Denegatoria del recurso, confirmación de sentencia, cantidad de estupefacientes, apreciación de la prueba, sana crítica racional, agravantes de la pena, insuficiencia del agravio, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cabanilla, Ángel Alberto. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-10

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Ángel Alberto Cabanilla, y confirmar la resolución recurrida. Corresponde, en primer lugar, rechazar el al agravio relativo a que la conducta de su asistido no encuadra en la agravante del art. 866 segundo párrafo CA -al no encontrarse probada la "ultraintención de comercio"-, por cuanto el tribunal de mérito ha tenido por probado el hecho y la autoría de Cabanilla a través de la valoración de la prueba producida en forma conjunta, de acuerdo a la experiencia, lógica y sana crítica racional y la calificación legal escogida también resulta acertada. La forma en que la droga hallada en el equipaje de Cabanilla se encontraba acondicionada, fraccionada y oculta, las reuniones que mantuvo con personas desconocidas -sobre las que recién aportó datos al momento de dar su versión en el debate-, la cantidad de estupefaciente incautado, la entrega de sus documentos a sujetos que no conocía, para comprar un pasaje, la importante suma de dinero que acordó solo para llevar una valija a un determinado lugar y su declaración en torno al contexto en que accedió a realizar ese traslado e incluso el peso que aludió que tenía cuando lo levantó, son circunstancias objetivas que, tal como acertadamente sostuvo el tribunal a quo, permiten afirmar que el imputado debió razonablemente inferir que el alcaloide incautado tenía en miras su posterior comercialización. No sólo fueron tomadas en cuenta pautas objetivas, como la cantidad de material ilícito, para probar la agravante, sino también que para nutrirla se han valorado elementos subjetivos relacionados con la situación fáctica imputada que llevaron a presumir su verificación. Por otro lado, la pretendida aplicación del principio in dubio pro reo tampoco recibirá favorable receptación, pues los agravios respectivos que fueron introducidos por la parte recurrente no logran conmover la solidez de los fundamentos desarrollados por el tribunal de mérito. Respecto al planteo de inconstitucionalidad del mínimo de la escala penal prevista en el art. 866 segundo párrafo del CA, la pena mínima no aparece desmedida ni infringe principios consagrados en la Ley Fundamental, por cuanto su intensidad no es repugnante a la dignidad humana ni se aprecia que la restricción a la libertad que conlleva resulte desproporcionado al disvalor de la conducta que reprime, la que cabe resaltar que tutela dos bienes jurídicos diferentes (normal funcionamiento del control aduanero y salud pública). Por su parte, la mensuración de pena se encontró precedida de suficiente fundamentación con relación a las circunstancias relevadas en el caso y discutidas previamente por las partes en el debate, de conformidad con las pautas que dimanan de los arts. 40 y 41 del CP. El quantum aplicado no resulta desmesurado ni descontextualizado del injusto y la culpabilidad que por el hecho atribuido le corresponde a Cabanilla y se aplicó con apego a la escala punitiva prevista por el legislador para este tipo penal, máxime de tomar en consideración que se fijó en el piso mínimo establecido. Los restantes agravios planteados -relativos al fin resocializador de la pena- únicamente se vinculan con críticas a las razones de política criminal implícitas en la decisión del legislador de fijar una pena mínima cuya imposición indefectiblemente sería de prisión efectiva. En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad del art. 872 del CA, ya hemos tenido oportunidad de expedirnos sobre su constitucionalidad (ver de esta Sala I, causa FMZ 32018925/2012/TO2/4/CFC1 "Marques Da Silva, Josué Eglair s/recurso de casación", rta. 10 de octubre de 2019, reg. 1798/19). La pretendida inconstitucionalidad del art. 12 del CP carece de una argumentación seria que permita su tratamiento, toda vez que no se advierte ni se ha demostrado arbitrariedad o afectación a normas constitucionales. En ese carril, ese planteo se ha tornado insustancial frente a la actualizada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 340:669), a cuyos argumentos cabe remitirse. La sanción prevista en el art. 12 del código en materia penal es la consecuencia necesaria de una sentencia condenatoria que impone una pena principal. Se sigue de ello que su determinación opera para el tribunal de modo automático para los casos en que la condena dictada supere los tres años de pena privativa de libertad. No obstante ello, la Fiscalía formuló una alusión genérica cuando solicitó las "demás inhabilitaciones" al momento de alegar y ello sucedió a continuación del pedido de una pena principal (4 años y 6 meses de prisión), circunstancia que no abriga dudas sobre la posibilidad que tenían los sentenciantes para imponer las accesorias del art. 12 del CP y las correspondientes que prevé el CA.