Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-07-08


Salta, julio 8 de 2011.

Considerando: 1º) Que a fs. 76/79 vta., la actora interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuya copia se agrega a fs. 73/74 vta., que le denegó el recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia corriente, también en copia, a fs. 62/65 vta.

Señala la recurrente que tanto la sentencia de primera instancia como la resolución denegatoria del recurso de apelación -que confirmó el rechazo de la demanda por indemnización por daño material y moral por despido discriminatorio- son arbitrarias, toda vez que son dogmáticas, se basaron en hechos y pruebas no aportados, prescindieron de elementos conducentes y no aplicaron el derecho vigente y los principios tuitivos del derecho laboral. Invoca la vulneración de los derechos de defensa en juicio, a un debido proceso y el de propiedad.

Alega que el fallo de la Cámara valoró como causa del despido el déficit económico financiero invocado por la demandada pero no probado -dice- por no haberse producido la pericial contable ofrecida por la accionada, y soslayó pruebas que no dejarían dudas sobre el acto discriminatorio de la rescisión de la relación laboral en razón de la edad de la actora.

Sostiene que, por lógica jurídica, es falsa la conclusión de que la decisión de despedir personal de mayor antigüedad, con plus, fue con el fin de "reestructurar" para sustituirlo por personal joven con conocimiento de computación, porque el déficit económico financiero por tal circunstancia no se acreditó.

Manifiesta que la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad evidencia una falta al deber de fundamentar las decisiones, lo que -según aduce- excluye al trabajador del ámbito de la justicia debida.

Destaca que el acta de la asamblea extraordinaria de fecha 10/12/07 reconocida -según sostiene- por la demandada es el instrumento que acredita en forma irrefutable el acto jurídico prohibido por el art. 17 de la LCT, arts. 14 bis, 16, 75 incs. 19 y 23 de la C.N., arts. 1º, 2º y 7º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 111 OIT, art. 1º de la Declaración Socio Laboral del Mercosur, art. 17 de la ley 23592 y art. 4º del anexo II de la ley 25212.

Aduce que no planteó como tema litigioso lo referente al art. 247 de la LCT sino como razón lógica de la conducta de la demandada, quien para evitar mayores costos debió despedir a la actora conforme a esa norma y no por el art. 245 de la LCT.

2º) Que es criterio reiterado de este Tribunal que el remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Tomo 49:347; 53:329; 54:241; 59:1093; 64:841; 70:229; 102:99).

3º) Que constituye un impedimento para la admisión de la queja el hecho de carecer ésta de la debida fundamentación, al haber omitido la interesada demostrar la inexactitud de las razones en que se sustentó la denegatoria del recurso. Consideró allí la Cámara, que la recurrente no plantea un caso constitucional; que sus argumentos remiten al análisis de cuestiones de hecho, pruebas y derecho común ajenas a la vía intentada y que pretende reproducir el debate de cuestiones ya resueltas con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos, por los cuales se confirmó el rechazo de la demanda.

En efecto, y como se ha destacado reiteradamente, es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos esgrimidos por el "a quo" al clausurar la viabilidad del recurso (CSJN, Fallos, 298:84; 308: 724; esta Corte, Tomo 59:317; 60:773; 69:175, entre otros). De este modo, los agravios deben dirigirse a controvertir los fundamentos desarrollados al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de razonabilidad de ellos y no de la sentencia tachada de inconstitucional (esta Corte, Tomo 50:1, 507; 59:64, 511; 69:175; 76:779; 86:5, entre otros).

Y la falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la constante doctrina de este Tribunal, provoca la desestimación del recurso (Tomo 51:663; 61:423, 949; 68:651; 96:401).

4º) Que por otra parte, es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario, que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado; resulta así ineficaz la formulación de una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos (cfr. CSJN, Fallos, 308:2440 y sus citas; esta Corte, Tomo 77:51; 116:467, entre otros).

En el caso, el "a quo" analizó si existió o no discriminación y no la extinción de la relación laboral -porque la accionante fue indemnizada conforme al art. 245 de la LCT-; valoró que la recurrente incurrió en contradicción cuando por una parte argumentó que la situación financiera de la demandada no se acreditó y luego señaló que fue despedida por ser personal de mayor antigüedad, que ganaba más, que cobraba plus; y que en la asamblea extraordinaria de fecha 10/12/07 se trataron los temas de los empleados, la antigüedad, sueldos, plus y su incidencia en la economía de la institución, por lo que concluyó que la edad de la demandante no fue el factor determinante del despido.

La impugnante, con sus argumentaciones, no logra conmover los fundamentos de la sentencia respecto de la falta de discriminación en la rescisión de la relación laboral. Ella podrá o no coincidir con la solución a la que arriba el pronunciamiento cuestionado, pero éste satisface las exigencias de todo fallo válido, producido dentro del marco de la legalidad y razonabilidad de sus fundamentos. Dicha circunstancia excluye la causal de arbitrariedad, de acuerdo a lo sostenido reiteradamente por esta Corte (Tomo 53:193; 60:443; 64:395; 100:697; 102:255; 145:339, entre otros).

5º) Que es indudable que la prueba de un acto discriminatorio supone para quien lo invoca una dificultad especial, ya que normalmente el empleador que ha despedido a un trabajador con sustento real en una causal que -según el ordenamiento jurídico- constituye ilegítima discriminación, omite expresar esa razón en la correspondiente comunicación rescisoria (en general opta por mencionar otra causa o no invocar razón alguna) y, además, toma los recaudos necesarios para que el verdadero motivo del despido permanezca oculto. Es por ello que en estos casos, que pueden calificarse como de "prueba difícil", resulta aplicable la doctrina de las pruebas dinámicas, que no implica invertir la regla que, en materia de cargas probatorias, establece el artículo 377 del C.P.C.C., sino sólo reconocer especial relevancia a los indicios de acuerdo a la regla de la sana crítica.

En definitiva, el trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél, para lo cual no basta un mero alegato sino la debida acreditación de la existencia de algún elemento que, sin servir para formar de una manera plena la convicción del tribunal sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, le induzca a una creencia racional sobre su posibilidad.

En la especie, ello no ha ocurrido. Al respecto, la alzada confirmó el pronunciamiento de primera instancia que dejó establecido que no existen indicios serios y precisos -más allá de los dichos de algunos socios de la institución- en el sentido de que la edad de la actora haya sido el factor determinante de la rescisión, y que de la causa surge que hay empleados antiguos que no fueron despedidos, y otro de menor antigüedad que sí lo fue (v. copia de fs. 49), lo que no ha sido controvertido y esta Corte considera relevante para interpretar que la actora no fue discriminada en razón de la edad.

Una acción que reclama una respuesta de eficacia tan intensa requiere, para su procedencia, el aporte de elementos indiciarios relevantes; su carencia no puede suplirse por el solo hecho de que el despido se haya dispuesto sin invocación de justa causa. Va de suyo que la protección antidiscriminatoria no puede llegar a modificar el sistema de estabilidad impropia del derecho del trabajo sin mediar la correspondiente modificación legislativa.

Si bien la quejosa argumenta que se ha omitido valorar prueba conducente, como el acta de la asamblea extraordinaria de fecha 10/12/07 (v. copias de fs. 78 cuarto párrafo y 78 vta. último párrafo), el planteo luce inviable, toda vez que dicho antecedente no fue incluido en las piezas de la queja, lo que impide apreciar si, no obstante tratarse de una cuestión de prueba, la valoración que de él hizo la Cámara puede teñir de arbitrariedad al fallo.

A más de que no se configuró el cuadro indiciario pertinente a los fines de la viabilidad de la pretensión esgrimida, de los elementos probatorios acompañados en la queja aparece que la actuación de la empleadora fue por motivos al margen de todo propósito violatorio de derechos fundamentales, lo cual torna objetiva, razonable y proporcionada la decisión adoptada.

En el caso, cabe apreciar que el despido no se produjo en razón de la causal de "fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador" contemplada en el art. 247 de la LCT, ni ello fue invocado por la empleadora. Por el contrario, aquél se produjo sin expresión de causa, en el marco de un conjunto de medidas tomadas por la comisión directiva que, según esgrimiera a lo largo del juicio, lo fue para superar gradualmente inconvenientes económico-financieros y evitar la crisis institucional que a corto plazo avizoraba su asesor contable.

La cuestión, en síntesis, radicaba en determinar si el despido fue o no discriminatorio, y la actora no suministró elemento alguno que permita tener por verosímil su postulación. En cambio, a partir de la apelación ordinaria centró sus planteos en determinar si se cristalizó o no la problemática económica, lo que además de significar una modificación del eje de debate, deviene inconducente dada la falencia liminar señalada.

De allí la improcedencia del agravio de la falta de producción de la pericial contable, sin perjuicio de apuntar que no fue objeto de agravio en el memorial de la apelación ordinaria (v. copias de fs. 51/61 vta.), de manera que no puede resurgir su formulación en esta etapa.

Resta indicar que la discriminación contra la mujer es planteada recién en oportunidad de los alegatos (v. copia de fs. 41/42 vta.), por lo que no integra la pretensión inicial de la actora ni, por ello, amerita su consideración por este Tribunal.

6º) Que la recurrente pretende ahora reeditar los cuestionamientos expuestos en las anteriores instancias, y que -conforme a las piezas aquí glosadas- han sido resueltos con fundamentos suficientes que no logra rebatir, lo que evidencia que no existe una cuestión de índole constitucional, y que su pretensión -tal como se sostiene en la resolución denegatoria- revela una mera divergencia con cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas al remedio intentado (cfr. esta Corte, Tomo 60:375; 63:693; 65:1177; 66:617; 103:285; 148:709).

En el mismo orden, no es atendible la alegada violación del derecho de defensa en juicio si, como en el caso, la recurrente no demuestra la eficacia de su queja, esto es, la defensa de que habría sido privada para lograr una solución distinta a la recaída en el pleito (cfr. esta Corte, Tomo 90:723; 91:91; 92:829; 123:891, entre muchos otros).

7º) Que en consecuencia, corresponde desestimar la queja deducida.

Por ello, la Corte de Justicia, resuelve: I. Rechazar el recurso de queja interpuesto a fs. 76/79 vta. de autos.

II. Mandar que se registre y notifique. - Guillermo A. Posadas. - María Cristina Garros Martínez. - Gustavo A. Ferraris. - Guillermo A. Catalano. - Abel Cornejo. - Sergio Fabián Vittar.

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