marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Asegurador por riesgos del trabajo, superintendencia de riesgos del trabajo, multa administrativa, accidentes de trabajo, infracciones laborales
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO c/ ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA CIA. ARG. DE SEG. SA s/ ACUERDO DE ACTAS DE INCAPACIDADES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-23

Procede la sanción de multa impuesta por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a una compañía aseguradora, que celebró acuerdos con trabajadores que sufrieron "incapacidades laborales permanentes parciales definitivas", cometiendo múltiples infracciones respecto de las normas de la ley 24557, arts. 21, 7 y 20; arts. 10 inc. 3; art.

19 del dec. 717/96; Resolución: 208/96; toda vez que -en la especie-, las infracciones referenciadas son graves, puesto que la compañía ha impedido ejercer control de superintendencia allí donde era menester ejercerlo, en cumplimiento del objetivo de velar por la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, por la rehabilitación de los trabajadores damnificados (art. 2 de la ley 24557 y normas legales y reglamentarias ya citadas que se orientan al cumplimiento de ese objetivo). (En el caso, cabe acotar que la suma que se aplico como sanción es equivalente a $48.000, Las infracciones cometidas son: a) no llevo los acuerdos para su homologación a las comisiones medicas u otros organismos habilitados; b) no aplico las reglas de evaluación y calculo de capacidad y minusvalia (previstos en el dec.

659/96); C) no mantuvo, en varios casos la situación de incapacidad laboral temporaria de cierto trabajador; d) pidió homologación de los acuerdos y la obtuvo -según dijo la compañía- en la Dirección Nacional de Inspección y Relaciones Individuales del Trabajo, existiendo en los acuerdos incompatibilidad con las tablas y listados; e) no observo al pedir la homologación la competencia territorial de los organismos habilitados por la superintendencia y f) no dio, en uno de los varios casos, las prestaciones en especie debidas).
Ejecución hipotecaria, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría c/ Dematei de Bastarrechea Yoseli y otro s/ Ejecución hipotecaria Citibank N.A. c/ Procaccini Liliana Ester y otro s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-11|2000-03-23

Si se demuestra que le crédito no reúne los recaudos del art. 518 del CPC, carecerá de fuerza ejecutiva y ante esa deficiencia, tampoco puede considerarse exigible la hipoteca que lo garantiza, pues la eficacia de ésta depende de la subsistencia de aquél como título hábil. Y al revés, si la hipoteca no reúne las condiciones de los arts. 3108 y 3109 del Cód. Civil, podrá considerarse nula, pero ello no afectará la exigibilidad del mutuo al cual garantizaba, ya que éste es el título principal.
Responsabilidad del funcionario público, juicio administrativo de responsabilidad, responsabilidad patrimonial, cheque en blanco, negligencia, responsabilidad solidaria
Materia: CIVIL
Carátula: DELEGACION TRABAJO DE BARILOCHE s/ COBRO INDEBIDO DE CHEQUE (EXP. 40411-00) EXPTE. Nro. 1036/00 - FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS s/ APELACION" (Expte. Nro. 20024/05 - STJ -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-09-21

Sin perjuicio de las normas específicas del derecho público provincial, la Ley Nro. 24452 de Cheque establece, en su artículo 2, que el cheque común debe contener: además de la firma y los restantes requisitos, la orden pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, expresada en letras y números, especificando la clase de moneda.

Luego el artículo 6, dentro de las formas en que puede ser extendido establece a favor de una persona determinada; a favor de una persona determinada con la cláusula "no a la orden" y "al portador". De lo expuesto se desprende que conforme a las reglas que rigen el manejo de un Fondo de Tercero y la emisión de los cheques contra la cuenta de ese Fondo, el imputado no podía firmar cheques en blanco sin violar las normas que regulan tal acto.

En el exámine ha quedado debidamente acreditado que el imputado-responsable del Fondo - firmó en blanco el cartular luego completado por - el otro imputado - , con lo cual incumplió un deber legal a su cargo. Ello generó que en el juicio de responsabilidad seguido por el Tribunal de Cuentas se lo encontrara solidariamente responsable, por su actuar negligente (Conf. art. 18 de la Ley Nro. 2747).
Contratos administrativos, extinción por mutuo acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Hera Zárate Campana S.A. c/ Municipalidades de Zárate y Campana s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

Si las peculiares circunstancias que median en el caso dan cuenta que el vínculo entre las partes ha quedado hace largo tiempo extinguido, encajando esta situación en las previsiones del art. 1200 del Código Civil -ley 340- (replicadas, en lo que aquí interesa, por el art. 1076 del novel Código Civil y Comercial -ley 26.994-), debe considerarse que los contratantes han rescindido el negocio jurídico por mutuo consentimiento. En tal sentido, constituye opinión general que el acuerdo que lleva a un distracto puede ser consecuencia de una manifestación tácita de voluntad, habiéndose ejemplificado justamente esa hipótesis con la celebración de un contrato posterior e incompatible con el que se rescinde.(doctor Hitters, sin disidencia)
Falsificación de instrumento público, extravío del cheque
Materia: PENAL
Carátula: P, R A s/ EMISION DE CHEQUE CON CONTRAORDEN ILEGAL... ETC
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

La figura de la falsedad documental del artículo 293 del Código Penal requiere que en el instrumento se inserten o hagan insertar declaraciones falsas. Pero no cualquier mentira es típica, sólo lo será cuando sea "concerniente a un hecho que el documento debe probar". Ese enunciado limita el tipo. Como dice Creus, "el Legislador quiso ir más lejos, quiso reducir el alcance de la punibilidad más estrictamente: el documento público puede ser invocado para probar distintos hechos relacionados con él, pero su esencialidad, según su destino jurídico, es probar la ocurrencia de uno determinado (acontecimiento, manifestación, etc) o de una pluralidad, pero también determinada".
Responsabilidad médica, muerte del paciente
Materia: PENAL
Carátula: Campos de Coronado , Carmen c/ Perata Julio y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-01

Es válido destacar la contundencia en la respuesta de los profesionales con relación a la causa de la muerte de la paciente. En ese sentido, manifiestan que "la muerte de la señora Campos Bravo se produce por un paro cardiorespiratorio no traumático en el contexto de una paciente desmejorada, caquéctico, cuyas comorbilidades influyeron negativamente en su evolución, presentando en la misma una neumopatía, arritmia cardíaca y desequilibrio hidroelectrolítico persistente a pesar del tratamiento". Agregando a lo expuesto que "no se ha verificado en las constancias de autos apartamiento de la "lex artis" médica en el desempeño de los profesionales y de la clínica".
Robo con armas, portación de armas, concurso real, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PAZ, Miguel Leonardo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-17

Dado que, tanto el delito de robo con armas y la portación de arma de fuego, son figuras autónomas, luce adecuado el concurso material de ambas figuras.

La portación se configura con la mera circunstancia de que el agente lleve con sigo, en condiciones de uso inmediato, un arma de fuego sin la debida autorización legal.

La utilización de tal objeto para cometer el ilícito previsto por el art. 166, inc. 2°, párrafo tercero, del C.P., hace aplicables las reglas del concurso establecidas en el art.

55 del mismo cuerpo legal por tratarse de una pluralidad de acciones.

Por ello, debe confirmarse el procesamiento del imputado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, revocación del mandato
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ MAREXA S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-09

La regla impuesta por el art. 2 de la ley 21.839 (t.o. ley 24.432, art. 12, inc. a) no obsta a que se regulen honorarios por la intervención cumplida por el letrado hasta que se aparta del pleito, sea por la revocación del mandato o por otra causa, sin perjuicio de la defensa que el ex cliente se crea con derecho a introducir en la etapa procesal oportuna y/o por la vía que estime pertinente.-
Resolución del contrato, mutuo comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Grand Santiago Hotel S.C. c/ Banco Nacional de Desarrollo s/ resolución  de  contrato  e  indemnización  por  daños  y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

El incumplimiento del recurrente obsta a su facultad de demandar la resolución contractual si no se advierten circunstancias fácticas o jurídicas que lo hubiesen liberado del cumplimiento de sus obligaciones como mutuario o que lo eximiesen de su responsabilidad en la paralización de las obras y en la consiguiente imposibilidad de dar a los fondos recibidos el destino pactado.
Suspensión del juicio a prueba, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., C. M. c/  s/ dcia. en rep. hija menor A. S. I. - Rawson
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-07-02

El rito admite que el imputado o su defensor pidan la suspensión de juicio a prueba hasta el inicio del debate, pero ello también presupone que tal instituto hubiere sido siempre procedente en los términos de la acusación presentada ante el tribunal de la etapa intermedia, o bien que así deviniere en virtud de circunstancias ajenas a la actuación del MPF y que hubieren acaecido con posterioridad a la audiencia preliminar.
Privación de justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: POLITICO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo, Roberto Andrés c/ Consejo de la Magistratura s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA) s/ queja por denegación de justicia en 'Asociación de Magistrados, integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo (art. 14, CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-23

La intervención del Tribunal en la queja por privación de justicia traída a su conocimiento y decisión tiene por única finalidad hacer efectiva la garantía de protección judicial efectiva que el denunciante, Roberto Andrés Gallardo, manifiesta vulnerada y no conlleva el conocimiento de la causa principal en la que la lesión a esa garantía pudiera estar ocurriendo.
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: V, M D s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE  LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO (CSJ EXPTE N. 148-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-07

Para la caracterización del principio del "iura novit curia", ha de tenerse presente que el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que hayan enunciado las partes o del nombre que se le hubiera asignado a la acción intentada.
Expropiación, declaración de utilidad pública, jueces, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Calzada López, Oscar y otro c/ Provincia de Río Negro s/ ACCIóN    DECLARATIVA    DE   ABANDONO  DE  EXPROPIACIóN  S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-13

En una expropiación, la revisibilidad judicial de la facultad del Poder Legislativo respecto a la calificación de utilidad pública de bienes que le adjudica la Constitución Provincial -art.90-, sólo procede frente a una calificación notoriamente arbitraria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, interpretación de la ley, proceso penal, juicio oral, instrucción suplementaria, plazo, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: N., D. S. y CH., M. M. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 242 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-11-17

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que la cuestión traída a conocimiento no involucra un planteo por afectación de garantías constitucionales, y no excede a un problema del alcance de las normas, reservado a los jueces de la causa.

En el caso, se desvanece el presunto agravio de que se estaría creando pretorianamente un trámite y desvirtuando la esencia del juicio oral, o la supresión de "etapas fundamentales", toda vez que tales expresiones no alcanzan a desmerecer la justificación dada por la Cámara en la interpretación de los textos procesales y su apoyo además en criterios tutelares del proceso penal en que tal solución además se imponía por cuanto "se vería groseramente contrario al espíritu de la norma tuteladora del art. 306 C. Pr. P. el seguir adelante con trámites formales hasta llegar a la instancia procesal prevista para el dictado de una sentencia definitiva; pues en tales condiciones se deslegitima la continuidad de la detención en cualquier medida y por breve que sea, y se priorizaría indebidamente lo formal sobre lo sustancial".

De allí que el A quo, al escudriñar el alcance de las normas en relación con las circunstancias fácticas de la causa, hizo primar en dicha hermenéutica un principio que consideró de ostensible superior jerarquía -tal el establecido en el artículo 306 del Código de rito-, para interpretar y aplicar las normas que establecen las medidas preventivas de coerción personal de naturaleza procesal que pueden imponerse al imputado durante el proceso, que se justifican "únicamente con un doble designio: a) Lograr el descubrimiento de la verdad; b) Asegurar la posibilidad de aplicar la sentencia si ésta declarara procedente la pretensión". (De la Disidencia de la Dra. Gastaldi)
Nulidad de sentencia, morosidad del proceso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: INDELMAN Jaime E. c/ PAREDES Eduardo s/ Ejecutivo s/Inc. de Caducidad de Instancia (prom. por Eduardo  Paredes)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-09-06

Acusando retardo de justicia, el apelante interesa la nulidad del resolutorio en crisis por haber sido dictada con posterioridad al plazo previsto por el artículo 164 del Código ritual.

La recta interpretación del principio de pérdida automática de jurisdicción, impone destacar que el mismo no es absoluto. De serlo, se estaría consagrando un verdadero abuso por parte de algunos litigantes o sus letrados que han permanecido en total pasividad hasta el momento de tomar conocimiento de los términos desfavorables de la sentencia en relación a sus intereses. Anoticiados de ellos, recién entonces pretenden, mediante el pedido de nulidad, descartar aquella decisión, conducta reñida con la buena fe y la lealtad procesal exigibles y cuyo acogimiento resultaría mucho más gravoso que el objetivo de evitar la morosidad judicial que tuvo por finalidad el dictado de esa norma, todo lo cual lleva al rechazo de la nulidad impetrada.
Ley arancelaria, escrituración, contratos, cesión de derechos
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRION, JUAN A. c/ LOPUMO, UMBERTO JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-07

El legislador local, al regular la materia arancelaria, tuvo en miras precisamente principios tendientes a proteger el trabajo profesional y a asegurar a los letrados condiciones dignas y equitativas en su ejercicio, velando, asimismo, por la protección del aporte a las Cajas Profesionales, apuntando a evitar que los litigantes puedan eludir el pago de los honorarios devengados como los aportes a las Cajas.

Por tanto, de admitirse la postura ensayada por el A quo (que consideró que la obligación del comprador fue cumplida al abonar el precio y que las costas del juicio perdido pesaban sobre el cedente, no pudiendo impedir ni la cesión del contrato ni el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio), bastaría con el hecho que frente a la condena en costas, se cedan los derechos emergentes del boleto a un tercero, para eludir el pago de las mismas y burlar así el espíritu de la norma.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión no federal, ley procesal, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: ALCARAZ HECTOR JUAN O RIOS RAMON ALBERTO s/ INFRACCION ART. 189 BIS CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-23

No tendrá favorable acogida el planteo de inconstitucionalidad -como cuestión federal- de la restricción contenida en el artículo 61 inciso 3 de la Ley Nro. 12 que, según la tesis de la Fiscalía, haría viable la aplicación del artículo 474 del Código Procesal Penal de la Nación. De la lectura del memorial no se desprende el agravio constitucional esencial para sustentar "un recurso extraordinario de casación constitucional" La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado la doctrina según la cual la interpretación de normas de procedimiento no habilita un recurso extraordinario, aún cuando sean federales, "porque se refieren al ordenamiento de los juicios que no afecta el fondo de las instituciones fundamentales que ese recurso extraordiario se propone salvaguardar (Fallos: 95:133 y 134; 99:158; 10'4:284; 105:183; 115:11; 177:9899, citado en el voto del Juez Lozano en "Lemes, Mauro Ismael s/inf. art. 189 bis CP- apelación- s/recurso de inconstitucionalidad concedido" del 19/7/06).

Pero aún tratándose de un caso que amerite la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es claro que no le compete a este Tribunal arbitrar medios que eviten la aplicación de los preceptos legales, suplantando la voluntad del legislador, a fin de asentar un criterio propio acerca del agotamiento de los recursos locales y de tribunal superior del caso.

No es tarea de este órgano establecer los canales jurídicos por los cuales podría arribar el acusador a efectuar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que no se trata de establecer opciones distintas a las delimitadas por la Ley 12 sino de respetar el principio de legalidad, del debido proceso y de la forma republicana de gobierno informados por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Constitución Nacional.
Medidas cautelares, medida de no innovar, recurso contencioso administrativo, trámites judiciales
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: WERFFELI, GUILLERMO C A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  ILEGITIMIDAD  -  RECURSO DE  REVOCATORIA (CSJ EXPTE Nº 529-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

La medida cautelar establecida en el art 289 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales -prohibición de innovar- debe ser idónea a los fines de anticipar -en su caso- los efectos de la sentencia de mérito; y admitir la posibilidad de introducirla aunque sólo sea como hipótesis- al régimen de la ley 4106, no implica su acogimiento. Ello, porque necesariamente se requiere, por el sentido que tiene toda cautelar -asegurar el resultado de la sentencia-, que la medida que se pretende guarde correspondencia con la pretensión cuyo reconocimiento se solicita en la demanda.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, Municipalidad, personal municipal, cesantía, sumario administrativo, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CORIA, RUBEN GERARDO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 542-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Es inadmisible el recurso extraordinario intentado por el actor que se agravia por lo resuelto por el Tribunal al sostener que la sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de sanciones en el orden administrativo son independientes de la causa criminal, y en cuanto afirma que en el caso, pudo imponerse una sanción disciplinaria aún cuando no se haya sustanciado un proceso penal. Esto en razón de que lo resuelto fue la respuesta del Tribunal a la consideración de la parte, según la cual sólo la autoridad judicial penal es la competente para determinar si existió o no el accionar que se le endilga, y en tal sentido, no persuade que lo afirmado por el Tribunal, y que descansa en definitiva en el diverso fundamento de la represión penal y la represión administrativa, esté viciado de arbitrariedad.
Prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sosa, Juan Domingo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-10

Constituyen "secuela de juicio" en el caso: 1) el requerimiento fiscal de instrucción y 2) el auto que ordena la citación indagatoria. Ahora bien, entre este acto y el siguiente con la misma capacidad (el auto de procesamiento) advertimos que ha transcurrido el plazo de prescripción (2 años) de la acción penal para el delito de lesiones culposas -art. 94 del C.P. razón por la cual resulta inevitable declarar, por tratarse de una cuestión de orden público, que respecto de este delito se ha producido la extinción de la acción penal por prescripción en los términos de los artículos 59 inciso 3° y 62 inciso 2° del Código Penal. Lo propio ocurre con relación al delito previsto en el artículo 281 bis del Código Penal, toda vez que advertimos que el primer acto que puede ser considerado "secuela de juicio" e interruptivo por tanto del curso de la prescripción, lo constituye el auto en que se decreta la falta de mérito del imputado por el delito de lesiones culposas, y se ordena asimismo "ampliar la declaración indagatoria" en orden al delito de quebrantamiento de pena. A la fecha del referido auto, había transcurrido con holgura el plazo de prescripción (2 años) de la acción penal para este delito; razón por la cual también resulta inevitable declarar que se ha producido la extinción de la acción penal por prescripción en los términos de los artículos 59 inciso 3° y 62 inciso 2° del Código Penal. (Voto del Dr.

Riggi; Dres. Tragant y Ledesma, según su voto).
Acción de amparo, cuestiones de competencia, pensiones no contributivas, personas con discapacidad, Estado Provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: P., M. L. y otro/a c/ Agencia Nacional de Discapacidad y otros s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-23

Si el decreto local 880/04 aprobó el convenio celebrado entre la Nación y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por medio del cual éste asume la atención médica integral de los beneficiarios de pensiones no contributivas afiliados al PROFE, residentes en el ámbito territorial de la provincia y en ese marco se creó la Unidad Ejecutora del programa por decreto provincial 796/07, que actualmente se encuentra dentro de la órbita del Instituto de Obra Médico Asistencial -IOMA- el sujeto pasivo de la relación jurídica resulta ser la provincia y no el Ministerio de Salud de la Nación que, por ende, no es parte sustancial en el juicio. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.