Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-27


Nro. de Sentencia: 011 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 27 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"B., C. c/ V., T. y otros s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)", Expte. nro. 15.291/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (Expte. nro. 3263/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 232), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 192/200 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente caso por apelación deducida por la parte demandada -el coaccionado Sr. T V- contra la sentencia definitiva nro.096/2005 del Juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro.2 de la jurisdicción, que hizo lugar a la demanda condenando al apelante y a E S a pagar al actor $6338,10, con más intereses y costas (fs. 201, fs. 192/200).

I.- A fs. 220/226 luce la expresión de agravios sosteniendo que el juez dictó sentencia basada en su propio arbitrio, no considerando las pruebas del Expte. "S, E A. s/ Lesiones Culposas", 10323 que tramitara en el juzgado de instrucción no. 2.

Señala bajo el nomen de Los defectos de la sentencia, que no individualizó correctamente los hechos que constituyen el sustento fáctico para luego considerar la prueba, transcribiendo partes del fallo dice que el juez generaliza la cuestión, invalidando la norma positiva que da prioridad de paso, existen según el recurrente afirmaciones subjetivas del juez.

Continúa transcribiendo en su memorial, los dichos del actor y las partes de la sentencia, remitiendo a las constancia de la causa penal incorporada, que le llevan a concluir que los hechos no se produjeron como el juez los da por producidos. El Juez confunde el supuesto de culpa en donde está en juego la responsabilidad por riesgo. Las conclusiones remiten a la petición de revisión de las pruebas incorporadas, entre ellas remarca que el actor tenía aliento etílico, según la historia clínica, además de tener actitud imprudente, no ser veraz que se dirigía a su domicilio.

Los agravios se centran en la valoración de la prueba que arribó a la conclusión el juez Aquo de atribución de responsabilidad en el hecho dañoso al conductor del automóvil del demandado.

Es retrucado por la contraria a fs. 228/9 vta.

II.- La existencia del perjuicio se observa examinando la sentencia y determinando las partes o cuestiones del acto que lesionan o son desfavorables a los intereses jurídicos de los litigantes. El agravio o conjunto de agravios según la complejidad del decisorio, será la medida de la apelación (según Fenochietto, E. "Cod.Proc.", t.2 págs. 4/5, Ed.Astrea-2001).

La recurrente, propugna sea aceptada su pretensión de desestimar la demanda y atribuir respon-sabilidad en el evento ocurrido el 11 de agosto de 1998 al actor, sin atender que la cuestión había caído bajo el instituto de cosa juzgada en autos "B, C R c/ V, T y otros s/ sumario", Expte. 2412/99 nro. Cámara 14456, sentencia definitiva que luce a fs. 482/88 vta. que entre fs. 485 a fs. 486vta. se trató en la instancia de grado por sentencia definitiva nro. 754/03 la atribución de responsabilidad de las partes para la posterior determinación de las reparaciones, que el Juez Aquo en dicho fallo dispuso que era V el responsable quedando así resuelta la cuestión.

Esa sentencia definitiva fue apelada por la demandada y que el recurso fue desestimado por sentencia de esta Cámara definitiva nro. 61/2004 que obra a fs. 511 a fs. 514 vta. de los autos mencionados.

La función judicial determina la necesidad de asegurar no solo la inimpugnabilidad que es propia de las sentencias firmes, sino también el hecho de dotarlas de un atributo en cuya virtud su contenido no pueda ser alterado en ningún otro proceso ulterior. De tal modo, se vuelve inadmisible toda nueva discusión o resolución acerca de las cuestiones ya decididas, con carácter firme, en el anterior proceso.

Este atributo recibe la designación de cosa juzgada, y puede definírsela, en general, como la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva, cuando no procede contra ella ningún recurso -ordinario o extraordinario- susceptible de modificarla. Se trata, por lo tanto, de una cualidad que la ley confiere a la sentencia a fin de acrecentar su estabilidad.

En otras palabras, dado que la finalidad del proceso judicial consiste en satisfacer una pretensión, y teniendo en cuenta que este resultado fue obtenido a través del dictado una sentencia inimpugnable -que la admitió o la denegó-, la posibilidad de reeditar el debate y una nueva decisión acerca del objeto de dicho proceso atentaría contra la seguridad jurídica y comprometería la actividad jurisdiccional (Palacio, ob. cit., p. 501).

(Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Expte. N° EXP 9306 / 0-Autos: S J L y otros c/ G.C.B.A. s/ Daños y Perjuicios (Excepto Resp. Medica)- Sala I del voto de los Dres. Carlos Balbín, Horacio G.A. Corti y Esteban Centanaro, abril, 20 de 2004. Sentencia N° 64. Citar:elDialBGA93).

El efecto preclusivo inherente a la cosa juzgada formal y la inmutabilidad inherente a la cosa juzgada material, media la diferencia que existe entre los conceptos de estabilidad y de ejecutabilidad o imperatividad de la resolución.

Desde luego, goza de aquella eficacia la sentencia en cuestión que confirmada por la cámara, no fue casada por el Superior, en síntesis quedó firme, tanto en la atribución de responsabilidad como los resarcimientos por los daños sufridos en la persona de B que fueron objeto de condena, entre los que no se encuentran los daños producidos en el rodado del actor que fue materia de decisión en el presente pleito por Sentencia definitiva nro. 096/05.

Admitir los agravios respecto de la atribución de responsabilidad en el accidente, único cuestionamiento en el memorial subexamine, de la parte demandada intentando conmover el fallo importa desconocer la intangibilidad de la sentencia que emana de la cosa juzgada material y formal, y que se ha producido la preclusión a su respecto, lo que a mi modo de ver debió haberse advertido por el Aquo que no podía expedirse sobre la misma cuestión con las mismas partes aun de oficio por el carácter de orden publico del instituto que me ocupa.

A pedido de parte se produjo la acumulación en el momento del dictado de la sentencia definitiva, permitiéndome recordar lo dicho por la jurisprudencia, "A acumulación de procesos que tanto se puede disponer a pedido de parte o sea mediante excepción de litispendencia, tiene por objeto reunir dos o más causas en trámite para evitar se divida la continencia de la causa, principio según el cual deben debatirse y decidirse en el mismo juicio las pretensiones que sean conexas entre sí.

Tales pretensiones conexas, en razón de las partes, el objeto y la causa, no deben ser decididas separadamente sin riesgo de incurrir en sentencias contradictorias o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada" (PNE c/ S. de O. s/ divorcio vincular SCPcia. Bs.As., 1-6-90 elDial - W6D5B).

Lejos estuvo el Aquo de advertir estas premisas procesales y no evitó dictar dos sentencias con el mismo objeto, parcial y partes, respecto de la atribución de responsabilidad había fallado y debió haber declarado, reitero, de ficio.

Lo que no ocurrió, y no obstante ello entiendo que corresponde a esta Alzada establecerlo.

El instituto de la cosa juzgada, toda sentencia firme, es un acto superador de un conflicto, exhibe primordialmente signo axiológico de poder y paz; desde que los actos jurisdiccionales comprometen la conducta del órgano decisor en su interferencia con las partes y restantes sujetos procesales y su impugnación entraña de por sí, la axiológicamente indeseable reactualización de una discordia ya formalmente superada (Lino Palacios LL-1997-E pág.584/5).

Por todo lo expuesto y ante la existencia del instituto de la cosa juzgada parcial, corresponde, y así lo dispongo confirmar la sentencia respecto de los montos indemnizatorios no cuestionados en esta instancia, las costas de la Alzada las impongo a la recurrente vencida, conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCCCh), difiero la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes al momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo:

1) Confirmar los montos indemnizatorios condenados rechazando el agravio de la demandada.	2) Costas a la demandada vencida conforme considerando respectivo, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan los presentes a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 192/200 vta que hace lugar a la demanda en todas sus partes y condena a T V y E A S solidariamente, a pagar a C R B la suma de seis mil trescientos treinta y ocho pesos con 10 ctvos ($6.338,10), dentro de los cinco días de notificada la presente, con más los intereses de acuerdo al considerando respectivo, impone las costas al vencido y regula los honorarios.

A fs 220/226 se agrega la expresión de agravios quien embate sobre la sentencia en punto a la responsabilidad que el a-quo le endilga a sus representados.

Señala los defectos de la sentencia, analiza cómo se produjo el accidente de acuerdo a la valoración que efectúa de las pruebas y concluye que la misma es arbitraria y que no se han considerado pruebas relevantes, las que señala.

Hace reserva, subsidiariamente, del caso federal por violación del derecho de propiedad.

He de señalar en principio que se ofrecieron como prueba a fs 48 vta los autos caratulados "B, C R c/ V, T y otros s/sumario", expte Nº 2412, agregándose por cuerda a los presentes a fs 188, observando que en el mismo, el actor inició acción de daños contra los ahora también demandados, por el hecho ocurrido el día 11 de agosto de 1998, dictándose sentencia a fs 482/488 y condenándose a los demandados V y S, admitiéndose por ende las pretensiones del actor.

Dicha sentencia fue apelada y confirmada por esta sala a fs 511/514 vta.

En autos reitero, la acción se desarrolló entre las mismas partes, y con relación al mismo hecho, discutiéndose sobre la responsabilidad sobre el accidente y solicitándose indemnización por daño emergente y privación de uso.

La acumulación ordenada debió producirse previo al dictado de la sentencia del expte 14456, a fin de dictar una sentencia única, evitando situaciones como la de autos, obligando a la aplicación del instituto de la cosa juzgada, el que puede ser declarado de oficio (ver Santiago C.Fassi y Alberto L. Maurino, "Código Procesal Civil y Comercial comentado, Anotado y concordado", Ed. Astrea, 2002, t.3 pág. 272).

Asimismo, cabe remarcar que la apelación se circunscribió a la culpa que el a-quo endilgara a sus representados.

Y es a partir de ello que decidiré sobre la apelación interpuesta.

La Corte Federal ha dicho que la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y fallado libremente los jueces (CSJN 10-11-92, Márquez Lucas S.; CSN 6-5-97, S) "La cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica es también exigencia del orden público con jerarquía superior" (CSN, 1-3-94, "Rocatagliata c. Instituto Municipal de Previsión Social" D.J, 1995-2-440; "Chocobar c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado", J.A. 1997-II-557 entre otros.

El Sr. Juez de la primera instancia hizo lugar a la demanda y examinó la mecánica del accidente determinando la responsabilidad, sin advertir que en los autos cuya agregación ordenó (fs 90) ya la situación se encontraba resuelta y no hay dudas que la sentencia que se pretende revisar está firme y ha adquirido calidad de cosa juzgada ya que el proceso terminó con una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada y se agotaron las vías recursivas.

Máxime en el caso de autos en que la sentencia del expte 14456/99 no aparece perturbada por un vicio grave ni se ha operado una evidente modificación de las circunstancias que dieron origen al decisorio que se quiere echar por tierra, ni fueron alegados por los apelantes.

La CSJ ha establecido que para la configuración de la cosa juzgada es menester la existencia de un juicio regular (debido proceso) Fallos v.235 pp 178, 431 y 728 entre otros- 281, p. 21- v. 283 p. 66., y noto que ello ha ocurrido, atento a lo que remarcara en párrafos anteriores.

He de agregar que es doctrina mayoritaria que únicamente es posible la retractación de la sentencias firmes, cuando existen fundados motivos para ello ya que sólo tales circunstancias permiten su alteración.

La seguridad jurídica aconseja no modificar los fallos firmes y los motivos especialísimos que autorizan la revisión de la cosa juzgada son, en opinión unánime de las fuentes procesales, tan sólo dos: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto, y tales circuns-tancias no se dan de acuerdo al análisis efectuado. Corresponde por ende, el rechazo de la apelación.

La indemnización por daño emergente y privación del automotor, no ha sido motivo de queja (art. 277 del CPCCh).

Las costas de la instancia, estarán a cargo del apelante vencido.

A fin de regular los honorarios de esta instancia tendré presente la actuación profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen, así como lo que surge de los arts 6 y 14 de la ley de aranceles, difiriéndolos para el momento del acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar la apelación interpuesta a fs 201 y fundada a fs 220/226 por los demandados, y confirmar la sentencia de fs 192/200 vta de acuerdo a los considerandos respectivos.

2) Imponer las costas de la Alzada a los apelantes vencidos.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Nélida Susana Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar la apelación interpuesta a fs. 201 y fundada a fs. 220/226 por los demandados, y confirmar la sentencia de fs. 192/200 vta de acuerdo a los considerandos respectivos.

2) Imponer las costas de la Alzada a los apelantes vencidos, a cuyo fin se regulan los honora-rios profesionales de la Dra. M A K en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ($ 360.-) y de la Dra. N A. M en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($ 210.-).

3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 11 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS