marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fallos de la Corte Suprema, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fabris, Marcelo H. c/ Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

En el caso de los poderes políticos, sus actos se encuentran controlados por el planteo judicial de inconstitucionalidad, pero respecto de los de la Corte Suprema, que es el guardián mismo de la Constitución, no es razonable prever remedio alguno.
Cheque sin fondos, interpelación, intención de pago, dolo
Materia: PENAL
Carátula: BIASOTTI, JUAN CARLOS s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-29

Son cosas distintas la comunicación en sí, que es el dato objetivamente mencionado en la ley, y el conocimiento de lo comunicado que haya tenido la persona a quien se dirigió la misiva.

La precisión exacta de esto último importa cuando se trata de ponderar si la abstención de pagar que basta haber mantenido por veinticuatro horas para terminar de incurrir en el delito, fue o no voluntaria. El empeño serio en pagar excluye el carácter doloso de esa omisión. Pero cuando está totalmente fuera de la cuestión que no existió empeño ninguno, el punto es intrascendente.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giordano María Eugenia y otro c/ Bautista Juán Carlos y otros s/ Daños y Pejuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-26

En los supuestos en que resulta aplicable la prejudicialidad que menta el art.1101 del Código Civil no puede suspenderse el pronunciamiento de la Alzada a la espera del fallo penal, toda vez que la garantía de defensa en juicio aconseja brindar a los justiciables la ocasión de ser oídos en punto a la influencia que puede ejercer dicha sentencia sobre la civil; oportunidad que de otra manera no gozarían ante la consumación de los actos procesales de interposición y fundamentación del recurso de apelación y su contestación. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de primer grado y devolver los autos a la instancia de origen a fin de que se detenga el proceso hasta tanto exista resolución firme en sede criminal y se pueda dictar nuevo pronunciamiento.
Divorcio, separación de hecho, cónyuge inocente, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: I. de  G.A.A. c/ G.J.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Establece el art. 214, inc. 2do., del Código Civil, texto según ley 23.515, que es causa de divorcio vincular "la separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances y en la forma prevista en el art. 204". El cónyuge demandado no puede oponerse al pedido de divorcio si el plazo legal de separación de hecho está cumplido. Su única posibilidad;, si es inocente, es la de alegar y probar esa inocencia que le confiere la segunda parte del artículo, caso en el cual la sentencia equivaldrá a la dictada por culpa del otro. De todos modos tiene que demostrar su inocencia, lo que deberá resultar de la culpa del otro esposo.
Procedencia del recurso, empleo público, diferencias salariales, igual remuneración por igual tarea
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Roble, Carolina c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia que revocó el fallo de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley n° 5936 por considerar que no se había demostrado que en el caso, exista una clara violación a su derecho constitucional de igual remuneración por igual tarea. La sentencia impugnada debe ser revocada, debido a que si bien pueden realizarse modificaciones normativas a regímenes de empleo público, ellas no pueden poner en colisión el nuevo régimen con un derecho o garantía constitucional. La igualdad que la actora invocó quebrada por la ley n° 5936 no es la que existiría entre quienes se incorporasen a la función, al igual que ella, luego de la promulgación de la norma, sino entre estos (conjunto del que ella forma parte) y quienes ya venían haciéndolo, en condiciones en que el resultado arroja un trato disímil para quienes realizan labores que el a quo reconoce en sí indiscernibles. No cabe contestar el planteo de la parte actora con la dogmática invocación de que se asegura la igualdad de los iguales, entendiendo que se trata por igual a los miembros de la clase de quienes se desempeñaban antes de la medida cuestionada, así como la de aquellos que se incorporaron después, si no se encuentra un fundamento que justifique inteligiblemente la distinción entre la tarea de los miembros de una y otra clase. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Trabajadores marítimos, suspensión por falta o disminución de trabajo, suspensión por falta de flete, plazo máximo
Materia: LABORAL
Carátula: PERAZZO, HECTOR LUIS c/ CONAPA COMPAÑIA NAVIERA PARANA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

Los convenios colectivos de trabajo 370/71 y 4/72 fijan para las suspensiones por falta de flete, un plazo máximo de 90 días, establecido teniendo en cuenta las peculiaridades y fluctuaciones del tráfico marítimo, deviniendo inaplicable el plazo de 30 días previsto en la ley general. (artículo 220 ley de contrato de trabajo).
Prisión perpetua, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Estrella, Luis Fernando; Menéndez, Luciano Benjamín; Vera, Domingo Benito s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

La pena de prisión perpetua no puede ser encuadrada, pese a su severidad, como una pena cruel, atento la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad -Ley Nº 24.660- asegura al interno asistencia espiritual y médica integral, derecho a comunicarse con su familia y allegados y el ejercicio del derecho a aprender, disponiendo que la ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles inhumanos y degradantes -art. 9 de la citada norma-. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Traslado de la demanda, notificación, nulidad procesal, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DEL SUQUIA S.A. c/ MENA JOSE MANUEL s/ COBRO ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12

Debe declararse de oficio, por ser insubsanable, al afectar la estructura esencial del proceso y el derecho de defensa en juicio, la nulidad de todo lo actuado desde el traslado de demanda (art. 167 CPCC), cuando el accionado no fue nunca citado a juicio por falta de notificación en debida forma de la misma -no habiéndose cumplido el objeto de dicho acto procesal en ninguna etapa posterior del proceso que tramitó enteramente sin su intervención.
Cosa juzgada, divorcio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Villacampa, Ignacio c/ Almos de Villacampa, María Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

El art. 8 de la ley 23.515, al autorizar la conversión en vinculares de divorcios obtenidos durante la vigencia del anterior régimen legal (ley 2393) no altera la estabilidad de las decisiones judiciales ya que no autoriza una modificación de la esencia de las cuestiones implicadas en la litis: procedencia o improcedencia del divorcio de partes y atribución de culpas y no dispone, de ninguna manera, suspender o aún dejar sin efecto dicho divorcio.
Defraudación, administración fraudulenta, promotor de ventas
Materia: PENAL
Carátula: GALZUSTA, Gustavo D. s/ DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-26

El encausado mantenía con la empresa damnificada una relación contractual -no discutida por las partes-, por la cual aquél recibía productos cosméticos para su venta, estando obligado a rendir cuentas diariamente de las transacciones efectuadas. La omisión de restituir a su legítimo propietario los bienes no comercializados, configura el delito de defraudación por administración fraudulenta.
Crédito laboral, indemnización por despido, contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, empleo no registrado
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: CARRO, JORGE LUIS c/ EDENOR SA s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-02

Corresponde acceder al reclamo de indemnización por despido incausado en los términos de la ley 20744: 245, aún cuando la empleadora alegue que se trataba de un trabajo eventual, pues el contrato de trabajo que vinculara a las partes, si bien se iniciara como eventual se transformó en un contrato de tiempo indeterminado al extenderse por un periodo de tres años continuos (ley 20744: 90-2° parte); tampoco puede la empleadora en defensa de su postura, alegar falta de registración del trabajador en sus libros laborales, toda vez que los trabajadores eventuales también deben ser registrados en una sección particular (decreto 342/92: 13 y ley 20744: 52), y la falta de registración, debe ser merituada como una presunción en favor de las afirmaciones efectuadas por el trabajador (ley 20744).
Excepciones procesales, excepción de pago
Materia: PROCESAL
Carátula: MALAISI RAFFO, JORGE ALBERTO c/ DANERI ROBERTO GUILLERMO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-12

La excepción de pago de documentos no puede prosperar si el excepcionante no cumplió con la carga que le impone la ley en el momento de plantear la excepción, esto es acompañar constancias del pago expedido por el actor. Ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el demandado de dilucidar posteriormente la cuestión en el trámite del juicio ordinario posterior.
Empleo público, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V., M.G. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-12-14

.. "La salvedad establecida en el artículo.... es por demás elocuente en cuanto a que todo nombramiento del personal inviste carácter permanente a no ser que "expresamente se señale lo contrario en el acto de designación".
Títulos ejecutivos, certificado de deuda, cajas profesionales, falta de acción
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA PREV. P/PROF. EN CIENCIA ECONOMICAS DE LA PROV. DE SAN JUAN c/ Esposito Rizo Flavia Sofía s/ Ejecutivo - Actuaciones para Elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-09-10

Resulta improcedente la queja relativa al rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y falta de acción, en razón a que la ejecutada cuestiona su calidad de deudora sobre la base de circunstancias que remiten necesariamente al estudio de la causa de la obligación, como que no acredita haber solicitado la baja de su matriculación ni haber informado a la accionante que no realizó trabajo alguno durante el período reclamado (art. 6, ley 6333), y ha consentido el pase de esta causa a resolver el recurso de apelación sin solicitar que previamente se resuelva sobre las alegadas medidas probatorias denegadas.
Faltas del servicio, daño psíquico, empleados públicos
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: Oviedo, Enrique Javier c/ Provincia A.R.T. S.A. y Ots. s/ Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-08-11

La Provincia de Mendoza debe responder en los términos del art. 1112 del Código Civil por el daño psíquico que padeció el actor a causa de las acciones administrativas y penales seguidas en su contra, por el robo de armas en el juzgado en el que se desempeñaba y de las cuales fue sobreseído, pues aun reconociendo las facultades de investigación y sumarias que deben ejercerse en los organismos, cuando estas facultades se utilizan equivocadamente se producen daños en la persona de los agentes y en muchos casos irreversibles, como es el caso de autos, donde ante el pedido de los médicos tratantes del tipo de trabajo que el actor debía realizar, de que no se efectuaran sucesivos cambios dado el stress que le producía, no fue escuchado y siguieron con la actividad perjudicial llegándolo a cambiar de lugar de trabajos casi 9 veces en 2 años, sumado a que, el consejo de cambio de institución fue desoído.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sandoval c/ Domenez s/ Daños y Perjuicios Sandoval c/ Domenez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12|1992-05-12

La absolución del acusado en sede penal por estimarse que no estuvo acreditada en legal forma su responsabilidad, no impide en el juicio civil, declarar la existencia de responsabilidad a los efectos de la reparación del daño porque la culpa se aprecia con criterios distintos, de tal modo que la irresponsabilidad penal no lleva a la excepción de la responsabilidad civil.
Deberes del juez, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: R., M. R. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-18

Constituye un deber de los tribunales pronunciar sus sentencias atendiendo al estado de cosas existentes al momento de resolver y no es posible que los jueces resuelvan cuestiones que en el curso del proceso han quedada abstractas o vacías de contenido, o para responder a un interés meramente académico.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad por omisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vargas, Pabla c/ Club Náutico Hacoaj s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

Si el Estado debió constatar antes y controlar después el cumplimiento de los recaudos a que se condicionó la autorización solicitada y concedida, y no lo hizo, y el daño resultante guarda relación causal con la omisión se configura su responsabilidad pues no cumplió con su deber de vigilancia y custodia, absteniéndose en un tema en que estaban en juego intereses particulares cualitativamente relevantes como son el derecho a la vida e integridad física de la población.
Recurso extraordinario, demanda, daños y perjuicios, robo, boleto de compraventa, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Finardi, Alberto c/ D'Odorico Propiedades S.R.L. s/ robo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

La sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios -derivados del robo del que fue víctima quien había concurrido a una inmobiliaria para firmar un boleto de compraventa- se refiere a cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal y común, ajenas al recurso extraordinario (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Derecho civil, daños y perjuicios, prescripción, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL
Carátula: MENDIETA, Enrique Normando c/ Mazzoleni, Mercedes - Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Provincial s/ daños y perjuicios Instituto de Seguros de Jujuy - Estado Provincial s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-30

Por tratarse de obligaciones solidarias, es dable afirmar que la excepción de prescripción que opusiera uno de los codeudores alcanza a beneficiar a los demás (artículo 715 del Código Civil) . Las defensas comunes -también denominadas en doctrina objetivas o generales- son las que se vinculan con la obligación en sí misma y gravitan sobre todos los sujetos alcanzados por los diferentes vínculos jurídicos. Tienen carácter objetivo y, por naturaleza, aprovechan a todos los integrantes del frente común de deudores y pueden ser opuestas a cualquiera de los acreedores.
Contrato de trabajo, remuneración, reintegro de gastos al trabajador, uso de automotor propio, reintegro de gastos de movilidad, carácter no remuneratorio, AFIP DGI
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: EMPRESA ARGENTINA DE CEMENTO ARMADO S.A. GESIEMES S.A.U.T.E. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-20

Para que los gastos por uso del coche particular sean considerados no remunerativos, los montos deben ser establecidos en base a kilómetro recorrido conforme los parámetros fijados o que fije D.G.I., tal como lo exige el inc. d) del art. 2 del Dec. 333/93. En consecuencia, corresponde confirmar los cargos formulados sobre dicho rubro, si el organismo verificó que los pagos se realizaban en base a montos fijos y habituales.
Proceso penal, requerimiento de elevación a juicio, actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., E. L. s/ Incidente de nulidad en expediente (Expte Nº  76-02, Resolución Nº  9,  Tomo 7, Folio 408)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-10

El requerimiento de elevación a juicio proporciona la plataforma fáctica sobre la que habrá de discurrirse en el plenario. Por ello la relación clara, precisa, específica y circunstanciada del hecho atribuido es un elemento vital al proceso, es el eje del mismo y ello hace inexorable la mención detallada de todas las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que la conducta del imputado se exterioriza. Consecuentemente es nula la pieza acusatoria si la misma no satisface los requisitos exigidos bajo sanción de nulidad del artículo 373 del código de forma, específicamente en su inciso segundo cuando manda describir el o los hechos atribuidos.
Prueba, reglas de la sana crítica, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: "Botto, Alicia Beatriz c/ Toledo, Miguel Horacio s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-10-08

De lo que se lleva dicho puede extraerse la siguiente conclusión: se tuvo por reconocidos hechos de gravedad cuando no debió tenérselos por reconocidos, se aplicó parcializadamente la prueba testimonial, se merituó un "informe" que no es tal y que no pudo razonablemente ser tenido en cuenta y, para terminar, no se analizó la prueba pericial producida tomando, al mismo tiempo, un camino diametralmente opuesto. De todo ello se infiere la existencia de una apreciación absurda de la prueba y, en consecuencia, una sentencia arbitraria que no tomó en consideración prueba relevante para la solución del caso.

En suma, la sentencia atacada ha violado las reglas del artículo 376.1. del CPCCLRyM, por haber quebrado las reglas de la sana crítica y del art. 420 del mismo código, por el inexplicado apartamiento del dictamen pericial. Asimismo, se ha utilizado erróneamente el art.365, inciso "a" del CPCCLRyM, al atribuirle una amplitud que no posee. El resultado de tales infracciones origina una sentencia que no es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, mereciendo su descalificación técnica como acto judicial, de acuerdo a la pacífica y reiterada doctrina de la Corte Suprema Nacional. (del voto del Dr. González Godoy)
Interés del menor, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Fermoselle, Diego Julio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-17

La disidencia postuló el rechazo del planteo con fundamento en que se valoró que los menores están al resguardo de sus respectivas madres y no se encuentra acreditado, ni siquiera señalado, que se hallen en situación de riesgo o desamparo. (Dres. Borinsky -disidencia-, Figueroa, Hornos).
Recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos, contratos administrativos, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: SAVIC SOCIEDAD ANONIMA VIAL Y CONSTRUCTORA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 118-81)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-03-20

La vía procesal elegida -Recurso Contencioso Administrativo- es la apta por tratarse de la lesión a un derecho subjetivo de carácter administrativo otorgado por un contrato de obra pública (artículo 10 ley 4106), y no la de una acción ante los tribunales ordinarios (ley 7234), que hubiera correspondido en caso de hechos dañosos "ajenos a la recepción de la obra y posteriores a la misma".

La conclusión es, pues, que teniendo la pretensión carácter contractual adquieren relevancia los efectos que produce la recepción final de la obra y las medidas que adoptó o pudo adoptar la recurrente para conservar su derecho al pago de lo que hoy reclamo la Empresa a la Provincia.
Policía, enrolamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Galaburri, Tadeo c/ Yancis, Zacarías s/ competencia - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-09-10

La ejecución de las leyes de enrolamiento pertenece a los gobiernos provinciales, que en ello se consideran como agentes del gobierno nacional, y pueden castigar las infracciones de las disposiciones tendientes a dicha ejecución.
Efectos de la sentencia penal en sede civil, culpa penal
Materia: CIVIL
Carátula: Chumacero, María Loredo c/ Farfán, Carlos Alberto s/ Ordinario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-02-15

El sobreseimiento total y definitivo dictado en sede penal, por haberse extinguido la acción penal por prescripción, no impide analizar y resolver la responsabilidad del imputado en el ámbito civil, dado que los principios que conducen a determinar la culpabilidad penal son distintos de los que regulan la responsabilidad civil, máxime cuando la sentencia penal se limitó a declarar extinguida la acción respectiva, corroborando solamente el efectivo cumplimiento del plazo de prescripción, sin realizar análisis alguno acerca del hecho y su autoría, lo cual deja plena libertad para valorar en sede civil las pruebas arrimadas del expediente penal, quedando incólume el principio de inocencia que prima en ésta sede.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, concursos, pedido de quiebra, empresa extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  GENERAL  DE  NEGOCIOS  SAIPE s/ PEDIDO DE QUIEBRA PORMIHANOVICH,   RICARDO  L.  (www.microjuris.com;  ED  26.3.09,  f.55828)*.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-24

1.-Es procedente el recurso extraordinario federal -art. 14 , ley 48-  deducido contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que rechazó el pedido de quiebra formulado contra una sociedad de intermediación financiera externa constituida en la República Oriental del Uruguay, con sustento en que ésta tendría su domicilio en dicho Estado y que, por aplicación de los arts. 35 del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889 y 40 del Tratado de Derecho Comercial de Montevideo de 1940, sería competente la Justicia uruguaya para entender en el pedido de falencia, si se ha omitido ponderar -entre otras cuestiones- que la sociedad cuya quiebra se peticiona funcionaba clandestina y marginalmente en dependencias de un banco situado en la República Argentina, captando dinero y disponiendo de esos fondos, a la vez que el domicilio situado en la República Oriental del Uruguay actuaba como una simple oficina de registración contable. 2.-Es competente para entender en el pedido de quiebra formulado contra una sociedad comercial constituida en la República Oriental del Uruguay el juez de su domicilio comercial, por aplicación de los arts. 35 del Tratado de Derecho Comercial Internacional de Montevideo de 1889 y 40 del Tratado de Derecho Comercial de Montevideo de 1940, debiendo entenderse por "domicilio comercial", de acuerdo a lo establecido en el art. 3º de este último tratado, el lugar en donde el comerciante o la sociedad comercial tienen el asiento principal de sus negocios. 3.-Al juzgar si resultan competentes los tribunales nacionales para entender en el pedido de quiebra formulado contra una sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay que actúa en la República Argentina, no puede prescindirse de ponderar el régimen legal de constitución del ente y el consiguiente margen de actuación legal que a éste le concierne en ese marco normativo.