Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-13


Causa Nº 24891-00/CC/2006 caratulada "BENIGNO ESTRADA, Toribio s/ no exhibir libreta sanitaria - APELACIÓN".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS La Gabriela Marquiegui Mc Loughlin promueve a fs. 30/33 recurso de apelación contra las resoluciones de fs. 29 -que no hace lugar al pedido de intervención incoado a fs. 27 a fin de que el Sr. Toribio Benigno Estrada, imputado en estos actos, interponga las defensas que considere pertinentes- y de fs. 26 -que tiene por desistida la solicitud de juzgamiento-.

La Magistrada fundó su rechazo en el primer auto mencionado en no haber sido formalmente designada la presentante por el encausado, y en que, al momento de la interposición finalmente rebatida, había ya transcurrido el plazo previsto en el art. 41 de la Ley 1.217 -razón esta última con la que también motivó la resolución de fs. 26-. A ello adunó la circunstancia de que, el día 13 de septiembre de 2006 -fecha en la cual se habría constituido el Sr. Benigno Estrada en la Defensoría nº 8, según afirma la Marquiegui Mc Loughlin- esta dependencia había sido reemplazada por la nº 6.

La funcionaria explica que por aquel entonces se hallaba de feria en virtud de lo dispuesto por la Resolución CMCABA nº 652/06 y, por esa razón, el encausado se dirigió a la Defensoría nº 6, donde se le informó que debía regresar la semana siguiente. Aduce que el Sr. Benigno Estrada -cuya baja instrucción, carencia de empleo formal y precariedad de situación habitacional denuncia- no comprendió el alcance de la notificación que se le estaba cursando -esto es, la providencia de emplazamiento de fs. 21- en especial el término "desistimiento", y en esta inteligencia entiende que la falta de una oportuna asistencia letrada conculcó los derechos de su pupilo a una efectiva defensa en juicio y de acceso a la justicia -fs. 31-.

Sustenta sus agravios en vulneraciones a diversas garantías procesales establecidas en normas que conforman el bloque constitucional -fs. 31 vta.- y en haberse desconocido las elaboraciones jurisprudenciales que consagran el derecho de todo imputado de contar con asistencia letrada si no puede pagarla -fallos "Sacco" de nuestra CSJN y "Miranda vs. Arizona", 384 U.S. 436 citados a fs. 32; opinión consultiva OC-11/90 de la CIDH-, y el de que el letrado despliegue una efectiva defensa en el marco del juicio -caso "Rojas Molina" de Fallos 189:34-, así como la vigencia en nuestro ordenamiento de los principios consagrados en el Pacto de San José de Costa Rica -fallos "Ekmekdjian c/ Sofovich", "Giroldi" y "Casal". A fs. 33vta. invoca el precedente "Airey" a fin de que se considere la obligación del Estado de conferir patrocionio jurídico gratuito como garantía de todo habitante de acceder a los Tribunales.

Este andamiaje normativo se habría desconocido, a juicio de la Sra. Defensora, al denegarse su intervención y tener por desistido el pedido de juzgamiento a través de la sola invocación del transcurso de un plazo procesal. En este sentido, la proveyente no habría considerado la particular situación de su pupilo, agravada por la confusión que le ocasionó el haberse presentado en tiempo y forma ante la defensoría oficial pero derivado a volver la semana entrante.

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara propone declarar mal concedido el recurso, en función de no revestir la Marquiegui Mc Loughlin el carácter de representante del Sr. Benigno Estrada en estos actuados, pues no surge de ellos su formal designación. Afirma, por otra parte, que la decisión de considerar desistido el pedido de pase de las actuaciones significó una correcta aplicación de las normas en vigencia. Estima que tampoco encuentran sustento en constancias del legajo las manifestaciones relativas a las dificultades de comprensión del acto de notificación y a la concurrencia del encausado a la Defensoría entre los días 13 y 15 de septiembre del corriente año -fs. 38/39-.

Cumplidos los plazos y pasos procesales correspondientes, la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta.

Causa Nº 24891-00/CC/2006. Sala II.

Y CONSIDERANDO Cabe adelantar que la vía intentada no habrá de prosperar en virtud de los defectos que a continuación serán tratados, los que indefectiblemente obstan a la superación de su examen de admisibilidad.

En primer lugar, las presentaciones de fs. 27 -"Manifiesta - Solicita"- y fs. 30/33 -promoción de la apelación en trámite- han sido suscriptas, como bien señala el Sr. Fiscal, por quien no fue designada defensora, sin que se explicitaran las causas que eventualmente impidieron al Sr. Benigno Estrada la firma de tales escritos. En estas condiciones, tanto el remedio impugnaticio como aquella primera solicitud de préstamo de la causa lucen incoadas por quien no reviste carácter de parte en el proceso; y es por este último motivo que hemos resuelto antes de ahora, en una situación en la que también se cuestionaba la actuación del patrocinante, declarar mal concedido el recurso interpuesto por el defensor que no había aceptado el cargo al tiempo de su deducción y aun cuando lo hubiese hecho con posterioridad a esta oportunidad, pues dicha circunstancia en manera alguna subsana el defecto procesal en que se incurrió -conf. causa nº 026-00-CC/2004, "D'Agostino, Damián s/ ley 255", rta. el 10/02/2004-. Ello no implica desconocer el derecho de defensa del imputado, toda vez que no se advierten ni se alegan otras razones justificantes de la apuntada ausencia.

En segundo término, y aunque la deficiencia referida bastaría por sí sola para considerar no articuladas válidamente aquellas pretensiones, la apelación de fs. 30/33 contra la declaración de desistimiento fue promovida en forma extemporánea. Obsérvese que el auto del 20 de septiembre de 2006 que tiene por operado el instituto previsto en el art. 41 de la L.P.F. fue notificado mediante cédula recibida y firmada por el propio incuso el 22 siguiente a las 10:10 hs. -vid. fs. 28vta.-. Conforme expresa la presentante a fs. 27 segundo párrafo, el imputado se apersonó en la defensoría ese mismo día, "en los últimos minutos del horario de oficina" -esto es, más de cuatro horas después de haber recibido la pieza y tomado conocimiento, siquiera mínimamente, de la existencia de una nueva resolución recaída en la causa-, por lo que no se aprecian los motivos que impidieron cuestionarla al menos en forma tempestiva.

Correctamente denegada la solicitud de intervención de la asistencia técnica un día más tarde, el 3 de octubre se interpuso la vía que hoy nos ocupa en relación tanto a esta decisión como a la providencia del 20 de septiembre -cuyo plazo de apelación vencía el 29 de ese mismo mes-. Es por ello que, al tiempo de la presentación en examen, no sólo había transcurrido el lapso por el cual había sido emplazado el Sr. Benigno Estrada, sino que también se encontraba ineludiblemente firme la resolución extintiva del proceso y no resultaba ya útil la formulación de petición alguna a su respecto.

Por otra parte, las razones vinculadas con el alegado desconocimiento del derecho del imputado a hacerse representar por un abogado -y sus correlativas implicancias constitucionales- no pueden validarse, de momento que el ordenamiento adjetivo que regula la materia infraccional concibió el patrocinio letrado como una facultad del presunto infractor, mas no como exigencia liminar del proceso -art. 29 de la Ley 1.217-. De manera que la operatividad del desistimiento por falta de oportuno seguimiento de un trámite voluntariamente promovido en el marco descripto constituye una natural consecuencia de esta peculiar estructuración procedimental y por ello no importa negación del derecho a una defensa efectiva -que puede ser desempeñada por el propio interesado- ni mucho menos oclusión de acceso a la justicia -pues, como se verifica a fs. 15, basta la sola y simple petición del sancionado en sede administrativa para activar la vía jurisdiccional, concebida explícitamente como "derecho" en el art. 24 de la L.P.F.-. Cabe agregar, a este respecto, que el Ministerio Público de la Defensa ha establecido normas limitativas de su intervención traducibles, eventualmente, en la negativa de brindar la representación solicitada -v.g., la Resolución 04/2004 - lo que en modo alguno, como también hemos teni do oportunidad de sentar, implica ofensa constitucional -conf. doctrina de "Parapugna, Vicente Pedro s/obstruir calle sin causa justificada - Apelación", rta. el 15/11/2004-.

Por último, no llegan a convencer las menciones relativas a la dificultad de comprensión del encausado, teniendo en cuenta que el Sr. Benigno Estrada ha conseguido afrontar regularmente el procedimiento administrativo seguido contra él a fs. 2/19 -en el que suscribió las actas de comprobación, prestó conformidad respecto de la transcripción de su declaración ante el Controlador, se notificó de la resolución condenatoria y, una vez internalizada, solicitó el pase de las actuaciones a sede judicial-, como así también se guió correctamente a fin de solicitar el patrocinio que procuraba no bien recibió las cédulas de fs. 24 y 28. En este marco, parece poco probable que el encausado no hubiere podido Causa Nº 24891-00/CC/2006. Sala II.

comprender la expresión "notifíquese a la presunta infractora (...) que, en el plazo de diez (10) días hábiles, se presente por escrito..." en la sede del juzgado, según reza el auto notificado a fs. 24.

En consecuencia, toda vez que el escrito recursivo fue interpuesto por quien no tenía derecho a hacerlo, en forma extemporánea, y que no concurre ninguna de las causales previstas en el artículo 56 de la L.P.F. ni se verifica compromiso de garantías constitucionales que obste a la validez de las resoluciones de fs. 26 y 29 en su dimensión de legítimos actos jurisdiccionales, resulta necesario concluir que el recurso ha sido mal concedido por la a quo, lo que así se declarará.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto a fs. 30/33 por la Gabriela Marquiegui Mc Loughlin.

II.- TENER PRESENTE las reservas efectuadas en el punto 2 del petitorio de fs. 33vta.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara en su despacho y oportunamente devuélvase, debiendo la Sra. Magistrada a quo practicar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.