marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, incidentes, investigación del hecho, trámites judiciales, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Servicios Empresarios Diplomat SRL Empresa de Servicios Eventuales c/  s/ quiebra s/incidente apelación - art. 250 (jose luis grasso gignone)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Procede confirmar la resolución mediante la cual se ordenó formar el incidente de investigación, con carácter de reservado. Ello por cuanto, la ley concursal otorga una serie de facultades al juez y al síndico a los fines de recomponer el estado patrimonial de la fallida. Al respecto, la LCQ 274 faculta al magistrado a dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias. De su lado, la LCQ 275 establece que compete al síndico la averiguación de la situación patrimonial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en ella y la determinación de sus responsables. En ese marco, es que -en el caso- el síndico solicitó y el juez accedió a la formación del incidente de investigación objetado, disponiéndose las medidas allí ordenadas, por lo que desde este ángulo no se observa objeción alguna al decreto. En relación a la reserva del incidente, visto que lo que se procuraba con la concreción de las diligencias ordenadas era contar con elementos que permitiera a la sindicatura comprobar hechos que podrían, en su caso, ser la base fáctica de una concreta acción de índole concursal (vrg. extensión de quiebra, revocatoria concursal, etc.), se advierte atendible que, mientras se sustanciaran aquéllas, el trámite del incidente revista carácter "reservado", pues de lo contrario quedaría desvirtuada su finalidad, tanto más, teniendo en cuenta que quienes pudieran ser sujetos demandados ejercerán su derecho de defensa sin dificultad ni cortapisa alguna en el momento en que la sindicatura promueva la demanda que estime corresponder, en caso, de entender pertinente su procedencia en función del resultado que arrojen las medidas propuestas en esa vía. Desde tal perspectiva, el aseguramiento de las medidas de investigación instadas por la sindicatura determinaba, que se le confiriera carácter "reservado" (conf. CNCom, esta Sala A, 26/5/09, "Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra (s/ incidente de investigación)"; Sala C, 26/3/98, "Pablo Llosas SA s/ quiebra"; Sala D, 11/9/12, "Melamud Marcelo Adrián s/ quiebra s/ incidente de apelación art. 250 cpr.").
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, privación ilegal de la libertad, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López Rega, Norma B. y otro c/ Mº del Interior
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La ratio y el espíritu de las normas involucradas plasman la voluntad estatal de asumir la obligación de reparar la ilegalidad de la privación o restricción de la libertad sufrida por las personas que peticionan en sus términos. Se trata pues, de una categoría que se distingue por circunstancias objetivas razonables dirigida a reparar las detenciones ilegítimas del último período de facto (C.S.J.N. Fallos: 299:144 y 181; 300:1049 y 1087; 301:1185; 302:192 y 303:823). (Consid. IV.d).
Contrato de trabajo, despido, ley de empleo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DOMINGUEZ  SABAS, RUBEN c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIOAMENABAR 2255 s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

El art. 2 de la ley 25.323 es taxativo a la hora de expresar los rubros que se incrementan, y éstos son los arts. 232, 233 de la ley 20.744 o los arts. 6 y 7 de la ley 25.013. Por lo cual, si el trabajador se encuentra comprendido en un estatuto especial cabe rechazar su reclamo del pago de la indemnización contemplada en el art. 2 de la ley 23.323. (Del voto del Dr.

Ruíz Díaz, en minoría).
Competencia civil, recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, tribunal de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: AZARIU, Jorge c/ JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS -MCBA- s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23

Corresponde intervenir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el recurso de queja por apelación denegada ante la Cámara de Faltas, por cuanto las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han procedido aún a constituir los tribunales previstos para conocer en la referida materia contencioso-administrativa, toda vez que se encuentran involucrados derechos constitucionales de los particulares, de donde resulta necesaria la intervención del Tribunal, a efectos de no desconocer garantías de raigambre superior, como es el de acudir a la jurisdicción.
Derecho procesal, recursos, recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

Es improcedente el recurso extraordinario cuando se discute el alcance dado a las previsiones del CPCCN art. 94, cuestión de evidente naturaleza procesal y de hecho no susceptible de ser revisada por vía del remedio excepcional.
Seguridad social, impuestos, impuesto a las ganancias, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

La "integralidad" de los beneficios de la seguridad social que la Constitución garantiza en modo alguno implica que dichos beneficios no puedan ser gravados, dicha "integralidad", tal como surge del debate en la Convención Constituyente del año 1957, no implica ni tiene que ver con la imposibilidad de que las jubilaciones sean objeto de gravámenes -la no-gravabilidad-, sino que, por el contrario, la noción expresa la convicción del constituyente de que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Contrato de trabajo, riesgos del trabajo, delito civil
Materia: LABORAL
Carátula: U., E.M. c/ B. y Cía. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-23

La cuestión respecto si el incumplimiento de normas de seguridad e higiene da sustento a la aplicación del artículo 1.072 del Código Civil no es materia pacífica dentro de la jurisprudencia y doctrina nacional.

Es entonces, falto de discusión que el artículo 1.072 del C.C. es susceptible de dos interpretaciones distintas que llevan a conclusiones también disímiles, lo que amerita determinar cuál es el mas adecuado para la concreción de los fines del sistema, por cuanto ha de buscarse siempre una interpretación valiosa de lo que las normas han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones injustas, cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la tarea legislativa como de la judicial.
Honorarios, protección del honorario, pacto de cuota litis, IVA, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEL NORTE SA c/ AUTOLATINA ARGENTINA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-21

Si bien, cuando el beneficiario de una remuneración es un profesional letrado que dirige su acción de cobro contra el condenado en costas en el proceso de que se trate, es lógico y razonable que sea este quien deba soportar en definitiva el pago del iva -de modo de no reducir en términos reales el derecho al cobro del monto regulado en el juicio-; pero cuando un letrado con derecho a honorarios no actúa sobre la base de una condena en costas, sino por causa del pacto de cuota litis, tal doctrina no es aplicable, pues su aplicación conduciría a que la actora debiese desembolsar más que lo comprometido como remuneración a sus letrados, quienes como prestadores de servicios gravados, son sujetos pasivos del tributo, sin derecho a trasladarlo a su cliente no condenado en costas.
Seguros, prescripción, interrupción del proceso, suspensión del plazo, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: López Hermosi, Dario César c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-13

1. Procede revocar la resolución que declaró prescripta la acción promovida. Ello por cuanto, si bien la LS 58 establece que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado éste desde que la correspondiente obligación es exigible; sin embargo, el tercer párrafo de dicha norma agrega que los actos del procedimiento establecido por la ley o el contrato para la liquidación del daño interrumpe la prescripción para el cobro de la prima y de la indemnización. 2. Los actos exteriorizados -en el caso- por el asegurado con posterioridad al rechazo de la cobertura por incapacidad permanente, a saber, reconsideración de la decisión adoptada por haber sufrido el interesado un recrudecimiento de sus dolencias y una ampliación de los trastornos en la columna; lo que es acompañado de certificados médicos y análisis clínicos; en el segundo, con el mismo objetivo, solicitó que se le efectúen exámenes complementarios en tanto alegaba un agravamiento de su patología y la aparición de otras nuevas; tuvieron una clara finalidad orientada a persuadir a la compañía aseguradora de la veracidad del daño invocado. Así pues, la interpelación del asegurado tendiente a "volver a ver" el rechazo del siniestro conforma un acto opuesto a la inacción del acreedor que excluye la procedencia de la prescripción (v. en este sentido, Stiglitz, "Derecho de Seguros", T. III, 5ta. Ed., La Ley, pág. 357).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Arancibia, Carlos Ignacio y otro c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-02

La vía federal es admisible si se advierte un apartamiento palmario de las constancias de la causa en desmedro de las garantías constitucionales del justiciable. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Competencia federal, obras sociales, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICIENCIA EN BS.AS. c/ MORGAN, Alberto s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-26

Si en la demanda se solicitó la citación de la obra social, en los términos del art. 94 del Código Procesal, de acuerdo a lo previsto en el art. 38 de la ley 23.361, no sólo es formalmente aceptable su facultad de oponer excepciones, sino que corresponde la competencia federal, pues la obra social, citada como tercero, tiene derecho a arrastrar con su competencia originaria a los litigantes principales entre los que se plantea la controversia.
Acto administrativo, legalidad objetiva, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

Mientras que las tutelas "política" y "administrativa" de la legalidad de los actos administrativos han sido establecidas en el interés general y con el objetivo de la conservación de la legalidad y de la conveniencia en la gestión de la Administración Pública, la tutela "jurídica" tiene siempre, como finalidad inmediata, la tutela de los derechos e intereses individuales (aunque su resultado último sea también la regularidad de la acción administrativa), es decir, una prevalente finalidad de justicia.

Precisamente, por ser ésta su función primordial, el "conjunto de los medios a través de los cuales se realiza esta forma de tutela" suele ser denominado "justicia administrativa".
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, ordenanzas municipales, Municipalidad, servicio público, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Glikstein y Cía. SACIAM c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 304-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-25

No constituye óbice para que proceda el recurso contencioso administrativo interpuesto a efectos de lograr la anulación de los actos administrativos impugnados -por los cuales se pretendía el reintegro de los gastos efectuados por la Municipalidad en el relleno de pozos abiertos por la actora-, las defensas opuestas por la demandada en cuanto invoca que el permiso de apertura de la vía pública otorgado a la empresa actora se encontraba largamente vencido y los pozos en cuestión no contaban con señalización ni vallas -lo que a su entender revelaba una negligencia de la empresa por haber abandonado los trabajos-, si la Municipalidad demandada ignoró la normativa aplicable -Ordenanza Municipal de Rosario Nº 3168/82- que preveía expresamente el procedimiento a seguir por la Administración ante incumplimientos como los invocados. En ese orden la prolongada inactividad de la recurrente en lo referente al cierre de los pozos de la vía pública, contraviniendo las obligaciones a su cargo, no resulta excusa suficiente a efectos de justificar la omisión por parte de la demandada del cumplimiento de las disposiciones que regían su accionar; en efecto, las circunstancias señaladas por el ente territorial lo facultaba para ejercer todas las atribuciones atinentes al poder de policía, tomando las medidas e, inclusive, imponiendo las sanciones que las disposiciones aplicables preveían.
Caducidad de instancia, retiro del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: PINCOWITZ SABELA MARTA - EXPTE. N° 29.170 c/ YACOPINI LUCÍA ENRIQUETA Y OTS. s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-06-21

El retiro en préstamo del expediente no es causal de suspensión del curso de la perención. El hecho que el expediente haya estado en poder del perito ingeniero sorteado en la causa por un plazo mayor al de caducidad, no impide que ésta se opere; pues las partes tienen la posibilidad de obligar a quien lo retiene, que lo devuelva en un plazo perentorio.
Excusación, violencia moral
Materia: PENAL
Carátula: STEINBERG, JOSE s/ Contrabando, incidente de inhibitoria Causa 33438
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-14

Corresponde rechazar la excusación del magistrado basada en la violencia moral que dice haber sufrido y en resguardo de una recta administración de justicia, pues tal motivo no encuadra en ninguna de las causales que enumera el Código procesal penal.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Carrera, Alberto Germán c/ José Aiello e hijos S.A. y otro s/ Indemnización por enfermedad accidente y accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

La circunstancia que la demanda se haya iniciado antes de que al accionante le notificaran la disposición administrativa ya dictada en el marco de la ley 10.149 fijando la indemnización por infortunio de trabajo no altera la naturaleza de la misma en tanto no resulta posible declinar la instancia administrativa en esa etapa del procedimiento.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganino de Di Cosmo, María Carmela c/ Berardi, Alfonso y otros s/ Daños y perjuicios Dillon, Jorge c/ Etchepare de Bigot, María s/ Escrituración - Cobro de pesos - Daños y perjuicios A., S. C. c/ G., O. s/ Rendición de cuentas y liq. soc. conyugal Otondo, José Alberto c/ Amezaga, Ernesto y ot. s/ Escrituración Lalla, Julio César c/ Ferreyro de Azar, María Cecilia s/ Escrituración Petrosini de Di Risio, Matilde c/ Ponce, Raúl A. y otros s/ Daños y perjuicios Gioia de Costa, Ana María c/ Ponce, Raúl Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20|1988-06-07|1992-08-11|1990-11-20|1995-03-28|1994-06-07|1993-12-28

Si bien es la sentencia como unidad la que debe estar fundada en ley y no cada uno de sus considerandos o conclusiones, ello es así en tanto se trate de una argumentación sobre un mismo tema, pero cuando se abordan cuestiones esenciales netamente separables es menester que todas estén fundadas en ley individualmente como lo exige el art. 159 de la Constitución de la Provincia.
Per saltum, improcedencia del recurso, medida cautelar innovativa, gravedad institucional, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SUPERMERCADOS NORTE S.A. c/ BANCO DEL TUCUMAN Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-04

En el caso, la pretendida arbitrariedad, ilegalidad o inconstitucionalidad de la resolución que se controvierte -sentencia que dispone, como medida cautelar innovativa, que el Banco del Tucumán S.A. acredite en las cuentas operativo FET, a nombre de Supermercados Norte S.A., Casa Lozano S.A. y TIA S.A., las cantidades de bocade que se indican, las que deben ser debitadas de cualquier cuenta de la Provincia de Tucumán donde existan fondos- se funda, especialmente, en que se habría dispuesto efectivamente un embargo sobre cuentas públicas con el "disfraz" de una medida cautelar innovativa, y en la violación del principio de congruencia y de normas de orden público.

Asimismo, se sustenta esencialmente la apertura de esta excepcionalísima vía procesal, en el grave e irreparable daño que, con aquella medida, se habría inferido a la operatoria de canje de bocade por pesos, todo ello en la forma y con los alcances reseñados precedentemente.

Sin embargo, de los términos de la presentación de marras se desprende que la alegada gravedad institucional no ha sido adecuadamente acreditada, ya que de su simple lectura no se advierte la razón por la cual la medida cautelar adoptada traiga aparejado el efecto catastrófico para la sociedad, gobierno y habitantes, y la profunda afectación a la mencionada operatoria que se pregona, la que lejos está de resultar obvia o notoria, y no puede derivarse razonablemente, con la manifiesta evidencia que se requiere, de su mera invocación o alegación o de la categórica atribución de efectos frustratorios o impeditivos del operativo de canje de bocade por pesos y del pago de salarios a eventuales situaciones vinculadas a otros juicios.

No debe perderse de vista, además, en orden a la gravedad institucional invocada, que se encuentra en marcha el proceso de canje en cuestión, en cuya virtud éste se efectúa, en un primer momento, a través del mecanismo de la licitación por parte de los tenedores que se encuentren en determinadas condiciones o cumplan con ciertos requisitos y demás recaudos preestablecidos en la normativa aplicable.

Es así que, en lo que respecta al tema traído a decisión -solicitud de avocación "per saltum"-, la peticionante no demuestra adecuada y suficientemente la concurrencia de los extremos señalados que habilitan la vía excepcionalísima intentada, a fin de conseguir pronunciamiento de este Tribunal.
Desafuero, trámites judiciales
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Causa contra GUZMAN, Silvia s/ Malversación, Peculado, Violación a los Deberes de Funcionario  Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-09-30

La información sumaria a la que alude el artículo 185 del Código de Procedimientos debe ser suscinta, breve, casi un extracto, para ver si existe mérito o no para procesar y en consecuencia solicitar el desafuero.No podría realizarse tal información llamando al imputado para que realice su descargo, controle y ofrezca pruebas ya que así se desvirtuaría totalmente el instituto de la información sumaria.

Por otra parte, cuando una persona está sindicada de participar de un delito, la única declaración que puede recibírsele es la indagatoria, y tal declaración en la persona de un legislador no procede si aún no se la ha desaforado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sarno, Alicia de las Nieves c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-16

La inhabilidad que genera el bloqueo parcial o total de título afecta a aquellos agentes que se ven impedidos de ejercer libremente su actividad profesional en forma particular atento las incompatibilidades que pueden originarse por la oposición de intereses del empleado público con los propios de la Administración, que siempre deben prevalecer.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, recurso de queja (procesal), depósito previo, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Giordano, Fiore c/ Autolatina Argentina  S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

No corresponde hacer lugar al pedido de regulación de honorarios del letrado que interpuso un recurso de hecho, en el que se tuvo al recurrente por desistido, por no haber dado cumplimiento a la intimación de integrar el depósito que determina el art. 286 del Código Procesal, recaudo esencial para la viabilidad de la queja.
Municipalidad, personal municipal, ausencias injustificadas, sanciones disciplinarias administrativas, vista de las actuaciones, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agencia Marítima Christophersen S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 159 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

En el precedente "Mansilla" esta Corte analizó la constitucionalidad del artículo 65 de la ley 9286 -Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades de Comunas de la Provincia- en cuanto establece que, en el supuesto del artículo 63, inciso "a" -inasistencias injustificadas que excedan los diez días continuos o discontinuos en los doce meses inmediatos anteriores- la cesantía puede ser aplicada previa vista al imputado por setenta y dos horas; en otras palabras: sin necesidad de instruir un sumario administrativo, concluyendo que "la no exigencia de sumario para estos supuestos no resulta violatoria de la Constitución, en cuanto que recurrir a un complejo procedimiento sumarial no resulta imprescindible tratándose de la simple comprobación de inasistencias. Basta el descargo -mediante el cual se ejerce el derecho de defensa- para dar ocasión a que se justifiquen aquéllas y, desde luego, a la producción y valoración de la prueba que ofrezca el empleado en su disculpa".
Impuestos internos, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Massalín Particulares  S.A. c/ Resolución  nx37/90    de la Subsecretaría de Finanzas Públicas de la Nación. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

No puede argumentarse que las facultades conferidas a la Secretaría de Hacienda por el art. 32 de la Ley de Impuestos Internos no se trasmitieron a la Secretaría de Ingresos Públicos y luego a la Secretaría de Finanzas Públicas, pues la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se suponen en el legislador.
Juicios en que es parte una provincia, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, acumulación de acciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Santucho, Ana Cristina c/ Estado Nacional y otros s/ hábeas data.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La acción de habeas data deducida contra el Estado Nacional y una provincia con el fin de obtener información sobre datos personales obrantes en registros oficiales, no es de la competencia originaria de la Corte, si no procede la acumulación subjetiva de pretensiones.