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Repetición de impuestos, derecho de propiedad, Ley de Procedimiento Tributario, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JOSE CASTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES  S.A. s/ REPETICION - TRIBUNAL FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

No puede prosperar la tacha de inconstitucionalidad del art. 129 de la ley 11.683 por considerarlo violatorio del derecho de propiedad, pues el momento a partir del cual ha de calcularse la actualización del crédito depende de la exclusiva voluntad del acreedor, quien puede iniciar el reclamo de repetición inmediata después de haber ingresado las sumas que consideró indebida.
Derecho procesal, competencia por conexidad, intervención de terceros, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUC) c/ Banco Macro SA s/ sumarísimo s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-10

En el marco de una acción colectiva iniciada por una asociación de defensa de los consumidores contra una entidad financiera, corresponde rechazar la pretensión de intervención como tercero en los términos del CPR 90 de una persona física, en tanto solicita intervenir como "afectado" y en representación de los clientes en su misma situación. Ello así, en tanto no aportó argumentos que permitan verificar la identidad entre el objeto de su pretensión y la representación de un colectivo común o, cuanto menos, ante un sub grupo de uno mayor representado por la entidad de defensa del consumidor. En efecto, las pretensiones sustanciales son esencialmente diversas, en tanto el peticionario critica comisiones que no fueron objetadas por la asociación accionante.

No obstante las importantes razones que justifican la intervención voluntaria de terceros, esa intervención es desplazada cuando se pretende modificar el contenido objetivo o subjetivo de dado por el demandante a la pretensión. Así lo impide el principio dispositivo que mantiene preeminencia aun para los procesos colectivos. Ello así, pues el demandante, como titular activo de la relación jurídica procesal, conserva la disponibilidad de su pretensión, y las decisiones discrecionales que adoptare constituyen un límite infranqueable. La gestión procesal reconocida a un tercero no le permite la facultad de interferir en la voluntad del demandante y de modificar los elementos constitutivos de su pretensión (conf. CSJN, "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios", del 24-8-06).

Esta decisión no afecta el derecho del demandante a acceder a la justicia, pues nada le impide ejercer la facultad prevista por el art. 54, segundo párrafo, de la ley 24240, quedando exceptuado del efecto erga omnes de la sentencia que eventualmente se dicte en esta causa.

Tampoco existe riesgo de dictado de sentencias contradictorias, desde que el Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos (Acordada 12/2016) prevé la unificación del conocimiento de las acciones relacionadas ante el mismo Magistrado (ver en ese sentido, CSJN, "Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión SA s/ amparo", del 29-9-14).
Amenazas, chat, autoría
Materia: PENAL
Carátula: G., P. L. c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Toda vez que las frases proferidas por chat por el denunciado hacia su sobrina y el novio tuvieron entidad para quebrantar la tranquilidad de los damnificados e infundirles temor, con el fin de que hagan o dejen de hacer algo, su proceder se adecua al delito de amenazas coactivas reiteradas, por el que deberá responder en calidad de autor (arts. 45, 55 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal).
Acción de amparo, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: VECINOS DEL BARRIO OSVALDO POS c/ TRASNOA Y EDESA S.A. s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-08-08

En atención a la cuestión planteada la Corte de Justicia declaro la incompetente para intervenir en la acción promovida y en su merito en y la nulidad de lo actuado.

El Poder Ejecutivo Nacional otorgó a una empresa la concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, en los términos y condiciones de las Leyes nacionales 15336 y 24065 y disposiciones reglamentarias, modificatorias y complementarias, de modo que la cuestión planteada en la acción de amparo corresponde a la competencia federal "ratione materiae" en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional y el art. 2 inc. 1º de la Ley 48, en tanto involucra la actividad de agentes integrantes del Mercado Eléctrico Mayorista regida por el marco regulatorio eléctrico nacional, de carácter federal y en las condiciones en que se presta el servicio técnico de transporte, siendo su autoridad de aplicación el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), lo que asigna esa naturaleza federal a la materia en examen.

Dadas las peculiaridades que presenta la actividad de generación, transporte y consumo de energía eléctrica, en materia de competencias para regular dichas actividades no corresponde aceptar el criterio puramente territorial, pues esta única condición no faculta a ejercer esa potestad en tanto los estados provinciales no pueden invocar la titularidad territorial para "poner trabas de índole alguna a las actividades que, en su esencia, se vinculan al tráfico interprovincial e internacional".
Participación criminal, coautoría, robo
Materia: PENAL
Carátula: R., S.M. y Otros s/ Promoción a la Prostitución de Menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-07

"Naturalmente pueden haber participado en una acción varias personas como autores, pero entonces se supone que todos ellos cooperan en la ejecución; ellos deben realizar acciones ejecutivas, que quiere decir tanto como concreciones de características abstractas del tipo. De modo que la coautoría se diferencia de la complicidad exactamente en la misma forma que se distinguen las acciones preparatorias de la tentativa. Si el tipo de delito se compone de varios actos, la realización de uno sólo es suficiente para la coautoría. Dos personas, una de las cuales hace uso de la fuerza, mientras la otra se apodera de la cosa, cometen robo en coautoría".
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, plan para la vivienda, notificación
Materia: COMERCIAL
Carátula: LECHETTA, OSCAR c/ GIULIANI Y ASOCIADOS. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-22

Resulta improcedente atribuir efectos interruptivos de la caducidad de instancia a la notificación prescripta por la ley 23.370:4, pues ella sólo dispone la comunicación a los deudores sobre las condiciones de refinanciación, pero en nada colabora con el impulso de la causa.

Tampoco puede sostenerse que el pleito estuviere desistido de pleno derecho, cuando no se hace constar en el expediente el acogimiento de los actores al régimen de la refinanciación (ley 23.370:14).
Embarazo, personas por nacer, anencefalia, parto inducido, aborto
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: T., S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-11

No se está ante un pedido de aborto si dicho delito supone que la muerte del feto se produzca intrauterinamente o bien como consecuencia de la expulsión prematura y el adelantamiento del parto no estaría dirigido sino a anticipar el momento del nacimiento, que en nada modificaría la viabilidad del nasciturus, ya que la muerte se producirá por motivos ajenos al alumbramiento mismo, atribuibles únicamente a la anencefalia (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Trabajadores portuarios, jornada de trabajo, horas extra, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, JUAN PEDRO c/ YPF. SOCIEDAD DEL ESTADO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-19

El pago de las horas extras cumplidas por los trabajadores portuarios los sábados después de las 13 hs., Los domingos, feriados y dias no laborables dentro de uno de los turnos previstos en el artículo 9 de la ley 21429 se rige por los artículos 60 y 61 de la citada ley, que contemplan una situación distinta a la prevista en el artículo 201 de la LCT. (To.) Y constituyen la normativa mas favorable para el trabajador.
Feria judicial, recurso de reposición (procesal), plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Orígenes AFJP SA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT)" denegado en "Orígenes AFJP SA c/ GCBA s/ repetición (art. 457 CCAyT)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Resulta innecesario que la resolución del Consejo de la Magistratura cuestionada precisara que la feria judicial decretada para los días 7 al 11 de julio de 2008 no abarcaba al TSJ, pues, por precisas disposiciones constitucionales y legales referidas a las atribuciones de los distintos órganos que integran el Poder Judicial local, esa decisión no podía comprender a la actuación del o ante el TSJ. (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Residencia habitual del niño, restitución internacional de menores, responsabilidad parental
Materia: CIVIL
Carátula: F. M. C. R. C/ G. A. J. M. S/ Restitución Internacional de Menores c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-10-28

La residencia habitual de una pesona menor de edad no puede reflejar un significado exclusivamente cuantitativo, es decir donde haya vivido por más tiempo durante su vida, sino que el concepto se expande e implica la definición del sitio en el que debe ser ubicado, de conformidad con la intención de quienes ejercen la responsabilidad parental en términos convencionales, el centro de la presencia del menor, para lo cual también debe atenderse a su entorno familiar y social, sus afectos, su posible asentamiento e integración en el determinado medio, con cierto grado de estabilidad y proyección de permanencia, debiendo ponderarse todos los elementos con el debido criterio de actualidad.
Proceso judicial, principio de congruencia, juicio ejecutivo, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia c/ Birge Abel s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-20

Cabe concluir, de la sentencia de remate que dispuso la reducción de los intereses convenidos hasta un máximo del 23% (veintitrés por ciento) anual por todo concepto, desde el momento de la mora y hasta el efectivo pago; y de su confronte con lo peticionado por la ejecutante al demandar (petitorio: intereses moratorios-punitorios) que tal sentencia no condenó al pago de compensatorios sino al de los moratorios-punitorios convenidos con el tope señalado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, sentencia arbitraria, prueba, acción reivindicatoria, defensa, posesión, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ERCOLANO S.C.A. c/ PAREJA, MIRTA CLYDE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

El recurso interpuesto merece favorable acogida en esta instancia, al comprobar que la respuesta de la Alzada exhibe defectos de fundamentación que impiden considerarla como el resultado de la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, extremo que obliga a hacer excepción al principio -reiteradamente sostenido- conforme al cual las cuestiones de hecho, prueba y derecho común resultan ajenas al recurso extraordinario, desde que, habiéndose puesto en cuestión por la apelante el rechazo de la defensa de prescripción adquisitiva, en definitiva la Alzada acogió sus agravios a partir de una ponderación de las constancias de autos que atravesó los límites de razonabilidad a los que está sujeta la valoración de la prueba, teniendo por acreditada la posesión desde un criterio inconciliable con la especial prudencia que es exigible en la materia, al encontrarse aquí plenamente en juego el inviolable derecho a la propiedad privada. - CITAS: CSJN: Malossi, Fallos:337:850.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, daños y perjuicios, accidente de tránsito, personal policial
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Isoird, Carlos A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

Es de la competencia originaria de la Corte la demanda por daños y perjuicios contra una provincia fundada en el art. 1112 del Código Civil y en que el personal policial que intervino en un accidente de tránsito omitió observar las reglas procedimentales, lo que imposibilitó identificar al autor del daño.
Nulidad procesal, incidente de nulidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SALAS, HERMINIA c/ ALVAREZ s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

No pesa sobre el incidentista que plantea la nulidad procesal la prueba de la afirmación relativa a la fecha en que tomó conocimiento del acto, sino que es la parte que sostiene que se operó la convalidación tácita quien tiene la carga de demostrar que su contrario tuvo noticia del acto en una fecha, más alejada.
Mercadería aduanera, descarga, pérdida parcial de mercaderías, carta de rectificación, presunción juris et de jure
Materia: ADUANERO - PROCESAL
Carátula: Agencia marítima Río Paraná S.A. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-10

El alegado desplazamiento de la verdad material que involucraría la aplicación de la presunción contenida en el segundo apartado del art. 142 del Código Aduanero debe atribuirse a la conducta de quien no invocó, en oportunidad de requerir la rectificación del manifiesto, las probanzas y elementos de juicio que afirma preteridos.
Transporte aéreo, transporte aéreo de carga, incumplimiento del contrato, entrega de la carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, aplicación analógica de la ley, Convención de Varsovia
Materia: AERONAUTICO - CIVIL
Carátula: CAJA DE JUBILACIONES DEL BANCO PROVINCIA c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

Toda vez que Aerolíneas Argentinas revistió el carácter de transportista contractual, debe responder por el incumplimiento de los deberes jurídicos que asumió por contrato. Esta solución -para un transporte regido por la Convención de Varsovia de 1929 y el Protocolo de La Haya de 1955, cuerpos normativos en los que la situación no se halla prevista expresamente- coincide con la adoptada en el Convenio Complementario de la Convención de Varsovia de 1929, suscripto en Guadalajara (México) en 1961 que, si bien no ha sido ratificado por nuestro país, corrobora la hermenéutica que sostengo, la que también se ajusta a lo prescripto en el art. 153 de nuestro Código Aeronáutico, al que cabe recurrir por vía analógica o por considerar que, ante la ausencia de precepto expreso que rija el punto en la legislación específica, resulta aplicable a tenor de lo que dispone el art. 1209, Código Civil, ya que es en la república donde se ha operado el incumplimiento de entregar en destino las cosas cargadas para su transporte. Es, también, la solución que adopta el art. 163 del Código de Comercio para el transporte terrestre.
Contratos comerciales, teoría de la imprevisión, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: MANCHO DE SUAREZ BIDONDO c/ OZOR. C. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-11

1. Siendo que quien pretende ampararse en la disposición del Código Civil 1198 es comerciante, debió tomar todas las precauciones para hacer un buen negocio, y si no lo hizo, no puede ampararse en la teoría de la imprevisión ni alegar lesión subjetiva ni la existencia de un contrato inmoral para cohonestar su proceder imprevisor. Si el acontecimiento fue previsto, o pudo o debió serlo, resulta evidente que el resorte que prevé con carácter de excepción el Código Civil 1198-2do parrafo no puede funcionar.

2. Determinar si el precio pactado constituyó realmente el valor equivalente a lo vendido, implicaría penetrar en los cálculos que las partes hicieron al contratar, algunos de carácter objetivo y otros de tipo netamente subjetivos, y ello conduciría a determinar si quienes pretenden excusar su incumplimiento con base en la norma cit. Hicieron o no un buen negocio, cuestión ésta que pertenece al mundo propio de los negocios comerciales en los cuales juega la previsión, la habitualidad, y el tantas veces denominado "olfato comercial" de cada una de las partes contratantes.

3. En el derecho, la parte perjudicada por una excesiva onerosidad sobreviniente, a falta de una norma legal habilitante de una pretensión enderezada a obtener la revisión judicial del contrato, solamente dispone de una acción resolutoria. Y la parte así demandada podrá ofrecer una mejora equitativa de las prestaciones 4. La revisión de las convenciones privadas por el poder jurisdiccional fuera de las normas previstas por el código civil 1198-2do párr. Implicaría admitir sin limitaciones la revisión judicial de los contratos confiriéndole a los jueces atribuciones para recomponer la ecuación de las prestaciones con prescindencia de las pautas legales.
Cesión del establecimiento, responsabilidad solidaria, embajadas extranjeras
Materia: LABORAL
Carátula: Campos Toledo María Virginia c/ Embajada de la República Federativa del Brasil y otros s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-02

Con respecto a la responsabilidad atribuida a la codemandada Embajada de la República Federativa del Brasil con sustento en los arts. 225 a 228 L.C.T., dicha codemandada en el año 1974, ante la sanción de la ley 12.766 que dispuso la enseñanza del idioma portugués dentro del programa de las escuelas secundarias de la Argentina y con el objeto de permitir ayudar en ese aprendizaje, así como el conocimiento de la cultura brasileña, las autoridades de la República del Brasil dispusieron la creación de un centro cultural, al que se llamó "Centro de Estudios Brasileiros". En el lugar donde este funcionara, posteriormente funcionó la codemandada FUNCEB constituida para los mismos fines y efectos en el año 1996, como posteriormente lo hizo el Centro Cultural Brasil-Argentina a partir del año 2012. Dado que las declaraciones testificales refirieron de modo conteste que la actora desempeñó tareas como profesora de música en el centro cultural dependiente de la embajada antes y después de su funcionamiento bajo la órbita de la fundación FUNCEB, la responsabilidad atribuida a la embajada resulta ajustada a derecho y debe mantenerse.
Prevención del delito, comercialización ilegal de estupefacientes, vía pública, menores, secuestro de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Camos, Carlos Darío s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-30

Luce acertado el encuadre jurídico escogido por el a quo en los términos del artículo 5 "c" de la ley 23.737, toda vez que el encausado fue descubierto por los preventores justamente porque comercializaba asiduamente estupefacientes, en muchos casos en la propia vía pública, lo que permite tener por probado que el material incautado en su domicilio no era para su consumo personal sino que estaba destinado a su comercialización. Tampoco se observa un desacierto al aplicarse el agravante previsto por el art. 11 "a" de la ley que rige la materia, en tanto la propia parte reconoció que al momento de los hechos el comprador era menor de edad. La parte recurrente no aportó nuevos fundamentos que logren conmover la doctrina de la C.S.J.N. en relación a la constitucionalidad de los arts. 14 y 50 del C.P.
Mala praxis, responsabilidad profesional, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Umaño, Noemí Del Rosario c/ G., R. M. y Ots. s/ Daños y Perjuicios P/ Recurso Ext. de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2017-02-06

En una demanda por responsabilidad por mala praxis médica (olvido de un fragmento de aguja en el cuerpo de una paciente durante una intervención quirúrgica - óblito quirúrgico) no resulta arbitrario eximir de responsabilidad al jefe del servicio de cirugía del hospital, dadas las siguientes circunstancias: a) el profesional que operó a la actora omitió incluir en la historia clínica y protocolo quirúrgico, el evento adverso ocurrido en la operación, así como las maniobras realizadas para extraer el objeto olvidado; b) el mismo profesional reconoció que el evento no fue puesto en conocimiento de las autoridades correspondientes; c) no se ha acreditado que el jefe del servicio hubiera sabido de lo ocurrido durante la operación, ya que ni siquiera intervino en la misma ni actuó como jefe del equipo médico; d) no se ha demostrado que existiera deber de controlar la cirugía por parte del jefe de servicio, dado que, el cirujano que practicó la misma tenía vasta experiencia en el ejercicio de la profesión.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BITTAR ZULEMA BEATRIZ c/ JOSE PAZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-05-20

Interrumpe el curso del plazo de caducidad, el pedido de búsqueda del expediente por parte de la recurrente, cuando todavía no han transcurrido seis meses a contar desde la notificación de la concesión del recurso, pues denota la voluntad de urgir el proceso.-
Paritarias, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud c/ Gobierno de la Provincia  s/ Acción Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-03

Resulta inviable considerar que el mero dictado de la norma impugnada, ley 8.727, hubiera implicado, por sí sola, una afectación, lesión o menoscabo, por el presunto desconocimiento o avasallamiento de materias o ámbitos propios de la negociación colectiva de los sectores representados por la entidad, ya que las situaciones que se erigieron bajo la vigencia y aplicación de los regímenes legales y paritarios respectivos, quedaron expresamente a resguardo de toda afectación, por propia consagración legal. Así ni la hipotética modificación del ámbito paritario propio de los profesionales de la salud, ni la conmoción de los derechos adquiridos al amparo de convenciones celebradas antes de la vigencia de la ley, pueden reputarse operadas.
Empleados públicos, personal transitorio, acto administrativo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, razonabilidad tributaria, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVAS, PATRICIA LILIANA. c/ DPV. s/ COBRO DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-29

Si bien es facultad privativa de la Administración Pública la organización interna de la labor de sus dependientes, en interés del propio funcionamiento, tal discrecionalidad puede transformarse en arbitraria cuando excede los límites de la razonabilidad y configura una medida disciplinaria o conlleva un propósito discriminatorio; lesiona derechos adquiridos; tiene consecuencias vejatorias, previstas o imprevistas. En estos casos, se impone la revisión judicial que invalide o nulifique el acto administrativo. Es decir que la discrecionalidad en esta materia no llega a la posibilidad de tomar cualquier sendero ni arribar a cualquier resultado. (cfr. fallo citado, voto del Dr. Kohon).
Prueba, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO WALTER MARIA S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P. CORIA LUISA ANDREA s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-09

Si bien es verdad que la Cámara es libre de seleccionar el material probatorio sobre el que basa sus conclusiones fácticas, es igualmente cierto que esa libertad no puede ser arbitrariamente utilizada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)