Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-02-23


FORMOSA,	veintitrés de febrero de dos mil once.

VISTOS:

Estos autos caratulados: "URBIETA, LUIS ANTONIO S/ PREPARACION DE LA ACCION (Inc. Suspensión de la Ejecución) "A ", Expte. Nº 172 - Fº Nº 84 - Año 2010, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto a fs. 28, y CONSIDERANDO:

Que se encuentran estos autos al Acuerdo para resolver el pedido de suspensión de la ejecución de la Disposición Nº 701/10 de la Jefatura de Policía de la Provincia de Formosa, que dispone la cesantía del actor, la declaración en situación de revista Pasiva y en su consecuencia la reducción en un cincuenta por ciento (50%) en la percepción de sus haberes.

Funda su pedido en primer lugar, en el daño grave que le causa la aplicación de la citada disposición por ser la única fuente de ingreso y sustento de su familia. Afirma que el acto administrativo resulta ilegítimo e irrazonable, por carecer de la debida motivación y por un exceso de punición que se exhibe desproporcionado. Seguidamente expone los hechos y razones de porque afirma que ha sido desproporcionada la medida tomada por la demandada, como que dicho acto es nulo por vulnerar disposiciones constitucionales como el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que consagra el principio de estabilidad del empleado público. Insiste en el carácter alimentario de sus haberes que la Disposición cuestionada le cercena, razón por la que considera que es procedente la suspensión de la misma.

Corrido traslado a la contraria, ésta contesta a fs. 25/27 solicitando se rechace la pretensión de la actora con costas. Explica que la Disposición Nº 701/10 ha sido dictada como consecuencia de un sumario administrativo que se le instruyera al actor, que concluyera en su cesantía, pasado en situación de revista pasiva y reducción de sus haberes. Agrega que tratándose de una cesantía, resulta aplicable lo dispuesto en el art. 23 del Código Procesal Administrativo, que expresamente prevé que en casos como el de autos (cesantía), no es procedente la suspensión del acto administrativo; a lo que agrega en el marco de lo dispuesto en el art. 22 del mismo texto legal que, la Disposición Nº 701/10 goza de la presunción de legalidad y principio de ejecutoriedad y que la misma fue dictada por la autoridad estatal en ejercicio de sus propias funciones y reúne todos los requisitos exigidos por la ley, presumiéndose por ello su legitimidad y ejecutoriedad.

Que entrando a resolver el pedido de suspensión de la ejecución de la Disposición Nº 701/10 en el que se decreta la cesantía del actor, no cabe sino su rechazo a poco que se analice el mismo. Y se dice esto, porque, amén de estar la causal de cesantía expresamente excluida en el Código de rito - art. 23 inc. b) - como causa legal que torna improcedente el pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo; el peticionante no explica ni expone argumentos suficientes y fundados para sostener que dicho acto administrativo es nulo en función de lo dispuesto en el art. 22 del Código de Procedimiento Administrativo.

En efecto, si bien afirma que dicho acto administrativo es nulo las razones que expone - afectación de la garantía constitucional prevista en el art. 14 bis y perjuicio económico -, no resultan viables teniendo en cuenta que, los argumentos deben atacar el acto administrativo por tener "prima facie" vicios in indicando o in procedendo que tornarían nula o anulable la Disposición atacada. Tal es lo que dispone el art. 22 del referido cuerpo legal.

Tampoco se hace mención a lo dispuesto en el art. 46 siguientes y concordantes del Decreto Ley 971, que regula las nulidades del acto administrativo, considerando que todo acto administrativo de alcance particular se presume legítimo y ejecutorio, ni su ilegalidad fuere manifiesta (art. 38 y 39 del Dto. Ley 971).

En autos, nada de esto fue demostrado ni alegado, limitándose a sostener que el acto es nulo por afectar la garantía constitucional de la estabilidad del empleado público prevista en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y el perjuicio económico que el acto administrativo le acarrea, siendo ello insuficiente siquiera para entrar al análisis del planteo efectuado. Así el argumento de la proporcionalidad, salvo iniquidad manifiesta, no puede sino ser considerado al examinarse el fondo de la cuestión.

Por otra parte, se destaca que los argumentos que se exponen para sostener el pedido de suspensión, se confunde con la cuestión de fondo que debe ser analizada y resuelta en la acción principal sujeta a probanzas.

Que conforme el análisis precedentemente realizado, no corresponde hacer lugar al pedido de suspensión de la ejecución de la Disposición Nº 701/10 dictada por la demandada, con costas a la actora.

Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores Ministros, Dres. Eduardo Manuel Hang, Carlos Gerardo González, Héctor Tievas, Ariel Gustavo Coll y Claudio Ramón Aguirre, que forman la mayoría absoluta que prescribe el art. 25 de la Ley 521 y sus modificatorias y art. 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el	EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:	1º) No hacer lugar a la suspensión de la ejecución del acto administrativo solicitado por la parte actora a fs. 4/9 de autos.

2º) Imponer las costas a la parte actora (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial).

3º) Regístrese, notifíquese.