Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-03-17


AUTOS 83900 (C.C.Nº22038) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "POBLETE, Maria Luisa C/ Zuliani, Ángel Leonardo y Otros - Daños y Perjuicios".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2015- del Tº I - Fº63/67.- En la Ciudad de San Juan a 17 días del mes de marzo de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. 543, contra la sentencia de fecha 30 de mayo del año dos mil catorce y aclaratoria, recaídas en los presentes autos Nº83900 (C.C. Nº22038) caratulados: "POBLETE, MARIA LUISA C/ ZULIANI, ANGEL LEONARDO Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictadas por el Sr. Juez titular del Cuarto Juzgado Civil, obrante a fs. 525/527 y aclaratoria de fs. 538/539 vta.- 1°-¿Resulta procedente el recurso de apelación obrante a fs. 533?;

2°- En su caso, ¿Que resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- En la sentencia que consta a fs. 525/527 y aclaratoria de fs. 538/539 vta., el Sr. Juez de primera instancia resolvió rechazar la excepción de inhabilidad de título y planteo de nulidad de fs. 502/508, como los recursos de aclaratoria, reposición y apelación de fs. 530/532.

Para así resolver, consideró -en resumen- que en la resolución de fs. 482/485, de fecha 16-07-2013, dispuso que no corresponde deducción alguna y que la Compañía de Seguros debía abonar la totalidad del importe de condena -sin perjuicio de la solidaridad de la obligación que surge del dictum final-, bajo los argumentos que pueden observarse a fs. 383/384, a los que se remite. Sostiene que dicha resolución no fue impugnada por la vía y oportunidad correspondientes, que la reedición de idéntico debate resulta manifiestamente improponible.

Agrega que para el caso de los honorarios regulados en el proceso principal, la base regulatoria surgirá de la liquidación que se practique en los términos del art. 223 de la ley arancelaria (capital e intereses), mientras que, por otra parte, para el supuesto de regulación de honorarios por lo actuado en la etapa de ejecución de sentencia, resulta de aplicación el art. 201 inc. c de la ley referida, el cual dispone que la base regulatoria está conformada por el honorario fijado en la sentencia al abogado del ejecutante.

Rechaza el recurso de reposición, alegando que resulta improponible como medio impugnativo a la resolución en cuestión (art. 245 del C.P.C.), y la apelación subsidiaria, en razón de que tal impugnación se halla comprendida y contenida dentro de la apelación que fuere impetrada en forma simultánea a fs. 533 y cuya concesión ha sido supeditada al resultado de la presente.

II- A fs. 533 se interpone el recurso de apelación por el apoderado de la parte citada en garantía.

La recurrente sustenta la crítica de la sentencia (fs. 545/553) valiéndose, en sustancia, de los siguientes argumentos:

(1) Primer agravio: por cuanto la resolución rechaza la excepción de inhabilidad de título y nulidad deducida por su parte a fs. 502/508, siendo que el consentir la liquidación no implica renunciar a prevalerse de los derechos que le han sido reconocidos por sentencia firme; y que la cosa juzgada tiene jerarquía constitucional, por lo que estima que resulta nula la resolución de fs. 482/485.

(2) Segundo agravio: por imponer las costas a su parte y el porcentaje fijado, de un 20% a su parte y del 40% al actor de la base regulatoria que se determine, cuando -según sostiene- en el mejor de los supuestos debió decir que será sobre la base de los honorarios regulados a las partes.

Hace reservas y pide que se haga lugar al recurso, con costas.

III- A fs. 555/557 obra adjunto el escrito de réplica presentado por el apoderado de la parte actora.

En su fundamentación expresa que el memorial de agravios no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia, por lo que pide que se declare desierto el recurso.

Sin perjuicio de ello, pide el rechazo del primer agravio sosteniendo que la sentencia interlocutoria de fs. 482/485 se encuentra firme, y en la misma se ordenó pagar la totalidad de los rubros de condena.

Agrega que inició la ejecución de sentencia por los importes de la liquidación practicada a fs. 429, descontando los montos depositados a cuenta. Y manifiesta que no existe vicio alguno en la sentencia de fs. 482/485.

Con relación al segundo agravio sostiene que ha sido correcta la imposición de costas.

Hace reservas y pide que se rechace el recurso, con costas.

IV- A fs. 569 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. Dado que la expresión de agravios ha puntualizado los errores imputados a la sentencia impugnada, concretando los motivos por los cuales se considera equivocada la misma, corresponde analizar los agravios, conforme lo establecido en el art. 260 del CPCCM., y no hacer lugar al pedido de que se declare desierto el recurso.

2. En el caso en análisis, a fs. 490/491 se ha promovido la ejecución de la sentencia por la suma de $ 93.332,00, invocándose que la compañía de seguros debe pagar el total del monto sin deducción de la franquicia. Contra el progreso de la ejecución la citada en garantía opuso la excepción de inhabilidad de título (inhabilidad de sentencia) y alegó también la nulidad absoluta de la ejecución.

3. Ahora bien, en el proceso de ejecución de sentencia con la excepción de inhabilidad de título (inhabilidad de sentencia) se puede alegar la inexistencia de ciertos presupuestos procesales que obstaría a la ejecución de la sentencia, como son: a) no estar ejecutoriado; b) no haber vencido el plazo fijado para su cumplimiento, c) o no resultar de él lo reclamado, d) la calidad de acreedor del ejecutante o la de deudor del ejecutado (art. 467, CPCCM).

4. Y como en este caso la sentencia condenó al pago de cantidad ilíquida, la parte actora presentó una liquidación a fs. 427/vta., luego cuestionada por la aseguradora citada en garantía a fs. 434/435. Dicho cuestionamiento fue sustanciado y en la réplica de la parte actora (fs. 444/450) se expresa que se allana al resultado de $103.991,58 en concepto de capital más intereses desde marzo de 2005 a junio de 2012, pero hace reserva por los intereses sobre saldo adeudado y por la suma de $29.773,78 en concepto de honorarios de la parte actora por ambas instancias.

A fs. 454, en la resolución de fecha 07/09/2012, se resuelve "..a la inoponibilidad de la franquicia, estése a los alcances establecidos en las respectivas sentencias definitivas de primera y segunda instancia...". Y en la resolución obrante a fs. 474/475, de fecha 15/04/2013, hace lugar al allanamiento formulado por la parte actora.

Con posterioridad, en fecha 16/07/2013 (fs. 482/485), se vuelve a resolver haciéndose lugar al allanamiento de la parte actora a la impugnación de la planilla practicada por la compañía aseguradora, en cuanto al monto de capital e intereses, y agrega "...con las salvedades expresadas en cuanto a la deducción de la franquicia...". Y en los considerandos de dicha resolución manifiesta - en síntesis - que "...al ser el capital de condena de $103.991,58, es decir, mayor a la franquicia de $40.000 establecida por la Resolución SSN, debe abonar la compañía de seguros la totalidad del importe sin deducción alguna...".

5. Esta reseña de las constancias y resoluciones obrantes en este proceso lleva al necesario análisis de lo resuelto respecto a la franquicia, tanto a fs. 454 como a fs. 482/485, y relacionarlo con la excepción planteada por la aseguradora contra el progreso de la ejecución de la sentencia dictada en esta causa.

Al respecto se puede afirmar que las observaciones a las liquidaciones deben limitarse a los errores de cálculo matemático para la determinación del "quantum", o a los yerros habidos respecto de las fechas de las cuales se practica el cálculo, sin que sea factible la revisión de las pautas que fueran objeto de resoluciones firmes que han pasado en autoridad de cosa juzgada y que no fueron oportunamente cuestionadas.

A ello se agrega que la cosa juzgada, por encontrarse interesado el orden público, puede ser hecha valer de oficio por los jueces.

6. Por ende, si en la sentencia definitiva se hizo lugar a la demanda y condenó al Sr. Ángel Leonardo Zuliani como también a la Empresa La Nueva Sarmiento, y a La Compañía de Seguros Protección Mutual del Seguros de Transporte Público de Pasajeros "en la medida del seguro", resulta erróneo que el Sr. Juez a quo haya resuelto en la segunda sentencia que tiene por allanada a la parte actora a la impugnación de la planilla de liquidación presentada por la parte citada en garantía que la franquicia sea inoponible a la parte ejecutante, y no obstante que la citada en garantía no haya impugnado dicha resolución -sin perjuicio de que pudo ser lo aconsejable- nada impide que se oponga en el trámite de ejecución de sentencia la excepción de inhabilidad de título fundada en que no resulta de la sentencia definitiva el monto reclamado.

7. La oponibilidad de la franquicia ha sido considerada por la Corte Federal en las causas C.724.XLI "Cuello Patricia Dorotea c/ Lucena Pedro Antonio", V.389.XLIII. "Villareal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro", y O. 166. XLIII. "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros", entre otras, estableciendo como doctrina que "corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro celebrado entre la compañía de seguros y el asegurado es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación". Y en este caso, en el que al presentarse la citada en garantía y asumir la defensa del asegurado, alegó que según la póliza de cobertura N° 113321, al asegurado "la Nueva Sarmiento S.A." tiene una franquicia a su cargo de $40.000 (fs. 90), sin que haya sido cuestionada por el "asegurado", debe aplicarse el estándar fijado por la Corte Federal en los casos citados, pues -como ya se indicó- tiene el carácter de cosa juzgada en este caso la condena a la aseguradora "en la medida del seguro".

8. En consecuencia, propongo que se admita el agravio y se haga lugar a la excepción de inhabilidad de título en razón de que no resulta de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el monto reclamado contra la aseguradora. Y al haber prosperado la excepción resulta abstracto en análisis de la nulidad también planteada, 9. Con relación al segundo agravio, también debe hacerse lugar al mismo y revocar la regulación de honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes, debiéndose efectuar una nueva regulación en primera instancia acorde al resultado obtenido por las partes en este recurso.	Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, propongo admitir el recurso de apelación obrante a fs. 533 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y en su lugar admitir la excepción de inhabilidad de título, con costas en el orden causado dado el proceder equívoco de ambas partes en la ejecución de la sentencia, especialmente en la liquidación del monto de condena y la franquicia pactada en la póliza.

Las costas de Alzada, dadas las particularidades del caso, también deben ser impuestas en el orden causado.

EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Admitir el recurso de apelación de fs. 533 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada y en su lugar admitir la excepción de inhabilidad de título, con costas en el orden causado.- II- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.