Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-23


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 23 de 2005.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Peirano dijo:

1. En las presentes actuaciones el señor Juez a quo decidió lo siguiente: a) hacer lugar parcialmente a la demanda instaurada por Pablo Raúl Prado contra Daniel Prado y Marta Lucía Jacquet de Prado, condenándolos a abonar el importe que resulte de la liquidación a practicarse por un perito árbitro que se designe en su momento, a los fines de cuantificar cuál es el 50% de los dividendos que correspondan a los demandados en su calidad de socios de Vía Pública SA, a partir de la celebración del contrato instrumentado el 25/11/1987; b) rechazar la demanda contra Vía Pública SA; c) diferir las costas para el momento en que se arribe a la liquidación encomendada en los términos del art. 516 del Código Procesal, y d) disponer que consentida o ejecutoriada que se encuentre la sentencia, llamar a las partes a una audiencia con la finalidad de discernir pautas que contribuyan a la tarea que deberá llevar a cabo el perito árbitro que se designe.

2. Contra dicho pronunciamiento, obrante a fs. 1829/1844, se alzaron ambas partes. La actora a fs. 1847, quien expresó agravios a fs. 1913/1943, los que fueron contestados a fs. 1961/1971; mientras que los demandados apelaron a fs. 1844 bis y 1845, y presentaron memorial a fs. 1944/1951, los que fueron contestados a fs. 1955/1959.

3. Interesa reseñar que al impetrar su demanda, el actor solicitó el cumplimiento de ciertas prestaciones que se consignan en el capítulo liquidación, con más intereses y costas.

a. Demandó a tres personas: Daniel Eduardo Prado (su hermano), Marta Lucía Jacquet de Prado (su cuñada) y a Vía pública SA.

Explicó "El hecho constitutivo de la acción es la vinculación con mi hermano Daniel Eduardo Prado que data desde la fundación (1979) de la sociedad Vía Pública Sociedad Anónima. La misma fue integrada por mi padre Manuel Jacinto, el demandado Daniel y el infrascripto" (fs. 17 vta.).

En esa sociedad se consignaron los aportes de la siguiente manera: Daniel E. Prado: 70%, Manuel J. Prado: 20% y Pablo R. Prado: 10%.

Dice que hasta 1987 la empresa fue enteramente manejada por su hermano Daniel, pues él transitó otros caminos de actividad profesional. Durante esos años, aquél logró poseer 15 carteles de publicidad para la empresa.

En 1987 se presentó la oportunidad de arrendar al Tiro Federal Argentino unos espacios publicitarios en dos curvas estratégicas (Figueroa Alcorta, Udaondo y Libertador), y como el actor -dice se acababa de desvincular de la empresa Juncadella (donde había trabajado como gerente) y había cobrado una suma de cierta importancia y además había vendido una casa, aportó a la empresa U$S75.000 a cambio de "promesas de negocios futuros" (fs. 19 vta.).

El 25/11/1987, luego de llevar varios meses trabajando, su hermano y cuñada le presentan un breve contrato a la firma, can tres cláusulas:

Su texto, íntegra y literalmente reza:

"En Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 1987, entre Daniel Eduardo Prado, argentino, casado, L. E. 8.476.507; Marta Lucía Jacquet de Prado, argentino, casada DNI. ... y Paulo Raúl Prado, argentino, casado, DNI. ...; convienen lo siguiente: Primero: El señor Pablo Raúl Prado se incorpora a Vía Pública SA en calidad de Director. Segundo: Todos los carteles tradicionales de Vía Pública SA, detallados en el Anexo I de fecha 14 de septiembre de 1987 que se acompaña con la firma de los arriba mencionados, continuarán siendo de exclusiva propiedad del señor Daniel Eduardo Prado y de la señora Marta Lucía Jacquet de Prado; su explotación y producido así como los gastos que originen serán de exclusiva responsabilidad de los mismos. En caso de venta de alguna propiedad que imposibilitara la continuidad del contrato de locación, caída de letrero, robo, destrucción, vencimiento de contrato de anunciante sin obrar renovación o cualquier otra razón que imposibilitara la continuidad de cualquiera de las exhibiciones detalladas en el Anexo I facultará a los señores Daniel Eduardo Prado y/o Marta Lucía Jacquet a contratar nuevo/s posicion/es, construir, contratar con nuevo/a anunciante/s, etc.; al sólo efecto de mantener constante el nivel de facturación mensual de las posiciones detalladas en el Anexo I (o sus reemplazantes). Tercero: Todas las nuevas construcciones, decoraciones o negocios que Vía Pública SA haya realizado o efectúe en el futuro (y que no se detallan en el Anexo I) serán propiedad en un 50% (cincuenta por ciento) del señor Pablo Raúl Prado, tanto en su construcción, decoración, iluminación, mantenimiento y gastos así como en los ingresos que estos nuevos negocios y/o construcciones generen. De conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto".

Indica el accionante que el documento está en realidad admitiendo el hecho que hay existía una gestión y una capitalización común, anterior a su suscripción.

Entendió además el actor que "a partir de entonces, yo que ya era director formal de la Sociedad Anónima Vía Pública, fundada en 1979, y accionista con el 10% del capital, a lo cual podía añadirse la mitad del 20% de mi padre -que había cedido gratuitamente su participación a nosotros dos, o sea a Daniel y a mi-, pasé a sentirme accionista al 50%, debidamente documentado por ese papel firmado por mi hermano y por mi cuñada"(fs. 22).

Expresó que a partir de entonces redobló sus esfuerzos, dedicándose a la actividad full time, logrando construir la cantidad de 80 carteles.

Entre otras vicisitudes, contó que con el paso del tiempo contribuyó a sanear la contabilidad (poniendo a otro contador), pero que su hermano hacía retiros injustificados de ingresos, situación que, dice, estalló cuando el demandado pasó a retirar de Vía Pública SA el valor de los alquileres que tenía que pagar al tiro federal.

Señaló que desde entonces estuvo privado del capital que aportara hacía más de cuatro años, de los saldos a su favor por retiros menores a los que correspondían hasta el 30/11/1990, de las utilidades que su capital produjo desde ese momento a la fecha, de los intereses sobre esos capitales indebidamente retenidos, de las actualizaciones de esas sumas hasta el momento en que la ley de convertibilidad (1991) dejó sin efecto las indexaciones, de la indemnización que legalmente corresponde se le abone por la forma inconsulta e ilegítima en que se lo echó de la empresa, y de la indemnización por daño moral.

En definitiva, reconociendo la confusión del mismo (y teorizando sobre su eventual nulidad), solicita el cumplimiento del mentado contrato de tres cláusulas del 27/11/1987 (cfr. p. ej., fs. 34 vta. y 36 "in fine").

b. Luego de oponer al progreso de la acción la excepción de defecto legal (fs. 70/75), los accionados contestaron la demanda en dos escritos, uno firmado por Marta L. Jacquet y Daniel E. Prado (fs. 76/94), y el otro por la sociedad Vía Pública SA (fs. 166/184), cuyo tenor es similar en ambos.

Expresaron los demandados que la sociedad fue constituida con fecha 12/5/1987 e inscripta en el Registro Público de Comercio el día 18/6/1987 (nº 4205, Libro 103, Tomo A), fundada por Daniel Eduardo Prado. Dicen que eso no pudo ser desconocido por Pablo Prado, pues éste recibió un poder para representar a la sociedad con fecha 14/11/1987 y que cualquier construcción argumental basada en la existencia de la sociedad constituida en 1979 carece de asidero.

Expusieron los hechos de manera diversa a la del actor. Dicen que éste se encontraba sin trabajo en 1987 y que simplemente efectuó tareas administrativas en la empresa (análisis de ingresos y egresos), sin colaborar en forma alguna con la construcción ni con la concreción del arrendamiento del lugar para construir los carteles, especialmente en el Tiro Federal Argentino. Reputaron falsa la afirmación del accionante en torno al aporte que dijo haber realizado de U$S75.000.

Adujeron que el accionante nunca fue socio de la única Vía Pública SA existente y que tampoco fue designado director de la sociedad, pues si bien en el documento del 25/11/1987 consta ello, nunca se celebró una asamblea que lo designara en los términos del art. 255 de la ley 19.550; además, esa denominación es la "común" y "habitual" en una agencia de publicidad. Con lo cual, a su criterio, fue simplemente un "director administrativo".

Señalaron que sin realizar aporte de capital alguno, Pablo comenzó a exigir un aumento en el monto de las sumas que retiraba, lo que excedía largamente las posibilidades de rentabilidad de la empresa, y que se arrogó atribuciones pretendiendo un poder de decisión no acorde con sus tareas ni con sus funciones. En función de ello, calificaron de insostenible la situación, lo que llevó a los demandados a revocar el mandato otorgado al actor el 30/11/1990 y a rescindir el contrato de colaboración que las vinculara.

En torno a esto último, afirmaron que tal colaboración fue la instrumentada en el convenio celebrado el 25/11/1987, no existiendo allí incremento de porcentaje social alguno ni reconocimiento de gestión alguna. Simplemente, dicen, medió una invitación a participar de la construcción de carteles publicitarios. Por ello Pablo Raúl Prado ha tenido derechos y obligaciones respecto a los gastos y utilidades del producido de los carteles en los que colaborara para su construcción.

Pero puntualizaron que no puede hablarse de "propiedad" del cartel, y menos de la propiedad de los contratos publicitarios, que resultan autónomos respecto a la situación legal de los propios carteles en los cuales se encuentran exhibidos. En síntesis, la correcta interpretación del convenio, según su inteligencia, conduce a concluir que ambos hermanos convinieron en construir carteles de publicidad repartiendo gastos y utilidades.

4. Para resolver al modo en que lo hizo (ver primer considerando de esta sentencia), el magistrado de grado efectuó el siguiente desarrollo:

a. Que el accionante se remonta a la fundación de la sociedad Vía Pública, fundada en el año 1979, y que, a partir de tal premisa desarrolla toda su argumentación tendiente a demostrar los derechos que le asistirían en función de los aportes económicos y de trabajo personal realizados en orden a los emprendimientos encarados por la sociedad.

Que al reputar vigente la primigenia sociedad entiende una anomalía la pretendida existencia de una segunda sociedad que con la misma denominación se ha constituido el 6/5/1987, siendo sus socios Daniel E. Prado y su esposa Jacquet de Prado.

Sin embargo, entiende el magistrado que "el presupuesto en el que sustenta su requerimiento indemnizatorio carece de la debida consistencia", puesto que no puede predicarse la vigencia de la sociedad constituida el 6/6/1979 sin que el actor Pablo Raúl Prado pueda prevalerse de la falta de inscripción de la disolución societaria.

En este sentido, remarca el juez que la documentación obrante a fs. 96/105 da cuenta de la decisión social de disolverse instrumentada en el acta de asamblea extraordinaria del 22/12/1982 (fs. 101/105), lo que no mereció impugnación por el actor, sedicente accionista y director, quien, por lo demás, carecería de aptitud para esgrimir la no disolución por ausencia de inscripción, en tanto se considera a sí mismo como socio de la primigenia sociedad y, consecuentemente, no era un tercero al que le fuesen inoponibles las decisiones ad intra de la campañía.

b. Deduce el magistrado que la sociedad constituida el 1987 estaba conformada, como únicos integrantes, por los señores Daniel E. Prado y Marta L. Jacquet; y que el accionante nada ha demostrado en punto al alegado aporte de U$S75.000 durante 1987. Incluso, considera desajustada esa suma con relación a la propia estimación realizada en la documentación de fs. 1307/1308, en el sentido de que en el año 1990 se le adeudarían U$S55.000.

Continúa exponiendo que el actor no puede ser reputado como integrante del directorio, pues en el instrumento privado suscripto el 25/11/1987 (que constituye la base de esta acción), se le encomienda una función de dirección técnica que no puede ser interpretada como asignación de participación en el órgano de administración y de representación de la sociedad, como pretende.

Destaca al respecto, como dato dirimente, que se carece en la causa de la documentación que permitiría arrojar luz sobre el particular, y que tal omisión determinante se debe a la conducta del propio Pablo Prado: al iniciar cierta medida cautelar (expte. 61.190, que se tiene a la vista) sostuvo que "entregaría dicha documentación" (fs. 23, p. 2); en esta causa expresó que la documentación se hallaba agregada en ese expediente (fs. 43 vta., p. 6), y en la causa penal (expte. 61.869) dijo, a su vez, que pondría la documentación a disposición del juez (fs. 17 vta.). Mas lo cierto es que los remanidos documentos no pudieron ser analizados en el juicio y, consecuentemente, la evolución patrimonial de la sociedad hasta el año 1991 es un tema no elucidado en autos.

c. A continuación, el sentenciante analiza el contrato del 25/11/1987, base de la presente acción (que supra ha sido transcripto íntegramente en esta ponencia, en el considerando 3).

Parte por exponer que lo convenido en ese instrumente debe ser interpretado sobre la base del espíritu de las cláusulas, la intención presunta de las partes y la finalidad perseguida, labor hermenéutica que se impone en el caso sub examine, donde no se ajustan los términos contractuales a la realidad del vínculo entablado entre las partes, mediando una superposición de planos (el societario y el de las personas físicas), que debe ser discernido adecuadamente, so pena de extraer consecuencias no toleradas por la ley.

Reitera, en primer lugar, que la calidad de "director" atribuida al señor Pablo Prado en la cláusula primera no puede colegirse en vistas a la integración del órgano de administración de la sociedad Vía Publica SA, pues si así fuese algún registro instrumental debió haberse aportado en ese sentido, verbigracia, acta de asamblea de designación o acta de directorio de distribución de cargos.

Lo que sí surge de autos es el apoderamiento del accionante, conforme instrumento de fs. 120, y algunas pruebas que dan cuenta de que el actor realizaba tareas de orden administrativo en las oficinas de la empresa (conf. pericial contable, fs. 1136, y prueba confesional aportada por la demandada, posiciones 8 y 9, fs. 1267).

En segundo término, expresa el Juez que "aunque signifique una obviedad", no puede confundirse la persona jurídica de Vía Pública SA con la persona de sus socios, Daniel y Marta. "La personalidad jurídica implica imputación diferenciada en orden a las nociones de propiedad y obligación; y también el ocultamiento de la identidad de los partícipes en el negocio base, bajo el rostro del sujeto de segundo grado o jurídico. El derecho es una causa meramente instrumental de naturaleza política, que reconoce personalidad jurídica diferenciada a configuraciones de segundo grado sobre la base de la necesidad de discriminar en equidad los privilegios inherentes a dicho reconocimiento, y siempre cabalgando ese reconocimiento sobre realidades prenormativas sujetas en razón de conveniencia a este recurso técnico (Enrique Manuel Butty, V Congreso de Derecho Societario, 'Inoponibilidad')" (fs. 1841).

Por lo demás, continúa el a quo, no se verifica en autos algún supuesto de inoponibilidad de la personalidad jurídica contemplada por el art. 54 de la ley societaria, no pareciendo en la especie que la forma societaria haya sido utilizada para violentar derechos de terceros, o para la consecución de fines extrasocietarios, o constituya un recurso para violentar la ley, el orden público o la buena fe: es que en el sub lite la creación de la sociedad fue para emprender una actividad reconocida por la propia accionante (no con fines extrasocietarios); y en todo caso, si mediaron perjuicios para el actor, ello no se debió a una desnaturalización de la persona jurídica, sino a dificultades de orden, familiar.

Sentado ello, y en tercer lugar, expone el Juez que la existencia y vigencia de la sociedad es un dato relevante del cual no puede prescindirse en autos, y no habiendo margen para declarar la inoponibilidad de su personalidad jurídica, la consecuencia lógica es que Pablo Pardo este impedido de participar del 50% de la construcción, ingresos y gastos de carteles de la "sociedad"; careciendo sus socios de potestad para entregar el patrimonio social. Ello porque la existencia de estipulaciones mediante las cuales se prevé la percepción exclusiva en las ganancias por uno o varios socios altera el concepto de affectio societatis.

Entonces, lógicamente razona el juez, si se entendiera que fue la sociedad la que aseguró el beneficio al actor que se considera socio, la cuestión sería subsumible en el art. 13, inc. 4º, de la ley 19.550 (con lo cual tampoco podría admitirse que se dispusiera de los beneficios de la sociedad, sin antes deducir las pérdidas); mientras que si se interpretara que fueron los socios quienes prometieron esa renta, ellos no se encontraban legitimados para disponer de activos de la sociedad (cfr. fs. 1843).

Finaliza en su deducción el magistrado con los siguientes dos párrafos:

"Empero, lo cierto es que algún compromiso asumieron los demandados con relación al accionante; y ello debe ponderarse adecuadamente en los términos del art. 1197 Cód. Civ. La única interpretación válida en pos de la vigencia del contrato (art. 218 inciso 3 Código de Comercio) es que los socios Daniel Prado y Marta Lucía Jacquet de Prado cedieron una participación sobre sus dividendos. En este sentido resulta inequívoco a juicio del suscripto que Daniel Prado y su esposa asumieron el compromiso de ceder en favor de Pablo Prado el 50% de los dividendos que les correspondiesen en su carácter de socios de Vía Pública SA, a partir del convenio instrumentado el 25 de noviembre del año 1987".

"Mas para discernir la cuantificación de lo adeudado, será menester acudir a un cálculo liquidatorio, que posibilite determinar las ganancias de la sociedad Vía Pública SA, con deducción de las pérdidas y, consecuentemente, precisar que dividendos correspondieron a los socios para, por fin relevar lo que Daniel Prado y Marta Jacquet de Prado deben eventualmente a Pablo Raúl Prado. Como las cuentas se anuncian complejas y de lenta y difícil justificación, debiéndose conocer con un razonable grado de certidumbre aspectos esenciales de la evolución patrimonial de la sociedad, serán tales cuentas sometidas a la decisión de un perito árbitro en los términos previstos por el art. 516 del Código Procesal de la Nación" (fs. 1843, punto d).

6. Como se anticipara en el considerando 2 de esta sentencia, ambas partes se agravian de la sentencia recién resumida (el actor requiere que sea condenada la absuelta sociedad codemandada Vía Pública SA; mientras que los codemandados condenados, Daniel E. Prado y Marta Lucía Jacquet de Prado, solicitan su absolución).

Ambas partes insumen varias hojas en desarrollar sus quejas, pero es particularmente extensa la memoria presentada por la parte actora, quien ocupa la friolera cantidad de 61 carillas, consignando 15 quejas.

Lejos de proceder a reseñar ambos escritos de agravios, y luego de una agotadora lectura, diré que -pese al esfuerzo que debió demandar su elaboración- los considero (particularmente el libelo del actor) injustificablemente kilométricos y caudalosos, y además, como surgirá del desarrollo que realizaré a continuación en mi ponencia, aprecio a las extensas manifestaciones allí contenidas, en varios de sus sectores, contradictorias y extralimitadas en relación a las posiciones que se enmarcaron en la litis.

No está de más llamar la atención sobre la necesidad de expresar las ideas fundantes de las pretensiones ante la jurisdicción de manera clara y concisa, lo que es perfectamente posible y recomendable. Bien se ha dicho al respecto que es reprochable la presentación de escritos de extensión desproporcionada, que tienden a confundir, desviar y estorbar la atención del Tribunal que debe entender (conf. CSJN, "Speter, Armando c. Plano, Alfredo V.", del 25/9/1990, con nota de Bidart Campos, Germán, "Longitud, densidad y estilo de los escritos abogaciles", ED, 140-739; CNCom, Sala A, "Faisán SAIC c. Exfin Exchange y Financial Co. Trust s/ord.", del 24/3/2004).

Amén de ello, anticipo que en general considero ajustada a derecho la construcción que ha realizado el magistrado interviniente, y no aprecio que las quejas traídas logren conmover lo decidido por él; por lo que propondré al Acuerdo que estamos celebrando la confirmación del fallo recurrido.

7. Comenzaré por recordar que, tal como lo he puesto de relieve en algún antecedente (conf. mi voto, "in re", "Bas, Rubén Enrique y otros c. Mel, Raúl H. y otros", del 31/8/2001), "buena fe" es una exigencia de estos tiempos, que domina todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la relación, sino también en la ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la convención (art. 1198, Cód. Civil), exigiéndose una conducta clara, diligente y sincera de las partes, tanto en el proceso formativo de los contratos como durante toda su vigencia y hasta su posterior extinción para que funcione adecuadamente el mismo.

Y en esta labor, se acepta que a los fines interpretativos el comportamiento de las partes, anterior y posterior del acto, es la "mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrarse el contrato" (art. 218, inc. 4º, Cód. de Comercio). Es así como considero que no existe mejor forma de conocer esa interpretación común que apreciar la propia conducta observada por las partes durante la celebración y ejecución del negocio jurídico, dado que dicho comportamiento trasunta la evidencia más acabada de lo que las partes verdaderamente quisieron al contratar, constituyéndose en la herramienta más valiosa para descubrir la indudable intención de los contrayentes al celebrar el contrato (ver art. 163, Cód. Procesal).

Por otra parte, la valoración de la conducta de las partes, en circunstancias como las que se presentan en autos alcanza también trascendencia desde la perspectiva de otro instrumento hermenéutico que ha venido ganando terreno dentro de los últimos años dentro de la jurisprudencia vernácula, la llamada "doctrina de los propios actos", que comporta un límite al ejercicio de un derecho subjetivo o una facultad derivada del principio de buena fe, requiriéndose un comportamiento coherente (conf., ED, 57-370; 76-610; 80-544; 81-157 y 610; 82-431 y 269; 83-473; 85-539; 88-686; 91-25; 95-219 y 233; 97-363; 98-314, entre otros; Wieacker Franz, "El principio de buena fe", Cuaderno Civitas, ps. 60/62, Madrid, España; Diez Picaso, Luis, "La doctrina de los actos propios", p. 142, ed. Bosch, Barcelona, España; Mosset Iturraspe, Jorge; "Justicia Contractual", p. 146, ed. Ediar, Buenos Aires, 1977).

El ámbito de aplicación de esta doctrina se relaciona tanto cuando se pretende impugnar la conducta anterior (expresa o tácita), poniendo el derecho límites a esa impugnación por considerarla contraria a la buena fe, como cuando se pretende ejercitar algún derecho o facultad en contradicción con conductas anteriores de relevancia jurídica y que también chocan con la buena fe (conf., esta Sala, en autos "Prayones de Fendrik, María Hortensia c. Mafre Aconcagua Cía. Arb. de Seguros s/ordinario", del 29/9/1995).

En el derecho de fondo se consagra de manera enfática que los contratos deben interpretarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión (art. 1198, Cód. Civil). La doctrina ha puntualizado que la "regla de interpretación de buena fe no sólo sirve paras esclarecer el sentido del contrato, sino también para pautar su contenido, es decir, permite precisar cuáles son los alcances en los que el contratante está jurídicamente vinculado" (Alterini, Atilio A., "Contratos civiles-comerciales-de consumo. Teoría general", ed. Abeledo-Perrot, pág. 411 y 412). Es de suma utilidad tener presente las tres subdirectivas a las que alude el autor citado "verosimilitud, diligencia debida y previsibilidad" (pág. 412) y que, en primer medida, debe bucearse más en la intención común de las partes que en el sentido literal de los términos (art. 218, inc. 1º, Cód. de Comercio), pues la literalidad del texto contractual no descarta la investigación de la voluntad real de las partes, siendo relevantes para ello la intención y la finalidad de los contratantes (CSJN, Fallos, 300:676; 302:1111; 306:85; 311:1556).

Asimismo, no puede prescindirse de la interpretación realizada dentro del contexto general y los hechos de los contrayentes (art. 218, incs. 2º y 4º, Cód. de Comercio).

8. Sobre la plataforma jurídica expuesta en el considerando anterior, considero que la conducta de las dos partes ha sido inadecuada. A mi juicio, pues, dentro del contexto general que rodeó al contrato, encuentro efectivamente que las actitudes de ambas partes merecen reproches.

Veamos.

Los demandados literalmente "burlaron" a la Inspección General de Justicia inscribiendo una sociedad homónima, aprovechando los beneficios del nombre de una persona jurídica anterior, en el mismo ramo de actividades; sin preocuparse por efectivamente disolver y liquidar esta última, donde tenían acciones el padre y suegro, y el hermano y cuñado de los nuevos socios, Daniel y Marta, respectivamente.

Además, vienen a esta instancia a discutir, improcedente e intempestivamente, que la codemandada Jacquet no habría firmado el contrato (aspecto sobre el que me explayaré en el considerando 11).

Por su lado, el actor, tanto a lo largo de la demanda como durante todo el proceso, y particularmente en los agravios traídos a mi conocimiento, acomoda, según las circunstancias; su discurso para decirse socio de cualquiera de las dos sociedades, confundiendo permanentemente los roles: cuando le conviene es socio de la primera Vía Pública SA y pretende que la segunda sociedad es una simple continuación de aquella, pero omite ofrecer y menos producir elemento probatorio en respaldo de tal aserto y cuando no, afirma que la primera sociedad nada tiene que ver en la cuestión.

Es muy gráfico, en este sentido, lo expresado por la Sala C de este Tribunal al confirmar el rechazo de las medidas precautorias oportunamente intentadas, cuando dijo que no ha mediado un adecuado desarrollo y explicitación del contexto fáctico-jurídico del cual pretende extraerse la presencia de un interés jurídicamente tutelable ante estos estrados, dada la relativa inconciabilidad que prima facie se advierte entre los derechos que emergen de la condición de socio y los que pudieran reputarse nacidos del negocio jurídico (conf. fs. 94 de la resolución del 10/5/1991, obrante en el expediente de medida precautoria que se tiene a la vista -continente de variados números: 56.654, 61.190 y 254.819, este último, de Cámara-).

No es creíble, a mi entender, que el accionante se haya visto "sorprendido" con la existencia de la segunda sociedad, puesto que de seguir en la "inocente" inteligencia de que se trataba de la original Vía Pública SA, nada tenía que hacer en ella una accionista que él, como accionista y director de este ente, desconocía, como lo es la señora Marta L. Jacquet.

Es inadmisible que una persona con la preparación universitaria del actor (ingeniero y ex gerente en importantes empresas multinacionales, como el mismo lo expresa a fs. 18 vta./19) no advierta ni objete que, de repente, "aparezca" una nueva accionista, con el 50% del paquete accionario, alterando la distribución original de 1979 (y esto se deduce meramente del documento objeto del presente juicio, donde se consigna que los carteles ya construidos le pertenecen exclusivamente a la señora Jacquet y a su hermano Daniel).

También es reprochable que el actor alegue haber aportado la no desdeñable suma de U$S75.000, sin producir absolutamente ninguna prueba documental al respecto (pese a que se trata de un juicio que acumula diez cuerpos, del que puede extraerse de la prueba colectada una vaga referencia testimonial a todas luces absolutamente insuficiente para crear convicción bastante acerca de haber efectivizado el alegado aporte, a través de quienes no han tenido el más mínimo protagonismo). No ya un recibo, sino, por ejemplo, ausencia de constancia de las sumas que se dicen cobradas por indemnización en su anterior trabajo como gerente en Juncadella, o datos sobre la venta de una casa que habría construido en la Provincia de Santa Fe. Véase que sobre el punto solo alude a haber cobrado una "suma de cierta importancia", expresión de extrema vaguedad.

Y es achacable, también, la promesa de presentar los libros contables llevados durante los años que trabajó con los demandados, que dijo tener en su poder, pero que nunca presentó, conforme lo pusiera de relieve el magistrado de grado.

Aunque, siguiendo precisamente lo razonado por el a quo, cierto es que cabe presumir que algún aporte ha hecho (malgrado no haber probado ni por asomo que se trate de la suma que invoca), pues de lo contrario no se explicaría el origen del contrato que dio pie al conflicto de marras.

9. Antes de entrar -brevemente, por cierto- en el concreto análisis de los cuestionamientos por los quejosos, considero conveniente dejar aclarado lo siguiente:

a. El juzgador no tiene la obligación de ponderar en los considerandos de la sentencia el análisis de todas las pruebas colectadas en la causa, sino sólo aquellas que considere, según su criterio, pertinentes y conducentes que lograron formar en su ánimo la convicción necesaria para proporcionar fundamentación suficiente a su pronunciamiento. Los Jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus decisiones (CSJN, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros); ni tampoco deben imperativamente tratar todas las cuestiones expuestas o elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos (Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 310:267; entre muchos otros), razón por la cual la falta de consideración concreta de alguna de ellas no significa la ausencia de valoración sino la insuficiencia de aptitud convictiva del medio probatorio o del argumento como para hacer variar el alcance del fallo.

b. Máxime, cuando los argumentos traídos no logran conmover los sólidos fundamentos edificados en la instancia de grado. Reiteradamente he dicho que es desestimable un recurso en el que simplemente se discute el criterio judicial sin apoyar la oposición en basamento fáctico idóneo o sin dar razones jurídicas a un distinto punto de vista, pues lo que se requiere es un ataque concreto, directo y pertinente contra la decisión impugnada, mediante el cual el apelante se haga cargo y rebata eficazmente aquellos argumentos que hayan sido decisivos para el a quo para sustentar su pronunciamiento.

En este orden de ideas, pese a la extensión de los agravios traídos a mi conocimiento, observo que no se aportan elementos que -a mi entender- justifiquen adoptar una solución distinta a la que arribara el magistrado, más allá del vertimiento de meras discrepancias subjetivas totalmente inconducentes.

c. Asimismo, bueno es puntualizar que el órgano jurisdiccional queda obviamente vinculado por los límites del thema decidendum, los cuales no pueden ser excedidos, desde que son los justiciables los que precisan los hechos que deben ser materia de juzgamiento y los Jueces deben respetar el principio de congruencia (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º, Cód. Procesal), es decir, deben ser coherentes en sus decisiones con las peticiones de las partes.

Por ende, el sentenciante no podrá considerar otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, ni pronunciarse sobre pretensiones no deducidas, cosas no pedidas o solicitudes no formuladas (conf. esta Sala, "Rusconi, Luis c. Garage Concordia", del 29/5/1978; "Marcilese, María L. c. Cristal, Simón", del 11/9/1981; "Lex, Marcelo y otro c. Savoia, Roxana Vilma", del 3/3/1995; "Calcagno, Eduardo Raimundo c. Industrias Audiovisuales Argentinas SA", del 10/7/2001; "Matzner, Enrique c. Burstein, Eduardo", del 26/2/2002, entre muchos otros).

10. Entrando de lleno al caso, concuerdo con el magistrado en que, como producto de las actitudes de las partes, que enrevesaron jurídicamente un conflicto en apariencia sencillo (conforme se recalcaran sus actitudes en el considerando anterior), media en la especie una "superposición de planos", esto es, el societario y el de las personas físicas.

a. Es necesario, en consonancia con lo dicho en el considerando anterior, apartado c, remarcar que la misma parte actora ha hecho una amplia cita del derecho aplicable, aludiendo al derecho societario en general, a los contratos, a la costumbre, y al derecho de familia, ateniéndose expresamente "al principio pretoriano del Derecho Romano iura curia novit" (cfr. fs. 43).

Mal ahora puede quejarse del enfoque que hizo el juez, que en gran medida le es favorable, puesto que bien remarca el magistrado que su criterio es el único que posibilita mantener la validez del contrato. Tal es, a mi juicio, una hermenéutica totalmente adecuada al régimen de interpretación de nuestro ordenamiento de fondo: "Las cláusulas susceptibles de dos sentidos, del uno de los cuales resultaría la validez, y del otro la nulidad del acto, deben entenderse en el primero" (art. 218, inc. 3º, Cód. de Comercio).

Véase que si se optara por la nulidad del contrato, la misma no sería sólo teórica, como alega el autor recurrente a fs. 1915 vta./1916, pues ello obligaría a las partes a restituirse lo que han recibido (art. 1052, Cód. Civil), y en ese punto, como ya lo puntualicé, la parte naufragó en probar el quantum de su aporte (por caso, son harto insuficientes las pruebas testimoniales a las que alude en su décimo agravio, fs. 1929 vta./1932).

b. Por otra parte, opino que si se siguiese la forzada interpretación extensamente intentada por el actor en pos de extender la condena a la sociedad de la cual (y esto lo aprecio evidente) no es integrante (me refiero a la segunda Vía Pública SA, constituida en 1987, de la cual se constituyeron accionistas únicamente Daniel y Marta -que no encuentro demandada-), implicaría como contrapartida absolver a las personas físicas que la integran.

Me explico. En todos los agravios traídos por el accionante sobrevuela el concepto de que si bien en el contrato de marras se presentan Daniel y Marta, por una de las dos partes, como personas físicas, en realidad lo habían hecho por parte de la segunda sociedad.

Ello, más allá de que se tienda a cumplir el contrato y a respetar sus cláusulas conforme al principio rector del art. 1197 del Código Civil (como bien lo encuadró el sentenciante de grado), no resiste el menor análisis.

En primer término, tales individuos debieron presentare en el contrato en un doble carácter, por sí y en representación de la persona jurídica, lo que en ningún modo surge del documento. En segundo lugar, es elemental que para que una sociedad altere la composición de su órgano de administración, es ineludible que lo haga mediante una asamblea legalmente convocada al efecto, lo que tampoco aconteció en la especie.

Ninguna mella produce en el casus el hecho de que tales individuos (los esposos Daniel y Marta) sean los únicos socios, pues tal circunstancia en nada empece al cumplimiento de los básicos y mínimos requisitos exigidos por la ley y conocidos ampliamente en el comercio en general (que no pudieron ser desconocidos por una persona como el actor al momento de contratar, conforme lo puse de relieve en el considerando 8).

A lo sumo, por vía de hipótesis de trabajo, podría haberse analizado la posibilidad del famoso "descorrimiento del velo" (arg. arts. 54, ley 19.550), como ya lo hiciera (y eficazmente descartara) el magistrado interviniente; sin embargo, nada de eso ha sido alegado en el juicio, con lo cual me encuentro totalmente vedado de analizar (art. 277, CPCCN).

Y ad aeventum, recuérdese que nuestros tribunales lejos están de prohijar una aplicación desmadrada de la doctrina de la inoponibilidad (Filippi, Laura - García, Oscar A., "Personalidad jurídica e inoponibilidad. Reflexiones desde esta orilla", LA LEY, 2000-C, 1076), puesto que se trata de un recurso auténticamente excepcional (CCivCom San Martín, Sala II, 2/9/1999, "I. T. P. Electrónica SRL c. Signs Time SRL", JA, del 03/05/2000, pág. 68, nº 6192).

c. Atento todo lo expresado hasta aquí, considero adecuada la subsunción del caso hecha por el juez, quien encaró la cuestión, primero en el principio rector del art. 1197 del Código Civil, luego en la cesión de participación sobre sus dividendos hecha por las personas físicas codemandadas, lo que es encuadrable, iura novit curia, en la figura denominada "socio del socio", prevista en el art. 35 de la ley 19.550, a la cual se aplican las pautas previstas para las sociedades accidentales o en participación.

Aprecio vacuas (e insusceptibles de alterar el encuadre señalado, el cual, además, comparto) las manifestaciones que en clave de pretendida queja vierte el accionante recurrente en su "noveno agravio" (fs. 1927/1929 vta.). Digo más, aparecería coincidiendo con el magistrado, pues dice: "no es nuestra intención tipificar el contrato del 2(5).11.1987 como de colaboración empresaria -"aunque mucho de ello tiene-". Además, concuerdo con el "spot publicitario" que trae a colación: "Dejá de poner etiquetas y fijate lo que hay adentro!" (confrontar fs. 1929, "in fine").

Con tales expresiones, aprecio cuanto menos injusto que renglones antes, en ese mismo agravio, el quejoso califique de "arbitrario" y de "sorpresivo" al fallo (fs. 1928), pretendiendo su tacha por incorporar "abruptamente" alegaciones no hechas por las partes. Cabe recordar aquí, conforme supra se dijera también, que no sólo se trata de cuestiones de derecho que pueden (y deben) ser abordadas oficiosamente por el sentenciante, sino que la misma parte que ahora se queja expresamente declinó encuadrar su pretensión en norma concreta, encomendándole al juez que ejerciera con total libertad su ministerio a este respecto.

d. Observo que, quitado, el polémico y breve documento de 1987, no hay absolutamente ningún instrumento que involucre al actor, como accionista, con la sociedad constituida ese mismo año; y eso que él estuvo en la empresa trabajando durante todo ese año 1987, durante 1988, 1989 y casi todo el año 1990, ejerciendo incluso, la representación convencional de la misma.

Contrastando con el relato que efectúa el actor (no probado debidamente) en el sentido de que fue él, y no su hermano, quien se encargo de "poner orden" en la contabilidad de la sociedad, nunca se preocupó por que mediaran instrumentos sociales idóneos que aseguraran su inserción en el ente de existencia ideal.

Es que, de ser el actor accionista como pretende, debe poseer, reitero, el título acción, el cual, una vez emitido, exterioriza la posición del socio, lo legitima y facilita su circulación, en tanto constituye la representación material de la participación en el capital y de la condición de socio (CNCom, Sala B, "Transportes Integrados Metropolitanos Trainmet SA c. Transportes Metropolitanos General San Martín SA", del 21/5/2001, ED, del 25/3/2002).

Dijo el Tribunal, en este sentido, que el estado de socio nace recién a partir de la decisión asamblearia que determinó la creación de los derechos de los distintos suscriptos (CNCom, Sala A, "Cigaina, Miguel A. c. Transportes Pampeanos SA y otros", del 19/4/1999, LA LEY, 2000-A, 157, fallo nº 99.843).

En esa inteligencia, estoy persuadido de mantener incólume el criterio jurídico adoptado por el juez, con basamento en todo lo fáctico apuntado.

e. Corolario de todo lo dicho hasta aquí, lo que aprecio suficiente en este punto, y sin perjuicio de aludir infra a los tres últimos agravios, relativos al valor de la empresa en marcha, daño moral y a las costas, cabe rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, lo que desde ya propongo al Acuerdo que estamos celebrando.

11. En cuanto al recurso deducido por los demandados, anticipo que tampoco tendrá favorable acogida.

a. Ante todo, respecto de éstos, quiero añadir un reproche al ya vertido en sus cabezas en el considerando 8 de esta sentencia, y es el relacionado con la presunta ausencia de firma de la señora Marta L. Jacquet en el contrato objeto del presente pleito.

Considero particularmente grave, y por ello llamo en este acto la atención de las partes y de su apoderado, quien suscribe las piezas de fs. 1944/1951 y 1961/1971, doctor Héctor H. García, el hecho de que en franca contradicción con sus propios actos y aprovechando un pequeño e intrascendente error del juez (quien tuvo a la vista una copia del instrumento en ese caso no firmada), pretenda aprovechar la situación para intentar la absolución de la codemandada Marta Lucía Jacquet. Véase que al agraviarse, y pretendiéndose valer arteramente de ese mentado error jurisdiccional (volcado en un paréntesis de un considerando), se expresa que "la acción contra ella no puede prosperar", con base a que el instrumento "no fue suscripto" por ella (cfr. fs. 1945, primer agravio titulado: "Condena a Marta Lucía Jacquet"). Luego, al contestar el memorial interpuesto por la parte actora, donde ésta enfáticamente advierte al Tribunal sobre la existencia del documento donde su constan las firmas de la nombrada (en el incidente de medidas cautelares que se tiene a la vista), los demandados contestan con balbuceos alegando que se trata de "fotocopias simples".

Por lo demás, ninguna duda cabe que el contrato fue suscripto por la mentada señora, desde que ninguna alegación tendiente a su exclusión de los términos del contrato hizo cuando, conjuntamente con su esposo, contestara la demanda a fs. 76/94. Ello sin contar con que las firmas obrante en la copia del contrato anejado en las medidas cautelares son las mismas (y no hace falta ser experto para ello) que la consignada en el escrito de contestación de la demanda (cfr. fs. 94 vta.).

b. Liminarmente, es desestimable formalmente el recurso deducido por esta parte, puesto que de una rápida lectura de las quince carillas que conforman esta expresión de agravios se advierte que prácticamente en casi toda su extensión, se agregan meras citas de extractos de fallos anteriores y de doctrina.

En efecto, la mera transcripción, por breve o profusa que sea, de citas jurisprudenciales o de extractos doctrinales, sin poseer una adecuada explicación para relacionarlas con lo debatido en la causa y, por ende, sin justificar la aplicabilidad al caso sub examine, no permite tener por fundado el recurso ni que se erija al agravio en una crítica concreta y razonada contra las partes del fallo dictado en la instancia anterior que se consideran equivocadas (conf. Morello, Augusto M. - Sosa, Gualberto L. - Berizonce, Roberto O., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de Buenos Aires y de la Nación", t. III, Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, págs. 359 y 306, y profusa jurisprudencia allí citada; ver además, mi voto "in re" "PVC Tenocom SA c. Sitra SA s/ord.", del 21/2/2003).

c. Con expresiones que considero inconexas y estériles los demandados que resultaron condenados se quejan de la construcción hecha por el juez, solicitando la desestimación de la acción incoada "por la falsedad de sus postulados y -a todo evento- por la orfandad de medios probatorios virtuales que respalden el reclamo formulado".

Considero que los recurrentes confunden la falsedad de algunas alegaciones que pudiera haber hecho el actor con la fehaciencia del documento que firmaron y que deben cumplir, honrando, de la manera que se verá en el futuro al cuantificarse la deuda, las obligaciones expresamente asumidas en el tan mencionado y polémico breve documento de tres cláusulas de 1987.

El hecho de que haya carencia probatoria en lo contable es una cuestión que habrá de dilucidarse en la etapa de cumplimiento de sentencia, con lo cual no puede haber agravio presente.

Por lo demás, eluden por completo los recurrentes la circunstancia de que, reitero, han firmado un contrato que ellos mismos dieron por rescindido, sin expresión de causa alguna (lo que se produjo mediante telegrama del 13/12/1990, ver su copia a fs. 36 del incidente de medidas cautelares). Esa rescisión incausada, a más de que impide el análisis de los motivos que condujeron a tomar tal decisión, no puede resultar neutra ni carente de efectos jurídicos; debiendo asumir los firmantes las consecuencias de su conducta.

d. En función de lo expuesto, propongo al Acuerdo; rechazan in totum, el recurso interpuesto por los codemandados.

12. En el décimo tercer agravio (fs. 1937/1939) el actor se queja de que el juez nada dijo sobre el valor de la empresa en marcha ni del daño moral reclamado.

Ciertamente, el magistrado obvió el punto, por lo que procederé a tratar lo peticionado por el apelante.

Comenzaré por recordar que dentro del ámbito del derecho de daños resulta de estricta aplicación la regla sentada por la Corte de Casación francesa en cuanto manda que se repare todo el daño, pero nada más allá del daño si se quiere evitar un enriquecimiento injustificado de la víctima.

El principio de la reparación integral no puede ser violentado -la indemnización no debe ser insuficiente o parcial-, pero tampoco extralimitarla y esto ocurre cuando el damnificado recibe, además de las sumas dinerarias que corresponden a todo el perjuicio realmente sufrido, otros montos que no encuentran razón de ser desde el punto de vista axiológico y exceden el marco de la reparación in totum del perjuicio concreto padecido injustamente.

El patrimonio de una persona -dicen Alterini, Ameal y López Cabana- puede variar en razón de todos los medios permitidos por la ley para adquirir y obligarse. Siempre que las modificaciones tengan como antecedente una causa lícita, el ordenamiento jurídico aprueba tales cambios y asigna los efectos consiguientes. Pero, aun admitiendo por vía de hipótesis la transformación operada en el patrimonio del actor, que me apresuro afirmar que no encuentro acreditada, ello no basta si no se prueba que el empobrecimiento que se trata de resarcir obedece al proceder antijurídico de la otra parte -principio de causalidad adecuada (ver Belluscio-Zannoni, "Código Civil comentado", T. 3, pág. 619), la ausencia de acreditación de los aludidos presupuestos sella la suerte adversa del recurso.

En cuanto al daño moral de origen contractual (art. 522, Cód. Civil), como el que se postula, éste debe considerárselo con rigor, por tanto, es a cargo de quien lo reclama su prueba concreta, no bastando la del incumplimiento a las obligaciones contraídas, que conlleva al resultado del pleito, y no al contenido conceptual del daño moral (conf. esta Sala, en autos, "Machuca Centurión F. c. Omega Cía. Arg. de Seguros SA s/ordinario", del 29/9/1994; en similar sentido, "Belmonte, Juan M. c. La Vendimia SA", del 20/7/1995).

Sobre este mismo particular, se ha sostenido que en materia contractual, se debe afinar el análisis para resolver acerca de la procedencia de este rubro. Se ha resuelto incluso que, en principio, no es resarcible, ya que por estar constituido por cualquier lesión a los sentimientos o por los sufrimientos o dolor que alguien padece, por su propia naturaleza sólo excepcionalmente se ocasiona en el ámbito contractual, pues lo que ordinariamente resulta afectado es nada más que el interés económico (CNCom, Sala B, "in re", "Sacco, Jorge c. La Agrícola Cía. de Seguros SA", del 30/7/1979).

Ahora bien, en el sub judice no se ha demostrado -ni por asomo- ningún padecimiento moral ni perturbación espiritual que permita apartarse del criterio restrictivo antes expuesto, por lo que es menester rechazar este rubro. Lo que así juzgo.

13. El único agravio que habrá de prosperar es el relativo a las costas, puesto que el juez resolvió, sin mayor fundamento, diferir su imposición para el momento en que se arribe a la liquidación encomendada en los términos del art. 516 del Código Procesal.

Solicita el actor que sean impuestas a "todos los demandados".

Atento la forma en que se resuelve, corresponde expedirse sobre las costas de la primera instancia aplicando el principio general respecto de los dos codemandados personas físicas, esto es, Daniel Eduardo Prado y Marta Lucía Jacquet de Prado, e imponérselas en su carácter de vencidos (art. 68, párr. 1º, Cód. Procesal). En cuanto a la demanda que no prospera contra la accionada Vía Pública SA, juzgo adecuado y equitativo distribuir las costas por su orden, porque hallo que en el caso median razones que justifican apartarse del principio general de la materia, por la índole de la cuestión propuesta y las dificultades que el caso presenta, tanto en el aspecto fáctico como en el jurídico, las que razonablemente pudieron hacer creer con derecho al actor (CSJN, 30/3/1982, Fallos, 304:434; art. 68, párr. 2º, Cód. Procesal).

En punto a las costas de alzada, atento el rechazo sustancial de ambos recursos, propongo que sean impuesta en el orden causado (art. 68, Cód. Procesal). Lo que así se decide.

14. En función de todo lo expuesto, y por los propios fundamentos de la sentencia en recurso, propicio al acuerdo que estamos celebrando modificar la sentencia apelada únicamente en lo tocante a la imposición de costas, las que se distribuyen de acuerdo a lo expuesto en el considerando 13, confirmándosela en todo lo demás que decide. Costas de alzada por su orden.

15. Los honorarios serán regulados una vez que exista pronunciamiento al respecto en la instancia anterior.

Así voto.

Por análogas razones los doctores Míguez y Viale se adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se modifica la sentencia apelada únicamente en lo tocante a la imposición de costas, confirmándosela en todo la demás. Con costas de alzada por su orden (art. 68, Cód. Procesal). - Julio J. Peirano. - Isabel Míguez. - Carlos Viale.