Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-14


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Mariano H. Borinsky y Eduardo R.

Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncín, con el objeto de dictar sentencia en la causa N/ 13.783 del registro de esta Sala, caratulada "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Plee, a la querella el Dr. Julián Subías apoderado de la Sra.

Susana Paulina Pinto Mancheno, con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Pugliese; y a la defensa de Sebastián Martín García Van Vacrem la Dra. María Eugenia Talerico.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Mariano H.

Borinsky y doctora Liliana E. Catucci.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1. Llega la causa a conocimiento de esta alzada a raíz del recurso de casación obrante a fs. 160/7, interpuesto por el Dr. Julián Subias, apoderado de la parte querellante, contra la resolución obrante a fs. 154/vta. de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Ciudad, mediante la cual se resolviera confirmar la resolución de fs. 110/111 dictada por el Juez de Instrucción y que dispusiera "ARCHIVAR LA PRESENTE CAUSA N/ 27.050/2010 POR NO RESULTAR APLICABLE LA LEGISLACIÓN PENAL ARGENTINA A LOS HECHOS DENUNCIADOS Y EN CONSECUENCIA NO PODER PROCEDER (ART. 180 DEL C.P.P.N.)." 2. Que concedido por el a quo el remedio intentado mediante el decisorio de fs. 170, y radicadas las actuaciones ante esta Cámara, la impugnación fue mantenida por la parte querellante a fs. 179.

SEGUNDO:

1. La querella encauza sus agravios en los incisos 1/ y 2/ del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación.

En este sentido, denuncia que en la resolución puesta en crisis ha existido una "inobservancia o errónea aplicación de la ley penal sustantiva, ya que (.) VE ha efectuado un análisis erróneo del principio que emana del art. 1/ del Código Penal" en tanto "ha entendido que no resultaba de aplicación la legislación argentina para este caso".

Expresa que asimismo se ha verificado una "inobservancia de las normas dispuestas por el ordenamiento procesal, [mediante] una interpretación que se considera equivocada del art. 18 y siguientes del CPP (jurisdicción y competencia de los tribunales argentinos para entender en el conocimiento de la presente causa)".

2. A fin de dar sustento a su recurso, explica el querellante que "la resolución que ahora se recurre, se relaciona con el archivo de estas actuaciones, [dictado] por el juez instructor a fs. 110/111 (.), [donde sostuvo] que no sería competente la justicia argentina para entender en esta investigación, por cuanto mi mandante (Pinto Mancheno) sería una persona de nacionalidad ecuatoriana, que en ese país se habría firmado el contrato de adhesión que la vinculaba con CLAM, que el dinero invertido habría sido girado desde Quito a dos cuentas de CLAM (una en la ciudad de Panamá, otra en la ciudad de Kingston), y que no existían constancias de que ese dinero fuera administrado desde la Argentina".

Indica que esa resolución de primera instancia que fuera confirmada por la Sala VII de la Cámara Criminal y Correccional, no tuvo en cuenta que "el contrato de 'adhesión' Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal celebrado entre mi mandante y CLAM, fue firmado por Sebastián Van Vracem en representación de CLAM, en las oficinas de esta empresa, ubicadas en la República Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires".

Aduce que además "el pedido de recupero de fondos se hizo vía correo electrónico, con destino a las oficinas de CLAM en Buenos Aires, para que desde acá (Buenos Aires) se de la orden de transferencia de esos fondos a una cuenta de mi mandante" como asimismo que desde tales oficinas "se reconoció ese pedido y se ofrecieron alternativas".

Señala que "no se ha tenido en cuenta que de lo actuado en otras causas conexas, en trámite actualmente ante la Fiscalía de Instrucción nro. 28, con intervención del mismo juez de instrucción, se ha podido acreditar que CLAM operaba desde sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" lo cual surge "[de] la documentación secuestrada en los distintos allanamientos concretados en aquellas para dar validez a lo que se afirma".

Indica que la primigenia decisión del juez de instrucción resultó prematura ya que "en este estado larvario de las actuaciones, sin producirse prueba alguna, no puede afirmarse con certeza que el hecho (o al menos un tramo del hecho) no haya ocurrido en nuestro país".

3. Yendo concretamente a la crítica de la resolución de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones que por mayoría confirmara el archivo aludido, comienza diciendo que al analizar el contrato de adhesión suscripto entre la damnificada y la firma CLAM, los Sres. Camaristas "sólo ponen la lupa en la circunstancia de que el mismo haya sido suscripto por Pinto Mancheno en Quito, Ecuador, sin querer advertirse que quien firmara por CLAM ha sido el principal imputado, el Sr. Van Vracem, quien suscribió ese contrato en la Ciudad de Buenos Aires".

En este último aspecto, resalta que lo importante en los contratos de adhesión "no pasa por el lugar donde es suscripto (.) por el que adhiere, es decir, por el adherente, sino más bien por el lugar donde es suscripto el contrato por la persona que tiene el poder y/o la capacidad y/o la facultad de modificar las pautas de ese contrato", en este caso, el acusado.

Remarca que "las oficinas de CLAM se encuentran aquí, el imputado también, la administración se realizaba desde nuestro país, y todas las pruebas que pueden o no confirmar la presunta administración se encuentran en nuestra jurisdicción", motivo por el cual carece de sentido que "se realice una investigación imposible, ya sea en Ecuador o en cualquier país del mundo".

Por otra parte, señala que "[t]ampoco resulta de interés para el análisis de la competencia la circunstancia que el voto mayoritario resalta en cuanto a que el rescate del dinero se haya requerido a través del Bank Julios Bar, Zurich (Suiza)"; ello así pues "lo que verdaderamente importa es saber cual ha sido el comportamiento de aquél que administraba los fondos desde Buenos Aires". (sic).

Explica que para dilucidar la cuestión de la competencia territorial en este caso resultan de aplicación tanto la "teoría de la voluntad" como la "teoría de la ubicuidad" y cita jurisprudencia en apoyo a su postura.

Tras resaltar los argumentos ensayados por el Dr.

Cicciaro, quien integró la minoría del fallo criticado, indica que "el delito de administración fraudulenta debe estimarse cometido en el lugar donde se ejecuta el acto perjudicial en violación al deber de fidelidad", es decir, en la ciudad de Buenos Aires, pues desde aquí "se administraban las distintas cuentas bancarias donde los distintos inversores habían depositado sus valores".

Finalmente, denuncia que "tanto de la resolución del juez de la instancia anterior, ni VE (en el voto mayoritario) se detienen a señalar cual sería el tribunal competente", motivo por el cual se evidencia "un agravio concreto al derecho constitucional del que goza toda persona de acceder a la jurisdicción, en reclamo de sus derechos".

Hace reserva del caso federal.

Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal TERCERO:

1. Puestos los autos en Secretaría por diez días, a los efectos de los artículos 465, cuarto párrafo y 466 del CPPN, la querella amplió fundamentos, reiterando básicamente los argumentos ensayados en su recurso de casación -ver fs.

182/8 vta.-.

2. A fs. 192/vta. se presentó la defensa del imputado Van Vracem -en su anterior composición-, indicando, en primer lugar, que "el recurso de casación interpuesto por la representación de la señora Pinto Mancheno no se dirige contra una de las decisiones enumeradas en el artículo 457 del ordenamiento legal, ni equiparable por sus efectos".

Agregó el defensor que "el único agravio que el recurrente presenta como de naturaleza federal, con invocación de la supuesta negación al acceso a la jurisdicción (.) conduce en rigor al examen de cuestiones de hecho y prueba que no resisten tal carácter, cuestión en la que no se encuentra involucrada una cuestión de naturaleza federal". (sic).

En definitiva, planteó la defensa que "las argumentaciones de la querella no proponen ninguna cuestión federal, sino que remiten a la revisión de constataciones de hecho, por lo regular no comprendidas en los supuestos del artículo 456 del Código procesal penal", motivo por el cual solicitó se declare mal concedido el recurso de casación oportunamente interpuesto por la parte querellante.

3. A fs. 195 y vta., la querella resaltó que efectivamente la resolución recurrida se trata de una sentencia equiparable a definitiva en función de sus efectos y remarcó la negativa al acceso de la jurisdicción como agravio autónomo.

4. La querella y la defensa presentaron breves notas a fs. 228/31 y 232/5, respectivamente, y celebrada la audiencia prevista por el art. 468 del código de forma, según constancia actuarial de fs. 236, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

CUARTO:

Que en razón de las objeciones lanzadas por la defensa de Van Vracem, preliminarmente, conviene recordar cuanto llevamos dicho en torno a que el archivo por atipicidad del hecho imputado o por mediar una condición de procedibilidad, sí encuadra en las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación pues paraliza el proceso ya que su efecto sobre la acción penal es definitivo en cuanto impide su promoción o prosecución válida, haciendo imposible la continuación de las actuaciones (in re "Vázquez Carlos s/recurso de casación" causa n/ 4670, reg. n/ 576/2003).

En el caso sub examine, la resolución de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el interlocutorio del juez instructor que archivó las actuaciones por "no poder proceder"; ello constituye un supuesto que hace imposible la continuación del proceso.

Además, en razón de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Nunzio" (Fallos 328:1108), esta Sala se encuentra habilitada para tratar, como tribunal intermedio, los agravios de naturaleza federal que lleguen a su conocimiento, entre los que cabe incluir, tanto la arbitrariedad de las sentencias como así también la denegatoria del acceso a la justicia, tópico este último introducido por la querella en la vía recursiva intentada.

Por tales motivos, corresponde que nos avoquemos al análisis de la validez de la decisión que resolvió confirmar el archivo dispuesto en autos.

QUINTO:

1. A fin de resolver entonces la cuestión sometida a juzgamiento, es del caso recordar el hecho objeto del proceso, el cual fue descripto en la resolución del juez de instrucción que dispusiera el archivo de la causa, en los siguientes términos: "Se iniciaron las actuaciones en virtud de la denuncia formulada por Susana Paulina Pinto Mancheno, representada en autos por Julián Subías, en virtud a que la nombrada habría entregado, a través de un asesor financiero llamado Bernd Papenbrok, diversas sumas de dinero a Capitol Lions Private Asset Management Inc (C.L.A.M.) cuya casa matriz, según lo sostiene la denunciante, se encuentra en la ciudad de Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal Buenos Aires. Esta operatoria se habría concretado entre el día 8 de abril de 2007 y en el mes de septiembre de 2008. CLAM invertiría esas sumas en un fondo destinado a 'comprar y vender monedas en el Mercado Intercambiario de Divisas -Forex- y/u opción de contratos Forex'. En su momento, la firma había otorgado una clave para que se acceda a su cuenta a través de la página web 'www.capitallion.com' a fin de controlar sus inversiones y aportes dinerarios. En el mes de octubre de 2009, la nombrada decidió recuperar los fondos invertidos y transferirlos a una cuenta bancaria, razón por la que comenzó a realizar diversas tratativas ante la citada firma pero le informaron que el dinero no se encontraba disponible.

Preocupada por la situación, Pinto Mancheno se apersonó en diciembre de 2009 a las oficinas de la empresa conjuntamente con su asesor financiero -Andrés Domínguez- y su representante legal en Argentina -Dra. Roxana Kahale-, ocasión en la que se habría entrevistado con Sebastián Van Vracem y Gabriela Muller, quien se presentó como 'regional manager'. El resultado de dicha reunión fueron sólo nuevas promesas que nunca se concretaron, por lo que la damnificada se consideró estafada y decidió efectuar la denuncia que dio origen a la causa". (ver fs. 110).

Ahora bien, para disponer el archivo de las actuaciones, el magistrado instructor consideró que el hecho denunciado no se había cometido en este país y por ello concluyó que no era la justicia argentina quien debía intervenir en el marco de la presente.

Para resolver del modo en que lo hizo, explicó el juez de instrucción que la transacción celebrada entre la querellante y la firma CLAM "se ha formalizado en Quito, República del Ecuador, habida cuenta de lo que surge de los formularios de adhesión y de solicitud de cierre de la cuenta (fs. 45 y 89)". (fs. 111).

Agregó que "los depósitos habrían sido efectuados con destino a Capital Lions Panamá y Capitol Lions Assent Management, Inc Kingston Chambers (fs. 47), mientras que las transferencias de fondos se requerían a bancos localizados en Zurich (ver fs. 90)." (ibidem).

De esta manera, aseveró el magistrado que "la maniobra mediante la cual se lograron las transferencias y se habrían deshonrado los compromisos supuestamente asumidos por CLAM se habría desarrollado en Ecuador -donde se habría celebrado el contrato de adhesión-, Suiza -donde se encontrarían depositados los fondos-, o bien Panamá ya que los fondos habrían sido integrados con destino a Capital Lions Panamá". (ibidem).

Todo ello, llevó al juez de primera instancia a "descarta[r] la aplicación de la ley penal argentina, tal como lo prescribe el art. 1 inciso 1 del Código Penal". (ibidem).

Por su parte, para confirmar la resolución aludida, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones fundó la decisión indicando que "se advierte que el contrato de adhesión con 'Capital Lion Private Asset Management Inc.'-constituido en las Islas Vírgenes Británicas (fs.41)- ha sido suscripto por la querellante en la ciudad de Quito Ecuador (fs. 45) con la finalidad de participar en el fondo de Inversión de Monedas Extranjeras denominado 'FX Capital Fund' en dólares, en el que se insertó Susana Paulina Pinto Mancheno de nacionalidad ecuatoriana (fs. 23/8)." (fs. 154).

Añadió el a quo que "[e]llo demuestra que, más allá de las expresiones vertidas por la querella fundadas en la circunstancia de que 'CLAM' cuenta con oficinas situadas en esta ciudad de Buenos Aires, el hecho traído a conocimiento no se ha cometido en la jurisdicción argentina ni tampoco los efectos de la maniobra por la que se agravia el recurrente pueden estimarse producidos aquí, por cuanto los fondos por cuya falta de devolución se reclama, fueron girados a Capital Lions Panamá y Capital Lions Asset Management, Inc. Kingston Chambers (fs. 47) y el cierre de la cuenta y el retiro de los fondos se solicitó a través del 'Bank Julios Bar Zurich' con sede en Suiza (fs. 90)". (ibidem).

2. Sentado ello, conviene recordar que la doctrina fijada por este Tribunal en relación a los artículos 123 y 404 Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación, reconoce la necesidad de motivar los pronunciamientos judiciales, y la exigencia que el juzgador consigne las razones que determinan la resolución, expresando sus propias argumentaciones de modo que sea controlable el iter lógico seguido por él para arribar a la conclusión. (ver doctrina jurisprudencial de esta Sala en la causa N° 18 "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación" Reg. N° 41 del 18/10/93; causa N° 25 "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación" Reg. N° 67 del 15/12/93; causa N° 65 "Tellos, Eduardo s/rec. de casación" Reg. N° 99 del 24/3/94; causa N° 80 "Paulillo, Carlos Dante s/ recurso de casación" Reg. N° 111 del 12/4/94; causa N° 135 "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación" Reg. N° 142/94 del 18/10/94; causa N° 190 "Ruisanchez Laures, Angel s/rec. de casación" Reg. N° 152/94 del 21/10/94;

causa N° 181 "Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación" Reg. N° 177/94 del 17/11/94; causa N° 502 "Arrúa, Froilán s/ rec. de casación" Reg. N° 185/95 del 18/9/95; y causa N° 1802 "Grano, Marcelo s/ rec. de casación", Reg. N° 186/2002 del 22/4/2002; causa N° 1357 "Canda, Alejandro s/rec. de casación", Reg. N° 70/98 del 10/3/98; causa N° 2124 "Anzo, Rubén Florencio s/rec. de casación", Reg. N° 632/99 del 22/11/99; causa N° 2134 "Emi Odeon S.A.I.C. s/recurso de casación", Reg. N° 712/99;

causa N° 4303 "Díaz, Héctor s/rec. de casación", Reg. N° 153/03 del 1/4/2003; causa N° 4295 "Marina, Sandra y otros s/rec. de casación", Reg. N° 442/03 del 7/8/03, entre muchas otras).

Debe tenerse presente que, para cumplir con este deber de fundamentación, corresponde realizar un análisis crítico, razonado y circunstanciado de las constancias del proceso, sin omitir la evaluación de toda aquella prueba que sea conducente o decisiva para el desenlace de la cuestión.

Y esto último es, precisamente, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen, pues tanto en el archivo de las actuaciones dispuesto por el señor juez de instrucción como en la resolución de la Sala VII de la Cámara de Apelaciones que lo confirmara, se omitieron considerar elementos de prueba que, a nuestro entender, resultan determinantes para atribuir competencia a los tribunales nacionales en el modo que lo propone la querella.

En efecto, tal como hemos visto precedentemente, el juez de primera instancia como el voto de la mayoría de la Cámara de Apelaciones, basaron su decisión de archivar la causa, en la circunstancia de que el contrato de adhesión firmado por la Sra. Pinto Mancheno y la empresa CLAM fuera suscripto en la ciudad de Quito, Ecuador; y, en razón de ello, concluyeron que el hecho no había sido desarrollado en nuestra jurisdicción, más cuando los fondos habrían sido girados a otros países.

Sin embargo, lo que no tuvieron en cuenta es que la adhesión al contrato con la firma CLAM realizada por la querellante, estaba dirigida a facultar al acusado Van Vracem a administrar sus fondos desde la ciudad de Buenos Aires, mas precisamente, desde sus oficinas sitas en la calle San Martín 1137 piso cuarto de esta Ciudad.

En efecto, si se repara levemente en la constancia de fs. 45 correspondiente a la adhesión suscripta por Pinto Mancheno en Quito, Ecuador, surge de su parte inferior la siguiente leyenda: "POR FAVOR ROGAMOS ENVIAR ESTA NOTA FIRMADA AL (0054-11) 4312-6643 o 4313-4187. Muchas Gracias".

Y mas abajo puede leerse que la sede en Argentina de la firma CLAM es en "San Martín 1137, piso 4" y uno de los teléfonos es justamente el "4312-6643".

Estas constancias documentales otorgan credibilidad al relato de la querella en torno a que, más allá del lugar donde se firmara el contrato por parte del adherente, la empresa beneficiaria -CLAM- operaría y administraría los fondos desde esta ciudad.

Por ello, teniendo en cuenta que la calificación legal del hecho denunciado encuadra "prima facie" en el delito de administración fraudulenta, consideramos que la competencia de la justicia nacional resulta evidente, pues esa figura debe "estimarse cometida, por regla general, en el lugar donde se Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal ejecuta el acto infiel perjudicial en violación al deber y, en caso de no conocerse el lugar, debe presumirse que éste se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración" (Conf.

ROMERO VILLANUEVA, Horacio J., Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria, 4ta. Edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 778).

Pero además, el a quo tampoco consideró que, más allá de la complejidad de la maniobra denunciada y las distintas jurisdicciones donde pudo haber tenido lugar el desarrollo del iter criminis, razones de economía procesal, imponen la necesidad de investigar los hechos en nuestro país, pues no sólo el domicilio de la administración estaba radicado en esta ciudad, sino que además el imputado reside aquí y, tal como lo apunta la querella, existen otras causas conexas de trámite por ante la Fiscalía de Instrucción n/ 28 donde se ha recolectado prueba en sendos allanamientos vinculados a la actividad de la firma querellada.

En este último sentido, resulta de aplicación al caso la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que cuando las maniobras a investigar han tenido desarrollo en distintas jurisdicciones territoriales, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa de los procesados (Fallos 271:396; 275:361; 303:934; 306:842;

310;1153; 316:820; 318:2509; 323:2582).

En consecuencia, conceptuamos que la resolución de la Cámara como la del señor juez de instrucción, resultan arbitrarias en atención a que omiten la valoración de constancias relevantes para la solución del litigio y desconocen la jurisprudencia del Alto Tribunal aplicable al caso; ello nos impide considerar a los pronunciamientos como derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.

Incluso, notamos que de mantenerse el criterio esgrimido en las instancias anteriores, se consagraría lisa y llanamente una negación al derecho de acceder a la jurisdicción de la Sra. Pinto Mancheno, razón por la cual entendemos que este archivo prematuro de las actuaciones debe ser anulado.

En tales condiciones, proponemos al acuerdo, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querella a fs.

160/7, sin costas, y en consecuencia, anular la resolución de fs. 154 y vta y su antecedente (arts. 456 incisos 1/ y 2/, 470 y 471 y 530 y 531 a contrario sensu del CPPN).

Tal es nuestro voto.

El señor juez doctor Mariano H. Borinsky dijo:

En primer lugar concuerdo con el voto del distinguido colega doctor Riggi respecto a que el recurso de casación impetrado por la querella resulta admisible habida cuenta que el archivo de las actuaciones en las condiciones en que fue decidido trae aparejada la imposibilidad de continuar con las actuaciones, situación que por tanto debe equipararse a resolución definitiva en los términos del art. 457 del C.P.P.N.

También coincido en cuanto a que aquella decisión deviene prematura e infundada en razón de que se arribó sin haberse ponderado elementos probatorios que impedían descartar que la ejecución de los hechos denunciados no fue llevado a cabo en nuestro país.

En dicho sentido entiendo que aquellos aspectos tratados por el juez instructor por sí solos resultan insuficientes para convalidar la decisión recurrida, y ello se debe a que únicamente tuvo en cuenta el lugar donde se suscribió el contrato entre la denunciante y la firma CLAM, sin embargo omitió dar a conocer los motivos por los que concluyó que no resultaba relevante continuar con la pesquisa, máxime cuando la administración de esta última se encontraría en la calle San Martín 1137, piso cuarto de esta Ciudad, y habría estado a cargo de Sebastián G. Van Vracem -quien firmó el referido acuerdo-.

En definitiva, el archivo de las actuaciones trajo aparejado la conculcación, en el caso, del derecho a la jurisdicción a Susana Paulina Pinto Mancheno, garantizado por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporado por el art. 75, inc. 22 de la Constitución Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal Nacional. Ello así, en razón de que en este estadio resultaba prematuro descartar que uno de los actos de la consumación -la administración de los fondos- pudo haberse concretado en nuestro país, y por tanto las medidas omitidas que debieron ser llevadas a cabo para dilucidar este aspecto tuvieron que ser ordenadas por un juez argentino.

Con estas consideraciones adhiero al voto del doctor Riggi en cuanto corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la querella a fs. 160/167, y en consecuencia, anular la resolución impugnada, y su antecedente, sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.).

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Cabe adelantar que he de coincidir con los votos de mis colegas preopinantes por las razones que a continuación señalaré.

Es de recordar que la resolución que dispone el archivo por atipicidad del hecho imputado es equiparable a sentencia definitiva, y encuadra en las previsiones del art.

457 del C.P.P.N., atento a que su efecto sobre la acción penal es definitivo en cuanto impide su promoción o prosecución válida haciendo imposible la continuación de las actuaciones, in re: "Isenbeck s/recurso de queja", Reg. n/ 476.03, causa n/ 4563, rta. el 25/08/03.

La decisión recurrida, en tanto importa privar al apelante de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia extraordinaria por agravios de naturaleza constitucional, resulta equiparable a sentencia definitiva a los fines del art. 14 de la ley 48 (C.S.J.N., Fallos: 311:2571).

En efecto viene al caso la posibilidad de actuar según el principio real, de protección o de defensa, según el cual el Estado reprime todas las acciones dirigidas contra sus intereses primordiales, sin tomar en cuenta por quién y en dónde han sido ejecutados, principio del que ningún Estado puede prescindir en la construcción de su sistema punitivo (Fierro, Guillermo J.; "La ley penal y el Derecho Internacional", págs. 207/208, tea, Bs. As., 1997).

En el caso de autos, no puede dejar de considerarse que más allá de que el contrato haya sido suscripto en la ciudad de Quito (Ecuador), los efectos podrán producirse en el país, donde se domicilian los damnificados y donde operaba y se encuentra la sede administrativa de la empresa.

En ese sentido es de recordar que "el art. 1/ del Código Penal no constituye una regla de derecho penal en sentido estricto, ya que no establece delitos y penas, sino que prevé los límites para la aplicación del derecho nacional, en su rama punitiva con relación al espacio"; que su misión "es fijar la extensión, en cuanto a su dimensión espacial, de uno de los elementos constitutivos del Estado, cual es la soberanía, entendida como la facultad de manifestar y hacer ejecutar la voluntad de la Nación. Es decir, el ámbito fuera del cual la autoridad de aquél pierde ese carácter y cede frente a la soberanía de las naciones extranjeras"; y que "resulta aplicable a la interpretación del art. 1/ del Código Penal el criterio según el cual cuando un delito comienza a ejecutarse en territorio de un Estado y queda consumado en otro debe reputarse 'cometido' en todas las jurisdicciones en las que se ha desarrollado alguna parte de la acción y también en el lugar de verificación del resultado" (C.S.J.N., Fallos:

311:2571).

Ello así, de la lectura del recurso interpuesto por la querella y su confronte con la decisión impugnada, es que me adhiero a los votos de mis colegas preopinantes y emito el mío en igual sentido.

Tal es mi voto.

Por ello, el tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la querella a fs. 160/7, sin costas, y en consecuencia ANULAR la resolución de fs. 154 y vta. y su antecedente (arts. 456 inciso 1/ y 2/, 470 y 471, y 530 y 531, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación).

Causa N/13.783 -Sala III - C.N.C.P "Van Vracem, Sebastián s/recurso de casación" Cámara Nacional de Casación Penal Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al Tribunal de origen, sirviendo lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Mariano H.

Borinsky. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara.