Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-05-28


000129/2009 --- En la ciudad de Trelew, a los 28 días de mayo del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con la presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. E. M. c/ O. A. y/o Q.R.R. s/ Cobro de Pesos Laboral Ficha 9173" (Expte. 129 - Año 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 114.-------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:	--- Vienen estos actuados a conocimiento de la alzada con motivo del recurso de apelación planteado por la parte actora (fs. 100) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 94/97 y vta.) por el que se hace lugar parcialmente a la demanda que interpusiera en contra del Sr. A. O., obteniendo que se lo condenara a pagarle la suma de $ 1.484,22, con más los intereses que se indican en el considerando III. Asimismo, se impuso el 10% de las costas al demandado siéndole impuestas en el 90% restante a la parte actora apelante.---- El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 se encuentra glosado a fs. 102/106.--------- A fs. 107, se ordena el traslado de los agravios a la parte demandada, el que no fue evacuado por ésta.------------------- A fs. 111 y vta., luce agregada la S.I.L. N°16/2009, por la cual se deniega la solicitud de producción de prueba ante la alzada.--------------------------- I.- Previo reseñar los antecedentes de la causa, expresa que a pesar de haber tenido por confeso al demandado, considerando probada la relación laboral y añadir que esta además fue probada por la declaración de los testigos, la Sra. Juez a quo consideró que su parte no solo omitió acreditar el envío del requerimiento al empleador sino que ni siquiera se mencionó en demanda que se hubiera hecho efectivo el supuesto apercibimiento con la remisión de la comunicación rescisoria sin la cual no existe ruptura del contrato de trabajo ya que es imprescindible la expresión de voluntad concreta de disolver el vínculo. Al respecto, señala, no consideró que la comunicación había llegado a la esfera del conocimiento del demandado ante la notificación que se le realizara por la Subsecretaría de Trabajo. Postula que la sentencia se pronunció con total prescindencia de las pruebas producidas en autos, fundándose en que el demandado no había sido notificado fehacientemente sobre las indemnizaciones reclamadas, atento la respuesta de la entidad oficiada Correo X. Expresa que es sabido que el Correo X transita por graves problemas de organización administrativa y que los oficios son contestados sin revisar los telegramas enviados si no se acredita el número de envío, por lo que efectúa reserva de probar en esta segunda instancia que el telegrama fue remitido y que el mismo corresponde al número de carta certificada 715245967. Agrega que a pesar de tener al Sr. O. por confeso, sólo se lo tuvo por confeso sobre los hechos expuestos en la demanda relacionados con la existencia del vínculo laboral habido, con la naturaleza de las tareas que denunciara haber cumplido a favor de éste y la extensión de la jornada de trabajo denunciada. No se lo consideró confeso, continúa diciendo, respecto de la falta de inscripción ni que desarrollaba su actividad laboral sin recibir ningún tipo de recibo de haberes. Indica que si se comprueba la existencia de las faltas invocadas en forma escrita por el trabajador y por su carácter injuriante debe hacerse lugar a todos los rubros indemnizatorios. Efectúa cita jurisprudencial en apoyo de su posición a la que remito por razones de brevedad. Añade respecto a la falta de acreditación de la remisión del despacho telegráfico y la prueba informativa del Correo X que resultó adversa, que la Sra. Juez a quo no consideró que el demandado fue debidamente citado por la Subsecretaría de Trabajo y allí se le corrió traslado de las indemnizaciones reclamadas, que eran las mismas que figuraban en el telegrama y que éste actuando por derecho propio con el patrocinio letrado del Dr. P. solicitó el cese de las actuaciones declinando expresamente la vía administrativa. Arguye que esta citación pudo ser tenida en cuenta a los efectos de merituar la prueba ofrecida en autos ya que se solicitó la remisión del expediente. Afirma que hubiera resultado a derecho valorar el silencio patronal a la citación cursada en sede administrativa como presunción favorable a los derechos del trabajador, tal como lo dispone el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Asevera que la notificación surtió los efectos buscados por su parte por cuanto el Sr. O. estaba al tanto de los reclamos que le efectuara. Esta prueba fue irrelevante para la sentenciante ya que no fue tenida en cuenta a pesar de una circunstancia que califica de esencial, consistente en que el empleador debió reveer en ese momento su actitud expresando en forma clara los motivos que justifiquen su decisión. Compara que si se hubiese tratado de un despido verbal con el criterio de la juzgadora de primera instancia ni siquiera hubiera podido hacer uso de la jurisdicción ya que es imposible probar los dichos verbales de un empleador. Alude al art. 240 y a la intimación prevista por el art. 11 de la ley 24.013, a lo cual remito por razones de brevedad. Sostiene que al quedar probado el vínculo laboral su parte no puede ser privada de las indemnizaciones que le corresponde, con apoyo de citas jurisprudenciales a cuya lectura remito. En relación a la intimación para que se le entregara el certificado de servicios y aportes que puede activar la procedencia de la multa prevista en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T. que tampoco se tuvo por cumplida, manifiesta que cuando el contrato de trabajo termina por cualquier causa el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, tareas desempeñadas, constancias de sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social. Afirma que la suma a la que alude el último párrafo del citado artículo no emerge del despido sino del incumplimiento a una obligación de entrega e incluso puede devengarse durante la vigencia del contrato de trabajo lo que se transforma en un agravio para su parte su rechazo por la Sra. Juez a quo premiando el incumplimiento del empleador de una obligación a su cargo. Respecto al daño previsional reclamado vuelve a reiterar que la notificación que consta en el expediente administrativo acredita que su parte intimó al empleador y éste hizo caso omiso al reclamo. Demostrado que la relación laboral no fue registrada, concluye, corresponde hacer lugar al daño previsional solicitado atento haber sido privada de una cobertura de salud, de una aseguradora de trabajo, de indemnizaciones y lo que es más importante -dice- no podrá acceder a un beneficio jubilatorio. Expresa que el trabajador no registrado tiene iguales derechos que los trabajadores "en blanco" y la ley laboral castiga al empleador con multas de dinero estos incumplimientos a favor del trabajador, cuestiones éstas que no fueron consideradas, sostiene, por la Juez a quo. Alude, en cuanto al rechazo de la indemnización agravada prevista por el art. 1 de la ley 25.323 que se probó fehacientemente en autos la falta de registración de la relación laboral por lo cual, concluye, corresponde aplicar la sanción prevista por el legislador. Finalmente, en relación a la imposición de las costas expresa que el criterio general es atendiendo a la indudable y eminente naturaleza alimentaria que tiene el crédito laboral que las costas son a cargo del empleador por el solo hecho de no cumplir con sus obligaciones y obligar al trabajador a presentarse por ante la jurisdicción. Por el solo hecho de no cumplir el empleador con las obligaciones a su cargo le corresponde cargar con las costas. En todo caso, predica, debió el demandado acreditar de modo fehaciente que su conducta no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de despido. Vuelve a repetir que en la causa existen elementos que justifican la promoción del juicio y de que la demanda fue necesaria para alcanzar el reconocimiento del derecho invocado. Efectúa cita jurisprudencial a la cual también remito.----------------------------------- II.- En los limites demarcados por los agravios que he reseñado precedentemente diré desde el comienzo del análisis que resulta palmario, para mi, que la parte actora recurrente o bien no alcanzó a comprender cabalmente la razón dirimente por la cual la juzgadora de la anterior instancia desestimó todos los rubros indemnizatorios y agravantes indemnizatorios vinculados a ellos; o bien, lisa y llanamente, a conciencia, ensayó una serie de argumentaciones que soslayan tal circunstancia, tornando el pretenso sostenimiento del recurso en meras alegaciones genéricas, abstractas e inaplicables al supuesto traído a resolución en el presente litigio.---------------------------------- Digo así, toda vez que es fácil de verificar de la lectura del fallo apelado, habida cuenta que incluso fue destacado en negritas, que la razón fundante que la juzgadora del anterior grado expuso para sustentar la desestimación de los rubros indemnizatorios aludidos fue la siguiente, a saber: "Por lo que siendo requisito insalvable para la operatividad de las indemnizaciones reclamadas la previa intimación del trabajador al empleador por medio escrito, no cumplido con dicho recaudo, serán desestimadas las mismas" (sic)(fs. 96 vta.).----------- Es que resulta enteramente compartible que no se configure el despido indirecto si no se intimó previamente el incumplimiento de los reclamos que se consideran injuriosos. Dicho de otro modo, para que se configure la injuria determinante del despido indirecto, es necesario que haya existido la intimación previa que posibilite su saneamiento y, por lo tanto, la prosecución del vínculo. Ello fue así entendido en el pronunciamiento atacado, esto es, como una conducta debida y que se encuentra informada por el principio de buena fe (Conf. Art. 66 de la L.C.T.).--------------------------------- Ahora bien, la cuestión es que la actora afirmó en demanda haber realizado tal intimación empero no acompañó ni copia de la comunicación que la contenía y, ante la negativa de recepción de la misma por parte del demandado, se produjo la prueba informativa respectiva resultando la misma infructuosa al indicar el Correo "X" que no se registra el despacho denunciado por la trabajadora como remitido a la patronal (fs. 75). Asimismo, tales circunstancias han quedado reconocidas por ante esta alzada con la admisión que se efectuara al plantear la pretensión -desestimada- de acompañar tardíamente la constancia de la comunicación postal aludida y de reiterar la informativa frustrada, por medio del pedido de "replanteo de prueba". Y, su desestimación se debió a las razones expuestas ya por el tribunal en la sentencia interlocutoria obrante a fs. 111 y vta..--- No huelga advertir, a título "obiter dicta" que, a todo evento, a las alegaciones relativas a los problemas de organización administrativa que supuestamente transita el Correo "X" , no son éstas oponibles a la patronal; como que también es de precisar que quien elige un medio para cursar una notificación se hace responsable de la eficacia del mismo (Conf., Fernandez Madrid, Juan C., en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Ed. La Ley, 3ra. ed., año 2007, T. II, págs. 1811, letra "e" y citas jurisp. de nota n° 24; id., Ramírez Bosco, Luis "Manual de Despido", Ed. Hammurabi, ed. año 1986, págs. 40/42).------- Asimismo, es trascendente destacar, como correctamente lo hiciera la juzgadora, que no solo se omitió la intimación previa a la cual venimos refiriendo, sino que no se concretó la indispensable comunicación de la voluntad rescisoria que se intenta hacer valer en el presente litigio como plafond del reclamo indemnizatorio. Es que bien lo estableció la Sra. Juez a quo, como base de toda su motivación posterior, que sin comunicación "...no existe ruptura del contrato de trabajo ya que es imprescindible la expresión de voluntad concreta de disolver el vínculo." (sic)(fs. 96).------------------------------- Corresponde establecer a esta altura del análisis que resulta indisputable que no hay ruptura automática del contrato. Esto significa que en todo caso debe mediar una expresión de voluntad concreta de alguna de las partes relativa a la disolución y, luego, ser esta comunicada fehacientemente a la contraparte (Conf. CNTrab., 16-09-1996, D.T., 1996-B-3025).------------------ Y, a la par, cabe resaltar que es difícil sostener, convincentemente al menos, que se pueda conocer aquello que no ha sido expresado como de alguna manera lo intenta sugerir la parte actora recurrente. Tampoco tiene asidero jurídico la postulación centrada en sostener que con la citación a la patronal para que concurra por ante la Subsecretaría de Trabajo se habrían suplido todas estas falencias y omisiones tanto de la comunicación fehaciente de la intimación y de la expresión de la voluntad rescisoria. Es de ver, que ni siquiera fue aportada a esta actuaciones el expediente administrativo del cual pudiera constatarse si le fue o no comunicado, con el detalle que esgrime al fundar su recurso la apelante, de las razones de su citación. Y tal carencia se debió a la falta de diligencia de la actora en la producción de la prueba que ofreciera pero que no logró incorporar al proceso, todo lo cual ya fue puesto en evidencia en la reseña de lo actuado en autos al tiempo de desestimar la apertura a prueba en esta segunda instancia pedida por la impugnante (vide: respuesta al oficio remitido a la Subsecretaría de Trabajo obrante a fs. 24 -fs. 111 y vta.-).---------------------------------- De ningún modo resulta incompatible que la sentenciante hubiera valorado la confesional ficta para tener por ciertos los hechos alegados en demanda en relación a la existencia de la relación laboral denunciada, la naturaleza de las tareas desempeñadas y extensión de la jornada cumplida y no lo hiciera del mismo modo con la ruptura del vinculo. Ello así, habida cuenta que señaló con toda verdad que en el escrito de demanda ni siquiera afirmó haber remitido la comunicación de su expresa voluntad de rescindir el vínculo laboral que si en cambio sostuviere en su escrito impugnativo. Para constar ello basta con remitir al relato de los hechos efectuados en la demanda capítulo en el que expreso la actora en relación al tópico "...Al no recibir contestación a la intimación cursada mi mandante se consideró gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de su empleador."(sic)(vide: 2do. párrafo de fs. 4 vta.).---- --- Y, no sobreabunda recordar que en los términos normados por el art. 25 de la ley 69, la presunción de veracidad nacida de la falta de concurrencia a la prueba confesional funge solo en relación a los hechos afirmados en la demanda.-------------------------------------- Finalmente, ninguna relación tiene las citas de los arts. 240 de la L.C.T. y 11 de la ley 24.013 con la cuestión, por lo que las inferencias o parangones que se intentan realizar con basamento en tales normas resulta inaudibles.------------ Igualmente poco se puede decir respecto a las indemnizaciones que pregona la recurrente deben serle abonadas, por cuanto en toda su alegación impugnaticia olvida adrede que no aconteció un hecho primordial y excluyente de su procedencia, cual es, que exista la ruptura del vinculo laboral sin la cual es imposible, por falta de un presupuesto fáctico indispensable, que progrese la pretensión de cobro de las indemnizaciones derivadas de un despido indirecto inexistente -a estar al relato de la propia actora solo existió in mente retenta que como es sabido no es expresión de la voluntad- ni tampoco de los agravamientos indemnizatorios previstos por las leyes 25.323 y 25.345. Específicamente a los agravamientos indemnizatorios previstos por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, cabe poner en el tapete que en cuanto se encuentran vinculados a la procedencia de las indemnizaciones debidas por despido incausado -directo- o causado -indirecto o impropio-, ante la improcedencia de ella tales agravamientos carecen de andamiento posible.----------------- Tampoco proceden las indemnizaciones especiales por falta de registración desde que la intimación que como presupuesto de admisión contempla el art. 11 de la ley de empleo tampoco se acreditó que hubiera sido realizada. Idéntico señalamiento cabe efectuar respecto a lo que la impugnante denominara "daño previsional" (¿?).----------------- Para terminar, la indemnización especial prevista por el art. 80 de la L.C.T. (según texto agregado por art. 45 de la ley 25.345), tampoco podría prosperar por cuanto yerra la recurrente en sostener que tal obligación nace cuando el contrato de trabajo se termina por cualquier causa. Es que cabe reiterar que la sentenciante del anterior instancia estableció primariamente que tal circunstancia -ruptura del vínculo- no aconteció. De allí, que todo el andamiaje argumentativo posterior ha quedado vacío de contenido.------------------------------ El sostenimiento del ataque dirigido en contra del modo de imposición de las costas, permítaseme la expresión, resulta para mi francamente sorprendente por lo infundado y equívoco. Es que postular como lo hace la recurrente que por la naturaleza alimentaria del crédito laboral las costas siempre las debe pagar la patronal no puede más que causar perplejidad. Es que no solo desatiende normas específicas relativas al punto y que se encuentran vigentes (Arts. 68 del C.P.C.C. y su concordante art. 59 de la ley 69), sino porque de inmediato se contradice con la cita jurisprudencial que realiza.------------- ---- En fin, considero básicamente que no se satisface mínimamente con la carga procesal de criticar en el modo exigido por el Código del rito, por lo que propondré se tenga en tal porción desierto el presente recurso (Conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).------ En relación al modo de imposición de las costas, las que fueran distribuidas en el primer grado en la proporción de los vencimientos parciales y mutuos estimados en el 90% atribuible a la actora y en el 10% restante a la parte demandada, en tanto se intenta sostener el cuestionamiento aludiendo a la naturaleza alimentaria del crédito laboral para, de allí, enancarse en una supuesta carga de demostración en cabeza de la patronal demandada de que no habría dado lugar al inicio de las actuaciones jurisdiccionales, deviene en un argumento ineficaz por inaudible. Es que, cabe diferenciar el beneficio de la gratuidad que es propia y connatural al derecho del trabajo (Art. 20 de la L.C.T. y art. 13 de la ley 69) con el beneficio de pobreza al cual alude equívocamente la última norma de cita y que no debe ser entendido con los alcances previstos por el art. 84 del C.P.C.C..---- Y digo de tal manera por cuanto de la lectura del texto completo de la norma se verifica que tal beneficio solo alcanza a los gastos o gravámenes fiscales. Esto es, la justicia gratuita reconocida a todo trabajador tanto por la norma de fondo como de forma debe entenderse referida solamente al acceso a la justicia, en tanto no puede ser conculcada ni obstaculizada por imposiciones económicas. Empero una vez franqueado dicho acceso, el litigante queda sometido a los avatares del proceso, incluidas las costas devengadas en él cuando ha resultado vencido (Conf. CNAT, sala VIII, 12-5-87, T. y S.S., 1987-824).---------------- Y, en relación a la supuesta carga de probar atribuida a la empleadora demandada que no dio lugar con su actuar a que el trabajador iniciara el proceso como único medio de obtener el reconocimiento de su derecho, debo decir que ello no se encuentra amparado en norma alguna que lo sustente. Es de destacar al respecto que como todo conflicto de intereses las partes que concurren al proceso pueden considerar válidamente que le asiste la razón y es por ello que recurren al órgano jurisdiccional del Estado para dirimir sus controversias. Y en tal entendimiento no cabe distinguir las calidades que revisten las partes para atribuirles cargas diferenciadas vinculadas a porqué se ejerce el derecho de acción que da la apertura a tal intervención estatal.---------- Es por ello que, apropiadamente la juzgadora del anterior grado estimó las porciones de vencimientos mutuos logrados por cada una de las partes de autos sin que hubiera merecido más que una mera manifestación de disconformidad de parte de la actora recurrente, en tanto se remite a postular que la manera en que fuera asignadas las alícuotas porcentuales a cada una "...aparece como una sanción para la trabajadora que tuvo que demandar para demostrar el trabajo en negro..."(sic)(fs. 106), soslayando nuevamente que existe pretensiones desestimadas que por su número del total de las plateadas da lugar a la atribución de la porción de las costas que finalmente se le asigna.------------------------------- ---- Por tales razones, propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto.----------------------------------- II.- Conclusión:-------------------- Por todo lo expuesto corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte actora apelante vencida en ella (Arts. 59 de la ley 69 y 279 del C.P.C.C.).----------------------- Los honorarios de la Dra. S. B. B., letrada apoderada de la parte demandada, por sus tareas de segunda instancia, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en la suma equivalente al 2,75% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6, 14 y conc. de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------------ Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó:-- Dada la claridad de la reseña que efectuara el Sr. Magistrado antes sufragante, tanto de la sentencia de fs. 94/97 vta., como del memorial de fs. 102/106, me remito a la misma a fin de evitar reiteraciones estériles y en homenaje a la brevedad.------------------- --- I.- Trataré directamente los agravios de la recurrente, atento la remisión al relato que hiciera el colega preopinante.-------- 1) La actora se queja básicamente de que, aún teniendo por confeso al demandado, la jueza de grado, limitó los efectos de dicha confesión ficta a la existencia del vínculo laboral mas no los extendió a los incumplimientos denunciados y a la justificación de la situación de despido indirecto en la que se colocara.--------------------------- La sentenciante de grado, luego de hacer referencia a que el accionado no compareció a la absolución de posiciones, hizo mérito de tal circunstancia expresando: "En consecuencia tengo por confeso al demandado sobre los hechos expuestos en demanda relacionados con la existencia del vínculo laboral habido entre las partes, con la naturaleza de las tareas que denuncia la actora cumplidas a favor de este último y la extensión de la jornada de trabajo denunciada" (ver sentencia a fs. 95, 3er. párrafo). Mas en lo referente al distracto argumentó: "Pero en el presente caso no solo omitió acreditar el envío del requerimiento al empleador sino que ni siquiera se mencionó en demanda que se hubiera hecho efectivo el supuesto apercibimiento con la remisión de la comunicación rescisoria, sin la cual no existe ruptura del contrato de trabajo ya que es imprescindible la expresión de voluntad concreta de disolver el vínculo" (ver sentencia a fs. 96, 1er. párrafo). Como se puede apreciar la jueza "a quo" hizo expresa referencia a que en la demanda no se expresó que se comunicara la voluntad de colocarse en situación de despido indirecto. Y dicha referencia es acertada, dado que la actora relató que intimó al empleador a cumplir con determinadas obligaciones bajo apercibimiento de iniciar el cobro de las indemnizaciones por despido indirecto y accionar por el cobro de las indemnizaciones por despido incausado; por lo que al no recibir respuesta se consideró gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de la contraria (ver fs. 04 vta., 1er. y 2do. párrafos). Es así que más allá de lo que se considerará respecto a la intimación que se tuvo por no acreditada, debe recordarse que "las frases accionaré judicialmente o bajo apercibimiento de injuria contenidas en un telegrama intimatorio no cumplen el requisito de manifestación de voluntad rescisoria en caso de incumplimiento, exigida como previa para configurar el despido indirecto, pudiendo interpretarse como la voluntad del remitente de iniciar acción judicial por el cobro del crédito reclamado" (conf. CNAT, Sala I, 28/2/89, DT, 1990-A-221). En consecuencia, y como lo expresara la "a quo" en el decisorio en crisis, la actora no efectuó manifestación de voluntad alguna a los fines de comunicar el distracto y por ende la extinción del vínculo laboral.---- Dicho lo anterior, resulta correcta la conclusión de la jueza en cuanto extiende los efectos de la confesión ficta meramente a la existencia de la relación laboral y no los amplía a las circunstancias de la extinción del vínculo y su secuela indemnizatoria. Ello es así, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 25 de la ley 69 dicha confesión importa el reconocimiento de los hechos expuestos en la demanda o contestación, y de lo antedicho no se refirió en la demanda que se ejerciera la voluntad del distracto.----------- Sentado lo precedente, deviene intrascendente o estéril lo argumentado en cuanto a los problemas de organización del correo o que la comunicación llegó a la esfera de conocimiento del demandado ante la notificación en sede administrativa. Respecto de lo primero es del caso señalar la falta de prueba atento el informe de fs. 75, y lo mismo cabe manifestar en lo que concierne a lo segundo, dada la respuesta de fs. 24. Por su parte la desestimación en este sede del replanteo de prueba (ver fs. 111/vta.) corrobora la orfandad probatoria de la actora sobre los aspectos de los que se agravia. En suma, valga todo ello, sin dejar de reiterar que la invocada intimación a la que se refiere en la demanda (ver fs. 04 vta., 1er. párrafo), lo era a los fines del cumplimiento de las obligaciones que se denuncian sin honrar bajo apercibimiento de iniciar acciones por despido indirecto, mas no se menciona que se hubiera expresado la voluntad de extinguir el contrato de trabajo.--- La actora argumenta con fundamento en la última parte del art. 240 de la LCT que se debió considerar que el empleador se dio por anoticiado de la extinción del vínculo al concurrir a la sede administrativa. Más allá de que no se produjo la prueba respectiva y que el demandado haya admitido que recibió una comunicación para dicha concurrencia (ver fs. 11 vta., 3er. párrafo), la referencia a la norma mentada carece de pertinencia en la especie ya que la misma regula el supuesto de renuncia del trabajador y no por despido indirecto. Otro tanto cabe expresar con relación a la remisión que efectúa la quejosa a la intimación del art. 11 de la ley 24013.--- 2) En referencia al rechazo de las pretensiones indemnizatorias basadas en el despido indirecto y el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25323, señala la recurrente que al quedar probado el vínculo laboral no puede ser privada de las indemnizaciones que le corresponden, citando jurisprudencia al respecto (ver fs. 104 vta., 2do. párrafo). Sin embargo, más allá de lo escueto de la pretensa crítica, la jurisprudencia que transcribe en apoyo de su reclamo, da por sentado como requisito de procedencia de las indemnizaciones que se haya producido la denuncia del contrato de trabajo. Y justamente la "a quo" razonó que "La situación en el sub lite impide un pronunciamiento favorable de las pretensiones indemnizatorias basadas en el despido indirecto invocado (Arts. 232, 233 y 245 de la LCT), las que resultan improcedentes al no configurarse la situación de despido indirecto de la que derivan las mismas. Igual pronunciamiento desestimatorio corresponde con relación al incremento indemnizatorio previsto en el Art. 2 de la Ley 25.323 que dispone el incremento del 50%, cuando el empleador fehacientemente intimado por el trabajador no las abonare y consecuentemente lo obligare a iniciar las acciones judiciales. No cumplido por la actora la intimación fehaciente y no procediendo las indemnizaciones legales esta pretensión será desestimada" (ver sentencia a fs. 96, dos últimos párrafos). Como se puede apreciar lo argumentado por la apelante no hace mella en el razonamiento de la jueza, ya que no existió distracto ni se intimó fehacientemente -al menos no se acreditó la intimación- a los fines de la ley 25323. En cuanto a la multa del art. 80 de la LCT, argumenta la apelante que cuando el contrato de trabajo se termina el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones respectivas sobre la prestación de servicios, tareas desempeñadas, constancias de sueldos, aportes y contribuciones. Señala que la suma por el incumplimiento de la obligación de entrega no emerge del despido, pudiendo devengarse durante la vigencia del contrato (ver fs. 104 vta. "in fine"/105, 1er. párrafo). La sentenciante de grado consideró al respecto que "La intimación relacionada con la entrega del certificado de servicios y aportes que puede activar la procedencia de la multa prevista en el último párrafo del art. 80 LCT tampoco se halla cumplida, por lo que igual pronunciamiento desestimatorio cabe" (ver sentencia a fs. 96 vta., 3er. párrafo). Como se puede apreciar también aquí, el argumento dirimente de la juzgadora radicó en el incumplimiento de la intimación pertinente, mas la recurrente no se hizo cargo del mismo, señalando que la obligación no está relacionada con el despido. Amén de ello reitera en su agravio la obligación del empleador cuando el contrato termina por cualquier causa, habiendo quedado sumamente aclarado en el decisorio que no existió extinción del vínculo.------------------------ En cuanto al pretendido "daño previsional", vuelve la quejosa a fundar su agravio en las constancias del expediente administrativo (ver fs. 105, 2do. párrafo), lo que ya fuera desestimado en el punto 1) de este considerando. A ello cabe añadir que la magistrado de grado fundó el rechazo del reclamo en cuestión en la normativa del art. 11 de la ley 24013 (ver fs. 97, 1er. párrafo), sin que la impugnante criticara en forma concreta dicho razonamiento. Finalmente en cuanto a la duplicación indemnizatoria del art. 1 de la ley 25323, el único fundamento de la apelante es que se probó la falta de registración de la relación laboral (ver fs. 105 "in fine"/vta., 1er. párrafo), mas tampoco asumió lo expuesto en cuanto a la carga de la intimación que pesa sobre el trabajador (ver sentencia a fs. 97, 2do. párrafo que remite al 1er. párrafo "in fine").-------- ------- 3) Por último se queja la actora de la imposición de costas, considerando que el crédito laboral es de naturaleza alimentaria, de lo cual colige que aquéllas son a cargo del empleador por no cumplir con sus obligaciones (ver fs. 105 vta., 2do. párrafo). La juzgadora ha explicado, con fundamento en el art. 71 del CPCC, el motivo por el cual ha distribuido las costas en un 90% a la actora y en un 10% al demandado con fundamento en que la actora fue triunfante en tres de los doce rubros (ver fs. 97, pto. V), por lo que la remisión a una afirmación dogmática y genérica como la que efectúa la actora carece de la suficiencia técnica exigida por el art. 265 del CPCC. Es que el escrito que se limita a hacer afirmaciones de carácter general (conf. CN. Civ., Sala A, 12/2/87, LL, 1987-B-123; íd., Sala F, 14/2/85, LL, 1985-C-644, 36.876-S; íd., Sala G, 26/5/85, LL, 1985-D-386; entre otras), sin indicar con precisión, punto por punto, los pretendidos errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento (conf. CN. Civ., Sala G, 10/2/87, LL, 1987-B-288), carece de contenido. Por lo que estoy de acuerdo con lo postulado por el Dr. Lucero de declarar parcialmente desierto el agravio en este aspecto.------------------------ Todo lo anterior es sin perjuicio de compartir lo expuesto por el vocal prevotante respecto a que el beneficio de gratuidad establecido en los art. 20 de la LCT y 13 de la ley 69 se refiere a los gastos o gravámenes fiscales. Se ha sostenido, en comentario a la primera de las normas mentadas que la gratuidad se extiende al otorgamiento de partidas, certificaciones e informes sin cargo y al envío de telegramas, mas no exime de las costas al trabajador cuando el mismo fuere vencido (conf. Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, págs. 115). Y el art. 13 de la ley 69 es muy explícito en cuanto a lo que involucra el beneficio de pobreza, no comprendiendo a las costas cuyo régimen es regulado por el art. 59 de la misma ley.----	En síntesis, por todo lo expuesto concluyo en la desestimación del agravio.	--- II.- En virtud de lo todo lo razonado, coincido con el Dr. Lucero en que corresponde propiciar la confirmación de la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas en la Alzada a la quejosa perdidosa (conf. art. 68 del CPCC).----------- En cuanto a la regulación de honorarios en esta sede, dado el resultado del pleito, extensión y entidad de los trabajos realizados en esta instancia de apelación, deviene razonable fijar los mismos a la Dra. S. B. B., letrada apoderada de la actora, en un 2,75% del monto del proceso, con más el IVA respectivo (conf. art. 6 y 14 del arancel y leyes 23349 y 23871).-- A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.------------ A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:------------- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de alzada a la parte actora recurrente vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de la letrada apoderado de la parte actora recurrente, Dr. S. B. B., en la suma equivalente al 2,75% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de la sentencia, con más el I.V.A. pertinente.------- ASI LO VOTO.--------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo:	En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, fiel expresión del mismo.-	Así lo voto.-	--- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal haberse logrado la mayoría (art. 9 ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: ------------- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:----------- --- CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. ----- IMPONER las costas de alzada a la parte actora recurrente vencida en ella.---------------- REGULAR los honorarios de la letrada apoderado de la parte actora recurrente, Dr. S. B. B., en la suma equivalente al 2,75% del monto del proceso que se determine en la etapa de ejecución de la sentencia, con más el I.V.A. pertinente.------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------- --- REGISTRADA BAJO EL N° 45 DEL AÑO 2009 - SDL - CONSTE.--------------- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA