marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTRUCCIONES BLOC SRL c/ CENTRO DE PROPIEDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-08

No habilita la instancia excepcional para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el enfoque utilizado por el recurrente en su planteo, el que, maguer su esfuerzo, no acredita sino un mero disenso sobre cuestiones de índole procesal y de derecho común.
Daño moral, prueba, presunciones, seguros
Materia: CIVIL
Carátula: QUESADA, HORACIO IGNACIO c/ JUPITER CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

La actora se centra en el carácter presuntamente doloso del incumplimiento, actitud innecesaria si se juzga que a partir de la reforma del Código Civil no puede sostenerse que la indemnización del daño moral sólo es procedente cuando media dolo, no discriminándose tampoco entre la materia contractual y la extracontractual. Es tema capital, en cambio, el de la prueba. El Tribunal adhiere a la teoría del resarcimiento en materia de daño moral, siguiéndose de ello que éste es una especie del género daño y todo lo que la ley disponga sobre el resarcimiento de daños en general le es aplicable al daño moral, siendo innecesario poner de resalto que el daño debe probarse. Podría sostenerse que cierto tipo de daño moral se presume, tesis aceptable para casos tales como la muerte de un familiar, más no cabe presumir el daño moral en caso de incumplimiento de un contrato de seguro, del cual no se acreditó tampoco su carácter doloso.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, personas con discapacidad auditiva
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, Miguel Angel c/ FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-09

Cuando se trata de enfermedades del trabajo producidas por ruidos, no resulta esencial determinar si se ha transgredido una norma de seguridad industrial, pues lo más importante consiste en saber si el ambiente causó o no algún perjuicio al organismo del trabajador.
Procedimiento administrativo, sumario administrativo, régimen disciplinario administrativo, prueba preconstituida
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARNALDO LE DONNE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-10-04

Las investigaciones administrativas y judiciales pueden tomar caminos independientes, sin perjuicio de su interrelación. Las finalidades y propósitos son distintas, ya que lo disciplinario tiene que ver con la continuidad del empleo público y no significa la pérdida de la libertad; el principio de responsabilidad frente a lo funcional y a las obligaciones éticas que demanda el cargo o la función, requiere una percepción más amplia en cuanto a juzgar el cumplimiento o no de los deberes asignados.
Estado, sistema republicano, derecho electoral, sufragio, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Holder, Joel Archie y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido por el Tribunal Electoral  (Expte CSJ Nº 654-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-11-29

El empeño y preocupación de los Constituyentes en la preservación del sistema democrático salta a la vista en los textos de los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 en el Capítulo Segundo de la Primera Parte de la Constitución nacional reformada, debiéndose asimismo enfatizarse especialmente la obligatoriedad del sufragio establecida en el párrafo primero, in fine, del artículo 37. El más cabal derecho es el que tiene la sociedad toda a vivir pacífica y ordenadamente bajo los principios de la Constitución nacional en un sistema democrático. Ella es la fuente de todo derecho. No cabe hablar propiamente de derechos y libertades que no sean los erigidos bajo sus superiores normas. No se trata sólo del cumplimiento de una obligación legal (artículo 1 del Código Civil). Es, a más de ello, un compromiso ético en el que todos nos hallamos involucrados.
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Segura, Pacífico c/ Sindicato de Luz y Fuerza Catamarca s/ Casación - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-11-13

Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por carecer de cuestión federal, requisito éste ineludible para su procedencia.

En efecto, las disposiciones constitucionales que dice comprometidas no guardan una relación directa e inmediata con la cuestión resuelta; se fundamenta el recurso en los arts. 17 y 18 de la C.N. y en la doctrina de la C.S.J.N, sin determinar claramente en qué consiste la vinculación de dicha normativa con las constancias obrantes en la causa, como tampoco cuál es la doctrina del Alto Tribunal que admita el Recurso Extraordinario en tales condiciones.
Accidente de tránsito, senda peatonal, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, carga de la prueba, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Bevilacqua, María Matilde c/ García, Edelmiro a. y otro s/ Daños y Perjuicios (Acc. Tan. c/Les. o muerte).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Le cabe al dueño o usuario de la cosa peligrosa la prueba de su irresponsabilidad y tratándose de un accidente de tránsito ocurrido en senda peatonal, dicha prueba aumenta su rigor, ya que debe superar la prioridad absoluta de paso que tiene el peatón.
Estafa procesal, honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales
Materia: PENAL
Carátula: Vecchi, Amado A. s/ recurso de casación". Causa n. : 1929.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-26

Hace una década, como integrante de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, al abordar un caso de estafa procesal señalé que se trata de una figura que no tiene definición concreta en nuestro código de fondo y que la doctrina ha perfilado en los comportamientos fraudatorios del art. 172 del Código Penal, en la eventualidad de que pueda inducirse al Juez mediante medios fraudulentos, directamente enderezados a concretar un despojo en perjuicio del derecho de propiedad de la contraparte en un juicio o un tercero, y que el error como elemento que se correlaciona íntimamente con el ardid previo y el perjuicio, puede recaer en el Juez, quien a la luz de elementos falsos incorporados maliciosamente a un proceso lo lleve a un pronunciamiento al que de manera alguna hubiera arribado sin ese dato. En el caso, adquiere particular relevancia el hecho de que un letrado requiriera regulación de honorarios alrededor de dos meses después de haberlos percibido extrajudicialmente, dando origen así a una serie de actos jurisdiccionales viciados, de modo tal que el error al que fue inducido el magistrado revistió la condición de esencial y determinante. (Voto del Dr. Madueño en minoria).
Despido, trabajador en condiciones de jubilarse, intimación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LEGUIZAMÓN, CELINA c/ TEAMBRILL SRL s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-03

Si bien el empleador debe conocer las condiciones de su empleado para obtener el beneficio jubilatorio antes de intimarlo, la ley no adjudica ninguna consecuencia negativa si hubiera producido la intimación sin que tales requisitos existieran en su totalidad. Solamente ha de mantenerse el plazo previsto, luego del cual se extingue la relación sin que exista técnicamente un despido. Es el trabajador quien carga con el deber de informar tal situación al empleador, y si silencia el tema, sufre las consecuencias, el plazo inexorablemente llega a su fin y la relación se extingue.
Derecho a la salud, derecho a la vida, acción de amparo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Del Olmo, Hugo Valentín c/ D.O.S.E.P. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-12-01

La Constitución de la Provincia garantiza el derecho de salud entendida ésta desde ".una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social." (sic, art. 57, Constitución de la Provincia). En este sentido, la Corte Suprema tiene dicho que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (v.

doctrina de Fallos: 323:3229).
Acción meramente declarativa, falta de legitimación para obrar, sufragio, voto en blanco, elecciones, voto válido, interés legítimo directo y actual, caso concreto
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gil Domínguez, Andrés c/  s/ formula petición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-20

Carece de legitimación para promover una acción declarativa de certeza tendiente a dilucidar si los votos en blanco emitidos por los electores en oportunidad de la realización de la primera vuelta electoral son parte de la totalidad de los votos emitidos a los efectos de establecer los porcentajes exigidos para la proclamación de la fórmula vencedora o la realización de la segunda vuelta electoral, quien invocó su calidad de elector, pues no ha demostrado ser titular de una relación jurídica sustancial que justifique su legitimación en este proceso y a simple vista, carece de un interés suficientemente directo, concreto y personal -diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos- en el resultado del pleito que propone (Voto del Juez Rosenkrantz).
Exceso ritual manifiesto, defectos del procedimiento, diligencias preliminares, debate, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G. R., M. J. s/ Quiebra fraudulenta impropia s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

La decisión final sólo podía tener fundamento razonable en el mérito de la totalidad del contexto probatorio. Al resolver las cuestiones preliminares como lo hizo, la Cámara impidió su examen en el desarrollo de una de las etapas esenciales del proceso, como es la producción de la prueba en el debate oral, cuestión que no fue advertida por el juzgador.

No oída la prueba propuesta por las partes en la etapa oral (), cuando se produce el verdadero contradictorio que establece el art. 18 de la Constitución Nacional para la realización del juicio, las consecuencias procesales de lo que podría haber sido y no fue derivan exclusivamente de la decisión del Tribunal inferior, sin perjuicio de que la precediera una petición de la defensa en igual sentido.

En este orden de ideas, el trámite y la decisión implicaron "un exceso ritual manifiesto, que el tribunal debió evitar arbitrando directamente la provisión de la defensa. Destaco que su correlato es el exceso de jurisdicción, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, dominio, prueba, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Granrio SA c/ Orsi, Pedro Antonio Francisco y otra s/ Demanda ordinaria por simulación (Expte. Nro. 240-90)-Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-07-23

No estando en juego la validez de ciertos actos en los términos del artículo 986 del Código Civil, sino la existencia y plenitud de un derecho, del cual se deriva la posesión de ciertos bienes inmuebles, sólo funciona como medio idóneo de demostración la respectiva certificación expedida por el Registro General en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 6435. (De los Fundamentos del Dr. Franchini en Minoría). En el caso, la cuestión a resolver era:

¨Sobre cuál de las partes recae la carga de comprobar la insolvencia del demandante para hacer procedente el arraigo?
Empleo público, facultades de la administración, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., S.E. c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-26

"Las amplias facultades reconocidas a la autoridad administrativa para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones se restringe naturalmente por la exigencia de razonabilidad y la debida salvaguarda de los derechos constitucionales del agente, lo que lleva en todo caso a la posibilidad de revisión judicial de tales facultades".
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Crédito Argentino S.A. c/ Algeri, Hugo s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Sostener que la escritura hipotecaria es inhábil por no haberse acompañado la certificación contable de la deuda efectuada por el contador y gerente del Banco acreedor, no puede tener acogida jurisdiccional; y a su vez alegar que el importe del crédito es menor que el reclamado, no supone otra cosa que un reconocimiento expreso de su condición de deudor, circunstancia que hace irrelevante analizar aspectos formales del documento y su supuesta falta de completividad.
Sucesiones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Smith, Celina Elvira s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-17

La regulación de honorarios a los letrados intervinientes en la sucesión, debe hacerse de acuerdo con el monto total del patrimonio transmitido, la calidad y utilidad de las tareas y su extensión.

Cuando se denuncia otros bienes, y el abogado que promovió la sucesión ya tiene regulación efectuada hasta la declaratoria de herederos, éste puede pedir que se practique otra nueva adecuada al valor de los bienes incorporados. Y si el nuevo bien es denunciado por otro profesional con posterioridad a la declaratoria de herederos, también integra el acervo hereditario y en consecuencia, su importancia económica deberá ser tenida en cuenta, correspondiendo efectuar una nueva regulación a favor del profesional que promovió la sucesión, sobre la diferencia de valor que resulta con la incorporación de aquel, sobre los denunciados al momento de sustanciarse las dos primeras etapas del juicio. (Dec. Ley 8904 art. 35)
Régimen de consolidación de deudas, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maidana, Ramón Inocencio c/ Estado Nacional (E.M.G.E.) s/ Personal Militar y Civil de las F.F.A.A. y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Cuando la obligación -de causa anterior al 1/4/91- está consolidada, resultan aplicables desde esa fecha las disposiciones de la ley 23.982 y su reglamentación, por lo que los intereses a computar desde el 1 de abril serán los que resulten de sus previsiones (arts. 6,10 y sgtes. ley 23.982).
Transferencia del contrato de trabajo, cesión del establecimiento, transferencia a favor del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Segundo Eusebio y Otros c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-15

Si un establecimiento es transferido al Estado no puede sostenerse que la relación laboral se mantiene idéntica; no sólo el cambio operado afectó a la persona del empleador, sino al régimen jurídico aplicable.
Empleo público, derecho a la carrera
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Flores Darío Andrés c/ Hospital Central de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-03-31

En materia de empleo público, la conjunción "y" utilizada en el art. 7, inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, implica que no basta el mero transcurso del tiempo en la prestación del servicio para ascender en el empleo, sino que a ello se debe sumar otro recaudo denominado capacidad.
Daño moral, indemnización, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL-BANCARIO
Carátula: Rolón, María Eva  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

Resulta procedente hacer lugar al daño moral reclamado por la actora teniendo en consideración la angustia que sufrió a causa del ilegítimo obrar del banco, quien improcedentemente dio de alta una cuenta corriente y una caja de ahorro a su nombre y luego efectuó descubiertos que no correspondían, generando de este modo una deuda a cargo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Massarello, Francisco c/ Gortari, Francisco y otros s/ Usucapión (sumario) Piris, Ramón L. c/ Garnica, José A. s/ Posesión veinteañal Bibulich, José c/ Asociación Escuela y Francisco Venturini s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27|1992-08-11|1984-07-03

Determinar si el usucapiente justificó o no la posesión, constituye una típica cuestión de hecho, sólo revisable en casación si en el ataque se evidencia que la sentencia ha incurrido en valorización absurda de la prueba o ha transgredido las leyes que disciplinan el régimen de ésta.
Posesión, buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ABDALA, JORGE ANTONIO c/ RAUL SALOMON Y OTROS s/ INC. COBRO DE MEJORAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-12-02

La buena fe requiere en el poseedor la persuasión de la legitimidad de su posesión (art. 2356 del código de fondo), basada en un título, por lo que si éste falta en forma completa no puede hablarse de posesión de buena fe. Por lo tanto, si los apelantes no invocaron título alguno que les permitiese llegar a la posesión de los fundos, es indudable que ésta no puede en forma alguna aceptarse como tomada de buena fe.
Recurso de inconstitucionalidad, costas, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, costas en el orden causado, circunstancias sobrevinientes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ACOSTA NORBERTO DANIEL Y OTROS c/ BANCO DE SANTA FE SAPEM. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- C.P.L. (EXPTE.: C.S.J. NRO. 90 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Es admisible la queja interpuesta por la actora agraviándose de que le hayan impuesto las costas por el juicio principal cuando entiende que sólo debían abarcar la excepción de incompetencia en tanto aquél no se había resuelto, desde que sus planteos, frente al criterio adoptado por la Corte en casos análogos, permiten tener por configurada una situación excepcional que amerita hacer una salvedad a la regla según la cual las cuestiones sobre costas son ajenas -en principio- al remedio extraordinario. Tal circunstancia determinaría normalmente que se le imprima a la causa el trámite contemplado por el artículo 7 de la ley 7.055, mas lo cierto es que tampoco puede escapar al juicio de esta Corte que la cuestión de la imposición de costas en las instancias ordinarias del proceso ha sido clarificada por este Tribunal en casos análogos al presente, extremo que habilita a considerar como posible y razonable resolver en este estadio el recurso planteado, pues lo contrario sólo acarrearía un alongamiento inoficioso del pleito. Ello así, corresponde declarar procedente el recurso deducido y distribuirse los gastos causídicos devengados en las instancias ordinarias en el orden causado conforme a lo resuelto in re "Ortega" donde se juzgó que el pronunciamiento recaído en la causa "Vieitez" podía considerarse, a los efectos de la imposición de las costas, como una hipótesis de "ius superveniens" que ameritaba la distribución en la forma indicada.
Jueces, remuneración, liquidación
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Eduardo PERUGINI y otros c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA) s/ JUECES - REMUNERACIONES - LIQUIDACION - CORTE SUPREMA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-08

En virtud de las facultades que le asisten a la Corte con arreglo al art. 16, segunda parte, de la ley 48, se confirma la sentencia apelada -en cuanto ha sido materia de recurso-, disponiéndose que la Subsecretaría de Administración practique el cálculo de liquidación haberes de magistrados judiciales- de conformidad con las pautas establecidas por el Tribunal.
Competencia de la Corte Suprema, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL ADMINISTRATIVO
Carátula: OCAMPO, EDUARDO c/ LA COMUNA DE SAUCE VIEJO s/ EXCEPCION DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-18

Tratándose de una acción de derecho común por un accidente de trabajo impetrada por un dependiente de la Comuna accionada a partir de la opción prevista en la ley específica (art 17 Ley 9688), es de competencia del fuero laboral. Ello resulta de la referida ley al tratar la "responsabilidad del empleador", que el Estado Nac., las Prov. y Municipalidades "en su carácter de empleadores están sujetos a las responsabilidades que esta ley establece" (art.1) debido al igual tratamiento en esta materia, tanto a los nombrados como a los demás empleadores en general, lo que queda claro vgr cuando seguidamente atribuye también al estado en las formas mencionadas respecto de personas obligadas a prestar un servicio con carácter de carga pública (art 2), lo que permite concluir que el legislador ha unificado el concepto de "empleador" sin distinguir el carácter, naturaleza u origen de dicho status en orden a la responsabilidad por los infortunios del trabajo. Por otra parte, según la normativa ritual aplicable, los jueces del trabajo serán competentes para entender en las causas en que se ejerciten acciones originadas en normas legales, reglamentarias o convencionales del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (art 2 ley 7945).

A partir de la no aplicabilidad del art 93 C.P. y Ley 4106 puede sintetizarse en una ecuación a la que concurren esencialmente la naturaleza de la acción, su regulación legal omnicomprensiva de la causa y objeto como de los sujetos en sus diversas formas, la previsión de la misma dentro del plexo normativo de una ley nacional (Ley 9688), que a su vez conlleva la necesidad de no obviar la jerarquía normativa que en su dimensión se deriva del art 31 C.N., resultando así congruente la aplicabilidad del derecho adjetivo compatible con la normativa de fondo que específicamente regimenta la materia de los accidentes de trabajo.
Acto administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Azcarate, Mario F. c/ Provincia de Río Negro s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-13

De la presunción de legalidad de los actos administrativos, surge la regla legal según la cuál el que impugna la validez del acto debe probar los extremos de la ilegalidad del mismo.
Conmutación de penas, sustitución de la pena
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ PEDIDO INFORME INDULTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984

EL TIPO DE DELITO PERPETRADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LO RODEARON, FUERON LAS QUE LLEVARON A LOS JUECES INTERVINIENTES A VALORAR Y APLICAR LA PENA COMO LO HICIERAN. EL OTORGAR EN ESTE MOMENTO OTRA REBAJA DE ESA PENA -YA REDUCIDA EN OCHO AÑOS- TORNARIA INEFICAZ EL EFECTO DE LA PENA QUE SE LE IMPUSIERA , DESVIRTUANDO EL OBJETO DE TAL SANCION.