marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interdicto de obra nueva, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: FARINA, Miguel Angel c/ CABALLERO, Gustavo César s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

Cuando la obra esté terminada o próxima a su terminación, no es posible lograr que se destruya lo hecho mediante el trámite sumarísimo de los interdictos. Es necesario un debate más amplio, que dé al juez la certeza acerca de la procedencia de la petición, apreciando las circunstancias del caso y los graves perjuicios que pueden ocasionarse y que, quizá, sea pasible evitar, sin menoscabar el derecho del actor, mediante indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, armas
Materia: PENAL
Carátula: Vidal, Ricardo G. s/ Robo con armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-07

Es agravante la seria intimidación que produce el empleo de un objeto como un arma, independientemente de que no esté acreditada su ofensividad, lo que no necesariamente está incluido en el tipo del art. 164 C.P., como sí el del 166, inc. 2º del mismo (art. 41, inc.

1º C.P.).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Agudo, Juan Carlos y otros c/ Fundición San Cayetano s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no desarrolla impugnación válida alguna, desde que no se hace cargo de ninguno de los fundamentos expuestos en el fallo insistiendo en una simple afirmativa, inidónea como tal para revertir el pronunciamiento objetado (art. 279, C.P.C.C.)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, pagaré, acción cambiaria, prescripción, endoso, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: MUTUAL DEL PERSONAL DE CELULOSA ARGENTINA c/ MORGANTI, JUAN CARLOS Y OTROS s/ DEMANDA EJECUTIVA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 103-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-12-27

La mera disconformidad de los ejecutados con la solución dada por los jueces en ejercicio de funciones propias, al tema de la prescripción de la acción cambiaria en el caso de un pagaré, no constituye materia revisable por la vía intentada, resultando en consecuencia inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.

En el caso, los co-demandados, sostienen que es aplicable el segundo párrafo del artículo 96 del decreto ley 5965-63, que establece un plazo prescriptivo de un año para la acción del portador de una letra de cambio contra los endosantes, aplicando el texto del precepto establecido en principio para la letra de cambio no obstante que el artículo 103 de dicho régimen normativo lo hace extensivo al pagaré, en cuanto sus disposiciones no sean incompatibles con la naturaleza de este título. Y la sala a quo entendió que el término anual no rige en el caso de la ejecución de un pagaré, es decir que se inclinó por la prescripción trienal prevista en la primera parte del artículo.
Fuerzas Armadas, personal militar en actividad, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, bonificación generalizada, incorporación al sueldo, personal militar retirado, determinación del haber de retiro
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAUTHIER, CARLOS ALBERTO c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa" LACLAU - FERNANDEZ - CHIRINOS s/ FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-05

Más allá de la denominación dada a los adicionales dispuestos por los Decs. 628/92 y 2701/93, ambos revisten el carácter de suplementos generales para la totalidad del personal en actividad, por lo que no cabe duda de su naturaleza salarial, debiéndoselos computar, en consecuencia, para la determinación del haber de retiro en las condiciones previstas por los arts. 54, 55 y 74 inc. 11 de la ley 19.101, modificada por ley 22.511, sin que esa conclusión se vea alterada por las razones tenidas en cuenta para su otorgamiento por los decretos respectivos, pues aquellos no pueden, por su naturaleza, modificar ni desconocer lo establecido por normas superiores que en ese punto determinan los derechos de los retirados al incremento de sus haberes en función de los aumentos que se otorguen, con la extensión mencionada, al personal en actividad (cfr. Fallos 262:41; 312:802 y 318:403, entre otros). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, régimen de consolidación de deudas, cancelación de deudas, bonos de consolidación de deudas previsionales, bono nominativo en dólares, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Giuffra, María y otro c/ EN - Mº Economía - Sec. Finanzas - resol.73 y 158/03 - ley 24.411 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-11

No se configuran los extremos necesarios para la apertura de la vía extraordinaria deducida contra la sentencia que hizo lugar al planteo formulado por la demandada en el sentido de que no procede la cancelación de los servicios financieros correspondientes a los bonos de consolidación de deudas previsionales en dólares estadounidenses depositados en una cuenta comitente, toda vez que el a quo, durante la etapa de ejecución, se limitó a determinar los alcances de su anterior pronunciamiento en lo atinente a los títulos que quedan comprendidos en las excepciones al diferimiento de pago de la deuda pública.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Obediencia debida, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El presupuesto necesario del examen judicial de todo presunto delito es la vigencia del poder de persecución del Estado en materia penal que, al haberse extinguido respecto de los imputados, excluye la posibilidad de efectuar cualquier juicio acerca de su inclusión en la ley 23.521.
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Laya c/ Nimark s/ Ejecución Lenta Ciro Virgilio c/ Cremonte María Inés s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03|2000-02-22

Para que el título traiga aparejada ejecución, debe ser suficiente y bastarse a sí mismo, conteniendo todos los elementos que posibiliten la acción ejecutiva. Esto es, la indicación precisa de los sujetos activos y pasivos de la obligación; la expresión liquida o fácilmente liquidable de la cantidad adeudada y la exigibilidad de la obligación, es decir, que se trate de una deuda de plazo vencido y no sujeta a condición. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Yañez, Eldecio Rubén c/ Benitez Hnos. S.C. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-09-08

Tocante a la alegada desproporción entre la injuria inferida y la sanción, basta repasar los frondosos malos antecedentes disciplinarios que el demandante acumulara en escasos catorce meses de desempeño en la empresa -incluidas cinco suspensiones- para concluir que el incidente último, causa directa del despido fue la culminación de toda una serie de previas inconductas, contribuyendo todo a calificar con una nota de mayor gravedad el incumplimiento final.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, daños y perjuicios, accidente de tránsito, factores atributivos de responsabilidad, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Lobo Natalia Paola y Otra c/ Pérez José Gabriel y Otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2024-03-21

Resulta improcedente el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia que no hizo lugar a la declinación de cobertura opuesta por la citada en garantía e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios -instaurada en ocasión del accidente de tránsito acaecido-, pues el recurrente pretende exonerarse de responsabilidad atribuyendo la totalidad de ella al incumplimiento del deber de vigilancia respecto de terceros a cuyo cuidado estaba el menor fallecido, pero dicho incumplimiento sólo implicó una concurrencia parcial y no luce suficiente para excluir su responsabilidad. A mayor abundamiento, la imprudencia de los comportamientos del menor y del accionado no resulta equiparable: el primero, con su conducta sólo puso en riesgo su propia integridad física; en cambio, la circulación del automotor a una velocidad tal que no permitió el control del mismo pese a que su conductor advirtió la presencia de peatones, comporta un riesgo para la seguridad propia y la de terceros. Así las cosas, vale decir que el apelante fue embistente -y más allá de lo manifestado por su parte- y no condujo con velocidad precautoria conforme prescriben los arts. 50 y 39 inc. b) de la Ley 24.449.
Juicio ejecutivo, citación al deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Repetto Domingo Cecilio José y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-02-05

La citación para la defensa posibilita la intervención del deudor en el juicio ejecutivo pues los trámites anteriores a ella se desarrollan únicamente con la participación del ejecutante, y que dicha intervención faculta al deudor para oponerse al progreso de la ejecución pero tal oposición sólo es eficaz formalmente a través articulación de excepciones (dilatorias o perentorias).
Cuestiones de competencia, discriminación, discriminación racial o religiosa, delitos cometidos por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, competencia por el territorio, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incd. de...DI MONTE, R. s/ infrac. Ley 23.592".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

Es competente el juez federal de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, para intervenir en la causa tramitada por infracción a la Ley 23.592, si las expresiones discriminatorias, fueron vertidas en la Ciudad de Lujan, aún cuando las mismas hayan sido reproducidas en un diario de amplia difusión nacional editado en esta Ciudad de Buenos Aires
Medios de prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, facultades del juez, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: Carrizales Corvalán, Iván Nicolás y otro c/  s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

En la búsqueda de la verdad en el proceso, el juez tiene a su alcance diversos medios probatorios. Nuestro Código Procesal Penal de la Nación se rige por la libertad de apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica que no son otras que la lógica más elemental, el sentido común y las máximas de la experiencia (arts. 241, 263 inc. 4°, y 398, 2° párrafo, del C.P.P.N.); es decir, no existe una norma que imponga un modo determinado de probar los hechos investigados en el marco de un proceso, ni que fije un número mínimo de elementos de prueba (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)
Acción de amparo, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Reverendo, Oscar,  Bazán  Agras de Podestá de Oro y Lobato de Marún María Inés c/ Basualdo, Ricardo Oscar s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-10-21

El plazo de caducidad, ha sido establecido en la necesidad de aventar la incertidumbre acerca de la validez de los actos estatales, o de particulares y en la incompatibilidad que media entre el carácter urgente de amparo, y la conducta remisa del presunto perjudicado, cuya inacción procesal, durante cierto lapso, considerado prudencial y razonable, autoriza a presumir la ausencia del gravamen irreparable, y la consiguiente idoneidad de remedios procesales ajenos al amparo.
Riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández, Adolfo Luis c/ Asociart ART SA y otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-16

Habida cuenta de que lo resuelto por la C.M.C. -en el caso al atribuir 35,50% de incapacidad P.P.D.- fue consentido por la demandada y sólo fue apelado por la parte actora, sin perjuicio de la evolución experimentada por el trabajador que se desprende del último dictamen -que estableció un porcentaje del 30%-, corresponde declarar formalmente admisible el recurso y confirmar lo resuelto por la citada C.M.C. a fin de no incurrir en una suerte de "reformatio in peius" al resolver en sentido desfavorable al único apelante empeorando su situación (cfr. Roland Arazi y Carlos Eduardo Fenochietto, "Régimen del C.P.C.C.N.", Ed. Astrea, 1994, pág. 265, a propósito del art. 277 del código de rito). (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Empleados públicos, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DALLACASA, LUIS ALBERTO S c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 169-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-19

Si conforme al régimen legal vigente, el agente gozaba de estabilidad en el empleo público (ley 9286, artículo 15), y no se prevé la situación de "disponibilidad" (que si consagraba la ordenanza municipal de Rosario nro 2756), es evidente que la medida dispuesta carece totalmente de sustento jurídico, por lo que corresponde declarar ilegítimo el acto, teniendo el actor derecho a ser reubicado a menos que opte por la indemnización prevista en el artículo 17 de la ley 9286.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, sentencia absolutoria, pena, monto de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. A. c/  s/ APELACION DEFENSA SENTENCIA CONDENATORIA Y APELACION FISCAL PUNTO 2 DE LA SENTENCIA Y MONTO DE LA PENA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-10

No corresponde abordar los agravios dirigidos contra la sanción fijada en la resolución impugnada, por cuanto la misma se encuentra indefectiblemente vinculada con la decisión de la Cámara de revocar la absolución dispuesta por el Juez de grado y condenar al imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y corrupción de menores agravado por la guarda reiterados en concurso ideal, desobediencia a la autoridad y lesiones leves dolosas, todos en concurso real entre sí; toa vez que tales aspectos de la resolución -comprendiendo también el monto de la pena impuesta- fueron objeto de recurso de revisión horizontal por parte de la defensa en los términos de la doctrina "Scalcione" establecida por esta Corte. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), audiencia ante el fiscal, acta de audiencia, nulidad procesal, error material
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Soldano, Francisco Daniel (responsable local calle José León Suarez 2227) s/ inf. art. 73 Ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

En el caso, la impugnante solicita la nulidad de la audiencia prevista en el artículo 41 de la Ley de Procedimientos Contravencionales, expresando que pese a presentarse con su defendido a los efectos de realizar la audiencia antes citada, sin mediar solicitud de la aceptación del cargo, se tomó la audiencia y previo a la declaración de su defendido, el representante de la vindicta pública nombró un defensor oficial.

Por consiguiente, sostiene que éste debió haber firmado el acta en cuestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ahora bien, contrariamente a la pretensión de la defensa, el agravio planteado deberá ser desechado, pues de la lectura de las actuaciones se advierte, sin hesitación alguna, que existió un error material, que en nada invalida el acto.

Comparto la premisa que obliga dotar al imputado de facultades equivalentes a las de los órganos de persecución estatal del Estado y del auxilio procesal necesario para que pueda resistir la persecución estatal, con posibilidades parejas a las del acusador.

Frente a ello, es un derecho del imputado la elección del defensor de su confianza (Fallos, 275:91), y ello integra la inviolavilidad de la defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional). Los tribunales deben suministrar la debidad asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial correspondiente, mas allá de cualquier reparo formal.

Sin embargo en el presente caso, no se vulneró derecho alguno del imputado ya que tuvo la libertad de designar su defensora de confianza, constituir domicilio procesal, mantener entrevista con ella, ser asistido por su letrada no sólo en oportunidad de celebrarse la audiencia entre el Fiscal sino a lo largo de la tramitación de todo el proceso.
Ejecución fiscal, tasas, Obras Sanitarias de la Nación, títulos ejecutivos, certificado de deuda
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ PROP. VIRREY CEVALLOS 229 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

El art. 44 de la ley 13.577 -modificado por el art. 1 de la ley 20 324- acuerda fuerza ejecutiva a las cuentas que emite Obras Sanitarias de la Nación por tasas, contribuciones, recargos, intereses, multas y todo otro concepto vinculado con los servicios que presta. A dicho fin, sirve de título suficiente para promover la ejecución fiscal el certificado de deuda expedido por la empresa, que debe ser suscripto por alguno de los funcionarios autorizados a tal efecto por la reglamentación interna y que deberá contener las especificaciones que prescribe la misma norma.

El certificado de deuda emitido por O.S.N. que habilita a promover la ejecución, no instrumenta únicamente el capital nominal supuestamente debido, sino que se integra también con el cálculo de la actualización monetaria y de los pertinentes intereses y recargos. De tal manera, cualquier modificación de los importes reclamados por alguno de esos conceptos, representa una variación de los términos del título ejecutivo, que no puede ser admitida si se la instrumenta al margen de lo prescripto por el citado art. 44.

Ello, claro está, sin perjuicio de la liquidación definitiva de la deuda que se lleve a cabo en la oportunidad del art. 591 del Código Procesal.
Tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Berón, Washington c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-30

No existe posibilidad de invocación válida del instituto de la cosa juzgada recaída en el proceso de exclusión de tutela sindical para limitar el campo cognoscitivo de un litigio posterior, en virtud del distinto objeto perseguido por la pretensión en ella ejercida, que no es otro que el de colocar al trabajador investido de fuero gremial en igual condición a la de un trabajador que carezca de tales prerrogativas, mientras que el juicio posterior que se promueva tiende a determinar si la medida que el empleador adoptó después de lograr la exclusión de la tutela sindical, ha sido justificada o no.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SINDICO UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/ Titulo Supletorio (LIBRO: S075 - 111)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-07-30

"..." en materia de apreciacion de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia, son terminantes al respecto: en los juicios de adquisicion del dominio por usucapion, es necesario analizar los elementos aportados con suma prudencia y solo acceder a la peticion adquisitiva, cuando los extremos acreditados lleven absoluta certeza al Juzgador sobre los hechos afirmados (Sup.Corte B.A. 30-6-81) y ello resulta logico en punto a las razones de orden publico, en juego en este tipo de procesos..., importando la usucapion un medio excepcional de adquirir el dominio, lo que implica su extincion en cabeza del verdadero titular en virtud del principio de exclusion (art. 1508 C.C.) requiere por lo mismo, que la comprobacion de los extremos exigidos por la ley, surja de manera insospechable, clara y convincente, debiendo conjugarse tal demostracion, con las exigencias que se desprenden del texto de la Ley 14159 con las modificaciones introducidas por el decreto ley 5756/58. Esta norma exige una prueba diversificada y compuesta, vedando que el pronunciamiento se base exclusivamente en la prueba testimonial".-
Homicidio culposo, deber de obrar con prudencia, responsabilidad médica, asistencia médica, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GERSZTEIN, Andrea Dora y otra. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-02

Si el lugar donde se operaba no era el adecuado, pues no tenía los elementos médicos necesarios para proceder, el informe practicado dió cuenta que con el instrumental faltante y con la intervención de persona idónea se podría haber revertido la complicación que presentara la paciente, sumado a que el consultorio o clínica no se encontraba habilitada municipalmente -lo cual si bien no ocasionaría por sí sola la responsabilidad de las nocentes, importa un adelanto de la falta de total previsión profesional con que se condujeran-, y se obvió el examen prequirúrgico que podría haber detectado falencias en el organismo de la víctima, se está frente a una situación en la cual, la ausencia de tecnología y recursos terapéuticos brillaron por su ausencia, y debe responsabilizarse a las facultativas actuantes por no haber adoptado los mínimos recaudos para actuar en una emergencia como la que se presentara -paro cardiorespiratorio-.

Máxime si las prevenidas cuando repararon en el cuadro clínico que se les presentara, llamaron de inmediato al SAME para que la ambulancia con el material que cuenta supliera las deficiencias del improvisado quirófano, avanzando el estado que presentaba la paciente al no haber podido ser atendida idóneamente cuando su situación se agravara.

Los médicos que eluden las pautas que le imponen su difícil práctica, por haberse solo guiado con su sentido sensorial, no pueden luego aducir que ello no fue necesario, debido que a partir de la obtención del título habilitante para ejercer la medicina, se debe ser en extremo cuidadoso, porque si se descuida el deber, los daños ocasionados por su impericia le serán atribuibles.

Por ello, debe confirmarse el auto que decretó el procesamiento de las imputadas por considerarlas prima facie autoras penalmente responsables del delito de homicidio culposo.
Acción pública, acción privada, non bis in ídem
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PASTOR de BONAFINI, Hebe s/ nulidad Causa nro. 27.162
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

La pretensión de la querella del proceso tenía como objetivo la realización de uno nuevo, esta vez de acción penal privada. Ello implica, aunque este materializado en el mismo expediente, una nueva persecución penal. (De la disidencia del Dr. Cortelezzi).
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Staropoli, Adrián Darío c/ Fontana, Adriana Noemí s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Dentro de la categoría de bienes de uso indispensable ingresa el lavarropas, pues su utilización atiende a satisfacer una finalidad primaria como es la higiene y el uso de la vestimenta. Si bien la prescindencia de ese artefacto no impide el acudimiento a otros medios para satisfacer esa primordial necesidad (es decir, lavar a mano), su utilización representa un ponderable alivio en esa esencial tarea, cuyo desempeño suele involucrar considerable tiempo y trabajo. La funcionalidad doméstica que aporta este implemento y al nivel de vida alcanzado por la población en general, impone esta conclusión a los efectos de su desembargo (art. 209 inc. 1, CPCC).