Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-02-25


GONZALEZ, Leonardo y otros contra EMPRESA ARGENTINA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.T.A. Reg.: A y S t 195 p 42-45. Santa Fe, 25 de febrero del año 2004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el pronunciamiento de fecha 24 de junio de 2002 dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "GONZÁLEZ, Leonardo y otros c/ EMPRESA ARGENTINA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.T.A. -Quiebra- Verificación Tardía- (Expte. 252/01)" (Expte. C.S.J. nro. 446, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. Por decisorio de fecha 24 de junio de 2002 la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario resolvió acoger la apelación deducida y, en consecuencia, revocar el fallo impugnado disponiendo la verificación del crédito insinuado por la suma de $481.301,81, y como quirografario, con costas a la concursada.

Contra dicho pronunciamiento interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad invocando el artículo 1ro, inciso 2 , y correlativos de la ley 7055, artículos 18 y 31 de la Constitución nacional y 95 de la Carta Magna local.

Afirmó que su parte discrepa con lo resuelto por la Sala en cuanto ésta afirma que quien puede oponer la prescripción es incuestionablemente el deudor, asignándole al síndico el rol de técnico imparcial. Citó jurisprudencia, aseguró que el proceso de verificación tiene carácter inquisitivo y refirió al artículo 3964 del Código Civil y al principio iura novit curia. Luego destacó que la concursada opuso la defensa de prescripción en la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, es decir, en la audiencia de vista de causa, explicando por qué a su entender esa fue la primera oportunidad. Citó nuevamente jurisprudencia y concluyó que la pretensión verificatoria de la actora resultaba prescripta, habiendo transcurrido en exceso los plazos dispuestos por el artículo 56 L.C.Q., no existiendo excepción alguna.

Añadió que no es posible ni por exceso ritual manifiesto declarar no contestada la demanda cuando el traslado no fue corrido conforme lo manda, tanto la ley adjetiva como el derecho de fondo; lo contrario implicaría una violación al derecho de defensa en juicio y las garantías del debido proceso. La resolución adversa de la Sala constituyó para su parte un agravio irreparable.

Por otro lado, solicitó que las costas sean impuestas a la perdidosa insinuante en virtud del artículo 251 del C.P.C. y C.. Destacó que el acreedor tuvo la oportunidad procesal para presentar su pedido tempestivamente; por ello, el concurso no tiene por qué soportar una vía más onerosa por la arbitraria voluntad del insinuante. Al referirse a la procedencia del remedio intentado aseguró que en autos se han configurado diversas causales de arbitrariedad. Invocó, en primer lugar, violación del debido proceso. Dijo al respecto que cuando el sentenciante otorga o priva de eficacia a un acto jurídico sin que los participantes de un proceso hayan tenido debida participación en el mismo, se configura una arbitrariedad cuyas implicancias constitucionales configuran el vicio apuntado.

En segundo término adujo lesión al derecho de defensa en juicio. Señaló que dicha garantía implica la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, a ser oído y a hacer valer sus defensas, conforme las normas de procedimiento.

Luego puntualizó que por tratarse de una cuestión procesal la condena en costas es insusceptible de ser ventilada por vía del recurso de inconstitucionalidad, no obstante ante una ilegalidad manifiesta debe abrirse la instancia extraordinaria,pues está en juego el derecho de propiedad como consecuencia de la inobservancia de la defensa en juicio.

Por último reflexionó en torno al vicio de arbitrariedad y a la violación de la supremacía constitucional.

2. Por decisorio de fecha 8 de noviembre de 2002 la Sala resolvió denegar la concesión del remedio excepcional interpuesto por entender se ha incumplido con el oportuno planteo de la cuestión constitucional. Agregó, a mayor abundamiento, que lo que el recurrente procura es una tercera instancia revisora, ajena al recurso de inconstitucionalidad que se intenta.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte.

3. El estudio del presente recurso directo permite concluir que si bien la quejosa en su presentación ante esta Corte, en cumplimiento de la carga que le impone el artículo 8vo. de la ley 7055, se hace cargo de los fundamentos del auto denegatorio, con lo argumentado al respecto de manera alguna logra desvirtuarlos. En efecto, en cuanto al cumplimiento del recaudo formal de planteo oportuno de la cuestión constitucional, cabe destacar que, a pesar de su esfuerzo, no logra persuadir que en verdad, nos encontremos ante un supuesto de arbitrariedad sorpresiva.

No obstante Tan clara imputación de incumplimiento, que encuentra correspondencia en las constancias de la presente impugnación (conforme surge del punto II del decisorio cuestionado y del propio memorial recursivo, como ya se señalara) resulta suficiente para sellar la suerte adversa del remedio intentado.

No debe olvidarse que la invocación de cuestión constitucional recién en el memorial recursivo, cuando pudo efectuarse en la contestación de agravios, obstaculiza la admisibilidad del recurso, por cuanto imposibilita su consideración expresa por el Tribunal a quo (Cfr. A. y S. T. 60, págs. 20, 140 y 153; T. 105, pág. 425). Como así tampoco que la exigencia del planteamiento oportuno no responde a un mero ritualismo, sino a nuestro sistema de control constitucional y al debido respeto a la defensa en juicio (Cfr. A. y S. T. 99, pág. 307; T. 103, pág. 37); radicando su fundamento en la necesidad de que las cuestiones tratadas por las partes reciban en lo posible la consideración y resolución que corresponde dentro de los procedimientos ordinarios establecidos ( Cfr. A. y S. T. 63, pág. 246; T. 64, pág. 461); por lo que su incumplimiento acarrea la inadmisibilidad del recurso intentado (A. y S. T. 60, pág. 421; T. 99, pág. 307; T. 114, pág. 381; T. 144, pág. 402, entre muchos otros).

4. Sin perjuicio de lo señalado, cabe destacar que aunque no existiera dicho obstáculo formal el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

Al respecto, debe aclararse ante todo que si bien la recurrente invoca en sustento de su impugnación la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 2do., de la ley 7055, no se advierte que tal hipótesis pueda encontrarse siquiera mínimamente configurada, desde que sus alegaciones conducen en definitiva a la causal prevista en el inciso 3ro. de dicha norma, y es desde dicha óptica que serán en su totalidad analizadas (Ver A. y S. T. 67, pág. 454; T. 97, pág. 9; T. 127, pág. 240, entre muchos otros). Aclarado ello, corresponde afirmar que de la confrontación de los fundamentos del decisorio atacado con los cuestionamientos esgrimidos en el recurso de inconstitucionalidad sólo surge la mera discrepancia de la compareciente con lo resuelto por la Sala en ejercicio de funciones propias, mas sin lograr acreditar con lo genéricamente argumentado que los sentenciantes hayan incurrido en alguno de los vicios endilgados.

De la lectura del pronunciamiento atacado surge que la Sala, acogiendo la apelación deducida, revocó el fallo impugnado disponiendo la verificación del crédito, como quirografario, con costas a la concursada. Para así decidirlo consideró que es el deudor quien incuestionablemente puede oponer la prescripción conforme lo prevé el artículo 56 L.C.Q. y en qué oportunidad puede hacerlo; que en el caso la concursada no contestó la demanda teniéndola por notificada del traslado en virtud del retiro del expediente por su apoderado; que en ningún momento la demandada cuestionó la notificación; que la ley establece un plazo de prescripción y no de cadudidad; que la prescripción no fue opuesta como defensa oportunamente, según el artículo 3962 del Código Civil y que ésta no pude declararse de oficio, correspondiendo hacer lugar a la apelación.

Por su parte, la quejosa, no conforme con dicho fallo pretende renovar ante esta Corte un debate propio de otras instancias, no logrando demostrar con lo argumentado que las hipótesis de arbitrariedad abstractamente articuladas -tales como violación del debido proceso, del derecho de defensa en juicio y de la supremacía constitucional- guarden una mínima conexión con la realidad del caso como para merecer su consideración a través de la vía excepcional intentada, lo que conduce a desestimar el recurso directo deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

Coincido con los fundamentos expresados en el punto 4 de la presente resolución en cuanto se juzga que la impugnante no logra acreditar que la decisión cuestionada incurra en la arbitrariedad que le imputa.

Ello basta por si solo para rechazar el recurso directo intentado.

Fdo.:GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria)