Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-05


AUTOS N° 93511 (1° JUZGADO CIVIL) (SALA III 11299) "GONZÁLEZ Mario Eduardo C/ Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. Sumario II Cpo." En la Ciudad de San Juan, a 05 días del mes de Marzo de 2015, reunidos los Sres. Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Juan Carlos Pérez y el Dr. Roberto M. Pagés Lloveras como Vocal, para conocer sobre los recursos de apelación interpuesto por la actora a fs. 353/355 y concedido a fs. 356, y por la demandada interpuesto a fs. 352 y concedido a fs. 352 vta. contra la sentencia definitiva de fecha 18 de junio de 2012 obrante a fs. 339/349 de autos y su aclaratoria de fs.357.

El SR. JUEZ DE CÁMARA DR. JUAN CARLOS PÉREZ, dijo:

En cuanto a la relación de la causa efectuada por la Sra. Juez Aquo, en lo pertinente se ajusta a las constancias de estas actuaciones, por lo que a fin de evitar repeticiones me remito a la misma.

Contra la sentencia de primera Instancia que admite parcialmente la demanda de cumplimiento de contrato y condena a la compañía de seguros Bernardino Rivadavia Coop, Ltada de Seguros, al pago de los rubros Daño Material de $220.000 al mes de noviembre de 2005 y daño Moral de $ 40.000 a igual fecha con más los intereses tasa activa desde la fecha del evento dañoso, 24 de noviembre de 2005, y hasta el momento del efectivo pago, que a su vez hace lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la demandada respecto del rubro "menoscabo patrimonial" y rechaza la exclusión asegurativa planteada por la compañía aseguradora y regula los honorarios de los profesionales intervinientes en autos, se alzan las partes tanto actora como demandada, por intermedio de sus representantes a través de sus respectivos recursos de apelación los que subsumiré de la siguiente manera:

Recurso de apelación parte actora: el mismo es interpuesto a fs. 353/355, el que fuera concedido a fs. 356, expresando agravios a fs. 361/367 señalando que la sentencia le causa agravios, los que sintetiza en los siguientes:

I Primero: que la Sra juez aquo hace lugar a la excepción de falta de legitimación activa y/o de obrar en la actora y rechaza el rubro menoscabo patrimonial que fuera demandado, considerando al respecto que no se encuentra probado el motivo por el cual se inicia el proceso laboral que es el fundamento del reclamo, ni que se refiera al robo del camión y semi remolque, sino a otros motivos. Señala que las constancias documental aportadas por su parte que acreditan tal circunstancia no han sido analizadas correctamente por la sentenciante ni siquiera compulsadas al momento de resolver. Agrega que han sido acompañadas las copias de la demanda laboral, mediante la cual el Sr. Domínguez demandó a la empleadora acusándola de que se le negaron tareas y que no se le permitía trabajar. Ello fue motivado por la pérdida o sustracción del camión y semiremolque con el cual se desempeñaba el Sr. Domínguez a las órdenes de su representado, consecuencia directa e inmediata de la falta de cumplimiento de la aseguradora en cumplir el siniestro previsto contractualmente en la póliza respectiva. Tal circunstancia aclara y no otra es el motivo del reclamo por menoscabo patrimonial que debe enfrentar su mandante ante la demanda laboral producida por exclusiva responsabilidad de la Aseguradora ante su incumplimiento grave puesto de manifiesto en la relación existente hasta aquel momento. Que si bien es cierto que no se presentó copia de la demanda laboral en el momento de iniciar la acción ello fue a causa de que ésta era muy reciente, pero produciendo el pronunciamiento el juez que determinara sobre la procedencia de la misma y al no haber respuesta de la accionada, la unidad de trabajo que el actor perdió por el robo la compañía es responsable por haber asumido el riesgo.

Agrega en este agravio que no se ha tenido en cuenta prueba ofrecida por su parte, entre ella testimonial del Sr. Luis Emilio Cerri, productor de seguros, que acredita la extensión de la responsabilidad de la compañía aseguradora por lucro cesante. Cita Jurisprudencia al efecto y pide en consecuencia se haga lugar al rubro denegado por $ 44.000 correspondientes a la pérdida de mercaderías, 20% del valor del camión y semiremolque a la fecha del siniestro por la imposibilidad de renovar la unidad para prestar mejor servicio y el rubro correspondiente a $106.725 con más sus interese correspondientes hasta el momento de su efectivo pago derivado de la demanda laboral.

Segundo agravio: en cuanto a que la Sra. Juez no reconoce algunos de los rubros demandados por cuanto si bien hace lugar al daño material no hace lugar al lucro cesante por no encontrarse el mismo debidamente acreditado, destinando sólo un párrafo de su sentencia al rechazo del mismo totalmente desprovista de fundamento. Señala al respecto que el actor es un reconocido transportista de varios años, de dilatada trayectoria en nuestro medio, cuya calidad se encuentra acreditada en autos con la documental ofrecida como prueba, que la demandada no ha negado la calidad de transportista de su mandante. El fallo no expresa de manera convincente porque se arriba a una decisión denegatoria. Manifiesta que este rubro representa la falta de utilidades que produce la perdida y sustracción del camión o semiremolque con el cual su mandante presta el servicio correspondiente de mercaderías por lo cual fue emitida la póliza correspondiente, reclamando en este punto la suma de $10.000, suma que surge al tratarse de un camión u semiremolque de transporte de cargas pesadas o de mercaderías, en condiciones de trasladar varias toneladas de cualquier material o elementos de todo tipo, hierro, madera, cemento, muebles, maquinarias, etc., sin embargo se demandó lo que produce un remis o taxi en igual tiempo.

Tercer Agravio: cuestiona los honorarios regulados a su parte por haber intervenido a lo largo de todo el proceso en las tres etapas de juicio en forma conjunta los que son regulados solo en un 21% del monto que resulte de la base regulatoria que se determine oportunamente. Los que considera insuficientes además de señalar que no a sido correcta la normativa aplicada para la regulación efectuada. Solicita en definitiva se regule a su parte la suma del 30% que se obtiene de establecer el 20% por ser vencedora en el juicio, conforme la labor desarrollada en tres etapas del proceso, más el 50% que se adiciona por el doble carácter en que se ha actuado en representación de la parte actora. Efectúa reservas de recurrir por ante las instancias extraordinarias Local ley 2275 y Federal ley 48.

Corrido traslado de los agravios los demandados no lo contestan no obstante habérsele corrido el pertinente traslado por lo que se les da por decaído el derecho a hacerlo conforme surge de fs. 397 de autos.

En cuanto a la expresión de agravios de la Compañía aseguradora, la misma se encuentra incorporada a autos a fs. 379/386, pudiendo sintetizarse los agravios de la misma en los siguientes:

Primer Agravio: En este ítem la Compañía Aseguradora sostiene A que al contestar demanda su parte manifestó que existía exclusión asegurativa por haber participado el chofer del camión, Sr. Domínguez, en el robo del mismo ( entregador del camión y carga) cuya exclusión se había pactado de antemano en el contrato de póliza, como claramente lo exponen a fs. 174/175 donde invocan el art. 170 de la ley 11.418 y cláusulas de Condiciones Grales y particulares de Póliza, arts. 1°, Capítulo "C", Cláusula N° 10, 20 y 26 del contrato de póliza original ofrecido como prueba por su parte, sin embargo manifiesta que la Sra. Juez al tratar la prueba a fs. 223/225 en sentencia interlocutoria, rechaza producir la consistente en video filmación e investigación, la cual se encuentra taxativamente enumerada a fs. 93/161, la que no comprende el resto de la prueba acompañada, consistentes en cartas documentos, contrato de póliza de seguros de fs. 59 a 91 y acta hecha ante escribano de fs. 162 a 168, lo que quiere dejar delimitado ante éste tribunal de Alzada y que señala en dicha prueba el chofer del camión reconocía su participación en el robo del mismo y también lo hacía por escrito en acta extraprotocolar ante escribano, prueba que es descartada luego por la Aquo por no haberse incorporado debidamente certificada en un principio y luego las deja supeditadas a su incorporación a través de las copias del sumario penal debidamente certificado. No obstante ello, y luego de clausurado el término probatorio, dicha prueba correspondiente al sumario penal en copia certificada no fue incorporado a la causa conforme el decreto denegatorio de fs. 329 vta., por lo que solicita el apelante se produzca dicha prueba en ésta instancia consistente en filmación y documental realizada por Decidir S.R.L. cuyos originales obran en el juzgado, por cuanto señala nunca quedó firme la nulidad ante el fuero penal, la que luego por actuación de la Cámara Penal se revoca y se deja incorporada como prueba. Continúa relatando respecto del desacierto de la Magistrado en la valoración de la prueba incorporada en el sumario penal y fundamentalmente a considerar la misma como nula cuando en realidad la resolución que así la declaró quedó sin efecto, manifiesta en tal sentido la aseguradora que dicha prueba es fundamental a los fines de dilucidar la responsabilidad de su parte. Efectúa consideraciones respecto de las copias correspondientes a la causa penal y que deben tenerse a la vista al momento de resolver.

Por otro lado también critica el apelante la valoración efectuada por el aquo al negar la defensa de exclusión asegurativa fundada en el hecho de que el chofer reconociera su participación como cómplice del robo del camión, basado en el sobreseimiento dictado por el Juez Penal, señalando al efecto que confunde la prueba civil, con culpa penal y viceversa como así también la responsabilidad civil con la penal y el valor que posee la prueba en cada fuero.

Añade que si bien las pruebas arrimadas no pudieron ser suficientes para la condena penal no significa que las mismas no sean plenamente útiles para este fuero civil. Por otro lado, el aquo no incorporó su prueba de presunciones, graves, concordantes y ciertas, puntualmente ofrecidas por su parte a fs. 189, punto "G", la que pide sea admitida, como tampoco tuvo en cuenta la testimonial de fs. 267 de Oriana Camarda, damnificada con la carga sustraída, quien reconoció algunos electrodomésticos cuando se le exhibió en las fotos tomadas en la casa de la amante del chofer del camión.

Segundo Agravio: referido al daño material reconocido en la sentencia. Señala el apelante el monto condenado en este rubro es superior al monto pactado en la póliza y el que extrae de un informe que considera erróneo, aportado por Niuhil( fs.316) , el que establece que al año 2011 el valor es de $ 260.000, cuando en realidad debería haber informado cual era el precio al año 2005, el que era inferior y el que efectivamente se pactó en la póliza ya que en cuanto al valor del semi remolque y conforme surge de la misma N° 10/15952605, en condiciones particulares se pactó el precio de valor de reposición en caso de hurto o robo total, en la suma de $ 55.000 con ajuste automático hasta el 20% en caso de que se probare que se sustrajeran elementos colocados al vehículo y que tales elementos le otorgue un valor mayor que en plaza, lo que no fue el caso.

En cuanto al valor del camión Mercedes Benz, Modelo 1994, Dominio SHN193 cuya póliza es la N° 10/15947205 el precio pactado en las mismas condiciones que la anterior fue de $110.000 con el reajuste automático de hasta el 20%.

En lo que respecta al daño moral expresa que las razones por las cuales el aquo decreta su procedencia son erróneas así como también el monto por el que se hace prosperar éste rubro lo considera por demás injusto por cuanto el actor fue tratado por la aseguradora con el debido respeto cumpliendo ésta cabalmente con sus derechos como lo hiciera en un siniestro anterior por haberle robado al asegurado otro camión. Aduce que conforme este nuevo robo y frente a las investigaciones efectuadas por la aseguradora es que se contaba con elementos suficientes para no pagar éste nuevo robo. Es por ello que considera que no existió menoscabo y lesión del espíritu del asegurado ni daño moral que justifique la procedencia de tal rubro, solicita se revoque la sentencia en este punto.

Tercer agravio: cuestiona la imposición de costas y los honorarios no regulados en referencia a la excepción de Falta de acción por el rubro menoscabo patrimonial opuesto por la actora y que fuera rechazado en primera instancia, ello por cuanto no se determinó en la misma la imposición de costas referida a esta excepción como tampoco se regularon los honorarios por dicha tarea.

Finalmente, efectúa reservas de recurrir en caso de resolución adversa por ante las instancias extraordinarias, local Ley 2275 y Federal Ley 48.

Corrido traslado de los agravios a la actora, ésta lo contesta por intermedio de sus apoderados Dres. José Domingo Gabri y María Inés Rodríguez de Gabri a fs. 387/392 quienes solicitan en primer término el rechazo con declaración de deserción del recurso de apelación interpuesto por la Asegurado al entender que de lo expresado por su contraria no existen agravios en la presentación para fundamentar el recurso de la Aseguradora demandada, ya que en su libelo no se encuentra plasmada una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, por lo que correspondería sin más que el recurso sea declarado desierto tal como lo establece el art. 253 del C.P.C. , en su caso refuta cada uno de los agravios introducidos por la aseguradora solicitando el rechazo de los mismos por los argumentos que expresa a los que me remito por razones de brevedad.

TRATAMIENTO DEL RECURSO.

Analizadas las actuaciones me referiré por razones metodológicas, en un principio a los agravios propuestos por la aseguradora contra la sentencia dictada por la Sra. Juez de primera instancia para luego y conforme la solución arribada en los mismos, proceder al tratamiento de los efectuados por la actora. Así ante al primer agravio propuesto por la compañía de seguros relativo al rechazo de la prueba ofrecida por su parte por haber sido declarada nula en el sumario penal, y falta de valoración de otras pruebas arrimadas a la causa las que demostrarían la participación del chofer Sr. Domínguez en el robo del camión como entregador del mismo y de su carga, situación que haría funcionar la cláusula de exclusión asegurativa conforme lo pactado de antemano en el contrato de póliza cláusulas n° 10, 20 y 26 de la póliza original.

La demandada se opuso al progreso de la pretensión con sustento en que el chofer del camión del actor había sido partícipe en el robo en carácter, reitero, de entregador, lo que actuaría como condicionante de la procedencia de la indemnización reclamada.

De la lectura de la causa se observa que efectivamente la Sra. Juez en su sentencia de fs. 223/225, y específicamente en lo que respecta a la prueba referida a la documental producida y obtenida por Decidir S.R.L., video Filmación y cassets, etc. condiciona la producción de la misma a la incorporación que de ella se haga en copia certificada, punto III de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 05 de diciembre de 2008. Con posterioridad, la Sra. Magistrado, en el dictado de la sentencia definitiva de fecha 18 de junio de 2012, hace una valoración del sumario penal y de la prueba incorporada en el mismo y la descarta, comparte el criterio expuesto por el Fiscal interviniente en éste y por el propio Juez Penal sentenciante, y entiende que darles un valor distinto a dicha prueba ya en sede civil, importaría vulnerar la garantía que surge del art. 18 de la Constitución Nacional, que protege al imputado de la autoincriminación. Es decir que no es que no valoró el sumario penal incorporado ni la prueba allí rendida sino que efectuó una valoración de lo acontecido en sede penal y efectivamente con lo resuelto en tal fuero no pudo determinar la culpa civil del Sr. Domínguez para atribuirle responsabilidad. Dicho criterio lo comparto plenamente ello por cuanto, en el presente caso las razones por las cuales la Compañía aseguradora pretende hacer deslizar su responsabilidad van más allá de un simple incumplimiento contractual por parte del asegurado, o de la oposición de una cláusula contractual, para decirlo mejor, acá para que funcione el mecanismo de exclusión de cobertura por dolo debería haberse probado la comisión de un delito, por lo menos en grado de tentativa, o complicidad en el robo o hurto del camión por parte del chofer Sr. Domínguez, tipificándose tal hecho en la figura penal específica, ello no ha acontecido tal como se desprende del sumario penal incorporado a la causa en virtud del sobreseimiento dictado en la misma por falta de prueba. La doctrina mayoritaria así como la jurisprudencia se orienta en el sentido de que la sentencia absolutoria en sede penal sólo hace cosa juzgada en sede civil respecto de la inexistencia del hecho y de la falta de autoría, por lo que si no se ha acreditado en el caso de autos que el chofer del camión haya sido el autor del hecho principal o partícipe en el mismo, el Juez civil se haya impedido de condenar en sede civil tal como lo prescribe el art. 1103 del Código Civil, ya que a falta de autoría no puede haber ningún tipo de condena, distinto hubiera sido el caso en que, en sede penal el sobreseimiento hubiera sido decretado a causa de la falta de culpa o por prescripción de la acción penal, en donde ya no se declara la inexistencia del hecho por parte del presunto autor material, sino por otras razones, que habilitarían al Juez civil a evaluar su conducta y responsabilidad en ésta instancia, caso que no es el de autos, por lo que en éste aspecto corresponde desestimar el agravio propuesto por la Aseguradora confirmado la solución propiciada por la Sra. Juez aquo.

En efecto, en el caso se encuentran acreditados tanto el contrato de seguro como la producción del siniestro y su cobertura, es así que la configuración de una causal destinada a liberar a la aseguradora del pago de la indemnización respectiva debe ser apreciada con criterio estricto.

Y esto pues, cumplidas por el asegurado las obligaciones pecuniarias a su cargo, la aludida pretensión de su contraria, enderezada a negar la indemnización tras el siniestro, es aspecto susceptible de alterar el sinalagma propio de este convenio.

Adviértase que, en el caso, la demandada aceptó proporcionar cobertura al rodado de marras sin exigir requerimientos previos y sin advertirse en este contrato ni hacerse alusión a un supuesto siniestro del año anterior que hoy pretende ventilarse en esta causa para justificar la veracidad de infortunio acontecido.

Razón por la cual, si la aseguradora pretendía obligar al actor a cumplir ciertas cláusulas contractuales, debió informar adecuadamente al asegurado acerca de esa circunstancia; carga que en autos fue incumplida. Es decir, el contrato se celebró y se ejecutó sin que la demandada diera relevancia alguna al acontecimiento o siniestro anterior, de hecho la aseguradora percibió las primas sin formular salvedad en punto de los mismos; conducta que por otra parte permitió que su contratante pudiera interpretar que esas exigencias en ningún modo habrían de condicionar pago alguno, debiendo en tal caso haber informado al actor en tal sentido.

La buena fe imponía en el caso que todos los requerimientos se efectuarán en la misma oportunidad, es decir, durante la vigencia del plazo que surge de la armoniosa coordinación de los arts. 46, 49 segundo párrafo y 56 de la ley 17.418. El proceder de la demandada, pues, contradice sus propios actos precedentes, ya que el infortunio anterior fue pagado en tiempo propio tal como ella misma lo manifiesta, por lo que no había en principio óbvice para que aconteciera lo contrario en éste otro, y se aparta del deber de buena fe en la ejecución de los contratos (art. 1198, Cód. Civil).

Desde tal perspectiva, considero que la defensa opuesta por la demandada es manifiestamente improcedente y no se condice con la responsabilidad que cabe exigir en quienes, como las compañías aseguradoras, son operadoras de un sistema que interesa, por la función social que cumple el seguro, a toda comunidad, ante tanto devenir de los hechos tal como se sucedían debió pagar el infortunio una vez que se dictó la sentencia penal de sobreseimiento pues nada más cabía hacer al respecto para que funcionara la exclusión de cobertura asegurativa denunciada.

Ahora bien, habiendo confirmado la procedencia de la acción contra la compañía aseguradora me avocaré al tratamiento de los rubros indemnizatorios condenados en la sentencia y que constituyen objeto de agravios por ambos litigantes. Por una lado como lo expresare al desarrollar los agravios, la actora cuestiona el rechazo efectuado al reclamo por lucro cesante en la suma de $ 10.000, y la demandada compañía de seguros cuestiona el rubro daño material toda vez que ésta considera que responde sólo hasta el monto de la suma asegurada conforme surge de las pólizas contratadas n° 10/15952605 y N°10/15947205 correspondientes al semiremolque y al camión respectivamente, con más su porcentaje por reajuste si correspondiere, establecidos en cada una de las pólizas y no el monto condenado derivado de un informe expedido por un agente oficial de Nihuil Motors S.A. que establece el valor de mercado al momento de acontecido el hecho. Asimismo cuestiona la procedencia del rubro correspondiente a daño moral otorgado por $ 40.000 el que considera improcedente.

En cuanto al monto determinado por daño material considero que en este punto asiste razón al apelante por cuanto la sentencia de primera instancia carece de motivación suficiente para apartarse de lo establecido por las convenciones de las partes y lo normado por la ley en este caso lo específicamente prescripto por el art. 61 de la ley 17418 la aseguradora solo responde por el monto de la suma asegurada. No se visualiza que con sólo la circunstancia de mencionar la fecha del acontecimiento 2005 sea justificativo para señalar que el valor demandado sea el que deba condenarse a pagar, si las partes convinieron contractualmente en la póliza su valor y en base a ello determinaron la prima a pagar, por lo que me inclino en admitir el agravio condenando al pago en concepto de daño material por la sustracción del camión y semiremolque hasta la suma establecida en la póliza de seguro respectiva desde la fecha del siniestro con más sus intereses legales hasta la fecha del efectivo pago.

En lo que respecta al daño moral, adelanto mi posición en el sentido de confirmar la procedencia del mismo y su monto, ello por cuanto en el caso traído a conocimiento de este Tribunal existen circunstancias que permiten hacer excepción a la prueba concreta del perjuicio, encuentro configurado los presupuestos para considerar procedente la pretensión resarcitoria. La afirmación de que el daño moral no se presume significa que dicho perjuicio no resulta acompañante necesario de todo incumplimiento negocial, y que no radica, en las molestias e inconveniente que de suyo ocasiona esa situación, sino que requiere la efectiva lesión a intereses espirituales del acreedor. La actora ha invocado y con el desarrollo del proceso ha demostrado que ha habido por parte de la aseguradora un incumplimiento contractual jurídicamente relevante, una atribución objetiva y/o subjetiva por parte de esta que genera responsabilidad y que el daño invocado guarda nexo de causalidad con el incumplimiento contractual que lo ha generado.

Cuando se trata de dilucidar la procedencia del daño moral en el ámbito de la responsabilidad contractual, el análisis debe centrarse en la persona del no culpable, a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo del mismo produjo el incumplimiento (Conf. CNCIV. Sala F "Rodríguez Evaristo c/ Johnson y Sonde Arg. SAIC y otra s/ daños y perjuicios del 22.10.79). Así el art. 522 del actual Cod. Civil exige a quien reclama, la acreditación de la concreta existencia del daño, ya que se encuentra vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión a los sentimientos personales. En el caso, la compañía aseguradora rechazó el siniestro oponiendo cláusula de exclusión asegurativa, por lo tanto está demostrado que se negó a cancelar la indemnización continuando reticente ha hacerlo aún después de la absolución del Sr. Domínguez en sede penal, es decir que existió una torpeza particularmente calificada del deudor por lo que se confirma en este punto la sentencia dictada en primera instancia.

En cuanto al reclamo por lucro cesante, que fuera desestimado por la Sra. Juez preopinante por falta de prueba respecto de este rubro y que genera agravios en el actor: También me inclino en confirmar el decisorio atacado ello por cuanto no bastan las meras alegaciones respecto de la actividad orientada al rubro transportes efectuada por el demandante, éste debió probar aunque sea sumariamente la actividad específica realizada con la unidad objeto del siniestro y su presunta utilidad para provocar el reclamo deseado. Considero por otra parte que la queja planteada sobre este aspecto adolece de la suficiente técnica recursiva exigida por el texto ritual. La recurrente se limita a atacar los fundamentos que sustenta el decisorio sub examine, esgrimiento lacónicamente, con notaria pobreza argumental y sin ningún apoyo jurídico y sustento probatorio ya que no manifiesta cual fue la prueba dejada de valorar por el juez a este respecto, ni se observa de la compulsa de la causa, documental específica, o testimonial que como dijera pruebe sumariamente el fruto que pretende sea resarcido a través de este rubro.

En cuanto al rubro menoscabo patrimonial, solicitado por el actor y que fuera rechazado por la Sra. Juez en virtud de haber acogió la excepción de falta de legitimación opuesta por la Aseguradora, también corresponde la desestimación de este agravio. Dentro de este rubro la actora pretende introducir una suerte de reclamos que se encuentran dados por la suma de $ 44.000 que manifiesta son las erogaciones que debió realizar a los fines de reponer las mercaderías robadas ante los respectivos clientes, desde ya aún cuando se pretenda el rubro mencionado, no ha sido acreditado el mismo por ningún medio probatorio, tanto en primera instancia como ahora en esta Alzada, su tratamiento en consecuencia deviene improcedente. Lo mismo cabe decir del porcentaje del 20% que reclama para renovar la unidad perdida para prestar un mejor servicio.

Igual crítica corresponde hacer respecto de la introducción del agravio referido al rechazo del menoscabo patrimonial por la suma de $ 106.725 correspondiente al pago de la demanda laboral iniciada en su contra por el Sr. Domínguez, el simple esquema argumental demuestra que el memorial no contiene una crítica concreta y razonada de las partes que el apelante considera equivocadas, en particular cuando no suministra las bases jurídicas que permitan desvirtuar los fundamentos del decisorio, ni menos aún se aportan elementos de juicio que demuestren que se ha efectuado una errónea ponderación de los elementos de juicio que tenía la Sra. Juez al momento de dictar la sentencia. Téngase en cuenta que, el apelante no refuta las consideraciones vertidas por el sentenciante en cuanto a que no se contó con la causa laboral concluida al momento de resolver, por cuanto no fue ofrecida por su parte como prueba. Advierto que tampoco, surge de las copias de la demanda laboral que manifiesta y que se encuentran incorporadas a fs. 18/35 que la causa del distrato laboral haya sido la pérdida del camión, por lo que las conclusiones del la Sra. juez preopinante son suficientes para desestimar también éste agravio. La mera discrepancia con lo decidido, no respaldada si quiera por un mínimo de apoyo argumental, que es exigible en quien pretende hacer valer un determinado criterio para lograr la procedencia de la revocación de la sentencia de primera instancia. Voto por el rechazo de este agravio.

Honorarios. Respecto al agravio referido a la falta de regulación de honorarios por el acogimiento de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la aseguradora contra el rubro menoscabo patrimonial, cabe recordar que cuando se plantea una defensa de fondo originariamente como de previo y especial pronunciamiento, y es diferida posteriormente para el dictado de la sentencia definitiva, como acontece en autos, se convierte la misma en una defensa de fondo, por ello debe tratarse conjuntamente con las demás defensas que integran la oposición a la pretensión sin que quepa un pronunciamiento separado al fallar, ni regulación de honorarios o imposición de costas, independientes de lo que corresponden al total del juicio y sus consecuentes etapas.

Esta es la posición que prevalece en la doctrina y jurisprudencia, así se ha dicho que "No corresponde regular honorarios por la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta en aquellos supuestos en que la misma, no fue tratada como excepción, sino como defensa y cuya dilucidación quedó diferida para el momento de la sentencia definitiva, donde efectivamente fue considerada y resuelta. Ello en virtud de no haber generado un incidente autónomo susceptible de generar costas propias y diferentes de las del proceso tramitado (Autos IMARAL SA C/ E. GOEDHART Y CIA SACIFI S/ ORD. CÁMARA COMERCIAL B22/02/1990)".

Así también se expresado "Cabe recordar que cuando se plantea una defensa de fondo, que obviamente debe resolverse en la sentencia definitiva, no se generan costas en esos supuestos. La Sala en lo civil y comercial de Paraná ha dicho que cuando la excepción, si bien se plantea originariamente como de previo y especial pronunciamiento es diferida al dictado de la sentencia definitiva, se convertirte en defensa de fondo. Por eso debe tratarse conjuntamente con las demás que integran la oposición a la pretensión sin que quepa pronunciamiento separado al fallar, ni regulación de honorarios o imposición de costas, independientemente de lo que corresponden al total del juicio y sus consecuentes etapas( L.L. 1991B,526 Cámara de apelaciones en lo Civil comercial, Paraná, entre ríos, Sala 02, sentencia 14/03/1995)".

Por lo señalado corresponde rechazar el agravio propuesto por la Aseguradora en este punto.

En cuanto a los montos y porcentajes regulados a los letrados por su actuación principal, y objeto de crítica tanto por parte de los actores como de los demandados, la misma se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la ley arancelaria 2150 y ajustada a la tarea desarrollada por los profesionales actuantes en cada uno de sus etapas y conforme la representación ejercida ( arts.189, 192 197 de la ley 2150) por lo que se confirma la misma.

Honorarios y costas de Segunda Instancia: atento que el único rubro por el que propicio prospere los recursos de apelación interpuestos corresponde al agravio referido al daño material correspondiente a la pérdida del camión y semiremolque el que se modifica prosperando sólo hasta el límite de la cobertura asegurativa, agravio introducido por la Aseguradora por lo que las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida.

En cuanto a los honorarios, se regulan los honorarios de los profesionales actuantes Dres. José Domingo Gabri y María Inés Rodríguez de Gabri por su actuación en forma conjunta en representación del actor en el 30% de lo regulado en primera instancia y los del Dr.. Mohamed Naser Uzair por su actuación en esta instancia en carácter de apoderado de la demandada en el 30% de lo regulado en primera Instancia.

ASÍ VOTO.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA DR. ROBERTO M. PAGES, dijo:

Considerando:

1. Que coincido con la solución propuesta en el voto del Dr. Juan Carlos Pérez, por las siguientes razones.

1.1. A tenor de las constancias de autos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 353/355 por la actora.

En efecto, si los hechos controvertidos en el proceso civil fueron indagados en la causa penal, en la que se decidió el sobreseimiento definitivo del Sr. Hugo Cesar Domínguez de la causa en razón de que no existía elementos para vincularlo con los hechos investigados, cabe concluir que el hecho ya ha sido conocido y juzgado con los alcances del art. 1103 del Cód. Civil y, por lo tanto, es irreversible en sede civil por haber sido investigado y juzgado por juez penal competente, cuyo pronunciamiento se encuentra firme.

Y cuando el juez penal fundó el sobreseimiento definitivo exactamente en tales circunstancias, resulta inconcebible que no se dé el valor de una absolución del acusado, por lo que se debe concluir la falta de autoría resuelta en el decisorio penal hace cosa juzgada en sede civil.

Además, la autoridad de la cosa juzgada del pronunciamiento penal sobre la instancia civil no depende de su forma sentencia dictada en plenario o sobreseimiento definitivo sino de su contenido o sustancia (Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, en "Código Civil Comentado; directores: BelluscioZannoni", t. 5, p. 318; LLAMBIAS, Jorge, "Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad", ED, 84778).

En este contexto, no resulta procedente la alegación de la exclusión de cobertura fundada en que el Sr. Domínguez participó en el robo del camión objeto del seguro.

2. Con relación a los rubros reclamados y considerados procedentes y/o improcedentes en la sentencia de primera instancia, y los honorarios, también acuerdo con lo propuesto por el Dr. Juan Carlos Pérez por sus fundamentos.

Así voto.

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 353/355 por la actora y concedido a fs. 356 con costas a la apelante vencida.

2) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fs. 352 y concedio a fs. 352 vta. por la demandada y en consecuencia revocar el punto II de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 339/349 de autos y su aclaratoria de fs. 357 en el punto rubro daño material el que procede únicamente hasta la suma pactada en las respectivas pólizas de seguro suscriptas con más sus intereses legales desde la fecha del siniestro y hasta su efectivo pago, con costas a la actora vencida.

3) Regular los honorarios en esta instancia a los letrados intervinientes por su actuación Dres. José Domingo Gabri y María Inés Rodríguez de Gabri por su actuación en forma conjunta en representación del actor en el 30% de lo regulado en primera instancia y el del Dr.. Mohamed Naser Uzair por su actuación en esta instancia en carácter de apoderado de la demandada en el 30% de lo regulado en primera Instancia.

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. JUAN CARLOS PEREZ; DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE SECRETARIA PROT. SENT. T° I F° 46/57 AÑO 2015.