Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-27


SENTENCIA DEFINITIVA NUMERO: 27 San Fernando del Valle de Catamarca, 30 de Agosto de 2.006.Y VISTOS: Estos autos Corte Nro. 101/05 "BARRIONUEVO de ACOSTA, Marta Ofelia - c/ Administ. de Juegos y Seguros y/o Estado Provincial - Acción de Plena Jurisdicción", en los que a fs. 58/vta. tiene lugar la Audiencia que prescribe el Art. 39 de la Ley 2.403; llamándose autos para Sentencia a fs. 59.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es procedente la acción de plena jurisdicción incoada?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 60, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, CESAR ERNESTO OVIEDO y AMELIA DEL VALLE SESTO de LEIVA, A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 15/17 vta. la Sra. Marta Ofelia Barrionuevo de Acosta, por intermedio de apoderado, promueve acción contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Administración General de Juegos y Seguros y/o Estado Provincial cuestionando el Decreto 1171/05 y la Resolución en cuanto reconocen parcialmente los intereses adeudados a la actora.- Justifica la competencia del Tribunal y la procedencia formal de la acción intentada y comienza el relato de los hechos, señalando que su representada ingresó a la administración publica en el año 1984, cumpliendo su labor en Osca., que desde el inicio de la relación de trabajo ha realizado los aportes del seguro obligatorio.

Que en el mes de Abril de 1996 se dicta la Resolución IPPS Nro. 6387/96 mediante la cual se le otorga el beneficio jubilatorio por invalidez en razón de padecer una incapacidad total y permanente del 75% para la función habitual.

Que en el plazo estipulado comienza el trámite de cobro del Seguro por ante la AGJ y S; beneficio que es denegado por la entidad aseguradora, originando ello el inicio de la acción judicial correspondiente.

Que en sede judicial se rechaza la acción impetrada por falta de agotamiento de vía administrativa, no obstante lo cual el Poder Ejecutivo emite el Decreto Nro. 35/04 por medio del cual se reconoce el seguro de vida colectivo, obligatorio y adicional, autorizando de ese modo a la AGJ y A la liquidación y pago de la indemnización debida.

Que en oportunidad de procederse a la liquidación se omite la actualización de la deuda, desde la fecha de la denuncia del siniestro -12/4/96- motivando ello la interposición del recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra de la resolución de la AGJ y S. Que el recurso de reconsideración es desestimado por la entidad demandada; que elevado a consideración del superior el recurso interpuesto, se emite el Decreto Nro. 318/05 haciendo lugar parcialmente al recurso de alzada, reconociéndole así el cobro de los intereses a partir del 28/11/01, por considerar que el derecho al cobro nace a partir de la vigencia del Dcto. 1186/01 y no desde la fecha del siniestro.

En tal sentido se afirma que el derecho a la percepción del pago del seguro procede desde que se genera la obligación de pago -año1996- y no como erróneamente se afirma en el Decreto H y F Nro. 1171/05 que el derecho al cobro comienza con la entrada en vigencia del Decreto 1186/01 -28/11/01-, motivo por el cual el reconocimiento y pago de los intereses no puede retrotraerse a la fecha pretendida. Por último ofrece prueba y peticiona el acogimiento de la demanda.- A fs. 20 la Corte de Justicia declara "prima facie" su jurisdicción y competencia para entender en la presente causa. A fs. 24/26 los apoderados del Estado Provincial contestan demanda, oponiendo, en primer lugar, excepción de falta de legitimidad pasiva ya que al ser la AGJ y S un ente autárquico no corresponde que se lo demande conjuntamente al Estado Provincial.

Seguidamente señalan que en el año 2001 se modifica el reglamento de seguro mediante el Decreto 1186/01, lo que permitió a la actora acceder al cobro del capital del seguro reclamado, dado que con anterioridad su pretensión había sido rechazada por la AGJ y S, por no encuadrarse el siniestro en las prescripciones reglamentarias.

Que así el nacimiento del derecho de la actora se remonta al año 2001 en que se modifica el reglamento correspondiendo que sea a partir de esa fecha la actualización de la deuda. Por último ofrecen prueba, y solicitan el rechazo de la demanda, con costas.- A fs. 28/30 vta. el apoderado de la Administración General de Juegos y Seguros contesta demanda deduciendo, en primer orden, excepción de falta de legitimación pasiva dado que lo impugnado por la actora es el Decreto Nro. 1171/05 emitido por el Poder Ejecutivo sin participación de la AGJ y S.

Seguidamente plantea excepción de incompetencia del Tribunal por falta de agotamiento de la vía administrativa; y esgrime, en cuanto al fondo del asunto concierne, la improcedencia de la demanda ya que con anterioridad al año 2001 la recurrente no habría podido cobrar nada, ya que en definitiva su derecho nace cuando se modifica la normativa siendo lógico que los intereses se deban a partir de esa fecha.

Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda, con costas. A fs. 36 vta. se abre la causa a prueba, producida las mismas a fs. 45 se dispone su clausura, luego a fs. 51/57 vta. se agregan los alegatos de todas las partes.- A fs. 59 se llaman autos para sentencia.

Siendo ello así conviene recordar que en autos la actora promueve demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de lograr el reconocimiento y consiguiente pago de los intereses correspondientes al seguro de vida obligatorio del que ha sido beneficiaria.

En apoyo de su pretensión aduce haber sido empleada de Osca. desde el año 1984, que los aportes del seguro se remontan a esa fecha, que en el año 1996 sufre una incapacidad total y permanente del 75% para la función habitual que la obliga a tramitar el beneficio jubilatorio por invalidez.

Que en aquella época inicia ante la AGJ y S el trámite de cobro del seguro, lo que es denegado por el organismo asegurador; que posteriormente, en el año 2004 y habiendo obtenido la jubilación por invalidez, el Poder Ejecutivo emite el Decreto Nro. 35/04 mediante el cual se ordena el pago del seguro por incapacidad, cuyo monto ascendía en concepto de capital a la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinientos $ 25.500.

Que en esa oportunidad no se actualiza la deuda desde la fecha de la denuncia del siniestro, esto es abril de 1996, motivo por el cual resulta procedente, a juicio de la actora, la presente demanda atento a que lo que correspondía era la percepción de los intereses desde aquella fecha y no como se ordena en el Decreto 1171/05 desde noviembre de 2001, año en que se modifica el régimen de seguros y resulta ella beneficiaria.

A tal planteo se oponen los demandados -AGJ y S y Estado Provincial-, deduciendo ambos en primer orden y por distintas razones excepción de falta de legitimación pasiva.

Seguidamente plantea el ente asegurador excepción de incompetencia y aducen, en cuanto a la cuestión de fondo, que la modificación introducida al reglamento de seguros mediante el Decreto Nro. 1186 operada en el año 2001 permitió que la actora cobrara el seguro contratado, resultando lógico que los intereses se devenguen desde noviembre de 2001, pues con anterioridad no había nacido el derecho al cobro.

Es decir, si antes de esa fecha el beneficio había sido rechazado por la AGJ y S al no reunir la asegurada los requisitos y condiciones exigidos por el Decreto 1536 ya que acreditaba un 70% de incapacidad lo cual no le alcanzaba para obtener el beneficio solicitado, mal puede pretender retrotraer los efectos del mismo al momento del siniestro, pues ello sin duda importaría un enriquecimiento sin causa.

Establecido ello, paréceme pertinente tratar en primer lugar la excepción de incompetencia introducida por el representante legal de la AGJ y S, puesto que de su resultado depender el análisis y consideración del resto de las cuestiones planteadas.

Se aduce que en el caso no existe el acto administrativo denegatorio y por ello cuestión contenciosa, puesto que contra el Decreto 1171/05 que establece el pago de los intereses reclamados desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1186/01, no se ha formulado recurso de reconsideración ante el órgano emisor del acto.- De las constancias que se agregan a la causa se extrae: que el día 10/2/1998 por Resolución Nro. 0165 el Interventor de la Administración General de Juegos y Seguros rechaza el pago de la indemnización por incapacidad total y permanente en razón de no reunir la actora los presupuestos que la normativa de seguro impone.

Contra dicho acto administrativo se interponen en tiempo oportuno recurso de reconsideración con apelación en subsidio, rechazado el primero se elevan las actuaciones a consideración del superior, receptándose el de alzada el día 12/1/04 mediante Decreto H. y F. Nro. 35, por el cual el Poder Ejecutivo autoriza a la AGJ y S a efectuar el pago del seguro reclamado, ello en consideración a la modificación introducida en el reglamento de seguro en el año 2001.

Seguidamente el Interventor de la AGJ y S por Resolución Nro. 0128/04 autoriza la liquidación y pago de la indemnización cuyo monto ascendió a la suma de Pesos Veinticinco Mil Quinientos $ 25.500.

Posteriormente y en contra de tal Resolución, el día 19/2/04 la actora deduce recurso de reconsideración con apelación en subsidio en razón de no haberse liquidado los intereses desde que la suma es debida -esto es abril de 1996 año en que se denuncia el siniestro- y hasta su efectivo pago.

Rechazado el recurso de reconsideración y elevadas las actuaciones, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nro. 1171/05 hace lugar parcialmente al recurso de alzada y de esa manera reconoce el derecho al cobro de los intereses a partir del día 28/11/01, fecha en la que entra en vigencia la modificación introducida al reglamentos de seguro.

Notificado el administrado de tal resolución, y efectuado el pago de los intereses desde la fecha consignada, en fecha oportuna deduce la presente demanda judicial.- Del relato de los hechos claramente se extrae la improcedencia de la excepción interpuesta, toda vez que contra la resolución de un ente autárquico el ordenamiento solo le impone al administrado y al efecto de obtener el agotamiento de la vía y la habilitación de la instancia judicial, la interposición en el plazo de cinco días del recurso de alzada.

Que habiéndose interpuesto éste en forma subsidiaria al de reconsideración el día 19/2/04 y teniendo en consideración que el acto impugnado se notifica al interesado el día 13/2/04, habrá que inferir que su promoción ha sido en tiempo hábil a fin de obtener la completividad que el acto del ente descentralizado necesita para permitir su revisión en sede judicial.- Seguidamente corresponde tratar la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por los demandados, los que por diferentes motivos pretenden su apartamento de la presente causa, entendiendo así la AGJ y S que al cuestionarse un acto emitido por el Poder Ejecutivo la persona demandada debe ser el Estado Provincial, argumento que se contrapone con lo sostenido por los representantes de este último, quienes enfatizando en el carácter de sujeto de derecho que tiene la AGJ y S atento a que la ley de creación estableció que es un institución descentralizada que funciona como entidad autárquica, el Estado Provincial no puede ser demandado conjuntamente.- Sin duda la problemática expuesta nos remite a lo establecido por este Tribunal en autos Corte Nro. 111/00 "Del Pino, Julio Ricardo c/Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y Poder Ejecutivo Provincial- Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción o Anulación", oportunidad en la que consignamos que el control de legalidad se ejerce a través del recurso de alzada, que la supervisión que ello supone solo otorga completividad procesal que el acto que se impugna necesita, a fin de producir el agotamiento de la instancia administrativa.

Que ello no significa que el acto del ente descentralizado se integre con el acto de control, ni implica por ende identificar el ente autárquico con la Provincia, puesto que aquél conserva la plena capacidad jurídica que le otorga la ley para estar en juicio, y responder en definitiva con su propio patrimonio por los eventuales perjuicios que pueda producir a terceros. Por ello resulta "improcedente la demanda conjunta o demanda directa e individual contra la Provincia o Estado Mayor, pues el demandado debe ser el ente descentralizado: autor y emisor del acto lesivo.

La resolución denegatoria del Poder Ejecutivo o Administración central, en un recurso de alzada, solo tiene por finalidad dejar expedita la vía judicial contra el acto del ente descentralizado ..." (José Roberto Dromi, El Procedimiento Administrativo, págs. 104, 105).- A su vez, la ley Nro. 4217 consignó que la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, transformada luego mediante el Decreto Acuerdo 860 en Administración General de Juegos y Seguros (AGJ y S), sea una institución descentralizada de derecho público, que funcionar como entidad autárquica, vinculada con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía.

Asimismo se establece que "la Caja de Prestaciones Sociales, tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones ..." y "que en los juicios en que la Caja sea parte, como actora demandada, tercerista ..." (Arts. 7 y 29 del referido cuerpo legal).- Es decir, de la normativa transcripta surge con toda claridad el carácter de persona jurídica diferente a la del Estado Provincial, no obstante su relación funcional.

Siendo así una persona jurídica diferente, con capacidad para estar en juicio como actor, demandada y tercerista, la excepción de falta de legitimación interpuesta por el Estado Provincial deviene absolutamente procedente.- Ahora bien, dilucidadas las cuestiones procesales, iniciaré el análisis de la temática de fondo propuesta, la cual gira en torno a si corresponde reconocer el pago de los intereses desde el momento en que se modifica el reglamento de seguros y, por ende, se opera el nacimiento del derecho -noviembre de 2001- conforme los argumentos sostenidos por los representantes del organismo demandado, o bien debe tomarse como el -dies a quo- del cómputo de los accesorios aquél en que se efectúa la denuncia del siniestro -abril de 1996-, aduciendo en tal sentido la actora que el derecho al cobro del seguro existe desde ese momento y por ende desde entonces se deben los intereses.- La cuestión planteada no ofrece mayor dificultad, si se considera que los intereses por su propia naturaleza no pueden arrancar su cómputo desde un fecha anterior al nacimiento de la misma obligación principal, pues, como se afirma con toda propiedad, con anterioridad al año 2001 la actora no era beneficiaria del seguro reclamado y ello por no reunir los presupuestos que la norma que estatuye sobre la temática de seguros consigna.- Es decir, no se trata del supuesto en que el particular bajo la vigencia de la ley anterior ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en esa ley para ser titular de un determinado derecho, ya que en tal situación debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo.

En el caso en particular ha quedado claro que el beneficio es otorgado teniendo en consideración el cambio operado en el régimen de seguros, el que estableció como nuevo presupuesto legal el otorgamiento de la jubilación por invalidez.

Que siendo ello así, he de inferir el derecho cuyo reconocimiento recién se materializa en el año 2004 con el acto administrativo que acuerda el beneficio, no existía o no se había concretado con anterioridad al año 2001 en que se modifica la norma; razón por la cual no cabe pensar que los intereses en cuanto accesorios del capital puedan devengarse desde abril de 1996 año, en que si bien se produce y denuncia el siniestro, y se configura el presupuesto fáctico del otorgamiento de la jubilación por invalidez, no se produce aún la captación de ese hecho por la norma abstracta, del cual puedan derivarse consecuencias jurídicas.- En consecuencia, estimo, el supuesto contemplado queda subsumido en la previsión del Art. 3 del C.C. al tratarse de consecuencias no consumadas de los hechos pasados, que caen bajo la vigencia de la nueva ley, especialmente cuando su eficacia no depende enteramente del hecho que las origina sino concurrentemente de la fecundación obrada por el porvenir.

Porque estando este porvenir sujeto a la acción del legislador, éste puede interferir en el régimen de aquello que le está sujeto (Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil" Parte general, t. 1, págs. 141/142).

Con ello quiero expresar que el efecto inmediato de la nueva ley consagrado en la norma de cita, supone que ella gobernar las consecuencias futuras de situaciones pretéritas, por lo tanto, resulta incomprensible que se devenguen intereses desde el hecho pretérito cuando la ley produce efectos para el futuro; ya que ello supondría aplicar retroactivamente la ley contrariando el principio consignado que dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario.- Es decir, la certidumbre de la existencia de la obligación recién se alcanza cuando se modifica el reglamento de seguro en el año 2001, de allí que el acceso al beneficio y la consecuencia de esta situación se remonte a esa fecha; con lo que el rechazo de la demanda deviene inexorable ante el imperio de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo, y la naturaleza accesoria de los intereses.- En consecuencia estimo que el Decreto Nro. 1171/05 debe ser confirmado en cuanto dispone la liquidación de los intereses a partir de noviembre de 2001.- Conforme al principio objetivo de la derrota las costas se imponen a la parte actora que resulta vencida. Así voto.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que compartiendo las consideraciones formuladas por el colega que en el orden me precede, me adhiero y voto por el rechazo de la acción intentada. Con costas a la parte actora. Es mi voto.- A LA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas coincidentemente por los colegas preopinantes y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido. Con costas a cargo de la parte actora.

Es mi voto.- Con lo que se dio por terminado el acto, quedando Acordada la siguiente Sentencia, doy fe.- San Fernando del Valle de Catamarca, de Agosto de 2.006.Y VISTOS:

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta.- 2) Con costas a cargo de la parte actora.- 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto exista base suficiente para ello.- 4) Protocolícese, hágase saber, y firme o ejecutoriada por Secretaría procédase a la devolución a los Organismos correspondientes de la documental agregada por cuerda al principal y archívese.-