marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio público, actividad comercial, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

En lo que respecta a la aplicación del régimen especial de consumidores cuando el servicio estaba destinado a un uso comercial, la Sala Civil y Comercial del STJER sentó doctrina legal vinculante sobre el punto (Expte. N° 7767, del 21/03/2019), de la que emana que, no se trata en esos supuestos de destinatarios finales de los bienes o servicios que utilizan, y que por ende, la reparación de los daños comerciales que se hubieran podido experimentar en el ejercicio de la profesión o actividad, se encuentran excluidos de las disposiciones tuitivas de la Ley 24240
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gonzalez Fajore, Jorge c/ Nievas, Amalia s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-12

No es viable remitirse a los argumentos vertidos por las partes, pues el actual ordenamiento procesal no contiene una norma que posibilite al juez derivarse a los argumentos expuestos por ellas, debiendo entenderse que el legislador ha querido que la fundamentación exigida por el art. 161 inc. 1º sea explicitada clara y concretamente por el magistrado en el cuerpo de la decisión jurisdiccional, haciéndose un examen pormenorizado de las defensas o cuestiones que los justiciables hacen valer.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes del funcionario público, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Quilodran, Guillermo N. y Otros s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-26

"Comete el delito del art. 249 C.P., el funcionario que expresa o sistemáticamente no quiere cumplir las disposiciones inherentes a su oficio".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: LABORAL
Carátula: Fiol, Adriana Isabel y otras c/ A.G.A. Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que cuestiona el importe de la indemnización por daños y perjuicios fijado por el tribunal del trabajo sin ocuparse de impugnar pauta objetiva ninguna de las utilizadas, como tampoco el método desarrollado en el fallo.
Recurso de inconstitucionalidad, intereses, tasa activa, convertibilidad, jueces, leyes, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: ROMERO, JORGE ALBERTO c/ PROPIETARIO FORD FALCON S 474 500 s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 593 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

No generan "per se" cuestión constitucional que permita la apertura de la vía excepcional, los cuestionamientos enderezados por el recurrente que no traducen sino su discrepancia para con lo decidido por la Alzada respecto a los intereses moratorios dispuestos en las sentencias judiciales.

Así, en relación a la invocada incongruencia en que habría incurrido el Tribunal a quo al decidir sobre una cuestión respecto de la cual las partes no se habrían agraviado, no se configura tal vicio desde que la aplicación de oficio de la ley de convertibilidad tiene su justificación conforme lo dispuesto por el artículo 13 de la misma que, tras enunciar el carácter de orden público de su normativa, establece que ninguna persona podrá alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.

Y en cuanto a la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del artículo 622 del Código Civil, como consecuencia de lo establecido por la ley 23.928, la misma queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que tienen la labor de interpretar dicho ordenamiento, sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única de esta materia.

En base a tales pautas, la aplicación al caso de la tasa efectiva promedio mensual -vencida- que cobra el Banco Provincial de Santa Fe en operaciones de descuento de documentos, no luce irrazonable como para merecer reproche constitucional.
Caducidad de instancia, legitimación procesal, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES c/ CUNEO, CARLOS s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15

Toda vez que el defensor oficial debe encontrarse al momento de asumir la representación en las mismas condiciones en que se encontraría el propio demandado en el caso de tener que defenderse por si mismo, esta facultado para acusar la caducidad de la instancia en representación del demandado ausente. Máxime considerando que la citación por edictos a este último importa un mero acto de citación convocándolo a estar a derecho y su incomparecencia tendrá como único efecto la asunción de la representación en juicio por medio del ministerio de ausentes y no la pérdida de ninguna facultad procesal.
Defraudación, abuso de firma en blanco, pagaré, mandato tácito, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: VLAHOVIC, Domagoy. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

Si el imputado recibió un pagaré rubricado por los querellantes, e hizo completar las fechas de emisión y de vencimiento, ello no constituye delito, al ser entendido como un mandato tácito. Si el tenedor del pagaré completó las fechas dejadas en blanco por el librador, no es pasible de sanción penal.

Por ello, debe confirmarse el sobreseimiento del imputado.
Facultades del Poder Legislativo, Poder Legislativo Nacional, extinción de la acción penal, facultades delegadas
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Price, Brian Alan y otros c/  s/ homicidio simple
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Es únicamente al Congreso de la Nación a quien le incumbe legislar sobre la extinción de las acciones en razón de la delegación de los artículos 75, inciso 12, y 126 para dictar el Código Penal (Voto del juez Maqueda).
Accidente de tránsito, homicidio culposo, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Piquín, Oscar Alfredo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-01

Ante la imposibilidad de determinar si hubo de parte del imputado una conducta antirreglamentaria, imprudente o imperita en virtud de la discordancia existente entre el plano a escala y las fotografías tenidas en cuenta para elaborar los peritajes, corresponde absolver al nombrado del delito de homicidio culposo ocasionado por la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo automotor. (Dres. Catucci, Madueño y Fégoli).
Derecho laboral, despido discriminatorio, colaborador gremial, prácticas desleales, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Correa, Juan Manuel c/ Biblioteca Nacional Mariano Moreno s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

El actor que laboraba en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno fue despedido. Sostiene que dicho despido respondió a su condición de Consejero Gremial de Capacitación en la Biblioteca Nacional primero, y luego de Delegado Congresal de la C.T.A. Sin embargo, la accionada niega haber sido notificada de dicho nombramiento. El inc. b) del art. 49 de la ley 23.551 establece que para que tenga operatividad la tutela sindical es necesario que "la designación haya sido comunicada al empleador" por cuanto tal comunicación es constitutiva del derecho a la estabilidad. A su vez, respecto de la forma de dicha "comunicación" la ley agrega que "se probará mediante telegramas o cartas documento u otra forma escrita". La referencia a "telegrama" o "carta documento" busca dar certeza a la comunicación, circunstancia esta que no puede conferírsela a la "nota" que en fotocopia simple e ilegible se incorporó al expediente. En orden al incumplimiento de la carga impuesta en el inc. b) del citado art. 49 de la ley 23.551 no puede considerarse operativa la tutela sindical prevista en el capítulo XII de la ley 23.551. Sin embargo, cabe sostener que el despido respondió a la "opinión gremial" del trabajador, circunstancia prevista en el art. 1° de la ley 23.592. Desde esta perspectiva, la decisión de la empleadora tiene naturaleza discriminatoria y afecta un derecho humano fundamental (art. 14 bis. CN). Asimismo, la conducta de la accionada de acuerdo a lo dispuesto en el inc j. del art. 53 de la ley 23.551 constituye una práctica desleal.
Competencia, acción de amparo, derecho electoral, inconstitucionalidad, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: ROJAS ALCORTA GUSTAVO s/ AMPARO ELECTORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-25

El presente juicio de amparo promovido contra la Provincia, sustancialmente fundado en la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nro. 490/14 por el que se convoca a elecciones provinciales, municipales y comunales para el día 29/6/2003. Como consecuencia de ese planteo, impugna también la Resolución 32/2003 de la H. Junta Electoral Provincial de convocatoria a elecciones internas abiertas.

Principalmente denuncia como constitutivo de la pretensión esgrimida un instrumento que expresa una actividad ordinaria, en el ámbito del derecho público, del Organo Ejecutivo del Estado Provincial.

Dicho acto no resulta aprehendido en el primero de los supuestos previstos en el art. 4, segunda parte del CPCT, correspondiendo a lo, hasta aquí dicho añadir que la resolución, también atacada, de la H. Junta Electoral Provincial no emana de ninguno de los Poderes ni órganos judiciales indicados en el referido art. 4 del CPTT, por lo que tampoco su impugnación queda comprendida en el ámbito competencial previsto en ese dispositivo legal.

Por lo expuesto resulta competente para conocer en estos autos, en razón de la materia, la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, a tenor de lo dispuesto por el art. 57, primera parte, de la LOPJ.

A tal efecto es aplicable en el sub examine, en virtud de los fundamentos desarrollados en el precedente contenido en sentencia Nro. 362 del 24/5/99, la declaración de inconstitucionalidad de lo normado por el art. 57, primera parte del CPCT, por resultar incompatible con el principio consagrado por los arts. 4, primera parte y 15 del referido digesto que establecen, como regla general, la competencia de los tribunales de primera instancia, la que debe atribuirse por razón de la materia, privándolos de validez y eficacia.
Recusación, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSA, JESICA VANESA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-01

Por aplicación de jurisprudencia de la Corte nacional, corresponde rechazar el planteo de recusación de tres de los señores Ministros de esta Corte, en la medida en que las opiniones dadas como fundamentos de la atribución específica de dictar sentencia no comportan prejuzgamiento sino juzgamiento; y tampoco se advierte que las consideraciones que la recurrente reputa innecesarias respondieron a la necesidad de poner en conocimiento el criterio que había sido recientemente expuesto por el Tribunal en causas que el propio impugnante calificó de "el mismo caso", de manera de contribuir a la celeridad procesal y seguridad jurídica. (Del voto del Dr. Falistocco)
Verdad jurídica objetiva, Constitución Nacional, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: Caluma S.R.L. c/ Gobierno de la Provincia de San Luis s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-05-28

La renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva no se compadece con el adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional, conforme lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Cfr. Fallos 304 p. 1537).
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salinas, Marcela c/ Cao, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

No dudo que las avenidas de doble mano y generalmente de nutrido y abigarrado tránsito en las urbes actuales (pensemos en las calles 7 y en la 520; en las diagonales 77, 79 o 80, etc...) poseen una mayor jerarquía que las arterias o calles de una sola mano que se asoman o desembocan en ellas. Pero no es la jerarquía arquitectónica urbanística por sí sola lo relevante para desentrañar el verdadero sentido del precepto excepcionante al principio general contenido en el art. 57 inc. 2 ap. 3 de la ley 11.430.

Dicho sentido, su significado o ratio legis ha de buscarse de la mano de la lógica -que en nuestra faena es la lógica de lo justo y lo razonable- dentro del contexto sistemático en que tal norma se integra y en el cual, tanto ésta como el principio al que excepciona, se entrelazan en forma coordinada y armónica en pos de satisfacer el interés o las bases fundantes del sistema al que pertenecen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, nulidad procesal, incidente de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: DENDAL, ENRIQUE MARTIN. c/ GONZALEZ, LUCIANO RUBEN Y OTROS S/ D. Y P. POR USO AUTOM. s/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-30

Si bien es cierto -conforme certificación actuarial- que la apelante dejó nota en el libro de asistencia de profesionales perteneciente al juzgado, dicho acto no purga la caducidad, como pretende el quejoso, pues fue posterior al acuse de su contraria.
Recurso extraordinario, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Gil, Miguel A. y ot. s/ Privación ilegal de la libertad. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-22

Resultan abstractos los agravios traídos por el señor Fiscal de Cámaras sobre el art. 38 del dec. ley 6582/58 pues la ley 24.721 ha derogado el citado decreto cuya aplicación pretende el recurrente.
Embargo preventivo, ampliación del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Manfroni, Marino c/ Sequeira, Carlos Raúl y/o Díaz de Sequeira, Nora Josefina s/ Ejecución hipotecaria -incidente de nulidad- Sequeira, Nora Josefina s/ Ejecución hipotecaria -incidente de nulidad-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-04-17

Mientras no se demuestre razonablemente, la insuficiencia de un embargo ya trabado o se justifique que este no cumple adecuadamente con su función de garantía no corresponde decretar un nuevo embargo o la ampliación del ya trabado.
Aplicación de la ley, fideicomiso, simulación, daños y perjuicios, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ascar, María Andrea c/ Ahibe, Rosa Argentina y otros  s/ Ordinario daños y perjuicios (Turno A)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-29

En la nulidad por simulación de un contrato de fideicomiso, resulta determinante para juzgar la procedencia de la pretensión, entre otras circunstancias, la ausencia de actividad productiva, la búsqueda de mayores beneficios económicos, el desconocimiento de la figura legal por parte del fiduciante, la falta de realización de un objetivo productivo propio que se explique como un proyecto innovador para justificar la conversión y destino de sus bienes hacia ese contrato, la no adquisición de nuevos bienes como inversión, la falta de asunción de nuevos riesgos empresariales, la ausencia de cambios sustanciales en la actividad, y la existencia de un administrador sin mayores mayor conocimiento o especialización.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, resoluciones judiciales, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Marsala, Andrés  c/ Sagaseta, Walter Andrés s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

En relación a los efectos del sobreseimiento y la absolución sobre la consideración del hecho en sede civil, la norma del CCCN 1777 no hace referencia a ninguna de esas dos calificaciones, sino que pone el foco en los juicios sobre los hechos que se hicieren en un fallo penal.

En lo que respecta a los efectos del sobreseimiento, debe diferenciarse según los fundamentos que sustentan dicha decisión. Si la resolución del juez penal obedece a que se encuentra acreditado que el hecho no se cometió, o que no lo realizó el imputado, el magistrado civil no podrá abstenerse de considerar dicha solución a fin de dirimir el conflicto; por el contrario, si el sobreseimiento se fundamenta en otras razones (v. gr. prescripción de la acción penal) el magistrado que intervenga en el proceso de daños quedará en absoluta libertad para decidir sobre las cuestiones que se le articulan (v. CNCom, Sala E, in re "Iraldi José Carlos y otros c/ Godoy, Juan Carlos s/Sumario", del 6/07/19; con cita de: Lorenzetti, Ricardo Luis; "Código Civil y Comercial comentado, tomo 8, pág. 669, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015).
Cambio jurisprudencial, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Canchi, Gerardo Daniel s/ Incidente De Ejecución De Pena - Recurso De Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-06

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad mediante el cual se persigue que se deje sin efecto la sentencia que impuso pena de prisión perpetua, basado en la variación de la jurispru-dencia de la Corte en relación a la actuación promiscua del Sr. Fiscal de Causas Policiales y Penitenciarias que, en el caso, ha-bría actuado en forma independiente, contradictoria y opuesta a la del Sr. Fiscal de Cámara al solicitar la imposición de dicha pena, pues la igualdad no queda violada por la variación de la jurisprudencia en el tiempo y existe una notoria diferencia entre ley más benigna y la pretendida jurisprudencia penal más benigna, dado que una sentencia más benévola es una norma particular.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rossello, J. C. c/ Corrales, Martín Amado s/ Nulidad de convenio de compraventa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-14

La apelación -en nuestro derecho- no comporta un nuevo juicio donde puedan aducirse nuevas defensas y ofrecerse nuevas pruebas; sino un nuevo examen. De modo que no le es posible a la alzada apartarse del contenido de la relación procesal como ha sido trabada en los escritos de constitución del proceso (doc. art. 272 del C.P.C.C.).-
Universidades, concursos docentes, jurado del concurso, participación de los alumnos, Constitución Nacional, derecho de enseñar y aprender
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Mocchiutti, Juan c/ U.N.C. s/ contenciosoadministrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

La integración de los jurados con estudiantes y graduados de la carrera conjuntamente con profesores de la especialidad respectiva, no conculca el derecho de enseñar que garantiza la Constitución Nacional. Ello es así, pues aún cuando se acepte que el estudiante no tiene idoneidad necesaria para expedirse sobre el valor científico de las obras o publicaciones de los concursantes, debe aceptarse que sí cuenta con la aptitud suficiente para valorar aquellos aspectos que hacen a las dotes pedagógicas de aquéllos (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert y Carlos S. Fayt).
Empleados públicos, adicionales de remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Coronado, Pedro y otros c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-21

Corresponde determinar si el actuar de la Administración -variar el modo de calcular una bonificación especial- configura un actuar manifiestamente ilegítimo o arbitrario que habilite la procedente de la acción. Dentro de las potestades discrecionales del Poder Ejecutivo, se cuenta la de otorgar adicionales particulares cuando razones de servicio lo justifiquen; aspecto que corresponde al ámbito de competencia propia y exclusiva del poder estatal, excluido -por regla- del control judicial.

Estamos en presencia del ejercicio de una potestad discrecional; no existe una fuente fáctica o legal que le imponga a la administración que mantenga un modo de calcular la bonificación especial en cuestión y, atendiendo a la amplitud con que ha sido concebida la facultad legal, ab-initio revela la naturaleza precaria de los adicionales o su base de cálculo, toda vez que la misma refleja idéntico margen tanto para establecerlo cuanto para suprimirlo. La forma de calcularlo es una actividad discrecional del poder administrador y constituye una cuestión de política económica y salarial, excluidos de la revisión judicial. Quien repute de invalidez un acto administrativo discrecional debe, necesariamente, probar la ilegitimidad del mismo, lo que no se da en el caso, por lo que corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Prueba, idoneidad del testigo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TOMATIS HUGO c/ JUAN QUINTEROS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-19

Recordemos que el Código de Procedimiento civiles modificó con la ley 7498 lo referente al tema de idoneidad de los testigos y lo referente a tachas, que fue suprimido. El actual art. 328 C.P.C. en su terminología es igual al 458 del C P. de la Nación, que también ingresó este artículo con la modificación de la ley 14.237 en su art.32. Como el nuestro, instituía el sistema de tachas para los testigos. Ahora con su nueva redacción, el art. 328 C.P.C. con la facultad de impugnar los testigos, no se contrae a la alegación de determinadas causales, sino que se extiende a "las condiciones personales o con las aptitudes morales o intelectuales de los testigos", sea susceptible de excluir o disminuir la eficacia probatoria de sus declaraciones. Corresponde diferenciar: a) impugnación dirigida contra la persona de los testigos, que se refiere al art. 328 C.P.C. y son las únicas que pueden alegarse y probarse durante el período probatorio. b) la que tiene por objeto demostrar las contradicciones o falsedades de que padece la respectiva declaración (las "tachas del dicho"). Están pueden hacerse valer en los alegatos, si se trata de un proceso sumarial o simplemente invocarse en el acto de la declaración testimonial, en los restantes tipos de procesos, para ser resueltas en la sentencia. Por lo tanto la pretensión de poner otro testigo para probar la "idoneidad como testigo del primero" no encuadra en lo dispuesto por el art. 328 C.P.C., pues no se refiere a condiciones personales, morales o intelectuales del primer testigo, quedando a la parte respecto de las declaraciones contradictorias o falsas, alegarlo en la oportunidad del alegato de bien probado.-
Ministerio Público, acusación fiscal, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: ROPPULO, NICOLAS JAVIER c/  s/ 1) HOMICIDIO AGRAVADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO EN GRADO DE TENTATIVA Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL O CONCURSO REAL 2) PARTICIPE PPAL. DE HOMICIDIO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-04-14

Aún cuando en la etapa recursiva la acusación siga siendo una referencia necesaria, lo que está en juego cuando se apela una condena no es ella, sino el fallo, desde que la segunda instancia no es un control de calidad de la acusación, sino un control de calidad del fallo; y es por eso que los agravios son considerados inexistentes cuando se limitan a reproducir la discusión de baja instancia, sin formular una crítica del fallo y también en razón de ello es que el imputado puede desistir libremente del recurso, pues de tal manera no está admitiendo tardíamente la acusación, sino que está consintiendo el fallo. Por lo demás, no debe perderse de vista que aún cuando la segunda instancia es una etapa dónde rige plenamente la disponibilidad de la acción, quien puede emplear esta herramienta es el apelante, y no el apelado (Del voto del Dr. Oliva) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 548 VII.