marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, querellante, legitimación procesal, pago de la multa
Materia: PENAL
Carátula: Bertato, Carlos Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-15

En tanto el a quo ha reconocido a la querella su carácter de parte interesada, dándole intervención en la audiencia del art. 293 CPPN, no cabe limitar su capacidad impugnaticia y debe reconocerse legitimación a la querella para impugnar la suspensión del juicio a prueba. La multa es a todas luces una pena principal y para la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba se requiere, como condición legal e insoslayable, el pago del mínimo estipulado para ella. La competencia para imponer ese mínimo corresponde al órgano jurisdiccional. La disidencia parcial señaló que no resulta exigible el pago mínimo de la multa prevista para el delito de contrabando pues la sanción de multa de que se trata en el caso no es de aquellas a las que se refiere el párrafo quinto del art. 76 bis CP para el caso de los delitos reprimidos con esa pena en forma conjunta con los de prisión, en tanto ha sido considerada expresamente por la Corte Suprema como una sanción accesoria a la pena privativa de libertad. (Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos -disidencia parcial-).
Emergencia habitacional, situación de vulnerabilidad, subsidio estatal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vivian Hnos. S.A.C.I.F  c/ GCBA  s/ repetición (art. 457 ccayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-07

Para quienes no encuadran en los dos supuestos previstos en la ley n° 4036 y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, la tutela prevista es aquella que se origina en el régimen de subsidios habitacionales regulados en el decreto n° 690/06 y modificatorios, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos en el régimen jurídico vigente. A su vez, en el marco de esta tutela, los jueces están en condiciones de ordenar que se les mantenga ese beneficio a las personas que cumplen con la carga de probar que se encuentran en situación de prioridad frente a las restantes, de conformidad con lo que establecen la Constitución y las leyes (art. 31, inc. 1 de la CCABA y ley n° 4042). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi).
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Credicop Coop. Ltdo. c/ Instraser SA s/ Ejecutivo-Prep. Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-10

La habilidad del certificado bancario previsto en el art. 793 C.

Comercio, exige que el saldo se determine en ocasión del cierre de la cuenta corriente, sin que sea menester demostrar que ha sido comunicado al cliente, o confirmado expresamente por éste. En principio, el certificado del saldo de la cuenta suscripto por el gerente y el contador de un banco, constituye un título autónomo, que se basta a sí mismo y no necesita complemento alguno.
Actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Baider, José Ricardo c/ Bretal, Andrés s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-09-01

Las notificaciones y sus formalidades procesales están dirigidas a asegurar que los hechos sucedidos en el procedimiento lleguen al conocimiento cierto de las partes, pero cuando tal conocimiento se admite y confiesa al modo que el actor allí lo señala, la ausencia de formalidades deja de obstar el perfeccionamiento del acto por cuanto su finalidad ha sido debidamente obtenida.
Ley de emergencia económica, tasa activa, actualización monetaria, obligaciones de dar sumas de dinero, moneda de curso legal
Materia: CIVIL
Carátula: CHAVES, ïMARÍA DE LA MERCED c/ PENTA SOC. DE HECHO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-13

Ante el agravio expuesto en torno a la pérdida de valor de nuestro signo monetario debe accederse a la aplicación a partir del 1/1/02 de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según lo dispone el Acta 2357 del 7/5/02 ref. por resol. 8 del 30/5/02. No procede la actualización monetaria de las acreencias toda vez que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple con su obligación dando el día de su vencimiento, la cantidad nominalmente expresada (arts. 7 y 10 de la ley 23928 modificados por el art. 4º de la ley 25561). Por ello también resulta inadecuada toda comparación con el dólar estadounidense, cuando la obligación se encuentra constituida en pesos.
Planes sociales, Ministerio de Salud, modalización del cumplimiento de la sentencia, interés del menor
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Incidente de entrega en causa "Herrera Viana, Ana Paula y otros s/ fraude contra la administración pública - art. 174, inc. 5 en función del art. 172 del C.P.-, en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos -art. 258 del C.P." c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-27

Ordena al Ministro de Salud de la Nación que proceda a la distribución de todos los elementos de los 27.200 kits almacenados, con excepción de las cunas y bolsas de dormir, pertenecientes a un plan social, a las instituciones o entidades que con mayor urgencia precisen salvaguardar el interés sanitario de las niñas y los niños del país, dado que el juez instructor había ordenado al ministerio en cuestión la redistribución de dichos elementos hace casi diez meses y que la medida no fue cumplida.
Tutela sindical, exclusión de la tutela sindical
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Arzuaga, Carlos Alberto c/ Zetone y Sabbag S.A. s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-18

La acción de exclusión de la tutela sindical tiene por finalidad alcanzar una venia judicial para que, luego de obtenida la sentencia, el empleador pueda implementar la medida, judicialmente autorizada, que motivó aquella demanda de exclusión, siempre dentro de los límites de la permisión.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, honorarios, ley arancelaria, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESEVEME S.R.L. c/ BENITEZ, CARLOS Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE  REVOCATORIA - DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 114 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-11

Corresponde desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra la providencia que ordena acompañar la boleta de depósito prevista en el artículo 8vo. de la ley 7055, desde que el recurrente invoca que se lo debe eximir del depósito por tratarse de una cuestión referida a honorarios profesionales, y el artículo 28, inciso e) de la ley arancelaria local nro. 6767 -que prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios y se exceptúan de todo gravamen-, resulta aplicable sólo para el caso en que se cuestione la base económica y no la legislación aplicable.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, pensiones graciables
Materia: ADMINISTRATIVO-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: López, Ricardo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 1638-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-21

Si bien la Provincia entiende que la vía administrativa no se encuentra correctamente agotada por no concurrir los supuestos previstos en los artículos 7 y 9 de la ley 11330, y que el actor encaminó su pretensión de pensión graciable exclusivamente ante el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, el cual no es el máximo órgano dentro de la Administración Pública -sino el Poder Ejecutivo, por lo que debían haberse agotado los recursos reglamentados en sede administrativa-, corresponde declarar admisible el recurso interpuesto por cuanto del artículo 5 de la ley 4794 y de su decreto reglamentario 10150/59 (artículo 13), se desprende que la autoridad otorgante del beneficio es el Poder Ejecutivo provincial y no el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, siendo éste la vía a través de la cual la norma indica debe dirigirse el peticionante a la autoridad superior. Vale decir: no puede entenderse al Ministerio como un órgano absolutamente independiente del titular del Poder Ejecutivo cuando la propia norma reglamentaria de la que regula el beneficio refiere a que el propio Poder Ejecutivo -si bien que por intermedio del Ministerio- "dispondrá la liquidación a favor de los interesados".
Excarcelación, cauciones
Materia: PENAL
Carátula: Rios Carlos A. s/ Defensor Oficial solicita libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-09

La clase de caución a imponer a quién se otorga la excarcelación, está determinada por la sospecha de que pudiera peligrar su futura comparencia a juicio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garro, Victor G. y otro c/ Vidic, Mateo s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Para que exista desplazamiento de una cuestión por otra es necesario que la resolución respecto de una de ellas torne jurídicamente innecesario la de la restante, pero no cuando el pronunciamiento ha pasado por alto la necesidad de resolver la cuestión omitida.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia penal, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: Zuñiga, Jorge Osvaldo s/ Lesiones leves agravadas por el vínculo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-08

Los delitos dependientes de instancia privada, una vez removido el obstáculo a la procedencia de la acción, ésta recobra plenamente su publicidad, a punto tal que ni siquiera una manifestación expresa de voluntad del denunciante resulta apta para detener el curso del proceso. Las acciones dependientes de instancia privada tratan en definitiva de una acción penal pública, en la cual la instancia de parte es una condición procesal. Producida la instancia, la acción continúa de oficio. (En disidencia: Dr. García Osella).
Concursos, régimen de mayorías, acreedor quirografario
Materia: COMERCIAL
Carátula: DOSO SRL s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

El tema de la exclusión del voto de ciertos acreedores a los fines del computo de las mayorías requeridas por la ley 24522 art. 45, ha suscitado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, posiciones encontradas; por un lado se encuentran los que han propugnado el carácter taxativo de las excepciones contempladas en dicha norma (Cfr. Zavala Rodríguez, Carlos, "Código de Comercio", T. VII, p. 527; Camara, Hector, "El concurso preventivo y la quiebra, Vol. II; Quintana Ferreyra, Francisco, "Concursos", T. I, p. 611; Heredia, Pablo, "Tratado exegético de Derecho Concursal", T. II, p. 109; Fassi-Gebhardt, "Concursos y Quiebras", p. 151; Cncom, sala C, 27.12.02, "Equipos y controles SA s/ Concurso Preventivo s/ inc. de apelación"; sala D, 18.9.92, in re "Kenny, Maria s/ concurso preventivo s/ inc. de impugnación por Guillermo Arnaude SA"; sala E, 11.5.88, "La Tregua SA s/ Concurso preventivo"; etcétera) y por el otro quienes sostienen una interpretación finalista de la norma, en el sentido de que la exclusión resulta procedente incluso en casos no contemplados expresamente por ley, pero que guardan directa relación con la finalidad de la prohibición, sin que ello implique incurrir, sin mas, en generalizaciones arbitrarias (v. en este sentido, Alegría, Héctor, "La relación fisco-concurso con especial referencia a la exclusión de voto del fisco en el acuerdo preventivo", LL, suplemento de concursos y quiebras, 9.9.02; Maffia, Osvaldo J., "Derecho Concursal", T. II, p. 35; Vitolo, Daniel R., "La no exclusión del voto del competidor en un concurso preventivo. Un fallo desafortunado", comentario al fallo "Equipos y controles" publicado en la revista Errepar, ejemplar n° 189, agosto 03; Hequera, Elena B., "Sujetos excluidos del voto. articulo 45 de la ley 24522"; etcetera). Ello así, dada la perceptible singularidad del tema, es necesario un profundo y detenido análisis para cada caso en concreto, pues las distintas variantes que pueden suscitarse en derredor de cada proceso concursal impiden formular soluciones de carácter genérico o universal.
Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SANTA FE c/  s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

Advirtiéndose que la elevación dispuesta por el A quo no resulta encuadrable en ninguno de los supuestos que, en numerus clausus, contempla la Carta Magna local como competencia jurisdiccional de esta Corte; y los actos procesales ordenados por la Jueza de Primera Instancia de Circuito fueron en el marco de una presunta violación de diversas normas contenidas en el Código de Faltas de la Provincia, por lo que -interpuesto recurso de apelación contra la resolución que extendió el plazo de duración del allanamiento previsto como medida cautelar a fin de realizar una inspección y trabajos de limpieza en un predio de zona rural- el Órgano Jurisdiccional encargado de su revisión es el Colegio de Cámara de Apelaciones en lo Penal, según lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 10160 y el artículo 17 de la ley 13018, corresponde disponer la devolución de las presentes actuaciones al Juzgado remitente, a los efectos que correspondan.
Declaración de inconstitucionalidad, patentes, revocación de sentencia, interpretación de tratados internacionales, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del art. 100 del reglamento de la ley de patentes -decreto 260/96-, en tanto dicha norma guarda coherencia con los arts. 100, 101 y 102 de la ley y con lo dispuesto por el marco general dado por los arts. 70.7 y 70.8, aps. a y b, del Acuerdo ADPIC.
Tránsito automotor, obligaciones del peatón, senda peatonal
Materia: CIVIL
Carátula: ARTASA, MARIA c/ AJA GUTIERREZ, JOSE FRANCISCO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

De conformidad a lo dispuesto por los arts. 49 y 56 de la ley 13893 (arts. 71 y 76 de la ley 5.800 de la Provincia de Buenos Aires) los peatones sólo deben atravesar la calzada por la senda de seguridad especialmente señalada con tal objeto o la que resulta de la prolongación longitudinal de las aceras; encontrándose obligados a cruzarla en los sitios en que el tránsito esté dirigido por señales mecánicas, cuando éstas así lo autoricen; y no pudiendo aquéllos hacerlo corriendo. La inobservancia a tales reglas de seguridad constituyen contravenciones graves.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, empleados públicos, prescindibilidad, resolución administrativa, nulidad del acto administrativo, reincorporación, sumario administrativo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Langone, Luis Roque. c/ Gobierno  Nacional  (Ministerio de Economía - Secretaría deEstado de Agricultura yGanadería.- s/ nulidad de actos administrativos y Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la resolución que dispuso la prescindibilidad del actor, ordenando su reincorporación en un cargo de igual categoría al que revistaba. Ello así, pues no resulta adecuado fundamento del fallo la consideración relativa a la vinculación de la medida separativa y el sumario administrativo en el que posteriormente resultó sobreseido el actor, toda vez que de las circunstancia de que se le siguiera al agente un sumario en el cual se le imputaban irregularidades administrativas no autoriza, por sí, a afirmar que la prescindibilidad declarada en el caso "por razones de servicio" se originara inequívocamente en las actuaciones sumariales.
Escritos judiciales, cargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernández Elsa c/ N.N. s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-11

El cargo es el acto en cuya virtud el funcionario que la ley designa al efecto, deja constancia al pie de todo escrito presentado o comunicación dirigida al tribunal, del día, año y hora en que se verificó la presentación; reviste las características propias de un instrumento público y por consiguiente, lo allí consignado (fecha y hora de presentación) goza de autenticidad y hace plena fe hasta la redargución de falsedad (arts.979, 990 y concds.del Cód.Civil y art.124 del CPCC).
Alimentos, incumplimiento de la obligación alimentaria, suspensión de juicios conexos, reducción de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: R.R.P. c/ D. DE R.A.L. s/ DIVORCIO ART. 67 BIS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

Ante el incumplimiento del alimentante, cabe la paralización del incidente de reducción de cuota, por constituir un medio adecuado de coerción al alimentante renuente
Ley procesal, interpretación de la ley, recurso contencioso administrativo, prueba documental, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Rivero, Omar Ramón y Brassart, Eduardo Hilario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 188-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-18

El artículo 183 de la ley de rito civil forma parte de un sistema en el que coexiste con los dos dispositivos que le siguen. De tal manera, no puede ligeramente afirmarse que dictado el llamamiento de autos queda vedada para las partes la posibilidad de ofrecer y producir prueba documental, porque, en el curso normal de aquellos procesos, existe la posibilidad de que esas pruebas sean propuestas "siempre" hasta el llamamiento de autos en segunda instancia, cargando el litigante con las costas ocasionadas por la presentación tardía a menos que acredite que no ha tenido, antes, conocimiento de los documentos. De tal forma y dado que el trámite dispuesto para el recurso contencioso administrativo -el no ser un procedimiento de juicio oral de los que contempla el artículo 541 del Código Procesal Civil y Comercial-, importa un proceso a desarrollarse en instancia única, debe flexibilizarse la aplicación del sistema descripto y admitirse la posibilidad del ofrecimiento de la prueba documental hasta tanto no se haya dictado la sentencia de mérito, haciéndose operativas, también, las previsiones relativas a la posibilidad de controlar la autenticidad o falsedad de los documentos, incluso, como ya lo ha destacado la Corte, dejando a salvo sus potestades en cuanto al dictado de medidas para mejor proveer.
Recurso directo, ley procesal, actos y diligencias procesales, publicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

Las leyes procesales son de orden público y de aplicación inmediata a las causas pendientes, debiendo regirse los actos procesales por la ley vigente en el momento en que se producen.

En el caso, el actor procedió a impugnar una Resolución de la Dirección General de Rentas mediante el presente recurso judicial de apelación, presentado ante la Dirección General de Rentas, el día 2 de enero de 2001.

La parte demandada considera que el recurso directo intentado por la actora resulta improcedente con fundamento en que habría sido interpuesto cuando ya se encontraba vigente el nuevo Código Fiscal (t.o. 2001), en el que a diferencia de su predecesor del año 2000, no se contempla la tramitación de este tipo de recursos.

Teniendo en cuenta que de la Resolución de la Dirección General de Rentas se notificó al actor el día 7 de diciembre de 2000, y que en la cédula de notificación se dejó constancia expresa que la actora podía recurrir el acto mediante las vías administrativas o judiciales previstas en los artículos 114 y 115 de la Ley Nro. 322, en el sub examine rige -en lo que respecta a la viabilidad del recurso intentado- el Código Fiscal de 2000 (Ley Nro. 322) que prevé el recurso directo de apelación judicial, y no el régimen aprobado por la Ley Nro. 541, cuya aplicación retroactiva al 1 de enero de 2001, solo puede lógicamente considerarse obligatoria para los contribuyentes, a partir de su efectiva publicación (8 de febrero de 2001).
Convenios colectivos de trabajo, trabajadores gastronómicos, propinas, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA MAREGA, MARIO c/ SANTA FE 1773  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

El art. 44.3 del CCT 125/90 no es una derogación in peius del art. 113 de la LCT sino su complemento. Tampoco establece una condición menos beneficiosa para los trabajadores, en la medida que funciona dentro del marco legal, con lo cual no ha violentado el sentido del art. 7 LCT.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Agnone, Stella Maris s/ Defraudación especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Es ineficaz la denuncia de falta de consideración y de cita de ley en la cuestión planteada relativa a que "la conducta no constituye delito", si la defensa no precisa respecto de cuál o cuáles de todos los motivos de "ausencia de delito" desarrollados en la expresión de agravios formula ahora su impugnación.
Incapacidad laboral, acción civil por accidente de trabajo, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: MOSCATELLI, HUMBERTO D. c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-05-31

El plazo de prescripción de la acción de derecho comun por incapacidad derivada de un accidente del trabajo, debe computarse desde el momento en que el trabajador pudo ejercitarla, luego de haber apreciado con objetividad la real magnitud del daño sufrido.

Los casos dudosos deben resolverse a favor de la subsistencia de la accion.
Competencia, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: "Sir Home SA c/ SIC y T-GCBA- RESOL 95/01 (Expte 174/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La ley 24.240 integra el derecho común por lo que no altera las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus repectivas jurisdiccciones en un caso en el cual decidió que una provincia no había excedido sus facultades al establecer la revisión judicial de las sanciones impuestas por la autoridad local ante el juzgado provincial del lugar donde se cometió la infracción, fundado en la autonomía de las provincias y lo dispuesto por el art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional (del dictamen de la Procuración General de la Nación de conformidad al cual resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Flores Automotores S.A. s/ recurso ley 2268/98" del 11/12/01) (Cons. III).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: ARROYO S.A.C.I.A.F.E I. s/ IMPUGNACION DE DEUDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-23

Para la introducción de la cuestión federal no es necesario el empleo de términos sacramentales, ya que basta la exposición clara de los antecedentes y la demostración de los motivos que la suscitan.