marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inconstitucionalidad, recurso de casación, extinción del contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VEDIA, Luis Alberto c/ Carpas Ginestar S.R.L. s/ Apelación de Sentencia-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-05-19

Corresponde declarar procedente la pretensión recursiva, en lo atinente a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 146/2001 en cuanto al plazo de 30 días que otorga al empleador para entregar la certificación de servicios a que alude el art. 80 de la LCT.

El plazo fijado por el decreto en cuestión constituye un exceso reglamentario, y por ende aparece manifiestamente inconstitucional, pues afecta a la sustancia de la norma superior que reglamenta (art. 80 LCT).

Ello es así porque el artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional sólo autoriza al Presidente de la Nación a "expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".

En el aludido decreto se verifica el desvío o exceso reglamentario, o si se quiere "la alteración del espíritu" de la norma que reglamenta, cuando establece el plazo aludido (30 días) para que el empleador entregue las certificaciones a que hace referencia la norma ya aludida (art. 80), la que en ningún momento establece plazos para la entrega de las mismas, (lo que sí hace el art. 45 de la ley 25.345, 2 días hábiles a partir de la recepción por parte del empleador del requerimiento del obrero).

De allí la inconstitucionalidad del mencionado dispositivo legal cuando fija un plazo distinto al señalado precedentemente.

Por tales fundamentos debe hacerse lugar al recurso de inconstitucionalidad, declarándose inconstitucional el Decreto N° 146/2001, por lo que es procedente la sanción que establece el art. 45 de la ley 25.345, como fuera demandado.

Corresponde declarar procedente el recurso de casación. El artículo 128 de la LCT regula el pago de las relaciones laborales vigentes. Por lo tanto, la norma es inaplicable en la especie, por tratarse de una relación extinguida, conforme tiene dicho el Tribunal ("Paredes C/ Panedile", P.R.E. 1982-I-43). Por consiguiente, y estando acreditado el emplazamiento o intimación efectuada por el trabajador, corresponde hacer lugar al incremento previsto por el artículo 2 de la ley 25.323.
Recursos, recurso de queja (administrativo), rechazo del reclamo, resoluciones apelables, avenimiento, Ministerio Público Fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: CONTRERAS TRUJILLO, JHON JAK s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CONTRERAS TRUJILLO, JHON JAK  c/  s/ 14 1°PARR - TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad si la recurrente demuestra una afectación a los principios constitucionales de legalidad, acusatorio y del debido proceso (artículos 18 de la Constitución Nacional y 13.3 de la Constitución de la Ciudad) y expone un caso constitucional con sustento en que la sentencia que en última instancia cuestionada -que confirmó el rechazo del avenimiento- se contrapuso con las facultades que la Constitución le otorga al Ministerio Público Fiscal y con el principio acusatorio que estructura el proceso penal en la Ciudad. En el caso, los jueces solamente estaban habilitados para revisar la calificación legal escogida por el fiscal y modificarla en beneficio del imputado, mientras que el rechazo se fundó en la posible calificación legal de los hechos en un tipo penal más gravoso (artículo 5 de la ley n° 23737) al escogido por el titular de la acción (art. 14 de la ley n° 23737) excediendo así los límites legales de su actuación. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Daños y perjuicios, vía pública, obstrucción de la vía pública
Materia: CIVIL
Carátula: ROBERTO SALOMONE c/ MARIA ELENA MEDICI DE LEMME s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-08-05

No es dable admitir que para quien accede a una vía pública, la presencia de un obstáculo transitorio puede ser presentado como un hecho imprevisible, pues para que el mismo adquiera tales características debe ser extraordinario, superior a lo común y que escape a las posibilidades de la previsión humana, previsión que como lo explica la nota al artículo 514 del Código Civil no debe entenderse en términos precisos (como conocer el día y la hora en que el hecho sucederá) sino la eventualidad de que tal hecho pueda ocurrir sin que sea posible saber donde y cuando.
Acción reivindicatoria, prueba de la posesión
Materia: LABORAL
Carátula: TREVISO, PABLO. c/ REINAO Y OTROS s/ REIVINDICACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-02-14

SIENDO LA REIVINDICACIÓN UNA ACCIÓN QUE NACE DEL DOMINIO, ES EL ACTOR EL QUE DEBE ACREDITAR TODO LO REFERIDO A LA EXISTENCIA Y VIGENCIA DEL MISMO, POR LO QUE MEDIANDO DEBATE EN TORNO A LA EFECTIVIDAD DE LA TOMA DE POSESIÓN, ES A EL A QUIEN CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA SEÑALADA.
Recurso de inconstitucionalidad, pena, prisión perpetua, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, MAURICIO GREGORIO c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

El planteo de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua impuesta al justiciable no puede ser atendido en esta instancia por cuanto -más allá de la ausencia de una fundamentación suficiente que lo respalde-, lo cierto es que la afectación esgrimida por la Defensa no es actual y sólo se produciría en algún supuesto eventual, por lo que se está ante expectativas futuras que no son inmutables y por ende, torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento. (Del voto del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 246, p 333.
Aclaratoria (procesal), interposición del recurso, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Luis Javier c/ Trejo, Angela Herminia y otro s/ Despido - Haberes adeudados - Certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-25

Aún sin mediar interposición de aclaratoria, el tribunal de alzada debe abocarse al estudio de peticiones concreta y temporáneamente introducidas en el escrito de inicio, que no hubieran sido tratadas en la sentencia (art. 270 del CPCyC -Ley 4870-, al que expresamente reenvía el art. 133 del CPL).
Honorarios, base regulatoria, monto del juicio, intereses
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Fredes,     Elsa    Nieves c/ Celso    SRL s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-29

A los fines arancelarios debe ser ponderado, como base regualtoria, el capital de condena con más sus accesorios - lo que incluye los intereses-, pues sólo así se obtiene una verdadera magnitud económica del pleito. (en igual sentido la misma sala in re "Carrillo Lijerón, Carmelo y otro c/ Obra Social del Personal de la Construcción OSPECON s/ Despido", SD. 1030 del 25/03/97).
Tránsito automotor, acta de infracción, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Correa, Mario Eduardo s/ Infracción artículo 77, Departamento Policial 326/97-Reglamento Ley  24449
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-08

El acta de infracción se encuentra dotada de los suficientes elementos esenciales y de certeza para tenerla como plena prueba, ya que cumple con todos los recaudos formales del Código adjetivo en la materia, además de no ofrecer el contraventor probanzas de descargo o una versión que se oponga a su contenido, debe conferírsele suficiente valor y tener por acreditada la comisión de la falta. El onus probandi recae sobre el inculpado, obligado a remontar una presunción iuris tantum en su contra.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: CISNEROS, MARCOS EVANGELISTO Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL EJERCITO ARGENTINO s/ ACCIDENTE EN EL AMBITO MILITAR Y F. SEGURIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

La fórmula consagrada por la jurisprudencia y la doctrina de "valor de la vida humana" es semánticamente poco feliz, en tanto que ella encierra una desorientadora ambigüedad. Si con aquella expresión se está significando "valor económico" de la vida humana como si ésta fuera un bien de aquellos a los que en el mercado se los aprecia pecuniariamente, dicha tesis sería sumamente peligrosa, dado que no solo la libertad tendría precio como en alguna forma de esclavitud sino la vida misma. Puede admitirse hablar de un valor económico de la vida, en cuanto a su capacidad de producir bienes o servicios, es decir, la vida es potencialmente una fuente de ingresos económicos y de ventajas patrimoniales susceptibles de formar un capital productivo (cfr. Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad Civil y otros Estudios", T. II, p. 49). Pero esa vida tiene una naturaleza irrepetible y desborda ampliamente lo económico y lo jurídico. En esa perspectiva antropológico-ética de la vida tiene un valor primario, absoluto e inconmesurable a punto que es el presupuesto de todo otro bien. Max Scheler con su elocuencia filosófica decía que "... La persona no es en sí misma una cosa ni lleva la esencia de la cosidad como es propio de todas las cosas valiosas" (vid. "Etica", T. I, p. 59). Desde la perspectiva expuesta, la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir, de lo que se sigue que la supresión de una vida, aparte de los efectos de índole afectiva, ocasiona otros de orden patrimonial y lo que se mide en signos económicos son las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. La valoración de la vida humana es la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, expresión de agravios, límites del pronunciamiento, defensa en juicio, reincorporación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lisso, Juan Carlos c/ Universidad Nacional de La Plata. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Si la demandada al expresar agravios no cuestionó la validez del acto de reincorporación, la Cámara, al sustentar su pronunciamiento en la invalidez de la reincorporación del actor por vulnerar el régimen de incompatibilidades vigente, arribó a una solución extraña al conflicto efectivamente sometido a su decisión - la invocada aplicación de las leyes 23.278 y 18.037 - que menoscaba el derecho de defensa en juicio del recurrente por lo que la sentencia debe descalificarse como acto judicial válido.
Daño moral, indemnización, actualización monetaria
Materia: CIVIL
Carátula: MOYANO JOSE DEL ROSARIO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL - MORA - INDEMNIZACION -   ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-11-03

La actualización del monto indemnizatorio por daño moral, pese a que no ha sido materia de cuestionamiento la fecha en que se imputan; si se considera excesivo el monto fijado por el a-quo por daño moral, la actualización de dicha suma está íntimamente dependiente por lo que la alzada tiene la potestad y la obligación de pronunciarse sobre lo accesorio y dependiente de lo principal. En este caso lo subordinado y accesorio es el injusto monetario o intereses, lo que deben seguir a lo principal en su suerte. En consecuencia la suma fijada por el daño moral devengar a intereses y su actualización se producirá a partir de la fecha de la sentencia y no de la notificación de la demanda.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, buena fe, sanciones civiles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vigas, Osvaldo c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Revocación de Multas y Devolución de sus Importes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-09-11

La automaticidad de la aplicación de sanciones repugna al orden jurídico. La interpretación y represión de conductas con prescindencia de los hechos que le dieron origen, es inaceptable. Y más lo es aún, si esos hechos son comportamientos del administrador que pretende ejercer la potestad sancionatoria.
Constitución Provincial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

El propósito real de la Cláusula Transitoria Sexta de nuestra Constitución Provincial ha sido el de garantizar la máxima operatividad y efectos de la limitación establecida por el art. 152 de la misma.
Resolución anticipada del contrato, derechos del locatario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Christiansen, Ignacio. c/ García de Kaspin, Delia. s/ Locación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-07-07

El artículo 1539 incisos 4, 5 y 6 sólo se aplica cuando media resolución anticipada o imprevista de la locación, porque el principio doctrinario consiste en que nadie puede, mejorando la cosa para mejor gozar de ella durante su uso como inquilino, hacerse a la postre -además- indemnizar por el propietario.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Willwohl, Luis Francisco s/ Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Si el impugnante invoca la transgresión de los arts. 40 y 41 del Código Penal fundando su queja en que el a quo no obstante desagregar las agravantes valoradas en el fallo de primera instancia, mantuvo el monto de pena aplicada en aquél, el tratamiento del agravio queda desplazado por la parcial nulidad de oficio resuelta en punto a la valoración de una agravante, en tanto ello tiene aptitud para influir en la medida de la sanción que corresponda aplicar al imputado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por despido, base indemnizatoria del despido, adicional por valor comida, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, EUGENIO c/ ORALCO  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-23

La ubicación del art. 31 en el convenio 174/75 y la ventaja patrimonial que significa para el trabajador surgida de la relacion de producción de servicios tiene un valor y contenido económico; por lo tanto es remuneratorio y debe formar parte de la indemnización tarifada.
Escrituración, obligaciones indivisibles
Materia: PROCESAL
Carátula: TARRIO ANTONIO c/ FRADE RAMON s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-14

Si se operó la transmisión "mortis causas" a favor de los descendientes del vendedor, toda vez que la obligación de escriturar es de las denominadas en doctrina como indivisibles impropias o irregulares, la litis debe integrarse con todos los titulares pasivos de la relación jurídica. De allí que si los nietos presentados sólo lo son de una parte, puesto que del resto lo es un hijo, corresponde que este también sea traído al proceso.
Excarcelación, concurso ideal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERRARO, EDUARDO s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-03

La existencia de un concurso material de delitos y la eventual aplicación del art. 58 del C.P impiden que la situación del procesado pueda ser examinada a la luz del inc. 3 del art. 379 de la ley procesal, no resultando tampoco aplicable por las mismas razones, las hipótesis del inc. 1 de la norma citada.
Empleados públicos, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, OCTAVIO c/ PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-11-18

La ley 24.557/95 de riesgos del trabajo, al fijar en el art. 1 inc. 2, su ámbito de aplicación, dispone: "Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT: a) Los funcionarios y empleados del Sector Público nacional, de las provincias y sus municipios..."de donde deviene su aplicabilidad al caso, en tanto el actor, personal policial -empleado público- de la provincia de Corrientes, reclama una prestación creada por esta norma.
Eximentes de responsabilidad, responsabilidad del funcionario público, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad patrimonial, sanciones laborales, responsabilidad penal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

La puesta en conocimiento de los superiores no lo autoriza a seguir con la conducta irregular, tampoco lo exime de la responsabilidad que asume al ser el administrador "responsable" del Fondo. En cuanto a la sanción disciplinaria nada tiene que ver en este proceso donde la responsabilidad que se juzga es la administrativa patrimonial y no la administrativa disciplinaria. Por último el daño producido lo es con independencia del beneficio personal, el que de existir lo haría incurso en responsabilidad penal.
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Boero, Osvaldo Domingo y otro c/ Sambrizzi, Eduardo y otro s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

El pago retroactivo de impuestos, tasas y contribuciones es característico en quien pretende preconstituir prueba a los fines de intentar una usucapión.
Transacción, Comisión Asesora de Transacciones, Banco Nación, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ I.B.M. Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Según los arts. 2.6, 15 inc. k y 16 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, aprobada por ley 21.799 "la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco" y el Poder Ejecutivo debe tomar conocimiento de su "balance y cuenta de ganancias y pérdidas", y de su "plan de acción", por lo que la actuación del Poder Ejecutivo -a través de la Comisión Asesora de Transacciones- es ineludible para evaluar la transacción (Disidencia parcial del Dr. Antonio Boggiano).
Falso testimonio, delito de pura actividad, lugar del hecho
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: WENDLER de GEITE, Albina s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

El falso testimonio es un delito de pura actividad que sólo puede reputarse cometido en el lugar donde se han prestado las declaraciones de que se trata.
Declaración de inconstitucionalidad, plazos procesales, Administración Pública Provincial, pago de la remuneración, reducción salarial, derechos patrimoniales, Poder Legislativo Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de La Rioja s/ Accion de inconstitucionalidad - amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-07-02

El art. 387 del C.P.C. (plazo de 30 días para interponer la acción de inconstitucionalidad), se refiere únicamente a preceptos con efectos económicos.

Es erróneo interpretar que la concreta afectación de los derechos patrimoniales se produce a partir de la vigencia de las leyes. Los accionantes cuestionan en primer término la ley 5625 de cuyo texto surge en forma indubitable, que no tiene efectos económicos directos para ellos, ya que solamente reconoce a la Legislatura Provincial, la facultad constitucional de establecer el régimen de remuneraciones para las distintas funciones del Estado, lo que determina naturalmente, que para el cuestionamiento ante el Tribunal Superior de Justicia no rige el plazo que establece el art. 387 del C.P.C.

Respecto de la otra ley atacada de inconstitucionalidad, la 5674, que sí tiene efectos patrimoniales directos para los ocurrentes, estos efectos se materializan a partir del momento preciso de su aplicación, es decir desde el mismo momento en que se les abonó sus haberes con reducción pecuniaria prevista en la ley. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián, minoría.)
Beneficio de litigar sin gastos, AFIP DGA
Materia: PENAL
Carátula: A.N.A. c/TALAVERA ANGEL s/ Art. 1028 del Código Aduanero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22

El beneficio de litigar sin gastos es uno de los medios por los cuales el Estado procura evitar las incidencias del costo del proceso a quienes no pueden soportarlo. Si no se facilitara el acceso a la Justicia quedaría comprometido el derecho de defensa en juicio que garantiza la Constitución Nacional. No resulta imprescindible para la concesión del beneficio de litigar sin gastos que el solicitante pruebe un estado de indigencia, bastando con que demuestre una carencia de recursos y la imposibilidad de obtenerlos, por las que no se encuentre en condiciones de hacer frente a los gastos causídicos, o de afrontar las erogaciones que demande el proceso de que se trate.
Costas, inhabilitación (civil)
Materia: PROCESAL
Carátula: I. DE V., C. s/ ART.482, 3ER.PARRAFO, COD.CIV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Por aplicación de lo dispuesto en el art. 684 del Código Procesal, en los procesos de incapacidad e inhabilitación, no rige el principio objetivo de la derrota, consagrado por el art. 68, en materia de costas. Sólo deben recaer en el denunciante si el juez considera que quien pidió la declaración incurrió en error inexcusable al formular la denuncia.
Cambio de lugar de trabajo, ius variandi, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: NAVARRO NORA NOEMI c/ OBRA SOCIAL DE DOCENTES PARTICULARES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Debe hacerse lugar al reclamo por despido de un trabajador, ya que el cambio de lugar de trabajo involucró una distancia que configuró una alteración esencial en las condiciones del contrato de trabajo y por tanto un ejercicio abusivo del ius variandi que causó perjuicio a la actora quien tenía organizada su vida familiar (guardería de sus hijos, domicilio, etc.) en función del cumplimiento de tareas en el primer lugar de trabajo.
Concursos, demanda de verificación, cobro de aranceles, anticipo de gastos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FELICI, NICOLAS s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION CPR 250. (LL 26.12.02, Fº 104.950).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Del dictamen fiscal 88244:

El arancelamiento del trámite de verificación de créditos, "destinado a cubrir los gastos del proceso de verificación", mejora la posición del síndico concursal, quien anteriormente debía afrontar de su propio peculio los gastos que devengaba el proceso universal, tratando de paliar los efectos de la labor sindical mediante una suerte de reintegro anticipado de gastos, pero no corresponde incluir en él, aquellos gastos que no son propios de la labor que desarrolla en torno al trámite verificatorio, sino que, por el contrario, son típicos de la actividad global que despliega -alquiler, luz, teléfono, sueldo de secretaria, etc.-, pues ello no se compadece con la finalidad de la norma.