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Ejecución fiscal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ingaser S.R.L c/ Orellana, José Domingo y/o Q.R.R s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-06

En el caso el ejecutado alega otros argumentos que aluden al procedimiento de formación del título, y que en definitiva convergen al rechazo de la acción. Cabe entonces preguntarse si corresponde indagar tales aspectos en un proceso ejecutivo como el de autos.

En efecto, estando frente a una pretendida ejecución fiscal, resulta aplicable el criterio jurisprudencial que sostiene que la problemática fáctica de un proceso de ejecución fiscal o apremio hace que en esta clase de títulos, producto de la exclusiva creación del ente administrador no pueda adoptarse un criterio totalmente prescindente de los actos administrativos que le precedieron dándole origen. Ignorar este procedimiento previo podría conducir a consagrar con primacía o privilegio la voluntad unívoca de una de las partes, es desmedro de la otra. El debido proceso adjetivo debe respetarse en la órbita administrativa, por responder a una función tuitiva sobre legítimos derechos constitucionales del contribuyente; ello induce a sostener que no pude desoírse la perspectiva propuesta por el excepcionante.

En esa inteligencia, el ejecutado manifiesta que la actora -empresa contratista de la ejecución de la obra de gas natural -recibió una comunicación de la Municipalidad -contratante- mediante carta documento del intendente municipal por la que se le hizo saber que ante su falta de cumplimiento del procedimiento previsto en el contrato de Iniciativa Privada, que la obligaba a notificar a cada uno de los beneficiarios de la obra de la obligación de pago entre otras cuestiones, se declara la nulidad de los Certificados de Deuda expedidos.

Conforme a ello, si se analiza el contenido de la Ordenanza Municipal que da origen al título que se pretende, se advierte que establece una serie de actos que debe cumplir el ente ejecutor, entre ellos la notificación a los beneficiarios, y recién luego de cumplimentados esos extremos, la Municipalidad queda facultada a otorgar el título de cobro. En consecuencia, ante la comunicación remitida por la municipalidad a la ejecutante, y más allá de la validez, legitimidad o procedencia de tal declaración de nulidad que realiza el Intendente, pues no corresponde valorar aquí esta cuestión, resulta innegable que dada la posición del ejecutado y a la luz de la cita precedente, existen en la causa elementos suficientes, cuanto menos para tornar muy vulnerable el instrumento base de la acción que se transforma en un argumento más en contra de la procedencia de la acción ejecutiva y, aún cuando tales obstáculos no existieran, la falta de firma del Secretario Municipal respectivo en el instrumento base, restan eficacia al mismo conforme las exigencias de la ley Orgánica Municipal en sus artículos 36; 41; y 57.

Por ello corresponde rechazar la apelación deducida y confirmar el decisorio de grado que rechazó la ejecución por inhabilidad de título.(Dra. Chayep. En disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Taborda, Aurelia Romero de c/ Caja de Previsión Social de los agentes civiles del Estado s/ Recurso de inconstitucionalidad- Actualización seguro mutual (Expte.   CSJ N.  58-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

Debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Caja de Seguro Mutual cuando un detenido análisis de la fundamentación del decisorio revela el desacierto del criterio sostenido por el Tribunal en la interpretación del texto del apartado a) del inciso 2do. del artículo 13 de la ley 9816, en relación a las particulares circunstancias de la causa, resultando -como consecuencia de ese desvío hermenéutico- una alteración de las proporciones allí establecidas. Así, de lo expresado en dicho canon "hasta el treinta por ciento del seguro para el o los beneficiarios instituidos", la Sala entiende que ese porcentaje está referido a una parte determinada de la "totalidad del monto" y no del "saldo" del seguro; por ende, considerando que "el 30% de todo el seguro, aritméticamente equivale al 15% del 50% de la totalidad", colige en que en sub lite se atribuyó un "15% de más a la beneficiaria instituida" en desmedro de los sucesores universales, apoyándose en la finalidad de que todos soporten proporcionalmente la disminución cuantitativa del seguro por fallecimiento y en evitar que indirectamente "se viole el tope máximo de libre disposición". Tal tesis merece ser descalificada, puesto que del marco normativo específico en el que se halla inserta la mencionada regla no surge ningún elemento que autorice a sustentar válidamente la disquisición sostenida por el A quo. En efecto, el capítulo V de la ley 9816 regula el beneficio que tiene su causa jurídica en el deceso del agente; así, el artículo 13 contempla simplemente la forma de adjudicación del "seguro por fallecimiento", según que el asegurado no hubiera instituido beneficiario (inciso 1ro.) o sí lo hubiera hecho (inciso 2do.), fijando las proporciones que deben ser asignadas a quienes tienen derecho a recibir tal beneficio, sin efectuar distingo alguno respecto a si aquél corresponde al importe total del seguro mutual o no.
Sentencia, recurso de inconstitucionalidad, contrato de obra pública, gastos improductivos
Materia: PROCESAL
Carátula: OVALHO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA) (ACLARATORIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-09

Corresponde rechazar la aclaratoria interpuesta, desde que no se advierte en el fallo la concurrencia de la omisión u obscuridad alegada por la recurrente, toda vez que al tratar la primera cuestión -admisibilidad-, específicamente se puntualizaron los agravios que se desestimaban y que fueron sintetizados en el relato que precedía, dado que los mismos se topaban con el valladar relativo a la imposibilidad de desplazar a los jueces de la causa en el ejercicio de funciones eminentemente propias, en tanto trasuntaban la discrepancia de la recurrente con la ponderación de las pruebas y de los hechos; y por tal razón, al tratarse la segunda cuestión -procedencia-, se dejó en claro que el recurso prosperaba por los planteos atinentes a la falta de devolución de los fondos de reparo y a los gastos improductivos en que habría incurrido la accionante como consecuencia del alongamiento de los plazos de ejecución pactados.
Derecho electoral, recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, efecto suspensivo, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: José Manuel De la Sota s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-17

El principio específico que en el derecho procesal rige el efecto de los recursos concedidos contra toda resolución susceptible de ser apelada es inverso al consagrado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, pues por imperio del art. 66, 2º párrafo de la ley 23.298 la concesión al sólo efecto devolutivo constituye la regla, siendo el otorgamiento en ambos efectos excepcional, toda vez que esta supeditado a la demostración de que el cumplimiento de la sentencia pueda ocasionar un perjuicio irreparable y resulta inadmisible la pretensión de que se modifique el efecto solamente devolutivo del recurso si no se explica en qué consiste tal irreparabilidad.
Procesos especiales, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: Marconi, Eduardo Héctor y Domínguez, Arturo c/ Bahamonde de Solari, María Luisa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-09-07

La pretensión de desalojo es aquélla que tiene por objeto recuperar el uso y goce de un inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso sin pretensiones a la posesión.
Responsabilidad médica, monto del juicio, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ Responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

El pedido que formula el actor al contestar el traslado del recurso ordinario de apelación para que se declare la inconstitucionalidad de la tercera instancia ante este Estrado y, subsidiariamente, se actualice el monto exigido para la procedencia del recurso ordinario de apelación debe ser rechazado puesto que la apelación ordinaria y el monto de que se trata se encuentran establecidos en el art. 27 inc. 6 de la ley n° 7, que no fue oportunamente tachada de inconstitucional por el accionante. (Del voto del juez José Osvaldo Casás)
Expropiación, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nogareda, Antonia Beatriz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ expropiación inversa - retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-02

El texto de la Cláusula Transitoria 1ª de la Ley de Expropiaciones Nro. 238 establece que "a las situaciones o juicios en trámite, les son aplicables las normas de la Ley Nacional 21499".

En tanto la presencia de la partícula disyuntiva "o" entre los términos "situaciones" y "juicios" importa aludir a "situaciones en trámite" -por un lado- y a "juicios en trámite" -por el otro-, la determinación del sentido de la primera expresión se logra en contraposición con el que, sin dudas, le cabe a la segunda.

Así, mientras "juicios en trámite" se traduce en la existencia de una acción judicial en curso al momento de entrada en vigencia de la Ley Nro. 238, el giro "situaciones en trámite" no parece sino aludir, en consecuencia, a una pretensión o reclamo cuya diferencia con el anterior radica en que no se ha presentado ante los tribunales (verbigracia, como el supuesto de avenimiento contemplado en los arts. 10 a 17 de la Ley 21499 y en los arts. 11 a 13 de la Ley Nro. 238).

Es decir, la "situación en trámite" de la que habla la norma se refiere, no a la existencia de un mera situación de hecho que aún no ha cobrado relevancia jurídica, sino más bien a una pretensión que, basada en una situación fáctica particular, ha comenzado a transitar los cauces pertinentes (por ejemplo, administrativos).
Bienes de la sociedad conyugal, bienes gananciales, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: CH., J. H. c/ B., M. I. s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

El derecho consagrado por el art. 1315 del Cód. Civil, que establece la división de los gananciales por mitades, entre los cónyuges, puede requerir el amparo de medidas precautorias tendientes a evitar la desaparición de los bienes y la eventual insolvencia del cónyuge deudor (Conf. Mazzinghi, Derecho de Familia, T. II, nro. 337, p. 500). Empero, la extensión de las medidas que se dicten deben estar limitadas a la salvaguarda de los derechos que eventualmente pudieren corresponder a la cónyuge en la liquidación de la sociedad, no pudiendo ser decretadas con un alcance abusivo de los derechos o con el propósito de hostilizar al cónyuge (Conf.CNCivil Sala D, junio 13-968) o bien para trabar sus actividades (Conf.CNCivil, Sala D, ED 33-587, fallo 1437; idem Sala F, ED 9-786, fallo 5162), o cuando puedan causar perjuicios innecesarios (Conf.Escribano, op.cit.p.42).
Contrato de trabajo, empleo no registrado, regularización del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: AVALOS, HORACIO c/ COMPAIA DE TRANSPORTES APALUSA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-27

La intimación fehaciente que exige el art. 11 de la ley 24013 apunta a la certidumbre del conocimiento del principal sobre el reclamo de su dependiente, y es en ese contexto donde se inserta la previsión legal de que debe requerir la forma escrita u otra hipótesis del mismo valor probatorio. En tal intimación el trabajador debe indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa.

Tales circunstancias verídicas deben ser comprobables, sustentantes de la intimación y servirán de base para el debate posterior, si no son aceptadas por el empleador, por ante la autoridad administrativa o judicial.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Hagelin, Ragnar c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Procede el recurso extraordinario cuando se halla en tela de juicio la inteligencia de normas federales - ley 23.982 - y la decisión impugnada ha sido adversa a las pretensiones que el recurrente fundó en ellas (art. 14, inc. 3., ley 48).
Unificación de penas, concurso de delitos, cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: Santillán, Elbio Eduardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-17

El artículo 58, en cuanto consagra y garantiza la unidad de la pena en todo el país, evita que un individuo condenado reiteradamente, pero en distintas jurisdicciones o épocas sucesivas, quede sometido a un régimen punitivo plural. Dicha norma se aplica en el caso que no puedan unificarse los diversos procesos que se siguen a una persona determinada, o que no se haya observado lo previsto en los artículos 55 a 57 del código; y para tales supuestos, dispone la unificación de las penas fijadas en las sentencias conforme a las reglas establecidas para el concurso de delitos. Se trata de un instituto que sin alterar las declaraciones de hechos ni la calificación jurídica contenida en la o las sentencias condenatorias anteriores, obliga al tribunal competente a ajustar los efectos penales de aquellas fijando la pena global que el condenado deberá cumplir; reivindicando de tal forma la supremacía de las reglas concursales. Esa regla restrictiva [la prohibición de modificar la declaración de hechos de las condenas precedentes] no afecta los poderes del juez de la segunda condena para la aplicación de la pena en su naturaleza, grado y modalidades, en función de los artículos 40 y 41, dentro de la escala de los artículos 55 y 56 del C.P. ...". La norma contenida en la primera parte del artículo 58 del Código Penal prevé el caso de que deba juzgarse a una persona "que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto", por lo que no corresponde tener en cuenta para la unificación, las condenas anteriores que pudiera registrar el sujeto cuya pena se encuentra cumplida o agotada al tiempo de practicarse aquella; de lo contrario se conculcaría gravemente el principio de la cosa juzgada. (Voto del Dr. Riggi).
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, designación de defensor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo García, Ramón Carlos y otro s/ hurto de automotor - causa n? 1601 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

La sola designación formal del defensor oficial sin que se le haya corrido vista para que funde la presentación de su pupilo o bien para que instrumente los recaudos necesarios para la interposición del recurso extraordinario, no satisface las exigencias de un auténtico patrocinio como el exigido por la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Colorantes Industriales Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-16

Cuando la Corte ha exigido -a los fines de la habilitación de la instancia originaria- que la acción entablada "verse sobre", o se "funde" o "base" en la Constitución Nacional o en normas federales directa y exclusivamente no ha supuesto que tal exigencia se encuentra cumplida meramente porque en la demanda se "citen" preceptos federales y no otros.
Alimentos, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez de Parillo, Stella Maris c/ Parillo, Luis s/ Incidente de ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

En las deudas por alimentos debidos por padres a hijos no rige la regla que establece la caducidad de las pensiones alimentarias no reclamadas como tampoco se aplica la caducidad a los beneficiarios menores de edad.
Indemnización por accidente de trabajo, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Guerrero, Luciano M. c/ Consejo Gral. de Educación y/o persona física o jurídica responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo, Ley 9688 persona física o jurídica responsable s/ Indemnización por accidente de trabajo, Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-12-13

Habiéndose accionado con sustento en la ley 9688 y sus modificatorias, y habiendo ocurrido el accidente el 9 de abril de 1990 la ley aplicable al caso es la Nro. 23.643 ya que la misma entró en vigencia el 18 de noviembre de 1988 y en su art. 19 dispone: "las acciones emergentes de esta ley prescriben en el plazo de dos años... para el siniestrado, desde la toma de conocimiento de la incapacidad. La toma de conocimiento de la incapacidad se produce cuando el incapacitado conoce el grado definitivo de la incapacidad, las causas laborales que la determinaron , la irreversibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad, las causas laborales que la determinaron, la irreversibilidad del proceso incapacitante y ha culminado el proceso de agravamiento de la incapacidad progresiva...". Conforme dicho precedente y habiendo el actor formulado denuncia del accidente sufrido en fecha 1 de agosto de 1991, dando origen al Expte.

0884-Letra "G"-Año 1991 de la Subsecretaría de Trabajo, Justicia y Culto, es esa la fecha en que el actor toma conocimiento de su incapacidad en consecuencia, y habiendo incoado demanda en fecha 5/5/93, no han transcurrido los dos años a que hace referencia la norma citada -art. 19 ley 23.643-, por lo que la excepción opuesta debe rechazarse por no corresponder.
Participación secundaria, pena
Materia: PENAL
Carátula: M., A. s/ Libertad provisional denegada (Expte Nº 276-02, Resolución Nº  215,  Tomo 7, Folio 361)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-04

En la interpretación del artículo 46 del C. Penal se aplicará la pauta según la cual la pena aplicable debe reducirse a un tercio del mínimo y a la mitad de su máximo (criterio utilizado en "Santoro" -Tribunal Pleno- para la pena de tentativa).
Personal municipal, derechos sindicales, delegado gremial, libertad sindical, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: GARETTO, MARIO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 248 AÑO 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-13

La ley santafecina 9256 del 21.6.1983 legisla acerca de las licencias, justificaciones y franquicias del personal municipal, reglando en su Capítulo V las "Licencias Extraordinarias". Su artículo 46 reza: "Los trabajadores que se desempeñen como delegados de personal, miembros de comisiones internas o en cargos representativos similares, continuarán prestando servicios en sus tareas, pudiéndoseles otorgar permiso a fin de que realicen gestiones relacionadas con la defensa de los derechos individuales de los trabajadores del sector, sin desmedro de la remuneración". Vale decir: el texto santafecino reproduce el artículo 51 de la ley 22105 que, luego de establecer que los trabajadores que se desempeñen como delegados de personal gozan de la estabilidad prevista en el artículo 49, estatuía: "... El empleador podrá otorgarles permiso a fin de que realicen gestiones relacionadas con la defensa de los derechos individuales de los trabajadores del establecimiento, quedando a cargo de aquél el pago de las remuneraciones correspondientes".
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MANGIALAVORI HNOS.  S.A. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  PROCEDENCIA  - COMPRAVENTA - DEPRECIACION  MONETARIA - DEFENSA EN JUICIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-14

Procede el recurso extraordinario, no obstante vincularse los agravios del apelante con cuestiones de hecho y derecho procesal, si la sentencia evidencia graves defectos de fundamentación, que redundan en menoscabo a los derechos constitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Maffrand, Clara; Barrili, Jorge; Rinaldi, Néstor. s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Materia Penal. Tegano,  Esteban  Gustavo  (queja  en:  Repossini, Juan y Echevarría, Raúl). s/ Recurso de Inconstitucionalidad en Materia Penal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-06-16|1986-08-22

El Superior Tribunal de Justicia recurrió pretorianamente al recurso de inconstitucionalidad para casos adecuados a una verdadera casación cuando todavía no estaba reglamentado el recurso de casación en materia penal. Ahora, encontrándose disposiciones específicas que gobiernan la materia no admite una interpretación que dejaría de llenar un vacío, para convertirse en un acto contrario a la ley.
Excarcelación, peligrosidad del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ACERBI Luis Javier y Almeida Monla Rosa Valeria c/  s/ por robo en perjuicio de Fabián Marcelo Moreira González S/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-11-19

Corresponde afirmar que a tenor de lo dispuesto por el artículo 375, segundo párrafo, del Código Procesal Penal la excarcelación instada por la defensa resulta improcedente, debiendo confirmarse lo sostenido en las instancias pasadas...las características del hecho -donde surge claramente que los encartados, una vez individualizados en actitud sospechosa y portando parte de los objetos sustraídos, se dan a la fuga por vías distintas generando una importante persecución policial y posterior aprehensión-, sumado a la circunstancia de contar en su planilla con un frondoso prontuario por delitos contra la propiedad -habiendo gozado de excarcelaciones anteriores cuyas condiciones prima facie fueron incumplidas-, hacen presumir objetiva y sensatamente que en libertad se seguirá intentando eludir el accionar de la justicia o entorpecer las investigaciones.