Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-11-27


- En la ciudad de Trelew, a los 27 días de noviembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S, G C c/ A S.A. s/ SUMARIO" (Expte. N° 21.749 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 252.- - A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

-1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 231, que fuera concedido libremente a fs. 232, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 221/226 y vta. que rechazó la demanda de cancelación de prenda instaurada por G C S contra A S.A., y asimismo hizo lugar a la reconvención por reajuste equitativo del contrato promovida por la sociedad antes citada y condenó al accionante reconvenido al pago de la suma de $2.650,13.- dentro del plazo de diez días, con imposición de las costas de la demanda y de la reconvención en un 50% a cada parte.

-A su vez, los Dres. M Á B y L G G, por su propio derecho, apelaron a fs. 228/229 la regulación de honorarios practicada a su favor por considerarlos bajos, y el actor interpuso recurso de apelación a fs. 230 y vta. respecto de los emolumentos establecidos a favor del letrado de la demandada por entender que superan el máximo permitido por ley, recursos concedidos a fs. 232. - -Los agravios del accionante lucen a fs. 245/249, el traslado conferido a fs. 250 no fue evacuado por su contraria, y el quejoso señala básicamente que: a) la demanda de cancelación de prenda no debió rechazarse porque no existía saldo impago que permitiera al demandado negarse al levantamiento de la prenda, y en tal sentido el fallo indica que ningún coeficiente adeudaba el actor y que canceló la obligación comprometida en el contrato prendario de acuerdo a la normativa de pesificación a la paridad 1 a 1 entre el dólar y el peso; b) entiende que el reajuste equitativo del precio es improcedente, cita el art. 3 de la ley 25.820 y el art. 2 del decreto 214/02, y manifiesta que no se valoró que el actor abonó al contado en el mes de febrero en una sola cuota el saldo fijado por la demandada, saldo cancelatorio conforme la planilla expedida, por lo que el actor cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo; c) no se tuvo en cuenta la desvalorización sufrida por el rodado y el actor abonó antes del dictado de las leyes de emergencia aproximadamente el 60% del valor del vehículo y luego en el mes de febrero en una sola cuota la suma de $10.115, monto que le reclamara A; d) de acuerdo al análisis efectuado por el sentenciante se ha hecho lugar al mayor valor de la cosa reclamada por la demandada y no a un reajuste equitativo del precio, y las partes en todo caso deben soportar en forma equitativa las consecuencias de la crisis, evitando que una de las partes resulte beneficiada a expensas de otra, por lo que considera que el reajuste del precio no puede traducirse en una diferencia por mayor valor de la unidad enriqueciendo sin causa a una de las partes; e) la actora cumplió con el pago de las obligaciones a su cargo, no adeudaba saldo alguno vinculado al contrato prendario, y sin embargo se le aplica el 50% de las costas, y debe mencionarse que la reconvención prosperó en un 17% del monto reclamado; f) de esta manera la demandada no cumplió con las obligaciones a su cargo y planteó siempre un reclamo por mayor valor del vehículo, y el magistrado omitió valorar el daño que se produjo hasta la fecha manteniendo el bien prendado; y g) peticiona se revoque la sentencia en lo que ha sido materia de agravios, con costas.

-2. Corresponde ingresar en primer término al agravio vertido acerca de la improcedencia del reajuste equitativo del precio por la proyección que el mismo tiene respecto a las restantes quejas.- -En tal sentido, las manifestaciones del apelante -acerca que el actor abonó el 60% del valor del vehículo antes del dictado de las leyes de emergencia y luego en el mes de febrero en una sola cuota la suma de $10.115.-, que el sentenciante hizo lugar al mayor valor de la cosa reclamada por la demandada y no a un reajuste equitativo del precio, y que éste no puede traducirse en una diferencia por mayor valor de la unidad enriqueciendo sin causa a una de las partes- eluden hacerse cargo de los fundamentos brindados por el juzgador a fs. 224/225 y vta. (punto tercero de los considerandos).- -Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "Cufre, Héctor N. y otro c. Bravo, Julio J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

-Y a ese respecto, luego de puntualizar el alcance del art. 3 de la ley 25.820 precisó el Sr. Juez de la anterior instancia que la demandada ha acreditado que un rodado similar al adquirido por la actora, al tiempo de la cancelación del contrato, esto es febrero/02, con características parecidas y con similar antigüedad tenía un valor de $38.100.- (ver informe de fs. 159). El valor en pesos en que fue adquirido el rodado fue de $25.000 (ver fs. 07), por lo que la diferencia entre ambos valores asciende a $13.100.- Es de resaltar que tomo el valor de cotización a la fecha de la cancelación de las cuotas, ya que a esa fecha debe efectuarse la comparación de valores, de acuerdo a lo ya decidido por la Alzada (conf. CANE, Sala A, SDC, N° 09/06 del 17/03/06). A su vez, efectuó el sentenciante cálculos tomando el valor actual del dólar, y luego de aplicar el esfuerzo compartido -entendido como la asunción por partes iguales de la diferencia-, deducido el monto abonado en febrero de 2002 arribó a la conclusión que el mismo se reduce a $10.620,75. Asimismo, luego de utilizar otro sistema de cálculos señaló que si al valor de $25.000 el actor pagó después de enero de 2002 un monto de $10.115, al valor de $38.100 debía haber abonado $15.415,26, por lo que si a esa suma se descuenta lo efectivamente pagado luego de enero/02 -$10.1145-, el mismo se reduce a $5.300,26. Como se aprecia de todas las alternativas posibles, en virtud del principio "favor debilis", me inclino por la que representa el menor costo para el deudor actor, es decir por la última suma mencionada. Ahora bien, en uso de la facultad conferida por el segundo párrafo del art. 11 de la ley 25.561 en su actual redacción, y lo decidido por la Alzada en cuanto a que la equidad es un juicio de valor que hacen los jueces en la realización del derecho mediante el ejercicio de la función jurisdiccional que le es propia (conf. Bustamante Alsina: "Función de la equidad en la realización de la justicia", LL 1990-E, 628), juzgo equitativo distribuir el valor antedicho por mitades a cada parte (conf. CANE, Sala B, SDC N° 12/06 del 20/03/06), por lo que acojo la reconvención por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON TRECE CENTAVOS ($2.650,13), es decir el 50% de la anterior suma mencionada de $5.300,26.

- De tal modo, ante la ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). - -Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).

-Desde otra perspectiva, las expresiones del recurrente solo denota su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión sin hacerse cargo de los fundamentos reseñados precedentemente, por lo que esa parte incumplió la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C..

-En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos).

- En consecuencia, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

-3. Sostiene el recurrente que al no existir saldo impago no debió rechazarse la demanda de cancelación prendaria iniciada contra A S.A..

-No le asiste razón.- -Es que, el fallo venido en apelación señaló a fs. 224 (segundo considerando) que si bien no hubo un préstamo de dinero, en la especie se trató del pago del saldo del precio de una compraventa en cuotas -como ocurre en el "sub exámine"- -En tales condiciones, toda vez que el art. 11 de la ley 25.561 -sustituido por el art. 3 de la ley 25.820- resulta aplicable al caso de autos ya que entró en vigencia al día siguiente de su publicación acaecida el 04/12/03 (art. 5), esto es, con anterioridad a la promoción de esta demanda (cargo de fs. 40, 21 de abril de 2004), y desde que tal normativa faculta a que cualquiera de las partes solicite un reajuste equitativo del precio -en el caso de la compraventa habida-, es evidente que la condena a la actora a abonar un monto por tal concepto impide considerar como pretende esa parte que no existe saldo impago y que cumplió con la totalidad de las obligaciones a su cargo (fs. 246 y 247 vta.).

-En ese contexto, bien dispuso el juzgador el rechazo de la demanda de cancelación de prenda ante la condena impuesta a la parte actora y por tal fundamento se rechaza el agravio.

-4. Por entender el apelante que cumplió con el pago de las obligaciones a su cargo se agravia de la imposición de las costas impuestas en la primera instancia en un 50% a cargo de cada parte.

-Al respecto, el fundamento expuesto al punto 3 que antecede deja sin sustento el agravio vertido.

-Así, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).

-Pero aun cuando se obviara tal circunstancia procesal para ingresar al análisis de la queja, siguiendo un criterio amplio a favor del recurrente (conf. Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 101, pág. 275/276), adelanto que no le asiste razón.- -En efecto, tal como reiteradamente lo he sostenido en anteriores votos es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).

- Por "parte vencida" debe entenderse, a los efectos de la norma que analizamos (art. 68, apartado primero, del C.P.C.C.) a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (conf. Palacio, ob. cit., 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369).

-En ese contexto, es evidente que la parte actora resultó vencida en su demanda de cancelación de la prenda como consecuencia a su vez del progreso de la reconvención, pues la demandada reconviniente triunfó en su pretensión, aun cuando por un monto inferior al reclamado.

-En tales condiciones, la queja tendiente a la modificación de las costas impuestas en un 50% a cada parte carece de todo sustento jurídico por lo que se la desestima.

-Desde ya que tal decisión se adopta en función del agravio deducido y ante la falta de apelación de la parte contraria ya que no corresponde alterar el modo de imposición de las costas en perjuicio del quejoso.- -Ello, por cuanto el ámbito del recurso de apelación está enmarcado por los límites que el apelante le impuso, y la sentencia de grado no puede modificarse en su perjuicio si no medió apelación de la parte contraria, es la llamada prohibición de reformatio in peius o del empeoramiento de la posición del apelante (conf. Loutayf Ranea, obra y tomo citado, par. 46, pág. 143).

-5.1. Al interponer el actor recurso de apelación en materia de honorarios a fs. 230 y vta. sostiene que el monto regulado a favor del letrado de la demandada excede el 25% de la suma reclamada en juicio, por lo que solicita su reducción conforme lo previsto por el art. 505 del Código Civil.

-No le asiste razón.- -En tal sentido, la acción promovida por el accionante tuvo como fundamento ". el levantamiento de la prenda de primer grado . por cancelación total de la deuda .", y el monto del citado gravamen ascendía a $25.576.- (acápites II y III del escrito de demanda, fs. 30 y vta.).

-En tales condiciones, dicha demanda tiene contenido patrimonial que se asienta en el monto pesificado, pues la obligación de hacer (cancelar la inscripción) tiene como presupuesto el previo cumplimiento de las obligaciones asumidas en dicho contrato prendario, y ese es el monto a tomar como base regulatoria.

-Es criterio de esta sala "B", c. 20.940, S.D.C. 20/2006.

-Así, el importe de los emolumentos regulados a favor del Dr. Julio C. S, respecto de los trabajos cumplidos por la demanda deducida, en la suma de $3.836,40.-, más el 40% por la procuración, no excede el 25% de $25.576.- -Y aun cuando tampoco supera ese 25%, no cabe incluir en el porcentaje previsto por el art. 505 del Código Civil el monto regulado a favor del citado profesional en la suma de $500.-, con más el 40% por la procuración, ya que se tratan de emolumentos establecidos por la reconvención y sabido es que la misma es una nueva demanda, por lo que resulta alcanzada por los mínimos arancelarios previstos por el art. 8 de la ley 2200 con más el plus contemplado en el art. 9 del referido ordenamiento.

-Reconvenir importa insertar en el proceso originario una nueva demanda contra el actor y constituye uno de los supuestos del proceso acumulativo (conf. Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. II, pág. 235).- -Con tales alcances, y desde que la suma regulada a favor del letrado apoderado de la demandada no excede el porcentual previsto en el último párrafo del art. 505 del Código Civil, no corresponde aplicar la citada normativa y ello conduce a desestimar el agravio vertido en ese aspecto.- -5.2. Toda vez que el monto de condena por la reconvención deducida asciende a $2.650, 13.-, ese es el importe a considerar en los términos del art. 19 de la ley del arancel (" . monto del proceso la suma que resultare de la sentencia ."), por lo que en la presente causa no corresponde tomar la cifra pretendida por la parte reconviniente como lo sostienen los profesionales firmantes del escrito de fs. 228/229 y ello conduce a desestimar la queja vertida en tal aspecto.

-5.3. Asimismo, estando apelados por altos los honorarios establecidos a favor del Dr. J C. S, y por bajos los correspondientes a los Dres. M Á B y L G G (punto I, fs. 230 y 228, respectivamente), tomando como base regulatoria de la demanda el monto de la prenda que se pretendió cancelar, y de la reconvención los mínimos arancelarios en función al importe de condena, atendiendo a la naturaleza de los procesos, mérito de la labor profesional cumplida, extensión y calidad de las tareas desplegadas, y resultado obtenido, estimo prudente en función a tales parámetros los emolumentos establecidos en la anterior instancia a favor de los profesionales intervinientes por las partes actora y demanda reconviniente (arts. 6, 7, 8, 9, 39, y 47 de la ley 2200), por lo que se confirman los mismos.

-6. En consecuencia, propicio al Acuerdo la confirmación del fallo venido en recurso en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencido, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

-Asimismo, atendiendo al mérito, extensión, calidad y eficacia de las tareas cumplidas en esta instancia, propicio regular los honorarios de los Dres. M Á B y L G , letrados apoderado y patrocinante, respectivamente, de la parte actora, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia (arts. 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente. - -Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- - A LA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Vienen a esta Alzada los presentes actuados con motivo del recurso de apelación que fs. 231 dedujera la parte actora, concedido que fuera a fs. 232, en contra del pronunciamiento de primera instancia obrante a fs. 221/226 vta., por el cual se rechaza la demanda incoada por cancelación de prenda promovida por el Sr. G C S contra A S.A.; hace lugar a la reconvención de la demandada por reajuste equitativo del contrato y condena al accionante en el plazo que determina, al pago de $ 2.650,13; e impone las costas de la demanda y reconvención en un 50% a cada una de las partes.- - Los Dres. M AB y L G G apelan a fs. 228/229 por su propio derecho, los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos.

- Asimismo, a fs. 230 el actor apela los honorarios fijados en el fallo en crisis a favor del letrado de la demandada, por entender que los mismos exceden los topes legales. Ambas apelaciones de honorarios son concedidas a fs. 232.

- A fs. 245/249 se halla agregado el escrito de expresión de agravios del recurrente, el que conferido a fs. 250 el traslado pertinente que prevé el rito, no es contestado por la contraria.- - La descripción de los agravios vertidos por el quejoso, ya ha sido adecuadamente desarrollada por el Sr. Vocal que me precediera en el orden votación, razón por la cual, y en aras del principio de economía procesal, omitiré su reiteración.- - A los fines de una mayor claridad expositiva procesal, en las cuestiones a dilucidar, y en la medida que resulte apropiado, seguiré el mismo orden de tratamiento ya delineado por mi colega preopinante.

- II.- a) En tal entendimiento, pues, abordaré en primer término el agravio volcado por el quejoso, que por razones metodológicas es el vinculado a la improcedencia del reajuste equitativo del precio, en virtud de la estrecha relación que asume su dilucidación con respecto a los restantes temas a resolver.- - Sostiene el recurrente que antes del dictado de las leyes de emergencia, la parte actora hizo efectivo el pago del 60% del valor del rodado, y posteriormente, en el mes de febrero, abonó en una sola cuota la suma de $ 10.115,00 que le reclamara la demandada; que la sentencia hizo lugar al reclamo de la demandad en cuanto al mayor valor del bien, pero no a un reajuste equitativo del precio, el que no puede integrarse en una diferencia que contemple el mayor valor del vehículo, por cuanto ello configuraría en un enriquecimiento sin causa a favor de una de las partes.

- Desde este posicionamiento ha de advertirse que en el pronunciamiento apelado, el juzgador se ha extendido de manera detallada en explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos en el que apoya su fallo al resolver como lo hizo con respecto al reajuste equitativo del precio, especialmente en los argumentos desarrollados en los Considerandos Segundo y Tercero, y a cuyo texto me remito por razones de brevedad.

- Y es con respecto a tales cuestiones que resultan dirimentes para el tratamiento de la cuestión debatida, sobre las cuales el quejoso debió dirigir de manera concreta y razonada el embate impugnaticio de su queja. No obstante, y del análisis del agravio introducido, cabe apuntar que evitó referirse de manera precisa y puntual al tema, soslayando desarticular con razonamientos irrefutables las decisión judicial atacada.

- Ante este panorama, cabe recordar que tanto la doctrina como la jurisprudencia, incluso en fallos de esta Alzada, han sido contestes en afirmar que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 266 del CPCC, correspondiendo declarar desierto el recurso ( conf. De Santo, V., "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, año 1999, T. I, p. 335 y sgts.; esta sala "B", S.D.C. N° 35/05, S.D.C. 36/05, entre otras).

- En mérito a lo antedicho corresponde declarar la deserción de este tramo del recurso por insuficiencia técnica de sus expresión de agravios, y conforme la pautas delineadas por los artículos 265 y 266 del código adjetivo.

- b) Se agravia luego el quejoso, afirmando que el fallo no debió rechazar la demanda por cancelación de prenda, en razón de no existir saldo impago.

- En este punto es necesario recordar que la sentencia de grado anterior expresó que en el caso de marras se trataba del pago del saldo de precio de una compraventa en cuotas, y no de un préstamo de dinero.- - En tal entendimiento, ha de recordarse que por imperio de las disposiciones de la ley de emergencia N° 25.561, en su artículo 11, que fuera modificada por la Ley 25.820 mediante su artículo 3, faculta a cualquiera de las partes de un contrato ya celebrado, que a partir del 04/12/03 puedan pedir un reajuste equitativo del precio.

- Si tomamos en cuenta la fecha de promoción de la demanda, que lo fue en el mes de Abril de 2004, sin mayor esfuerzo se advierte que en virtud de la aplicación de la normativa emergencial referenciada, no encuentra apoyo que lo sustente el argumento esgrimido por el actor en su libelo apelatorio, en el sentido de la pretensa inexistencia de saldo impago, razones estas que habilitan a desestimar el presente agravio.- - c) La queja siguiente se halla orientada a cuestionar la imposición de costas determinada en la instancia precedente, que las distribuyó en un 50% a cada una de las partes.

- Con respecto a esta arremetida recursiva intentada por el apelante, como fundamento esencial para su resolución ha de tomarse en cuenta la desestimación del agravio precedente, en lo atinente al rechazo de la cancelación de prenda promovida al incoar la presente acción. Ubicados, pues, en este plano de análisis, ha de convenirse entonces, que el planteo formulado por el recurrente sobre esta cuestión puntual queda huérfana de contenido, configurando por ende su queja, una mera disensión con la sentencia atacada, sin impugnar el pensamiento dirimente que la vertebra.

- De todos modos, dejando de lado esta línea argumental para adentrarme al estudio de la queja, en la especie no pueden eludirse las calidades de vencedor y vencido que pudieron asumir las partes en la presente litis. Así, se entiende que el vencimiento se produce cuando existe "estimación de las pretensiones de un litigante contra su adversario" (conf. Reimundín, Ricardo, "La Condena en Costas en el Proceso Civil", 2ª Edic., Bs.A., Zavalía, 1966, p. 88).

- En el caso de marras, ha de reconocerse que el actor apelante no triunfó en las pretensiones que constituyeran el eje de su demanda, como lo fue el pedido de cancelación del contrato de prenda, y según consta en su escrito promocional (v. fs. 30, Punto II), y ello así como resultado del progreso parcial del reajuste equitativo del precio.

- Se ha dicho que el vencimiento está determinado por la trascendencia del pleito, pero muchas veces las particularidades de cada caso pueden aconsejar soluciones diferentes (conf. Loutayf Ranea, Roberto G., "Condena en Costas en el Proceso Civil", Ed. Astrea, año 1998, p. 53 u sgts.).

- Desde este ángulo, y atento el resultado arribado en el fallo en crisis con relación a las pretensiones de las partes, se impone confirmar las distribución de costas impuestas en un 50% a cada una de las partes, las que, además, por el principio la reformatio in peius no puede procederse a la modificación pretendida, que resulte en perjuicio de la parte contraria no apelante.- - Por tales consideraciones, corresponde desestimar esta porción del recurso.

- d) El actor apela los honorarios regulados al letrado de la parte demandada, por entender que los mismos superan el 25% de la suma reclamada en el juicio, peticionando que los mismos se adecuen a las pautas fijadas por el artículo 505 del Código Civil.

- Al respecto, debe ponderarse que la pretensión incoada, como se viene de decir, radicó en el levantamiento de la prenda que gravaba el rodado adquirido por el demandante, por haberse cancelado, según expresó, el monto total de la deuda.

- Por ello, si tomamos en cuenta como base regulatoria que el monto del citado gravamen era de $ 25.576,00 (criterio ya sostenido por esta Sala "B" en S.D.C. Nº 20/2006), y que los emolumentos regulados al apoderado de la demandada, Dr. J C. S, por su intervención en la demanda, fueron fijados en $ 3.836,40, y si añadimos a los mismos el porcentual establecido para la procuración, que es del 40%, surge sin mayor dificultad que el resultado final al que se arriba no supera el 25% que estipula el plexo normativo sustancial citado.- - Tampoco han de adicionarse al monto indicado, las regulaciones habidas a favor del Dr. S por la reconvención deducida, que el pronunciamiento estipula en $ 500,00 más el 40% por la procuración. Y ello así, por cuanto se entiende que reconvención implica introducir una nueva demanda contra el actor, encontrándose alcanzado, por lo tanto, su tratamiento y dilucidación por los artículos respectivos de la ley arancelaria (arts. 8 y 9 de la Ley 2.200).- - En mérito a lo antedicho, ha de desestimarse el presente agravio.

- Igual suerte, en cuanto a la desestimación de la queja, ha de correr la apelación interpuesta a fs. 228/229 por los letrados de la parte actora, quienes apelan por bajos los honorarios que les fueran regulados en primera instancia.- - Y esto así, por cuanto cuánto la suma de condena determinada en el resolutorio impugnado y correspondiente a la reconvención y en función de lo previsto en el artículo 19 de la ley arancelaria, asciende a $ 2.650,13, y desde este enfoque, tomando en cuenta la labor desplegada por los quejosos, no advierto que los honorarios apelados resulten bajos, como lo pretenden en su escrito de impugnación, por lo que deben confirmarse (arts. 6, 7, 9, 39 y 47 de la Ley 2.200).

- Sobre las mismas pautas, en atención al pretendido monto de cancelación de la prenda, e importe de condena por la reconvención, pondero que los emolumentos regulados el Dr. Julio C. S, no resultan elevados, por lo que también se confirman.

- En conclusión, pues, sobre este tópico recurrido atinente a los honorarios regulados en la anterior instancia, y en virtud de los fundamentos vertidos en este punto d), resulta entonces procedente confirmar los honorarios regulados en el fallo apelado.

- e) Por las razones de hecho y de derecho precedentemente invocadas he de proponer al Acuerdo la confirmación del pronunciamiento recurrido en todo aquello que fuera materia de agravios, con imposición de las costas de segunda instancia al apelante vencido, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), del que no encuentro motivo para apartarme.

- Asimismo, tomando en consideración la labor desplegada en esta Alzada, y por la calidad, extensión, eficacia e importancia de los trabajos realizados, corresponde regular los honorarios de los Dres. M A B y L G G, apoderado y patrocinante del actor, en el 25% del monto equivalente que fuera establecido en la instancia anterior, con más el IVA que pudiera corresponder, y según las pautas dadas por los artículos 14 y 47 de la ley arancelaria.

- Doy por concluida mi intervención, y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

-Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia al apelante vencido; y c) regular los honorarios de los Dres. M A B y L G G, por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.

-Así lo voto.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:- - El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara, por constituir el acuerdo alcanzado por el Cuerpo en todas las cuestiones traídas a su decisión.

- ASÍ LO VOTO.- - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por encontrarse de licencia, en el momento del sorteo, el Dr. Serio Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones; RESUELVE:

- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios;

- IMPONER las costas de segunda instancia al apelante vencido;

- REGULAR los honorarios de los Dres. M A B y L G G, por sus trabajos profesionales de Alzada, en la suma equivalente al 25% de las cantidades fijadas para los emolumentos de la anterior instancia, con más el I.V.A. pertinente.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- l.

Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 62 DE 2006 - SDC.- Conste.-