Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-23


NEUQUEN, 23 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "CELEDON LUIS ALBERTO C/ PRODUC. FRUTAS ARG. COOP. SEG. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART" (EXP Nº 458521/11) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. Llegan los autos a estudio de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 106/108 vta., contra la resolución de fs. 102 vta., por la cual se rechazó la excepción de incompetencia planteada por su parte.

Sostiene la recurrente que la notificación en un domicilio no genera competencia y el lugar de la sucursal es válido solo respecto de los negocios celebrados por ella. Destaca que no hay ningún vínculo con la ciudad de Neuquén para determinar la competencia.

Señala que el domicilio que habilita la competencia es el destinado a los asientos de los negocios, que se encuentra en la sucursal de General Roca.

Destaca que se amplían ilegítimamente las opciones de la ley 921 porque se permite demandar donde se encuentre una sucursal.

A fs. 110/113 el actor contesta el traslado del memorial y solicita se rechace el recurso, con costas.

II. Ingresando al estudio del recurso deducido, el mismo resulta procedente. Es que, analizadas las constancias de autos, en función de la cuestión traída a estudio, el Juzgado Laboral de esta ciudad no resulta competente en razón del territorio.

El art. 2º de la Ley 921, en su parte pertinente dice: "Será competente -cuando la demanda sea entablaba por el trabajador-, indistintamente y a su elección:

a) El Juez de Primera Instancia -con competencia en materia laboral- del domicilio del demandado.

b) El del lugar de prestación del trabajo; o c) El del lugar de celebración del contrato.

Cuando una demanda sea deducida por el empleador, será competente el Juez de Primera Instancia -con competencia en materia laboral- del domicilio del trabajador.

La jurisdicción del trabajo no podrá ser delegada y su competencia es improrrogable, aun la territorial".

En el caso, el actor opta por demandar ante el juez de la ciudad de Neuquén a partir de considerar que era el del domicilio del demandado.

Sin embargo, el domicilio real que denuncia corresponde a la sucursal de la aseguradora en la ciudad de Neuquén, es decir que no es su domicilio real (fs. 46/49) y tampoco el de la sucursal donde se celebró el contrato.

Además, de las constancias acompañadas no surge la competencia del fuero local, porque el actor realizaba sus tareas en una chacra de Guerrico, Provincia de Río Negro, donde ocurrió el accidente.

Al respecto, se ha sostenido que: "Sabido es que el art. 24 de la L.O. al fijar la competencia territorial de las causas entre trabajadores y empleadores, establece que será competente, a elección del demandante, el juez del lugar de trabajo, el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del demandado. Por su parte, el art. 90 del Código Civil define al domicilio legal como el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente, y el inciso 3º establece que, el domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas por las leyes o por el Gobierno, es el lugar donde está situada su dirección o administración, si en sus estatutos o en la autorización que se les dio, no tuviese un domicilio señalado." "Según surge de esta última norma, resulta claro que tratándose de una persona de existencia ideal, el domicilio legal será el fijado en sus estatutos, y sólo ante la carencia del mismo, será el del lugar donde la sociedad tenga asentada su dirección o administración." "En el caso de autos, tal como se desprende de la causa (ver fs. 37), la sede social de la demandada Prevención ART S.A. se encuentra ubicada en la calle Independencia 301 de Sunchales, Provincia de Santa Fe, siendo dicho domicilio el que determina la competencia de autos. Ninguna preeminencia tiene en el caso que la demandada desarrolle sus negocios en la sede ubicada en la Avenida Córdoba de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues no es ese el domicilio legal especialmente fijado por la demandada, en sus instrumentos constitutivos." "Tampoco guarda importancia, el lugar en el que se habría perfeccionado el pertinente contrato de afiliación entre tomador y prestador del seguro, cuya suscripción tuvo lugar entre la empleadora y la aseguradora, ni que, como lo destacara el Dr. Álvarez en su dictamen, el domicilio sito en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiera sido en el que Prevención ART S.A. quedó notificada de la presente demanda, por cuanto la ley realza el domicilio como atributo esencial de la competencia territorial." "Finalmente, como se desprende del libelo inicial, el accionante laboró en Ganadera Arenales S.A., con domicilio en la calle Arenales 1840 de Monte Grande, donde denuncia haberse accidentado, por lo que tampoco tal supuesto habilita la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo" (CNTrab. Sala II, 37.833/09, ZARACHO, EDUARDO RAMON C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL", 20/04/10, 59137).

También se ha considerado que "El hecho de que la notificación a la A.R.T. se hubiese hecho en un domicilio de Capital Federal, ámbito en el cual tiene una sucursal, carece de relevancia al momento de fijar la competencia de los tribunales del trabajo, aunque allí se hubiese cursado una notificación formalmente válida y no cuestionada, porque la ley realza el domicilio (en el caso la sede social de la accionada) como atributo esencial de la competencia territorial. Y si de la lectura del escrito de inicio se infiere que el actor prestó servicios como cosechador para una empresa con domicilio en la Provincia de Mendoza, y al momento del accidente se encontraba prestando tareas en la misma localidad mendocina, este supuesto no habilita la aptitud del Fuero Nacional del Trabajo, sino en todo caso, la de los Tribunales locales de la Provincia de Mendoza. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala). BN 302" (CNTrab., Sala IX, 38.637/2009, DIAZ JESUS CARLOS ALFREDO C/ PREVENCION A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL, 14/07/10, 11918).

Por todo lo expuesto y conforme el art. 2º de la Ley 921, corresponde hacer lugar al recurso y declarar la incompetencia del fuero laboral local para entender en las presentes, con costas al actor vencido.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Comparto la solución propuesta por el Dr. Pascuarelli.

I. Es cierto que ha sido reiterada la posición de esta Cámara, en el sentido de que: ".La radicación de sucursales, situación prevista por el art. 90 inc. 4 del Código Civil, crea una excepción al principio de unidad de domicilio, aplicable a aquellas compañías que tienen diversos centros de operaciones, importando no solo un privilegio para éstas, sino un beneficio para los terceros que han contratado con sus representantes en establecimientos distantes de la casa central. De este modo pueden optar por demandar en cualquiera de dichos domicilios. (PS 1983-TºII Fº346/47, PI 1987 TºIII Fº386/88).

"El domicilio que resulta de la sucursal está establecido a favor de los terceros, por lo que éstos pueden optar por demandar a la compañía en ese domicilio o en su asiento principal".

"La instalación de un establecimiento o sucursal en otra jurisdicción para desarrollar allí su actividad, implica ipso iure -de ahí el carácter de domicilio legal- avecindarse en ese lugar para el solo cumplimiento de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad." (CC01 SE, C 10295 S12-8-96, v.PI-2001-III-524/525-Sala II; entre otros)." (cfr. Sala II, "Montero Victoria c. Puelman". Y, en igual sentido, "Castellino Rosa").

Pero nótese que, de los subrayados que me he permitido efectuar, surge que la nota caracterizante radica en que, la opción por la demandabilidad en la sucursal se encuentra relacionada con la existencia de negocios allí llevados a cabo: alguna razón debe existir, puesto que de lo contrario, tal como lo indica el apelante mediante el recurso del razonamiento por absurdo, la solución carece de basamento alguno.

Es que, aún enrolándonos en la tesis que sostiene que el domicilio de la sucursal y la competencia que de él deriva (art. 90, inc. 4 del C.C.), es una regla que ha sido instaurada en beneficio de los terceros y no sólo de la propia sociedad, lo cierto es que, algún nexo debe existir. Y, tal como lo expone mi colega, ninguna razón justificatoria se presenta en autos.

II. La materia sobre la que versa el conflicto tampoco incide en el caso analizado en la decisión.

Nótese que, como señalara el TSJ, la ley 921 establece una serie de mecanismos que tienden a nivelar en el plano procesal, las desigualdades del plano contractual y, por ello, el legislador regula la cuestión de la competencia en razón del territorio, con claro afán de facilitarle el acceso a la justicia (cfr. Ac. 50/07).

En esta misma línea indicó que ".la determinación de la competencia en razón de un criterio territorial y, en consecuencia, su prórroga tiene como finalidad eliminar, para las partes litigantes, los inconvenientes derivados de la distancia. Además se logra la eficacia de la justicia por la cercanía entre la sede el órgano judicial y el lugar de producción de la prueba. el lugar de residencia del actor es gravitante para fijar la competencia del juez, porque va de suyo que en la producción de la pericial referida, su presencia es indispensable. Amén de ello, podrían requerirse nuevos estudios y lo dicho no se circunscribe a este caso, sino que puede por lo general suceder en otros tantos similares al presente.

Además, no puede negarse que admitir la mentada prórroga de competencia conllevaría un doble perjuicio: para los justiciables y para el servicio de justicia.

En el caso -como ya se dijo-, el asegurado empleado público- debería trasladarse a la ciudad de Neuquén cada vez que se requiera sea examinado por el perito médico, con la considerable dilación del proceso y desventajas para ambas partes, a más de encarecer las costas del juicio.

No menos importante, por otro lado, es que también se afectará el servicio de justicia, porque ello importará alargar la duración de los pleitos con el consiguiente recargo del sistema, en franca pugna y detrimento de la eficacia." (cfr. Ac. 11/11 "Chávez Bautista Rosa").

Tenemos entonces que las posibilidades de elección a favor del actor, se circunscriben a las establecidas por el sistema y no a cualquier otra, escogida a su solo arbitrio, máxime cuando carece de finalidad tuitiva alguna: la cita del último precedente, traída a las circunstancia de este caso, pone de manifiesto que la tramitación del juicio en la ciudad de Neuquén, cuando el actor tiene su domicilio en General Roca, Provincia de Río Negro, en nada lo beneficia.

Con estas consideraciones y, por las que en mayor extensión expone mi colega, adhiero a su voto, emitiendo el mío en idéntico sentido. TAL MI VOTO.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Revocar la resolución de fs. 102 y vta. y, en consecuencia, hacer lugar a la excepción de incompetencia del Juzgado Laboral N° 3 de esta ciudad deducida por la demandada.

2. Imponer las costas de ambas instancias al actor vencido (art. 17, ley 921).

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente a las partes y al Fiscal de Alzada en su Público despacho y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge Pascuarelli - Dra. Cecilia Pamphile Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.