Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03


2º Instancia. - Buenos Aires, julio 3 de 2007.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Carranza Casares dijo:

I.- La sentencia de primera instancia de fs. 395/398, admitió la demanda ordenando la liquidación de la sociedad conyugal existente entre las partes -disuelta por efecto de la sentencia de divorcio dictada en el expte. Nº 119.515/99- respecto del inmueble de T. G. ..., piso ..., de esta ciudad, para ser dividido por mitades y mandó pagarle a la actora el 50% del canon locativo del mencionado bien desde el 3 de abril de 2002 con costas al demandado.

Para decidir como lo hizo el juez tuvo en cuenta que la litis sólo versaba sobre ese único bien inmueble, que el convenio invocado por el demandado era nulo por haberse celebrado con anterioridad a la disolución de la sociedad conyugal y que el canon locativo correspondía ser abonado desde que la actora había reclamado su pago mediante carta documento.

II.- Ambas partes apelaron la decisión (fs. 401 y fs. 403) y en esta alzada expresaron sus agravios.

En su presentación de fs. 413/414 -con respuesta a fs. 419- la actora se queja por cuanto el juez a quo, al admitir el pago del porcentaje señalado del canon locativo omitió disponer que ese canon debía calcularse a valores actualizados a la fecha de su determinación.

La demandada (fs. 415/417, con réplica a fs. 421/425) se agravia por la nulidad declarada en el fallo, pues considera que el juez debió considerar que si bien regía la prohibición del art. 1218 del Código Civil este tipo de convenios debe ser entendido como reconocimiento de hechos en los términos del art. 718 del ordenamiento aludido y en consecuencia válidos. Aduce que debió ser evaluada la "intención conciliatoria" expresada en el mentado acuerdo. Expresa que no se alteró el régimen patrimonial del matrimonio y que en el acuerdo no se había dispuesto el pago de un canon locativo porque él se hacía cargo de todos los gastos de mantenimiento y de los servicios de la deuda hipotecaria del inmueble, cuya mitad le iba a ser devuelta sin intereses. Explica que la admisión de la demanda importaría un enriquecimiento indebido pues la actora se beneficiaría con un alquiler retroactivo y no abonaría la mitad del pago de la deuda hipotecaria y todos los gastos de mantenimiento. Se queja de que el magistrado haya desconocido la doctrina de los propios actos.

III. Las partes con anterioridad a la disolución de la sociedad conyugal y a la promoción del juicio de divorcio cuya sentencia puso fin a tal régimen patrimonial del matrimonio, celebraron un convenio (fs. 64) mediante el cual -en lo pertinente- acordaron la venta en forma privada del inmueble de la calle T. G., como así también que de su producido serían descontados los denominados gastos de mantenimiento, detallados como "expensas, hipoteca e impuestos", entre los que no se encontraban los "gastos por los servicios" que serían abonados por el demandado a partir del 5 de julio de 1999 (el convenio fue suscripto el 5 de noviembre de ese año).

Aun cuando tal convención carece de plena eficacia para liquidar la sociedad conyugal, como lo reconoce al propio recurrente al sostener que al respecto regía la prohibición del art. 1218 del Código Civil -máxime cuando ni siquiera fue acompañada al juicio de divorcio promovido con posterioridad-, ello no obsta a que pueda tener valor como elemento probatorio del reconocimiento de hechos o del carácter de los bienes (cf. Borda, "Tratado de Derecho Civil, Familia", Ed. Perrot, 9º ed., t. I, p. 372; Makianich de Basset, "Causas de separación personal y de divorcio moralmente neutras", en LA LEY, 1991-B, 675, nota 33; Sambrizzi, "Separación personal y divorcio", Ed. Abeledo-Perrot, t. II, p. 309; Fassi - Bossert "Sociedad Conyugal", Ed. Astrea, Bs.As., t. I, 1977, p. 108).

Ahora bien, más allá de que el apelante no sólo pretende tomar al acuerdo como un reconocimiento de hechos sino especialmente como un reconocimiento de obligaciones (art. 718 del Código Civil) -lo que podría considerase que excedería su margen de validez-, lo cierto es que de su texto no surge que la actora hubiese renunciado a percibir un canon por la ocupación del bien por parte del demandado. Nada dice el convenio y de la manifestación de que se haría cargo de "los servicios" no podría inferirse tal renuncia (art. 874 del Código Civil). Es más, del acuerdo ni siquiera se desprende la existencia de un derecho del entonces marido para utilizar con exclusividad el bien. Todo lo cual echa por tierra su pretensión de no pagar canon alguno.

La utilización en exclusividad de un bien de la sociedad conyugal disuelta y no liquidada por parte de uno de los ex cónyuges confiere al otro un derecho a percibir una renta o canon que corresponda a su porción en la titularidad y que constituya una retribución por igual uso del que se ve privado. Sólo es preciso el requerimiento del otro copartícipe ya que, mientras no se exteriorice de ese modo se considera que la tolerancia en la ocupación exclusiva comporta una tácita admisión del carácter gratuito (cf. arts. 1313 y 3462 del Código Civil, C.N.Civ., sala B, c. 38.782, del 18/8/89; ídem, sala L, c. 45.440 del 5/5/93; íd., sala E, c.200.558, del 14/2/97; íd., sala A, c.213.395, del 4/7/00; íd. esta sala, c.327.362, del 26/6/02).

Por ello, no cabe sino confirmar la sentencia en cuanto dispuso que el demandado debe abonar a la actora la mitad del valor de la renta del inmueble desde el 3 de abril de 2002, fecha en la cual esta última formuló su reclamo mediante el envío de la carta documento reconocida por el apelante (fs. 96).

Lo expuesto no obsta a que corresponda tener en cuenta los gastos realizados por el apelante en beneficio de la conservación del inmueble, como el pago de expensas, impuestos o la deuda hipotecaria, directamente vinculadas con el bien.

Estas partidas configuran compensaciones por lo que habría abonado no ya en virtud del mentado convenio, sino como recuperación de la mitad de lo gastado con bienes propios en una cosa común, con respecto a la cual constituyen desembolsos necesarios.

No puede desconocerse que el demandado desde el comienzo del pleito ha aducido haberse hecho cargo de tales gastos (fs. 96/99), por lo que de ninguna manera vulnera el principio de congruencia disponer, en la medida en que hayan sido suficientemente probados que deban ser computados en la cuenta de partición. Sobremanera si se repara que en la audiencia (art. 360 del Código Procesal), se fijaron expresamente como conducentes a la decisión del juicio, los hechos invocados por las partes respecto a la liquidación del inmueble de la calle T. G., a los reclamos referentes al pago de un canon locativo y "a los pagos efectuados por el demandado respecto de impuestos, expensas e hipoteca".

En este sentido, es oportuno recordar que en los juicios por liquidación de la sociedad conyugal debe predominar un criterio amplio, y la apreciación de las circunstancias fácticas y jurídicas debe tender a la efectiva liquidación paritaria de los bienes sociales (Fallos: 312:751).

Los denominados servicios, por el contrario, no podrán ser descontados puesto que no constituyen mejoras o expensas necesarias del inmueble ganancial, sino que se trata de servicios que exclusivamente beneficiaron al ex cónyuge ocupante del bien (cf. C.N.Civ., sala A, L. 293.666, del 5/6/00).

Los agravios de la parte actora dirigidos a cuestionar que el pronunciamiento habría omitido disponer que el mentado canon debía calcularse a valores actualizados a la fecha de su determinación no habrán de ser admitidos pues tal cuestión no fue oportunamente requerida al juez de grado (art. 277 del Código Procesal), sin perjuicio de lo que al respecto se decida en la ejecución de esta sentencia.

IV. En definitiva, propongo al acuerdo la modificación del pronunciamiento disponiendo que en la cuenta de partición deberá computarse a favor del ex cónyuge y en la medida que resulte demostrado la mitad de los gastos de conservación del inmueble mencionados precedentemente y su confirmación en lo demás que decide y fue objeto de agravios no atendidos. Con costas de primera instancia y de cámara en un sesenta por ciento al demandado y un cuarenta a la actora (art. 71 del Código Procesal).

Los doctores Bellucci y Areán votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor Carranza Casares.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: Modificar la sentencia de fs. 395/398, disponiendo que en la cuenta de partición deberá computarse la mitad de los gastos de conservación del inmueble mencionados en el apartado III y su confirmación en lo demás que decide y fue objeto de agravios no atendidos. Con costas de primera instancia y de cámara en un sesenta por ciento al demandado y un cuarenta a la actora. -Carlos Carranza Casares. -Carlos A. Bellucci. -Beatriz Areán.