Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15


SENTENCIA NUMERO: SIETE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los quince días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Cata-marca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli-Presidente-, José Ricardo Cáceres y Jorge Rolando Palacios -subrogante- para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 100/09, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ el Dr. Luis Guillermo Segura en Expte. Nº 182/06, 'Segura, Luis Eduardo- s.a. Homicidio Culposo-Valle Viejo'", contra el Auto Interlocutorio de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, dictado por el Juzgado Correccional de Primera Nominación, por lo que el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es formalmente admisible el recurso? ¿Ha sido erró-neamente aplicado el art. 76 bis del Código Penal? 2º) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 27, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término, el Dr. Jorge Rolando Palacios.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Dando respuesta al primer interrogante planteado, entien-do que cabe reputar formalmente admisible el recurso del defensor del imputa-do Luis Eduardo Segura, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a defini-tiva (S. Nº 4/09 "Herrera" y S 17/09 "Vargas").- II. Por Auto Nº Doscientos cuarenta y tres, del 05/11/2009, el Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió: "1) No hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba por improcedente".- III. Con invocación del motivo sustancial previsto en el inc. 1ro. del art. 454 del C.P.P., el abogado del imputado solicita la correcta aplica-ción de la ley sustantiva.- En este sentido, aduce que la resolución que cuestiona, es errónea y pobre en cuanto a la fundamentación para denegar el derecho a la suspensión del juicio a prueba. Dice además que contiene solo expresiones dogmáticas que se contraponen de manera absoluta a la mayoritaria y pacífica jurisprudencia y doctrina del país, la que cita y transcribe en parte, para con-cluir que si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, ello no es óbice para que proceda el instituto.

El primer motivo de agravio está dado -a su entender- por la denegación de la solicitud para que se suspenda el juicio a favor de su asistido, considerando el a quo que ello se impone, por tener el delito que se le atribuye a Luís Eduardo Segura -Homicidio culposo- conminada una pena de inhabilita-ción, lo que, según establece el art. 76 bis del C.P., constituye un obstáculo para la concesión del mismo.

Para rebatir ello, sostiene que la jurisprudencia mayoritaria y más reciente se refieren de manera adversa a la posición del juez correccional. Cita numerosos autores que sobre el tema expresan que, sin que se llegue a su-perar la letra de la ley, el juez debe efectuar una interpretación que posibilite la aplicación del instituto lo más amplia y generosa posible. Señala que no es co-herente ni razonable que si la suspensión resulta admisible para delitos graves, no pueda aplicarse a aquellos que prevén un especie de sanción de menor jerar-quía. Por ello, sostiene que la correcta interpretación del octavo párrafo del art. 76 bis, consiste en aplicar la limitación a aquellos delitos que exclusivamente tienen prevista la pena de inhabilitación, excluyendo de la prohibición a los tipos penales que la contemplan en forma conjunta o alternativa con la de pri-sión. Señala que esto es compatible con un derecho penal mínimamente inten-so, y coincide con la postura asumida por el Tribunal Superior de Córdoba.

El restante agravio, consiste en que el a quo, señaló erró-neamente en la resolución que recurre, que tampoco correspondía hacer lugar al pedido de suspensión del juicio, porque el delito que se atribuye está reprimido con pena de prisión que excede con creces los tres años que se establece como tope para la procedencia del mismo.

Sostiene que, siguiendo la letra de la ley, las condenas que pueden ser dejadas en suspenso, de acuerdo a lo que dispone el art. 26 del C.P. no son solamente las que corresponden a delitos cuyo máximo supere los tres años, sino también las que tienen un mínimo de ese monto, ampliándose en forma considerable el elenco de tipos penales susceptibles de ser suspendidos en su enjuiciamiento. Entonces, el pedido efectuado no puede ser rechazado por el argumento que sostiene el Juez Correccional, quien omitió analizar las cir-cunstancias del caso, lo que a su entender, no es lo mismo que hablar de las circunstancias del hecho. Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba en este sentido.

Finaliza solicitando se case la resolución en crisis y se haga lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba, todo ello haciendo expresa reserva del caso federal (arts. 14 y 15 Ley 48).- IV. Iniciando el estudio de la cuestión propuesta, debo decir que esta Corte de Justicia, aunque con distinta integración, en los precedentes mencionados más arriba, tuvo ya oportunidad de expedirse respecto al valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba, en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

Allí se concluyó que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no procede si el delito tiene prevista pena de inhabilitación, toda vez que eso es lo que surge de una interpretación sistemática de la ley; y que el precedente "Acosta" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo modifi-có la interpretación del plenario "Kosuta" en lo que respecta a la pena a consi-derar a los efectos del otorgamiento del instituto, y no así en lo atinente a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, manteniendo el criterio de que no cabe la suspensión del juicio en los casos de delitos castigados exclusivamente con pena de inhabilitación, ni respecto de aquellos que tengan conminada en forma conjunta la pena de inhabilitación, ni los sancionados con multa e inhabi-litación.

Así, brevitatis causae, y manteniendo igual postura, corres-ponde me remita a los fundamentos allí expuestos, desde que conforman la doc-trina legal este Superior Tribunal (S. 4/09 y S. 17/09 citadas supra).

El segundo agravio expuesto por la defensa, consiste en la errónea interpretación de la norma efectuada por el a quo, para rechazar además el pedido de suspensión del juicio, por considerar que el delito materia de pro-ceso se encuentra reprimido con pena de prisión cuyo máximo supera los tres años establecidos por el art. 76 bis inc. 1º, como tope para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba. En este punto, la critica efectuada es correcta, porque en definitiva, la Corte nacional en el ya mencionado fallo "Acosta, Ale-jandro Esteban s/ infracción art. 14, primer párrafo de la ley 23.737", causa n 1 28/05, S.C.A. 2186, LXL", emitido el 23 de abril de 2008 ha declarado arbitra-ria la exégesis de la norma contenida en el artículo 76 bis del Código Penal en tanto dijo que: "el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el artí-culo 76 bis a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cu-yo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable de la norma (...) otorgando una indebida preeminencia a sus dos primeros párrafos sobre el cuarto al que deja totalmente inoperante".

Es por ello que, atendiendo que es deber de los tribunales in-feriores conformar sus decisiones, en casos similares, a la doctrina sentada en los fallos del Máximo Tribunal federal, en reconocimiento de la autoridad que inviste como intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dic-tadas en su consecuencia (Fallos 25:364; 212:51; 311:1644; 312:2007; 315:2386; 325:1227), cabe asumir que el argumento del Juez Correccional para no hacer lugar a la suspensión del juicio, fundado en la escala penal prevista para el delito, ha dejado de ser conducente de acuerdo a la tesis adoptada por la C.S.J.N.

Pero de todos modos, advierto que el motivo previo y deci-sivo del rechazo para suspender el juicio a prueba está dado por la conminación de la pena de inhabilitación, lo que, como se dijo, obsta a la concesión del insti-tuto, por lo que, lo expuesto en el segundo motivo de agravio, no tiene entidad para modificar la decisión adoptada.

Entonces, no se advierte, y la parte no ha logrado demostrar, que la decisión, aunque escueta, resulte arbitraria, por lo que cabe confirmar la denegatoria del tribunal de mérito a la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa del acusado, a raíz de la pena de inhabilitación especial conmi-nada en forma conjunta para el delito de Homicidio Culposo que se le atribuye a Segura, el que está reprimido con el mencionado tipo de pena (arts. 84, 2º párrafo, 2º supuesto).

En este sentido, no puedo dejar de resaltar, que el propio re-currente, al criticar que el juez concibe a la suspensión del juicio a prueba como un beneficio para el imputado, cuando por su esencia es un verdadero derecho, reconoce como acreedores del mismo, a aquellas personas que reúnan los re-quisitos establecidos en la ley, lo que, como se dijo, no ocurre en el presente caso. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Mi-nistro preopinante. En tal sentido, digo que el art. 76 bis. último párrafo señala expresamente la improcedencia de la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, por lo que no cabe duda algu-na que cuando se trate de hechos cuya significancia jurídico penal tenga como consecuencia la aplicación de una pena de inhabilitación, no será viable la apli-cación de las reglas de la suspensión de juicio a prueba.

Cualquiera sea el método de interpretación que se utilice, gramatical, histórico, semántico o teleológico, e incluso una interpretación arti-culada de todos ellos, impide darle un alcance distinto al que claramente se re-fiere el propio texto legal. Así voto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Palacios dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, con más los argumentos que paso a exponer y que forman mi convicción sobre la cuestión planteada.

Primeramente he de decir que en los delitos reprimidos con penas de inhabilitación no se admiten la condicionalidad establecida y prevista en el Art. 26 tercer párrafo de Código Penal. Así, autorizada Doctrina sostiene que la condenación condicional no procede si la pena impuesta es de reclusión, multa o inhabilitación, aunque éstas dos últimas hayan sido dispuestas conjun-tamente con la pena de prisión en la condenación suspendida condicionalmente (confr. Ricardo C. Núñez "Manual de Derecho Penal" - Parte General - 4ª Edi-ción Actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Año 1999, Página 301, Editorial Marcos Lerner - Editora Córdoba). Por consiguiente en cuanto a la naturaleza de la pena, sólo la de prisión puede ser dejada en suspenso. La ley excluye del instituto la de inhabilitación. Por lo que realizando una interpreta-ción sistemáitica con el Art. 76 bis, párrafo octavo, del Código Penal, tampoco se admite la Suspensión del Juicio a Prueba si entre los delitos imputados figura alguno sancionado con pena de inhabilitación, como ocurre en el caso traído a examen, al tratarse el delito de Homicidio Culposo, art. 84 segundo párrafo del Código Penal, reprimido con pena de prisión e inhabilitación especial.

En consonancia a ello, la Corte Suprema de Justicia dela Nación sostuvo: "No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa (...) La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuyas pena prevea la inhabilitación - art. 76 bis in fine del Código Penal - surge de manera inequívoca de la intención del legislador" (C.S.J.N., 3/12/2002 "Gregorchuk, Ricardo s/ rec. cas." G.663.XXXVI, Jueces: Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, López. Voto: Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, Disidencia: Vázquez, PJN Intranet. WebRubinzal ppypenal 22.3.9 rl).

Culminando, no procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13, por el Dr. Luis Guillermo Segura, en su carácter de asistente técnico del imputado Luis Eduardo Segura. II) Rechazar el recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones nece-sarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su vo-to, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Palacios dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimi-dad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/13, por el Dr. Luis Guillermo Segura, en su carácter de asis-tente técnico del imputado Luis Eduardo Segura.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal.- 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Jorge Rolando Palacios (Subrogante) ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-