marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asignaciones familiares, actualización monetaria, intereses, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: UOCRA. c/ PERRONE, FIDEL s/ LEY 18610
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-22

La aplicación del artículo 12 del decreto 4714/74, que establece un interés equivalente al que el Banco de la Nación Argentina percibe en las operaciones de crédito comercial común, resulta incompatible con el incremento por desvalorización monetaria que la ley 21235 prescribe para aportes emergentes de la ley 18610. Los intereses bancarios siempre contemplan en mayor o menor medida las fluctuaciones del fenómeno inflacionario por lo que esas tasas, apropiadas para incluir en las condenas judiciales cuando el capital no se indexa, no son aceptables si se dispone su incremento de acuerdo a la depreciación monetaria operada desde que cada suma es debida.
Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, sistema federal, impuestos provinciales, impuesto al consumo de energía eléctrica, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina  (AGUEERA) c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Al suscribir el Pacto Federal la Provincia de Buenos Aires asumió la obligación de derogar de manera inmediata los impuestos provinciales específicos que graven la transferencia de energía eléctrica (art. I, ap. 2), por lo que la subsistencia de los decretos leyes 7290/67 y 9038/78 y del decreto 1160/92 de la mencionada provincia, entra en colisión con aquellas disposiciones, frustra el objeto y fin del tratado y deviene inconstitucional (art.

31 de la Constitución Nacional).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Schneider,  Adriana  Luisa c/ García Darderes, Osvaldo Daniel y otros. s/ deposito previo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

La exigencia del depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no contradice garantías constitucionales.
Trabajadores gastronómicos, hoteles, restaurantes
Materia: LABORAL
Carátula: PIRILLO, NOEMI ESTHER c/ CLARIDGE SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-21

Tratándose el servicio de restaurante, de una atención extraordinaria en un hotel, lo prescripto por el artículo 31 del CCT. 174/75, sólo resultará de aplicación a aquellos establecimientos que tienen por objeto principal, proporcionar suministro de comidas y bebidas, y no cuando esa actividad resulte accesoria; en tal caso, sólo tendrán derecho a percibir el beneficio de la norma mencionada, los dependientes que se desempeñen en el restaurante habilitado en el establecimiento hotelero. (Conforme Sala II, sentencia 54294 del 13 de diciembre de 1984, 'Del Río Jesús Francisco c/ Claridge Hotel SA.').
Empleados públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, contrato de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Leroux de Emede, Patricia S. c/ MCBA s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la disposición del art. 2 ,inc. a) de la Ley de Contrato de Trabajo, según la cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la administración pública salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convencio- nes colectivas de trabajo, no es admisible sostener que la relación de empleo se hallaba regida por la ley laboral común.
Regímenes jubilatorios especiales, ENCOTEL, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ROCHA, ROBERTO ADBERTANO Y OTROS c/ A.N.Se.S.". s/ LEY 24241
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-23

El Dec. 1925/93, posterior a la vigencia de la ley 23.966, fue dictado con el propósito de permitir al personal de la Empresa Nacional de Correos y Telecomunicaciones afectado por dicha ley, el pleno ejercicio de sus derechos. Ello pone de relieve que el legislador se ha hecho cargo de las dificultades inherentes a las derogaciones efectuadas, en el ámbito previsional, por el art. 11 de la ley mencionada. En consecuencia, que dichas consideraciones hayan sido soslayadas por el accionar del organismo administrativo, que se ha orientado rápidamente hacia una vía denegatoria del beneficio solicitado por los accionantes sin considerar la totalidad del plexo normativo aplicable, llevan a confirmar la resolución del "a quo" que hizo lugar a la demanda, y lo condenó a conceder a los accionantes las jubilaciones ordinarias peticionadas.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Farías, Néstor Oscar c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Acreditado el presupuesto de realización de trabajos de esfuerzo a que el experto subordinó la relación de concausalidad entre la dolencia y consecuente incapacidad del dependiente y las tareas, cabe enmarcar la situación en el ámbito de la ley 9688.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Togni, Luis Raúl s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Es insuficiente el agravio referido al aspecto probatorio si fuera de proporcionar su particular versión de los hechos -apoyada en los dichos indagatorios y en el contenido de la sentencia absolutoria de primera instancia- y denunciar una "valoración manifiestamente arbitraria o evidentemente absurda" de la prueba, no se hace cargo de los fundamentos que llevan al sentenciante a declarar probado el extremo en cuestión y de los medios de convicción en que lo sustenta.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGU, CLELIA Y OTROS (SUCESION) c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-12-20

La resolución de la Sala, que confirmó el acogimiento del planteo de incompetencia y la remisión de la causa al Juzgado que estimó competente, no podría constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, pues es doctrina pacífica que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda, y cierto es que tal principio debe ceder en caso de que lo resuelto sea susceptible de producir un gravamen irreparable, como por ejemplo cuando media denegatoria del fuero federal, o una efectiva privación de justicia; mas lo concreto en autos es que la recurrente, a tenor de lo argumentado en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, no logra persuadir acerca de la necesidad de arbitrar en el caso una solución excepcional de las que este Cuerpo tiene admitidas en orden a sortear el mentado recaudo formal; desde que sus escasas alegaciones en torno al supuesto agravio irreparable -referidas al pretendidamente grave perjuicio patrimonial que, según dice, le generaría la necesidad de litigar en otra ciudad, sumado al pago de costas que debería afrontar, al que califica de injusto- se exhiben notoriamente insuficientes para demostrar, incluso en el plano meramente discursivo, el extremo invocado; siendo oportuno destacar que la ausencia del requisito de definitividad no puede ser suplida con la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas o alegando arbitrariedad de sentencia. - CITAS: CSJN: Fallos:302:417; 305:1929; 311:455; 308:2230; 311:2701; CSJStaFe: AyS T 144, p 450; T 63, p 111; T 199, p 265; T 182, p 89. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055.
Marcas, registro de marca, solicitud de marca, marca extranjera, marcas confundibles, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MUNSINGWEAR INC. c/ MARIO SPORT  S.C.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-12

La marca de la actora, a pesar de contar con quince registros internacionales, dista mucho de ser notoria. Hay datos indiciarios que llevan a pensar que es materia de explotación en el extranjero, ignorándose cuál es la importancia que tiene y la difusión y prestigio de que pudiere gozar. Sí se sabe que en el mercado nacional prácticamente no existieron productos de Musingwear Inc.

que llevaran la marca Grand Slam. Empero, en autos existe prueba eficaz enderezada a acreditar que la expresión aludida tiene un significado bastante difundido entre quienes practican deportes o leen acerca de este tema. En tales condiciones, cabe concluir que el origen de la marca argentina fue el conocimiento que quienes la registraron tenían acerca de aquel significado, conclusión tanto más valedera si se atiende a que en esta materia, el onus probandi recaía sobre el actor. Obviamente, la época a la cual se hallan referidas las consideraciones vinculadas con la validez del signo es la correspondiente a la solicitud y registro de la marca nacional, por cuando el vicio debe existir en el origen del acto.
Prueba documental, proceso penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parnisari, Walter Alfredo c/ Empresa Hípica Argentina S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Las declaraciones prestadas en el proceso penal carecen de valor en lo civil, si no han sido ratificadas en esta última jurisdicción con el contralor de los litigantes; excepto que ambas partes hubieran coincidido en el ofrecimiento de la causa penal como prueba.
Cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Maldonado Maria de los Angeles y otro c/ Plan Rombo SA de Ahorro para Fines Determinados y otro s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-13

Cuando, como en el caso, el decreto apelado fue dictado por el magistrado civil que inicialmente conociera en la causa y no por el Juez Comercial a quien le fueron remitidas estas actuaciones, no resulta ser este el Tribunal de Alzada competente para entender en el recurso deducido contra el decreto de este beneficio (arg. Dto. 1285/58: 24-7°). Tal es el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien, en supuestos asimilables al que se examina, ha atribuido el conocimiento del recurso al Tribunal de apelaciones del Juez que dictó la decisión apelada, a pesar de haber definido que la cuestión sustancial debía ser conocida en otro fuero (CSJN, 19.3.87, "María Cristina Danuzzo Bengolea c/ María Estrella Fernández Crespo de Borges"; Fallos 310:618; íd. CSJN,_ 16.8.05, "Ranko SA c/ Banca Nazionale del Lavoro SA s/ medidas cautelares": id. "Pollo de Oro SA c/ Álvarez Thomas SA" del 1/1/79 T. 301, pág. 514). Cuestionado el dictado de una decisión, es el Tribunal de Alzada de aquel Juez que dictó la resolución que motiva el alzamiento el que debe entender en la apelación pendiente. Es que una solución contraria implicaría crear, "in factis", un nuevo fuero judicial, pues la Alzada de un fuero revisaría la sentencia de un tribunal de otra competencia (este Tribunal, in re "Corporación Financiera Internacional c/ Compañía Elaboradora de Productos Alimenticios SA s/ Ejecución Hipotecaria" del 7.9.07; íd. in re: "Pérez Mariana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo" del 4.05.06; íd. in re: "Simonelli María Terea s/ conc. prev. s/ inc. de revisión (por Segovia Fernández Agustín), Sala E, "Lequarre, Guy Fernando c/ Bankboston NA s/ amparo" del 13/9/02; íd., Sala D, 15.3.84, "Círculo de Inversores SCA c/ Racchianti
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguiar, Pablo Daniel, Javier José Carlos y Adolfo Athos c/ Aguiar, Alfredo José, Osvaldo Enrique e Irma Dolores s/ Escrituración Nieva de Guerreño, María Ramona c/ Nieva de Ponce, Santa Isabel s/ Acción de nulidad Dirección de Personas Jurídicas c/ Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. s/ Intervención Wainofsky, Perla E. c/ Juárez, Raquel H. y otro s/ Daños y perjuicios Sassano, Mario c/ Empresa Microómnibus 25 CISA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20|1991-06-04|1989-09-12|1995-10-31|1996-05-14

Lo que determina la nulidad del pronunciamiento a la luz de lo prescripto por el art.156 de la Constitución de la Provincia es la omisión de tratamiento de una cuestión esencial en que incurriera el Tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia, pero no cuando la cuestión que se dice preterida quedó desplazada por la solución a que arribó el a quo.
Mandato, ratificación del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguilera, A. E. c/ Mirabella, J. s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Cuando la ratificación es tardía, corresponde mantener vivo lo actuado por el gestor si no fue atacado oportunamente el auto que lo tenía por ratificado. El desorden producido en la causa que impide verificar el cumplimiento del plazo del artº 48 del CPC entraña una irregularidad procesal el que debe entenderse en favor de la parte.
Excepción de incompetencia, excepciones procesales, Superior Tribunal de Justicia, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Luna, Hilda Azucena c/ Administración General de Juegos y Seguros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-02-26

Tal planteamiento de incompetencia por parte del demandado que en el momento de presentarse al proceso le niega competencia al juez para conocer en el mismo, debe desarrollarse como las demás excepciones previas, vale decir que el juez la sustanciará y la resolverá como de previo y especial pronunciamiento; en tal sentido le cabe razón al apelante por cuanto es del juez inferior de donde tiene que emanar la resolución del conflicto, por el contrario, no le cabe razón cuando requiere del Tribunal que resuelva la incidencia deducida por aquello de que el ámbito de conocimiento y decisión de los Tribunales de apelación se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones sometidas a la decisión del juez de primera instancia; de allí entonces que resulta inadmisible resolver sobre una cuestión que todavía no ha recibido tratamiento en la instancia inferior; se resuelve en consecuencia hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, ordenando al juez de grado inferior emitir resolución respecto de la declinatoria incoada.
Desbaratamiento de derechos acordados, prenda con registro
Materia: PENAL
Carátula: TORTORA, H. s/ DEFRAUDACION  -  DESBARATAMIENTO  DERECHOS  ACORDADOS  -  PRENDA  CON  REGISTRO - ABANDONO BIEN PRENDADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-05-19

Deben considerarse vigentes en la actualidad dos disposiciones penales en las que podría encuadrarse, "prima facie", la conducta de quien abandona un bien prendado, -una, la del art. 173, inc. 11, del Cód. Penal, y la otra, la del art. 45, inc. d), del D. L. 15.348/46, ratif. por ley 12.962-; y, en tales condiciones, cabe concluir que la subordinación a la primera exige dolo directo de defraudar, por lo que, cuando ese elemento subjetivo no exista, el hecho de referencia configurará el delito previsto en la segunda de las normas de mención.
Delitos cometidos por medio de la prensa, publicación o reproducción de ofensas, director editorial, responsabilidad del editor, responsabilidad penal, participación criminal, autoría, error de hecho (penal), concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: BELLO, Alvaro C. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. ERROR DE HECHO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-15

1) Debe ser responsabilizado el director de una publicación, por las expresiones aparecidas a lo largo de varios meses, en doce ediciones de una revista, donde se califica al querellante reiteradamente de usurpador y estafador, caradura, tramposo, etc.

El conjunto de las expresiones difamatorias constituyen una ofensiva periodística que se prolongó durante siete meses, lo que revela un estilo periodístico que contrasta con el empleado en la restante información, no existiendo por lo expuesto, un error de hecho respecto al sujeto pasivo de las ofensas, ni tampoco se halla excusado su accionar por haber contado con asesoramiento letrado respecto a ciertos procesos que tuvo el actor, dado que continuó publicando frases ofensivas con posterioridad al fallo judicial que sobreseía por usurpación y a la sentencia judicial que reconocía los derechos del actual querellante en el juicio por usurpación. Dado que el imputado no carecía de instrucción y se encuentra probado que durante el lapso mencionado, dirigió la publicación investigada, debe rechazarse el error de hecho alegado.

2) La norma del art. 49 C.P. es limitativa de los efectos jurídicos de la participación, por lo cual es ajena a todos los casos que, como el de autos, tratan una hipótesis de autoría, dado que se atribuye al procesado la calidad de autor de tales delitos.

El encausado no se ha limitado a brindar una mera cooperación material para la publicación de las ofensas cometidas por terceros, sino que por el contrario ejecutó los tipos delictivos de calumnias e injurias, publicando en algunos casos ofensas contenidas en escritos judiciales o en actas de comisión directiva y en los restantes casos, informando a los lectores a través de expresiones ofensivas para el querellante, las que son propias del director de una publicación.

La conducta del imputado es antijurídica, pues no puede considerarse justificada, ni a través del derecho a publicar sus ideas por la prensa, ni tampoco por la defensa de sus respetables intereses gremiales. Ambas garantías constitucionales deben ser ser ejercidas dentro de los límites de la ley y no a través del delito, por lo cual ni una, ni otra, pueden justificar una campaña de ofensas que se extiende por el prolongado lapso mencionado.

3) Las ofensas fueron difundidas a través de doce ejemplares, cada uno de los cuales importa un hecho independiente y su conjunto queda regido por las reglas de la reiteración (art. 55 C.P.) y algunas de aquéllas constituyen calumnias y otras injurias, no consumidas estas últimas por aquéllas, razón por la cual en cada uno de los hechos la concurrencia de ambos tipos queda sometida a la la regla del concurso ideal (art. 54 C.P.).
Impuesto a las ganancias, pagos a beneficiarios del exterior, presunción de ganancia neta
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Asoc. de Socios Argentinos de la O.T.I. c/ D.G.I. s/ repetición D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Atendiendo a la condición especialísima en que se desarrolla el negocio -transmisión televisiva de los Juegos Olímpicos- el legislador se vio precisado a crear una categoría también especial de contribuyentes en razón de las formas o maneras como realizan sus actividades y en relación a la determinación de la extensión y cuantía del rédito de fuente nacional "la permanente dificultad en que se encuentra el Fisco para llegar a un efectivo esclarecimiento del punto".
Prueba, prueba confesional, confesión compleja
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Montero, Carlos c/ Díaz, Néstor s/ Cobro de australes. (reconstrucción).
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

La declaración brindada en sede penal por el actor en los términos del art. 126 2do. párrafo del CPP, ante el Juez de la causa y con todas las garantías exigidos por ese código, versando ella sobre hechos personales del declarante que pueden ser perjudiciales a su parte, traduce una clara naturaleza confesoria.

Y si esta naturaleza impide, por principio, dividir el contenido de tal declaración al momento de su valoración, no ha de escaparse, que los hechos narrados por éste en afán de justificar la puesta del vocablo "pagado" en tal documento, tienen una clara entidad impeditiva o modificativa de la eficacia a conceder al vocablo en el texto del instrumento por él reconocido, con lo cual, aquella declaración se torna compleja y, por ende, divisible (art. 422 del CPCC).

Quien añade a su reconocimiento documental, otros hechos que, neutralizan o modifican sus alcances (arts. 1026, 1028, 1029 CC), ha de cargar con la prueba de los mismos. Y en el caso, no se han probado ni las circunstancias que según el declarante alentaran el insincero agregado de la palabra "pagado" en favor del demandado, ni el pedido de éste a tales fines (doct. arts. 422 incs. 1 y 2, 374, 375, 384 y concs. del CPCC).
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municip. de La Plata s/ Cuestión de comp. (art. 6º C.C.A.) En autos:"Del Giorgio Alberto I.  c/ Municip. de La Plata s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-05

Sin abrir juicio acerca de la competencia originaria de esta Corte para conocer y resolver acerca de pretensiones de sentencia meramente declarativa de certeza, si en autos se encuentra comprometida la atribución que a esta Suprema Corte le confiere el art. 161 inc. 1° de la Constitución de la Provincia, pues alegando un estado de incertidumbre lo único que se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, la justicia ordinaria resulta incompetente para conocer y decidir acerca de la pretensión (arts. 166 inc. 1° Const. prov.; 683 y sigtes. C.P.C. y C.; 6° del C.P.C.A.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, compraventa inmobiliaria, escrituración, condena a escriturar, sustitución del bien, boleto de compraventa, novación, doble ejemplar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tojo de Villalba, María Isabel c/ V.A. Tuells y Cía S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Es descalificable el pronunciamiento que dispuso sustituir el inmueble objeto de la condena a escriturar, pues el a quo omitió ponderar que el incumplimiento de la exigencia del doble ejemplar (art. 1021 del Código Civil) afectaba la validez del instrumento privado y que, al margen de su ineficacia probatoria, el acto jurídico en cuestión - convenio novatorio del boleto de compraventa - no podía ser invocado por la vendedora toda vez que, al no haber sido registrado oportunamente, no le confería derecho alguno frente al adquirente, sin perjuicio de no resultar oponible frente a terceros (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Sentencia, absurdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-02

El absurdo es un vicio en el pronunciamiento judicial de tal gravedad, que habilita en el etapa recursiva extraordinaria a revisar los hechos y pruebas, materia que en principio está vedada.