Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-18


Buenos Aires, 18	de febrero de 2008.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

A fs. 1/17 el Defensor General, Dr. Mario Jaime Kestelboim, interpuso la acción prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCBA para que se declare "la inconstitucionalidad de la cláusula transitoria segunda y del detalle del Anexo I, ley n° 2.568, por su patente contrariedad con las normas contenidas en el art. 51 de la Constitución de la Ciudad, en los arts. 4°, 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución Nacional y en el art. 17.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos" (fs.17).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

En ocasión de emitir el dictamen previsto por el art. 21, párrafo cuarto, ley n° 402, en el expte. nº 5167/07, "Unión de Músicos Independientes Asociación Civil c/ GIBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", el señor Fiscal General señaló que consideraba prudente, siempre que no se afecte ni entorpezca el trámite de las actuaciones, que el Tribunal corra vista a ese Ministerio Público de manera previa a decidir sobre la admisibilidad de la acción prevista en el art. 113, inc. 2, CCBA.

A raíz de ello, con motivo de las acciones de esta naturaleza planteadas en los expedientes n° 5520, "Corporación de rematadores y corredores inmobiliarios - Mutual c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", y n° 5541, "Ministerio Público - Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expresé mi opinión, que reitero ahora, acerca del beneficio de otorgar la vista mencionada.

Expresé en tales oportunidades que "... más allá de que la ley n° 402 sólo la prevé para la ocasión posterior contemplada en el apartado 4° del art. 21, no es menor la conveniencia que tendría solicitar su dictamen en la oportunidad señalada. Aunque es cierto que, al expedirse sobre el fondo, el representante fiscal podría abordar la cuestión de la admisibilidad e incluso propiciar su improcedencia formal, no lo es menos que lo haría en un momento posterior a aquel en el que el Tribunal habría podido aprovechar mejor sus argumentos. " "El ejercicio pleno de las competencias propias de esta rama del Ministerio Público, justifica darle participación en un proceso cuya misma tramitación importa ejercer una competencia que comprende la potestad de derogar, entre otras normas de alcance general, a las leyes emanadas del órgano depositario de la voluntad general. En tal contexto, resulta indisputable la importancia de otorgar la vista en cuestión al órgano al que la CCBA encomienda custodiar el respeto de la legalidad, en representación de los intereses del pueblo que no participa del proceso (art. 125, inc. 1, de la CCBA) así como la "normal prestación del servicio de justicia" (art. 125, inc. 2, de la CCBA), misión que incluye velar por la preservación de la división de poderes. Precisamente, el mandato constitucional, dirigido a todas las ramas del Ministerio Público, que encomienda defender "la legalidad de los intereses generales de la sociedad", tiene para el Fiscal un significado específico. Mientras que incumbe al departamento Tutelar y al de la Defensa velar por el respeto de derechos de categorías definidas (vgr. niños/as, adolescentes, incapaces, personas que carecen de otra representación letrada cuando son imputadas de delitos, contravenciones y/o faltas), sólo el Ministerio Público Fiscal tiene expresamente encomendada la tarea de "[d]ictaminar en las cuestiones de inconstitucionalidad" (v. art. 17, inc. 1, 2, 5 y 6, art. 33 inc 5, arts. 36, 42, 46, 49 de la ley 1903). La defensa de los intereses generales de la sociedad a que aluden la CCBA y la ley 1903 abarca, únicamente para el representante Fiscal, todas las materias susceptibles de ser sometidas a la intervención de los magistrados del Poder Judicial, por el lugar que ocupa en esa rama de gobierno." "Aunque en la ADI la función aludida, a diferencia de lo que ocurre en el control difuso, también lo ocupa el GCBA o la autoridad que emitió la norma de alcance general impugnada, parece que, a la altura del proceso de la que estamos hablando, es el Fiscal, ciertamente, quien está en mejor condición de aportar elementos en cuanto a si el debate debe o no internarse en la materia de fondo. Es que, en el sistema constitucional adoptado por la CCBA, corresponde al juez obrar como arbitro imparcial en la solución de los procesos diseñados por el legislador. Empero, es el Fiscal quien tiene la misión de evitar desbordes judiciales, para que el gobierno del pueblo a través de sus representantes no quede, en la práctica, reemplazado por el de los jueces, a quienes los constituyentes no confirieron esa potestad." Por las razones dadas, voto por conferir vista al Fiscal General, por el plazo de cinco días (art. 133 del CCAyT al que remite el art. 2 de la LPT), para que dictamine en relación con la admisibilidad formal de la acción regulada por el art. 113, inc. 2, de la CCBA, con carácter previo a la resolución del TSJ que se expida sobre esa cuestión.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

La ley n° 402, reglamentaria de los distintos procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia, entre los cuales se encuentra el consagrado en el art. 113, inc. 2º, de la CCABA (acción declarativa de inconstitucionalidad), sólo prevé dar intervención al señor Fiscal General luego de contestado el traslado por el demandado, o vencido el plazo para hacerlo, es decir, una vez producido el examen de admisibilidad por el Tribunal respecto de la acción (art. 21). Sin perjuicio de ello, así como nada impide que el señor Fiscal General se pronuncie acerca de la admisibilidad en oportunidad de contestar la vista a que se refiere el mencionado art. 21 de la ley n° 402, o en la audiencia pública contemplada en el art. 6 del aludido precepto legal, circunstancia alguna obsta a que el Tribunal confiera dicha vista, claro está cuando lo considere pertinente en virtud de las peculiaridades del planteo constitucional (v. Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, t. I, 1999, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 127 y ss.: "Bill, Juan Carlos c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 36/99, resolución del 16 de junio de 1999; ps. 139 y ss.: "Losa, Néstor Osvaldo c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 48/99, resolución del 23 de junio de 1999; ps. 482 y ss.: "Artes Visuales S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 51/99, resolución del 04 de octubre de 1999; ps. 686 y ss.: "Doy, Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 52/99, resolución del 22 de diciembre de 1999; Constitución y Justicia, Fallos del TSJ, t. II, 2000, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, ps. 197 y ss.: "Arbitra S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 386/00, resolución del 5 de julio de 2000, entre otros).

Sentado lo expuesto, comparto la propuesta del señor juez de trámite, doctor Luis F. Lozano, consistente en correr una vista al señor Fiscal General con carácter previo al dictado de la sentencia que decidirá sobre la admisibilidad formal de la acción, en atención a las particularidades que el caso presenta.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Me adhiero al voto del juez de trámite Dr. Luis F. Lozano.

La juez Alicia E. C. Ruiz dijo:

Disiento con la opinión del señor Juez de Trámite tal como lo hice en ocasión de pronunciarme en los expedientes n° 5520 y 5541 a los que remite en su voto. El Tribunal, desde el inicio de su gestión ha decidido acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de las acciones declarativas de inconstitucionalidad (art 113, inc. 2º CCBA) sin correr vista al Ministerio Público.

El criterio adoptado antes de la sanción de la ley nº 402 fue receptado por esta norma en su art. 21, último párrafo que dispone: "Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo se da intervención al Fiscal General por el plazo de diez (10) días para que dictamine. En casos excepcionales, cuando el plazo previsto resulte inadecuado conforme a la naturaleza del acto impugnado, el Tribunal podrá reducirlo o ampliarlo".

La opinión que el Señor Fiscal General expresara en el expte. nº 5167/07 "Unión de Músicos Independientes Asociación Civil c/ GIBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" no cuestiona la norma citada, pero la ignora. Lo cierto es que las disposiciones del mencionado art. 21 no impiden que el Ministerio Público formule oportunamente en su dictamen todas las consideraciones que entienda necesarias.

En numerosos precedentes he señalado que las acciones del art 113, inc. 2º CCBA no dan lugar a procesos adversariales, en los cuales las partes se enfrentan en el marco de una controversia que expresa intereses opuestos. Por lo contrario, en ellas se trata de conflictos normativos. En otros términos, los jueces están llamados a decidir si la norma impugnada por la actora se adecua o no a los principios, reglas o preceptos de la CN y/o de la CCBA. Y los requisitos exigidos por el art. 113, inc. 2º CCBA y la ley nº 402 reconocen en estas acciones y en la actuación del Tribunal, peculiaridades que las diferencian claramente de cuaquier otro tipo de juicios (conf. "Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, res. del 05/05/99, Constitución y Justicia, t. I, pp. 56-60; "Blanco María Susana c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción de Inconstitucionalidad y Nulidad", expte.nº 42/99, res. del 04/06/99, Constitución y Justicia, t. I, pp. 73-76; "Doy, Miguel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. Nº 52/99, res. del 16/06/99, pp. 134-136; "Federación Argentina de Box c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", expte. nº 49/99, res. del 16/06/99, pp.132-133; "Farkas Roberto y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 7/99, res. del 29/06/99, pp. 148-151).

La ley 31 y sus modificatorias regulan la función del Ministerio Público, desde la perspectiva de otros tipos de juicios que justifican ampliamente, la intervención que se otorga a ese órgano.

Por lo expuesto, el trámite en estas actuaciones debe proseguir como lo indica la ley 402, y el primer paso es la decisión del Tribunal respecto de la admisibilidad o inadmisibilidad de la acción interpuesta. Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Se ha requerido mi opinión acerca del momento en que debe correrse la vista al Fiscal General en las acciones declarativas de inconstitucionalidad con el fin de que tome intervención en el procedimiento. La ley es clara en ese sentido (n° 402, art. 21, párr. 4): el Fiscal General debe tomar intervención una vez declarada admisible la acción, corridos y contestados los traslados pertinentes (art. 21), actividad para la cual la ley concede el plazo de 10 días.

2. Más allá de ello, estimo que las facultades instructorias del Sr. juez de trámite comprenden la de decidir una vista previa en caso de que lo considere necesario, vista previa que no es obligatoria según la ley y que, por ello, representa tan sólo una facultad para el juez de trámite, de ejercicio eventual como toda facultad.

Sintéticamente, mi opinión consiste en dejar libertad para que los respectivos jueces de trámite dispongan esta vista, previa al decidir sobre la admisibilidad de la acción, cuando la consideren necesaria o conveniente, y que se mantenga como obligatoria la vista del art. 21, párr. 4 de la ley n° 402.

Quiero agregar en esta decisión que no me opongo radicalmente a que los jueces de trámite, cuando lo juzguen conveniente, concedan esta vista al ministerio público fiscal o a cualquier otro órgano del ministerio público. Normalmente, ello no perjudicará la decisión, ni la afectará, y sólo aumentará en un paso procesal -con ello, también, sólo prolongará el tiempo de desarrollo del procedimiento- el contenido de actos del proceso. Así quiero expresar que ésta es una facultad perteneciente al juez de trámite del procedimiento -y, por tanto, a ningún otro-, así como el conceder la vista al ministerio público en la oportunidad del art. 21, de la ley local n° 402, es un deber -obligación- sólo a él inherente. Yo espero también que la Fiscalía General, requirente de esta solución con carácter general, no utilice esta ocasión para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, según la escasa experiencia obtenida hasta el momento me lo indica, sino tan sólo sobre la admisibilidad de la acción; para dictaminar sobre el fondo del problema planteado es necesario escuchar a todos los interesados.

Por ello, por mayoría, el Tribunal superior de Justicia resuelve:

1. Correr vista al Fiscal General por el plazo de cinco (5) días, para que se expida en relación con la admisibilidad formal de la acción planteada en autos.

2. Mandar que se registre y se cumpla.