Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-02


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de 2007, se reúnen en acuerdo los señores jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver las presentes actuaciones seguidas a Carlos Alberto Azabache Gorbolan o Gorbalan o Gordalan.

VISTO:

Ingresan los autos de mención en virtud del recurso de apelación deducido por el Roberto Guinney, co-titular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 6, contra la sentencia dictada con fecha 3 de mayo del año en curso, por la Sra. Juez a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 16, Claudia Amanda Alvaro.

Mediante el citado pronunciamiento, cuyos fundamentos obran a fs. 68/71, se dispuso una sanción de multa de cuatrocientos pesos ($400) cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso, con costas, en orden a la infracción prevista y reprimida por el art. 56 del CC, párrafos segundo y tercero de la ley 1472.

I En oportunidad procesal la defensa articula el presente, de cuyos argumentos agregados a fs. 74/80, se desprenden tres órdenes de agravios: el primero circunscripto a la arbitrariedad del pronunciamiento, un segundo aspecto relacionado con la actividad probatoria -a su juicio insuficiente para alcanzar el grado de reproche- y subsidiariamente el restante, vinculado a la exégesis de la norma del art. 56 CC.

Acorde las razones allí esbozadas solicita sea revocado el fallo y dispuesta la absolución de su defendido, previa reserva de interponer recurso de inconstitucionalidad, conforme las disposiciones del art. 53 del C.P.C. y de la Ley 402, como así también de caso federal en los términos de la Ley 48.

II En cuanto corresponde a la intervención del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, el titular de la Fiscalía Nº 2 Walter Fernández, promovió el rechazo del libelo -tal como surge a fs. 85/7- en la consideración de que los agravios formulados carecen de entidad.

Señaló así la falta de precisión del perjuicio irrogado, que lleva a invocar como argumento substancial en torno a la arbitrariedad, la redacción del fallo; cuestión sobre la que aduce que pese a que algunos párrafos no ressulten lo más atinado "de aplicar las conocidas nociones de coherencia puedo afirmar que aquello que aparenta ser un error no es mas que un desajuste del lenguaje. Además, analizado este aspecto con mas profundidad, aplicando para ello el método historicista, entiendo que el mismo no altera ni modifica el sentido de las conclusiones." (fs. 86vta.).

Finalmente se expidió sobre la prueba, arguyendo que se trata de meras apreciaciones propias del ejercicio de defensa, a más de advertir un cierto abuso en ello, al adolecer de la rigurosidad necesaria para permitir revisar el razonamiento seguido por la magistrada y de formular una serie de especulaciones en torno a la posible inexistencia del hecho, la carencia de lesión y tipo del perro agresor, sin adentrase en el objetado encuadre legal.

CONSIDERANDO:

I. Admisibilidad.

En el examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, corresponde verificar la configuración de las pautas de impugnabilidad objetiva y subjetiva, como así también los recaudos de lugar, tiempo y modo que deben reunirse en su interposición. En ese marco, se desprende que ha sido impetrado por quien tiene derecho a hacerlo y cumplimentado los requisitos formales, al ser presentado ante el Magistrado que dictó la resolución, fundadamente y en tiempo oportuno.

El fallo condenatorio a tenor de los agravios invocados habilita la interposición del remedio, como lo hemos sostenido en otros pronunciamientos, circunscripto claro está al alcance de revisión posible en esta instancia, acotado a la razonabilidad del método lógico-jurídico utilizado en la solución.

Causa Nº 20061-00-CC-2006 Sala II.

II. La cuestión de fondo.

El hecho que nos ocupa conforme surge del requerimiento de elevación a juicio, obrante a fs. 21/22 radica en: "con fecha cuatro de julio de dos mil seis a las diecinueve horas aproximadamente, mientras se encontraba paseando cinco perros en Juncal y Montevideo, omitió los recaudos de cuidado respecto de uno de dichos perros con peligro para J. S. -de 10 años de edad- en tanto el nombrado fue mordido por dicho animal en su pierna sin que se produjeran lesiones." 1. El primer agravio que invoca la defensa se enerva contra la arbitrariedad del pronunciamiento vinculado a lo enunciado en uno de sus tramos "...No sólo se encuentran reunidos los elementos objetivos sino también los subjetivos, ya que Azabache Gorbalán tuvo pleno conocimiento y voluntad de cumplir con los recaudos de llevar a pasear un animal con correa y bozal. Dicha exigencia es debidamente conocida por el imputado que resulta su medio de vida..." manifestación que lo lleva a colegir que no se condice con la solución arribada (pg. 74vta.).

Al momento de resolver se observa de la lectura del fallo que presenta ciertas imprecisiones en su grafía y sintaxis, pero no logra perder coherencia y logicidad desde una perspectiva integral. La pretendida discordancia que ensaya el defensor no puede ser acogida puesto que ha quedado cabalmente demostrado el criterio de la a quo al fallar, señalando los extremos valorados y las razones que condujeron su decisión.

La sola lectura del -Considerando segundo- que ataca la defensa y que se corresponde al tratamiento del encuadre legal, demuestra el sentido expuesto. Basta para ello extraer:

"La conducta que tuve por probada en el punto anterior,... En efecto, Azabache Gorbalan omitió los recaudos de cuidado respecto de un animal que se encuentra a su cargo con peligro para terceros. Puntualmente, omitió haber paseado un perro sin correa ni bozal." "...cabe señalar que el nombrado omitió los recaudos de cuidado que le eran exigibles como cuidador de perros, respecto del animal de marras; no le colocó bozal ni correa para transitar por vía pública." "Que ello era una obligación para el nombrado..." Para finalmente puntualizar en el párrafo inmediato anterior al objetado, pese a ciertos errores deslizados:

"...la aludida 'su' omisión de Azabache Gorbalán que fue determinante en el hecho, causó un peligro cierto en la integridad 'fiscal' del menor S." Lo transcrito resulta de meridiana claridad para inferir que el representante de la defensa sólo intenta valerse de una construcción -indudablemente poco feliz- y por lo demás inverosímil, extrayéndola de su contexto para alegar un razonamiento equívoco.

La doctrina de la arbitrariedad invocada requiere de parámetros más rigurosos "no tiene por objeto ...corregir fallos equivocados...sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la ´sentencia fundada en ley` a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional" (Cit. en Expte.nº 3562/04 "Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 8 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ´Prescava, David Daniel s/art. 189 bis CP`" voto del Luis F. Lozano). De modo que se impone el rechazo del agravio.

2. En segundo lugar embate contra el cuadro cargoso conformado, en su criterio insuficiente para acreditar la materialidad del suceso y la autoría de su pupilo, efectuando un análisis crítico en torno a la entidad probatoria.

Alega la existencia de contradicciones en los testimonios colectados y su mérito, señalando así que el agente del orden -Subinspector Alberto Samaniego- además de recordar poco del hecho, no estuvo presente; por su parte J. A. S., tampoco pudo presenciarlo y deviene parcial en su calidad de progenitor de la víctima; por lo que sólo se cuenta con la versión del menor J. S., declaración también endeble al encontrarse sustentada por su padre.

En otro orden efectúa una serie de conjeturas en cuanto a la mecánica del suceso. Esgrime que si el preventor sólo manifestó recordar que a su arribo los perros se encontraban atados a una reja, dicha versión se contrapone a los damnificados y por lo tanto existe un manto de duda razonable sobre si su asistido incumplió con los recaudos necesarios generando un peligro para terceros y teoriza que bien pudo haber sido el menor quien provocara el incidente. Arguye además sobre la significancia que cobra la Causa Nº 20061-00-CC-2006 Sala II.

inexistencia de lesión -cuya marca - hubiera sido importante para corroborar la veracidad del relato y determinar el tamaño o raza del perro, puesto que es dable suponer que la mordedura no existió o que el niño se asustó porque lo ladró.

En estos términos sostiene que no hay certeza del suceso y por lo tanto, el juicio de la magistrada resulta erróneo para acreditar la materialidad del suceso y la culpabilidad de su pupilo.

Sobre este aspecto, coincidentemente con lo señalado en el acápite anterior, la juzgadora ha sido precisa en cuáles han sido los elementos de cargo seleccionados para arribar a un juicio de reproche, avalando los extremos pertinentes y las razones de su preeminencia para dar por acreditada la materialidad del acto.

Si bien las formulaciones de la defensa pueden ser atendibles, con referencia a determinadas particularidades que presenta la testimonial colectada, lo cierto es que tampoco existe razón para descartar los dichos del propio damnificado, aún tratándose de un menor, o el de su padre, por tratarse de un testigo de oídas; por el contrario, si bien la pesquisa ha sido bastante escueta acorde las constancias que se extraen del legajo, resulta suficiente para acreditar la acción desplegada por el encausado. Por otra parte no ha ofrecido otros elementos que permitan desvirtuar el cuadro de convicción conformado.

En este sentido relacionado con la validez del testigo único y de la propia víctima, señala D´Albora algunos casos: "Por eso es insuficiente cuestionar al testimonio único fundado en referencias genéricas, sobre todo si no se demuestra la objetividad del vicio y la transgresión del tribunal al utilizar dicha declaración. Las normas para valorar el aporte no son rígidas sino deben ser razonables para formar el juicio de certeza (TOC nro. 16, E.D., del 21/VIII/1999, f.99.214; ...TOC nro. 5, L.L., del 30/VII/1999, f. 99.080)"; "La declaración de la víctima, por ser única e incluso sospechosa, dado el interés en el resultado de la acusación, si bien requiere una crítica más rigurosa, no impide alcanzar la plenitud probatoria (CNCP, Sala I, D.J., 2000-2, pág. 730, f.15.688)" Con referencia a las restantes hipótesis que traza: "En materia de valoración de la prueba la diferencia entre las máximas de la experiencia y las meras conjeturas reside en que, en el primer caso, el dato ha sido ya -o será de todos modos- sometido a una verificación empírica y, por lo tanto, la máxima puede ser formulada como expresión del id quod plerumque accidit; en el segundo caso, tal verificación no ha ocurrido ni puede ocurrir, y la conjetura queda confiada a un nuevo cálculo de posibilidades; o sea que no es susceptible de una verificación empírica y, por lo tanto de ser demostrada....De ahí que en el razonamiento en el que se sustancia la fundamentación del decisorio quepan las máximas de la experiencia, pero no las meras conjeturas" 3. En último término el Sr. Defensor plantea su oposición con el encuadre legal, efectuando una disquisición relativa al elemento normativo del tipo escogido para efectuar el juicio de subsunción. Discrepa con la solución en el entendimiento de que se está frente a un elemento normativo social y por ende, la remisión a la Ordenanza Municipal Nº 41.831 para completar la figura es incorrecta.

Sobre este aspecto señala que siendo el fin de la norma la tutela de la integridad física de las personas, el dolo debe afectar o poner en peligro dicho bien jurídico, para lo cual se retrotrae al planteo liminar relativo a la inexistencia de lesiones. La no acreditación de dicha circunstancia -entiende- que torna imposible evaluar si tal extremo realmente se configuró, razón por la que alude sobre la importancia de evaluar la peligrosidad que presentaba el animal en relación a sus características, circunstancia que no fue objeto de debate.

La discusión que trae el Sr. Defensor resulta inerte. En efecto señala Roxin con respecto a la distinción entre elementos descriptivos y normativos: "en la definición usual...apenas se presentan circunstancias puramente descriptivas o normativas, pues incluso elementos a primera vista descriptivos, como "sustraer" o "edificio", en los casos dudosos deben interpretarse conforme al fin de protección del correspondiente precepto Causa Nº 20061-00-CC-2006 Sala II.

penal y por tanto conforme a criterios normativos; ...por otra parte, la mayoría de los conceptos normativos tampoco se presentan como puras valoraciones...sino que tienen un substrato descriptivo...." A lo que agrega "no importa tanto la (casi imposible) separación de elementos descriptivos y normativos, cuanto reconocer que la mayoría de los elementos del tipo son una mezcla de elementos normativos y descriptivos,..." Finalmente sugiere que " si por razones terminológicas se quiere seguir manteniendo una delimitación practicable ... es recomendable calificar como normativos...sólo a aquellos elementos ´que sólo pueden ser representados y concebidos bajo el presupuesto lógico de una norma'".

En relación a la falta de lesividad, nos hemos referido en numerosos pronunciamientos en el sentido: "en materia contravencional, a diferencia del derecho penal, la efectiva lesión del bien jurídico tutelado o, al menos, su concreta puesta en peligro, no deben ser entendidas como paramétros para calcular la mayor afectación del bien jurídico (refiriéndonos al campo específico de los llamados "delitos de lesión" o de "peligro concreto" en materia penal) ni cumplen sólo una función legitimadora de la norma prohibitiva (legitimación material). Es que, en el ámbito en que ejercemos nuestra jurisdicción, los resultados mencionados - de lesión y de peligro concreto - además de integrar sin excepciones el tipo objetivo de que se trate, funcionan como condición objetiva de punibilidad (art. 1 de la ley Nº 10). No es otra sino la dirección del art. 10 de la ley en cuestión al no admitir la tentativa para las contravenciones." ("Terrazas Gutiérrez, Sonia" cit. del voto de los Dres. Bacigalupo y Bosch).

Como segunda cuestión en torno a la tipificación de la conducta considera errónea la atribución del elemento subjetivo del dolo y que relaciona con el tramo de la sentencia objetado a su vez por arbitrariedad. Colige así que la defectuosa redacción impide determinar si la conducta atribuida consiste en el "ánimo de omitir el cumplimiento de los recaudos establecidos en la norma Nº 41.831" o por el contrario " en el pleno conocimiento y voluntad de cumplir con ellos" circunstancia esta última que llevaría a la atribución del injusto a título culposo y tratándose de una infracción dentro del ámbito contravencional correspondería la absolución al no encontrarse prevista la comisión a ese título.

Al respecto solo cabe remitirnos a lo dicho en esa oportunidad, en el entendimiento que el pronunciamiento refleja claramente el razonamiento seguido por la a quo para dar por probada y sin hesitación la conducta llevada a cabo por su autor, integrada en ambos aspectos -volitivos y cognitivos-.

4- Despejado el tratamiento de los agravios corresponde efectuar una consideración en relación a la sanción, pese a no ser objeto de pretensión.

La pena de multa ha sido dejada en suspenso conforme los parámetros normativos que así lo habilitan, art. 46 CC. Sin embargo no se han estipulado reglas de conducta al respecto, solución que no compartimos en el entendimiento de que se contraría la finalidad del beneficio de la condicionalidad que actúa en un doble carácter -como factor de adecuación a la norma y como una oportunidad para quien resulta condenado por vez primera- circunstancia sobre las que nos hemos expedido in re Leyton.

Al igual que en el antecedente citado, pese a algunas diferencias que no son del caso aquí, la inexistencia de recurso fiscal al respecto y en estricta observancia a la garantía de reformatio in pejus, deben mantenerse los términos de la condena puesto que su modificación afectaría también en última instancia el non bis in idem.

Sentado nuestro criterio respecto a los extremos de la condenación en suspenso, corresponde efectuar una particularización. La Sra. Juez ha interpretado el alcance de la disposición del art. 46 en torno a las reglas de conducta con carácter facultativo, conectando su imposición específicamente con la finalidad allí prevista y que surge del mismo párrafo "en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas contravenciones".

Indudablemente el texto contravencional difiere sutilmente de la locución utilizada en la regulación del instituto en el fuero nacional que preceptúa, como potestad jurisdiccional "deberá disponer" (art. 27 bis). La voz "dispone" de que se vale el texto local puede llevar a la solución contraria, pero pese a lo dicho, en el caso guarda coherencia en el entendimiento que para la magistrada es una facultad de ese órgano, de modo que la revocación del instituto queda sólo supeditado a la no comisión de otra contravención. Por lo demás, acorde lo señaláramos la decisión no puede ser modificada.

Fuera de lo expuesto y a modo de reflexión, la propia revisión del proceso a la luz de su resultado, permite percibir que bien pudo haber resultado adecuado la fijación de alguna regla dentro del repertorio previsto por el art.45, por ej. cumplimentar los requisitos para el ejercicio de su actividad, en el entendimiento no sólo del instituto que nos ocupa, sino del fin preventivo especial que guarda la imposición de una pena, sobre todo teniendo Causa Nº 20061-00-CC-2006 Sala II.

en cuenta que la sanción aquí impuesta no se dirige a un individuo que ocasionalmente se encontraba al cuidado de un perro, sino a un "paseador" de lo que resulta ser su actividad habitual, tal como surge de las constancias del expediente. Con ello, entendemos, se vería mejor satisfecho el propósito de una pena.

En orden a lo expuesto la pretensión de la defensa debe rechazarse en todos sus términos, en tanto las objeciones formuladas contra el pronunciamiento no logran vencer el ajuste a las reglas de la sana crítica expuesto por laa quo en la determinación del caso y guardan coherencia con la entidad probatoria colectada En consecuencia el Tribunal, RESUELVE:

I.- CONFIRMAR la sentencia recaída a fs. 68/71 en cuanto condena a CARLOS ALBERTO AZABACHE GORBALAN, a la pena de multa de cuatrocientos pesos ($400) cuyo cumplimiento fue dejado en suspenso, con costas, en orden a la infracción prevista y reprimida por el art. 56 del CC -párrafos segundo y tercero de la ley 1472- (arts. 22, inc. 2, 26, 29 y 46 de la ley 1472; art. 45 del C.P.N y arts. 14 y 48 de la ley 12).

II.- TENER PRESENTE, las reservas formuladas por la defensa en el Pto. V de su presentación.

Tómese razón, notifíquese por cédula al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente, devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplimentar las notificaciones pertinentes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

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