Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 11 de 2007.

Y VISTOS:

Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 310/313 por la Dra. Claudia Barcia -cotitular de la Fiscalía CyF Nº 11- contra la sentencia obrante a fs. 303vta./304 dictada con fecha 16 de mayo de 2007 por la Dra. María Martínez Vega -titular del Juzgado CyF Nº 11- en cuanto absuelve a Carlos Alberto Oniszczuk en orden a la contravención en virtud de la que fuera acusado.

Articula la presentación en torno a la errónea valoración de la prueba en tanto la sentenciante se habría apartado de las constancias obrantes en la causa de las cuales -a juicio de la recurrente- surge evidente la materialidad infraccionaria y la intervención del imputado. En esa dirección peticiona se revoque el fallo absolutorio (fs. 310/313).

A fs. 346/vta. el Sr. Fiscal ante la instancia sostiene los términos del recurso planteado.

Corrido el traslado de rigor, el Dr. A. G. -cotitular de la Defensoría Contravencional y de Faltas nº 2- contesta la vista afirmando que su asistido "...ha sido correctamente absuelto por la Magistrada de grado, toda vez que la prueba producida a lo largo del debate no ha permitido, con el grado de certeza necesario, determinar su autoría respecto del hecho acaecido el 7 de marzo de 2006" (fs. 351/352).

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en condición de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I- En primer lugar, cabe destacar que el remedio incoado por el Sr. Fiscal cumple con los requisitos de admisibilidad, toda vez que fue interpuesto por quien tiene legitimación procesal para hacerlo (impugnabilidad subjetiva), está dirigido contra una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), contiene fundamentación autónoma y razonada, y fue introducido dentro del plazo legal ante el juez de la causa. Resulta así formalmente procedente a la luz del art. 50 de la ley Nº 12 y de los agravios invocados en tanto constituye materia revisable por esta instancia con los alcances y las limitaciones que señaláramos en anteriores pronunciamientos.

II- Dicho ello se encuentra abierto el camino para analizar la decisión de fondo a la luz de los agravios articulados por el representante del Ministerio Público Fiscal.

La Magistrada de mérito sustenta la sentencia absolutoria expresando que el núcleo de la cuestión se refiere a la autoría del encartado y es en tal sentido que "...ninguno de los testigos que ha depuesto en la presente audiencia ha vinculado los hechos ventilados en autos con el Sr. Oniszczuk (...), la certificación de fs. 50 no puede ser vinculada con el cartel que fuera secuestrado en oportunidad del allanamiento efectuado sobre el local el día 9 de marzo de 2006. Tampoco se solicitó, en oportunidad de ser requerida la causa a juicio, la incorporación por lectura de la presentación de Oniszczuk de fs. 51/52, por lo que tampoco puede vincularse la misma con la condición de responsable de las actividades desarrolladas en el local que le adjudica la Sra. Fiscal. Sin perjuicio de ello, debe recordarse que este tribunal en su momento, consideró que dicha presentación no bastaba para acreditar el vínculo jurídico de Oniszczuk con el local (cfr. fs. 55). Ninguna prueba se incorporó que acreditase siquiera mínimamente la relación del imputado con la organización del juego clandestino los días imputados, sólo se relató por parte de los testigos los procedimientos policiales sin vincular en momento alguno al acusado o reconocerlo como quien se encontraba al frente del negocio o era su dueño" (ver fs. 303vta./304).

Frente a ello, el impugnante embate la conclusión absolutoria con los argumentos relativos a las siguientes cuestiones: 1) lo expuesto por el principal Adrián Espósito en relación al cartel con el nombre de Carlos y un número telefónico; 2) el testimonio de la apostadora María Felicitas en tanto se habría referido a que se presentó una persona que cree era el dueño; 3) lo expresado por el Sr. Diego Darío González en cuanto recordó que fue testigo del procedimiento; 4) el reconocimiento de los efectos que fueran secuestrados de parte del Sr. Rodrigo Villafañez; y 5) el informe de Lotería Nacional Sociedad del Estado, del cual se desprende que dicho local no se encuentra registrado, como así también del informe de la dirección General de Habilitaciones y Permisos surge que el titular de la habilitación es el Sr. Roberto Agustín Stirpari. Como es obvio, remite dicho recuento a la materialidad del hecho para a continuación referirse en concreto a la auténtica cuestión objeto de debate, la autoría del Sr. Carlos Alberto Oniszczuk.

En esa dirección, enfatiza: 1) en primer lugar, cuando el principal Espósito labró el acta que luce a fs. 24, al momento de constituirse en el local , plasmó en el acta que el Sr. Carlos Alberto Oniszczuk se hizo presente en el lugar y dijo ser el dueño del mismo; 2) las manifestaciones de la Sra. Espínola en la audiencia de juicio en torno a que el día del hecho en el local se presentó una persona que dijo ser el dueño; 3) la aparición entre los elementos secuestrados de un cartel blanco con letras negras que reza "Reclamos y quejas, Sr. Carlos TE 15-...", dato este que la Sra. Fiscal propone como revelador de la situación jerárquica establecida en la organización del juego clandestino; 4)la declaración en los términos del art. 41 LPC del imputado en cuanto entre los datos personales que surgieron se encuentra su número de teléfono celular coincidente con el del cartel; 5) lo expresado por Mónica Beatriz Curbelo quien fuera condenada por el hecho acaecido el día 7 de marzo de 2006, empleada del lugar, en el sentido de que cuando entró la policía al local llamó a la persona que la empleaba y que le daba órdenes, el Sr. Carlos Oniszczuk que era el encargado, de pagar los premios (ver fs. 312/vta.).

A continuación de dicho recuento el representante del Ministerio Público Fiscal embate el argumento de la Jueza de grado consistente en la no incorporación por lectura de la presentación del imputado de fs. 51/52 que imposibilita su valoración, en razón de que según lo estipulado en el art. 388 del Código Procesal Penal el Tribunal puede ordenar, durante el curso del debate, la recepción de medios de prueba ya conocidos que se hicieren indispensables, lo cual -concluye- debió concretar la Magistrada con motivo del alegato. Finalmente encuadra el caso -desde el punto de vista dogmático- en uno de coautoría vertical en desnivel con autores mediatos y directos.

Resulta sobreabundante decir que es la sentencia el objeto del presente control jurisdiccional y no lo ocurrido durante el debate, respecto del cual el Tribunal no tuvo inmediación, sino las meras constancias de un acta escrita, parcial y necesariamente selectiva.

Ahora bien, basta leer el acta de audiencia para obtener la impresión de que el debate giró en torno a la actividad comercial del local individualizado pero en manera alguna aparece vinculada con el encartado en autos. Sin pretender con ello escriturizar el proceso por mandato constitucional oral y público, no puede dejarse de resaltar el hecho de que la producción probatoria en la instancia de debate -propia para ello-, únicamente versó sobre la materialidad del suceso y no en lo atinente a la intervención efectiva del imputado.

En ese sentido, asiste razón a la Magistrada de grado cuando concluye según libre convicción explícita que ninguna prueba se incorporó que acreditase siquiera mínimamente la relación del imputado con la organización del juego clandestino los días en cuestión, sólo se relató por parte de los testigos los procedimientos policiales sin vincular en momento alguno al acusado o reconocerlo como quien se encontraba al frente del negocio o era su dueño (fs. 303vta. in fine).

En concreto, se incorporaron por lectura: la denuncia de la Dra. O. de fs. 2/18; copia de la plancheta de habilitación de fs. 27; certificación de fs. 31vta./32; orden de allanamiento de fs. 44/44vta.; sobre de fs. 47; certificación de fs. 49/vta; informe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de fs. 70/81; efectos secuestrados conforme certificación de fs. 31/32 y de fs. 49/vta., documentos todos ellos de los cuales no se desprende vínculo cierto ni certero entre los hechos objeto de proceso y el Sr. Carlos Oniszczuk.

Respecto de los testimonios producidos durante la audiencia no se llega a resultado más prometedor: 1) la testigo Espínola se limitó según consta en acta -y sin cuestionamiento ni crítica a su veracidad de parte del órgano acusador- a afirmar que se presentó una persona que cree que era el dueño; 2) el testimonio de González no agrega nada; 3) la declaración de Rodríguez Villafañez tampoco suma elemento alguno de relevancia respecto a la intervención del encartado en el hecho; 4) finalmente Espósito reconoce los efectos secuestrados, entre ellos, el cartel que dice Carlos junto a un número telefónico. En el debate no se introdujo legítimamente ningún elemento de convicción más. Precisamente lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal durante los alegatos y posteriormente en la presentación recursiva, referente a la certificación de Secretaría de fs. 50 y a la presentación de fs. 51/52, no tiene ningún valor probatorio por cuanto no fue incorporado, producido, ni objeto de discusión en el juicio oral, público y contradictorio. Y por otro lado, así como le fue vedado considerarlo a la Jueza de mérito con mayor razón dicha restricción se aplica a la instancia de alzada puesto que no debe olvidarse que el proceso jurisdiccional si bien es de conocimiento, sobre todo es reglado. Ciertos principios constituyen la base de ese carácter: "la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales durante la audiencia que incorpora el conocimiento para la discusión y decisión del caso (inmediación), la expresión oral de los actos (oralidad), la falta de interrupción de la audiencia del debate (continuidad) y la realización en ella de todos los actos necesarios para concluir (concentración), y, por último, la imposición de que los únicos actos idóneos para fundar la sentencia son aquellos incorporados al debate y de que los únicos jueces habilitados para emitir el fallo son los que presenciaron íntegramente la audiencia (identidad física del juzgador). Se agrega, además, la publicidad de la audiencia." (Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, I Fundamentos, Ed. del Puerto, pág. 878) Sólo resta entonces analizar el argumento en torno al artículo 388 del CPPN en tanto el representante del Ministerio Público Fiscal considera que la prueba no incorporada al debate debió ser introducida de oficio por la Magistrada una vez constatada su necesariedad. Es en ese punto que no debe olvidarse que la aplicación supletoria de dicho cuerpo normativo debe enmarcarse en el sistema acusatorio (1) que por mandato constitucional (art. 13 CCABA) y del código sustantivo -al establecer su marco normativo de aplicación- (art. 3 CC) rige en el ámbito local. En efecto, vulneraría el principio básico de separación de las funciones requisitorias y decisorias el proceder que el impugnante manifiesta debería haber seguido la Jueza de mérito especialmente cuando la prueba en cuestión es evidentemente "de cargo" y no existió impedimento alguno para que el órgano acusador requiriera su introducción como materia de juicio, en tanto era conocida en sí misma y en cuanto a su potencial importancia. Por lo demás, y sin perjuicio de lo anterior, la sentenciante expuso los motivos por los cuales tampoco dicha prueba resultaba relevante a los fines de verificar la efectiva intervención del imputado en el hecho endilgado los cuales no fueron rebatidos ni siquiera a modo de intento por la Sra. Fiscal.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE CONFIRMAR la sentencia de fs. 303vta./304 en cuanto ABSUELVE a Carlos Alberto ONISZCZUK de las demás condiciones obrantes en autos por el hecho por el cual fuera acusado, SIN COSTAS, en tanto constituyó materia de agravio.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a primera instancia donde deberán practicarse las notificaciones restantes. Sirva el presente de muy atenta nota de remisión. La Dra. Marcela De Langhe no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. - Fernando Bosch. - Pablo A. Bacigalupo.