Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-11


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 11 de 2008.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? El doctor Sansó dijo:

1.-Contra la sentencia de fojas 831/835, que hizo lugar en forma parcial a la demanda de cobro de pesos, y también a la reconvención, apela la parte actora. El memorial de agravios consta a fojas 847/850 con respuesta a foja 853/854.

Cuestionan los accionantes el importe de las compensaciones que el decisorio apelado les fija, porque cubrirían solamente un limitado período, y por lo tanto no abarcarían la totalidad de los valores que correspondería reconocer por las mejoras y gastos efectuados, como así también por los impuestos que pagaron. Se quejan igualmente de la tasa de intereses, y de que al admitirse la demanda reconvencional, se les impusiera el pago de un canon que no tendría sustento, porque faltaría prueba que justificara el monto.

2. El juzgador evaluando la prueba pericial, y la resolución de foja 398, confirmada en la apelación a fojas 466/468, toma como punto de partida para calificar de buena fe la posesión de los demandante, y por tanto repetibles las erogaciones por mejoras, el 5 Diciembre del año 1991. En consecuencia con esta premisa, y teniendo en vista que el informe pericial da cuenta de composturas que datarían de entre quince y veinte años atrás, respecto de las cuales habría transcurrido el plazo de prescripción, y otras de entre diez y quince años. Es con relación a estas últimas, y presumiendo aplicable el plazo menor, que habría lugar para el reclamo de los actores, estimando el total en la suma de cinco mil pesos. Al mismo tiempo, dispone que el curso de intereses a la tasa pasiva, se inicie en la fecha del dictamen pericial (11 de octubre de 2005).

La impugnación de los recurrentes consiste básicamente en referir a la descripción de gastos efectuada en la demanda, y la ausencia de explicación en el considerando respectivo, que permitiera determinar las causas del importe de condena.

En verdad la pretensión detallada en la demanda, se expresó en una suma total de Cincuenta mil pesos, de los cuales $ 20.746,78 (foja 318 bis) corresponderían a servicios (Rentas, Obras Sanitarias, Aguas Argentinas, Gas del Estado, Segba y Edesur), y el resto a gastos de mantenimiento de la propiedad, reparaciones en general, colocación de diversos implementos, pinturas etcétera, hasta totalizar $ 36.146,78 con lo cual el reclamo ascendería en realidad a $ 56.146,78.- Pero la remisión al contenido y descripción de la demanda, que propone el memorial de los actores no permite precisar fecha alguna, salvedad del primer párrafo de foja 320 donde menciona "reparación de revoques de las paredes, y tendido nuevo de cañería de cables y cajas metálicas de luces (año 88): $ 3.500".

De tal modo, la ambigüedad atribuida al decisorio pierde sentido, siendo que al demandar no se indicó la fecha de las reparaciones ni mejoras. Tampoco podría asignarse trascendencia a la observación que el actor le hiciera al informe pericial (ver fojas 751/2), que se agota en el desacuerdo, pero sin aportar dato o elemento de convicción como para sostener que los plazos prescriptivos que definiera el fallo, estuvieran equivocados.

Relativo al importe de condena, de acuerdo al informe en comentario, la totalidad de las reparaciones y mejoras, sin diferenciar las que habrían prescripto, fue evaluada en la suma de $ 8.500.- Por lo tanto la suma que consigna el fallo apelado, aparece absolutamente justificada.

3.- Menos sustento tiene la queja relativa a los gastos. De acuerdo a lo que reseñara en el capítulo precedente, los actores pretenderían repetir pagos de servicios que no constituyen gastos extraordinarios en el sentido que lo legisla la norma del artículo 2427 del Código Civil.

Aducen los apelantes que la doctrina se inclina por favorecer la indemnización que compense tales desembolsos. Por citar alguna, el "Código Civil y Leyes Complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial" (Bueres- Highton), en el tomo 5 A, página 279, párrafo 2 -a dice: "Impuestos extraordinarios. Con lo que quedan excluidos los impuestos ordinarios, y las tasas y contribuciones municipales de igual naturaleza, ya que ellas son gastos de mera conservación" (en idéntico sentido : Borda Guillermo Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales; 5ta.Edición, tomo I página 126 Nº 150: "En cambio los gravámenes municipales y la contribución territorial, así como el impuesto de Obras Sanitarias - hoy A. y SA-, tienen carácter ordinario y permanente, y como tales están a cargo del poseedor de buena fe. La solución es lógica, pues si el gozó del inmueble durante el tiempo de la posesión, es justo que pague los impuestos normales u ordinarios que este inmueble ha devengado".

4.- La demanda reconvencional. El desacuerdo que los apelantes exponen en relación con el pago del canon se sustenta en la negligencia de la actora, que no produjo la prueba pericial que había ofrecido.

El único argumento de los recurrentes, y la cita del artículo 377 del Código Procesal, no configuran crítica eficiente. El capítulo 4 del escrito de fojas 547/550 no configura una expresión de agravios, en el sentido que exige la norma del artículo 265 del Código de Procedimientos, porque no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del pronunciamiento recurrido que se considere erróneas. El contenido de la queja debe poner a la vista, de manera puntual, clara y precisa la equivocación que se imputa al fallo; no se cumple con el requisito legal, enunciando simplemente desacuerdos u opiniones diversas de aquellas que expuso el juzgador. Una auténtica apelación debe hacer notorio el defecto de la sentencia apelada, mostrando desajustes entre el discurso desarrollado, y los presupuestos que le sirven de sustento; en los hechos comprobados de la causa en comparación con el derecho aplicable.

Aquí no hay nada de esto, y en orden a lo que dispone el artículo 266 del ritual, señalo: A) El sustento principal del fallo recurrido, ha sido la no discutida e incuestionable titularidad dominial de la demandada que reconvino, y las disposiciones de los artículos 2434, y 2439 del Código Civil.

B) La aplicación del artículo 165 del Código de Procedimientos, cuyo último apartado, consagra la atribución de los jueces para fijar "el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultara justificado su monto", habilitaba a decidir como lo hiciera el señor Juez de la anterior instancia, que ejerció la facultad legal con razonable sentido de justicia.

5.- En cuanto a la tasa de intereses que pretenden los accionantes, habiéndose decretado la convocatoria a Tribunal Plenario por iniciativa de la Sala "F" en autos "Samudio de Martinez, Ladislada c/Transporte Doscientos Setenta S.A. S/daños y perjuicios", en los términos del artículo 302 del Código de Procedimientos y para revisar la doctrina de los anteriores pronunciamientos: "Vázquez, Claudia c/Bilbao, Walter y otros" del 2-8-93 (La Ley 1993-E, 126 -DJ, 1993-2-720-); y "Alaniz Ramona Evelia c/ Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/daños y perjuicios" Cámara Nacional Civil en Pleno el 23 de marzo de 2004 -DJ, 2004-1-784-), corresponderá suspender la decisión a este respecto (artículo 301 del ritual).

Por lo expuesto propongo que al rechazarse los agravios, se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide, con las costas en esta instancia a los apelantes vencidos.

Los doctores Mizrahi y Ramos Feijóo por análogas razones a las aducidas por el doctor Sansó, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y ha sido materia de agravios y se suspende la decisión respecto a los intereses conforme a lo dicho en el considerando 5. Con las costas de esta instancia a los apelantes.- Gerónimo Sansó - Mauricio Luis Mizrahi. - Claudio Ramos Feijóo.