Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-08


En la ciudad de Trelew, a los 08 días de febrero del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Juan Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "V., M. A. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW y/o PRO. Ó POSEEDOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nº 20.850 - año: 2005).

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 250. - A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Manino manifestó: - Iº .- La sentencia, los agravios y su réplica. - Iº .- 1º .- La sentencia de origen de fs. 227/230 rechazó la pretensión de la actora por daños y perjuicios contra la Municipalidad de Trelew, derivados según la reseña de la demanda, de las consecuencias del acta Nº 86 del 18/11/1999 del Tribunal Electoral Municipal (TEM), glosada a fs. 16/19, así como del Decreto Nº 04/91 de fecha 6/9/91, del Honorable Concejo Deliberante (HCD) (fs.30/31), así como su antecedente de la Res. Municipal 1040/99 de fecha 22/7/99, mediante los cuales y por la distribución de cargos que tales actos administrativos establecieran en el HCD según el resultado de las elecciones para concejales de 1999, se le impidió ocupar una banca de concejal por la lista del P. J., que obtuviera el segundo lugar en la aludida elección y donde la Sra. V. figuraba como candidata en el quinto puesto de la citada facción política, con lo que -según manifestara en su presentación- le correspondía que se la proclamase como concejal.

Proclamación que no se efectuó al establecerse por dichos actos administrativos que en lugar de distribuirse los cargos de concejal en 8 para la mayoría y 7 para la minoría, se los distribuyó en 9 cargos para la mayoría y 6 para la minoría; falta de proclamación que atacó y criticó en su demanda con una serie de consideraciones, mención y análisis de la normativa legal que entendía debía haberse aplicado, motivando su pretensión de daños y perjuicios.

Daños y perjuicios que distinguió y demandó, según lo explicitara a fs.47/49 de su presentación inicial, como reparación del daño moral por la lesión a la integridad espiritual y social de su persona y como reparación del daño patrimonial por el lucro cesante, en sumas que sujetó a las resultas de la causa.

El decisorio del Sr. Juez a-quo, luego de las consideraciones sobre la cuestión debatida y análisis del caso, se sustentó en forma basal en que si el reclamo de la actora se hallaba unido a la validez o no de lo resuelto en el TEM y a la resolución del Ejecutivo Municipal (Nº 01040 del 22/7/99) en que el TEM fijara su decisión, resultaba de indispensable trámite previo el discurrir y definir sobre la validez de tales actos administrativos.

Y con tal enfoque y como dije como argumento básico, entendió con citas de jurisprudencia del Excmo. S.T.J. y de la Corte Nacional, que no correspondía pronunciarse de oficio sobre la validez de tales actos, sino siempre y cuando hubiera mediado la respectiva petición de la demandante.

Petición primigenia de nulidad de los actos administrativos que destacó no había sido formulada en la demanda, razón por la cual no podía decidir el tema inicial y por ende no correspondía pronunciarse sobre el reclamo indemnizatorio demandado, por lo cual rechazó la pretensión. A mayor abundamiento abundó en antecedentes del conflicto, con causas agregadas por cuerda, sobre la cuestión de la "mayoría absoluta", como se formaba y la interpretación de dichos términos que allí se había decidido.

Pero con la aclaración que tales manifestaciones a mayor abundamiento lo hacía por las causas judiciales agregadas que fueran ofrecidas como prueba; toda vez que lo decisivo de su pronunciamiento denegatorio de la pretensión era que no se había atacado la validez - la nulidad- de tales actos administrativos que según la demanda habían provocado el perjuicio moral y material cuya reparación peticionaba; por lo que procedía entonces la desestimación de la demanda que así llevó a cabo en su resolutorio. - Iº .- 2º .- Apelada la sentencia por la actora, ésta expresa agravios en su escrito de fs. 241/244. Luego de extensas transcripciones de lo expuesto por el Sr. Juez a-quo que no dudo de calificar de innecesarias (Art. 270, CPCC), finca su queja contra el rechazo de la demanda, en que no tenía porqué solicitar la invalidez por nulidad de los actos administrativos mencionados, toda vez que al ser los mismos nulos su declaración de tales y su invalidez debió haber sido pronunciada y resuelta de oficio por el juzgador de origen, esto es, sin necesidad de petición alguna al respecto.

Cita para ello el conocido y comentado precedente de la Corte Nacional (Caso "Los Lagos S.A." (Fallos 190:142) donde se sentara el criterio de irrevisibilidad de oficio de los actos administrativos, pero destacando que el Juzgador había omitido expresar y considerar que, según la Corte, la presunción de legitimidad sólo favorecía a los actos válidos y a los actos anulables, pero no a los nulos absolutos y que por ello a partir del citado precedente, se sucedieron los casos tanto en la administración como en la justicia, donde se admitió la no exigibilidad de actos nulos con vicio patente o manifiesto.- En definitiva entiende la quejosa que al existir tanto actos administrativos nulos como anulables, la irrevisibilidad de oficio alcanza solamente a los actos anulables pero no así respecto de los actos nulos, que pueden y deben ser declarados así por el juzgador, así como por supuesto por la propia administración. - De esto desprende que a los actos administrativos corresponde aplicarles el mismo sistema de nulidades que establece el C. Civil, tal como la Corte lo mencionara en el Caso "Los Lagos S.A." y otros precedentes que menciona.

En el sentido de que cuando nos encontramos en presencia de un acto administrativo nulo, tal calificación y consecuente invalidez debe ser declarada y establecida de oficio por el juez, sin necesidad que medie para ello petición de parte; entendiendo por ello que la sentencia apelada carece de sustento jurídico y debe ser revocada aceptando la demanda. - Se extiende luego en consideraciones sobre cuando el acto administrativo es nulo así como sobre la arbitrariedad o la ilegalidad en abstracto y aplicadas al caso que motivara este proceso; para lo cual analiza la Carta Orgánica de la Municipalidad de Trelew, los antecedentes de la elección de 1999 de concejales, el sistema de distribución de los cargos, votos obtenidos por las facciones políticas que presentaran candidatos a la elección y demás detalles del caso en concreto.

También menciona la obligación del órgano jurisdiccional de preservar la constitucionalidad de los actos de la administración y de no admitir la violación de la jerarquía normativa. - Para finalizar en que, en suma, tratándose los actos administrativos traídos a la causa de actos nulos, procedía su declaración como tales de oficio, sin necesidad de petición que -lo reconoce al comentar el caso "Los Lagos S.A."- queda para los actos anulables. Cierra su queja con la petición de estilo.

Iº .- 3º .- Los agravios son replicados por la demandada a fs. 246/247.

Su principal argumento de réplica es que la expresión de agravios actoral no reúne los recaudos exigidos de ser una crítica concreta y razonada del fallo, ya que solamente se limita a discrepar de las conclusiones del juez a-quo, insuficiencia técnica que apareja la deserción del recurso.

Que la actora no atacó las resoluciones administrativas que llevaron a la elección y distribución de cargos de concejales y que no puede -ahora- pretender hacerlo ante la Alzada, lo que debe producir la confirmación de la sentencia en crisis.

Igualmente se extiende la replicante en que el acto eleccionario y sus detalles fueron todos realizados y llevados a cabo con cumplimiento de la normativa existente y que no puede ni debe aceptarse en esta sede la discusión sobre su validez cuando no se lo peticionó en el estadio procesal respectivo.

Y como, según su criterio, de la expresión de agravios no surgen argumentos suficientes y procedentes para conmover la doctrina sentada por la Corte Nacional, reiterando aquello de no haber impugnado en su momento los actos administrativos, la queja es inconsistente y debe confirmarse el fallo apelado.- Iº .- 4º .- Entiendo y opino que la expresión de agravios reúne la suficiencia técnica prevista en el Art. 265 del CPCC. para ser atendida y tratada; no encontrándonos en el caso de la deserción del recurso por tal motivo (Art. 266, cód. cit.). - En primer lugar y en contrario de lo expuesto por la demandada, la actora formuló una crítica a mi entender concreta y razonada contra el decisorio apelado, al expresar que no tenía porqué pedir la nulidad de los actos administrativos toda vez que al ser los mismos nulos y no actos anulables, correspondía la declaración de invalidez por nulidad de oficio; tema este por supuesto a considerar.

Ello se desprende -más allá del estilo de redacción- de sus consideraciones liminares que he comentado. No existió por tanto un mero discrepar con las conclusiones del Sr. Juez a-quo, sino un tema específico y concreto de queja contra el decisorio apelado que en sí y por eso reúne la suficiencia técnica exigida por la ley ritual, sin tratarse como equivocadamente lo aduce la replicante, de traer a la Alzada una cuestión no propuesta en la etapa procesal respectiva. - Y si esto resultara relativo, o si la aserción de insuficiencia se sustenta en las transcripciones realizadas, también comentadas, creo y concluyo que nuevamente estamos en presencia de la doctrina tantas veces fijada por esta Alzada y esta Sala "A", en el sentido de que en caso de duda sobre el punto y en atención a la preservación de la defensa en juicio, cabe el inclinarse por considerar técnicamente suficiente al recurso, toda vez que la valoración del escrito de agravios para determinar si cumple las exigencias del Art.265 CPCC. no puede llevarse a cabo con un rigor formal tan severo que afecte la defensa en juicio (confr., doctr. CSJN. en L.L., 1980?C?255; confr., también, esta Alzada S.D.L. 17/92, S.I.C. 92/93, entre otras; esta Sala "A", S.D.C. 08 /00, exp.15394; S.D.C. 60 /00, exp. 16166; S.D.C. 26/01, exp. 16995; S.D.C. 33/01, exp. 17129; S.D.C. 14/02, exp. 17716, etc.).- Atenderé por tanto a los agravios proferidos del siguiente modo.

IIº .- Los actos administrativos. Nulos o anulables. IIº .- 1º .- Aún persiste la discusión doctrinaria sobre actos administrativos nulos y anulables y en tal enfoque su distinto cauce de dirimición, irrevisibilidad o posibilidad de declaración de oficio y demás detalles del tema. Aunado tal como lo hacen los autores al conocido caso "Los Lagos S.A.".

Así p. ej., puede citarse la opinión de Gordillo en " El Acto Administrativo", 2da. ed., Abeledo Perrot, 1969, pág. 354 y ss., que en el punto no acepta aquello del acto administrativo nulo y acto administrativo anulable, sino que los fija sólo como anulables aunque en esta categoría los divide en anulables de anulabilidad absoluta y anulabilidad relativa; razón por la cual no concuerda con la aplicación de las normas sobre nulidades del C. Civil, al opinar que la teoría general de las nulidades de los actos administrativos debe surgir de los principios generales del derecho público.

Remisión a las normas del derecho público que comparto, para establecer si estamos en presencia de un acto nulo o de uno anulable y así decidir la cuestión, porque considero que por este camino se puede llegar a la decisión ajustada a derecho.

De su lado Cassagne en "El Acto Administrativo", 2da. ed., Abeledo Perrot, pág. 250 y ss., especifica que si bien en "Los Lagos S.A." se dictaminó sobre la necesidad de investigar el acto y su naturaleza, aplicación supletoria o analógica del sistema de nulidades del C. Civil y demás, ello fue mutando con nuevas normativas como por ejemplo la Ley de Amparo 16.986 al ingresar -para llegar a la revisibilidad- en aquello de la "ilegalidad manifiesta"; circunstancia que -acoto- en nuestra jurisdicción se encuentra contemplada en el Art. 3 de la Ley de Amparo 4572. Lo que lo conduce a que puede sostenerse en que si estamos en un caso de ilegalidad manifiesta el acto administrativo es nulo por dicha clase de ilegalidad, lo que lleva -de nuevo- al examen de las reglas del derecho público para establecer en que categoría nos encontramos.

Remisión o ingreso en las normas de derecho público que p.ej. puede escudriñarse en la Ley 19.549 con las reformas de la Ley 21.686, que en su Art. 17 fija la revocación del acto nulo de oficio tanto por la autoridad administrativa como por la judicial cuando se encuentra -el acto- afectado de nulidad absoluta; recordando asimismo que previo a ello, el Art. 15 de la ley establece la anulabilidad del acto en sede judicial cuando se presentan los vicios o irregularidades allí mencionados. Surge así y para llegar a la opinión de Marienhoff que trataré, que debe enfocarse el tema acerca de si el acto administrativo es nulo o anulable con remisión a las normas de derecho público, sin perjuicio de la aplicación del régimen de nulidades del C. Civil, pero no de manera preponderante o primigenia.- En efecto, el acreditado maestro (confr., "Tratado de Derecho Administrativo", Ed. Abeledo Perrot, 1966, Tomo IIº, pág. 466 y ss.), comenta el caso "Los Lagos S.A." citado ya, destacando que la opinión de la Corte Nacional sobre la aplicabilidad a los actos administrativos del régimen de nulidades del C. Civil partió de la primera premisa de que sus reglas no habían sido establecidas para aplicarlas al derecho administrativo sino al derecho privado; pero que nada obstaba en virtud de ser -el régimen- una construcción jurídica basada en la justicia, que su aplicación se extendiera al derecho administrativo ya que sus normas y soluciones también tienden al valor justicia; con la segunda premisa que dado esto cabía su aplicación, pero con las discriminaciones que imponían la naturaleza propia de lo que constituía la substancia de la disciplina del derecho administrativo.

Llegando de esta forma a la conclusión de que mientras no se estableciera orgánicamente el régimen de las nulidades de los actos administrativos -puede recordarse que la Ley 19.549 es de 1971-, no existía razón alguna para subestimar la aplicación de las normas del C. Civil.

Dentro de las cuales por supuesto están las que menta la apelante, con los textos o vocablos utilizados por el codificador, tales como el Art. 1044 sobre actos nulos, el 1045 sobre los anulables y su condigno 1046 que los reputa válidos y sólo los considera nulos desde el día de la sentencia que los anule, el 1047 que establece que en casos de nulidad absoluta la misma puede y debe ser declarada de oficio por el juez y por último el Art. 1048 que supedita en los supuestos de nulidad relativa que la misma solamente puede ser declarada a petición de parte.

Pero si existe un ordenamiento legal de derecho público que establezca la existencia de actos nulos y de actos anulables, a ella debe remitirse el juzgador para definir si puede declararla de oficio o si solamente lo puede hacer por haber mediado petición de parte.

Y con esto se ingresa en la normativa de la Ley 920 de nuestra Provincia sobre el procedimiento administrativo, aplicable al sub-examen por lo dispuesto por el Art. 1 de la ley, que por obvio, debe primar sobre el régimen de nulidades del C.C. que conforme la doctrina de la Corte Nacional podrá aplicarse, pero como lo indica Marienhoff, en el supuesto de no existir normativa orgánica sobre el tema proveniente de legislación de derecho público.- IIº .- 2º .- La Ley 920 y su análisis. El caso sub-examen. - Nuestra ley de procedimientos administrativos, regula en forma clara la cuestión de los actos nulos o anulables en sus Arts. 33 y 34.- Normativa a analizar con base en el principio general de legitimidad y validez de los actos administrativos, que considero innecesario comentar por lo conocido del principio en lo tocante a la necesidad de la seguridad jurídica que deben conllevar los actos de la administración.

Los actos de una administración deben entenderse como legítimos y dictados en uso de las facultades propias del poder, en este caso el municipal, salvo el presupuesto que se configure el dictado de un acto administrativo nulo o anulable que, precisamente por ello, son de interpretación y análisis restrictivo. - Lo cual lleva el tema a la necesidad de la petición de declaración de nulidad cuando estamos en presencia de un acto anulable, debiendo por lo tanto mediar la respectiva, previa y oportuna petición de aquel a quien el acto haya afectado o perjudique (confr. Marienhoff, op. cit., IIº, pág. 479); y es igualmente la doctrina establecida por nuestro más Alto Tribunal (S.D. 9/93) que el Sr. Juez a-quo también menciona, siguiendo en este punto el S.T.J. a la doctrina de la Corte Nacional. - En el Art. 33 de la Ley 920 se establece cuando estamos en presencia de un acto que la ley cataloga de "nulos de pleno derecho". En el ap. 1º se establecen como tales los dictados por órganos manifiestamente incompetentes, los de contenido imposible o sean constitutivos de delitos, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para su dictado o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

En su ap. 2º el art. cit. también establece la nulidad "de pleno derecho" de las disposiciones contrarias a las leyes y reglamentos u otras que menciona, de carácter general, cuando establezcan penas o impongan exacciones, tasas, cánones o cargas similares no autorizadas por la ley.

De la lectura de las disposiciones debatidas en el sub-examen surge en mi criterio de manera incontrastable, atento a lo anterior, que no estamos en presencia de un acto nulo que pueda conducir, aun por aplicación del régimen de nulidades del C. Civil, a la declaración de oficio de la nulidad del acto.

Y el Art. 34 de la Ley 920 establece los actos anulables, que así pueden ser declarados mediante los procedimientos del Título Vº de la Ley, o por ende por decisión judicial, cuando se trate de actos de la administración que "... incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder".

A tenor de la norma y de la pretensión deducida, es claro que nos encontramos en la posibilidad de un acto anulable por posible desviación del ordenamiento jurídico, para el caso el régimen de la elección y las normas utilizadas o dictadas para el supuesto, con su posible confronte disvalioso con otras disposiciones normativas, como y a guisa de ejemplo, la Carta Orgánica Municipal que menciona la actora.

Si tal es el encuadre del litigio entablado, es notorio que la demandante debió pedir la nulidad por actos anulables de los actos administrativos que rodearon el llamado, realización y distribución de cargos de concejales en las elecciones de 1999, circunstancia que no llevó a cabo al plantear su pretensión cual lo señala el Sr. Juez a-quo en su sentencia.

Circunstancia obstativa en grado sumo a su pretensión que no puede mutarse por sus agravios de haberse tratado de actos nulos y no anulables, lo cual tornaba innecesaria petición alguna, toda vez que en contra de lo esgrimido, los actos de la administración municipal que rodearon el tema no fueron actos nulos sino a todo evento tal vez anulables que llevaba el conflicto a su previa investigación, debate, análisis y decisión sobre lo llevado a cabo. - Como acertadamente entonces así lo decidió el Sr. Juez a-quo, tal falta de petición en la demanda, opuso una valla insalvable a su pretensión y el rechazo de aquella fue ajustado a derecho. Sin que corresponda atender a su agravio sobre las costas de fs. 244 vta., toda vez que al ser vencida en su totalidad la actora en su pretensión, es de estricta aplicación el principio sobre la condena en costas a la vencida en el proceso (Art. 68, CPCC.).

Conclusiones. Corresponde desestimar los agravios de la actora y confirmar el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso.

Imponiendo las costas de Alzada a la apelante vencida en su recurso (Art. 68, CPCC.).

Los honorarios de los profesionales intervinientes en esta sede, atendiendo a la tarea cumplida, mérito y resultado (Arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 47 y concs. de la L.H.), propugno fijarlos para los Dres. C. S. A. y S. D., letrados apoderados de la demandada, en la suma equivalente para cada uno de ellos del 3,5 % del monto del proceso a establecerse en la etapa de ejecución de sentencia; y para el letrado apoderado de la actora, Dr. A. E. M., en la suma equivalente al 4 % del citado monto del proceso a establecerse. En todos los casos con más el IVA (Leyes 23.349/23.871). Voto la cuestión por la AFIRMATIVA.

A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: - En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.

Nada novedoso añadiré a la argumentación que el preopinante desarrollara en sustento de su sufragio. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), basta con formular las consideraciones siguientes.

I.- Si el Señor Juez "a quo" decidió que resultaba imposible acoger la pretensión indemnizatoria de los alegados daños causados por actos administrativos en razón de que éstos no fueron atacados por la actora de nulidad, hallándose vedado a los magistrados declararla de oficio, y la apelante sostuvo en su pieza de agravios que, por tratarse de actos absolutamente nulos y no simplemente anulables, al sentenciante le era dado declarar su nulidad "ex officio" para ingresar luego a la reparación de los perjuicios, patente resulta que no ha mediado la deserción del recurso por insuficiencia técnica de la expresión de agravios, en los términos de los arts. 265 y 266 C.P.C.C., que la demandada acusara.- Por el contrario, ciñéndose a la correcta técnica de impugnación, la recurrente seleccionó del discurso sentencial lo que constituyó su idea dirimente y la cuestionó puntualmente basándose en argumentos jurídicos con los que procuró demostrar la supuesta errata en que el juzgador habría incurrido.

Con independencia de la suerte final del recurso, esto es su procedencia, el requisito de admisibilidad del mismo ha concurrido, pues nos encontramos ante una crítica concreta por lo precisa y razonada por los fundamentos con que se la apontacara.- II.- Como ya señalara el Señor Magistrado antes sufragante, con sólido apoyo en precedentes de nuestra Corte Suprema Nacional y en la opinión de encumbrados doctrinarios, las disposiciones del Código Civil en materia de nulidad de actos jurídicos son aplicables a la de los actos administrativos sólo de manera supletoria y cuidando no alterar la sustancia propia de ellos, de modo que para la subsunción legal de los casos ocurrentes ha de acudirse en primer término a la normativa específica del derecho administrativo local. - La especie es atrapada entonces por la preceptiva de la ley 920, que, a diferencia del ordenamiento nacional y otros provinciales, define casuísticamente los diversos supuestos de nulidad y de anulabilidad de los actos administrativos. Claro se advierte que los de autos no encuadran en las previsiones del art. 33 ley cit. sobre las nulidades de pleno derecho, pues no han sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes, ni su contenido resulta imposible o constitutivo de delito penal, ni en su dictado se prescindió totalmente del procedimiento establecido para su formación, ni imponen penas, exacciones, tasas, cánones u otras cargas similares en contravención de disposiciones generales.

El pretenso vicio alegado en el subexamen habría consistido en la infracción al ordenamiento jurídico que disciplina la representación electoral, de manera que los actos administrativos que lo padecerían serían catalogables de "anulables", de acuerdo al art. 34 de la ley 920, disposición que para privarlos de eficacia prevé la utilización de los medios de fiscalización regulados en ese mismo ordenamiento, es decir la vía de los recursos del interesado, quedando en cambio descartada la actividad oficiosa del magistrado. - Impedido se vio pues al "a quo" de abordar la esencial cuestión de la validez o invalidez de los actos de marras, ya que levantaban a ello vallas insalvables la falta de deducción de una pretensión de sentencia declarativa de la nulidad y la imposibilidad hacerlo de oficio en relación a actos anulables, de acuerdo al pacífico criterio sentado por la Corte Suprema Nacional (Fallos 190:155/156; E.D. 83-445) que nuestro Superior Tribunal Provincial hiciera suyo (S.D. 13/S.C.A./90, 10/S.C.A./91, 38/S.C.A./94, 22/S.C.A./95, 23/S.C.A./95, 6/S.C.A./02). Concuerda en ellos hasta la norma supletoria del art. 1048 Cód. Civ.

III.- Mal hubiera podido el Señor Magistrado del grado precedente ingresar al juzgamiento de la responsabilidad endilgada a la demandada por los daños alegados por la actora sin determinar la licitud o ilicitud de los actos administrativos que habrían sido su causa.

Por cierto que el art. 131 últ. párr. de la ley 3.098 concede al damnificado por actos de la Administración Municipal, además de las opciones por las acciones contencioso administrativas de nulidad y de plena jurisdicción, la alternativa de una "vía ordinaria" (confr.: S.T.J. Chubut, S.I. 49/S.C.A./95, S.I. 3/S.C.A./96), que sólo puede entenderse como vía civil (ídem, S.D. 7/00), mas, cual también tiene declarado el Alto Tribunal Provincial, el contenido de esta vía ordinaria es idéntico al de la contencioso administrativa de plena jurisdicción, esto es pretensión de nulidad del acto lesivo y pretensión indemnizatoria de los perjuicios (S.I. 3/S.C.A./96).

Es decir que cuando el administrado se inclina por este tercer término de la opción a su disposición, promueve, desde luego, una pretensión resarcitoria de daños, pero a la vez, por disposición de la ley, opera una prórroga de la competencia contencioso administrativa a favor del juez civil, de modo de posibilitarle al mismo -pretensión de declaración de nulidad mediante, pues, lo reitero, no puede oficiosamente ingresar al tópico- juzgar la legitimidad o no del acto administrativo lesivo. - Impracticable resultaría el funcionamiento del sistema de otra forma, porque el juez civil se vería imposibilitado de emitir juicio de responsabilidad por los perjuicios si, aun demostrados los daños y el nexo causal, no estuviera determinado el carácter antijurídico, la ilicitud, del acto, en tanto los tres elementos son requisitos insoslayables de la responsabilidad civil (arts. 1066, 1067 Cód. Civ., su doc.).

A diferencia de los ilícitos civiles, en los que es posible analizar directamente su antijuridicidad como desencaje del acto en el plexo normativo, respecto de los actos administrativos, por gozar ellos de una presunción de legitimidad, sólo cabe predicar su ilicitud en el ámbito de una nulidad que los torne ineficaces.

Como a los magistrados no le es autorizado el pronunciar esa nulidad "ex officio", la impugnación del acto por el interesado resulta imprescindible para abrir camino a su reclamo resarcitorio (confr. S.T.J. Chubut, S.D. 13/S.C.A./90, ya cit.), pues sólo tras la declaración de nulidad corresponderá atribuirle al acto anulado los efectos de los ilícitos cuyas consecuencias deben ser reparadas (art. 1056 cód. cit.).

Por tanto, la deducción en la especie únicamente de una pretensión indemnizatoria de los daños que la actora invocara le produjeron los actos administrativos, sin acumularle la pretensión de declaración de nulidad de dichos actos, selló su adversa suerte por insalvable deficiencia de la demanda.

IV.- Desestimada totalmente la demanda, las costas causídicas debían imponerse, como bien lo dispuso el "a quo", a la actora derrotada, a tenor del principio general sentado por el art. 68 párr. 1° C.P.C.C.- No veo que concurran en el caso motivos que autoricen la eximición prevista en el párr. 2° del citado artículo. Mal puede a ese fin aludirse -cual lo ha hecho la apelante a fs. 244 vta.- a la supuesta actitud ilegítima, arbitraria, violatoria de la normativa vigente de la demandada, cuando la ausencia de una impugnación de nulidad rehusó la posibilidad de juzgar siquiera esa conducta. - Tampoco la sola creencia subjetiva de la razón para litigar -asimismo invocada por la recurrente- es por sí suficiente para eximir al perdidoso, pues es indudable que, salvo hipótesis de actitudes temerarias, todo aquel que somete una cuestión a los tribunales de justicia es porque cree tener la razón de su parte, mas ello no lo exime de afrontar las expensas del juicio originadas a la contraparte si el resultado obtenido le es desfavorable.

Sólo es admisible esta causal de eximición frente a características muy peculiares y dificultosas del asunto y siempre que esa "razón probable para litigar" surja de elementos objetivos valorables (este Cámara, en su antigua composición de sala única, c. 11.483 S.D.L. 16/95, c.11.496 S.D.L. 28/95; ídem, Sala "A", c. 12.898 S.D.L. 15/98, c. 17.556 S.D.L. 45/01, c. 17.585 S.D.L. 47/01, c. 17.833 S.D.C. 31/02; íd., Sala "B", c. 16.480 S.D.L. 17/01), lo que en el subexamen no acontece, pues los tales elementos debían ser analizados en el marco de una impugnación de nulidad que la actora se abstuvo de traer a conocimiento del tribunal. - V.- Las razones hasta aquí volcadas, coincidentes con las vertidas por el colega preopinante, me llevan a concordar con él en la confirmación de la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida en ella (art. 68 párr. 1° C.P.C.C.).

Concuerdo asimismo con el Dr. Manino en los honorarios que propiciara regular por las labores profesionales desarrolladas en la alzada, toda vez que son adecuados a la importancia de las mismas, apreciadas de acuerdo a las pautas de los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200. Me expido consecuentemente en esta cuestión POR LA AFIRMATIVA. A LA SEGUNDA CUESTION dijo el Dr. Manino: Visto el acuerdo arribado, corresponde: - CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso, imponiendo las costas de Alzada a la parte actora;- REGULAR los honorarios de los Dres. C. S. A. y S. D., para cada uno de ellos, en la suma equivalente al 3,5 % del monto del proceso a establecerse; y los del Dr. A. E. M. en la suma equivalente al 4 % del citado monto del proceso;

DISPONER que todos los honorarios contengan el IVA.. - ASI LO VOTO.

A DICHA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Manino, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre la precedente cuestión.

Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

Trelew, 08 de febrero de 2006.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente: S E N T E N C I A: CONFIRMAR el fallo apelado en lo que fuera materia de recurso, imponiendo las costas de Alzada a la parte actora;- REGULAR los honorarios de los Dres. C. S. A. y S. D., para cada uno de ellos, en la suma equivalente al 3,5 % del monto del proceso a establecerse; y los del Dr. A. E. M. en la suma equivalente al 4 % del citado monto del proceso;

DISPONER que todos los honorarios contengan el IVA.. - Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: JUAN HUMBERTO MANINO - CARLOS A. VELAZQUEZ REGISTRADA BAJO EL Nº 02 DE 2.006 - SDC.- Conste.-