Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-29


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Expt.Nº 3766/C "IRIGOYTIA JOAQUIN C/ PUENTE Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ ORDINARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" Juzgado Civil y Comercial Nº1-Gualeguaychú.- ACUERDO:- En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil trece, se reúnen los Señores Miembros Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, Dres. Gustavo A. Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux para conocer de los recursos interpuestos en los autos caratulados: "IRIGOYTIA JOAQUIN C/ PUENTE Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S/ ORDINARIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" respecto de la sentencia de fs. 362/368 vta. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el orden: BRITOS, PAULETTI Y DELRIEUX.

Estudiados los autos el Tribunal propuso las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Son elevados los honorarios regulados? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- Vienen los presentes a despacho para considerar sendos recursos de apelación articulados por las partes contra la sentencia dictada a fs. 362/368 vta., por la cual se hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el actor Sr. Joaquín Irigoytia y se condenó a "Puente y Cia. Sociedad de Responsabilidad Limitada" a entregar los materiales de construcción que obran detallados en recibo y facturas que se indicó, fijándose el plazo de cumplimiento bajo apercibimiento dar por resuelto el contrato, estableciendo para ese caso, que se le deberán abonar al accionante las sumas de $34.010 con más la de $29.680,73, ésta última resultante de la diferencia de la abonada y los precios actuales, con más intereses que estableció. Desestimó la aplicación de multa civil y, por último, impuso las costas al demandado regulando los honorarios profesionales.

1-)Para así decidir, la a quo ponderó que se promovió por el actor Sr. Joaquín IRIGOYTIA, en causa propia, demanda contra "PUENTE Y CIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" por cumplimiento de contrato de compraventa, peticionando la entrega de las mercaderías adquiridas en fecha 11 y 12 de marzo de 2008 y/o en su defecto, se le abone la suma de $34.010 en concepto de reintegro de lo pagado y la de $ 38.884,15 por los daños y perjuicios ocasionados con mas intereses, como así, que se aplique la multa que prevé el art. 52 bis de la Ley 24.240. Describió la operatoria comercial consistente en la compra y acopio de materiales. Que éstos se adquirieron en la Sucursal Gualeguaychú de la firma "MIGUEL WAIGEL Y CIA", suscribiendo la pertinente documentación con el socio gerente de la hoy accionada "PUENTE Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", afirmando que ésta es la real propietaria de dicho establecimiento. Relató que el 11/03/08 abonó en efectivo la suma de $9.570 por compras de ladrillos, cuya cantidad obraba detallada en recibo extendido por Rafael Puente y que el día 12/03/08 efectuó depósito en la cta. cte Nº 477-20-000745/8 a nombre de "Waigel" por la suma de $24.440 en concepto de pago anticipado por los restantes materiales que figuraban en las facturas, explicando que dicha operatoria era a los fines de congelar el precio e ir retirándolos en la medida en que se necesitaran, que éstos quedaron en el depósito de "Puente". Que, posteriormente, pese a los reiterados requerimientos, no le fueron entregados aduciendo que debían cumplir con compromisos contraídos y que de ello daba cuenta la C.D. agregada en el Concurso Preventivo de "Waigel"; expresó que entre éste y la ahora demandada existía un contrato de franquicia y que de ello derivada la responsabilidad de Puente en las presentes y, por tal, susceptible de ser demandada por incumplimiento. En sus argumentos defensivos la accionada alegó que había celebrado con "Waigel" un contrato de "gestión y colaboración empresarial" cuyo objetivo era administrar la Sucursal Gualeguaychú de la red comercial de aquél; que se trató de un acuerdo comercial, comprendido dentro de los contratos innominados o atípicos, donde "Puente" era simple depositaria y que se encargaba de la administración, siempre por cuenta y orden de "Waigel". Que de ello daban cuenta las facturas, no ignorando el actor con quién contrataba, por lo que pretender encuandrar la relación en una franquicia o sostener que se actuaba en nombre propio y a su riesgo carecía de sustento. Opusieron defensa de falta de acción para ser demandados, como defensa de fondo, por no ser titulares de la relación jurídica en que se basaba la demanda. Eventualmente repelieron los montos e intereses pretendidos. Sentado ello la Magistrada trató en primer lugar la naturaleza de la relación contractual motivante del reclamo, a efectos de decidir acerca de la legitimación de la accionada para estar en juicio y, previo analizar el contrato concluyó en la existencia de un interés común entre las partes "Waigel" y "Puente" que daba base a una estructura asociativa entre ambas y, en ese contexto ingresó a dilucidar la responsabilidad que le cabía a la demandada en relación al incumplimiento denunciado por el actor y que no fue desconocido por aquélla, y determinó que correspondía reconocer al perjudicado acciones directas contra "Puente", sin perjuicio de las de repetición que pudiere ejercitar el demandado, con lo que procedió a desestimar la defensa de falta de legitimación opuesta y condenó al demandado a entregar a Irigoytia los materiales detallados en el recibo y facturas obrantes en los presentes para lo cuál otorgó un plazo de 15 días bajo apercibimiento de dar por resuelto el contrato, en cuyo caso, debían abonarse las sumas que indicó, actualizadas a la fecha de la presente sentencia conforme dictamen pericial, con más intereses TABNA a computarse desde al vencimiento del plazo que fijó.

2-)La actora se queja concretamente (fs. 385/386), de que la a quo estableció que los intereses deberán computarse desde el vencimiento del plazo otorgado; acusando que al así decidir incurrió en un error respecto al dies a quo acerca del cumplimiento de la referida obligación subsidiaria, afirmando que debía fijarse a partir de la fecha de la interposición de la demanda o la notificación de esta por ser el momento de la interpelación auténtica y constitución en mora. Cita abundantes fallos y precedentes jurisprudenciales y, finalmente, solicita se haga lugar, con costas.

3-)Obra a fs. 387/391 vta. memorial de agravios de la parte demandada, esgrimiendo los apoderados, que el pronunciamiento que atacan se encuentra viciado por una incorrecta calificación de la relación jurídica de fondo, y que resulta errónea la inferencia de la Magistrada al interpretar que la respuesta dada a los reclamos efectuados por el actor a su representada mediante C.D., en la que como administradora de "Waigel" hacía referencia a "compromisos contraídos", son una especie de reconocimiento tácito, sin ponderar cuales fueron los reales alcances y características de la vinculación contractual habida entre el Irigoytia y "Waigel", afirmando que aquél siempre supo que negoció con dicha empresa y no con su poderdante. Alegan que la apreciación realizada por la a quo sobre los alcances de una relación de consumo y la cita del art. 40 de la Ley 24.240 no resulta ajustada a derecho en tanto, sostienen, atribuir responsabilidad a su representada al amparo de la "extensión" que realiza dicho precepto constituye un exceso carente de sustento jurídico. Se agravian de la interpretación del contrato realizada por la Juez de grado (contrato conexos) y, consecuentemente, de la desestimación de la ausencia de legitimación pasiva, en tanto no ha tenido en cuenta que el principio general es el art. 1195 del C. Civil. Sostienen que el hecho de participar de beneficios o ganancias no genera por sí la extensión de responsabilidad por incumplimiento contractual y que yerra la a quo en el análisis de la cláusula quinta del contrato, en tanto debió valorarse en conjunto con el resto de los elementos probatorios, tales como la informativa y pericia contable, demostrativas ellas de la inexistencia de un negocio único, sino que en forma independiente hay una vinculación entre "Puente", que administraba una sucursal de la red de comercialización "Waigel" y para la cuál actuaba en nombre y por cuenta ajena, nunca en nombre propio. Acotan que la sentenciante ha efectuado un equivocado razonamiento y extraído conclusiones equívocas de la doctrina en que sustenta el decisorio, tachando el mismo de arbitrario. Por último, se quejan de la imposición de costas, señalando que al rechazar la multa prevista por el art. 52 bis de la LDC. debió imponérselas a la actora y, agregan, que para el supuesto improbable de que no se haga lugar al recurso, atento la caracterización novedosa de la cuestión en el marco de los "contratos conexos" -que ha dado elementos suficientes para litigar- se aplique la excención del art. 65, 2do. párrafo del CPCC.

4-)Establecidos los antecedentes del proceso necesarios para resolver sendos recursos de apelación, corresponde dar tratamiento a los agravios vertidos por las partes, haciéndolo en primer término con los formulados por la accionada, quien plantea la improcedencia de la acción en su contra, para seguidamente efectuarlo con los del actor, vinculados con la manera de calcular los intereses que se establecieron como accesorios.

4.1-)Recurso de Puente SRL: Los agravios se encuentran direccionados a cuestionar la conclusión de la Juez, por la cual consideró que las obligaciones que asumiera para con el actor por cuenta y orden de Waigel SA debían ser satisfechas por la demandada; la condena se fundó en la doctrina de los "contratos conexos" considerando que Puente SRL es responsable por los incumplimientos en que incurrió Waigel SA respecto de las operaciones comerciales efectuadas a través de la sucursal Gualeguaychú.

No son hechos controvertidos: la realización de las operaciones de compraventa efectuadas por Irigoytía, que las mismas lo fueron a través de la sucursal Gualeguaychú de Waigel SA y que esta última se encontraba vinculada a Puente y Cía SRL a través del contrato de "colaboración empresaria", del cual incorporó su contenido la demandada a fs. 110/120.

Se agravia de manera principal el apelante de la interpretación realizada por la Juez al referido contrato de colaboración empresaria y en virtud de ello asignarle responsabilidad por obligaciones que no fueron asumidas de manera directa por la accionada, sino como resultado de un actuar por cuenta y orden de Waigel SA, cuestionando así que se violentan los principios de relatividad contractual.

Para entender la posición del recurrente ajustada a la normativa del Código Civil, cabe reseñar que como reflejo de la filosofía imperante en la época de sanción del Código Civil, la teoría general del contrato se elaboró en base a los principios del efecto relativo (arts. 1195 y 1999 ) y la fuerza vinculante (art. 1197); teoría del contrato concebida como actos aislados, sin atender su posible vinculación o interconexión con otros convenios o vínculos jurídicos, ni valorar que a través de varios acuerdos se persiguiera una finalidad u operación económica global.

Ello debe entenderse como lógico en el marco de la inexistencia de operaciones comerciales complejas a la fecha de la elaboración por Vélez Sarfield del C. Civil; y por ello natural y adecuado que se regularan los elementos del contrato, su validez e interpretación de sus cláusulas, previsto para el supuesto de que las partes hayan celebrado un solo contrato.

De esa manera, a la época del dictado del Código Civil no se reparaba en la eventual hipótesis de varios convenios unidos en sistema, como los que se observan en la actualidad como consecuencia de la evolución del tráfico comercial de bienes y servicios que ha generado la aparición de negocios que se desarrollan en base a encadenamientos de contratos o redes contractuales, que ha sido receptada como teoría a partir de la "recomendación" de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Mar del Plata en 1995, según la cual "en los supuestos de conexidad contractual la responsabilidad puede extenderse más allá de los límites de un único contrato, otorgando al consumidor una acción directa contra el que formalmente no ha participado con él, pero ha participado en el acuerdo conexo a fin de reclamar la prestación debida o la responsabilidad por incumplimiento" (Conf.:"Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil", pág. 148, pt. 14. Editorial La Ley).

Recomendación generadora del art. 40 de la ley 24240, que si bien en origen mereció el veto del Poder Ejecutivo, fue reintroducida por la reforma dispuesta por la ley 24999; norma claramente direccionada a dar concreta tutela al consumidor, estableciendo la responsabilidad solidaria del fabricante, importador, mayorista y minorista, es decir de todos aquellos que habían intervenido en la "cadena de comercialización".

Cita la doctrina nacional a los juristas italianos como los precursores en el análisis de la teoría de los contratos conexos; en particular destacan el fallo dictado por la Corte de Casación como iniciadora de la génesis y desarrollo de la doctrina, al sentenciar que "...las partes, en el ejercicio de su autonomía contractual, pueden dar vida, con un solo acto, a contratos diversos y distintos, que aun conservando la individualidad de cada tipo negocial y aun permaneciendo sometidos a su propia disciplina, sin embargo están coligados entre sí, funcionalmente y con relación de dependencia recíproca, de modo que las vicisitudes de uno repercuten sobre los otros, condicionando su validez y ejecución..." (Corte Di Cassazione Italiana, sentencia del 18.10.60 citada por WEINGARTEN, Celia - GHERSI, Carlos, "Los contratos conexados", La Ley 1997-F-1348).

En ese marco, se ha considerado como adecuada la definición dada a los contratos conexos por Ana López Frías -"Los contratos conexos", editorial Marcial Pons-, expresando "...se está ante el fenómeno de la conexidad contractual cuando varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que presentan una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la finalidad global que los informa, vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante" citada por Ricardo Uguet, "Aportes para una teoría general de los contratos conexos" - Publicado: JA 2003-IV-1098- bibliografía a la que remite en la materia.

Y es en ese contexto en el que debe ser interpretado y aplicado el contrato de colaboración empresaria que unió a Puente SRL y Waigel SA, pues el mismo muestra una concreta y clara vinculación entre las partes con el objeto de comercializar los productos provistos por la segunda de las sociedades mencionadas, vinculación dada por la imprescindible participación de Puente SRL para la concreción del contrato de compraventa en el cual Irigoytia intervino como adquirente de los materiales no entregados; proceder con la cual se genera una efectiva red de comercialización de productos, situación prevista para ser resuelta dentro de la teoría de los contratos conexos o vinculados, considerando en lo particular, que el presente es un caso de contratos vinculados, pues si bien la actuación de Puente SRL no es imprescindible, una vez concretada sí se encuentra efectivamente conectada con la de Waigel SA (Ver FARINA, Juan "Los contratos comerciales en la actualidad", Astrea, pág. 119).

Y si bien a la hora de extender los efectos de una relación contractual se debe ser prudente, ello no debe considerarse como un elemento insuperable, al punto de ser receptada en el proyecto de reforma del Código Civil -arts. 1073/1075- pieza en la cual sus autores han explicado que recogen la evolución jurisprudencial en la materia, dando de esa manera contenido a la teoría que aplican los Tribunales (Conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala B, "Frigorífico Riosma S.A. c. Argencard S.A. y otro s/ Ordinario", del 02/12/2003, donde se afirmó: "En el negocio analizado existe una causa económica que origina vínculos individuales orgánicamente funcionales. De tal modo, la conexidad se instituye como presupuesto neurálgico del funcionamiento de estas relaciones jurídicas interdependientes. El interés de las partes se satisface mediante un único negocio que requiere varios contratos coligados en un mismo sistema; aquellos se mantienen unidos pero conservan su autonomía.Tal elemento es vital para interpretar los grupos de contratos, donde existe una finalidad supracontractual que inspiró su celebración.el incumplimiento de las obligaciones contractuales no se agota en sus efectos bilaterales, sino que puede repercutir en el sistema.deben interpretarse conjunta y coherentemente sin soslayar la finalidad supracontractual que puede surgir a través de la red de vínculos." -Publicado: JA 2005-I-138-; concepto claramente trasladable al caso de autos).

Pues como lo explica Farina (obra y página citada), frente a los contratos conexos o vinculados, estos mantienen su autonomía y sin que los sujetos pierdan su individualidad, pero como resultado de la voluntad de las partes al integrar uno con otro, quedan unidos en una relación jurídica compleja por la cual se genera una conjunción de negocios organizados sistemáticamente que constituyen una única operación jurídica económica.

Así es que dada la participación de Puente SRL en los negocios de compraventa de materiales para la construcción que realizase Waigel SA en el departamento Gualeguaychú, en el caso, no se da la pretendida ajenidad de la demandada en la relación jurídica mantenida entre el actor y la firma Waigel SA emergente de las facturas que se incorporaron en autos, condición por la cual el accionado indica no es responsable por los incumplimientos de la proveedora por aplicación del principio de relatividad de los contratos previsto para los supuestos de contratos independientes.

Conforme lo expresado, y considerando que el apelante parte de la errónea premisa de entender que su contrato no se encuentra alcanzado por la teoría de los contratos conexos, argumento central de la sentencia con lo cual coincido, los agravios resultan insuficientes para revertir la condena impuesta. Ello dicho con independencia de la resolución que la cuestión tenga en un eventual planteo que el accionado formule a Waigel SA. en el marco de su relación jurídica.

4.2-)Recurso del Actor: Se queja el actor de la manera en que fueron impuestos los intereses por la Sra. Juez a quo, afirmando que la mora se produjo al momento de accionar o sea desde la interposición de la demanda o en su defecto de la notificación al demandado.

Para interpretar de manera adecuada lo decidido, se debe atender que la Sra. Juez en primer término condenó al cumplimiento de la obligación de entrega de los materiales objeto de las compraventa que se encuentran detallados en el recibo de fs. 5 y facturas incorporadas a fs. 6/11, fijando un plazo a ese fin; dejando establecido en subsidio, el apercibimiento de tener por resuelto el contrato en caso de incumplimiento y allí estableció el monto de los materiales de manera actualizada, fijando un interés moratorio a partir de la fecha establecida para tener por resuelto el contrato.

La queja se direcciona a cuestionar el "dies a quo" de la mora, sin contemplar que la Magistrada cuantificó la obligación del demandado atendiendo a valores corregidos respecto de los históricos; justificado ello en considerar que el interés percibido por el Banco de la Nación Argentina en operaciones de prestamos de dinero a treinta días, contiene una porción destinada a proteger al capital de la depreciación del dinero como consecuencia de la inflación, en mérito de lo cual no resulta posible su aplicación directa sobre valores ya objeto de corrección.

A su vez, realizando el cálculo mediante la aplicación de la tasa de interés citada en el párrafo anterior sobre el valor histórico de la obligación del accionado, generaba al momento del dictado de la sentencia el total de $ 43.235,21(www.cajaforense.org.ar/calcularTasas), suma muy inferior a la condenada, por lo cual, este Tribunal se ve impedido de acoger como solución, pues no planteada la cuestión por la contraria implicaría una "reformatio in peius" prohibida en el recurso de apelación, por tratarse de un principio con garantía constitucional por su íntima vinculación con la garantía de la defensa en juicio (Conf. CSJN fallos, 234:270 y 372; 24:254; 244:198; 246:121).

Por los fundamentos dados, el agravio debe ser desestimado.

4.3-)Conforme las conclusiones a las que arribo al tratar los recursos formulados por los recurrentes a la primera cuestión voto por la afirmativa.

ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- Apeló la apoderada del accionado en diligencia los honorarios que fueron regulados a los profesionales y auxiliares por su actuación en primer instancia, calificandolos de altos.

Efectuada la operación aritmética, teniendo en cuenta el monto del proceso fijado en la sentencia en la cantidad de $ 63690,73 y el valor del jurista a la fecha de la regulación en $ 75, el referido monto de condena se reduce a 849,20 juristas, por lo cual la regulación máxima debe representar la cantidad de 133,80 juristas y la mínima de 102,37 juristas para la parte triunfadora en el proceso, cantidad a la que no alcanzan las regulaciones efectuadas a favor de los Dres. Joaquín y Antonio Irigoytia, por lo cual sus honorarios no son altos; tampoco resultan altos los fijados a favor de los apoderados del accionado.

En razón del razonamiento desarrollado, el recurso de apelación contra los honorarios debe ser desestimado.

ASI VOTO.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que, por compartir los argumentos, adhiere a la solución propuesta por el preopinante.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A. BRITOS, DIJO:- En mérito del acuerdo al que se arriba al tratar las anteriores cuestiones, corresponde dictar sentencia rechazando sendos recursos de apelación con costas a cargo de cada apelante, regular honorarios por la actuación en esta instancia, y desestimar el interpuesto por la Dra. María José Leissa en representación del accionado contra los establecidos en el decisorio.

ASI VOTO.- A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA PAULETTI, DIJO:- Que, por compartir los fundamentos, adhiere al vocal del primer voto.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, DIJO:- Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según Ley 9234).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

GUSTAVO A. BRITOS - ANA CLARA PAULETTI - GUILLERMO O. DELRIEUX	(Abstención), ante mi: DANIELA A. BADARACCO Secretaria SENTENCIA:- GUALEGUAYCHU, 29 de octubre de 2013.

Y VISTO:- Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría;

SE RESUELVE:- 1.-DESESTIMAR los recursos de apelación interpuestos a fs. 369 vta., en diligencia, por la parte demandada y a fs. 370 por el actor contra la sentencia de fs. 362/368 vta. la que se confirma en todas sus partes e IMPONER las costas de los recursos a los apelantes vencidos.- 2.-DESESTIMAR el recurso deducido por la parte demandada a fs. 369 vta. en diligencia, contra la regulación de honorarios efectuada en el pronunciamiento de grado.

3.-REGULAR los honorarios profesionales por el recurso de la actora al Dr. ANTONIO IRIGOYTIA en la suma de .. y por el recurso de la demandada a los Dres. MARIA JOSE LEISSA y LUIS LEISSA. en la suma de ... a cada uno de ellos; arts. 3, 5, 14, 30, 31, 64 y concs. de la Ley 7046.

REGISTRESE, notifíquese y, oportunamente, bajen.

GUSTAVO A. BRITOS - ANA CLARA PAULETTI - GUILLERMO O. DELRIEUX, ante mi: DANIELA A. BADARACCO Secretaria En .../.../... se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.- DANIELA A. BADARACCO Secretaria