marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Legisladores, inmunidad de arresto, facultades no delegadas, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Rivas, Olijela del Valle s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

Al tratarse de una legisladora provincial, a pesar de estar acusada de un delito federal, en lo relativo a las inmunidades, rige la Constitución de la provincia donde ejerce el cargo y, dado que lo que establece la Constitución tucumana es la inmunidad de arresto, ella no obsta a la promoción de un proceso penal ante la justicia federal por hechos de su competencia cometidos por una legisladora de esa provincia previo al ejercicio de sus funciones, sin que la alegada demora en informar el inicio del sumario provoque la nulidad de lo actuado, y cabe reafirmar que en virtud del principio de igualdad ante la ley la inmunidad tiene alcance exclusivo en relación a la libertad de la persona involucrada, por ello es inmunidad de arresto y no inmunidad de proceso. La disidencia sostuvo que pretender resolver la situación de un legislador de la provincia de Tucumán a la luz de las previsiones de la ley 25.320, por el mero hecho de que se encuentre imputado en una causa penal ante la jurisdicción federal, implicaría incumplir las normas que contiene la Constitución provincial, de las que se infiere la existencia de un obstáculo procesal que impide la formación de un proceso penal, que tenga como imputado a un legislador provincial en el ejercicio de sus funciones sin desafuero previo, a cuyos fines deberán aplicarse las normas que regulan el desafuero decidido por la legislatura a la que pertenecía y no la sancionada para regular el instituto ante el Congreso Nacional. (Dres. Figueroa -en disidencia-, Slokar y Ledesma).
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, citación en garantía, domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: LACEDA, Joana c/ TALONE, César Gabriel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-03

Cuando en una acción de daños y perjuicios el damnificado extiende su reclamo contra el asegurador del demandado, puede interponer la demanda en forma facultativa ante el juez del lugar del hecho, el del domicilio del accionado o el de la compañía aseguradora, como así también en el de cualquier agencia o sucursal de ella Es que, a los efectos indicados por el art. 118 de la ley 17.418 resulta indiferente tanto la importancia comercial de las oficinas de la compañía de seguros, que la agencia posea o no atribuciones para contratar o que sea el lugar donde se celebró el contrato, pues la citada norma legal no hace distinción sobre el domicilio central, agencia o sucursal.

(Sumario N°20589 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), conflicto de poderes
Materia: CIVIL
Carátula: DR. ABELARDO BASBUS A/F DEL INTENDENTE c/ ANTONIO AUATT s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1993-06-15

Los supuestos de intervención del Superior Tribunal en conflicto de poderes, están previstos taxativamente tanto constitucional como procesalmente. Es por ello que, el planteo de apelación deducido deviene improcedente.-
Sociedades comerciales, extensión de la responsabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MEZA, ROSA ADELA c/ METAUS S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-20

No ha de prosperar la queja desde que no se advierte que la Cámara desinterpretara el plexo probatorio de autos al extenderle a la recurrente la condena sino que le atribuye un alcance distinto al pretendido (quien afirma que los escasos fundamentos no permiten sostener la transferencia del establecimiento, en cuanto continuadora en los términos del art. 228 LCT y que su creación constituya una pantalla fraudulenta para encubrir a sus socios) quedando así expuesto el mero disenso de la quejosa con la decisión adoptada por los juzgadores, quienes seleccionaron y valoraron las probanzas decisivas incorporadas a la causa, en ejercicio de funciones propias y privativas.

Y el cuestionamiento relacionado con la inexistencia de normas expresas de atribución de responsabilidad personal, en el entendimiento que el Tribunal a quo equívocamente aplica el derecho societario a tales fines, queda sin sustento constitucional puesto que sin perjuicio que la Alzada esgrimiera sobradas y valederas razones para fundar su decisión en este orden -la que puede o no compartirse-, la quejosa se limita a afirmar que dichas disposiciones legales no le alcanzan, mas sin precisar cuáles serían las normas -que a su juicio- comprenden la situación, por lo que el agravio no se basta a sí mismo al no contar con un desarrollo argumental autosuficiente (artículo 3, ley 7055)
Pagaré, acción causal, acción cambiaria, prescripción, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN MIGUEL A. c/ HARRINGTON JOSE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-03

Quien promueve acción causal en razón de haber prescripto la acción cambiaria, deberá probar la relación fundamental que generó la creación del pagaré, no pudiendo pretender que acreditada la firma del documento el negocio subyacente se presuma y pruebe con la sola presentación del título.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, competencia contencioso administrativa, resoluciones irrecurribles, Derecho civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DI PIETRO, PABLO NICOLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (CSJ EXPTE N.  630-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Del artículo 70 del Código Contencioso Administrativo Santafesino se desprende la imposibilidad de que el Tribunal (Corte Suprema de Justicia) se expida sobre derechos civiles o de otra naturaleza, reafirmando la competencia para resolver en lo que constituye su materia específica, o sea, los conflictos nacidos de presuntas violaciones a derechos de naturaleza administrativa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, intimidación, bien jurídico protegido, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

La figura del art. 166, inc. 2 primer apartado Cód. Penal constituye un delito complejo que lesiona varios bienes jurídicos; la tenencia, la libertad individual y, lo que resulta su nota característica respecto de la figura básica, la vida e integridad física bajo la modalidad de peligro. Se trata de una figura que al tipo básico de lesión -o daño- adiciona una agravante de peligro.

Ninguna perplejidad ofrece esta formulación típica desde que no resulte extraño para el Derecho que cuando se trata de bienes jurídicos especialmente valiosos, cual son los recién expresados, aquél le provea de una tutela anticipada conminando sanciones para la mera puesta en peligro de dichos bienes jurídicos -así art. 104 Cód. Penal-. (De Voto En Disidencia Del Dr. Giménez)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Ambrosiano Overseas S.A. c/ Cavifre S.A. s/ Ejecución hipotecaria. Rec. de queja c/ Cámara de Lomas de Zamora
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-03-13

En principio, las decisiones recaídas en el juicio de ejecución hipotecaria no revisten carácter de definitivas en los términos del art. 278 CPCC, no observándose en el caso de autos -en que se hace lugar a la excepción de espera legal-, motivos que justifiquen el apartamiento de dicha regla. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: LINERA, ANTONIO Y OTROS s/ SUCESIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-09

El pase de los antecedentes a la Justicia Penal a los fines de verificar la posible comisión de un delito no causa -en sí- gravamen irreparable que habilite la vía de la apelación.

Es que el Juez Civil no ha hecho tipificación alguna y queda para el ámbito criminal la evaluación de eventuales conductas delictivas y, en su caso, la tipificación que pudiera corresponder. Lo propio puede decirse en torno a la remisión de antecedentes al Colegio Público de Abogados.
Prueba pericial, nulidad del acto jurídico
Materia: LABORAL
Carátula: ESTABLECIMIENTO METALURGICO COLON S.A. s/ INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-11-09

La notificación posterior a las partes del dictamen pericial ordenado en una medida para mejor proveer -y no con antelación, de acuerdo a lo prescripto por el art. 26 C.P.L.-. No significa nulidad alguna, porque dicha omisión no está sancionada específicamente con dicha consecuencia adjetiva; porque no se ha violado el derecho de defensa por tratarse de una pericial producida por Junta Médica de peritos oficiales, por lo que las partes no pudieron incidir en la forma y metodología de la tarea, y porque si el informe perjudicara a alguna de las partes, al notificárseles el mismo, pueden efectuar las impugnaciones pertinentes e, incluso, proponer otros puntos o, en su caso, ampliación de la pericia. El control a que hace mención la parte, y del cual se habría visto privado, pudo realizarse, en la forma y modos detallados.
Declaración de insania, honorarios, honorarios del abogado
Materia: CIVIL
Carátula: C., E. s/ INSANIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-18

1- El juicio de insania carece de contenido económico pues tiende a la protección del incapaz y la limitación que establece el art. 634 del Código Procesal constituye un tope máximo y no un criterio para fijar todas las regulaciones sobre ese porcentaje (10 por ciento), sin que sea necesaria la determinación exacta del patrimonio del causante.

2- Debe adicionarse el importe del IVA a los honorarios del abogado, toda vez que dicho gravamen es un impuesto al consumo que no integra el precio, sino que se adiciona a él previa acreditación de su condición de responsable inscripto frente a ese tributo (Res. DGI 3316/91), pero es improcedente si se trata de un responsable no inscripto o monotributista.

(Sumario N°18825 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cesión de derechos, compraventa inmobiliaria, escrituración, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: MACCHI,  Félix  Antonio c/ MACCHI DE GIACOMELLI, Aurelia JosefaAdela y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-13

1- No obstante que el comprador de un inmueble haya pagado parte del precio a uno de los herederos forzosos luego del fallecimiento de la vendedora, el art. 731, inc. 4° del Código Civil admite esa posibilidad si la obligación es divisible. 2- Aún cuando uno de los herederos no reintegró a los demás coherederos los pagos percibidos de tres cuotas atrasadas adeudadas del precio, si la obligación es divisible y aunque el pago debió efectuarse a cada uno de los sucesores y/o al sucesorio de la vendedora es válido porque no importa un obstáculo insuperable para hacer lugar a la pretensión escrituraria. Ello previo pago de los importes debidos a los restantes, en tanto el actor tomó posesión del bien e incluso efectuó durante años actos de administración y los restantes herederos nada dijeron al respecto ni interpusieron contra el cedente la excepción sustancial de incumplimiento contractual que debe oponerse a través de reconvención.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, doctrina de la arbitrariedad, pago a cuenta, mora, falta de mora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUIAR, RODRIGO RICARDO c/ FEDERACION PATRONAL DE SEGUROS S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-09

La queja debe ser parcialmente admitida en lo atinente al agravio sobre la imputación a los intereses y no sobre al capital que efectuó la Alzada del pago a cuenta efectuado por la aseguradora en oportunidad del dictamen administrativo sobre un porcentaje de incapacidad menor al determinado en el sub lite, toda vez que las alegaciones de la recurrente se dirigieron centralmente a cuestionar de arbitrariedad al pronunciamiento impugnado y explicar que al momento de efectuar el pago de la incapacidad del 12% otorgada por la Comisión Médica, la aseguradora no se encontraba en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y por tanto no había intereses corriendo, por lo que remarcó no se está ante una situación enmarcada por el artículo 777 del Código Civil como erróneamente consideró el Tribunal. (De la disidencia parcial de los Dres. Netri, Falistocco y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 777
Resoluciones judiciales, sentencia, contenido de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez Cespedes, Antonia s/ Liquidación de sociedad conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-12-16

El sentenciamiento no solo ha emitido pronunciamiento sobre la procedencia de la prescripción de la acción de fraude, adelantando así opinión respecto a la materia litigiosa, sino que también ha negado la integración de la litis con los restantes integrantes de la sociedad, respecto a la cual se asocia por fraude, por lo que se impone no solo revocar la resolución en grado sino también, al haber emitido el Sr. Juez de origen pronunciamiento sobre la cuestión, disponer que la causa pase al Juzgado que por sorteo corresponda, para la radicación, tramitación y ulterior decisión.
Notificación, Ministerio de Menores, recurso extraordinario, defensa en juicio, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARIA COLLADO. s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - ADOPCION - MINISTERIO DE  MENORES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

El auto que deniega un recurso interpuesto por el asesor de menores de cámara con base en lo dispuesto en el tercer párrafo del inc. 18 del art. 135 del Código Procesal expone un criterio que lesiona las prerrogativas legales de un magistrado judicial de la Nación, relega disposiciones vigentes y vulnera el derecho consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: DANIELSEN TERESITA S. DE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO ANTE C.S.J.N. EN AUTOS: "JOSE CESAR ALBERTO-C  / VEGA HUGO ORLANDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS".
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-11-08

Para la admisibilidad de la vía extraordinaria es menester que en la causa se suscite una cuestión federal, lo que tiene fundamento constitucional. La finalidad de este recurso es asegurar la supremacía del orden jurídico federal como su interpretación uniforme; no dándose este presupuesto, debe denegarse el recurso.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL - AERONAUTICO
Carátula: COOPERACION GREMIAL - COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

El a quo estableció que los deterioros se produjeron en la mercadería a raíz de la inadecuada temperatura a la que estuvo sometida durante el lapso que medió entre el 4 y el 11 de diciembre de 1981 en el aeropuerto de Rosario, es decir mientras aún se encontraba bajo la custodia del transportador, resultando que él debe responder por el incumplimiento en que incurrió del resultado prometido: entregar en destino las cosas cargadas en el mismo estado en que las recibiera conforme con la guía limpia. Ello así pues no acreditó la concurrencia de ninguna causal que pudiera eximirlo de dicha responsabilidad.
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Arza, Manuel Hilario - Intendente Municipal Corcovado s/ Comunica Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-26

El límite de la competencia acordada a este Superior Tribunal como Tribunal Constitucional en los conflictos de poderes, en tanto debe constreñirse a verificar el cumplimiento de la "legalidad de procedimientos", lo cual impide -en principio y por esta vía- la valoración de las circunstancias que mueven al órgano deliberante municipal a adoptar una decisión que se enmarca en sus legítimas atribuciones -tal la de designar las autoridades del cuerpo-.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal, falta de fundamentación autónoma
Materia: CIVIL-PROCESAL-MINERO
Carátula: Corte Nº 2/11 Fortune Valley Resources Chile S.A. s/ Mina "Clara" en Dpto. Andalgalá s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-06-27

Se interpone recurso extraordinario de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 284/10, dictada por la Alzada en los autos principales, que resolvió no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el concesionario de "Mina Clara" - Dpto. Andalgalá - en contra de la Resolución Nº 221-27/28, dictada por el juez de grado, confirmando la misma en todas sus partes, la que a su vez ordena que en el término de diez días de notificada dicha resolución se cumpla con el pago de la planilla confeccionada por el Registro Gráfico obrante en autos. El recurrente fundamenta el recurso en las causales de errónea aplicación de la ley y arbitrariedad. Respecto a la primera causal, sostiene que se efectúa una interpretación errónea del Art. 46 del Código de Minería de la Nación y que se prescinde de los principios rectores del derecho minero, especialmente de los arts. 1 y 10 del mismo ordenamiento legal, y que ello conduce a una conclusión arbitraria. Analizado el recurso a la luz de los requisitos formales relativos a la Acordada 4070/08 dictada por esta Corte de Justicia, la cual tiene por objeto homogeneizar las presentaciones correspondientes al recurso extraordinario de casación, y facilitar la tarea de control de los mismos, se advierte que la presentación de agravios no reúne los requisitos exigidos por dicho Reglamento. En lo pertinente al Art. 3) inc. a), no expresa ni demuestra que la sentencia interlocutoria que se pretende impugnar sea definitiva, es decir no indica el motivo por el que la decisión revista dicha característica o sea equiparable a tal conforme la jurisprudencia sentada por este Tribunal; al inc. c), carece del relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos relevantes de la causa, por lo que fue necesario acudir a la lectura de las actuaciones de la causa, especialmente de la sentencia a fin de lograr obtener un conocimiento cabal de ellas; al inc. d), ha omitido el capítulo correspondiente al crítica del fallo; al inc. e), no ha efectuado el desarrollo independiente de cada una de las causales invocadas, lo cual conlleva indefectiblemente una falta de fundamentación autónoma.

Por ello, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto, por ser formalmente inadmisible.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Gomes Hugo Román c/ ART Liderar SA s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-22

En los casos de los accidentes in itinere, resulta impensable que se vean privados de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, puesto que el trabajador accidentado en el trayecto de ida o vuelta a su trabajo -como accidente de trabajo que es-, merece estar en un pie de igualdad con el resto de los accidentados en el lugar de trabajo o mientras se encuentre a disposición del trabajador. Resolver en contrario, implicaría violar el principio de igualdad que tiene raigambre constitucional, tal como lo establece el art. 3 de la ley 26.773. De modo que, en estas situaciones debe adicionarse al monto de condena el equivalente al 20%, según lo establecido por el art. 3 citado. (Del voto de la Dra. Cañal, en minoría).
Empleo público, prescripción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreyro, Santiago Héctor. c/ Provincia de Misiones, Estado Provincial -Superior Tribunal de Justicia- s/ Acción Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

La relación nacida de un empleo público se halla regida por el derecho administrativo y no por el derecho común, es materia reservada al gobierno de las provincias, poder que no se halla limitado por la Constitución, ni es consecuencia de la delegación de determinados poderes al gobierno federal; por lo tanto no son de aplicación los plazos de prescripción previstos en el derecho de fondo, estando facultadas las legislaturas provinciales a dictar las leyes que la regulan.
Daños y perjuicios, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ, JORGE c/ AUTOTRANSPORTE SAN JUAN S.A.C.I.F.I.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-01

El lucro cesante es la ganancia o utilidad que deja de percibir el acreedor por el hecho dañoso que produce la disminución en la capacidad laborativa del damnificado.
Leyes, interpretación de la ley, empleados públicos, remuneración, prescripción, acción, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: FAYOS, JORGE ARIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 117-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-23

No parece aplicable a la relación de empleo público las disposiciones del título XIII de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo artículo 256 fija el reducido término de dos años como plazo de prescripción de las acciones relativas a créditos laborales. Se califica de "reducido" el plazo de prescripción de dos años puesto que el principio general aplicable a las obligaciones de prestaciones fluyentes es el de la prescripción quinquenal.
Relación de dependencia, trabajadores rurales
Materia: LABORAL
Carátula: L., M. E. c/ I., J. I. y/o q´rte. titular de A. G. S. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-03-11

La Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas celebradas regulan las relaciones de trabajo comunes pertenecientes a ámbitos tales como la industria y el comercio, mientras que la Ley 22.248 establecía un régimen especial para el trabajo rural, partiendo de la concepción de que se trata de una relación laboral de caracteres bien distintos a aquéllas, lo que justifica una regulación totalmente independiente de la ley general.

Idéntico criterio ha sido seguido en la nueva Ley 26.727 (vide arts. 2, inc. "b" y 100 de la misma y el nuevo texto que su art. 104 diera al art. 2, inc. "c" de la L.C.T.).	- Para definir el espacio abarcado por el trabajo agrario el legislador adoptó un criterio geográfico y, a la par, otro profesional.

"Habrá contrato de trabajo agrario cuando una persona física realizare, fuera del ámbito urbano, en relación de dependencia con otra persona, persiguiere o no ésta fines de lucro, tareas vinculadas principal o accesoriamente con la actividad agraria..." rezaba el art. 2 del R.N.T.A. De forma similar, aunque más precisa, reglan hoy la cuestión los arts. 5 y 6 de la Ley 26.727 al definir el primero de ellos la actividad agraria -como toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios a través de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, sin que media proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales- y brindar el segundo la definición de ámbito rural.