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Recurso contencioso administrativo, fiscales, procurador general, recusación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: FERRO GUILLERMO MIGUEL c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

Respecto a la recusación del Sr. Agente Fiscal interpuesta por la actora en su alegato. Dado que se trata de una materia no contemplada en la Ley 2.600 Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, conforme a la remisión prevista en el artículo 45 de dicha norma, se debe recurrir a las disposiciones del Código Procesal en lo Civil y Comercial.

El artículo 33 del citado cuerpo legal establece expresamente que los funcionarios del Ministerio Público no pueden ser recusados, en el caso del Agente Fiscal, ello obedece a que no decide, sino que aconseja y dictamina.

Sus despachos no son vinculantes, por lo que su intervención no es decisiva y, en todo caso, cualquier duda sobre su imparcialidad la avienta el control jurisdiccional que ejerce el órgano con facultad de decisión.

No modifica lo señalado precedentemente la Ley Nº Uno según texto Ley 2404 que en su artículo 73 hace referencia a la recusación del Agente Fiscal, ya que esta disposición refiere a los casos en que las normas procesales la prevean.

Así pues, debe entenderse que el artículo citado se refiere a los casos en que el Agente Fiscal puede ser recusado conforme las leyes procesales aplicables a las causas en las que intervenga.- En consecuencia, si la causa es penal habrá lugar a la recusación conforme a lo previsto por el artículo 64 del Código Procesal Penal y, en cambio, si se trata de un proceso civil o contencioso administrativo (como el presente), el instituto se encuentra vedado, debiendo estarse en este ámbito a lo dispuesto por el artículo 33 del CPC y C.

Debe repararse en que el diverso tratamiento normativo encuentra su sustento en el diferente rol asignado al Agente Fiscal en los distintos fueros.-
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, interdicto de recobrar, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Alvarez, Elio Danilo y Otro c/ Cardoso, Silvia Liliana y  Otros s/ interdicto
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-01

A los fines de la regulación los honorarios profesionales de los abogados intervinientes en un interdicto de recobrar se debe proceder conforme a lo establecido en los artículos 32 y 23 de la Ley 1007. El art. 32 claramente remite al artículo 23 de la L.A., lo que significa que los profesionales deberán seguir el procedimiento indicado por esta norma arancelaria. Una vez obtenida la base regulatoria firme, el juez de grado deberá regular un porcentual en virtud de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales apelantes con las pautas del art. 7 de la L.A
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos s/ legajo de apelación - recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

En los casos aptos para ser conocidos en la instancia prevista en el art. 14 de la ley 48, la intervención del superior tribunal de provincia es necesaria en virtud de la regulación que el legislador hizo del art. 31 de la Constitución Nacional, de modo que, en tales supuestos, la legislatura y la jurisprudencia de sus tribunales no pueden impedir el acceso al máximo tribunal de la justicia local. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, derecho a la salud, tratamiento médico
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA IBAZETA DE MORIDO NIDIA MARIA LUISA c/ I.O.S. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La verosimilitud del derecho equivale, si no a una incontestable realidad, al menos a la probabilidad de la existencia del derecho en cuestión (cfr. Causas 4442 del 7.6.86 y sus citas; 5821 del 5.4.88, 6180 del 20.9.88 y 7729 del 25.9.90, entre otras más), pues este recaudo es materia susceptible de grados y está influido por la índole del reclamo principal, del que no puede ser desvinculada la medida (cfr. Fallo 80288). Las argumentaciones expuestas en el escrito inicial, se encuentran abonadas suficientemente con los elementos de convicción allegados a la causa debiéndose proceder con amplitud de criterio para admitir la medida, teniendo en cuenta su finalidad y para evitar la eventual frustración del derecho (esta Sala, entre otras, causa 5818 del 18.11.77 y 8715 del 18.3.80). En tales condiciones, el derecho invocado luce "prima facie" verosímil. Y si además se pondera que la accionante padece de una enfermedad desde 1976, que requiere tratamiento específico y que por su entidad no parece apropiado introducir cambios en él, al menos hasta que se decida la cuestión de fondo, cabe concluir también en que concurre el "periculum in mora" que torna procedente la petición cautelar.
Divorcio, exclusión del hogar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P. de A.,N. c/ A., J.C. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

Al transitarse una faceta de carácter precaucional reglada por la ley de fondo, que imbricada en razones de seguridad, bienestar y equilibrio emocional tiende a superar un obstáculo ante el quebrantamiento de la armonía conyugal, resguardando a los hijos, es que resulta impropio una prematura evaluación de la conducta de los cónyuges o vincularlo a las derivaciones de un juicio de divorcio.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cuestiones de hecho y prueba, posesión, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Stizza, Raul Oscar c/ Chalhub, Angel Raul s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   ordinaria (Expte. CSJ Nº 808-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

Aún cuando pudiera entenderse superada la valla formal de la falta de planteamiento oportuno de la cuestión constitucional, la impugnación no podría prosperar, debido a que el planteo del recurrente denota tan sólo su disconformidad con el resultado adverso obtenido en las instancias ordinarias, al haber confirmado la Sala la decisión de baja instancia que hiciera lugar a la acción reivindicatoria y ordenara al ahora quejoso restituir en el término de diez días al actor el inmueble objeto de la litis. Así, con relación a la omisión en que se habría incurrido -a juicio del recurrente- al no tratar su reproche respecto a que el vendedor no ostentaba la posesión del inmueble en cuestión, la Sala precisó - con cita de abundante jurisprudencia- que "...al vendérsele el inmueble al actor, al margen de manifestar el vendedor transferirle los derechos de posesión, procedió a la entrega del inmueble y para ello de las llaves del mismo, siendo ésta una tradición simbólica admitida jurisprudencialmente para la adquisición de la posesión...y que supone la tenencia de la posesión por quien la transmite. Pero, por otra parte, el artículo 2790 del Código Civil consagra una presunción de que el autor del título era poseedor y propietario de la cosa reivindicada...presunción que el adquirente puede invocar no sólo respecto de su autor inmediato sino de todos sus antecesores...y si bien dicha presunción es susceptible de ser destruida, no ha ocurrido ello en el caso".
Publicación de la ley, aprobación del presupuesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: García, Elorrio Javier María c/ GCBA y otros s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-30

La adopción de una norma que prevé un sistema de participación en el proyección del presupuesto que, a diferencia de los anteriores métodos, no fue publicada y, por ello, no alcanzó la difusión con la que contaron sus precedentes, recortando la posibilidad de quienes tienen interés en ejercer sus derechos políticos, importa no sólo una transgresión al principio de publicidad sino una medida regresiva contraria al derecho constitucional que recepcionó los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos (del voto del Dr. Balbín).
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pacheco Caballero, Liliana c/ Mandica, Domingo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-01

Cuando en sede penal se hubiera tratado la producción del hecho con amplitud que no deje margen susceptible de dar cabida a una responsabilidad civil, podría invocarse un pronunciamiento absolutorio para impedir una condena de esta naturaleza en la órbita civil.-
Coparticipación federal, restitución de sumas de dinero, tasa pasiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

En el marco de la causa por la cual el Tribunal admitió la demanda iniciada por la Provincia de San Luis, resolviendo que el Estado Nacional debía restituirle los fondos coparticipables detraídos con destino a la Anses al declarar la inconstitucionalidad del artículo 76 de la Ley 26.078, corresponde aprobar la liquidación practicada por la provincia y, a su vez, hacer lugar a las impugnaciones formuladas por la Nación. En consecuencia, debe disponerse que los intereses se computen a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, no corresponde aplicar la tasa activa solicitada por la provincia actora, como ni tampoco admitir la pretensión del Estado Nacional de que se aplique la tasa del 6% anual prevista en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, al cual la provincia reclamante no ingresó e impugnó ante esta Corte.
Excusación, violencia moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MANZUAR, SALOMON EDUARDO c/ SCOTIABANK QUILMES s/ COBRO DE PESOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS-INCIDENTE OPOSICION SR. JUEZ  CIVIL SUBROGANTE DE 5TA. NOM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-02-18

Ha venido siendo práctica en estos tribunales que con la sola invocación del art. 30 del C.P.C. y C. se separe al juez del entendimiento de la causa, considerando que ella resguarda un derecho de abstención que la ley adopta con una fórmula flexible remitiendo a las motivaciones subjetivas del juez, que solo él sabe como pesan en su conciencia. Si bien es menester contemplar situaciones especiales derivadas de la sensibilidad del magistrado actuante, no es menos cierto que la apreciación de sus escrúpulos deberá hacerse por el tribunal llamado a admitir o rechazar la excusación peticionada, para lo cual se hace necesario exigir del magistrado que no se base solo en meras razones de delicadeza personal, ya que para que la violencia moral sea procedente deben mediar circunstancias de excepción debidamente expuestas para que sean merituadas a los fines de su admisión o rechazo.
Actualización monetaria, oportunidad procesal, liquidación
Materia: LABORAL
Carátula: SANTANDER HURTADO, CLARISA DEL CARMEN c/ RAM, JOSE ANTONIO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-08-27

La Ley 24283 establece que la determinación del valor real y actual de lo debido debe ser hecha al momento del pago, interpretándose que tal momento sería el de la articulación desindexatoria. Por consiguiente, el deudor, a través de la liquidación, debe establecer la cuantía de lo que a su criterio y conforme a las pautas de la Ley citada, es decir a su pretensión desindexatoria, estima que corresponde abonar. No resulta una omisión subsanable la falta de formulación de planilla de liquidación, siendo extemporánea la presentada en segunda instancia , donde el apelante no est habilitado a subsanar en la alzada los defectos que le acarrearon el revés de la instancia inferior.
Proceso de faltas, recurso de apelación (procesal), sentencia arbitraria, incongruencia, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Banegas, María Delia s/ falta de certificado de desinfección, desinfectación y otras desinfección, desinfectación y otras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

El máximo Tribunal Federal adoptó, para descalificar como actos jurisprudenciales válidos, el calificativo de arbitrariedad de sentencian fundada en su autocontradicción, cuando la sentencia repudiada declaraba un precepto aplicable y sin embargo no lo aplicaba, cuando afirmaba y rechazaba a la vez un hecho relevante para la solución del caso o cuando negaba en la conclusión lo que se sigue necesariamente de sus fundamentos normativos o fácticos (Conf. Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria; T I, capítulo XV - duodécima causal: incurrir en auto-contradicción, ed. Abeledo-Perrot, 1995).
Cheque, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: 0ichlovsky, Wenceslao R.A. c/ Alcira Inés Cardozo de Domínguez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-13

Carlos Gilberto Villegas en "Nueva ley de cheques", señala: "La ley mantiene la regla del Decreto Ley 4776/63 donde el portador tiene el derecho de reclamar el importe del cheque, los intereses moratorios a partir del día de la presentación y los gastos". Mantiene la expresión "...intereses al tipo bancario corriente en el lugar del pago", por referirse a los intereses moratorios de nodo que resulta de aplicación el párraf. final del art.565 del Cód. de Comercio, que preceptúa: "Siempre que en la ley o en la convención se habla de intereses corrientes, se entiende los que cobra el Banco Nacional. De lo expuesto, la tasa pertienete aplicable para la liquidación de intereses resulta la tasa activa.
Cuestiones de competencia, Suprema Corte de Buenos Aires, acción contencioso administrativa
Materia: PENAL
Carátula: Montagna, Andrea Valeria c/ Instituto Provincial de la Vivienda s/ Pretensión anulatoria. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-14

El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos. Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. Prov., 1 inc. 1°, C.P.C.A.). La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de tales funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2° y 2 inc. 4°, C.P.C.A.). El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, C.P.C.A.).
Contrato de obra, pago, contrato de servicios, precio, contratos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa de pavimentación Pergamino Ltda. c/ Los Pingüinos Rugby Club s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

La norma del art. 1627 CC consagra la no exigibilidad de la prueba del contrato en supuestos en los que la efectiva realización de los trabajos y el beneficio de los mismos ha quedado demostrado.-
Hurto de automotor, hurto calificado, bien jurídico protegido, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PENAL
Carátula: Guerediaga, Edgardo José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-24

La variación propuesta por la actual redacción del art. 163, inc. 6, del Código Penal importa, en principio, una ampliación de la protección penal al circunscribirse a toda clase de vehículos. Por otro lado, y de acuerdo a las palabras del señor Senador Pedro G. Villaroel al tratarse el proyecto de la ley de marras, se aduce que la incorporación, como una forma de hurto calificado, la del vehículo que se encuentre en la vía pública "acoge el principio de política criminal según el cual a mayor desprotección forzosa por el dueño de la cosa mueble, se incrementa la amenaza penal".
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Viggiano, Carlos Alberto y/o Viggiano Construcciones c/ Vera, Fausto Pascual s/ Ejecutivo Vera, Fausto Pascual s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-12

Es criterio de este Tribunal, que el art. 68 del C.P.C. y C., consagra como fundamento de la institución en análisis y como principio esencial de la misma, el hecho objetivo de la derrota. Ello indica que para que exista imposición de costas debe haber vencimiento, y éste requiere contradicción, contienda; lo que implica que vencido es aquel contra el que prospera la postura fundamental de la contraparte.
Beneficios previsionales, errores en la liquidación, reajuste jubilatorio, caducidad, imprescriptibilidad, derechos irrenunciables
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ROMERO, ESTELA DEL CARMEN c/ A.N.Se.S.". s/ INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-17

La incorrecta liquidación de haberes previsionales es uno de los supuestos en que no hay término de caducidad que obstaculice el reclamo de su reajuste (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 10.04.96, "Carcagno, Silvia C. y otros c/ O.S. para la Activ. Docente"), y por lo tanto, "el plazo de caducidad previsto en el art. 25 de la ley 19.549 no es aplicable cuando se discute la procedencia de un haber previsional o su cuantía, pues los beneficios de la seguridad social son irrenunciables y en el supuesto de jubilaciones, retiros y pensiones, imprescriptibles (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala I, sent. del 26.12.97, "Moraez, Argentino c/ E.N."; C.F.S.S., Sala I, sent. del 29.04.02, "Maximino, Aldo Alberto").
Personas jurídicas, teoría de la penetración
Materia: LABORAL
Carátula: Navarro Jacinto c/ Empresa de Transporte de Pasajeros Libertad Sociedad de Responsabilidad y/o Sucesores de Aldo Perfecto Ermacora s/ Indemnización por Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-27

La persona Jurídica es un ente independiente de los socios que la componen, pero hay situaciones en que la personalidad de aquella resultará atravesada o perforada en los casos en que ello sea solicitado bajo la invocación de fraude cuando la actuación de la sociedad constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros. Es decir, cuando se la utiliza como un mero recurso para concretar finalidades que la norma repulsa, como una pantalla que encubre la ilicitud, art. 54 último párrafo ley de sociedades.
Demanda, contenido de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bracamonte, Marcelo Adrián c/ V W Compañía Financiera s/ Daños y Perjuicios - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

La "causa petendi" no debe ser confundida con los argumentos de hecho expuestos por el actor ni, mucho menos, con la norma o normas jurídicas invocadas por éste. La petición, o sea lo que se reclama ante la justicia, puede resultar tanto de lo expuesto en el escrito de demanda, como en el petitorio final, ya que la ley procesal no determina un orden estrictamente formal, interesándole que se conozca con precisión lo que la actora pretende con exactitud. (Falcón, Enrique M. "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial" página 1122).
Accidente de tránsito, daño, compensación económica, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Barbero Raúl Agustín c/ González Roberto Carlos y/o quiroz Mirta E. y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-12-21

La exigencia que se presenten facturas para el reconocimiento del derecho y no solo presupuesto, carece de andamiento, toda vez que pretende imponer una restricción a los dispuesto por los arts. 1095 y 1110 del código civil al exigir el previo pago de la reparación lo que se contradice a su vez con lo dispuesto por el art. 165 del CPCC de facto, en tanto acreditado el daño, faculta al juzgador a fijarlo. En autos ha quedado demostrado el daño en el guardabarros trasero izquierdo por lo que cabe su indemnización.
Revocación de sentencia, contrato de obra pública, mayores costos, contratista, prueba pericial
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Tecnobra  S.A.C.I.C.I.F. c/ Comisión Nacional de Energía Atómica s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la pretensión de la contratista de obtener la modificación de la fórmula contractual de variaciones de costos y percibir los importes correspondientes a la diferencia del precio total de la obra si la prueba pericial aportada evidencia la concreta y particularizada distorsión del sistema original y la equidad o corrección del sistema propuesto para su reemplazo por la recurrente.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: MARUCA, José s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-13

La inhabilidad de los testimonios resulta de lo que establece el art. 150 del código de forma, a contrario. Sólo si faltan la capacidad en el testigo, o su probidad, conocimiento del hecho sobre el que declara o imparcialidad, puede concluirse su inhabilidad.

Pero esa descalificación no depende automáticamente de una manifestación que por lo general no es más que una silábica respuesta (sí o no) al interrogatorio antecedente requerido por el art. 152 CPP, de la que -de modo inadecuado- se deduce y obtiene la conclusión inhabilitante de toda la exposición testimonial.-
Fianza, delitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pequin Petit Laroche y Cía; Monserrat, Celestino y Reynhold, Alberto c/ Ministerio Fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-10-29

La de juzgado y sentenciado solo puede exigirse en rarísimos casos, cuando el delito imputado es de alguna gravedad.
Honorarios, costas, aplicación de la ley, actualización monetaria, tasa de justicia
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ, Pedro c/ FE.ME.SA s/ accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-17

El art. 8 de la ley 24432 establece claramente que "... la responsabilidad por el pago de las costas procesales incluidos los honorarios profesionales de todo tipo... no excederán el 25% del monto de la sentencia, laudo o transacción o instrumento que ponga fin al diferendo" . Esta última expresión implica que el monto a considerar para la aplicación del porcentual expresado está constituido por el capital más los intereses, sin incluir accesorios como la tasa de justicia .