Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-17


En Buenos Aires, a los 17 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala "B", para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: "Dos Santos Ramón Héctor c/ Autopistas del Sol S.A. s/ Daños y Perjuicios" respecto de la sentencia de fs. 269f77, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces Dres SANSO, IGARZABAL, y LOPEZ ARAMBURU.- A la cuestión planteada el Dr. Sansó, dijo:

I.- Contra la sentencia de fojas 269/77, que hizo lugar en forma parcial a la acción de daños provenientes de un accidente de tránsito, interpusieron recursos de apelación la parte actora, la demandada y la citada en garantía. Aquella lo sostuvo en el memorial de fojas 30315, no contestado. Éstas lo hicieron a fojas 309113, sin réplica. Se agravia la parte demandante de la forma en que el fallo apelado distribuyó la responsabilidad. La parte demandada y la aseguradora impugnan también la parcial atribución del responder pidiendo la revocación de la sentencia, imputando culpa exclusiva de la víctima. Discuten además las indemnizaciones en concepto de daño físico, moral, estético, y gastos médicos.

II.- Corresponde abordar la cuestión acerca de la atribución de la responsabilidad, capítulo sobre el que ambas partes exponen disidencia con el pronunciamiento. El sentenciante dijo atenerse a la directiva del articulo 1113 del Código Civil, y al mismo tiempo tuvo por acreditado que la víctima se comportó culpablemente, haciendo aplicable el eximente consagrado en la misma disposición legal. Coincidieron a criterio del juzgador, como factores de atribución de la responsabilidad la omisión de cuidados de la demandada que no había efectuado trabajos adecuados de mantenimiento en la autopista, lo que tornaba a la cosa viciosa; y al conductor del automóvil, que avanzaba a una velocidad excesiva para el lugar. El actor aduce que no le cabe reproche alguno por un pretendido exceso de velocidad, al paso que los deterioros de la pista causantes del accidente han sido demostrados.

Sus oponentes insisten en la marcha antirreglamentaria del vehículo accidentado, cuyo conductor no habría respetado los indicadores que a lo largo del ~o abarcado, limitaban la marcha a cincuenta, treinta y veinte kilómetros horarios, por hallarse en trabajos de reparación. Pero esta aseveración tiene como fundamento lo que el representante de la demandada habría manifestado al absolver posiciones, esto es, una presunta prueba emanada de la mera declaración a todas luces parcial, donde obviamente el absolvente se explaya sobre la concesión y acerca del control que dijo ejercía la empresa sobre el estado de la calzada, sin respaldar estas afirmaciones con elemento objetivo ninguno.

Si se tiene en cuenta que nada de esto se volcó en el responde, la argumentación desplegada carece de sentido. Al contestar la demanda, la accionada se limitó a referir que se hallaba ocupada en la realización de una importante obra vial, de acuerdo con los pliegos licitatorios a los que estaba dando cumplimiento, y que contaba con un servicio especial de ayuda para los usuarios de la autopista, además de verificar en forma permanente el estado de transitabilidad del trazado. Pero aquello de los topes de velocidad no fue siquiera insinuado. Obsérvese que el párrafo segundo del artículo 22 de la ley 24.449 establece que "Toda obra en la vía pública destinada a reconstruir o mejorar la misma, o a la instalación o reparación de servicios, ya sea en la zona rural o urbana y en la calzada o acerca, debe contar con la autorización previa del ente competente, debiendo colocarse antes del comienzo de las obras los dispositivos de advertencia establecidos en el Sistema Uniforme de Señalamiento" Fuera entonces porque la obra era de mayor envergadura, o porque se trataba de labores para reconstruir o mejorar, la señalización resultaba imperativa para la accionada, y demostrar que había cumplido con la exigencia legal, de trámite sencillo. No hay en el ofrecimiento de prueba ninguna mención de aquellos extremos (ver fojas 44 vuelta y 53 vuelta a 55.

La ley de Transito califica como autopista, a "una vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con litnitaci6n de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes" (art. 5 in-b). U velocidad autorizada en autopistas, es como principio la máxima de 110 kilómetros horarios (art. 51 inciso b párrafos 1 y 4. d), y la mínima de la mitad (art. 52 inc a. l.). Aún manteniendo el gobierno del vehículo, en circunstancias como las del presente, es probable que ocurra un accidente si la calzada se encuentra en mal estado, no hay señales adecuadas, no se ha cumplido con los requerimientos de la norma citada, ni se ha previsto pasos supletorios (párrafo cuarto del artículo 22 de la ley 24.449).

Estas reflexiones que me inclinan a rechazar la queja de la demandada, al mismo tiempo me inducen a admitir los agravios del actor. Porque si el factor de atribución concurrente era la culpa, y esta se infería del exceso de velocidad, faltando demostración a cargo de la accionada, de que el demandante transgredió los topes reglamentarios, no cabe sino concluir en que la causa del siniestro estaba en mal estado de la pista, claramente visible en las fotografías acompañadas. Por lo demás, si se trataba de obtener una estimación de velocidad era menester una pericia, que no se propuso como medio idóneo de prueba por la demandada, ni por la citada en garantía. Opino por lo tanto que al aceptarse la queja del accionante, la sentencia debe ser revocada parcialmente, atribuyéndose el total de la responsabilidad a la demandada.

III. INDEMNIZACION POR EL DANO FISICO Y ESTÉTICO. Arguyen las apelantes que el dictamen pericial equivocó el porcentual de menoscabo físico, y que ateniéndose a los mismos baremos empleados, se debería arribar a la mitad de lo calculado. Al mismo tiempo exponen su desacuerdo con la estipulación de una reparación separada para la lesión estética En cuanto a lo primero, el experto acumuló al porcentual derivado de la fractura de fémur con acortamiento de la extremidad, la secuela atrófica muscular y la impotencia funcional articular (explicado en el informe de fojas 1821185 y reiterado a fojas 195 al contestar el traslado de la impugnación). De estas precisiones las apelantes nada dicen, y como el juzgador tuvo en cuenta en forma puntual tales aclaraciones, correspondía que lo refutaran con razonamientos coherentes.

En relación con la lesión estética "el perjuicio habitualmente enunciado como lesión estética constituye solo excepcionalmente rubro autónomo que reparar, siendo regla que quede subsumido ya en la incapacidad sobreviniente en tanto la apariencia física aparezca relevante para el plano laboral o social, ya en el agravio moral si es que indiferente a la actividad laboral, o al normal desenvolvimiento de la vida de relación, el defecto altera el espíritu, las afecciones o sentimientos de la víctima" (conf. Esta Sala, voto del suscripto en los autos "Lampert, Hilda c/Fernandez, Carlos A. y otro" del 23-8-91; L.L.1992-B-251, con comentario de Roberto A. Vazquez Ferreyra). Empero diferenciarlo del perjuicio físico y del daño moral, como se ha hecho en el fallo apelado, no tiene de por sí la entidad que los apelantes quieren asignarle, porque de todas maneras hubiera sido computado como un detrimento que incrementaría cualesquiera de aquellas dos reparaciones; y en todo caso la distinción así concretada tendría el designio de enervar un reparo habitual que se les hace a los fallos ( los jueces no deberían fijar indemnizaciones globales como muchas veces se hace, sino que en aras de dar una mayor garantía a los litigantes, es conveniente que tanto el daño moral como el patrimonial se descompongan en todos los ítems -daño en sentido naturalístico- que han sido tenidos en cuenta" fallo citado, comentario de R. A. Vázquez Ferreyra).- Creo por lo tanto que ninguno de estos agravios debe prosperar.

IV. DAÑO MORAL Y GASTOS MÉDICOS. Los capítulos respectivos de fojas 312 vuelta no configuran una expresión de agravios, en el sentido que exige la norma del articulo 265 del Código de Procedimientos, porque no constituyen crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento recurrido que se considere erróneas.

El contenido de la queja debe poner a la vista, de manera puntual, clara y precisa la equivocación que se imputa al fallo; no se cumple con el requisito legal, enunciando simplemente desacuerdos u opiniones diversas de aquellas que expuso el juzgador. Una auténtica apelación debe hacer notorio el defecto de la sentencia apelada, mostrando desajustes entre el discurso desarrollado, y los presupuestos que le sirven de sustento; en los hechos comprobados de la causa en comparación con el derecho aplicable. Aquí no hay nada de esto, y en orden a lo que dispone el artículo 266 del ritual, opino que los descontentos en punto a indemnización para hacer frente a gastos médicos y daño moral no configuran técnicamente critica concreta y razonada; sobre todo cuando el sentenciante ejerció razonablemente para la fijación de estos resarcimientos, el arbitrio que la ley le confiere, estipulando con mesura y equilibrio las cantidades de cada composición. Por estas consideraciones, voto por, el rechazo de los agravios de la demandada y de la citada en garantía, propiciando la admisión de la queja del actor, y consecuentemente que se modifique la sentencia apelada, atribuyendo el total de la responsabilidad a la accionada. Costas de Alzada a las vencidas.

Los Dres. Felix R. de Igarzabal y López Aramburu, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Sansó votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta. Con lo que terminó el acto.

FDO-- GERONIMO SANSO - FELIX IL DE IGARZABAL - LUIS LOPEZ ARAMBURU.- Buenos Aires, diciembre 17 de 1999:

Y VISTOS. Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se revoca parcialmente la sentencia apelada, atribuyéndose la total responsabilidad en el evento dañoso a la accionada. Costas de Alzada a las vencidas. Difiérese la adecuación dispuesta por el art. 279 del Código Procesal respecto del monto de los honorarios fijados en la anterior instancia, así como la determinación de los que les corresponden a los profesionales intervinientes por su actuación ante esta Alzada, hasta tanto se practique liquidación definitiva, que deberá incluir lo adeudado en concepto de gastos causados por la tramitación del presente proceso, y se encuentre abonada la tasa de justicia (conf.: art. 505 del Código Civil, párrafo incorporado por la Ley nro. 24.432). -notifíquese y devuélvase.-