Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14


RAWSON, 14 de septiembre de 2.010.- -- VISTOS: --- -- Estos autos caratulados: "G., Á. R. - Concejal de Lago Puelo s/ Plantea Conflicto de Poderes" (Expte. Nº 21.907-G-2.010).--- -- DE LOS QUE RESULTA: -- -- El inicio de las presentes actuaciones reconoce como origen la pretensión del C. Á. R. G. que, con el patrocinio letrado de los Dres. H. L. C. y A. A., solicitó se declare en esta instancia la existencia de un Conflicto de Poderes en el interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Lago Puelo, en los términos del artículo 179 de la Constitución de la Provincia del Chubut y 124 de la Ley XVI - N° 46. Planteó, al mismo tiempo, la nulidad e ilegalidad de las Resoluciones Municipales N° 014/09 y 02/10 que dictó el cuerpo, en sesiones celebradas los días 17/12/09 y 11/02/10 respectivamente, mediante las cuales se dispuso el cese del representante comunal en sus funciones.- -- Relató que, como integrante del Partido Justicialista, fue electo Concejal el día 16 de septiembre del año 2007, banca que ocupó sin cuestionamientos por más de dos años y de conformidad con el régimen permitido de acumulación de cargos. Agregó que, por su labor comunal, percibía gastos de representación mensuales equivalentes a 8 viáticos de las máximas autoridades, conforme lo habilitaba el inciso 2 del artículo 60 de la Ley de Corporaciones Municipales y la Ordenanza 108/07, del 20 de diciembre de 2007.- -- Señaló que el 19 de noviembre de 2009 se sancionó la Ordenanza N° 095/09, que derogó la posibilidad de opción de percibir gastos de representación, remitiendo expresamente a los términos del art. 67 de la Constitución Provincial, medida que sirvió para separar de su cargo a la Concejal H. -en primer lugar- y luego al denunciante.

-- Calificó la cesantía de ilegal y arbitraria, al haberse decidido apartando los argumentos por él expuestos dentro del recinto, y aquellos que luego plasmó en el Recurso de reconsideración rechazado por Resolución N° 002/2010 del Honorable Concejo Deliberante. Consideró que el cuerpo resolvió la caducidad automática de su cargo representativo por no haber optado por su empleo público provincial, con lo que se transgredió ampliamente la excepción al régimen vigente y al procedimiento previsto en la Ley XVI - N° 46.

-- Relató que se desempeñó como chofer de la ambulancia del Hospital de Lago Puelo, en la categoría técnico profesional, desde el año 2006 y que, como Concejal, había asumido en diciembre del 2007 sin que el Concejo Deliberante hubiera emitido cuestionamiento alguno, sobre la posible "incompatibilidad" de ambos cargos, desde la fecha de su asunción hasta su cese.-- -- De los recibos de haberes confeccionados por la Secretaría de Salud del Chubut, apuntó, emergía el encuadre técnico de sus funciones en el nosocomio de Lago Puelo por encontrarse afectado a guardias "técnicas pasivas", como también de la nota que presentó ante el Cuerpo Deliberante el Director del Hospital, en la que expuso la necesidad de seguir contando con los servicios de G. dada la escasez de personal. Dedujo que con esa documentación acreditó que se encontraba en la excepción prevista por el art. 67 de la Carta Magna Provincial.- -- Denunció, luego, la violación al art. 71 de la Ley XVI-N° 46, así como el incumplimiento de las normas de rito y el principio de legalidad, por las siguientes razones: a) se omitió constituir la Comisión Investigadora y convocar la Sesión Especial de Ley, violando así el debido proceso y la defensa en juicio, b) se votó la resolución de cesantía, sin alcanzar la mayoría calificada de 2/3 de los miembros, c) el proyecto de resolución de cesantía, no se incluyó en el orden del día de la sesión del 17/12/09, pues se lo aprobó sin despacho de comisión y sin haberlo redactado al momento de la votación, con lo que se cercenó su derecho de voz y voto.- -- Enfatizó otra arbitrariedad en el accionar del Concejo, durante la sesión del día 17/12/09 cuando, previo a resolver su cesantía, se le comunicó que podía ocupar su banca pero no tenía ni voz ni voto, lo cual, refirió, no está previsto en el Reglamento interno ni en la Ley XVI - N° 46, sellándose este agravio con la resolución votada por mayoría simple cuando reglamentariamente se necesitaba para la destitución la mayoría calificada de 2/3, conforme lo ordena el artículo 121 de la Ley XVI-N° 46. Adujo que el procedimiento previsto para estos casos es el mismo que se aplica para delitos y faltas del Intendente, habiendo siendo esto omitido por el Concejo.

-- En su opinión, el Legislativo Comunal dejó de lado la razonabilidad que debe imperar en toda decisión y quebrantó el principio de igualdad ante la ley, ya que el proceso atacado tuvo fines oscuros e intereses mezquinos, alejados del bien común que debe campear en la vida pública de un Estado de Derecho.-- -- Acompañó prueba documental, ofreció informativa y formuló petitorio de estilo.-- -- A fs. 177/189 el Dr. E. A. K., en nombre y representación de la Municipalidad de Lago Puelo, contestó la vista conferida por Sentencia N° 06/10 SROE; apuntó que la situación planteada en autos no afecta gravemente el funcionamiento del Cuerpo Deliberante de Lago Puelo, razón por la cual el asunto planteado no encuadra en un Conflicto de Poderes, sino que se trata de un reclamo del actor motivado en escuetas razones, expuestas con fundamentos que no logran alcanzar el estándar de verosimilitud necesario y que tienden a la judicialización de cuestiones políticas partidarias, no institucionales.-- -- La esencia de la disputa, manifestó, es que G. pretende la impugnación del procedimiento de cesantía automática que le fuera aplicado por incompatibilidad, a través de la intervención originaria y exclusiva de VE, como si se tratara de un juicio político, sin haber acreditado por ningún medio de qué manera se vio afectado el funcionamiento del cuerpo legislativo comunal, o el sistema de representación de los partidos políticos, ni de la proporcionalidad de sus respectivos integrantes en el seno del cuerpo.

-- Puso de resalto que al denunciante se lo había invitado a ejercer el derecho de opción entre el cargo de Concejal y el empleo provincial acumulado, potestad de la que no hizo uso, no obstante haber presentado una nota en la que quedó demostrado que por el puesto de chofer profesional percibía dinero extra sobre su sueldo regular, bajo el ítem "dedicación exclusiva", para prestar su fuerza de trabajo al nosocomio local, conducta que merece un manifiesto reproche penal.

-- Finalizó su presentación con un ofrecimiento de prueba y solicitó se rechace la acción intentada por el denunciante ante la inexistencia de un Conflicto de Poderes en el seno del Concejo Deliberante de Lago Puelo.- -- A fs. 197 emitió dictamen el Sr. Procurador General, en el que manifestó que la cuestión traída en autos registra -a su criterio- sustancial analogía con aquella resuelta por este Superior Tribunal de Justicia en los autos caratulados "H., M. A. s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Lago Puelo" (Expte N° 21.858 - H - 2009). -- -- Señaló que, de conformidad con tal antecedente (Sentencia N° 11/SROE/2010), la ausencia de un procedimiento que hubiera preservado los derechos constitucionales del Sr. G. tornaría nula la actuación del Cuerpo Deliberante Municipal en punto a la caducidad automática del Concejal accionante, con causa en su acusada incompatibilidad. En razón de ello, opinó que correspondería declarar la existencia de un Conflicto de Poderes y anular lo actuado por el Concejo Deliberante de Lago Puelo.- -- CONSIDERANDO:- -- Ha sido convocado este Superior Tribunal de Justicia para resolver, en sesión plenaria, un Conflicto de Poderes denunciado en el interior del Concejo Deliberante de la ciudad de Lago Puelo, por imperio del artículo 179, inciso 1.1.4 de la Constitución Provincial para que -extraordinariamente- se asegure la vigencia del orden jurídico alterado por actos lesivos y preservar, con ello, la continuidad o el desenvolvimiento legítimo de los órganos de su gobierno (conf. S.I. Nº 42/S.C.A./96; 22/S.C.A./98; 40/S.C.A./00 y 03/S.R.O.E./07).- -- Como se trata de una vía especial y de excepción, esta clase de conflictos sólo se configura cuando existe invasión de un poder sobre otro, o uno de los órganos representativos de un poder ejerce atribuciones que corresponden al que se siente lesionado -lo que importa una invasión a extraña jurisdicción- o cuando uno de los poderes impide a otro el ejercicio de sus facultades (Conf. S.I. N° 207/92, 1 y 53/93, 44 y 215/94, 104/95, entre otras). Y, con mayor precisión, cuando el Intendente o algún/os Concejal/es, hubieran sido expulsado/s, suspendido/s o impedido/s de entrar en el ejercicio de su/s cargo/s, únicos supuestos en que aparece afectado institucionalmente el orden municipal (S.I. N° 22/S.C.A./98, 97/S.C.A./00, 24/S.C.A./03) como ocurrió en los hechos que motivan la denuncia del Sr. A. R. G..

- -- Es jurisprudencia constante de este Cuerpo -desde anteriores composiciones- en orden a los límites y alcances de su intervención en estos supuestos (S.I. Nº 44/94; 59/01; 63/93; 58/S.C.A./96; 37/S.C.A./05; 03/S.R.O.E./07) que el pronunciamiento a emitir no debe exceder el ejercicio de una competencia revisora y excepcional, tendiente a verificar la legalidad y constitucionalidad de lo actuado en el procedimiento realizado -en el caso- dentro del Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo y que culminó con la cesantía en su cargo del denunciante.- -- Esto por cuanto ".el ejercicio de las facultades privativas de los Concejos Deliberantes o de Representantes para organizarse, elegir sus autoridades y removerlas, otorgar licencias a sus reemplazantes, no genera en principio un conflicto de atribuciones cuya resolución competa por esta vía, en tanto la intervención del Superior Tribunal debe encararse con estrictez, y no debe invadir tales atribuciones privativas, ni dirimir otra clase de controversias que no afecten el libre funcionamiento del Cuerpo ni trasciendan al orden republicano, que debe preservar (Conf. SCBA AyS 1973-II-909 citado en S.I. N° 12/S.C.A./2.002) puesto que "el Juez natural de las incompatibilidades e inhabilidades de sus miembros es el Concejo Deliberante del Municipio" (S.I. N° 22/S.C.A./98, 97/S.C.A./00).

- -- Además ". en estas cuestiones conflictivas la intervención del cuerpo tiene un carácter especialísimo, que no es instancia común de revisión, sino extraordinaria de reestablecimiento de la vigencia de la ley, quedando fuera de su órbita toda apreciación de conveniencia u oportunidad, para limitarse al control de la constitucionalidad o la legalidad del procedimiento. De allí que no actúa como órgano habilitado para rever las decisiones adoptadas y tampoco es misión de él corregir todos los abusos en que pueda incurrir quien detente el gobierno municipal o alguno de sus integrantes, ello es así en tanto y en cuanto la valoración de las circunstancias que den lugar a tal calificación no resulte irrazonable, arbitraria o absurda" (SI N° 63/93 y SI N° 13/09 SROE).

-- El Concejal Á. R. G. denunció, ante este Superior Tribunal de Justicia, la ilegalidad de las Resoluciones N° 014/09 y 02/10 MLP dictadas por el Poder Legislativo Municipal de Lago Puelo mediante las cuales cesó en sus funciones, por hallarse comprendido -a criterio de ese cuerpo- en la incompatibilidad prevista por el artículo 67 de la Constitución de la Provincia del Chubut. E impetró, además, la nulidad de ambas decisiones.-- -- Describió como antecedente del acto cuestionado, la Ordenanza N° 095/09 que derogó la posibilidad de que los Concejales continuaran percibiendo gastos de representación por su labor legislativa, como parte de lo que llamó una "sofisticada trama jurídica" promovida por el Bloque del PROVECH para silenciar las voces opositoras.- -- En palabras de Miguel S. MARIENHOFF, por incompatibilidad debe entenderse, por un lado, el deber de no acumular un mismo agente dos o más empleos considerados inconciliables por la norma respectiva; por otro lado, el deber de no ejercer coetáneamente con el empleo, alguna actividad o profesión consideradas inconciliables con éste. (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, pág. 248).

-- El artículo 67 de nuestra máxima ley provincial, aplicado por el Concejo Deliberante de Lago Puelo para cesantear al Concejal Á. R. G., establece la caducidad automática en el empleo o función provincial de menor remuneración, una vez demostrada la acumulación de dos o más cargos públicos en una misma persona y previo a otorgarle el derecho de elegir el puesto de trabajo sobre el que desea continuar la relación. Ha quedado probado en autos que el Sr. Á. R. G. desarrollaba tareas como chofer profesional en el Hospital Rural de Lago Puelo, al mismo tiempo en que ocupaba una banca dentro del Concejo Deliberante local, como representante del Partido Justicialista.

-- También es cierto que la remuneración fijada para el cargo de Concejal era menor a la que percibía en aquel empleo público y que el derecho de opción del interesado estuvo garantizado, pues antes de resolver su situación el cuerpo legislativo municipal le comunicó a G. la incompatibilidad advertida, para que pudiera renunciar por elección propia a una de las dos labores que simultáneamente desarrollaba.

-- No hay regulación legal específica para la verificación de la causal objetiva establecida por el artículo 67 de la Carta Magna Provincial y la aplicación de la sanción allí fijada. El procedimiento desplegado por el Concejo Deliberante de Lago Puelo observó las garantías del debido proceso ya que, acreditada la acumulación de cargos, se notificó al Concejal para que ejerciera la prerrogativa constitucional que la norma invocada le otorgaba, limitándose el interesado a acompañar documentación que intentó demostrar el carácter técnico de sus funciones en el nosocomio local y lograr así justificar indirectamente la indebida concomitancia de empleos públicos.- -- La ausencia de sólidos argumentos para demostrar que su situación encuadraba en las circunstancias de excepción que el artículo 67 establece en su segundo párrafo, fueron el fundamento principal para que el Concejo hiciera caducar automáticamente su cargo como representante comunal. Este Superior Tribunal, en reciente S.I. N° 03/S.R.O.E./10 señaló claramente que "El debido proceso es el derecho a obtener un fallo, sentencia o resolución que surja de un procedimiento en el que se haya cumplido formalmente con los trámites previstos en las leyes adjetivas, en el que se haya permitido participar desde el inicio de la causa y de manera activa a los involucrados, y en el que la sanción aplicada sea consecuencia de una decisión fundada en un correcto análisis de las prueba producidas por todas las partes, no sólo por el acusador". En estos términos y dentro del acotado marco que otorga el procedimiento de Conflicto de Poderes, no se advierte trasgresión alguna al debido proceso por cuanto se le otorgó al denunciante el derecho a ser oído, a producir prueba y a defenderse de los cargos que le fueran atribuidos.-- - Dos acontecimientos puntuales de este caso marcan la diferencia con lo ocurrido en los autos caratulados "H., M. A. s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Lago Puelo" (Expte. Nº 21.858-H-2.009), recientemente resueltos por este cuerpo mediante SD N° 11/10 SROE, ya que al Sr. Á. R. G. se le otorgó la posibilidad real de ejercer el derecho que la norma constitucional en cuestión le otorga y, además, pudo exponer durante una sesión del cuerpo deliberativo los argumentos que consideró justificaban su situación de excepción. -- -- El denunciante -contrariamente a lo ocurrido con la Sra. H.- puedo ejercer su derecho de defensa sin obstáculos ni cortapisas, en el marco de un procedimiento donde se desarrollaron, discutieron y resolvieron argumentos de diversa índole, sin atisbo de arbitrariedad. Eso, sin más, abona una solución diversa al caso de autos.

-- No asiste razón al denunciante en su planteo de nulidad sobre las Resoluciones N° 14/09 y 02/10 MLP, por haberse omitido el procedimiento reglado por el Capítulo VIII de la Ley XVI - N° 46 (antes Ley N° 3.098), pues ese trámite tiene como finalidad específica la destitución de un funcionario municipal por causas distintas a aquella contemplada en el artículo 67 de la Máxima Ley Provincial, de manera que su omisión no afecta la legalidad de la decisión adoptada por el cuerpo legislativo comunal de la ciudad de Lago Puelo.- -- Por ello, ha de concluirse que la actuación del Concejo Deliberante cumplió debidamente con el precepto constitucional que aplicó, por lo que deberá declararse la inexistencia de un Conflicto de Poderes en el seno del Concejo Deliberante de Lago Puelo y desestimarse la denuncia presentada por el Sr. Á. R. G..

-- Tiene dicho el Pleno que este tipo de procesos no generan costas, dado que los órganos o sus miembros no comparecen ante la justicia en defensa de derechos particulares, sino en ejercicio y defensa de competencias públicas atribuidas, de modo que no resultan equiparables a las partes en las contiendas judiciales comunes, ni se someten a las cargas procesales, entre las cuales están las costas, ello no empece al derecho de los profesionales patrocinantes o apoderados -cuando hubieren intervenido- de percibir sus honorarios de conformidad con las normas arancelarias vigentes (Ley XIII N° 4 - antes Dto. Ley Nº 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4335). - -- En este orden, tratándose de conflictos institucionales, no susceptibles de apreciación pecuniaria, cabe aplicar los arts. 5, incs. b), c) y d) y 7 de la Ley XIII - N° 4 (antes arts. 6 inc. b), c) y d) y 8 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4335), analógicamente el último ya que no existe previsión para este tipo de procedimientos (S.I. Nº 135/93; 40/S.C.A./00; 13/S.C.A./01; 33/S.C.A./06 y 04/S.R.O.E./08).

- -- Que, por ello, este Superior Tribunal de Justicia, en pleno: - R E S U E L V E: -- -- 1º) DECLARAR la inexistencia de un Conflicto de Poderes en el seno del Concejo Deliberante Municipal de la ciudad de Lago Puelo (art. 179, inc. 1.1.4 de la Constitución Provincial) y desestimar la nulidad promovida contra lo actuado en la sesión del Concejo Deliberante, el día 17 de diciembre del 2009, en lo que se refiere al procedimiento instaurado contra el Señor Á. R. G. y los actos posteriores que fueron su consecuencia. -- -- 2º) REGULAR los honorarios de los Dres. H. L. C. y A. A., en forma conjunta, en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) fijar los emolumentos del Dr. E. A. K. en la suma de PESOS QUINIENTOS ($500), por la labor profesional desarrollada en estos actuados (arts.5, incs. b), c) y d); 7; 9; y 46 de la Ley XIII N° 4, antes arts. 6 inc. b), c) y d); 8; 10 y 47 Dto. Ley N° 2.200 - T.O. Dto. N° 138/99 - modificado por Ley N° 4.335). Todos con más IVA si correspondiere.

-- 3º) REGÍSTRESE y notifíquese.

- -- La presente se dicta con cinco miembros, por encontrarse ausente, en uso de licencia (artículo 25 R.I.G.) el Sr. Ministro Dr. Jorge Pfleger.- Fdo.: Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL - Dr. Alejandro Javier PANIZZI - Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Fernando S. L. ROYER .

RECIBIDA EN SECRETARIA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.010 - REGISTRADA BAJO EL N° 15 S.R.O.E. CONSTE