Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2011-05-10


Expte. Nº 16.510 - Año 2007 - Autos: "Epstein Marta Elena; Conca de Agüero Rosa María y otras s/ Acción Meramente Declarativa de Certeza".- Santiago del Estero, diez de mayo de dos mil once.- Y Vistos: Para resolver sobre la competencia del Superior Tribunal en la acción declarativa de certeza interpuesta en los autos del epígrafe;

Y Considerando: I) Que a fs. 113/116 comparece la Dra. María Sara Agüero en representación de Marta Elena Epstein, Rosa María Conca de Agüero, Lilia Portillo de Ramírez, Casilda Chazarreta, Ramón Hernando Suarez, Aurora Capellini, Angela Ramos de Nazar y Ana Lida Blanco y promueve acción meramente declarativa de certeza en los términos del art. 315 del C.P.C.y C., respecto del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.984 de fecha 17/12/07 que dispuso la prórroga de los mandatos constitucionales de las actoras.

Interpone la presente acción con el objeto de que el Superior Tribunal determine si el Poder Ejecutivo provincial y la Honorable Cámara de Diputados tienen facultades para prorrogar los mandatos de los actores, mediante Decreto, consecuentemente si el mencionado acto debería ser ratificado por ley, y si tiene validez como para modificar una cláusula constitucional -la transitoria primera- que determina cómo se reemplazarán a los miembros electos del Consejo General de Educación en el año 2.007- y habilitar a éstos a permanecer en el cargo para cumplir sus funciones cuando el mandato feneció el 19/12/07.

Relata que por medio de la Resolución Nº 4.810/07 el Consejo General de Educación dispuso el llamado a elecciones docentes para cubrir los cargos de: 3 Vocales del Consejo, 3 Vocales de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Inicial, 3 Vocales para la del Nivel Primario, 3 Vocales para la del Nivel Secundario, 3 para la del Nivel Superior y 3 Vocales para el Tribunal de Disciplina y se fijó el cronograma electoral, estableciéndose que el acto eleccionario se realizaría el 12/12.

Continúa exponiendo que, cuando faltaban dos días para el acto electoral, la Excma. Cámara de Trabajo y Minas de I Nominación dictó un medida cautelar en los autos: "Sindicato de Maestros Especiales, Empleados y Afines (Simese), c. Consejo General de Educación s. Recurso de Amparo" suspendiéndolo, en cuanto se consideró que en el llamado a concurso no se había incluido al área de Adultos y esto se solicitaba.

Como consecuencia de esta medida, según refiere, no se pudo realizar el acto de elecciones y proceder al reemplazo de los miembros electos cuyo mandato culminaba el 19/12.

Relata que ante esto los actores se ven compelidos en dos situaciones que hacen obligatoria esta acción a fin de que se determinen los hechos que les causan perjuicio y que podrían afectar su desempeño, en tanto deben continuar en los cargos hasta que se defina la situación legal de las elecciones en un plazo incierto. Por otro lado su desempeño no cuenta con la seguridad legal que corresponde porque al no saber si el Poder Ejecutivo pudo válidamente suspender la vigencia de una cláusula constitucional, los actos que realicen en ejercicio de las facultades prorrogadas pueden ser objetados por falta de mandato, lo que podría derivar en graves perjuicios para la docencia. Por esta incertidumbre también podrían afectarse designaciones y concursos docentes, interinatos, suplencias y coberturas de cargos.

Ante esta situación es que acuden a solicitar que el Máximo Tribunal se pronuncie sobre la validez del Decreto Nº 1.984 del Poder Ejecutivo -que entiende que es de necesidad y urgencia- para prorrogar los mandatos de los miembros electos y también solicita que se requiera a éste el envío del aludido decreto para su ratificación por la Cámara de Diputados.

Concluye peticionando que se declare, en carácter de medida cautelar, la validez de los actos regulares cumplidos por el Consejo General de Educación, Juntas de Calificaciones y Clasificaciones y Tribunal de Disciplina.

II) A fs. 119 se corre vista al Sr. Fiscal General a fin de que dictamine sobre la competencia de éste para entender en las presentes actuaciones.

A fs. 120/121 emite dictamen considerando que la acción intentada resulta ajena a la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia y a fs. 124 obra el que se refiere a la medida cautelar solicitada en autos, en el que el titular del Ministerio Público estima que no resulta imperioso pronunciarse sobre ésta, atento a que ya emitió opinión acerca de la incompetencia de este Tribunal para entender en la cuestión de fondo.

III) Lo primero a examinar en el sub-lite es la presencia o ausencia de los presupuestos que autoricen la tramitación de esta acción declarativa en la instancia originaria de este Excmo. Tribunal.

Ello, en virtud de que, la facultad de los particulares para acudir ante los jueces en tutela de los derechos que les asisten no autoriza a prescindir de los supuestos que establece -de modo taxativo- el art. 193 de la Constitución de la provincia para el ejercicio de la competencia originaria y exclusiva que allí se determina.

La competencia originaria y exclusiva de este Superior Tribunal, se encuentra fijada por nuestra Carta Magna en el artículo referenciado, la cual por raigambre, al igual que la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es insusceptible de ampliarse, restringirse o modificarse (Doctrina de Fallos 302:63, 308;2356, 310;1074, entre muchos otros). A ello se aduna que ".No se le puede agregar casos no previstos en el mencionado, ni quitarle alguno de los que éste menciona."(refiriéndose al art. 117 de la C. N.), (EKMEKDJIAN, Miguel Angel, "Tratado de Derecho Constitucional", Edit. Depalma, Tomo V, pag. 494).

El art. 193 establece, como ya fuera expresado, en su primera parte, los casos en que el Superior Tribunal entiende por vía originaria. En el inc. b) dispone que ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva en las acciones declarativas directas contra la validez de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones de alcance general, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución.

En el sub-exámine, según se desprende de los términos de la demanda, la pretensión de certeza intentada por las actoras, tal como fuera planteada en los términos del art. 315 del C. P. C y C., no constituye ninguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto por el constituyente, habilitan la instancia originaria de este Tribunal.

En efecto, las actoras deducen la acción con el objeto de que el Superior Tribunal determine si el Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Diputados tienen facultades para prorrogar sus mandatos y de hacer cesar la incertidumbre creada por la aplicación del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.984 que dispuso tales prórrogas.

Así resultaría que el Superior Tribunal de Justicia debería expedirse, en el sub-exámine, no en un "acción declarativa directa" que es de su competencia originaria -según lo prescribe el art. 193 inc. b) C.P., sino en una "acción declarativa de certeza" regulada por el art. 315 C.P.C.C.; por lo que corresponde se declare la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones en instancia originaria.

V) Sentado lo precedentemente expuesto, y en virtud de lo dispuesto por los arts. 4, 8, 346 y concordantes del C.P.C.C., corresponde que las presentes actuaciones sean remitidas al Juez en lo Civil y Comercial de turno a efectos de continuar con la tramitación de los presentes.

Por todo lo expuesto y conforme lo dictaminado por el Fiscal General de Ministerio Público; Se Resuelve: I) Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones; II) Remitirlas a la Mesa General de Entradas para que proceda a su remisión al Juez en lo Civil y Comercial de turno, a efectos de continuar con la tramitación de los presentes; III) Sin costas atento a la naturaleza de la cuestión planteada. Protocolícese, expídase copia para agregar a autos, hágase saber y oportunamente archívese. Fdo: Armando Lionel Suárez - Sebastian Diego Argibay - Agustín Pedro Rímini Olmedo - Raúl Alberto Juárez Carol - Eduardo José Ramón Llugdar - Ante mí: Dra. Isabel M. Sonzini de Vittar - Secretaria Judicial Autorizante - Es copia fiel del original, doy fe.