Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 391	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Municipalidad de San Miguel de Tucumán vs. Empresa Leader House s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 146 a 156 vta.) contra la sentencia Nº 681 del 18 de diciembre de 2009 (fs. 139 a 140 vta.) -y su aclaratoria Nº 98 del 13/4/2010 (fs. 161 y vta.)- dictadas por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, por la que se revoca el punto segundo de la sentencia Nº 3759 del 27 de octubre de 2008 del Juzgado de Cobros y Apremios de la I Nominación (fs. 107 a 108 vta.), no haciendo lugar, en consecuencia, a la excepción de prescripción opuesta por la demandada y ordenando llevar adelante la ejecución seguida por la actora Municipalidad de San Miguel de Tucumán en contra de Empresa Leader House. Corrido el traslado previsto en el art. 751 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en delante C.P.C.C.T.) y contestado el mismo (fs. 168 a 170 vta.), el recurso fue concedido por sentencia Nº 357 de fecha 27 de septiembre de 2010 (fs. 174), del referido Tribunal de Alzada.

II. En el decisorio impugnado se relata que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán promovió, por la vía de apremio, la ejecución de una multa impuesta al demandado -Empresa Leader House- por el Tribunal Municipal de Faltas, conforme boleta de deuda agregada a fs. 5. El accionado opuso excepciones de inhabilidad de título y prescripción, siendo -en la instancia de grado- rechazada la primera y acogida la segunda.

Por la forma y contenido del recurso de apelación, la decisión de la Alzada se circunscribió al análisis de la resolución recaída sobre la excepción de prescripción, ya que el único apelante fue el actor y su interés se ajustó a lo decidido sobre esa defensa.

Explica el Tribunal a quo que la sentencia de grado hizo lugar a la excepción de prescripción, aplicando el Código de Faltas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (Ordenanza Municipal N° 758/82, con su modificatoria Ordenanza Nº 2552/97) que establece en dos años el plazo de prescripción de la sanción en materia de contravenciones municipales desde que quedó firme la sentencia administrativa, y como surgiría de las constancias de autos, en especial de la boleta de deuda (fs. 5), la última notificación efectuada a la demandada data de fecha 24/04/04 (rectius 20/4/2004) y es desde ésta fecha que debería contarse el curso de la prescripción, según la consideración efectuada en el pronunciamiento de grado.

Se expone en el decisorio controvertido que la resolución de primera instancia en virtud de lo dispuesto por los arts. 24, 25, 27 y 28 del Código Civil, interpretó que los dos años vencían a la medianoche (24 hs.) del 24/04/06 y siendo que la interposición de la demanda judicial fue efectuada en fecha 11/09/06, según surge del cargo fechador de Mesa de Entradas, después de -supuestamente- vencido el plazo de dos años, la prescripción liberatoria se habría operado, según la lógica seguida por el decisorio oportunamente apelado.

Luego de citar el art. 32 del Código de Faltas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (en adelante C.F.M.) señala, la sentencia ahora impugnada, un listado (acompañado por la actora, y agregado a fs. 2 a 4) de donde surgirían distintas infracciones cometidas por la empresa Leader House, en las fechas allí consignadas, efectuando -la Alzada- el siguiente detalle de las contravenciones imputadas a la accionada, a saber: "1.- infracción contenida en la boleta de deuda de fecha 17/10/03; 2.- falta de empadronamiento y habilitación de fecha 16/09/03; 3.- ampliación sin permiso de fecha 09/03/04; 4.- materiales de construcción en vereda de fecha 21/04/05; 5.- construir sin permiso de fecha 03/08/06".

Considera el Tribunal de segunda instancia que la sentencia apelada no se encontraba ajustada a derecho, citando un precedente de la propia Sala a quo por el que se juzgó que "el art. 32 del C.F.M. prevé expresamente el momento en que debe comenzar a computarse el plazo, según se trate de la prescripción de la acción o de la sanción. Respecto de la primera, el punto de partida es la fecha en que se cometió la falta. Respecto de la sanción, desde que quedó firme la sentencia". Agregando, que el mismo art. 32 dispone en su último párrafo que "el curso de la prescripción no se iniciará mientras subsistan el hecho u omisión constitutivos de la falta".

Juzga la sentencia -cuya casación se pretende- que según surge del instrumento de fs. 5, la sanción en éste caso fue impuesta por "excavación sin permiso municipal", siendo ello así, resultaría evidente -según el razonamiento de la resolución impugnada- que el hecho constitutivo de la falta subsiste, ya que el ejecutado no acreditó ni invocó haber obtenido la autorización o aprobación respectiva, por lo que el plazo de la prescripción no habría comenzado su curso; citando otro antecedente jurisprudencial de la propia Sala, en apoyo de tal tesitura.

III. Ante ello, la demandada interpone recurso de casación. Luego de transcribir parcialmente el fallo de primera instancia y un resumen de los argumentos vertidos por el actor en su apelación, concluye in extenso -el impugnante- que los agravios desarrollados en dicho recurso ordinario habían constituido solo una reiteración de los argumentos expuestos en la demanda y, por tanto, objeto de definición y completo tratamiento en el fallo de primera instancia.

Enseguida de transcribir las consideraciones más importantes del pronunciamiento cuyo tratamiento ocupa a este Máximo Tribunal, el recurrente manifiesta que el sentenciante ha incurrido en una errónea aplicación de lo dispuesto en el art. 32 in fine del C.F.M..

En primer lugar, explica el impugnante que la hermenéutica confeccionada por el Tribunal de Alzada del art. 32 del cuerpo normativo recién referido es correcta, en cuanto distingue que el plazo de prescripción de la "acción" comienza a correr desde que se cometió la falta, en cambio, en el caso de la "sanción" lo es desde que quedó firme la sentencia. Con base en dicho criterio, considera el quejoso que la prescripción se habría operado, en tanto la última notificación de la sanción firme de la multa impuesta data del 20/4/2004, habiendo transcurrido más de dos años desde dicha fecha hasta el momento de la promoción de la demanda de autos. En segundo lugar, interpreta el recurrente que el solo hecho de que la falta "excavación sin permiso municipal" subsista, no evita que la "sanción" ya exista, y que por ello el plazo de prescripción de la misma deba comenzar a computarse desde que la misma se encuentra firme. Entiende el agraviado que la afirmación principal de la sentencia controvertida sería válida si se refiriese al plazo del cómputo de prescripción de la "acción", y si no existiera sanción impuesta y firme, como acontece en la especie. Así, a criterio del accionado, existiendo sanción firme, resulta irrelevante que el hecho u omisión constitutivo de la falta subsista o no, a los fines del cómputo de la prescripción.

En tercer lugar, considera el impugnante que el sentenciante efectuó una indebida aplicación del ex art. 308 (actual 302) del C.P.C.C.T., ya que a criterio del demandado, correspondía al actor (es decir, a quien alegó la existencia de un hecho interruptivo de la prescripción) la carga de probar el mismo con instrumentos idóneos a tal fin; manifestando -el contradictor- que no era a la parte accionada a quien le correspondía dicha carga probatoria, citando precedentes de esta Corte en supuesto apoyo de su postura y jurisprudencia del Tribunal sentenciante. IV. Descriptos los agravios en que se sustenta el presente recurso, corresponde tratar la admisibilidad de la impugnación tentada.

El recurso ha sido interpuesto en término (cfr. cargo actuarial de fs. 156 vta.), se dio cumplimiento con el depósito que exige el art. 752 del C.P.C.C.T. (fs. 145), y si bien está dirigido contra sentencia dictada en un proceso de apremio, la misma reviste naturaleza definitiva (art. 748 inc. 1 del C.P.C.C.T.) en tanto rechaza la excepción de prescripción opuesta, lo que no podría ser replanteado por el recurrente en ulterior proceso (CSJTuc., sentencia Nº 454 del 09/08/1994 en "Gobierno de la Provincia vs. Compañía Argentina de Teléfono S.A. s/Ejecución fiscal"), con lo que se cumple la exigencia del art. 749 de la ley ritual. El escrito recursivo se basta a sí mismo, haciendo una relación completa de los puntos materia de agravio, adecuándose a las exigencias de los arts. 751 y 752 del C.P.C.C.T.; se ha propuesto doctrina legal y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción de normas de derecho, por lo que el recurso deviene admisible.

V. Preliminarmente, se advierte que la sentencia recurrida -integrada con su aclaratoria (sentencia Nº 98 del 13/4/2010, obrante a fs. 161 y vta.)- ordena llevar adelante la ejecución en contra de la "Empresa Leader House". De la compulsa de las actuaciones obrantes en el expediente no surge que dicha firma revista el carácter de persona jurídica, sino que -en realidad- sería el nombre comercial (de fantasía) de una empresa unipersonal de Sr. Nicolás Andrés Buscetto. El propio Buscetto así lo reconoce en su primera presentación (fs. 45), al manifestar que es "titular de la empresa de intermediación inmobiliaria que gira en plaza bajo el nombre comercial Leader House." (sic), lo que se corrobora con la solicitud de empadronamiento agregada a fs. 40.

Asimismo, se observa que, durante el iter procesal, distintas notificaciones han sido cursadas a la persona física de "Nicolás Andrés Buscetto" (fs. 89, 100, 107, 109, 129 etc.), y en otros casos se agregó, a continuación del nombre del accionado, la expresión "titular empresa demandada" (fs. 141), mas en la parte resolutiva del pronunciamiento atacado se hizo lugar a la ejecución contra "Empresa Leader House". Resulta claro que lo recién destacado no constituye una problemática de legitimación pasiva, puesto que "quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada) son quienes deben figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad" (CSJTuc., sentencia Nº 714 del 29/7/2009, en "Círculo Médico del Sur vs. SENYP S.R.L. s/Cobro ejecutivo"; sentencia N° 859 del 15/10/2001, en "Melian Juana Florencia vs. Castro Rosa Lidia y otros s/Desalojo"), es decir media en autos la debida "coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a los cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa" (cfr. Palacio, Lino E, Derecho Procesal Civil, t. 1, ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1990, p. 406; ídem CSJTuc., sentencia Nº 953 del 06/12/1999, en "Ladetto Juan Carlos y otro vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso administrativo"; sentencia Nº 399 del 28/5/2001, en "Aybar Critto Jorge Horacio vs. D.I.P.O.S. Residual y otro s/Daños y perjuicios"). Se trata, entonces, de un inocuo equívoco material del sentenciante, como derivación de una incompleta descripción de la persona del ejecutado, resultando entendible que la condena ha sido dictada contra el "titular" de la Empresa Leader House, a pesar de la poco precisa expresión utilizada por el Tribunal de Alzada.

VI. Corresponde, en consecuencia, examinar la procedencia de la vía impugnativa pretendida, confrontándola con la sentencia en crisis y el derecho aplicable al caso.

1. Las dos primeras argumentaciones del recurrente, orientadas a demostrar que existiendo sanción administrativa firme resulta irrelevante -a los fines del cómputo de la prescripción liberatoria- que el hecho u omisión constitutivo de la falta subsista o no, devienen improcedentes.

El art. 32 del C.F.M. (con la modificación introducida por Ordenanza Municipal Nº 2552/97) establece: "La acción prescribe a los 2 (dos) años de cometida la falta. La sanción prescribe a los 2 (dos) años de quedar firme la sentencia o de quebrantado el arresto.

La prescripción de la acción y de la sanción se interrumpen por la comisión de una nueva falta y por la secuela del juicio.

El curso de la prescripción no se iniciará mientras subsistan el hecho u omisión constitutivos de la falta".

Circunscribiendo al análisis del artículo transcripto en relación al objeto de la vía impugnativa impetrada, es dable precisar que una recta interpretación del dispositivo legal impone diferenciar los supuestos contemplados en el segundo y en el tercer párrafo de dicha norma. Mientras uno establece las causales de interrupción de la prescripción liberatoria, tanto de la acción como de la sanción; el otro regula acerca de la hipótesis de diferimiento del inicio del plazo de la prescripción, o sea del dies a quo a partir del cual se pone en movimiento el mecanismo de la prescripción, cuando subsiste el hecho u omisión constitutivo de la falta. En la lógica del impugnante, el tercer párrafo solo contemplaría el supuesto de aplazamiento del dies a quo de la prescripción de la "acción" y no así de la "sanción", y basado en tal inteligencia es que considera que la "sanción" que se ejecuta en el presente se encontraría prescripta, ya que el cálculo de la misma habría comenzado a correr cuando quedó firme dicha sanción, sin que resulte viable postergar el inicio del cómputo de la prescripción, por la supuesta subsistencia de la falta, ya que tal posibilidad -según el raciocinio del contradictor- no sería aplicable al sub discussio.

El dogmatismo del fundamento recursivo y la técnica legislativa utilizada en el dispositivo en cuestión, no justifican la descalificación del criterio sentado por el Tribunal de Alzada, que no efectúa el distingo normativo ahora propuesto por el recurrente. En este sentido, se observa que tanto el primero como el segundo párrafo del art. 32 del C.F.M., al regular el plazo de prescripción y las causales de interrupción de la misma, expresamente aluden a la prescripción de la "acción" y de la "sanción"; por lo que pretender interpretar que el tercer párrafo solo se ciñe al primero de los dos casos, implicaría introducir una distinción no formulada por el legislador (arrogándose indebidamente el juzgador -en ese caso- el papel del anterior) y, a su vez, conllevaría una distorsión en la exégesis y teleología de la norma; razones por las cuales el argumento sentencial no luce arbitrario ni irrazonable, al menos ante la insuficiente fundamentación esgrimida por el contradictor, lo que descarta la admisión de ésta reflexión impugnativa. Esta Corte ha dicho que "corresponde distinguir los supuestos fácticos según se trate de haber recaído condena (hipótesis del caso) o de la continuación del trámite del proceso. En un caso regirán las normas sobre prescripción de la pena y en el otro las de prescripción de la acción" (cfr. sentencia Nº 243 del 30/4/2008, en "Provincia de Tucumán vs. Sancho Miñano Germán s/Cobro ejecutivo"; y su cita CSJN sentencia del 02/10/2007 en "Bossa, Edgardo Gustavo", La Ley 18/10/2007, 7 y DJ 28/11/2007, 902), ello refuerza lo antes considerado, si se toma en cuenta que "para determinar si en un caso dado la acción o la pena están prescriptas, en primer término el intérprete debe recurrir a la ley respectiva, pues ésta suele contener alguna disposición al respecto" (cfr. Marienhoff Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, t. IV, sumario n° 1556, ed. Abeledo-Perrot, 6ta. ed., 1997; en el mismo sentido: Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, t. V, p. 321 y 325); y ello es lo que se verifica en el juicio interpretativo consumado por el a quo, en tanto recurrió a los términos -claros e indefectibles- del art. 32 del C.F.M.; razón por la cual el razonamiento sentencial no deviene descalificable en este punto.

2. Ahora bien, el último agravio del impugnante dirigido a cuestionar la indebida aplicación que del actual art. 302 (ex art. 308) del C.P.C.C.T. hizo el sentenciante, merece ser receptado en su fundabilidad. Efectivamente, el pronunciamiento controvertido centra su argumentación en la infundada convicción de que el hecho constitutivo de la falta que dio lugar a la sanción subsistió luego de ésta, entendiendo injustificadamente -el decisorio recurrido- que es el ejecutado quien debe acreditar haber obtenido la autorización o aprobación para excavar; y así, ante tal déficit probatorio -incorrectamente- imputado al accionado, el plazo de prescripción no habría comenzado su curso. De dicha consideración se desprende una inexacta hermenéutica de la norma procesal recién referida, en tanto importa una indebida inversión de la carga probatoria de las partes. Ciertamente, quien debe acreditar la existencia de un hecho interruptivo, suspensivo, de dispensa o -en este caso- de diferimiento del comienzo del término de la prescripción, es la parte que lo alega y que con él se beneficia; y que en el caso de autos no es otro que el propio actor. Dicho en otras palabras, quien afirmó que el hecho constitutivo de la falta subsistía e invocó como fundamento de su pretensión la existencia del presupuesto fáctico previsto en el tercer párrafo del art. 32 del C.F.M. fue la ejecutante, por tanto es a ésta a quien le incumbe dicha carga probatoria, -por cierto- insatisfecha en autos. En este sentido ha sostenido que "a partir de la redacción del art. 308 del CPCC (cfr. ley n° 6904), nuestra provincia adoptó el sistema predominante en la mayoría de los códigos procesales del país como así también en la doctrina nacional y comparada, que asigna la prueba atendiendo a la posición en que se encuentra cada una de las partes con respecto a la norma jurídica cuyos efectos le son favorables en el caso concreto (cfr. Lino E. Palacio, "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., tomo IV, pág. 368). Para esta teoría, elaborada desde la doctrina alemana por Rosenberg, no interesa la condición de actora o demandada asumida por cada parte, ni la naturaleza aislada del hecho, sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de manera que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos (cfr. Lino E. Palacio-Adolfo Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1994, tomo 8, pág. 92)" (sentencia Nº 841 del 01/11/2010, en "Toledo Jesús Pablo Antonio vs. Municipalidad de Simoca s/Cobro de pesos"). De las constancias obrantes en la causa no es posible deducir -fundadamente- la suficiente acreditación de la subsistencia de la falta que dio lugar a la sanción, razón por la que la causal de postergación del dies a quo de comienzo de la prescripción, no ha quedado debidamente probada en el sub iudice; ergo resulta de aplicación al presente, el primer (y no el tercer) párrafo del art. 32 del C.F.M. Consecuentemente, tomando en consideración que de la boleta de deuda (fs. 5) surge que la notificación de la sanción data del 20/04/2004, la misma habría quedado firme luego de transcurridos los tres días hábiles previstos para la interposición del recurso de apelación del art. 62 del C.F.M. (con la reforma introducida por la Ordenanza Municipal Nº 562/85), es decir, el día 26/4/2004 (ante la posibilidad de efectuar dicha apelación con cargo extraordinario), siendo a partir de las veinticuatro horas de ese día (o lo que es lo mismo, a las cero horas del día siguiente) cuando comenzó a correr el plazo de dos años de prescripción, el que, en consecuencia, habría vencido el 27/4/2006 a las cero horas. Aún cuando existe una exigua e insustancial diferencia de tres días, entre la fecha recién indicada y aquella consignada -como de cumplimiento del término de prescripción- en la sentencia de grado (fs. 107 a 108 vta.), lo cierto es que la prescripción liberatoria se había operado con mucha anterioridad a la fecha de promoción de la demanda (11/9/2006), lo que justifica la procedencia de la defensa de prescripción oportunamente opuesta.

3. No obsta a lo concluido, la existencia de un "listado de donde surgirían las distintas infracciones cometidas por la empresa Leader House" acompañado por la actora (fs. 2 a 4), al que hace referencia y transcribe la sentencia impugnada. Es que, dicha constancia no debe ser evaluada a la luz del supuesto previsto en el tercer párrafo del art. 32 citado, sino que tiene que valorarse como eventual causal de interrupción de la prescripción de la sanción (segundo párrafo de la aludida norma); análisis éste forzoso -aún en esta instancia- por aplicación del principio iura novit curia, ya que si bien el art. 3964 del Código Civil instituye que la invocación de oficio de actos interruptivos de la prescripción se encuentra prohibida (SCBA, 2/6/92, DJBA, 143-4634), "no es violatorio de esa prohibición establecer el dies a quo, toda vez que el juez, actuando sobre el correspondiente derecho invocado, determina cómo debe ser aplicado recurriendo para ello a un hecho que forma parte de la acción" (Bueres Alberto y Highton Elena, Código Civil, t. 6B, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001, p. 624), que es lo que fue objeto de discusión en el sub examen.

Cabe remarcar, entonces, que debe distinguirse adecuadamente entre la "subsistencia del hecho constitutivo de la falta", como causal de postergación del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la sanción, y la "comisión de una nueva falta" como productora de interrupción de la misma; no resultando la instrumental ut supra indicada (fs. 2 a 4) subsumible en el primer supuesto por las razones apuntadas, ni tampoco útil como prueba adecuada a los fines de constituirse como causal suficiente de interrupción de la prescripción.

La interrupción o suspensión de la prescripción -y por analogía a pari la postergación del dies a quo- debe ser debidamente alegada y apropiadamente probada por el actor, que es quien pretende destruir la presunción en su contra que genera el mero paso del tiempo (Rezzónico, Luis M., Estudio de las Obligaciones, t. II, Depalma, Buenos Aires, 1961, p. 1136); y evidentemente el denominado "listado de causas para control" (fs. 2 a 4) carece de la eficacia para constituirse como fehaciente prueba de tal extremo, ya que -con tal documento- solo nos encontramos en presencia de una mera indicación difusa de supuestas actas de infracción labradas contra la accionada, no habiendo quedado acreditado -lo que incumbía a la actora- la suerte corrida por dichos procedimientos, y si han finalizado en sanciones firmes o no. Es que, para que la comisión de una nueva infracción surta los efectos previstos en el segundo párrafo del art. 32 de la C.F.M. resulta necesario que exista -cuanto menos- la comprobación del procedimiento o acto administrativo pertinente de donde pueda demostrarse, con indubitable certeza, la existencia de la nueva falta cometida.

Dicha certidumbre evidencial -de la comisión de la causal interruptiva- no puede extraerse del listado referido (fs. 2 a 4). Es tan así, que para un importante sector de la dogmática penal actual, a la que cuadra recurrir por la naturaleza punitiva de las sanciones pecuniarias -multas- impuestas por la Administración (Fallos: 156:100; 184:162; 239:449; 267:457; 287:76; 289:336; 290:202; 184:417; 202:293; 235:501; 287:76; 289:336; 290:202; ídem CSJTuc., sentencia Nº 540, del 11/6/2009 en "Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo I.P.L.A. vs. Amado Jorge s/Cobro ejecutivo"; en similar sentido puede verse CSJTuc., sentencia Nº 642 del 08/9/2010, en "COPAN Cooperativa de Seguros Ltda. s/Recurso de apelación", refiriéndose al caso puntual de las sanciones que impone la autoridad de aplicación de la ley 24.240, esta Corte ha admitido que las mismas tienen una indudable finalidad retributiva o represiva que se encuentra conceptualmente más cercana al ámbito de lo contravencional que de lo administrativo), deviene imprescindible -a los efectos que nos ocupa- la certeza de la comisión de la falta (C. Nac. Penal Económico, Sala B, 2/07/2002, "R., A.A. y otros, JA 2002-IV-710; ídem Sala B, 12/9/97, "Pita Gustavo B", entre otras), exigiéndose incluso condena firme a los fines de tener por configurada la "nueva infracción" (De la Rúa Jorge, Código Penal Argentino. Parte General, Depalma, Buenos Aires, 1997, p. 1085; Zaffaroni, Plagia, Slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 74; Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, t. III, 2da. ed. Abeledo-Perrot, p. 484; ídem Tribunal Fiscal de Apelación de Buenos Aires, Sala I, 22/05/2008, en "Transporte Aéreos Petroleros, La ley online cita AR/JUR/6161/2008 entre muchos otros), extremos éstos que no han sido acreditados por el ejecutante. Restando aclararse que la remisión doctrinal y jurisprudencial recién confeccionada no implica necesidad de aplicación supletoria normativa alguna, atento la claridad y especificidad de los términos legales que regulan el particular caso (CSJTuc., sentencia Nº 243 del 30/4/2008, en "Provincia de Tucumán vs. Sancho Miñano Germán s/Cobro ejecutivo"). Es que, en definitiva, el fenómeno impeditivo de la prescripción debe ser demostrado en suficiencia (CSJTuc., sentencia Nº 72 del 20/02/2008, en "Provincia de Tucumán - D.G.R. vs. Fuad Asfoura e Hijos S.A.C.I.F.I.A. s/Ejecución fiscal") y, pese a la consideración esgrimida en el pronunciamiento controvertido, de las actuaciones no emerge con claridad la efectiva comisión de nuevas infracciones, ni que la falta -que diera lugar a la sanción ejecutada- subsista, de forma tal que justifiquen la aplicación del segundo o tercer párrafo del art. 32 del C.F.M. Es del caso recordar que la doctrina ha sostenido que "el principio general que gobierna toda esta materia, es el de que los actos interruptivos de la prescripción son de interpretación restrictiva y no deben ser por tanto, equívocos" (cfr. Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, t. III, p. 715), lo que resulta extensible a los actos suspensivos de la propia prescripción o del comienzo de su cómputo. Ciertamente, la prueba arrimada al proceso resulta insuficiente para respaldar los hechos invocados por la actora y para desestimar la defensa de prescripción opuesta por el ejecutado, como lo ha juzgado el a quo.

A mayor abundamiento, en el escrito de demanda (fs. 11), la parte actora solicitó "se oficie al Tribunal de Faltas a fin de que se expida sobre la autenticidad de los datos consignados en copia, y remitan listado actualizado de las infracciones que registra la demandada", pero dichas actuaciones administrativas -que hubieran sido decisivas a favor de la pretensión del ejecutante- no fueron incorporadas al proceso. Dada la naturaleza de las faltas imputadas a la demandada y los efectos que se derivarían de su constatación, era necesario aportar elementos suficientes. Sólo así, el órgano jurisdiccional se encontraría en condiciones de evaluar la real existencia de un acto interruptivo del curso de la prescripción, o de suspensión del comienzo del plazo de cómputo de la misma, y de la incidencia de ello en la exigibilidad de la deuda reclamada (en idéntico sentido CSJTuc., sentencia Nº 39 del 15/02/2008, en "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. De Francesco Franco s/Ejecución fiscal"). En autos, la supuesta prueba -de la interrupción de la prescripción- mencionada por el Tribunal de Alzada resulta deficiente e incompleta, y tampoco surge evidente que el hecho constitutivo de la falta haya subsistido.

Así las cosas, asiste razón al recurrente cuando afirma que no hay constancias en autos que acrediten la subsistencia de la falta y, por ende, la justificación del rechazo de la excepción de prescripción, por lo que no cabe sino concluir que la oposición a la excepción de prescripción planteada, debió ser debidamente acreditada (cfr. arg. CSJTuc., sentencia N° 354 del 24/4/2006, en "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Campo Alegre S.A. s/Ejecución fiscal"), lo que no se advierte en el sub lite.

En síntesis, es carga del ejecutante -excepcionado por el ejecutado- acreditar la existencia de los actos interruptivos del curso de la prescripción que esgrime y la inobservancia de la citada carga debe ser soportada por el mismo (CSJTuc., sentencia N° 353 del 24/4/2006, en "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Nadal, Hugo Roberto s/Ejecución fiscal"; sentencia N° 354 del 24/4/2006, en "Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- vs. Campo Alegre S.A. s/Ejecución fiscal"), lo que -como se anticipó- cabe hacer extensivo al supuesto de diferimiento del comienzo del plazo de prescripción.

El déficit probatorio señalado impide desarrollar el indispensable estudio acerca de si las supuestas nuevas infracciones revisten "la misma índole" que aquella que dio lugar a la sanción, a los efectos de otorgarles efecto interruptivo, conforme el criterio sentado por el Máximo Tribunal Federal (CSJN Fallos 200:378; ídem sentencia del 03/7/1946, en "Hernán, Luis Castellini vs. Fisco Nacional Réditos", La Ley 43-228, Cita Online: AR/JUR/4/1946); o si la nueva infracción está "relacionada" con aquella cuyo término está corriendo (Vázquez Ferreira, R, Ley de defensa del consumidor, t. I, ed. La ley, Buenos Aires, 2009, p. 582), a los fines de interrumpir su prescripción; exigencias éstas "de vinculación" entre las faltas (ejecutada y posteriores o nuevas), que guardan el evidente objeto de evitar la desnaturalización del régimen prescriptivo. 4. Finalmente resta mencionar que si bien este Máximo Tribunal, siguiendo el criterio de la Corte Federal, ha destacado -en reiteradas oportunidades- que debe privilegiarse la aplicación de los Códigos de Fondo, sobre lo contrariamente dispuesto por la legislación local, en la inteligencia de que la materia (de la prescripción) resulta facultad exclusiva de la legislación nacional, no pudiendo una ley local derogar los plazos establecidos por leyes sustantivas dictadas por el Congreso (Ver "Fallos: 176:115, y elenco jurisprudencial en idéntica línea, ver "Fallos: 119:417; 149:417; 161:397; 168:403; 169:296; 175:300; 178:9; 180:96; 183:143; 188:403; 190:142; 193:231; 200:444; 202:516; 203:274; 205:200; 215:5; 217:189; 222:587; 232:482; 235:571; 269:379; 282:20; 293:427; citados en CSJTuc., sentencia Nº 660 del 08/9/2010; sentencia Nº 209 del 04/4/2007; sentencia Nº 583 del 27/6/2008; sentencia Nº 620 del 29/7/2005; sentencia N° 870 del 28/10/1997; sentencia N° 643/98, entre muchas otras), en el caso concreto es la carencia probatoria ut supra marcada la que signa positivamente la suerte del recurso. A más de ello, cabe señalar que la regulación legal de la prescripción de la multa en el C.M.F. ha receptado, al menos en lo pertinente, el régimen del derecho sustancial, en la determinación del plazo de prescripción de dos años (art. 65 inc. 4 del Código Penal) y de la causal de interrupción de la prescripción de la sanción, por la comisión de otra falta (art. 67 inc. a del citado digesto).

VII. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado y casar la sentencia recurrida, conforme a la siguiente doctrina legal: "La carga de la prueba respecto a la existencia de un acto interruptivo de la prescripción o suspensivo del comienzo del plazo de la misma recae en quien lo alega y con él se beneficia (arg. art. 302 procesal). Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que invierte -injustificadamente- dicho principio". Por ello, se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre de 2008. En consecuencia, confirmar el punto segundo de su resolutiva, haciendo lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada y rechazar con costas, la ejecución promovida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán contra la Empresa Leader House y su titular Nicolás Andrés Buscetto. II.- COSTAS, a la actora vencida (art. 105, primera parte, del C.P.C.C.T)".

Las costas del presente recurso de casación se imponen al vencido, conforme los principios generales que rigen la materia (art. 105, primera parte, del C.P.C.C.T.).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la demandada (fs. 146 a 156 vta.) contra la sentencia Nº 681 del 18 de diciembre de 2009 (fs. 139 a 140 vta.) -y su aclaratoria Nº 98 del 13/4/2010 (fs. 161 y vta.)- dictadas por la Sala III de la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones. En consecuencia se CASA la misma, conforme a la doctrina legal enunciada, disponiéndose como sustitutiva: "I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre de 2008. En consecuencia, confirmar el punto segundo de su resolutiva, haciendo lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada y rechazar con costas, la ejecución promovida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán contra la Empresa Leader House y su titular Nicolás Andrés Buscetto. II.- COSTAS, a la actora vencida (art. 105, primera parte, del C.P.C.C.T)". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS del presente recurso como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.