Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-08


Salta, 08 de agosto de 2016.	(Tomo 206:699/716) Y VISTOS: Estos autos caratulados "VECINOS DEL BARRIO OSVALDO POS VS. TRASNOA Y EDESA S.A. - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 38.090/15), y	___________________________CONSIDERANDO:	Los Dres. Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo, Guillermo Alberto Posadas y Sergio Fabián Vittar, dijeron:	1°) Que a fs. 32/34 del Expte. Nº CJS 37.844/15 adjunto por cuerda a estas actuaciones, esta Corte hizo lugar a la queja articulada por la señora Defensora Oficial Civil Nº 2 del Distrito Judicial Orán y, en su mérito, concedió el recurso de apelación deducido en subsidio contra la providencia de fs. 8/12, a través de la cual se ordenó la intervención del Defensor Oficial Civil que por turno corresponda para que asuma la representación de los miembros nominados e innominados de la clase, a los efectos de una correcta asistencia técnica del colectivo.	Al expresar agravios (v. fs. 206/207 vta. de estos autos), el Ministerio Público de la Defensa parte de su razonamiento de considerar la errónea concepción en cuanto a que los magistrados de la Defensa Pública se encuentran sujetos a las facultades ordenatorias del Poder Judicial, pues -sostiene- con arreglo a las disposiciones de la Ley 7328, la designación que les ordena intervenir en los casos en que los ciudadanos no se presenten en forma voluntaria a requerir asesoramiento y/o inicio de trámites judiciales, corresponde exclusivamente a la señora Defensora General o están previstas en las normas procesales en materia de representación de ausentes, sin que tal potestad incumba al juez interviniente.	Argumenta que la actividad de esa defensa debe ser siempre requerida por el particular previo cumplimiento de las normas reglamentarias en materia de carencia de recursos; que el auto cuestionado vulnera la autonomía funcional del Ministerio Público consagrada constitucionalmente y que en definitiva, la legitimación activa en cuestiones de medio ambiente e intereses difusos atañe al Ministerio Público Fiscal.	A fs. 209/210 dictamina la señora Fiscal ante la Corte Nº 2, quien se pronuncia por la admisión del recurso en tratamiento en virtud de los fundamentos que allí explicita, encontrándose ahora los autos en estado de resolver.	2º) Que habiéndose recién impuesto este Tribunal de las actuaciones principales y los elementos de juicio en él incorporados, cabe recordar, de manera liminar, que si bien se ha sostenido de manera uniforme que el amparo tiene por fin una efectiva protección de derechos constitucionales antes que una ordenación o resguardo de la competencia (CSJN, Fallos, 303:811; esta Corte, Tomo 65:885; 73:713, entre otros), que conforme el art. 87 de la Constitución Provincial todo juez letrado es competente para entender en la acción y que su acogimiento no queda sujeto a las leyes que regulan las competencias de los jueces, también es cierto que la competencia federal en razón de la materia es improrrogable, excluyente de las jurisdicciones provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios (CSJN, Fallos, 319:1397; 324:2078, entre otros).	3º) Que a fin de determinar la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de la pretensión (cfr. CSJN, Fallos, 308:229; 313:971; 324:1477, entre otros; esta Corte, Tomo 58: 881; 60:811; 61:823; 87:373; 118:25) y la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (CSJN, Fallos, 328:3605; esta Corte, Tomo 121:801; 191:629, entre otros).	4º) Que en la especie, un grupo de vecinos del Barrio Osvaldo Pos de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán solicitó a la juez "a quo" un "amparo judicial" a fin de que se proceda al traslado de la estación de la planta transformadora de energía eléctrica perteneciente a la empresa Transnoa, ubicada en la calle Bustamente y Mitre de esa localidad, en razón de considerarla perjudicial para la salud de la población (v. fs. 2/6). Los términos de dicha pretensión fueron ratificados en la audiencia llevada a cabo el 30/06/15, donde sus participantes manifestaron, además, oponerse a la instalación de nuevos transformadores (v. fs. 81/84).	5°) Que en oportunidad de cumplimentar el requerimiento ordenado a fs. 83 vta., es dable destacar las explicaciones que el apoderado de Edesa S.A. brindó a fs. 93/95 acerca de las características de la obra proyectada en la referida ciudad. En ese orden señaló que el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE), mediante el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), en el marco del Plan Federal de Transporte Eléctrico, gestionó los fondos para su realización a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la órbita del contrato denominado "Programa de Transmisión del Norte Grande - Contrato de Préstamo Nº 1764/OC-AR-1 Componente II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional".	Puntualizó que el CAF había licitado y adjudicado la obra de ampliación de la Estación Transformadora Orán a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) constituida por las firmas Tel3 S.A. y Distrocuyo S.A., la que comprende la ejecución de la ingeniería de detalle, la construcción de las obras (etapa que se desarrollará bajo los lineamientos de un Plan de Gestión Ambiental - PGA) y servicios necesarios, la provisión de todos los materiales y el equipamiento para el montaje y la puesta en servicio de la nueva Estación Transformadora Orán. Añadió que las instalaciones a construirse formarán parte del "Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino" concesionado a la empresa Transnoa S.A., por lo cual ésta cumple el rol de Supervisión de la Obra; que la empresa Recursos Energéticos y Mineros de Salta S.A. (REMSA) suscribió con el CAF un Convenio para la Prestación de los Servicios de Inspección e Ingeniería de la Ampliación Estación Transformadora Orán; que en su cláusula primera, dicho convenio establece que la Provincia de Salta tomará a su cargo las funciones específicas de Inspección de Obras y Asesoramiento Técnico y en su cláusula segunda, que la Provincia de Salta designará un Grupo Técnico de Apoyo (GTPA), por lo que, a tal efecto, REMSA suscribió con Edesa un Convenio por el cual dicho GTPA se compone por profesionales de Edesa, los que sólo tendrán las funciones asignadas a la inspección.	Sentado ello, adjuntó el Estudio de Impacto Ambiental y Social considerado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado mediante la Resolución Nº 0143/12; el Plan de Gestión Ambiental realizado por la UTE Tel3 S.A. y Distrocuyo S.A., aprobado por la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta, y el Estudio de Estimación Teórica de los Campos Electromagnéticos y otros efectos para la futura estación transformadora de 132/33/13,2 KV confeccionado por profesionales de la Universidad Tecnológica de Santa Fe, a pedido de la citada UTE y presentado ante las autoridades de la Municipalidad de Orán, la Secretaría de Energía de la Provincia, el CFEE-CAF (Consejo Federal de Energía Eléctrica-Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico), Supervisión de Obra (Transnoa S.A.) e Inspección de Obra (Edesa S.A.), los que se encuentran reservados en Secretaría.	A fs. 103, el representante de Transnoa S.A. adhirió a tal presentación y acompañó un CD conteniendo información similar a la adunada en soporte papel por Edesa S.A.	6º) Que mediante el Decreto Nº 2741/93 (B.O. Nº 27810 del 18/01/94), el Poder Ejecutivo Nacional otorgó a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino -Transnoa S.A.-, la concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, en los términos y condiciones de las Leyes nacionales 15336 y 24065 y disposiciones reglamentarias, modificatorias y complementarias.	Desde esa perspectiva es claro que la cuestión planteada en autos corresponde a la competencia federal "ratione materiae" en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional y el art. 2 inc. 1º de la Ley 48, en tanto involucra la actividad de agentes integrantes del Mercado Eléctrico Mayorista regida por el marco regulatorio eléctrico nacional, de carácter federal y en las condiciones en que se presta el servicio técnico de transporte (CSJN, Fallos, 329:4438), siendo su autoridad de aplicación el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), lo que asigna esa naturaleza federal a la materia en examen (CSJN, Fallos, 327:5547). Ello es así, pues la prestación del servicio público interconectado de generación, transporte y distribución interjurisdiccional de electricidad constituye el ejercicio del comercio y de promover a la prosperidad, el adelanto y el bienestar general (CSJN, Fallos, 322:2331, consid. 5º y sus citas).	7º) Que ciertamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha ocupado reiteradamente de examinar la extensión y alcances de la cláusula comercial de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 13) y su vinculación con el reparto de competencias entre el Estado Nacional y las provincias en materia de generación, transporte y consumo de energía eléctrica. En efecto, una arraigada jurisprudencia ha establecido que lo atinente a la generación, transporte y consumo de energía eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la interpretación del art. 75, inc. 13 de la Constitución Nacional. Así lo recordó en la causa "Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/Buenos Aires, Provincia de y otro" (Fallos, 320:1302, consid. 5º), al señalarse que en esa inteligencia el Congreso dictó las Leyes 15336 y 24065 en el ejercicio de su competencia para legislar sobre la planificación, las pautas generales y la ordenación de la política energética. "Esas facultades -se dijo entonces- inspiran el régimen legal vigente y se justifican si se advierten las modalidades asumidas por la explotación de la energía que integra, en el llamado Sistema Argentino de Interconexión (SADI), los puntos de generación y consumo que puedan originarse en distintas jurisdicciones" (v. también Fallos, 322:2624; 329:595; 330:4564, 5257; 333:2159; 334:1580).	En el caso de la "Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA)" (CSJN, Fallos, 322:1781), el citado Tribunal sostuvo, con directa relación con el llamado Pacto Federal suscripto el 12 de agosto de 1993, que dicho acuerdo, creación legal del federalismo de concertación, venía a integrar el marco federal de la energía (Fallos, 323:3949, consid. 3°).______________________________________________________________	También recordó que dadas las peculiaridades que presenta la actividad de generación, transporte y consumo de energía eléctrica, en materia de competencias para regular dichas actividades no corresponde aceptar el criterio puramente territorial, pues esta única condición no faculta a ejercer esa potestad en tanto los estados provinciales no pueden invocar la titularidad territorial para ".poner trabas de índole alguna a las actividades que, en su esencia, se vinculan al tráfico interprovincial e internacional" (v. dictamen del señor Procurador General en CSJN, Fallos, 320:1302; 329:595).	8º) Que en cuanto aquí interesa, la Ley 15336 sujetó a la jurisdicción nacional las actividades destinadas a la transformación y transmisión de energía eléctrica (art. 1º) cuando -entre otros supuestos- "se destinen a servir al comercio de energía eléctrica entre. una provincia con otra" o cuando "en cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión" (art. 6º, incisos b y e).	La Ley 24065 vino a integrar con la anterior el "marco regulatorio eléctrico" (art. 92) en tanto, según se indica en su art. 85, es "complementaria de la Ley 15.336 y tiene su mismo ámbito y autoridad de aplicación". La norma califica como servicio público no sólo a la distribución sino también al transporte del fluido (art. 1°) y considera "actores reconocidos del mercado eléctrico" a los generadores o productores, a los transportistas, a los distribuidores y los "grandes usuarios" (art. 4°) (CSJN, Fallos, 334:1580 citado).	La referida Ley 15336 define a la Red Nacional de Interconexión (actualmente, Sistema Argentino de Interconexión -SADI-) como el ".conjunto de sistemas eléctricos nacionales interconectados" -art. 35, incs. a, b y d- y, establece que la Secretaría de Energía tendrá a su cargo ".la determinación de las centrales, líneas, redes de transmisión y distribución y obras e instalaciones complementarias que integran necesaria y racionalmente la misma (la Red Nacional de Interconexión), cuya aprobación será efectuada por el Poder Ejecutivo" -art. 36, Ley citada-. Dicha secretaría, además, ejercerá todas las funciones y atribuciones de gobierno, inspección y policía en materia de generación, transformación, transmisión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y es la competente para reglamentar el funcionamiento de la Red Nacional de Interconexión -art. 37, de la Ley citada-. Por su parte, el art. 35 del Decreto 1398/92 (reglamentario de la Ley 24065), delegó en la Secretaría de Energía Eléctrica la definición del concepto de "Sistema Argentino de Interconexión", que ha sido definido como ".el conjunto de instalaciones de transporte de energía eléctrica que integren el Sistema de Transporte de Alta Tensión y el de Transporte por Distribución Troncal" (Resolución Nº 137/92 (S.E.), art. 6°). Este último sistema de transporte por distribución troncal, a su vez, ha sido definido como ".el conjunto de instalaciones de transmisión, en tensiones iguales o superiores a ciento treinta y dos kilovoltios (132 Kv) y menores a cuatrocientos kilovoltios (400 Kv), destinadas a vincular eléctricamente en el ámbito de una misma región eléctrica a los generadores, los distribuidores y a los grandes usuarios entre sí, con el sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión o con otros sistemas de transporte de energía por distribución troncal. Las instalaciones enunciadas en el párrafo precedente incluyen el equipamiento de compensación, transformación, maniobra, control y comunicaciones, tanto existente como nuevo, que se incorpore como resultado de ampliaciones efectuadas en los términos del reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica" (ver en el anexo I de la Resolución S.E. 137/92, el "Anexo 16 de los procedimientos" y, en éste, el art. 6° del "Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica"), (cfr. CSJN, Fallos, 329:595, consid. 6º).______________________________________________________________	Dado que -como se señalara- la prestación del servicio público eléctrico está incorporada en la expresión "comercio" del art. 75, inciso 13 de la Constitución Nacional, como así también en los incisos 18 y 30 de ese artículo (CSJN, Fallos, 305:1847; 320:1302; 322:2624; 323:3949 y 329:595), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que ello justifica el sometimiento a la jurisdicción nacional de los contratos ejecutados a través del sistema argentino de interconexión, como así también aquéllos que se realizan por medio de la actuación de quienes operan en el mercado nacional, ya que se encuentra involucrado el comercio federal de energía (Fallos, 334:1580).	9º) Que igualmente, cabe tener en cuenta que la Ley 24065 prescribe que ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación, debiendo el ente disponer la publicidad de tal tipo de solicitudes y la realización de una audiencia pública antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado (art. 11). En ese orden, la reglamentación precisa que el particular que quiera manifestar su oposición a la construcción y/u operación de instalaciones de transporte de energía eléctrica que carezca del certificado reglado en el art. 11 de la Ley Nº 24065, deberá acreditar previamente tener afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (art. 12 del Dcto. Nº 1398/92).	Por lo demás, la Ley 24065 dispone que "los . transportistas . de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro para la seguridad pública y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto, estando dichas instalaciones y equipos sujetos a la inspección, revisación y pruebas que periódicamente realizará el ente que tendrá asimismo facultades para ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública" (art. 16) y que "la infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con . transporte . de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados" (art. 17). Conjuntamente, dicha normativa pone en cabeza del Ente Regulador de la Electricidad la función de "velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad." (art. 56 inc. k).	10) Que bajo los parámetros reseñados surge evidente que la señora Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial Orán resultaba incompetente en razón de la materia para entender en las presentes actuaciones, pues la pretensión de los accionantes de modificar el proyecto de nuevo equipamiento y el lugar de emplazamiento de instalaciones de transmisión y transformación eléctrica inherentes al sistema de transporte por distribución troncal de energía concesionado por el Estado Nacional, exige ineludiblemente hacer mérito de disposiciones que integran el marco regulatorio eléctrico nacional de eminente carácter federal, por lo que cabe asignar manifiesto contenido de esa naturaleza a la materia sobre la que versa el pleito (cfr. CSJN, Fallos, 320:1302; 322:1781, 2331, 2624, 2862; 323:1716, 3949, entre otros).	Al respecto, el Superior Tribunal Federal tiene dicho que si la solución de la causa depende esencialmente de la aplicación e interpretación de normas de derecho federal, debe tramitar en la justicia federal (cfr. doctrina de Fallos, 313:98; 318:992; 322:1470) y que dicha competencia no puede ser alterada por voluntad de los litigantes; debe ser sostenida aun de oficio, cuando sea alterada voluntaria o inconscientemente, y corresponde que sea declarada en cualquier estado del proceso (Fallos, 17:194; 20:198; 22:261; 43:372; 46:69; 122:408; 314:1077).	Es dable reparar que la competencia es la medida de la jurisdicción, es decir la medida dentro de la cual un órgano jurisdiccional puede ejercer su misión específica, la que consiste en decir, declarar o aplicar el derecho al proceso sometido a su consideración. Si bien la jurisdicción, en su amplia acepción, es la facultad que poseen todos los magistrados sin excepción para declarar y aplicar el derecho, la competencia a ellos atribuida, es la medida que circunscribe la jurisdicción a determinados supuestos y casos justiciables (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B. "Competencia Federal Civil-Penal", Capítulo II, "La Competencia Federal", pág. 45; La Ley, 1999).	En particular, la competencia federal se relaciona directamente con el sistema federal e institucional del país y deriva de la división jurisdiccional que emana de la Constitución Nacional. Es de orden público y constitucional, taxativa, inalterable, limitada y de excepción. Procede siempre que haya un interés nacional en juego y se impone en todos aquellos procesos que requieran de la interpretación y aplicación del derecho federal conforme lo exige el art. 116 de la Constitución Nacional y el art. 2º inc. 1º de la Ley 48 (Palacio de Caeiro, ob. cit., págs. 46, 47, 48 y 183).	En igual sentido Ricardo Haro explica que la competencia federal es constitucional en tanto su explicación jurídica está en la misma normatividad constitucional, como una manifestación de voluntad expresa y directa del poder constituyente, fundacional y primigenio, que dio origen al Estado Argentino como fruto de la concertación de las provincias en aras del logro de la unidad nacional; no es sino -enseña- una porción de los poderes que las provincias no conservaron ni se reservaron, que delegaron expresamente en el gobierno federal a través de la Constitución según reza el art. 121, regla madre y principio básico del derecho federal argentino, que encuentra su especificidad en el ámbito de los poderes jurisdiccionales delegados, por principio, al Poder Judicial de la Nación a través de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional ("La Competencia Federal - Doctrina - Legislación -Jurisprudencia", Lexis-Nexis, 2006, pág. 73, segunda edición actualizada).	En ese contexto sostiene el citado autor que la competencia en razón de la materia es improrrogable y que sus caracteres encuentran su real y primordial apoyatura en la imperiosa necesidad de salvaguardar la supremacía del orden público federal y en la imposibilidad de resignar a favor de los tribunales locales aquellas materias que, por haber sido delegadas exclusivamente por las provincias al gobierno federal, deben ser juzgadas de modo privativo y excluyente por los tribunales federales, debiendo aquéllos, en el caso de radicación de tales causas, apartarse aun de oficio. Asimismo asegura que uno de los principios liminares que rige el tema es la improrrogabilidad de la competencia federal en razón de la materia hacia los tribunales de provincia, pues -advierte- no aparece congruente que, atento a la naturaleza federal de la cuestión y de su pertinente regulación, las contiendas en que se encuentren inmediatamente en juego normas federales, sean sentenciadas por tribunales pertenecientes a un orden de gobierno provincial, distinto del orden de gobierno federal en el cual fueron expresamente delegadas dichas atribuciones -arts. 121 y cc. de la C.N.- (Haro, ob. cit., págs. 90 y 106).	En esa misma inteligencia, esta Corte ha señalado que la competencia federal en razón de la materia persigue la afirmación de atribuciones del gobierno federal, tratados y Leyes nacionales, toda vez que no se concibe institucionalmente que los pleitos suscitados con base en el derecho federal, queden a merced de la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales provinciales ajenos al gobierno federal, del cual aquel derecho emanó (cfr. esta Corte, Tomo 47:739; 75:187; 77:301; 200:159, entre otros).	11) Que bajo tales condiciones y con arreglo a las bases expuestas, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. 8 y ordenar que bajen las actuaciones a los efectos de su archivo.	De tal suerte y dado que las sentencias del Tribunal deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de ser dictadas (cfr. CSJN, Fallos, 301:947; 306:1160; 318:342, entre otros), toda vez que no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el curso del proceso han devenido abstractas o vacías de contenido, o para responder a un interés meramente académico (cfr. esta Corte, Tomo 57:425; 60:189; 61:409; 68:571; 73:593; 79:131; 109:491; 118:849; 127:837, entre otros), cabe declarar abstracto el recurso de apelación articulado en subsidio a fs. 9/10 de estos autos, en razón de la sustracción de la materia litigiosa.	Tal como lo sostiene la Corte Nacional, la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su de-saparición importa la de poder juzgar (Fallos, 315:466).	Los Dres. Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman y Ernesto R. Samsón, dijeron:	1º) Que adherimos a la relación de causa efectuada en el considerando 1º y, por las precisiones vertidas en los considerandos 2º a 10 y primer párrafo del considerando 11 del voto que antecede compartimos la solución jurídica que se propicia en el apartado I.	2º) Que encontrándose agregado por cuerda el Expte. Nº 37.844/15 y siendo que el mismo resulta consecuencia directa de los actos declarados nulos, corresponde hacer extensivo los efectos de dicha declaración a tales actuaciones, debiéndose agregar a tales obrados copia de la presente.	Por lo que resulta de la votación que antecede,	__________________________LA CORTE DE JUSTICIA,	_______________________________RESUELVE:	I. DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en las presentes actuaciones a partir de fs. 8 con arreglo a los considerandos 6º a 10 del presente y, en su mérito, ordenar que bajen las actuaciones a los efectos de su archivo.	II. DECLARAR abstracto el recurso de apelación articulado en subsidio a fs. 9/10 de autos.	III. MANDAR que se registre y notifique.	(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente- Abel Cornejo, Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz, Susana Graciela Kauffman y Ernesto R. Samsón -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).