Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-13


Causa 7404-00/CC/2006, Moares Carlos s/ estacionar en lugar prohibido y otra - APELACION.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los trece días del mes de julio de dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial, Sandra Marcela Donnini, a fs. 96/98/vta. de la presente, contra la resolución obrante a fs. 92/vta.

Y VISTOS:

1.- La resolución del 23 de mayo de 2006 que dispuso tener por desistida la solicitud de juzgamiento efectuada por Carlos Luis Moares y firme la resolución dictada en sede administrativa (fs. 92/vta).

El recurso de apelación interpuesto a fs. 96/98/vta. en forma subsidiaria del planteo de nulidad de notificación y solicitud de nueva audiencia interpuesto por la Sra. co-titular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas nº 5 y la presentación de fs. 107/108.

La presentación de la Sra. Fiscal de Cámara de fs. 110/111.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso 2.- La ley 1217 sólo contempla expresamente el recurso de apelación contra la sentencia en su art. 56, por lo que no se encuentra normado el concedido en la causa.

Como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "No resulta irracional, en un procedimiento sintético, como justificadamente lo es el de faltas, imponer a quien ofrece prueba, en principio, la carga de concurrir a la única audiencia oral y pública -en la que se decidirá sobre la admisibilidad de esos medios de prueba y, eventualmente, se incorporará la que sea admitida- con los elementos de prueba que pretende hacer valer. Tal obligación existe incluso en el derecho procesal penal comparado para delitos y crímenes que conducen a consecuencias mucho más graves, sin perjuicio de la comparecencia forzosa solicitada por quien fracasa en su intento. Se equivoca así el recurrente cuando pretende transferir esta carga al Juez de Faltas. De la misma manera sucede con la prueba informativa, que el recurrente no sólo no procuró por sus medios, sino que, por ambigüedad de los datos, contribuyó a su fracaso...Tampoco es posible conceder seriedad, en el caso, a la garantía del recurso para el condenado (doble instancia).... Cabe recordar que, antes de la aparición en escena de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, nuestra propia Corte Suprema aclaró la irrelevancia de la doble instancia como garantía judicial, y, además, que esas convenciones sólo conceden el derecho de recurrir al condenado cuando se trata del derecho criminal, que conduce a penas graves, sin duda aflictivas" (del voto del Julio Maier in re Aldazabal, José Benito s/ recurso de queja, c. 142/99).

3.- La circunstancia que el legislador no haya previsto la facultad de formular el planteo que ha efectuado la recurrente se ajusta al procedimiento sintético a que hace mención el Maier.

Nótese que la naturaleza del proceso de faltas importa que "la aplicación de los principios penales se justifica únicamente por la necesidad de garantizar los derechos fundamentales del ciudadano en un mínimo suficiente que impida una desigualdad intolerable de trato entre el procesado y el expedientado" (confr. Alejandro Nieto, "Derecho Administrativo Sancionador", Ed. Tecnos, segunda edición ampliada, pág 183), derechos que consideramos no se ven afectados por la inadmisibilidad que se propugna, máxime si se tiene en cuenta que uno de los principios del procedimiento de faltas es la celeridad y la economía procesal (art. 28 ley 1217).

En consonancia con lo antedicho, debemos tener en cuenta además lo exiguo de la multa aplicada (fs. 19), por lo que "...cuando la pena no es excesiva, cualquiera que sea el régimen de sanción, no resultan aplicables todas aquellas garantías que conforman el catálogo referido a una persona acusada por un delito, garantías reguladas incluso en las convenciones regionales o internacionales sobre derechos humanos ." (Conf. voto del juez Maier en el Expte. nº 4054/05 - "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 - s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Leiva Quijano, Lita Elsa s/ venta ambulante sin permiso -apelación'" - (TSJ de la ciudad Autónoma de Buenos Aires - 21/12/2005).

4.- Resulta endeble el argumento propugnado por la defensa oficial en torno a la supuesta pérdida de la cédula, cuando ésta fue dejada en el domicilio constituido (conf. fs. 52) por el oficial notificador a las 17.00 horas (sólo dos horas luego de finalizado el horario judicial) en un edificio oficial que cuenta con personal de seguridad permanente en la entrada (confr. fs. 58/vta.).

Aquellas explicaciones que pretende hacer valer la defensa aparecen como meras excusas que caen por su propio peso a poco de ahondar en el legajo, ya que, al ser parte en el proceso judicial, debe arbitrar los medios idóneos para que se pueda llevar adelante el trámite correspondiente a la defensa de los derechos de sus defendidos; y si no lo hace, debe cargar con la consecuencia de su obrar.

Por lo expuesto, consideramos que el tribunal "a quo" no puede vincular al "ad quem" a través de una decisión errónea.

5.- Atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial a fs. 96/98/vta. (arts. 28, 56 y 57 ley 1217).

Tómese razón, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvase al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 26, el que deberá practicar las restantes notificaciones.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 26. Conste.