marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Silencio de la administración, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soria Savio, Walter Humberto c/ Poder Ejecutivo s/ Amparo por mora de la Administración Medina, José Rodolfo c/ Ministerio de Educación y Cultura s/ Amparo por mora de la administración Ferreyra, Adriana del Carmen c/ Estado Provincial s/ Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-06|2005-09-16|2005-11-07

Ante una situación concreta de mora administrativa, entendida como la inactividad formal de la administración, o la simple no contestación a una petición de los particulares, la legislación nacional prevé tres técnicas de control a elección del administrado: el reclamo en queja ante el superior, el silencio administrativo, y la acción de amparo por mora de la administración.

En nuestro ordenamiento el silencio administrativo constituye una presunción legal establecida a favor de los particulares, y es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga, ni tal sentido puede oficiosamente serle asignado para tener por configurados actos inexistentes.

En el caso, el administrado no ha optado por asignarle sentido al silencio administrativo para agotar la vía que le habilite la instancia jurisdiccional mediante la articulación de las acciones contencioso administrativas, sino que ha optado por otro procedimiento que le brinda el ordenamiento jurídico, la acción de amparo por mora de la administración, que reviste características perfectamente diferenciadas de aquéllas.

En conclusión encontrándose satisfechos los requisitos de admisibilidad de la acción previstos en el Art. 7 de la Ley 4795, corresponde declarar prima facie la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en la causa, y fíjar el término perentorio de CINCO DÍAS para que el Sr. Fiscal de Estado presente las actuaciones administrativas de que se trate e informe los antecedentes del caso y la causa de la demora, bajo los apercibimientos del Art. 11 del mismo Cuerpo Legal. Del voto de la Mayoría.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, medidas cautelares, presentación extemporánea, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Repartosya SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Montero Dufour, Matias Nahuel c/ Repartosya S.A. s/ medida cautelar (expte. n° 22777/2020) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

El carácter espontáneo de la reflexión del FGA -referida a la extemporaneidad de la interposición del recurso de inconstitucionalidad- es lo que justifica oír a la parte recurrente para asegurar su derecho de defensa; máxime cuando esta presentó el escrito formulando las aclaraciones respecto de lo planteado por el FGA dentro de los tres días hábiles de haber sido notificado del pase de autos al acuerdo, es decir, no consintió tal providencia. También se justifica oír a la parte recurrente para resolver, una vez conocidos ambos puntos de vista, para mayor ilustración del Tribunal. Por lo demás, la providencia de autos al acuerdo puede ser dejada sin efecto, si hay razones que lo ameritan. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso extraordinario, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Guarino de Otheguy, Beatriz Ida s/ hurto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

No procede el recurso extraordinario si el impugnante no demuestra en forma concreta el gravamen que lo decidido le ocasiona y el remedio parece fundado en el interés de terceros cuya representación no se invoca.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Gabioud, Rodolfo Juan c/ Cortés, Agustín Alberto. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El recurso extraordinario contra la sentencia que, al rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, dejó firme la que había declarado erróneamente concedido el recurso ordinario de apelación, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, legitimación procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L s/ FILIACION     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-05-14

La legitimación es uno de los requisitos de admisibilidad que el Tribunal debe analizar, desde que la cuestión constitucional sólo la puede introducir el titular actual de un derecho que se pretende ofendido.
Escrituración, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: V., M. B. c/ R., E. F. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-14

Insiste Kiper en que si bien los arts. 1185 y 1187 se refieren a la obligación de escriturar, ello no significa que no puedan exigirse en un mismo momento el cumplimiento de otras obligaciones asumidas por las partes.
Exenciones impositivas, PACTO FEDERAL PARA EL EMPLEO, LA PRODUCCIÓN Y EL CRECIMIENTO, reglamentación de la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solares de Conesa SA c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

La exención consagrada en el decreto reglamentario del Código Fiscal cumple en esta jurisdicción el objetivo expresado en el apartado 4. g) del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, beneficiando a la empresa constructora que efectivamente realiza las actividades de construcción del inmueble, y excluyendo de la dispensa a la empresa que si bien puede ser la propietaria de la obra, no acreditó ser la responsable de su construcción, y por el contrario, ha encomendado a un tercero la ejecución de las actividades de dirección, construcción, ejecución estructural de la obra nueva y contratación del personal. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Delegación legislativa, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, delegación de facultades a la Administración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Compañía Azucarera y Alcoholera  Soler S.A. c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

No cabe encontrar reparo constitucional en que las atribuciones especiales que el Congreso otorgue al Poder Ejecutivo para dictar reglamentos delegados y de integración, pueda éste subdelegarlas en otros órganos o entes de la Administración Pública, siempre que tal facultad se halle contemplada en la ley.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadeo, Eduardo Hernán c/ Torres, Luis Alberto y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

Corresponde confirmar la condena al conductor del vehículo, que colisiono la moto del actor, por su responsabilidad en el accidente de tránsito -art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil- en virtud de que la moto no circulaba a excesiva velocidad, ni embistió al automóvil como consecuencia de haber perdido el equilibrio; siendo tales versiones contrapuestas a la brindada por el propio emplazado en las actuaciones penales.
Prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio, facultades del juez
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: REDINI, ROBERTO LUIS c/ PAOLINI, FRANCISCO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-17

El dictamen no refleja un trabajo técnico del perito, cuando en forma genérica y por demás vaga dice que tuvo en cuenta los dichos de los empleados de la empresa, los de los testigos de la causa, las herramientas y piezas que manipulaba, el tipo de trabajo, etc., Para así llegar a decir que se trata de una "enfermedad-accidente, concausada"; quiere decir que no ha dado nada de si. No ha proveído las razones científicas ni técnicas en que se apoya su proposición, por lo que ese informe ampliatorio no cuenta con valor probatorio suficiente para dilucidar la cuestión.

Y el hecho de que las otras partes y el juez no hayan objetado los puntos de pericia propuestos por el actor, no lleva necesariamente a tener por cierto lo expresado por el perito en su informe, ya que el juez puede apartarse de las conclusiones periciales con un fundamento serio de su convicción contraria, tal como lo expresa en sus considerandos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pacheco, Héctor R. y Otro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-03-01

"Las resoluciones sobre perención de instancia, por versar sustancialmente sobre cuestiones de hechos procesales, son irrevisables en la instancia extraordinaria (C.S.J.N., 30/09/80), sea que se rechace o se admita la caducidad. Tales pronunciamientos no revisten el carácter de definitivos, dado que no ponen fin al pleito ni impiden su continuación o su renovación mediante un nuevo juicio.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Naverrete, Jorge R.; Gigante, Juan Carlos s/ ESTAFA  MEDIANTE  FALSIFICACIóN  DE  DOCUMENTO  PRIVADO  EQUIPARADO A  PúBLICO  (NAVARRETE);  PARTíCIPE  NECESARIO  EN  ESTAFA (GIGANTE)  S/  CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-17

Determinar el grado de participación del imputado en el evento, constituye una cuestión de hecho y prueba, ajena al recurso de casación penal.
Beneficio de litigar sin gastos, recurso de casación, pena
Materia: PENAL
Carátula: Furci Miguel Angel s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-07

La denegatoria del beneficio de litigar sin gastos no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la instancia de casación, ni tampoco es sentencia definitiva, ni auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Prueba prohibida, valor probatorio, investigación del hecho, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: ODDONE, Luis A. s/ inf. Art. 173 del C.P Causa 8386/8886/8889  inf. Art. 163 inc. 7 Causa 8886  inf. Art. 173 del C.P. inc. 7 Causa 8886
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-05

El allanamiento sin orden judicial seguida de la detención de una persona que aporta elementos que permiten el secuestro de documentación útil para la substanciación del proceso, no podría ser considerado idóneo para valorarlos como elementos de prueba que puedan fundamentar una sentencia judicial, pero no por existir este tipo de condicionamiento carece de capacidad para ser el hilo conductor de la investigación de un delito o la pesquisa de sus autores, presunción esta última que recaía en la persona detenida.
Comisión Municipal de la Vivienda, obligación de escriturar, plazo indeterminado, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Martucci, María Inés c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

No puede supeditarse la fijación del plazo indeterminado o tácito a que se sujetó la obligación de escriturar a la voluntad absoluta de la accionada (Comisión Municipal de la Vivienda), cuando es ella la que debe cumplir los recaudos necesarios (certificación de las obras, operaciones contables, etc.) ya que ello no se compadece con la justicia ni con la necesidad de certeza que en la consolidación del dominio requiere quien compró la unidad que ya ocupa desde hace años.

Si resulta imputable a la accionada Comisión Municipal de la Vivienda la demora en fijar el precio definitivo (art. 12, ley 21.581), luego de terminadas las obras, habiendo sido constituida en mora respecto de su obligación de escriturar, el allanamiento a la demanda resulta tardío, no pudiendo ser eximida de costas, en tanto "por su culpa dio lugar a la reclamación", (art. 70, inc. 1º, del Código Procesal).
Intereses, liquidación, tasas de interés, banco central
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossi, Adhemar José c/ Vertedor, José Luis y otro (Pcia. de Buenos Aires) s/ da!os y perjuicios (acc. tráns. s/ lesiones o muerte).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

A partir del 1 de abril de 1991 y hasta el efectivo pago, los intereses deben liquidarse según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central.
Daños y perjuicios, bienes públicos del Estado, riberas del río
Materia: AGUAS
Carátula: Unitan  SA c/ Formosa, Provincia de s/ da!o temido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-26

No existe mandato legal alguno que ponga en cabeza del Estado el cuidado de las márgenes. Son los ribereños quienes deben soportar el costo de las obras defensivas de la acción erosiva del río que encaren, pues sólo a ellos benefician y no media responsabilidad de terceros en el daño que en esas circunstancias se produzca.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, depreciación monetaria, sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: TRAID, CARLOS MANUEL c/ GALVAN, ANTONIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 226-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-11

La pretensión indexatoria no es considerada causal autónoma de cuestión constitucional, pero sí lo es como una manifestación de arbitrariedad: la falta de motivación suficiente que obligatoriamente exige la Constitución Provincial para las sentencias y autos interlocutorios.
Remuneración, haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, actualización monetaria, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PORTELA, ARTURO JOAQUIN s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

El mecanismo de actualización para determinar los valores reales percibidos por el titular, resultan arbitrarios frente al proceso inflacionario, pues la aplicación de un único coeficiente anual -que no contempla la inflación sufrida mes a mes- desnaturaliza totalmente los salarios en virtud del constante deterioro de la moneda y produce así un desfasaje del promedio a que se refiere el artículo 49 de la ley 18037; irregularidad que se muestra aún más si se tiene en cuenta que para el cálculo del haber inicial, no se aplica índice de actualización alguno.
Impuestos, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Obras Sanitarias Mar del Plata Soc. de Estado c/ Corpesca S.R.L. y Carrasco Antonio s/ Ejecución de apremio Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Caresingro S.A.I.M.P. y C. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04|1997-07-03

En el caso de tasas retributivas de servicios prestados por Obras Sanitarias el plazo de prescripción es de cinco años toda vez que se trata de obligaciones de vencimiento periódico.
Encubrimiento, sujeto activo
Materia: PENAL
Carátula: NAVARRO JUAN CARLOS, NAVARRO DARIO ALEJANDRO s.d. HURTO GANADO MAYOR e.p. ARGAÑARAZ LEANDRO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-06-27

Sujeto activo del delito de encubrimiento puede ser cualquiera, a condición de que no sea un partícipe del delito subyacente. La intervención del sujeto activo después de la ejecución del delito, debe ser autónoma; no debe ser la consecuencia de una promesa anterior; de no ser así, se lo consideraría copartícipe secundario.
Homicidio, quemaduras, violencia familiar, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Trias, Florencia Soledad s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-24

Existió dolo homicida en el actuar de la mujer que arrojó agua hirviendo sobre la humanidad de su pareja, produciendo heridas que causaron su muerte con posterioridad, pues, la conducta de haber arrojado, en por lo menos dos lanzamientos con fuerza, agua en estado de ebullición contra la corporeidad de su compañero y padre de su hija, ocasionándole múltiples heridas que lo condujeron a su deceso luego de veintidós días de agonía, es signo por demás demostrativo de la intención de "querer" quitar la vida a otro ser humano.
Sentencia no firme, querellante, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: URQUIDI, CARMEN; CLEMENTE, DAVID Y CLEMENTE MAURO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-02-16

Las alegaciones de la recurrente no logran demostrar que la cuestión decidida en torno al rechazo de un pariente colateral en cuarto grado del denunciante como querellante exceda del marco de posibilidades lógicas que las disposiciones procesales admiten, y si bien el recurrente invoca la afectación de derechos fundamentales -debido proceso, defensa en juicio, derecho al recurso- lo cierto es que no logra acreditar la configuración en autos de un supuesto de excepción que permita sortear el incumplido recaudo de definitividad de la sentencia impugnada. (De la disidencia de los Dres. Gastaldi y Netri).
Demanda, objeto de la demanda, demanda defectuosa, excepciones procesales, defecto legal, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DAKOTA S.A. c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

En principio, corresponde al actor designar la 'cosa demandada', pues su imprecisión puede dar fundamento a la excepción de oscuro libelo. Ello no es viable cuando existe imposibilidad de precisarla por depender de circunstancias, particularidades y elementos que constituyen el objeto mismo de la instrucción del proceso, razón por la cual no es procedente la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda. (Del voto en disidencia del Dr. Eduardo A. Russo).
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiat Diesel S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Caducidad   (Expte. CSJ Nro. 81-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-04

Ante el pedido de declaración de caducidad de la instancia, no es viable la defensa esgrimida por la actora sobre la base del retiro por parte de la Administración de un expediente administrativo -única prueba en el caso-, por cuanto dicha circunstancia no obstaculiza que la actora diligente solicite su remisión o efectúe otro acto que importe impulsar el proceso.
Nulidad procesal, denuncia anónima, fiscales
Materia: PENAL
Carátula: BENAYAS, AURELIO s/ Contrabando, incidente de nulidad Causa 32734
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-13

La ley procesal requiere la identificación y la comprobación de identidad de quien hace una denuncia lo que no ocurre en el caso en el que se trata de una pieza postal anónima (CPP. art. 175) recibida por el Fiscal, de donde no se trata de una denuncia que el funcionario tenga obligación de efectuar por haber conocido un delito en el ejercicio de sus funciones, siendo que en el caso dejó puntualizado su desconocimiento de los hechos aludidos en las afirmaciones del anónimo de manera hipotética y sin asumir responsabilidad alguna.
Derecho laboral, contrato de trabajo, derechos y garantías constitucionales, ley de contrato de trabajo, relación de dependencia, prueba, medios de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FABIÁN, Néstor Luis c/ LA PANADERÍA S.R.L. s/ APELACIÓN INTERPUESTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-17

Cuando la prueba es directa -como la testimonial- y emana de personas cercanas al actor, se impondría aunque sea una presuncion simple, emanada de la falta de presentación del LRU, si es que en caso la demandada no hubiera acompañado las hojas móviles que tengo a la vista.

Al respecto la Sala de Apelaciones del Trabajo de Salta tiene dicho que "la falta de exhibición de las planillas horarias no trae aparejada ninguna consecuencia respecto de la demostración de jornadas extraordinarias, por cuanto no existe disposición legal ni reglamentaria que obligue a conservarlas ni tampoco a exhibirlas" (autos Aranda c. Yarade, 18/11/02, siguiendo el criterio de la SCBA, 20/8/1991, en TySS 1992, p. 321).
Accidente de tránsito, víctima menor de edad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Isola, Ruben Horacio y otro c/ Vagnoni, Ricardo Pablo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-16

Resulta jurídicamente imposible imputar culpa a un menor de 10 años ya que no tiene discernimiento y no es computable su voluntad jurídica.
Ius variandi, cambio de horario
Materia: LABORAL
Carátula: Elichiry, Luis c/ Maciel Hermanos S.A.E.C.I. s/ Indemnización por despido y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Constituye un irrazonable ejercicio del "ius variandi" en tanto excede los límites impuestos por el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo el cambio de horario decidido por la patronal que a más de alterar una modalidad esencial del vínculo contractual importó para el actor un notorio perjuicio material conocido por el principal.
Intervención de terceros, filiación, legitimación activa, impugnación de la paternidad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SEB c/ JG s/ IMPUGNACION POR MATERNIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-15

En la perspectiva de la legitimación activa para impugnar la paternidad, tanto puede hacerlo el marido, art. 258 del C.Civil, como el hijo, art. 259 del C.Civil. Y legitimados pasivos de dicha acción son si la intenta el marido, la madre y el hijo, si la intenta el hijo, el padre y la madre. No procede la intervención de un tercero en los términos del art. 90 inc. 1 del C. Procesal, ya que la sentencia que pudiere recaer no puede afectar el interés propio de ese tercero. Cierto es que la sentencia que desplaza el estado de familia tiene efectos erga omnes en cuanto destruye un título de estado, y cuya eficacia dependerá de que haya sido enderezada contra todas las personas que por disposición legal o por la naturaleza de las cosas debieron ser demandadas, mas resulta evidente que el decisorio no influye sobre la situación jurídica del tercero en tanto sólo se resolverá sobre la paternidad del demandado, sin que se incida sobre el derecho de defensa del tercero, quien en el juicio que se le sigue por filiación puede argumentar y probar lo que haga a su derecho.