marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CIRILLO, RAFAEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-18

Si bien el Superior Tribunal hace hincapié en que los parámetros señalados en "Badaro Adolfo Valentín" (sent. del 26.11.07) se limitan a la causa referida, y a la necesidad de que se dicte una ley específica con pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional, lo cierto es que hasta tanto ello ocurra, es preciso definir los litigios en trámite en los que se plantean reclamos similares.
Responsabilidad parental, interés superior del niño, autorización judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Sepúlveda Riquelme, Sergio César s/ Venia Supletoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-30

La situación sometida a consideración de este Cuerpo cae bajo el ámbito de dos normas legales que contemplan otros tantos aspectos que hacen a la patria potestad y, específicamente, a la disposición de bienes de menores, como lo son las referidas al modo de suplir el consentimiento de uno de los padres en los casos que describe el art. 264 quater, y la autorización judicial para "enajenar bienes de cualquier clase de sus hijos", a que se refiere el art. 279 del Código Civil. Tanto una como otra manera deben ser entendidas e interpretadas en forma de armonizar, entre ambas, los principios que las inspiran, en el sentido de que aún cuando la primera de ellas haga expresa referencia a la protección del interés familiar, ello no importa, en modo alguno, que al decidir, el juzgador esté autorizado a hacerlo con prescindencia de los intereses del menor.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, suministro de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, establecimientos penitenciarios, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: " VILLALBA, Norma S. art. 14... ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

Conforme se desprende de la lectura de los antecedentes parlamentarios de la Ley N° 26.052, la modificación que sufriera el mentado artículo, no está orientada a la reducción de pena del suministro a título gratuito que integra la cadena de tráfico que tradicionalmente pena el inciso "e", sino que importa la incorporación de una nueva figura que esta íntimamente relacionada con el convite ocasional, y que por ello es pasible de una sanción sensiblemente menor. Ahora bien, a los efectos de que una conducta que merezca reproche penal pueda ser subsumida bajo los parámetros introducidos por la novel normativa que se analiza, debe cumplir con ciertas exigencias. Éstas se encuentran relacionadas con, además del carácter ocasional y a título gratuito referido anteriormente, la "escasa cantidad" y con que las "demás circunstancias" demuestren inequívocamente que el material estupefaciente entregado lo sea para el propio consumo de quien lo recibe. A diferencia de la figura genérica, esta entrega exige elementos subjetivos distintos del dolo, conocidos también como ultraintención: el agente debe obrar motivado en que la provisión sea para el uso personal de quien lo recepta. Esto justifica el atenuante además de la previsión de que si correspondiere se apliquen los artículos 17, 18 y 21 de la ley especial. En este sentido, y refiriéndonos al presente caso, es determinante para tener acreditada en esta etapa del proceso esa ultraintención, la estrechez del vínculo entre la autora del delito imputado y el sujeto pasivo -concubinos-, como así también la escasa cantidad de sustancia prohibida que fuera habida, cuestiones que se encuentran en estrecha sintonía con las conceptualizaciones desarrolladas por los legisladores al tratar la Ley N° 26.052 y que han sido plasmadas en la nueva redacción del artículo 5º de la Ley N° 23.737. Lo expuesto, permite, con el grado de provisionalidad inherente a la etapa sumarial, que en el caso se encuentra alcanzado por el último párrafo del artículo 5º de la Ley N° 23.737, según la reforma introducida por la Ley N° 26.052, con la agravante del artículo 11, sin perjuicio del encuadre legal que corresponda con fundamento en la prueba existente, agotada que sea la instrucción. Asimismo, el presente es un caso tentado en los términos del artículo 42 del Código Penal de la Nación, toda vez que, como consecuencia de la intervención del personal penitenciario, la entrega no llegó a concretarse.
Extradición, tipo penal
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO - PENAL
Carátula: Terruzzi, Guillermo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

La acreditación del principio de la doble subsunción no exige identidad normativa entre los tipos penales en que las partes contratantes subsumieron los hechos que motivaron el pedido.
Competencia contencioso administrativa y tributaria, Derecho constitucional, acción de amparo, legitimación procesal, asociaciones sindicales, objeto social, derechos de incidencia colectiva, derecho a la salud
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Gremial Interdisciplinaria Hospital Moyano c/ GCBA s/ amparo - salud - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

La acreditación de la legitimación procesal y del caso concreto, corresponde que sean analizados incluso ex officio, pues su ausencia o desaparición importa la de juzgar, y no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento por la sentencia (Fallos 311:2257). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Régimen de consolidación de deudas, prueba de informes, impugnación por falsedad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: INCIDENTE  IMPUGNACION  DE  FALSEDAD DE INFORME EN AUTOS "NEOFIN  S.A " s/ B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-20

Dado que las obligaciones accesorias alcanzadas por la consolidación dispuesta en la primera parte del art. 1 de la ley 23 982 son sólo las que acceden a una obligación consolidada (conforme inciso d) de ese art.), no queda por ende, alcanzada esta causa en que se hizo lugar a la impugnación de falsedad de la actora en los términos del art. 403 del C.P.C.C.N. respecto a un punto de informe presentado por la demandada en los autos principales.
Lesiones gravísimas, lesiones graves, pérdida de un órgano
Materia: PENAL
Carátula: BRANDAN HECTOR HUGO s/ LESIONES GRAVES - LESIONES GRAVISIMAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-16

La hipótesis punitiva del art. 91 del C.P. gobierna penalmente la conducta de quien provoca dolosamente "la pérdida de un órgano" y en ello,la inteligencia gramatical de las palabras de la ley, conducen a distinguir entre la referencia del art. 90 del C.P., cuando alude a "debilitación permanente de un sentido o de un órgano", de la supresión de un órgano relacionada en el art. 91 Es cierto que hay órganos en el cuerpo humano que coadyuvando con otros, cumplen variadas funciones propiamente dichas, uno de los cuales es el bazo, pero no hay dudas, que cuando el órgano es inicio, su debilitación constituir a lesión grave: pérdida, lesión gravísima y podría ocasionar la muerte, si se trata de un órgano vital (Camaño, Rosa -Delitos contra la Persona Física, Ed.

Bibliog. Uruguaya, pág. 73-).

Esta interpretación que subordina la técnica defectuosa de la ley a su expresa voluntad, parte del principio de severo rigor en la materia penal,de cuando la ley distingue, cabe respetar la distinción y que la inconsecuencia jamás se supone en el legislador y que por esa se reconoce como un principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efectos (C.S.J.N. 19/9/64, Fallo: T. I, pág. 297). Apartarse de tal modo de aplicar la ley penal, compromete el principio de reserva y genera la peligrosa alternativa de aniquilar judicialmente disposiciones o figuras legales que conservan su plena vigencia. Si concluyéramos que la pérdida de un órgano (bazo) de múltiples y concurrentes funciones, importa una lesión de las previstas en el art. 90 del C.P., estaríamos desplazando discrecionalmente al tipo que de manera expresa se refiere al caso y con ello instaurando un ejercicio excesivo de la jurisdicción , impropio del sistema republicano que nos gobierna.-
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Médica de Bahía Blanca y Círculo Médico de Punta Alta s/ apel. res. 136/11 Sec. Com. Int. - Mrio. Econ. y Fin. Púb. Nac. (ley 25.156: 53)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-23

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto, pues la naturaleza de la resolución recurrida -declaración de prescripción de la acción penal efectuada por esta Cámara- habilita la intervención de la Cámara de Casación Penal como tribunal intermedio, atento el criterio sentado por la CSJN en la causa "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación" -causa Nº 107.572, del 3 de mayo de 2005-.
Empleados públicos, docentes, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: IBARZABAL GERALDO Y OTR. c/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-20

Obviamente lo normal es que si a una persona se la contrata y se determina la carga horaria, esa carga se corresponda con las horas trabajadas.

Sin embargo, no seguir las pautas de normalidad no es necesariamente antijurídico, especialmente si, se trata de personal que no integra la planta permanente; no desarrolla su tarea dando clases, sino prestando diversas funciones, especialmente, se utilizó otra sistemática de contratación, y el nuevo modo que implica una partida presupuestaria determinada que permitió ingresar en el sistema de seguridad social; los montos pagados se adecuan a las partidas presupuestarias.

Corresponde rechazar la acción procesal, lo que no significa que esta Corte comparta este modo de remuneración, sino que no se detectan causales de nulidad en los actos administrativos a los términos de los arts. 72 y ss ley 3909.
Buena fe, obligaciones del trabajador, notificación por telegrama
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: S., S. D. c/ C. S.A. y/o quien resulte responsable y/o propietario s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08

Cualquiera haya sido la deficiencia en las comunicaciones entre A.R.T. y empleadora, el operario que se sabía apto para el servicio, que ha recibido el alta, y lo ocultó a la empresa cuando fue concretamente preguntado acerca de ello, no procede de buena fe, cual los arts. 62 y 63 L.C.T. se lo imponían.

Lo propio cabe predicar respecto del obrero que intimó su reincorporación; era esperable a tenor de la "bona fides" que estuviera atento a la respuesta y si no tuvo conocimiento temporáneo de la réplica fue por su falta de colaboración en ir a recibirla en la oficina postal estando avisado de su existencia allí; es más, él se alejó de inmediato de la zona desentendiéndose de la respuesta.

El fin del art. 63 L.C.T. al incluir el principio de la buena fe y exigir a las partes conductas sociales tipo consistió en flexibilizar la aplicación de las diferentes instituciones reguladas por la ley para lograr con plenitud el cumplimiento de las finalidades para las que han sido previstas.

Es que la buena fe no es norma aislada, sino principio supremo de las relaciones obligacionales, de forma que todas han de medirse por él.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Di Paolo de Herrera, Margarita Alicia c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Si bien la pensión es un beneficio previsional que deriva del de jubilación, se trata de beneficios distintos que nacen en cabeza de quien reúne los requisitos que, para adquirirlos, prevé la norma previsional, no pudiendo eludirse las consecuencias jurídicas de la inactividad y del transcurso del tiempo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Embargo preventivo, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Sigalat, José Aristides c/ Castillo, Jorge Omar y Otro s/ Tercería de Dominio - Claudio Delaude.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-11

Pesa sobre el incidentista la carga de demostrar que se encontraba en posesión de los bienes embargados; pues cuando el ejecutado también tenía la misma, el tercerista debe destruir esa presunción contraria a su derecho, pesando sobre ella la carga probatoria, debiendo ser categórica.
Concursos, síndico del concurso, responsabilidad del síndico del concurso, oficios, diligenciamiento de oficios, sanciones procesales, multa procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PEREDO, FELISA ESTER s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-03

Cabe imponer al síndico de la quiebra una multa -equivalente a $300- en virtud de no haber dado cumplimiento, en tiempo y forma con ciertas medidas ordenadas en la sentencia de quiebra, consistentes en el libramiento y diligenciamiento de diversos oficios y mandamiento, toda vez que la omisión en la que incurrió configura una conducta negligente que justifica la aplicación de tal multa (cfr. Sala d, 28.11.83, "Kantor SIC c/ Capeans, Luis A.").
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, depreciación monetaria, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Giunti, Guido c/ Club Atlético 9 de Julio de Berabevu s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 358 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-11-06

La actualización por depreciación monetaria se vincula estrechamente con principios constitucionales. Así, en primer lugar, el derecho de propiedad impone que el acreedor de un crédito, lo es, antes que de su suma nominal, de su valor real, por tanto, si media inflación, el primero debe corregirse en función de este. Y de no operarse el reajuste, el titular del crédito sufriría un detrimento en su patrimonio. Y en otro orden, el fenómeno inflacionario provoca una desigualdad entre los sujetos de la relación jurídica. El derecho de igualdad consagrado en las Cartas Magnas Nacional y Provincial, intenta mantener la paridad entre acreedor y deudor: que ni uno ni otro se beneficien o perjudiquen por la inflación. Así es, como el acreedor debe recibir -ni en más ni en menos - el valor que debía cobrar, y el deudor - también, ni en más ni me menos- el valor que estaba obligado a dar.
Concursos, desapoderamiento
Materia: COMERCIAL
Carátula: ORSI, JORGE OSCAR c/ MARTINO, NELIDA B s/ APREMIO      EXPTE NRO 81-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-06-23

El fallido está facultado para actuar en justicia en defensa de bienes y derechos que no han caído en el desapoderamiento, respecto de los cuales conserva la titularidad así como la legitimación.
Regulación de honorarios, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: SEGBA S.A. en liquidación c/ Tubos Trans Electric S.A. y Otros s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-12

El Supremo Tribunal señaló que los accesorios deben ser calculados desde la mora del deudor (art. 61 del arancel) una vez transcurrido el plazo dispuesto por el art. 49 de la ley 21.839, y que del hecho de que el reclamo se efectúe contra la parte no condenada en costas no se desprende que dicha relación obligacional esté sujeta a una nueva constitución en mora (CSJN, Fallos: 307:894; 308:1058; 313:1469). Y agregó que las consecuencias derivadas del retardo en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor principal, se trasladan al requerido, sin perjuicio de que éste persiga en su momento el reintegro correspondiente. De tal manera, se mantiene inalterable la integridad del crédito pretendido (CSJN, Fallos: 328:3070).
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, Salud pública
Materia: PENAL
Carátula: C.,A.M. y Otros s/ P.ss.aa. tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-20

La venta ilícita de sustancias estupefacientes, bien sea directamente o a través de otros traficantes, no cabe sino reputarla como una conducta típica con independencia de la cantidad de sustancia transmitida. Lo mismo sucede con la tenencia con fines de comercialización. El peligro que entrañan estas conductas para la salud pública, existe mientras la sustancia conserve su naturaleza y calidad, por lo que resulta claro que un acto de tráfico solo podrá dar lugar a una consideración contraria cuando la sustancia que se comercie o tenga con ese fin carezca de toda virtualidad para producir los efectos propios de la droga de que se trate (inidoneidad absoluta).
Recurso de reposición (procesal), interposición del recurso, incidente de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández, Abelardo Juan c/ Municipio de Chimbas s/ Cobro en pesos-Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2002-02-14

Cuando "el dictum" encierra un vicio que afecta el contenido de la providencia, el que podría calificarse como una negativa injusta desde el punto de vista del interesado, pues el "error" puede estar en el juicio valorativo del Juzgador, mas no significa apartamiento de la formas y solemnidades establecidas en la ley ritual para esa resolución (eficacia del acto), no es precisamente el incidente de nulidad el remedio específico para su revisión, conforme lo prevé nuestro código procesal civil, sino en todo caso el recurso de reposición (art. 243 del C.P.C.) el que fue instituido con miras a la enmienda de los errores o injusticias que puedan adolecer o causar las resoluciones de dentro de la categoría de ordenatorias se dictan dentro de la sustanciación del proceso, siendo su objetivo fundamental que el mismo juez que la dictó la revoque o modifique "por contrario imperio", es decir, en ejercicio de la misma facultad decisoria inherente la función jurisdiccional. En definitiva el recurso de reposición presupone una providencia válida que contiene una decisión errónea o injusta en si misma, el incidente de nulidad una providencia inválida, ineficaz por apartamiento de las formas y solemnidades legales.
Resoluciones equiparables a definitiva, garantías procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Paz, Gustavo Roberto c/ Bordenave, Ariel Alfredo s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-06

Visto que los agravios desplegados en el Memorial atribuyen al decisorio atacado una omisión que, de confirmarse en concreto, podría comportar lesión al derecho de ser oído y al debido proceso, ello puede constituir por sí un perjuicio de imposible reparación ulterior y, por ende, asimilable a un pronunciamiento definitivo.
Prescripción, interrupción de la prescripción, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: FRAMIÑAN, MARIO JORGE c/ VALENTICH, FERNANDO P. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

La demanda de daños y perjuicios proveniente de un cuasidelito no interrumpe el plazo de prescripción en favor del reconviniente que se funda en el mismo hecho.
Aplicación de la ley tributaria, interpretación de la ley, IVA, costo financiero
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Artcasas  SRL. s/ recurso de apelación -  IVA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

Integran los gastos financieros, además de los intereses y las comisiones, otras erogaciones que, vinculadas a la misma operación, se originan en la financiación (art. 6° de la ley 20.631).
Representación procesal, mandato
Materia: PROCESAL
Carátula: Breviere Pablo Nicolás y Otro c/ Aseguradora de Personas Galicia S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-06-09

Ante las omisiones o insuficiencias de mandato, no corresponde dar por perdido, sin más el derecho ejercido, sino intimarse a la justificación o ratificación; ello, por ser de interpretación restrictiva su caducidad. En su consecuencia se deriva, que es admisible la presentación judicial del apoderado si se ratifica las actuaciones procesales efectuadas con mandato deficiente, o por quien no tenga poderes suficientes, pues la aludida ratificación por el mandante, cubre la gestión y convalida los actos celebrados con los mismos efectos que si el gestor hubiere obrado en el mandato pertinente.
Accidentes de trabajo, instancia administrativa previa, comisiones médicas
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Zayas Elías David c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-03-06

El recaudo lógico-jurídico de la "razonabilidad" es el que no supera el art. 1° de la Ley 27.348 dado que cualquier persona del pueblo, lega en materia de Derecho, puede advertir lo ridículo que resulta que un médico "juzgue". Esto se evidencia tan disparatado como poner a un abogado a diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos o practicar cirugías. Bajo este marco de análisis se aprecia que el intento de la Ley 27.348 de sustraer de los jueces naturales la delicada tarea de aplicar el Derecho e impartir Justicia, adjudicándosela a profesionales de una ciencia ajena y -por ende- no aptos por no estar preparados para ello, es ilógico y racionalmente inaceptable (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Reconstrucción del expediente, interrupción de la prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: WIATER, Carlos s/ Causa 44.154
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-08

Ante la desaparición del expediente original y por ende del escrito promotor de la acción, debe considerarse como último acto interruptivo el decreto que tuvo por reconstruido dicho expediente.
Prescripción, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Miguel c/ Partamian, Pablo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

El tribunal del trabajo no puede suplir de oficio la defensa de prescripción no opuesta.
Acción meramente declarativa, daño actual
Materia: PROCESAL
Carátula: IVAN GANCEDO c/ NICOLAS KNOLL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

Procede la acción meramente declarativa cuando el perjuicio provocado por el estado de incertidumbre que se pretende remover es actual. El CPR 322 no autoriza otra interpretación más que la gramatical por ser claro, acorde con sus fines.

Si el daño invocado no pasa de ser una generalización de tinte conjetural que impide advertir un menoscabo concreto, la acción debe desestimarse (en el caso, el actor pretendía que se declarara que no era deudor del demandado, alegando que los reclamos y expresiones públicas de éste le provocaban una situación potencialmente dañosa).
Reajuste jubilatorio, actualización monetaria, derecho de propiedad, derechos y garantías constitucionales, mora del deudor
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ, Juana Candelaria c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

No es la mora del deudor la circunstancia que habilita y condiciona el reconocimiento del reajuste, sino la variación del valor de la moneda que se da con independencia de aquella y cuyo fundamento se encuentra en la inviolabilidad de la propiedad, garantizada por el art. 17 de la Constitución Nacional. (cfr. C.S.J.N., 25.09.90, "FITAM S.A. c/Ma-Cer S.A.")