Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-04-06


Salta, 06 de abril de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "C., M. L. - guarda judicial", Expte. Nº 491.909/14 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1ª Nominación y de esta Sala Primera, y CONSIDERANDO:

La Dra. Adriana Rodríguez de López Mirau, dijo:

I. Que contra la sentencia dictada a fs. 40/41 que rechazó la guarda judicial del niño M.L.C. solicitada por su abuelo materno, el Sr. Á. G. C., interpusieron sendos recursos de apelación la Sra. Asesora de Incapaces Nº 2 (fs. 42) y el peticionante (fs. 44), los que deben entenderse que fueron concedidos en relación y con efecto suspensivo a fs. 45 de los presentes autos.

A fs. 47/49 funda memorial la Sra. Asesora y expresa, en primer término, que le agravia el rechazo del pedido porque, a su criterio, la A quo no consideró la especial situación del niño M.L.C. quien presenta discapacidad y requiere de tratamientos de estimulación temprana que no se encuentra recibiendo por carecer de obra social, por lo que entiende vulnerado fundamentalmente su derecho a la salud.

Señala que en la resolución recurrida la A quo concluyó en que en este caso no se presenta el supuesto de excepcional gravedad exigido por el ordenamiento jurídico pero que, sin embargo -y a su criterio-, de las actuaciones obrantes en la causa surge que la petición fue realizada por el abuelo del niño con el fin de lograr una cobertura social en su beneficio, pues sus progenitores se ven impedidos de aportar económicamente, resultando además que el trámite de la Información Sumaria realizada para tales fines asistenciales mediante el Expte. Nº 459.311/13 caratulado "C., Á. G. -Información Sumaria" del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ta.Nominación, no fue aceptado por el Instituto Provincial de Seguros, habiendo éste exigido obtener previamente la guarda judicial del menor de edad.

Aduce que la carencia de una obra social causa perjuicio al niño M.L.C., en tanto le impide gozar de tales beneficios y repercute directamente en su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud previsto en la amplia gama de normativas protectorias vigentes a nivel internacional y nacional (Convención sobre los Derechos del Niño; Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), por lo que entiende necesario la adopción de medidas urgentes para la defensa de los derechos vulnerados.

Continúa señalando que el Código Civil y Comercial de la Nación en su Título VIII, Capítulo 1 sobre Procesos de Familia, establece que en procesos de este tipo deben respetarse los principios de tutela judicial efectiva y oficiosidad y aplicarse las normas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables como es del caso del niño M.L.C. que, por su especial situación de salud y discapacidad, necesita imperiosamente de una urgente cobertura social.

Finalmente considera que la A quo, en virtud de los principios antes mencionados, podría haber reconducido la acción en cualquier estado de la causa o resuelto conforme a las pruebas producidas, resguardando los derechos del niño y brindando una solución que contemple su superior interés, razón por la que solicita la revocación de lo decidido y que se autorice al Sr. C. a realizar todas las diligencias tendientes a la extensión de la cobertura de la Obra Social para su nieto M.L.C.

A fs. 52 el peticionante de la Guarda Judicial (abuelo del niño) manifiesta que con gran beneplácito adhiere al memorial presentado por la Sra. Asesora de Incapaces y comparte plenamente sus argumentos, solicitando el acogimiento del recurso de apelación interpuesto en todas sus partes.

A fs. 68/69 obra dictamen del Sr. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral quien aconseja el acogimiento de la apelación y el otorgamiento de la guarda judicial por el plazo de un año, conforme a lo dispuesto por el artículo 657 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el entendimiento de que se encuentra configurado en autos un supuesto de especial gravedad que justifica dicha medida.

A fs. 70 se llaman Autos para Resolver. Luego, a fs. 71 el Tribunal ad quem dicta una medida para mejor proveer requiriendo de los recurrentes la presentación de la totalidad de las actuaciones administrativas, con la pertinente documentación, vinculada al rechazo de la solicitud de cobertura social por parte del Instituto Provincial de Salta, dejando sin efecto el mencionado llamamiento de autos.

Incorporada la documentación requerida (ver fs. 76/98 y la reserva de originales en Secretaría a fs. 101), se llaman nuevamente los Autos para Sentencia (fs. 100), providencia que se encuentra notificada y consentida, según consta a fs. 101 vta.

II. Que los recursos fueron interpuestos en término, según constancias obrantes a fs. 41 vta. y 42 ; y 43 vta. y 44, respectivamente.

Por lo demás, a pesar de las imprecisiones procesales advertidas en relación al proveimiento de los recursos interpuestos a fs. 42 y 44, cabe dejar establecido que -como ya se dijo en el primer párrafo del Considerando I- ambos recursos quedaron concedidos por la Sra. Juez de grado (fs. 45 y 60), debiendo ser atendidos por esta Alzada.

III. Que, liminarmente y en mérito a los antecedentes fácticos obrantes en la causa, se verifica la existencia de nuevas circunstancias al momento de emitir pronunciamiento; concretamente, la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación por lo que, y tal como ya lo determinara la Sra. Jueza de la instancia de grado, corresponde su inmediata aplicación en estos autos.

En ese orden, sostuvo reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevivientes a la interposición de los recursos, y que si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas en esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevivientes de las que no es posible prescindir" (cfr. CSJN, Fallos, 335:905; 318:2438; Expte. CSJ 2017/2016/CS1, 20/02/2018, entre otros).

Al respecto, el artículo 7 del mencionado cuerpo legal expresamente establece: "Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar los derechos amparados por las garantías constitucionales".

Dicho esto, es dable también señalar aquí que el tratamiento de las cuestiones de familia requiere de una especial efectividad de la Justicia al momento de su avocamiento y resolución teniendo en cuenta el interés público comprometido en la materia. Así, la exigencia de la tutela judicial efectiva -de raigambre constitucional- alude en este ámbito a que se haga operativo el derecho de fondo y se permita el dictado de sentencias que resuelvan con justicia el conflicto, en el menor tiempo posible, y que se cumplan.

Mayor relevancia cobra lo antes expresado cuando en la cuestión particular se involucra la protección integral de niñas, niños y adolescentes pues el principio rector en la decisión del conflicto debe ser el interés superior de éstos (art. 3, inc. 1º de la Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº 23.849).

Al respecto, nuestro cimero Tribunal ha sostenido reiteradamente que "Cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional (Fallos, 324:122; causa L. 1153. XXXVIII "Lifschitz, Graciela Beatriz c/Estado Nacional",15/06/2004; cfr. Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Interés Superior del Niño - Diciembre 2012", 1ª ed., Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires 2013, pág. 148, Fallos, 327: 5210).

IV. Que es a la luz de tales lineamientos que corresponde examinar la presente causa, teniendo en cuenta que la A quo se pronunció por el rechazo del pedido de guarda judicial del niño M.L.C. formulado por su abuelo materno, el Sr. Á. G. C., por lo que debe analizarse objetivamente si se verifican las restrictivas condiciones de inadmisibilidad de la pretensión incoada por el actor apelante, que justifiquen un pronunciamiento en tal sentido y que dio lugar al planteo recursivo de la Sra. Asesora de Incapaces.

Para decidir como lo hizo, y en lo sustancial, la A quo consideró que no se presenta el supuesto de excepcional gravedad que exige la institución de la guarda judicial pues la solicitud del Sr. C. obedece al solo efecto de la cobertura social para atender a la salud integral de su nieto, el niño M.L.C., y que ello no es razón suficiente para la delegación parental.

Cabe recordar que el Código Civil y Comercial incorpora como novedad la expresa normación de la posibilidad excepcional de delegar el ejercicio de la responsabilidad parental bajo ciertas y específicas condiciones, las que pueden derivarse de una decisión de los progenitores (art. 643) o de la judicial (art. 657).

Así, se ha señalado que "La previsión que realiza este artículo es claramente de tipo excepcional, pues exige la concurrencia de varios elementos. En primer lugar -y no podía ser de otra manera- esta delegación del ejercicio de la responsabilidad parental debe ser en interés del principal protagonista: el hijo. Luego, las razones deben ser justificadas, es decir expuestas y sometidas a valoración judicial. Pueden ser de diferente tenor:[.] dificultades laborales que entorpezcan un adecuado desenvolvimiento de la responsabilidad parental, o complicaciones en la salud física o psíquica de los progenitores: todas circunstancias puntuales y concretas, cuya principal característica sea la provisoriedad. No se trata de una renuncia a la responsabilidad parental, sino una temporal delegación de su ejercicio [.] la titularidad de la responsabilidad parental se mantiene en cabeza de los progenitores [.] y que dicha titularidad, a pesar de estar desmembrada del ejercicio, faculta a mantener el derecho de supervisión de la crianza y educación del hijo, disposición que refuerza la presencia de los progenitores en la vida de sus hijos sin perjuicio de la delegación efectuada" (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015, T. II, pág. 490/491).

Examinadas las actuaciones obrantes bajo tales lineamientos, se advierte que la situación planteada por el peticionario Sr. Á. G. C. -en su calidad de abuelo materno- justifica la excepcional autorización de una delegación del ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores de M.L.C.; ello, en la medida en que concurren aquí varios elementos de especial significancia para el análisis valorativo requerido a este Tribunal. En efecto, el primero y fundamental es el Interés Superior del niño M.L.C., quien padece una discapacidad TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) que requiere de un tratamiento médico de estimulación temprana y que aún no ha podido recibir en razón de no poseer una cobertura social, la que le ha sido denegada expresamente por la obra social del Sr. C., el Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), tal como se acreditó con la documental acompañada a fs. 76/89.

Es dable poner de resalto aquí los frustrados intentos realizados por el Sr. C. tendientes a que su obra social aceptase la afiliación del niño M.L.C., primeramente a través de gestiones administrativas y luego, en sede judicial, de una información sumaria -conforme surge de la constancia obrante a fs. 80, correspondiente a la resolución dictada en Expte. Nº 459311/13 caratulado "C., Á. G. - Información Sumaria" de trámite por ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ta. Nominación-, los que fueron sistemáticamente denegados por aquélla (ver fs. 76/79; 81; 83/89).

Igual ponderación debe hacerse en el presente análisis respecto del tiempo largamente transcurrido desde el inicio de las gestiones antes referidas hasta la fecha, poniéndose en evidencia que durante su decurso el niño M.L.C. continuó y sigue aún hoy sin gozar de los beneficios de la seguridad social, lo cual impacta negativamente en su salud y desarrollo psicofísico, siendo que precisamente la interpretación de sus derechos debe ser favorable, amplia, atendiendo a su especial situación de vulnerabilidad y con el fin de efectivizarse su protección integral.

Por otra parte, de las actuaciones obrantes en la causa también puede verificarse la imposibilidad material en la que se encuentran los progenitores del niño de cumplir con la mentada obligación de asistencia. Así, se tiene que su padre, el Sr. C. C. no convive con él y no cuenta con un trabajo estable; su madre, la Sra. V. C., se encuentra desempleada, cursando estudios de nivel terciario y reside junto a su hijo en la vivienda del Sr. Á. C., por lo que dependen actualmente del abuelo (aquí peticionario). Tal situación ha quedado debidamente acreditada con el informe interdisciplinario agregado a fs. 28/29 y las declaraciones prestadas por los progenitores en la sede del Juzgado a fs. 22 y 23 en las que, además, éstos manifiestan expresamente su conformidad al otorgamiento de la guarda judicial.

En ese orden, atendiendo al principio de la realidad y de la autonomía de la voluntad, que también tienen eco en el ámbito de regulación de la figura de la responsabilidad parental, la medida tutelar de la guarda peticionada aparece como suficientemente justificada.

Máxime si se repara en la temporalidad de una medida de esas características, en la que sólo se trata de un desmembramiento del ejercicio de la responsabilidad parental cuya titularidad se mantiene en cabeza de los progenitores. Ergo, el supuesto de autos resulta plenamente encuadrable, a criterio de este Tribunal ad quem, en las previsiones del artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación, el que en su parte pertinente establece que "En el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente [.] Tiene un plazo máximo de un año, pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas, por un período más con participación de las partes involucradas. Los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad parental, y mantienen el derecho de supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades".

En consecuencia, corresponde acoger los agravios formulados por la Sra. Asesora de Incapaces apelante y, en su mérito, proceder a la revocación del fallo en crisis dictado a fs. 40/41, otorgándose la guarda judicial del niño M.L.C. al Sr. Á. G. C., por el término de un año a partir de la notificación de la presente y pudiendo ser renovada con posterioridad y en los términos de la manda legal anteriormente citada. V. Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, es dable señalar la importancia que en procesos como el presente adquieren las facultades de los Magistrados, en base a las cuales se podrá eventualmente convocar a los interesados directos, esto es los progenitores y los restantes parientes que integran la familia ampliada, juntamente con el organismo involucrado en la prestación asistencial reclamada (IPS), a los fines de proponer y consensuar alguna modalidad de afiliación que permita la cobertura en forma regular y permanente para el niño M.L.C. . Cabe recordar aquí que el Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) establece que "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad"; lo que se reitera y desarrolla en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño en cuanto dispone que "una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

VI. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a los recursos interpuestos a fs. 42 y 44 y, en su mérito, revocar la sentencia de fs. 40/41, otorgando la guarda judicial del Niño M.L.C. al Sr. Á. G. C. por el término de un (1) año, según las previsiones del artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación.

El Dr. Ricardo N. Casali Rey, dijo:

Que por sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I. HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos a fs. 42 y 44; en su mérito, REVOCAR la resolución de fs. 40/41 y OTORGAR LA GUARDA JUDICIAL del niño M.L.C., al Sr. Á. G. C. (abuelo materno) por las razones expresadas en Considerandos, por el término de un (1) año, según previsiones del artículo 643 del Código Civil y Comercial de la Nación.

II. MANDAR se registre, notifique y oportunamente bajen al Juzgado de origen.

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA PRIMERA. VOCALES: ADRIANA RODRÍGUEZ DE LÓPEZ MIRAU - RICARDO CASALI REY. SECRETARIA: DRA. IVANNA CHAMALE DE REINA. SALA I, T. 2018 - INTERLOC., Fº126/130, 06/04/2018.