marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, despido, gratificaciones, fecha de pago
Materia: LABORAL
Carátula: SOCIEDAD  DEL  ESTADO   CASA  DE  MONEDA c/ AMEGHINO  JUAN CARLOS s/ consignación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-24

Trátandose de una "gratificación no remunerativa" que el empleador dispuso pagar en tres cuota anuales, no cabe hacer lugar al pedido de pago de la segunda cuota si ésta debía ser abonada el 14/10/03 y el despido se produjo el 19/09/03, siendo condición de su percepción que la relación laboral estuviese vigente al momento del cobro. Ello es así, toda vez que no hay impedimento derivado de una ley, convención o acuerdo de partes que prohiba determinar libremente los presupuestos de procedencia para la adquisición y liquidación de dicho premio, que se instituyó como un acto derivado de la voluntad unilateral de la empleadora.
Cuestiones de competencia, competencia en lo penal económico, competencia criminal y correccional, competencia del Superior Tribunal de Justicia, estafa
Materia: PROCESAL
Carátula: Rouco, Santiago Jaime y otra c/  s/ Estafa - defraudación por abuso de firma en blanco s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-01

La decisión de la CSJN in re "Bazán" (Fallos 342:509), que sentó la doctrina según la cual el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en esta ciudad, se apoya en la idea de que la causa cuya radicación se discute sea de índole no federal, mientras que desecha el criterio formal de la pertenencia a la Nación de uno o de ambos órganos en la contienda. Ello está en estricta armonía con lo dicho in re "Corrales" (Fallos 338:1517), sentencia en la cual la CSJN señaló que lo que convierte en federal a un tribunal no es la estructura orgánica donde lo alojó el Congreso (que obra ora como legislativo federal ora local, lo que es especialmente cierto en la época en que, como legislatura local de la Capital Federal, emplazó en el Poder Judicial de la Nación a los jueces que la ley n° 24588 llama ordinarios), sino, en rigor de verdad, la naturaleza de la competencia en cuyo descargo hay un órgano judicial superior. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, compartido por los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme
Materia: PROCESAL
Carátula: BATTISTELLA, SERAFINA A L c/ REYNOSO, LAURA E s/ DESALOJO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 298-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-10

La Resolución que deniega la excepción de litis pendencia, no puede constituirse en objeto procesal del recurso de inconstitucionalidad intentado atento que no satisface la exigencia de definitividad impuesta por el artículo 93 inciso 1 de la Constitución Provincial y el artículo 1 de la ley 7055, puesto que no resuelve el fondo del asunto, ni es auto equiparable por poner fin al pleito o impedir su continuación; máxime cuando el recurrente no demuestra que la decisión le provoca un agravio insusceptible de posterior reparación.
Recurso extraordinario, sentencia no firme, medidas cautelares, excusación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MARCHETTI, RUBEN c/ BARONE HNOS SC Y OTROS s/ DEMANDA SUMARISIMA     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-03

No es admisible el recurso extraordinario (ley 48) interpuesto por el recurrente que, en su articulación no logra demostrar que carezcan de validez, resulten irrazonables o ilógicos, los fundamentos de la decisión de esta Corte relativos a quedar excluidos del ámbito del recurso de inconstitucionalidad, la materia vinculada a medidas cautelares atento su falta de definitividad; y no argumenta en orden a la configuración de hipótesis que justifiquen excepción a tal principio, como asimismo que el planteo recursivo gire en torno a cuestiones interpretativas sin que se demuestre que los jueces hayan incurrido en arbitrariedad al optar por los criterios en base a los cuales decidieron.
Leyes, razonabilidad, Derecho laboral, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CASTETS Y TANINO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADOS CASTETS Y TANINO S.R.L. Y SUPERMERCADOS RECONQUISTA S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA -AMPARO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

El Tribunal nacional ha establecido que el límite sustancial que la Constitución impone a todo acto estatal, y en particular a las leyes que restringen derechos individuales, es la razonabilidad; y desde esta perspectiva la ley provincial cuestionada es razonable. Ello así porque persigue una finalidad constitucionalmente válida, desde que la Ley Fundamental no sólo permite sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la seguridad, la salud y la moralidad de la población; y los medios elegidos son adecuados y proporcionados, ya que la prohibición de apertura los días domingos y feriados resulta conducente para lograr la modificación de los hábitos de consumo y facilitar el encuentro familiar y para proteger a las pequeñas y medianas empresas y, a su vez, no constituye una restricción excesiva para las libertades económicas de las empresas alcanzadas por la prohibición (los supermercados, autoservicios, hipermercados o megamercados cuyos locales superen cierta superficie mínima). (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Fallos 31:273; 249:252; 257:275; 262:205; 296:372; 300:700; 310:1045; 311:1132; 316:188; 313:1638; 330:855 y 334:516.
Detención, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, gobierno de facto, indemnización, refugiados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Geuna, Graciela Susana c/ Ministerio del Interior.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

No procede la indemnización prevista en la ley 24.043 a partir del momento en que la recurrente -que había estado detenida y recuperó su libertad bajo el régimen de "bajo control"- escapó para residir como "refugiada" en el exterior (Disidencia del Dr.

Adolfo Roberto Vázquez).
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Mattera, Carlos Alberto c/ Y.P.F. S.A. s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-25

La comunicación de la designación del trabajador en un cargo gremial no es constitutiva del derecho a la estabilidad sindical, por lo que deja de ser necesaria si el principal conoce la situación aludida, ya que atentaría contra el principio de la buena fe (art. 1198, C.C. y  63, L.C.T.) y de los actos propios, una conclusión contraria.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad procesal, prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Rojas, Ariel Gustavo s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

El art. 203 del C.P.P. consagra el principio de inmaculación de la prueba, en cuya virtud, por razones de economía, debe procurarse que los elementos de convicción allegados al proceso estén libres de vicios que los hagan ineficaces o nulos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, pena, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CEPEDA, GONZALO JUAN ANTONIO c/  s/ HURTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-18

El compareciente se limita a señalar que con la decisión de tener en cuenta en el cómputo de pena el tiempo de prisión preventiva cumplido por el imputado en otra causa -no incluida en el acuerdo de procedimiento abreviado a pesar de ser los supuestos delitos que la originaron anteriores a éste- afectaría el principio de legalidad por errónea aplicación de la ley sustantiva; mas no relata -tal como lo sostiene el A quo en el auto denegatorio- los argumentos de la Jueza de grado para arribar a tal conclusión, ni sus agravios apelatorios, ni los fundamentos de la Alzada para confirmar el pronunciamiento de primera instancia, no demostrando de este modo con su parcial relato de las constancias de la causa, la invocada arbitrariedad normativa, es decir, que lo decidido hubiera resultado inadmisible teniendo en cuenta el marco legal aplicable -Código Penal- o bien que hubiera resultado infundado; mas aún cuando lo resuelto -según se deduce del incompleto raconto del caso- coincide con la posición del suscripto en anteriores precedentes; por lo que conforme las falencias apuntadas, no presentan las postulaciones entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 277, p 360, voto del Dr. Erbetta.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bamako S.A.C.I.F.I.V.A. y Finantor S.A. c/ Municipio de la Costa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

Aún atendiendo a la pretensión articulada por la actora en los términos del art. 5, Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, en cuanto el planteo sostenido apunta a la declaración de nulidad de los actos que revocaron aquél cuyo imperio quiere restablecerse, tales actos revocatorios deben reunir los requisitos exigidos por los arts. 1 y 28 del mismo Código.

Consecuentemente, constituye un recaudo formal, inexcusable, la interposición del recurso administrativo autorizado en la especie contra la determinación cuestionada, circunstancia además expresamente contemplada en materia de contratos de obras públicas art. 3 C.P.C.A.).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Ghiglione, Griselda c/ Sprayette S.A. y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-16

Cuando de acuerdo con el primer párrafo del art. 29 de la L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8 de la ley 24013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.
Fiscalización estatal, intervención judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Atlético Gualeguay Central s/ apelación resol. DIPJ
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-22

La omisión por los recurrentes de considerar en su queja que al resolver sobre la totalidad de las presentaciones el Director evaluó en primer lugar, que la comunicación a esa Dirección de la realización de la AGO se efectuó diez días después de celebrada, desatendiendo de esa manera las disposiciones reglamentarias al incumplir con la previsión del art. 21 del decreto 1863/82 MGJE, comunicación ésta que tiene por objeto brindar la posibilidad de que la dirección asista a las asambleas (art. 23º decreto 1863/82) y, a su vez, pueda exigir la inclusión, como punto especial del orden del día de determinados asuntos (art. 25º del mismo decreto), es el cumplimiento o no de la formalidad referida el primer tópico a tratar para poder ingresar en el análisis del desarrollo de la AGO en sí ya que con el incumplimiento denunciado efectivamente se ha obstaculizado el ejercicio de las facultades y deberes de la DIPJ.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Molinuevo, Ariel  c/ Andes Líneas Aéreas S.A.  s/ Incumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-05

Por cierto, referida disposición estipula que se producirá la caducidad de la segunda instancia si no se instare su curso dentro del plazo de tres meses, contados desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por objeto impulsar el procedimiento (conf. art. 311, primer párrafo del Código antes citado). A su vez, concorde con esa norma, el artículo 251 de la ley ritual ordena que -una vez cumplidos los recaudos pertinentes- el expediente sea elevado a la Cámara.
Regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrade, Hugo Luis c/ Robles, Elba Del Valle s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-03-28

Para la determinación de los honorarios de segunda instancia conforme dispone el art. 51 de la ley 5480 de la Provincia de Tucumán, se utiliza la base regulatoria adoptada en la sentencia del a quo, con más los intereses de la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA, según el procedimiento establecido por el comunicado del BCRA Nº 14.290 y, sobre dicha cifra, se hace una estimación de honorarios de primera instancia para ser tomados como referencia con el objeto de aplicar sobre tal estimación los porcentajes que fija el art. 51 de la ley 5480.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuevo Banco Santurce S A c/ resolución n. 2  B.C.R.A. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Los jueces no están obligados a tratar cada uno de los argumentos de las partes, sino solo aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso.
Autonomía provincial, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Radiodifusora Buenos Aires  S.A. c/ Formosa,    Provincia   de  (Subsecretaría  de  Comunicación  Social) s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-02

El respeto de las autonomías provinciales exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que en lo sustancial versan sobre aspectos propios del derecho provincial o nacen de relaciones jurídicas que en esencia se encuentran regidas por tal derecho.
Daños y perjuicios, indemnización, incapacidad sobreviniente, pérdida del año lectivo
Materia: CIVIL
Carátula: MIÑO, Raúl Hilario c/ VARAS, Miguel Angel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

La pérdida del año escolar no puede ser considerada como un rubro independiente, sino como uno más de los elementos que demuestran que toda secuela constitutiva de incapacidad sobreviniente disminuye la calidad de vida y potencialidad de la persona involucrada.
Divorcio, deber de fidelidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F. del C., C. R. c/ A., E. N. s/ Incidente de cesación de alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

No pueden hacerse seccionamientos ni absolutizar de tal modo la importancia de la sexualidad, sin incurrir en reduccionismo. (Minoría u opinión personal)
Secuestro de personas, agentes diplomáticos, arma de fuego
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Balbuena, Carlos Benigno y Otros c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-10-20

Si los procesados, que fueron explícitos en la relación de los hechos, negaron categóricamente haber golpeado al diplomático secuestrado y si la prueba de cargo es insuficiente, en razón del tiempo transcurrido hasta la comprobación de las lesiones que sufriera la víctima, las demás circunstancias del caso y la negativa de ésta de declarar, cabe concluir que, en el más extremo de los supuestos, existe duda sobre la causa de esas lesiones que, por aplicación del art. 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal, debe resolverse en favor de los procesados.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, rechazo in límine
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sznaider Jonas c/ Acosta Claudio Agustín s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-08

Procede revocar la resolución que rechazó in limine la acción ejecutiva por considerar que la obligación cambiaria reclamada aun no se encontraba vencida. Ello por cuanto, en el caso, estando a la literalidad expresada en el pagare, sus características, y los términos en los que planteó su pretensión el demandante, el pronunciamiento del a quo en la solución apelada, se evidencia, cuanto menos, prematura, considerando la instancia preliminar en que se encuentra el proceso, en el que todavía no se ha practicado la diligencia de intimación de pago y ni siquiera se ha escuchado aún al demandado. En consecuencia, más allá de lo pudiere decidirse sobre el particular en la instancia procesal oportuna, conclúyese que, primeramente, deberá procederse de conformidad a lo previsto por el CPR 542, y recién una vez citado -y en su caso escuchado- el deudor, se estará en una mejor condición fáctica para pronunciarse sobre la fuerza ejecutiva del cartular ejecutado (arg. CNCom, Sala A, 9/8/12, "Banco Santander Río SA c/ Bordoli Marcelo Enrique s/ Ejecutivo"; íd., 27.8.15, "Banco Santander Río SA c/ Venditti Marisa Graciela s/ Ejecutivo" íd., 23.5.17 "Banco Santander Río SA c/ Carranza Damián Alejandro s/ Ejecutivo").
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, leyes, interpretación hermenéutica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G, M L  Y  E, A M V DE s/ La cuestión a resolver: ¿El cómputo que establece el artículo 7 de  la ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al  tiempo de la vigencia de la ley, que continuan privados de su libertad? (Expte. Nro. 29-95; Expte. Nro. 28-95) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-11

No siempre la interpretación subjetiva de una ley -que persigue descubrir la idea del autor de la regla mediante la investigación histórica- es la que mejor se ajusta a las características del caso.

La ley, al sancionarse, cobra vida propia, y su interpretación objetiva a permitido la adecuación dinámica o progresiva de los contenidos jurídicos a las cambiantes circunstancias que demandan su aplicación. (Voto del Dr. Rios). En el caso la cuestión a resolver es ¿El cómputo que establece el artículo 7 de la Ley 24390 es aplicable a los condenados por sentencia firme al tiempo de la vigencia de la ley, que continúan privados de su libertad?
Seguros, seguro de vida, beneficiario del seguro, indemnización, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: LISICKI STELLA MARIS c/ SANTANDER RIO SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-08

Si bien, en el caso, la aseguradora no requirió la información complementaria dentro de los treinta días de denunciado el siniestro (artículo 56 LS), sino que recién hizo referencia a la necesidad de contar con ella al momento de contestar demanda;

sin embargo, dicha circunstancia en modo alguno puede convalidar un indebido enriquecimiento del beneficiario reclamante. En efecto, aún cuando resulte incuestionable tanto la obligación de la aseguradora de abonar el monto asegurado a los "herederos legítimos" como que la accionante reviste dicha calidad, en el supuesto de verificarse la existencia de otros "herederos legítimos", éstos también resultarían beneficiarios, en cuyo caso, al no haberse fijado cuota parte, el beneficio debería ser distribuido conforme a las cuotas hereditarias (arg. artículo 145, tercer párrafo, Ley 17418). Así las cosas, debe concluirse que resultó justificado el pedido de presentación de la declaratoria de herederos por parte de la demandada a los efectos -únicamente- de determinar a quién o quiénes debe abonar el monto asegurado, aunque no haya podido notificar fehacientemente su solicitud de información complementaria. Ello así, toda vez que la actora le adjuntó información complementaria a la aseguradora por última vez en el mes de abril de 2010 -aunque no ha podido ser determinada la fecha exacta en que ello aconteció- y que la emplazada no ha acreditado que con posterioridad le hubiera solicitado más informes o documentación, teniendo también que la aseguradora no consignó judicialmente el monto asegurado al contestar demanda a pesar de que resultaba indudable que debía abonar dicha suma a los "herederos legítimos" del espeso de la accionante -entre los que se encontraba, mínimamente, la reclamante-, considero que la aseguradora quedó constituida en mora y estas razones determinan la fijación del dies a quo de los intereses a partir de la fecha de notificación de la demanda.
Recurso extraordinario, recursos, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Aguilar, Juan Carlos c/ Caja  Nacional  de  Previsión  del  Personal  del  Estado y Servicios Públicos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si bien es cierto que las resoluciones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos para ante los tribunales de la causa son ajenas, en principio, a la instancia del artículo 14 de la Ley 48, tal doctrina no puede aplicarse de manera irrestricta cuando el escrito contiene argumentos mínimos sobre el tema que pretende someter a conocimiento de la alzada, en los que se encuentran contenidas las exigencias legales para sustentar la apelación.
Inmunidades parlamentarias, inmunidad de expresión
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Tula, Lucía Garín de s/ En Expte. Cámara Nº 205/00 "Cisternas, Mario Héctor c/ Tula, Lucía Garín de s/ Indemnización por daño moral y profesional" s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-04-05

La inmunidad de opinión parlamentaria posee los caracteres de temporaria -mientras dure el mandato-, plena en el sentido que importa la total irresponsabilidad civil y penal del legislador; vitalicia en tanto lo protege de por vida respecto, del objeto de tal protección -opiniones y discursos gestados y emitidos en el desempeño del mandato- y absoluta, en tanto no admite excepciones o interpretaciones que la desnaturalicen, de allí que todas las opiniones que emita el legislador en el desempeño de su mandato quedan amparadas por la inmunidad de expresión consagrada por el Art. 103 de la C.P.

De este modo lo ha entendido invariablemente la doctrina de los autores y los fallos de la CSJN, en tanto la libertad de tribuna parlamentaria deviene requisito inherente a su concreta eficacia.

A su vez a tales caracteres hemos de sumarle tres elementos que, presentes en las opiniones vertidas por los legisladores, harían viable el amparo de la prerrogativa aludida.

Estos son: el elemento espacial o físico -siempre protegerá las expresiones expuestas en el recinto y excepcionalmente las manifestadas fuera de aquél en tanto concurra el elemento funcional -expresiones vertidas en ejercicio o en ocasión de desempeñarse como legisladores- y, el elemento tipológico: es decir opiniones y votos, conf. Art. 103 de la C. P.- Del voto del Dr. Lilljedahl-Según su Fundamento