Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 282/285.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco y Mario Luis Netri con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "ALVAREZ, ALFREDO contra DEPAULI, FEDERICO ALEJANDRO -ACCIDENTE DE TRABAJO- (EXPTE. 231/15 CUIJ NRO. 21-05160839-6) sobre RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-05160839-6). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedentes?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Falistocco, Netri y Erbetta.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

1. El señor Alfredo Alvarez inició demanda laboral por accidente de trabajo contra MAPFRE ART y contra Federico Alejandro Depauli, a raíz del accidente ocurrido el día 19 de noviembre de 2009, al caer de un andamio desde una altura aproximada de 2 metros. Reclamó el cobro de la suma correspondiente a daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño psicológico y daño moral; más las prestaciones dinerarias previstas en el art. 13 de la ley 24557. Planteó la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22 y 46 de la ley 24557 y decreto 717/96; del artículo 39 de ese cuerpo normativo; atribuyó responsabilidad objetiva al empleador en los términos del artículo 1113 del Código Civil y subjetiva por no brindar elementos de seguridad ni cursos de capacitación. Adujo a su vez responsabilidad de la aseguradora por su conducta negligente, al no cumplir con lo ordenado en los arts. 1, 4 inc. 2 y 31 inc. 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, decreto 170/96 y resolución 43/97 de la SRT.

Contestada la demanda por el accionado y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en fecha 17 de noviembre de 2014, el Juez de Primera Instancia en lo Laboral de la Tercera Nominación de Santa Fe resolvió: Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 21, 22, 39.1 y 46.1 de la ley 24557, la del artículo 17.5 de la ley 26773 y la del artículo 17 del Decreto nro. 472/14. Hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a GALENO ART S.A. (continuadora de MAPFRE ART S.A.) a pagar al actor, en el plazo de diez días la prestación que dispone el art. 14.2.a de la LRT, por incapacidad parcial permanente y definitiva del 32%, cuya liquidación se realizará aplicando las reformas introducidas por la ley 26773 (arts. 3 y 17.6) y teniéndose presente la declaración de inconstitucionalidad del Dec. 472/14. Dispuso además que el capital ajustado devengara intereses desde el 01.01.10 a una tasa del 12% anual hasta el efectivo pago. Por otra parte, rechazó la demanda dirigida contra Federico Alejandro Depauli, por improcedente. Impuso costas conforme lo dispuso en el punto 15 de los considerandos.

Recurrido el fallo, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral resolvió rechazar la impugnación del codemandado Depauli; hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del actor, condenando a la aseguradora al pago de la prestación dineraria del artículo 13 ley 24557, y al codemandado Depauli al pago de la reparación integral debida por todo concepto y/o rubro indemnizatorio por accidente de trabajo en la suma de $330000, devengándose los intereses moratorios a una tasa del 22% anual, con aplicación del fallo "Ibarra" a partir de la fecha 1.8.14.; hacer lugar parcialmente a la apelación de la codemandada Mapfre ART S.A. y disponer que el cómputo de los intereses se efectuará conforme a la Res. SRT 414/99. Además dispuso que cada demandada responderá hasta el monto de la liquidación que corresponda a su condena (sistémica o civil), descontándose todo lo previamente abonado por la otra. Impuso las costas entre el actor y el demandado Depauli a este último en ambas instancias; y entre el actor y la ART a la demandada en la Alzada.

2. Contra dicho pronunciamiento interpone la codemandada Mapfre ART S.A. (hoy Galeno ART S.A) recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055.

Aduce arbitrariedad normativa por errónea interpretación y aplicación de la ley al disponer la Sala que al cálculo de la indemnización debida al actor según la ley 24557 se le debe aplicar el art. 3 y 17.6 de la ley 26773, afectando la voluntad legislativa, la división de poderes y el principio de legalidad.

Afirma que se equivoca la Sala al interpretar que el inc. 6 del art. 17 dispone la actualización de las indemnizaciones pendientes de cancelación, aun cuando la fecha de la primera manifestación hubiera tenido lugar antes de la entrada en vigencia de la ley 26773.

Añade que la discusión al respecto quedó zanjada a partir del fallo "Espósito" de fecha 7 de junio de 2016, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se sostiene que "del art. 17.5 también se desprende claramente que estos nuevos importes 'actualizados' solo rigen para la reparación de contigencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación..."; y que "la ley 26773 dispuso que el reajuste mediante el RIPTE de los 'importes'...con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal".

Expresa que la finalidad de la ley 26773 fue actualizar el sistema reparatorio de contingencias laborales hacia el futuro y no en forma retroactiva. Por ello -concluye- la sentencia atacada sólo puede entenderse como la aplicación retroactiva de la ley, afectando la seguridad jurídica, el derecho de propiedad de su parte y el principio que emana del artículo 3 del Código Civil.

Concluye que resulta claro que no existen argumentos válidos para la aplicación de la ley 26773.

3. La Sala mediante pronunciamiento de fecha 8 de junio de 2017 resuelve conceder el recurso excepcional, al verificar que el criterio expuesto por el Tribunal respecto de la aplicación temporal de la ley 26773 es distinto al fijado en dicha temática por el máximo Tribunal Nacional in re "Espósito" (fallo del 07.06.16). Entiende que por ello, y atento a principios de economía procesal, seguridad jurídica y a la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva, corresponde admitir el recurso planteado por la Aseguradora.

4. En el nuevo examen de admisibilidad que corresponde efectuar de conformidad a lo prescripto por el artículo 11, de la ley 7055, teniendo los autos principales a la vista, he de propiciar la confirmación de la concesión dispuesta por la Alzada. Ello así, al comprobar que la postulación de la Aseguradora codemandada posee entidad constitucional suficiente como para lograr la apertura de la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 299/301).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores, Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Las cuestiones planteadas por la compareciente guardan sustancial analogía con las resueltas por este Tribunal en fecha 6 de junio de 2017 en los autos "BRITOS, CLAUDIO OCTAVIO contra FEDERACIÓN PATRONAL DE SEGUROS S.A. Y OTROS -ACCIDENTE DE TRABAJO- (EXPTE. 98/14) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO: 21-00510369-7), A. y S. T. 275, pág. 346/356, en relación a la aplicación temporal de la ley 26773 a casos como el presente, por lo que corresponde remitir brevitatis causae a sus motivaciones, a la luz de las cuales cabe concluir que la respuesta jurisdiccional brindada al respecto por la Sala no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente a los hechos comprobados de la causa y, por lo tanto, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción del justiciable.

Las razones expuestas determinan la procedencia del recurso analizado.

En cuanto a las costas, atento a que lo resuelto recientemente in re "Britos" antes citado importó un cambio en la jurisprudencia de la Corte en este tema, deben ser soportadas en el orden causado.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores, Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo:

Conforme al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en lo que fue materia de agravio. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para dicte un nuevo pronunciamiento al respecto. Con costas en el orden causado.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores, Falistocco, Netri y Erbetta expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en lo que fue materia de agravio. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para dicte un nuevo pronunciamiento al respecto. Con costas en el orden causado.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - NETRI - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).