marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Lesiones leves, privación ilegal de la libertad, suspensión del juicio a prueba, etapas del proceso, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de competencia en autos S., O. C. E. c/  s/ lesiones leves s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-14

No subsiste, de momento, contienda que resolver, habida cuenta de que el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas resolvió homologar un acuerdo de suspensión del juicio a prueba por el plazo de un (1) año en orden a los hechos imputados por el Ministerio Público Fiscal y dicho decisorio se encuentra firme. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: García, Eduardo Esteban y otro s/ Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Es infundado el recurso de inaplicabilidad de ley que denuncia violación al art. 256 inc. 7 (n.a.) del C.P.P. alegando que la Cámara apreció un supuesto indicio basado en una presunción que no se acreditó si la presunción cuestionada no se apoya en el hecho invocado por la defensa, el que no requería entonces ser probado.
LEY DE CONCURSOS, desconocimiento de deuda
Materia: COMERCIAL
Carátula: Dirección General Impositiva s/ Inc. de Revisión en Autos "SERVICOOP s-Concurso Preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-28

Quien quiera que sea desconocida en un concurso o quiebra una deuda denunciada con causa legal, deberá demostrar que la misma carece de causa o que ha existido "concilium fraudis" entre los que ofician de ser el acreedor y el deudor de la relación.
Procedimiento administrativo, archivo del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz de Gliwa, María Inés c/ Instituto Provincial de Previsión Social s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-17

El artículo 67 de la ley de ritos establece: Si después de interpuesta la demanda el ente u organismo accionado satisficiese totalmente en sede administrativa las pretensiones de la parte actora, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal que, previa comprobación de esa circunstancia, dispondrá el archivo de las actuaciones.; de donde el mandato para el Tribunal, una vez anoticiado de la existencia de esa actividad administrativa que habría dejado sin objeto el proceso, consiste en acreditar esa situación con intervención de las partes a fin de garantizar la bilateralidad propia del proceso, y finalmente archivar las actuaciones. No resulta del caso el dictado de una sentencia que estime o desestime la pretensión pues, como ya se dijo, la misma ha quedado sin objeto (del voto del Dr. González Godoy).
Detención, estado de sospecha
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ROMERO SAUCEDO, CARLOS s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-03

Para llevar a cabo una detencion, la legislación procesal exige sospechas serias y no pruebas que se traduzcan en "indicios vehementes de culpabilidad" (art. 4 C.P.P. Y 284 C.P.P.N.). No es función de la policía aprehender culpables, sino tan solo sospechosos. Estas sospechas en cuanto a las circunstancias de grado y razonabilidad deben ser sometida a control judicial para la justificación de la detencion.
Seguros, emergencia económica, renta vitalicia, moneda extranjera, pesificación, improcedencia del recurso, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Jimenez, Norma Beatriz c/ Orígenes Seguros de Retiro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-10

1 - Cabe confirmar la resolución de grado que admitió la demanda incoada por la beneficiaria de una renta previsional vitalicia pactada en dólares contra una compañía aseguradora, en reclamo de la diferencia entre las sumas percibidas en los últimos dos años a razón de USD=1,40 + CER y el valor del dólar de mercado, y luego aplicó intereses sobre el pago de las diferencias. En ese marco, carece de sustento la objeción de la accionada, en cuanto plantea que la actora percibió las sumas correspondientes sin manifestar disconformidad alguna, y que la prestación original fue novada por imperio de la ley de emergencia. Ello así, pues la promoción de la demanda pone de relieve la disconformidad de la actora con las sumas percibidas.
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, excarcelación
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Rodríguez Landívar, Blanca Sofía s/ incidente de excarcelación -Causa nx 7221-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

El carácter de garantía constitucional reconocido al beneficio excarcelatorio, exige que la limitación a la libertad se adecue razonablemente al fin perseguido por la ley y que las disposiciones que limitan la excarcelación sean valoradas por los jueces con idénticos criterios de razonabilidad.
Gratificaciones, compensación, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ MARTIN c/ INGENIO Y REFINERIA SAN MARTIN DEL TABACAL S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-08

Resulta válido el pago gratificatorio realizado al trabajador compensable, en forma genérica, con cualquier otro crédito que tuviere con motivo de la disolución del vínculo o derivado de las disposiciones legales. La existencia de tales acuerdos no viola el principio de irrenunciabilidad, aún en el supuesto de carácter de homologación judicial.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-27


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 18635-1 EXPEDIENTE Nº 14.292/2008 -SALA IX- JUZGADO Nº 3 AUTOS: "ALMEIDA MARCELA SILVIA C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS INDEC S/ JUICIO SUMARISIMO" Buenos Aires, 27-8-13 VISTO:

La presentación efectuada por la parte demandada a fs. 724/743; que fuera contestada por la contraria a fs. 766/779.

CONSIDERANDO:

I) Que el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional cuestiona la sentencia definitiva que obra a fs. 713/719vta. y, al respecto, corresponde destacar que los términos del escrito, prima facie apreciados en orden a la admisibilidad formal de dicha vía excepcional de impugnación, permiten advertir la ausencia de debido fundamento de naturaleza federal que justifique su concesión por esta Sala.

Que, asimismo, se destaca las cuestiones fácticas y de derecho común a cuyo examen remiten los agravios planteados contra la decisión de esta Sala, resultan -en principio por su naturaleza- ajenas al ámbito de conocimiento del recurso extraordinario federal. Tal circunstancia, que encuentra respaldo en el art. 14 de la ley 48 y en numerosos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a circunstancias asimilables a las del presente caso, conduciría -pues- a desestimar la presentación dentro del marco limitado en que corresponde en esta oportunidad evaluar la admisibilidad del recurso (art. 257 C.P.C.C.N.).

II) Atento la solución a la que se arriba y el principio general que rige en materia de costas, se declaran a cargo de la demandada las correspondientes a esta incidencia (art. 68 C.P.C.C.N.)	III) Teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de los trabajos profesionales efectuados por los firmantes de los escritos de fs. 724/743 y fs. 766/779, se fijan sus honorarios en las respectivas sumas de $ 3.000- y $ 3.000.-, calculadas a la fecha de este pronunciamiento (cfr. arts. 3 y ccds. ley 21.839).

Que, por consiguiente, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Denegar la pretensión recursiva de fs. 724/743 deducida por el Estado Nacional. 2) Declarar las costas de esta incidencia a cargo de la demandada. 3) Regular los honorarios correspondientes a los firmantes de los escritos de fs. 724/743 y fs. 766/779 en las respectivas sumas de $ 3.000- y $ 3.000.-, calculadas a la fecha de este pronunciamiento. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.- Dr. Roberto C. Pompa Dr. Alvaro E. Balestrini JUEZ DE CÁMARA	JUEZ DE CÁMARA
Ejecución hipotecaria, gastos del proceso, costas, honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO SOCIETE GENERALE S.A. c/ ROCHA, Hugo Omar y otro s/ EJECUCION ESPECIAL LEY 24.441 - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-30

Cuando la ley 24.441, en su art. 60, hace mención a los gastos de la ejecución, se refiere a los gastos necesarios para la ejecución propiamente dicha, pero nunca a las costas devengadas en sede judicial, entre las cuales se encuentran los honorarios, así como también la tasa de justicia. Es que, sostener una interpretación contraria de la norma en cuestión conduce inexorablemente a transformar en inaplicable el art. 2 de la ley 23.898.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02

Si bien es doctrina de esta Corte que los tribunales del trabajo tienen facultades privativas para valorar el mérito y fundamento de la pericia médica no hay duda que ello no convalida un ejercicio arbitrario de esta atribución jurisdiccional, ni puede llevar a prescindir de las consecuencias de un apartamiento infundado del contenido de tal elemento probatorio; máxime cuando el pronunciamiento involucrado dice apoyarse en el mencionado parecer técnico. En todo cado, la desestimación de las conclusiones de los expertos debe ser razonable y cientificamente fundada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la humanidad, debido proceso, non bis in ídem, cosa juzgada
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la cosa juzgada y ne bis in idem no resultan aplicables respecto de delitos contra la humanidad porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y por ende no admiten, que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche.
Facultades del Poder Legislativo, Poder Legislativo Nacional, sistema federal, prescripción, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Varas, Isidoro A. s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2011-05-30

En materia de prescripción las normas aplicables son las del Código Civil y no las provinciales, por lo que deben descartarse las normas pertinentes de las leyes provinciales. La prescripción es materia del derecho de las obligaciones, y por ello atribución del Congreso de la Nación legislar sobre ella, quedando a las provincias el ejercer la jurisdicción cuando las cosas o las personas cayeren bajo la misma (Art.75 inc. 12 C.N.).

Por ello, razonar que las provincias puedan legislar en materia de prescripción cuando se trata de obligaciones nacidas de relaciones de derecho público local llevaría a fortiori a tener que concluir que también pueda hacerlo, en tales casos, en otras materias, tales las de extinción de las obligaciones (Art.724 C.C.), lo que es inadmisible. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Enfermedad accidente, ambiente de trabajo ruidoso, nivel de ruido, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: CORDARA, ANTONIO ALFARO c/ SEVEL ARGENTINA  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

De la mera falta de exhibición del libro rubricado previsto en el artículo 39 inciso 8 del Decreto 351/79 con las mediciones períodicas de nivel sonoro, no puede inferirse sin más -en ausencia de otro elemento de prueba corroborante o coadyuvante- que la sección donde se desempeÑó el trabajador era ruidosa. Se trata, en todo caso, de una presunción aislada, insuficiente para formar convicción (arg. "a contrario sensu" artículo 163 inciso 5 C.P.C.C ).
Defensa del consumidor, cumplimiento de normas generales, debido proceso, apreciación de la prueba, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bellotti, Daniel Anibal c/ Ansila SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-28

Procede revocar la resolución que rechazó la demanda promovida por los daños y perjuicios que adujo el actor haber sufrido como consecuencia del desperfecto que había presentado el artefacto -una cocina- vendida y fabricado por las accionadas; en tanto consideró que no había prueba de los desperfectos denunciados por el reclamante. Ello por cuanto, según el LDC 53 el legislador ha impuesto sobre el proveedor que resiste la pretensión de un consumidor dos cargas: primero, aportar al proceso todo elemento de prueba que se encuentre a su alcance; y segundo, prestar toda la colaboración necesaria para esclarecer el asunto (ver CNCom, Sala C, "La Greca, Daniel Ramón c/ Auto Zero SA y otro s/ Ordinario", 30.5.19). Y, en el caso, el actor aportó al juicio elementos muy precisos para acreditar el incumplimiento que había motivado el reclamo, colocando a sus adversarias en óptima posición para cumplir con la carga que sobre ellas pesaba de hacer lo suyo para arrojar luz al asunto. Por lo pronto, reconocida la operación de compraventa, forzoso es tener por cierto también que sobre ellas pesaba la obligación de garantía que debían al actor por los vicios que experimentara el bien adquirido en los términos de los artículos 17 y normas concordantes.
Suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley, voluntad del legislador, pena de inhabilitación, inconstitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL-PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: AHUMADA, Juan C. s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

La norma que impide la atingencia de la suspensión del juicio a prueba a los ilícitos sujetos a pena de inhabilitación tuvo su génesis en la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados de la Nación. Se expuso debido al especial interés del Estado en establecer la responsabilidad del imputado a los efectos de adoptar prevenciones al respecto y en la improcedencia del instituto en los casos que, conforme el delito, corresponda pena excluyente o secundaria de inhabilitación, ya que todas estas penas están vinculadas con una aptitud profesional o una cualidad que el imputado debía tener para cometerlo.

Así, la intención del legislador estriba en que los procesos que se relacionan a la impericia o inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, concluyan en una sentencia definitiva debido a las consecuencias que las inhabilitaciones puedan tener en función a conductas que el Estado desea corregir o evitar.

Debe rechazarse la inconstitucionalidad, pues, siendo el instituto aplicable respecto de todos los reproches que posean pena de inhabilitación, tal circunstancia aleja toda posibilidad de violación al principio de igualdad ante la ley que sólo aparece cuando se lleva a cabo un trato discriminatorio proveniente de la norma legal, mas no la aplicación que de ellas hayan efectuado los magistrados.
Partidos políticos, control de razonabilidad, intervención partidaria, padrón electoral
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Justicialista Santiago del Estero s/ incompetencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-07

Resultan suficientes para descartar la irrazonabilidad de la intervención a un partido de distrito, los argumentos desarrollados como fundamento de la medida adoptada, tales como que los enfrentamientos internos en el distrito adquirieron dimensiones tamañas que llegaron al límite de provocar fracturas en las estructuras de la asociación política, y que las autoridades intervenidas produjeron exclusiones del padrón partidario sin justificación aparente, con las que se lesionó el carácter representativo de las elecciones que pudieran ser convocadas en el futuro.
Aportes previsionales, sociedad anónima, directorio, socio empleado, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BABENCO SACI. Y F. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-30

El ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico - administrativas a que se refiere el artículo 261 de la ley 19550 cuando menciona el pago a los directores de mas del 25 % de las ganancias, no importa, necesariamente, que esas comisiones y esas tareas se hayan cumplido en relación de dependencia.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PENAL
Carátula: BERAZATEGUI, César Gastón Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-27

No es dable sostener, sin otro apoyo que la fuerza que pudiera derivar de la propia autoridad de la enunciación, que no puede tomarse declaración testimonial a los funcionarios policiales, por impedirlo el carácter de delegados del Juez, en aquellos a los que se les recibe esa declaración.-
Recurso extraordinario, reservas
Materia: PENAL
Carátula: Chaile, Edgardo D. s/ Robo simple. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Al no haberse efectuado en término la reserva prevista por el art.

361 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y modif.- la sentencia de Cámara ha quedado consentida. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, carga de la prueba, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ EMILIO c/ NOYA, CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-16

Si bien es cierto que el accionado no puede permanecer indiferente al desarrollo del proceso y no queda eximido de demostrar la versión que diera de los hechos y por la cual pretende exculparse, no es menos cierto que el reclamante está obligado prioritariamente a probar la veracidad de las circunstancias por las cuales pretende atribuir culpa a su contraria (arts. 512,1109 y ss.

del C. Civil, art. 377 del C.P. Civ. y Com.) y que precisamente daría apoyo a su pretensión indemnizatoria.
Convenios colectivos de trabajo, competencia laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: DUCA, ANTONIO c/ COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-12-13

Convenio colectivo, usos y costumbres y la voluntad de las partes expresada en el modo de comportamiento recíproco (capaz de introducir modificaciones tácitas en el contenido del contrato individual), constituyen otras tantas fuentes formales de las normas del trabajo, según el artículo 1, incisos c), d), y e) de la LCT., y así el reclamo de asistencia social del trabajador jubilado y su familia (que surge de la interpretación práctica del CCT. por parte de la empresa) caen bajo la jurisdicción de este Tribunal. (El Dr.

Vázquez Vialard votó en disidencia).
Falta de personería, escribanos públicos, escritura pública
Materia: PROCESAL
Carátula: GAS DEL ESTADO - SOCIEDAD DEL ESTADO c/ INGENIO LA ESPERANZA SA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-29

Autorizada doctrina -que el tribunal comparte-, con fundamento en lo dispuesto en el art. 1004 del C.Civil, sostiene que si bien el art. 1003 de este cuerpo legal manda que el notario exprese que se le han presentado los poderes y documentos habilitantes, la inobservancia de este precepto hace pasible de sanciones al escribano, mas no afecta el valor de la escritura.
Acción de amparo, existencia de otras vías, régimen disciplinario escolar
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATTIONI, Graciela Cristina y otro c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

Los alumnos de un colegio secundario se hallan subordinados a un peculiar régimen disciplinario, que otorga cierto margen de discrecionalidad a las autoridades pertinentes, pues, de otro modo, no podrían cumplir con su función educativa. Por consiguiente, no es el amparo la vía idónea para cuestionar la eficacia de la metodología empleada por dichas autoridades educativas, ni para remediar las consecuencias adversas derivadas del régimen disciplinario en cuestión.-
Homicidio calificado, homicidio criminis causa
Materia: PENAL
Carátula: Zuleta, Roberto Santiago, Bartoli, Julio Ernesto s/ Robo. Violación. Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-02

Media transgresión del art. 80 inc. 7º del Código Penal, si de la sentencia no surge que se haya acreditado el elemento subjetivo exigido para la aplicación de la citada norma, ya que si, a partir del hecho cierto y probado -la muerte y asfixia mediante estrangulamiento- la Cámara dio por probado el móvil: procurar la impunidad.
Ejecución de sentencia, expulsión de extranjeros, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara Villar, Francisco s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-09

La decisión que, al autorizar el extrañamiento, difirió la extinción de la pena impuesta hasta la fecha de su vencimiento no reúne, por regla, la calidad de sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos, sin que el recurrente haya logrado demostrar que el caso presente los requisitos de sentencia equiparable a definitiva y de cuestión federal, que constituyen presupuesto ineludible para habilitar la jurisdicción revisora de la CFCP. El voto concurrente consideró que si bien el recurso de casación es formalmente admisible y que corresponde a la CFCP el control judicial amplio de las cuestiones concernientes a la ejecución de las penas privativas de la libertad, la prohibición de regresar al país impuesta al extrañado es junto con la expulsión uno de los dos elementos constitutivos del beneficio, de modo que la expulsión que prevé el art. 64 de la ley 25.871 encuentra su punto de partida en la acción del egreso del extranjero del país y se perfecciona cuando se cumple totalmente el lapso de permanencia en el exterior establecido por la autoridad competente. La disidencia sostuvo que el aplazamiento decidido en la justicia de ejecución importa un exceso de pronunciamiento, y por ende no se ajusta a derecho, ya que con claridad se desprende de la letra del art. 64 inc. "a" ley 25.871 que la extinción de la pena se sujeta al efectivo extrañamiento del encausado, trae la ley una condición resolutoria que como su naturaleza lo indica, hasta que no se configure impide extinguir el cumplimiento de la condena impuesta. (Dres.

Riggi, Figueroa -voto concurrente- y Catucci -en disidencia-.