Confirmación de sentencia, despido indirecto, certificado médico, licencia por enfermedad, depresión, producción de la prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Coscarelli, Adriana Giselle  c/ Colegio Esteban Echeverría SA  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-24

La trabajadora comunicó su estado de salud -depresión post parto- por correo electrónico y la plataforma whatsapp enviando los certificados médicos. Se colocó en situación de despido indirecto e intimó el pago de los créditos que le correspondían, toda vez que no obtuvo respuesta y no fueron abonados los salarios desde que finalizó su licencia e hizo saber su estado de salud. La juez de grado acogió el reclamo y por ello se agravia la demandada, que consideró que no existió injuria suficiente que motivara el despido. Señala la accionada que los correos electrónicos remitidos por la trabajadora no fueron dirigidos a personal de su dependencia, y que bien podrían haber sido intercambiados con amigos suyos, o inclusive con cuentas de correo creadas para tal fin, tornando inoponibles sus efectos a la empleadora. Por ello, la empleadora tomó conocimiento de la enfermedad que cursaba la actora con el intercambio telegráfico. La prueba producida por el perito informático permite corroborar que las comunicaciones fueron remitidas por la accionante, no obstante, la recepción no ha podido corroborarse toda vez que la demandada no permitió el peritaje pues impidió el acceso del perito informático a la institución. Se encuentra cuestionada la herramienta empleada por la trabajadora para dar aviso de su enfermedad en los términos del art. 209 de la LCT. Dicha norma impone al trabajador la obligación de avisar la enfermedad o accidente que lo aqueja y que impide la dación de tareas, por cualquier medio válido de comunicación, pues no existe en la norma obligación alguna que indique una forma determinada para hacerlo, porque ello implicaría una carga excesiva para una persona que se encuentra impedida de prestar tareas por una causa sobreviniente como es una enfermedad o un accidente que sufriera. Así entonces, el argumento de la accionada acerca de que el único medio idóneo para notificar una enfermedad es un TCL es derribado por la norma citada. La imposibilidad a la que hace referencia, es justamente la dificultad que tiene el trabajador para salir de su casa o lugar en que se encuentre, para asistir a una oficina de correos y remitir un despacho telegráfico que llegaría a conocimiento de la accionada a los dos días aproximadamente, luego de su emisión. La pericia informática demostró que la utilización del servidor, dirección de IP, dominio y empresa que otorga el servicio de correo del cual salió el mensaje dirigido a la actora, pertenece a la institución lo que invalida siquiera analizar si la persona que lo envió era parte del staff del colegio, pues nadie puede acceder a la dirección del correo propia del servidor que administra la institución sin el permiso otorgado previamente por la misma institución. En este marco la pericia informática fue efectiva en demostrar la existencia de una comunicación electrónica entre la accionante y el colegio accionado y, además, la trabajadora inmediatamente después que culminó con su licencia por maternidad atravesó por un período de depresión post parto que fue comunicado a su empleador conforme lo dispuesto por el art. 209 LCT. La obligación impuesta al trabajador es la de dar aviso al empleador de su enfermedad, sin necesidad de acreditar la misma por medio de certificado médico, hecho que si sería exigible en los casos en que no se haya dado aviso de la imposibilidad. Cabe destacar que la actora no solo comunicó la extensión de la licencia médica, sino que además envió vía correo electrónico el certificado médico extendido y la empleadora dio acuse de recibido. Queda desvirtuada la hipótesis en que se apoya la demandada respecto a la pérdida del derecho a percibir la remuneración correspondiente por falta de aviso del impedimento que la aquejaba, no solo por la prueba aportada, sino además por la conducta obstruccionista adoptada por la accionada. La accionada ha quebrado el sinalagma contractual con su conducta obstruccionista, y el no pago de las remuneraciones que correspondían a la trabajadora persistiendo con dicha conducta. Ello constituyó una injuria que impidió la continuidad del vínculo en los términos de los arts. 242 y 246 de la LCT. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.