marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: ACUÑA DANIEL YOLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD ACCIDENTE-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-21

El derecho es un todo cuyas partes son interdependientes y los casos concretos no se resuelven por la aplicación de una sola norma, sino de todo el ordenamiento jurídico, buscando el interpretar la norma el sentido y valor de la misma para medir su extensión precisa y apreciar su eficacia en cuanto al gobierno de las relaciones jurídicas. La interpretación debe ser la más justa y que más se adecue a las circunstancias y satisfaga con mayor acierto el fin de la ley.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: IMPERIALE, ANGEL ALBERTO c/ CALOREX S.A. s/ LEY 14546
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

La intimación fehaciente a que alude tanto el art. 80 L.C.T. (texto según ley 25.345) como el art. 3, dec. 146/2001, sólo puede surtir efecto (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.
Aduanas, exportaciones, mora, constitución en mora
Materia: ADUANERO
Carátula: "CIDEC COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL CUERO S.A. (TF13266-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-09

La aceptación de los efectos de la constitución en mora en forma automática alcanza a la diferencia reclamada al contribuyente por haber vencido el plazo cierto de espera que se le concedió sin que se ingresararan los tributos correspondientes a la exportación en cuestión (Cons. IIi).
Excarcelación, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: G., M. S. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-01-07

El fallo de la Sala de Feria B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "G., M. S. s/excarcelación" (causa nº 6.808/17) resuelta el 7/1/2019, por el cual Julio Marcelo Lucini, Juan Esteban Cicciaro y Mariano A. Scotto, confirmaron la resolución que rechazó el pedido de excarcelación.
Embargo, levantamiento del embargo, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzei, Daniel c/ Tuges, Antonio s/ Terceria de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Por fusión de lo dispuesto en el "in fine" del art. 104 del C.P.C., la resolución que desestima el levantamiento del embargo sin tercería no reviste carácter definitivo, no resultando apelable, sino sólo conmovible por vía de la interposición de la tercería.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, actos de administración, representación procesal, directorio, ejecución comercial, asambleas especiales, administración ruinosa
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavorano, María Alejandra  c/ Gonzalo First SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Corresponde admitir la acción social de responsabilidad promovida contra el director de una sociedad anónima toda vez que impulsó y consintió la venta de un inmueble de propiedad del ente a un precio ruinoso (menos de la mitad del valor de mercado). En ese marco, el daño resarcible está representado por la diferencia en que se habría incrementado el patrimonio social de no haberse producido el hecho que funda la acción de indemnización o "daño diferencial" (conf. Díaz Echegaray, J. L., Deberes y responsabilidades de los administradores de sociedades de capital, Thomson - Aranzadi, Navarra, 2006, p. 213), esto es, por la disminución o insuficiencia patrimonial imputable a la mala administración y, en su caso, por la frustración del aumento esperado razonablemente de ese patrimonio (conf. Garrigues, J. y Uría, R., "Comentario a la ley de sociedades anónimas", Imprenta Aguirre, Madrid, 1976, t. II, p. 162), implicando ello un injustificado menor ingreso en la cuenta de resultados de la sociedad (conf. Balbín, S., "Acción social de responsabilidad contra el directorio", Buenos Aires 2006, p. 89, n° XIII, texto y nota n° 193; CNCom, Sala D in re "Havanatur SA c/ Guama SA y otros s/ ordinario", del 06/04/17, entre otros). A esa cantidad se le deben añadir intereses a la tasa del 8% anual con inicio de devengo a partir de la fecha de la escrituración, pues en ella se concretó el perjuicio derivado del mayor valor que pudo haberse obtenido (CCCN 1748).
Aduanas, régimen de equipaje, pena
Materia: ADUANERO
Carátula: "Casado  de  Ocampo  Laura c/ E.N. -AFIP DGA- Resol 7354/00-Expte604646/99 s/ Admnistración Nacional de Aduanas".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-09

La ley no impide la valoración de la intención del infractor tanto para graduar la pena como para su eximición (Sala IV "Fornieles de Elkhuizen María Inés" (T.F. 7934-A) c/ D.G.A.", 6/07/2000 y "Grassi, Horacio (T.F. 11.096-A) c/D.G.A.", 5/07/2001) (Del voto del juez Grecco, cons. 5).
Delitos contra la humanidad, daños y perjuicios, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS-CIVIL
Carátula: "Mosca  Bustamante Lidio Esteban c/ EN -PEN- M° Interior s/ daños y perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

Las acciones civiles intentadas en procura de la reparación de perjuicios individuales, experimentados en la persona y bienes de aquellos afectados singularmente por delitos de lesa humanidad, se encuentran sujetas al instituto de la prescripción (por aplicación del principio general contenido en el art. 4019 del C.C.); así como que el cómputo del término liberatorio ha de comenzar una vez reintaurado el gobierno "de iure" en el escenario nacional, fecha a partir de la cual el actor se encontraba, de manera indiscutible en condiciones de ejercitar la pretensión (Del voto del juez Fernández, cons. IV).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, gravamen irreparable, gravamen eventual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FAENZE, ELSA JOSEFA Y OTRA c/ ARAMBURU Y ROSSI SRL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 238-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-10

No cabe dispensar el cumplimiento del recaudo de definitividad del auto recurrido, aunque lo resuelto tuviera la directa consecuencia de permitir el avance del proceso con insanable vicio de nulidad, si no se prueba la existencia de daño actual -lo que descarta que el perjuicio aparezca como irreparable-, sin perjuicio de su invocación luego de dictada la sentencia definitiva.
Pagaré, beneficiario del título, inhabilidad de título, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: ABASTECEDORA GRAFICA  S.A. c/ LA RAZON  S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-15

No resulta serio arguir una cuestión de identidad en la persona del beneficiario -acreedor, si tal planteo no es respaldado con evidencias suficientes de que existe otro sujeto concreto e individualizado con posibilidades objetivas de asumir ese rol-. La mera argumentación conjetural es insuficiente a esos efectos.

La omisión de la sigla "s.A." a continuación de la denominación del sujeto designado como beneficiario de un pagaré no obsta a la procedencia de la acción ejecutiva intentada por la sociedad anónima tenedora de los mismos, invocando el carácter aludido, máxime cuando los documentos que presentan la carencia son algunos de un mayor número que se ejecuta, extendidos en el mismo tipo de formulario, análoga estructura mecanográfica y numeración correlativa.
Acción de amparo, oferta de comercio sexual
Materia: PROCESAL
Carátula: "EDITORIAL  RIO  NEGRO SA c/ EN -LEY 26364-DTO 936/11 s/ AMPARO LEY16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

En los considerandos del decreto n° 936/2011 se invoca la necesidad de "... adoptar medidas tendientes a eliminar todas las formas de violencia sexual y trata de personas, en particular con fines de prostitución, que violan los derechos humanos de las mujeres y las niñas y son incompatibles con la dignidad y el valor del ser humano..." y es por ello que se decide "... promover la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de personas en medios masivos de comunicación; y en especial, los avisos de prensa escrita los cuales pueden derivar en una posible captación de víctimas de trata de personas", para finalmente prohibir, en su art. 1°, "...los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres". La preocupación allí expresada no es solamente local, sino que se engloba en un contexto internacional de creciente atención por el delito de la "trata de personas", donde -entre otros muchos instrumentos normativos, como son por ejemplo el "Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos" y establecido en el art. 6° de la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" -que goza de jerarquía constitucional de acuerdo con lo previsto en el inciso 22, del art. 75, de la Constitución federal-, en cuanto a que: "Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer"; b) la "Convención de las Naciones Unidas contra la delicuencia organizada transnacional" y su "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños" -el cual, en su art. 9°, prescribe que: "Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con miras a (...) Prevenir y combatir la trata de personas..."-, ratificados por ley 25.632; y e) el "Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena", ratificado por ley 11.925
Seguros, productor asesor de seguros, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: CREDE, MIGUEL c/ CIA. DE SEGUROS UNION DE COMERCIANTES SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-22

El productor de seguros es un empresario que celebra contratos con otro empresario y no está facultado para realizar actos jurídicos en representación de la aseguradora; ello porque la vinculación jurídica que media entre este y el agente o productor es la de un contrato de agencia de seguros y no de mandato. Sin embargo corresponde apreciar en cada caso los hechos que rodean la concreta contratación del seguro.
Alimentos, alimentos atrasados
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., M. c/ C., R. s/ Cobro de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Resulta válida y eficaz la renuncia, realizada por el progenitor que convive con el menor, a los alimentos atrasados de éste, porque se trata -en definitiva- de un crédito propio. (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Balzaretti,  Eduardo  Carlos c/ Ente Administrador Astillero RíoSantiago s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16

El decreto 146/01, dentro de la clasificación efectuada por Sagües, es un decreto reglamentario que desnaturaliza la propia ley que reglamenta al exceder el ámbito de la interpretación posible de dicha ley optando por una solución fuera de ésta, por lo cual cabe declarar su inconstitucionalidad de oficio. Así, la requisitoria que el art. 3 del decr. 146/01 impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta: art. 45 de la ley 25.345. Procede la declaración de inconstitucionalidad de oficio pues, de acuerdo al adagio latino "iura novit curia", el juez debe suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello que los hechos del proceso deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso. El control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la constitución es de orden público. (Del voto de la Dr.

Ferreirós, en mayoría).
ESPAÑA, expulsión colectiva de extranjeros, convenio europeo de derechos humanos, protocolo, paso fronterizo, derecho a un traductor, patrocinio letrado, protección internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Asunto N.D. y N.T. c. España - Expulsión colectiva de extranjeros - Jurisdicción territorial - Criterios aplicables c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Bajo Rin
Fecha: 2017-09-12

Un nacional maliense y otro marfileño demandan al Reino de España por violación al artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su Protocolo No 4, alegando haber sido objeto de una expulsión colectiva junto a un grupo de subsaharianos. Luego de vivir durante meses en el campamento de inmigrantes del Monte Gurugú -costa norte de Marruecos cercana a la ciudad de Melilla, posesión hispana en el norte de África-, sortearon las vallas fronterizas y al pisar suelo español fueron detenidos y devueltos a Marruecos sin haber pasado por ningún procedimiento de identificación, ni asistencia jurídica o sanitaria.
Mala praxis, responsabilidad del abogado, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Miranda German c/ Colombo Oscar Jorge s/ Daños Y Perjuicios - Resp.Prof. Abogados
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-17

El letrado demandado debe responder por el daño moral que sufrió el cliente accionante al no haber llevado adelante el juicio laboral encomendado, pues no cumplió con los deberes profesionales a su cargo de comportarse con lealtad, probidad y buena fe en el desempeño profesional -art. 6 inc. e, ley 23.187- ya que no debió generarle falsas ilusiones haciéndole creer, durante siete años, que había dado inicio a las actuaciones judiciales, es que, si verdaderamente era su opinión profesional que el actor no tenía elemento alguno que pudiera resultar de utilidad para probar sus pretendidos derechos no debió haber solicitado que se le otorgue poder para el inicio de actuaciones judiciales.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Esteche, Silvia Graciela por sí y su hijo menor c/ Instituto de Sanidad Ganadera S.R.L. y El Cabildo Cía. Argentina de Seguros General S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-31

El derecho de la conviviente deriva de lo dispuesto en la ley 24.028, la que al enumerar a los causahabientes del causante hace remisión al artículo 38 de la ley 18.037, que asimila a la concubina "en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o viudo, al beneficio que se otorga, cuando existan cinco años de convivencia o dos cuando hubiere descendencia".
Hurto, acta de secuestro
Materia: PENAL
Carátula: GUEVARA, ARMANDO s/ HURTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-22

La ausencia de un instrumento concreto en el que conste el secuestro de la bicicleta como acto de la autoridad preventora, no enerva en el caso las constancias que indican que se procedió a dicho secuestro. Y el contexto de las testimoniales brindadas es suficientemente indicativo de que el biciclo lo detentaba G. y previamente le fue sustraído al denunciante. . . se recibió la denuncia, se detuvo a G.

y en su poder se obtuvo y se secuestro la bicicleta que se afirma sustraida. Cabe señalar que el escaso tiempo que transcurre entre la producción del hecho, su noticia a la policía y la detención y secuestro, unido al momento y lugar en que expresa G. que se le sustrajo la bicicleta. . . y la concordancia de la característica de la que denuncia como sustraida con la que al poco tiempo se recupera, mas el dicho de N. (testigo) en referencia a la indicación de un tercero, son todos extremos que concurren con coherencia a afirmar la acusación y a desestimar la hipótesis de falsedad de tales elementos de cargo, por ser inverosímil que se haya encadenado una prueba compleja y perversa en contra de quien nada tenía que ver. Frente a tal prueba mal puede el mero silencio del imputado tener eficacia probatoria de una posesión o tenencia preexistente contradictora como la que alega Gómez.
Cuestiones prejudiciales, sobreseimiento, sentencia absolutoria, imputado
Materia: PROCESAL
Carátula: Salazar, Hector Roberto c/ Pasten Angel Rodolfo y Ot. s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-06-08

Ni el sobreseimiento definitivo, ni la absolución del acusado hacen cosa juzgada en sede civil, si se han fundado en la falta o ausencia de culpa del imputado. Sólo a la inexistencia del hecho principal y la falta de participación del acusado, está limitada la influencia de la absolución o el sobreseimiento, dictados en sede penal, como cosa juzgada en la causa civil.

La exclusión de la relación causal que se hace en sede penal, es por atribuir la culpa exclusiva a la víctima y no porque en el hecho no haya participado el imputado.

Además, considera dicho fallo, violatorio del derecho de defensa de los actores y arbitrario, el fallo que prescinde de las pruebas aportadas al proceso civil, a fin de determinar la culpabilidad del demandado.
Recusación sin causa, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Navarrete, César L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

Debido a la distribución del trabajo judicial realizada por intermedio de la Receptoría General de Expedientes, el litigante desconoce al interponer la demanda ante qué juzgado ésta habrá de ser radicada, motivo por el cual -en esa oportunidad- no se encuentra en condiciones de hacer uso de la facultad de recusar sin causa, que por una sola vez le confiere la ley adjetiva (arts. 14 y 15 del CPCC; art. 16 del Cód. Civil).
Contrato de obra pública, liquidación final
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jaime Bernardo Coll Construcciones c/ Municipalidad de Morón s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Si la Administración y la contratista no han acordado sus cuentas debidamente en la instancia oportuna, viéndose este Tribunal impedido de hacerlo atento a que ninguno de los litigantes trajo la demostración acabada de sus pretensiones,corresponde rechazar el pago demandado por la empresa actora y declarar no obstante su derecho a obtener la liquidación definitiva de la obra ,resultando inoficioso en tanto de tal liquidación han de quedar diferidas las obligaciones de los sujetos intervinientes en la obra pública ejecutada, pronunciarse sobre el sujeto obligado a cancelar el crédito.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sincar S.A.C.I.C.I.A. y F. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

La aplicación inmediata de un nuevo principio -no exigible al tiempo de iniciación de la demanda- coloca a la actora en una situación de indefensión atentatoria del principio constitucional de defensa (art. 18 C.N.).
Ejecución de sentencia, Constitución Provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Calabria Ruben Jorge y Otros c/ Delpiano Carlos Alberto  s/ ejecucion de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-09-29

El quebrantamiento de las garantías consagradas por el art. 171 de la Constitución de la Provincia sólo se produce cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, faltando la invocación de los preceptos legales pertinentes. Por ello cumple con la exigencia que impone dicha norma superlegal, el fallo que -como en el caso- está fundado en el texto expreso de la ley, no correspondiendo juzgar por vía del recurso de nulidad el acierto de la decisión.
Carrera hospitalaria, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Silva, Santiago Teodoro c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Salud y Acción Social). Coadyuvantes: Diana Silvia Meléndez y Carlos Alberto Micelotta s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-11

La exclusión de un aspirante a un concurso, fundada en la falta de acreditación por éste de la especialidad requerida -ortodoncista-, es ilegítima si el actor ha demostrado que desempeñó como odontólogo concurrente, trabajando como ortodoncista en una época en que ésta no era considerada como una especialidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., J. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-23

En relación al principio de congruencia, la presentante no alcanza a demostrar la vulneración que denuncia, en tanto con sus alegaciones no rebate la respuesta que la Cámara le diera a idéntica postulación que hiciera en la instancia ordinaria, puesto que los Magistrados expusieron que, más allá de que la invocada variación en el contenido de la imputación en relación al lapso temporal en el que habrían ocurrido los sucesos endilgados, las diferencias marcadas por la interesada no resultaban demostrativas de debilitamiento o sorpresa alguna, de modo tal de haber disminuido o imposibilitado la defensa del encartado; no logrando convencer la recurrente en definitiva -ni tampoco siendo advertido por este Tribunal- que la respuesta ensayada por el A quo no se corresponda con las constancias de las causa, o resulte arbitraria, o se aparte de las exigencias de fundamentación emanadas del artículo 95 de la Constitución provincial. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución de Santa Fe, artículo 95
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aranda, Omar c/ Milar, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

En las zonas urbanas, el peatón tiene prioridad sobre los vehículos para atravesar la calzada por la senda peatonal (art. 57 inc. l Cód. Tránsito. ley 11430).
Sentencia definitiva, prisión preventiva
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Giglio,  Ricardo  José  (queja  en: Incidente de Apelación de prisión Preventiva de Jacinto Luna). s/ Queja por Casación Penal Denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-04-15

El auto interlocutorio de prisión preventiva es inhábil para abrir la vía extraordinaria, por no constituir sentencia definitiva, por no ajustarse a los demás requerimientos de la ley 1930, por tratarse de un eventual perjuicio económicamente resarcible, y porque ha sido el propio legislador quien, en resguardo de un valor superior como la fe pública, ha previsto, la inhabilitación notarial que el recurrente procura evitar con su queja.
Aduanas, mercaderías despachadas a plaza, libramiento de mercadería aduanera, documentación administrativa, falta de documentación, sanciones aduaneras
Materia: ADUANERO
Carátula: Mikasa (Hong Kong) Ltd. c/ A.N.A. s/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

El Código Aduanero prevé la posibilidad de despachar la mercadería e incluso librarla faltando parte de la documentación (arts. 219 y 453 inc. F, C.A.). Esta situación de excepción se permite bajo un régimen de garantía, e incluso se prevén sanciones que aún luego de impuestas no dispensan la obligación de acompañar aquella (art. 220 C.A.). (Del voto del juez Mordeglia, consid. 2.b).