Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-11-01


Salta, 1 de noviembre de 2006.

Y VISTOS: Estos autos caratulados ?ARANGIO, Roberto Angel vs. CITIBANK N.A. - NULIDAD DE ACTO JURIDICO?, Expte. Nº 47956/02 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 2ª Nominación; Expte. Nº 141641/5 de Sala y C O N S I D E R A N D O La doctora Graciela Carlsen dijo:

Roberto Ángel Arangio, por intermedio del Dr. Rodrigo Escudero, promovió juicio ordinario para impugnar los intereses aplicados por el Citibank N.A. en la relación de cuenta corriente bancaria que mantuvieron, desde enero de 2001, y la nulidad parcial de la operación de refinanciación del saldo deudor de esa cuenta, consolidado en 5 de julio de 2001.

Sostiene que ante la imposibilidad de cancelar el saldo de su cuenta, el banco comenzó a aplicar intereses que considera excesivos que, posteriormente, fueron consolidados y liquidados por el convenio de refinanciación al que asigna carácter de usurario y por ello, de inconvalidable.

Funda su acción en lo que disponen los arts. 21, 953, 954, 1071 y 1198 del Código Civil, 790 y concordantes del Código de Comercio, reglamentaciones del Banco Central y disposiciones relativas al caso. Solicita, por ello, el recálculo de las cuentas usando una tasa morigerada judicialmente a fin de determinar, en la etapa de ejecución de sentencia, la existencia de saldos deudor o acreedor. Y en este caso, para que se ordene el reintegro.

Contestó el Citibank N.A. por intermedio de su apoderado, Dr. Cristian Puló, negando los hechos invocados en la demanda. Expresó además el banco demandado que jamás fueron impugnados los resúmenes de cuenta, con lo que los mismos quedaron consentidos; que los intereses aplicados tampoco fueron reclamados; que el 5 de julio de 2001 Arangio solicitó un préstamo por U$S 28.000 a fin de ser aplicado a capital de trabajo, monto que le fue acreditado en su cuenta; que con ello quedó consolidado y admitido el saldo resultante, por lo que no puede ahora ser impugnado; que no tratándose de rectificaciones de errores materiales, la pretensión de revisión de la cuenta resulta extemporánea, conforme al art. 790 del Código de Comercio.

Tramitada la causa y producida la prueba ofrecida por las partes, se dicta la sentencia de fs. 417/422, la que toma como punto de partida el criterio, fundado en doctrina y jurisprudencia, relativo a que la conformidad del cliente de los saldos de la cuenta corriente que el banco debe informar al mismo según el art. 793 del Cód. de Comercio se limita a la exactitud de los asientos y no conlleva una declaración dispositiva y normativa, de donde, por aplicación analógica del art. 790 del mismo cuerpo legal, los errores de cálculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente llevados al débito o al crédito pueden ser revisados hasta los cinco años.

Luego, al analizar la tasa de interés aplicable, advierte que no existe en el contrato de cuenta corriente convención alguna que la determine, ni existía en ese momento tasa máxima fijada por el Banco Central, lo que no significa que el banco demandado pueda fijarlas discrecionalmente de manera de afectar el orden público y las buenas costumbres, lo que considera atentatorio a los arts. 621y 622 y 623 del Código Civil.

Al analizar la prueba pericial producida en autos y no impugnada, encuentra el Sr. Juez a quo que los intereses aplicados, que van desde el 79,84% u 89,09% anual hasta 197% anual en períodos de vigencia de la ley de convertibilidad y de relativa estabilidad monetaria son aún superiores a los informados por la entidad demandada y revela un aprovechamiento abusivo de la condición de inferioridad de la otra parte y un factor desequilibrante del contrato, sin justificación alguna, contrariándose lo normado por el art. 37 de la ley 24.240 y el art. 953 del Código Civil, configurando una situación abusiva que se debe morigerar.

En cuando al contrato de mutuo por U$S 28.000, al estar vinculado con la evolución del saldo de cuenta corriente según el informe pericial, al ser solicitado y aplicado al pago del mismo manda que sea reajustado y aplicado para compensar el saldo que resultara una vez recalculada la deuda, con restitución recíproca de los saldos que resultaran.

Como consecuencia, el fallo ordena practicar una nueva cuenta sobre la base de morigerar los intereses, aplicándose la tasa nominal anual vencida que percibió el Banco de la Nación Argentina por descubiertos bancarios generados entre el 31/5/99 y el 14/7/02, debiéndose restituir los saldos deudores que resultasen.

II. Apelan ambas partes (fs. 430, 437). La actora se agravia, esencialmente, expresando que el Banco de la Nación tiene tres tipos de tasas distintas para los descubiertos bancarios y porque, además, las tasas de dicha entidad fueron por un tiempo inclusive superiores a la pretendida por el Citibank, con lo que persistiría el vicio y se violaría el principio de congruencia.

Quedaría afectada, además la ley 23.928 que prohibió la repotenciación de las obligaciones. Propone como tasa razonable la del 24% anual conforme jurisprudencia que cita, y se agravia también por la falta de devolución del I.V.A. sobre intereses que al reducirse éstos, generarían un excedente (fs. 473/487).

III. Al contestar los agravios, cuestiona la demandada la legitimación de la actora que, denuncia, se encontraría en estado de quiebra declarada. Seguidamente descalifica el memorial de la actora por no constituir una crítica razonada del fallo apelado, fundamenta la especificidad del interés que cobran las entidades financieras, que la diferencian de la tasa de interés fija que se aplica a otros fines, y solicita el rechazo del recurso.

A su vez, expresa agravios, sobre los siguientes temas: a) el plazo quinquenal para la revisión lo es sólo cuando ha mediado error, dolo, fraude u otro vicio de consentimiento, lo que no ha sido alegado en autos; b) no se ha considerado el obstáculo de la conformidad por falta de observación de los resúmenes de cuenta, conforme lo establecen el art. 793 del Código de Comercio y la OPASI 2, Comunicación ?A? 3244 del Banco Central, punto 1.5.2.3.; c) no se ha considerado los efectos del contrato de mutuo en relación a la asunción de la deuda que implica; d) cuando la sentencia introduce el desequilibrio de las prestaciones, en violación a la ley 24.240, incursiona en una cuestión no introducida a la litis; e) que la cláusula 4 del contrato de mutuo anulada por el fallo dispone la capitalización de los intereses, que no es objetable a tenor de lo que dispone el art. 623 del Código Civil ( fs. 491/496).

IV. Razones metodológicas determinan examinar, primero, los agravios de la parte demandada, en cuanto propician el rechazo de la demanda por existir obstáculos a su procedencia. Y en primer lugar, cabe referirse sobre la falta de legitimación acusada a la parte actora en virtud de un supuesto estado de falencia.

Al responder, acompaña la parte a fs. 507/508 testimonio de la sentencia dictada en el juicio ?Arangio, Angel Roberto s/quiebra (pequeña)?, Expte. nº 83.370/03 del Juzgado 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1ª Nominación de la apertura del concurso preventivo de Angel Roberto Arangio en función de lo que dispone el art. 90 de la ley 24.522 (conversión de la quiebra). Ello deja sin sustento la impugnación de la legitimación (art. 15, ley 24.522).

Los agravios de la actora relacionados con la improcedencia de la demanda de revisión de la cuenta se vinculan, en primer lugar, a la conformidad implícita que emergería de la falta de observación de los resúmenes de cuenta en el plazo establecido por el art. 793 del Código de Comercio y la reglamentación del B.C.R.A. por Comunicación ?A? 3244, sección 1, capítulo 5.2.3. que expresa que ?se presumirá conformidad con el movimiento registrado en el banco si dentro de los 60 días corridos de vencido el respectivo período no se ha presentado en la entidad financiera la formulación de un reclamo?.

Esto impediría el posterior reclamo judicial, salvo supuesto de errores de cálculo, omisiones, artículos extraños o indebidamente debitados o acreditados, o duplicación de partidas.

Coincido, sin embargo, con el criterio que sostiene que tal conformidad tácita sólo conlleva una presunción ?juris tantum?, que admite prueba en contrario, y que resulta irrelevante para convalidar actos ilegales o contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres.

Es que el acto del reconocimiento de las obligaciones está sujeto a todas las condiciones y formalidades de los actos jurídicos (art. 719 del Cód. Civ.), y entre ellas, la licitud (art. 944), que se erige en condición del acto y por ende, de su reconocimiento (cf. Carlos Gilberto Villegas, ?Régimen de débitos y de intereses en la cuenta corriente bancaria: impugnación del saldo de cuenta?, en La Ley, t. 2004-D, p. 949 y siguientes; del mismo autor, ?Cuenta corriente bancaria. Principales problemas?, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, ed. Rubinzal-Culzoni, t. 2005-3, p. 123 y siguientes).

La conducta de las entidades financieras debe ajustarase a un estándar de responsabilidad agravada, pues dado su carácter de comerciantes profesionales con alto grado de especialización y colector de los fondos públicos con superioridad técnica sobre sus clientes, están obligados a conducirse con prudencia y pleno conocimiento de su objeto.

De allí que es improcedente que a falta de estipulación de los intereses que se aplicarían a cuenta correntistas por el giro en descubierto, la entidad bancaria fije unilateralmente la tasa aplicable.

En este caso, el silencio del cuenta correntista que no impugnó los resúmenes de cuenta en la que se le debitaron cifras que estima exorbitantes ?y efectivamente lo son, según emerge de las pericias practicadas- en concepto de intereses, no cubre las irregularidades, la falta de buena fe y la negligencia con la que actuó la entidad bancaria demandada al debitar dichos importes (CNCom. sala B, en la Ley del 12/09/2006, p. 7; cf. CNCom. sala A, La Ley, t. 2004-D, p. 948, con nota de Carlos G. Villegas).

De allí que esté resuelto que para decidir la admisión de los cuestionamientos efectuados por un cuentacorrentista respecto de los intereses que conforman el saldo de su cuenta, carece de relevancia jurídica que haya omitido la impugnación u observación de los extractos o resúmenes mensuales enviados por el banco, dado que la conducta por medio de la cual se aplican intereses en transgresión al orden público y a las buenas costumbres es insusceptible de convalidación (CNCom. sala B, La Ley, t. 2005-E, p. 559).

Por las mismas razones, no puede asignarse efecto saneatorio al convenio o contrato de mutuo celebrado por las partes e imputado al pago de los saldos negativos de la cuenta corriente. No es ocioso recordar que si en la aplicación de intereses medió transgresión al orden público y las buenas costumbres, estamos ante una conducta insusceptible de convalidación con fines que no merecen protección jurídica.

Por ello -en el caso- carece de relevancia jurídica que el cuentacorrentista haya omitido impugnar u observar los extractos o resúmenes mensuales del banco (del voto de la Dra. Piaggi en el fallo citado de la CNCom. sala B, de La Ley del 12/09/06, transcripto en extenso en La Ley on line).

La doctrina del acto propio precedente ?citada al expresarse agravios- no tiene virtualidad alguna por esa causa: la imposibilidad de convalidación de un acto o negocio que transgrede el orden público o las buenas costumbres.

En cuanto a la situación desde el punto de vista del desequilibrio en la posición de las partes en la relación de consumo, de cuya consideración se agravia la demandada por entender ser ajena a la litis, la misma ha sido propuesta en la demanda con suficiente claridad, en especial a fs. 117/118, subrayándose la inferioridad contractual en la que las condiciones objetivas narradas colocaban al actor frente al banco, quedando sometido a la adhesión de las condiciones preimpuestas.

Esto es una notoria circunstancia que no requiere la abundancia probatoria para determinar la existencia de una posición contractual distinta entre la entidad financiera demandante y quien precisamente revista como deudor de la misma, con giros en descubierto, solicitando un mutuo para disminuir el saldo deudor y puesto luego en situación de quiebra y posterior concurso preventivo.

Todo ello surge de las constancias de autos y avala el análisis de la sentencia en grado al encuadrar el caso, también, en las prescripciones de la ley 24.240.

Un último agravio de la demandada tiene por objeto revertir la declaración de nulidad de la cláusula 4ª del contrato de cuenta corriente que contempla la capitalización de intereses, y en esto le asiste razón parcial.

La demanda fija su objeto en la reducción de las tasas de interés, con el consecuente recálculo de los débitos (incluidos el I.V.A.) y del saldo final de la cuenta, con las condenas por reintegro que correspondan, mas no propugna la declaración de nulidad de la cláusula cuarta aludida, por lo que debería, en rigor, revocarse el punto.

Pero la cuestión se revela intrascendente o abstracta a poco que se tenga en cuenta que la tasa de interés fijada en la sentencia remite a la que aplica el Banco de la Nación Argentina en un caso, para los descubiertos bancarios y en otro, para las operaciones comunes de descuento.

Esta pauta subsume la aplicación o no de la cláusula 4 (pacto de capitalización) según que las tasas a las que se remite el fallo contemplen o no la capitalización, y el período de ésta. Siempre será la aplicación de las tasas referenciadas las que determinarán los débitos o créditos de la cuenta.

VI. Los argumentos expuestos me convencen sobre la insuficiencia de los agravios de la parte actora para conmover los fundamentos con los cuales la sentencia apelada ha dispuesto la revisión de la cuenta para la determinación de un nuevo saldo que tenga en cuenta tasas de interés razonables, que se compadezcan con la moral y las buenas costumbres, habida cuenta que las determinadas pericialmente ?aún por el perito de parte- exceden notoriamente ese margen de razonabilidad, tal cual lo ha establecido la sentencia.

Y esto conduce ya al examen de los agravios de la parte actora que se basan, esencialmente, en la indeterminación de la tasa de interés contemplada en la sentencia (el Banco de la Nación tiene tres tasas distintas para las operaciones en descubierto, dice), y en que las tasas aplicables según el fallo podrían ser, inclusive, más onerosas o exorbitantes que las pretendidas por la actora.

La documentación arrimada al proceso al expresar agravios y agregada a fs. 470/472 sin objeción de la contraparte, asevera en efecto que existen distintas tasas según cada tipo de descubierto, haciéndose necesario precisar uno de ellos a los fines de evitar trasladar la incertidumbre para el trámite de ejecución de sentencia.

Dado que se postula la morigeración del interés aplicado, en función de las circunstancias expresadas, y la falta de prueba sobre pauta concreta alguna que posibilite apartarse de la referencia del art. 565 del Código de Comercio en cuanto a la remisión de los intereses que perciben los bancos públicos, me inclino para que se aplique la más baja de las tasas, equivalente a la que corresponde a los descubiertos con garantía hipotecaria a fin de determinar el saldo al 14/07/02.

Obviamente que el recálculo de intereses deberá incluir el del I.V.A. que corresponde a estos, debiendo eliminarse del débito el excedente, y en ese sentido cabe aclarar el fallo en grado.

VII. En definitiva, de ser compartida la opinión expresada en mi voto, la sentencia deberá rechazar los recursos interpuestos por las partes, y confirmar la sentencia con la aclaración que corresponde formular (art. 272, CPCC) con respecto al IVA conforme el considerando respectivo, y a la tasa a la que deberán remitirse para realizar la nueva liquidación a fin de calcular los débitos por intereses que cabe reconocer al banco demandado. Las costas en esta instancia se soportarán por el orden causado (art. 71, CPCC).

El doctor José Gerardo Ruiz adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA CUARTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) NO HACE LUGAR a los recursos de apelación deducidos por las partes y CONFIRMA la sentencia impugnada, con la aclaración formulada en el punto VI de los considerandos. Costas por su orden.

II) REGÍSTRESE, notifíquese y BAJE.