marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, rechazo del querellante, debido proceso, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en Faltas, Contravenciones de Tránsito y Lesiones Culposas de Tránsito de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Gabriele, Carlos Raúl y otros sobre 189 bis (2) - portación de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la decisión que confirmó el rechazo del pedido de la víctima de incorporarse como parte querellante en el proceso, con sustento en que su presentación excedió el plazo previsto por el art. 12 del CPP en más de un año. Ello así toda vez que no logra plantear un caso constitucional (art. 27 de la ley n° 402). En sus recursos, la quejosa argumenta la afectación de los derechos de la víctima a una protección judicial efectiva, al debido proceso y al derecho al recurso, pero no logra conectar aquellos con lo resuelto por los jueces de mérito en aplicación de las normas procesales que rigen el proceso penal en la Ciudad. Tampoco explica el perjuicio que en concreto le genera a la víctima no ser admitida como querellante en esta etapa en la que se encuentra el proceso (debate oral) en la medida que no presentó requerimiento de juicio y esta circunstancia le impide tanto alegar durante el juicio como producir prueba. Se advierte entonces que la cuestión debatida versa sobre la interpretación de derecho procesal y la valoración de circunstancia acaecidas en la causa, todas estas cuestiones ajenas, por regla, a la competencia de este Tribunal y propias de las instancias de mérito. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Investigación a cargo del juez, falsificación de medicamentos, delitos contra la salud pública, asociación ilícita, adulteración de medicamentos, farmacias, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Bruno Ricardo y otros c/  s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

Corresponde encomendar al juez de grado sobre la ineludible necesidad de ahondar en la investigación a fin de individualizar a todos quienes hayan participado en la cadena de sucesos delictivos que permitieron actuar a la asociación ilícita que adulteraba y comercializaba medicamentos de procedencia ilícita, poniendo especial atención en las conversaciones telefónicas mantenidas por los imputados, los resultados derivados de los numerosos allanamientos realizados y el rol de las droguerías y sociedades involucradas, sin perjuicio de cualquier otra diligencia que considere necesaria a los fines indicados.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rosas Carlos Alberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1983-11-09

No cabe valorar como potenciadora de la pena, la edad de la víctima (11 años) ya que, en el caso, la misma fue estrictamente necesaria para llegarse al encuadramiento en la figura del art.119 inc.1ro.

del Cód. Penal.
Recurso contencioso administrativo, acto administrativo firme, empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección, nombramiento, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iglesias, José Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 213-91) Basabe, Julio César c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 218-91) Rizzo, Susana Alejandra c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 217-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-01|1998-04-29|1997-11-12

Habiéndose limitado el decreto 5350/86 a designar por ingreso en el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas como personal temporario a diversos agentes, entre otros a la actora, sin siquiera fijar el destino ni menos las funciones de los diversos agentes, resultaría irrazonable interpretar que su dictado generaba la carga de recurrirlo, por parte de quien hoy pretende el reconocimiento del suplemento por inspección que le correspondía en virtud de las tareas desarrolladas. En tales condiciones, la firmeza del mencionado decreto no puede, en punto a la admisibilidad, perjudicar el derecho de la recurrente.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, subasta, suspensión de la subasta
Materia: PROCESAL
Carátula: Canteras Timoteo S.A. c/ Mybis Sierra Chica S.A. y otros s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El recurso extraordinario contra la sentencia que anuló la resolución que había levantado la suspensión de la subasta es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi, y Gustavo A. Bossert).
Acción de amparo, competencia, justicia nacional en lo civil, competencia contravencional
Materia: PROCESAL
Carátula: Sussman de Venturini, Mabel Nora c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

De conformidad con el criterio sentado por el Tribunal en autos "Perrone c/ Gob. de la Ciudad de Bs. As." (expte. nro. 30/99) con fecha 22/4/99, el accionante cuenta con la posibilidad de acudir reclamando la tutela judicial por vía del amparo ante la Justicia Nacional en lo Civil o ante los magistrados de la Justicia Contravencional, único fuero ordinario parcialmente integrado del Poder Judicial de la Ciudad. Corresponde entonces intimar al accionante para que manifieste a qué tribunal pretende sea remitida esta demanda, que, en caso de silencio, será girada al juez contravencional de turno (voto de los Dres. Conde, Muñoz, Casás y Maier).
Daños y perjuicios, daño material, presunciones, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Nazzar, Miguel Marcelo y Otra c/ Nazar, Nancy Teresa s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-11-23

La prueba indirecta del daño moral encuentra en las presunciones hominis y en los indicios su modo natural de realización, y cuando se acude a ellos para demostrar la existencia del perjuicio, se está realizando una actividad típicamente probatoria aunque esto exija que el hecho indicador, a partir del cual se formula el indicio o presunción hominis, esté debidamente acreditado.
Tasa de justicia, falta de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: CASA DO BRASIL SA c/ LABORATORIO DEFORT SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

La falta de pago de la tasa de justicia no impide la prosecución del proceso, ya que los trámites atinentes a aquélla, no suspenden el curso de la causa, debiéndose a los fines fiscales, formar incidente por separado (cfr. CNCiv., Sala E, in re "Siri de Noceti, Ana c/L.9 M IIIB. Uriburu, Av. M. Grande, Prov. Bs. As.", Diario JA del 17.4.96, p. 79, jurisprudencia sintetizada, tasa judicial).
Sociedades comerciales, infracciones laborales, responsabilidad del socio
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Vega, Hortencia del Carmen c/ Moyano, Jorge H. y/o Colegio Privado San Jorge S.A. y/o Q.R.R. s/ Diferencia de haberes -Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-06-14

En relación al art. 54 -párrafo tercero- de la LS cuando establece la inoponibilidad a terceros de la personalidad jurídica de la sociedad, los defensores de la posición restringida en su interpretación sostienen que la norma no define el presupuesto de hecho, la fattipecie, como la comisión de actos ilícitos aislados, como la omisión de registración de algún o algunos trabajadores, y que además, dicho dispositivo está encuadrado dentro de la idea de fraude, es decir una maquinación o ardid defraudatorio y no como un simple incumplimiento legal u obligacional. En definitiva sostienen que dicha norma no sanciona la simple violación de la ley por parte de la sociedad sino que castiga la conducta enderezada a violar la ley cuya finalidad constituye precisamente esa violación y no cuando esto es un accidente en la actuación societaria. Esta es la posición a la que se aferra el voto de la mayoría en el fallo que se impugna, y en relación a sus fundamentos, se comparte que en el caso, no se dan los presupuestos para su aplicación no siendo posible extender la responsabilidad de la S.A. al codemandado en su calidad de socio, sin dejar de reconocer que la cuestión es susceptible de inagotables vertientes y posibilidades de interpretación.
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas, concursado
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

En ese marco, corresponde confirmar también la resolución en cuanto consideró que la unidad supuestamente asignada al actor nunca fue propiedad de la concesionaria, por lo que la demandada no pudo comprometerse a entregar un auto que no tenía, y en ese marco entendió que corresponde denunciar a los administradores de la concesionaria demandada por la presunta comisión del delito de estafa, a cuyo fin ordenó librar oficio a la Justicia Penal una vez firme el pronunciamiento.
Aborto no punible, aborto fundado en violación, código penal, constitucionalidad, obligaciones solidarias
Materia: PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

La excepción a la penalización del aborto que regula el art.86.2 del Código Penal en todos los casos en que el embarazo proviene de una violación, cumple suficientemente con el estándar de validez constitucional, pues en la ponderación de los intereses en conflicto, el legislador justifica concretamente la sustancial preponderancia del interés beneficiado a través de la indicación legal de que el embarazo haya sido causado por una violación, exigiendo además el consentimiento de la propia afectada, o de su representante legal, por lo que, ese esquema normativo vinculado a la denominada indicación criminológica delimita el supuesto excepcional en cuyo contexto se justifica la interrupción del embarazo -esto es, el hecho antijurídico precedente-, cuya indudable injerencia negativa sobre ámbitos vitales de la mujer fundamenta el carácter insostenible del conflicto con los intereses de la persona por nacer y de él puede dilucidarse concretamente el juicio de ponderación sobre el que reposa la decisión legal, esto es, la relación simétrica entre la falta de responsabilidad de la mujer en la situación generadora del conflicto y la irracionalidad de atribuirle el costo de cargar con el deber de solidaridad - forzarla a llevar a término el embarazo bajo amenaza de pena-.(Del voto de la Dra. Argibay)
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, inconstitucionalidad, competencia laboral, instancia administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Cortes Ivan Marcelo c/ Prevención ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-31

El art. 1 de la ley 27.348 es violatorio de las garantías constitucionales del acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por lo que cabe declarar su inconstitucionalidad. En su primer párrafo, otorga a las comisiones médicas la facultad de ejercer funciones que exceden ampliamente su ámbito de actuación. En tal sentido no es posible admitir que los profesionales médicos que integran tales comisiones puedan expedirse acerca del carácter profesional de la enfermedad o contingencia, por tratarse de aspectos vinculados al nexo de causalidad y cuya dilucidación corresponde indudablemente al campo del derecho. Tampoco resulta aceptable que tales profesionales establezcan las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 cuando en muchas oportunidades deben resolverse cuestionamientos que involucran inclusive aristas constitucionales relacionadas con la forma y el modo de establecer la base que servirá para determinar el monto de las prestaciones. (Del voto de la Dra. Pasten, en minoría).
Ministerio Público, representación procesal, orden público, nulidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, LUCIA MONICA c/ JOSEFA DEL ROSARIO FUNES DE ARCE Y/O LIBRERIA EL ESTUDIANTE s/ SUELDOS IMPAGOS, ETC. INCIDENTE DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-11

La actuación del Ministerio de menores es conjunta con la de los representantes necesarios, y esencial para todos los actos -judiciales y extrajudiciales- en que sea parte un menor, debiendo conjugar los intereses de los incapaces representados con la observancia de las leyes y el órden público, como una de las finalidades del ordenamiento jurídico. Por ello el art. 59 del Código Civil sanciona con nulidad todo acto y todo juicio que tuviere lugar sin su participación.
Recursos, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: W., E.E. c/ S.P., M.A. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-09

Desde muy temprano el Superior Tribunal de la Provincia viene exigiendo suficiencia técnica en la interposición del remedio extraordinario de la casación, en lo que se refiere al relato preciso de los hechos de la causa, los que han sido materia de debate y discusión en autos, su vinculación directa con las cuestiones que se pretenden someter a consideración el Tribunal ad quem y en lo que aquí respecta, la individualización concreta y acabada, tipificada e individualizada en la ley, de la causal o causales casatorias que habilitan el recurso.
Haber jubilatorio, jubilación anticipada, jubilación ordinaria, acción meramente declarativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ancarola, Elba Margarita c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-10

El art. 4 de la ley 24.016 establece que el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual, y que en todos los casos, el referido haber será reajustado de inmediato en la medida que se modifiquen los sueldos del personal en actividad. Por su parte, el art. 7 ratifica que el haber de las jubilaciones y pensiones a otorgar de conformidad con esta ley será móvil. En virtud de ello, corresponde ordenar al organismo la reliquidación de la prestación de la titular y el pertinente reajuste de haberes de acuerdo con el alcance dispuesto en el precedente "Gemelli, Esther Noemí" (cfr. C.S.J.N., sent. del 28.07.05), y disponer que las diferencias que se calculen sean abonadas a la pretensora desde el momento de la adquisición del beneficio, con más los intereses calculados a la tasa pasiva que publica el B.C.R.A. en el plazo y las condiciones del art. 22 de la ley 24.463, modificado por el art. 2 de la ley 26.153. Todo ello sin perjuicio de las facultades del organismo de gestión para verificar el cabal cumplimiento por parte de la actora de los requisitos que impone el régimen de que se trata para el acceso al goce los beneficios que instituye. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Conciliación laboral, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: LORENZON RUBEN RICARDO c/ MARIANO ACOSTA S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-25

Si bien es cierto que en materia laboral el principio es la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador -artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo-, el mismo admite excepciones, como lo son los denominados negocios liberatorios, totales o parciales, la prescripción y la caducidad. En cuanto a los primeros, existen cuando se dan los requisitos legales, que consisten -de conformidad con el artículo 15 de la mencionada norma legal- en que se celebren con intervención de autoridad administrativa o judicial.
Recurso de revisión penal, principio de publicidad
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M. c/  s/ lesiones graves culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-09-25

Si bien el ordenamiento procesal doméstico autoriza el uso de sistemas de sonido y grabaciones digitalizadas, sería conveniente, con la finalidad de garantizar adecuadamente la impugnación ante otra órganos jurisdiccionales, su revisión y publicidad, que las razones de las decisiones como éstas, sean asentadas por escrito, sin perjuicio de su registración oral.
Libertad condicional, revocación de la libertad condicional, ejecución de sentencia penal, juez de ejecución, unificación de penas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: NIVOLO, Juan Bautista s/ inf. artículo 292 del Código Penal  Causa nro. 11.895
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

"..en principio, quien debe revocar la libertad condicional es el Juez que la concedió, puesto que dicho instituto pertenece a la esfera de individualización administrativa o ejecutiva de la pena y, en nuestro sistema procesal, el juez de ejecución de la pena es el que dictó la sentencia que la impuso, pero en el caso, no debemos olvidar que en virtud del procedimiento unificatorio, todos los poderes de ejecución pasan al juez que unifica y es por tanto él a quien corresponde revocar la libertad condicional concedida...".
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, integración de la tasa de justicia
Materia: CIVIL
Carátula: ORCUTO, JULIO R. c/ GRESPI, ROGELIO E. s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-10

Cuando el juzgado impone como requisito previo al dictado de una providencia impulsoria -ya sea expresa o tácita- la integración de la tasa de justicia, en ese caso, las actuaciones tendientes a ese fin interrumpen el curso de la caducidad.
Lealtad comercial, contrato de publicidad
Materia: PENAL
Carátula: BAGGIO, RUFINO P. s/ Lealtad Comercial Causa 34899
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-12

Debe revocarse la resolución condenatoria de la Secretaría de Comercio e Inversiones ( S.C. e I.) por haberse publicado un aviso ofreciendo un producto como "jugo" siendo que se trataba de un preparado con porcentaje de jugo en tanto no se ha inducido a ningún error, engaño o confusión al emplear aquel término dentro del contexto en que se realizara, en el que se aclaraba su condición de "concentrado" y "rendidor".
Daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silva, María c/ Cruz, Guerrero Nilo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Los derechos del acreedor se ejercen sobre el patrimonio del deudor, no sobre su persona (art. 505 C. Civil) y como la limitación a las libertades personales sólo procede en casos previstos por la ley expresa, que no abarca los supuestos pretendidos por el apelante, corresponde confirmar la atacada resolución.
Sentencia condenatoria, lavado de activos, contrabando de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, asociación ilícita, tenencia de armas, concurso ideal, concurso real, tentativa, prisión, inhabilitación especial, inhabilitación absoluta, multa, costas, agravantes de la pena, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Aranda, Christian Alejandro y otro c/  s/ Infracción Ley 22.415", CPE 308/2016/TO3 (2967), Aranda, Christian Alejandro y otros s/ Inf. Art. 303, inc. 4° -Inf. Art. 189 bis, Apartado (2) 3° párrafo del Código Penal y CPE 308/2016/TO4 (2987) López Peña, Juan Miguel s/ art. 210 del C.P. en concurso ideal con art. 5 inc. c) de la Ley 23.737
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-28

Corresponde condenar a Christian Alejandro ARANDA por su intervención como coautor y autor del delito de contrabando de exportación de sustancia estupefaciente en grado de tentativa -arts. 864 inc. d) y 866 segundo párr. en función de los arts. 871 y 872 del CA y art. 45 del CP-, como coautor en calidad de miembro de una asociación ilícita con el objeto de desplegar actividades ilícitas dirigidas a la comercialización de sustancia estupefaciente -art. 210, primer párr. del CP- en concurso ideal -art. 54 del CP con las disposiciones del art. 5, inc. "c" de la Ley 23.737, art. 45 del CP- y como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego -art. 189 bis, inc 2, apartado 2 del CP- todo ello en concurso real -art. 55 del CP-, a sufrir las siguientes penas: a) CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN de cumplimiento efectivo; b) PÉRDIDA de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que gozare -art. 876, apartado 1 inc. d) del CA-; c) INHABILITACIÓN ESPECIAL de UN (1) AÑO para el ejercicio del comercio -art. 876 apartado 1 inc. e) del CA-; d) INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad -art. 876 apartado 1 inc. f) del CA-; e) INHABILITACIÓN ABSOLUTA de DIEZ (10) AÑOS para desempeñarse como funcionario o empleado público -art. 876 apartado 1 inc h) del CA-; f) INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el término de la condena para el ejercicio de la patria potestad, de la administración de bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos -art. 12 del CP-; g) MULTA de Pesos DOS MIL ($ 2.000.-); h) Pago de las costas del juicio. Se toman como agravantes la entidad de los delitos por los cuales fue encontrado culpable, la cantidad de estupefaciente, la posibilidad de ganarse el sustento mediante una actividad lícita, y como atenuantes la falta de antecedentes y la normal impresión recibida al momento de conocerlo personalmente.
Juicio de apremio, confirmación de sentencia, nulidad procesal, intimación de pago, embargo, notificación, domicilio fiscal
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN c/ LABRIN PURCIANO Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-26

Cabe confirmar la sentencia que rechaza la nulidad nulidad de la diligencia de intimación de pago y embargo, sosteniendo como válida la notificación efectuda en el domicilio fiscal constituido para el tributo reclamado con relación al inmueble gravado, pues no existe ningún medio probatorio, de los ofrecidos, mediante el cual pueda saberse si el domicilio en cuestión se corresponde o no con el fiscal del ejecutado. Es por ello que la resolución de la a quo no resulta contradictoria, existe ofrecimiento de prueba, pero inconducente a los fines del planteo de nulidad. (del voto de la mayoría).
Suspensión del juicio a prueba, plazo, pena de inhabilitación, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz Brizuela, Juan Ramón c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-15

El plazo previsto en el art. 76 bis CP, para la suspensión del proceso a prueba, impone una limitación temporal de 3 años, lo que excluye aquellas penas de inhabilitación que, en su mínimo, están por encima de ese plazo, como ocurre, en el supuesto de homicidio imprudente (art. 84 CP), respecto del cual no hay forma de compatibilizar tal previsión con el cumplimiento efectivo de una inhabilitación respetando el mínimo legal de la figura. Esto se debe a que el plazo de auto-inhabilitación que se impondría como regla de conducta, deberá tener de base -cinco (5) años- un monto mínimo superior al máximo -tres (3) años- establecido para la procedencia del instituto de la suspensión del juicio a prueba (voto del juez Bruzzone).