Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-12-26


ACUERDO N°57: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiséis (26) días de diciembre de dos mil siete, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su titular, doctor EDUARDO J. BADANO, integrado por los señores vocales doctores EDUARDO F. CIA, JORGE O. SOMMARIVA, ROBERTO O. FERNÁNDEZ y vocal subrogante ALBERTO M. TRIBUG, con la intervención de la titular de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios doctora MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS, para dictar sentencia en los autos caratulados: "K., V. M. C/ B., J.A. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. N° 391 año 2004) del Registro de la mencionada Secretaría.

ANTECEDENTES:

A fs. 798/805 la codemandada -ZOPPI HNOS. S.A.- deduce recursos de Nulidad Extraordinario y de Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia de fs. 754/763vta., dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala I- de la ciudad de Neuquén, que modifica parcialmente la sentencia de Primera Instancia al revocar la condena contra la codemandada COMPAÑÍA ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS.

El Sr. Fiscal ante el Cuerpo se notifica del recurso a fs. 826. Y, a fs. 827, el Sr. Defensor ante el Tribunal Superior toma intervención y propicia el acogimiento del recurso planteado. Posteriormente, por Resolución Interlocutoria N° 272/05 se declara admisible el recurso de Inaplicabilidad de Ley sobre la base de las causales previstas en los incs. a), b) y c) del art. 15° de la Ley 1.406, e inadmisible el de Nulidad Extraordinario.

Firme la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de dictar sentencia. Por lo que este Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES: a) ¿Resulta procedente, el Recurso de Inaplicabilidad de Ley? b) En caso afirmativo, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) Costas.

VOTACIÓN: A las cuestiones planteadas el Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, dijo:

I. Que a los fines de lograr una mejor comprensión de la materia traída a conocimiento de este Cuerpo, realizaré una síntesis de los hechos relevantes para la resolución de este recurso.

1. Que, mediante apoderado, V.M.K. y M.M.F. de K. por sí y en representación de su hijo menor M. N. K., promueven demandada contra José Antonio Barroso y ZOPPI HNOS. S.A., reclamando el cobro de indemnización por daños y perjuicios.

Manifiestan que el 23 de diciembre de 1998 cuando el Sr. V. K. conducía su vehículo por la ruta provincial N°7, próximo a la ciudad de Centenario, -en compañía de su esposa e hijos- fue embestido por una camioneta dominio UVI 384 conducida por el Sr. José Antonio Barroso y de propiedad de la empresa demandada. Como consecuencia del accidente, el menor M.N.K. sufrió una importante herida. Luego, fundan la responsabilidad de los demandados, los daños reclamados y practican liquidación.

2. Que, a fs. 135/138, contesta la codemandada ZOPPI HNOS. S.A. Realiza una negativa ritual de los hechos invocados por la actora y solicita la citación en garantía de la ASEGURADORA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN S.A. Expresa que, al momento de producirse el hecho, tenía contratado una seguro de responsabilidad civil hacia terceros, por Póliza N°190.894, con la compañía mencionada. Pero que ésta rehusó asumir su obligación, al alegar la causal de exclusión de cobertura por falta de registro habilitante del conductor del vehículo asegurado. Agrega que la camioneta había sido confiada al capataz Héctor Acuña, para el uso exclusivo en tareas propias de la empresa y, al momento del siniestro, era utilizada de manera indebida por otro dependiente -José Barroso- quien no tenía autorización de la empleadora. Por ello, considera que es improcedente la exclusión opuesta por la Aseguradora.

3. Que a fs. 235 se declara rebelde al codemandado Barroso.

4. Que, en su primera presentación, la citada en garantía -fs. 250/251- aclara que la ASEGURADORA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN S.A. ha sido absorbida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.

Que, posteriormente, a fs. 285/291 contesta y rechaza la citación. Expresa que la primera causal de exclusión de cobertura se encuentra configurada, por carecer el conductor -Barroso- de habilitación otorgada por autoridad competente, para conducir un automóvil de la categoría que conducía, prevista en el ítem II, inc. G del Capítulo Seguro de Automotores - Exclusiones de Cobertura de las Condiciones Generales de la Póliza. La segunda causal de exclusión que invoca, está dada porque el vehículo era conducido sin autorización del asegurado y conforme el art. 2, Capítulo A Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados, la base de la cobertura radica en que quien conduzca sea el asegurado o una persona autorizada. Por último, en forma subsidiaria, contesta la demanda y solicita su rechazo.

A fs. 303/304 la codemandada ZOPPI HNOS. S.A. responde las defensas de la compañía aseguradora y peticiona que se declaren improcedentes.

5. Que el Sr. Juez a-quo dicta sentencia a fs. 705/713vta., y hace lugar a la demanda por la suma de pesos $64.190.- contra José Antonio Barroso, ZOPPI HNOS. S.A. y la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.

Que, para rechazar la exclusión de cobertura alegada, parte de considerar que no se encuentra controvertido que el Sr. Barroso carecía de carné de conducir y que era dependiente de la codemandada ZOPPI HNOS. S.A. Entiende que la exoneración del asegurador se produce exclusivamente por dolo o culpa grave del asegurado, pero la regla se invalida cuando el siniestro es causado por los dependientes o personas por las cuales el asegurado es civilmente responsable. Afirma que la cláusula bajo análisis debe interpretarse en función del art. 114 de la Ley de Seguros, que se refiere exclusivamente a la persona del asegurado.

Que a fs. 730 y vta. se aclara la sentencia, en cuanto a que la compañía aseguradora debe hacerse cargo de las costas asumidas por la accionada.

6. La parte actora apela el fallo. Se agravia por los montos indemnizatorios fijados por el sentenciante, en la consideración que estos resultan exiguos.

La citada en garantía también recurre el decisorio, cuestionando el rechazo de la exclusión de cobertura fundada en la falta de carné habilitante para conducir del demandado Barroso. Además, denuncia la omisión de tratamiento de la defensa referida a la ausencia de autorización para manejar el rodado. Por último, en forma subsidiaria, controvierte la cuantificación de los rubros indemnizatorios, los que estima deben atenuarse.

Y el recurso de apelación interpuesto por Zoppi Hnos. S.A. se declara desierto a fs. 749.

La Cámara de Apelaciones modifica la sentencia de Primera Instancia. Revoca la condena contra la citada en garantía y eleva el monto a la suma de $84.190.

La Alzada considera que la cláusula contractual excluye de la cobertura a todo supuesto en que el vehículo fuere conducido por persona no habilitada, salvo robo o hurto. Estima que la codemandada ZOPPI HNOS. S.A. al confiar la custodia del vehículo a un dependiente, quien a su vez permitió que Barroso lo condujese sin carné habilitante, ha incurrido en culpa o negligencia grave que causa la exclusión de cobertura.

7. Que, contra esta resolución la codemandada Zoppi Hnos. S.A. interpone recursos de Nulidad Extraordinario y de Inaplicabilidad de Ley.

Que como ya se consignó, sólo fue declarado admisible el recurso de Inaplicabilidad de Ley, sobre la base de las causales previstas en los incs. a), b) y c) del art. 15° de la Ley 1.406, mediante Resolución Interlocutoria N°272/05.

La recurrente denuncia la violación de la Ley de Seguros, en particular del art. 114, porque esta norma excluye de la cobertura sólo los supuestos de dolo o culpa grave del asegurado. Y el fallo en crisis extiende tal exclusión a la culpa grave del empleado autorizado o del tercero conductor del vehículo, lo que ocasiona una extensión no admitida por la ley.

Por otro lado, alega arbitrariedad por absurdo en la valoración de la prueba, que lleva a la Alzada a considerar que su dependiente le permitió al codemandado Barroso conducir el vehículo. También invoca esta tacha respecto del desconocimiento de las instrucciones, dadas por escrito a los dependientes, para la utilización de los vehículos y en cuanto a que la Cámara estima que existió culpa grave, sin indicar cuál es el concreto comportamiento que se le reprocha.

II. 1. Que tal como surge de los antecedentes de la causa, la responsabilidad atribuida en el evento dañoso, tanto al conductor del vehículo, José Antonio Barroso, como a su empleadora y titular registral del rodado, ZOPPI HNOS. S.A., ha quedado firme y consentida.

De modo tal que, la cuestión a dilucidar se circunscribe a la interpretación de una norma legal y la relación con ésta de ciertas cláusulas contractuales. Así, la resolución atacada se sustenta -principalmente- en la existencia de una cláusula limitativa del riesgo, fundada en la carencia de cobertura por falta de habilitación otorgada por autoridad competente para conducir un automóvil.

2. Que el contrato de seguro debe mencionar el riesgo asegurado. Para ello se prevé el riesgo genérico a cubrir y luego se determinan distintas hipótesis que acotan el ámbito de la cobertura y, las exclusiones de cobertura son parte de la individualización del riesgo.

Que estas exclusiones pueden ser de fuente normativa o convencional y se caracterizan por describir las hipótesis o las circunstancias en que el siniestro se halla fuera de la garantía asegurativa. Entre las primeras, y de naturaleza subjetiva, se encuentran la culpa grave del tomador o beneficiario -art. 70 L.S.- o del asegurado -art. 114-, disposiciones que sólo pueden ser modificadas en beneficio del asegurado. En cuanto a las exclusiones convencionales, pueden estar o no fundadas en la Ley de Seguros. Entre las últimas están "[...] aquellas sustentadas en razones atinentes a la mayor potencialidad dañosa. Por ejemplo, en el primer caso, en el riesgo automotor los siniestros producidos mientras sea conducido por persona no habilitada para una categoría determinada de vehículo, como lo constituye la cláusula del contrato de seguro por la cual no se indemnizan los siniestros producidos mientras el vehículo es conducido por personas carentes de registro habilitante. Y ello en razón de que se procura evitar que el automotor sea conducido por quien es inepto para ello, pues de lo contrario se incrementaría anormalmente el riesgo, favoreciendo la protección patrimonial de una conducta generadora de severo peligro para la sociedad" (cfr. Rubén S. Stiglitz, "Las exclusiones de cobertura", JA 2003-IV-876).

3. Que, en el caso, la citada en garantía ha denunciado una cláusula de no seguro, de exclusión de cobertura o no garantía prevista en el apartado "Exclusiones a la cobertura - Para Responsabilidad Civil y daños (Capítulos "A" y "B")", inciso g) que dice: "Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente" (fs. 263).

4. Que esa exclusión es principalmente objetiva al prescindir de la consideración de la culpa en la descripción de la situación excluida. No obstante ello, destaca Nicolás A. Barbato:

"[...] que en algún supuesto de esta exclusión de falta de habilitación para conducir interviene el elemento "culpa" como circunstancia relevante para que dicha exclusión resulte invocable respecto del asegurado: tal el caso de conducción del rodado por persona distinta de la del titular del seguro.

Si dicho titular otorgó voluntariamente la conducción del vehículo a persona que sabe no se encuentra habilitada para conducir (por ejemplo, un menor cuya edad no alcanza al mínimo establecido por las normas legales para poder ser titular de tal habilitación), no hay posibilidad de plantear la hipótesis como de `culpa grave´, ya que opera directamente la exclusión de `falta de habilitación´, por tratarse del supuesto específico que desplaza al genérico." "En cambio, si el conductor tomó el rodado en desconocimiento o contra la voluntad del titular del seguro, cabrá establecer si ello obedeció o no a culpa de éste y, en caso afirmativo, si dicha culpa reviste una entidad y caracteres extremos que puedan configurar culpa grave del art. 70 y 114 de la ley de seguros, por haber actuado de manera excesivamente imprudente o negligente, que facilitare de manera total ese apoderamiento [...] en tal caso podrá mediar culpa grave que elimina la cobertura; pero, en rigor, estaremos ante un supuesto de "culpa grave" del art. 70 de la LS, que si bien concurre aquí con otra exclusión -la de `ausencia de habilitación para conducir´-, la absorbe y la desplaza convirtiéndole en mero ingrediente accidental de su presupuesto de hecho" (aut. cit., Exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro, ED 136:571).

5. Que dentro de este marco se ubica la situación de autos, donde se encuentra fuera de discusión que el codemandado Barroso -dependiente de ZOPPI HNOS. S.A.- no contaba con licencia de conducir al momento del accidente y tampoco, con autorización de la asegurada para usar el vehículo.

Es decir, estamos ante un supuesto en que no medió otorgamiento voluntario de la conducción. Por ende, siguiendo los lineamientos antes trazados, el elemento culpa en los términos de los arts. 70 y 114 de la Ley de Seguros, adquiere especial relevancia, resultando necesario determinar si existió culpa calificada del asegurado, que haya facilitado, en grado máximo, el manejo del rodado por quien no tenía habilitación para conducir.

Que, en autos no puede considerarse que exista tal extremo, dado que ambas partes -empresa demandada y citada en garantía- son contestes en sostener que Barroso conducía el vehículo sin autorización de su empleadora, como surge de fs. 135vta., 286, 303 y 702, de la documental de fs. 132, y de las declaraciones testimoniales obrantes a fs. 424/426vta.

De las constancias reseñadas, se desprende que Acuña Meza era el único facultado por la empresa para la conducción del vehículo y que la asegurada no facilitó el uso del rodado al Sr. Barroso. En consecuencia, no opera la causal de exclusión de cobertura bajo análisis.

Distinto es este caso del supuesto que el titular haya concedido la conducción del vehículo a una persona sin habilitación o que ésta acceda al manejo debido a la culpa grave del propio asegurado, lo que no acontece en estos autos.

6. Que la liberación del asegurador por culpa grave -arts. 70 y 114 L.S.- tiene que traslucir al menos un grado de voluntad o una grave y manifiesta despreocupación en la que no se hubiera incurrido de no existir el seguro. De esta manera se excluyen las negligencias corrientes y habituales que son las que se consideran para contratar un seguro de responsabilidad civil (cfr. Zunino, Jorge O., Régimen de Seguros, pág. 139, Edit. Astrea, Buenos Aires 1997). Y la culpa grave, prevista en el art. 114, debe ser del propio asegurado -o del órgano de gestión-, por lo que no se configura cuando el hecho generador es causado por un dependiente o personas por quienes resulta civilmente responsable (cfr. aut. cit., pág. 175).

Que, en cuanto al concepto de culpa grave Garrone y Castro Sanmartino dicen que:

"[...] la culpa grave se traduce "...en la falta de adopción de las `mínimas diligencias" que toda persona común y corriente adopta en función de la naturaleza de la obligación, y las circunstancias de tiempo, persona y lugar, en el caso concreto (arts. 512 y 902, Cód. Civ.)" (Morandi, J.C.F., Elementos de Derecho Comercial. Seguros, Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 24). Es decir, se trata de un descuido en que no se habría incurrido de no existir el seguro" (Garrone, José A. - Castro Sammartino, Mario, Ley de Seguros, Lexis Nº 1604/000407).

7. Que a partir de lo expuesto, se concluye que resulta una interpretación extensiva, y por lo tanto, errónea del art. 114 de la Ley de Seguros, considerar, como lo hace la Alzada, que la codemandada ZOPPI HNOS. S.A. al confiar la custodia del vehículo a un dependiente, que a su vez permitió que Barroso lo condujese sin carné habilitante, ha incurrido en culpa o negligencia grave que causa la exclusión de cobertura. En consecuencia, corresponde declarar procedente el recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley, sobre la base de la causal prevista en el art. 15°, inc. b), de la Ley 1.406, al haber infringido la Cámara de Apelaciones el art. 114 de la Ley de Seguros, deviniendo innecesario el tratamiento de los restantes motivos casatorios que invoca el quejoso.

8. Que, conforme el art. 17, inc c), Ley 1.406, cabe recomponer el litigio. Y por todos los fundamentos vertidos corresponde el rechazo de la causal de exclusión analizada.

Resta examinar la segunda defensa que alega la compañía aseguradora. La fundamenta en que el vehículo era conducido sin autorización del asegurado y conforme la póliza, art. 2, Capítulo A Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados, la base de la cobertura radica en que quien conduzca sea el asegurado o una persona autorizada.

Dicha cláusula establece la obligación de la asegurada de mantener indemne al asegurado "y/o" a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por el vehículo, o su carga, por hechos acaecidos durante el plazo convenido y en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de cada uno de ellos (cfr. fs. 264vta.).

Que, de esta manera, se determina la obligación de mantener indemne el patrimonio del asegurado y el de la persona que conduzca con autorización (tercero-asegurado). Se presentan dos asegurados: el tomador o asegurado propiamente dicho, quien es titular de la póliza; y el tercero conductor del vehículo (cfr. Soler Aleu, Amadeo, Seguro de Automotores, pág. 42, Astrea, Buenos Aires 1978), y la carencia de autorización ocasiona la falta de cobertura del conductor, pero no así la del asegurado, a quien debe mantener indemne por la responsabilidad civil que se le atribuye -en el caso- es el propietario del vehículo que fuera conducido por uno de sus dependientes.

Que, en este tipo de seguros, el riesgo cubierto es la responsabilidad civil del asegurado proveniente de un hecho o actividad prevista en el contrato. Y puede ser de origen contractual o extracontractual, como la emergente del hecho del asegurado, de terceros por quienes resulta civilmente responsable o de las cosas de las cuales es propietario o guardián (cfr. Zunino, Jorge O., Régimen de Seguros, pág. 167, Edit. Astrea, Buenos Aires 1997). En consecuencia, tampoco resulta procedente la causal de exclusión analizada.

Por último, en cuanto al agravio interpuesto a fs. 743vta. en forma subsidiaria, respecto de la cuantificación de los rubros indemnizatorios que la aseguradora estima deben atenuarse, no obstante advertirse que tal reproche no fue mantenido fundadamente por el apelante (cfr. 822 y vta.), cabe señalar que no basta disentir -como en el caso- con la determinación dada por el juzgador, sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido. Los agravios no pueden señalar una mera disconformidad de criterio del recurrente, sino que deben bastarse a sí mismos, constituyendo una impugnación frontal, razonada y precisa que demuestre el desacierto del decisorio atacado. Por lo que, en la especie, el agravio resulta insuficiente en los términos del art. 265 del C.P.C. y C.

9. Que, sobre la base de todas las consideraciones vertidas, he de proponer al Acuerdo se declare la procedencia del recurso de casación por Inaplicabilidad de Ley, se case el decisorio de Alzada, en cuanto revoca la condena a la aseguradora (punto I parte resolutiva de la sentencia obrante a fs. 754/763vta.), por la causal prevista en el art. 15°, inc. b), de la Ley 1.406, al haber infringido la Cámara de Apelaciones el art. 114 de la Ley de Seguros. En función de lo expuesto, y por ser los elementos sopesados precedentemente suficientes para fundar el dictado de un nuevo pronunciamiento, en los términos del art. 17°, inc. c), de la Ley Casatoria, se recompongan los tópicos recurridos mediante el rechazo de las causales de exclusión invocadas por la citada en garantía, con costas en esta etapa y en la Alzada a la parte perdidosa, de conformidad con los fundamentos expuestos (arts. 12° L.C. y 68 C.P.C. y C.). VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor vocal doctor EDUARDO J. BADANO, dijo: Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Roberto O. Fernández, por lo que expreso el mío en igual sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor vocal doctor JORGE O. SOMMARIVA dijo: Por compartir los fundamentos expresados por el distinguido colega preopinante doctor Roberto O. Fernández es que emito mi voto en el mismo sentido que el suyo. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor vocal doctor EDUARDO F. CIA, dijo: Comparto totalmente el criterio sustentado por el colega que votara en primer término doctor Roberto O. Fernández, por lo que emito el mío en idéntico sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

El señor vocal subrogante doctor ALBERTO M. TRIBUG, dijo: Por compartir los fundamentos y conclusiones a las que arriba el doctor Roberto O. Fernández, me pronuncio en idéntico sentido. VOTO POR LA AFIRMATIVA.

De lo que surge del presente Acuerdo, por unanimidad, de conformidad con el Sr. Defensor ante el Cuerpo, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR PROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley, interpuesto a fs. 798/805 por la codemandada ZOPPI HNOS. S.A., y en consecuencia CASAR el punto I de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 754/763vta. dictada por la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería -Sala I- de la ciudad de Neuquen, en virtud de la causal prevista por el art. 15°, inc. b), de la Ley 1.406, con relación al art. 114 de la Ley de Seguros, en cuanto revoca la condena a la aseguradora. 2º) Por lo dispuesto en el artículo 17º, inc. c), de la ley ritual y conforme los fundamentos vertidos en los considerandos del presente pronunciamiento, RECOMPONER el litigio en los tópicos casados, mediante el rechazo de las causales de exclusión de cobertura invocadas por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., y en consecuencia, confirmar lo resuelto en la sentencia de Primera Instancia con respecto a la condena de la citada en garantía, por los fundamentos aquí desarrollados. 3°) Imponer las costas en esta etapa y en la Alzada a la parte perdidosa (arts. 12° de la Ley 1.406 y 68° C.P.C. y C.). Mantener los montos de honorarios regulados en la Alzada por encontrarse ajustados a derecho y regular los correspondientes a esta etapa. 4°) Disponer la devolución del depósito efectuado a fs. 769 (art. 11° L.C.). 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos.

Con lo que se dio por finalizado el acto, que previa lectura y ratificación firman los señores Magistrados por ante la Actuaria, que certifica. Dr. EDUARDO J. BADANO - Presidente. Dr. EDUARDO F. CIA - Dr. JORGE O. SOMMARIVA - Dr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ - Dr. ALBERTO M. TRIBUG Dra. MARÍA T. GIMÉNEZ de CAILLET-BOIS - Secretaria