Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29


INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. ARG. SEGUROS S.A.

Reg.: A y S t 193 p 1-5.

Santa Fe, 29 de octubre del año 2003.

VISTA:

La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de la Superintendencia de Seguros de la Nación contra las sentencias nros. 98 y 99 del 4.7.1995 dictadas por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en autos "INDUSTRIA Y COMERCIO CIA. ARG. SEGUROS S.A. -Disolución y Liquidación- (Expte. 88/94)" (Expte. C.S.J. nro. 190, año 1996), y; CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de la causa, que el auto nro. 412/93 dejó sin efecto la regulación de honorarios de los delegados liquidadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación, le impuso las costas de la incidencia sostenida por aquéllos y desestimó el acrecentamiento del monto de los honorarios correspondientes al letrado de la acreedora peticionaria de la liquidación judicial forzosa de la aseguradora Industria y Comercio S.A.

El mencionado auto fue apelado por los delegados liquidadores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el letrado de la peticionaria de la liquidación. La Sala Primera integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, mediante sentencia nro. 98 del 4.7.1995, rechazó los recursos de apelación y nulidad interpuestos e impuso las costas de la siguiente manera: "...

a) Por el recurso de apelación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, perdidosa, a ésta;

b) Por el recurso de apelación de los delegados liquidadores actuando "por derecho propio", a ellos en su carácter de vencidos;

c) No habrá imposición de costas por el recurso sobre la cuantía de los honorarios del letrado peticionario de la liquidación ..." (f. 2).

Y mediante sentencia nro. 99 del 4.7.1995, también dictada por la citada Cámara, se desestimó la apelación interpuesta contra el auto de f. 1237, con costas a la apelante(f. 9).

Contra ambos decisorios, interpuso la compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3, de ley 7055, por considerarlos lesivo de los derechos constitucionales de defensa en juicio y propiedad.

Expresa que el pronunciamiento impugnado -entendiéndose por tal, la resolución nro. 98/85- lesiona su patrimonio al condenarla en costas en una incidencia en la que, afirma, no fue parte y tampoco oída y, en la que tan siquiera peticionó regulación de honorarios.

Señala que la Sala incurre en autocontradicción tanto, al expresar que "... el auto apelado dejó sin efecto la regulación de honorarios de los delegados liquidadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación, le impuso a ésta las costas de la incidencia sostenida por aquellos ..." (primer considerando), como al sostener, en relación a la distribución de las costas que "...

a) Por el recurso de apelación de la Superintendencia de Seguros de la Nación, perdidosa, a ésta;

b) por el recurso de apelación de los delegados liquidadores actuando por derecho propio, a ellos en su carácter de vencidos...".considerando 16).

Es decir, no obstante concluir en la identidad entre la Superintendencia de Seguros de la Nación y la comisión liquidadora, contradictoriamente impone los gastos causídicos en forma separada. En tal sentido, entiende la recurrente que la decisión correcta hubiera sido cargar las costas a los peticionantes de los emolumentos.

Reitera que no participó en la incidencia, afirmando que en el proceso de liquidación forzosa no actuó en interés propio, sino que los delegados liquidadores designados por su parte con intervención del juez competente, actuaron como síndico, es decir, representando y defendiendo los intereses de la masa de acreedores.

Insiste en que no es la persona jurídica de la Superintendencia de Seguros de la Nación quien ejerce la función de síndico, sino que quien lo hace, es la persona física "delegado liquidador", la que asume tal función y, en consecuencia, pasa a desempeñarse como funcionario de la quiebra. Manifiesta que los liquidadores en todas sus presentaciones invocan tal carácter, a excepción de cuando actúan por derecho propio, como en el supuesto de autos, es decir, no invocan ser sus representantes o actuar en su interés, porque simplemente no están facultados.

Expresa que el carácter de funcionario de la quiebra o de la Superintendencia no está dado por el sello que figura a continuación de la firma, sino por las funciones específicas asignadas por ley. Los delegados liquidadores son funcionarios de la quiebra en razón que ejercen las funciones de síndico.

Se agravia de la consideración efectuada por el Tribunal al sostener que se llegó a la liquidación de la aseguradora por haber fallado el mecanismo preventivo de control que su parte debió instrumentar para evitar la insolvencia del ente controlado.

No obstante reconocer la posibilidad de que un asegurador resulte insolvente, la autoridad de contralor sostiene que la Sala antes de efectuar la aseveración precedente debió tener en cuenta que al momento de asumir la liquidación de Industria y Comercio, su parte estaba cumpliendo con el procedimiento previsto por la ley 20.091 para los casos de situación económica financiera deficitaria de las entidades aseguradoras, habiendo dictado, al respecto, la resolución 20798 por la que se dispusieron las medidas cautelares regladas por el artículo 31, tercer párrafo de la ley 20091.

Finalmente le agravia la afirmación del a quo relativa a que la autoridad de control debió adelantarse en revocar la autorización para funcionar de la aseguradora insolvente antes de que un acreedor peticione la liquidación, pues considera que ello implica desconocer que la Superintendencia de Seguros de la Nación "no puede actuar con criterios oportunistas, dado que el sistema legal de control exige un procedimiento reglado, al que la autoridad de control debe atenerse, respetando sus plazos y el derecho de defensa que corresponde a las aseguradoras, aún cuando presuntamente se hayan en insolvencia".

2. La Sala a quo, mediante auto Nro. 248 denegó la concesión del recurso extraordinario por considerar que los planteos formulados por la compareciente en relación a la resolución Nro. 98/95 tan solo evidencian su disconformidad para con lo resuelto por el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias, lo que no configura causal de arbitrariedad para lograr la apertura de esta instancia.

Sostuvo además, que no se efectuó una argumentación específica o particularizada respecto del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la resolución nro. 99/95 que permita diferenciar esta pretensión recursiva de la precedentemente considerada.

Ello motivó la presentación directa de la recurrente ante esta sede, insistiendo en la arbitrariedad de la resolución recurrida y, por ende, en la concesión del recurso.

3. El agravio de la recurrente puede sintetizarse en la condena en costas impuestas a su parte en una incidencia promovida por los delegados liquidadores de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en la cual se dejó sin efecto la regulación de honorarios de éstos.

Sentado ello, cabe señalar que sabido es, que de acuerdo a lo sustentado por este Cuerpo en numerosas oportunidades, la materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 44, pág. 349; T. 47, pág. 355; T. 49, pág. 296; T. 81, pág. 273; T. 127, pág. 107, etc.).

A este respecto, el más Alto Tribunal de la Nación tiene dicho que "... la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la Ley 48 ..." (Fallos 240:28); que "... lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la Ley 48 (Fallos 308:1076); que "... la imposición de las costas no es tema que quepa abordar en la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión al respecto aparece fundada y acorde con el resultado del pleito" (CS., febrero 11-988 "Avenida Santa Fe 1818 S.A. c. Petit Bar").

Si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, o lo decidido puede prohijar una restricción indebida al derecho de defensa (Cfr. A. y S. T. 60, pág. 472; T. 63, pág. 267; T. 115, pág. 391, entre otros), ello no se advierte que acontezca en el sub judice.

No obstante que lo expuesto sella sin más la suerte adversa del presente recurso, puede agregarse que lo sostenido por el Tribunal a quo al denegar la concesión del recurso es correcto y por ello no logra ser rebatido por la compareciente en su escrito de queja, quedando de tal modo incumplido el recaudo que exige el artículo 8 de la ley 7055.

En efecto, la Sala no acogió el agravio relativo a la imposición de costas invocado por la recurrente, por considerar que los delegados liquidadores se desempeñaron como funcionarios públicos expresando la voluntad del organismo de control a cargo de la sindicatura en autos y que la actuación de dichas personas físicas comprometió la responsabilidad -por costas, en el caso- del órgano por el cual actuaron -sindicatura-, asumido por la persona jurídica, la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Para arribar a tal conclusión, el Tribunal a quo partió de la consideración de que Superintendencia de Seguros de la Nación, al asumir la liquidación de una compañía aseguradora delega la función de la sindicatura en sus funcionarios, delegados liquidadores, quienes adquieren pleno derecho de postulación en juicio, sin necesidad de pertenecer al llamado "servicio jurídico" de la entidad autárquica, pero haciéndolo en representación de la autoridad del Estado que los designa.

Entendió, además, que la Superintendencia actúa como órgano del proceso concursal, en la función liquidadora que la ley le señala, pero lo hace a través de las personas físicas designadas por ella, afirmando, en definitiva, que la mencionada delegación responde a razones instrumentales y que en nada quita el rol de liquidador a la propia Superintendencia, la que permanece en esa función, con todos sus deberes, atribuciones y responsabilidades (ley 20091). Interpretación que no se advierte irrazonable, a tal extremo, que merezca su descalificación en la presente vía.

Lo expuesto deja sin sustento los argumentos de la impugnante en relación a que nunca revistió el carácter de parte en el proceso de liquidación forzosa, que no fue oída y que tan siquiera peticionó regulación de honorarios; que la persona jurídica, Superintendencia de Seguros de la Nación difiere de las personas físicas que actúan como delegados liquidadores, los que -sostiene- peticionaron la regulación de honorarios por derecho propio y no como funcionarios públicos de la autoridad de control, argumentando, en definitiva, que no puede ser condenada en costas en un accionar -síndico- que tiene instituido por ley en protección de los derechos de terceros.

En consecuencia, los distintos vicios endilgados por la compareciente al decisorio recurrido tan solo evidencian su mera discoformidad para con lo resuelto por el Tribunal a quo, en ejercicio de funciones propias, lo que resulta insusceptible de revisión por esta instancia de excepción.

Por otra parte, resulta preciso señalar que en relación a la resolución nro. 99/85 que la autoridad de control dice atacar por vía del recurso normado por la ley 7055, es correcta la aseveración de la Sala en oportunidad de efectuar el análisis de admisibilidad que prevé el artículo 6 de la mencionada ley y por ello no logra ser desvirtuada por la compareciente.

Ello es así, por cuanto, de la simple lectura del memorial recursivo no surge que aquélla postulara una hipótesis concreta, expresa e inequívoca de arbitrariedad en relación al decisorio que dice recurrir, deviniendo su planteo en una mera abstracción que en modo alguno puede dar andamiento al presente recurso.

En definitiva, lo expuesto conduce a concluir que no se advierte en el sub examine la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte: la conclusión a la que, a la sazón, arribó la Sala podrá o no ser compartida, pero en la medida en que no implica un palmario apartamiendo del derecho a la jurisdicción no puede descalificarse por inconstitucional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)