Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, partes del proceso, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: MICROSOFT CORPORATION c/ SUPERMAT S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-13

Las medidas previstas en los arts. 326 y 327 del Código Procesal tienden a recoger pruebas útiles para un proceso futuro o en trámite.

En consecuencia, su finalidad, aunque de naturaleza cautelar, no es la de asegurar el cumplimiento futuro de la sentencia, sino posibilitar la solución, conservando pruebas cuando se acredite "prima facie" que la parte que la propone está expuesta a perderlas o que éstas resultarán de imposible o dificultosa producción en el período pertinente (C.N.Civ., Sala A en L.L. 1994-D, 194 - DJ, 1995-2-803, SJ. 808), criterio que debe servir de guía al tiempo de su adopción.

Ahora bien, tales diligencias no constituyen una categoría jurídico procesal de naturaleza autónoma; por el contrario, son sólo un modo excepcional de producir la probanza en cuestión, entablado o no el juicio, y de acuerdo con la urgencia para su despacho (CNFed. Civ. y Com. Sala III en L.L. 1985-D, 200).

En esa orientación, se decidió que la naturaleza de las pruebas de producción anticipada es de carácter conservatorio, realizándose las mismas antes de su oportunidad legal, justificando ello porque de diligenciarse en su momento, se correría el riesgo que pierdan efectividad con el transcurso del tiempo o se alterase artificiosamente la situación de hecho o de las cosas, de manera que el juez no pueda tenerlas presentes en el momento de dictar sentencia (CCiv.yCom. Quilmes, Sala I, en L.L.B.A., 1996-428).

Y el art. 327 del Código Procesal de la Provincia establece que se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el Defensor Oficial, de modo que es claro el entendimiento del legislador que en la materia se debe asegurar el derecho de defensa en juicio, lo que importa la posibilidad de la existencia de control judicial suficiente.

Ello sentado, es dable reparar que en lo específico de la materia a decidir hay criterios contrapuestos, tanto en la jurisprudencia nacional como en la de la Provincia, pues se entiende que se enfrentan dos derechos constitucionales de intensa protección en nuestro ordenamiento jurídico-político: el de propiedad -latu sensu, incluyendo la propiedad intelectual, artículo 17 de la Carta Magna Federal - y el de inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados y correspondencia epistolar de las personas -artículo 18 de la Constitución Nacional-.

Ante ello, resulta procedente la pauta hermenéutica reiteradamente aplicada en el sentido de que la Constitución debe ser analizada como conjunto armónico, dentro del cual cada una de las disposiciones ha de ser interpretada de acuerdo con el contenido de las demás.

Asimismo, cuando se trata de precisar el contenido de los derechos fundamentales, adquiere preeminencia el Poder Judicial a cuyos integrantes corresponde desempeñar una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de un estado de derecho: la función jurisdiccional. Y en pos de ese objetivo medular de nuestro sistema de gobierno, se habilita a los jueces la facultad de allanar el domicilio, pues lo que debe tenerse prioritariamente en cuenta es que todos los derechos civiles son relativos.