Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-09


AUTOS N° 21.589 (56.009/4 - 4° CIVIL), CARATULADOS: "LLORENS CASTRO, Daniel Faustino C/ Coop. Eléctrica Agroindustrial y de SS. de Caucete - Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara" L. DE A. T° 186, F° 98/102 SAN JUAN, 9 de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

Para resolver en estos autos n° 21.589 (56.009/4 - 4° CIVIL) caratulados: "LLORENS CASTRO, DANIEL FAUSTINO C/ COOP. ELÉCTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SS. DE CAUCETE - EJECUTIVO - ACTUACIONES PARA ELEVAR A CÁMARA", el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fojas sub 44/47 por la parte ejecutante, contra la resolución de fecha 01-11-12, dictada por el Cuarto Juzgado Comercial, Civil y de Minería.

Y CONSIDERANDO:

El a quo, en la providencia obrante a fs. sub 46 del legajo de copias, en fecha 1 de noviembre de 2012 proveyó en cuanto interesa a este recurso: "Al punto 2: Previo a todo y atento a que las sumas depositadas en los autos principales lo son como consecuencia de la transferencia que efectuara el Juzgado Federal (en virtud de la subasta efectivizada por ante el mismo), sobre las cuales se han tomado una multiplicidad de notas de embargo, entre ellas, de embargo legal (actualmente ejecutorio) a favor del peticionante, aclare la procedencia de los importes que surgen del extracto bancario acompañado, esto es, depositante y/o orden de transferencia de los mismos, fecho se proveerá lo que en derecho corresponda.".

Contra esta decisión, a fs. sub 47, el abogado Juan Pablo Dara, por derecho propio y por la representación acreditada, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio. El a quo en providencia fechada el 21 de noviembre de 2012, cuya copia obra agregada a fs. sub 51, desestimó el recurso de reposición interpuesto, declarándolo improcedente toda vez que el decreto atacado se encuentra ajustado a derecho.

El recurrente entiende que de mantenerse el criterio de la providencia colocaría a su parte en un grave estado de indefensión y vulneraría su derecho de defensa y debido proceso. Ello por cuanto no se estaría respetando y cumpliendo lo dispuesto en la norma del art. 236 de la ley 2150 y en lo normado en el art. 521 y conc. del CPC/Ley 8937 ya que estaría impidiendo a su parte cobrar honorarios regulados, firmes y cedidos en el porcentaje que alcancen los fondos depositados a la orden de V.S. sobre los cuales existe un embargo legal decretado, trabajo y convertido en embargo ejecutorio ocasionando un grave perjuicio.

Sostiene que de las constancias de autos surge que los honorarios correspondientes a su mandante/cedente por su actuación en 1ra. y 2da. Instancia tienen no solo reconocido un "embargo legal" en los términos del art. 236 de la ley 2150 sobre los montos depositados como consecuencia de la subasta llevada a cabo por el Juez Federal N° 1 de San Juan del inmueble de propiedad de uno de los demandados en autos, San Ramón S.A., que reconocía como 1er. Embargante a los autos principales que se tramitan ante este mismo 4to juzgado en lo Civil de la ciudad de San Juan sino que esos fondos están depositados en el Banco de San Juan SA a la orden de VS y existe, en el caso, suma líquida.

Agrega que los fondos sobre los cuales solicita se expida libramiento en la forma, concepto y monto solicitado por la suma de $ 34.437,27 no son de propiedad del actor, Daniel Faustino LLorens, sino que están afectados al proceso, prueba de ello son las medidas cautelares trabadas sobre los mismos y en razón de que los honorarios son productos de la condenación en costas impuesta en la sentencia de 1ra. y de 2da. Instancia y haber un embargo legal decretado y trabado quedan, por imperio de lo establecido en el art. 236 de la ley 2150, afectados al proceso debiendo responder al pago de las costas condenadas. Cita doctrina de los tribunales para avalar su posición.

El recurrente sostiene que además del art. 236 de la ley 2150 corresponde aplicar lo normado por el art. 521 del CPC/Ley 8037, lo cual implica que cuando hay embargo trabado sobre dinero y hay una suma líquida, por haberse aprobado la pertinente liquidación, corresponde directamente el pago de lo que resulte de la liquidación practicada y aprobada para lo cual debe expedirse el pertinente libramiento. Formula reservas. Planteado de este modo el recurso de apelación se verifica, luego de un pormenorizado estudio de los antecedentes de la causa obrantes en el legajo de copias, que a fs. sub 46 existe resolución en la cual se ordena continuar con la ejecución en los términos del art. 469 del C.P.C./Ley 8037, imponiendo las costas de la misma a la parte ejecutada. En el caso los ejecutados eran los demandados, San Ramón S.A. y Cooperativa Eléctrica Agroindustrial de Caucete.

En la misma providencia el a quo aclara que las sumas depositadas en los autos principales lo son como consecuencia de la transferencia que efectuara el Juzgado Federal (en virtud de la subasta efectivizada por ante el mismo) sobre los cuales se han tomado una multiplicidad de notas de embargo, entre ellas el embargo legal (actualmente ejecutorio) a favor del peticionante y pide que el reclamante "aclare la procedencia de los importes que surgen del extracto bancario acompañado, esto es, depositante y/o orden de transferencia de los mismos".

El a quo en su resolución de fecha 21 de noviembre de 2012, en la cual desestima el recurso de reposición deja constancia de su pensamiento general que ineludiblemente debe ser analizado por cuanto del mismo se derivan las consecuencias que traen conflicto a la parte ejecutante de sus honorarios.

En ese sentido, en primer lugar marca que el art. 236 de la ley 2150 es procedente cuando existe condenación en costas, aunque también se decreta analógicamente contra el cliente del profesional, solo podrá ser objeto de embargo legal un bien que esté afectado al proceso por una cautelar previamente decretada (en otro caso corresponderá a un embargo de los provistos en el C.P.C.) y siempre que sea el propietario del bien quien deba abonar los honorarios del profesional que lo solicita. Sigue el criterio de un autor.

Este tribunal como en los autos N° 17.602 caratulados "Goldberg, Fernando C/ Vialco S.A. - Ordinario - Incidente De Apelación c/ Efecto Devolutivo", 12/3/2004, L.A. 130, Fº 94/96, precisó que "en los autos Nº 17.547 caratulados "Aguilar Castro Fernando G. c/ Perona, Claudio Maurice - Ejecutivo" (L. de A. Tº 129, Fº 197/204 - 23/12/2003) sostuve que "...la letra del artículo concretamente regula que "en caso de condenación en costas, se reconoce a favor de los profesionales, que deban percibirlas, un embargo legal sobre todo, valor, dinero o cosa, sea mueble o inmueble que, estando afectada al proceso, debe eventualmente responder al pago de aquellas". Como se colige, el embargo legal se concede únicamente a los profesionales que tienen a su favor una condenación en costas...".

Ello es así por cuanto el profesional de la parte que obtuvo una sentencia favorable con la correspondiente condenación en costas a la contraria, tiene la opción de reclamar sus honorarios "tanto al condenado al pago de las costas como a su cliente...". A partir de ello, la propiedad del valor, dinero o cosa afectada al proceso es un tema sin relevancia por lo cual se puede, sin obstáculo, ordenar el embargo legal.

En cambio, el profesional que no goza de la opción porque no tiene una condenación en costa a su favor sólo puede reclamar sus honorarios a su propio cliente y sobre los bienes de su pertenencia.

Esta es la razón clave por la cual el art. 236 Ley 2150 concede el embargo legal exclusivamente a los profesionales en caso de condenación en costas.

Para mayor abundamiento de la posición diferenciada que legalmente tienen en el pleito los profesionales de la abogacía interviniente conforme tengan o no en su favor una condenación en costas, en autos Nº 16.341 "Quiroga Gustavo Luis Antonio y Correa Alicia Inés - Divorcio vincular presentación conjunta - Incidente de ejecución de honorarios prom. por la Dra. de De Cara" (L. de A. Tº 112 Fº 151/1253 - 30 mayo 2001) se dijo: "...juicio ejecutivo si se dirige la acción contra la parte que ha ganado el pleito en el caso de autos, y el trámite de ejecución de sentencia si se trata del cobro al condenado en costas...".

Como se puede colegir, quien no tiene una condenación en costas, el abogado de la parte perdedora, tiene como título la sentencia regulatoria pero la ejecuta contra su propio cliente en un proceso ejecutivo independiente. En cambio, el favorecido por la condenación en costas, ejecuta la sentencia conforme el trámite del art. 483 C.P.C.".

Como se infiere, quien tiene a su favor una condenación en costas tiene la ventaja de peticionar el embargo legal el cual tiene su razón de ser en que goza del privilegio de poder hacer efectiva la misma, mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que no es el caso de quien cobra a su propio mandante sin tener condenación en costas porque el crédito para este último nace de la relación civil y no de una orden judicial.

Es por ello que no es correcta la apreciación del autor citado adoptada por el a quo.

Sin embargo el punto clave de esta litis venida a resolución se fija en el concepto de propiedad de la suma depositada, criterio del a quo que estimamos equivocado.

En efecto, el Inferior dice que "el bien afectado al proceso sobre el que se trabara el embargo legal (dinero proveniente de la subasta) no es de propiedad de los demandados condenados en costas, sino que sirve para satisfacer el crédito de los distintos acreedores según su preferencia, y sobre estas sumas, en la medida que no dirige la ejecución contra su cliente, solo podría hacer valer el embargo legal sobre el excedente que tenga a percibir el actor ejecutante una vez satisfecho sus créditos, previa deducción de los embargos decretados en su contra.".

El equívoco del a quo queda en evidencia cuando dice que el dinero depositado en los autos proveniente de la subasta no es de propiedad de los demandados. El error de la providencia es tan elemental que si no fuera de propiedad de uno de los demandados no pudo, de modo alguno, ser remitido a estos actuados por el Juzgado Federal donde se llevó a cabo la subasta del bien que era de propiedad del uno de los demandados. En otras palabras, fueron remitidos porque son de propiedad de San Ramón S.A.

No debe confundirse, como lo hace el a quo, propiedad con la finalidad que tiene el dinero embargado en el proceso de ejecución que es satisfacer el interés de los acreedores ejecutantes conforme sea la prelación dada por los privilegios de cada acreencia.

En este punto debe entenderse que el traspaso de la propiedad del dinero embargado se produce cuando el juez imputa el mismo a determinada deuda que se encuentra en proceso de ejecución con embargo sobre el mismo, da la orden de abonar al acreedor emitiendo el correspondiente libramiento y este acepta el pago recibiendo el mismo. Se debe tener en cuenta que el pago es un acto jurídico bilateral que en el caso de la ejecución la jurisdicción suple y ordena la voluntad del demandado ejecutado y subastado haciendo el pago forzado.

A partir de ello, el dinero remitido por el Juzgado Federal que no ha sido imputado a deuda alguna sigue siendo de propiedad del demandado hasta la resolución que debe tomar el a quo de la primera instancia en base a las pautas que se fijan en este fallo.

El segundo tema está relacionado con la preferencia de pago del crédito de los abogados y la interpretación peculiar que formula el a quo al exigirle que debió demandar a su propio cliente para tener preferencia.

El error del a quo parte de considerar que el dinero no es de propiedad del demandado antes de ser imputado al pago de alguna de las deudas, pero aclarado ello queda en evidencia que el profesional que tiene embargo legal sobre el objeto del pleito no tiene necesidad jurídica de demandar a su propio cliente para hacer efectiva su acreencia porque tiene en su favor la correspondiente condenación en costas a cargo de los demandados.

Ahora bien, el punto hermenéutico se concentra en este punto de la construcción de esta sentencia en el contenido del art. 542 C.P.C./Ley 8037 que dice "Preferencias. Mientras el ejecutante no esté totalmente desinteresado, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino, salvo que se tratare de las costas de la ejecución, o del pago de otro acreedor preferente o privilegiado. Los gastos causados por el deudor para su defensa no tendrán, en ningún caso, prelación salvo cuando correspondiere por aplicación de la ley sustancial. .".

Una recta interpretación indica que cuando existe una ejecución individual el dinero obtenido primariamente debe ser imputado para satisfacer el crédito del ejecutante hasta desinteresarlo totalmente. Pero el mismo artículo estatuye como primera excepción, acordándole por cierto preferencia para su cobro, a las costas de la ejecución.

En este punto resulta ineludible traer a colación el contenido del art. 77 C.P.C./Ley 8037 donde expresamente se regla el alcance de la condenación en costas al decir que "la condena en costas comprenderá todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y su preparación, y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito mediante el cumplimiento de la obligación.". Como se puede colegir los honorarios del abogado que tuvo a su cargo la ejecución exitosa están incluidos dentro del concepto de costas del proceso y, a partir de ello, tienen preferencia de pago conforme el art. 542 C.P.C./Ley 8037. Esta norma se condice y concuerda con el criterio de preferencia dado por el art. 240 de la Ley de Concursos y Quiebras a favor de los gastos del proceso judicial de ejecución colectiva.

Adviértase que es la propia ley procesal la que excluye de la preferencia a los honorarios de los abogados del condenado en costas porque son gastos causados para su propia defensa.

Finalmente, se debe tener en cuenta que algunas normas del Código Civil que tratan de los privilegios en los concursos han sido implícitamente derogadas por la Ley de falencias razón por la cual no pueden ser aplicadas por analogía en un proceso de ejecución individual. Además de ello, se debe tener en cuenta que en autos no se ha llevado a cabo la subasta del bien de propiedad de uno de los demandados sino que se ha remitido el dinero remanente de la misma para satisfacer la acreencia del actor ejecutante, razón por la cual toda las consideraciones relacionadas con la preferencia de pago de quién realiza la subasta no tienen aplicación directa en autos. En función de ello, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, en consecuencia ordenar, si no hubiere otro crédito con preferencia legal, hacer efectivo el pago de los honorarios del abogado de la ejecutante que tiene a su favor condenación en costas y, con ello, el privilegio de ser abonado con anterioridad al crédito principal ejecutado. Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.