Nulidad de sentencia, condena penal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., A. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de la Sentencia Nº 43/11: L., A. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal por cualquier vía - San Antonio - Fray Mamarto Esquiú - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-29

La Cámara en lo Criminal, Sala Unipersonal, en lo que aquí concierne, resolvió declarar culpable al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal por Cualquier Vía, figura prevista y penada por los arts. 119 3er. Párrafo y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal).

Contra el decisorio aludido, comparece el asistente técnico del imputado e interpone recurso de casación, esgrimiendo los motivos previstos en los incs. 2 y 4 del art. 454 del C.P.P.

El recurrente denuncia vulneración al principio de congruencia. Sostiene que la acusación se debe formular en términos claros con todos los elementos del tipo penal que se trata. Alega que se condenó a su asistido por haber cometido un abuso sexual mediante un medio comisivo diferente al cual se defendió y que el tribunal no trató la postulación esgrimida por la defensa.

Ahora daré respuesta al presente cuestionamiento, siguiendo el criterio sentado en S. Nº 30, 29/06/2012 y en S. nº 33, 14/09/2010, en donde sostuve que: "Para hacer efectiva la garantía procesal constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (arts. 18, 75 inc. 22 C.N.; arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 inc. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. Const. Pcial. arts. 25, 27 y 31; y art.

1 C.P.P.), se hace necesario que, "entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia, debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium)" (Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T. II, p.233, ed. 3ra., primera reimpresión, actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y José I. Caffe-rata Nores, Lerner, Córdoba 1982; cfr. Clariá Olmedo, Jorge Andrés "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, p. 507, Ediar, Bs.As. 1960).

Lo dicho impone aclarar que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio, cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1° al art. 414, pág. 385). Consecuentemente, se ha dicho, en relación a la conexión existente entre intimación y la garantía de defensa en juicio, que "para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido con-trario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 221).

En este caso, la requisitoria de elevación de la causa a juicio, cuya lectura da apertura al debate, atribuyó al imputado haber infundido temor en la víctima, para vencer su resistencia. Y ello no difiere sustancialmente con la modalidad -como dice la sentencia- de haber intimidado a la victima para vencer su resistencia, todo lo cual ha sido analizado en la sentencia, y no rebatido con argumentos suficientes por el recurrente.

Además, resulta de interés resaltar que, para la declaración de nulidad, no sólo es suficiente que esta sanción se encuentre conminada y que resguarde una garantía constitucional, sino que es necesario que con ella se beneficie aquél que lo pretende. Igualmente, se ha sostenido que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado en lo que respecta a las nulidades que le atañen en los términos del art. 186 inc. 3º del C.P.P., tienen por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del interés, en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando su declaración sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace.

Ello en razón de que nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto lesiona el interés de las partes, para acoger sólo aquella que por su posible efecto corrector, tenga idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés".

Lo expuesto conduce a dar respuesta negativa al agravio, por no haberse constatado afectación alguna al principio de congruencia. En este caso, la condena no ha implicado sorpresa alguna para el imputado, ni ha afectado su derecho de defensa.

En resumen, en este caso no se evidencia que se haya violado el principio de defensa en juicio, pues no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que el procesado no haya podido defenderse debidamente (Fallos: 284:54; 298:104 y 304), ni una variación brusca del objeto del proceso.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.