Aclaratoria (procesal), recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10

El segundo párrafo del art. 145 del C.P.P. dispone que "la instancia de aclaración suspenderá el término para interponer los recursos que procedan". Esta Sala tiene dicho que -respecto de las cuestiones no objeto de aclaratoria- no opera interrupción alguna, "ya que el recurso de casación, en ninguno de sus agravios, versa sobre el acápite sobre el cual se produjo la rectificación". Sin embargo, debe señalarse que en el precedente citado se trataba de una aclaratoria dispuesta sin instancia, que es la que tiene acordado efecto suspensivo. En los precedentes de otras Salas de este Tribunal Superior -interpretando disposiciones análogas- se consideró que la suspensión de los efectos de del fallo comprende a todos los puntos decididos y no sólo a los que fueron objeto de aclaratoria, pues la unidad e integración de la sentencia determina que aún en este caso, el recurrente tenía derecho a plantear la impugnación una vez resuelta la aclaración pretendida. Cuando se trata de reglas que limiten un poder conferido a los que la recurrente no sólo ha omitido señalar la norma procesal que ordenaría a la a quo dar a la prueba informativa el trámite apuntado, sino que además ha obviado vincular previstas en el art. 413 C.P.P.. Tal defecto obsta a la debida fundamentación del recurso de casación, y lo torna inadmisible en su aspecto formal. El recurso de casación, para ser formalmente procedente, debe presentar cada motivo con sus fundamentos, es decir, con las razones que sustentan el motivo invocado (art. 474 C.P.P.), para poder conocer en qué consiste la crítica que se efectúa al fallo. En el sub judice, la impugnante introduce su agravio desde lo formal, es decir, denunciando la "inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad..." (art. 468 inc. 2do. C.P.P.). La debida motivación -bajo este motivo- requiere vincular el agravio con las nulidades previstas en el art. 413 C.P.P., que en sus diversas hipótesis, son las que afectan a la sentencia en sí misma y permitirían la declaración de nulidad del fallo que se pretende. La presentación del agravio sub-examen se limita a afirmar que el Tribunal del mérito debió imprimir cierto y determinado trámite a los fines del contralor de los citados informes privados. Así expuesto, el agravio resulta insuficientemente fundado toda vez superiores de provincia de pronunciarse sobre las cuestiones federales planteadas por las partes, ya que para arribar a tal pronunciamiento es necesario abrir la competencia del Tribunal Superior por la vía procesal que a tal fin acuerda la legislación local, la que entre nosotros está prevista en el art. 483 C.P.P., que el recurrente no ha intentado. Asimismo, resulta consecuencia de tales precedentes la competencia de este Tribunal en materia referida a la Constitución Nacional, a pesar del art. 483 C.P.P., que la restringe al conocimiento de cuestiones constitucionales genuinamente provinciales. Por último, tampoco desconoce la conclusión de inadmisibilidad formal arribada supra la doctrina y jurisprudencia favorable a admitir el recurso, en aplicación del principio iura novit curia. Este sólo permite superar errores de encuadre legal entre las distintas causales de un mismo recurso, no así alterar la vía recursiva escogida por el impugnante, toda vez que esta elección emerge no sólo del título asignado y norma invocada, sino además de su contenido y fundamentación. Si, en el caso, la recurrente deduce recurso de casación por el motivo sustancial (art. 468, inc. 1ro, C.P.P.), pero de la lectura de su escrito surge que de lo que en verdad se agravia es de la inconstitucionalidad de la norma aplicada al caso: la Ley 23184, el recurso intentado es formalmente improcedente. Ello porque el reproche intentado por la vía casatoria, tal como es presentado, resulta materia propia del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que en él se configuran los extremos de admisibilidad formal de este último. En efecto, la recurrente ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley 23184; lo ha hecho en función de la afectación de garantías constitucionales, y la sentencia ha sido contraria a sus pretensiones, toda vez que ha aplicado la normativa atacada. Tal defecto en la vía intentada torna el recurso de casación formalmente inadmisible. E llo no obsta a lo oportunamente dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a la obligación de los tribunales