Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16


SENT Nº 402	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciséis (16) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocales doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el doctor Antonio Daniel Estofán- y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Martínez Aurora Yolanda vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctores Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 205/210 vta., la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 8 de julio de 2009, obrante a fs. 201/vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal el 23 de abril de 2010 (cfr. fs. 222). Se ha dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), de aplicación supletoria al fuero por expresa remisión del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (CPA).

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

El recurso fue interpuesto en término; el acto judicial impugnado es una sentencia equiparable a definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs. 204); el escrito de presentación se basta a sí mismo; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. En consecuencia, el recurso en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

En consecuencia, corresponde ingresar al análisis de la procedencia del recurso de marras.

III.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que el fallo en crisis, ha violentado el artículo 4032 inciso 1º del Código Civil (en adelante CC), al rechazar el planteo de prescripción liberatoria bienal respecto a la obligación de pago de los honorarios del letrado Rafael García Zavalía, apoderado de la actora, por no haber transcurrido el plazo legal.	Sobre el particular, argumenta invocando diversas razones que, en lo pertinente, serán valoradas y juzgadas al examinar a continuación la procedencia del recurso extraordinario local de marras incoado, en autos, por la parte accionada.

III.1.- El artículo 4032, inciso 1) del CC, expresamente dispone: "Se prescribe por dos años la obligación de pagar: 1) A los jueces, árbitros y conjueces, abogados, procuradores y toda clase de empleados en la administración de justicia, sus honorarios y derechos". "El tiempo de prescripción corre desde que feneció el pleito por sentencia o transacción, o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio".

Por sentencia Nº 356 de fecha 13-6-04 (fs.102/103), el Tribunal hace lugar al incidente de perención de instancia planteado por la demandada y da por concluido el proceso principal. Contra dicha Resolución el actor interpone recurso de casación el que es rechazado por sentencia Nº 1125 de esta Corte Suprema de fecha 19-12-05 (fs. 147/150).

Luego, no conforme con la sentencia de casación dictada por la Corte, interpone recurso extraordinario federal, que es denegado por resolutiva Nº 730 de fecha 22-8-06 (fs. 175/178 vta.), fallo que es notificado a las partes en casillero en fecha 04-9-06.

Por decreto de fecha 15 de septiembre de 2006, se dispone la remisión del expediente a la Cámara; Sala II (fs. 181).

A fs. 182, con fecha 19-9-06, el letrado García Zavalía comunica que ha interpuesto recurso de queja por extraordinario federal denegado ante la CSJN, prometiendo oportunamente realizar la acreditación correspondiente.

Con fecha 26-9-06, el expediente es recibido por la Cámara (fs. 184) y el 30-9-06 el letrado García Zavalía solicita regulación de honorarios de Cámara (fs. 186).

Si bien, en principio conforme la norma transcripta el plazo bienal de prescripción, en los casos como el de autos corre desde que feneció el pleito por sentencia, tal situación puede verse alterada por vicisitudes de hecho, que impiden la aplicación literal de la disposición.

Al respecto, Guillermo Borda ("Manual de Derecho Civil", 13ava. Edición actualizada, La Ley 2008, pág. 410), manifiesta que aún en los supuestos del artículo 4032, inciso 1º del CC, ".no empezará a correr la prescripción, si el estado del proceso no permite la fijación de los honorarios, como ocurre cuando no se hubiere establecido el monto del juicio". Vale decir, que por circunstancias excepcionales de hecho, el rigor literal del texto legal se debe atenuar.

En autos, sin perjuicio que el actor supuestamente interpuso recurso de queja ante la CSJN (no acreditó aún), lo que indicaría la inexistencia de sentencia firme que concluya el proceso, la vía para la regulación de honorarios no se encontraba expedita pues el expediente estaba radicado en esta Corte, lo que de hecho impedía la referida regulación de Cámara y, consecuentemente, el inicio del curso del plazo de prescripción.

Sin decirlo expresamente, a mi juicio, la Excma. Cámara para así decidir, consideró la habilitación legal que surge de la norma contenida en el artículo 3980, primer párrafo, del Código Civil que expresamente dispone: "Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de la consecuencia de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses".

Ello es lo que se advierte, entre las fechas en que el expediente fue recibido por la Cámara y el pedido de regulación de honorarios de García Zavalía.

Siendo ello así, la sentencia al rechazar la excepción de prescripción opuesta por la accionada, por la especial circunstancia del caso, no luce descaminada.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada conforme lo considerado, resultando improcedente el planteo recursivo efectuado. En tal sentido, mi voto.

V.- Acorde a la conclusión que infiero sobre la controversia suscitada en autos, considero que las costas de esta instancia extraordinaria local deben imponerse íntegramente a la vencida, demandada en autos (cfr. artículo 105 CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto la reseña del planteo recursivo del voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, no así la consideración acerca de que el acto impugnado es una sentencia equiparable a definitiva y, por ende, la conclusión a que arriba cuando juzga la admisibilidad del recurso extraordinario local de casación deducido por la demandada.

La sentencia dictada por el tribunal de grado, que dispone rechazar la excepción de prescripción opuesta por la accionada ante el pedido de regulación de honorarios del letrado Rafael García Zavalía (fs. 201), no constituye el pronunciamiento que resuelve el fondo del asunto, ni tampoco puede ser equiparado a definitiva desde que no se trata de una resolución dictada en una cuestión incidental que termine el pleito o haga imposible su continuación (cfr. inc. 1 del art. 748 del CPCC de aplicación supletoria al caso conf. art. 89 del CPA). Esta Corte tiene dicho que "una sentencia es definitiva cuando es conclusiva, es decir cuando excluye la posibilidad de un proceso o una etapa procesal posterior, lo que significa que poniendo fin al proceso, prive definitivamente al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos" (CSJT, sent. 510 del 07/7/1998, "Montero, Edgar Julio vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Accidente de trabajo"; sent. 495 del 30/6/1998, "Domínguez Díaz de Corea, Corina Concepción vs. Robert Bosch Argentina S.A. s/Accidente de trabajo"; entre otras). Tal como también se ha dicho, la definitividad del pronunciamiento impugnado constituye un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sent. 937 del 10/10/2007, "Dicsa Construcciones S.R.L. vs. Bernardo García Hamilton S.A. s/Ejecución hipotecaria -Incidente-"; sent. 675 del 02/8/2007, "Padilla, Gabriela Fernanda vs. Contino José Alberto s/Cobro de pesos"; sent. 488 del 12/6/2007, "Provincia de Tucumán -DGR- vs. Y.P.F. S.A. s/Ejecución fiscal (Incidente cuaderno prueba actor N° 1 - Documental)"; entre otras).

Aún cuando el recurrente no ha invocado que lo resuelto en el pronunciamiento recurrido asuma caracteres de gravedad institucional, tampoco puede admitirse configurado este supuesto de excepción. Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o puedan resultar frustratorios de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (CSJT, sent. 1033 del 03/11/2008, "Márquez de Toledo Beatriz vs. Ecco S.A. y otro s/Daños y perjuicios"; sent. 1049 del 09/11/2007, "Ortiz Ramón Calixto vs. Bazar Las Oportunidades S.R.L. s/Cobro de pesos (Incidente extensión civil prom. por el actor)"; entre muchas otras). La cuestión que se pretende ingresar no presenta tales caracteres en un caso que sólo afecta los intereses de las partes, siendo además insuficiente la mera invocación de lesión a garantías constitucionales para que se admita la configuración de este supuesto de excepción (CSJT, sent. 528 del 08/6/2009, "Chames, Víctor Manuel y otro s/Robo"; sent. 490 del 29/5/2009, "Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán vs. Chahla Roberto y otra s/Ejecución hipotecaria"; sent. 379 del 04/5/2009, "Colombo de Anadón María Emilia vs. Scania Argentina S.A. s/Cobro ejecutivo de pesos"; entre otras).

El incumplimiento de la exigencia prevista en el art. 748 del CPCC (texto consolidado) determina la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la demandada, correspondiendo declararlo mal concedido, con costas (art. 105 del CPCC, conf. art. 89 del CPA).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del doctor René Mario Goane, a lo que me permito añadir lo siguiente en relación a la definitividad del pronunciamiento que se impugna.

La sentencia recurrida rechazó el planteo de prescripción liberatoria bienal de la obligación de pagar honorarios. Esa decisión es definitiva a los fines del recurso de casación, conforme a lo dispuesto por el art. 748 del CPCC. Esta Corte ha declarado que pueden considerarse sentencias equiparadas a definitivas a los efectos de recurso de casación, aquellas que provocan agravio de imposible o insuficiente reparación posterior. Entre tales sentencias se incluyen las que rechazan la excepción de prescripción, toda vez que resuelven definitivamente la cuestión debatida, que no puede plantearse en otra oportunidad procesal (cfr. CSJT en sentencias n° 522 del 28/7/1999 en "Acevedo, Jacinto Manuel vs. José Minetti y Cía. Ltda. S.A."; n° 439 del 18/8/1995 en "De Angelis Pablo A. vs. Bertola y Asociados S.R.L.", n° 288 del 24/4/2000 en "Gómez M. vs. José Minetti y Cía.", entre otras).

Sobre esta cuestión, este Tribunal ha expresado que la sentencia que rechaza la prescripción liberatoria trata sobre un medio extintivo de la acción que protege el derecho creditorio que se pretende hacer valer, y declara con efecto definitivo que ese derecho no se encuentra afectado, manteniendo toda su virtualidad; en ese sentido resulta definitiva porque la cuestión no puede volver a plantearse (cfr. CSJT en sentencia n° 575 del 24/10/1995; en igual sentido SC Buenos Aires, mayo de 1985, jurisp. citada en la Ley 1986-E848 y ss.).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando conforme con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor Antonio Gandur, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación incoado por la parte demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de fecha 8 de julio de 2009, obrante a fs. 201/vta. de autos.

II.- COSTAS como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	ANTONIO GANDUR	(en disidencia)	(con su voto) DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00029149-01.