Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de septiembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, W. Gustavo Mitchell y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncín, con el objeto de dictar sentencia en la causa n1 13.399 del registro de esta Sala, caratulada AGONZALEZ, Osvaldo Oscar; MAZZOLO, Mario Hugo y PEREYRA, Andrés Domingo s/ recurso de casación@. Representó al Ministerio Público el señor Fiscal General ante esta Cámara doctor Juan Martín Romero Victorica; recurre el Director Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes (DNFDA) Juan Pablo Sassano y el Coordinador de Análisis y Trazabilidad de dicha Dirección Nacional Adriano Sarubbi, con el patrocinio letrado de las Dras. Jacqueline Goldszer y Valeria García Sokol; ejerce la defensa de los imputados Osvaldo Oscar González y Andrés Domingo Pereyra, la Defensora Oficial ante esta Cámara Nacional de Casación Penal, Dra. Laura Beatriz Pollastri; e interviene por la defensa del encausado Mario Hugo Mazzolo, la Defensora Pública ante esta sede, Dra. Eleonora Devoto.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el orden siguiente: doctores Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y W. Gustavo Mitchell.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 659/80, por el Director Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes (DNFDA), Juan Pablo Sassano y el Coordinador Operativo de dicha Dirección Nacional Adriano Sarubbi, con el patrocinio letrado de las Dras. Jacqueline Goldszer y Valeria García Sokol, contra REGISTRO N° 1422/11 la resolución dictada el 13 de octubre de 2010, mediante la que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió AYII. Declarar la inconstitucionalidad del art. 13, párrafo segundo de la ley 25.761.@ y AIII. Confirmar el auto de fs. 612/618 mediante el cual se decretaron los sobreseimientos de Osvaldo Oscar González, Mario Hugo Mazzolo y Andrés Domingo Pereyra.Y@ (cfr. fs. 641/44vta.).

2.- El recurrente manifiesta que ADesde la gramática de la norma penal en discusión,Ylo expuesto por los Sres. Jueces de la Excma. Cámara no es acertado. Los delitos de peligro abstracto se limitan a castigar una conducta que, según la experiencia general, resulta peligrosa, sin que se torne necesaria la demostración de ningún resultado de peligro.@.

Sostiene que AYresulta inconducente la mención reiterada a la creación de un peligro concreto en la resolución atacada, cuando la naturaleza propia del delito de peligro abstracto descarta dicha exigencia.@.

Afirma que AYel interlocutorio puesto en crisisYmediante una aparente fundamentaciónYtoma distancia de la jurisprudencia pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que siempre debe buscarse aquella interpretación que favorezca la aplicación armónica de todas las normas del ordenamiento jurídico y sólo debe reservarse la tacha de una de ellas cuando su contradicción sea grave y no pueda compatibilizarse (Fallos:

311:394; 312:122 y 322:842, entre muchos otros@.

Refiere que AYlos Sres. Jueces traen a colación erradamente la aislada doctrina que exige la comprobación ex post de que el bien jurídico penal ha resultado afectado.@.

Argumenta que AYla actividad ilícita de los desarmaderos y la consecuente venta de autopartes ilegales se encuentran vinculadas a innumerables delitos relacionados no solamente con la sustracción Ba veces con muertes incluidas- sino con otra gran y variada gama de ilícitos.@ y que ALos antecedentes parlamentariosYhan dado cuentaYsobre la vinculación entre desarmaderos, venta ilegal de piezas y otros ilícitos, con la consecuente puesta en peligro de bienes jurídicos, fundamentalmente la seguridad colectiva y el orden público.@.

Entiende que AYla mención a la afectación del artículo 18 de la Constitución Nacional no viene a zanjar ninguna de las falencias de las que adolece el auto atacado.@ y que AYdicha norma debe calibrarse conjuntamente con el artículo 19 de nuestra Carta Magna, circunstancia que deja en evidencia que la alteración del orden público que pueda generar cualquier actividad es incumbencia de los magistrados como en el caso que nos ocupa. Y que, Yhabiéndose regulado conforme los procedimientos republicanos la actividad ilegal, no existe violación alguna al artículo supuestamente vulneradoY@.

Solicita en definitiva que AYse resuelva en sentido favorable a la petición del recurrente.@.

Hace reserva del caso federal.

3.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presento la doctora Laura Beatriz Pollastri y mediante el escrito agregado a fs. 693/95, a cuyas constancias remitimos en honor a la brevedad, solicitó que ASe declare inadmisible el recurso de la parte querellante; o bien, se rechace el mismo, confirmando el pronunciamiento liberatorio dictado por el tribunal a quo.@, e hizo reserva del caso federal.

Asimismo, a través de la presentación de fs. 697/700, la Defensora Pública Oficial ante esta Cámara Nacional de Casación Penal, doctora Eleonora Devoto, postuló que A2- Se declare inadmisible el recurso de casación interpuesto por la querella.

3- En caso de admitirse la vía intentada, se rechace el recurso de casación y se confirme el sobreseimiento dispuesto respecto de Mario Mazzolo.@. Hizo reserva del caso federal.

4.- Cumplidas las previsiones del artículo 468 del ritual, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1.- Ingresando en el examen de las presentes actuaciones, surge de la lectura del decisorio impugnado que en ocasión de la audiencia prevista por el artículo 454 del ritual, no estuvo presente la parte querellante sino sólo su letrada patrocinante.

Al respecto, llevamos dicho que @>Mario A. Oderigo define al patrocinante como >la persona que presta asistencia letrada a los sujetos privados de la relación procesal distintos del procesado (acusador particular, acusador privado, responsable civil), al denunciante, o al apoderado de aquéllos o de éste.

No ejercita la representación de esas personas, a menos que, a su condición de patrocinante, agregue la de apoderado, cuando se encuentre en condiciones de hacerlo= (Derecho Procesal Penal, Tomo II, pág. 319)=, (cfr. causa n° 2705 >Smail, Rafael s/recurso de casación= del 20/2/01, reg. n° 42/200).

El mantenimiento del recurso no es sólo una instancia técnica ejercida por un letrado, sino también un derecho de la parte agraviada para ratificar o desistir el planteo efectuado, a la vez que un derecho del imputado a que su situación sea resuelta conforme a las reglas de procedimiento.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que >el juzgado no debe convertirse en intérprete de una supuesta voluntad implícita de una de las partes porque con ello se altera el equilibrio procesal de los litigantes en beneficio de uno de ellos= (Fallos: 283/ 213, 310:2709).

Por ello, los escritos judiciales deben llevar la firma de su presentante. La falta de su asignatura implica que el escrito no produce efecto alguno y que se pierde el derecho que podría haber sido ejercido con la presentación del escrito debidamente firmado. La suscripción por el letrado patrocinante no es suficiente, aun cuando la parte interesada ratifique la presentación fuera de término (Cámara Nacional Civil, Sala C, septiembre 17 de 1976, >Monterrubienesi, Dante C. Toracca, Armando y otro=).@.

Asimismo se ha señalado que AYsi bien el letrado patrocinante cumple una doble función de asesor (en los actos que el querellante participa) y de garantía (de las formas del proceso), no es parte en el litigio ni recibe legitimación y por ello salvo en actuación como gestor, carece de facultad de formular peticiones o de efectuar presentaciones.

Por ello, y tal como se recordara en la causa n° 7034 >Donaire Aranda, Víctor I. s/rec. de casación=, reg. n° 1224/06, de esta misma Sala >...´Las leyes no significan ni están redactadas como simples consejos (...) sino que, antes bien, poseen fuerza obligatoria, las formas de los actos jurídicos - entre ellos, los actos procesales- deben ser respetados, en principio si se desea obtener las consecuencias previstas para el acto...´ (Maier, Julio; El incumplimiento de las formas procesales; NDP, 2000-B del Puerto, pág. 809).@ (cfr. causa n°7286 AMarchisio, Jimena s/ recurso de casación@, reg. 430/07 del 4/5/07).

En el sub examen mediante la presentación de fs. 81/89 se presentó Juan Pablo Sassano, Director Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, con el patrocinio letrado de la Dra. Jacqueline Goldzer y solicitó ser tenido por parte querellante; tras el rechazo de la referida pretensión por parte del magistrado instructor, la Sala VI de la Cámara a quo decidió AII) Revocar el punto II del auto de fs. 90/92 y tener a Juan Pablo Sassano como parte querellante y por constituido el domicilio indicado a fs. 81/89, quedando sujeto a la jurisdicción del Tribunal y a las resultas del juicio.@ (cfr. fs. 215/16); finalmente la nueva intervención de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de esta ciudad, se originó a raíz del recurso de apelación interpuesto por ese querellante contra el decisorio de fs. 612/18 vta. mediante el cual el Juez en lo Correccional adoptó un temperamento desvinculante respecto de los encausados González, Mazzolo y Pereyra, sin que -tal como adelantáramos- el recurrente haya concurrido a la audiencia designada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación.

La norma en cuestión expresamente señala que ALa audiencia se celebrará con las partes que comparezcan, pero si el recurrente no concurriera, se tendrá por desistido el recurso a su respecto.@ (el resaltado es nuestro). Dócilmente se infiere de la doctrina ut supra citada y su confronte con la presente causa, que el mantenimiento del recurso no se satisface con la sola presencia del patrocinante de quien ha asumido el rol de querellante en la causa. Se sigue de lo indicado que en la anterior instancia, por imperio legal, ante la inasistencia del querellante, correspondía tener por desistida la impugnación.

Repárese que la cuestión tiene especial trascendencia en tanto la falta de mantenimiento del recurso en la forma que lo establece la ley, importa el desistimiento de la impugnación y ello impide la intervención de la Cámara de Apelaciones. Lo contrario importa no sólo exceder el límite de la competencia que le es propia, sino también desconocer los alcances de la cosa juzgada, pilar fundamental sobre el que se asienta nuestro régimen constitucional. (Cfr. esta Sala in re ACáceres, Laura D.

s/ recurso de casación@, reg. n° 891/06 del 17/8/2006).

Es que ALas decisiones quedan firmes cuando no se recurren en los plazos y bajo los requisitos previstosYo, por su naturaleza o cuantía, resultan irrecurriblesY, o se produce el desistimiento...o la deserción...o son rechazadas...La firmeza implica irrevocabilidad del pronunciamiento sobre el fondo, impidiendo toda revisión del procedimiento cumplido para dictarla aunque se fundare en nulidad absoluta.....Es imposible concebir una serie recursiva que jamás termine porque nunca podría hallarse un tribunal en que no fuera posible el error;

habría que establecer la eterna incertidumbre del derecho con la impotencia de los poderes sociales para poner fin a los pleitos y por temor de un peligro posible se caería en un peligro cierto y sin duda más grave, de una permanente anarquía (CS, L.L. del 5/I/1999, Jurisprudencia de la Corte Suprema, nro 656; J.A. 1997-IV pág. 354).@ (Francisco J.

D=Albora,ACódigo Procesal Penal de la Nación@ Tomo I, Sexta Edición, Abeledo Perrot, comentario al art. 128 del C.P.P.N.).- En los autos ASolís, Eduardo Ramón s/rec. de casación@ (reg. 194/98 del 15/5/98), se ha afirmado que A...la posibilidad de realizar válidamente determinados actos procesales se extingue una vez transcurridos los plazos oportunos o después de efectuados otros actos que, por decirlo así, cierran el acceso a los primeros. Se produce entonces la preclusión ...

De lo expuesto se infiere que la preclusión, definida >como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal=, envuelve una sanción, mediante la que se tiende a estimular la diligencia de los sujetos procesales amenazados por ella y, al mismo tiempo, a garantizar el buen orden en el desarrollo del proceso .... Finalmente, la preclusión se liga con la cosa juzgada, cuyo advenimiento clausura el proceso y excluye, salvo en la hipótesis de revisión, la renovación de actividades dirigidas a desconocerla o discutirla (Levene-Alcala Zamora y Castillo, ADerecho Procesal Penal@, Tomo II, pág. 228/229, Buenos Aires 1945)@ (cfr. asimismo causa AWaisburg, Héctor y otros s/rec. de casación@ Reg.193/00 17/4/00 y sus citas)@.- Que por lo demás, cabe poner de resalto cuáles son los valores que se encuentran en juego, cuáles son los efectos directos que producen las decisiones jurisdiccionales firmes y la cosa juzgada.

En tal sentido ha expresado nuestro más alto tribunal que la estabilidad de la sentencia, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica que prevalece aún ante la evidencia de un error, es exigencia de orden público y tiene jerarquía constitucional (Fallos 314:1353).

Que en igual sentido es doctrina de la Corte que el único remedio para evitar la eterna incertidumbre que generaría la revisión sucesiva de las sentencias para escapar al peligro del error es la reafirmación del principio que atribuye el carácter de verdad legal al pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, que veda -por ende- revisarlo cuando adquirió ese carácter, pues la inalterabilidad de los derechos adquiridos definitivamente por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y defensa en juicio (B. 2 XXIII ABalda, Miguel Ángel@ rta. el 10/10/95 y E. 66 XXVI AEgues, Alberto José@ rta. el 29/10/96).- En definitiva, la cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, tiene jerarquía constitucional y por tanto no es susceptible de alteración ni aún por vía de la invocación de leyes de orden público (Fallos 308:84).

En conclusión, conforme la doctrina ut supra citada, ante la inasistencia del querellante el a quo carecía de facultades jurisdiccionales para revisar el decisorio de la instancia anterior.

En atención a lo expuesto, conceptuamos que el tratamiento de los agravios invocados por el recurrente resulta en el caso inoficioso, y atendiendo al respeto a la garantía de la cosa juzgada, la inviolabilidad de la defensa en juicio y del debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional), únicamente corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto, con costas; anular el decisorio de fs. 641/44vta. y estar a lo resuelto a fs. 612/618, por ser esta decisión la que ha pasado en autoridad de cosa juzgada (artículos 456 inc 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

Sin perjuicio de señalar que al expedirme en la causa n_ 12774 APera, Héctor Plácido s/recurso de casación@. reg. n_ 221/11 del 21 de marzo de 2011 sostuve que ASi bien el punto 8 de la resolución ministerial 3662/2008 faculta al organismo estatal, -a la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes-, a entender en la presentación de denuncias judiciales y efectuar el seguimiento de los expedientes, se advierte que todas esas funciones quedan involucradas en una tarea que no alcanza para una legitimación procesal penal, pues, como ha quedado dicho, sus funciones quedan acotadas a una actuación esencialmente administrativa y hasta contravencional.@ Lo cierto es que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional tuvo como parte querellante al Director de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes- La incomparecencia de la parte querellante a la audiencia prevista por el art. 454 del código de rito desapodera a la parte del recurso oportunamente planteado, tema respecto del cual me adhiero a la propuesta que antecede. (Cfr. esta Sala III en causas 5402 "Giardelli, Hernando J. s/rec. de casación reg. 590 del 12/10/04 y n1 5922 "Pérez de Cámara, María s/rec.

de casación" reg. 370 del 11/5/05).

El señor juez doctor W. Gustavo Mitchell dijo:

Que se adhiere a los votos precedentes.

En mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, con costas; ANULAR el decisorio de fs. 641/44vta. y estar a lo resuelto a fs.

612/618, por ser esta decisión la que ha pasado en autoridad de cosa juzgada (artículos 456 inc 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber, envíese copia de la presente al a quo y remítase la causa al magistrado instructor, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, W. Gustavo Mitchell y Eduardo R.

Riggi. Ante mi: María de las Mercedes López Alduncin, Secretaria de Cámara.