Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-19


SENT Nro. 66 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 19 DE FEBRERO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, presidida por el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado en contra de la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala Va., del 21/6/2002 obrante a fs. 85/86 de autos. Habiendo esta Corte declarado admisible el remedio casatorio al resolver la queja por denegatoria de aquél, tal como surge de la sentencia nro. 921 de fecha 21/10/2002, glosada a fs. 158/159 y llamado los autos para sentencia, la defensa del imputado presentó memoria sobre el recurso, conforme surge del informe actuarial de fs. 164 mientras que el Sr. Ministro Fiscal en dictamen obrante a fs. 165/168 se pronuncia para que la sentencia en recurso sea casada. Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecida la cuestión a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Alberto José Brito, Antonio Gandur y Héctor Eduardo Aréa Maidana. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

La cuestión propuesta es la siguiente: ¿ Es procedente el recurso ?.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Pablo Raúl Ayala, contra la sentencia de la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal del 21 de junio de 2002.

2.- Refiere el recurrente que ante un pedido de cese de prisión preventiva formulado por su parte, se corrió vista al Fiscal de Instrucción, quien se expidió en sentido favorable, aconsejando que se haga lugar al planteo defensivo. Que, en consecuencia, el Sr. Juez de Instrucción de la Va. Nominación, por sentencia del 29 de enero de 2002, receptando la opinión favorable de la Fiscalía y compartiendo el tópico expuesto por la defensa en torno a la falta de "peligrosidad procesal", resolvió cambiar la modalidad en el cumplimiento de la prisión preventiva, concediéndole al imputado Ayala su libertad ambulatoria, previa constitución de fianza personal y caución real. Que notificado el Fiscal de Feria y la defensa, y efectivizada la libertad del acusado, el Fiscal de Instrucción de la Ia Nominación interpuso recurso de apelación, cuestionando así la posición asumida precedentemente por el Ministerio Público, con lo que incurrió en violación de la doctrina de los propios actos, toda vez que el Ministerio Público es un órgano único e indivisible, representado por cada uno de sus integrantes en los distintos actos, procesos e instancias en que actúen, por lo que no pudo alegar gravamen respecto de actos precluidos y derivados de la actividad del propio órgano al que pertenece.

Explica que dicha cuestión fue puntualmente planteada por la defensa, alegando que la libertad del imputado durante la sustanciación del proceso, no causa al Ministerio Público agravio alguno, dada la provisoriedad de la prisión preventiva y la posibilidad de encarcelamiento del imputado. Añade que el Fiscal carece de facultades para recurrir por vía de apelación una resolución que no resulta procesalmente susceptible de ello, ya que el artículo 283 CPP no prevé recurso alguno. No obstante, prosigue, el Tribunal no efectuó ninguna consideración sobre esta esencial cuestión, omitiendo resolver el pedido de que se declare mal concedido el recurso de apelación, con lo que incurrió en violación al debido proceso.

Desde otra perspectiva sostiene que la sentencia del 21 de junio de 2002 se asienta en afirmaciones falsas e inexactas, pues declara la nulidad del fallo alegando que la sentencia del Juez de Instrucción carece de sustento normativo, cuando de su mera lectura surge que el juez a quo ha efectuado una valoración y merituación de elaboración propia en el caso y situación específica de Ayala, cumpliendo acabadamente con el debido proceso y el orden público.

Se agravia porque la sentencia de Cámara considera que el Juez de Instrucción se excedió en sus funciones al recurrir a los artículos 268 y 269 CPP para fundar un cambio de modalidad de la prisión preventiva que no se halla prevista en tales preceptos. Considera que tal criterio resulta errado, ya que la libertad en el proceso es la regla, sin perjuicio de que se utilice la denominación "cambio de modalidad" u otra, pues por ello no deja de tratarse de la libertad del justiciable, derecho sagrado e inalienable. Hace notar que en el caso no se creó o se incorporó una norma procesal inexistente, sino que se hizo uso y aplicación del texto vigente y se concedió la libertad a quien se consideró que tenía derecho, y encuadraba en los supuestos contemplados en la normativa vigente.

Por otra parte sostiene que la sentencia que nulifica el cambio de modalidad decretado por el Juez de Instrucción resulta contradictoria, pues el derecho a reclamar la libertad reposa en el justiciable, y su concreción y efectivización es ajena al Ministerio Público, al que no le genera agravio alguno. Afirma que la libertad concedida durante la sustanciación del proceso se mantiene por regla y principio procesal general, invariable e inmutable hasta el debate; y que no se conoce la existencia de fallos que revoquen o nulifiquen libertades concedidas, aunque en vez de libertad, en los términos de los artículos 268 y 269 CPP, se la denomine "cambio de modalidad". Al respecto estima que la Cámara parece introducir una cuestión meramente semántica, al explicar que el instituto del cambio de modalidad no está previsto en el actual ordenamiento procesal; de donde hace derivar que, conforme al temperamento del Tribunal, si el juez hubiera ordenado la libertad lisa y llana del imputado Ayala, aplicando la misma normativa procesal citada, la Sala hubiera confirmado la medida dispuesta.

En suma sostiene que la sentencia se aparta de las constancias de la causa, y omite el tratamiento de agravios conducentes propuestos por la defensa, especialmente en punto a la imposibilidad del Ministerio Publico de apelar la libertad del imputado atento a la falta de agravio, todo lo cual cercena el derecho de defensa, y afecta la garantía del debido proceso.

Cita jurisprudencia que estima aplicable al caso, propone doctrina legal, formula reserva del caso federal, y concluye solicitando que se haga lugar al recurso tentado, declarándose la nulidad de la sentencia del 21 de junio de 2002.

3.- El recurso de casación en examen fue declarado admisible por sentencia de esta Corte de Justicia del 21 de octubre de 2002, correspondiendo en esta instancia el examen de su procedencia.

4.- Por resolución del 29 de enero de 2002 (fs. 12/13 de autos) el Juez de Instrucción de la Va. Nominación, previo dictamen en sentido favorable de la Fiscalía de Instrucción, denegó el cese de prisión solicitado por la defensa del imputado, pero resolvió disponer el cambio de modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva, ordenando su inmediata libertad, previa fianza personal y caución real. Sustentó el decisorio en que la restricción de la libertad sólo procede en los límites absolutamente necesarios para asegurar el esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la ley; en que de las pruebas reunidas, y en las que el Fiscal de Instrucción basó su opinión favorable al cese de prisión, surge que no existen las causales de peligrosidad procesal contenidas en el artículo 281 CPP; y en que el beneficiario presenta características diferenciales con los restantes coimputados privados de su libertad.

Notificada la sentencia y efectivizada la libertad del imputado, el Fiscal de Instrucción de la Ia. Nominación dedujo recurso de apelación contra la sentencia del Juez de Instrucción del 29/1/02, alegando que según las constancias de autos, Ayala fue aprehendido en idénticas circunstancias que los demás imputados, y que el acta policial de fs. 139/140 vta. (cfr. fs. 23 vta y 45/46 de autos) documenta el allanamiento y secuestro de distintos elementos incriminatorios en el domicilio de dicho imputado, todo lo cual sirvió de fundamento para requerir la prisión preventiva de éste y de los restantes encartados. Añadió que la circunstancia que tenga residencia permanente en esta jurisdicción, y desarrolle su actividad estudiantil en la misma no podía servir como pauta diferencial para determinar su menor peligrosidad, sino que lo que debía tenerse en cuenta era la gravedad de la amenaza de privación de libertad en virtud de la pena conminada para el delito atribuido, lo que constituía un motivo poderoso que podía inducirlo a eludir la acción de la justicia. Finalmente sostuvo que la resolución impugnada agraviaba al Ministerio Público, puesto que al ordenarse la libertad del imputado bajo caución personal, existía el riesgo cierto de que aquél intente entorpecer la investigación y sustraerse a la acción de la justicia.

La defensa interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra el decreto del 19 de febrero de 2002 que concedió la apelación deducida por el Fiscal de Instrucción, con el argumento de que el recurso se intentaba contra una resolución que había hecho lugar a la propia posición y dictamen emitido por el Ministerio Público, de modo que éste carecía de legitimación para impugnarla; añadiendo que la libertad de Ayala no le ocasionaba gravamen alguno.

Por sentencia del 4 de marzo de 2002 se rechazó el recurso de reposición y se concedió la apelación deducida en subsidio. A su turno, el Fiscal de Cámara afirmó que el decreto impugnado no era susceptible de ser atacado por medio de los recursos interpuestos por la defensa, y se pronunció sosteniendo el recurso de apelación deducido por su inferior (fs. 79 de autos), adhiriendo a los fundamentos vertidos en el mismo, y destacando que se habían satisfechos los recaudos de los artículos 461 in fine y 464 CPP.

Llegados los autos a conocimiento de la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal, el Tribunal declaró la nulidad de la sentencia que había ordenado el cambio de modalidad en el cumplimiento de la prisión preventiva concediéndole a Ayala su libertad ambulatoria (29 de enero de 2002), con fundamento en que la resolución apelada no está contemplada en el digesto procesal local. Advirtió que las alternativas de que dispone el Juez de Instrucción son mantener la prisión preventiva o disponer su cese, mas no se halla contemplada la figura intermedia y pretoriana del "cambio de modalidad", que no constituye sino un eufemismo dirigido a denominar de otro modo un liso y llano cese de prisión, con la ventaja para el imputado de que los plazos de la prisión preventiva siguen corriendo como si estuviera preso, mientras se encuentra en libertad, sin restricción alguna, con todos los beneficios que ello le aporta a los efectos del vencimiento (artículo 283 inciso 2 CPP) y del futuro cómputo en su caso. En ese contexto consideró que no podía desconocerse la legitimación del Ministerio Público para recurrir la medida, atento a la inf racción al principio de legalidad y del debido proceso; y anuló el cambio de modalidad ordenado.

5.- En el análisis de la presente cuestión, se debe tener presente que el Ministerio Público es único e indivisible, y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen (artículo 67 inciso d) Ley 6.238). El principio de unidad significa que resulta indiferente la intervención de uno u otro órgano persona, salvo prohibición específica del ordenamiento jurídico, a diferencia de los jueces, en los que sólo puede intervenir el juez natural. El principio de indivisibilidad tiene como consecuencia que la intervención del Ministerio Público quede cubierta con la actividad de un solo funcionario. En suma, los principios de unidad e indivisibilidad refieren a la actuación unitaria y no contradictoria de los integrantes del Ministerio Público, y que cada uno de los funcionarios, cuando actúa en una causa, lo representa íntegramente.

La sentencia del 29 de enero de 2002, ahora impugnada, declaró la nulidad de una resolución que dispuso la libertad del imputado; y que, más allá de su acierto o error, fue adoptada por el Juez de Instrucción previa opinión favorable del Ministerio Público. En su dictamen de fs. 11, el Fiscal de Instrucción de Feria proporcionó los motivos por los que consideró que debía hacerse lugar al cese de prisión preventiva solicitado por el imputado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 283 incisos 1 y 2 CPP.

En ese contexto no resulta admisible que un Fiscal de Instrucción, actuando como órgano del Ministerio Público, interponga un recurso de apelación contra una resolución del Juez de Instrucción que ordena la libertad del imputado, acogiendo el criterio y coincidiendo sustancialmente con lo aconsejado por otro Fiscal de Instrucción en el dictamen emitido con carácter previo a la adopción de dicha decisión. En las concretas circunstancias del caso, la actuación desplegada por el Ministerio Público, previamente reseñada, contradice los principios de unidad, legalidad e indivisibilidad de dicho órgano, con afectación de la garantía del debido proceso y de la seguridad jurídica.

No resultan suficientes para desvirtuar esta conclusión, los argumentos a que recurre el Tribunal de Alzada, que se limita a afirmar que no puede desconocerse la legitimación del Ministerio Público para recurrir la medida, mas no proporciona ningún fundamento tendiente a justificar tal aserto ni el particular modo de actuación de la Fiscalía de Instrucción en este proceso; que no halla sustento en ningún principio jurídico ni en norma positiva expresa, y que produce una alteración de la estructura esencial del procedimiento.

Al respecto no cabe perder de vista que la libertad concedida mediante la sentencia del 29 de enero de 2002 tiene carácter provisorio. Y que, en consecuencia, el Ministerio Público tiene la posibilidad de solicitar la revocación de la libertad, ajustándose a lo preceptuado en el artículo 284 CPP.

En suma, en el caso se ha producido una violación a la estructura esencial del procedimiento, al alterarse la intervención que le corresponde al Ministerio Público en este proceso, toda vez que el Fiscal de Instrucción de Feria se ha pronunciado a favor del cese de prisión del imputado Ayala, y otro órgano de igual jerarquía, el Fiscal de Instrucción de la Ia. Nominación, interpuso recurso de apelación contra la decisión del Juez de Instrucción que resolvió en el sentido aconsejado (artículos 3, 71, 75, 153, 185 incisos 2 y 3, 268, 269, 284, 331, 336, 443, 444, 455, y conc. CPP, y 18 CN); a la vez que se ha producido la afectación de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio.

Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Pablo Raúl Ayala, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "El Ministerio Público, actuando a través de un Fiscal de Instrucción, no puede interponer un recurso de apelación contra la decisión del Juez de Instrucción que dispone la libertad provisoria de un imputado, acogiendo el criterio de otro Fiscal de Instrucción que se pronunció en sentido favorable al cese de prisión preventiva solicitado por aquél, pues el Ministerio Público es único e indivisible, y es representado por cada uno de sus integrantes en los actos, procesos e instancias en que actúen". En consecuencia se revoca íntegramente la sentencia de la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal del 21 de junio de 2002, y como sustitutiva se resuelve rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Instrucción de la Ia. Nominación contra la sentencia del 29 de enero de 2002.

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Me adhiero en su totalidad al voto del señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, en cuanto a la cuestión propuesta, permitiéndome agregar lo siguiente:

También en el caso se vulnera el principio de preclusión procesal toda vez que la nulidad declarada obedece a la contradictoria actitud asumida por el Ministerio Público durante la tramitación del incidente de cese de prisión sin que exista cambio fáctico alguno, o sea, que se den los supuestos del art. 284 del CPP. Por otra parte, si bien se reconoce que las sentencias que declaran nulidades no revisten el carácter de sentencia definitiva, cabe hacer excepción en la medida que, sobre la base de consideraciones rituales insuficientes se dejen sin efecto actuaciones regularmente realizadas en un juicio criminal (Fallos Corte Suprema de la Nación Tomo 272 pág. 188; Tomo 295 pág. 961; Tomo 300 pág. 226).

A la cuestión propuesta el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, sobre la cuestión propuesta, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado Pablo Raúl Ayala a fs. 89/97 de autos, de conformidad a la doctrina legal enunciada en los considerandos de la presente resolución. Como sustitutiva: Revocar íntegramente la sentencia de la Sala Va. de la Excma. Cámara Penal del 21 de junio de 2002, y rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de Instrucción de la Ia. Nominación contra la sentencia del 29 de enero de 2002 (fs. 12/13 de autos). Costas por su orden.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.-	HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR (con su voto) ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA BEF