Prueba de ADN, Constitución Nacional, sustracción de menores, parentesco, derecho a la identidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: " P.; G. G. s/ apelación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

No existe norma alguna que le otorgue al consentimiento de la persona cuya filiación se cuestiona, la capacidad de impedir la realización de estudios genéticos o la investigación misma de la verdad genética ante requerimientos de terceros que ostentan un interés legítimo (art. 262 del Código Civil). Y es por demás evidente el interés de los familiares de las personas desaparecidas a indagar sobre estos aspectos de aquellas personas que fundadamente se sospeche que son sus nietos sustraídos, como así también la posibilidad de realizar de oficio o a pedido de parte las pruebas biológicas (arts. 251, 253 y 262 del Código Civil). Es que para poder limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el derecho a la intimidad, no alcanza con la mera invocación de que se trata de una investigación penal de un delito grave ni tampoco con señalar que todos los derechos son relativos (Fallos: 312:496). En efecto, Carlos Santiago Nino ha enseñado que "La única consideración que admite una concepción liberal de la sociedad para limitar los derechos es la necesidad de preservar otros derechos. La frontera de los derechos individuales está dada no por otros valores sino por los conflictos de derechos." ("Fundamentos de derecho constitucional", ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, pág. 481). Es por este motivo que, más allá del interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, resulta decisivo para la solución del conflicto tener en cuenta que, paralelamente a los derechos del recurrente, se encuentran en juego el derecho a la protección de la familia de los parientes que aún viven del niño apropiado. Este derecho, además de estar contemplado en el art. 19 de nuestra Constitución Nacional, se encuentra expresamente previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 17), en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 12 y 16.3), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 10.1) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 8). Del voto del Dr. Cavallo al que adhirió el Dr. Freiler con fundamentos propios.), ni procesales. (Del voto del Dr. Cavallo al que adhirió son sus própios fundamentos en Dr. Freiler)A la par del derecho a conocer -o no- su propia y genuina identidad que reside en cabeza de la posible víctima directa de un delito contra la familia, se halla el derecho de los presuntos familiares de esa persona de adquirir certidumbre en torno a los eventuales lazos sanguíneos que podrían unirlos. A ello se suma que los demás integrantes de ese núcleo familiar deben ser vistos también como víctimas de ese accionar criminal, en tanto su estatus jurídico intrafamiliar ha sido atacado por la conducta ilícita, de lo que se sigue su legitimación para dar impulso al proceso que, en alguna manera, restablezca los lazos quebrados. la negativa a conocer su verdadera identidad manifestada por el recurrente no sólo colisiona con el reclamo por parte de los presuntos familiares de conocer sobre sus lazos sanguíneos, sino también con el interés social de establecer de quién se trata en realidad esa persona. (De los fundamentos vertidos por el Dr. Freiler).