Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04


Buenos Aires, 4 de septiembre de 2007.

Vistos los autos: "Fossati, Pablo Alfredo y otro c/ Banco Bansud S.A. s/ despido".

Considerando:

1°) Que la Sala V de la C mara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de la instancia anterior, adverso a la demanda deducida con el fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad del límite a la indemnización por despido establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y, adem s, que la demandada fuese conde­nada al pago de la diferencia entre el importe de la indemnización percibida en los términos de la ley citada y el que surge del art. 16 de la ley 25.561, que duplicó el quantum de aquélla.

En lo concerniente al primer aspecto, el a quo Cme­diante la cita de precedentes anteriores al dictado del fallo de la Corte Suprema in re: "Vizzoti" (Fallos: 327:3677)C con­cluyó que el tope previsto por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el caso, no desnaturalizaba el derecho que se pretende asegurar ni lesionaba el art. 17 de la Constitución Nacional. En lo relativo al segundo ítem demandado, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto 50/ 02 Ccomo sí lo había hecho el juez de primera instanciaC, descartó que la demandada haya actuado con abuso del derecho pues, según lo afirmó, no se acreditó en la causa que al mo­mento de disponer el despido de los actores, aquélla haya conocido el texto de la ley 25.561 y "...aun en la hipótesis de que hubiera tenido conocimiento tangencial de la norma por los medios periodísticos...tuvo una causa objetiva (justifi­cada o no) para disponer la extinción del vínculo laboral como lo hizo" (fs. 86/87).

2°) Que contra la sentencia los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 92/94, que fue contestado a fs. 97/99 y concedido mediante la resolución de fs. 101, cuyos términos habilitan al Tribunal a abordar la totalidad de los planteos de los recurrentes, con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (conf. doctrina de Fallos: 321:3620; 322:3030; 323:2245; 325:1297 y 1454; 327:4227 y 4237, entre muchos otros).

3°) Que, con respecto al rechazo de la doble indemnización reclamada en los términos del art. 16 de la ley 25.561, asiste razón a los recurrentes en cuanto endilgan arbitrariedad al fallo impugnado. En efecto, en la sentencia se ha ignorado por completo el contenido del decreto 50/02 norma que ha sido dictada en uso de las facultades conferidas por el art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional y, mediante la cual se dispuso establecer "...el día 6 de enero de 2002 como fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 25.561", de manera tal que sin efectuar ninguna clase de examen de aquella norma ni declarar su inconstitucionalidad el a quo prescindió de su aplicación, aun cuando se trataba de una norma, prima facie, pertinente para la resolución del caso, pues ambas partes concuerdan en que el despido data del 7 de enero de 2002. Asimismo, con independencia de lo dispuesto en aquel decreto, en la sentencia también se ha soslayado la consideración de otra defensa relevante para la suerte del litigio, esto es, el conocimiento que los actores le atribuyeron a la demandada acerca del texto de la ley 25.561 Cnorma que adem s de ser publicada en diversos medios de prensa, lo fue en el número extraordinario del Boletín Oficial del día 7 de enero de 2002C, puesto que el a quo se limitó a rechazar tal planteo mediante la lacónica aserción de que se trata de una afirmación de los recurrentes "...dogm tica...[que] no fue acreditada en la causa" (fs. 86). Por último, al afirmarse en el pronunciamiento recurrido que "...la empleadora no actuó en contraposición con el art. 1071 del Código Civil ni aun en la hipótesis de que hubiera tenido conocimiento tangencial de la norma por los medios periodís­ticos pues tuvo una causa objetiva (justificada o no) para disponer la extinción del vínculo laboral como lo hizo" ver fs. 86/87, el resaltado no pertenece al texto transcripto, se desconocieron los términos en que había quedado trabada la litis y se introdujo una cuestión no controvertida por las partes, pues éstas a lo largo de todo el proceso han concordado en que el despido fue sin causa justificada (ver, a título de ejemplo, lo expresado por la propia demandada a fs. 26 vta. de su contestación a la demanda), esto es, que se hallaba reunido el presupuesto necesario al que se refiere el art. 16 de la ley 25.561 para la procedencia de la doble indemnización a la que alude la norma pero, en cambio, expresa­ron su disenso con respecto a si dicha norma se hallaba vi­gente o no a la fecha en que los actores fueron despedidos.

Las deficiencias apuntadas demuestran nítidamente que el fallo apelado adem s de no sujetarse al principio de congruencia consagró un menoscabo a la garantía de defensa de los derechos enunciada en el art. 18 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, debe ser descalificado con arreglo a conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad de sentencias, sin que ello importe abrir juicio sobre el resultado definitivo al que quepa arribar.

4°) Que, sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar que los agravios planteados en el remedio federal vinculados a la validez constitucional del límite a la indemnización por despido establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, hallan adecuada respuesta en lo expresado por el Tribunal al decidir el caso "Vizzoti" (Fallos: 327: 3677), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad y, en consecuencia, deber n ser considerados con sujeción al criterio del precedente citado, en el nuevo fallo que el Tribunal ordena dictar por la presente.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia con el alcance indicado precedentemente. Las costas se imponen por su orden, en atención al criterio del Tribunal sostenido en el caso "Martínez, Rubén y otros" (Fallos: 328:2916) y en el fallo allí citado. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado. Notifíquese y, opor­tunamente, remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).

ES COPIA DISI-//- -//-DENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY Considerando:

1°) Que la Sala V de la C mara Nacional de Apela­ciones del Trabajo confirmó el fallo de la instancia ante­rior, adverso a la demanda deducida que pretendía la declara­ción de inconstitucionalidad del límite a la indemnización por despido establecido en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que la demandada fuese condenada al pago de la diferencia entre el importe de la indemnización percibida en los términos de la ley citada y el que surge de la aplicación del art. 16 de la ley 25.561 que duplicó el quantum de aqué­lla.

2°) Que contra el fallo los actores interpusieron el recurso extraordinario de fs. 92/94 Ccon fundamento tanto en la arbitrariedad de la sentencia como por la cuestión constitucional antes señaladaC que fue contestado a fs. 97/99 y concedido mediante la resolución de fs. 101.

3°) Que en lo concerniente a la omisión de pronun­ciamiento sobre la entrada en vigencia del decreto 50/02, el recurso es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

4°) Que en lo atinente a la validez constitucional del citado art. 245 según la ley 24.013, la cuestión es sus­tancialmente an loga a la debatida y resuelta por este Tribu­nal en Fallos: 327:3677 (causa "Vizzoti"), a cuyas considera­ciones y fundamentos se remite por razón de brevedad.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara parcialmente procedente el recurso extraordinario interpuesto y se revoca la sentencia apelada con el alcance indicado precedentemente. Con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corres­ponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expre­sado. Notifíquese y, oportunamente, remítase. CARMEN M. ARGIBAY.

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