Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02


ROMERO, Néstor Pedro contra COMUNA DE SAN JOSE DEL RINCON Reg.: A y S t 197 p 265-270.

En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de junio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROMERO, Néstor Pedro contra COMUNA DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 590, del año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día veintiséis de mayo del corriente año.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: I.1. Néstor Pedro Romero deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comuna de San José del Rincón a los fines de que se lo restituya a sus tareas de encargado de Catastro de dicha Comuna.

También solicita que se le abone el daño moral "desde la denegación tácita, que por razones procesales, evaluamos en $ 20.000".

Relata que en 1984, por decreto 2112, ingresó a la planta de personal permanente de la Municipalidad de Santa Fe, para luego cumplir funciones de "Cajero Habilitado y Pagador" categoría 17, en la que hasta la sanción de la ley provincial 10.723 se denominó "Delegación Municipal de San José del Rincón", la cual dependía de la jurisdicción administrativa del municipio capitalino.

Indica que, designadas las autoridades comunales por parte del Gobierno provincial, se acordó entre la Municipalidad de Santa Fe y la aludida Comuna que el personal dependiente de la primera que voluntariamente decidiera ser incorporado a la planta de personal de la última mantendría el nivel jerárquico alcanzado, tal como lo preceptúan las normas estatutarias y escalafonarias vigentes.

Dice que una vez iniciada la actividad político- institucional de la nueva Comuna, comenzó a desempeñar funciones de Jefe de Catastro, cargo que le fue confirmado con la sanción del decreto nro. 5/92, ratificado por ordenanzas nro. 65/93 del 2.4.1993 y 96/93 del 28.9.1993 respectivamente, siendo esta última la que aprueba las estructuras orgánico-funcionales de dicha Comuna.

Afirma que no obstante ello, la ordenanza preindicada omitió conferirle la categoría 19 que conforme a la norma escalafonaria aplicable le corresponde.

Continúa relatando que ante esa situación, reclamó el otorgamiento de dicha categoría, sin que los reiterados pedidos efectuado al respecto hayan tenido respuesta favorable.

Indica que con posterioridad a dichos reclamos, por resolución 141/94, fue sorpresiva y arbitrariamente trasladado a cumplir funciones transitorias en el cementerio municipal, las que resultan totalmente ajenas a su nivel jerárquico y cargo para el que fue designado.

Aduce que teniendo presente la transitoriedad del acto recurrido, y habiéndose dado íntegro cumplimiento a los objetivos perseguidos por el mismo, debió ser reintegrado a su lugar originario de servicios, a fines de continuar prestando normal y habitualmente las funciones inherentes de Encargado de Catastro, hecho que no ha ocurrido.

Reseña que, transcurrido un prolongado y razonable tiempo sin que la demandada haya dispuesto el retorno a su lugar habitual de servicios, formuló reiterados requerimientos al efecto (27.5.1994, 5.9.1994, 7.12.1994) sin obtener hasta la fecha, respuesta alguna al respecto.

Afirma que, concluidas en su totalidad las tareas de relevamiento oportunamente encomendadas, no cumplía función ni prestaba servicio alguno, razón por la cual su permanencia en el cementerio municipal configura lisa y llanamente una indiscutible y arbitraria sanción encubierta, que le ocasiona un grave e irreparable daño moral, a la vez que lo descalifica y degrada social y laboralmente.

Fue así, comenta, que el 27.5.1994 formuló el pedido formal, y, al no serle contestado, dedujo pronto despacho el 5.9.1994, obteniendo sólo el silencio como respuesta, quedando habilitada la vía judicial.

Alega que la resolución 141/94 resulta ilegítima por diversas razones.

Así, entiende que no se sustenta en ninguna razón de servicio concreta; que supone una desviación de poder puesto que la finalidad que motivó el acto administrativo excede el marco de potestades que el ordenamiento le confiere a la Comuna; y que violenta su derecho a la estabilidad, en el sentido de haber sido despojado de las funciones inherentes a su cargo.

Solicita, en suma, se haga lugar al recurso deducido, ordenando su inmediata restitución a su lugar originario de servicios "a efectos de ocupar el cargo y cumplir las funciones que conforme a las ordenanzas vigentes y a su nivel, jerarquía y categoría escalafonarias alcanzados (le) corresponde... , acogiéndose a la indemnización del daño moral reclamado, con más los intereses y costas" (punto "IX-6" de la demanda, foja 39 vto.).

2. Luego de hacerse efectivos los apercibimientos del artículo 28 de la ley 4106 (foja 42), se declara por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 47).

3. Se emplaza a la demandada a estar a derecho, lo que hace a foja 57.

A foja 63 contesta la demanda.

Ante todo, dice que el presente recuso resulta extemporáneo, por cuanto la resolución comunal impugnada fue dictada el 19.4.1994 y la demanda de autos fue deducida recién el 10.11.1995, "es decir, un año y medio después de que el actor se 'sintiere' supuestamente 'afectado' por los términos de la resolución 141/94".

En otro orden, destaca que, conforme documentación que adjunta en copia, el 27.12.1995, es decir, un mes y medio después de incoada la demanda, no sólo se revirtió el traslado de lugar de trabajo del actor, sino que además se lo recategorizó, elevándose su categoría de revista de la 17 a la 20 y consecuentemente se lo encasilló en un nuevo organigrama comunal donde se reconocía el status laboral adecuado conforme la ley provincial 9286.

Agrega que el actor fue notificado de la ordenanza 196, que establecía la recategorización aludida.

En base a ello, postula que se ha operado una abstracción de materia, por cuanto lo demandado en autos perdió actualidad, siendo criterio jurisprudencial de este Tribunal atender y fallar sólo aquellos casos en que exista un interés legítimo actual y vigente; y que "no obstante ello, sin dudas, la ordenanza cuya copia se acompaña, operó un verdadero 'allanamiento' a lo oportunamente recurrido y de todo lo cual el actor ... tomó debido conocimiento".

También, que "en el caso de autos, obviamente, no existe actualidad alguna de lo reclamado, e incluso, el actor debió oportunamente desistir de la acción incoada, ya que ningún derecho subjetivo, ni de ninguna otra naturaleza sería perjudicado, dañado o violado".

En otro orden, señala que dada la inacción procesal de la parte actora desde el proveído de fecha 11.10.1995 (foja 40) hasta el nuevo impulso del proceso con el dictamen del señor Procurador General a foja 46, estos autos caducaron.

Más allá de lo expuesto, respecto de la cuestión de fondo aduce que es evidente que, conforme a lo establecido en la ley 2439, se encontraba facultada para disponer el traslado del actor con base en las razones expuestas en la resolución 141.

Solicita, en suma que, conforme a la falta de actualidad del reclamo, se rechace "in limine" lo recurrido, con expresa condena en costas al actor.

4. A foja 65 se le corre traslado al actor de lo expresado por la Comuna demandada. A foja 67 el recurrente lo contesta.

Respecto de la caducidad opuesta, dice que si se parte del auto de admisibilidad dictado por la Presidencia (foja 47) se observa que no se ha operado la misma; y que la presentación a estar a derecho por parte de la demandada (foja 57) ha saneado toda posible caducidad.

En otro orden, sostiene que es cierto que la demandada se allanó implícitamente a su reclamo, tornando abstracta la pretensión de restitución, pero aun queda pendiente de resolución la indemnización del daño moral.

Es por ello que solicita que se tenga "ampliada y reducida, respectivamente, la pretensión de f. 35".

En concreto, apunta que, en relación a las diferencias salariales, ellas se limitan desde que pidió el ascenso de categoría (14.1.1994) hasta el 27.12.1995; y en cuanto al daño moral, lo acota al período que va desde la denegación tácita de restitución -27.5.1994- hasta el 27.12.1995.

Finalmente, solicita que las costas se impongan a la demandada "por haber provocado la situación a la que se allanó tardíamente".

5. A foja 68 se abre la causa a prueba.

Sin ninguna medida ofrecida ni producida, a foja 71 se clausura el período respectivo.

Las partes informan sobre el mérito de la causa a fojas 74 y 75/76.

A foja 77 se llaman autos para resolver, lo que se hace saber a las partes mediante cédulas agregadas a fojas 78 y 79.

Firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.

II. Las particularidades de la causa exigen efectuar dos presiciones liminares. Ante todo, corresponde tener presente el criterio sostenido en doctrina y jurisprudencia acerca de que, consentido el llamamiento de autos para sentencia quedan purgadas las deficiencias procesales previas, precluyendo el derecho del interesado para impugnarlas (A. y S. T. 136, pág. 315).

De todos modos, conforme el criterio sentado por este Tribunal in re "Luceros" (de A. y S. T. 185, pág. 437), no podría haber prosperado el planteo de caducidad opuesto por la demandada. En segundo lugar, debe dejarse aclarado que, tal como lo señala la demandada a foja 63 y lo consiente el actor a foja 67, el dictado de la ordenanza 196/95 provocó en el caso la abstracción de la pretensión de reintegro al cargo.

Por ello, debe decirse que no hay materia a resolver respecto de la pretensión de reincorporación al cargo; razón por la cual el tratamiento del caso subsistirá respecto de las pretensiones de indemnización por daño moral y de pago de diferencias salariales, tal como lo solicita el actor a foja 67.

1. Corresponde ingresar al análisis de la admisibilidad del presente recurso.

Se debe tener presente que esta Corte, con diferentes integraciones, ha resuelto invariablemente que el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo por cuanto el examen de admisibilidad que Presidencia efectúa en dicha oportunidad es sólo un prejuicio, preliminar y provisional tendente a eliminar "in limine" los recursos de patente improcedencia formal.

Por otra parte, aquel prejuicio sólo está a cargo del Presidente del Tribunal que ha apreciado el caso con los escasos elementos aportados hasta entonces y sin audiencia de la contraparte ni intervención del Cuerpo que preside (Cfr. A. y S. T. 33, pág. 338; A. y S. T. 60, pág. 457; T. 63, pág. 384; T. 92, pág. 243; T. 108, pág. 376; T. 119, pág. 267; A. y S. T. 153, pág. 32; A. y S. T. 159, pág. 442; A. y S. T. 174, pág. 311; entre muchos otros). En el presente caso, la Comuna dice que el recurso resulta extemporáneo.

Adelanto que este planteo debe ser desestimado.

En efecto, más allá de que el actor en diversos pasajes de la demanda alude a la ilegitimidad de la resolución 141/94, de la lectura de los fundamentos del escrito, como así también de los términos en que delinea su pretensión (punto "II" del escrito), surge claro que su cuestionamiento en definitiva no se dirige a la medida dispuesta por la Administración en dicho acto -que en su momento, según dice, consintió- sino al ilegítimo mantenimiento del traslado una vez que cesaron las razones que lo habían justificado.

En tales condiciones, no resulta correcto el cómputo temporal que indica la Comuna en el punto 2 de la contestación de demanda, ya que, por lo dicho anteriormente, la reacción del particular debe formalizarse mediante la deducción de un reclamo administrativo, diligencia que es la que el demandante llevó a cabo en el caso (v. constancia de fojas 31/32).

Queda, pues, rechazada la defensa analizada.

De todos modos, con relación a la indemnización por daño moral, se observa que concurre una razón distinta de inadmisibilidad, ya que se trata de una pretensión que no fue propuesta en sede administrativa.

En efecto: de la lectura de los términos del reclamo del 7.12.1994 (foja 31), como así también de las breves presentaciones formuladas con anterioridad ante la Comuna (y que también se adjuntan en fotocopias a la demanda) se extrae que Romero en ningún momento siquiera aludió a que el traslado cuyo mantenimiento venía cuestionando le irrogaba un daño moral.

Las exigencias propias de la naturaleza revisora de la instancia contencioso administrativa impiden que el Tribunal considere pretensiones que no fueron ejercidas por el actor en sede administrativa (criterio de A. y S. T. 148, pág. 7; A. y S. T. 196, pág. 385; entre muchos otros).

Por dicha razón, el presente recurso debe ser considerado inadmisible en cuanto se dirige a la obtención de la indemnización por daño moral.

Restaría finalmente aclarar que la pretensión de cobro de diferencias salariales a la que alude el actor en su escrito de foja 74 no fue propuesta en la demanda, tal como bien lo destaca la Comuna al informar sobre el mérito de la causa.

En efecto, al demandar el actor se limitó a solicitar "que se (lo) restituya ... a sus tareas de encargado de Catastro de dicha Comuna, más el daño moral, desde la denegación tácita..."(punto "II" de la demanda -"objeto"-; foja 35), concretando su petitorio en esos términos: que "en su momento, y previa secuela de trámite, haga lugar a la presente acción, ordenando la inmediata restitución ... a su lugar originario de servicios, a efectos de ocupar el cargo y cumplir las funciones que conforme a las ordenanzas vigentes y a su nivel, jerarquía y categoría escalafonarias alcanzados corresponden ... acogiéndose la indemnización del daño moral reclamado, con más los intereses y costas" (punto "IX-6" del petitorio; foja 39 vto.).

Como se observa, el actor no incluyó en su demanda ninguna pretensión referida a diferencias salariales, razón por la cual no pueden ser tenidas en cuenta a la hora de juzgar la admisibilidad del recurso.

Aclaro que dicha conclusión no puede ser alterada por el hecho de que Romero hubiera aludido a ellas en el escrito de foja 67 - mencionado-, por cuanto ello tuvo lugar con posterioridad a la traba de la litis, con lo cual su admisión vendría a violentar el derecho de defensa de la contraparte (criterio de A. y S. T. 118, pág. 300; A. y S. T. 162, pág. 79; A. y S. T. 184, pág. 9; entre otros).

Conclusión de lo hasta ahora expuesto es que se ha sustraído la materia en cuanto al traslado, y que respecto de la indemnización por daño moral y por diferencias salariales el recurso resulta inadmisible.

Con el alcance que surge de lo expuesto, voto por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde no ingresar al tratamiento de ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Conforme el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar que se ha sustraído la materia respecto de la pretensión de reintegro al cargo; y que el recurso es inadmisible en cuanto a lo demás.

Atento al modo en que se resuelve, las costas se impondrán por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gutiérrez, Spuler, el señor Presidente doctor Falistocco y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar que se ha sustraído la materia respecto de la pretensión de reintegro al cargo.

Declarar inadmisible el recurso en todo lo demás.

Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)