marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ejecución de sentencia, monto del juicio, liquidación, mora del deudor, automotores, valor venal, intereses moratorios, Ley de desindexación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - ECONOMIA
Carátula: FALCONI, JUAN c/ CUETOS, FLORENTINA. s/ PROCESO DE EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-10

Resulta improcedente la aplicación de la Ley 24283, con fundamento en que el total de la liquidación del crédito, incluidos los intereses moratorios adeudados, no puede superar el valor actual del automóvil, pues se debió considerar exclusivamente el monto debido en concepto de capital. -en el caso-, el acreedor ostenta títulos diversos, entre ellos el sustitutivo de la obligación principal insatisfecha (capital que se condenó a pagar), y el de índole indemnizatoria de la mora sucedida (rédito moratorio). Por tanto, no es por causa de criterio indexatorio abusivo que en la especie se deba más dinero que el que representa actualmente el valor del vehículo; ello es consecuencia de no haberse cumplido temporáneamente la obligación, y del deber de indemnizar al perjudicado con la morosidad (CCiv: 505, 508, 622 y conc.).
Contrato de trabajo, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: TELECOM ARGENTINA STET FRANCE TELECOM S.A. c/ IBAÑEZ ANGELA DEL ROSARIO Y OTRAS s/ PAGO POR CONSIGNACION.-EXCEPCION DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-21

Todas las cuestiones que se originen o deriven del contrato de trabajo deben ser tramitadas ante el Juez del Trabajo, aunque se funden en dispositivos del derecho común. Resultando evidente la vinculación laboral de la actora y el fallecido prima facie es competencia de este tribunal dilucidar las consecuencias jurídicas que se originan en la misma por lo que el ambito para dilucidar la cuestión planteada por la actora en este proceso (consignación de la indemnización por muerte del trabajador) no puede ser otro que el elegido y la excepción de incompetencia deviene improcedente.
Recurso extraordinario, Convención de Varsovia
Materia: CONSTITUCIONAL - NAVEGACION
Carátula: BOSTON CIA. ARG. DE SEG.  S.A. c/ VARIG  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  MATERIA FEDERAL - JURISPRUDENCIA DE CORTE  NO REITERADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

Debatida en autos la interpretación del art. 26 de la Convención de Varsovia, a cuyo respecto la Corte Suprema de Justicia ha dicho que se trata de materia federal, atento los alcances que le fueron otorgados en la sentencia recurrida, se suscita cuestión de esa naturaleza bastante para habilitar la vía excepcional prevista en el art. 14 de la Ley 48, no obstando a ello la circunstancia de que la cuestión fuera resuelta por la Sala con arreglo a la jurisprudencia sentada por el Alto Tribunal en el precedente citado, toda vez que en razón de no existir una reiteración de pronunciamientos en tal sentido, no es de aplicación la doctrina emanada de Fallos: 271:229;

272:11, entre otros.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: MOLINA, Marcos Alberto s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-14

Al respecto el Alto Tribunal Local precisó que :" Sólo se configura violación a la garantía del debido proceso cuando hay una grave privación o restricción del derecho de defensa."(Expte. Nº CJS 27.999/05, T107:959/970).

Cabe señalar que el reconocimiento por fotografía practicado por la preventora, según lo expresan los testigos Hugo Eduardo Aillón y Héctor Osvaldo Retambay, se tratan actuaciones preprocesales realizadas por la preventora, conforme a las facultades previstas expresamente por el art. 180 inc. 7º del C.P.P., por la cual se procedió a interrogar los damnificados, sin que pueda aplicárseles a tales actos las normas previstas para el reconocimiento en rueda de personas como lo sostiene el apelante.

Ello, toda vez que no se trata del "Reconocimiento de Personas" como medio de prueba previsto por el art.260 y sgtes. del C.P.P., ya que éste sólo puede ser ordenado por el Juez dentro del proceso y practicarse con las formalidades de ley y con el debido control de las partes, tal como se realizó en el caso de autos según consta en las actas de fs. 14, 15 y 16.

Por otra parte a más de haber resultado negativos los reconocimientos de personas impropios realizados en sede policial con la exhibición de fotografías, la doctrina y jurisprudencia entienden que aún cuando dicho acto tiene resultado positivo , ello no invalida el reconocimiento posterior en rueda de personas, antes bien "lo postula"( Conf. Cafferata Nores, " Reconocimiento de Personas ( Rueda de Presos)", pág. 66/67,Ed. Lerner, Bs.As. Enero 1980)._	En todo caso, los argumentos por los cuales el recurrente pretende descalificar el valor de la declaración de los testigos que lo hicieron bajo juramento de ley en los respectivos actos de reconocimiento en rueda de personas, deberá ser materia de valoración por el A-quo juntamente con el resto de las pruebas reunidas, en la oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, pero de manera alguna la sospecha que subjetivamente tiene la defensa, en el sentido que los testigos habían faltado a la verdad, no resulta suficiente para invalidar los actos de reconocimiento en rueda de personas, en los que se ha respetado el debido proceso y la defensa en juicio de los imputados.
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Germán Ramírez c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

El voto concurrente expresó que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, toda vez que las partes se limitan a alegar su disconformidad genérica con el a quo, sin expresar razones concretas y fundadas que permitan conmover lo decidido, los recursos de casación intentados se presentan en el caso inadmisibles por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-.
Sentencia, fundamentación de sentencias, doctrina, jurisprudencia
Materia: PROCESAL
Carátula: De Lellis, Gabriel Federico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y tiene, como contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir.
Lesiones, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Eleonora y otras s/ lesiones c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

o existe una fórmula para determinar, de manera matemática, el plazo razonable de juzgamiento de un suceso delictivo y a la hora de analizar una posible vulneración al derecho de ser juzgado en plazo razonable, se debe hacer una evaluación global del expediente, resultando, por ende, desacertado considerar solo algunos aspectos de su trámite (voto de la jueza Llerena al que adhirió el Juez Bruzzone)
Cuenta corriente bancaria, transferencia de saldo, mora del deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMERSUD  SCA c/ BANCO GANADERO ARGENTINO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-30

La técnica contable impone que en determinadas circunstancias un saldo sea transferido de una cuenta a otra que puede ocurrir cuando se procede a gestionar su cobro ante la mora del deudor. El traspaso de cuenta adecuado a una técnica contable, no implica inexistencia o extinción de la deuda que pudo tener el cliente, sino solo variar su ubicación dentro del plan de cuentas. No puede interpretarse en modo alguno que por incorporar o traspasar el saldo deudor de una "cuenta corriente" a la de "gestión y mora", se opere la cancelación de lo debido; por el contrario, la interpretación válida es que se persiga el cobro.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, diligencias preliminares, carácter taxativo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEMBEROIZ, FERNANDO JAVIER c/ PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS Y OTRO s/ DILIGENCIA PRELIMINAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

Procede admitir la diligencia preliminar solicitada por el actor a efecto que la administradora del plan y la concesionaria le entreguen la información requerida. Ello por cuanto, la información y documentación en cuestión aparecen necesarias para la interposición eficaz de una futura acción; máxime considerando que se podría estar en presencia de contratos de adhesión y teniendo en cuenta la particularidad de la forma de comercialización del vehículo adquirido (cfr. esta Sala, mutatis mutandi, 12/7/12, "Polizzi Stella Maris c/ Banco Itaú Buen Ayre SA s/ diligencia preliminar"; entre otros). Así entonces, a criterio de los suscriptos, la medida aquí requerida no tiende a preconstituir prueba alguna, sino que se torna un recaudo previo para procurar a la parte actora la obtención de la documentación en que basará la acción a iniciarse o, en su caso, el conocimiento de datos que no ha podido obtenerse sin intervención judicial, y que resultan indispensables para que el proceso pueda ser planteado eficazmente (conf. arg., esta Sala, 22/12/09, "M & F Distribuidora SA y Otro c/ Banco Patagonia SA s/ Diligencia Preliminar").
Juicio ejecutivo, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: VARACKA, JOSE c/ CLUB CIPOLLETTI ASOCIACION CIVIL s/ EJECUTIVO S/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-01

La parte que presenta en juicio un documento privado atribuido a la contraria, debe precaverse frente a un eventual desconocimiento, mediante el ofrecimiento de la prueba pertinente, y que en juicio ejecutivo, el principio general establecido por el art. 377 del CPC puede o no coincidir con la regla establecida en el art. 549, pues incumbe al ejecutado probar la autenticidad del recibo en que funda la excepción de pago.-
Ley de empleo, regularización del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Mamani, Juana del Carmen c/ Empresa Petrosevice S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-09-22

Si el trabajador no está dispuesto a tolerar la inobservancia del empleador del deber de registrar correctamente la relación laboral, puede optar por la ruptura del contrato. Pero para ello -considerando ésta como única causa-, debe -por imperio normativo- esperar el plazo de 30 días.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: LABORAL
Carátula: VILATTA, MIGUEL ANGEL c/ COOPERATIVA DE TRABAJO FERROCON LTDA.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

No obsta a la aplicación del principio contemplado en el art. 241 L.C.T. lo reglado por los arts. 12 y 58 de dicho cuerpo legal. Aquel se aplica a los supuestos en los que el comportamiento de las partes es inequívoco, en el sentido de que han querido el abandono de la relación, esto es, en los casos en que el trabajador deja de prestar los servicios y el empleador no lo emplaza para que concurra a prestarlos. Ello debe valorarse en cada caso, conforme las aristas particulares y teniendo en cuenta el transcurso de un plazo razonable. En relación a la inaplicabilidad del art. 241 frente a la irrenunciabilidad de derechos (arts. 12 y 58 L.C.T.), si bien es cierto que el silencio del trabajador no puede ser concebido como renuncia a sus derechos, no menos lo es que tal principio cede a la exigencia de la seguridad jurídica, por una parte, en atención a circunstancias relativas a las personas, y por otra, cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para entender que la situación ha sido consentida (Cfr. CSJN, 11 de junio de 1998, autos "Zorzin, Víctor R. c/YPF S.A." T y SS 1998, p. 974).
Acción de amparo, medida de no innovar, Poder Ejecutivo Provincial, decreto de necesidad y urgencia, intervención del municipio, concejo deliberante, revisión judicial de actos administrativos, forma del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres de Torre, Nilda del Valle y otro s/ Amparo- acción de no innovar innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-03-12

Aún los actos librados a la discrecionalidad de los Poderes del Estado, a efectos de disponerlos según convenga a los intereses públicos y en el momento en que se juzguen oportunos, si y siempre que la Constitución les impone una forma en la que han de llevarse a cabo, hace surgir para los Jueces el deber que les imponen los arts.

128 y 132 de la Const. Provincial. Es principio republicano firme que el Poder Judicial tiene como función eminente juzgar no sobre la oportunidad y conveniencia de tales actos sino una vez decididos, sobre la observancia de las formas en que han de llevarse a cabo según les ha sido establecido por el orden institucional.

No se trata en el particular (Amparo y medida de no innovar- innovativa contra decreto del P. E. de necesidad y urgencia interviniendo el Concejo Deliberante) de un acto ya consumado sobre el que resulte imposible o estéril cualquier tipo de asistencia por un mecanismo procedimental de neto corte preventivo, sino que por las características que lo rodean, estamos en presencia de un acto que si bien ha comenzado a ejecutarse, prolonga sus efectos en el tiempo, propagándose sin solución de continuidad y manteniendo latentes sus consecuencias inmediatas. Sobre éstas cabe tomar las providencias que aseguren la incolumnidad de la situación anterior, hasta tanto recaiga una decisión sobre el fondo de lo planteado.

De allí que este caso no pueda ser asimilado a aquellos sobre cuya revisión se yergue el impedimento de la ley adjetiva (medidas cautelares), quedando abierta la posibilidad para la disposición de la cautelar. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Funciones administrativas, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: "Bandasur S.R.L. C/ GCBA S/ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA (ART. 277CCAYT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-01

La emisión de actos administrativos -carácter que reviste el acto mediante el cual se le otorga a un contribuyente una exención al pago de determinado tributo - es una facultad de la que los jueces carecen, por tratarse de una función Administrativa, que, por mandato constitucional y atendiendo a dicha naturaleza, incumbe crear al Poder Legislativo que sólo puede atribuirla a la rama ejecutiva. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Divorcio contradictorio, reconvención
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: H., A.M. c/ C.V., J.A. s/ Ordinario -Divorcio Vincular-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-14

Como en principio no se admite la compensación de culpas en el juicio de divorcio, la parte demandada no puede aducir la de la actora para pedir el rechazo de la acción.
Competencia, recurso extraordinario, inconstitucionalidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

Prevalece en la jurisprudencia de este tribunal y de las demás cortes provinciales, el criterio de que el control de la validez de las leyes frente a la Constitución Nacional, debe ser ejercido exclusivamente por la corte suprema de justicia de la nación, de suerte que está excluido del conocimiento de los tribunales superiores de provincia. Los derechos y garantías reconocidos en la constitución son, como lo expresa Joaquín V. González, patrimonio de todo el pueblo, de suerte que su defensa no es un atributo o un deber privativo de los tribunales federales; también los jueces de las provincias tienen el deber de asegurar en sus respectivas jurisdicciones el ejercicio de esos derechos y garantías que la constitución reconoce a todos los habitantes, con la sola excepción de los casos en que, por estar interesado alguno de los poderes delegados, la constitución nacional reserva su conocimiento a los tribunales federales. Juzgada s i, en el orden provincial la validez de una ley frente a la constitución de la nación, es indudable que su conocimiento en ultima instancia corresponde a la corte suprema, cuya competencia apelada prevista en el art. 101 de la Carta magna, está regulada por el Congreso en la Ley Nacional N. 48. De acuerdo con esta norma, todo pleito radicado en sede provincial debe ser juzgado y concluido en esa jurisdicción, y sólo podrá apelarse ante la corte nacional de la sentencia definitiva pronunciada por los tribunales superiores de provincia.
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lucero Nelida Margarita s/ Acción de Nulidad-Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-18

El debate propuesto por la recurrente dirigido a demostrar la inexistencia de fraude, al constituir una cuestión de hecho y valoración de prueba, queda excluído de todo tratamiento en el marco del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo absurdidad, que además de oportuna alegación requiere eficiente demostración, lo que no acontece en el sub-case.
Habilitación municipal, actividad industrial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Martins Oliveira, Jerónimo s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-04-10

Siendo notorio que la industria del ladrillo, realizada en las condiciones tradicionales, constituye una actividad que entraña peligros y molestias y trae aparejado problemas urbanísticos, estéticos y ecológicos, la ordenanza municipal que dispone la erradicación de los hornos de ladrillos de todo el ámbito de su partido no se muestra como una medida arbitraria, sino como el ejercicio del poder de policía que le asiste a la comuna en protección de la conveniencia colectiva, sobre cuyo acierto u oportunidad no cabe a los jueces resolver.
Régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, avocación administrativa, cesantía, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Olivan, Alfredo s/ Expte. 3263 Cámara Criminal y Correccional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

No corresponde hacer lugar a la avocación respecto de la exoneración impuesta en el marco de un sumario administrativo si, sin perjuicio de que el funcionario no registra sanciones anteriores, algunas de las faltas cometidas son sumamente graves y la exoneración fue impuesta por amplia mayoría (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Argibay).
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, obligación de seguridad, incumplimiento del contrato, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N° 9763 PEROLIO, ERNESTO RICARDO c/ DERLICH, VICTOR ALFREDO Y OTS. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-28

Todo empleador, sea persona física o jurídica, privada o pública que utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de trabajo debe otorgar a sus dependientes una prestación eficiente del servicio de seguridad, debiendo contar con los elementos adecuados para que esas tareas no importen poner en peligro su salud.

El art.75 L.C.T. constituye una auténtica fuente autónoma de responsabilidad extrasistémica que permite reparar adecuadamente aquellos daños que deriven del incumplimiento del deber de seguridad aunque reconozcan una causa distinta de las contingencias previstas en el art. 6 de la L.R.T. y ello sin plantear la inconstitucionalidad del art.2 de la Ley 19587.

Comprobado el incumplimiento del deber de seguridad se dan los presupuestos para la admisión del reclamo indemnizatorio por la vía del derecho común, en cuanto que el basamento fáctico de la demanda y que ocasionara la incapacidad del trabajador, reúne las condiciones para imputar al empleador por incumplimiento del deber primario de respetar la vida y la salud del trabajador.
Prueba, valor probatorio, prueba testimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DEL CERRO, Juan A. y otros s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

La posibilidad de que un testimonio sea precedido por un trabajo de reconstrucción por el testigo respecto del hecho presenciado con ayuda de otros testimonios o cualquier otra información, no es una circunstancia que le quite valor probatorio.
Empleo público, abandono de trabajo, intimación a reintegrarse al trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: RACAMONDE, HECTOR MANUEL c/ SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA NACION s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-05

La intimación consagrada en el art. 32 de la Reglamentación (Decreto 1.797-80) es una exigencia fundamental del procedimiento punitivo que integra el tipo diseñado en las normas mencionadas y que en cuanto declaración receptiva mediante la cual la Administración advierte a un funcionario que si no cumple con determinada actividad jurídica o material se articularán determinadas resoluciones no puede ser practicada sino por las formas establecidas normativamente. El telegrama por el cual se pide al recurrente sólo que "regularice su situación" no cumple con las directivas específicas de la reglamentación, que claramente ordena que "se intimará al agente a la presentación a sus tareas".
Levantamiento del embargo sin tercerías, recursos, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ Y OTRO c/ FERNANDO GONZALEZ s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-06-30

La promoción de nulidad por vía incidental contra una sentencia, es de carácter excepcional, esto último en el sentido de que la regla es que se debe impugnar la sentencia por vía de recurso ante la alzada; pero en el caso del levantamiento del embargo sin tercería al no existir recursos ante el Superior, queda habilitada la impugnación mediante el pertinente incidente de nulidad, no solo porque el artículo 100 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de Tucumán (que regla la materia) no lo prohibe, sino que si realmente hubiera un vicio que invalide la sentencia, como por ejemplo que no tuviera motivación alguna, evidentemente que el digesto procesal debe proporcionar el remedio adecuado, toda vez que un fallo en tales condiciones, transgrede el artículo 29 de la Constitución Provincial. El artículo 100, antes citado, solo veda al recurso de apelación y al recurso de nulidad en él implícito; pero nada dice en relación a la posibilidad de otro remedio y este es la impugnación por vía del incidente de nulidad del fallo.
Honorarios, contratos onerosos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pispieiro, Berta Inés c/ B.C.R.A. s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

Según el art. 3 de la Ley 21.839 - arancel de honorarios para abogados y procuradores-, la actividad profesional de éstos se presume de carácter oneroso, excepto en los casos en que conforme excepciones legales, pudieren o debieren actuar gratuitamente.

La presunción legal del carácter oneroso del desempeño profesional concuerda con lo dispuesto en los arts. 1.627 y 1.139 C.C..
Queja por apelación denegada, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: D. I. V., P. A. y otros c/  s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-29

Explicaron Divito y Scotto que ".el recurso de apelación ha sido correctamente denegado, con mayor razón al ponderar que en virtud del tiempo transcurrido y las sucesivas articulaciones intentadas por el recurrente, se impone observar la doctrina de los tribunales superiores en torno de la necesidad de evitar las dilaciones indebidas (CJSN, fallos: 327:5668, considerando 12º y C.N.C.P., Sala I, causa nº 7.287, "M., J.", del 5 de septiembre de 2006).."