Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA NÚMERO: SEIS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de febrero de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luís Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 45/10, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. René Fernando Contreras del Pino en Causa Nº 214/08 - 'GÓMEZ, José Edmundo - Peculado de Servicios - Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución atacada por haber aplicado erróneamente la ley penal sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso interpuesto es formalmente admisible debido a que fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18 los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luís Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Sentencia Nº 10 del 25 de marzo de 2010, la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, Tribunal Unipersonal a cargo del Dr. Rodolfo Armando Bustamante, condenó al imputado José Edmundo Gómez a sufrir la pena de dos años de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito de Peculado de Servicios previsto en el art. 261 del Código Penal.

II. Contra esa decisión, el abogado defensor del imputado interpone este recurso e invoca los siguientes motivos:

1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva Dice que la conducta delictiva descrita y atribuida al imputado como delito de peculado de servicios, fue enmarcada en la sentencia -en el tratamiento de la segunda cuestión- en el art. 216 y no en el 261 del Código Penal, lo que ha vulnerado el principio de congruencia y el derecho de defensa del imputado.

2. Inobservancia de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las prueba Manifiesta que el hecho endilgado en la requisitoria fiscal, de haber utilizado el imputado tres metros cúbicos de hormigón de la Municipalidad de la Capital para realizar una obra en su vivienda, fue modificado en el plenario, atribuyéndole en esta oportunidad haber utilizado en beneficio propio mano de obra pagada por ese municipio.

Señala que no quedó acreditada debidamente con prueba documental la calidad de funcionario público que según la sentencia tenía el imputado Gómez.

Destaca que no fueron individualizados los empleados municipales que supuestamente estaban trabajando en la obra particular del imputado, que no obra constancia de que lo hicieran en horario de trabajo; y que tampoco fue individualizado debidamente por la numeración de su chasis y motor, ni por su dominio, el camión que habría sido utilizado para llevar el hormigón a la vivienda del imputado.

Sostiene también que el tribunal no tuvo en cuenta el testimonio del ingeniero Correa Brunillo, según el cual, el hormigón empleado en los cordones cuneta es de menor calidad que el empleado en las losas y destaca que no se practicó pericia contable a fin de determinar el supuesto daño al patrimonio estatal ni se le dio intervención al Tribunal de Cuentas, y que el sumario administrativo instruido con motivo del hecho no fue resuelto.

3. Inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena Bajo este título, ofrece el recurrente argumentos tendientes a demostrar que, contrariamente a lo que surge de la sentencia, el imputado no era funcionario público.

III. Ahora bien, después de estudiar los planteos del recurrente concluyo que sus argumentos no son suficientes a los fines de conmover la decisión que impugna.

Así lo considero en tanto esplende de la sentencia que resultó debidamente acreditada en el juicio tanto la materialidad de los hechos de la condena como la concurrencia de los elementos típicos del delito imputado y la intervención penalmente responsable del imputado condenado; y dichos extremos fueron en parte admitidos por el imputado cuya declaración sobre los hechos constituye una confesión calificada en tanto, con relación a la ocurrencia fáctica que reconoce, las defensas que invoca fueron categóricamente desvirtuadas por otros elementos de juicio válidamente allegados al plenario, los que fueron valorados con acierto por el tribunal a quo, sin que el recurrente aporte en esta oportunidad argumentos idóneos que comprometan su mérito como sustento suficiente de la certeza en la que se funda la condena.

Así, no son de recibo los agravios referidos al numeral del artículo del Código Penal mencionado en la sentencia, sólo al tratar la segunda cuestión, como aquél en el que encuadra la conducta enrostrada. Así lo considero toda vez que, seguidamente, el a quo nombra el delito correspondiente como peculado de servicios, que es el previsto en el art. 261 del Código Penal, por lo que resulta evidente el error material al consignar en el lugar de éste el 216. Por otra parte, en el dispositivo, el error no se repite y, además, el acta respectiva acredita, sin dejar lugar a duda alguna, que el juicio versó sobre ese delito y no otro. Constato, asimismo, que hasta la carátula del expediente indica que las actuaciones fueron tramitadas con relación al delito de peculado de servicios y el descargo del imputado (fs. 22/23) incorporado al juicio se vincula con la conducta que encuadra en el art. 261 del Código Penal en tanto el imputado explicó entonces que en la ocasión de la que se trata no pretendía utilizar al personal en su beneficio.

De modo que las constancias reseñadas acreditan inequívocamente que ninguna afectación al principio de congruencia ni a la defensa en juicio ha sido ocasionada y el recurrente no demuestra lo contrario, por lo que importaría un exceso de rigor formal revocar el fallo sólo para enmendar ese evidente error material del que ningún perjuicio se deriva.

Tampoco cabe admitir los agravios vinculados con la apreciación de la prueba debido a que los argumentos del recurrente carecen de idoneidad a los fines de modificar lo decidido sobre cada uno de los puntos cuestionados.

Por una parte, contrariamente a lo que alega el quejoso, constato que la denunciada mutación del hecho atribuido no se verificó en el caso y que, invariablemente, tanto en la etapa preliminar como en el juicio, le fue reprochado al imputado haber aprovechado en su beneficio servicios pagados por la administración municipal de esta Capital. De ello da cuenta el dictamen de Requerimiento de citación a juicio que obra a fs. 27/29 vta., en el que el fiscal de Instrucción describió la conducta que le atribuía al imputado Gómez con los signos típicos de la figura penal descrita en el art. 261 del Código Penal e indicó que esa conducta configura el delito de peculado de servicios previsto en ese artículo por lo que, según su criterio, el hecho encuadraba en tal norma. Por ello, la referencia fiscal a la cantidad de hormigón de la municipalidad utilizado en la ocasión, sin atribución concreta y formal relacionada con el uso de ese material no importa, como pretende el recurrente, que entonces el reproche penal se vinculara con esa utilización y no con la de los servicios humanos pagados por la municipalidad.

Por otra parte, estimo que la carencia invocada por el recurrente, de una nómina de los empleados municipales cuyos servicios fueron aprovechados por el imputado tampoco compromete la estabilidad de la sentencia en tanto el mismo imputado admitió que empleados municipales estuvieron entonces trabajando en la losa en su casa. En esa dirección, afirmó que había llovido y porque estaba mojada no podían utilizar el material en la obra pública a la que estaba destinado (refiriéndose a la de cordones cuneta que estaba realizando la municipalidad por el margen este del Arroyo Fariñango, entre Av. Belgrano y Av. Alem, en el Barrio Bermúdez) y que, como no se podía seguir trabajando en dicha obra, dispuso llevar el hormigón sobrante a su casa y dejarlo allí.

Por ello, como surge de la sentencia, considerando que el chofer del camión hormigonero de la municipalidad era José Ruperto Córdoba, que prestó declaración en el juicio, cabe aceptar que, al menos con relación a éste, la precisión que reclama el recurrente se encuentra satisfecha en tanto la condición del nombrado de ser empleado de la municipalidad no está controvertida y ha sido admitida por el imputado, lo que, en homenaje a la brevedad, exime de mayor profundización sobre el tema.

Además, del relato de Córdoba resulta que como chofer del mencionado camión hormigonero de la municipalidad de esta Ciudad y en ocasión del hecho de la causa, ocurrido a media mañana, Córdoba estaba en horario de servicio en la Municipalidad, lo que basta para la configuración del ilícito enrostrado. En esa dirección, surge de los dichos del nombrado que había cargado el hormigón para llevarlo al Barrio Jorge Bermúdez donde estaban haciendo unos cordones cuneta cuando, al salir de la Planta, Gómez le ordenó que se dirigieran al domicilio particular de éste para dejar allí el material cargado. De tal modo, las explicaciones del testigo echan por tierra la justificación ensayada por el imputado pretendiendo que los obreros cuyos servicios aprovechó en beneficio propio trabajaban en la municipalidad en horario vespertino.

Por otra parte, no obsta a la tipificación delictiva cuestionada el hecho de que no hayan sido individualizados por sus circunstancias personales los otros obreros municipales que estaban llenando la losa en la casa de Gómez. Es que dicha circunstancia fue admitida por el propio imputado que en el juicio declaró haberle pedido el personal a López, con lo que resulta evidente que en ese horario aquellos obreros se encontraban cumpliendo su jornada de trabajo en la municipalidad. Así lo considero en tanto ninguna autorización era menester fuera de aquella jornada por tratarse de tiempo libre de los obreros municipales del que éstos podían disponer sin necesidad de pedir permiso y con derecho a cobrar por sus labores. Por ello, ese invocado pedido desbarata la contradictoria postura defensiva asumida seguidamente por el imputado que en el afán de justificarse agregó que los mencionados obreros trabajaban en el municipio en horas de la tarde.

También son ineficaces las críticas del recurrente sobre la falta de individualización del camión municipal en el que Córdoba transportó el hormigón hasta la obra particular del imputado Gómez habida cuenta que esa circunstancia fáctica quedó acreditada sin hesitación alguna con el testimonio del nombrado Córdoba y también con el aportado por el ingeniero Correa Brunello y no fue negada sino reconocida por el propio imputado. Así las cosas, en tanto el recurrente no demuestra ni alega perjuicio alguno al ejercicio de la defensa como derivado de la omisión que critica en la sentencia de mayores datos de identificación de dicho vehículo, referido en la causa como Mixer hormigonero, marca Scania P 94, su agravio no puede ser acogido.

Idéntica ineficacia tienen los argumentos del recurrente referidos a la calidad del hormigón preparado entonces para llenar cordones cuneta en tanto, independientemente de la aptitud de ese material para su uso en una losa, lo cierto y penalmente relevante es que fue aprovechado por Gómez en tanto por orden de éste fue descargado en su domicilio y empleado en la losa que en su casa estaba realizando entonces.

Tampoco la criticada falta de intervención del Tribunal de Cuentas y de determinación del daño patrimonial ocasionado al Estado municipal es susceptible de enervar la condena dictada debido a que no constituyen requisitos de procedibilidad, tipicidad ni punibilidad. Por otra parte, el recurrente no demuestra la relevancia de tales extremos, la que no es evidente, en tanto, más que el patrimonio estatal, el delito de peculado de servicios compromete la función administrativa, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y la seguridad de la afectación de los servicios públicos a los fines que tienen dispuestos por la ley; la transparencia funcional de los agentes públicos, su fidelidad como encargados de velar por el patrimonio público y la sujeción de éstos a la ley en la administración y disposición de los servicios públicos. Por ello, la invocada por el recurrente supuesta ausencia de perjuicio de naturaleza patrimonial no obsta a la configuración de la infracción penal objeto de la sentencia impugnada y, por ende, no logra conmover la condena dictada.

Asimismo, dado que la responsabilidad penal debe ser establecida por los jueces de la causa en el juicio tramitado en legal forma ante ellos, no impide la condena penal la pendencia del resultado del sumario administrativo instruido con motivo del hecho de esta causa, por lo que el agravio insinuado en esa dirección tampoco puede ser acogido.

Tampoco le asiste la razón al recurrente en cuanto niega la condición de funcionario público del imputado pretendiendo con ese temperamento que, por ello, no era aplicable al caso la figura endilgada, sin hacerse cargo de los acertados fundamentos que en sentido contrario contiene el fallo, según los cuales más que una calidad jurídica determinada la norma atiende al efectivo ejercicio de la función pública; fundamentos a los que me remito para evitar repeticiones innecesarias y que, por falta de crítica adecuada, constituyen fundamento válido de lo decidido.

Sostengo ello, en tanto ese requisito que exige la aplicación del art. 261 del Código Penal se encuentra plenamente satisfecho en tanto la condición de empleado público con prestación de servicios en la Municipalidad de la Capital, remunerados por ésta, es reconocida por el propio imputado y, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la existencia del instrumento administrativo de designación como funcionario público con facultades de disposición de los servicios pagados por el Estado no constituye exigencia legal para la configuración delictiva tenida en la sentencia por ocurrida en tanto basta que esas facultades resulten acreditadas por cualquier medio de prueba, como lo han sido en el caso.

Así, por una parte, según Jesús Sueldo, el Supervisor de la Planta Procesadoras de Áridos de la Municipalidad, en la Planta prepararon aquél día la cantidad y tipo de hormigón que Gómez indicó; y con el testimonio de José Ruperto Córdoba, el empleado municipal a cargo del camión hormigonero del municipio de esta Ciudad, quedó acreditado que, en horario de trabajo, él cargó el hormigón en la Planta Procesadora de Áridos de la municipalidad para llevarlo hasta donde el municipio realizaba una obra de cordones cuneta en las inmediaciones de la fábrica Garelli, como también que luego cambió su destino y trasladó ese material directamente hasta el domicilio de Gómez y lo descargó en ese lugar por orden de éste.

Por otra parte, el imputado dijo en su descargo que se había dirigido a la Planta para decirles que no prepararan la mezcla de hormigón porque la obra no estaba en condiciones y que, luego, él dispuso que el camión llevara el material a su domicilio.

De modo que esas órdenes demuestran categóricamente el ejercicio efectivo por Gómez de sus facultades de disposición sobre el hormigón municipal y el trabajo del personal municipal vinculado con el transporte de dicho material y, por ende, la autoridad que el mismo detentaba como Jefe de la División Hormigón, dependiente de la Dirección de Infraestructura Urbana de la municipalidad capitalina, entonces a cargo de Ernesto Alejandro Dalla Lasta, que sin hesitación alguna en el juicio señaló a Gómez como uno de los responsables de la mencionada División, con lo que corroboró los términos de la denuncia formulada por el abogado Alejandro José Acosta, en representación de la Municipalidad.

Sobre el punto también resultan relevantes los testimonios del ingeniero Dalla Lasta, que en el juicio dejó bien en claro que Gómez podía disponer del hormigonado; y de Luís Alberto Peressoni que -también en el plenario- declaró que Gómez tenía personal a cargo; con lo que quedó debidamente acreditada la vinculación directa de la función del imputado con los servicios de otros agentes públicos y sus facultades de disposición de esos servicios en el ámbito de la Municipalidad, lo que basta para tener por verificada la concurrencia del elemento subjetivo que requiere el delito endilgado.

Con arreglo a las consideraciones efectuadas cabe concluir que el estado de certeza al que arribó el tribunal del juicio sobre concurrencia en el caso de los extremos propios del delito imputado tiene adecuado fundamento en los elementos de juicio allegados válidamente al debate, los que pudieron ser controlados y confrontados por el imputado y su defensor, y no fueron desvirtuados por éstos; y que, contrariamente a lo que postula el recurrente, la prueba producida ha sido valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica racional.

Así, ha quedado debidamente probado en el juicio que el imputado, en su condición de funcionario público, con facultades de disponer de los servicios de los obreros municipales pagados por la administración pública municipal de esta Ciudad, en horario de servicio, desvió esos servicios del destino al que estaban afectados -ese día, al llenado de cordones cunetas-, llevándolos a la esfera particular -una losa en su domicilio personal-.

Por otra parte, la mala justificación del imputado fue puesta de manifiesto por la prueba testimonial rendida en el juicio e incorporada válidamente a éste como también por las propias contradicciones en las que incurrió el imputado. En lo esencial, como destacó el a quo, en la versión del imputado, primero descargaron material en la obra municipal y luego el sobrante en su casa, pero esa versión fue desmentida por Córdoba que en el juicio declaró que de la Planta se dirigió directamente a la casa de Gómez, por orden de éste. Además, de la declaración de Córdoba resulta que cuando él arribó a la casa de Gómez ya estaban los empleados municipales y todo dispuesto para hacer la losa, y esos preparativos son notablemente incompatibles con la postura de Gómez, de haber decidido el traslado del material a su casa sólo porque se trataba de un sobrante.

Observo, asimismo, que aunque en el juicio Gómez invoca una supuesta autorización de López, esa defensa se contradice con la que presentó en su primera declaración, incorporada al plenario, oportunidad en la que sostuvo que su error fue no avisar a su superior.

En cuanto al tercer agravio invocado -inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena-, el recurrente insiste en negar la condición de funcionario público del imputado la que, reitera, no quedó acreditada con el instrumento público respectivo por lo que, según su criterio, existen dudas sobre la tipicidad del hecho y esa duda debe ser valorada a favor del imputado. Sin embargo, de conformidad con los conceptos desarrollados más arriba, a los que me remito para evitar repeticiones innecesarias, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la existencia de ese instrumento no es requisito exigido por el delito atribuido ni presupuesto de aplicación del art. 261 del Código Penal por lo que el agravio carece de sustento.

Por otra parte, con los sumarios de jurisprudencia que transcribe, sin relacionarlos adecuadamente con la cuestión que postula, el recurrente no cumple con la carga de fundamentar sus agravios y pretensiones.

Por las razones dadas, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, El Dr. Cáceres dijo:

Por el modo en que quedó decidida la cuestión anterior, estimo que debe ser dictada la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5, por el Dr. René Fernando Contreras del Pino, en su carácter de asistente técnico del imputado José Edmundo Gómez. II) No hacer lugar al recurso interpuesto. III) Confirmar la resolución impugnada. IV) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). V) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido el art. 2, apart. 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/5, por el Dr. René Fernando Contreras del Pino, en su carácter de asistente técnico del imputado José Edmundo Gómez.

2) No hacer lugar al recurso interpuesto.

3) Confirmar la resolución impugnada.

4) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

5) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido el art. 2, apart. 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.