marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Amparo por mora, admisibilidad formal, doctrina legal, seguridad jurídica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Romero, Patricia Alejandra c/ Municipalidad de Malagueño - Amparo por mora - Recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-18

Para la procedencia formal del recurso de casación por la causal de inobservancia de la doctrina legal, es menester que el impugnante a más de acompañar la copia del fallo aducido como contradictorio o indicar con precisión la publicación especializada donde ha sido íntegramente reproducido, demuestre su identidad fáctica y jurídica que viabilice su aplicación al caso planteado, explicitando además las razones tenidas en cuenta para apreciarlo como correcto (art. 385 del CPCC, aplicable por remisión del art. 13 de la Ley n.°7182). El agravio que así no sea expuesto debe ser desestimado por carecer de fundamentación, ya que ello resulta esencial, desde que la identidad fáctica y jurídica es uno de los extremos que justifican y obligan al TSJ a imponer la uniformidad en la aplicación de la hipótesis legal, evitando de esta forma que situaciones semejantes obtengan respuesta judicial disímil, comprometiendo el orden y la seguridad jurídica.
Estabilidad del delegado gremial, cierre del establecimiento, industria de la construcción, fondo de desempleo
Materia: LABORAL
Carátula: LAZARTE, ALFREDO c/ CONSTRUCCIONES DEFERRARI SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-20

La estabilidad en el empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo (art. 51 ley 23551). En el caso concreto de la industria de la construcción, no puede afirmarse que sea tarea de la empleadora enviar al actor a otra obra, ni tampoco discutir la validez de la decisión de cierre del establecimiento cuando se trata de un régimen laboral que se caracteriza por su inestabilidad. Todo lo que explica el sistema de aportes al fondo de desempleo y los restantes beneficios establecidos específicamente para tales trabajadores.
Locación de obra, prueba del contrato, prueba testimonial, principio de prueba por escrito
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: AMARILLA, Alvino c/ LO KUNG HUNG y otro s/ COBRO DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

El contrato de obra puede probarse por cualquier medio con excepción de testigos, si su valor, fuera y es superior al mínimo legal (1193); pero ello no debe llevar a confundir tal afirmado, cuando ha habido principio de ejecución por escrito. Pues resulta preciso no confundir el contrato en si mismo, con los hechos vinculados con su cumplimiento y ejecución, estos si, pueden probarse incluso por testigos.
Extinción de las obligaciones, compensación
Materia: CIVIL
Carátula: Cabeza, Lucía Beatriz c/ Claverie, Nelly Haydée s/ Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-25

Para que la compensación se opere deben existir dos nexos obligacionales distintos, en virtud de los cuales dos personas revisten recíprocamente la calidad de acreedor y deudor en forma conjunta y simultánea, a más de los restantes recaudos de exigibilidad, liquidez y demás que prescribe el artículo 819 del código sustantivo.
Homicidio culposo, imprudencia, nulidad procesal, competencia
Materia: PENAL
Carátula: LARDONE SANDRA LEONOR c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO POR CONDUCCIÓN IMPRUDENTE Y ANTIRREGLAMENTARIA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-03

Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al acto de Apertura a Juicio, en virtud del art. 36 inc 1° del Código adjetivo que establece que los Jueces de Garantías serán competentes para conocer en torno al control de la investigación y de todas las decisiones jurisdiccionales que se deban tomar durante la etapa preparatoria ".hasta la apertura a juicio.". Hecho éste que se había concretado.

Fuente del sumario: OFICIAL
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Elizagoyen, Juan Carlos s/ Ejecución hipotecaria Juan Carlos s/ Ejecución hipotecaria Juan Carlos s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

Si no se ha discriminado en qué proporción los intereses contribuían a componer cada cuota, no resulta posible establecer, al tiempo de la iniciación del juicio, cómo estaba integrado el importe reclamado, lo que evidencia una inicial indeterminación del monto de la ejecución, que perjudica "ab initio" la inhabilidad del título (doct. arts. 542 inc. 4¦ y 595 Código Procesal). En otras palabras, en el presente caso, la viabilidad de la vía ejecutiva estaba condicionada a que el accionante efectuara una liquidación en la que se consignara cuál era el importe de las cuotas abonadas con relación al mutuo, como así también la porción de cada una correspondiente a capital e interés, dicha falencia viene a perjudicar el andamiento de la pretensión ejecutiva en análisis.
Derechos y garantías constitucionales, acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S.L. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-15

La demanda de amparo no constituye, como principio, la vía adecuada para discutir la validez o constitucionalidad de la leyes o reglamentos, a menos que la violación de los derechos o garantías sea palmaria, en cuyo caso pueden los tribunales declarar la inconstitucionalidad en este procedimiento sumario.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, vivienda única, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO RIO DE LA PLATA S.A. c/ ROSCANI, RAUL PEDRO Y OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 461 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-17

Si bien las resoluciones que ponen fin a los procesos de ejecución no revisten -en principio- el carácter de sentencias definitivas conforme lo establecido en el artículo 1 de la Ley 7055, corresponde -en el caso- hacer excepción a tal regla, dado que la resolución que dispuso rechazar la ejecución hipotecaria promovida invocando el carácter de inembargable del inmueble objeto del juicio, de conformidad con el régimen previsto por el artículo 35 de la ley 22232, debe ser equiparada a definitiva, ya que se pretende hacer valer por el acreedor una garantía que solamente puede exigirse útilmente en oportunidad de resolver el recurso extraordinario.
Inadmisibilidad del recurso, excarcelación, homicidio preterintencional
Materia: PENAL
Carátula: STATELLA, Dañiel Alejandro c/  s/ GUSTAVO M. HORNOS - MARIANO HERNÁN BORINSKY - JUAN CARLOS GEMIGNANI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-23

Es inadmisible el recurso de casación contra la denegatoria de excarcelación que se fundó en la gravedad de los hechos que se le endilgan al encartado -homicidio preterintencional, suministro de estupefacientes a título gratuito, facilitación de un lugar para que se lleven a cabo conductas en infracción a la ley 23.737, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de un menor, todo lo cual concurre en forma ideal, previsto en el art. 45 CP, 81 inc. "b" CP,arts. 5 inc. "e" y 1, agravados por el art. 11 inc. "a" ley 23.737-, sumada a sus especiales características, el recurrente se ha limitado a cuestionar una fundamentación que no se comparte sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el a quo, y se ha satisfecho el "derecho al recurso".
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Hugo Manuel s/ Homicidio - JUICIO ORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-09

La justificante de legítima defensa no puede sobrevenir de agresiones recíprocas. El permiso sobreviene a una agresión ilegítima y no suficientemente provocada que resulta inminente o que haya comenzado. Ello impone una traba lógica que hace que no pueda existir defensa de defensa y que ambas resulten ilegítimas. Menos aún que el permiso proceda cuando ambos contendientes se han agredido recíprocamente. Todos los permisos que el Derecho acuerda exigen que quien los alega no haya generado la situación en que éstos operan. Así la exigencia de la falta de provocación suficiente o la condición de extraña en la necesidad justificante.-
Nulidad procesal, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TARSIA, Hugo s/ FALTA DE PERSONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-23

No procede la declaración de nulidad mientras que quien la requiere no demuestre el perjuicio concreto que el vicio aducido le haya causado.
Concursos, recusación y excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Annechuini Diego Bernabe s/ pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

Cuando el mismo deudor, en su escrito de solicitud de apertura del concurso preventivo (o cuando requiere su propia quiebra), recusa sin expresión de causa a un determinado juez la aplicación del art.

14 del C.Pr. no se contrapone a la celeridad y economía del trámite concursal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones civiles, personería jurídica, denegatoria de la solicitud, acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

No puede ser invocado un derecho subjetivo a la calidad social que representa la autorización del art. 33 del Código Civil, pues su otorgamiento es discrecional por parte de la autoridad administrativa en la medida que refleje razonablemente la escala de valores de la sociedad.
Recurso extraordinario de nulidad, honorarios, contadores públicos, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Bartolomé c/ Fundiciones Canning S.A. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Cuestiones esenciales son aquéllas que conforman la estructura de la litis y el esquema jurídico al que la sentencia debe atender para la solución del pleito y no cualquiera que las partes consideren de ese modo. La falta de pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad de la ley 10620 debió intentar remediarla el quejoso por vía de aclaratoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrucción, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUERRERO ALFREDO EDUARDO s/ ACCION DE INTERPRETACION"EXPTE. N 9956/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-09-19

La cuestión introducida en cuanto a establecer si la potestad punitiva del estado queda pretérita al vencimiento del término de la instrucción sumarial o si el instructor no solicita la prórroga, no corresponde efectuar ninguna interpretación, debe aplicarse la norma vigente del art. 210 de la Ley 4067, coherentemente con lo regulado en el Código de Procedimientos Administrativo -Ley 3460- en cuyo art. 223 se establece el mismo término,(3 años) para la prescripción de cualquier derecho u obligación que tenga su origen en la legislación dictada por la Provincia en ejercicio de sus facultades propias
Sociedades comerciales, disolución de sociedades, sociedad de hecho, medidas cautelares, rendición de cuentas, costas
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLIVA DE RIMOLDI N. c/ NAPOLITANO A. s/ SUMARIO MORANDI WILLIAMS CARVAJAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-05

1. Habiéndose decretado la disolución societaria de hecho y condenado a los demandados a rendir cuentas, procedimiento éste no concluido, la medida precautoria impetrada, sobre un bien de un codemandado, no es pertinente como tutela de un derecho reconocido al actor toda vez que no es uno de los comuneros -individualmente- el obligado en las circunstancias reseñadas; sin perjuicio claro está, de su eventual responsabilidad finiquitada la aludida rendición de cuentas.

2. Siendo que los demandados han sido condenados por la costa del proceso, ello autoriza la adopción de una cautelar tendiente a asegurar el crédito por ese concepto, aún cuando no se encuentre en la actualidad cuantitativamente determinado, porque por ese rubro se es solidariamente responsable.
Prescripción adquisitiva, coposesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barzola Florencia s/ Título Supletorio (LIBRO: S143 - 235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-09-11

Dos o mas personas pueden tomar en común la posesión de una cosa indivisible y cada una de ellas adquiere la posesión de toda la cosa (art. 2.409 C.Civil). La posesión en común del inmueble -como normalmente acontece con los cónyuges-, no reduce a una parte la posesión ejercida, en tanto, claro está, dicha posesión no hubiera sido materialmente determinada...Los cónyuges que poseen conjuntamente la casa en que habitan, no hay duda que la poseen por el total, sin que se pueda normalmente determinarse, que parte del hogar conyugal posee cada uno de ellos, aún cuando pueda admitirse que el estado de coposesión limita intelectualmente su "animus possidendi". Ergo la coposesión originaria y luego exclusiva, de la cónyuge supérstite, la habilita o legitima activamente, para intentar usucapir el inmueble en cuestión.
Competencia penal, investigación del hecho
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA, PABLO M. Y OTROS s/ ROBO AUTOMOTOR Y ROBO SEGUIDO DE MUERTE S/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-02-25

Se debe considerar que, en la lucha contra la delincuencia, la policía y la misma autoridad jurisdiccional no están luchando contra iguales. El delincuente los aventaja en dos sentidos: en primer lugar, éste no aplica procedimientos legítimos para actuar sino que, por el contrario, actúa en violación de todos los procedimientos establecidos; y en segundo lugar, el autor de un hecho aventaja respecto al tiempo. El delito se comete siempre, como es obvio, con anterioridad a la investigación. La investigación del Juez instructor o de la Policía a la orden del Juez, debe contar-y los cuenta-con los mecanismos que permitan saldar esa desventaja entre el hecho y su investigación, es decir, acortar por los medios legalmente posibles la ventaja del delincuente. En definitiva debe prevalecer la investigación y la actuación de la ley, principios que al ir encaminados al bien común de la sociedad están por encima de los derechos individuales del imputado.
Competencia por el territorio, domicilio fiscal, domicilio social
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RETONDO, Francisco s/ denuncia - competencia Causa nro. 13.240
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Este Tribunal ha sostenido que las categorías que establezca la Dirección General Impositiva dentro de su órbita administrativa en punto al domicilio de las firmas no determina la competencia territorial en materia penal. Es que, independientemente del asiento del domicilio fiscal de la firma de marras, lo que debe tenerse presente, a la hora de decidir la cuestión planteada, es aquella sede donde se practique el manejo administrativo o gestión impositiva de la empresa, es decir aquella en la que se encuentren los libros, documentación y registros que acreditarían los extremos vinculados con los hechos denunciados.
Accidente de tránsito, muerte de un hijo, menor impúber, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López, Antonia c/ Romero, César M. y otros y/o quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-30

Resulta procedente la fijación del monto de $90.000 en concepto de daño moral, por la muerte de una menor -estudiante secundario-, dado que no se probó la existencia de vínculos rotos o inexistentes.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Goyoaga, Ubaldo c/ Industrias Mingo S.A.I.C.F.I. s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

Para acreditar que el daño en la salud del dependiente se debió al riesgo o vicio de la cosa de propiedad o bajo la guarda del principal, no basta la mera indicación de la máquina que aquél operaba, porque el peligro que puede generar una cosa depende de su conexión con diversos factores, no siendo aceptable que existan cosas normalmente riesgosas, sino que las circunstancias pueden determinar si la cosa origina un riesgo en el que pueda ser comprendido el daño sufrido por la víctima.
Defensa del consumidor, acción judicial, acciones de clase, Ministerio Público, transacción de derechos litigiosos
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociacion por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ BBVA Banco Frances SA s/ ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe destacar que en los conflictos colectivos el rol del Ministerio Público ha de ser necesario y esencial, por cuanto es él quien institucionalmente tiene la misión de representar el interés general, más allá de los particulares en tensión, equilibrando los intereses en conflicto y representando la comunidad toda. En definitiva, no debe perderse de vista que el fin óptimo de un proceso colectivo es lograr el dictado de una decisión efectiva y de efectos erga omnes, debiéndose para ello dar reaseguro en torno de la garantía del debido proceso para todos aquellos afectados cuyos intereses se hubieran visto de alguna manera involucrados en el litigio (Revista de Derecho Procesal, "Procesos Colectivos", ¿Por qué el Ministerio Público? Un análisis del rol que le cabe en la defensa del interés público", Tomo 2012 n° extraordinario, pág. 215 y ss. Ed. Rubinzal Culzoni).
Proceso penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguilar, Alicia G. y otro c/ Lazarte, Rosa Romelia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

La regla del art. 1101 del Código Civil que prohíbe el dictado de la sentencia en la jurisdicción civil mientras esté pendiente el respectivo proceso penal, es una norma de orden público -ya que tiene por fin asegurar el respeto del principio de la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal, el cual, precisamente, es de orden público-, de modo que el juez civil debe acatar de oficio dicha prohibición.
Elevación en consulta, aplicación de la ley penal, aplicación analógica de la ley, juez de instrucción, investigación a cargo del juez, delegación de la investigación, sobreseimiento
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: OPSANSKY, Miguel y otros s/ Causa 4.497
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Es improcedente la elevación en consulta, por aplicación analógica del art. 348, C.P.P., realizada por el juez de instrucción, para que la Cámara se pronuncie acerca de la postura asumida por el fiscal, quien, tras habérsele delegado la instrucción (art. 196), solicita el sobreseimiento de los imputados, posición en la que persiste aun después de la consideración del magistrado de profundizar la investigación. Puesto que las diferencias en tal sentido suscitadas entre el fiscal y el magistrado, ambos con facultades instructorias, no puede zanjarse con la imposición de conductas procesales a ninguno, pues conllevaría a una indebida intromisión de la alzada en la independencia funcional otorgada por la Constitución Nacional a ambos (arts. 116 y 120, C.N.), fuera de los casos admitidos por el ordenamiento regulatorio de formas y extendidos por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, legitimación del asegurador, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: LABORAL
Carátula: Velazquez, Martín D. y otro c/ Calera La Estación y otros s/ Accidente ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Los reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia hacen que resulte prudente y necesario que esta Suprema Corte acepte lo resuelto por tal Tribunal en lo que hace a la legitimación para recurrir de las compañías aseguradoras citadas en garantía. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, Poder Ejecutivo, gobernador, policía, caducidad, defensa en juicio, doble instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COSSARI, NICOLAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 216-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

La institución policial pertenece al ámbito de la Administración Pública, dentro de la jurisdicción del Ministerio de Gobierno, siendo su Jefe Superior el Poder Ejecutivo (artículo 72, inciso 1 Constitución Provincial) quien es competente para resolver una reclamación administrativa presentada ante el titular del Ministerio de Gobierno, no correspondiendo anular por ilegitimidad el acto administrativo dictado en consecuencia.

En el caso, el recurrente tacha de nulo el decreto dictado por el Gobernador declarando la caducidad de la instancia administrativa, por entender que como su reclamo fue interpuesto ante el Ministerio de Gobierno, era a su titular a quien le correspondía dictarlo y no al Gobernador, y que ese proceder violó su derecho de defensa al privárselo de usar las dos instancias taxativamente establecidas en el decreto Nro 10204-58.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TREJO, KAREN AYELEN c/  s/ ROBO AGRAVADO Y HOMICIDIO CRIMINIS CAUSAE AGRAVADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-04-30

En este momento resulta inadmisible por prematuro que esta Corte se pronuncie acerca de si las vías de revisión periódica y de libertad anticipada previstas en nuestro régimen legal resultan adecuadas en el caso concreto del imputado, ello sin perjuicio de que pudiera en todo caso ser traída la cuestión a conocimiento de este Tribunal por vía del recurso extraordinario contra la resolución que, oportuna y eventualmente, rechace los planteos que la defensa pueda realizar al respecto. (Del voto del Dr. Erbetta)
Principios procesales, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: Herrera, José c/ Vanella, Rogelio y-o Darif, Victorio y-o quienes resultenocupantes s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-03-13

El carácter preclusivo de las etapas procesales impide producir pruebas sobre defensas que no fueron opuestas al contestar la demanda.
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BCO. DE LA RIBERA COOP. LTDO. c/ CIAFFARONI MIGUEL A. Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

No puede aspirar el demandado excepcionante a que se tenga por demostrada su excepción con los antecedentes aportados al proceso ordinario de nulidad, que precedió al ejecutivo, para juzgar la proyección del juicio de conocimiento hacia éste. Se dejarían de lado, de tal modo, los preceptos legales que establecen la precedencia de la ejecución a tal juicio de conocimiento, con la secuencia lógico temporal que tiene el evidente propósito de privilegiar al título y su ejecución.
Responsabilidad de la concesionaria, incumplimiento del contrato, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Necxus Negocios Informáticos SA c/ Cigliutti Guerini SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Corresponde admitir la demanda incoada por una sociedad comercial contra una concesionaria automotriz, toda vez que la accionante pretendió adquirir un automóvil dotado de una caja de transmisión de nueve marchas, pero le fue entregado uno cuya caja de velocidades llegaba únicamente a la séptima marcha, y en tanto resultó probado que la apuntada característica del vehículo era esencial para la compradora.