Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-08


SENT Nº 668	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Ocho (08) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Correa José Patricio vs. Obra Plus S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

En contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III, de fecha 24 de junio de 2008 obrante a fs 566/571, la parte actora interpuso recurso de casación el que fuera concedido por resolución del referido tribunal el 22 de octubre de 2008 (fs. 588 y vta.). Del informe actuarial de fs. 595 surge que ninguna de las partes ha presentado el memorial facultativo a que alude el artículo 137 del CPL.

I.- La sentencia atacada, resolvió: 1) Admitir la demanda promovida por el actor, en contra de la firma OBRA PLUS S.A. a la que se condena al pago de la suma de $ 4.637,94 por los conceptos de haberes impagos 6 días enero/2005, SAC proporcional primero y segundo semestre /03/04 y proporcional /05, asignaciones no remunerativas 2003 y 2004, 2) Costas y honorarios.

El A quo entendió, que constituyen hechos admitidos y por ende exentos de pruebas los siguientes: 1) el vínculo jurídico que une al actor y demandado; 2) la actividad desarrollada por la demandada: fabricación y comercialización de tanques de agua de polietileno; 3) la titularidad del automotor Mercedes Benz a nombre del actor con el que se hacían las entregas; 4) los servicios de fletero que brindaba el actor a la demandada y su condición de Monotributista ante la AFIP y 5) el intercambio epistolar iniciado el 08/01/05 por el cual el actor se considera injuriado y despedido indirectamente, con el posterior rechazo patronal mediante carta documento de fecha 12/01/05.

A continuación, el tribunal de grado consideró que resultaban hechos controvertidos y de justificación necesaria sobre los cuales deberá expedirse a tenor de lo dispuesto por el artículo 273 inciso 5 del CPCyC (de aplicación supletoria al fuero), 1) Existencia de la relación laboral, tareas, fecha de ingreso, extensión de la jornada de trabajo y remuneración; 2) Causal del cese de la relación laboral. Su valoración y 3) Rubros e importes reclamados.

A la primera cuestión, resolvió que el actor se desempeñaba para la demandada en un doble carácter de fletero y vendedor y que según surge del acta notarial acompañada por el actor a fs. 18 y no redargüida de falsedad, el Sr. Correa renuncia laboralmente a la empresa reconociendo haber cobrado facturas de la sociedad y no haberlas rendido oportunamente, declarando además que no existe deuda alguna ni derechos u obligaciones pendientes entre las partes, ante lo cual el apoderado de la empresa -en nombre y representación de aquella- manifiesta que acepta la renuncia voluntaria efectuada por el actor.

También estimó, que de las pruebas de autos -acompañadas por la demandada- surge que el actor figura en la nómina de vendedores con el número 11, encontrándose inscripto bajo la condición de monotributista y entregaba facturas a la accionada con el membrete "Transporte José Correa", denunciando por ante la Dirección General de Rentas, como fecha de inicio de sus actividades el 03/04/02.

En relación a la demandada, entendió que de la respuesta brindada por la Dirección de Personas Jurídicas, surge que Obra Plus S.A. no se originó como consecuencia de una escisión de Conmix Argentina S.A., que el acta constitutiva data del 30/11/00 y, que obtuvo la conformidad administrativa el 28/02/01 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 22/03/01.

Luego, en base al informe pericial contable, del cual rechazó la impugnación realizada por la demandada, determinó que el actor percibía por el transporte de mercadería realizados, los pertinentes fletes, y por las ventas y cobranzas efectuadas comisiones las que se encuentran detalladas y discriminadas en las correspondientes facturas. De la testimonial brindada (de la cual también rechazo la tacha por falta de prueba), el tribunal de grado estimó comprobado que el actor revestía también el carácter de vendedor de los tanques de Obra Plus entre los años 2000 y 2004, porque -de los dichos del testigo- surge que a esa fecha el mismo poseía un corralón y que al hacer el pedido en fábrica el Sr. Correa lo atendía.

El A quo concluyó, que de la plataforma fáctica resulta acreditada la existencia de la relación laboral, sin registración, del actor como dependiente de la demandada, de acuerdo a lo normado por los artículos 21, 22, y 23 de la LCT. Ello teniendo en cuenta que de la prueba producida se evidencia la incorporación del trabajador a la estructura de la demandada bajo pautas programadas jerárquicamente, con horarios. Lo cual, consideró, lo faculta a declarar que el actor estuvo vinculado a la accionada por un contrato de trabajo en los términos del artículo 21 de la LCT, desde la fecha declarada por el actor conforme apercibimiento del artículo 61, 2do. párrafo del CPL.

De conformidad a lo analizado, el sentenciante encuadró la relación jurídica sustancial -entre actor y demandado- dentro del régimen de la ley 20.744, como contrato de trabajo por tiempo indeterminado a partir del 01/11/02 por ser la fecha desde la cual se tiene registro documentado (fs. 229) de las tareas de vendedor del actor. Asimismo consideró, que se lo debía encasillar en el agrupamiento personal administrativo en la categoría laboral de "vendedor" del CCT 130/75 (empleados de comercio)..." (sic fs. 369 vta.), sin aludir al doble carácter en que revistaba el mismo (fletero y vendedor) En relación a la causal de cese del actor y su valoración, analizó las posiciones de las parte al presentar y contestar demanda, diciendo: el actor sostiene que el día 06/01/05, fue llevado con engaños por el jefe de personal Sr. Quaia, a un lugar que resultó ser el estudio jurídico del apoderado de la empresa, en el cual se lo sometió a un interrogatorio y se lo compelió a firmar un acta por la cual renunciaba y reconocía haber cobrado un dinero de la sociedad sin haberlo rendido a la misma en tiempo oportuno; por lo que dicha acta, realizada ante escribano público, se encuentra viciada al ser un acto extorsivo, realizada bajo presión y amenazas. Asimismo -el actor- considera que la misma no es válida en los términos del artículo 240 de la LCT.

El A quo, por su parte dice: el acta notarial acompañada por el actor y la demandada (fs. 18 y 337 respectivamente), no redargüida de falsedad, consta que el actor renuncia reconociendo haber cobrado facturas de la firma y no haberlas rendido a su debido tiempo a la sociedad, declarando además que no existe deuda alguna ni derecho u obligaciones entre las partes, siendo la misma aceptada por el apoderado de la empresa, en nombre de su representada, por lo tanto consideró que la renuncia del actor, contenida en dicha acta notarial es válida en los términos del artículo 241 de la LCT, que se refiere a la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, debiendo tenerse por cierto su contenido por tratarse de un instrumento público en los términos del artículo 979 del CC., ya que contra el mismo no se realizó una redargución de falsedad, siendo este el único medio de impugnar una escritura pública. Por lo que declaró como fecha de cese de la relación el 06/01/05, por renuncia del actor.

En cuanto a los rubro reclamados por el actor, el que asciende a la suma de $64.695,20, analizó cada uno por separado conforme artículo 273 del CPCyC de aplicación supletoria al fuero, no reconociéndose en base a lo expresado precedentemente: 1) Indemnización por antigüedad, 2) Indemnización por preaviso omitido y 3) No resultando de aplicación los artículos 16 de la ley 25.561 y 1 y 2 de la ley 25.323, por lo considerado.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del remedio casatorio incoado, corresponde analizar la admisibilidad y procedencia del recurso planteado, a tenor de lo normado por los artículos 130; 131 y 132 del CPLT.

El recurso se interpone contra sentencia definitiva, en tiempo oportuno conforme surge del cargo actuarial inserto a fs. 586, y de la constancia obrante a fs. 578 vta. no resultando necesario el cumplimiento del requisito del artículo 133 del CPL, por tratarse de la parte actora y no ser la sentencia total o parcialmente condenatoria de quién articula el recurso.

III.- El recurrente, al realizar el relato de los hechos se agravia en general por considerar que si bien la sentencia que ataca reconoció a su mandante el carácter de dependiente de la accionada en los términos de los artículos 21, 22 y 23 de la LCT, no se admitió la defensa opuesta por su parte de que la renuncia había sido extorsiva, que fue obligado a suscribirla, rechazándose los rubros reclamados por indemnización por antigüedad, preaviso, ley 25.323 y ley 25.561.

III.1) Entiende, que la sentencia en crisis infringe y/o interpreta y/o aplica falsa o erróneamente normas de derecho sustantivas, incurriendo en indudable contradicción y por lo tanto la misma resulta arbitraria. Dice: el decisorio entiende que entre las partes hubo relación laboral y no comercial, bajo el régimen de la LCT sin registración, categorizando al actor como vendedor en los términos del CCT 130/75, fundamentos estos con lo que su parte coincide, para pasar luego a cambiar, en su parte definitiva, lo que estaba aceptado por las partes en su totalidad.

Así, sostiene el recurrente que, el apercibimiento que aplica la sentencia del artículo 61, 2do. párrafo del CPL no es tal, ya que la fecha de ingreso declarada por su mandante es el 1 de febrero del año 2000 y no la que toma la sentencia 1 de noviembre de 2002, tornándose contradictoria su conclusión. Hace notar, que el poder general para juicios que la accionada otorga a su letrado apoderado es de fecha 3 de abril de 2001 y el contrato social es de fecha 30/11/2000. Cita jurisprudencia doctrina legal de esta Corte en el sentido de que: "resulta descalificable la sentencia que fundó su decisión en una disposición legal pero resolvió en sentido contrario" (in re: "Jerez Rodolfo A. vs. Tubio Tucumán S.A." del 05/5/2000).

Se agravia también, que el fallo que ataca no haya considerado como base de la liquidación en los rubros reconocidos el promedio de los últimos seis meses de trabajo del actor, el que ascendía a $2.500, lo cual se encuentra -según sostiene- plenamente demostrado por las pericias y la copiosa documentación de autos, por lo que considera que, el fallo que no toma como base para la elaboración de los importes adeudados el monto que realmente percibía el trabajador deviene arbitrario.

III.2) Argumenta, el fallo entiende que la renuncia realizada ante escribano público por el actor es valida en los términos del articulo 241 de la LCT, y que para sostener su invalidez debía -su parte- haber redargüido de falsedad el acta notarial. Considera errónea la aplicación del precitado artículo por cuanto no se trata de un acuerdo concertado entre las partes. Se trata tal como la propia acta notarial la titula "Renuncia laboral efectuada por el Sr. Correa", considerando que la renuncia en si es invalida por vicios en el consentimiento.

Con tal argumento, el recurrente entiende que no se cuestiona el acta notarial en su aspecto formal, sino la validez de la renuncia por vicios del consentimiento. No se ataca la formalidad del acto sino su parte sustancial. Sostiene que, prueba de la presión a que se vio sometido el actor, fue presentada por la misma contraria en otra acta notarial (fs. 334), en donde se describe lo que sucedió y ello concuerda con lo detallado en el escrito de interposición de demanda y que la misma no fue objeto de análisis al demandar porque el actor no contaba con dicha acta.

Razona, el fallo que ataca por el contrario ha centralizado la segunda cuestión en el simple hecho de que el instrumento era una intervención notarial, encuadrándola en los términos del artículo 241 de la LCT, lo que es inexacto, ya que no se formalizó acuerdo alguno entre las partes, sino que se renunció por ese medio y se acepto la renuncia.

A continuación, el recurrente, partiendo de la premisa de que la renuncia es un acto unilateral y voluntario del trabajador y que no necesita ni admite aceptación por parte del empleador, realizó diversas citas doctrinarias y jurisprudenciales provinciales y local que -considera- abona el derecho de su parte, concluyendo, resulta ajustado a derecho declarar la nulidad de la renuncia, con el derecho del trabajador a la percepción de los rubros reclamados.

III.3) Sostiene, que de ser reformulada las cuestiones de base que su parte sostiene, consecuentemente deberán reformularse la base para la regulación de honorarios, la que también deberá anularse por no ser ajustada a derecho.

IV.- Siguiendo los lineamientos con que ha sido formulado el planteo recursivo, la primera cuestión a dilucidar es si la sentencia aplica falsa o erróneamente normas de derecho incurriendo en contradicción, lo que convertiría al fallo en arbitrario, tal como sostiene el impugnante.

El A quo, luego de analizar los términos en que había sido planteada la litis, afirmó en su considerando: "2.1. Según surge del acta notarial nº 9 acompañada por el actor a fs. 18 y no "redargüida de falsedad", el Sr. Correa quien se desempeñó como fletero y vendedor de la Empresa Obra Plus S.A. renuncia laboralmente a la misma reconociendo haber cobrado facturas de la sociedad y no haberlas rendido a su debido tiempo, declarando además que no existe deuda alguna..." (fs. 569 penúltimo párrafo).

Desde esa óptica, determinó: "...la relación jurídica que vinculó a los litigantes es de naturaleza laboral y no comercial no existiendo pruebas que desvirtúen ésta circunstancia, ya que los servicios del actor fueron cumplidos en forma personal e intransferible, concertando ventas y cobrando facturas en representación y por cuenta de la demandada y no a nombre propio, sin que exista elemento de juicio que demuestren la existencia de que José Patricio Correa se valiera de una organización comercial de su titularidad para cumplir dicho cometido" (sic fs. 569 vta. primer párrafo).

En base a tal consideración, estimó que resultaba operativa la presunción del artículo 23 de la LCT como instrumento legal, desde la fecha declarada por el actor conforme apercibimiento del artículo 61, 2º del CPL (es decir 01/02/2000 como esta pedido en la demanda), para luego sostener que tal relación se inició el 01/11/2002 por ser la fecha a partir de la cual se tiene registro documentado de las tareas de "vendedor" del actor.

Luego, el tribunal de grado -al tratar la segunda cuestión- consideró que la renuncia del actor, contenida en el acta notarial de fs. 18 es válida de conformidad a lo normado por el artículo 241 de la LCT (desvinculación por acuerdo de partes).

De los párrafos transcriptos, entiendo que la primera cuestión de derecho a analizar es si correspondía "redargüir de falsedad" el acta notarial nº 9, que el actor acompaña con su demanda por la cual renuncia a su empleo, lo cual es aceptado por el apoderado de la empresa en nombre y representación de ésta y que, el impugnante aduce que la misma no es válida en los términos del artículo 240 de la LCT.

La renuncia voluntaria del actor, fue materializada por escritura pública con la presencia de la Escribana Pública de Registro, por lo tanto nos encontramos ante un instrumento público en los términos del articulo 979 inciso 1° del CC. Aceptado el carácter de instrumento público del acta, corresponde pronunciarse acerca del valor probatorio de su contenido, específicamente, en lo referente a la renuncia presentada a través de este instrumento público, a los efectos de determinar si la misma se encuentra o no aprehendida en los términos del artículo 993 del CC y cual es el procedimiento impugnativo que corresponde emplear para atacar dicha acta.

Sabido es que no todas las cláusulas de un instrumento público gozan de la misma fe, y así, se debe distinguir entre: a) aquellas referidas a los hechos cumplidos por el oficial público o pasados en presencia suya, respecto de las cuales el instrumento hace plena fe hasta que es argüido de falso por acción civil o criminal, porque en ese caso es el propio oficial quien da fe de que ha hecho, visto u oído; b) expresiones de las partes sobre haber ejecutado el acto, convenciones, disposiciones, pagos, etc., o sea la verdad o sinceridad de las manifestaciones, que hacen fe, pero sobre estas, basta la simple prueba en contrario.

Entiendo, que el acta nº 9 por la cual el actor presentó su renuncia, por ante escribano público, no pasa de ser una simple manifestación de parte, que hace fe, hasta la simple prueba en contrario, por lo que no correspondía redargüirla de falsedad, por el contrario resultaba necesario su análisis y evaluación con las distintas prueba aportadas en autos por las partes, a los efectos de determinar su validez y legalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 y 240 de la LCT y no descartarla con una simple expresión dogmática, sin dar razón de sus dichos.

No correspondía encuadrar la misma en los términos del artículo 241 de la LCT (desvinculación por mutuo acuerdo), por tres razones: 1) porque el acta notarial habla de renuncia y no de acuerdo entre partes (ver fs. 18); 2) por la forma en que había quedado trabada la litis (actor que dice renuncia coaccionado y demandado que no lo reconoce como empleado subordinado, entendiendo que la relación entre ellos es de carácter comercial y no laboral) y 3) por no encuadrar, la renuncia presentada a través de un acta notarial, entre las formalidades que la LCT exige, para su presentación, en su artículo 240 (telegrama o ante autoridad administrativa). Por lo tanto, resultaba imposible aplicar el artículo citado precedentemente para tener al actor por desvinculado por acuerdo entre partes.

Como vemos, en el presente caso, se han aplicado falsa o erróneamente normas de derecho sustantivo, con absoluta omisión de considerar los términos en que había quedado trabada la litis, lo que acarrea inexorablemente la nulidad de la sentencia en crisis conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta ajustada a derecho la sentencia que, atento las constancias de autos efectúa una incorrecta aplicación del artículo 241 de la LCT y 993 del C.C., al caso de autos". Así lo declaro.

Por lo expuesto, entiendo corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora en contra de la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 24 de junio de 2008, obrante a fs. 566/571 de autos Atento a la conclusión nulificante a que se arriba, estimo inoficioso el tratamiento de los restantes agravios. Por consiguiente, corresponde remitir los autos al mencionado tribunal a fin de que, por la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo, con arreglo a lo considerado, dejando debidamente aclarado que lo aquí decidido en modo alguno significa señalar el sentido u orientación del nuevo pronunciamiento.

V.- Atento que el vicio que motiva la casación proviene de la actuación del órgano jurisdiccional, las costas del recurso deberán ser soportadas por el orden causado (art. 49 CPLT y 106 inc. 1° del CPCyC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo Sala III de fecha 24 de junio de 2008, obrante a fs 566/571, en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos, debiéndose remitir los autos a dicho Tribunal, a fin de que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.