Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-30


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.690 CAUSA N°12.351/2010 SALA IV "DUARTE GASTON EZEQUIEL C/ EDITORIAL SARMIENTO S.A. S/ DESPIDO" JUZGADO N°18.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 30 DE OCTUBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 334/343 (aclarada a fs. 360) que hizo lugar a la demanda por despido, se alzan el actor (fs. 349/353), la demandada (fs. 346/347) y el perito contador (fs. 348).

II) La demandada se queja, en primer lugar, porque el fallo reconoció estabilidad sindical al actor en su calidad de miembro de la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), lo que a juicio de la recurrente sería incorrecto, "ya que ni la ley de asociaciones sindicales, ni ninguna otra se la otorga".

La objeción no merece trato favorable.

En efecto, si bien los integrantes de las juntas electorales no se encuentran expresamente incluidos en los arts. 48 o 52 de la ley 23.551, lo cierto es que la trascendencia de ese cuerpo en la vida institucional de una asociación profesional y el hecho de que, por lo demás, distintas normas legales (arts. 16, inc. "g" de la ley citada) y reglamentarias (arts. 12 y 15 dec. 467/88) exigen que los estatutos contemplen acabadamente todo lo referente al régimen electoral, conducen a sostener que los miembros de esas juntas se encuentran tutelados por las disposiciones mencionadas (Scotti, Héctor J., en "Tratado de derecho colectivo del trabajo" dirigido por Julio C. Simón, La Ley, 2012, t. I, p. 647 y 648. En igual sentido: Vázquez Vialard, Antonio, "El sindicato en el derecho argentino", Astrea, Buenos Aires, 1981, p. 168 y 169 y CNAT, Sala VIII, 31/8/89, "Souza Korolkov, Anna M. c/ Aliter SA", TySS 1990-460).

Por ello, y dado que no se discute que el actor fue elegido por una asamblea para desempeñar el cargo de miembro de la Junta Electoral de la UTPBA (cfr. fs. 135/136), corresponde confirmar el fallo apelado en cuanto reconoce a aquel la estabilidad sindical.

III) La demandada se queja también porque el fallo tuvo por cierta la fecha de ingreso denunciada por el actor, ya que, a su criterio, la prueba testifical en que se basó el magistrado "resulta hartamente endeble" (sic) y las declaraciones de los testigos "están teñidas de parcialidad y de vaguedades".

Esta objeción no resiste un análisis serio, pues la recurrente no indica por qué considera "endeble" la prueba testifical y tampoco explica las razones que denotarían la supuesta "parcialidad" de los testigos o la alegada "vaguedad" de sus dichos.

En tales condiciones, la impugnación no constituye una "crítica concreta y razonada" del fallo (como lo exige el art. 116 de la L.O.), pues, como lo ha establecido la jurisprudencia, las consideraciones genéricas en las que se atribuye vaguedad, imprecisión y parcialidad a los testigos no implican el cumplimiento de la mencionada carga procesal (Cám. Ap. Civil, Sala G, 26/05/85, "M., D. O. c/ S. de M., B. M.", LL, 1985-D-386, DJ, 1986-1-204; esta Sala, 22/11/11, S.D. 95.905, "Espíndola Mariela Soledad c/ Stores & Developments SA y otro s/ despido").

Consecuentemente, este segmento del recurso se encuentra desierto.

Sin perjuicio de ello, y sólo a mayor abundamiento, observo que la fecha de ingreso invocada por la demandada (1° de enero de 2006) carece de verosimilitud, toda vez que el recibo extendido por ella el día 31 de enero de 2006 da cuenta del goce de vacaciones (ver fs. 97), lo cual revela inequívocamente que el actor ya venía trabajando con anterioridad a aquella fecha.

IV) Igualmente se queja la demandada de la aplicación de la tasa activa de interés.

Cabe recordar que, a partir del caso "Banco Sudameris c/ Belcam S.A. y otra" (pronunciamiento del 17/5/94, JA 1994-II-690 y Fallos: 317:507), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Cód. Civ. como consecuencia del régimen establecido por ley 23.928, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión.

Con arreglo a esa doctrina, esta Sala ha resuelto en reiteradas oportunidades que, a partir del 1° de enero de 2002 y de acuerdo con el criterio adoptado por la Cámara en pleno (Acta 2357 del 7/5/02), debe aplicarse el interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General (cfr., entre otras: S.D. 87.883 del 21/5/02, "Fernández, Osvaldo c/ Maco Transportadora de Caudales S.A. s/ despido"). Dicha resolución ponderó que "la supresión de la convertibilidad monetaria, y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento.la última de las cuales era de un 12% anual.que ya no puede sostenerse sin grave daño para los derechos que la Justicia Nacional del Trabajo declara y garantiza.que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, que equivale, al menos aproximadamente, al vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento del costo, sea éste real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito".

No está de más recordar que la Corte Suprema ha convalidado una tasa diferencial (15% sobre créditos actualizados) para los créditos laborales, señalando que, en atención a la índole de las acreencias, esa tasa no resultaba injusta o manifiestamente irrazonable (CSJN, "Suárez de Suárez Albina c/ Graziani S.A.C.I.I. y C.", Fallos: 303:684; íd., "Barneche, María Cristina Zuloaga de c/ Verde Onix S.C.A.", Fallos: 300:67; íd., "Camano, José Jorge c/ Banco de Avellaneda S.A.", Fallos: 300:520).

Sugiero entonces desestimar la queja.

V) El actor, a su turno, se queja en primer término de ciertos errores de tipo aritmético. Ahora bien, esos defectos han sido subsanados mediante la aclaratoria de fs. 360, por lo que el agravio se ha tornado abstracto.

VI) Asimismo se queja el trabajador porque el Sr. Juez a quo rechazó "los reclamos de feriados trabajados, en razón de lo dispuesto por el art. 207 LCT" (sic, fs. 342).

Si bien el fundamento empleado por el magistrado para desestimar este reclamo resulta evidentemente equivocado (ya que el art. 166 de la LCT establece expresamente que los trabajadores que presten servicios en días feriados "cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual"), la solución es correcta, pues los recibos acompañados a fs. 27/36 (que cabe tener por reconocidos en razón del incumplimiento del actor de la carga procesal impuesta mediante la intimación de fs. 52) dan cuenta del pago de la remuneración normal y de los recargos respectivos.

Por ello cabe desestimar la objeción.

VII) El actor cuestiona también la desestimación de las indemnizaciones de los arts. 9° y 15 de la ley 24.013.

La queja merece acogimiento, pues, como dije antes, permanece firme la conclusión del fallo de primera instancia en el sentido de que el actor comenzó a trabajar para la demandada en una fecha (27/8/01) anterior a la consignada en los registros patronales (1° de enero de 2006).

Aclaro que si bien la demandada aduce en su contestación de agravios que, en el período en cuestión, el actor habría trabajado para una agencia de remises (cfr. fs. 364 vta.), lo cierto es que no indica qué prueba avalaría esa afirmación, de manera que permanece también incólume la conclusión de la sentencia de grado en el sentido de que "no hay prueba alguna de la materialidad de esa contratación con la agencia de remises" (fs. 341, punto 4).

Tampoco resulta atendible el argumento defensivo que reitera la demandada en su réplica con base en que "la relación laboral se tuvo por finalizada el día 19 de agosto de 2009" (sic, fs. 364 vta.), ya que la empleadora no se hace cargo de los fundamentos expuestos por el Sr. Juez a quo para concluir que el vínculo se extinguió por despido indirecto en el mes de setiembre de 2009 (ver fs. 341).

Por ello, y dado que el actor satisfizo los requisitos exigidos por los incisos "a" y "b" del art. 11 de la ley 24.013 (cfr. fs. 125, 126 y 130), corresponde condenar a la demandada a abonar las indemnizaciones de los arts. 9° y 15 de la ley 24.013.

Dado que a la época del registro el actor percibía una remuneración de $ 1.030 (cfr fs. 97 y siguientes), cabe estimar las remuneraciones no registradas en $ 58.201 (52,16 meses x $ 1.030, más el SAC), por lo que la indemnización del art. 9° asciende a la suma de $ 14.550.

En cuanto a la del art. 15, es de $ 73.996,40 (40.179,04 + 30.134,28 + 3.683,08). Aclaro que, a efectos del cálculo de este último resarcimiento computé sólo los rubros provenientes del despido en sí mismo, no así los que obedecen a otras circunstancias, como es, en el caso, la indemnización por estabilidad sindical (cfr. esta Sala, doctrina de la causa "Biga, Mario c/ Nuevo Banco Bisel s/ despido", S.D. 91.894 del 29/11/06).

VIII) Igualmente se queja el actor porque considera que "la sentencia apelada omite expedirse respecto del reclamo de la sanción conminatoria prevista por el art. 43 de la ley 15.345.".

No existe tal omisión, pues, en su demanda, el actor no reclamó esa sanción conminatoria (cfr. fs. 10/15). Ello obsta a su consideración en la alzada, por tratarse de un capítulo no propuesto oportunamente a la decisión del juez de primera instancia (art. 277 Cód. Procesal).

IX) El trabajador se agravia también porque el magistrado de grado desestimó la indemnización del art. 80 de la LCT en razón de que "no se ha cumplido con la carga específica de intimación" prevista en dicho precepto legal. El recurrente aduce que "ello no es así" porque -según afirma- cumplimentó esa carga mediante la CD 10.212.227 9 del 31 de mayo de 2010.

Observo que ese telegrama fue remitido con posterioridad a la contestación de demanda, por lo que resulta obvio que, a la época de constituirse la relación procesal, el actor no había satisfecho el recaudo en cuestión, lo que obsta a la procedencia de la aludida indemnización.

En ese orden de ideas, esta Sala ha sostenido reiteradamente que el principio de buena fe, que debe ser respetado por las partes del contrato de trabajo incluso al momento de su extinción (art. 63 LCT) impone al trabajador el deber de requerir a su empleador -antes de iniciar una acción judicial- el cumplimiento de las obligaciones que estén a su cargo (la entrega de los certificados en cuestión, entre ellas), de modo de facilitar a éste la satisfacción de aquellas pretensiones fuera del ámbito de un proceso judicial ya iniciado con el mismo objeto. En ese contexto ha de entenderse que la demanda judicial (como su antecedente procesal, el trámite de mediación obligatoria) contiene el planteo de un estado de cosas pretérito y no constituye en sí misma una instancia más de las relaciones bilaterales contenidas en el contrato de trabajo o derivadas de él (esta Sala, 11/10/06, S.D. 91.767, "Hernández, Víctor Oscar c/ Compañía Láctea del Sur S.A. s/ despido"; íd., 5/3/10, S.D. 94.559, "Osman Roxana Gloria c/ RK Moldeados SA s/ despido"; íd., 30/9/10, S.D. 94.915, "Saracho, Juan Carlos c/ Propizio S.R.L. y otro s/ despido"; íd., 22/12/10, S.D. 95.048, "Martín, Carlos Gastón c/ Imprecont 78 S.R.L. y otro s/ despido"; íd., 23/3/11, S.D. 95.224, "Álvarez, Gloria Elizabeth c/ Sauber Sur SA s/ despido"; íd., 31/3/11, S.D. 95.273, "Schoenfeld, Alberto Andrés c/ Bridgestone Firestone Argentina SAIC y otro s/ despido"; CNAT, Sala III, 22/3/04, SD 85.688, "Espasandín, Silvia c/ San Sebastián S.A. s/ despido").	Cabe entonces desestimar esta queja.

X) La demandada apela por altos los honorarios de los profesionales del actor y los del perito contador. A su vez, este último cuestiona sus emolumentos por bajos.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios fijados a favor de la representación y patrocinio del actor, y al perito contador, lucen excesivos, por lo que sugiero reducirlos al 16% y al 6%, respectivamente (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. ley 21.839, 38 L.O. y 3° y conc. dec. ley 16.638/57).

En orden a lo previsto en el art. 279 del Cód. Procesal, cabe aclarar que todos los porcentajes de honorarios deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses) que resulta del presente pronunciamiento.

XI) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 262.637,61 (174.091,21 + $ 14.550 + $ 73.996,40), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Reducir los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 16%, y los del perito contador al 6%, y aclarar que todos los porcentajes de honorarios deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses) que resulta del presente pronunciamiento. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 del Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Graciela E. Marino dijo:	Que adhiero en lo principal al voto de mi colega precedente, a excepción de la modificación sugerida respecto de los honorarios.

Que en este sentido, propongo confirmar los estipendios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora y del experto contable, en atención a la índole y la labor realizada por cada uno de ellos, dada la forma en que fue resuelta la controversia como así también los rubros que prosperaron (arts. 38 L.O., 6, 7, 8 y 9 L.A y art. 3º dec,-ley 16.638/57).

Que por lo expuesto voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $262.637,61 ($174.091,21 + $14.550 + $73.996,40), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Confirmar los honorarios de la representación y patrocinio del actor y del profesional contable, y aclarar que todos los porcentajes de honorarios deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses) que resulta del presente pronunciamiento. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 del Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo	Por compartir los fundamentos, adhiero al voto del Dr. Héctor Guisado.

Por ello, por mayoría, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, elevando el monto de condena a la suma total de $ 262.637,61 (174.091,21 + $ 14.550 + $ 73.996,40), con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Reducir los honorarios de la representación y patrocinio del actor al 16%, y los del perito contador al 6%, y aclarar que todos los porcentajes de honorarios deberán aplicarse sobre el nuevo monto de condena (capital e intereses) que resulta del presente pronunciamiento. 3) Confirmar el fallo en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art. 68 del Cód. Procesal), regulándose los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria