Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-10


Causa Nº 7690-00-CC/07 (39/07) "AGRELO, Alberto Luis s/inf. arts. 116 y 117 ley 1472- Apelación".

//n la ciudad de Buenos Aires, a los diez días del mes de mayo de 2007, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de grado, Norberto Brotto, a fs. 14/17 del presente, del que:

RESULTA:

I.- Que a fs. 3 obra el acta labrada a Alberto Luis Cafaro respecto de las contravenciones previstas en los artículos 116 y 117 en base al procedimiento prevencional llevado a cabo el día 28/2/2007 por el Inspector Alejandro Daniel Cafaro.

II.- Que a fs. 6 consta el papel con anotaciones varias secuestrado en las presentes actuaciones.

III.- Que a fs. 8, el Sr. Fiscal de grado mantiene la medida cautelar y da intervención al Sr. Juez de Primera Instancia en los términos del art. 21 LPC.

IV.- Que a fs. 9/10 vta., se agrega el decisorio del Magistrado a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 13, Guillermo Morosi, en el que resuelve declarar la nulidad absoluta del acta de fs. 3 y de todo lo actuado en consecuencia (art. 168, 2º párrafo del CPPN en función del art. 6 LPC). Ello, por entender que el accionar policial fue arbitrario, toda vez que ni de la declaración del preventor de fs. 1 ni del acta labrada emergen los motivos suficientes que razonable y objetivamente determinen un estado de sospecha que justifique la razonabilidad de la medida cautelar adoptada en autos. Al respecto, considera que el accionar policial ha vulnerado el debido proceso (art. 18 CN), ya que se apartó de las prescripciones legales vigentes en la materia para proceder del modo en que lo realizó. Así, sostiene que no se han plasmado en el sumario las circunstancias que justificaron la intervención policial, a través de la cual se interfirió principios constitucionales básicos como los de legalidad, reserva (art. 19 CN) y propiedad (art. 17 CN), que permitan esclarecer el carácter sospechoso para el espectro contravencional de la conducta que dos personas que se encuentren sentadas en un bar, conversando y efectuando anotaciones en una servilleta de papel. Finalmente, refiere que aún de enrolarse en la tesis que estamos frente a un secuestro, dicha medida cautelar, por regla, tiene una naturaleza netamente jurisdiccional (arts. 6 LPC y 231, primer párrafo CPPN), y sólo en casos excepcionales, dándose determinadas, precisas y taxativas circunstancias, puede ser dejada de lado. Asimismo, aclara que tampoco se dan las circunstancias del art. 230 bis del CPPN, y que no existían motivos previos para la intervención policial.

V.- Que a fs. 14/17, obra el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía. Señala que el procedimiento llevado por el funcionario policial no ha sido arbitrario como tampoco ha vulnerado derecho constitucional alguno. Así, sostiene que el procedimiento policial no resulta arbitrario dado que aquél fue producto de la labor prevencional que tiene asignada, donde sus "conocimientos policiales" motivaron la intervención -al ver a dos personas hablando, lo que a su juicio podría tratarse de juego de apuestas ilícito-, que finalizó con el secuestro de un papel. Entiende, además, que tampoco se afectó la privacidad del encartado, dado que el procedimiento fue realizado dentro de un bar, el cual resulta ser un lugar público, por tanto no se afectó el principio de reserva (art. 19 CN). Por tales motivos, considera que se afectó el orden al que se refiere el artículo mencionado. Por último, indica que tampoco se han menoscabado los derechos de propiedad del encausado y la garantía del debido proceso, por lo que considera que todo lo actuado resulta plenamente válido.

VI.- Que a fs. 18, el a quo resuelve conceder el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía.

VII.- Que a fs. 23/24, obra el dictamen del Fiscal de Cámara, Walter Fernández, donde solicita se declare procedente el recurso y se revoque la resolución recurrida. Al respecto, refiere que hace suyos los argumentos vertidos por el Fiscal de grado. Asimismo, señala que la actividad de la prevención no afectó ninguna garantía constitucional, en atención a que dicha actuación no implicó una medida de intromisión en la esfera de intimidad del imputado, sino que el funcionario policial se abocó a lo que expresamente le impone la ley -prevenir la comisión de contravenciones-. También entiende que la intervención policial resultó razonable, dado que no solo el testigo refirió haber concurrido a ese bar a efectuar una jugada de quiniela, sino que además el propio encartado aportó la servilleta en la que aquéllas se habían plasmado. Manifiesta que dicho elemento fue entregado voluntariamente por Agrelo, por lo que resulta ser un acto distinto de la medida cautelar de secuestro y que, por ende, no necesita la convalidación que requiere el art. 21 LPC. Por último, agrega que el Magistrado de grado realizó un análisis que no resulta pertinente en la etapa procesal en la que se encuentran las actuaciones, dado que debería haberlo efectuado en el momento del debate oral y público, toda vez que el examen de cuestiones de hecho y prueba es propio del juicio, por lo que excede el marco del control de legalidad de una medida cautelar.

VIII.- Que a fs. 28 pasan los autos a resolución de esta Sala, siendo las cuestiones a dilucidar: ¿resulta admisible el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en su caso ¿resulta ajustada a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación interpuesto lo ha sido en las condiciones y plazos establecidos por la Ley Nº 12, y por quien se encuentra legalmente facultado para hacerlo.

Ahora bien, es dable recordar que esta Sala tiene dicho que la norma antes citada prevé expresamente la apelación de la sentencia, pero es de aplicación supletoria lo dispuesto por el artículo 449 in fine CPPN -art. 6 LPC- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen un gravamen irreparable al imputado, el que según se ha afirmado "... no se presta a una definición genérica y debe por lo tanto verificarse su concurrencia en cada caso concreto, puede decirse que aquél se presenta, fundamentalmente, cuando no existe otra oportunidad procesalmente útil para reparar el perjuicio que irroga la resolución..." (Palacio, Lino Enrique, "Los recursos en el proceso penal", Ed. Abeledo-Perrot, Bs.As. 2001, págs. 60/61).

Por lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal de grado.

SEGUNDA CUESTIÓN El recurso de apelación presentado por el Fiscal de grado consiste en sostener que no resulta nulo el actuar del preventor policial -respecto de la confección del acta contravencional que dio origen a estas actuaciones-, puesto que no se practicó en forma arbitraria. Fundamenta tal argumento, señalando que no existió intromisión alguna a la privacidad del imputado, en atención a que el accionar policial se desarrolló en un bar, el cual resulta ser un lugar público. En consecuencia, entiende que el artículo 19 CN cede cuando están en juego el orden, la moral pública o los derechos de terceros, y que por desplegarse la actividad presuntamente contravencional en un lugar de esas características, efectivamente existió una afectación al orden. Por ende, lo actuado por el personal policial resultó plenamente válido.

Al respecto, y previo a todo análisis de los planteos esgrimidos en la presente, es importante recordar la postura que ha venido sosteniendo esta Sala en numerosos precedentes en materia de nulidades, al afirmar que la declaración de invalidez posee carácter excepcional, y priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. A partir de lo expresado, es dable afirmar que la nulidad sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

En este sentido, el defecto invocado por el Sr. Juez de grado se relaciona con la supuesta violación a la garantía constitucional del debido proceso legal establecido en el art. 18 CN, y los principios de legalidad y reserva (art. 19 CN), dado que ni de la declaración del Inspector Alejandro Cafaro (ver fs. 1) ni del acta de fs. 3, emergen motivos suficientes que razonable y objetivamente determinen un estado de sospecha que justifique la razonabilidad de la medida adoptada.

Ahora bien, según surge de la declaración obrante a fs. 1, el preventor actuante refirió que en virtud de las tareas de prevención ingresó a un bar denominado "2901", ubicado en la intersección de las Avenidas Cramer y Congreso de esta ciudad, y que en su interior observó la presencia de un sujeto de sexo masculino que en un papelito realizaba anotaciones varias mientras dialogaba con otra persona del mismo sexo. Seguidamente, y ante la posibilidad de que se tratara de una de las conductas establecidas y reprimidas por los arts. 116 y 117 del Código Contravencional, el Inspector consultó a uno de ellos sobre los motivos de su presencia en el lugar, manifestando que concurrió a efectuar una jugada de quiniela pero como eran conocidos no le había entregado comprobante alguno.

En efecto, como bien sostiene el Sr. Juez de Grado, en este cuadro histórico no se han plasmado en el sumario las circunstancias que justificaran a la intervención policial, ni constancia de tareas de inteligencia previa, ni los motivos que permitan esclarecer el carácter sospechoso para el espectro contravencional de que dos personas se encuentren sentadas en un bar, conversando y realizando anotaciones en una servilleta de papel. Sobre esta base fáctica son inimaginables la diversidad de conductas que pueden presagiarse.

Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ha sostenido que: "la desnuda afirmación acerca de la actitud sospechosa de los detenidos impide concluir que la autoridad policial haya obrado sobre la base del conocimiento de circunstancias que hiciesen razonable la detención y, en todo caso si han existido, los agentes policiales la han mantenido "in pectore" y no han dejado expresión de ellas, lo que impide disipar toda duda sobre la arbitrariedad de la medida. No se pretende coartar las facultades de prevención e investigación propias de los funcionarios de la policía en procura de la seguridad jurídica, sino poner de manifiesto que para el regular ejercicio de las mismas deben expresarse las razones que sustenten su actuación, en cada caso en concreto, en consonancia con las normas vigentes" (Sala V, "Peña, Sergio A." nº 15.472, del 5/4/2001).

Sin perjuicio de ello, el supuesto "estado de sospecha", o como mencionara el Fiscal de Grado los "conocimientos policiales", deben ser analizados a la luz de los hechos y de las circunstancias, cuestión que no ha sido explicada por los agentes policiales, toda vez que no indican cuál fue la conducta del encartado o cuáles fueron los motivos que lo llevaron a dar por acreditado ese estado.

Por tales razones, corresponde confirmar la resolución en cuanto declara la nulidad absoluta del acta de fs. 3 y de todo lo actuado en consecuencia (arts. 6 LPC y 166 y 168, 2º párrafo del CPPN):

Atento a las consideraciones que anteceden, este Tribunal RESUELVE CONFIRMAR la resolución de fs. 9/10, en cuanto declara la nulidad absoluta del acta de fs. 3 y de todo lo actuado en consecuencia (arts. arts. 6 LPC y 166 y 168, 2º párrafo del CPPN, y arts 18 y 19 CN, 10 y 13. 3 de la CCABA).

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mi