Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-21


- En la ciudad de Trelew, a los 21 días de diciembre del año dos mil seis, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. y Carlos Alberto Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "T, S c/ F E F s/ DIF. DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. nº 21837 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿ ¿Es procedente el planteo de nulidad efectuado por la demandada en su pieza de fs. 142/146 vta.?; SEGUNDA: ¿Corresponde tratar el agravio sobre los honorarios regulados en la anterior instancia?, TERCERA: Caso negativo de lo anterior: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y CUARTA ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 161.

- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

- Al sostener el recurso de apelación impetrado, la representación letrada de la demandada planteó la nulidad del decisorio "por arbitrariedad por violación de formas y solemnidades sustanciales previstas por la ley". Sin entrar al tratamiento de estas causales, señalaré que, como se ha expresado en numerosos precedentes análogos, el recurso de nulidad en este fuero posee autonomía de interposición y trámite, conforme a los arts. 65 y 66 de la ley 69, con los mismos plazos y formalidades que el de apelación. De tal modo, la sumaria comprobación de que la parte interesada no interpuso en tiempo y forma dicho recurso -ni por tanto, le fue concedido el mismo- corresponde desestimar in limine el planteo efectuado, de modo que votaré a esta cuestión por la NEGATIVA.

-A LA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez manifestó:

-Deducido exclusivamente por la demandada a fs. 140 recurso de apelación, resulta inaudible el planteo de nulidad que incluyera luego en el informe de agravios con que sustentara aquel recurso interpuesto. Es que en el campo del proceso laboral el recurso de apelación no comprende al de nulidad, cual acontece en la órbita del procedimiento civil y comercial (art. 253 C.P.C.C.), sino que se ha legislado este último manteniéndole su antigua autonomía, de modo que debe ser interpuesto "juntamente con el de apelación en el mismo término y se substanciará por los mismos trámites", según reza el art. 66 de la ley 69. Así pues, los fundamentos expuestos ante la alzada para motivar un planteo nulitivo no pueden ser atendidos si faltó la previa articulación de la pertinente vía recursiva que abriera la competencia del cuerpo para tratarla.

-Tal motivo me llevan a expedirme en esta cuestión por la NEGATIVA.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, expresó el Dr. Ferrari: - - El agravio sobre honorarios irregularmente introducido por la demandada en su informe recursivo (fs. 146/vta.) no puede ser atendido, toda vez que no se ha abierto la instancia respecto a este tópico. En efecto, desde que las apelaciones sobre honorarios tienen autonomía recursiva (art. 49, Ley 2.200), debió en su caso la parte interesada articular oportunamente la pertinente apelación en legal tiempo y forma. No deducida ni concedida esta vía en debido tiempo y forma, resulta improcedente - tal como lo tiene dicho este Cuerpo en reiterados pronunciamientos - el tratamiento de la queja formulada sobre dicha materia.- - Voto entonces a esta cuestión por la NEGATIVA.

-A DICHA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez expuso:

- La impugnación relativa al monto de los honorarios regulados en la otra instancia también resulta inatendible. En efecto, ya en múltiples ocasiones hemos declarado que la apelación de honorarios de abogados posee una autonomía normativa, con especiales previsiones en cuanto al plazo y ocasión de fundamentarla, que impiden considerarla implícita en el recurso deducido contra la sentencia definitiva, aunque ese acto decisorio contenga la regulación (art. 49 del dec.-ley 2.200, su doc.; c. 9.831 S.D.C. 34/92, c. 10.083 S.D.L. 104/92, c. 11.278 S.D.C. 19/95, entre innumerables otras posteriores). Inaudible resulta pues la queja traída por la recurrente, que no apeló esos honorarios en la oportunidad y forma prevista en el art. 49 del dec.- ley 2.200, impugnándolos recién en ocasión de expresar agravios contra el fallo definitivo en el mérito.

-Debo pues también en esta cuestión pronunciarme por la NEGATIVA.

- A LA TERCERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari:

- I. En lo esencial, la sentencia definitiva de fs. 131/136 vta. hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, condenando a la Fundación demandada abonar a la actora la suma de $ 40.194,26 con más sus respectivos intereses, distribuyendo las costas en un 40% a cargo de la actora y en el 60% restante por cuenta de la demandada.

- II. El fallo es apelado por ambas partes. La actora sostiene su recurso mediante la pieza glosada a fs. 149/152 vta. y la demandada lo hace con el memorial de fs. 142/146 vta., respondido a fs. 155/158.

- III. Agravios de la parte demandada:

- Sostiene esta apelante, en síntesis, que la actora mintió al sostener que laboró para la F E F desde 1998; que si bien es cierto que S T trabajó en la F, lo hizo con un subsidio otorgado por la F A, por lo que dicha relación no es atribuible al patrimonio de la demanda ni genera su responsabilidad por el reclamo de naturaleza laboral incoado; que se dado tratamiento disímil o asimétrico a las pruebas testimonial, documental e informativa aportadas al proceso y que se ha aplicado al caso la presunción del art. 23 L.C.T. para inferir erróneamente la existencia de una relación laboral entre las partes, confundiéndose además a la F E F con el Museo del mismo nombre, de propiedad del Municipio local. Afirma que ha existido una conducta temeraria y maliciosa por parte de la demandante en su versión de los hechos, cuya falsedad ha sido palmariamente demostrada en la causa. Objeta asimismo la distribución de las costas y los montos de honorarios fijados, conforme a las pautas y escalas de la ley arancelaria.- - IV. El recurso de la parte actora:

- Causa gravamen a esta apelante 1) que se haya rechazado: a) la multa establecida en el art. 8° de la Ley Nacional de Empleo; b) la indemnización por pérdida de chance -subsidio por desempleo-; c) la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. (texto seg. Ley 25345); 2) que se haya tomado como fecha de inicio de la relación laboral el mes de febrero de 2004 en lugar de noviembre de 1998 y el consiguiente cómputo y base de cálculo para los reclamos incoados; 3) la imposición de las costas.

- V. La relación laboral en debate - su existencia y fecha de inicio:

- Razones elementales de método aconsejan abordar en primer lugar estos aspectos, atendiendo a su proyección sustancial sobre la suerte del litigio.

- Acerca de la existencia y extensión temporal del vínculo laboral, considero que las críticas de ambos apelantes no consiguen conmover el razonamiento lógico desplegado en el fallo.

- En primer lugar, en referencia a la crítica efectuada por la actora apelante, la relación de trabajo que ligaba a esta última con el Municipio -con prestación de tareas en el Museo E F- se encuentra claramente probada y documentada en autos según constancias del legajo 91645 copiado y reservado en la caja de seguridad que en este acto tengo ante mi vista. Hay en dichas constancias varios elementos probatorios que denotan su cabal conocimiento acerca de este vínculo dependiente, pudiendo constatarse, por ejemplo, sus notificaciones personales al pie de instrumentos donde esta circunstancia quedaba de manifiesto en forma inequívoca (ver fs. 03; fs.08; fs. 09/12; fs. 25 - leg. cit. -entre otras). También ha quedado probado su pleno conocimiento acerca del cese de la relación con el Municipio a partir del 19/02/2004 con el instrumento de fs. 25 ya citado, donde el Municipio le comunica a la actora dicha circunstancia, notificándose la misma en forma personal.

- A los elementos mencionados se agrega asimismo el informe municipal de fs. 97 y el convenio suscripto entre el Municipio y la F, en cuya cláusula octava se estipula el aporte de personal municipal para el funcionamiento del Museo de la F (fs. 95).

- Con ello, doy respuesta asimismo al agravio de la parte actora en cuanto a la extensión temporal de la relación entre la postulante y la F demandada, ya que en su primera etapa y hasta febrero de 2004 S T estuvo ligada laboralmente con el Municipio. Destaco que no es cierto que durante ese lapso la actora percibiera sus haberes de la accionada, ya que las probanzas citadas demuestran que ello no era así.

- Por otra parte, está debidamente demostrada en la causa la continuidad de las tareas ulteriores a esa fecha por parte de la actora en dependencias del Museo dirigido por la Fundación demandada. Ello queda de manifiesto con la certificación emitida por el Director del MEF, Dr. N R. C, fechada el 08/06/2004. Dicho instrumento fue reconocido por la demandada en su contestación, y si bien le asignó el carácter de una simple "certificación de ingresos a los efectos de la gestión de un crédito comercial" (ver fs. 26), esa constancia demuestra en forma inequívoca la materialidad de la prestación de servicios en el establecimiento luego del alta municipal. Este hecho fue asimismo corroborado por la prueba testimonial citada por el a quo, de manera que las críticas ensayadas al respecto no consiguen mellar la conclusión a la que se arribara sobre el punto, según las reglas de la sana crítica racional (art. 386,C.P.C.C.; arts. 45 y 76, Ley N° 69).

- De tal suerte, en tanto dichas tareas posteriores al cese municipal eran cumplidas en el marco de actividades del museo administrado por la F demandada -según las propias expresiones de ésta; ver contest. demanda, fs. 27-, desempeñándose allí la actora como "personal técnico" de laboratorio (conf. test. Llorens, resp. a las preguntas 3era. a 8va. - fs. 88; id. test. De Valais - resp. a las preguntas 2da. a 4ta. - fs. 89; id. test. Ortiz, resp. a la 7ma. preg., fs. 90; id. test. Puerta, resp. a la primera repregunta y a la razón de sus dichos - fs. 102 vta.), esas labores dan operatividad a la presunción del art. 23 L.C.T., por lo que hacen presumir la existencia de la relación laboral controvertida. Para contrarrestarla, la Fundación demandada adujo: a) que la actora trabajaba como dependiente del Municipio, defensa que prosperó parcialmente, al probar que así había sido entre 1998 y febrero de 2004; b) que la actora realizaba tareas recibiendo a cambio una beca o subsidio de la Fundación Antorchas; esto último, como bien lo señalara el sentenciante a quo, no fue acreditado en la causa. En consecuencia, la conclusión a la que se arribara en el fallo es correcta y ajustada a derecho, por lo que en mi opinión merece ser confirmada.

- Tampoco ha mediado confusión alguna en cuanto a la legitimación pasiva, siendo que F E F fue la demandada como empleadora, y en ese carácter ha sido declarada responsable y condenada, en tanto que las consideraciones del fallo referidas al museo del mismo nombre -administrado por dicha Fundación- sólo fueron tenidas en cuenta como ámbito de prestación de las tareas de la actora, por lo que este agravio debe ser asimismo desestimado.- - VI. La calificación de la conducta de la actora:

- Insiste en sostener la demandada que S T incurrió en temeridad y malicia al extender su reclamo a todo el lapso de prestación de actividades en el museo, afirmando que dicha conducta se configura por la falsedad de sus afirmaciones, según ha sido "palmariamente demostrado en autos". Sin embargo, la pretensión así formulada puso de manifiesto una postura subjetiva de la actora, quien pudo considerarse con derecho a que se le computara todo el período de prestaciones a los fines indemnizatorios -aspecto que, en todo caso, corresponde al ámbito técnico-jurídico y a las posibles interpretaciones legales sobre esa materia, en la que el trabajador es lego-, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de la postulante, ese había sido su ámbito de trabajo habitual ininterrumpido durante varios años, por lo que, más allá de la suerte que en definitiva corriera su reclamo -acogido tan sólo en forma parcial-, ello no da lugar a calificar su actitud de modo tan severo ni a aplicarle las consecuencias económicas previstas para otro género de conductas nítidamente reprobables, con un grado de intencionalidad y/o mala fe que, en la especie, no presenta tales características.- - VII. Los rubros rechazados:

- A) Multa del art. 8 - Ley 24.013: este pedimento fue desestimado por cuanto el juzgador consideró que no se había dado cumplimiento a lo establecido en el art. 11 del mismo cuerpo normativo. La demandante objeta la resolución al sostener que, en definitiva, el propósito de la ley ha sido cumplido.

- Considero que el agravio no puede prosperar. En tanto el texto del inc. b del art. 11 de la Ley 24.013 (texto seg. reforma introducida por el art. 47, inc. b, Ley 25.345) establece en forma clara y categórica que el trabajador debe proceder "de inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior" (refiriéndose con ello a la intimación al empleador), y dado que la actora no realizó dicha comunicación dentro del plazo legal citado sino que lo hizo un mes y ocho días más tarde (ver doc. de fs. 5/6 reservada en caja de seguridad, que tengo en este acto ante mi vista), ello condujo al sentenciante a decidir que su tardía comunicación impedía acoger el reclamo incoado.- - El fallo es ajustado a derecho en este punto, por cuanto la norma citada no contempla ninguna excepción al respecto. Por otra parte, no hay razones -en verdad, ni siquiera las ha invocado- que, juzgadas con criterio de razonabilidad y equidad, realmente le hubieran impedido a la actora cumplir con dicho requisito dentro del plazo establecido. El juzgador se ha atenido a la aplicación del texto expreso de la ley, considerando las circunstancias concretas del caso sometido a jurisdicción.

- En este mismo orden, es oportuno recordar que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha sostenido idéntico criterio al expresar que "no procede la indemnización prevista en los artículos 11, inc. b) y 15 de la ley 24.013, si el trabajador efectuó la comunicación a la AFIP (con copia del requerimiento) de los reclamos efectuados mediante intimación al empleador, en forma tardía y posteriormente a las 24 horas hábiles siguientes a dicha intimación" (CNAT, Sala V, in re "Merlo, Verónica Beatriz c/Telecom. Internet S.A.y otros s/Despido" - 21/09/2004 - conf. SAIJ, sum. E0012251 - en el mismo sentido, mis votos en Exptes. 20252 - 21257 C.A.N.E.; entre otros).- - Por lo expresado, propicio la confirmación del decisorio también en este aspecto.

- B) Rechazo de la indemnización por pérdida de chance: - - Como fundamento para el rechazo de esta pretensión, el sentenciante consideró que la actora no acreditó haber realizado gestiones o peticionado al organismo oficial el subsidio por desempleo. La apelante objeta el razonamiento expresando que ante la conducta de su empleador, S T se encontraba privada de acceder a tal beneficio.

Opino que, según las pautas del art. 265 C.P.C.C., esta crítica resulta insuficiente desde el punto de vista técnico, pues no se hace debido cargo de la omisión señalada. Cierto es que el registro de la relación laboral constituye uno de los requisitos enumerados por el art. 113 de la Ley 24.013, pero no hay en el texto de dicho precepto nada que indique la imposibilidad fáctica de gestionar el pedido; máxime teniendo en cuenta que el art. 114 del mismo ordenamiento legal, en su parte final, prevé la posibilidad de realizar actuaciones administrativas tendientes a esclarecer posibles dudas acerca de la existencia de la relación laboral. De tal manera, queda la incertidumbre acerca de la hipotética suerte que pudo haber corrido una solicitud que, en definitiva y como se ha dicho, no fue tramitada.

- A mayor abundamiento, tampoco es posible determinar -por ausencia de datos suficientes- si la demandante satisfacía o no los restantes requisitos exigidos para la obtención de dicho beneficio, por lo que el alegado menoscabo económico por la frustración de esa supuesta "chance" carece de un mínimo grado de certeza. En consecuencia, la argumentación expuesta no resulta atendible, debiendo confirmarse el fallo también en este tópico.

- C) Rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 L.C.T.: - - Más allá de la contradicción señalada -resulta evidente que la inclusión del rubro en el fallo (punto 7 de fs. 135) obedeció a un error material- el juzgador se expidió luego en forma clara y categórica por el rechazo de la citada indemnización, dando fundadas razones para ello, al expresar que el requerimiento había sido extemporáneo, con cita de precedentes de esta Sala.

- Considero que la queja vertida por la recurrente a este respecto tampoco consigue superar la valla de exigencia ritual ya señalada en el acápite precedente, ya que el Decreto reglamentario 146/01 (art. 3) no deja resquicio de duda acerca de esta exigencia temporal. Frente a ello, aducir que la aplicación de esa norma constituiría un "exceso ritual", teniendo en cuenta a este efecto la posición adoptada por la demandada en el caso, carece de un mínimo grado de aptitud crítica para refutar el fundamento jurídico que respalda el rechazo del rubro. Voto, pues, por la confirmación de este punto.- - VIII. La distribución de las costas en la instancia de origen: - - En mi opinión, este agravio común también debe ser desestimado. La distribución resuelta por el a quo se ajusta a criterios de razonabilidad y prudencia, considerando la entidad de los respectivos reclamos, las posiciones asumidas por las partes en el pleito y los vencimientos parciales y mutuos que se registran en la especie, de conformidad con la previsión del art. 71 C.P.C.C., aplicable en forma supletoria a este fuero (conf. art. 76, Ley N° 69). Sabido es que en este ámbito no se trata de aplicar proporciones matemáticas que atiendan exclusivamente al aspecto numérico de la condena, ya que algunas pretensiones (p.ej. entrega del certificado de trabajo, regularización de la inscripción en los registros públicos, etc.) incluso carecen de contenido económico. Se trata, en suma de hacer soportar a las partes las costas del proceso en adecuada proporción a los resultados respectivamente obtenidos en la contienda, valorando diversos factores, entre los cuales uno de los más determinantes es la certeza de que la actora se vio obligada a demandar judicialmente para obtener respuesta -aunque sea parcial- a sus legítimos reclamos.

- A mérito de todos estos factores, considero que la distribución efectuada se ajusta a las circunstancias del caso, por lo que también propiciaré la confirmación de la sentencia en tal sentido.

- IX. Conclusiones:

- Como síntesis de todo lo expresado hasta aquí, propongo al acuerdo la íntegra confirmación del fallo apelado. De compartirse esta postura, interpreto que la suerte adversa corrida por ambos recursos torna aconsejable imponer las costas de Alzada por su orden (art. 71 C.P.C.C., su doctrina - art. 76, Ley N° 69), fijándose los honorarios de los letrados actuantes en esta sede conforme a la extensión, complejidad, eficacia de sus respectivas labores y resultados obtenidos en los siguientes porcentajes a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200): a) para el Dr. A J. L. T, en el 3,9%; b) para los Dres. E O. R y C H. A en el 4,5% y el 1,8%, respectivamente. En todos los casos, deberá adicionarse a dichos estipendios el I.V.A. pertinente.

- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.- -A TAL TERCERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez contestó:

-En acatamiento del principio procesal de economía, en su vertiente de tiempo, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y de los agravios vertidos realizara el ponente.

-Nada novedoso me es dado añadir a la fundamentación fáctica y jurídica que el preopinante ha desarrollado sustentando su voto. Contrario a la mentada economía de tiempo, por alongar innecesariamente este acuerdo, sería el realizar un nuevo tratamiento "in extenso" de todas las razones dadas, repetitivo de lo ya expresado por el colega. Para fundar en los hechos y el derecho mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos los últimos de la ley 4.550), bastarán las consideraciones siguientes.

-I.- Contra lo sostenido por la actora, su relación con la Municipalidad de Trelew hasta febrero de 2004 fue mucho más próxima que la mediata e indirecta por ella descripta, consistente en que el Municipio tomara a cargo suyo el sufragar de parte de sus remuneraciones. Basta repasar las constancias de su legajo municipal n° 91.645 -obrante entre la documentación reservada- para advertir que el vínculo entre ambas fue contractual, bajo la modalidad de "reconocimiento de servicios"; así se desprende de su ficha de alta de fs. 13/vta. suscripta por la demandante, su examen médico de ingreso de fs. 17, el certificado de aptitud psicofísica de fs. 18 y la notificación personal del cese de los servicios de fs. 25, también signada por ella. Que la interesada tuvo bien en claro quién era la locataria de sus servicios lo demuestra su presentación de fs. 8 del expte. mun. n° 1.293 -agregado a legajo de marras-, donde, dirigiéndose a la Dirección Programa de Recursos Humanos de la Municipalidad y citando incluso el número de su legajo municipal, pidió la revisión de la sanción de suspensión sin goce de haberes que le fuera aplicada por inasistencia al servicio mediante la Disposición n° 22/03 del Secretario de Gobierno Municipal.

-Tocante al agravio de la demandada, relativo a la pretensa inexistencia de relación laboral en el lapso corrido desde marzo de 2004, resulta dirimente la certificación emitida el 8/6/04, donde el Director del M.E.F. atestara que la actora se desempeñaba en el Departamento Colección y Conservación del Museo. Tal prestación de servicios ha sido además acreditada a través de la prueba testifical que el colega preopinante citara y, en verdad, ni siquiera fue desconocida en el responde a la demanda, pieza en que la F E F, sin negarla, la atribuyó a una causa distinta a un contrato de trabajo, cual lo fue la concesión a la actora de una beca de estudios (v. fs. 27). Mas destruir la presunción que el art. 23 L.C.T. consagra a partir de dicha prestación corría por cuenta de la demandada, sobre quien pesaba la carga de probar la existencia de esa otra relación, distinta a la laboral, que alegara como justificante de los servicios prestados (art. 377 C.P.C.C.). Y es lo cierto que la aquí demandada no satisfizo tal carga probatoria, pues ningún elemento de juicio aportó acerca de la concesión de la beca invocada. En tal aspecto, carece de fuerza convictiva la denuncia previsional de fs. 5/6 de la documental reservada. Es que la vinculación "de estudio" con el denunciado allí citada por la testigo L. I. V H no estuvo referida al nexo entre la actora y la entidad, sino al existente entre esta última y la testigo, del mismo modo que la restante testigo M. A. B expresó que su vinculación con el denunciado era "de trabajo", mientras que los datos de la relación de la demandante con la demandada aparecen en el rubo V, donde se la califica nítidamente de laboral (v. fs. 6).

-II.- La sola comparación del telegrama intimatorio dirigido por la actora a su empleadora y la denuncia administrativa que formulara demuestra que aquélla excedió en mucho el plazo de veinticuatro horas exigido por el art. 11 inc. "b" de la ley 24.013 (texto de la ley 25.345) para remitir al ente público copia del requerimiento realizado (fs. 1 y 5/6 de la doc. res.), tardanza con la que perjudicó su derecho a obtener la indemnización correspondiente (art. 11, ya cit., párr. 1°).- -III.- Al desestimar el reclamo indemnizatorio por pérdida de la chance de obtener el subsidio por desempleo en razón de no haber acreditado la trabajadora el reclamo de tal prestación ante el organismo pertinente, no incurrió en arbitrariedad el juzgador de la otra instancia. En efecto, la falta de registración de la relación por el empleador era obstáculo superable mediante la actuación administrativa prevista en el art. 114 últ. párr. de la ley 24.013.

-IV.- Inválida fue la intimación a la entrega del certificado de trabajo formulada por la trabajadora mediante el telegrama del 21/2/05 (fs. 2 del la doc. res.). Es que dicha misiva constituyó al propio tiempo la comunicación del despido indirecto, de modo que sólo a partir de ella comenzó a cursar el plazo establecido por el art. 3 del dec. 146/01, a cuyo agotamiento recién quedaba habilitada la ex-dependiente para efectuar ese requerimiento. Así pues, tal interpelación resultó extemporánea por anticipada a la oportunidad legal y, por tanto, ineficaz.

-Desde que la existencia de una intimación válida y anterior a la demanda es requisito inexcusable para la procedencia de la indemnización reglada en el art. 45 de la ley 25.345, tal reclamo ha sido correctamente desestimado (esta sala, c. 20.379 S.D.L. 27/05, c. 20.401 S.D.L. 32/05, c. 20.422 S.D.L. 33/05; confr.: C.N. Trab., sala VI, L. L. 2004-C-786 y 800; ídem, sala IV, Rep. La Ley LXIV, A-I, pág. 545, sum. 377).

-IV.- La calificación de temeraria la conducta de un litigante no puede basarse en el criterio puramente objetivo del vencimiento. No basta que una o más pretensiones sean desestimadas, pues la consecuencia de ello es la imposición de las costas al total o parcialmente derrotado y no la aplicación de sanciones por inconducta que están destinadas a los casos de real gravedad. Para tipificar la conducta temeraria es menester que se advierta nítida la conciencia de la propia sinrazón, que en el caso no se transparenta clara en el actuar de la actora, quien acerca de su antigüedad en la labor pudo haber sido llevada a error por su condición de lega en cuestiones jurídicas y la continuidad de su desempeño en un misma órbita de labor.

-V.- Ante el patente vencimiento parcial y mutuo registrado en la causa, creo prudente la distribución de las costas practicada por el sentenciante de origen, pues computado el número de pretensiones incoadas, el importe de las mismas y las proporciones en que ellas prosperan y se desestiman -sin por ello caer en una apreciación puramente aritmética, pues hemos de estar a un enfoque global, no parcializado, de los reclamos y sus resultados-, las alícuotas fijadas en un 60 % a cargo de la parte demandada y en un 40 % a cargo de la actora traducen aproximadamente el balance que arroja este pleito en punto al éxito y fracaso de las respectivas posturas (art. 71 C.P.C.C.).

- VI.- Las razones expuestas, coincidentes con las vertidas por el ponente, me conducen a concluir que la sentencia atacada debe ser confirmada en todo cuanto fuera materia de agravios.

-Desestimados todos los agravios de ambas partes, también en esta instancia se configura un vencimiento parcial y mutuo que autoriza a imponer las costas en el orden causado (art. 71 C.P.C.C., ya cit.).

-Concuerdo asimismo con el prevotante en punto a los honorarios que propusiera regular por las labores profesionales desarrolladas en este grado jurisdiccional, toda vez que son adecuados a la importancia de las mismas, apreciadas conforme las pautas de los arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200.

Me expido consecuentemente en esta cuestión por la AFIRMATIVA.

- A LA ÚLTIMA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari terminó diciendo:

- En vista del acuerdo arribado acerca de los tópicos precedentes, corresponderá por tanto: I) DESESTIMAR por improcedentes el planteo de nulidad y el agravio sobre honorarios efectuados por la parte demandada. II) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. III) IMPONER las costas de Alzada en el orden causado. IV) REGULAR los honorarios correspondientes a esta instancia en los siguientes porcentajes a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado, con adición del I.V.A. pertinente: a) para el Dr. A J. L. T, en el 3,9%; b) para los Dres. E O. R y C H. A en el 4,5% y el 1,8%, respectivamente.

- Así lo voto.

-A ESTA CUESTION FINAL el Dr. Velázquez respondió:

-El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre las precedentes cuestiones.- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por licencia médica del Dr. Juan Humberto Manino (art. 8 de la ley 1130, To. de la ley 4550).

- Trelew, 21 de diciembre de 2006.

- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente:

S E N T E N C I A:

-DESESTIMAR por improcedentes el planteo de nulidad y el agravio sobre honorarios efectuados por la parte demandada;

- CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios;

- IMPONER las costas de Alzada en el orden causado;

- REGULAR los honorarios correspondientes a esta instancia en los siguientes porcentajes a calcular sobre el monto de condena debidamente liquidado, con adición del I.V.A. pertinente: a) para el Dr. A J. L. T, en el 3,9%; b) para los Dres. E O. R y C H. A en el 4,5% y el 1,8%, respectivamente.

- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: CARLOS DANTE FERRARI - CARLOS A. VELÁZQUEZ REGISTRADA BAJO EL N° 53 DE 2006 - SDL.- Conste.-