Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-28


Causa Nº 451-01-CC/2005 caratulada: "Incidente de falta de acción por prescripción en autos SINEIRO, Gisella Laura s/ Infr. Ley 255 (BONPLAND 2371) Apelación". Sala II.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en acuerdo los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

La Millán planteó la prescripción de la acción en orden a lo normado en el art. 31 de la ley 10, y en consecuencia, solicitó la formación del presente incidente (fs. 1). Corrida vista al Ministerio Público Fiscal, la Gioco contestó que debía diferirse el análisis del asunto al momento del debate (fs. 3), sin perjuicio de lo cual el a quo entendió que resultaba imperativo, según la normativa y jurisprudencia invocada, expedirse en forma inmediata sobre la excepción articulada (fs. 4).

Así, el Gonzalo Segundo Rúa dio nuevo traslado al Agente Fiscal, quien consideró que el cómputo del plazo de prescripción se disparó el 07/09/04 con motivo de la presunta comisión de la contravención, y atendiendo a que este sufrió un paréntesis el 23/03/05, oportunidad en que se concretó la citación a Sineiro para la audiencia del art. 41 en el domicilio señalado a fs. 35 y que se reanudó el 31/10/05, tras asistir a la audiencia mencionada, concluyó que no transcurrió el término de un año necesario para que opere la extinción de la acción (fs. 5/5 vta.).

Contestado el traslado, el Juez acogió favorablemente la articulación de la defensa bajo el entendimiento de que "ninguna de las citaciones ordenadas por la Fiscalía instructora -y que la Sra. Fiscal considera suspensivas del plazo de prescripción - fue notificada previamente a Gisela Laura Sineiro" (fs. 6 vta.), y por consiguiente, no tuvo lugar la causal suspensiva invocada. De este modo, sostuvo que había transcurrido el plazo de un año y declaró extinguida la acción por prescripción en orden al hecho del 07/09/04 calificado por el Ministerio Público Fiscal como constitutivo de la contravención prevista en art. 2 de la Ley 255 (fs. 6/7).

La Gioco impugnó esta decisión centrando su crítica en el incorrecto carácter que asignó el Juez de grado al domicilio indicado por la imputada Sineiro al momento de proponer a su abogado defensor (vid fs. 35 del principal que en copias certificadas corre por cuerda), pues debió tomarlo como domicilio en los términos del art. 12 de la L.P.C., donde se consideran válidas todas las citaciones y notificaciones cursadas al imputado (fs. 8/14 vta.).

Concedido el recurso de apelación (fs. 17), la Guagnino lo sostuvo ante esta instancia (dictamen de fs. 21), "por imperativo procesal..." por cuanto "tratándose de una sentencia absolutoria" existía "un interés actual y directo del Ministerio Público Fiscal en que dicho pronunciamiento sea revocado".

Por su parte, en la oportunidad establecida por el art. 51 LPC, la defensa estimó (fs. 27/29) que no puede asignarse al domicilio la calidad pretendida por la Sra. Fiscal, pues "surge de modo evidente que la imputada designa defensor y constituye domicilio conjuntamente con aquél. De modo tal, que el segundo párrafo se vincula indisolublemente con el primero y queda supeditado a la aceptación del cargo por parte del letrado propuesto", circunstancia que no tuvo lugar en el procedimiento contravencional que nos ocupa. En este orden de ideas, si la citación a la que alude la acusadora no fue debidamente notificada, va de suyo que no puede existir incomparecencia injustificada alguna (fs.27/29).

Cumplidos entonces los pasos procesales requeridos por la naturaleza de la vía intentada, el tribunal se encuentra en condiciones de pronunciarse en las actuaciones.

CONSIDERANDO:

I.- El remedio impugnaticio es formalmente admisible pues ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva), en tiempo oportuno, por escrito fundado ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución (condiciones generales de modo, tiempo y lugar). Por último, el recurso ataca un auto susceptible de causar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior (impugnabilidad objetiva, art. 50 de la L.P.C. y 449 in fine del CPPN de aplicación supletoria en función del art. 6, L.P.C.), por cuanto "la decisión que decreta su prescripción, constituye sentencia definitiva, no sólo porque pone fin a la causa, una vez firme -cosa juzgada en sentido formal-, sino porque además imposibilita que en cualquier circunstancia y en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo resuelto en aquella -cosa juzgada en sentido material-." II.a.- En primer término, corresponde dilucidar el marco normativo a la luz del cual analizaremos si ha operado la prescripción de la persecución Causa Nº 451-01-CC/2005. Sala II.

contravencional dirigida contra la imputada Sineiro, pues tal extremo ha sido introducido por la defensa, luego de ser notificada en función del art. 51 de la L.P.C. En efecto, la Millán sostuvo que "el art. 31 de la ley 10, vigente al tiempo de la iniciación de esta causa, determina que la acción contravencional prescribe al año de la comisión de la presunta contravención..." mientras que "...la ley 1472, actualmente en el artículo que regula el instituto, no prevé ninguna causal de suspensión del plazo de la prescripción por lo que el mismo debe ser interpretada de conformidad con lo establecido en el art. 9 de la ley 1472" (ver fs. 28 vta.).

Al respecto, esta Sala tiene dicho que "...en el cotejo de dos legislaciones, no es posible dividir la antigua y la nueva en varias partes para aplicar al acusado las disposiciones más benignas de la una y de la otra al mismo tiempo, sino que, debiendo hacer uso el juez de la ley más benigna, no puede darse al reo un trato jurídico que, por ser derivado de las dos, no es propio de ninguna de ellas. Lo contrario sería autorizar al magistrado para crear una tercera ley, con lo cual se arrogaría funciones legislativas que no tiene.

En este orden de ideas, si bien el art. 42 de la ley 1472 no establece causal alguna de suspensión, lo cierto es que fija un plazo de dos años para el cómputo del término de la prescripción de la acción en materia de contravenciones de juegos de apuesta (Título V, ley 1472), el que no había fenecido respecto de la que nos ocupa atendiendo la fecha de comisión del hecho investigado. De modo que enmarcar el estudio de esta temática bajo los parámetros normativos indicados, impide actualmente a la defensa articular cualquier planteo en torno a la vigencia de la persecución y consecuentemente, mal puede sostenerse que aquella legislación resulte más benigna que la aplicable al momento del suceso para el caso concreto.

II.b.- Corresponde entonces determinar si se verifica el paréntesis temporal que la Fiscal opone a la conclusión del a quo y que estructura a partir de la incomparecencia de la nombrada. En efecto, la Gioco argumentó que el escrito presentado por Sineiro (fs. 35) tiene un objeto escindible, es decir que, por un lado, designa su abogado de confianza y por otro, constituye domicilio procesal en orden a lo normado en el art. 12 de la L.P.C. En esta línea de ideas, afirmó que la imputada fue debidamente notificada el 23/03/05 de la citación a la audiencia del art. 41 en el domicilio sito en Charcas 2737, piso 9, Dpto. "A" de esta ciudad. Por ello, su incomparecencia más la falta de justificación, configuran la causal de suspensión del art. 31, ley 10, que ha comenzado a operar desde la recepción de la comunicación.

Al respecto, la ley de rito local exige que el imputado constituya domicilio procesal en su primera presentación ante el Juez o el Fiscal dentro del ámbito de la ciudad, donde se consideran válidas todas las citaciones y notificaciones (art. 12, L.P.C.). Bajo este mismo enclave normativo puede optar por un abogado de la matrícula o hacerse asistir por defensor oficial, de lo contrario el Juez o el Fiscal según el caso, deberá dar intervención a éste último (art. 3, L.P.C.).

Efectivamente, en el escrito de fs. 35 la imputada Sineiro propuso al Roller e indicó el lugar sito en Charcas 2737, piso 9, "A" de esta ciudad en calidad de domicilio procesal. Así fue como el Agente Fiscal, tras verificar la comisión de la presunta contravención con fecha 07/09/04 (vid acta de fs. 30), ordenó 6 meses después (fs. 104) convocar a la imputada para celebrar la audiencia del 41 de la L.P.C., al tiempo que emplazó al letrado para aceptar dicho cargo, todo ello sin que haya designado defensor oficial durante el transcurso de tiempo corrido entre aquella supuesta comprobación y la intimación aludida, atendiendo el amplio margen temporal acaecido entre ambos parámetros. Pese a estar debidamente emplazado (fs. 106/106 vta.) y a que contaba con un acabado conocimiento sobre la presente pesquisa -por encontrarse a cargo de la defensa técnica de la coimputada Verónica Geradi-, el Roller nunca se expidió en uno u otro sentido sobre el punto.

Al margen de la responsabilidad profesional en que éste último pudo incurrir, resulta conveniente analizar si la citación recibida en su domicilio el 23/03/05 (vid fs. 105/105 vta.) es susceptible de provocar el efecto afirmado por la Gioco. En este orden de ideas, cabe tener presente que si bien el artículo 12 de la L.P.C. impone la carga de constituirlo, lo cierto es que la elección del lugar donde ha de fijarlo queda librada al arbitrio del interesado, tan es así que la calificación de aquél como constituido subsistirá para todos los fines legales hasta la terminación del proceso mientras la imputada no constituya otro. Ello así por cuanto, este acto procesal depende, en primer término, de la voluntad del interesado y sólo en su defecto -cuando éste no lo indique-, se entiende por tal el de su asistente de confianza o defensor oficial, según el caso (art. 12 "in fine" de la L.P.C.).

Causa Nº 451-01-CC/2005. Sala II.

De esta manera en una primera aproximación, la notificación cursada en el sitio mencionado resulta oponible a Sineiro, sin que interese aquí determinar si se trata del domicilio profesional del abogado propuesto y si éste aceptó el cargo, toda vez que pesa sobre la imputada la obligación de verificar en aquel domicilio las comunicaciones que hagan a la sustanciación de la presente investigación. En esta línea de pensamiento -efectos del domicilio ad litem- transita una pacífica jurisprudencia que sostiene que "[l]a notificación de la audiencia para absolver posiciones dirigida al estudio en el que el demandado, al contestar la demanda por derecho propio, había constituido el domicilio procesal, resulta válida aun cuando el letrado que lo patrocinara se haya desvinculado de la causa con anterioridad a esa citación, siempre que el demandado no lo haya modificado con la constitución de uno nuevo, pues mientras ello no ocurra el referido domicilio conserva todos sus efectos".

Sin embargo, resulta imperioso resaltar que los extremos sometidos a estudio -domicilio procesal y defensa técnica- son una derivación lógica del derecho de defensa en juicio (art. 18, C.N.), circunstancia que se erige como criterio general de interpretación. Concierne entonces cotejar si en el caso concreto la imputada ignoraba la existencia de una persecución contravencional dirigida contra ella y en el marco de la cual era exigida su asistencia a los efectos de descartar un emplazamiento meramente formal.

En este sentido, el hecho de que Sineiro haya constituido domicilio importa per se un conocimiento efectivo del procedimiento instruido en su contra, mientras que las diligencias concretadas por el personal preventor tendientes a verificar su domicilio real (vid. fs. 115, 126/127) juntamente con la circunstancia de que la coimputada Gerardi fuese su compañera de trabajo, permiten afirmar que aquella estaba enterada de que su comparecencia era requerida por el órgano acusador.

Es por ello que no compartimos la conclusión del a quo en punto a que "ninguna de las citaciones ordenadas por la Fiscalía instructora -y que la Sra. Fiscal considera suspensivas del plazo prescriptivo- fue notificada previamente a Gisella Laura Sineiro".

En orden a lo expuesto precedentemente, concluimos que la convocatoria que la Gioco ordenó diligenciar al domicilio del profesional, ha de tomarse como una citación válida susceptible de desencadenar una incomparecencia injustificada y, en consecuencia, de suspender el término del art. 31 de la Ley 10. Por consiguiente, habiéndose disparado el término de la prescripción el 07/09/2004 con la verificación de la presunta contravención, y acaecido luego la suspensión del cómputo el 29/03/05 (ver fs. 104) con la incomparecencia injustificada a la audiencia señalada, citación debidamente practicada en Charcas Nº 2737, piso 9, "A" de esta ciudad (fs. 105), que se extendió hasta el 31/10/05 (ver fs. 132), va de suyo que no ha operado aún la prescripción de la persecución contravencional.

Concluido el acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR el resolutorio de fs. 6/7 del presente incidente en cuanto dispone declarar extinguida la acción contravencional por prescripción y sobresee a Gisella Laura Sineiro.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las presentes actuaciones a primera instancia, quien practicará las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Ante mí:

C/Nº 286-00-CC/2004, "GCBA c/ Transportes Automotor Varela S.A. s/ Ejecución Fiscal - Apelación", rta. 8/11/04; c/nº 245-00-CC/2004, "GCBA c/ Construcciones Zubdesa S.A. s/ Ejecución -multas- Apelación", del 8/11/04; c/nº 183-00-CC/2004, "GCBA c/ Chirinos Castañeda Marti s/ Ejecución de multa - Apelación", rta. 8/11/04.

C/Nº 415-00-CC/2004, "Policronachi, Isabel Magdalena s/ Inf. art. 74 CC - Apelación", rta. el 3/11/05, con cita de Jiménez de Asúa, Luis, "Tratado de derecho penal", Ed. Losada, 5º Edición actualizada, Buenos Aires, T. II, p. 634. En igual sentido en c/nº 270-00-CC/04, "Gral. Tomás Guido S.A. s/ inf. violar luz roja y otras - Apelación", del 14/03/05.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, "Rodríguez, Graciela M. c. Nuñes, Silvio", rta. 07/07/1999 -La Ley 2000-C,729-. En igual sentido se pronunció la Cámara Civil y Comercial de Tucumán en la causa "Freidemberg de Ferreyra, Alicia B. v. Fortini, Carlos Alberto y otro s/ cobro de pesos", del 30/10/1989, oportunidad en la que afirmó "... las notificaciones practicadas en el domicilio constituido mientras no se cambió efectivamente el mismo son válidas (art. 75 C.P.C.C.) y la renuncia del patrocinio por el letrado -que no es asimilable a la renuncia del mandato- no altera tal conclusión por cuanto la notificación se efectúa en el domicilio constituido para ello por el demandado (art. 75 C.P.C.C.)...".

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas