Proceso penal, bloque constitucional
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Reales, Lucía Martina s/ Solicitud de indulto o conmutación de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13

Ante el pedido de conmutación de la pena de la condenada en la Secretaria General de la Gobernación, se requiere el informe respectivo de esta Corte de Justicia.

Nuestra Constitución Provincial prevé en el art. 149 las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8º).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, a las modalidades del hecho delictivo y la personalidad de la condenada, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

En el presente, el juzgado de Ejecución Penal informó que R. fue condenada a la pena de prisión perpetua, como autora penalmente responsable del delito de Homicidio agravado por alevosía, y se encuentra detenida desde el día 20/03/99.

Según se desprende de la Planilla de Antecedentes obrante en autos, la interna R. lleva cumplidos 13 años, 1 mes y 12 días de la condena -al 21/03/12-; que cuenta con salida laboral; que posee conducta y concepto ejemplares; con un cómputo de condena de salida laboral el día 03/01/2009 y libertad condicional, el 03/01/2019.

Es oportuno expresar en esta instancia que las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley Nº 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

El tratamiento programado y particularizado a implementarse en la institución penitenciaria procurará, siempre con el control del Juez de Ejecución, la resocialización del interno, respetando el cumplimiento de normas constitucionales y tratados internacionales, en cuanto prevén que "toda pena privativa de libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación de los condenados (art. 5to, inciso 6to de la CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10 inciso 3ro del PIDCP)".

De manera que el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad resulta atemperado por el legislador mediante la institución de mecanismos que antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre.

Tal es el caso de R., respecto a quien se desarrolla la etapa de prueba del tratamiento penitenciario implementado a su respecto. Como resultado del mismo, la interna fue incorporada al régimen de semilibertad - salida laboral- y de salidas transitorias, a lo que se suma la autorización especial para la realización de diversos trámites administrativos.

Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.