Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-29


2a instancia Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009 LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que acogió la demanda incoada al inicio, apelan ambas partes a tenor de sus memoriales de fs. 685/686 y fs. 688/693 que fueron respondidos a fs. 698/699 y fs. 703/704.

La parte demandada apela el monto a que ascendieron las remuneraciones de Chiappa y Viera Da Silva. Sostienen que no se debió tener por cierta la de $2.800 ya que dicha mayor retribución con respecto a la percibida por los restantes accionantes ($1.400) se debía al empleo por parte de los coactores de su automóvil y consecuentemente al pago de gastos de combustible, seguro, amortización y mantenimiento de los mismos, por lo que la diferencia restante no sería salario. Ahora bien, este argumento recién fue introducido por la demandada al expresar agravios y no fue sometido a consideración de la instancia previa, por lo que le está vedado a esta Alzada su tratamiento (conf. art. 277, C.P.C.C.).

La parte actora se agravia porque se rechazó la demanda contra los codemandados Parkinson y Wasileski.

En lo que atañe al rechazo de la demanda contra el codemandado Parkinson, coincido con lo señalado por el sentenciante en tanto la parte actora no cumplió en la demanda con las previsiones del art. 65 L.O. no habiéndose consignado en qué carácter y con fundamento en qué derecho se lo demandó en autos, aspectos que no pueden ser suplidos por los argumentos de los agravios (conf. art. 277 CPCCN). Por ello propongo confirmar lo decidido en la sentencia al respecto, incluso respecto de la imposición de costas.

En cuanto al co demandado Wasileski, la recurrente no tiene en cuenta lo sostenido por el sentenciante respecto de los alcances de la rebeldía, y en todo caso no refuta debidamente las conclusiones a que arriba el Señor Juez "a quo" cuando afirma que lo que surge de las pruebas producidas no es suficiente para considerar a dicho co demandado como empleador intermediario según los dichos de la demanda.

La parte actora se agravia también porque el sentenciante omitió tratar el pedido de multa por temeridad y malicia incoado. En este aspecto, creo necesario recordar, que dicha sanción sólo es aplicable en casos extremos y cuando de la actuación resulta un proceder malicioso y temerario, el que debe quedar debidamente configurado y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave, pues de lo contrario se puede afectar un principio constitucional como es el de defensa en juicio, lo que obliga a actuar con mayor prudencia.

En mi opinión, ese proceder no ha quedado manifestado en autos y la conducta procesal de las demandadas no ha excedido de lo que cabe considerar un ejercicio acorde del derecho de defensa, por lo que he de proponer el rechazo del recurso en este aspecto.

La parte demandada apeló por altos los honorarios que fueron regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador, y el letrado de la demandada apela por bajos los honorarios que le fueron regulados por el rechazo de la demanda contra el codemandado Parkinson. En tanto de acuerdo con las tareas cumplidas y resultados logrados considero ajustados dichos honorarios a las pautas arancelarias vigentes, propongo confirmarlos (conf. art. 38 L.O.).

En mi opinión las costas de alzada deben ser impuestas en el orden causado atento al modo de resolver (conf. art. 71, L.O.). A ese efecto propongo regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la etapa anterior (conf. art. 14 ley 21.839).

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la etapa anterior.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, ley 18.345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recursos y agravios. II) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado. III) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 25% de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la etapa anterior.JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID. BEATRIZ I. FONTANA.

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