Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-19


SALA PRIMERA, Expte. Nº 4434 "BANCO DE SAN JUAN S.A. c/ Cano Javier Evaristo y Otra - Ejecución Hipotecaria - II Cpo. Inconstitucionalidad y Casación"; P.R.E. S.1ª. 2010-II-380.

En la Ciudad de San Juan, a diecinueve días del mes de mayo del año dos mil diez, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha veintidós de septiembre de dos mil ocho, en autos Nº 7737 caratulados: "Vedia Luis Alberto c/ Carpas Ginestar S.R.L. s/Apelación de Sentencia"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:

Mediante los recursos previstos por la ley 2275, la actora viene resistiendo la sentencia pronunciada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo en fecha 22/09/08, obrante a fs. 166/171 de los autos principales.

El decisorio cuestionado, en lo que aquí interesa, rechaza la pretensión actora de que se declarara inconstitucional el Decreto Nacional N° 146/01, en cuanto establece un término (30 días) para que el empleador, fehacientemente intimado, entregue la certificación de servicios a que alude el art. 80°, última parte, de la L.C.T.; y por ello no hace lugar a la sanción prevista por el art. 45° de la ley 25.345 (3 sueldos). Sostiene la alzada, remitiéndose al caso que cita (Parada c/ Custos S.R.L.), "que el decreto 146/01 no altera lo sustancial de la ley (art. 132 bis L.C.T.), cuando exige el requerimiento para el cumplimiento de la obligación patronal, en los 30 días siguientes sin alteración alguna del derecho del trabajador acreedor, que en todo caso sólo está compelido a cumplir con el deber de buena fe (arts. 62 y 63 L.C.T.), por lo que la inconstitucionalidad deducida debe rechazarse".

Tal solución es resistida por la accionante, como se dijo, mediante los remedios de la ley 2275, dejando primeramente fundado el recurso de inconstitucionalidad en los incs. 1° y 3° de dicha normativa, "en tanto la sentencia recurrida se ha pronunciado con afectación cierta de las formas indispensables para la existencia y validez de la sentencia, siendo arbitrario el fallo y se cuestiona además la validez de una ley, un decreto."; violándose de tal forma el derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de propiedad de su parte. En consecuencia, requiere "la revocación de la sentencia recurrida, en relación a la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T., modificada por la ley 25.345, y que se declare inconstitucional el decreto 146/01, otorgando esta indemnización y modificando las costas de ambas instancias, condenando en su totalidad a la demandada". Aduce que esa norma resulta inconstitucional porque excede el marco reglamentario de la ley, pues fija un término o plazo que la norma a reglamentar no establece, modificando dicha norma, lo que no está permitido. Y en el caso de autos, existió el requerimiento fehaciente del dependiente a la empleadora, después que ésta le comunicara el despido (fs. 03 de autos), y al contestar la demanda, la accionada reconoce "que no entregó la certificación de servicios cuando fue intimado por el plazo de 48 hs..; tampoco la entregaron dentro de los 30 días corridos.". La entregaron recién al contestar la demanda, por lo que corresponde sea abonada al actor la indemnización establecida por el art. 80 de la L.C.T. modificada por la ley 25.345, declarándose la inconstitucionalidad del mentado decreto 146/01, lo que así deja requerido el impugnante.

En el recurso de casación, que funda en el inc. 1° del art. 15° de la ley 2275, en cuanto no correspondía aplicar el art. 128 de la L.C.T., "por cuanto como ya dijo V.E. en el precedente que cito (Paredes c/ Panedile), los plazos previstos por el art. 128 de la L.C.T. resultan inaplicables cuando se trata de pagos de conceptos emergentes de una relación 'extinguida', siendo únicamente, cuando se trata de 'relaciones vigentes'; y siendo ello así, corresponde declarar procedente el incremento del 50% previsto por el art. 2° de la ley 25.323; en tal sentido pretende sea casada la sentencia venida en recurso.

Entiendo, después de analizar los antecedentes del caso, que corresponde declarar procedente la pretensión recursiva, en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 146/2001 en cuanto al plazo de 30 días que otorga al empleador para entregar la certificación de servicios a que alude el art. 80 de la L.C.T.

Tal plazo fijado por el decreto en cuestión, no hay duda de que constituye un exceso reglamentario, y por ende dicha disposición legal aparece manifiestamente inconstitucional, pues afecta a la sustancia de la norma superior que reglamenta (art. 80 mencionado, modificado por el art. 45 de la ley 25.345). Y ello es así porque a la luz del art. 99° inc. 2° de la Constitución Nacional, sólo atribuye al Presidente de la Nación "expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias". En el aludido decreto se verifica el desvío o exceso reglamentario, o si se quiere "la alteración del espíritu" de la norma que reglamenta, cuando establece el plazo aludido (30 días) para que el empleador entregue las certificaciones a que hace referencia la norma ya aludida (art. 80), la que en ningún momento establece plazos para la entrega de las mismas, (lo que sí hace el art. 45 de la ley 25.345, 2 días hábiles a partir de la recepción por parte del empleador del requerimiento del obrero), de allí la inconstitucionalidad del mencionado dispositivo legal cuando fija un plazo distinto al señalado precedentemente. Debe destacarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria del País se ha pronunciado en tal sentido (Ackerman-Tratado de Derecho del Trabajo-T.III-p.66; Grisolía-Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social-T.I.-p.676/677; Cam. Nac. Apelaciones del Trabajo, S. VII-Autos "Valenzuela c/ Telefónica de Argentina" 09/12/2008; DJ 01/10/2008,1577; DJ 2008-II,1577, etc.). Por tales fundamentos debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad, declarándose inconstitucional el Decreto N° 146/2001, por lo que es procedente la sanción que establece el art. 45 de la ley 25.345, como fuera demandado.

De la misma manera estimo corresponde declarar procedente el recurso de casación, en tanto, en el caso es inaplicable el art. 128 de la L.C.T., por tratarse el mismo de una relación extinguida, y aquel dispositivo legal se encuentra previsto o regula el pago de las relaciones laborales vigentes, conforme así lo tiene dicho el Tribunal en el caso "Paredes C/ Panedile" (P.R.E. 1982-I-43); por consiguiente, y estando acreditado el emplazamiento o intimación efectuada por el trabajador, corresponde se haga lugar al incremento previsto por el art. 2° de la ley 25.323, conforme así fuera demandado.

Por lo expuesto precedentemente, corresponde declarar inconstitucional el Decreto N° 146/2001, anulándose en ese aspecto la resolución recurrida, debiendo hacerse lugar a la sanción que establece el art. 45 de la ley 25.345; y casar la sentencia en el sentido y con el alcance establecido en el considerando respectivo; debiendo bajar los autos al tribunal de origen a los fines del cálculo de los rubros indicados en la presente; con costas a la vencida. Así voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Hacer lugar a los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos. II) Declarar inconstitucional el Decreto N° 146/2001, anular en ese aspecto la resolución recurrida y hacer lugar a la sanción que establece el art. 45 de la ley 25.345. III) Casar la sentencia en el sentido y con el alcance establecido en el considerando respectivo; debiendo bajar los autos al tribunal de origen a los fines del cálculo de los rubros indicados en la presente. IV) Imponer las costas a la vencida. V) Agregar la presente al expediente y copias autorizadas a los protocolos respectivos y a los autos principales. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Julio H. Elizondo-Secretario Letrado.