Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-12


SENT Nro. 587 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 12 DE AGOSTOde 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato -por excusación del doctor Antonio Gandur-, presidida por el doctor Alberto José Brito, el recurso de casación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación, en contra de la sentencia dictada por la Sala IIa. de la Excma. Cámara Penal, del 04/12/2002 (fs. 104/112), que es concedido por el referido tribunal mediante auto del 20/12/2002 (cfr. fs. 122/124). En esta sede, no se presentaron memorias sobre el recurso casatorio, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo de la impugnación que se intenta (fs. 122/124). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la se ntencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 114/116 por la Sra. Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 04/12/2002, que condenó a Juan Carlos Espeche a la pena de cuatro años de prisión y costas procesales, por considerarlo autor responsable del delito previsto en el art. 294, CP, en concurso ideal con el contemplado por el art. 255 del mismo cuerpo legal.

Invoca violación de los arts. 413, inc. 4º, 468, 469, 408, 188 y cc. del CPP, y arts. 18 y 75 de la Constitución Nacional; por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, ausencia de razonabilidad y de valoración del caso. Atribuye arbitrariedad al pronunciamiento, y la consecuente lesión al debido proceso, derecho de defensa en juicio e igualdad de las partes, en violación de normas constitucionales.

A su entender, la sentencia es nula por incongruente al establecer la existencia de dos figuras tipificantes en concurso ideal, cuando supuestamente -y sin que ello signifique reconocimiento de su parte-, podría estarse en presencia del delito descripto por el art. 255 de la ley sustantiva. Según afirma, no basta que se diga que hay unidad de acción y pluralidad de encuadramientos penales que no se rechazan entre sí; dado que en el caso existiría un único delito, lo cual excluye el concurso ideal.

Enfatiza que según lo afirmado por la Sala a quo, el bien jurídico tutelado por vía del art. 294 es la fe pública. Se trata de un delito de peligro, posibilidad de perjuicio que exige dolo directo; y en el sublite no hubo perjuicio económico para la actora. Pone de relieve que han transcurrido seis años desde la fecha en que se habría perdido el segundo cuerpo del expediente, y la interesada omitió instar el trámite del juicio laboral. Que no designó nuevo apoderado para reconstruir el cuerpo perdido, y mostró una total falta de interés al respecto, lo que excluiría la existencia de perjuicio hacia su parte.

Impugna además la base fáctica establecida por los jueces de mérito, alegando que ninguno de los testigos habría visto al acusado llevarse el expediente. Según afirma, la sentencia sólo se funda en presunciones, sin que exista prueba directa que permita presumir la autoría de Espeche en la pérdida del expediente. Destaca que no hubo comunicación del hecho a esta Corte Suprema de Justicia, y tampoco se intimó de oficio a la actora y a su letrado apoderado, para la reconstrucción del expediente.

De otra parte, sostiene que el fallo en recurso afecta el derecho de defensa y debido proceso legal, dado que la causa fue elevada a juicio por el art. 173, inc. 8º del Código Penal, y el Tribunal condenó por los delitos descriptos en sus arts. 255 y 294, en concurso ideal. Interpreta que ante la falta de elementos para condenar según la norma mencionada en el requerimiento fiscal, y consentida por el Fiscal de Cámara, correspondía la absolución del acusado.

La vía extraordinaria local ha sido concedida por auto del 20/12/2002. En esta sede, no se presentaron memoriales; y a fs. 122/124 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por el rechazo de la impugnación casatoria.

2.- En orden al pretenso déficit de arbitrariedad alegado por la defensa, se advierte que el Tribunal a quo ha efectuado un examen integral del cuadro probatorio, y el discurso sentencial no exhibe violación a las reglas de la sana crítica, u omisión en considerar probanzas arrimadas a la causa. Ello así, el invocado vicio de motivación no excede la mera discrepancia con las conclusiones fácticas arribadas en la instancia de mérito.

Las alegaciones de la defensa son insuficientes para la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa; pues las razones expresadas en el memorial recursivo no bastan para advertir violación a tales reglas, con el alcance de descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional. El planteo casatorio está dirigido a cuestionar la base fáctica del proceso, negando aptitud conviccional a las pruebas valoradas; sobre la base de que sería necesario contar con pruebas directas del hecho para emitir pronunciamiento válido de condena.

La descalificación del fallo por absurdo o arbitrario implica la constatación de un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en la especie, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos bastantes para sustentarlo, que excluyen el quebrantamiento de las reglas invocadas por la recurrente. La sentenciante ha efectuado un análisis integral y detallado del cuadro probatorio producido en autos, que condujo a establecer la autoría y responsabilidad penal del acusado en el hecho que se investiga.

Según emerge del pronunciamiento impugnado, al tratar la primera cuestión el Tribunal a quo tuvo por acreditado el hecho de la sustracción del expediente del Juzgado de Conciliación y Trámite de la VIa. Nominación (segundo cuerpo de la causa caratulada "Pérez, Alicia del Valle vs. Gabriel Arslanian s/cobro de pesos"), y la autoría del acusado. Estimó incoherente la versión expuesta por Espeche en la audiencia de debate, cuando dijo haberse limitado a preguntar por el estado del trámite judicial, sin llegar a tener el expediente en sus manos; expresando las razones por las cuales le ha restado credibilidad.

La sentenciante puso de relieve que según los dichos de Juan Miguel Bulacio, -empleado que atendía el mostrador junto con Pablo F. Alfonso y Raúl G. Ortiz-, Espeche invocó ser procurador del Dr. Almirón, apoderado de la actora; señalando que era cara conocida, por su actuación en juicios vinculados a Dipos Residual. Que según manifestó este testigo, el imputado solicitó el expediente para examinarlo; y al comprobar con sus compañeros que no había devuelto las actuaciones, salió a los pasillos a buscarlo y no lo encontró. De acuerdo a sus dichos, el día anterior su compañero de tareas Alfonso atendió a Espeche dentro de la Secretaría, y en esa oportunidad examinó ambos cuerpos de la causa.

Los jueces de mérito valoraron que Bulacio fue categórico en su declaración; en tanto que Ortiz presenció la entrega del expediente al acusado, y le consta que al poco tiempo su compañero buscaba dichas actuaciones. Señalaron que ambos, junto a Alfonso, han coincidido en que Espeche preguntó por el expediente en otras oportunidades; circunstancia que a su criterio resta veracidad a las afirmaciones del imputado, en el sentido de que concurrió a interiorizarse del trámite por pedido de la actora. Añadieron que con su versión, los testigos corroboraron el contenido de los hechos denunciados por Bulacio mediante nota del 31/10/96, dirigida al Secretario del Juzgado y ofrecida en autos como prueba (fs. 1/2). A ello sumaron como indicios en su contra, haber sido el último que tuvo el expediente en sus manos, sin devolverlo a ninguno de los tres empleados de mostrador; lo cual condujo a inferir que se retiró llevándoselo. Desestimaron, por falta de sostén, la hipótesis de que pudo ser otra persona; y en base a estas consideraciones tuvieron por cierta la entrega del expediente a Espeche para su consulta, y la no devolución por parte de éste.

De lo expuesto resulta que la Sala a quo ha descripto una secuencia de hechos y conductas que, en conjunto, bastan para fundar su decisión. Desde este enfoque, la crítica de la defensa resulta ineficaz para arribar a una solución opuesta, toda vez que está dirigida a cuestionar la valoración del Tribunal, sobre la base de la ausencia de pruebas directas de la sustracción atribuida a Espeche; mas se desentiende del contenido integral de la decisión atacada. Ello en tanto omite proporcionar razones atendibles para excluir en su conjunto la conducta atribuida al imputado, o que demuestren el yerro en que habría incurrido la Cámara al arribar a esta conclusión. En tal sentido no cabe perder de vista que la prueba testifical, como la existencia de indicios, han tenido su ámbito de producción en el juicio oral, donde fueron percibidas directa e inmediatamente por los magistrados; quienes aprecian en esa oportunidad su idoneidad como elementos de convicción, en el contexto de circunstancias donde se produjeron.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que para interponer un recurso de casación resulta menester una crítica razonada de la sentencia impugnada, para lo cual deben rebatirse todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el fallo recurrido; lo que no acontece en la especie, donde el recurrente se limita a sostener una determinada solución jurídica, sin exponer una crítica razonada de la sentencia que impugna (cfr. CJSTuc., "Rodríguez, M. E. s/homicidio", sentencia nro. 620 del 13/8/97; "Elizondo, J.F. s/corrupción de menores", sentencia nro. 910 del 19/11/97, entre otros).

Igualmente, ha señalado que la certidumbre judicial no resulta de cada uno de los indicios considerados individualmente; pues siendo sólo probables se admite la posibilidad de duda acerca de las circunstancias que los originan. Mas tal certidumbre puede válidamente obtenerse de su conjunto, en cuanto coincidiendo unos sobre otros, eliminen recíprocamente esa posibilidad de duda de acuerdo a las reglas de la sana crítica que impera en el proceso penal. La presunción de inocencia no impide que la convicción judicial pueda también formarse sobre la base de pruebas indiciarias plenamente acreditadas, cuando el Tribunal explicita el razonamiento que le ha permitido, partiendo de los indicios probados, llegar a la conclusión de que el hecho investigado existió y es atribuible al imputado, como ha sucedido en el caso.

Se concluye que en el sublite, la Cámara trató y resolvió en forma expresa la cuestión central referida a la existencia del hecho, y ha desestimado con fundamentos bastantes la versión del acusado. La recurrente se limita a negar la entidad de las pruebas valoradas, mas no las critica puntualmente; ni intenta demostrar que ellas, en conjunto, impidan arribar a un juicio de certeza sobre la autoría y participación del acusado. La sentencia impugnada exhibe un minucioso análisis de las testimoniales rendidas en autos, expresando las razones por las cuales les atribuyó valor conviccional. Si el pronunciamiento cuenta con elementos suficientes para motivarlo, el recurso sustentado en la mera negativa de los hechos establecidos en la instancia de mérito, carece de sustento legal.

Por lo considerado, y no advirtiéndose déficit de arbitrariedad, corresponde desestimar la impugnación casatoria en relación a este agravio.

3.- Tampoco procede receptar el planteo fundado en la diferente calificación legal aplicada por el Tribunal de Juicio. A criterio de la defensa, el acusado debía ser absuelto porque la causa fue elevada a juicio por el art. 173, inc. 8º del CP; y ello bastaría para impedir su condena por otra calificación legal.

De la requisitoria fiscal obrante a fs. 42/44 surge que conforme a los elementos reunidos en la etapa instructoria, el Sr. Fiscal describió el hecho atribuido al acusado, expresando que "El día 31/10/96 siendo aproximadamente hs. 10.30 fue que se hizo presente ante el Juzgado de Conciliación y Trámite Laboral de la VIa. Nominación de este Centro Judicial Capital, el Sr. Juan Carlos Espeche, quien manifestando ser empleado de un estudio jurídico, solicitó la vista del expte. judicial "Pérez, Alicia del V. vs. Gabriel Arslanian s/cobro de pesos" y que se tramita ante el referido órgano jurisdiccional... y teniendo a la vista el sumario solicitado fue que se retiró del recinto del Juzgado de Conciliación y Trámite, sustrayendo así el expediente que se le había concedido para una supuesta consulta". Luego de reseñar las pruebas reunidas en la etapa de investigación, el Fiscal valoró que de los elementos reunidos surge la presunción cierta de que Juan Carlos Espeche es el autor material del ilícito que se le atribuye, por haber sustraído un expediente judicial; entendiendo que deberá responder oportunamente como supuesto autor responsable del delito de defraudación (art. 173, inc. 8º, CP).

El Tribunal a quo consideró que el sublite no encuadra en el tipo penal propuesto por el Ministerio Público, desestimando que el delito pueda cometerse bajo la modalidad de la estafa procesal; en la que el sujeto que sufre el error provocado por el ardid es el propio juez. Añadió que la acción de Espeche no produjo el dictado de sentencia o resolución errónea o injusta, causante de perjuicio patrimonial a la víctima; y tampoco estarían cumplidos los requisitos de la estafa genérica que rigen la estafa por supresión documental. Destacó en tal sentido que la actora al iniciar el juicio laboral no tuvo una expectativa cierta, sino una mera posibilidad de aumento económico que no integraba su patrimonio al momento de la acción de Espeche. Estas razones impedirían considerar, en grado de certeza, que el acusado obrara con dolo directo de provocar perjuicio económico a la Sra. Pérez.

A criterio de la Sala a quo, la acción acreditada queda subsumida en la norma penal del art. 255 del CP, porque el acusado "se apoderó de las actuaciones judiciales (2º cuerpo), apartándolas de la custodia confiada a funcionarios públicos (los miembros del Poder Judicial y sus empleados por delegación ejercen funciones judiciales que son de naturaleza pública, art. 77 del CP); actuaciones judiciales que aparecen bajo forma de documentos públicos (art. 979 del C.Civil)". Señaló que el tipo subjetivo de esta figura es doloso; tratándose de un delito de peligro abstracto, que no requiere resultado aparte de la mera acción (cfr. fs. 110 vta.).

De otra parte, la sentenciante estimó que debía examinarse la tipicidad de la conducta atrapada en la disposición del art. 255 citado, con relación al delito previsto por el art. 294 del ordenamiento penal. Ello en tanto el verbo típico "suprimir" de esta norma equivale a "sustraer", en tanto se priva de los efectos de prueba de todo instrumento público; existiendo posibilidad de perjuicio, aunque fuera procesal: "es la llamada falsificación por supresión de instrumento público". Agregó que las actuaciones judiciales son documentos genuinos en los términos de esta norma, ubicada dentro del bien jurídico fe pública; tratándose de un delito de peligro, posibilidad de perjuicio que exige dolo directo. A su entender, es razonable interpretar que sustraer o apoderarse de un expediente judicial significa intención de suprimirlo; y que Espeche conocía el significado e importancia del documento sustraído, dado que hacía trámites judiciales en beneficio de Dipos. "Lo suprime porque es indisponible luego de la acción" (cfr. fs. 111).

Por las razones expresadas, concluyó que la acción del acusado es subsumida o encuadrada en dos tipos penales que lógicamente no se excluyen, bajo la forma de concurso ideal o formal (arts. 54, 255 y 294 del CP). "Hay unidad de acción y pluralidad de encuadramientos penales que no se rechazan entre sí. Sólo existe un delito, esto es, unidad delictiva que se resuelve aplicando la regla del art. 54. Es el llamado concurso ideal heterogéneo, porque las dos figuras relacionadas protegen bienes jurídicos distintos (administración pública y fe pública)".

De lo expuesto resulta que el reclamo de la defensa es improcedente, toda vez que en autos no se ha condenado por un hecho diverso, sino que el Tribunal de Juicio modificó la calificación legal de las mismas acciones atribuidas en la pieza acusatoria. Tal cambio de calificación importa un juicio de valor, referido al encuadramiento de los mismos hechos dentro de los tipos legales; y en tanto se refiera a los mismos sucesos descriptos en la requisitoria fiscal, no importa violación al principio de congruencia.

Es sabido que la hipótesis fáctica contenida en la acusación determina y circunscribe la actividad de los sujetos del proceso, de modo que sobre ella incide todo examen ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del Tribunal acerca del fundamento de las pretensiones jurídicas deducidas. La requisitoria fiscal establece los límites subjetivos y objetivos de la imputación; de modo tal que la sentencia debe versar única y exclusivamente sobre la imputación debidamente intimada, en resguardo del derecho de defensa del acusado. Ello así, el fallo condenatorio sólo podrá serlo en lo relacionado con aquellos hechos de los que fue acusado y respecto de los cuales ejerció el derecho de defensa. Esta garantía se ve afectada al lesionarse el principio de congruencia, cuando la subsunción jurídica efectuada por el juez respecto del hecho incriminado importa la modificación del acontecimiento por el que ha sido intimado el imputado al tiempo de su indagatoria, y que debe mantenerse invariable en los distintos tramos del proceso, incluido el debate oral.

Esta Corte ha destacado que la sentencia penal debe guardar adecuada correlación entre la acusación y el pronunciamiento, a fin de salvaguardar el principio de congruencia, cuya observancia integra la garantía de la defensa en juicio. El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJNac., Fallos... 315:106). La sentencia debe referirse al mismo acontecer histórico; a la concreta conducta humana puesta en tela de juicio. En consecuencia, el sentenciante está constreñido a fallar respecto de los hechos materia de acusación; mas ello no autoriza a reclamar nulidades sin que existan variaciones sustanciales del hecho; lo cual importaría desconocer la verdadera naturaleza de la garantía constitucional invocada.

En el sublite, el núcleo fáctico de la acusación ha permanecido invariable; e inequívocamente involucró la sustracción del expediente por parte de Espeche, en las circunstancias de personas, tiempo y lugar de las que da cuenta la pieza acusatoria. Los agravios de la defensa se presentan limitados a la modificación de la calificación legal; desentendiéndose del núcleo fáctico contenido en la pieza acusatoria, y de su congruencia con los hechos fijados por el Tribunal de juicio.

La reseña precedente muestra que los fundamentos de la sentencia en recurso guardan correspondencia sustancial con la requisitoria del Ministerio Público; lo que conduce a desestimar el reclamo de absolución de la defensa. El acusado conoció en todo momento el hecho que se le atribuía y sus circunstancias; con lo que pudo contestarlo y ofrecer la prueba pertinente, en resguardo del ejercicio de su derecho a la defensa. La recurrente no indica de qué manera se habría visto comprometida la estrategia defensiva, y ello tampoco resulta de las constancias de la causa; por lo que el planteo sustentado únicamente en la modificación de la calificación legal resulta ineficaz para advertir lesión a garantías constitucionales. No cabe perder de vista en tal sentido que la exigencia de la ley procesal, relativa a la correlación entre el hecho intimado y el descripto en la sentencia, tiene como fundamento la inviolabilidad de la defensa en juicio. Por ende, la posibilidad de afectar esta garantía sólo se presenta cuando la pretendida mutación haya imposibilitado la producción de prueba por parte del imputado, lo que no se verifica en el sublite.

5.- Los restantes agravios no pueden tener acogida. Establecido en la instancia de mérito que el hecho existió, y Espeche ha sido el autor, la aplicación de las figuras descriptas por los arts. 255 y 294 de la ley sustantiva no ha sido rebatida, con el alcance de evidenciar error de derecho sobre la existencia de un concurso ideal.

En lo sustancial, se queja la defensa porque no estarían reunidos los elementos propios del tipo penal contenido en el art. 294 del CP. Argumenta que no hubo perjuicio hacia la actora, porque en los años siguientes omitió requerir la reconstrucción del expediente o activar de alguna manera el trámite de la causa.

La sustracción de un expediente judicial prevista por el art. 255 del Cód. Penal afecta a la administración de justicia, y se concreta con la acción de sustraer el expediente del lugar en donde se custodiaba, sin que sea necesario que exista un propósito de disponer del documento; sino que se consuma con la sola acción de sacarlo de la esfera de custodia. Se trata de la sustracción de un documento confiado a la custodia de un funcionario público, en los términos del art. 255 del Cód. Penal. La Sala a quo consideró que en el caso se presenta un concurso aparente de leyes entre esta figura y la descripta por el art. 294 de la ley sustantiva (falsedad documental por supresión); por cuanto todos los elementos de esta última se encuentran presentes en la segunda, y ésta última es más específica que aquélla.

Esta valoración jurídica no ha sido debidamente rebatida por la defensa. Su posición se limita a alegar la falta de perjuicio efectivo hacia la actora; mas tal recaudo no emerge de la normativa aplicada por los jueces de mérito. La exigencia típica se limita a la posibilidad de perjuicio, en relación causal con la conducta sancionada; lo cual supone que el documento suprimido estaba destinado a producir algún efecto jurídico actual. El tipo del art. 294, CP, introduce la exigencia de un resultado de peligro, que tiene que producirse por la misma conducta de supresión, al expresar la norma que ella se lleve a cabo "de modo que pueda resultar perjuicio". Lo exigido por la ley es que al menoscabo de la fe pública -por eliminar un documento-, se sume la concreta posibilidad de perjuicio de otros bienes jurídicos distintos, y que pueden ser de diferente naturaleza. Basta con que el perjuicio obre como posibilidad: si se concreta en daño, con mayor razón se da la tipicidad, sin perjuicio de que pueda originarse otro delito que concurra material o idealmente (cfr. Creus, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial. Tº 2, pg. 430. Bs. As., Astrea, 1991). Señala el autor citado, que el límite mínimo de lo típico está en el perjuicio potencial, que significa el estado "causalmente apto para lesionar la fe pública". Lo posible es lo que puede ser, no lo que va a ser, porque en este caso se configura la probabilidad del perjuicio, y la ley sólo demanda la simple posibilidad de él.

Según puede advertirse, la determinación del posible perjuicio exigido por la ley penal constituye una cuestión de hecho, cuyo juzgamiento está reservado a los jueces de mérito. Y conforme a lo considerado, la postulación de la defensa parte de la errada premisa de que el perjuicio debe ser cierto; toda vez que sus argumentos se presentan dirigidos a evidenciar el pretenso desinterés de la actora en la suerte ulterior del trámite judicial. La afirmación de que no hubo perjuicio económico en modo alguno excluye la figura del art. 294; toda vez que de la norma no resulta tal limitación: basta la posibilidad de vulnerar otro bien, sin que resulte necesario que el mismo posea valor patrimonial. Las situaciones de hecho posteriores a que alude la defensa -se habría omitido reconstruir el expediente, o instar su trámite-, intentan evidenciar la falta de perjuicio concreto, ya consumado; que no constituye una exigencia del tipo.

Cabe poner de relieve que al tratar la calificación legal, la Cámara mencionó que la actora no tenía una expectativa cierta, pero sí una posibilidad de un aumento económico; aseveración que no ha sido cuestionada por la defensa. Y según lo expuesto precedentemente, la potencialidad de un perjuicio satisface la exigencia del tipo penal, en tanto se relaciona con la funcionalidad y los efectos que el documento pueda asumir, en las relaciones a las cuales se vincula. El documento es suprimido cuando se hace imposible su oportuno empleo para quien tiene derecho a invocarlo; y es de este modo que se particulariza el perjuicio, al evidenciar la puesta en peligro bienes jurídicos distintos de la fe pública.

Se concluye que el planteo en análisis es insuficiente para rebatir el discurso sentencial. A más de remitir a una cuestión de hecho reservada a los jueces de mérito, la argumentación en torno a la pretensa falta de perjuicio -y por ende, la inaplicabilidad de la figura descripta en el art. 294, CP-, se esgrime prescindiendo de la menor exigencia contenida en la normativa aplicada por el Tribunal a quo, y de los fundamentos integrales de la sentencia impugnada.

A mérito de las razones expresadas, se concluye que el remedio casatorio debe ser desestimado.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto a fs. 114/116 por la Sra. Defensora Oficial en lo Penal de la IIa. Nominación, en representación del imputado Juan Carlos Espeche, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIa. del 04/12/2002.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO