Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-05


Comodoro Rivadavia, Cinco de abril de 2005.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "M. A. M. c/ L. A. S.A. s/ INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA", Expte. Nº 10.980/1999, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. Nº5621/1998), por haber interpuesto la parte actora, a fs. 263, recurso de ape-lación contra la sentencia interlocutoria de fs. 256/259vta.

I.- Que se agravia el apelante contra el decisorio en primer término, en cuanto al manifiesto desajuste que lucen los fundamentos esbozados en rela-ción a los planteos que sostienen su presentación, ten-diente a que se intime a la accionada a depositar las sumas que resultan necesarias a los efectos de llevar adelante los tratamientos terapéuticos ordenados en au-tos por esta Cámara mediante Sentencia Interlocutoria n 15/1999 de fecha 03/09/1999, entiende que se contravie-ne el principio de inviolabilidad de la cosa juzgada, por cuanto el resolutorio apelado abroga y/o deroga la citada Sentencia de Segunda Instancia como la que hace lugar a la Acción de Amparo de la que derivan de estas actuaciones.

Reseña que estas actuaciones derivan de los autos principales, que transcribe, y en el que se debatió en su oportunidad la violación del derecho constitucional a la salud que asiste al actor por parte de la accionada L. A. S.A. en orden a la negativa de hacerse cargo de su obligación legal de proporcionar lo necesario para erradicar la dolencia física que padece con motivo del accidente de trabajo.

Transcribe lo resuelto en la sentencia, que condenó a la demandada poner a disposición del ac-tor el tratamiento quirúrgico, sin que dicha carga se encontrare sujeta a ninguna actividad previa por parte del beneficiario. Destaca que encontrándose firme dicha resolución la obligada no dio cumplimiento con la manda impuesta, lo que derivó en la formación de las presen-tes actuaciones de ejecución forzada, mediante las cua-les peticionó que se practiquen por un tercero los tra-tamientos e intervenciones quirúrgicas necesarias, a costa de la demandada incumpliente. Que al denegar la A. quo la pretensión ejecutoria formalizada, esta sala se pronunció en sentencia interlocutoria nº156/1999 transcribe que se "Revoca la resolución de fs.58/60 de-biendo remitirse las actuaciones a la instancia de gra-do a fin de que se ordene el cumplimiento por un terce-ro a costa de la accionada L. A. S.A. la prestación del tratamiento para la recuperación temporo maxilar lesio-nada y posterior rehabilitación del acto, por interme-dio de profesionales médicos a designar por el actor, previa determinación del costo total del mismo conforme peticionara aquel en su escrito de inicio...".

Que al comentar la referida decisión, destaca que se puso en cabeza del actor la única condi-ción de obtener la determinación del costo total del tratamiento y/o intervención quirúrgica necesarias para la recuperación de las lesiones padecidas por el mismo, por lo que le causó sorpresa el novedoso requerimiento previo en cuanto debe rendir cuentas, lo que atenta la calidad de cosa juzgada, y atento contra del debido proceso y defensa en juicio. Garantías unidas a la se-guridad jurídica.

Como segundo agravio, expone que la re-solución ha omitido considerar la totalidad de los ele-mentos de hecho y de derecho que expuso en orden al acogimiento de su pretensión, en especial lo atinente a la acreditada subsistencia actual de la enfermedad traumática padecida por el actor.

Hace reserva del caso Federal.

A fs.271/274 contesta agravios la parte demandada.

II.- Que previo al análisis de los agra-vios traídos a debate corresponde previamente recorrer las actuaciones suscitadas en autos.

II.A) Que en autos ha quedado firme y con efecto de cosa juzgada- cuestión no discutible en autos- la sentencia nro. 156 del 03/09/99 (fs. 79/82) que resolvió: 1) Revocar la resolución de fs. 587/60 debiendo remitirse las actuaci9nes a la instancia de grado a fin de que se ordene el cumplimiento por un tercero a costa de la accionada L. A. SA la prestación del tratamiento para la recuperación temporo maxilar lesionada y posterior rehabilitación del actor A. M. M., por intermedio de profesionales médicos a designar por el actor, previa determinación del costo total del mismo, conforme peticionara aquel en su escrito de ini-cio fs. 15 conforme el considerando pertinente.

A fs. 15 el actor promueve la ejecución de sentencia solicitando el libramiento al Dr. D.P (es-pecialista en oclusión maxilofacial) de oficio ley 22.172 a los efectos que presupueste el costo de las intervenciones y tratamientos que debían ser llevado a cabo, debiendo informarse asimismo el lugar donde se realizarán tales prácticas médicas, el costo de los me-dicamentos, de la internación hospitalaria, los gastos ambulatorios y el tiempo aproximado de duración(sic. Pto.I, 4to. Párr.).

El informe de dicho profesional obra a fs. 149/150 de fecha agosto del 2000, donde aclara que los costos son provisorios y variables de acuerdo a los tratamientos que se decidan hacer en el transcurrir del tiempo conforme las lesiones bucales que sufre el ac-tor.

Que según las constancias de fs. 161/164vta. el actor percibió la suma de nueve mil pe-sos ($ 9.000.-) en concepto de gastos médicos, trata-mientos y gastos de movilidad.

Ante un nuevo pedido de dinero para tra-tamiento médico (fs. 216) por la suma de pesos dos mil quinientos ($2.500.-), la a-quo decidió -ante la oposi-ción de la demandada - a fs. 224vta. requerir informe al médico Dr. P para que indique si el actor se sometió al tratamiento prescripto y presupuestado a fs. 149 con precisión cronológica de las prácticas realizadas y el resultado de las mismas, como así también, para que in-forme última fecha de reconocimiento al paciente y si es necesario a la fecha continuar con el mismo u otro tratamiento, decisión que quedó firme por declarar esta Cámara mediante sentencia interlocutoria nro. 203 del 11/11/03 (fs. 231/232) que el recurso de apelación in-terpuesto en subsidio por el actor estaba mal concedido por ser la resolución apelada una providencia simple que no causaba gravamen irreparable.

A fs. 243 obra glosado el informe del Dr. D.P. en el que explicita que: a)El actor-paciente comenzó un plan de tratamiento de rehabilitación arti-cular, utilizando en forma constante una placa ortopé-dica para descompresión articular. b)Dicho tratamiento se realizó en forma discontinua, con controles muy es-paciados y fue incluso sin aviso. C)Detalla a continua-ción las fechas de atención y el control de evolución que fueron los días 04/01/01, 18/01/01, 24/05/01, 02/08/01 y 10/10/01. Expresando el galeno que a partir de dicha fecha el actor no concurrió más al consulto-rio, habiendo abonado éste de lo pactado solamente la suma de pesos un mil trescientos ( $ 1.300) III.- Que vistos los antecedentes men-cionados, corresponde adentrarse a la temática plantea-da, y expresar que la ejecutio o coercio para hacer cumplir las decisiones encuentra delimitación en los términos de la sentencia, de la que bajo la óptica del indeleble efecto de la cosa juzgada, surgen sujeto ac-tivo, sujeto pasivo y objeto de la ejecución, o sea la obligación cuyo cumplimiento se exige. El juez tiene la facultad de interpretar la sentencia para examinar los motivos y fijar el alcance de su parte dispositiva.-(nro. de fallo 96220108, Pcia. de Santiago del Estero, Plenario, nro. interno 20356; 1996/ 10 /08, autos ca-ratulados: "A.R.D c/ Municipalidad de L. B. s/ Recurso contencioso administrativos"; elDial - AZ5F9).

En cuanto a las cuestiones atinentes a la liquidación en el trámite de ejecución las mismas no revisten el carácter de decisiones con autoridad de co-sa juzgada, desde que su aprobación lo es en cuanto hubiere lugar por derecho. Una solución contraria equi-valdría a imponer a los órganos jurisdiccionales coho-nestar toda evidencia, como modo de impedir que en la etapa de ejecución de sentencia sea tergiversado el contenido de la condena. De otro modo, el fallo sería desvirtuado en la etapa que está destinada a hacerlo cumplir (doct. arts. 501, 502, 557 y 589 Código Proce-sal)."M. c/ G.A.T s/ Cobro ejecutivo. Prepara vía eje-cutiva" - CC0201 - LP - B 83060 RSI-365-96 I - 10-12-1996MAG. VOTANTES: Sosa-Crespi; "M S.A. c/ A.J.M s/ Cobro suM" - CC0201 - LP - B 82806 RSI-34-97 I - 20-2-1997MAG. elDial - WFE43). Esa libertad de las partes y del Tribu-nal está en distinguir que la responsabilidad que se asume por el evento dañoso no es por cualquiera especie de rubros indemnizatorios, pues se lo hace sólo, como la lógica y el sentido común lo imponen, por aquéllos ítems que sean reales consecuencias dañosas del sinies-tro para evitar en definitiva, el enriquecimiento sin causa del accionante. Razonar en un modo diferente, es lesionar lo que ordinaria y normalmente corresponde al curso natural de las cosas. Asumir la responsabilidad por consecuencias dañosas equivale a hacerse cargo por aquellos daños que resulten efectivamente de la conduc-ta. No de cualquiera ni de todos, sino sólo de los que se comprueben como integrando el total resultado resar-cible. Sostener que el demandado ha reconocido la exis-tencia de consecuencias dañosas del siniestro y la res-ponsabilidad de resarcir y que ello le alivia la ges-tión probatoria al actor en el pleito, al grado de no tener que probar la existencia del rubro y/o de los ru-bros daños, es un verdadero exceso. A favor del actor estaba el reconocimiento de la culpabilidad; a su cargo quedó acreditar la existencia en concreto del daño y el quantum económico del rubro pretenso. De tal guisa, la determinación del costo total del tratamiento a que debe ajustarse el actor es una cuestión que debe es-tablecerse y probarse durante la secuela del juicio y no en la etapa posterior; esta conclusión es acorde con las premisas fácticas sobre las cuales se estableció el thema decidendum; seguramente una solución en contrario lesionaría los propios límites de la demanda y su con-testación.- Ello sin embargo, no significa absoluta o auténtica imposibilidad, puesto que, mediante las re-glas de la experiencia en el arte médico odontológico, las propias estadísticas generales que en el punto existen y demás datos que el propio hacer técnico de los galenos les proporciona, es factible efectuar una estimación razonadamente fundada de cuanto ascendería un tratamiento como el que necesita el actor.- Si bien la demandada es responsable hacia el actor, ello no im-pone per se la asunción de cualquier daño que el actor alegue como resarcible. Lo será sólo aquél que haya si-do acreditado mediante prueba en concreto. Si el actor no ha logrado probar el quantum del costo total del tratamiento no puede razonablemente pretender que ello sea objeto de peticiones parciales y dilatadas en el tiempo con lo cual nunca podría darse la consolidación jurídica de la cuestión judicial planteada.

Una tesitura adversa implicaría una clara infracción a los principios de congruencia y de respeto a la cosa juzgada. En efecto, admitir que en la ejecu-ción de la sentencia se desborde el objeto litigioso, conduce al absurdo de que pueda acordarse en ella más de lo pedido en la demanda y que se prive a ésta de to-da significación jurídica. Por eso, la sentencia de li-quidación es un elemento sólo complementario de la sen-tencia de condena, y son extensibles a aquélla las re-glas que gobiernan a ésta, pues ambas forman la cosa juzgada.

El principio de congruencia rige también para la resolución que liquida los daños, la cual debe guardar correspondencia con la pretensión objeto del pleito, sin acordar más, menos, ni algo distinto de lo pedido. Pues ninguna de las partes ni el juez, pueden variar la relación procesal originaria, en lo que se incluye la prohibición de alterar el objeto.

En otros términos, a pesar de la inexis-tencia de bases para la determinación del monto, existe siempre el límite tácito, forzoso y sobreentendido de las bases que ha aportado el propio interesado en el curso del pleito. Antes éstas, se ha ejercido el dere-cho de defensa de la contraria, y son el sustento con-gruente de los pronunciamientos a dictarse en la causa.

La cosa juzgada es impediente de nuevas reclamaciones, si el daño ulteriormente invocado era consecuencia previsible (actual o futura) del mismo hecho. El actor soporta la carga de incluir en su re-clamación todas las derivaciones del suceso lesivo, de modo que la omisión al respecto lo perjudica. De lo contrario, se concedería a la víctima la facultad de reiterar indefinidamente acciones referidas al mismo problema, contraviniendo elementales exigencias de eco-nomía procesal y de la paz social interesada en la terminación de las controversias (conf. Crit. "R.B.E. y Otra c/ J.F.L s/ Ordinario", Cám. Apel. Civ. Y Com. 8va. - 16/02/98; el Dial CA12F6 y CC17F0).

Por todas las merituaciones precedente-mente expuestas corresponde desestimar los agravios ex-presados por el apelante actor a fs. 265/269 y confir-mar la sentencia de fs. 256/259vta. en este sentido.

IV.- La Dra. García Blanco dice:

A los fines de decidir sobre la proce-dencia del recurso, me remontaré a lo actuando en la presente ejecución de sentencia; se encuentra firme la decisión de esta Alzada que admitió la intervención de un tercero para la rehabilitación del actor, previa de-terminación del costo fs.81vta..- El profesional selec-cionado Dr. P. informa el valor del tratamiento y el tiempo que insume fs.149, fs.150 (agosto-2000), notifi-cada la demandada, con fecha diciembre del 2000 se de-cretó embargo(fs.157)concluyendo frente a ello, con el pago en dos etapas de lo presupuestado (fs.162/163).- El Dr. P. informa las fechas en que con-currió a su consultorio el accionante (apelante), el monto recibido, que coincide con las rendiciones de cuenta efectuadas por el actor así como las fechas de viaje, asimismo M. a fs.217 presenta informe elaborado por la Dra. C. en cumplimiento de lo dispuesto a fs.250 a lo que el demandado se opuso.- Efectuada esta reseña, he de coincidir con lo decidido por el sentenciante de grado toda vez que "L." depositó en autos el total de lo presupuestado para la rehabilitación con el profesional propuesto y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.- Lo que no se ha probado mas allá de rendiciones de cuentas brindadas el tratamiento seguido ni los resultados, se-gún surge del informe de fs.209 y fs. 213 (del Dr. P.) en el que consta que solo recibió $1300 y la ultima consulta fue el 10-10-01, sin perjuicio que había reci-bido el actor por parte del demandado la suma de $9000 (el 14-12-00 y 21-2-01).- En síntesis se cumplió lo ordenado en sent.nro.156 agregada a fs.79/82, no encontrándose ele-mento alguno que permita inferir que se han conculcado elementales principios que hacen a la inmutabilidad de la cosa juzgada y en eso he de coincidir plenamente con la Dra. Melero, observándose el proceso de ejecución al contenido de lo decidido.- No obstante lo expuesto, he de recordar lo dicho (en disidencia) en oportunidad de decidir la cuestión cuando fue tema de resolución en esta instan-cia sobre la conducta del accionante específicamente al mecanismo jurídico que recurrió para dar satisfacción a su requerimiento, y entiendo mantiene al presente, pues solicita alterando lo decidido se deposite una suma pa-ra cubrir gastos ($2500) de una profesional distinta a la que había sido ordenada sin indicar motivos del cam-bio y del presupuesto y mucho menos, pero mas grave aun, la suspensión del tratamiento en la que incurrió, que hace a su propio interés.- En cuanto a los fundamentos aquí verti-dos, es dable mencionar que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia ha admitido, mediante voto del Dr. Torrejón en sentencia del 1-6-98 que "La circuns-tancia que un magistrado haya tratado con mayor rele-vancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión", ello a raíz de los distintos argumentos aquí esbozados que desembocan en la misma solución.

Por estos argumentos, confirmo lo deci-dido por el Aquo e impongo las costas a la apelante vencida(art.68 del CPCCCh).- V.- Atento el principio objetivo de la derrota las costas de esta instancia son impuestas al apelante actor perdidoso(art. 68 del CPCCCH). En cuanto a los honorarios se tendrá en cuenta la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y las pautas determinadas la ley arancelaria.

Por ello la Sala B de la Cámara de Ape-laciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Desestimar los agravios expresados por el apelante actor a fs. 265/269 y confirmar la sentencia de fs. 256/259vta.- 2).- Costas de la Alzada al apelante ac-tor vencido. Regúlanse los honorarios profesionales del Dr. E.A.V en la suma de PESOS SESENTA ($60) y los del Dr. E.N. en la suma de PESOS TREINTA ($ 30)(conf. arts. 6, 7, 8, 14, 33 y cc. del Dto-ley 2.200, modif. por Ley 4335).

3).- Téngase presente la reserva del ca-so Federal.- 4).- Regístrese, notifíquese y devuélva-se.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cá-mara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Se-ñora Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Ro-berts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente.; Graciela Merce-des García Blanco -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 056 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS