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Violencia de género, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: H. C. N. A. c/ P. D. T. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-24

La Corte Suprema en "Olmedo, Dominga Nieves c. Provincia de Santa Fe", del 30/05/2006, Fallos: 329:2166, ya citado agregó que: "Cuando está en juego un derecho de índole previsional, la aplicación rígida de la caducidad de instancia debe atemperarse y las facultades instructorias del tribunal cobran particular relevancia, siendo inadmisible, pues, que el a quo pueda resultar un espectador pasivo y renuncie tácitamente a ejercer el poder de dirección del proceso que la leyes procesales le reconocen." No puedo dejar de advertir la clara guía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a los tribunales de justicia a tener en cuenta los intereses en juego en cada caso en particular, cuando de caducidad de instancia se trata.

Si bien ese litigio versaba sobre la caducidad de instancia en una cuestión previsional, advierto que en el caso de autos, la actora reclama una indemnización por haber sido víctima de un abuso deshonesto por parte de un agente provincial, por lo que la exhortación de la Corte cobra mucho sentido y es de aplicación al caso de autos. Si bien en la demanda no se la menciona con ese nombre, el reclamo de la actora, sin entrar a juzgar sobre su procedencia, puede encuadrarse en lo que se conoce como "violencia de género".

La violencia de género es un flagelo que la República Argentina, con la suscripción de varios Tratados y el dictado de leyes que protegen a las víctimas de violencia de género (p. Ej. Ley 24.632 que aprueba la Convención de Belen Do Pará, año 1996; ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales; Ley 26.061, de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes) la Provincia de Tucumán, también a través del dictado de leyes y acciones destinadas a proteger a las víctimas de violencia de género (p. ej. ley 8293, de adhesión de Tucumán a la Ley 26.061; ley Prov.

8331 de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nac 26.485; ley 7264 de Violencia Familiar) y muy especialmente esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a través de la creación de las Oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer, han asumido el firme compromiso de combatirla con los medios que las leyes ponen a su alcance. La lectura del fallo impugnado revela la existencia del vicio de arbitrariedad ya que ha omitido ponderar constancias del expediente que fueron alegadas en el planteo que integró la traba del incidente, conducente para la resolución del caso, lo que lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

Por lo que considero que debe hacerse lugar al recurso interpuesto y en consecuencia volver los autos a la Cámara a fin de que, con la composición que por sorteo corresponda dicte, en lo pertinente, un nuevo pronunciamiento.

DRES.: SBDAR - RUIZ - GIOVANNIELLO.
Sociedad de hecho, concubinato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROGA MARGARITA c/ GERMAN ALMADA s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-04

Los concubinos pueden contratar, lo que comprende la posibilidad, de formar sociedades.Esta posibilidad, en numerosos casos, se realiza a través de sociedades de hecho.

Pero la sola existencia del concubinato, no importa por sí la existencia de una sociedad entre las dos personas.

La comunidad de afectos y proyectos, atañe a sus relaciones humanas. Para el caso de haber generado ambos concubinos esfuerzos, con el objetivo de obtener una utilidad apreciable en dinero, participando ambos en las ganancias y en las pérdidas, (art.

1648 y cc. C.C.), estaremos en presencia de una sociedad entre concubinos, que podrá encontrarse formalmente constituida o tratarse de una sociedad de hecho (arts. 1662, 1184 inc. 3ro., 1191, 1663, 1665 y cc. C.C.).- En cualquier caso, es indispensable probar que se han realizado aportes, en bienes o en trabajo personal - siempre a título de aporte societario, y no a otro - , pues tal circunstancia hace a la esencia de la sociedad civil.-
Daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tuculet, Adolfo Salvador c/ Quiroga, Julio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Desde la recepción jurisprudencial y doctrinal de la desvalorización monetaria se observaron escalonadas mutaciones sobre su procedencia y sobre el criterio para estimar la cuantía del reajuste. En una etapa inicial se lo aceptaba prudentemente y sin sujeción estricta a los índices de precios para, luego, receptarse su aplicación matemática. Más adelante la Corte Suprema resolvió que una vez que el deudor ha incurrido en mora nace el derecho para el acreedor a percibir su crédito actualizado en función de la depreciación de la moneda desde que tuvo lugar el nacimiento de la obligación.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrefour Argentina S.A. c/ Municipalidad de La Plata s/ Declaración de inconst. Medida cautelar de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

La prohibición de innovar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 230 del C.P.C. y C. puede decretarse en toda clase de juicios, inclusive en el terreno de la acción originaria de inconstitucionalidad consagrada en los arts. 683 del mismo Código. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Instituto Médico Central s/ Infracción art. de la Ley 24.769- Recurso de casación contra auto de sobreseimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

Es formalmente admisible el recurso de casación deducido contra la resolución que confirmó el sobreseimiento, pues el agravio consiste en la errónea aplicación de la ley sustantiva -art. 456, inciso 1° del Código Procesal Penal-, y se trata de una sentencia definitiva -art. 457 del citado plexo normativo-.
Proceso contravencional, notificación, domicilio constituido, aplicación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: J, G. O. s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-07

La disposición reglamentaria en materia de domicilio constituido redactada en el Reglamento del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (Res. Nro. 152/99 CMCBA); no reviste la condición de supletoria que manda el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional, razón por la cual no es aplicable al caso de una notificación de una audiencia de juicio contravencional, más allá del valor administrativo de la citada norma.(Del voto por sus fundamentos del Dr. Ventureira)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lecuona, Hugo ┴ngel c/ Oroná, Eriberto Gustavo y otros y Recci Iris Perla y otra c/ Oroná Eriberto Gustavo y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Mediante sentencia condenatoria en sede penal no puede discutirse -en el ámbito civil- ni la existencia del hecho principal ni discutirse la culpa del condenado (art.1102 Cód. Civ.), lo que no obsta examinar su eventual participación causal en el accidente de tránsito.
Abuso sexual, dictamen pericial, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: B., M. A. c/  s/ dcia. abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-11-06

[...] "...Es claro que el dictamen pericial no obliga al juez (...), quien debe someter dicho elemento de juicio a su consideración, a la luz de las reglas de la sana crítica racional. Es así que, en la medida en que funde debidamente los motivos por los que disiente con el perito, el tribunal se encuentra facultado a decidir en sentido diverso, v.gr. si el dictamen aparece infundado o vacío de contenido, contradictorio con el resto de las pruebas, inverosímil, viciado de defectos formales o irregularidades que lo nulifiquen, o si el perito carece de la calidad de experto, etc. (Jauchen, Eduardo M., 'Tratado de la prueba en materia penal', Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002, ps. 415/416). (...). Es así como carece de todo sentido convocar al experto para que emita su parecer técnico y luego prescindir de éste sin exponer las razones de tal solución, tampoco es aceptable -en tanto no sea un ámbito alcanzado por la experiencia común- contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del magistrado en un área ajena a su incumbencia específica..." (T.S.J. Córdoba, sala Penal, 22/09/2010, "J., O. W."; R.D.P. 2011-5, págs. 921/922).
Concursos, acuerdo preventivo extrajudicial, resolución de apertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: CABLEVISION SA s/ ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

El juez a quo al declarar formalmente presentado el acuerdo preventivo extrajudicial, después de realizado el trámite "preliminar" referente a la asamblea de tenedores de obligaciones negociables, no pretendió dictar una sentencia al modo de la prevista por la ley 24522: 14, ni legitimar ningún ilícito -como exageradamente lo postulan los apelantes-; ya que, en el mismo acto judicial de que se trata, ordenó la suspensión del sub lite al entender que había un "conflicto jurisdiccional" con el juzgado nacional en lo criminal y correccional federal que, por entonces, investigaba en ciertas causas (una de las cuales había sido promovida por uno de los recurrentes) lo atinente a transferencias de paquetes accionarios, por lo que cabe desestimar el agravio de los apelantes al respecto.
Gobierno de facto, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sociedad Cooperativa de Transporte Automotor Litoral Limitada -SCTALL- c/ Municipalidad de San Nicolás s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Las ordenanzas municipales dictadas en épocas de gobierno de facto tienen validez y vigencia con los mismos efectos que las constitucionales hasta tanto no sean derogadas por el orden constitucional subsiguiente.
Quiebra, pedido de quiebra, inactividad procesal, honorarios, costas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SANAPOL, SAMUEL s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-17

Quien peticiona la quiebra del presunto fallido, pone en funcionamiento un complejo procedimiento judicial, para lo cual la ley sólo exige que demuestre sumariamente si reviste la calidad de acreedor.

Pero cuando quien invocando la calidad de acreedor, logró la apertura del proceso falencial, obtuvo la designación de un síndico, y originó gastos como los de la publicación de edictos, luego se abstiene de participar en la etapa que la ley le confiere para ser admitido en el pasivo, incurre en una conducta omisiva que le impone responder por las consecuencias que de ella se derivan, pues deja sin sustento toda una amplia serie de actuaciones judiciales, que carecen así de objeto útil.

El inconducente dispendio de actividad que de tal modo se origina, incluye el devengamiento de los honorarios de los profesionales que desempeñaron las funciones pertinentes, y cuya retribución se presenta, en la mayoría de los casos, ilusoria.

La atención de los gastos del proceso por el peticionante de la quiebra resulta así una consecuencia lógica, dentro de los principios que fundamentan la imposición de costas.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: CIVIL
Carátula: Ramponi c/ Ventura s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

La medida de no innovar no puede tener por objeto, en principio, suspender o paralizar un litigio o interferir el cumplimiento de pronunciamientos judiciales (CSJN, Fallos 248:365; 91:773; 96:778;), con mayor razón no puede ser empleada para impedir el derecho de índole constitucional de ocurrir a la Justicia para hacer valer los reclamos que el acreedor entiende como legítimos (cfr. Bidart Campos, "Manual de Derecho Constitucional", pág. 400)
Procedimiento administrativo, recurso de reconsideración, particular administrado, inactividad procesal, mora de la administración, responsabilidad del Estado, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Campos, Danilo c/ Estado Nacional, Ministerio de Defensa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

A los fines de valorar los daños producidos por la demora incurrida por el Estado en resolver un recurso no se debe dejar de valorar que si bien es cierto que el demandante no estaba obligado a instar el pronunciamiento administrativo -a través de pedidos expresos y concretos ante la administración, o por la vía del amparo por mora prevista en el artículo 28 de la ley 19.549-, no lo es menos que las circunstancias del caso le imponían una conducta diligente en resguardo de su interés particular (confr. arg. art. 512 C.C.). Ante la omisión de instar el procedimiento no sería procedente reconocer al actor, como indemnización, la totalidad de los ingresos de los que se vio privado como consecuencia de la resolución que dio lugar a su renuncia, luego retirada, ya que su conducta no habría sido indiferente con respecto al resultado dañoso.
Ley penal, tentativa de homicidio, prueba, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: BRIZUELA JUAN CARLOS c/ CORNEJO, CARLOS s/ TENTATIVA DE HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-24

No corresponde calificar el hecho como tentativa de homicidio cuando no hay prueba categórica de la intención de matar, toda vez que para que se dé la tentativa de un delito se requiere la exigencia subjetiva del fin e intención de cometerlo, a título de dolo directo, quedando excluido el indeterminado y eventual, así como también toda especie de culpa, sosteniendo que para admitir la existencia de una tentativa de homicidio es preciso contar con un elemento fundamental de juicio, cual es la confesión, y con circunstancias externas o materiales que prueben el inequívoco deseo de matar.
Concurso preventivo, apertura del concurso, publicación de edictos, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAREZ, ROBERTO. s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

El plazo para el cumplimiento de la publicación del edicto del auto de apertura (ley 19.551: 28) Debe computarse a partir del primer día de nota de la aceptación del cargo del síndico sorteado.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GALLARDO GREGORIO c/ DE BATTISTA JORGE ALBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-27

Pueden para igualarse las culpas si la víctima, ya acostada, ya erecta sobre sus pies y bicicleta en mano, ya montada en ella, se emplaza en el centro de la calzada y el conductor embistente trae una excesiva velocidad, no adecuada a las circunstancias concretas de la situación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Lazarte, Jorge Eduardo s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Son improcedentes las impugnaciones que el recurrente dirige a las presunciones elaboradas por el juzgador si en ningún caso demuestra las transgresiones legales que denuncia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Docentes, estabilidad laboral, derecho de enseñar y aprender
Materia: LABORAL
Carátula: MORANDO, GUILLERMO E. c/ FUNDACION UNIVERSIDAD DE BELGRANO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-30

La ley 21380 solo tuvo por efecto derogar el regimen de estabilidad en el cargo previsto por el artículo 14 de la ley 14473, por lo que no afecto el derecho de enseñar consagrado por el artículo 14 de la constitución nacional.
Tarjeta de crédito, beneficiario de tarjeta adicional, responsabilidad del beneficiario de tarjeta adicional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cervetto  de  Suarez  Cristina c/ Telefónica Data Argentina SA s/ ordinario.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-03

El uso de la tarjeta adicional no convierte a su beneficiario en codeudor solidario, juntamente con el titular, por todas las deudas que éste contraiga, si tal solidaridad no se hubiese expresamente estipulado. Pero, en cambio, sí es responsable por todos los gastos efectuados, tanto por el titular como por el tenedor de la adicional cuando éste último, al suscribir el documento por el cual el primero solicitó la tarjeta adicional, se constituyó allí como codeudor solidario, liso, llano y principal pagador. No existiendo en la solicitud cláusula expresa por la cual el beneficiario de la tarjeta adicional se obligue solidariamente con el titular, y no existiendo cláusula por la cual éste asuma exclusivamente la obligación de pagar a la empresa emisora de la tarjeta, ésta debe interpelar al beneficiario de la tarjeta adicional para constituirlo en mora, y sólo con respecto a sus gastos (conf. Farina, J. M., Contratos comerciales modernos, T° 2, pág. 198/199, pto. 494, Buenos Aires 2005).
Control de constitucionalidad, decretos, inconstitucionalidad, mediación, suspensión de la prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARGENTINA c/ AMREIN, MAX s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Procede rechazar el planteo de inconstitucionalidad del dec.

91/98, 28, que atribuye efecto suspensivo de la prescripción a la instancia de mediación, atento a la carencia de argumentos que sustenten tal alzamiento; máxime, considerando que la norma cuestionada no hace mas que reproducir lo establecido por la ley 24573, art. 29.
Competencia nacional, competencia criminal y correccional, competencia penal, competencia contravencional y de faltas, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, desobediencia, violencia familiar
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos "Espinola, Alan León sobre 149 bis - amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-16

Si, no obstante el contexto de violencia único, los distintos hechos investigados se continuaran tramitando como casos independientes, la víctima debería verse obligada a comparecer, testificar y enfrentarse con su agresor en diferentes tribunales, provocando así un mayor grado de exposición, vulnerabilidad y revictimización. Por ello, la solución de que un único tribunal entienda en todos los procesos resulta necesaria para observar debidamente los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina con relación a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión a los fundamentos expresados por el Fiscal General Adjunto).
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, falta de fundamentación, cuestión no constitucional, sentencia arbitraria, excarcelación, antecedentes penales, sentencia condenatoria, sentencia no firme, ejecutoriedad de la sentencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Legajo de juicio en autos Ferreyra, Daniel Héctor s/ infr. al art. 189 bis inc. 2 párrafo 3ro del CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

Corresponde rechazar la queja si los cuestionamientos propuestos por el recurrente solo traducen el desacuerdo con la interpretación y aplicación que en el caso se desarrolló de una norma de derecho infraconstitucional para no hacer lugar a la hipótesis excarcelatoria prevista en el inciso 6° del art. 187 del CPP, circunstancia ajena a la instancia extraordinaria a la que pretende acceder. La lectura propuesta por la defensa no conduce a la determinación del alcance de una regla constitucional, ni de su aplicación, ni aparece demostrado que la decisión carezca de fundamentación suficiente o consagre una solución irrazonable que permita su descalificación como acto jurisdiccional válido. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Ley procesal penal, derechos de la víctima, facultades jurisdiccionales, derecho a ser oído, derecho a la información, delitos contra la integridad sexual, niños, niñas y adolescentes
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Rowek, Adrián Darío sobre 131 - contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-24

De acuerdo con la opinión de los tribunales internacionales y del máximo tribunal nacional, la solución de un caso como el presente -en el que se investigan agresiones sexuales reiteradas contra una considerable cantidad de niños, quienes son merecedores de una protección especial (art. 19 de la CADH)-, debe reflejar una adecuada ponderación de todos los intereses involucrados, en tanto que exhibe una tensión grave entre derechos fundamentales. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: A., A. A. y o. c/ C. G. P. y o. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-12-04

El instituto de la apelación adhesiva impone, en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la contraparte, ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Jorge Alberto s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que el recurrente denuncia que la Cámara omitió tratar su planteo relativo a la calificación de la conducta de su pupilo si el tribunal -mal o bien- resolvió expresamente la cuestión.
Beneficios tributarios, exenciones impositivas, aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Multicambio  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

Las disposiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia.
Juicio, partes, abogados, Superior Tribunal de Justicia, recusación, sanciones disciplinarias, apercibimiento, multa
Materia: PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECUSACION CON CAUSA DEL DR J ITURRASPE CSJ EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

La falta de seriedad, responsabilidad y probidad que revela un escrito recusatorio que por momentos más que traducir un propósito de lograr el apartamiento de un Juez, parece insinuar una intencionalidad de sospecha y descrédito para el Magistrado de manera directa y de manera indirecta para el mismo Poder Judicial produce perturbaciones injustificadas en la marcha normal del proceso, lo cual agrava aún más la falta en que ha incurrido quien recusa, pues sostener a partir de frágiles suposiciones que un Magistrado funda sus fallos en razones de índole partidaria, que produce a tenor de "colaboraciones recíprocas" con terceros, que sobre hechos falsos concluye en graves afirmaciones que buscan comprometer la honestidad funcional de un Magistrado, constituye una clara situación de violación de las exigencias de probidad procesal, por lo que se impone aplicar a la parte y a sus defensores sanciones de multa y apercibimiento, respectivamente.