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Recurso de inaplicabilidad de ley, personal contratado, personal suplente, estabilidad del empleado público, renovación del contrato, reincorporación, salarios caídos
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Muñoz Maines, María J. c/ Consejo Provincial de Salud Pública s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-10-13

Corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley rechazando la demanda en todos sus términos, pues el agotamiento del vínculo por la no renovación de la contratación interina de la actora implica, en sus efectos, la finalización de la relación contractual.

Por ello no resulta procedente el pedido de reincorporación, ni el pago de salarios caídos ni una pretensión resarcitoria.
Concurso real, recurso extraordinario federal, fundamentación de sentencias, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., M.O. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO deducido en contra de Sentencia N° 19/11 de Expte. Corte N° 84/10 - RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto en contra de la Sentencia recaída en causa Expte. 127/09, caratulada: C., M.O. s.a. Exhibiciones obscenas agravadas (1er. Hecho), etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-12-12

La Cámara Penal condenó al imputado a sufrir la pena de veintiún años de prisión como autor penalmente responsable de los delitos exhibiciones obscenas agravadas, abuso sexual agravado continuado, abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual agravado (dos hechos), suministro de material pornográfico, todo en concurso real, en perjuicio de menores de 8 y de 13 o 14 años de edad al tiempo de los hechos.

En contra de esa condena, el defensor del imputado dedujo recurso de casación, al que no hizo lugar esta Corte, mediante sentencia Nº 19, del 11 de julio de 2011.

Contra la nominada resolución, el defensor del imputado interpone el presente remedio federal.

El tribunal rechazó las quejas del recurrente que pretendía una menor cuantía de la pena en atención al buen informe socio ambiental y a la falta de antecedentes penales del imputado, y para así resolver consideró acertados los fundamentos dados en la sentencia condenatoria al concluir que tales pautas no logran contrarrestar el peso de las agravantes que concurren en el caso ni justifican disminuir el monto de la sanción impuesta.

Es que los 52 años de edad del imputado y su educación superior autorizaban suponer su plena capacidad intelectiva y volitiva, suficiente madurez emocional y la incorporación de valores, hábitos o destrezas para dominar sus pulsiones y ajustar sus actos a la legítima expectativa o adecuada convivencia social.

Por ello, atento a que ninguna disminución fue constatada ni invocada en ese sentido, el Tribunal estimó razonable la valoración efectuada por la Cámara del juicio que, sin soslayar la consideración de los atenuantes invocados por el recurrente, al individualizar la pena se pronunció sobre la preponderancia de las circunstancias agravantes por encima de los referidos atenuantes.

Sin embargo, con el mero disenso que con ese criterio expresa, el recurrente no demuestra el grave error de tal juicio, con lo que no justifica la revisión que procura debido a que no pone en evidencia desproporción del monto de la pena impuesta con el grado de culpabilidad del condenado ni arbitrariedad alguna que deba ser corregida por el Máximo Tribunal.

Por lo expuesto, corresponde no conceder el recurso extraordinario interpuesto.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Sola, Alberto C. c/ Sein y Cía SAIC y C. s/ Indemnización art. 212, LCT
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Razones de celeridad y economía procesal hacen que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires deban adecuarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto tiene decidido que los jueces se hallan inhabilitados para disponer de oficio, esto es, sin petición expresa de parte la inconstitucionalidad de las leyes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, recurso de apelación (procesal), sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, límites del pronunciamiento, cosa juzgada, derecho de propiedad, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ramos, José María c/ EFA s/ indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

Vulnera las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio la resolución que incurrió en un exceso de jurisdicción al revocar lo resuelto en primera instancia, ya que el tema no estaba comprendido en la apelación por lo que se encontraba firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.
Competencia por conexidad, sucesiones, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SICIARZ, Sofía s/ SUCESION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-06

Corresponde la acumulación de dos juicios sucesorios en los cuales existen derechos litigiosos respecto de un bien, pues la existencia de identidad de masa sucesoria es razón suficiente para apartarse de las reglas generales en materia de competencia, máxime si la cuestión se plantea entre dos jueces pertenecientes a la misma circunscripción territorial.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, facultades del querellante
Materia: PENAL
Carátula: B, J M s/ Querellante Particular Impugna Sobreseimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2013-07-31

Corresponde que el proceso intentado contra quien fuera imputado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal de una menor adolescente, sea impulsado a juicio a través de la actividad autónoma de la parte querellante, no obstante el pedido de absolución por parte del Ministerio Público Fiscal, pues su retrocesión a etapas anteriores implicaría una lesión a los principios de progresividad y no regresividad del derecho ejercido por la víctima, a ser tenido como parte activa en el proceso penal y a ser oído por un juez, sin interferencias, a los fines de lograr si cabe una solución reparadora (del voto en disidencia de la Dra. Fantini).
Actualización monetaria, intereses, costas
Materia: CIVIL
Carátula: DE LOS RIOS GERARDO c/ ALTAMIRANO VICTORINO s/ COSTAS - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-21

No puede actualmente hablarse de un principio nominalista y de la posibilidad de reajuste sólo en caso de mora.

Esos son conceptos superados, porque sólo tienen aplicación en un sistema de moneda estable como surge de la nota del codificador al art. 619 del C.C.cuando hace referencia al sistema del Código de Austria.

En el caso "Cammusso de Marino contra Perkins", la C.S.J.N.

estableció la posibilidad de obtener actualización monetaria en ejecución de una sentencia que no la contemplaba, en razón -se dijo -de que lo se busca es resarcimiento íntegro del crédito del acreedor y su inmutabilidad a través de todo el proceso judicial, a lo que se agregó que el reajuste no hace más oneroso la deuda en su origen sino que únicamente mantiene su valor real frente al paulatino envilecimiento de la moneda.
Empleo público, revisión judicial, potestad disciplinaria
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Morelli, Jorge Luis c/ GCBA s/ revisión cesantías o exoneraciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-17

Cuando las leyes restringen derechos el sacrificio que imponen debe guardar proporción con la satisfacción del fin perseguido y el mecanismo de control judicial, a ese respecto, pasa por analizar el grado de equilibrio que muestra el vínculo entre el impedimento legal y la consecución del interés general perseguido. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gasperini Segundo Antonio c/ Pérez Jorge Alberto y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-10-08

El artículo 51 de la ley 5.480, no deja dudas que los honorarios que corresponden al abogado por su actuación en segunda instancia, no pueden estimarse a partir del importe regulado en primera instancia, sino que, como su propio texto lo indica, la base la constituye "la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia"; es decir, independientemente de lo que se hubiere regulado por la actuación del abogado en primera instancia, como se efectuó en autos.
Concursos, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sociedad Anónima Frigorífico El Minuán s/ Quiebra - Inc. de Recurso de Reposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-09-26

Se ordenó la notificación, se permitió libramiento de la cédula según constancia de Secretaría cuando ya había operado la notificación Ministerio legis, el propio juzgado provocó que el ahora recurrente contara el plazo desde la misma, por lo que no puede entenderse, variando abruptamente de criterio, que estuvo mal concedido el recurso de apelación contando el plazo como si la notificación hubiere sido ministerio legis, pues ello coloca al litigante en un estado de indefensión y vulnera la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cunioli de Torrielli, Maria c/ Suarez, Julio Alberto y otros s/ Daños y perjuicios Giménez, Ana Graciela c/ Amma, Guillermo Daniel y ot. s/ Daños y perjuicios Dolcemascolo, María c/ Gil, Ramón y otros s/ Daños y perjuicios Giacomín, Pedro c/ Gerez, Wálter s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27|1992-03-03|1987-12-22|1993-11-02

La determinación del quantum indemnizatorio constituye una facultad privativa de los jueces de las instancias ordinarias y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Caducidad de instancia, segunda instancia, sentencia, notificación, elevación en apelación
Materia: PROCESAL
Carátula: LOZA DE VILLAGARCIA ROSA c/ SPINEDI DE ISOLA ANA MARIA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

La caducidad de la instancia no se producirá cuando la prosecución del trámite dependiere de una actividad que el art. 313, inc. 3, del Código Procesal o las reglamentaciones de superintendencia impusieran al Secretario o al oficial primero.

Si se encontraban notificadas todas las partes de la sentencia correspondía la elevación de los autos por el oficial primero de acuerdo a lo prescripto por el artículo 251 del mismo Código frente al recurso concedido ya que ningún otro acto era necesario cumplir por el recurrente para ese fin, por lo que no puede considerarse operada la caducidad de la segunda instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión de derecho común, delitos, concurso ideal, concurso real
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCIA, JONATAN OSCAR c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO, PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA Y AMENAZAS COACTIVAS, TODOS EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-11

Respecto a lo expresado por la defensa en cuanto a que los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de portación ilegítima de arma de fuego concurren en forma ideal y no material, cabe decir -más allá de la falta de motivación suficiente del planteo, remitiéndose a lo dicho por la Jueza de Cámara que votara en tal sentido-, cabe señalar que se trata de una cuestión que, por ser de derecho común, resulta ajena en principio a la esfera de conocimiento de este Tribunal, máxime cuando el A quo realizó un desarrollo argumental para sostener tal adecuación típica, brindando una respuesta que luce con fundamentos suficientes, circunstancia que descarta la arbitrariedad reprochada.
Desestimación de la denuncia, responsabilidad de la aduana
Materia: PENAL
Carátula: J.B.J. TRANSPORTES SA c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-06

La resolución que confirma el auto que desestimó una denuncia es de las previstas en el art. 457 CPPN, ya que, en principio, podría tornar imposible la continuación de las actuaciones.

Los arts. 15, 16, 17 y 18 del ATIT, que regulan las formalidades que deben observar las aduanas de paso de frontera y de destino, no establecen un límite a las potestades regulatorias de los funcionarios aduaneros, el acuerdo establece que los funcionarios aduaneros tienen la obligación de controlar la documentación indicada y las circunstancias previstas, ello no implica una limitación a las potestades del Estado Argentino para controlar si por su territorio transitan productos ilegales.
Sustracción de menores, prescripción de la acción penal, cómputo del plazo
Materia: PENAL
Carátula: A., M. d. R. s/ dcia. s/inf. ley 24.270
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2011-08-02

El plazo de prescripción para el delito de sustracción de menores previsto en el art. 146 del Código Penal comienza a correr desde que el menor es encontrado y no cuando cumple los diez años, toda vez que la norma no prevé tres acciones autónomas, y la retención o el ocultamiento se refieren a un menor que previamente ha sido sustraído.
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, lesividad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, G. N. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-30

La circulación de personas en un barrio como Paternal, en una calle interior es mínimo, sumado a esto que la conducta aquí sometida a juicio -obstrucción de la vía pública- fue acometida un 9 de julio, es decir, un día feriado, deviene necesario concluir que el tráfico peatonal presumiblemente obstruido es nulo, inexistente.

Así, la consideración de la conducta del imputado como violatoria de la norma inserta en el artículo 41, implicaría la aceptación del castigo de un peligro no sólo abstracto, sino también aparente, cuyo resultado, a todas luces evidente, no puede acarrear daño social o comunal alguno. La penalización de una conducta que prima facie pueda subsumirse en el tipo legal pero que su consumación no resulte lesiva, implica el desconocimiento del objeto de toda norma contravencional, cual es, en definitiva, la punición de conductas lesivas (conf. art. 1º C.C.) a los bienes jurídicos individuales o colectivos.
Cesantía, docentes, docentes titulares, profesor universitario, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manso, José Benigno c/ Universidad Nacional de La Plata s/ recurso administrativo directo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Cabe revocar la sentencia que declaró -por falta de motivación- la nulidad la resolución del Consejo Académico de la Universidad demandada que había dispuesto el cese del actor en sus funciones de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple, en virtud de haber alcanzado los sesenta y cinco años de edad- acto que había quedado firme en el orden administrativo-, pues la situación de aquél fue previamente debatida y tratada por los distintos órganos universitarios, los que aconsejaron tal decisión, la que estuvo motivada de acuerdo con las formas y características que tienen los órganos colegiados para fundar sus resoluciones.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Contrabando, encubrimiento de contrabando, pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRETE, OSVALDO s/ Contrabando Causa 27584
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

El propósito de obtener un beneficio económico al cual la Ley de Aduanas, texto de la ley 21898 (Art. 192 bis, 2), asignaba como consecuencia la equiparación-en la pena-de los encubridores con los autores de contrabando tiene en el Código Aduanero un alcance restringido que se circunscribe a descartar en esos casos la exención de pena reconocida para ciertos supuestos (art. 875, 1 y 2 del C.A.).
Deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: T., S. c/ F.E.F. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-21

La calificación de temeraria la conducta de un litigante no puede basarse en el criterio puramente objetivo del vencimiento. No basta que una o más pretensiones sean desestimadas, pues la consecuencia de ello es la imposición de las costas al total o parcialmente derrotado y no la aplicación de sanciones por inconducta que están destinadas a los casos de real gravedad. Para tipificar la conducta temeraria es menester que se advierta nítida la conciencia de la propia sinrazón.
Responsabilidad médica, obligaciones de medios, diagnóstico médico, médicos, análisis clínicos, análisis químicos, obligaciones de resultado, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: Pistán, Elizabeth María Noel; M., M. L.; M., M. E.; M., Z. G. c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2020-09-02

El deber de diagnosticar en cabeza de los médicos, supone un proceso que comienza con la revisación del paciente y el interrogatorio sobre sus antecedentes y síntomas, continúa con la realización de los estudios bioquímicos, radiológicos, ecográficos y se complementa con interconsultas, para culminar con la identificación de la enfermedad y sus características, siendo este recorrido el único camino posible hacia un correcto pronóstico y definición del tratamiento a seguir.
Gastos del proceso, costas, desistimiento de la acción, representación procesal, abogado apoderado
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E.L.M.A. c/ Sitm La Helvética  S.A. s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

No se trata aquí de gastos que deben ser considerados erogaciones normales del ejercicio de la profesión. Dichos gastos no constituyeron una erogación superflua o inútil en los términos del art. 77, Código Procesal, sino que impresionan como impuestos por una normal tramitación y sustanciación de la causa ya que la demandada - respecto de la cual, en definitiva, se desistió de la acción y del derecho por haber sido injustamente traída al pleito y ha vencido en costas - no tenía por que verse obligada a una atención directa y personal del expediente, mucho más cuando se domicilia en la provincia de Santa Fe y si se repara en que sólo otorgó poder especial.
Daños y perjuicios, accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, paso a nivel clandestino
Materia: CIVIL
Carátula: GONZALEZ, Rosario y otro c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-06

1- Si bien no es obligatorio para la empresa de ferrocarriles la instalación en cualquier cruce de todos los mecanismos que de ordinario se encuentran en los pasos a nivel autorizados, la habitual utilización por parte de los vecinos de una senda para trasponer las vías en condiciones sumamente precarias, sin que se adopten los recaudos indispensables para alertar del peligro, mediante la colocación de carteles indicadores de la prohibición, o en su caso, utilizando sistemas sonoros y lumínicos que protejan la vida de los transeúntes, compromete la responsabilidad de la empresa, debido al incumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad riesgosa que ésta desarrolla.

2- No puede en rigor calificarse de clandestina o no habilitada a una senda utilizada asiduamente por los peatones para atravesar las vías férreas con la aquiescencia y pasividad de la empresa de ferrocarriles, que ninguna medida ha adoptado para prevenir el peligro o eventualmente impedir el cruce, lo que hace suponer que éste había sido practicamente oficializado por el frecuente uso.
Cuestiones de competencia, competencia criminal, lugar del hecho, economía procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Grosso, Carlos Graciano s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27

Los delitos cuya acción ejecutiva ha tenido lugar en distintas jurisdicciones deben reputarse cometidos en todas ellas y la determinación del órgano jurisdiccional que debe entender en la causa depende de la forma en que se haya concretamente desarrollado el hecho, atendiendo a razones de economía procesal.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, monto de la demanda, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: VECCHIO, PASCUAL c/ RODRIGUEZ, DANIEL O. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-06

El agregado introducido por la ley 21.708 al art. 242 del Código Procesal no ofrece dudas en cuanto limita la apelación por razones de monto a los procesos de menor cuantía, sin que pueda extenderse, por vía interpretativa, a las resoluciones dictadas en juicio cualquiera sea su monto- en que el valor involucrado esté comprendido dentro de las sumas que fija dicha norma.

La segunda parte del artículo, cuando se refiere al monto de la demanda, no comprende tanto a una pretensión principal como incidental.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: SUÁREZ, MARIELA DEL CARMEN. c/ COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. s/ COBRO DE HABERES S.A. s/ COBRO DE HABERES S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-10-31

Corresponde declarar improcedentes los recursos de Nulidad Extraordinario y por Inaplicabilidad de Ley impetrados por la demandada COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. y confirmar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Neuquén.

Por cuanto no se verifica en ella la arbitrariedad denunciada por el impugnante, quien no cumplió con la carga de demostrar el error grosero y fundamental materializado en una conclusión incoherente en su aspecto lógico y formal e inconciliable con las constancias objetivas de la causa.

Ello así, pues del análisis global del material probatorio y en particular, de la prueba documental y testimonial no se advierte que la magistratura de Alzada hubiese infringido las reglas de la sana crítica.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Alicia M. s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

La tenencia de tres sobres con 0,7 grs. de cocaína cada uno, no resulta atrapada por el artículo 6 de la Ley 20.771, por no hallarse afectado el bien jurídico salud pública.
Demanda, contenido de la demanda, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: KHUNE MARQUEZ DE PAPI, LUISA TERESA c/ CARBAJAL DE GARCIA, RUFINA Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO-INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-06

Si no se sabe a ciencia cierta que es lo que pretende el actor por cada uno de los rubros reclamados, al momento de sentenciar al juez le ha de resultar imposible, en caso de entender procedente el reclamo, cuantificar los distintos rubros admisibles o tendrá que hacerlo fijando con absoluta discrecionalidad cifras parciales que pueden no responder a lo que se acredite en la causa, pero que en su resultado total no excedan del monto global que no fue fijado por la parte sino por los jueces.
Honorarios del perito, patrocinante, honorarios del abogado, ejecución de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ DE LOPEZ ALICIA OLGA c/ RIBE MIGUEL LUCIO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-03

Para determinar los emolumentos del letrado patrocinante del perito en la ejecución de sus honorarios, la norma aplicable es, como principio -y no tratándose de trabajos de escasa significación- la del art. 8 de la Ley 21.839, modificada por el art. 12, inc. e) de la Ley 24.432.