Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23


SENT. INTERLOCUTORIA Nº: 62396 SALA II Expediente Nro.: 36.483/2011 (Juzg. Nº 74) AUTOS: "GONZÁLEZ ESPINOZA, MARÍA DORA C/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES OSPACP S/ACCION DE AMPARO" Buenos Aires, 23 de mayo 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

Llegan los autos a la Alzada en virtud de los recursos de apelación deducidos por la parte demandada en el punto V. de fs. 22/23 (ver fs. 42) y a tenor del escrito glosado a fs. 46 /vta.

La sentenciante de grado, no obstante declararse incompetente para entender en lo que es materia de la cuestión de fondo, asumió el conocimiento de la causa al sólo efecto de dar tratamiento a la medida cautelar solicitada por la actora consistente en la entrega de un medicamento por parte de la Obra Social a la que se encuentra afiliada (OSPACP). Sostuvo que dada la índole de los bienes jurídicos en juego, al haberse demostrado verosímilmente la prescripción médica de la droga requerida para el tratamiento de la enfermedad que padece la Sra. González Espinoza (blefaroespasmo), correspondía considerar configurada la verosimilitud del derecho invocado.

Contra tal decisorio se alza la parte demandada cuestionando que se admitiera la medida cautelar requerida pese a que la actora no probó el diagnóstico médico denunciado. Por lo demás señala que la Obra Social no se opuso a la entrega de la medicación en cuestión y que, al tiempo de formular sus agravios, ya había hecho entrega de la droga a la peticionaria.

Con relación al planteo deducido en torno a la aptitud jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para resolver una medida cautelar peticionada en el marco de una acción en la que el fuero no resulta competente, luego de sustanciado el planteo formulado por la demandada a fs. 20 vta./21 vta., por resolución de fs. 42, se resolvió desestimar el cuestionamiento así formulado y, tal decisorio, no ha sido objeto de recurso alguno toda vez que el deducido a fs. 46 sólo cuestiona el monto de los honorarios regulados a la parte actora a fs. 45 por considerarlos elevados.

Ceñido el planteo revisor a los específicos cuestionamientos referidos se impone señalar que, ante el cumplimiento efectivo de la medida decretada (ver fs. 32/33 y reconocimiento de la actora a fs. 36 vta.), el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la resolución que dispuso la entrega de la medicación peticionada deviene abstracto puesto que, a través de la nota fechada el 22/9/11, la emplazada reconoció que la Sra. González Espinoza -afiliada de la entidad- oportunamente solicitó a la accionada la medicación prescripta por su médico para el tratamiento del blefaroespasmo y que, en función de ello, se ha dispuesto su entrega a la interesada (ver fs. 33).

Desde la perspectiva expuesta, la crítica formulada por la demandada luce meramente dogmática en tanto no controvierte en modo alguno el fundamento fáctico del pronunciamiento de grado en cuanto consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado para requerir el dictado de la medida cautelar en cuestión (extremos que, por lo demás, fueron implícitamente reconocidos -ver fs. 21 vta./22 y fs. 35-) Por lo demás cabe considerar que, como lo puntualiza el Dr. Eduardo Álvarez en el dictamen que antecede (cuyos fundamentos se comparten y se dan por reproducidos en mérito a la brevedad), el art. 196 del CPCCN permite el dictado de medidas cautelares por parte de magistrados incompetentes en casos de peligro inminente o necesidad extrema y, por lo tanto no es impugnable lo resuelto en la instancia previa, en especial cuando subyace un tema de salud.

En efecto, tomando en consideración la amplitud y firmeza con que distintos instrumentos internacionales han garantizado el derecho a la salud entendida ésta como un "estado completo de bienestar físico, mental y social" -es decir en su sentido más amplio- y toda vez que, como se ha señalado reiteradamente, toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (ver desarrollo del tema por Gialdino, Rolando E. en "El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud" en Investigaciones ,Bs. As. 2001, Nro. 3 págs. 493 a 537), el cuestionamiento formulado en base a aristas meramente formales por la parte demandada no puede ser admitido, máxime cuando, como se ha puntualizado, según las propias manifestaciones de la requerida, ésta habría dado satisfacción al pedido de la afiliada con prescindencia del dictado de la medida cautelar que se cuestiona, lo que echa por tierra su posterior cuestionamiento a la justificación de la medida.

En cuanto a la forma en que se impusieran las costas a fs. 14/16, estimo debe otorgarse razón a la recurrente en cuanto se trata de una resolución meramente cautelar, se declaró la incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda sustancial y la accionada no tuvo intervención previa, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 in fine del CPCCN propicio modificar la imposición de costas dispuesta a fs. 14/16 e imponer las mismas, en le orden causado.

En cuanto al monto de los honorarios regulados a fs. 14/16, teniendo en cuenta la índole de la cuestión ventilada y el modo de resolverse, la regulación practicada no resulta elevada en atención a la naturaleza y extensión de las tareas desarrolladas, por lo que propicio confirmarla. En cambio, en cuanto a los honorarios regulados a fs. 45 a favor de la representación letrada de la parte actora, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 21839 y en el art. 38 LO, la regulación apelada resulta elevada, por lo que propicio reducirla a la suma de $ 200 a valores actuales.

Costas en la Alzada a cargo de la parte demandada que ha resultado vencida (art. 68CPCCN). En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada en las respectivas sumas de $ 300 y $ 200, las que se encuentran establecidas a valores actuales.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de fs. 14/16 en lo principal que decide y modificarla en cuanto a la imposición de costas que se declaran en el orden causado, 2) Reducir los honorarios regulados a fs. 45 a favor de la representación letrada de la parte actora a la suma de $ 200 a valores actuales, 3) Declarar las costas de la Alzada a cargo de la parte demandada, 4) Regular los honorarios de segunda instancia en la forma dispuesta en el considerando precedente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Graciela A. González Miguel Ángel Maza Juez de Cámara Juez de Cámara