Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-28


2º instancia. - Buenos Aires, junio 28 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta el doctor Miguel Angel Vilar, dijo:

I.- La sentencia definitiva dictada en la instancia precedente y que obra agregada a fs. 236/ 244 vta. de estas actuaciones admitió la demanda incoada por Eva Graciela Carballo. En consecuencia, condenó a Jorge Omar Lencina a pagar al actor la suma de $ 24. 100, con más los intereses y las costas del juicio. Asimismo hizo extensiva la condena a Liderar Compañía General de Seguros SA, en su carácter de aseguradora citada en garantía.

Apelaron la actora y la compañía de seguros. La primera expuso sus críticas al fallo en el escrito que luce a fs. 258/259, los que no fueron contestados por la contraria, cuyo recurso de apelación fue declarado desierto a fs.264.

La peticionante se agravió puntualmente de los montos indemnizatorios fijados por "incapacidad sobreviniente" y "daño moral",por creerlos exiguos. Cuestionó, además, la falta de indemnización del "tratamiento psicológico".

II.- El sentenciante concluyó que la demandada no probó que la actora haya cruzado interponiéndose en la línea de avance del vehículo ni que lo haya golpeado. Por ello consideró irrefutable que el accionado fue el único responsable del accidente de autos. De ahí que lo condenó a resarcir los daños con los alcances señalados en el fallo.

III.- El caso, se trata de un accidente acontecido el día 24 de agosto de 2002, aproximadamente a las 21.15 hs, en circunstancias que la actora descendiera del vehículo conducido en esa oportunidad por Sandra N. Cerza y fuera arrollada en forma violenta e intempestiva con el lateral derecho del vehículo comandado por el accionado, mientras se encontraba parada en la rampa para discapacitados ubicada en el cruce de la Avda. Pte. Perón con Irigoin, de la localidad de San Miguel.

IV.-Rubros indemnizatorios.

A)Tratamiento psicoterápeutico.

a)La actora se agravió del rechazo del reclamo incoado por este concepto.

Resaltó que no obstante la perito médica recomendó la realización de tratamiento, por un tiempo no menor a seis meses, dos veces por semana y con un costo de $ 50 la sesión, el sentenciante desestimó la partida.

Anticipo que le asiste razón.

b) En efecto, la perito médica designada de oficio dictaminó a fs. 196/ 205 vta.

Se expidió acerca de las lesiones de orden físico y psíquico soportadas por la víctima . Respecto del último aspecto sostuvo que la actora presentaba una pérdida en su Salud Psíquica , de grado parcial y permanente y en razón de la eventual cronificación del estado depresivo generado como secuela del accidente. Estimó una merma de la capacidad del orden del 10%.

Asimismo, consideró que "la examinada" ( actora) debía realizar tratamiento psicoterapéutico, por un tiempo no menor a seis meses, con consultas bisemanales a un costo de $ 50 la sesión. ( fs. 204 vta., 2? párrafo).

c)Ahora bien, no obstante el peritaje fue objetado por la emplazada, lo cierto es que nada se ha discutido sobre este aspecto, el que - en consecuencia- no ha sido modificado ni explicado por el sentenciante.

Por todo ello, y en vista de los elementos acercados a la causa, juzgo que debe revocarse la decisión recaída sobre el particular y fijarse, consecuencia, el monto de $ 2.400 para reparar el perjuicio. (art, 165 del Código Procesal).

B)Incapacidad sobreviniente - Daño moral.

La actora intenta agraviarse de las cantidades estipuladas para indemnizar los daños físico y moral. Pero las críticas esbozadas lejos están de ser concretas y razonadas en los términos del artículo 265 del Código Procesal.

En efecto, la referida norma legal dispone que el escrito de expresión de agravios debe contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. "Crítica concreta se refiere a la precisión de la impugnación, señalándose el agravio; lo de razonada alude a los fundamentos, bases y sustanciaciones del recurso. Razonamiento coherente que demuestre, a la vez, el desacierto de los conceptos contenidos en la sentencia que se impugna" (conf. esta Sala in re "Micromar S.A. de Transportes c/ MCBA s/ ds. y ps." del 12-09-79, ED 86-442, entre otros).

De este modo, la expresión de agravios, es acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida por un cuestionamiento razonado y concreto de las partes del fallo que se consideren equivocadas, con el objeto de demostrar su injusticia.

Esta Sala ha mantenido como norte un criterio de amplitud en cuanto a la consideración y ponderación de los agravios (vgr. in re "CONS. PROP. BULNES 1971 c/ ROMANO, Miguel y otro s/ daños y perjuicios". Expte. Nº 41.902/1992 y su acumulado "BALBIANI de TALLEY, Martha L. c/ CONS. DE PROPIETARIOS BULNES 1971 s/ daños y perjuicios" del 28/09/06; "LEDESMA, Carlos Adrián c/ MANZANELLI, José Luis y otros s/ daños y perjuicios" del 22/02/07; "CASTRO, Carlos Alberto c/ TRALGIM S.A. s/ fijación y/ o cobro de cannon locativo", del 25/06/ 07, entre muchos otros"). Pero el recurrente debe, al menos, poner de manifiesto los errores (de hecho o de derecho), que contenga la sentencia y, la impugnación que se intente contra ella debe hacerse de modo tal que rebata todos los fundamentos esenciales que le sirven de apoyo. Debe pues, cumplir la imperativa disposición del artículo 265 del CPCC.

Es decir, la expresión de agravios (también denominada "demanda de agravios") no es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla con su finalidad debe constituir una exposición jurídica (así lo ordena expresamente el Código ritual) que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo concreto se refiere a lo preciso, indicado, determinado -debe decir cuál es el agravio-, lo razonado indica los fundamentos, las bases, las sustentaciones -debe exponerse por qué se configura el agravio-. Deben precisarse así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del "A Quo", a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento, no reuniendo las objeciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (CNCiv., Sala A, 14-02-80, LA LEY, 1980-D, 180; ídem Sala B, 13-06-78, LA LEY, 1978-C, 76, entre otros). Pero esto no ha acontecido en la especie.

Por tanto, las quejas esgrimidas a fs. 258 ( ap. IV ) y fs. 259 ( ap. VI), no van más allá de una reiteración de los montos reclamados en la demanda; de una mera disconformidad con la decisión del juez de grado, sin aportar crítica jurídica concreta y razonada a la resolución en esos aspectos con entidad suficiente como para desvirtuarla, por lo que corresponde declarar desierto el recurso de apelación intentado por la actora en relación con estos ítems.

V.-Conclusión.

Por todas las consideraciones que dejo expuestas, y si mi opinión es compartida, propongo al acuerdo: a) revocar el pronunciamiento en punto a los "gastos de tratamiento psicoterapéutico" y fijar la cantidad de $ 2.400.- en ese concepto; b) declarar desierto el recurso interpuesto con relación a las sumas reparatorias otorgadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral. Con costas de Alzada a los demandados. ( arg. art. 68 del Código Procesal).

Así voto.

La señora juez de Cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, por análogas razones a las aducidas por el señor juez de cámara doctor Miguel Angel Vilar, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede: a) Se revoca el pronunciamiento en punto a los "gastos de tratamiento psicoterapéutico" y se fija la cantidad de $ 2.400.- en ese concepto; b) Se declara desierto el recurso interpuesto con relación a las sumas reparatorias otorgadas en concepto de incapacidad sobreviniente y daño moral. Con costas de Alzada a los demandados. ( arg. art. 68 del Código Procesal).

Conforme al presente pronunciamiento y atento lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, y artículos 1, 6, 7, 9, 11, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados, se fija en pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600) la retribución de los doctores A. F. M. y E. H. R. A., en conjunto, en pesos dos mil novecientos ($ 2.900) la del doctor F. O., en pesos un mil ($ 1.000) la del ingeniero J. B. B. y en pesos un mil ($ 1.000) la de la doctora G. R..

Por la actuación ante esta alzada se fija en pesos un mil setecientos ($ 1.700) el honorario de los letrados apoderados de la parte actora (art. 14, ley de arancel 21839). Notifíquese por Secretaría y Devuélvase. El señor juez de Cámara doctor Diego C. Sánchez no interviene por hallarse en uso de licencia. -Miguel Angel Vilar. -Ana María Brilla de Serrat.