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Daños y perjuicios, prueba pericial, prueba testimonial, demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Vergara, Juan Aníbal c/ Obras Sanitarias Ctca. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-03-12

Conforme a su contenido, la prueba pericial practicada en autos no es relevante a fin de dilucidar en la causa el lugar donde se produjo el hecho -falla en las cañerías de agua- que al provocar daños en la propiedad de la actora motiva la presente demanda. En consecuencia corresponde el análisis de la prueba testimonial y ella es fundamental pues se trata de testigos que actuaron en el evento. En efecto, si de las declaraciones de los testigos surge claramente la ubicación de la pérdida de agua -en la cañería de la calle, la rotura del caño era antes de la llave de paso, que el dicente tiene acceso a esa parte de la cañería sin mencionar que ingresara al domicilio del actor, que el agua ingresaba en propiedad del actor, que el agua afloraba en la vereda de propiedad del vecino de la actora, que el agua seguía surgiendo cerrada la llave de paso- y se filtraba por debajo de los cimientos de ambas propiedades etc., encuentro suficientemente acreditado el lugar de la pérdida y la relación causa efecto con los deterioros que se denuncian, pues así lo afirman los testigos categóricamente; de igual modo interpreto el informe del expediente administrativo de donde surge sin controversias que hubo una pérdida en un caño y saltó un tapón, que dicho tapón distaba 25 metros de la propiedad de la actora y 32 metros de la conexión domiciliaria, ergo la falla en cuestión no se produjo en el ámbito que compromete la responsabilidad del actor, sino por el contrario en el que corresponde a la demandada; tan es así que la rotura se produce en la calle, que el informe técnico expresa que a la casa no se puede ingresar por encontrarse cerrada. De ello concluyo que el recurso, y por ende la acción, debió prosperar, mas resultando mi voto en disidencia deviene ocioso abordar la cuestión del monto solicitado. (Dra. Chayep - En disidencia)
Excepciones procesales, juicios contra el Estado, habilitación de instancia, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: DARDES, HUGO c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-18

Al no plantearse en tiempo hábil el cuestionamiento de la habilitación de instancia judicial, ni oponerse como excepción previa para que el procedimiento no siguiera su curso, el asunto quedó firme y precluido procesalmente, no pudiendo reabrirse el debate sobre el tema por vía de defensa de fondo. El carácter previo o de fondo de las excepciones no depende tanto de que están comprendidas en la enumeración del art. 347 del C. Procesal, como de la necesidad y oportunidad del pronunciamiento que la naturaleza de la defensa exija. No sería razonable que se tramitara el proceso íntegramente para decidir en la sentencia sobre la habilitación de la instancia, es decir, si la tramitación del proceso era procedente. Cualquiera sea la denominación que se le dé a esta defensa -falta de legitimación manifiesta o de personalidad, incompetencia, falta de habilitación de la instancia, falta de acción, o si se considera que la enumeración del art. 347 no es taxativa-, se trata de una excepción previa por naturaleza. Y como tal debe ser opuesta del plazo de 20 días que, para oponer excepciones, fija el art. 346 del C. Procesal, cuando la parte demandada es el estado, una provincia o una municipalidad.
Competencia contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunas, Claro Eugenio c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso administrativo de plena jurisdicción, ilegitimidad  o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-11-27

No puede considerarse agotada la vía administrativa, cuando luego de interpuesto formal recurso de reconsideración sin que la autoridad de última instancia se haya expedido pasados los 90 (noventa) días corridos desde dicha reclamación, la demanda no es interpuesta dentro de los 20 días hábiles computados desde la fecha de vencimiento del plazo mencionado, resultando de aplicación para el cálculo del plazo, la norma del art. 118 del cód. Administrativo que se ajusta a lo acontecido en autos-impugnación por recurso formal-, y no el art. 6 del Cód. Contencioso Administrativo que se refiere a simples reclamos administrativos. Una distinta interpretación conllevaría a la consiguiente contradicción normativa e inseguridad jurídica en un procedimiento donde los plazos son perentorios y deben ser determinados con exactitud.
Partidos políticos, subsidio estatal, fondo partidario permanente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Obrero s/ amparo y medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

La expresión "aporte económico" (art. 2, inc. g/ del decreto 824/89) debe interpretarse que se refiere a toda subvención estatal, atendiendo a la amplitud y generalidad de los términos de la norma, y la trascendencia institucional que las agrupaciones partidarias ostentan en nuestro derecho.
Impuesto sobre el patrimonio neto, accionistas
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PHILIPS ARGENTINA DE LAMPARAS ELECTRICAS Y RADIO s/ REPETICION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-07

La ley 23.297 modificó de modo importante el tributo sobre el patrimonio neto, y entre las reformas introducidas, cabe la gravabilidad de la tenencia accionaria y/o participaciones sociales, las cuales hasta ese momento estaban exentas - art. 6, incs. c y d - y el establecimiento de un nuevo responsable sustituto de tributar el impuesto correspondiente a sus accionistas residentes en el exterior, sin distinción de personas físicas o jurídicas, sobre los bienes situados en nuestro país (art. 14).
Fundamentación suficiente, responsabilidad penal, transporte de estupefacientes, cómputo de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Martinez, Elena Raquel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-30

La sentencia traída en revisión cuenta con suficiente fundamentación, desde el momento en que el juicio sobre la responsabilidad penal de la imputada por el hecho juzgado, constituye una conclusión que deriva de un análisis amplio, profundo y crítico de la totalidad del material probatorio reunido en autos, habiéndose valorado correctamente los distintos elementos probatorios para tener por comprobado el conocimiento de la imputada sobre la existencia de material estupefaciente en el vehículo que conducía, y la voluntad de transportar la droga al tener particularmente en cuenta, la cantidad de material estupefaciente secuestrado en el vehículo -206,957 kgs. de cocaína y 22,504 kgs. de marihuana-, el modo en que el mismo se encontraba acondicionado y los lugares en donde se hallaba escondido dentro del rodado, que ella era quien conducía el vehículo, que el mismo era de su propiedad y que el olor que caracteriza al tipo de estupefaciente que se secuestró en la presente causa, no pudo pasar inadvertido para la conductora del vehículo. Con relación al planteo de la defensa relativo al especial elemento subjetivo -animus especial- que exige la conducta de transporte de estupefacientes, cabe recordar que el delito de transporte requiere la acreditación del dolo por parte del autor, que se satisface con el conocimiento del estupefaciente que se tiene y transporta más la voluntad de llevar a cabo la conducta, sin que el delito exigiera la acreditación de un elemento subjetivo distinto del dolo. Corresponde rechazar el planteo de la defensa en torno a que el transporte de estupefacientes quedó en grado de conato, pues la conducta verificada en autos puso en peligro el bien jurídico protegido por la norma -salud pública-, con independencia que el material estupefaciente no haya llegado a destino. La sanción de seis años y seis meses impuesta resulta ajustada a derecho en razón de la naturaleza, modalidad y escala penal aplicable conforme la calificación legal adoptada en el pronunciamiento impugnado -art. 5º, inc. "c" de la ley 23.737, no pudiendo soslayarse la gran cantidad de estupefaciente secuestrado a la encartada. (Dres. Borinsky, Catucci y Riggi).
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: R., R.A. s/ infracción art. 67 d) dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-15

Los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, tienen la facultad de examinar las leyes en los casos concretos que se presentan a su decisión, comparándolas con el texto y la significación de la Constitución para averiguar si guardan conformidad con ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad que por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no puede supeditarse al requerimiento de las partes.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Mevopal  S.A.  y otra c/ Banco Hipotecario Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

Debe desestimarse el recurso ordinario de apelación, si el monto del agravio no supera, para cada apelación, el mínimo establecido.
Recurso de casación, cuestión federal, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Zarza, Eloísa s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-09-28

La limitación para recurrir en casación prevista en el art. 480, inc. 2 del CPP, fundada en el monto de la condena, debe ser obviada si está en juego una cuestión que habilitaría el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de lo preceptuado en el art. 14 de la ley 48.
Deber de imparcialidad, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Devereaux, Celia Marina s/ recusación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-13

La denegatoria de excarcelación no encuadra en ninguno de los motivos de recusación previstos en el art. 55 C.P.P.N., sin que se verifique ninguna otra circunstancia objetiva que pueda generar en la imputada una duda razonable acerca de la imparcialidad de los magistrados intervinientes. (Dres. Mitchell, García y Yacobucci).
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo, dictámenes, carácter vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moyano, Víctor Zanón c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

El acto del Intendente Municipal, que aplicó la sanción expulsiva de cesantía (art. 63 ap. II inc. 'c', Ord. Gral 207), debió fundarse detenidamente en el análisis de las pruebas producidas y los hechos configurados en su consecuencia que lo condujeron a apartarse de los actos antecedentes emanados de los órganos consultivos. La insistencia por parte del Intendente Municipal, en la afirmación lisa y llana de un acontecimiento cuya configuración fue desestimada por el instructor en su informe específico, compartido por el asesor letrado, resulta insuficiente fundamento del acto desde que la expresión escrita de éste debe coincidir razonablemente con los antecedentes causales documentados en el procedimiento previo a su emanación. De lo contrario, el acto sancionatorio se convierte en una mera repetición del acto de imputación con prescindencia del trámite sumarial impuesto legalmente, cuyo respeto no se limita al aspecto formal sino que, sustancialmente, supera el mero tránsito por las etapas estructurales previstas.
Personal de casas particulares, remuneración, prueba, recibo, falta de prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Notagay Ana c/ Otero Carmen Sofía y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-03-27

La disposición del art. 91 de la ley 2383 es clara cuando expresa, cuando se controvierta el cobro o monto de los salarios, sueldos u otras formas de remuneración, en dinero o especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte patronal, ninguna prueba refiere a la remuneración, ni a su monto, lo que obliga a tener por cierta la afirmación en ese sentido formulada por la actora. Cualquiera fuera el tipo de remuneración y el carácter de la relación la única forma de probar el pago es el recibo.
Daño emergente, accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Carrizo, Agustín Santiago c/ Saldaña, Carlos Felipe s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-03-05

El solo hecho de haber tenido que utilizar transporte colectivo, no importa un perjuicio indemnizable, máxime que no se ha acreditado que el costo de ese transporte haya superado el propio del automóvil.
Acción de amparo, acumulación de procesos, ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO  SUDAMERIS  S.A. c/ COLETES,  Ruth  Graciela s/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-06

El juicio en que se persigue el cobro ejecutivo del mutuo hipotecario celebrado entre las partes y el amparo iniciado por la demandada del juicio ejecutivo para que se le reconozca el derecho a cancelar su deuda mediante el pago de títulos de la deuda pública en virtud de lo normado por el art. 39 del decreto 1387/01 deben acumularse. Pues, si bien no es factible discutir la causa de la obligación en el ámbito del ejecutivo, se justifica la acumulación por razones de economía procesal, evitando de esta forma el peligro del dictado de sentencias contradictorias, dado que lo que se decide en uno de ellos podría producir efectos de cosa juzgada en el otro, con el riesgo de tornarse de cumplimiento imposible la pretensión de la amparista.
Competencia contencioso administrativa, Estado, división de poderes, distribución de competencias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MERCADO, JUAN MARCELO c/ MUNICIPALIDAD DE RUFINO s/ AVOCACION (ART.2, LEY 11.330) (EXPTE.: C.S.J. NRO. 101 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-06

La distribución de la competencia contencioso administrativa entre los distintos órganos jurisdiccionales es "tema de alta política constitucional y legislativa", desde que el sometimiento de la Administración Pública a un juez incompetente en razón de la materia puede implicar la violación al principio fundamental de la división de poderes. De ese modo se le privaría también al debate sobre la materia contencioso administrativa de las reglas procesales que le son propias.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Templar SA c/ Pettinari, Lorenzo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda de simulación (Expte. CSJ Nº  608-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

Debe prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto si la Cámara en su tarea revisora no se expide sobre cuestiones oportunamente propuestas, incurriendo en un desvío funcional incompatible con el servicio judicial, desde que omite tratar planteos conducentes y oportunamente propuestos a su consideración, expresando fundamentos que sólo en apariencia satisfacen los requisitos a cuyo cumplimiento esta Corte ha supeditado -con base en el artículo 95 de la Constitución provincial- la validez de los actos judiciales. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia los Dres.

Alvarez y Falistocco)
Reconocimiento de cosas, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: N., P. R. s/ Denuncia Tentativa de Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-12

...tampoco puede considerarse tal, el reconocimiento del revólver de marras, ya que no se invitó al agredido a describir la cosa -arma de fuego- a reconocer, faltándole al acto una forma necesaria que lo priva de valor convictivo.
Subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Orlandi, Enzo Antonio y otros c/ V.I.P. y/o Rojas, Pablo y/o Loma Negra C.I.A.S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-10-31

Corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la co-demandada, y en consecuencia confirmar el fallo de primera instancia que condenó solidariamente por las obligaciones emergentes; a ambos recurrentes -empresa principal y subcontratista empresa de vigilancia-. Ello importa adherir al criterio amplio que en doctrina se le asigna a la normativa aplicable, ya que según la misma, por actividad normal y específica propia del establecimiento no debe entenderse sólo la principal sino que comprende también lo accesorio con tal que integre permanentemente el establecimiento.

Por ello, en virtud de acreditarse la confusión empresarial existente, ya que si bien se subcontrató el servicio de vigilancia, tarea que nada tiene que ver con la producción principal -producción de cemento- que realiza la co-demandada recurrente -Loma Negra- los servicios efectivamente prestados por los actores y que fueron oportunamente probados conducen a sostener que éstos realizaron también otras tareas que se identificaron con la actividad de la principal y de la cual la recurrente resultó beneficiada, implicando dicha situación que los dependientes de la empresa contratada, cumpliendo su labor para ella, de hecho realizaran aquello que fue objeto de la primera.
Daños y perjuicios, cuenta corriente bancaria, apertura de cuenta corriente, responsabilidad del banco, cheque
Materia: CIVIL-BANCARIO
Carátula: TULA, Alberto José c/ BBVA BANCO FRANCÉS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-26

No puede eximirse de responsabilidad la entidad bancaria que permitió la apertura de una cuenta corriente y concedió una libreta de cheques a una tercera persona que fraguó la identidad del actor, pues aunque éste haya perdido varios ejemplares del documento el Banco no estaba exento de cumplir con los recaudos básicos requeridos por el Banco Central de la República Argentina a efectos de comprobar la veracidad de los datos suministrados por el falsario al momento de la apertura de la cuenta.

(Sumario N°17322 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°10/2007).
Derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

Buscar mecanismos perturbadores de la libertad de expresión no es más que una visión desconfiada de los propios puntos de vista, y negadora del respeto a la dignidad humana y a su capacidad racional.
Sentencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Barrientos, Aurora Cleofe c/ Márquez, Félix Domingo s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-11-03

Si bien en principio las sentencias interlocutorias o definitivas no son susceptibles del recurso de reposición, la doctrina lo ha admitido excepcionalmente cuando como consecuencia de un error judicial, pudiera consumarse una grave injusticia.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL
Carátula: RUZO NORA DEL VALLE c/ TELECOM ARGENTINA S.A Y/U OTROS S/ COBRO DE PESOS EXTRAS s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-12

La congruencia de la sentencia se proyecta desde un triple punto de vista: hacia los sujetos, el objeto y la causa del proceso, en función del poder del justiciable de fijar la extensión del conocimiento del órgano jurisdiccional.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gugliotta, Francisco y otro c/ Casa Rimoldi S.A.C.I.F. y otro s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-02

En materia de responsabilidad contractual sólo son indemnizables los daños que el incumplimiento provoca "según el curso natural y ordinario de las cosas"(art. 901), pero no los que sean consecuencia mediata, a diferencia de lo que ocurre tratándose de hechos ilícitos (arg. arts. 903 y 1078), salvo que el incumplimiento fuere malicioso según el art. 521.
Expropiación, indemnización, tasación, dictámenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ La Victoria Sociedad en comandita por acciones y/o Quienes en definitiva resulten propietarios s/ Expropiación (Expte.: C.S.J. Nro. 666 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-06-11

Si bien el dictamen de la Comisión de Tasaciones es de producción necesaria, sus conclusiones no son vinculantes.
Acción, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maragua S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

La autoridad administrativa dispone de la fuerza probatoria reconocida a las constancias administrativas en tanto no surjan evidencias en contrario.
Cuestiones de competencia, exacciones ilegales, funcionarios públicos, AFIP DGI, competencia en lo penal económico, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "AFIP. s/ exacciones ilegales".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

Es competente el Juez Federal y no el Penal Económico para investigar las exacciones ilegales cometidas por funcionarios de la A.F.I.P. no obstante que la orden de allanamiento, en cumplimiento de la cual se habría incurrido en delito, haya sido ordenada por un Juez en lo Penal Económico en el marco de un proceso por infracción a la Ley 24.769. Ello así desde que la eventual relevancia que podría tener dada la vinculación entre ambas hipótesis, no implican que deba intervenir este último.

Al respecto, cabe tener en cuenta que el juez en lo penal económico carece de competencia amplia y solo puede conocer de ciertas infracciones especificamente prevista.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, calificación jurídica, graduación de la pena, proporcionalidad de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., J. D.; D., E. A.; M., M. P. Y A., M. C s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 421 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

La calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto la condena no se funde en hechos diferentes a los que fueron objeto de debate. En el caso, no se advierte la inexistencia de correlación entre los términos en que quedó delimitada la acusación y el contenido de la sentencia, por lo que queda sin sustento constitucional la alegada pretensión de la defensa del enjuiciado de reducción de la pena impuesta, en el entendimiento que no existió voluntad homicida de su parte, es decir, que no hubo preterintencionalidad, condena que a juicio de la Cámara no luce excesiva, en tanto consideró correcta la selección efectuada por el magistrado de baja instancia para con los coautores del robo agravad o al imponerles la pena de prisión de dieciséis años, inferior a la mitad de la escala penal que el artículo 165 del Código Penal establece en abstracto, la que a más de juzgarla benévola, sostiene que ha sido fijada de conformidad a las reglas que imponen los artículos 40 y 41 del Código Penal. Por lo demás, no se observa que los juzgadores aplicaran incorrectamente ni violaran tales normas, pues en tal sentido debe recordarse que los "jueces son soberanos" en la selección de las circunstancias agravantes o atenuantes del monto de la pena, siendo tales facultades insusceptibles de ser revisadas en la instancia de excepción del recurso de inconstitucionalidad.