marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contratos civiles, prueba del contrato, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, principio de prueba por escrito, fotocopia, presunciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Rodysa  S.A. c/ Dansas Argentinas  S.A. s/ Cobro u$s40.404.-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

Toda la prueba acompañada, permite tener como cierta la fotocopia agregada por la actora, que sería un principio de prueba por escrito del contrato que unió a las partes originariamente. Tal fotocopia corroborado por los demás elementos de prueba y por la documentación original acompañada, llevan a ese convencimiento, conforme a las reglas de la sana crítica. Y ello es así por cuanto aún si la considerase como una simple presunción, ésta reviste singular valor en la prueba de los contratos ya que, las presunciones judiciales constituyen indicios que, apreciados libremente por el Juez, forman su convencimiento de la verdad de un hecho o de un acto jurídico.
Recurso de casación, prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Marinelli, Nicolás Alejandro s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-19

Corresponde rechazar el recurso de casación articulado contra la denegatoria del pedido de prisión domiciliaria, si el recurrente no ha podido demostrar que el tiempo de detención haya agravado la enfermedad que padecía su pupilo al momento de cometerse el ilícito, teniendo en cuenta que el planteo se refiere a que las condiciones de encierro podrían empeorar en un futuro su salud. Así la sentencia recurrida resulta ajustada a derecho, conforme los datos concretos y objetivos referidos a la condición actual del tratamiento, correspondiendo efectuarle controles periódicos según lo determine el médico tratante, a fin de evitar sumarle a las condiciones propias del encierro, consecuencias más gravosas como sería el avance de la enfermedad. La disidencia sostuvo que deviene nula la decisión que omitió dar intervención previa a la defensa para evaluar y postular su criterio en orden a las cuestiones alegadas por el representante del Ministerio Público Fiscal en su dictamen y respecto de los informes carcelarios agregados oportunamente.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, notificación, notificación electrónica, validez de la ley, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: Prudencia Cía Arg. de Seguros c/ Integral Work Service y otros s/ ordinario s/recurso de queja (d'abraccio -hijo-)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

Asiste razón al quejoso en cuanto a que el recurso de apelación por él articulado ha sido presentado en tiempo propio. Ello atento a que la notificación electrónica cumplida sobre su parte, se materializó con posterioridad a las 20:00 hs. de un día hábil y en función a lo dispuesto en la Ac. CSJN N°31/11 y CPR 152, debe considerarse como enviada el día hábil inmediato siguiente, de manera que el plazo respectivo se computará a partir del día posterior a ese último (en similar sentido, CNCom, Sala B, en autos "Girella Juan José s/ concurso preventivo s/ inc. rev. por Ordás Juan José", del 18/09/17).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Videla Cuello, Marcelo sucesión de c/ La Rioja, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas.
Seguros, seguro de vida, enfermedad del asegurado, responsabilidad del asegurado, reticencia, prueba pericial
Materia: COMERCIAL
Carátula: SALAS, MARIA c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

Resulta improcedente que una aseguradora se oponga al pago de la suma asegurada en virtud de un contrato de seguro de vida, con fundamento en la reticencia del asegurado, toda vez que si bien podría predicarse que el asegurado habría tenido conocimiento de su enfermedad -mieloma múltiple- con antelación a la contratación del seguro, en función de su condición de médico y los estudios previos realizados en la Academia Nacional de Medicina, no se acudió al juicio de peritos para discernir la relevancia que la eventual reticencia pudo proyectar sobre el mentado seguro tal como lo exige la ley 17418: 5, y determinar así si ello hubiera impedido la celebración del contrato o conducido a una modificación de sus cláusulas (CNCom, Sala A, 31.8.06, in re "Farias, Mauro c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario"). En efecto, por la naturaleza de la cuestión, el perito contador ofrecido por la demandada, no fue la persona idónea para expedirse sobre tal tema primordial, que requería especialidad en el ámbito del mercado asegurador, mas allá de la insuficiencia del dictamen fundado en la consulta realizada a la propia demandada. Quien si hubiese reunido los conocimientos tecnicos y especializados para determinar la trascendencia de la reticencia en la contratación, es un perito especializado en seguros de vida (CNCom, Sala D, 12.4.00, in re "Torga, V. Adela c/ Generali Arg. Cia. de Seguros s/ cobro de pesos", ll 24.10.00; ED 13.2.01, n° 50585). En este contexto, considerando que la prueba pericial de la cual intentó valerse la accionada no es la prevista por la normativa legal, corresponde afirmar que la misma no ha sido rendida, impidiendo que prospere la reticencia alegada por el asegurador.
Concursos, efectos entre partes, actos jurídicos, cesación de pagos, acción revocatoria, estado de insolvencia, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Birman, Marcos c/  s/ quiebra c/birman marcos y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Si bien se ha dicho que la disputa entre "conocimiento efectivo" y "cognoscibilidad" es vacua, porque pese a la exigencia de la ley a favor de lo primero, la realidad de las cosas -reflejada en la letra de los fallos- indica que sólo es asequible lo segundo, de donde la prueba de la cognoscibilidad implica la prueba de un conocimiento presunto del tercero, que este último, obviamente, puede discutir. La carga probatoria de quien pida la declaración de inoponibilidad del acto se cumple, pues, con la demostración de la existencia de circunstancias tales que determinen la adquisición de un conocimiento acerca de la insolvencia del deudor por parte de cualquier sujeto de normal prudencia y perspicacia (cfr. CNCom, Sala A, 18.11.08, in re "Lew Zalmon c/ Pérez Andrea Nora."; en igual sentido, Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal...", pág. 266). De allí que cabe aceptar que, en el plano probatorio, la razonable posibilidad de conocimiento acusa de suyo al tercero, pues en la materia resulta pertinente desarraigar la búsqueda de la scientia decoctionis de filosofías subjetivistas, como es propio de las exigencias de certeza y objetividad del derecho privado, y fundarla sobre el estado de ánimo presumible del hombre con normal perspicacia (cfr. Pajardi, "Manuale di diritto fallimentare", Giuffré, Milano, 1998, págs. 288 y 289, citado por Heredia, Pablo D., "Tratado Exegético de Derecho Concursal.", T° 4 pág. 263). En otras palabras, la prueba de la scientia decoctionis es suficiente cuando de ella resulta que el tercero ha estado en posibilidad de percibir los signos relevadores de la insolvencia. Ello, en tanto no se puede exigir la prueba directa del presupuesto subjetivo, únicamente asequible mediante una confesión de parte.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acción de amparo
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Wilensky, Pedro c/ Salta, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

La acción de amparo, de manera general, es procedente en los litigios que caen dentro de la competencia originaria de la Corte porque de otro modo quedarían sin protección los derechos de las partes en las hipótesis contempladas por la ley 16.986.
Prisión domiciliaria, recurso de casación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Monti, Miguel Angel s/ Inv. de delitos de lesa humanidad. Incidente De Detención Domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-23

El recurso de casación interpuesto contra la resolución que concedió la detención domiciliaria resulta admisible, pues no existiendo doctrina unánime actual acerca de si el otorgamiento de dicho beneficio constituye una cuestión federal, corresponde resolver a favor de la concesión del recurso (del voto en disidencia del Dr. Argañaraz).
Acción de amparo, trabajadores de la yerba mate, medidas cautelares contra el Estado, decreto de necesidad y urgencia, bases para la reconstrucción de la economía Argentina, INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE, grupos vulnerables, derecho a la salud
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G., N. H. y otros c/  s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2024-01-12

Cabe admitir la medida cautelar solicitada con el fin de garantizar el efectivo derecho a la salud integral del grupo vulnerable constituido por los pequeños productores yerbateros, como beneficiarios del Convenio de Cobertura de Salud Integral celebrado el 20/04/22 entre el Gobierno de la Provincia de Misiones y el INYM, y ordenar la inmediata suspensión de lo dispuesto en los arts. 164 al 168 del DNU 70/2023, a fin de que no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate de conformidad con el texto original de la Ley 25.564, hasta tanto se dicte sentencia respecto del fondo de la cuestión, puesto que es innegable que el pequeño productor yerbatero y sus familias, beneficiarios del mencionado convenio, son el segmento más vulnerable de toda la cadena de producción, y en el contexto socioeconómico actual no puede desatenderse el pedido de garantizar un derecho tan fundamental como el de la salud integral, con la urgencia que el caso impone.
Proceso penal, acción civil, sobreseimiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRANZA LUIS ERNESTO Y OTROS s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-17

Si el juez de instrucción sobreseyó en forma total a los imputados, la acción resarcitoria no puede ejercerse en el proceso penal (art. 16 C.P.P.), pues el mismo, en virtud de dicha resolución, se cerró en forma definitiva e irrevocable (C.P.P. art. 336).

Una tramitación procesal, en la que se intenta el ejercicio de la acción resarcitoria, dentro de un proceso penal irrevocablemente cerrado en virtud del sobreseimiento, repugna la naturaleza accesoria de la acción civil.-
Acusación fiscal, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: AIZEMBERG, ELIAS s/ ACUSACION. NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-01

Es NULA la ACUSACION FISCAL que omite consignar la cantidad exacta de hechos que se consideran acreditados, como también su ubicación temporal, aunque más no fuere refiriendo el período en que ocurrieron, con todo lo cual ya se posibilitará la adecuada defensa del acusado al concretarse los objetos procesales sometidos a juicio
Instrumentos privados, reconocimiento de firma, boleto de compraventa
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CAPDEVILA, JUAN CARLOS c/ RIZZOTTI, TOMAS MANUEL s/ ESCRITURACION  -  BOLETO  DE  COMPRA  VENTA  - INSTRUMENTOS PRIVADOS:  RECONOCIMIENTO DE FIRMA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-16

No es materia que pueda suscitar debate, que los instrumentos privados para que tengan eficacia jurídica, deben ser reconocidos por la persona a quien se le opone (art. 1026 CC y 233 CPC.).

El accionado en el escrito de oposición de la defensa dilatoria de incompetencia de jurisdicción, no negó la autenticidad de los boletos, los que se encontraban adjuntados a la demanda y al momento que esta se promoviera.

... Resultaba innecesario al actor, que en la etapa probatoria acredite su autenticidad, pues el art. 236 CPC lo eximía. Esta norma es categórica en establecer que no es necesario el reconocimiento en forma cuando la parte contra quien se presenta el documento no lo impugnara negando su autenticidad.

Existe bastante jurisprudencia que tiene al demandado por reconocido al instrumento privado que le opone su contraria, si no lo impugnó en ocasión de contestar la demanda.

Si bien esta doctrina jurisprudencial alude al acto procesal de responde a las pretensiones del accionante, es aplicable al sub - lite, art. 1344 CPC, pues existen varios perfiles que jurídicamente lo justifican: a) El demandado al plantear la excepción... se encontraba en conocimiento de la pretensión del actor y de lo que exponía fácticamente en su respaldo. b)... No hay motivo que autorice al demandado que opone una defensa dilatoria como artículo previo, basado en los hechos expuestos en la demanda, que guarde silencio u omita referencia a la autenticidad de la documentación que respalda esos hechos, cuando dichos documentos se le presentaban restándole viabilidad a la defensa dilatoria.

La aplicación al sub -lite del art. 6 inc. 3ro. del CPC, por parte del magistrado, es acertada.
Derecho civil, rechazo in límine, demanda, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Villar, Roberto Orlando  c/ Ríos, María Teresa  s/ Ordinario Acciones Reales y Posesorias
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-21

Aun cuando en las tres acciones judiciales planteadas -desalojo, interdicto de recobrar y acción posesoria- pueda existir identidad entre el actor y demandada y el objeto, para determinar la configuración de cosa juzgada la decisión pasa por determinar si con la articulación de las últimas de ellas -acción posesoria- la cuestión fue o no zanjada por medio de una decisión anterior, bajo un mismo marco, análisis y alcance jurídico que el ahora pretendido.
Recurso extraordinario, fundamentos suficientes
Materia: PROCESAL
Carátula: F., L. J. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- LESIONES GRAVES CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 120 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-10

El artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que el escrito de interposición del remedio federal ha de ser "fundado con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48", disposición ésta que -a su vez- prescribe que "cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo a lo prescripto en él, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos ...".

De dicha regulación legal surge que pesa sobre el apelante la carga de efectuar una crítica prolija, concreta y razonada de la sentencia atacada, así como la refutación de todas y cada una de las motivaciones enunciadas por el tribunal superior de la causa para arribar a las conclusiones que originan sus agravios.

El análisis de la pieza recursiva bajo dichos parámetros revela que tales extremos no han sido satisfechos. (De la Disidencia de los Dres. Spuler, Gutiérrez y Netri)
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nuevo Banco de Azul S.A. c/ Donato René Omar y otra s/ Cobro ejecutivo e Inhibición Gral.de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-26

Es facultad privativa del juzgador admitir o no la apertura a prueba en el juicio ejecutivo, ya que las defensas pueden ser resueltas directamente cuando la prueba es manifiestamente inadmisible, dilatoria o carente de utilidad.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), derecho a la salud, cobertura médica, técnicas de reproducción humana asistida, fecundación in vitro, fertilización asistida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z., C. G.; G., R. G. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.); Coseguro de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina A.T.S.A. s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-29

El art. 4º, último párrafo, de la Ley de la Provincia de Salta 7127 de creación del I.P.S., lo habilita a "organizar y administrar un sistema de coseguro para los afiliados y beneficiarios, cubriendo contingencias sociales diversas". El Decreto 3402/07, reglamentario de la ley, iguala al copago con el coseguro.

Por imperio de lo estatuido mediante Ley Nacional 26862, quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) los procedimientos regulados en esa norma, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo (cfr. art. 8º). La Provincia de Salta dictó la Ley 7964 que tiene por objeto regular el uso de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) por parte de los efectores públicos, dependientes del Ministerio de Salud Pública, y de los prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.), para promover el desarrollo familiar y controlar la disponibilidad, la eficacia y la seguridad de dichas técnicas (art. 1º). En su art. 8º expresa que queda incluida en la cobertura que realiza el Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) para sus afiliados, las técnicas de reproducción humana asistida, "sin perjuicio de las obligaciones que les corresponda asumir a las entidades de coseguro en lo relativo al copago".

De modo que si la codemandada se encuentra obligada, conforme su reglamento de funcionamiento, a otorgar la cobertura complementaria establecida en el Programa Médico Obligatorio (PMO), los agravios expuestos por el recurrente resultan inhábiles para desvirtuar los fundamentos en los que la jueza de grado basó su decisión, quien luego de meritar la Ley 7127, afirmó la existencia de conexidad contractual entre los demandados y concluyó en que no existe obstáculo para que el coseguro cumpla con la cobertura complementaria. Siendo ello así procede confirmar la condena al Instituto Provincial de Salud de Salta y a A.T.S.A a otorgar a los accionantes, en forma inmediata, la cobertura integral del 100 % del costo de los tratamientos de fertilización "in vitro" por técnica ICSI con ovodonación, en la cantidad dispuesta por ley, incluyendo los gastos de medicación propias y de la donante, más prácticas y criopreservación -en caso de ser necesarias-, como así también los honorarios y la internación en el centro de medicina reproductiva a elección de los actores, estableciendo que al I.P.S. le corresponde cubrir el 80 % de las prestaciones en forma exclusiva y que el 20 % restante queda solidariamente a cargo del Instituto y de A.T.S.A. (Del voto en Mayoría del Dr. Catalano, Dr. Cornejo, Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Samsón, Dr. Vittar)
Ley de emergencia, control de precios, guerra, Segunda Guerra Mundial, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vicente Martini e hijos S.R.L. s/ Infrac. ley 12.591
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1944-12-27

El art. 9° de la ley 12.591 ley de emergencia cuyas disposiciones no caben en el marco del derecho común, dictada para suplir las deficiencias de este último establece una infracción formal en el sentido de que la acción es suficiente por sí sola para constituir la violación punible, sin que sean necesarios un resultado determinado ni la prueba de una ganancia injustificada, artificial, o de la obtención de un lucro desmedido.
Desacato, libertad de expresión
Materia: PENAL
Carátula: SPOLINSKI, Sergio s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-04

El delito de desacato preserva el debido respeto a la autoridad de la administración que se ve afectado cuando se ofende o provoca al funcionario que representa, debiendo tenerse en cuenta en el análisis la eventual tipicidad de cada conducta concreta, la aptitud con que debe juzgarse el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión.

El reconocimiento de tal derecho reposa en una decisión moral vinculada a la dignidad del hombre, que cada ciudadano tenga la libertad de pensar como quiera y de manifestarlo.

El lugar eminente que ocupa la libertad de expresión en el régimen republicano, obliga a una particular cautela cuando se trata de deducir responsabilidades de su ejercicio.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponz, Manuel Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Piombo, Oscar Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Stávale de Raimundi, Nilda Carmen c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-03|1995-10-17|2005-08-10

Resulta ilegítima la resolución del Instituto de Previsión que denegó el reajuste del haber jubilatorio mediante el incremento de la bonificación por antiguedad merced al cómputo de los años de ejercicio de la profesión de abogado en la forma establecida por la ley 10.724 y la Acordada de la Suprema Corte de Justicia nº 2312, en tanto de haber continuado en actividad percibiría tal suplemento liquidado en la forma que solicita.
Juicio de desalojo, prueba de la posesión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carliski, Néstor Isaac c/ Ocupantes inmueble calle Avellaneda 2733 - San Martín s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

La prueba del accionar inescrupuloso de terceras personas de los que fueron víctimas los accionados, no los convierte en poseedores, ni recibieron derechos de quienes no los tenían, ni pueden calificarse como poseedores. Por ello, no basta la sola declaración de los ocupantes de un inmueble que afirman ser poseedores, pues ello requiere si bien prima facie una prueba asentiva de la entidad que diferencia el carácter de la ocupación. Las maniobras -lamentablemente comunes- de ingresar a personas que buscan vivienda en inmuebles ajenos no pueden constituirse en la forma adecuada de desbaratar los derechos del propietario, ni imponérsele como carga a quien posee expresas garantías constitucionales en orden a la protección jurídica de su propiedad, por angustiante que resulte la situación social de quienes son víctimas, de engaño o fraude Sin perjuicio de que por un principio de solidaridad social, los titulares de dominio puedan acordar la transmisión de dominio o la locación de los inmuebles en condiciones posibles a la situación socio-económica de los ocupantes.
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanz Martín Carlos alberto c/ Carus Norberto Oscar y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Carece de aptitud ejecutiva aquel documento que según su propia expresión literal ha sido entregado a título de consignación y en los términos de los arts.2210, 2216, 2217 y 2188 del C.C., por no cumplimentarse el recaudo de existencia de deuda exigible, ínsito en todo título que trajera aparejada ejecución.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, cuestión federal
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Castro, Ramón Andrés c/ Provincia de Salta s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

La competencia originaria de la Corte por razón de la materia procede en la medida en que la acción entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso, o en tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa.