Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-16


En la ciudad de Trelew, a los 16 días de marzo del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia a cargo del Dr. Juan Humberto Manino y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "INCIDENTE DE APELACION en autos: "C., J. F. c/ PROVINCIA DEL CHUBUT s/ HABEAS DATA" (Expte. nº 21094 - año: 2006).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 23.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez expuso:

I.- La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la pretensión de hábeas data incoada, condenando a la Provincia del Chubut a que actualice el dato referido a la prisión del actor que aparece en el sitio informático oficial, haciendo constar allí que el mismo se halla gozando actualmente de los beneficios de la libertad condicional.

Apeló la demandada ese decisorio expresando contra él, en síntesis, los siguientes agravios:- A) es inaplicable al caso la ley 4.244, fundamento del fallo, pues por disposición de su art. 2 inc. "b" ella no rige respecto los registros o bancos que se ciñan a reproducir datos ya publicados en diarios y, precisamente, en la especie la información sobre el actor había sido dada a conocer por el diario local "xx", circunstancia esta que, contra lo afirmado por el "a quo", no era carga de la demandada acreditar en tanto no medió sobre ella controversia sino conformidad de ambas partes.- B) también el subexamen queda excluido del ámbito de la referida ley 4.244 por darse el supuesto de excepción previsto en su art. 2 inc. "d", toda vez que el dato del actor aparece como noticia en un espacio periodístico publicado por la Dirección de Prensa de la Provincia, no distinto a las ediciones "on line" de cualquier diario, y no en una base de datos.

C) el sentenciante falló "extra petita", pues condenó a actualizar la información cuando el actor había peticionado la supresión de la información.

II.- Concuerdo con la recurrente en que no requería de prueba el dato fáctico de la publicación de la información sobre la condena penal del actor y su exoneración de la Administración Pública en el diario "xxx" con carácter previo a su difusión en la página "web" de la Provincia del Chubut.

Si ambas partes coincidieron en él (fs. 10 y 25), a su respecto operó la figura procesal de la admisión con su característico efecto de relevar de la prueba de los hechos por ella recogidos, ya que la necesidad de probar acaece en relación a los hechos acerca de los cuales no hubiese conformidad entre los litigantes (arts. 330 inc. 4°, 356 inc. 1°, 359, 360 C.P.C.C., 23 de la ley 4.244 y 16 de la ley 4.572; confr.: Morello y otros, "Códigos Procesales...", 1era. ed., V-10).- Mas sólo hasta allí alcanza mi acuerdo con la apelante en la argumentación de este primer agravio.- Es que, a mi ver, la publicación previa de dicha información en el diario "xxx." no ha configurado el supuesto de aplicación de la norma del art. 2 inc. "b" de la ley 4.244 y no es dado sobre tal cimiento excepcionar al régimen general de la mentada ley de hábeas data.

Según dicho precepto la normativa aludida no rige respecto de los registros o bancos "que reproduzcan datos ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales" (el resaltado me pertenece); el adjetivo oficiales califica no sólo al sustantivo repertorios que inmediatamente le precede, sino también a los anteriores boletines y diarios. Desde que el medio periodístico "xxxx" no es oficial, sino de índole privada, ausente está en la especie un requisito de aplicabilidad de la norma de excepción al régimen general.- Por lo demás, la página "web" de la Provincia del Chubut no es un registro ni banco dedicada a reproducir datos ya difundidos. Pero esto nos conduce ya al segundo de los agravios expuestos por la apelante.- II.- Hallo razón a la recurrente en esta segunda impugnación.

Poco interesa en verdad el formato o soporte en que aparezca que la información cuestionada -en el caso a través de una página "web"-, pues de todas maneras quedaría comprendida en la definición amplia que de archivo, registro, base o banco de datos hace el art. 2 de la ley nacional 25.326 (confr.: Palazzi, "La protección de los datos personales en la Argentina", Errepar 2004, pág. 17, n° 2,3), normativa de orden público esta que en sus capítulos I a IV tiene el carácter de legislación común o de fondo y es aplicable entonces en todo el territorio nacional (art. 44 de ella; confr.: Gils Carbó, "Régimen legal de las bases de datos y hábeas data", Ed. La Ley 2001, págs. 56/58, n° 3.6).

Pero lo que no puede faltar para que la que la protección al derecho resulte aplicable es que el dato personal se encuentre incorporado a un registro o banco. Así lo establecen en idénticos términos tanto la Constitución Nacional (art. 43 párr. 3°) como la Provincial (art. 56) y, coincidente con ellas, el art. 1° de la ley provincial 4.244 que se refiere a los datos que "obren en registros o bancos de datos".

No constituye un registro ni un banco de datos una publicación periodística, aun que sea oficial, que difunde información sobre la gestión de gobierno, allende que en ella aparezca algún dato personal, como en el caso el de un ex-agente público penado y exonerado.

Por definición legal archivo, registro, base o banco de datos -indistintamente- es "el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento" (art. 2 de la ley 25.326); en el campo de la administración de datos, por archivo se entiende una colección de registros relacionados (Falcón, "Hábeas data y agencias de informes", en Revista de Derecho Procesal, To. 5, Rubinzal - Culzoni 2000, pág. 186).

Tales definiciones hacen hincapié en el "conjunto", la "colección" de datos, todos "relacionados" entre sí, "organizados", características ausentes en una publicación periodística.- Divulgar información -que no es lo mismo que compilar en un banco o base los datos informados y procesarlos- se enrola en la actividad de los medios de difusión y no da ocasión para buscar su enmienda, actualización o supresión por la vía del hábeas data, específica para los supuestos de datos asentados en registros, archivos, bases o bancos.

Si el actor entendía menoscabados sus derechos, hubo de buscar el remedio a través de los senderos que la legislación relativa a los medios de prensa ponía a su disposición.

Con particular referencia a supuestos como el de autos se ha sostenido "que el hábeas data no es la vía idónea para impedir la difusión del dato penal (o judicial), en la medida que las actuaciones judiciales no son bases o bancos, ni archivos o registros, y aun a pesar de la existencia de registro de sentencias (cfr. Art 17, inc. 2°, ley 25.326)" (confr.: Gozaíni", "Hábeas data - Protección de datos personales", Rubinzal - Culzoni 2001, pág. 145).

III.- Por las razones expuestas propondré revocar la sentencia apelada, a fin de rechazar en todas sus partes la pretensión de hábeas data deducida por J. F. C. contra la Provincia del Chubut -lo que tornará abstracto ocuparse del tercer agravio de la recurrente-, con costas de ambas instancias al actor finalmente vencido en ellas (arts. 17 de la ley 4.572, 23 de la ley 4.244 y 279 C.P.C.C.).

Por imperio del recién citado art. 279 C.P.C.C. ha de adecuarse a este nuevo pronunciamiento la regulación de honorarios practicada en el grado de origen. Ante la extensión, calidad y resultado de las labores profesionales cumplidas, corresponderá fijar los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena, Cesar J. Ayala, Eduardo A. Fernández Lubo y Ricardo D. Furci en las sumas respectivas de $1.000, de $270, de $90 y de $500 (arts. 6 incs. "b" a "f", 9, 10, 13, 36, 39 del dec.-ley 2.200 y 20 de la ley 5.117).- Para remunerar las tareas profesionales de alzada y vista la calidad y extensión de ellas, propiciaré regular los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena y Cesar J. Ayala en las sumas respectivas de $ 350 y de $125 (arts. 9, 13, 14 dec.-ley cit.).- Me expido pues en esta cuestión POR LA NEGATIVA.- A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Manno. Manifestó:

En base y mérito a la reseña que ha llevado a cabo el Sr. Magistrado preopinante del fallo de origen y de los agravios de la demandada en su apelación, razones de brevedad procesal autorizan a que me remita a la misma.

En ello tampoco es ajeno que comparto en un todo la solución que para el caso propone el colega de Sala, pues también es mi opinión que la sentencia apelada debe ser revocada rechazando la demanda de "habeas data".

Trataré por lo tanto en forma directa las quejas de la demandada para cumplimentar con la manda constitucional del voto fundado; aunque fuerza es reconocer que bien poco es lo que puede agregarse al voto que antecede, razón por la cual necesariamente he de reiterar conceptos ya vertidos.- 1º) .- Es cierto lo que aduce la recurrente sobre la no necesidad de probar el dato fáctico de haberse publicado en el diario "xxx" la información sobre la condena penal del actor y su exoneración de la Administración Pública, en forma previa a su publicación en la página "web" de nuestra Provincia. Si por las manifestaciones de fs. 10 y 25 en este aspecto coincidieron las partes, se produjo en la causa la figura procesal de la admisión que lleva al relevo de la prueba necesaria.

Los hechos que deben ser probados son aquellos que negados se transforman en hechos controvertidos y la publicación en el diario citado no fue negado sino aceptado, por lo cual innecesaria era la prueba de tal circunstancia.- Pero, concordando con el Dr. Velázquez, tal publicación en un medio periodístico local, no configuró la aplicación del Art. 2 inc. "b" de la Ley 4.244 de nuestra provincia. La norma aludida se refiere a registros o bancos "oficiales" que como adjetivo califica a los sustantivos "repertorios" o "boletines" o "diarios". Dado que el diario "xxx" no es una publicación oficial no es de aplicabilidad la excepción que contempla la norma.- 2º) .- La página web del gobierno provincial no es, en mi opinión un registro o banco dedicado a reproducir datos ya difundidos. Y esto conduce a que la segunda de las quejas de la demandada lleva la razón en derecho y debe ser aceptada.- Es una publicación similar a la que puede observarse, en materia informática, llevan a cabo diarios de circulación nacional o provincial. Informan, pero no se encuentran organizados para difundir datos o proveer informes.

Si la acción de "habeas data" tiene por objeto tomar conocimiento ("vengan los datos..."), actualizar, o exigir la supresión o rectificación de datos o información de un sujeto, existentes en bancos de datos públicos como privados, siempre y cuando estos últimos estén destinados a proveer informes (confr., C. Fed. Ap. B. Blanca, 18/1/95,L. L., 1996-A-316), es evidente que cuando la existencia y configuración de la página web es informar y no proveer informes a otros entes o personas, no se configura el presupuesto para la procedencia de la acción.

Es que como lo detalla y reseña el Dr. Velázquez y en lo cual concuerdo, de lado el formato o "soporte" en que aparezca la información, lo relevante para la pretensión de la hábeas data es que el dato esté contenido en un registro o en un banco de datos, tal como lo fija el Art. 43, párr. 3º de la Const. Nacional, el Art. 56 de la Const. Provincial y el Art. 1 de la Ley 4.244 que se refiere a aquellos datos que obren precisamente en "registros o bancos de datos".- Y una publicación periodística aun de carácter oficial como fuera la cuestionada en autos, que difunde información sobre la actividad de un gobierno, aun cuando suceda la aparición de un dato personal de alguien, no es un registro o un banco de datos.

Debe recordarse al respecto, como lo hace el colega, la definición contenida en el Art. 2 de la Ley 25.326 de protección de datos personales -legislación esta que efectivamente tiene el carácter de legislación común aplicable en todo el territorio nacional-, que establece como archivo, registro, base o banco de datos el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento.- O, asimismo, lo preceptuado por el Dec. 1558/2001, reglamentario de la ley, al disponer para el Art. 1 de la ley cuando el art. habla de registros, bancos de datos, etc. destinados a dar informes , que son los que tienen como finalidad la cesión o transferencia de datos personales.

Debe pues estarse a la presencia de un conjunto, de una colección de datos relacionados todos entre sí y organizados; elementos que se encuentran ausentes en una publicación periodística.

Bien dice el colega que difundir información no es lo mismo que compilar en una base o banco los datos y procesarlos; el difundir informaciones se alista en la actividad que cumplen medios de difusión y por lo tanto no es el campo de aplicación del instituto del hábeas data. Por ende están por fuera de la ley, como lo opina asimismo Gozaini Osvaldo Alfredo en " Derecho Procesal Constitucional - Habeas Data", Ed. Rubinzal - Culzoni, pág.16.

3º) .- Claro está y lo comparto también, que ello no vulnera ni obstaculiza el eventual derecho del afectado de reclamar lo que entienda corresponderle por la vía pertinente en lo tocante a la responsabilidad de los medios de difusión.- Porque las cuestiones atinentes a la responsabilidad que puede caberle a una publicación por una incorrecta información, no puede ser tratada en la acción de hábeas data sino que debe ser evaluada y ponderada en un juicio de conocimiento posterior, tal y como ya ha sido decidido en pronunciamientos cuya doctrina comparto (confr., CNFed. Cont. Adm., Sala 1ra., 29/4/97, L.L., 1998-C-373; S. C. Mendoza, 15/4/99, L.L., 1999-F-296). Ya que bueno es tener presente que el hábeas data, es un remedio muy singular y concreto que debe utilizarse en situaciones extremas y delicadas; y ello cuando no existan otras vías o procedimientos aptos para resguardar la tutela del derecho fundamental que se considere conculcado (confr., CNCom., Sala "D", 13/5/96, L.L., 1997-E-1003, 39.763-S).

Conclusión.- Debe pues revocarse la sentencia apelada, por resultar irrelevante tratar el tercer agravio traído por la recurrente, rechazando en todas sus partes la demanda del actor contra la Provincia del Chubut. Lo que involucra imponer las costas de ambas instancias al pretensor vencido.

En atención a lo que dispone el Art. 279 del CPCC. sobre adecuar en estos supuestos los emolumentos regulados, estimo que los honorarios propuestos fijar a los letrados Dres. Jorge L. Miquelarena, César J. Ayala, Eduardo A. Fernández Lubo y Ricardo D. Furci, por sus labores en la sede de origen, están adecuados a las tareas cumplidas y resultado obtenido.

También concuerdo con el colega en los honorarios que propone regular a los Dres. Jorge l. Miquelarena y César J. Ayala, por sus tareas en esta sede.- Voto la cuestión por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez respondió:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde:

A) revocar la sentencia apelada a fin de rechazar en todas sus partes la pretensión de hábeas data deducida por J. F. C. contra la Provincia del Chubut.- B) imponer las costas de ambas instancias al actor.- C) fijar, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena, Cesar J. Ayala, Eduardo A. Fernández Lubo y Ricardo D. Furci, por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas de $1.000, de $270, de $90 y de $500.- D) regular los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena y Cesar J. Ayala, por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas de $ 350 y de $125.- ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION dijo el Dr. Manino:

Adhiero al proyecto de resolutorio del Dr. Velázquez.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia médica del Dr. Carlos Dante Ferrari (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

Trelew, 16 de marzo de 2006.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones del del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente:S E N T E N C I A:

REVOCAR la sentencia apelada a fin de rechazar en todas sus partes la pretensión de hábeas data deducida por J. F. C. contra la Provincia del Chubut.- IMPONER las costas de ambas instancias al actor.- FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena, Cesar J. Ayala, Eduardo A. Fernández Lubo y Ricardo D. Furci, por sus labores de primera instancia, en las sumas respectivas de $1.000, de $270, de $90 y de $500.- REGULAR los honorarios de los Dres. Jorge L. Miquelarena y Cesar J. Ayala, por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas de $ 350 y de $125.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL N° 07 DE 2006 - SDC.- Conste.-.