Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-19


Reg.: A y S t 280 p 182/186. Santa Fe, 19 de diciembre del año 2.017. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución 207 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "ALMIRÓN, LUIS VIRGILIO contra GIORGI AUTOMOTORES S.A. Y OTROS -RECOMPOSICIÓN DE AJUSTE DE VALORES- (CUIJ 21-00758514-1)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511258-0); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante resolución 207 del 28 de julio de 2016 (fs. 9/13), en lo que aquí interesa, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocando el decisorio de baja instancia -en cuanto había hecho lugar a la demanda incidental de reajuste del monto de una condena anterior (impartida en los términos del artículo 17, inciso b, de la ley 24240, por reparación insatisfactoria de un automotor)- y, en su lugar, rechazó dicha pretensión actoral. Contra tal pronunciamiento interpone el accionante recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario y carente de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (fs. 14/21). Sostiene que el fallo ha prescindido de lo establecido en el artículo 17 inciso b) de la ley 24240, en cuanto prevé la devolución de la cosa a cambio del importe pagado según su precio en plaza actualizado al tiempo del reembolso, en violación -además- al principio protectorio del artículo 42 de la Constitución nacional. Remarca también que la subsunción del planteo de autos en la citada norma legal, según lo decidido por la Jueza de grado, no había sido cuestionada en modo alguno por las demandadas al apelar, de modo que a la Alzada le estaba vedado modificar ese punto del fallo de primera instancia. Por otra parte, afirma que la Sala ha incurrido en autocontradicción al señalar, por un lado, que el ajuste reclamado no podía prosperar en tanto existía cosa juzgada sobre a la pretensión primigeniamente esgrimida en orden al reintegro del monto abonado por el rodado; para luego indicar, por otro lado, que aun mediando sentencia firme podría haberse intentado una revisión de la tasa de interés fijada en la condena. Entiende que, de tal modo, el fallo niega la viabilidad de un reajuste a la vez que admite tal posibilidad; y alega que, aun de interpretarse que los Sentenciantes admitirían la revisión solamente respecto de los intereses, ello resultaría igualmente irrazonable porque -dice- ninguna tasa aceptable resarciría la mora además de compensar la devaluación sufrida por la moneda nacional. Añade que la contradicción vuelve a evidenciarse más adelante, cuando la Sala menciona que cierta jurisprudencia ha tolerado que, por vía incidental posterior a la sentencia firme, se deduzcan planteos relacionados con la desvalorización monetaria; argumento éste que, a entender del recurrente, resulta incompatible con lo finalmente resuelto. Por último, aduce que la sentencia impugnada es notoriamente injusta, en tanto -asevera- el A quo ha privilegiado aspectos formales, relacionados con la vía elegida y el momento de su articulación, por sobre la justicia intrínseca del caso, consagrando una solución absolutamente disvaliosa que, como consecuencia del transcurso de los tiempos procesales, habría importado la restitución de sólo un tercio del valor del automóvil adquirido, en perjuicio del consumidor y en beneficio de las proveedoras. 2. Por resolución del 22 de diciembre de 2016 (fs. 37/42), la Alzada denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, al hallar insatisfecho el requisito de planteo oportuno de la cuestión constitucional, aparte de considerar que los cuestionamientos expuestos por el recurrente reflejaban su mera disconformidad con lo decidido, sin entidad constitucional. Tal denegación motiva la presentación directa del interesado ante esta Corte (fs. 44/48). 3. La presente queja, se adelanta, debe ser rechazada. Ello así por cuanto en una aproximación liminar a lo sustancial es dable advertir que los reparos del recurrente, pese a invocar vicios de arbitrariedad, revelan tan sólo su descontento con lo resuelto por la Alzada sobre cuestiones de hecho y de derecho común y procesal en base a fundamentos suficientes del mismo orden, materias que -dentro de un margen de razonabilidad que no se entrevé transgredido en la especie- están reservadas a los jueces ordinarios de la causa y son ajenas, en principio, a esta instancia extraordinaria. A saber, la Sala juzgó improcedente la pretensión incidental de reajuste del capital de condena deducida por el accionante. Para arribar a tal conclusión, entendió que asistía razón a las demandadas apelantes al insistir sobre la existencia de cosa juzgada -desestimada por la Jueza de grado- en punto a la pretensión de restitución del precio por resolución del contrato de compraventa de automotor, y que ello no podía ser alterado por la vía intentada. Precisó que, en su oportunidad, el actor había demandado el reintegro del monto abonado, cuantificándolo en la suma de $38.947 más intereses o lo que en más o en menos determinara el Oficio; y que el Tribunal de alzada, a su turno y por sentencia de noviembre de 2006, había dispuesto hacer lugar a la demanda, condenando a las accionadas a resarcir la suma de $36.306 más intereses a la tasa pasiva sumada del Banco de la Nación Argentina. Destacó que ni en aquella demanda ni en la sentencia respectiva se había hecho alusión alguna a la existencia de una supuesta deuda de valor que quedara al margen del principio nominalista; y que en cualquier caso y más allá de lo normado en la Ley de Defensa del Consumidor, lo cierto era que dicha sentencia no había sido recurrida por el demandante, de modo que la obligación de restituir el precio había quedado así definitivamente cuantificada en dinero, con anuencia del interesado. Añadió que, no recurrida la sentencia y pese a su firmeza, al accionante todavía le podría quedar la posibilidad de peticionar y obtener la revisión de la tasa de interés fijada en el fallo -siempre que no hubiere mediado pago recibido sin reservas- si lograra demostrar su irrazonabilidad con arreglo al principio de la realidad económica; pero que tal solución no podía brindarse en autos sin sacrificio del debido proceso. Finalmente estimó que, en atención a que la jurisprudencia ha admitido planteos indexatorios por vía incidental posterior a la sentencia firme que hubiera omitido pronunciarse sobre la desvalorización monetaria, y dado que el caso se ubicaba en la órbita del derecho consumerista donde rige el principio de la reparación plena, correspondía distribuir las costas según el orden causado. Echa de verse, según surge de la reseña precedente, que las cuestiones propuestas fueron resueltas por la Alzada con fundamentos suficientes, conformando un decisorio que no aparece "prima facie" disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida. Frente a ello, el quejoso tacha al fallo de arbitrario, endilgándole los vicios de prescindencia de la ley aplicable, incongruencia, autocontradicción y notoria injusticia. Mas, con los argumentos que expone, el compareciente no demuestra mínimamente que los Sentenciantes, al acoger el agravio apelatorio vinculado al rechazo la excepción de cosa juzgada, hubiesen desbordado los términos de la litis o incurrido en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (art. 141, C.P.C.C.; arts. 7 y 10, ley 23928; arg. art. 772 in fine, Cód. Civ. Com.). En efecto, sus postulaciones no logran desvirtuar la razonabilidad de lo expuesto por la Sala en el sentido de que, tal como lo venían sosteniendo las demandadas apelantes, la obligación de restituir el importe pagado por el automotor en los términos del artículo 17 inciso b) de la ley 24240 ya había sido decidida y cuantificada por una sentencia judicial anterior, no impugnada en su oportunidad por el aquí recurrente (en especial, según puede colegirse, en aquella ocasión el interesado no invocó un eventual apartamiento del fallo respecto del método de valuación previsto en la norma citada), lo cual ahora impedía modificar lo decidido sobre el punto y pasado en autoridad de cosa juzgada. A su vez, los asertos pretendidamente incompatibles entre sí que el compareciente achaca al Oficio carecen de entidad para acreditar que el razonamiento del A quo contenga una irreductible oposición conceptual que lo descalifique como acto jurisdiccional. Al respecto hay que decir que lo considerado por la Sala en torno a la eventual posibilidad de revisión de la tasa de interés fijada en la sentencia se inserta dentro del criterio sentado por esta Corte en "Mastrogiovanni" (A. y S., T. 200, págs. 172/185; v. tb. A. y S., T. 256, págs. 374/381) y encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, la que ha dejado sin efecto decisiones con sustento en la doctrina de la arbitrariedad cuando las mismas, "a causa de su excesivo rigor formal y el apartamiento de la realidad económica", convalidan mecánicas aplicaciones "de tasas bancarias que conducen a un resultado desproporcionado", insistiendo al respecto en la necesidad de verificar si "los mecanismos destinados a preservar la intangibilidad del crédito y el pago de los intereses moratorios no han sido apropiados para satisfacer los daños y perjuicios debidos al actor", de suerte tal que si el monto final frustra notablemente la razonable expectativa de proporcionalidad entre aquéllos y el daño resarcible, "la solución impugnada no puede ser mantenida so color de un supuesto respeto al principio de la cosa juzgada (Fallos:315:2768; 318:1845; 320: 1038; 322:2109; 323:2562)" (C.S.J.N., "Luna", Fallos:325:1454). Y por otra parte, es claro que la alusión del A quo a los antecedentes jurisprudenciales que han admitido la actualización del rubro capital por depreciación monetaria -bajo la vigencia de legislaciones actualmente derogadas que así lo preveían-, aun por vía incidental posterior a la sentencia firme, estuvo direccionada únicamente a justificar la eximición al perdidoso de la carga de las costas, lo cual más allá de su mayor o menor grado de acierto no trasluce una verdadera fractura lógica con lo resuelto sobre el fondo en el presente caso -es decir, con el rechazo de la pretensión incidental de reajuste del capital de condena-. Por lo demás, bajo la tacha de notoria injusticia el compareciente se empeña en hacer prevalecer su propia visión del caso, asentada en su particular apreciación de los hechos y del derecho aplicable, mas sin lograr perfilar la configuración de algún vicio de índole constitucional que autorice la apertura de la instancia excepcional. En suma, no se vislumbra en el "sub lite" la existencia de una cuestión constitucional aprehensible que habilite el franqueamiento de la instancia excepcional ante esta Corte. Ello en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la demostración liminar de su conexión con las constancias de la causa y de su incidencia sobre el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: FALISTOCCO (en disidencia) - GASTALDI - GUTIÉRREZ - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DECANO DOCTOR FALISTOCCO: La postulación del recurrente cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. FDO.: FALISTOCCO - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA). Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Segunda-. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 1 de Rosario.