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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, sentencias de segunda instancia, incongruencia, compraventa, contratos, escrituración
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: VACCARI, MARIO FRANCISCO c/ RIDOLFO, JUAN CARLOS GAETANO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-08-19

La pretensión directa no puede prosperar, desde que la tacha de autocontradicción del apelante no cuenta con el sustento idóneo y suficiente como para refutar las consideraciones de la Cámara, que determinó que el contrato de compraventa celebrado entre las partes seguía vigente -pues la resolución intentada por el demandado no producía los efectos pretendidos por no configurarse los requisitos establecidos en los artículos 1201 y siguientes del Código Civil- y correspondía atender a la pretensión del comprador de que se otorgue la escritura traslativa de dominio y determinar la forma en que se debía cancelar el saldo del precio; ya que no se configura contradicción entre lo resuelto en el juicio de consignación interpuesto por el comprador -donde se discutía la integridad e identidad del pretendido pago- y el presente -donde se trata de determinar si se resolvió o no el contrato de compraventa y tras concluirse que no quedó resuelto, establecer las obligaciones emergentes del negocio en cuestión.
Honorarios del abogado, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Valdez, Alberto c/ Molina, Santos y otros s/ Usucapión Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-10-05

No puede aceptarse, a los fines de satisfacer el cumplimiento del art. 21 de la Ley 6716, el pedido de reducción proporcional de los honorarios firmes regulados por esta alzada formulado por un litisconsorte respecto de un incidente en el que se le impusieron las costas, ya que aceptar dicho pedido importaría intentar modificar elípticamente una regulación de honorarios con violación al principio de la cosa juzgada, preclusión y defensa en juicio (arts. 17 Constitución Nacional; 34 inc. 4¦, 36 inc. 1¦ 150, 155, 163 inc. 5¦, 6¦ y 8¦, 166, 170, 238, 242, 267 in fine, y concds. Código Procesal). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL
Carátula: CORRADO, Rosa Carmen c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS NAZCA 1953/55/57 s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-20

La modificación del sistema de ingreso y egreso de un edificio decidida por el consorcio, afecta de manera especial al copropietario cuya unidad, habida cuenta del destino establecido en el reglamento de copropiedad, sólo puede utilizarse como consultorio médico, porque perjudica la utilización de la misma, en una medida no comparable con las restantes unidades, que al hallarse destinadas a vivienda, carecen del movimiento propio de un consultorio médico; y en tales condiciones, resulta verosímil que afecte también su valor de venta, o al menos, dificulte su enajenación. Si bien no cabe desconocer las razones de seguridad tenidas en mira al decidirse la modificación del sistema de ingreso y egreso del edificio, no parece razonable que se hagan recaer mayores perjuicios a un copropietario, beneficiando así a los demás, máxime si existen soluciones alternativas que evitarían ese trato imperativo.
Juicio ejecutivo, tarjeta de crédito, título ejecutivo inhábil
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO NUEVA ERA COOPERATIVO c/ DEUTSCH SILVIA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-22

El saldo que proviene de un contrato de emisión de tarjeta de crédito es una variante que desnaturaliza al contrato de cuenta corriente bancaria, por lo tanto es inhábil como título ejecutivo.

Ello, aún mediando conformidad del pretenso cuentacorrentista.
Desaparecidos, Fuerzas Armadas, control de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: Oharriz, Martín Javier c/ M. J. y DD. HH. s/ Ley 24.411 (resol. 111/90)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-26

No asiste razón al recurrente al sostener que el decreto 403/95 reglamenta de manera irrazonable la ley 24.411 porque distingue entre personas desaparecidas o muertas en el marco de la lucha antisubversiva o como consecuencia del obrar subversivo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: LEDERHOS JULIO CARLOS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-12-14

Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley se ejerce el control jurídico sobre la legalidad de la sentencia de Cámara, de allí que las quejas enderezadas a rebatir motivaciones de la sentencia de Primera Instancia no sean atendibles.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, paritarias, Poder Legislativo, revisión judicial, Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, jueces, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

La decisión del Poder Legislativo de no someter a un proceso homologatorio los acuerdos de la Comisión Paritaria que impliquen la modificación del régimen salarial originariamente previsto, es una cuestión que escapa al control de la Corte, cuya misión -en el ámbito de lo contencioso administrativo- se limita a observar el ajuste de los actos administrativos impugnados al ordenamiento jurídico; ordenamiento éste que admite la posibilidad de que la Comisión Paritaria resuelva, acuerde y convenga condiciones salariales distintas a las establecidas por la ley 9286, de aplicación en todas las Municipalidades y Comunas de la Provincia (artículo 132 bis, 2do. párrafo).
Extinción de la acción penal, multa
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: ROMERO, OSCAR JESUS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-09-23

El pronunciamiento que motiva el recurso de inconstitucionalidad -por el cual la Alzada rechazó la queja por apelación denegada contra el auto del Juez de grado que no hizo lugar al planteo defensivo de declaración de extinción de la acción penal por pago voluntario de la multa respecto del delito previsto en el artículo 249 del Código Penal- no reúne el requisito de definitividad del artículo 1 de la ley 7055; y si bien la compareciente intenta rebatir el auto denegatorio insistiendo en que lo decidido le causa un notorio perjuicio patrimonial dado que clausura en forma definitiva la posibilidad de abonar el pago mínimo de la multa durante la instrucción, lo cierto es que no se advierte que la resolución atacada le irrogue un gravamen efectivo y de imposible o insuficiente reparación ulterior que autorice a hacer excepción a aquel principio. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Prueba del contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, concubinato
Materia: LABORAL
Carátula: Cabada, María Eugenia c/ Lazarte, Carlos Ernesto s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-30

La sola demostración de la existencia de un "concubinato" no es suficiente para destruir la presunción de existencia de contrato de trabajo, lo que significa que, además de la mencionada relación de pareja, es necesario acreditar alguna otra circunstancia definitoria que permita apartarse de la presunción legal.
Cuestiones de hecho y prueba, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Alimentos Tropicales Argentinos SA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-05

Si bien los planteos del recurrente remiten en parte a cuestiones de hecho, prueba y de índole procesal -por regla, ajenas al ámbito de conocimiento de este Tribunal-, se muestran idóneos para dar andamiento al recurso incoado por encontrarse en juego de manera directa el derecho de defensa en juicio (tutela judicial efectiva), protegido por la Constitución local, nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional. (Voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante ver voto de las Dras. Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz).
Proceso judicial, sentencia, ejecución de sentencia, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Mackentor S.A.C.C.I.A.I.F. c/ YPF s/ contrato de obra pública".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

Por los fines de su institución, el procedimiento en la ejecución de sentencia debe ser sumario y no se admiten discusiones sobre el derecho decidido no hay intimación de pago previa al embargo -que es esencial en tanto tiene por objeto la realización de los bienes para el pago del crédito- porque la condena pronunciada por el juez importa la intimación, y en atención -además- a que el deudor puede evitar el embargo mediante el depósito de lo adeudado. Resulta que si no hay embargo, la ejecución no puede proseguirse (Alsina, Derecho Procesal, T. V. Ejecución forzada y medidas precautorias, Ediar, Bs.As., 1962, pág 111 y sgts.) (Cons. V).
Policía Provincial, adicionales de remuneración, adicional por antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F. P., A. M. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-08-07

El cálculo del Suplemento por Antigüedad incluirá en su base a los siguientes ítems: Básico - Suplemento por Riesgo Profesional (art. 150 Ley XIX N° 8) - Presentismo (art. 149 bis Ley XIX N° 8) - Suplemento por Responsabilidad Funcional (art. 152 Ley XIX N° 8) - Adicional Remunerativo No Bonificable (art. 11 Ley I N° 407) - Adicional No Remunerativo No Bonificable (art. 6 Ley I N° 512) - Suplemento por Dedicación Especial (art. 151 Ley XIX N° 8) - Suplemento por Asignación Especial (art. 151 Ley XIX N° 8). Queda expuesto que a partir de este Decreto, la polémica sobre la norma que instituye el pago del rubro pretendido, denominado "Antigüedad", ha perdido virtualidad, como así también aquella otra cuestión concerniente a la forma en que la Administración debe liquidarlo. De la simple lectura del referido acto administrativo surge manifiesto que el Estado Provincial adoptó el criterio expuesto por este Superior Tribunal en los numerosos precedentes por los que se resolvió el tema en cuestión y extendió los efectos de las sentencias dictadas en causas particulares a todos los empleados policiales. Solo el ítem "Zona" no ha sido contemplado en el Decreto mencionado pero encuentro que su omisión se justifica válidamente en que este rubro debió incluirse en la base de la antigüedad hasta el 30 de septiembre del año 2012, como fue expuesto en los abundantes decisorios sobre el tema.
Prueba pericial, nulidad procesal, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: WLOSKO, Sara s/ PERITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

Si bien no es nula la peritación que no reúne los requisitos establecidos por el art. 252 y ss., C.P.P., ella no será ponderada con la fuerza convictiva de una pericia. (Disidencia del Dr.

Rivarola)
Pluspetición inexcusable, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: MORELLI, ROBERTO R. c/ URBIN ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-11-28

El rechazo de la demanda no es suficiente, por sí solo, para configurar 'pluspetición inexcusable' y hacer operar el artículo 22 de la LCT.
Declaración de inconstitucionalidad, ley derogada, interés legítimo
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alsina, Rubén Valetín y otros. s/ Demanda de Declaración de Inconstitucionalidad de la ley 3201.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-03-12

De la documental glosada en autos surge claramente que a los actores se les descontó el importe correspondiente al impuesto solidario creado por la Ley 3201, dicha cuestión no se encuentra enervada por la Fiscalía de Estado u otro elemento de prueba obrante, los actores mantienen un interés jurídico concreto y por lo tanto corresponde a este Superior Tribunal de Justicia tratar el fondo de la cuestión planteada no obstante que al momento de emitir este voto la Ley 3201 cuya inconstitucionalidad se demanda se encuentra derogada. (Dr.

Absi:en disidencia).-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rovetta, Héctor c/ Scalise, Miguel s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Tratándose de un recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto con anterioridad a la vigencia de la reforma introducida por la ley 10.481, debe declararse mal concedido si el depósito exigido por el art.280 del C.P.C.C., no fue efectuado a disposición del tribunal que dictó el fallo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: B. , A. c/ G. ,A. ;A. ,C. s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-12

La limitación de los legitimados dispuesta por el art. 259 del Código Civil no vulnera ningún tratado internacional de derechos humanos, pues estos instrumentos contemplan la importancia de la familia como realidad indispensable al bien personal y al bien común y confieren a las autoridades locales un razonable margen de apreciación para regular los medios de protección de la institución familiar, aunque ponderando también otros valores esenciales.(doctora Kogan, mayoría)
Recurso extraordinario de nulidad, expresión de agravios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Horestein, Marcelo c/ Municipalidad de Pinamar s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

La obligación que tienen los tribunales de tratar las cuestiones esenciales, no implica la de seguir a las partes en sus argumentaciones. La consideración de los agravios por parte del tribunal de alzada importa un implícito rechazo a las objeciones formuladas a su suficiencia.
Recurso de casación, honorarios del abogado, procurador del tesoro, patrocinio conjunto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Supermercado SAIC c/ E.P.O.S s/ Recurso de Casación y apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-02-14

1- La representación funcional que ejerce el Procurador del Tesoro no lo priva de la regulación de honorarios dispuesta como abogado de la matrícula que se presenta cumpliendo una actividad profesional en el pleito en forma conjunta con otro letrado (art. 22, Ley 8226) tal como corresponde cobrarlos aún en causa propia -art.20 ib.-. El artículo 22 de la Ley 8226 regula cuando en un proceso o gestión, interviene más de un profesional por la misma parte, se considera como un solo patrocinio o representación.

2- En función de ello y a falta de la acreditación de un convenio particular celebrado entre los letrados que autorice a establecer una solución distinta, corresponde distribuir los honorarios regulados por el Judex a-quo a los letrados en partes iguales.

3- La solución propiciada es la que resulta adecuada a las pautas regulatorias fijadas por el Legislador, toda vez que los referidos profesionales han ejercido en forma conjunta, la defensa de la demandada en la instancia recursiva del juicio principal, siendo tal actividad indivisible, y por ende insusceptible de ser discriminada a los fines de su remuneración mediante el empleo de porcentajes diferenciados que retribuyan en mayor medida la función cumplida por uno de los letrados en perjuicio del otro.
Procedimiento tributario, determinación de oficio, domicilio constituido
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "GORDON MIGUEL DAVID (TF 25421-I) c/ DGI". s/ DAÑOS  YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Que en el caso concreto de una determinación de oficio, resulta válida la constitución de domicilio en el expediente en que tramita, y es allí donde deben cursarse las notificaciones correspondientes al domicilio constituido, entroncándose directamente la cuestión con el principio del debido proceso adjetivo y de la defensa en juicio, los que no pueden verse desvirtuados (Sala V del fuero, Expte. 19.853/04 "Rafael Finocchiaro SCA (TF 21.277 I) c/ DGI", sentencia del 3/10/2005).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, notificación automática, notificación por cédula
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: M., R. M. s/ ADOPCION PLENA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 419-87 TORRENS, MIGUEL JUAN c/ ARCE, DANIEL VALENTIN Y-U OTROS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPEDIENTE N. 153/90 DEGIORGIO, MARCHI MATILDE DE Y OTROS c/ BODE, ALCIDES s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  NRO 521-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-27|1992-09-08|1993-02-10

Si bien es cierto que lo atinente a la notificación automática, que el a quo estimó aplicable respecto de la denegatoria de la apelación extraordinaria, es una cuestión de índole procesal, pues se circunscribe al alcance que corresponde asignar a disposiciones de ese carácter y por lo tanto, ajena al recurso de inconstitucionalidad, debe hacerse excepción a esta regla cuando de la inteligencia de normas instrumentales pueda derivarse frustración a la garantía de la defensa en juicio por falta de acceso a una revisión judicial suficiente y adecuada.
Prueba confesional, audiencia, notificación en el domicilio
Materia: CIVIL
Carátula: Luxe Sur S.R.L. c/ Souto, Avelino y Otro s/ Juicio por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1976-02-19

Dos son las situaciones respecto de las personas de existencia visible, que se presentan comúnmente, con distintas soluciones según el caso, dependiendo ello de si el llamado para la prueba confesional, actúa por sí, o por apoderado, al tiempo de ser notificado de la citación para que comparezca a la audiencia en que deberá absolver las posiciones. En el primer caso la citación deberá llevarse a cabo en el domicilio legal constituido por él en juicio, y en el otro supuesto, lo será en el domicilio real del absolvente, aún cuando antes hubiere actuado por su propio derecho, y tuviere por ello fijado en la causa domicilio procesal conforme el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial. Pero si como en el "sub-lite", el apoderado de quien debe ser citado para la confesional, no denunció el domicilio real de su mandante, debemos estar a los principios generales de nuestra ley de rito en lo atinente a constitución y denuncia de domicilios, razón por la cual y ante la norma expresa del artículo 409, referente a la improcedencia de publicar edictos en caso de no conocerse el domicilio del absolvente, no queda otra salida justa en mi entender, que practicar la notificación en el domicilio legal constituido en juicio; y más aún, si tampoco se hubiere éste establecido, resultaría correcta la notificación automática por aplicación del artículo 41 citado.
Cesión de derechos, notificación, cesión de créditos
Materia: CIVIL
Carátula: Kestner S.A.C.I.F.I. s/ INCIDENTE  DE  INOPONIBILIDAD  DE  PAGO DENUNCIADO POR FINVERCON S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

En el ámbito del instituto de la cesión de créditos, el conocimiento personal que el deudor cedido tenía de la cesión, también surte los efectos de la notificación.
Leyes, interpretación de la ley, recurso de revisión penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, C D; R, F M y G, H A s/ CONCUSION AGRAVADA REITERADA EN N. DE 2 - RECURSO DE REVISION PENAL  (CSJ EXPTE N. 463-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Al interpretar la norma del artículo 489 inciso 4 del Código Procesal Penal, los autores han entendido que aquélla "capta el material de convicción logrado con posterioridad a la condena, sea porque (los hechos nuevos o elementos de prueba) recién surgen o se descubren, sea porque se hace posible presentarlos aunque existieran desde antes. Los nuevos elementos evidenciarán que el hecho no existió, que no lo cometió el imputado o que éste legalmente mereció una pena menor".
Riesgos del trabajo, accidentes de trabajo, constitucionalidad, comisiones médicas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosales, Simón Alberto c/ Q.B.E. ART S.A. (hoy Experta ART S.A.) s/ ordinario - incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2021-09-14

Corresponde declarar la validez constitucional de la normativa (Ley 27.348) que impone de manera obligatoria el trámite previo ante las comisiones médicas, para iniciar los reclamos fundados en la Ley de Riesgos del Trabajo, puesto que la norma prevé un plazo perentorio para que se expida la comisión médica que no puede exceder de sesenta días, contados desde la primera presentación, y a cuyo vencimiento queda expedita la instancia judicial, y además, contempla responsabilidad de los funcionarios por demora y obligatoriedad del patrocinio letrado. El sistema se complementa con el objetivo de salvaguardar la protección administrativa efectiva, intentando la pronta y eficiente resolución de la contienda en esa sede y, en el caso de que ello no ocurra, se establece el control judicial mediante una acción ordinaria, que implica la revisión amplia, tanto de los hechos como del derecho.
Recurso de apelación (procesal), Derecho laboral, sujetos del proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: MACONDO BAR S.R.L. c/ SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL s/ APELACIONES CONTRA LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05

La Corte Suprema, dijo que para que una sentencia, o una resolución, constituya un acto judicial válido, debe ser derivación razonada del derecho vigente, en relación a los hechos de la causa y a su vez La Cámara Laboral - Sala II, tiene dicho que el procedimiento administrativo regular, debe respetar la garantía del debido proceso adjetivo, lo que incluye el derecho de los interesados a ser oídos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones controvertidas.
Comodato, bienes, bienes del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ OCUPANTES INMUEBLE CALLE CESAR DIAZ 2979 s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

Para dar en comodato bienes del estado se necesitan autorizaciones expresas. Así lo consagra el art. 2262 del Cód.

Civil, que prohibe prestar bienes a todos los administradores de bienes ajenos, públicos o particulares, que estén confiados a su administración, a menos que fuesen autorizados a hacerlo con poderes especiales.