Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04


--- En la ciudad de Trelew, a los 04 días de Mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones bajo la Presidencia a cargo del Dr. Carlos Alberto Velázquez y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos Dante Ferrari, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L. , A. M. y Otro c/ M. A. CIA. DE SEGUROS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. nº 20001 - año: 2006). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada?; SEGUNDA: ¿Deben modificarse los honorarios regulados en la anterior instancia? y TERCERO: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 214. --- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: --- --- I. La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 167/171) -con su aclaratoria de fs. 180- hizo lugar a la demanda entablada, condenando a M. A. Compañía de Seguros S.A. a abonar a los actores la suma de $ 56.600.- con más sus intereses, imponiendo las costas a la vencida. --- II. El fallo es apelado por ambas partes. La demandada funda su recurso a través de la pieza glosada fs. 194/198 vta. -respondida por la contraparte a fs. 206/210- y la parte actora lo hace mediante el escrito de fs. 200/204. - --- III. Agravios de la demandada: --- --- Los aspectos que causan gravamen a esta apelante son, en síntesis, los siguientes: 1) la atribución de responsabilidad contractual a su parte; 2) la indemnización por privación de uso concedida a los actores; 3) la ausencia de pronunciamiento acerca de la "baja" del rodado; 4) la imposición de las costas.

--- IV. El recurso de la parte actora: --- Esta apelante expone tres motivos de agravio: 1) el valor del rodado tenido en cuenta para indemnizar el perjuicio contractual; 2) el monto concedido a título de "privación de uso"; 3) el rechazo del reclamo por lucro cesante. -- --- VI. Razones de método aconsejan abordar en primer término los primeros dos agravios de la demandada, en vista de su potencial proyección sobre la cuestión de fondo debatida y el resultado del pleito. Al tratar los agravios ya sintetizados me referiré a las argumentaciones planteadas por la recurrente, a fin de pronunciarme sobre ellas en cada caso. - --- a) La responsabilidad contractual atribuida en el fallo: --- El argumento central desarrollado por la apelante finca en que no existió incumplimiento de su parte, ya que según lo establecido en la cláusula 16 de la póliza, para obtener la indemnización correspondiente los asegurados debían entregar a la Aseguradora la documentación del vehículo siniestrado, y mientras no lo hicieran, los plazos para abonar la póliza están suspendidos, conforme a lo establecido por el art. 46 de la Ley 17.418. Afirma que los actores nunca dieron cumplimiento a esa cláusula, y que no puede equipararse la entrega ya citada con la "indicación acerca de dónde se encuentra la documentación", tal como se limitaron a hacerlo en su comunicación, según está acreditado en autos. En consecuencia, el pago de la indemnización se hallaba en suspenso y su parte nunca estuvo en mora.

--- En mi opinión, esta crítica no logra mellar el razonamiento observado por la sentenciante de primera instancia. Lo reseñaré brevemente a fin de exponer las razones que me llevan a sostener esta postura. --- Conforme a las constancia de la causa, el siniestro produjo un daño total al automóvil de los actores, circunstancia reconocida expresamente por la Aseguradora en su contestación (fs. 75 vta.). A partir de aquí surgen las encontradas versiones de los litigantes, por cuanto mientras los actores sostienen que la demandada fue dilatando el cumplimiento de su obligación, obligándola finalmente a intimarla en forma documentada a tenor de las comunicaciones acompañadas con la demanda, la Aseguradora aduce a su turno que efectuó "reiterados reclamos" a los asegurados para que hicieran entrega de la documentación conforme a lo previsto por la cláusula 16 de la póliza con resultado infructuoso. Al decidir este artículo, la juzgadora a quo tuvo por cierto y probado: 1) que mediante carta documento los asegurados cumplieron con su carga de poner a disposición de la compañía de seguros en una escribanía la documentación requerida para cumplir con la transferencia de los restos del vehículo; 2) que al propio tiempo ejercitaron la opción contractual prevista en la cláusula 9-III de las condiciones generales de la póliza, a fin de que se les entregara otro rodado igual al destruido; 3) que el acreedor prendario dio su expresa conformidad para ejercitar dicha opción; 4) que la recepción de dicha pieza no ha sido discutida; 5) que conforme a los arts. 49 y 56 de la Ley de Seguros, el asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la información complementaria prevista en los párrafos 2° y 3° del art. 46; 6) la omisión de pronunciarse, según el art. 56 ya citado, importa aceptación, y al no existir constancias en la causa de que la Aseguradora haya respondido, su silencio importó la aceptación de reemplazar el auto siniestrado por otro de igual marca y demás características de aquél; 7) vencidos los plazos legales sin haber cumplido, la demandada se encuentra en mora desde entonces, por lo que la pretensión indemnizatoria debe prosperar. - Frente a esta construcción lógica, la objeción basada en el incumplimiento de entrega de la documentación que la apelante reprocha a los actores no resulta convincente. Cierto es que la cláusula 16 expresa que la indemnización "queda condicionada a que el Asegurado entregue al Asegurador los documentos que se enuncian en el anexo agregado a esta cláusula" (ver póliza - fs. 9). Mas nada explica cuál era el obstáculo o impedimento de la demandada para retirar la documentación ofrecida, salvo interpretar que se trató de una manifiesta violación al principio de buena fe contractual. Y opino que eso sucedió en el caso. Daré razones. - --- En primer lugar, no debe perderse de vista que con la comunicación de los asegurados destinada a ejercitar la opción prevista en la póliza (conf. carta doc. de fs. 31), comenzó a correr el plazo previsto en el art. 56 de la Ley 17.418 para que la Aseguradora se pronunciara acerca del derecho de aquéllos. En ese contexto, dada la consecuencia sustancial que implicaba su silencio (aceptación del derecho reclamado), si la Aseguradora consideraba imprescindible que los asegurados hicieran entrega de la documentación en la sede de la compañía y pretendía evitar su caída en mora, entonces pudo -y debió, en todo caso- intimar a aquellos a obrar en tal sentido, de acuerdo al derecho que le confería en todo caso la regla del art. 1201 C.Civil. Es que en las obligaciones recíprocas, sólo cae en mora el que no cumple o no se allana a cumplir la obligación que les es respectiva (art. 510, C.Civil). Mas de los antecedentes causídicos puede observarse que, lejos de ser necesaria esa intimación, los asegurados no sólo se avinieron a cumplirla en forma anticipada, sino que llegaron aún más allá, al poner dicha documental de manera efectiva a disposición de la demandada, depositándola en una escribanía. Por esa misma razón, bien se ha dicho que una de las partes incurre en mora cuando la otra cumple su obligación u ofrece cumplirla simultáneamente (conf. Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado...", t. 2 - pág. 608 - Astrea, 1987 y cita de fallos), que es precisamente lo acontecido en la especie. Aquí creo necesario agregar que este procedimiento sucedáneo de la entrega efectiva halla cuanto menos una primaria explicación en la anterior conducta renuente, morosa e injustificada de la Aseguradora. Tampoco puede soslayarse que mientras la entrega de la documentación constituía una obligación pura y simple -esto es, no sujeta a ninguna modalidad en particular (conf. art. 527, C.Civil; su doctrina)- la de dar respuesta al requerimiento de los asegurados, en cambio, estaba sometida a plazo cierto y determinado (conf. arts. 46, 49 y 56, Ley 17.418), máxime si se tiene en cuenta que el asegurador incurre en mora por el mero vencimiento de los plazos (art. 51 in fine, Ley 17.418), lo cual comprometía a la Aseguradora a obrar en la emergencia de manera adecuada y diligente, conforme a las circunstancias particulares del caso. - Por otra parte, en el cotejo de las obligaciones recíprocas a cumplir dentro del contrato, no puede dejar de ponderarse que la entrega de documentación era una obligación accesoria del asegurado, ya que la principal -y por entonces ya cumplida- era el pago de la prima del seguro, mientras que el pago de la indemnización, en cambio, constituía la obligación principal de la Aseguradora. Señalo esta circunstancia por cuanto si la demandada pretendía escudarse en ese incumplimiento parcial (exceptio non rite adimpleti contractus), resulta notoria su actitud abusiva, ya que para justificar la procedencia de este resguardo, el incumplimiento de la contraparte debe ser grave, lo cual también halla fundamento en el principio de buena fe contractual (conf. Belluscio-Zannoni - ob. cit., t.5 - pág. 952/954). Bajo este prisma, además de que el depósito de la documental en la escribanía por parte de los asegurados era un claro ofrecimiento dar cumplimiento a ese requisito, se aprecia claramente falta de equivalencia entre ambas obligaciones, requisito también aplicable a los incumplimientos parciales, y bien se ha dicho que esta excepción debe ser aplicada con cautela para evitar que frente a un ínfimo defecto en la ejecución de una de las partes contratantes, pueda la otra eximirse de satisfacer sus propias obligaciones (ob. y tomo cit. - pág. 956). Sobre esta mismo enfoque del principio de equivalencia las prestaciones, hace ya más de un cuarto de siglo la jurisprudencia tuvo ocasión de expedirse sobre el punto, al sostener que "el incumplimiento de la obligación de entregar la documentación no reviste gravedad suficiente en orden a condicionar el pago de la indemnización, aun cuando pudiera generar un daño resarcible. La inejecución de aquella obligación periférica no puede afectar el cumplimiento interdependiente de las obligaciones fundamentales del contrato en razón de su finalidad económico típica. No habiéndose controvertido la reciprocidad de la asunción del riesgo a cambio del pago de una prima en virtud de un interés asegurable (arts. 1° y 2°, ley 17.418), tampoco puede afectarse esa fundamental estructura sinalagmática por la inobservancia de recaudos ajenos a la causa del negocio" (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E o 20/10/1981 o F. , C. A. c. T. . Coop. de Seg. Ltda. o La Ley Online). -- Las reflexiones precedentes apuntan a valorar las conductas de ambos contratantes y en esta etapa han pasado al plano puramente teórico, en tanto la Aseguradora no hizo ejercicio en aquel momento oportuno de la excepción de incumplimiento parcial -como bien lo destacara la juzgadora a quo, no hay constancias en autos de que la demandada se haya pronunciado frente al reclamo de los actores, optando por guardar silencio- y ya no resulta proponible en la especie, por tratarse de una acción por daños y perjuicios fundada en el incumplimiento, supuesto que no admite la oposición de esta defensa (conf. ob. y tomo cit., pág. 954), y así fue correctamente declarado en la sentencia (conf. fs. 168 vta.). --- Con criterio que comparto, se ha sostenido asimismo en situaciones análogas que " en virtud de lo previsto en el art. 56 de la ley 17.418, la aseguradora tiene el deber de pronunciarse acerca del derecho del asegurado dentro de los treinta días de recibida la denuncia de siniestro, o en su caso, de la información complementaria que podría haber sido exigida conforme el art. 46, párrafos 2 y 3 del mismo cuerpo normativo y la falta de pronunciamiento dentro del lapso indicado, crea la presunción iures et de iure de reconocimiento del derecho del asegurado con arreglo a la citada disposición", agregándose que "resulta extemporáneo el pronunciamiento de la aseguradora respecto a la existencia de mora de su contraparte en el pago de las primas, toda vez que fue emitido con posterioridad al plazo establecido por el art. 56 de la ley 17.418, lo cual torna inoponible esa defensa" (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E o 26/08/2005 o L. , F. C. c. L. S. Coop. Ltda. De Seguros Generales o La Ley Online - en la misma línea interpretativa, ver Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B o 30/06/2003 o Clas, Victor J. c. L. B. A. C. A. de Seguros o LA LEY 2004-B, 1022; id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A o 03/07/2003 o A. de C. y G. S.A. c. C. C. S.A. o La Ley Online; entre muchos otros). - --- Al referirse a la valoración judicial de las conductas contractuales, Rezzónico puntualiza algunos aspectos que estimo conducentes a propósito del caso que nos ocupa. En primer lugar, alude al llamado comportamiento autorresponsable, a propósito de las convenciones donde existe una relación de poder desigual y potencialmente abusivo. Dentro de este marco, quien se desempeña en el mundo negocial -como sucede con la demandada, compañía de seguros - debe observar una conducta diligente, "sirviéndose de medios adecuados de emisión y comunicación; tiene, además, el deber de estar consciente del significado y del valor vinculante del acto que realiza" (autor cit. - "Principios fundamentales de los contratos" - pág. 178 - Astrea, 1999). En verdad, resulta inverosímil la defensa ensayada por la aseguradora al contestar la demanda al sostener que "nunca pudo liquidarse el siniestro" por cuanto se encontraba "imposibilitada de abonar la indemnización" debido a la falta de entrega de la documentación (ver contest., fs. 77), en tanto dicha documental había sido ofrecida por los aquí actores, identificándose claramente la escribanía donde se hallaba depositada la misma. Mal puede entonces la Aseguradora resguardarse en el alegado incumplimiento de una obligación accesoria, cuando de las probanzas aportadas se desprende que los asegurados, lejos de negarse a cumplirla, pusieron dicha documental a disposición de aquélla. Esta apreciación fluye en directa conexión con el principio de buena fe, rector en materia interpretativa para el juez, por cuanto proviene del orden coactivo, como una manda de orden público establecida en el art. 1198, primera parte, C.Civil (autor y ob. cit., pág. 530 y ss.). En síntesis: puesto que el silencio de la demandada comportó aceptación del derecho de los asegurados a obtener la indemnización en la forma en que habían optado, de conformidad con lo estipulado la póliza, y luego la Aseguradora no hizo entrega del rodado, incurriendo en mora de pleno derecho (arts. 49, 51 in fine, 56 y conc., Ley 17.418), dicho incumplimiento contractual ha generado un perjuicio que debe ser condignamente resarcido (conf. art. 519, ss. y conc., C.Civil; 216 y conc., C.Com.). A mérito de las consideraciones expuestas, propongo la desestimación de este agravio, votando en tal sentido. - --- b) El límite de la póliza, el valor de los restos y la indemnización otorgada:

--- La fundamentación de este agravio bordea la insuficiencia técnica (art. 265, C.P.C.C.), por cuanto procura oponer como límite indemnizatorio el valor cubierto de acuerdo al tope máximo fijado y hacer deducción de los restos del vehículo por no haberse cedido los mismos al asegurador, según lo estipulado en la póliza, con olvido de que nos hallamos precisamente ante un supuesto de indemnización por incumplimiento y no en un pretensión de cumplimiento del contrato de seguro, de manera que dichas argumentaciones no tienen posibilidad de prosperar. - --- Por otra parte, siendo que la demandada debe responder por la frustración culpable del contrato y resarcir en consecuencia los perjuicios causados, no puede perderse de vista que la medida del daño está dada, en primer lugar, por el menoscabo económico que representa para los actores la insatisfacción de la prestación principal incumplida, siendo indiscutible el derecho del contratante perjudicado por el incumplimiento a reclamar que se le reparen los daños, pues en definitiva ello no es sino lo autorizado por las normas generales sobre responsabilidad y no es más que la aplicación del principio de que todo aquel que ocasiona un daño a otro debe resarcirlo (ver en este sentido, Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil" - pág. 62 - Astrea, 1982; id. Gastaldi, J.M., "Pacto comisorio" - pág. 443 - Hammurabi, 1985; entre otros). -- --- Es indiscutible, pues, el derecho de los actores a reclamar la indemnización por el daño contractual causado por el incumplimiento, y la medida económica del perjuicio ya no puede estar dada por las estipulaciones ni los topes dinerarios del contrato incumplido, sino por la real entidad del menoscabo económico, en función del principio de reparación integral (arts. 519, ss. y conc., C.Civil); si bien este aspecto -la cuantificación económica del perjuicio- está íntimamente conectado con los agravios expuestos por la parte actora, de manera que será abordado al tratar los mismos. - En definitiva, opino que el tope indemnizatorio y la deducción de los restos del rodado planteados sobre la base de la póliza incumplida deben desestimarse, y así lo dejo votado. - --- VI. La indemnización concedida a título de daño emergente: - --- A) La sentenciante a quo tomó como medida del resarcimiento por la falta de entrega de un vehículo análogo al siniestrado el valor en plaza de un rodado de iguales características con una antigüedad de un año, como tenía a la fecha en que la aseguradora debió entregárselo (junio de 2002), fijando su monto en la suma de $ 32.300.- según datos de la revista "Info" de junio de ese mismo año (conf. fallo, fs. 169vta./170). La demandada no cuestionó este procedimiento de valuación, limitándose a oponer las defensas ya tratadas en el apartado precedente. Tampoco opuso reparos acerca de dicho método la parte actora, si bien objetó en cambio la cotización efectuada, por haber tomado el precio de un vehículo del mismo modelo pero que data de más de cinco años de antigüedad, que además era el naftero en vez de turbo diesel, lo que, en su opinión, significa un precio final considerablemente menor. Señala que según el informe de A. S.A. glosado a la causa (fs. 136), el valor de un vehículo de esas características y antigüedad a marzo de 2006 era de $ 80.600. - Considero que le asiste razón a la parte actora en su planteo. Es que, en tanto la obligación resarcitoria es una típica deuda de valor, a fin de garantizar una solución justa en términos económicos, corresponde atender al valor actual de la reparación, es decir, que la taxatio debe efectuarse al momento de la sentencia que liquida la medida del daño (conf. Zannoni, E.A., ob. cit.- págs. 212 y ss.). Así lo ha solicitado la parte actora en su demanda (fs. 33, infra) y de las constancias causídicas se desprende, en cambio, que el valor tenido en consideración por la juzgadora a quo se encuentra desactualizado, en tanto ha tomado cotizaciones correspondientes a una fecha muy anterior (junio del año 2002). Sin embargo, como puede observarse, cuando sucedió el siniestro que determinó la pérdida total del rodado, se trataba de un automóvil Megane 2 turbo diesel de 4 puertas con un año de antigüedad. Por lo tanto, el modo de establecer un valor económico lo más aproximado posible para compensar ese desmedro patrimonial de acuerdo al sistema elegido -teniendo en cuenta que ese modelo ya no se fabrica- consiste en determinar el precio de mercado de un vehículo de la misma marca y análogas características al siniestrado, pero con un año de uso computado a la fecha de este pronunciamiento; es decir, a valores correspondientes a marzo/abril de 2006. Este criterio ya ha sido aplicado por el Cuerpo en situaciones similares (conf. mi voto en Expte. 15672 C.A.N.E.; entre otros) y procura atender a un criterio de prudencia y justicia en la valoración del perjuicio económico a compensar por la vía dineraria sustitutiva, atendiendo a las variaciones extrínsecas del daño debidas al curso del tiempo. Así, en concreta alusión al punto, Zannoni expresa que "la destrucción total de un automóvil es un daño de contenido invariable. Pero, en el tiempo, puede variar la medida de valor de ese daño, aumentando ese valor -si, a consecuencia de la evolución de los precios del mercado automotor el valor de reposición del automóvil se eleva- o disminuyendo" (conf. ob. cit., pág. 202). --- --- En el caso bajo examen nos hallamos frente a un público y notorio aumento de las unidades -tanto nuevas como usadas- operado desde el momento de la constitución en mora hasta la fecha, dato que surge de las diversas publicaciones especializadas, que reflejan los precios de mercado y permiten establecer una comparación histórica objetiva. Por otra parte, puede obervarse que el modelo correspondiente a la unidad siniestrada (Megane 2 RXE) ya no se produce, por cuanto la línea Renault lo ha reemplazado por el Megane II, y la versión que más se aproxima a aquélla es el modelo Megane II 1.5 Privilege DCI, por cuanto conserva las mismas características generales: tipo sedán, 4 puertas, alimentación turbo diesel, 100.0 de potencia, dirección asistida, tracción delantera, caja de velocidades manual, equipado con ABS y air bag. Un modelo de estas características, correspondiente al año 2006, tiene un valor actual de mercado de $ 58.500.- según la cotización informada por "Infoauto" que en este acto tengo ante mi vista, de manera que propongo modificar el fallo elevando la indemnización del rubro reclamado a dicha suma, con adición de los intereses ya especificados en la sentencia. --- B) Compensación por privación de uso: --- La cuantificación de este rubro ha sido criticada por ambos apelantes, de manera que trataré sus agravios en forma conjunta: 1) la parte actora insiste en que debió computarse al efecto el valor locativo de un automóvil de similares características durante el período de indisponibilidad, disminuido en un 50% por el consiguiente ahorro de los gastos de mantenimiento del rodado, tomándose como pauta de valuación el precio acreditado en la causa a través de la prueba informativa ($ 417.- por día). Cuestiona que, tras haber decidido que el reclamo debía cubrir el período que se tardara en sustituirlo, la sentenciante haya dispuesto luego el cálculo sólo desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el momento del fallo, siendo que su parte no dispondrá de un vehículo hasta que se le abone la indemnización para su adquisición. 2) La demandada, a su turno, expresa que lo que pudo causar la presunta mora de su parte es la indisponibilidad de la suma asegurada, mas en todo caso el pago de los intereses ya contempla la compensación por esa indisponibilidad, cubriendo así el daño moratorio. Por lo demás -agrega-, la privación de uso del rodado en sí no puede atribuirse a su parte, pues fue originada por el accidente, de manera que no corresponde hacer lugar al rubro reclamado. A todo evento, señala que deberá deducirse del monto acordado por privación de uso los desembolsos y gastos conexos con el mantenimiento del automotor que los actores no debieron abonar durante el período de indisponibilidad del vehículo. - El razonamiento expuesto por la demandada acerca de la función de los intereses en relación a la privación de uso es, a mi juicio, equivocado. Si bien ambos conceptos participan de la misma naturaleza jurídica, por hallar su fuente causal en el perjuicio ocasionado al acreedor debido a un retardo imputable al obligado, cuando la medida del daño provocado y su resarcimiento se traducen en una suma de dinero -como ha sucedido en la especie- el interés fijado como accesorio a dicha suma está destinado a compensar el daño moratorio originado en la indisponibilidad de ese capital. En síntesis, cuando la obligación se convierte en dineraria como obligación de valor por imposibilidad de cumplimiento en especie, los intereses constituyen la consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento de la obligación y son debidos por el mero estado de mora (arts. 509, 622, C.Civil - conf. Llambías, J.J. - "Código Civil...", II-A, pág. 370 - Ab. Perrot, 1979), que en el caso se configuró a partir del vencimiento del plazo legal para el cumplimiento de la obligación, esto es, el 29/06/2002, tal como fuera establecido en la sentencia. -- -- La privación de uso, en cambio, si bien deriva del mismo incumplimiento, responde a un perjuicio de otra índole, pues se refiere a los gastos que debió afrontar el acreedor por la indisponibilidad del vehículo, y están dados por el empleo sustitutivo de otros medios de locomoción o transporte, con los costos económicos consiguientes. En el caso, si bien es cierto que el accidente fue la causa original de la destrucción del rodado, la indisponibilidad del automotor sustitutivo resulta directamente imputable a la Aseguradora a partir del momento en que, ejercitada la opción de los asegurados para ser indemnizados con la entrega de un vehículo similar conforme a la cláusula 9-III de la póliza (fs. 8) y admitido ese derecho por el silencio de la demandada (art. 56, Ley 17.418), esta última no dio cumplimiento a dicha obligación dentro del plazo legal, siendo responsable directa a partir de entonces por el perjuicio causado a raíz de esa privación de uso, vinculado en forma directa e inmediata con la inejecución de la obligación en tiempo oportuno. -- --- Ahora bien: se quejan los actores por la liquidación del daño referido a este rubro, insistiendo en que se les debe indemnizar el valor locativo de un automóvil de similares características. Advierto una evidente contradicción lógica en este planteo, por cuanto, en primer lugar, si ellos efectivamente hubieran rentado un vehículo en forma continua hasta la actualidad, nada les hubiera impedido acreditar ese hecho mediante la presentación de las facturas y recibos correspondientes. Por otra parte, de ser así, carecería de todo sustento reclamar asimismo el lucro cesante del modo según lo han planteado, esto es, basándose precisamente en "la falta de un vehículo para desplazarse en todo momento" por no poder utilizarlo "con carácter permanente" (conf. ampliación de demanda, fs. 44). Pero lo determinante para desestimar el resarcimiento en una suma equivalente al 50% del valor locativo de un automóvil de análogas características al siniestrado radica en el fundamento invocado en el fallo -ausencia de toda prueba respecto a haber alquilado uno y el desembolso implicado- que no ha recibido al respecto ninguna otra crítica concreta y razonada sobre el punto, más allá de calificar la decisión de "arbitraria". No se aprecian, en suma, argumentos sólidos y concretos para apartarse del monto estimado por la a quo ($ 30.- diarios) para cubrir los costos de otros medios de transporte alternativos. --- Debo pronunciarme ahora respecto a la extensión temporal del rubro, en tanto la parte actora sostiene que debe cubrir todo el período que insuma sustituirlo (conf. expresión de agravios, fs. 202 vta., supra), tal como, en efecto, lo solicitara en su demanda (fs. 33 vta.). Considero atendible esta queja, pues como se ha dicho, la obligación de entrega del vehículo ingresó en mora a partir del 29/06/2002 y se trata de un perjuicio subsistente, que sólo cesará cuando los demandantes dispongan de la suma necesaria para adquirir un rodado de similares características, con un año de antigüedad. En consecuencia, opino que debe modificarse el decisorio en este aspecto a fin de acordar la indemnización diaria -con los alcances que luego expresaré- hasta la fecha de efectivo pago de la condena, y así lo dejo propuesto desde ya al acuerdo. --- --- Abordaré a continuación el agravio de la demandada referido a la compensatio lucri cum damno. Estimo que este agravio debe ser atendido. En primer lugar, por cuanto los mismos actores admitieron desde el comienzo que correspondía reconocerles sólo el 50% de los gastos incurridos por este concepto (ver demanda, fs. 43 vta.) y en su pieza recursiva vuelven a manifestarse en idéntico sentido (fs. 203), aceptando dicha deducción "de acuerdo a un cálculo objetivo (de) los montos o sumas fijas cuyo mantenimiento provocaba" (el vehículo). Por otra parte, bien se ha dicho que más que una "compensación" en términos estrictos, de lo que se trata es de confrontar las consecuencias favorables y desfavorables provocadas, confrontación que impone el concepto mismo de daño, "y que el juez, por lo tanto, está facultado y aun obligado a hacer de oficio, con prescindencia de que el responsable la haya pedido o no" (conf. Orgaz, "El daño resarcible", citado por Zannoni en la obra ya mencionada - pág. 85). Además, ello surge de una recta interpretación de las expresiones contenidas en los arts. 519 y 1069 del Código Civil al referirse tanto al daño contractual como al extracontractual, en cuanto aluden al "valor de la pérdida que haya sufrido" y al "perjuicio efectivamente sufrido". Por otra parte, esta solución ha sido aplicada reiteradamente por la jurisprudencia nacional, al sostenerse que "si bien la privación de uso de un automotor constituye un daño resarcible, el damnificado, como contrapartida, obvia ciertos gastos (tales como combustible, estacionamiento, taller, etc.) los cuales disminuyen la extensión del primero. De esta forma, por la aplicación de la máxima "compensatio lucri cum damno", estos últimos deben deducirse del total a indemnizar para no convertir la reparación en una causa de lucro para la víctima" (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B o 28/09/1998 o H. , H. P. c. C. Argentina S. A. o LA LEY 1999-B, 56 - DJ 1999-2, 428, id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B o 09/05/1997 o B. de F. , E. y otros c. D. , J. L. y otros. o LA LEY 1997-E, 353 - DJ 1997-3, 275; id. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E o 27/02/1997 o G. , P. M. y otros c. S. , E. . o LA LEY 1997-C, 262 - DJ 1997-2, 656; entre muchos otros). - --- Por todo ello, siendo que la propia actora hizo una prudente estimación de los gastos no incurridos a raíz de la concreta indisponibilidad del rodado, opino que el monto estimado precedentemente debe ser reducido en un 50%, prosperando el rubro, en definitiva, por la suma de $ 15.- diarios, computados desde el 29/06/2002 y hasta su efectivo pago. - --- VII. El lucro cesante: --- --- A partir de la acreditación en autos del carácter de médicos, probado a través del informe respectivo (fs. 129), los actores insisten en la procedencia de este reclamo indemnizatorio, aun cuando admiten la "enorme dificultad probatoria" referida a "la merma en sus ingresos como producto de la ausencia de vehículo para traslados en emergencias, consultas y guardias" (fs. 203). Agregan que el principio de certeza en materia de daños es relativo y sólo es exigible que se trate de daños "verosímiles". -- Discrepo con esta argumentación. Por el contrario, considero que los postulantes disponían de medios procesales adecuados para arrimar al proceso probanzas eficaces en tal sentido. Si la falta de un vehículo propio realmente afectó su capacidad operativa -lo cual puede resultar aceptable en el terreno puramente hipotético-, produciendo una correlativa disminución de sus ingresos profesionales, bien pudieron ellos entonces demostrar esas circunstancias y hechos concretos a través de los medios probatorios ordinarios (prueba testimonial, informativa, documental). Mas aun: al fundamentar la inclusión de este rubro, la parte actora anunció que esas pérdidas serían "acreditadas oportunamente con los informes que se solicitarán en autos" (ver ampliación de demanda, fs. 44). Es decir que si por una parte los interesados ofrecieron aportar las evidencias correspondientes, no se comprende por qué razón ahora optan en cambio por sostener la alegada imposibilidad probatoria. - --- Por otra parte, como podrán advertir mis colegas, en su pieza recursiva los ahora apelantes aducen en primer término no haber podido concurrir a "lugares de trabajo alejados". Sin embargo, el informe de fs. 129 acredita que los actores son médicos colegiados en Puerto Madryn y además residen en dicha ciudad, sin haber demostrado que simultáneamente prestaran servicios profesionales en otras localidades. En cuanto a la imposibilidad de poder acudir a "emergencias y/o guardias", esta aserción podría haber sido sencillamente demostrada, por ejemplo, a través de la prueba de informes, ya que en la actividad médica ambas situaciones se presentan normalmente dentro de la rutina hospitalaria y/o sanatorial, instituciones que llevan adecuados registros documentales referidos a esas emergencias, a los profesionales de guardia, etc. No debe perderse de vista que en el ámbito de la responsabilidad por incumplimiento contractual es preciso conocer cuáles serían los menoscabos concretos, según el destino de los bienes en cuestión y su afectación patrimonial, lo que en la especie -como se ha dicho- no pasó de una mera enunciación genérica, sin ninguna probanza concreta que permitiera establecer la real existencia y/o extensión del alegado perjuicio. -- --- Con criterio similar, se ha resuelto que "En los seguros de daños patrimoniales, el resarcimiento del lucro cesante cuando media mora del asegurador depende de que el reclamante pruebe la existencia de un perjuicio real y efectivo, es decir, que existen ganancias dejadas de percibir como consecuencia del incumplimiento, pues la sola inejecución del contrato no constituye presunción de daño a favor del asegurado" (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B o 29/06/1999 o E. C. B. S. A. c. L. F. Cía. De seguros S. A. o La Ley On Line). -- A mérito de estas consideraciones, opino que el agravio debe desestimarse, y así lo dejo votado. - --- VIII. La ausencia de pronunciamiento acerca de la "baja" del rodado: - --- Nuevamente la demandada incurre aquí en un error de enfoque acerca del objeto de la pretensión y de los consiguientes alcances de la cuestión controvertida y sometida materia a juzgamiento. Los actores no incoaron una demanda por cumplimiento de contrato, sino un reclamo indemnizatorio basado en el incumplimiento de la demandada. Dentro de ese marco, como ya se dijera, resultaba improponible una excepción de incumplimiento en los términos del art. 1201 C.Civil por haber caducado esa posibilidad luego del plazo establecido en el art. 56 de la Ley 17.418. En consecuencia, tampoco puede ser materia de decisión judicial la satisfacción de una estipulación contenida en la póliza pretendiendo el cumplimiento de una convención frustrada por su propia inconducta que -como la referida a la deducción de los restos del vehículo- sólo podía concebirse en el marco de un reclamo por cumplimiento contractual, mas no en una pretensión indemnizatoria por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de su inejecución.

--- Por ello, propongo la desestimación de este agravio. --- IX. La imposición de costas: -- --- El último de los agravios propuestos por la demandada, referido a la imposición de costas en la sentencia apelada, merecerá fragmentaria acogida. En efecto, si bien es cierto que conforme al principio objetivo de la derrota dicha carga debe en principio recaer sobre la parte vencida en la contienda (art. 68, C.P.C.C.), también lo es que en los casos en que cuando existen rubros controvertidos y rechazados, media un vencimiento parcial y mutuo que amerita la aplicación del art. 71 C.P.C.C. Ahora bien: con independencia de la cuantía económica de los rubros acogidos y rechazados, no puede dejar de sopesarse que la actora se vio en la necesidad de litigar para obtener la satisfacción de la obligación resarcitoria incumplida, frente a la total reticencia de los demandados a reconocer su responsabilidad por el hecho dañoso. Por otra parte, dichos reclamos no progresaron por insuficiencia probatoria, mas ello no quita que la accionante se haya sentido con razonable derecho a reclamarlos, lo cual aconseja morigerar la carga en costas que la misma debe soportar por su rechazo. De compartir mis colegas la solución a que propicio y en vista del resultado finalmente obtenido conforme a la suerte de los recursos incoados, considero que debe la parte demandada soportar las costas en un 85% en ambas instancias, quedando el 15% restante a cargo de la actora (art. 71 ya cit.). -- X. Conclusiones: - --- Si se participa de las posturas expuestas en los apartados precedentes, corresponderá confirmar en lo principal el fallo apelado, modificándolo en cuanto a los montos de condena y a la imposición de las costas, a saber: 1) acogiendo la demanda por un monto de $ 58.500.- en concepto de daño emergente y de $ 15.- diarios por "privación de uso" calculados desde el 29/06/2002 y hasta su efectivo pago, en ambos casos, con adición de los intereses ya determinados en el fallo; 2) distribuyendo las costas en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la parte actora. -- --- En cuanto a las costas y honorarios de Alzada, como ya lo adelantara, opino que las primeras merecen ser distribuidas en idéntica proporción a las de primera instancia (85% a cargo de la parte actora; 15% por cuenta de la demandada - art. 71 C.P.C.C.), fijándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes como sigue: a) para los Dres. C. N. O. y P. R. A. en el 4,8% y 1,92% respectivamente; b) para el Dr. E. R. V. , en el 4,6% (arts. 6, 14, 47 y conc., Ley 2.200); en todos los casos, con adición del I.V.A. correspondiente. --- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. --- A ESA MISMA CUESTION PRIMERA el Dr. Velázquez expuso: En acatamiento del principio procesal de celeridad, me remito a la síntesis que de la decisión impugnada y los agravios vertidos por los recurrentes el Señor Magistrado ponente. --Concuerda mi opinión con la del colega y para fundar mi voto individual, cual lo exigen las mandas de los arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C. (textos ambos de la ley 4.550), formularé las consideraciones siguientes. I.- Si la cláus. 16 de la póliza estableció que la aseguradora abonaría la indemnización dentro de los quince días de presentada por el asegurado la documentación allí prevista, claro resulta que consagró dos obligaciones recíprocas de cumplimiento no simultáneo, en las que el deudor de la última no incurre en mora si su acreedor no satisfizo previamente la que le era respectiva; esto es, que el incumplimiento de la primera obligación exigible es factor impeditivo de la mora del deudor de la segunda (art. 510 Cód. civ., su doc.; confr:: Llambías, "Código Civil anotado", Abeledo - Perrot 1979, II-A-111/112; Salas, "Código Civil anotado", 2da. ed., I-259). ---Mas en la especie no se ha demostrado ese incumplimiento del asegurado que operaría como elemento obstativo de la mora de la aseguradora en su obligación correlativa. Verdad es que poner a disposición de la última toda la documentación referida en una escribanía (carta doc. de fs. 31) no equivale al cumplimiento de la prestación debida, pero también es cierto que la acreedora no acreditó haber prestado la imprescindible colaboración que posibilitara tal cumplimiento. Me explicaré. ---La póliza que instrumentó el contrato de seguro no designó el lugar donde debía el asegurado cumplir con la prestación a su cargo de entregar la documentación aludida y si bien el art. 16 de la ley 17.418 hace referencia al domicilio de las partes, los mienta como sitio de destino de las denuncias y declaraciones que ellas deban efectuar a la otra y no como lugar de pago, al punto que cuando el legislador quiso determinar uno en particular lo estableció expresamente (v. gr., el art. 29 ley cit.). Así pues, no designado el lugar de pago de la obligación de marras y no versando ella sobre un cuerpo cierto y determinado que no pudiera ser desplazado, el pago debía efectuarse en el domicilio del deudor, según la regla residual o principio general en la materia (art. 747 Cód. Civ.; confr.: Salas, opus cit., I-378, n° 4). Y hete aquí que la acreedora no demostró en autos el haberse presentado a recibir la prestación en el domicilio del deudor, con lo cual no puede predicarse el incumplimiento de este sujeto. En efecto, en el supuesto de lugar de cumplimiento de la obligación en el domicilio del deudor, debe el acreedor concurrir al mismo y requerir la prestación, pues si no lo hace el incumplimiento no será imputable al deudor, sino que se deberá a una falta de aquél en el deber de diligencia o cooperación a su cargo tendente a posibilitar el cumplimiento (confr.: Zannoni, en Belluscio y otros, "Código Civil...", Depalma 1981, III-512). --Tal déficit acreditativo opera en desmedro de la demandada, pues la misma soportaba la carga de probar dicho incumplimiento, "onus probandi" este que le imponían preceptos tanto sustanciales cuanto procesales. Efectivamente, atribuida en la demanda a la aseguradora la mora en el cumplimiento de su obligación contractual, para eximirse de las responsabilidades derivadas de ese estado de morosidad era ella quien había de probar que no le era imputable, según lo determina el art.. 509 últ. párr. Cód. Civ. (confr.: Wayar, "Tratado de la mora", Ábaco 1981, pág. 345); si a ese fin en su responde a la demanda adujo la existencia de un incumplimiento de la parte actora en una obligación recíproca de ésta exigible con anterioridad a la suya, de acuerdo al art. 377 párrs. 1° y 2° C.P.C.C. a la demandada incumbía demostrar tal hecho por ella alegado, presupuesto fáctico de la aplicación de la norma fundamento de su defensa como lo era la del art. 510 Cód. Civ. -- -No acreditado entonces el incumplimiento del asegurado obstativo de la mora de la aseguradora y sometida la obligación indemnizatoria de ésta al plazo cierto de quince días (cláus. 16 "in fine" de la póliza), al vencimiento del mismo quedó ella incursa en morosidad de manera automática (art. 51 últ. párr. de la ley 17.418), lo que aconteció el día 29/6/02, según decisión de la juzgadora del anterior grado (fs. 168, penúlt. párr.) que ganara firmeza ante la ausencia de agravio concreto y razonado en ese aspecto (arts. 265, 266, 271 C.P.C.C.). II.- La parte demandada ejercitó la opción que la cláus. 9 apdo. III de la póliza le acordaba, reclamando, en lugar de la indemnización dineraria primariamente estipulada, el reemplazo del vehículo siniestrado por otro de igual marca, modelo y características (fs. 31). Quedó así en cabeza de la aseguradora una obligación de dar una cosa incierta no fungible, determinada sólo por su especie y cantidad . No practicada la elección de la cosa y ante la mora de la deudora a que he hecho referencia, surgió el derecho del acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación con los perjuicios e intereses o para disolverla también con perjuicios e intereses (art. 605 Cód. Civ., aplicable en esta materia mercantil de los seguros a tenor de lo dispuesto en los arts. I del Tít. Prel. y 207 del Cód. de Com.). En diversos precedentes tuvimos ocasión de destacar la relevancia de la actitud del acreedor frente la disyuntiva que ante él se abre entre exigir el cumplimiento o inclinarse por la resolución del vínculo, pues en la reparación de daños derivados de incumplimientos contractuales -caso de autos- la medida de la indemnización depende de la virtualidad jurídica del título en que apoya la pretensión resarcitoria la parte actora, a quien en el primer supuesto le será dado reclamar los daños al interés positivo, que engloban las perspectivas favorables que ella podía legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación, y en el segundo los daños al interés negativo o de confianza, con cuyo resarcimiento se trata de colocar a la demandante en situación patrimonial similar a la que se hallaba con anterioridad a la celebración del acto (doct. de los arts. 519, 520 Cód. Civ.; este cuerpo, c. 11.278 S.D.C. 19/95, c. 17.330 S.D.C. 36/03, c. 20.079 S.D.C. 19/05 y sus varias citas). -Sin embargo, no ocurre así en esta particular especie, pese a que la parte actora no fue particularmente clara ante tal opción cumplimiento - resolución.- Es que de escoger la acreedora la alternativa de reclamar el cumplimiento, tratándose, lo llevo expresado, de una obligación de dar cosa incierta que no llegó a ser individualizada con la correspondiente elección, sólo podría exigir la denominada ejecución indirecta, en la que ella no conseguiría la prestación comprometida en especie, sino el equivalente dinerario de la misma a través de la indemnización de los daños y perjuicios (art. 505 inc. 3° Cód. Civ.), definida como "la representación, generalmente en dinero, del interés que para el acreedor habría significado la ejecución en especie" (Busso, "Código Civil anotado", EDIAR 1955, III-218, n° 93; confr.: Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las obligaciones", 2da. ed., I-191/192). De elegir la acreedora el otro término de la opción, es decir la resolución con reparación de daños, estaríamos ante una hipótesis de pacto comisorio -ya antes de la reforma del art. 216 Cód. de Com. por el dec.-ley 4.777/73 y del art. 1204 Cód. Civ. por la ley 17.711, se entendía que el art. 605 Cód. Civ. consagraba un supuesto de excepción a la regla que no lo reconocía tácito (confr.: Cazeaux - Trigo Represas, ob. ind., 2da. ed., I-746/747)-, aplicable al contrato de seguro en tanto él es conmutativo oneroso y siendo, a la par, de ejecución continuada (confr.: Soler Aleu, "El nuevo contrato de seguro", Depalma 1969, págs. 11/12) sería alcanzado entonces por la norma del art. 216 párr. 1°, apdo. 2° Cód. de Com., de acuerdo a la cual satisfechas partes de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes y producirán, en cuanto a ellas, los efectos correspondientes. Si aquí el asegurado pagó las cuotas de la prima correspondientes y la cobertura se hallaba vigente -no formuló objeción alguna en ese aspecto la aseguradora en el plazo del art. 56 de la ley 17.418-, la prestación correlativa debía cumplirse igualmente. -- ---Cualquiera de los dos términos de la opción cumplimiento - resolución nos conduce al mismo resultado: es exigible a la aseguradora a título de indemnización el equivalente dinerario a la prestación incumplida de dar un automóvil de la misma marca, modelo y característica al destruido. --Esa prestación resarcitoria debe ser estrictamente equivalente a la originaria -"es la misma obligación que perdura o se perpetúa, como decían los romanos, aunque se haya modificado el objeto de la prestación" (Salvat - Galli, "Obligaciones en general", 6ta. ed., III-377, nº 2.036; confr.: Busso, opus cit., IV-361, nº 4; Peirano Facio, "Curso de obligaciones", C.E.D. 1966, III-121 y sgts.; Morello, "Indemnización del daño contractual", Abeledo - Perrot 1967, II-41, n. 181)-, esto es que ha de alcanzar el mismo valor económico que la inicial. Aquí reside la razón por la cual corresponde desestimar el agravio de la demandada relativo a que debe aplicarse el límite cuantitativo de la póliza. Tal tope fue previsto para el caso de pago por la aseguradora de la prestación primariamente pactada, es decir en dinero, mas ante la opción del asegurado por el reemplazo del vehículo destruido por otro de igual marca, modelo y características, ese límite perdió eficacia. Precisamente, la opción consagrada en la cláus. 9, apdo. III importó una estipulación destinada a proteger al asegurado de una situación de infraseguro, cual lo admite el art. 65 párr. 2° "in fine" de la ley 17.418, permitiéndole recibir un automóvil idéntico al que perdiera en lugar de una cantidad dineraria insuficiente para adquirirlo. Por ende, ejercitada dicha opción, no cabe el regreso al estadio anterior para oponerle a la parte actora un límite cuyo efecto perjudicial en caso de infraseguro se buscó evitar con aquella alternativa. No en vano el art. 61 párr. 2° de la Ley de Seguros prevé que el monto de la suma asegurada marcará el máximo de la obligación del asegurador, "salvo que la ley o el contrato dispongan diversamente". --- -Tocante a la deducción del valor de los restos del rodado siniestrado, no fue probado que la actora haya optado por conservar esos rezagos, supuesto este en el que el descuento procedería según la cláus. 9 apdo. III de la póliza. Antes bien, la expresa mención en la carta documento de fs. 31 a la transferencia de los restos y la puesta a disposición de la aseguradora de la documentación del automotor destruido ha venido a demostrar que el asegurado se inclinó por entregar aquéllos. Allende la facultad de la aseguradora de exigir la efectiva tradición de ellos, no corresponde entonces restar de la indemnización el valor de lo que el asegurado no conservará. -Atinente a la constancia de baja registral del automotor por destrucción total cuya entrega la cláus. 16 y su anexo establecían, diré: a) que la misma estaba obviamente incluida entre "toda la documentación del vehículo siniestrado" puesta a disposición de la aseguradora mediante la ya aludida carta documento de fs. 31, sin que, cual vengo de expresar, se haya acreditado el incumplimiento de la actora, en tanto no se demostró la colaboración de la acreedora en su deber de concurrir a percibirlo al domicilio del deudor; b) que la pretendida falta de entrega de la constancia de baja en este concreto caso no puede erigirse en obstáculo al pago de la indemnización por la aseguradora, toda vez que ello importaría hacerla funcionar como sustento de una excepción de incumplimiento que a la demandada le fue rechazada ya por decisión de primera instancia que quedara consentida ante la ausencia de agravio al respecto (art. 265, 266, 271 C.P.C.C.). --III.- Cual se ha decidido desde antiguo, puesto que indemnizar no significa realizar un restablecimiento histórico del equilibrio patrimonial roto por el incumplimiento, sino una reposición del mismo a valores actualizados -la obligación resarcitoria en la responsabilidad contractual es una deuda de valor-, una vez definido el daño su valuación ha de hacerse con relación al momento actual, es decir a la fecha del pronunciamiento judicial y no a la de la producción del daño o a la de la mora en la obligación de repararlo (confr.: Trigo Represas, "Obligaciones de dinero...", L.E.P. 1978, págs. 84 y sgts.; Llambías, su voto en C.N. Civ., sala "A", E.D. 13-806; C.N. Civ., sala "C", L.L. 112-530; este cuerpo, c. 18.396 S.D.C. 10/03). Es que "lo que debe contar -explicaba De Cupis- es el valor del dinero en el momento de la sentencia, que es el más próximo a aquel en que se realiza el resarcimiento" ("El daño", trad. Martínez Sarrión, Bosch 1975, pág. 380, n° 51). --Ahora bien, para llevar a cabo tal tasación o liquidación del daño debe atenderse a que la destrucción fue padecida por un automotor que al suceder el evento tenía un año de antigüedad, de modo que el valor del perjuicio ha de ascender al que tiene en plaza a la presente data un vehículo similar también con un año de antigüedad al día de hoy, es decir un modelo 2006 (este cuerpo, c. 11.984 S.D.C. 32/96, c.13.428 S.D.C. 44/98). --Concuerdo igualmente con el Señor Magistrado ponente en que, cesada la fabricación del tipo Megane 2 RXE al que pertenecía la unidad destruida, corresponde tener en cuenta el valor de una de la clase que reemplazó a aquél en la línea de producción, esto es un Megane II 1.5 Privilege DCI. --De ese dato del valor de plaza del rodado pueden los jueces hacer mérito aun sin una probanza directa y específica, en tanto se trata de un hecho público y notorio, según he tenido ocasión de sostener en más de un precedente de esta alzada (c. 19.070 S.D.C. 14/04, c. 20.171 S.D.C. 20/05, entre varias otras anteriores y sus citas). Por tanto, surgiendo del informe suministrado por la revista especializada "Info Auto" (info@infoauto.com.ar) que el valor de un automóvil de ese modelo, características y año de fabricación es de $58.500, en tal suma debe fijarse este rubro, visto que si bien la parte actora reclamó en la porción inicial de su demanda la cantidad de $ 50.000 (fs. 32, cap. II, párr. final), luego en el mismo escrito peticionó ser indemnizada "con el valor del vehículo al momento del efectivo pago" (fs. 33 "in fine"), lo que deja a salvo el principio procesal de congruencia (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° C.P.C.C.). IV.- Contra lo afirmado por la demandada en su pieza de agravios, la conexión causal entre, por un lado, el incumplimiento de ella en su obligación de reemplazarle al asegurado el automotor destruido por uno similar y, por el otro, el perjuicio configurado por la privación de uso de tal vehículo no entregado, es inmediata y necesaria y, por ende, indemnizable en los términos del art. 520 Cód. Civ. -- A propósito de que el rubro intereses moratorios cubra el daño originado en la privación de uso antedicha, haré notar que ya en la demanda la actora reclamó ambos ítemes de modo conjunto (fs. 32, cap. II, últ. párr.), sin que la demandada en su responde -ocasión en que había de oponer todas las defensas de que intentara valerse (art. 356 regla 1era. C.P.C.C.)- planteara esa superposición (fs. 79 vta./80 vta., cap. VI), recién alegada en esta instancia. Así trabada la litis, el principio procesal de congruencia vedó a la sentenciante del previo grado introducir oficiosamente una defensa no interpuesta (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° cód. cit.), valla que también hoy se levanta ante la cámara, impedida como está de fallar capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (art. 277 C.P.C.C.). Cual hiciera notar al expedirme en numerosos precedentes (c. 12.255 S.D.C. 24/97, c. 13.480 S.D.C. 49/98, c. 15.841 S.D.C. 58/99 y varias otras anteriores), en nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello liminares principios que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. En cuanto atañe al monto diario en que la juzgadora de origen justipreciara el daño, impugnado por la actora, diré que, cual indicara aquélla, no fue acreditado en autos que la demandante alquilara un rodado similar al destruido, sin chofer. Por cierto que la circunstancia de no haberse arrimado prueba no veda de un modo absoluto el resarcimiento, pues es presumible que quien posee y usa un vehículo lo hace para llenar una necesidad, que para ser satisfecha en condiciones similares a las proporcionadas por el automotor particular fuerza a incurrir en gastos (esta sala, c. 10.700 S.D.C. 10/94, c. 11.412 S.D.C. 16/95, c. 18.524 S.D.C. 15/03); pero no lo es menos que la ausencia de pruebas concretas sobre el monto de un daño conduce a ejercer con prudencia suma la facultad judicial consagrada en el art. 165 C.P.C.C., a fin de no caer en una demasía constitutiva de un incausado enriquecimiento del damnificado (c. 11.984 S.D.C. 32/96, c. 18.524 S.D.C. 15/03, c. 19.070 S.D.C. 14/04). En tales circunstancias no es posible para estimar el daño referirse a la locación de un automotor sin chofer, sino a las erogaciones provocadas por el alquiler de vehículos de transporte público individual, es decir de taxímetros o remises, lo que, además, mejor se aviene en la especie con la reclamación formulada por los actores del lucro cesante que le habría causado la indisponibilidad de un vehículo "en todo momento", "con carácter permanente". --Abocados a tal tarea de la cuantificación de los daños, el valor de los precedentes es harto relevante, porque permiten trazar paralelos entre casos semejantes y reconocer montos resarcitorios que dejen a salvo los principios de justicia, igualdad y seguridad jurídica (cfr.: Highton - Gregorio - Álvarez, "Cuantificación de daños personales...", en Revista de Derecho Privado y Comunitario n° 21, Rubinzal-Culzoni 1999, págs. 127 y sgts. y en "Predictibilidad de las indemnizaciones..." en Revista de Derecho de Daños, n° 2004-3, Rubinzal-Culzoni 2004, págs. 9 y sgts.). En supuestos muy similares al de la especie hemos juzgado que la suma de $20 diarios parece suficiente para cubrir las necesidades de transporte de un vecino de Puerto Madryn, tanto en su desempeño profesional dentro de esa ciudad, cuanto en desplazamientos motivados por las naturales apetencias de esparcimiento en jornadas inhábiles dentro de la misma localidad, pues las circunstancias de la zona de Puerto Madryn indican que los precios de los servicios de remise o taxímetros no son tan elevados, ni las distancias a recorrer tan extensas, como para que esa suma resulte escasa a fin sufragar cuatro o cinco desplazamientos por día (los ya recordados precedentes de c. 18.524 S.D.L. 15/03 y c. 19.070 S.D.C. 14/04). Dado el tiempo transcurrido desde aquellos pronunciamientos e incrementos de tarifas habidos en el entretanto y teniendo en cuenta que en el subexamen los coactores son dos médicos, con sus propias e individuales necesidades de transporte con fines profesionales, la elevación del monto diario a $30 parece atinada. -- ---Apropiado creo reducir esa cifra en el 50 % -como ya a fs. 43 vta. propusieran los mismos actores-, pues en la fijación del resarcimiento por privación de uso corresponde tener presente, a modo de "compensatio lucro cum damno", el ahorro que para los damnificados significa el no efectuar, durante el tiempo de indisponibilidad del rodado, los gastos que el uso y conservación del mismo demandan (este cuerpo, c. 14.642 S.D.C. 25/02, c. 18.718 S.D.C. 31/03; confr.: Cám. Apel. Civ. y Com. San Nicolás, 12/10/89; Cám. Apel. Civ. y Com. Paraná, 13/2/97; Cám. Apel. Concordia, sala Civ. y Com., 26/10/92; todas en "Revista de Derecho de Daños", n° 2001-1, Rubinzal-Culzoni 2001, págs.434 y 581/582). -Esta indemnización debe computarse desde la mora de la demandada, acaecida el 29/6/02, según estableciera la Señora Jueza "a quo" en decisión firme, hasta el efectivo cumplimiento de la condena, en tanto el perjuicio originada en la indisponibilidad de un automotor propio subsistirá hasta entonces, tratándose de un daño futuro pero cierto. --V.- Como cualquier especie del género daño, el lucro cesante es indemnizable a condición que aparezca cierto. Desde luego que tratándose de la frustración de una ganancia esperada por el acreedor de la obligación incumplida (art. 519 Cód. Civ.), para considerar cierto este perjuicio no es exigible la seguridad de que ella habría sido obtenida, pero tampoco basta la mera posibilidad abstracta, eventual o hipotética de haberla logrado. Para la procedencia de la reparación basta, mas es a la vez indispensable, la existencia de una probabilidad objetiva (confr.: Orgáz, "El daño resarcible", Ed. Córdoba 1980, pág. 64, "c"). --- ---Tal grado de probabilidad no aparece demostrado en autos. Para ello no alcanza con acreditar que ambos coactores son galenos (fs. 129), pues resulta puramente conjetural deducir a partir del ejercicio de dicha profesión que la indisponibilidad de un automotor propio -al margen las incomodidades que ello importara en sus desplazamientos- haya provocado una sensible merma en las prestaciones médicas que pudieran cumplir. Para concluirlo así habría sido menester el aporte de hechos reales y probados -indicios- que por su número, gravedad y concordancia pudieren constituirse en fundamentos de presunción judicial (art. 163 inc. 5°, párr. 2° C.P.C.C.). Bien enumeró ejemplificativamente el colega preopinante algunos de los medios probatorios de los que era dado a los demandantes servirse a esos fines, mas al no acudir a ninguno de ellos dejaron huérfana de sustento su reclamo. ---VI.- En ya muy reiterados pronunciamientos he manifestado que el postulado de que en los juicios de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento, no puede ser extendido hasta el extremo de hacer cargar a los demandados con aquellas de las que ellos no sean responsables, por derivar las mismas de excesos -al menos objetivos- en las reclamaciones de los actores, que ven rechazados al completo rubros improcedentes o severamente disminuidos otros (c. 17.330 S.D.C. 36/03, c. 18.283 S.D.C. 6/04, c. 20.041 S.D.C. 12/05. c. 20.412 S.D.C. 41/05). -- Ahora bien, como la distribución prevista en el art. 71 del ordenamiento procesal ha de realizarse "prudencialmente", con una visión sincrética del juicio y no por una análisis puramente aritmético del resultado confrontado con la demanda, no es procedente atender exclusivamente a los guarismos de los ítemes indemnizatorios desestimados y de aquellos otros acogidos en importes inferiores a los pretendidos, pues igualmente corresponde tener en cuenta la fundamental cuestión de la responsabilidad -auténtico cimiento de todos los reclamos económicos actorales- respecto de la cual la demandada fue íntegra vencida. Estimo así adecuado y prudente el prorrateo propuesto por el Señor Magistrado ponente, de modo de cargar las costas de ambas instancias en un 85 % a la demandada y en un 15 % a la parte actora. VII.- Por las razones expuestas, coincidentes con las vertidas por el Señor Juez antes sufragante, entiendo que corresponde confirmar la sentencia atacada en lo principal que decidiera, reformándola en punto a los montos de condena y la condenación en costas del modo indicado "ut supra". ---Acompañaré también al colega en los honorarios que propiciara regular por las labores profesionales de alzada, porque los entiendo remuneraciones acordes al mérito y resultado de aquéllas (arts. 6, 7, 9, 14, 19, 47 del dec.-ley 2.200, textos del dec. 138/99). ---Me expido en esta cuestión pues PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. - --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --- --- El letrado apoderado de la demandada apeló por altos los honorarios regulados a la asistencia letrada de la parte actora, y por bajos los fijados respecto de su propia actuación profesional. Si se atiende a la complejidad jurídica de las cuestiones planteadas, a la extensión y eficacia de las respectivas tareas, y a los resultados obtenidos en cada caso, opino que la retribución fijada para los curiales de la actora (14% y 5,6% para patrocinante y apoderado, respectivamente) de ningún modo puede considerarse elevada, por lo que propiciaré su confirmación. En cuanto a los estipendios del letrado apelante, apreciando su desempeño bajo las mismas pautas ya mencionadas, opino que merece ser elevada, atendiendo al doble carácter de su actuación, al 15,4%, por lo que votaré en tal sentido. -- ---A TAL SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez contestó: --Atendiendo a la extensión, calidad y resultado arrojado por las labores desplegadas por los profesionales que patrocinaran y representaran a los actores, considero que los honorarios que le fueran regulados distan de ser excesivos, por lo cual corresponde su confirmación. En cuanto a atañe al emolumento fijado al letrado apoderado de la demandada, por aplicación de iguales pautas entiendo que él resulta ligeramente bajo, siendo equitativo elevarlo a la suma equivalente al 15,4 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, cual propiciara el prevotante (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47 del dec.-ley 2.200). --Voto esta segunda cuestión entonces PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. --- A LA TERCERA CUESTIÓN, finalizó diciendo el Dr. Ferrari: --- En vista del acuerdo arribado acerca de los puntos precedentes, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo en cuanto a los montos de condena, a las costas y honorarios, a saber: 1) acogiendo la demanda por un monto de $ 58.500.- en concepto de daño emergente y de $ 15.- diarios por "privación de uso" calculados desde el 29/06/2002 y hasta su efectivo pago, en ambos casos, con adición de los intereses ya determinados en el fallo; 2) distribuyendo las costas en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la parte actora; 3) elevando los honorarios del Dr. E. R. V. al 15,4%. II) Distribuir las costas de Alzada en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la parte actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: a) para los Dres. C. N. O. y P. R. A. en el 4,8% y 1,92% respectivamente; b) para el Dr. E. R. V. , en el 4,6%. III) En todos los casos, deberá adicionarse a los honorarios regulados el I.V.A. correspondiente. --- Así lo voto. - ---A DICHA CUESTIÓN FINAL el Dr. Velázquez respondió: --El pronunciamiento que corresponde dictar es el propiciado por el Dr. Ferrari, reflejo fiel de la decisión del cuerpo formada al expedirnos sobre las anteriores cuestiones. - --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por encontrarse en uso de licencia el Dr. Juan Humberto Manino (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550). - --- Trelew, 04 de mayo de 2007. --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones; pronuncia la siguiente: -- S E N T E N C I A: --- ---CONFIRMAR EN LO PRINCIPAL el fallo apelado, modificándolo en cuanto a los montos de condena, a las costas y honorarios, a saber: 1) acogiendo la demanda por un monto de $ 58.500.- en concepto de daño emergente y de $ 15.- diarios por "privación de uso" calculados desde el 29/06/2002 y hasta su efectivo pago, en ambos casos, con adición de los intereses ya determinados en el fallo; 2) distribuyendo las costas en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la parte actora; 3) elevando los honorarios del Dr. E. R. V. al 15,4%; - DISTRIBUIR las costas de Alzada en un 85% a cargo de la demandada y en el 15% restante por cuenta de la parte actora, fijando los honorarios profesionales como sigue: a) para los Dres. C. N. O. y P. R. A. en el 4,8% y 1,92% respectivamente; b) para el Dr. E. R. V. , en el 4,6%; - En todos los casos, deberá adicionarse a los honorarios regulados el I.V.A. correspondiente. --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 20 DE 2007 - SDC.- CONSTE.-