Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-02-16


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral AUTOS:- "DELTAGRO S.A. C/ DOMINGUEZ LUIS Y OTROS S/ ORDINARIO". Expte. Nº 2606/C.- Juzgado Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2. Gualeguay.- / / / -C U E R D O:-	En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los dieciseis días del mes de febrero de dos mil doce, se reúnen los Señores Miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux, para conocer de los recursos interpuestos en los autos caratulados:- "DELTAGRO S.A. C/ DOMINGUEZ LUIS Y OTROS S/ ORDINARIO", respecto de la sentencia dictada a fs. 184/197. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden:- Sres. Vocales Dres. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, GUSTAVO A. BRITOS y ANA CLARA PAULETTI.-	Estudiados los autos la Excma. Cámara propuso las siguientes cuestiones a resolver:-	PRIMERA:- ¿Se encuentra correctamente integrada la litis?	SEGUNDA:- ¿Es justa la sentencia apelada en lo que ha sido materia de apelación por las partes? En su caso, ¿qué corresponde decidir? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-	1.- En la sentencia recaída a fs. 184/197 y su aclaratoria de fs. 201/201 vta., la judicante de grado hizo lugar a la demanda incoada por "DELTAGRO S.A." y, en consecuencia, condenó al accionado LUIS FELIPE DOMINGUEZ a restituir a aquélla el predio que ocupa dentro de un inmueble de mayor superficie, ubicado en las Islas Lechiguanas, Departamento Gualeguay (ER), inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguay bajo MATRICULA Nº 2780, Plano de Mensura Nº 21. 494, empadronado bajo Partida Provincial Nº 112.543/6, otorgando un plazo de treinta días para su cumplimiento, a la vez que desestimó la defensa de prescripción adquisitiva opuesta por este último, así como la pretensión de daños y perjuicios intentada por la actora. Impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios.-	Para así resolver, alude que no obstante ha- berse dirigido la demanda contra cuatro personas (en realidad cinco -ver fs. 23-), finalmente la litis quedó integrada sólo con LUIS FELIPE DOMINGUEZ; refirió asimismo los presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción reivindicatoria, juzgando que la prueba colectada en el juicio demuestra que la accionante es la titular registral del bien en cuestión, constante de una superficie aproximada de 2.500 has., destacando a su vez la insuficiencia de los elementos aportados por el demandado para determinar la ubicación de las 500 has. que alega poseer, señalando que ello imposibilita su confrontación, desechando por tal razón la defensa de prescripción adquisitiva que articulara. Desestimó también el reclamo de daños y perjuicios, indicando que ninguna prueba se produjo para acreditar que el demandado hubiere ocupado el total de la superficie del inmueble, remarcando además que la poducida puso en evidencia la improductividad de tales tierras por cuestiones climáticas e inundaciones.-	2.- Contra dicho pronunciamiento se alzan demandado (fs. 202) y actora (fs. 203), concediéndose ambos recursos a fs. 204, libremente y con efecto suspensivo.-	3.a.- En el memorial de fs. 207/208 vta., el letrado apoderado de la firma actora (copia simple de Poder General para Juicios de fs. 2/4), cuestiona el rechazo del reclamo indemnizatorio en tanto la a quo entendió que se trata de tierras improductivas por cuesitones climáticas e inundaciones, sosteniendo que ha quedado probada la indebida ocupación, que el inmueble está destinado a la producción ganadera e inmobiliaria y que la empresa introdujo diversas mejoras para posibilitar tal destino, puntualizando que la reivindicación lleva aparejado el pago de los frutos que la demandante dejó de percibir por la indebida ocupación. En síntesis, pide se haga lugar al recurso y se condene al accionado al pago de los daños y perjuicios por toda la superficie del inmueble.-	3.b.- En el responde de fs. 215/215 vta., se reclama la confirmación de este aspecto del resolutorio, señalándose que la demandante no probó que efectivamente hubiera explotado dichas tierras y obtenido un lucro. Se insiste en sostener cumplidos los presupuestos de la posesión alegada como defensa y, en resumen, se reclama el rechazo del recurso y la ratificación de la desestimación de los pretendidos daños y perjuicios.-	4.a.- Al fundar sus disconformidades (fs. 211/ 214), el apoderado del co-demandado LUIS FELIPE DOMINGUEZ (Poder Especial de fs. 46), critica el rechazo de la defensa de posesión alegada, sosteniendo que la prueba aportada, consistente en documental, constatación, informativa y testimonial, ha sido valorada de manera errónea, afirmando por el contrario que la misma es suficiente para acreditar que, desde hace aproximadamente cuarenta años, su representado posee el inmueble de 500 has., ubicado en los Lotes 108 y 109, a título de dueño, en forma pacífica, pública y sin interrupciones, apuntándose que el mismo se encuentra debidamente delimitado y que la accionante nunca trabajó ni ocupó dichas tierras. En conclusión, interesa se revoque el fallo apelado y se admita la defensa de posesión opuesta; con costas.-	4.b.- En la réplica efectuada a fs. 217/218, se señala que el recurrente no ataca el argumento central del rechazo de su defensa, remarcándose que el mismo no solamente no demostró la alegada posesión, sino que tampoco identificó el predio de 500 has. sobre la cual habría ejercido tal derecho, apuntando que de la constatación efectuada no surge que las mejoras verificadas hubieren sido introducidas por Domínguez; que la demostrada actividad ganadera para nada importa justificar la posesión invocada. En resumen, se insiste en el derecho de la accionante a recuperar el inmueble, propiciándose el rechazo del recurso; con costas.-	5.- Sintetizados los aspectos relevantes del caso, cabe a continuación dar respuesta al embate impugnaticio.-	En tal cometido, y habida cuenta de la solu- ción que propiciaré, estimo necesario repasar que en el escrito inaugural la actora -"DELTAGRO S.A."- promovió acción de reivindicación (art. 2758 C.C.) contra LUIS DOMINGUEZ, JOAQUIN DARIO MANEYRO, LIDIA LEDES MA, ROBERTO MARTIN y DANIEL PIQUET, haciéndola extensiva contra cualquier ocupante y/o subocupantes del inmueble ubicado en las Islas Lechiguanas, Departamento Gualeguay (E), inscripto bajo MATRICULA Nº 2780, plano de mensura Nº 21.494, empadronado bajo Partida Provincial 112543/6, precisando que la indebida ocupación de los accionados abarcaba una superficie de aproximadamente 2.500 has (ver fs. 23/26 vta.), es decir la totalidad de la superficie del inmueble en cuestión (cfr. fs. 6 y 21).-	A fs. 29/29 vta., previo cumplimiento de lo dispuesto a fs. 27, la judicante de grado dio curso a la demanda incoada contra JOAQUIN DARIO MANEYRO, LIDIA LEDESMA, ROBERTO MARTIN y DANIEL PIQUET, admitiento a su vez la medida impetrada a fs. 24, la cual se efectivizó mediante los Mandamientos de Constatación glosados a fs. 34/42 vta.-	A fs. 44 se ordenó correr traslado de la demanda a los accionados por el término de quince días, obrando a fs. 45/45 vta. cédula de notificación dirigida a LUIS DOMINGUEZ; quien a fs. 49/53, y previa presentación de fs. 47, contesta la demanda (convalidando y consintiendo de tal manera la omisión incurrida a fs. 29/29 vta. y que no fuera objeto de posterior subsanación), oponiéndose al progreso de la misma, articulando como defensa la posesión con carácter de dueño, pública, pacífica y sin interrupciones de una superficie de 500 has, ubicadas en los Lotes 108 y 109 Boca del Francés.-	A fs. 184/197 la a quo, no obstante advertir que la litis quedó trabada con uno solo de los demandados (cfr. fs. 188/188 vta.), dicta sentencia haciendo lugar a la demanda de reivindicación entablada por "DELTAGRO S.A." contra LUIS FELIPE DOMINGUEZ, disponiendo la restitución del inmueble que éste ocupa, otorgándole un plazo de treinta días para su cumplimiento, desestimando a la vez la pretendida indemnización de daños y perjuicios.-	La reseña precedentemente realizada deja en evidencia que el procedimiento seguido exhibe un vicio trascendental que justifica la nulidad de lo actuado a partir de la resolución de fs. 67, incluyendo a la sentencia venida en revisión, en tanto aparece evidente un defecto en la integración de la litis, habida cuenta de haberse omitido correr traslado de la demanda a todos los que se ha individualizado como legitimados pasivos de la pretensión, sin que la firma actora hubiera tampoco desistido de la acción incoada en su contra.-	Es indudable que la forma en que la actora propuso la demanda, donde sindicó a todos los accionados como ocupantes ilegítimos y de mala fe de aproximadamente 2.500 has., esto es el total de la superficie del inmueble del que se dice propietaria (ver fs. 6 y 21), sin especificar la superficie y límites de esa ocupación por parte de cada uno de los demandados, tornaba imprescindible su intervención como litisconsor- tes pasivos necesarios (art. 86 CPCyC), garantizando de esa manera el debido proceso con todos los legitimados sustanciales y a su vez asegurando el dictado de una sentencia única, útil y eficaz (FASSI-YAÑEZ, "Código Procesal Civil y Comercial", Tomo 1, pág. 495, 3ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 1988).-	Es innegable que las circunstancias objetivas del pleito -más arriba reseñadas-, nos indican la existencia de una controversia común a todos los demandados, "...porque la discusión versa sobre una relación, estado o situación material única, común e indivisible que atinge y enlaza a varios sujetos emplazados como partícipes incanjeables en el desenlace y la suerte del litigio que se ha de dirimir en una única sentencia" (BERIZONCE, "Falta de integración de la litis en el litisconsorcio necesario: ¿Rechazo de la demanda o nulidad oficiosa de lo actuado", publicado en Revista de Derecho Procesal, 2006-2, 16, Rubinzal- Culzoni), de modo tal que el pronunciamiento recaído carece de utilidad.-	Bajo la óptica explicitada y a fin de encauzar el proceso, dado que en la especie se configura un supuesto de litiscon- sorcio pasivo necesario que impone el dictado de un único pronunciamiento para el conjunto, auspicio se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de fs. 67, mediante la cual se fijó fecha para la realización de la audiencia preliminar, de manera de posibilitar que el proceso se integre con todos los demandados individualizados en el escrito de inicio; con costas de ambas instancias por su orden (art. 65 CPCyC), habida cuenta la nulidad de oficio propuesta.-	ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUSAVO A. BRITOS, DIJO:-	Expuestos como han quedado los antecedentes del proceso por el vocal preopinante, he de disentir con la solución propuesta, en atención a la falta de notificación de los restantes sujetos contra quien artículo su acción el actor, lo que impidió a la Juez considerar la pretensión a su respecto tal como lo expusiera a fs. 188 ultimo párrafo, donde anunció el alcance de su sentencia únicamente respecto de Dominguez, con quien se trabó la litis.

Es que he de disentir con la naturaleza de litisconsorcio, entendido como la comunidad o asociación de subjetiva respecto de una misma litis (Morello-Sosa-Berizonse, "Códigos...", Tomo II-B, pág. 305), que se forma en los supuestos de pretensión plural en la acción de reivindicación regulada por los arts. 2758 y siguientes del Código Civil, pues no invocada en la demanda una situación de codemandados comunes ejerciendo una coposesión -pluralidad de sujetos ejerciendo una única posesión, que generaría una relación sustancial indivisible (art. 2409 del C. Civil)-, no se genera entre ellos un vínculo inescindible que conlleve a la formación de un litisconsorcio necesario; instituto jurídico previsto para los supuestos en que la sentencia no se puede pronunciar útilmente sino lo es respecto de varios sujetos -activos o pasivos- (art. 86 del C.P.CC.).

Ello traerá como consecuencia que la sentencia que en definitiva recaiga en autos, solo tendrá efectos respecto del o los sujetos con los cuales se trabó la litis y ejercieron su derecho de defensa en juicio, en el caso el codemandado Dominguez y ningún efecto tendrá en relación a los restantes nombrados en el escrito de demanda a quienes no se les concretó el traslado de la demanda.

Pues considero que antes de abrirse a pruebas el proceso debió requerirse a la actora se expida sobre la intención de continuar o nó el proceso respecto de Joaquín D. Maneyro, Lidia Ledesma, Roberto Martín y Daniel Piquet; al no haberse concretado ello, y consentido, tanto por la actora como por el demandado que si compareció al proceso, el avance del proceso pasando a la etapa siguiente sin que se haya integrado la litis con todos los sujetos contra los que se anunciaba se promovía la acción, con sustento en el principio de preclusión el proceso no podrá volver atrás, la demanda contra los no citados al proceso debe tenerse por implícitamente desistida entendido como un abandono del proceso a su respecto (Conf. CSJN autos "Dure, Juan I. P. y/u otra c. Etchevehere, Luis y/u otros" del 07/03/2000 -Fallos 323:285-, donde aceptó la posibilidad de tener por tácitamente desistido un recurso de queja en atención a la conducta de la parte, "...Que, en tales condiciones, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte según la cual el depósito del importe del capital adeudado sin hacer reserva alguna respecto a la continuación del trámite de la queja, importa a este respecto una renuncia o desistimiento tácito del recurso (Fallos: 297:40 -La Ley, 1977-C, 232-; 302:559; 304:1962; 315:2823)...").

En mérito de ello, es que dictada la sentencia únicamente contra el Sr. Dominguez, no existiendo razones de existencia de litisconsorcio necesario del mismo con los restantes sujetos contra los que se promovía la acción, a la primera cuestión, o sea si existe nulidad procesal declarable de oficio, voto por la negativa.

ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:-	Atento la discrepancia exhibida por quienes me han precedido en la votación, adelanto que adhiero en su integridad a la solución propuesta por el Dr. Gustavo A. Britos.-	ESE ES MI VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:-	Atendiendo al resultado arribado a la cuestión anterior, se impone dar tratamiento a los recursos articulados, correspondiendo en primer término, por razones de orden y buen método, abordar la queja del coaccionado DOMINGUEZ, quien esencialmente cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante para admitir la acción promovida y desestimar la posesión alegada como defensa, y luego, conforme a la solución que se arribe, examinar la impugnación actoral, vinculada con el rechazo de los daños y perjuicios reclamados.-	a)- Previo ingresar al análisis de los agravios del demandado, vale recordar que en el art. 2758 del Código Civil se establece que la acción de es aquella "...que nace del dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la reivindica, contra aquel que se encuentra en posesión de ella". Los autores la definen como "...una acción que nace de todo derecho real que se ejerce por la posesión, cuando su titular ha sido absolutamente privado de ella, por lo que se exige de aquel que se encuentra en la posesión de la cosa que se la restituya con todos sus accesorios" (AREAN, "Derechos Reales", Tomo 2, págs. 907/908, 6ª edición renovada y ampliada, Hammurabi, 2003); aquella que "...puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee" (BORDA, "Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales", Tomo II, pág. 471, tercera edición actualizada, Perrot, 1984). Se trata de una acción que se vincula con el título, entendido éste como la "causa" legítima a los efectos de adquirir el dominio (SALAS-TRIGO REPRESAS, "Código Civil anotado", Tomo 2, pág. 753, 2ª edición actualizada, reimpresión inalterada, Depalma, 1984; KIPER, "Código Civil comentado -Derechos Reales-", Tomo II, págs. 587/591, Rubinzal-Culzoni, 2004), correspondiendo al reivindicante la carga de acreditar los recaudos de su pretensión (KIPER, ob. y tomo cit., págs. 587/591; AREAN, ob. cit., pág. 972 y sigts.; PAPAÑO-KIPER-DILLON-CAUSSE, "Derecho Civil. Derechos Reales", Tomo 2, pág. 421, 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2004).-	Al respecto, y siguiendo tal tesitura, esta alzada ha sostenido que corresponde al reivindicante la prueba de los hechos positivos en que funda su pretensión, supeditando la admisibilidad de la acción a la acreditación de los siguientes recaudos:-"...a)- propiedad de la cosa o derecho de poseer del demandante; b)- pérdida de la posesión del accionante y consecuente posesión actual del demandado; c)- identidad de la "cosa" con el alcance que deriva del art. 2311 del mismo Código..." (in re:-"Rodríguez Mabel Eva C/ Esquivel Guzmán Luis y otra y/o cualquier otro ocupante y/o poseedor y/o tenedor del inmueble S/ Reinvindicación", 30/9/2008), añadiéndose en dicho precedente que si el accioante hubiere acreditado "...su mejor derecho sobre el inmueble mediante título hábil respectivo, sólo podría el poseedor detener la acción reivindicatoria, probando la excepción que opuso, de haber poseído durante el lapso requerido por la ley configurando la usucapión larga en el caso invocada -art. arts. 3964 y su nota, 4016 Cód.Civ., y 24 ley 14.159- en favor del poseedor".-	En el caso examinado la sociedad actora demostró que es la propietaria y titular registral en mayor superficie del inmueble en cuestión, constante de una superficie total de 2495 has 80 as 61 cas, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguay bajo Matrícula Nº 2780, empadronado bajo Partida Provincial Nº 112.543/6 (ver copia escritura obrante a fs. 5/20 vta. -párrafo primero resolución de fs. 29/29 vta. e informe actuarial de fs. 29 vta.- e informe expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble de Gualeguay de fs. 81/86), surgiendo además de tales constancias que la inscripción dominial a nombre del ante cesor -"Emprendimientos Lechiguanas S.A."- data del 6 de julio de 1993.-	Por su parte, más allá de la argumentación ensayada, no encuentro que el demandado DOMINGUEZ haya logrado demostrar la posesión "animus domini" sobre una superficie de 500 has ubicada en los lotes 108 y 109 Boca del Francés del inmueble de la accionante, alegada como defensa para oponerse al progreso de la acción promovida en su contra; apreciando por el contrario que la prueba aportada carece de la idoneidad pretendida, resultando ineficaz para apuntalar su invocada posesión a título de dueño.-	La adquisición de dominio por usucapión, más allá de no requerir de título o buena fe, en el caso de la prescripción veinteañal (art. 4016 del Código Civil), por tratarse de un modo excepcional de adquirir el dominio sobre inmuebles, está supeditada a la previa comprobación de que la posesión ha sido ejercida con ánimo de dueño, en forma continua, ininterrumpida, pública, pacífica y por el plazo de veinte años -arts. 2373, 2384, 2524 inc. 7º, 4015, 4016 y concs. del Código Civil- (PAPAÑO-KIPER-DILLON, CAUSSE, ob. y tomo cit., págs. 310/313; AREAN, ob. cit., págs. 413/414; Excma. Sala Civil y Comercial de la Cámara de Ape laciones de Concordia, "Sucesores de María Agustina González de Gallardo c/ Dora Esther González de Hourcade S/ Reivindicación", 21/3/1997).-	Si bien en el supuesto de marras la posesión veinteañal ha sido opuesta como defensa, ello no relevaba al interesado de la carga de demostrar los actos posesorios concretamente realizados y que duraron el tiempo que la ley prevé, siendo evidente el déficit de la actividad probatoria desplegada a tal fin. En efecto, si bien está acreditada la actividad ganadera desarrollada por DOMINGUEZ (constancias obrantes en los sobres de documentación reservados; fs. 106, 108/109, 118/120, 162), lo cierto es que la prueba testimonial rendida por Víctor Ricardo Giménez (fs. 141/141 vta.), Hugo Oscar Sánchez (fs. 145/145 vta.), Félix Estanislao Martínez (fs. 148/148 vta.), Crespín Mártir Molina (fs. 149/149 vta.) y Julián Sánchez (fs. 150/150 vta.), valorada según las reglas de la sana crítica (art. 444 CPCyC), resulta desprovista de toda eficacia para probar la ejecución de actos posesorios por parte de Domínguez. Sobre este particular, vale repasar que los testimonios deben resultar completos y concluyentes, observándose por el contrario que los referidos escuetamente aluden a que quien los propusiera siempre estuvo ahí, desde hace 35 ó 40 años, que lo conocen como dueño, que se dedica a la ganadería, omitiendo especificar e ilustrar acerca de los actos materiales realizados y que exteriorizan la posesión alegada, no convenciendo tampoco la razón que se invoca para conocer, que como es sabido debe exceder el simple hecho de haber visto lo que se relata.-	Tampoco mejora la suerte del apelante la constatación judicial concretada a fs. 152/155, pues si bien fue verificada la existencia de mejoras y animales, ello es insuficiente para justificar que el accionado ejerce la ocupación de ese predio a título de dueño, sin reconocer en otro un señorío superior, ni que las referidas mejoras fueron efectivamente introducidas por el mismo, careciendo de idoneidad para fundar los derechos posesorios invocados como defensa.-	Sobre la base de las argumentaciones explici tadas y por cuanto el título exhibido por la actora resulta incuestionable, dado que el demandado Domínguez no sólo no ha probado los elementos necesarios para la admisibilidad de la posesión invocada como defensa (arts. 2351, 4015, 4016 y concs. del Código Civil), sino que además no ha acompañado comprobantes de pago del impuesto inmobiliario ni tampoco el pertinente plano de mensura, de manera tal de acordar verosimilitud a su postura, a lo cual sumo que en la planilla remitida por SENASA, glosada a fs. 109, el mismo denuncia su calidad de "pastajero" del campo de Deltagro S.A., al no advertir tampoco que la judicante de grado haya efectuado una arbitraria o parcializada valoración de la prueba, se impone como corolario el rechazo del recurso analizado y la confirmación de este aspecto de la sentencia; con costas de alzada al demandado-apelante (art. 65 CPCyC).-	b)- Establecido lo anterior, corresponde a continuación examinar la queja vertida por la actora, relacionada con el rechazo de la pretendida indemnización de daños y perjuicios, fundada básicamente en la ausencia de prueba destinada a demostrar la productividad de las tierras en cuestión, así como en la improductividad derivada de las condiciones climáticas e inundaciones, hecho que la a quo especificó de público y notorio conocimiento.-	En el escrito de demanda se reclamó por este concepto "...los alquileres de pastaje de ganado que (...) ha dejado de percibir, durante su ilegítima ocupación" (fs. 23), indicándose que para su cuantificación debería tenerse en cuenta el índice sugerido para arrendamientos rurales publicado en la página web del mercado de Liniers (2,5 kgs. por hectárea promedio), computado a partir del mes de enero de 2006 (fs. 23 vta. "in fine").-	Si bien no se discute la posibilidad en estos casos de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la privación y uso de la cosa (arts. 2756, 2787, 2438, 2439 del Código Civil), lo cierto es que, tal como concluyera la sentenciante, la falta de toda prueba del daño alegado, derivado de la privación del uso y goce de la fracción en cuestión -más allá de la demostrada ocupación del bien y la negativa de restituirlo a su popietaria, resistiendo la demanda incoada en su contra-, obsta a la pretendida reparación, pues para ello era necesario que la recurrente, propietaria del bien, hubiera acreditado la existencia cierta del menoscabo, esto es que se vio frustrada de obtener un rédito por esa falta de disponibilidad; siendo evidente que no se han aportado elementos de prueba que seria y fundadamente autoricen a presumir de modo fidedigno el perjuicio invocado, ni tampoco este aspecto destacado por la a quo ha sido idóneamente puesto en tela de juicio por la apelante, trasuntando un mero disenso carente de entidad para remover los fundamentos que sustentan este segmento del pronunciamiento, insuficiente para conmover lo decidido.-	Bajo la óptica explicitada, corresponde dese char con costas el recurso de la actora.-	c)- Acorde con los fundamentos preceden- temente explicitados y por entender que el pronunciamiento atacado resulta una conclusión adecuada de los hechos expuestos y de las circunstancias comprobadas en el juicio, a la cuestión propuesta voto por la afirmativa y de ser ello compartido propicio el rechazo de ambos recursos examinados y la confirmación de la sentencia en lo que ha sido materia de agravios; imponiéndose las costas de alzada a cada parte, atendiendo la suerte adversa que han merecido las respectivas apelaciones (art. 65 CPCyC).-	ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUSAVO A. BRITOS, DIJO:-	Que adhiere a la solución propuesta por el preopinante por iguales fundamentos.- A LA MISMA CUESTION PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:-	Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).-	Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:- GUILLERMO OSCAR DELRIEUX GUSTAVO A. BRITOS ANA CLARA PAULETTI ante mí:- DANIELA A. BADARACCO Secretaria S E N T E N C I A:- GUALEGUAYCHU, 16 de febrero de 2012.- Y V I S T O:-	Por los fundamentos del Acuerdo que antece- de; por mayoría, S E R E S U E L V E:-	1.- RECHAZAR los respectivos recursos de apelación interpuestos por la actora y demandado a fs. 203 y 202, respectivamente, y en consecuencia confirmar la sentencia de primera instancia recaída a fs. 184/197, en todo lo que ha sido materia de agravios.-	2.- IMPONER las costas de alzada a cada apelante atendiendo la suerte adversa de sus respectivos recursos (art. 65 CPCyC); difiriéndose para su oportunidad la regulación de honorarios.-	REGISTRESE, notifíquese y, en estado, ba- jen.- GUSTAVO A. BRITOS ANA CLARA PAULETTI GUILLERMO OSCAR DELRIEUX ante mí:- DANIELA A. BADARACCO Secretaria En .../.../... se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.- DANIELA A. BADARACCO Secretaria