Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-04


En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los cuatro (4) días de febrero de dos mil nueve, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia, con la Presidencia de su titular doctor RICARDO T. KOHON integrado por el señor vocal doctor EDUARDO F. CIA y los vocales subrogantes ALBERTO M. TRIBUG, ALEJANDRO T. GAVERNET y FEDERICO GIGENA BASOMBRIO con la intervención de la titular de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios, Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ DE CAILLET-BOIS, para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "PETIT ITURRA MARÍA CONCEPCIÓN C/ STOVANOVICH CARLOS Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 249 - Año 2005) del Registro de la mencionada Secretaría de dicho Tribunal.

ANTECEDENTES: A fs. 1135/1173 vta. los letrados -Guillermo A. de Guernica y Claudio A. Brusco- por derecho propio y en calidad de cesionario, respectivamente, interponen recursos por Inaplicabilidad de Ley y de Nulidad Extraordinario contra el decisorio de fs. 1127/1129, dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Zapala, que confirma la resolución de fs. 1061/1062 y en consecuencia, la modificación dispuesta por al juzgado de origen, en cuanto a la tasa de interés aplicable a los honorarios y dispone que sea la mixta, activa-pasiva, que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén.

El traslado de ley no fue contestado. Y a fs. 1192/1195, a través de la Resolución Interlocutoria N° 289/06, sólo se declara admisible el recurso de Inaplicabilidad de Ley por la causal prevista en el art. 15°, inc. a), de la Ley 1.406, en relación con la aplicación de la tasa de interés establecida en el art. 49° de la Ley 1.594.

Firme la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente, el Recurso de Inaplicabilidad de Ley? b) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

VOTACIÓN: A las cuestiones planteadas el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo:

I. Que las cuestiones relevantes para la resolución de este recurso, son:

1. Los actores realizaron planilla de liquidación de los honorarios a su cargo, adeudados a los Dres. de Guernica y Brusco. Dicha planilla, fue objeto de impugnación. Al momento de resolver, el Juzgado de origen a fs. 1061/1062 analizó la tasa de interés aplicada en la planilla, que si bien no fue cuestionada por las partes, entendió que debía revisarse por el tribunal, previo a la aprobación.

Así, observa que se utilizó la tasa activa del Banco de la Provincia de Neuquén y refiere que este Alto Cuerpo ha declarado la inconstitucionalidad del art. 49 de la Ley 1.594 y dispuesto que la tasa de interés más equitativa a aplicar a los honorarios es la tasa mixta activa-pasiva, conforme lo resuelto en autos "Córdoba Escales c/Municipalidad de Zapala s/ejecución de honorarios" R.I. 1764/97 del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias del T.S.J.

2. Apelado que fuera tal decisorio, la Cámara zapalina lo confirmó a fs. 1127/1129. Ello, sobre la base de lo resuelto por este Tribunal Superior de Justicia in re "Agüero Irma Beatriz c/Estado Provincial - Pcia. del Neuquén- s/ Acción Procesal Administrativa" expte. A-104938/89, en punto a la aludida inconstitucionalidad del art. 49 de la Ley Arancelaria.

3. Que, los Dres. de Guernica y Brusco, por la vía del recurso de Inaplicabilidad de Ley cuestionan tal decisorio de la Alzada. Se agravian por la aplicación de la tasa de interés, al sostener que corresponde la tasa activa, en virtud de lo establecido en el citado art. 49 de la Ley 1.594 y que dicha norma, en el caso particular, no fue tachada de inconstitucional, ni por ende, así declarada.

Denuncian violación a la doctrina sentada por este Tribunal in re "COTRAVI c/Municipalidad de Picún Leufú s/Acción Procesal Administrativa" donde se reconoce la vigencia y constitucionalidad de la norma y se sostiene que la aplicación de la tasa activa no es un método de actualización, sino de compensación adecuada ante la falta de pago oportuno de la obligación; no configura una desigualdad, sino una diferenciación compatible con la Constitución.

II. 1. Que la cuestión a resolver en el presente es determinar si la Alzada ha violado la ley o la doctrina legal en relación con el art. 49 de la Ley 1.594, conforme la apertura de la instancia casatoria a través del recurso de Inaplicabilidad de Ley por la causal prevista en el art. 15°, inc. a) de la Ley 1.406, en la Resolución Interlocutoria N° 289/06.

Tal norma plasma el plazo para abonar los aranceles judiciales, las formalidades de la respectiva notificación e instrumenta el procedimiento para evitar la pérdida del valor económico de los honorarios, al indicar:

"Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los DIEZ (10) días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los DIEZ (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora el profesional podrá optar por:

a) Reclamar los honorarios revaluados con el reajuste establecido en el artículo 61, con más un interés del OCHO POR CIENTO (8%) anual;

b) Reclamar los honorarios sin actualización, con más el interés que percibe el Banco de la Provincia del Neuquén, en operaciones de descuento..." El punto de análisis, dentro de la opción prevista por la norma para el profesional acreedor y conforme la cuestión recurrida, se centra en el inc. b), en orden a la determinación de la tasa que corresponde aplicar a los fines de liquidar los intereses compensatorios.

2. Los recurrentes aluden a la Resolución Interlocutoria N° 4.876/05 dictada por este Cuerpo, en los autos "COTRAVI c/ Municipalidad de Picún Leufú s/Acción Procesal Administrativa" (Expte. 141246/94 Secretaría de Demandas Originarias), donde luego de considerar las variaciones jurisprudenciales de las que fue objeto el tema, se concluyó en la aplicación de la tasa activa a los fines de la cuantificación del estipendio profesional.

En este sentido, se indicó en el precedente mencionado:

"...entendemos que no se puede afirmar que la aplicación de la tasa activa de interés importe -sin más- el ajuste indexatorio cuya prohibición mantuvo la ley 25.561.

Por el contrario, el mandato de 'mantener incólume el contenido económico de la sentencia' (cfr. art. 10 del Dec. 941/1.991, que no fue derogado ni objeto de reforma por la ley 25.561) puede determinar su necesaria aplicación de acuerdo a las variantes coyunturales de la economía nacional..." Con respecto a la constitucionalidad de la norma, se señaló:

"...el régimen resarcitorio de las obligaciones de dar sumas de dinero, se encuentra establecido en el art. 622 del Código Civil, que clasifica las tasas de interés en: 1) convenida por las partes; 2) legal y 3) establecida judicialmente.

En este caso, la ley expresamente establece que la tasa a aplicar será la que utiliza el Banco de la Provincia de Neuquén en sus operaciones de descuento, es decir, tasa activa.

La cuestión se centra entonces, en establecer si el trato diferente otorgado a los honorarios en la norma bajo análisis, resulta razonable..." "....En síntesis, los actos legislativos son predicados de una presunción de validez y constitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad se presenta como un recurso o remedio extremo que debe usarse con suma cautela y cuando resulte imposible efectuar una interpretación compatible y conciliadora con las normas de la Constitución..." En esta línea, se destacó la existencia de argumentos determinantes para justificar la especial protección receptada por el legislador en el régimen arancelario vigente.

Entre estos argumentos, se remarcó el que refiere a las singulares características de la labor profesional de los abogados, y la indiscutible naturaleza alimentaria de los honorarios. Sumado a ello, la jerarquía de la profesión y su alto rango comunitario al integrar el servicio de justicia.

En este sentido se dijo:

"...La abogacía entendida como ejercicio de una profesión liberal independiente, implica la inexistencia de un ingreso periódico fijo, y el desconocimiento previo -en el caso de la regulación judicial- de su tasación y del momento de su percepción.

El abogado a través de sus honorarios atiende no sólo sus necesidades imprescindibles y las de su familia, sino las obligaciones inherentes al ejercicio profesional (formación, actualización, gastos de oficina, cargas tributarias)..." A ello se agregó otro argumento, relativo a que el tratamiento dispar que acuerda el inc. b) con relación a otros acreedores, no es el único supuesto de diferenciación en nuestro orden jurídico.

En tal entendimiento, se consignó:

"...Los honorarios gozan de privilegio, en la medida en que revisten carácter de gastos de justicia. Así se ha establecido en las leyes de fondo y normativas específicas, donde el legislador ha tenido en cuenta para restablecer su preferencia razones de equidad, el amparo del trabajo, el beneficio para los demás acreedores, etc.

Y es claro que el otorgamiento de un privilegio constituye una excepción a la igualdad de tratamiento y, no por ello, habremos de considerar este régimen como inconstitucional..." Luego, se concluyó:

"...Por ello, establecida la razonabilidad de la previsión legal, no existen motivos que lleven a apartarse del texto de la ley. La aplicación de la tasa activa no es un método de actualización, sino de compensación adecuada ante la falta de pago oportuna de la obligación; no configura una desigualdad sino una diferenciación compatible con la constitución..." 3. Que, de conformidad con el plexo normativo examinado y la doctrina referenciada, se analizará si los jueces sentenciantes han infringido la norma en cuestión, tal como denuncian los quejosos.

De los términos del recurso surge que los letrados reclaman la aplicación de la tasa activa, conforme el antecedente referido y la falta de declaración de inconstitucionalidad de la norma en cuestión. Sostienen que la resolución que se recurre produce la derogación de facto de una norma jurídica que se encuentra plenamente vigente.

4. Que el precepto legal, cuya infracción se denuncia, tiene entonces como objeto dar pautas para efectuar la liquidación, ante la mora en el pago, de los honorarios profesionales.

Las directrices trazadas por este Tribunal en el precedente mencionado, en torno a la aplicación de la tasa en cuestión, reafirman el derecho de propiedad del beneficiario, al mantener la integridad de su crédito, teniendo en cuenta las particulares características de la labor profesional de los abogados y la indiscutible naturaleza alimentaria de los honorarios.

El artículo 622 del Cód. Civil dice expresamente:

"El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, de los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que deber abonar".

En virtud de la disposición del art. 49, inc. b), de la Ley 1.594 corresponderá establecer la tasa activa, porque al estar ella fijada en una norma expresa, deviene insorteable la obligación de utilizarla, de conformidad con lo dispuesto por el citado art. 622 del C.C. al indicar que en defecto de una convención, el deudor moroso debe los intereses que las leyes especiales hubiesen determinado.

5. Que en autos, al confirmar la Alzada la resolución del Juzgado de origen, se ha configurado el vicio denunciado, ya que tanto la disposición legal, como el método que al respecto se ha sentado, ordenan la aplicación de la tasa activa a los fines de liquidar los honorarios profesionales.

La doctrina ha consolidado la posición contraria a la aplicación efectuada en las instancias anteriores. Y como se expusiera, los intereses hacen al carácter justo que debe tener la retribución profesional y el acreedor debe percibirla en forma íntegra, atendiendo a la mora acontecida.

Los recurrentes han logrado así poner en evidencia la infracción legal y de doctrina alegada.

Sentado lo que antecede y luego de conformado el marco conceptual, cabe concluir, para supuestos como el de autos, que operada la mora en el pago de los honorarios profesionales corresponde aplicar la tasa activa a los fines de liquidar los respectivos emolumentos.

6. Que en virtud de las consideraciones vertidas y del criterio formulado, la sentencia en crisis deberá casarse, por haber mediado infracción legal y doctrinal (art. 15°, inc. a), de la Ley 1.406) en relación con el art. 49° de la Ley 1.594.

Consecuentemente, a la luz de lo establecido en el art. 17°, inc. c), de la Ley Casatoria corresponde recomponer el aspecto casado, mediante la revocación de lo resuelto sobre el tópico recurrido en las instancias anteriores, determinando, por consiguiente, la aplicación de la tasa de interés activa, operada la mora, a los fines de liquidar los honorarios profesionales.

7. Que por ello, he de proponer al Acuerdo se declare la procedencia del recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por los letrados, modificando la sentencia recurrida en el aspecto antes señalado.

Con relación a las costas de esta instancia, sin perjuicio del principio general, en el caso deben establecerse en el orden causado. Ello así, en razón de los cambios jurisprudenciales operados en este Tribunal Superior en torno al punto debatido y por no haber mediado oposición de la contraria (art. 68, 2° Párr., C.P.C. y C.). Asimismo, corresponde proceder al reintegro del depósito efectuado (art. 11º L.C.). MI VOTO.

El señor vocal doctor RICARDO T. KOHON, dijo: Por compartir los fundamentos expresados por el distinguido colega preopinante doctor Eduardo F. Cia es que emito mi voto en el mismo sentido que el suyo. MI VOTO.

El señor vocal subrogante doctor ALBERTO M. TRIBUG dijo: Coincido con los argumentos expuestos por el doctor Eduardo F. Cia, como así también con las conclusiones a las que arriba, por lo que voto en el mismo sentido. MI VOTO.

El señor vocal subrogante doctor ALEJANDRO T. GAVERNET, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Eduardo F. Cia, por lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO.

El señor vocal subrogante doctor FEDERICO GIGENA BASOMBRIO, dijo:

Ingresando al tratamiento de la cuestión planteada y como bien lo pone de resalto el Sr. Fiscal ante este Cuerpo en su dictamen de fs. 1208, no se encuentra planteada por las partes la inconstitucionalidad de la norma aplicable al caso.

No se me escapa que en realidad y en Primera Instancia el juez interviniente consideró dicha norma inconstitucional en función de los argumentos que allí expone, decisión que fuera confirmada por la Cámara.

Tampoco dejo de tener en cuenta la existencia de precedentes contradictorios con relación al tema, incluso de la Cámara Civil de la Primer Circunscripción que integro.

Sin embargo y si bien en un principio sostuve la aplicación de la norma en cuestión, que luego dejara de lado por razones de economía ya que mi postura fue ampliamente minoritaria, lo cierto es que en la actualidad y por haberse modificado por los integrantes de la Cámara la postura contraria a su aplicación, sostengo que a los honorarios de los letrados se les debe aplicar la tasa activa por expresas disposiciones legales.

No advierto que la tasa legal fijada por el artículo 49 inciso b de la ley 1.594 resulte inconstitucional, toda vez que la legislación puede establecer la existencia de distintas tasas de interés en función de la naturaleza del crédito y razones de política legislativa que en principio escapan al análisis de los jueces.

Así, adviértese que desde hace tiempo la Cámara Civil que integro ha fijado postura en el sentido que a las obligaciones de naturaleza comercial se les deben aplicar la tasa activa por cuanto el Código de Comercio así lo establece en forma expresa.

En tales condiciones y en consideración a lo dispuesto por el artículo 622 del Código Civil, cuya constitucionalidad no se encuentra discutida ni por las partes ni por el Tribunal, corresponde aplicar la tasa prevista por la norma citada precedentemente -art. 49 inciso b-, recordando, además, que ello no viola la prohibición de indexar vigente, ya que dicho supuesto se encuentra contemplado en el inciso a de la ley mencionada.

En base a lo expuesto, me pronuncio en igual sentido que el resto de los colegas, adhiriendo incluso a la aplicación de costas en el orden causado atento la falta de oposición de la contraria y por tratarse de un decisión adoptada por el Juzgado y la Cámara de oficio. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Casación por Inaplicabilidad de Ley interpuesto a fs. 1135/1173 vta. por los letrados Dres. Guillermo A. de Guernica y Claudio A. Brusco, y CASAR, en consecuencia, el decisorio dictado a fs. 1127/1129 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Zapala, por haber mediado la causal prevista en el inc. a), del art. 15° de la Ley 1.406 con relación al art. 49 de la Ley 1.594. 2°) En virtud de lo dispuesto por el art. 17°, inc. c), de la ley ritual, y sobre la base de los fundamentos vertidos en los considerandos del presente, RECOMPONER el aspecto casado, mediante la revocación de lo resuelto en las instancias inferiores sobre el tópico recurrido, determinando, por consiguiente, que corresponde aplicar a los honorarios profesionales la tasa activa. 3°) Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, atento no haber mediado oposición y la variación jurisprudencial que sobre la materia ha acontecido (art. 68, 2° párrafo del C.P. C. y C). 4°) Disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 1183, conforme a lo establecido por el art. 11º de la Ley 1.406. 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Con lo que se dio por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. RICARDO T. KOHON. Presidente - Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. ALBERTOM. TRIBUG. Vocal Subrogante - Dr. ALEJANDRO T. GAVERNET. Vocal Subrogante - Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO. Vocal Subrogante Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria