Prisión preventiva, excarcelación, prisión domiciliaria, recurso de casación, resoluciones judiciales, cuestiones procesales, remisión del expediente, dictamen fiscal, derecho a la decisión fundada, existencia de otras vías, Código Procesal Penal Federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Tejerina, Anahí Rosana c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-09

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial, anular el punto II de la resolución impugnada y en consecuencia, remitir las actuaciones a su origen de fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a la doctrina aquí sentada. Los argumentos expuestos por el tribunal en torno a la existencia de riesgo de fuga en virtud de las circunstancias del caso, del avance de la causa, del delito materia de acusación y la pena con la que se encuentra conminado, así como de las circunstancias analizadas en relación con la encartada, no logran ser conmovidas por la parte recurrente. En torno a la petición subsidiaria de morigeración de la detención efectuada por la defensa de la imputada Tejerina, cabe señalar que si bien el voto mayoritario destacó que los juzgadores no deben ser obligados a aceptar las tesis fiscales cuando consideran motivadamente que son equivocadas, lo cierto es que, en el caso traído a estudio, los fundamentos expuestos en el fallo no alcanzan a demostrar la arbitrariedad de la postura fiscal, sino que tan sólo evidencian su discrepancia con la solución propuesta por la representante de la vindicta pública, sin demostrar que el dictamen no cumpla con los lineamientos previstos por el art. 69 del CPPN. Sin perjuicio de que los magistrados a quo, al momento de rechazar la petición, hicieron alusión al riesgo de fuga existente respecto de la encartada, como así también a la preminencia que se dará a la realización de la audiencia y al hecho de no advertir una vulneración al interés superior del niño en el caso concreto; lo cierto es que omitieron explicitar crítica y fundadamente las razones por las cuales consideraron que la conclusión vertida por la Auxiliar Fiscal Federal -en relación a la posible aplicación de las medidas previstas por el art. 210 del CPPF- no resultaría una derivación razonada de los elementos a evaluar en el caso. Además, se verifica que la ausencia de contradictorio invalida el procedimiento de toma de decisión en el marco del presente incidente, máxime teniendo en cuenta que -conforme lo normado por el mencionado art. 210 del CPPF- son las partes acusadoras quienes se encuentran legitimadas activamente para solicitar al juez la "imposición, individual o combinada" de las medidas de coerción allí previstas. Advierto que el fallo recurrido exhibe un vacío argumental en punto a la opinión favorable de la titular de la vindicta pública que fue expresamente manifestada en autos, por lo que la resolución cuestionada no cuenta con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerada un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN. El voto concurrente señaló que respecto a la petición subsidiaria de morigeración de la detención se advierte a partir de la lectura del voto mayoritario del tribunal que se pronunció en contra de conceder el arresto domiciliario, que los extremos valorados refieren mayoritariamente a la existencia de riesgo de fuga, sin dar cuenta de los motivos por los cuales ese riesgo no se encontraría neutralizado (o no podría ser neutralizado) por otras medidas de control a imponer a la imputada durante un eventual cumplimiento de su detención en la modalidad domiciliaria. Ello, además, como fuera incluso postulado por la representante del Ministerio Público Fiscal. Los jueces del a quo se limitaron a reiterar aquellos elementos que habían previamente analizado al considerar que correspondía mantener la detención cautelar, sin brindar argumentos específicos que se correspondan con el análisis de viabilidad de un instituto diferente. El único elemento específico que los magistrados evaluaron en relación al pedido de arresto domiciliario fue la situación referida a los tres hijos menores de la imputada Anahí Tejerina, limitándose a referir dónde reside cada uno de ellos. Ello, para concluir que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema o desamparo por estar al cuidado de sus respectivas familias paternas (uno de ellos, con su padre) y que por lo tanto no se encuentra afectado el interés superior del niño en el caso. Conforme surge de las actuaciones de este legajo, y ha sido concretamente mencionado por el a quo, los hijos menores de Tejerina, M.B. (5), J.F.E. (3) y D.F. (4), se encuentran viviendo separados de su madre y, además, separados entre sí, por encontrarse al cuidado de tres familias distintas (sus familias paternas). Ello evidencia el cuadro de desmembramiento familiar que resulta como consecuencia de la detención de la imputada que, vale recordar, ya ha superado los dos años y ha sido prorrogada por seis meses. Esta situación concreta ha sido omitida por los jueces del tribunal que conformaron el voto mayoritario, del mismo modo que ha omitido relevar y analizar las posibilidades concretas de vinculación de los menores con su madre y entre sí y el impacto que, en los hechos, ha tenido y tiene la prolongada detención de Tejerina en sus hijos menores. De tal suerte, del examen de la resolución en crisis advierto que las conclusiones del tribunal han omitido valorar los extremos particulares referidos al beneficio que el arresto domiciliario implicaría para la vinculación materno filial y para el desarrollo de los menores afectados, extremos que por lo demás, motivaron la opinión favorable de la asesora de menores e incapaces en torno a la cuestión en trato. Se evidencia que el tribunal no ponderó adecuadamente que el grupo familiar se verá beneficiado con la presencia de su madre en el domicilio, la vulnerabilidad de los menores, a lo que se suma la imposibilidad de efectuar visitas presenciales debido a la pandemia, que es un factor fundamental que debía ser considerado a fin de resolver el presente caso. En el sub examine el tribunal no ha brindado motivos suficientes por los cuales las circunstancias expuestas por la defensa de Tejerina no encuadran dentro de los supuestos previstos por las normas que rigen el instituto de la detención domiciliaria -arts. 10 del CP y 32 de la Ley 24660-, a la vez que no ha dado abordaje al caso de acuerdo con el paradigma del derecho convencional de los Derechos Humanos, concretamente, en cuanto al resguardo del interés superior del niño. Dres. Petrone, Figueroa-voto concurrente- y Barroetaveña.