marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento judicial de la seguridad social, Administración Pública, amparo por mora, costas, costas en el orden causado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: VALBERDE, RAMON OSCAR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

El art. 21 de la ley 24.463 no reconoce excepción alguna al principio de que las costas sean por su orden. Resulta evidente que el legislador ha privilegiado el interés de la masa de beneficiarios del sistema previsional en su conjunto, puesto que para el pago de las costas se sustrae una cantidad de dinero del fondo común utilizado para pagar los diversos beneficios que el sistema acuerda. La solución adoptada podrá ser materia de objeciones, pero la misma es propia de una valoración política a la que ha de sujetarse el magistrado, puesto que ella, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, es privativa del legislador. Por otra parte, ha de advertirse que si bien el art.

23 de la ley 24.463 faculta a los jueces para aplicar "sanciones pecuniarias" en el caso de los amparos por mora, dicho precepto se refiere al incumplimiento en término de las sentencias que se dicten en esas ocasiones y no al pago de las costas que la citada tramitación pueda haber originado. (Disidencia del Dr. Laclau).
Depósito judicial, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: YACANTO, RAMÓN ALEJANDRO c/ CERAMICA SASSUOLO S.A. s/ DAÑOS y PERJUICIOS - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-04-24

La eximición del depósito por la interposición del recurso de casación (Art. 290 del CPC), es aplicable sólo para el empleado o trabajador. El Art. 290 del CPCC no es extensivo a quien asume el lugar del trabajador mediante cesión de un crédito litigioso, ya que quien en rigor resulta amparado por la normativa laboral, fue desinteresado del presente proceso.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, Derecho laboral, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: LALLANA, JOSE BERNARDO c/ SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL s/ APELACIONES CONTRA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-04

Puesto a opinar sobre el recurso, se observa que la única presentación de la apelante previa al dictado de la resolución que impone la multa, pone en evidencia que los argumentos de éste último no integraron la materia litigiosa, tal como lo advierte la contestación de agravios, por lo que el Tribunal de Apelación está impedido de expedirse al respecto (art. 271 CPCC; de aplicación supletoria por el art. 90 CPL).
Empleados de banco, estatuto para el personal bancario, Banco Hipotecario Nacional, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Marini, Stella Maris c/ Banco Hipotecario S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-03

Siendo el régimen indemnizatorio que contenía el Estatuto para el Personal del Banco Hipotecario, una condición esencial del contrato de trabajo, no puede el empleador implementarlo para después suprimirlo por cuanto, habiendo sido aceptado explícita o tácitamente por parte del trabajador,la obligatoriedad de su pago quedó incorporada como una clásula contractual. Resultando las disposiciones vinculadas con la indemnización por despido, parte del acuerdo inicial entre empleador y trabajador, la supresión unilateral por parte de aquél del régimen especial que en materia indemnizatoria fuera ofrecido al momento de la contratación, implicaría la inobservancia de una cláusula contractual o lo que es lo mismo, una modificación unilateral del contrato de trabajo.
Derechos sindicales, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, cesantía ilegítima, indemnización
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: DOMÍNGUEZ ABEL c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-08-31

He de disentir en cuanto a la indemnización otorgada, pues considero que además debe otorgarse la indemnización contemplada en el artículo 27 de la ley 591 (por aplicación del art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales), en razón que, está probado que se le inició y siguió un sumario administrativo a sabiendas de esta circunstancia y desconociéndole la protección legal de manera deliberada. Por un error de la sentencia de primera instancia, el a quo le otorgó una indemnización (que era lo que el actor pedía) basándose en una causa no invocada por él y omitiendo tratar la ilegalidad manifiesta de la cesantía (sí invocada por él).- Por eso, es que considero insuficiente la indemnización. La grave violación de la libertad sindical no puede tener como consecuencia una indemnización meramente simbólica. Porque la magnitud del carácter "disciplinador" que la cesantía ilegal provocó no lo fue.

Persiguiendo al representante, se persiguió al colectivo, y a causa de los avatares de los trámites administrativos y judiciales -con cambios de abogados de por medio-, no pueden desconocerse los derechos de un trabajador. Es sabido que la Constitución Nacional en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en este caso, está en discusión el derecho humano a trabajar, sin ser discriminado por causa de su afiliación y pertenencia a la estructura de una asociación gremial.

En este contexto nos toca fijar una indemnización justa, que conjugue la situación procesal en la que nos encontramos, el derecho de defensa de la demandada y que constituya un resarcimiento adecuado para el actor. Por ello entiendo ante el obrar antijurídico de la administración deviene aplicable en la especie el artículo 52 cuarto párrafo de la Ley de Asociaciones Sindicales y en consecuencia considero justo y equitativo condenar al Consejo Provincial de Educación a pagar la indemnización establecida en el artículo 27 de la ley 591, más la indemnización correspondiente por el tiempo de tutela sindical que le quedaba pendiente, según liquidación que se realizará en la instancia de grado a tenor estas sumas devengarán intereses a tasa pasiva del BCRA desde la fecha en que son debidas hasta su efectivo pago, y deberán ser abonadas dentro de los diez días de quedar firme la presente sentencia, con costas a la demandada vencida.- Disidencia del Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti.-
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Lezcano, Luis Ricardo s/ Robo calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

En relación a la figura prevista en el art. 166 inc. 2 del Código Penal basta para encuadrar legalmente el hecho que se haya acreditado el uso de armas de fuego, sin que resulte necesario demostrar su aptitud para el disparo, circunstancia que en el caso además se encuentra probada pericialmente. (Minoría u opinión personal)
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: ACUÑA, María Alejandra c/ EMPRESA SAN VICENTE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

Cuando la persona citada al juicio recibió personalmente la cédula, a los efectos de invocar la representación contemplada en el art. 48 del Código Procesal, resulta insuficiente la mera manifestación de la letrada respecto de la ausencia temporaria del domicilio del citado, si no se explicitan las razones urgentes que pudieron provocar tal ausencia, cuando ya tenía conocimiento del emplazamiento que pesaba sobre él.
Prescripción veinteñal, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ Hector Bernardino c/ Municipalidad de Albardon s/ Interdicto de Recobrar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-26

Los impuestos provinciales y municipales (años 1990/1991) que dice el accionante haber abonado, si bien estos elementos son demostrativos del "animus" posesorio, sólo cumplen esta función cuando se presentan acompañados por la detentación material del inmueble; por sí solos no son demostrativos de tal detentación y nada indican respecto a la real situación posesoria en que se encuentra el bien.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contrato de prestaciones médicas, asistencia médica, transfusión de sangre, SIDA, transmisión de enfermedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ,  ABEL  ATILIO SUS SUCESORES c/ SANATORIO SAN CRISTOBALSA Y OTRO S/ s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

En una acción por la cual la esposa e hija del occiso persiguen de una institución sanatorial, indemnización por los daños causados a la victima por el contagio del síndrome de inmuno deficiencia adquirida (SIDA) al ser intervenido quirúrgicamente, como consecuencia de la sangre que le transfundieron en la operación, resulta improcedente que el defendido alegue que no se puede determinar si el enfermo pudo haber contraído SIDA en operaciones anteriores cuando, -como en el caso-, surge que la intervención anterior fue verificada en el año 1960, donde no recibió transfusiones. En tal sentido cabe precisar, que recién en 1981 se detecto en New York y San Francisco un brote epidémico de una nueva infección producida por un virus desconocido hasta 1983, año en que se logro su aislamiento, y es el retrovirus humano denominado virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) (vgrs. "Medicina Interna", Vol. II, Mosby - Doyma libros, Madrid-España, 1995, Pág. 2530) y, a mas, según los registros de la "Academia Nacional de Medicina", en Argentina, el primer caso ocurrió en el año 1985.
Robo con armas, agravantes de la pena, dolo
Materia: PENAL
Carátula: S., C.L. y Otro s/ Robo Agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-26

Soler sostiene que es robo el hecho llevado a cabo con el empleo de lo que para el sujeto pasivo era una arma, pero para estar en presencia de la agravante "se hace necesario que el dolo del autor consista precisamente en el empleo de algo que sea un arma también para él".
Sociedad anónima, período fundacional, promoción de la sociedad, responsabilidad en período fundacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: DARVIN S.A. POR AMATO s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Aún cuando en la etapa fundacional se hubiesen realizado actividades que exceden el ámbito de permisión determinado por la ley 19.550:183 1 par., la responsabilidad que de ello pueda derivarse atañe exclusivamente a aquellos actos que efectivamente pudieran que los hubieran consentido (ley 19.550:183 2 par.) o a la sociedad que los aprobare una vez constituida (Ley 19.550: 184). Cabe señalar que al no configurarse este último supuesto, no podría ser imputada a la sociedad la responsabilidad emergente de dicha norma.
Impuesto sobre los ingresos brutos, constitucionalidad, sentencia arbitraria, coparticipación federal, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi LTDA  c/ Provincia del Chaco  s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-19

Es arbitraria la sentencia que declara la constitucionalidad de la norma local que grava con el impuesto sobre los ingresos brutos cualquier actividad lucrativa o no con el argumento de que no ella no contradice sino que complementa al art. 9° de la Ley Nacional N° 23.548, pues tal interpretación desvirtúa y vuelve inoperante la solución normativa prevista en la ley de coparticipación federal de impuestos actualmente vigente. (Voto de los jueces Rosenkrantz y Maqueda).
Defensa en juicio, notificación, procesado
Materia: PENAL
Carátula: PONTORIERO, Vivian G. y otros s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

No puede asignarse a la manifestación efectuada por el imputado en el acto en que se le notifica su sentencia condenatoria el carácter de consentimiento con dicha resolución, si se ha limitado a manifestar conformidad con la misma sin la debida asistencia letrada. El consentimiento del imputado con una sentencia condenatoria debe ser un acto razonado, y técnicamente asistido, para que no se vulnere el derecho constitucional de defensa en juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hábeas data, legitimación activa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: URTEAGA, FACUNDO RAUL c/ ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FF.AA s/ AMPARO LEY 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-24

Solo el afectado posee legitimación activa para articular la acción de Habeas Data y en este aspecto el texto constitucional señala que "Toda persona podrá interponer la acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos.." en tal marco de referencia, el actor carece de legitimación activa para intentar recabar información respecto los datos que no están referidos a su persona.
Impuestos, régimen penal tributario, competencia por la materia, cuestiones de competencia
Materia: PENAL
Carátula: PASAMAR S.A. s/ Régimen Penal Tributario, Incidente de cuestión negativa de  competencia, Causa: 36532.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

1 - Habiéndose planteado un conflicto de competencia entre un Juez en lo Penal Económico y un Juez en lo Criminal de Instrucción, siendo ambos jueces nacionales, corresponde resolver la cuestión a la Cámara en lo Penal Económico por ser Tribunal de Alzada del Juez que previno (art. 44 CPP) (Del voto de los Dres. Hendler, Repetto y Romero).- 2 - No obstante que el Fuero es competente en los casos en que la falsificación resulta un hecho conexo con la evasión de tributos, atento la modificación al art. 1 de la Ley Penal Tributaria introducida por la ley 24587, que establece como condición objetiva de punibilidad que el perjuicio patrimonial que pueda importar al fisco la no percepción de tributos supere un monto determinado, ascendiendo la evasión tributaria que se atribuye a un monto inferior a aquel, no son de aplicación al caso las previsiones de la ley tributaria, pudiendo serlo la figura prevista en el art. 288 del Código Penal cuyo conocimiento en razón de la materia corresponde a la Justicia Criminal de Instrucción (Del voto de los Dres. Hendler, Repetto y Romero).
Infracciones aduaneras, multa aduanera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RUIZ, OSCAR ANDRES c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ ORDINARIO- ADUANA- MULTAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

El objeto de una demanda contra una multa aduanera se limita a la improcedencia del acto administrativo, por lo que la determinación definitiva del importe adeudado en dicho concepto debe efectuarse en sede administrativa, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Aduana en caso de incumplimiento.-
Responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, responsabilidad solidaria, defensa del consumidor
Materia: CIVIL
Carátula: SCARONE, Raúl Rolando c/ SUPERMERCADO NORTE SUCURSAL VILLA DEVOTO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-15

Tratándose de daños producidos con productos elaborados, frente a la víctima responden concurrentemente el productor no vendedor, el distribuidor, el mayorista, etc., es decir, todo el que haya intervenido en la fabricación y traslación del bien hasta el consumidor, sin vinculación contractual directa con éste y sin perjuicio de las acciones de regreso que pudieran corresponder entre los involucrados.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. M. c/ EL CONDOR ETSA y Otros s/ SUMARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-02-04

En el entendimiento de que los agravios esgrimidos nos conducen al análisis de los hechos y evaluación de las pruebas, imposibles de ser revisados nuevamente a través de esta vía de excepción, en razón de que la casación no puede ingresar a una revalorización de los elementos de juicio de la causa, transitando las mismas reflexiones que el tribunal de mérito y cambiando tan sólo la significación final que le asigna a cada probanza, pues ello significaría lisa y llanamente instaurar la tercera instancia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.
Contrato de trabajo, socio empleado, cooperativa de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: RETAMOZO, LORENZO c/ COOPERATIVA EX MARIN LTDA. Y OTRO s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Es posible que una misma persona reúna las cualidades socio y empleado, siempre y cuando se den los requisitos del art. 27 de la LCT. Sin embargo, esta posibilidad debe contemplarse de modo más restrictivo en el caso de las cooperativas de trabajo, donde se confunde necesariamente el objeto social con la naturaleza de la propia prestación del trabajador.
Responsabilidad médica, mala praxis, consentimiento informado, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Soledad Estefania c/ Hospital Rio Uruguay y otro s/ ordinario daños y perjuicios (conexidad con beneficio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-16

En los juicios sobre responsabilidad médica, la ausencia, imperfección, imprecisión u omisión de la historia clínica no configura causal de mala praxis de por sí, aunque esta situación, aunada a otros elementos, puede llevar a esa conclusión, ya que su déficit no puede redundar en perjuicio del paciente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Miara,  Samuel  -  Castillo  de  Miara,  Beatriz s/ suposición de estado civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideren tales, sino que atiende solamente a supuestos de excepción en los que fallas del razonamiento lógico que sustenta la sentencia o una manifiesta carencia de fundamentación normativa impiden considerar el pronunciamiento como un acto jurisdiccional válido (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Aplicación de la ley, gastos del proceso, base regulatoria, intereses, dación en pago
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lizaso, Jorge Luis c/ Pelaez, Victor s/ regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-25

La distribución que realiza el citado art. 11 de la ley 1.594 entre los profesionales que actuaron en forma sucesiva, lo es al solo efecto de establecer los honorarios que le corresponde a cada uno de ellos, pero a los demás fines regulatorios debe entenderse que existe un solo patrocinio o una sola representación legal. En otras palabras, la magistratura debe fijar el honorario para todos los abogados que intervinieron en el pleito por una de las partes considerando que ha existido una única representación; sin perjuicio que ese único honorario luego se fraccione entre los letrados en partes iguales, o de acuerdo a la importancia de la actuación, si la intervención fue sucesiva y no conjunta.
Acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: FERNANDEZ DE AFFONSO s/ ACUSACION. NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-07-21

1) Es NULA la ACUSACION FISCAL que incurriendo en una generalización por demás vaga e imprecisa que comprometió la eficacia de una buena defensa técnica, ya que se limitó a recordar someramente que se atribuyó a la imputada el haber facturado por trabajos mayores que los realizados y por otros no efectuados en distintos pacientes, cobrando honorarios mayores a los que correspondían realmente; refirió las pruebas con que se cuenta en el caso y concluyó afirmando que quedó legalmente demostrado que la encartada cometió un sinnúmero de irregularidades en el tratamiento de los pacientes de una Obra Social.

2) Las mencionadas deficiencias no pueden considerarse subsanadas por la circunstancia que el Fiscal de primera instancia haya estimado que la conducta delictiva reprochada a la encartada configura un DELITO CONTINUADO, toda vez que aún en esa hipótesis debió haber descripto los distintos casos que configuraban lo que él entendió que constituía una continuidad delictiva y además, tuvo que haber referido concretamente cuál fue el objeto preciso de la defraudación imputada.
Demanda, contestación de la demanda, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Barad, Mariela Paula  c/ Temprano, María Daniela s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

El traslado al que hace referencia el segundo párrafo del art. 71 de la L.O. no constituye una oportunidad para que la actora conteste o replique lo expuesto por la demandada en su contestación de demanda, sino que solo tiene la finalidad de otorgar a la parte accionante la posibilidad de conocer el nombre o denominación de quien se presentó como demandado y la persona que invoque, para que se expida sobre ellas, así como de ofrecer, ampliar o adecuar su ofrecimiento de pruebas frente a los términos de la traba de la Litis luego de la contestación de la demanda, y de reconocer o negar la autenticidad de la documentación presentada con el responde.
Prueba, carga
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Stoyanovich, Gabriel c/ Biggieri Domingo s/ Incumplimiento de contrato - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27

No puede requerirse a la parte accionada que acredite los presupuestos necesarios de su defensa, cuando no fueron demostrados los correspondientes a la pretensión.
Ejecución fiscal, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rafaela c/ Policlínico Rafaela S.A. s/ Apremio (Expte Nro. 484-01, Resolución Nro. 109, Tomo 9, Folio 21)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

En el caso de deudas sometidas a ejecución fiscal, cualquiera fuere el estado en que se encuentre el proceso, la regulación de honorarios profesionales no podrá en ningún caso exceder el cinco por ciento (5%) del capital determinado y no inferior a pesos treinta y cuatro ($34).
Expresión de agravios, denegatoria del recurso, cuestión no planteada
Materia: PROCESAL
Carátula: L. R. S. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: L. R. S. c/ Rozenbaum, Jorge y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Los agravios relacionados con la revocación de la sentencia que había admitido la prueba ordenada de acuerdo con el artículo 29, inciso 2 del CCAyT remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba, de derecho común y procesal, las cuales resultan por vía de principio propias de los jueces de la causa y ajenas al trámite del recurso intentado. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Marcas de servicio, registro de marca, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud, apreciación de la autoridad administrativa, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Materia: COMERCIAL
Carátula: CERVECERIA DE CUYO Y NORTE ARGENTINO SA c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Es un dato decisivo la circunstancia de que la actora es ya titular de la marca Norte para distinguir productos de distintas clases del nomenclador vigente y, en especial, varios registros en la clase 32, que comprenden cervezas. Por lo tanto, para resolver la improcedencia de la denegatoria, basta con señalar que la solicitud cuestionada no es sino una proyección de la tutela marcaria que ya tiene la actora, pues el servicio que intenta ahora proteger se circunscribe, precisamente, a la comercialización de cerveza.