Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-17


///C U E R D O:

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecisiete	días del mes de agosto de dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos los Sres. miembros de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: Presidente Dr. DANIEL OMAR CARUBIA y los Vocales Dres. CLAUDIA MONICA MIZAWAK y CARLOS ALBERTO CHIARA DIAZ, asistidos por el Dr. Rubén A. Chaia fueron traídas para resolver, las actuaciones caratuladas: "GALLEGOS, César Javier c/IAFAS S/ ACCION DE EJECUCION".- Practicado el sorteo de ley resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales Dres. MIZAWAK, CHIARA DIAZ y CARUBIA.- Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente cuestión:

¿Qué cabe resolver? A LA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DRA. MIZAWAK, DIJO:

I.- Al analizar la cuestión propuesta liminarmente cabe recordar que el recurso de apelación en contra de la sentencia de amparo o de ejecución, de acuerdo a lo establecido por los arts.16 y 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, importa también el de nulidad.- Ello así, se impone examinar las actuaciones practicadas y declarar -aún ex officio- las nulidades que se verificaren.- En el caso ni las partes ni el Ministerio Público Fiscal han denunciado la existencia de vicios invalidantes y no advierto del análisis de estos autos defectos que por su magnitud e irreparabilidad merezcan ser expurgados del proceso por esta vía.- Por los motivos glosados entiendo que no cabe la declaración de nulidad alguna en estos obrados.- II.- A) Interpone el actor a fs.78 recurso de apelación contra la sentencia dictada a fs.66/70 que hace lugar parcialmente a la acción promovida por CESAR JAVIER GALLEGOS y libra mandamiento de ejecución, a fin de que el Sr. Presidente del INSTITUTO AUTÁRQUICO DE AYUDA FINANCIERA A LA ACCIÓN SOCIAL, en el término de veinticuatro horas corridas, reintegre al actor las sumas descontadas en el recibo de haberes del mes de mayo de 2011, mediante Resolución 290/11 de ese organismo, sin perjuicio de la decisión definitiva que recaiga respecto de la sanción, impone las costas y regula honorarios.- A fs.83/85 la recurrente y a fs.86/87 los representantes del IAFAS presentan el memorial que les autoriza el art.16 de la Ley Nº 8369.- A fs.92 se expide el Sr. Fiscal Adjunto de la Procuración General de la Provincia, Dr. JORGE E. BEADES, quien considera que debe rechazarse el recurso y confirmarse el fallo en lo que ha sido materia de apelación.- B) Ingresando al análisis de la cuestión traída destaco que el amparista pretendía a través de la presente acción: "se le abone la parte o proporción indebidamente descontada de mi sueldo del mes de mayo de 2011 como asimismo los conceptos doble turno y adicional casinos -códigos nº 230 y 414- y ordene a la demandada abstenerse de registrar ninguna sanción en mi legajo personal con motivo de la resolución Nº 290 ni ninguna otra por los mismos motivos que la generaron" -fs.12-.- De las dos pretensiones incoadas la Cámara actuante receptó la primera, lo que no fue recurrido por la demandada por lo que esta decisión llega a esta instancia firme y consentida.- Con respecto a la segunda -"ordene a la demandada abstenerse de registrar ninguna sanción en mi legajo personal con motivo de la resolución Nº 290 ni ninguna otra por los mismos motivos que la generaron"- cuyo rechazo originó la apelación en análisis, debo destacar que el actor interpuso, según el mismo lo conceptualizó, una acción de ejecución.- Por decisión actoral estamos ante un proceso de ejecución y , atento a lo establecido en el art. 25 de la Ley Nº 8.369, resulta ser un requisito básico para la procedencia de la acción en examen que una ley u ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado, y que se verifique, de los elementos incorporados al proceso, la consecuente falta de cumplimiento de ese deber por parte del obligado, pudiendo demandar su ejecución quien tuviere interés o sufriere perjuicio por tal omisión (cfr. art. 25º citado).- La controversia respecto a esta pretensión finca en determinar si por cumplimiento o no de determinados plazos, la sanción de quince días de suspensión laboral sin goce de haberes aplicada por la resolución mencionada -Nº 290 Dir. IAFAS-, ha quedado o no sin efecto.- De la lectura de lo glosado emerge que no se avizora el incumplimiento por parte de la demandada de un deber legal impuesto.- Ahora bien, determinar en el caso si estamos o no en presencia de un supuesto extintivo de la sanción por el fenecimiento del término para resolver el recurso de apelación disciplinaria interpuesto -tal como lo plantea el actor-, requiere de un proceso de alegación y prueba incompatible, incluso, con el autorizado para la acción de amparo genérica.- Al respecto corresponde tener en cuenta que:

".tal como se ha sostenido invariablemente por esta Sala Nº 1 del S.T.J.E.R., existiendo otras vías para el reconocimiento de los derechos en juego, se debe ocurrir a tales remedios, antes de acudir a esta acción excepcional, extraordinaria y heroica, salvo la acreditación para no hacerlo de las circunstancias excepcionantes que el mismo artículo prevé, extremos que están a cargo de la actora no solo invocar, sino además probar satisfactoriamente.

Admitir lo contrario, llevaría a desnaturalizar esta acción residual, devaluándola en su importancia y desconociendo su ratio juris." (doctrina de esta Sala expresada in re "BARROS, LUIS CESAR" -20/11/05-).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que resulta indispensable para la admisión del remedio excepcional y sumarísimo del amparo que quien solicita protección judicial acredite, en debida forma, la inoperancia de las vías procesales ordinarias a fin de reparar el perjuicio invocado (Fallos: 274:13, considerando 3º; 283:335; 300:1231, entre otros); lo que no acontece en el sub judice, donde no obra ningún elemento de convicción objetivo que así permita acreditarlo o corroborarlo.- Siendo así y considerando que la demostración evidente de los extremos que hacen a la admisibilidad y procedencia de esta acción están a cargo del actor quien no sólo debe invocarlos, sino además probarlos satisfactoriamente y en el sub examine éste no cumplimentó con tal deber a su cargo corresponde declarar inadmisible la acción articulada.- Las razones precedentemente glosadas me conducen a propiciar que no se haga lugar al recurso articulado y se confirme el decisorio en crisis.- III.- Considero que cabe imponer los gastos causídicos de esta Alzada a la parte recurrente vencida -art.20 Ley Nº8369-.- Así voto.- A la misma cuestión propuesta el Sr. Vocal Dr. CHIARA DIAZ expresa su adhesión al voto de la Dra. MIZAWAK.- A su turno el Señor Vocal Dr. CARUBIA manifiesta que hace uso de la facultad de abstención que le confiere el art. 33º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia:

Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz -	SENTENCIA:

Paraná,	17 de agosto de 2011.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1º) ESTABLECER que no existe nulidad.- 2º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 78 contra la sentencia de fs. 66/70vta., la que, por los fundamentos de la presente, se confirma.- 3º) IMPONER las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida.- Protocolícese, notifíquese y, en estado bajen.- Firmado: Daniel O. Carubia, Claudia M. Mizawak y Carlos Alberto Chiara Díaz - Ante mí: Rubén A. Chaia-Secretario" **ES COPIA** Rubén A. Chaia	Secretario