Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-12


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 369/14/CA1"M.M. c/ OMINT S.A. de Servicios s/ incidente de medida cautelar" Buenos Aires, 12 de junio de 2014.

Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 59/59 vta. y fundado a fs. 61/65 vta., concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 69, contra la resolución de fs. 48/49, que mereciera la réplica de la contraria a fs. 77/81, oída la señora Defensora Oficial y, CONSIDERANDO:

I. El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a OMINT S.A. para que en el plazo de tres días arbitrara los medios necesarios a fin de brindar a M.M. la prestación de acompañante terapéutico por 10 horas semanales según indicación de fs. 48 y por el tiempo que prescriba el médico que la asiste, y en función de la discapacidad que padece -síndrome de Williams, retraso mental-, y hasta tanto se dirima el amparo interpuesto (v. fs. 48/49).

Contra dicha resolución apeló la demandada. En su memorial de agravios sostuvo que: a) la medida cautelar coincide con la pretensión principal; b) no se encuentran cumplidos los presupuestos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora necesarios para acceder al dictado de la medida cautelar; c) su representada no incumplió ninguna obligación legal por cuanto puso a disposición prestadores propios y comunicó a la familia de la actora que habiendo cumplido su parte los objetivos específicos informados al inicio, podrían continuar sosteniendo los mismos con el apoyo familiar.

II. En primer lugar corresponde destacar que, más allá de sus agravios, la recurrente no desconoció la condición de afiliada ni la grave patología que padece.

En este sentido, se advierte que M.M, de 32 años de edad, padece de síndrome de Williams, y que según el informe médico expedido por el médico especialista en psiquiatría que la asiste ".en los últimos seis meses la paciente cursa un cambio notorio en su conducta cotidiana (con momentos de agresividad no contenida, por tal motivo requirió acompañamiento terapéutico de al menos 10 horas semanales para colaborar con la contención de la paciente..." (v. fs. 4/4 vta.).

Por otro lado, la demandada cubrió la prestación de acompañamiento terapéutico con sus profesionales propios, sin embargo en la misiva datada el 21 de enero de este año informó que con fecha 28 de febrero sería discontinuada dicha cobertura ".debido a que durante la implementación del mencionado dispositivo M.M logró en parte los objetivos propuestos pero actualmente se evidencia que ha llegado al límite de las posibilidades". En función de ello manifestó que su prestador (en este caso Psique) le comunicó que "en base a los demás dispositivos terapéuticos que realiza (M.M.), ella podría sostener los objetivos logrados con el apoyo familiar" (v. fs. 16/17).

En orden a los hechos expuestos, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que lo dispuesto en los tratados internacionales de jerarquía constitucional, reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (arts. 42 de la Constitución Nacional y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU -ratificado por la ley 23.313- de jerarquía superior a las leyes internas, según el art.75, inc. 22 de la Constitución Nacional, asimismo, conf. Fallos 323:3229, el subrayado pertenece al Tribunal).

A su vez, la ley 24.901 en su art. 15 establece la cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, métodos y técnicas que fuere menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera. En lo que se refiere a la cobertura de acompañante terapéutico, el art. 39 inc. d) de la ley 24.901 dispone que los discapacitados recibirán los apoyos brindados por un asistente domiciliario a fin de favorecer su vida autónoma..". Es decir, se garantiza al discapacitado que se encuentre en las condiciones allí descriptas el apoyo necesario para ser asistido en su domicilio.

En el sub-lite, resulta suficientemente acreditado los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues dicha prescripción no permite descartar, en orden al peligro en la demora invocado, los eventuales riesgos perjudiciales para la salud si no se cumpliera con ella, máxime cuando se advierte que la prescripción médica resalta el alivio a situaciones familiares que genera los comportamientos agresivos de M.M. (v. fs. 6/6 vta.), como así también que las diez horas semanales de acompañamiento terapéutico son eficaces para lograr la estabilización social y emocional, existiendo nuevos objetivos terapéuticos para seguir trabajando por lo que el experto en psiquiatría recomendó no innovar respecto a las horas asignadas a esta prestación (v. fs. 48/48 vta.). Tal circunstancia debe ser valorada por el Tribunal en este contexto cautelar, pues la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública en nuestro país que, como tal, debe orientar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de los casos en que la salud de los sujetos que la padecen estén en juego (dictamen del Procurador General de la Nación en la causa Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c. Estado Nacional, L. 1153.XXXVIII, al que se remite la Corte Suprema en Fallos 327:2413).

En esas particulares condiciones, el mantenimiento de la medida dictada por el señor juez es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 el 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras).

La medida que aquí se confirma es la única susceptible de cumplir con la protección provisional del derecho invocado (art. 230, inc. 3º del CPCCN) y de evitar que la conducta desplegada por la demandada influya en la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible (art. 230, inc. 2º del CPCCN), ello ante la imperiosa y urgente necesidad de continuar con la asistencia que requiere M.M.

III. En lo atinente a la coincidencia de objeto entre la medida cautelar solicitada y la acción de amparo deducida, cabe remarcar que la medida solicitada no reviste tal carácter, en esas condiciones, la decisión del Tribunal respecto de la medida precautoria debe llevar insita una evaluación del peligro en la permanencia de la situación actual, exigiéndose una mayor prudencia en la apreciación de los requisitos de admisibilidad (cfr. CSJN, in re "Camacho Acosta, Maximo c/ Grafi Graf SRL y otros" C.2348.XXXII, del 7.08.1997).

IV. Resta agregar que las constancias agregadas a la causa han sido valoradas de acuerdo al marco cautelar en el que fueron incorporadas a la causa, por lo que nada obsta a que, en el estado en que se encuentra el amparo, puedan ser desvirtuadas por su contraria mediante la prueba que considere pertinente producir a dicho efecto.

En función de ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto ha sido materia de agravios. Las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 68 del CPCC).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18/11/13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -a la señora Defensora Oficial en su público despacho- , publíquese y oportunamente, devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo.Ricardo Gustavo Recondo