Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21


Poder Judicial de la Nación TS06D 63474 21-11-11 SALA VI EXPEDIENTE N° 41.377/2009 JUZGADO Nº 21 AUTOS: "ARAUJO NARCISO MIGUEL C/ LA PALMINA S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL" Buenos Aires, de de 2011.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra sentencia de primera instancia de fs. 527/533, interpusiera la parte parte codemandada "LA SEGUNDA ART S.A." fs. 540/541vta., la parte codemandada "LA PALMINA S.A." a fs. 545/548 y por la parte actora a fs. 550/567. También apela a fs. 535 el perito contador sus honorarios, por estimarlos reducidos. En primer lugar, trataré la cuestión relativa a la excepción de incompetencia que plantea "LA PALMINA S.A.". Al respecto sostiene que, como el actor aceptó la intervención de la ART y de la Comisión Médica dentro del régimen de la ley 24.557 y percibió las indemnizaciones de éste, queda excluida la posibilidad de que intervenga este tribunal para decidir en el caso. El tema ha sido superado por la CSJN a través de los pronunciamientos en autos "Castillo, Angel S. c. Cerámica Alberdi S.A.", "Venialgo, Inocencio c/ Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgo de Trabajo s/ otros" y "Marchetti, Néstor Gabriel c/ La Caja A.R.T. S.A.", mediante los cuales se declaró la inconstitucional el art. 46 inc. 1° de la ley 24.557.

A partir de aquellos pronunciamientos, pierde trascendencia el sometimiento al procedimiento ante las comisiones médicas porque no solo es posible evadir esta instancia previa y acceder directamente a un pronunciamiento de incapacidad del tribunal competente que, de cara a la doctrina del más alto Tribunal, resulta la justicia del trabajo; sino que también habiendo obtenido una resolución de la comisión médica en instancia previa, es posible acceder a un nuevo pronunciamiento de incapacidad por vía de acción o de recurso, ante el mismo tribunal competente. Por lo demás, en la sentencia de grado, se ha declarado la inconstitucionalidad el art. 39 inc. 1° de la ley 24.557 y se ha habilitado al actor para perseguir la responsabilidad del empleador por la vía del derecho civil, puntualmente el art. 1113, lo cual ha sido debidamente fundado en términos que no han sido rebatidos por ninguna de las partes.

En lo relativo a la cuantificación del daño, que es motivo de agravios de todos los apelantes, me detendré en la queja de la actora de fs. 550/567 abarcativa de todos los aspectos de la cuestión. Sobre este punto, la apelante sostiene en primer lugar, que se ha fijado arbitrariamente el porcentaje de incapacidad que padece el actor.

La perito médica estableció "el 15% en razón de la limitación funcional de la muñeca derecha con incapacidad parcial y permanente del 10% y una lumbalgia post-traumática con alteraciones clínicas radiológicas con una incapacidad parcial y permanente del 10% teniendo relación con el hecho de autos el 5%. Lo que determina una incapacidad total del 15% atribuible al hecho de autos" (ver fs. 421/425).

Por su parte, en su momento la compañía aseguradora determinó la existencia de una incapacidad del 22% de la t.o. considerando que a las limitaciones de la muñeca derecha les correspondía un porcentual de incapacidad del 13% y a la hernia abdominal un 4,35%; además se ponderó el tipo de actividad del trabajador, se le atribuyó un 2,70% por este motivo y por la edad (mayor de 31 años) 1, 3%; lo que totalizó un 22% (conf. demanda y contestaciones respectivas).

Ambas opiniones médicas se pronuncian sobre las mismas lesiones en los términos reclamados en la demanda, en la cual se pidió por un 60% de incapacidad. Este último porcentual es equivalente a una incapacidad total y no concuerda con el hecho de que el actor haya continuado realizando sus tareas con posterioridad al accidente, según surge de la prueba testimonial.

Tomando en cuenta los baremos nacionales y extranjeros que se utilizan para establecer el grado de incapacidad (ver Santiago J. Rubinstein "Código de Incapacidades Laborativas") y considerando la fractura de la muñeca y la cicatriz abdominal, estimo que el actor presenta un grado de incapacidad de aproximadamente el 20%, que debe ser resarcido sin sujeción a fórmula alguna en consonancia con los términos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL" donde se sostuvo que: "El valor de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres" (A. 436. XL; Recurso de hecho: "Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía S.R.L., del 8 de abril de 2008).

Con estos parámetros y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la edad del demandante a la fecha del accidente, la naturaleza de la lesión, el grado de incapacidad, su salario mensual, las secuelas psicofísicas que presenta, la perspectiva de ganancia de la que el trabajador se ve privado, así como las diversas circunstancias de índole económico-social, considero justo y equitativo fijar el resarcimiento del daño en la suma total de $85.000 que involucra el daño material y moral (art.1078 del C. Civil), monto neto para cuya determinación se ha considerado la suma abonada con antelación por la ART.

Por lo demás, no advierto motivos que justifiquen apartarse del principio general de las obligaciones civiles. Por ello, corresponde modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de fijar que los intereses deben calcularse desde la fecha del accidente, que tuvo lugar en agosto de 2007, y se extenderán hasta el momento del efectivo pago, aplicándose la tasa de interés activa fijada en primera instancia que no mereció cuestionamientos.

Finalmente, ambas apelantes cuestionan lo decidido en primera instancia en cuanto a la extensión de condena de la ART en los límites de la póliza. El accionante se agravia en razón del eximente de responsabilidad en los términos del art. 1074 del Código Civil, mientras que la ART se queja manifestando el cumpliendo de su obligación en términos del contrato de seguro. En este aspecto, la actora no aporta en su escrito de apelación elementos de convicción que permitan rebatir lo resuelto en primera instancia porque no analiza la prueba de la causa en proyección de lograr la modificación del decisiorio en sentido contrario. Al respecto, ni en el escrito de demanda, ni en el de queja se puntualiza concretamente cuál es la medida de seguridad que debió adoptarse para evitar un accidente como el presente que, como lo dice la propia demandante, es parte del riesgo de la cosa. Téngase en cuenta que no estamos frente a una responsabilidad objetiva asimilable a la del empleador (conf. art. 1113 C.C.), sino que es necesaria la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad exigidos para su procedencia (conf. art. 1074 CC).

Recuérdese que la CSJN en el fallo "Torrillo" estableció que tratándose de daños a la persona de un trabajador -derivados de un accidente o enfermedad laboral- no existe razón alguna para poner a una Aseguradora de Riegos del Trabajo al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Cód. Civil cuando se demuestre la concurrencia de los presupuestos exigibles, que incluyen el incumplimiento objetivo, el factor de atribución, el daño y el nexo causal adecuado entre dicho daño y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la aseguradora de sus deberes legales.

No habiéndose demostrado la concurrencia de aquellos presupuestos, corresponde eximir a la ART de las consecuencias directas de la responsabilidad civil y confirmar el fallo de primera instancia en cuanto limita la responsabilidad de la ART en los términos de la póliza. Las obligaciones de la aseguradora se encuentran satisfechas con la suma abonada.

Por los motivos expuestos precedentemente, de prosperar mi voto, propongo elevar el monto de condena a la suma total de $85.000 con más intereses que se calcularán desde la fecha del accidente y hasta el momento del efectivo pago, aplicándose la tasa de interés fijada en primera instancia que no mereció cuestionamiento.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicadas en la instancia anterior y determinarlas en forma originaria. Sugiero imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demanda "LA PALMINA S.A.". En lo que respecta la "LA SEGUNDA ART S.A." las costas serán soportadas en el orden causado (conf. art. 68 C.P.C.C.N.).

Asimismo, propongo regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada "LA SEGUNDA ART S.A.", de la parte codemandada "LA PALMINA S.A.", del perito médico y del perito contador en el 15%, 13%, 13%, 7% y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el nuevo capital de condena con más los intereses (conf. art. 38, L.O.; ley 21.839; 3 y concs., dec.-ley 16.638/57).

Con relación a los trabajos realizados en esta instancia, se regulan los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa (cfr. art. 14, ley 21.839).

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1. Modificar la sentencia de primera instancia y elevar el monto de condena a la suma total de $85.000 con más intereses que se calcularán desde la fecha del accidente y hasta el momento del efectivo pago, aplicándose la tasa de interés activa fijada en primera instancia. 2. Confirmar en lo demás el falo apelado. 3. Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demanda "LA PALMINA S.A.". En lo que respecta la "LA SEGUNDA ART S.A." las costas serán soportadas en el orden causado. 4. Regular los honorarios de las representaciones y patrocinio letrado de la parte actora, de la codemandada "LA SEGUNDA ART S.A.", de la parte codemandada "LA PALMINA S.A.", del perito médico y del perito contador en el 15%, 13%, 13%, 7% y 6%, respectivamente, porcentajes todos calculados sobre el nuevo capital de condena con más los intereses. 5. Regular los honorarios de los representantes letrados intervinientes en esta alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda por sus labores en la instancia previa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

Alf.

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA