Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03


Causa Nº 391-00/CC/2005, Sala II, Caratulada "Arriolo, Matías s/infr. art. 72 CC Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de abril de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch, Marcela De Langhe y Pablo Bacigalupo, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Llegan los actuados nuevamente a conocimiento de esta Alzada en virtud del recurso de inconstitucionalidad impetrado por León Carlos Rosenfeld -en su carácter de Presidente y representante del Consejo de la Magistratura de la CABA- (fs. 137/142) contra la resolución de esta sala, dictada el 23 de noviembre del año en curso (fs. 122/23), en cuanto declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por esa misma parte contra la regulación de honorarios de la Perito Norma Beatriz Farkouh Varela efectuada por la instancia de grado.

Funda el impugnante su petición sobre la base de que el resolutorio recurrido "...constituye un atropello a las atribuciones constitucionales conferidas por la Constitución local al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vulnera el derecho de defensa (...), configurándose un claro caso de gravedad institucional y arbitrariedad de sentencia, a más de interferir en la regular gestión del Cuerpo (...) causando grave perjuicio al interés público..." (fs. 137).

Corrido el traslado correspondiente, la Sandra Verónica Guagnino dictaminó que debe declararse admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en virtud de entender que se ha planteado un verdadero caso constitucional. Sustenta dicha posición en que la denegatoria de la admisibilidad del recurso de apelación acarreó: 1) la violación del derecho de acceso a la justicia y defensa en juicio; 2) el impedimento al ejercicio de funciones fijadas en la Constitución local; 3) un supuesto de arbitrariedad de sentencia (fs. 146/148).

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes se encuentran estas actuaciones en condiciones de ser resueltas Y CONSIDERANDO:

Corresponde, a fin de decidir sobre la admisibilidad del remedio intentado, realizar un análisis a la luz de los requisitos establecidos en el art. 53 LPC y en los arts. 27º y 28º de la ley 402, tendiente a determinar si se han respetado las demandas formales y sustanciales de viabilidad exigidas para habilitar la instancia extraordinaria -impugnabilidad objetiva y subjetiva-.

En ese sentido, se ha puesto en crisis la decisión de esta alzada que no reconoció al representante del Consejo de la Magistratura legitimación activa para recurrir la regulación de honorarios efectuada por el juez de mérito, en tanto no es parte en el proceso jurisdiccional en cuestión ni le es posible constituirse en ese carácter atento su rol institucional y la competencia asignada -constitucional/legal-. Resulta inevitable concluir en que, si existen razones de rango superior que vedan al Presidente del Consejo el acceso a la instancia recursiva ordinaria, ello acarreará idéntica consecuencia respecto de la extraordinaria. Es que, más allá de que desde el punto de vista meramente objetivo se cuestione la inteligencia de cláusulas constitucionales, la competencia extraordinaria requerirá para habilitarse del agravio efectivo y concreto de un sujeto de derecho pasible de tutela judicial -como presupuesto de procedibilidad-.

En efecto, el art. 53 de la LPC faculta únicamente al contraventor a ocurrir -por la vía del remedio de inconstitucionalidad- ante el Tribunal Superior lo cual ya de por sí limita y restringe la legitimación activa para acceder a la instancia extraordinaria. Ello sin perjuicio de que el TSJ ha admitido eventualmente tal potestad al Ministerio Público Fiscal siempre y cuando sea a favor del perseguido -atendiendo al rol tutelar del órgano-. Se desprende entonces, la no concurrencia en el caso del requisito de impugnabilidad subjetiva establecido por la ley procesal, extremo que torna -desde esa óptica- inadmisible el recurso en trato.

Por otra parte, como ya se explicitó, el motivo de agravio es la denegación por esta sala de la apelación interpuesta contra la regulación de honorarios que fuera concedida por el Magistrado de mérito, en razón de no considerar legitimado ni competente para ello al Consejo de la Magistratura -no es parte ni cumple con las condiciones para constituirse en tal carácter-. Respecto a si se ha planteado con éxito un auténtico caso constitucional en torno a la supuesta contrariedad de la decisión impugnada -aplicación de la ley- con una cláusula de rango supremo del ordenamiento local y nacional, es preciso concluir en que la mera invocación de normas constitucionales no bastará para abrir el recurso; la cautela es imperativa en tanto no existe norma que no regule derechos de ese rango, ni acto jurisdiccional que en última instancia no interprete la norma fundamental. En otros términos, no alcanza la mera alegación de que con una decisión se obstan competencias constitucionales para habilitar la vía recursiva Causa Nº 391-00/CC/2005, Sala II extraordinaria, del mismo modo que tampoco basta mencionar que se ha vulnerado un derecho subjetivo protegido por la carta magna.

Con ese criterio restrictivo corresponde indefectiblemente evaluar la sustancialidad del planteo. En tal sentido, es preciso poner especial énfasis en el siguiente principio esencial: en presencia de dos competencias atribuidas a dos órganos estatales distintos, frente a un caso concreto, la de mayor especificidad desplazará a la de mayor generalidad en aplicación del principio de taxatividad que en esa materia gobierna -como correlato de la garantía de clausura legal o libertad jurídica-.

Ya hemos afirmado -en anteriores ocasiones- a este respecto, que no es equivalente la tutela jurisdiccional -acceso o legitimación activa- de las personas como sujetos propios de derecho que la de los órganos del Estado, meramente competentes y como tales subyugados a obligaciones y deberes funcionales vinculados a su rol institucional en la dinámica jurídico-política, que por supuesto se orienta a la plena vigencia de los valores republicano-democráticos a través de leyes y actos válidos -en forma y sustancia-. La consecuencia relevante es que mientras a unos se les reconoce ampliamente la garantía de defensa de sus intereses ante la judicatura, a los otros se les concede restrictivamente de acuerdo a sus competencias predeterminadas normativamente, de modo que todo reclamo -aún sea de interés o de reserva de competencia (en función de la representatividad del interés público)- exigirá su canalización institucional por el órgano facultado por mandato legal expreso, pero siempre en el marco de los presupuestos procesales objetivos y subjetivos toda vez que el pre-establecimiento y división orgánico-funcional del poder público, genera límites al mismo.

Entiende esta alzada que el -potencialmente- legítimo reclamo en nombre del interés general -buena gestión del presupuesto público para la eficiente administración de justicia- articulado ante la judicatura -a través de un recurso de apelación- por el representante del Consejo de la Magistratura, no convierte a este último en el órgano competente para interponerlo, puesto que para tal tarea eventualmente está constituido el Ministerio Público Fiscal como parte interviniente en el proceso jurisdiccional en trámite, en defensa de la legalidad de acuerdo con los intereses generales de la sociedad. Como premisa lógica, cabe recordar que el peritaje a raíz de cuya realización el juez reguló honorarios componía porción fundamental de la prueba de cargo, y es por ello que el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la medida probatoria (fs. 35) y posteriormente dispuso que previo al archivo de las actuaciones, el Juez estableciera el monto de los honorarios para la perito actuante (fs. 95). Aquel personifica al Estado en el proceso, el Consejo en cambio no tiene competencia para actuar en ese marco procesal. Por otra parte, no se puede ignorar que la mejor apreciación de la labor realizada por la especialista, con grandes índices de probabilidad, será aquella proveniente de los sujetos procesales cuya participación activa brinda mayor cercanía al objeto de dilucidación, incluida -de más está decir- la auxiliar de justicia que prestó sus servicios. La razonabilidad de l a regulación de honorarios efectuada por el magistrado de mérito debe ser, en caso de ponerse en duda, criticada con argumentos apoyados en datos fácticos -excepto que quien impugna sea quien tiene derecho al cobro, caso en el cual la presentación de un memorial expresando motivos es facultativa (art. 244 CPCC)-. La ausencia en ese sentido de impugnación ante la instancia ordinaria de revisión no hace otra cosa que confirmar tal tesitura. Pero además, ante la falta de contralor y compulsa de la actividad pericial en este expediente por parte de los representantes del Consejo, no se advierte cuales serían los parámetros que llevaron a estimar elevados los honorarios regulados, máxime cuando tal extremo también ha sido silenciado al deducir las vías recursivas, careciendo las presentaciones de argumentación alguna tendiente a atacar la razonabilidad de los montos regulados jurisdiccionalmente.

La relevancia de todo lo anterior consiste en advertir que el "interés social" frente a la jurisdicción es representado por el Ministerio Público Fiscal quien debe atender tanto a la constitución de la acusación con prueba que la sustente, cuanto la razonable regulación de los honorarios de los peritos intervinientes. Tal problemática se vio reflejada en el precedente de esta sala caratulado "Incidente de regulación de honorarios en causa Espinoza de Martinez, Teodora s/infracc. art. 72 CC-apelación" en el cual el por entonces Fiscal General Mandalunis se agravió porque el resolutorio de primera instancia le imponía el afronte del pago de honorarios del perito actuante sin contar -operativamente- el órgano que representaba, con la mentada autarquía financiera para hacerlo. Entendió este Tribunal en esa ocasión, sin ahondar en los alcances de la autonomía del MPF, que el encargado de administrar y ejecutar la totalidad del presupuesto otorgado por ley al Poder Judicial -excluido el correspondiente al TSJ- era el Consejo de la Magistratura y que de acuerdo a la ley 7 los cuerpos técnicos auxiliares eran designados por él y se encontraban bajo su superintendencia (art. 51), lo cual sugería que el referido órgano era a quien competía la regulación de todas las cuestiones que hacen a la intervención de aquellos -control administrativo y reglamentario pero no jurisdiccional (RES. C.M N° 152/99)-. La nueva ley orgánica del Ministerio Causa Nº 391-00/CC/2005, Sala II Público -con reservas de competencia y consiguientes limitaciones a las funciones del CMCABA- viene a completar el cuadro normativo al reconocer su autarquía financiera.

En ese entendimiento, en los presentes actuados -al igual que en casos similares- a fs. 116 conferimos a la representante del M.P.F. en esta instancia la oportunidad para que se expidiera en torno al "thema decidendum", máxime cuando en la especie se había omitido toda notificación de la regulación de honorarios practicada al Fiscal de primera instancia. Ello ya que, sin perjuicio de la articulación que cabe realizar al fiscal interviniente, y de que la fiscalía de Cámara no podría deducir la vía extraordinaria de inconstitucionalidad por estarle normativamente vedada, nada impide que opine en el marco de ese mismo remedio cuando aquél es incoado por otro sujeto, legitimado o no para hacerlo. Sin embargo, contrariamente al criterio que ahora postula, la Sra. Fiscal de alzada venía requiriendo expresamente que en adelante no se diera intervención al Ministerio Público Fiscal, "salvo que en estos casos se vean afectados sus intereses directos o los intereses generales de la sociedad" ( y no emitía dictamen sobre la cuestión, conf. fs. 117), citando a tal fin un plenario de la Cámara Especial Civil y Comercial -in re: "Rivero Martin v/ Gonzalez Dina E.- que en modo alguno alude a recursos sobre regulación de honorarios que fueran presentados por representantes del Consejo de la Magistratura, como erróneamente se menciona, de momento que para ese entonces -1978- ni siquiera había sido sancionada la Constitución que viera nacer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a sus instituciones, como tampoc o operado la reforma constitucional de 1994 a nivel nacional.

Es que, sin perjuicio de aquel vacío legal, en el presente proceso aún en ausencia de vigencia de la nueva normativa, la razonabilidad del resolutorio del a quo debió ser impugnada, en su caso, por el órgano acusador y de ninguna manera por el Consejo de la Magistratura cuyo carácter político queda claramente delimitado por la norma suprema, así como su función de administración, limitada a posibilitar el buen funcionamiento de la Judicatura mediante la provisión de los recursos asignados por ley al Poder Judicial, no encontrándose en absoluto legitimado para actuar en un proceso jurisdiccional toda vez que su competencia es incompatible con el rol de parte y su carácter de alguacil del Poder Judicial, en caso de admisión, implicaría un conflicto de intereses que atentaría contra el régimen republicano.

El art. 1 de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura (Ley 31) determina: "El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del Estado." Resulta patente el rol de dicho órgano en torno al vínculo del Poder Judicial con el resto de los poderes públicos así como en lo que hace a su organización interna -reglamentación- actuando como fiscalizador. A su vez, para la realización de sus fines tiene competencias específicas que de ningún modo incluyen la petición o requerimiento jurisdiccional, sino más bien actos de naturaleza predominantemente administrativa y reglamentaria. El art. 2º de la mentada ley en ese sentido actualmente prescribe:

" COMPETENCIAS. Son sus atribuciones y competencias:

Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Proponer a la Legislatura a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de designación prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto los del Tribunal Superior y Ministerio Público. (Conforme texto Art. 52 de la ley Nº 1.903, BOCBA 2366) Ejercer facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la Magistratura, excluido los miembros del tribunal Superior y del Ministerio Público. (Conforme texto Art. 52 de la ley Nº 1.903, BOCBA 2366).

Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos los funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior y por el Ministerio Público. (Conforme texto Art. 52 de la ley Nº 1.903, BOCBA 2366).

Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial, excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público. (Conforme texto Art. 52 de la ley Nº 1.903, BOCBA 2366).

Recibir las denuncias contra los integrantes de la magistratura y del Ministerio Público.

Causa Nº 391-00/CC/2005, Sala II 8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura y del Ministerio Público, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

9. Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y abogadas para integrar el Consejo de la Magistratura.

No obsta a todo lo dicho, la reciente reforma (sancionada el 6/10/05 y publicada en el BOCABA el 25/01/06) sino, por el contrario, reafirma lo anterior solucionando a través de la taxatividad legal cuestiones que -como en el presente caso- eran pasibles de controversias hermenéuticas. En síntesis, ex ante y ex post a la reforma, el Ministerio Público es el órgano competente para procurar el interés social ante la jurisdicción, a este respecto debe destacarse que lograda la operatividad de la autarquía financiera, es el MPF quien administra y ejecuta el presupuesto, y quien defiende el interés público respecto a éste último ante la judicatura. Como ya dijimos, el Consejo de la Magistratura representa también a ese interés pero sus competencias para ello son distintas e incompatibles con la jurisdicción.

Por último "...lo cierto es que -como acertadamente lo señala el Sr. Fiscal General- no es este legajo el escenario propicio para debatir el alcance de los principios constitucionales de la autonomía y autarquía del Ministerio Público Fiscal..." (conf. precedente de esta sala, cit supra).

En lo que a la arbitrariedad respecta no cabe más que recordar que el TSJ ya tiene dicho que "...no es un motivo legal del recurso de inconstitucionalidad y hasta para el tribunal creador, la Corte Suprema, sólo procede excepcionalmente, tal como la expuesto reiteradamente este mismo Tribunal (...). Tampoco la tacha de arbitrariedad implica un motivo directo de recurso de inconstitucionalidad: TSJ Buenos Aires, exptes. nº 897; y nº 900, 'Codega, Christián y otros s/recurso de queja (...)', resolución del 11/7/2001" (TSJ, "Clínica Fleming s/recurso de inconstitucionalidad concedido" Nº 1215/01).

Por todo ello y habiendo concluido el acuerdo el Tribunal RESUELVE:

1.- DECLARAR INADMISIBLE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto s fs. 137/142 por el Presidente del Consejo de la Magistratura, León Carlos Rosenfeld contra la resolución dictada por esta Sala obrante a fs.122/123.

2.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal introducida a fs. 141vta., punto "V".

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones restantes. Sirva lo aquí proveído de muy atenta nota de remisión.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas