marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa de automotores, pretensión resarcitoria, responsabilidad de la concesionaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARREIRO,   MARIO c/ SENA AUTOMOTORES SA Y FIAT AUTO ARGENTINASA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-14

En una acción en la que el adquirente de un vehículo a través del sistema de plan canje persigue resarcimiento por el incumplimiento contractual atribuido a la concesionaria y a la concedente, consistente en no entregar en tiempo oportuno un automotor, resulta improcedente eximir de responsabilidad a la concedente coaccionada toda vez que esta no puede so pretexto del contrato de concesión, ampararse en la ajenidad de la compraventa del rodado celebrada con el accionante, toda vez que no cumplió con su carga dentro del sistema y la causa de la inobservancia en tiempo oportuno de la prestación debida al reclamante, tiene origen dentro de su esfera empresarial. La coresponsabilidad no importa semi-responsabilidad, sino responsabilidad plena atribuible a cada sujeto que con su acción u omision coorigino el incumplimiento; en la especie, la condena solidaria apoya en la propia naturaleza del hecho generador. Por ende, ambas coaccionadas responden solidariamente, sin perjuicio de las acciones de repetición que corresponden (Cncom, sala C, 14.2.03, in re: "Buschiazzo, Juan Antonio y otro c/ Bansud SA y otro s/ Ordinario"; idem. in re: "Jaraguionis, Nefi c/ Bco de Boston y otro s/ ordinario", La Ley 1998-F, pag. 168).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Corrado, Ramón O. c/ Santa Lucía Cristal S.A.C.I.F. s/ Enfermedad accidente. Accidente de trabajo art. 1113, C.C. Recurso  de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

En el caso, el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que declara la inconstitucionalidad de los arts. 39 y 46 de la ley 24.557 reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, designación de perito
Materia: PROCESAL
Carátula: Rey, Jorge Alberto c/ Bollonine, Claudio Héctor s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-27

La decisión de dejar sin efecto la designación de un perito para actuar en el proceso, es susceptible de causar gravamen, desde que se vincula con las tareas inherentes a su profesión y por ende con su honorario, que como tal tiene carácter alimentario.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Elizaul  Alcides  Adrian  y otros c/ Sodexho Argentina S.A. y otro s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-20

No queda comprendida en la normativa del  art. 30 L.C.T. la actividad secundaria cuando haga a la actividad permanente y habitual del establecimiento, porque la actividad accesoria o secundaria fue excluida expresamente por la reforma de la ley 21.927, que restringió el campo de actividades en que se produce la solidaridad. La actual disposición legal, al igual que la anterior, está dictada en la inteligencia de que la contratación o subcontratación lo sea con empresas reales (solvencia económica y técnica, establecimiento, etc.), y no se trata desde luego de un vulgar fraude a la ley laboral, situación contemplada por el art.14 de dicha ley. La actividad normal y específica es la habitual y permanente del establecimiento, o sea la relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa; es la referida al proceso normal de fabricación, debiendo descartarse la actividad accidental, accesoria o concurrente. Vale decir, que la actividad secundaria, aunque haga a la actividad permanente y habitual del establecimiento, no genera la responsabilidad solidaria prevista en el art.30 de la L.C.T. (cfr. entre muchos otros, "Cusano Diego y otro c/Iturri pedro y otro s/despido", SD 70212 del 31/3/97, del registro de esta Sala).
Alimentos, ejecución de sentencia, domicilio real
Materia: CIVIL
Carátula: S. J. A. y F. D. A. s/ Divorcio  vincular  por  presentación conjunta -Incidente de nulidad presentación conjunta -Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-05-15

El cumplimiento de la sentencia de alimentos se establece en el art. 646 C.P.C.C. -aplicable por reenvío del C.P.T.F.-, que establece un trámite específico para la ejecución de la sentencia de alimentos, distinto al genérico del art. 496 sgtes. y concordantes -"ejecución de sentencia"-. Así la especificidad del procedimiento viene dada por no ser trámites indispensables la liquidación ni la citación de venta. Debe sí intimarse al pago y si no fuese efectivizado dentro de cinco días, sin otro trámite, resulta procedente que se decrete el embargo y venta de bienes suficientes. en verdad, basta con que embargue bienes y directamente sean realizados, es decir rematados.

Sin embargo, si la diligencia de embargo "per se", significa localizar bienes del demandado, -obviamente bienes muebles- y embargarlos, es de toda lógica que los mismos no se encontrarán en el estudio jurídico de su abogada o en cualquier domicilio que se halla constituido en la causa. Debe ser diligenciada en el domicilio real del ejecutante. Si además advertimos que el mandamiento de embargo importaba la citación de venta, es de indudable doctrina que debe realizarse en el domicilio real y no en el procesal constituido en el principal. En efecto, atento a la autonomía de la acción ejecutiva, se resolvió que la notificación de la citación de venta debe efectuarse en el domicilio real del ejecutado.(Fundamento de la Dra. Elsa C. de Dri)
Jubilaciones, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Coirini, Beatriz Emma c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

El art. 34 inc. b) del dec. ley 9650/80 tiende a cubrir los riesgos de subsistencia. La finalidad del instituto de la pensión en relación a las hijas solteras que han convivido con el causante no es garantizar el mismo nivel de vida que tenían en vida de su progenitor sino la subsistencia (en el caso, siendo la actora una mujer joven, inserta en el mercado laboral y propietaria de la vivienda que habita, no se acredita la razón por la cual no pueda procurarse por sí misma su sustento).
Responsabilidad civil, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: COSTICH  Daniel  Ramiro  y  otros c/ Estado Nac. - Ministerio delInterior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-07

En la producción de un hecho dañoso como el que se imputa puede concurrir la culpa de una de las partes con exclusividad, o bien también algún hecho del damnificado, por lo cual la cuestión atinente a la obligación de indemnizar (o no) y la eventual proporcionalidad, debe ser analizada desde la perspectiva de la influencia causal de cada conducta, es decir, en función de la medida en que cada partícipe ha contribuido a causarlo, lo que puede ser trascendente para establecer la influencia causal y el reproche que cada uno se merece por la gravedad de cada conducta (Bustamante Alsina, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", págs. 285/259 y Belluscio, A.C. "Código Civil y Leyes Complementarias", t. 5, págs. 400).
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Turismo Zonda S.R.L. y Otro s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-10

"Los plazos de caducidad de la instancia comienzan a correr desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación, que tuviese por objeto impulsar el procedimiento y vencen a la media noche del día en que se cumplen".
Medidas cautelares, sustitución de medidas cautelares, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Sound Beach S.A. y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Teniendo en cuenta que la medida dispuesta en autos ocasiona un gravísimo perjuicio a la accionada - suspensión del uso de repertorios musicales- que impide practicamente el ejercicio de su actividad comercial y considerando, asimismo, que la finalidad última perseguida por la actora consiste en la percepción de las sumas de dinero que corresponde a sus asociados por el uso del repertorio musical, la cual no se vería favorecida con la inactividad del comercio, cabe, en virtud del principio de razonabilidad, adecuar dicha cautelar a fin de evitar daños innecesarios y garantizar el resultado de la acción principal, razón por la cual se reemplaza por la designación de un interventor recaudador. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, prueba
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: PONCE RAMON c/ DELTA  S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-26

El análisis de la pericia médica, se advierte una total falta de fundamentación derivada de la ausencia de conclusiones concretas acerca del rechazo de la prueba. El Tribunal a quo ha enunciado múltiples premisas que se confunden entre las transcripciones de partes del informe, pero no llegó a culminar su razonamiento. Por lo expuesto debe casarse la sentencia en cuanto motivo de agravio, ya que carece de fundamentación.-
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Becco, Rubén Angel c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

La resolución de la Caja previsional que dispuso el reconocimiento del ejercicio de la profesión de corredor público sin estar matriculado como tal porque se demostró la matriculación como martillero (art. 1, res. del 20-III-70), excede la atribución de "interpretar y aplicar" la ley en la que se sustenta (art. 9, inc.

b, ley 7014), e implica una modificación de la misma que escapa a las facultades del organismo.
Honorarios, monto del juicio, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/ Baiter S.A. s/ proceso de ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

A fin de regular honorarios debe considerarse la importancia de los trabajos realizados y el interés patrimonial defendido (C.S.

Fallos 256:232; 280:284; 295:72, entre otros). Asimismo, el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos 270:388; 296:124, entre muchos más). Además, los jueces disponen de un amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de los distintos factores que influyen en las regulaciones de honorarios (C.S. Fallos 278:365) y se ha admitido la no aplicación de los mínimos arancelarios cuando los valores resulten exagerados y no guarden proporción con los trabajos realizados (C.S. Fallos 239:123; 251:516; 256:232 y 302:1452, entre muchos otros). (cons. 5º). entre muchos otros).

(cons. 5º).
Discriminación, homosexuales, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Una discriminación fundada en la diversidad de ciertos comportamientos sexuales -en el caso, los homosexuales- no es inconstitucional porque sea inválida cualquier distinción sobre esa base, sino porque dicha discriminación resulta inequitativa al ser sólo justificable por remisión a las aparentes preferencias de la mayoría.
Fianza, obligación principal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PREVISION SOCIAL c/ ATENCIO CARLOS Y OTRO s/ Ordinario (LIBRO: S084 - 486)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-26

Si no procede el reclamo porque no hay obligación principal válida, tampoco puede reclamarse al fiador, atento los términos del art. 1994 del C.C.-
Escrituración, adquirente por boleto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SCHREDELSELKER JUANA CATALINA c/ CASENAVE CARLOS EDUARDO Y OTRA s/ ESCRITURACION Y COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-09

Si bien el adquirente por boleto de compraventa no puede, por vía de principio, demandar por escrituración en nombre propio y en forma directa al titular registral, tratándose de una cuestión patrimonial disponible que no compromete el orden público, no hay obstáculos para que éste, requerido judicialmente, se allane a la pretensión cuando la litis ha sido debidamente integrada con la citación del comprador -luego vendedor- que, por incontestación de la demanda -artículo 342 inciso 1º del Código Procesal Civil y Comercial- reconoce la existencia de ambos negocios jurídicos. El principio señalado no resulta aplicable al caso en que el tercero comprador acciona por vía subrogatoria -artículos 108/111 del citado Código y 1196 del Código Civil-. Renovar la contienda en un segundo proceso cuando en éste, por allanamiento, ya se ha puesto fin a ella, implicaría un exceso de rigor formal con despliegue jurisdiccional inútil.
Control estatal, poder de policía, bien común, Contratos, interpretación del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Rinaldi, Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

La prohibición de leyes que alteren las obligaciones de los contratos, no impide al Estado ejercer los poderes de que se halla investido para promover el bien público o que son necesarios para el bienestar general del público, aunque por ello puedan ser afectados los contratos celebrados entre individuos. Este poder, conocido como el poder de policía, es un ejercicio del soberano derecho del gobierno para proteger la vida, salud, moral, solaz ("confort") y bienestar general del pueblo, y es superior a cualesquiera derechos emergentes de los contratos entre los individuos.
Despido por maternidad, despido indirecto, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES DE MOURE, MARIA CRISTINA c/ COMPAÑIA DE MANDATOS SRL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-08-31

Corresponde el pago de la indemnización especial a que se refiere el artículo 178 to. LCT. también en los casos de despido indirecto, toda vez que tanto éste como el despido arbitrario responden a las mismas causas -grave incumplimiento del empleador que no permite la continuación del contrato- y producen similares consecuencias.
Policía Provincial, aplicación de la ley previsional, retroactividad de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Maidana, José s/ Recurso de Reconsideración Nichols, Tito s/ Recurso de reconsideración contra Resolución Nro.496 del ISSYS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-02-07|1986-02-07

Las leyes previsionales rigen para el futuro y para que sus disposiciones sean retroactivamente aplicables es indispensable una indicación categórica en tal sentido, que no contiene la Ley 2604.
Rebeldía, reconocimiento de los hechos, presunciones, presunción juris tantum
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad del Estado -Casa de Moneda c/ Municipalidad de la Ciudad de Alta Gracia -Prov.Cord.- s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

El art. 60 de la ley adjetiva, para el supuesto de rebeldía, no sólo confirma la facultad judicial acordada al juez en los casos de silencio o actitud evasiva o ambigua del accionado frente a los hechos expuestos en la demanda y autenticidad y recepción de la documentación él dirigida que con aquella se acompañase, sino que le agrega una presunción "iuris tantum" que establece una diferencia notable con los efectos que cabe atribuir a estas circunstancias.

(Del voto del juez Buján, consid. 3?).
Proceso contravencional, audiencia ante el fiscal, acta de audiencia, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, falta de firma, nulidad procesal, nulidad absoluta, nulidad de oficio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, R. P. s/ Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

En el caso, en el acta mediante la que se documenta la realización de la audiencia que prescribe el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Contravencional, no obra la firma del Sr. Defensor Oficial que supuestamente habría asistido al imputado en dicho acto procesal, lo que autoriza a concluir en que éste careció en ese momento de asistencia letrada.

Al ser ello así, el acto procesal aludido resulta absolutamente inválido, ya que a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento procesal nacional, en el que la presencia del defensor en la declaración indagatoria del imputado es facultativa: "a la declaración del imputado solo podrán asistir su defensor y el ministerio fiscal." (artículo 295 del Código Procesal Penal de la Nación), en nuestro procedimiento el artículo 41 exige la presencia del defensor en el acto de la audiencia que él regula:

"El o la Fiscal oye al presunto contraventor/a, con la presencia del defensor.". La disposición es terminante y no admite otra interpretación que la literal: el defensor debe estar presente en el acto de la audiencia.

Es evidente que se ha producido una grave violación a las garantías al debido proceso y defensa en juicio, toda vez que el encartado no ha contado, en su primera presentación en sede judicial, con la asesoría letrada que le era indispensable; así entonces, es de aplicación en la especie la causal nulificante que describe el artículo 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, tratándose en el caso de una nulidad absoluta en los términos de los artículos 167 inciso 3 y 168 párrafo 2 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que esta Alzada puede y debe proceder oficiosamente a su declaración, privando de valor alguno no solo al acto viciado sino también a todo lo actuado con posterioridad, incluida la sentencia, toda vez que cabe considerar inválidas a las actuaciones que tienen como antecedente necesario el acto írrito. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Excepciones procesales, defecto legal, desobediencia, resistencia a la autoridad, recurso de inconstitucionalidad, incidentes, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Quintela, Guido Ezequiel s/ 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

No puede prosperar la queja por cuanto carece de crítica suficiente de la resolución de la Cámara que denegó el recurso de inconstitucionalidad intentado, al no rebatir adecuadamente los motivos del rechazo. El recurrente no indica críticamente por qué se trata de un caso que excede una mera discrepancia interpretativa, conforme el motivo invocado por el a quo para rechazar el recurso, ni rebate mínimamente el rechazo basado en la ausencia de arbitrariedad. (Del voto de las juezas Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Oscar Andrés s/ LESIONES LEVES Y DAÑO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si no existió agresión ilegítima por parte de la víctima, no procede el amparo de la legítima defensa ya que ésta presupone un riesgo actual o inminente, pero cierto, real, positivo, no bastando las meras sospechas.
Divorcio, separación de hecho, interrupción de la cohabitación, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: L., G. E c/ D., G. F s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-18

Es necesario que el estado de separación de hecho entre los esposos haya comenzado y se haya mantenido en el tiempo en forma continuada hasta insumir la totalidad del lapso aprehendido en la norma, momento en el cual queda configurada la causal y el consiguiente derecho a hacerse valer. Contrariamente, si la convivencia se hubiese reanudado siquiera ocasionalmente, el plazo quedaría interrumpido y debería ser computado nuevamente a partir de la última separación.- (Sumario Confeccionado por el SAIJ)
Empleados públicos, reincorporación, cesantía, nombramiento, estabilidad impropia, leyes, Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: FLORES, OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 277-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

No habiéndose demostrado que la Municipalidad demandada hubiera dictado normas vigentes a la fecha del cese, que establecieran expresamente el derecho al reintegro en caso de cesantía ilegítima, el derecho a la estabilidad debe juzgarse en relación al actor, en los términos que surgen del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y del artículo 116 inciso 4 de la Constitución Provincial, que es la llamada estabilidad impropia, que otorga una protección patrimonial al exigir que el Estado indemnice al agente dejado cesante ilegítimamente. Por ello a falta de norma expresa que contemple el derecho al reintegro o establezca otros módulos indemnizatorios, es aplicable el citado artículo 116 inciso 4) para cualquier agente público dependiente de la Provincia, o de entes públicos provinciales -y por tanto, para los agentes municipales-.
Revocación de sentencia, liquidación, póliza, pago parcial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Riquelme Abdon, Miguel s/ Homicidio culposo VILLAROEL, PABLO DAVID. c/ ORELLANO, RUBEN OMAR Y OTRO. s/ D.Y P. X USO AUTOM. C/ LESION O MUERTE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-05-29|2014-12-18

Debe aprobarse la liquidación practicada por la actora y considerarse las sumas depositadas como pago parcial, pues en el sub lite, no se objeta la validez de las cláusulas limitativas -emergentes de la póliza- y su oponibilidad al tercero, sino su aplicación al caso concreto en función de las particularidades de la causa -en tanto la limitación que tardíamente invoca la aseguradora a fin de no abonar la totalidad del capital y sus intereses no puede admitirse, ya que la misma no fue una defensa invocada al comparecer a juicio-.

En cuanto a la segunda limitación relacionada con las costas, tampoco resulta aplicable al caso, toda vez que las costas no superan el 30% del capital de sentencia ni la suma asegurada que figura en la póliza, debiéndose tener en cuenta que se toma en consideración el monto total asegurado, ya que la limitación por persona no fue invocada.
Recurso extraordinario, cuestiones complejas no federales, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda c/ Borensztein, Mauricio y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-05

Lo atinente a la recusación de los jueces es materia ajena a la vía del art. 14 de la ley 48, por la naturaleza procesal del tema y la ausencia de sentencia definitiva o equiparable a ella.
Expresión de agravios, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PALACIOS, Luis Alberto s/ EXACCIONES ILEGALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-13

Aunque el petitorio de la expresión de agravios no se refiera expresamente a la nulidad, el contenido de ese escrito es suficientemente claro como para habilitar la instancia respecto de él, al señalar que la requisitoria carece de recaudos sustanciales que vulneran -según entiende la defensa- el derecho de defensa en juicio de su asistido.