marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad procesal, autoridad de prevención, comunicación al juez, facultades de la autoridad de prevención, requisa personal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Inc. de Nulidad por la Defensa de RAMIREZ, Isabel s/ inf. ley 23.737 Causa nro. 12.089
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-14

Habiéndose efectuando la comunicación prescripta por el artículo 186 del Código Procesal Penal en legal tiempo y forma, sin que pueda extraerse la nulidad de lo actuado de la circunstancia de que tal noticia haya sido receptado por el órgano jurisdiccional antes o después de la requisa, para la cual, atendiendo a los testimonios y al marco en que fue convocada la actuación de los preventores, existían suficientes motivos para ejecutarla en los términos del artículo 184, inc. 5., habiéndose cumplido con el inmediato aviso al órgano judicial, de conformidad a lo establecido por la citada norma.
Robo en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: CEJAS, Walter A. s/ ROBO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

La cualificante "en banda" rige si la violencia es ejercida sobre las personas y no cuando únicamente se emplea fuerza en las cosas. Pues en este caso hay ausencia del mayor poder intimidatorio que la pluralidad de autores implica como justificativo de la agravación punitiva.
Acción de amparo, medida de no innovar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sistemas y Organizacion S.A. s/ Amparo (LIBRO: A079 - 134)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-06-08

El contenido de la medida cautelar no puede superponerse, equivaler o significar exactamente lo mismo que se pretende lograr en la sentencia.-
Temeridad o malicia, responsabilidad del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: GUERRERO, Dardo c/ RED CELESTE Y BLANCA S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

El principio de buena fe que debe regir las prácticas procesales implica para los profesionales no litigar cuando se sabe que no se tiene derecho, pues de lo contrario se complica inútilmente la labor jurisdiccional. En consecuencia corresponde confirmar la sanción impuesta por temeridad y malicia (art 275 LCT) no sólo a la parte, sino también al profesional que la asistía cuando por su carácter letrado no podía ignorar la sinrazón de la defensa esgrimida.
Compraventa inmobiliaria, impuestos provinciales, Impuesto de sellos, inconstitucionalidad, juicio ordinario, acción de amparo, existencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Si bien se ha resuelto que las acciones de amparo son procedentes -de manera general- en las causas que tramitan por vía originaria, cuando el objeto de la pretensión exige que la tutela de los derechos y facultades constitucionales invocados se canalice por vías que no se limitan a la esgrimida- en el caso fue interpuesta a fin de que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad del artículo 46 inc. B) , apart. 7 de la ley 14.333 de la Provincia de Buenos Aires, en tanto establece el pago de una alícuota diferencial en concepto de impuesto de sellos, respecto de los actos, contratos y operaciones sobre inmuebles allí radicados, concertados en instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella-, cabe disponer su sustanciación por el trámite previsto para el juicio ordinario en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

-En igual sentido: Causas S 4 XLVIII "Sala, Arturo Julio y otros c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y P 2 XLVIII "Paganelli, Armando Silvio y otros c/ c/ Bs As, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencias de la fecha-.
Régimen de visitas, derecho del menor a ser oído
Materia: CIVIL
Carátula: D.E.O. y G.M. s/ DIVORCIO ART. 67 BIS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-09

Si bien, en términos generales, las opiniones de un menor no son vinculantes para el juez, este criterio no puede llevar a dejarlas de lado cuando provienen de una adolescente próxima a cumplir sus quince años y que, por tal causa, posee ya el discernimiento suficiente como para decidir si le es grato o no pernoctar en el domicilio materno. De imponérsele por esta vía un temperamento que no condiga con sus preferencias en este aspecto, sólo lograría perturbarse su tranquilidad espiritual, sin resultado positivo alguno en lo que hace al estrechamiento de su relación con la madre -
Despido, despido con causa, injuria laboral, pérdida de confianza, lealtad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CRUZ CARAMENDI, Jorge Luis c/ CERAMICA DEL NORTE S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-02-28

Siendo la confianza un elemento preponderante en la relación laboral, su pérdida, ocasionada en comportamientos equívocos del trabajador, puede justificar la extinción del contrato de trabajo por configurar un hecho injuriante que lesiona el deber de fidelidad. Este será tanto mayor cuanto más alta sea la categoría del empleado.
Acción contencioso administrativa, excepción de prescripción, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Sesto, Jorge Víctor y otros c/ Ex Deca y/o Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-25

Ante el rechazo de la acción de plena jurisdicción propuesta, considero que deviene abstracto el tratamiento de la excepción de prescripción que fuera diferida para esta instancia. En consecuencia, corresponde declarar sin materia la excepción de prescripción articulada por la demandada
Ejecución fiscal, intereses punitorios, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ LA CANTABRICA  S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

A diferencia de lo que acontece en materia de intereses resarcitorios procede la actualización monetaria de los anticipos no ingresados en término sólo en la medida en que se registra saldo a favor de la Dirección General Impositiva en concepto de impuestos, susceptible de cancelarse con dicho pago a cuenta.

Que la ley 11.683 (t.o. 1978) establece dos clases de intereses perfectamente diferenciados y que no se superponen. Ellos son, por un lado los intereses resarcitorios que se devengan ante la falta total del pago de los gravámenes, desde sus respectivos vencimientos y hasta el momento de la interposición de la demanda de ejecución fiscal, entre otros supuestos (art. 42) y por otro, los intereses punitorios corren de allí en adelante, vale decir, a partir de la fecha de interposición de la demanda (art. 55).

Que en su petitorio, la actora reclama el dictado de la sentencia con los "intereses punitorios devengados hasta la presentación de la declaración jurada".

En el presente caso, toda vez que la declaración jurada arrojó saldo a favor de la Dirección, corresponde, a "contrario sensu" acceder el requerido.
Sociedad irregular, disolución de sociedades
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lamonaco, Ana María c/ Mucci, Plácido s/ Rendición de cuentas y entrega de administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

La disolución en las sociedades irregulares puede ser exigida por cualquier socio, en cualquier momento (art. 22 Ley 19550) y se producirá en la fecha en que el socio notifique fehacientemente tal decisión a todos los consocios, porque en estas sociedades no opera la disolución automática sino que, al no existir plazo de duración ni objeto social de vinculación estable, se considera exclusivamente la voluntad de los socios, ésto es, al momento en que la voluntad de disolver la sociedad se manifestó en forma fehaciente; esta manifestación debe ser auténtica e indiscutible para probar la voluntad del socio exteriorizada inequívocamente.
Empleados públicos, retiro voluntario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, Eleodoro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

La ley 11.184 no establece pautas para que la jerarquización a la que alude pueda concretarse más la aplicación de sus disposiciones en modo alguno puede implicar un incremento en el número de cargos existentes y el cuestionamiento debe demostrar que con la decisión de otorgar una bonificación que implicó en la práctica percibir la retribución asignada al cargo inmediatamente superior se ha vulnerado dicha norma.
Policía del trabajo, Estado Provincial, transporte terrestre
Materia: LABORAL
Carátula: Galassi, Antonio s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación es competente para entender en la fiscalización y sanción del incumplimiento de las normas relativas a la higiene, salubridad y seguridad del trabajo, en el territorio provincial, cuando se trata de la explotación de una estación de servicio, que se encuentra dentro de la actividad calificada como infraestructura del transporte terrestre y, por lo tanto, incluída en la enumeración del art. 1 de decreto 736/70 reglamentario de la ley 18.608.
Instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FIGUEROA BEATRIZ ELENA GOMEZ SANDRA PATRICIA Y GIOLITTO MARGARITA ELVIRA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-26

Tratándose el acto cuestionado de un Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, máxima autoridad en la Provincia, resulta facultativo para el actor la interposición del recurso de revocatoria reglado por los arts. 82 y sigs. de la Ley Nro. 2.296.
Empresa, ley de contrato de trabajo
Materia: ECONOMIA-FINANZAS
Carátula: C. O. E. c/ C. E. J. y/o resp. de kiosko "B." s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-29

Más allá de la mayor o menor entidad o tamaño que pudiera tener, como organización la empresa ordena los elementos o medios de los que se vale para la consecución de sus fines, entre los que se encuentran los personales, materiales e inmateriales.

Y, es en este contexto, donde se ubica el territorio propio de la materia reguladas por las leyes del trabajo, el que está constituido por las relaciones jurídicas en virtud de las cuales una persona, a cambio de una remuneración, presta servicios personales en una estructura empresarial ajena.

O bien, dicho de otro modo, sin una empresa, como organización destinada a utilizar el trabajo humano como un medio productivo, no hay contrato de trabajo.
Queja por apelación denegada, sanciones tributarias, clausura del establecimiento, multa, facultades del fiscal, legitimación procesal, procedencia del recurso
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: RASMADI S.A. s/ Ley 11683, recurso de queja por apelación  denegada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

1 - Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Fiscal respecto de la providencia que le denegó el recurso de apelación contra la resolución del Juez "a quo" (por la que había revocado la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos que impuso sanciones de multa y clausura por infracción al art. 40 de la ley 11683, denegatoria que se fundara en que el representante del Ministerio Público carece de legitimación en estas actuaciones debido a que la representación del Estado es ejercida por la AFIP.- 2 - El Ministerio Público Fiscal puede apelar, de donde corresponde disponer la concesión del recurso, pues del texto de la ley orgánica del Ministerio Público surge que su función es la de actuar en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (Cf.

art. 25, inc. a), de la ley 24946) y aún cuando no deba representar al Fisco, tiene que tener intervención por la índole penal de la infracción imputada en el caso. La función excluída por el art. 97 de la ley 11683 es únicamente la mencionada representación, no la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad.
Recurso de apelación (procesal), sentencia definitiva, juicios en que la Nación es parte, monto mínimo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gas  del Estado S.E. (en liquidación) c/ Distribuidora de Gas del Centro S.A. s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Es formalmente admisible el recurso ordinario de apelación que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte indirecta, y el valor disputado en último término supera el monto mínimo previsto por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, actualizado de acuerdo con la resolución 1360/91.
Arrendamiento rural, relación de dependencia, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: USANDIVARAS, Félix Reyes c/ LAS MERCEDES, SOCIEDAD DE HECHO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-02-10

El contrato de arrendamiento del establecimiento implica una transferencia transitoria, por un plazo determinado, de la explotación de una unidad productiva. Por ello, si existieren trabajadores, la relación laboral no se extingue, sino que a partir de tal arrendamiento el empleador será otra persona. Tal efecto se produce ope-legis, con prescindencia de lo convenido por las partes en el sentido que el establecimiento se entrega sin personal.
Acción de inconstitucionalidad, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: SANTUCHO LUIS HORACIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-04

La acción de inconstitucionalidad prevista en la ley adjetiva, como de competencia originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia en pleno, es una acción de excepción, por lo que a los fines de su admisibilidad formal, es menester verificar si en la especie concurren los presupuestos necesarios con un criterio restrictivo, en vista a que la naturaleza y el objeto de la pretensión ejercida se ajusten a las normativas pertinentes, además de que no existan otras vías procesales para lograr la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos y garantías constitucionales en disputa.
Personal militar, Prefectura Naval, adicionales de remuneración, carácter remunerativo, decreto de necesidad y urgencia, aumento salarial
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR
Carátula: Camejo, Ricardo Esteban y otros c/ E.N. - M. Seguridad - PNA s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

En virtud de lo previsto en el artículo 54 de la ley 19.101, aplicable al caso hasta la sanción del decreto de necesidad y urgencia 853/2013, los suplementos creados por el decreto 1307/2012 deben ser incorporados al rubro sueldo, sin que cambie esta conclusión la denominación dada a esos suplementos por el decreto de creación, pues es claro que ese decreto no puede modificar ni desconocer lo establecido en normas superiores, que en este punto disponen claramente cómo deben acordarse los aumentos al personal en servicio activo (Voto del juez Rosenkrantz).
Competencia laboral, incompetencia, declaración de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: "DIAZ ADELA DEL VALLE c/ DEL FRARI MARIA NELBA Y/O RESPONSABLE s/ VACACIONES PROPORCIONALES-CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-11

En atención al carácter de orden público y de excepción que reviste la competencia laboral, los Tribunales se hallan habilitados para declarar su incompetencia en cualquier estado del proceso.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Villarreal, Jorge Orlando c/ La Segunda ART s/ Apelación Dictamen de Comisión Médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-11-14

Las aseguradoras son las que pueden -y deben- procurarse la información necesaria para determinar las circunstancias de tiempo y modo del acaecimiento de un -denunciado- infortunio, para rechazarlo o aceptarlo (Voto Ronconi. Ahesión Welp)
Extradición, calificación legal, defraudación, estafa, competencia federal, Estado requirente
Materia: PENAL
Carátula: Herrero Gallego, Lucas Martín y otros c/  s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Es procedente el pedido de extradición pues sin perjuicio de la denominación que las autoridades requirentes le dieron a los delitos o la exigencia emanada de sus leyes federales para establecer la competencia de ese fuero en función de la constatación de elementos particulares como la utilización de los servicios postales u otras facilidades que afecten el comercio interestatal o extranjero, lo cierto es que en virtud del artículo 2.3, incisos a) y b), del tratado bilateral entre Argentina y Estado Unidos, ambos Estados han convenido que esa previsión específica no obsta a la procedencia de la extradición cuando, más allá de la modalidad comisiva, el objeto de la investigación descripta se refiere a un grupo de personas envuelto en una maniobra defraudatoria muy clara, careciendo de relevancia que nuestra ley no tipifique la defraudación por aquellas vías, debiendo tenerse por subsumidos los hechos en el delito de estafa (art. 172 de nuestro Código Penal). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Juegos de azar, declaración indagatoria, imputado, proceso judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: C, R E s/ INFRACCION A LA LEY 6789.     CAP EXPTE NRO 254-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-12

La ley 6789 posibilita al infractor hacerse asistir por abogado o procurador o bien defenderse personalmente, por lo que la opción del justiciable por esta última alternativa ("se reserva tal derecho para su oportunidad") no aparece de ningún modo como lesiva a principio constitucional alguno, siempre y cuando, en el acto de su declaración indagatoria el justiciable sea debidamente informado por el señor juez a quo acerca de su derecho de no contestar, sobre el hecho atribuido y sobre la facultad de elegir defensor, cumpliéndose por tanto, con el deber de proporcionar al imputado la triple información preliminar sobre la que descansa la garantía de legalidad del acto y en consecuencia, la validez de las secuencias procesales.

La declaración indagatoria es el ámbito de la defensa material, acto esencial para la legitimidad del proceso, mientras que la audiencia del artículo 19 de la ley 6789 donde el infractor puede efectuar su descargo, ejercitar su defensa o solicitar la apertura a prueba, puede o no realizarse por incomparencia del imputado o su defensor, situación que no veda la prosecución del trámite por parte del juez, quien puede dictar sentencia en el mismo acto o bien llamar a autos para resolver, valorándose todos los actos como integrativos de una secuencia procedimental inescindible en cuyo transcurso no se observa vicio o irregularidad que pudiere restringir el derecho de defensa.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, cuestiones opinables, Derecho laboral, indemnización por despido, indemnización agravada, empleo no registrado
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INSAURRALDE, ALBERTO OSCAR c/ GALETTI, MARIO RAUL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 541 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

No genera cuestión constitucional el hecho de adscribir a una de las posturas doctrinarias y jurisprudenciales lógicamente fundadas y aceptables -aunque existan otras, desde que no es idónea esta instancia para corregir posibles errores o soluciones opinables.

Así, en el caso, los sentenciantes han adherido a la postura de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo quien ha sostenido que "El art. 2 de la ley 25323 no restringe de ninguna manera la potestad del empleador de denunciar el contrato con invocación de justa causa, podría decirse que la ley procura también que aquél haga uso funcional de su facultad de despedir y que obre de buena fe aun en ocasión de extinguir el contrato laboral...Lo cierto es que para exonerarse del pago de la reparación, el empleador está obligado a demostrar que actuó asistido de derecho al disponer el despido, o bien tuvo una razón valedera al omitir el pago de las indemnizaciones...";

que "...Frente a un despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, corresponderá la exoneración de la sanción o bien su reducción, en los casos en que se justificare la conducta del empleador, lo cual deja librada a la apreciación judicial tanto la verosimilitud de la medida rescisoria, como la justificación de la falta de pago de los créditos indemnizatorios en debido tiempo" y que "Para la operatividad del art. 2 de la ley 25323 es necesario que medie un despido ad nutum, o un reconocimiento del derecho al cobro de las indemnizaciones derivadas de la denuncia del contrato de trabajo ya que, si se ha alegado una justa causa, sujeta a apreciación judicial, en el marco del art. 242 in fine L.C.T., es la propia sentencia la que constituye el título definitivo de la adquisición del derecho indemnizatorio.

Regla que no incluye los supuestos en que se ha invocado como justa causa una motivación baladí o hechos o situaciones claramente inadmisibles, o no se ha intentado acreditar con pruebas idóneas una causa que, en principio, no sería irrazonable".
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fragola, José c/ De la Puente, Gustavo s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

No es posible actuar ante los tribunales de justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador, inscripto en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación legal expresamente contemplados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Jachal X c/ Tiempo S.A. y otros s/ Reparación de daños - Incidente de prueba pericial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

El consorcio de co-propietarios no tiene legitimación para efectuar el reclamo por reintegro de lo que habría abonado uno de los co -propietarios del edificio, ya que la eventual acción debe ser ejercida por su titular, esto es, quién habría realizado las erogaciones, por la vía correspondiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, depósito previo
Materia: LABORAL
Carátula: SAMORANO JULIO RAMON c/ LUCIO FLORES Y CIA s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO,ETC.-RECURSO DIRECTO DE QUEJA INTERPUESTO  POR LOS DRES.CERRO(H)Y LUCENA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-24

En el Recurso de Casación Laboral deducido contra resoluciones recaídas en incidentes, no resulta aplicable el art. 142 de la ley 3603. Supletoriamente se aplica el art. 289 del Código Procesal Civil debiendo realizarse el depósito previo conforme los dispone ese artículo.