Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-04-13


SENT Nº 242	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13) de Abril de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y René Mario Goane -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán-, bajo la Presidencia del doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte apoderado de la AFIP en autos: "Azucarera Independencia S.A. s/ Quiebra".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

I.- Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de revocatoria deducido por el apoderado de AFIP (fs. 769/779) en contra de la sentencia de esta Corte del 12/9/11 (fs. 751/763).

Corrido el traslado pertinente, es contestado a fs. 805/806 por la demandada solicitando el rechazo del recurso, por las razones que allí esgrime.

II.- El recurrente se agravia a) del rechazo in limine del pedido de aplicación de la Ley Nº 24.432 lo que considera un exceso ritual manifiesto; que la sentencia reconoce que al deducir revocatoria contra el auto de Cámara del 30/12/09 solicitó la aplicación de tal norma; que sin embargo no la trata invocando que no existe un agravio por la omisión del a quo de resolver tal cuestión y que el escrito de interposición marca el límite de los agravios y de la facultad revisora; que se inhibe de analizar la aplicación de la Ley Nº 24.432 por el simple hecho de no haber utilizado la frase que "Me agravio de que la Cámara no haya tratado la aplicación de la ley nº 24.432", a la que considera innecesaria ya que resulta de perogrullo que si se expone ante la Corte un planteo que venía realizando ante la Cámara, sin reseñar fundamento alguno de esa alzada, con todo ello se está diciendo que no trató el mismo; que exigir una frase como la mencionada configura un exceso ritual manifiesto; que los arts. 717 y 718 CPC no exigen que la crítica a los fallos se realice con tamañas exigencias formales.

Sostiene que debió tratarse el agravio de que existe una desproporción exorbitante entre los honorarios y el trabajo efectivamente realizado; que es menester reducirlos teniendo presente los principios de razonabilidad y equidad.

Refiere que en relación a la inconstitucionalidad planteada por los apoderados de la demandada sólo lograron obtener un plazo de cinco días para contestar el pedido de quiebra en lugar de dos días; que el trámite no tiene incidencia sobre la declaración de quiebra y no justifica tamaña retribución; que similar reproche merecen las actuaciones previas a la sentencia del 25/10/99 que confirmó la imposición de costas en que contestaron los agravios de AFIP; que el tiempo de duración del pleito no siempre provoca mayor retribución por las razones que indica; que en segunda instancia de la caducidad de fs. 299 la labor desplegada no conlleva una complejidad que justifique la regulación practicada.

Afirma que debió aplicarse la Ley nº 24.432, citando doctrina y jurisprudencia nacional y provincial.

b) Se queja de la consideración incorrecta de la sentencia del 22/8/07 respecto a la imposición de costas; que el punto 1 de la sentencia trata el recurso de AFIP y dice costas de la alzada a cargo de la apelante; que por tanto si el auto del 30/12/09 reguló honorarios al letrado Marcotullio por la suma que consigna por la actuación relacionada con la sentencia del 28/02/07, debe discriminar los honorarios a cargo de Azucarera y los que sean a cargo de la AFIP.

c) Sostiene la improcedencia de la aplicación analógica de las normas regulatorias previstas para el juicio ejecutivo; que no se reclamó una suma de dinero; que el razonamiento de la sentencia impugnada se apoya en un fundamento que no está demostrado lógicamente; que la norma del art. 38 de la Ley Nº 5480 se aplica únicamente cuando se reclama una suma de dinero o bienes susceptibles de aplicación pecuniaria; que la demandada nunca contestó el pedido de quiebra y por eso se anularon los honorarios por el principal; que si el importe del crédito no sirve de base para el proceso principal tampoco puede tomarse en cuenta para las regulaciones por las incidencias; que tampoco puede establecerse una analogía, porque esta norma debe interpretarse en forma armónica con el art. 38 de la Ley Nº 5480; que el pedido de quiebra solo pretende que se inicie el proceso de liquidación de una empresa; que el crédito sólo se relata a los fines de acreditar la calidad de acreedor.

Afirma en relación al art. 83 de la Ley Nº 24.522 que se acredita el estado de cesación de pagos, no necesariamente una determinada deuda; que no se trata de un juicio individual para cobrar un crédito; que tampoco es cierto que esa deuda traduzca el interés económico que se encuentra en juego en el proceso ya que la declaración de quiebra tiene la misma estructura procesal y genera el mismo trabajo con independencia de lo que deba la empresa; que los trabajos realizados se refieren a inconstitucionalidad o caducidad de instancia en los que no debe debatirse un monto; que la diferencia con un cobro ejecutivo es evidente; que estas actuaciones no resultaban susceptibles de apreciación pecuniaria y fijar una consulta escrita por cada uno de ellas o una suma prudencial en función de las pautas del art. 15 de la Ley Nº 5480. Transcribe jurisprudencia dictada en el orden nacional.

d) Se queja del cómputo de intereses al que considera desacertado; que no se analizaron los fundamentos de la casación y que jamás se demandaron intereses.

Refiere que la quiebra suspende los intereses de todo tipo; que los intereses no fueron reclamados porque no era legalmente posible; que el crédito base incluye capital e intereses hasta la fecha del pedido de quiebra; que se incurre en anatocismo al calcular intereses sobre toda la cifra. Cita jurisprudencia del orden provincial.

e) Se agravia de la contradicción sentencial de la sentencia impugnada en cuanto afirma que el incidente de inconstitucionalidad carece de monto y luego toma como base un supuesto monto del proceso principal; que por tratarse de costas lo resuelto en sentencia de la Cámara del 25/10/99; que la regulación sería válida si se hubiere apelado la decisión de fondo del incidente de inconstitucionalidad por lo que el cálculo no puede ser igual, por tratarse de una labor más acotada; que en última instancia debieron tomarse los honorarios de primera instancia para que hiciera las veces de monto de un principal y sobre estos aplicar los arts. 38, 43, 51 y 59 de la ley arancelaria.

f) Sostiene que no se verificó la cuantía de los honorarios pese a que se denunció la omisión de la Cámara en hacerlo; que el control de honorarios no se satisface únicamente con verificar si encuadran dentro de los porcentajes máximos y mínimos sino que debe analizarse si representan una excesiva retribución; que en la casación debió merituarse la tabulación de los honorarios, máxime cuando se denunció la omisión de la Cámara.

Respecto a la regulación efectuada por la labor relacionada con el fallo de esta Corte del 27/8/07 sostiene que no explicita el cálculo efectuado por lo que supone que importan el 34% de los regulados en la instancia anterior, considerando que recompensan en demasía el trabajo realizado.

Concluye que no resulta aplicable el art. 38 de la Ley Nº 5480 a los pedidos de quiebra; que al menos no debe tomarse como parámetro regulatorio el monto de un proceso principal cuyos honorarios fueron dejados sin efecto; que debe regularse el valor de una consulta escrita; que no debe adicionarse intereses a la base regulatoria al no haber sido reclamados; que los honorarios por la actuación en Corte debieron aplicarse sobre una fracción de los fijados en Cámara; se debe aplicar la Ley Nº 24.432 y reducir los honorarios por debajo de los límites legales.

III. a) Si bien el recurso de revocatoria tiene por función enmendar los errores adolecidos por la sentencia regulatoria de honorarios y su temática abarca la integridad de los puntos aprehendidos por ésta, la sentencia de esta Corte sobre la cuestión -falta de agravios en el recurso de casación sobre la aplicación de la Ley Nº 24.432-, no registra error alguno, en tanto el recurrente no se agravió de la omisión de la Cámara de tratar su queja al respecto.

Las exigencias del memorial casatorio no configuran un mero formulismo como afirma el recurrente. La sola mención a la aplicación de la Ley Nº 24.432 es insuficiente para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria local, si no se ha puesto en evidencia el error jurídico de la sentencia de omitir el tratamiento del agravio, al mérito de la preclusión operada, con lo que permanece indemostrado el error atribuido al fallo impugnado. Siendo el recurso de casación un medio impugnativo extraordinario, de estricto rigor formal, debe bastarse a sí mismo. Ha dicho reiteradamente esta Corte Suprema de Justicia, que no basta sostener una determinada solución jurídica, sino que es menester que el recurrente exponga una crítica razonada del fallo que ataca. Esta omisión veda la apertura de la instancia casatoria, dirigida a controlar la corrección jurídica de la sentencia de Cámara (CSJTuc., sentencia Nº 125, 02/3/98, "Gómez Quinteros de Alberti Blanca Margarita vs. Radiodifusora Independencia S.R.L. s/Daños y perjuicios"). No habiéndose agraviado el recurrente de la omisión incurrida por la Cámara y siendo extemporáneo el planteo de la aplicación de la Ley Nº 24.432 en esta instancia, corresponde rechazar el recurso de revocatoria en relación a tal cuestión.

b) El agravio relacionado con la sentencia del 22/8/07 ha sido objeto de la aclaratoria planteada por el recurrente en contra de la sentencia del Tribunal del 12/09/11 y considerado y resuelto en la sentencia de esta Corte del 03/11/11 sin que quepa resolver nuevamente la misma cuestión, por lo que corresponde su remisión a lo allí decidido.

c) Respecto a las normas arancelarias aplicables en el supuesto de quiebra rechazada, ha expuesto el Tribunal en la sentencia impugnada que al no existir norma específica sobre el tema (solicitud de quiebra que concluye por caducidad de instancia) se adopta aquella que se estima de trámite similar, que en el presente caso es el art. 62 de la Ley N° 5480 que trata de procesos ejecutivos, teniendo en cuenta que no existen razones válidas para apartarse del principio general, consistente en que la acción tiene el límite del interés y que corresponde adecuar las peticiones de quiebra que concluye sin haberse declarado la misma al monto concreto del crédito que sirve de sustento al requerimiento, debiendo tomarse el monto del crédito denunciado por aquél como "quantum" sobre el cual aplicar la escala arancelaria respectiva.

Lo allí expuesto no reviste error correspondiendo desestimar la revocatoria intentada, en tanto expresamente se aludió al caso de autos de regulación de honorarios en un pedido de quiebra que concluye por caducidad de instancia, habiéndose merituado que al no estar prevista en norma arancelaria específica corresponde se aplique por analogía el art. 62 de la Ley Nº 5480. Concretamente, se analizó en forma expresa el caso de autos y se decidió la norma aplicable, por lo que no media error en la sentencia que haga procedente la revocatoria intentada.

No empece a tal conclusión el argumento de la recurrente que la demandada nunca contestó el pedido de quiebra y por eso se anularon los honorarios por el principal; que si el importe del crédito no sirve de base para el proceso principal tampoco puede tomarse en cuenta para las regulaciones por las incidencias, en tanto no se trata de incidencias con monto propio sino que guardan relación con el principal, por lo que la regulación por el principal fue calculada al sólo y único fin de estimar los honorarios correspondientes por la labor profesional relacionada con los incidentes tramitados en autos, al constituir la regulación por el principal, el referente regulatorio de estos últimos.

d) De la doctrina del pronunciamiento emerge que el tribunal respaldó el criterio conforme al cual -a efectos de determinar los honorarios profesionales- la base regulatoria no debe omitir el cómputo de los intereses correspondientes; criterio que encuentra respaldo en la preceptiva legal aplicable (art. 39 inc. 1 de la Ley Nº 5480) y cuenta con precedentes jurisprudenciales concordantes de esta Corte (CSJTuc., sent. 786 del 17/10/03, "Soria, Manuel Edgardo y otros s/ Concurso preventivo. Incidente de revisión promovido por el Banco de la Nación Argentina"; sentencia N° 169, 13/3/06, "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Komar S.A.C.I.F. s/Especiales").

La suspensión de intereses que reclama como efecto de la quiebra no resulta aplicable en la especie, pues se trata de un pedido de quiebra que concluye por caducidad y por lo tanto queda fuera de las normas concursales.

Respecto al anatocismo que denuncia en esta instancia, no ha sido planteado en oportunidad de deducir recurso de revocatoria en contra de la sentencia de Cámara, por lo que la queja deviene extemporánea. Si bien el art. 31 de la Ley Nº 5480 no pone límites a los alcances del recurso, desde que el mismo tiene la finalidad revisora de lo decidido en ocasión de la apelación, "el recurrente puede limitar la revocatoria sólo a alguno de los aspectos o puntos del tema decidendi, consintiendo los restantes" (Brito-Cardoso de Jantzon, "Honorarios de Abogados y Procuradores de Tucumán, pág.148), en cuyo caso de autolimitación del impugnante le impide el replanteo de la cuestión en sede casatoria. Es decir, que no cabe por esta vía proponer una cuestión que ha sido consentida en la instancia anterior, toda vez que el tema era susceptible de ser revisado por medio de la revocatoria (CSJTuc., sentencia N° 472, 24/6/97, "Nores Raúl Ignacio s/Lesiones culposas"). En consecuencia cabe rechazar el recurso de revocatoria deducido en orden a la inclusión de intereses en la base regulatoria.

e) La sentencia impugnada sostuvo en el punto VI.4 de sus considerandos que el incidente de inconstitucionalidad carece de monto propio y no como lo afirma el recurrente que el mismo carece de monto, por lo que no existe la contradicción apuntada. En tal sentido se aludió a la inexistencia de un monto propio, distinto al que corresponde al proceso principal, por lo que no existió error, en tanto se calcularon los honorarios tomando como referente los honorarios que hubieran correspondido regular por el proceso principal. Por tales razones, se desestima el recurso deducido al respecto.

f) En la sentencia impugnada el Tribunal examinó los honorarios regulados en primera instancia y los fijados por la Cámara, efectuando los cálculos pertinentes y explicitados en el fallo, conforme a las normas arancelarias aplicables al caso, de lo que surge que los honorarios regulados no resultan altos, conforme a las normas arancelarias aplicables, los cálculos aritméticos antes efectuados, la labor profesional y etapa procesal cumplida por los profesionales y el resultado arribado, por lo que cabe rechazar los agravios esgrimidos al respecto.

Respecto a los honorarios regulados por el Tribunal por la labor profesional cumplida en la instancia, vinculadas con la sentencia del 27/8/07, cabe destacar que el porcentual por las actuaciones correspondientes a segunda o ulterior instancia -25% al 35%- se aplica sobre la cantidad que "deba fijarse en los honorarios de primera instancia" (art. 51 de la Ley Nº 5480). Se explicita que los honorarios no resultan altos, en tanto fueron calculados en el mínimo legal, esto es el 11% de la escala del art. 38 sobre la base regulatoria reducida en un 30%, más el 55% por los procuratorios, 5% por incidente de una etapa y 25% por actuación en Corte, correspondiendo desestimar el recurso en relación a tales honorarios.

En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión planteada, corresponde se impongan por su orden (art. 105 inc. 1º CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria -artículo 31 Ley Nº 5480- deducido por el apoderado de la AFIP (fs. 769/779) en contra de la sentencia de esta Corte del 12/9/11 (fs. 751/763).

II.- IMPONER las costas por su orden, conforme a lo considerado.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR DANIEL OSCAR POSSE	RENÉ MARIO GOANE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.