Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-28


ARROYO, Juan Carlos contra PORCELANAS VERBANO Reg.: A y S t 199 p 133-137. Santa Fe, 28 de julio del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la apoderada del Fondo de Garantía dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSES- contra la resolución 60 del 3 de mayo de 2002, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "ARROYO, Juan Carlos contra PORCELANAS VERBANO -Declaración de Insolvencia- (Expte. 12/00)" (Expte. C.S.J. nro. 277, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante el pronunciamiento atacado por vía del recurso extraordinario local, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario confirmó la sentencia de Primera Instancia que había declarado el estado de insolvencia de "Porcelanas Verbano" habilitando el acceso del actor a los beneficios otorgados por el Fondo de Garantía en el marco de la ley especial 24028 (fs. 1/3).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la autoridad que administra el Fondo de Garantía recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1ro., inciso 3, de la ley 7055 (fs. 3/10).

Adujo arbitrariedad por contradicción con los fundamentos normativos aplicables. A su entender, lo resuelto por la Sala entra en flagrante contradicción con lo que el legislador expresamente ha establecido en el artículo 14, ap. 2, inciso a) de la ley 24028; norma que establece dos plazos distintos de caducidad: a) para realizar la correspondiente ejecución de sentencia en el plazo de 90 días de haber quedado aprobada la liquidación y b) para peticionar la declaración de insolvencia dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo anterior, o sea dentro de los 120 días.

Aseguró que lo resuelto por la Sala es contrario a la interpretación literal- histórica de dicha normativa y se aparta de la doctrina y jurisprudencia que cita.

Sostuvo que dicho Tribunal ignora el acto procesal en el cual quedó firme la liquidación como punto de partida, como establece expresamente la ley, para contar los dos plazos distintos de caducidad. Agregó que la fecha en que ha quedado firme la planilla es según la norma contenida por el artículo 14, ap. 2, inc. a, de la ley 24028 el punto de arranque del término de 90 días a partir del cual comienzan a correr los 30 días para deducir el pedido de declaración de insolvencia, por lo que resulta obvio que entre dicha fecha y la del pedido ha transcurrido más de 3 veces el referido plazo de 120 días.

Por otra parte, adujo que lo resuelto en el fallo atacado entra en contradicción con la regla de no condena en costas a los organismos de la seguridad social, lo que se sustenta en una larga tradición normativa y jurisprudencial.

Destacó que el mensaje de elevación de la ley 18477, que establece la exención de costas para el Consejo Nacional de Previsión Social en los recursos que de lugar el artículo 14 de la ley 14236, pone de manifiesto el criterio doctrinario y jurisprudencial reinante, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que cuando la Administración Pública es traída ante la Justicia no defiende derechos particulares sino que actúa en defensa de la legalidad de un acto de interés general, en procura de la unidad interpretativa del Derecho Previsional y de los intereses de los afiliados en su conjunto. Añadió que el decreto 2312/86 al vetar los artículos 11 y 15 de la ley 23473 impone el respeto a la solución que dio al tema la ley 18477, eximiendo de costas a la ANSES. También la ley 24463 en su artículo 21 establece que las costas serán por su orden.

Por ello, solicitó se revoque la resolución impugnada, la que viola el debido proceso, el derecho de defensa y el de propiedad.

Por último invocó la existencia de gravedad institucional por contradecir el decisorio cuestionado lo estatuido expresamente por las leyes de accidente de trabajo, vulnerando el más elemental principio de seguridad jurídica y derecho de defensa al no saber el Fondo de Garantía cuándo el actor va a ejercer su derecho, ignorándose los plazos expresamente establecidos por el legislador en la ley especial.

2. Por decisorio de fecha 30 de junio de 2003 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que no se encuentra adecuadamente cumplido el recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional. Además expresó que no se configura la causal de arbitrariedad articulada ni el supuesto de gravedad institucional invocado, luciendo la resolución adecuadamente motivada.

Tal denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 31/32).

3. Reiteradamente esta Corte ha señalado que es carga ineludible del quejoso que pretende acceder por vía de queja a esta instancia de excepción, rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055; A. y S. T. 58, pág. 304; T. 92, pág. 156 y 442; T. 138, pág. 424).

En el caso, dicha carga no ha sido asumida idóneamente por la compareciente. Ello así, desde que en su presentación directa no se hace cargo ni siquiera mínimamente de lo manifestado en cuanto al no cumplimiento adecuado del recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional.

Tal incumplimiento de índole estrictamente formal resultaría suficiente para sellar la suerte adversa de dicho planteo. Sin embargo, a mayor abundamiento, puede afirmarse que aun de no existir dicho obstáculo formal el remedio intentado igualmente no podría prosperar.

En efecto, a pesar de afirmar la impugnante que nos encontramos ante un supuesto de clara prescindencia del texto legal en cuanto a los plazos de caducidad que éste establece, su planteo sólo refleja su disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, a la hora de interpretar y aplicar la norma contenida en el artículo 14, ap. 2, inc. a) de la ley 24028.

La quejosa, con lo argumentado al respecto, no logra persu Y concluyó el A quo que "En la demanda se invoca (sin que se niegue en el responde lo que presupone reconocimiento según el art. 47 inc. B del C.P.L.), que aún faltaban realizar bienes (aunque se aclara que los mismos resultarían insuficientes) por lo que resulta absolutamente inaplicable la caducidad opuesta como un obstáculo al progreso de la declaración de insolvencia" (f. 2 vto.).

Y, si bien la quejosa no está conforme con dicha solución su sola insistencia en hacer prevalecer su propia interpretación de la norma legal en juego, asentada en una postura que no se hace debidamente cargo de las circunstancias particulares del caso puestas de manifiesto por los Juzgadores, resulta insuficiente para lograr persuadir que lo resuelto por la Sala implique verdaderamente incurrir en algún vicio que descalifique constitucionalmente lo decidido.

Resta agregar al respecto que la mera invocación de gravedad institucional no autoriza la apertura de la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055, debiendo la compareciente demostrar que concurren en el caso circunstancias excepcionales que trascienden el mero interés de las partes, afectando a la comunidad toda; lo que no ha acontecido en el caso (cfr. A. y S. T. 98, pág. 317, entre muchos otros).

No ocurre lo mismo con el agravio vinculado al tema costas.

Ante todo, es necesario señalar que si bien las cuestiones vinculadas a la imposición de costas son por su naturaleza procesal, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria (A. y S. T. 122, pág. 49), la Corte ha efectuado excepciones a dicha regla en casos de manifiesta arbitrariedad (A. y S. T. 99, pág. 15; T. 101, pág. 96; T.126, pág. 346; T. 128 pág. 485, etc.).

Aclarado ello, se advierte que la postulación al respecto importa -prima facie- articular con seriedad un planteo que puede configurar una hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio y sin que implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, sin perjuicio de lo que se resuelva en la oportunidad prevista en el artículo 11 de la ley 7055, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir parcialmente la queja interpuesta y conceder el recurso de inconstitucionalidad con el alcance que surge de los considerandos precedentes. Ordenar que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite correspondiente.

Regístrese y hágase saber Fdo.:FALISTOCCO-GUTIERREZ-NETRI (en disidencia parcial)-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR NETRI:

Concuerdo con los fundamentos expuestos por el Cuerpo al considerar que la quejosa en su presentación directa no se hace cargo de la acusada falta de cumplimiento adecuado del recaudo de planteo oportuno de la cuestión constitucional. Asimismo, comparto la respuesta dada al agravio relativo a la prescindencia del texto legal aplicable en cuanto a los plazos de caducidad que establece el artículo 14, ap. 2, inc. a) de la ley 24028, por cuanto -en síntesis- su planteo sólo refleja su disconformidad con lo resuelto por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias a la hora de interpretar y aplicar la norma contenida en la referida disposición legal, sin que la quejosa logre persuadir de que lo decidido al respecto por la Sala resulte descalificable constitucionalmente, como así también a lo expresado respecto de la ausencia de demostración de la existencia de un supuesto de gravedad institucional.

Sin embargo, considero que tampoco puede otorgarse razón a la recurrente en lo que concierne a la arbitrariedad en que habría incurrido supuestamente el A quo en la imposición de los gastos causídicos en orden a lograr la apertura de la vía extraordinaria.

Cabe recordar que es criterio reiterado de este Tribunal que la materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad (A. y S. T. 44, p. 349/351; T. 47, p. 355/357; T. 49, p. 296/297; T. 65, p. 116/118; T. 81, p. 273/275; T. 111, p. 392; T. 143, p. 82).

A este respecto, también tiene dicho el más Alto Tribunal de la Nación "...que la cuestión implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria contemplada por el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos: 240:28); y que "...lo atinente a la imposición de las costas en las instancias ordinarias es una cuestión fáctica y procesal, propia de los jueces de la causa y ajena, en principio, a la vía prevista en el artículo 14 de la ley 48..." (Fallos:308:1076).

Si bien dicha regla general reconoce excepción en los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, lo cierto es que en el "sub judice" no cabe hacer lugar a ella, toda vez que la postulación de la recurrente en modo alguno persuade acerca de que el Tribunal, tras haber dado una respuesta negativa a la declaración de caducidad pretendida por aquél, hubiese impuesto la condena causídica "contra legem" o que la solución escogida hubiese desbordado las posibilidades hermenéuticas aceptables desde el plano constitucional que ofrecía la normativa en cuestión. Tanto más si se repara en que no logra acreditar que las disposiciones legales que invoca en abono de su tesitura -regulatorias de los recursos contra las decisiones de la ANSES- resultaran directamente aplicables al supuesto de autos.

Por tales razones, considero que debe rechazarse la queja interpuesta.

Fdo.:NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)