Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-27


SALA SEGUNDA Expte. Nº 5940/12 "TELLO Roberto Eduardo c/ 4 de setiembre S.R.L. - Ordinario - Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega, a fin de examinar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte codemandada "4 de Setiembre S.R.L." contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en fecha dieciocho de septiembre del año dos mil doce, en autos Nº 8899 caratulados: "Tello, Roberto Eduardo c/ 4 de setiembre S.R.L. s/ Apelación de sentencia".-------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO:------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y rechaza los interpuestos por las demandadas. De esta manera revoca la sentencia de primera instancia en cuanto limitó la extensión de la sanción prevista por el artículo 132 bis de la LCT al monto reclamado en el líbelo de demanda. En lo demás confirma el fallo de primera instancia que admitió parcialmente la demanda de cobro de pesos y condenó solidariamente a las demandadas Vallecito SRL y 4 de Septiembre SRL.------------------ --- Al fundar su decisión, y en lo que es materia de recurso, el a quo concluye que: 1º) la Corte de Justicia en recientes pronunciamientos ha declarado la constitucionalidad del artículo 132 bis de la LCT, resultando contundente la jurisprudencia allí establecida en cuanto a la validez y extensión de la norma; que si bien no se trata de un acuerdo plenario, genera una obligación funcional de acatamiento para evitar mayores desgastes jurisdiccionales. Afirma además que la literalidad de la norma es clara en cuanto a la extensión de la sanción; que su limitación implicaría adentrarse en facultades que son propias del Poder Legislativo de la Nación, lo que está vedado al juzgador. Que por ello corresponde ampliar la condena reconocida por el juez de primera instancia hasta que opere la acreditación fehaciente del ingreso de los fondos retenidos; 2º) es errónea la interpretación que el recurrente hace del artículo 80 de la LCT para concluir que cumplió con los plazos allí previstos. Afirma que la norma establece la obligación del empleador de proceder a la entrega de la certificación adecuada a las pautas que se fijan; que si no lo hiciera en el plazo de dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto formulare el trabajador, opera la sanción; que la norma no fija un plazo para hacer la intimación a la entrega sino que el plazo es fijado para la entrega de la certificación.----- --- El recurso de inconstitucionalidad es motivado en la arbitrariedad del fallo en cuanto, según afirma el quejoso, viola su derecho de defensa al interpretar inadecuadamente normas procesales y sustanciales; que asimismo omite valorar prueba y cuestiones esenciales.-- --- En primer lugar a la recurrente le agravia que el fallo impugnado haga lugar a la indemnización prevista en el artículo 80 de la LCT por considerar extemporánea la entrega de certificación de servicios. Sostiene que el a quo efectúa una interpretación errónea ya que su parte jamás sostuvo que la intimación fue extemporánea sino que la certificación de servicios fue depositada con anterioridad a la intimación remitida por el actor. Refiere también que el tribunal viola el principio de la cosa juzgada cuando argumenta que el certificado no reúne los requisitos de la norma, desde que el actor consintió lo decidido en primera instancia en el sentido que la certificación extendida resultaba ajustada a los recaudos legales.--------------------------------------- --- En segundo lugar la quejosa cuestiona que el a quo extienda el cálculo de la condena por la multa prevista en el artículo 132 bis de la LCT hasta que el empleador acredite fehacientemente el ingreso de los fondos retenidos, ya que -afirma- ello constituye una sentencia de condena futura. Refiere que sólo puede proceder el reclamo del actor por el lapso transcurrido entre el despido y la fecha de interposición de la demanda, ya que a ese momento y con esas pruebas el juez debe dictar sentencia, que lo contrario importaría afectar su garantía de defensa en juicio y el principio de congruencia.------ --- Por último, y en subsidio del agravio anterior, sostiene la recurrente que la sanción pecuniaria prevista en la norma no puede extenderse más allá del 08/09/2010, oportunidad en que se llamó autos a resolver; que de haber pagado o adherido su parte a un plan de regularización de aportes, debió incorporarlo al proceso como un hecho nuevo y la ley procesal fija como límite temporal para su invocación el llamamiento de autos (artículo 70 del CPL); que los derechos del trabajador nacidos con ulterioridad sólo podrán ser ejercidos en otro proceso.---- --- Tras exponer los antecedentes del recurso planteado, procedo a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a su desestimación, en función de las consideraciones que a continuación expongo.---------- --- Liminarmente advierto que el recurso de inconstitucionalidad no ha sido subsumido en artículo ni en inciso alguno de la ley 2275, incumpliendo de esta forma la recurrente con el requisito formal especificado en el artículo 13 inciso 1º en cuanto exige que el recurso de inconstitucionalidad debe ser fundado, puntualizando clara y concretamente cuál de los incisos del artículo 11 contempla el caso. La falta de subsunción legal -artículo que contempla el recurso- y de encuadramiento -al no indicar el o los incisos que contemplan el caso-, es causal de desestimación formal de los recursos, según ha dicho en forma reiterada esta Corte (P.R.E. S.2ª 1999-III-481; P.R.E. S.1ª 2007-II-347).-------------------------------- --- Sin perjuicio de lo dicho, el recurso de inconstitucionalidad resulta formalmente inadmisible aún entrando en el tratamiento de los agravios que lo motivan. En efecto, la queja vinculada a la aplicación de la multa prevista en el artículo 80 de la LCT, conduce al examen de cuestiones eminentemente fácticas y probatorias, tales como determinar cuándo efectuó el actor la intimación prevista en la norma y si tal certificación fue o no entregada en término por el empleador. Tales cuestiones, sabido es, son por principio propias de los tribunales de conocimiento y ajenas a la instancia extraordinaria, mientras no se desborden los límites de la razonabilidad como exigencia formal de toda sentencia (P.R.E. S.1ª 1991-I-165; S.2ª 1996-II-308). En otras palabras, para que se invalide una decisión sobre aspectos fácticos o probatorios, la decisión debe revelar arbitrariedad, y en tales casos la arbitrariedad implica trasgresión a las reglas de la lógica o valoración absurda de la prueba (P.R.E. S.1ª. 1990-I-48).-------------------------------- --- En la especie, entiendo que tal vicio no se refleja en el razonamiento efectuado por el a quo cuando concluye que la sanción prevista en la norma no resulta aplicable sólo si el empleador entrega la certificación en el plazo de dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto formulare el trabajador. Con ello el tribunal descarta implícitamente que mediara cumplimiento de la patronal con el solo depósito del certificado en la Subsecretaría de Trabajo con anterioridad a la intimación, desde que, en definitiva, la entrega al actor se hizo después de operado el vencimiento del plazo de intimación. Pues bien, tales conclusiones no son irrazonables; por el contrario, se sustentan en fundamentos que -se compartan o no- son suficientes para fundar la decisión. Ello descarta la existencia de arbitrariedad y, como adelanté, obsta a la apertura de esta instancia extraordinaria.---- --- La circunstancia vinculada a este agravio, en cuanto que el a quo habría violado el principio de la cosa juzgada al argumentar que el certificado no reúne los requisitos de la norma, entiendo que no merece tratamiento desde que, si bien es cierto que la temática vinculada a la certificación de servicios no fue objeto de impugnación por el actor, tales consideraciones no varían el resultado de lo decidido ya que, pese a la errónea referencia, el tribunal concluye que "lo resuelto aparece ajustado a derecho" (fojas 89) confirmando así lo decidido en primera instancia.------- --- El agravio vinculado a la extensión temporal de la sanción prevista por el artículo 132 bis de la LCT resulta igualmente inadmisible ya que la recurrente no ha demostrado la arbitrariedad que invoca y que, por otra parte, no queda en evidencia. En efecto, pese a alegar la existencia de ese vicio, en realidad se limita a discrepar con la solución que el a quo adopta. Al respecto, memoro que esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta, cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1).--------------------------------------------- --- Sin embargo, y como digo, el impugnante no imputa al fallo ninguno de estos vicios. Se limita a discrepar con el criterio adoptado por el a quo al interpretar el texto legal implicado (artículo 132 bis de la LCT). En efecto, el tribunal, luego de citar dos precedentes de esta Corte -cuya fundamentación comparte-, concluye que el artículo 132 bis de la LCT no es inconstitucional y que la literalidad de la norma en cuanto a la extensión de la sanción es clara y contundente, por lo que limitarla implicaría adentrarse en facultades que son propias del Poder Legislativo. Particularmente el tribunal hace hincapié en la doctrina sentada en los precedentes invocados en cuanto que el artículo 132 bis de la LCT no viola el artículo 28 de la Constitución Nacional y constituye un medio coactivo previsto por el legislador, tendiente a obtener que los agentes de retención cumplan en tiempo propio sus obligaciones, disuadiéndolos de cometer actos ilícitos; que al poder político se le reconoce la facultad de adoptar las medidas que entienda convenientes, aunque ello implique afectar, en alguna medida, derechos consagrados en la Constitución Nacional, a fin de preservar otros bienes también ponderados por ella, atribución que constituye la esencia misma de las potestades propias del Poder Legislativo.----------------------------------------- --- De donde resulta que los agravios propenden no a que se controle la legalidad del fallo, sino a que se revise el mérito con que aquél ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (P.R.E. S.2ª 1989-I-86; P.R.E. S.1ª 1999-I-176).

--- Por lo que llevo dicho he de propiciar con mi voto la desestimación formal del recurso de inconstitucionalidad deducido.-------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL Y JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJERON:--------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.-------------------------------------------- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. II) Devolver al recurrente la copia para traslado acompañada. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: Adolfo Caballero, Juan Carlos Caballero Vidal y José Abel Soria Vega. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Df-5940 E.B.T.

P.R.E. S.2ª 2012-V-977.