Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-04


En n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de diciembre de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, integrada por los Dres. José Sáez Capel, Marcelo P. Vázquez y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 418/19 vta. y concedido a fs. 421/422 del presente, del que RESULTA:

1- Que a fs. 301/306, obra el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Claudia Barcia, titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 11, en el que se imputa a Gonzalo Javier Cáceres haber perturbado el descanso, la convivencia y la tranquilidad pública mediante música a elevado volumen amplificada por equipos de audio, el día 13/2/2005, provenientes del local cuyo nombre de fantasía es "Aldonza", sito en la calle Sucre 1918, de esta ciudad. Asimismo, se le atribuye haber perturbado el descanso de: Sandra Blanco, Carola Kirchheimer, Susana Alma de Ribot, Andrea Mariela Reschini y Martín Gonzalo Olascoaga los días 19 de junio y el 21 de octubre del 2005 año, configurando una contravención al art. 82 CC. Por ello, solicita la pena de multa de tres mil pesos ($ 3000) y la clausura por el plazo de ciento veinte (120) días del citado local "Aldonza", e instrucciones especiales consistentes en llevar a cabo la insonorización del local, con costas.

2- Que a fs. 383/388 vta., consta el acta de la realización de la audiencia de juicio, la que se llevó a cabo el 14/9/2006; y a fs. 391/395 vta., obran los fundamentos de la sentencia en la que la Magistrada de Grado resuelve condenar a Gonzalo Javier Cáceres a la sanción de multa de seiscientos pesos ($ 600) con más las penas accesorias de clausura por el plazo de ciento veinte (120) días del establecimiento denominado "Aldonza" sito en la calle Sucre 1918, 1º y 2º piso de esta ciudad e instrucciones especiales consistentes en llevar a cabo la insonorización del local, con costas; por considerarlo responsable de la contravención prevista y reprimida en el art. 82 CC.

3- Que a fs. 418/419 vta., el defensor particular interpone recurso de apelación solicitando se deje sin efecto la pena de clausura, y subsidiariamente se reduzcan la medida de la misma. Al respecto, se agravia por el hecho de que las sanciones que se pretenden, tanto la clausura como la multa, resultan ser sumamente excesivas comparadas con la comisión de la contravención que se le imputa a Cáceres. Sostiene, además, que hay una contradicción palmaria entre los motivos que llevaron a la Judicante a disminuir la pena de multa, y la medida de la clausura impuesta al encartado, la que considera desmedida y desproporcionada con el hecho. Además, refiere que la sanción accesoria de clausura acarrearía, sumado al perjuicio económico -que pone en riesgo la continuidad de la actividad comercial- que genera el hecho que el local no pueda producir ingresos durante cuatro meses, un descrédito lo que sin duda hará menguar la afluencia de clientes.

4- Que a fs 426/427, se agrega el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, donde señala que el recurso de apelación interpuesto por la Defensa es admisible por cumplir con los requisitos formales de tiempo, modo y lugar. Sin perjuicio de ello, señala que el remedio intentado adolece de debida fundamentación, ya que más allá de las alegaciones de carácter general, la defensa no logra demostrar el motivo por el cual entiende que la multa y la clausura devienen excesivas, no habiendo introducido en el presente remedio ni en el debate datos objetivos que permitan sustentar la supuesta desproporción de la sanción, siendo que la pena impuesta por la Juez a quo aparece como razonable y ajustada a los parámetros objetivos que establece el Código Contravencional, atento las pruebas aportadas a la causa. Tomando en cuenta ello y las pautas previstas en el art. 26 CC, concluye que la pena escogida resulta proporcional al hecho reprochado, por lo que considera que se deben confirmar las penas impuestas.

5- Que a fs. 431, pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTION:

Tratándose en la presente de la apelación de una sentencia definitiva, y habiéndose presentado dentro del plazo y la forma establecidos por el art. 50 LPC; ninguna duda cabe que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Los Dres. Elizabeth A. Marum y José Sáez Capel dijeron:

Admitido el recurso en cuestión, es dable analizar los agravios esgrimidos por la defensa en el remedio procesal intentado, los que se centran únicamente en la pena impuesta en autos, a la que considera excesiva respecto de la conducta endilgada a Cáceres.

Al respecto, afirma que tanto la pena de multa como la clausura impuesta en forma accesoria, resultan desmedidas con relación a la contravención por la que fuera condenado Cáceres. Asimismo, refiere que de los fundamentos esgrimidos por la Judicante a fin de disminuir la pena solicitada por la Fiscal se desprende una clara contradicción con la medida de la pena de clausura, claramente desproporcionada con el hecho objeto de reproche. Además, considera que la sanción accesoria de clausura conllevaría no solo a un grave perjuicio económico -que pone en riesgo la continuidad de la actividad comercial- sino también a un descrédito que generará una disminución de la clientela del local.

A partir de ello, y no resultando motivo de agravio los hechos por los que fuera condenado el imputado, la sentencia ha quedado firme en cuanto se ha probado que Gonzalo Javier Cáceres fue autor de la contravención prevista y reprimida en el art. 82 del Código Contravencional los días 13 de febrero, 19 de junio y 21 de octubre de 2005 en el establecimiento denominado "Aldonza", sito en la calle Sucre 1918, 1er y 2do piso, de esta ciudad, consistentes en la perturbación del descanso y la tranquilidad pública mediante ruidos que excedieron la normal tolerancia, conforme los fundamentos dados por la Judicante en la sentencia.

Teniendo en cuenta ello, y de la lectura de la sentencia impugnada se desprende que la Juez a quo ha impuesto a Cáceres la pena de seiscientos pesos ($ 600) de multa, y las accesorias de clausura del local por el término de ciento veinte (120) días e instrucciones especiales consistentes en llevar a cabo la insonorización del establecimiento aludido. A tal efecto, corresponde a esta Alzada avocarse al análisis de la sanción impuesta al encartado a fin de establecer si la misma resulta proporcionada a la contravención endilgada o, tal como refiere la Defensa, excesiva con relación al hecho objeto de reproche.

En primer término, es dable señalar que el segundo párrafo del art. 82 de la Ley 1472 establece que quien perturbe el descanso o la tranquilidad pública mediante ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia, y los realice en "en nombre, al amparo, en beneficio o con autorización de una persona de existencia ideal o del titular de una explotación o actividad", la sanción a aplicar será una multa de seiscientos a diez mil pesos ($600 a $10.000). Asimismo, el art. 23 de la norma mencionada prevé sanciones accesorias -entre ellas, la pena de clausura que no podrá exceder de 180 días (art. 25 CC) y la de instrucciones especiales -que no podrá superar los 12 meses- las que podrán imponerse conjuntamente con algunas de las establecidas como principales, cuando a criterio del juez/a resulten procedentes en atención a las circunstancias del caso.

Asimismo, y en cuanto a la graduación de la pena, cabe mencionar que dicha tarea no es una cuestión que se encuentra sujeta a la exclusiva discrecionalidad del Juez, sino que debe fundarse en criterios racionales explícitos. Así, lo establece el art. 26 del Código Contravencional, mencionado anteriormente, el que dispone que la sanción no debe exceder la medida de reproche por el hecho, y para elegirla y graduarla se deberán tener en cuenta "... las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado ...Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para, reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes contravencionales en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento ...". A su turno, el art. 27 de la norma mencionada las disposiciones aplicables en los supuestos de acumulación de sanciones.

A partir de ello, y de la lectura de la sentencia bajo examen se desprende que la Judicante al momento de graduar la sanción consideró como atenuantes la falta de antecedentes contravencionales, que el establecimiento comercial que explota es alquilado y parte de las ganancias que obtiene son destinadas a ayudar a su familia. Asimismo, tuvo en cuenta la circunstancia que el encartado estuvo rebelde al proceso, lo que en su opinión demuestra su falta de interés de estar a derecho, así como el hecho que nunca pudo arribarse a una solución del conflicto a través de la mediación.

En esta línea redujo el monto de multa solicitado por la Sra. Fiscal de Grado, por considerarla excesiva, al mínimo legal establecido, manteniendo las sanciones accesorias solicitadas por la titular de la acción contravencional por entender que buscan asegurar que "... acondicione el establecimiento mencionado a fin de reparar el daño y resolver así el conflicto, y no provocarle un perjuicio económico que imposibilite tal solución ...".

Ese mismo razonamiento, aplicado a la pena accesoria nos lleva a sostener que ésta deberá también ser reducida ya que no guarda relación con la pena principal, pues por ende le impuso el mínimo de la sanción de multa ($ 600), pero por otro, un muy elevado plazo de pena accesoria (clausura de 120 días). En este sentido, no debe olvidarse que la selección de los factores relevantes para la determinación de la pena se ve influida, necesariamente, por la decisión acerca de los fines de la pena (Ziffer, Patricia S., "Lineamientos de la determinación de la pena", Ed. Ad-hoc, segunda edición, reimpresión Bs.As., 2005, pág.. 98). Desde este punto de vista, del art. 26 ya citado se desprende que debe optarse por aquella pena que resulte más eficaz para prevenir la reiteración de la conducta reprochada y resolver el conflicto.

Así, para graduar la pena se debe tener en cuenta el tipo del ilícito, todas aquellas situaciones que reducen su gravedad, la intensidad de situaciones que afectan la culpabilidad y analizarlas en forma amplia. Es posible partir de la idea de que ilícito y culpabilidad, cuando se trata de fijar la pena, son una continuación de los conceptos utilizados en la teoría del delito y de que esto constituye el fundamento de la pena. Se podría afirmar, incluso, que en un derecho penal de hecho, ilícito y culpabilidad constituyen el único factor relevante para la determinación de la pena (Ziffer, Patricia ob. cit. pg. 121).

Ahora bien, la pena accesoria no puede ser extralimitada, la que debe ser proporcionada a la contravención. Así, se ha dicho que "la idea de proporcionalidad no sólo es necesaria para limitar las medidas, sino también para graduar las penas, por lo que ha de erigirse en principio general de todo el Derecho Penal. Dos aspectos o exigencias hay que distinguir en el principio de proporcionalidad de las penas. Por una parte, la necesidad misma de que la pena sea proporcionada al delito. Por otra parte, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho (a su "nocividad social")" (Mir Puig, Santiago "Derecho Penal" -Parte General-. ed. PPU, Barcelona, 1990, p. 111).

Sobre esta base, considerando que la conducta endilgada al encartado Cáceres es la de haber perturbado el descanso, la convivencia y la tranquilidad, mediante música a elevado volumen amplificada, a los vecinos lindantes de su negocio, consideramos adecuado confirmar la condena de seiscientos pesos ($ 600) de multa y la imposición de las instrucciones especiales consistentes en la insonorización del lugar, lo que coadyuva a la resolución específica del conflicto. Respecto de la pena accesoria de clausura, entendemos que una medida de esa naturaleza demasiado prolongada sobre el local, puede llevar a poner en riesgo la actividad comercial desarrollada por el imputado, por lo que a fin de evitar un perjuicio económico que exceda la medida del reproche, proponemos reducir la pena de clausura a sesenta días.

El Marcelo P. Vázquez dijo:

Tal como se expresara en el voto precedente, coincido que ninguna duda cabe acerca de que la tarea de individualización de la pena no es una cuestión que se encuentre sujeta a la exclusiva discrecionalidad del juez, sino que debe fundarse en criterios explícitos. De ello se colige que el juez no puede partir de cualquier valoración personal que le merezca el hecho o el autor, sino que los parámetros que utilice deben ser elaborados a partir del orden jurídico (Ziffer, Patricia S., "Lineamientos de la determinación de la pena", Ed. Ad-hoc, segunda edición, reimpresión Bs.As., 2005, pág. 96/97).

En este sentido, el art. 26 del Código Contravencional, enumera las pautas que deben ser tomadas en cuenta para fijar la sanción aplicable al caso. Dicha norma establece, sobre la base del principio de culpabilidad, que para la graduación de la pena se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y, en el caso de comisión culposa, la gravedad de la infracción al deber de cuidado. También son parámetros a valorar los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y las condenas por contravenciones del mismo capítulo anteriores al hecho de juzgamiento.

En este caso concreto, disiento con mis colegas en relación a la aplicación de la pena accesoria, y coincido con la Sra. Magistrada de Grado en la sentencia obrante a fs. 391/395 en cuanto a la determinación de la pena aplicable a Cáceres, pues de la lectura de dicha pieza procesal surge que valoró las circunstancias que rodearon los hechos imputados; la extensión del daño causado a los vecinos lindantes con el local; las condiciones personales, sociales y económicas del imputado; la falta de antecedentes condenatorios en el fuero; su conducta procesal -que demostró la falta de interés del nombrado a estar a derecho-, y la negativa del encausado de arribar a una solución del conflicto a través de la mediación. Por otro lado, cabe mencionar que de las constancias del expediente se desprende una falta de disposición por parte de Cáceres de reparar el daño ocasionado a los ciudadanos colindantes con su negocio.

En este sentido, los agravios expuestos por el Sr. Defensor particular en su escrito no logran conmover en absoluto los argumentos desarrollados por la Sra. Magistrada de grado en cuanto a la determinación de la pena. Por otro lado, las manifestaciones expuestas en el libelo de fs. 418/419 en cuanto al promedio de facturación del local -las que distan de beneficiar al imputado y utilizados por la Sra. Fiscal de Cámara para fundamentar su dictamen- revelan su posibilidad económica de pago aunado a la falta de interés de solucionar oportunamente el conflicto.

Siendo así, se advierte que el monto de la pena impuesta por la judicante resulta adecuada a los parámetros expuestos y proporcional a los hechos reprochados, razón por la cual, corresponde confirmar la sentencia en cuanto condena a Gonzalo Javier Cáceres a la pena de multa de seiscientos pesos ($ 600), y las accesorias de instrucciones especiales consistentes en llevar a cabo la insonorización del establecimiento junto con la clausura del local por el término de ciento veinte (120) días.

Por lo expresado, el Tribunal, por mayoría:

RESUELVE:

Confirmar parcialmente el punto I dispositivo de la sentencia recurrida, obrante a fs 391/395, en cuanto resuelve condenar a Gonzalo Javier Cáceres por considerarlo autor contravencionalmente responsable de la conducta prevista y reprimida por el art. 82 de la ley nº 1472, a la pena de multa de pesos seiscientos ($ 600) con mas la accesoria de instrucción especiales, consistentes en llevar a cabo la insonorización del establecimiento denominado "Aldonza" sito en la calle Sucre nº 1918, piso 1º y 2º de esta ciudad, modificándolo en cuanto al plazo de clausura impuesta que se reduce a sesenta (60) días, con costas (arts. 16, 22 inc. 2, 23 inc. 1 y 7, 25, 26, 82 de la ley 1472; 6, 14 y 48 de la ley 12).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí:

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