marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sordomudos, personas con discapacidad, aplicación de la ley, trabajador con discapacidad, Ministerio de Menores, legitimación procesal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: V., R. C. c/ P., S. F. Y OTROS s/ COBRO DE HABERES. Y DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-10

Un sordomudo que padece "... HIPOACUSIA PERCEPTIVA PROFUNDA ...." necesita de otros elementos para entender y expresarse en el marco del art. 16 de la Ley provincial 2055 que, entre otros aspectos, establece por vía complementaria de la Ley provincial 3164 el reconocimiento de la necesidad de expresión por medio de una lengua diferente para las personas sordas, la que se declara oficial y de instrucción bilingüe, denominada "LENGUA DE SEÑAS ARGENTINAS", a cuyo fomento de activa participación, concientización y uso por las entidades públicas no gubernamentales y personas de la comunidad se obligó el Estado por el art. 11 de esta última.

Esa referencia legal no implica que hubo de emplearse necesariamente la "LENGUA DE SEÑAS ARGENTINAS", de cuyo uso no hay constancia alguna en el expediente, sino que permite razonar que un sordomudo por sus capacidades diferentes, más allá de las acciones a que puedan habilitar los arts. 153 y ss del C.C., desde el plexo normativo específico goza del derecho a ser tutelado en su integración a la sociedad e inserción y desenvolvimiento en la actividad laboral a través de "acciones positivas" de quienes actúan por o representan al Estado, bajo apercibimiento de nulidad de los arts. 59 del C.C. y 16 de la Ley 2055, y tal deber es extensivo al ámbito jurisdiccional, con la idea de revertir la simpleza interpretativa de la eficacia de los actos de quienes no han sido declarados "incapaces" según los arts. 140 y ss, 153 ss y cc del C.C., por un cuadro de elementos jurídicos más completo y complejo que deviene de ese plexo normativo específico.
Recurso de casación, interpretación de la ley, jueces, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Olga N.y otros c/ Frutibell S.A. s/ Indemnización por despido s/ Inaplicabilidad de ley s/  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-04-24

El art. 43 de la ley 2430 constituye un precepto abstracto dirigido a los jueces en su cometido jurisdiccional. En la órbita provincial, la obligatoriedad de la interpretación de la ley derivada de la doctrina legal es similar a la existente en otras jurisdicciones.

Ello así, pues es un principio ampliamente aceptado que es de la esencia de la casación la función de unificar la interpretación de las leyes y asegurar el principio de igualdad ante las mismas.
Recurso por causa de interés público, honorarios del abogado, monto del juicio, depreciación monetaria
Materia: Procesal
Carátula: KRISTOFIS, Anastasio Jatsis c/ Municipalidad de Trelew s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-09-12

El artículo 47 del arancel, precisamente contempla la hipótesis que las sumas correspondientes a depreciación monetaria no se encuentran al momento de dictar la sentencia, en este caso, que es el de autos, el juez regulará los honorarios sobre las sumas líquidas existentes, los que serán ampliados una vez establecido el monto de la depreciación monetaria, en otras palabras, dicho artículo prevé una regulación sobre la base de las sumas líquidas al momento de dictar sentencia y otra sobre la base de la actualización monetaria.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Resulta pertinente ratificar -para evitar que se incurra en situaciones análogas a la de autos- que en todos los casos en los que un tribunal de alzada, en el marco de un recurso de apelación ordinario interpuesto por los actores penales, considere que les asiste razón, debe resolver definitivamente la causa sin reenvío, siempre que no resulte necesaria la realización de un nuevo juicio o procedimiento para el dictado de la nueva sentencia, conforme lo previsto en el segundo párrafo del artículo 404, Código Procesal Penal, ley 12734 y en aplicación de la doctrina sentada por esta Corte in re "Scalcione"; y, en caso de resultar la decisión adversa a los intereses del imputado, será revisable por un nuevo tribunal integrado con otros magistrados del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal. Por ello, y en virtud de razones vinculadas con una mejor administración de justicia, corresponde instruir sobre las consideraciones vertidas en el presente a la Secretaría de Gobierno de este Tribunal para que haga conocer las consideraciones vertidas en este punto a las Oficinas de Gestión Judicial de Primera y Segunda Instancia de las Cinco Circunscripciones Judiciales de la Provincia, a las autoridades de los Colegios de Jueces Penales de Primera y Segunda Instancia de las Cinco Circunscripciones Judiciales de la Provincia y del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a fin de unificar el mecanismo para viabilizar la garantía del doble conforme en casos como el presente -así como en supuestos de agravación de la condena en la Alzada- y, con ello, brindar seguridad jurídica a los imputados y a todos los operadores del sistema penal. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239/260. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, Ley 12734, artículo 404, segundo párrafo
Contratos administrativos, resolución del contrato administrativo, facultades de la administración, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Mónica Elena Gómez s/ Desalojo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

El elemento característico y fundamental del contrato administrativo consiste en el establecimiento de una relación jurídica de subordinación con respecto a la Administración pública, mediante un acto de propia voluntad de quien se obliga con ella, lo que se manifiesta en la desigualdad de derecho en que se encuentran ambos contratantes en lo atinente al régimen de ejecución, extinción y efectos del contrato. Esta situación de desigualdad jurídica se concreta en la posibilidad por parte del Estado no sólo de exigir el cumplimiento del acto celebrado con el particular, sino también de separarse del mismo, declarando sin efecto dicho acto, aunque a veces corresponda otorgar indemnización al particular.
Defensa en juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DURA, JOSE RODOLFO Y OTROS s/ DERECHO DE DEFENSA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1968-11-27

Como es necesario extremar las precauciones para salvaguardar el derecho de defensa, además de velarse por su intangibilidad y estricto cumplimiento,no puede admitirse en forma alguna que se lo desvirtúe (directa o indirectamente).

Todo lo concerniente al derecho de defensa está legislado en la instrucción judicial. Su observancia relativa a la totalidad del sistema, consecuentemente, se entiende siempre prescripta bajo pena de nulidad (C.P.P., art. 173, inc. 3ro., ley 3831).-
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: K. de G., Z.M. c/ G., H.T. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

La embriaguez, en cuanto con su frecuencia y publicidad evidencia una conducta incompatible con la consideración debida al cónyuge, puede constituir una injuria grave teniendo en cuenta la educación, posición social de las partes y demás situaciones de hecho relativas al matrimonio. También cuando el vicio sea origen del incumplimiento de deberes inherentes a la condición de casado, o cuando sea una inequívoca manifestación del ánimo de agraviar al cónyuge por este medio, o cuando al menos ha mediado una conducta conciente y responsable. Pero la ebriedad no es una causal autónoma de divorcio, y aún cuando se le repute un vicio, carece de entidad por sí sola para configurar injurias graves. Además ha de advertirse que, en su nueva redacción, el Cód.Civil (art.203) aprehende el supuesto de hecho del alcoholismo entre las alteraciones mentales graves de carácter permanente como la adicción a la droga, supeditándolas -para pedir la separación personal pero no el divorcio vincular (art.214 del Cód.Civil)-, a que provoquen trastornos de conducta que impiden la vida en común.
Hurto simple, retención indebida, cajero, rendición de cuentas, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: ZAFFARONI, Nora s/ DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-27

La acción de la procesada -cajera de una empresa- que reiteradamente se apropiaba de dinero pagado por diversos clientes, omitiendo consignar el numerario que se apropiaba en la rendición de cuentas diaria que efectuaba, configura el delito de hurto y no el de defraudación por retención indebida pues en esta última figura se describe una verdadera "omisión de restituir defraudatoria", que se configura cuando quien recibiendo una cosa por título que lo obligue a entregar o devolver, se niegue a restituir o no restituye a su debido tiempo, siendo necesario que la cosa haya sido dada por un título que transfiera la tenencia, lo que no se ha dado en el caso, pues trátase de un servidor de la tenencia del dueño.
Acción de amparo, rechazo in límine, demanda defectuosa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PAOLINI, Claudio Javier c/ CGE s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-08-31

Ante un planteo similar del amparista al expedirse in re "PAOLINI (2), Claudio c/CGE" -28/04/10-, remontándonos al referido acto supuestamente promocional, sólo es factible hallar en él un farragoso y confuso escrito de indescifrable contenido que en modo alguno satisface mínimamente las exigencias que debe reunir la demanda de una acción de amparo para su procedencia formal, toda vez que la norma del artículo 6 de la Ley 8369 explícitamente prevé que la demanda deberá interponerse por escrito; deberá acompañarse copias y contendrá: a) nombre, apellido, documetno de identidad, domicilio real y procesal del accionante; b) mención de la autoridad pública o del particular contra quien va dirigida; c) relación circunstanciada y precisa de los hechos y el derecho invocado y la garantía o derecho constitucional violado; d) la solicitd de suspensión de los efectos del acto si correspondiere; e) la declaración bajo juramento que no ha entablado otra acción o recursos sustentando la misma pretensión y f) el ofrecimiento de la prueba de que intentare valerse.

Si bien es cierto que algunos de esos requisitos están incluidos en aquel libelo, no se expresan los datos esenciales e imprescindibles exigidos, apareciendo contradictoriamente formulada la declaración; por consiguiente, la demanda interpuesta carece de los elementos mínimos indispensables previstos expresamente en la ley para su procedencia y deviene, por tanto, correctamente rechazada in limine en estos autos.
Calificación jurídica, Constitución Nacional
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Suft 1 (en representación menor M.M.G.) c/ L. N.G. y otros s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-11

Cualquiera "sea la calificación jurídica que en definitiva efectúen los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso, es decir, aquel sustrato fáctico sobre el cual los actores procesales desplegaron su necesaria actividad acusatoria o defensiva" (cf. CSJN, Fallos: 329:4634). Tal concepto fundamental, derivado del art. 18 de la Constitución Nacional, ha sido seguido de modo reiterado por este Superior Tribunal, y oportunamente se ha complementado con una restricción a las atribuciones del juzgador en cuanto a una brusca mutación del encuadre jurídico que pueda devenir en una sorpresa para la defensa (cf. STJRNS2 Se. 159/14 "ETCHEGARAY", Se. 6/16 "CIFUENTES CARO", Se. 315/17 "G.V.R"). (Voto del Dr. Barotto por la mayoría)
Sentencia penal, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, recurso de casación penal, remisión al tribunal a quo, doble instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Cardozo Raúl Pastor, Moreno Miguel Enrique, Barrera Verónica Angela s/ Recursos de Casación en autos "Cardozo Raúl Pastor, Moreno Miguel Enrique y Barrera Verónica Angela s.s.a.a. Encubrimiento Agravado y Resistencia a la Autoridad en Concurso Real - Robo Agravado en Poblado y en Banda - Capital - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-04-30

El tribunal de mérito, al determinar la pena de los imputados, ha ejercido la facultad discrecional de manera arbitraria ya que se ha limitado únicamente a remitirse a las condiciones de los arts. 40 y 41 del C.P. y a las constancias de la causa, sin decir de qué modo ellas repercutieron sobre la mayor o menor peligrosidad del acusado, haciendo sólo alusión a la inclinación de éste a cometer delitos contra la propiedad.

Por ello, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos y en consecuencia, anular parcialmente la sentencia recurrida, en lo relativo a la individualización de la pena impuesta al imputado (art.18 Const. Nac., 208 Const. Prov. y 408 inc. 4 C.P.P.), y remitir las presentes actuaciones al Tribunal de juicio -a fin de garantizar la doble instancia- a los efectos de que gradúe la pena correspondiente conforme a las pautas prescriptas en los arts. 40 y 41 del C. Penal.
Contrato de trabajo, trabajo por equipos
Materia: LABORAL
Carátula: Monteros   Ricardo c/ I.D.C.   SA   y   otros s/ despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-31

El art. 102 L.C.T. es una norma dirigida a desarticular situaciones de fraude configuradas a través de la constitución de sociedades o agrupaciones de trabajadores aparentemente autónomos, pero sometidos en realidad por un tercero al cumplimiento exclusivo y permanente de pautas de dependencia propias de un equipo de trabajo. Por ello, no es aplicable dicha norma en el caso del trabajador que no integraba la sociedad a la cual demanda sino que fue reconocido por aquélla como trabajador a su servicio y ello consta en sus registros.
Leyes, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL
Carátula: Adorno,  Mauricia c/ Trenes de Buenos Aires S.A. y otro s/ daños y perjuicios - sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, propósito que no debe ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación.
Recurso de casación, protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), responsabilidad extracontractual, embargo por deuda anterior
Materia: CIVIL
Carátula: F., J. C. s/ QUIEBRA s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-26

En autos, surge sin hesitación que la deuda del señor... (cónyuge de la recurrente) es anterior a la constitución e inscripción del bien de familia, en consecuencia correspondía ordenar la desafectación dentro de las actuaciones donde se desarrolla el proceso, por cuanto la desafectación a pedido de un acreedor, en el marco del art. 49, inc. e) "...venta Judicial" y del art. 38 de la Ley Nacional 14394, y segundo párrafo del art. 3 de la Ley Provincial Nro. 1466, no es sino una mera consecuencia de las situaciones jurídicas que el texto de la ley enuncia.
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, subasta de inmuebles, suspensión de la ejecución, mandamiento de constatación, emergencia económica
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS AV. CORRIENTES 2993 - ESQUINA ECUADOR 505 c/ JEIFERZ, Eugenia P. s/ EJECUCION DE EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-14

Corresponde suspender el trámite de ejecución de un proceso que persigue el cobro de expensas, si se ha ordenado la subasta del inmueble y del acta de constatación surge que el bien embargado es la vivienda del ejecutado y su familia, toda vez que el caso encuadra en la hipótesis prevista por el art. 16 de la ley 25.563.
Nulidad del acto administrativo, resoluciones, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, veda pesquera, daños y perjuicios, falta de agravio concreto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Periopontis S.A. c/ E.N. Mº Economía - SAGPYA Resol. 2/99 s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-04

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la ilegitimidad y nulidad de la Resolución 2/99 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y disposiciones complementarias y que se resarciera de los daños y perjuicios derivados del dictado de dichas normas si la actora pretende que se le reconozca como "evidente" que las restricciones a la pesca de la merluza hubbsi incrementaron sus pérdidas, lo que no es admisible ya que el concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita la realidad de éstos y, para su establecimiento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad, extremo que no se halla cumplido en cuanto al daño emergente -reclamo vago y genérico- ni tampoco respecto del lucro cesante.
Quebrantos impositivos, impuesto a las ganancias, crédito fiscal, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bridas Austral S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Publicos - Dirección General Impositiva s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

En el régimen instituido por los arts. 31 a 33 de la ley 24.073 la carga de probar la existencia y cuantía de los quebrantos que dan lugar al crédito fiscal pesa sobre quien pretende el reconocimiento de dicho crédito, por lo que -contrariamente a lo que afirma la actora en su memorial-, la sola demostración del devengamiento de los importes contabilizados en materia de intereses y gastos no constituye el cabal cumplimiento de la referida carga procesal que pesa sobre aquélla.
Contrato de trabajo, igualdad ante la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ALTO PARANA S.A. c/ D'AMICO, JUAN CARLOS. s/ DESALOJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

Respecto de las relaciones jurídicas emanadas del contrato de trabajo no son aplicables, por regla, consideraciones fundadas en el principio jusprivatístico de la estricta igualdad entre las partes.
Privación ilegal de la libertad, detención, indemnización, gobierno de facto
Materia: PENAL
Carátula: Raviolo, Carlos Alberto c/ Mrio. de Justicia y D.D. H.H. s/ Art. 3 - ley 24.043 (resol. 331/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Debe otorgarse el beneficio previsto en la ley 24.043 a quien estuvo detenido en virtud de una orden ilegal, calificación que no varía por haber sido condenado, con posterioridad, por un tribunal de justicia, ya que, por expresa disposición del art. 2 de la ley 24.906, no tiene relevancia alguna para su situación (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Recurso de casación penal, cámaras de casación, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERAUD, RAUL ARTURO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-02-16

La Constitución de la Provincia (art. 9) y el C.P.P. (art. 120) imponen al juzgador el deber de motivar la sentencia, es decir, de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene.La exigencia responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre y de que los interesados conozcan los fundamentos que han determinado la decisión jurisdiccional, incluso para interponer los recursos que la ley les concede. Pero las resoluciones judiciales sólo son recurribles cuando esa ley expresamente lo establece (C.P.P., art. 475, ley 3831), en la medida, límites y formas que lo dispone, mientras el recurso procede sólo por motivos que atañen a la aplicación del derecho.

El Tribunal Superior puede corregir todo vitium im procedendo capaz de producir la ineficacia del acto que se haya cumplido con violación de formas establecidas bajo pena de nulidad. El vitium in iudicando, cuando consiste en un error de hecho, cuando se pretende que la providencia está fundada en una falsa base de hecho, sólo puede ser denunciado ante los llamados jueces del mérito (como el juez de apelación) y no ante el de casación, fuera de los casos excepcionales en que la ley confiera a este juez competencia también respecto del mérito.-
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte de un menor, caída de una cosa, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MIREMONT Alejandro Angel c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-15

Corresponde hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios por la muerte de una menor de cinco años, motivada por el desprendimiento del asiento del columpio en el que se hamacaba en los juegos de una plaza, y condenar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a abonar la indemnización correspondiente, si está demostrado que la niña era hamacada por su padre a escasa velocidad y que no eran fácilmente visibles los alambres que sujetaban la tabla del asiento y si no hay elemento alguno que permita siquiera suponer que el padre de la menor hubiera faltado a su deber de guarda.

Es evidente la responsabilidad de la Comuna que, lejos de velar por la seguridad del público infantil que son los usuarios de los juegos de la plaza, con su desidia provocó el fatal accidente, ya que no reparó debidamente la hamaca, ni la clausuró impidiendo provisionalmente su uso, ni controló debidamente la construcción del peligroso parapeto que los rodeaba. Si las únicas causas del hecho fueron la rotura de un alambre oxidado por la fricción provocada por el movimiento del juego, colocado para repararlo provisionalmente, y un muro de contención erróneamente ubicado y construido con materiales que no eran los que correspondían a la función que debía cumplir no se está ante una situación de culpa concurrente, sino de culpa de la accionada.-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: De La Vega Roque, Lorena c/ Banco Sáenz SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-25

Corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Acordada 31/11 de la CSJN, en tanto la peticionante no probó la contradicción alegada entre la Acordada 31/11 de la CSJN y el CPR 152 y 156.
Recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Meza, Vda. de Benítez, Indalecia s/ Daños  y  Perjuicios  -  Recurso  de  Queja  por Apelación Denegada -  Recurso de Queja - Daños y Perjuicios Perjuicios  -  Recurso  de  Queja  por Apelación Denegada -  Recurso de Queja - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-12-12

La circunstancia de que hayan deducido recurso extraordinario en escrito conjunto la actora y su letrado y sea una sola la queja que presentan tras la denegatoria de aquél, no excusa el cumplimiento de la exigencia del art. 76 del Código de Procedimiento Laboral (Ley 866).