marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad civil, responsabilidad de las personas jurídicas, daño
Materia: CIVIL
Carátula: Estado Provincial s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1999-03-26

El art. 43 del Código Civil determina la responsabilidad civil de las personas jurídicas por el hecho de sus directores o administradores, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Para que exista dicha responsabilidad es necesario que se cumplan los requisitos generales prescriptos por la ley para la imputabilidad del agente, así como la circunstancia de haber éste obrado en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Así se deberá acreditar el daño, el nexo de causalidad ante el hecho y el daño y la imputabilidad del agente. En relación a esta última condición, es necesario puntualizar que si bien la responsabilidad de la persona jurídica se funda en un factor objetivo de imputación, tiene en principio. como presupuesto la responsabilidad del propio causante del daño. En consecuencia, es necesario que éste haya obrado con dolo o culpa para que el hecho genere su responsabilidad, puesto que lo que la ley sanciona son las infracciones cometidas personalmente por él.

Por otra parte, el art. 1078 Cod. Civ. está ubicado en el Título VIII "De los Actos Ilícitos" Capítulo I "De los Delitos", lo que implica que la obligación de resarcir el daño nace cuando se cumplen los requisitos para la configuración del delito. Es decir, que de acuerdo al art. 1072 Cód. Civ., debe tratarse de un acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro.
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Moyano, Julio Aníbal s/ Amenazas y hurto Guzmán, Felipe Alberto s/ Lesiones culposas Rozas, Susana M. y Bevacqua, Vicente R. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21|2002-08-22|2003-02-19

La acción penal arranca concretamente con la comisión del delito, de modo que hay "acción" y "juicio" con anterioridad a la acusación fiscal, durante el trámite de la instrucción en el que se producen actos jurisdiccionales, en los que se pone en movimiento la acción penal, pese a que también hay actividad policial. (Minoría u opinión personal)
Desindexación, prueba
Materia: PROCESAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: OSECAC c/ SALA, ONOFRE HUGO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION - LABORAL (CSJ EXPTE N. 400-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-03

La ley 24283 responde al intento de mitigar las consecuencias derivadas de la aplicación matemática de los coeficientes de actualización en las liquidaciones judiciales o extrajudiciales, cuando ellos se han tornado irrazonables en el caso. Pero para arribar a dicha conclusión es menester tener en cuenta que el órgano jurisdiccional debe contar con la producción de pruebas que lo dirijan a reputar la existencia de un desfasaje entre el valor del bien debido y el resultado de la liquidación que, como consecuencia de un mecanismo automático indexatorio, ya no refleja precisamente, el importe real de los bienes en juego.
Obligaciones del Estado miembro, sentencia de tribunal internacional, CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, buena fe, competencia, tribunales internacionales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Bayarri c/ Argentina s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2010-11-22

La obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias de la Corte Interamericana corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual, los Estados Parte deben acatar sus obligaciones convencionales de buena fe, lo que impide, tal como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que invoquen razones de orden interno para dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida.
Malversación de caudales públicos, peculado
Materia: PENAL
Carátula: G., R.; B., R. D. s/ Peculado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-17

La acción típica básica del peculado consiste en la sustracción de caudales o efectos públicos que el funcionario tiene a su cargo por razón de sus funciones.- Se entiende por sustraer la idea de apartar, separar, extraer, y el peculado se materializa en la idea de "separar o apartar los bienes de la esfera de la actividad patrimonial de la administración pública.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, reajuste de precios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sfeir, Lilia Cristina c/ Sauma, Marta y otro s/Incidente reajuste equitativo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

No prospera el recurso extraordinario interpuesto contra la decisión judicial que decidió el incidente de reajuste equitativo cuando el recurrente no ha podido acreditar que la solución a la que allí arribó el juez resulte absurda, inequitativa o violatoria de la cosa juzgada. (doctor de Lázzari, sin disidencia)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, daño
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Rodrigo y Otro s/ Queja en: Rivas, Esteban c/Martínez, Rodrigo y Otro s/Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-08

Se ha resuelto que la determinación de si hubo o no imposibilidad de evitar el daño, la buena o mala vigilancia o educación, son cuestiones de hecho, irrevisables en las instancias extraordinarias, salvo supuesto de arbitrariedad.
Delitos contra la humanidad, Corte Penal Internacional, estatuto de la corte penal internacional, ius cogens, jurisprudencia internacional, delito internacional
Materia: PENAL
Carátula: Codina, Rubén; LOBOS, Víctor; Navarrete, Elfio; Navarrete, Sixto; Pedernera, Raúl; Castelli, Néstor y Marasco, Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-03

El concepto de delito de lesa humanidad contenido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional, constituye el producto de una ardua elaboración de la jurisprudencia y la doctrina en el marco de la comunidad internacional de los Estados que culminó con un complejo proceso de positivización de la costumbre internacional y de cierta normativa que, de forma incipiente, pretendió denotar las particularidades de este tipo de crímenes, existiendo un verdadero catálogo de delitos de lesa humanidad -en su acepción general-, plasmado en diversos tratados, convenciones y resoluciones de órganos internacionales.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Peiro Pèrez, Juan c/ ESEBA S.A. s/ Enfermedad accidente y difs. salariales. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que hace lugar al planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.557 reviste carácter definitivo en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, derechos del niño, personas con discapacidad, medicina prepaga
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SENGIALI  PATRICIO  GABRIEL c/ OSDEPYM s/ INCIDENTE DE APELACIONDE MEDIDA CAUTELAR.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

Es válido traer a colación que la Convención sobre los Derecho del Niño encarece su tutela elevando el "interés superior" de los infantes al rango de principio (cfr. Corte Suprema, Fallos 318:1269; 322:2701; 323:2388; 324:112, entre muchos otros). Tales derechos no quedarían desprotegidos con la decisión aquí adoptada puesto que, en el expediente principal -que, vale reiterarlo, se tiene a la vista- la medida cautelar fue ampliada respecto de Vida Pyme Asociación Civil, quedando obligada ésta última a afrontar precautoriamente los tratamientos necesarios de su afiliado. Debe destacarse una vez mas que la medida cautelar contra Vida Pyme Asociación Civil fue decretada y que obra copia del oficio librado por medio del cual se notifica la medida cautelar a Vida Pyme. Si bien todavía no fue acompañada a la causa la constancia del diligenciamiento de ese oficio, debe ponderarse que Vida Pyme Asociación Civil ya se presentó en autos contestando la demanda oportunidad en la cual reconoció el carácter de afiliado del menor y adhirió al escrito que solicita se deje sin efecto la medida cautelar. De esta forma, el menor discapacitado no queda desprotegido, y esto es así porque se encuentra debidamente citada en la causa y anoticiada del dictado de la medida cautelar la Asociación Civil Vida Pyme que es, preliminarmente, la obligada a prestar los servicios de salud requeridos por el menor.
Transporte de pasajeros, daños y perjuicios, Ferrocarriles Argentinos
Materia: CIVIL
Carátula: Santamari$a, María del Carmen c/ Ferrocarriles Argentinos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La obligación de seguridad del transportador en materia ferroviaria impone adoptar las medidas conducentes para evitar que puedan perpetrarse hechos delictuosos durante el viaje, en la medida en que, supuesto el adecuado conocimiento de las condiciones en que se realiza el tranporte, tales hechos pudieran ser objeto de previsión y prevención.
Filiación, impugnación de la paternidad, prueba, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: B.F. c/ P. R.A. y otro s/ Impugnación de paternidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

Si la madre del menor pretende que el término fijado por el artículo 254 del Código Civil ha vencido y que el estado de familia ha quedado consolidado, estará a su cargo probar los hechos que impiden la pretensión del impugnante de la paternidad, es decir, que su contrario tuvo conocimiento del parto o del nacimiento del hijo más de dos meses antes de deducir la acción. Si no allega dicha prueba no se podrá declarar la caducidad de la acción si el impugnante alegó un conocimiento posterior y no obstante no logró demostrar con precisión el momento en que supo del parto de su mujer.

Si bien es verdad que en determinadas condiciones la prueba de los hechos negativos, en cuanto envuelven una afirmación, no es imposible, en todos aquellos supuestos en que una persona pretenda hacer jugar en su favor un plazo de prescripción y, por implicancia, uno de caducidad, a fin de que se declare extinguido el derecho del demandante - hipótesis en que se la hace valer como excepción -, está a su cargo la prueba del momento en que comenzó a correr el término.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, daño moral, indemnización, pretensión resarcitoria, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Debe revalorizarse la reparación integral a partir del pormenorizado análisis y ponderación del caso concreto según la dimensión de cada uno por su consistencia específica, en especial el daño moral, en un esfuerzo común de jueces y partes para convertir el juicio en un debate sobre circunstancias concretas antes que en abstractas especulaciones monetarias extrañas a la realidad. Así se ha dicho que la reparación de los daños y perjuicios debe ser integral y completa, sin que importe la gravedad de la culpa pues la indemnización no se mide por la culpa sino por el daño. (Del Voto del Dr. Donati).
Partidos políticos, democracia
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Aner, Andrés Adalberto s/ deduce acción de amparo - solicita medida cautelar (Unión Cívica  Radical).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Los partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado, y son organizaciones de derecho público no estatal necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y por lo tanto, instrumento de gobierno (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Medidas cautelares, bienes inembargables
Materia: PROCESAL
Carátula: G. de R.A.E. Y R.D.A. s/ DIVORCIO 67 bis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

El principio según el cual los bienes del deudor constituyen la garantía de sus acreedores, de donde sigue la posibilidad de embargarlos y ejecutarlos para enjugar con su producido los créditos impagos, no es absoluto. En el derecho moderno, no se concibe que el deudor pueda quedar privado de los bienes indispensables para subvenir a las necesidades suyas y de su familia. En este sentido, el inc. 1 del art. 215 del Código Procesal, establece que son inembargables los muebles de uso indispensable del deudor. Como el mueble llamado "modular", dadas su naturaleza y destino, resulta de indispensable uso, es inembargable (conf. C.Com. Sala C, del 22/4/82, id.id., R.E.D. 17-424, nos 34 y 35).
Cuestiones de competencia, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Chañi, Omar Leocadio c/ De la Mata Fabián y otro s/ D. Y P. por uso automotor c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26

La Cámara Civil y Comercial de Neuquén resulta incompetente para expedirse sobre las pautas tenidas en cuenta por el a quo para determinar los conceptos de Tasa de Justicia y Contribución al Colegio de Abogados, conforme el punto 6 del Acuerdo Administrativo número 4701 del Tribunal Superior de Justicia Provincial; por lo que corresponde remitir las presentes actuaciones a la Primera Instancia a los fines de la formación del incidente previsto por el Acuerdo Administrativo citado.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, juicio sumarísimo, habeas data, lista de deudores morosos, procedencia del recurso, actos ilícitos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Luongo, Marina Johanna c/ Banco Santander Rio SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

Procede confirmar la sentencia de grado que impuso la obligación de notificar a la totalidad de las empresas de bases de datos registradas en la Dirección Nacional de protección de Datos Personales así como a la base de datos de deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina la supresión de ciertos datos vinculados con la situación crediticia de la actora. Ello por cuanto no se advierte otra solución a los fines de evitar que la situación crediticia de la demandante siga siendo erróneamente informada. Asimismo, y no necesitando conocer ni controlar a las destinatarias de la manda para proceder a la notificación, basta con que se les haga saber que en esta causa judicial se ha determinado la existencia de esa información errónea, que debe ser suprimida por ellas de inmediato. Es que estamos ante una consecuencia del hecho ilícito aquí denunciado que se encuentra causalmente relacionada con él en los términos del CCCN 1726, dado que la información que los bancos proporcionan al BCRA es captada por aquellas empresas aunque ellas no sean sus destinatarias, lo que obliga a dichas entidades a extremar los recaudos que eviten la difusión de datos falsos, procediendo al efecto con ajuste al CCCN 1725 y en casos como éste, a hacerse cargo de suprimir esa indeseada difusión, en tanto consecuencia dañosa causalmente relacionada con su actuación.
Aplicación de la ley, aplicación personal de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Steinhauser  S.A. c/ Rowntree Mackintosh s/ Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-04

La Ley argentina protege y obliga positivamente a todas las personas independientemente de su calidad de nacionales o extranjeras, y sin perjuicio de ciertas y determinadas connotaciones que tales estados le puedan irrogar, pero que no es del caso considerar aquí. En el sentido de esta protección ante la ley basta recordar los arts. 14, 16, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional y el art. 1 del Código Civil.
Contratos comerciales, prenda comercial, obligaciones accesorias
Materia: COMERCIAL
Carátula: SORRIDI c/ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-20

La comercialidad de la prenda no se determina en virtud del documento mediante el cual se constituye, sino por la operación que se garantiza; el Código de Comercio adopta un criterio netamente objetivo para la determinación de su naturaleza pues, dado el carácter accesorio del instituto, toma en cuenta únicamente la calidad de la obligación que garantiza.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, sentencia definitiva, ejecución fiscal, excepciones procesales, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto de Servicios Sociales Bancarios c/ Banco de Crédito Provincial SA. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18

Carece de carácter de sentencia definitiva, a los efectos del recurso ordinario de apelación, el pronunciamiento que no hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título y mandó llevar adelante la ejecución fiscal.
Voto en blanco, voto válido
Materia: ELECTORAL
Carátula: Apoderados Alianza Grande s/ interponen recurso de apelación resolución J.E. U.C.R. 027/10 - comicios internos 06-06-10
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

Si la ley hubiera querido considerar nulos a los votos en blanco, lo habría indicado expresamente incluyéndolos en la enumeración del punto II del artículo 101 del Código Electoral Nacional. Al no haberlo hecho, no puede sino arribarse a la conclusión de que se encuentran excluidos de tal categoría por lo que han de considerarse necesariamente, entonces, en la de los votos válidos (cf. Fallos CNE 397/87 y 1068/91).
Reducción de aporte previsional, medidas cautelares, deberes de la administración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IRIONDO, ELISA NÉLIDA c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Lo dispuesto por el art. 18 de nuestra Carta Magna y las directivas de la ley 19.549, vedan toda posibilidad de que la administración incurra en un accionar lesivo o ponga en ejecución un acto estando pendiente algún otro recurso administrativo, lo que obliga a proyectar la naturaleza tuitiva de las normas provisionales en beneficio de quienes se encuentran comprendidos en una resolución que afecta sus derechos jubilatorios que sólo puede resultar operativa una vez firme y/o consentida por el interesado (cfr. Sala II, sent. del 15.11.95, "Zandorín, Eduardo Francisco"). En virtud de ello, la medida cautelar decretada en beneficio de quien gozaba de la prestación previsional no resulta arbitraria, ya que se conjugan tanto la verosimilitud del derecho -por haber mediado una resolución administrativa anterior en su favor- como el peligro en la demora que puede derivar en la suspensión de parte sustancial de la prestación, con el consiguiente riesgo para la subsistencia de la afiliada. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Confirmación de sentencia, expropiación irregular, Dirección Nacional de Vialidad, ley de expropiación, cómputo de intereses, tasa pasiva, banco central, interpretación sistemática, indemnización, interpretación de la ley, control de constitucionalidad, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Schoo Devoto de Marino, Susana E. c/ D.N.V. s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

Cabe confirmar la sentencia que admitió parcialmente la demanda interpuesta contra la Dirección Nacional de Vialidad y que le ordenó abonar una suma en concepto de indemnización por expropiación irregular de un inmueble afectado por la construcción de una ruta, aplicando la tasa pasiva promedio mensual que percibe el BCRA desde el inicio de la acción y hasta su efectivo pago, pues en lo que hace a la aplicación del art. 20 de la ley 21.499, que determina que los intereses se liquidarán desde el momento de la desposesión hasta el del pago, resulta acertada la decisión del tribunal apelado en cuanto a que corresponde realizar una interpretación integradora y armónica de esa disposición junto con la del art. 56 de la misma norma, y aun cuando el Tribunal ha declarado inconstitucional este último, ello ha sido a los fines de que no se tenga en cuenta el plazo de prescripción para el inicio de la acción de expropiación irregular (Fallos: 320: 1263), por lo que, en consecuencia, el poder interponerse la demanda sine die, no puede conducir a la irrazonable conclusión de que corresponda computar intereses desde el momento de la desposesión (o acto estatal con efectos análogos), pues de ese modo podría producirse un enriquecimiento indebido a favor de quien solicita el pago de la indemnización. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Retiro militar, retiro obligatorio, incapacidad laboral, padecimientos mentales, daños y perjuicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LUJAN, JOSE JORGE c/ LA NACION - GENDARMERIA NACIONAL s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Estando el actor en actividad, pasa a retiro obligatorio por haber cumplido dos años en situación de disponibilidad primero y luego en pasiva, por motivo de dos afecciones; lumbalgía y trastornos de personalidad, (fundamentalmente la segunda), que lo declare inútil para todo servicio.

Al demostrarse psoteriormente la inexistencia de esta afección, desaparecieron los extremos necesarios a tener en cuenta para pretender el beneficio que se solicita. En cuanto a la lumbalgía, reconocida desde un comienzo como relacionada con el servicio, no impidió reconocer al actor como "apto para todo servicio", situación ésta que no da derecho al beneficio pretendido todo ello, sin perjuicio de que el actor, que ha perdido la continuidad de su carrera por error de la demandada, accione si lo cree conveniente por daños y perjuicios, en la forma y por la vía que corresponda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, leyes, Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Serena, Melisa c/  s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

En punto a las alegaciones que esboza la recurrente en su presentación, resulta oportuno recordar, por su aplicabilidad a los presentes, que para sostener la constitucionalidad de la norma, en la causa "Spelta" se sostuvo que desde la literalidad constitucional misma se infiere que el dictado de tales normas se encuentra dentro de sus específicas competencias; y en tal cometido, nuestra Constitución provincial claramente establece que el Poder Legislativo ejerce la potestad legislativa en todo cuanto se considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta Constitución en ejercicio de los poderes no delegados al gobierno federal sin otras limitaciones que las emergentes de esta Constitución o de la Constitución nacional, así desde tal presupuesto competencial, resulta aplicable también el inveterado criterio sentado según el cual es regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación aplica e interpreta la constitución por sí mismo, cuando ejercita las facultades que a ella les confiere respectivamente. - CITAS: CSJN: Fallos 53:40; 326:4816; CSJStaFe: Spelta, AyS T 308, p 193. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 55, inciso 27.