marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D'Gregorio Hnos. c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Para establecer el monto de los perjuicios que ocasionó la rescisión del contrato de obra por culpa de la empresa contratista resulta necesario que la Administración realice una liquidación final compensando los créditos del contratista retenidos con el gasto que ha demandado terminar la obra y, en caso que la compensación sea favorable al contratista, además de los créditos que eventualmente quedaran a favor de aquél, se le deben reintegrar los equipos retenidos.
Honorarios del abogado, monto del juicio, rechazo de la demanda, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Caja de Ahorro S.A. c/ Cárcamo, Juan Segundo Daniel y Otro s/ Cobro de Pesos -Ordinario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-02-02

En los casos de juicios con monto determinado y en los que la demanda fuere rechazada, deberán computarse los intereses que el capital hubiera generado en una hipótesis de acogimiento de la acción, a los fines de la determinación de los honorarios profesionales.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cicare, Jorge Ernesto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario - Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte. CSJ Nro.  712-1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

Conforme jurisprudencia del Alto Tribunal, el acogimiento del recurso en su aspecto formal hecho en la ocasión prevista por el artículo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre el punto en el acuerdo definitivo. Por ello, no cabe hacer lugar al cuestionamiento relativo a que el Cuerpo declaró inadmisible el recurso no obstante que estaba firme y consentida la admisibilidad declarada por la Presidencia de la Corte.
Velocidad reglamentaria, velocidad precautoria
Materia: CIVIL
Carátula: V.G. O. y Otra c/ T., H. y/u Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-10

La conducción dentro de los límites normales de velocidad, no exime al conductor de incurrir en culpa por imprudencia al no disminuir, y hasta detener en su caso su marcha de ser necesario, para evitar un posible accidente cuando ha visto en cercanías varios niños jugando.
Peculado, dolo, delitos, honorarios, error de prohibición
Materia: PENAL
Carátula: Bersan, Hugo Luis s/ recurso de casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-08

El dolo del delito de peculado consiste en el conocimiento del carácter de los bienes objeto de la conducta de la situación funcional que los vincula con el sujeto activo, y la voluntad de sustraer el objeto del ámbito administrativo, lo que quedó demostrado en el caso en que el Rector de una Universidad Pública abonó los honorarios de su abogado de confianza designado en una causa penal que se le seguía a él personalmente, con dinero de la institución. La alegación del error de prohibición por parte de la defensa no tiene ningún sustento objetivo, toda vez que no se acreditó que el imputado hubiese requerido ningún dictamen a un cuerpo competente de la Universidad sobre la posibilidad de aplicar dinero al pago de honorarios profesionales del abogado de su confianza, sino que se alegó consultas informales sobre cómo obtener el dinero pero no sobre la causal de su aplicación, y además, no se explicó que razón podría haber llevado al rector a creer erróneamente, y de modo plausible, que la propia casa de estudios, supuesta ofendida, debía afrontar los honorarios del defensor de elección de quien, según la imputación, habría cometido un delito que afectó su patrimonio.
Despido con causa, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: M.I., L. c/ P.S. SA s/ Cobro de pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-11

Si bien la confianza es un elemento esencial para la armonía de la relación laboral y su pérdida puede ocasionar la ruptura justificada de la misma, se debe actuar con la máxima ponderación en razón de significar una situación sujeta a la apreciación subjetiva de quien la invoca.
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: L., J. H. c/ B., N. E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-06

El abandono previsto en el art. 67 inc. 5 de la ley 2393 se configura cuando uno de los cónyuges falta al deber de convivencia que le imponen los arts. 51 y 53 de dicha ley, sin que haya mediado causa justificativa de esa decisión.
Acumulación de acciones, daños y perjuicios, derecho de retención
Materia: CIVIL
Carátula: Licciardi, Francisco Rosario c/ Ruanova, Roberto. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-29

Nada impide la acumulación de las acciones, aunque las responsabilidades deban juzgarse desde distintas órbitas, si la supuesta conducta de los inicialmente demandados habría permitido eludir la garantía que le ofrecía al actor el ejercicio del derecho de retención consagrado en el art. 3939 del Código Civil y el daño está representado por la pérdida de derechos y por la imposibilidad de cobrar el crédito respectivo.
Fundamentación insuficiente, improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Ernesto Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-30

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso de casación carece de la debida fundamentación. (Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos -voto concurrente-).
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ EMPRESA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO (E.D.E.S.E) s/ ACCION DECLARATIVO DE CERTEZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-27

La contracautela es condición de ejecutoriedad de la medida cautelar y no presupuesto para su admisibilidad. Su exigencia se encuentra positivamente plasmada en el código de rito, por lo tanto, la facultad de su imposición, como asimismo su graduación y cuantía, es exclusiva del juzgador y no constituye derecho instrumental disponible por las partes.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Belcastro de Ruiz, Catalina c/ Miksa, Elena María y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-25

Como regla, el juez tiene el deber de apreciar la prueba, lo que no implica la obligación de referirse a cada uno de los elementos aportados sino la de seleccionarlos a fin de fundar el fallo en los más eficientes o esenciales. Así no es indispensable el examen particular y pormenorizado de cada una de las pruebas, bastando con que en un análisis integral que debe presumirse afrontado, los jueces indiquen las piezas decisivas en las cuales hacen descansar sus conclusiones.
Costas, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Eldorado s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-04-28

Las medidas cautelares se conceden a riesgo de quien la solicita y si no hay oposición, no puede afirmarse que el deudor las haya provocado, haciendo necesaria la intervención de la justicia.

La base o sustento de la condena en costas es la existencia de controversia.
Caducidad de instancia, recurso de casación, llamamiento de autos, competencia contencioso administrativa, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE CÓRDOBA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ DE NUÑEZ, CARMEN LIDIA c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-17

El proceso contencioso-administrativo, con excepción de la etapa de habilitación (art. 11 C.M.C.A.), es de naturaleza eminentemente dispositiva.

Así, entonces, los principios establecidos en el art. 55 del C.P.C.A., rigen igualmente en la instancia de casación, con las pertinentes adecuaciones.

Ello importa que la carga del impulso procesal recae en todos los casos en el recurrente, salvo que los actos pendiesen de "pura actividad del Tribunal", excepción que debe ser interpretada con criterio restrictivo.
Compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bruno, Adrián Claudio y otra c/ Bruno, Raúl Oscar y otros s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Si en el boleto de compraventa que anudara las voluntades de ambos contendientes se estableció que la escritura traslativa de dominio se otorgará por ante el escribano que designen los vendedores, no se justifica la oficiosa intervención del juzgador en la letra del contrato modificando lo convenido. Precisamente, la norma que cita el a-quo al tiempo de modificar y suplir unilateralmente la voluntad de las partes, ordenando que el escribano lo propongan los ejecutantes (el art. 510 del CPCC), permite ello siempre que "aquél no estuviere designado en el contrato".

Y en el caso de autos, si bien no hay una expresa designación e identificación del escribano, no puede dudarse que la facultad de hacerlo le fue conferida, de común acuerdo, a los vendedores (arts. 1197, 1198 1a parte, 1363 y concs. del CC).
Declaración indagatoria, duración del proceso, falta de prueba, participación necesaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alsogaray, María Julia y Otros s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-22

Conforme surge de la lectura del expediente, la imputada no fue sorprendida por los hechos por los que fue condenada. Ello es así, porque se aprecia que existe correspondencia entre los hechos que se tuvieron por acreditados en la sentencia y la descripción fáctica contenida en la declaración indagatoria de la imputada, los hechos por los que la misma fue llevada a juicio y por los que finalmente se la acusó al finalizar el debate.

Por ello cabe concluir que la materialidad fáctica que emana de dichos actos procesales ha sido siempre, sustancialmente, la misma. El a quo ha fundamentado debidamente los motivos por los cuales consideró que no ha resultado excesivo el plazo de duración del proceso, ponderando, entre otros motivos, la complejidad de los hechos investigados. En tal contexto, la impugnante no ha logrado conmover los argumentos brindados por el a quo para no hacer lugar a su reclamo. Analizado el caso cabe concluir que la sentencia en revisión constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias allegadas al sumario en observancia al principio de la sana crítica racional o libre convicción. Las afirmaciones de la recurrente de que no se probó la connivencia entre Alsogaray y la UTE no pueden prosperar, toda vez que las pruebas con que se contó en el sumario, demuestran que desde el mismo nacimiento del pliego de condiciones, junto con Daneri y con la participación necesaria de Pflaum, lograron el avance del contrato con dicha UTE, las sucesivas e injustificadas prórrogas, el dispendio de bienes del Estado para abonar a consultores que fueron contratados para efectuar una labor que debía realizar la UTE y que tampoco realizaron, así como el inicio de diversos juicios en nombre del Estado que llevaron a una disposición patrimonial perjudicial.
Litisconsorcio pasivo, domicilio, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTONIO, JOSE c/ COOPERATIVA AVICOLA DEL OESTE s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-12

La circunstancia de que uno de los litisconsortes pasivos de la pretensión se domicilie en la Capital Federal es suficiente para habilitar la aptitud jurisdiccional con independencia de la suerte de la demanda.
Intereses, intereses compensatorios
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación  de  Trabajadores  del  Estado  A.T.E. c/ Santiago delEstero, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Los intereses resarcitorios y punitorios que liquida la ejecutante han sido establecidos con el propósito de estimular el cumplimiento en término de las obligaciones tributarias y previsionales; su desconocimiento o reducción importaría olvidar su naturaleza, la razón legal que los justifica y el carácter que se ha asignado a normas similares.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ghys, Yves Marcelo L.A. c/ Municipalidad Gra. Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-30

El acto administrativo resulta suficientemente motivado si se encuentra integrado con los dictámenes legales a los que específicamente se remite.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bori, Manuel c/ Asociación Civil Club Campos de Golf Las Praderas de Luján s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Para eximirse de la responsabilidad contractual debe tratarse de una imposibilidad de cumplir; no bastan las dificultades sobrevinientes si no se traducen en imposibilidad. Claro está que la línea separativa entre imposibilidad y dificultad es muchas veces incierta, porque éstos no son conceptos absolutos. La imposibilidad debe ser absoluta, la que lo sería para cualquier persona y no solamente para el deudor. Esto significa que la cuestión debe apreciarse con criterio objetivo y no subjetivo; la debilidad de carácter, etc., del deudor no autorizan a considerar como fuerza mayor lo que no lo es para una persona de carácter y diligencias normales. La imposibilidad también puede ser física (destrucción de la cosa prometida por el hecho de un tercero o de la naturaleza, etc.) o jurídica. Ejemplo de esta última es el hecho del príncipe;

como sería la expropiación de un inmueble que le impide al propietario cumplir con la promesa de venta que había suscripto en otra persona.-
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Muñoz, Rosa Cleotilde c/ Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-21

La indicación efectuada por el Organismo requerido en su informe respecto a lo que debió realizar el administrado como consecuencia de su propio silencio, es facultad exclusiva y opcional del interesado. En ese orden la acción de amparo por mora es la antítesis del silencio administrativo, en tanto la primera procura un acto expreso y por el segundo el particular trata de desentenderse de un procedimiento administrativo, empero ello, es una opción exclusiva que tiene el interesado ante su derecho a que se le resuelva frente al deber de resolver de la Administración. En tal sentido, este Alto Cuerpo en reiteradas oportunidades ha sostenido, que el amparo por mora en la administración es una protección referida exclusivamente al ritmo y atención que la esfera administrativa general debe poner en las actuaciones escritas que tramite, cuya naturaleza jurídica la ubica dentro del campo protector del Art.43 de la CN y forma parte de la garantía instrumental de dicho artículo.

Ello se conecta con el derecho subjetivo de peticionar a las autoridades, consagrado por el Art.14 de la CN, el que se complementa con el Art.33 de dicho plexo legal, es así que la Administración no tiene la facultad de mantenerse en silencio ante la petición del administrado, sino que, por el contrario, está sometida al deber de pronunciarse; de allí que el amparo por mora no tenga plazo de caducidad, es decir es sin condicionamiento y rápido, destinado a combatir la pasividad de la Administración y funciona como vía alternativa y no excluyente.
Declaración indagatoria, nulidad procesal, querella, apoderado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Masloff, A. s/ Declaración indagatoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

Debe declararse la nulidad de la declaración indagatoria en la cual el juez autorizó la presencia del apoderado de la querella, pese a la oposición del letrado asistente, violándose así lo prescripto por el artículo 203 del C.P.M.P. .
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, honorarios
Materia: Procesal
Carátula: Rasjido, María Eva c/ Belarmino Hernández s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-04-11

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado reiteradamente, en el sentido de que lo atinente a las regulaciones de honorarios efectuadas en instancias ordinarias, la determinación de sus bases computables, y la interpretación y aplicación de las normas arancelarias son, como principio, y debido al carácter fáctico y procesal de las mismas, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria. La tacha de arbitrariedad es de aplicación restringida en materia de honorarios, no teniendo como finalidad enmendar en tercera instancia los errores que pudieran atribuirse a las resoluciones de los jueces de grado e cuestiones que les están reservadas.
Acuerdo preventivo, acuerdo resolutorio, pedido de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO BRITANICO S.R.L. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-28

Es evidente que la falta de cumplimiento del acuerdo, sea este preventivo o resolutorio, no se puede deber a la simple terquedad del deudor de no pagar las deudas aunque puedan existir casos como esos, pero normalmente, quien no cumple un acuerdo es porque en definitiva ha caído nuevamente en estado de cesación de pagos, que impide que dicho cumplimiento que produzca en la forma debida; esta circunstancia no es ajena a los hechos que describe el art. 84 L.C , que son meramente ejemplificativos del estado de insolvencia total, de allí que existan una complementación necesaria entre el incumplimiento y los hechos que son demostrativos del estado de insolvencia.

El hecho de que se haya clausurado o cesado la explotación, implica facultades al órgano sindical, para que proceda a peticionar la quiebra, ya que existe un motivo suficiente para ello.

Ante tal situación, que revela un angustioso estado de insolvencia patrimonial, lo que se aumenta con los juicios iniciados por problemas laborales y remates producidos por procesos iniciados por la Municipalidad habilita al síndico, aunque sea uno sólo el acreedor que exige el cumplimiento del acuerdo (lo que demuestra incumplimiento), a pedir razonablemente la quiebra de la fallida, para evitar un mayor deterioro y dispersión del acervo societario afectado al acuerdo.
Ejecución prendaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Río de la Plata c/ Gea Juan Alberto s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-22

El contrato de prenda produce efectos entre las partes desde su celebración, y con relación a terceros a partir de su inscripción.

No habiéndose desconocido la firma ni la autenticidad del contrato por parte del deudor, aún cuando no se lo haya inscripto, conforma título suficiente para ser ejecutado ya que este requisito es exigible al exclusivo efecto de su oposición frente a terceros.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reincidencia, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Jerez, Manuel Jesús s/ Robos reiterados.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

En el caso, la mayor benignidad del art. 50 del C.P. (según ley 23.057) obedece a que luego de la reforma el concepto legal de reincidencia incluye, entre otros requisitos, que la pena privativa de libertad anterior hubiera sido total o parcialmente cumplida y que no se origine en delito cometido siendo el sujeto menor de 18 años.
Beneficio para hijos nacidos en cautiverio, pérdida del beneficio
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Soto, Luciano Javier c/ M° J y DD HH - art. 3° ley 25.914 - resol. 1047/11 (ex. 13.964/11)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-14

Corresponde revocar el pronunciamiento que reconoció el beneficio previsto por la ley 25.914 a quien al momento de la detención de toda la familia se encontraba en el seno materno, ya que para acogerse a dicho beneficio el actor debió haber nacido durante el cautiverio de su madre o, siendo menor, haber estado detenido ilegalmente en las circunstancias allí establecidas y no es posible afirmar que el demandante, en tales condiciones, ha sufrido un menoscabo a su libertad física o ambulatoria, ni tampoco que haya visto limitada de algún modo su esfera de actuación o de libre decisión, por lo que el caso excede el ámbito de aplicación encuadrado bajo las previsiones de la citada norma. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Acto administrativo, revocación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASTILLEROS COSTA GUTA  S.A. c/ ESTADO NACIONAL ( P.E.N. - M. ECON-SEC. INT. MARITIMOS) s/ NULIDAD DE RESOLUCION Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

La posibilidad de modificar un acto administrativo sometido a recurso en desmedro del recurrente, es un punto discutido en doctrina inclusive respecto del derecho positivo invocado por la actora. Estrictamente, ni la ley 19.549 ni su decreto reglamentario se pronuncian expresamente y, todavía, ciertos autores sugieren que un análisis detenido del ordenamiento conduce a una conclusión favorable a la posibilidad mencionada.
Acción, legitimación activa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barreiro, Luis D. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

La legitimación resulta ser un requisito de admisión de la pretensión en cuanto al fondo, no de la existencia del proceso y para que el órgano jurisdiccional examine la pretensión es necesario que haya sido deducida por persona legitimada activamente.
Non bis in ídem, oralidad del debate, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Villalba Miguel Ángel y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

Corresponde rechazar el planteo de violación de la prohibición de doble juzgamiento, toda vez que constituye una reedición del formulado en iguales términos durante el debate oral, el que fue rechazado con fundados argumentos por el tribunal de juicio, sin haber aportado el recurrente nuevos elementos en su presentación recursiva para conmover lo decidido. A1 respecto, tras explicar las tres identidades o condiciones que deben confluir a efectos de determinar la violación de la garantía constitucional en cuestión, el sentenciante sostuvo que la identidad en el objeto de la persecución penal estatal (eadem res) no se presenta en el caso de autos.