Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-08


Causa 6831/2013/CA1 -I- "F. L. c/ GALENO SA s/ AMPARO DE SALUD" Juzgado n° 8 Secretaría n° 16 Buenos Aires, 8 de mayo de 2014.

Y VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada GALENO SA a fs. 36/38 y fs. 45/49 --que fueron fundados en esas mismas ocasiones--, contra la resolución de fs. 30/31; y CONSIDERANDO:

1.- La resolución apelada decretó la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a Galeno Argentina SA que arbitre los medios para garantizar a la actora la cobertura de la internación, con atención médica permanente, en la institución de tercer nivel "LA MIRAGE", de acuerdo a los valores que surgen de la resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social y sus modificatorias, que aprobó el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad.

2.- La parte actora se agravió porque, sostiene, la ley 24901 obliga a las obras sociales a otorgar una cobertura integral de los requerimientos de la persona con discapacidad. Destacó que la demandada no ofreció prestadores propios especializados para el estado de la paciente y que el médico tratante desaconsejó el traslado a otra institución. Afirmó que el valor otorgado no alcanza a cubrir el monto total del costo de la internación y que debería otorgarse la cobertura integral (100% del costo) de la internación.

3.- Por su parte, la obra social demandada criticó la resolución porque, afirma, el Juez ordenó que cubra una prestación que por ley no le corresponde cubrir. Destacó que la ley 24754 prevé cuales son las prestaciones que obligatoriamente debe cubrir y que el PMO no prevé la cobertura de la residencia pretendida por la paciente.

4.- Cabe destacar que, en el presente caso, no está discutida la condición de discapacitada de la actora -cfr. copia del certificado de discapacidad obrante a fs. 9-, la enfermedades que padece -ACV secuela hemiparesia FBC izquierda, cfr. fs. 9- ni su condición de afiliada a GALENO SA (cfr. fs. 7).

Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura del costo de la internación en la institución en la cual se encuentra alojada actualmente (Residencia "La Mirage") según la prescripción del médico tratante (cfr. fs. 11), hasta el límite del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Asimismo, se cuestiona si la demandada debe otorgar la cobertura del 100% del costo de la prestación o sólo el monto establecido en el nomenclador antes citado.

5.- Ello sentado, es importante puntualizar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28; cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01).

6.- En tales condiciones, considerando los específicos términos de las prescripciones del médico tratante (cfr. fs. 11) y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia, cabe concluir que la concesión de la medida precautoria solicitada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la paciente discapacitada que padece una grave enfermedad.

En ese mismo sentido, en el estado preliminar en el cual se encuentran las actuaciones, debe estarse a la opinión del médico tratante (fs. 4), en cuanto indicó que la paciente "debió ser internada en institución geriátrica a fin de asegurar su cuidado integral con enfermería y médico" y que "se indica internación en institución de tercer nivel con atención médica permanente". Todo ello, por lo menos, hasta tanto se produzca la prueba y existan elementos adicionales para mejor proveer.

7.- Por lo demás, la concesión de la medida solicitada es la solución que, de acuerdo con lo indicado por el médico tratante, mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

8.- No es ocioso recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que "...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (cfr. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

9.- Por otra parte, cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio (PMO) fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar (Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud).

Es que, como sostuvo este Tribunal en casos que guardan cierta similitud con el presente, el PMO no constituye una limitación para los agentes del seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales (cfr. esta Sala, doctr. causas 630/03 del 15-4-03 y 14/2006 del 27-4-06, entre otras), y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto (cfr. esta Sala, causas 8545 del 6-11-01, 630/03 del 15-4-03 y 14/2006 del 27-4-06).

Por ello, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, debe confirmarse la resolución que otorgó precautoriamente la cobertura de la internación indicada por el médico tratante. Sobre todo, ponderando que la demandada no ofreció o puso a disposición de la afiliada alguna institución propia que integre la cartilla de prestadores.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: a) desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada GALENO SA a fs. 45/49 y b) admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 36/38, debiendo la demandada GALENO SA otorgar la cobertura integral (100% del costo) de la internación de la actora en la institución en la cual se encuentra alojada en la actualidad ("La Mirage").

Todas las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las dificultades que presentaron las cuestiones a resolver y al estado preliminar en el cual se encuentran las actuaciones (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (cfr. Acordadas CSJN n° 31/13 y 38/13 -B.O. del 17.10.13-).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo V. Guarinoni	Francisco de las Carreras