Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-10


ASEM, Marta Rosana contra MI CASITA HOGAR DE PROTECCION AL MENOR Reg.: A y S t 202 p 471-478.

En la ciudad de Santa Fe, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ASEM, Marta Rosana contra MI CASITA HOGAR DE PROTECCIÓN AL MENOR -Cobro de Pesos- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 164, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Spuler.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. Sucintamente, el caso.

1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Villa Constitución, Marta Rosana Asem promovió demanda contra "Mi casita Hogar de Protección al Menor" pretendiendo el cobro de diversos rubros laborales: indemnización por antigüedad, preaviso, sueldo anual proporcional, vacaciones proporcionales y sueldo mes de abril de 1998.

En el escrito introductorio del proceso, sostuvo que ingresó a prestar servicios en relación de dependencia para la demandada el 2.2.1998, como personal de maestranza conforme la categoría 7 de la convención colectiva de la actividad; que sus labores -de ocho horas diarias en turnos rotativos- consistían en la limpieza general del establecimiento, cuidado de los menores, atención de sus necesidades, suministrándole remedios y ayuda en sus quehaceres escolares; que el 10.12.1997 recibió una carta documento, enviada por la empleadora, citándola para el día siguiente a fin de que efectuara un informe sobre reiterados incumplimientos a las órdenes impartidas por la supervisora de la institución; que en esa reunión se le recriminó que La demandada resistió la pretensión sosteniendo -en líneas generales- que la comisión directiva (por acta n 404) citó a la trabajadora a fin de que formule el descargo correspondiente a raíz de haberle iniciado un sumario laboral por graves incumplimientos de sus tareas.

Continúo diciendo que las faltas referían, conforme al informe de la supervisora, a que no le había suministrado el medicamento prescripto a Micaela González, quién padecía de trastornos neurológicos graves como también a que había golpeado con un trapo mojado al menor Adrián González, a más de no poder controlar a los niños en el turno de la tarde.

Asimismo, relató lo acontecido con las señoras Monti y López de Calamante y, en tal sentido, afirmó que éstas habían visitado el hogar el día domingo 1.3.1998, dejándolas la actora pasar sin hacerles firmar el libro de recibo, incumpliendo, de esa manera, órdenes de la comisión directiva respecto del día de visitas (sólo los viernes).

En base a esos motivos -alegó la demandada- fue que la comisión directiva mediante acta n 413 del 6.4.1998 despidió a la actora (fs. 53/57).

1.2. La Juez de baja instancia rechazó la pretensión actora en el entendimiento de que la injuria laboral invocada por la demandada, especialmente en lo referente a los incumplimientos de las obligaciones laborales de la actora y en el actuar con los niños, que motivaron la realización de los sumarios, se encontraban acreditadas con la absolución de posiciones de la propia actora, los propias contestaciones de descargos en el sumario y demás constancias de autos (fs. 147/155).

1.3. Apelado ese decisorio, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario lo revocó y, en consecuencia, hizo lugar a la pretensión actoral, condenando a la demandada a pagar los rubros indemnizaciones sustitutivas de preaviso y de despido (fs. 175/178).

2. Contra dicho decisorio interpone la accionada su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

En primer lugar, sostiene que la resolución impugnada viola diversos tratados internacionales sobre los derechos del niño por cuanto revoca la resolución de baja instancia, considerando que la empleadora no había cumplimentado las formalidades impuestas por los artículos 243 y 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni ejerció en tiempo y forma las facultades disciplinarias del artículo 67 del mismo cuerpo legal.

Asimismo, apunta que la Sala considera que no se respetaron los requisitos del artículo 242 de la normativa laboral, estimando que las conductas antijurídicas desarrolladas por la actora no revistieron la gravedad suficiente para considerar configurada la injuria laboral como justa causa del despido.

Asegura que la interpretación y prelación normativa efectuada por el A quo al aplicar "strictu sensu" la ley laboral, con un rigor formal excesivo que ni la propia ley contempla -ya que los requisitos de forma no son de carácter "ad solemnitatem"- se contrapone y viola expresamente lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional y específicamente lo ordenado por el artículo 3, incisos 1 y 3 de la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía y rango constitucional.

Reprocha a la Sala minimizar y tratar con cierta ligereza los incumplimientos laborales de la actora con olvido que el deber fundamental a cargo de ésta al celebrar el contrato de trabajo, era la protección de los niños y el resguardo de su salud.

Destaca, respecto de los bienes protegidos, que la actora no suministró medicamentos a una niña, sabiendo que sufría de convulsiones, no limpiaba los baños ni hacía las tareas de limpieza del hogar.

Con referencia a la seguridad y bienestar de los menores, golpeó a un menor con un trapo, descuidaba las guardias y se iba al lavadero, y permitió el ingreso de personas extrañas a la institución sin registrarlas en el libro correspondiente.

Sostiene que ante el incumplimiento reiterado de tales deberes a su cargo era obligación de la institución, por mandato constitucional, velar por el interés superior del niño (art. 3, inciso 3 de la mencionada convención).

Asegura que el recurso resulta procedente en tanto existe colisión entre normas de la Constitución nacional con la normativa laboral y el Tribunal otorgó prioridad a las formas de la ley inferior por sobre aquellos mandatos de la Carta Magna nacional.

Imputa a la Sala incurrir -al resolver- en ritualismo al juzgar que la notificación del despido no contiene una expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda ni tampoco se encuentra acreditada en la causa la injuria con entidad requerida por la normativa laboral para configurar justa causa.

Además, entiende que resulta contradictorio el razonamiento del A quo ya que, por un lado, le impone -dentro de las facultades disciplinarias con que cuenta- la responsabilidad de no haber tomado previamente medidas sancionatorias extremas y, por otro, le reprocha no dar una respuesta adecuada y proporcional tendente a que, con resguardo del principio de conservación del contrato de trabajo, procure corregir a la trabajadora.

Achaca a la Sala resolver el caso desconociendo los incumplimientos a las obligaciones laborales de la actora, que constan en diversos informes suscriptos por la supervisora de la entidad (que fueron tratados en comisión directiva) y motivaron la instrucción de dos sumarios administrativos tramitados en legal forma y garantizando el derecho de defensa de la actora, en tanto contó con la posibilidad de formular los descargos correspondientes; asimismo, agrega que, por tratarse de una persona jurídica que toma decisiones por una comisión directiva, el procedimiento lleva un tiempo necesario e imprescindible para no tomar resoluciones arbitrarias y desmedidas.

En definitiva -expresa- ante el incumplimiento de sus obligaciones laborales a la actora se le instruyeron dos sumarios, aplicándose, en un primer momento y en resguardo del principio de conservación del trabajo, una sanción menor y luego de tramitado el segundo, ante la comprobación de injurias laborales que hacen imposible la continuidad de la relación laboral -amen de los antecedentes de suspensión reconocidos por la propia empleada-, se la despide con justa causa y se le notifica debidamente la sanción.

Le imputa al A quo caer en arbitrariedad fáctica al prescindir valorar pruebas válidamente incorporadas al proceso (como lo son: los informes de la supervisora, los sumarios instruidos, las testimoniales y el dictamen pericial) y ponderar en forma irrazonable los examinados.

El Tribunal a quo denegó la impugnación extraordinaria, circunstancia que motivó la presentación directa de la demandada ante esta Corte, quien abrió la instancia mediante resolución registrada en A. y S., T. 187, pág. 178.

3. El nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar a este Cuerpo por imperio del artículo 11 de la ley 7055, me conduce a rectificar aquel criterio conforme a los fundamentos que seguidamente esbozaré.

Aún cuando la quejosa acusa la invalidez de la sentencia por presunta arbitrariedad como lesión de derechos y garantías de raigambre constitucional, del desarrollo de los fundamentos vertidos en la pieza recursoria, en su confrontación con el fallo atacado, surge tan solo su mera disconformidad con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias sobre cuestiones fácticas, probatorias y de derecho común -que escapan a la materia específica del remedio extraordinario-, en cuanto entendieron, esencialmente, que cabía acoger la pretensión actora por cuando la demandada, a más de haber incumplido con lo dispuesto por el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, no había acreditado una injuria de gravedad tal que razonablemente apreciada no hubiera consentido la prosecución del vínculo laboral. En efecto:

El primero de los agravios vertidos por la impugnante refiere a que la Sala aplica e interpreta diversos preceptos del régimen de contrato de trabajo con exceso rigor formal, haciendo prevalecer éstas normas por sobre cláusulas contenidas en tratados con jerarquía constitucional.

Sin embargo, los argumentos que sustentan el reproche no convencen ciertamente que la Cámara haya caído en un sobredimensionamiento de la formas y mucho menos aún que haya privilegiado al ordenamiento laboral en desmedro de disposiciones de rango superior.

En rigor, la crítica de la recurrente tan solo demuestra su mera oposición con la hermenéutica asignada por el A quo a los artículos 218, 242 y 243 del cuerpo legal citado, mas sin persuadir que la exégesis propuesta conforme a las circunstancias comprobadas de la causa desborde los márgenes de logicidad y razonabilidad tolerados.

Adviértase, en primer lugar, que la respuesta brindada por el Tribunal respecto de que la ahora recurrente incumplía con las exigencias previstas por el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo encuentra sólida correspondencia con las constancias de autos, concretamente con la comunicación obrante a fojas 13, en donde lacónicamente se expresa en el telegrama de distracto "...queda despedida por su exclusiva culpa, habiendo incurrido en reiterados incumplimientos a las obligaciones laborales...".

Y es que frente a esta escueta manifestación de la demandada para justificar la ruptura del vínculo no resulta arbitrario que la Sala haya sostenido que la notificación del despido causado no contenía la expresión suficientemente clara de los motivos en que se fundaba (art. 243, L.C.T.).

Recuérdese que esta Corte in re "Arias" (A. y S., T. 140, pág. 162) ha consagrado la recta inteligencia que cabe conferirle a este precepto, en el sentido de que los jueces, en la labor de apreciar la suficiencia o no de la expresión de los motivos alegados por la empleadora para legitimar la extinción del contrato de trabajo, deben obrar con prudencia y que este ineludible deber funcional procura mantener el delicado equilibrio que tanto protege el derecho de defensa del trabajador como evitar la entronización del formalismo en la evaluación de la idoneidad de los términos utilizados para hacer saber las causas con entidad injuriante invocadas.

En suma, la impugnante -con su formulación- no demuestra que la Alzada haya aplicado la norma en cuestión de manera ritualista, antes bien la solución brindada encuentra correlato con las constancias de la causa y, asimismo, guarda sintonía con la interpretación asignada por esta Corte sobre la materia.

Igual suerte adversa corren los cuestionamentos de la recurrente tendentes a desvirtuar el tratamiento por parte del A quo de las faltas afirmadas por la empleadora en la contestación de la demanda como sustento de la injuria invocada para justificar el distracto.

En tal sentido, conviene destacar que el A quo examinó cada una de las infracciones alegadas, comenzando por el informe del 26.11.1997 en donde la supervisora daba cuenta que la actora no había suministrado un medicamento a una menor, otro había sido golpeado y que no controlaba a los niños.

Sobre estas imputaciones, el Sentenciante afirmó que la propia demandada -luego de un sumario- le había aplicado la "sanción de apercibimiento"; que esa medida, además de no encontrarse corroborada en autos, no es contemplada por la ley 20744 como tal, ya que considera sólo a la suspensión la que otorga derecho al trabajador a rechazarla (art. 67), lo que no ocurre con los denominados "llamados de atención" o "apercibimiento"; por ende -concluyó el Juzgador- al no habérsele aplicado siquiera un día de suspensión, la patronal había considerado leve la eventual falta imputada, por lo que ella no pudo dar lugar al despido al haber merecido una respuesta y muchos menos cinco meses después de haber acontecido el hecho.

También el Sentenciante refirió a los otros informes de la supervisora, en tanto le atribuían -el 01.03.98- no haber firmado el libro de visita a dos personas que habían concurrido al establecimiento a fin de llevarles golosinas a los internos y -el 16.02.98- no obedecer órdenes, concluyendo -en definitiva- que ninguna de estas faltas estaban acreditadas en la especie.

Luego abordó la inasistencia -del 06.03.98- sosteniendo que no había constancia alguna de que la demandada hubiera efectivizado el apercibimiento de "incurrir en falta al trabajo sin justificación" ni ejercido facultad disciplinaria alguna.

Finalmente, el Tribunal se abocó al examen de las presuntas suspensiones de la actora y, en esa labor, consideró que éstas no habían sido acreditadas por la empleadora en su existencia, justa causa y plazo fijo (art. 218, L.C.T.) como tampoco habían sido mencionadas como antecedentes justificantes del despido a fin de que la demandada pudiera ejercer su derecho de defensa.

Este breve resumen de la sentencia impugnada echa por tierra la queja de la impugnante respecto de que la Cámara minimizó y trató con ligereza las presuntas infracciones atribuidas a la actora o que algunas no fueron analizadas.

Por el contrario, se advierte con claridad que el A quo examinó todos y cada uno de los incumplimientos imputados a la actora, atribuyéndoles distintas consecuencias jurídicas de acuerdo a los hechos acreditados en el proceso y mediante motivaciones que satisfacen la lógica racional y jurídica.

Por otra parte, ningún asidero con las constancias de la causa cuenta el reproche de la recurrente en torno a que el Tribunal soslaya prueba y las que valora, lo hace de manera parcializada y fragmentada.

Sobre el particular, corresponde destacar que una cosa es la configuración de arbitrariedad en la valoración probatoria, que acontece cuando se prescinde de probanza decisiva para la suerte de la litis, cuando se invoca una inexistente o se contradice con otras actuaciones del procedimiento, y otra muy distinta es cuestionar los alcances y las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear sobre la causa.

Esto último es lo que acontece en la especie.

Pues, no hay arbitrariedad en la materia, sí disconformidad acerca de su valoración y ello no constituye "per se" cuestión constitucional alguna.

Tampoco convence la quejosa que el A quo privilegie preceptos inferiores (Ley de Contrato de Trabajo) por sobre cláusulas de rango constitucional (Convención Internacional de los Derechos del Niño y Convención sobre los Derechos del Niño), en tanto no se demuestra -en concreto- la existencia de una verdadera colisión normativa en el caso; trátase en la especie de una demanda laboral en donde ninguna de las disposiciones que se estiman conculcadas se encuentran en juego, pues ninguna relevancia ostenta en la causa los fines que persigue la institución demandada (protección al menor).

Por último, se impone sostener que el exceso ritual manifiesto que la impugnante le atribuye al Juzgador y que anida en todo el pensamiento sentencial termina por desvanecerse, si se considera que éste juzgó el "sub examine" desde diversas perspectivas.

Ello así, por cuanto la Cámara no sólo basó su razonamiento en que la demandada había incumplido con lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo sino que, además, se situó en la hipótesis de que aún estando acreditadas las supuestas injurias - circunstancia que, como ya se vio, descartó- tampoco éstas tenían entidad suficiente para justificar la ruptura del vínculo laboral.

Concretamente, el Tribunal dijo "...ocurriendo la gravedad de los incumplimientos imputados, los mencionados en primer término dieron motivo solo a un apercibimiento...la limpieza de baños es un típico caso que puede dar origen a una suspensión;....la falta de firma no se advierte constituya un incumplimiento de gravedad, al igual que la inasistencia de un día al trabajo...".

Para luego concluir la Sala que no estaba acreditado en autos una injuria de gravedad tal que razonablemente apreciada no consintiera la prosecución del vínculo laboral, debiendo en su caso la empleadora haber aplicado sanciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, pero aparecía sin dudas excesivo después de un apercibimiento decidir directamente el despido ante genéricos incumplimientos, distantes entre sí en el tiempo, y que pudieron haber sido motivo de sanciones disciplinarias oportunas y contemporáneas a los fines de mantener el contrato de trabajo o disolverlo luego si pese a las mismas la actora no modificaba su conducta.

Y bien, la sentencia recurrida cuenta -más allá del grado de acierto o error- con el sustento fáctico, jurídico y de razonabilidad suficiente.

Debe tenerse en cuenta la naturaleza del recurso, que no se ha establecido para corregir errores hermenéuticos que no alcanzan a vulnerar exigencias constitucionales y que ingresan dentro de lo opinable y tolerado por los márgenes legales para decidir.

En mayor o menor medida, la tarea del intérprete y del Juzgador encuentra un marco de alternativas igualmente legítimas, pero no es la vía extraordinaria en estudio la idónea para suplantar una de aquéllas por otra admitida por el ordenamiento jurídico.

El control que cabe efectuar eventualmente, es si efectivamente no se ha incurrido en arbitrariedad, al dejar a la decisión fuera de los márgenes de legalidad y razonabilidad tolerados.

En definitiva, era posible construir otro silogismo al decidir la causa, escogiendo ciertos elementos probatorios y desechando otros, subsumiendo los hechos dentro de otras pautas normativas; mas el Tribunal de la causa ha propuesto un razonamiento que, independientemente de que sea o no compartido por la recurrente, no resulta vulnerable por falta de apoyatura en el derecho y las circunstancias del caso.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

El examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los principales a la vista, me conduce a ratificar la posición que sustentara en el recurso directo (R. A. y S., T. 187, pág. 178), por lo que "brevitatis causae" me remito a los fundamentos que expusiera en esa oportunidad.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior no corresponde pronunciarse sobre ésta.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)