Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-23


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 23 de 2007.

1º) La sentencia de primera instancia dictada en fs. 189/192 rechazó los planteos de la actora referentes a la inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 25.580 (art. 3º) y del decreto 214/02 y, en consecuencia, por haber también juzgado inadmisible la excepción de falsedad opuesta por los demandados, mandó seguir adelante la presente ejecución cambiaria de los pagarés copiados en fs. 16/28 (emitidos en dólares estadounidenses) por los importes pesificados de $ 4.713 y $ 4.200 (a la relación U$S 1 = $ 1), con más intereses desde el vencimiento de los cartulares hasta el 30/9/2002 a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina, sin capitalizar, y a partir de esa fecha incrementándose el capital con el Coeficiente de Variación Salarial y los intereses previstos por el art. 1º, inc. b, del decreto 762/02. La decisión impuso a la parte ejecutada una multa equivalente el 5% del importe de la deuda y las costas de la ejecución.

Contra esa decisión apeló la ejecutante (fs. 193), expresando agravios que, en sustancia, insisten en la pertinencia del planteo de inconstitucionalidad de las normas indicadas, sin perjuicio de requerirse, con carácter subsidiario, el reajuste de la deuda de acuerdo a lo previsto por el art. 8 del decreto 214/02 y art. 3 de la ley 25.820, esto es, de acuerdo a la doctrina del esfuerzo compartido (fs. 198/200).

En fs. 207 dictaminó la Fiscal ante la Cámara.

2º) Habida cuenta las parciales discrepancias que los suscriptos mantienen entre sí en la materia a la que se refiere la apelación, el dictado de una sentencia válida exige separar las cuestiones por temas a fin de votarlas separadamente, en el entendimiento de que -como lo ha destacado la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el voto de la mayoría en una decisión previa obliga a la minoría en todo tribunal colegiado (conf. Fallos 310:2845).

Desde tal perspectiva, las cuestiones que es menester dilucidar son cuatro:

(a) ¿es procedente el planteo de inconstitucionalidad de la actora?;

(b) en caso negativo ¿corresponde acceder al pedido subsidiario de recomposición fundado en el art. 8 del decreto 214/02 y art. 3º de la ley 25.580?;

(c) en caso afirmativo ¿cuál es la medida del reajuste equitativo? (d) en su caso ¿cómo se computa tal reajuste? 3º) A la primer cuestión propuesta los jueces Vassallo y Heredia remiten brevitatis causae a sus respectivos votos en la causa "Papamundo S.A. y otro c/ Solvay Indupa S.A. s/ ordinario", sentencia del 8/3/07, en la que declararon la constitucionalidad de las normas de emergencia que "pesificaron" las obligaciones no vinculadas al sistema financiero exigibles con anterioridad al 6 de enero de 2002, hubiera o no mora del deudor a esa fecha.

En función de ello, por mayoría integrada por tales vocales, se decide confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó los planteos de inconstitucionalidad de las leyes 25.561, 25.580 y del decreto 214/02.

El juez Dieuzeide deja a salvo su opinión disidente expuesta en el citado precedente "Papamundo".

4º) A la segunda cuestión, los jueces Vassallo y Heredia responden afirmativamente con los siguientes alcances.

En el caso se ejecutan pagarés a día fijo, con cláusula "sin protesto", librados en dólares estadounidenses.

Se trata de títulos de créditos representativos de obligaciones dinerarias puras existentes antes del 6 de enero de 2002 que, por tanto, quedaron alcanzadas por la "pesificación" ordenada por el art. 11 de la ley 25.561 (texto según art. 3 de la ley 25.580) y art. 8 del decreto 214/02.

Ahora bien, la circunstancia de tratarse de títulos "abstractos" continentes de obligaciones dinerarias puras, impide establecer toda comparación con el valor resultante de la cosa, bien o prestación al momento del pago al que se refiere tales disposiciones legales. Esto es así porque ninguna relación causal puede establecerse en función de los pagarés.

Lo anterior impide indagar si la conversión legal autorizada por el art. 11 de la ley 25.561 o el decreto 214/02 (U$S 1 = $1 más el C.E.R. o el C.V.S.) arroja un resultado superior o inferior al de tal valor de la cosa, bien o prestación que sirva de fundamento a la recomposición equitativa basada en la doctrina del esfuerzo compartido.

Empero, la recomposición equitativa no es improcedente por esa sola circunstancia ya que, al no existir un elemento de comparación, aquélla debe hacerse mediante "...criterios de revisión porcentual o aritméticos..." (conf. Ariza, A., Revisión judicial de los contratos en la emergencia económica, JA 2002-IV, p. 1065, esp. p. 1087; Pita, E., Pautas para la adecuación contractual en el régimen de la emergencia económica, LA LEY, 2003-B, 1170, cap. IX).

Con ese alcance, pues, debe ser admitida en autos la petición subsidiaria de la actora de obtener la recomposición equitativa del crédito reclamado, en opinión de los jueces Vassallo y Heredia.

El juez Dieuzeide deja a salvo su criterio disidente en el sentido de que la doctrina del esfuerzo compartido no constituye una fuente de derecho aplicable por los tribunales, habida cuenta las razones expuestas en su voto como integrante de la Sala A de esta alzada in re "Fabersil S.A.", sentencia del 11/4/06, al que remite por razón de brevedad.

5º) Sentada -por mayoría- la procedencia del reajuste equitativo impetrado y que ella, en casos como el sub lite, debe hacerse sobre la base de criterios de revisión porcentual o aritméticos, corresponde abordar la tercer cuestión planteada en el considerando 2º, a saber, la de la medida del ajuste.

En ese orden de ideas, los tres jueces que suscriben la presente decisión concuerdan en la necesidad de establecer un reparto paritario en la recomposición equitativa de la deuda (50% a cada parte), pues ello es lo que mejor se aviene al carácter "abstracto" de las obligaciones cartulares de que se trata, y porque la división por partes iguales es la solución adoptada en general por el derecho cuando no hay razón para distinguir de otro modo (Código Civil, arts. 689, inc. 3; 691; 2708; 2024; etc.).

De todos modos este modo porcentual y paritario de distribuir el esfuerzo no constituye un parámetro irrevisable.

Cualquiera de las partes, de sentir excesivo o escaso el reparto que se ha dispuesto podrán, por vía autónoma reclamar su recomposición, identificando y acreditando al efecto la causa que constituyó la relación fundamental de la obligación cartular.

Con tal base podrá contarse con el parámetro de comparación a fin de evaluar si la distribución paritaria ha sido desajustada a la realidad.

6º) Finalmente, en cuanto a la última cuestión propuesta en el considerando 2º, los jueces Vassallo y Dieuzeide remiten a la solución que, por mayoría, postularan en sus respectivos votos en la causa nº 60.562/05 "Adrogué Chico S.A.", sentencia del 18/9/2007, en cuanto a la pertinencia de contabilizar la medida del esfuerzo compartido (en el sub lite el 50%, como fuera dicho) en la brecha que queda definida entre el resultado de la paridad U$S 1 = $ 1 más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.), y la cotización del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios a la fecha del efectivo pago.

Déjase constancia que, a contrario de lo resuelto por la sentencia apelada en fs. 192, no corresponde aplicar en el caso el C.V.S. pues no se da ninguno de los supuestos previstos por el art. 2º de la ley 25.713.

El juez Heredia deja a salvo su opinión disidente en cuanto al modo de calcular la medida del esfuerzo compartido, según lo expresado en su voto en el citado caso "Adrogué Chico S.A.".

7º) La admisión de la recomposición de la deuda en virtud de la doctrina del esfuerzo compartido que se acaba de admitir lleva a adecuar el quantum de los intereses moratorios (arg. art. 277 del Código Procesal).

En tal sentido, la Sala entiende pertinente que, desde la fecha de la mora operada en la de vencimiento de cada pagaré, hasta el 6/1/02, corra la tasa de interés percibida por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días en dólares estadounidenses, sin capitalizar; y desde la última fecha en adelante, hasta el efectivo pago, a la tasa del 5% anual (conf. esta Sala, causa "Mochón César Raúl c/ Adaro Leopoldo Oscar s/ sumario", sentencia del 2/3/07).

Por lo expuesto, se RESUELVE:

a) Confirmar la sentencia de la instancia anterior en cuanto rechazó los planteos de inconstitucionalidad de la parte actora.

b) Admitir la recomposición equitativa peticionada por esa parte con el efecto de mandar seguir adelante la ejecución hasta hacerse íntegro pago a la actora de las cantidades consignadas en cada uno de los pagarés convertidas a la paridad U$S 1 = $ 1, incrementadas con el Coeficiente de Estabilización de Referencia a partir del 3/2/2002 (art. 1º, ley 25.713), con más el 50% de la diferencia existente entre el resultado anterior y el valor del dólar estadounidense en el mercado libre de cambios al tiempo del efectivo pago.

Los intereses correrán de acuerdo a lo explicitado en el considerando 7º.

c) Con costas de alzada a los ejecutados pues si bien no controvirtieron la apelación, ella fue necesaria para el acabado reconocimiento de los derechos de la actora.

Devuélvase a primera instancia, encomendándose al juez a quo practicar las notificaciones y diligencias ulteriores (art. 36, inc. 1º, del Código Procesal). -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.