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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, sentencia, sentencia definitiva, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es apelable el auto que rechaza la pretensión de caducidad del   proceso? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-26

Aún en la hipótesis de admitir la reparabilidad por vía del recurso de nulidad contra la sentencia definitiva, no puede dejar de considerarse que la tardía decisión de la caducidad, en la sentencia definitiva, podría determinar en algunos casos la prescripción de la acción, con el consecuente irreparable perjuicio para su titular, lo que quizás pudo haber ocurrido de haberse resuelto en su momento concediendo la apelación de la resolución de primera instancia que rechazara indebidamente la caducidad, riesgo que debe ser evitado.

(Del Voto del Dr. Serralunga -En Disidencia-)
Homicidio calificado, nulidad de sentencia, disparo de arma, pericia balística, sentencia arbitraria, policía de la Prefectura Naval
Materia: PENAL
Carátula: Pintos, Francisco Javier y otros s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-24

Existiendo en la causa dos pericias absolutamente contradictorias entre sí, lo decidido por la Cámara al confirmar el procesamiento y modificar el encuadre legal por el de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (arts. 41 bis y 79 CP), luce arbitrario, carente de fundamentación y merece ser anulado, ya que existe un manto de incertidumbre que no ha sido debidamente despejado sobre una cuestión determinante para la correcta solución del caso, esto es, establecer si efectivamente el proyectil extraído del cuerpo de la víctima fue o no disparado del subfusil asignado al imputado.
Ministerio Público, auto de procesamiento, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., P.A. s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-09-29

Es facultativo para el Ministerio Público Fiscal pedir el procesamiento del imputado, en los supuestos previstos por los artículos 183 sexto, inc. 3) y 183 séptimo; pero, es siempre obligatorio para los jueces ordenar el procesamiento del imputado, con o sin prisión preventiva según los casos, por tratarse de un paso procesal indispensable para la adecuada garantía de sus derechos constitucionales, como bien lo señala la Exposición de Motivos del Código Procesal Penal, con cita del eminente procesalista italiano Francesco Carnelutti.
Personal municipal, reclamo administrativo previo, causas políticas y gremiales, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PRIETO, JOSE NICANOR c/ M.C.B.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

Si el agente municipal reconoce no haber efectuado impugnación alguna de los actos atacados en sede administrativa, aludiendo imposibilidad derivada de circunstancias político sociales del momento, tales alegaciones debieron plantearse como causales de suspensión de los plazos previstos para la interposición de los recursos administrativos, pero no para promover la acción judicial sin intentar aquellos previamente.
Prescripción bienal, regulación de honorarios, honorarios del abogado, costas al vencido
Materia: COMERCIAL
Carátula: STENFAR SAICI Y E c/ DI NENNO, MARTA FILOMENA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Corresponde aplicar el plazo bienal de prescripción previsto en el art.4032 INC. 1 del Código civil al pedido de regulación de honorarios profesionales que se hallan a cargo de la parte contraria condenada en costas.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: Mendoza Manriquez Blanca N. c/ Instituto Médico Platense S.A. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Establecer en el fallo a dictarse el preguntario correspondiente para la correcta solución del litigio y las conclusiones que de los mismos deben deducirse, es facultad reservada a los jueces de la instancia ordinaria y como tales irrevisibles en casación, salvo el supuesto de error extremo, palmario y fundamental configurativo de absurdo.
Caducidad, incidente de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VICINO DE MALITO ANGELA c/ MARIA ROSA PIETROPAOLO Y OTROS s/ Escrituración (LIBRO: A154 - 325)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-08-11

En este orden de ideas resulta a cargo de la nulidicente el notificar a los sucesores del litigante fallecido el decreto de emplazamiento, ya que a ella incumbe la carga de remover el obstáculo que provoca la suspensión del trámite y evitar el denominado "estancamiento", que se caracteriza por constituir una mera detención material del trámite atribuíble única y exclusivamente al desinterés o a la negligencia de las partes, por lo que el curso de la perención no se suspende.-
Prueba documental, acta notarial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mange  Carmen  Cristina c/ Obra Social del Poder Judicial de laNación s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

El art. 335 del Código Procesal establece que, después de interpuesta la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior, o anteriores, bajo juramento o afirmación de no haber antes tenido conocimiento de ellos. En tal sentido, cabe destacar que -como principio- no corresponde formular en esta etapa procesal una valoración en cuanto a la entidad que tales documentos puedan revestir para la resolución de la causa, la cual debe reservarse para la sentencia a dictarse; salvo, claro está, que tales documentos resulten manifiestamente ajenos a la cuestión materia del litigio (esta Sala, causa 10.154/07 del 27.11.07). En el caso particular de autos, la prueba documental invocada es un acta notarial que refleja la declaración y queja de un cliente en la sede comercial. Dicha acta constituye, en rigor de verdad, la exposición de un testigo que no ha sido ofrecido en la etapa procesal respectiva, de manera tal que la misma no puede ser admitida bajo la forma de la introducción de una prueba documental con fundamento en el art. 335 del Código Procesal.
Concursos, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Butelli, Carlos A. s/ Concurso Preventivo-Inc. Revisión prom. por Mercedes Benz Leasing  Argentina S.A.-Rec. de Queja prom. por Dr. Kupervaser
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-29

La resolución liminar de la pretensión de formar incidente concursal (no sustanciado) es apelable al solo efecto devolutivo.
Recurso extraordinario federal, admisibilidad del recurso, acción de amparo, sentencia arbitraria, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIOSSEK PREBISCH TERESA Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

En orden a lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48, la sentencia impugnada resolvió hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo- reviste carácter de definitiva -no obstante haber sido dictada en un proceso de amparo- porque el Tribunal se pronunció sobre el fondo de la cuestión debatida y declaró la constitucionalidad de normas de derecho provincial. El recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se debate la interpretación de normas provinciales -ley 6146 y arts. 38 inc. 8, 39, 47 y 140 de la Constitución Provincial-, bajo la invocación de ser contrarias a disposiciones constitucionales y Tratados de Derechos Humanos, habiéndose alegado arbitrariedad por haberse omitido valorar pruebas vinculadas con los temas en discusión, y la decisión se expidió a favor de la constitucionalidad de aquéllas, por lo que se configura en principio el supuesto previsto en el inciso 2 del art. 14 de la ley 48.
Retiro policial, permanencia en el cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Acevedo, Felipe Rodolfo c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Prov. de Bs.As s/ Demanda Contencioso Administrativa Manqui, Martin c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-07-30|1985-08-13

La calificación como aptitud para el ascenso a grado (art. 112 inc.

'b' apart. 3 del dec. ley 9550/80), es de cumplimiento inexcusable para los agentes que permanecen en él por debajo del límite de edad, pues el sentido de la bonificación es recompensar a quienes no pueden ascender por falta de vacantes no obstante estar en condiciones de hacerlo; y negar la recompensa a quienes permanecen en el cargo por calificación deficiente o insuficiente para ascender.
Procedimiento tributario, recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, hechos nuevos, fundamentación insuficiente, denegatoria del recurso
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: "Baltzer Marítima S.R.L. (T.F. 12.745-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-24

Si la cuestión no fue analizada en sede administrativa ni ha sido objeto de discusión en el Tribunal Fiscal de la Nación, siendo el agravio -sin fundamentación suficiente que lo respalde-, recién introducido en oportunidad de presentar el memorial basta para desestimarlo sin más en los términos de los arts. 271 y  277 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 1.182 del C.A. (Consid. 2°).
Actuaciones administrativas, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VALADO, ROBERTO J. c/ E.N.C.O.T.E.L.    EMPRESA  NACIONAL  DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Los documentos que dan cuenta de la actividad administrativa, que son expedidos o elaborados por agentes en ejercicio de sus funciones, no son instrumentos públicos, pero tampoco son instrumentos privados por no ser privadas sus actuaciones. Toda la actividad administrativa se realiza a través de formas que en el derecho privado se presentan como esencia de la prueba para la existencia de un acto jurídico, mientras que en el derecho administrativo se convierte como forma para realizar la voluntad jurídica de la Administración; es la teoría de la documentación administrativa.
Allanamiento, costas al demandado, falta de pago
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: MEREDIZ, FRANCISCO A. Y OTROS c/ E.N.  MINISTERIO DE DEFENSA s/ RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

Procede la imposición de costas a la demandada cuando con el allanamiento no dio en pago la suma adeudada tampoco lo ha hecho hasta ahora, la que era fácilmente liquidable ni se cumplió con las disposiciones del art. 70 CPCCN, que exige, para la procedencia la exención en costas, que el allanamiento sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.
Acción dependiente de instancia privada, violación
Materia: PENAL
Carátula: Dura, Domingo Genaro s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-14

La denuncia de lo acontecido -violación- luego de dos días, no debe interpretarse como un factor dudoso sino, como sostiene la madre de la víctima, un acto asumido con la debida seriedad y el legítimo ejercicio del derecho que la instancia privada de la acción, conforme al delito tratado, le acordaba a la denunciante.
Gastos del proceso, recursos administrativos, honorarios, recurso contencioso administrativo, costas, procedimiento administrativo, proceso judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Re, Oscar Benito c/ Municipalidad de Coronda s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 146-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

No pueden aceptarse interpretaciones que, ampliando el concepto de "costas", impliquen el automático reconocimiento de los gastos administrativos en sede judicial. Así, no gozando los honorarios profesionales por actuación en sede administrativa del indiscutible carácter de costas judiciales -que tienen los derivados de la intervención profesional en el juicio contencioso administrativo-, no puede pretenderse que la genérica condena en costas basada en el artículo 84 de la ley 4106 los abarque, porque sin duda -aun en la tesis que considere a esos gastos como costas- se requiere la demostración de que, en el caso concreto, las circunstancias exigieron su realización. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Alvarez)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, honorarios del perito, regulación de honorarios, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Laboratorios Ricar S.A. c/ E.N. (M de S.P. y M.A.) y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Es formalmente admisible el recurso ordinario de apelación deducido contra la sentencia que aprobó la suma sobre la cual deberían regularse los honorarios del perito contador, toda vez que se trata de una resolución equiparable a sentencia definitiva recaída en una causa en que la Nación es parte y el valor en que se pretende la modificación de los honorarios supera el mínimo que prevé el art. 24, inc. 6, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de la Corte Suprema.
Plan para la vivienda, emergencia habitacional, subsidio estatal
Materia: CIVIL
Carátula: Lescano, Rosa Mavel c/ GCBA y otros s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

La parte recurrente omite hacerse cargo -siendo ello especialmente exigible si buscaba expandir la condena recurrida- de que la sentencia pronunciada por el a quo lo fue como consecuencia del reenvío dispuesto por este Tribunal; de modo que este Tribunal ya se ha pronunciado en el marco de este proceso acerca del alcance que cabe atribuir a las cláusulas de jerarquía constitucional que hoy se pretenden traer nuevamente a su conocimiento, sin que la recurrente exprese cómo la decisión objetada hubiera podido alcanzar la extensión del subsidio que pretende. (Voto Sr. Juez Luis F. Lozano).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, liquidación judicial, pago en bonos, intereses
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS -RCAPJ- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 388 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-10

En lo que refiere a la cuestión de los intereses, la ficción que se generó -como medio compositivo más justo- a partir de la causa "Ale, Carnib", estriba en que la Administración no abone más de lo que pagaría en el supuesto de haberse entregado títulos públicos en las fechas correspondientes a cada obligación.

De esa forma, se conjugó una ficción -del funcionamiento del sistema- y una realidad -no existieron ni los bonos ni los pagos de las amortizaciones.

En consecuencia, se combinan una serie variada de intereses a considerar, computándose desde la fecha de corte y hasta la finalización de los primeros catorce meses posteriores, un interés que en ese hito, se capitaliza para generar el monto que deberá ser amortizado.
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Ramos, Daniel Agustín s/ Recurso de casación interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140. interpuesto en expte. nro. 83/02 s.a. de lesiones culposas en concurso ideal. L.A. Nro.  46 F. 354/362 Nro. 140.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-04-22

"No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa." (Del voto en disidencia del Dr. José Manuel del Campo).
Privación ilegal de la libertad, querellante, parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad, aplicación analógica de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: VIÑAS, Carlos Alberto s/ INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-26

Corresponde tener como parte querellante en la causa, a los parientes de la víctima hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad en los casos de privación ilegítima de la libertad en los que no haya podido establecerse con certeza el momento en que ella haya concluido, pues resulta aconsejable realizar una interpretación analógica de lo previsto en el art. 100 bis del Código de Justicia Militar.
Plan de ahorro previo, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROLDAN, ELPIDIO C/PLAN ROMBO SA DE AHORRO P/F DETERMINADOS S/ SUMARISIMO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-07

Ello así, pues no hay controversia en punto a que tanto en las condiciones generales del contrato, como en la Resolución 8/2015 de la IGJ se establece, en similares términos, la obligación del adjudicatario de contratar un seguro contra todo riesgo, y la posibilidad de elegir una compañía aseguradora de la lista proporcionada por la administradora del plan. En ese marco, se aprecia que la diferencia que existiría entre el valor del premio que el accionante se encuentra abonando con la compañía convenida, respecto de una cobertura similar en otra aseguradora es de prácticamente el doble en perjuicio del consumidor.
Ley de Procedimiento Tributario, delitos tributarios, sanciones tributarias, clausura del establecimiento
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: MICKEY SA s/ infracción art. 44, inciso 1, ley 11.683.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

La sanción de clausura prevista en el art. 44, inc. 1°) de la ley 11.683 -t.o. 1978 y sus modificaciones- no se exhibe como exorbitante, teniendo en cuenta los fines perseguidos y los objetivos jurídicos y sociales tutelados.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Lanzillo, Nicolás c/ Du Pont Argentina S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si bien la cesantía del trabajador se dispuso durante la vigencia de la ley 23.928, no es objetable el fallo que para fijar la indemnización por antigüedad establece a valores constantes a marzo de 1991 los haberes percibidos por el trabajador con anterioridad a esa fecha.
Sociedad cooperativa, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO NACIONAL DE ACCION COOPERATIVA c/ COOP. DE TRABAJO, CONSTRUCCION Y VIVIENDA. s/ Intervención judicial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

Resulta improcedente la intervención judicial de una entidad cooperativa, cuando no se agotaron los remedios administrativos colocados por el ordenamiento legal al alcance del I.N.A.C. para conjugar -o intentar hacerlo-, las irregularidades del órgano de administración.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, excepciones procesales, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Juárez,  Manuel  Alberto  y  otra c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Corresponde hacer lugar a la excepción de incompetencia si lo que se cuestiona no es -en rigor- el derecho real de dominio y su transmisión por escritura pública sino que se pretende la revisión del decreto 1369 de la Provincia de Catamarca, mediante el cual el Estado local dispuso, como consecuencia de la existencia de un error registral, la inejecutoriedad de un asiento dominial correspondiente al Registro de la Propiedad Inmueble y de Mandatos de su jurisdicción local.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nicodemo, Luciano C. y otro c/ Decia, Victorio N. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-09

Media infracción al principio de congruencia si, ni en la demanda ni en su ampliación, se imputa al codemandado autoría, participación, responsabilidad o causalidad que lo colocara como sujeto pasivo de la pretensión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Avocación jurisdiccional, sanciones procesales, abogados, recusación con causa, multa procesal, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, sala del tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Martorani, Felipe s/ pedido  de  avocación  en autos: "Casta!ares, Ricardo Oscar y otra s/  ordinario"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Debe desestimarse el pedido de avocación a fin de que la Corte determine si la sala de cámara era competente para resolver sobre la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que consideró maliciosa una recusación con causa y le aplicó una multa al letrado, pues no se encuentra previsto en las disposiciones que regulan su competencia apelada, ni se configura un supuesto de extralimitación en la potestad disciplinaria a los empleados de la administración de justicia ni median razones de superintendencia.
Competencia, pensiones graciables, Poder Legislativo, facultades discrecionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MENDEZ MARINA ANALIA Y OTRO c/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTRO s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-27

El espacio reservado a los órganos estatales para ejercer sus competencias ha de ser respetado, y ninguna de esas competencias es inútil o puede ser inhibida. "Cada uno de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente (cfr. Germán Bidart Campos, "El derecho de la Constitución y su fuerza normativa", pág. 173 y sgtes.). En este sentido, el Congreso de la Nación ha sido dotado por la C.N. de la facultad de otorgar pensiones graciables, y reglamentar su ejercicio. Tiene la atribución de disponer medidas concretas para casos o situaciones no recurrentes, sea en relación con los órganos del Estado, sea en relación con los particulares; en estos casos el procedimiento a través del cual se adoptan las disposiciones no está reglado, siendo discrecional del Congreso elegir el mismo: la práctica muestra que ambas cámaras han adoptado el procedimiento de la ley para dar forma jurídica a dichos actos (cfr. Humberto Quiroga Lavié, "Derecho Constitucional", 3ra. Edición Actualizada, pág. 775). (Del voto del Dr. Herrero al que adhiere el Dr. Fernández).
Bien de familia, desafectación del inmueble (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: ARSLANGUL DE PARSEKIAN, MARIA ELENA c/ PISACANE, ROSA B. s/ EJECUTIVO - ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-28

Dispone el art. 38 de la ley 14.394 que el "bien de familia" no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, son excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graben directamente del inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo dispuesto en el art. 37, o créditos por constitución o mejoras introducidas en la finca. Aunque los fiadores hayan suscripto un contrato de locación, de ello no es posible deducir que se pueda derivar una exención al régimen específico y de orden público asentado en la ley 14.394. Si la afectación del bien inmueble de propiedad del fiador como bien de familia fue anterior al nacimiento de la deuda por alquileres y en cuanto a la deuda por expensas, la misma resulta contemporánea, aparece de excesivo rigor la desafectación.-