Competencia penal, ejecuciones especiales, medidas de seguridad, facultades de control, principio de congruencia, non bis in ídem, doctrina de la arbitrariedad, in dubio pro reo, incidente de nulidad, crímenes de lesa humanidad, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Muiña, Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-12

Tal como se sostuvo en el fallo, fueron unos obreros quienes, de casualidad, encontraron restos óseos mientras cavaban una zanja para realizar un desagüe a tan solo unas decenas de metros del referido "Chalet". Por lo expuesto, la alevosía, el concurso premeditado de dos o más personas y la finalidad de procurar la impunidad como agravantes del tipo básico de homicidio, se encuentran plenamente demostradas a través del plexo cargoso obrante en autos y que el reproche penal al encausado también encuentra sustento en las circunstancias en que se produjeron sus intervenciones, esto es, en el marco de un plan sistemático de persecución, tortura y exterminio. En cuanto a la absolución respecto de uno de los hechos imputados, el fallo presenta defectos que comprometen su estructura, pues el temperamento liberatorio adoptado se ha sustentado en un razonamiento portador de vicios que lo descalifican como acto jurisdiccional válido en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que se valió, sin fundamento, del principio in dubio pro reo -art. 3 del C.P.P.N.- alterando para ello el principio de razón suficiente que debe integrar toda motivación jurisdiccional, por cuanto la argumentación desarrollada en la sentencia no aparece constituida por inferencias razonables deducidas de las pruebas ponderadas, advirtiéndose un quiebre en la sucesión de conclusiones determinadas en base a ellas. Así, del análisis de la sentencia puesta en crisis se desprende que el fallo dictado reposa en lo sustancial en que no se ha producido o incorporado prueba alguna que dé cuenta de l a intervención personal del encausado en el homicidio de Jacobo Chester. Ahora bien, contrastado el razonamiento desarrollado por el tribunal respecto del plexo cargoso existente en la causa e incorporado al debate, se encuentra que el juzgador realizó una valoración parcializada del material probatorio, vulnerando en consecuencia el principio de razón suficiente. Ello es así puesto que, a la luz de los argumentos expuestos por los acusadores, tanto en los alegatos como en los recursos de casación, las afirmaciones expuestas por la mayoría del a quo, a poco que se examinen de conformidad con las reglas de la sana crítica, lucen autocontradictorias, lo que se traduce, indefectiblemente, en una sentencia arbitraria, las razones invocadas en su sustento se traducen en una visión sesgada de lo acontecido, pues ha soslayado valorar el contexto histórico en que sucedieron los acontecimientos y el engranaje de los distintos grupos que funcionaron a modo de eslabones organizados en la última dictadura militar, que, en el caso examinado, culminó con la vida de Chester. La calidad de funcionario del Ministerio de Acción Social que tenía el imputado al momento de los hechos, y que desde esa posición se encontraba asignado para desempeñar funciones de seguridad en el Hospital Posadas y, como tal, tenía deberes de custodia y protección de los bienes del Hospital público y de las personas que allí se desempeñaban debería haber cobrado especial relevancia al momento de decidir la controversia, pues su comportamiento debía ser aprehendido desde una perspectiva normativa y no meramente naturalística, habida cuenta de que en los casos en los que se juzgan hechos vinculados con delitos de lesa humanidad los criterios ordinarios de imputación y de autoría no son suficientes para una correcta elucidación de la conducta realizada y del grado de participación que le cabe asignar al sujeto en el suceso que se le atribuye. En resumen, habiéndose demostrado la ausencia de una estructura racional en dicho proceso valorativo de conformidad con las reglas de la lógica y los principios de la experiencia y de no contradicción, esencialmente teniendo en cuenta el contexto en el que sucedieron los hechos aquí juzgados y en atención a la estimación aislada y fragmentaria del plexo cargoso obrante en el legajo, corresponde anular la absolución del encausado por el hecho que tuvo como víctima a Jacobo Chester y remitir las presentes actuaciones al tribunal de origen a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho. Uno de los votos concurrentes agregó que la responsabilidad jurídico penal que debe evaluarse e interpretarse, no es la intervención de cada uno de manera fragmentada (la propia cuota individual de hecho), sino la realización del tipo en conjunto, llevado a cabo en forma de división de trabajo. Por cuanto, no hay un hecho propio de cada uno, sino sólo un hecho conjunto, un hecho a imputar a un colectivo. El elemento constitutivo de la comunidad personal resulta la persecución de un objetivo común supraindividual que consiste en la producción común y en trabajo dividido de un determinado delito. Por su parte, se demostró en autos que la muerte de Jacobo Chester se cometió dentro de la existencia de un aparato organizado que llevaba adelante conductas delictivas tendientes a la realización de un plan sistemático integral y que amparado en la clandestinidad y libertad de acción otorgada por las fuerzas de seguridad (y después del golpe de estado, por la Junta Militar), tenía como objetivo principal la aniquilación de todo opositor político.