marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acumulación de procesos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Urquía, Luis s/ Sucesión testamentaria y ab intestato. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-10

El pronunciamiento de la Cámara que decide la acumulación del proceso sucesorio al que se encuentra tramitando en otra jurisdicción, no reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no pone fin a la litis ni impide su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de emergencia económica, facultades del Poder Ejecutivo, criterio de razonabilidad, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "VILLALBA, BENJAMÍN c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste por movilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

La C.S.J.N. ha expresado en reiteradas oportunidades que el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos 136:161; 313:1513; 517:1462).

Asimismo, ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspenden temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sustancia de unos y otros (Fallos 243:467), a fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole (Fallos 238:76).

En esos casos, el Poder Ejecutivo está facultada para promulgar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable y reconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos 171:79), toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos 238:76). (Del voto de la Dra. Dorado).
Enfermedad accidente, conservación del empleo, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SURDYN, JULIAN c/ CERVECERIA QUILMES  S.A. s/ SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-29

En el régimen jurídico establecido por los arts. 208 a 211 LCT no resulta pertinente el pago de salarios durante el período de reserva o conservación del puesto. Aún en el caso en que haya el actor solicitado su reincorporación con anterioridad al vencimiento del plazo, la negativa del empleador sólo habilita la reparación por la desvinculación para el caso en que el trabajador se considerara injuriado y despedido indirectamente, pero en ningún momento se hace acreedor a los salarios por dicho lapso.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Unión   de   Usuarios   y   Consumidores c/ EN  Secretaría  decomunicaciones Dto. 764/00 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-30

La Constitución Nacional reformada consagró de manera expresa el derecho de los usuarios y consumidores, conforme resulta de sus artículos 42 y 43, estableciendo ciertos estándares de tratamiento que no podrían ser desconocidos por una norma infraconstitucional (Cons. V).
Intereses, tasas de interés
Materia: COMERCIAL
Carátula: HAEDO - SOCIEDAD ANONIMA c/ BACIGALUPO Alejandro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-08

Es pertinente adicionar al capital reclamado los réditos que el acreedor hubiera abonado para obtener igual suma en el mercado financiero, y ellos deben ser estimados conforme la tasa libre, pues no está acreditado que el ejecutado pudiera lograr otra menor.
Recurso de inconstitucionalidad, empleo público, procedencia del recurso, diferencias salariales, ley vigente, Fondo Nacional de Incentivo Docente
Materia: PROCESAL
Carátula: Damiano, Carlos Manuel y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Damiano, Carlos Manuel y otros c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-18

El recurrente logra articular un caso constitucional al sostener que la sentencia de Cámara contra la que se alza -que reconoció la existencia de una relación jurídica entre la parte actora y el GCBA que determinaba la legitimación pasiva de este último para intervenir en la causa; dispuso que el suplemento FO.NA.IN.DO. era de carácter remunerativo; y ordenó al demandado abonar las diferencias salariales por el sueldo anual complementario y por los períodos no prescriptos, con intereses- no constituye una derivación razonada del derecho vigente ni se apoya en las circunstancias de la causa, resultando la arbitrariedad alegada inescindiblemente unida a los agravios constitucionales por los que se admitió la apelación, situación que habilita su revisión extraordinaria. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Marcela De Langhe).
Obras públicas, teoría de la imprevisión, mayores costos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Estudio Construcciones c/ Gas del Estado s/ obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-22

No basta con demostrar una inequidad genérica y con alegar que no hay causas que impidan encuadrar el caso en ese supuesto, sino que es necesario determinar en forma puntual las distorsiones efectivamente producidas y cuya reparación se pretende mediante la recomposición de la fórmula contractual (Fallos: 316:2046, "Dos Arroyos", y Sala III del Fuero, "Vector Ingeniería", del 31/3/99, del voto del Dr. Mordeglia, consid.

7°). (Del voto del Dr. Coviello, consid. VII-A.7).
Defensa en juicio, doble instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández Roma, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-09

No puede alegarse vulneración al derecho de defensa cuando se ha hecho uso de la vía administrativa y de la judicial impugnando la medida disciplinaria.
Proceso contravencional, sentencia arbitraria, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Q,D. y G, M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-14

Coincidiendo con la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una sentencia no es "arbitraria" cuando la misma contiene errores subsanables, o cuando sostiene una postura doctrinaria discutible, o cuando se discrepa por diferencia de enfoque. Cuando se invoque su arbitrariedad, debe señalarse una relación directa entre la sentencia y las garantías constitucionales eventualmente afectadas. Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido, hiperinflación
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

El despido por causas económicas, objetivas, por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor del art. 247 Ley 20744, es un despido con justa causa, que ocurre por un motivo ajeno a las partes de la relación laboral, que autoriza a la denuncia del contrato de trabajo eximiendo al empleador parcialmente de las consecuencias indemnizatorias si se configuran los elementos que la norma prevé, por lo que la comunicación del despido, cae dentro de las previsiones del art. 243 de la Ley 20744.
Responsabilidad del Estado, derecho público, vacío legal, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA) Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

Ante el carácter constitucional de la responsabilidad del Estado y, a la vez, dada la ausencia de una regulación legal local, se plantean numerosos problemas jurídicos en ocasión de los casos judiciales que el Poder Judicial debe resolver. Es decir, se presenta una laguna jurídica que debe ser subsanada de manera racional y justificada por los jueces.

Cuando no haya una disposición expresa que resuelva una cuestión, el intérprete debe agotar el propio campo del derecho público para encontrar una solución, y sólo si ello es infructuoso, remitirse a otras ramas del derecho, aun si incluso no forman parte del derecho local (es un segundo paso problemático decidir a qué ordenamiento en concreto remitirse y, además, a qué rama jurídica). (Del voto en disidencia parcial del Dr. Horacio G. Corti).
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, unificación de penas, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sánchez Rodríguez, Juan José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-07

El unificador debe (es una imposición legal) fijar una nueva condena (aplicando las normas del título IX del C.P.), sin sentirse limitado de ninguna manera por las peticiones de las partes, ni por la parte de pena que el condenado haya cumplido;

es decir que para la unificación, el Tribunal sólo tendrá en cuenta las penas anteriores en su conjunto (sin importar la fracción de la condena ya padecida, aunque obviamente ese tiempo de detención, deberá ser tenido en cuenta para el respectivo cómputo posterior, restándose de la pena única dictada a los fines de la ejecución de la misma). La fijación del monto de la sanción, mientras cuente con suficiente fundamentación y el tipo y la escala hayan sido respetados, es una tarea que se encuentra dentro de los poderes discrecionales del Tribunal de juicio y por ello no puede ser atacada por la vía intentada, salvo evidente arbitrariedad que en el caso no se aprecia. (Voto del Dr. Riggi, adhiere Dr. Tragant.; Dra. Ledesma, en disidencia).
Muerte del trabajador, indemnización por muerte del trabajador, constitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Jerez, Zilda Elvis c/ Fábrica Argentina de Válvulas Reguladores y Afines S.A. s/ indemn. por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-19

El derecho de propiedad es un derecho subordinado, que, como tal, puede ser limitado en pos del interés social (ver, art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y que, en este marco, más allá de la conveniencia o no de la política legislativa -resorte exclusivo del Poder Legislativo, que no puede ser abordado por el magistrado-, lo cierto es que la decisión de situar en cabeza de la empleadora la obligación de abonar la indemnización por fallecimiento del trabajador contemplada en el art. 248 de la LCT y, así, de garantizar a sus derechohabientes, ante esa pérdida emocional y económica, los medios para que puedan subsistir durante un tiempo, a mi juicio no luce injusta, irrazonable, ni desproporcionada con el fin social que se procura proteger.
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, derechos de las partes, obligaciones de las partes, rescisión del contrato, falta de pago, entrega del bien, procedencia del recurso, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Llanos, Andrea Laura c/ Fiat Auto SA de Ahorro p/f det. y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-30

En ese marco, no puede inferirse el consentimiento de la actora a raíz de la firma inserta en los formularios para el registro del automóvil, en tanto la actora afirmó que éstos fueron suscriptos en blanco; y si bien no produjo prueba al respecto, la firma fue realizada con posterioridad a la asignación del automóvil y de que el mismo se encuentre a disposición en la concesionaria.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iura de Scampini, Emilia R. y otras c/ Orsini, Abel A. y ocumpantes s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

El demandado al abonar algunas de las obligaciones fiscales, ha asumido una conducta inherente a la calidad de propietario, respecto del bien litigioso (arts. 2384 del Cód. Civil; 384 del Cód. Proc.) y, a su vez, si se demuestra la adquisición de materiales de construcción, que fueron entregados en el bien litigioso, resulta verosímil que los mismos se emplearan para realizar mejoras, por lo que cabe considerar que ello tipifica actos posesorios en los términos del art. 2384 de la legislación sustantiva. Asimismo si algunos de los testigos, emiten juicios sobre las mejoras que fue realizando el demandado en el inmueble litigioso, atribuyéndole debido a ese comportamiento, la calidad de dueño, se viene a corroborar la defensa que enerva la viabilidad del juicio de desalojo.
Recurso contencioso administrativo, vicios del acto administrativo, desviación de poder, prueba, personal municipal, cesantía, deberes del funcionario público, reconocimiento de derechos civiles y políticos, libertad de expresión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

Si el agente municipal entendía que se habían cometido irregularidades de las que tuvo conocimiento en el ejercicio de la función, podía -y debía- efectuar la denuncia pertinente ante las autoridades públicas. Consecuentemente la denunciada violación al derecho de libertad de expresión del propio pensamiento, no aparece configurada sino que, en el caso, el mencionado derecho debía ejercerse en sintonía con lo dispuesto por el artículo 14, inciso e), de la ley 9286, Anexo I en cuanto refiere a "mesura y circunspección" conque deben ejercerse los derechos políticos en el marco de la relación de empleo público. Por tanto, no puede tenerse por acreditado el vicio de desviación de poder invocado sin existir elemento alguno que sugiera la posibilidad de persecución de un fin diverso del interés público, desde que -contrariamente a lo que sostiene el actor- dicho vicio exige un mayor esfuerzo probatorio, pues no es común que surja del acto impugnado, sino de éste en su confrontación con otros elementos de prueba. (De La Disidencia Del Dr. Falistocco A La Que Adhieren Los Dres. Spuler Y Vigo)
Entrega del certificado de trabajo, cobro de sumas de dinero, comunicación del despido, defensa en juicio, prueba
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rivero, Ariel Darío  c/ LH SRL  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-31

La comunicación rescisoria "debe bastarse a sí misma", evitando con ello toda discusión ulterior sobre los hechos motivantes de la denuncia contractual. Esto es fundamental, por el derecho de defensa (art. 18 de la CN) y por entroncar con la estructura lógica de la ley laboral (cfr. arts. 242, 10, 62 y 63 de la LCT). Lo resaltó la CSJN: la obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en juicio (art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo) responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa. La causal de despido, y por consiguiente su prueba y valoración, debe circunscribirse a lo consignado en la primera misiva. Esos hechos allí alegados tiene que probar la empresa y que revisten la gravedad suficiente para erigirse en justa causa para despedir (cfr. art. 242 LCT) (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Ricardo Omar c/ Molinos Chubut SRL s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-24

No existe menoscabo del constitucional derecho de defensa en juicio de la demandada, para cuya salvaguardia no es exigible el ejercicio efectivo del mismo, sino el otorgarle a la parte, la razonable oportunidad de usarlo, sin que se configure violación alguna cuando el interesado no utilizó el medio de que en su momento dispuso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), doble instancia, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TREVES, CESAR ARON c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO EN CALIDAD DE PARTICIPE NECESARIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-03-07

En punto a sus cuestionamientos por menoscabo al doble conforme, no logra el Fiscal demostrar irrazonabilidad en el criterio sustentado por la Alzada cuando señalara que el Tribunal de apelación se encontraba habilitado para resolver sin reenvío, en un supuesto como el presente, de recalificación legal; interpretando que el mismo tan sólo se imponía para preservar el derecho a la doble instancia recursiva del imputado -lo que no acontecía en la especie-, y desestimando que asistiera al actor penal un derecho convencional al "doble conforme". (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Tercerías, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Valenzuela, Roberto Carlos c/ Mut, Pedro Alberto s/ Tercería de Dominio en autos "Mut, Pedro Alberto c/  Alfaro,Cristino y Otro s/Ejecutivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-31

"Si bien es cierto que existe conexión entre la tercería y el proceso principal, en razón precisamente del dominio de la cosa embargada en el principal, sin embargo aquella tramita a través de un proceso pleno, en el cual el actor y demandado asumen el rol de demandados, configurándose de esa manera un litisconsorcio pasivo".
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Dirección General de Fabricaciones Militares c/ Jujuy, Provincia de y otra. s/ Cesación de disposiciones - ORIGINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

No obsta a la competencia originaria de la Corte que el actor haya consentido la intervención de los tribunales locales.
Persona a cargo, pensiones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Funes Lastra, María Teresa c/ A.N.Se.S. s/ pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

La circunstancia de hallarse a cargo de otra persona no requiere en el orden previsional la ausencia total de recursos propios, pues también se halla en esa situación el derechohabiente cuyos recursos personales son reducidos, y en tanto de los hechos de la causa se desprenda que la falta de contribución del causante lleva aparejado un desequilibrio esencial en la economía del supérstite que le impide afrontar los más elementales gastos de subsistencia y, además, mantener el nivel de vida alcanzado cuando aquél vivía (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. del 27.03.91, "Malfa, Humberto").
Proceso judicial, transacción
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A s/ CASACION MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ AGUAS DE SANTIAGO S.A S/ EJECUCION FISCAL s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-06-28|2007-05-29

La transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron del acuerdo respectivo.
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, honorarios, base regulatoria, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DON MANOLO S.A. c/ SANTA ROSA S.C.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- NULIDAD DE ASAMBLEA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 15 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-03

La interpretación de las normas arancelarias y la determinación del monto de la causa, sólo plantean una cuestión de naturaleza procesal, reservada a los jueces ordinarios, pudiendo quedar abierta la vía extraordinaria cuando se incurre en vicios descalificadores, situación que no acontece en la especie, donde el Juez Inferior tomó como base a los fines regulatorios el avalúo fiscal del campo toda vez que su valor era el que estaba en juego en el proceso; entendiendo aplicables las pautas establecidas por el artículo 4 y 5 de la ley arancelaria.
Leyes, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HUAQUINCHAY VIUDA DE MASS, TERESA JESUS c/ CANTERAS Y CALERAS EL REFUGIO S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-09-28

La constitucionalidad de una norma debe revisarse en el caso concreto, por cuanto una ley en sí misma constitucional, puede ser inconstitucional en su aplicación al caso, siendo función de los jueces la realización efectiva del derecho, conjugando los enunciados normativos con los elementos fácticos del caso.
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, liquidación de recursos de la Seguridad Social, deuda previsional, reajuste jubilatorio, período previsional de liquidación, programa de pagos, condición suspensiva, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, facultades legislativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortiz Ricardo Angel c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Cobro de pesos s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

Mediante el Decreto Nro. 2497/98 (B.O. Nro. 576, del 20/11/98) el Señor Jefe de Gobierno facultó a la Dirección General de Contaduría a realizar las liquidaciones correspondientes para la cancelación de la deuda previsional originada en el período comprendido entre el 1/9/92 y el 31/12/93, que no fue alcanzada por el régimen de consolidación, establecido por la Ley Nro. 23.982 y prorrogado en materia previsional por la Ley Nro. 24.130 (art. 1).

El Decreto dispuso la cancelación de los créditos resultantes, en dinero en efectivo, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de los beneficiarios, en orden cronológico decreciente hasta agotar las partidas presupuestarias previstas para cada ejercicio (art. 2). Se previó, sin embargo, que ese orden de pago podrá ser alterado si se acreditara fehacientemente la existencia de fuerza mayor o enfermedad terminal. El Gobierno de la Ciudad asumió el compromiso de pago de los importes resultantes, bajo la condición suspensiva de que los beneficiarios que hubieran iniciado demandas judiciales desistan de la acción y del derecho y soliciten la imposición de costas por su orden. En consecuencia, dispuso que se cursen notificaciones a los beneficiarios para comunicarles los importes reconocidos, los intereses que se admitirán y las fechas de pago, haciéndoles llegar la documentación para el desistimiento y aceptación de las costas por su orden, que los interesados deberán suscribir en caso de aceptar la propuesta. Similar previsión se efectuó con relación a los reclamos administrativos (art. 6).

La conformidad con el reconocimiento de la deuda lleva implícita la aceptación de la modalidad de pago establecida en la misma norma, pues ésta se encuentra unida de forma inescindible, tanto a la admisión de la existencia de la obligación como a la modalidad programada para el pago, que posibilita la disponibilidad efectiva de los recursos públicos necesarios para su cumplimiento. La única forma de que el reconocimiento de deuda resulte operativo respecto a los actores es el cumplimiento de esos requisitos. Lo contrario importaría una división inadmisible del régimen jurídico invocado por las partes -que constituye una unidad lógica- de forma tal que los particulares se verían beneficiados con la determinación administrativa del crédito y, además, obtendrían el pago de los importes correspondientes en un momento anterior al previsto al efectuar su reconocimiento (Del voto en disidencia de la Dra. Inés M. Weinberg de Roca).