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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, mala praxis, responsabilidad médica, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad indirecta
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: F., B. L. Y M., R.H. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO CULPOSO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 165 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-08

Aun cuando no haya recaído responsabilidad alguna en los subordinados codemandados (obstetras que atendieron a la parturienta), no resulta irrazonable la condena al Estado provincial si se fundamenta en el accionar de otros dependientes de aquél, principalmente en los actos de los médicos de guardia y de las conductas de otros profesionales que coadyuvaron en el resultado. Trátase de una obligación concurrente o distinta donde la víctima puede demandar al sujeto responsable indirecto, sin necesidad de traer a juicio al autor directo. En el caso, la Cámara no solamente encuadró la causa como un supuesto de responsabilidad indirecta o refleja del Estado por la actividad de sus dependientes sino que su discurso se emplazó en la idea de una responsabilidad extracontractual directa del Estado, objetiva asentada en la concepción de una falta de servicio. Esta noción ha sido puesta de manifiesto por los Jueces de la causa cuando dedican un capítulo bien definido a la estructura y organización del servicio de maternidad. La descalificación al método de guardia pasiva, la atención por turnos constituida por obstetras inexpertos para cualquier tipo de urgencia o situación, la ausencia de todo control del responsable de la guardia, la carencia de respiradores artificiales, de ambulancias para disponer urgentes traslados, las demoras producidas en la cobertura de parte de los anestesistas, la imposibilidad de utilización de antiguos aparatos, entre otras temas, son conceptos que mancomunadamente explican la conclusión arribada por los Juzgadores: una pésima y desacertada prestación.
Policía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Novelli, J. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16

Habiendo formulado su reclamo el interesado bajo la vigencia de la ley 8400 y expedido en el procedimiento sustanciado las comisiones competentes, la derogación posterior de la norma no puede obstaculizar el derecho del agente a obtener la reincorporación. La autoridad administrativa debió decidir en el marco legal a cuyo amparo se inició y sustanció el procedimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, incongruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardinale, Raúl Rubén c/ Larrañaga, Agustín Domingo y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ Nº 120-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-10-13

El pronunciamiento es autocontradictorio -en tanto cita jurisprudencia opuesta a la solución que adopta- cuando existe una irreductible oposición conceptual que torne ininteligible el fallo a punto tal de descalificarlo como acto jurisdiccional.
Daños y perjuicios, daño moral, carácter resarcitorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FERRE, CARLOS c/ CREDILOGROS COMPAÑIA FINANCIERA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-30

La magnitud de la reparación del daño moral no depende de la calidad del accionado; pues, atento el carácter resarcitorio de ese rubro, el análisis no debe centrarse en la persona que obro de manera antijurídica sino en la víctima, a fin de evaluar las consecuencias que sobre su ánimo produjo el hecho ilícito.
Incapacidad sobreviniente, principio de congruencia, fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alegre, Dora Amanda c/ La Nueva Perla S.R.L. y Otros s/ Daños y perjuicios autom. c/les. o muerte (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

En cuanto al rubro incapacidad sobreviniente -aspecto sobre el que la accionante se queja-, el a quo explicó las razones que llevaron a considerar y valorar el porcentaje de incapacidad, de acuerdo a lo informado por el perito médico interviniente, le quedara a la accionante, por lo que no existe violación de principio de congruencia alguno -art. 163 inc. 6° del C.P.C. y C.-, dado que no ha sentenciado en base a hechos no alegados ni probados, no se trata de una interpretación absurda, en consecuencia, el recurso intentado carece de suficiencia para modificar lo decidido.
Jueces, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BUSTOS, JULIO O. c/ SERVICIOS ESPECIALES SAN ANTONIO SA. s/ ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-14

Una cosa es que el Juez diga que una ley no debe aplicarse por ser inconstitucional su contenido o irregular el trámite de sanción y otra que el órgano jurisdiccional sostenga en su pronunciamiento que un trámite legislativo se convirtió en ley, y rige como tal pese a la oposición del órgano encargado de su promulgación. El Poder Judicial pasaría a integrar en ese supuesto el acuerdo que en principio -salvo insistencia- se necesita entre los otros poderes para el dictado de la ley, contradiciendo la voluntad de uno de ellos y asumiendo en el caso una facultad que la Constitución no le otorga. El ejercicio del control de constitucionalidad reservado al Poder Judicial no llega a tanto.-
Daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, Alcira de Jesús c/ REYES, Miguel O. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

No procede aplicar con excesivo rigor el principio de que el desmedro por lucro cesante debe ser acreditado fehacientemente, cuando existen circunstancias de hecho que revelen la suficiente probabilidad objetiva del detrimento.
Violación de inhabilitación, Internet, locutorio, habilitación del establecimiento
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: LIN, Meirong s/ Infr. Art. 74 ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-28

En el caso, se le acusa a la imputada de excederse en los límites de la licencia del local que se encuentra habilitado como comercio minorista y como locutorio, excluidos los juegos en red, de habilidad y destreza, tal como se desprende de la copia de la Plancheta de Habilitación, configurado por el hecho de que tendría juegos en red.

La Ley Nro. 449 en su Anexo I, art. 1.2.1.1 define al locutorio como "...un local donde se efectúan llamadas telefónicas urbanas, interurbanas, internacionales, servicios de telex, fax y servicio de red integradas." Analizando dicha definición el término "servicio de red integradas" se debe interpretar como la posibilidad de instalar computadoras con ingreso a internet, con lo cual se infiere que eventualmente se puede acceder a los juegos en crisis.

Frente a ello, el poseer una computadora con ingreso a internet, permite acceder a juegos en red por parte de los usuarios de los servicios de un locutorio, y esta actividad escapa al control del titular del locutorio, pues es privativa de cada uno de los usuarios.

Sentado ello, cabe distinguir dos situaciones fácticas diversas: una referida a un local habilitado como locutorio con acceso a internet y por lo tanto acceso a juegos de red, lo que se encuentra normativamente permitido en función de lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional; y otra al local habilitado como locutorio en el que se prohíbe desarrollar juegos en red por medio de una placa de red interna, instalada en cada computadora.

En este sentido, la Dirección de Habilitaciones y Permisos lo que prohíbe es la instalación de un sistema cerrado mediante una placa de red interna que permita el desarrollo de juegos de red, habilidad y destreza.

De allí entonces, sobre la base del material probatorio recolectado en autos - inexistencia de prueba pericial que acredite la presencia de placas en cada computadora-, no es posible sostener un exceso en la actividad ejercida, cuando en rigor de verdad lo único que se comprobó es el funcionamiento de un comercio de internet, conducta que resulta atípica en el caso concreto.
Proceso penal, Ley de Defensa de la Democracia, Código Procesal Penal de la Nación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gorriarán Merlo, Enrique s/ recusación - Causa N° 1141 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

La derogación del Código de Procedimientos en Materia Penal - ley 2372 - al haberse sancionado el actual Código Procesal Penal - art. 538 de la ley 23.984 - también sustituyó el régimen procesal que subsidiariamente debe aplicarse a los casos comprendidos en la ley 23.077 (arts. 24, 26, 32 e, implícitamente, arts. 40, 65 y 74) (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A., A. R. s/ Recurso Ley 9671. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-29

La carga de la prueba debe determinarse de conformidad con la posición que cada una de las partes asume en el curso del proceso;

vale decir que la carga de la prueba incumbe al litigante que quiera modificar el estado normal de las cosas o posición adquirida por el adversario. O dicho de otra manera, la prueba recae sobre quien pretende innovar en la posición del adversario, invocando hechos o actos extintivos, modificativos, o impeditivos (art. 375 del C. P.

C.; art. 7 del Dec. Ley 9398/79).-
Declaración de inconstitucionalidad, tasas, proporcionalidad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL - TRIBUTARIO
Carátula: Lipsia S.A c/ Municipalidad de Puerto Esperanza s/ Declaración de Inconstitucionalidad (ordenanza 01/92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-08-20

En cuanto al concepto de proporcionalidad, no es suficiente interpretar como una pauta de equivalencia de prestaciones - en lo que hace al derecho de propiedad - , y por eso, utilizando un criterio eminentemente jurídico, se ha dicho que la proporcionalidad apunta a la riqueza, al capital y a la capacidad contributiva de la población en tanto y en cuanto un gravámen atiende también a manifestaciones concretas de riqueza.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Sara Amelia c/ López, Susana Graciela s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

La violación de las disposiciones referidas al tránsito, no importa aceptar la culpa del infractor, tema éste reservado a la ley de fondo (arts.1109, 1113 y cc., C.Civil).
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Valderrama, Rubén Oscar c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-01

El contratista no puede interrumpir unilateralmente los trabajos o abandonar las obras y si requiere la rescisión y le resulta negada debe demandar judicialmente por ella.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, falta de legitimación para obrar, adquisición del dominio, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: GIMENEZ ALFREDO c/ VIDELA PEDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-20

Quien no ha probado que ha adquirido el rodado origen del juicio por cualquier título carece de legitimación para accionar por pérdida del valor venal del automotor resultante de un accidente de tránsito.
Obligación alimentaria entre parientes, orden de prelación, abuelos, alimentante de escasos recursos, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: M., E. c/ D.G., J. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

1- El orden legal de los parientes obligados al pago de alimentos es sucesivo o subsidiario, y no simultáneo; por ello la obligación alimentaria de los abuelos con respecto a los nietos tiene esa condición y se debe justificar la insuficiencia de recursos, o bien la imposibilidad de suministrarlos, para poder reclamarlos.- 2- Si la abuela oportunamente asumió voluntariamente la carga de prestar alimentos a sus nietos en los términos del art. 367 del Código Civil, cuando originariamente se promoviera la acción de alimentos seguida contra el padre de los menores, tal circunstancia no importa entender que frente a futuras incidencias (en el caso un pedido de aumento de cuota alimentaria), aquélla como obligada subsidiaria resulte indefectiblemente demandada como obligada principal.-
Supervisión de cumplimiento de sentencia, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, sentencia de la Corte Interamericana, Pacto de San José de Costa Rica, pacta sunt servanda, principios del derecho internacional de los derechos humanos, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-03-14

Representa una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte Interamericana, la supervisión del cumplimiento de sus sentencias, las que conforme lo exige la Convención Americana, deben ser prontamente cumplidas por el Estado, en forma íntegra y asegurando la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal, obligaciones internacionales que no pueden ser incumplidas oponiendo razones de orden interno, conforme lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, recursos, elevación en apelación, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: CORNEJO, ALBERTO LUIS c/ EMPRESA PIEVE S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-05

Toda vez que el planteo recursivo se encuentre dirigido a cuestionar el pago de la multa del 50% establecida por el art. 2 de la Ley 24323, al estimar que el actor se vio obligado a litigar para obtener el pago de lo reclamado; de inicio equivoca el recurrente su planteo, porque conforme los propios términos del art. 2 de la ley citada, surge sin dubitación posible que sólo se refiere a la intimación de los rubros indemnizatorios y no a todo otro rubro reclamado como pretende extenderlo el apelante, de modo que la ejemplificación hecha por el quejoso y la jurisprudencia transcripta, de modo alguno se compadece con la situación de la causa.- La Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha sostenido insistentemente que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia apelativa, la disconformidad por sí sola, requiriéndose un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo, debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiesen contener.

En tal sentido y siguiendo numerosa doctrina y jurisprudencia en torno al tema, dijimos que, la expresión de agravios es el acto mediante el cual el recurrente debe refutar total o parcialmente las conclusiones de la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas y que no constituye expresión de agravio idónea aquella que no precisa y explicita el yerro o el desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre la prueba y el derecho aplicado.

Por otra parte no constituye una critica concreta del fallo, las meras discrepancias genéricas con el mismo o la simple manifestación de disconformidad con la sentencia, por considerarla injusta o las discrepancias con la interpretación dada por el juzgador sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista.
Falsificación de instrumento público, partida de nacimiento, figura calificada, interpretación de la ley, instrumentos públicos
Materia: PENAL
Carátula: M., E.I. s/ procesamiento-Causa 15.926
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

El tercer párrafo del art. 292, agregado por la ley 21.766 y sustituido por la ley 24.410, al mencionar expresamente, el certificado de nacimiento, no implica que se lo eleva a una categoría -documento público- de la que no gozaba con anterioridad a dichas leyes, sino que apunta a incluirlo en la figura agravada (prevista por la ley 20.642) del tipo penal mencionado - al que remite el art. 293 que eleva la pena cuando "el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas". O sea, a incluírla en una categoría especial de documentos públicos. Tal conclusión se extrae de la letra misma del mentado párrafo que comienza diciendo:"Para los efectos del párrafo anterior", es decir la elevación de la pena, "...están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas...los certificados de parto y de nacimiento".

Aún antes de ser expresamente mencionado en el art. 292, el certificado en cuestión constituía un documento público.

En efecto. Como primer argumento corresponde destacar que hasta la doctrina civil sostiene que la enumeración del art. 979 sólo es enunciativa, pudiendo tal catálogo ser ampliado por otras leyes que establezcan nuevos funcionarios autorizados a estatuir nuevas formas.

Siguiendo este razonamiento puede concluírse que los instrumentos públicos, son aquellos que, con las debidas formalidades legales, autorizan los oficiales públicos o quienes, sin serlo, se hallan legitimados por el derecho vigente para actuar como tales.

En este sentido la ley 14.586 -del registro de Estado Civil en la Ciudad de Buenos Aires-, en su art. 22, legitima al médico interviniente en el parto para acreditar mediante certificado haber visto con vida al nacido, así como la fecha, lugar y hora del nacimiento, debiendo consignar también el nombre que se le quiera dar al nacido y su filiación.

Es así que el certificado en cuestión hace fe de sí y de su contenido, de tal manera que en base al mismo habrá de insertarse la inscripción del nacimiento, lo que pone de manifiesto que goza de la fe pública o confianza general, corporizando y acreditando la existencia del hecho "erga omnes", reuniendo así las características de los documentos públicos.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resolución del contrato, cláusula penal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martinez Hermanos y Compañia SA  c/ Liguori E Hijos SRL y Otro s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

Para que sea operativa una cláusula penal no interesa si quien reclama ha sufrido o no un perjuicio, pues su aplicación no sólo procede cuando los daños han sido inexistentes o menores, sino también cuando ocurre el fenómeno inverso; por consiguiente, no debe el acreedor acreditar el daño, ni puede el deudor eximirse de satisfacerla probando que el accipiens no ha sufrido perjuicio alguno, o lo ha sufrido en menor medida (CCIV 655; Kemelmajer de Carlucci, A., "La cláusula penal", Buenos Aires, 1981, p. 86 y ss., n° 66; CNCom, Sala D in re "Brave Marcelo c/ Pauver SA s/ ordinario", del 04/02/13; entre muchos otros).
Procedimiento contencioso administrativo, medidas cautelares, medida cautelar innovativa, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: CONCORDIA 4357 SA c/ GCBA s/ OTROS PROCESOS INCIDENTALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-07

La medida cautelar innovativa no persigue mantener el status existente sino, precisamente, alterar ese estado de hecho o de derecho vigente antes de su dictado. De allí que se haya afirmado que "la aplicación de medidas cautelares innovativas, dados sus particulares efectos, debe juzgarse con criterio restrictivo y excepcional, determinando la concurrencia fáctica de los presupuestos a observar para el dictado de toda medida cautelar así como de uno que le es propio: la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable" (Falcón, Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado, concordado y comentado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, t.V, pág. 108, nota 31).

Por otra parte, tal como lo ha puntualizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las medidas precautorias que persiguen la modificación del estado de hecho o de derecho vigente al tiempo de su dictado -esto es, las medidas innovativas, como la solicitada en este caso- exigen una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que determinan su procedencia (Fallos, 316:1833).
Nulidad absoluta, resoluciones
Materia: PENAL
Carátula: ABATTI, Luis E. s/ AMENAZAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-25

Si la resolución no fue suscripta por uno de los vocales que participó integrando la Sala en el informe oral, cabe declarar la nulidad de dicho decisorio por aplicación del art. 37, inc. g) del R.J.C.C. y art. 124, C.P.P.N.
Lavado de activos, narcotráfico, bienes inmuebles, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Nievas Quezada, Luis Alberto y otros  c/  s/ Infr. Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Mendoza
Fecha: 2021-09-02

La falta de pruebas respecto de la fuente de ingresos con que contaban los imputados se debe a que no existía actividad lícita que les estuviera generando réditos. Contrariamente, ha quedado demostrado que los bienes eran adquiridos con los fondos que obtenían del narcotráfico y al no contar con ninguna prueba que acredite recursos genuinos y lícitos, ni capacidad de financiación en cabeza de los acusados, no cabe sino concluir que los bienes (distintos vehículos e inmuebles) a su disposición constituyen el provecho del ilícito precedente. Han utilizado interpósitas personas para registrar algunos de los bienes, el hecho de que otros hayan permanecido a nombre del anterior propietario, y la adquisición de fondos de comercio, funcionaba como pantalla para introducir al tráfico legal los bienes con origen ilícito. Las conductas de los acusados, encuadran en el delito de lavado de activos de origen delictivo, previsto y reprimido por el artículo 303, primer apartado del Código Penal, con la agravante prevista por el inciso 2º, apartado "a" del mismo artículo, en calidad de coautores
Confirmación de sentencia, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: Inxs Djs SRL c/ Fideicomiso Hotel de Bahía Grande s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-20

Procede confirmar la resolución que impuso a la demandada las costas del pleito. Ello por cuanto, el hecho de que no hayan prosperado todos los rubros, no impone modificar el pronunciamiento de grado, que las impuso a la vencida. Esto así, en tanto las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo con una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (CNCom, Sala B, "Lopardo, Martín Miguel y otro c/ BBVA Banco Francés SA", del 14/09/09 Expte. N° 33555/20).