Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-26


ACUERDO N° 2/2009: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil nueve, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su Titular Dr. OSCAR E. MASSEI, integrado por los señores Vocales, Dres. EDUARDO F. CIA, ANTONIO G. LABATE, LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN y RICARDO T. KOHON, con la intervención del señor Secretario, Titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "A.,N.F s/Hurto Simple - I.,C.M s/Encubrimiento Reiterado -2 hechos- y Hurto Simple en C.R." (expte.n°164-año 2008) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Antonio G. Labate, Dra. Lelia G. Martínez de Corvalán, Dr. Eduardo F. Cia, Dr. Oscar E. Massei y Ricardo T. Kohon.

ANTECEDENTES: Por resolución interlocutoria n° 72/08 (fs. 755/756) la Cámara en lo Criminal Primera de esta Circunscripción Judicial, resolvió, en lo aquí destacable: "I.- DECLARAR la inconstitucionalidad del inc. C del Art. 121 de la ley 24.660.- II.- NO HACER LUGAR [a lo] peticionado respecto del reintegro de las sumas pretendidas, toda vez que este Tribunal carece de competencia para atender lo requerido.".

En contra de lo dispuesto en el último punto dispositivo, el señor Defensor de Cámara, Dr. Carlos Lardit, en su rol de letrado defensor del condenado C.M.I., dedujo recurso de casación (fs. 758/760 vta.).

El mismo fue declarado admisible por resolución interlocutoria n° 208/08 (fs. 771/772) de este Tribunal Superior de Justicia.

Por aplicación de la ley 2153 de reformas del Código Procesal (ley 1677), y lo dispuesto en el Art. 424, párrafo 2°, del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, los recurrentes no hicieron uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 777 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el Art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes:

CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: I. Contra la decisión emanada de la Cámara Criminal Primera de esta ciudad, que dispuso no reintegrar al interno C.I., los fondos descontados al amparo del artículo 121 inc. "c" de la Ley 24.660 (cuya inconstitucionalidad declaró ese mismo tribunal), su Defensa Oficial interpuso el correspondiente recurso de casación (fs. 758/760 vta.). En lo sustancial, el señor defensor postuló la arbitrariedad del pronunciamiento de la Cámara por entender que, si ese mismo tribunal se reputó competente para declarar la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, también lo debió haber sido para disponer las medidas consecuentes a dicha declaración.

II.- Que, luego de realizado un análisis del recurso, la resolución censurada y las constancias del legajo, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que la casación deducida debe ser declarada procedente. Doy razones:

1) Tal como ha venido señalado este Cuerpo en anteriores pronunciamientos, el vicio de las resoluciones judiciales que se denomina comúnmente como "incongruencia omisiva" aparece en aquellos casos en los que el tribunal de instancia vulnera el deber de atender y dar respuesta a aquellas pretensiones esenciales, introducidas temporáneamente al proceso por las partes, frustrando con ello la tutela judicial efectiva, erigida como garantía de raigambre constitucional (art. 58 de la Constitución Provincial; art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) (Ac. 12/2008, "Oyarse, Gladis Mabel."). Y una atenta lectura del legajo me persuade de que, efectivamente, el decisorio atacado padece aquel déficit en su motivación. En efecto:

a) La Defensa del condenado I., a través del escrito que luce a fs. 752, pretendió de la Cámara Criminal Primera (a cuya disposición se encuentra el nombrado) que declare ".la inconstitucionalidad de la citada norma (art. 121 inc. 'c)' de la ley 24.660) y el reintegro del porcentaje que se dedujo del trabajo del interno I., para costear los gastos referidos, conforme los fundamentos ya expresados." (el subrayado me pertenece).

b) El tribunal de alzada acogió favorablemente la pretendida inconstitucionalidad, pero se abstuvo de señalar, de manera expresa, sus alcances (cfr. fs. 756).

c) El argumento invocado por los magistrados para no expedirse en ese tópico ha sido el siguiente: ".este Tribunal de Ejecución carece de competencia para ordenar a un Ente Administrativo, la devolución de los fondos retenidos, toda vez que dichas sumas, habrían acrecentado el acervo del Estado Nacional. Por lo tanto, deberá canalizar lo requerido por la vía pertinente." (res. cit., fs. 756). 2) Respetuosamente, no comparto aquel fundamento, situación que reconduce, sin lugar a duda, a la arbitrariedad denunciada en el recurso. Veamos:

Una vez receptado de manera favorable, aunque más no sea en forma genérica, el acogimiento de la pretensión hecha por la Defensa Oficial en torno a la inconstitucionalidad del artículo 121, inc. 'c)' de la Ley 24.660, le cabía a ese mismo órgano justipreciar sus alcances.

Esta afirmación tiene base en la más prestigiosa doctrina que señala, como regla básica para decidir cuestiones constitucionales, que ".el juez debe atenerse a las pretensiones de las partes y a los presupuestos fácticos del caso, nada de lo cual puede ser alterado ni excedido, ni disminuido." (cfr. Germán Bidart Campos, "La Interpretación y El Control Constitucionales en la Jurisdicción Constitucional", Ediar, Bs. As., 1988, pág. 159, [el subrayado me pertenece]).

En conjunción con ello, dicho autor sostiene: ".Cuando esa sentencia afronta las pretensiones de los justiciables desde la inconstitucionalidad de la norma que regiría el caso, puede ser que el efecto de la inconstitucionalidad se limite 'ex nunc' -desde ahora y hacia el futuro- o se retrotraiga 'ex tunc' -hacia atrás, para alcanzar situaciones precedentes[.] en todo caso [deberá] dejar[se] también librado a la prudencia del tribunal el alcance de la invalidación o la inaplicación de la norma constitucional, a fin de que conforme las circunstancias del caso se restrinja para el futuro, o acaso se retrovierta al pasado. Un principio de precaución nos lleva a sugerir [.] dejar a criterio del tribunal la eventual extensión retroactiva en cada caso en que lo considere justo, adecuado y procedente." (op. cit., pág. 140, el subrayado es propio).

En consecuencia, era materia necesaria a ser abordada por la Cámara Criminal los alcances devengados de su propia decisión; ello en tanto es indudable que los actos u omisiones estatales estimables como lesivos al orden constitucional originan, por su parte, distintos tipos de efectos según la índole del problema debatido. Así, si existiera una amenaza, debería hacerla cesar; si existieren daños, se deberían determinar los efectos restitutivos en la medida en que sea posible concretarlos. Otras veces, solo cabrá reparar daños y perjuicios y, por último, si se declarara inconstitucional una omisión estatal debería ordenarse la ejecución del acto requerido (cfr. María Mercedes Serra, "Procesos y Recursos Constitucionales", ed. Depalma, Bs. As., 1992, pág. 146). Por lo demás, la negativa a resolver por el solo hecho de que los fondos retenidos habrían acrecentado el acervo del Estado Nacional no sería un obstáculo suficiente, ya que inclusive aún en la hipótesis más sencilla (en que la norma dejada de aplicar por inconstitucional no necesite ser integrada con otras) la posibilidad de devolución de fondos podría estar presente más allá de que esas sumas hubieran ingresado a las arcas del Estado. Así lo describe en la obra de cita Germán Bidart Campos a través de un ejemplo de cierta analogía al presente: ".puede ser que por la índole de la cuestión baste no aplicar la norma, como por ej., si se declara que el estado no tiene competencia para percibir tal impuesto, y se ordena reintegrar a quien lo pagó el importe abonado; aquí el caso se decide fácilmente con sólo abstenerse de aplicar la norma, lo que surte el efecto de merecer el reintegro del pago indebido del impuesto inconstitucional." (op. cit., pág. 134). Con ello, obviamente, no estoy abriendo opinión personal sobre si la Cámara debió acoger in totum (o no) la pretensa devolución del dinero afectado al fondo de reserva del interno I., sino simplemente demostrado que no hubo un pronunciamiento judicial en una cuestión expresamente planteada por la parte, de manera legítima, y que el argumento para soslayar su tratamiento no resulta oponible al análisis que he venido efectuando; generando ello una falta de correlatividad entre lo pretendido y lo resuelto al no pronunciarse sobre un tema esencial para la dilucidación de los derechos controvertidos (C.S.J.N., doctrina de fallos 303:874; 319:1416 y 692; 323:1774 y 324:1429).

A mayor abundamiento, resulta ilustrativa la información brindada por el señor Jefe de la División Administración de la Unidad n° 9, en ocasión de la última inspección practicada por este Tribunal en dicha dependencia el pasado 23 de octubre, en cuanto al procedimiento descrito para una u otra alternativa: "(.) se han recibido varios oficios judiciales de diversos tribunales del país [en referencia a los órganos que tienen a su cargo la ejecución penal], en el que éstos informaron que declararon la inconstitucionalidad del descuento previsto en el artículo 121, inc. 'c' de la Ley 24.660; que algunos jueces ordenan que en lo sucesivo no se practique el descuento (a lo que se hace lugar en forma inmediata), y que en otros, además de esa directiva, se impone el pago de lo ya descontado (desde su ingreso a la unidad). En relación a esto último, se explica que con prescindencia del tipo de tribunal de que se trata (provincial, nacional o federal), se practica un cálculo y se lo envía al Ente Cooperador (ENCOPE); luego se lo presupuesta y finalmente se devuelve el importe correspondiente al interno." (Acta agregada al expte.n° 1057-año 1999 "ALCAIDIAS s/Inspecciones" del Registro de la Secretaría de Superintendencia). Todo lo cual descarta cualquier obstáculo administrativo o legal para el cumplimiento de lo que, en definitiva, aquella Cámara resuelva. Por los argumentos expuestos, creo haber fundado la razón por la cual la casación deducida debe ser declarada procedente. Mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Que adhiero a los fundamentos precedentemente expuestos, por el señor Vocal que votara en primer término, por lo que emito mi voto en igual sentido. Así voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

A la segunda cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo se haga lugar al recurso de casación deducido, y en su consecuencia, se case el pronunciamiento impugnado por falta de motivación (art. 106 del C.P.P. y C.), remitiéndose las presentes actuaciones a la Cámara Criminal Primera para que se expida sobre el punto omitido. Tal es mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba el señor Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Antonio Guillermo Labate, voto en igual sentido.

A la tercera cuestión, el Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Sin costas en esta instancia (arts. 491 y 493, a "contrario sensu", del C.P.P. y C.). Mi voto.

La Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el señor Vocal de primer voto.

El Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Antonio Guillermo Labate. Así voto.

El Dr. OSCAR E. MASSEI, dijo: Debe eximirse de costas al recurrente de conformidad con los arts. 491 y 493, a contrario sensu, del C.P.P. y C. Mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Defensor de Cámara, Dr. Carlos Lardit, a favor del condenado C.M.I.,- II.- CASAR la Resolución Interlocutoria n° 72/2008, obrante a fs. 755/756, por falta de motivación (art. 106 del C.P.P. y C.), y remitir las presentes actuaciones a la Cámara Criminal Primera para que se expida sobre el punto omitido. III.- Sin costas (arts. 491 y 493, a contrario sensu, del C.P.P. y C.- IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de origen.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación, por ante el Actuario, que certifica.Dr. OSCAR E. MASSEI.Presidente - Dr. EDUARDO FELIPE CIA -Dr. RICARDO TOMÁS KOHON - Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN - Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.