Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-18


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 18 de 2008.

El Dr. Ponce dijo:

I. La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Jorge Félix Vera y Roberto Daniel Mazzitelli contra Oscar Roberto D¿Amico a quien condenó a abonarles las suma de $ 46.035, intereses y costas. A.G.F. Allianz Argentina Cia de Seguros Generales S.A., resultó alcanzada por la condena en los términos del artículo 118 de la ley 17.418.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes. Los actores expresaron agravios a fs. 528/30 y los emplazados a fs. 534/39, que merecieron la respuesta de fs. 542 por parte de los accionantes.

II. No es materia de debate el accidente de tránsito ocurrido el 14 de junio de 2001 en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Bermúdez de esta Ciudad. Participaron en el siniestro una motocicleta conducida por Vera y de propiedad de Mazzitelli, que circulaba por la mencionada avenida, y el Renault Kangoo, dominio DEQ-649, a cargo de D'Amico, que se trasladaba por Bermúdez.

III. Por una cuestión de estricto orden procesal corresponde adentrarse en primer término en el análisis de los agravios de la parte demandada vinculados con la responsabilidad que se le atribuyó en la sentencia de grado.

En casos similares al presente y lamentablemente muy frecuentes en el tránsito de nuestra ciudad, he sostenido que frente a un choque entre un automotor y una motocicleta por tratarse de en definitiva de un impacto entre dos vehículos en movimiento resulta aplicable el plenario "Valdez, Estanislao F. c/ El Puente S.A.T. y otro s/ daños y perjuicios", por lo que no se utiliza la directiva del artículo 1109 del Código Civil, sino la del artículo 1113, 2 párrafo del mismo cuerpo legal (conf. esta Sala, mis votos, exptes. n 116.346/2001 del 26-02-07 y 97.286/2004 del 3-06-08).

De tal manera que a la parte actora le basta con acreditar el contacto de su ciclomotor con el automotor del demandado, pues dado el factor objetivo de la imputación no necesita probar la culpa del otro partícipe en la colisión y al demandado no le alcanza para eximirse de responsabilidad justificar su falta de culpa debiendo acreditar la de la víctima o la de un tercero por quien no tenga que responder.

En el "sub lite" se trata de un choque entre una motocicleta que circulaba por una avenida de notoria importancia y de intenso tránsito como lo es la Juan B. Justo frente a un automotor que intentó cruzarla por la calle Bermúdez, bocacalle en la que no hay instalados semáforos.

Se ha producido la pericia del ingeniero mecánico Roberto D. Zuvanich (fs. 379/84), quien con suficientes elementos de convicción otorga al Renault Kangoo el carácter de vehículo embestidor. Este trabajo no fue objetado por los justiciables, solamente dio lugar al pedido de explicaciones de fs. 391 respondidas a fs. 398 por el experto.

Reiteradamente se ha sostenido que cuando el dictamen pericial aparece fundado en principios técnicos y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél (conf. Fenochietto, Carlos E. y Arazi, Roland, "Código....", t. II, p. 524; Falcón, Enrique M., "Código.....", t. III, p. 4l6; CNCiv. Sala "B", E.D. 85-7O9; Sala "D", LA LEY, 1980-B, 143; Sala "F", LA LEY, 1980-C, 41; esta Sala, mis votos, exptes. 78.692/2000 y 111.479/2004 del 28-09-07 y 18-09-07, respectivamente).

Si fue entonces embestidor el Renault Kangoo, resulta sencillo deducir que el accidente se produjo de la manera propuesta en la demanda, aceptada por el perito y por la declaración del testigo Sait (fs. 164/5).

Me detengo un momento en estos dichos por cuanto el testigo presenció el siniestro y afirma que el automotor conducido por D'Amico se "asomó" por la bocacalle de la avenida Juan B. Justo para intentar su cruce y fue allí donde embistió el costado delantero de la motocicleta con la parte delantera de su rodado. Los daños de ambos vehículos detallados en el informe de fs. 29 de la causa penal, corroboran lo expuesto.

Desde otro ángulo comparto plenamente los argumentos de la sentencia en crisis en cuanto al valor probatorio de esta única declaración testimonial, sometida al control de la contraparte, frente a la ausencia total de prueba en contrario.

Ocurre que el criterio jurisprudencial por el cual se sostiene que la máxima "testis unus, testis nullus", hoy en día ha dejado de tener vigencia.

Ello es así por cuanto el sistema de la sana crítica, incorporado a nuestro ordenamiento ritual, excluye la aplicación de la aludida máxima, ya que, en principio, quitar mérito probatorio a la declaración testimonial única implicaría una limitación a la valoración de la credibilidad que mereciera el testimonio, la cual es propia del juez; todo ello sin perjuicio de apreciar la declaración con mayor severidad (CNCiv., Sala "A", E.D. 136-187; Sala "G", id. 140-675; Sala "J", LA LEY, 1993-E, 52; esta Sala, R. 195.465 del 25-06-96 y L. 487.042 del 3-06-08).

Si bien es cierto que el Decreto 779/95, Reglamentario de la ley 24.449, en el caso de encrucijadas de vías de diferente jerarquía debe establecerse a través de una señalización específica, es un hecho notorio que el tránsito sobre la avenida Juan B. Justo es normalmente fluido, por el que intente cruzarla, pese a favorecerlo la prioridad de paso, debe cerciorarse previamente si tiene la vía expedita y no constituye un obstáculo para los automotores que vienen por la avenida a una velocidad mayor, permitida por el artículo de la mencionada ley 24.449, tal como acertadamente lo afirma el señor Juez "a quo".

Este criterio ya establecido en el artículo 1? de la Ordenanza Municipal 34.173 (BM, 15.769) ha sido recibido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales (conf. Daray, Hernán, "Derechos de daños en accidentes de tránsito", t. 1, págs. 109/12 y jurisprudencia allí citada).

Por lo expuesto, corresponde confirmar este aspecto del pronunciamiento de primera instancia.

IV. Entro ahora a ponderar los agravios cruzados por los justiciables respecto al monto de las indemnizaciones otorgadas en la sentencia en crisis.

En primer término se atacan por altas y bajas, a la vez, a las cantidades fijadas en concepto de incapacidad sobreviniente, daño psíquico y por tratamiento psicológico.

La incapacidad sobreviniente comprende, salvo el daño moral y el lucro cesante, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá abarcar no sólo el aspecto laborativo, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada (conf. CNCiv., Sala "B", E.D. 13-627; Sala "C", id. 38-3Ol, Sala "K", LA LEY, 1997-E, 1029, 39.854-S).

Para su determinación hay que seguir un criterio casuístico, ponderando las circunstancias de cada caso, especialmente las referidas a la edad de la víctima, su preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción física y psíquica y la incidencia que la misma produce para la actividad desarrollada, como así también el nivel socio económico en que el lesionado se desenvolvía (conf. CNCiv, Sala "A", LA LEY, 1997-B, 344; Sala "E", LA LEY, 1997-C-262; Sala "I", LA LEY, 1997-B, 784; Sala "J", LA LEY, 1997-D, 574; esta Sala, exptes. 114.600/03 del 6-02-07 y 20.447/99 del 9-02-07; etc.).

Se encuentra acreditado que Vera a raíz del accidente sufrido fue llevado al Hospital General de Agudos Vélez Sarfield en donde recibió las primeras curaciones y se le diagnosticó fractura cerrada de pierna derecha desplazada y operada. Posteriormente en el Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas fue intervenido quirúrgicamente a raíz de la fractura plurifragmentaria del tercio medio de la diáfisis tibial derecha, se le colocó un clavo endomedular universal de tibia, con colocación de tornillos antirotatorios. Tuvo que soportar el uso de muletas durante unos sesenta días, destacando el experto que las lesiones evolucionaron en forma satisfactoria, quedando una incapacidad parcial y permanente del 12% de la total obrera. No obstante las reiteradas aclaraciones solicitadas por el demandante el experto no consideró la existencia de un daño estético.

Desde la cuadratura psíquica la licenciada Alicia Orsi en su trabajo de fs. 202/12 señala que Vera padece en síndrome psíquico denominado depresión reactiva parcial y permanente en estado moderado, representativa de una incapacidad parcial y permanente del orden del 20 de la total vida. Aconseja un tratamiento psicológico, indicando su duración y precio.

Estas pericias médica y psicológica fueron materia de numerosas impugnaciones y pedidos de aclaraciones. Sin embargo, siguiendo el camino utilizado respecto a la pericial mecánica entiendo que debe estarse a las pautas periciales, en la medida que las por cuanto los cuestionamientos no reúnen los recaudos exigidos reiteradamente por la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales, en el sentido que deben fundarse sustancialmente en la incompetencia del experto, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en que pudiere haber incurrido. Es decir, no bastan las meras disconformidades con las conclusiones del perito, sino que debe tratarse de objeciones fundadas con los mismos requisitos exigidos para el dictamen pericial, debe tratarse, pues, de una "contrapericia" (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. V, p. 514; CNCiv., Sala "C", LA LEY, 1991-E, 489; Sala L. 68.606 del 8-03-01, mis votos en Sala "I", Expte. 47.640/2000 del 17-02-05 y en esta Sala exptes. 112.791 del 14-12-07 y 99.525/1999 del 9-10-07).

Dentro de las dificultades lógicas del caso opto por requerir que las indemnizaciones fijadas por el Sr. Juez "a quo" sean mantenidas en esta instancia por adecuarse a las particularidades del caso, edad de la víctima y sus condiciones sociales y económicas de acuerdo a las constancias de autos.

Los alcances del pretendido daño estético han sido bien delimitados por el Dr. O. y en realidad no encuentro elementos de juicio suficientes para modificar lo establecido en la sentencia de grado al respecto.

En cambio, considero que las quejas del actor vinculadas con el costo del tratamiento psiquicoterapeútico propuesto por la licenciada O. deben ser parcialmente acogidas pues se ha propuesto 216 sesiones a un costo de $ 70 cada una, que este Tribunal lo fija en $ 50 por sesión, que en definitiva se traduce en la suma de $ 10.800, que es la pido que se reciba en este Tribunal para los dos tipos de tratamientos receptados en la sentencia de grado.

La indemnización por daño moral fue atacada por alta y por baja a la vez.

Con referencia a este instituto comparto posición doctrinaria y jurisprudencial que entiende que esta figura cumple una función reparadora (conf. Acuña Anzorena, Arturo, "Estudio sobre la responsabilidad civil", p. 55; Mosset Iturraspe, Jorge, "Reparación del daño moral", JA. 2-1975-295; Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", p. 221; CNCiv, Sala "G", LA LEY, 100-179, Sala "I" exptes. 81.597 de 3-1991; 73.579 de 10-9-87; 81.668, esta Sala exptes. 116.826/2.001 del 22-02-07, 114.600 del 6-02-07, entre otros).

Esta figura se aplica cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas de una persona o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o que hayan perturbado su tranquilidad y ritmo normal de vida (conf. CNCIV., Sala "D", E.D. 61-779); Sala "F", id, 42-331), no requiriendo prueba específica en cuanto a su acreditación, pues se lo tiene por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -"prueba in re ipsa"- (conf. Orgaz, Alfredo, op. cit. p. 259).

Sin desconocer que el "quantum" de esta indemnización, más que cualquier otro queda librado a la discrecionalidad del órgano judicial, ya que no existen parámetros que permitan fijarlo con absoluta certeza, entiendo que la suma fijada en la sentencia de grado resulta equitativa en atención a los padecimientos que debió sufrir el actor a raíz del injusto accidente sufrido, recordando que fue intervenido quirúrgicamente, estuvo un largo período de rehabilitación, uso de muletas y las secuelas posteriores en atención a su edad.

Por todo ello, si mi voto fuera compartido propongo a mis distinguidas colegas modificar la sentencia de grado en el sentido de elevar la indemnización por tratamientos psicológicos a la suma de $ 10.800 y confirmarla en lo demás que ha sido materia de recurso. Las costas de alzada, atento la forma en que se pide decidir, considero que deben serles impuesta en un setenta y cinco por ciento a la parte demandada (artículos 68 y 71 del Código Procesal).

Las Dras. Díaz de Vivar y de los Santos adhieren por análogas consideraciones al voto precedente.

Visto: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal Resuelve: 1) Modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de elevar la condena por gastos de tratamientos a la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS y confirmarla en lo demás que ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de la Alzada en un setenta y cinco por ciento (75%) a la parte demandada (arts.68 y 71 del Código Procesal).

I - En atención a la forma en que se resuelve, déjase sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia de grado anterior (conf.art.279 del Código Procesal) y en consecuencia, procédese a adecuar las mismas de conformidad a la normativa legal mencionada.

Por la labor letrada realizada en la instancia anterior se tendrá en consideración la naturaleza del asunto, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión de los trabajos realizados, las etapas procesales cumplidas, el resultado obtenido, la trascendencia jurídica, moral y económica del litigio, el monto del proceso actualizado y las pautas legales de los arts.6, 7, 8, 9, 19, 37 y cc. de la ley 21.839 -t.o.24.432.

En consecuencia, regúlase a la letrada apoderada de la parte actora, Dra. M.M. la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000); al letrado apoderado de la parte demandada O.D.A. y citada en garantía "A.G.F.", Dr. C.B. la suma de pesos once mil ($ 11.000) y al letrado apoderado de la misma parte, Dr. N.P. por su participación en las audiencias de fs.135 y 162 la suma de pesos trescientos ($ 300). Asimismo, fíjase al mediador C.R. la suma de pesos seiscientos ($ 600) conforme art.21 del Decreto 91/98.

En cuanto a los peritos, corresponde ponderar la naturaleza de las peritaciones realizadas, la calidad, extensión y grado de complejidad de las mismas, el carácter técnico-científico, sus respectivas incidencias al momento de dictarse el acto jurisdiccional, el monto económico comprometido, la debida proporcionalidad que deben guardar estos emolumentos respecto de los del letrado (CSJN.,Fallos: 239:123; 243:96, entre otros) y pautas legales del dec.ley 7887/55. Asimismo y respecto de los consultores técnicos, ha de considerarse que su asesoramiento a la parte que lo propuso, no es asimilable al dictamen de los peritos, por lo que sus honorarios deben ser proporcionalmente menores a los de aquéllos (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", Bs.As.1993, pág.147).

Siendo ello así, regúlase a los peritos y consultores técnicos: psicóloga Alicia Orsi la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800), ingeniero N.Z. la suma de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800), médico M.O. la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800) y consultora psicóloga A.G. la suma de pesos quinientos ($ 500).

II - Finalmente y por la labor profesional realizada en esta instancia que culminara con el dictado de la sentencia definitiva, regúlase a la Dra. M.M. la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400) y al Dr. C.B. la suma de pesos dos mil ochocientos ($ 2.800 - conf.art.14, ley de Arancel). - Carlos R. Ponce. - Mabel De los Santos. - Elisa M. Díaz de Vivar.