Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-23


ROJAS, Lucilda Gladis contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 215 p 253-257.

Santa Fe, 23 de agosto del año 2006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Municipalidad de Santa Fe contra la sentencia 267 de fecha 18 de noviembre de 2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe en autos "ROJAS, Lucilda Gladis contra CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Amparo- (Expte. 257/03) (Expte. C.S.J. nro. 125, año 2004); y, CONSIDERANDO:

Mediante la sentencia impugnada, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe resolvió "desestimar los recursos de nulidad y admitir sólo parcialmente los de apelación, limitando la declaración de inconstitucionalidad a la prescripción del artículo 89 inciso b de la ordenanza municipal nro. 6166, en tanto declara la extinción del beneficio de pensión para quien hiciera vida marital de hecho, equiparandose el caso a la admisión de la subsistencia del beneficio que el artículo 1 de la ordenanza 8634 consagra para quienes contrajeran nuevas nupcias"; confirmando en todo lo demás el decisorio de baja instancia, y cargando las costas a la parte recurrente.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la Municipalidad de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como así también violatorio de derechos constitucionalmente tutelados como lo son el derecho de propiedad, igualdad ante la ley, defensa en juicio y el debido proceso adjetivo.

Invoca arbitrariedad del decisorio, fundada en las siguientes causales: a) contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso, b) no decidir sobre cuestiones planteadas, c) autocontradicción, d) apartamiento normativo en cuanto a la aplicación de costas, y e) falta de fundamentación suficiente e incurrir en afirmaciones dogmáticas.

Bajo el primero de los acápites señala que conforme expusiera en la oportunidad de formular agravios, la materia propia que constituyó el debate es de naturaleza administrativa, razón por la cual, el Tribunal competente no podía ser otro que la Cámara Contencioso Administrativa.

Siendo ello así, y estando creadas las Cámaras de lo Contencioso Administrativo con competencia exclusiva, afirma que no existía impedimento sustancial para que dicho Tribunal entendiera en la causa, máxime cuando la normativa que regula su competencia brindaba otras alternativas mediantes las cuales la actora podía canalizar su pretensión, como lo son las medidas cautelares previstas en la ley 11.330. De ello deriva que la sentencia de la Cámara ha prescindido del texto legal aplicable, al apartarse de la normativa expresa y de los precedentes jurisprudenciales emanados del Máximo tribunal provincial. Como segunda causal de arbitrariedad acusa la falta de decisión de cuestiones planteadas. En tal sentido afirma que la Cámara omitió el tratamiento de la nulidad articulada contra la sentencia de primera instancia por haber resuelto "extra petita", puesto que si bien advirtió que el decisorio a quo contenía la causal denunciada que lo descalificaba como acto jurisdiccional, no hizo lugar a la nulidad y resolvió limitar la declaración de inconstitucionalidad al inciso b) del artículo 89 de la ordenanza 6.166, "en cuanto dispone como causal de extinción del derecho a la pensión para el cónyuge supérstite la convivencia de hecho, todo ello con el acotado y obvio ámbito de aplicación al caso concreto en razón de la naturaleza de norma jurídica individual de la sentencia..."; imponiéndole a la perdidosa las costas del proceso.

Puntualiza que la nulidad no se trató, pero se modificó el pronunciamiento sin anularlo, desdoblando los efectos como si se tratara de una nulidad parcial, concluyendo en la confirmación del pronunciamiento, lo que resulta arbitrario pues "no es conciliable la existencia de un vicio con la validez del acto".

Asimismo, señala que el decisorio es autocontradictorio, porque si bien acoge el agravio en lo que fue motivo del planteo de nulidad, luego lo desestima imponiéndole la totalidad de las costas.

Con relación a este aspecto dice que la Sala se aparta, sin fundamentos, de la regla procesal que establece la imposición de costas en proporción al éxito obtenido en supuestos de acogimiento parcial del recurso; de ello colige que la sentencia viola elementales principios de impartir justicia, el derecho a la jurisdicción, de defensa en juicio, debido proceso, igualdad de trato y derecho de propiedad. Por último invoca gravedad institucional, alegando que la declaración de inconstitucionalidad de la norma en crisis compromete la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipales como también la del propio Municipio, que con el aporte de toda la ciudadanía, debería acudir en su caso, al salvataje de dicho organismo.

2. El Tribunal a quo, mediante resolución de fecha 13 de abril de 2004 denegó la concesión del remedio intentado, por entender que los vicio endilgados al pronunciamiento no se encontraban configurados (fs. 51/52), lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede (fs. 59/76).

3. Aún cuando aparecen cumplidos en la especie los requisitos rituales de la impugnación, cabe destacar que, no obstante invocarse arbitrariedad, del desarrollo de los vicios imputados por el recurrente, en su confrontación con la sentencia impugnada, surge que toda la argumentación recursiva, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira otorgarle, traduce tan solo el mero disenso para con lo resuelto por la Alzada en ejercicio de funciones propias, materia ajena a esta vía extraordinaria intentada.

En efecto, corresponde señalar que carece de asidero la tacha de arbitrariedad de la sentencia por contradicción con los fundamentos normativos aplicables al caso.

En esa dirección, la recurrente sostiene que la Sala ha prescindido del texto legal aplicable, al apartarse de la normativa expresa dispuesta por la ley 11.330, desde que "la materia propia que constituyó el debate es de naturaleza administrativa", y que por esta razón el tribunal competente no podía ser otro que la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, tales alegaciones en modo alguno alcanzan a desvirtuar los fundamentos brindados por el a quo en orden a declarar la competencia de la justicia ordinaria para conocer en la acción de amparo promovida en la causa; así es dable apreciar que la Cámara consideró vinculante el criterio trazado por esta Corte in re "Domínguez" (A. y S. T.

182, pág. 251), y decidió que más allá de la naturaleza contencioso administrativa del asunto, el artículo 4 de la ley 10.456 de amparo, impedía que el mismo se radicara ante un juez distinto al enunciado allí; sin que tales asertos configuren de manera alguna el vicio de arbitrariedad proclamado por la quejosa. También surge de la sentencia en crisis que la Cámara dio respuesta concreta a los agravios de la accionada vinculados con la inadmisiblidad de la vía del amparo, en esa tarea juzgó la cuestión a la luz de numerosos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, concluyendo que en el caso se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para que la vía elegida resulte admisible.

Y ello, en las especiales circunstancias del caso en que está comprometida la extinción misma del derecho de pensión de la amparista, no resulta arbitrario desde el análisis constitucional propuesto por la quejosa; lo que naturalmente no se opone a la posibilidad de que asuntos análogos se tramiten por la vía del proceso contencioso administrativo previsto por la ley 11.330 (criterio de "Martínez", A. y S. T. 168, pág.193 y "Galiano", A. y S. T. 174, pág. 202).

Igual suerte adversa merecen los reproches vinculados con la omisión de tratamiento de la nulidad planteada contra la sentencia de baja instancia por haber fallado "extra petita", ya que de la liminar lectura de la sentencia recurrida surge que de ningún modo puede entenderse configurado tal vicio, desde que el Tribunal a quo justamente desarrolló su análisis a partir de los agravios de la quejosa, y en razón de ello acogió parcialmente el planteo recursivo, aunque otorgándole un alcance distinto al pretendido por la recurrente.

Así, es dable apreciar que la Cámara rechazó el recurso de nulidad planteado por considerar que cabía la posibilidad de subsanar los vicios invocados a través de la apelación; y, a su turno expresó que la resolución del juez de baja instancia excedía en la declaración de inconstitucionalidad el ámbito propio del tema, "debiendo acogerse parcialmente el planteo recursivo en el sentido de precisar que la declaración de inconstitucionalidad se debe circunscribir a la prescripción del artículo 89 inciso b de la ordenanza municipal de Santa Fe nro. 6166, en tanto declara la extinción del beneficio de pensión para quien hiciera vida marital de hecho, equiparándose el caso a la admisión de la subsistencia del beneficio que el artículo 1 de la ordenanza 8634 consagra para quienes contraen nuevas nupcias" y, confirmó el decisorio apelado en todo lo demás. Y, aclaró que lo postulado por las apelantes respecto de que la amparista debía agraviarse reclamando sólo la supresión del artículo 1 de la ordenanza 8634 (que suprimió la pérdida del beneficio por matrimonio), resultaría ilógico por cuanto la accionante no tendría interés jurídico detectable en la acción -ya que no variaría su situación como concubina- y precisamente, lo reclamado es igualdad de trato ante la "despenalización" del nuevo matrimonio y el mantenimiento de la sanción para el concubinato.

Frente a dicho fundamentos, los planteos de la recurrente con relación a que el Tribunal omitió el tratamiento de sus agravios, quedan sin sustento suficiente, toda vez, que la simple lectura de la sentencia impugnada evidencia lo contrario, dado que el fallo abunda en razones lógicas, normativas y doctrinarias, reflejando tan sólo una óptica diversa a la postulada por el recurrente, que -más allá que pueda compartirse o no- en modo alguno evidencia que la Sala hubiera quebrado las reglas que imponen la debida armonía entre lo pretendido y lo contestado, o se haya excedido del margen de logicidad y razonabilidad tolerados.

Al respecto vale la pena recordar que la arbitrariedad no incluye la disconformidad del impugnante con el criterio utilizado por los magistrados de la causa en la interpretación y aplicación de las normas, dado que la mencionada doctrina no lleva a la sustitución del juicio de los sentenciantes por el de la Corte, en tanto lo fallado contenga fundamentos jurídicos, que impidan su descalificación como acto jurisdiccional válido.

A su vez, la quejosa tampoco logra desmerecer en su presentación directa lo aseverado por la Sala en cuanto al modo en que fueron impuestas las costas, en el sentido que si bien fue cierto que se acogieron parcialmente los recursos de apelación opuestos, tal acogimiento se relacionó sólo con la modalidad con la cual se admitió la declaración de inconstitucionalidad pretendida por la amparista, pero sin que ello coincida en la "cuantía"del acogimiento de lo pretendido al accionar, respecto de lo cual, la actora resultó gananciosa.

Tales fundamentos de ningún modo alcanzan a ser desvirtuados debidamente por la recurrente en su presentación directa. Así, los agravios relativos al apartamiento normativo y autocontradicción del pronunciamiento invocados en el memorial recursivo, devienen hueros de contenido, y dicha circunstancia conlleva a descartar sin más los alegados vicios. En consecuencia, la solución no luce en modo alguno como un razonamiento inválido que vulnere el derecho a la jurisdicción de la compareciente, debiendo reputarse satisfecho, por ende, el imperativo contenido en el artículo 95 de la Constitución provincial.

Resta agregar que también resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por la quejosa tendentes a acreditar la existencia de gravedad institucional, ya que sólo se circunscriben a sostener que la declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión compromete la situación patrimonial de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipales, como así también del Municipio, pero sin dar razones que acrediten que lo resuelto por la Cámara comprometa el interés general y tenga la virtualidad de trascender el interés particular del impugnante para afectar el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos", circunstancia que conforme surge de las consideraciones efectuadas ut supra, no aparece configurada en el "sub lite". En suma, no debe olvidarse que no es misión de este Tribunal corregir posibles errores o soluciones opinables, ni sustituir a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones.

Por ello, pretender abrir los estrados de esta Corte a una tercera instancia que revea lo decidido por los tribunales ordinarios implicaría desconocer la naturaleza excepcional del remedio extraordinario intentado, cuyo objeto es únicamente el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)