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Recurso de inconstitucionalidad, gravamen irreparable, sentencia definitiva, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: NICOLA, HERIBERTO FRANCISCO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 213-83 BARSEAN, JORGE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 321-85 GEPPEL Y PINASCO SACIC c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 203-88 GEPPEL Y PINASCO SACI Y C c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-29|1986-10-22|1989-04-19|1990-11-29

Aún cuando la resolución que rechaza la excepción de incompetencia no es sentencia definitiva que decida el fondo del litigio, reviste tal carácter lo relativo al punto a decidir procedencia de la vía ordinaria o contencioso administrativa-, por causar un agravio irreparable.

Citas jurisprudenciales: "Adjiman y Chegorianky", A y S T 34 p 402. Sumario nro 76. "Olmedo", A y S T 38 p 457.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), competencia federal, competencia provincial, jueces naturales, aislamiento social preventivo y obligatorio, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OCAMPO, FERNANDO DANIEL c/  s/ CUESTION DE COMPETENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

La impugnante insiste con que el caso corresponde a la justicia federal y con que se habría afectado la garantía de juez natural, mas sin lograr acreditar que la conclusión a la que se arribara desborde el marco de posibilidades exegéticas de las normas en juego con arreglo a las constancias de la causa, la irrazonabilidad de lo resuelto en este momento procesal, ni la lesión a la garantía constitucional que invoca. - Jurisprudencia vinculada: Ponce, AyS T 302, p 490/494, sumario J0047009. - Jurisprudencia concordante con Ortiz, AyS T 304, p 167/170, sumario J0047514.
Costas, costas al vencedor, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: MORA PINILLA, LUIS ALBERTO C /HILDEMANN y ABBATE, CLELIA REBECA S USUCAPION S/ CASACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-05-13

Una de las excepciones que más restrictivamente se valora es precisamente la imposición de costas al vencedor. Tal es así que, para llegar a tal extremo, se ha valorado como circunstancia preponderante la falta de necesidad de incoar el pleito por existir otra solución o directamente el abuso del derecho. Nuestro ordenamiento procesal local ha dispuesto cargar las costas al actor vencedor cuando ha considerado que correspondía, en algún supuesto específico y excepcional. Ello ocurre con el allanamiento del accionado a la demanda anticipada de juicio de desalojo, sin estar aun vencido el plazo contractual (art. 688 del CPCyC). (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia)
Sucesiones, inscripción de dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TINTI JORGE JOSE s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-27

Al tornarse innecesario el libramiento de exhortos para inscribir inmuebles en otras jurisdicciones con la sanción de la ley 22.172, y ser la misma ordenada por el juez del sucesorio, el acompañamiento de certificado sobre las condiciones del dominio de los inmuebles a registrar constituye un presupuesto o recaudo de la resolución que lo manda inscribir, sin que pueda ser obviado.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, notificación, vista de las actuaciones
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, J. D. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-20

Cabe diferenciar qué se entiende por vista y notificación, siendo este último término el utilizado en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Contravencional. En el caso, existe una confusión por parte del defensor oficial al respecto, ya que entiende que el artículo mencionado establece que se le deben entregar las actuaciones, es decir, el acto de notificación no sería tal sino una vista (artículo 156 del Código Procesal Penal de la Nación); debiéndose señalar que las vistas sólo serán ordenadas cuando la ley lo disponga (artículo155 del Código Procesal Penal de la Nación), circunstancia que no se da en la especie, pues el artículo 45 establece expresamente que el juez o jueza fija audiencia de juicio y la notifica a las partes. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Reciprocidad jubilatoria, Estado Provincial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Castoldi, Víctor E. c/ Caja  de  Retiros,  Jub. y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contenciosoadministrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

La incorporación de los Estados locales al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria (Decreto 9316/46) y sus efectos, subsisten en tanto no medie formal denuncia del mismo por parte del gobierno provincial, en el sentido de considerarse desvinculado del régimen.
Hábeas data, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: IMPRECO  S.A. c/ DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALESDE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR S/ s/ ABEAS DATA (ART. 43 C.N.).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-08

Cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.326 establece que será competente, a elección del actor, para entender en este tipo de acciones, el juez de su domicilio, el del domicilio del demandado o el del lugar en que el hecho se exteriorice o pudiera tener efecto. En tales condiciones, toda vez que en el sub lite el objeto de la demanda no se relaciona con pretensiones derivadas del proceso aque tramita en otro Departamento (art. 6, inc. 1 del Código Procesal), y ponderando, que las partes intervinientes en la causa poseen su sede en la ciudad, cabe concluir que resulta competente la justicia de esta ciudad para entender en estas actuaciones.
Sentencia arbitraria, cámara Gesell, Convención sobre los derechos del niño, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C., E. G. por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia en perjuicio de L.C.A. (M) - T., M. E. (DEN) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-18

El recurso de inconstitucionalidad, previsto en los arts. 554 y cc. del Código Procesal Penal, procede en caso de sentencias arbitrarias, en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos jurisdiccionales válidos.

Por sentencia arbitraria se entiende aquella que es insostenible, o irregular, o anómala, o carente de fundamentos suficientes para sostenerla, o desprovista de todo apoyo legal y fundada sólo en la voluntad de los jueces que la suscriben.

Resulta esencial, en materia de arbitrariedad, que la vía propuesta no constituya la apertura de una tercera instancia donde se intente reproducir el debate ordinario de los hechos considerados anteriormente. Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente el recurso intentado, la decisión impugnada debe presentar serios y graves defectos de fundamentación, traducidos, a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales. (Del voto en Mayoría de la Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Vittar, Dra. Bonari y Dr. Catalano)
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, contracautela, igualdad ante la ley, deberes del juez, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sac. Sociedad Anónima Cinematográfica c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Acción meramente declarativa Cdad. de Buenos Aires s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-19

La contracautela es una verdadera cautela tomada contra quien pide una medida precautoria, de modo de asegurar al demandado la efectividad del resarcimiento de los perjuicios que le ocasione aquélla si ha sido trabada sin razón. Si bien el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al regular las medidas cautelares, no contempla genéricamente este requisito, él se desprende de todos modos de la propia naturaleza de estas medidas, no debiendo olvidarse que su imposición tiende a resguardar la igualdad de las partes en el proceso.

Por otra parte, el artículo 207 inciso 4 del citado Código regula un caso particular de aplicación de la contracautela, y también se refiere a ella el artículo 6 segundo párrafo, de la Ley Nro. 7, todo lo cual permite inferir la procedencia de su fijación, en general, en materia de medidas cautelares.

La contracautela debe guardar relación con la eventual responsabilidad del solicitante de la medida, razón por la cual, al momento de su fijación, debe el juzgador analizar no sólo la presencia de los presupuestos genéricos de la medida ordenada, sino además la magnitud del menoscabo patrimonial que a la postre puede derivarse de ella Asimismo, no debe perderse de vista el mandato legislativo -enraizado en el derecho de defensa en juicio que garantizan los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad- de conformidad con el cual no pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer (artículo 6 segundo párrafo, de la Ley Nro. 7).
Competencia, daños y perjuicios, cuestión de derecho común, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES CLAUDIO c/ AMX ARGENTINA S.A. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

La naturaleza del reclamo incoado, no se encuentra en tela de juicio ni debe precisarse el alcance y sentido de normas federales, y de sus respectivas reglamentaciones reguladoras del sistema de precios, de las categorías de servicios prestados, ni la impugnación por sobrefacturación, sistema de medición, ni exceso de pulsos, sino establecer la eventual responsabilidad de una prestadora del servicio telefónico, por los daños y perjuicios causados a la actora con motivo de la circunstancia denunciada. No es dudoso sostener que en este caso deberán analizarse prima facie norma de derecho común, a fin de determinar la eventual responsabilidad de la demandada en el hecho dañoso invocado y no normas federales vinculadas con la prestación del servicio público telefónico (conf. esta Sala, arg. causa n° 10.007/09 del 14/04/10).
Sentencia, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente
Materia: PROCESAL
Carátula: Boston Cía. Arg. de Seguros  S.A. c/ Cap. y/o Prop. y/o Arm. Buque "Hakuko Maru y otros s/ Interrumpe Prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-14

La supremacía de la Corte, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, impone a todos los Tribunales, nacionales, nacionales o provinciales, la obligación de respetar y acatar sus decisiones.
Jueces, deberes y facultades del juez, prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Pereyra, Ricardo Alberto; Vázquez, Ernesto Raúl D.; Acosta, Daniel Osvaldo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-11

Si se han adoptado las medidas para que se formara proceso por los delitos supuestamente cometidos para obtenerse la confesión, desaparece la base legal de la doctrina de la Corte sentada al respecto y ya no puede sostenerse que se hayan transgredido los arts. 69 y siguientes y 73 y concordantes (núm. ant.) del C.P.P..
Suspensión del juicio a prueba, falta de audiencia, defensa en juicio, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Urman, Benjamín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-14

La omisión de la audiencia que establece el art. 293 del C.P.P.N. implica una seria afectación al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la C.N., máxime si el tema que hubo de debatirse autorizaba defensas razonables a partir del pronunciamiento de la Corte in re "Norverto" que soslayó implícitamente el óbice para conceder la suspensión del juicio a prueba cuando el delito fuese sancionado con pena de inhabilitación. La disidencia expresó que la suspensión del juicio a prueba resulta improcedente para aquellos delitos que tengan prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Procesos de conocimiento, ley arancelaria, orden público, etapas del proceso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Servicios Eléctricos Generales Buenos Aires SA c/ Araucaria Energy SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-13

Para satisfacer la exigencia del art. 16 in fine de la ley 27423, en los juicios de conocimiento donde se han cumplido todas las etapas, el juez no podría apartarse del mínimo de 10 UMAS que fija el art. 58-a), el cual inexorablemente reviste orden público. Ésta es, en el parecer de esta Sala, la hermenéutica que mejor acoge el principio según el cual las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, para adoptar como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 316:27; 318:1386; 320:2656 y sus citas, entre muchos otros). Bajo esta perspectiva, no existe óbice que impida la integración normativa del baremo del art. 21 de la ley arancelaria con las existentes en el código de fondo, particularmente en este caso con el CCCN 1255.
Incidente de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BUSTOS P.M. c/ ELBA CARBALLO s/ DESALOJO - TENENCIA PRECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-15

El "régimen de los recursos" en tanto se relaciona con la competencia funcional de los órganos superiores, es de orden público, y no puede ser modificado por la voluntad de las partes. El único juez de la apelación es la propia cámara y está facultada para declarar mal concedido el recurso, aunque las partes no la hubieran reclamado (art. 125 C.P.C.) y aún se hubiera tramitado en la alzada.

Si se trata de un recurso de apelación de una resolución que puso fin a un "incidente de nulidad", resulta captado por el art. 440 C.P C., esta norma impide la posibilidad de apelar en forma inmediata, sin perjuicio del replanteo del punto al recurrirse la sentencia sobre el fondo,por lo tanto se debe declarar mal concedido el recurso de apelación.-
Delito instantáneo, supresión del estado civil
Materia: PENAL
Carátula: C.M.G. y otros s/ supresión del est. civ. de un menor
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Si bien es cierto que los hechos que se le imputan al matrimonio -hacer incierto y alterar el estado civil de un menor de 10 años y la falsificación de documento público destinado a acreditar su identidad, cfr. art. 139 inc. 2 y 293 CP- son delitos de carácter instantáneos, también lo es que los efectos habidos al día de hoy perduran, puesto que no se verifica en el caso ningún acto que constituya el juicio de certeza necesario para despejar la incertidumbre generada por el estado antijurídico instaurado por el accionar de los imputados.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, empleo público
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Barreira, Sandra Cristina Contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Sobre Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

La queja no puede prosperar ya que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que el recurso de inconstitucionalidad que aquélla viene a defender fue denegado: que los argumentos del GCBA recurrente muestran un mero disenso con el alcance asignado a normativa infra-constitucional (leyes N° 1218 y N° 5134, ordenanza N° 42924 y decreto N° 2147/84 y sus modificatorios), sin que se advierta la concurrencia de un caso constitucional que guarde concreta relación con los derechos y principios invocados. Ello así, la queja no cumple con el requisito de contener una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (cf. este Tribunal en "Fantuzzi, José Roberto y otro s/Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en/ Fantuzzi José Roberto y otro s/art. 57 bis Causa 665-CC-2000", expte. N° 865, sentencia del 09/04/01). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Proceso penal, sentencia, sentencia condenatoria, individualización de la pena, graduación de la pena
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, G. A. s/ inf. art. 189 bis del CP- Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-30

Ninguna duda cabe que la individualización de la pena es una decisión que debe hallarse fundada en criterios racionales explícitos, es decir que el Juez debe brindar las razones que lo llevan a escoger la pena a la que condena al imputado.

Ahora bien, los artículos 40 y 41 del Código Penal contienen algunos de los posibles pautas a valorar a fin de determinar cualitativa y cuantitativamente el monto punitivo, pero no regula si ellas deben ser merituadas como agravantes o como atenuantes, tarea que debe ser efectuada por el juzgador teniendo en cuenta el principio de culpabilidad, es decir si el factor tenido en cuenta aumenta o disminuye la reprochabilidad del injusto, sobre la base del caso concreto y las condiciones personales del imputado, como así también las exigencias de la prevención especial y general
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, AFIP DGI, poder de policía, facultades del juez, facultades discrecionales
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Podesta, Miguel s/ Nulidad. Causa 10074
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-24

La dirección General Impositiva puede ser autorizada por el juez que expide la orden de allanamiento a diligenciar tal medida.
Decreto de necesidad y urgencia, empleados públicos, remuneración, reducción salarial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

Los porcentajes de reducción de las remuneraciones que se fijan en las escalas del art. 2 del decreto 290/95 no revisten una magnitud que permita considerar alterada la sustancia de la relación de empleo público, en tanto no se ha demostrado que la aplicación de la norma produjese la ruptura del necesario equilibrio entre los servicios prestados y el salario pertinente y, como surge de la motivación del decreto, la reducción es de excepción y de carácter transitorio (Voto del Dr. Augusto César Belluscio).
Renta vitalicia previsional, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Salduna, Stella Maris c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-01

Habiendo optado la titular por la libre contratación de la modalidad de Renta Vitalicia Previsional en pleno conocimiento de las condiciones legales que la caracterizan, las que por sus particularidades difieren sustancialmente de las prestaciones a cargo del régimen previsional público de reparto y no contemplan el derecho a la movilidad del haber que cabe reconocer a la PBU, PC y PAP, no ha de prosperar su reclamo dirigido contra la A.N.Se.S. pretendiendo la movilidad de jubilación ordinaria.
Medidas cautelares, intervención de terceros
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Incidente medida cautelar Platestiba  S.A.C. c/ Admnistración Gral. de Puertos s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

No puede dictarse una medida cautelar sin oir a los terceros que verían afectado su derecho de defensa.
Prueba pericial, apreciación del juez, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bojanich José Oscar c/ Carrera José s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

La Oficina Pericial de la Plata no es alzada de la de los demás departamentos judiciales ni de los peritos extraídos de la lista de designaciones de oficio. Es la sana crítica del juez la que debe decidir la elección cuando nos hallamos ante pericias contradictorias (art.474 Código Procesal).
Recurso de apelación (procesal), reformatio in pejus, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Leiva, Luis Alberto s/ Robo - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

No corresponde disponer el aumento de la pena si el señor Fiscal de Cámaras en su recurso extraordinario se limitó a denunciar la violación del art. 50 del C.P., a pedir se deje sin efecto la declaración de no reincidencia y no ha requerido la aplicación del art. 41 inc. 2 del C.P. con sus efectos correspondientes, pues ello significaría quebrantar el principio consagrado en el art. 314 del C.P.P.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios del perito, regulación de honorarios, monto del juicio, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: M., G.B. c/ G.O. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El principio establecido en el art. 19 de la ley 21.839, que prescribe que se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción, deber regir también para los peritos, pues debe existir proporcionalidad entre las regulaciones de estos y de los profesionales del derecho.-
Actuaciones administrativas, conflictos colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nestlé Argentina S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 17 de la ley 10.149
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

El art.17 de la ley 10.149 constituye un instrumento apto para resguardar los intereses suscitados dentro de una comunidad de trabajo ocasionados por suspensiones disciplinarias dispuestas por el empleador, argumento al que no le es ajena la escasa magnitud dineraria de la cuestión a debatirse ante el órgano de la Administración, constituyendo un instrumento apto para resguardar los intereses de ambas partes del contrato de trabajo.
Empleados públicos, personal de planta permanente, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ HUBER, EDUARDO c/ MUNICIPALIDAD DE VERA s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 195-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Si conforme a lo "convenido en el contrato", el actor podía solicitar su reintegro al cargo permanente que tenía con anterioridad, no habiendo sido impugnadas las cláusulas que expresa o implícitamente le reconocían tal posibilidad, es deber del recurrente probar acabadamente que ejercitó su derecho, de modo de apoyar en él la estabilidad, presupuesto de su pretensión indemnizatoria.

En el caso de autos, la cláusula sexta del contrato establecía: "La Municipalidad de Vera se compromete a retener el cargo de Técnico de Sanidad Municipal al señor... por la duración del presente contrato, al cabo del cual él mismo podrá hacerse cargo si así lo deseare, con todos los beneficios y todas las obligaciones, incluso respecto del horario, vigente a la fecha respectiva".