Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-25


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Octubre de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada del codemandado, titular de la empresa demandada en autos: "Martínez, María Cecilia vs. Empresa Muñoz Viajes s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 325/331 por el letrado apoderado del codemandado Américo Hilario Muñoz, titular de "Muñoz Viajes", contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción del 19/3/2003, que hizo lugar al recurso de apelación deducido por la actora y desestimó la defensa previa de prescripción opuesta por su parte.

Expresa que si bien la sentencia no es definitiva, el caso presenta caracteres de gravedad institucional que habilitan la apertura de la instancia extraordinaria reclamada. A su entender, la incorrecta aplicación de la ley 24.240 al sublite excede el mero interés de las partes, dada su trascendencia para la resolución de otros litigios similares, lo que afecta a la comunidad toda.

En su exposición de los antecedentes de la causa, relata que en fecha 03/11/98 la actora promovió este juicio contra su mandante, propietario del ómnibus protagonista de un accidente de tránsito ocurrido el 04/11/96, del que habrían derivado las lesiones invocadas. Que se trató de un viaje de turismo contratado con la empresa Life Tours; y corrido traslado de la demanda, su parte opuso defensa de prescripción, fundada en que había transcurrido en exceso el plazo de un año establecido en el art. 855:1 del Cód. de Comercio. Que también el codemandado Rubén Humberto Pereyra planteó la prescripción de la acción, argumentando que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1107 del Cód. Civil, la actora sólo podía entablar un reclamo resarcitorio de índole extracontractual, si del evento resultaba la comisión de un ilícito penal.

Continúa exponiendo que la Sra. Juez de primera instancia dispuso reservar pronunciamiento sobre la defensa opuesta hasta tanto se resuelva la causa penal, en los términos del art. 1101 cc. con el art. 1107 in fine del Cód. Civil. La Cámara revocó lo resuelto y dispuso el rechazo de la prescripción, por considerar que el sublite queda aprehendido en las disposiciones de la ley de defensa del consumidor Nº 24.240, y en consecuencia resulta de aplicación el plazo de prescripción de tres años previsto en su art. 50.

1.1.- Alega el impugnante que el pronunciamiento es nulo por ausencia de fundamentación, con lo que resulta arbitrario y autocontradictorio, en violación a la garantía de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo.

Pone de relieve que de la demanda y sus ampliaciones resulta que el hecho invocado por la actora ha sido un accidente de tránsito sucedido mientras era conducida en un colectivo de propiedad de su representada, quien transportaba a un grupo de estudiantes y profesores con destino turístico, en un viaje contratado con la organizadora Life Tours. Que de manera sorpresiva, la Cámara resolvió el caso aplicando el citado plazo de prescripción; cuando la ley 24.240 no ha derogado los plazos de las acciones de daños emergentes de los vínculos contractuales o las de responsabilidad aquiliana. Señala los conflictos que pueden derivar del criterio del Tribunal de alzada; que conduciría a la aplicación de otras disposiciones contenidas en la LDC, con la consiguiente modificación de la ley sustantiva. A su entender, resulta necesario compatibilizar los textos legales, de modo que la incorporación de nuevos institutos se armonicen con los existentes, que no han sido derogados. Considera que el desconocimiento de esta pauta interpretativa significa tener por modificadas numerosas normas de los Códigos de fondo, toda vez que se presente una relación de consumo; ya sea que se pretenda la ejecución del contrato o la reparación de daños por su incumplimiento, o por la responsabilidad aquiliana. Destaca el impacto que tal criterio habrá de producir, y la inseguridad jurídica resultante de la decisión del Tribunal a quo. Cita jurisprudencia y doctrina, que advierte la posible fuente de confusiones resultante de aplicar el citado art. 50.

Como alternativa válida para conciliar los textos normativos, postula que debe distinguirse entre el ejercicio de las acciones de cumplimiento contractual entabladas por el consumidor en contra del proveedor de bienes o servicios, de aquellas otras emergentes de los reclamos de daños. Esto, porque el subsistema creado por la LDC no estaría destinado a reglar las consecuencias dañosas surgidas de nexos contractuales; derivando de ello que lo atinente al nacimiento de la acción de daños, los presupuestos de su ejercicio, las condiciones de su procedencia y plazos de prescripción no ha sido sustraído a la legislación común del Código Civil, cuyas normas mantienen estricta vigencia. Propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos.

1.2.- De otra parte, atribuye arbitrariedad normativa al pronunciamiento, ante las proyecciones de lo resuelto en esta etapa procesal; decisión que también en este punto presentaría caracteres de gravedad institucional. Pone de relieve que su parte aún puede plantear excepciones previas y contestar la demanda, dado que la defensa de prescripción ha sido opuesta en la primera presentación en juicio, cuando acusó la perención de la instancia. Que no obstante ello, en este estadio procesal y sin que su parte haya sido oída aún, la Cámara consideró indudable que en autos se cometió un ilícito penal culposo, y lo atribuyó al obrar imprudente del conductor del ómnibus Rubén Pereyra. A criterio del impugnante, tales consideraciones importan una condena anticipada, sin el debido proceso adjetivo y violatoria de la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional. Agrega que lo expresado por el Tribunal de alzada en este punto es violatorio de lo dispuesto por el art. 1107 del Código Civil, toda vez que la calificación de un hecho como delito del derecho criminal corresponde a la jurisdicción penal; y sólo excepcionalmente puede ser resuelta en sede civil. Corrido traslado de ley, a fs. 334/335 es respondido por la actora, quien solicita su rechazo por ausencia de arbitrariedad. Considera acertada la conclusión de que entre las partes no existió un contrato de transporte, porque la vinculación contractual sólo existió con la empresa Life Tours, quien puso a disposición de la actora todos sus servicios. Niega que en autos se haya prejuzgado en materia penal, o que se vean afectados derechos constitucionales, señalando finalmente que el memorial casatorio no reuniría los requisitos formales impuestos por la ley adjetiva.

2.- De las constancias de autos resulta que por resolución del 12/11/2001 (fs. 218/220), la Sra. Juez de primera instancia dispuso reservar pronunciamiento sobre la defensa de prescripción opuesta por los letrados apoderados de Américo Hilario Muñoz, titular de la empresa Muñoz Viajes demandada en autos, y de Omega Cooperativa de Seguros Ltda., en los términos del art. 1101 del Cód. Civil, concordante con el art. 1107 in fine. Luego de citar un precedente de esta Corte Suprema de Justicia, concluyó que la primera de las normas mencionadas sólo supedita el dictado de la sentencia civil al previo pronunciamiento de la justicia penal, mas no el inicio de la acción civil. Tal decisión fue apelada por la parte actora, reclamando el rechazo de la prescripción por haber ejercido la opción extracontractual para obtener el resarcimiento de los daños ocasionados. Puso de relieve que en oportunidad de ampliar la demanda dirigió su reclamo también contra el chofer del ómnibus Sr. Rubén H. Pereyra, por la responsabilidad emergente del art. 1109 del Cód. Civil. Señaló, finalmente, que el contrato de transporte fue celebrado entre Life Tours y Américo H. Muñoz, por la empresa Muñoz Viajes; y que conforme a la jurisprudencia que cita, al haber accionado su parte contra el chofer dependiente, con quien no existió vínculo negocial alguno, procedía el rechazo de la defensa articulada por no estar vencido el plazo de dos años previsto en el art. 4037 del mismo cuerpo legal.

Previo a examinar las cuestiones propuestas, la Cámara expuso consideraciones en torno a lo que considera ideas fuerza que estructuran el moderno derecho de daños, en base a las cuales anuncia que habrá de decidir el caso. Estimó que de las mismas surge el principio in dubio pro víctima al que manifiesta adherir; añadiendo que el instituto de la prescripción liberatoria no deja de ser repugnante a la moral. Luego de referencias doctrinarias sobre la regulación de la responsabilidad civil en los ámbitos contractual y extracontractual, el Tribunal consideró de importancia detenerse en las disposiciones contenidas en la ley 24.240 y art. 42 de la Constitución Nacional. Sostuvo que cualesquiera sean las disposiciones legales que afecten a los usuarios y consumidores, habrán de ser interpretadas en la forma que más favorezca a éstos, lo cual puede implicar que en algunos casos los jueces puedan cambiar los criterios con anterioridad a la vigencia de la citada norma constitucional. Destacó que la ley 24.240 contiene normas específicas, que en alguna medida integran y amplían el contenido de varias disposiciones del Cód. Civil y del Cód. de Comercio. Concluyó, con cita de doctrina, que resulta aplicable al sublite el plazo de prescripción de tres años establecido por el art. 50 de dicha ley, toda vez que la norma no formula distingos sobre las acciones alcanzadas por ella, y tampoco diferencia los supuestos de obligaciones de naturaleza contractual o extracontractual.

Con estos fundamentos, se pronunció por el rechazo de la defensa articulada. No obstante ello, aclaró que existirían otros impedimentos fácticos y jurídicos para el progreso de la excepción opuesta. De una parte, señaló que no fue la actora quien contrató con la accionada sino la empresa Life Tours, y que tampoco existió vínculo de tal naturaleza entre aquélla y el chofer del ómnibus siniestrado; por lo que siendo la demandante ajena a la relación contractual, no podría ser incluida en este ámbito de responsabilidad. Que no se puede introducir forzadamente a la víctima como parte de un contrato que no celebró, para luego aplicar el plazo de prescripción de un año invocado por la demandada. A su criterio, "no cabe duda de que en autos se cometió un ilícito penal culposo, por alguien, pues existe una víctima de homicidio y otras víctimas lesionadas gravemente; independientemente de la condena criminal que algún día se pronuncie si se pronuncia alguna vez"; y el delito criminal "existe independientemente de la investigación, calificación y condena en sede penal" (cfr. fs. 319 y vta.).

3.- La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 19/8/2003 (fs. 337). A criterio del Tribunal a quo que si bien el pronunciamiento no es definitivo, lo resuelto puede ocasionar al recurrente un gravamen de imposible reparación ulterior. En consecuencia, hizo lugar a la concesión del recurso de casación, e impuso -indebidamente- las costas procesales, distribuyéndolas por su orden.

Como principio, las decisiones que rechazan la defensa de prescripción liberatoria carecen de definitividad. En autos, el impugnante invocó con fundamentos bastantes la configuración de gravedad institucional, que excepcionalmente autoriza la apertura de la instancia casatoria en relación a sentencias no definitivas. De otra parte, la quaestio iuris propuesta excede la mera revisión de cuestiones fácticas referidas al inicio y cómputo del plazo de prescripción; su suspensión o interrupción, por regla ajenas a la vía extraordinaria local (cfr. CSJTuc., entre otras, sentencia Nº 285 del 24/4/2001, autos "Medysan vs. Gobierno de la Pcia. de Tucumán-D.G.R. s/ejecución fiscal) 3.1.- Según emerge de la reseña precedente, la sentencia de primera instancia difirió el tratamiento del planteo de prescripción hasta tanto sea resuelta la causa penal "Pereyra, Rubén Humberto s/homicidio culposo en accidente de tránsito". La Cámara revocó el auto apelado y desestimó el planteo de la parte demandada, por considerar que el plazo de prescripción aplicable es el establecido en el art. 50 de la ley 24.240.

Liminarmente, se advierte que la decisión en recurso resulta prematura. La disposición contenida en el art. 293 del CPCC limita la posibilidad de resolver en forma anticipada la procedencia del planteo de prescripción, a aquellos casos en que la cuestión pueda ser valorada como de puro derecho. En autos, esta articulación ha sido deducida previo a contestar la demanda; y la discusión entre las partes se ha centrado en la naturaleza de la acción promovida, que resulta determinante para establecer el plazo de prescripción que rige en el sublite. La accionada Cía. de seguros reclamó la aplicación del plazo previsto por el art. 855 del Cód. de Comercio, sobre la base de que el daño se ha producido en el marco de una relación contractual (transporte de personas); a lo que la actora opuso la naturaleza extracontractual de la acción resarcitoria intentada, y la consiguiente aplicación del plazo bienal de prescripción que establece el art. 4037 del Cód. Civil.

Es sabido que una vez alegada la prescripción, corresponde al juzgador encuadrarla en las normas pertinentes, con prescindencia de la calificación de las partes y de acuerdo a la naturaleza del derecho en litigio. Los vínculos invocados y sus consecuencias pueden ser recalificados por el Tribunal en ejercicio de atribuciones que resultan del principio iura novit curia. Si bien los jueces no pueden declarar de oficio la prescripción, una vez opuesta deben seleccionar el plazo correspondiente a la pretensión que se dice prescripta, sin que se encuentren ligados por la invocación de las partes, pues no se trata de sustituir los hechos o de apartarse de los términos de la litis, sino de decidir cuál es la norma aplicable; facultad que es irrenunciable para el juzgador.

Delimitar precisamente cuáles son los hechos que constituyen el objeto del proceso y los alcances de la acción que se alega prescripta resulta una tarea previa, no sólo para procurar acierto a la decisión sino para dejar en claro tanto sus bases fácticas y jurídicas como sus alcances. El juez puede decidirla con carácter previo, y evitar por razones de economía procesal el desarrollo de un trámite inútil; para lo cual tiene la potestad de evaluar la conveniencia de la oportunidad de expedirse, en base a los elementos obrantes en la causa. En su correcta inteligencia, el art. 293 procesal indica que el planteo puede ser resuelto de manera anticipada, en tanto no resulte necesaria la producción de pruebas; y no medie ni se exija discusión sobre la naturaleza o el carácter de la acción de fondo que motiva el litigio, que haga necesario contar con otros elementos para emitir pronunciamiento. Por lo contrario, ante la existencia de alegaciones controvertidas en estos puntos, la resolución de la excepción de prescripción debe diferirse para el momento del dictado de la sentencia definitiva (cfr. Palacio, Lino E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Rubinzal-Culzoni, 1997, Tº 7, pg. 322 y jurisp. citada).

Cuando se encuentra controvertida la naturaleza jurídica de la obligación indemnizatoria, asiste a las partes el derecho de producir la prueba pertinente en la etapa apropiada, en cuyo caso no corresponde resolver como previa la excepción de prescripción deducida; máxime cuando tal decisión se funda en consideraciones que importan anticipar opinión sobre el fondo del asunto, cuando aún no ha sido trabada la litis. Basta advertir, en el caso de autos, que la Cámara a quo se ha explayado en razonamientos y valoraciones sobre cuestiones que habrán de ser debatidas en autos, con incidencia en la eventual procedencia de la acción incoada.

En las condiciones señaladas, la prescripción no comporta una cuestión de puro derecho que pueda ser resuelta con carácter previo, en los términos del citado art. 293 procesal. En principio, el planteo dejará de ser de puro derecho si el análisis no se reduce a un mero cómputo de plazos, por haberse invocado hechos susceptibles de comprobación; caso en el que deberá ser resuelta con el dictado de la sentencia definitiva. Tratándose de supuestos dudosos, la prudencia aconseja diferirla para esta oportunidad, cuando el magistrado tiene mayores elementos para expedirse. Las consecuencias que derivan de la decisión en este punto hacen aconsejable optar por este temperamento; máxime cuando el juez decide apartarse de lo alegado por las partes. El desgaste jurisdiccional que se pretende evitar por vía del citado art. 293, está reservado a casos donde el tema pueda decidirse con carácter previo, sin afectar el derecho de defensa de las partes, de raigambre constitucional. Es decir, cuando la naturaleza de la excepción sea tal que no medie ni exija prueba sobre la naturaleza de la acción promovida, los hechos en que se funda o aquéllos que puedan incidir en el cómputo del plazo respectivo.

3.2.- Tampoco cabe soslayar las múltiples derivaciones que para esta litis derivan de la calificación jurídica adoptada por la Cámara; que exceden la sola determinación del plazo de prescripción. La aplicación de las disposiciones contenidas en la ley 24.240 por sobre la ley civil común procede cuando están configurados los extremos que determinan la aplicación de este estatuto protectorio, y que resultan de sus arts. 1 y 2. Establecer si la acción promovida en autos emerge o no de la citada ley, importa indagar la naturaleza de la acción promovida; mas la existencia de una relación de consumo tampoco implica una automática sustitución de la regulación general que corresponda a la materia. La labor interpretativa debe partir de lo establecido en el art. 3 de la misma ley, a tenor del cual sus disposiciones se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas. Por lo demás, lo así resuelto trasciende a múltiples aspectos de un litigio en el cual la accionada no fue aún oída sobre el fondo del asunto, ni pudo defenderse o alegar acerca de la aplicación de la citada ley.

La tarea interpretativa supone atender la incidencia de la ley 24.240 en los regímenes normativos vigentes, para establecer si en el caso concreto se hace operativa la tutela especial prevista en sus disposiciones. En lo atinente a la prescripción, ha señalado la doctrina que la incidencia del transcurso del tiempo y la inactividad del consumidor merecieron una valoración específica del legislador, encontrando equilibrio en una fórmula general que fija en tres años el plazo de prescripción de las acciones correspondientes al consumidor (cfr.Ariza, Ariel, El consumidor inmobiliario y la prescripción, LL 2003-B, pg. 742). Sin embargo, no existe consenso acerca de la aplicación del citado art. 50 de la ley, cuando una ley especial asigna un plazo prescriptivo específico para un contrato en particular (cfr. Farina, Juan, Defensa del consumidor y del usuario", pg. 396 Astrea, Bs.As., 1995; Ariza, Ariel, ob. cit., pg. 743).

Las disposiciones contenidas en la ley 24.240 complementan e integran la legislación común, con la finalidad tuitiva que les es propia, mas no sustituyen la regulación general contenida en el ordenamiento vigente. De ello resulta que en las concretas circunstancias de esta causa, la decisión de la Cámara -presidida por una presunta colisión de normas- ha calificado anticipadamente la acción incoada por la actora, en una decisión que excede la determinación del plazo de prescripción aplicable, pues adquiere proyecciones en diversos aspectos de la tutela resarcitoria pretendida.

4.- Finalmente, es del caso señalar el error de derecho en que incurre la Cámara a quo, cuando señala otros impedimentos fácticos que a su entender impedirían la procedencia de la prescripción opuesta (cfr. fs. 318 y sgtes.). Aun cuando no constituye el argumento central del decisorio, tampoco puede soslayarse que en su correcta interpretación, el art. 1107 del Cód. Civil subordina la opción que la misma norma autoriza, a que el pretenso incumplimiento de una obligación convencional constituya al mismo tiempo un delito del derecho criminal. Como principio, tal calificación corresponde a los jueces con competencia en lo penal; advirtiéndose que en el sublite no concurre ninguno de los supuestos que excepcionalmente autorizan al juez civil a calificar el hecho, porque exista imposibilidad de que la jurisdicción penal se pronuncie (muerte del imputado, prescripción de la acción penal, etc.; cfr. Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias. Hammurabi,1999. Vol. 3 - A, pg. 389 y sgtes.) De allí la inexactitud de sostener que "el delito criminal existe independientemente de la investigación, calificación y condena en sede penal"; o que admitir lo contrario signifique dejar a la víctima sin indemnización, para luego destacar que no resulta fácil en casos como el de autos, decidir acerca de la viabilidad de la acción resarcitoria y de la existencia de sus presupuestos (cfr. fs. 319 vta.). Con estos razonamientos, el Tribunal de alzada avanza indebidamente en consideraciones en torno a la procedencia de la pretensión indemnizatoria; cuando lo único sometido a juzgamiento era lo atinente a la prescripción de la acción, y la demanda no ha sido aún contestada.

5.- Se concluye que la sentencia en recurso ha infringido los principios que informan el debido proceso y hacen a su estructura esencial; en particular el derecho de defensa en juicio y debido proceso legal, al decidir como de puro derecho la prescripción de la acción, cuya naturaleza jurídica es controvertida en autos, y su determinación exige valorar aspectos fácticos involucrados en el sublite. Por ende, correspondía reservar para definitiva el pronunciamiento sobre la defensa de prescripción; cuestiones sobre las que esta Sala Civil y Penal tampoco emite opinión.

Con este alcance, la decisión de la Sra. Juez de primera instancia es ajustada a derecho, en cuanto -atento a los planteos efectuados por las partes- subordinó el dictado de la sentencia al previo pronunciamiento del órgano jurisdiccional que entiende en la causa donde se investiga la comisión de un posible ilícito penal, en razón del mismo hecho en el que la actora ha fundado su pretensión indemnizatoria (arg. art. 1101, Cód. Civil). Ello no impide la tramitación de la presente causa; por lo que la decisión de la defensa de prescripción deberá ser resuelta en la sentencia definitiva, cuando la misma esté en condiciones de ser dictada.

A mérito de las razones expresadas, se hace lugar al recurso de casación en examen, de acuerdo a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que resuelve con carácter previo el planteo de prescripción de la acción, cuando en la causa está controvertida la calificación de la relación jurídica que habrá de definir el plazo aplicable, y tal determinación requiere la producción de prueba pertinente". En consecuencia, se deja sin efecto la sentencia en recurso, y dictando sustitutiva: "I.- CONFIRMAR lo resuelto en la sentencia apelada, y diferir para definitiva el pronunciamiento sobre los planteos de prescripción de la acción. II.- COSTAS, por el orden causado".

Las costas se imponen por el orden causado en todas las instancias, atento a las particularidades que presenta la causa, y no siendo atribuible a las partes el modo en que ha sido resuelta la cuestión por el Tribunal a quo.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 325/331 por el letrado apoderado del codemandado Américo Hilario Muñoz, titular de "Muñoz Viajes", contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción del 19/3/2003, conforme a la doctrina legal enunciada y con los alcances que emergen de la presente sentencia. Dictando sustitutiva: "I.- CONFIRMAR lo resuelto en la sentencia apelada, y diferir para definitiva el pronunciamiento sobre los planteos de prescripción de la acción. II.- COSTAS, por el orden causado".

II.- COSTAS del recurso de casación, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA