Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-19


S., S. R. E. Reg.: A y S t 197 p 114-117. Santa Fe, 19 de mayo del año 2004. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte constituida en actor civil contra la sentencia nro. 85 del 4.12.2002 dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto, en autos "S., S. R. E. - Falsificación de Instrumento Privado y Tentativa de Estafa- (Expte. 45/02)" (Expte. C.S.J. nro. 241, año 2003);

y, CONSIDERANDO:

1. Contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, confirmatoria de lo resuelto por el señor Juez en lo Penal de Sentencia de Melincué, en cuanto rechazó la demanda civil instaurada e impuso las costas por su orden, en la causa que se le siguiera a S. S. por el delito de falsificación material de instrumento público y tentativa de estafa en concurso real entre sí, deduce la compareciente el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055, juzgándola lesiva de los derechos y garantías de raigambre constitucional que invoca.

Le agravia que el Tribunal a quo declarara la improcedencia del daño moral peticionado por su parte (artículo 1078, Código Civil) y considerara que se estaba en presencia de una relación de naturaleza contractual; desde que tal cuestión no resultó objeto de debate, pues lo que se investiga es la supuesta comisión de un ilícito penal (aspecto éste -según afirma- en que las partes estuvieron contestes).

Por consiguiente, dice, la Alzada interpreta tendenciosamente los hechos objeto de reproche e incurre en falta de motivación suficiente (artículo 95, Constitución provincial).

Seguidamente, pone de manifiesto su disconformidad con la imposición de la Cámara de probar el sufrimiento padecido a consecuencia del hecho delictivo cometido por "S."; cuando basta su sola comisión para que se configure el daño y opere el resarcimiento.

Se interroga entonces, si su parte debería haber caido en un estado psicológico desesperante, haber recurrido a ayuda profesional o tal vez, estar recluida en alguna institución neuropsiquiátrica para que la Alzada considere efectivizado el daño moral.

También reprocha al Tribunal el haber juzgado que el quebrantamiento de la tranquilidad espiritual de su parte ante el incierto resultado del pleito; el saberse inocente e ignorar cómo terminará el juicio y las consecuencias materiales y morales que le aparejará; el menoscabo en su integridad; la turbación de la paz; el descrédito ocasionado, resultan insuficientes para acreditar la existencia del daño reclamado.

Considera que aún cuando se reconozca la naturaleza contractual de la relación, igualmente la Alzada debió hacer lugar al daño moral, afirmando que dicho órgano jurisdiccional inobservó lo normado por los artículos 522 y 1078 del Código Civil.

Insiste en que el fallo subjetiviza ciertos hechos de la causa interpretándolos tendenciosamente, cuando en realidad la función del juzgador no consiste en vertir opiniones sino en ponderar las probanzas colectadas en autos, trayendo como ejemplo de dicho reproche el análisis realizado por los sentenciantes sobre el reconocimiento de la deuda efectuado por su parte.

Asimismo le disconforma que los sentenciantes entendieran que el dinero pretendido por "la S." no llegó a percibirse, como si de ello dependiera el reconocimiento del daño que dice haber sufrido, es decir, aún cuando el hecho cometido quedara en grado de tentativa, igualmente procede su reparación, como así que refirieran vagamente a la mayor exigencia probatoria en materia contractual.

El Tribunal a quo, mediante auto nro. 58 del 30.5.2003 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa la parte compareciente ante esta sede, insistiendo en la concesión del recurso. 2.

Aún cuando se tuviera por cumplida la exigencia prevista por la ley 7055 en su artículo 1 in fine, -recaudo juzgado insatisfecho por la Alzada en la denegatoria del recurso-, el presente remedio no ha de prosperar, pues de la confrontación de los reproches esgrimidos con la sentencia impugnada surge que toda la argumentación recursoria, pese al tinte constitucional que la compareciente aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos y aplicó las normas jurídicas pertinentes, ámbito éste, que resulta ajeno a esta instancia de excepción.

Los planteos de la recurrente (parte constituida en actor civil), en esencia, pueden sintetizarse en su disconformidad para con lo resuelto por la Cámara, en tanto desestimó la demanda civil y, consecuentemente, el daño moral que le reclamara a S. S., en la causa que se le siguiera a ésta por el delito de falsificación material de instrumento público y tentativa de estafa en concurso real entre sí, sobre quien pesa una condena a prisión de ejecución condicional (de un año), la que no se encuentra firme, según las razones apuntadas por el Tribunal de la causa.

En efecto, la Cámara analizó previamente la inhibición dispuesta en contra de los actores civiles en el proceso ejecutivo iniciado por S. S., en razón de haber denunciado aquéllos que tal cautelar los perjudicó al no poder contratar un mutuo y les ocasionó una pérdida de chance respecto al otorgamiento de créditos destinados a adquirir implementos agrícolas, habiéndoles provocado el proceso trastornos emocionales y la afrenta en su consideración social.

Pese a lo argüido, los sentenciantes consideraron que S. F. y R. Z. no demostraron tales extremos como así tampoco los perjuicios económicos que alegan haber sufrido, pues sobre ellos pesaba la obligación de acreditar la existencia del hecho dañoso y las consecuencias gravosas que constituyen el perjuicio cuya reparación pretenden.

Sin perjuicio de ello, la Alzada apoyó su decisión entre otras consideraciones -según datos aportados a la causa-, en que el pagaré juzgado adulterado (en principio) y por el que se habría intentado perseguir el cobro de veinticinco mil dólares, en lugar de los cinco mil dólares reconocidos como deuda real por los libradores -deuda que, a la fecha, no se encuentra cancelada- por parte de Z. y F., nunca se efectivizó ni judicial ni extrajudicialmente y, consideró que por la deuda reconocida, los reclamantes pudieron ser demandados e inhibidos con las mismas consecuencias que, dicen, les generó la cautelar dispuesta en su contra.

Finalmente, el Tribunal de la causa tras referir a la mayor rigurosidad probatoria del daño moral en el incumplimiento de las obligaciones contractuales -en los que habría casos en que el peticionario nada tiene que probar, ni directa ni indirectamente, mientras que en otros tendrá la carga de la prueba-, insistió en enfatizar que aún cuando no exista necesidad de probar el daño moral debe acreditarse el hecho generador del sufrimiento, pues en todo caso, son las consecuencias que él acarrea las que pueden estar exentas de prueba; expresando que en el sub examine no puede soslayarse la falta de firmeza de la condena penal, por lo que en el plano de lo posible, la misma, eventualmente podría ser revisada y dar lugar a una conclusión distinta.

Esta es la solución jurídica a que arribara la Cámara, frente a la cual la quejosa intenta oponer su particular apreciación de la causa, mas sin lograr conmover los fundamentos esgrimidos por aquélla en orden a desestimar el daño moral reclamado, decisión que más allá de su grado de acierto o error, no luce absurda, irrazonable o arbitraria para que permita su descalificación por arbitrariedad.

Ello así, desde que el órgano jurisdiccional fundó su decisión en elementos objetivos habidos en la causa (tal como se reseñara ut supra) y, con un estricto apego a la regla existente en materia probatoria, impuso a los actores civiles el demostrar el hecho dañoso y sus consecuencias gravosas, carga que a la luz de las constancias de autos se juzgó insuficiente.

Por consiguiente, mal puede sostenerse que la Alzada interpretara tendenciosamente dichas constancias, incurriera en inmotivación o se expidiera sobre cuestiones no planteadas -naturaleza contractual de la relación generada entre las partes- pues en este último aspecto, baste con recordar el origen de la deuda, razón por la cual remarcó la exigencia de mayor rigurosidad probatoria en el ámbito de las obligaciones contractuales.

Para concluir, baste señalar que el memorial recursorio en nada difiere entonces, de una simple expresión de agravios de una apelación común con insistentes y contínuas referencias a la supuesta arbitrariedad en que habría incurrido la Cámara al confirmar la desestimación del daño moral oportunamente dispuesto por el Inferior, evidenciando tan sólo su disenso con la valoración de los hechos, pruebas y derecho aplicable, materia que excede los límites de admisibilidad de la apelación extraordinaria.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la compareciente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)