Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-26


SENT Nº 549 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiséis (26) de Junio de dos mil seis, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la provincia en autos:

"Ovejero, Víctor René vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán y otro s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- El codemandado Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia, a fs. 116/132, plantea recurso de casación en contra del punto IV de la parte resolutiva de la sentencia Nº 120 de la Excma.

Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 11 de abril de 2005, obrante a fs. 105/107 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 31-8-2005 (cfr. fs. 148 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 816, in fine, del CPCC, norma ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 110 y vta. y del cargo inserto a fs. 132 vta.; el acto judicial impugnado constituye una sentencia equiparable a definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs. 113); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrina legal; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Sobre esta última cuestión destaco que es criterio reiterado por esta Corte, en sus diferentes composiciones, que el modo de imposición costas configura una cuestión de hecho librada al prudente arbitrio de los jueces de mérito, no susceptible de revisarse en vía casatoria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta o violación de los principios de la lógica (sentencias Nº 325, del 14-10-93; 42, del 24-2-97; entre varias otras), extremos éstos que han sido invocados en la causa con fundamentos suficientes. Por consiguiente, juzgo admisible el presente recurso; voto porque así se declare.

III.- Sostiene el recurrente, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, resulta arbitrario, en tanto le impone las costas en su totalidad en el punto IV de su parte resolutiva. En su criterio, las costas debieron distribuirse por el orden causado o imponerse a la Provincia de Tucumán (cfr. fs. 127).

Sobre el particular, desarrolla los argumentos que, en lo pertinente y debidamente confrontados con los fundamentos que expone el Tribunal al respecto, en el considerando de la sentencia en crisis y con las constancias obrantes en el proceso, paso de inmediato a ponderar al adentrarme en el examen de la procedencia del recurso en examen.

IV.- Interesa poner de relieve, preliminarmente, que lo único que ha sido materia de agravio en el escrito casatorio fue la imposición de costas -correspondientes a la instancia de grado- íntegramente al Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia.

En esta dirección el impugnante plantea que dicha imposición deviene arbitraria, habida cuenta que el amparo no fue declarado procedente, de modo tal que no fueron debidamente acreditadas las circunstancias que llevaron al accionante a deducir esta acción, y que la Resolución Nº 1237 se dictó en ejercicio de facultades discrecionales atendiendo a la evaluación de los elementos técnicos pertinentes y a las posibilidades financieras del ente, sin que en forma alguna deba estimarse que fue factor determinante para su dictado la contienda judicial de referencia o la necesidad de cumplir con una obligación legal. Asimismo, postula que a la luz del artículo 106 del CPCC, el Instituto de Previsión Social no es la parte vencida, por lo que no debió considerárselo tal y hacerle cargar con las costas sin analizar de manera suficiente las constancias de autos.

La sentencia en recurso, por su parte, aduce que las costas se imponen al Instituto de Previsión y Seguridad Social porque la resolución Nº 1237, del 09-6-2004 significó un reconocimiento del derecho invocado en la demanda entablada el 10 de junio de 2003 (cfr. fs. 107).

¿Asiste razón al recurrente? Del escrito de demanda se desprende que el reclamo de cobertura -por parte de los demandados- del costo total del medicamento para hacer frente a la enfermedad que padece el actor (esclerosis múltiple), se funda en la presunta obligación legal de aquellos de actuar en la forma reclamada. Dicha obligación legal, en opinión del actor, reconoce su causa en lo dispuesto en las Leyes Nº 5652, 6446, 23.660, 23.661 y 24.455; Resolución Nº 247/96 del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación que establece el Programa Médico Obligatorio (PMO) para todas las obras sociales públicas y privadas y para las empresas de medicina prepaga; Resolución Nº 201/2002, emanada de la misma repartición nacional, que instituye el Plan Médico Obligatorio de Emergencia, habiéndose incluido el interferón para el tratamiento de la esclerosis múltiple por Resolución Nº 293/2002, y demás normas de rango superior que se cita a fs. 13; todo, en los términos de fs.

13/14 de autos.

A su turno, tanto la Provincia de Tucumán (cfr. fs. 55/56) como el Instituto de Previsión y Seguridad Social (cfr. fs. 77 vta./81 vta.) desconocen encontrarse obligados por la normativa citada por el acccionante a satisfacer el costo total del medicamento requerido para su tratamiento.

Ahora bien; del análisis que efectúa el pronunciamiento impugnado -en el punto III del considerando- del texto de la Resolución Nº 1237, del 09-6-2004, del Interventor y Sub Interventor del Instituto de Previsión Social, no surge que este ente autárquico haya resuelto aprobar en el punto I de su parte resolutiva el "PLAN TERAPÉUTICO DE COBERTURA DE 'ESCLEROSIS MULTIPLE' y de 'ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA' (...) con cobertura a favor del afiliado beneficiario del mismo del 100 % del costo de los medicamentos a cargo de la Obra Social Subsidio de Salud", por encontrarse obligado por la normativa a que alude Víctor René Ovejero.

En esta perspectiva, la Sala a quo, luego de hacer referencia a lo expresado en el considerando de la resolución de marras concluye que, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta resolución y lo reclamado por el actor en su demanda, se ha vuelto abstracto por falta de interés actual en este caso, el juzgamiento de la pretensión de cobertura total del costo del tratamiento médico solicitado para atender la enfermedad que padece. Y para no dejar duda acerca del sentido y alcance de lo resuelto, se remite expresamente a precedentes de este Tribunal diciendo que "En igual sentido se pronunció nuestra Corte Suprema de Justicia de la Provincia al sostener que resultaba abstracto pronunciarse acerca de la fundabilidad de un recurso de casación interpuesto en un caso análogo al de autos -por carecer de interés actual la pretensión recursiva- en la medida en que al momento del dictado de la sentencia, el demandado ha asumido la cobertura integral a cargo de la obra social del costo de los medicamentos necesarios para el tratamiento de la enfermedad que padece el actor (cfr. sent. nº 1000, del 30/11/04, in re 'Goyeneche, Fermina Arminda vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ amparo'; y sent. nº 1001, del 01/12/04, in re 'Santillán, Silvia Edith vs.

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ amparo') (cfr.

fs. 106 vta./107).

De ello se colige que, si bien el juzgamiento de la pretensión incoada en la demanda se consideró abstracto, no fue porque de la mencionada resolución haya resultado el reconocimiento de la obligación legal y de la normativa invocada en la demanda en que aquella se apoya, sino únicamente por la circunstancia de habérsele reconocido al actor la cobertura integral pretendida por un acto administrativo emanado originariamente del Instituto de Previsión y Seguridad Social, pero sin aceptar expresamente que se encuentre obligado a ello por las disposiciones mencionadas en la demanda. De allí que, si en la resolución en cuestión no se aceptó expresa y categóricamente que la cobertura plena se disponía por existir una obligación legal de hacerlo, cabe concluir que carece de sustento la imposición de costas en su totalidad al Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia.

Siendo ello así, entonces, y merced a la declaración de abstracción recaída en la causa con los alcances vistos y, consecuentemente, la ausencia de un fallo -atento a la peculiar manera anómala de extinción del juicio- que permita inferir la existencia de parte vencida, queda excluida la aplicación del principio objetivo de la derrota que consagra el artículo 106, primera parte, del CPCC, y ajustado a derecho imponer las costas por su orden, en mérito a lo ponderado ut supra.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia en contra de la sentencia Nº 120 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 11 de abril de 2005, obrante a fs. 105/107 vta. de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto IV de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "Conforme a la declaración de abstracción recaída en la causa con relación al juzgamiento de la cobertura integral del costo de los medicamentos reclamada en la demanda, no resulta razonable imponer íntegramente las costas de la instancia de grado al codemandado recurrente, sino distribuirlas por el orden causado". Dictar como sustitutiva: "IV).- COSTAS, por su orden".

V.- Las costas de esta instancia casatoria, atento al resultado a que se arriba, y teniendo en cuenta las peculiaridades del caso y la razón probable para oponerse a la pretensión impugnativa deducida que podría atribuirse a la parte actora, se imponen por el orden causado (artículos 89 del CPA y 106, inciso 1, del CPCC).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia en contra de la sentencia Nº 120 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 11 de abril de 2005, glosada a fs. 105/107 vta. de autos. En consecuencia, casar parcialmente la misma, dejando sin efecto el punto IV de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y dictar como sustitutiva "IV).- COSTAS, por su orden".

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.