Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-08


A., M. y E., C. F.

Reg.: A y S t 216 p 443-446.

Santa Fe, 8 de noviembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de los imputados M. A. A. y C. F. E. contra la sentencia 77 del 18 de mayo de 2005, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad en autos "A., M. y E., C. F. -Tentativa de Extorsión-(Expte.770/04)" (Expte.C.S.J. nro.1, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Surge de las constancias de la causa que el A quo rechazó los recursos de apelación y nulidad, deducidos contra la sentencia de Primera Instancia, que, a su turno, condenara a M. A. A. y a C. F. E. a la pena de tres años de prisión en suspenso como autores del delito de tentativa de extorsión (arts. 168, primer párrafo; 42 y 26 del Código Penal), con más la pena complementaria de inhabilitación especial para ejercer empleo y cargos públicos por el término de diez años, con costas (fs. 9/13).

Contra esta última decisión dedujo el letrado defensor de los imputados recurso de inconstitucionalidad (fs. 35/41).

Luego de aseverar que se cumplen los requisitos de admisibilidad del remedio impetrado, tilda el fallo como "Inconstitucional" y "Arbitrario" y que "...ha violado lo estipulado por los inc. 1 y 2 del art.

1 de la ley 7055" (fs. 35 y vto.).

Se agravia de que el Instructor se apartó de las normas de procedimiento pues convocó a su despacho a personal de Asuntos Internos y ordenó la realización de medidas probatorias por lo que abrió la instancia penal.

Señala que si el Magistrado tomó conocimiento de la comisión de un ilícito, debió haber corrido traslado de manera inmediata al Fiscal para determinar si correspondía instruir sumario.

Pone de resalto que las presuntas víctimas ocurrieron ante el Juez de Instrucción a radicar la denuncia y que éste ordenó la realización de un operativo, mas sin comunicar dicha circunstancia al Fiscal conforme lo establecen -a su criterio- las normas procesales.

Dicha omisión acarrea -desde su óptica- la nulidad de lo actuado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 inciso 2 del Código Procesal Penal.

Manifiesta que tratándose de un delito de acción pública, ésta se ejerce mediante la acusación Fiscal.

Concluye -en lo que hace al punto- que se violaron los principios fundamentales del debido proceso, arremetiendo contra la independencia y atribuciones del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, reprocha que la Sala haya violado el derecho de defensa en juicio desde que se prescindió de la aplicación del principio constitucional del "in dubio pro reo".

Pone de manifiesto que se creyó en la versión brindada por las presuntas víctimas mientras se desecharon las declaraciones de sus defendidos y no se tuvo en cuenta en cuenta que los imputados no reconocieron las voces de las grabaciones.

Indica que A. no estuvo en el lugar de los hechos y E. no tuvo ningún tipo de participación que haya sido probada con la certeza que requiere una sentencia condenatoria.

Resalta que P.

declaró que nadie le pidió dinero, mientras que M. expresó que el anterior no pudo escuchar lo que se le proponía.

Agrega que de las grabaciones no se colige nada claro, y que en relación al dinero y autoestéreo el imputado E. expresó que M. dijo que eso era lo acordado con A. mas sin indicar el motivo.

Añade que la grave imputación dirigida a sus defendidos fue efectuada por autores de una sustracción en un lugar público por lo que "...bien pudieron idear toda esta patraña para perjudicar a quienes pusieron al descubierto su obrar delictivo" (f. 39 vto.).

El Tribunal a quo, mediante auto 143 del 29 de agosto de 2005, denegó la concesión del recurso por considerar que sólo se pretende una tercera instancia (fs. 47/48).

Contra tal denegatoria, los comparecientes dedujeron queja (fs. 1/5).

2. Liminarmente y al analizarse los requisitos de admisibilidad del recurso de queja, los imputados aducen su temporaneidad, en virtud de no haber sido notificados de la condena con copia íntegra de la resolución respectiva.

Más allá de no desprenderse de ninguna norma ritual tal requisito, esta Corte en funciones propias de control de admisibilidad del remedio interpuesto, advierte que se ha incumplido la notificación personal de los imputados del auto 143 del 29 de agosto de 2005 mediante el cual el A quo denegó el recurso de inconstitucionalidad (vide f. 60).

Tal recaudo encuentra fundamento en que "...lo que debe tenerse en cuenta para el cómputo del plazo en la interposición de la queja es la notificación personal al encausado de la decisión que acarrea la firmeza de la condena... y el eventual cumplimiento de recaudos que garanticen plenamente el derecho de defensa..." (Fallos 327:3802).

Por ende, y aunque por razones distintas a las invocadas por los recurrentes, debe juzgarse el recurso de hecho como temporáneo.

3. Sentado lo que antecede, corresponde efectuar algunas precisiones respecto del alcance del remedio intentado.

En el libelo recursivo, el impugnante encuadra el recurso en las hipótesis previstas por los incisos 1, 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Sin embargo, no cabe subsumir el presente caso en la primera causal regulada por la normativa citada -colisión entre una norma condicionante de la Constitución provincial y otra de jerarquía inferior, siendo la decisión favorable a esta última-, porque no surge que se haya puesto en tela de juicio la congruencia con la Carta Magna de preceptos de la referida jerarquía.

Tampoco aparece posible encuadrar el planteo en el inciso 2 pues esa norma de ningún modo admite ni sugiere la posibilidad de que por esa vía se verifique si una sentencia es compatible con las normas constitucionales.

Se ha dicho también que entenderlo así sería superponer el inciso 2 con el 3, o peor aún, tornar a este último innecesario e inoperante.

Pues es por lo demás claro que cuando un pronunciamiento repugna a la Constitución de la Provincia no reúne las condiciones mínimas para satisfacer el derecho a la jurisdicción (A. y S. T. 155, págs.141/148, entre muchos otros).

En virtud de ello, cabe tener por reducido el ámbito del presente remedio extraordinario a la previsión estatuida por el inciso 3 del citado artículo, esto es "violación del derecho a la jurisdicción", bajo cuya óptica se analizarán los agravios esgrimidos.

Efectuada dicha aclaración y entrando ya al análisis de los vicios descalificantes imputados, es dable señalar que de la lectura del memorial recursivo en confrontación con la sentencia atacada, surge que los agravios del impugnante conducen al examen de temas de derecho procesal, hechos y pruebas, los que han sido resueltos con fundamentos del mismo orden, que permiten descartar la tacha de arbitrariedad invocada.

Al respecto, corresponde señalar que la Sala consideró que "...recibida la noticia del hecho, el señor Juez de Instrucción, lo pone en conocimiento al señor Jefe de la División Investigación Judiciales y Administrativas, Delegación Centro Norte, de la unidad Especial de Asuntos Internos, quien dispone iniciar las correspondientes actuaciones prevencionales..." haciéndose constar que se efectuó comunicación al señor Juez actuante y al señor Agente Fiscal número 2 en turno de feria judicial (f. 10).

Agregó que "...el proceso se inició a partir del sumario prevencional establecido por el artículo 197 del C.P.P., el cual recibido en sede judicial se notificó enseguida al señor Fiscal... el inicio del proceso" (f. 10 vto.).

Frente a ello, el recurrente cuestiona que el Juez Instructor hubiera recibido la denuncia -fundando tal aseveración en los dichos de M.- y que hubiera ordenado "...la realización de medidas probatorias ...obviando el requerimiento del Sr. Fiscal de Distrito, órgano que resulta dueño de la acción y de ninguna forma puede ser suplido" (f. 37 vto.).

Refirió que quedaba "...demasiado claro que se contó con el suficiente tiempo para llevar adelante medidas de toda índole, pero no se tuvo tiempo de cumplir con lo que marca régimen procesal, comunicando al Fiscal..." (f. 38).

Ahora bien, aún cuando no se señala si el representante del Ministerio Público Fiscal objetó el accionar del Instructor -extremo importante si se repara en que se invocan violación de normas que tutelan precisamente su accionar (Cfr., A. y S. T. 211, págs. 472/475)-, el recurrente tampoco convence acerca de que la denuncia hubiera sido efectivamente materializada en sede judicial, ya que la Sala expresó que el "...Juez no recibió la denuncia, solo la mera noticia, y se comunicó con la autoridad preventora..." (f. 10).

De tal modo, no se demostró -rebatiendo concretamente lo expresado por el A quo- que hubiera existido un apartamiento del trámite prescripto por la ley procesal.

También queda sin sustento la alusión efectuada en el escrito de queja (f. 3) en cuanto a que si se entendiera que se imprimió al procedimiento el trámite del artículo 197 del Código Procesal Penal, igualmente no se advertía cumplimentado la comunicación al Fiscal, prevista en el artículo 189 del mismo cuerpo legal.

Es que en la resolución de la Alzada se indica que se hizo constar que "...a fs. 3 ...se efectuó comunicación ...al señor Agente Fiscal n 2 en turno de feria judicial" (f.10); sin que tal referencia hubiera sido desvirtuada en esta instancia extraordinaria.

Además, tampoco constituyen una crítica concreta las genéricas alegaciones en torno a supuestas violaciones a "...la independencia y atribuciones del Ministerio Público Fiscal" (f.38 vto.) o a la necesidad de la acusación para el ejercicio de la acción pública (f.38 vto.) sin mostrar la vinculación directa de tales afirmaciones con la causa.

En cuanto a los cuestionamientos centrados en la arbitraria valoración de la prueba y en la prescindencia de la aplicación del principio "in dubio pro reo" expresados en el escrito introductor de la vía extraordinaria, más allá de que no hayan sido sostenidos en el recurso de queja ante lo expresado por la Sala en el auto denegatorio -y corresponda tener por incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055-, cabe recordar que el A quo sustentó la condena en las aseveraciones de los testigos M. y P., el secuestro de billetes que previamente habían sido individualizados y de un autoestéreo.

Luego, se razonó que el principio antes indicado "...debe descansar por lo menos en una confrontación equivalente en importancia entre los elementos positivos en pro de la afirmación del titular de la acción y aquellos que no lo son..." (f.11 vto.); extremos que no logran ser desmerecidos por el impugnante con transcripciones fragmentarias de la prueba.

Además, cabe señalar que no se advierte que el Tribunal haya tenido duda alguna con relación al reproche penal formulado, debiendo recordarse que a ese respecto esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades que tal cuestión, "... -inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa..." (A. y S., T. 110, pág. 262; T. 119, pág.329, entre otros).

En suma, el asunto -tal como ha sido traído a estos estrados- no aparece idóneo para franquear la vía extraordinaria instaurada, por quedar comprendido dentro del marco de la ponderación que efectuó el Tribunal a quo en torno a cuestiones de derecho procesal, hecho y prueba, propias de los jueces del proceso en las causas sometidas a su decisión, y por ende, a menos que se demostrare arbitrariedad -circunstancia que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, no acontece en el "sub examine"- no resultan susceptibles de ser revisadas por la vía de excepción intentada, desde que no compete a esta Corte al ejercer su jurisdicción extraordinaria, erigirse en una tercera y ordinaria instancia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)