marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Inhabilidad de título, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHNEITER, HECTOR EDUARDO c/ LUNA DANIEL ARNOBIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-05

Basta para desestimar, la excepción de inhabilidad de título, la conducta procesal del ejecutado que no niega su calidad de deudor, ni de que emitió los cheques en favor del actor, por las sumas y fechas denunciadas, ni que es errónea la negativa del banco girado de pagar los mismos por encontrarse la cuenta sin fondos suficientes para ello. Estas circunstancias bastan para tornar improcedente la excepción de inhabilidad de título interpuesta por cuanto se tipifican los extremos generales exigidos por el art. 505 del codo.

Proc. Civ. Para la procedencia de la acción ejecutiva (deuda dineraria, liquida y exigible).
Responsabilidad del empleador, indiferencia de la concausa
Materia: LABORAL
Carátula: Rocha, Jorge Edio c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-23

La adecuación, es entonces la medida de la indiferencia de las causas no laborales.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, plan para la vivienda
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en BAS y otros contra GCBA y otros Sobre Amparo - Genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas, aunque éstas sean sobrevinientes a los recursos deducidos (cf. Fallos: 311:787; 315:2074; 316:2016, entre muchos otros, aplicables mutatis mutandis, al recurso de inconstitucionalidad local). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Marcela De Langhe).
Falsificación de instrumento público, escribanos públicos, escritura pública
Materia: PENAL
Carátula: DE ISLA, OSCAR s/ FALSEDAD INSTRUMENTAL - ESCRIBANO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-23

La circunstancia de que la escribana no estuviera presente en las escrituras en que figura como notaria, y que los actos se hubieran celebrado en un lugar distinto del que figura asentado, constituyen falsedades irrelevantes penalmente, toda vez que no son susceptibles, en las condiciones del caso, de causar perjuicio.
Testigos, prevención del delito, allanamiento, flagrancia, secuestro extorsivo
Materia: PENAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Javier Ezequiel y otros y ALLEGUE, Jonathan Héctor y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

La sanción de nulidad contenida en el art. 140 CPPN se refiere exclusivamente a la ausencia de firma de testigos citados en las actas labradas por los preventores, y no a la ausencia de testigos del acto mismo de la inspección, hipótesis ésta que no está prevista como motivo de nulidad en el ordenamiento jurídico.

Debe rechazarse el planteo de nulidad fundado en la falta de autorización para el ingreso de la policía en el domicilio donde se aprehendió al imputado, en tanto la prevención los persiguió durante un lapso importante ante la denuncia de la comisión flagrante de un secuestro extorsivo en curso, razón por la cual, la urgencia y gravedad del caso refuerzan la previsión legal del ingreso sin orden judicial y, asimismo, del acta de procedimiento surge evidente que la moradora efectivamente prestó su consentimiento para el ingreso policial y que lo propio hicieron varios de los vecinos.Los motivos de nulidad previstos al respecto por el ordenamiento ritual, son de carácter taxativos, razón por la cual, si uno de los funcionarios policiales que intervienen en el procedimiento no estampa su rúbrica en la respectiva acta, ello no conlleva su anulación.
Jubilación por invalidez, procedimiento administrativo, impulso de oficio, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REYNOSO, Dionisia Pascasia c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-29

El art. 35 de la ley 18.037 expresamente señala que para asegurar uniformidad de criterios en la apreciación de la invalidez y en salvaguarda de los derechos de los afiliados, los organismos "podrán recabar colaboración de las autoridades sanitarias, sean nacionales, provinciales o municipales", por lo que todo elemento médico probatorio que posibilite un mejor conocimiento de las patologías que aquejaron al causante, debe ser requerido por la autoridad administrativa.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones procesales, prueba, rechazo de la prueba, apreciación de la prueba, proceso penal, sentencia condenatoria, concurso de delitos, violación calificada, violación calificada por el concurso de personas, corrupción, lesiones leves
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALFARO, JULIO FRANCISCO. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-17

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que, al confirmar la de primera instancia condenó al encartado a quince años de prisión como coautor responsable de los delitos de violación agravada por el concurso de dos o más personas, reiterado dos hechos-, en concurso ideal con el de corrupción agravada, y ambos en concurso real con el de lesiones leves. Ello así, pues no habilita la vía intentada la impugnación que se formula con motivo del rechazo de la prueba ofrecida en la alzada toda vez que, además de tratarse de un tema procesal extraño a ella, el recurrente no demuestra la concreta influencia que el testimonio propuesto, acerca de las costumbres de las víctimas, hubiera tenido para variar la solución del caso, máxime ante el cúmulo de elementos valorados por los juzgadores respecto de la efectiva comisión de los hechos y su autoría.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, cuestión abstracta, ley penal más benigna
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVA DE RODRIGO, SUSANA s/ ENCUBRIMIENTO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 325-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-29

Si al momento de resolver el recurso de inconstitucionalidad, una norma posterior deroga el artículo del penal por el que fuera condenada la recurrente, la vigencia de esa norma, susceptible de tener decisiva incidencia en la situación de dicha persona, podría determinar que la resolución a dictar por este tribunal lo fuera sobre una cuestión abstracta. Pero como el aspecto vinculado a la aplicación de la ley penal más benigna, excede la competencia de esta Corte abierta al solo efecto de juzgar acerca del fallo en recurso, debe ser resuelta por el juez de la causa.
Acto administrativo, notificación, domicilio legal, domicilio constituido
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cabanillas, María Teresa c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Revocatoria  (Expte. CSJ Nro.  163-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-22

Debe rechazarse el planteo de la recurrente - quien postula, básicamente, la ineficacia de la notificación de la resolución efectuada en sede administrativa por haberse remitido la pieza postal respectiva a una dirección "donde a la fecha no se domiciliaban sus abogados patrocinantes, quienes tenían domicilio" en otro lugar-, por cuanto la notificación cuestionada se efectuó en el domicilio constituido por la actora en el trámite administrativo, subsistente en ese momento por no haberse constituido con anterioridad uno distinto (art. 3 inc. "b", decreto 518/43 de la Municipalidad de Rosario, norma concordante con el art. 4, decreto-acuerdo 10.204/58 y con el art. 38 del Código Procesal Civil y Comercial). En consecuencia, dicha comunicación resultó plenamente válida, no alterándose esa conclusión por la circunstancia de que, sin ofrecer prueba alguna, la recurrente alega que al momento de la diligencia sus letrados patrocinantes ya no se domiciliaban allí; ni por la falta de comunicación en el domicilio real, que no resultaba exigible en el caso frente a la subsistencia del domicilio constituido.
Actos ilícitos, relación de causalidad, consecuencias remotas, consecuencias inmediatas, consecuencias mediatas, accidente de tránsito, rechazo de la demanda
Materia: CIVIL
Carátula: K, I. J. c/ N., M. H. y Otros s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-05-03

"El C. Civil clasifica las consecuencias como inmediatas, que son las que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas; las mediatas, que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto y las causales, que son las que no pueden preverse. De conformidad a la relación lógica de los arts. 901, 903 y 906 (este último introducido por la reforma de la ley 17711), que establece la categoría de las consecuencias remotas, sólo responderán éstas cuando tengan con el hecho, la debida causación, y ella aparecerá, cuando pueda establecerse el principio de la previsibilidad que emana del art. 904, o sea la prudencia normal que una persona puede prever, usando diligencia, atención y conocimiento que es dable exigir de ella. De todo ello, se sigue que si el evento se produjo súbitamente, por imprudencia de la víctima; si la muerte no es una causa directa de dicho evento, sino que la muerte de la accidentada se produce imprevisiblemente, y que ninguna de las lesiones producto del accidente, pueden considerarse como causa de la muerte de la actora, la demanda debe rechazarse, ya que aunque el automotor hubiera estado en perfectas condiciones de circulación, aquel accidente no hubiera podido evitarse, por la actitud de la víctima, que cruzó fuera de la senda peatonal y con semáforo verde para el tránsito."
Honorarios del síndico del concurso, excepción de prescripción, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: JORGE L. SPADARO SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-22

Procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por la concursada en relación al cobro de los honorarios regulados a favor de la sindicatura. Dentro de la prescripción bienal que el cciv legisla en su art. 4032-1°, se incluye la de pagar a toda clase de empleados en la administración de justicia sus honorarios o derechos. Cuando se sancionó el código, el personal dependiente de la justicia -secretarios, oficiales de justicia, jueces- no era costeado por el Estado, sino por los litigantes. En la actualidad dichas funciones solo son retribuidas por aquél, lo que impone -al subsistir la disposición- que la norma se interprete de manera adecuada a la realidad, considerando como empleados de la administración de justicia a quienes prestan servicios auxiliares de manera permanente en el Poder Judicial (CNCiv, Sala E, 30.8.89, in re "Tena Delfin s/ sucesión"). El síndico -designado en autos para el cumplimiento de una función especifica- se trata de un funcionario del concurso extraño al cuadro estable del Poder Judicial de la Nación, por lo que corresponde, a los efectos de la pretensión de cobro de sus honorarios, la aplicación de la prescripción ordinaria de diez años (cciv: 4023).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, control de cambio, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arpemar  SAPC. e I.  y otros s/ infr. a la ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

El art. 1x, inc. f) de la ley 19.359 (t.o. decreto 1265/82) resulta contrario al principio de legalidad reconocido en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bin Elio Angel c/ Mutti Mario Oscar y otra s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-25

Todo lo que no es objeto de decisión del "a-quo" gana firmeza y constituye un ámbito que no alcanza la jurisdicción de Alzada conforme el aforismo "tantum devolutum apellatum". Los límites de la jurisdicción abierta están dados por la extensión de la expresión de agravios.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: Llinas Damián Darío s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-31

Está debidamente fundada la denegatoria de suspensión del juicio a prueba si -habiendo realizado un pormenorizado análisis de las circunstancias del caso- el a quo resolvió considerando que la oposición del fiscal en la audiencia del art. 293 CPPN, resultaba lógica y soportada en razones de política criminal, en tanto sostuvo que resultaba extraño que se hubiera considerado la opinión de la víctima exclusivamente para responsabilizarla del otorgamiento del instituto y que resultaban aplicables la Convención Belém do Pará y las leyes 26.485 y 24.417, refiriéndose a la problemática del vínculo entre imputado y víctima y destacando que era dudoso que pudiera concretarse la reparación económica, ya que el imputado convive con la damnificada. (Dres. Slokar, Ledesma y David).
Periodistas y empleados administrativos de empresas periodísticas, indemnización, integración del mes de despido
Materia: LABORAL
Carátula: PRADO, MARCELA ELIZABETH c/ ACTUALIZACIONES MEDICAS S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31

Si la relación laboral estuvo regida por la ley 12.908 no cabe hacer lugar al determinar la indemnización por despido, al cálculo del rubro "integración del mes de despido", puesto que el art. 43 del Estatuto aludido prevé un sistema de protección contra el despido arbitrario que no contempla el rubro en cuestión. De admitirse, se incurriría en una acumulación indebida de sistemas normativos.
Homologación judicial, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: EDIFICIO LA BELGA S.A. c/ LOPEZ, Mónica Patricia y otros s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

El proceso homologatorio sólo está encaminado a la verificación judicial de los requisitos necesarios de los convenios y a la comprobación de si existe violación de alguna norma de orden público, siendo inadmisible en dicho trámite la invocación de planteos merecedores de otro tipo de proceso, como es el caso de la nulidad fundada en una hipotética "presión moral" ejercida para la suscripción del acuerdo.-
Concursos, propuesta de acuerdo preventivo, liquidación y distribución, impugnación del acuerdo preventivo, grupo económico
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA GANGA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-09

La maniobra que la ley 19551, art. 59 (ley 24522, art. 50) sanciona es aquella dirigida a presionar el ánimo de los acreedores, quienes decidirán aceptar la propuesta antes que correr el riesgo de percibir en la liquidación por quiebra un importe menor, dado el aparentemente reducido valor del activo, no correspondiendo, en consecuencia, hacer lugar a la impugnación del acuerdo formulaba en base a ciertos actos realizados por la concursada -en el caso, venta de cierto activo, cierre de algunas sucursales, ingresos depositados en cuentas de diversos bancos cuyos titulares son personas individuales, existencia de un grupo económico, cuando tales hechos se encontraban denunciados y pudieron razonablemente ser conocidos por los acreedores, antes de prestar su conformidad con el acuerdo.
Bancos, caja de ahorro, seguro de vida, ahorrista, indemnización, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: QUERCIA  ROBERTO  JUAN AQUILES c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-14

Los herederos del padre del actor quedaron a merced de la desinformación respecto del cierre de la cuenta y sólo un caso fortuito -el hallazgo de un resumen de cuenta donde aparecía un débito automático en concepto de seguro de vida- permitió descubrir la verdad respecto del destino de los fondos depositados e indebidamente colocados en situación de "inmovilización" y respecto de la frustración culpable del seguro contratado por el cliente de la entidad bancaria. Todo ello muy a pesar de la entidad, que continuó obstaculizando el reconocimiento del derecho del actor, incluso en ocasión de la prueba producida en esta segunda instancia. En suma: la parte actora debió realizar una larga y paciente investigación para lograr el reconocimiento de su derecho, en una mortificante sucesión de vicisitudes que lleva casi diez años a partir del fallecimiento del cliente y asegurado. En los términos de los artículos 902 y 522 del Código Civil encuentro procedente el resarcimiento del daño moral, y propongo al Acuerdo elevarlo hasta alcanzar la suma de $ 10.000, tal como fue reclamado en el escrito de demanda. Monto que llevará intereses conforme a lo dispuesto en primera instancia, que no ha sido motivo de agravio.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Britez, Rubén Orlando y Otro - Expte. N° 53-STJ-2012 s/ Recurso Extraordinario por Arbitrariedad en Autos: "Expte. N° 5.246/2008 - Britez, Rubén Orlando y Otro/A c/ California S.A. y/o Q.R.R. s/ Laboral"
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-22

Es inadmisible el recurso extraordinario por arbitrariedad cuando lo que se pretende es que se efectúe un nuevo análisis, selección y valoración de los hechos, circunstancias y pruebas que fueron oportunamente ventiladas en la causa, salvo que exista eficaz denuncia y se demuestre absurdo.
Agentes auxiliares del comercio, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, dependientes, actos ilícitos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FIRPO, LUIS c/ ROUTIER AUTOMOTORES SA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-24

Son requisitos para que exista la responsabilidad refleja genérica por los daños causados por el dependiente: 1) que haya relación de dependencia, 2) que medie un acto ilícito obrado por el dependiente, 3) que el acto haya sido efectuado en el ejercicio o con motivo de la incumbencia, 4) que haya provocado un daño a un tercero, 5) que haya relación de causalidad eficiente entre el acto del dependiente y el daño ocasionado a aquel. Mientras el dependiente haya obrado dentro del campo de sus funciones específicas, el principal responde, aunque aquel se haya apartado de las instrucciones recibidas, o hubiese desobedecido las mismas o hubiese abusado de la función, siendo inexcusable la responsabilidad que le corresponde al principal por los actos dañosos de sus dependientes. Existe acto ilícito cometido por el dependiente, con motivo de la función, cuando hay relación de medio afín entre aquella y el daño, es decir, si el desempeño del cometido es lo que ha constituido el antecedente necesario o condición del perjuicio, de tal manera que si no hubiese habido ese preciso encargo subordinado, no habría habido tampoco daño. En dicho supuesto no hay propiamente ejercicio de la función, porque esta no comprende la comisión de delitos penales; pero si la incumbencia del subordinado es la causa o razón del daño que sobrevino, la función se identifica con el motivo de ese resultado dañoso, siendo el principal, responsable del perjuicio motivado por la función que el delegó en su subordinado, por mucho que se haya extralimitado en las instrucciones recibidas. La responsabilidad del principal reputado civilmente responsable por el acto dañoso de su subordinado, es inexcusable.
Defensa del consumidor, garantías procesales, pacto comisorio, simplificación normativa, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Arena, Víctor Gabriel  c/ Zabala, Enrique Adolfo y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

El mecanismo que establece el tercer inciso del art. 10 bis de la ley tutelar conlleva una simplificación del pacto comisorio implícito cuando se genera un incumplimiento contractual en el marco de una relación de consumo y de ese modo le evita al consumidor la previa intimación para cumplir con lo pactado en un plazo no inferior a quince días según la regla general del CCCN 1088-c), (CNCom, Sala E in re "Vallejos Walberto Gastón C/ Car-One SA y otro", del 06/10/21).

Sin embargo, el consumidor no queda relevado de justificar el derecho resolutorio que pretende concretar, que básicamente se traduce en la necesidad de acreditar de modo fehaciente el incumplimiento por parte del empresario y la discordancia funcional entre lo ofrecido y lo efectivamente entregado.

La sola denuncia de incumplimiento efectuada de manera unilateral por el consumidor no es suficiente para habilitar el ejercicio de las prorrogativas de la LDC 10 bis. En tanto, el contrato de consumo, como toda relación jurídica, debe celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe (CCCN 9 y 961).
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Abati, Leila Angelina c/ Jiménez, Matilde Elvecia y otros s/ Reivindicación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-08-21

Incurre en absurdo el fallo que omitió una ponderación holística de la totalidad de los elementos de convicción arrimados al proceso, soslayando realizar un análisis integral, preciso y conducente de los mismos. Es que la valoración de las probanzas realizada de manera conjunta o integral, relacionando distintos elementos de juicio, constituye un método de razonamiento que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo.(Doctor Pettigiani, sin disidencia)
Entrega del certificado de trabajo, falta de contestación de la demanda, prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Lujan Jesica Beatriz  c/ Industria Nacional Naves Argentina S.A. y Otros  s/ Cobro de pesos y entrega de Certificación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-14

La incontestación de la demanda en un juicio de estructura sumaria, en donde la propia incomparecencia imposibilita ofrecer prueba de descargo, acarrea el deber de meritar la conducta omisiva del accionado como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos invocados en el escrito promocional, y de la autenticidad de los documentos acompañados. Esto significa que, conforme lo normado por el art. 342 inc. 1ro. de la ley 4870, la incontestación de la demanda coloca al magistrado frente a hechos provisoriamente ciertos que no necesitan, para ser tenidos como verificados en la sentencia, de mayor exigencia probatoria de parte del justiciable beneficiado por tal presunción; y esto así siempre y cuando ésta no resulte desvirtuada por prueba en contrario. Y como en el trámite del proceso de estructura sumaria la oportunidad de ofrecer prueba precluye en forma simultánea con el vencimiento del plazo para responder el libelo promocional, deviene difícil desvirtuar la presunción juris tantum analizada, salvo que la contradicción provenga de la propia prueba ofrecida por el accionante (Voto Romero. Adhesión Stettler)