Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


F., J. y otros Reg.: A y S t 212 p 92-96.

En la ciudad de Santa Fe, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "F., J. y Otros -Querella por Calumnias-Injurias- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J.

Nro. 552, Año 2004). Se resolvió someter a decisión las cuestiones siguientes: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde adoptar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que efectuaron el estudio de la causa, o sea doctores Vigo, Spuler, Netri y Falistocco.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: 1. En la presente causa promovió Francisco Bernardo Recio incidente de declaratoria de pobreza para litigar como actor civil en el juicio por calumnias e injurias promovido por su parte contra J. F., S. D., G. S., J. P., H. M. C., O. A. y R. B., en procura de la indemnización de los daños ocasionados por los mismos a su persona, y que estimó en la suma de 290.000 pesos/dólares.

Fundó su pretensión en la carencia de medios económicos para solventar, "conforme al volumen patrimonial de lo reclamado", los costos judiciales que originará dicha demanda, en particular la tasa de justicia, destacando en particular que a raíz de las maniobras de los querellados había perdido el trabajo de toda su vida, como así también su reputación personal y profesional, no pudiendo aportar ningún tipo de recomendaciones ni antecedentes "dado el carácter infamante que se dio al distracto" (fs. 1/3, expte. 1542/2003).

Contestada la demanda (por H. M. C. a fs. 19/v., R. A. B. a fs. 21/v., G. A. S. a fs.

23/25 v., J. E. F. a fs. 27/28, J. P. a fs. 38/v., S. D. D. a fs. 41/v.), a su turno el señor Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional N 6 de la ciudad de Rosario hizo lugar en forma parcial al beneficio solicitado, estableciendo el mismo en el 50 % de los gastos causídicos (fs. 104/105 v.) Apelado que fuera dicho auto, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Penal de la misma ciudad lo confirmó mediante decisorio de fs. 174/175 v.

Para así resolver consideró la Alzada que el apelante "en su confusa crítica" no había logrado desvirtuar el razonamiento del inferior, toda vez que "pese a la profusa actuación formalizada, Recio no acreditó una situación de tal carencia que le impida cargar con la cuota de esfuerzo y responsabilidad que como litigante debe soportar", prueba necesaria atento al "carácter excepcional del instituto", que si bien facilita el acceso a la justicia, "por otro lado importa un privilegio que como tal debe interpretarse restrictivamente". Y en el caso -añadió- "el actor es un profesional (abogado) (que) admite que realiza tareas vinculadas con su ministerio", sin haber "producido prueba contundente que demuestre su absoluta falta de medios para responder a la contribución exigida por su acceso a la justicia", siendo entonces "razonable" la proporción concedida en primera instancia, que supone una concesión parcial admitida por doctrina y jurisprudencia que cita.

2. Asevera que el Tribunal también se aparta del citado artículo 332 y de su interpretación jurisprudencial, convalidando en su lugar la postura del juez de baja instancia que había optado por un criterio ajeno a nuestro ordenamiento local, beneficioso para la contraparte, con el agravante de que la concesión parcial del beneficio sería procedente (según la doctrina que defiende su posibilidad) en los casos en que sea dudosa la procedencia íntegra, duda -afirma- que era inexistente en autos.

Aduce también arbitrariedad en cuanto se le imputa no haber "explicado ni intentado probar cuál es el ingreso mensual", lo que se contradice objetivamente con las argumentaciones desarrolladas al expresar agravios que demostraban la concurrencia de los extremos exigidos para acceder al beneficio solicitado.

Destaca que también concurrió arbitrariedad al no hacerse lugar a la apertura de la causa a prueba, en particular por las documentales obtenidas a posteriori de organismos oficiales (como la intimación de la Caja de Jubilaciones y los recibos de deudas fiscales) que demostraban la existencia de débitos perentorios, y que tornaban procedente la apertura referida a tenor del artículo 430 del código de rito por tratarse de documentales que configuraban hechos nuevos que podían incidir en la suerte de la causa, al igual que las testimoniales pendientes que "no se habrían producido por motivos ajenos a mi voluntad y/o por fuerza mayor".

Concluye postulando la incongruencia del fallo por cuanto se le exige probar su estado patrimonial imponiéndole un deber ajeno "tanto a lo pretendido como a lo resistido", sin atender a los agravios y a las pruebas aportadas, las que fueron desechadas casi en su totalidad, generando el vicio de incongruencia citra petita, e incurriéndose a su vez en incongruencia extra petita al ir más allá del planteo litigioso y de lo que consta en el expediente (fs. 1/11, expte. C.S.J. Nro. 552, Año 2004).

Evacuados los traslados respectivos, la Sala concedió el recurso mediante auto de fs.

52/53 por las razones entonces expuestas.

3. En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055 he de propiciar la rectificación del criterio sustentado por la Alzada al conceder el recurso interpuesto, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General a fs.

67/68.

Ello es así toda vez que, más allá de la definitividad que en principio (y con la salvedad efectuada ut infra) exhibe la decisión impugnada (vide "Dolce", R. A. y S., T.

97, pág. 151), lo cierto es que -en lo sustancial- los agravios planteados no resultan idóneos para posibilitar el acceso a la instancia extraordinaria atento a que sólo traducen la mera discrepancia del recurrente con la solución adoptada por los jueces de la causa en el ejercicio de facultades propias vinculadas con la valoración de hechos y pruebas y con la interpretación de las normas de derecho procesal aplicables al caso, extremos que resultan ajenos como regla a la vía intentada conforme reiterada jurisprudencia (vide R.

A. y S., T. 62, pág. 366; T. 65, págs. 40 y 116; T. 83, pág. 112, T. 92, pág. 221; T. 93, pág. 449; T. 95, pág. 400; también, Fallos, 300:65; 302:333, entre otros).

Dicha conclusión es forzosa a poco que se repare en que, si bien se mira, el impugnante no logra hacerse cargo del fundamento central sobre el cual reposa la respuesta de los jueces ordinarios, vinculado con la ausencia de demostración por su parte del hecho de que, siendo un profesional del derecho habilitado para el ejercicio de la abogacía, el mismo estuviera "imposibilitado de sufragar, aunque sea parcialmente, los gastos causídicos", tesis que -más allá de su acierto o error- responde a una valoración posible de las constancias de la causa y que, aunque que pueda no ser compartida por el recurrente, resulta suficiente para que el decisorio pueda sortear el test de fun Sentada la ausencia de arbitrariedad del "juicio sobre los hechos", lo mismo ha de predicarse respecto de la decisión de conceder parcialmente el beneficio de litigar sin gastos, decisión que responde a un criterio interpretativo que no puede ciertamente tildarse de absurdo o irrazonable sino que, por el contrario, es susceptible de ser visto como una solución prudente, "ajustada" y "proporcionada" que, descartando tentaciones de hermenéuticas "a todo o nada", posibilita encontrar aquellas "pautas de contención" que contemplen "la igualdad de oportunidades para acceder al servicio, remediando o compensando las inevitables desigualdades de fortuna de los litigantes", pero que al mismo tiempo "no desatiendan el equilibrio que debe imperar en el seno mismo del proceso convirtiendo al tutelado en un impune privilegiado" (vide "Corgnali", R. A. y S., T. 134, pág. 431; también T. 161, pág. 410).

En tal sentido el impugnante omite hacerse cargo de que, como esta Corte lo destacara in re "Corgnali" (cit.), en ocasiones "luce criterioso y, hasta cierto punto como única solución razonable, la concesión Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde expedirse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro decano doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?- el señor Ministro decano doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas (artículo 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).