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Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, reparación integral, porcentaje de incapacidad, perito médico
Materia: CIVIL
Carátula: Toscano, Gustavo Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07

A los fines de fijar el monto de la indemnización debe tenerse en cuenta que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos - aunque elementos importantes a considerar - no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente, toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio.
Administración fraudulenta, defraudación, competencia criminal y correccional, declinatoria
Materia: PENAL
Carátula: Broardo, M. C. y otros c/  s/ defraudación por administración fraudulenta (Causa Nº 42.602/2020)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-16

Competencia. Magistrado que dispuso declinar la competencia en favor de la Justicia Nacional en lo Penal Económico.

Hechos en los que, al margen del grado de acreditación o no de las conductas que se atribuyen, no se advierte que los imputados hubieran realizado una maniobra tendiente específicamente a poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito, procurando simular un origen lícito.

Competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Villalba, Juan Pedro. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

La interpretación y valoración de la prueba es potestad privativa de los jueces de mérito y en este sentido no se advierte que se hayan omitido valorar pruebas decisivas para la solución del litigio.

Resulta evidente que las disconformidades del recurrente están circunscriptas a la distribución y alcance de la carga probatoria que efectúan los jueces de grado y a la valoración que, de las referidas pruebas, meritan los jueces de la Cámara de Apelación.

Por todo lo expuesto, siendo el decisorio de Cámara derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa resulta inadmisible el recurso interpuesto, con costas.
Cultivo ilegal de estupefacientes, tenencia de estupefacientes, semillas de marihuana
Materia: PENAL
Carátula: Rosito, Leonardo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-08

Los hechos tal como los ha tenido por acreditados el a quo, sin lugar a dudas surge que las semillas estaban destinadas a la producción de estupefacientes. En efecto quedó demostrado, que el imputado guardaba 709 semillas de cannabis sativa, de las cuales un 20 % resultaron viables, esto es, 141 semillas fértiles, con capacidad germinativa para la siembra de 141 plantas; también la actividad de cultivo de 11 plantas de la referida especie, así como la tenencia 175 gramos de marihuana, de lo que cabe concluir, sin lugar a dudas, que las referidas semillas estaban destinadas a la producción de estupefacientes, por lo que consideramos que asiste razón al recurrente en cuanto a que la conducta del imputado ha quedado atrapada en la figura de guarda de semillas prevista en el art. 5, inc. a, de la ley 23.737. (Dr. Riggi según su voto, adhiere el Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia parcial).
Juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Nación Argentina c/ Cademartori, Gustavo A. y otros s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-05

El garante no es parte en un juicio ejecutivo si no se ha tenido por abierta la vía ejecutiva contra él. La parte actora no ha instado a la pericial caligráfica previa a ése respecto, la que fuera ordenada a pedido del ejecutante, y la carga de la prueba, en éste especial caso, era su responsabilidad. Se trata de un procedimiento en el cual aquel no tiene intervención, ni es parte habiendo negado su firma. No se ha librado, pues, intimación al pago y para oponer excepciones al mencionado garante, por ello la sentencia no puede tener validez contra el fiador, ya que el título no ha sido declarado válido para ser ejecutado contra el mismo. No puede ser condenado quien no ha sido demandado
Estado, patrimonio, bienes públicos del Estado, servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, OSCAR ELIAS c/ COMUNA DE TACURAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    INCIDENTE DE APREMIO (CSJ EXPTE N. 295-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

Los bienes patrimoniales del Estado que sirven para la consecución directa de determinados fines públicos se designan como indisponibles y los que sirven indirectamente a los fines estatales en cuanto producen una renta, como bienes disponibles. Este criterio de distinción se determina por la forma de utilización "en natura" de los bienes mismos.
Materia: CIVIL
Carátula: CORLLI CARLOS c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S/ RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA, ETC. s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-23

El "conocimiento" del acto viciado, a partir de cuya fecha corre el plazo de impugnación, puede derivar de una notificación expresa o tácita, e incluso de la participación del interesado en un acto realizado fuera de las actuaciones.
Acción civil, prescripción, suspensión de la prescripción, daños y perjuicios, proceso penal, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: NEYRA, José Alberto c/ BOOTELLO, Miguel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

El plazo de prescripción de la acción civil suspendido en los términos del art. 3982 bis, se reanuda a partir de la fecha en que la sentencia penal quedó firme, aún cuando faltare el libramiento de diversos oficios o la percepción de los honorarios, por cuanto tales actos no son más que accesorios del fallo.-
Accidentes de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Cruseño, José Horario c/ Tenor S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-07

El monto de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un accidente de trabajo cuya reparación se pretende por la vía de las normas del derecho común debe fijarse de acuerdo con elementos objetivos que resulten del expediente.
Honorarios, monto del juicio, monto indeterminado, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Brown, Lucio Alfredo c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

Siendo, que en el caso, de los términos del escrito de demanda, que diera origen a estos actuados, no existe una base patrimonial cierta y determinada para fijar los honorarios, pues la acción tuvo por objeto la interrupción de la prescripción, por daños y perjuicios, sin que se esgrimiera una pretensión pecuniaria concreta; tal circunstancia, y no habiéndose dictado aún sentencia definitiva en autos, determina que deba considerarse a esta litis como un proceso de monto indeterminado a los fines arancelarios.
Responsabilidad del Estado, ocupación temporal, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jucalán Forestal, Agropecuaria  SA. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

La ocupación temporánea de bienes de propiedad privada provocada por una necesidad normal no inminente, apareja indemnización que comprende el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al bien o cosa ocupados, así como también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse necesaria o indispensablemente con motivo de la ocupación, siendo aplicables en subsidio las reglas indemnizatorias vigentes en materia de expropiación: arts. 57 a 63 de la ley 21.499.
Suspensión del acto administrativo, publicidad en la vía pública, tasa municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Formosa Refrescos SA s/ preparación de la accion (suspensión de la ejec. acto adm.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-03-15

Corresponde suspender los efectos del acto administrativo que toma como hecho imponible para la determinación de la deuda en forma retroactiva, en concepto de derechos de publicidad y propaganda, la fecha de habilitación de cada uno de los comercios relevados, pues la norma legal tributaria no establece presunciones para determinar el hecho imponible sino que, por el contrario, toma como tal a la efectiva realización de publicidad.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vergara Juan Carlos y Otros c/ Alzogaray María Petrona Emilia y Otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-15

Si el demandado -doctrina de los actos propios mediante- reconoció en el contrato expresamente a los actores su condición de propietarios, le impide volver en contra de dicha declaración de voluntad expresa al serle requerido el cumplimiento de su obligación de desocupar, libremente asumida.

Está vedado el demandar, discutir o cuestionar el título, sea de propiedad, posesión o tenencia, de quien le cediera el uso del inmueble por un contrato, sea de locación o comodato, mixto o atípico, con derechos y obligaciones a cargo de ambas partes, entre ellas la de restituir.

En tal caso, el título de los primeros carece de importancia.
Responsabilidad del Estado, error registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spinetto, Alberto Gabriel c/ Provincia de Buenos Aires. Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Ganaderos de 25 de Mayo c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Irisarri, Gilberto Vicente y otra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14|1995-08-15|2001-03-14

La expedición de un certificado erróneo por parte del Registro de la Propiedad, no genera per se la responsabilidad del Estado, sino a condición de que el actor acredite que se ha frustrado la posibilidad de satisfacer su crédito.
Escribanos públicos, sanciones disciplinarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garriga, Jorge Horacio c/ Herrera, Carlos Eduardo s/ Sanciones disciplinarias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

Si los recurrentes admiten que se incurrió en la omisión de agregar los documentos habilitantes al protocolo, tal circunstancia no puede ser superada por la manifestación de que los mismos se encontraban en las respectivas carpetas, pues ello está tipificando la falta, desde que es contrario al orden y regularidad que cabe observar en el desempeño de la actividad profesional de un notario, asumir actitudes displicentes como las aquí observadas, que violan lo normado por el art. 1003 del Cód. Civil, y el apartado II del art.

156 del decreto ley 9020.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Quintilli, Miguel Alejandro. Aybar, Orlando Oscar s/ Robos calificados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-05-15

Los planteos formulados en torno a la inhabilidad de los dichos de la víctima y la consecuente invalidez de sus reconocimientos que de allí deriva la defensa no guardan relación con el art. 152 del Código procesal -según ley 3589 y sus modif.- en que fueran sustentados, tema sobre el que -por lo demás- la parte se ha limitado a efectuar una apreciación de carácter general con invocación de doctrina legal que no individualiza.
Honorarios, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Amado, Francisco c/ Garfunkel Mayer s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Los defensores oficiales no se encuentran comprendidos entre los "funcionarios judiciales" a que se refiere el art. 135, último párrafo, del Código Procesal.

Empero, habida cuenta de la actividad específica que desarrollan, asignada por la ley 1893 (conf. art. 140/144), tienen el carácter de funcionarios públicos, cuya intervención en juicio hace a la función estatal de asegurar, objetivamente, la existencia de un verdadero proceso contencioso, en ejercicio del derecho constitucional de la defensa en juicio.

En verdad ejerce la representación de una de las partes en juicio, de acuerdo con lo que establece el art. 343 del Código Procesal y los arts. 135 a 138 del reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil (conf. Acordada Nro. 732, del 19/2/81), pero por su gestión percibe una retribución mensual, asignada por el presupuesto judicial (art. 144, ley orgánica cit.), además de que el Estado pone a su disposición empleados cuyos emolumentos también paga (conf.

art. 138, reglamento cit.), oficinas, máquinas de escribir, servicio telefónico, papelería, etc., y hasta los mismos juicios en que deba actuar en cumplimiento de su misión específica.

La regulación de honorarios al defensor oficial, importaría una doble retribución por el servicio.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho administrativo, empleo público, cesantía, salarios caídos, daños y perjuicios, in dubio pro operario
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Angrigiani, Claudio Horacio c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Angrigiani, Claudio Horacio c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos y su acumulado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

La descripción del daño realizada por el actor lleva razonablemente a entender el contenido del requerimiento identificado principalmente como salarios caídos; expresión definida por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como "Indemnización" a la que tiene derecho el trabajador que ha sido despedido de manera injustificada, consistente en los salarios que habría recibido de haberse desarrollado normalmente la relación de trabajo". En suma, pedir salarios caídos no significa exigir lo devengado en el marco del contrato de trabajo sino justipreciar el daño inferido por la quiebra indebida de ese contrato. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, inconstitucionalidad, jueces, jubilaciones, adicional por dedicación exclusiva, Constitución Nacional, derecho de propiedad, derechos adquiridos, derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social
Materia: CIVIL
Carátula: Herrera, Lucio Eduardo c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución y cobro de haber.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

El adicional "creado" por la acordada 38/85 de la Corte integra o integró siempre la remuneración de los magistrados en tanto que las pautas que configuran la llamada "compensación funcional" siempre se exigieron a magistrados y funcionarios judiciales, por lo que las limitaciones impuestas por las acordadas 43/85 y 50/85 afectan derechos ya adquiridos que, como tales, se encuentran incorporados al patrimonio del actor al momento de su jubilación, lo que convierte a esos actos administrativos en inconstitucionales por violación de los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Condena condicional, comisión de nuevo delito, prescripción de la pena, cómputo del plazo, pena única, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: Ossa Gallardo, Raúl Alfonso s/ Prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-12-20

A los efectos de la aplicabilidad de lo dispuesto en el art. 27 del C. Penal, no corresponde contar el término de prescripción de la primera pena, desde la comisión del nuevo delito.

Sólo la segunda sentencia determinará si existió o no delito y establecerá por consiguiente si debe dictarse pena única, revocando, si es del caso, la condena condicional.
Presunción de inocencia, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: F., J.D. - C., J.C. s/ Hurto Campestre
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-03-13

Sabido es que en nuestro procedimiento penal de raigambre garantista, incumbe al Ministerio Público Fiscal y al Instructor, en definitiva, al Estado, la acreditación de la culpabilidad de los encartados, quienes se encuentran protegidos por el principio de inocencia, por el mandato constitucional. No tiene obligación de explicar en su defensa, pues quien tiene la obligación de probar son los funcionarios y magistrados mencionados. Pero si formula alguna alegación defensiva que pudiere excluir la autoría y/o responsabilidad, ella debe ser recogida e investigada, pues no otro propósito que la búsqueda de la verdad real persigue el proceso.

Ello no se ha implementado en esta causa, y por ello, el mandato contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal asume vigencia obligatoria, y por ello, corresponde absolver a los procesados.
Contrato de trabajo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Busón, Víctor Antonio c/ Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Cdia. Ltada(CEYOSCL) s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-10

Corresponde al Tribunal verificar si la demandada logró desvirtuar la presunción a favor del trabajador que emerge del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si existiendo un contrato de locación de servicios, el cual la actora arguye que fue en fraude a la ley por encubrir una relación enmarcada en el Derecho Laboral, posteriormente entre las mismas partes se celebró otro contrato dentro del régimen laboral, y en autos se comprobó que no hubo cambios sustanciales que autoricen a presumir que la relación se hubiere desarrollado dentro de un marco legal diferente al anterior, debe hacerse extensivo el régimen laboral a la relación emergente del primer contrato. Se casa parcialmente la sentencia.
Recurso extraordinario, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuesta,  Lucrecia  Silvia c/ M°  J y DD.HH. - art. 3 ley 24.043(resol. 550/01).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28

Al discutirse el contenido y alcance de una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., P. s/ Homicidio a P. D. s/Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-07-26

Cuando el relato de los testigos se expone en un discurso que es expresión de una vivencia posible, carece de alteraciones, no es contradictorio en sí mismo, es nítido y persistente, cuando exterioriza acerca de percepciones ostensibles en un contexto de tiempo y espacio concreto, hay coherencia interna.
Acción contencioso administrativa, habilitación de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Vicente Robles S.A.M.C.I.C.I.F. c/ Provincia de Río Negro s/ Contencioso Administrativo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-02-04

Se ha dicho que: "1°) Que la habilitación de instancia es condición ineludible, siempre que no se demuestre su inutilidad, para acceder a la vía judicial, o sea para demandar al Estado. 2°) Que el cumplimiento de esta exigencia puede ser cuestionada tanto por la demandada principal como de oficio por el mismo Tribunal. De ello surge que tanto la habilitación de instancia y el contralor judicial de las decisiones administrativas son verificables de oficio por el Tribunal interviniente antes de correr traslado de la demanda (cf Fallos 316:239). 3°) La habilitación de instancia solo es renunciable por la Administración (cf CSJN, Fallos 316:239). Todo ello ha quedado consolidado por la doctrina sentada por la CSJN en Fallos 313:228 y "Construcciones Tardía" (cf Fallos 315:2217)" (cf STJRNCO in re: "CASVE SRL" Se. N° 175/06; in re: "ANTOLIN" Se. N° 13/12; in re: "G., J. A." Se. N° 148/13). Sostener entonces que la decisión de habilitar la instancia contencioso administrativa adoptada en un principio por la Cámara impide que la demandada interponga la excepción en sentido contrario significaría, ni más ni menos, que una renuncia a tal facultad, la cual -como se ha expresado en la doctrina citada- solo puede ser adoptada por la Administración. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Molina, Ramón c/ Mundo, Alberto y otros s/ Cobro de australes. Recurso contencioso administrativo (Expte. CSJ Nº  760-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-03-04

Lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía extraordinaria. Empero, dicha regla procesal reconoce excepción de los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad.
Prescripción de la acción penal, declaración de rebeldía
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CONCA, Antonio s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Corresponde computar el término de la prescripción de la acción penal, desde que al enjuiciado se lo declaró rebelde, se le revocó el beneficio de la excarcelación y se ordenó su detención; no desde la sentencia de primera instancia que lo condenó, como sostiene el Fiscal de Cámara.
Superintendencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado Federal de La Plata n°1 s/ avocación - Blanco, Manuel (juez) s/avocación en causa Rumay, Julio  y otros s/infr. 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

La avocación sólo procede cuando existe manifiesta extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones por los tribunales de alzada o cuando razones de superintendencia general lo tornan conveniente.
Subasta judicial, desocupación del inmueble
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CHIATTI, MARIA DOLORES DE c/ ZORZON, ENRIQUE Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-04

Las cuestiones que se susciten con motivo de la desocupación del inmueble de la materia de subasta deben ser sustanciadas por la vía incidental y obviamente por ante el juez de la ejecución.