Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2009-02-03


Santa Rosa, febrero 3 de 2009.

1º ¿Resulta fundado el recurso interpuesto con arreglo al artículo 261 inciso 2º del C.P.C.C? 2º En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? 1º cuestión.- 1. El reclamante, señor Eduardo Emilio Azcárate, fundamenta su recurso indicando que la sentencia impugnada ha violado el principio de congruencia puesto que limita la declaración de nulidad sólo a la presentación del gestor de fs. 3/4 -promoción de demanda por cobro ejecutivo- "...dejando latentes los actos dictados como consecuencia de la misma, es decir, la sentencia monitoria de fs. 16/17...", provocando además esta decisión "...el escándalo jurídico de sostener una sentencia monitoria sin pretensión que la avale" (fs. 123 vta.). Antes de ingresar al análisis del recurso interpuesto, resultará útil precisar algunos conceptos referidos a la actuación del gestor procesal.

2. En materia de representación procesal existe un principio general que establece que quien se presenta en juicio por un derecho que no es suyo, debe acompañar los instrumentos que acrediten su representación, mientras que la figura del gestor opera como una excepción a tal regla, puesto que actúa como representante de la parte actora o demandada, pero sin poseer la representación correspondiente.

En otras palabras, la representación de terceros en el ámbito del proceso civil se puede producir a través del "personero", que acredita su mandato judicial mediante poder general o especial extendido en escritura pública, y el "gestor" como alternativa excepcional.

Esta forma particular de representación procesal está contemplada en el art. 52 del C.P.C.C. que dispone: "Podrá admitirse la comparecencia en juicio de letrados o procuradores sin instrumentos que acrediten su personería. Pero si no fueren presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo de veinte (20) días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados".

Como claramente surge de esta disposición, por tratarse de una excepción a la regla, el gestor obra dentro de los límites que le impone el Código: responsabilidad de acreditar su personería y obtener la ratificación de lo actuado por la propia parte, dentro de un plazo determinado.

Se ha dicho que el plazo es perentorio, y que una vez vencido, se produce la caducidad automática del derecho a convalidar las actuaciones cumplidas, de manera que, si nos atenemos a los términos estrictos de la ley, una ratificación tardía vendría a ser inoperante, por aplicación del principio de preclusión procesal (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Editorial Astrea, Bs. As. 2º ed. actualizada, 1993, T. I., págs. 221 y sigtes).

Por su parte, la ratificación puede ser expresa o tácita, y si se produce y resulta de un hecho que necesariamente importe la aprobación de lo actuado, equivale a un verdadero mandato.

Ahora bien, de la compulsa del presente expediente, surge que el día 14 de enero de 2003, se presentó el Dr. J. J. P. B., en nombre y representación del señor Jacobo Oscar Hop, invocando el carácter de gestor oficioso en los términos del art. 52 del C.P.C.C., a fin de promover demanda por cobro ejecutivo contra Eduardo Emilio Azcárate (fs. 3/4).

Reclamaba la suma de trece mil noventa y ocho pesos ($ 13.098) más los intereses y costas del proceso, monto que surgía de dos cheques pertenecientes al demandado -nº 09531407 y nº 09531408, de $ 12.000,00 y $ 1.098,00 respectivamente- ambos con fecha de vencimiento 15/01/02, que fueron rechazados por carecer la cuenta de fondos suficientes disponibles.

Tal como se ha expresado más arriba, a partir de la fecha de presentación de la demanda (14/01/03) el letrado, en su carácter de gestor, contaba con 20 días para presentar el instrumento que acreditare la personería o en su caso, la ratificación del señor Hop. Ello no ocurrió, puesto que recién el 30 de julio de 2003, se presentó el Dr. P. B., en esta oportunidad, invocando su carácter de apoderado, pero sin agregar el poder, el que finalmente adjuntó el día 29 de agosto del mismo año (fs. 9 y 15).

El 2 de septiembre de 2003 se dictó la sentencia monitoria en la que se ordenó agregar el poder acompañado, mandando llevar adelante la ejecución contra Eduardo Emilio Azcárate hasta hacer íntegro pago al actor Jacobo Oscar Hop del capital reclamado más los intereses. Asimismo se ordenó notificar al primero que podía oponerse a la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el art. 511 del C.P.C.C. (fs. 16/17), notificación que se hace efectiva el 19 de junio de 2007, según constancias de fs. 37.

A fs. 43/45 vta., M. I. A., en representación del demandado, solicita la nulidad de todo lo actuado, ya que a la fecha de interposición del escrito de solicitud de ratificación de gestión presentado por el Dr. P. B. (30 de julio de 2003) se encontraba vencido en exceso el plazo de 20 días previsto en el ordenamiento adjetivo.

El Juez de Primera Instancia no hizo lugar a la nulidad por entender que si bien se acompañó el poder fuera del plazo legal, fue otorgado dentro de éste, por lo que "...si la ley equipara la ratificación al aporte del poder, entiendo lógico concluir que debe optarse por la validez de lo actuado" para preguntarse además "Qué otro significado puede darse al otorgamiento del poder que no sea ratificar lo actuado de urgencia por el ahora apoderado en el ánimo de evitar la prescripción de la acción.." (fs. 58). Esta decisión no fue confirmada por la Alzada, la que por el contrario, resolvió "...hacer lugar al recurso, revocar la resolución de fs. 58/59 y declarar la nulidad de lo actuado por el Dr. P. B. 'en calidad de gestor' de Hop, que es lo que pidió el apelante a fs. 43...", nulidad que "...no se extiende a la sentencia monitoria de fs. 16/17, pues el abogado había instado su dictado ya en calidad de apoderado..." (fs. 116). En otras palabras, se declara la nulidad de lo actuado a fs. 3 y 4 por el Dr. P. B., en su calidad de gestor, (escrito de promoción de la demanda ejecutiva), pero se ordena proseguir el juicio según su estado y sustanciar y resolver los planteos realizados por el ejecutado. Aquí se centra el agravio del reclamante, quien sostiene que, al limitarse la declaración de nulidad a lo actuado por el gestor a fs. 3 y 4, se deja vigente un acto que fue dictado como consecuencia de aquélla presentación, lo cual lleva a la contradicción de sostener una sentencia monitoria sin pretensión que la avale.

3. Como ya se señalara, la falta de presentación de los instrumentos que acrediten la personería, o la falta de ratificación por la parte dentro del plazo legal que se computa desde la primera presentación del gestor, determinan la nulidad de todo lo actuado por éste.

Ahora bien, la nulidad que consagra el art. 52 del C.P.C.C. no puede analizarse divorciada del alcance que, para tal categoría de invalidez, sienta el art. 166 del mismo cuerpo legal que establece: "La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean independientes del mismo. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás que sean independientes de aquélla". Es decir que, aun en este supuesto, cuando ya se ha declarado la nulidad de un determinado acto, sigue rigiendo el principio de conservación de los actos procesales, en la medida en que sea compatible con el mantenimiento de los posteriores.- Sobre el particular, se ha dicho que el Derecho Procesal tiene como finalidad establecer un orden en la ejecución de actos procesales tendientes a hacerlo avanzar hasta el dictado de la sentencia. Siendo así, no todos ellos son uno consecuencia del otro, sino que algunos pueden independizarse de los anteriores. Por ello, la nulidad decretada no producirá efectos en aquellos actos que logren tal objetivo, al tiempo que la posibilidad de dividir el acto, también determinará la referida independencia (Cfme. Elena I. Higthon, Beatriz A. Areán, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". Ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, págs. 618 y 619).

En definitiva, la norma citada establece los efectos de la declaración de nulidad, es decir, de las consecuencias jurídicas de esa declaración y de los actos a los cuales alcanza, perspectiva que debe ser tenida en cuenta a la hora de analizar los alcances de una nulidad procesal como la que nos ocupa.

Existen precedentes jurisprudenciales que se han pronunciado en tal sentido, al decir que "La extensión de la nulidad de lo actuado por el gestor procesal no deberá sobrepasar el límite de la necesidad de garantizar la defensa en juicio, pero alcanzará y arrastrará a los actos cumplidos que no pueden considerarse subsistentes o eficaces independientemente de la actividad inválida, sea porque la determinaron, sea porque son consecuencia de la actuación nula" (CNCiv., Sala D, 26/05/80, "Ciur de Bolo, Ana B. y otro c. Beyreuther, Walter H."), concepto que se ha reiterado en fallos más recientes (CNCiv., Sala A, 22/06/1998, La Ley, 1999-C, 173).

Sobre este tema, ha dicho Maurino que la decisión sobre nulidad de un acto procesal importa una constatación declarativa y por tal motivo, el momento en que ocurre el vicio es determinante del efecto retroactivo de la nulidad, de modo que el acto viciado se tiene por ineficaz desde su origen mismo (Alberto Luis Maurino, "Nulidades procesales", Ed. Astrea, 2º ed., 2001, pág. 315). Ubicado el acto anulado en el centro de la cuestión, cabe analizar qué efectos producirá sobre los actos anteriores o antecedentes, los posteriores o consecuentes y sobre los independientes.- No hay dudas de que la declaración de nulidad de un acto no afecta a los actos anteriores. Así lo establece el art. 166 del C.P.C.C. al disponer que "La nulidad de un acto no importará la de los anteriores...". Sin embargo, la nulidad se extiende a los llamados actos "consecuenciales", o sea, a los actos posteriores dependientes del nulificado, habiéndose ilustrado el efecto de extensión de la nulidad en razón de la dependencia de un acto respecto de otros, al decir que en ese supuesto "caen todos ellos, como un castillo de naipes" (Maurino, op. cit. pág. 316, con cita de Redenti).

Por último, los efectos del acto anulado no se proyectan a los actos posteriores independientes ni a los divisibles que sean igualmente independientes, tal como dispone el art. 166 del C.P.C.C. al decir que la nulidad de un acto no importará "...la de los sucesivos que sean independientes del mismo" y finalmente, que la nulidad "...de una parte del acto no afectará a las demás que sean independientes de aquélla".

4. Como se recordará, la Alzada declaró la nulidad de la presentación de fs. 3/4 en la que el Dr. P. B. había promovido demanda ejecutiva contra el señor Eduardo Emilio Azcárate, en nombre y representación de Jacobo Oscar Hop, pero en carácter de gestor, sin haber acreditado la personería ni ratificado la gestión en el plazo legal. La declaración de nulidad se limitó a esa presentación pero dejó subsistente la sentencia monitoria que obra glosada a fs. 16/17, por lo que el Tribunal deberá establecer, conforme el marco teórico desarrollado, si este acto procesal -la sentencia monitoria- resulta independiente del acto anulado -la promoción de la demanda-, o si por el contrario, existe una relación de dependencia que acarrea inevitablemente su nulidad.

Adelantamos nuestra respuesta afirmativa, ya que la sentencia monitoria es consecuencia directa y necesaria de la presentación cuya nulidad se ha declarado, presentación que es, ni más ni menos, que el escrito de promoción de la demanda.

En efecto, adviértase que la pretensión que se esgrime en el escrito de interposición se sustenta en el cobro de dos títulos ejecutivos -cheques- y sobre ellos se dicta la sentencia monitoria citada, por lo que resulta innegable que, un acto es consecuencia del otro, sin que, por otra parte, se pueda entender que estamos en presencia de un acto divisible. Dicho de otro modo, descartada la validez del acto de promoción de la demanda, no cabe sino señalar el mismo déficit a la sentencia ejecutiva que se centra precisamente en aquélla.

Cabe aclarar que la relación procesal constituye una unidad que tiene a la demanda como acto generador y constitutivo. Según Chiovenda, de ese principio de unidad se derivan dos conclusiones: a) la nulidad de la demanda nulifica todo el proceso y b) el análisis y pronunciamiento sobre dichas nulidades es cuestión previa a cualquier otra, para evitar nulidades futuras e inútiles desgastes de actividad procesal (Maurino, op. cit. pág. 99, citando a Chiovenda, "Instituciones, t. III, pág. 41).

De lo expuesto se deduce que si la relación procesal está contenida en forma embrionaria en el acto de la demanda, y ésta ha sido declarada nula, no ha nacido una litis válida, circunstancia ésta que acarreará la nulidad del acto que le sigue de acuerdo al procedimiento, es decir, en este caso, la sentencia monitoria dictada.

En definitiva, conforme las consideraciones anteriores, el Tribunal entiende que la decisión de la Alzada importa infracción a las directivas que surgen del inciso 2º del art. 261 del C.P.C.C. por lo que se da respuesta afirmativa a la primera cuestión.

2º cuestión.- Por las razones expuestas, se debe hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto casando la sentencia impugnada y, atento a las particularidades del caso, resolver sin reenvío, haciendo extensiva la declaración de nulidad decretada por la Alzada, respecto de lo actuado por el Dr. J. J. P. B. en calidad de gestor del actor, a la sentencia monitoria dictada el 2 de septiembre de 2003, que obra a fs. 16/18 del presente expediente.

Como consecuencia de lo resuelto, deberá procederse al levantamiento del embargo trabado a fs. 28 por el Juez de Primera Instancia (art. 480 del C.P.C.C.). Tal como se ha resuelto el litigio, corresponde que el gestor soporte las costas correspondientes a la primera instancia (art. 52 del C.P.C.C.) mientras que el ejecutante vencido deberá hacerse cargo de las de segunda y ulterior instancia, por aplicación del principio general contenido en el art. 62, primer párrafo del C.P.C.C.

Por todo lo expuesto, la Sala A del Superior Tribunal de Justicia; resuelve: 1) Hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 123/135 vta. por la parte demandada y en consecuencia, hacer extensiva la declaración de nulidad ordenada por la Alzada, a la sentencia monitoria dictada el 2 de septiembre de 2003, obrante a fs. 16/18, conforme lo expuesto en los considerandos, debiéndose proceder al levantamiento del embargo ordenado a fs. 28. 2) Imponer las costas de primera instancia al gestor, Dr. J. J. P. B. (art. 52 del C.P.C.C.), y las de segunda y ulterior instancia al ejecutante vencido (artículo 62 del C.P.C.C). 3) Regular los honorarios de primera instancia del Dr. J. J. P. B. en el 7% del monto de la ejecución y los de la Dra. M. I. A. en el 9,6% de la misma pauta (arts. 6,7, 33 y ccdtes. de la Ley de Aranceles); mientras que los honorarios correspondientes a la segunda instancia y a esta extraordinaria, deberán ser regulados (en cada instancia) a las Dras. M. I. A. y A. C., en forma conjunta, en el 35% de lo regulado en primera instancia a la nombrada en primer término; y los del Dr. M. N., también para una y otra instancia, en el 30% de lo regulado en primera instancia al Dr. J. J. P. B. (artículos 6, 7, 9, 14 y ccdtes. de la Ley de Aranceles). A tales sumas se les adicionará el porcentaje de I.V.A., de así corresponder. 4) Ordenar la devolución del depósito efectuado a fs. 122 por la suma de ochocientos cincuenta y un pesos con treinta y cinco centavos ($ 851,35), librándose el giro respectivo a la orden de Eduardo Emilio Azcárate.- Julio A. Pelizzari.- Eduardo D. Fernández Mendía.