Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-21


(Libro de Acuerdos Nº 44, Fº 644/647, Nº 262).- San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los veintiun días del mes de junio de dos mil uno, los señores Jueces Titulares doctores José Manuel del Campo, Sergio Eduardo Valdecantos, Héctor Fernando Arnedo, Raúl Octavio Noceti y Héctor Eduardo Tizón, bajo la presidencia del primero de los nombrados, vieron el Expte. N° 569/01, caratulado "Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-68133/01 (Tribunal contencioso administrativo) Amparo por mora: Serrone, Amalia y otros c/ Ministerio de Bienestar Social" El Dr. del Campo dijo:

A fs. 6/11 se presenta el Dr. Juan Lucio Valdéz, en nombre del Estado Provincial, en su calidad de Procurador General de la Provincia, deduciendo recurso de inconstitucionalidad en contra del decisorio emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Feria, el día 30 de enero del corriente año.- Conferido el traslado de ley, comparece a responderlo, a fs. 21/24 vta., la Dra. Gloria Mabel Ivanovich, en representación de las actoras, solicitando el rechazo del remedio procesal tentado, con costas.- Luego de que se hubo expedido el Sr. Representante del Ministerio Público habilitado, la causa se encuentra en estado de ser resuelta, por lo que deviene menester ingresar al exámen de los aspectos sustanciales del recurso propuesto por el demandado.- El quejoso se agravia porque considera errada la decisión del órgano jurisdiccional inferior en cuanto declaró la procedencia de la acción de amparo incoada en su contra. A este respecto, sostiene que el acto administrativo cuyo pronunciamiento se reclamara, ha sido cumplido, restando, solamente, la ejecución de los trámites internos necesarios a efectos de su perfeccionamiento. Por ello, entiende que la posibilidad de urgir los mismos le corresponde a la autoridad superior que emitiera la orden respectiva y no a las promotoras de autos. Agrega que las planillas cuya confección se pretende son las que, en rigor, obran en el expediente administrativo y que fueran agregadas, en copia, a la causa originaria, con lo que estima que la obligación endilgada a la demandada también debe tenerse por cumplida.- Liminarmente, cabe destacar que el hecho incuestionado del pronunciamiento del Poder Ejecutivo no deja a salvo la posibilidad de que el Estado, igualmente, incurra en mora. Digo ello pues la sola emisión de la orden dada por el superior no garantiza, por sí, su cumplimiento por parte de los órganos encargados de ejecutarla, los que, por cualquier motivo -justificado o no- pueden inobservarla. En tal supuesto, pretender, como lo propone el impugnante, que los actos de ejecución posteriores escapan a la posibilidad de requerimiento por los administrados interesados en su efectiva producción, implica tanto como insinuar la virtual indefensión de éstos frente a la inacción de la administración. En otras palabras, significaría un doble agravio: por un lado, diferir el respeto de los derechos de los ciudadanos al simple capricho del funcionario que tiene a su cargo dar concreta satisfacción a la solicitud de aquellos y, por el otro, abrir la posibilidad de que un funcionario de menor jerarquía se atribuya la facultad de desconocer, demorar o ignorar, lisa y llanamente, una orden directa emanada de su superior sin que -contemporáneamente- pueda resultar afectado por una petición concreta de cumplimiento ejercida por parte de los verdaderos damnificados por la mora, esto es, los administrados.- Sabido es que el amparo por mora encuentra consagrada su conceptualización jurisprudencial en el caso "Goldberg c/ Universidad de Buenos Aires" (CNFed. Cont. Adm., Sala II, 5/4/77, ED, 74-222, citado por Creo Bay en "Amparo por mora de la Administración Pública", Ed. Astrea, ps. 48/50), en el que se dijo que "la Administración está obligada a decidir expresamente, correspondiéndole al administrado la opción por la negativa tácita -al peticionar el 'pronto despacho'- o por obligar a la Administración a expedirse, mediante la queja o el amparo por mora...". El fallo de primera instancia, confirmado en la oportunidad, señaló que "conviene insistir que existe un deber jurídico de la Administración Pública, de pronunciarse concretamente... El silencio, como negativa, es evidentemente, una ficción legal otorgada a favor del administrado... Si la aspiración del particular es obtener una decisión expresa... no puede la Administración escudarse en la omisión, debiendo pronunciarse expresamente". Afirma, entonces, Creo Bay (op. cit., p. 47) que "el amparo por mora de la Administración es un instrumento para obtener decisiones expresas".- Mas, de lo dicho no se desprende que queden exentos de exigibilidad, por la vía del amparo, los actos de ejecución. Se entiende que, si es factible peticionar a la Justicia que ordene a un órgano administrador, con poder de decisión, que se pronuncie expresamente respecto de determinada pretensión del administrado, con mayor razón aún es posible hacerlo en relación a funcionarios de menor jerarquía, que sólo tienen a su cargo el cumplimiento material de lo ordenado.- Es cierto que el art. 3 inc. e) de la ley 4442 declara improcedente el amparo cuando "la intervención judicial... afectara el ejercicio de potestades reservadas a los otros Poderes constitucionales o el desenvolvimiento normal de actividades fundamentales del Estado requeridas para satisfacer exigencias del bien común". Pero deviene insoslayable tener en cuenta dos circunstancias relevantes a los fines de desechar el argumento obstativo esgrimido por la demandada: primero, que la norma de marras regula el amparo genérico y no el amparo por mora; segundo, que, aún para el caso de que se entendiera que resulta aplicable el plexo legal contenido en la ley 4442, es dable puntualizar que el art. 6º agrupa, como legitimados pasivos en el juicio de amparo, al "... autor del acto lesivo que lo motiva; sean el Estado, los municipios o las demás personas jurídicas públicas, sean las personas, físicas o jurídicas, entidades o establecimientos privados que realizan los hechos u omisiones, en forma directa o a través de los que están bajo su dependencia...". Es decir que, si para que el acto ordenado sea cumplido, se requiere una actividad posterior de la administración que, a la sazón, no se ejecuta, es admisible demandar por mora en virtud del menoscabo que tal omisión significa.- A mi modo de ver, lo verdaderamente importante, a los fines de dirimir la materia atinente a la naturaleza del amparo por mora, consiste en determinar su objeto: "proteger al administrado contra las injustificadas demoras de la Administración Pública..." (Salgado y Verdaguer en "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad", ed. Astrea, p. 281). Tal es lo que ha acontecido en la especie, en cuyo mérito no es posible concluir de modo diferente a como lo hiciera el Tribunal A-quo.- En suma, el decreto 586-BS/2000, en tanto dependió, para su ejecución, de actos posteriores no cumplidos, no pudo representar, para las actoras, la satisfacción de la pretensión que venían esgrimiendo por ante el órgano administrador.- Finalmente, la calificación de definitivas que, para la recurrente, merecen las planillas cuyas copias rolan agregadas a la causa, no constituye más que la exteriorización de un criterio distinto al adoptado por el Tribunal inferior, a la hora de valorar la importancia de las mismas. Ello torna improcedente la pretensión de revisar, por la presente vía e instancia, lo decidido por el A-quo al respecto, con arreglo a la pacífica y constante doctrina sentada por este Superior Tribunal de Justicia en la materia.- A mayor abundamiento, cabe resaltar que las exigencias que debieron observarse en la confección de dichas planillas no fueron antojadizamente enunciadas por el órgano jurisdiccional inferior. Antes bien, las mismas surgen de una normativa emanada de la propia demandada, a saber, la circular nº 14 del 20 de octubre de 1999, cuya existencia y vigencia no se encuentra controvertida en modo alguno, por lo que el planteo articulado por el Estado Provincial pierde, una vez más, toda entidad.- Siendo ello así, concluyo que el recurso de inconstitucionalidad deducido por el demandado debe ser rechazado, con costas a su parte, en su calidad de derrotado en la instancia, de conformidad a lo previsto por el art. 102 del Código Procesal Civil.- De compartirse mi criterio, estimo justo regular los honorarios de la Dra. Gloria Mabel Ivanovich en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) por la tarea desarrollada en la presente etapa recursiva.- Los Dres. Valdecantos, Arnedo, Noceti y Tizón adhieren al voto que antecede.- Por los fundamentos consagrados en el precedente acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy RESUELVE:

1º.- Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Juan Lucio Valdéz, en nombre del Estado Provincial, en su calidad de Procurador General de la Provincia, en contra del decisorio emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Feria, el día 30 de enero del corriente año.- 2º.- Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 102 del Código Procesal Civil).- 3º.- Regular los honorarios de la Dra. Gloria Mabel Ivanovich en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) por la tarea desarrollada en la presente etapa recursiva.- 4º.- Regístrese, agréguese copia en autos y notifíquese por cédula.