marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, título ejecutivo inhábil, actos unilaterales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTRAIBLE SA c/ CASCOR S. M. SERVICIO DE INVERSIONES Y GESTORA. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

Resulta título inhábil a fin de su ejecución el documento que simplemente consiste en un formulario preimpreso, carente de firma, destinado a requerir el rescate de cuotas partes. Ello así, pues en modo alguno permite inferir per se, la existencia de una obligación liquida y exigible en los términos requeridos por el código procesal. No obsta a tal conclusión, el hecho de haberse acompañado un acta notarial, cuando la misma solo da cuenta de un requerimiento de pago, porque ello constituye un acto unilateral del ejecutante, insusceptible de suplir las falencias descriptas a los fines de acceder a la vía ejecutiva intentada.
Emergencia económica, inembargabilidad de fondos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Martínez de Greco, Marta Celia c/ Municipalidad de Perico s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. 7017/03 Incidente de Ejecución de sentencia en 5901/97. L.A. N 47 F 1570/1571 N 680 Perico s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. 7017/03 Incidente de Ejecución de sentencia en 5901/97. L.A. N 47 F 1570/1571 N 680
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-09-29

La sola invocación de la insuficiencia de partida presupuestaria no torna aplicable la ley provincial Nro.5320. Dicha carencia, en tanto comporta un presupuesto de orden fáctico, debe ser acreditada mediante la certificación del servicio administrativo correspondiente; como también debe justificarse -en el sentido más riguroso del término- que se han efectuado las previsiones necesarias para incluir el crédito en el ejercicio presupuestario siguiente.
Daños y perjuicios, cesión de boleto, afectación del inmueble (administrativo), garantía de evicción
Materia: CIVIL
Carátula: ALMIRON ATILIO ROSA c/ MARTINEZ SANTIAGO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-03

Debe rechazarse la demanda por daños y perjuicios iniciada por el cesionario de un boleto de compraventa contra el cedente, comprador del bien, invocado que dicho bien estaba afectado a expropiación, lo que imposibilitó la escrituración, por existir falta de legitimación pasiva pues, como consecuencia de la cesión no discutida, trasmitió al cesionario la totalidad de las acciones y derechos de que era titular en virtud del contrato celebrado, razón por la cual no responde por evicción, que sólo puede exigirse al deudor en la relación originaria, quien es el verdadero obligado.

La garantía de evicción, llamada por la doctrina "garantía de derecho", que apunta a la "existencia y legitimidad del crédito" (art. 1476 del Cód. Civ.), salvo las hipótesis previstas (arts. 1476 y 1484) o acuerdo de partes (art.1197), no implica, en principio, asegurar la posibilidad de cumplimiento o el pago de la indemnización de los daños y perjuicios provenientes de la frustración del negocio, puesto que el derecho se cede tal cual es tomando a su cargo el cesionario los riesgos propios del contrato, que pasa a él, quien se sustituye en la persona del cedente frente al deudor cedido, y acepta soportar, en lo sucesivo, las probabilidades desfavorables del mismo (conf. Razzónico, "Estudio de Contratos" 2a ed. pg. 593). De allí que también se le transfieren todos los derechos derivados del crédito y todas de que goza el cedente (arts. 1458 y conc. del Cód. Civ.).

La responsabilidad por el cumplimiento del negocio no recae en forma inmediata sobre el cesionario, aún en la hipótesis de la llamada "garantía de hecho", a la que aluden los arts. 1479, 1480 y concordantes del Código Civil, supuesto en el cual tiene carácter subsidiario y funciona como accesoria de otra obligación principal que es la del deudor cedido (art.1481, Cód. Civ.).
Concurso ideal, tenencia de armas, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Liendro, Evaristo A. y Rey, Miguel A. s/ recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Ninguna duda cabe en cuanto a que un comportamiento único no puede ser perseguido, juzgado ni sancionado dos veces, puesto que se violaría el principio non bis in idem y le serían fácilmente oponibles, en cada caso, las excepciones de litispendencia o de cosa juzgada previstas por nuestro ordenamiento procesal. No ocurre lo mismo cuando se está frente a comportamientos múltiples y ello sucederá no sólo en virtud de las circunstancias de hecho sino, además, de las normas aplicables a esas situaciones fácticas. El Cód. Penal argentino, a diferencia del alemán (parágrafo 53), no habla de pluralidad de delitos para referirse al concurso real sino de pluralidad de hechos. Pero la expresión "hechos" no puede ser tomada en un sentido puramente mecanicista sino mediante una valoración normativa, por lo que tampoco cabe confundir pluralidad de acciones con pluralidad de hechos. (Voto del Dr. Mitchell -en mayoría-).
Facultades del juez, pedido de aclaración
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: HAGELIN, Dagmar c/ ASTIZ, Alfredo s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-10

Constituye una facultad de los magistrados derivada del deber de evitar que la aplicación indiscriminada de una norma procesal comporte una renuncia sustancial a la verdad jurídica, el requerimiento de aclaraciones respecto de puntos introducidos por las partes.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ACUÑA HUMENNY, GUSTAVO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY EN AUTOS: "EXPTE. Nº 111/2006 - ACUÑA HUMENNY, GUSTAVO A. C/ GABRIELA KARINA MURNER S/ LABORAL".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-05-30

EI recurrente al discrepar con la solución arribada por los jueces de la Alzada por cuanto rechazaron el recurso de apelación interpuesto por su parte, confirmando el decisorio de primera instancia que rechazó la demanda, cuestiona la interpretación que efectuaron los sentenciantes de Cámara respecto al material probatorio -testimoniales-, a las circunstancias en que se produjo el distracto laboral, a la categoría laboral y al horario de trabajo, trayendo así a consideración cuestiones de hechos y prueba, aspectos que en principio son ajenos a la instancia extraordinaria, atento a que no constituye una tercera instancia en la que puedan replantearse la revaloración de las pruebas y de los hechos denunciados en la causa que ya han sido estudiados por los jueces de grado, salvo eficaz denuncia y acabada demostración de absurdo, que en el caso de autos no se advierte. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DE ESTEFANO, ROBERTO DONATO s/ Cheque sin fondos Causa 30858-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-09

Los agravios expuestos con remisión a un escrito anterior a la sentencia no gozan del carácter de tales, pues el quejoso ha debido efectuar su análisis y crítica del fallo en la oportunidad que marca la ley (artículo 519 del Código de Procedimientos en Materia Penal) y no hacer mención a una argumentación efectuada en un momento en que se desconocían lo términos de la sentencia definitiva. Tales alegaciones no pueden cumplir con la exigencia de constituir una crítica concreta y razonada del fallo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Consorcio de Copropietarios Edificio de Calle J.J. Paso 2917 Monoblok 'B' c/ Diéz, Manuel B. s/ Demanda Ordinaria- Mere Declarativa (Acción Declarativa de Certeza)-  Recurso de revocatoria (Expte.: C.S.J. Nro. 138 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-02

La competencia de la Corte está constitucionalmente determinada por lo dispuesto en los artículos 92 y 93 de la Carta Magna local; y es sabido que entre dichas normas existe una notoria diferencia, porque al tiempo que la primera, que regula la denominada competencia de gobierno o de superintendencia del Poder Judicial, es de carácter abierto y admite ser ampliada por normas legales, tal como reza su inciso 8vo., la segunda, la jurisdiccional, es de carácter cerrado y consagra en este ámbito de competencia un "numerus clausus" limitado a los nueve casos allí previstos.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, prueba
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MARRAPODI, GUILLERMO Y OTROS c/ OTERO, FRANCISCO ESTEBAN Y/O SUBINQUILINO Y OCUPANTES s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-27

El art. 685 del Código Procesal no importa conculcar el derecho de defensa en juicio que pregona el art. 18 de la Constitución Nacional, sino la mera limitación de las pruebas innecesarias e inidóneas para acreditar la que se contrapone por el demandado a la causal invocada por los actores para obtener su eventual desalojo del bien locado.
Honorarios del perito, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ruggiero Alberto c/ Hereñuk S.E.C.P.A. y/o quien resulte responsable s/ Reparación integral - Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-15

Para la regulación de honorarios de peritos que intervienen en causas judiciales se debe tener presente algunas pautas orientadoras elementales previas. Ellas son: a) Monto del proceso. El que se tomará como base a los fines regulatorios. b) El porcentaje a aplicarse sobre esa base. c) La labor cumplida por el profesional, perito. d) La incidencia de su trabajo sobre el resultado del pleito. e) La relación existente entre las regulaciones de los demás profesionales interviniente en la causa.
Temeridad o malicia, defensa en juicio, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Parodi Combustibles SA c/ YPF SA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-07

Corresponde dejar sin efecto la sentencia en lo relativo a la sanción impuesta por el a quo con apoyo en el art. 565, párrafo segundo, del Código de Comercio y en el art. 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación si las variaciones en la exposición de las causales de resolución del contrato o el hecho de que hayan sido declaradas improcedentes las causales basadas en la pérdida de confianza o en la pretendida participación de la actora en la maniobra fraudulenta de la que fue objeto la demandada, son insuficientes para considerar que la defensa ejercida haya sido opuesta sin razón valedera o que se trate de una defensa temeraria (Disidencia de los Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, WASHINGTON y ALVAREZ, FRANCISCO POR CALUMNIAS E INJURIAS A MARTINEZ, OSCAR ANTONIO s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-31

Los recursos deben consistir siempre en el planteamiento de una crítica razonada, relacionada directamente con aspectos abordados en la resolución que se intenta revertir.

Una profusa cita de opiniones doctrinales carentes de vinculación concreta con las constancias de la causa no cubre los parámetros de fundamentación específicamente exigidos en el art. 472 del C.P.P.

El desarrollo del recurso de casación a través de sus sucesivas etapas no puede quedar librado a las meras alegaciones de las partes. Asiste al tribunal de alzada al ponderar la admisibilidad formal del recurso la facultad de comprobar si la pretensión recursiva presenta arraigo en las actuaciones efectivamente cumplidas, pues ignorar tales aspectos podría comportan la convalidación de un dispendio procesal.
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, obligaciones de dar sumas de dinero, liquidación, índices de actualización, intereses convencionales, facultades del juez, modificación de la cláusula penal
Materia: ECONOMIA
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ FIGUEROA, EDUARDO ANTONIO s/ PROCESO DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

No obstante el principio sentado por la Corte Suprema de Justicia in re "Sade S.A. c/Estado Nacional. Ministerio de Obras Públicas", del 24.8.95, corresponde ponderar que -a tenor de la liquidación inicial- el abultamiento del crédito no es fruto de un sistema de reajuste por los índices de precios sino la consecuencia del régimen de intereses pactados. Y en supuestos de esta especie, el Tribunal tiene decidido que la Ley 24.283 no es aplicable (cfr. Causa 5614/92 "Soamar de Fiher Hnos. c/Hierro Patagónico de Sierra Grande S.A.

Minera y otro s/Cumplimiento de Contrato", del 24.10.95). Ello no empece a que el Tribunal, en oportunidad de la liquidación, revise la concordancia de las tasas estipuladas en función de lo dispuesto en el art. 656, 2da. Parte, del Código Civil a fin de mantener incólume el principio rector del art. 953 de dicho Código (Causa 5614/92 citada).
Defensa de la competencia, efecto devolutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: YPF SA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

El efecto devolutivo: está previsto para los recursos deducidos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal que ordenen el cese o la abstención de una conducta (art. 52, inc. b de la LDC); es razonable para evitar que continúe produciéndose un daño a la competencia; la medida precautoria dictada no restringe el nivel de ganancias normal de la firma, ya que operaría sobre los beneficios extraordinarios; la empresa está en condiciones de mantener su producción sin que resulte afectada su viabilidad económica, pues la medida garantiza ingresos por encima de sus costos de producción por la venta de "aerokerosene"; no se probó un gravamen irreparable ya que no es suficiente que se funde exclusivamente en cuestiones económicas;

la medida fue dictada por la autoridad competente en los términos del art. 35 de la LDC y del art. 42 de la Constitución Nacional, y puede ser revisada en una instancia judicial posterior, lo cual garantiza el derecho de defensa de la recurrente y el debido proceso legal.
Concubinato, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moreira, Beatriz c/ Catto, Silvio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La concubina tiene derecho a la indemnización contemplada en los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil si prueba el daño sufrido, pues dadas las circunstancias puede acreditar un daño cierto, como es el que se sigue de la privación del auxilio que la víctima le proporcionaba en vida (art. 1079 del C.C.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, jueces, facultades del juez, subasta judicial, incidentes, nulidad del acto jurídico, tercerías, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: KOCH, ROBERTO LUIS MARIA Y OT c/ REY, OSCAR VICTOR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - APREMIO - INCIDENTE DE NULIDAD DE SUBASTA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 598 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-07-29

Corresponde rechazar la queja desde que el razonamiento seguido por el A-quo no importó más que el ejercicio de la facultad-deber de los jueces de subsumir el caso en las normas que estimaron pertinentes.

En el caso, la Sala entendió que obstaba a la suerte del tercero incidentista una razón de eminente orden procesal, relacionada con lo dispuesto por el artículo 498 del C.P.C. y C. provincial, que establece que realizada una subasta judicial no se admitirán sobre ella más impugnaciones que las relativas a vicios existentes en el acto mismo del remate, por lo que quedaban al margen los planteos vinculados a tercerías que debieron sustanciarse previamente por vía autónoma.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, proceso penal, imputado, prueba de cargo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: HERRERA, LUCIA MIRTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-22

El derecho de la sociedad a defenderse del delito se encuentra sujeto a los límites impuestos por el Estado de Derecho, y que -como se lee ya en la Carta Magna de 1215- para que un hombre pueda ser encarcelado se requiere de un "legale judicium" según la "ley de la tierra", ley que exige -conforme lo expuesto- la existencia de pruebas que sustenten la acusación "más allá de toda duda razonable", y que el juez "no puede reputar comprobado un hecho determinado cuando no puede tener por excluida otra especie, aunque distinta, de posibilidad".

En el caso, las conclusiones a las que arribó el Sentenciante, en tanto consideró que con los elementos probatorios reunidos en la causa se alcanza el estado de certeza exigido para el dictado de una sentencia condenatoria, se desentienden de la razonabilidad y la logicidad que resultaba necesaria para concluir en la atribución de responsabilidad penal por la comisión del hecho delictivo imputado, al prescindir de analizar y confrontar en forma global aquellos elementos que incriminaban a la imputada con los argumentos esgrimidos por la defensa técnica de la encartada.

Y ello así, pues es producto de una lectura fragmentaria del material probatorio, llegando al dictado de una resolución que vulnera el principio de razón suficiente, o lo que es lo mismo, carece de la debida fundamentación que justifique que en el caso se ha arribado a la certidumbre sobre los hechos, estado que despejará en su caso, la posibilidad de hacer operativa en la materia el "in dubio pro reo" que integra el principio constitucional de inocencia.(De la Disidencia Parcial del Dr. Erbetta)
Sentencia, actualización monetaria, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRERA, CARLOS s/ SENTENCIA - RECURSO DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1977-03-30

Si el decisorio impugnado desechó expresamente las conclusiones del informe agregado en autos,según el cual se determinó el coeficiente de actualización de determinadas cantidades en determinado lapso, dando razones para no aplicarlo en el caso, y esas razones no han sido impugnadas por la causal del art. 417,inc.

4to., C.P.P., son, en consecuencia, irrevisables por este Tribunal, pero si para determinar un criterio distinto de actualización de cantidades, ha dicho simplemente que deben incrementarse, pero que dicho incremento no debe hacerse con criterio matemático, ni ceñirse exclusivamente a los coeficientes de estadísticas oficiales, sino que debe quedar librado al prudente arbitrio judicial y ha reservado las razones que dieron fundamento en el caso concreto a la fijación del porcentaje de actualización acordado, teniendo en cuenta el informe y desechándolo, pero no activó luego su distinta conclusión, la sentencia queda privada de adecuado fundamento en dicho punto.-
Impuestos, IVA, dolo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "Transportes Tomassini (TF 21.785-I) c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-01

La existencia de conducta dolosa, comprensiva del elemento intencional puede considerarse probada en autos si se atiende a que la actora ha transformado declaraciones originales con saldo a favor del contribuyente en rectificativas con saldo a favor del erario público del impuesto al valor agregado y a que ella no intentó demostrar ni en sede administrativa ni ante el Tribunal Fiscal mediante ningún medio de prueba que ello hubiese obedecido a un error o a un comportamiento no intencionado.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, anuncio publicitario, alteración de la fachada
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE LA CALLE JURAMENTO 2013/17 c/ MANES, CARLOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09

Cabe admitir la colocación de un cartel anunciador con fines de publicidad cuyas características no alteren el aspecto arquitectónico del frente ni la armonía estética funcional del inmueble, si del reglamento de copropiedad surge que la unidad funcional está destinada a local comercial, y si no se ha probado que ocasione perjuicios o molestias al resto de los copropietarios.
Decreto de necesidad y urgencia, aeropuertos, control de constitucionalidad, medida de no innovar, cuestiones de competencia, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

En el caso en que se ha desafiado la constitucionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y un juez de primera instancia, encontrando reunidos los requisitos necesarios para el dictado de una medida cautelar, lo ha hecho, impidiéndole a aquél ejecutarlo, la cuestión lejos está de configurar alguno de los conflictos a que hace referencia el art. 24, inc. 7°, del decreto ley 1285/58, pues ni hay jueces o tribunales que disputen entre sí, ni alguno de éstos que lo haga con organismos administrativos que ejerzan facultades jurisdiccionales (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Legitimación procesal, Ministerio Público Fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gabriele, Carlos Raúl y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

El recurso ha sido interpuesto por parte legitimada, en virtud de la misión constitucionalmente conferida al Ministerio Público Fiscal de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (cf. art. 125 de la CCABA y su correlativo procesal del art. 281 del CPP, cf. art. 2 de la ley n° 402). (Del voto de las juezas Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Expropiación, indemnización, mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ PORCEL, EDUARDO CESAR Y/O QUIENES EN DEFINITIVA RESULTEN PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (CSJ EXPTE Nº 596-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-03-17

El hecho de que las mejoras en el inmueble no hayan sido realizadas por el expropiado ni por los anteriores propietarios, si bien no incide en el derecho de propiedad del demandado sobre esas mejoras (artículo 2519 del Código Civil), en el caso es un aspecto decisivo en orden a la fijación del monto indemnizatorio, cuando no corresponde que sea incluido su equivalente económico en la indemnización.
Cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: P.,B.P. c/ C.R.A. s/ Incidente (Excepto los Tipificados Expresamente) - C.C,.Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-19

La fijación del monto de la cuota alimentaria debe atender a la situación económica y social del alimentante y del alimentado, las necesidades de los hijos, estimándolas de acuerdo a la edad que tiene al momento de fijar la cuota de alimentos y la contribución que realiza la progenitora que ejerce la tenencia de los hijos, que no la libera de su propia obligación alimentaria pero constituye un elemento a considerar pues el progenitor no conviviente al no estar afectado a tales funciones goza de mayor disponibilidad para dedicar a su vida laboral.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Quevedo, Susana Noemí y otro c/ Sanatorio Perpetuo Socorro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-09-16

La noción de "existencia del hecho principal" a que alude el art.

1103 del Código Civil se limita a las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)