marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PETROPOL SA s/ CONCURSO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-04

Resulta improcedente considerar que la base regulatoria de los honorarios esta constituida por la mitad del "total de lo pagado ... A los acreedores ..., Ya sea mediante la entrega de acciones o de obligaciones negociables de una sa", con fundamento en que esos títulos "tienen un valor actual bajo la par que alcanzaría aproximadamente un 50% de su valor nominal", por lo cual procedía "computar tal quita a los efectos de determinar lo pagado a los acreedores...", Si -como en el caso- la concursada no impugno que el monto dado a los acreedores verificados haya sido el mencionado en aquella resolución. De modo, que no procede reputar eficaces las ulteriores modificaciones o alteraciones que hubiesen padecido las acciones entregadas por la concursada a sus acreedores; porque atender esto supondría atar el honorario devengado bajo circunstancias pretéritas, a la eventual cotización que las acciones entregadas a los acreedores por la concursada alcanzasen en tiempo posterior al del cumplimiento del acuerdo. Por ende, la base regulatoria será aquel dato histórico objetivo provisto en la decisión de primera instancia sin ser criticado por la concursada; o sea: el monto del pasivo extinguido a traves de la capitalización propuesta por la sociedad concursada.
Aplicación de la ley laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Gareca, Luis M. c/ CADESA s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

No resulta conculcado el art. 11 de la Ley de Contrato de Trabajo si el pleito fue resuelto en el marco de las normas de dicha ley.
Celeridad procesal, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Orozco Sixto Alberto  c/ La Segunda ART S.A. - Apelación de auto interlocutorio  s/ inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-04-15

Al no haber aspectos pendientes que requieran por ello la intervención de un Tribunal de Alzada que reemplace al emisor de lo cuestionado, siguiendo el referido principio de celeridad y economía procesal, esta Corte de Justicia se aboca a resolver el objeto de análisis.
Recurso de casación, abandono de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: SANTORO JORGE c/ HYDRODRILL ARGENTINA  S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-03-17

No sólo desde el aspecto de la actividad de la actora no se vislumbra la voluntad positiva de quebrar la relación laboral, sino también desde el ángulo del análisis de la actividad del sindicato que lo agrupá y ampara. La entidad sindical acompaña a la empresa documentación que justifica la ausencia del operario, documentación que ha sido analizada y correctamente merituada en la instancia de grado. Ello así, en el cuadrante desarrollado debe rechazarse el recurso de casación articulado por resultar ajustada y adecuada la subsunción legal operada por la Excma. Cámara "a-quo", al tener por no configurado el supuesto de abandono de trabajo previsto por el art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo, en orden a los hechos definitivamente fijados en el ámbito ordinario.
Expropiación irregular, indemnización, intereses, despojo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: WAISMAN, LEON CARMELO ADOLFO Y CRISTOFOLI, HECTOR LUIS DEMANDADO: PROVINCIA DE SANTA FE s/ EXPROPIACION INVERSA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 70 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

Si bien en la demanda de expropiación inversa se solicitan intereses a partir de la fecha de la primera declaración legislativa de utilidad pública o, de no entenderse ello procedente, desde la ocupación por terceros, circunstancia que impidió en forma definitiva el ejercicio del dominio, este Tribunal ha sostenido reiterada e invariablemente que los mismos deben reconocerse desde el momento en que la expropiante ocupó el bien de que se trata, con fundamento en la privación, desde esa fecha, de la disponibilidad del monto equivalente a su valor objetivo, y, en circunstancias similares a la de autos -vinculadas a la actividad desarrollada por la Administración en el marco del Plan Logro de un Ordenamiento Territorial Estable- reconoció intereses sólo desde el momento de la toma de posesión por la expropiante. En el sub judice, no se advierte la concurrencia de extremos que impongan alterar dicha solución, pues la invocada ocupación por terceros en el inmueble configurando una "villa de emergencia", ni puede entenderse asumida como propia por la Administración, ni puede considerarse haya limitado a los propietarios respecto de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos que sobre el bien afectado les asisten.
Establecimientos educacionales privados, abuso del derecho, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: L.M.I. y D.P.M. c/ I.C.M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

La negativa a renovar la matriculación en un colegio no puede ser ejercida en forma caprichosa o arbitraria, ni puede importar un abuso en el ejercicio de un derecho ni contravenir, a la luz de la teoría de los actos propios, conductas anteriores de la institución educativa.
Derecho procesal, monto indeterminado
Materia: COMERCIAL
Carátula: DONAMARI, ZULEMA c/ MERCATALI, JORGE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

Si bien la ley adjetiva redime al actor de precisar el monto reclamado cuando ello no es posible al tiempo de promover la demanda (v. cpr: 330-2° parr.), dicha posibilidad es excepcional, y requiere inexcusablemente, la explicitación concreta y cierta de que resulta imposible y no medianamente dificultoso, el cumplimiento de los requisitos legales del precepto antes citado. dicha exigencia no se cumple cuando simplemente se enuncian los perjuicios cuyo resarcimiento se pide, o en general, cuando solo se enumeran las pretensiones que se esgrimen, o se indica una cifra global sin discriminación de los conceptos que la componen, pues para garantizar el derecho constitucional de defensa en juicio es necesario una adecuada descripción de esos conceptos, lo cual implica no solo individualizar perfectamente el objeto reclamado sino también las bases o parámetros que permitan alcanzar su cuantía (v. sala c, 25.10.02, in re "feridown company sa c/ Boston securities sa s/ ordinario"; idem, 31.3.92, "línea 10 SA c/ larrivey, julio").
Contrato de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: ROSENTHAL DE REBULLIDA SARA JUDITH c/ ACUARELA Y/O IDEAS Y/O RESPONSABLE s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-21

Los actos interruptivos o suspensivos de la prescripción deben interpretarse con criterio amplio, decidiéndose en caso de duda por la solución más favorable a la subsistencia del derecho del trabajador. Esta interpretación en materia laboral, eventualmente contará además con el aval del in dubio pro operario (art. 9, LCT).

En efecto, si una interpretación restrictiva se ha preconizado para el Derecho Privado en general, debiéndose decidir en caso de duda por aquella solución que conduzca a la conservación del derecho, y permitiéndose de este modo el acceso a los beneficios que se irroguen del mismo, cuánto más cabe hacerlo cuando de lo que trata es de derechos siempre irrenunciables y absolutamente indisponibles, como lo son los créditos que nacen en cabeza del trabajador o sus derechohabientes como consecuencia del contrato de trabajo.
Recurso contencioso administrativo, recurso de nulidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Portugal, Marta Haydee Vigil de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Nulidad   (Expte.: C.S.J. Nro. 59 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Resulta inadmisible el recurso de nulidad interpuesto, desde que la actora no se ha hecho cargo de encuadrar su pretensión recursiva en ninguno de los dos incisos del artículo 80 de la ley 4106 y, de la simple lectura de los agravios expresados, se advierte que todos se enderezan a cuestionar la interpretación que formulara el Tribunal sobre temas sometidos a su conocimiento, pero de ninguna manera se hace referencia a vicio procedimental o a omisión alguna de pronunciamiento, lo que determina la suerte adversa del juicio de admisibilidad.
Daños y perjuicios, cuestión de derecho común, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policía federal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goyenechea Raquel Fermina y otros c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal s/ accidente en el ámbito militar y fzas de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-26

Las normas de derecho común no son aplicables a los daños que son mera consecuencia del cumplimiento de misiones específicas de las fuerzas armadas o de seguridad, que se diferencian de aquellos daños de origen accidental (Voto conjunto de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda). - Del precedente "Leston" al que remitió el voto-.
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Divorcio Vincular - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-02-16

Las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 370 C.P.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad. Esas pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que las partes que las invoquen aproveche lo que le es útil y desechen lo que las perjudican, ni fragmentar el todo integrado por la reunión de los elementos probatorios.

En la apreciación de ésta los jueces no tienen la obligación de expresar en su sentencia la valoración de todas las producidas sino únicamente de las que, de conformidad con las reglas de la sana crítica, fueren según su prudente criterio, esenciales y decisivas para la resolución de la causa.

La prueba fundamental a producirse en esta clase de juicios es la que posibilita indubitablemente establecer la verdad de la situación planteada entre los esposos, debe tener la suficiente fuerza de convicción que lleve la seguridad de que son ciertos los hechos que se denuncian.
Fuero de atracción, prueba anticipada, acciones personales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Villafañe, Claudia Rosana c/ BTF Media S.A. y otros  s/ diligencias preliminares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

El fuero de atracción procede respecto de las acciones personales promovidas con anterioridad al fallecimiento, como un modo de concentrar ante la sucesión los procesos contra el causante que pudieran afectar la universalidad de su patrimonio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Impuesto inmobiliario, hecho imponible
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Poder Ejecutivo (Tribunal Fiscal).Coady.:Asurmendi,Emeterio Gonzalo. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04

El impuesto inmobiliario es un gravamen en el que se pone de relieve el aspecto objetivo del hecho imponible. En la definición de éste no se tienen en cuenta, en principio, las circunstancias personales o la capacidad contributiva del sujeto al que se refiere la obligación, sino que toma manifestaciones objetivas como elementos suficientes de por sí para indicar una determinada capacidad contributiva.
Daño moral, daños y perjuicios, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si en el caso, la responsabilidad del Estado prescinde de todo elemento subjetivo y hay fuertes elementos que hacen pensar que el obrar de la demandada fue diligente, no habría razones para reconocer daño moral ni en su sentido satisfactorio ni en el punitivo. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Demanda, contenido de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serantes, Juan Alberto c/ Areco, Claudio Daniel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El celo que el Tribunal ha de poner en el control de la satisfacción de la carga procesal del art. 330 inc. 4 del C.P.C.C., está enderezado a preservar el derecho de defensa del demandado y no ha de exacerbarse en búsqueda de una vana pleitesía al rito, que pueda llevar al juzgador a ahogar o frustrar la tutela judicial pedida, cuando aquél derecho no ha sufrido mengua y el demandado ha sido puesto en perfectas condiciones de saber qué, cuánto y por qué se le demanda. Para ello es suficiente con que la demanda exponga los hechos constitutivos que apuntalan su pretensión, de modo tal que en ella "se determine el ámbito y el objeto del litigio y que la pretensión del actor quede identificada".
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Melinsky, Isaac c/ Squillace de Barbera, Elvira y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Para frustrar la demanda de desalojo en función de la posesión alegada por el demandado, habrá que atenderse la verosimilitud de la posesión, no meramente la intención de poseer.
Sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Mercado, Rubén Ernesto c/ Compagnie Generale de Geophysique s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-14

"A la luz del artículo 286 Código Procesal y para determinar la definitividad o no de la sentencia, debe tenerse en cuenta el criterio de supervivencia o no de la acción, por cuanto mientras ésta subsista, y el pleito pueda continuar, no habrá sentencia definitiva".
Ofrecimiento de la prueba, juicio de desalojo, comodato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEDAL CLUB TOMAS CAPELLO c/ PEÑA CICL. VET. DE MZA. s/ Desalojo (LIBRO: A073 - 325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-11

Las restricciones al ofrecimiento de prueba que impone nuestro régimen procesal para el proceso de desalojo, se aplica tanto a los que tienen por origen un contrato de locación como uno de comodato, ya que el art. 399 bis I, a diferencia del 399 I (que no menciona en forma especial al desalojo), especifica en el ap. B casos que no responden a la locación, y entre los que se incluye el comodato.
Decretos, impugnación del acto administrativo, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Coleman, Hugo Adolfo y otra c/ Citibank NA. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

Es inadmisible la declaración de invalidez del Decreto 1096/85, si no se ha demostrado que el valor adquisitivo de la suma convertida haya sido inferior al que habría correspondido a los intereses originariamente estipulados, de haberse mantenido el proceso inflacionario en niveles similares a los imperantes al momento de la celebración de los depósitos respectivos.
Principios laborales, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Chémez, Ricardo R. c/ Otegui H.O. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-19

En autos, la regla del in dubio pro operario es inaplicable, puesto que no estamos en presencia de duda en la valoración de la prueba, sino de inexistencia de ella en cuanto al contrato de trabajo que se invocara.
Defensa del consumidor, facultades del gobierno provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-23

Si bien el art. 45, último párrafo, de la ley 24.240 faculta a las provincias para establecer su régimen de procedimiento y de regular la actuación de las autoridades provinciales para aplicar la ley, la competencia de éstas -directa o delegada- se limita al control, vigilancia y juzgamiento del cumplimiento de la ley de defensa del consumidor y de sus normas reglamentarias (art. 41, texto conf. ley 26.361), sin que correlativamente se extienda al contralor y juzgamiento de las eventuales infracciones a las normas jurídicas que regulan el mercado y que son dictadas en el marco de una específica asignación legal de competencia, aun cuando, por hipótesis, se tratara de circunstancias acaecidas en su ámbito territorial.
Empleador, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Cozzi de Bernardi, María E. c/ Dal Ferro de Borda, Flora s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. - Purafil, Elena c/ Catoira, Clara y Balmaceda, Roberto s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-19|1990-06-22

La obligación prescripta en el art. 55 inc. I) de la ley 18037, es una típica obligación de hacer cuya prestación consiste en la confección de un certificado de servicios, y que tiene su origen en una norma propia de la seguridad social, por lo cual le es aplicable la prescripción decenal establecida en art. 4023 del CC. La citada norma rige la prescripción de las acciones personales, entendiéndose que resulta aplicable toda clase de acciones prescriptibles que no estén sujetas a otro plazo.
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barbosa Miguel c/ Condori Willca Policaripio y otro s/ Rescisión de boleto y daños y perjuicios. Incidente de venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

En el régimen de la sociedad conyugal, la ausencia de mención en el título del origen de los fondos empleados en la compra resulta inconducente para determinar el sistema de gestión y la responsabilidad por las deudas, pues la titularidad de la adquisición es el criterio de atribución que informa la materia, pues ninguna disposición legal exige tal circunstancia.
Acción de amparo, enfermedades poco frecuentes, cobertura médica, responsabilidad de la provincia, derecho a la salud, medidas de acción positiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R. C., G. c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Salta s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-26

Conforme el entendimiento coherente -art. 2 del CCyCN- del ordenamiento normativo nacional y local, surge que las provincias se encuentran a cargo como "principales responsables" de brindar la cobertura que dispone la Ley de Enfermedades poco frecuentas, disponiendo expresamente la ley provincial que las personas que padezcan enfermedades poco frecuentes y carezcan de cobertura de obra social deben ser atendidas por el Estado Provincial. En el caso se encuentran reunidos los recaudos de diagnóstico y carencia de obra social, por lo que corresponde que sea la Provincia demandada quien cubra las prestaciones farmacéuticas requeridas para tratar la enfermedad y evitar el riesgo de vida que pesa sobre el amparista; adoptando las medidas de acción positiva que resulten necesarias para garantizar el derecho a la salud reconocido y garantizado en el art. 41 de la Constitución de la Provincia de Salta
Corte Suprema de Justicia de la Nación, acordadas, días hábiles, asueto judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Cozzi, Jorge Alberto c/ Ministerio de Defensa s/ Varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-24

La Acordada 87/92 C.S.J.N. decretó asueto judicial los días 24 y 31 de diciembre de 1992, "en los términos del art. 3 del Reglamento para la Justicia Nacional". Esta disposición resulta clara en el sentido de advertir que la declaración de asueto "no inhabilita el día" ni alcanza a los magistrados, funcionarios y empleados indispensables a fin de atender al público y las diligencias para ese día. Con lo cual los días 24 y 31 debe ser considerados hábiles a los efectos del cómputo de los plazos procesales y de la validez de las actuaciones en ellos cumplidas.
Verificación de créditos, viajantes de comercio, corredor, apreciación de la prueba, relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: COMERCIAL - LABORAL
Carátula: CORNA SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIFICACION POR ABBONDANZA, JORGE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

Del dictamen fiscal 82277: procede rechazar la verificación promovida por quien dijo desempeñarse como viajante de comercio en la sociedad actualmente fallida, cuando -como en el caso- se verifica que la actividad que llevaba el pretensor estuvo mas próxima a la figura del corredor mercantil que a la del empleado, toda vez que de conformidad con las probanzas anejadas, el instante parece haber sido quien se interponía profesionalmente entre la oferta y la demanda, para facilitar o promover la conclusión de los contratos. Es decir, que quedo acreditado que la relación jurídica que unía al incidentista con la fallida no configuraba una relación de dependencia en los términos del derecho laboral, puesto que si bien el accionante realizaba ventas para la empresa, llevando a cabo la cobranza de tales ventas, sin embargo, no existen elementos característicos de la relación laboral, tales como la subordinación jerárquica, técnica o económica, lo cual impide encuadrar la relación dentro de lo normado por ley 14546.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, astreintes, Estado Nacional, mora, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA S.A. -CONCURSO PREVENTIVO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO POR ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION-CONCURSO PREVENTIVO - PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD (LEY  23.256) -EJECUCION DE SENTENCIA-(EXPTE.: C.S.J. NRO. 435 AÑO 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

Cabe conceder el recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ordenar la oportuna elevación de los autos, desde que, más allá de las carencias que pudieran reprocharse al líbelo recursivo, lo cierto es que contiene planteamientos que logran revelar supuestos con suficiente entidad para habilitar la vía de excepción, cuales son las cuestiones que fincan en la "provisionalidad", "ausencia de cosa juzgada" y "falta de definitividad" de las sanciones conminatorias que le fueran impuestas al Estado nacional por la "supuesta demora en el pago".

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado admisible la vía extraordinaria en casos similares. Asimismo, tienen suficiente asidero las invocaciones del recurrente acusando la omisión o apartamiento de normas federales de orden público (ley 23.982 y decretos 1639/93 y 483/95), implicadas -en sustancia- en el análisis de la cuestión de autos. (De la Disidencia de los Dres Falistocco, Gastaldi y Vigo)
Compraventa mercantil, nota de débito, valor probatorio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: B. DE T. SA c/ HARROD'S BS. AS. LTDA. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-04

Las llamadas notas de débito traducen, en una en cierto modo extraña practica de plaza, la pretensión unilateral de un crédito, que se atribuye el emitente a cargo de la contraparte, siendo el documento de por si inidoneo para generar derechos u obligaciones a favor del deudor con el alcance que la ley atribuye a las facturas. Y si bien se ha sostenido que cuando la emisión de las notas de débito se sustenta en el diferimiento de pagos por la compradora, ante su falta de objeción entra en juego la previsión del cciv: 918 y 919, es principio recibido que la nota de débito no constituye prueba si se la considera aisladamente; es necesario -v. gr.- que se la vincule con la factura mercantil impaga. Podrían acaso asumir valor probatorio en ciertos supuestos (v. gr.) como consecuencia de una cláusula inserta en las facturas.