Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-06-17


SENT Nº 586	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diecisiete (17) de Junio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. en autos: "González Griselda Dolores vs. Gómez Juan José y otro s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 537/543 por Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda, contra la sentencia de fecha 04/6/2008 dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción.

El pronunciamiento mencionado (fs. 518/533) dispuso hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la compañía aseguradora, confirmar el punto I de la sentencia de fecha 28/4/2006 (que admitió la procedencia de la demanda interpuesta contra el demandado Juan José Gómez, por la suma de $91.300; condena que se hizo extensiva a Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda.) y revocar el punto I de la sentencia aclaratoria de fecha 29/6/2006 (que mandaba pagar a la aseguradora sólo el 50% del monto de condena), revocar el punto II de la sentencia de primera instancia y su aclaratoria (que hacía lugar a la limitación de la cobertura de la compañía aseguradora en razón de la franquicia), y confirmar la imposición de costas a los demandados vencidos (establecida en el punto III de la sentencia de fecha 28/4/2006).

2.- El recurrente se agravia de que el tribunal de alzada haya admitido la procedencia de la acción de daños y perjuicios entablada en autos pues afirma que la culpa es de la víctima del accidente, que está debidamente acreditada con las constancias de la causa penal, de la cual emerge que el siniestro se produjo a las 22 horas, sobre la ruta 38, a la altura del Villa Belgrano, cuando el menor Iván César Gómez cruzó imprevistamente la cinta asfáltica de este a oeste, luego de salir de un local bailable ubicado a la vera de la ruta. Alega que las mismas actuaciones penales dan cuenta de que la víctima se arrojó delante del ómnibus conducido por el codemandado Gómez (testimonial de los señores Fredy Gómez y Cristina Gómez conforme acta cabeza de sumario).

Expresa que el lugar del hecho es una zona semiurbana, que es la entrada de un pueblo, que no existe gran afluencia de personas y que no existen carteles indicadores de velocidad máxima.

Sostiene que el lugar del impacto se ubica en la mano de circulación del ómnibus, que no lo embistió de frente sino de costado (pues el hundimiento del ómnibus se ubica "hacia atrás del paragolpe delantero en su lateral medio"), que el chofer realizó la maniobra correcta frente a la imprevista aparición de la víctima, que aplicó los frenos y se desplazó hacia la banquina en declive (a la izquierda de su mano), que luego de la colisión no quedaron fragmentos de vidrios o partes del rodado y que el rodado no presenta daños.

Reitera con insistencia que la víctima ingresó a la ruta de modo antirreglamentario, que no adoptó las medidas de prevención necesarias, que el chofer del ómnibus no circulaba a velocidad excesiva que de la causa penal surge que "los funcionarios policiales actuantes tuvieron que esperar la luz del día para seguir trabajando" por lo que mal puede afirmarse que existía luz en la zona del accidente.

Pone particular énfasis en el estado de alcoholemia de la víctima, que quedó constatado con el dosaje alcohólico practicado, que arrojó un resultado de 0,40g/l. Señala que la extracción de sangre se realizó horas después del accidente y que ello autoriza a suponer que la presencia del alcohol en sangre era mayor aún de la constatada por el mencionado estudio médico. Alega que el informe de fs. 250 determina un estado de ebriedad incipiente y de la consiguiente distorsión en la función psicomotora.

Le agravia que el tribunal a quo reproche al chofer del ómnibus "no haber siquiera intentado frenar" y que se le impute "el grosero error" de "pensar que la víctima retrocedería volviendo sobre sus pasos" pues "el peatón naturalmente asustado aceleró su cruce, corrió pero fue fatalmente alcanzado".

Atribuye una "irremediable arbitrariedad" al pronunciamiento pues en su opinión, el tribunal determinó de modo antojadizo, la circunstancias del hecho: la velocidad del ómnibus, la conducta del chofer y la de la propia víctima. Insiste en que está probado que la víctima cruzó la ruta debido a "una lamentable, desafortunada y fatal decisión", propia de las circunstancias antes mencionadas: "desconcierto, nocturnidad, alcoholismo y temeridad".

Con cita de jurisprudencia que estima de aplicación al caso, atribuye la culpa del daño, a la propia víctima del accidente, que cruzó la ruta repentinamente, en la noche, en estado de ebriedad y sostiene que la eximente de responsabilidad invocada (conf. art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte) estaba debidamente acreditada en autos.

Cuestiona que el tribunal mencione circunstancias tales como la dificultad para calcular la velocidad de los vehículos cuando un peatón se dispone a cruzar una vía de circulación, que atribuya la trayectoria de su marcha a que estaba "naturalmente asustado", que diera por supuesto que el chofer pensó que la víctima retrocedería, que se le impute un grosero error en la maniobra, que sostenga que no intentó siquiera frenar, etc.

Concluye señalando que la demanda debió ser rechazada en su totalidad; y subsidiariamente, considera que debieron prorratearse de otro modo, las inexcusables responsabilidades concurrentes.

Respecto del rechazo de la franquicia por parte del tribunal de alzada, sostiene que se trata de una "decisión inexplicable" que contradice doctrina legal expresa de esta Corte y de la jurisprudencia dominante. Señala que las citas jurisprudenciales mencionadas por el tribunal a quo corresponden a los votos en minoría y que no resultan idóneos para fundar lo resuelto en autos.

La recurrente formula una serie de consideraciones referidas la cobertura de los riesgos mediante la contratación de seguros en el ámbito privado, por oposición a la seguridad social a cargo del Estado, a la relevante función que cumple el sector privado en este sector productivo, a la regulación y control de la actividad por la Superintendencia de Seguros de la Nación, al legítimo ejercicio de las potestades reglamentarias, a la compatibilidad de las disposiciones de la ley 20.091 con las Res. 24.833/96 y 25.429/97 diseñadas para atender a las particulares características del transporte de pasajeros y a la cobertura de los riesgos y consiguiente responsabilidad.

Se agravia de que el tribunal a quo desconozca la limitación establecida en la franquicia. Alega que "peor que desatender a una víctima hasta el límite de la franquicia es empujar al colapso y a la ruina al sistema asegurador". Entiende que el pronunciamiento implica declarar de oficio la inconstitucionalidad de la normativa que consagra la franquicia, lo que está vedado al órgano jurisdiccional.

De conformidad a las alegaciones reseñadas precedentemente, pide se admita la procedencia de la casación interpuesta y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El tribunal de alzada formuló, a título introductorio, consideraciones referidas a la naturaleza de la acción, al bien jurídico tutelado y a los principios que inspiran la normativa que estructura el sistema de responsabilidad civil en nuestro ordenamiento (y en particular, la responsabilidad por daños a las personas). Encuadró normativamente la cuestión, en la preceptiva del art. 1113 del Cód. Civil (2do. párrafo, 2da. parte), para concluir que la responsabilidad habría de juzgarse sobre una base objetiva y que las eventuales eximentes (en tanto se invoca la culpa exclusiva de la víctima) serían analizadas conforme la perspectiva de aquella normativa.

El pronunciamiento dejó establecidas las circunstancias del accidente, señalando que el siniestro se produjo en el ingreso a la localidad Villa Belgrano, que se trata de una zona urbana o semiurbana (poblada o habitada), que era una encrucijada, que "existen metros antes, carteles indicadores viales de cruce de camino y además, indicadores del ingreso al centro de la localidad de Villa Belgrano" (todo ello conforme el croquis demostrativo de fs. 631 de la causa penal). Con apoyo en el mismo instrumento, y para referirse a la iluminación en la zona, expresó que existían "dos columnas de alumbrado público con faroles a gas de mercurio ubicadas precisamente una al norte y otra al sur del cruce de camino o ingreso a la localidad, donde ocurrió el accidente (extremo que el tribunal corrobora, además, con la inspección judicial del lugar de fs. 205 y vta.).

En mérito a lo expresado rechazó el agravio de la aseguradora referido a que la visibilidad era prácticamente nula al momento del hecho, por la oscuridad reinante. Sostuvo que "obviamente, al alejarse del lugar de la embestida o choque, la visibilidad disminuye y exige que se ayuden para la iluminación del lugar donde quedó el cadáver -a unos 10 metros de distancia del lugar del impacto- o de detención del ómnibus, que se detuvo a unos 51 metros aproximadamente (conf. fs. 1 de la causa penal)".

Rechazó asimismo el tribunal, el agravio por el cual se cuestionaban las afirmaciones relativas a la posición final de la víctima en la banquina, que la aseguradora formulara, señalando que el cuerpo había sido levantado por familiares y por el personal policial que realizó las medidas correspondientes en el lugar del hecho. La Cámara ratificó lo expresado por el juez a quo, señalando que "a fs. 362/364 de la causa penal obran las fotografías del occiso, del médico policial y peritos de criminalística trabajando esa noche del accidente (ver fs. 362/363 de la causa penal) y también del ómnibus)". Destacó que "también se observa con claridad que el médico de la policía, Dr. Quintana, realiza el examen médico legal del cadáver de la víctima que yace inerte en la banquina oeste sobre el pasto o hierba existente, por lo que debe presumirse que entonces, en esa ocasión, extrajo sangre de la víctima para el dosaje alcohólico, ya que una vez terminada su labor pericial se hace entrega del cadáver a un hermano de la víctima fatal".

Del mismo modo, el tribunal rechazó la afirmación conforme la cual la aseguradora sostuvo que "la víctima al momento del hecho tenía como mínimo 0,60g/l" pues el examen de alcoholemia dio positivo en una cantidad de 0,40 g/l. Precisó que conforme el informe del médico forense de fs. 267 vta., "si el óbito del causante se produjo en forma instantánea -extremo acreditado con el informe médico de fs. 12 de la causa penal-, el porcentaje obtenido (0,40 g/l) no experimenta modificación alguna".

En relación a los efectos de la alcoholemia, y dado que los informes médicos formularan consideraciones contradictorias, el tribunal dispuso remitirse a "lo preceptuado en la ley 24.449 sobre el tema de la intoxicación alcohólica". Señaló que el art. 48 inc. a dispone que está prohibido conducir en la vía pública cualquier tipo de vehículo con un alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre (es decir, superior a 0,50 g/l). Y concluyó que "si la ley permite conducir con una alcoholemia inferior a 0,50 g/l, sin duda el peatón que nada conducía, sino sólo a si mismo, podía hacerlo tranquilamente con 0,40 g/l".

Determinó asimismo la Cámara a quo, que "la víctima intentó el cruce de la ruta reglamentariamente" pues "el sendero por donde transitaba la víctima para acceder o ingresar a la ruta resulta una prolongación de una senda peatonal ideal por la que obligatoriamente debía cruzar.". Entendió que "no parece razonable entender que la invasión de la calzada es a riesgo exclusivo del peatón-invasor". Señaló que "la doctrina y la jurisprudencia han extremado las exigencias y cuidados a observar por parte de los automovilistas". En sea línea argumental, destacó que en el art. 39 inc. b de la ley 24.449 se establece el deber de "circular con cuidado y previsión, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuanta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.". Consideró que de conformidad a lo establecido por la ley, los conductores deben estar en condiciones de extremar las precauciones y aún detener por completo el movimiento, cada vez que su vehículo, en razón de las circunstancias, pueda ser causa de accidente".

En relación al caso, afirmó que el cruce de peatones en ese lugar es una contingencia previsible, que el chofer de la empresa demandado conocía las características del lugar por su cotidiano transitar por la zona, que no existían otras alternativas de cruce para los peatones ((pasos subterráneos o puentes sobreelevados), que la conducta del peatón al disponer el cruce se ve condicionada por las circunstancias (velocidad de los vehículos, dificultad para estimarla y calcular el tiempo de cruce, distintos tamaños de los rodados que transitan, etc.) y que el hecho de correr o acelerar el paso es una conducta comprensible más aún de noche. Sostuvo que no puede reprocharse error a la víctima, en calcular la velocidad del ómnibus, y que era el conductor del automotor quien debía adoptar las medidas necesarias para neutralizar un riesgo previsible, en las concretas circunstancias del caso.

Respecto de la velocidad a la que circulaba el chofer del ómnibus, señala que el propio Gómez confesó que transitaba a 60/65 km/h (fs. 72 vta. de la causa penal), velocidad que el tribunal estimó excesiva. La Cámara consideró que la velocidad real era superior a la admitida y fundó esta convicción en "los terribles daños causados en el cuerpo de la víctima", conforme lo descripto en el reconocimiento médico legal de fs. 12 de la causa penal: "aplastamiento de cráneo con aplastamiento de macizo facial izquierdo-otorragia bilateral, pérdida de masa encefálica y fractura expuesta de pierna izquierda". Destacó que "a estas severísimas lesiones se suma el hecho de que el cuerpo fue arrojado a unos 10 metros de la zona del impacto y que el ómnibus recién se detuvo a unos 51 metros (fs. 1 de la causa penal).

El tribunal reiteró las consideraciones referidas a las contingencias del cruce de una ruta en una zona urbana, en cruce de caminos, de noche, para un peatón seguramente asustado y concluyó que el chofer del ómnibus no sólo no realizó la maniobra correcta sino que omitió la adopción de las precauciones exigidas: conducir con dominio del rodado, circular a una velocidad adecuada a las circunstancias del lugar y del momento, evitar la colisión y frenar en tiempo oportuno.

Sostuvo que el chofer del ómnibus de la Empresa El Trébol infringió expresas disposiciones de la ley 24.449 (art. 36, 39 inc. b, 41 inc. e, 64 y concordantes) y que al hacerlo, incurrió en culpa (art. 512 y 902), lo que imponía atribuirle responsabilidad por los daños causados.

En relación a la franquicia del seguro y a la limitación de responsabilidad de la aseguradora, el tribunal admitió la procedencia del recurso de apelación interpuesto por la actora.

La Cámara estableció una diferencia entre el régimen legal del seguro obligatorio (Dec. 692/92, Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, aprobado por el Dec. 2254/92) -que en una única norma (art. 67) determinó la obligación de contratar un seguro "de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad" en la materia, lo que se hizo a través de dos resoluciones administrativas de la SSN, Nº 21.999 y 22.058- el seguro de responsabilidad civil reglamentado por la Res. 22.187 y 27.033 de la SSN y el seguro de responsabilidad civil para terceros transportados y no transportados en el transporte público previsto por la Res. 25.429 de la SSN.

Destacó que si bien con el posterior dictado de la ley 24.449 se reprodujo en el art. 68 el contenido del art. 67 del Dec. 2254/92 derogado, se entendió que la Res. 21.999 eran igualmente reglamentaria del nuevo art. 68 (conf. Circular 3809/98 de la SSN).

Sostuvo que los seguros obligatorios se crearon con una finalidad social, buscando proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito, a fin de que pudieran obtener una indemnización rápida y eficaz. Pero a renglón seguido expresó que debía distinguirse el seguro obligatorio del art. 68 de la ley 24.449 (reglamentado por la Res. 21.999) y el seguro de responsabilidad civil. Señaló que mientras en el primero "el riesgo amparado es la vida, la incapacidad y los gastos de sanatorio y velatorio de la víctima, y con un fin netamente social de gran importancia", el segundo "cubre los reclamos que pueda recibir el asegurado como consecuencia de los daños causados a terceras personas o a sus bienes, ya sea producidos por él o por quien conduzca el automóvil, hasta el límite de la cobertura que figura en la póliza".

Señaló que el criterio adoptado por el juez de primera instancia era contradictorio con los postulados que el propio pronunciamiento expresaba al definir la naturaleza y finalidad de los seguros obligatorios -tutelar de las víctimas, concientizar sobre los riesgos de accidentes, alentar la contratación de seguros para hacer frente a la responsabilidad de los actores sociales, etc.- y que ello justificaba sostener que "la regla debe ser que la franquicia en el seguro de responsabilidad civil no es oponible al tercero víctima del accidente".

Consideró que "declarar oponible al tercero damnificado la franquicia constituye un grave daño, especialmente si se tiene en cuenta que el titular del ómnibus siniestrante, Empresa El Trébol, está quebrada y que el chofer codemandado Gómez, simple empleado, es también insolvente".

Con cita de precedentes que estimaba de aplicación al caso, respaldó el criterio antes expuesto y dispuso revocar lo resuelto sobre el punto, entendiendo que la aseguradora resultaba "íntegramente obligada hacia el tercero damnificado conforme el sistema tuitivo organizado y normado por el art. 68 de la ley 24.449, obviamente sin perjuicio de los derechos de repetición de ésta con su asegurado".

4.- El recurso ha sido interpuesto en término, la recurrente acompaña la constancia del depósito impuesto por el art. 817 del CPCC y la sentencia recurrida resulta definitiva, como exige el art. 813 inc. a procesal.

Visto el recurso interpuesto, y confrontados los agravios con los fundamentos que sostienen el pronunciamiento impugnado y los antecedentes del caso, se advierte que el recurso interpuesto reúne las exigencias de admisibilidad previstas en los arts. 815 y 816 del CPCC y además debe prosperar en forma parcial.

4.1.- La crítica encaminada a cuestionar la determinación la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil y la imposición del deber de resarcir, no puede se admitida.

Es criterio reiterado que la constatación de la concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad civil -el hecho generador, el daño, la relación causal y el factor de atribución (cfr. Alterini-Ameal-López Cabana, Curso de Obligaciones, T. I, pág. 180 y sgtes.; Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado-Obligaciones, T. 2, pág. 468; Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de Obligaciones, T. IV, pág. 601) remite necesariamente a la valoración del cuadro fáctico y de las pruebas arrimadas al proceso y resulta ajena como principio a la revisión en casación, salvo que se alegue fundadamente el supuesto de arbitrariedad de sentencia (CSJT, sent. 62 del 20/02/2009, "Luna Daniel Guillermo vs. Porcel de Corda Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios"; sent. 1072 del 03/11/2008, "Alarcón, Isidro Buenaventura vs. Ascárate Ricardo Joaquín y otros s/ Daños y perjuicios"; sent. 152 del 04/3/2008 "Córdoba Domingo Faustino vs. Compañía Azucarera Santa Lucía S.A. s/ Daños y perjuicios"; entre otras).	En particular, y para casos como el analizado, se ha sostenido que la atribución de responsabilidad en un accidente de tránsito, a través de la evaluación de las circunstancias que rodean el siniestro, constituye una típica cuestión de hecho, inabordable en principio en casación, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad (CSJT, sent. 31 del 10/02/2005, "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farias Norma Lía y otros s/ Daños y perjuicios"; sent. 814 del 17/9/2002, "Medina, Carlos Antonio y otro vs. Assat, Héctor y otros s/ Daños y perjuicios"; entre muchas otras), que en el caso, los argumentos recursivos expuestos, no lucen suficientes.

El análisis del contenido del pronunciamiento revela que la responsabilidad de los accionados y la imposición del consiguiente deber de resarcir, han sido establecidos de conformidad a la plataforma fáctica del caso y con apoyo suficiente en las pruebas aportadas al proceso. Aun cuando el criterio del tribunal de alzada no es compartido por la recurrente, el juicio de ponderación de las conductas y su incidencia causal en el resultado dañoso ha sido establecido de modo razonable, y con apoyo suficiente en las constancias de la causa. Y si bien, como ocurre en buen número de accidentes, pueden efectuarse interpretaciones variadas de los hechos, el tribunal de casación sólo puede revisar las que se manifiesten con absurdidad, o apartamiento de pruebas conducentes, y que lleven a decisiones injustas (CSJT, sent. 62 del 20/02/2009, "Luna Daniel Guillermo vs. Porcel de Corda Mercedes Graciela y otro s/ Daños y perjuicios"; sent. 188 del 23/3/2001, "Lizarraga de Rodríguez, Isolina vs. Caruso Cía. Argentina de Seguros S.A. s/Cobro de seguros"), déficit que en el sublite, no emerge demostrado.

La Cámara analizó el cuadro fáctico de la causa, seleccionó del material probatorio los elementos que a su criterio servían para crear convicción y concluyó acerca de la responsabilidad del chofer del ómnibus embistiente en el accidente de marras, así como de la procedencia del reclamo resarcitorio promovido en autos.

La lectura del pronunciamiento recurrido permite sostener que las cuestiones de hecho referidas, han sido establecidas con suficiente apoyo en las constancias de la causa, siguiendo un íter lógico y de conformidad a las reglas de la sana crítica racional, por lo que corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio en crisis.

El escenario de los hechos fue descripto en un todo conforme con las constancias de la causa penal y los elementos allí establecidos (emplazamiento de zona en que se produjo el accidente, características del lugar -cruce de caminos, acceso a una localidad, zona urbana o semiurbana, local bailable en las inmediaciones, alumbrado público al oeste y al este de la ruta, existencia de carteles indicadores metros antes del punto de colisión, etc.-, características del momento en que se produjo el siniestro -nocturnidad-, situación personal de la víctima -que salía de un local bailable, la cantidad de alcohol allí expresada, que necesitaba cruzar la ruta para regresar a su domicilio, que no contaba con otras vías para encarar el cruce, que debía afrontar las dificultades de estimar la velocidad de los rodados que circulaban por la ruta, etc.-, el punto de impacto o colisión, la ubicación final de cadáver y del vehículo embistiente, los daños en el cuerpo de la víctima y en el ómnibus, etc.). El recurrente no ha demostrado con su crítica que las conclusiones respecto de la velocidad impresa al ómnibus por el chofer demandado, así como lo expresado en relación a la maniobra del conductor (que no pudo controlar el vehículo e impedir la colisión) lucen absurdas, tal como se alega, ni apartadas de los elementos de juicio aportados a la causa y, por ende, de las reglas de apreciación de la sana crítica.

Es oportuno recordar que la valoración del plexo probatorio no es más que un producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga; y que por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado. La jurisprudencia es conteste en señalar que queda fuera de este ámbito recursivo, el revisar la valoración de las pruebas aportadas, ni el juzgamiento de los motivos que forman la convicción del tribunal a quo. Esta Corte tiene dicho que la decisión al respecto sólo puede ser revisada cuando se invoca una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la sentencia respectiva en arbitraria (CSJT, sent. 1007 del 03/11/2008, "Banco Comafi S.A. vs. Viola Juan Gustavo y otros s/ Cobro ejecutivo"; sent. 659 del 27/7/2007, "Resola, Javier Alberto vs. Ariza Luis Javier y otro s/ Daños y perjuicios"; sent. 1160 del 30/11/2006, "Viluco S.A. vs. Sánchez Mercedes s/ Desalojo"; entre otros pronunciamientos).

Las observaciones formuladas por el recurrente resultan ineficaces para descalificar el pronunciamiento impugnado. El tribunal ha expresado su criterio con apoyo en las pruebas que estimó relevantes para la solución de la controversia (principalmente, las actuaciones penales allí citadas), practicando un análisis circunstanciado al caso, y con respaldo de doctrina y jurisprudencia concordante. Lo expresado por la codemandada en su escrito recursivo en relación a la inexistencia de iluminación o a la insuficiencia de la misma en la zona del accidente, y a la existencia o inexistencia de los carteles indicadores que alertaran sobre la existencia del cruce de caminos y sobre el acceso a la localidad de Villa Belgrano, no exhibe aptitud para modificar lo resuelto en autos. El tribunal destacó en particular, que el conductor del ómnibus -dado que se trataba de un recorrido habitual de la empresa de transportes- conocía las características de la zona y los riesgos propios de la circulación en la misma; argumento que no se ha intentado siquiera rebatir.

La Sala a quo entendió que concurrían en el caso, los presupuestos de la responsabilidad establecidos por el art. 1113 del Cód. Civil y en relación al chofer codemandado, reforzó el criterio de la condena con fundamento en el art. 512 y 902 del mismo cuerpo legal. En lo pertinente, la impugnación revela en definitiva, un mero disenso del recurrente, insuficiente per se, para pretender la revisión del pronunciamiento en esta instancia extraordinaria, por lo que el recurso interpuesto debe ser declarado inadmisible en relación a este tópico.

4.2.- Corresponde admitir el agravio deducido con relación a la inoponibilidad de la franquicia que emerge del contrato de seguro y la extensión de la condena a la aseguradora por la totalidad del resarcimiento reconocido a la víctima, toda vez que tal decisión de la Cámara no constituye derivación razonada del derecho vigente, y las razones expresadas no alcanzan a justificar el apartamiento de la solución normativa prevista para el caso.

El art. 118 de la ley de seguro, Nº 17.418, establece en su tercer párrafo, que "la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro.". Con posterioridad a la ley de seguros se sancionó la ley de tránsito, Nº 24.449 (Adla, XXVII-B, 1677; LV-A, 327), cuyo artículo 68 establece que todo automotor "debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no".

En el marco de la emergencia del autotransporte público de pasajeros, declarada por el dec. 260/97 (Adla, LVII-B, 1394), haciendo mérito de la alta siniestralidad, la liquidación del INDER, el incremento del tránsito vehicular y la cantidad de sentencias dictadas en contra de las empresas, la Superintendencia de Seguros de la Nación, dictó la Res. 25.429/97 (Adla, LVII-E, 6127), por la cual aprobó las condiciones contractuales para la cobertura del riesgo de responsabilidad civil de vehículos de ese tipo, disponiendo que las aseguradoras que optaran por brindarla "deberán adherirse expresamente a esta Resolución". Y en la cláusula 4ª del Anexo II de la misma estableció: "El asegurado participará en cada acontecimiento cubierto que se tramite por la vía administrativa o judicial con un importe obligatorio a su cargo de pesos cuarenta ($40.000). Dicho descubierto obligatorio a su cargo se computará sobre capital de sentencia o transacción, participando el asegurado a prorrata en los intereses y costas".

Durante los primeros años de vigencia de la norma, el tema no mereció mayores cuestionamientos. Se siguió interpretando -de acuerdo al criterio pacífico tradicional- que las aseguradoras citadas en garantía en los juicios debían responder "en la medida del seguro", tal como reza el art. 118 párr. 3° de la ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677) (6). Pero tiempo después, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se planteó la tesis de que la franquicia obligatoria contradecía el texto y la finalidad del seguro obligatorio de la Ley Nacional de Tránsito, y que, por lo tanto, era inoponible a los terceros víctimas de accidentes de tránsito -transportados o no-, postura que fue acogida por algunas salas de la Cámara Nacional en lo Civil.

Es oportuno destacar que la problemática de la franquicia establecida por Res. 25.429 de la SSN y su oponibilidad a los terceros que reclaman el resarcimiento de los daños sufridos en un accidente de circulación que involucra a una empresa de transporte de pasajeros, ha sido objeto de análisis y de pronunciamiento por la Corte Suprema de la Nación, que en precedentes jurisprudenciales reiterados ha sostenido que "la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado" (cfr. CS, sent. del 08/8/2006, "Nieto, Nicolasa del Valle c. La Cabaña S.A. y otros" La Ley Online; sent. del 07/8/2007, "Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena, Pedro Antonio", DJ 2007-III,99, LL 2007-E,402; sent. del 04/3/2008, "Villarreal, Daniel A. c. Fernández, Andrés y otros", LL 2008-B,273; sent. del 04/3/2008, "Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte", LL 2008-B,402; sent. del 04/3/2008, "Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", LL 2008-B,404).

En los citados precedentes, y más allá de los matices que presenta la fundamentación de los fallos citados -directamente ligada a las particularidades del caso-, la Corte Nacional acogió los respectivos recursos extraordinarios, interpretando que las sentencias impugnadas que se pronunciaron por la inoponibilidad de la franquicia al damnificado, prescindían de la normativa aplicable al caso (art. 109 y 118 de la ley 17.418, art. 68 de la ley 24.449 y Res. 25.429/97 SSN). En algunos precedentes se sostuvo la arbitrariedad de la sentencia que, fundada en las convicciones personales del sentenciante, se apartaba de soluciones legales expresas.

El más Alto Tribunal de la Nación ha señalado que "existe una regla de derecho que establece con precisión, la existencia de una franquicia. En tales condiciones el juez debe aplicar la norma, excepto que considere que es inconstitucional, lo que no ocurre en el caso". Luego de formular consideraciones referidas a la protección constitucional del contrato y de la propiedad, sostuvo que "la libertad de ejercer una industria lícita, celebrar el contrato y fijar su contenido, están tuteladas constitucionalmente. Se viola este principio sí, como en el caso, se modifica sustancialmente el contenido del contrato celebrado ejerciendo una industria lícita, conforme a la ley y reglamentaciones fijadas por el Estado". Expresó que "el acceso a la reparación de los daños sufridos por la víctima en un accidente de tránsito es un principio constitucional que debe ser tutelado" y remarcó que la Corte Nacional ha reconocido que "las víctimas tienen un derecho a la reparación integral de los daños que sufren a causa de un accidente y ha reforzado toda interpretación conducente a la plena satisfacción de este principio". Pero a renglón seguido sostuvo que "el instituto de la franquicia no es incompatible con este principio, sino que por el contrario, beneficia a las víctimas al estar enfocado en la prevención. Si una persona puede trasladar al seguro la totalidad de los daños que causa, no tendrá ningún incentivo para tomar precauciones tendientes a evitar el daño; en cambio, si una parte repercute sobre su patrimonio, la indemnización mantendrá un efecto disuasivo. Interpretada conforme a sus consecuencias, la decisión de declarar la inoponibilidad de la franquicia no constituye un beneficio para las víctimas. Establecida una regla semejante, los aseguradores eliminarán la franquicia, elevarán los precios y difundirán sus costos, lo cual aumentará el volumen de sus negocios. Si se incrementan los capitales asegurados y disminuyen los incentivos para la prevención porque el seguro se hace cargo de la totalidad de las indemnizaciones, se satisface el objetivo de la reparación, pero disminuye drásticamente toda motivación para evitar los accidentes. En el largo plazo, también habrá problemas para el aseguramiento y resultará afectado el objetivo de la reparación" (del voto del doctor Lorenzetti en CS, 7/8/2007, "Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena, Pedro Antonio", DJ 2007-III,99, LL 2007-E,402).

En los precedentes citados, la Corte Nacional entendió que en tanto la condena contra el responsable civil es ejecutable en la medida del seguro -art. 118, apart. tercero, ley 17.418 (Adla, XXVII-B, 1677)- y existiendo una franquicia pactada contractualmente entre la compañía y el asegurado por la cual se limita el riesgo cubierto de acuerdo a la normativa legal, ello conduce a concluir que el descubierto obligatorio es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación (cfr. CS, sent. del 08/8/2006, "Nieto, Nicolasa del Valle c. La Cabaña S.A. y otros" La Ley Online; sent. del 07/8/2007, "Cuello, Patricia Dorotea c. Lucena, Pedro Antonio", DJ 2007-III,99, LL 2007-E,402; sent. del 04/3/2008, "Villarreal, Daniel A. c. Fernández, Andrés y otros", LL 2008-B,273; sent. del 04/3/2008, "Obarrio, María Pía c. Microómnibus Norte", LL 2008-B,402; sent. del 04/3/2008, "Gauna, Agustín y su acumulado c. La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", LL 2008-B,404). .

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha pronunciado en igual sentido, al expresar que "el art. 118 de la ley 17.418 establece que "...la sentencia que se dicte hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él en la medida del seguro...", con lo que las obligaciones del asegurador no pueden ir más allá de los términos convenidos en la póliza, ya que el contrato es la fuente de las obligaciones y estando allí pactado los límites de la franquicia, al mismo corresponde atenerse. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil que establece el art. 68 de la ley 24.449 no altera los términos de la póliza convenida entre las partes, ya que el mismo precepto sostiene que ello es así "...de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora..." y el seguro con franquicia es una modalidad autorizada" (SCBA, 23/4/2008, "Romeggio Belkis, Amanda c. Alí, Claudio y otro s/Daños y perjuicios"; acum.. 1: "Gaona, Isolina c. Alí Claudio y otro s/Daños y perjuicios"; acum.. 2: "Alfonso, Orlando R. c. Alí, Claudio y otro s/Daños y perjuicios"; acum.. 3: "Galarza, Stella Maris c. Alí, Claudio s/Daños y perjuicios"; acum. 4: "Valdez, Francisco F. y otro c. Alí, Claudio y otro s/Daños y perjuicios").

Es convenientes señalar que el criterio sentado por la Corte Nacional exhibe adhesiones en pronunciamientos recientes de tribunales nacionales (cfr. CNCiv., Sala G, 20/02/2009, "Monzón, Catalina Dominga c. Gral. Tomás Guido SACIF y otros", La Ley Online; CNCiv., Sala E, 26/5/2008, "Del Águila Sonia Karen y otr c. Expreso Gral. Sarmiento S.A.T. y otro", LL 2008-D,254, RCyS, 2008-976). También esta Corte, recientemente en los autos "Sánchez Graciela del Jesús vs. Empresa de Ómnibus El Provincial S.R.L. y otro s/Daños y perjuicios" del 10/3/2009, sent. Nº 167, se pronunció en igual sentido; siendo sus consideraciones y doctrina legal aplicables a la presente causa.

Las consideraciones del tribunal de alzada -que hace propio el desarrollo doctrinario de un autor al que no cita, y que ensaya distingos a fin alcanzar soluciones que estima justas- resultan insuficientes para justificar que en el caso, existen razones que autoricen a apartarse del criterio establecido por la Corte Nacional, en supuestos donde se controvierte la aplicación de la Res. 25.429 de la SSN y la oponibilidad de la franquicia prevista a favor de las empresas de transporte de pasajeros que protagonizan un accidente de circulación.

Corresponde por tanto, hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto y casar también parcialmente el pronunciamiento recurrido, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "La franquicia pactada contractualmente entre la compañía y el asegurado por la cual se limita el riesgo cubierto de acuerdo a la normativa legal (Res. 25.429/97 SSN), es oponible al tercero damnificado y la sentencia que se dicte no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites del seguro contratado". Consecuentemente, se deja sin efecto el punto IV de la sentencia recurrida, dictando como sustitutiva la siguiente: "No hacer lugar al planteo referido a la limitación de la cobertura de la compañía de seguros por la existencia de la franquicia obligatoria deducible, formulado por la parte actora".

También se revocan los puntos V, segunda parte y VI de la parte dispositiva de la sentencia y disponer en sustitución: "Las costas de primera instancia quedan impuestas de este modo: no se modifica lo resuelto en primera instancia en relación al demandado pues el mismo no recurrió la sentencia; pero en relación a la aseguradora, en la parte en que prospera la demanda a su respecto, las costas se imponen a la misma, y en la parte que a su respecto no prospera la demanda, las costas se imponen a la actora (arts. 106 y 109 CPCC). Teniendo en cuenta que el recurso de apelación prospera en parte, y en parte es rechazado, las costas deben imponerse de este modo: en la parte en que prospera el recurso, las costas se imponen a la recurrida; y en la parte en que se rechaza, las costas se imponen a la recurrente (arts. 106 y 108 CPCC)".

5.- Las costas del recurso de casación deben imponerse de este modo: en la parte en que prospera el recurso, las costas se imponen a la recurrida; y en la parte en que se rechaza, las costas se imponen a la recurrente (art. 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE en relación al planteo analizado en el punto 4.1 de los considerandos, el recurso de casación interpuesto por Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. contra la sentencia de fecha 04/6/2008 (fs. 518/533) dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial del Centro Judicial de Concepción.

II.- HACER LUGAR también parcialmente, respecto del planteo considerado en el apartado 4.2, al recurso de casación indicado en el punto resolutivo anterior, de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta, y consecuentemente, se deja sin efecto el punto IV dispositivo de la sentencia recurrida, dictando como sustitutiva la siguiente: "No hacer lugar al planteo referido a la limitación de la cobertura de la compañía de seguros por la existencia de la franquicia obligatoria deducible, formulado por la parte actora". Se revocan asimismo, los puntos V, segunda parte y VI de la parte dispositiva y se dispone en sustitución: "Las costas de primera instancia quedan impuestas de este modo: no se modifica lo resuelto en primera instancia en relación al demandado pues el mismo no recurrió la sentencia; pero en relación a la aseguradora, en la parte en que prospera la demanda a su respecto, las costas se imponen a la misma, y en la parte que a su respecto no prospera la demanda, las costas se imponen a la actora (arts. 106 y 109 CPCC). Teniendo en cuenta que el recurso de apelación prospera en parte, y en parte es rechazado, las costas deben imponerse de este modo: en la parte en que prospera el recurso, las costas se imponen a la recurrida; y en la parte en que se rechaza, las costas se imponen a la recurrente (arts. 106 y 108 CPCC)".

II.- COSTAS del recurso de casación, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.