marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cargo político, competencia laboral, tutela sindical, delegado gremial, Superior Tribunal de Justicia, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña, Juan Carlos c/ Honorable Legislatura de la Provincia de Formosa s/ Acción de reinstalación Provincia de Formosa s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-05-21

La competencia asumida por el Tribunal del Trabajo surge nítida toda vez que la acción instaurada de reinstalación prevista en el artículo 52 de la Ley 23.551 de Asociaciones Profesionales para la tutela de los derechos sindicales esgrimida por el accionante pretendiendo proteger su condición de delegado gremial resulta ser de eminente materia laboral. Y, es que la Ley 23.551 en su artículo 48, no excluye su tutela sindical a los empleados que detentan cargos políticos en los poderes públicos, sino por el contrario los contempla expresamente, y en consecuencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de dicho cuerpo legal en función del artículo 63 de dicha ley nacional, el tribunal "a-quo" -ante el que se articuló la acción- resulta ser el tribunal con competencia al habérsele así atribuido por la normativa mencionada en forma expresa, que tiene carácter de orden público. Competencia que está vedada a este Alto Cuerpo, en definitiva, por lo dispuesto en el art. 167 de la Constitución Provincial y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impiden la intervención originaria en cuestiones de derecho del trabajo. Que a la luz de lo expuesto, resulta que a la Honorable Legislatura le cabía el deber de accionar la exclusión de tutela establecida en el artículo 52 de la Ley 23.551 como medida previa a la limitación de funciones efectuadas en esta causa, con basamento en las facultades discrecionales que ella misma menciona y atento al carácter político del cargo de Prosecretario del actor. Y, ello es así, en tanto dicho Ente oportunamente fue comunicado de la asunción como delegado gremial del actor, cargo que detenta hasta la actualidad. No habiendo pues la Honorable Legislatura dado cumplimiento a las normas de la ley mencionada, le cabe sea responsabilizada de tal omisión. (Fundamento del Dr. Carlos G. González)
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorino Augusto Marcelo c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

La ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts. 1, 3 y 4 del decreto 1694/2009 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras, y más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal. El texto del art. 17.5, al establecer que "las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero" entrarían en vigencia a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, no dejó margen alguno para otra interpretación. Este es el criterio que sostuviera el Máximo Tribunal en el Fallo "Espósito". Este razonamiento alcanza al adicional regulado en el art. 3 de la ley 26.773, puesto que, no obstante el impedimento de la aplicación retroactiva de la ley, en el caso se trata de un accidente in itinere, supuesto excluido del artículo de referencia, como lo entendiera la Corte. (Del voto del Dr. Pesino, en mayoría).
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, prueba documental, factura, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ MIGUEL c/ ANTONIO BARRIOS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 329)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-06

No habiéndose cuestionadoel hecho del accidente ni su responsabilidad, procede hacer lugar a la suma reclamada en la demanda sobre la base de la factura por los gastos ocasionados, aunque ésta no haya sido reconocida, si los daños a que ella se refiere coinciden con las constancias del acta policial y de la pericia mecánica.
Acción civil en el proceso penal, homicidio culposo, querellante, legitimación activa, daños y perjuicios, daño material, gastos médicos, indemnización, prueba
Materia: PENAL
Carátula: FARIÑA, Pedro C. s/ QUERELLA  -  LEGITIMACION  PARA  ACTUAR  - HOMICIDIO CULPOSO - ACCION  CIVIL - DAÑO MATERIAL - DAÑO MORAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-14

1) Los querellantes (padres de la occisa, víctima de homicidio culposo), tienen legitimación activa para reclamar la indemnización por daño material, aunque las facturas por gastos de sanatorio, análisis y honorarios médicos hayan sido extendidos a nombre de la occisa y no de los querellantes, ya que la designación nominal que ostentan dichas constancias responde a los usos habituales de plaza en ese rubro.

Por otra parte, los querellantes gozan de la presunción "juris tantum" de haber afrontado personalmente el pago, por su íntima vinculación con la occisa y el simple y notorio hecho de la tenencia de las facturas que certifican la cancelación de la deuda.

Y aunque los gastos se hubieran abonado con dinero de la víctima, permanecería de todos modos incólume la legitimación cuestionada, porque los reclamantes son también herederos forzosos de aquélla y en esa alternativa, tienen habilitada su pretensión "jure hereditatis" por aplicación del art. 3417 C. Civil.

2) Si bien la vida humana carece de valor económico "per se", pues ella no constituye un bien, en el sentido del art. 2312 C. Civil, sino un derecho extrapatrimonial de la personalidad, la privación de la vida humana puede producir en cambio, perjuicio económico cierto, por determinar generalmente el cese anticipado de una actividad productiva que puede incidir en desmedro de otro patrimonio.

3) En principio quien invoca un daño debe probarlo, pero tratándose de la esposa y herederos forzosos del muerto, ello no es necesario para que tengan derecho a la indemnización establecida a su favor pues el régimen de excepción de los arts. 1084 y 1085 C. Civil acuerda la acción indemnizatoria a las personas allí mencionadas, debido a su estrecho vínculo con la víctima directa del hecho ilícito, sin necesidad de acreditar el daño, ya que la ley presume la existencia de un perjuicio cierto, dejando sólo librado a la prudencia de los jueces, de acuerdo con las particularidades del caso, la fijación del monto del resarcimiento y el modo de satisfacerlo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, competencia, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, Derecho laboral, trabajador, convenios colectivos de trabajo, leyes, interpretación sistemática
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

Los jueces de Primera Instancia en lo Laboral que han entendido ser competentes para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes, han utilizado, entre otros argumentos, la adscripción de la relación al régimen de Convenciones Colectivas de Trabajo que parecen inferir de la actividad misma, por lo que recurren al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, parecen olvidarse que los textos normativos citados cuando refieren al régimen convencional, no pueden sino remitirse a la Ley 14250 que, ni antes de la reforma de 1988 por vía interpretativa, ni luego de la misma en consonancia con los párrafos 2 y 5 que fueran agregados a su artículo 1 por la ley 23545, permite colegir que las empresas del estado o los entes públicos se vean alcanzados, sin intervenir en el acuerdo, por los efectos normativos de las cláusulas pactadas por la representación patronal privada. (De los Fundamentos del Dr. Machado). En el caso la cuestión a resolver es:

¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Recurso extraordinario, cuestión federal, planteo oportuno, jurisprudencia
Materia: PENAL
Carátula: JESICA ROMINA LEDESMA c/ SANTILLAN ROBERTO s/ S.D. HOMICIDIO - RECURSO EXTRAORDINARIO-CUADERNILLO EJECUCION  SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-08-15

Palacios califica al planteamiento de la cuestión federal como un "antecedente necesario" para la admisibilidad del Recurso Extraordinario. Es decir formulada una pretensión o una defensa por las partes contra una sentencia, en la primera actuación procesal posible, deben expresar todo el derecho federal que se refiera a sus distintos puntos de vista. Este postulado jurisprudencial, debe entenderse en el sentido de que la cuestión federal debe introducirse en el primer momento oportuno que pueda ser previsto en forma razonable.
Daños y perjuicios, daño moral, prueba, apreciación de la prueba, libre convicción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Benitez, Damaso c/ Asociación Mutual de la Policía de Formosa s/ Ordinario Formosa s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-10-03

El monto fijado en concepto de daño moral, no requiere prueba alguna, siendo facultad judicial su determinación en base a lo establecido en el art. 165 C.P.C.C. y para fijar el monto de dicho resarcimiento en metálico, es menester considerar en primer término la gravedad objetiva del daño, que surgirá de los elementos probatorios arrimados al proceso.
Contrato de trabajo, trabajador en relación de dependencia, suspensión del contrato de trabajo, suspensión del trabajador, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: B.G.H. S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

Las causales previstas en los arts. 218 y siguientes de la L.C.T. suspenden los efectos del contrato de trabajo. Por lo tanto, vigente la suspensión, no existe remuneración, y el importe que voluntariamente y por razones de cualquier índole realice el empleador, encuadra en el llamado salario social, y por ende, no procede la formulación de cargos contra ellos.
Relación de dependencia, presunciones, medios de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA JUSTO FERMIN c/ U.T.E.P.S.E. Y/O RESP. s/ DIFERENCIA DE HABERES ETC. - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-02-27

Constituye una obligación para los jueces del trabajo acudir a la pauta de interpretación de los hechos del proceso prevista en el art. 14 de la LCT en el sentido de que la apariencia de normas contractuales no laborales no puede impedir la aplicación del régimen protectorio cuando se verifique que bajo ellas subyace en verdad una relación de trabajo dependiente. Es decir que debe aplicarse el principio de la primacía de la verdad real para identificar la figura legalque rige el caso. Para ello la verdadera guía de razonamiento son los hechos, las circunstancias y las modalidades de la prestación evaluada en cada caso dejando de lado los convenios, contratos firmados, documentación y hasta la denominación asignada por las partes a la relación.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, cosa juzgada
Materia: LABORAL
Carátula: Pelaiz, José María c/ La Unión Agrícola Cooperativa de Seguros ltda. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

A los fines de los recursos extraordinarios es definitiva la sentencia que rechaza la excepción de cosa juzgada.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, caducidad de instancia, llamamiento de autos, tasa de justicia, integración de la tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Berger, Gustavo c/ Raselli, Luisa Teresa y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Corresponde dejar sin efecto la decisión que declaró la caducidad de la instancia sin tener en cuenta que el demandante no estaba obligado a realizar periódicos pedidos de autos para sentencia, pues el juez interviniente había supeditado el dictado de esa providencia a la previa acreditación de que no se adeudaba el sellado oficial.
Multa procesal, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: LUIS ARTEMIO VEGA c/ LUISA TAMARA OYARZUN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS  EXPTE. N. V-11299-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-07

El artículo 45 del Cód. Proc. C.C. en que fundamenta el a - quo su sanción faculta a aplicar sanción a la parte perdidosa y su letrado cuando su conducta se calificará como temeraria o maliciosa, pero no puede, considerarse como tal la omisión de proporcionar un dato que facilite el cumplimiento de las pretensiones de la contraria.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Credicoop Ltdo. c/ Rey, Fernando G. y ot. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-20

Ese término de cinco días para articular la nulidad, se debe contar desde el momento en que el nulidicente tuvo noticia del acto viciado, y no desde la oportunidad en que recién advirtió la presunta irregularidad. Al respecto esta Cámara tiene dicho que el conocimiento emerge de todo signo o actuación inequívoca de quien cuestiona la validez del acto que exteriorice tal procedimiento.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, principio de legalidad, debido proceso, secuela de juicio, Constitución Nacional, leyes, interpretación sistemática, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

Respetando el principio de legalidad sustancial, que domina todo lo referido a la incriminación y condena en el ámbito del proceso penal, debe inferirse que en el tema debe imperar una interpretación judicial restrictiva y por ello se ha resuelto que "aceptar la noción amplia de la secuela de juicio significa dejar de lado los principios de legalidad y del debido proceso". El juicio nacerá y será tal en el marco del art. 18 de la Constitución Nacional, a partir de la pretensión fiscal. Con idéntico sentido confluye en esa línea la reforma constitucional del año 1994, que incorpora con rango de ley máxima, a los tratados internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc., 22.) como Pacto de San José de Costa Rica (que concede el derecho al sospechoso de ser juzgado en plazo razonable); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts. 25 y sig.) (acceso a la justicia mediante procesos breves y garantistas) y Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional. Finalmente, razones de política criminal, también tornan conducente adoptar dicho criterio, ya que facilitaría paliar el abarrotamiento de causas existente en algunos juzgados penales en virtud del desborde laboral, emanado de las numerosas causas, en las que no obstante el tiempo transcurrido, no fue posible cumplimentar la requisitoria de elevación a juicio. (De la Disidencia del Dr. Pangia)
Acto administrativo, juegos de azar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CODERE ARGENTINA S.A. c/ PROPIETARIOS O EXPLOTADORES DE MAQUINAS DE JUEGOS DE AZAR s/ ACCION DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-15

Cuando el acto de otorgamiento de concesión de la explotación de juegos de azar se dicta por el órgano administrativo competente en ejercicio de facultades legales, y ceñido a un criterio de razonabilidad, la valoración sobre el mayor o menor perjuicio que implique esa clase de juegos, la valoración sobre elmayor o menor perjuicio que implique esa clase de juegos, sobre la oportunidad o conveniencia de su funcionamiento, se remite a un campo privativo de los poderes políticos,que los jueces no pueden revisar,en principio, sin vulnerar el equilibrio de los poderes del Estado. Ello, sin perjuicio de la conveniencia de dejar a salvo por parte del juzgador, la reserva que pudiera tener con relación a la incidencia social de ciertos fenómenos, como los juegos de azar.-
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garrido, Jorge Eduardo c/ Cacabelos, Daniel O. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

La necesidad de garantizar la recaudación de las cajas previsionales, ha dado origen a las interpretaciones prácticas que, a veces apuntan contra el propio interés sustancial de los justiciables y repercuten sobre sus letrados. En las épocas de inflación es deber de los jueces compatibilizar los principios de garantía previsional de los abogados, con el derecho constitucional de propiedad de las partes, actuando en la ocasión con la premura del caso. Tan es así, que la Suprema Corte de Justicia de la Pcia.

de Bs. As. modificó el art. 9 de la Ac. 2139 con la siguiente directiva "ordenada la extracción, cuando la suma sea dada en pago, se procederá en forma inmediata a la expedición del giro o formulario del libramiento" (art. 20 de la ley 6716, mod. por ley 10268).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mackentor  S.A. c/ O.S.N. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Más allá de los supuestos relacionados con la aplicación del art.

1112 del Código Civil, corresponde admitir la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos que originan perjuicios a los particulares.
Defensa, escritos judiciales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: García, Miguel A. s/ Nulidad Procesal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

Es nulo es escrito de defensa que pretendiendo oponerse a la acusación, de ningún modo la contesta, no constituyendo una pieza razonada, limitándose a reseñar las actuaciones, transformando así el juicio contradictorio en puramente formal, ya que ni siquiera ofreció prueba, ni apeló la sentencia condenatoria.
Contrato de trabajo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: MORENO, HUMBERTO c/ RIO MANSO S.R.L. s/ INDEMNIZACIONES, S.A.C. Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-08-04

Debe considerarse extemporánea una intimación a que se aclare su situación laboral, luego de 14 días de haber sido notificado de la conclusión del trabajo contratado.
Habilitación de instancia, aplicación de la ley tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: S.A.E Y P.I. Suc. Arg. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-06

Para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, se hace necesario reunir los recaudos de admisibilidad específicos, que la doctrina ha englobado bajo la denominación de condiciones de "habilitación de la instancia" y que comprenden particularmente la exigencia del agotamiento de la vía administrativa o la reclamación administrativa previa, y el cumplimiento de plazos de caducidad, entre otros. Y si bien aquellos varían según la legislación, el Código Fiscal, precisamente los exige.
División de condominio, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Rosas Arjona, Diómedes Edilberto y Otros c/ Nores Martínez, Agustín Ichiro s/ División de Condominios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-08-04

"Si bien en las acciones de división de condominio las costas deben correr por su orden en proporción al interés de cada condómino, pues resolver de otro modo importaría tanto como obligar a alguno de los comuneros a recibir mermada su parte sin motivo que lo justifique, para ello es necesario que el demandado se haya allanado y con su actitud no haya causado la necesidad de recurrir a la vía judicial para lograr la partición del bien común".
Prueba confesional, confesión extrajudicial, prueba compuesta, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: Cepeda, José M. y otros s/ Asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

No puede extraerse una presunción de mendacidad de la pura circunstancia de que el procesado haya declarado de una manera en sede policial y más tarde haya cambiado esa declaración, por lo que carece de la entidad indispensable para integrar la prueba compuesta.
Defensa del consumidor, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, oferta al consumidor, precio, información al consumidor, falta de información
Materia: COMERCIAL
Carátula: Huayun Xie c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ otras causas con trámite directo ante la Cámara de Apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

La responsabilidad del empresario por cumplir con los mandatos legales, no puede allanarse porque los clientes muevan los precios al comprar sus productos o en razón que por un proceso inflacionario deba actualizar los precios continuamente, toda vez que es obligación de aquél arbitrar los medios -por cierto, posibles- para dar cumplimiento a la exigencia de que los precios se encuentren fijados en los productos.
Tasas de interés, tasa activa, intereses moratorios, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-20

1- Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios "Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios" del 2/8/93 y "Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios" del 23/3/04.

2- Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio.

3- Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

4- La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez, Elda Alicia c/ Empresa de Transportes Los Andes  S.A.C.E.I. s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Con excepción de las materias explícitamente asignadas a la Justicia Comercial, la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal "única" (art. 1 de la ley 23.637) es competente para conocer en todas las cuestiones en que lo eran hasta entonces la Justicia Civil y la Justicia Especial en lo Civil y Comercial.
Derecho público, Derecho administrativo, contratos, incumplimiento del contrato, contratos administrativos, excepción de incumplimiento contractual
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berron, Roberto Jesús c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad (Expte. CSJ Nro.   660-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-27

En el Derecho Público, y en especial en el Derecho Administrativo, es predominante la opinión de que la exceptio non adimpleti contractus no puede ser trasladada ni aplicada respecto de los contratos administrativos, aún cuando se reconoce la existencia de criterios favorables a su aplicación, en mayor o menor grado, a estos contratos.