Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-30


SENT Nro. 294 San Miguel de Tucumán, 30 DE ABRIL de 2003.- VISTO: El recurso de revocatoria deducido por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, en autos; "Brovia, Carlos Alfredo vs. Sergio Tata y Víctor Daniel González s/Daños y perjuicios"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de revocatoria interpuesto por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 25/02/2003 que hace lugar al recurso de casación deducido por aquél en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil Comercial Común, de fecha 11/4/2001 en relación al agravio referido a la inaplicabilidad del art. 14 de la ley 5480.

II.- El recurrente basa su planteo en el hecho de que el fallo en crisis, aun ante la ausencia de planteo expreso referente a la cosa juzgada, debía haberse expedido de oficio sobre la existente en autos en relación a los litisconsortes Tata y González, los cuales no interpusieron recurso extraordinario en contra de la sentencia de casación de fecha 09/10/91, ante lo cual la dispositiva II de ésta quedó firme en relación a aquéllos.

Sostiene que tal aserto surge de una lectura detenida del fallo que recurre, de lo normado en los arts. 34 y 81 del CPCCT de la doctrina legal sentada en este caso y en análogos, tanto de esta Corte Suprema como del más alto Tribunal de Justicia de la Nación. Acompaña precedentes de éste último.

Expresa que, siendo los codemandados litigantes autónomos, los actos de unos no benefician ni perjudican a los otros (arg. art. 81 procesal) y que, debido a que contra la sentencia de fecha 09/10/91 sólo uno de los tres litisconsortes interpone recurso extraordinario -la Aseguradora- este medio impugnativo no puede beneficiar a los demás codemandados respecto de los cuales aquel pronunciamiento quedó consentido y amparado por la autoridad de la cosa juzgada.

Entiende que el límite objetivo de la cosa juzgada quedó reconocido expresamente en la sentencia que embate pero solicita que quede igualmente reconocido el límite subjetivo de ella, declarando la cosa juzgada de la cuestión resuelta en la dispositiva II de la sentencia del 09/10/2001 con respecto a los Sres. Tata y González al no haber sido impugnada por ellos.

Peticiona que, a los fines de evitar un reenvío que sería innecesario en caso de que se haga lugar al recurso, la regulación que efectuara la Cámara en la sentencia de fecha 09/5/2000 se la impute a sus honorarios por la defensa de la Aseguradora.

Cita doctrina y jurisprudencia aplicables al caso; deja planteado el caso federal; propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso tentado, con costas en caso de oposición.

Corrido el pertinente traslado la Aseguradora contesta según los términos del escrito que rola a fs. 1283/1285.

III.- Entrando en la consideración de los agravios del recurrente, cabe expresar que la materia principal de los mismos no ha sido propuesta por el aquí recurrente en la instancia extraordinaria de la casación y, por ende, no puede entrar dentro del ámbito de conocimiento y decisión del recurso que ahora se intenta.

En efecto, el impugnante se agravia porque en el fallo recurrido se ha omitido declarar la cosa juzgada de la sentencia de fecha 09/10/1991 respecto de los codemandados Tata y González. Sin embargo del escrito que rola a fs. 1134/1154, se advierte que el mismo no plantea como gravamen la existencia de cosa juzgada en estos aspectos sobre los que ahora pretende su declaración. El agravio, entre los otros allí detallados y expuestos, es referido a la aplicación del art. 14 de la ley 5480 y a la existencia de cosa juzgada exclusivamente en relación a la cuestión litigiosa resuelta por la Cámara. Es decir que el agravio estaba circunscripto a los límites objetivos y no a los subjetivos de la cosa juzgada. De allí que no puede ahora pretender el recurrente que este Tribunal se expida -vía el recurso de revocatoria regulado por el art. 32 de la ley 5480- sobre dicha materia, pues ella no entró dentro del ámbito de la jurisdicción del Tribunal que quedó delimitado por la casación impetrada oportunamente.

A esta altura del razonamiento, es dable recordar que la materia del recurso de revocatoria que se impetra (ex art. 32 ley 5480) está constituida por todo lo que fue objeto del recurso de apelación o, como en el caso, de casación, pues su finalidad es la revisión de lo decidido en aquellas oportunidades. De allí que, en la especie, las cuestiones que fueron excluidas del ámbito extraordinario de la casación no pueden ingresar ahora por la vía de la revocatoria tentada.

No empece a la conclusión a la que se arriba el hecho de que la declaración de la cosa juzgada pueda ser efectuada de oficio por el tribunal conforme lo dispone el art. 34 del CPCCT, citado por el impugnante, así como la jurisprudencia que adjunta; toda vez que ello es así ciertamente, en la inteligencia de dicha normativa, esto es: cuando tal declaración resulta necesaria, indispensable y estrictamente conducente a la solución a dar al litigio; hipótesis que no fue la de autos, donde el foco de la cuestión litigiosa traída a conocimiento y decisión de esta Corte Suprema de Justicia a través de los agravios casatorios del recurrente pudo ser resuelta -y lo fue efectivamente- sin necesidad de pronunciarse respecto de los límites subjetivos de la cosa juzgada, y en tanto la situación procesal de los codemandados Tata y González no entró dentro del ámbito competencial de este alto Tribunal.

Por lo expuesto, el fallo impugnado ha tratado todas y cada una de los puntos objeto de gravamen y con ello ha dado adecuado fundamento a la solución a que se arribó. Nada dijo sobre los codemandados Tata y González por la sencilla razón de ello no fue materia de casación. Su omisión en esta oportunidad procesal no provoca alteración alguna en la estructura esencial del proceso ni conlleva afectación de la cosa juzgada, por lo que ninguna razón existía -ni existe- para expedirse en relación a estos.

En definitiva, al no resultar propuesta ni conducente a los efectos del recurso de casación la materia objeto de agravios en el presente recurso, de modo alguno puede entenderse que la competencia de la Corte para decidir dicha cuestión haya quedado habilitada, ni en la oportunidad de la casación ni, por ende, en la presente.

De otro lado, el impugnante pretende que, en caso de que se haga lugar al recurso, la regulación que efectuara la Cámara en la sentencia de fecha 09/5/2000 se la impute a sus honorarios por la defensa de la Aseguradora. Ahora bien, cabe destacar que la sentencia en recurso es autosuficiente; ha resuelto con suficiencia y esclarecido el punto debatido en un todo de acuerdo a lo pretendido en casación. De allí que resulte inviable la petición del recurrente respecto a que este alto Tribunal emita pronunciamiento sobre los honorarios que corresponderán por la defensa de la Aseguradora, amén de que, siendo el recurso interpuesto improcedente, resulta inoficioso expedirse sobre la materia, tal como el mismo impugnante lo pone de manifiesto al sujetar la petición efectuada a los resultados de la presente vía impugnativa.

Todo lo expuesto determina la improcedencia del recurso de revocatoria impetrado, con costas al recurrente vencido por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Por ello y encontrándose recusado sin expresión de causa el doctor Antonio Gandur y excusado el doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria interpuesto por el letrado Enrique Sancho Miñano, por derecho propio, contra de la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia del 25/02/2003.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO RENE MARIO GOANE