marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ciclista, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: Mercier, Roberto Modesto y otra c/ Borrazo, Mario Alejandro s/ Accidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

En principio, el régimen legal aplicable en la colisión entre automotor en movimiento (cosa riesgosa) y bicicleta también en movimiento, sería el de la imputabilidad del automovilista reglado en el art. 1113 segundo párrafo del Código Civil por el riesgo, y para el ciclista el del art. 1109 del mismo cuerpo legal. Cuando se trata de accidente en los que participan por ejemplo, ciclistas y peatones la solución podría ser distinta, por el carácter - también eventualmente - de cosa riesgosa si es que está en movimiento la bicicleta, frente a la indefensión del caminante. Y hasta podría calificarse de riesgosa la bicicleta abandonada peligrosamente en la calzada, en lugares carentes de iluminación, para otros vehículos.

Piénsese en arteria de doble mano y de intenso tránsito en el que sorpresivamente se deja una bicicleta caída, que si el vehículo que la enfrente se detiene puede generar una colisión encadenada con otros vehículos que le suceden; y si para esquivarla se ve en la necesidad de avanzar parcialmente sobre la mano opuesta, podría ser embestido de frente por los vehículos que circularan en dirección contraria.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: González, Abel F. c/ San Sebastián S.A. s/ Indemnización enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Excluye la existencia de enfermedad accidente la patología originada y determinada en la propia constitución orgánica del individuo y no provocada o agravada -ni aún en mínimo grado- por la tarea desarrollada.
Declaración testimonial, autoridad de prevención, ratificación de testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: Brizzo, Carlos E. s/ Prueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-25

No son objetables los dichos del personal preventor por el sólo hecho de no haber sido ratificados en sede juciial, pues como lo ha sostenido la jurisprudencia del fuego, puede considerarse prescindible tal ratificación cuando tales declaraciones reúnen los requisitos que "marca la ley procesal y son conocordates, entre si, hasta el último detalle".
Procedimiento administrativo, instancia administrativa, instancia administrativa previa, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: P., Z. S. M. c/ C. F. s/ Usucapión c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-06-30

La exigencia del reclamo administrativo previo no ha sido considerada una instancia inútil por cuanto la finalidad es conceder a la Administración una etapa conciliadora previa a fin de darle una oportunidad a través de un reclamo simple, sin fórmulas sacramentales, limitado temporalmente para revisar sus actos, salvar errores tendiente a evitar que sea sometida a un juicio.
Sindicatura, auxiliares de justicia, concursos
Materia: PENAL
Carátula: Miguel Waigel y Cía. SA S. Concurso Preventino S. Quiebra c/  s/ Incidente (Observación de Fecha de Cesacion de Pagos)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-07-26

La Sindicatura es un auxiliar del juez concursal. La propia Corte Suprema ha dicho que si bien la Sindicatura no es un órgano estatal, sí es un auxiliar de la justicia cuya actividad se desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica y en base a la idoneidad técnica que deriva del título profesional. De allí que no pueda ser tratada como una simple parte procesal, sino que tiene un plus dado por su propio rol.
Demanda, competencia contencioso administrativa, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alvarez, Silvia Graciela c/ Estado provincial s/ Acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena  jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-08-28

En autos la vía administrativa se encuentra correctamente agotada y la demanda presentada a término, toda vez que el cómputo de los días hábiles judiciales así lo indica, pues la existencia de tiempo de paro de los empleados judiciales con interrupción de términos, es la determinante de que en la práctica la demanda resulte promovida dentro de los veinte días que dispone el código contencioso administrativo.
Tributos aduaneros, liquidación de impuestos, notificación, despachante de aduana
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SISTECO S.A. s/ Aduana -T.F. 6617-A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

La circunstancia de que se haya impuesto al despachante de aduana de las divergencias liquidatorias que se estimen, en los términos del art. 246 del C.A., no releva a la Aduana de la obligación que le impone el art. 786 del ese cuerpo legal, en tanto, en forma específica, dispone que liquidados los tributos, el servicio aduanero debe notificar la liquidación al deudor, garante o responsable de la obligación, carácter que, claramente, no reviste el despachante de aduanas en la causa (conf. arts. 776 y 779 C.A.), y, menos aún, le permite desconocer los efectos de las normas que a tales fines la propia Aduana ha dictado.
Inhabilitación del fallido, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: BERRIES DEL PLATA SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE APELACION c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-18

De igual modo que la inhabilitación de la deudora, podría convertir su insolvencia en quiebra, con el consecuente perjuicio para los acreedores (CNCom, Sala B, in re "Saint German SA s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación", del 30/11/06), incluido en este específico caso el organismo recaudador apelante -AFIP- quien tiene un crédito admitido en la oportunidad de la LCQ 36.
Recurso contencioso administrativo, personal municipal, exoneración, acto administrativo ilegítimo, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión, deberes del funcionario público, deber de lealtad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CUEVA, RAUL JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ESPERANZA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 521 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07

La tutela constitucional de la libertad de expresión, si bien no genera un derecho al insulto, tampoco se cancela automáticamente por el sólo hecho de que la críticas puedan molestar a sus destinatarios; pudiéndose agregar que, en el caso, las declaraciones cuestionadas han mantenido estricta relación con el tema que se exponía, no resultando, por ende, innecesarias al propósito perseguido, ni -en efecto- motivadas en el mero interés propio del agente; quien, aclaro por último, no estaba vinculado a la Administración mediante una relación de empleo en la que haya correspondido potenciar la rigurosidad del poder jerárquico y la disciplina (como generalmente ocurre, por ejemplo, en los ámbitos policiales y castrenses). En consecuencia, puede concluirse que los deberes propios del empleo público, cuando -como el de decoro y discreción- son estrictamente derivados del genérico deber de lealtad (que supone fidelidad a la Constitución y a las leyes, no a persona alguna), aunque desde luego no pueden ser desplazados absolutamente, deben ceder frente a la libertad de expresión, al mesurado ejercicio de derechos políticos y al derecho a la información de la colectividad, lo que acarrea, en el supuesto de autos, la ilegitimidad de la sanción impugnada (cesantía). (De La Ampliación De Fundamentos Del Dr. Lisa)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: González, Juan C. c/ Manhjos SRL s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

La excepción prevista en el art. 55 de la ley 11653 que invoca el recurrente, se refiere exclusivamente a la doctrina legal establecida por este Tribunal en la interpretación de las normas de fondo que rigen las relaciones laborales, supuesto este que no es el de autos en que se trae a consideración cuestiones de hecho y prueba, como lo es la referida al nexo de concausalidad y la del absurdo en la valoración de la prueba. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Retiro policial, retiro obligatorio, accidente en acto de servicio, determinación del haber de retiro, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Possenti, Oscar R. c/ E.N. -Mº del Interior- Policía Fed.Arg. s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Habiéndose reconocido administrativamente, en oportunidad de su pase a retiro obligatorio, que el agente padecía de una afección como consecuencia de un accidente calificado como ocurrido "en y por acto de servicio", invocando el art. 84, inc. 1º ap. a) del decreto 333/58, ha sido la misma administración policial la que ha establecido el encuadre legal, debiendo reconocérsele al afectado el haber del grado inmediato superior al que ostentaba al momento de su baja.
Partidos políticos, elecciones, impugnación de la elección, lista de candidatos, cargos electivos, cupo femenino, autoridades del partido
Materia: ELECTORAL
Carátula: Merciadri de Morini, María Teresa s/ impugnación listas en elecciones internas de la UCR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-28

Corresponde revocar la sentencia apelada que hizo lugar a la impugnación de las listas de candidatos para ocupar cargos partidarios presentadas en las elecciones internas de un partido político, por entender que no respetaban el mínimo de la representación femenina establecida en la Constitución Nacional y la ley provincial Nº 8901(Córdoba). Sin embargo, dicho artículo, establece que toda lista de candidatos a cargos electivos deberá contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros, es decir, para la oferta de candidaturas a la ciudadanía destinada a ocupar cargos públicos; así está excluyendo, "a contrario sensu" a los cargos partidarios que se refieren a los órganos de representación y conducción de las organizaciones políticas, cuya forma y condiciones de elección se rigen por la carta orgánica correspondiente. Asimismo, En el caso, del cotejo de la lista de autoridades proclamada con la regulación interna vigente y aplicable al caso, surge que ella cumple con la representación femenina exigida. Pues es la Carta Orgánica del partido la norma fundamental a la que deben sujetar su accionar tanto los afiliados como las autoridades del mismo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, doctrina de la arbitrariedad, nulidad procesal, albacea, falta de legitimación para obrar, perjuicio económico, nulidad relativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. G., M. I. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-13

La queja no debe tener favorable acogida, desde que la quejosa en su presentación directa incumple la carga estipulada en el artículo 8 de la ley 7055 de rebatir los motivos expuestos por la Sala para apoyar su decisión de denegar la concesión del remedio extraordinario, sin lograr la recurrente neutralizar los fundamentos de la Sala, que en relación al reproche de arbitrariedad centrado en la falta de legitimación del albacea para iniciar el proceso testamentario -generando un enorme perjuicio patrimonial a la heredera siendo su actuación nula de nulidad absoluta e insalvable-, destacó que el vicio invocado fue tratado en la resolución en crisis, donde se señaló que se verificó la convalidación tácita de la presentación del trámite; y en similar sentido, respecto al agravio basado en la falta de intervención de los ministerios públicos, el A quo memoró que en la sentencia en crisis se expusieron los argumentos por los cuales el Cuerpo concluyó en que se trataba de un supuesto de nulidad relativa a tenor de los intereses comprometidos en las instituciones analizadas. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 8
Recurso extraordinario, defensa en juicio, traslado, habilitación de día y hora
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Convención  Reformadora  de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires s/ denuncia  de  conflicto  de  poderes.  Correa,  Juan  Carlos y otros   acción de amparo s/ Convención Reformadora de la Constitución  de  la  Provincia de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-01

En el caso en que el a quo omitió sustanciar los recursos extraordinarios interpuestos (art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y frente a la evidente urgencia de los reclamos, a los fines de hacer compatible el derecho de defensa de las partes y el resguardo de la jurisdicción de la Corte Suprema, corresponde correr traslado de los recursos extraordinarios por el plazo de días días con habilitación de días y horas inhábiles.
Despido, notificación por telegrama, domicilio cerrado
Materia: LABORAL
Carátula: CHAVEZ RODRIGUEZ, ELIZABETH MARIA c/ FLOTA FLUVIAL DEL ESTADO ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

La intimación realizada a través de un telegrama, que no pudo ser entregado por encontrarse cerrado el domicilio al que iba dirigido, pero en donde se dejó el aviso correspondiente para que su destinatario pueda retirarlo, cumple con lo estipulado por el art.

244 de la LCT. Si bien es sabido que quien elige un medio para comunicar su voluntad asume los riesgos si no llega a destino, en este caso la no recepción resulta de un hecho atribuible a la negligencia del destinatario.
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES, competencia laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: CASTELUCHI, Jesús Alberto c/ YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-09-12

Es competente la Justicia Laboral Provincial en los presentes autos donde es demandada YPF S.A., lo que se encuadra como una persona jurídica de carácter privado con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, tal como se sostiene en el propio estatuto de creación de la Sociedad y de los informes del Ministerio de Economía de la Nación obrantes en autos donde se reitera que la referida sociedad reviste el carácter de privada participando como un actor más en el mercado.-
Sentencia, tribunal colegiado, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: D'Alessandro, Zulema c/ Vieytes S.A.C.I.F. y/u otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-10-03

Al ser provincializado el territorio se sanciona la Constitución provincial, con posterioridad a la norma procesal indicada (art. 271 del C.P.C.C.N.), que contiene una disposición que no admite el simple voto adhesivo. Por lo tanto el código procesal nacional, aplicable sólo en aquéllos casos en que el proceso se ha ya iniciado ante la justicia nacional por no existir la provincial, debe ser aplicado por los jueces provinciales en tanto y en cuanto no contenga alguna norma que se oponga a disposiciones constitucionales provinciales (art 14 ley 23.775). Cuando ésto ocurra, tal norma resulta inaplicable, por adolecer de una ilegitimidad sobreviniente (la sanción de una Constitución provincial). Además, como bien dice el ponente, el voto adhesivo lo permite el código nacional, mas no la obliga (del voto del Dr. Hutchinson, por la mayoría).
Sociedad conyugal, bienes gananciales, matrimonio
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco Nacional (DGI) c/ Hays, Juan Tennyson s/ incidente de tercería de dominio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-01

La propiedad de los bienes gananciales y el consiguiente derecho de administrar y disponer de ellos pertenecerá al cónyuge en cuyo nombre o por el cual los bienes son adquiridos, sea cual fuere la causa de dicha adquisición.
Demanda, capacidad procesal, prueba, falta de personería, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANSILLA GUILLERMO c/ LASPINA ROBERTO Y OTRO s/ MENOR EMANCIPADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-30

Salvo los casos particulares del último párrafo del art. 128 del C. Civil, el menor adulto no puede actuar en juicio sino por medio de un representante que debe suplir su incapacidad ( C. Civil arts. 281 y 282). Cuando la incapacidad ha cesado por efecto de la emancipación, es a cargo del menor la acreditación de esa circunstancia, porque la regla es que las personas que no tienen veintiún años son incapaces y la excepción es que no lo sean. Este es un principio de derecho que tiene su fundamento en la naturaleza de las cosas y que se respeta universalmente sin necesidad de disposición expresa de las leyes. Si la emancipación no fue probada por el actor al iniciarse el juicio, torna legítima la excepción de falta de personería. Por ello, aunque el actor salve la omisión inicial acompañando el instrumento que acredita su capacidad para estar en juicio, esta presentación elimina el defecto de personería, con lo cual la excepción pierde utilidad práctica. Pero esta consecuencia no debe llevar a engaño: la excepción se rechaza solamente por una razón de economía procesal, pero no debe entenderse por esto que el actor sea ganancioso y que por esa razón no tenga responsabilidad en cuanto a las costas. Por el contrario, la corrección tardía del defecto de personería es en sustancia un allanamiento a la excepción. De allí que en este caso, del mismo modo que en el supuesto análogo del poder presentado después de articulada la excepción, las costas deben ser soportadas siempre por el demandante que es el responsable de haber provocado el incidente y el verdadero vencido en la cuestión de personería.-
Aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco de Mendoza Sociedad Anónima c/ Enrique A. Pérez y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-18

La inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador, por lo que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ley nacional, ley provincial, competencia, juzgado de menores, ley procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., N. A. Y/O P. G. s/ COMPETENCIA - DENUNCIA - VIOLENCIA FAMILIAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 132 AÑO 2009)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-06-10

La ley provincial 12.967 de adhesión a la ley nacional 26.061, en su artículo 70 rectifica el artículo 1 de la ley 11.452 (Cód. Procesal del Menor) estableciendo que "El poder jurisdiccional, en el orden penal, en materia de menores será ejercido exclusivamente por los jueces que integran el fuero de menores.

"Además deroga el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal del Menor (competencia civil) y los títulos, capítulos y artículos referidos a la competencia en materia civil de los Jueces de minoridad contemplados en ese digesto (arts. 70 y 71).
Sindicatos, personería gremial, dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: López, Alejandra I. c/ Molino Harinero San Cayetano s/ Salarios de estabilidad gremial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

La personería gremial de las Uniones -asociaciones sindicales de primer grado- ampara a sus seccionales, cuyas autoridades -cumplidos los recaudos legales y estatutarios- gozan del derecho a la estabilidad sindical (art. 11 inc. "a", 21, 23, 25, ley 23.551)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Di Oduardo, José s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Es insuficiente el agravio si se reclamó la declaración de prescripción de la acción penal pero se omitió denunciar la violación de las normas del Código Penal que regulan la prescripción de las acciones y la única traída por el señor defensor -el "art. 71 inc. 4 apartado c) y 2)" del Código procesal- es inatingente ya que no tiene relación alguna con el tema planteado.
Actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, interpretación de sentencias, cuestiones prejudiciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Santander Río SA c/ Banco Santander Río SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

El fundamento de la prioridad de trámite del proceso penal -CCCN 1775- reside en la necesidad de cotejar ambas sentencias, la penal y la civil, para verificar la eventual cosa juzgada que puede ejercer la primera sobre la segunda. Una sentencia civil que hubiera entrado en oposición con una sentencia penal, sobre un punto en que ésta tiene autoridad de cosa juzgada sobre la civil, suscitaría un verdadero escándalo jurídico. Para evitar esa aberración se prohíbe que el juez civil dicte pronunciamiento antes que el juez penal (cfr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil", T. IV-B, pág. 64, año 1980). Para que la sentencia a dictarse en la jurisdicción civil quede en suspenso, deben concurrir dos requisitos: a) debe estar vigente el trámite de un proceso penal, siendo indiferente que éste haya comenzado antes o después que el juicio civil, y b) es menester que tanto el proceso penal aludido como la acción resarcitoria civil, reconozcan la misma causa, es decir, que sea el mismo hecho el que motive la acusación penal y paralelamente dé sustento a la pretensión resarcitoria (cfr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil", T. IV-B, págs. 64/5). Es decir que para que opere el instituto de la prejudicialidad no solo es menester que exista una acción penal en la que se investiguen los hechos sobre los que se funda la acción civil y que aquella esté pendiente de resolución, sino que, además, es necesario que en ambos procesos se pretenda del órgano jurisdiccional un juicio valorativo sobre la culpabilidad de los generadores de los acontecimientos investigados (v. CNCom, Sala E, "Deltagro SA s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Banco de la Provincia de Buenos Aires", del 24.11.11).
Intereses, deuda ilíquida, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Furno Alfredo Jose c/ Boos Roberto Perro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-03-27

El acreedor tiene el deber de colaborar para reducir la gravosidad de la deuda de allí que, por aplicación de lo dispuesto en el art. 743 del Cód. Civil, deberá aceptar el pago de la totalidad de la parte líquida de la deuda, sin perjuicio de su derecho a continuar el reclamo por la parte ilíquida.

En sentido similar y más amplio debe recordarse que la regla del art. 472 del Cód. Civil no resulta de aplicación a las extracciones judiciales en razón de la incongruencia que tal negativa del acreedor trasunta cuando, precisamente, el cobro de la deuda debió ser el móvil que lo indujo a promover el juicio y no se derive de ello perjuicio alguno para el accipiens; quien conserva la facultad de efectuar las imputaciones que corresponden con arreglo a derecho.