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Confirmación de sentencia, preparación de la vía ejecutiva, juicio ejecutivo, presentación al cobro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Musitani, Jorge Marcelo  c/ Ferraro, Cristian  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

Cabe confirmar el rechazo in limine de la solicitud de preparación de la vía ejecutiva. Ello en tanto los cheques base de la acción no fueron presentados al cobro, careciendo por ende del rechazo por parte del banco girado. A más, no puede soslayarse que el eventual reconocimiento de la autenticidad de las firmas de los documentos no incidiría sobre la solución, habida cuenta que la finalidad del papel no es la de instrumentar obligaciones a cargo del firmante, sino la de constituir una orden de pago (esta CNCom, esta Sala A, "Gallo Vicente A. c/ Molina Ángel G.", 29/09/84, La Ley 1985-A, 615; ídem, "Larroca Osvaldo c/ Marconetto Carlos", La Ley Online; "Berio, Cayetano c/ Rotelli Isabel", 24/12/81, La Ley 1981-B, 83). Incluso si el accionado se presentase en autos y reconociese las firmas de los cheques que se le atribuyen, lo único que, entonces, quedaría demostrado es que, en determinada fecha, emitió una orden al banco girado de pagar, al tenedor del cheque, determinada suma, en determinado plazo, no correspondiendo al órgano jurisdiccional extender esa voluntad más allá de dicho período y, por lo tanto, presumir la existencia de una obligación con las características previstas en el CPR 520 (esta CNCom, esta Sala A, "American Express SA c/ Díaz de Gorrini" 14/05/87; ídem, Sala B, "Moncarz Ángel c/ Gancz Guillermo", 17/10/88, entre otros). En tal marco, con la no presentación del título al cobro, ha caducado la orden de pago librada por el emisor, no existiendo quirógrafo remanente o subsidiario alguno susceptible de habilitar la vía del CPR 525
Daño ambiental, protección del medio ambiente, principio precautorio, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Foro Amigos de Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Inconstitucionalidad de la Ordenanza 6087/21
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-07-11

Si en la causa se alega un daño ambiental potencialmente irremediable, tal extremo llama a la aplicación de los principios preventivo y precautorio, que en materia ambiental informan el análisis de los requisitos contenidos en el art. 230 del código de rito (arts. 28, Const. prov.; 41, Const. nac.; 4, ley 25.675).
Facultades del fiscal, legitimación procesal, fertilización asistida, criopreservación de embriones, descarte de embriones, caso concreto, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa P., A. y otro c/  s/ autorización
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

El Ministerio Público Fiscal carece de legitimación para recurrir la sentencia que autorizó la destrucción de embriones criopreservados, pues el caso no es de aquellos en los que el Ministerio Público Fiscal hubiere sido formalmente parte demandada, tampoco se trata de un supuesto en el que exista expresa autorización legal que valide la actuación de dicho ministerio, los actores consintieron la decisión, la clínica que preserva los embriones manifestó no tener interés en ser parte y la titular del Ministerio Público de la Defensa desistió del recurso de queja, por lo tanto el proceso judicial se encuentra concluido y la Corte está impedida de dictar un pronunciamiento por ausencia de caso o controversia que habilite su jurisdicción.
Despido discriminatorio, afiliado sindical, libertad sindical, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: Carrasco, Diego Emiliano c/ Talleres Navales Dársena Norte S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-06

El despido del trabajador encubrió un móvil discriminatorio basado en la actividad sindical que, en su condición de afiliado al sindicato, había desplegado en la empresa. En consecuencia, cabe declarar que la decisión de despedir al actor encubrió en realidad la necesidad de desprenderse de un trabajador que llevaba a cabo acciones gremiales y, por ende, fue víctima de un trato discriminatorio. De tal manera, de conformidad con lo normado por el art. 1 de la Ley 23.592, debe ordenarse el cese de dicha ilicitud, disponiéndose el restablecimiento del trabajador en las funciones que se encontraba desempeñando al momento de su despido.
Empleados públicos, carga de la prueba, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Blg Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Ltda.  c/ Donato, Marcelo Roberto  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

En todo caso será carga del deudor-empleado público acreditar que la deuda proviene de un préstamo de dinero o de la venta de mercaderías, pues tal solución guarda congruencia con la regla general de que el patrimonio es prenda común de los acreedores y morigera la desigualdad procesal que el referido dispositivo legal apareja en favor del empleado público respecto del trabajador del sector privado (CNCom, Sala D, "Marchesi, Norma Lida c/ Palomeque, María Inés s/ ejecutivo", del 15/11/16; entre otros).
Contrabando de estupefacientes, tentativa, ejecución de la pena, escala penal, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General en la causa Agüero, Julio César c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-24

Conforme al ordenamiento legal vigente, el delito de contrabando de exportación de estupefacientes destinados inequívocamente a su comercialización, en grado de tentativa (arts. 864, inc. d, 866 segundo párrafo y 871 del Código Aduanero y art. 45 del Código Penal), contempla una escala penal que no admite la determinación de pena de prisión en suspenso.
Confirmación de sentencia, despido, diferencias salariales, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: Vera, Valeria Soledad c/ Supermercados Mayoristas Makro S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-26

La actora en su calidad de "Cajera B", denunció haber cumplido una jornada completa de trabajo, pese a haber sido contratada bajo la modalidad de jornada reducida y reclamó las diferencias salariales por las horas extraordinarias realizadas. El juez de grado hizo lugar al reclamo y por ello se agravia la accionada. La prueba testimonial rendida da cuenta de la real extensión de la jornada laboral realizada por la trabajadora y de los recibos de haberes pertenecientes a la actora surge el pago de horas extras. Asimismo, cabe destacar que el art. 92 ter referido en principio al contrato a tiempo parcial (es decir, aquel cuya jornada no supera los 2/3 de la jornada habitual de la actividad), establece que si la jornada supera esa proporción el empleador deberá abonar una remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. Se confirma la sentencia de la anterior instancia.
Juicio ejecutivo, honorarios del martillero, subasta judicial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Marconi, Guillermo Victorio y otro  c/ Carrizo, Pedro Sixto - Maria Bono - Vicente Fusca - Ana Maria Fusca y otros  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-23

Tratándose de los emolumentos de un martillero corresponde extender, a su favor, la disposición del CPR 77. La télesis de esa norma se encuentra expresada en la fundamentación vertida en el fallo dictado por esta Cámara Comercial, en pleno, el 08/02/50 in re "Salem David c/ Reiter y Cía", del 08/02/50; más allá de que la norma se refiere a "peritos", el martillero también es un auxiliar de la justicia. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en las subastas privadas, en las cuales el martillero actúa en calidad de mandatario o comisionista, según sea el caso, del dueño de los bienes que hayan de venderse, en las subastas judiciales aquél reviste el carácter de auxiliar del órgano judicial, en cuya representación realiza el acto procesal de que se trata (conf. Palacio, Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", pág. 779).
Diferencias salariales, apreciación de la prueba, presunción de contrato de trabajo, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Catella, María Cecilia y otros c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

La demandada cuestiona la valoración de la prueba efectuada en grado, que en origen se haya concluido que entre los demandantes y la accionada hubo vínculos dependientes. La admisión por parte de la demandada de los servicios prestados por los actores torna operativa la presunción del art. 23 de la LCT. Esa presunción opera igualmente cuando "se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato" y se aplica a los profesionales universitarios. Los actores se desempeñaron como médicos de cabecera para la demandada. Si bien las partes firmaron contratos de locación de servicios para encuadrar formalmente tales prestaciones, las modalidades concretas con que ellas debieron ser cumplidas permiten concluir el carácter laboral del contrato. El cumplimiento de la actividad esencial del instituto demandado requiere la contratación de los profesionales médicos y las locaciones de servicios podrían ser una opción para cubrir aquella necesidad. Su validez no depende de la simple suscripción de un contrato de tal tipo, ni del cumplimiento de pautas formales coherentes con tal clase de relación. La procedencia de un vínculo de carácter civil como el referido está supeditada a que se verifiquen de modo efectivo las condiciones esenciales de esa clase de contrato, entre las que se destaca la autonomía funcional y económica del locatario y la asunción, por parte de éste, de los riesgos de su actividad. La emisión de facturas por los servicios prestados debe ser apreciada de un modo estricto, en especial cuando tal práctica es común en el mercado como modo de intentar dar apariencia de relaciones comerciales a prestaciones que son de naturaleza laboral. La circunstancia de que la modalidad de contratación en que la demandada encuadró los servicios los actores haya estado admitida por las normas que regulan su actividad y organización, de que los haya registrado como prestadores y que les exigiera la presentación de facturas para pagarles sus retribuciones carecen de trascendencia para desvirtuar la presunción legal del art. 23 LCT, en especial cuando los elementos de prueba aportados por la propia accionada favorecen la posición sustentada por los accionantes. Cabe entender que el vínculo mantenido por la partes fue de naturaleza laboral.
Injuria laboral, despido indirecto, ley sobre riesgos del trabajo, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas, Elías Carlos c/ El Emporio de los Saldos S.A. y otros s/ accidente-acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

El comportamiento del empleador impidió la prosecución de la relación laboral, ya que al no tener contratada una ART e informar que la aseguradora era una distinta a la real, constituyó una injuria que justificaba la decisión del actor de colocarse en situación de despido indirecto. No era relevante si el accionante pudo o no demostrar realmente el infortunio, sino que lo importante era su derecho a obtener el reparo de la ley de riesgos de trabajo en cuanto le asegura al trabajador las prestaciones en especie y -en caso de corresponder- las dinerarias. Tal derecho se vio coartado por la empleadora atento la falta de pago del seguro, al denunciar el siniestro en una ART que no tenía contrato vigente al momento del accidente. El hecho que el trabajador no haya contado con cobertura asegurativa al momento de denunciar el infortunio padecido, que haya debido intimar en reiteradas oportunidades a su empleadora ante el incumplimiento e, incluso, procurar su atención médica por medio particulares, constituyen motivos justificados para darse por despedido (art. 242 LCT).
Concurso preventivo, incidente de revisión, recurso de inaplicabilidad de ley, doctrina legal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Maringa Maderas SA  c/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por exagrind sa s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-15

La contradicción requerida por la normativa procesal para admitir el recurso de inaplicabilidad de la ley, debe configurarse entre la sentencia recurrida y otra dictada por una Sala distinta del mismo Tribunal, dado que "la finalidad del recurso es evitar que el mismo Tribunal (la Cámara de Apelaciones) se pronuncie en forma diferente según sea la Sala que interviene" (cfr. Arazi, Roland y Rojas, Jorge, A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado", 1° edición, p. 367). Del Dictamen Fiscal N° 1949/23
Procedencia del recurso, regla de prorrata
Materia: PROCESAL
Carátula: Hermida, Jorge Alberto y otros  c/ Carbone, Carlos Martín y otro  s/ ordinario s/ queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-16

Corresponde hacer lugar a la queja planteada por la compañía de seguro y en consecuencia conceder el recurso contra la resolución que desestimó la aplicación del límite previsto en el CCCN 730 y en la LS 111, ello en tanto la recurrente procura traer a debate de Alzada una cuestión que se corresponde con una cuantía económica mayor al monto mínimo de apelabilidad.
Confirmación de sentencia, exceso ritual manifiesto, tribunal de alzada, registro de la propiedad inmueble, interpretación restrictiva, falta de prueba, improcedencia del recurso, uniones convivenciales, titularidad del dominio
Materia: PROCESAL
Carátula: B. V. J. c/ M. G. A. s/ Liquidación de comunidad de bienes
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2024-07-30

Los replanteos probatorios en instancia de apelación son de absoluta excepcionalidad e interpretación restrictiva debiendo acreditarse fehacientemente el agravio ocasionado en la instancia anterior por prueba errónea o carente de fundamentación, resultando en consecuencia improcedente el recurso presentado por quien no pudo probar los aportes realizados para adquirir el inmueble que se encuentra registrado en su totalidad a nombre de su ex conviviente a quien reclamó el cincuenta por ciento de la titularidad.
Procedencia del recurso, despido, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Vallejos, Matías Leonel c/ Brinks Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

El Decreto 146/01 (art. 3) no puede modificar la ley que reglamenta en sus aspectos esenciales para la operatividad del derecho que consagra, sino que debe ser interpretada de manera armónica, buscándole el sentido a la ley que reglamenta de jerarquía superior y a la que está destinada a complementar. El art. 80 LCT otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento. La brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado. La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que, en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación. De tal modo la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación, sólo puede surtir efectos una vez que haya transcurrido el plazo de 30 días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación, pero no puede válidamente constituirse en una condición que imponga al trabajador la necesidad de reiterar sus emplazamientos si estos han sido válidos y fehacientes. El actor intimó en forma concreta al cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT y aquélla no cumplió con la obligación de hacer que la norma legal le imponía, aún después de transcurridos todos los plazos en cuestión. Ello, en tanto arriba fuera de controversia que la demandada ofreció hacer entrega de los mismos en oportunidad de celebrarse la audiencia del trámite administrativo previo ante el SeCLO. Cabe hacer lugar al agravio e imponer la multa del art. 80 en cabeza de la demandada.
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, declaración de quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Inter West SRL c/ Sintésis Química SAIC  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

No cupo decretar la caducidad de instancia del proceso ordinario. Es que, habiéndose presentado el síndico de la parte demandada informando que se había decretado la quiebra de ésta (circunstancia que el órgano sindical acreditó mediante el acompañamiento de la copia del edicto publicado en el Boletín Oficial y de un certificado emitido por el juzgado del proceso falencial), resultaba claro que el reclamo aquí incoado por la accionante no podía proseguir pues, en rigor, el trámite de la presente causa se hallaba virtualmente suspendido en virtud de lo previsto por la LCQ 132. En tal sentido, lo manifestado por la accionante en orden a que habría concurrido al proceso de quiebra para solicitar el reconocimiento de su crédito -se infiere pues, que con base en las facturas aquí reclamadas-, de ello se deprende que una vez informada la quiebra de la accionada, el presente proceso debió ser atraído y seguir la suerte prevista en la LCQ 132. En tal marco, electa la vía de la verificación, ante la improcedencia de continuar el proceso, cabe revocar la perención decretada.
Destrucción total del automotor, daño material, seguros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zurakowski, Valeria Lorena  c/ Bostón Compañía Argentina de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Por ello, la aplicación de la suma asegurada a valores históricos implicaría un incumplimiento de la aseguradora a su obligación de indemnizar en tanto se concretaría en valores económicos insignificantes que no guardan relación con la entidad del daño que pretende repararse.
Regulación de honorarios, ley arancelaria, dación en pago, intereses moratorios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dyg Conecciones SRL  c/ Telecentro SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Siendo, que en el caso, la propia demandada reconoció que incurrió en mora en la cancelación de una diferencia del honorario que se estableció por el aumento del valor UMA verificado entre la fecha de la dación en pago y la de su efectiva percepción; así y no pudiendo desconocer la deudora la estipulación prevista en el art. 51 y 54 de la ley arancelaria, se debe concluir que, si su intención era eludir el devengamiento de los intereses por dicha diferencia, debió proceder a su inmediato pago cuando se notificó de la resolución, lo que, según se adelantó, no sucedió. Es que en dicha ley se constituyó un mecanismo cuya finalidad no es otra que la de mantener la vigencia del monto de la regulación de honorarios. Y para el caso en que se verifique esta última situación, la propia normativa estipula, de forma, un sistema de devengamiento adicional de intereses moratorios.
Despido, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Charro, Camila c/ Morixe Hermanos S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-26

En materia de ejercicio del ius variandi para que el poder acordado por la ley al empleador sea ejercido adecuadamente es necesario que: a) no afecte las particularidades esenciales de la contratación; b) haya sido ejercido de modo funcional y c) no cause perjuicio material ni moral al trabajador. El primero de los recaudos determina la materia sobre la que es posible la modificación unilateral de las obligaciones contractualmente establecidas. El segundo determina la causa o, con más precisión, la razón suficiente que legitima la medida y el tercero se vincula a los efectos de la medida. La justificación de la magnitud de la modificación está siempre vinculada a la razón suficiente de la modificación, de lo que se sigue una articulación entre lo que es considerado contenido esencial y razón funcional. Esto implica que, para la modificación legítima de contenidos más relevantes, han de invocarse y demostrarse razones más importantes en orden al principio general de continuidad de la relación (art. 10 LCT). Asimismo, que las modificaciones requieren la invocación y demostración de una razón suficiente de gravedad como para ser justificar en términos de necesidad para la lógica de continuidad de la relación y afectar, de este modo, algunos de los elementos del contrato.
Decreto de necesidad y urgencia, ley vigente, seguridad jurídica
Materia: LABORAL
Carátula: Basualdo, José Augusto  c/ Experta ART S.A.  s/ accidente ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-09

No es posible aplicar el DNU 669/19 toda vez que dicha normativa legal no se encontraba vigente al momento de los hechos, y su aplicación en forma retroactiva resulta improcedente pues se estaría violando el principio de seguridad jurídica que protege la certidumbre sobre los derechos y obligaciones acaecidos (conf. doctrina "Espósito, Dardo, Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente- ley especial"). Asimismo, el decreto mencionado resulta inconstitucional, entre otras razones, pues al igual que su similar N° 54/17, es evidente la inexistencia de circunstancias excepcionales que hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes (conf. art. 99. Inc. 3° CN).
Facultades del Poder Judicial, competencia federal, revisión judicial, caso concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Iriarte, Luis y otra c/ Provincia de Tucumán s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Nuestro sistema constitucional no reconoce a nivel federal legitimación en abstracto para el mero control de la legalidad de una disposición, en tanto admitir la legitimación en un grado tal que la identifique con el generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes del gobierno deformaría las atribuciones del Poder Judicial de la acción en sus relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de sus decisiones (Voto del juez Rosenkrantz).
Principios laborales, ganancia neta sujeta a impuesto, LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, inembargabilidad del salario, protección constitucional del trabajo, carácter alimentario, derecho de propiedad, garantía de inviolabilidad de la propiedad, facultades tributarias, base imponible, hecho imponible, interpretación sistemática, trabajador en relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Sindicatos representantes de las trabajadoras y trabajadores del PJCABA (AEJBA, SITRAJU y UEJN) c/ Consejo de la Magistratura de CABA y otros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-18

La afirmación "el salario no es ganancia" no es una locución ni partidista ni demagógica, ni un capricho sindical sino que por el contrario halla su justificación en la concepción misma del tributo y la necesidad de analizarlo en forma armónica y coherente toda vez que uno de los elementos necesarios para que haya ganancia es la existencia de una fuente productora que la habilite y esa fuente es precisamente la persona humana quien pone su fuerza de trabajo al servicio del circuito que genera ganancias gravadas, de allí que no son los trabajadores quienes reciben ganancias por su labor, sino que ellos son la fuente generadora de las ganancias de su empleador.