Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2A INSTANCIA. Buenos Aires,áNOVIEMBRE 11 DE á2009.

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que rechazó en lo principal la demanda entablada, recurre la parte actora según el escrito de fs. 258/261vta. que mereciera réplica de la contraria a fs. 267/268vta.

En relación con los honorarios regulados apela el letrado de la parte demandada y los peritos calígrafo y contador según los respectivos escritos de fs. 252, fs. 255 y fs. 256.

La Sra. Juez "a quo" rechazó la demanda, en lo principal, al entender que no resultaban procedentes los rubros indemnizatorios. Sostuvo a tal efecto, que no quedó probada la fecha de ingreso denunciada en la demanda, por lo que, al momento de la extinción del vínculo estaba vigente el período de prueba regulado por el art. 92 bis L.C.T.

Contra esta decisión se agravia la parte actora, a mi juicio, con razón. Cabe señalar que llega firme a esta instancia que la extinción del vínculo fue el 5 de julio de 2007, por lo que, resta determinar la fecha ingreso a efectos de establecer si al momento de la ruptura de la relación estaba vigente el período de prueba antes mencionado.

La Sra. Juez "a quo" entendió que las declaraciones testimoniales de Bravo, Lopez y Camargo resultaban inconducentes para acreditar la fecha de ingreso denunciada, mientras que, por el contrario, consideró que los dichos de Di Florio, Donato y Daniel Tridicio daban cuenta de que el ingreso de Argota había sido en abril de 2007 (cfr. fs. 159, fs. 223, fs. 227, fs. 157, fs. 166 y fs. 202).

Sin embargo, una lectura atenta de lo declarado por Di Florio me conduce a un resultado diferente.

Efectivamente, si bien la testigo citada comienza afirmando que la actora ingresó en abril de 2007, lo cierto es que no advierto que haya dado razón suficiente respecto de ello.

Por el contrario, un poco después y tal como surge de los últimos párrafos de fs. 157, la testigo dijo que recordaba la fecha de ingreso de la actora porque "se había ido una chica y necesitaban alguien para reemplazarla, que sabe la fecha porque volvieron de vacaciones en febrero, ya que se cierra la panadería en enero, que había otra chica que se fue, y la dicente estuvo ayudando a la cocinera unos días y hasta que ubicaron a la actora...".

Es decir que la testigo recordó que volvieron de vacaciones en febrero, que en ese momento faltaba una chica y que por eso la dicente ayudó a la cocinera "por unos días" hasta que contrataron a la actora. De esos dichos considero razonable concluir que la testigo sitúa el ingreso de la accionante en febrero de 2007.

En el mismo sentido declaró Domingo Tridicio (fs. 160), también propuesto por la demandada, quien sostuvo que la actora ingresó "más o menos" en febrero de 2007.

En tanto ambos testigos fueron propuestos por la propia demandada, y fueron compañeros de trabajo de la actora, considero que sus declaraciones resultan conducentes para tener por acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda.

Siendo ello así, iniciado el contrato el 22 de febrero de 2007, debo concluir que al notificarse el despido el 5 de julio de 2007 estaba vencido el plazo previsto por el art. 92 bis LCT, por lo que corresponde en mi opinión hacer lugar a los reclamos indemnizatorios de la actora.

Para ponderar los rubros que corresponde derivar a condena, resulta necesario establecer la remuneración computable, pero en este punto considero que la presentación recursiva es insuficiente para modificar la que fue consignada por la sentenciante con fundamento en lo informado por el perito contador que asciende a $ 1.180 en tanto la misma no resulta directamente controvertida, sin que existan tampoco elementos objetivos conducentes a ese fin.

La actora reclama el pago de trabajo que dice haber realizado en horas extraordinarias, pero en mi opinión este aspecto de la demanda no puede proceder, en tanto no se ha producido prueba conducente a ese efecto. En ese sentido, destaco que las declaraciones testimoniales de Bravo, Lopez y Camargo no son suficientes en tanto lo que saben dicen conocerlo por dichos de la actora.

En lo que respecta a las multas previstas en los arts. 9, 10 y 15 de la Ley de Empleo, entiendo que las mismas no resultan procedentes ya que de las constancias de la causa se advierte que la intimación en dichos términos se efectuó una vez extinguido el vínculo (cfr. fs. 188), sin que pueda tenerse por cierta la retractación invocada, ya que la misma solo se concreta cuando es de común acuerdo, situación que no se ha configurado en el caso.

Por el contrario, resulta procedente el planteo fundado en el art. 45 de la ley 25.345. En este aspecto, debo señalar que mediante misiva del 17 de julio de 2007 la demandada manifestó que ponía a disposición de la actora la certificación, pero de la documental de fs. 46 y vta. se desprende que la fecha cierta derivada de la certificación de firmas es de septiembre de 2007, de lo que se desprende que no estaban confeccionadas en tiempo oportuno. Por lo expuesto, propongo hacer lugar a la suma de $ 5.400 ($ 1.180 x 3), correspondiente a dicho rubro.

También corresponde que prospere la diferencia de SAC del primer semestre de 2007 a que hace referencia la recurrente.

En lo que respecta al incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323 estimo que el mismo también tendrá favorable recepción ya que de las constancias de la causa surge que la actora debió iniciar las presentes actuaciones a efectos de cobrar los rubros oportunamente peticionados, sin que la demandada pudiera ignorar la verdadera fecha de ingreso y la justeza de sus reclamos.

Atento la fecha en que se produjo el despido también habrá de proceder la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25.561, si bien conforme lo establecido en el art. 4º de la ley 25.972 y por el 50% del rubro indemnización por antigüedad.

Por lo expuesto, corresponde derivar a condena los siguientes rubros y montos: 1) indemnización por antigüedad, $ 1.180; 2) indemnización sustitutiva de preaviso c/SAC, $ 1.278,33; 3) días proporcionales de julio 2007 $ 200; 4) integración del mes de despido $ 980; 5) vacaciones prop. C/ SAC, $ 204,53; 6) diferencia SAC 1er. semestre 2007 $ 114; 7) SAC proporcional $ 98,33; 8) art. 2 de la ley 25.323 $ 1.670; 9) art. 16 de la ley 25.561 modif. por art. 4 Ley 25.972 $ 590; 10) multa art. 45 de la ley 25.345 $ 3.540; lo que asciende a un total de $ 9.855,19. De dicho monto corresponde descontar la suma de $ 829 oportunamente depositada (fs. 47), por lo que el capital total de condena será de $ 9.026,19.

Sobre dicha suma deberán adicionarse los intereses dispuesto en la instancia anterior desde que cada rubro fue debido y hasta su efectivo pago.

En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del C.P.C.C.N., corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación. En orden a ello y en función de dicho resultado, de acuerdo con el principio general que emana del art. 68 del C.P.C.C.N., estimo que las costas de ambas instancias deben quedar a cargo de la parte demandada, por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia.

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas que emergen del art. 6 y subs. De la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular en el 15%, 11%, 6% y 6% del monto total de capital e intereses de condena, los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, lo de igual concepto de la parte demandada, los del perito contador y los del perito calígrafo, respectivamente.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la recurrente, propongo que se regulen los honorarios por esa actuación de los letrados intervinientes en la alzada en un 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar la sentencia apelada y fijar el capital nominal de condena en la suma de $ 9.026,19 (Pesos nueve mil veintiseis con 19/100), sobre la cual se adicionarán los intereses establecidos en primera instancia. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, igual carácter de la parte demandada, del perito contador y del perito calígrafo en un 15%, 11%, 6% y 6% respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena. 4) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto de condena a la suma de $ 9.026,19 (Pesos nueve mil veintiseis con 19/100), sobre la cual se adicionará los intereses establecidos en primera instancia. II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada. III) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, igual carácter de la parte demandada , del perito contador y del perito calígrafo en un 15%, 11%, 6% y 6% respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena. IV) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la alzada en el 25% de lo que les corresponde percibir por las tareas cumplidas en la etapa anterior.BEATRIZ I. FONTANA. JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID .

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