marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia del recurso, monto de la pena, remisión del expediente, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledesma, Juan Manuel. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

Corresponde, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de Juan Manuel Ledesma, anular el punto dispositivo I de la sentencia recurrida -solamente en lo que respecta al monto de pena impuesto- y remitir las actuaciones a su procedencia a fin de que fije una nueva pena conforme los lineamientos aquí sentados. Ello por cuanto, si bien la sanción se ajustó al quantum acordado entre las partes, al momento de realizar la m,...-ensuracIón punitiva respecto de Ledesma, el a quo no identificó de manera clara y precisa las circunstancias agravantes y atenuantes que lo llevaron a alejarse del mínimo legal, conforme las pautas fijadas por los arts. 40 y 41 C.P. La valoración genérica hecha por el tribunal de grado no basta para fundamentar en abstracto las razones por las cuales decidió apartarse de un año del mínimo previsto por la figura penal por la cual Ledesma fue condenado (art. 5°, inc. "c", de la ley 23.737). Ello, en cuanto se advierte que sólo ponderó como circunstancias atenuantes la colaboración prestada por los imputados al requerir el presente acuerdo y la ausencia de antecedentes penales, sin efectuar mención alguna de las condiciones particulares del nombrado y las circunstancias que consideró para agravar la pena. En ese sentido, tal como ha referido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fs. 144, resulta de aplicación lo establecido por ese Tribunal en el precedente "Araoz" en cuanto dispuso que "...los agravios de la defensa relativos al derecho del imputado a que se revisen también las sentencias dictadas en el marco del control jurisdiccional de los acuerdos del art. 431 bis tampoco podían ser desechados sobre la base de que la sentencia había respetado los términos de dicho acuerdo. Pues, justamente, el reclamo se refería a que aun en esos supuestos, la sentencia condenatoria debe estar debidamente motivada y que ello ha de ser revisado".
Personas refugiadas, extradición, prohibición de salida del país, orden de detención
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Causa N° 1.264/2024 c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-12

Corresponde disponer la inmediata libertad de M. V. V. A., M. R. V. A. y T. T. V. A. conforme los arts. 7 de la Ley 26.165 y 5 del Tratado de Extradición vigente entre las Repúblicas del Paraguay y Argentina (Ley 25.302)-, disponer las prohibiciones de salida del país de M. V. V. A., M. R. V. A., T. T. V. A., M. de J. A. L., C. A. O. V. y V. M. C. V. y sin perjuicio de lo indicado -en virtud del estado incipiente del expediente-, se imponen las siguientes obligaciones a M. V. V. A., M. R. V. A. y T. T. V. A.: informar cualquier cambio de domicilio y comparecer ante el Tribunal una vez por mes entre los días 1 y 5. Asimismo, dejar sin efecto las órdenes de detención oportunamente libradas respecto de M. V. V. A., M. R. V. A., T. T. V. A. y M. de J. A. L. y comunicar las órdenes de detención libradas respecto de C. A. O. V. y V. M. C. V. a la Dirección Nacional de Migraciones y SIFCOP -requiriéndole transmitirlas a todas las fuerzas de seguridad-, atento que no cuentan con el estatus de refugiadas.
Acción de amparo, vías de hecho, aprovechamiento de aguas
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CABERNET DE LOS ANTES S.A. c/ ADMINISTRACION DEL CONSORCIO DE REGANTES DEL DPTO. MEDANITOS s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-07-10

En el caso, obra la Disposición Interna dictada por el Director Provincial de Riego en la que se le reconoce a la finca propiedad de la accionante, horas de riego para su uso empresario.

Por vías de hecho, el consorcio de regantes demandado se negó a la entrega de los turnos de agua, situación que persiste hasta el presente y que por sentido común provoca daño a la actividad de producción vitivinícola de la ocurrente. Cabe advertir que, a pesar del reconocimiento expreso que la Administración hiciera del derecho a un servicio público esencial para la actividad económica que le asiste a la accionante, el comportamiento manifiestamente arbitrario e ilegal del consorcio de Regantes, extendido en tiempo, ha tornado baladí la voluntad jurídica expresada por la Autoridad Estatal de la materia en la disposición de cita.

En efecto, la Administración, también requerida, no ha demostrado una actitud congruente con el cumplimiento del acto jurídico administrativo que reconocía y otorgaba el uso y el goce de agua para riego a la actora, no pudiendo desconocer la Administración el principio de ejecutoriedad que rige a los actos administrativos, por lo que corresponde hacer lugar a la acción intentada, intimando al consorcio de regantes a cesar en las vías de hecho practicadas o en cualquier acto u omisión que impidan el uso del derecho de agua a la empresa accionante, bajo los apercibimientos de Ley; intimando también a la codemandada administración a que haga cumplir la disposición 098/06 en la plenitud de su sentido y alcance, en el termino de diez días bajo apercibimiento de aplicación de astreintes, con costas a las demandadas.

(Del voto de la Dra. Sesto de Leiva.)
Querella, escritos judiciales, copias, sanciones procesales, intimación previa
Materia: PROCESAL
Carátula: Alonso, Angel R. y otro s/ Querella
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-13

La inadmisibilidad establecida en el art. 418 del C.P.P. guarda relación con los requisitos que debe reunir el escrito de querella, pero no sanciona la omisión de acompañar copias si no ha mediado intimación previa para hacerlo.
Accidentes de trabajo, decreto de necesidad y urgencia
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Brescasin Pablo Sebastián  c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-12

Dicho DNU no supera el test de constitucionalidad porque desde su origen nació inválido en razón de que, conforme nuestra Carta Magna "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". Existe excepción al principio solamente cuando el estado de urgencia hiciera imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Bajo estos parámetros es dable apreciar la insuficiencia de los considerandos del DNU en cuestión dado que de su lectura no surge cuál sería la necesidad y urgencia que movió al PEN seguir los canales regulares previstos para sancionar normativa de carácter general. En otras palabras: cuando se dictó el DNU 669/19 no existía un estado de necesidad y urgencia y el Poder Legislativo esta sesionando normalmente (Voto Ronconi, en adhesión a Stettler)
Convenios colectivos de trabajo, aplicación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: LARREA Y OTRO c/ UNIVISION S.R.L. y/o TELECOD CANAL 6 s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-18

Los actores no cumplimentaron en su demanda la carga de invocar e individualizar la aplicabilidad de un convenio colectivo como el informado en autos, imposibilitando su defensa a la contraria.
Mora automática, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Teotino Seferino c/ Bordenave, Ariel s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-23

Del claro texto del art. 509 del C.C., en su último párrafo, surge que para eximirse de las responsabilidades derivadas de su estado de mora, en el sub examen automática conforme las disposiciones de la ley laboral, el deudor debe probar que la misma no le es imputable.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fiscal de Cámara
Materia: PENAL
Carátula: De Gasso, Justino M. s/ Denuncia estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

La sentencia de la Cámara que al declarar prescripta la acción penal absuelve al procesado es contradictoria y no se ajusta a las previsiones legales, produciendo consecuencias desprovistas de lógica, pues le ha cerrado de antemano al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de recurrir ante la Corte según lo establecido en el art. 342 del Código de Procedimiento Penal.
Daños y perjuicios, culpa civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERMUDEZ ANTONIO c/ FRANCISCO J. ROBLEDO OLMEDO Y CIA. SEG. EL NORTE S.A. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S150 - 268)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-26

Se ha confirmado que la culpa civil es más rígida que la penal.

En el derecho civil se afirma la tendencia de procurar una mejor vía de resarcimiento, apreciando afinadamente el concepto de culpa, aplicándose la culpa del art. 1113 C.C. Salvo que la absolución penal se funde en la inexistencia del hecho, si ello obedece a otros presupuestos, ello no se opone a que se ventile la responsabilidad civil del imputado. Así cuando la absolución se funda en que el sujeto no es imputable penalmente o que no fue culpable del hecho.- Desde esta perpectiva se estima que hay concurrencia de responsabilidades.- Se modifica la sentencia del Sr. juez a-quo.-
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AREAL, FERNANDO Y OTRA c/ SALCEDA S.A.I.C. s/ CUMPLIMIENTO CONTRATO Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-24

La confesión ficta no reviste el carácter de prueba tasada, ya que la ley faculta al juez a tenerla por configurada al tener en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, vehículo embistente
Materia: PENAL
Carátula: ARGUELLO, EDUARDO ALBERTO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-24

Si la propia víctima arribo a la bocacalle en condiciones de frenar su motocicleta, no resulta acorde a la reglamentación haber intentado aventajar en el paso a quien tenía la prioridad, acelerando su unidad en lugar del oportuno -y exigible- frenado. Si el mismo embestido reconoció haber disminuido la velocidad al aproximarse a la esquina e incluso demostrado una intención de frenar al pisar el pedal respectivo, el principio de confianza relevaría de responsabilidad a su embistente ya que este no podía prever -ni le habría resultado exigible hacerlo-una conducta opuesta ala que se imponía, en la emergencia, y la que la víctima prima facie se habría demostrado dispuesta a ejecutar.
Honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: MILUNCZY SAMUEL c/ PERKINS ARGENTINA  S.A.I.C. s/ RECURSO DE REVISION - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-12

El art. 46 de la Ley 8226 niega al letrado que hubiese actuado en el doble carácter de procurador y patrocinante la regulación de honorarios como procurador. Bajo la vigencia de la ley 7269, el letrado que actuaba en la doble condición de abogado y procurador tenía derecho a obtener regulación por ambas tareas, de conformidad con lo que disponía el art. 45 del mencionado dispositivo legal y por acatamiento a dicha norma. Pero ocurre que aunque la actuación de la letrada se ha cumplido con anterioridad a la vigencia de la Ley 8226 (Código Arancelario) dicho ordenamiento legal produjo un cambio muy importante en este aspecto modificando sustancialmente el criterio anterior. El legislador ha privilegiado el interés general por sobre el interés de las corporaciones y acorde a ello eliminó la doble regulación para quién en realidad desempeña una única tarea, aunque revista al tiempo la calidad de abogado y apoderado de la parte. De allí que el juzgador se encuentre hoy ante una disyuntiva por haberse suprimido toda regulación de honorarios para quién invoca la doble condición de abogado y procurador (art. 46, segunda parte, Ley 8226); no se trata de un vacío legal por no existir en el nuevo Código Arancelario (ley 8226) pauta cuantitativa para estimar tal actuación, sino de la derogación expresa de la figura misma del doble rol.-
Robo calificado, derecho a la integridad física, lesiones graves
Materia: PENAL
Carátula: Fantino Damian Ignacio s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-06

El tipo legal que reprime el art. 166 inc. 1º CP tiene por bienes jurídicos protegidos a la propiedad y a la integridad física y no admite la hipótesis de la tentativa, ya que cuando las violencias ejercidas para realizar el robo, aunque éste no se haya consumado, han tenido por resultado una lesión grave, no es posible dejarlo de lado para provocar la concurrencia ideal de otras figuras. La agravación que ha elegido la ley a estas lesiones es porque han tenido causa en violencias para robar, y agrava la pena de las lesiones pues protege más severamente la integridad física que la propiedad, que no se encuentre en el título I de los delitos contra las personas, sino en el título VI, en modo alguno modifica la mayor protección y valoración que a la vida e integridad física otorga la ley. La disidencia consideró que, no habiéndose verificado la sustracción de ningún objeto por parte de los imputados, el injusto de robo no ha superado el grado de tentativa, con prescindencia de la consideración del resultado de lesiones, que no influye en éste ámbito.
Recurso de apelación (procesal), recurso de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., R. c/ B., S.E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

Se ataca la sentencia diciéndose que es nula porque el Juzgador no ha dado "...respuesta al planteo formulado por la parte demandada...". Las omisiones de pronunciamiento pueden ser reparadas por la Alzada mediante el recurso de apelación. No cabe, entonces, declarar la nulidad impetrada. En cuanto al error "in-indicando" es materia exclusiva del recurso de apelación y no del de nulidad como parece creer la demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, costas en el orden causado, sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marozzi, Susana Edith s/ Proceso de beneficio de litigar sin gasos y división de bienes de la  sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-01

Si la pretensión inicial tendiente a la liquidación de los bienes, mereció el oportuno allanamiento del demandado, no cabe imponerle las costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, pago de la remuneración, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: Antilef, María Rosa c/ Navarro y Ziegler S.R.L. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-30

No siempre la sola omisión de algunos elementos que deben constar en el recibo ha de llevar, sin más, a que se le quite a ésta su eficacia probatoria, pues bien se pueden valorar los hechos para resolver según el caso, teniendo siempre en cuenta que la finalidad de la ley es la de evitar todo posible fraude.
Queja por apelación denegada, Superior Tribunal de Justicia, competencia, llamado de atención
Materia: PROCESAL
Carátula: CUENCA, GUILLERMO EMANUEL c/  s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

La presente queja por apelación denegada debe ser rechazada, desde que se ha obviado la previa interposición del recurso de inconstitucionalidad -contra la decisión de los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal que declararon inadmisible la apelación deducida- así como su posterior sustanciación y resolución por el Tribunal de Alzada, circunstancia que resulta impeditiva para habilitar la competencia de esta Corte; correspondiendo -atento que la omisión reprochada supone un desconocimiento de la ley vigente por el presentante o, eventualmente, la delegación de funciones indelegables- formular a la Defensora a cargo de la Defensoría General de Cámaras un llamado de atención tendente a evitar situaciones análogas en el futuro. (Del voto del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia vinculada: "Fiscal Dra. Parma s/ Queja por apelación denegada", AyS T 284, p 234/235, sumario J0044239.
Recurso de queja (procesal), beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cons. Prop. Federico Lacroze 2367 c/ Gutrejde, Sandra Beatriz s/ ejecución de expensas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-07

Cabe rechazar el pedido para que se revoque la decisión de diferir el estudio del recurso de queja hasta que sea concedido el beneficio de litigar sin gastos, pues si bien es cierto que la Corte ha admitido los efectos del beneficio de litigar sin gastos provisional, ello ha sido solo en los casos en que la espera de la resolución definitiva podría traer aparejado un grave peligro para la efectividad de la defensa, extremo que no se configura en la causa, en tanto, la recurrente no ha invocado motivos suficientes que permitan acoger el pedido en los términos de la mencionada doctrina.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público, Administración Pública, derechos y garantías constitucionales, leyes, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, JUAN PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 66-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

La potestad de la administración de remover a sus empleados (artículo 86 inciso 10 de la Constitución Nacional, 72 inciso 6 de la Constitución Provincial), tiene como contrapartida desde la reforma de 1957, al principio de estabilidad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La existencia de estos preceptos, de igual jerarquía, obliga a una interpretación armónica y razonable, exigiendo una vez más resolver la ecuación libertad- poder en términos equilibrados. Así cabe concluir que la facultad de remoción, ante la garantía de estabilidad -que no es absoluta pero sí directamente operativa- queda regulada en lo fundamental por la propia Constitución, es decir que el derecho a la estabilidad debe interpretarse en armonía y ejercicio dentro de los límites previstos por las leyes reglamentarias o en los actos individuales en razón del principio de operatividad.
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa, carácter excepcional, existencia de otras vías, docentes, reglamentos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: GARAY, MARIANA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

La petición de inconstitucionalidad de una norma no desplaza de por sí la concurrencia de materia contencioso administrativa ni la competencia de los tribunales a los que la Constitución y la ley han confiado el conocimiento de dicha materia; y en tren de examinar si concurren en la especie los recaudos formales de la acción intentada, se advierte que las razones invocadas en la demanda son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón la disposición impugnada producía un daño concreto y grave que sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo, ni por qué motivo -en las circunstancias del caso- el acceso a la jurisdicción en lo contencioso administrativo podía acarrearle un perjuicio irreparable, lo cual no puede entenderse satisfecho cuando, en rigor, tampoco menciona el gravamen que presumiblemente le ocasionaría el cumplimiento de las disposiciones ministeriales, habiéndose limitado a señalar que las bases fijadas para este concurso le impedían el ingreso a la docencia pública como titular, y el tránsito por la vía administrativa establecida por la propia reglamentación no impide la ejecución del acto impugnado, de lo que la actora pretende desprender la inidoneidad de toda otra vía (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhirieron los Ministros Dres. Gastaldi, Netri y Román).
Derecho a la protección integral de la familia, ley de contrato de trabajo, interés superior del niño, guardería
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

De la cláusula constitucional relativa a la protección integral de la familia se desprenden derechos y responsabilidades inherentes -entre otros tópicos- al cuidado de los hijos menores de edad, pautas que también reciben reconocimiento expreso en un conjunto de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, vigentes con el más alto rango jurídico conforme al reenvío dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (Voto del juez Rosatti).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Franco, Hipólito Osmar c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último y más genuino intérprete de la Carta Fundamental y, por ende, la exégesis que hace de ella, es como si fuera la Constitución misma, cabe concluir que ésta se expande en forma vinculante para los demás judicantes en los tópicos federales, en tanto que en las cuestiones no federales tiene efecto de vinculación moral para los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concurso de delitos, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Vazquez  Morrison Eugenio F.- Andrade Johny Hernan - Quiroz Juan Pedr s/ Robo  Calificado por el uso de arma cometido en Banda y en Poblado en  grado de Coautores.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-09-30

La calificación legal del hecho debió circunscribirse al delito de mayor significación es decir Robo Calificado Por el Uso de Arma Cometido en Poblado y en Banda (art. 166 inc. 2do. del Código Penal), pués esta absorbe por una relación de consunción al del Art.

167 inc. 2do. del Código Penal, pero ello no le resta fundamento y legalidad a la sentencia, lejos esta de merecer una sanción procesal como la nulidad, puesto que no ha rozado siquiera el derecho de defensa de los aquí encartados.
Acción dependiente de instancia privada, interés público
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Olegario Salvador s/ Lesiones leves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Si las lesiones fueron ocasionadas con un arma blanca, se da un supuesto de interés público que permite la intervención de oficio.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prostitución, poder de policía
Materia: PENAL
Carátula: SILVA DE NAVARRO s/ Clausura
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1961-10-10

La facultad acordada a la policía por el art. 14 del Dec.

102466/37, reglamentario de la Ley 12331, no reviste el carácter de un acto administrativo independiente de la jurisdicción judicial, sino que, por el contrario, constituye una medida preventiva y provisional sujeta, en definitiva, a la decisión de la justicia.
Recurso extraordinario federal, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: G.E.L. c/ C.L.G. s/ sumario (Daños y Perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-22

El recurso extraordinario local no es autónomo si no se basta a sí mismo, y de su sola lectura no permite conocer acabadamente los diversos aspectos de la situación a resolver. Es decir, cuando no se expone un relato claro, objetivo y preciso de todas las circunstancias relevantes que permita la comprensión cabal e integral del caso.