Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-15


Paraná, marzo 15 de 2006.

1º ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º ¿Cómo deben imponerse las costas? 1º cuestión. - El doctor Carlin dijo:

I.1. Contra el resolutorio de fs. 2173/2186, dictado por la Cámara Primera, Sala I, de esta ciudad integrada en esa oportunidad por los doctores J. M. A., R. E. G. y D. J. M., que declaró a Mario Ramón Robles autor material y responsable del delito de abuso sexual agravado por el concurso de dos personas y con arma reiterado -dos hechos- en calidad de coautor y lo condenó a la pena de trece años y cuatro meses de prisión -arts. 119, últ. párr., inc. d), 45, 55, 40 y 41 del Código Penal-, interponen sus abogados defensores, doctores N. L. y H. F., recurso de casación a fs. 2191/2193, haciendo lo propio la Fiscal de Cámara, doctora S. L., a fs. 2194/2196 y vta.

I.2. Destacaron los representantes del imputado que centraban sus agravios en la arbitraria gradación de la pena impuesta al mismo por cuanto consideraban que al renovar los actos atinentes a la sanción impuesta y dictar un nuevo pronunciamiento los jueces actuantes utilizaron como sustento los parámetros de las normas mensuradoras de los arts. 40 y 41 del Código Penal siguiendo la línea del fallo primigenio, no obstante lo cual aumentaron el quantum punitivo, agravando la situación del justiciable, por ello sostuvieron que el razonamiento del sentenciante no ha respondido a las leyes que presiden el entendimiento humano, el que debe caracterizarse por ser coherente, mantener una adecuada correlación y concordancia, sin conclusiones contrastantes entre sí que se anulen, debiendo aparecer inequívocas a fin de no dar lugar a la duda, lo que destacaron no aconteció en el caso.

Refirieron que el vocal que se expidió en segundo término, si bien manifestó que coincidía con quien votó precedentemente, al referirse a la personalidad del encartado introdujo elementos que no fueron incorporados en el expediente como prueba, ni en el debate anterior, ni en éste, tales como la profesión de comerciante de Robles, el hecho que cursó hasta 4º año de la escuela industrial, su profesante religiosidad, siendo que le estaba vedado revisar probanzas con entidad de cosa juzgada -subrepticiamente introducidas por los querellantes- ya que no formaban parte de la nulidad dispuesta por esta Sala ni del juicio de reenvío que debía versar exclusivamente sobre la graduación de la pena.

Resaltaron lo afirmado por el doctor G. respecto al silencio del imputado con relación a que no mostró signos de arrepentimiento ni pidió disculpas a sus víctimas y agregaron que en base a esas premisas "contra legen" tal magistrado orientó subjetiva e indefectiblemente su voto hacia la agravante punitiva, la que calificaron de arbitraria, ilógica, violatoria del principio del "in dubio pro reo", del derecho de defensa en juicio, del debido proceso y de todas las garantías que se incluyen en el Pacto de San José Costa Rica.

Puntualizaron que resultó sorpresiva la posición del tercer votante en el fallo que recurren quien manifestó que se adhería a las consideraciones precedentes, ignorándose a cuales aludía ya que el Presidente de la causa se basó en los argumentos de los anteriores sentenciantes y el doctor G. si bien sostuvo que coincidía con el voto anterior en realidad no lo hizo.

Concluyeron que un análisis erróneo, parcial e inequitativo del vocal que se expidió en segundo término fue lo que permitió proponer el agravamiento sancionatorio para lo cual éste introdujo pruebas que no constaban en el proceso, tales como las calidades personales de Robles que nunca fueron investigadas ni judicializadas.

Plantearon el principio prohibitivo de la "reformatio in pejus" para el supuesto caso que, de prosperar el embate casativo, el ad quem no recepte favorablemente su pretensión y solicitaron se deje sin efecto la pena impuesta.

I.3. La Fiscal de Cámara liminarmente manifestó que los requisitos formales que autorizan la admisibilidad del presente recurso se daban en la especie.

Refirió que agravia al ministerio que representa la sentencia en crisis en cuanto declaró al imputado como autor material y responsable del delito de abuso sexual agravado por el concurso de dos personas y con arma reiterado -dos hechos- en calidad de coautor y lo condenó a la pena de trece años y cuatro meses de prisión con supuesta base en la mensuración que determinan los arts. 40 y 41 del Código Penal desoyendo el pedido de dieciocho años de prisión efectuado por esa Fiscalía.

Puntualizó que la declaración de autoría material de Robles fue una cuestión no tratada ni modificada por el tribunal casatorio -confr. fs. 2127/2134- y por ello concluyó que lo dispuesto al respecto en el fallo atacado constituía un inadmisible exceso que viciaba tal acto sentencial ya que al encartado se lo declaró responsable de los mismos delitos por segunda vez siendo que lo único que se debió haber hecho era fijar la pena.

Reseñó lo sostenido por el vocal ponente en la sentencia que pretendía casar respecto al estado de las cárceles y a que prolongar la internación carcelaria del encausado no aportaría elementos positivos sino que éste correría el riesgo de verse involucrado en hechos que lo perjudiquen porque no resultaba factible contener en tales establecimientos como es debido aún a los internos que posean buena conducta y cumplan las normas carcelarias y concluyó que tales afirmaciones constituían un claro vicio "in judicando" porque no encontraban marco legal ya que escapaban a las pautas que señalan los arts. 40 y 41 del Código Penal. Refirió opiniones doctrinarias en apoyo de su postura.

Manifestó que se registraba también un vicio "in procedendo" en el fallo recurrido toda vez que el Vocal del primer voto realizó una indebida remisión a un tramo del fallo anterior -el cual reprodujo- que había sido materia de casación y declarado nulo, lo que sostuvo determinaba la falta de motivación de la resolución cuestionada.

En virtud de las razones dadas interesó se declare la nulidad del fallo recurrido y se disponga el reenvío de los autos a fin que el tribunal que corresponda dicte un acto sentencial válido. Hizo reserva del caso federal.

A fs. 2221/2222 el Fiscal Adjunto de este Alto Cuerpo, doctor J. E. B. mantuvo este recurso de casación.

II.1. A la audiencia de los arts. 485 y 486 del Código Procesal Penal comparecieron los Defensores del imputado, doctores N. L. y H. F., la doctora I. B. del C. B. en su carácter de querellante particular y representante de M. M. L. B.; el doctor L. A. G., representante de la querellante particular y actora civil L. M. A. P. y el doctor J. E. B, Fiscal Adjunto de este Superior Tribunal de Justicia.

II.2. En uso de la palabra el doctor B. expresó que el Ministerio Fiscal que representa recurrió la sentencia por entender que la misma adolecía de los vicios previstos en los dos incisos del art. 477 del Código Procesal Penal, es decir, vicio "in judicando" e "in procedendo" y liminarmente ratificó el escrito de interposición deducido por la Fiscal de Cámara, doctora S. L. ante el tribunal recurrido.

Sostuvo que ya en aquella oportunidad y al mantener el recurso en la etapa procesal oportuna señalaban que los palmarios vicios en que incurrió el tribunal sentenciante estaban referidos no sólo a la mensuración de la pena impuesta sino también a la indebida meritación de las pautas que al respecto brindan los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Al respecto destacó que el Vocal que comandó el acuerdo al dictarse la sentencia recurrida refirió hechos ajenos a la normado en el ordenamiento penal cuando expresó que no se debía aplicar una pena de monto elevado a quien fuera declarado culpable porque las cárceles no reunían las condiciones necesarias para contener a los alojados en ellas, sostuvo que si bien resulta cierta tal afirmación esa circunstancia no puede ser considerada como agravante y/o atenuante porque no estaba prevista en la ley sustantiva.

Con relación a los endilgados vicios "in procedendo", puntualizó que el magistrado que se expidió en primer término hizo referencia en la sentencia recurrida a un tramo de la anteriormente anulada por esta Sala asignando como fundamento del nuevo fallo argumentos que oportunamente fueron expurgados y por ello consideró que esa parte del resolutorio en crisis resultaba ilegítima, se apartaba de toda lógica y razonabilidad, lo que determinaba que la decisión recurrida careciera de validez y eficacia.

En igual sentido señaló que el vocal que se manifestó en tercer término, doctor M., se adhirió sin reservas ni explicaciones a los dos votos que lo precedían, a pesar de que éstos contenían diferentes motivaciones y no eran plenamente coincidentes y por ello afirmó que su postura resultaba incongruente e inentendible.

Estimó que constituía otro vicio del fallo que recurrió la circunstancia que al dictarse el mismo se declaró nuevamente autor material y responsable del delito endilgado al encartado siendo que la plataforma fáctica fijada y la determinación de la autoría responsable del fallo primigenio no fueron invalidadas en la sentencia dictada por este Tribunal ya que -recordó- sólo se anuló parcialmente aquel decisorio, por ello consideró que tal declaración constituía un exceso inadmisible que debía ser corregido.En base a las razones dadas solicitó que se admita el recurso de casación incoado, se declare la nulidad del fallo en crisis y se proceda al reenvío de las actuaciones para que otro tribunal, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

II.3. Seguidamente la doctora L. expresó que se adhería a los fundamentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal, dado la concordancia con los planteos recursivos efectuados por su parte referido a la pretendida declaración de nulidad del fallo en crisis.

Se refirió, en aras de establecer los parámetros de lo que denominó "la nueva casación", a los Pactos Internacionales incorporados a la Constitución Nacional con la reforma del año 1994, a lo decidido en el caso "Herrera Ulloa" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a lo fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Casal" y resaltó la amplitud que se le debía otorgar a este recurso, en virtud de lo sostenido en tales precedentes y en las normas constitucionalizadas, a los fines de proteger los derechos de los imputados y su posibilidad en caso de ser condenados de acceder a una doble instancia revisora.- Rememoró también los antecedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in rebus "Jauregui" y "Giroldi" y el fallo recientemente dictado en los autos "Arancibia", lo expresado por Bidart Campos respecto de la doble instancia en materia penal y los Tratados Internacionales constitucionalizados, los que -sostuvo- están "por encima de las leyes". A partir de tales premisas concluyó que su parte puede introducir y este Tribunal debe analizar los hechos nuevos surgidos después de la interposición del recurso de casación como una forma de asegurar los derechos reconocidos al imputado.

En base a tal postura planteó como hecho nuevo la sentencia dictada en los autos "Pilinger", quien refirió fue desde el inicio de la investigación el consorte procesal del encartado Robles y sindicado como el autor material del ilícito en cuestión señaló que Pilinger hoy goza de libertad ya que la justicia no habilitó la producción de una prueba de ADN.

Comentó al respecto fallos dictados por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, casos en que los agraviados solicitaron la posibilidad de introducir un hecho nuevo y el tribunal los habilitó.

Señaló que en la actualidad se tiene una nueva imagen de la casación y afirmó que en virtud de la misma este Tribunal tiene imperio para revisar los fallos de grado, respetando únicamente el principio de la inmediatez lo que podría limitar sólo la probabilidad de analizar los testimonios rendidos.

Asimismo interesó la nulidad del pronunciamiento de grado en razón que su pupilo ha sido declarado culpable dos veces lo que sostuvo afectó el principio del "non bis in idem".

Requirió nuevamente la receptación del hecho nuevo denunciado -sentencia emanada en los autos "Pilinger"- y en virtud que tal persona se encuentra en la actualidad libre solicitó se declare la nulidad de la sentencia recurrida y se disponga también la libertad de su pupilo, quien desde hace más de cinco años está detenido.

Interesó que, en caso de no hacerse lugar a los planteos invalidantes deducidos y en virtud del respeto al principio de la "reformatio in pejus", su asistido no sea condenado a una pena mayor a la de diez años impuesta en la sentencia primigenia.

Refirió que su defendido está sujeto a la órbita de lo dispuesto en la ley 24.390 en sus arts. 7º y 8º por lo que consideró de plena aplicación al caso el cómputo del "dos por uno" previsto en dicho cuerpo legal y teniendo en cuenta que se debe tomar tal plazo desde el primer día de detención recalcó que a la fecha el mismo tiene más de diez años de cómputo de pena por lo que debería estar en libertad.

Resaltó también que al tiempo que se lo juzgó tenía más de dos años de detención y a pesar que solicitó que se dispusiera su libertad, su petición -en violación a lo normativamente dispuesto en las normas glosadas- fue denegada. Abonó su postura con lo decidido en el caso "Cabezas".

En virtud de los argumentos glosados interesó se haga lugar a los planteos casatorios deducidos por su parte.

II.4. Seguidamente el doctor G. expresó que si bien su parte no formuló embate casatorio alguno en la causa en esta instancia y señaló que compartía las razones vertidas por la Fiscalía para fundar su recurso por lo que requirió que este Tribunal resolviera en el sentido propuesto por la misma.

II.5. Por último, la doctora B., se adhirió expresamente a los argumentos vertidos por el Ministerio Público Fiscal y solicitó se decidiera en la forma interesada por éste. Puntualizó asimismo que en los autos en los cuales se encuentra imputado Pilinger la sentencia dictada por el Tribunal de grado ha sido recurrida en casación por haberse omitido la producción de prueba fundamental referida a la pericia genética y por ello sostuvo la imposibilidad que ese fallo se introduzca como hecho nuevo en esta etapa casatoria ya que el mismo carecía de firmeza.

III. Que mediante sentencia de este Alto Cuerpo del 26 de abril de 2004, que corre a fs. 2127/2133 vta., se anuló parcialmente el fallo de la Sala I de la Cámara Primera de esta Capital que corre a fs. 2040/2059 mediante el cual se declaró a Mario Ramón Robles autor material y responsable del delito de abuso sexual agravado por el concurso de dos o más personas y con arma reiterado -dos hechos- en calidad de coautor y se lo condenó a la pena de diez años de prisión (art. 119, última parte, inc. d, 45, 55, 40 y 41 Cód. Penal), afectando tal invalidación al citado pronunciamiento -conforme lo determina clara e inequívocamente el decisorio "ad quem"- "en cuanto impone al imputado la pena de diez años de prisión, en su punto I. de la parte dispositiva, in fine".

Aunque parezca una obviedad, se torna necesario subrayar que el resto del pronunciamiento oportunamente dictado por el órgano de grado quedó incólume ya que la expurgación se limitó exclusivamente a la imposición de la sanción punitiva al encausado. Por ello el punto 3º de la sentencia casatoria dispone diáfanamente: "Ordenar la oportuna devolución de la causa al órgano de origen para que, debidamente integrado por quien corresponda, renueve los actos pertinentes y dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho en relación a la cuestión objeto de la invalidación precedentemente dispuesta".

De lo expuesto emerge que, debidamente integrado, el tribunal inferior debió realizar el debate respectivo en orden a la integración de la sentencia anterior a los fines únicos y exclusivos de reemplazar la imposición de la pena, en razón de la invalidación de la obrante en el decisorio casado, por otra dosificación fundada debidamente con arreglo a la normatividad aplicable.

Perplejo reparo que el nuevo fallo se desmadró del ámbito competencial respectivo, volviendo a declarar al imputado autor del ilícito por el que ya fuera considerado responsable por el resolutorio anterior, estando firme tal aspecto del mismo desde que no fue ni siquiera recurrido por ninguna de las partes del proceso, no habiendo mediado -por ende- discusión ni resolución casatoria sobre el particular.

Que, ello así, sin hesitación alguna cabe concluir que asiste razón al recurso de la Fiscalía cuando imputa al fallo traído el padecimiento de viciosidad al haberse excedido del acotamiento propio del reenvío efectuado, expidiéndose indebidamente sobre una autoría delictiva ya declarada por un pronunciamiento sentencial firme sobre el particular, debiendo sanearse el mismo a través de la nulidad parcial del decisorio en crisis en lo que atañe a tal aspecto (arts. 171; 174; 411 y concs. C.P.P.). Así lo dejo auspiciado.

IV. Corresponde ahora ingresar a los aspectos vinculados a la mensuración punitiva efectuada por el inferior, esquematizando mi posición en la forma siguiente:

A) Aunque a través del camarista de primer voto, con cita a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Santillan" (13/VIII/98) hubo una contestación adecuada a la articulación defensiva aludiendo mediar a favor de su asistido el principio de la "reformatio in pejus", que impide para la recurrente la obtención de un resultado más disvalioso que el obtenido en sede inferior de suerte tal que, a consecuencia de su propia impugnación de alzada, resulte perjudicada por el fallo revisor del órgano superior, se impone -al mediar agravios casatorios sobre el particular- formular algunas consideraciones.

El principio aludido tiene una inequívoca raigambre constitucional, en mérito al concepto amplio de la tutela que hace la Carta Magna del derecho de propiedad (art. 14), extensivo a lo incorporado en el haber del individuo a través de un pronunciamiento judicial firme que le reconozca el legítimo interés de no resultar afectado con motivo de su propia articulación impugnaticia, agravándose su parte con el remedio por ella misma intentado (confr. mis votos en "Liendo, Enrique y Otros c. Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas - Acción de Amparo" -22/XII/94-"; "Valacco, Carlos Alberto - Estafa en Perjuicio de la Administración Pública en Grado de Tentativa de Delito Imposible - Recurso de Casación" -5/IX/95-, entre otros).

Pero tal tutela no es invocable desde que no existió sobre la determinación de la sanción penal una sentencia definitiva, incorporable en su beneficio por el encausado, ya que la misma fue recurrida por los acusadores particulares y obtuvo un resultado favorable la pretensión invalidante de tal parte recurrente, expurgándose la fijación del "quantum" punitivo por defectos insuperables en la motivación del mismo.

En la mejor de las hipótesis para la postura de la defensa, la controversia podría eventualmente haberse planteado si el único recurrente en aquella oportunidad hubiese sido el imputado, atacando por excesiva la dosificación realizada, circunstancia que no aconteció en el "sub judice", donde solamente la querellante embistió tal determinación por inmotivada, alegando también su arbitrariedad por considerar insuficiente el "quantum" de la sanción. Se impone, por ello, desechar tal argumento defensivo que exigía, vuelvo a reiterarlo, dos supuestos inexcusables: una decisión carente de firmeza contemporáneamente y que tal parte se hubiera agraviado al tiempo de su dictado, provocando su recurso la revocación o anulación de lo resuelto, en el pronunciamiento originario, circunstancias que no han concurrido en el "sub judice".

B) Hemos dicho en el fallo casatorio dictado en estos mismos autos supra rememorando que: "si advertimos la gravedad de los hechos endilgados al encausado, según el 'factum' descripto en la propia pieza decisoria, que concluyó en declararlo como coautor material responsable de dos hechos de abuso sexual agravado por el concurso de dos personas y con arma (arts. 119, último párr., inc. d, 45 y 55 Código Penal), figura que tiene contemplada -en abstracto- una sanción de ocho a veinte años de reclusión o prisión, se imponía inexorablemente una exposición que satisfaciera las exigencias de los arts. 40 y 41 del ordenamiento sustantivo en la selección y graduación punitiva; tales como:

1º) La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados.

2º) La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir; la participación que haya tomado en el hecho; la calidad de las personas y las circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad, y otras circunstancias vinculadas a la persona y antecedentes del inculpado" (fs. 2131vta./2132).

Corresponde, entonces que examinemos si en el pronunciamiento en crisis se han satisfecho tales exigencias, atendiendo las pautas legales que determinan el abanico de circunstancias ponderables para determinar la selección y graduación punitiva en el caso concreto.

El magistrado de primer orden comienza la meritación pertinente en relación al caso concreto en juzgamiento a partir del punto 3 de sus considerandos (fs. 2181) y si bien no ha sido feliz la rememoración a conceptos vertidos en el pronunciamiento anterior cuando se trata -justamente- del aspecto anulado del mismo, dando lugar a los agravios partivos ante esta instancia, tal desarrollo, aun cuando sea censurable como metodología sentencial, carece de entidad invalidante en el caso que nos ocupa.

En efecto, la ausencia de motivación atribuida al citado decisorio anterior radicó en la omisión de realizar el análisis necesario de los parámetros vinculados al imputado para satisfacer la manda de los arts. 40 y 41 del ordenamiento sustantivo. En otras palabras: la nulidad dispuesta por esta Sala no se cimentó en las manifestaciones vertidas en la sentencia de grado, sino en su silencio, en la orfandad de un "desarrollo expositivo contemplativo de tales aspectos impuestos por las normas sustantivas que permitan sostener que el aspecto vinculado a la imposición de la condena ha gozado de la motivación ordenada por el ordenamiento procesal (arts. 406; 411, inc. 3, y concs. del cuerpo ritual)" (fs. 2132).

Ello así, la reivindicación de lo dicho en aquel fallo carece de incidencia dirimente ya que la invalidación dispuesta por este Alto Cuerpo se arquitecturó en las omisiones incurridas, sin realizar un juicio valorativo de lo expresado por el camarista que llevó el voto que contó con la adhesión de sus colegas.

Efectuada tal consideración preliminar, señalo que el sufragio del doctor A. expresa, luego de una formulación doctrinaria, que "como lo he expresado en reiteradas oportunidades la pena no puede ir más allá de la medida de la culpabilidad que en este supuesto se encuentra sumamente condicionada por la especial patología que padece el hoy juzgado".

Se dice que el límite máximo de lo punible es lo exigible a un hombre normal, donde la motivación del hecho pueda tener alguna explicación a fin de relacionar aquella con la culpabilidad. Aquí no es difícil llegar a una certera conclusión, está claro que si bien no alcanza para declararlo inimputable, el informe psicológico incorporado oportunamente al contradictorio, hace constar que Robles padece de una personalidad neurótica grave, con tendencias a actos impulsivos, particularmente temidos o no deseados, de los cuales se defiende con ideas reactivas de carácter místico. Asimismo, interpretando los Test Proyectivos, se observa una repetición compulsiva como forma de defensa a las ideas obsesivas rechazadas y por temor al paso a la acción. La falla de estas defensas, implicarían la aparición de las pulsiones temidas, ya sean de tipo agresivas y/o sexuales... aspectos éstos que deben jugar como morigerantes y no como agravantes.

En cuanto a la naturaleza de la acción, la misma se compadece con los términos de la figura agravada elegida en relación al número de personas intervinientes y al uso de arma, a lo que debemos aditar las filmaciones y/o amenazas vinculadas a la publicidad de aquellas como el modo y la cantidad de penetraciones que sufrieran las víctimas.

En relación al daño causado se suma a lo antes señalado, los padecimientos psíquicos y morales que deben padecer ambas víctimas en el umbral de su vida sexual lo que de hecho agrava el evento criminoso, para finalmente señalar como lo mencionara ya el Tribunal sentenciante que amén de la personalidad neurótica grave del encartado, se trata de una persona joven, casada, de trabajo, con un hijo y sin antecedentes computables.

En síntesis, atendiendo a lo antes señalado, fundamentalmente en cuanto a los fines de la pena y su operatividad en la actualidad, como asimismo a la enfermedad que padece el prevenido cuyo tratamiento deberá ser abordado intra-muros en un marco de contención que no es el ideal pero que se presenta como la única alternativa, es que propongo se le aplique la pena de doce años de prisión (fs. 2181/2182).

Aún coincidiendo con el Ministerio Fiscal en que resulta magra la evaluación efectuada; sin perjuicio de su carácter acotado, restringido, ella alcanza para considerar-no obstante su condición mermada- satisfecha la exigencia motivacional pertinente. Hemos dicho en diversos precedentes que "Es cierto que el inferior ha sido muy escueto en el desarrollo de la fundamentación de su decisorio. Sin embargo -aún reducida- la motivación del fallo existe en grado suficiente para atribuirle validez.

Bien señala Fernando De La Rúa que debe distinguirse "la falta de motivación de 'la simple insuficiencia de motivación', que no deja a la resolución privada de fundamentos eficaces. La ley manda que la sentencia sea motivada, pero el pronunciamiento es fulminado con nulidad, únicamente cuando falta la motivación, no cuando ella es sólo imperfecta, o defectuosa... Como no lo afecta tampoco el hecho que sea breve o aún brevísima o escueta, siempre que sea eficaz..." ("El recurso de casación", ed. 1968, ps. 154/155. En el mismo sentido nos hemos expresado en diversos precedentes de esta Sala (confr. "Paternostre, Carlos Eduardo... Recurso de Casación", 17/VII/92; L.S. 1992 - t. II, Fº 407), (confr. "Gregorutti, Hugo A. - Homicidio Culposo - Recurso de Casación", 18/X/2000).

Coherente con lo expuesto cabe concluir en el desechamiento de la impugnación efectuada al voto del camarista de primera línea.

A su turno y con una prolijidad encomiable el doctor González formula un desarrollo expositivo puntilloso de los aspectos que le permiten arribar a su propuesta de imposición de la pena de quince años de prisión. Lo hace, entre otras consideraciones, en los siguientes términos: "surge del informe proveniente del R.N.R. que Mario Ramón Robles carece por completo de antecedentes penales computables. A ello adiciono las deficiencias de su personalidad que surgen de los informes psicológicos y psiquiátricos obrantes a estos obrados, en cuanto refieren -fs. 1396/1397- que si bien en la personalidad del incurso no se observan elementos psicóticos, sí es dable sostener que aquella es del tipo neurótica grave y con una estructura obsesivo-compulsiva, con mecanismos de defensas de tipo reactivo, siendo del caso poner de resalto la conclusión a la que llegan los doctores Daniela Carballo, Verónica Quintana y Alberto Raiteri, quienes al suscribir el informe obrante a fs.1711/1712, nos señalan que Robles es poseedor de una personalidad psicopática, observándose en él indicadores de su dificultad para controlar los impulsos instintivos, como así también un bajo nivel de tolerancia a la frustración.

Lo señalado, en realidad, sumado al hecho que el causante posee una familia constituida, son los únicos factores atenuantes que observo al considerar las pautas o parámetros previstos por los arts. 40 y 41 del CPenal, ya que los restantes, sobre los cuales seguidamente me extenderé, sólo pueden jugar como agravantes; así: a) Su edad, su nivel socioeconómico y de instrucción -se trata de un comerciante de 36 años de edad, que cursó hasta 4º año de la escuela industrial, que profesa el culto de la Iglesia Cristiana Evangélica-; b) Los motivos que lo llevaron a delinquir resulta notorio que en la noche en que ocurrieron los dos sucesos investigados, Robles y aparentemente su consorte procesal, previo de munirse de un arma de fuego, tipo revólver, salieron de recorrida, para no decir de "cacería", en el automóvil Peugeot 306 dominio BCL-412 dispuestos a satisfacerse sexualmente en cuanto se presentara la primera ocasión para ello, aun cuando -como así ocurrió- debieran recurrir a la fuerza e intimidación. Lo expresado nos está indicando a las claras la existencia de un plan, previamente urdido entre ambos, donde cada uno debía realizar un plan o rol previamente consensuado, ya que es evidente que, mientras uno de los incursos conducía el rodado y el otro se encargaba de dar el primer paso para la consumación del plan acordado: la privación de la libertad a las víctimas; c) La naturaleza de las acciones llevadas a cabo, las que sin duda alguna revelan una alarmante dosis de culpabilidad y antijuridicidad, a poco que se repare en el perfil de la víctimas, quienes tranquilamente circulaban caminando por calles de dos pacíficas ciudades del interior de la Provincia y de escasos habitantes, con la consiguiente estigmatización de aquellas; los medios empleados para la consumación de aquellas, oportunidad en que incluso se llegó a filmar a las víctimas y a hacerlas posar desnudas, previo a los accesos carnales, los cuales consistieron en accesos vaginales, anales y orales, todo lo cual revela un total desprecio por los bienes jurídicos que protegen las figuras penales en juego, sobre todo si se repara que los incursos llegaron al límite de amenazar a las víctimas de hacer público el contenido de las filmaciones en caso de verse denunciados; d) La extensión del daño causado, el cual sin lugar a dudas fue importante, por cuanto además de la traumática situación vivida por las menores P. y B. y que el trámite del juicio debió hacerles revivir, es innegable las secuelas de que nos da cuenta la doctora Gruben de Gastaldo, médica tratante de la segunda de las nombradas, quien diagnosticó que su paciente presenta una depresión reactiva y crisis de pánico que la condiciona; que el tratamiento es prolongado y puede afectarle su relación de pareja, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una joven, que al estar a las constancias de la causa no había mantenido previamente relaciones sexuales, lo cual evidentemente constituyó una elección de su parte" (fs. 2183vta./2184vta.).

A su turno, el tercer magistrado interviniente se remite a los votos que lo precedieron, concluyendo en proponer una mensuración en trece años de prisión. Si bien es criticable tal remisión así formulada, es obvio que ella no puede inteligirse sino en lo que resulte compatible entre ambas. Sin dubitación alguna, cabe aseverar que la dosificación punitiva no puede ser caprichosa o librada al mero voluntarismo del juez, sino que debe resultar de una meritación de las circunstancias previstas en los arts. 40 y 41 del Código Penal; sin embargo ello no importa descartar el margen de discrecionalidad que tiene el magistrado en su conclusión, en tanto ella no padezca de ilogicidad, arbitrariedad, o carezca de toda cimentación.

En ese orden de ideas cabe señalar que el ilícito atribuido al encartado tiene señalada una sanción en abstracto de ocho a veinte años de prisión, sin perjuicio de la aplicación del art. 55 del Código Penal al tratarse de un concurso real de delitos, habiendo el doctor A. fundado su propuesta de doce años de encierro carcelario, el doctor G. la suya de quince años, siendo la auspiciada por el doctor M. de trece años. De tal modo que, habiendo un margen tan amplio para la determinación punitiva, la propuesta del magistrado de último sufragio solamente discrepa con el primero en un año sobre la pena y con el segundo en dos años, de tal manera que -aun criticable- la remisión a ambos fundamentos de sus preopinantes carece de virtualidad invalidatoria ya que el escaso margen diferencial entre las distintas propuestas permite ubicar el caso traído en los márgenes que autoriza la prudente discrecionalidad del magistrado. La incompatibilidad se daría si las penas propuestas hubieran sido notoriamente diferentes temporalmente, circunstancia que no hallamos en el "sub examine", aventándose la incurrencia en arbitrariedad.

De lo expuesto, concluyo en que no advierto que el criterio que emerge del tercer voto tenga incidencia susceptible del arribo a un resultado invalidante del fallo en crisis.

C) Por último un acápite especial merece el sorprendente planteo de mediar un "hecho nuevo" emergente de una doctrina de grado que se expidió por la improcedencia de la extracción compulsiva de sangre de un imputado para la realización de ADN.

Resulta ineludible tal argumento a partir de la circunstancia que la sentencia que atribuyó la autoría del encausado ya ha quedado firme, limitándose el nuevo decisorio exclusivamente al aspecto atinente a la selección y mensuración de la pena, resultando -por ende- bizantina e improcedente toda discusión sobre una autoría ya decidida mediante un fallo anterior; en segundo lugar porque tal doctrina de un órgano inferior -como se ha señalizado en la audiencia respectiva- ha sido objeto de recurso para ante esta Sala, sin que medie aún consideración y pronunciamiento ad quem sobre el tema aludido; en tercer lugar porque -como lo aseveró la misma articulante- los casos son diversos ya que en el sub examine no hubo extracción compulsiva de material, sino que el imputado se prestó voluntariamente a que ella se efectuara. Todo sin perjuicio de manifiesta improcedencia de considerar al supuesto invocado como "hecho nuevo".

La exigencia de los arts. 40 y 41 del Código Penal -tal como lo hemos puntualizado en la anterior sentencia dictada en estos autos- impone a los magistrados la evaluación de una constelación de elementos para graduar la pena. No advertimos viciocidad, por ello, al examen efectuado en lo sustancial, aún cuando puedan esgrimirse discrepancias con algunas ponderaciones efectuadas ya que ellas no conmueven el aspecto visceral de cada voto emitido.

Por todo lo expuesto propongo rechazar el recurso de casación efectuado por la defensa técnica a fs. 2191/2193 vta.; admitir el del Ministerio Fiscal parcialmente en cuanto el decisorio traído vuelve -indebidamente- a declarar la autoría del encartado por el delito del que ya fue hallado penalmente responsable por una sentencia anterior, dictada en autos, rechazarlo en lo relativo a la impugnación a la condenación efectuada.

Así me pronuncio.

El doctor Chiara Díaz dijo:

Que adhiere al voto del doctor Carlin por análogas consideraciones.

El doctor Carubia dijo:

Que, existiendo coincidencia de los vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me confiere el art. 33, última parte, de la L.O.P.J. -texto según ley 9234-.

2º cuestión. - El doctor Carlin dijo:

Habida cuenta que media admisión parcial de un recurso del Ministerio Público, como también un rechazo de los remedios intentados por la Fiscalía y la defensa, teniendo en cuenta asimismo las características de la cuestión en análisis casatorio, es que propongo que las costas se declaren de oficio, sin perjuicio de los honorarios de los letrados intervinientes en esta etapa, que serán a cargo de sus representados (arts. 547, 548, y concs. C.P.P.).

Tal es mi voto.

El doctor Chiara Díaz dijo:

Que adhiere al voto del doctor Carlin por análogas consideraciones.

El doctor Carubia dijo:

Que, existiendo coincidencia de los vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención que me confiere el art. 33, última parte, de la L.O.P.J. -texto según ley 9234-.

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: 1º) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Mario Ramón Robles a fs. 2191/2193 vta. contra la sentencia de fs. 2173/2186. 2º) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal a fs. 2194/2196 vta. contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Primera de esta Capital de fs. 2173/2186, invalidando el mismo en cuanto declaró a Mario Ramón Robles autor material y responsable del delito de abuso sexual agravado por el concurso de dos personas y con armas reiterado -dos hechos- en calidad de coautor (arts. 119, último párrafo, inc. d, 45, 55, 40 y 41 CPenal), en mérito a mediar fallo firme que así lo decidió a fs. 2040/2059, y rechazarlo en lo relativo a la condenación efectuada por el tribunal recurrido. 3º) Declarar las costas de oficio. 4º) Dejar constancia que no se regulan honorarios profesionales por no haber sido ello expresamente solicitado, conforme lo dispone el art. 97, inc. 1, del dec.-ley 7046/82, ratificado por ley 7503. 5º) Fijar la audiencia del día 4 de abril de 2006 a las 12:30 horas para la lectura íntegra de los fundamentos de esta sentencia. -Miguel A. Carlín. - Carlos A. Chiara Díaz. - Daniel O. Carubia.