Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-08


En Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, en los autos caratulados: "Lugones, Leopoldo Guillermo c/S.M.A.T.A. y otro s/ Beneficio de Litigar sin gastos", reunidos en Acuerdo Plenario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, con el objeto de establecer la doctrina legal aplicable de la siguiente cuestión: "Si se decretó la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos, los efectos de una nueva petición del beneficio, deducida con posterioridad, comprenden los gastos devengados con carácter previo" La mayoría, en forma impersonal, dijo: El Artículo 78 del Código Procesal autoriza a la parte interesada a solicitar la concesión del beneficio de litigar sin gastos antes de presentar la demanda o en cualquier estado de la causa, pero en los supuestos en que hubiera sido requerido durante el proceso en trámite, la resolución que lo otorgue no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud, por aplicación del principio de preclusión procesal (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, tomo I, página 154; conf. Magallanes; Mario M. y Rubinstein, María Josefina, "La preclusión procesal frente a la tasa de justicia en el beneficio de litigar sin gastos", El Derecho, tomo 154, página 1045).- De lo expuesto se colige que si se ha decretado la caducidad de la instancia en el beneficio iniciado contemporáneamente a la demanda, la ulterior concesión del iniciado con posterioridad, producirá efectos en lo sucesivo, únicamente, tal como ocurre con la exención provisional a que alude el artículo 83 del Código citado. Por lo tanto, al quedar firme el decreto de perención, deja de operar la franquicia provisional, cobrando plena virtualidad a partir de entonces, la normativa contenida en el artículo 9, inciso a) de la ley 23.898, la cual establece que la tasa de justicia debe ser abonada en su totalidad al inicio de las actuaciones.- Es que el proceso se desenvuelve en forma sucesiva y ordenada, a través de etapas cuya clausura definitiva impide el regreso a estadios y momentos procesales ya extinguidos y consumados. Por ello, el inicio de un nuevo beneficio no enerva los efectos de la caducidad decretada en el primigenio, ya que en caso de ser concedido, eximirá al interesado de los gastos o costas futuras, más no de las pasadas, en virtud del mencionado principio de preclusión consagrado en nuestra legislación adjetiva.

El acordar al nuevo trámite efectos retroactivos respecto de los hechos imponibles ya verificados al tiempo de su articulación, lleva a restar virtualidad a los efectos propios de la perención de la instancia, que debe constituir una verdadera sanción para quien utiliza negligentemente los servicios del poder jurisdiccional del Estado. Por último, cabe destacar que con la solución propuesta no se configura una denegación de justicia, por cuanto el interesado tiene a su alcance los remedios legales necesarios para evitar la pérdida de la franquicia y si éstos no son debidamente utilizados o activados, ello no constituye razón suficiente para apartarse de las consecuencias previstas por nuestro ordenamiento para casos de esta naturaleza. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, último párrafo, de la ley de tasas judiciales, las actuaciones relativas a la percepción de la tasa respectiva no impiden la prosecución del trámite normal del juicio. En orden a los fundamentos indicados, se impone una respuesta negativa al interrogante de esta convocatoria- En consecuencia, como doctrina legal obligatoria (artículo 303 del Código Procesal), SE RESUELVE: Si se decretó la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos, los efectos de una nueva petición del beneficio, deducida con posterioridad, no comprenden los gastos devengados con carácter previo".- Jorge H. Alterini (En disidencia). Alberto J. Bueres. Juan Carlos G. Dupuis. Ana María Luaces. Hugo Molteni. Jorge Escuti Pizarro. Gerónimo Sansó. José Luis Galmarini (En disidencia). Eduardo M. Martínez Alvarez. Osvaldo D. Mirás. Mario P. Calatayud. Elena I. Highton de Nolasco. Ricardo L. Burnichón. Fernando Posse Saguier. Carlos Alfredo Bellucci. Roberto E. Greco. Leopoldo Montes de Oca. Marcelo Jesús Achával (En disidencia). Claudio Marcelo Kiper (En disidencia). Julio Ojea Quintana (En disidencia). Delfina M. Borda (En disidencia). Eduardo Leopoldo Fermé (En disidencia). Ana María Brilla de Serrat. Benjamín E. Zaccheo (En disidencia) Carlos Roberto Degiorgis. Julio R. Moreno Hueyo. Emilio M. Pascual Judith R. Lozano (En disidencia). Hernán Daray (En disidencia). Carlos Horacio Gárgano (En disidencia). Carlos R. Sanz por su dictamen.- La minoría, en forma impersonal, dijo: La finalidad que informa las normas reguladoras del beneficio de litigar sin gastos consiste en asegurar una adecuada defensa en juicio a quienes, por la insuficiencia de recursos, no se hallan en condiciones para afrontar las erogaciones inherentes a toda actuación judicial. Acorde con tal principio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de precisar que el sistema regulado en los artículos 78 y siguientes del Código Procesal tiende a resguardar el efectivo y real ejercicio de los derechos, sin mengua ni limitaciones derivadas de la situación patrimonial de quien impetra justicia (Fallos 388:382; El Derecho, tomo 58, página 377; C.N.Civ., en pleno, del voto de la mayoría in re "Arboyan, Vartuvar c/ Transportes Patricios S.R.L., y otros s/ Beneficio de litigar sin gastos", octubre 8/1998, Jurisprudencia Argentina Nro. 6118, página 52).

Cabe afirmar, entonces, que la ponderación de las circunstancias que rodean al tema objeto de convocatoria, requiere una amplitud de criterio congruente con las motivaciones que inspiran el instituto, so riesgo de incurrir -por vía hermenéutica formalista- en el desconocimiento de los propósitos perseguidos por el legislador.

El artículo 83, inciso 1 del Código Procesal prevé que durante el trámite del beneficio de litigar sin gastos y hasta que se dicte resolución, la solicitud y presentaciones de ambas partes estarán exentas del pago de impuestos y sellado de actuación, entre las que debe considerarse comprendida la tasa de justicia (conf. Fassi-Yánez, "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988, tomo I, página 474).

Una interpretación literal de la norma citada, no permite concluir que decretada la caducidad de la instancia del beneficio de litigar sin gastos y promovido el nuevo incidente, pueda reclamarse suma alguna en concepto de tasa de justicia, pues sólo es dable exigirla en caso de que se hubiera denegado la franquicia o cuando se la otorgue parcialmente, en la proporción fijada.

Es que, concedido el beneficio, no puede sostenerse válidamente que se encuentren exentas de sus efectos las actuaciones llevadas a cabo con anterioridad, pues resultaría alejado de la realidad suponer que el interesado ha podido afrontar el pago de la tasa de justicia al tiempo de iniciarse el pleito por la sola circunstancia de que se haya declarado la caducidad de la instancia del primer requerimiento. En efecto, si la imposibilidad de afrontar los gastos de justicia, existía al momento de iniciarse la demanda, intimar el ingreso de la tasa importaría incurrir en un excesivo formalismo, contrario al interés que el instituto tiende a proteger, ya que torcer la realidad previamente reconocida para supeditarla posteriormente a una contingencia procesal, no sólo es incongruente, sino que parte de una premisa dogmática, reñida con el principio de justicia.

Tal tesitura no conduce a quitar todo sentido a la declaración de caducidad del beneficio, pues otro tanto podría decirse de la perención dictada en un juicio ejecutivo o en uno sobre escrituración, en tanto puedan ser nuevamente entablados. El sentido de esta institución es evitar que permanezca indefinidamente abierto el curso de un proceso que no es instado por el interesado. Además, la caducidad no perjudica la prueba que se hubiera producido (artículo 318 del Código Procesal), por lo que bien podría considerarse un indicio de que ya a la fecha de promoción de la demanda existía el estado patrimonial posteriormente comprobado o a comprobar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Pérez, María Elisa y otra c/San Luis, Provincia de y otro s/Daños y perjuicios", sostuvo que el pedido del beneficio de litigar sin gastos efectuado al promoverse las actuaciones principales y que concluyó por perención, tiene entidad suficiente para que las pruebas allí producidas se hagan valer en la solicitud promovida con posterioridad, toda vez que no corresponde reconocerle a dicho pronunciamiento efectos que tengan virtualidad para negar una situación de pobreza real, invocada y comprobada (conf. C.S.J.N., Originario, P. 417.XXIII, del 4 de octubre de 1994).

Por otra parte, el criterio expuesto por esta minoría encuentra sustento en principios de raigambre constitucional, entre los que cabe destacar el libre acceso a la jurisdicción, que también constituye un deber impuesto al Estado en numerosos tratados internacionales (conf. art. XVIII, declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 10, Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 8, Pacto de San José de Costa Rica; artículo 124, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 12, inciso 2, Convención sobre los Derechos del Niño) que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional).- En consecuencia, como doctrina legal obligatoria (artículo 303 del Código Procesal), SE RESUELVE: Si se decretó la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos, los efectos de una nueva petición del beneficio, deducida con posterioridad, comprenden los gastos devengados con carácter previo". Jorge H. Alterini José Luis Galmarini Marcelo Jesús Achával Claudio Marcelo Kiper Julio Ojea Quintana Delfina M. Borda Eduardo Fermé Benjamín E. Zaccheo Judith R. Lozano Hernán Daray Carlos Horacio Gárgano.

Los Sres. Jueces de Cámara Dres. Horacio Alterini y José Luis Galmarini puntualizan lo siguiente:

Sin perjuicio de remitirnos a las distintas argumentaciones expuestas en el fallo plenario de esta Cámara del 8 de octubre de 1998 en los autos: "Arboyan, Vartuvar c/ Transportes Patricios S.R.L. y otros s/ Beneficio de Litigar sin Gastos", reiteramos algunas reflexiones centrales, estrictamente aplicables a estos actuados.

"...la Sala que integramos... puso de resalto que no interesa investigar si la parte ha tenido bienes en el momento en que debió abonar, sino si los tiene ahora. Resolver en ese sentido, no es aplicar retroactivamente el beneficio (artículo 78 del Código Procesal), sin atender actualmente a la finalidad del instituto, que consiste en no cercenar el ejercicio del derecho de defensa por razones de pobreza o de falta actual de medios para satisfacer los gastos y costas que genera el proceso (conf. C.N. Civ., Sala "C", R. 165.185, 8/6/95, entre otros). La circunstancia de que el artículo 9, inciso a) de la ley 23.898 prevea que la tasa de justicia debe pagarse en su totalidad al inicio de las actuaciones, no significa que la ulterior promoción del beneficio retrotraiga sus efectos a aquel momento, sino que exención provisional consagrada por el artículo 83 del Código citado opera inmediatamente, si no se había pagado con anterioridad, cuando se interpone el reclamo de la franquicia se produce tal exención, que perdura si se hace lugar al pedido y cesa si se deniega el beneficio".

Por las consideraciones antecedentes y las del voto de la minoría, nos pronunciamos por la afirmativa a la cuestión propuesta .- Jorge H. Alterini. José Luis Galmarini.

Buenos Aires, abril 8 de 1999.- Y Vistos, por lo que resulta del Acuerdo que antecede, como doctrina legal obligatoria (artículo 303 del Código Procesal), SE RESUELVE: "Si se decretó la caducidad de la instancia en el beneficio de litigar sin gastos, los efectos de una nueva petición del beneficio, deducida con posterioridad, no comprenden los gastos devengados con carácter previo".- Dése cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 62 del reglamento del fuero.- Fdo. Jorge H. Alterini (En disidencia). Alberto J. Bueres. Juan Carlos G. Dupuis. Ana María Luaces. Hugo Molteni. Jorge Escuti Pizarro. Gerónimo Sansó. José Luis Galmarini (En disidencia). Eduardo M. Martínez Alvarez. Osvaldo D. Mirás. Mario P. Calatayud. Elena I. Highton de Nolasco. Ricardo L. Burnichón. Fernando Posse Saguier. Carlos Alfredo Bellucci. Roberto E. Greco. Leopoldo Montes de Oca. Marcelo Jesús Achával (En disidencia). Claudio Marcelo Kiper (En disidencia). Julio Ojea Quintana (En disidencia). Delfina M. Borda (En disidencia). Eduardo Leopoldo Fermé (En disidencia). Ana María Brilla de Serrat. Benjamín E. Zaccheo (En disidencia). Carlos Roberto Degiorgis. Julio R. Moreno Hueyo. Emilio M. Pascual. Judith R. Lozano (En disidencia). Hernán Daray (En disidencia). Carlos Horacio Gárgano (En disidencia). Carlos R. Sanz por su dictamen.- Ante mí, Adriana Luján de Pildain. Secretaria de Jurisprudencia.