Capitalización de intereses, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Tallon, Cristian Damián c/ Lestar Química SA y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-08-28

En el precedente "Oliva" la CSJN observó la capitalización periódica y sucesiva delineada en el Acta CNAT 2764, mientras que en el pronunciamiento "Lacuadra" objetó el mecanismo previsto en la posterior Acta 2783, indicando que el método utilizado no aplicaba una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central. También expresó en este último decisorio que "la imposición de accesorios del capital constituye solo un arbitrio tendiente a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento. Si ello no opera de ese modo, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser corregido por los magistrados". Allí la Corte practica una referencia expresa, entre otros, al caso "Mieres" (Fallos: 315:2558), en donde se dijo que la previsión inicial contenida en la sentencia definitiva "...estaba destinada a obtener un pronunciamiento razonable para computar la depreciación monetaria, empero, producido un desfase importante en la evolución económica con motivo de la hiperinflación de los meses aludidos, no puede pensarse en mantener el método allí contemplado, cuando su aplicación deriva en una grave e importante reducción del crédito ejecutado". Corresponde efectuar la labor de ponderación requerida por el máximo Tribunal y verificar el resultado que surge de la aplicación de intereses al caso en particular. Así, se observa que la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la fecha inicial de cómputo hasta el dictado del fallo "Lacuadra" arroja una variación prácticamente 10 veces mayor, comparada con la eventual aplicación de la tasa de interés prevista en la última de las actas del Fuero (2658) que no ha sido objetada, lo que permite deducir que las tasas bancarias fijadas al presente, conforme a la regulación del BCRA no ofrecen una razonable tutela del crédito en juego, al no conjurar en una medida apropiada el efecto inflacionario producido durante el período en examen. Se impone la realización de un mecanismo de corrección que opere dentro del marco socioeconómico actual y atienda a la protección de la dignidad de la persona humana del trabajador, garantizada en nuestra CN a partir de la conceptualización del derecho del trabajo cono disciplina social dada por el art. 14 bis y fortalecida intensamente con la reforma constitucional de 1994 al introducir la normativa internacional de los derechos humanos con igual jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22). Ello no implica soslayar la existencia de normas sobre nominalismo monetario (arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561), sino evidenciar que la aplicación de las mismas al caso concreto se ha tornado insostenible al desnaturalizar el derecho en cuestión. Corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 y reconocer al actor una suma dineraria respecto de los parciales del crédito, que compense el desfasaje mencionado, con aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la exigibilidad de la condena hasta el momento del efectivo pago, integrándose de esta manera la misma.