Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2006-02-26


Córdoba, diciembre 26 de 2005.

Considerando: I. En contra de esta última resolución, los impugnantes mencionados deducen ahora recurso de queja (art. 485, C.P.P.) (fs. 1/11).

Previa reseña de los antecedentes de la causa, los quejosos entienden que la resolución impugnada deniega erróneamente el recurso de casación, incurriendo el a quo en un exceso de rigor formal al impedir la revisión judicial de una sentencia que luce arbitraria, contradictoria, con falta de fundamentos y que desconoce palmariamente los derechos del imputado y la exigencia de imparcialidad de los señores Camaristas.

El fundamento expuesto por el Juzgador al rechazar el recurso de casación obliga a explicar lo que resulta obvio, como es la dirimencia de la natural separación entre acción y jurisdicción propia del sistema acusatorio.

Es así que -alegan-, si compartiéramos la tesitura de la Cámara aún en un proceso en el que el Tribunal revistiese la calidad de comisión especial se debería esperar hasta la sentencia condenatoria para denunciar la violación de garantías constitucionales.

Lo que olvida el iudex, es que se está en presencia de garantías constitucionales (CN, 18; CADH, 8.1; PDCP, 14; Const. Prov., 39) las cuales demandan una tutela judicial efectiva e inmediata que no admite la postergación a otro tipo de procesos. Cita doctrina judicial que, a su ver, abona su posición.

En efecto -continúan-, no cabe duda alguna que no se puede ser juez y parte al mismo tiempo, pues ello conspira frontalmente con la esencia de la justicia. En el caso que nos ocupa, si esta defensa ha repetido hasta el cansancio la inexistencia de perjuicio, la acreditación del referido elemento del tipo objetivo del delito que se le imputa no puede ser abordada por el órgano jurisdiccional sin vulnerar las garantías constitucionales aludidas.

No es conteste con la verdad el argumento que utiliza el a quo al afirmar que, una de las partes solicitó la pericia contable y que ellos simplemente introdujeron un punto a dilucidar. Con sólo leer el ofrecimiento de prueba de la parte que se hace mención, que ésta sólo solicitó que se determinara quien suscribía los recibos, circunstancia ajena a la voluntad explícita del a quo de acreditar la existencia de un elemento del tipo delictivo, como es el supuesto perjuicio causado.

El sistema acusatorio exige que sea el Ministerio Público el único órgano del Estado encargado de probar la culpabilidad de los imputados. En el caso, los representantes del referido órgano, ni en las instancias recursivas, ni en la etapa plenaria, instaron la realización de una pericia contable para determinar la existencia o no del perjuicio.

No puede el poder jurisdiccional -so pena de violar la Constitución- abandonar su necesaria equidistancia como tercero entre las partes. Transcriben doctrina de Tribunales nacionales e internacionales para sustentar su pretensión.

II.1. La queja, bajo sanción de inadmisibilidad formal (CPP, 455), requiere la demostración de que el recurso fue indebidamente denegado (CPP, 485), requisito que no han logrado sortear los quejosos, en orden a la objetada ausencia de impugnabilidad objetiva, razón por la cual la denegatoria del recurso de casación debe ser mantenida.

En efecto, si bien los impugnantes califican al proveído en crisis -que confirma el diligenciamiento de la pericia contable para determinar el supuesto perjuicio económico causado a los damnificados- como una resolución equiparable a sentencia definitiva, no procuran demostrar hábilmente el referido aserto.

Fundamentar que se trataba de una decisión de este tipo, exigía que se expusieran las concretas razones por las cuales los recurrentes no podrían discutir las cuestiones con posterioridad, como las que le causan un agravio de imposible o insuficiente reparación, lo que en el caso no ocurrió. En consecuencia, las exigencias de procedencia formal no se encuentran reunidas, toda vez que la sola mención de la existencia de un gravamen irreparable no resulta suficiente.

Sobre el particular cabe sostener que, a los efectos de definir el alcance de la expresión "sentencia definitiva" (art. 469 CPP), hay que prestar atención a los lineamientos trazados por el Máximo Tribunal de la República, tal como se exige a partir del precedente "Di Mascio" (cfr. Alejandro D. Carrió, "Garantías constitucionales en el proceso penal", Hammurabi, Bs. As., 2000, p. 77).

En efecto, el estándar jurisprudencial fijado por la Corte Suprema establece que existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados a sentencias definitivas. En tal sentido se ha expuesto que una resolución jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto (T.S.J. "Sala Penal" A.I. 178 del 3/5/01 "Acción de Amparo presentada por Jorge Castiñeira", entre muchos otros).

Consecuentemente con ello, doctrina judicial del Alto Tribunal sostiene que los pronunciamientos que rechazan nulidades procesales, por regla general, no son resoluciones equiparables a "sentencia definitiva" (Fallos, 291:125; 308: 1667 (1986); 311:252 (1988); 314:1745 (1991); 316:341 (1993) citados por Alberto Bianchi, "La Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", Abaco, Buenos Aires, 1998, ps. 149 y 150).

Por último, cabe recordar que también se ha expresado que, para que se configure la referida equiparación, al ser un supuesto de excepción, resulta indispensable que el recurrente acredite concretamente cómo la resolución impugnada ocasiona un agravio de tales características (T.S.J., Sala Penal, A. nº 365, del 20/9/01, "Delsorci"; A. nº 27, del 1/3/02, "Cáceres").

2. Tal requisito no se ha demostrado, desde que el gravamen que traduce los casacionistas, se limita a controvertir la facultad que tiene el Tribunal de juicio de disponer oficiosamente algún punto de la pericia contable solicitada por una de las partes, pero sin evidenciar cómo el vicio in procedendo denunciado se vincula con un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior en orden a la imparcialidad del órgano jurisdiccional aludido.

Es que, las decisiones que se expiden acerca de la forma y oportunidad de la introducción de las pruebas al proceso penal no suponen un pronunciamiento definitivo si se repara en la posibilidad de que, la sentencia final de la causa sea absolutoria y disipe el agravio que se invoca, tornando improcedente -por prematuro- su tratamiento (En ese sentido, "Firmenich, Mario E. s/ doble homicidio calificado y secuestro extorsivo", Fallos, 310:107, citado por Alberto Bianchi, "La Sentencia definitiva ante el recurso extraordinario", cit, p. 64).

Por otra parte, la defensa podrá oportunamente oponerse a su incorporación en el debate y eventualmente recurrir en casación si la prueba cuya legitimidad se discute tuviere en la sentencia carácter decisivo.

III. En consecuencia, debe desecharse el recurso de queja deducido en autos (arts. 443, 449, 455 -2do. párr., 1er. sup.- y 488). Con costas (arts. 550 y 551 del C.P.P.). Sin que ello importe juicio alguno sobre el acierto o error de la resolución dictada por la Excma. Cámara Quinta en lo Criminal.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal, resuelve: Desechar el recurso de queja deducido en autos por los Dres. M. N. C. y C. O. a favor de los imputados Pablo Cechetto, José Cechetto y Eva Tutor (arts. 443, 449, 455 -2do. párr., 1er. sup.- y 488). Con costas (arts. 550 y 551 del C.P.P.). - María E. Cafure DE Battistelli. - Luis E. Rubio. - Armando S. Andruet (h).