Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 27 de 2007.

El doctor Stortini dijo:

1º) La sentencia de primera instancia rechazó la demanda promovida por los actores (18 en total), aunque impuso las costas del pleito en el orden causado (fs. 573/579) y contra ese pronunciamiento recurren a esta instancia los actores (fs. 587/609) y también la demandada (fs. 585/586), cuyos agravios merecieron sus respectivas réplicas adversas (fs. 611/613 y fs. 616). También apela el perito contador al estimar reducidos los honorarios que le fuesen regulados.

Impuesto del contenido de los agravios de ambas partes, considero que una razón de método hace necesario comenzar con el tratamiento de los efectuados en el memorial recursivo presentado por los actores.

En ese sentido, resulta menester señalar de comienzo que llega firme a esta alzada las consideraciones del sentenciante que me ha precedido en cuanto a que los actores no accedieron al régimen de retiro voluntario inicialmente previsto en la ley 25.237 (reglamentado por decisión administrativa Nº 5/2000 de la Jefatura del Gabinete de Ministros), aunque posteriormente sí se acogieron a uno nuevo implementado por acta del 26 de mayo de 2000 (homologada por resolución 91/100 del Ministerio de Trabajo). Fue así como los trabajadores instrumentaron los "retiros voluntarios" del caso a través de acuerdos individuales, los cuales merecieron homologación del mencionado Ministerio.

El señor juez "a quo", en un fundado pronunciamiento, desestimó la pretensión de los demandantes acerca de que se declare la nulidad de esos acuerdos individuales homologados por la autoridad administrativa y consecuentemente no hizo lugar a las diferencias peticionadas en el escrito inicial. Disconformes con tal decisorio, los actores recurren a esta instancia revisora, pero desde ya anticipo que no obstante la enjundia evidenciada en su presentación, el afán revocatorio que persiguen no tendrá recepción en este voto.

2º) Los actores aseveran -en su primer agravio- que el juez de grado interpretó incorrectamente el dispositivo del art. 954 del Código Civil porque le asignó validez a esos convenios "por hipótesis peyorativos" ya que ellos resignaron una ventaja patrimonial sin una contraprestación que lo justificara, afirmando asimismo -en apretada síntesis- que la ex empleadora no les entregó una liquidación detallada con los rubros que percibieron por tal motivo.

Sin embargo, los recurrentes no se hacen cargo debidamente de las expresas argumentaciones del juez en su sentencia respecto de que no ha mediado prueba válida en las actuaciones que evidencie la presencia de vicio alguno en los términos del citado art. 954 en cuanto a que la norma permite anular los actos jurídicos, pero requiere la demostración de error, dolo, violencia, intimidación, simulación o necesidad, ligereza o inexperiencia de una parte, mediante la cual la otra obtuviere una ventaja patrimonial desproporcionada y no justificada (conf. art. 954 cit.).

Obsérvese, en ese sentido, que los apelantes aducen una notoria desventaja económica en la liquidación final de la demandada, pero no explicitan en su escrito recursivo de manera concreta y razonada cuál o cuáles serían esas desproporcionadas diferencias dinerarias en relación con cada uno de ellos (recuérdese que son 18 en total), ni menos detallan o discriminan concretamente cada uno de los conceptos sobre los cuales, según su tesitura, existirían saldos a favor (art. 116 ley orgánica 18.345 y art. 260 L.C.T.).

En otro tramo del recurso -segundo y tercer agravio- se denuncia que la demandada incurrió en trato discriminatorio por cuanto a los aquí actores les rechazó, en un primer momento, el sistema de retiro voluntario que contemplaba la anterior disposición (la Nº 5/2000, antes aludida) y que además el "a quo" no enfocó la cuestión suscitada con motivo de los acuerdos desde la óptica enmarcada por los arts. 12 y 15 de la L.C.T. que habría posibilitado -según afirman- la consecuente declaración de nulidad de las cláusulas contrarias al orden público laboral, estimándose asimismo que los convenios objetados no se adecuaron a la normativa del art. 241 de dicha ley laboral.

Sobre el aspecto precisado, memoro que ya he tenido oportunidad de sostener como juez de la anterior instancia, en una causa iniciada contra la misma demandada también por diferencias de indemnización, que el denominado "retiro voluntario" ha sido implementado primordialmente en el sector público y se halla configurado, por un lado, con la voluntad de la empleadora en orden a la reducción del personal y, por el otro, con la voluntad del trabajador de aceptar la finalización de la relación laboral en función y con el ofrecimiento de las condiciones del acuerdo que le ha sido propuesto. Sobre tal base, no resulta aplicable entonces el art. 12 de la L.C.T. pues no se trata de suprimir o reducir derechos laborales en la medida en que se tenga presente que las respectivas vinculaciones fenecieron por voluntad concurrente de los propios sujetos del contrato, tal como lo admite la propia ley laboral en el mentado art. 241 (sentencia definitiva del Juzgado del Trabajo Nº 44, dictada con fecha 31/3/2004 en los autos "Aguirre Ramón Héctor y otros c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/dif. de indem. por retiro").

También dije en la mentada oportunidad -y aquí lo reitero- que cabe asimilar el retiro voluntario a la extinción del contrato de trabajo por la causal prevista por el art. 241 de la L.C.T. en cuanto alude a la voluntad concurrente de las partes en orden a dar ruptura al vínculo laboral. Y desde esa perspectiva normativa no puede válidamente tener aplicación, como lo pretenden los aquí actores, lo dispuesto en los arts. 12 y 15 de la ley laboral a poco que se aprecie que nos hallamos frente a una figura de disolución contractual que prevé de modo expreso la normativa laboral, sin que los demandantes hayan cuestionado en sus agravios las consideraciones de la sentencia en lo concerniente al cumplimiento de los recaudos formales que exige tal modo de extinción del contrato (art. cit., primer párrafo).

No cambia mi convicción la alegación de los demandantes sobre el esgrimido trato discriminatorio ya que en el punto cabe convenir que no hay crítica concreta y razonada sobre el fundamento del sentenciante en cuanto a que no surge de las actuaciones que la demandada hubiere incurrido en desigual trato en los términos de los arts. 17 y 81 de la L.C.T. como también que si bien el anterior régimen de retiro voluntario era de mayor beneficio, lo cierto es que las desvinculaciones del caso acontecieron bajo otro sistema normativo y por tanto no medió igualdad de circunstancias fácticas y jurídicas. A lo expuesto por el juez que me ha precedido, adiciono en el punto que la garantía de igualdad que contempla el art. 16 de la Constitución Nacional se circunscribe y limita a la igualdad de circunstancias, por lo cual en el caso no media vulneración constitucional ya que los aquí demandantes no tenían derecho adquirido al mantenimiento de normas susceptibles de ser modificadas en el tiempo frente a circunstancias diversas, las que pudieron no presentarse en la época en que se hallaba en vigor el anterior dispositivo de retiros voluntarios.3º) Los restantes agravios de los demandantes tampoco posibilitan revertir lo decidido en la instancia de origen.

El cuarto de ellos no constituye técnicamente un "agravio" pues los actores se muestran disconformes con la sentencia dictada al aducir que lo decidido por el juez no guarda correspondencia con los hechos y pruebas arrimadas, pero no indican concretamente qué elementos probatorios debió tomar en consideración el sentenciante (art. 116 L.O.). En el quinto agravio aseveran que tampoco el magistrado pudo "...sostener que se trata de una justa compensación...", olvidando nuevamente los recurrentes que estamos en presencia de disoluciones contractuales por la motivación del reiteradamente mencionado art. 241 de la L.C.T. que no hace menester tal presupuesto.

Repárese en que los acuerdos resolutorios instrumentados con apoyo en la causal del art. 241, aunque en la mayoría de los casos se originan por la iniciativa del empresario, lo cierto es que la ruptura contractual requiere la aceptación libre y voluntaria del trabajador y ello materializa, por tanto, la disolución de común acuerdo, reiterándose en este tramo del voto que no se han traído a la causa elementos de juicio convictivos como para apuntalar la postura del escrito inicial acerca de vicios en la voluntad de cada uno de los específicos actores. En otras palabras, no se ha demostrado que en los respectivos acuerdos, no obstante la propuesta de la demandada, hayan actuado los reclamantes bajo presión psicológica al particular momento en que fuesen celebrados cada uno de los convenios extintivos (conf. art. 958 del Código Civil).

En el sexto y séptimo agravio los apelantes insisten en que en la anterior instancia no se investigó si medió o no una "justa composición de los derechos e intereses en juego" por lo cual cuestionan la homologación de los convenios, con más la alegación que los retiros voluntarios vulneraron el orden público laboral, aspectos éstos sobre los que la parte nuevamente soslaya que la presente controversia versa sobre las extinciones contractuales por mutuo acuerdo de conformidad con lo establecido por el reiteradamente indicado art. 241, sin que se hayan aportados los presupuestos necesarios como para su anulación en esta instancia judicial con base en la normativa del derecho común, tal como antes se dijo (art. 954 ya cit.). Respecto de la queja sobre las indebidas retenciones que invocan los actores -séptimo agravio- señalo que no media prueba sobre el particular (art. 377 Código Procesal). Por lo demás, no se advierte que en las disoluciones por mutuo acuerdo, como las aquí consideradas, resulte de aplicación la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Vizzoti", "Madorrán" y "Ruiz" que aluden a presupuestos no vinculados con los planteados en esta contienda.

4º) Es momento ahora de dar tratamiento a la apelación de la demandada en cuanto a que en la sentencia de primera instancia fueron impuestas las costas por su orden pese al rechazo de la demanda. También los letrados de dicha parte apelan los honorarios que le fuesen regulados por estimarlos reducidos.

En este específico y particular caso, no obstante que han sido desestimadas las acciones en lo sustancial, inclino mi voto en sentido coincidente con el asumido por el juez de la primera instancia en atención a que las aristas que han evidenciado las extinciones de los contratos de trabajo de acuerdo con la figura del mutuo acuerdo (según las diferentes circunstancias puntualizadas a lo largo de este voto) y al tener presente asimismo la normativa anterior y la posterior en vigor al momento de los ceses laborales, torna prudencial la determinación acerca de que los actores razonablemente se estimaran con derecho a litigar como lo hicieron. Por estas mismas razones, también sugiero que las costas de alzada sean fijadas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal).

Tampoco cabe receptar la apelación de la demandada en cuanto pretende se eleven los honorarios regulados en origen para la representación y patrocinio letrado de su parte ya que en el punto los letrados firmantes del escrito recursivo glosado a fs. 585/586 carecen de legitimación para ello. En cambio, entiendo reducidos los honorarios establecidos para el perito contador a poco que se aprecie el mérito, importancia y extensión de la labor profesional realizada por el experto y, por tanto, postulo elevar sus honorarios a la suma actual de $ 1.300 (art. 38 L.O. y arts. 3º y 12 decreto ley 16.638/57). Los honorarios de los letrados que han intervenido por cada parte en esta segunda instancia se fijan en el 25 % de lo que les ha correspondido por la etapa anterior (art. 14, ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios, excepto en cuanto a los honorarios del perito contador que se elevan a la suma actual de $ 1.300 (pesos mil trescientos). 2) Costas de alzada en el orden causado, regulándose los honorarios de los letrados que han intervenido por cada una de las partes en esta segunda instancia en el 25 % de lo que les ha correspondido por la etapa anterior.

El doctor Corach dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El doctor Héctor J. Scotti no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de apelación y agravios, excepto en cuanto a los honorarios del perito contador que se elevan a la suma actual de $ 1.300 (pesos mil trescientos). 2) Costas de alzada en el orden causado, regulándose los honorarios de los letrados que han intervenido por cada una de las partes en esta segunda instancia en el 25 % de lo que les ha correspondido por la etapa anterior. - D aniel E. S tortini.- Gregorio Corach.