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Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, exceso ritual manifiesto, recursos administrativos, abogados, honorarios, honorarios extrajudiciales, expropiación irregular, costas, sentencia condenatoria, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: HOURCADE, JUAN LUIS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 188  AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que en el presente caso con motivo de la regulación de honorarios solicitada por el letrado accionante por el reclamo administrativo de la ley 7234, reformada por la 9040 previo a la demanda de expropiación inversa promovida contra la Municipalidad , se ha trabado una concreta controversia, caracterizada por la amplitud de debate y prueba, en torno al derecho al cobro del profesional enunciado contra el ente municipal y esa temática que se resumía en una cuestión de derecho, fue soslayada por la Sala en el entendimiento de que el procedimiento establecido por el artículo 24 de la ley 6767 excluye la posibilidad de discutir la cuestión relativa al derecho al cobro de los honorarios, salvo manifiesta inmerecibilidad de los estipendios, situación que descartó.

Además, es de significativa importancia, la negativa a abordar la cuestión del "derecho al cobro" cuando respecto del título que invoca el solicitante de los honorarios, esto es: la condena en costas en el juicio de expropiación inversa, existe una jurisprudencia inveterada de la Corte a partir del caso "Escobar Cello" hasta nuestro días, en el sentido de que las costas en sede administrativa no integran las costas del recurso contencioso administrativo, en el caso del proceso de expropiación inversa.

Esta línea jurisprudencial trazada por esta Corte ponía fin a la controversia en torno al derecho de cobro de honorarios del accionante contra la Municipalidad, circunstancia que torna más evidente aun la configuración de las causales descalificantes imputadas al Tribunal.
Recurso de queja (administrativo), empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Carracedo, Hugo Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) inconstitucionalidad denegado" y su acumulado expte. nº 2578 "GCBA s/ recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" ambos en: "Carracedo, Hugo Luis c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-20

Para respaldar la pretensión de reencasillamiento, se intenta plantear un conflicto entre la interpretación que del decreto nro. 922/94 efectuara la Cámara y el derecho a la igualdad -entendido como el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias-.

En cuanto a los restantes principios constitucionales que se denuncian afectados, se advierte que la lesión a la garantía de la propiedad sería una consecuencia de aquel conflicto, por otro lado, la afectación al derecho a trabajar no ha sido desarrollada de forma tal que permita advertir por qué razones la menor retribución impide al actor ejercer su actividad.

Téngase en cuenta, por lo demás, que la Cámara ha reconocido el específico derecho a obtener igual remuneración por igual tarea por el período durante el cual el actor se desempeñó en la Procuración.
Liquidación de entidades financieras, medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIPLAN  S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS - NO INNOVAR - BANCO CENTRAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

En el caso no existe, "prima facie", con los elementos traídos a juicio, la verosimilitud del derecho que se invoca, sin que ello presuponga adelantar una opinión sobre la procedencia de la acción.

Además, habiéndose decretado la liquidación extrajudicial temida por el actor, según las constancias de autos, tiene el accionante en la vía procesal prevista en el art. 46 de la ley 25.526, la oportunidad adecuada para hacer valer su derecho de defensa de la manera que se intenta en este caso con la medida cautelar solicitada.-
Recurso de casación, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA EN AUTOS FONTAN, LUIS A. s/ P/SUPUESTAS LESIONES GRAVES CON ARMA DE FUEGO.CAPITAL"EXPTE. N10549  /95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-06-14

Que de acuerdo al agravio expuesto por el quejoso surge claramente la equivocación conceptual del querellante al incluir la sentencia de sobreseimiento por su naturaleza como objeto revisable por vía del recurso de casación, sin tener en cuenta si es ésta o no la resolución que a los fines del art. 499 del C.P.P. ha de viabilizar el recurso de casación.Las resoluciones materia del remedio extraordinario de la casación son aquellas sentencias o resoluciones que pongan fin a la acción, carácter que no reviste la resolución instructoria en el caso, como el mismo recurrente admitiera y contra la Resolución del sobreseimiento instructorio impetró recurso de apelación ante la Cámara criminal.., que ésta resolvió en su competencia, que había sido mal concedido.Hasta aquí el sobreseimiento era una resolución revisable y lógicamente no ponía fin a la acción, luego de la resolución de la Cámara el sobreseimiento se convierte en sentencia definitiva, pero la resolución que pone fin a la acción o al proceso es la de la excma.

Cámara, por lo que contra ella debía alzarse la parte agraviada."
Sobreseimiento, tenencia de estupefacientes para consumo personal
Materia: PENAL
Carátula: Roldán, Jonatan Gastón s/ Roldán, Jonatan Gastón
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-02

Es admisible el recurso de casación interpuesto contra la resolución que sobreseyó al imputado en orden al delito que les fuera atribuido -art. 14 segundo párrafo ley 23.737- si el fiscal planteó la inaplicabilidad de la doctrina CS "Arriola" respecto del imputado que fue hallado en un lugar público con marihuana en cantidad para preparar 45 cigarrillos o 64 dosis umbrales para una persona de 70 kilos, acondicionada en pequeños paquetes.
Recurso de casación, procedimiento laboral, violación de la ley o doctrina legal, iura novit curia
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Mansilla Juan Carlos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-15

La casación, aún en vigencia del iura curia novit que autoriza el art. 17 de la Ley 5764, no importa transformar a la casación en un recurso ordinario, sino atemperar el rigor formal que se exige en el proceso civil, por lo que subsiste la carga para el casacionista, de expresar agravios que encuadren en algunas de las causales que taxativamente enumera el Código Procesal Civil, debiendo respetarse siempre cuando se invoca violación de la Ley, la plataforma fáctica elaborada por el sentenciante.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: C., V. C. c/ G. S.H. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-06-21

El mismo criterio de sensatez ha primado en la Suprema Corte bonaerense, al sostenerse que la regla derecha antes que izquierda no representa ningún "bill de indemnidad" que autorice al que aparece por la derecha de otro vehículo, a arrasar con todo lo que encuentre a su izquierda pues, como también lo ha puesto de resalto esta Corte en la causa Ac. 58.668 citada, tanto el art. 71 de la ley 5800 como el art. 57 de la ley 11.430, imponen al conductor que llegue a una bocacalle la obligación de reducir sensiblemente la velocidad, la que rige tanto para el que se aproxima por la derecha como para el que lo hace por la izquierda", haciendo aplicación de esta regla de prioridad conforme a las particularidades del caso, al resto de las reglas de tránsito y a los principios de la responsabilidad civil de los partícipes.
Superior Tribunal de Justicia, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Lagraña, Robustiano c/ Caceres, Nicanor y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1888-07-17

No puede conocer de los delitos cometidos en el territorio de una provincia, contra particulares.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, cómputo de la pena, recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MANZINI, JOSE ANTONIO s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. VICTOR CASTRO EN CAUSA EXPTE. Nº 49/03 CARATULADO "MANZINI, JOSE ANTONIO S/ EJECUCION DE CONDENA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-03-13

El tiempo que insuma la tramitación de los recursos extraordinarios -cualesquiera que estos fueran- no puede computarse a los efectos de la Ley 24.390
Policía federal, personal policial, Estado policial, ascenso policial, baja policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Pergola  Sergio   Omar c/ Mº  del  Interior-  Policía  FederalArgentina s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-09

El estado policial determina la sujeción al régimen de ascensos y retiros según el cual se confiere a los órganos competentes la capacidad de apreciar, en cada caso, la idoneidad específica, con la suficiente autonomía funcional que responde, en última instancia, al principio de separación de poderes. No es inexorable, por ello, que todos los aspectos sometidos a evaluación deban surgir de las actuaciones o del legajo personal del agente al que se califica y tampoco media una vinculación forzosa entre las evaluaciones y los eventuales reproches disciplinarios que se puedan haber exteriorizado por sanciones impuestas en la carrera. La ausencia de reproches disciplinarios no impide -en una valoración integral de las condiciones del agente- la clausura de la carrera policial y diversamente, las sanciones preexistentes pueden no constituir un obstáculo para el progreso de ella (Del voto del juez Grecco, Cons. II).
Defraudación, error (penal), empleados de banco
Materia: PENAL
Carátula: MATER, Enrique Ramón s/ DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

No es atendible el error que invoca la defensa, ya que de acuerdo con las constancias de autos la maniobra desarrollada por el procesado demuestra, lejos de un estado de alteración o de error, el suficiente conocimiento por parte de un empleado bancario con veintiocho años de experiencia, que desarrolló paso a paso su actividad defraudatoria, de manera tal que sólo el celo profesional de una compañera de trabajo pudo describir.
Recurso de casación, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ NESTOR HUGO s/ S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CHAVEZ JORGE DANIEL-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-06

La existencia de una contradicción explícita respecto de la norma jurídica concreta que rige el caso importa, en consecuencia, error inadmisible del fallo impugnado, en tanto, a efectos de la decisión a dictar se la declara sucesivamente inaplicable y aplicable.De tal modo, en efecto, la sujeción del caso al derecho vigente resulta initeligible y no constituye derivación razonada del ordenamiento jurídico.
Emergencia económica, inembargabilidad de fondos
Materia: ECONOMIA
Carátula: Elda Snopek de Gómez Omil y otros c/ Municipalidad de San Salvador de Jujuy s/ Incidente de ejecución de sentencia y honorarios en expediente nro. 4219/94 Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción. L.A. Nro.  52 F. 39/41 Nro.  23 San Salvador de Jujuy s/ Incidente de ejecución de sentencia y honorarios en expediente nro. 4219/94 Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción. L.A. Nro.  52 F. 39/41 Nro.  23
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-25

Siendo que se promovió la ejecución del crédito titularizado por los actores con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 5320 -a cuya procedencia el precepto aludido no se opone- y que la misma no prosperó por encontrarse consolidado el capital, régimen finalmente incumplido por el mismo deudor en lo concerniente a las obligaciones a su cargo, corresponde disponer la inaplicabilidad al caso de la ley 5320 de inembargabilidad impetrada.
Excarcelación, prórroga de la prisión preventiva
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ZIZZANIA, JORGE M. s/ INC. DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-30

La hipótesis liberatoria contenida en el art. 379 inc. 6to. del Código de Procedimientos en Materia Penal, no es de aplicación automática, sino que deben computarse como parámetros para decidir la racionalización de la detención, entre otros, las demoras en la tramitación de la causa y la conducta del procesado respecto de éstas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: THORHAUER  S.A.  METALURGICA COMERCIAL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  FALTA DE FUNDAMENTACION SUFICIENTE - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

La parquedad del auto regulatorio no comporta, por sí sola, un supuesto de arbitrariedad.
Aduanas, beneficios tributarios, acogimiento tardío
Materia: ADUANERO
Carátula: Petroquimica Cuyo S.A.Y. y C (TF 8047) contra A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

El reconocimiento y aceptación de la reglamentación, sometiéndose voluntariamente y sin reservas expresas a un determinado régimen jurídico, implica un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior (Fallos 310:2117; esta Sala, 24-6-94, "Splina de Mancardi, Dominga Rosa c/ Lotería Nacional Soc. del Estado"). En el caso, no ha existido imposición alguna por parte de la Administración, ni exigencia perentoria nacida de la propia reglamentación, que hubieran impuesto la necesidad de la actora de acogerse al régimen, quitándole de esa manera a ese acto el carácter voluntario al que se hace referencia en la jurisprudencia recordada. En esa voluntariedad acató, sin reparo alguno, la posibilidad prevista en el decreto del Poder Ejecutivo al cual se acogió de verse obligado a pagar un derecho diferencial creado, precisamente, por ese órgano, al cual ahora tacha de violatorio del principio de división de poderes, desconociendo la validez del régimen que en su momento consideró beneficioso. (cons. VII).
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aran Ayora, P. y Aran Ayora, M. c/ Salvador, D. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Ha de acogerse en esta Instancia el replanteo de la prueba testimonial, toda vez que se acusó negligencia de la misma antes de la fecha y hora de celebración de la segunda audiencia, por configurarse así la causal prevista por el art. 383 in fine del CPC, al que remite el artículo 255 inc.2) y 5), apartado b del ritual.- MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SOSA Ramón Ignacio y Otra c/ Moreno Esteban Argentino y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-27

En cuanto al daño moral hemos dicho que en términos generales, es aquella especie de agravio implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos, o sea de esos derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las "facultades" o "presupuestos" de la personalidad: la paz, la tranquilidad de espíritu, la vida íntima o el derecho de "privacidad" (art. 1071 bis, incorporado al Cód. Civ. por la ley 21.173), la libertad individual, la integridad física, etcétera, todo lo cual puede resumirse conceptualmente como "la seguridad personal"; y el honor, la honra, los sagrados afectos, etcétera; o sea, en una palabra, lo que se conoce como "afecciones legítimas" (primitivo texto del art. 1078 del Cód. Civ. antes de su reforma por la ley 17.711) (Cfr. Caseaux, Pedro N., Daño Actual. Daño futuro. Daño eventual o hipotético. Pérdida de chance, en Temas de responsabilidad civil en honor de Augusto Mario Morello, Platense, La Plata 1981, pág. 17). Respecto del monto del daño moral, es claro que al tener un carácter resarcitorio, queda librado a la apreciación judicial, tarea que no es fácil.

Al efecto este tribunal ha dicho que: "Su determinación en pesos resulta difícil ya que es un daño que no tiene resarcimiento acabado en términos dinerarios, de ahí que el punto quede librado a la apreciación judicial sin otra directriz que la razonabilidad, . . . para importar una forma de resarcimiento al ofendido, pero no tan alta como para convertir la desgracia en motivo de enriquecimiento económico" (L. S. 1983 -III- 444 / 454; L. S. 1996 -I- 178/ 185, etc.).

Puesto en ello tengo en cuenta que en caso similar donde los actores eran dos esta Sala fijó el monto de la indemnización por daño moral en un equivalente a la fecha del accidente del caso sub examen - febrero de 2004 - en la suma de pesos Veintitrés mil cuatrocientos.
Deberes del juez, deber de imparcialidad, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Credil SRL c-Cárdenas, Diana s-Ejecutivo s/ Incidente de Oposición
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-03-15

La imparcialidad de los jueces no puede reputarse lesionada en virtud de una noticia periodística ostensiblemente engañosa sobre la situación de los mismos, es decir, incapaz de amedrentar el espíritu del magistrado y colocarlo en situación de violencia moral que justifique su excusación. Para que la noticia periodística del estado de sospecha que recae sobre la intervención de un juez en la tramitación de una causa sea susceptible de afectar a la delicadeza o el decoro y, en consecuencia, incitar el deber de excusación de aquél, tiene que fundarse en motivos bastantes, esto es, importantes, problemáticos, embarazosos, o bien, en escrúpulos fundados, en razones serias que comporten un verdadero impedimento subjetivo del magistrado y no una posibilidad remota de que ello acontezca.
Empleados públicos, nombramiento, leyes, aplicación de la ley, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DINOLFO, ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 24-85 BROCHIER, ADRIANA M A c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 27-85 RICART, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 170-85 SPINOSA, BLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 305-85 SPOONER, JORGE EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 1-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-13|1990-04-19|1990-04-19|1990-04-19|1990-04-19

A fin de decidir respecto de la validez del nombramiento de un empleado público -municipal-, es preciso remontarse al régimen jurídico vigente al momento del ingreso.
Jueces, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Cada vez en mayor medida, el poder judicial es el único poder del Estado cuyas decisiones se aceptan como definitivas y ello por imposibilidad de su ulterior cuestionamiento, que no por su prestigio o aceptación institucionales. El poder judicial asume, pues, crecientemente un papel que no le corresponde y las decisiones sociales se sitúan en un 'locus' inidóneo, con la consecuente distorsión del orden de responsabilidades y apoderamientos de decisión establecidos por la Constitución. (Del voto del Dr. Ulla).
Proceso judicial, recurso de apelación (procesal), límites del pronunciamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Caro y Russo S.A. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

El primer supuesto de la división de los tribunales en grados previendo las vías recursivas consiguientes para el conocimiento del tribunal ad quem de los pronunciamientos del tribunal a quo es que la decisión propuesta al primero haya sido demandada a este último.

Por tanto no entran en el ámbito del juicio de apelación cuestiones que no hayan figurado en la demanda propuesta al primer juez (esta Sala, 23/4/92, "La Corchera del Plata S.A. s/ rec. de apelación";

31/10/95 "Astra C.A.P.S.A. c/ E.N. y/o D.G.I."), a igual conclusión ha de arribarse respecto de las defensas que oponga la demandada al progreso de la acción de su contraria (esta Sala, 6/6/95, "Massalin Particulares S.A. -Nobleza Picardo S.A.I.C. y F. c/ E.N. -D.G.I.").
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LATTANZIO, SUSANA N c/ FIGUEREDO, ALBERTO y O s/ NULIDAD RESOLUCION ASAMBLEA. DEMOLICION OBRA NUEVA E INDEMNIZACION   POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 346-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-02-26

El pronunciamiento de la Cámara debe contener decisión sobre la defensa que, opuesta ante el inferior, ha sido mantenida en la Alzada, aún cuando la apelación hubiera sido deducida por la contraparte vencida. De otro modo el triunfo de primera instancia imposibilitando la apelación respecto de los fundamentos de una sentencia que es favorable, contraría la defensa del ganador.
Tarjeta de crédito, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTEMAR CIA. FRA. S.A. c/ Tocino, Juan Roberto s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-24

La preparación de la vía ejecutiva a los fines de ejecutar el saldo resultante -en la relación entre el emisor y el titular - ahora expresamente regulada por el art. 39 Ley de Tarjetas de Crédito, requiere la presentación por el emisor de la documentación que allí se enuncia, para su "reconocimiento judicial", de conformidad a lo prescripto por "las leyes procesales vigentes en el lugar en que se acciona", es decir, de acuerdo lo prevé el art. 510 y ss del C.P.C..

Se puede afirmar que el art. 39 de la L.T.C. aceptó la tesis de la preparación de la vía ejecutiva, acordando al emisor la facultad de hacerlo, de conformidad con lo prescripto por las leyes procesales vigentes, pidiendo el reconocimiento judicial de: a) el contrato de emisión de la tarjeta de crédito instrumentado en legal forma (inc. a y b) el resumen de cuenta, que reúna la totalidad de los requisitos legales (inc. b).

En autos los resúmenes obrantes contienen los datos requeridos por el art. 23 de la LTC, y se ha agregado la solicitud de tarjeta de crédito y sus anexos confeccionado conforme al art. 6 de la L.T.C., cuya firma reconoció fictamente el accionado.

También debemos señalar que la conducta que el titular de la tarjeta adopte en ocasión de la citación para preparar la vía ejecutiva debe vincularse con la actitud por él asumida en ocasión de recibir el o los resúmenes de cuenta de que se trate.

En ese sentido el art. 39, segunda parte, inc. b), L.T.C., exige al emisor que acompañe declaración jurada sobre la "inexistencia" de cuestionamiento previo en los términos prescriptos por los arts. 27/28.

De ello se infiere, a contrario sensu, que la existencia de la aludida impugnación previa, concretada en las oportunidades y en la forma prevista por la ley, obsta a la procedencia de la vía ejecutiva -y consecuentemente a su preparación- debiendo el emisor encausar su reclamo por la vía del juicio de conocimiento.