marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conducta de las partes, declaraciones contradictorias, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: U., G.M. c/ P., E.C. s/ Alimentos - Medida Cautelar Urgente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-28

"Las alegaciones vertidas en el curso del proceso, que exteriorizan palmarias contradicciones, descalifican totalmente a la parte que las emite; gravitando esa conducta del litigante en la solución justa del caso concreto.

Así, la doctrina de los propios actos, que se abastece en el principio de la buena fe (Cód. Civil, art. 1198, 1 parte) y la seguridad jurídica en el tráfico negocial, imprime en la decisión un sello particular. En efecto, cuando el justiciable afirma, alega o sostiene categóricamente un hecho, luego no puede desconocer o impugnar esa circunstancia fáctica jurídica.

Cabe así excluir la conducta antifuncional, desde que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con un comportamiento anterior deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz".
Supervisión de cumplimiento de sentencia, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, REPÚBLICA ARGENTINA, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, torturas, muerte de un menor, responsabilidad internacional del Estado, sentencia de la Corte Interamericana, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Bulacio c/ Argentina s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-11-26

Debe la República Argentina, en tanto Estado Parte en la Convención Americana que ha acatado la competencia contenciosa de la Corte, adoptar todas las providencias que sean necesarias a los fines de otorgar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el Tribunal en Su Sentencia del 18 de septiembre de 2003 - Serie C No. 100-, en la que se declaró la responsabilidad internacional del referido Estado por violación a la Convención Americana, en perjuicio de quien siendo menor de edad fue detenido ilegalmente y murió a raíz de los golpes sufridos en sede policial, pues hace a las obligaciones asumidas por los Estados, el observar y cumplir en forma oportuna las decisiones del Tribunal.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia, suspensión de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOMEZ c/ CONFITERIA LOS LEONES s/ ORDINARIO S/INC. DESAFECTACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

Las decisiones adoptadas en asamblea son obligatorias y gozan del efecto de ejecutoriedad inmediata aunque se haya deducido impugnación judicial, a menos que el juez haya dispuesto suspensión preventiva en los términos de la ls 252.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., J. y D., C. s/ Art. 10, ley 10.067 s/queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

No reviste carácter definitivo la decisión de la Cámara que declara irrecurrible el pronunciamiento de primera instancia recaído respecto de un pedido de régimen de visitas de un menor. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mart, Pablo Fabián c/ Core y/o Roldán Manuel y/o quien resulte propietario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

La determinación del daño moral depende en principio del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Tartaglia, Néstor Raúl y otra c/ Baquero, Eduardo José. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Las decisiones dictadas durante el trámite de regulación de honorarios no constituyen sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, ya que los posibles agravios de naturaleza federal son susceptibles de conocimiento por el Tribunal en ocasión del recurso extraordinario contra el pronunciamiento regulatorio del caso.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, principio de legalidad, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

La aplicación de la regla de la imprescriptibilidad a los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura no vulnera el principio de legalidad, no sólo pues tal categoría de crímenes pertenece actualmente a nuestro derecho, sino que también lo hacía al momento de la comisión de tales hechos, dado que el orden jurídico interno contenía normas internacionales que reputaban a la desaparición forzada de personas como crimen contra la humanidad de modo que su aplicación no violenta el requisito de ley previa, máxime cuando dichas normas ostentaban para la época de los hechos el carácter de derecho universalmente válido -ius cogens-.(del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Municipalidad, Constitución Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Garnica, Pedro Lázaro c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 625-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-10-22

El constituyente de 1994 remitió a las provincias la determinación del concreto alcance y contenido de la autonomía que establece. El municipio debe ser autónomo en los límites, con los alcances y modalidades que cada constitución provincial determine. Vale decir que ha de ser ésta la que fije los necesarios confines de la autonomía consagrada. En tales condiciones, es evidente que no cualquier disposición provincial dirigida a los municipios es idónea en orden a violentar el principio de la autonomía municipal que sólo se vería afectado en caso de que aquélla la alterase sustancialmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Juan José c/ Constructora Galante S.A.C.I.F. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Establecer la fecha en que el dependiente tomó conocimiento de su minusvalía y consecuentemente el punto de partida de la prescripción constituye cuestión de hecho cuyo cuestionamiento sólo puede habilitarse por invocación y acabada demostración del absurdo.
Competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Tejeduría Morón. s/ Ejecución  ANSS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

Corresponde señalar en punto a la incompetencia planteada, que es la justicia federal, y no la del trabajo, la competente para entender en ejecuciones fiscales iniciadas por la Dirección Nacional de Recaudación Previsional o por su continuador, el Instituto de Previsión Social (art. 2do., inc. b) y c) de la ley 23.769), en conceptos de cobro de aportes y contribuciones previsionales.
Acción de amparo, recurso de inaplicabilidad de ley, sentencias contradictorias
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Giribaldi, Juan Eduardo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-14

Las actuaciones en las que la Sra. Fiscal alega decisorios contradictorios. "Klimovsky, Silvio Rafael y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo (art. 14 CCABA)", Sala I, 16/11/00, y "Giribaldi, Juan Eduardo c/GCBA s/Amparo", Sala II, 14/12/00-, son en realidad causas con un resultado diverso por el efecto procesal propio del juicio de admisibilidad efectuado sobre la apelación del Ministerio Público. En un caso -"Giribaldi"-, en que fue admitida la apelación, se analizó la cuestión debatida y se rechazó la sentencia apelada. En el otro -"Klimovsky"-, en cambio, la Sala I consideró improcedente la apelación pues no advirtió la existencia de agravio del Sr. Fiscal contra la sentencia recurrida -referida al régimen procesal aplicable al amparo en la ciudad. quedando firme el pronunciamiento de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las normas de la Ley Nro. 16.986. La vigencia de lo decidido en la anterior instancia fue consecuencia del efecto procesal propio de la denegación formal del recurso, y no de una doctrina jurisprudencial de la Sala I atinente a la cuestión planteada. Por el contrario, la posición de ambas Salas sobre la forma de resolver la ausencia de legislación procesal aplicable al amparo en la ciudad, ha sido idéntica. Han sostenido ambas salas que la Ley Nro. 16.986 continúa vigente en la ciudad, en tanto no se considere que la disposición cuya aplicación se invoca, se contraponga con los claros principios establecidos en la Constitución local -art. 14-. (Del voto de los Dres. Daniele y Russo.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, Luis Alberto s/ Lesiones culposas Nocito, Teresa Catalina s/ Abuso de armas de Dios, Luis Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22|1998-09-29|1999-02-23

Media transgresión del art. 67 párrafo 4 del Código Penal al haber declarado la Cámara extinguida la acción penal por prescripción, si luego de la acusación fiscal se produjeron actos que denotan que la acción ha seguido en movimiento, ésto es, actos interruptivos del curso de la prescripción.
Actuaciones administrativas, cosa juzgada, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, indemnización tarifada, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Astete Alvarez, Nicanor c/ Alfieri S.E.C.P.A. y otro s/ Accidente de trabajo Zapata vda. de Ojeda, Isabel Ruperta c/ Kingston S.A. s/ Indemnización por accidente Enriquez de Asselborn, Mirta Nelly c/ Esmeva S.A. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20|1986-03-04|1989-05-09

Resulta atendible la pretensión de indexar la indemnización por accidente de trabajo que fue declarada, determinada y satisfecha en sede administrativa aún sin reservas, porque no constituye su cobro un hecho extintivo de dicha obligación, desde que el interesado tiene siempre expedita la vía judicial dentro del ámbito del derecho del trabajo conforme al art. 260 de la ley 20.744 (t.o.).
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grassi, Omar Tomás c/ I.A.F. s/ Sumario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-17

No puede invocarse la "gravedad institucional" cuando la cuestión planteada no afecta los intereses de la comunidad el compromete las instituciones básicas de la Nación (Fallos 292:416; 293:615;

301:996).
Acción de amparo, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Liberti, Gabriela Elizabeth c/ Estado Provincial y/o Poder Ejecutivo y/o Ministerio de Educación de la Provincia s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-06-28

La invocación del carácter en que acciona la amparista -docente interina- implica conocer su situación de revista en un cargo vacante conforme al Estatuto del Docente, donde no se advierten derechos adquiridos definitivamente. De allí la omisión de referencia precisa y concreta a normas constitucionales conculcadas por el acto de la administración. Tal aseveración lleva a la consideración de que la ilegalidad atribuida a la Resolución, eventualmente, requeriría para su dilucidación mayor amplitud de prueba y debate. Por lo tanto, corresponde declarar formalmente inadmisible la acción de amparo interpuesta.
Sentencia definitiva, ley de accidentes de trabajo, opción del trabajador, acción civil por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Cerda, Manuel Oscar c/ Frutícola Rubio S.A. s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-05-31

Es definitiva a los fines del recurso de inaplicabilidad de ley la resolución de la Cámara atacada, en los términos del art. 52 y ccdtes. de la ley 1504, si en sus efectos obsta de modo final al ejercicio de la pretensión entablada por el accionante, entendiendo por tal la aspiración de obtener una reparación por el infortunio en los alcances autorizados por el art. 16 (opción por vía civil) de la ley 24028. El criterio de la Cámara, lo remitía a un régimen en que tal pretensión se halla como principio excluida, con la excepcional salvedad a que se refiere el art. 39 de la LRT, no es el caso de autos. Es decir que el pronunciamiento del grado clausura de modo final la chance del actor de plantear judicialmente el derecho que estima que lo asiste, en el sentido en que fue propuesto a la jurisdicción. (Del voto del Dr. Balladini).
Medidas cautelares, obras públicas, suspensión de obra pública, acción de amparo, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Astilleros  Alianza    S.A.    de Construcciones Navales, Industrial, Comercial y Financiera c/ Estado Nacional (PEN.) s/ daños y perjuicios -(incidente).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Una obra pública no puede ser paralizada por una medida precautoria solicitada por terceros ajenos al contrato, precisamente, de esa obra pública, salvo en condiciones iguales a las que autorizan la procedencia de la acción de amparo, sin perjuicio de la obligación de indemnizar, si corresponde.
Recurso de casación, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca c/ Convento de San Francisco s/ Ejecución Fiscal - RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-10-31

La parte actora impugna la sentencia interlocutoria dictada por la cámara de apelaciones que declara la caducidad del recurso de apelación interpuesto por su parte, en contra de la sentencia dictada por el juez de grado que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado, rechazando consecuentemente la ejecución fiscal iniciada.

Los arts. 292 y 299 del CPC exigen para la viabilidad del recurso de casación que la sentencia impugnada sea definitiva en los términos del art. 288 del mismo ordenamiento legal.

Al respecto esta Corte de Justicia ha dicho que sentencia definitiva es aquella que dirime el pleito poniendo fin a la controversia, es decir cuando la cuestión debatida no pueda ser renovada a través de otro juicio, salvo que exista una excepción que por su naturaleza y gravedad sea equiparable a tal. En razón de ello las sentencias dictadas en los procesos de ejecución no reúnen, en principio, la característica de sentencia definitiva en tanto la cuestión puede ser renovada a través de un juicio ordinario posterior en el cual los litigantes pueden hacer valer los derechos que consideren asistirle.

En el sub lite, habiéndose cuestionado una sentencia que declara la caducidad de la segunda instancia en un juicio ejecutivo, que como se dijo, por su naturaleza no reviste carácter definitivo, y no habiéndose invocado alguna excepción que equipare a sentencia definitiva, tal decisorio tampoco goza de definitividad requerida para la viabilidad formal del recurso intentado.

Por todo ello, corresponde declarar la inadmisibilidad formal del recuso de casación interpuesto.
Proceso penal, etapas del proceso, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscalía de Feria s/ Actuaciones (ref. B.Ch.S.A.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-13

El proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o condena; y por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que le sigue, de forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que se suceden.
Juicio, demandado, prueba de descargo, absolución de posiciones, defensa en juicio, responsabilidad profesional, brucelosis
Materia: PROCESAL
Carátula: TROSSERO, PABLO ANGEL c/ VETERINARIA ATALIVA Y-U OTROS s/ JUICIO ORDINARIO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1145-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

La imposibilidad fáctica del demandado de aportar su prueba de descargo -porque los animales presuntamente afectados de brucelosis fueron vendidos para su faena antes de la promoción de la demanda, sin dar noticia alguna a quien luego le fuera imputada responsabilidad profesional- constituye una violación al derecho de defensa constitucionalmente garantizado de tal magnitud que necesariamente se expande sobre todo el proceso posteriormente promovido, relativizando al extremo -inclusive- los efectos de la incomparecencia a la audiencia de absolución de posiciones.
Faltas, proceso de faltas, nulidad del acto jurídico, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M DE B, E s/ ACTOS  TURBATORIOS  Y  DESORDENES  (ARTICULO  62  INCISO B) CODIGO DE  FALTAS)      EXPTE NRO 158-90 O, A E s/ INFRACCION ARTICULO 66 CODIGO FALTAS      EXPTE NRO 127-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-02-22|1991-03-08

Se debe declarar nula la sentencia recaída en un proceso de faltas, si no se ha recibido indagatoria al imputado, cuando el mismo ha concurrido a la sede del juzgado e intervenido en actos procesales realizados en él, no obstante haber optado por la sustanciación policial.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de La Pampa c/ Hecht Daniel y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-11

Cuando no se niega la deuda que se ejecuta, el planteo de la excepción de inhabilidad de título sólo tiene por objeto ventilar una cuestión abstracta y resulta inadmisible. (Minoría u opinión personal)
Independencia del Poder Judicial, garantías de los jueces, intangibilidad de la remuneración, sistema republicano, gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Scarpati, María Cristina y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-06

La intangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de la independencia del Poder Judicial y constituye un requisito indispensable del régimen republicano, cuya preservación resulta obligatoria para las provincias en virtud de lo dispuesto por el art. 5. de la Constitución Nacional.
Cuestiones de competencia, propiedad intelectual, competencia de instrucción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: NUEVO CENTRO DE ESTUDIANTES. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-10

La ley de fomento del libro y la lectura, sanciona la reproducción facsimiliar de libros o partes de él sin la autorización de su autor y editor; la ley de propiedad intelectual está enderezada a castigar el fraude ocasionado al autor de una obra intelectual por medio de su reproducción clandestina. La primera no deroga la protección penal que de modo más intenso otorga la ley de propiedad intelectual a los efectos morales y patrimoniales que el autor de una obra literaria posee sobre su propia creación contra las denominadas copias piratas. En efecto, esta ley sanciona toda conducta defraudatoria en sí misma, provocada mediante la reproducción de obras intelectuales; mientras que la ley nueva, al no contemplar la posibilidad de que se trate de una conducta económicamente rentable, atiende exclusivamente a casos individuales (*).

Si de acuerdo a las características descriptas por el denunciante, que aluden directamente a la faz económica, se atiende que el hecho en estudio encuentra su adecuación en la ley 11.723 y deberá actuar la justicia de instrucción.
Facultades del Superior Tribunal, competencia nacional, organización de la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ GCBA s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-30

La legislatura porteña carece de potestades para dictar normas adjetivas a cumplir en el marco de los procesos judiciales en trámite por ante los tribunales de jurisdicción nacional, máxime tanto la norma cuestionada crea una instancia revisora de las decisiones de alzada nacional ante el Tribunal local que modifica los Códigos Procesales de la Nación y de la Ley 48, que reglamenta el recurso extraordinario ante la CSJN, y la estructura del Poder Judicial de la Nación definida en los artículos 1 y 32 del Decreto-ley 1285/1958 y la Ley 4055.
Juicio por jurados populares, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Guerendiain, Néstor Marcelo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

La decisión final adoptada en un juicio celebrado por jurados populares, ha sido precedido de una investigación preliminar llevada a cabo por el acusador público que pretende sostener su caso en contra del imputado, quien es sujeto de derechos y que ostenta status jurídico de inocente.
Daño moral, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN NAPOLEON M. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DAÑO MORAL - DAÑO MATERIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-13

La neurosis padecida por una menor no constituye un nuevo título para pedir una indemnización distinta a la ley fijada en concepto de daño moral.

Pretender que esa psicosis sea indemnizable por sí misma como daño material no es exacto porque la integridad física o psíquica del ser humano no tiene un valor económico, de suerte que esa dolencia no es por sí misma un daño resarcible. Las lesiones a la integridad física o psíquica del ofendido dan derecho a la indemnización en dos sentidos. Por un lado, como un daño no patrimonial en cuanto repercuten desfavorablemente en el ámbito de la personalidad moral del lesionado. Por el otro, como daño patrimonial indirecto en cuanto disminuyen la capacidad para obtener ganancias (C.C.arts. 1068 y 1086). Frente a estos conceptos no hay otro título al resarcimiento derivado de la lesión física o psíquica, porque no existe un " tertium genus "distinto del agravio moral o de la privación de las potencialidades económicas del ser humano. El cuerpo y la mente no son menos valiosos a causa de la lesión porque en sí mismo no tienen un valor económico. Son relevantes económicamente por lo que producen o pueden producir en el orden patrimonial, de suerte que la lesión solo causa un daño material cuando afecta la capacidad productiva de la víctima. En tal caso el perjuicio se indemniza en consideración a las ganancias que ya no podrán esperarse (lucro cesante en sentido directo), o en relación con las " chances " de ingresos " posibles ", que resultan frustradas. (incapacidad laborativa). La lesión causada a una niña de seis años no provoca un perjuicio de este g enero, porque no se puede presumir, ni está demostrado, que realizara una actividad económicamente productiva para ella o para sus padres, de suerte tal que el hecho ilícito hubiera venido a interrumpir una fuente de ingresos, dando lugar a una indemnización por lucro cesante.

Tampoco puede considerarse un daño en orden a su capacidad laborativa porque no hay ninguna prueba de que la neurosis que padece actualmente sea irreversible y que vaya a subsistir hasta su edad productiva. No puede haber lugar a una indemnización de un daño futuro, que sería puramente eventual o hipotético, desde que no hay ninguna seguridad de que vaya a producirse. En todo caso se trataría nada mas que de la amenaza o el peligro de un daño, que no es indemnizable por la decisiva razón de que no se puede cargar sobre el autor del hecho consecuencias posibles o imaginables. La neurosis solo es reparable como daño moral en consideración a las alteraciones que ha ocasionado a la salud espiritual de la niña.