Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-12-17


Dictamen del Subprocurador General La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, en el juicio ejecutivo promovido por "Contar S.A." contra Roberto Alfredo Laval y exclusivamente a los fines que aquí importan, declaró la inaplicabilidad de la normativa de emergencia económica que dispone la pesificación de las deudas.

Para así decidir, sostuvo que si bien la deuda había sido contraída y documentada en dólares estadounidenses tratándose el presente de un juicio promovido en pesos y quedando trabada la litis en aquella moneda, la ejecución se mandó llevar adelante de acuerdo con la opción ejercida por el actor al demandar, respetándose así el principio de congruencia, sin que pudiera convalidarse la postrera aclaración efectuada por el magistrado de origen en fs. 36, por la que dispuso que "... el capital reclamado en autos es de dólares estadounidenses un mil novecientos noventa y cinco (U$S 1.995)...", cuando ya existía condena firme dictada en moneda de curso legal (v. fs. 24/25, 33/34 y fs. 119/123vta.).

Contra dicha forma de resolver se alza la parte actora, por apoderado, mediante el recurso extraordinario de nulidad de fs. 125/130 que funda en el quebranto de los arts. 168 y 171 de la Constitución bonaerense.

Alega con relación a la primera de las mandas aludidas que la sentencia de la Cámara incurre en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial constituida por su planteo acerca de la extemporaneidad del pedido de nulidad de la parte contraria (formulado a través del escrito de fs. 63/69vta.) respecto de la mencionada providencia de fs. 36, que aclarara que la suma a ejecutar era de dólares estadounidenses y no de pesos.

Con relación al segundo de los preceptos constitucionales que señala como infringidos afirma que la decisión que "deja sin efecto la aclaratoria de fs. 36" carece de sustento legal.

El recurso no puede prosperar.

A la luz de la solución tomada por la Alzada para resolver el presente litigio, y toda vez que en lo que aquí interesa expresamente restó trascendencia a la mera corrección material que hiciera el juez de origen de la moneda por la que debe prosperar la presente ejecución (v. fs. 120 in fine), fácil resulta advertir que el planteo del quejoso -lejos de ser esencial- consiste en un mero argumento cuya eventual omisión no puede en modo alguno acarrear la nulidad del decisorio (conf. S.C.B.A., Ac. 73.275, sent. del 3/10/01; Ac. 80.069, sent. del 18/12/02; C. 93.181, sent. del 5/3/08; e.o.).

Por otra parte, la sola lectura de la sentencia evidencia que la misma goza de fundamento legal, motivo suficiente para desestimar la queja formulada al respecto (conf. S.C.B.A., Ac. 91.536, sent. del 3/2/05; Ac. 93.239, sent. del 13/4/05; Ac. 93.718, sent. del 21/9/05; Ac. 93.079, sent. del 14/11/07; e.o.).

En función de lo brevemente expuesto, aconsejo a esa Corte el rechazo del recurso extraordinario de nulidad que dejo examinado (conf. art. 298 del C.P.C.).

Así lo dictamino. La Plata, mayo 8 de 2008. - Juan Ángel De Oliveira.

La Plata, diciembre 17 de 2008.

Antecedentes La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata declaró la inaplicabilidad al caso de la normativa de emergencia, por tratase de una ejecución promovida en pesos; confirmó el decisorio de fs. 84/86 el cual rechazó el planteo de inconstitucionalidad esgrimido respecto de los arts. 11 de la ley 25.561 y 1º y 8º del decreto 214/2002 y dejó sin efecto la actualización dispuesta conforme lo normado por el decreto 214/2002 y la ley 25.713; finalmente impuso las costas de la alzada a la actora (v. fs. 119/123).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 125/129 vta.).

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia.

¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad? La doctora Kogan dijo:

1. La Cámara confirmó la sentencia dictada en primera instancia en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad esgrimido respecto de los arts. 11 de la ley 25.561 y 1º y 8º del decreto 214/2002, por considerar que la normativa de emergencia no resultaba aplicable en el caso, por tratarse de una acción originariamente instaurada en pesos, moneda en la que -destacó- había quedado trabada la litis. Asimismo dejó sin efecto la actualización que dispuso el sentenciante de grado en virtud de lo normado por el decreto 214/2002 y la ley 25.713.

2. Contra dicha decisión interpuso la parte actora, recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución Provincial.

Aduce la impugnante que la alzada omitió el tratamiento de una cuestión esencial sometida a su consideración, esto es que el decisorio que luce a fs. 36 de autos, el cual aclara que el capital reclamado asciende a la suma de un mil novecientos noventa y cinco dólares estadounidenses (U$S 1.995), se encontraba firme y consentido por los deudores.

Asimismo denuncia la falta de fundamento legal de la sentencia en crisis, toda vez que -sostiene- no existe norma legal alguna que autorice anular una resolución pasada en autoridad de cosa juzgada.

3. Coincido con el señor Subprocurador General en que el recurso interpuesto no puede prosperar.

En relación al primer planteo cabe consignar que el recurso extraordinario de nulidad es la vía idónea para atacar aquellos pronunciamientos que por descuido o inadvertencia no han tratado las cuestiones que determinaron cómo quedó trabada la litis y, por ende, que fueron sometidas a decisión judicial, en tanto resultan trascendentes para determinar la suerte de la demanda, en franca violación de lo dispuesto en el art. 168 de la Carta provincial (conf. causas Ac. 82.372, sent. del 17/XI/2004; Ac. 84.326, sent. del 7/IX/2005; Ac. 87.014, sent. del 2/V/2007; entre muchos otros).

En el fallo impugnado no se observa el vicio denunciado por la recurrente, por el contrario, se aprecia que la Cámara ha dado respuesta expresa y negativa a las pretensiones de la actora, lo que descarta la alegada infracción al art. 168 de la Constitución Provincial.

Postula el decisorio que no puede sostenerse en la especie "... que la condena sea en dólares, ni convalidarse la errónea aclaración que efectuara el sentenciante a fs. 36, pues, teniendo en cuenta lo actuado en autos, éste debió limitarse a mantener la condena firme en pesos, rechazando la modificación pretendida [por la actora] a fs. 35, a todas luces violatoria de la doctrina de los actos propios y de los principios de preclusión procesal y cosa juzgada" (v. fs. 122).

Tampoco encuentro configurado en el caso el supuesto previsto por el art. 171 de la Constitución Provincial, ya que la sentencia de grado no está huérfana de apoyo legal, lo cual surge de su mera lectura, resultando esta vía, inapropiada para proponer la revisión del acierto con el que fueron aplicadas las normas actuadas, ya que ello es tema propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. Ac. 84.444, sent. del 25/VI/2003; Ac. 89.228, sent. del 29/VI/2005; Ac. 87.223, sent. del 24/V/2006; Ac. 88.810, sent. del 7/II/2007).

En definitiva, no habiéndose demostrado las infracciones constitucionales esgrimidas por la impugnante, considero de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, que corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad bajo examen.

Voto por la negativa.

Los doctores Genoud, de Lázzari y Soria, por los fundamentos de la doctora Kogan, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, C.P.C.C.). -Hilda Kogan. - Luis Esteban Genoud. -Eduardo Néstor De Lazzari. - Daniel Fernando Soria