Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-08


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 8 de 2010.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 188/192? La Señora Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

1. Casano Gráfica S.A. (en adelante, "Casano S.A.") -por medio de su apoderado- promovió este pleito contra EFE 2 Producciones S.R.L. (en adelante, "EFE 2 S.R.L."), por cobro de facturas por pesos dieciocho mil cincuenta y tres con 20/100 ($ 18.053,20) con más los intereses y las costas. Destacó que es una empresa dedicada al diseño, confección, impresión y venta de todo tipo de impresos gráficos.

Arguyó que realizó los trabajos instrumentados en la factura nro. 12170, del 14.07.05 y que la defendida no la abonó.

Adujo que frente al fracaso de las negociaciones extrajudiciales que intentó para su cobro, inició el presente juicio.

Fundó en derecho su pretensión y ofreció prueba.

2. A fs. 60/63 EFE 2 S.R.L. -también mediante apoderado- contestó demanda. Solicitó el rechazo de la acción, con costas.

Por imperativo procesal negó todos y cada uno de los hechos expuestos por su contraria.

Relató que en anteriores oportunidades encargó ciertos trabajos a la actora y que le solicitó una cotización para la confección de programas de mano para una obra a realizarse en el Estadio Luna Park; sin embargo, expuso que nunca prestó consentimiento para su efectiva elaboración.

En este contexto, también negó emitir autorización para que la mercadería fuera recibida a su nombre. Así, denunció que la folletería se encuentra en el lugar donde fue entregada (Estadio Luna Park) desde la fecha en que la enviaron y en idénticas condiciones a la que fuera recibida.

Fundó en derecho y ofreció prueba.

II. La sentencia de primera instancia.

A fs. 188/192 la "a-quo" dictó sentencia. Hizo lugar a la demanda y condenó a EFE 2 S.R.L. a pagar al actor la suma de pesos dieciocho mil cincuenta y tres con 20/100 ($ 18.053,20) con más los intereses a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar, desde la fecha de mora -acaecida a los diez días de la fecha de la factura (cfr. art. 474 del CCom.)- y hasta su efectivo pago. Impuso las costas a la demandada vencida.

Para así decidir y en cuanto aquí interesa referir, meritó que: a) la actora pudo presumir que Gabriela Mill se encontraba autorizada para recibir trabajos de proveedores, b) la demandada consintió tácitamente la recepción de la mercadería, c) la accionada no desconoció los correos electrónicos glosados en copia a fs. 13/14; y d) la defendida no aportó documentación que sustente su defensa.

III. El recurso.

Apeló la accionada a fs. 195. Su recurso fue concedido libremente a fs. 196. Expresó agravios mediante el escrito de fs. 203/206, que recibió respuesta a fs. 208/209.

A fs. 211 se llamaron autos para dictar sentencia y el sorteo se practicó a fs. 212.

Ello así, se encuentran estas actuaciones en condiciones de dictar pronunciamiento conclusivo.

IV. Los agravios El contenido de los agravios transcurre por los siguientes carriles: i) no ordenó la demandada la confección de los programas de manos aquí reclamados, ii) Gabriela Mill no estaba facultada a autorizar trabajos con los proveedores, iii) los correos electrónicos no fueron reconocidos.

V. La solución.

A. Recuerdo que inició demanda Casano S.A. por cobro de pesos. Expuso que a petición de EFE 2 SRL realizó ciertos impresos gráficos. Denunció que entregó la factura, la mercadería y que, no obstante, el precio no fue abonado.

De su lado, la defendida sostiene que: no ordenó la confección de los programas de mano que su contraria reclama, que Gabriela Mill (en adelante, "Mill") no tenía facultades para celebrar operaciones mercantiles a su nombre, y que no se acreditó la autenticidad de los correos electrónicos adjuntados por su adversaria.

Planteados en tales términos los agravios, a los fines de decidir esta litis analizaré la prueba rendida con el objeto de determinar: (i) si la defendida ordenó la confección de la mercadería cuyo precio aquí se reclama, (ii) si se efectuó por intermedio de Mill; y (iii) la virtualidad jurídica que tienen los auxiliares de comercio subordinados para obligar al principal.

B. Acompañó la actora con su escrito de introducción de demanda ciertos mails. De su lectura surge que se habrían confeccionado por Mariano M. Casano, cumpliendo tareas para la actora, y por Mill, cumpliendo tareas para la defendida (v. fs. 13/14).

Repárese en la virtualidad jurídica que debe a ellos otorgarse, pues, del plexo integral de la litis y analizando la prueba ofrecida, se desprende que Casano S.A. sostiene que la defendida expresó su consentimiento para la elaboración de los folletos vía intercambio electrónico.

Así las cosas, al contestar demanda, específicamente en el punto V. A. (v. fs. 61, "in fine"), EFE 2 SRL negó que aquellos fuesen auténticos.

En este sentido, frente al desconocimiento puntal y expreso de EFE 2 S.R.L.; debió Casano S.A. demostrar su veracidad, mediante los medios probatorios idóneos (en el "sub lite", pericial informática).

No obstante, no lo hizo. En tal orden de ideas, carecen ellos de virtualidad probatoria a los fines de acreditar que la accionada prestó su consentimiento para celebrar el negocio.

Coadyuvante, obsérvese que al tiempo en que la sindicada como autora en representación de la defendida, prestó declaración testimonial (v. fs. 135), Casano S.A. no requirió que reconociera su autenticidad.

Así las cosas, no habiéndose acreditado la veracidad de los mails -cuya relevancia, como fuera dicho, debe destacarse, pues según la postura de la accionante a través de ellos se habría prestado el consentimiento-; y frente a la carencia de otras pruebas que acrediten la versión de la accionante, el primer agravio ha de prosperar.

C. No obstante, continuaré en el análisis de las restantes pruebas producidas, que refuerzan la anticipada conclusión en punto a que EFE 2 S.R.L. no ordenó a Casano S.A. que realizara los trabajos cuyo cobro aquí reclama.

C.1. A fs.115 declaró Alejandro Fernando Álvarez. Este testigo afirmó: i) que sólo requirieron a Casano S.A. un presupuesto (v. respuesta a la primera pregunta de la defendida, obrante a fs. 115), ii) respecto al proceso administrativo que debe seguirse a los fines de contratar, que requieren de una orden de compra, un presupuesto y, una vez aprobado por el gerente de compras, se remite a la administración la orden de compra (v. respuesta a la tercera pregunta de la accionada, obrante a fs. 115) y, iii) que no se aprueba ningún trabajo, aún en supuestos en que el tráfico comercial lo requiera, mientras no se obtenga la aprobación y la orden de compra (v. respuesta a la tercera pregunta, del formulario de la actora, obrante a fs. 115 y fs. 116).

Mayor virtualidad jurídica debe darse a los dichos de este testigo si se repara en que expuso desempeñar el cargo de director administrativo financiero, en su carácter de empleado (v. respuesta a la primera, 1era., pregunta, obrante a fs. 115).

C.2. A fs. 116, prestó declaración Gabriel Leonardo Del Vecchio Battiman. Dijo ser gerente de compras (v. respuesta a la generales de la ley, obrante a fs. 116). Su exposición coincide con la del anterior testigo, respecto a que sólo requirieron un presupuesto, que no fue autorizado (v. respuesta a la primera y segunda pregunta del formulario de la accionada obrante a fs. 116).

Asimismo, respecto a Mill, señaló que: i) no se desempeñaba en el sector de compras (v. respuesta a la primera pregunta de la actora, obrante a fs. 116), ii) cumplía tareas en el sector de diseño (v. respuesta a la tercera pregunta de la actora obrante a fs. 116) y, iii) no estaba facultada para autorizar trabajos con los proveedores (v. respuesta a la cuarta pregunta de la actora, obrante a fs. 116, "in fine").

C.3. A fs. 135, prestó declaración testimonial Mill. Sus dichos son también contestes con la exposición de los testigos Gabriel Leonardo Del Vecchio Battiman y Alejandro Fernando Álvarez.

Así, obsérvese que expuso que: i) cumple tareas en el sector de diseño de la empresa (v. respuesta a la segunda pregunta de la actora, obrante a fs. 135), ii) desconoce si se contrató, en qué términos, cantidades, formas de pagos e importes, pues sólo se encargaba del diseño (v. respuesta a la primera pregunta de la actora, obrante a fs. 135, "in fine"). Agregó que sólo recibió orden para hacer el diseño del trabajo (v. respuesta a la primera pregunta de la demandada, obrante a fs. 136).

C.4. Advierto que, si bien las referidas declaraciones deben ser analizadas con un especial espíritu crítico, por provenir de dependientes de la defendida; todas las ponencias son contestes entre sí.

En el mismo sentido, no se demostró la inidoneidad de estos testigos; y se aprecian veraces los dichos conforme la regla de sana crítica (art. 386 Cpr.). Máxime cuando no se adujo falsedad o inexactitud de las declaraciones. Ello así, resulta abstracto restarles virtualidad probatoria por meras razones principistas (CNCom., Sala B, "Maxdan S.A. c/ Termolana SRL s/ ordinario", del 15.02.00).

A mayor abundamiento, acótese el carácter de necesarios de los testigos por la intervención personal y directa en diversos aspectos de la contratación cuyos alcances se discuten en el juicio (CNCom., Sala A., "Arcieri, l. C/ Nestle S.A. s/ sumario, del 6/10/86).

C.5. No cambia la conclusión expuesta las declaraciones de los testigos ofrecidos por Casano S.A. Ello pues, de los mismos surge que trabajan en el sector de facturación y reclamos de cobro (v. respuestas de la testigo María Cristina Donadio a la primera y segunda pregunta de la actora obrante a fs. 107).

En este sentido, considerando el contenido de las tareas que les fueron asignadas, carecen de virtualidad probatoria a los fines de decidir si la accionada prestó su consentimiento para que se confeccionen los folletos. Ello pues sólo los testigos tienen intervención, de acuerdo a las tareas asignadas, una vez que se celebra el negocio. Así las cosas, puede razonablemente inferirse que no conocen si efectivamente la accionada ordenó que se realizarán los trabajos, en tanto que no era el área de su competencia.

C.6. Tras lo anterior, conclúyase que todos los testigos propuestos por la accionante, son contestes en que solo pretendió EFE 2 S.R.L la obtención de un presupuesto, y que no requirió la impresión de los folletos.

A ello debe agregarse que, de acuerdo a prácticas profesionales comerciales, resulta por demás habitual la expedición de una orden de compra, para que pueda darse comienzo al trabajo presupuestado. Su implementación suele tener diversas causas: i) política empresarial, ii) complejidad de la operación, iii) monto involucrado.

Así las cosas, correctamente puede inferirse del "quantum" del monto reclamado que la accionada debía emitir una orden de compra a los fines de que la actora realizará el trabajo, o requerir la exteriorización de la autorización otorgada a Mill para celebrarlo tratándose de comerciantes cuya profesionalidad se presume (art. 1 CCom.).

C.7. Agrego que existen otros elementos de convicción que corroboran la solución elaborada, no solo respecto a la falta de consentimiento de EFE 2 SRL para iniciar el trabajo, sino también, en punto a la necesidad de la existencia de una orden de compra.

Así, en la factura que aquí se reclama y en el remito acompañado, se hace referencia al presupuesto Nro. 96291 (v. fs. 7 y v. fs. 8 y 9).

Sin embargo, la actora no lo acompañó. Este instrumento, si bien no concluyente, junto con otros elementos probatorios, hubiese resultado de suma utilidad para sustentar su postura.

Acótese que como concepto pre-impreso en la factura que se ejecuta, se menciona: "Orden de Compra Nº" (v. fs. 8).

En tal orden de ideas, esta inclusión en los documentos que instrumentan los contratos: i) desde la perspectiva de la accionada, es conteste con su argumento respecto a que a los fines de celebrar los negocios tenía que emitir una orden de compra, que al no haberse inserto en la factura puede inferirse que no existió, ii) desde la postura asumida por la actora, la falta de inclusión resulta incoherente con sus propios actos, pues si como formato pre-impreso agrega cierta referencia exacta a la orden de compra como información que debe ser incluida a los fines de confeccionar la factura, su omisión (y en tanto que sí fue completado el número de presupuesto) permite inferir que no existió, circunstancia que refuerza la posición de la defendida, iii) desde la óptica de la práctica comercial a la que se hubiera hecho referencia, corrobora que no solo era práctica de la defendida emitir orden de compra, sino también, que era la accionante quien también la requería.

Asimismo, acótese que al tiempo en que intimó Casano S.A. a EFE 2 SRL a cancelar las facturas, ésta expuso que: "...obra en nuestro poder la documentación respaldatoria del pedido, de la entrega de la mercadería y de la recepción pertinente de la factura" (v. fs. 12).

Sin embargo, y pese haber denunciado poseer los instrumentos que avalasen el requerimiento de impresión de folletos, no los acompañó al tiempo en que inició demanda, y que su trascendencia para decidir esta litis resultaba esencial.

D. Como elemento de convicción corroborante haré mérito a tres contingencias adicionales, cuales son que la defendida negó: i) recibir copia u original de la factura, ii) solicitar la entrega de las mercaderías en el Luna Park, y, iii) que los remitos fueran firmados por ella o por sus dependientes.

D.1.1. Respecto de la primera de esas contingencias, debe decirse que si bien la factura constituye el elemento de prueba por excelencia del contrato, ella no determina por sí sola la admisión de la pretensión del emisor, ya que su virtualidad probatoria no se encuentra en su confección unilateral sino en la recepción por el destinatario (Conf., CNCom., Sala B, "in re": "Bodegas Tres Blasones S.R.L c/ Kapusta, Manuel s/ Ordinario", del 2/04/90).

La firma al pie de la factura da a este documento carácter bilateral, y no puede el comprador discutir que recibió los efectos y que estuvo conforme con calidad, cantidad, etc., si no reclama en los plazos que establece la ley (Conf. Závala Rodríguez, Carlos, "Código de Comercio y leyes complementarias. T VI, Ed. Depalma, Bs.As, 1976, p. 155).

Así las cosas, para que la factura tenga virtualidad probatoria -a fin de acreditar la existencia de la deuda y no la falta de pago- era necesario la prueba de su recepción, cuya carga estaba en cabeza de la actora por ser un hecho por ella alegado (art. 377 del Cpr.). Sin embargo, del documento acompañado no surge que ella hubiera sido recibida por la defendida.

D.1.2. En relación a la segunda contingencia, debe remarcarse que si bien es por todos conocido que en la práctica, la entrega de mercaderías se efectúa informalmente a la persona que se encuentre en el momento de destino y que no resulta habitual requerir identificación del receptor, por cuanto se presume que las personas que atienden al público se encuentran habilitadas para recibir mercaderías cuya entrega allí se solicitó; tal principio no resulta aplicable al caso en el que la entrega no se produzca en el domicilio de la demandada (Conf. CNCom, Sala D, "Sika Argentina SAIC c/ Propulsora Siderurgia SAIC s/ Ordinario", del 04/11/88).

En este marco, resulta dirimente poner de resalto que no acompañó la accionante ninguna prueba tendiente a acreditar que acordaron que los folletos debían ser entregados en el Luna Park.

Esta circunstancia me permite inferir que, de haber sido exactos sus dichos respecto a que celebraron el negocio, no existen dudas de que la entrega de los productos fuera del establecimiento de la defendida debió generar ciertas tratativas administrativas previas.

Sin embargo, como fuera dicho, ninguna prueba fue aportada a tales fines.

Así la cosas, las simples alegaciones de la actora son inidóneas para producir convicción sobre los hechos que invoca, pues la carga de la prueba no es una distribución del poder de probar que tienen las partes sino del riesgo de no hacerlo. En consecuencia, no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo de cada litigante (Quevedo Mendoza, Efraín, "Carga y Valoración de la prueba: Procesiones", JA, 22/07/98).

D.1.3. Por último, recuerdo que el remito acredita la entrega de la mercadería -que documentan las facturas- en la fecha inserta en el mismo, ya que la finalidad principal y casi única de éste es acreditar la efectiva remisión y recepción de los efectos que forma el objeto del contrato de compraventa mercantil.

El remito extendido unilateralmente por el proveedor de la mercadería, deviene a partir del momento de su conformación por el receptor de la misma, en un instrumento bilateral de convergencia de voluntades de las partes del negocio (Conf. CNCom, Sala C, "in re": " Or-Let S.R.L c/ Roberto Fernández y Compañia S.R.L s/ Ordinario", de 27/12/90).

Desde esta óptica, las constancias aportadas tanto en su individualidad como en el plexo en que se insertan, imponen concluir que la pretensora no acreditó la idoneidad de los remitos agregados para justificar la recepción por parte de la defendida.

Ello pues, frente al desconocimiento expreso de la accionada respecto a que las mercaderías no fueron recibidas por sus dependientes (v. fs. 62 vta., "in fine), no acreditó tal circunstancia; y, en tal sentido, carece de virtualidad jurídica la firma inserta en ellos.

F. Una última consideración se impone. No se desconoce que el art. 146, 2do. párrafo del CCom., refiere a la alternativa de que empleados del comerciante puedan, a diferencia del factor (art. 132 CCom.), realizar actos que específicamente hubieran sido autorizados por el principal con validez y obligatoriedad (art. 147 CCom.).

Ello pues, además de la persona encargada de la administración de un establecimiento con poderes generales y permanentes (factor), el comerciante necesita la colaboración de otras personas, más o menos numerosas y con funciones muy variadas según la magnitud y la especialidad de la explotación (conf. Fontanarrosa, Rodolfo, "Derecho Comercial Argentino", 1era. Parte, Bs. As., Zavalía, p. 501, 1985).

Sin embargo, el principio general respecto a los dependientes es que no tienen facultad para obligarse por sus principales; sus excepciones pueden resultar de mandato expreso otorgado por el principal para cumplir funciones específicas, bien de una presunción establecida por el propio código, o por aplicación de la teoría de la apariencia.

En este sentido, la actuación de Mill en la operatoria, debe encuadrarse en la figura de dependiente, mas no como factor, pues quien cumple esta función es el gerente (conf. arg. art. 146 CCom.).

Ahora bien. La cuestión aquí introducida respecto a los agentes auxiliares de comercio subordinados carece de virtualidad jurídica a los efectos de decidir esta litis. Ello pues, como dijera "supra" no acreditó Casano S.A. la autenticidad del mail a través del cual Mill habría prestado el consentimiento para obligar a su principal; ni tampoco produjo prueba idónea que permita inferir que a través de otras conductas llevadas a cabo por aquella pudiera haber creado en la actora la intima convicción que EFE 2 SRL dio su consentimiento para la impresión de los folletos. Destáquese, a todo evento, que tampoco hay prueba de conductas generadas por el factor, por Mill, o de otras acciones que la accionada hubiera desplegado.

G. Ello así, en el "sub lite", no corresponde condenar a la defendida al pago de los montos que surgen de la factura, dado que, no esta acreditada la existencia de la operación de compraventa.

VI. Conclusión.

Por lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, corresponderá revocar la sentencia recurrida. Las costas de primera instancia, por aplicación del art. 279 del Cpr, se deben imponer a la actora vencida, al igual que las originadas en el recurso (art. 68 del Cpr).

He concluido.

Por análogas razones los señores Jueces de Cámara Doctores Barreiro y Ojea Quintana adhieren al voto que antecede.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo precedente se revoca el pronunciamiento de fs. 188/192. Las costas de primera instancia, por aplicación del art. 279 del Cpr, se deben imponer a la actora vencida, al igual que las originadas en el recurso (art. 68 del Cpr). -Juan Manuel Ojea Quintana. -Rafael F. Barreiro. -Alejandra N. Tevez.