Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-05


En la ciudad de Trelew, a los 05 días de julio del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. J Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., J. J. c/ VW C. F. S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. nº 21.048 - año: 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Es procedente la apelación de honorarios de fs. 414/417? y TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 455. - A la PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó: Iº .- LA SENTENCIA. El fallo de la instancia de origen de fs. 404/409, declaró la responsabilidad contractual de la financiera demandada, proveniente de una deuda del actor para con ella que motivara -en cumplimiento de las normas del BCRA de informarle la situación crediticia de sus contratos y contratantes, vigentes para este tipo de entidades-, la inclusión del Dr. S. en el ente "V" que obtiene dicha información de los registros respectivos del Banco C, en las categorías de máximo riesgo o de irrecuperable (niveles 4 y 5) por incumplimiento del deudor; pero que, luego de ser abonada en forma íntegra la deuda pendiente y pese a los reiterados reclamos del demandante, no produjo por parte de la demandada la respectiva información al BCRA del cumplimiento -para excluir al actor de los niveles citados-, ya que la inclusión como la exclusión de una persona en el ente "V", se estructura a partir de que este organismo extrae la información de los registros existentes en el BCRA. - Declarada por lo tanto la responsabilidad contractual de la demandada en el punto, analizó la Sra. Jueza a-quo los dos reclamos ejercitados por el actor, que lo fueran el daño material que atribuyó a que por culpa y omisión de la demandada, en base a lo antedicho, no pudo obtener de un organismo de crédito (O AFJP) un crédito hipotecario para la adquisición de un inmueble, así como el reclamo del daño moral por el detrimento sufrido tanto en la esfera personal del demandante como en sus relaciones de vinculación profesional y social.

Desestimó el reclamo por daño material por entender que el Dr. S. no probó en la causa, como era su carga ante la expresa negativa de la demandada, que no hubiera obtenido el crédito en O por haber persistido en su categorización de deudor de alto riesgo o irrecuperable por la omisión de la comunicación oportuna de la demandada al BCRA del cumplimiento de sus obligaciones.

Para esto analizó la prueba de autos haciendo notar que el elemento clave de comprobar el hecho controvertido, cual fuera demostrar por informes u otros medios de prueba -con O- que había solicitado el crédito y que el rechazo de su pedido obedecía a la situación sin solucionar con la demandada, por la omisión de ésta, no fue acreditado en el sub-examen, razón por la cual desestimó el ítem del daño material por esta circunstancia. - En cuanto al reclamo por daño moral en cambio, si bien la a-quo analizó que el actor había figurado vía BCRA en V en situaciones como la que había tenido con la demandada, pero provenientes de otras entidades crediticias o financieras, la omisión de V.W. C. F S.A. había producido una afectación en el actor, aunque desechando otros argumentos esgrimidos sobre el daño moral, tales como pérdida de clientes, demérito profesional y social.

Por ello redujo el monto reclamado en la demanda por este daño a la suma de sentencia que fijó en su fallo.- La sentencia fue apelada por ambas partes. - IIº .- LOS AGRAVIOS. - La actora los expresó a fs. 429/434 que fueron replicados a fs. 446/452, mientras que la demandada los expuso a fs. 435/442 con réplica a fs. 444/445. - IIº .- 1º) .- Agravios de la actora. Atacó la sentencia en tres aspectos.

Desestimación del daño material reclamado. Con extensas apreciaciones sobre como debería haber evaluado la prueba de autos la Sra. Jueza a-quo, con referencia a lo que surge tanto de su prueba documental Nº 14 de fs. 25, consistente en un "e-mail" librado y dirigido a otras personas, pero donde se indica con referencia a su parte y al parecer proveniente de personal de O, que se rechaza un pedido suyo -presumiblemente el crédito- por indicarse que él se encuentra en "situación 4" del BCRA por informe/situación, etc. de V.W. C F, indicando un monto de deuda. Que lo une o remite a la documental glosada por la demandada en su responde (fs. 127/128), informe de V a la financiera donde se indica que en Noviembre de 2000 la firma O consultó a V sobre su situación. Entiende que con ello existen indicios suficientes, en su criterio, para concluir en que si en Octubre/00 como lo mencionara y acreditara mediante un formulario "Simulador Liquidación de Préstamo Hipotecario", glosado a fs. 30 por su parte como Prueba 17, estaba solicitando un crédito en O y esta empresa consulta a V en Noviembre, es evidente que el crédito no le fue otorgado por la omisión de la demandada de informar al BCRA y de allí pasar a V que no tenía deuda con ella.-- Con estos elementos de prueba por los que sustenta haber probado el hecho que controvertido la Sra. Jueza a-quo declarara no comprobado en autos, pasa a extenderse en apreciaciones sobre el daño material, la "chance", relación de causalidad entre un hecho y sus consecuencias, para concluir en que debe otorgársele este rubro. - Monto otorgado por el daño moral.-- Por obvio concuerda con el fallo en que procede su reclamo, pero insiste y reitera en que el monto fijado ($ 25.000) frente a lo reclamado ($ 350.000), no cubre la mortificación sufrida por las circunstancias debatidas y el perjuicio espiritual que ha tenido; reiterando conceptos ya expresados y haciendo notar lo dificultoso de producir prueba directa sobre los diversos elementos que pueden confluir en causar el daño moral, por lo que pide se fije el monto en la suma reclamada. - Intereses sobre el daño moral otorgado. - Aquí su crítica se centra en que en su sentencia la Sra. Jueza a-quo limitó la aplicación de la tasa del Banco del C en sus operaciones de descuento a un tope de 2 % mensual en aquellos períodos en que se lo hubiera sobrepasado. Se explaya en la situación del acreedor de una suma de dinero que entiende, en este aspecto de la tasa de interés, debe ser similar a la de quien precisamente acude a la institución bancaria para una operación de descuento.

Que la falta de pago de la suma adeudada desde la consumación del daño moral, si se acepta una tasa menor que la normal y habitual del Banco, provoca una suerte de expropiación del deudor moroso sobre el acreedor, que motiva la mora y no pago toda vez que la reparación con el interés beneficia al deudor y no establece equilibrio en la situación. Réplica de estos agravios. La demandada rechaza la postura del actor entendiendo que en definitiva el demandante no probó el daño material alegado.

Que nada le impedía acreditar aquellos hechos -en realidad el del préstamo denegado-, y que mal puede considerarse que lo haya hecho. Que ello surge de que la Prueba 14 (el "e-mail") de fs. 25 fue desconocido por su parte y no se produjo prueba alguna ni de su autenticidad ni que se hubiera originado en el servidor de O. Como por ejemplo, cita, hubiera sido no sólo la prueba informativa a O o testimonial de quienes eventualmente hubieran intervenido en el pedido del actor. Agrega que tampoco se probó que la situación creada por su parte -no comunicar el pago de la deuda y sus detalles-, fuera determinante de la denegatoria del préstamo, para lo cual detalla las otras informaciones de otras financieras o entes sobre la situación del Dr. S. en alguno de los "niveles" establecidos por el BCRA para estas circunstancias. Aclara que el pedido de crédito -se refiere al formulario de fs. 30 (Prueba 17) fue en Octubre de 2000, en fecha coincidente con la cancelación de la deuda refinanciada por mora y que la información al BCRA se hace al mes siguiente de la operación o circunstancia que fuera.

Siempre dentro del rubro daño material, destaca que no hubo prueba alguna de la pretendida pérdida de clientela por el Dr. S., pese a que ofreció prueba testimonial que podría haberla acreditado, pero sin existir interrogatorio alguno al respecto. Con lo que concluye que el supuesto daño material no fue acreditado en autos y debe confirmarse este aspecto del fallo. En lo atinente al daño moral, embiste contra la sentencia en el sentido que no hay razonamiento ni argumentación suficiente de la Sra. Jueza a-quo para otorgar el rubro y por la cifra que sentenciara; que por ello hay arbitrariedad en el fallo por ausencia de fundamentación; que solamente mediaron apreciaciones subjetivas de la juzgadora para arribar al otorgamiento y a la suma, sobre la cual comenta que la cifra reclamada por el actor escapa a toda consideración por lo excesiva que supera hasta sumas fijadas en pronunciamientos sobre el tema del daño moral.

En esto transcribe doctrina jurisprudencial en apoyo de su ataque con extensas transcripciones de fallos. - Finaliza en lo atinente al rubro intereses, sosteniendo que la tasa aplicable que el actor impugna, es facultad privativa de los jueces en el fijarla y que dado lo debatido y resuelto en la causa, aceptar la queja del actor importaría un enriquecimiento sin causa del mismo. IIº .- 2º) .- Agravios de la demandada. Se refieren como es obvio, al acogimiento del daño moral.

Dice que si bien la prueba rendida acreditó el buen concepto del actor en los organismos donde se desempeña, pero que fuera de ello no se acreditó lo que constituye la esencia del daño moral: el detrimento, el perjuicio, el descrédito, pese a haber traído a la causa testigos que declararon sobre lo dicho pero no allegaron dato alguno sobre el descrédito que llevara al Dr. S. a la pérdida de clientela u otras circunstancias perjudiciales en el ámbito del daño moral. Finca la mayor fuerza de su queja en la doctrina que establece que en materia contractual el daño moral debe ser debidamente probado, no bastando meras conjeturas o apreciaciones subjetivas como -indica- surge de lo escueto razonado por la juzgadora a-quo al tratar el punto.

Como una especie de segundo agravio, pero vinculado a lo anterior, entiende que no se valoró adecuadamente la conducta del actor, con referencia a que durante la época del conflicto suscitado entre las partes, el Dr. S. tuvo diversos problemas con otras entidades financieras o crediticias, transcribiendo prueba documental que mostrara como estuvo en diversos "niveles" de los establecidos por el BCRA que luego son utilizados por el ente V. Con el respeto que enuncia, considera que ha quedado demostrado en autos que el actor no era o no fue una persona cumplidora de sus obligaciones y que pese a haber sido mencionado este detalle en la sentencia no fue debidamente valorado. - Luego critica el monto otorgado por el daño moral, reiterando que no hubo por parte de la jueza a-quo argumentación valedera para otorgar la cifra sentenciada. Que ante los antecedentes de morosidad del actor y su inclusión por varias deudas en el BCRA y en V no provenientes de su parte, no puede aceptarse como sostiene que lo hizo la a-quo, un monto no constatado en su procedencia y sin evaluación objetiva.-- Esto involucra en su criterio, como otro agravio, un perjuicio a su derecho de la propiedad, porque se estaría produciendo un enriquecimiento ilícito del demandante al recibir una indemnización por algo que no ha probado y que ha sido mal evaluado.- Finaliza con la cuestión de que las costas del pleito deben serle impuestas al actor por la revocación que solicita de la sentencia, o en su defecto que se impongan en la proporción en que la demanda llegue a prosperar en definitiva.

Réplica de los agravios.- Contrasta lo expresado con la mención que en el fallo en crisis y para arribar al acogimiento del daño moral, la a-quo consideró y analizó la prueba completa de sus intentos para que la demandada corrigiera la información sobre su persona, las cartas documentos remitidas y recibidas, la falta de respuesta y la inacción de la financiera que llevó a la promoción de la demanda.

Que, además, la sentencia para fijar el daño moral también tuvo en cuenta los informes producidos de los entes donde se desempeña, de los cuales desprende que la evaluación del daño moral es una conjunción de elementos que acreditan no solamente el desánimo personal sino la afectación del entorno profesional y social donde la persona se desenvuelve. Que incluirlo en la lista de deudores morosos cuando no lo era, afectó su buen nombre y honor e integridad y que el daño moral tiene a resarcir este descrédito sufrido. IIIº.- TRATAMIENTO DE LOS AGRAVIOS. Desde que las pretensiones del actor se refirieron a los rubros de daño material y de daño moral, con la suerte seguida en la instancia de origen en el fallo que viene apelado, considero de mejor factura para emitir mi voto, tratar los agravios en relación con tales rubros.

Toda vez que la actora insiste en que procede el resarcimiento por el daño material y la demandada replica que no ha probado el daño que invocara; mientras que en lo atinente al daño moral y su reparación la actora reitera que debe elevarse el monto fijado mientras que la demandada niega la procedencia del mismo y a todo evento que sea correcta la suma fijada en la sentencia.

Así paso a hacerlo, no sin destacar que ha venido con firmeza ganada a esta sede la declaración de la Sra. Jueza a-quo que medió responsabilidad contractual por parte de V.W. C. F S.A. en el suceso de la deuda existente, la inclusión en V, su condigna anotación excluyente de la situación del actor en sus informes al BCRA -de donde V extrae la información que registra-, así como las reiteradas peticiones e intimaciones del Dr. S. a la financiera para que procediera a informar que había abonado la deuda refinanciada y correspondía excluirlo de la situación de deudor moroso en los niveles que se indicaran (fallo, fs. 406, párr. 4º/ fs. 406 vta./407). IIIº .- 1º) .- El daño material y su reclamo. - Considero y concluyo que las quejas del actor no conmueven la solidez del fallo apelado en este ítem que por ello debe ser confirmado.- a) - Cabe entonces, en el ingreso a este tema, recordar la doctrina de nuestro Superior Tribunal (confr., STJ. Chubut, 4/12/85, J.A., 1987-Iº-490), cuando explicitara que quien alega un daño cuya reparación procura, debe acreditar fehacientemente su existencia conforme las normas que rigen la carga de la prueba (Art. 377, su doct., CPCC.).

Porque no basta con acreditar la posibilidad del daño y es necesario acreditar su existencia cierta ya que no cabe acordar indemnizaciones por daños presuntos, meras posibilidades o conjeturas, como en el sub-examen lo planteara el demandante. El incumplimiento de un contrato, o de derivaciones del mismo como es el caso debatido, aun como acto ilícito, no origina por sí solo el derecho al resarcimiento, toda vez que para ello es necesario probar el daño y su cuantía, o al menos, suministrar elementos que puedan llevar al órgano jurisdiccional a la aplicación del Art. 165 del CPCC.

Situación que no se ha presentado en esta causa por lo que entiendo que los agravios de la actora no son procedentes. No puede justificarse la razón de tanta insuficiencia probatoria siendo que no se trataba de realizar una prueba imposible ni siquiera difícil, que hubiera aclarado totalmente el panorama, cual lo señala con acierto la Sra. Jueza a-quo en su sentencia.

En efecto, negado expresamente (responde, fs. 134/135), que el Dr. S. hubiera solicitado un crédito en O, o que dicha petición se le rechazara, o que ello se debiera a la inclusión en V de una deuda con la demandada que ya no existía, etc.; negando asimismo la legitimada pasiva la documental de fs. 25 (el "e-mail"), o la de fs. 30/32 (Simulador de Liquidación de O) (Pruebas 14 y 17 de la actora), cual surge de fs. 130 del responde y cual bien lo señala la a-quo a fs. 407 vta., párr.2º, el actor no produjo prueba alguna ni sobre el aserto realizado ni sobre la documental agregada. La prueba de fuerza probatoria primordial al respecto hubiera sido el informe o declaración de O, sobre si S. había pedido un crédito, sus detalles y de habérsele rechazado las razones para tal negativa.

Sin embargo en su ofrecimiento de prueba de fs. 101/102, entre tantos medios allí ofrecidos, brilló por su ausencia este elemento convictivo de primera importancia. Improcedencia por lo tanto del reclamo por daño, en el caso el material en estos casos, que es doctrina prácticamente uniforme y que comparto. No todo hecho antijurídico produce un daño y si éste se alega debe ser cierto y comprobado; y la búsqueda de la "reparación integral" o plena, objetivo del resarcimiento, tiene operatividad para el daño que es probado por el reclamante. La posibilidad o exigencia de la plenitud del resarcimiento involucra la necesidad cabal de poner de relieve el daño, como presupuesto de la consecuencia de indemnizarlo. El daño debe ser acreditado en su existencia y en su longitud, tanto para la procedencia de la indemnización como para fijar su dimensión o límites.

La indemnización es de todo el daño pero solamente de ese todo, lo cual nos remite a lo expuesto. Por lo que inclusive comprobado el incumplimiento contractual, como aquí sucede, esto no elimina o suprime la necesidad y exigencia de comprobar el daño sufrido en las variantes que el mismo pueda tener, ya que la certeza o presencia del daño no sólo concierne a la existencia del mismo sino de la misma manera a su composición.

No es suficiente la composición de que se ha producido un daño si se ignora y no se comprueba las circunstancias y su gravedad. El reclamo implica que el pretensor debe probar cuales fueron sus daños y no simplemente -cual se lo ha pretendido en esta causa- resultar damnificado de una actitud ilícita contractual (confr., Zavala de González, "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, Tomo 3ro., pág. 155 y ss.).-- El daño debe ser cierto y no hipotético para generar la obligación resarcitoria, toda vez que la certidumbre del daño es una exigencia de las relaciones jurídicas de responsabilidad contractual y todo perjuicio debe ser probado para alcanzar su aceptación. Los daños eventuales o posibles, por el mero incumplimiento contractual, no pueden ser atendibles, toda vez que por trabajoso que fuere, el que se presenta como damnificado debe explicar los elementos que lo hagan merecedor de la reparación (confr., CNCiv., Sala "D", 15/7/83, E.D., 107-395; CNAT., Sala 8va., 18/9/98, D.T., 1999-A-260; CNCiv., Sala "B", 4/5/81, L.L., 1981-D-569).

Si bien el incumplimiento de la demandada pudo provocar el perjuicio que se invocara, no hubo prueba acerca de que dicho incumplimiento haya generado como consecuencia inmediata al cual se refiere el Art. 520 del C.Civil ese daño.

El daño no puede ser presumido y por ende debe ser objeto de la prueba pertinente, demostrando la certeza del perjuicio y no una mera conjetura como aquí sucede.

Circunstancia esta que se extiende y configura aun si se entendiera el reclamo como la pérdida de una chance; debiendo haberse acreditado en el sub-examen que por causa del incumplimiento de la demandada, se produjo el revés de un proyecto en curso de ejecución, comprobando en forma concreta y cierta el carácter de la frustración y su extensión y alcances (confr., CNCiv., Sala "A", 30/11/84, L.L., 1985-C-292; íd., íd, 20/6/90, L.L., 1992-A-140; CNCiv., Sala "B", 19/2/93, L.L., 1994-C-444, con nota).

Como, por otra parte, ya hemos tenido ocasión de decidirlo así en este cuerpo (confr., esta Sala "A", S.D.C., 48/03, exp. 18892). - No puede por tanto el apelante insistir en que comprobó haber pedido un crédito y que el mismo se le negara por su situación con V a través de la demandada.

b) - Pero ahora en su queja, insiste en que ello resultaría probado a través de la prueba de "indicios" -o de la presunción-, para el caso lo que desprende del e-mail de fs. 25, o de la simulación de liquidación de fs.30/32 -aclarado que fueron desconocidos y carecen de autenticidad y fuerza probatoria ambos-, con lo que solamente nos resta el informe de V a la demandada que ésta glosara a fs. 127/128.-- Tal mero informe no resulta suficiente para entender probado que pidió el crédito a O y que esta firma consultó a V y que como consecuencia de ello y de la falta de información correcta de la demandada al BCRA, no pudo obtener el crédito en cuestión. Tenemos aquí meramente un indicio pero nada más.-- - El informe de fs. 127/128 del 20/10/03, del cual pretende valerse ahora el apelante, tuvo como medio de prueba un desarrollo algo paradójico. Glosado con el responde y corrido el traslado de ley (fs. 148), el demandante "rechazó" tal documental a fs. 149 mencionando que no "ajustaba al momento del daño"; circunstancia correcta de considerar atendiendo al informe de la B N del L (fs. 299/303), que evidencia que los cheques diferidos por la refinanciación de la deuda con V W. C F S.A. fueron acreditados y abonados a la demandada durante el año de 1999/2000, el último el 5/9/2000 (fs.300).

En consecuencia es correcto que el informe de fs. 127/128 no fue contemporáneo a la fecha del eventual daño material producido por la demandada. Pero en esta sede, pese a haber rechazado tal documental, el recurrente pretende ahora que la misma acredita su petición de crédito a O que figura a fs. 128 como consultando a V. Sea que se le otorgue, en el mejor de los casos, fuerza de prueba a tal informe, lo cierto y más certero es que pese a lo que menciona el actor, de dicho informe no surge el expediente 10009289-1 de O que se cita a fs. 430, párr. 1º de la queja.

Y debe descartarse la allí nombrada C.D. de fs. 26 (Prueba 15 del actor), por cuanto primero es una mera manifestación del mismo y en segundo lugar no existe prueba en autos de haberse contestado tal misiva, mucho menos con datos favorables a la postura de S..-- En la documental de fs. 127/128 solamente figura la consulta de O, entre otras firmas o empresas, cual se desprende del campo final del informe; pero no indica trámite o expediente alguno de la requiriente que lleve a poder establecer que tal consulta fue por lo que aduce el actor y menos por el expte. de O que mencionara.

Con lo cual y finalizo esta especie de introducción, tenemos solamente un indicio por la consulta en Noviembre de 2000 de O a V que indica fs. 128. Pero, lo importante aquí es que aun considerando esa mención en el tratado informe, como un indicio favorable a la postura del demandante, tal solitario indicio no alcanza para montar sobre él una presunción que apoye su posición.

Como he tenido ya ocasión de opinarlo (confr., esta Sala "A", S.D.L. 43/04, exp. 19633), a la presunción se llega por la conjunción de una serie de indicios que conllevan a aquella; indicios que deben ser precisos, concordantes y en la generalidad de los casos varios; supuesto que no se presenta en el sub-examen pues es el comentado el único indicio que puede mencionarse en apoyo de la presunción (confr., también, esta Sala "A", S.D.C. 60/05, exp. 20619). Si bien las presunciones son un medio de prueba tan válido en su caso como cualquier otro, la normativa ritual (Art. 163,inc.5º, CPCC.), marca pautas a los jueces para su debida ponderación según las reglas de la sana crítica. A la presunción se llega por un juicio lógico en vía indirecta que partiendo de un indicio cierto o probado permite inferir por deducción el hecho desconocido o no probado y relevante para la causa.

No es imprescindible que medien variados indicios, pues puede presentarse el caso de que con uno solo de ellos se extraiga por deducción indirecta y lógica la presunción aplicable al caso sujeto a análisis; por ello la mención del art. cit. se ha entendido como una enunciación que no reviste caracteres rigurosos, porque puede haber un solo indicio de entidad tal que la presunción se desprenda netamente de ese solo elemento.

Pero para ello resulta recaudo ineludible que el indicio, cuando es único, revista y releve de manera harto precisa y configurativa lo que nos conduce a la presunción. Esto es, si tenemos varios indicios de relativa importancia cada uno de ellos, pero que en conjunto nos conducen al juicio lógico en vía indirecta ya aludido, cabe su utilización; mas cuando estamos en presencia de un único, solitario e impreciso indicio cual es el que el apelante ahora menciona, no puede darse por sentado a partir de él, la presunción favorable a su postura o intereses (confr., también, esta Sala "A", S.D.C. 57/99, exp. 15149). En consecuencia de lo dicho, concluyo que el aparente indicio o comienzo de un indicio emanado del informe de fs. 127/128, no alcanza para poder considerarlo el inicio del camino a la presunción. Por tanto, rechazo esta queja del actor y como lo adelantara, propicio se confirme el rechazo de la sentencia del resarcimiento del daño material pretendido. - - IIIº .- 2º) .- El reclamo del daño moral.

Opino y concluyo que este rubro de la sentencia debe ser confirmado. Analizo primero por obvio la procedencia del daño moral -dada la apelación de la demandada- para luego poder ingresar al monto del resarcimiento. a) - No estoy de acuerdo ni considero de relevancia como iré explicando, la alusión de la demandada al estado de deudor moroso que el Dr. S. tenía con otras empresas o financieras.

Tal circunstancia no empece a su reclamo respecto de la financiera demandada que, percibida la deuda refinanciada, solicitada reiteradamente que corrigiera la información al BCRA del "nivel" del actor, pedida y vuelto a pedir por las cartas documentos que fueran autenticadas por el Correo (fs. 255/270), durante los años 1999 y 2000, recién en Febrero de 2004 cursó al BCRA la información correspondiente, que excluía al actor de su "nivel" de deudor irrecuperable y que el ente V obtendría del sistema VIP que usa para sus registros, tal como se lo informa a fs. 237 -que no fuera objetado por la demandada- que la Sra. Jueza a-quo cita a fs. 408, párr. 3º de su fallo. La juzgadora de origen ha detallado minuciosamente a fs. 406, párr. 4º/ fs. 406 vta./ fs. 407, párr. 1º, los antecedentes del caso y las variadas y reiteradas peticiones del actor en fechas tales como Noviembre/99, Junio/00 y Noviembre/00, a la demandada, para que cursara la información respectiva para excluirlo de los registros del BCRA en el nivel asignado (4 ó 5), que luego llegaba a poder de V. Comentando asimismo las otras comunicaciones cursadas sea al BCRA sea a V tratando de que tuviera solución al problema.

Tales argumentaciones y detalles de la sentencia así como la conclusión de responsabilidad contractual de la demandada han venido a esta sede con firmeza ganada; de esta manera solo cabe remitirse a las mismas y a su fuerza convictiva firme.Surge por lo tanto que el incumplimiento ilícito de la demandada produjo la serie de situaciones mortificantes en grado sumo al actor que veía y hasta constataba por escribana pública (fs. 27/28), en Septiembre/01, que seguía inscripto en V en una condición que por la relación de deudor finalizada con la demandada no correspondía.

Nada tiene entonces que ver que con otras empresas o entes S. tuviera problemas, toda vez que lo que se está juzgando es la conducta de la demandada con el resultado ya resuelto y firmeza ganada. Concuerdo por ello con la a-quo en que estas situaciones, allende su situación con otros entes, mortificaron el espíritu del actor y produjeron en su ánimo las condiciones del agravio moral que integran el concepto de daño por este concepto y que debe ser reparado como lo peticionara. Recordemos que el resarcimiento del daño moral en materia contractual presupone el incumplimiento y su estimación debe tener en cuenta los intereses extrapatrimoniales afectados como consecuencia inmediata y necesaria de ese incumplimiento que autoriza al resarcimiento del daño moral conforme los Arts. 520 y 522, este en su texto por la Ley 17.711 (confr., CNCiv., Sala "A", voto del Dr. Zannoni, 23/10/86, L.L., 1987-A-601). En esto es remarcable las intensas gestiones que el actor llevó a cabo para llegar a la solución de un problema -su inclusión vía BCRA en V-, del cual ya no era responsable luengo tiempo atrás al haber cumplido con sus obligaciones; sin que por ello mediara de parte de su ex acreedora la diligencia mínima para cumplir con lo que debía llevar a cabo, haya sido por dolo haya sido por culpa.

La procedencia del daño moral en los casos de incumplimiento contractual, no está limitada a los supuestos en que ha mediado dolo, pues no resulta del Art. 522 C.C. discriminación que admita sustentar tal restricción a su ámbito (confr., CNCiv., Sala "B", 11/8/81, J.A., 1982-Iº-498; CNCiv., Sala "C", 3/12/98, D.J., 1999-2-1019). - - Con este enfoque y a tenor de las constancias fácticas reseñadas, estimo que la reparación por daño moral sentenciada estuvo ajustada a derecho.

Porque el análisis de la procedencia de la reparación del daño moral en estos casos, no debe centrarse en la persona del incumplidor sino en la del no culpable, a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo del mismo pudo producir el incumplimiento contractual. Y considero que en el sub-examen la mortificación y gravamen al concepto, sentimientos, molestias y demás elementos que configuran el concepto de daño moral en la persona del actor, han quedado probados por los antecedentes citados.

En ello no puede dejar de evaluarse que de una deuda abonada en Septiembre/00, según informe de fs. 300, tuvieron que pasar casi tres (3) años -a Febrero/04, como surge de fs. 237-, para que mediante la información respectiva de la demandada al BCRA y de allí a V, finalizara la inscripción de S. como deudor irrecuperable o moroso en grado sumo con la financiera demandada.- b) - Y en el monto fijado ($ 25.000), considero que no resultan procedentes ni el agravio del actor ni la queja de la demandada, solicitando el primero la elevación de la suma fijada y la segunda su reducción.-- En un tema tan álgido -en su sentido de dificultoso o complicado- como la fijación del monto resarcitorio del daño moral, siempre es por ello harto difícil el fijar criterios que traten de dirimir el punto.

Que llevan a la necesidad de analizar cada supuesto y en cada caso sus especiales características. Si bien es cierto que en pronunciamientos de naturaleza parecida al presente (confr., p. ej., esta Sala "A", S.D.C. 01/04, exp. 19026; S.D.C. 14/05, exp. 18550), hemos entendido ajustado a derecho una suma menor a la aquí sentenciada, en conflictos por privación de S.o telefónico, opino y me persuado que en el sub-examen no puede dejar de evaluarse el más que dilatado plazo en que la demandada, habiendo percibido su deuda, demostró total desinterés en liberar al actor de su anotación como deudor moroso en el BCRA que llevaba al registro posterior en V, lo cual lleva a su conducta ilícita y que origina la obligación de reparar el daño como lo explicara en el punto anterior.

Las molestias, desánimo, mortificación del Dr. S. por la situación especial con la demandada, en su esfera personal y privativa de sentirse afligido, tuvieron un dilatado lapso de duración, sin ingerencia de su parte, que me lleva a entender que la cifra fijada de $ 25.000 es adecuada al caso en análisis. Por ello propongo al colega el confirmar la procedencia del daño moral a resarcir por la suma que se fijara en el fallo apelado.

A abonar al actor en el plazo indicado y con los intereses a computar como lo indica el decisorio apelado, desde el 11/11/1999 hasta su efectivo pago, inicio de cómputo que ha venido también con firmeza ganada a esta sede. - - Respecto de los intereses existe agravio del actor (431 vta.), que debe ser atendido como paso a hacerlo. - IIIº .- 3º) .- Tasa del interés. - No veo motivo para apartarme de la aplicación de la denominada "tasa activa", esto es la que determina y aplica el Banco del C para sus operaciones de descuento, pero sin aplicación del tope que ha establecido la Sra. Jueza a-quo en su sentencia (2 %, cuando en algún período se la superase), por entender la aplicación que podemos llamar "directa" como usuraria.

Por lo cual discrepo -con respeto- de su criterio y me reafirmo en lo que hemos decidido desde hace ya largo tiempo a partir del antecedente primero sobre el tema, que fuera la S.D.L. 194/94, exp. 11352. Desde aquel pronunciamiento liminar, extendido luego de los casos laborales a los civiles, sea responsabilidad contractual o extracontractual, hemos opinado que es más ajustado a derecho resarcir los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación del deudor con la tasa activa de interés.

En el origen el tema fue decidir si se aplicaba la tasa activa o la "pasiva", inclinándonos con reiteración uniforme hasta la fecha, que correspondía aplicar la "activa". Hoy tenemos la cuestión de si la tasa "activa" debe contener algún tope, como lo ha fijado la Sra. Jueza a-quo.

Entiendo que no y ello por -prácticamente- las mismas razones por las cuales no aceptamos la aplicación de la tasa "pasiva" en su momento. Para ello debe aquilatarse como lo hace Barbero en "El interés moratorio en las obligaciones civiles" (L. L. 1996-C-1165), que el razonamiento de aplicar la tasa pasiva - ahora sería la aplicación del tope del 2 %-, se hace en base al interrogante de porqué debería recibir un acreedor un interés (activo) que ninguna institución financiera le hubiera pagado por su capital en caso de haber recibido puntualmente su dinero.

Mas esto sin plantearse que existe un interrogante paralelo de porqué debería obtener (o retener) el deudor una suma de dinero por todo el tiempo de la mora, a un interés por el cual jamás habría podría hacerse de tal capital y que solamente pudo conseguir por su incumplimiento. O en otros términos contestar el interrogante de porqué el dinero obtenido mediante una omisión contraria a derecho, obliga a pagar un interés más bajo que el resultante de convenciones usuales y lícitas.

Comparto dicha opinión que tiene su razón de ser en el concepto de los intereses moratorios. Pero acotando ahora que los intereses de los daños ocasionados por un delito o por un cuasidelito se extienden y devengan desde la misma causación del daño. Los Arts. 1077 y 1078 del C.Civil lo establecen así claramente para los delitos, aplicándose en los casos de cuasidelitos la norma del Art. 1109; produciéndose la mora automática ("ex re") desde el momento mismo del evento como lo especificara el codificador en su nota al Art.509, párr. 2do. (confr., esta Sala "A", S.D.C. 39/00, exp. 16429).-- - Es que los intereses moratorios, como en el caso, que se agregan al capital de condena, constituyen la indemnización consiguiente al estado de mora del deudor, que son debidos aunque no se los hubiera pactado por cuanto y precisamente atienden a la satisfacción del perjuicio causado al acreedor por la mora del deudor (confr. Belluscio y otros, "Código Civil....", Ed. Astrea, Tomo 3, pág. 123, Art. 622).

En el supuesto de mora, el acreedor se encuentra liberado de producir la prueba del perjuicio pues se presume legalmente la relación de causa entre el perjuicio y el incumplimiento, derivada de la fórmula imperativa " el deudor moroso debe los intereses" contenida en el art. cit. (confr .Belluscio, op. cit. pág.130, íd. Art.).

Es el resarcimiento debido a quien, ante el incumplimiento de su deudor, debe obtener la suma adeudada abonando por ello un interés, o se ve privado de la posesión de la misma para utilizarla en su provecho por el modo que fuere. Lo que se resarce entonces con el interés es la privación a que el acreedor se ve llevado y constreñido ante el incumplimiento de la obligación e la cual es titular. Esta es la postura uniforme sobre el tema, con sustento en los Arts.505, 508, 519, 622, 1068, 1069 C.C., y en la analógica aplicación del Art.565 del Cód. de Comercio, apoyada por la doctrina (confr. Lafaille, "Tratado de las Obligaciones", Ediar 1950, IIº? 164; LLambías,"Obligaciones", Ed. Perrot, 1970? II?224/225).? Considerando por lo tanto los elementos en juego es que en el citado precedente de la S.D.L. 194/94 -atendiendo al ya expresado concepto de los intereses moratorios ? decidimos que la tasa que el Banco del C S.A. percibe por sus operaciones de descuento, es la que más se adecua a la realidad del mercado y al objetivo procurado por tal tipo de interés.

Extendida posteriormente, cual lo adelantara, a créditos como el debatido en esta causa (confr., entre otros, S.D.C. 15/98, exp. 12886; mi voto en S.D.C. 28/98,exp. 12765, Sala "B"). En tal doctrina se ha merituado también que la situación del acreedor judicial no es la de un inversor. Aquél que deposita por su voluntad una suma de dinero en una institución bancaria, acepta privarse de su capital para recibir un beneficio que se expresa con la tasa pasiva.

Por el contrario, el acreedor judicial no es libre de usar su dinero por cuanto el mismo le está siendo retenido por su deudor. Aceptar que el deudor moroso pague solo la tasa pasiva, o cual lo fijara el fallo apelado con un tope, equivale a una suerte de facultad expropiatoria sobre su acreedor, por un precio similar al que el titular del crédito hubiera obtenido si voluntariamente se hubiera privado de utilizar su dinero al depositarlo en un banco, pero sin compensarle la evidente pérdida de su libertad económica por encontrarse imposibilitado durante la mora de decidir por sí mismo el destino de su dinero, debido a la retención que por ella le está efectuando el deudor de la obligación de dicho capital. Resultando presumible que a partir de la mora el acreedor debió someterse para poder utilizar el capital de que se vio privado a las tasas del mercado, o utilizar otro capital destinado primariamente a otros fines, o acudir a fuentes de financiación no bancarias con tasas también harto presumiblemente superiores a las del mercado, el modo más equitativo y racional es indemnizarle su daño por la mora con el pago por el deudor de la tasa activa sobre el capital adeudado.? Por estas razones, expuestas originalmente respecto al confronte tasa activa con tasa pasiva, pero que hoy entiendo totalmente aplicables al tope establecido en la sentencia, entiendo y opino que aceptar tal tope fijado en el fallo en crisis no es ajustado a derecho y debe aceptarse el agravio del actor, estableciendo que la suma a abonarle por el rubro que prospera, deberá ser aplicando la tasa del Banco del C S.A. para sus operaciones de descuento, sin aplicación de tope alguno. Así lo propongo en este nuevo estudio y análisis del tema de la tasa de interés. IIIº .- 4º) La imposición en costas de la instancia de origen. Agravio específico de la demandada (fs. 441/442), lo enuncia liminarmente con su expresión de seguridad tocante a que, como la sentencia será revocada en lo que otorgara al actor, las costas de esa instancia serán aplicadas al demandante. - Renglón seguido -suponiendo que medie confirmación del fallo apelado-, pide que las costas sean impuestas en la proporción que la demanda prosperase; con esta única y solitaria mención. Encuentro que la recurrente no aduce ni expone razones o argumento alguno para la queja que formula; no explica ni menciona en qué antecedentes o situaciones de la litis se basa para la petición que efectúa en el tema, no dice porqué entiende equivocado el criterio del fallo apelado en la imposición de las costas, ni formula en suma la crítica concreta y razonada al aspecto que apela que le impone la regla ritual del Art. 265 del CPCC. para la suficiencia técnica de la apelación interpuesta, lo cual involucra tener por desierta la misma (Art. 266, cód. cit.). Al respecto de la deserción del recurso de apelación tenemos ya establecido que los agravios -en el aspecto o asunto que fuere- deben contener la impugnación concreta de los argumentos del Juez, el examen crítico de sus proposiciones y las razones expresas y fundadas por las que el apelante considera la decisión errónea en el punto que fuere.

Pero esto abarcando siempre los argumentos tenidos en cuenta para sentenciar el aspecto en cuestión, ya que la falta de ataque a uno de ellos basta para la insuficiencia de la vía recursiva, al no realizarse la crítica concreta y razonada que exige la ley ritual para abastecer el recurso.

De allí que cuando no hay una impugnación concreta de alguna de las motivaciones básicas de un aspecto de la sentencia recurrida -como sucede en la especie-, deviene insuficiente la expresión de agravios (confr., SCBA.,Ac. y Sent.,1957?II?39; íd.1963?I?359, fallos y doctrina citados por Morello y otros en "Códigos Procesales...", Lib. Ed. Platense?Abeledo Perrot, 1988, Tº IIIº, pág.336/337).

En consecuencia de ello y al desproveerse a la Alzada de los elementos necesarios para el confronte básico del remedio apelatorio, entre los fundamentos del juez anterior y las argumentaciones de quien solicita la revocación del decisorio, se configura la deserción del recurso por insuficiencia técnica como ya lo hemos decidido en numerosos pronunciamientos similares (confr. S.D.C. 40/96, exp. 12032; S.D.L. 95/94; 29/97, exp. 12284; esta Sala "A", S.D.L. 21/98, exp. 12937; 41/98, exp. 12996; 95/98, exp. 13595; 114/98, exp. 13701, 26/99, exp. 14702, 57/99, exp. 15158; 38/01, exp. 17437, entre tantas otras)? Por ello concluyo que el agravio de la demandada debe ser declarado desierto en los términos de la normativa ritual ya aludida. Conclusiones. - Concluyo en que la sentencia apelada debe ser revocada parcialmente, estableciendo que la suma fijada en resarcimiento del daño moral, debe contener intereses a la tasa del Banco del C S.A. para sus operaciones de descuento, sin tope alguno y confirmándola en todo lo demás que fuera materia de recurso por las partes.

Corresponde establecer la carga de las costas en esta sede, así como los honorarios a regular a los profesionales intervinientes (Art. 279, CPCC.). Dejando de lado por ahora la apelación de sus honorarios que ha efectuado a cabo el representante de la demandada a tratar en la siguiente cuestión. La parte actora, en esta sede, resulta vencedora sólo y únicamente en su agravio tocante a la tasa de los intereses que deben aplicarse al resarcimiento conferido por el daño moral, pero resulta derrotada en todos sus demás agravios de envergadura y relevancia mucho más primordial por referirse al fondo del asunto; lo cual implica la postura gananciosa de la demandada en el trámite y resultado de la vía recursiva.

Estamos nuevamente en la situación de que ambas partes son vencedoras y vencidas en forma recíproca, situación que conlleva a la aplicación del Art. 71 del CPCC..

Pero tal vencimiento recíproco o a la inversa triunfo en la apelación, tienen contenido diametralmente distinto en lo atinente a la litis entablada y su resultado final, donde en definitiva la actora obtiene la modificación de un aspecto de un punto accesorio del fallo dictado, pero persiste en su situación de derrotada en todo lo demás. - Este resultado me lleva en aplicación del art. cit., a proponer al colega que las costas de Alzada sean distribuidas imponiendo el 60 % de las mismas a la parte actora y el 40 % restante a la parte demandada. En cuanto a los honorarios profesionales, atendiendo a la tarea realizada, importancia, mérito y resultado (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. de la Ley 2.200), estimo que deben fijarse en las sumas equivalentes al porcentual de un 28 % -en conjunto- para los Dres. J J S. y J F, así como en el porcentual del 27 % para el Dr. J F C, de los honorarios que resulten a sus respectivos favores por sus trabajos en la instancia de origen.

A los cuales deberá adicionarse el IVA (Leyes 23.349/23.871). A ESTA MISMA CUESTION, dijo el Dr. Ferrari: I. La reseña efectuada por el Dr. Manino, tanto respecto de los antecedentes que informan el caso cuanto de las cuestiones traídas a decisión del Cuerpo, torna innecesario abundar sobre dichos tópicos, por lo que me pronunciaré directamente acerca de los motivos de agravios expresados por los apelantes que conforman la materia decisoria en esta Alzada.- II. El daño material reclamado: - Ya el colega preopinante se ha explayado en los aspectos conceptuales que rigen en punto al onus probandi, y en verdad nada novedoso podría agregar al respecto, por cuanto dichos principios están fuera de toda discusión. - Así, pues, dado que se hallaba en cabeza del interesado la carga de demostrar la existencia del hecho controvertido afirmado por su parte -provocación de un daño material por inconducta contractual de la demandada (conf. art. 377, C.P.C.C., su doctrina y jurisprudencia)- un detenido repaso de las constancias causídicas permite comprobar que no logró coronar dicho cometido.

En efecto, de las secuencias procesales observadas se desprende en primer lugar que, ante el hecho controvertido que daría base a la pretensión bajo análisis, el actor no aportó ninguna probanza directa para brindar convicción al respecto.

Por otra parte, en cuanto al valor indiciario que el recurrente procura atribuirle al informe copiado a fs. 25 (presentado como prueba documental N° 14), el examen de dicha documental indica que la misma está seccionada justo por debajo de la primera línea de "Observaciones", impidiendo tener certeza acerca de si el citado informe incluía o no otras referencias a continuación.

Esto último no resulta descartable, siendo que del propio texto de la carta documento cursada al efecto por el peticionante (fs. 25 - documental N° 15) se alude a un rechazo por "informes desfavorables" -esto es, en plural- tornando cuanto menos probable que el informe del B.C.R.A. incluyera en dicho reporte, asimismo, la situación como deudor en otras entidades, tal como se desprende del informe de fs.278/285 ponderado al efecto por la sentenciante de grado anterior.

Esta circunstancia le resta fuerza indiciaria al elemento instrumental señalado por el apelante, en tanto no aquilata las características previstas en el art. 163, 2do. párrafo, C.P.C.C. como para erigir sobre sus constancias una presunción con suficiente fuerza persuasiva, según las reglas de la sana crítica racional (conf. art. 386 C.P.C.C.; su doctrina). En este mismo orden de ideas, coincido con la apreciación del Dr. Manino en cuanto a que el actor tuvo la ocasión y los medios idóneos para aportar probanzas concretas acerca de los hechos constitutivos de la alegada frustración de esa "chance".

En ausencia de tales elementos, considero que no resulta posible extraer una convicción a partir de la conducta procesal de las partes, conforme lo argumenta el apelante en su pieza recursiva, pues aun cuando se tuviera por cierto que la compañía financiera "O" evaluó y desechó la concesión de un préstamo al actor, no resulta posible -en virtud de las razones ya expresadas- atribuir esa consecuencia en forma exclusiva a la conducta de la aquí demandada. - No es que se niegue-al menos en abstracto y en grado de hipótesis probable- que un informe donde se sindica a alguien como deudor moroso tiene aptitud objetiva para frustrar la "chance" de obtener un préstamo en otra entidad financiera.

Lo que en la especie impide acoger este aspecto de la pretensión es la imposibilidad de verificar una adecuada relación causal entre la omisión de V S.A. y la frustración del préstamo que aduce haber gestionado el actor con "O", por las circunstancias concurrentes ya apuntadas.

Es que, como lo señala con todo acierto Matilde Zavala de González, el daño resarcible no consiste en la lesión misma a un bien jurídico determinado, sino en sus efectos concretos, por lo que hay daño material si el resultado es antieconómico y daño moral si el resultado es antiespiritual (conf. aut. cit., "Resarcimiento de daños" - t. 2ª - pág. 38 y ss. - Hammurabi, 1996).

De tal manera, aunque la omisión que se le imputa a la demandada sea antijurídica y reprochable, no es posible conectarla con ese concreto resultado material invocado por el postulante, según las reglas de causalidad adecuada, dada la interferencia coetánea de otras circunstancias concomitantes con aptitud para influir en la opinión de terceros acerca del crédito y solvencia del aquí demandante.

Idéntica línea de razonamiento conduce a desestimar asimismo la frustración de las otras posibles "chances" a las que se alude genéricamente en la pieza recursiva. En primer lugar, por cuanto, debido su indeterminación, no se han podido identificar como un daño patrimonial concreto.

Mas a todo evento, aun para el caso de que se demostrara su hipotética existencia, a mérito de lo expuesto anteriormente, no existe modo de imputar a la demandada responsabilidad contractual alguna a su respecto, en tanto no sería posible relacionar las mismas como una consecuencia del hecho reprochado, en conexión directa e inmediata con él (conf. art. 519, 520 y conc. C. Civil - su doctrina - ver Llambías, J.J. - "Código Civil anotado" - t. II-A - pág. 168 y ss., Ab. Perrot, 1979; entre otros).

A mérito de lo expresado, comparto la opinión del magistrado prevotante en cuanto a que este aspecto del fallo merece ser confirmado. - III. El daño moral: Distinta es la repercusión que esa misma omisión de la demandada produjo en el plano extrapatrimonial del actor.

Así, a pesar de lo argumentado por la demandada también apelante en el sentido de que dicho daño no ha sido probado en autos, considero que la injustificada demora de V S.A. en regularizar la información referida a la situación del actor cuando éste ya había cancelado su deuda, pese a las comunicaciones cursadas en tal sentido -debidamente acreditadas en el proceso-, tuvieron aptitud objetiva para producir este agravio moral, sin que sea dado exigir mayores probanzas para demostrar su existencia. - Sobre el punto, creo necesario señalar que aquí no influye la coexistencia o no de otras situaciones de mora y/o informes coetáneos, ya que aun si así fuere, lo cierto es que la demandada no acreditó ningún motivo que justificara su reticencia a obrar con cuidado y previsión en dicho trance, es decir, conforme correspondía a un cocontratante diligente y de buena fe (conf. art. 1198, primera parte, C.Civil - su doctrina).

Esta situación es claramente injusta y -lo reitero- carece de toda dispensa, ya que no existió ninguna razón plausible para que V SA incurriera en tal omisión; sobre todo, a partir de habérsele efectuado reiterados reclamos destinados a que cesara la situación planteada.

Así, desde el punto de vista personal, no puede ponerse en duda la aptitud de dicha conducta para producir una ofensa a los genuinos sentimientos del actor, siendo que, como bien lo define Matilde Zavala de González, el daño moral es una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (ob. y tomo cit., pág. 49).

Esa dimensión espiritual a la que se alude está normalmente fuera del alcance de percepción objetiva e inmediata, por cuanto discurre en el fuero interno de cada individuo, pero no por ello deja de tener asiento en la más pura realidad, ya que todos los seres humanos la experimentamos de manera profunda, a punto tal que condiciona todas nuestras conductas externas.

En la especie, el sentimiento de injusticia, la molestia e irritación causadas por la iniquidad e indiferencia reveladas por la actitud de la demandada, al no hacerse eco de los legítimos y repetidos reclamos del actor, es una noción que surge in re ipsa, sin necesidad de aportes probatorios adicionales, ya que la experimentaría por igual cualquier persona que se hallara en su misma situación.

Esto se infiere a partir de los datos objetivos suministrados y según las máximas de la experiencia, que también conforma la sana crítica racional (conf. art. 386, C.P.C.C.; su doctrina y jurisprudencia). Al respecto, bien enseña Rezzónico que el standard jurídico de buena fe no se agota cuando el objetivo perseguido por las partes al contratar ha sido cumplido, ya que puede existir responsabilidad postcontractual cuando no se cumplen ciertos deberes correspondientes a esa etapa.

Ello, por cuanto los deberes de comportamiento derivados de la buena fe tienden también a que, en el tiempo posterior al contrato, ninguna de las partes deba soportar situaciones desventajosas (conf. autor cit., "Principios fundamentales de los contratos" - pág. 529 - Astrea, 1999).

De tal suerte, una vez que el actor había cancelado su obligación, le asistía el derecho a que su liberación le fuera reconocida no sólo por su cocontratante, sino incluso por aquellos terceros que recibían y/o difundían en forma habitual y periódica la información referida a las operaciones financieras de su acreedor, derecho que se enmarca dentro del principio rector contenido en el art. 505 in fine del Código Civil, pues nada justificaba que siguiera figurando públicamente como alcanzado por mora respecto de una deuda ya saldada.- En este mismo orden e ideas, carece de trascendencia jurídica la circunstancia puesta de manifiesto por la recurrente acerca de que el actor incurrió en situación de mora respecto de otros acreedores, ya que aun cuando fuere así, ello en nada morigera ni legitima el incumplimiento de la demandada respecto de su propia obligación postcontractual, ya que, en todo caso, las situaciones mentadas serían a su respecto res inter alios acta y ajenas a su incumbencia, por lo que no la eximen de su concreta responsabilidad en la omisión aquí endilgada. - Lo expresado hasta aquí, sumado a los fundamentos del colega preopinante, justifica la pretensión resarcitoria solicitada por el demandante con sustento en el art. 522 C.Civil, lo cual nos conduce a la cuestión referida al quantum indemnizatorio, objetado en esta Alzada por ambos apelantes. Mucho se ha escrito acerca de la proverbial dificultad que entraña fijar una suma dineraria para compensar adecuadamente este perjuicio.

Al respecto, bien se ha expresado que una vez sufrido, el daño moral es imborrable, de manera que la única reparación jurídicamente posible es la dineraria (conf. Zavala de González, M., ob. y tomo cit., pág. 588).

En este ámbito, la doctrina es conteste en que se trata de un modo imperfecto de compensar el perjuicio, y que la determinación la cuantía no depende mayormente de la sapiencia jurídica cuanto de un criterio de prudencia según la singularidad de cada caso y sus características, a fin de equilibrar el propósito legal -la compensación del daño sufrido- con el medio imperfecto con que se cuenta- el dinero- procurando evitar el riesgo posible de un indebido enriquecimiento de la víctima. Ha de acudirse para ello, con las palabras del maestro Mosset Iturraspe, a apreciar el perjuicio moral causado por el incumplimiento que nos ocupa según el standard de "la intensidad del justo dolor del hombre medio" (autor cit., "Responsabilidad por daños", t. IV, pág. 197 - Ediar, 1986.

También es útil atender a las indemnizaciones otorgadas por el Cuerpo para atender este rubro en diversas ocasiones y por variados motivos, que sirven como pauta comparativa a fin de sopesar en términos pecuniarios la situación aquí planteada.

En este cometido, pues, puede apreciarse entonces que la suma de $ 25.000.- otorgada en la anterior instancia es apta para compensa razonablemente los padecimientos y mortificaciones infligidos conforme a los parámetros ya citados, por lo que también me inclino por confirmar el decisorio en este aspecto, lo que así dejaré votado en este Acuerdo.- IV. La tasa de interés: Agravia al actor la tasa aplicada en el fallo apelado (tasa activa aplicada por el Banco del C S.A. con un tope del 2% mensual para aquellos períodos en que superase dicho porcentaje). Ha reseñado ya el Dr. Manino las argumentaciones del recurrente antes de desarrollar los fundamentos por los que propone su confirmación, y a su respecto no es mucho lo que podré agregar, ya que coincido plenamente con dicho criterio.

Considero que no existen en la especie razones plausibles para apartarnos del criterio largamente sostenido por esta Sala, cuyos lineamientos acaba de exponer el colega preopinante y no tiene caso reiterar en mi voto, en homenaje a la brevedad.

Sólo diré que, en tanto la finalidad de este accesorio es la de compensar las consecuencias emergentes de la mora, no se advierten razones para seleccionar una tasa distinta de la que en forma reiterada y monocorde viene fijando este Cuerpo para casos análogos.

Tampoco considero apropiado considerar que la tasa aplicada por el Banco del C S.A. pueda reputarse "usuraria" a partir del porcentaje señalado por la sentenciante a quo, pues no tengo memoria de que se le haya adjudicado ese carácter a la misma hasta hoy en estos tribunales, y de así calificarlos inaudita pars, ello implicaría una intromisión en la política financiera de dicha institución bancaria, con imponderables consecuencias prácticas, siendo que por otra parte la misma ni siquiera ha podido ser oída en juicio a este respecto, con virtual lesión al derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional (art. 18, Const. Nacional). V. Las costas de primera instancia: Coincido plenamente con la opinión del señor Vocal preopinante. La solitaria expresión del recurrente en el sentido de que, en caso de confirmarse el fallo apelado, "las costas sean impuestas en la proporción en que la demanda prosperare" no satisface las exigencias mínimas previstas en el Rito para constituir, desde el punto de vista técnico, una crítica concreta y razonada de este aspecto del decisorio.

Al respecto, la Sala ha dicho en repetidos precedentes que la expresión de agravios debe consistir en una articulación seria, que patentice concreta, objetiva y fundadamente los pretensos errores del fallo recurrido, demostrándolo punto por punto, circunstancia que, como fuera dicho, no reúne la pieza recursiva en el apartado destinado a este tópico, debiendo en consecuencia declararse la deserción parcial del recurso de apelación en este aspecto, conforme a la clara directriz del art. 266 del C.P.C.C. (esta Sala SDC.18/99; entre mucho otros). Por otra parte, ya a mayor abundamiento, puede apreciarse que la distribución efectuada con base en el art. 71 C.P.C.C. se compadece con el resultado registrado en la litis, ya que prosperó una de las dos pretensiones incoadas, lo cual implica un vencimiento parcial y mutuo, sin que influya en ello el monto por el que se acogió el daño moral, ya que más allá de la estimación de la parte, su cuantificación económica, en definitiva, debe ser ponderada por el juzgador en base a las circunstancias particulares de cada caso, conforme se ha expresado anteriormente. VI. Como síntesis de todas las consideraciones precedentes, comparto la resolución propuesta por el Dr. Manino -que doy aquí por reproducida, brevitatis causae- y también la distribución de las costas que corresponde efectuar por las actuaciones cumplidas en esta Alzada, atendiendo al resultado de las respectivas apelaciones (conf. art. 71, C.P.C.C.), a fin de que sean soportadas en un 40% por la parte demandada y en el 60% restante por cuenta de la parte actora.

Participo asimismo de las retribuciones propuestas para los letrados intervinientes en esta sede, ya que las mismas se compadecen con la extensión, complejidad y eficacia de las tareas realizadas y los resultados obtenidos en cada caso, conforme a las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200). Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. A la SEGUNDA CUESTION expresó el Dr. Manino: El letrado apoderado de la demandada apela los honorarios regulados a su favor en la sentencia de origen. Luego de tratar la cuestión de haberse considerado sus emolumentos como letrado, adicionando el porcentual de su actuación como apoderado, fijando un 15,4 % del monto del proceso a establecerse, para luego en el punto 2º del resolutorio establecer el honorario en un 15 % -situación que motivara su aclaratoria de fs. 412, resuelta a fs. 420 fijando el 15,4 %-, impugna mediante su recurso propio de fs. 414/417 la regulación efectuada, entendiendo que los honorarios regulados son reducidos y sin proporción con lo regulado a los profesionales que actuaran por la parte actora, el Dr. S. en causa propia y el Dr. F como patrocinante, en un 7,5 % para cada uno, lo que involucra un 15 % en total.

Con lo que por un lado establece que se le han regulado honorarios sin tener en cuenta el porcentaje de su procuración (Art. 9 de la Ley 2.200 que estima en el 40 %), además de que aun adicionando el porcentual por procuración, el porcentual final resultante no es acorde con su tarea cumplida en la causa.

Para lo cual analiza el monto reclamado en la demanda ($ 700.000 en total por ambos rubros de daño) y que al fijarse solamente $ 25.000 por el rubro daño moral con rechazo del daño material, la demanda ha progresado en una ínfima parte; lo cual involucra que su actuación en defensa de los intereses de la demandada, merece una retribución mayor a la ya citada del 15,4 %. - Entiendo que le asiste la razón al profesional recurrente.

Su actividad en la causa ha tenido por objeto la defensa integral de la demandada en las pretensiones deducidas de las cuales progresa una sola y por un monto muy inferior al reclamado. Esto debe ser reflejado en la retribución del trabajo llevado a cabo, con tareas no solamente de letrado sino también de apoderado que no aparecen contempladas en la regulación apelada. - Considerando la tarea cumplida y las pautas arancelarias de la Ley de arancel ya citadas (Arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 y concs. de la Ley 2.200), soy de opinión que en mérito a lo expuesto deben regularse sus honorarios de la sede de origen en las sumas equivalentes al porcentual del 17 % como letrado patrocinante, adicionando el 40 % como apoderado, lo cual conduce a que sus honorarios en aquella sede deben ser fijados en total a la suma equivalente al porcentual del 23,8 %. Voto entonces esta cuestión por la AFIRMATIVA.

A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: También habré de acompañar al magistrado prevotante en esta propuesta. En efecto, atendiendo a la naturaleza de la cuestión litigiosa, su relativa complejidad y extensión y la repercusión moral y jurídica de fallo, debe considerarse que la tarea desplegada por la representación letrada de la parte demandada aquilata una retribución más elevada, por cuanto la fijada en la instancia de origen no compensa adecuadamente dichos aspectos.

En consecuencia, participo de la opinión vertida por el Dr. Manino en el sentido de que se eleve el porcentaje regulado al 17%, con adición del 40% por la procuración (conf. arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 y conc., Ley 2.200), lo que así dejo votado. A la TERCERA Y ULTIMA CUESTION dijo el Dr. Manino: Visto el acuerdo arribado, corresponde: - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, estableciendo que la suma fijada en resarcimiento del daño moral, debe contener intereses a la tasa del Banco del C S.A. para sus operaciones de descuento, sin tope alguno; y CONFIRMANDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso; MODIFICAR la regulación de honorarios del Dr. J F. C de la sede de origen, fijando sus emolumentos por sus trabajos en dicha sede en la suma equivalente al porcentual del 23,8 %;

IMPONER las costas de Alzada en un 60 % a cargo de la parte actora y en el 40 % restante a cargo de la demandada; REGULAR los honorarios por las tareas en esta sede, en las sumas equivalentes al porcentual de un 28 % en conjunto para los Dres. J J S. y J F, así como en el mismo porcentual del 27 % para el Dr. J F C, de los honorarios que resulten a sus respectivos favores por sus trabajos en la instancia de origen; - DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA.

ASI LO VOTO.

A LA ÚLTIMA CUESTIÓN, terminó diciendo el Dr. Ferrari: Tal como ya lo he anticipado, comparto la resolución propuesta por el Vocal preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico. Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por excusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Carlos A. Velázquez (art. 8 Ley 1130, To. Ley 4550). - Trelew, 05 de julio de 2006 En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; por mayoría, pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: - REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada, estableciendo que la suma fijada en resarcimiento del daño moral, debe contener intereses a la tasa del Banco del C S.A. para sus operaciones de descuento, sin tope alguno; y CONFIRMANDOLA en todo lo demás que fuera materia de recurso; MODIFICAR la regulación de honorarios del Dr. J F. C de la sede de origen, fijando sus emolumentos por sus trabajos en dicha sede en la suma equivalente al porcentual del 23,8 %; - IMPONER las costas de Alzada en un 60 % a cargo de la parte actora y en el 40 % restante a cargo de la demandada; REGULAR los honorarios por las tareas en esta sede, en las sumas equivalentes al porcentual de un 28 % en conjunto para los Dres. J J S. y J F, así como en el mismo porcentual del 27 % para el Dr. J F C, de los honorarios que resulten a sus respectivos favores por sus trabajos en la instancia de origen; DISPONER que a todos los honorarios deberá adicionarse el IVA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - J HUMBERTO MANINO REGISTRADA BAJO EL Nº 30 DE 2.006 - SDC.- Conste.-