Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-13


Expte. Nº 5627/11 "TEJADA Claudia M. c/ Matamoro Raúl y otro - Daños y Perjuicios - y autos Nº 51091 (9737) 'Matamoro Raúl del V. c/ Corso Silvio y otro - Daños y Perjuicios -acum. - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a trece ( 13 ) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por los apoderados de los Sres. Raúl del Valle Matamoro, Gladys Noemí Escudero y de sus hijos menores de edad, parte actora en expediente Nº 51091 y codemandada en expediente Nº 50033, contra la resolución dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha trece de septiembre del año dos mil once, en autos Nº 9736 - 50033 caratulados: "Tejada Claudia M. c/ Matamoro Raúl y otro - Daños y Perjuicios" y autos Nº 9737 - 51091 "Matamoro Raúl del V. c/ Corso Silvio y otro - Daños y Perjuicios" - Acumulados"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?------------ --- EL SEÑOR MINISTRO DR. CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJO:

--- De los antecedentes del caso surge que el día veintiséis de enero de 1999, en la intersección de Ruta Nacional Nº 40 y calle Once, Departamento Pocito, de esta Provincia, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un Fiat Duna conducido por su propietario, Raúl del Valle Matamoro, y una camioneta Toyota guiada por Silvio Corso, cuyo propietario era el señor José Ramírez. Acompañaban al conductor del Duna su esposa y los hijos de ambos: Facundo y Mauricio Matamoro; y su hermano, Aníbal Matamoro, junto a sus hijos: Claudio y Gonzalo Matamoro. Con motivo del accidente, fallecieron Aníbal Matamoro y su hijo Claudio, de cinco años.------- --- A raíz del referido accidente se promovieron sendos procesos judiciales. En los autos Nº 50.033 tramitó la demanda planteada por Claudia Tejada, esposa de Aníbal Matamoro y madre de Claudio Matamoro, dirigida contra Raúl Matamoro, Sancor Cooperativa de Seguros (aseguradora del primero), y los Sres. Corso y Ramírez. En el expediente Nº 51.091 accionaron Raúl Matamoro y su esposa (por sí y en representación de sus dos hijos menores) contra Corso y Ramírez. Las causas fueron acumuladas y falladas conjuntamente.-------------------- --- La juez de primera instancia encontró elementos de convicción suficientes para atribuir a Corso -conductor de la camioneta Toyota- culpa exclusiva en la producción del evento dañoso, responsabilidad que hizo extensiva al titular registral en los términos del artículo 1113 del Código Civil. Con relación al Sr. Raúl Matamoro, concluyó que no se configuró el supuesto de responsabilidad previsto en el artículo 1113, apartado segundo, al no existir elementos que permitieran atribuirle culpa civil. Consecuentemente, la sentencia hizo lugar a las demandas de ambos expedientes, contra los Sres. Corzo y Ramírez, si bien por los rubros y montos que en cada caso consideró procedentes. Específicamente, respecto de los rubros declarados admisibles en expediente Nº 51.091, la Jueza consideró que no correspondía adicionar intereses compensatorios, ya que no habían sido reclamados en la demanda.--------- --- Resolviendo los recursos de apelación que fueran deducidos por las partes, el tribunal de alzada acoge el deducido por la Sra. Tejada (actora en expediente 50.033) y modifica la sentencia de primera instancia, atribuyendo a Raúl Matamoro el 10% de responsabilidad en la producción del accidente, condenándolo en consecuencia. Para así decidir el a quo se basa en considerar que, no obstante la prioridad de paso que tenía Matamoro, éste contribuyó al accidente en tanto no disminuyó la marcha al llegar al cruce, violando las velocidades máximas permitidas, así como las precauciones que le imponía la luz amarilla del semáforo. Por otra parte, rechaza el agravio planteado por Raúl Matamoro (actor en el expediente 51.091) y confirma lo resuelto en primera instancia respecto de los intereses.-------------------- --- La recurrente encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Afirma que la sentencia es arbitraria por cuanto -por un lado- valora erróneamente los hechos y el derecho aplicable, y -por otro- vulnera los principios de igualdad ante la ley, congruencia y prejudicialidad.---------------------------------------- --- En primer lugar, a la quejosa le agravia que el a quo haya imputado culpa al Sr. Matamoro, quien en sede penal fue sobreseído, juzgándose que su conducta fue atípica y que no se le podía imputar imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Sostiene que, consecuentemente, en sede civil no puede atribuírsele responsabilidad en la producción del accidente, con sustento en los aspectos en que se funda el sobreseimiento; que la sentencia impugnada resulta en este punto incongruente, carente de fundamentación y violatoria de la cosa juzgada.--------- --- Se agravia también la recurrente en cuanto -según afirma- el a quo no efectúa una valoración objetiva de las pruebas obrantes en autos, incurriendo en graves contradicciones, que detalla.--------------------------- --- Por último sostiene que el tribunal incurre en arbitrariedad al juzgar la conducta del Sr. Matamoro en los términos del artículo 1109 del Código Civil, siendo que la actora planteó su demanda en base a lo ordenado por el artículo 1113 ibidem.---------------------------- --- En segundo lugar, la recurrente se agravia de lo resuelto respecto a los intereses. Expresa que es errada la premisa del tribunal según la cual los intereses sólo proceden si fueron reclamados expresamente en la demanda. Agrega que el fallo no examina los argumentos de su apelación, relativos a que, conforme los artículos 1068 y 1069 del Código Civil, corresponde el pago de los intereses aunque no se los haya reclamado expresamente. Agrega que el tribunal tampoco examina el argumento de su parte referente a la reparación integral derivada de los artículos 1078 y 1083 del mismo Código.------------- --- El recurso de casación es subsumido en los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Dice que, al no reconocer los intereses, el fallo omite aplicar los artículos precitados del Código Civil. Indica asimismo que el a quo interpreta erróneamente el artículo 1103 del Código Civil, vulnerando el principio de cosa juzgada material en sede penal, respecto de los hechos en que se sustentó el sobreseimiento.------------------- --- Tras la precedente reseña de los antecedentes del caso traído a esta instancia extraordinaria, y previo a examinar su procedencia, he de referirme seguidamente a las objeciones que formula la parte recurrida a la admisión formal de los recursos extraordinarios.-------- --- Plantea el codemandado José Ventura Ramírez que en el caso, el auto de admisión formal debe ser revisado y desestimarse los recursos extraordinarios deducidos por cuanto la recurrente no habría introducido oportuna y formalmente la cuestión constitucional, ni la habría mantenido en la instancia superior.--------------------- --- La objeción carece de sustento, pues, como ya se dijera, la quejosa motiva el recurso de inconstitucionalidad en que la violación a su derecho de defensa se configuraría en tanto el tribunal de alzada, al resolver el recurso de apelación valora erróneamente los hechos y aplica también erróneamente el derecho que rige el caso. Más concretamente sostiene la recurrente que ". la valoración de la prueba que efectúan los señores jueces de cámara dista mucho de ser objetiva y acorde a las constancias de la causa. Lo que la convierte a la sentencia en arbitraria, producto del mero voluntarismo judicial". Así entonces, en el recurso extraordinario traído, se imputan defectos de juzgamiento de cuestiones fácticas por el tribunal de alzada, y siendo así -cuando prima facie se advierte configurada esa hipótesis- las cuestiones constitucionales deben considerarse sorpresivas, no siendo por tanto exigibles en relación a ellas, un previo planteo, precisamente porque al ser sorpresivas han resultado imprevisibles. En tal sentido tiene dicho esta Corte que cuando la cuestión constitucional traída como motivo del recurso interpuesto se origina en defectos de juzgamiento de cuestiones fácticas por parte del a quo, tales como prescindir de argumentos conducentes, basar la decisión en afirmaciones dogmáticas de hecho, prescindir de pruebas o incurrir en autocontradicción, cuando ello se verifica, no resulta exigible la previa introducción de aquella cuestión, pues tales vicios surgen de la propia actividad de juzgamiento del tribunal a quo, configurándose de tal suerte la hipótesis excepcional prevista en la parte final del artículo 12 de la ley 2275 (PRE S.1ª, 2000-II-344).--------------------------- --- Sentado por las consideraciones precedentes, que no corresponde revisar el auto de admisión formal, ingreso al examen de procedencia de los recursos extraordinarios traídos por la demandada.------------------------------- --- Inicialmente he de referirme al agravio relativo a la prejudicialidad penal. En relación al punto la recurrente sostiene que en tanto el juez penal absolvió al conductor del Duna por considerar que no es posible reprocharle imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, luego, sobre ese aspecto existe cosa juzgada material, y por tal razón el juez civil no puede volver a indagar acerca de esas circunstancias y menos aún atribuirle al Sr. Matamoro responsabilidad en el accidente de tránsito con sustento en los mismos aspectos en que se fundó el sobreseimiento.- --- En mi opinión este primer agravio resulta improcedente. Respecto de este tema tiene dicho desde antiguo el Tribunal que los únicos supuestos en que lo resuelto en sede penal hace cosa juzgada en sede civil se da cuando media sobreseimiento definitivo fundado en la inexistencia del hecho o que el procesado no intervino en su producción, pero que no ocurre lo mismo cuando tras reconocer la intervención del procesado en la producción material de ese hecho, se lo sobresee por entender que está exento de responsabilidad penal, por inexistencia de dolo o culpa y que, existiendo diferencia de grado y naturaleza entre la culpa civil y la culpa penal, la declaración de inculpabilidad que haya efectuado el juez penal para absolver al acusado no obliga al juez civil, quien es libre para determinar, en el proceso por indemnización del daño causado, si pese a aquéllo, existe culpabilidad civil que haga procedente en todo o en parte, la pretensión resarcitoria (PRE S.1ª, 1991-I-16).--- --- Yerra la recurrente cuando sostiene que no es posible reprocharle imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo por existir sobre esos puntos cosa juzgada material a consecuencia de la sentencia dictada en el fuero penal.- --- El juez en lo correccional dejó establecido que el Sr. Matamoro intervino en el hecho -desechando así la aplicación del artículo 314 inc. 1º del CPP- y que su conducta resultó atípica por no encuadrar dentro de la especie abstracta del artículo 84 del Código Penal.----- --- La alusión del artículo 1103 a la "existencia del hecho principal" es clara. Si el juez penal hubiese absuelto al imputado por considerar que no participó en el hecho, los jueces civiles no hubiesen podido revisar el punto. Pero la exculpación no produce el mismo efecto. Es que la falta de tipicidad penal del acto no incide en la responsabilidad civil, para la que basta una antijuricidad genérica. Por eso puede ocurrir que el juez penal absuelva por no existir delito penal, pero -en cambio- el mismo hecho constituya un cuasidelito que origine una obligación de indemnizar y en consecuencia el juez en lo civil acoja la demanda. Por ello queda descartado que el a quo, al abrir juicio sobre la conducta desplegada por el Sr. Matamoro en el accidente, haya violentado el principio de cosa juzgada material (art. 1103 del C.Civil).-------------------------------- --- En cuanto al agravio referido a la valoración de la prueba en Alzada, cabe recordar que esta Corte tiene reiteradamente dicho que, por principio, el juzgamiento de cuestiones fácticas es materia reservada a los jueces de conocimiento, y que por ello no se puede en esta instancia extraordinaria entrar a revisar el acierto o error con que aquéllos las han interpretado o valorado, salvo el caso de arbitrariedad (PRE S.2ª, 1993-III-72; idem 1992-II-82), y que este supuesto de excepción se configura cuando se valora en forma irrazonable o se prescinde de evaluar elementos probatorios, hipótesis en que la Corte queda habilitada para intervenir, pues ello implica violación a la garantía de la defensa en juicio (PRE 1972-62).------------------------------------------ --- En el presente caso, opino que se configura uno de los supuestos en que el Tribunal queda habilitado para revisar lo actuado por los jueces de mérito. Puntualmente, resulta a mi juicio arbitrario concluir, sobre la base de los elementos probatorios que el a quo enumera (acta de inspección ocular, plano y fotos del Sumario Penal), la responsabilidad que se endilga al Sr. Matamoro, conductor del automóvil Duna.----------------- --- En efecto, el tribunal de alzada determina por un lado que "la conducta del codemandado Corso está suficientemente analizada y ninguna duda cabe que no respetó el cartel de "PARE", ni los semáforos que con luz amarilla intermitente indicaban precaución. Tampoco que disminuyera su marcha al llegar al cruce con la Ruta 40, lo que queda demostrado con la magnitud del accidente y del lugar donde queda después del impacto". Por otra parte, y con relación al Sr. Matamoro, expresa el Tribunal que ". circulaba por Ruta 40 de sur a norte. Tanto en la contestación de la demanda como en sus declaraciones, expresa que circulaba a unos 80 km/h y que al aproximarse al cruce disminuyó la velocidad. Advierto al respecto, que también sobre dicha ruta habían semáforos con luz de prevención, según plano de fs. 76. Además (.) señales de reglamentación de la velocidad máxima a que los vehículos podían circular antes del cruce: aproximadamente a no menos de 270 m.: a 60 km de velocidad máxima y luego a 40 km. Es decir, que el cruce no debía intentarse a una velocidad superior y aun así ante la luz de prevención, detener la marcha y asegurarse que podía intentarlo sin riesgos". Agrega que, de acuerdo a la inspección ocular, "no habían huellas de frenada o rayadas ni por calle 11 ni por la ruta (.) hay marcas de derrape y arrastre de los mismos. En cuanto a la camioneta quedó sobre el costado oeste de la ruta y al norte de calle 11. El automóvil más al norte, a una distancia según indica el croquis, que sería aproximadamente de más de 30 metros, desde el lugar del impacto". Para concluir que "por los daños causados en ambos vehículos y el lugar donde quedó el Fiat Duna, es indudable que su conductor no disminuyó la marcha al llegar al cruce, violando las velocidades máximas permitidas además de las precauciones que le indicaba la luz amarilla del semáforo".------ --- El razonamiento no resiste el análisis de logicidad que corresponde a un pronunciamiento judicial válido. En primer lugar, por cuanto la existencia de señales de velocidades máximas y de semáforos con luces de prevención sobre la ruta, jamás pudo llevar a concluir como lo hizo el a quo en el sentido que el Sr. Matamoro debió detener la marcha y asegurarse que podía intentar el cruce sin riesgos. Detenerse en una ruta nacional, de tránsito fluido, con cuatro vías de circulación como lo es la Ruta 40, entrañaría en sí un verdadero riesgo para la circulación, a diferencia de lo aseverado en la sentencia impugnada.------------------------------------ --- En segundo lugar, y partiendo de la base que el Sr. Matamoro admitió que circulaba a 80 km/h y que al arribar al cruce disminuyó la velocidad, no puede el a quo concluir que no respetó los límites máximos establecidos por la señalización "por los daños causados en ambos vehículos y el lugar donde quedó el Fiat Duna". Tal conclusión no encuentra apoyatura en conocimientos técnicos adecuados que permitieran establecer la velocidad aproximada a la que se desplazaban los vehículos al colisionar y -en su caso- la virtual incidencia de la velocidad del Fiat Duna en la producción del evento dañoso; tampoco ha sido elaborada y explicitada según criterios objetivos sobre la base de alguna otra prueba adicional que refrendara tal razonamiento. Los daños y el lugar en el quedó el automotor pudieron estar en buena medida determinados por la fuerza del impacto de la camioneta embistente. De donde, el Tribunal elabora sus conclusiones sin enunciar los elementos -sean probatorios o de máximas de la experiencia- que las avalen y le den sustento. De ello concluyo en que la resolución recurrida es producto de haber meritado la prueba prescindiendo de las pautas de la sana crítica racional que el tribunal de alzada estaba obligado a observar por imperativo del artículo. Es que las reglas de la sana crítica -según las cuales los jueces deben formar su convicción respecto de la prueba (art. 370 CPC Ley 3738 y actualmente art. 349 CPC Ley 8037)- "... son ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (...) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas." (Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil" pág. 270).---------------------- --- En conclusión: en mi opinión resulta evidente que en el sub judice ha mediado una defectuosa meritación de la prueba que afecta el derecho de defensa de la recurrente, razón por la cual he de propiciar con mi voto se haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, se anule en consecuencia el fallo recurrido y se disponga reenviar la causa para que por quien corresponda se dicte nuevo fallo con arreglo al presente.-------------------- --- Entrando en el análisis del agravio vinculado al tema de los intereses, opino que la quejosa, lejos de rebatir los argumentos del a quo, se limita a disentir con sus conclusiones, lo que excluye la tacha de arbitrariedad (PRE S.2ª, 1990-I-97; S.1ª, 1990-II-1; etc.). La sentencia impugnada determina que, en tanto los intereses no fueron reclamados en la demanda, no puede condenarse a la accionada a cumplir una obligación que no fue motivo del juicio; de lo contrario se violaría el principio de congruencia. Que si bien el principio de la reparación integral que consagran los artículos 1078 y 1083 del Código Civil importa que la condena de capital se integre con los intereses correspondientes desde la fecha que aquel se hizo exigible, ello es así siempre que el reclamo se haya formalizado en la demanda. La recurrente soslaya rebatir este último argumento, lo que apareja que tal aspecto del fallo quedara firme a su respecto. No obstante que el a quo omite expedirse respecto a los artículos 1068 y 1069 del Código Civil, a dichas normas le es aplicable idéntica conclusión: si bien el reconocimiento de los intereses tiene su fuente en la ley, ello no obsta a que deban ser reclamados en forma expresa. De otro modo, siguiendo el razonamiento de la recurrente, se llegaría al absurdo de que, en virtud del principio de la reparación integral, un juez condene a indemnizar daños cuya reparación no fueron reclamados por la víctima del accidente. En este sentido, y a mayor abundamiento, esta Corte ha dejado sentado que: " . al no haber sido reclamados, los intereses moratorios no han sido cuestiones materia del litigio por lo que el juez carece de facultades para incluirlos en la condena. De así hacerlo incurriría en el vicio de fallar extra petita, es decir, condenar sobre cuestiones no propuestas por las partes, lo que está vedado por la ley procesal" (PRE S.2ª, 2007-III-464).----------------- --- Por último, opino que el recurso de casación debe ser rechazado por las razones expuestas para el de inconstitucionalidad, en cuanto se explicita el criterio que ha adoptado esta Corte en las temáticas traídas a recurso.------------------------------------------------ --- En cuanto a las costas, y atento al resultado al que se arriba, propongo sean impuestas en un cincuenta por ciento a las recurridas y el restante cincuenta por ciento por su orden.------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJERON:------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en los límites de las consideraciones precedentes, y en consecuencia anular la sentencia recurrida para que se dicte nuevo fallo con arreglo al presente.-------------- --- II) Rechazar el recurso de casación.---------------- --- III) Imponer las costas correspondientes a esta instancia en un cincuenta por ciento a las recurridas y el restante cincuenta por ciento en el orden causado.--- --- IV) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales que deberán bajar al tribunal de origen.---------------- --- Notifíquese y oportunamente archívense.

Ef-5627 E.B.T.

Si-/// ///guen las firmas: Fdo. Dres.: Carlos Eduardo Balaguer, Ángel Humberto Medina Palá y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante mí: Jorge Daniel de Oro, Secretario Letrado.

PRE S1ª 2013-III-476