marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la salud, obras sociales, Programa Médico Obligatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: P.,R.D. c/ Obra Social Met Cordoba S.A. s/ Amparo - Otras causas de remisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-02-10

Corresponde ordenar a una obra social la cobertura de un estudio médico no incluido dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO), en tanto surge acreditada la existencia de un infiltrado pulmonar derecho con conformación nodular y cavitación, y la idoneidad de la pretensión médica a la que se aspira, para determinar si existe un problema oncológico o no, como así también que la dilación diagnóstica no favorece la evolución del proceso, máxime cuando la falta de inclusión de la práctica médica en el PMO no puede fundar válidamente su negativa, en tanto el derecho a la salud surge de normas constitucionales de rango superior y de instrumentos internacionales a los que se le ha otorgado jerarquía constitucional.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, examen preliminar, competencia
Materia: Procesal
Carátula: Avellaneda, Nicolás c/ Municipalidad de Río mayo s/ Daños Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-07-16

El examen establecido en el art. 290 del ritual, en cuanto se refiere a los requisitos formales del recurso de casación, remitiendo a lo que preveen "los artículos precedentes", importa un primer juicio de admisión que necesariamente debe efectuar la Cámara que ha dictado la sentencia recurrida, sin que se satisfaga la exigencia con la sola afirmación, contenida en la resolución que concede el recurso, genérica y abstracta de que "reuniendo los requisitos formales indicados en el art. 289 del Código de Procedimientos del Chubut, declárase su admisibilidad".
Caducidad de instancia, actos y diligencias procesales, plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lugo Jorge Eduardo en Expte. 1952/93 Sachetti José c/ Petrona Lugo s/ Ejecutivo S/Incidente Levantamiento de Embargo. Lugo Jorge Eduardo en Expte. 1952/93 Sachetti José c/ Petrona Lugo s/ Ejecutivo S/Incidente Levantamiento de Embargo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-06-12|1995-06-12

La notificación de la sentencia efectuada a un interesado después de deducido el recurso por una de las partes, interrumpe el término perencional, ya que tal acto procesal resulta indispensable para la elevación del expediente.
Personal municipal, jubilación del personal municipal, compensación especial por jubilación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González Quinta, Flora s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

La distinción para acceder a la gratificación prevista en el decreto 584/05 que deriva de las condiciones en que se encontraba el trámite de la amparista para acceder al beneficio previsional al momento de la publicación de esa norma no puede ser considerada válida. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y José O Casás).
Sentencia, principio de congruencia, daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez Nuñez, Isaac c/ Zylherman, Nora Inés y otro s/ Indemnización daños y perjuicios Sosi, Luis c/ Russo, Gustavo s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13|1996-12-05

Cuando el demandante (como en el caso de autos), sin perjuicio de la estimación inicial en demanda, sujeta la determinación del monto de un rubro reclamado "a lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse", o "lo que V.S. estime conforme el mérito de la prueba de la causa" o "lo que arroje la prueba a producirse" o alguna similar expresión, dejando a la prudencia de los jueces su valoración económica en definitiva, la decisión otorgando más de lo inicialmente pretendido, no resulta ultra petita ni viola el principio de congruencia desde la perspectiva del juez (arts. 34 inc.

4 y 163 inc. 6 del CPCC).
Participación necesaria, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado, centro clandestino de detención
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Los propietarios de la chacra donde funcionó el centro clandestino de detención durante el último gobierno de facto en el que se encontraba aprehendida la víctima privada ilegítimamente de su libertad, resultan participes necesarios de los delitos de privación ilegal agravada e imposición de tormentos agravados en concurso real pues los mismos, que prestaron su propiedad al ejército, no pudieron ignorar lo que allí ocurría al ser manifiesta la presencia de personal militar a plena luz del día, por lo que adhirieron en forma voluntaria al plan instaurado por el gobierno militar aportando su quinta para ser utilizada como centro clandestino de detención, teniendo pleno conocimiento de tal circunstancia, e incluso manteniendo uno de ellos una evidente y notoria relación con las autoridades militares.
Títulos de crédito, pagaré, acción cambiaria, responsabilidad solidaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD  COOP.  DE  CREDITO  LTDA.  RIO  DE  LA PLATA (EN LIQ. BCRA) c/ ASOCIACION MUTUAL JULIAN CARLOS JULIO s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

El co-obligado cambiario responde solidariamente con el resto de los demandados por imperio de lo que establece el dec. Ley 5965/63: 51, y siendo que entre los que han asumido una misma obligación en los pagarés no existe acción cambiaria y sus relaciones se rigen por las disposiciones relativas a las obligaciones solidarias (dec. Cit., Art. 59) Son de aplicación en el caso las disposiciones del Código Civil. Si se firmó un convenio -que no implico novación por cambio de causa, ya que la mentada obligación se constituyó para facilitar el cumplimiento de las obligaciones originarias que subsisten por no haberse modificado la "causa de deber"-, el deudor solidario que permaneció ajeno a la convención que introdujo alteraciones solo modificatorias de la obligación, no puede ser considerado como un mero extraño a las mismas atendiendo a la propia estructura de los vínculos, de manera análoga a cuanto acontece en las transacciones (arg. Cciv 853).
Reconocimiento en rueda de personas, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Valenzuela, Reinaldo G.; Saucedo, Raúl F. s/ Robo agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas agravado  por el uso de arma en grado de tentativa,lesiones  graves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-16

No reviste las formalidades de ley el reconocimiento en rueda de personas realizado por la prevención policial, ya que el mismo se realizó para todos los testigos (tres) en un mismo acto.
Facultades del juez, impulso de oficio, control de constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Galeano, Roberto Omar c/ Administración Nacional de Aduanas s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Los jueces pueden examinar la validez constitucional de las normas aún sin petición de parte, sin que de ello resulte un exceso de su jurisdicción (Voto de los Dres. Augusto César Belluscio y Antonio Boggiano).
Costas, propiedad horizontal, remoción del administrador del consorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aradica, Mario c/ DïAlessandro, Carlos Alberto s/ Remoción de administrador
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

El sujeto pasivo de la pretensión de remoción de administrador no es el representado, sino el representante, quien habría traicionado el mandato dado por el primero, incumpliéndolo, extralimitándose en su manda y hasta abusando de ella. Y es obvio que concluido el proceso acogiendo la pretensión de remoción del representante, es éste el vencido y no el consorcio que ni siquiera fue traído al pleito en calidad de tercero. Tampoco, si no ha alegado ni probado la existencia de algún convenio, pacto o acuerdo por el cual el consorcio -o la totalidad de los consorcistas que lo componen- deban asumir los gastos del proceso.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, certiorari, código procesal civil y comercial, confirmación de sentencia, TELECOM, propiedad participada
Materia: PROCESAL
Carátula: Abrile, Miguel Ángel y otros c/ Programa de P.P. de Telecom Arg. Stet. France Tel. S.A. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Resulta inadmisible la apelación federal deducida contra la sentencia que rechazó el reclamo de ex dependientes de Telecom y ex integrantes del programa de propiedad participada de la firma requiriendo la fijación del plazo del saldo de recompra de las acciones "clase c" y la efectivización del saldo respectivo, por resultar de aplicación el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Del voto en disidencia del Doctor Don Ricardo Luis Lorenzetti).
Competencia contencioso administrativa, procedimiento tributario, deuda previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: ARMANDO AUTOMOTORES S.A.C.I.F. c/ Fisco Nacional (D.G.I.) s/ medida cautelar -Autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-27

Resulta competente el fuero Contencioso Administrativo Federal -y no la Just. Nac. en lo Civ. y Com.Fed.- para entender en la cuestión que requiere del estudio propio de las normas contenidas en la ley de Procedimientos Tributario 11.683, habida cuenta que esencialmente se trata de las facultades inherentes de la D.G.I. en la compensación de saldos acreedores a favor de un contribuyente con los aportes y contribuciones a su cargo con destino al régimen de Seguridad Social, con lo cual la circunstancia que dichas deudas revistan naturaleza previsional, no enerva la aplicación de principios y disposiciones de derecho público, del resorte privativo de la justicia contencioso administrativo.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIOS, VICTOR AVELINO c/ CAJAL, HILDA ESTER s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-07

En la acción de desalojo están legitimados activamente todos aquellos titulares de una acción personal que pretenden excluir a otros de la detención de un inmueble. Pero debe recordarse que se trata de una acción de carácter personal; que no admite la discusión del dominio ni es apta para reclamar la posesión cuando el locatario sólo detenta la tenencia.

Cuando el actor invoca como causa de legitimación su condición de adquirente del dominio del inmueble locado, debe acreditar que ha adquirido su dominio conforme a lo establecido por el Código Civil, es decir con título y modo.

En nuestro código el modo de adquirir el dominio por actos entre vivos es la tradición (art. 2524, inc.4 y art.

3265). Para que haya tradición traslativa de dominio se exige además título suficiente (art. 2602) formalizado por escritura pública (art. 1184, inc.1), en que debe estar inscripto en el Registro Inmobiliario para que sea oponible a terceros (art.

2505).
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Z., O. L. c/ S., C. y otro s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

La renuncia a efectuar reclamaciones una vez extinguidas las obligaciones asumidas en el convenio de disolución de sociedad conyugal, no tiene incidencia para frustar un pedido de reparación del daño en el proceso de impugnación de paternidad.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, jubilación ordinaria
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Capurro, Lelia Nora c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria,Comercio y Actividades Civiles.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Es arbitraria la sentencia que denegó el pedido de jubilación ordinaria en razón de considerar no probado el mínimo de 15 años que exige la ley respectiva, si el a quo, aun cuando estimó que la libreta de trabajo era un documento idóneo para probar la relación laboral, sólo ponderó aquellos períodos que figuraban con aportes y desconoció los lapsos en los que - a pesar de que la titular se había desempeñado como dependiente - la empleadora había omitido hacer las cotizaciones correspondientes.
Gastos del proceso, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL
Carátula: Eduardo Miguel Paz c/ Luis Gabriel García s/ Recurso de Casación int. en Expte. Nº B - 62.039/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. Nº B - 30.553/94.L.A.N 44 F 550/553 N 225 Casación int. en Expte. Nº B - 62.039/00 Incidente de Ejecución de Honorarios en el Expte. Nº B - 30.553/94.L.A.N 44 F 550/553 N 225
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-05

La cuestión referida a la concesión beneficio de justicia gratuita, configura una cuestión de hecho librada a la valoración judicial de las pruebas, por ende y en principio, es materia ajena a la revisión por el Superior Tribunal de Justicia; como que la resolución que sobre el instituto se dicte no causa estado y por ello, no es definitiva. Sin embargo, cabe hacer excepción a esas reglas, cuando el pronunciamiento dictado no aplica adecuadamente los principios procesales involucrados, ni hace una correcta aplicación del derecho, en conformidad a las circunstancias acreditadas en la causa.
Infracciones aduaneras, declaración inexacta de mercaderías
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Héctor Peres Pícaro  SA s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Desde la vigencia del Código Aduanero, que tipificó las conductas fiscales susceptibles de configurar las infracciones previstas en el art. 954, inc. a), no cabe admitir la omisión del deber de declarar aquellos hechos, condiciones y circunstancias que concurren a perfeccionar las compraventas con los exportadores extranjeros, valoración adecuada de la mercadería a los fines aduaneros, puesto que compromete originaria y decisivamente la responsabilidad del declarante.
Acción de amparo, reforma de la constitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASINOS DEL SOL c/ MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-22

El ensanchamiento provocado por la reforma a la Constitución Nacional en cuanto al objeto de los derechos tutelables a través de la acción de amparo, no condiciona la procedencia de la acción, y no exime al juzgador de verificar, en concreto, si se encuentran presentes todos y cada uno de los recaudos exigidos por la norma constitucional para la viabilidad del recurso excepcional.Y por ello el nuevo texto constitucional no hace más que plasmar un criterio legal y constitucional que se venía sustentando con anterioridad, al supeditar la admisibilidad del amparo a la inexistencia de "otro medio judicial más idóneo" para resolver la cuestión.
Procedimiento aduanero, recurso por retardo, avocación administrativa
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Papelera Francesa S.A. c/ A.N.A. s/ Aduana
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Contrariamente a lo sostenido por el Fisco, el retardo no puede quedar circunscripto a los casos en que se ha incumplido el plazo para dictar resolución definitiva en los procedimientos de impugnación, de repetición o para las infracciones conforme lo autorizan los arts. 1159, 1178 y cctes. del C.A., debiendo computarse tal término a partir de la emisión del dictamen jurídico correspondiente, sino que se mantiene vigente respecto de todas las secuencias del trámite administrativo pertinente. En efecto, como lo ha sostenido, asimismo, la Sala II de esta Cámara, en el pronunciamiento recaído el 8/9/92, en una causa de igual carátula a la antes citada, la procedencia de la avocación contemplada en los arts. 1159, 1178, y cctes. del C.A., no puede entenderse limitada al caso en que las actuaciones administrativas se encuentren formalmente en condiciones de ser resueltas por la autoridad aduanera, pues de esa manera podría legitimarse una demora indefinida en el procedimiento, incompatible con la finalidad perseguida por aquél recurso . (Cons. V).
Facultades del Poder Legislativo, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pampa Grande S.A. c/ E.N. -D.G.I.- s/ repetición -D.G.I.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11

En el art. 17, 3º párrafo de la C.N. se establece que: "Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el art. 4º".

Adviértase que en ningún otra parte de la Carta Magna existe una exclusividad tan expresa en cuanto al ejercicio de las facultades legislativas, apareciendo ella con un paralelo estricto a aquélla de la facultad judicial que se establece en el art. 95 (actualmente art. 109)".
Impuesto para la educación técnica, pago de tributos, prueba del pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS  S.A. s/ IMPUESTO PARA LA EDUCACION TECNICA - APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

La resolución general DGI Nro. 1181, consagra un régimen de contralor y prueba, tendiente a "que se cumpla integralmente el propósito perseguido por la ley de impuesto para la educación técnica". La exigencia de la presentación por parte del responsable, de la fotocopia autenticada de la boleta de depósito de la contribución al sostenimiento de escuelas de esa índole efectuada a nombre de la institución beneficiaria de la contribución, constituye un recaudo formal, admisible como tal, pero que no puede enervar de modo alguno, la posibilidad de acreditar tales extremos mediante otros medios sin desmedro de la voluntad del legislador.

El organismo recaudador no pudo, por sí sólo fijar los requisitos sociales que harán procedente la aplicación de la tasa reducida del impuesto, sino solamente las formales, lo que deviene de la naturaleza interpretativa que revisten las resoluciones generales que dicta el Director General conforme con el art. 8 de la ley 11 683 (t.o. 1960).
Reconocimiento por fotografía, nulidad relativa
Materia: PENAL
Carátula: INSTITUTO ROCCA. s/ APREMIOS ILEGALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

Los reconocimientos fotográficos de sospechosos están autorizados únicamente cuando deben ser practicados respecto de una persona que no puede comparecer para ser identificado personalmente (art. 274, C.P.P.N.). Si este extremo no se verifica en la especie, dichos reconocimientos vician el auto apelado, aunque la situación admite remedio (*).
Cuestiones de competencia, Suprema Corte de Buenos Aires, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dycasa S.A., Mako S.A.C.I.F.I.A. y C. y Rottio S.A. c/ Municipalidad de Baradero s/ Pretensión declarativa de certeza. Cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Es ajeno a la competencia originaria de este cuerpo el caso en el que la acción declarativa de certeza interpuesta involucra una serie de actos concretos de aplicación de las disposiciones impugnadas, cuales son las resoluciones 137/15 y 209/15 del Intendente municipal de Baradero en virtud de las cuales se determinó y confirmó, respectivamente, el gravamen a ingresar en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, aun cuando haya sido requerida por los actores la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ordenanza fiscal local.
Embargo, tercería de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GRANATA ALBERTO EN J: THEBAUD GILBERTO Y OTRO s/ Ejec - Sent - Terc - Dominio (LIBRO: A156 - 066)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-31

El adquirente del inmueble, pudo liberarse de la medida que gravaba el inmueble en el momento de la adquisición, reteniendo del precio pagado el monto del embargo y depositándolo en autos, ya que la manifestación de la escritura relativa al compromiso de la vendedora de cancelar la deuda, no es oponible al acreedor embargante en virtud de lo dispuesto en los arts. 1195 y 1199 del C.C. Es de la esencia de los actos inoponibles su imoperancia.

Por otra parte, la transformación del embargo preventivo en definitivo en el año 1.988, impide que pueda alegarse la caducidad de la medida precautoria inscripta en al año 1.984, como pretende la tercerista.-
Defensa del consumidor, vicios, daños y perjuicios, daño punitivo, multa, banco central, intereses, base imponible
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL
Carátula: Aza, Favio Gabriel c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Procede hacer lugar a la indemnización por daño punitivo solicitada por el actor, en tanto fue erróneamente comunicado como deudor moroso por el banco accionado, por el inexistente uso de una tarjeta de crédito que nunca solicitó. Ello así, cabe señalar que la conducta dolosa no es la única que pueda ser merecedora de esta sanción. Además, en la sentencia recurrida no se calificó la actuación del accionado como dolosa sino que se la juzgó como de grave negligencia. Más allá de eso, es incuestionable lo dicho por la sentenciante de grado en cuanto a que el banco demandado es quien debe arbitrar los medios para que no se produzcan este tipo de situaciones. El reconocimiento de un daño punitivo, en este caso, se justifica en la imperiosa necesidad de que no se vuelva a repetir que la entidad bancaria emita y habilite tarjetas de crédito a nombre de consumidores sin que exista un contrato por escrito. El hecho, más allá de la intencionalidad que pudieron tener los integrantes del banco, es objetivamente grave. Por ello, es inadmisible el intento del demandado de minimizar su inconducta ante la alegada inexistencia de prueba de agravio material y su premura para corregir el error. En ese marco, la multa civil establecida en concepto de daño punitivo es expresada en valores actuales, razón por la cual no corresponde adicionar intereses si la obligación es cumplida en tiempo y forma.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia definitiva, cosa juzgada, regulación de honorarios, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Cuerpo  de  ejec.  de  sentencia  en autos: "Ferrer Martínez, Juan L. c/ J. Minetti y Cía. Ltda. SA. s/ demanda, recurso de revisión y casación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Procede el recurso extraordinario deducido contra la regulación de honorarios considerados procedentes en un pronunciamiento anterior que quedó firme, si lo decidido por el a quo importa un apartamiento palmario de los alcances del fallo de cuya aplicación se trata, en términos que, por vulnerar el principio de cosa juzgada, causa lesión a derechos tutelados por expresas garantías constitucionales.
Ejecución prendaria, excepciones procesales, inhabilidad de título, reconocimiento de las obligaciones
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PATRIMONIO EN LIQUIDACION BANADE c/ RONTALTEX SA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

Lo atinente a una eventual discrepancia del saldo deudor no alcanza para fundar la excepción de inhabilidad de título cuando no media una negativa expresa de la deuda. La ejecutada coincide con la actora en orden a la existencia de pagos relacionados con esta prenda y, si bien manifiesta ignorar la magnitud del crédito de aquélla, dice tener voluntad de cancelarlo. Esta confesión impide la deducción simultánea de tal defensa, pues reconoce como base el título que se pretende inhábil.