marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad civil, daño por vicio o riesgo de la cosa, prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHESTA, VICTOR HUGO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO - RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-06

Conforme a la legislación procesal vigente, los automotores se entregarán en depósito sólo a sus propietarios (art. 235 C.P.P.).

Dicha calidad se adquiere, en virtud de lo establecido por el Decreto Ley 6582/58, a partir de la inscripción en el registro respectivo, que tiene carácter constitutiva y no declarativa (arts. 1 y 2 Dec. cit.).

Consecuentemente, en los supuestos de daño causado por riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, 2da. parte, C.C.), existe una presunción de responsabilidad del dueño (art. 27, Decreto Ley 6582/58), que sólo se destruye por las eximentes previstas en aquella norma.

El propietario, a excepción de que los atributos del derecho de propiedad están desmembrados, y es, a su vez, guardián de la cosa y evidentemente, por su naturaleza, pesó sobre él una presunción iuris tantum en tal sentido, desde el momento en que tiene derecho de "poseer la cosa, disponer o servirse de ella y usarla y gozarla" (art. 2513 C.C.), la que debe ser destruida por prueba en contrario En el sub-examine, si bien se acompañó una fotocopia simple del título automotor que no acredita la propiedad del mismo, la expresa manifestación del recurrente de ser su propietario, vertida en el acta, por la que adquiere el carácter de depositario judicial, convalidada en sede judicial por su incorporación al acta de debate sin oposición alguna, importa una confesión que revela a la parte contraria de la prueba pertinente (arts. 193, 217 C.P.C.), sin que, consecuentemente,se haya destruido la presunción de la calidad de guardián natural de la cosa al tiempo del hecho.

El carácter invocado surge antes del momento de la comisión del hecho fijado en la sentencia (23/6/91), la situación jurídica estaba consolidada antes y en efecto, constituía un absurdo que el recurrente (quien no puede alegar desconocimiento del derecho (art. 20 C.C.) hubiera aceptado la carga de ser depositario judicial (art. 235 C.P.P.) -sin ser propietario- de un automotor que no llega a sus manos sino porque habiendo estado dentro del ámbito de su tenencia y guarda antes del hecho de marras le fue secuestrado.-
Transporte de pasajeros, tarifa de servicios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Microómnibus Quilmes S.A.C.I.F. y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Inconstitucionalidad Ord.6379 y Dec. 929/90
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

La ordenanza municipal que exige cobrar el boleto mínimo a los jubilados y pensionados se funda razonablemente en principios de existencia social sin vulnerar los derechos de propiedad y de igualdad, constituyendo una decisión política propia del municipio, respecto de lo cual no se ha demostrado el perjuicio económico que se alega haber soportado con su aplicación ni que hubiera afectado el equilibrio contractual, por lo que debe rechazarse la inconstitucionalidad de la misma.
Personal policial, SIDA, prueba hematológica, extracción forzada, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BRE. c/ Policía Federal Argentina s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

El sometimiento a la detección obligatoria del virus que causa el SIDA no configura una intrusión irrazonable al ámbito de privacidad del personal policial porque está motivada por un interés superior al individual - el cumplimiento adecuado de la función - y es proporcionada a sus fines.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, traslado
Materia: PROCESAL
Carátula: MATTES, Ricardo c/ G.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Disidencia del Dr. Daray:

No corresponde correr traslado de los fundamentos del recurso de apelación en la acción de amparo (art. 15, ley 16.986), pues la normativa aplicable no contempla dicha posibilidad.-
Embargo, jubilaciones, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Del Frari, Berta G. de. c/ Arteneche, Teresa de y/o Arteneche, Roberto. s/ Desalojo por falta de pago.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2003-06-20

El hecho de que la afectada por la medida no haya reaccionado frente a un descuento que se la haya realizado sobre su jubilación como consecuencia del embargo, o el consentimiento a tal descuento, no puede significar que le haya caducado el derecho a hacer valer la inembargabilidad -que es de orden público-, ni a pedir el levantamiento de embargo.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Hernández, Carlina c/ Asociart ART S.A. s/ enfermedad profesional con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-05

Corresponde declarar procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley por errónea aplicación de la ley al arribar el resolutorio atacado a una solución jurídica errónea al determinar la fecha de la primera manifestación invalidante con posterioridad a la sanción de la Ley N°26.773, cuando en el caso tal extremo habría ocurrido con anterioridad, lo que importa consagrar un equívoco apartamiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" y a los criterios establecidos en los precedentes citados de este Cuerpo que adoptan la posición del Máximo Tribunal de la Nación, y profundizan el contenido y alcance de aquél pronunciamiento, desconociendo lo sustancial de la decisión allí adoptada acerca de la inteligencia establecida para la determinación de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de reparación de los infortunios laborales, recomponiéndose el litigio a la luz del artículo 17 inciso c) de la Ley Casatoria, mediante el rechazo del recurso impetrado por la parte actora, y la confirmación, por añadidura, de la sentencia de Primera Instancia que aplicó las disposiciones de la Ley N° 24557 y Decreto N° 1694/09 a una enfermedad profesional cuya primera manifestación invalidante se produjo durante la vigencia de aquellas disposiciones.
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, sentencia, sentencia arbitraria, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ DE FRANCISCUTTI TERESITA c/ AGUSTIN REY s/ LABORAL. EXPTE. N 10535
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-10-23

La arbitrariedad es un escándalo de la razón, y si no se la aprehende dentro de esos límites, el ámbito excepcional de la casación se convertiría en una tercera instancia ordinaria. La regla de que los jueces ordinarios son soberanos en la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba, cede si mediare palmario absurdo, esto es, un apartamiento inaceptable de las leyes de la lógica formal. En ausencia de tal extremo, dichas cuestiones devienen ajenas al control de constitucionalidad que el Tribunal ejerce sobre las sentencias traídas a su conocimiento por vía de la casación.
Costas, interés concreto, hábeas corpus, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rodríguez Soca, Eduardo Manuel (U-2) s/ Acción de hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Anulada la sentencia que hizo lugar al hábeas corpus, corresponde eximir de costas al presentante.
Actos y diligencias procesales, autorización judicial, exhumación de cadáver
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: P., R. y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Si se pretende exhumar cadáveres de parientes con el exclusivo propósito de trasladarlos para facilitar el culto por parte de los deudos, tal motivación constituye, en principio, suficiente fundamento para que la jurisdicción conceda la autorización a que se refiere el decreto municipal 320, art. 31, pues la prerrogativa en cuestión no puede verse frustrada por cuestiones de exclusivo corte administrativo. Ello, claro está, en tanto y en cuanto se suministren las garantía mínimas tanto para resguardar las normas de salubridad e higiene mortuoria, aspecto cuyo contralor concierne a la autoridad competente.-
Contratos administrativos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Niaco Sociedad Anónima c/ Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de laProvincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-28

"Si el principio de buena fe es criterio de los contratos en general, con mayor razón debe exigirse en materia de derecho público".
Sentencia absolutoria, prueba insuficiente, control aduanero, seguridad en los aeropuertos, contrabando, ley vigente
Materia: PENAL
Carátula: Rosa Do Rego, María Alda y otro c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-05

Corresponde absolver a los encausados en orden a los hechos que fueran materia de acusación toda vez que debe reputarse que la forma y los lugares en los que los imputados llevaban el dinero y la manera en la que respondieron y se manejaron con el personal aeroportuario no permite colegir, tal como exige la figura en trato y con el grado de certeza que reclama un pronunciamiento condenatorio, que aquéllos hayan intentado sustraerse del adecuado control aduanero de modo penalmente relevante. Es que el tipo de injusto por el cual se los hizo responsables en el fallo atacado requiere, desde la perspectiva de la imputación subjetiva, que el comportamiento esté orientado a engañar al control aduanero, es decir que las conductas reprochadas tienen que propender a tornar objetiva y sustancialmente dificultosa la detección de la maniobra por parte del ordinario examen aduanero. En otras palabras, en caso de surgir dudas sobre la existencia de un ardid o engaño empleado por los sujetos activos que bloquee el rutinario control por parte del sujeto pasivo en su labor, la configuración del delito de contrabando será puesta en crisis, como sucede siempre ante la falta de certeza sobre la realización de un ilícito penal. Esto es, para la atribución subjetiva de la conducta reprochada no resulta suficiente obrar con conocimiento de llevar el dinero por sobre el monto autorizado sin declaración formalizada -por lo demás en discusión- sino que la relevancia típica en este punto exige, por otra parte, que ese desenvolvimiento constituya una maniobra elaborada con el objeto de lesionar las normas de flanqueo dispuestas por la legislación vigente, circunstancia que no ocurre con certeza en el caso. El modo de trasladar los euros encuentra razonable explicación en las medidas de seguridad invocadas por los imputados, en punto a que no intentaban ocultar las divisas a los funcionarios aduaneros, sino que las portaban de esa forma a fin de resguardarse de posibles desapoderamientos por parte de terceros del contenido de sus valijas, lo cual ya les había ocurrido en otras oportunidades. No puede hablarse inequívocamente, con la certeza que impone el principio de culpabilidad, de un comportamiento que esté dirigido a engañar u ocultar de manera típica lo trasportado.
Estupefacientes, facilitación de lugares o elementos
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, Sebastián y otros s/ proc. Causa nro. 27.264
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-18

Con relación al ítem en cuestión Terragni expresa:"Para ser castigado con la pena prevista por el artículo 10, quien realice esa acción debe concretarla con la mira puesta en que allí se lleve a cabo alguna de tales actividades. No se trata de una infracción solamente formal, sino que tiene que estar presente, como en todo delito doloso, el conocimiento, la intención y la posibilidad de comprender el carácter antisocial del hecho."
Derecho de huelga, sindicatos
Materia: LABORAL
Carátula: LUGONES, FRANCISCO M. c/ MULTIPLAS SAIC. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-28

En virtud de lo dispuesto por el artículo 14 bis de la constitución nacional, el titular del derecho de huelga es el sindicato. Ese derecho debe ejercitarse en la forma establecida en la ley de asociaciones profesionales (artículo 13, inciso k) de la ley 22105) y ajustarse a un procedimiento, con intervención de la autoridad administrativa del trabajo, que en el orden nacional esta reglado en la ley 14786 (disidencia del doctor Zuanich).
Concursos, quiebra a pedido del acreedor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fibratextil S.R.L s/ Solicitud de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Si bien se admite la quiebra ante el resultado infructuoso de la ejecución individual, cualquiera sea la etapa en que esta se encuentre, es importante aclarar que dicha opción sólo se confiere si el ejecutante acredita haber desistido del proceso individual.

(Minoría u opinión personal)
Proceso contravencional, prueba, facultades del juez, prueba de oficio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C., F. s/ Art. 51 .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-04

Con relación a la facultad del a quo para colectar de oficio pruebas del hecho a fin de fundar la imputación (en autos, la citación del denunciante para prestar declaración testimonial), no resulta posible puesto que en el marco del proceso acusatorio consagrado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nro. 12, no puede el juez suplir la inactividad del Fiscal y la Defensa ordenando prueba que no haya sido ofrecida por las partes en la instancia procesal oportuna.
Contrato de obra, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Priemer Ricardo Primo c/ Najar Luis A. s/ Cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

El locatario puede renunciar a la verificación y aprobación de la obra aceptándola, sin manifestación directa ("expresa") de voluntad.

Hay, en tal caso, indirecta ("tácita") recepción. Es que el verificar y aprobar la obra constituye una facultad renunciable, importando aquel comportamiento omiso una clara manifestación de voluntad renunciante.
Tasa de justicia, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Libertino, José Luis c/ Eleno, Ricardo y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

Existiendo valores determinados o determinables debe oblarse la tasa retributiva de servicios de justicia conforme a lo prescripto en los artículos 27 inc.a y 30 de la ley 10880.-
Competencia, competencia por la persona, competencia civil y comercial federal, empresas del Estado, interés público, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: COVIARA EMPRESA DEL ESTADO c/ REALES OSCAR RUBEN s/ RESOLUCION DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

Los juicios en que intervienen las empresas del Estado son ajenos a la competencia de los tribunales locales, en virtud de que esas entidades constituyen organismos en cuyos pleitos la Nación está interesada (cfr. doctr. Corte Suprema, Fallos 251:498 o 293:449, entre otros). No modifica la competencia del fuero federal para entender en la causa el hecho de que por la presente acción se persiga el desalojo de un inmueble, toda vez que si bien el art. 46, inc. 4° (hoy inc. b) del decreto 1285/58 atribuyó el conocimiento de los desalojos en general a la Justicia Nacional de Paz (posteriormente, Especial Civil y Comercial y, actualmente, Civil) dicha norma no alteró la competencia que a la justicia federal corresponde en virtud de las personas intervinientes y de lo dispuesto por el art. 2°, inc. 6° de la Ley 48 ya citado, que mantiene su vigencia (cfr. Sala 2, doctr. In re "Pérsico, Oscar C. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales", del 8.5.92).
Sentencia definitiva, regulación de honorarios, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Benetti, Ruben Edgardo c/ Crimella Martin Arsenio y otro s/ indemnización - accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-21

Cuanto las excepciones son resueltas en la sentencia definitiva como defensa de fondo carecen de autonomía arancelaria, englobándose en una única regulación la cuantificación de toda la labor desarrollada.
Cuestiones de competencia, aumento de tarifas, competencia contencioso administrativa, medidas cautelares contra el Estado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: E.N. - M. de Energía y Minería c/ Dirección de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Leandro N. Alem s/ inhibitoria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-19

Al haber intervenido, en la cuestión de competencia suscitada en una acción de amparo colectiva interpuesta con el objeto de que se declare la nulidad de la normativa que estableció un nuevo cuadro tarifario para el servicio de gas, una jueza nacional en lo contencioso administrativo federal, resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 20, segundo párrafo, primera parte, de la ley 26.854, según el cual todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. (Del dictamen de la Procuración General al que adhirió la Corte Suprema)
Certificado de trabajo, industria de la construcción
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez Cardozo Pablo c/ Construcciones IDC SRL s/ Otros reclamos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-08

Las certificaciones de remuneraciones y servicios son confeccionadas en base a datos que figuran en la AFIP, incorporados según los parámetros establecidos por el organismo de control sin que puedan ser modificados por los empleadores. No puede hablarse de mala fe empresaria puesto que la accionada actuó con probidad y buena fe y, en su momento, el trabajador recibió las certificaciones que le fueron entregadas sin formular objeción alguna cuando, de estimar errónea algunas de las constancias, bien pudo reiterar su intimación solicitando rectificación. En estas condiciones no se advierte aplicable la multa reglamentada por el art. 80 L.C.T., siendo que las normas sancionatorias deben ser aplicadas prudentemente respetando los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad y no existió evasión previsional o dolo patronal tendiente a burlar los derechos del trabajador. Por ello cabe rechazar la demanda incoada. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Estanislao c/  s/ Lavado de activos (art. 303 del C.P.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2022-03-25

En el delito de lavado de activos, quien lava es aquel que está en condiciones de disimular o de convertir el origen ilícito de bienes o de dinero, dándoles una apariencia legal. Y para poder darles esta apariencia legal a fondos que provienen de actividades ilícitas, los candidatos más aptos, son aquellos que tienen una actividad comercial o productiva lícita. Y esto permite justamente incluir dentro de los pliegues y repliegues de la licitud algún aporte o alguna porción de actividad proveniente de los negocios ilícitos.
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

El recurso extraordinario argentino es un medio de control judicial indirecto, pues no obstante la falta de una disposición constitucional expresa, la corte suprema ha dicho que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a decisión, comparándolas con el texto de la constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella. Todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y aplicar la constitución y las leyes de la nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde.

Fácil resulta distinguir entre la interpretación y aplicación de la Constitución Nacional que corresponde hacer a todos los tribunales y se trata del control judicial directo, del indirecto que sólo compete realizar a la Corte Suprema de Justicia. O, más, sencillamente, aplicación para los primeros y control, propiamente dicho, para la ultima.
Inmunidades parlamentarias, desafuero, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARCOLLI, Miguel s/ Causa 26.924
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

a) La inmunidad parlamentaria no impide la formación de un sumario criminal para investigar la conducta de un legislador -excepto en el supuesto del actual art. 68 de nuestra Carta Magna-, en tanto no se afecte su libertad personal por orden de arresto o prisión provisional o definitiva, de manera que obstaculice sus funciones específicas, pues el mencionado privilegio no contempla a la persona, sino que constituye una garantía al libre ejercicio de la función legislativa para mantener la integridad de los poderes del Estado, siendo un privilegio cuya protección es de carácter excepcional y que debe ser delimitado en función del irrestricto ejercicio del cargo que se protege, y solamente por él, preservando la autonomía de la voluntad del mandatario en cumplimiento de la manda constitucional para la cual ha sido asignado, por lo cual la inmunidad es inoperante ante el próximo dictado de una sentencia de primera instancia que, cualquiera fuera su contenido, será pasible de los recursos establecidos por la ley ritual.

b) El desafuero sólo es imprescindible para que el juez de la causa pueda privar de libertad al legislador; hasta entonces, el juicio puede promoverse y proseguirse.
Cheque sin fondos, participación criminal, autoría mediata
Materia: PENAL
Carátula: FERREIRO, BEATRIZBORZONE, DANIEL A. s/ Cheque sin fondos Causa 26450
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-18

La circunstancia de no ser titular de la cuenta corriente no excluye la posibilidad de autoría mediata de quien actúa en tanto, al hacerlo, se vale de otro conservando el dominio del hecho (Del voto del Dr. García Quiroga).
Delito penal, menores, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ayala Ángel Daniel y otros s/ Recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-05-31

La agravante del art. 41 quater del CP resulta aplicable a las personas mayores que cometan un hecho ilícito con la intervención de una menor de edad al momento del hecho, en la medida que tal extremo se encuentre acreditado en el expediente.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: BOLSALUX  S.A. c/ TINTORERIA INDUSTRIAL MODELO  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-28

Procediendo los extremos que autorizan la aplicación del cpr: 71 vencimiento parcial y mutuo-, la distribución de las costas no puede efectuarse con un criterio meramente aritmético; es menester evaluar las posiciones asumidas por ambas partes, como así también la trascendencia jurídica de sus planteos.