Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-16


CORTES, Mario Javier contra ALVAREZ, Nidia Beatriz y otros Reg.: A y S t 205 p 39-41.

Santa Fe, 16 de Febrero del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia 49 del 23 de abril de 2004 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Rafaela en autos "CORTES, Mario Javier contra ALVAREZ, Nidia Beatriz y otros -Laboral- (Expte. 303/03)" (Expte. C.S.J. nro. 339, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. La resolución impugnada confirmó la del Inferior y en consecuencia, rechazó la pretensión del actor enderezada a obtener la indemnización derivada de su despido indirecto.

El impugnante aduce que dicho pronunciamiento es arbitrario toda vez que no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

Sostiene que lo decidido lesiona sus derechos al debido proceso y de defensa en juicio, a la vez que cae en el vicio de arbitrariedad normativa por prescindir de las normas jurídicas aplicables al caso: artículos 90, 99, 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 31 de la ley 24013.

Alega que dichas normas colocan en cabeza del accionado la carga de acreditar la calidad de eventual de la vinculación y pese a ello, la Cámara lo soslaya arribando de tal suerte, a una solución adversa a su pretensión.

Afirma que a pesar de que las cuestiones vinculadas con la valoración de la prueba y material fáctico revisten naturaleza procesal ello no impide lograr la apertura de esta instancia extraordinaria cuando aquella función se ha desarrollado con inexcusable prescindencia de las normas directamente aplicables, causando un gravamen irreparable.

También achaca arbitrariedad a la Cámara por haber construido su razonamiento sobre la base de premisas irrazonables, arribando así a conclusiones ajenas a la ley y sustentadas en la sola voluntad de los Juzgadores. Concretamente, se queja de que la mayoría extraiga conclusiones basadas en las dimensiones del local comercial porque ello es infundado; que se le exija al actor haber requerido la intervención a las autoridades administrativas, previsionales, sindicales o de obra social desde que no existe norma que la imponga; que afirme que la sola prueba testimonial no es bastante para reclamar el cobro de créditos laborales; que constriña al actor el deber de convocar como testigos al resto de los empleados de la accionada; o al apoyarse fundamentalmente en la testimonial de Ovejero -quien dio claras muestras de querer favorecer al accionado-.

La Cámara denegó la concesión del remedio extraordinario intentado por lo que el perdidoso ocurrió en forma directa ante esta sede.

2. Si bien el quejoso achaca al decisorio carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, del desarrollo de los agravios, en confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que no obstante la tacha de arbitrariedad, en los planteos del perdidoso prima la disconformidad con lo resuelto por los Juzgadores en ejercicio de funciones propias, sobre cuestiones de prueba y derecho común -Ley de Contrato de Trabajo- que escapan a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad.

El recurrente no está conforme con la valoración de la prueba rendida en autos, con las consideraciones vertidas por los integrantes del Órgano jurisdiccional que formaron mayoría sobre los extremos fácticos antecedentes del litigio -en orden a delimitar si en la relación laboral que vinculaba a las partes las tareas efectuadas por el actor importaban la existencia de un contrato de trabajo de plazo indeterminado de tipo eventual- ; ni con la interpretación asignada a las normas contenidas en el régimen de contrato de trabajo, en orden a la procedencia de los reclamos indemnizatorios perseguidos. Sin embargo, tal disconformidad no acarrea sin más la descalificación del pronunciamiento.

En efecto, sucintamente, la inteligencia del decisorio recurrido es que las probanzas aportadas por la accionada -que analizó individual y conjuntamente- permitían concluir que, efectivamente, la vinculación entre las partes había sido de tipo eventual y que "las discordantes y endebles razones de los dichos (de los testigos aportados por el actor) obstan,...para con esta sola prueba tener por desvirtuado el plexo probatorio del demandado..." (Cfr. f. 16).

A esta línea conceptual opone el recurrente su propio enfoque del caso, sosteniendo que su vinculación con la accionada fue de tipo permanente, y que si el Tribunal -en su voto mayoritario- no reconoce tal calidad es porque omite aplicar la normativa pertinente que impone la prueba por escrito y en cabeza de la demandada y porque valora las demás probanzas reunidas en forma irrazonable.

Sin embargo, no se advierte que la Cámara haya omitido ponderar que la prueba del carácter eventual del contrato pesaba en cabeza de la accionada -de acuerdo a las disposiciones de la L.C.T.- sino que, antes bien, tal como se adelantara, ponderó los elementos de confirmación ofrecidos por ésta -constatación del espacio físico, personal y puesto de trabajo; testimoniales- y los juzgó suficientes a fin de acreditar tal modalidad.

Y frente a esa inteligencia, la simple referencia de la actora a que los Juzgadores habían omitido aplicar la normativa pertinente aparece insuficiente para lograr la descalificación de lo resuelto pues no acredita que hubiese prescindido de los preceptos de la Ley de Contrato de Trabajo ni que, efectivamente, el supuesto de autos haya sido de aquellos en los que se exigía la forma escrita por la ley 24013 (adviértase además, que tampoco efectúa ninguna alusión a las proyecciones que sobre el punto pudo revestir la ley 25013), ni con qué alcances se imponía tal formalidad.

El resto de los reproches -que versan sobre la fuerza convictiva de las pruebas reunidas- también habrá de desestimarse desde que no se advierte -como pretende el impugnante- que se le hayan impuesto actividades probatorias o recaudos que la ley no le exige sino que tales argumentos fueron utilizados por el Tribunal para corroborar la conclusión alcanzada con apoyo en las probanzas.

En suma, el acierto o error con que los Juzgadores fallaron la causa y la mera discrepancia que denota el perdidoso en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los Tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)