Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. contra RICHIGER S.A. Reg.: A y S t 202 p 136-140.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Maria Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "INCIDENTE DE APREMIO por Cobro de Aportes promovido por Caja Forense Primera Circunscripción Judicial en BANCO DE SANTA FE S.A.P.E.M. contra RICHIGER S.A. -Ejecución Prendaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 208, año 2004).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Netri, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S., T. 197, pág. 178, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución del 28 de febrero de 2002, dictada por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Número 10 de esta ciudad, por entender que la postulación de la recurrente contaba, "prima facie", con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba articular con seriedad un planteo que exigía examinar sí la sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusión de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 172/174).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

1. En la presente causa la Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial promovió demanda de apremio por la suma de $ 2522,71 y sus accesorios contra el Banco de Santa Fe S.A.P.E.M., en concepto de aportes correspondientes a los honorarios oportunamente regulados en proporción de ley y con el resto de los profesionales intervinientes al doctor Juan Carlos Ayala Bergero en la suma de $ 90419,83 (fs. 11/12).

A fojas 21/33 la entidad demandada planteó la nulidad de la ejecución y opuso excepciones de inhabilidad de título, defensas que fueron contestadas a fojas 35/40.

El Juez de baja instancia rechazó las excepciones opuestas y, en consecuencia, ordenó llevar adelante la ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro cobro del capital reclamado con más los accesorios legales.

Para así decidirlo sostuvo:

a) La nulidad de la ejecución no podía oponerse en el caso atento a lo dispuesto por el artículo 508 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable al caso conforme lo establecido por el artículo 29 de la ley 10436, en tanto prescribe que en el juicio de apremio sólo procederán las excepciones procesales y las de falsedad material, inhabilidad de título y de extinción de la obligación, modificando de esta forma, el régimen de excepciones admisibles contempladas por el artículo 475 del código de rito en lo civil y comercial, que prevé la posibilidad de alegación por parte del excepcionante, de la nulidad de la ejecución.

b) La inhabilidad de título fundada en que el acompañado por el actor consistía en meras fotocopias certificadas que no reunían los requisitos del artículo 29 de la ley 10436, debía ser desestimada por cuanto la fuerza ejecutoria del título lo constituía el auto regulatorio de honorarios firme, presentado en copia certificada con la demanda (art. 507, C.P.C.C.).

c) La misma suerte adversa debía correr la falta de legitimación, pues se estaba en presencia de un apremio por cobro de los aportes de ley devengados de la regulación de los honorarios a favor de apoderados del banco y, por ende, vinculados a través de una relación de dependencia con esta última entidad; y que si bien no se encontraba obligada al pago de los estipendios profesionales, sí resultaba obligada a responder por los aportes de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 165 del Reglamento Interno y del decreto 2643 reglamentario de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado (art. 3, incisos c y d).

d) La obligación de pagar los aportes en nada se veía excepcionada aunque en el juicio principal en el que se habían regulado los honorarios no hubiese recaído condena en costas; ello por cuanto, la causa de la petición no era la condena en costas, sino el cese del patrocinio letrado o la representación y lo dispuesto por los artículos 9 y 31 de la ley 6767 a favor del titular de los honorarios profesionales, en cuyos derechos la accionante se había subrogado para el cobro de los aportes; por lo cual, si el banco resultaba vencedor en el juicio principal y las costas se imponían a la contraria, siempre le quedaba la posibilidad de repetir lo pagado por este concepto al condenado en costas; por el contrario, si resultaba perdidoso, no había hecho más que cumplir con lo dispuesto en el citado artículo 165 del Reglamento Interno.

e) Las razones invocadas en cuanto a que el cobro de los aportes legales solo quedaba expedito cuando los honorarios hubiesen sido efectivamente percibidos y no tan solo regulados, tampoco podía encontrar favorable acogida atento a lo resuelto por la Corte provincial en autos "Tecsa S.A." (A. y S., T. 103, pág. 177).

En ese antecedente, se aclaró que de estarse al criterio enunciado, el fondo patrimonial de la caja estaría librado a la inseguridad de que los honorarios se paguen o no; que ése no era el real alcance de la norma (concretamente, del artículo 4, inc. d y e de la ley 10727, cuyos principios y fundamentos eran válidamente aplicables a ley 10436 de Caja Forense), 2. Contra este pronunciamiento interpuso la demandada su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055, esgrimiendo los siguientes agravios:

a) Apartamiento de jurisprudencia específica, puntual y de ineludible referencia al caso concreto, representada por el fallo dictado por esta Corte "in re" "Tecsa" (ant. cit.), del cual el Sentenciante deriva la tesis de que aunque no se deba pagar honorarios al letrado interviniente, se está igualmente obligado a pagar el porcentaje de aportes, desconociendo que en ese precedente este Órgano interpretó lo que ha de entenderse por el "obligado al pago" a que alude la normativa aplicable, identificándolo con el "condenado en costas".

b) Interpretación irrazonable del artículo 250 del código de rito, que es invocado por el Juez para completar su razonamiento entendiendo que no existirían diferencias entre las costas en el orden causado y la condena en costas.

Sostiene -al respecto- que el referido precepto no establece una situación simétrica a la condena en costas, y que cuando no se da ninguna de las hipótesis del artículo 251 y las costas se declaran en el orden causado, no hay propiamente condena en costas, sino que simplemente -el artículo 250- otorga acción al profesional contra su propio cliente, acción de la que carece el profesional remunerado a sueldo del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M.

En ese orden, señala que dado que en el presente caso nunca se devengaron honorarios a favor del profesional que lo representa -porque su parte no es en rigor cliente y además el letrado percibe un sueldo por su tarea profesional- no hay condena en costas u obligado al pago, es decir, no hay propiamente costas y menos acción para reclamar el cumplimiento o pago de honorarios contra el empleador, por lo que no puede suponerse que nazca, en cabeza de ese propio empleador, la obligación "ex lege" de realizar aportes a un tercero (la Caja Forense).

c) Apartamiento del texto expreso de la ley toda vez que la remisión efectuada por el Sentenciante a los artículos 27 y 29 de la ley 10436 (modificatoria de la ley 6930) por los cuales se faculta a la Caja Forense para subrogarse en los derechos del profesional contra el obligado al pago de los honorarios, no sustenta el decisorio impugnado en tanto, como ya expresó, el concepto de obligado al pago debe relacionarse con la condena en costas y no es este el supuesto de autos.

d) Enriquecimiento sin causa por parte del letrado en relación de dependencia, atento a que el mismo participa en un porcentaje de los recursos que obtiene la Caja Forense por vía de aportes, lo cual significa un verdadero cobro indirecto de honorarios judiciales, expresamente prohibido para los letrados del Banco de Santa Fe.

e) Prescindencia del texto legal, concretamente de la ley 11790 que incorporó el artículo 4 bis a la ley 4949 (fs. 84/90).

3. Le asiste razón al impugnante cuando le atribuye arbitrariedad al fallo por prescindir del artículo 4 bis de la ley 4949, incorporado por la reforma de la ley 11790, norma cuya consideración y aplicación resultaban decisivas para la suerte de la causa, al resolver la misma en sentido contrario a la pretensión de la ejecutante.

En efecto, y conforme surge del texto del citado precepto, ("...") el Estado provincial, Administración Pública centralizada o descentralizada, entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, cualquiera sea la forma jurídica bajo la que actúen, no pagarán ni el aporte ni la contribución establecidos en los incisos d) y e) del artículo precedente, por la actuación de los abogados y procuradores que los representen o patrocinen. Por cada afiliado que lo haya representado o patrocinado en el año en causa judicial, el Estado provincial y los entes referidos, pagarán única y anualmente a la Caja una suma equivalente al importe faltante para integrar el aporte previsto en el inciso a) del art. 42. ("...").

Asimismo, la propia ley 11790 -cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada en autos (vid. traslado de fs. 141/143)- en el artículo 9 declara de orden público sus disposiciones, estableciendo además que ("...") entrarán en vigencia a partir de su publicación -que data del 11.09.2000- y se aplicarán a todas las relaciones jurídicas cuyos efectos no se hayan cumplido íntegramente, a los honorarios regulados y a los aportes y contribuciones correspondientes a los mismos ("...").

Tales normas, en vigencia a la época del decisorio atacado, fueron lisa y llanamente omitida por el A quo no obstante constituir un "jus superveniens" de forzosa consideración de acuerdo al propio texto sancionado por el legislador, configurándose así un defecto (el de los fallos que prescinden del derecho vigente sin dar razón plausible alguna, vid. Fallos: 308:1892; 312:888 y 1864, entre muchos otros) que conlleva a que su respuesta no pueda ser vista como la necesaria derivación razonada del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, determinando con ello la procedencia del recurso intentado y la remisión de la causa al juzgado que corresponda a fin de que la misma sea nuevamente fallada conforme a las pautas que surgen del presente decisorio (cfr. criterio de esta Corte en "Lainatti Hnos. S.A.", A. y S., T. 200, págs. 186, 198, 204, 210 y 216, entre otros).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al juzgado que corresponde a fin de que la causa sea nuevamente juzgada. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Netri, el señor Ministro decano doctor Vigo y el señor Ministro doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al juzgado que corresponde a fin de que la causa sea nuevamente juzgada. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)