Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02


2º Instancia. - Buenos Aires, octubre 2 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta la doctora Ana María Brilla de Serrat, dijo:

I.- La sentencia de fs. 267/74 hizo lugar a la demanda interpuesta por Dos Patricios S.A. contra José Rodríguez Pardo y Ricardo Armando Isasmendi, declaró la inexistencia del acto de cancelación de la hipoteca constituida por Rodríguez Pardo en favor de la actora y ordenó su reinscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble en el mismo grado de prelación que tenía a la fecha de su cancelación, con costas a los demandados vencidos. Asimismo impuso a las terceras citadas por la actora, Elena Forlano, Ana María Calcagno y Nélida Fernández, las costas irrogadas por su actuación.

El fallo fue apelado únicamente por las mencionadas terceras, quienes expresaron agravios a fs. 304, cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 309.

II.- Se quejan las apelantes de la imposición de costas a su parte.

El "a quo" así lo decidió, tras considerar que del informe de dominio agregado a fs. 230/31 surgía que, a la fecha de contestar su citación al proceso, la hipoteca celebrada entre éstas y el codemandado Rodríguez Pardo había sido ya cancelada, por lo que ningún interés tenían en el resultado del pleito; pese a ello, nada dijeron sobre el particular e intentaron sostener una posición frente al conflicto, aunque sin ofrecer prueba alguna.

Señalan las recurrentes que, en efecto, el deudor del mutuo hipotecario -aquí codemandado- canceló la deuda que contrajera con ellas, por lo que no se encontraban interesadas en el resultado del juicio. Por ello -arguyen- nada tenían que probar ni alegar, siendo que sólo se limitaron a desconocer y negar los instrumentos que no eran parte de su actuación.

III.- Cabe destacar que a la fecha del certificado de dominio adjuntado a la demanda, la hipoteca que garantizaba el mutuo convenido entre Rodríguez Pardo y Elena Forlano, Ana María Calcagno y Nélida Fernández, no se encontraba levantada aún, por lo que, en ese contexto, la nulidad de la cancelación de una hipoteca de fecha anterior que reclamaba la actora, en caso de prosperar, podía afectar los intereses de las acreedoras hipotecarias, quienes perderían su grado de privilegio. Fue por ello que fueron citadas al proceso en carácter de terceras interesadas.

Al contestar la citación, lo hicieron en los términos del art. 90, inc. 1º, del Código Procesal, sosteniendo expresamente que la derrota del demandado podía afectar sus intereses y solicitando el rechazo de la demanda.

No se limitaron a desconocer hechos y documentación que le eran ajenos, sino que asimismo sostuvieron que "consideraban" que la hipoteca celebrada con los demandados había sido cancelada con el dinero que ellas prestaron al deudor ese mismo día y que una de las firmas obrantes en el protocolo podía pertenecer a la presidente de Dos Patricios S.A. (v. fs. 74/5).

Ahora bien: justificada la citación solicitada por la actora por las constancias registrales con que contaba, no se explica, en cambio, que las terceras citadas no hayan manifestado al contestarla su absoluta falta de interés en el pleito, dado que su crédito había sido ya cancelado para esa época y en nada podía afectarlas una sentencia que declarara la subsistencia de la hipoteca de fecha anterior.

Por esa misma razón, tampoco se justifica que se hayan opuesto al progreso de la demanda y solicitado su rechazo, sosteniendo inclusive la validez del acto atacado.

Estos argumentos, en los que basa el magistrado de grado la imposición de las costas a las terceras, no han sido rebatidos en la expresión de agravios en análisis.

Señalar que fueron "indebidamente citados como terceros interesados" importa una palmaria contradicción con sus propios actos, pues afirmaron precisamente lo contrario al contestar la citación cursada a su respecto, lo que dio motivo a que continuaran involucradas en el proceso.

Es por ello que corresponde que soporten las costas derivadas de su intervención, que se prolongó a lo largo del proceso en razón de su oposición a la pretensión de la actora.

Recordemos que las costas no representan una sanción, sino el resarcimiento de los gastos que la parte se vio precisada a realizar para obtener el resultado al que se llega por el pronunciamiento, y que debe considerarse vencido a esos efectos a aquel cuya resistencia no encontró tutela en él.

Por estas consideraciones, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas a las recurrentes que han resultado vencidas (art. 68 CPCC).

Así lo voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Miguel Angel Vilar y Diego C. Sánchez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de cámara doctora Ana María Brilla de Serrat, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada, con costas a las recurrentes que han resultado vencidas (art. 68 CPCC). Los honorarios de alzada se regularán oportunamente. Notifíquese por Secretaría y Devuélvase. -Ana María R. Brilla de Serrat. -Miguel Angel Vilar. -Diego C. Sánchez.