marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, cuestiones de hecho y prueba, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección Defensa del Consumidor c/ T.A. SA s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-22

Puede afirmarse que este Tribunal ha entendido a los recursos jurisdiccionales como de "revisión mínima", acotados al reexamen de las cuestiones de derecho, y que no permiten adentrarse en el conocimiento de aquellas relativas a hechos y prueba, salvo excepciones.

En el marco de la jurisprudencia del Cuerpo, ha de estimarse que al acordar la vía directa en el art. 7 de Ley Nro. 4.219, el legislador no ha hecho más que habilitar la revisión "limitada", en la medida en que no ha establecido la posibilidad de un debate amplio, que abrace también a las cuestiones de hecho y prueba, así como que permita la producción de pruebas no ofrecidas o denegadas.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, Constitución Provincial, sistema electoral, elecciones, candidatos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PARTIDO MOVIMIENTO VIABLE s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA-SALTO DE INSTANCIA Y EXPEDIENTES  ACUMULADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-10-28

Al analizar la Cláusula Transitoria Sexta, se advierte que pese a que tanto la consagración de la posibilidad de reelección como la limitación prevista en el art. 152 de la Constitución de la Provincia alcanzan tanto al gobernador como al vicegobernador de la provincia, sin embargo, y a pesar de encontrarse en la misma situación jurídica, la norma evaluada, sólo se dirige al gobernador en ejercicio, vulnerando de esta manera, el principio de igualdad consagrado por el art. 16 de la Constitución Nacional.
Superior Tribunal de Justicia, avocación jurisdiccional, recurso contencioso administrativo, acto administrativo, situaciones jurídicas subjetivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA ART S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE FUNES s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-13

Corresponde desestimar el pedido de avocación iniciado por la Municipalidad demandada en atención a que no se encuentran reunidos elementos suficientes que permitan considerar que la materia en juego pertenezca a la competencia contencioso administrativa, siendo decisivo para la solución de la presente causa recordar que el recurso contencioso administrativo establecido en la ley 11330 se admite ante las Cámaras de lo Contencioso Administrativo contra los actos de la Administración Pública regidos por el ordenamiento jurídico administrativo que se pretendan lesivos, de un modo directo y actual, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo emergentes de ese ordenamiento, ya sean dichos actos definitivos o de trámite, si éstos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto poniéndole término o impidiendo su continuación; es decir que a los efectos de decidir sobre la avocación esta Corte no puede dejar de considerar si se configuran en el caso los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico para la interposición del recurso contencioso administrativo, y en esa línea, no surge de lo manifestado por las partes ni de la documental acompañada que la Administración haya dictado un acto particular o general que pudiera afectar en grado suficientemente concreto alguna situación jurídica subjetiva tutelable por dicha vía; y es más, la pretensión de la actora se apoya justamente en la validez de un contrato celebrado con la Municipalidad cuya legitimidad no sólo no cuestiona sino que sostiene como origen de la deuda. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330
Representación procesal, gestor judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M.C. c/ R., O.A. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La mera alegación de la ausencia provisoria del patrocinado no puede dar lugar a que el letrado patrocinante se presente a juicio como gestor en virtud de la posibilidad que acuerda el art. 48 del Código Procesal, para recurrir la resolución que deniega una apelación, toda vez que el decisorio que recae sobre tal petición no es un hecho imprevisible ni insuperable.
Ejecución prendaria, nulidad del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MULTICREDITO CIA. FIN. S.A. c/ AMERICO E. BUZZAGUI Y OTS. s/ Ejecución Prendaria (LIBRO: S075 - 255)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-10-17

"...La excepción de nulidad no es viable cuando los vicios denunciados remiten al origen de la operación y no a la instrumentación del contrato (LL 120 P.148)..."
Defensa del consumidor, recursos, traslado, juicios contra el Estado, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Autolatina Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determin. c/ Sec.de Comercio e Inversiones DNCI. Nº 2718/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-30

En la medida que la norma legal aplicable no obliga al órgano judicial competente a dar intervención en el trámite del recurso, en carácter de parte demandada, a la autoridad de aplicación, la decisión de correrle traslado de él en un caso concreto, sólo puede ser entendida como adoptada por el Tribunal por considerarla conveniente al efecto de preservarle a aquella autoridad administrativa su constitucional garantía de defensa en juicio.

(Consid. 3º).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, interrupción de la caducidad, proceso penal
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - PENAL
Carátula: TESTI, JOSE JUAN D c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 34-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-12

La afirmación de la existencia de una causa penal sin siquiera precisarse el nombre del expediente y mucho menos, su incidencia, relación o conexidad con los autos en cuestión -recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-, pese a los requerimientos que efectuara el Tribunal y la contraparte, de ningún modo pueden constituir óbice para tener por operada la caducidad de instancia.
Asociaciones civiles, sanciones disciplinarias administrativas, facultades del juez, revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad, control de legalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: White Pueyrredón, Marcelo Carlos c/ Jockey Club Argentino.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La justicia sólo debe limitarse a ejercer, en los supuestos de sanciones disciplinarias dispuestas por asociaciones civiles, un control de legalidad y razonabilidad, pero si no median tales extremos puntuales de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta o de "injusticia notoria", en modo alguno puede inmiscuirse en el análisis acerca del mérito o conveniencia del acto.
Coronavirus, facultades del Poder Ejecutivo, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Vázquez Petrell, Eric c/ Repartos Ya S.A. s/ medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-03

El art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional establece, como principio, que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, habilitándolo únicamente a hacerlo por razones de necesidad y urgencia, y resulta evidente que la situación de emergencia agravada por la actual pandemia por COVID-19, tornó necesario que el P.E.N. adoptara medidas urgentes para preservar la salud pública, una de las cuales fue el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto mediante DNU 297/2020. En consecuencia, en el caso del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, el excepcional uso de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra plenamente justificado.
Lesión subjetiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CEPPARO RAFAEL c/ JUAN C. W. PEREZ s/ Nulidad de Contrato (LIBRO: S131 - 337)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-12

La lesión regulada por el art. 954 del CCI, exige entre otros requisitos, la obtención de una ventaja patrimonial evidente y sin justificación. La desproporción para ser tal, debe ser perceptible en forma inmediata, sin que nadie pueda ponerla en duda. Ella debe saltar a la vista sin necesidad de una pericia, y poner de relieve que se trata de un desequilibrio manifiesto y sin justificación. Por lo tanto, no puede tenerse por acreditada la notable desproporción de prestaciones, por la sola remisión a una operación intentada y no concretada cuatro años del negocio que ahora se cuestiona, ya que no se puede afirmar con certeza, que en ese extenso período, se hayan mantenido invariables las mismas condiciones. Es al momento de celebrarse el negocio cuestionado, que el juzgador apreciará si por el precio de la venta se configura una ventaja patrimonial desproporcionada..-
Empleados públicos, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, prueba, relación de causalidad, AFIP DGI
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Russo, Eduardo Angel c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Para demostrar la arbitrariedad del acto por el que se removió a un funcionario de la Dirección General Impositiva de sus funciones devenía imprescindible el aporte de elementos probatorios que permitieran aseverar el nexo de causalidad entre la publicación efectuada por el actor - supuesto fundamento de la sanción encubierta - y la decisión de la administración, basada en necesidades funcionales, máxime cuando la resolución se basó en normas expresas del convenio colectivo aplicable al caso (Disidencia del Dr.

Guillermo A. F. López).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Tiene que ser rechazada, sin más, la pretensión de que el amparo pueda lícitamente apoyarse en la negación o el menoscabo del derecho a defender sus actos que la autoridad pública posee .
Recurso de revisión (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba documental posterior a la sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: COSTILLA HECTOR CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO GALLEGOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-05-07

Corresponde rechazar el recurso de revisión interpuesto, en atención a que las constancias en que se basa han sido denunciadas en forma extemporánea y , además no constituyen un documento decisivo, a tenor de lo dispuesto por el Art. 91 inc. c) del Código de procedimientos Contencioso Administrativo.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, facultades disciplinarias del juez, Poder Judicial, potestad disciplinaria, sanciones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LEGUIZA, MARISA VIVIANA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AGENTE JUDICIAL- SU PRESENTACION  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 116 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Es de la competencia constitucional de este Tribunal el ejercicio del gobierno del Poder Judicial, con la consiguiente potestad disciplinaria (arts. 92, inc. 1 C. Prov. y 19 ley 10160); encontrándose facultado para '...vigilar...la conducta de todos los integrantes del Poder Judicial y de los auxiliares judiciales conforme con las normas legales respectivas' (art. 19, inc. 9 ley cit.).

Dicha normativa, refiere -obvio es expresarlo- tanto a las disposiciones contenidas en el... 'Régimen disciplinario' (arts. 222 a 229), con el procedimiento establecido en el ap. q) 'Sumarios administrativo' (arts. 230, 245), el que corresponde instruir previa e ineludiblemente en los casos de remoción (art. 211, ley 10160).

Por ello no puede prosperar el agravio del recurrente de que no se encuentra cumplido el precepto constitucional del derecho de defensa y debido proceso (a raíz de la falta de sustanciación de sumario previo a la aplicación de la sanción) en virtud de que este Tribunal analizando las constancias de la actuaciones los consideró convenientemente respetados en tanto el actuario no estuvo al margen de los procedimientos que culminaron en el resolutorio que se impugna.
Jubilaciones, cómputo de servicios, cesación de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Trifiro, José Rubén c/ Instituto Municipal de Previsión Social s/ dependientes: otras prestaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Los derechos jubilatorios se rigen por la ley vigente en el momento del cese de trabajo.
Proceso penal, sobreseimiento, extinción de la acción penal, orden público, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Amancio Díaz - Javier Fermín Díaz - Federico Eugenio Díaz s/ Prescripcion Acción Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-08

Debe tenerse en cuenta, que el derecho del imputado a que se ponga fin al proceso penal encuentra tutela en el instituto de la prescripción de la acción. Es allí donde la potestad represiva del estado, encuentra limite en el transcurso del tiempo, cesando el poder punitivo con la extinción de la acción penal, con la que se pretende evitar que una persona sea sometida a proceso "sine die".
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cha, Ricardo Eduardo s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Si bien las contiendas de competencia exigen para su correcta promoción que los magistrados que en ella intervienen establezcan mínimamente la existencia de los hechos y la calificación que "prima facie" pudiera corresponderles, razones de economía procesal aconsejan dejar de lado esta exigencia cuando existen en la causa elementos de juicio que resultan suficientes para el discernimiento de la competencia.
Notificación, notificación tácita, retiro del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Raúl Lescano y otros c/ Ingenio La Esperanza S.A. s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-02-15

Si bien el C.P.C. no contiene una disposición similar a la del art. 134 C.P.C.N., el art. 166, segundo párrafo del código de Jujuy prevé la posibilidad de notificación tácita, género de notificación dentro de la cual se encuentra la especie por "retiro de expediente".

El artículo citado es claro: "Si del expediente resulta que la parte ha tenido noticia de la resolución, la diligencia surtirá desde entonces sus efectos...."
Recurso de nulidad, audiencia de trámite, confesión ficta
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: VERON, SONIA G c/ BUGNON, CIRSTINA D C DE s/ RECURSO DE NULIDAD Y APELACION      EXPTE NRO 231-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-19

El Juez sólo puede declarar un hecho sobre la base de la certeza, pero esta regla se atenúa en algunos casos, bastando la verosimilitud en función de la "atendibilidad", cediendo en tales circunstancias la certeza por la importancia sub-alterna que tiene el hecho objeto de prueba, como en el caso de justificarse un impedimento para comparecer.

El hecho de no admitir la producción de la prueba informativa ofrecida en la audiencia de conciliación para justificar la inasistencia de la demandada configura un desmedro a su derecho de defensa, máxime teniendo en cuenta que por ser la accionante no puede sospecharse su intención de dilatar el proceso. No debe confundirse justificación con el medio probatorio y lo dispuesto no condice con la gravedad de las consecuencias, lo que conduce a extremar la cautela en cuanto a las formalidades para que se configure la "ficta confessio" y observarse la conveniencia de acercarse a la verdad real por sobre la formal, principio reiteradamente expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La costumbre ha conducido a justificar la inasistencia a la audiencia en forma previa, ello no obsta a hacerlo con posterioridad, pues de tal modo se asegura la justicia de la decisión ulterior para lo cual había tiempo suficiente, por lo que debe revocarse el fallo que acoge la "ficta confessio" por un vicio procedimental no remediable por el recurso de apelación, por lo que se nulifica el proceso a partir de la audiencia, reenviando la causa al juzgado que sigue en turno para que lo trámite, imponiendo las costas de ambas instancias a la demandada, deviniendo abstracto tratar la apelación.
Contrato de trabajo, obligaciones solidarias, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LAZARTE MARCELO RENE c/ EQUIPOS Y SISTEMAS S.R.L. Y OTRO s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-05-16

"...Dado el efecto propio de la técnica receptada por el art. 30, LCT; transferir a un tercero las consecuencias propias de la responsabilidad que asume el empleador de una relación laboral, adquiere singular importancia el análisis de los casos en que opera ese procedimiento de excepción.

Dentro de la doctrina de la CSJN se ha considerado que extender la responsabilidad a un tercero, a quien se obliga a abonar una deuda que, en principio, le es ajena, tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad, por agraviar la intangibilidad del patrimonio, por lo que la aplicación del artículo 30 LCT exige mucha cautela, ya que una interpretación demasiado lata de la norma podría poner en peligro la realización de ciertos procesos de producción y comercialización, estrictamente necesarios, que no consisten en ningún fraude, y que, por otra parte, también pone en juego otros derechos garantizados constitucionalmente, en tanto se debilite la confianza en el régimen legal como en el sistema de contrapesos destinados a otorgar seguridad en las relaciones económicas.
Viajantes de comercio, empleados de comercio, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: SOCSTEL, ALBERTO DANIEL c/ XEROX ARGENTINA ICSA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-28

El hecho de que la empresa hubiese encuadrado al trabajador como 'empleado de comercio' y que el dependiente no hubiese formulado reclamo alguno durante la vigencia del vínculo laboral no significa que no sea viajante de comercio cuando, en verdad, se ha demostrado que lo principal era la concertación de ventas, porque es de aplicación el principio de primacía de la realidad (ver 'Tratado de Derecho del Trabajo' dirigido por A. Vázquez Vialard, Tomo II, página 270 y siguientes) , que priva de efectos a las calificaciones jurídicas de las partes.
Empleados públicos, indemnización, cesantía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TARSICIO, JOAQUIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     APROBACION DE LIQUIDACION     EXPTE NRO 036-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-19

El pase a retiro obligatorio por incapacidad física total y permanente del agente, declarado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, lo es con el grado, antigüedad y situación de revista que aquél tenía a la fecha del cese. De allí en adelante es beneficiario de los haberes de retiro con relación a ese grado, antigüedad y situación de revista mas no en relación al grado, antigüedad y situación de revista que hubiera tenido si se le computase el lapso transcurrido entre el cese y su reincorporación, precisamente, porque durante ese lapso debía revistar en situación de retiro obligatorio por incapacidad total y permanente.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA MERCEDES JOSEFINA c/ FIAD FELIPE Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO (VEINTEAÑAL) - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-22

La instancia se abre con la promoción de la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado; ello se explica en razón de que no es necesario que se haya trabado la litis para que la caducidad se produzca, basta con que haya instancia, y ella nace desde que se interpone la demanda, cuya presentación origina la relación jurídico procesal que surge por el ejercicio de un derecho abstracto de petición de tutela jurídica.
Daños y perjuicios, cláusula penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: UTRERA, MARIANO R. (H) c/ DINAR LINEAS AREAS S.A. Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-15

Si bien es cierto que en principio la cláusula penal es sustitutiva de los daños y perjuicios que el incumplimiento del deudor pudiese haber irrogado al acreedor, no se trata sino de una orientación que se relaciona con la inmutabilidad propia de la cláusula penal, a la que cuadra dejar de lado cuando la pena es exhorbitante o bien es ínfima. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: M., S. V. c/ V., D. A. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

El valor del testimonio es de libre apreciación por parte del juez, según la norma del artículo 384 del CPCC (general para todos los medios de prueba), aunque la referencia a las reglas de la sana crítica es indicando que "el principio de libertad está constituido a base de criterio objetivo", en oposición "al subjetivismo y al empirismo de convicción íntima o de la conciencia". Igualmente, según dispone artículo el 456 del CPCC., el juez apreciará "las circunstancias y los motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones" también según las reglas de la sana crítica.
Cuestiones de competencia, restricciones a la capacidad, principio de inmediación, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: M. P., C. F. c/  s/ determinación de la capacidad (vigente hasta 13/08/2015)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Toda vez que la persona se encuentra alojada en la Unidad n° 34 del Servicio Penitenciario Provincial de Melchor Romero y no se advierte que un cambio en la competencia vaya a generar perjuicios sustanciales al interesado puesto que no se aprecia en las actuaciones que se haya avanzado en la determinación de su capacidad ni que el causante mantenga algún contacto sostenido con los operadores judiciales o con sus familiares, atendiendo al alcance del principio de inmediatez que integra la garantía constitucional de acceso a una tutela judicial efectiva (arts. 35 y ccds. CCyC; 18, CN, 25 de la CADH y 13 de la CDPD), corresponde determinar que el juzgado con competencia en capacidad de las personas del departamento judicial que incumba a la Unidad citada es el que se halla en mejores condiciones para continuar el proceso de determinación de capacidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Denuncia, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS MONICA ROMINA, GONZALEZ MARIA ESTER, GONZALEZ DANIEL OMAR S.D ABORTO E.P NN PERSONA POR NACER s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-04-11

El Art. 124 del código de rito en su último párrafo establece una suerte de legitimación negativa, en tanto obstaculiza la admisibilidad de la denuncia en caso de que se dé una relación familiar como las allí detalladas, y su finalidad es mantener la solidaridad, respeto y jerarquía entre ciertos integrantes del grupo familiar, por encima del interés en la persecución penal.