Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-30


SENT Nro. 824 San Miguel de Tucumán, 30 DE OCTUBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Franco Augusto Fogliata en autos: "Bussi, Antonio Domingo s/Fraude en perjuicio de la Administración Pública"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Franco Augusto Fogliata, contra la resolución de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 1° de julio de 2003, que deniega la concesión del recurso de casación interpuesto contra el fallo del mismo Tribunal del 4 de abril de 2003.

2.- Sostiene el recurrente que la resolución denegatoria del 01/7/2003 y también el fallo del 04/4/2003 vulneran los artículos 28 de la Constitución Provincial y 142 del CPP, toda vez que violan expresas garantías constitucionales que exceden el mero interés de las partes y que constituyen lógicamente gravedad institucional.

Advierte que las flagrantes transgresiones a la observancia de la ley sustantiva y su errónea aplicación de la ley sustantiva, que resultan sancionadas con pena de nulidad absoluta, están sustentadas en el tratamiento conjunto de todos los recursos sin analizarlos uno a uno, cuando cada uno de ellos cuenta con fundamentos diferentes. Y que resulta manifiesta la arbitrariedad del fallo denegatorio, ante la total y absoluta carencia de fundamentación que exhibe.

Refiere que los agravios provocados por la Cámara Penal, y que habilitan el recurso de casación consisten en la violación de las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso legal; a la vez que se resuelven las cuestiones planteadas apartándose del derecho vigente (Ley de Contabilidad de la Provincia, modificada por ley 6398), omiten el tratamiento de nulidades oportunamente planteadas, y exhiben falta de fundamentación en su apartamiento de los criterios formulados por el Juez de Instrucción en orden al concepto de peculado, y a la conclusión de que dicha figura resulta incompatible con el hecho intimado a los imputados en autos.

Considera que el recurso de casación interpuesto por su parte contiene planteos que indudablemente implican cuestiones que asumen gravedad institucional, y que la Cámara ni siquiera ha considerado. En ese sentido considera manifiesta la insuficiente fundamentación de la sentencia que revoca el sobreseimiento dictado a su favor. Observa que de la imputación fáctica efectuada por el Fiscal de Instrucción no se deduce una "sustracción" ni ello fue jurídicamente demostrado por la Cámara Penal. En esa dirección afirma que la sentencia del 4/4/03 resulta absolutamente infundada, por cuanto no se valora la falta de congruencia entre la intimación de los hechos realizada por el Fiscal de Instrucción y la figura del art. 261, 1° párrafo. Por otra parte considera que el fallo mencionado vulnera el principio de congruencia, ya que lo que se intimó al ciudadano Franco Augusto Fogliata es el hecho de haber refrendado como Ministro de la Producción el Decreto 17/3 (SH) de fecha 31/01/96, y toda otra interpretación por extensión o analogía deviene ilegal, ilegítima y arbitraria. Al respecto afirma que no resulta legalmente válido imputar un determinado hecho y luego disponer la elevación a juicio oral por otro.

Expresa que ninguna duda cabe que la conducta de su defendido no se adecua típicamente a lo imputado en el momento en que prestó declaración judicial; y que lógicamente no se deduce con claridad cuál es la precisión específica a la que refiere el art. 355 CPP, porque en realidad nunca existió. Así no se establece si se le imputa al Ingeniero Fogliata el haber "refrendado " el Decreto 17/3 o el haber obtenido o haber permitido obtener un beneficio personal en desmedro del erario público que superaría, aproximadamente los cinco millones de pesos. Y que la total inexistencia del delito o del verbo típico del art. 261 CP llevó al Juez de Instrucción a expresar que su defendido no es autor de ningún delito, y que su conducta no encuadra en modo alguno en la figura del art. 261 CP.

Por otra parte señala que la resolución del 04/4/2003 colige que, por no haber certeza en la documentada rendición de cuentas, se incurrió en un ilegítimo desvío de fondos, y por tanto "sustracción" encuadrable en el art. 261 CP. Al respecto señala que la certeza acerca de la aprobación de la documentada rendición de cuentas fue suficiente para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, designado por el Gobierno anterior, aprobara todo lo actuado. Y que no se pudo demostrar la ilegitimidad con que gratuitamente se considera a una disposición dineraria como desvío de fondos, cuando nunca se declaró la inconstitucionalidad de las normas vigentes al momento de los hechos, y por ende son constitucionalmente legítimas. Al respecto hace notar que se cumplieron todas las normas legales y procedimentales administrativas vigentes al momento de los hechos, y que la Constitución Provincial no dispone, en ninguna parte, acerca del modo forma de rendir cuentas sobre los fondos dispuestos que no sea con intervención del Tribunal de Cuentas.

Para el recurrente tanto el Ministerio Público como los integrantes de la Cámara Penal le exigen al imputado que rinda cuentas de los gastos derivados del Decreto 17/3 en una forma distinta de lo que la ley vigente preveía. Al respecto estima que la resolución atacada desconoce la legitimidad o validez de una ley emanada del Poder Legislativo, lo que constituye una cuestión de suma gravedad institucional que excede el mero interés de las partes para afectar a toda la comunidad. Y considera que no sólo deberían haber sido citadas las personas imputadas en este proceso sino también el ex Gobernador Ramón Ortega, durante cuya gestión se promulgó la Ley Provincial 6398.

Cita doctrina legal y jurisprudencia que estima aplicables al caso, pide que se tenga presente y por mantenida la reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso interpuesto, dejándose sin efecto la sentencia del 01/7/2003.

3.- Corresponde examinar si se han cumplido los recaudos de admisibilidad exigidos por el CPP para la interposición del recurso de queja, así como para la utilización de la vía impugnaticia extraordinaria de la casación. Ello porque aun cuando se hallen reunidos los requisitos exigibles para la deducción del primero, resulta inoficioso admitirlo si no se han cumplido las exigencias de admisibilidad de la casación tentada.

4.- La sentencia del 4 de abril de 2003 hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el señor Fiscal en lo Penal de Instrucción de la VIa. Nominación , y en consecuencia revocó la sentencia del señor Juez de Instrucción de la Va. Nominación de fecha 26 de septiembre de 2002 "en lo que al Delito de Peculado se refiere (punto 2do.) y denegatoria del pedido de elevación a juicio en razón de lo considerado" (cfr. fs. 70 de autos).

En orden al juicio de admisibilidad del recurso interpuesto, cabe observar, de modo liminar, que la sentencia del 4 de abril de 2003 que revoca el sobreseimiento y eleva la causa a juicio, no es impugnable por los imputados, a tenor de lo dispuesto por los artículos 469 y 472 CPP.

El artículo 469 CPP, que regula las resoluciones recurribles en casación establece expresamente: "Además de los casos especialmente previstos por la ley y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, sólo podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la acción, o hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. Contra las demás resoluciones, únicamente en la medida en que el punto debatido asuma gravedad institucional".

Como se advierte, el precepto de cita no solamente impone el recaudo de definitividad de la sentencia que se pretende impugnar, sino que deja expresamente aclarado en forma previa, que tales resoluciones serán recurribles "con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes".

Entre las limitaciones establecidas en "los artículos siguientes", a que se refiere la norma mencionada, se encuentra lo dispuesto por el artículo 472, que faculta al imputado a impugnar las sentencias condenatorias, las de sobreseimiento o absolutoria que le impongan una medida de seguridad, y los autos que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.

La resolución del 4 de abril de 2003 no encuadra en ninguno de los supuestos del artículo 472 CPP, de donde se sigue que los imputados no se encuentran habilitados para recurrirla por vía del recurso de casación, por lo que el remedio intentado deviene inadmisible, al no disponer los impugnantes de la vía recursiva que pretenden ejercitar (CSJTuc., "Ons, Rodolfo y otro s/ estafa. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de los imputados").

Al mismo tiempo, la resolución mencionada no satisface los requisitos del artículo 469 CPP, pues no se cumple, a su respecto, el recaudo de definitividad del pronunciamiento impugnado, ya que no es definitiva, ni pone fin a la acción, ni hace imposible que continúe, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena. La nota característica de las resoluciones recurribles en casación es el efecto de poner término al proceso, por lo que las decisiones cuya consecuencia es la supervivencia de la acción penal resultan ajenas a dicho concepto.

Consecuente con ello, el artículo 472 CPP autoriza al imputado a recurrir las sentencias condenatorias, la de sobreseimiento o absolutorias que le impongan una medida de seguridad, y las que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, supuestos que no se configuran en el sublite, donde lo que se cuestiona es la revocatoria del sobreseimiento del imputado, lo que conlleva la continuidad del proceso en su faz plenaria. Conforme al artículo 349 CPP, el sobreseimiento cierra irrevocable y definitivamente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta; de donde se sigue que, como principio, sólo las sentencias que se pronuncian positivamente por el sobreseimiento del acusado adquieren la nota de definitividad que caracteriza a las resoluciones judiciales susceptibles del remedio casatorio. Ni la letra ni el espíritu de la ley autorizan a interpretar la norma en el sentido de asignar al imputado el derecho de recurrir en casación todo pronunciamiento que resuelva un planteo de sobreseimiento a su favor, sea acogiéndolo o denegándolo; toda vez que la casación no es una instancia ordinaria destinada a revisar cuestiones que no han sido objeto de un pronunciamiento definitivo en las instancias de grado (cfr. CSJTuc., "Sendín Rojas, Sergio Luis s/ homicidio culposo. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por los querellantes Oscar A. Zóttola y Rosa del Valle Copola", sent. del 16/3/99;" Mender, Ricardo Luis s/retención indebida. Recurso de casación", sentencia del 30/5/2001; "Carrizo de Mansilla Sara Rosa s/ libramiento de cheque sin provisión de fondos. Recurso de queja por casación denegada interp uesto por la defensa de la imputada", sentencia del 05/10/98; Firpo Visentín, Silvia Ceferina y otros s/ estafa en grado de tentativa. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la coimputada Firpo Visentín por su propia defensa", sentencia del 20/3/2001.

Al disponer la elevación de la causa a juicio, el Tribunal a quo proporcionó los argumentos por los que consideró que no correspondía el cierre anticipado del proceso, sino que las cuestiones planteadas merecían ser examinadas con la amplitud y extensión propias de la etapa plenaria. En ese sentido vale la pena recordar que el artículo 350 CPP exige, para que sea procedente el sobreseimiento, que sea evidente la concurrencia de alguno de los presupuestos contemplados en sus diferentes incisos, lo que implica un grado de certeza que aquel Tribunal estima que no existe en este caso. De los fundamentos del fallo impugnado surge que a criterio de la Sala de instancia no existe el necesario grado de convicción que habilite el dictado de un sobreseimiento definitivo de los imputados; sino que, por el contrario, existen elementos que deben ser examinados con mayor amplitud, lo que conduce a la elevación de la causa a juicio, de manera que se dilucide en el plenario la existencia del hecho y la eventual responsabilidad penal de los acusados.

Tampoco concurre el recaudo de definitividad impuesto por el art. 469 CPP con relación a los agravios fundados en la falta de resolución de los planteos de nulidad, toda vez que tienen la oportunidad de ser reeditados a tenor de lo dispuesto en el art. 188 inc. 1° CPP.

6.- Por otra parte no se advierte la configuración en el caso del supuesto excepcional de gravedad institucional que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, definido por esta Corte como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJTuc., "Villafañe Miguel y otro s/ homicidio. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la defensa de Miguel Angel Villafañe", sent. del 25/11/98; Gutiérrez Héctor Luis s/ lesiones culposas. Casación, sentencia del 21/9/99; "Juárez, O.M. s/ lesiones gravísimas", 21/12/94). La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres, siendo insuficiente la mera invocación de la lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de la gravedad institucional.

7.- Por los fundamentos expuestos, el recurso de casación interpuesto resulta inadmisible a tenor de lo dispuesto en los artículos 472 y 469 CPP, por lo que debe desestimarse la queja interpuesta contra su denegatoria.

Por ello, en concordancia con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal (fs. 94/95) y encontrándose excusados los señores vocales doctores Antonio Gandur, Héctor Eduardo Aréa Maidana y René Mario Goane, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de queja deducido por la defensa del imputado Franco Augusto Fogliata, contra la resolución de la Sala VIa. de la Excma. Cámara Penal, del 1° de julio de 2003.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO JULIO A. ESPINDOLA ARAOZ