Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-14


Lº sentencias DEFINITIVAS........Nº 17.

"QUINTEROS OMAR LEONCIO SUS SUCESORES C/ BLANCO AMÉRICO G. Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. 9622).- Registrado bajo el Nº ....124........Sala II.

En Quilmes a los 14 días del mes de octubre del año 2011, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara de Apelación, Doctores Julio Ernesto Cassanello y Eleazar Abel Reidel con la presencia de la Señor Secretario, Doctor José Gustavo Fuchs, se trajo a despacho, para dictar sentencia, el expediente "QUINTEROS Omar Leoncio sus sucesores c/ BLANCO Américo G. y otros S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. 9622).- Y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley que dio el siguiente orden de votación: Doctores Eleazar Abel Reidel y Julio Ernesto Cassanello.- LA EXCELENTISIMA CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1a) ¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA? 2a) ¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR? VOTACION:

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR REIDEL DIJO:

1. Han sido enviados los autos a este Tribunal, para analizar y resolver los recursos de apelación interpuestos por la codemandada y la citada en garantía (fs.386 y fs.391), respecto de la sentencia dictada el 12 de junio de 2006 por la señora Juez de Primera Instancia que, haciendo lugar a la demanda, las condenó a pagar la suma de pesos VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 27.250,-), con más los respectivos intereses y costas.-	2. La codemandada CARBE S.A., en su presentación de fs. 648/651, contestada a fs. 667/669 vta., se agravia de la resolución que le fue adversa, haciéndolo en los siguientes términos:	"Es agravio . que el Señor Magistrado . por una arbitraria valoración de la prueba confesional, rendida en rebeldía, apreciando únicamente esta prueba hubiera encontrado responsable al conductor del camión interviniente en el hecho de autos.".-	"Representa también agravio . que no valorara . de la misma forma la prueba confesional rendida por la actora".-	"... que de acuerdo a las demás circunstancias de la causa y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, no se hubiese considerado exclusiva responsabilidad de la conducta de la actora, a la sazón víctima de su actuar culposo".-	"... que . hubiera estimado arbitrariamente una incapacidad del 8% la que fue también estimada por la actora sin sustento, cuando la pericia médica no ha determinado grado de incapacidad".-	" que . haciendo caso omiso al informe elaborado por la asistente social en lo que refiere la situación laboral y económica del actor, determinara un lucro cesante de $ 3.750,-	3. La citada en garantía, por su parte, expresa agravios mediante el escrito de fs. 655/657 vta., replicado a fs. 664/666, explicitando lo siguiente:

"Que agravia . el acogimiento efectuado,... rechazando la defensa de culpabilidad de la víctima que fuera deducida al contestar la demanda. Ello así pues se desprende del considerando segundo que el sentenciante ha merituado únicamente con la prueba confesional rendida por la actora como probada la mecánica del hecho que en nada tiene que ver con la realidad. Pues de ningún modo el actor circulaba por la calle Av. Paso de la Patria y fue embestido por el camión que circulaba por la calle Las Heras. Se reitera . que el camión circulaba por la calle Las Heras y al momento de llegar a la encrucijada con la Av. Paso de la Patria . el ciclista, que venía por la misma calle y en igual sentido, se le cruzó por delante del camión, ocasionándose las lesiones habidas por su exclusiva culpa...".-	"...que la causa penal . lo fue por expresa denuncia efectuada por el mismo chofer demandado Guillermo Blanco, quién en ese día expresó la mecánica del hecho indicando que el Sr. Quinteros se le cruzó por delante del camión. De estas actuaciones surge que solamente hubo una testigo, la Sra. Blater, ..., pero ni siquiera fue ofrecida en este juicio para declarar...".-	"...se revela una orfandad probatoria que ha llevado al sentenciante a merituar únicamente la prueba confesional ficta, no pudiendo siquiera ser confirmada la mecánica del hecho por ninguno de los testigos...".-	"... resulta a todas luces abultado el resarcimiento otorgado al actor..., cuantificando la incapacidad sobreviniente de manera a todas luces elevada y acogiendo el rubro lucro cesante por ingresos aparentemente provenientes de una actividad de remisero que no encuentra demasiada apoyatura ...".-	4. En el caso en análisis se discute quién fue el responsable del siniestro entre una bicicleta y un camión, dado que las partes se imputan recíprocamente la responsabilidad del hecho.-	En este sentido me permito puntualizar las premisas básicas que deben orientar la tarea del juzgador, recordando que el esquema clásico de la culpa ha variado al introducirse en el art.1113 del C. Civil el concepto de riesgo creado, coexistiendo ahora en dicho Código dos fuentes de responsabilidad: la primera y anterior que se remite a la culpa, mientras la segunda, como consecuencia de la reforma, encuentra fundamento en el riesgo (SCJBA Ac.38309; Ac.35683; Ac.L32813; Ac.39189).- En la responsabilidad derivada del riesgo o vicio de la cosa, a su vez, no interesa si hubo culpa, negligencia o falta de previsión en el dueño o guardián, porque éstos no son elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, a tal punto que la ausencia de alguno de ellos no exime aquella (SCJBA Ac.37769; Ac.37466; Ac./34801; Ac.39189). Inclusive resulta impropio hablar de "exclusividad" en el accionar de la víctima o del tercero. Debe si determinarse si el mismo es excluyente de responsabilidad y, en su caso, en que medida (SCJBA Ac.34801).- No obstante lo expresado, si al tiempo de computarse una eventual situación que excluya la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, no podrá dejar de valorarse el cuadro total del comportamiento de todos los protagonistas desde una perspectiva integral (SCJBA Ac.34056; Ac.39694; Ac.39189; Ac.36391).-	Consecuentemente debe determinarse si están acreditadas tales circunstancias, siendo pertinente resaltar que los impedimentos de responsabilidad deben ser apreciados restrictivamente, por la finalidad social típica de la norma, que ha creado los factores de atribución, que deben cesar sólo en casos excepcionales, sin conferirles desmedida extensión (SCJBA Ac.33743, DJBA 132-229).

4.1. En el caso, ambos recurrentes han criticado la valoración de las pruebas de las que se valió la Señora Juez a quo para responsabilizarlos.

Sin embargo, ninguno de ellos cuestionó la premisa básica de la sentencia que constituyó la consideración efectuada en cuanto a que "Siendo el automotor una cosa riesgosa ., el aquí demandado debe responder . a menos que demuestre la existencia de algún supuesto de exoneración. En tal sentido el accionado refiere culpa de la víctima pues alega que el actor se interpuso al paso del camión y lo colisionó en su costado izquierdo. Tengo para mí que el demandado no ha logrado acreditar tal extremo...", lo cual implica que la misma debe estimarse consentida (arg.art.260 CPC; conf. SCBA Ac.y Sent.1962, v.1, pág.691) y, por ello, insusceptible de poder revisarse en la Alzada (conf. SCBA Ac.y Sent.1964, v.II, págs.189 y 1122, DJBA v.72, pág.254; Esta Sala RSD 07/02).-	4.2. Es que, independientemente de las cuestionables pruebas aportadas por la actora, le correspondía a los demandados acreditar la culpa de la víctima. Y nada han probado al respecto, por lo que la sentencia, en tal sentido, debe ser confirmada (arts. 375, 384 y conc. del CPC y 1113, 2a. parte del C.Civil).-	4.3. A mayor abundamiento cabe acotar que la codemandada CARBE S.A. desistió de la prueba de absolución de posiciones del actor (ver fs.82) y las absueltas a fs.83/84 vta., nada acreditan respecto de la culpabilidad de la víctima (arts. 422 y 384 del CPC).-	5. Adentrándome ahora, concretamente, en la evaluación económica del daño señalado, cabe recordar que este Tribunal reiteradamente ha señalado que la determinación monetaria de los daños a la persona entraña un problema de extrema y especial dificultad, que justifica la gran cantidad de estudios publicados sobre el tema, tanto en el derecho nacional, como extranjero, especialmente alarmados por la anarquía que rige en esta materia.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 21 de septiembre de 2004, en la causa incoada por Isacio Aquino y en concordancia con diversos precedentes, ha establecido la siguiente Doctrina Legal:

Que el art.19 de la Constitución Nacional establece el "principio general" que "prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero": "alterum non laedere", que se encuentra "entrañablemente vinculado a la idea de reparación". A ello se yuxtapone, que "la responsabilidad que fijan los arts.1109 y 1113 del Código Civil sólo consagra el (citado) principio general", de manera que la reglamentación que hace dicho código en cuanto "a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica... En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal cuenta con numerosos antecedentes que han profundizado la razón de ser de los alcances reparadores integrales que establecen las mencionadas normas del Código Civil las cuales,..., expresan el también citado "principio general" enunciado en la Constitución. Cabe recordar, entonces, que el "valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata, pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres..., sobre todo ante la amenaza de hacer del hombre y de la mujer un esclavo de las cosas, de los sistemas económicos, de la producción y de sus propios productos".-	"En esta línea de ideas, la Corte tiene juzgado, dentro del antedicho contexto del Código Civil y con expresa referencia a un infortunio laboral, que la reparación también habrá de comprender, de haberse producido, el "daño moral". Más aún, la "incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabe de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable".-	Que "...los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos (aunque elementos importantes que se deben considerar) no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afectan a la víctima, tanto desde el punto de vista individual como desde el social, lo que confiere un marco de valoración más amplio. En el ámbito laboral, incluso corresponde indemnizar la pérdida de la "chance", cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera".-	Que "Estos precedentes, por lo demás, se corresponden, de manera implícita pero inocultable, con los principios humanísticos que, insertos en la Constitución Nacional, han nutrido la jurisprudencia constitucional de la Corte. En primer lugar, el relativo a que "el hombre es eje y centro de todo sistema jurídico y en tanto fin en si mismo (más allá de su naturaleza trascendente) su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental".-	"Que la Corte ... juzgó que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera "justa", puesto que "indemnizar es (...) eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento", lo cual no se logra "si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida" (Fallos: 268:112, 114). Esta doctrina, por cierto, fue enunciada y aplicada en el campo de la indemnización derivada de una expropiación... Empero, resulta a todas luces evidente que con mayor razón deberá serlo en la presente controversia. Por un lado, no está ahora en juego la protección de la integridad patrimonial, esto es, según el citado precedente ..., un valor instrumental, sino uno fundamental, la protección de la inviolabilidad física, psíquica y moral del individuo... Y aún podría agregarse que si el expropiado amerita tan acabada reparación, insusceptible de mayores sacrificios ante nada menos que una causa de utilidad pública (art.17 C.N.), a fortiori, lo será el trabajador dañado, por cuanto la "eximición de responsabilidad impugnada tiene como beneficiario al empleador, que no ha sabido dar cumplido respeto al principio "alterum non laedere". Adviértase por lo demás, que según lo indicó el Juez Risolía, la regla de "Provincia de Santa Fe" trascripta al comienzo de este párrafo, es aplicable a los litigios por daños y perjuicios (en el caso, derivados de un accidente de tránsito), lo que "impone que la indemnización deba ser "integral" (que vale tanto como decir "justa"), porque no sería acabada indemnización si el daño y el perjuicio quedaran subsistentes en todo o en parte" (Fallos: 283:213, 223). En términos análogos se expresó, en la misma oportunidad, la jueza Argúas: " en forma unánime la doctrina nacional y extranjera y la jurisprudencia de casi todos los tribunales del país, sostienen que la indemnización debe ser "integral" o justa (...) ya que si no lo fuera y quedara subsistente el daño en todo o en parte, no existiría tal indemnización"... Asimismo esta Corte reconoció la aplicación del art .21 inc.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa", a reclamos fundados en violaciones al derecho a la vida, dando así a dichos bienes un alcance que trasciende la esfera de lo patrimonial...".-	"...Valga citar, por hacerlo de uno de los recientes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero reiterativo de su tradicional jurisprudencia, que cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del derecho que corresponda reparar, se impone una "justa indemnización". Y las reparaciones, "como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto materia como inmaterial" y no pueden implicar el "empobrecimiento de la víctima" (Bamaca Velázquez vs. Guatemala... Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, págs. 107/108, párrs.40/41 y sus citas)".-	"...que, en la jurisprudencia de la Corte, no está ausente la evaluación del daño como "frustración del desarrollo pleno de la vida" (Fallos: 315:2834, 2848, considerando 12)".-	Debo señalar que el caso en análisis debe ser juzgado de conformidad con la Doctrina Legal precitada, por que la misma tiene efectos vinculantes para los Tribunales inferiores (SCBA Ac. 91478-S-5-5-2004).-	Ha quedado acreditado que el actor, que al momento del hecho contaba 52 años, como consecuencia del hecho motivo de autos y de acuerdo a la Historia Clínica obrante a fs. 125/148, pericia médica de fs.316/321 y explicaciones dadas a fs. 344, sufrió fractura de clavícula que consolidó en forma viciosa con deformidad y leve disminución de la movilidad del hombro homolateral. Además tiene como secuela una cicatriz supramaleolar externa en la pierna derecha, adherente a planos profundos.-	Debo señalar que, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, el perito, en su aclaración de fs. 344, indicó los porcentuales de incapacidad que padece el actor, sugiriendo un 5% respecto de la clavícula y un 2% por la cicatriz.-	Por ello, no encuentro mérito para disminuir la indemnización de $ 14.000,- que le fue otorgada en la anterior instancia (Arts. 1086 y conc. del C.Civil y 165, 375, 384, 474 y conc. del CPC).-	6. En cambio encuentro razón en la queja de los apelantes respecto del llamado lucro cesante.-	Es que no puede confundirse la reparación por incapacidad con la correspondiente al lucro cesante, dado que la primera es la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el periodo de recuperación o restablecimiento, en tanto que el segundo consiste en el resarcimiento de las ganancias dejadas de percibir durante el tiempo que haya demandado la curación de la víctima (SCJBA Ac.52258 en DJBA T.147 pag.177).-	Y, en tal sentido, debo señalar que el actor no acreditó debidamente que durante el lapso que demandó su convalecencia hubiera dejado de percibir alguna ganancia.-	La declaración de los testigos Tisera y Gonzalez (fs.86/87 y 88/89) no son idóneas para acreditar el rubro. Para colmo ni siquiera precisan el lugar donde trabajaba el actor, horario que cumplía y montos que percibía (arts. 358 y 484 del CPC).-	En tal sentido tiene dicho la Suprema Corte que el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, autoriza al Juez a fijar el importe del resarcimiento cuando no estuviera justificado su monto, pero nunca a tener por demostrado un perjuicio acerca del cual no se rindieron las pruebas pertinentes (art. 375, C.P.C.; conf. Ac. 42.528, sent. del 19VI1990 en "Acuerdos y Sentencias", 1990II539; Ac. 60.664, sent. del 20V1997).

Consecuentemente, VOTO POR LA NEGATIVA.- A esta cuestión el Señor Juez Doctor Julio Ernesto Cassanello, por los mismos fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR REIDEL DIJO:

Dado como ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado en lo principal que decide, modificando el monto de condena que se debe reducir a la suma de pesos VEINTITRES MIL QUINIENTOS ($ 23.500,-). Las costas de Alzada deben imponerse a los demandados recurrentes que resultan sustancialmente vencidos (art. 68 CPC).- ASI VOTO.

A la segunda cuestión planteada el Señor Juez Doctor Julio Ernesto Cassanello, por las mismas razones, adhiere al voto precedente.- Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA: Se confirma el pronunciamiento apelado en lo principal que decide, modificando el monto de condena que se reduce a la suma de pesos VEINTITRES MIL QUINIENTOS ($ 23.500,-). Las costas de Alzada se imponen a los demandados REGISTRESE. NOTIFIQUESE personalmente o por cédula. DEVUÉLVASE.- Eleazar Abel Reidel	Julio Ernesto Cassanello JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Gustavo Fuchs SECRETARIO