Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-16


SENT Nro. 247 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 16 de abrilde dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Compañía Tucumana de Refrescos S.A. vs. García José Luis s/Cobro ejecutivo de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación presentado por la parte actora contra la sentencia del 7 de agosto de 2002 dictada por la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, que fue concedido por resolución del 14 de noviembre de 2002.

El recurso fue presentado en término, con el depósito exigido por el art. 817 CPCC, y la sentencia impugnada es equiparable a definitiva, porque, aunque resuelve una cuestión incidental, tiene como efecto poner fin al proceso por haber declarado la caducidad de la instancia.

El actor se agravia de que no se consideraron actos que instaron el procedimiento a sus pedidos de que se libren mandamientos. Tacha de arbitraria a la sentencia porque omitió considerar la totalidad de las diligencias realizadas por su parte para llevar adelante la ejecución. Señala como actos impulsivos del procedimiento a sus solicitudes de que se ponga a la vista el expediente, y cita jurisprudencia al respecto. Denuncia que la sentencia de la Cámara incurrió en arbitrariedad porque considera que carece de fundamentos y de sustento normativo, tanto respecto de la perención como de la imposición de costas. Menciona varias circunstancias para ejemplificar que a veces no se puede practicar la intimación de pago, y sostiene que con el criterio del Tribunal debería finalizar el juicio. Manifiesta que en el caso su parte lo único que podía hacer para continuar con el proceso era reiterar el pedido de mandamiento para mantener viva la instancia. Por último proponer doctrina legal y formula reserva del caso federal.

La sentencia impugnada consideró como última diligencia que instó el procedimiento antes de la intimación de pago practicada el 06/3/2001 (fs. 24), a la medida ordenada ante la presentación de fs. 15, consistente en el mandamiento del 31/5/2000 dirigido al Jefe de Oficiales de Justicia que consta agregado a fs. 16 de autos.

Dentro de las actuaciones cumplidas por el actor, estimo que resulta impulsiva del proceso la presentación de fs. 15 del 17/02/2000 en la que repone lo adeudado en concepto de tasa de justicia; ella posibilita la viabilidad de la intimación de pago. En cambio, el mandamiento de fs. 16 no fue diligenciado, por lo que el mismo no fue impulsivo en absoluto del avance de la causa; más aún ese acto procesal frustrado es el polo opuesto al conceptuado como impulsivo del proceso, toda vez que al no diligenciarse el mandamiento, el procedimiento se retrotrae, pues necesariamente deberá el interesado pedir que de nuevo se libre el respectivo mandamiento, por lo que nuevamente habrá que reiterar la providencia correspondiente, al haber quedado sin efectividad la anterior.

A partir de allí, el escrito en que el ejecutante solicita se pongan a la vista los autos (fs. 17, 07/9/2000), porque requeridos verbalmente le comunican que no son habidos, solo tiene un efecto suspensivo de hecho del curso de la perención, en este caso, pues efectivamente el expediente "se encontraba traspapelado en otra letra", según el cargo actuarial de fs. 17, pero ese efecto suspensivo es de siete días, pues el día 14/9/2000, los autos son puestos a la vista, y el actor pide reiteración de mandamiento, y esta sí es una diligencia impulsiva, pues es la que correspondía al estado de la causa, en razón de que el anterior mandamiento no fue diligenciado (fue devuelto por la oficina de Oficiales de Justicia). Pero ya entre aquella fecha de fs. 15 y la de fs. 17, descontando incluso el período de feria judicial de julio de 2000, había transcurrido el plazo de seis meses de la perención que se cumple el 31 de agosto de 2000.

Al verificarse que se cumplió el plazo legal de perención y que el planteo de caducidad fue oportuno, corresponde desestimar el recurso de casación deducido.

Las costas del recurso de casación se imponen al ejecutante (arts. 106 y 108 CPCC).

Los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 07/8/2002, con costas al ejecutante.

II.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA