Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20


Causa Nº 043-00-CC/2006 caratulada: "Menéndez, Luciano Benjamín s/ Inf. Arts. 111 y 114 ley 1472 - Apelación." En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio de 2006, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver las presentes actuaciones seguidas a Luciano Benjamín Menéndez.

VISTO:

Arriba a esta Alzada el expediente de mención, en virtud del recurso de apelación deducido por la co-titular de la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 5, María Teresa del Rosario Moya, contra la sentencia absolutoria dictada por el Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 23, Norberto Luis Circo (fs. 130vta./132vta.) con fecha 16 de marzo.

La medida impugnativa se introduce por oposición al criterio sustentado, que desembocara en un pronunciamiento absolutorio, en el entendimiento de resultar contradictorio y en desmedro de las reglas de la sana crítica racional. En esta hipótesis seseñala que al valorarse el plexo cargoso reunido se ha producido el descarte de ciertos elementos centrándose el análisis en la carencia probatoria, más precisamente en las falencias de la etapa instructoria.

De este modo examinó las figuras contravencionales previstas en los arts. 111 y 114, por las que requiriera la elevación oportunamente, exponiendo los motivos de su pretensión y las probanzas con entidad suficiente para fundar un juicio de reproche. Mérito de ello, es que extendió su razón al acuerdo extrajudicial por vía de mediación que celebrara el imputado con la damnificada y por el que abonara determinada suma, en tanto dicha pieza resultó incorporada a las actuaciones en ocasión del debate y a solicitud de la propia defensa. Sobre el particular adujo que el Magistrado no puede desconocer dicha prueba y mucho menos pretender la inexistencia del accidente, tal se desprende de la presentación luciente a fs. 139/43.

En cuanto corresponde al trámite en esta instancia, el representante Fiscal, Walter Fernández, tras mantener el planteamiento deducido por su antecesora en todos sus términos, resaltó la aptitud probatoria del acta de acuerdo extrajudicial referida, con relación a la infracción endilgada a consecuencia de la colisión; aspecto sobre el que reiteró la faltadepronunciamiento del magistrado (fs. 148/50).

Por su parte, la co-titular de la Defensa Oficial, Marquiegui Mc Loughlin, al contestar la vista conferida conforme lo previsto por el art. 51 de la L.P.C., delineó sus agravios diferenciados en dos órdenes: El primero circunscripto a los efectos que produciría un pronunciamiento revocatorio, en tanto renacería el planteo introducido preliminarmente en oportunidad del debate (ocasión en que invocara violación del derecho de recurso ante la inexistencia de pronunciamiento con relación al pedido de suspensión de juicio a prueba formulado con anterioridad). El restante, tras refutar las pruebas enervadas por la acusadora, con referencia al citado acuerdo de mediación del que objetó la intención de la Sra. Fiscal de plantearlo en esta etapa, cuando no fue considerado en la acusación y en especial con el grado de convicción que pretende, aduciendo que las partes pueden tener numerosos motivos que la fiscalía desconoce para realizar un acuerdo de este tipo. Sobre esta base extendió sus fundamentos que obran a fs. 153/58.

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad.

En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, corresponde verificar la configuración de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los recaudos de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición. En ese marco, se desprende que ha sido impetrado por quien tiene derecho a hacerlo y cumplimentado los requisitos formales, al ser presentado ante el Magistrado que dictó la resolución atacada, fundadamente y en tiempo oportuno.

El dictado de un fallo absolutorio a tenor de los agravios invocados, habilita al acusador público para la interposición del remedio, tal como lo hemos sostenido en otros pronunciamientos, siempre claro está circunscripto al alcance de revisión posible en esta instancia, acotado a la razonabilidad del método lógico-jurídico utilizado en la solución. 1 Causa Nº 043-00 -CC/2006 Sala II II. La cuestión de fondo.

Resulta entonces que la representante fiscal se agravia de la absolución recaída respecto del imputado Luciano Benjamín Menéndez, llevado a juicio por atribución de las conductas previstas en los arts. 111 y 114 (Conf. ley 1472) objeción que se articula en torno a la falta de fundamentación y errónea valoración desplegada por el Judicante sobre el mérito de la prueba al fallar.

Dos son las hipótesis que traza la acusadora: La primera basada en la actividad probatoria rendida durante el debate y en las constancias adunadas al expediente; la restante en el acuerdo celebrado entre las partes por vía de mediación privada, cuya copia fuera presentada por la propia defensa en esa oportunidad, agregada a fs. 124.

Atento la naturaleza de la impugnación, hemos de adentrarnos en el análisis del fallo con las limitaciones propias de esta Alzada, reservadas como se dijo al juicio lógico-jurídico utilizado para conectar la materia probatoria conla conclusión arribada.

El hecho que nos ocupa, en concordancia a lo que surge del requerimiento de elevación a juicio (fs. 62/3) consiste en:

"...con fecha 25 de febrero de 2005, a las 20.50 horas aproximadamente, en la intersección de la Av. Figueroa Alcorta y Thames, en oportunidad que conducía el rodado Renault, modelo "9", dominio BHI-481, colisionó con el rodado Renault dominio SJE-150 el que era conducido por la Sra. Marta Susana Fernández, y posteriormente se dio a la fuga por Av. Figueroa Alcorta, siendo localizado por el preventorinterviniente momentos luego en la intersección de Av. del Libertador y Salguero, quien al momento de tomar contacto con el imputado advirtió que de este emanaba un fuerte aliento etílico y emitía palabras balbuceantes." Sobre esta base, se solicitó se condene al imputado "...en su carácter de autor de las conductas previstas en los arts. 111 y 114 del C.C., a la pena de MULTA de $ 2000 (pesos dos mil), pagaderos de la forma que S.Sa. estime corresponder, con más la pena de INHABILITACION para conducir vehículos motorizados por el término de 6 (SEIS) meses, más la imposición de las costas procesales." Cabe señalar que tal como fuera consignado en la sentencia, la Sra. Fiscal efectuó una aclaración en su alegato, precisando el lugar de ocurrencia del hecho, intersección de la Avenida Figueroa Alcorta con la calle Tagle, en lugar de Thames (fs. 131).

Ahora bien, el proceso en examen contiene algunas particularidades a la luz de la presentación de la defensa, en cuanto a su valor probatorio para acreditar el suceso que diera lugar a la infracción por incumplimiento de las obligaciones legales, ya que además de las consideraciones atinentes a cuestiones de hecho y prueba, tanto la Sra. Fiscal como su superior ante esta Alzada extienden el agravio a ese extremo, aduciendo que el juez ha omitido expedirse sobre el particular al seleccionar la prueba, sea en su consideración o descarte.

En esta inteligencia, debemos efectuar una diferenciación en cuanto a la entidad probatoria de tales acuerdos de índole patrimonial -propios del derecho privado- entre las partes sujetas a un conflicto y su capacidad para generar un juicio de reproche en sede penal, cuya faz pública tiene distinta incidencia en cuanto a los bienes en tutela y sanción ante su afectación, aunque más leve tratándose de un caso contravencional.

Examinadas las piezas correspondientes surge claramente que la presentación efectuada por la defensa tuvo por finalidad su evaluación en caso de recaer condena, más precisamente a los efectos de la fijación pecuniaria que pudiere corresponder, atento la sanción prevista para las contravenciones endilgadas (ver el acta del debate a fs. 125/30).

Bien puede entonces considerarse que la alegada omisión por parte del magistrado, fue concordante a la decisión adoptada al inclinarse por la absolución del infractor, no obstante resultar más ajustado una ponderación exhaustiva de la totalidad de los elementos incorporados, sin perjuicio de la selección de aquellos extremos probatorios de mayor entereza para fundar la decisión.

En esta hipótesis, cierto es que nada ha dicho la Sra. fiscal al momento de formular la acusación aunque más no sea de manera subsidiara; tan sólo intenta rescatar la cuestión ante el resultado adverso del proceso sin esgrimir argumento algunosobre cómo pretende que un acuerdo de índole civil tenga aptitud para probar el ilícito que ese ministerio con el accionar que le compete no pudo efectuar per se; tampoco lo hace el Sr. Fiscal en esta instancia.

De modo que, dado que parte del agravio gira en torno a la introducción de esa pieza, este Tribunal partirá de la base de ponderar su valor, sólo en tanto y en cuanto, confrontado con los restantes elementos probatorios rendidos, habiliten mutar la decisión de grado en cuanto a la logicidad del razonamiento seguido de quien cuenta con la posibilidad de percibir de manera directa el examen de la prueba, naturalmente el juez.

Causa Nº 043-00 -CC/2006 Sala II En este sentido de la lectura del fallo no se avisora discordancia alguna para torcer la solución recaída. Al respecto se puede extraer, en relación a la primer conducta imputada:

"...No hallo elemento probatorio alguno, agregado a autos o incorporado durante la audiencia, que permita tener por acreditada dicha afirmación (en relación a la colisión). Ello pues, el Subinspector Bosco refirió que al ser llamado al lugar de los hechos por hallarse un automóvil embestido contra una parada de colectivos, encontró en el lugar a la víctima, la Sra. Fernández, quien aportó las características del auto que la habría chocado. Mas sus dichos no coinciden con los brindados por la Sra. Fernández, pues afirmó que fue el Sargento Laora quien le comentó esos datos. En ningún momento Fernández afirmó haber visto el rodado en cuestión ni a su conductor, sino que, conforme sus dichos, se ciñó a lo que le fuera informado por dicho personal policial....el mentado Laora no declaró durante la investigación en la Fiscalía ni fue propuesto como testigo para el juicio, razón por la cual no se cuenta en autos con su versión...De las actuaciones prevencionales surge que habría habido testigos de la colisión, mas sus nombres no fueron asentados ... por lo que tampoco se cuenta con sus testimonios...los testigos Mati y Cáceres -a quienes no fue posible notificar de la citación a la audiencia- actuaron al momento del secuestro del rodado que conducía el Sr. Menéndez, con posterioridad a la colisión sufrida por la Sra. Fernández, por lo que, aún de haberse logrado su testimonio, ninguna luz habrían podido arrojar en punto a las circunstanciasque rodearon al choque. Varios son los elementos de prueba que podrían haberse reunido para evaluar la autoría de la colisión, mas se carece de ellos en autos; en ese sentido habrían podido resultar de utilidad las ya mentadas declaraciones de los posibles testigos del suceso, la del referido preventor Laora, fotografías de ambos autos o sus respectivas pericias. Ni siquiera consta en autos una clara descripción de los daños observados en el rodado de Menéndez, puesto que la copia carbónica del inventario de fs. 12 resulta poco legible y de su difícil lectura no es posible establecer si allí se asienta o no la antigüedad de los daños en cuestión. El haber hallado al Sr. Menéndez en un automóvil chocado en su parte delantera, en un lugar cercano a donde la Sra. Fernández sufrió el impacto, no resulta suficiente para conectarlo como su autor." (fs. 131/131vta.).

Lo expuesto entendemos, resulta de meridiana claridad para sostener la hipótesis desincriminatoria en lo que a esta figura se refiere, por cuanto la parte acusadora no ha logrado el armado de un cuadro de convicción suficiente para acreditar la conducta endilgada en lo que respecta al incumplimiento de las obligaciones legales, en tanto no se verifican los extremos típicos de la figura, que se conforma con la participación en un accidente de tránsito derivado de la conducción de un vehículo y menos aún atribuir la agravante de fuga de quien no ha podido establecerse su intervención.

En cuanto a la segunda conducta, se desprende "...de las declaraciones producidas durante la audiencia y las constancias obrantes en autos, no queda claro si el Sr. Menéndez, se hallaba efectivamente conduciendo el vehículo y se le ordenó su detención o si éste estaba momentáneamente detenido -circunstancias que permitirían tener por configurado el verbo típico de conducir-, o si, por el contrario, se hallaba estacionad...se deja constancia de la presencia de varias personas alrededor del automóvil de Menéndez, pero no se tomaron los datos de ninguna de ellas...No sólo no es posible afirmar que Menéndez estaba conduciendo el automóvil al momento de ser encontrado, sino que el imputado estado de ebriedad tampoco se encuentra probado con el grado de certeza exigido para una sentencia de condena. No pasa por alto a este juzgador la categórica aseveración del preventor Bosco en cuanto a que del imputado emanaba aliento etílico, mas dicha afirmación carece de la precisión exigida para tener por configurado un estado de ebriedad. Más aún cuando el Alazard, que asistió a Menéndez al ser hallado en la vía pública, refirió recordar el hecho mas no la ebriedad alegada, sino que el imputado tambaleaba y que dicho comportamiento podía deberse a la colisión ....pese al tambaleo, Menéndez estaba orientado,pues respondió a las preguntas que le hizo. Lo cierto es que la cuestión, tal vez, podría haber sido zanjada si se hubiese obtenido la transcripción de las constancias de la historia clínica....puesto que lo allí asentado no resulta claramente legible ...Es así que se desconocen los datos del galeno que efectivamente atendió a Menéndez en el nosocomio, como así también si se le realizó un análisis clínico o algún otro tipo de examen del que se pudiera concluir fehacientemente la existencia de un estado de ebriedad en el imputado." (fs. 132/32vta.).

Los argumentos brindados también por el Magistrado en relación al supuesto de conducción en estado de ebriedad, no adolecen de un juicio o razonamiento equívoco o que de algún modo se encuentre viciado; por el contrario guardan coherencia con la endeble entidad probatoria colectada. De modo que, desde la óptica de apreciación en esta instancia, alejada justamente de la percepción directa con que se puede contar en el desarrollo pleno del juicio, debemos estar por la confirmación de la hipótesis absolutoria.

En consonancia con lo expuesto, lo pactado entre el imputado y la damnificada como se adelantara, no puede alterar dicha conclusión. La materia propia que nos ocupa requiere de otros parámetros para la comprobación de una conducta contraria a derecho, en tanto no se ha podido demostrar la efectiva lesión o puesta en peligro que requieren las figuras en trato. Lo opuesto implicaría atentar contra el propio sistema garantido constitucionalmente.

En esta hipótesis es preciso destacar que el cuestionado acuerdo forma parte de un procedimiento estatuido obligatoriamente para todo juicio en que se ventilen o tengan implicancia cuestiones patrimoniales (conforme la Ley de Mediación y Conciliación Nº 24573, Dto. reglamentario Nº 91/1998 y sus modificatorias leyes Nº 25287 y 26094 y Causa Nº 043-00 -CC/2006 Sala II Dto. 537/2000) que establece la instancia de mediación previa a todo juicio, en su art. 1º. De modo que esa vía, que instó la parte requirente para satisfacer su pretensión resarcitoria, netamente económica, independiente de lo que pudiera acaecer en la faz pública de la acción, no puede ser utilizado en esta sede para probar la efectiva producción del suceso.

Téngase en cuenta que tampoco estamos en presencia de cuestiones prejudiciales, por lo que el ejercicio de la acción resarcitoriaproveniente de un ilícito resulta totalmente independiente de la acción criminal, y en tal caso si de ello dependiere sería justamente a la inversa (conf. Cap. IV, Título VIII, Sección Segunda, Libro Segundo delCódigo Civil). Por lo demás tratándose como se dijo de una instancia anterior al juicio civil propiamente dicho, no se conoce su resultado y certeza que pudiere haber adquirido una vez pasado en autoridad de cosa juzgada, todo lo cual ha quedado eventualmente supeditado al cumplimiento de lo pactado, de lo que tampoco tenemos certidumbre.

Por otra parte como adelantáramos, surge de la constancia actuarial del debate, que el propósito de la defensa para solicitar la incorporación del documento, recayó en la hipótesis de que su pupilo fuera encontrado responsable de los sucesos endilgados. Ahora bien, nuestro ordenamiento si bien prevé entre las pautas mensurativas al efecto de graduar la sanción (art. 26) "...el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos ...." entre otros supuestos, obviamente tales circunstancias necesariamente serán ponderadas una vez probada la materialidad del hecho y atribuida la responsabilidad del autor, situación que no aconteció en autos. Tampoco se da el contexto de una previsión de mayor especificidad, tal el caso del Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Buenos Aires, que en su art. 87 bajo la rúbrica "Acuerdos patrimoniales" contempla expresamente la circunstancia: "Todos los acuerdos dirigidos al más rápido resarcimiento del perjuicio invocado por la víctima o damnificado, deberán ser puestos en conocimiento de los órganos intervinientes a los fines que corresponda." Si bien este ordenamiento (producto de una concepción más reciente donde se rescata el rol de la víctima y su situación en el proceso dándole mayor intervención, tendiente a una más pronta reparación y respeto de su derechos) recepta el punto, su finalidad sigue siendo idéntica, supeditada a lo que acontezca en ese sumario una vez establecido el juicio de culpabilidad.

En igual sentido, aún en el caso de querer atribuir al avenimiento del encausado características de confesión, tampoco tendría incidencia en este fuero, no sólo porque la materia que nos rige indica que para dar por verosímil tal versión, deberá ir acompañada de los demás elementos probatorios que así lo acrediten; sino también porque acuerdos específicos sobre la responsabilidad penal y/o contravencional, previstos por el mismo ordenamiento a través por ejemplo del juicio abreviado (art. 431bis y 43 respectivamente) ponen en cabeza del juez la facultad de aceptar sus términos o de resultar necesario producir el debate para un mejor conocimiento de los hechos. De manera que, pese a la conformidad del imputado respecto a la responsabilidad en un suceso, acordada con el representante fiscal y dentro del propio fuero, puede ello resultar insuficiente y consecuentemente no ser aceptado, manteniéndose así intacto el control jurisdiccional de garantía. Incluso el propio art. 431 bis CPPN señalado prevé expresamente que el rechazo del acu erdo por el tribunal de juicio, no vincula al que le siga en turno ni puede tomarse como indicio en contra, la conformidad prestada por el imputado y su defensor en relación al hecho, como tampoco al fiscal de juicio actuante en lo relativo al pedido de pena.

En este supuesto, sobre acuerdos económicos expuestos propiamente en la fase penal, se da también en el caso de la suspensión de juicio a prueba en el orden nacional, circunstancias en que ambos aspectos -de índole civil y penal- pueden coexistir independientemente y fuera de la comprobación penal del suceso, aunque obviamente sujeto a las características propias del instituto. A grandes rasgos se puede observar, que la reparación patrimonial que ofrezca justamente quien aparece como presunto autor de un hecho, no implica "confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente" y obviamente tampoco penal, puesto que justamente se intenta suspender su comprobación sujeta a determinadas pautas, conforme lo previsto por el art. 76 bis del C.P.. Resulta así, que el imputado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño, dentro de sus posibilidades; la parte damnificada puede aceptarlo o no y en tal caso le queda expedita la acción civil, en un primer momento. Pero puede ocurrir que el sometido a prueba posteriormente incumpla las reglas de conducta o la reparación fijada o cometa un delito, razón por la cual le sea revocado el beneficio y en consecuencia se reanude el trámite de juicio; circunstancia que nos posiciona en similar situación: puede resultar absuelto y a pesar de ello, no tiene derecho a reintegro de la reparación cumplida y además, puede subsistir la acción civil o haber finiquitado en forma adversa para ese entonces, si la parte damnificada optó por esa vía. Lo reseñado pretende -si bien con las diferencias propias que presenta el instituto, incluso su similar previsto precisamente en materia contravencional- mostrar la independencia de un mismo conflicto que abre la posibilidad de repar ación por distintas vías.

Frente al panorama descripto, entendemos que resulta suficiente para desechar cualquier argumento tendiente a comprobar la responsabilidad del aquí encausado, en base Causa Nº 043-00 - CC/2006 Sala II al compromiso de carácter económico asumido con la parte damnificada, situación que se encuentra sujeta a las reglas elementales del Derecho Público y el Derecho Privado.

Tampoco ha podido acreditarse en el campo propio que nos ocupa con los extremos probatorios colectados por el acusador público, siendo entonces ajustada la articulación efectuada por el magistrado en cuanto a su ineficacia para demostrar la ocurrencia de ambos sucesos y su conexión autoral.

En orden a lo expuesto el Tribunal, RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia recaída en autos en cuanto absuelve a LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ, en orden a las contravenciones previstas en los arts. 111 y 114 (Ley 1472) del C.C., por las que fuera llevado a juicio.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplimentar las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.