marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, juicio ejecutivo, acreditación de la personería, sentencia de trance y remate, debido proceso
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERNARDOU, PABLO PEDRO C/ OTAMENDI, FERNANDO ALBERTO S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-14

Procede revocar la resolución que hizo efectiva la intimación -por interpretar que el escrito acompañado no era instrumento hábil para acreditar la personería invocada por la hija del accionado en autos-, con lo cual se tuvo por no presentado el escrito de interposición de excepciones y, en concordancia con ello, se dictó seguidamente la sentencia de trance y remate llevando adelante la ejecución. Ello por cuanto, en el caso, tomó intervención la hija del accionado, oponiendo excepciones y la Sra. Juez dispuso que - previo a todo trámite- tenía que probar la representación invocada. Frente a tal requerimiento, se presentó el propio accionado juntamente con ella y un letrado patrocinante. En este marco, cabe señalar que lo cierto es, que en los hechos ha existido una convalidación expresa del demandado -aún no declarado incapaz- de todo lo actuado por aquélla en su escrito digital por lo que cupo sustanciar las defensas planteadas y no proceder como se hizo en el fallo recurrido. Va de suyo, que al existir una ratificación expresa de lo actuado por la hija ello debió ser merituado debidamente pues, con el proceder seguido por la Sra. Juez a quo, se ha configurado una afectación de los derechos del debido proceso. Es que, aun cuando quien se presentó originariamente en defensa de los derechos del demandado no invocó, expresamente, la condición de gestora en los términos del CPR 48 -al presentarse en autos y al plantear el recurso de reposición con apelación subsidiaria-, no por ello puede soslayarse se invocaron hechos y circunstancias que impedían la actuación de la parte que debía cumplir el acto procesal de contestar demanda y oponer excepciones y que se trataba, en el caso, de un acto procesal urgente, apto para justificar la comparecencia en juicio de quien, en su momento no ostentaba la representación requerida. Es claro pues que al estar reunidas en el caso, las exigencias requeridas por el art. 48 para justificar la presentación efectuada en carácter de gestor, más allá de si se invocó expresamente la obvia norma de aplicación, ante una circunstancia clara y evidente que lo justificó cupo tenerla por efectuada en ese carácter.
Seguros, monto de la indemnización, asegurador, silencio del asegurador, reconocimiento del derecho del asegurado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEIVA, MARIA EVA c/ OMEGA COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Si un asegurado dedujo acción por la que persigue el cobro del saldo de la indemnización prometida por la aseguradora para el caso de ocurrencia del siniestro contra el cual había dado cobertura, resulta improcedente que la defendida se oponga con base en que si bien "recibió cierta información complementaria", sin embargo, sostuvo que era "parcial", razón por la que pagó una indemnización igualmente "parcial" y "quedó al aguardo" del resto de la información complementaria que debía presentar el pretensor, sin pagar la posible indemnización "adicional" -lo cual se haría si correspondiere, cuando se presentare esa información complementaria "adicional"-. Ello pues, lo que hubiere correspondido es que, en tanto la accionada había aceptado parcialmente el derecho del reclamante, "rechazase expresamente el derecho" que dijo no reconocido, porque sólo ese rechazo expreso hubiese significado "el pronunciamiento" que le exige, a título de carga sustancial, el art. 56 de la ley de seguros. En tal sentido cabe precisar, que con su conducta la aseguradora dejó en "la indefinición" el derecho que dijo no reconocido, lo cual es contrario a lo previsto por el sistema legal. Por su parte, el pago "parcial" fue hecho a título de "adelanto" de la indemnización, la cual sería completada al ser presentada la mentada información, para cuya presentación no se fijó concretamente plazo alguno. Por tanto, tal consideración conduce a reiterar lo expuesto sobre " la indefinición" del derecho del asegurado, lo cual también contraría al sistema previsto por el legislador para la circunstancia.
Indemnización por despido, multa laboral, categoría laboral, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Arroyo Carla Roxana c/ Vida Digna SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-05-08

Aun cuando se haya verificado un incumplimiento por parte de la empleadora en cuanto al monto de la remuneración que le correspondía percibir a la actora de acuerdo a su categoría laboral, ello no resulta asimilable a la irregularidad en los registros, suceptible de ser sancionada con lo establecido en el art. 1º ley 25323. De modo que no se verifica en el caso el presupuesto de clandestinidad contemplado en el referido precepto legal, como que al tiempo de ruptura de la relación la trabajadora no se encontrara registrada o lo estuviera de modo deficiente con la finalidad de eludir las mayores cargas legales que derivarían de la real configuración del vínculo.
Accidentes de trabajo, dictamen pericial, apreciación de la prueba, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Medele, José Bernardino c/ Prevención ART s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-04-23

En relación al planteo referido al IBM utilizado para calcular la indemnización, el Juez no incurre en incongruencia al decidir tomar el salario bruto, y tal es así, que dicho razonamiento es tangencialmente cuestionado, siendo la crítica formulada a este respecto insuficiente a los fines recursivos. En definitiva, el agravio se centra en que se condenó con un IBM de $ 65.279,23, a pesar de que en el escrito de demanda se denunció un IBM de $ 47.762,94. Dentro de este marco, y tratándose de un aspecto puramente cuantitativo, el proceder del Juez cae bajo la órbita del art. 48 de la ley 921: "El pronunciamiento deberá ajustarse a lo alegado y probado, pero el monto de la condena podrá ser mayor que el reclamado, cuando así corresponda a la correcta aplicación del derecho y de los cálculos aritméticos." En consecuencia, encontrándose el Sentenciante facultado para decidir como lo hizo, corresponde rechazar el agravio.
Médicos, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Aranda, Mario F. c/ Obra Social del Personal de la Construcción s/ Indemnización por despido, diferencias, etc. Pollera, Alberto Eduardo c/ OSPECON s/ Indemnización por despido, diferencia salarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26|2001-04-04

No corresponde asimilar la específica prestación del sistema de obras sociales a que alude el dec. ley 9384/79 y cuya regulación excede por otro lado el ámbito provincial, con la prestación de carácter laboral que desempeña el médico en relación de dependencia privada para con la obra social como empleador.
Libertad de comercio e industria, infracciones formales tributarias, falta de facturación, comprobantes irregulares
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Elías, Jalife s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Las irregularidades detectadas en la confección de las facturas afectan la vigencia de la competencia y la transparencia de los mercados, con grave detrimento de la buena fe comercial y del principio de libertad de comercio consagrado por nuestra Constitución en su art. 14.
Régimen de consolidación de deudas, deuda no consolidada, liquidación judicial, oportunidad procesal
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: TORRES DEL GIORGI, CARMEN c/ CASFPI s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-29

La expresión" situaciones jurídicas no consolidadas" a la que alude la ley 24.283 se refiere a que la oportunidad del planteo de la incidencia finaliza con la aprobación judicial de la liquidación (Ver "Después de Bolaño" D.T. septiembre de 1995, pág.1575 y sgtes).

La equívoca terminología utilizada en la ley, sin precedentes precisos en la Teoría General de las Obligaciones, no puede ser identificada con la extinción del vínculo entre acreedor y deudor.

La alusión al pago y a la liquidación en el mismo párrafo de la norma revela que, en la tesis del legislador, ambos momentos se encuentran en cabal relación cronológica ya que la liquidación es el antecedente inmediato del pago y el último momento en que ha de decidirse la cantidad de moneda que deba aceptarse como conclusión y cumplimiento de la obligación, y no debe soslayarse que la incidencia de la propia ley 24.283 culmina en una liquidación y, por lo tanto, no sería admisible retrotraer etapas precluidas. La tesis contraria, podría dar lugar a conductas reñidas con el principio de la buena fe, ya que sería suficiente que el deudor demorara su pago, para invocar con posterioridad una alteración en los valores del mercado y obligar al acreedor alimentario a un litigio inacabable.
Reforma laboral, encargados de casas de renta, período de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, ALBERTO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO AMENABAR 3435 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Si bien la ley 25250 modificó una vez más el art. 92 bis del Régimen de Contrato de Trabajo, estableciendo que los contratos de trabajo por tiempo indeterminado se entienden celebrados a prueba durante los tres primeros meses, lo ciento es que frente a un estatuto especial como en el los encargados de casas de renta, que regula la actividad del trabajador, las normas del régimen común sólo podrán ser aplicables en la medida que resultaren compatibles con la naturaleza y la actividad profesional de aquel (cfr art. 2 LCT). Es claro entonces, que en lo que respecta al período de prueba que se encuentra regulado en el régimen particular, no puede aplicarse la modificación establecida mediante el art. 1º de la ley 25250.
Fallos de la Corte Suprema, acuerdo de partes, gravamen actual, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Brandi, Eduardo Alberto y otros c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-12

Dado que los fallos de la Corte Suprema deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal- (Fallos:285:353;

310:819; 313:584; 325:2177, entre otros), corresponde- con arreglo a lo expresado por la recurrente acerca del convenio final celebrado entre las partes, del desistimiento formulado por los demandantes y de las publicaciones cumplidas-, declarar abstracta la cuestión planteada.
Sentencia, cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Flores, Alberto D.; Escobar, Silvio s/ Asociación ilícita - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-10-09

El art. 333 del C.P.P. impone a las Cámaras resolver las cuestiones que el art. 10 de la ley 3560 considera esenciales, cualquiera fuese el contenido de la expresión de agravios.
Recurso de apelación (procesal), libertad por falta de mérito
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: DR.  CLAUDIO  ROBERTO  ESPINOSA-AGENTE FISCAL DE PRIMERA INSTANCIA DE RIO TURBIO s/ INTERPONE RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-09-03

La libertad por falta de mérito decretada es un auto sin sustanciación que no pone ni fin al proceso ni es sentencia definitiva, y que puede ser susceptible de modificación en cualquier momento del proceso, por lo cual lo correcto es la impugnación a través del mecanismo previsto en el art. 498 del C.P.M.P. (Recurso de Reposición) y no a través del recurso de apelación.
Proceso judicial, terceros, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: "ENRE-Resol  272/02 c/ Empresa Distribuidora y ComercializadoraNorte S.A. s/ Proceso de Ejecución".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-03

La citación del tercero en los términos del art. 90, inc. 1° del C.P.C.C.N. es como regla "...restrictiva y excepcional y sólo resulta admisible cuando las circunstancias demuestren que así lo exige un interés jurídico" (Confr. Fenochietto, Código Procesal Comentado, pág. 344/345) (Cons. V).
Juicio sumario en tiempo de paz, simple damnificado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

En las causas seguidas en virtud del art. 10 de la ley 23.049, los particulares damnificados se encuentran sometidos a las normas de procedimiento que establece el Código de Justicia Militar, por lo que no pueden solicitar a los jueces más de lo que hubieran podido requerir al tribunal castrense, esto es, conforme a los arts. 100 bis y 146 de ese cuerpo legal, indicar medidas de prueba, solicitar que se les notifique la sentencia o la radicación de la causa en la Cámara Federal, y en al medida en que cumplieran con este último requerimiento, interponer el recurso previsto por el art. 445 bis ante la Cámara Federal; asimismo podrían pedir que se les notificase de la sentencia a dictarse, lo que importaría su legitimación para recurrir ante ella por la vía del art. 6 de la ley 4055, de mediar razón para ello.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, recurso de casación, defensa en juicio, pericia psicológica, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: R., R.D. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 51/13 con relación al imputado R., R.D. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-03-26

La Cámara en lo Criminal, integrada en Sala Unipersonal, declaró culpable a R. como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual con acceso carnal, atento a lo establecido en el art. 119, tercer párrafo y 45 del Código Penal, condenándolo a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

El defensor del imputado interpone recurso de casación.

El recurrente considera que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio, argumentando que se notificó al defensor oficial la realización de la pericia psicológica obrante en autos, vulnerando de este modo garantías constitucionales y lo prescripto en el art. 247 C.P.P.

Corresponde poner de resalto que el informe psicológico fue introducido a debate con anuencia de las partes conforme se constata en el acta respectiva, sin que la defensa del imputado haya formulado cuestionamiento alguno; es más, al momento de alegar, puntualmente, aclaró que no iba a desmerecer el informe psicológico, omitiendo efectuar cualquier tipo de consideración alusiva a la vulneración de garantías procesales constitucionales conforme argumenta el recurrente, quien tampoco ha demostrado a través de la vía intentada cuál ha sido concretamente el agravio causado, más allá de la genérica invocación de la falta de notificación a la defensa del acusado y de que tenía derecho a ofrecer perito de control.

De igual modo, debo decir que los argumentos vertidos en cuanto a que el defensor oficial no conocía a su cliente, no resisten el menor análisis, por supuesto que el defensor oficial no conocía a R., ello lo señaló perfectamente el fiscal en su decreto, y es que en la causa aún no había personas imputadas.

Lo expuesto impone rechazar la nulidad impetrada, pues corresponde, reitero, seguir la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que la declaración de la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos: 295:961; 298:312), siendo inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de nulidad por la nulidad misma (Fallos: 303:554; 322:507), doctrina que ha sido receptada por esta Corte (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012).

Por lo expresado, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Aldama, Alfredo Héctor c/ Sirica, Norberto Mateo y Banco de Galicia s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que a pesar de formular una profusa cita de disposiciones legales presuntamente quebrantadas omite vincularlas con los agravios que expone.
Contravenciones de juego, tipo penal, ley especial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q, H. E. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-27

En el caso, el juego que llevaba a cabo el imputado "carece de viabilidad como para ser uno de los juegos permitidos por la ley"; dado que "la mosqueta" es un juego engañoso, que atrae a los incautos ante la ilusoria perspectiva de obtener dinero fácilmente, dinero que termina fatalmente en los bolsillos de quien ejecuta los movimientos, razón por la cual es ínsitamente un juego prohibido, en los términos de los artículos 2 y 3 de la Ley Nro. 255, no requiriÚndose entonces ninguna otra norma que complete su sentido o determine el ámbito de la prohibición. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Litisconsorcio necesario, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABREGO JOSE GABRIEL c/ EMPRESA LINEA 216 S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Tratándose de un supuesto de litisconsorcio necesario, no puede admitirse, sin lesión constitucional, que el consentimiento por el demandado de la sentencia condenatoria o la deserción de su recurso, tornen estériles los agravios de la aseguradora, apelante en tiempo hábil.-
Despido con causa, despido por maternidad
Materia: LABORAL
Carátula: GUILIETTI ELIDA NOEMI c/ PEREYRO MIRTA VIVIANA s/ DIFERENCIAS SALARIALES Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-06

El art. 178 de la LCT establece una presunción legal a favor de la trabajadora que comunicó su estado de gravidez para el supuesto en que el contrato sea resuelto dentro del lapso temporal establecido en dicha norma, pudiendo la empleadora aportar prueba destinada a acreditar una causa distinta.
Infracciones aduaneras, exportación temporaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TAUZ, MODESTO JULIAN s/ APELACION TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-09

La conversión de la salida temporal en exportación, tiene como sustento normativo lo dispuesto en la primera parte del cuarto párrafo del art. 140 ter, que exige en forma concurrente para la procedencia de tal acto, que no se encuentran vencidos los plazos de ingreso y que en ese momento no esté prohibida o suspendida la exportación de mercaderías; y cumplidos los mismos, aquella tiene la virtualidad de fijar la fecha, que debe tenerse en cuenta a los efectos de determinar los gravámenes exigibles de conformidad con el art. 128 inc. d) de la ley de Aduana.

No puede admitirse el asignar un efecto neutralizador del hecho punible a la decisión por la cual la salida temporal fue convertida en exportación, toda vez que las precisiones contempladas en la norma tratada supra, se refieren a situaciones en las que no se haya operado el vencimiento de los plazos para el reingreso de la mercadería, mientras que en el sub judice se trata de un supuesto de plazos vencidos, que por tal circunstancia, debe encuadrarse en el cuarto párrafo in fine, del art. 140 ter.
Empleo público, daño moral, responsabilidad contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROFRANO, Luis Alberto c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-14

Cuando la relación entre las partes tiene su origen en una relación de empleo público, el daño moral tiene su fuente en la normativa del ámbito contractual. La cuestión está contemplada en el marco del art. 622 del Código Civil, norma ésta que, a diferencia del art. 1078, es sólo de aplicación facultativa, dependiendo no sólo de la prueba del incumplimiento contractual, sino, además, de la atinente a la existencia de una lesión espiritual, de la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso.
Bienes inmuebles, pago de tributos, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Spollansky, Selix s/ Prescripción adquisitiva-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-03-31

Si se ofrece como elemento probatorio el pago de impuestos que agravan el inmueble, importará no tanto la regularidad de los pagos, sino la demostración de haberlo hecho antes de iniciar el trámite. El valor de esta prueba corresponde apreciarlo atendiendo a las circunstancias de oportunidad y forma en que dicho pago fue hecho y su relación con el mérito que ofrezcan las demás probanzas allegadas al juicio.
Graduación de la pena, torturas, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Osvaldo Jorge Fano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-07-04

En la graduación de la pena para el Director de la Unidad Penal y el Jefe de Turno por tormentos agravados ocurridos en aquel establecimiento durante el gobierno de facto, resultan agravantes la naturaleza de la acción delictual realizada, el abuso de la función de mando, la desprotección de la víctima, la extensión del daño, la reiteración y la trascendencia de su acción en los subordinados, en la población carcelaria, en los familiares y en la sociedad, su educación y formación como Oficiales del Servicio Penitenciario Federal y su capacitación funcional.
Declaración de mercaderías, contrabando, impedimento o entorpecimiento del control aduanero, contrabando de automotores
Materia: PENAL
Carátula: Pour Pour, Juan Domingo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Una determinada transgresión -violatoria del deber de veracidad y exactitud que exige la declaración aduanera- puede asumir la categoría de contrabando en la medida que la conducta del sujeto tenga incidencia o influencia sobre el ejercicio del control por parte del servicio aduanero. En este mismo sentido cabe agregar que la modalidad sólo exige que el tratamiento aduanero resulte 'distinto' más allá de quien resulta favorecido o perjudicado por ello. La circunstancia de burlar el control del servicio aduanero mediante una manifestación falsa, ocultando el verdadero destinatario del bien, a fin de inducir en un error a los funcionarios encargados de supervisar la importación sobre el tratamiento aduanero y fiscal al que debía ser sometido el automóvil, constituye el delito de contrabando en los términos del art. 864 inc. b del C.A. (Voto de los Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Catucci).
Juicio oral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Scardino, Mónica E.;  González, Daniel s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

No se ha transgredido el art. 271 del Código de Procedimiento Penal si, pese a que la Cámara en lo formal denegó la petición de la defensa, ordenó en la misma resolución la comparencia de los peritos que habían sido propuestos, siendo ajena con relación a dicha norma la circunstancia de que uno de ellos -debidamente notificado- no haya comparecido.
Acto administrativo, consentimiento, procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Girotti, María Cristina y otro c/ Corfo-Río Colorado (Ente autárquico provincial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

La interposición extemporánea del recurso de revocatoria torna aplicable la doctrina de esta Corte que se ha pronunciado en forma reiterada acerca de la irrevisibilidad judicial de los actos que adquirieron firmeza en la esfera que le es propia por la interposición fuera de término de los recursos pertinentes.