Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-02


Buenos Aires, 2 de julio de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe. Resulta 1. La Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 124/127) contra la decisión de la Sala I, del 23/09/13, que confirmó el punto III de la decisión de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 de la ley n° 1472 (fs. 91/93). 2. La Sra. Fiscal sostuvo que la resolución impugnada era equiparable a una sentencia definitiva tal como lo había decidido el Tribunal en el precedente "Huidobro". Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que la Cámara, al apartarse del criterio del Tribunal, había afectado la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley e incurrido en un exceso de jurisdicción. Además, aseveró que la sentencia era arbitraria porque desconocía el texto positivo, carecía de fundamentación normativa adecuada y se había apartado de la jurisprudencia de la CSJN y de este Tribunal en torno a la gravedad de la declaración de inconstitucionalidad y su carácter de ultima ratio. Los jueces de la Sala I declararon admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. 3. El Sr. Fiscal General Adjunto, al tomar intervención, solicitó que se hiciera lugar al recurso y se declarara la nulidad de las resoluciones cuestionadas en cuanto declararon la inconstitucionalidad del art. 45, último párrafo del CC (fs. 142/144).

Fundamentos La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad de fs. 124/127 fue concedido por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. 2. Es oportuno recordar, en primer término, que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas dispuso: "CONFIRMAR el punto III de la resolución de la Magistrada obrante a fs. 91/93, en cuanto dispuso DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 45 del Código Contravencional de la CABA incorporado por Ley Nº 2641" (fs. 118 y 118 vuelta). Los fundamentos que siguen motivaron al pronunciamiento recurrido: a) "La Ley N° 2641 instaura ciertos beneficios o 'premios' para quienes no hayan sufrido descuento de puntos en su licencia de conducir (art. 11.1.8), las consecuencias del descuento de puntaje (.) configuran (.) claramente penas." (fs. 117 vuelta). b) "El hecho de que la comunicación sea efectuada al momento de declarar la extinción de la acción por el transcurso del plazo acordado, tal como es el caso, ante el cumplimiento del compromiso asumido y sin que el imputado haya cometido una nueva contravención, (de acuerdo a lo establecido en el art. 45), conlleva a una clara contradicción pues la circunstancia de que se declare extinguida la acción contravencional y se sobresea al encartado implica que no exista una infracción comprobada en los términos de los arts. 11.1.1 y 11.1.3 de la Ley N° 2641. Ello implica la imposibilidad de la [A]dministración de imponer sanción alguna (descuento de puntos, inhabilitación o realización de cursos) por ese hecho" (fs. 117 vuelta). 3. La Fiscalía para fundar su postura en el recurso de inconstitucionalidad, expresó que: "la aplicación del último párrafo del art. 45 al caso concreto no es una pena, sino que como bien lo indica textualmente la norma citada es una NOTIFICACIÓN para que el Ejecutivo adopte MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. La única función de ello es ser el punto de partida del sumario administrativo en el cual el ciudadano podrá ejercer su derecho de defensa" (fs. 126). Finalmente, dijo que "la sentencia cuestionada es arbitraria por apartarse del texto positivo, carecer de fundamentación normativa adecuada y apartarse de la jurisprudencia de la CSJN y del TSJ", agregando que "con sucintos e insuficientes argumentos apoyados en fallos anteriores de la misma Sala que integran, los magistrados ignoraron la jurisprudencia de la CSJN, que entiende la declaración de inconstitucionalidad como ultima ratio, y del TSJ, que se expidió a favor de la constitucionalidad del artículo 45 última parte del CC" (fs. 126 vuelta). 4. Ahora bien, la cuestión aquí debatida en punto a la interpretación del art. 45, último párrafo, del CC es análoga a la resuelta por el Tribunal in re "Santambrogio, Roberto Oscar s/ infr. art(s). 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 9253/12, resolución de fecha 8/05/2013. Las razones que expusiera en dicha causa son enteramente aplicables a la situación de autos y justifican mi decisión de hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal. En el precedente aludido dije: ".la suspensión del proceso a prueba es un mecanismo, establecido en el Código Contravencional (artículo 45), cuya aceptación (voluntaria) sólo asegura a quien cumpliese con las pautas asumidas, que evitará el juicio. En consecuencia, la hermenéutica propuesta por la Sala interviniente -en el sentido de que el descuento de puntos constituye (en el marco de autos) una pena sin infracción comprobada- pierde de vista que el [probado] aceptó, voluntariamente, la probation cuya regulación legal prevé la posibilidad de que se notifique al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 45 del Código Contravencional". 5. Por lo expuesto, voto por: a) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad que dedujera el Ministerio Público Fiscal (fs. 124/127), y b) revocar el pronunciamiento que dictara la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 116/118) en cuanto confirmó la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 45 del CC incorporado por la ley n° 2641 dictada por la jueza de primera instancia, la que también se deja sin efecto. La jueza Ana María Conde dijo: Por los fundamentos que desarrollé en el precedente "Martínez Valea" (expte. nº 8341/11, sentencia del 24/8/12) y recientemente en "Bony" (expte. nº 9760/13, resolución del 12/3/14) -entre muchísimos otros-, a los cuales corresponde remitir, expresamente, en homenaje a la brevedad, adhiero a la solución que propone la señora jueza de trámite, Alicia E. C. Ruiz. Así lo voto. El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. El recurso de inconstitucionalidad presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal fue correctamente concedido. Sucintamente, la Cámara confirmó la declaración de inconstitucionalidad de la última parte del art. 45, CC, dispuesta en primera instancia, por considerar que la notificación al Poder Ejecutivo en casos de suspensión del proceso a prueba, para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte que resultarían aplicables en el caso de que recayera condena (art. 11.1.4, inc. d, ley nº 2148) resultaba contraria a los principios de juicio previo, inocencia y culpabilidad. La invalidación del art. 45, CC, in fine, -que la recurrente denuncia ante este Tribunal- expone la existencia en el caso de una cuestión constitucional y no existe otra oportunidad para que este Tribunal ejerza al respecto las funciones que el art. 113.3, CCABA, le ha conferido (ver, mutatis mutandi, este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'" expte. n° 6784/09 y su acumulado, "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Del Tronco, Nicolás s/ infr. art. 184 inc. 5 -CP-'", expte. nº 6785/09, resolución del 27/09/10 y sus citas). En el caso, se ha puesto en debate la validez de la regulación legal mencionada por ser contraria a la Constitución local y a la Constitución Nacional, la decisión de la Cámara trató de manera expresa la cuestión y mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de la regulación.

Finalmente, los cuestionamientos y el planteo de inconstitucionalidad vinculados con el art. 53, ley n° 12, efectuados por la defensa, en cuanto confiere al Ministerio Público Fiscal la potestad de interponer el recurso de inconstitucionalidad previsto por la ley nº 402, deben ser desestimados en razón de las consideraciones efectuadas en mi voto in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Mathews, Margarita Diana s/ infr. art. 111 CC'", expte. nº 7738/10, resolución del 11/10/2011). 2. Los jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmaron la resolución de primera instancia que dispuso "DECLARAR la INCONSTITUCIONALIDAD del último párrafo del art. 45 de la ley 1472" (foja 93 vuelta). Argumentaron para ello, sucintamente, que "las consecuencias del descuento de puntaje no configuran únicamente 'castigos' -en los términos utilizados por los legisladores- sino claramente penas, pues son manifestaciones de la coerción estatal que importan la privación de derechos", así como que "el hecho de que la comunicación sea efectuada al momento de declarar la extinción de la acción conlleva una clara contradicción pues la circunstancia de que se declare extinguida la acción contravencional y se sobresea al encartado implica que no existe una infracción" (foja 117 vuelta). Así, concluyeron que "la comunicación al Registro de Antecedente de Tránsito del Gobierno de la Ciudad vulnera la garantía de juicio previo y el principio de inocencia consagrados constitucionalmente (art. 18 CN y 10 CCABA)" (foja 118). 3. En primer lugar, debo señalar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional al que debe arribarse únicamente como ultima ratio del ordenamiento jurídico cuando la repugnancia de la norma o acto cuestionado, respecto de la cláusula constitucional comprometida, resultare indudable y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 249:51; 264:364; 315:923; 319:3148; 322:842, entre muchos otros). En ese contexto, adelanto que la resolución cuestionada por la representante del Ministerio Público Fiscal debe ser revocada en tanto no exhibe fundamentación suficiente para dar por cumplidos los requisitos reseñados precedentemente. 4. La garantía del juicio previo exige, ciertamente, el dictado de una sentencia de condena que declare la culpabilidad del sindicado como autor de un delito y determine la pena para su aplicación, luego de un procedimiento acorde a las regulaciones constitucionales. De allí que se exija el trato de inocente del imputado durante aquel procedimiento. También puede afirmarse, como lo hacen los jueces de la Cámara, que la suspensión del proceso a prueba no implica que el/a imputado/a esté admitiendo su responsabilidad por el hecho que se le endilga. Ahora bien, tal como lo expresé en mis votos en las causas "Martínez Valea" y "Santambrogio" ("Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Martínez Valea, Gustavo s/ infr. arts. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC", expte. nº 8341/11, resolución del 24/08/12 y "Santambrogio, Roberto Oscar s/ infr. arts. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, CC s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 9253/12, resolución del 8/5/2013), entiendo que resulta cuestionable el escaso fundamento expuesto en la sentencia para afirmar lo que constituye el punto de partida del razonamiento que les permitió a los magistrados concluir en la invalidez de la norma que descalificaron por inconstitucional. Esto es, el carácter de pena que le han asignado a la notificación al Poder Ejecutivo, "para que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena" (art. 45, CC, in fine), cuyas posibles consecuencias han señalado. La escueta argumentación de la Sala para descalificar por inválida la regla legal resulta insuficiente a la luz de las consecuencias de la decisión adoptada -que fulmina la regulación del legislador- y de la doctrina que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en torno a la excepcionalidad de tal tipo de declaraciones, sobre todo cuando se trata de una norma sancionada por el órgano legislativo. Al respecto, la mera afirmación de que para la eventual aplicación de las consecuencias administrativas dispuestas en el Código de Tránsito y Transporte son exigibles todos los resguardos constitucionalmente previstos para la aplicación de un castigo penal resulta completamente insuficiente para dar sustento a una decisión de la entidad de la que cuestiona ante este Tribunal la representante del Ministerio Público Fiscal. La ley nº 2641 incorporó al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires -aprobado por ley n° 2148- el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (Capítulo 11.1 de "Disposiciones generales"). Dicha regulación determina, entre otras cosas y en lo que aquí importa, las condiciones en las que podrá ejercerse un derecho especial, en función de una actividad particularmente riesgosa como es la conducción de vehículos en la vía pública. Así, a quien pretende el ejercicio de ese derecho especial de acuerdo a la regulación local, se le asigna un puntaje inicial de 20 puntos, "el que irá restando en función de las infracciones comprobadas a las normas contenidas" en ese Código (art.11.1.1, ley n° 2148). De acuerdo a lo expuesto precedentemente, el conductor que posee licencia de conducir otorgada por el Gobierno de esta ciudad conoce los requisitos para obtener y mantener la licencia y las posibles consecuencias del incumplimiento reiterado de los distintos regímenes normativos vinculados con el ejercicio de ese especial derecho (régimen de faltas, ley nº 451; Código Contravencional, ley nº 1472), esto, en lo que hace a la quita de puntos establecida en los incisos del punto 11.1.4 de ese Código. En ese sentido, se establece la inhabilitación para conducir por el término de sesenta días o (a opción del conductor) la realización y aprobación del curso establecido en el art. 27 bis del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el caso del conductor que alcance los cero puntos por primera vez; la inhabilitación para conducir por ciento ochenta días y la realización y aprobación del curso ya referido, para el caso del conductor que por segunda vez alcance los cero puntos; la inhabilitación para conducir por dos años y realización y aprobación del curso para el conductor que por tercera vez alcance los cero puntos; la inhabilitación por cinco años y el mismo curso cuando el conductor alcance los cero puntos a partir de la cuarta vez y en adelante -art. 11.1.7 "aplicación del sistema de Evaluación permanente de conductores"-. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a esta regulación legal, cada descuento parcial de puntos queda sin efecto a los dos años de efectuado si el conductor no alcanzara los cero puntos y que se prevé la revisión por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas, la que tendrá efecto suspensivo (art.11.1.3 del Código de Transporte). Si bien se puede afirmar la posible restricción a la libertad ambulatoria impuesta de manera intencional por la administración a quien ha violado ciertas reglas -una consecuencia disvaliosa para el titular del registro que tras ser privado de puntos, al llegar a "cero" es pasible de alguna de las consecuencias mencionadas-, considero que no se trata de un supuesto de retribución por la comisión de la falta o contravención cometida (retribución que ya habrá sido dispuesta de acuerdo a las vías legalmente establecidas -ley n° 1217; ley n° 12-) sino de una eventual consecuencia, de orden administrativo, vinculada con las reglas preestablecidas para el mantenimiento de la habilitación para el ejercicio del derecho especial en cuestión, relacionada con la idoneidad para la conducción de vehículos. Trasladado el análisis al ámbito de la suspensión del proceso a prueba contravencional que nos ocupa, debo recordar lo señalado por este Tribunal in re "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Jimenez, Juan Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes - CC", expte. nº 7238/10, resolución del 30/11/10, en cuanto a que el legislador local ha regulado la posibilidad de que el imputado, asistido por su defensor, y el representante del Ministerio Público Fiscal acuerden suspender el proceso a través de un compromiso cuyo cumplimiento, en determinadas condiciones lleva a la extinción de la acción nacida del hecho imputado. El Juez resuelve sobre ese acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza. En ese contexto es que el magistrado deberá analizar la voluntad expresada por el imputado de evitar el juicio que la constitución le garantiza, a través del sometimiento al cumplimiento de ciertas reglas de conducta. Ello, en tanto su intervención importa pronunciarse acerca de la legitimidad de los compromisos que pactan fiscal e imputado, y que importan restricciones a la libertad del segundo. La emisión de esa resolución -de naturaleza judicial, y cuyo contenido es, por lo dicho, el de una homologación- constituye el modo en que las cargas y los derechos que de ella se proyectan tengan el alcance que la ley les otorga. En casos como el de autos, en los que se ha imputado la comisión de las contravenciones aludidas en la última parte del art. 45, CC, el sujeto se someterá también voluntariamente a la comunicación al Poder Ejecutivo a fin de que se adopten las medidas administrativas previstas en el Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte, que resultarían aplicables en el caso que recayera condena para evitar el juicio al que eligió no someterse. Se trata, reitero, de un voluntario sometimiento a un régimen jurídico y a las consecuencias que del mismo se derivan y de las que debe ser puesto en conocimiento. 5. Desde esa perspectiva, la resolución del a quo configura un acto de pura autoridad pues prescinde de la aplicación del derecho vigente sobre la base de una fundamentación lábil e inconsistente para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del precepto legal en juego. Es que, en el caso, no se cercena un derecho personalísimo de alcance general de todos los habitantes sino que, por el contrario, se priva excepcional y temporalmente de una licencia para conducir vehículos -que por lo demás no es el único medio para trasladarse en recorridos de media y larga distancia- en razón de la falta de idoneidad para manejar, en términos equivalentes a las exigencias para su concesión que requiere la aprobación de una prueba práctica con el rodado y médica del aspirante, lo que aquí se extiende a mantener determinados requisitos para la vigencia de la habilitación, que importan, en este caso, escrutar que se conserva la apuntada idoneidad. 6. Por último, desprovista de apoyatura en nuevos argumentos que pretendan justificar el deliberado apartamiento por parte de la Cámara de la constante jurisprudencia del Tribunal sobre la materia discutida en el caso, la sentencia se exhibe infundada (confr. el temperamento sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Cerámica San Lorenzo", Fallos: 307:1094). 7. Corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia de Cámara en cuanto confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 45, CC, in fine, dictada por la jueza de primera instancia, que también se deja sin efecto. Así lo voto. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Hacer lugar al recurso inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (fs. 124/127). 2. Revocar la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF en cuanto confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 45, último párrafo, del CC, dictada por la jueza de primera de instancia, la que también se deja sin efecto. 3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano no firman por encontrarse en uso de licencia.