Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30


Causa n° 7911/2013 TANGO JET SA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL Y OTROS s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO Buenos Aires, 30 de junio de 2014.- HE VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 123, fundado a fs. 126/151, contra la sentencia de fs. 95/96; y CONSIDERANDO:

1°) En el referido pronunciamiento, el señor juez de grado se declaró incompetente para entender en estas actuaciones y atribuyó su conocimiento a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

Para así decidir, el a quo sostuvo que el fallo de esta Sala por el cual había declarado la competencia del fuero en el expediente sobre medidas cautelares -n°2045/13- tuvo en cuenta circunstancias diferentes a las que presenta la acción principal. En ese sentido, afirmó que la causa referida sólo había sido iniciada en contra de la Administración Nacional de Aviación Civil -ANAC- pero que aquí también resulta demandado el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos -ORSNA-. Y en ese sentido, juzgó aplicable a la especie el art. 28 del decreto 375/97 que establece que toda controversia en que sea parte ese organismo de contralor debe someterse a la jurisdicción en lo contencioso administrativo federal.

2°) La actora cuestiona esa decisión pues entiende que la norma del decreto 375/97 invocada en el fallo no modifica la atribución de competencia en razón de la materia efectuada por el art. 42 de la ley 13.998 para las causas regidas por el derecho aeronáutico. Afirma que si se entendiera lo contrario el decreto sería inconstitucional puesto que la competencia judicial sólo puede ser fijada por ley del Congreso.

Por otro lado, sostiene que la materia del pleito se rige por el derecho aeronáutico y la intervención del ORSNA no cambia la cuestión puesto que sólo se impugnaron decisiones administrativas que dictó en el marco de la resolución ANAC n° 810/12.

Finalmente, invoca la decisión dictada por esta Sala en el contexto de la medida cautelar solicitada en forma autónoma el 31.5.13 y la existencia de conexidad entre esa causa y estas actuaciones principales.

3°) El señor Fiscal General dictaminó a fs. 168/169 y remitió a los argumentos expuestos en la causa n° 2045/13, en donde el Ministerio Público había sostenido la competencia del fuero civil y comercial federal en ambas instancias.

Asimismo, acompañó copia de la opinión emitida en el marco de la causa en trámite por ante el fuero contencioso administrativo federal "ORSNA (Ref. Tango Jet SA) s. med. caut. (CCF 2045/13) s/ inhibitoria" -n° 36.334/13-. Según surge de esa ponencia, el ente regulador planteó una cuestión de competencia por inhibitoria respecto del expediente sobre medidas cautelares tramitado en este fuero que fue desestimada por la jueza de primera instancia, decisión que actualmente se encuentra sujeta a revisión por parte de la Sala I de la mencionada Cámara (ver fs. 164/167).

4°) Así planteada la cuestión, conviene precisar que la decisión adoptada en materia de competencia en el expediente sobre medidas cautelares no determina necesariamente que este fuero deba intervenir en la acción principal.

En efecto, el juez competente para conocer en las medidas cautelares es el que debe entender en el proceso principal (conf. art. 6, inc. 4, Código Procesal). Tal disposición supone que al momento de decidir sobre la competencia a los efectos de una precautoria es menester analizar el alcance de la pretensión de fondo que bien pudo no haber sido planteada en ese momento si se trata de una medida autónoma, tal cual sucedió en la especie -el fallo de la Sala sobre competencia en la medida cautelar data del 31.5.13 y esta causa sólo se inició el 23.12.13, según el cargo de fs. 89 y vta.-. De modo tal que sería inexacto afirmar que el juicio realizado en ese contexto sea definitivo a los efectos de la competencia en la acción subsiguiente.

Tampoco puede obviarse que han variado ciertas circunstancias procesales en relación a las que se tuvieron en cuenta al tratar la competencia en la causa sobre medidas cautelares. En estas actuaciones también se demanda al ORSNA, entidad estatal cuya norma de creación tiene una atribución específica respecto de la competencia judicial -el ya mencionado art. 28, segunda parte, del decreto 375/98, ratificado por el decreto de necesidad y urgencia n° 842/97-.

Naturalmente, estas consideraciones preliminares no implican que la decisión deba variar; en todo caso, corresponde valorar si la intervención del ORSNA es relevante a los fines de establecer el fuero competente para conocer en la acción principal.

5°) Ello establecido, conviene recordar que si bien para determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. C.S.J.N. Fallos: 308:229; 310:116; 311:172, entre otros), también se ha dicho que, a tal fin, se debe tener en cuenta la naturaleza de la pretensión, examinar su origen, así como la relación jurídica existente entre las partes (conf. Fallos: 321:2917; 322:617; 326:4019, entre otros).

Este matiz es particularmente aplicable cuando se indaga si una determinada causa queda alcanzada por la previsión del art. 45, inc. a), de la ley 13.998, vale decir, si califica como contenciosa administrativa (ver Fallos 323:144). Lo dirimente, a tales efectos, es que la contienda judicial se encuentre regida directa y primordialmente por normas de derecho administrativo federal (conf. Fallos 324:3863, donde hizo referencia a la subsunción del caso en el derecho administrativo como principio ordenador; ver también: esta Sala, causa n° 9.784/05, del 30.11.07; Haro, Ricardo, La competencia federal - Doctrina - Legislación - jurisprudencia, Ed. Depalma, 1989, págs. 346/347).

Y por otro lado, no puede perderse de vista que la regla general es que la materia aeronáutica cae dentro de la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal (conf. art. 42 de la ley 13.998).

6°) Pues bien, del escrito inicial surge que la actora es una empresa dedicada a la explotación de servicios no regulares de transporte aéreo, que cuenta con tres aeronaves de porte menor y que tiene su base de operaciones en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery. En ese contexto, cuestionó mediante acción declarativa de inconstitucionalidad la validez de ciertos actos estatales que afectarían su operatoria en ese lugar: resolución ANAC n° 810/12 y la resoluciones ORSNA n° 123/13 y 125/13.

En el primero de los actos mencionados, de fecha 31/10/12, la ANAC dispuso que a partir del 1.8.13 el aeroparque metropolitano quedaría habilitado exclusivamente para la operación de aeronaves afectadas a empresas de transporte aéreo regular, "cuya capacidad de transporte sea de por los menos 30 pasajeros" (ver art. 2°). A su vez, a través de la resolución n° 123/13 el ORSNA estableció que a partir del 1.8.13 las instalaciones anexas a la plataforma sur del aeroparque -donde se encontraría el hangar de Tango Jet- que sirven de guarda y mantenimiento de aeronaves de menor porte podían ser entregadas a otras personas, a cuyos efectos instruyó al concesionario del servicio aeroportuario que realice las gestiones pertinentes para la liberación de tales instalaciones (conf. arts. 3 y 4). Y finalmente, la resolución ORSNA n° 125/13 tuvo por extinguido el contrato de explotación que beneficiaba a la actora y la intimó a que hiciera entrega de las instalaciones en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales en los términos de la ley 17.091.

7°) Sobre tales bases, en este estado larval del procedimiento parece razonable entender que el ORSNA habría adoptado ciertas medidas de corte instrumental a los efectos de ejecutar las disposiciones de carácter general fijadas por la ANAC en la resolución n° 810/12. Dicha decisión, como se expuso en la causa sobre medidas cautelares, se fundó en el decreto 1770/07, que fija la competencia de ese organismo. Y su objeto se vinculaba con cuestiones regladas en el Código Aeronáutico, como ser la infraestructura dedicada a la navegación aérea y a las potestades de fiscalización por parte del Estado (ver títulos II y VI). De allí, pues, que la nueva circunstancia planteada en esta causa, dada por la participación del ORSNA como parte demandada, no es suficiente para variar el criterio adoptado al momento de analizar la competencia para decidir la medida cautelar solicitada por Tango Jet. La composición del litigio requeriría el examen de cuestiones propias del derecho aeronáutico -en este punto caber remitir a la decisión adoptada el 31.5.13 en la causa n° 2045/13- y las medidas estatales cuestionadas tienen origen en un acto dictado por la ANAC. Y esto descarta la aplicación de la norma atributiva del decreto 375/97 puesto que la controversia sustancial se generó por la actividad de un organismo público diferente al ORSNA.

A ello debe sumarse que la Corte Suprema ha estimado que las causas en las que se demandan a organismos estatales como la ANAC o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por cuestiones aeronáuticas, corresponden a la competencia material de este fuero, incluso si la acción se encuentra regulada por normas de la ley 19.549 o bien conlleva el cuestionamiento de actos administrativos que versan sobre esa materia (conf. Fallos 324:3999 y sentencias dictadas en las causas "Grande, Luis Adolfo" del 30.11.10 y "Aero Vip SA", del 23.6.11).

8°) Lo dicho hasta aquí es suficiente para ordenar que el juez a quo reasuma la competencia que declinó, sin que sea necesario analizar la tacha de inconstitucionalidad del decreto 375/97 formulada por la actora.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, esta Sala RESUELVE: revocar la resolución apelada.

Teniendo en cuenta la existencia del planteo de inhibitoria al que hace alusión el Ministerio Público, comuníquese la decisión adoptada a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Hágase saber a los letrados de la parte actora que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-).

Regístrese, notifíquese, a la Fiscalía de Cámara en su despacho, cúmplase con la comunicación dispuesta, y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI-ALFREDO SILVERIO GUSMAN-GRACIELA MEDINA