Empleo público, cesantía, cesantía ilegítima, salarios caídos, indemnización por despido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Correa Susana María c/ Municipalidad de Córdoba s/ Ordinario - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-05-09

1- El sueldo constituye la contrapartida de la obligación de agente de prestar servicios; de tal suerte que, cuando éstos no han sido efectivamente prestados, no puede exigirse dentro de la mecánica normal de la relación contractual la retribución, ya que no funciona el nexo recíproco de prestaciones.

Descartado que el agente pueda reclamar los salarios caídos, ello no excluye su derecho al cobro de una suma que resarza adecuadamente el perjuicio efectivamente sufrido con motivo de la cesantía anulada (arts. 1056 y 1109 del Cód. Civil) la que no necesariamente ha de coincidir con los sueldos que ha dejado de percibir. El perjuicio puede llegar hasta esa suma, si se probase que a la accionante le resultó imposible obtener otra fuente de ingresos sustitutiva del sueldo que recibía en la función pública; disminuirá con motivo del desempeño de otras actividades lucrativas, y puede llegar a ser inexistente si en definitiva obtuvo ingresos iguales o superiores a los correspondientes al cargo en el cual fue cesanteado.

2- Omitido un razonable empeño ha procurarse otra fuente de ingresos, el daño consistente en la pérdida de ingresos carece de relación causal con el acto ilícito de la administración, para ser imputable a su propia conducta (art. 1111 C.C.). Lo contrario, importaría colocar al cesanteado en mejor situación que la que habría tenido de no mediar la cesantía, desde que obtendría los mismos ingresos sin prestar servicio alguno, sumido en una voluntaria inactividad productiva.

3- La prueba de los hechos relevantes para fijar la indemnización (existencia de ingresos sustitutivos del sueldo, imposibilidad de obtenerlos) está a cargo de ambas partes, en función de las posibilidades que una y otra tengan de producirla. La llamada teoría de la "carga probatoria dinámica" es aplicable en casos en los que las reglas tradicionales o clásicas no resulten idóneas, en función de las particularidades de la causa.

La demostración acabada de cuál ha sido la evolución de los ingresos de la actora luego de su cesantía y cuál su empeño en reemplazar el trabajo perdido con otra actividad rentable, se presenta como imposible o extremadamente difícil. Para la actora, porque demostrar que no pudo obtener otra fuente de ingresos importa acreditar un hecho negativo; para la demandada, porque la Administración está totalmente desvinculada de la vida y actividad profesional de la accionante y, en estas condiciones, carece de elementos para demostrar cuánto gana la cesanteada y en qué utiliza el tiempo que antes empelaba en prestar servicios al Estado.

4- Fijar el perjuicio causado por la cesantía en la totalidad de los salarios que la actora habría percibido de no mediar aquélla supone que desde la baja a la reincorporación no tuvo posibilidad alguna de obtener algún ingreso económico, utilizando el tiempo que le dejaba libre su cesantía en las labores de funcionaria administrativa de la Municipalidad de Córdoba. Esa afirmación, referida a una persona de la edad de la actora (33 años a la fecha de la cesantía), y con una capacitación calificada (programadora) está claramente reñida con lo que es el curso normal y ordinario de las cosas y se aparta, en consecuencia, de la "sana crítica" que debe servir de sustento a la condena, como condición de su validez.

El hecho de que se encuentre acreditado que la actora durante el lapso que duró la cesantía declarada ilegítima, no tuvo trabajo, no permite inferir que, comprometió de su parte todo el empeño necesario para procurárselo, máxime cuando no se ha alegado ninguna causal extraordinaria que le impidiera salir a buscar trabajo o conseguirlo.