Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-04


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 4 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 4 días del mes de Abril de dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 184/04 "KASWALDER, Antonio c/ Municipalidad de San F.. del V. de Catamarca - s/ Cobro de Pesos - CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde? 2) Costas Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 26 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

El actor en autos interpone Recurso de Casación en contra del pronunciamiento emitido por la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación que por mayoría revoca el fallo de Primera Instancia Funda el recurso en la causal del inc. "b" del Art. 298 del C.P.C. aduciendo que en la sentencia se aplicó e interpretó erróneamente la doctrina legal referida a la competencia contenciosa administrativa A título de información del relato de los hechos surge que el Sr. Antonio Kaswalder contrató con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca la prestación de servicio de barrido y limpieza de calzada adjudicada por decreto Nº SH 580/95; que en el pliego de condiciones Art. 13 y 14 del contrato el Municipio impuso, que el personal afectado a dicho servicio sea encuadrado en el convenio colectivo de trabajo en la UOCRA. Que luego el Ministerio de Trabajo determinó que correspondía la aplicación del convenio colectivo Nº 40/89 que rige la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros Obreros del Transporte Automotor de Cargas, por lo que al variar el encuadramiento sindical de los empleados se incrementaron los costos fijos mensuales - Que la Municipalidad reconoció el error y le abonó el importe correspondiente desde la firma del convenio que abarca los siete últimos meses, demandado por la vía ordinaria el pago de los 23 meses anteriores Al responder demanda la accionada plantea excepción de incompetencia alegando que la pretensión en virtud de la materia es contenciosa administrativa Que el A-quo rechaza la excepción, la perdidosa apela y la Cámara por mayoría revoca el decisorio Que ante lo así resuelto el actor se agravia y afirma que la competencia es civil y no contenciosa administrativa porque lo que se pretende es el cobro de la diferencia de costo generada por el error de encasillamiento gremial inducido, provocado y a su vez reconocido por la demandada - Asevera que se ha interpretado y aplicado erróneamente la doctrina legal, cita fallos de este Tribunal en que fundamenta su posición y solicita la revocación del decisorio Que a fs. 10/11 responde traslado la contraria poniendo de relieve deficiencias técnicas del memorial y carencia de sustento legal y fáctico del recurso solicitando el rechazo Que a fs. 22 se declara formalmente admisible el recurso A fs. 23/25 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte expidiéndose en sentido contrario al recurso por entender que la situación planteada es diferente a la contenida en los fallos invocados como sostenedora de la doctrina legal que se invoca mal interpretada y aplicada y a su vez sostiene que la causa es competencia contenciosa administrativa.

Que llegado el momento de resolver la cuestión, inicio conforme lo determina el orden de sorteo el estudio del planteamiento Que avocado a ello y a efectos de la revisión de los presupuestos que determinan la admisibilidad del recurso me parece de sumo acierto las expresiones del Sr. Procurador al respecto, toda vez que el caso bajo examen obliga, al estar en conflicto una cuestión de competencia cuya decisión radica en si es o no contenciosa administrativa, un pronunciamiento de éste Tribunal no obstante no revestir lo impugnado el carácter de sentencia definitiva - - Ello así por cuanto la Corte celosa guardiana de su exclusividad en la materia, se ha avocado permanentemente al conocimiento y resolución de las cuestiones de competencia llevada a su seno, haciendo caso omiso del acierto, la calificación del recurso y de los requisitos formales que al mismo corresponden. Tal es así como bien lo dice Argañaraz: "aun en el caso de que el Tribunal civil hubiese declarado su incompetencia, la Suprema Corte estaría obligada a conocer del recurso que hubiese interpuesto el demandante. La razón es obvia. De tener por inapelable ese pronunciamiento del tribunal ordinario, ello obligaría al demandante a recurrir a la vía contenciosa administrativa, previa la reclamación ante autoridad administrativa; y como la resolución del tribunal que habría obligado al interesado a promover la acción contenciosa administrativa, no hace cosa juzgada para imponer a la Corte el conocimiento de un asunto que ella estimase que es contencioso civil, el resultado vendría a ser el de una denegación de justicia, de todo punto inadmisible. Esta comprobación por el absurdo demuestra que la Suprema Corte, en todos los supuestos, debe conocer y decidir la cuestión que hace a su jurisdicción exclusiva cuando le fuese llevada por apelación de parte interesada, y es en ese sentido ha concluido por orientarse la jurisprudencia..." (ob. cit., Tratado de lo Contencioso Administrativo pag. 220) Que lo hasta aquí expuesto exime del contralor de los presupuestos exigidos a los efectos de la admisibilidad del recurso, pues la situación supera cualquier obstáculo formal del remedio planteado Que sentado ello y en trance de abordar la cuestión sometida a estudio, vale recordar que la causal invocada como fundamento del recurso imponen al recurrente la cita de fallos de donde emergen los precedentes que conforman la doctrina legal y han sido erradamente interpretados y aplicados por el Ad Quem Que en este orden advierto y a su otra vez comparto con lo expuesto por el Sr. Procurador en tanto las situaciones suscitadas en dichas causas y que produjeron un pronunciamiento en ese sentido no son idénticas a la ahora en tratamiento y, más aun, una de ella es por mayoría De este modo no se puede hablar que en el fallo atacado se halle configurada la causal invocada, no obstante ello y lo antes señalado el Tribunal igual debe pronunciarse En tal sentido, en mi parecer, la cuestión planteada como no pocas veces ocurre se encuentra en la llamadas zona gris o zona límite donde no siempre emerge nítida la competencia llevando a todos los que hasta aquí opinantes con serios y respetable argumentos a inclinarse por una u otra posición - Al respecto muchas veces se ha dicho, que la línea que separa lo contencioso civil de lo contencioso administrativo es imposible trazarla con carácter de fijeza tales que impida que lleguen a confundirse las dos jurisdicciones. Desde luego, el tribunal en lo contencioso administrativo tendrá que aplicar leyes de fondo en los caso que resuelva, por que aun cuando solo actos administrativos sean los que dan origen a la cuestión los derechos vulnerados por ese acto pueden estar, muchas veces, amparados por una ley civil provocando confusiones a la que no es ajena la ahora bajo examen - - Y si bien la jurisprudencia predominante tiende a que si existen dudas de una cuestión litigiosa, debe resolverse a favor de la jurisdicción ordinaria no está presente, en mi entendimiento, la incertidumbre y ante ello expreso mi pensar aseverando que la competencia es contenciosa administrativa por las siguientes razones: el cobro de pesos que se reclama proviene de un contrato típicamente administrativo, realizado por el municipio a los fines de un servicio público, es decir tanto por su origen y por su fin y tanto su cumplimiento como incumplimiento deben regirse por las normas administrativas. - Por otra parte, dicha deuda no se observa como dice el actor reconocida por la administración existiendo discrepancia únicamente sobre el monto, pues lo que el Municipio reconoció es lo generado y ya pagado a partir de la firma del convenio Ciertamente nada hasta ahora a dicho el municipio en relación a los meses anteriores y que es lo que por esta causa se pretende cobrar y que va mas allá de lo puramente patrimonial o económico, limitado meramente a la liquidación del monto como asevera el recurrente Que al ser ello así, aprecio que para definir lo ahora reclamado no se puede dejar de lado la fuente que es el contrato administrativo y mas aún, se me ocurre oportuno a ello añadir lo una vez resaltado por el Dr. Oscar Guillermo Díaz: "esta Corte tiene dicho ...luego de citar ampliamente doctrina y jurisprudencia que: "como principio general receptado por la doctrina y la jurisprudencia en forma unánime, la competencia que surge en materia de contrato administrativo es amplia y comprende el contrato en su faz estática y dinámica y por lo tanto atrapa aquellas contiendas surgidas en torno a la celebración, ejecución, interpretación cumplimiento, modificación etc., ..." permitiéndome agregar que el contrato de licitación pública queda atrapado en este principio y por lo tanto la competencia de esta corte se hace ineludible Que con dicho alcance la cuestión planteada excede del marco del derecho privado por lo que es el fuero contencioso administrativo el llamado a conocer en la causa, no obstante ello para habilitar la competencia de éste Tribunal es necesario por cierto el agotamiento de la vía administrativa y pues, si bien en el sub lite se observan reclamos por parte del interesado no hay aun una respuesta configurante del acto objeto de impugnación mediante esta instancia, o sea la decisión administrativa ya sea expresa o tácita, pero definitiva, firme y que cause estado y por ende no existiendo acto administrativo que revisar la instancia no se encuentra habilitada - - Que entonces así, y en consecuencia con todo los fundamentos hasta aquí dados considero que el recurso debe ser rechazado. Es mi voto - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizadas las constancias de autos, los planteos de parte y siendo el tema a decidir, la competencia contencioso administrativa de este Tribunal, adhiero a la solución propuesta en el voto precedente, pero solo en la medida que define la atribución de competencia a este máximo Tribunal y que así debe ser declarada, rechazando el recurso de casación interpuesto. Así voto - - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones a que arriba el Sr. Ministro preopinante, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido - - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que conforme se resuelve la primera de las cuestiones propuestas, las costas deben ser soportadas por la parte actora que resulta vencida. Es mi voto A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que conforme el criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte actora que resulta vencida. Así Voto A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos, y oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 120/05, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la parte actora a fs. 2/7 y vta. de autos, por improcedente 2) Costas a la parte actora 3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de la Primera Nominación, que deberá transferir los depósitos judiciales, obrantes a fs. 1 y 20 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina - 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen