Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-09-04


AUTOS 121.503/CA (C.C. - SALA IV - Nº 333) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Miguel Martín e Hijos S.R.L. - Ejecución Fiscal (en Cont. Adm.)".- Sent. de autos. Tomo III F° 470/476- AÑO 2014 SAN JUAN, 04 de septiembre de 2014.- VISTOS: Para resolver el recurso de Apelación concedido por decreto de fs. 67, contra la resolución dictada por la Sra. Juez titular del Juzgado Contencioso Administrativo en fecha 29 de Octubre de 2013 obrante a fs. 63/65 en autos Nº 121503/CA (SALA IV N° 333) caratulados: "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ MIGUEL MARTIN E HIJOS S.R.L. S/ EJECUCIÓN FISCAL (EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)".- Y CONSIDERANDO:

I. Que mediante el resolutorio apelado la juez de grado dispuso: No hacer lugar al incidente de inoponibilidad y desafectación del inmueble inscripto al folio real matricula N° 01-08185 formulado por el ejecutante, por los argumentos expuestos en los considerandos; e impuso las costas en el orden causado.

Para así resolver la juez aquo, tras reseñar los antecedentes de la petición y definir concepto y aspectos legales del contrato de fideicomiso, destaca que la fecha de anotación de reserva de prioridad de la inscripción del fideicomiso (28/11/2012) es anterior a la anotación del embargo ejecutivo decretado en autos (27/12/2012), gozando la primera de la prioridad establecida por el artículo 25 de la ley nacional 17.801.

Asimismo considero que el pedido de desafectación impetrado por el recurrente en nada se asimila con el régimen de bien de familia con fundamento en que la deuda ejecutada resulta de fecha anterior a la transferencia fiduciaria.

En este sentido entiende que debe estarse en favor de la prioridad registral que favorece la reserva formulada por el Escribano Fagale. Destacando al respecto que el embargo ejecutivo decretado en autos, y que fuera anotado en forma condicional ante el registro inmobiliario, ha sido efectuado en la forma y con los efectos que resultan de la ley (cfr. art 502 del C.P.C.).

Destaca asimismo que el nuevo Código Procesal Civil, en su actual redacción (art. 494) ofrece al ejecutante la posibilidad de requerir el embargo ejecutivo previo con relación a cualquier otro trámite, procurando de este modo asegurar bienes del demandado para no frustrar el cumplimiento de la sentencia. Finalmente cita jurisprudencia relativa al concepto y alcance del contrato de fideicomiso.

Contra dicha resolución, la parte actora interpone a fs. 66 recurso de apelación, el que es concedido a fs. 67 y fundado a través de la presentación obrante a fs. 69/78.

En su líbelo de agravios afirma el recurrente, tras reseñar los antecedentes de la causa, que el crédito que ostenta su mandante es de fecha anterior a la reserva de prioridad n° 39581, habiendo incurrido la demandada en una actitud fraudulenta pretendiendo sustraer de la acción de los acreedores un inmueble de su propiedad a través de la referida inscripción del contrato de fideicomiso. También destaca que la decisión argumental contenida en la resolución apelada, contraviene las constancias obrantes en autos en cuanto hace prevalecer el valor constitutivo de la inscripción de los actos jurídicos en el registro, en perjuicio del embargo ejecutivo ordenado en autos en su favor con apartamiento de los principios jurídicos de su planteo de inoponibilidad por fraude.

Bajo el primer agravio el recurrente expresa que la sentencia objetada es técnicamente nula, en cuanto el aquo ha exigido a su parte que cumpla con un extremo que de hecho efectivamente ha cumplido, esto es, haber instado la acción de fraude en contra de la reserva formulada por el escribano Fagale; habiendo asimismo omitido considerar la buena o mala fe de la demandada en la constitución del contrato de fideicomiso formalizado con el propósito de eludir el pago del crédito ejecutado en autos.

A su vez entiende que el rechazo del incidente de oposición formulada por su parte, importa sin mas que la juez aquo haya dejado de analizar la verdad jurídica objetiva que se impone en toda sentencia. Destaca que el fallo es nulo en cuanto se aleja de las constancias obrantes en autos y omite aplicar al caso una norma especifica (artículo 15 ley n° 14.441). Cita jurisprudencia que considera aplicable.

El recurrente considera que la cuestión debió ser resuelta en base a los mas altos principios jurídicos consagrados por el artículo 962 del Código Civil, que se refieren a la inoponibilidad. Destaca que el inmueble que su parte pretende embargar registra una deuda en concepto de impuesto inmobiliario, que se encuentra ejecutado en los autos del rubro y que tal circunstancia resulta de dominio público por el sistema de publicidad con que cuenta la DGR. En consecuencia entiende que se encuentran configurados en autos los tres requisitos necesarios para que prospere su planteo, es decir, la existencia de un contrato de fideicomiso que pretende sustraer el bien de la acción de los acreedores; la imposibilidad de su parte de concretar el embargo a consecuencia de ello y por último que el crédito que invoca su parte es anterior a la reserva de prioridad.

También agravia al recurrente que la juez a-quo no haya analizado, a través de la vía propuesta por su parte, el planteo de inoponibilidad por fraude, y aunque el inferior no lo diga, su parte interpreta que aquel se pronuncia en el sentido de que la acción por fraude prevista por el artículo 15 de la ley 24.241, debe ser ejercitada como una acción autónoma, incurriendo de este modo en un exceso de rigor formal.

Bajo el segundo agravio el apelante atribuye al fallo un error material in iudicando o de interpretación jurídica; ello acontece en cuanto la juez aquo rechaza su oposición con fundamento en la disposición contenida por el artículo 25 de la ley 17801 que otorga prioridad a la reserva de anotación del contrato de fideicomiso, habiendo dejado de aplicar lo preceptuado por los artículos 965, 961 y sgtes del Código Civil. Al respecto señala que su parte no ha puesto en tela de juicio (pro vía de acción de nulidad o simulación del acto jurídico), sino que su planteo está dirigido a la inoponibilidad del acto de constitución de fideicomiso respecto de su mandante, que ostenta la calidad de acreedor en virtud de un crédito de fecha anterior al contrato de referencia. Cita jurisprudencia que estima aplicable.

También expresa el recurrente que la juez de grado, al momento de resolver la incidencia planteada por su parte, omite gravemente considerar el perjuicio que irroga al acreedor otorgarle preeminencia a la reserva de inscripción del contrato de fideicomiso sobre su crédito del fecha anterior. Reitera en base a esta consideración la arbitrariedad de la sentencia apelada, formula disquisiciones conceptuales entre la acción de simulación respecto de la acción Pauliana; asimismo destaca que el demandado ha demostrado desinterés habida cuenta que no contestó oportunamente el traslado respectivo y que a su vez se encuentra firme la sentencia monitoria dictada en su contra. Solicita en consecuencia la revocación del fallo objetado con expresa imposición de costas. Finalmente formula reservas legales.

A fs. 138/146 obra contestación del traslado de la expresión de agravios evacuada por el demandado en cumplimiento de la providencia obrante a fs. 121.

En su responde el demandado principia reconociendo que, tanto el crédito reclamado en autos como la sentencia monitoria dictada por el a-quo, son de fecha anterior a la celebración del contrato de fideicomiso, mas ello no obsta a que su parte celebrara válidamente el contrato de referencia, cuyos efectos jurídicos son objetados por el actor. Al respecto afirma que el actor, a través de la pretensión recursiva denominada "declaración de inoponibilidad y desafectación", persigue obviar el principio de tracto registral y a todo el sistema registral inmobiliario fundado en la sola circunstancia que su crédito es anterior a la transferencia. Destaca que tal pretensión contraviene el tráfico jurídico y actividad comercial de los negocios habida cuenta que su parte, al momento de celebrar el contrato de fideicomiso, no se encontraba inhibido para ello, no registraba concurso ni quiebra abierta, en definitiva contaba con libre disponibilidad de sus bienes.

Asimismo destaca que la expresión de agravios del recurrente contiene cuestiones tales como fraude, acciones Paulianas, ineficacia etc, que no fueron oportunamente propuestas ante el juez de grado; circunstancia que impide, por una lado que tal apelación pueda ser considerada como crítica concreta y razonada a la sentencia apelada, y por otro constituye un obstáculo procesal a que el tribunal de alzada se expida sobre capítulos no propuestos por las partes ante el inferior, vulnerando de este modo garantías constitucionales, tales como el debido proceso y derecho de defensa en juicio.

Destaca el demandado que conforme lo acredita con la documentación que adjunta, su parte estuvo en negociaciones por mas de un año para la celebración del contrato de fideicomiso, habiéndose instruido al notario interviniente para solicitar ante el Registro inmobiliario el pertinente certificado de reserva de prioridad que establece la ley 17.811, habiéndose efectivamente celebrado el negocio bajo la modalidad que habilita la ley 24.441, cuya utilización es habitual en las transacciones comerciales. Luego, tras explicar los antecedentes y motivos de la operación llevada a cabo, tanto como el perfil de las partes intervinientes y monto razonable del contrato, concluye afirmando que resulta fáctica y jurídicamente imposible que el contrato celebrado sea un acto simulado ni menos aún fraudulento.

Expresa el demandado que la presentación oportunamente formulada por el actor ante el juez de grado no constituye una acción pauliana, cuyos requisitos están establecidos por el artículo 962 del Código Civil, y que el actor, ni siquiera mínimamente ha acreditado, al menos la concurrencia de los dos primeros extremos, esto es, estado de insolvencia del deudor y que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor; debiendo asimismo acreditar la connivencia entre el deudor y el tercero interviniente en el contrato.

En cuanto al agravio referido a la inaplicación del derecho vigente, por parte de la juez aquo, afirma que el apelante insiste en afirmar que ha instado la acción por fraude en contra de la reserva formulada por el Escribano Fagale, de lo que se infiere que su pretensión no solo iría en contra de la escritura de transferencia sino contra el contrato de fideicomiso en si, cuestión totalmente descabellada, pues de haber sido así debió haber accionado contra todas las partes intervinientes en la operación. En atención a ello considera que la sentencia es congruente porque jamás pudo expedirse válidamente sobre una acción por fraude que no fue efectivamente iniciada, y que amén de ello resulta improponible su instrumentación por vía incidental dentro de la tramitación de un proceso de estructura monitoria.

Asimismo, la demandada insiste en que no existe un error in iudicando por parte del a-quo con fundamento en la falta de tratamiento relativa a la acción pauliana, que hoy propone el recurrente, toda vez que de haber resuelto sobre tal cuestión hubiera fallado mas allá de lo propuesto por las partes. Reitera que la cuestión debatida en autos no se refiere a una acción Pauliana, sino que se trata de un incidente de inoponibilidad y desafectación. Cita jurisprudencia, formula reservas legales y en definitiva pide el rechazo de la apelación con costas.

A fs. 154 obra certificación de pase de estos autos a estudio a fin de dictar sentencia definitiva sobre la apelación en cuestión.

Previo a todo corresponde señalar que esta Cámara ha sostenido reiteradamente, en relación a los recaudos que debe contener la expresión de agravios, que: "Expresar agravios significa reputar y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho que pueda contener la sentencia, pero además, consiste en refutarlos hasta que ninguno de los fundamentos esenciales del pronunciamiento quede en pie. Esto supone la carga procesal que implica una exposición jurídicamente calificada, donde queden en evidencia, punto por punto, aquellos errores que tornan injusta o contraria a derecho la resolución tomada por el juez". (Sala I, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San Juan, autos "Galván de Cañadas, Elena Ivana c/ Gorviric, Jorge Pablo, D. y P.-" L.S. T° 102 F° 49/56 14-11-08 - Jurisprudencia de San Juan 2007-2008-2009-2010-2011 - 1° Semestre pág. 91).

De la lectura de la presentación de fs. 69/78 se advierte la carencia de sólidos fundamentos para rebatir la decisión adoptada por la Sra. Juez en el fallo apelado, conforme lo dispone el art. 253 del C.P.C. -en concordancia con la jurisprudencia citada precedentemente, ello acontece en cuanto el apelante reitera cuestiones que ya fueron planteadas en su incidente de inoponibilidad y desafectación de inmueble obrante a fs. 29/32, tales como que el crédito ostentado es de fecha anterior a la reserva registral, la que a su vez fue instrumentada con posterioridad a la interposición de su demanda. Tal planteo ha sido analizado y resuelto por la juez a-quo en base a argumentaciones, que a consideración de este Tribunal, el recurrente no logra conmover.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior y con el fin de resguardar el derecho de defensa del apelante, es que se procederá a analizar el memorial, en los aspectos que se consideran críticos de la sentencia recurrida a cuyo fin este tribunal guardará estricto apego a la norma contenida por el artículo 262 del C.P.C. que delimita la competencia de la segunda instancia. Se efectúa esta observación ya que la norma de mención impide que este Tribunal falle sobre capítulos no propuestos ante el juez de 1° Instancia, salvo los daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores al momento en que pudieron introducirse hechos nuevos en la primera instancia. Se hace esta salvedad en cuanto se advierte que el recurrente, a través del 2° agravio reprocha al juez de grado la falta de análisis y aplicación de los arts. 961 y 965 del Código Civil Argentino, cuestiones tales que son relativas al fraude en los actos jurídicos, y que no fueron oportunamente planteadas ante el juez de grado siendo que su análisis y consideración escapa al principio "iura novit curia". Al respecto: "Ha dicho esta Corte, siguiendo en ese aspecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el citado principio del iura novit curia implica la facultad propia del juez de la causa de calificar autónomamente los hechos del caso y subsumirlos en las normas jurídicas que los rigen, cualesquiera sean las invocadas por las partes (CSJN Fallo 302:1393; P.R.E. S.1º 1995 -II- 103; S.2ª. 2002 -I- 113). Pero también se ha sostenido, que esa facultad está limitada a que la determinación del derecho aplicable, consagrado en dicho principio, no se extienda a la admisión de defensas no esgrimidas (P.R.E. S. 2ª .1990-107), como ha sucedido en el subjúdice." (Corte de Justicia de San Juan, Sala I, AUTOS Nº 2849 caratulados: "SUMA CONSTRUCCIONES S.R.L. C/ COOP. GUALCAMAYO LTDA. (ALDO BANCHIG)- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO- II CPO. INCONSTITUCIONALIDAD".- P.R.E. S. 1 -2003-II-280) Conforme el criterio sustentado por la Corte local, y al cual este Tribunal adhiere, no corresponde tratar los agravios que versan sobre tales cuestiones.

A tenor de las consideraciones expuestas sin lugar a dudas el "thema decidendum" se circunscribe ha determinar si la reserva de prioridad n° 39581 formalizada por el Escribano Fagale en fecha 28/11/2012, resulta oponible al embargo ejecutivo decretado en autos registrado bajo el n° 43174 e ingresado al Registro Inmobiliario en fecha 27/12/2012, con fundamento en que el crédito que ostenta el apelante es de fecha anterior a la reserva de prioridad. Al respecto cabe señalar que el recurrente con los argumentos esgrimidos en relación a esta cuestión no logra conmover los sólidos fundamentos brindados por la juez a-quo, esto es, que la reserva de prioridad goza del principio de anotación preventiva establecido por el artículo 25 de la ley Nacional 17.801. A ello cabe adunar que la prioridad de reserva efectuada ante el Registro Inmobiliario versa sobre un contrato de fideicomiso instrumentado mediante escritura pública, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 85/94. En este sentido el artículo 994 del Código Civil Argentino determina que los instrumentos públicos hacen plena fe, no solo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, de las disposiciones, pagos, reconocimientos, etc.

Además debe tenerse presente, sin desconocer la estrecha interrelación entre el derecho de fondo y el derecho procesal, en especial la cuestión relativa a las normas incorporadas al Código Civil que aluden al Derecho Registral, que aquí es la propia ley la que decididamente dirime toda controversia sobre el derecho del acreedor a afectar, mediante una medida cautelar de embargo, un bien de propiedad del deudor. En este punto no procede hablar de buena o mala fe, como lo plantea el recurrente pues como ya se señalara tal cuestión no fue propuesta ante el juez de grado. En este sentido la norma aplicada por el juez a-quo tiene por objeto proteger el derecho de propiedad de las partes intervinientes en el acto registrado conforme a los principios de la publicidad registral (arts. 21, 22, 23 y cc. de la ley N° 17.801). No hay razón valedera para soslayar tales principios con fundamento en la existencia de un crédito de fecha anterior.

Adviértase que el embargo importa la sujeción de bienes individualizados del deudor a un régimen jurídico especial, tendiente a cumplir una función de garantía (C. J. Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", t. 1, ps. 344/5, 4ª ed.). Pero es un acto preventivo, que no se refiere tanto al dominio como a la facultad de disposición (E. J. Couture, "Fundamentos del derecho procesal civil", 3ª ed., núm. 304), ni importa la constitución de un derecho real, ni atribuye al acreedor poder sobre la cosa embargada (H. Alsina, "Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t. III, p. 58, núm. 10; 1ª ed.; Colombo, loc. cit.). Su naturaleza es procesal y no constituye un privilegio (R. M. Salvat, "Tratado de Derecho Civil, Parte General", t. II, núm. 1346, Ed. del Cincuentenario).

A título de consideración final cabe señalar que la reforma de 1968 incorpora la ley de registros inmobiliarios como parte integrante del Código Civil, según su propio art. 42. Dicha ley (17801) dio término al complejo problema de los derechos sobre cosas, al imponer para su eficacia frente a terceros la registración (ver sus arts. 2º, inc. 2º, relativo a los embargos, 19, 21 y 22 entre los principales). Tal ley rige sobre los efectos de un embargo anotado en el Registro de la Propiedad, luego resulta en modo indubitado que quien postuló la inscripción del embargo se sometió -por esa circunstancia- a todas las disposiciones y consecuencias de tal anotación.

Sostiene Elena I. Highton que "la publicidad es el principio registral por excelencia, y los derechos nacidos extrarregistralmente al inscribirse adquieren mayor firmeza y protección, en tanto la eficacia de la publicidad excede de la mera información" (Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2000-3).

La medida de no innovar, como las demás cautelares, están concebidas para asegurar el resultado del proceso principal, prohibiendo en el caso de la solicitada, la modificación fáctico jurídico del asunto controvertido, retrotrayendo la situación a un estado anterior. En el sub lite no es viable decretarla, porque de esta manera interrumpiría un proceso escriturario -como bien señala el Juez- donde los derechos de los terceros están protegidos por los principios de la publicidad registral. El Registro Inmobiliario hizo anotación condicional del embargo en los términos del artículo 58 de la Ley 3802, respetando las normas contenidas en los artículos 33 y 18 inc. b) de la ley 17.801, considerando la reserva de prioridad solicitada por la Escribanía Frese. Respecto de los terceros la tutela se extiende a los efectos que señala el art. 22 de la Ley 17.801, de ahí surge que el Juez no pueda interferir en una situación de derecho distinta a la discutida en el proceso, decretando una cautelar que, sin duda, afectará los derechos de otras personas ajenas al proceso. Sea que actuaran de buena fe o mala fe -no corresponde aquí determinarlo- la situación de dominio sobre el inmueble en cuestión y la registración de los documentos asentados con anterioridad al pedido de la medida precautoria, gozan de la prioridad y garantía de la anotación al amparo de los principios de la publicidad registral." (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Minería de San Juan, Sala I autos Nº 17.655 caratulados: "GALDEANO, JOSÉ CARLOS C/ SABAIRES S.R.L. - ESCRITURACIÓN - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - LEGAJO DE COPIAS RECURSO CON EFECTO DEVOLUTIVO" ; T° 131, F° 14/15 FECHA 15/4/04) Por los fundamentos expuestos corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 69/78 con costas a cargo del apelante vencido (art. 66 del C.P.C.).

Asimismo a tenor de lo establecido por los artículos 800 inc. 10 de la ley 8037 - modificatoria del artículo 222 de la ley 2150 y art 196 de la ley 2150 corresponde fijar los honorarios profesionales del apoderado de la parte demandada por su intervención ante el tribunal de alzada, teniendo en consideración a tal efecto que la cuestión debatida carece de contenido económico (art. 188 ley 2150). Conforme las pautas preinformadas se regulan los honorarios profesionales correspondientes al Dr. Guillermo Medawar, en la suma de Pesos Setecientos ($ 700). No se regulan honorarios en favor del apoderado del apelante en virtud de lo establecido por el artículo 20 de la ley 5558.

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo estipulado por el art. 257 del C.P.C..

En consecuencia y por el mérito de lo expuesto SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación deducido a fs. 66 contra la resolución dictada a fs. 63/65 de autos por los motivos expuestos en los considerandos. II) Imponer las costas al apelante vencido; III) Regular los honorarios profesionales correspondientes al Dr. Guillermo Medawar por su intervención en esta instancia, en la suma de Pesos Setecientos ($ 700).

Protocolícese, notifíquese, y bajen los autos al juzgado de origen.

FIRMA: DRA. ESTELA ZORRILLA. PRESIDENTE. DR. JUAN JESÚS ROMERO. VOCAL. ANTE MI: OSCAR ROLANDO CABRERA.- SECRETARIO.