Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-25


M., R. E.

Reg.: A y S t 216 p 306-309.

Santa Fe, 25 de octubre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensora técnica del imputado R. E. M. contra la sentencia 22 del 14 de marzo de 2006, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "M., R. E. -Recurso Apelación-Sustitución Prisión Preventiva-(Expte. 845/05)" (Expte. C.S.J. nro. 316, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso de inconstitucionalidad local, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad revocó el auto del 3.11.2005, dictado por el Juez en lo Penal de Sentencia Número Cuatro de esta ciudad -que, a su turno dispusiera sustituir la prisión preventiva oportunamente dictada contra R. E. M.

y en consecuencia ordenara su libertad bajo la caución personal de cinco mil pesos, hasta tanto se resolviera la situación procesal del liberado y le impusiera la obligación de someterse al cuidado de su hermano R. M (f. 1)- (fs. 3/4).

En el memorial recursivo (fs. 8/10), la defensora técnica de M. adujo que la decisión de la Cámara que revoca la sustitución de prisión preventiva con el argumento de que M. intentará evadir la acción de la justicia y violar las obligaciones impuestas por el Juez de Sentencia, causa un perjuicio irreparable a su defendido y no se ajusta a las exigencias mínimas necesarias para la adecuada satisfacción de garantías y derechos constitucionales expresos y normas de orden público.

Alegó que, por el contrario, M. ha dado muestras claras de que no está en su interés evadir la acción de la justicia.

En tal sentido, expresó que su defendido siempre estuvo en su domicilio; y el hecho de que haya sido detenido en otro lugar de ninguna manera se puede tomar como elemento probatorio de que se encontraba en actitud concreta de eludir la acción de la justicia, desde que se hallaba de visita en la casa de un amigo y el arma de fuego encontrada en el lugar no le pertenecía.

Asimismo, puso énfasis en que hasta el momento, su pupilo ha concurrido cada mes al Juzgado en compañía de su hermano.

La Sala a quo, mediante auto 88 del 26.05.2006 denegó la concesión del medio impugnativo deducido (fs. 12/13).

Tal denegatoria, motivó la presentación directa del interesado ante esta sede (fs. 20/21).

2. En primer lugar, cabe señalar que si bien la resolución atacada por vía del recurso de inconstitucionalidad local -mediante la cual se revocara la decisión del Juez de Sentencia de sustituir la prisión preventiva dictada contra R. E. M. y ordenara su libertad bajo caución personal de cinco mil pesos y le impusiera la obligación de someterse al cuidado de su hermano- no es, atento a su naturaleza, sentencia definitiva ni auto que ponga fin al pleito o impida su continuación, no obstante ello puede constituirse excepcionalmente en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, en razón de que, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, le ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación ulterior sobre uno de los bienes de mayor trascendencia para el derecho, cual es la libertad ambulatoria (Cfr. A. y S. T. 83, pág. 284; T. 86, pág. 6; T. 92, pág. 254; T. 104, pág. 20; T. 130, pág. 243; T. 133, pág. 473; T. 137, pág. 204; T. 150, págs. 236/244; T. 151, págs. 248/251, T. 212, págs. 456/459, entre otros; C.S.J.N., Fallos 307:549; 310:1835; 311:652; y 667, entre otros).

Asimismo, en relación a la falta del recaudo de oportuna introducción de la cuestión constitucional acusado por la Cámara, cabe señalar que este Cuerpo ha seguido las pautas elaboradas por el Máximo Tribunal de la Nación, las que han afianzado una directriz muy importante: "la garantía de defensa en juicio impone un especial cuidado en la consideración de la admisibilidad del recurso extraordinario cuando, especialmente se encuentran involucradas personas privadas de su libertad..." (Fernández, Jorge", publicado en Doctrina Judicial, 1987-II-481), es decir, han perfilado un concreto ablandamiento de los requisitos formales de interposición del recurso extraordinario.

Ello implica que, de advertirse incumplidos ciertos recaudos que hacen a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad local, como resulta ser el oportuno planteo de la cuestión constitucional reputado ausente por el A quo en el auto denegatorio, tal situación no puede gravitar en desmedro de los condenados que se hallen privados de su libertad (en tal sentido, A. y S. T. 200, págs. 304/304; T. 204, págs. 217/220).

Sin embargo, aun superados los aludidos extremos formales, la postulación del compareciente no ha de tener favorable acogida, por cuanto pese a acusar al fallo de carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, del desarrollo de los agravios en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que en los planteos del enjuiciado prima su disconformidad con lo resuelto por los juzgadores de grado en ejercicio de funciones propias, ámbito que resulta extraño al remedio deducido.

Ello así toda vez que se advierte claramente que todos los planteos sobre los cuales erigiera su discurso giran en derredor de un único eje argumental, tal, el sentido que brindara el Tribunal al artículo 346 del Código Procesal Penal en orden a revocar la decisión del Juez de Sentencia de disponer la sustitución de prisión preventiva de M. Dicha cuestión atañe sin duda a aspectos vinculados con la interpretación del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas en el caso, la cual -como ya se sabe- constituye, por vía de principio, facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, por ende, no resulta susceptible de revisión por vía de la vía excepcional intentada, a menos que se demuestre arbitrariedad, es decir, una exégesis irrazonable de las pertinentes disposiciones, circunstancia que en modo alguno la recurrente logra demostrar que haya acontecido en la especie.

En tal sentido, cabe traer a colación que es criterio afincado en este Tribunal - haciéndose eco de jurisprudencia de mayor jerarquía orgánica- que no es arbitraria la decisión si la inteligencia de la norma no excede el marco de posibilidades que brindan las normas en juego ni traduce una apreciación irrazonable del tema propuesto (Fallos 304:1826).

Tampoco, si la elección importa adoptar una solución posible, apoyándose en razones suficientes (Fallos 304:948; A. y S. T. 100, pág. 251; T. 104, pág. 20, entre otros).

A la luz de tal principio rector, de la lectura del fallo de marras no se advierte que, en el caso de autos, la Sala haya vulnerado garantías constitucionales.

En efecto, al margen del acierto o error en que pudo incurrir, optó por un criterio exegético que no puede ser tildado de arbitrario por haber desbordado las posibilidades interpretativas que ofrecía la normativa en juego, al dejar liminarmente sentado que, esencialmente, la sustitución de la prisión preventiva es un instituto que tiende a evitar el encierro innecesario de los imputados cuando concurran en forma conjunta las exigencias de que no haya peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio, debiendo aplicarse con total y absoluta cautela, para que no aparezca como un beneficio subsidiario al impedimento de gozar de la libertad provisional, de uso habitual y cotidiano.

Y, tras ello, trasladando tales principios a la realidad concreta de los presentes autos, que aparecía apresurado e inaplicable el instituto, toda vez que, no obstante no registrar antecedentes el imputado, habida cuenta la calificación legal seleccionada en el auto de procesamiento -tentativa de homicidio calificado-, el mínimo de pena excedía los tres años de prisión, límite máximo de la posibilidad de condena en forma suspendida y con un máximo que supera holgadamente los seis años de la misma pena.

Además tuvo en cuenta que M. había cumplido sólo tres meses y 28 días de dicha cautelar, con lo cual de ser condenado, en el mejor de los supuestos, pudiendo gozar de la libertad condicional, le restarían por cumplir más de dos años de prisión.

También consideró que, aún admitiéndose la inexistencia de riesgo de entorpecimiento probatorio, se detectaba una clara actitud reticente del imputado desde la ocurrencia del hecho a asumir la acción de la Justicia al respecto, ya que conocía la incidencia toda vez que la relata hasta su ingreso al domicilio de la víctima y dice haber sido anoticiado por su hermano de lo que sucedió después, abandonando su domicilio para radicarse en otro lugar.

Coligió que tal reticencia inicial del justiciable a no asumir ante la Justicia la participación que según conocía le correspondía en el hecho, no permitía abrigar fundadas esperanzas de que no pudiera reincidir en ello, más allá de la fianza constituida, ya que en caso de ser condenado, debería cumplir más de dos años de pena privativa de libertad, aún teniendo en cuenta que podría acceder a la libertad condicional.

Frente a esta línea argumental, la defensa técnica intenta oponer su particular enfoque aduciendo que de acuerdo a las constancias de autos, no existen elementos objetivos que hagan presumir que su defendido evada la acción de la justicia para el hipotético caso de que sea condenado por el delito que se le imputa ni mucho menos que entorpezca la investigación, habiendo concurrido cada mes al Juzgado de Sentencia en compañía de su hermano a fin de cumplimentar los informes correspondientes en cuanto a su situación; mas tales alegaciones no resultan suficientes para derrumbar el pronunciamiento desde la óptica constitucional puesto que no alcanza a demostrar que la Alzada hubiese propiciado una hermenéutica de la normativa aplicable que exceda los márgenes de razonabilidad tolerados, con la consecuente conculcación de los derechos y garantías consagrados en la Ley Fundamental.

Por último, y a modo de epílogo, una vez más conviene recordar que las cuestiones interpretativas frente a la norma legal pertinente, pueden dar lugar a una deficiencia exegética que permite distinguir dos tipos de interpretaciones: arbitrarias y no arbitrarias, cada una con distintas manifestaciones.

Evidentemente, sólo las primeras podrán habilitar el recurso de inconstitucionalidad.

Y si bien es cierto que el deslinde entre una y otra no guarda la claridad y precisión que se pueden encontrar en otros temas vinculados a la doctrina de la arbitrariedad, un reencuadre del recurso extraordinario por interpretación arbitraria de la norma aconseja reservarlo, conforme con pautas señeras de la Corte, para desaciertos de gravedad extrema que descalifiquen a la sentencia como pronunciamiento judicial, precisamente para no abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse todas las decisiones equivocadas (A. y S. T. 92, pág. 299; T. 150, págs. 236/244; T. 151, págs. 248/251, etc.).

En suma, la Sala optó por un criterio exegético que no se advierte pueda ser tildado de irrazonable ni de haber desbordado las posibilidades interpretativas aceptables desde el punto de vista constitucional que ofrecía la normativa en cuestión (art. 346, C.P.P.), por lo que el planteo queda reducido al desacuerdo de la recurrente para con el alcance atribuido al referido precepto, y sin que las alegaciones formuladas permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice a apartarse del principio señalado y, como se anticipara, no puede dar cabida a la apertura de esta instancia excepcional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)