marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad profesional, responsabilidad médica, mala praxis
Materia: CIVIL
Carátula: IZZO,  Genaro c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS YPENSIONADOS y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-20

1- La responsabilidad profesional de los médicos sólo aparece si existe una conexión causal adecuada entre la acción u omisión y el daño. Aun cuando en ciertos casos y en cierta medida se puede presumir la adecuación de ciertos daños, la simplificación de la prueba del nexo causal no puede llegar a extremos donde probado el daño, se pueda imputar responsabilidad a un actuar médico no ligado a ese daño. 2- Con este enfoque, no existe responsabilidad por mala praxis médica imputable a actuación negligente e imperita de los profesionales que intervinieron a un paciente por su fractura de cadera, por no evaluar previamente una patología vascular anterior que presentaba, en tanto no se probó que la omisión conllevara a la pérdida de una chance de curación y su posterior fallecimiento. Es que, si bien debía realizarse un correcto diagnóstico de la afección paralela a la intervención -dado que corroborarla y establecer su estado evolutivo permitían la posibilidad de un mejor seguimiento del paciente y no consta si esos estudios fueron solicitado como prequirúrgicos-, aunque se detectara la enfermedad vascular crónica, la operación de cadera en esas condiciones no estaba contraindicada. De la misma manera, es imposible vincular los tratamientos recibidos con el fallecimiento del paciente por un paro cardio-respiratorio producido a los dos años de la operación. (Sumario N°20176 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización tarifada, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Borrelli, Rosa Amalia c/ Organización Vigilancia Integral S.R.L. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Las indemnizaciones previstas en el art. 212 párrafo cuarto y 248 de la L.C.T. no son acumulables porque se refieren a supuestos de desvinculación originados en distintas causas legales y el contrato de trabajo se extingue por una única vez y por una causa legal determinada.
Gratuidad del procedimiento, derechos del trabajador, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Kuray, David Lionel s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

La efectiva vigencia del principio constitucional que otorga una tutela preferencial a quienes trabajan en relación de dependencia requiere que la protección legal que la Constitución Nacional encomienda al Congreso no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos y garantías sino que, además, asegure a los trabajadores la posibilidad de obtener su eficaz defensa en las diversas instancias administrativas o judiciales establecidas con tal fin, por lo que el acceso a dichas vías no puede quedar condicionado al pago de tasas, depósitos u otras cargas de índole pecuniaria.
Juicio oral, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Cresta, Liliana Mabel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Evidenciada la relación directa existente entre la prueba denegada y las cuestiones de hecho sobre las que se dictó la sentencia recurrida, debe anularse lo actuado en el juicio oral (art. 365 in fine, C.P.P.), el veredicto y la sentencia y dado el alcance que al referirse al art. 271 otorga al recurso el art. 352 inc. 3 también corresponde anular la denegatoria impugnada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba, inspección previsional, presunciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VF JEANSWEAR ARGENTINA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Las actas de inspección tienen presunción de veracidad y no de certeza, porque esta última dicción entra en pugna con la presunción de inocencia que regula el art. 18 de la C.N. (cfr. Díaz, Vicente Oscar, "Inspección tributaria y derecho de los administrados", págs. 73). Será, pues, en la actuación administrativa impugnatoria, en la que se evaluarán los datos compilados por la inspección, las probanzas aportadas por el in-teresado y la propia Administración, a fin de llegar a una conclusión efectiva y legítima. El interés en esta resolución justa no es, obviamente, sólo del particular, sino muy principalmente del propio organismo quien debe erigirse -en ese ámbito- en un juzgador imparcial y no en un contendiente feroz y arbitrario, para luego, en los tribunales, integrar la litis con la certeza de su objetividad administrativa y confianza en las pruebas que avalen su proceder.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, juicio de apremio, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Zapala c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

Corresponde hacer excepción al principio según el cual las decisiones recaídas en juicios ejecutivos y de apremio no revisten carácter de sentencia definitiva cuando los argumentos expuestos por la demandada se encuentran estrechamente vinculados con la propia existencia de la deuda.
Caducidad de instancia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: PLAYAS DEL FARO  S.A. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-20

Por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio.
Derecho procesal, jueces, facultades disciplinarias, concurrencia de sanciones, multa, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gestión Compañía Argentina de Seguros SA c/ Parque Eolico General Acha SA  s/ ordinario s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta al órgano estatal oficiado a raíz de su demora en contestar el requerimiento de información que se le había cursado en el marco del trámite de la prueba informativa. Cierto es que transcurrió el plazo de diez días previsto por el CPR 398 desde la recepción del oficio dirigido por vía digital, hasta la resolución apelada, sin que la entidad oficiada (Ministerio de Economía de la Nación - Secretaría de Energía de la Nación) respondiera el requerimiento probatorio. Puede verse en toda esa tramitación que, si bien hubo una demora de parte del órgano destinatario del requerimiento informativo, la parte que lo había ofrecido como prueba exteriorizó cierta demora en impulsar la ejecución de la sanción, a poco que se advierta que hubo una tardanza realmente injustificada para librar y tramitar eficazmente la cédula notificando la multa. Es dable asumir así que la interesada en la contestación del oficio, pese a todo, al no impulsar con diligencia la notificación de la multa, consintió de alguna manera la demora del organismo requerido, al menos en la medida temporal mencionada.
Juicio correccional, imputado no procesado, declaración informativa
Materia: PENAL
Carátula: MOLLO Guerino s/ Juicio Correcional Imputado Procesado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-20

La circunstancia de no haberse admitido el procesamiento de quien prestara declaración a tenor del art. 236, segunda parte del Código de Procedimientos en Materia Penal, en un juicio correccional terminado con la condena impuesta a otro imputado, no puede ser considerado como un obstáculo legal insalvable para que el primero pueda ser objeto de persecución penal en otra causa correccional, ulterior e independiente, instruida a raíz del mismo hecho delictivo.
Seguros, caducidad, exclusión de la cobertura, ley de seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANCHEZ Claudia Mabel c/ Sanchez Conde Martha y Otra s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-07-29

Tanta es la diferencia que existe entre caducidad y exclusión de cobertura que la obligación de pronunciarse que impone el art. 56 de la L.S. no rige para los casos de exclusión.

En el caso del siniestro producido mientras el conductor del rodado asegurado lo hacía careciendo de registro es un supuesto de no seguro puntualizó: "En tal situación la falta de pronunciamiento de la aseguradora no hubiera significado aceptación del derecho del asegurado en los términos del 56 de la ley 17.418 por estar expresamente excluida de la cobertura".
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, acto administrativo, vicios, desviación de poder, prueba, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SIERRA, ADELKI JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 62 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

No puede ser acogido el agravio del actor que postula el vicio de falsa causa, sobre la base de que la medida administrativa no se adecua al fin propuesto, "toda vez que la Municipalidad no ha acreditado que el traslado dispuesto está dirigido a lograr un mejor y adecuado ordenamiento funcional en la prestación del servicio...", desde que es al impugnante a quien le corresponde alegar y desde luego demostrar la ilegitimidad de la medida que cuestiona. Es que la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la Administración asume la categoría de "regla general", aunque también es cierto que ella es relativa y provisoria, al punto tal de que puede ser desvirtuada por el interesado demostrando que el acto controvierte el orden jurídico.

Por lo que la actividad que debe llevar a cabo el partícula importa demostrar la realidad de la situación que hace mérito para respaldar su petición, no sólo por el carácter que inviste como promotor de la acción, sino por la presunción de legitimidad que goza la actividad de la Administración.
Interdicto de recobrar, servicio público, transporte ferroviario
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrocarriles Metropolitanos S.A. c/ Intrusos y/u ocupantes Santa Magdalena 818 Arcada 89. s/ Interdicto de recobrar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-07

Si se ha acreditado la propiedad de la actora sobre la zona en cuestión, donde se realiza el servicio público ferroviario, se infiere la posesión (art. 614, inc. 1., del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) sobre la totalidad del predio (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Leyes, ley de emergencia, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AMAURI, Francisco Amado s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-11

Los requisitos que hacen a la legitimidad de las medidas de emergencia que puede adoptar el Estado para paliar una situación de ese carácter: Ellos se resumen en: a) la existencia de una situación extrema que demande del Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad; b) que las medidas implementadas de la ley para cumplir con esa finalidad proteja el interés general de la sociedad y no a un grupo de individuos determinados; c) que tales medidas sean razonables en un doble aspecto: por un lado que produzcan un alivio a la emergencia y, por el otro, que estén circunscriptas al tiempo necesario para las causas que la motivaron desaparezcan ("Home Building & Loan Ass'n v. Blaisdell, 290 U.S. 398).
Reconvención, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Graziano, José Francisco c/ Usio, Daniel Alberto s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Frente a la inicial aspiración de desahucio por la causal de falta de pago, deviene impropio introducir por vía reconvencional la pretensión autónoma referida a la resolución del contrato de locación que vinculara a las partes, pues además de faltar el necesario presupuesto de identidad de trámites (art. 319 Código Procesal), se estaría desnaturalizando el objeto propio del proceso de desalojo, al ensanchar, injustificadamente, la materia litigiosa, rebasándose de ese modo la directiva establecida por el art. 485 del Código Procesal. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, costas, derecho a la justa retribución, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Hugo A. ANZORREGUY (h) c/ FRIGORIFICO CERVANTES  S.A. s/ REGULACION  DE  HONORARIOS  DE ABOGADOS Y PROCURADORES - DERECHO A LA  JUSTA RETRIBUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

Si bien, en principio, todo lo atinente a la aplicación de los aranceles de honorarios de abogados y procuradores constituye materia de derecho procesal y reglamentación del ejercicio de las profesiones, sujeto a la legislación local y extraño al recurso establecido por el art. 14 de la ley 48, corresponde hacer excepción a tal principio cuando lo resuelto no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, especialmente si la solución adoptada afecta el derecho a la justa retribución de los profesionales y los priva de derechos definitivamente incorporados a su patrimonio como consecuencia de las tareas realizadas (arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional).
Concursos, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

Cabe homologar la propuesta de acuerdo ofrecida oportunamente por la concursada atento a la mejora de propuesta ofrecida, consistente en un interés anual que aun cuando puede parecer bajo (2%), su condición de capitalizable hace que tal debilidad sea rápidamente superada y una drástica disminución de la quita, al reducirla al 25% frente al 40% que inicialmente contemplaba la oferta inicial y ha dado certidumbre a la fecha de pago de la primer cuota; toda vez que, atento a la restricción legal que la alcanza para acceder plenamente a la solución prevista por la ley 24522: 48  -conf. ley 25750- por tratarse de una editorial, lo cual, en principio, acotaría a los acreedores la opción de obtener el cobro por un tercero (conf. Junyent Bas, f. y Chiavassa, E., "La exclusión de los medios de comunicación del salvataje empresario en el concurso preventivo", ja 2003-III-1303; Lorente, J., "La exclusión del art. 48, lcq, para las empresas de medios de comunicación dentro de la ley 25750 de preservación de bienes y patrimonios culturales", en aa.vv., "Derecho concursal argentino e iberoamericano, V congreso argentino de derecho concursal y III congreso iberoamericano sobre la insolvencia", ad-hoc, Buenos Aires, 2003, t. II, p. 762; Dasso, A. y Dasso, J., "El cramdown y la preservación de la cultura", en aa.vv., "Derecho concursal argentino e iberoamericano, V congreso argentino de derecho concursal y III congreso iberoamericano sobre la insolvencia", ad-hoc, Buenos Aires, 2003, t. ii, p. 805), cobra mayor trascendencia la desfavorable situación para los acreedores que provocaría la quiebra en tanto el recupero de sus créditos sería aún mas improbable; además, ninguna de las impugnaciones al acuerdo formuladas, de las cuales sólo una mantiene vigencia, contuvieron imputación de fraude a la ley en los términos de la L.C: 52-4°, ni hubo denuncia de fraude a los acreedores (concepto distinto del fraude a la ley, como lo enseña la doctrina: Messineo, F., "Manual de derecho civil y comercial", Buenos Aires, 1955, t. iv, p. 163, cap. 108, n° 10).
Incumplimiento del contrato, mora, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: CONSTANTINIDIS, José Miguel c/ ANIISUD, Fábrica de Anilinas y Productos Químicos S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-05

La comunicación de la accionada en razón de la cual pretende la desvinculación contractual, que resulta infundada e importa la decisión de no cumplir las obligaciones a su cargo, es decir la confesión extrajudicial de la mora, debe ser el punto de partida de los frutos que el accionante se ha visto privado de disponer por la conducta arbitraria de su contraria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: AMERISO, JOSE LUIS c/ SGROSSO, JOSE LUIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RENDICION DE CUENTAS-SUMARISIMO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 130 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que los agravios del recurrente carecen de virtualidad para hacer excepción al criterio conforme al cual las cuestiones relativas a la interpretación de normas de derecho común y a la valoración de extremos de hecho y prueba en principio no deparan materia idónea en orden al acceso a la vía intentada.

En el caso, la Alzada confirmó el pronunciamiento de baja instancia por considerar que no asistía razón a la apelante cuando sostenía que la obligación de rendir cuentas solo pesaba sobre los comerciantes, toda vez que -conforme lo ha reconocido la doctrina- la obligación de rendir cuentas responde a un principio general del derecho (cuya inclusión en el Código de Comercio se explica por la ausencia de Código Civil al momento de su dictado) que abarca "un amplio espectro de situaciones" donde sólo se requiere "que exista una actuación que involucre el interés de un tercero", una "gestión de negocios ajenos, cualquiera que sea su carácter", aplicándose analógicamente a su respecto las reglas establecidas en el mandato, incluso si se trata de "la simple realización de tareas de 'cobranza', enmarcándola en los términos del art. 1909 del Código Civil".
Incumplimiento del contrato, responsabilidad contractual, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-02

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió, con base en la limitación que impone el art. 1107 del Código Civil, que "la violación de un contrato, aunque fuera voluntaria y dolosa, sólo da nacimiento a la responsabilidad contractual, siendo inaplicable el régimen establecido para los hechos ilícitos". De manera que frente a la inejecución o mala ejecución culposa de un contrato (aun dolosa para la Corte) no existe otro medio para efectivizar la responsabilidad, que invocando las condiciones del convenio, y estando éstas regidas por la ley comercial, no puede haber dudas de que serán aplicables las formas y plazos estipulados en esa legislación (y no en la civil), para resolver y computar la prescripción opuesta. (Dr. Márquez Palacios: Según su voto).
Jubilaciones, pensiones, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollura, Pedro c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La ley previsional ha desechado, en principio, el método de liquidación de los beneficios previsionales en base a las remuneraciones percibidas por los afiliados, estableciendo la determinación del monto de una jubilación sobre tal base sólo ante la imposibilidad de efectuar la correlación por equivalencia entre las misiones y responsabilidades de cada cargo (art. 50, segundo párrafo, dec. ley citado).
Concursos, deudas impositivas, moratoria impositiva, regularización impositiva
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: METALES DEL TALAR SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

Del dictamen fiscal nº 130817:. La petición de la concursada relativa a que el plazo para ingresar al régimen previsto por la ley 26476 -de regularización de deudas tributarias- se compute una vez que recaiga resolución firme respecto de los créditos que se encuentran cuestionados implica alterar las condiciones dispuestas en la ley citada. Ello es así pues de acogerse lo solicitado, la concursada se estaría sustrayendo de las condiciones fijadas en el art. 2 relativas al allanamiento y el desistimiento allí requeridos. Se ha sostenido en materia de moratoria impositiva que la interpretación ha de ser restrictiva, porque ella constituye un régimen de excepción (dictamen nº 1110113 de fecha 17.2.06, e autos: "Serafín y Cia . S.A. s/ conc. preventivo s/ inc. de tasa" con fallo de la Sala E de fecha 23.2.06 que remite a sus fundamentos ; CN Cont. Adm. Fed, Sala III, de fecha 3.10.96 en autos "Coop. Agr. Gan. De Consumo de Suardi s/ Apel. Tribunal Fiscal). Por otro lado, si la concursada pudiera acogerse al régimen una vez resueltos los planteos en trámite, el plazo para el ingreso al sistema y para el pago se habría postergado más allá de las previsiones legales fijadas en la ley y en su reglamentación. (En el caso las dos determinaciones de oficio efectuadas por la AFIP se encuentran apeladas por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y pendientes de resolución, habiendo comenzado a regir el plazo establecido por el art. 6 de la RG 2650/09).
Propiedad horizontal, nulidad de asamblea de copropietarios
Materia: CIVIL
Carátula: GIGLIO Alberto c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS SAN MARTIN 941/951 s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-05

La nulidad de la asamblea de copropietarios es relativa, por cuanto solamente se pueden encontrar afectados intereses particulares, sin que se encuentre comprometida ninguna norma de orden público; ello trae aparejado que el acto puede ser confirmado.-
Expulsión de extranjeros, antecedentes penales, sentencia condenatoria, violencia de género
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Jiménez Pereira, Fulgencio c/ E.N.-DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-11

La expulsión del migrante con sustento en los antecedentes penales de éste vinculado a la violencia de género debe ser dejada sin efecto, pues si bien normas internacionales -Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Belém do Pará- reconocen a las mujeres, especialmente en situación de vulnerabilidad, una mayor protección del Estado mediante la adopción de políticas públicas, no contienen disposiciones específicas sobre el estatus migratorio de los extranjeros ni establecen causales de expulsión por razones de violencia de género, y ello tampoco se deriva del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional ni de la ley argentina que no incluyó los delitos por los que fue condenado el migrante entre las causales de expulsión (Voto del juez Rosenkrantz).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LUNA, Gregorio Orlando c/ CALLERI, Salvador s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-10-29

Corresponde el rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que aplica la ley procedimental del fuero laboral, que prescribe la obligación de la Cámara de resolver sobre el fondo en caso de admitir la nulidad, lo que descarta el exceso ritual y la privación de la doble instancia argüidas por el recurrente.-
Honorarios del abogado, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bilbao, Francisco y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Ajuste jubilatorio e inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Los honorarios devengados por la tramitación del presente juicio de ajuste jubilatorio, no se encuentran alcanzados por la ley 11192.