marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, herederos, muerte del trabajador, pensiones
Materia: LABORAL
Carátula: Viviers Suárez, María Valentina y otro  c/ DLS Argentina Limited Sucursal Argentina y otro  s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

El juez de grado declaró parcialmente procedente el reclamo articulado por los herederos del causante en procura del cobro de la indemnización prevista por el art. 248 de la LCT y demás conceptos derivados de la ruptura de la relación laboral. Se agravian las accionadas. En caso de muerte del trabajador las personas enumeradas en el art. 38 de la ley 18.037 tienen derecho a percibir la indemnización prevista en el art 248 LCT con la sola acreditación del vínculo y teniendo en cuenta el orden de prelación de los herederos allí prevista. Así fue decidido también en el Plenario Kaufmann. La ley aludida fue derogada y hoy rige en este aspecto el art 53 de la ley 24.241, pero lo cierto es que la solución propiciada en el Acuerdo Plenario 280 de la CNAT, es plenamente transpolable y aplicable a la disposición en materia de derechohabientes. Por ello la cuestión de la edad planteada respecto a los derechohabientes, resulta intrascendente para habilitar el reconocimiento de la reparación por muerte del dependiente que prevé el régimen de contrato de trabajo. Debe aplicarse en cuanto a la edad de los descendientes lo resuelto en el Plenario Kaufmann en el que se resolvió que las personas con derecho a pensión directa por fallecimiento del trabajador tienen derecho a la indemnización del art. 248 de la LCT, según el orden de prelación establecido en el art. 53 de la ley 24.241 con la sola acreditación del vínculo sin necesidad de cumplir con otra condición. Cabe confirmar la sentencia de grado.
Recurso de inconstitucionalidad, teoría del delito, concurso real, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Vallejos Figueroa, Juan Alberto c/  s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

La recurrente no se hace cargo de rebatir que la sentencia condenatoria dictada respecto del imputado comprendió un concurso real de múltiples hechos delictivos independientes dentro del cual se juzgó el hecho configurativo del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, y que al recurrir la sentencia por la vía apelatoria, no se formularon agravios específicos respecto a dicho delito, con la consecuente apreciación por parte de la Alzada de que sobre dicho aspecto sentencial, el mismo adquirió valor de cosa juzgada parcial en razón de la propia autonomía de la acción penal que de él deriva; tampoco la compareciente desmerece lo señalado por la Cámara en cuanto a que del análisis de las constancias procesales de la causa, no surgen agravios fundantes de una nulidad absoluta que permita a la Corte nacional -por estar pendiente de resolución el recurso extraordinario-, mutar la decisión de fondo en cuanto al delito que se pretende prescribir; y menos aún se observa de la fundamentación dada, que la Alzada para rechazar la prescripción, haya asignado carácter interruptivo al curso de la acción penal para ese delito, a algún acto procesal por fuera de los que la norma penal enumera taxativamente, ni un alcance normativo extensivo en perjuicio de los derechos y garantías que asisten al justiciable, resultando la solución arribada de la ponderación de las constancias de la causa a partir de todo lo analizado por la Cámara, la que dio razonables y sobrados fundamentos en sustento de lo resuelto. (De la disidencia del Dr. Netri y de la Dra. Gastaldi) Código Penal, artículo 67
Recurso de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales, violación, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fratti, Ricardo Angel y otros c/  s/ estrago culposo agravado por el resultado muerte de 18 personas, reiterados-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

La decisión de la Alzada de confirmar el rechazo que el Tribunal de primera instancia hiciera del planteo de insubsistencia de la acción penal por afectación a la garantía a ser juzgado en un plazo razonable merece ser descalificada desde la óptica constitucional, ya que ni la repercusión de los hechos, ni la supuestamente experticia necesaria y probatoria para determinar responsabilidades penales en el presente caso pueden servir, ni por aproximación, para justificar la razonabilidad del tiempo de tramitación de esta causa; tampoco la referida pluralidad de partes, que en rigor no es tal, si tenemos en cuenta que luego del auto de procesamiento -donde quedaron individualizados los imputados- ésta prosiguió con sus defensas, la fiscalía, los actores civiles y dos terceros civilmente demandados; por otro lado, la referencia que los Jueces hicieran a las diversas vicisitudes procesales que tuvieron lugar -excusaciones, recusaciones, vacancias, etc.- en modo alguno puede ser cargadas a los imputados; y no puede dejar de considerarse que es probable que las autoridades judiciales -reposando en la tranquilidad que otorga un proceso penal en el que rige la suspensión del curso de la prescripción de la acción penal- no realizaron diligentemente todo lo necesario para arribar a una resolución definitiva sobre la cuestión materia del proceso en tiempo útil. (De los fundamentos del Dr. Erbetta)
Ley federal de educación, educación primaria, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, educación presencial, educación preprimaria, ejercicio de los derechos, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: F., M. T.; C., G. H. c/  s/ MPF impugna absolución
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2024-08-22

La ley nacional de educación No 26206 impone a quienes residen en territorio argentino la obligación legal de escolaridad presencial para los menores de edad en los niveles de jardín, primario y secundario, lo que en la provincia de La Pampa se refleja en la ley No 2511, escolaridad que exige sea dentro del sistema de educación formal, es decir en una institución pública o privada avalada por el Ministerio de Educación, regla general que no puede ser incumplida por ningún padre so pretexto del derecho a elegir libremente la educación de sus hijos.
Recurso de inconstitucionalidad, daños y perjuicios, prescripción, interrupción de la prescripción, procedimiento administrativo, beneficio de litigar sin gastos, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, medidas preparatorias
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Basualdo, María del Carmen c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-25

El movimiento en el procedimiento administrativo impidió que corriera el plazo de prescripción durante la tramitación del mismo; a partir de allí, reanudado el cómputo de la misma, la demanda declaratoria de pobreza luce interpuesta dentro del plazo de dos años, es decir que hasta ese momento no se había producido la prescripción del derecho del actor de demandar judicialmente al Estado los daños y perjuicios porque el procedimiento administrativo aun estaba vivo; no obstante, desde la interposición de la demanda declarativa de pobreza y hasta el inicio de la demanda de daños y perjuicios transcurrió un plazo superior a dos años; y, sea que se interprete que el cómputo de la prescripción se reanudó inmediatamente después de iniciada -siguiendo lo resuelto por la mayoría de este Cuerpo in re "Burella"-; o que dicho plazo se encontró interrumpido mientras duró dicho proceso y se reanudó una vez notificada tal declaración, puesto que la demanda fue interpuesta después de los dos años; y tampoco las alegaciones de la recurrente en punto a que la prescripción tampoco corrió durante ese último período en atención a la realización de medidas preparatorias del juicio, pueden ser tenidas por suficientes a la hora de demostrar un vicio en la sentencia que la torne anulable desde el punto de vista constitucional. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez) - CSJStaFe: Burella, AyS T 310, p 196.
Quiebra, inhibición general de bienes
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Lucchini, Hugo Alberto c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-21

Procede mantener la inhibición general de bienes decretada oportunamente en tanto la quiebra no concluyó. Sin perjuicio de ello cabe acceder a su levantamiento únicamente a los efectos de la disposición de bienes adquiridos con posterioridad a su rehabilitación (LCQ 107).
Morosidad del proceso, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Industrias Isaco S.A. s/ quiebra c/ Provincia de Buenos Aires s/ expropiación irregular
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-27

Corresponde admitir la queja por retardo de justicia, pues desde hace más de 9 años el proceso -acción de expropiación inversa- se encuentra tramitando ante el tribunal superior provincial, con motivo de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley incoados, sin que aún haya recaído resolución alguna.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, prisión perpetua
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Villegas, Sergio Omar c/  s/ homicidio calificado criminis causa-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

Respecto a las postulaciones recursivas vinculadas con la pena de prisión perpetua, la interesada no logra demostrar que la sanción impuesta colisione con los principios y derechos fundamentales que invoca, debiendo tener presente que tales afectaciones podrán ser traídas a consideración de este Tribunal por vía del recurso extraordinario cuando el condenado se encuentre en condiciones de peticionar los beneficios penitenciarios del período de prueba o de acceder a la libertad condicional y, oportuna y eventualmente, les fueran denegados; circunstancias que constituyen expectativas futuras que no son inmutables y por ende, tornan inadmisible -por prematuro- su tratamiento. - Jurisprudencia vinculada: B., J. A., T 2024, Sentencia Nro. 334, sumario J0052762; S., N. H., T 2024, Sentencia Nro. 239, sumario J0052635; Cresta, T 2024, Sentencia Nro. 31, sumario J0052419; Mendoza, T 2024, Sentencia Nro. 102, sumario J0052534.
Fertilización asistida, criopreservación de embriones, discriminación, aplicación analógica de la ley, interrupción del embarazo
Materia: CIVIL
Carátula: P. P., A. y otro c/ W. (C- D. I. B. A. S.A.) s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-01

Podría resultar discriminatorio que a quien es gestante en forma natural se le conceda la posibilidad de decidir respecto de su planificación familiar y de procreación y a quien necesita de una técnica de reproducción humana asistida se le niegue tal derecho, sólo porque los métodos utilizados por la ciencia médica generan más embriones de los que resultarían de una fecundación natural. En consecuencia, por la aplicación de arts. 3 y 4 de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo no habría fundamento para desestimar el descarte de los embriones crioconservados.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, ejecución de sentencia, cosa juzgada, liquidación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Cardoso, Raúl Ernesto c/ Papelera San Juan S.R.L. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-04

La invocación constitucional planteada, principalmente en relación a los efectos de la cosa juzgada, no resulta suficiente para demostrar el supuesto de excepción a la falta de firmeza de la planilla de liquidación en cuestión, en tanto se evidencia que aquel instituto fue especialmente tenido en consideración por el Sentenciante al resolver, aunque en sentido contrario al pretendido por la accionante, toda vez que la Sala remarcó, en esencia, que el crédito que en definitiva correspondía percibir al trabajador debía ajustarse a las pautas establecidas en la sentencia que fuera consentida por ambas partes, por lo que, en el criterio sentencial, reajustar la liquidación no implicaba más que respetar las consecuencias de una resolución que, por falta de cuestionamiento, se encontraba firme para la demandada pero también para la actora ahora recurrente, sin que fuera admisible que ésta última pretendiera percibir un monto calculado según parámetros distintos de los ordenados por el Juez.
Derecho laboral, certificado de trabajo, multa, aplicación de la ley, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Barrón, Mario Alberto c/ Alfa Lince S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-06

Toda vez que Edenor S.A. resulta solidariamente responsable con la empresa constructora empleadora en los términos del art. 30 LCT debe responder por el agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 80 LCT. Dicho agravamiento resulta ser una consecuencia de la solidaridad. Dicha solidaridad se proyecta a todas las obligaciones laborales de lo cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen. El sujeto acreedor de una obligación pasivamente solidaria, debido a la unidad de objeto, posee título para pretender la totalidad de la prestación dineraria debida a cualquiera de sus deudores, siendo esa la típica virtualidad de la solidaridad (arts. 833, 844 del CCyCN).
Abuso sexual, violencia de género, declaración de la víctima, apreciación de la prueba, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: PENAL-PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Orellana, José Fernando c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-22

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la agresión sexual "es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho... Asimismo, al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que dichas agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), comuna, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez, Gustavo Adrián c/ Comuna de Grutly s/ queja por denegación de los recursos de inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-25

El Tribunal de Alzada entendió que la mera alegación de impedimentos presupuestarios invocados como obstáculo a la designación del actor contenidos en el acto anulatorio, resultaban insuficientes para considerarlo legítimo, siendo para ello necesaria la acreditación de que efectivamente no se contaba con las partidas presupuestarias pertinentes, lo que, en el supuesto de autos, resulta una particular exigencia si se considera que los empleados cuyos nombramientos se anularon previamente, habían sido contratados por la Comuna; e, incluso, que al ordenarse esa anulación se expresó que lo decidido no impedía que los agentes vuelvan a la condición de personal eventual que tuvieron, lo cual efectivamente sucedió respecto de aquellos empleados, quienes luego del dictado de la ordenanza 1/17, y casi de forma inmediata, fueron nuevamente contratados por la Administración comunal en el área de maestranza.
Confirmación de sentencia, despido, presunción de contrato de trabajo, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Vallejo, Alejandro Julio  c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-05

Se agravia la accionada PAMI, porque en la sentencia de la anterior instancia se consideró que se encontró unida al actor, médico de cabecera, a través de un contrato de trabajo. Resulta operativa la presunción contenida en el artículo 23 LCT. La prestación de servicios personales en el marco de una organización empresarial ajena, permite inferir "iuris tantum" que ella reconoce como fuente un contrato de trabajo. La norma tiende a prevenir o corregir situaciones de evasión de la normativa laboral y opera incluso cuando se ha contratado utilizando figuras no laborales. Resulta reconocida la existencia de la prestación de servicios personales del actor, si bien la demandada adujo que la misma obedeció a un contrato civil de locación de servicios, de modo tal que se halla configurado el móvil que torna operativo el proceso presuncional. El art. 2 del CCT 697/05 "E", forma convicción respecto de la naturaleza laboral de la prestación desarrollada por el actor, incorporado en forma orgánica, estable y continuada a la organización de la demandada, quien necesariamente debía contar como prestadora de servicios de salud, con médicos como el accionante. Las circunstancias relativas a la falta de exclusividad de la prestación al hecho de que el accionante supuestamente asumía los gastos de su consultorio o la forma en que se manejaban los reemplazos en caso de ausencia del actor, no resultan determinantes frente a la configuración de un vínculo que presenta los extremos que definen al contrato de trabajo. La circunstancia de que el profesional se encuentre inserto en una organización empresaria ajena que coordina sus servicios de acuerdo a sus fines, confirman lo decidido en grado en cuanto se determinó que la relación que unió a las partes fue de naturaleza laboral.
Empleo no registrado, médicos, obras sociales, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorelli, José Luis y otros c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-20

Cabe admitir la demanda interpuesta por médicos de cabecera contra la obra social por falta de registro de la relación laboral, habida cuenta que los actores trabajaban bajo subordinación jurídica, ya que debían acatar órdenes para seguir manteniendo las relaciones laborales, tales como la modalidad de contratación impuesta por la demandada, la designación por la accionada de los pacientes a atender, cumplimiento de horario, etc.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, relación de dependencia, cuestión no decisiva
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Corbalan, Roberto Guillermo c/ Lobos, Pedro y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-06-11

Lo decidido resulta ser una cuestión de valoración de hechos y pruebas privativa de los Jueces, en tanto no se demuestra que el razonamiento de la Sala luzca carente de fundamento, contrario a derecho, doctrina o jurisprudencia, ni que se haya soslayado el análisis del material probatorio -como aduce la quejosa-, toda vez que en el decisorio cuestionado los Magistrados hicieron referencia al intercambio epistolar y a las circunstancias de la causa consistentes en la negación por parte de la demandada de la relación laboral, argumentos frente a los cuales el recurrente no logra acreditar de qué modo la prueba que dice haber sido preterida puede resultar decisiva para cambiar la suerte de lo resuelto.
Expropiación, indemnización, intereses, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Vialidad (DPV) c/ Welham Parker S.A. y/o quien resulte en definitiva propietario s/ expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-06-11

En cuanto a la tasa de interés aplicable, corresponde mantener el criterio sentado en numerosos precedentes de este Tribunal, según los cuales los intereses en los juicios expropiatorios deben liquidarse a la tasa pasiva promedio que fija el Banco Central de la República Argentina (mencionada en el artículo 10 del decreto nacional 941/91), tasa aceptada en la doctrina dominante, no advirtiéndose en las actuales circunstancias que tal criterio se contraponga con alguna otra disposición a la que debiera necesariamente atenderse. (De la disidencia parcial de la Dra. Gastaldi) CSJStaFe: AyS T 185, p 120, 125, 138, 143, 157, 162; T 226, p 120; T 227, 166.
Recurso de queja (procesal), interposición del recurso, firma de las partes, falta de firma, inexistencia del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Acosta, José Alberto c/ EN - M Seguridad - PFA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-03

El escrito de interposición del recurso de queja, en tanto no dio cumplimiento a lo dispuesto en el punto I, inc. 5, del anexo II, de la acordada 31/2020, al contar solamente con la firma del letrado patrocinante, constituye un acto jurídico inexistente e insusceptible de convalidación posterior.
Despido, viajantes de comercio, comisiones
Materia: LABORAL
Carátula: Rossi, Roberto Carlos c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-02

Resulta viajante de comercio quien presta servicios concertando ventas fuera del establecimiento en forma personal y habitual y respecto de productos relativos al comercio industria de su representado, a cambio de una comisión sobre el importe de las ventas. Toda vez que el actor, quien se desempeñó como "promotor de ventas especiales", se ocupaba en forma personal y habitual de la comercialización de los productos de la demandada, visitaba los establecimientos de los clientes, ofrecía los productos y concertaba las ventas, debe ser encuadrado dentro de las previsiones contenidas en los arts. 1 y 2 de la ley 14.546.