marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Régimen de consolidación de deudas, beneficios previsionales, intereses
Materia: ECONOMIA
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Pennacchiotti, Héctor Norman c/ ANSeS s/ reajuste de haberes c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-07

El art. 39 de la ley 26.337 y la resolución 12/04 de la Secretaría de Seguridad Social dispusieron la cancelación de los créditos en efectivo en razón de la edad avanzada o de la gravedad del estado de salud de los acreedores; esta modalidad de pago -contemplada también por las leyes 25.967, 26.078 y 26.198 y extendida a todas las obligaciones previsionales por las leyes 26.422 y 26.546- constituye una de las alternativas previstas por el régimen de consolidación e importa la obligación de adicionar intereses al monto de la condena en los términos de los arts. 6° de la ley 23.982 y 12, anexo IV, del decreto 1116/00 reglamentario de la ley 25.344, lo que obsta a que se le atribuya carácter de rescate anticipado de los títulos o de sustitución del medio de pago como pretende el apelante. -Del precedente "Echevarría" al que la Corte remite-.
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayorista del Plata S.A. c/ Cometti Guillermo s/ Cobro ejecutivo Banco Mayorista Del Plata S.A. c/ Mutual Metalúrgica San Nicolas. s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-22|1997-06-24

Opuesta excepción de falta de personería fundada en la carencia de legalización del testimonio de mandato aportado por la actora y siendo que la misma habíase desglosado del expediente, sin recibir tampoco el excepcionante la pertinente copia, surge claramente que éste fue informado indebidamente acerca de la inexistencia de tal legalización. En consecuencia cuando excepcionó lo hizo sobre la base de constancias que debía proveer con suficiencia su contendor, por lo que le asistió razón al oponer tal excecpción -ante el defectuoso mandato- y las costas deben recaer sobre la parte que originó la situación, o sea la actora (art. 76 CPC).
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, sentencia, parte dispositiva, hechos nuevos, cuestión abstracta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BALAGUER ANTONIO Y JUANA ALCALDE DE BALAGUER c/ EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE MENDOZA SOC. DEL ESTADO s/ Repetición Pago Acción Declarativa (LIBRO: S070 - 438)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-02

No todo hecho nuevo sobreviniente modificativo de los derechos litigiosos provoca omisión de pronunciamiento. Debe estarse a las particulares circunstancias de la causa, y la no violación del derecho de defensa.
Beneficios previsionales, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Vila, Juan Diego c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-19

Reviste un carácter axiomático, que el objetivo del derecho previsional, su causa final, es cubrir riesgos de subsistencia y ancianidad.
Encargados de casas de renta, registros laborales, prueba del contrato de trabajo, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: OJEDA, Jesús c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO URIARTE 1246 s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-31

Las indemnizaciones establecidas en el Capítulo I del Título II de la ley 24013 contemplan los supuestos de incumplimiento por parte del empleador que no registrare la relación laboral o que lo hiciera en forma defectuosa. Tales situaciones no están contempladas por la ley 12981, por ello, no son incompatibles en la medida en que no resultan menos favorables para el trabajador y no comprometen el orden público laboral.
Sentencia condenatoria, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Manfredi, Luis y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-08

El artículo 55 del Código Penal remite al máximo legal de la especie, estableciendo así una regla dinámica que vincula la determinación del máximun a lo establecido como asimismo a las modificaciones que el legislador produzca en la parte especial. "La distinta naturaleza de los delitos que componen el libro segundo, en nada empece a la operatividad de la regla del art. 55 del libro primero" y "Ni del debate parlamentario ni de la letra de la reforma surge la intención del legislador de evitar estas consecuencias sistemáticas que eran previsibles al alterar tan ostensiblemente los máximos de las penas privativas de la libertad". (Voto del Dr. Riggi).
Intereses punitorios, cómputo de intereses, cláusula sin protesto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montemar C.F.S.A. c/ Stella Maris Cabrera y Ots. s/ Prepara vía Ejecutiva (LIBRO: S139 - 087)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-13

El protesto no es sino un acto de naturaleza formal que sirve para demostrar de manera auténtica que la letra fue presentada para su aceptación o para su pago, pero si el obligado insertó una cláusula de dispensa de protesto, está eximiendo de la obligación de probar la presentación al tenedor legitimado del título, careciendo por tanto de asidero lógico imponerle la carga de la prueba de esa presentación, cuando se lo ha eximido de la utilización del medio idóneo establecido por el legislador para probar tal extremo. Sabido es que la presentación del documento a la vista para su pago, produce la determinación de su vencimiento y a partir de allí correr automáticamente por imperio de la ley los intereses moratorios o legales, como también los punitorios. Es decir no hay mora sin vencimiento de la obligación, por lo que aquella necesariamente presupone éste y a partir de allí se produce el devengamiento de intereses moratorios y punitorios.
Ejecución fiscal, temeridad o malicia, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: O.S.N. c/ S.A.C. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

Es improcedente la aplicación de sanciones por el comportamiento extraprocesal de las partes.

El certificado emitido por Obras Sanitarias de la Nación en el que consta una deuda inexistente que dio lugar a la correspondiente excepción de pago que fue admitida, es conducta extraprocesal que no puede ocasionar sanciones en los términos del art. 45 del Código Procesal. Abona este criterio la circunstancia de ser la actora una empresa estatal compleja, que presta un servicio público en base a una organización cuyas deficiencias burocráticas son notorias desde hace ya decenios. Es esta una realidad que no puede pasarse por alto y que, entonces, desdibuja la noción de actuación temeraria en juicio, sin perjuicio del reproche que, desde el punto de vista de la organización administrativa, puede merecer la estructura burocrática y los errores e ineficiencias que produce.
Medidas cautelares, gravamen irreparable, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros  Alianza (S.A.  de Construcciones Navales Ind. Com. y Fin. c/ E.N. (P.E.N.) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-09

Si bien las resoluciones atinentes a medidas precautorias no son susceptibles de recurso extraordinario por no constituir sentencia definitiva, dicho principio reconoce excepción cuando la medida dispuesta causa un agravio que por su magnitud y circunstancia de hecho, pudiera ser irreparable (C.S.J.N. 251:162, 257:301) máxime si se tiene en cuenta, además, el largo tiempo transcurrido desde el dictado de la medida.

En tales condiciones la eventualidad del perjuicio que podría irrogarse resulta de importancia tal como para aceptar que la revisión por la C.S. podría constituir la única vía efectiva y oportuna, en el caso, para la defensa del derecho que se invoca.
Contrato de obra pública, mayores costos, contratista, jurisprudencia vinculante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Scattolini, Oscar Aurelio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 566-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-03

El solo hecho de que en algún caso específico la Provincia hubiera reconocido los mayores costos derivados del aumento del gasto financiero respecto de una empresa en particular, no resulta por sí suficiente para determinar que, en la concreta situación del recurrente de autos, estén dadas las condiciones para que corresponda dicho reconocimiento, sobre todo por que, en el caso, ninguna explicación se propone a los fines de, al menos, intentar establecer puntos de contacto entre las circunstancias caracterizantes de los casos que se mencionan y el que ahora se trae a conocimiento de la Corte, y porque el incremento del costo financiero solicitado, estuvo o debió estar dentro del marco de previsión del oferente antes de presentar su propuesta y que tampoco puede sostenerse, respecto de la obra pública respectiva, la existencia de un aumento imprevisible.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ADM. SUC. HIGINIO DIAZ c/ CARLOS MANRIQUE s/ Ordinario (LIBRO: A067 - 142)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-18

La notificacion de emplazamiento al perito, que previamente no se ha notificado a la parte demandada de su designacion, conforme lo requieren los arts. 19 ap. IV, en funcion con el 68 ap. XIII, VIII y X del C.P.C., no es acto interruptivo.-
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, bonos de consolidación, Banco Nacional de Desarrollo
Materia: PROCESAL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ UZAL SA s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

No podrá ser abonada la tasa de justicia mediante la entrega de bonos de consolidación, desde que dicha forma de pago, en razón de la naturaleza de éstos, lo preceptuado por el art. 14, Ley 23.982 y lo dispuesto por el art. 3, inc. a), Ley 23.853, no resulta procedente, por cuanto el Poder Judicial de la Nación no se encuentra alcanzado entre las previsiones del art. 2°, Ley 23.982 (cfr. CNFed. Cont. Adm., Sala III, in re "SADE SACCIFIN c/Yacimientos Carboníferos Fiscales", del 2.9.93).
Superior Tribunal de Justicia, recusación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: DOMINGUEZ, DARIO GABRIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECUSACIONES)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-01

Corresponde desestimar las recusaciones formuladas contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuestionando el haber dispuesto mediante Acordada el traspaso de un magistrado al Nuevo Sistema de Justicia Penal desde que dicha decisión constituye una resolución de gobierno de carácter general en ejercicio de facultades conferidas por la Legislatura Provincial y en el marco del esquema regulado para la puesta en marcha, implementación y consolidación del nueva sistema de investigación y enjuiciamiento criminal y, en consecuencia, este Tribunal ha intervenido en una cuestión institucional de carácter general por expreso mandato de la Legislatura y en ejercicio de facultades otorgadas tanto por imperio constitucional como por imposición legal, como lo son la representación del Poder Judicial de la Provincia, la superintendencia general de la administración de justicia o gobierno del Poder Judicial y el dictado de los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial.
Validez del acto administrativo, elementos del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.J.G c/ I.S.S Y S s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-10

El examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables. Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido". Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan "...con la competencia, con la forma y con los procedimientos esenciales..." que todo acto administrativo debe cumplir. El objeto es lo que éste decide, certifica u opina y en todos los casos debe ser cierta, física y jurídicamente posible" la "causa los hechos y antecedentes en que el acto debe sustentarse y el derecho aplicable, en tanto que "motivación es la expresión de las razones que inducen al órgano a emitir el acto correspondiente.
Patentes, patente extranjera, revalidación de patente, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Unilever NV. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Por imperio del decreto 621/95, la actora tiene derecho a que las solicitudes de patentes de reválida presentadas en junio y julio de 1995 sean examinadas a la luz de la ley 111 de Patentes de Invención (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, facultades disciplinarias, resoluciones irrecurribles, competencia, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rufino, Fernando y Aversa, Edmundo Dante s/ Recurso de inconstitucionalidad - Empleado judicial - Sanción   disciplinaria (Expte.: C.S.J. Nro. 664 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

No puede soslayarse el derecho de los justiciables a que sus planteos constitucionales sean atendidos y resueltos en sede judicial. El derecho a impugnar judicialmente actos dictados por el Poder Judicial en el carácter de autoridad administrativa ha sido destacado por el propio Alto Tribunal Nacional, el cual ha considerado que el cercenamiento de tal instancia revisora vulnera la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. Yen atención a la doctrina de la misma Corte acerca de cual es el superior tribunal de la causa, resulta inadmisible que ella atienda directamente tales plantes constitucionales en situaciones como la de autos -donde un empleado judicial recurre por una sanción disciplinaria que le impusiera la Corte provincial, en ejercicio de sus facultades de Superintendencia-, toda vez que previamente debe agotarse la instancia ante el Supremo Tribunal de Provincia, sin que constituya óbice decisivo la ausencia de previsiones al respecto.
Recurso extraordinario federal, Superior Tribunal de la Causa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESTAR S.A. c/ BANCO PROVINCIAL DE SALTA s/ ORDINARIO: REPETICION DE PAGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-06-01

El pronunciamiento emitido por esta Corte, como tribunal de última instancia, ejerciendo el control de constitucionalidad, reviste la calidad de sentencia definitiva, dictada por el "Superior Tribunal de la causa" en el ámbito local.
Competencia contencioso administrativa, cesantía, sentencia absolutoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cippitelli, Jorge Omar c/ Estado provincial y Dirección Provincial de Rentas s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción e  ilegitimidad o anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-03

Aún cuando obrare sentencia absolutoria en sede penal, subsiste la responsabilidad de carácter administrativo del actor cesanteado por su supuesta participación en hechos delictivos ocurridos en el seno de la repartición. Toda vez que no existe preeminencia de la sentencia absolutoria en sede penal por sobre la resolución administrativa, al pertenecer ambas a jurisdicciones autónomas.

Razón por la cual debe rechazarse la demanda iniciada contra el Poder Ejecutivo Provincial a fines de obtener la declaración de ilegitimidad del decreto que dispone la sanción.
Asociaciones civiles, sanciones civiles, revisión judicial, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sierra, Silvia Zulema c/ Asociación Argentina de Anestesiología s/ nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Las impugnaciones que se formulen por vía judicial con motivo de sanciones disciplinarias impuestas por asociaciones civiles resultan, como regla, improcedentes, y sólo deben admitirse cuando aquéllas signifiquen el desconocimiento evidente de las garantías constitucionales invocadas.
Poder Ejecutivo, gobernador, empleados públicos, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MENDOZA, FERNANDO SEBASTIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 466-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

Incumben al Gobernador, como regla, todos los nombramientos, salvo que la designación y remoción esté atribuida a otra autoridad.

Las únicas autoridades distintas a las que les corresponde designar y remover son las Cámaras, por imperio de lo establecido en el artículo 43 del texto fundamental. Esta es la sola excepción. Por otra parte, ni siquiera la Corte Suprema, pese a su condición de órgano constitucional o supremo, puede hacerlo toda vez que, según el artículo 92, inciso 5 de la Carta, sólo propone al Poder Ejecutivo previo concurso, la designación de funcionarios y empleados de la administración de justicia, y la remoción de los magistrados sin acuerdo legislativo y la de aquellas, conforme a la ley. Es por eso que cualquier intento destinado a menoscabar la atribución del titular del Poder Ejecutivo sería francamente inconstitucional dado que tales designaciones no encontrarían sustento en acto ilegítimo alguno pues se estaría en presencia de inexistencia jurídica de acto administrativo en razón de la incompetencia absoluta del órgano que invadiera las incumbencias del Poder Ejecutivo.
Propiedad intelectual, derechos de autor, reproducción de fonogramas
Materia: CIVIL
Carátula: PAGLIARO CARLOS c/ SICAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA Y DISCOS T.K.S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

En el fonograma se conjugan los derechos del autor de la obra musical, los del autor de la letra, los de los artistas, intérpretes y ejecutantes, y los que nacen de la actividad desarrollada por el productor del disco fonográfico (o casetes o magazines, etc.). más no por ello han de buscarse completas similitudes o identidades (Conf. Emery y Tuler, "La protección del fonograma", E.D. 54-797) y menos la posibilidad de que estos últimos avasallen a los otros.

Porque aún admitiendo, por mera hipótesis, el criterio más avanzado sobre la consideración de los elementos intelectuales que proyecta el contemporáneo productor, que hoy no se limita a la mera captación de sonidos sino que, se dice, obtiene efectos que son artísticos y perfilan una personalidad fonográfica (Conf. Cinqualbre, "El fonograma, El productor fonográfico", E.D. 94-857), no puede permitirse que una vez hecho el producto de la grabación desaparece el autor y el intérprete de la escala de derechos protegibles y solamente conserva sus prerrogativas la entidad productora del disco, la que podría, a partir de entonces, manejarse con absoluta libertad para ceder, vender, autorizar, etcétera.
Ofensas cometidas por medio de la prensa, caricatura humorística, revistas, animus jocandi
Materia: PENAL
Carátula: CASCIOLI, A. L. Y OTROS s/ CALUMNIAS  -  INJURIAS  VERTIDAS  POR  PRENSA  -  REVISTA HUMORISTICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-15

"...Cuando el "animus jocandi" que se alega no es más que un pretexto de ofender, el delito existe íntegramente. De esto resulta que la caricatura es punible cuando se exceden los límites permitidos por la broma y cuando vaya acompañada de símbolos, alegorías u ornamentos que revelan intención de injuriar (Cuello Galón, "Derecho Penal", t.2, pág. 607)... Su sentimiento de honor no quedaría lesionado si toda la pretendida injuria hubiese recaído sobre su pintoresca personalidad futbolística, en cuyo caso se estaría en presencia, sin duda alguna, del "animus jocandi". Pero si se lesiona su reputación surge, en vez, el "animus jocandi" porque se afecta su vida íntima sexual, que nada tiene que ver con lo que ella ha querido y consentido de sí misma, al menos según lo revelan las fotografías mencionadas..."
Declaración de inconstitucionalidad, jerarquía constitucional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OSSE c/ Coraccio, Antonio s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-07-07

Analizando la inconstitucionalidad de norma, se hace necesario investigar a la luz de la estricta justicia que la misma conlleva en su valoración intrínseca y su aplicación en el caso concreto, como así también en cuanto a su total ausencia de contradicción o contraposición con las leyes supremas de la Nación que consagran garantías de rango constitucional.
Resoluciones, recurso extraordinario
Materia: POLITICO - ELECTORAL - PROCESAL
Carátula: ANIBAL  OSVALDO  HARDY   CANDIDATO A DIPUTADO PROVINCIAL DEL SUB-LEMA "LISTA-VERDE" DEL LEMA U.C.R. s/ RECURSO DE APELACION - ACTA N. 85-87 PROVINCIAL DEL SUB-LEMA "LISTA-VERDE" DEL LEMA U.C.R. s/ RECURSO DE APELACION - ACTA N. 85-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1987-11-16

El Superior Tribunal de Justicia es competente -en cuanto intérprete final de la Constitución- para entender cuando el resolutorio jurisdiccional recurrido ponga "prima facie" en evidencia el apartamiento de la doctrina legal o la omisión de aplicar la ley -supuesto de arbitrariedad-, casos en los que la competencia de excepción del S.T.J se abre ante la inexistencia de remedios recursivos ordinarios mediante la vía del recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia y que, respecto de resoluciones de la Junta Electoral Provincial ha sido declarado procedente por el Superior Tribunal- si bien en su anterior integración.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: PENAL
Carátula: D. A., R. D. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que el recurrente aduce que la acción penal no fue válidamente promovida por el legitimado activo, y esgrime la ausencia de ciertos requisitos que a su juicio deberian concurrir para entender que en autos la conviviente ejercía la guarda del menor, si la supuesta necesidad de concurrencia de tales extremos reposa tan solo en las dogmáticas afirmaciones de la parte, por lo que quedan huérfanas de todo sustento las consecuentes aseveraciones que formula (doct. art.

355, C.P.P.- según modif.)
Jueces naturales, desobediencia a un funcionario público, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Espinoza, Fernando Tomás sobre 52 - hostigar, intimidar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

La conexidad, por hipótesis, es una alteración del resultado de aplicar las normas generales, distintas de la que finca su solución en la conexidad, que determinan el juez competente, es decir, el juez natural. La conexidad es una relación entre dos o más hechos cuyas características están concebidas, en la ley, de un modo suficientemente amplio como para dotar a la decisión de conectar de un grado significativo de discrecionalidad. En otras palabras, la decisión judicial, por hipótesis posterior a los hechos, surte el efecto de determinar quién es el juez del caso. Al mismo tiempo, el juez desobedecido está en una situación tal de proximidad con esa desobediencia que expone la causa de la desobediencia al menos a la incertidumbre acerca de su imparcialidad. Todo ello, lleva a la solución de no encomendar al juez desobedecido la causa de la desobediencia; solución, a su vez, íntimamente vinculada con el hecho de evitar cualquier sospecha razonable o duda legítima que pueda conducir a presumir la parcialidad del juez frente al tema a decidir. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).