marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, falta de fundamentación, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: L., M. R. s/ Abuso deshonesto s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-01

En este orden de ideas, en su Se. 24/03, este Cuerpo sostuvo que "... ingresando al estudio del planteo recursivo articulado por los profesionales antes citados, se observa la falta de fundamentación del recurso y/o la insuficiencia en la argumentación recursiva orientada a criticar los fundamentos aportados por el Tribunal de grado al dictar sentencia.

En efecto, de la lectura del recurso de casación deducido a fs. se advierte, con respecto a la invocada violación y/o errónea aplicación de la ley - en la especie -, del art. 11 de la Ley de Aranceles de Abogados Nro. 2212, que no basta la simple y superficial alusión de normas jurídicas, si no están acompañadas de una demostración del error o violación, observándose en el caso, la ausencia de un desarrollo argumental tendiente a demostrar la concreta violación y/o la errónea aplicación de la norma citada."
Juicio ejecutivo, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires c/ Deluzza, Runco s/ apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-10

Al juicio ejecutivo por la vía de apremio ( ley 9122 ) les es aplicable el plazo de tres meses previsto por el inc. 3ro. del art. 310 del Cód. Proc. , pues entre éste y el proceso sumario, existe más afinidad que con el proceso ordinario, no resultando un razonamiento lógico, pretender un plazo de caducidad superior al asignado al proceso sumario, para un proceso de menguado marco cognoscitivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, Salud pública, Provincia de Buenos Aires, constitucionalidad, leyes, modificación de la reglamentación, actividad industrial, derechos adquiridos, clausura del establecimiento, legítimo ejercicio de un derecho
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Santiago, José y Gerónimo Podestá; Guillermo Bertram, Guillermo Anderson, Casimiro Ferrer, Gerónimo Rocca, Constant Santa María, Juan Smith, y Gerónimo Soler s/ Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1887-05-14

No cabe hacer lugar a las acción de daños y perjuicios deducida contra la Provincia de Buenos Aires por un grupo de saladeristas que desarrollan sus faenas en el Riachuelo de Barracas e impugnan la constitucionalidad de la ley del seis de setiembre de 1871 y diversas disposiciones administrativas que regulan dicha actividad, pues las normas no acuerdan derechos irrevocables sino que reglamentan la actividad prescribiendo las condiciones higiénicas a que debe sujetarse pudiendo incluso, suspender su ejercicio cuando la salud pública lo torne necesario.
Acción de inconstitucionalidad, acción de amparo, acción meramente declarativa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ravaglia y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-06

Es admisible el ejercicio de acciones directas de inconstitucionalidad como medio idóneo - ya sea bajo la forma del amparo, la acción de mera certeza o el juicio sumario en materia constitucional - para prevenir o impedir las lesiones de derechos de base constitucional.
Falta de contestación de la demanda, acciones posesorias, declaración de rebeldía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Infantino, Mauro (sus sucesores) c/ Asociación Deportiva de Berazategui y otros s/ Acción posesoria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

La falta de contestación de la demanda -mediando o no declaración de rebeldía- puede ser estimada como un reconocimiento de la verdad de los hechos lícitos y pertinentes expuestos en la demanda (conf. doctr. art. 354 inc. 1, CPCC). De ello se infiere que el juez no se encuentra obligado a aceptar o considerar automáticamente esa verdad.(doctora Kogan, sin disidencia)
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa in vigilando, cosa riesgosa, escape de gas, explosiones
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VAZQUEZ DE RAMADORI, MARIA ESTHER c/ GAS DEL ESTADO Y OTRO s/ RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO Y OTROS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

La responsabilidad de Gas del Estado, por los daños producidos como consecuencia de una explosión, es evidente y le compete como dueña de una cosa riesgosa en alto grado (gas), con cuya explotación económica se beneficia, debiendo ejercer vigilancia y control para que su suministro se preste en forma de no dañar a terceros (art. 1113, Código Civil). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Proceso penal, recurso extraordinario federal, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Reyes, Enzo Rubén y otro s/ Recurso Extraodinario deducido por el Dr. Víctor García en Expte. Corte Nº 09/10 - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Nº 219/08 - Reyes, Enzo Rubén y otro - Homicidio Calificado - Criminis Causa, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-04-04

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado a sufrir la pena de prisión perpetua, como coautor del delito de homicidio calificado criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

En contra de esa resolución, el defensor del imputado, había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

Los argumentos desarrollados por el recurrente se dirigen contra el modo de la valoración efectuada en autos de la prueba de indicios; las conclusiones del fallo relativas a la personalidad del imputado y a la motivación que lo habrían determinado a delinquir; y que invoca la doctrina de la arbitrariedad (Corte Suprema, Fallos: 302:1191), por omisiones o desaciertos de gravedad extrema que descalifican la sentencia como acto judicial.

Del estudio de la crítica efectuada resulta, en principio, que no es idónea a los fines procurados, en tanto no propone cuestión federal suficiente que requiera de la interpretación de cláusula constitucional alguna.

Es que el planteo remite a consideraciones de hecho y de prueba ajenas a la instancia extraordinaria, sin que demuestre ni alegue el recurrente la contradicción del mérito efectuado con norma constitucional o legal alguna, o con las reglas del entendimiento; ni la entidad y relevancia de los vicios acusados por su vinculación esencial con lo decidido y su idoneidad para hacer variar lo resuelto, como tampoco los graves desaciertos atribuidos al fallo, con lo que no demuestra que sea de aplicación al caso la doctrina invocada sobre la arbitrariedad de la sentencia; y, con tal déficit, no justifica la revisión que de la Corte pretende.
Concursos, prueba, verificación de créditos, causa de las obligaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calderone Rubén F. s/ Quiebra - Incid. Verificación de Créditos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

La única alternativa que tiene a su disposición aquél que se dice acreedor del concursado para ser reconocida tal calidad es la de probar debidamente la misma y mediante pruebas adecuadas. Si bien la revisión -diferenciable de la mera "rectificación"- que importa la discusión general de la cuenta entera, no sólo en sus aspectos numéricos sino también en el fundamento de las operaciones que la constituyen, es extremo no habilitado por la ley mercantil en el marco de las relaciones entre los cuentacorrentistas (art.790 Código de Comercio) ello no acontece en el marco del universo concursal, donde siendo necesario dar razón de la causa se vuelve menester proceder a la demostración del fundamento sustantivo y último (el negocio jurídico subyacente a los asientos a las distintas partidas de la cuenta) del crédito que se invoca.
Transporte aéreo, tarifa de transporte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Malaysian  Airline System Berhad c/ Dir.Nac.de Migraciones -Disp.7029/00 (Expte. 200.112-0/98)". s/ sancion. multa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-27

La finalidad de la fijación de la tarifa I.A.T.A., como la misma entidad lo informa, lo es al solo fin indicativo exclusivamente para el caso específico de ser necesario realizar un prorrateo de la tarifa punto a punto en los viajes en que intervienen dos o m s líneas aéreas o en los casos en que no existe acuerdo especial entre las mismas, pero de ninguna manera se establece como un modo de imposición de una tarifa o un valor de pasaje obligatorio para las empresas aéreas. Adviértase que la libertad en la fijación de las tarifas por parte de las compañías haría de gran complejidad la distribución del costo entre las compañías cuando se realizan viajes por diferentes compañías. (Del voto en disidencia del Dr. Galli).
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, contribuciones patronales, mora
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, JORGE DANIEL. c/ CARRIZO, JOSE LUIS Y/U OTROS. s/ DIFERENCIA DE JORNALES, ETC. - CASACION LABORAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-15

El artículo 17 de la ley 22.250, establece que el trabajador dispondrá del fondo de desempleo al cesar la relación laboral, y que producida la cesación, el empleador deberá hacerle entrega de la libreta de aportes con la acreditación de los correspondientes depósitos, es decir que "deben constar en la libreta los sucesivos aportes depositados por el empleador en cumplimiento de la obligación que le imponen los arts.15, párrafo 1 y 16".

Claro está la procedencia de la indemnización en aquellos supuestos donde la obligación se incumplió de modo total, esto es, cuando no se entregó la libreta y/o cuando no se efectuaron los respectivos aportes.

Ahora bien, qué sucede cuando estamos ante un cumplimiento defectuoso, es decir cuando se entrega la libreta sin aportes o con aportes insuficientes? Tanto doctrina cuanto jurisprudencia coinciden en que resulta aplicable en función de lo prescripto por los arts. 35 de la ley 22.250 y 2 de la LCT, lo dispuesto por el art. 260 de la LCT, por superar sin escollo alguno el juicio previo de compatibilidad jurídica y fáctica del régimen específico y de la actividad que regula.

En consecuencia, el pago insuficiente de las obligaciones -tal como lo establece la citada norma laboral- será considerado como entrega a cuenta de lo adeudado, aun cuando se lo reciba sin reservas.
Prescripción, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cálix S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-11

El art. 4023 del Código Civil establece que toda acción personal por deuda exigible prescribe por diez años, salvo disposición especial (texto según ley 17.711, corregido por la ley 17.940). Este artículo comprende las acciones por cumplimiento o incumplimiento de un contrato (doctor PETTIGIANI, sin disidencia).
Competencia, accidente ferroviario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ BERNARDINO ANTONIO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-17

Resulta competente la justicia federal en lo civil y comercial en las demandas fundadas en la responsabilidad extracontractual derivadas de accidentes ferroviarios. (S1,1981,170683)
Ministerio Público Fiscal, facultades del fiscal, recurso de queja (procesal), efecto suspensivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-30

Si bien el efecto suspensivo del recurso de quejas tiene naturaleza excepcional y debe ser aplicado con carácter restrictivo, en el caso aparecen discutidas potestades, que, en principio, tiene a su cargo el Ministerio Público Fiscal; potestades cuyo eventual desconocimiento, prima facie denunciado, podría ameritar una decisión favorable al interés representado por la recurrente. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la consideración de extremos conducentes, rescisión del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cherr-Hasso, Waldemar Peter y otro c/ The Seven Up. Co. y otros s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Es arbitraria la sentencia que hizo lugar a la rescisión del contrato de licencia para la fabricación, embotellamiento y distribución de una bebida, si omitió pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas, prescindiendo del estudio de la excepción de incumplimiento contractual, ya que la falta de decisión afecta de manera sustancial el derecho del apelante, pues era susceptible de gravitar en el resultado del litigio, máxime cuando el tribunal ha prescindido, sin fundamento, de la consideración de argumentos conducentes para la solución del caso.
Acción de amparo, prueba insuficiente
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E., E. R. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. s/ Acción de Amparo Aires. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-13

El amparista no acredita el acto lesivo fundamento de su acción, toda vez que "prima facie" de la documental que acompaña a dichos efectos no surgen la materialización de los hechos que denuncia, lo cual constituye un vallado insuperable a las pretensiones del amparista.
Debido proceso, defensa en juicio, recursos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos, jurisprudencia internacional
Materia: PROCESAL
Carátula: M., D. C. s/ Abuso sexual s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-18

En el caso "BAENA", la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que "... en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso" (sentencia del 02-02-01, párrafos 126 y 127). Así, resulta claro que "...cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal" (ídem, párrafo 124). Los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas.
Recurso de casación, Derecho contravencional y de faltas
Materia: PENAL
Carátula: Arrua, Ariel y otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-20

Resulta improcedente el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías dictada en consecuencia de la ley 8031, dado que ésta instrumenta un juicio con reglas propias según las cuales la sentencia del Juez de Faltas es recurrible en relación ante la Cámara de Apelaciones, remitiendo para su trámite a las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento penal según ley 3589 contenidas en el capítulo III del libro IV.
Domicilio procesal, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lufti, Nicolas c/ Figueroa M. del Carmen s/ Incidente de nulidad en Figueroa c/ Carril s/ Cumplimiento de  contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

El domicilio legal constituido oportunamente en el expediente, subsistirá para todos los efectos legales, sin perjuicio que en el encabezamiento de un escrito presentado posteriormente por la misma parte se haga mención del cambio de domicilio y la contraria se haya anoticiado espontáneamente del contenido de dicho escrito. Ello es así porque lo que se notifica en un juicio son resoluciones o providencias simples emanadas del Organo Jurisdiccional y no escritos, por lo que no se puede hablar, entonces, de notificación tácita.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Echavarría, José María c/ Forja San Martin S.A.I.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-26

El absurdo es lo que escapa a las leyes lógicas formales y las transgrede, o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser, por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio, y no resulta de la existencia de eventuales errores sino de proposiciones distintas que se excluyen entre sí recíprocamente.
Beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, fallos del Superior Tribunal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CAMPOLONGO, ADOLFO EMILIO c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-25

El deterioro adquisitivo ocurrido a partir del año 2002 a raíz del cataclismo económico que depreció al poder adquisitivo de los haberes previsionales a partir del año referido (cfr. C.S.J.N., "Badaro, Adolfo Valentín", sent. del 08.08.06, Consid. 9º), ha sucedido sin que para su admisión se necesite prueba que lo corrobore. Sumado ello a la clara directiva hermenéutica constitucional que sienta el Alto Tribunal en "Sánchez, María del Carmen" (sents. del 17.05.05 y 28.07.05), la manda de la movilidad con motivo de la naturaleza sustitutiva de las prestaciones jubilatorias, propias de regímenes contributivos que reviste y para que ello sea eficaz, impone al Estado el deber de resguardar un equilibrio razonable de los ingresos de pasividad con los salarios de actividad (art. 14 bis C.N.), que llevó a consideraren distintos pronunciamientos que correspondía fijar un parámetro de movilidad a partir del año 2002, quedando al Congreso de Nación fijar la cuantía del mismo. De allí que se propició que las variables de ajuste que se determinen para la movilidad posterior al año 2003, conforme lo señalado por el Alto Tribunal en el referido caso "Badaro", debían contemplar el reconocimiento del retroactivo de los incrementos habidos desde ese año. Sin embargo, la ley 26.198 sólo prevé un incremento a partir del año 2007, y fija un haber previsional mínimo (arts. 45 y 46). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción, actuaciones administrativas, suspensión de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Ana c/ Servicio Penitenciario Federal s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

En los supuestos de accidente, el cómputo del plazo bianual prescriptivo establecido por el art. 44 de la LRT que corresponde a la acción por el resarcimiento del daño que pudiera haber originado el infortunio comienza: a) con el alta médica otorgada antes de que transcurriera el año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al cumplirse el año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la incapacidad temporaria, si durante el transcurso de ese año no se hubiera otorgado el alta médica definitiva. En este caso, al tratarse de una dependiente del Servicio Penitenciario Federal, las actuaciones administrativas generadas en el ámbito de la propia institución demandada, en las cuales ésta reconoció que la actora padecía un 76% de incapacidad, afectan el curso de la prescripción pues es razonable que la trabajadora aguarde una respuesta cabal de su empleadora que, como organismo público tramita en un marco sumarial lo concerniente a la viabilidad del reclamo. En tal sentido dicho reclamo debe considerarse encuadrado en el supuesto previsto por el art. 3986 2° párrafo del C. Civil, pues constituye un acto de constitución en mora del deudor -respecto de la obligación indemnizatoria cuyo reconocimiento se pretende en la causa- que suspende el curso de la prescripción, por una sola vez, durante un año.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

Debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad planteado, si no obstante los argumentos vertidos por el a quo, el Tribunal anterior en grado -partiendo de una inadmisible interpretación de normas de derecho común y procesal aplicables- ha arribado a una solución que, en razón de ser contraria a los principios superiores del orden jurídico no puede aceptarse como derivación razonada del derecho vigente, lo cual determina -a su vez- que la sentencia impugnada no reúna las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia (artículo 1, inciso 3, de la ley 7055; artículo 95 de la Carta Magna provincial), pues, precisamente las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción son las que concretan, en la sentencia, la exigencia de que ésta sea el resultado de la aplicación razonada del derecho vigente a los hechos de la causa.

(Del Voto del Dr. Vigo)
Títulos ejecutivos, títulos de crédito, pagaré, alteración del título, enmiendas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Rómulo Félix c/ Catán, María Cristina s/ Ejecutivo Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-04-05

El documento traído a la causa, a los efectos de la ejecución, fue enmendado sin que se hubiera salvado; y, al efecto, hay que tener presente que la letra de cambio -a la que está asimilado el pagaré- es un instrumento rigurosamente formal, para asegurar la fe que debe merecer para su rápida circulación.

Si bien todas sus inscripciones no son esenciales y la ley admite que sean suplidas o completadas por el tomador, no ocurre así con las alteraciones no salvadas, para las que debe regir la sanción del art. 211 del Código de Comercio. Lo exigen los fundamentos mismos del derecho comercial, para los que la seguridad y rapidez de la circulación son objetivos especiales y el rigor de las formas un medio para lograrlo.

Que, aplicando los conceptos referidos al caso en análisis, cabe concluir que la enmienda efectuada (tachadura) en el documento base de la ejecución, sin haberse procedido conforme lo dispuesto por el art. 211 del citado código, priva al pagaré de su fuerza ejecutiva; en consecuencia, opino que la excepción opuesta por el ejecutado deviene procedente, debiendo revocarse el resolutorio de la baja instancia en lo pertinente. Disidencia de la Dra. Colman.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ORONA, PEDRO RUPERTO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-13

Para habilitar la ponderación de la violación a las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, es necesario que se demuestre una efectiva privación al interesado de la oportunidad de ser oído en el proceso o de hacer valer sus derechos.