Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2006-05-16


Posadas, mayo 16 de 2006.

El doctor Schiavoni dijo:

Vienen las presentes actuaciones a consideración de este Surperior Tribunal de Justicia a los fines del tratamiento del recurso interpuesto prescripto por el art. 44 de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, modificada por la ley 3562.

Del examen de la pretensión recursiva, obrante a fs. 1/6, se verifican los siguientes agravios: 1) Pérdida de competencia y jurisdicción del Tribunal de Cuentas por aplicación del plazo de los arts. 133, inc. 1) de la Constitución Provincial y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Cuentas- ref. ley 3562; 2) Ausencia de daño material a la hacienda pública. Errónea aplicación de la ley y arbitrariedad por inaplicabilidad del art. 16 inciso "i" de la L.O.T.C., conforme texto ley 3562; 3) Cargo por $30.250. El cargo original aplica erróneamente el art. 44 de la ley 2303 en tanto esta norma de la Ley de Contabilidad autoriza a los funcionarios superiores responsables del organismo autorizar pagos por "Reconocimiento del Gasto"; también se pretende formular dicho cargo por el supuesto incumplimiento de una obligación fiscal, tema ajeno a la competencia del Tribunal de Cuentas; y omisión de considerar la Resolución 1077/98 del Presidente del I.P.L.Y.C.; 4) Cargos Por $7.114, $8.657,50, $19.413,24, y por $4.900, que corresponden a pagos realizados por publicidad institucional autorizado en cada caso por Resolución de Presidencia y Autorización de un miembro del Directorio; 5) Cargo por $9.000 por contratar jingles con Juan Tomás Lawson. Se trata de un contrato distinto del celebrado con Señal S.A., que no fue considerado por haber presentado fotocopia del contrato sin autenticar, lo que significa un exceso de ritual manifiesto que implica arbitrariedad; y 6) Cargo por $5.000 por un pago realizado a la orden del beneficiario cobrado por depósito en la cuenta de éste. El recibo es firmado por alguien que no representaría a la empresa, lo cual no puede ser controlado por el funcionario del Tribunal de Cuentas, lo importante es que se ha pagado conforme lo pactado y mediante cheque depositado en cuenta; no habiendo reclamo del proveedor. También aquí hay arbitrariedad por exceso ritual.

El recurso se halla interpuesto en tiempo hábil a tenor del art. 44 de la L.O.T.C., habiendo el Sr. Procurador General evacuado a fs. 13 la vista que oportunamente se le corriera.

Por razones metodológicas, analizaré en primer lugar el acuse de pérdida de competencia y jurisdicción por aplicación del plazo de los arts. 133 inciso 1) de la Constitución Provincial y el 29 de la L.O.T.C. modificado por la ley 3562.

Respecto a este tema planteado en la instancia recursiva de revisión, el Tribunal de Cuentas, al resolver el recurso -Res. No 1246/05, obrante a fs. 159/161 del Expte. Nº 4864/99 Res.TC, anexado en fotocopia certificada- se basa en la transcripción de los párrafos pertinentes del dictamen del Dr. Félix Ramón Blanco de fs. 140/142, que sostiene que "... habiendo ya vencido la anualidad, los responsables prosiguieron su situación en dicho proceso, contestando observaciones, realizando descargo, solicitando prórrogas para ello. Recién luego de dictada la sentencia Nº 885/02, y ante el cariz de ésta, se acude a esbozar su denuncia de la situación a la que califica insanable nula...". Agrega que "... La intervención en todo procedimiento obliga a mantener una conducta coherente evidenciando buena fe procesal, caso contrario cabe oponer la ya ampliamente difundida y aceptada "doctrina de los propios actos", que impide toda variación contradictoria, sorpresiva carente de fundamentos que justifiquen su anterior conducta procesal...".

Ahora bien, del examen de las actuaciones administrativas se observa a fs. 11 que el TC recepcionó la rendición de cuentas del IPLyC- Ejercicio 1999, con fecha 30 de Mayo de 2000, habiendo el Fiscal interviniente en dictamen del 24/8/00 aconsejado la desaprobación de la rendición (fs. 12/28). A fs. 67/82 obra el correspondiente descargo presentado por los responsables el 26/3/01, es decir antes que se cumpliera el plazo de un año para que tuviera operatividad el art. 133 inc. 1) de la Constitución Provincial. Por lo tanto, no cabía formular un planteo al respecto, que sí se efectúa en el recurso de revisión interpuesto el 21/10/02, vencida ya la anualidad desde la recepción de las rendiciones de cuentas ocurrida el 30/5/00.

No advierto, en consecuencia, actitud contradictoria en la conducta de la recurrente en cuanto articula la petición de nulidad en la oportunidad debida.

Sentado lo precedente y encontrándose acreditado en las actuaciones administrativas que el plazo del año previsto en la Constitución Provincial, para la aprobación o desaprobación de la rendición de cuentas IPLyC- Ejercicio 1999, ha transcurrido con exceso y planteada la pérdida de competencia y jurisdicción por aplicación de los arts. 133 inciso 1) de la Constitución y 29 último párrafo Ley 3562, no cabe duda que el caso sub iudice se encuadra en el inciso b) del art. 44 de la Ley 3562 al incurrir el Tribunal de Cuentas en la Resolución 1246/05 en errónea aplicación e interpretación de la ley, lo que acarrea no solo su nulidad sino también la de la Resolución Nº 885/02, emitida después de cumplir el año de la presentación de la revisión de cuentas de que se trata, cuando ya el organismo de control de las cuentas públicas carecía de jurisdicción y competencia para pronunciarse debido al vencimiento del plazo constitucional, por lo que procede en derecho acoger la pretensión nulificante por vicio de procedimiento (art. 44 inciso a) y 45 in fine de la ley 3562 y Resolución Presidencia del Tribunal de Cuentas Nº 009/99, aprobada por Resolución del Cuerpo Nº 008/99, cuyo artículo 11 agrega al art. 280 del Reglamento interno del TC el siguiente párrafo: "Sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 inc. a) de la Ley Orgánica TC").

En función a la solución que propicio, considero inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.

Por lo expuesto, y en atención a lo dispuesto por el art. 133 inc. 1) de la Constitución Provincial, y arts. 29 y 44 incs. a) y b) de la L.O.T.C. -ref. ley 3562-, voto por hacer lugar al recurso interpuesto, y por ende, declarar la nulidad de las Resoluciones Nº 885/02 y 1243/05 del Tribunal de Cuentas.

El doctor Márquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

Concedida la palabra al doctor Dionisi, dijo:

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, a los fines del tratamiento del art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones. A fs. 13, el Sr. Procurador General emite dictamen judicial Nº 16/05.

De la presentación recursiva que obra a fs. 1/6, se desprende que seis son los agravios que invoca el recurrente respecto de la Sentencia Nº 1246/05 del Tribunal de Cuentas, de fecha 30 de junio de 2.005, a saber: Primer Agravio: Pérdida de Competencia y Jurisdicción por aplicación del Plazo del art. 133 inc. 1) de la Constitución de Misiones y art. 29 de la L.O.T.C. modificado por la ley 3562; Segundo Agravio: Falta de Daño Material a la Hacienda Pública, Errónea aplicación de la Ley, Arbitrariedad por Inaplicabilidad del art. 16 inc. "I" de la L.O.T.C. conforme la Ley 3562; Tercer Agravio: Cargo por $30.250 - Numeral 1.1 Marzo de los Considerandos; Cuarto Agravio: Cargos 1.3 por $7.114, 80 Mayo; 2.5 por $ 8.657, 50; Junio, 3.2 por $ 19.413,24; Mayo, 3.3 por $4.900 Mayo, de los Considerandos; Quinto Agravio: Cargo 2.15 Diciembre por $9.000 conforme Considerandos; Sexto Agravio: Cargo 8.1 Agosto por $ 5.000, conforme los Considerandos.

En lo que hace al Primer Agravio sustentado (pérdida de Competencia y Jurisdicción por aplicación del Plazo del art. 133 inc. 1 de la Constitución de Misiones y art. 29 de la L.O.T.C. modificado por la Ley 3562), la recurrente refiere a lo dispuesto por el art. 133 inc. 1) de la Constitución Provincial y art. 29 de la Ley Nº 3562, señalando que el art. 133 inc. 1), "... pese a su claridad fue reglamentado por el art. 29 de la ley 3562 que entrara en vigencia el 31 de diciembre de 1998, y en ella se estableció con exactitud el plazo de presentación de las cuentas, su carácter improrrogable y que dicho plazo se aplicaba a todas las cuentas, es decir las mensuales, complementarias y de cierre de ejercicio", y que "el Fiscal interviniente y el Cuerpo en su fallo hicieron caso omiso del art. 133 inc. 1) de la Constitución de Misiones y de la ley 3562, vigente al momento de dictarse el primer Fallo el 04/07/02". Expresa, que el Fallo es recurrido por la vía de Revisión, invocándose en forma expresa la incompetencia y pérdida de jurisdicción del Tribunal por haber transcurrido en exceso, entre la fecha de presentación de las cuentas y el Fallo, el plazo legal y constitucional, entendiendo que las cuentas presentadas estaban aprobadas por mandato constitucional al momento del fallo de desaprobación y cargo, por lo que considera que la sentencia es nula de nulidad absoluta e insanable. Seguidamente, refiere a la Resolución Nº 163-STJ-03 de este Superior Tribunal de Justicia, invocándola como argumento a contrario sensu, ya que según manifiesta, las sentencias han sido dictadas con posterioridad a la vigencia de la ley 3562, son alcanzadas por su normativa, de modo que a fecha de dictar el HTC el fallo del 04/07/02 lo hizo habiendo perdido la competencia y jurisdicción constitucional, reiterando la nulidad de las mismas. Expresa además, que si bien el art. 45 de la L.O.T.C. modificado por la Ley 3562, establece que los vicios de procedimiento que afecten el derecho de defensa deben subsanarse antes de dictarse el fallo bajo pena de tenerlos por subsanados, no cabe duda que la pérdida de competencia y jurisdicción no es un vicio de procedimiento, que no se trata de un error in procedendo, sino de una verdadera pérdida de facultad de juzgar por mandato constitucional, a lo que se suma que las cuentas en tal caso se tendrán por aprobadas.- Finalmente señala que "Es argumento sustancial para rechazar la invocación de las normas del Reglamento Interno del Tribunal el que éste es un Cuerpo "Administrativo" más allá de su carácter constitucional provincial, ya que no perteneciendo al Poder Judicial su función es administrativa y sus actos son administrativos jurisdiccionales, pero administrativos, de modo que la norma del art. 45 es violatoria de la Constitución Nacional y de los Pactos, Tratados y Declaraciones incorporados a la Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, en cuanto garantizan el acceso a la jurisdicción judicial de los ciudadanos"; al respecto, deja planteada la inconstitucionalidad del art. 45 de la L.O.T.C., conforme su redacción por ley 3562.

En uso de las atribuciones conferidas por el art. 144, primera parte de la Constitución Provincial, en principio, considero pertinente señalar que en el Juicio de Cuentas, se analiza la cuenta en sí, donde los responsables de la misma (cuentadantes), deben presentar en tiempo y forma todos los comprobantes que hacen a las erogaciones efectuadas. Los comprobantes válidos, son aquellos que conforman a los gastos de acuerdo con la decisión de autoridad competente, además, deben encontrarse ajustados a los procedimientos previstos en la ley y contar con autorización presupuestaria y saldos en la partida respectiva. En el supuesto que el responsable o cuentadante, no cumpla con alguno de estos recaudos o falte el comprobante respectivo, o el mismo no se encuentre acorde a las normas legales, la cuenta será observada (ya sea en su aspecto formal -en cuanto a los requisitos o procedimientos-, o en su aspecto sustancial -en caso de existir daño a la Hacienda Pública-), y consecuentemente, la misma no se encontrará integrada, no pudiendo considerarse como rendida la cuenta y por lo tanto, tampoco podrá pronunciarse el Tribunal.

Ahora bien, efectuada esta consideración, comenzando con el análisis del Primer Agravio deducido, considero pertinente precisar, a los efectos de la aplicación de la citada norma constitucional -art. 133 inc. 1)- y del art. 29 de la ley 3562, que en principio corresponde se determine, desde qué momento la cuenta puede considerarse rendida. A este respecto, siguiendo lo expuesto precedentemente, debe señalarse que la cuenta se considera integrada o rendida desde el momento de su presentación si ella no ha sido observada. Ahora bien, en caso de que haya sido observada, la misma se integra desde el momento en que todos los comprobantes son rendidos y luego de haberse efectuado el correspondiente descargo, habiendo además el fiscal, virtud de lo dispuesto por el art. 42 de la L.O.T.C, emitido pronunciamiento sobre los mismos, de ello se deriva que mientras dure la observación, la cuenta no se ha integrado o rendido y por lo tanto no puede computarse el plazo de un año previsto por la normativa de mención, esto es también, en salvaguarda de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso y la defensa en juicio de los interesados, que deben ser debidamente compatibilizadas, brindándose con ello a los cuentadantes la posibilidad de ser oídos, con oportunidad de probar los hechos que hacen a su descargo. A este respecto, considero pertinente además transcribir lo expuesto por el art. 42 de la L.O.T.C., que establece en parte pertinente que: "Producido el descargo por el obligado, con la agregación de las pruebas, si correspondiere, o vencido el plazo señalado por el Tribunal de Cuentas al efecto, se pasarán las actuaciones al Fiscal de Cuentas para que se pronuncie concretamente sobre los descargos y las pruebas pertinentes, con lo cual el expediente quedará terminado para sentencia", norma ésta que además de ser propia del procedimiento y que no puede ser soslayada, cuenta con el mismo rango que el invocado art. 29 de la ley Nº 3562.

En lo que hace concretamente al caso particular de autos, según surge de las constancias de la causa "Expte. Nº 4864/99 Reg. del Tribunal de Cuentas", que obra en fotocopia agregado por cuerda a fs. 12/28, obran recepción y dictamen de desaprobación de la cuenta. A fs. 31 del referido expediente, se dispone se corra traslado a la recurrente, a fin de que efectúe su descargo. Luego de notificado, a fs. 44 (en fecha 27-nov-2.000) y a fs. 53 (en fecha 11-dic-2.000), la recurrente solicita se le otorgue una prórroga de 15 días para la presentación del descargo correspondiente. A fs. 46, en fecha 12 de diciembre de 2.000, el Presidente del Tribunal, concede una prórroga de diez (10) días corridos a la Sra. María del Carmen Vedoya para la interposición de su descargo. A fs. 54, en fecha 13 de febrero de 2001, no se hace lugar a la prorroga solicitada. A fs. 58, en fecha 16 de febrero de 2001, nuevamente solicita la recurrente, prórroga para la presentación del correspondiente descargo. A fs. 60, en fecha 27 de febrero de 2001, no se hace lugar a la prórroga solicitada. A fs. 67/82, en fecha 26 de marzo de 2.001, la recurrente formula el descargo.

A fs. 84/89, en fecha 31 de agosto de 2.001, la Fiscalía eleva informe en virtud de lo dispuesto por el art. 42 de la L.O.T.C. A fs. 90, en fecha 5 de febrero de 2.002, el Secretario Relator informa que se han cumplido con las normas y procedimientos correspondientes, encontrándose a su criterio en etapa de dictarse sentencia, elevándose las presentes actuaciones a sus efectos. Atento a dicho informe, el mismo día, el Presidente del Tribunal pasa las actuaciones a los Sres. Vocales por su orden a sus efectos (fs. 90), pronunciándose al respecto, a fs. 93/97, el Honorable Tribunal de Cuentas, en fecha 4 de julio de 2.002.Ahora bien, en virtud de lo expuesto precedentemente, teniendo presente las constancias de la causa que han sido detalladas, de donde surge además, que ha habido continuidad procesal, que se han respetado las garantías constitucionales que hacen al debido proceso y la defensa en juicio, sin perjuicio que a lo largo de todo el procedimiento hasta el dictado de la resolución, el interesado consintió la actuación y la competencia del Tribunal, solicitando además en sucesivas oportunidades prórroga del plazo para presentar el correspondiente descargo, estimo que al momento de pronunciarse el Tribunal de Cuentas, el plazo establecido por la L.O.T.C. no se hallaba vencido. En consecuencia, corresponde se rechace el primer agravio formulado.

Asimismo, respecto al planteo de inconstitucionalidad del art. 45 de la L.O.T.C., debe señalarse que el mismo resulta insuficiente y extemporáneo.- En lo que hace al Segundo Agravio (Falta de Daño Material a la Hacienda Pública, Errónea aplicación de la Ley, Arbitrariedad por Inaplicabilidad del art. 16 inc. "I" de la L.O.T.C. conforme la ley 3562), luego de transcribir el art. 16 de la L.O.T.C., modificado por la Ley 3562, aduce la recurrente que "Parece claro que por transgresión a normas legales o reglamentarias corresponde una multa, pero si se acreditara daño material a la Hacienda Pública, además de la multa se harán los cargos pecuniarios correspondientes", expresando que "La responsabilidad que da lugar a un cargo pecuniario debe responder a un Daño a la Hacienda Pública" y que "Sin daño, ilicitud, culpa o dolo y relación de causalidad no hay responsabilidad sustancial, solo cabe la responsabilidad "formar" por incumplimiento de recaudos rituales u obligaciones formales, de otro modo habría enriquecimiento sin causa de la Administración".- Respecto a este planteo, adelantando opinión al respecto, considero debe hacerse lugar al mismo. Así, el art. 16 inc. i) de la L.O.T.C., modificado por la Ley Nº 3562, expresamente dispone, en parte pertinente, que "Corresponde al Tribunal de Cuentas:... i) aplicar a los responsables en juicio de cuenta o administrativo de responsabilidad, en caso de transgresión a disposiciones legales o reglamentarias, sin perjuicio del cargo o alcance que corresponda formular a los mismos, por los daños materiales que puedan derivarse para la hacienda del Estado Provincial o Municipal, multa de hasta..."; de la lectura del mismo se desprende, que a los fines de la formulación de reparos sustanciales, deben existir daños materiales que puedan derivarse para la erario público, lo que en mi opinión y luego de un análisis del caso concreto, no se ha acreditado en la especie.- En efecto, y tallo expresado, para la formulación de los referidos cargos sustanciales, se debe determinar concretamente el daño causado por la conducta del funcionario en su gestión por acciones u omisiones imputables al mismo, respecto de los bienes del Estado (Provincial o Municipal), no correspondiendo efectuar cargos pecuniarios -reparo sustancial-, en caso de no acreditarse el perjuicio a la Hacienda Pública. En autos, se observa que en la Resolución Nº 1246/05 del Tribunal de Cuentas, de fecha 30 de junio de 2.005 (conf. fs. 159/161 de las actuaciones que en fotocopias corren agregadas por cuerda "Expte. Nº 4864/99 Reg. Tribunal de Cuentas), se mantienen los reparos sustanciales, no acreditándose en mi opinión, del análisis de las constancias obrantes en la causa, la configuración de daño material a la Hacienda Pública, por lo que entiendo, ante la ausencia de este imprescindible recaudo, no cabe responsabilizar a la Sra. María del Carmen Vedoya con la formulación de los referidos cargos, amén de indicar, que ello importaría un enriquecimiento sin causa para la Administración. Por lo expuesto precedentemente, considero corresponde hacer lugar a este segundo agravio planteado.

Siguiendo con el tratamiento del recurso en cuestión, en lo que hace al Tercer Agravio deducido (Cargo por $30.250 - Numeral 1.1 Marzo de los Considerandos), expresa la recurrente que el "fallo formula cargos por la impresión publicitaria en gorros y remeras originalmente por aplicación del art. 44 de la ley 2303 referido a los actos de reconocimiento de gastos, manteniendo el cargo por haber presentado "tardíamente" el acta de recepción de los elementos adquiridos, con lo que se acepta que los mismos fueron efectivamente incorporados al patrimonio, de modo que de mantenerse el cargo se trataría de un enriquecimiento sin causa de la Administración". Continúa diciendo, que el cargo original aplica erróneamente el art. 44 de la ley 2303, en tanto la norma autoriza a los funcionarios superiores responsables del organismo a autorizar pagos por reconocimiento del gasto, es decir cuando no se ha cumplido el procedimiento legal y reglamentario del art. 43 de la ley 2303. Que se trata de una facultad legal otorgada a los mismos, pero estos asumen la responsabilidad del acto de reconocimiento, siendo éste un medio legal de pagar y que no puede haber por los pagos realizados conforme el art. 44, responsabilidad sustancial del Director de Administración. Agrega, que también se pretende formular el cargo de $ 30.250, por tornarse imposible verificar el sellado de ley en la Orden de Provisión o Acta de recepción, tal como lo dispone el Código Fiscal, señalando que el mismo es un tema ajeno al Tribunal de Cuentas que carece de competencia para aplicar sanciones por el supuesto incumplimiento de una obligación fiscal, debiendo en su caso remitir las actuaciones a la Dirección General de Rentas. Asimismo, aduce que se omite considerar la Res. Nº 1077/98 del Presidente del Directorio que según expresa, la formula con autorización de la Asamblea, en el que a su vez delega en "un miembro del Directorio". Finalizando este agravio, expresa que "por último se formula este cargo sustancial por una suma enorme para un empleado público por no contar el pago con la orden del Comité de Publicidad, Ente hoy desaparecido que centralizaba la publicidad oficial con fines políticos, pero que en nada hacia esa autorización, orden o como se quiera llamar a la eventual irregularidad del pago que es el cometido del Tribunal".- En lo que hace a este tercer agravio, del análisis de las constancias de la causa, teniendo presente lo resuelto a este respecto por el Tribunal de Cuentas, considero debe hacerse lugar al planteo formulado. Efectivamente, reiterando lo expuesto en el desarrollo del segundo agravio, no habiéndose en mi opinión, acreditado el perjuicio material a los fines de la formulación del reparo sustancial, considero corresponde se haga lugar al planteo efectuado, máxime teniendo presente, en principio el acta de recepción de los bienes cuestionados de fs. 127, acta ésta que si se considera incompleta, en virtud del art. 41 de la L.O.T.C., el Tribunal de Cuentas, posee atribuciones suficientes, en el sentido de requerir de oficio los documentos, informes, copias o certificados, que se relaciones con el reparo o cargo, ello hace al principio de la verdad material que debe tenerse particularmente presente. Asimismo, considero pertinente precisar, que en relación al tema vinculado a las obligaciones fiscales, corresponde se remitan las actuaciones al Organismo con competencia para ello, es decir a la Dirección General de Rentas, a todos sus efectos. Por todo lo expuesto, considero debe receptarse este tercer agravio.

Como Cuarto Agravio (Cargos 1.3 por $7.114; 80 Mayo, 2.5 por $ 8.657, 50; Junio, 3.2 por $ 19 413.24; Mayo, 33 por $4 900 Mayo; de los Considerandos), manifiesta la quejosa que todos estos "cargos se refieren a pagos realizados por publicidad institucional, sosteniendo el Fiscal que no se compadecen con la publicación, toda vez que en ella se mencionan actos de Gobierno y no sorteos, premios o resultados de los distintos juegos". Señala al respecto, que al formular el descargo dejaron aclarado y probado que lo que se pagaba como publicidad era el "Logo" del IPLYC puesto en la publicación y que ese pago estaba autorizado en cada caso por Resolución del Presidente, facultado por delegación del Directorio y que en esta se mencionaba que "un Director" estaba autorizado a otorgar el VºBº. Que en cada caso hay Resolución del Presidente y V Bº de un miembro de Directorio. Expone asimismo, que ante el cargo formulado presentó nota aclaratoria de un miembro del Directorio, y que se interpreta como que la aclaración no tiene el mismo rango que la Resolución que interpreta Que en realidad, la misma se presentó para dejar en claro que un único miembro del Directorio tenia facultades para autorizar la publicidad y que el ingreso del Contador Fiscal en un tema jurídico para formular un cargo de gran importancia excede toda ponderación. Que habiendo Resolución de Presidencia y autorización de un miembro del Directorio, se pretende que la publicidad la hizo por su cuenta y que esa publicación que no se cuestiona, haber sido hecha, la pague por segunda vez. Que hay arbitrariedad en la formulación del cargo por publicidad autorizada. Que la referencia al Comité de Publicidad admite el mismo reparo expuesto supra, que el Comité no tenía que ver con el aspecto presupuestario o contable de la publicidad.

En relación a este planteo, reiterando también aquí lo expuesto al momento de desarrollar el segundo y tercer agravio, considero no se demuestra suficientemente el perjuicio ocasionado a los fines de la formulación del reparo sustancial, máxime que en virtud de la nota obrante a fs. 123/124, surgiría que en ocasiones lo que se pagaba como publicidad era el logo identificatorio puesto en la publicación, nota ésta que en mi opinión y tal lo expresado anteriormente, si se considera incompleta, en razón del art. 41 de la L.O.T.C., el Tribunal de Cuentas, posee atribuciones suficientes, en el sentido de requerir de oficio los documentos, informes, copias o certificados, que se relaciones con el reparo o cargo, ello hace al principio de la verdad material que debe tenerse particularmente presente. Por lo expuesto, entiendo corresponde hacer también lugar a este planteo formulado.- A fs. 5, el recurrente desarrolla el Quinto Agravio (Cargo 2.15 Diciembre por $9000 conforme Considerandos), a este respecto expresa, que se trata de un cargo por contratar jingles con la firma Juan Tomás Lawson, siendo que esa actividad, según el Fiscal ya estaba contratada con la firma Señal S.A. Que como defensa presentó fotocopia del contrato con Señal S.A-, del que surge que el objeto de esa contratación era distinto del que se formalizó con Lawson. Que el cargo se mantiene por haber presentado Fotocopia del contrato sin autenticar, que se trata de un exceso ritual manifiesto. Que lo que ha demostrado es que el contrato de Señal S.A. era distinto del de Lawson y el cargo formulado significaría que la publicidad contratada y pagada a Lawson la pagaría por segunda vez al Estado que así haría publicidad a costa del empleado. Alega al respecto, arbitrariedad por exceso ritual manifiesto.- En relación a este agravio, teniendo en cuenta las atribuciones y facultades del Tribunal de Cuentas, a los fines de la determinación de responsabilidad y en salvaguarda del derecho de defensa en juicio que debe primar, estimo debe hacerse lugar al planteo formulado. En efecto, en autos se puede advertir que la quejosa invoca y aporta prueba que hace a su descargo -fs. 125/126 fotocopia del contrato de Señal S.A., del que surgiría que el objeto de la contratación era distinto del que se formalizó con Lawson-, que ante dicha presentación, el Tribunal decide mantener el cargo, en razón de haberse presen-tado fotocopia del contrato sin autenticar -confr. fs. 160 de la Sentencia del Tribunal de Cuentas--, incurriendo en mi opinión, en un excesivo rigor formal, al haber mantenido el cargo, por incumplimiento de un recaudo formal, que podría haberse subsanado en esa misma instancia, privilegiando de este modo la verdad jurídica objetiva (lo que en la especie no ha ocurrido), provocándose consecuentemente la frustración de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso y defensa en juicio, limitando la posibilidad de la recurrente de probar los hechos que hacen a su descargo.

A este respecto, se ha señalado que "de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, la garantía constitucional de la defensa en juicio requiere que, en el orden normal de las instituciones, los derechos de los habitantes no sean definitivamente dilucidados sin que se oiga a sus titulares y se les permita invocar los hechos que consideren conducentes a su defensa y demostrarlos de alguna manera" (Fallos 211, 1056; 212, 447, cit. Linares Quintana, Segundo "Tratado de la ciencia del derecho Constitucional" Ed. Plus Ultra -T. 6º - Segunda Edición - 1980-p. 115). En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "La garantía constitucional del debido proceso exige que el demandado tenga concreta noticia del reclamo y oportunidad de ser oído y de probar los hechos que creyere conducentes a su descargo" (Fallos: C.S.J.N., t. 317-v. 1- 1994-p. 263).

Por lo expuesto, en salvaguarda del derecho de defensa en juicio, ante la posibilidad de la pérdida del derecho de la parte de ejercer su defensa en estas actuaciones por exceso de rigor formal, considero debe hacerse lugar al planteo formulado a este respecto.- En lo que hace al sexto y último agravio (Cargo 8.1 Agosto por $5.000, conforme los Considerandos), señala la quejosa que se realizó un pago mediante cheque a la orden, cobrado por depósito en cuenta del beneficiario la firma "Rubín y Asociados SRL" de la Capital Federal. Que el Fiscal sostiene que el recibo está firmado por alguien que no representa a la Empresa. Expresa, que el pago se realizó mediante cheque que fue cobrado por depósito del mismo en la cuenta de la firma y conforme se realizan los pagos de bienes o servicios de firmas radicadas fuera de la ciudad. Que se requiere factura pro forma, que existió, se contrata el servicio o bien, se recibe y se paga con cheque. Que el proveedor remite el recibo a posteriori de cumplir el contrato y recibir el pago con el envío del recibo. Que si el recibo lo firma un empleado, gerente, autorizado o quién sea, que lo importante es que se ha pagado conforme lo pactado y mediante cheque cruzado, no habiendo reclamo del proveedor. Sostiene a este respecto, que se trata de un pago por segunda vez a su cargo al Estado que se enriquecería con el servicio prestado, entendiendo que también aquí habría arbitrariedad por exceso ritual.

En relación a este planteo, teniendo presente los hechos y circunstancias particulares que hacen al mismo, entendiendo que también a este respecto, en autos no se acredita un daño a la Hacienda Pública, no existiendo además reclamo del proveedor, considero no procede formular cargo pecuniario al respecto. Consecuentemente, también corresponde hacer lugar a este último agravio.

De lo expuesto precedentemente, considero que el recurso interpuesto debe prosperar, debiendo rechazarse el Primer Agravio formulado, haciéndose lugar al Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Agravio, por considerar que la resolución impugnada, ha incurrido en arbitrariedad en el análisis de las constancias de la causa, por los fundamentos expuestos en los considerandos al tratar los agravios pertinentes, por lo que corresponde, a tenor de lo dispuesto por el art. 44 inc. "b", in fine de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuenta y modif., dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 159/161 y la resolución antecedente, respecto a la Sra. María del Carmen Vedoya. Así voto.

El doctor Primo Bertolini dijo:

Que adhiere al voto del Schiavoni.

Los doctores Rojas y Absi dijeron:

Que adhieren al voto del doctor Dionisi.

Por Secretaria, se deja constancia que no emite opinión la doctora Poggiese de Oudín por encontrarse en uso de licencia al momento del pase (art. 18, ley 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15, ley 2441, modificada por ley 2819); El Superior Tribunal de Justicia, resuelve: I) Hacer lugar al Recurso planteado por la María del Carmen Vedoya, previsto por el art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones modificada por la Ley 3562, y en mérito, declarar la nulidad de las Resolución Nros. 885/02 y 1243/05 y dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 159/161 correspondiente al Expte. Adm. Nº 4864-99 que corre agregado por cuerda. - Humberto A. Schiavoni. - Manuel A. Márquez Palacios. - Julio E. Dionisi. - Jorge A. Primo Bertolini. - Jorge A. Rojas. - Luis A. Absi.