marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, obligaciones, principio protectorio, relación de consumo, obligación de seguridad, trato digno
Materia: CIVIL-COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Batistuta, María Delia c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

Se advierte que la Alzada no valoró correctamente la conducta de la demandada, quien no ha cumplimentado con el deber de confianza que pesa sobre su espalda, relativo a la custodia sobre el dinero depositado en las cuentas de la actora, toda vez que a través de este valor se pretende resguardar las legítimas expectativas depositadas por la consumidora en el proceso declarativo de voluntad emitido por la persona del cocontratante, más aun en el contexto de relaciones jurídicas masificadas y despersonalizadas como la que une a las partes de este proceso, siendo evidente que la especificidad propia de la actividad, como así también la publicidad y las prácticas comerciales, crean en los consumidores expectativas legítimas que son depositadas en el vínculo contractual, y es justamente allí adonde apunta la confianza referida, impregnada de un fuerte matiz protectorio y orientada a garantizarle al consumidor/a la concreción de la seguridad en su persona y en su patrimonio de manera imperativa; en otras palabras, la confianza con la que cuentan los bancos torna exigibles las razonables expectativas que los consumidores depositan en ellos, cuestión de trascendental importancia a la hora de otorgarle la custodia de su dinero y de sus datos, y siendo entonces la confianza la piedra basal sobre la que se apoya la existencia misma del sistema bancario, cobra una calificada incidencia, para casos como el presente, cuando se la amalgama con otros deberes especiales, diseñados por el legislador en el estatuto del consumidor, relativos a las exigencias de seguridad, derivadas de nuestra Carta Magna, tales como: la obligación de seguridad en sentido estricto regulada por la ley 24.240 como garantía objetiva de inocuidad y de resultado, el deber de advertencia de la misma normativa y de su decreto reglamentario; la responsabilidad por los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa o por el servicio prestado, y el trato digno que merecen las personas consumidoras con especial relevancia en caso de consumidores hipervulnerables, entre otros. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 1107 y 1757; Ley 24240, artículo 40
Conclusión de la quiebra, avenimiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Salvador, Arturo Roberto s/ Recurso de Queja por Apelación Denegada en autos "Bestene  S.C.C.s-Quiebra"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-26

El avenimiento se da cuando, solicitada por el deudor la conclusión de su quiebra, todos los acreedores verificados consientan en ello expresándolo por escrito en el que obran sus firmas autenticadas por escribano público o ratificadas ante el secretario.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, privación del uso del automotor, cómputo del plazo, prueba pericial
Materia: CIVIL
Carátula: PALACIOS CARLOS HUMBERTO c/ TRAVI CARLOS ARMANDO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-08

A efectos de determinar el resarcimiento por indisponibilidad de un rodado para apreciar el tiempo necesario para la reparación de los daños, son los conocimientos y experiencia del perito los que dan valor a su opinión, que ha de prevalecer sobre la prueba testimonial o lo informado por el tallerista.
Accidente de tránsito, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Levián Llanquineo, Evaristo y Herminio Levián c/ Da Luz Clara, José s/ Juicio Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-09-20

La presunción de culpabilidad para el conductor del vehículo embistente, es una creación jurisprudencial y por ende juris tantum, cuya apreciación y valoración dependen del libre juego de las circunstancias del caso, apreciadas en su conjunto; siendo por lo demás y dado su expresado carácter, destructible por la prueba en contrario que se produzca.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, diferencias salariales, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fidalgo, Antonio Nicolás contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-28

Corresponde rechazar la queja que interpusiera el GCBA toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el artículo 32 de la ley n° 402. Los argumentos dados por el tribunal a quo, referidos a la ausencia de un caso constitucional no fueron refutados por la quejosa. La lectura de la presentación directa permite advertir que los dichos del GCBA no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden y no constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 32 de la ley n° 402. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Derecho laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CATALAN LIDIA NOEMI c/ ASOC. MUTUAL POLICIAL UNIPOL Y OTROS s/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-28

Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que rechaza el reclamo de la indemnización petrendido en virtud de una presunta relación laboral que habría unido a las partes y en donde el eje de la decisión fue el convencimiento de la a-quo de que las tareas desarrolladas por la actora a favor de la demandada - Asociación Mutual- no fueron prestadas en el marco de un vínculo laboral, sino con el ánimo de colaborar con su cónyuge (quien sí tenía un nexo jurídico con la demandada pues era su delegado en la ciudad de Zapala); toda vez que, partiendo del carácter iuris tantum de la presunción del artículo 23 de la L.C.T., y tomando en cuenta la totalidad de los hechos probados en el expediente - testimoniales que dan cuenta que la accionante atendía en el domicilio conyugal a los socios de la mutual en ausencia del verdadero encargado de cumplir la tarea es decir su esposo-, no estamos ante la prestación de tareas desplegadas en el marco de un contrato de trabajo que vinculara a sendos contendientes, sino ante la cooperación eventual, espontánea y desinteresada de un cónyuge para con el otro.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, venta de pasajes, servicios aéreos, incumplimiento del contrato, contratos de consumo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Georgetta, Matias Horacio  c/ Despegar.com.ar SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Del Dictamen Fiscal N° 174/22:.

Resulta competente el juez comercial para entender en una acción cuyo objeto persigue la condena de una empresa de transporte aéreo y una agencia de turismo, a indemnizar los daños derivados de la cancelación de pasajes adquiridos para viajar a la ciudad de Orlando [Florida, Estados Unidos], con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid 19, sin que -a pesar de sus múltiples requerimientos- fuera efectuado el reintegro del importe abonado. Ello así, pues el reclamo del accionante recae de modo exclusivo sobre cuestiones relativas a un contrato de consumo, parte de una actividad comercial que lo vinculara con las accionadas, que actuaran en calidad de proveedoras de un servicio, no existiendo hechos controvertidos en lo estrictamente relativo a la materia de aplicación del código aeronáutico ("la aeronáutica civil en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre"; conf. ley 17285: 1).
Despido indirecto, injuria laboral, trato vejatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Vernay, Ceferino José c/ Establecimiento Metalúrgico Colón S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-19

Habiéndose acreditado el trato vejatorio de que era objeto el actor, no puede exigirse al ofendido la tolerancia a tales agravios sobre la base del principio de la conservación del contrato -artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo-. Dicho principio cede, indudablemente, frente a hechos injuriosos, por los cuales precisamente se legitima el despido directo o indirecto -artículos 242 y 246 de la precitada ley-, al quebrarse la necesaria armonía y respeto entre las partes -Capítulo VII, artículos 62, 63 y concordantes de la ley 20.744-.
Cuestiones de competencia, competencia federal, juez de ejecución
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 6 y Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2 s/ indem. y plublic. de sentencia. Causa: 542
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

El juzgado federal interviniente es el órgano que debe resolver sobre condenas civiles, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 516 C.P.P.N., el juez de ejecución penal no es competente para resolver este tipo de demandas. La remisión a estos juzgados dispuesta en el artículo 74 de la ley 24.121, se refiere a las causas con condenas a penas privativas de libertad y no a condenas civiles.
Honorarios, acción de inconstitucionalidad, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Hugo Eriberto Abraham, Ernesto Osvaldo Ahrendts y otros c/ Decreto acuerdo 4531-E-92 del Poder Ejecutivo s/ Acción de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  52 F. 135/143 Nro. 70 c/ Decreto acuerdo 4531-E-92 del Poder Ejecutivo s/ Acción de inconstitucionalidad. L.A. Nro.  52 F. 135/143 Nro. 70
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-09-29

Tratándose de una acción orientada a la declaración de inconstitucionalidad de una norma y no a la percepción de suma alguna, debe entenderse que la presente resulta insusceptible de apreciación económica, por lo que los honorarios deben ponderarse con ajuste a lo normado en el artículo 5 de la ley 1687.
Disolución de la sociedad conyugal, muerte del cónyuge, alimentos, convenio de alimentos, pensiones, pérdida del beneficio
Materia: CIVIL
Carátula: E. de E., M.M. c/ R., R. s/ FIJACION DEL VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-19

El convenio de disolución de sociedad conyugal, mediante el cual el causante se obligó a mantener una cuota alimentaria para su ex-cónyuge para después de su muerte, la que se haría efectiva sobre la pensión derivada de su beneficio jubilatorio, resulta inoponible a la cónyuge beneficiaria.
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rothlisberger, Nilda c/ Solivella Cuenca, Raúl s/ Disolución de sociedad irregular. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Habiendo el actor recurrente, promovido beneficio de litigar sin gastos simultáneamente con la acción principal, le incumbe la carga procesal de acreditar en tiempo oportuno la concesión del mismo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficio de litigar sin gastos, interpretación de la ley, interpretación amplia, finalidad de la ley, voluntad del legislador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VALLECILLO PACHECO, Marcela Vanesa c/ Dávila, Emanuel Alejandro s/ Incidente de ejecución de honorarios s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-07-04

Considera la Corte que el tribunal a quo efectuó una declaración de inconstitucionalidad en abstracto del artículo 30 del CPL, pues no consideró las circunstancias particulares del trabajador condenado en costas, sin que se advierta la violación que el a quo imputa al derecho de propiedad del abogado que ejecuta sus honorarios. El propio texto legal del artículo 30 del CPL que consagra un beneficio de litigar sin gastos presunto para el trabajador, contiene la excepción a la regla, es decir si la exención de pago se mantiene hasta la acreditación de mejor fortuna del trabajador, quien reclame el levantamiento de esa exención, deberá acreditar, simplemente, que el obligado al pago cuenta con recursos para afrontar las costas. Estima adecuado realizar una interpretación amplia de la excepción antes que declarar la inconstitucionalidad de la regla. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y de la manera que mejor se compadezcan con los principios y garantías constitucionales en tanto con ellos no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso"; "que es propio de la interpretación indagar el verdadero sentido y alcance de las leyes mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente".
Recurso extraordinario de nulidad, acuerdo y voto individual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Provincial S.A. c/ Girotti, Martín Alberto y otros s/ Cobro hipotecario Di Blasio, Orlando c/ Origone, Jorge Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07|1997-03-25

Cuando se resuelve una cuestión definitiva debe observarse la formalidad del acuerdo y del voto individual, bajo pena de nulidad art.156, C.Prov.).
Separación de hecho, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez Mariana Antonia c/ Komarniski Ricardo s/ Alimentos - Incidente Cesación Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-29

Decretándose el divorcio por la causal de separación de hecho sin voluntad de unirse -artículo 214 inciso 2 del Código Civil-, no nace el derecho alimentario previsto en el artículo 207 del Código de fondo, otorgado exclusivamente al cónyuge inocente si no se alega y prueba tal condición, obteniendo una sentencia que así lo deje a salvo. Subsistiría, a partir de allí, sólo la posibilidad de reclamar los alimentos previstos por el artículo 209 del mismo cuerpo normativo. Por ello es que no subsisten los convenios durante la separación de hecho fundados en el artículo 198.

No dejado a salvo la inocencia de la alimentada, el cese de la cuota debe operar desde la fecha de notificación de la demanda de divorcio, por aplicación de lo dispuesto por los artículos 632 del Código Procesal Civil y Comercial y 1306, 2do. párrafo del Código Civil.
Extradición, pedido de extradición, tratados internacionales, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Lus, James Douglas s/ solicitud de extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Sostener que cuando la solución normativa extranjera es diferente a la nacional, ésta debe prevalecer sobre aquélla, implica tanto como descalificar gravemente un procedimiento extranjero, con potencial menoscabo de las buenas relaciones bilaterales con la otra parte contratante del tratado de extradición aplicable al caso, cuya finalidad quedaría frustrada por una interpretación de excesivo apego al rigor formal oriundo de la ley interna argentina. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Consorcio de propietarios, daño causado por animales, responsabilidad concurrente, barrio cerrado, propiedad horizontal
Materia: CIVIL
Carátula: Baigun Federico Matias y Otro/a c/  s/ Daños y Perj. Del./Cuas. (Exc.Uso Aut. y Estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-02-01

Es responsable el Consorcio de Propietarios del barrio cerrado y por la omisión, negligencia e inacción, debiendo responder -conforme lo dispuesto en el art. 15 del Régimen de Propiedad Horizontal-, por el hecho dañoso que deviene del ingreso al barrio del animal del demandado. Asimismo si los consorcistas infringen el Reglamento interno al poseer perros, provocando serias molestias que alteran la tranquilidad que tiene que gozar los demás vecinos, corresponde condenarlos a excluirlos de sus unidades, bajo apercibimiento de las aplicaciones de las sanciones que establece el art. de la mencionada ley.
Honorarios, trámites judiciales, interventor judicial, veedor judicial, participación en las ganancias, determinación de oficio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Carballo, Ezequiel Ignacio y otros  c/ Fincas de San Vicente Club de Golf SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-14

La ley manda regular los honorarios de los veedores tomando en consideración a la pauta que establece la ley 27423: 32-a). No obstante, esa pauta solo puede ser tomada como indicativa de la importancia económica del patrimonio en juego y su aptitud para producir ganancias, no como una exigencia sine qua non de que, en los hechos, esas utilidades se hayan efectivamente verificado.

Ello pues, como se verá, una tesis contraria -que propicie una interpretación meramente textual de la norma involucrada- conduce a resultados tan asistemáticos que condenan la validez de la interpretación. Así, por ejemplo, si la noción de "utilidades" allí prevista debiera ser equivalente a su noción jurídica, sería necesario que el interventor se desempeñe, por lo menos, durante todo un ejercicio, pues para la ley, esas utilidades solo existen cuando hay ganancias realizadas y líquidas que resultan de "un balance regularmente confeccionado" que haya sido aprobado (LGS 66 y ss., 68, 224 y cc.).

Eso no es lo que habitualmente ocurre cuando se acude a este tipo de designaciones, lo cual obsta a suponer que esa haya sido la intención legislativa, que tornaría incluso imposible la regulación cuando, por más ganancias que la sociedad hubiera obtenido durante el desempeño del interventor, debiera destinarlas a recomponer pérdidas anteriores (LGS 71), pues en tal caso los ingresos tampoco redundarían en "utilidades" en los términos de la ley.

A igual resultado asistemático se arribaría en supuestos de sociedades deficitarias o que no produjeran ninguna "utilidad", supuestos en los cuales no sería posible reconocer ninguna retribución al interventor, lo cual vuelve a demostrar la invalidez de una interpretación diversa a la que aquí sostenemos, dado que no es posible sostener que en tales casos los interventores deben prestar gratuitamente sus servicios.

Por lo demás, el hecho de que el texto legal más arriba citado no traiga ninguna distinción según el tipo de intervención -veeduría, coadministración y administración plena- ratifica la solución, desde que, si bien la generación de utilidades podría vincularse con la labor de quien administra, nada tiene que ver con la de quien se ha acotado a llevar a cabo una veeduría.

De todo esto resulta que, al aludir a esas utilidades, el legislador no pudo sino referirse a un parámetro flexible, indicativo de la importancia de los resultados económicos susceptibles de obtenerse por medio de la gestión intervenida, que no necesariamente exigen contar con números exactos, que solo podrían extraerse de estados contables aprobados.
Modificación de cuota alimentaria, aumento de cuota alimentaria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: R.O., J.E. c/ V., C.E. s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

Las cuotas que vencen durante la tramitación del juicio de alimentos, dado el carácter declarativo de la sentencia que reconoce el derecho alimentario y que importa retrotraer sus efectos, llevarán intereses desde el momento en que deberían haber sido pagadas dichas mensualidades, teniendo en cuenta que desde la fecha de interposición de la demanda se puso en mora al aumentante. Dicha solución no cambia por el hecho de tratarse de un proceso de aumento de cuota alimentaria, ya que se trata de un reconocimiento de prestaciones alimentarias. (Sumario N°20849 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Quiebra, prenda
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Santa Elena Bursatil Sociedad de Bolsa SA  c/  s/ quiebra c/ banco provincia del neuquen sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

Cabe añadir que las sospechas sobre la falta de sinceridad de la fecha puesta en el instrumento aumentan al comprobar que la prenda que garantiza un importante alquiler de títulos no sólo no está registrada en los libros del banco, sino también que éste se demoró cinco meses para registrarla ante la sociedad emisora. Ello, sumado a que las autoridades de la fallida negaron conocer la garantía, sino hasta el momento en que fue insinuada en el pasivo concursal. Tal cúmulo de indicios permite presumir que estas partes, con gran frecuencia de trato comercial, intentaron "esconder" la prenda o, quizás antedatar la misma.
Diputados provinciales, candidatos
Materia: ELECTORAL
Carátula: BREST DIEGO FRAANCISCO s/ IMPUGNACION DE CANDIDATURAS POR INHABILIDAD CONSTITUCIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-11

El auto de procesamiento y la prisión preventiva que pesa sobre un candidato a Diputado Provincial, es causal de la inhabilidad legal que obsta a su oficialización en tal candidatura conforme las prescripciones de la Constitución de la Provincia (art.53) y la disposición de la Ley 4914 (art.2do.)
Empleados públicos, período de prueba, personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baez, Juan Ignacio c/ Municipalidad de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

La antiguedad del nombramiento de un agente como personal temporario no resulta computable a los fines del cumplimiento del plazo de seis meses fijado por el art. 11 de la Ordenanza Municipal de La Costa.
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, interés legítimo, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gilitus, Angel Domingo c/ Municipalidad de Totoras s/ Recurso contencioso administrativo de ilegimitidad (Expte CSJ Nº   439-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-06

Se impone en primer término el análisis concerniente a la pertinencia de la vía jurisdiccional elegida por la actora. Para ello resulta necesario considerar cuál es la situación jurídica subjetiva invocada por la accionante; esto es, si su reclamo puede considerarse basado en un 'derecho subjetivo' o en un 'interés legítimo'. La distinción entre ambas situaciones adquiere gran relevancia desde la óptica de la admisibilidad del recurso atento a que es sabido que sobre ella se fundan los recursos contencioso administrativos legislados por la ley 4106. Este Tribunal desde antaño ha sostenido que el recurso de plena jurisdicción se diferencia del recurso de ilegitimidad por su finalidad, por su trámite, y por su resultado, y que su respectiva procedencia formal se ha de juzgar por la índole de la situación jurídica subjetiva pretendidamente afectada. En este último precedente se hizo especial referencia, en definitiva, a consideraciones ya expuestas en los fallos citados anteriormente, en los que se afirmó: "el sistema contencioso administrativo nuestro se basa en la existencia de un doble recurso (artículo 9, ley 4106): uno encaminado a la protección de un `derecho subjetivo' denominado de 'plena jurisdicción' (artículo 10), y otro enderezado a la tutela de un 'interés legítimo', llamado de `ilegitimidad' por la ley (artículo 13). No pueden interponerse conjuntamente y la procedencia de uno excluye la procedencia del otro (artículo 16)".
Costas
Materia: PROCESAL
Carátula: CARO SABINO OCTAVIO c/ RIVA S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-09-13

Se deben aplicar las costas en su totalidad a la demandada vencida parcialmente, dado que en el caso el actor estuvo forzado a litigar y aunque sus pretensiones progresaron parcialmente, ello no implica restar relevancia a aquella necesidad.