marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), ejecución forzada, desistimiento de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanmartín, Juan José Félix c/ Banco de la Nación Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

Si el actor no ha percibido el capital de condena como consecuencia del pago espont neo del demandado sino a raíz del incidente de ejecución forzada iniciado en su oportunidad, esa falta de espontaneidad en el pago pone de manifiesto que el demandado no pretende desistir del recurso, por lo que no corresponde tener por desistida la queja.
Sucesores, cargas de la sucesión, división de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: BARBERA, JOSE s/ SUCESION - ADMINISTRACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

Si de los documentos emitidos por una asociación mutual surge que los pagos fueron hechos por el causante, que ya por entonces habría fallecido, debe entenderse que fueron efectuados por el conjunto de sus herederos y deben dividirse las deudas en la proporción en la que concurren a la herencia, del mismo modo en que responden por las deudas del causante.
Prostitución, prostitución de menores, prostitución de mayores, edad de la víctima, aplicación analógica de la ley
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA, José E. s/ PROSTITUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-30

Deviene atípica la conducta de quien, con ánimo de lucro, intentó facilitar la prostitución de una mujer que de acuerdo a la ley civil, era mayor de edad (art. 126, C.C.), pues resulta inadmisible que por un olvido del legislador, se interprete que el art. 125, inc. 3º del C.P., crea una nueva edad para la capacidad de las personas -22 años-, lo cual resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de los demás pactos incorporados a ella, ya que trataría una ampliación ilegal del referido tipo legal. Esta interpretación tiene su base en que el artículo 125 se refiere a casos en que la víctima sea menor de edad, en cuyo caso aun con su consentimiento, hay pena, y esto es así porque el menor -de acuerdo a la ley civil- no puede validamente dar su consentimiento, en cambio en el art. 126 se habla de la corrupción o prostitución de los mayores de edad y allí exige que exista engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de coerción, porque en estos casos, el consentimiento de la víctima elimina el tipo penal, debido a la mayoría de edad. De allí que para poder distinguir entre el art. 125 y 126, C.P., hay que remitirse al Código Civil, que es el que regula específicamente el tema. (Del voto del Dr. Donna)
Tarjeta de crédito, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Marplatense Cooperativo Limitado c/ Albisetti, Enrique y otro s/ Ejecución y embargo preventivo Banco Marplatense Cooperativo Ltdo. c/ Albisetti, Enrique Juan y otros s/ Ejecución - Embargo preventivo Banco Unión Com. e Ind. Coop. Ltdo. c/ Moioni de Tomasini, M. E. s/ Ejecución Banca Nacionale del Lavoro c/ Verta, Ernesto Agustín y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12|1989-09-14|1995-08-03|1996-02-02

Si bien en principio, la tarjeta de crédito carece de fuerza ejecutiva, la situación de la presente es diferente, por cuanto el certificado se encuentra suscripto por Gerente y Contador de la entidad bancaria cumplimentando los requisitos exigidos en la cláusula novena del contrato de solicitud de tarjeta de crédito en el cual se prevé la vía ejecutiva para el cobro del importe adeudado y por lo tanto improcedente la excepción de inhabilidad de título planteada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fundamentación de la resolución, conversión de penas, sustitución de la multa
Materia: PENAL
Carátula: Ifeacho, Ifeani Chika s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-21

Carece de fundamentos la resolución que dispuso convertir la pena de multa en prisión si el a quo omitió analizar concretamente en función de las particulares circunstancias del caso, la posibilidad de convertir la multa en alguna de las diversas opciones que brinda el art. 21 CP, ya que ninguna medida se dispuso en relación a los bienes que pudiera tener el imputado, ni si posee alguna clase de ingresos, o si se encuentra imposibilitado de realizar tareas laborales, ni analizó la posibilidad de que los días de prisión fueran cumplidos de conformidad con las modalidades menos rigurosas contempladas en el art. 35 inc. b), ley 24.660. (Dres. Borinsky y Hornos).
Queja por apelación denegada, admisibilidad del recurso, intervención de terceros
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Zelasco Monaco, José Francisco y otro c/ Aerovías del Continente Americano SA s/ ordinario s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-04

Procede admitir la queja interpuesta y, por ende, conceder en relación el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que rechazó la citación como tercero del Ministerio de Turismo de la Nación. Ello atendiendo a que la citación de tercero rechazada en la instancia de grado se encuentra directamente vinculada al dictado de cierta medida cautelar oportunamente decretada en la instancia de grado -que a la fecha se encuentra apelada- por lo que debió habilitarse la instancia recursiva por escapar la materia a la regla de inapelabilidad consagrada por el CPR 486-6°
Aduanas, infracciones aduaneras, documentación administrativa, declaración inexacta de mercaderías, franquicias aduaneras
Materia: ADUANERO
Carátula: A.Z. Editora S.A. y Julio Pedro Accinelli (T.F. 8095-A) c/ A.N.A..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Si se tiene en cuenta que el Sistema María no especificó que documentación requería y que el documentante no falseó su declaración, la confirmación de la condena administrativa por parte del Tribunal Fiscal se presenta como una solución de un formalismo extremo que no se compatibiliza con la verdadera situación de la empresa como usuaria directa del papel que importó y con el carácter de exenta de la mercadería en cuestión.
Caducidad de instancia, carácter excepcional
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cámara, Carlos Crisanto; Cámara, Martín Carlos y Cámara, Adriana Sandra c/ Clínica Grupo Suizo de Salud Mental, Menéndez Victoria e Instituto Geriátrico Suizo Argentino s/ Daños y Perjuicios con Resp. Contractual del Estado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

La declaración de la caducidad de Instancia es de carácter excepcional y debe aplicarse restrictivamente, el art. 313 inc. 3° del CPC libera a las partes de la obligación de instar el proceso o su trámite cuando estuviere pendiente la causa de alguna resolución y la demora fuere imputable al Tribunal, en el sub judice, al momento de decretarse la caducidad no se encontraban cumplidas o desistidas todas las pruebas ni resuelto el hecho nuevo, razón por la cual, previo al llamamiento de autos, había que clausurar esa etapa o esa actividad inconclusa, y correspondía a la actora, a fin de evitar las consecuencias adversas de su inactividad, solicitar en consecuencia lo pertinente; pues sin perjuicio del carácter restrictivo del instituto, el mismo tiene por finalidad no sólo sancionar al litigante moroso sino además la conveniencia pública de facilitar el dinámico y eficaz desarrollo de la actividad judicial. (del voto por su fundamento del Dr. Méndez).
Competencia, competencia federal, juicios contra el Estado, emergencia financiera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: "Bazar  Avenida  S.A. c/ PEN  Ley  25.561  dtos. 1570/01 214/02471/02 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-05

A fin de establecer el tribunal competente lo determinante es que se demanda al PEN -lo que determina la competencia federal debiendo también tenerse en cuenta la naturaleza de las relaciones jurídicas involucradas y, en este sentido, la relación comercial entre la actora, sus deudores locales, y sus acreedores extranjeros está regida por el derecho privado, y las normas dictadas como consecuencia de la emergencia económica pesificación- deben ser examinadas en este caso mediante la aplicación de los preceptos y principios que regulan aquellas relaciones comerciales, razón por la cual el fuero en lo Civil y Comercial Federal es el que se encuentra en mejores condiciones para resolver la cuestión de fondo esta Sala "Pantymed S.A. c/ PEN" del 23/3/04) (Cons. 4°).
Corte Interamericana de Derechos Humanos, interés público, opinión consultiva, contaminación ambiental, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de Noviembre de 2017. Serie A No. 23. Solicitante: República de Colombia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-11-15

Atento el interés general involucrado en las opiniones consultivas adoptadas por la Corte Interamericana, corresponde indicar que su alcance no queda limitado a ciertos estados en tanto la cuestión planteada va más allá del ámbito de aplicación del Convenio de Cartagena -afectación a la diversidad biológica-, extendiéndose a todos los Estados del planeta atento la relevancia del medio ambiente para la protección de los derechos humanos, indicando las obligaciones estatales que en materia ambiental se relacionan más íntimamente con la protección de los derechos humanos afectados.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, Santos Aniceto c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

La ley 5678 -régimen de previsión para el personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires- no previó la posibilidad de que la jubilación voluntaria pudiera convertirse, con posterioridad, en otro tipo de beneficio, salvo el supuesto de conversión en jubilación ordinaria una vez reunidos los requisitos de edad y años de servicios que prevé la norma respectiva. Ello es así por cuanto, las jubilaciones voluntarias no tienen su fundamento en los principios que informan el régimen de seguridad social ya que, concedidos a quienes se encuentren en le goce de sus mejores aptitudes para trabajar, no mitigan una de las consecuencias específicas que aquél procura cubrir.
Intereses moratorios, inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosello Miguel c/ José Tula s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S145 - 157)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-12-16

Calcular la cuantificación de los intereses moratorios a la tasa vigente al presente pronunciamiento implicaría desconocer las oscilaciones propias del mercado financiero, las que en nuestro país y más en estos momentos en que se conoce la privatización de los Bancos Oficiales, puede llevar a resultados disvalio sos, desnaturalizando -el mero devenir del tiempo- el contenido económico de los intereses moratorios que hoy los recurrentes juzgan excesivos. El juego de los componentes hace aconsejable en este caso y atento a los momentos de transición en que históricamente nos toca transitar, estar a la fecha o momento en que se practique la liquidación o se efectúe el pago, pues hoy no se conoce ni que tiempo puede transcurrir hasta esa oportunidad, ni los porcentajes de inflación durante ese período, ni sobre todo la tasa activa vigente a aquella época.

Allí será cuando y con todos esos elementos ya conocidos, pueda el Juzgador, hacer efectiva aplicación del fallo plenario de la Suprema Corte de Justicia citado (L.S. 241:126, Fallo nº 218) y comparar si la tasa de interés moratorio que manda a pagar el art.1 de la ley 3939 no vulnera, por su exceso, el plan de convertibilidad.
Lavado de activos, evasión fiscal, obras públicas, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-28

La instancia anterior, al momento de analizar el ilícito precedente relacionado con la obra pública, optó por reemplazar los lineamientos probatorios por remisiones genéricas al requerimiento de elevación a juicio obrantes en la causa. De tal forma, la sentencia adolece de falta de fundamentación por haberse incurrido en un salto lógico entre lo señalado como principio general y lo valorado en la sentencia. Además, el déficit de fundamentación se observa al comparar el diverso tratamiento que se ha dado a un ilícito precedente respecto del otro, porque mientras que, al referirse a los casos de evasión fiscal, el tribunal ha analizado los diversos indicios existentes para tener por acreditado el nexo causal con respecto a este caso, haciendo expresa alusión a los elementos probatorios incorporados al juicio oral, así como a los períodos fiscales señalados; en el supuesto de la obra pública, decidió suplantar el análisis de la prueba por la remisión a las constancias escritas de ese proceso (requerimiento de elevación a juicio), lo que torna evidente la arbitrariedad de la decisión.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Molero, José c/ Vergara, Luis Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-02

La desvalorización del automotor tiende a resarcir el menor valor que habrá de obtenerse en el mercado de venta de los coches usados y, por tanto, más allá de la antigüedad del modelo, es lo cierto que en comparación con otro automóvil del mismo modelo exento de choque, el automotor de la actora habrá perdido valor de venta tal como lo indican las normas de la experiencia universal, siendo precisamente ello lo que se está indemnizando al damnificado (arts. 163 inc. 5, 375, 384, 474 Cód. Proc.; arts. 505 inc. 3, 1067, 1068, 1109, 1113 Cód. Civil.
Transporte aéreo, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, ejecución de sentencia
Materia: AERONAUTICO
Carátula: EL CABILDO CIA. ARG. DE SEGS. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

Relativamente al modo de establecer la limitación de responsabilidad, la cuestión se debe diferir para la etapa de ejecución de sentencia sobre la base de lo dispuesto en el art. 22, incs. 1, 2a y 2b de la Convención de Varsovia-La Haya; tanto más si se tiene en cuenta que con sólo tener en consideración el monto actualizado del daño fijado en la sentencia y la extensión del faltante (9% del total), puede resultar abstracta la aplicación de dicho límite con arreglo al procedimiento previsto en la citada normativa.
Acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, crédito verificado, propuesta de acuerdo preventivo, acreedores del concurso, prohibición de votar, aprobación del acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Kim SA (Hoy Arosa Rosario SA) c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-10

Siendo que, en el caso, se trata de no incluir al acreedor mayoritario por el monto del crédito de que es titular -equivalente al 41% del capital quirografario-, dentro de la base de cómputo para calcular las mayorías, dicha exclusión implica que su conformidad -o falta de ella- en relación a la propuesta de acuerdo presentada por la deudora, pasa a perder toda significación, en la medida que deja de incidir en la formación de la voluntad colectiva que determina la suerte de la propuesta, ya que ese crédito no será tenido en cuenta para conformar la base computable para calcular las mayorías exigidas por el ordenamiento legal para aprobar la propuesta. O sea que no es que se le prohíbe al acreedor expresar su conformidad o disconformidad con la propuesta sino que directamente se prescinde de su voluntad - cualquiera sea ésta- por la vía elíptica de eliminarlo de la base de cómputo de las mayorías que determinan que resulte o no aprobada la propuesta. Es por ello, precisamente, que la expresión "exclusión de voto" no refleja estrictamente el verdadero sentido y alcance de la cuestión involucrada en el asunto, dado que la pretensión en casos como éstos no se muestra -en rigor- encaminada a cercenar el derecho del acreedor de adherir o no a la propuesta concordataria, sino -directamente- a obtener la exclusión del crédito del que es titular ese acreedor de la base de cómputo del doble régimen de mayorías (de personas y capital) establecido por el ordenamiento concursal, lo que implica que -en definitiva- más que de una "prohibición de voto" se trata de privar de sus efectos esenciales a la adhesión o a la negativa del acreedor a aceptar la propuesta por la vía de no computar los respectivos créditos dentro de las bases a considerar para la determinación de las mayorías (cfr. en este sentido, JNCom. 16, firme, 7/3/06, "Telearte SA Empresa de Radio y Televisión s/ conc. prev. s/ inc. exclusión de acreedores integrantes del llamado Grupo Telefónica").
Marcas, registro de marca, solicitud de marca, denegatoria de la solicitud, revocación del acto administrativo, costas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: S.A.  SOL EXPLOTACION DE PETROLEO  F.C.I. c/ DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  D.N.R.P. s/ OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-03

La jurisprudencia del Tribunal dispone que cuando media razonable denegatoria de la oficina de Marcas a una solicitud, la que es revocada en sede judicial, las costas deben ser impuestas en el orden causado, habida cuenta de la función propia del ente estatal.

Pero si la Dirección de la Propiedad Industrial excede notoriamente en su accionar los límites legales, debe soportar las costas.
Honorarios, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: MAZA DE ABBAS HACHACHE M. c/ HORACIO ABBAS HACHACHE s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-08

La fijación judicial de los emolumentos de los abogados intervinientes en un proceso es una facultad reglada por la ley, y, si el prudente arbitrio judicial ha valorado el trabajo del profesional en el porcentual medio, no puede considerarse excesivo, cuando la ley arancelaria prevé topes máximos y mínimos.-
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, derecho de propiedad, sentencia arbitraria, liquidación judicial, beneficios previsionales, impugnación de la liquidación, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: La Meridional Cía. Arg. de Seguros S.A. c/ American Airlines s/ faltante y/o avería de carga transporte aéreo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que confirmó el método utilizado por el organismo previsional para liquidar el fallo, si -al no considerar la solicitud efectuada por la actora al impugnar la liquidación- satisface en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho aplicable con referencia a los hechos comprobados en la causa, y media en el caso relación directa e inmediata entre lo debatido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art.

15 de la ley 48).
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Catalán Magni, José Luis s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-18

La distinción entre cuestión de hecho y de derecho es de la esencia de este medio de impugnación con miras a discernir la competencia de este órgano revisor; de modo tal que este tribunal, a los fines de mantenerse dentro de ese límite, no sólo puede sino que está en la obligación de efectuar el distingo cuando, como en el caso, él es posible. No debe olvidarse que la autoridad de los fallos de un tribunal de justicia se enaltece cuando se dictan dentro del marco de su jurisdicción, por lo que tan grave lo es retacearla por el empleo de rigorismos como ampliarla a casos en los que el ejercicio de aquélla no está permitido. (Voto del Dr. Tragant).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barbieri, Oscar J. y otros c/ Re, Norberto y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-29

Dentro del mundo de la responsabilidad contractual, la existencia y los límites del daño necesariamente están condicionados por el contenido del mismo contrato (C.C., art. 1197). Porque el principio generador de la obligación de pagar daños es la propia obligación que debía cumplirse, que debe interpretarse de acuerdo con lo que verosimilmente las partes entendieron o debieron entender obrando con cuidado y previsión (C.C., art. 1198, primer párrafo).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Obligaciones del depositario, obligación de restituir, daño emergente, lucro cesante
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Soldano Deheza, Juan Carlos c/ B.C.R.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Los intereses representan el daño moratorio, comprensivo del daño emergente o del lucro cesante, según los supuestos. Hay daño emergente para el acreedor cuando no cuenta con la suma debida para saldar una deuda suya, y debe conseguir dinero al efecto, mediante el pago de interés por el préstamo; este interés que el acreedor abona a un tercero, por no contar con el que le debía su deudor, significa para él un daño emergente, una pérdida sufrida. Hay, en cambio, lucro cesante, si el acreedor deja de percibir una utilidad que esperaba obtener del dinero que se le debe, mediante una aplicación a la producción de renta.
Afiliados previsionales, aportes previsionales, prueba, apreciación de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SARGNESE, JOSE ANTONIO c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-30

En la valoración de las distintas pruebas las Cajas deben actuar con razonabilidad, a fin de que su pronunciamiento produzca efectos jurídicos válidos, por lo cual, si se estimaron insuficientes las constancias existentes en la causa para acreditar los aportes efectuados y con ellos la eventual afiliación tácita al régimen, se debieron arbitrar las medidas conducentes a esclarecer la verdad de los hechos, instando al interesado a la producción de las pruebas para la configuración de su derecho.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: PENAL
Carátula: ALBORNOZ VALDEZ, Casimiro s/ Incidente de excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-24

El recurso de apelación previsto en el art. 299 y siguientes del C.P.P. y 7º "in fine" de la ley 10.484 modificada por ley 10.594, sólo es procedente contra las resoluciones YA DICTADAS, no siendo posible su deducción anticipada "ad eventum" de una decisión contraria al interés del recurrente.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Notificación personal, firma del apoderado, notificación por cédula
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sunset Port S.A. en J: Sunset Port S.A. c/ Salicaceas S.A. s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A142 - 216)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-29

La notificación por cédula a la demandada en el domicilio legal constituido por el Dr....., requisito que según los incidentados debe encontrarse cumplido para poder considerar cerrada la primera instancia y abierta la segunda no era menester cumplir, pues dicha parte, a través de uno de sus apoderados, el que aún lo sigue siendo, se dio expresamente por notificada del auto objeto del recurrimiento. Esta notificación expresa del litigante, no puede caber duda alguna, suplió la pretendida notificación por cédula en el domicilio legal constituido por el nuevo apoderado.