marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, vicios, acción de responsabilidad, daños y perjuicios, daños punitivos, admisibilidad formal
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bertaina, Matías c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Corresponde rechazar el pedido de imposición de sanciones punitivas a una aseguradora a causa de la inusual demora de un año en el cumplimiento de la obligación de reparar el vehículo del asegurado, que había sido robado pero luego fue recuperado aunque con faltantes. Ello así, en tanto no se advierte ni ha sido probado, que haya existido dolo o culpa grave por parte de la demandada. Y es que, aun ante la circunstancia de no haberse cumplido en término con la obligación asumida en la póliza, no se aprecia intención alguna de dañar por parte de la accionada. 2. Si bien la conducta de la demandada fue negligente, de manera alguna podría ser calificada como intencional o de "culpa grave". Tampoco se aprecia que hubiera existido algún tipo de beneficio o enriquecimiento por parte de la demandada. Y ciertamente no se verifica una "particular gravedad del hecho" lo suficientemente importante, o trascendental que amerite la imposición de una sanción ejemplificadora como lo son los daños punitivos.
Prescripción de la acción penal, declaración de oficio, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: R., C. s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Denuncia (Expte.: C.S.J. Nro. 1106  Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

Es criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo; así que el agravio introducido solo en el recurso extraordinario, resulta atendible en la instancia de excepción cuando está dirigido a obtener la declaración de la prescripción de la acción penal, omitida en el pronunciamiento del A quo. Ello así atento su carácter de orden público motivo por el cual debe ser declarada de oficio, pues se produce de pleno derecho por el mero transcurso del plazo pertinente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PENAL
Carátula: Décima, Ricardo Gabriel s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente impugna la calificación legal del hecho en juzgamiento si, a pesar de centrar la crítica en cuestiones probatorias, no denuncia ni mucho menos demuestra que el juzgador haya transgredido norma procedimental alguna, al resolver como lo hizo (art. 355 CPP).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delito penal, tentativa, graduación de la pena, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: S, M E s/ Pedido de formación de Tribunal Pleno - Libertad provisional  concedida (Expte.: NRO. 13 Año 2000) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-23

En lo que refiere a la escala penal que corresponde aplicar a un delito en grado de tentativa, me inclino por abandonar el criterio que antes sustentara y adherir al mayoritario, sostenido por prestigiosos autores como Jorge de la Rúa, Elbert, Terán Lomas, Núñez (luego de su rectificación), etc.; calificada doctrina para la que, como diría el primero nombrado "es la posición correcta, por dos razones: a) el sentido gramatical de las expresiones 'de' y 'a', que están referidas, como 'desde' y 'hasta', a la 'disminución' no a la escala resultante. Es decir, se disminuye desde un tercio del mínimo hasta la mitad del máximo: no se disminuye a un tercio del mínimo". Conforme la doctrina mencionada, entiendo en relación a la interpretación que debe asignarse a la palabra "correspondería" del artículo 44, primer párrafo, del Código Penal, que esta expresión refiere a que debe tenerse en cuenta una escala abstracta, lo que nos aleja de cualquier análisis previo de determinación de la pena en el caso concreto para establecer la que correspondería a la tentativa. (Del Voto del Dr. Suárez). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Cuál debe ser la exégesis correcta del art. 42 del Código Penal a efectos de establecer la escala aplicable por el delito conminado con pena temporal privativa de la libertad y en grado de tentativa?.
Honorarios, base regulatoria
Materia: LABORAL
Carátula: LARA SONIA MABEL c/ BANCO PROV. DEL NEUQUEN S.A. s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-23

En cuanto a los honorarios del perito contador, considerando la labor cumplida y la adecuada proporción que deben guardar con la retribución de los abogados de las partes, asiste razón a la recurrente en orden a que son elevados, proponiendo fijarlos en el 4% de la base regulatoria.
Homicidio culposo, concurso ideal, lesiones culposas, SIDA, procesamiento, obligaciones del médico, transfusión de sangre, mala praxis, responsabilidad médica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SCARLATO, Raúl Jorge y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-05

Si existe prueba suficiente para afirmar que la víctima contrajo el virus del S.I.D.A. en las transfusiones de sangre realizadas y que a su vez se lo contagió a su hija mediante amamantamiento, queda descartada cualquier duda en cuanto a que no ha habido buena praxis médica y que no se trata de un caso fortuito.

Una transfusión de sangre no es un accidente y la obligación del servicio médico y de las personas encargadas es transfundir sangre en condiciones tales que no causen la muerte por falta de control. Debe exigirse que se constate, de un modo más certero, la posiblidad de que haya estado infectada.

La aludida idea de que un control más estricto sería oneroso, expresada como la razón por la cual no se realizan, no puede ser aceptada; todos los partícipes del hecho investigado son o han sido conscientes de este punto y han seguido actuando.

El criterio de deber de cuidado ya no pasaría por el deber sino por el "cómo lo hacen todos" y entraría a regir el principio de que el "hecho causa el deber de cuidado".

Esta forma de llevar los controles da la previsibilidad al actuar de los imputados; si se sabe que se está trabajando con elementos riesgosos y no se toman los recaudos necesarios para controlar ese riesgo, o por lo menos disminuirlos de manera aceptable, el sujeto actuante es responsable.

En consecuencia, debe confirmarse el procesamiento de los imputados en orden a los delitos de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones culposas (del voto del Dr. Donna al que adhirió el Dr.

Bruzzone).
Proceso penal, morosidad del proceso, privación de justicia, debido proceso, imputado, sobreseimiento, sentencia absolutoria, presunción de inocencia, derecho a la libertad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel s/ Recurso de hecho s/privación ilegal de la libertad reiterada en 73 oportunidades - Causa N° 2018
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-07

La finalidad del proceso penal consiste en conducir las actuaciones del modo más rápido posible, que otorgue tanto a la acusación la vía para obtener una condena como al imputado la posibilidad de su sobreseimiento o absolución, en armonía con el deber de preservar la libertad de quien durante su curso goza de la presunción de inocencia.
Asignaciones familiares, vales de comida, acción de amparo, constitucionalidad, decretos, asociaciones sindicales, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: CENTRO DE PATRONES FLUVIALES DE PESCA Y DE CABOTAJE MARITIMO c/ ESTADO NACIONAL s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

La reciente sanción de la ley 24.655 justifica que la acción de amparo ejercitada por un organización sindical, cuestionando la constitucionalidad de distintos decretos emitidos por el P.E.N. (en el caso, con el objeto de instrumentar una modificación al régimen de asignaciones familiares y al beneficio denominado "tickets canasta"), se encaucen ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social. Ello así toda vez que: a) el demandado es el Estado Nacional; b) lo que se discute es la legitimidad de decretos emitidos por el P.E.N. en ejercicio de facultades constitucionales; y c) el tema en debate guarda vinculación esencial con nuestro sistema previsional, o sea que resulta competencia específica de la Justicia Federal de la Seguridad Social. La circunstancia que el sindicato represente los intereses de trabajadores en actividad no altera el sentido de lo dicho precedentemente, ya que tal cuestión es incidental y no esencial cuando lo que se discute es si el Poder Ejecutivo exorbitó o no sus facultades propias para emitir decretos de necesidad y urgencia.
Trabajadores telefónicos, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: MALTAGLIATTI, LUIS ADOLFO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

La mecánica reparatoria del artículo 68 del Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 se enmarca en la extinción del contrato de trabajo producido por voluntad del empleador y que no sea con causa justificada o por jubilación ordinaria de haber máximo, pero de ningún modo se proyecta sobre otros supuestos de conclusión de la relación laboral, ya que la consecuencia indemnizatoria se predica de toda cesantía y no de todo cese. (conforme dictamen del Procurador General del Trabajo en autos 'Iparaguirre, Juan c/ ENTEL').
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, pagaré
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTRUCT HOR SACIFI s/ PED. DE QBRA. POR: FRANKFURTER RALF. DENIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-09

Resulta insuficiente para acreditar sumariamente el crédito (conf. Lc: 90, inc. 1), El pagaré que carece de beneficiario, pues esa falta lo priva de eficacia (dec. Ley 5965/63: 101 y 102).
Personal municipal, cesantía, emergencia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Albizuri, Araceli Catalina c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa Ferrari, Stella Maris y otro c/ Municipalidad de Necochea s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17|1997-08-26

La ley 11.685, a la par de establecer el cese por razones de buen servicio, ha contemplado un modo específico de indemnización, por tanto, habiendo la legislación especial y transitoria consagrado no sólo el derecho de fondo en cuestión sino también el método indemnizatorio en consecuencia de tal reconocimiento, no cabe acudir a otra legislación con criterios generales y permanentes.
Honorarios del perito, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: PROCESAL
Carátula: AEROPEL  S.A.C.I.F. c/ CELTRAC  S.A. s/ OBLIGACIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-15

Es procedente la indexación del honorario del perito a partir de la fecha de su regulación aún frente a la inexistencia de mora debitoris.
Caducidad de instancia, incidente de caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Flores de Fernández Alicia L. y otros c/ Peñín Emeterio y Do Cobo Marcelo s/ Acción de Responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-13

El incidente de caducidad de instancia tiene efecto suspensivo del proceso principal lo que significa que el curso del procedimiento solo se reanuda una vez decidido definitivamente el acuse que motiva a aquél.
Procedencia parcial, Municipalidad, terceros interesados, declaración de utilidad pública, adquisición del dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Tandil Inversora Financiera S.A. c/  s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por el municipio, y en su mérito, se modifica parcialmente la sentencia disponiéndose que podrá intervenir en el carácter de tercero interesado -en los términos del art. 90 del Código Procesal- en el proceso de quiebra, en los incidentes de escrituración en trámite o a promoverse en el futuro, y en los demás procesos que puedan tener relación con los inmuebles afectados por la declaración de utilidad pública; debiendo respetarse, claro está, la preclusión de los actos procesales cumplidos, la firmeza de las resoluciones que hayan adquirido autoridad de cosa juzgada, y el derecho de defensa y al debido proceso de todas aquellas personas que invoquen derechos sobre dichos inmuebles. Para decidir así, se señala que la conclusión del a quo donde luego de aceptar la solicitud de intervención como tercero interesado, limita su actuación a los incidentes de escrituración que se inicien en el futuro, dicha limitación no puede mantenerse porque de esa manera se frustrarían los objetivos expuestos en la Ordenanza que declaró de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la Municipalidad de los inmuebles en cuestión.
Recurso de inconstitucionalidad, contestación de la demanda, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: PORTOMAN, JOSE c/ CARNES ARGENTINAS SA s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD MILANI, HECTOR c/ CARNES ARGENTINAS SA s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-10-10|1990-10-10

El Tribunal de Alzada está impedido de pronunciarse sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez. La sentencia debe ajustarse a los términos de la demanda y su contestación, ya que de acuerdo al principio dispositivo que es una de las bases del ordenamiento procesal, fijan los términos de la litis y es acerca de ellos que deberá obligatoriamente expedirse el judicante, so pena de violación al principio de congruencia, de rango constitucional.
Indemnización por muerte, monto de la indemnización, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ FLORENTINO c/ EMPRESA DE FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

Para estimar el monto de la indemnización por valor vida que corresponde a los padres de un menor víctima de un hecho ilícito, se debe ponderar que la ayuda a los padres importaría parte de los ingresos que percibía aquél, ya que otra parte de dichos ingresos los debía utilizar para sus propios gastos, y como es lógico, al cabo de algunos años formaría su propia familia, lo que limitaría sus posibilidades de colaborar.
Tentativa, robo
Materia: PENAL
Carátula: G. C. M. s/ TENTATIVA DE ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-10-28

Se trata de una tentativa en el sentido de "infracción normativa puesta de manifiesto y próxima al tipo" en frase de Jakobs, toda vez que el autor ha realizado un tipo subjetivo completo, con defecto del tipo objetivo, -el error de tipo al revés de que habla la dogmática, en su modalidad de tentativa acabada, toda vez que el autor hizo todo de su plan para consumarlo. Como ha dicho la doctrina, en el hurto o robo, el riesgo desaprobado no se realiza en el resultado si el sujeto no ha tenido aunque sea por instantes la posibilidad física de disponer -tesis de la disponibilidad-.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Municipalidad
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Galanti, Carlos Alberto c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Dado que conforme al Código Civil, los propietarios no gozan de acción para sus reclamos de daños a sus vecinos que demuelen sus inmuebles o mantienen lotes vacíos, no parece razonable que por la sola circunstancia de tratarse de un ente público, pueda exigirse a la municipalidad una responsabilidad mayor que la requerida a los particulares entre sí.
Accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual, empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Sauce, Javier c/ Coppens Pinciroli y Cía SRL s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

El deber de seguridad es propio del empleador y no puede ni debe ser delegado en sus destinatarios (art. 75, L.C.T.) respondiendo aquél por los daños ocasionados por el accidente de trabajo acaecido por su omisión de dar cumplimiento a tal deber, conducta culposa que constituye el sustrato de la responsabilidad civil extracontractual en los términos del art. 1109 del Código Civil.
Expropiación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalía de Estado c/ Otero Miguel s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

El juicio expropiatorio, no puede concluir por caducidad de instancia. La reforma introducida por el Dec.Ley 7297/67 que sustituyó entre otros los arts. 43 y 44 de la ley 5708 suprimió la expresión "perimido el juicio de expropiación" contenido en el texto original de la última de estas normas. Fue intención del legislador de facto excluir la perención de la normativa de la ley citada, pudiéndose afirmar así, que actualmente esta ley no prevé el instituto de caducidad de instancia, y no puede éste ser incorporado a través de la remisión que el artículo 52 hace al Código Procesal, porque su exclusión ha sido expresa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), copias, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Tasca,  José  Antonio  y  otros c/ Banco Central de la RepúblicaArgentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

El argumento referente a que resulta irrelevante la presentación de la copia íntegra de la sentencia de cámara requerida es claramente extemporáneo, pues ningún motivo atendible se aduce para justificar la falta de impugnación de la providencia dictada por secretaría, en la oportunidad procesal correspondiente, a lo que cabe agregar que dicho argumento se apoya exclusivamente en un criterio particular del recurrente que no encuentra respaldo en el examen objetivo de las actuaciones.
Beneficios previsionales, medidas cautelares, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Vega, Gregoria c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-16

Corresponde otorgar el dictado de una medida cautelar, -bajo caución juratoria- con el objeto de que se decrete la prohibición de innovar con relación al pago del importe, que en virtud del "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados" se le abona al actor mensualmente junto con el haber jubilatorio desde marzo de 2017, sin requerirle que acepte la propuesta efectuada por A.N.Se.S -en el marco de la ley 27.260-. Pues, dicha medida, tiene el propósito de lograr la protección inmediata del objeto principal, a fin de que el mismo no se desnaturalice o se torne ineficaz por el transcurso del tiempo, en el marco establecido por la ley 26.854 que admite su procedencia, ya que la edad avanzada del peticionante lo incluye en el sector social más vulnerable. Por lo que cabe señalar, que los pagos efectuados en el marco legal referido, significaron un reconocimiento por parte de la demandada, de una deuda que se origina en idéntica causa que la que motivara que el actor promoviera el juicio por reajuste de haberes, que concluyera con una sentencia a su favor.
Competencia del tribunal de casación, remisión del expediente
Materia: PENAL
Carátula: Carabajal, Juan Carlos Sebastián c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-18

Esta Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional puede definir si se dio, o no, acabado cumplimiento a un fallo, si se han acatado mandas definidas y delimitadas en forma clara. Pero lo que no puede es, ante la razonable y fundada formulación de dudas y cuestionamientos por parte de la defensa y del tribunal oral sobre el significado de la resolución del tribunal federal de casación que dispuso el reenvío "al tribunal de origen para su sustanciación", otorgar a la sentencia contenido sustantivo y material que pueda modificar su sentido, pues ello representaría un complemento de la resolución, que sólo puede ser aclarada por los mismos jueces que la dictaron, atento a que ello es fácticamente posible, en tanto continúan integrando la Cámara Federal de Casación Penal, más allá de la actual conformación de sus salas. Tal conclusión adquiere énfasis si se advierte que es la función procesal -que atiende a la justicia del caso concreto- la que se encuentra en cabeza de las cámaras de casación.
Imputado, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ANTOLA, CRISTIAN SEBASTIAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD   (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.) RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

Corresponde conceder el recurso interpuesto, toda vez que la defensa ha logrado introducir una cuestión constitucional con entidad para operar la apertura de la instancia extraordinaria pretendida en lo que refiere a la invocada arbitrariedad del fallo por insuficiencia probatoria para alcanzar el grado de certeza convictiva que exige una condena penal -con base en que la prueba fundamental para sustentar la condena fue el acta de procedimiento labrada por personal policial sin observar los recaudos legales-;

asimismo en lo que refiere al planteo de posible afectación al derecho de defensa del imputado, por no haber sido asistido por un abogado en el acto de su declaración indagatoria; y también teniendo en cuenta sus críticas acerca del tratamiento dado por los Jueces de la causa a las postulaciones relacionadas con la aplicación al caso de la atenuante prevista en el artículo 189 bis, inciso 2, párrafo sexto del Código Penal y con la innecesariedad de imposición de una pena de cumplimiento efectivo, atendiendo a las concretas circunstancias personales del imputado. (De la disidencia del Dr. Erbetta).
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Luego, Mónica Liliana c/ Chediak, Mónica Liliana s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Si el instrumento no expresó cuando debía hacerse el pretendido pago, ello veda la posibilidad de motorizar en base a dicha documentación una acción ejecutiva (art. 5l8 Código Procesal), porque la existencia de la exigibilidad del crédito que el documento constata debe surgir, en principio, de su propio texto no requiriendo una actividad probatoria que excede al instrumento, pues resultaría necesario acudir a pautas extrínsecas a él (arts. 5l8 y 521 Código Procesal). La ausencia del plazo para el pago no puede ser salvado mediante la preparación de la vía ejecutiva a los fines del reconocimiento de la firma, toda vez que los instrumentos privados suscriptos por el obligado mencionados en el art. 521 inc. 2 del Código Procesal, que habilitan la vía ejecutiva son solo aquellos de los que resulta deuda líquida y exigible y no simplemente los que instrumentan un negocio comercial que se sostiene incumplido. No es procedente, entonces, valerse de este medio para proveer de fuerza ejecutiva a un documento que, aún cumplidas las diligencias que a través de la preparación de la vía compulsoria se puedan intentar, también carecería de aquélla fuerza ejecutiva por no instrumentar obligaciones exigibles de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. De admitirse la solución contraria se estaría permitiendo que las partes creen títulos ejecutivos, cuando los instrumentos con que se pretende la ejecución no reúnen los atributos necesarios para proceder compulsoriamente (arts. 5l8, 521 inc. 2do. y 523 inc. lro Código Procesal).