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LEY DE CONCURSOS, prescripción, plazos procesales, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORIA SERGIO EN J° 55.542 VALENCIA PEDRO (EXPTE. Nro. 29623) s/ CONC PREV S/INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-02

Le ley concursal vigente contiene dos plazos distintos de prescripción: a) para aquellos créditos que no tenían promovido proceso judicial alguno, ni tampoco estaban autorizados a hacerlo, y cuya única vía de ingreso era directamente la verificación en el concurso, rige la prescripción establecida por al ley 24.522, de dos años desde la fecha de la presentación en concurso;

b) en el caso de los créditos exceptuados del fuero de atracción: procesos laborales, procesos de conocimiento en trámite al momento de la apertura del concurso y aquellos en que el deudor es demandado como parte de un litisconsorcio pasivo necesario, el mismo se extiende a los seis meses posteriores a la fecha de haber quedado firme la sentencia dictada por el tribunal competente. Vencido dicho plazo, el crédito, si han transcurrido los dos años desde la presentación en concurso, está prescripto.
Tenencia de hijos menores, derecho del menor a ser oído
Materia: CIVIL
Carátula: G.W.H. c/ C. D'A.M.A. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

Si bien en principio los dichos de los hijos menores no pueden determinar cual de sus padres habrá de ejercer su tenencia, deben analizarse según el caso particular de que se trate.
Concursos, avenimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Molino Arrocero Villa Mantero S.A. s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-04-10

El consentimiento prestado por el acreedor para la conclusión de la quiebra por avenimiento es, como manifestación unilateral, esencialmente revocable hasta el momento en que, lograda la unanimidad de acreedores, se dispone la conclusión de la quiebra por resolución judicial.
Derecho procesal, juicio ordinario, prueba, prueba pericial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gosende, Mario c/ Riva SAIIC Y FA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-15

Aunque en la especie el eventual carácter subrepticio de la grabación no represente en sí mismo un definitivo óbice para su admisibilidad como prueba, sí es un impedimento para ello el hecho de que, como lo exige la doctrina, las conversaciones registradas no fueran sometidas al peritaje de un experto en foniatría (conf. Ponce, C., Estudios de los Procesos Civiles Procesos de Conocimiento, Buenos Aires, 1998, T. 2, pág. 50), o tan siquiera que el registro sonoro fuese corroborado mediante algún otro elemento de juicio en orden a su autenticidad, fidelidad y completitud -según las palabras del fallo apelado- pues no es imposible que una grabación sea falseada (conf. Farina, J., Actas de asambleas de sociedades comerciales - los grabadores - el escribano público, LL 1987-C, pág. 669).
Competencia por el territorio, ejecución prendaria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Spaciuk S.A c/ Laura Emilia Bistoletti de González s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-02-28

Si se ha fijado como lugar de pago de la deuda, domicilio del acreedor, deudor y ubicación del bien en la Capital Federal, resulta que el Juez al cual las partes acordaron someter sus diferendos coincide con el que dispone como competente para entender en procesos de esta naturaleza la ley de la materia, no siendo modificada por el hecho de que el contrato haya sido endosado, y la circunstancia de que el bien prendado se encontrara al momento del secuestro en distinta localidad, pues la ley al referirse al lugar de ubicación del bien debe interpretarse al convenido en el contrato como tal, en razón al claro dispositivo legal.
Recurso extraordinario, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-09-15

La sola violación o inaplicación de la ley, no autoriza "per se" la apertura de la jurisdicción extraordinaria, pues para ello es menester que esa situación subsista, o su entidad no haya sido minimizada o soslayada por el transcurso del proceso; al momento en que corresponde su análisis. (Dr. Bertolini: Según su voto).
Delito penal, participación secundaria, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: C., S. s/ Robo calificado (Expte Nº55-97, Resolución Nº36, Tomo 3, Folio  380)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-04

El mero transporte de terceros hacia o desde donde se comete un robo, no implica una contribución imprescindible en orden a la consumación, sino una secundaria dado que el hecho en sí, el hecho típico en sí, se habría podido consumar de igual modo aún sin ese aporte.
Prueba anticipada, prueba pericial, gastos del proceso, costas, juicio ordinario posterior, principio de congruencia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: La Meridional Cía. Arg. de Segs.  S.A. c/ ELMA   S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

El reconocimiento pericial constituye una prueba anticipada que es parte de la prueba del juicio ordinario posterior. De allí se deriva que los gastos y honorarios de esa prueba anticipada encuadren naturalmente en el concepto de costas, de manera que, salvo situaciones especiales, el pedido de condena en costas formulado en el ordinario posterior importa de suyo incluir los accesorios devengados en la prueba anticipada, sin que sea menester que la actora haga una referencia explícita, sin ellos. Y como la demanda de autos persigue, entre otras cosas, la condena en costas, bien pudo el a quo - sin violar el principio de congruencia (artículo 34, inciso 4 y 163, inciso 6, del Código Procesal) - ordenar que la demandada cargara con parte de las costas devengadas en los reconocimientos periciales.
Daños y perjuicios, contrato de transporte, transporte de pasajeros, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA,  Miryam  Elizabeth c/ MICROOMNIBUS NORTE SA LÍNEA 60 yotros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-11

1- La responsabilidad del transportista por la integridad corporal de sus pasajeros (art. 184 del Código de Comercio)comienza con la iniciación del viaje, a partir del ingreso del viajero en el medio correspondiente y con prescindencia de que se haya materializado el pago del boleto con anterioridad al acceso al móvil o de que se lo abone durante el viaje. 2- La oferta de transporte por la vía pública que constituye la marcha de las unidades de una línea de colectivos resulta aceptada por quien desea emplear ese medio mediante la seña para lograr su detención o con el acceso al vehículo, concertándose entonces el lazo contractual, con la responsabilidad dispuesta por el art. 184 mencionado.
Despido, sanción extemporánea
Materia: LABORAL
Carátula: Tacchino, Liliana Esther c/ Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora s/ Despido y diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Es requisito básico de la injuria que entre la ruptura del vínculo y el hecho que la motiva debe existir una relación de oportunidad o causalidad inmediata.
Individualización de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA QUIROZ, Gonzalo Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-03

El voto concurrente expresó que en un todo de acuerdo con la éxegesis conferida a la norma del art. 468 del CPPN, el planteamiento articulado durante el término de oficina vinculado con la individualización de la pena no corresponde que sea abordado, en la medida en que, la pena privativa de la libertad impuesta al condenado -cuyo cumplimiento se dejó en suspenso- en modo alguno puede considerarse exigua o insuficiente de forma tal que contradiga preceptos constitucionales o convencionales, resulte arbitraria o, si se quiere, configure una situación inocultable de gravedad institucional por exceder el mero interés de las partes y proyectarse sobre las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno adoptado por la Ley Fundamental. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani -según su voto-).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia no firme, proceso penal, fallo plenario, trámites judiciales, juicio oral, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, derechos y garantías constitucionales, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FLOIGER, CRISTIAN Y RAFFO, JUAN JOSE c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-06

La impugnante hace referencia a que la decisión cuestionada -al confirmar el fallo de primera instancia que dispuso que el plenario tramitara por juicio oral y público- viola garantías constitucionales -concretamente, principio de legalidad, debido proceso, derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable- así como a que se extiende in eternum el período de recolección de pruebas y se perturba la vida de los justiciables al alongar la duración del proceso; mas estas consideraciones resultan genéricas, eventuales e insuficientes en orden a evidenciar la irreparabilidad pretendida, máxime cuando lo resuelto se alinea con la doctrina de este Tribunal y con el sistema de enjuiciamiento penal impuesto por la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22 de dicha norma fundamental y al que responde el nuevo Código Procesal Penal provincial. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 247, p 105. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22; Código Procesal Penal de Santa Fe.
Asociaciones profesionales, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: ESTAPE GABRIEL ZENOBIO c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-10

Sostuvo el accionante que su empleadora cerró su sucursal en la ciudad de Gualeguay, despidiendo al personal de la misma, lo que indudablemente constituye una cesación de las actividades del establecimiento que torna inoponible la tutela sindical que alega quien demanda, confrontar artículo 51 de la ley 23.551.
Cheque, lugar de pago, domicilio real, domicilio especial
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MOZZI JUAN c/ GARCIA JOSE s/ EJECUTIVO - CHEQUE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-12

La pretensión de demandar en el domicilio real del accionado no se justifica, a un cuando en el subexamen se trata de un endosante, ya que todos los que suscriben el instrumento quedan sometidos a una misma ley y jurisdicción en tanto esta deriva de un lugar único de pago (conf. C.N.C. sala A, sentencia del 29/11/78 en autos "Algodonera Lavalle c/ La Batalla S.R.L).
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bonifacio, Marta Susana c/ Clínica General Belgrano y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-29

Como ha sostenido la Casación bonaerense, la inclusión en la condena del tercero citado a juicio no afecta el principio de congruencia al condenar a alguien que no fue demandado de origen por el actor, porque, según lo dispuesto por el art. 163 inc. 6 del código procesal, la sentencia puede hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reposición (procesal), recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SUFFRITI, RAUL ERNESTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 200-83 PUTERO, RAUL DOMINGO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.     CSJ EXPTE NRO 90-84 MONTI, ALBERTO JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 198-83 GALLI DE PODIO, ANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 197-83 CASSIET, HECTOR ARNALDO GREGORIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 208-83 PIEDRA BUENA DE ROSATTI, RAQUEL RAIMUNDA CELINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 212-83 VASCHETTO JUDITH GIANINETTO VDA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 209-83 TAVERNA, IRMA TERESITA ISABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 199-83 ORLANDO, ALDO PEDRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 196-83 ZAMPATTI, LUIS JUAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 195-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-08|1985-10-16|1986-09-23|1986-10-08|1986-10-08|1986-10-22|1986-10-22|1986-10-22|1986-10-22|1987-06-03

El artículo 4 de la ley 4106 impone el agotamiento de la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo, y el artículo 10 exige como requisito que la resolución sea definitiva y cause estado, esto es, que decida sobre el fondo del asunto y sea dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento. El trámite, en sede administrativa, debe ajustarse a lo dispuesto por el artículo 72 inciso 18 de la Constitución Provincial. Su cumplimiento es ineludible y obliga al rechazo del recurso interpuesto al no haberse agotado la vía administrativa en la forma prescripta.

En el caso, el recurrente interpuso revocatoria y apelación contra la disposición administrativa que ordenaba su cesantía y recurrió a la vía judicial a través de la presente demanda. Si el silencio de la administración le causaba agravio, pudo deducir el recurso jerárquico previsto por el artículo 55 del decreto 10204-58 o los recursos aplicables por imperio del artículo 73 del mismo cuerpo legal -aplicación subsidiaria de las disposiciones del procesal civil y comercial-.
Trabajadores rurales, prueba documental
Materia: LABORAL
Carátula: GUERRERO, Roberto Marcelo c/ VICENTE, Osvaldo s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-06

La clara violación que implica para el empleador la falta de presentación de libros que imponen llevar los Arts. 122, 123 y 128 de la Ley nº 22248, no puede suplirse aludiendo a la inaplicabilidad de las presunciones del Art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, al régimen agrario. Lo contrario significaría privilegiar al empleador que ha incumplido su deber de llevar correctamente la documentación laboral.
Despido, despido con causa
Materia: LABORAL
Carátula: Lobato Barral, José Antonio c/ Compañía de Omnibus Maipú S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-03

Si una sola de las causales invocadas para disponer el despido es encontrada por el juzgador suficientemente grave como para impedir la prosecución del contrato, no está obligado a tratar todas las demás causales invocadas.
Subasta de inmuebles, nulidad de la subasta, falta de título de propiedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dra. Carrizo, María L.F.L. de s/ Ejecución  de  Honorarios  en  autos  Nro.  308/86: "Establecimiento  Andalgalá c/ Rodriguez Hnos. s/ Ordinario"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-05-22

El argumento del apelante para pedir la nulidad de la subasta del inmueble porque no se incorporó el testimonio de la escritura no resulta de recibo.

En efecto, el art. 572 del C.P.C., exige que dentro de los tres días de ordenado el remate, el ejecutado debe presentar el título de propiedad del inmueble, bajo apercibimiento de obtenerse testimonio a su costa. En el caso el ejecutado apelante fue intimado a presentar el título, y ante la falta de cumplimiento de su parte, la ejecutante presentó copia de la escritura con posterioridad al remate. De manera que resulta paradójico que habiendo sido intimado no cumple y luego en mérito a ello pretende la nulidad de la subasta.

A lo que cabe agregar que, sin perjuicio de que la exigencia de la norma aludida supra debe ser cumplida en tiempo oportuno, para posibilitar su examen por parte de los interesados, el hecho de que se haya agregado el título con posterioridad por la ejecutante no autoriza a declarar la nulidad del remate.

Primero y esencialmente porque el apelante omitió expresar el perjuicio que tal situación le ocasiona o el interés jurídico que pretende subsanar -art. 172 segundo párrafo del C.P.C.- y segundo porque, en todo caso, quien se encontraría en condiciones de alegarlo es el adquirente, por ser el más interesado en perfeccionar la compra del inmueble, estando facultado, si observa alguna irregularidad, a pedir la suspensión de todo trámite, con anterioridad a la escrituración; pero no precisamente el ejecutado.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jorge A. Caso SA. c/ Iotti Atilio C. s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Si bien en el proceso civil la demandada se ha allanado a la demanda que solicita la nulidad de determinado acto jurídico, tal allanamiento se supedita a la eximición de costas. Al respecto subsiste la disputa sobre una cuestión de hecho con incidencia sobre tal imposición, tema que, para ser resuelto, que recaiga pronunciamiento en la causa penal incoada, lo que evidencia actuante el supuesto previsto por el art.1101 del Cód.Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, contrato de obra pública, órdenes de servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y CIVILES S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-02

No cabe hacer lugar al planteo de inadmisibilidad del recurso en cuanto se dirige a atacar dos actos firmes, concretamente, órdenes de servicio. Es que, aun de admitir por hipótesis la firmeza de las mismas , no podría soslayarse que mediante el recurso contencioso administrativo bajo análisis se impugna la resolución por la cual, entre otras cuestiones, se aprueba el acta de recepción provisoria, y el decreto por el que se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la anterior-, por lo que debe forzosamente concluirse que la vía administrativa previa se encuentra correctamente agotada, en relación a las pretensiones deducidas en la causa; y que en todo caso, dichos actos administrativos, respecto de los cuales sí se hallaba latente la posibilidad de impugnación, subsumieron el contenido de aquellas órdenes de servicio, mediante las que se dispuso que la empresa cesara en las tareas de relleno de túneles, y que dicha tarea sería ejecutada por la propia Administración, contenido que guarda coherencia con la posterior recepción de la obra por conclusión del objeto del contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho público local, Superior Tribunal de Justicia, subrogancia del juez, reenvío, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: LEONES, JALIME MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 341 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16

El tribunal llamado a fallar nuevamente el caso no puede incurrir en la misma violación del derecho a la jurisdicción materializada en el decisorio anulado, "porque ello atentaría de modo flagrante contra la cosa juzgada emanada del fallo de la Corte y conduciría de seguro a una segunda anulación. Así podría acontecer si este Tribunal, estimando que ha mediado apartamiento del texto expreso de la ley, efectúa una declaración explicita o implícita de que el nuevo fallo a dictarse debe atender a esta normativa: esa declaración naturalmente, vincula al tribunal subrogante.

En el caso, la Corte en la sentencia que anuló el decisorio de la Alzada, hizo una concreta y precisa declaración normativa, afirmando que el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo es el precepto que regula la prescripción de acciones como la de autos, mandato de derecho que era vinculante y obligatorio para el Tribunal de origen, tal como éste lo entendió al dictar nuevo pronunciamiento.

En consecuencia no puede postularse ninguna violación al artículo 95 de la Constitución de la Provincia, que sí se hubiese materializado en la hipótesis del dictado de un fallo en sentido contrario, que habría significado -además de un casus de arbitrariedad - el desconocimiento de la autoridad y el poder jurisdiccional que inviste esta Corte Suprema en cuanto máximo tribunal en el orden santafesino, que se traduce -entre otros aspectos- en el hecho de que sus fallos han de ser lealmente seguidos por los tribunales de las instancias inferiores, dicho esto más allá del tipo de obligatoriedad que exhiba su jurisprudencia, tanto más cuando se trata de cuestiones que remiten al examen de normas de derecho público local, respecto de las cuales esta Corte inviste el carácter de intérprete final.
Actos voluntarios, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: F. M. F. y otro c/ R., L. A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-11

"Aparece claro, entonces, que deviene necesario separar las órbitas de la relación de causalidad y de la culpabilidad.

En tal sentido podemos distinguir: la causalidad es puramente objetiva, se limita a un enlace material entre un antecedente y un resultado, si la conducta es causa mediata o inmediata del daño surge causalidad adecuada; la culpabilidad es netamente subjetiva: la culpabilidad es la situación psicológica en que el sujeto se encuentra en el momento de la acción con respecto al hecho que produjo.".
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Alberto c/ Polimec Argentina S.A. s/ Indemnización ley 9688 Vivas, Augusto L. c/ Broncería Sanitaria 3C S.A. y otro s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27|1997-11-04

Resulta inobjetable el fallo que excluye de la condena a la compañía aseguradora si la fecha de la exigibilidad de la indemnización por enfermedad accidente resulta ajena al ámbito temporal de la vigencia del contrato de seguro, es decir, posterior a la de la culminación de la vigencia de la cobertura.