Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-25


SENT Nro. 384 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 28 DE MAYO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Amaya de Juárez, Blanca vs. Super 25 S.A. s/Enfermedad accidente".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 343/346, la parte actora presenta recurso de casación contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 15 de abril de 2002, obrante a fs. 335/338, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 6 de noviembre de 2002 (cfr. fs. 350 y vta.). Unicamente la parte actora, según surge del informe actuarial de fs. 359, presentó la memoria facultativa prevista en el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, como tribunal del recurso casatorio la de revisar el juicio de admisibilidad del recurso extraordinario local realizado por la Excma. Cámara, la primera cuestión a examinar es justamente, si el mismo ha sido correctamente concedido.

De las constancias obrantes en el cargo actuarial de fs. 346 vta. y de lo actuado a fs. 348 vta, surge que el recurso ha sido incoado tempestivamente. La sentencia que se impugna, es definitiva; no siendo necesario el cumplimiento del afianzamiento exigido por el artículo 133 del CPT por recurrir la parte actora; el escrito recursivo se basta a sí mismo, con cita de las normas que se alegan quebrantadas, finalmente, el recurso se motiva en la infracción a normas del derecho.

Por lo expresado, el recurso de casación en examen resulta admisible; voto porque así se declare.

III.- Sostiene la parte actora para fundar su recurso de casación, que la sentencia de la Excma Cámara del Trabajo, Sala IV, no ha considerado que para la solución del caso es necesario efectuar un análisis de los hechos y de las pruebas, pues con criterio equivocado ha rechazado la demanda con el argumento que todas las acciones deducidas con posterioridad al 01-7-96, se encuentran regidas por la Ley Nro. 24.557 con independencia de cual fue el hecho generador y si el empleador ha tenido conocimiento del mismo o no, antes de esa fecha.

Omite considerar que de acuerdo a los términos del artículo 49, apartado 5º (y no en el tercero que menciona), se prevén ambas situaciones. Discrepa con la interpretación sentencial de dicho dispositivo entendiendo, por el contrario, que la Ley Nro. 24.557 establece un marco temporal para su vigencia, regulando un régimen diferente que sustituye al de la Ley Nro. 24.028, para las contingencias anteriores o futuras a su entrada en vigencia, siempre y cuando no hayan sido puestas en conocimiento del empleador, cupiendo en el caso analizar si se había configurado el régimen de excepción.

Estima que las cuestiones que debieron resolverse son: a) interpretación sobre si todas las acciones por accidentes de trabajo, iniciadas con posterioridad al 01-7-96, se rigen por la Ley Nro. 24.557; b) si el empleador tuvo conocimiento del infortunio con anterioridad a esa fecha (señala las pruebas que acreditarían dicho extremo en sentido positivo); c) a quién incumbía la carga de la prueba; d) aún en el supuesto que se entendiera que es aplicable la Ley Nro. 24.557, debió aplicar el derecho vigente y no rechazar la demanda.

IV- La sentencia, en el tema motivo de agravios, con cita del caso "Molina" (fallo de Cámara), sostiene que la Ley Nro. 24.557 entró en vigencia el 01-7-96, a partir de lo cual ha quedado derogada la Ley Nro. 24.028; que la demanda de autos fue entablada el 13-5-97, cuando ya se había producido tal derogación; que la constancia expedida por la autoridad laboral de que se ha concluido con el trámite administrativo obligatorio (fs. 279) es también posterior a esa fecha; y conforme a lo dispuesto por el artículo 49, disposiciones finales, 3era., de la Ley Nro. 24.557 y compartiendo doctrina que se cita, resuelve el rechazo de la demanda in totum, por basarse en la derogada Ley Nro. 24.028 al momento de su interposición, fecha en que ya regía la LRT, cuya preceptiva (no invocada) no fue cumplimentada en forma alguna por el accionante.

V.- De la reseña realizada surge que la cuestión básica a dirimir consiste en el régimen legal aplicable al caso.

La Ley Nº 24.557, promulgada el 03-10-95, no había entrado a regir como sistema global, pues ésta se encontraba supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones (aprobación del listado de enfermedades profesionales y tabla de incapacidades), lo que recién aconteció el 01-7-96 y desde ese momento recién dejó de tener vigencia la Ley Nro. 24.028.

De sus disposiciones finales surge que la LRT no será de aplicación a las acciones iniciadas con anterioridad a su vigencia, derogando a partir de allí la vieja ley, aunque disponiendo que rijan desde su promulgación, las adicionales primera y tercera.

En efecto, la Ley Nro. 24.557 contiene normas excepcionales que comenzaron a regir desde su promulgación. Estas son las del artículo 49, disposiciones adicionales primera y tercera, de las cuales interesa solamente la última, en cuanto reemplazó el primer párrafo del artículo 15 de la Ley Nº 24.028, introduciendo el requisito de denuncia previa de los infortunios para poder interponer demanda.

Igualmente la disposición final, tercera, punto 1, de la LRT, preceptua: "La LRT no será de aplicación a las acciones judiciales iniciadas con anterioridad a su vigencia salvo lo dispuesto en el apartado siguiente". Es decir que, a contrario, debe interpretarse que la acciones judiciales iniciadas con posterioridad a la vigencia de la LRT, son alcanzadas por sus disposiciones.

Sin embargo, la Ley Nro. 24.557 en el artículo 49, disposición adicional quinta, contiene normas excepcionales que permiten la aplicación del nuevo régimen a contingencia anteriores (aplicación retroactiva), al establecer en el punto 1 que: "Las contingencias que sean puestas en conocimiento del empleador con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley darán derecho únicamente a las prestaciones de la L.R.T., aún cuando la contingencia fuera anterior, y siempre que no hubiere prescripto el derecho conforme a las normas de esta ley." Vale decir, la norma posibilita la eventual aplicación retroactiva del nuevo régimen a accidentes o enfermedades acaecidos bajo la vigencia de la ley anterior, cuando el empleador no las ha conocido hasta el 30 de junio de 1996. A contrario sensu, debe interpretarse que las contingencias acaecidas con anterioridad al 01-7-96 y que obraren en conocimiento del empleador antes del 30-6-96, inclusive, se rigen por la Ley Nro. 24.028.

De todo lo expresado, se advierte que existen dos vías por las que el derogado régimen de la Ley Nro. 24.028 puede subsistir y constituir el régimen legal aplicable: a) el ejercicio de la acción mediante la interposición de la demanda antes del 01-7-96, o bien; b) la toma de conocimiento de la contingencia por parte del empleador, con anterioridad a dicha fecha.

Habiéndose interpuesto la demanda de autos en fecha 13-5-97 (supuesto a), correspondía analizar la otra situación excepcional prevista normativamente (supuesto b), para lo cual, coincido con el recurrente en que debió analizarse la plataforma fáctica del caso, para determinar la oportunidad de conocimiento por parte del empleador de la contingencia y así determinar el régimen jurídico aplicable, cuestión central omitida por el sentenciante.

Sin entrar en debate sobre el acierto o constitucionalidad de la norma transcripta a la luz de las disposiciones del artículo 3 del Código Civil y 17 de la CN, lo cierto es que en este caso, debe el juez examinar si el presunto infortunio ha acontecido antes de la entrada en vigencia de la Ley Nro. 24.557 y si el empleador ha tomado conocimiento del mismo, también antes del 01-7-96, aspectos que han sido obviados por las sentencia, plataforma fáctica que necesariamente determinará, si el régimen aplicable es el de la Ley Nro. 24.028 o bien el de la Ley Nro. 24.557.

La circunstancia de que el cumplimiento de la resolución judicial que ordenara la previa acreditación de haber realizado el trámite obligatorio de conciliación se verificara el 14-4-97 (fs. 14), no empece a la posibilidad legal que, conforme a la plataforma fáctica que el a-quo omitiera analizar, surgiera la eventual aplicación del régimen de la Ley Nro. 24.028, por lo ya expresado.

En efecto, el régimen jurídico aplicable se determina por los criterios antes expresados y no por la acreditación del cumplimiento de un requisito procesal de admisibilidad de la pretensión resarcitoria en sede judicial.

Ello así, la omisión sentencial de examinar el cuadro fáctico obrante en autos, tendientes a determinar la existencia y fecha del infortunio y la oportunidad de su conocimiento por el empleador, a fin de establecer si se ha configurado o no la excepción que altere la regla prevista en la LRT, en el sentido que las demandas por infortunios laborales iniciadas después de la entrada en vigencia del sistema de la Ley Nro. 24.557, se rigen por la misma.

En mérito a ello, corresponde concluir que el recurso incoado por la parte actora resulta procedente por razones de arbitrariedad, debiéndose dejar sin efecto la sentencia atacada, conforme a la siguiente doctrina legal: "Configura un supuesto de sentencia arbitraria, y por ende jurídicamente descalificable, la que se dicta omitiendo el examen del cuadro fáctico tendiente a determinar si el infortunio laboral cuya indemnización se reclama ha acontecido antes de la vigencia de la Ley Nro. 24.557 y si el empleador ha conocido la existencia del mismo antes del 01/7/96, a fin de determinar el régimen jurídico aplicable para la solución sentencial del litigio, según lo exige el artículo 49, disposición adicional quinta, punto I de la citada Ley Nro. 24.557." Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso incoado por la parte actora, debiéndose casar íntegramente la sentencia en recurso, conforme a lo considerado, siendo innecesario pronunciarnos sobre los restantes agravios, habida cuenta la conclusión nulificante a la que se arriba, y remitir estos actuados a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Habida cuenta que el vicio que se imputa al decisorio proviene de la actuación del órgano judicial, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, dictada el 15 de abril del 2002, obrante a fs. 335/338, dejándola íntegramente sin efecto, conforme la doctrina legal expuesta en los considerandos. REMITIR, estos actuados a la Excma. Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte el pronunciamiento pertinente en la causa determinando el régimen jurídico aplicable.

II. COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios, para su oportunidad.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO