Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-06-02


AUTOS N° 9392 "IRAZOQUE, Rolando Nolberto C/ Berkley International A.R.T. S.A. S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a dos días del mes de junio del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí, y Miguel Ernesto Novoa, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 9392, caratulados "IRAZOQUE, ROLANDO NOLBERTO C/ BERKLEY INTERNATIONAL A.R.T. S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DOCTOR GUILLERMO F. BAIGORRI DIJO: I) Que vienen estos autos a estudio, en razón del Recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia definitiva dictada por el titular del Cuarto Juzgado del Trabajo.-	Que radicados los mismos en esta Cámara, y asignados por sorteo a esta Sala Segunda; luego de cumplido con todos los trámites de rigor y estando consentida la integración de la misma, y estando firme el llamamiento de autos, corresponde abordar el tratamiento del recurso.

II) Desarrollado el proceso y rendida las pruebas que las partes entendieron necesarias, a fs. 170/177vta. el a-quo dictó sentencia, por la que resolvió: "Desestimar la demanda interpuesta en todas sus partes, a cuyo efecto se regulan los honorarios ...".-	El tema crucial de la decisión sostenida por el A-quo en el fallo, se constituye por las diferentes posiciones sostenidas por las partes, ya que mientras la actora esgrime que se trata de una enfermedad profesional, tal extremo es negado por la accionada; y además por tratarse de una enfermedad que no aparece incluída en el listado del Decreto 658/96, sólo puede tener acogida en el ámbito de cobertura ampliado que otorga la ley 24.557, a través de la modificación introducida al art. 6 inc. 2 de la misma, por medio del decreto 1278/00, el cual establece que serán consideradas enfermedades profesionales, además de la incluídas en el listados, aquellas otras que, en cada caso concreto, se determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo.-	En esta inteligencia, el A-quo siguiendo los criterios de la sana crítica racional establecidos por el art. 19 del C.P.L., ha formulado una detallada valoración de las constancias probatorias rendidas en la causa y efectuado una adecuada subsunción de los hechos acreditados al derecho vigente; llegando a la conclusión que en virtud "que le correspondía al accionante acreditar que la incapacidad que padece el actor se produjo como consecuencia única y exclusiva del trabajo, circunstancia que no ha logrado demostrar en la contienda, motivo por el cual considero que la incapacidad que actualmente lo aqueja no resulta indemnizable".-	III) A fs. 181/195 obra la expresión de agravios presentada por la actora, quien formula una extensa crítica al fallo, endilgándole al mismo que: a) Ha formulado una arbitraria valoración de la prueba, al considerar que las tareas del actor no son causa eficiente de la patología; y b) Errónea valoración científico-médica de la patología. En honor a la brevedad, para mayor detalle a la expresión de agravios me remito.-	A fs. 200/204 obra la contestación de agravios presentada por la demandada, quién se limita a rebatir los argumentos de la apelante y a justificar la razonabilidad del fallo puesto en crisis.

IV) Ahora bien; planteadas sucintamente las circunstancias de la causa, corresponde formular las consideraciones que serán el fundamento de mi voto.

IV-1) En primer lugar, considero que debe traerse a colación las prescripciones del art. 253 del CPC de aplicación supletoria; que en su segundo párrafo dice: "... La expresión de agravios deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, sin que sea suficiente remitirse a presentaciones anteriores.". Esta norma transcripta, resulta ser un imperativo procesal para el apelante.

Se ha sostenido al respecto que: "La expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Es decir, deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebran el fallo, a través de circunstancias jurídicas por las cuales se lo tacha de erróneo, y no meras observaciones genéricas o de orden general. Es decir, debe el apelante fijar la materia del reexamen por el ad quem, dentro de la trama de las relaciones fácticas y jurídicas que constituye el ámbito del litigio". (Morello, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial...", t.III, p. 353).-	Si bien es cierto que analizada la expresión de agravios, puede extraerse una impugnación concreta sobre algunos de los argumentos expuestos por el a-quo, no se aprecia de la crítica que se haya demostrado que el a-quo incurrió en una arbitraria o irracional apreciación de las constancias probatorias; como así tampoco se hace cargo de desvirtuar la supuesta aplicación errónea de las normas vigentes aplicables al caso.-	IV-2) Resulta de vital importancia para la solución del presente recurso, tener en consideración que la parte actora optó por el reclamo de la indemnización sistémica prevista en el art. 14 de la ley 24.557.-	Sobre el particular, es dable traer a colación, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice: "el voluntario sometimiento sin reserva expresa, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con base constitucional" (Fallos 316:1802, 1804). De lo expuesto se desprende con claridad meridiana, que la elección de la actora de reclamar la indemnización derivada de la Ley 24.557, y más allá de los planteos de inconstitucionalidad articulados y admitidos pacíficamente por la jurisprudencia; le impone la obligación de asumir las consecuencias derivadas de la propia ley y sus normas modificatorias como el decreto 1278/00.-	Si bien es cierto que el actor cuestionó la constitucionalidad de preceptos procedimentales contenidos en la norma; no debe perderse de vista, que la habilitación como "indemnizable" a la enfermedad que padece el actor, que no se encuentra en el listado del Dec. 658/96, se deriva del Decreto 1278/00, que la propia accionante invoca, y de la cual se desprende que sólo podrán admitirse situaciones individuales y concretas, en aquellos casos que la enfermedad sea consecuencia directa y excluyente de la ejecución del trabajo.-	La norma, que textualmente dice: "2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo." resulta ser para el a-quo un fundamento de índole jurídico fulminante, toda vez que no se ha demostrado por parte de la accionante, la inexistencia de factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.-	Considero acertado y razonable el criterio del fallo, y sobre el particular, puedo aseverar que el recurrente en sus agravios, no se hace cargo de tal extremo aportando elementos de entidad suficiente que permitan ensayar una interpretación distinta a las constancias de la causa y a la aplicación de la norma citada.-	En tal dirección, no puede soslayarse la determinación de la norma en cuanto la estrictez de la exigencia de la exclusiva conexión entre la enfermedad y la ejecución de tareas.-	IV-3) Abonando lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la ley 24.557 no hizo el listado de enfermedades profesionales sino que la delegó en el Poder Ejecutivo, aunque estableciendo los requisitos para la confección de tal listado. Dice el precepto aludido que "El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la enfermedad profesional".-	Debe tenerse en cuenta que en listado confeccionado por el Decreto 658/96, no se encuentra especificada la patología del actor, sino que como surge del mismo, frente al agente "vibraciones de cuerpo entero", se describen como enfermedades a dos: a) Espondiloartrosis de la columna lumbar, y b) Calcificación de los discos intervertebrales.-	No resulta antojadizo que la patología que presenta el actor se encuentre excluida del listado de enfermedades profesionales. Sino que tratándose la "hernia de disco" de una enfermedad tan común y de tan variada etiología, que afecta en una medida u otra a gran parte de la población, sin perjuicio, de la tarea o actividad que realice, es que resulta necesario una prueba contundente que despeje toda duda y que resulte suficientemente demostrativa del nexo de causalidad entre el trabajo y la incapacidad.-	IV-4) Resulta irrelevante la aseveración de la actora en el sentido que el actor superó el examen preocupacional, toda vez que como surge de las constancias de la causa, el estudio médico específico idóneo para determinar la existencia de dicha lesión es la resonancia magnética; estudio éste que no forma parte de los estudios de rutina que constituyen los exámenes preocupacionales.-	Además, como surge de todos los aportes médicos y la bibliografía citada por el A-quo en el fallo, y ante las variadas causas que pueden ocasionar la dolencia presentada por el actor; resulta menester determinar y acreditar en autos, que la hernia de disco obedece exclusivamente a la ejecución de tareas, descartando definitivamente que pueda tener su origen en cualquier tipo de actividad independientemente del trabajo.-	IV-5) En otro orden de ideas, considero que resulta adecuado el criterio adoptado por el sentenciante en el sentido de considerar que en la causa, la actora no ha logrado demostrar el nexo de causalidad entre la enfermedad y la ejecución de tareas.-	Adentrándome al análisis de las pruebas, puede apreciarse que la actora junto con la presentación de la demanda, acompaña un "Certificado de incapacidad Laboral" (fs. 10/14) suscripto por el Dr. Juan C. Bordes fechado el día 23 de Mayo de 2007. En el mismo (fs. 14) el profesional dice: "Diagnóstico: a) Lesión lumbar ocupacional por esfuerzo y vibraciones, con lumbalgia posquirúgica, con manifestaciones clínicas y radiológicas, con parestesias de miembros inferiores, en especial el derecho, con manifestaciones clínicas positivas para comprensión radicular a nivel de los espacios intervertebrales L-4-L-5 y L-5-S-1. Incapacidad: Tomando en cuenta los baremos ..., está de acuerdo en fijar lo que a continuación se detalla: I) Por la lesión lumbar con las manifestaciones descritas, presenta una incapacidad parcial y permanente del 35% de la total obrera.".-	Ahora bien, curiosamente y lo que llama poderosamente mi atención, analizando la prueba documental aportada por la patronal, se advierte que se adjuntan veintisiete (27) certificados médicos por distintas cuestiones acontecidas durante la vigencia de la relación laboral. A fs 19 de dicha documentación, obra un Certificado emitido por el mismo profesional el Dr. Juan C. Bordes, fechado el día 17 de Mayo de 2007, o sea una semana antes de que emitiera el Certificado de incapacidad laboral; del cual surge lo siguiente: "Irazoque Rolando. Paciente de 30 años, que cursa post-operatorio de hernia de disco con buena evolución, por lo que se le da de alta, con indicación de tareas livianas por 30 días a partir de la fecha. Fdo. Dr. Juan C. Bordes - Neurocirugía - 17/05/07" (El subrayado me pertenece).-	Del cotejo de dichos certificados, puede advertirse sin hesitación alguna, la absoluta contradicción entre los mismos, describiendo dos situaciones absolutamente distintas y antagónicas, ya que en uno se otorga el alta con evolución favorable y sin incapacidad sobreviniente; y en la otra se describe una incapacidad parcial y permanente del 35%.-	Lo expuesto, más la circunstancia de que no se haya acreditado que en esos días se le hayan efectuado al actor nuevos estudios, ni que haya sucedido algún episodio particularmente gravoso para el estado de salud del paciente; me lleva a la convicción de que el valor probatorio que debe otorgarse al Certificado de incapacidad laboral emitido por el Dr. Bordes; resulta nulo a partir de lo expuesto.-	IV-6) La pericia realizada en autos, analizada conforme los criterios de la sana crítica racional, a mi criterio carece de entidad suficiente a efectos de acreditar terminantemente que la enfermedad que padece el actor obedece exclusivamente a la prestación de servicios.-	Por un lado, el perito al contestar el punto de pericia solicitado por la actora N° 2, ratifica lo descripto por el "Certificado de incapacidad laboral" emitido por el Dr. Bordes, el cual ha sido tratado en el apartado anterior.-	Por otro lado, resulta parcial y sin objetividad suficiente la respuesta al punto 3, toda vez que expresa que "la dolencia que padece el actor son consecuencia del trabajo realizado en la empresa"; cuando en el mejor de los casos debió decir que son consecuencia de "grandes esfuerzos físicos y micro traumatismos en la zona lumbar"; pero no puede descartar que tales agentes pueden provenir de cualquier tipo de tareas, incluso aquellas propias de su vida privada.-	Al evacuar los puntos de pericia propuestos por la accionada, se advierte que en referencia al punto 3, determina una incapacidad permanente, parcial y definitiva del 31,40% e injustificadamente y sin explicación razonable alguna, en la conclusión determina el 35%.-	Al contestar los puntos 2 y 5, hace referencia a la relación directa entre la patología y los micro traumatismos reiterados sufridos en la tarea de tractorista; lo que resulta relativo a la luz de la declaración del testigo Oscar Marcelo Castro (fs. 122) que al responder la cuarta pregunta referida a las tareas que desarrollaba el actor, expresa: "hacía de todo, todo lo que se refiere a la tierra, andar en tractores, trabajar con la anchada, hacer limpieza, no teníamos un trabajo específico, todos los empleados hacíamos lo que le digo.".-	IV-7) En virtud de lo expuesto, y atento la prescripción del decreto 1278/00, que establece la obligatoriedad de acreditar que la enfermedad que padece el trabajador, para ser considerada como "enfermedad profesional", debe acreditarse que es provocada por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo; y según las constancias de la causa analizadas conforme los criterios de la sana crítica (art. 19 C.P.L.); debo concluir coincidentemente con el fallo del A-quo, que la actora no ha demostrado suficientemente el nexo de causalidad entre la patología presentada y el trabajo desarrollado. Por lo expuesto, propicio que el recurso de apelación interpuesto por la actora sea rechazado con costas.-	Así voto.-	EL DOCTOR MIGUEL E. NOVOA DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhieren al mismo:

Por todo ello, y atento que el Dr. Delfor Benitez se ha acogido a los beneficios de la jubilación, por aplicación del art. 40 de la Ley 2150, Se:

RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación con costas a la apelante conforme lo dispuesto por el art. 125 del C.P.L..-	II) Regular los honorarios a los apoderados del apelante doctor Juan Azcona y de la demandada doctor Salvador de la Torre, en doble caracter en el treinta por ciento ( 30% ) y treinta y cinco por ciento (35 %) respectivamente de lo regulado en Primera Instancia, conforme lo previsto por el art. 196 de la ley 2150.-	III) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.-	IV) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.- JURISPRUDENCIA ENVIADA CAMARA TRABAJO II - JUNIO 2014 AUTOS N° 9392 "IRAZOQUE, ROLANDO NOLBERTO C/ BERKLEY INTERNATIONAL A.R.T. S.A. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" dos días del mes de junio del año dos mil catorce ENFERMEDAD ACCIDENTE LEY 245557 NO LISTADO - NO ACREDITA CON CAUSA	IV-2) Resulta de vital importancia para la solución del presente recurso, tener en consideración que la parte actora optó por el reclamo de la indemnización sistémica prevista en el art. 14 de la ley 24.557.-	Sobre el particular, es dable traer a colación, la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice: "el voluntario sometimiento sin reserva expresa, a un régimen jurídico, a una decisión judicial o a una determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de impugnación posterior con base constitucional" (Fallos 316:1802, 1804). De lo expuesto se desprende con claridad meridiana, que la elección de la actora de reclamar la indemnización derivada de la Ley 24.557, y más allá de los planteos de inconstitucionalidad articulados y admitidos pacíficamente por la jurisprudencia; le impone la obligación de asumir las consecuencias derivadas de la propia ley y sus normas modificatorias como el decreto 1278/00.-	Si bien es cierto que el actor cuestionó la constitucionalidad de preceptos procedimentales contenidos en la norma; no debe perderse de vista, que la habilitación como "indemnizable" a la enfermedad que padece el actor, que no se encuentra en el listado del Dec. 658/96, se deriva del Decreto 1278/00, que la propia accionante invoca, y de la cual se desprende que sólo podrán admitirse situaciones individuales y concretas, en aquellos casos que la enfermedad sea consecuencia directa y excluyente de la ejecución del trabajo.-	La norma, que textualmente dice: "2 b) Serán igualmente consideradas enfermedades profesionales aquellas otras que, en cada caso concreto, la Comisión Médica Central determine como provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo." resulta ser para el a-quo un fundamento de índole jurídico fulminante, toda vez que no se ha demostrado por parte de la accionante, la inexistencia de factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.-	Considero acertado y razonable el criterio del fallo, y sobre el particular, puedo aseverar que el recurrente en sus agravios, no se hace cargo de tal extremo aportando elementos de entidad suficiente que permitan ensayar una interpretación distinta a las constancias de la causa y a la aplicación de la norma citada.-	En tal dirección, no puede soslayarse la determinación de la norma en cuanto la estrictez de la exigencia de la exclusiva conexión entre la enfermedad y la ejecución de tareas.- VOTO: DR. GUILLERMO BAIGORRI, ADHIERE DOCTOR MIGUEL E. NOVOA (ART. 40 LEY 5854 - JUBIL. DR. BENITEZ) PROTOCOLIZADO: 03 DE JUNIO DE 2014.