Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-27


2º Instancia.- Buenos Aires, mayo 27 de 2010.

Considerando: 1. La demandada apeló en fs. 1506 la decisión de fs. 1502/1505, en cuanto aprobó la liquidación practicada por su contraria, ya que -a su entender- la tasa de interés aplicada es errónea; no medió reintegro del automotor; no debe hacerse cargo de las multas o patentes; y no debe contribuir con la tasa de justicia.

Los fundamentos expresados en fs. 1511/1515 fueron contestados por su contraria en fs. 1517/1523.

2. Es sabido que uno de los principios fundamentales del ordenamiento procesal es aquel que prescribe, en la ejecución de sentencia, que la liquidación ha de practicarse de conformidad con las pautas fijadas por el juzgador, sin desconocerlas, ni modificarlas de ningún modo, y sobre todo, sin ampliar los rubros que incluyen ni el quantum que establecen; es decir, que la observancia de la decisión judicial ha de ser fiel y estricta (Fallos: 313:1409).

3. Sentado ello, y en cuanto a la tasa de interés, cabe señalar que aunque inicialmente el actor practicó su liquidación sin acompañar documentación que respaldara la veracidad de las alícuotas allí consignadas (fs. 1478/1479), lo cierto es que, a instancias de la observación de su contraria y en oportunidad de contestar el pertinente traslado, adjuntó una planilla suscripta por un empleado bancario dando cuenta de las tasas del Banco de la Nación Argentina (fs. 1495).

Ahora bien, dado que la autenticidad de esa constancia no ha sido materia de expreso desconocimiento en esta instancia, a falta de otros elementos de juicio, que bien pudo acompañar la recurrente con su memorial (recuérdese que transcurrió prácticamente un mes entre la notificación de la decisión y esa presentación), y teniendo en cuenta, además, que la propia apelante afirma que no se encuentra en discusión el cálculo matemático realizado por su contraria (fs. 1512), corresponde mantener -en este aspecto- la solución de grado.

4. Respecto de la entrega del automotor, vale señalar que la correspondiente documentación (título de propiedad y cédula de identificación; formulario 08 de transferencia; formulario 381, e informe de dominio, fs. 1481) ya se encuentra a disposición de la apelante, quien bien puede proceder a su retiro; mientras que en relación a si el accionante cumplió o no con la obligación a su cargo (porque el rodado se encontraría en poder de la empresa Lonco Hue S.A.) se aprecia que tal cuestión requiere agotar una medida de carácter previo, cual es comunicar a dicha firma la decisión adoptada en la causa e intimarla para que entregue del automotor, ya que recién efectuado dicho acto (y en función de su resultado) la temática propuesta cobrará virtualidad para ser analizada.

5. En relación a las multas y patentes, el hecho de que no haya sido materia de reclamo no inciden en la solución de esta cuestión, habida cuenta que como derivación de haber tenido por resuelto el contrato de compraventa del automotor de que se trata (extinción del vínculo que opera con efectos retroactivos), mal puede pretenderse que el accionante abone impuestos y multas con posterioridad a ese momento, máxime cuando -como bien destaca la juez de grado- el rodado siquiera se encontraba a su disposición.

6. Finalmente, y en cuanto a la tasa de justicia, se coincide con la magistrado de la anterior instancia, en cuanto a que habiendo sido distribuidos los gastos causídicos por su orden, y teniendo en cuenta -en tal sentido- que la tasa de justicia integra las costas del juicio, corresponde que la gabela (pagada para retribuir la actividad del órgano jurisdiccional y en beneficio de ambos contendientes, lo cual pone en evidencia que, por su naturaleza, se trata de un gasto en interés común) sea abonada en partes iguales (art. 10, ley 23.898), esto es, que cada uno de los litigantes sufrague el 50% de tal concepto.

7. Las costas, en atención al principio objetivo de la derrota, corresponde sean impuestas a la accionada por haber resultado sustancialmente vencida (art. 68, Código Procesal).

8. Por ello, se resuelve: (i) Con los alcances supra expuestos, confirmar la resolución de fs. 1502/1505.

(ii) Imponer los gastos causídicos a cargo de la demandada. Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las notificaciones pertinentes. El señor Juez Juan José Dieuzeide no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 30 RLRJN). Es copia fiel de fs. 1532/1533.- Pablo D. Heredia.- Gerardo G. Vassallo .