marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, torturas, delitos militares, oportunidad procesal, delitos comunes
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Corresponde rechazar el argumento de la defensa referido a la falta de jurisdicción de los tribunales civiles para el juzgamiento de los delitos atribuidos al imputado en su carácter de militar -homicidio calificado, aplicación de tormentos, privación ilegal de la libertad-, toda vez que no se ocupó de rebatir las razones expuestas en su oportunidad por el tribunal de a quo que rechazó similar planteo por considerar que la jurisdicción militar sólo comprende a delitos y faltas militares, quedando exceptuadas de su régimen la comisión de delitos comunes, y consintió el procesamiento con prisión preventiva solicitando la elevación a juicio a un tribunal oral federal. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell).
Personal policial, Estado policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERA, LUIS E. c/ E.N. s/ REINCORPORACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El estado policial presupone el sometimiento de su personal a normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública sobre la base de la disciplina y la subordinación.
Resoluciones judiciales, autos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Servin de Paez Leoncia Valentina y Otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1997-06-27

El auto que dispone la caducidad de la instancia, aún siendo un auto que pone fin al proceso, el rasgo de "definitividad" no se configura para que pueda ser admisible en casación, por el contrario, es un supuesto paradigmático de resoluciones que deja abierta la posibilidad de recrear la misma cuestión en un nuevo juicio ulterior (salvo que haya operado la prescripción de la acción).
Acumulación de procesos, sentencias contradictorias
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Corrientes, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Descartada la acumulación de procesos, cualquier duda que pudiese albergar acerca de la posibilidad de sentencias contradictorias se soslaya requiriendo fotocopias de las piezas que se consideren necesarias para evitar que se incurra en la situación.
Incidente de caducidad, acuerdo de partes
Materia: CIVIL
Carátula: Sciocca Ramón Eugenio c/ Gendarmería Nacional (Estado Nacional) s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-02-05

Procede desestimar el incidente de caducidad de instancia, pues ambas partes consintieron el trámite y el simple cotejo de las fechas de concesión del recurso y del pretendido acuse, dan por tierra con la oficiosa interpretación de caducidad de la segunda instancia.
Doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: AGUINAGA MARCELO RENATO S/TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE GUERRA c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-04-14

Este Superior Tribunal ha dicho de modo reiterado que los aspectos relativos a la apreciación de la prueba, por regla general, son ajenos al control extraordinario. No obstante, esta postura no es óbice para que ingrese al conocimiento de aquellos casos particulares que autorizan una excepción con base en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, que es justamente uno de los supuestos legales de procedencia del recurso extraordinario federal (art. 242 inc. 2° CPP). Este es uno de esos casos, dado que de la simple lectura de la reseña efectuada en la sentencia absolutoria -que, como ya fue admitido por el Tribunal de Impugnación, concuerda con el material videorregistrado- surge que la postura liberatoria solamente es posible si se interpreta la prueba con argumentos carentes de razonabililidad, otorgando a presuntas contradicciones sobre aspectos secundarios de los testimonios y a la falta de exhibición del revólver secuestrado una entidad indebida en relación con la totalidad del contexto de indicios de cargo. (Voto del Dr. Barotto, Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dra. Zaratiegui por la mayoría).
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, competencia, jueces, excepciones procesales, desplazamiento de la competencia, competencia civil, recurso de nulidad, incidentes, uniones convivenciales
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Convivencia Coop. de Vivienda c/  s/ quiebra s/ inc. de escrituración por alvarez daniel marcelo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

Procede confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado se declaró incompetente para entender en el planteo de nulidad de todo lo actuado en el incidente. Es que el reconocimiento legislativo de las diferentes formas de familia, lleva a que las cuestiones que las rodean, en el caso acreditar su existencia y la eventual composición de su patrimonio, se debatan y resuelvan ante los tribunales de familia.

Y, en la especie, según la nulidicente, la compra del inmueble en la que se embarcó con el aquí incidentista, lo hizo por la relación de confianza que tenían, producto de su relación de concubinato. Y debe agregarse que el juez pudo analizar su competencia al resolver el incidente, pues se trató de un asunto introducido por la sindicatura al contestar el traslado formulado a su respecto, quien detentaba suficiente legitimación para hacerlo.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, honorarios, base regulatoria, juicio, ley procesal, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE c/ CAMINITO, CARLOS Y OTRA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA EJECUTIVA (EXPTE.: C.S.J.   NRO. 370 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que la Alzada, descartó la estimación del monto del juicio realizada por el recurrente -en relación al monto actual del crédito reclamad o al fiador- con el argumento de que resultaba exorbitante, ignorando así que la misma expresaba el contenido del reclamo judicial frustrado y con ello, la cantidad reclamada en la demanda que representa "la cuantía del juicio a los fines de la aplicación de la escala del artículo 6" conforme lo establece el artículo 8 de la ley 6767; norma preterida en la sentencia sin justificación aceptable pues si bien la circunstancia de que no se haga lugar a un reclamo judicial (atento a resultar exorbitante) en todo caso tornaba aplicable a los fines regulatorios la cuantía que resulta de la demanda, solución opuesta a la adoptada. (De la disidencia del Dr. Spuler).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, empleados públicos, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ASOCIACION TRIBUNALES DE EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- INTERPONE RECURSOS DE NULIDAD Y RECONSIDERACION CONTRA EL REGIMEN DE PROSECRETARIOS , PRACTICANTES Y  PASANTES (EXPTE.: C.S.J. NRO. 362 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial contra lo resuelto por esta Corte en relación al Régimen de Prosecretarios, Practicantes y Pasantes, por cuanto el planteo -tal como ha sido formulado- denota simplemente mera discrepancia con la instrumentación y reglamentación de la figura del Prosecretario, en una tarea que le es propia a este Tribunal por imperio del artículo 92 de la Constitución Provincial y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En tal sentido corresponde destacar que este Cuerpo, en el ejercicio de sus atribuciones de gobierno, entendió que no se advertía que el régimen de Prosecretarios instituido provoque perjuicio alguno a los empleados administrativos, toda vez que la puntuación asignada al mismo no tiene incidencia en el escalafón de agentes administrativos respectivos; como así también debía señalarse que las funciones encomendadas lo eran dentro del marco legal sin violentar en forma alguna el principio de "igual remuneración por igual tarea", aspirándose a lograr una mejor y más adecuada redistribución de las labores dentro de la oficina judicial mas sin suponer una recarga de tareas para los demás empleados sino una mayor asignación de tareas y responsabilidades para el prosecretario, encontrando ello sustento legal en el artículo 213, inciso 4) de la ley 10160.
Prueba confesional, indivisibilidad de la confesión
Materia: PENAL
Carátula: MARINO, Guillermo Esteban s/ Robo de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

La pretensión de que no sea admisible el antecedente de condena, como presunción que apoye la división confesoria, es inaceptable.

La Suprema Corte nunca ha dicho lo que pretende el agraviodicente y en el fallo que cita (causa P. 33822) es incierto que "haya restado toda eficacia" a la capacidad delictiva específica a los efectos de la división de la confesión.- Mal podría haber sentado ese precedente porque sería "contra legem", desde que el art. 239 del C.P.P., incluye los antecedentes personales entre los elementos valorables para poner en obra la división confesoria.-
Daños y perjuicios, Estado militar
Materia: CIVIL
Carátula: Valenzuela, Rubén. c/ La Nación Estado Mayor General del Ejército. s/ Accidente de Trabajo Art. 1113 CC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

El actor tiene "estado militar". A diferencia de un conscripto este "estado" se adquiere por una convención. De hecho constituye un estado "profesiones" que se encuentra regulado por leyes y reglamentos de derecho público. La Corte, en fallos 308:958 concordamente con lo señalado por esta Sala siguiendo la antigua jurisprudencia del Más Alto Tribunal, ha sostenido que "quien se incorpora a las Fuerzas Armadas -en caso voluntariamente- según las leyes dictadas en virtud del art. 67 inc. 23 de la Constitución Nacional, queda sometido específicamente a las reglamentaciones y ordenanzas que rigen la actividad militar, las cuales desenvuelven sus principios propios en la órbita del derecho público, constitucional y administrativos. En ese sentido, tiene dicho esta Corte que las relaciones de los hombres que integran las filas militares entre sí, y con la Nación, se gobiernan por los respectivos reglamentos al efecto se dicten por el Congreso y en la medida y extensión que éste lo establezca. Y termina diciendo "Que, finalmente, no se debe so color de suplir eventuales omisiones de los "reglamentos u ordenanzas" a que alude la Constitución, transportar el caso al campo del derecho privado al que la normativa militar es esencialmente ajena, circunstancia que regularmente aventa toda posibilidad de aplicación de sus normas por vía de integración analógica", que no es otro que el caso "Luján Honorio Juan c- Estado Nacional s/daños y perjuicios del 5 de agosto de 1986, criterio del cual esta Sala se apartó, como ya se señalara.
Sucesiones, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUNA VICENTA s/ Sucesión (LIBRO: A074 - 257)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-06

El planteo que genera la situación que se da en autos, no es de aquellos que el art. 323 del C.P.C. remite a que se substancie en pieza separada y en procedimiento ordinario. Por el contrario, advertimos que son las deficiencias procesales que se constatan las que provocan que se haya tenido como legataria testamentaria, a quien sin ninguna duda le había caducado el derecho conferido en la manda testamentaria, por la circunstancia acreditada, que había muerto con anterioridad al fallecimiento de la causante, situación que no podía ignorarse ni olvidarse atento a los claros términos de los arts. 3799 y ss. del C.Civil. La omisión de citar a la Dirección Geeneral de Escuelas ante tal situación concreta y reconocida en el proceso, lesiona los derechos correspondientes a dicha Repartición Pública con motico de la vacancia que provoca el legado caduco por las razones dadas.-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

El prolongado trámite al que ha dado lugar la substanciación del proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, así como la adecuada preservación de las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso, llevan a dejar de lado el nuevo contorno del concepto de causa civil definido en el precedente "Barreto" y a mantener la competencia originaria de la Corte Suprema para dictar sentencia definitiva.
Relación de dependencia, cumplimiento de órdenes e instrucciones
Materia: LABORAL
Carátula: Mura, Rubén Oscar c/ Empresa El Sol S.R.L. s/ Reclamo laboral laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-11

El derecho patronal de dar instrucciones y la correlativa obligación del trabajador de acatarlas, constituye la subordinación jurídica por la cual el patrón dispone del trabajo y lo fiscaliza como acreedor de una prestación contractual.
Partidos políticos, registro nacional de partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: Marcelo Eduardo Chain s/ promueve acción declarativa de certeza y medida cautelar innovativa (Partido Autonomista)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-18

El registro previsto por el artículo 39 y el artículo 8º de la ley 19.108 -y sus modif.-, contiene todos "los actos que hacen a la existencia partidaria" (cf. Título IV, Capítulo VI), entre los que -a título de ejemplo- cabe citar el nombre y domicilio partidarios; los datos de sus apoderados; los símbolos, emblemas y números de identificación, así como sus cambios o modificaciones, y también la inscripción de la caducidad de la personalidad política, la extinción y la disolución.
Asociaciones profesionales, tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: ESTAPE GABRIEL ZENOBIO c/ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-10

La cesación de actividades del establecimiento a que refiere el artículo 51 de la ley 23.551 no significa la desaparición automática de todo el personal del anterior, por el contrario, admite el desempeÑo de aquél que es imprescindible para poder concretar la cesación puesto que, si se razonara en forma inversa, podríamos llegar al absurdo de que, ante la ausencia de seres humanos, se tornara imposible plasmar un cese tal, por lo que se insiste enfáticamente en el cierre de la sucursal cabe presumir que las labores de aquel personal quedaban acotadas a un fin como el expuesto -v.gr.liquidación de operaciones pendientes, inventario de bienes, etc- no habiendo tampoco el actor alegado, ni probado, que la presencia de tales trabajadores respondiera a una razón diversa a la preexpuesta.
Recurso extraordinario, interpretación de la ley, ley federal, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Harvey, Margarita Juana c/ Estado Nacional Mrio. de Defensa Estado Mayor del Ejército - s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

En la tarea de establecer la inteligencia de las normas federales la Corte no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16, ley 48), según la interpretación que rectamente le otorgue.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia extra petita, cobertura médica, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: D., L. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-22

Al momento de rechazar la tutela peticionada, los magistrados aludieron genéricamente al costo de la droga producida en el extranjero y a la necesidad de que no se ponga en peligro el sistema de atención que presta la obra social accionada; mas sobre el punto cabe destacar que, tal como lo señaló el Procurador General en su dictamen, el elevado costo de la medicación no refleja por sí mismo un riesgo en el sistema de atención de la demandada, desde que para que la cuestión acerca de los límites económicos sea incluido en la discusión -en tanto corresponde a las obras sociales asegurar el reparto proporcionado de los recursos comunes- pesaba sobre la accionada la carga de argumentar y justificar que el costo de la droga podía hacer peligrar el sistema de salud, generando la imposibilidad de atender a otros reclamos igualmente urgentes o fundamentales de los afiliados y beneficiarios. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Netri)
Recurso de queja (procesal), desistimiento del recurso, desistimiento tácito, pago, pago sin reserva, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: PROCESAL
Carátula: Benito, José c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles. s/ Movilidad del haber jubilatorio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

El pago sin reservas efectuado por Anses mientras se tramitaba la queja no permite presumir la renuncia o el desistimiento tácito del recurso (arts. 873, 915 y 918 del Código Civil) ya que ante la gran cantidad de causas recurridas no cabe pensar que puedan extraerse válidamente conclusiones fundadas en actitudes cumplidas fuera del ámbito del proceso por un organismo administrativo, más allá de que la interpretación de los actos en el tema debe ser restrictiva y en caso de duda ha de estarse por la subsistencia del derecho (art.

874).
Concursos, regulación de honorarios, vacío legal, jurisprudencia vinculante, fallo plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERNATIONAL COLLECTION MANAGEMENT SA LE PIDE LA QUIEBRAZANETTO, MIGUEL S/ c/  s/ EDIDO DE QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-08

Habida cuenta que la ley 24522 no contiene previsión expresa referida a la regulación de honorarios en pedidos de quiebra rechazados, y no existiendo disposición al respecto en la ley del arancel, corresponde aplicar el criterio sentado por el fallo plenario "Flota Mercante del Estado de Paraguay c/ SA Comercial e Industrial Maderera" (31.8.56), valorándose el mérito de la tarea efectivamente realizada por el profesional beneficiario de la regulación apelada a la luz de las pautas señaladas por la ley 21839: 6, modificada por la ley 24432, que consagra principios similares a los establecidos en el plenario citado y, ponderando la magnitud económica del crédito que motivo la petición.
Excepciones procesales, falta de personería, acta poder, legalización
Materia: PROCESAL
Carátula: CABA, Héctor c/ PEREZ, Rubén y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

La falta de legalización de un poder, sólo autoriza a solicitar la suspensión del curso del proceso hasta que se cumpla el recaudo, sin que quepa admitir la falta de personería cuando se la funda en que la copia de poder acompañada -emanada de un escribano de provincia- no contiene la legalización correspondiente, puesto que sólo cabe intimar al mandatario a la presentación del original o a que proceda a la respectiva legalización.-
Honorarios, perito médico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBORNOZ ROBERTO c/ RAMON SIERRA Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S082 - 295)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-03-08

En autos regular por las pericias presentadas el 5 porciento sobre lo que prosperó o no la demanda, es una exageración, si se tiene en cuenta que para los mandatarios sobre los que pesó toda la tramitación del proceso se les acuerda el 6 porciento, mientras que aquéllos se limitaron a una sola actuación, sobre cuyo mérito, no corresponde expedirse.-
Acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio, leyes, interpretación de la ley, proceso penal, etapas del proceso, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: V, M R s/ Doctor Javier Vigo Leguizamón, Defensor de M. R. V. S- Solicita   Formación de Tribunal Pleno (Prescripción de la acción penal Expte.   Nro. 19-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-14

El vocablo juicio en el artículo 67 del Código Penal no incluye lo que en nuestro régimen procesal constituye la etapa sumarial, de modo que en esta no puede haber "secuela del juicio". (Del Voto del Dr. Bassó). En la causa la cuestión a resolver es: ¨Qué debe entenderse por secuela del juicio a los fines del artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal?
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, tercera instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Santa Fe c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Apremio  (Expte.: C.S.J. Nro. 369 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-17

Nutrida jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, por regla general, lo resuelto por el a quo en punto a su competencia para decidir el litigio constituye una cuestión de derecho local, propia de los jueces de la causa y no susceptible por ende del remedio federal. También ha dicho, que las sentencias que por interpretación y aplicación de normas no federales resuelven problemas de competencia son ajenas a la vía extraordinaria cuando no importan denegatoria del fuero federal; y que, en principio, una sentencia que determina el órgano competente para intervenir en una litis no es una sentencia definitiva, si no pone fin al pleito ni impide su continuación; no lo es tampoco la que resuelve remitir las actuaciones a la jurisdicción arbitral convenida por las partes declarando la incompetencia de los tribunales civiles ordinarios.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, marcas, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARRIOT CORPORATION c/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-08

Los aspectos fácticos relacionados con la aplicación de la ley de marcas son, como principio, insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria. En cuanto al criterio cuestionado respecto a la forma en que debe resolverse la aplicación intertemporal de la Ley 3.975 y la vigente Ley 22.362 conforme las pautas del art. 3 del Código Civil, debe mencionarse que el Alto Tribunal ha decidido que tal cuestión es propia del derecho común e irreversible por la vía del art. 14 de la Ley 48.
Títulos de crédito, aceptación por intervención
Materia: COMERCIAL
Carátula: AVALOS MELGAREJO, ORLANDO c/ MUOLLO, PASCUAL s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-31

Para que pueda darse la llamada "aceptación por intervención", y pueda configurarse la responsabilidad cambiaria de éste interviniente motu proprio, es imperativo que haya mediado rechazo de la cambial por parte del girado y se haya levantado protesto por falta de aceptación, pues sin tales actos no se configuran los presupuestos para el funcionamiento de la intervención cambiaria dec. Ley 5965/63: 71-. El interventor solo puede aceptar por un obligado regresivo ocupando su misma situación, y nunca podría ser reputado deudor principal u obligado directo con aptitud para responder frente al librador de la letra de cambio.