Doctrina de la arbitrariedad, recurso de casación, procedencia parcial
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Coronel, Luis Miguel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto en causa Nº 250/08 Baigorria, Noelia Gabriela y Coronel, Luis Miguel - Homicidio Calificado por Alevosía - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-30

El asistente técnico del imputado interpone recurso de casación y, subsidiariamente, el recurrente esgrime como segundo motivo casatorio, el previsto en el inciso 3º del art. 454 del C.P.P. Denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena.

Concretamente puntualiza que, si bien el tribunal efectuó una valoración de atenuantes y agravantes en forma conjunta para ambos imputados, realizando las pertinentes distinciones, ninguna de ellas se refleja en el monto estipulado para la pena efectivamente impuesta a su asistido.

La discusión radica en analizar si, efectivamente, los vicios de razonamiento apuntados han incidido o no en la correcta motivación del fallo, con relación a la individualización judicial de la pena impuesta al imputado. Afirma que se ha violado el principio de igualdad ante la ley y que existe una desproporción en la comunidad valorativa impuesta.

Son suficientes los argumentos expuestos por el recurrente para sostener que, en la determinación de la pena, la sentencia vulnera el principio de igualdad (art. 16 de la C.N.). En el caso bajo examen ha quedado demostrada la referida desigualdad con el parámetro de comparación que propone el recurrente, quien se agravia porque C fue condenado a la misma pena que la coautora B. Se advierte que, si bien el recurrente reconoce que ambos imputados han sido condenados por el mismo hecho (Homicidio Simple), no obstante ello, pese a que el tribunal valoró las atenuantes y agravantes en forma conjunta, haciendo la salvedad de efectuar las pertinentes distinciones cuando procediere, ellas no se reflejan en el monto de pena efectivamente impuesto a C.

Concretamente, habiéndose demostrado que ambos imputados se encontraban en iguales condiciones - premisa indispensable a los fines de la operatividad de la garantía invocada-, el trato diferente dado a cada uno de ellos en la merituación de las pautas previstas para la individualización de la pena, exigía que sea necesariamente diferente la pena impuesta a cada uno, por lo que los argumentos vertidos por el recurrente resultan idóneos para hacer variar lo resuelto en el fallo en cuestión.

En efecto, de la sola lectura de la Tercera cuestión planteada en la resolución en crisis, se advierte que el Tribunal de Mérito prescindió, al momento de fijar el monto de la pena a imponer a C de brindar las razones que justifiquen la identidad de sanción cuando, expresamente, en dicha oportunidad, el sentenciante valoró distintas circunstancias, tanto a favor como en contra, para ambos imputados y dentro del mismo encuadre legal.

En la presente, el tribunal ha ejercido la facultad discrecional apuntada de manera arbitraria, incurriendo en el yerro consignado en los párrafos precedentes.

En consonancia con lo expresado, resta decir que las particularidades del caso y razones de celeridad y economía procesal tornan innecesario reenviar la causa para que el Tribunal de origen renueve parcialmente la sentencia, habida cuenta que el nuevo decisorio, por aplicación del principio de la reformatio in peius, no podrá tener en cuenta circunstancias agravantes no contempladas anteriormente y que sólo debe sustituirse la parte dispositiva de la sentencia recurrida. Por lo expuesto, teniendo en cuenta la escala penal prevista para la figura bajo examen, como así, las atenuantes y las agravantes verificadas, corresponde hacer parcialmente lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado C. y, en consecuencia, anular parcialmente la sentencia en crisis en lo relativo a la individualización judicial de la pena impuesta al encartado (art. 18 C. Nac., 208 C. Prov. y 408 inc. 3° C.P.P.).

En su lugar, corresponde modificar el término de veintidós años de prisión efectiva aplicado al acusado en el fallo en crisis, debiéndosele imponer la pena de dieciocho años de prisión efectiva (arts. 12, 5, 40 y 41 del C.P.).