marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación penal, cámaras de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERAUD, RAUL ARTURO s/ RECURSO DE CASACION PENAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-02-16

Con referencia al motivo de derecho procesal -cuya extensión se pretende atrapar los vicios intrínsecos que existieran en la fundamentación de la sentencia- el recurso de casación pone en tela de juicio la actividad procesal del órgano encargado de administrar justicia, pero, en todo caso, tal impugnación no abre una segunda instancia en sentido amplio, haciendo posible que el Tribunal Superior conozca lo que a la Cámara de mérito le es dable conocer, mediante un nuevo examen de las pruebas en que se basó la sentencia Si el recurso de apelación provoca un nuevo examen del caso por parte del juez ad quem, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación determina, únicamente, la posibilidad de que el Tribunal Superior realice un nuevo examen del objeto procesal sólo bajo el segundo aspecto, o sea una "revisión jurídica". En un sistema de única instancia, no existe la posibilidad de que se examine dos veces la base fáctica de la sentencia, como dice Beling.
Superior Tribunal de Justicia, juicio político, tribunal de enjuiciamiento, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, Constitución Provincial, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

No constituyue afirmación dogmática del superior tribunal de provincia el rechazo del planteo referido a la "falta de fundamentos" de la decisión de la sala juzgadora, sustentándose en la peculiar naturaleza de este fallo - diferente a la que torne la sentencia judicial - de acuerdo con lo prescripto por la Constitución y las leyes 5502 y 5496 de San Juan.
Obras sociales, INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, prestadores médicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Marsiglia, Elsa Beatriz s/ Inconstitucionalidad art. 39 del decreto 7881/84
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

El objeto de regulación normativa del art. 39 del decreto reglamentario de IOMA se agota en el establecimiento de la facultad -prescindibilidad- sin señalar una tramitación especial al efecto, pero tampoco sin excluir la aplicación de las normas que reglan el procedimiento administrativo general de la Administración (art. 1 dec. ley 7647). (Minoría u opinión personal)
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Mario Guillermo y Otros s/ Su abuso de autoridad y viol. deb. func. pub. (art. 248)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-17

La formación, por parte del Secretario de Comercio Interior de la Nación, y de funcionarios dependientes de él, de actuaciones administrativas que culminaron con la imposición de una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria a una consultora integrada por profesionales de ciencias económicas que brinda asesoramiento a empresas y personas acerca de tópicos económicos, con la acreditada intención de acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados, impidiendo la publicación de índices de precios que no coinciden con el publicado por el INDEC, configura el delito de abuso de autoridad de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal Argentino
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pina, José Armando c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

Quedan excluidos de la posibilidad de acogimiento a la ley 8320 los beneficiarios de la ley 5675 cuyo derecho hubiera nacido con posterioridad a la vigencia de la primera de las normas citadas, tal el caso del actor cuyo derecho a la prestación establecida en la ley 5675 fue reconocido a partir del año 1988 (dec. 4144/89).
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez de Morea, Patricia c/ Beus de Destasio, Rosalía E. s/ Restituciones y límites al dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La base regulatoria en la acción de restricciones y límites al dominio, esta dada en la normativa del art. 27 inc. a de la ley 8904 dado que si bien habla de juicio sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, no comprende cualquier juicio, sino que únicamente aquéllos en que los derechos controvertidos tenga conexidad con el dominio o la posesión de tales bienes.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Havro Americana s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-10

El pronunciamiento de la Cámara que, en la etapa de cumplimiento del avenimiento homologado, decide sobre la garantía de los honorarios regulados al letrado del síndico en los incidentes de escrituración, no reviste carácter definitivo en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, sentencia definitiva, interdicto de recobrar, tenedor
Materia: CIVIL
Carátula: SKULETICH NICOLAS c/ SKULETICH ALEJANDRO Y OTRO S/INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-29

Intentado el interdicto de recobrar por la concubina del causante contra el heredero, la sentencia de Cámara que rechaza su pretensión tiene efecto definitivo a los fines del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no queda expedita a la actora el ejercicio de la acción real pertinente en atención a su carácter de tenedor.
Fuero de atracción, orden público, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportadora Gas del Sur S.A. c/ Gaitán, Lucio Orlando s/ Interdicto de Retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-07

El fuero de atracción interesa al orden público, pues rige excepcionalmente la competencia por razón de la materia, por lo que de acuerdo al artículo 21 del CC no puede ser dejado de lado por las convenciones particulares.
Defecto legal, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: LOYARTE INOCENCIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

La excepción de defecto legal tiende a lograr el efectivo cumplimiento de las formalidades prescriptas para la interposición de la demanda, de modo de permitir el derecho de defensa; y proceda cuando la demanda no se ajuste a los requisitos y solemnidades que la ley prescribe. En consecuencia, corresponde hacer lugar a dicha excepción, cuando se ha omitido el requisito de admisibilidad exigido por el art. 15 de la ley 24.463, cual es mencionar en forma concreta la resolución que se impugna, más allá de que se ofreciera como prueba el expediente administrativo.
Derecho electoral, sistema representativo, representación política, democracia, partidos políticos
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Apoderado del FRE. JU. PO. - sublema arriba mi gente s/ incidente    de    saneamiento  -  inconstitucionalidad  y  casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

El derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de la representación popular, lo que permite superar óbices formales no sustanciales para que, sobre las reglas del proceso, prevalezcan los derechos de los votantes y de los partidos políticos beneficiados.
Derecho de retención, condominio
Materia: CIVIL
Carátula: Pascual, Marta Susana c/ Montero y Saez, Anita Estela s/ cobro ordinario de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-10-05

El condómino que hubiere percibido alquileres como si fuera el único dueño, a quien el otro copropietario le reclama la devolución de la mitad de los arrendamientos, no puede invocar el ejercicio del derecho de retención con el objeto de reclamar los gastos de conservación y/o tributos, pues sin perjuicio de que el crédito invocado tiene manifiesta vinculación con el bien, es evidente que lo que se pretende retener no es el inmueble que le dio origen sino las rentas percibidas con motivo de los contratos celebrados con terceros en razón de la propiedad.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, ejecución de sentencia, deber de juzgar, liquidación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Chimento, Gustavo c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio. Impugnación de liquidación (Expte. CSJ Nº 491-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-01

Si ninguna de las operaciones practicadas por las partes para determinar la liquidación cumple acabadamente con el requisito de ser fiel expresión numérica de la condena según la legislación aplicable, más allá de no haberse dado efectiva sustanciación a la impugnación de liquidación formulada por la actora, deben reivindicarse las facultades de la Corte para revisar y corregir, aún oficiosamente, los términos de una liquidación, a fin de que la sentencia no sea tergiversada en un procedimiento que, exclusivamente, está destinado a aplicarla y ejecutarla.
Falta de acción, inexistencia de delito, multa penal, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CASTELLI, Carlos s/ excep. de falta de acción  Causa nro. 12.388
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

Este Tribunal ha sostenido que la vía escogida sólo se ha extendido excepcionalmente para aquellos casos en que surja de un modo indudable y manifiesto la inexistencia de delito, los suscriptos estiman que en atención a las particularidades del caso concreto, corresponde hacer lugar a la excepción articulada. Ello es así por cuanto el hecho de que se trata ..no obstante responder tipológicamente a una norma penal determinada, en el caso del artículo 21 del D. L. 6673 ratificado por la ley 16478, la sanción legal que contiene -multa- se ha tornado meramente declarativa, como resultado de la depreciación monetaria y sus consecuentes y sucesivas reducciones en su valor, por lo que no llega a alcanzar ni tan siquiera la expresión más inferior de cuantas conforman las diferentes fracciones de la actual moneda de curso legal".
Gastos del proceso, responsabilidad del deudor
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N. D. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-24

En la actualidad, el artículo 730 de Código Civil y Comercial ha recepcionado en sus alcances, en similares términos, la manda que se encontraba establecida en el artículo 505 del antiguo Código Civil. Merece destacarse que allí se establece un límite en la responsabilidad del deudor en el pago de las costas que se hayan generado ante el incumplimiento de una obligación. Ello siempre que el acreedor haya iniciado un proceso judicial o arbitral para efectivizar algunas de las opciones previstas en los incisos. a), b) o c) del citado artículo. Bajo tales premisas, se infiere con claridad de la normativa en cuestión, que el incumplimiento del deudor resulta ser un requisito esencial a los fines de aplicar el tope del 25 % del monto del pronunciamiento sobre el pago de las costas. De allí que deba entenderse que no opera la restricción cuando ha mediado rechazo de la demanda incoada por un acreedor.
Comercialización ilegal de estupefacientes, semillas de marihuana, cannabis medicinal, error de prohibición, in dubio pro reo
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ursic, Alfredo Gerardo y otros  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-25

A partir de la prueba recogida no logró refutarse el aserto de los encausados en orden a que la venta de semillas en pequeñas cantidades no estuviera centrada en la finalidad curativa, lejos de cualquier cadena de producción y comercialización de estupefacientes, de consuno al errado conocimiento de la habilitación del régimen de aplicación, por lo que gobierna este extremo el apotegma in dubio pro reo derivado del principio constitucional de inocencia (art. 18 CN
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, resolución administrativa, nulidad del acto administrativo, revocación del acto administrativo nulo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Vera González, Alcídes Juan c/ Estado provincial y Dirección de Energía de Catamarca. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Es descalificable el pronunciamiento que desestimó la demanda promovida por nulidad de resolución administrativa si no se ha considerado que, aun tratándose de actos de carácter precario, su revocación se encuentra condicionada a la existencia de motivos serios y razonables que lo justifiquen, máxime si se advierte que las circunstancias de hecho iniciales se mantuvieron inalteradas al tiempo de la revocación.
Competencia civil y comercial federal, Dirección General de Fabricaciones Militares, ejecución de honorarios, liquidación de sociedades, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, sociedad controlante
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA RUIZ, MARCELO c/ D.G.F.M. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-21

Corresponde a la Competencia del fuero civil y comercial federal entender la demanda contra la Dirección General de Fabricaciones Militares por cobro de honorarios firmes regulados como costas a cargo de "Aceros Ohler SA" (sociedad creada por la ley 18.269 con sujeción a la ley 17.318 y luego a los arts. 308 a 314 de la ley 19 550 y cuya liquidación se cumplió conforme a este último artículo), si la pretensión de que la demandada se haga cargo del crédito se sustenta principalmente en la necesidad que los socios efectúen contribuciones para satisfacer las deudas de la sociedad liquidada conforme al art. 106 de la ley 19.550 y restituyan el dividendo de liquidación, así como en el aducido abuso por la entidad controlante, de la personalidad jurídica de la liquidada, cuestión regida hoy especialmente por los arts. 33 y 54 de la citada ley modificados por la ley 22.903 conforme a los impulsos de la jurisprudencia anterior.
Prevención, procedimiento policial
Materia: PROCESAL
Carátula: C., D.M. y M., H.O. s/ Robo Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-06

Benjamín Villegas Basavilbaso con referencia a los efectos jurídicos y coerción de la orden de policía, que tratándose de "una declaración de voluntad de la administración pública, salvo casos notoriamente ilegítimos en los cuales es evidente su ilicitud, la orden es jurídicamente obligatoria. (...) No obstante el carácter imperativo de la orden de policía, él no es suficiente para garantizar la obediencia y es necesario el empleo de la fuerza, el cual "se explica por el principio de que la policía debe tener en sí misma el poder suficiente para hacer cumplir sus decisiones ante la conducta recalcitrante o desobediente de los individuos".
Jornada de trabajo, jornada reducida, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUES, VERONICA LIBERTAD c/ TELETECH ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-28

El art. 198 de la LCT establece que la reducción de la jornada sólo procederá cuando lo establezcan las disposiciones nacionales reglamentarias de la materia, estipulación particular de los contratos individuales o convenios colectivos de trabajo, y que estos últimos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima en base al promedio, de acuerdo con las características de la actividad, y que en el caso no contamos con un convenio colectivo que prevea dichas circunstancias.
Fallos de la Corte Suprema, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Lopez Londoño Henry de Jesús c/  s/ incidente de prisión domiciliaria prisión domiciliaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-11

La disidencia, si bien consideró que se impone el tratamiento de la cuestión en los términos de la doctrina CS "Di Nunzio", encontrándose sellado negativamente lo atinente a la admisibilidad del recurso, resulta insustancial ingresar aisladamente al fondo de la contienda. (Dres. Borinsky, Figueroa y Hornos).
Recurso de casación, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Amorin y Cía. c/ Vidal, Oscar E. s/ COBRO DE PESOS S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-11-12

La casación no puede ingresar en una revalorización de los elementos de juicio de la causa, transitando las mismas reflexiones que el tribunal de mérito y cambiando tan sólo la significación final que se le asigna a cada probanza, pues ello, lisa y llanamente supone instaurar la tercera instancia que no debe ser tal.
Aplicación de la ley, ley de seguros, recurso de casación, excepción de prescripción
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Del Viso, Martha G. Lucena de c/ Administración General de Juegos y Seguros s/ Cobro de Pesos - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-10-04

A fin de dilucidar la norma aplicable al caso, corresponde determinar si el seguro de vida colectivo obligatorio integra el derecho de la seguridad social o está relacionado con el derecho comercial.

Si se considera que integra el derecho de la seguridad social, al no existir código de seguridad social ni tampoco una ley nacional de fondo que establezca el seguro social obligatorio, aparte de él, ante el vacío legal corresponde aplicar en subsidio el Código Civil, cuyo art. 4023 establece el plazo de 10 años para la prescripción de la acción. Si en cambio se lo vincula al derecho comercial, la norma que corresponde aplicar por analogía será la ley general de seguros -art. 16 Código Civil- siempre que en el derecho administrativo local no exista norma específica que lo regule.

En nuestra Provincia el Estado, en uso del poder no delegado a la Nación, reguló de manera expresa dicho seguro de vida colectivo obligatorio, mediante el Decreto Nro. 1536/94, el que establece el plazo de un año de prescripción para las acciones emergentes del contrato de seguro.

En esa inteligencia, ésta es la norma que correspondería aplicar al caso; sin embargo, de las constancias de la causa surge que la actora cesó en su actividad laboral por acogerse al beneficio de la jubilación por invalidez en fecha anterior a la entrada en vigencia del Decreto regulatorio, por lo que dicha norma resulta inaplicable en forma retroactiva. Ello así, no existiendo norma local aplicable al caso, la cuestión debe resolverse aplicando en forma análoga el derecho privado, más precisamente el art. 58 de la ley general de seguros que al ser de orden público y derecho de fondo se encuentra incorporado al Código de Comercio.

En consecuencia, teniendo en miras la finalidad nomofiláctica de la casación, que consiste en asegurar la legalidad, y que tanto el derecho como la ley no sea infringido por los jueces en sus sentencias definitivas, corresponde hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por los demandados ya que ha transcurrido el plazo de un año que el cuerpo legal aplicable impone.

Ello sin perjuicio de señalar que el beneficio que reclama la actora tiende a cubrir el riesgo de invalidez total del agente público, por lo que frente a tal infortunio que le impida al empleado público el cumplimiento de sus funciones, el reclamo por tener urgencia alimentaria debe ser solicitado inmediatamente, fundamento por el cual el plazo de un año es aplicable en la especie.
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal contratado, personal no permanente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Radonich, José Horacio c/ Municipalidad de Reconquista s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 598 año 1992) Cabrera, Leonardo c/ Municipalidad de Reconquista s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 740 año 1992) Scarpin, Aldo Luis c/ Municipalidad de Reconquista s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 676 año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-19|2003-03-19|2003-03-19

Corresponde rechazar el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por el recurrente desde que la constitución, desarrollo y extinción de la relación de empleo se adecuó a la condición de personal no permanente, lo que hace evidente la falta de derecho del agente a reclamar, en el caso, cobro de indemnización por despido, ya que no encuentra fundamento en la norma de aplicación. Ello es así, por cuanto en el artículo 23 de la ley 9286 se establece que el personal que haya sido afectado en su estabilidad tiene derecho a indemnización, refiriéndose a aquellos que gozan de dicha condición (estabilidad), y es claro que el personal contratado no goza de ella. Así lo dispone el artículo 15 de la mencionada norma, que al establecer el derecho a la estabilidad -junto a otros-, en su último párrafo dispone que el mismo no le alcanzará al personal no permanente.
Enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: VIEYRA JESUS JULIAN c/ INDUSTRIAS QUIMICAS RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-20

Se han incorporado evidencias que demuestran la necesaria vinculación entre trabajo y resultado dañoso, con la suficiente entidad y valor convictivo como para asignarle a las patologías detectadas el carácter de "enfermedad accidente" con los alcances y efectos previstos por la Ley 9688. De las testimoniales rendidas en la audiencia de vista de la causa confirman que el actor durante su gestión laboral realizó las tareas que describiera en su escrito introductorio y que fueran tenidas como presupuestos por el experto para calificar a las patologías diagnosticadas como "enfermedad accidente".-
Juicio ejecutivo, cláusula penal, contratos, causa de las obligaciones, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: López, Hilda c/ Aragón, Alberto Tomás s/ Ejecutivo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-09-19

La ilicitud de la cláusula penal, invocada por la "leonidad" del contrato hace a la causa de la obligación y está reservada al juicio ordinario que autoriza el art. 500 del C. Civil.
Sentencia, regulación de honorarios
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: González, Luis Horacio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-10-08

Es obligación del Tribunal de Mérito al dictar sentencia definitiva, determinar los honorarios del recurrente, en razón de los art. 569, 572 inc. 3º y 573 del Código Procesal Penal.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, interposición de la demanda, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., J. s/ Suspensión del juicio a prueba (Expte Nº70-97, Resolución Nº46,  Tomo 3, Folio 299)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-23

En tanto no exista condena firme, al encontrarse en trámite el juicio es posible concebir su suspensión.