marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, testigos
Materia: PENAL
Carátula: García, Ramón; Pedrozo, Carlos Alberto y Sánchez, Juan José s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-10-31

Debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de Ley interpuesto por la defensa del accionado. Ello así, con el fundamento que la aptitud testifical debe tener su límite en la garantía de defensa del imputado, pero en el sub examen no se ha violado el derecho de reserva de los imputados introduciendo supuestas confesiones de una información prevensional lograda a través de un interrogatorio ilegal, con lo que se hubiera alterado abiertamente el principio según el cual se prohibe admitir como prueba la declaración indagatoria no recibida con las formalidades de la instrucción formal. El valor probatorio limitado e infranqueable del testimonio acuñado por el sistema de las pruebas legales ha quedado atrás al adoptarse el de las libres convicciones, de allí que resulte inadmisible la pretensión de que los testimonios en cuestión, corroborantes de otras probanzas, no puedan fundar la convicción de los sentenciantes por haber sido obtenidos con violación de garantías fundamentales (art.18 C.N.). Lo expuesto encuentra sustento en lo dispuesto por los arts. 227, 381 párraf.

2do, 387,inc.4), 225 y 226 del Código Procesal Penal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, excesos u omisiones en el pronunciamiento, personal municipal, juez de faltas, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: Anello, Luis Héctor c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Es descalificable el pronunciamiento que, al rechazar la demanda, omitió considerar que, frustrada la solución alternativa aceptada por el demandante por el incumplimiento de la condición a la que se hallaba sujeta, aquél estaba legitimado para exigir su designación como juez municipal sin que ello importara contradicción con sus actos anteriores.
Acción de amparo, medidas cautelares, servicio telefónico, tarifa telefónica, aumento de tarifas, decretos, facultades de la administración, facultades reglamentarias, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Blanco de Rapetti Amelia c/ EN PEN-Sec. Telecomunicaciones- Dto. 92/97 y otro s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

El 7 de mayo de 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto en la causa "Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo ley 16.986" y, consecuentemente, dejó sin efecto el pronunciamiento dictado por la Sala III que había hecho lugar a la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo y dispuesto la suspensión de los efectos del art. 2º del decreto 92/97 del Poder Ejecutivo Nacional; y desestimó liminarmente la acción intentada. Para así decidir, el Alto Tribunal remitió en lo sustancial, a los argumentos vertidos en la misma fecha en la causa "Prodelco c/ P.E.N. s/ amparo", en la que se expidió acerca de la regularidad de la decisión adoptada en el art. 2º del decreto 92/97, la que consideró inscripta en el ejercicio privativo de las funciones propias de uno de los poderes del Estado, sin exceder el marco en que constitucional y legalmente se insertan.
Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, remisión del expediente, unidad administrativa de control de faltas, convalidación de la medida cautelar
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FILIPO, Franco s/ s/inf. art. 83 CC - Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-14

El mantenimiento de la medida de secuestro convalidada en el marco de un proceso contravencional -que permitirá el cumplimiento de la ley material en caso de recaer condena- y la devolución de los objetos, quedan también sujetos al análisis y decisión de la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

Tal como lo establece la Ley Nro. 1217, en actuaciones donde se hayan adoptado medidas cautelares, el Controlador Administrativo de Faltas debe expedirse dentro de los tres días de recibido el expediente, sin perjuicio de que estos actos podrán, asimismo, ser luego revisados por el órgano jurisdiccional.
Cheque, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARTINEZ HNOS. S.A c/ DORA S. DE LIPCEN s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-06-12

Si bien la cuenta es de titularidad de la sociedad, no es menos cierto que el Banco determina que la misma es a la orden del socio gerente, debiendo los cheques ser suscriptos con el sello aclaratorio para de ese modo obligar al ente social. Si en el cheque no se consigna la mención indispensable para que sea considerado librado en representación de una sociedad, su firmante a título personal es responsable, pues en los juicios ejecutivos no puede entrarse a considerar la causa de su libramiento. (voto de la mayoría).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Baldino Crescencio, Pedro s/ Apelación. Recurso extraordinario de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

Los recursos extraordinarios previstos en el art. 479 del Código Procesal Penal sólo proceden contra las decisiones dictadas por el Tribunal de Casación (arts. 161 incs. 1 y 3 de la Constitución de la Provincia y 482, Cód. cit., supuesto que no es el de autos en que se deduce contra la sentencia del Juez Correccional que actúa como alzada del de Faltas (art. 24 inc. 3, Cód. cit.) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sanciones del Colegio Profesional, revisión judicial de actos administrativos, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vissicchio Nélida Haydee c/ C.P.A.C.F.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-07

La actividad jurisdiccional del Tribunal resulta limitada al contralor de ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si los extremos han ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el colegio (in re: "Cattelani, Inés c/ C.P.A.C.F.", del 8/6/89, Sala II).
Empleo público, vacaciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., M. P. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15

"...Siendo así, mientras la relación de empleo está vigente, el agente tiene el derecho y el deber de gozar de su licencia anual que le asegura el descanso reparador.- Mas si aquélla cesa, si el vínculo se rompe,... en ese caso el derecho se traduce en moneda.- Y esto es reconocido a título indemnizatorio, y el porqué para que así sea no puede ser otro que por haber el Estado impedido su goce por una razón de servicio, o no haber previsto -como las reglamentaciones lo exigen por la vía de la programación- su goce en el tiempo oportuno".
Contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Meardi, Rodolfo c/ Parisi, Eduardo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-28

Cuando la reforma de 1968 fijó en Diez mil pesos la suma que el art.

1193 del CC. establecía en Doscientos pesos, tuvo en cuenta la moneda en curso legal en ese tiempo, por lo que en la práctica son casi inexistentes los contratos que no deban redactarse por escrito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Lindon, Osvaldo Enrique c/ Ronicevi S.E.C.P.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El sistema de valoración de la prueba "en conciencia" no requiere que la prueba oral sea transcripta por escrito y, por ello, la Suprema Corte está impedida de conocer las declaraciones testimoniales y de analizar si en su ponderación el tribunal del trabajo incurrió en absurdo (art. 44 incs. "b" y "d" del dec. ley 7718/71).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, protección del medio ambiente, inundación, sistema federal
Materia: CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: AGRAR S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-02

Cabe ponderar la consolidada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al ambiente y las cuencas hidrográficas. Al respecto, en el caso "Majul", el Máximo Tribunal nacional refirió a la relevancia del ciclo hidrológico para el funcionamiento ecológico, la interconexión entre los sistemas de agua subterránea y superficial, así como la importancia de enfrentar los retos del agua dulce a nivel de cuenca, subrayando implícitamente las condiciones que deben cumplirse para alcanzar una evaluación ambiental que incorpore un enfoque multidimensional y policéntrico y tenga en cuenta la complejidad de las relaciones socio-ecológicas subyacente, evidenciando la importancia y fragilidad ecosistémica de los humedales y la necesidad de su protección, al establecer la aplicación del principio precautorio en esta materia; y en "Provincia de Buenos Aires vs. Provincia de Santa Fe s. Sumarísimo-Derivación de aguas", enlazó la gestión de los recursos hídricos compartidos con el federalismo, cuando expresó que el federalismo es un sistema cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y funcionamiento, el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas debe ser ponderado como una interacción articulada, definiendo la cuenca hídrica, como la unidad que comprende al ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y a un ambiente en particular; un sistema integral que se refleja en la estrecha interdependencia entre las diversas partes del curso de agua y otorgando especial relevancia al órgano de cuenca, llamado Comité Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa (CICLP), organismo propio del federalismo de concertación, generado en el marco de un convenio intrafederal celebrado entre el Estado nacional y las provincias involucradas en la cuenca hídrica respectiva (el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe) como una instancia de colaboración para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región mediante planes, programas, proyectos y obras orientados a la resolución de la problemática de las inundaciones, anegamientos y sequías que afectan a la cuenca entendida como unidad de planificación, ordenamiento y gestión territorial. (Del voto del Dr. Falistocco). CSJN: Majul, Fallos 342:1203; Provincia de Buenos Aires vs. Provincia de Santa Fe, Fallos 342:2136.
Aportes previsionales, reajuste jubilatorio, aplicación de la ley, movilidad del haber jubilatorio, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Iglesias María del Carmen c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-03

El Máximo Tribunal en las causas "Sandoval, Norma Mabel c/ A .N.Se.S. s/ Reajustes Varios" y "Canestrari, Haydee c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes Varios", ambas de fecha 18 de abril de 2017 y "Pichersky, Alberto Raúl c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes Varios", sentencia del 23 de mayo de 2017, determinó que deberá dejarse a resguardo la probable actualización de la P.B.U, si quedaran acreditados los extremos de hecho necesarios para su procedencia, haciéndolo extensivo a beneficios adquiridos con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley 26.417. Por tanto, corresponde devolver las actuaciones al juzgado de origen a fin de que se analice la confiscatoriedad alegada.
Competencia desleal, lealtad comercial, finalidad de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-26

Que la ley 22.802 no protege derecho marcario alguno, sino la fe pública ante el accionar desleal de los comerciantes. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Responsabilidad internacional del Estado, República Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, buena fe, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

Corresponde a la Corte Suprema velar porque la buena fe que debe regir el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados no se vea afectada a causa de actos u omisiones de sus órganos internos. Los tribunales locales deben adoptar las medidas necesarias para evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Actos jurídicos, nulidad absoluta, rifas, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Masci de Cocco, Nélida Raquel c/ Asociación Cooperadora de la Escuela nº9 Distrito Chacabuco y otros s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Si el objeto del contrato está prohibido (en el caso contrato celebrado por una cooperadora escolar con un tercero para organizar una rifa), la nulidad que afecta al acto es de nulidad absoluta (arts. 502, 953, 1.044 y concs., del C. Civ.).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COSTA MARIO GERARDO Y OTROS c/ DE LA CRUZ NESTOR ROGELIO PEDRO s/ COBRO    DE    AUSTRALES  Y  DAÑOS  Y  PERJUICIO-PROCESOS  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-08-04

La distinta densidad del tránsito, no puede modificar una norma reglamentaria expresa, sobre tránsito, o introducir en ella distinciones que no contiene como las de principalidad y accesoriedad, o de arteria primaria o secundaria, respecto a la preferencia de paso del que aparece por la derecha.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral, trabajador, despido con causa, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RANALLO, DANIEL HUGO c/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

El recurso de inconstitucionalidad impetrado, en relación a los agravios dirigidos contra la sentencia por desestimar la justa causa del despido dispuesto, debe ser declarado improcedente, toda vez que no se observa que los juzgadores hayan omitido considerar el sumario interno instruido por la patronal a fin de determinar la autoría, participación y responsabilidad del empleado respecto de graves irregularidades por faltantes de productos en el sector donde se desempeñaba, sino que por el contrario, la Alzada -tras partir de la premisa de que la carga de la prueba de la causal invocada para el despido pesaba sobre la empleadora- evaluó que esa prueba, -el sumario referido- resultaba preconstituida y sin corroboro en sede judicial, por lo que no resultaba suficiente para aquel fin, y esta aseveración en primer lugar no es irrazonable ni tampoco luce apartada de todo el contexto de la causa, y, en segundo término, no alcanza la impugnante a desvirtuarla adecuadamente desde un punto de vista constitucional. (De la disidencia parcial del Dr. Spuler, a la que adhiere el Dr. Gutiérrez)
Competencia de paz, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPTE. N° 512-STJ-2.010 - JUEZ CIVIL Y COM. Nº 1 - IIIª CIRC. JUDICIAL DR. JUAN CARLOS SOSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Se rechaza la declaración de incompetencia del Juez de Paz, debido a que la fijación del monto para determinar la competencia de la justicia de paz corresponde hacerla en relación a la pretensión base de la ejecución. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-30


EXPEDIENTE DE SECRETARÍA Nº 414/1991 CNACiv. Sala "D", 30-03-1992 R.:105388 "LABAYRU JOSE MARIA C/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA S/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Que la pretensión del recurrente, requiriendo la cancelación de la hipoteca, fundado en lo dispuesto por los arts. 2678 y 3123 del C.Civil, ha sido bien desestimado por al Registro de la Propiedad Inmueble. En efecto, habiéndose efectuado la partición a tras de una compensación en dinero -llámese venta de parte indivisa en el caso-, sin haberse dado la pertinente intervención al acreedor, regularmente notificándolo, o habiendo reservado la suma de dinero suficiente para solventar el crédito hipotecario, resulta inoponible al acreedor hipotecario. Esta solución se apoya en la aplicación extensiva de lo dispuesto en el art. 3474 del Cód. Civil, lo que resulta razonable y justo a fin de proteger los intereses en pugna. De otro modo, los derechos emergentes de una constitución de hipoteca sobre parte indivisa aparecerían fácilmente burlados por la vía elegida por las partes del negocio jurídico que se intenta registrar (conf. Borda, Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales, T II, nº 1162; conf. Spota, La hipoteca que grava el derecho de condominio de un copropietario: sus efectos, LL 12, pg. 1170; Adrogué, Hipoteca constituida por condómino, J.A. doctrina 1970, pg.119). Se obtiene, así, una interpretación armónica de las normas citadas, que permite, en este limitado trámite de calificación registral, salvaguardar derechos que podrían quedar desamparados.

Por lo expuesto, se RESUELVE: confirmar la resolución de fs.17/21. Not. y Dev. El Dr. Russomano no firma por hallarse en uso de licencia.- Firmado: ALBERTO J. BUERES - ALÍ JOAQUÍN SALGADO
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, empleador, seguros, denuncia, siniestro
Materia: LABORAL
Carátula: Evis, Delia c/ Banco de La Pampa s/ Accidente acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2010-08-10

Si bien la demandante nunca denunció la existencia de un accidente de trabajo puntual y tampoco padecer una enfermedad profesional, a los efectos de determinar la ley aplicable, corresponde tener por probado que la empleadora tomó cabal conocimiento de las dolencias que padecía la actora en noviembre de 2006, fecha en la cual ya se encontraba vigente la ley 24.557, por lo que en el caso corresponde aplicar la LRT y no la ley 24.028. No está de más señalar que la aseguradora "La Caja de Ahorro y Seguro" informó que en fecha 01/07/2002 celebró un contrato de seguros por accidentes de trabajo, con el Banco de La Pampa SEM, en el marco de la Ley 24.557, vigente desde la fecha indicada hasta la actualidad y que la Sra. Evis se encontraba en la nómina del personal asegurado desde el 01/07/2002 hasta el 31 de Mayo de 2006, no existiendo constancias de denuncia de siniestro respecto de la actora.
Repetición de impuestos, tasas de interés, tasa del 6% anual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANPEAL  S.R.L. s/ DEMANDA DE REPETICION - GANANCIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

La suma que devenga el interés que se trata deberá ser previamente actualizada, por lo que el tipo a aplicar corresponde sea de 6% anual, tasa que es comúnmente aceptada para retribuir el uso del capital en reclamos judiciales, habida cuenta de que se trata de sumas que ya contemplan una reparación justa e integral, por lo que a un crédito actualizado sólo cabe asignar un interés que retribuya el precio del dinero, y no uno mayor, pues la actualización cumple ya con esa función.

La Cámara ha señalado por su parte que la alícuota en cuestión (6%) coincide con el criterio sentado en hipótseis de esta naturaleza, pues "no procede aplicar analógicamente los accesorios previstos por el art. 42 de la ley 11.683 (t.o. 1978), norma que contempla distintos supuestos y que tiende a preservar los créditos fiscales según las circunstancias".
Accidente de tránsito, daño, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Microomnibus Norte  S.A.  Línea 60 c/ Ramini, Jorge s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Quien ha sufrido una merma de sus entradas debe probarlo en forma concreta. No es suficiente fundar un reclamo en elucubraciones teóricas, sino que deben aportarse elementos que demuestren en forma indudable su existencia, pesando sobre la parte que invoca el lucro cesante la carga de la prueba.
Acción de amparo, juicio de desalojo, resoluciones judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ RAMÓN ALCIDES s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-12-16

La acción de amparo interpuesta a fin de que se ordene la suspensión de la ejecución de una orden judicial de desalojo, es improcedente, pues se pretende paralizar los efectos de una resolución dictada en una causa judicial en trámite y por tanto el actor tiene a su alcance los recursos legales contemplados en la legislación procesal para impugnar las resoluciones y para obtener la protección de sus derechos, ello así, porque en definitiva el amparo no tiene por finalidad urgir, ni obviar las vías de impugnación de las decisiones judiciales previstas en la ley.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González, Luisa c/ MOI MOI S.R.L. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-14

Si bien es regla general no considerar la declaración del testigo de oídas, cabe precisar que tal principio reconoce una excepción, y es cuando los dichos aparecen avalados por otros elementos de convicción, por caso, el alcance impuesto a la confesión ficta y las declaraciones de los testigos antes analizados.
Procedencia del recurso, nulidad del acto administrativo, pase a disponibilidad, retiro obligatorio, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MANCEL DANIEL ADOLFO c/ EN- M° JUSTICIA DDHH- SPF s/ AMPARO LEY 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-07

Se hizo lugar al recurso interpuesto por el Estado Nacional contra la sentencia de primera instancia, que había declarado la nulidad de los actos administrativos impugnados que dispusieron el pase a disponibilidad y posterior retiro del actor. En consecuencia, el tribunal de alzada rechazó la acción de amparo deducida.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos
Materia: CIVIL
Carátula: Á. Y. A. c/ J. C. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-22

El monto de la cuota alimentaria ha de basarse en dos elementos: las posibilidades económicas del alimentante y las necesidades del alimentista.

Respecto de las posibilidades del alimentante, se debe tener en cuenta lo que requiere para la satisfacción de sus propias necesidades, además de considerar los ingresos y bienes con que cuenta.

Para determinar el importe de la cuota alimentaria debe tenerse en cuenta no sólo la capacidad económica del obligado, sino también las necesidades de los alimentados.
Recurso extraordinario, fiscal de Cámara, facultades del fiscal, legitimación procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Clínica Marini S.A. s/ quiebra
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-01

El Fiscal de Cámara tiene legitimación para recurrir la sentencia por la via federal, ya que tanto la Constitución Nacional en su art. 120, como la ley que rige su actuación, encomiendan al Ministerio Público la función de defender el orden jurídico en su integridad. (Ver en igual sentido, sentencias de la misma fecha en causas D. 231. XLIV. Dolce Pasti S.A., A. 113. XLVI. AESA Aceros Especiales S.A. y C. 1011. XLIV. CASE S.A.C.I.F.I.E)