marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jiménez Leticio Anacleto c/ Microómnibus N.Avellaneda S.A. Línea 271 s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-07

Se eleva el monto indemnizatorio por incapacidad física parcial y permanente, en consideración a estimar muy incidente en la vida, tanto de relación como laboral, la existencia de una dificultad deambulatoria, producida por una renguera, secuela del accidente.

Asimismo se tuvo en cuenta, para elevar el daño psíquico la influencia que la minusvalía anotada tuvo en la víctima.
Despido sin causa, confirmación de sentencia, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: VALDES LUCAS DANIEL c/ BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN S.A. s/ DESPIDO DIRECTO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-24

La jurisprudencia ha dicho en casos similares que: "Atento las constancias referidas y el derecho aplicable, no queda más que confirmar en lo principal lo resuelto, la patronal decide despedir en forma directa y con causa al operario, en consecuencia, debió probar claramente el hecho denunciando en la comunicación transcripta. Más ninguna prueba ha arrimado a autos, ya que la documentación que menciona, ni siquiera ha sido adquirida válidamente en el proceso, teniendo en cuenta que fue desconocida y no ha sido ratificada en forma alguna". ("NUÑEZ MARCELO EZEQUIEL CONTRA CBS SRL S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES", (Expte. Nº 396882/9), Cámara de Apelaciones Neuquén, sala III). (Del voto de la Dra. Gabriela B. CALACCIO).
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: GUARRO Leticia Beatriz c/ Concesionario de Punta Tabasco y Otros s/ Daños Y Perjuicios - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-25

La falta de legitimación para obrar, según así la denomina el Código procesal, sólo se refiere a la falta de calidad de titular del derecho invocado por parte del actor, o la falta de calidad de obligada por parte del demandado, la falta de calidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, lo que determina la procedencia de la falta de legitimidad para obrar.

La ley ritual respecto al trámite de la excepción de falta de legitimación activa, contiene una previsión específica relativa al traslado y contestación de las defensas. El art.334 contempla, que con el escrito en que se propusieren las excepciones se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante.- De todo ello se dará traslado al actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito.
Derecho al recurso, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El derecho al doble conforme en resguardo de la inocencia presumida -art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- exige como único requisito que sean magistrados diferentes a los que ya juzgaron el caso los que cumplan con la revisión amplia, no cumpliendo con tal exigencia el margen revisor que tiene la Corte mediante el recurso extraordinario federal, que deja una cantidad de aspectos esenciales que no podrían ser abordados sin poner en crisis el propio alcance de la excepcional vía de competencia del máximo tribunal constitucional.
Régimen de consolidación de deudas, Banco Central de la República Argentina, ejecución de sentencia, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Meyer, Roberto c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-11

Corresponde revocar la sentencia que resolvió dogmáticamente el rechazo de la apelación y, por ende, omitó considerar las argumentaciones traídas por el Banco Central de la República Argentina, entre las que se encontraba la falta de aplicación de las normas de consolidación de deudas del Estado Nacional al pago del monto de la liquidación ya que, sin dejar de reconocer las amplias facultades de los jueces de la causa para calificar los recursos y peticiones de las partes, el fallo exhibe defectos de fundamentación que afectan en forma directa e inmediata el derecho de la demandada a obtener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional y la garantía del derecho de defensa en juicio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Medidas cautelares, AFIP, sociedades mutuales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "FEMUCA  PCIA  DE  Bs.  As. c/ EN AFIP DGI-RESOL 1815/05 (RG) s/ Medida Cautelar (Autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10

Deben suspenderse los efectos de la resolución 1.815/05 ordenándose a la AFIP que se abstenga de aplicarla a las entidades mutuales asociadas a la actora hasta tanto se resuelva el reclamo administrativo deducido en los términos del art. 24 de la ley 19.549.
AFIP DGI, escribanos públicos, obligaciones del escribano, deber de información, capacidad contributiva
Materia: TRIBUTARIO-CIVIL
Carátula: Suárez Bras, Silvia A. c/ Dirección General Impositiva. s/ Resolución General N° 4056/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

La obligación impuesta a los escribanos por la resolución general 4056/95 de la Dirección General Impositiva de brindar información sobre determinadas manifestaciones de capacidad contributiva no se exhibe como inadecuada a los fines perseguidos ni consagra una inequidad manifiesta.
Requerimiento de instrucción, denuncia anónima
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: PRINCIPE, Luis s/ REQUERIMIENTO FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-11

El requerimiento fiscal es idóneo y suficiente como forma de iniciar la investigación de los hechos, pues ese ministerio debe ejercer la acción penal aun de oficio, tratándose de delitos de acción pública, sin perjuicio del carácter anónimo de la "notitia criminis".
Tenencia de armas, competencia provincial, delitos comunes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Canal, Cintia Yanina y otros c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-12

Es competente la justicia local para entender en la causa en la que se investiga a los imputados por infracción al art. 189 bis de Código Penal, pues se trata de un delito de índole común, y no se advierte en los hechos ninguna circunstancia que pueda hacer surtir la jurisdicción federal, de naturaleza excepcional y restringida. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Accidente de tránsito, legitimación pasiva, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: Garay , Oscar Luis c/ Herlein , Lucas Leandro y ot. s/ sumario (y su acumulado " Zabalegui Garay , Ximena c / Herlein , Lucas Leandro y otras s / ordinario , Expte. Nº 6036
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-15

En orden a la procedencia de la acción instaurada contra todos los intervinientes, el tercero víctima en un accidente de tránsito no tiene que investigar su mecánica, pudiendo dirigir su acción hacia todos los protagonistas -en forma conjunta o alternativa-, sin perjuicio de las eventuales acciones que éstos últimos puedan ulteriormente entablar entre sí. El mentado principio no es absoluto y cede cuando se establezca que fue uno de los conductores el que ocasionó el siniestro por su exclusiva culpa.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, excepción de prescripción, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Crespo, Vda. de Barroso, Leonor Pierina c/ Ejército Argentino. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que para hacer lugar a la excepción de prescripción negó que la resolución emitida por la demandada constituyera un reconocimiento del derecho en los términos del art. 3989 del Código Civil, no obstante que el razonamiento de ésta no sólo no cuestionó sino que implicó admitir que por dicha resolución había reconocido el derecho de su contra- ria, por lo que el fundamento del tribunal de alzada constituyó un exceso de competencia que vulnera la defensa en juicio.
Trabajadores marítimos, trabajadores portuarios, remuneración, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: GAY, JUAN EMILIO HIPOLITO Y OTROS c/ ANTONIO FERRO E HIJOS s/ SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1968-07-03

"Con anterioridad a la sanción de la ley 17.371 lo liquidado en concepto de manutención y bonificaciones a los tripulantes de buques afectados al transporte fluvial y portuario, según el artículo 988 del código de Comercio y convenciones colectivas aplicables a esa actividad, integraba el salario computable para la liquidación de horas extraordinarias".
Causa de las obligaciones, Superior Tribunal de Justicia
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Municipalidad de Rafaela c/ Plaza Recova S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-12-12

Si bien es cierto que en los apremios fiscales -en principio- no cabe discutir la causa de la obligación debiendo limitarse el debate a la exterioridad del documento fundante de la ejecución, ello no implica que los formalismos se exageren hasta el extremo de admitir una condena sobre la base de una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta, o en caso de incumplimiento de los trámites exigidos por la ley para la expedición de una boleta de deuda. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 271, p 466/471. - DOCTRINA: "Derecho financiero", Tomo II, Giuliani Fonrouge, La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 716.
Prueba, absolución de posiciones
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ ZULMA LEONOR c/ BENITEZ SIMEONA DELIA Y/O PROPIETARIOS DEL HOTEL Y COMERDOR DOÑA DELIA s/ Cobro de pesos (Dif. Salariales, Aguinaldo, Preaviso, Vac. no goz,  Indemn. doble)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-05-23

Siempre que la confesión reúna los requisitos necesarios se halla dotada, por disposición legal, de una eficacia probatoria de carácter privilegiado, ya que por sí misma es suficiente para tener por probados los hechos sobre los cuales recae -Ver: Palacio, L., "Derecho Procesal Civil", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As 1977, Tº IV, págs. 542/3-.
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hergenrether, Olfa Elena c/ Novoa, Angel Antonio y Otro s/ Preprara vía ejecutiva - Hoy ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-08

El mandato debe ser interpretado con criterio restrictivo, pero este principio no obsta a que se investigue racionalmente la voluntad del mandante. El otorgado especialmente para actos de una naturaleza determinada, debe limitarse alos actos para los cuales ha sido dado y no puede extenderse a otros actos análogos, aunque éstos pudieran considerarse como consecuencia de los que el mandante ha encargado hacer. Si se autoriza a obtener desalojo y cobro de pesos que hubiere ocasionado el ocupante, no puede demandarse al fiador, y admitiendo la excepción de falta de personería, deberá el a-quo emplazar a la actora a subsanar el defecto, bajo apercibimiento de tenerla por desistida del proceso al respecto.-
Procedimiento judicial de la seguridad social, juicio sumario, impulso procesal, impulso de parte, responsabilidad del abogado, deberes del juez, caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PALMA, RAFAEL RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

El carácter sumario de las acciones previsionales tiene en mira la pronta definición de los derechos reclamados; derechos que, por su propia índole, no admiten dilación. De allí que la idea primordial sea lograr el pleno y eficaz conocimiento del juez de las pretensiones de los justiciables (anciano, incapaz, etc.) en el menor tiempo posible. Celeridad que implica, necesariamente, la responsabilidad y decisión de los letrados de impulsar el procedimiento a efecto de arribar a ese resultado, pero no la del Tribunal en declarar de oficio la caducidad de la instancia, y con ello, al planteo posible de un nuevo juicio donde las normas sociales, en lugar de traducir la defensa de contingencias tan caras al espíritu humano como la vejez y la incapacidad son, en realidad, escollos que se colocan a sus justas demandas. (Disidencia del Dr. Fernández)
Procedencia parcial, daño moral, daño punitivo, daño material, apreciación de la prueba, suministro de energía eléctrica, incumplimiento del contrato, ley vigente
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Herrera, Marina Alejandra c/ Empresa Provincial de Energía Córdoba (EPEC) s/ abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-21

Procede hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación articulados por la parte actora y la parte demandada, y en consecuencia hacer lugar al reclamo indemnizatorio por daño moral con más los intereses desde la fecha del hecho lesivo hasta su efectivo pago -fijados en la tasa pasiva que publica el BCRA con más un dos por ciento nominal mensual-, confirmar la condena impuesta en concepto de daño material y revocar la condena por daño punitivo -todo ello en el marco de la demanda por daños y perjuicios instaurada-. Para decidir así, se señala que si bien el daño moral derivado del incumplimiento contractual es de interpretación restrictiva, las características del caso permiten inferir "in re ipsa" la existencia del mismo, toda vez que resulta innegable que el incumplimiento del contrato de energía eléctrica genera en los usuarios perturbaciones de distinto tipo y alcance que pueden englobarse en la categoría del daño moral -art. 522 del Código Civil-. En cuanto al daño material en concepto de la reparación de los artefactos eléctricos afectados, vale decir que se ha acreditado la adecuada relación de causalidad de los perjuicios con el hecho dañoso, con excepción de aquellos aparatos que no fueron declarados por la usuaria. Por último, ha de precisarse que la figura del daño punitivo incorporada por la Ley de Defensa del Consumidor en su art. 52 bis, no obedece de manera matemática al acaecimiento de un determinado hecho lesivo, es decir que no cualquier incumplimiento se hace merecedor de este tipo de sanción responsable del perjuicio; de lo contrario debería ser automáticamente reconocido cada vez que se pruebe una violación al contrato establecido entre las partes, lo que es claramente inadmisible. Por el contrario, requiere un factor de atribución subjetivo que debe ser apreciado con carácter restrictivo y las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. En este marco normativo, no resulta razonable considerar que en el caso los hechos suscitados se encuentren reuniendo los extremos para que proceda el resarcimiento por dicho rubro, desde que la demandada no ha incurrido en conductas de gravedad que merezcan un reproche subjetivo y justifiquen la aplicación del instituto, o en la obtención de un beneficio económico de importancia.
Recurso de casación penal, interposición del recurso
Materia: Procesal Penal
Carátula: P., O. c/ G., C. y-o E. "E. Ch. S.A.C.I" s/ Querella Criminal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-16

Si la ley prescribe desierto el recurso de casación cuando en el término del emplazamiento no compareciera el impugnante a mantenerlo, ni se produjera adhesión, es porque tal actividad no se perfeccionó conforme uno de los requisitos que exige su admisibilidad formal. Y no equivale, como razona el querellante, ejecutar el acto dentro de los términos rituales, a enviarlo desentendido de las mandas que rigen las válidas consecuencias de su efectivo arribo, so riesgo de confundir, erróneamente, el cargo del mero remito con el que debe insertarse luego de acaecida, de cualquier manera, la expresión jurídica. Esta es un acto procesal, aquélla una circunstancia intrascendente.
Ejecución hipotecaria, intimación de pago, mora del deudor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: META, Diana A. y otros c/ MUSERI, Salomón O s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-15

Los efectos de la intimación de pago que prescribe el art. 53 de la ley 24.441, no tiene por finalidad constituir en mora al deudor sino que presupone que ya está incurso en dicha situación, ya que establece que en caso de mora en el pago del servicio de amortización o intereses de deuda debe intimarse al deudor por medio fehaciente para que pague, advirtiéndole al acreedor que, de no mediar pago íntegro de la suma intimada, el inmueble será rematado por la vía extrajudicial.
Incidente de nulidad, acusación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: IRRAZABAL, Bernabé s/ NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-17

Es procedente la formación de incidente de nulidad para cuestionar la validez de la acusación fiscal y no obstante haber concluido el sumario, en la medida en que el planteo se dirija a obtener la nulidad inmediata de actos esenciales del procedimiento y no otros cuyo análisis pueda concretarse al momento de dictarse sentencia, evitándose la prosecución de un proceso inexorablemente inválido, situación que traería aparejado un innecesario desgaste jurisdiccional.

Se citaron: Sala IV causa 29.321, "Arnedo, M" del 2-10-84 y causa 29.742, "Val, Héctor M." del 19-3-85.
Contratos administrativos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Padulo, Roberto Enrique c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Los créditos provenientes de un contrato de obra pública se encuentran sujetos a normas administrativas que rigen dicha vinculación y el interesado debe someterse a ella, no pudiendo sustraerse por su voluntad al cumplimiento de disposiciones de derecho público.
Procesos especiales, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLARROEL Mario Alfredo y Otro c/ Ministerio de Salud Pública s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31

"Si bien el reclamo en sede administrativa no obsta en forma absoluta la acción de amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional -en el caso, la actora envió una carta documento cuando la demandada le dejó de liquidar el adicional por inhabilitación de título-, ello es en la medida en que se alegue y demuestre que por alguna razón el reclamo ante la sede administrativa no será ya idóneo para reparar el derecho que se entiende violado, pues, de lo contrario el proceso de amparo derogaría todas las formas ordinarias específicas para reclamar derechos".

Por lo que si en el escrito de la acción de amparo deducida se indicó que a los accionantes se les están realizando descuentos en los haberes en razón -según indicaban- de supuestas inasistencias sin justificar, como que reclamaron en "sede administrativa" por el horario a cumplir, y que se inició por parte de la administración un sumario administrativo por faltas injustificadas, habiendo "protestado" por el descuento efectuado en el descargo del sumario referido, y no se ha alegado ni demostrado que por alguna razón el reclamo realizado ante la sede administrativa no será ya idóneo para reparar el derecho que se entiende violado, corresponde rechazar el recurso propuesto, con costas.

Es que el amparo en tales circunstancias resulta inadmisible, ya que se encontraría pendiente un pronunciamiento administrativo sobre la misma materia que motiva dicha acción, y la existencia de vías legales para la protección de los derechos presuntamente lesionados excluye, en principio, la admisibilidad de la demanda de amparo máxime cuando la propia parte recurrente alegó la existencia de planteos efectuados por los propios actores sobre la cuestión en sede administrativa.

Por ende, existiendo cuestionamiento concreto en dicha sede administrativa y no habiéndose demostrado la falta de idoneidad de dichas vías ordinarias, debe confirmarse la sentencia impugnada, ya que lo contrario importaría la derogación de los procedimientos para la defensa de los derechos en el ámbito administrativo.
Impuesto a las ganancias, beneficios previsionales, edad avanzada, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-26

Aun cuando la edad de la actora al momento de iniciar la demanda (79 años) pueda determinar que, en la mejor interpretación del art. 75 inc. 23, deba incluírsela en la categoría de "persona anciana" y que, por lo tanto, puedan tomarse medidas de acción positiva a su respecto, no implica que la actora tenga, por el hecho de pertenecer a esa categoría, un derecho a no tributar (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, vicio de irrazonabilidad, recurso contencioso administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, acto administrativo firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LAROMET S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-11

Cuando la mayoría de la Cámara declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo en la sentencia de fondo, se apoyó en la exigencia establecida en el artículo 7 de la ley 11330 en cuanto resulta necesaria la revocatoria ante el Gobernador para considerar agotada la vía administrativa previa, y en que existe un acto administrativo individual -de determinación de efectos de la anulación general dispuesta por el decreto 3199- consentido por la actora por la no interposición en tiempo y forma del recurso de revocatoria previsto en el artículo 42 del decreto 10204/58, a lo que añadió el Tribunal que la firmeza del acto (refiriéndose al decreto impugnado) no puede ser soslayada o relativizada en tanto la técnica del acto firme impregna todo el proceso de la ley 11330 y lo transforma en irrecurrible por ser insusceptible de revisión judicial, y que por lo demás, no se dan los presupuestos excepcionales que permitirían aplicar la doctrina de la ineficacia cierta invocada por la actora; mas al resolver de ese modo los Sentenciantes soslayaron las especialísimas circunstancias de la causa, tales como que el decreto impugnado que declara la inexistencia de deuda a favor de la contratista había sido dictado luego de un procedimiento de revisión iniciado por la propia Administración en 2007 (producto de la anulación parcial por parte de esta Corte del decreto 3199/93), que el trámite administrativo había insumido veinte años, que durante ese tiempo se había destacado la articipación de la interesada en el modo gestión de intereses, que para llegar al dictado de dicho acto se habían confeccionado una multiplicidad de informes, liquidaciones y dictámenes y se habían expedido todas las oficinas técnicas de los Ministerios pertinentes y Fiscalía de Estado, y que, finalmente, la decisión había sido adoptada luego de resultar procedente un amparo por mora interpuesto por la empresa ante la Justicia. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 7; Decreto Ley 10204/58; Decretos 3199/93 y 4128/13. - Jurisprudencia vinculada: Laromet, AyS T 325, p 290/300, sumario J0051234.