marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilaciones, secretario de Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Agostini, Eugenio Ricardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

No es posible asignar carácter transitivo a la "jerarquía ministerial" que el art. 18 de la ley 14.439 estableció para los secretarios de Estado, ya que una aplicación rigurosa de dicha cláusula limita su vigencia al universo de secretarías de Estado en sentido estricto, esto es, aquellas que la propia ley 14.439 enumeraba en su art. 17 y regulaba, en particular, en sus arts. 19 a 30.
Depreciación monetaria, liquidación judicial, actualización monetaria, sentencia, razonabilidad, crédito laboral
Materia: CIVIL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Placidi, Mario Andrés y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 7-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Siendo que los recurrentes no cuentan con un derecho adquirido a un índice de actualización en particular, tal como surgiría de su inserción en algún convenio colectivo de trabajo que así lo dispusiere, la aplicación del decreto 381/91 o, más concretamente, su criterio de actualización (salario), no luce en principio como irrazonable, sino sólo en la medida en que se demuestre la falta de una adecuada correspondencia entre este factor y el costo de vida.

Empero, para el caso, la aplicación global de dicho criterio de repotenciación al crédito de los actores - agentes de la Administración Pública- lo desnaturaliza porque importa un desfase entre tal resultado y el que se obtendría por medio de la ponderación del costo de vida que, por su entidad, se torna lesivo del derecho de propiedad. En tales condiciones, la postulación de la Provincia demandada -impugna la liquidación practicada por haberse realizado la actualización de los montos adeudados utilizando el índice de precios minoristas (costo de vida), cuando -desde su óptica- correspondía aplicar el decreto 381/91- resulta irrazonable.

Más aún, cuando se advierte que por los mismos conceptos y períodos se reconoció a otros agentes el índice de costo de vida, sin que se haya aquí siquiera esbozado que ese modo de actuar ha respondido a un error o alguna otra causa que lo torne ilegítimo. (De los Fundamentos de los Dres. Falistocco y Vigo)
Pago, lugar de pago, domicilio del deudor, mora automática
Materia: LABORAL
Carátula: M.L., C. c/ S., H. y Otro s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-08

Entendemos que el art. 747 del Código Civil no ha sido derogado ni expresa ni tácitamente, lo cual se infiere claramente del articulado de la ley 17711. Con carácter previo, debe recordarse que son innumerables las situaciones en las que el deudor tiene plazo y lugar para efectivizar su pago. Por el contrario, en ausencia de estas pautas, el lugar de pago al vencimiento de la obligación, será su domicilio.

Resulta claro que el vencimiento del plazo se produce temporalmente tanto en el domicilio del acreedor como en el del deudor. Sin embargo, en este último supuesto, existe una discriminación entre su exigibilidad y la mora, mientras que en el primero, promedia una coincidencia, por lo que la mora, salvo acuerdo en contrario, será automática.
Ley de defensa del consumidor, derechos del consumidor, tasas, contribuciones especiales, mala praxis, ejercicio profesional, establecimientos asistenciales, obras sociales, relación de consumo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garnica, María Susana y otro c/ Clínica Pasteur S.A. y otros s/ D. Y P. derivados de la responsabilidad por el ejercicio profesional (mala praxis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-28

Corresponde revocar el proveído por el cual el magistrado entiende que ante el reclamo de la actora, promovido en un juicio de daños y perjuicios derivados de una por mala praxis médica, no es aplicable la legislación consumeril en lo concerniente a la gratuidad del procedimiento en relación al pago de las tasas y contribuciones, por cuanto si bien los profesionales liberales están excluidos de los alcances de las normas que integran el estatuto del consumidor, es indudable, a nuestro entender, que tanto los establecimientos asistenciales, como las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, son proveedores de servicios de salud (ya que se trata de personas jurídicas que desarrollan profesionalmente servicios de atención médica en sus más variadas facetas (40)), y por ende quedan incorporados en el régimen de defensa del consumidor. Por lo tanto, no puede descartarse la aplicación de la normativa de consumo invocada, con relación a las Clínicas, (.). Sobre esta base, las actuaciones deberán ser remitidas a la instancia de origen, para que se provea en consecuencia, debiéndose canalizar -de producirse- los eventuales planteos en punto a la extensión del beneficio, etc., a través de la Oficina de Tasas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, juicio de desalojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bonomi, Hugo c/ Shell Capsa s/ Desalojo Guida, Estela c/ Figursky, Carlos D. s/ Desalojo por vencimiento de contrato. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12|1997-05-27

El valor económico del litigio en el juicio de desalojo, es de monto determinado y está representado por el precio que surge del contrato de locación debidamente actualizado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: González, Luis Felix c/ Arcometal SA s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

El carácter de súbito o repentino que resulta propio del accidente permite determinar el momento de acaecimiento del siniestro y con él la definitiva e indivisible oportunidad de exigibilidad del crédito, en relación asimismo a la eventual vigencia de cobertura por parte de la aseguradora . (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, retrogradación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dambra de Vicente, Angélica Raimunda c/ Provincia de Formosa s/ Acción procesal administrativa Formosa s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1999-02-11

La aprobación por el Estado de una nueva estructura laboral, le otorga a los agentes la garantía de no ser retrogradado y el derecho a la carrera constituye un derecho fundamental del empleado público y comprende el de estar debidamente encasillado de conformidad con las disposiciones de la Ley 696/78 en sus artículos 17 y 18, como así en el art. 18 inc. f) de la Ley 787. Por tal razón la retrogradación de categoría implica una sanción de conformidad con lo previsto en el art. 51 inc. 4to.) de la Ley 696 "Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial" con motivo de faltas o delitos cometidos por el agente durante la prestación de servicios. Así como el Estado puede efectuar modificaciones en sus estructuras escalafonarias y efectuar nuevos encasillamientos, ello debe ser sin perjuicio de los derechos de los empleados, es por ello que sus actos son revisables en el ámbito judicial pero siempre en casos de ilegitimidad o arbitrariedad, pero no puede el Juez sustituir criterios de la administración respecto a sus condiciones e incumbencias. (Fundamento del Dr. Carlos G. González)
Prueba confesional, confesión ficta, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Castillo, Prisiliano c/ Furfano, Francisco y otro s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Incurre en absurdo el fallo que tiene por no verificada la forma y manera en que se produjo el accidente si ello resulta de la absolución de posiciones del demandado, a quien se declaró confeso en forma ficta a tenor del pliego, y ello no ha sido desvirtuado por ninguna probanza de la causa.
Concursos, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Battaglia, Roberto s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-21

Cuando el concurso preventivo abierto a pedido del deudor concluye por su desistimiento, la regulación de honorarios debe ser realizada conforme las pautas del decreto ley 8904. (Ley 19551 art. 32) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, régimen penal tributario, IVA
Materia: PENAL
Carátula: LANDAU, PABLO M.SAGASETA, JOSEROTETA, CARLOSSCHVETZ, SIMON s/ Régimen Penal Tributario Causa 35020
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

1- Corresponde confirmar el sobreseimiento dictado a favor de imputados de delitos de la Ley Penal Tributaria, fundado en el informe de los peritos contadores oficiales quienes, tras el examen de los libros de la sociedad administrada por aquellos, concluyó en que no hubo ninguna ocultación ni maniobra en las declaraciones y liquidaciones del impuesto al valor agregado (I.V.A.).- 2- No hay un comportamiento doloso en las declaraciones de operaciones tardías efectuadas en el mes siguiente al que hubiera correspondido, pues el mero incumplimiento de obligaciones no es constitutivo del delito del art. 1 de la Ley 23771.
Intereses convencionales, locación de inmuebles, ejecución de alquileres, mora del locatario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pidal, José c/ Castro, Alejandro Ramón s/ Ejecutivo por cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-05-24

Por imperio del art. 622 del C. Civil que admite la legitimidad de los pactos por mora y convalida los intereses que se hubieran convenido entre acreedor y deudor debe ordenarse la ejecución de acuerdo a las pautas fijadas en el convenio de locación que fuera reconocido por dicha parte.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, agencia de turismo, acción de reintegro, asociaciones de consumidores, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Acyma Asociación Civil c/ Julia Tours SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

Procede confirmar la resolución que ordenó a la agencia de viajes accionada, el inmediato cese del cobro de "cargo de gestión", "tasa de administración", "cargo administrativo" u otro similar cuando el precio del producto o servicio se cancela mediante tarjeta de crédito. En ese marco, cabe rechazar el requerimiento de la asociación actora, de que se aplicara el régimen de responsabilidad solidaria y objetiva dispuesto en la LDC 40 para aquellos casos en que existieron operaciones mediante intermediarios. Ello en tanto no se puede emplear en el caso las previsiones que refieren a los daños que resultan de los vicios o defectos de la prestación del servicio. La discusión sólo se limita a aspectos que hacen a la modalidad de pago de los servicios y a la supuesta infracción de la regla de la LTC 37-c), la cual sólo tiene relevancia dentro del vínculo contractual (con cita nuevamente en el antecedente de esta sala "ACYMA Asociación Civil c/ Organización Piamonte SA", del 02/06/20). Además, debe destacarse que no configura uno de los supuestos que haga atribuible frente a la agencia mayorista demandada, una responsabilidad solidaria por el accionar de una agencia minorista: prestación de la garantía legal, un daño por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio. De ahí que no se advierte que lo referente a la facturación de los productos, como puede ser el posible traslado de los recargos a quienes contrataron con agencias minoristas, sea materia del régimen de responsabilidad propio de la ley tutelar implementado para supuestos relativos a defectos o fallas en la prestación de un servicio.
Compraventa mercantil, factura, pago, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CIA. PAPELERA SARANDI  S.A.I.C.I.I.A. c/ PAPELSA  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-11

La infracción en la fecha de pago de una factura origina el curso de intereses, pero no su devengamiento retroactivo a partir de la fecha de emisión de la misma, sino desde el momento de su exigibilidad; salvo cláusula en ese sentido, la cual tendría naturaleza de convención punitoria.
Empleados públicos, indemnización, muerte, pensiones, legitimación procesal, comuna, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ARCE ARMANDO, ALCIDES JOSE c/ COMUNA DE COLONIA SILVA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 701-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-08-23

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo intentado, si el actor no ha demostrado encuadrar en alguna de las previsiones normativas que lo hagan beneficiario de pensión, con lo cual tendría derecho a la indemnización por fallecimiento de su madre. Es decir, no ha acreditado la legitimación sustancial necesaria para que se le acuerde dicha indemnización.

En el caso, el actor ya había alcanzado sobradamente la mayoría de edad a la fecha del deceso de su madre, y conforme a las constancias de la causa, es casado y empleado, de lo que resulta su habilidad laborativa.
Falta de legitimación para obrar, excepciones procesales, oportunidad procesal, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE RIO NEGRO c/ L., H. O. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-05-04

Se ha resuelto que es anticipado el pronunciamiento que admite la excepción de falta de legitimación si ésta no es manifiesta y el accionante puede probar el vínculo antes de la sentencia. En tanto, no obstante la sustanciación y rechazo de la excepción de falta de legitimación intentada, no queda obstruida su consideración como defensa, por cuanto la denegatoria no hace cosa juzgada.
Prisión preventiva, fundamentación de la resolución, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MOSZEL, VICTOR s/ Régimen Penal Tributario, incidente de  apelación y nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-24

La prisión preventiva únicamente puede dictarse cuando esté justificada por prueba semiplena la existencia de un delito del cual haya indicios suficientes para considerar responsable al imputado y las causas en que se funda esa apreciación deben constar en los autos por resolución especial del Juez; si la resolución impugnada de nulidad no cumple de ninguna manera con los recaudos señalados, limitándose a describir una serie de hechos constitutivos de delitos sin aclarar qué vinculación con ellos puede atribuirse a cada uno de los imputados a quienes manda constituir en prisión preventiva, esa manera de resolver supone una violación de las formas sustanciales prescriptas en la ley procesal aplicable y vicia de nulidad el acto por lo que corresponde anular la resolución cuestionada.
Mora, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: IAPA Sociedad Anonima c/ Bosso y Saldaño s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1989-09-06

La constitución en mora del deudor, efectuada en forma autentica, prevista como causal suspensiva de la prescripción por el art. 3986, párr. 2° del C.C.es aplicable en materia comercial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pena única
Materia: PENAL
Carátula: Giménez, Carlos Alberto y otro s/ Robo calificado. Robo. Homicidio en grado de tentativa Pereyra, Paulo Augusto s/ Robo agravado. Violación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27|1996-06-04

Es insuficiente el agravio fundado en que la Cámara al unificar condenas lo habría hecho con penas determinadas y no -como lo impone el régimen de los arts. 55 a 57 a los que remite el art. 58 del Código Penal- con las correspondientes escalas penales, si en el fallo se individualizó la pena única dentro de la escala penal aplicable al caso, meritando expresamente las pautas valorativas de los arts. 40 y 41 del Código Penal que concurren en las sentencias a integrar, y no se cita en el recurso - ni siquiera implícitamente- como violada tal normativa.
Seguridad social, beneficiarios previsionales, costas, interpretación de la ley, ley vigente, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

El art. 21 de la ley 24.463 y 36 de la ley 27.423 regulan idéntica materia, por lo que no puede hablarse de la prevalencia de una sobre la otra en función de su especialidad, sino más bien de un mero cambio de criterio del legislador respecto del modo de distribución de las costas en los procesos previsionales, con el objeto de brindar mayor protección a los beneficiarios del sistema de seguridad social, por lo cual corresponde establecer que la norma que rige las costas de la alzada en el caso es el artículo 36 de la ley 27.423, pues, al momento de la sentencia, el citado artículo 21 de la ley 24.463 se hallaba derogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la nueva ley de honorarios. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de apelación (procesal), Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-09

Es jurisprudencia del Cuerpo que en el trámite a seguir ante esta sede, se aplique -a falta de regulación expresa- el que es propio de la Apelación Ordinaria, el errado encuadramiento que efectúa la Cámara de Apelaciones al concederlo, no menoscaba la aptitud de este Cuerpo para conferirle la calificación que es procedente, y en ese marco darle tratamiento.
Declaración testimonial, proceso en trámite, archivo del expediente
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GIMENEZ, Vanina Wanda. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-10

La circunstancia de que se encuentre en pleno trámite el juicio donde se habrían vertido las manifestaciones falsas atribuidas a las imputada no resulta óbice para que se investigue en sede penal si dichos comportamientos disvaliosos han tenido lugar o no y, por lo tanto, la solicitud formulada por el fiscal y avalada por el a quo de archivar las actuaciones hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa en trámite ante la justicia en lo laboral no resulta adecuada.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal, cuestiones procesales, defectos en la fundamentación normativa, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Flores Núñez, María Aurelia s/ art.  5  -  inc.  c - ley 23.737 causa n 1036.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Suscitan cuestión federal suficiente para la apertura de la instancia extraordinaria los reclamos vinculados principalmente con aspectos procesales, si lo decidido no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares circunstancias de la causa, afectando de ese modo la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso.
Cheque sin fondos, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Fabbri, Roberto Victorio s/ recursos de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-31

La modificación introducida por la ley 24.760 no importó la desincriminación de las conductas previstas en el art. 302 del C.P., ni la reducción de las penas allí impuestas, por lo que no es posible aplicarla por el principio de la retroactividad benigna. Solo la ley penal que importe una efectiva alteración de la figura abstracta del derecho penal o de la estructura de la norma en sí podrá ser valorada a los fines de la aplicación del art. 2 del C.P.(Voto del Dr. Madueño, adhiere el Dr. David, Dr. Fégoli en disidencia parcial).
Recurso de casación, proceso penal, prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: HECTOR SALOMON Y OTROS c/ OLIVERIO VICENTE ARTURO s/ "OLIVERIO VICENTE ARTURO S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS  E.P. DE HECTOR SALOMON LEDESMA Y OTROS- CASACION-RECONSTRUCCION"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-25

Debe desestimarse el recurso de Casación fundado en la falta de fundamentación cuando las consideraciones del recurrente se dirigen a dar a los hechos acreditados una nueva significación en base a una interpretación diferente de las probanzas de la causa.
Medidas cautelares, ordenanzas municipales, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara de Estaciones de Servicios y Expendedores de Combustibles y Afines de Salta c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-04-22

Procede no hacer lugar a la medida cautelar solicitada, puesto que si bien con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales. En la especie, la falta de acompañamiento del texto de la ordenanza de la Municipalidad de Rosario de la Frontera impugnada -el que cabe destacar, no se encuentra publicado-, obsta a que este tribunal pueda verificar el recaudo de la verosimilitud del derecho invocado, en tanto, la copia simple acompañada resulta insuficiente para acreditar tal extremo.
Jurisdicción administrativa, laudo arbitral, revisión judicial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Meller   Comunicaciones   S.A.U.T.E. c/ Empresa  Nacional de Telecomunicaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-05

El derecho a la revisión judicial constituye un imperativo de orden constitucional del que en definitiva depende la supervivencia misma del estado de derecho (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: T. R. E. #INSTANCIA: C #TIPO_TRIBUNAL: EH c/ C.G.S. s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-13

El art. 579 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que la negativa a la aportación de material genético para la producción de la prueba genética constituye indicio grave contrario a la posición del renuente, por lo que el legislador ha persistido en las consecuencias a otorgar a la negativa a la realización del estudio de A.D.N., agravando la calificación del indicio (ahora es grave), justamente por los intereses no sólo individuales, sino también sociales, que se encuentran comprometidos en el derecho a la identidad de las personas. (Del voto de la Dra. Clerici)
Seguros, seguro de transporte, bien asegurado, lucro cesante, privación del uso del automotor, camión, actividad comercial, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRIETO, CLAUDIA c/ CONGRESO CIA. ARG. DE SEGUROS SA s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

La falta de indemnizacion dentro del plazo legal, de un camión sustraído, afectado a "un destino comercial", ha provocado un menoscabo patrimonial en los términos del CCIV 519, consistente "en la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por inejecución de ésta a su debido tiempo", que debe ser resarcida por la aseguradora.
Quiebra, igualdad entre acreedores, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Furlong, Dora c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-19

Entonces, corresponde mantener las mismas pautas liquidativas puesto que no existe norma que permita su modificación ante la existencia de un remanente. La solución no constituye una violación al principio de igualdad de los acreedores, puesto que cada crédito devengará los intereses conforme a la tasa que se verificó en cada caso.