marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Marini, Jorge Alberto y otro  c/ En-AFIP  s/ dirección general impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-13

Se confirma la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda por la que los actores, en su calidad de letrados del Fisco Nacional, cuestionaron el nuevo régimen de distribución de sus honorarios, previsto por las disposiciones AFIP 439/05 y 328/14. La sala, con remisión a la doctrina del precedente "Dadón" (Fallos: 330:4721), resolvió que aquellos que representaban al Fisco ejercen su actividad sobre la base de una relación de empleo público remunerada con un sueldo previsto como erogación en el presupuesto nacional y que, por ende, están sujetos a las retribuciones que las leyes les asignaran. Y, a diferencia de lo que ocurre con la abogacía privada -que se ejerce a través de distintos contratos previstos por el Código Civil (mandato, locación de servicios o locación de obra) o bajo relación de dependencia con una empresa no estatal conforme a las pautas de la ley de contrato de trabajo-, la relación entre el Estado y sus abogados se rige por normas de derecho público, pues el abogado estatal ejerce una función pública prestando un servicio relativo a su profesión como agente público y no a su profesión de abogado o procurador (cfr. Fallos: 331:2406) y, por principio, el cumplimiento de tal función es remunerada con un sueldo como erogación en el presupuesto. Sobre la base de ello, se rechazó la inconstitucionalidad planteada. En cuanto al argumento de los apelantes referido a la falta de publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la resolución AFIP 439/05, se puso de relieve que este tipo de actos operan sólo en el plano interno de la persona pública estatal y tratándose de una actividad interna, su régimen de publicidad difiere de otro tipo de actos (actos administrativos o reglamentos) ya que no requieren la notificación personal ni tampoco la publicación oficial.
Fallos de la Corte Suprema, Constitución Nacional, soberanía del pueblo, sistema republicano, derechos y garantías constitucionales, participación ciudadana, amicus curiae, interpretación de la constitución, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aranda, Elvira Delicia y otros c/  s/ 181 Inc. 1 Usurpación (Desalojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en forma pretoriana se pronunció sobre el instituto de los Amigos del Tribunal señalando que encuentra su fundamento aún con anterioridad a la reforma de 1994, en lo dispuesto en el art. 33 de la Constitución Nacional en la medida en que los fines que inspiran su participación consultan las dos coordenadas que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno, caracterizándolo como un provechoso instrumento destinado a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia en causas de trascendencia colectiva o interés general.
Revocación de sentencia, juzgado de familia, vivienda familiar, cónyuge divorciado, bienes propios, juicio de desalojo, causales de desalojo, deberes del juez, adultos mayores, hija discapacitada, Derechos humanos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Chazarreta, Rodolfo Rene c/ Rodríguez, Josefa del Valle s/ Desalojo (Excepto por falta de pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-06-12

Corresponde rechazar la demanda que por la vía del desalojo inicia el dueño del inmueble contra su ex cónyuge luego de haber residido la demandada durante más de 30 años junto con los hijos menores del matrimonio, pues no se han debatido cuestiones esenciales y que hacen al derecho de la accionada sobre aquello que pudiera haber puesto en el inmueble y desconociendo que a quien se pretende despojar es a una adulta mayor quien vive con una de las hijas de ambos que sufre una patología, condiciones que el poder judicial está obligado a considerar al momento de decidir una cuestión tan trascendental como el lugar donde se vive.
Fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia aplicable, amicus curiae, partes del proceso, usurpación, falta de legitimación para obrar, asociaciones civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Aranda, Elvira Delicia y otros c/  s/ 181 Inc. 1 Usurpación (Desalojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

Tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Amigo del Tribunal no reviste carácter de parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que a ésta le corresponden de modo tal que la ausencia de este requisito esencial en lo que hace la calidad de parte del proceso trae aparejada la imposibilidad de gozar de los derechos que precisamente poseen aquellos intervinientes que sí lo son, entre ellos, la de recurrir las decisiones que se adopten en el marco de las actuaciones, tal como sucede en el caso de la asociación civil que pretende en dicha calidad intervenir en la causa sobre la usurpación y el desalojo de numerosas familias que habitaban un inmueble tomado (Del voto en disidencia del Dr. Jorge Franza).
Regulación de honorarios, cómputo de intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: En-M Producción  c/ Chahle, María Rosa  s/ inc. honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

La sala analizó la cuestión planteada en el caso, vinculada a determinar si se configuró la mora del Estado Nacional en el pago de los honorarios regulados en UMAs y, por ende, si resultaba procedente o no el cómputo de intereses a tal efecto. Dejó sentadas las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "González" (Fallos: 344:3146) y "Martínez" (Fallos: 343:1894), en cuanto al desplazamiento de la norma arancelaria por la norma presupuestaria, en lo referente al plazo, procedimiento y cálculo de intereses, cuando se trate de una deuda dineraria a cargo del Estado Nacional. De ese modo, concluyó que en el caso no se configuraba la mora derivada de las normas presupuestarias, sin perjuicio de lo cual resultaba procedente el reclamo de intereses compensatorios durante el período de espera legal. Luego, trató el tema vinculado a la tasa de interés aplicable y, con fundamento en lo decidido por la Sala IV en un caso similar, aplicó la tasa anual del 6%. Finalmente, estableció las pautas metodológicas aplicables a los efectos del cómputo de intereses regulados en UMAs, de forma similar -en lo sustancial- a las otras salas del fuero.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afianzar la justicia, control de convencionalidad, soberanía del pueblo, derechos y garantías constitucionales, participación ciudadana, amicus curiae, derechos humanos en la administración de justicia, interés público
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Aranda, Elvira Delicia y otros c/  s/ 181 Inc. 1 Usurpación (Desalojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

Tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establecido en el artículo 2 de su Reglamento, la expresión amicus curiae significa la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia, siendo su carácter eminentemente democrático y su objetivo primordial afianzar la justicia mediante la participación de terceros ajenos con experiencia en el tema de la litis contrarrestando así el carácter contramayoritario del poder judicial a fin de ilustrar al tribunal para una mejor solución del caso con trascendencia más allá las partes.
Derecho a la vivienda digna, amicus curiae, partes del proceso, usurpación, falta de legitimación para obrar, asociaciones civiles, interés público, interés legítimo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Aranda, Elvira Delicia y otros c/  s/ 181 Inc. 1 Usurpación (Desalojo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-07

El desalojo de las familias que habitaban el inmueble que fue denunciado como intrusado y la consecuente afectación del derecho a la vivienda no son argumentos determinantes para que pueda válidamente alegarse la existencia de un interés general a los fines de admitir la intervención de una asociación civil en calidad de Amigos del Tribunal, máxime cuando se encuentran interviniendo los organismos competentes para mitigar los efectos de la medida.
Revocación de sentencia, derechos de exportación, acción de repetición
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Molino Cañuelas SACIFIA (TF 14941398-A)  c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-30

Se revocó la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación que había confirmado la resolución aduanera 455/2023, mediante la cual se rechazó el pedido de repetición de derechos de exportación formulado por la firma Molino Cañuelas SACIFIA. Dicha decisión se había basado en la doctrina plenaria sentada en el caso "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.", que consideró válida la imposición de derechos de exportación mediante el decreto 793/2018 y, por analogía, su aplicación al decreto 133/2015. En cambio, la sala admitió la acción de repetición promovida por la actora y declaró, en el caso, la inconstitucionalidad del decreto 133/2015. El tribunal sostuvo que dicho decreto, al fijar una alícuota del 27% sin respaldo legislativo suficiente, vulnera el principio de legalidad tributaria y excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional. Aplicó la doctrina de la Corte Suprema en el caso "Camaronera Patagónica" (Fallos 337:388) en el cual el Alto Tribunal sostuvo que el principio de legalidad en materia tributaria no se satisface con una delegación amplia, imprecisa o indefinida, y que el artículo 755 del Código Aduanero no cumple los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional, al carecer de bases claras, límites y un plazo definido. La sala ordenó la devolución de la diferencia tributaria abonada -equivalente al 3%- conforme a lo previsto por el decreto 509/2007, norma que fue convalidada por el Congreso. Asimismo, estableció que dicha restitución debía realizarse en pesos, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo "Cencosud SA" (15/05/2014) y el artículo 809 del Código Aduanero. La devolución deberá comprender también los intereses devengados desde el reclamo administrativo y hasta el efectivo pago, conforme al artículo 811 del Código Aduanero, aplicándose distintas tasas según los períodos involucrados y de acuerdo con las resoluciones ministeriales vigentes.
Adicionales de remuneración, impulso procesal, prescripción quinquenal
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Acosta, Daniel Hernán y otros  c/ En - M Seguridad - GN s/ personal militar y civil de las ffaa y de seg
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-29

En el marco de un proceso contra la Gendarmería Nacional a fin de obtener la incorporación al haber mensual, con carácter remunerativo y bonificable, de ciertos suplementos creados por el decreto 1307/12 y sus modificatorios, la fuerza demandada informó la existencia de diversos procesos -con identidad de objeto y sujetos- en los que se había aprobado la liquidación a favor de muchos de los aquí coactores. Luego de que el a quo advirtiera adecuadamente dichas circunstancias y ante la insistencia de la letrada de la parte actora para que prosiguiera el trámite de la presente causa y, con ello, de la liquidación practicada en autos, la sala analizó la cuestión planteada. Así pues, determinó que dicha letrada no era ajena al inicio de procesos anteriores con un idéntico objeto, el inicio e impulso de procesos posteriores con idéntico objeto al de autos y respecto de algunos y/o varios aquí coactores, la falta de denuncia de dichas circunstancias -cuanto menos- en el presente proceso, el impulso para que se practique liquidación en autos respecto de coactores que ya habían percibido las sumas depositadas en otros procesos con objeto análogo al presente y del que también formaban parte, el impulso de las liquidaciones practicadas en autos -en el que se declaró aplicable la prescripción quinquenal- y el pedido para que no se avance en las liquidaciones practicadas en otros procesos -en los que se hubiere aplicado el plazo bienal de prescripción- con objeto y coactores análogos, la falta de desistimiento de la acción y del derecho respecto de aquellos coactores que hubieren percibido -en otros procesos- las sumas reconocidas en virtud del mismo objeto que el debatido en el presente y al tiempo de su denuncia por el organismo liquidador demandado. En conclusión, el tribunal de alzada ponderó la conducta procesal seguida por la letrada como disvaliosa y carente de buena fe procesal, por lo que la subsumió en la figura de temeridad y malicia, en los términos del art. 45 CPCCN, toda vez que la estrategia seguida de acudir a pluralidad de foros ocasionó un inútil dispendio de la actividad jurisdiccional, el dictado de sentencias contradictorias y un posible enriquecimiento sin causa. Por ello, a fin de propiciar la corrección de la conducta procesal disvaliosa y reprochable, le impuso una multa dineraria -con destino al Hospital "Garraham"- y remitió copias al Tribunal de Disciplina del CPACF para que evalúe una posible infracción a su Código de Ética.
Confirmación de sentencia, estado de sitio, indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Febre, Juan Carlos  c/ En - M Justicia y DDHH (Exp. 147930/05)  s/ indemnizaciones - ley 24043 - art. 3
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-08

El tribunal de alzada confirmó la resolución que había rechazado la solicitud de la indemnización prevista en la ley 24.043. A tales fines, destacó que no se había probado la existencia de una persecución política que hubiese puesto en riesgo su vida o la de su grupo familiar como para justificar el exilio invocado.
Revocación de sentencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Roveta y Merzario SRL  c/ BCRA  s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-20

Se revocó la decisión de la primera instancia y se hizo lugar a la cautelar solicitada, ordenando la suspensión de los efectos de la resolución del BCRA hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa principal. El tribunal basó su decisión en un análisis integral de los requisitos exigidos para la procedencia de una medida cautelar. En relación con la verosimilitud del derecho, se destacó que la firma Roveta y Merzario SRL había alegado haber subsanado previamente las observaciones formuladas por el BCRA, antes de que se dictara la resolución que revocó su autorización para operar como casa de cambio. Se expuso que tal circunstancia, se encontraba respaldada prima facie por prueba documental, lo cual permitía advertir la posible existencia de un exceso en el accionar de la autoridad administrativa. Esta situación, sin implicar una definición sobre el fondo, otorgaba razonabilidad a la pretensión cautelar y justificaba su acogimiento provisional. El tribunal consideró que la existencia de aparentes vicios en el procedimiento administrativo puede justificar la suspensión de los efectos de un acto hasta tanto se decida sobre su validez. En cuanto al peligro en la demora, sostuvo que la revocación de la autorización para funcionar como casa de cambio conlleva la paralización de la actividad comercial principal de la empresa, comprometiendo su continuidad operativa y exponiéndola a perjuicios económicos de difícil o imposible reparación ulterior. Para reforzar esta afirmación, el tribunal citó el precedente "R. C. C. S.A. c/ BCRA s/ medida cautelar" (Expte. n° 19.692/2023), en el que se adoptó una solución similar ante la inminencia de un daño irreparable vinculado a la imposibilidad de continuar con la operatoria habilitada. En relación a la no afectación al interés público, la sala sostuvo que la suspensión dispuesta no comprometía en modo alguno la tutela del interés general ni obstaculizaba el ejercicio de las competencias propias del BCRA. Indicó que, si bien la actividad cambiaria está regulada y sometida al control de la autoridad monetaria, ello no impide el contralor judicial sobre la razonabilidad de sus actos. La medida cautelar, puntualizó el tribunal, posee carácter meramente provisional y no limita la potestad del BCRA para ejercer su rol fiscalizador y regulador del sistema financiero y cambiario, por lo que no se verifica una afectación institucional relevante.
Confirmación de sentencia, publicidad engañosa
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Genomma Laboratories Argentina S.A.  c/ En - Ministerio de Economía - Secretaría y Desarrollo Productivo  s/ recurso directo - ley 24.240, art. 45
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-20

La sala confirmó la validez de la sanción impuesta a Genomma Laboratories Argentina S.A. por infracción al artículo 4° de la ley 24.240. Se ratificó que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor posee competencia para sancionar publicidades engañosas, incluso en aquellos casos en que los productos involucrados se encuentren sujetos a la fiscalización de la ANMAT. En tal sentido, se descartó la existencia de una superposición de competencias entre ambos organismos, al sostener que cada uno actúa dentro de su propia esfera de atribuciones. Mientras que la ANMAT ejerce funciones técnicas relacionadas con el control sanitario y científico de productos, autorizando su comercialización y rotulado, la subsecretaría interviene para asegurar el respeto a los derechos de los consumidores, particularmente en lo que respecta al deber de brindar información clara, veraz y no engañosa en la publicidad de bienes y servicios. En este marco, se reafirmó la aplicación del artículo 4° de la ley 24.240 y se subrayó que una publicidad que contenga mensajes contradictorios, poco claros o con capacidad para inducir a error o confusión en el público consumidor configura una infracción formal a dicha norma, sin que sea necesario acreditar la producción de un daño concreto. Por otra parte, se rechazó el planteo de la empresa referido a una presunta violación del principio ne bis in ídem. Se aclaró que no se verificaban los requisitos necesarios para su procedencia, en tanto no existía identidad entre los organismos actuantes ni se había producido una doble persecución sancionatoria. En relación al contenido de la publicidad cuestionada, se consideró que ésta resultaba engañosa, ya que atribuía al producto cosmético "Lomecan V Therapy Shampoo Íntimo" propiedades preventivas de infecciones, propias de especialidades medicinales. Tales afirmaciones se hacían mediante el uso de recursos discursivos y visuales, como la intervención de una médica con mención expresa de su matrícula, lo que reforzaba la idea de que se trataba de un producto con efectos terapéuticos. Tal representación resultaba incompatible con la verdadera naturaleza del bien, cuya rotulación indicaba expresamente que se trataba de un producto cosmético sin acción terapéutica, generando una contradicción que podía inducir a error.
Revocación de sentencia, juzgado de familia, vivienda familiar, cónyuge divorciado, bienes propios, juicio de desalojo, causales de desalojo, adultos mayores, derecho de retención, mejoras, Derechos humanos
Materia: CIVIL
Carátula: Chazarreta, Rodolfo Rene c/ Rodríguez, Josefa del Valle s/ Desalojo (Excepto por falta de pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2025-06-12

Cabe revocar la sentencia que en un juico de desalojo hizo lugar a la pretensión del actor para que su ex cónyuge abandonara el inmueble propio del demandante, lugar en el que la demandada vivió con los hijos de ambos por más de treinta años, toda vez que se ha soslayado abordar cuestiones sustantivas como que se trata de una adulta mayor y que aún habita una hija de ambos que sufre de ciertas patologías y el hecho de los aportes o mejoras que sobre el bien pudo haber realizado la demandada, acciones que eventualmente le darían lugar al ejercicio del derecho de retención.
LGTBIQ+, situación de vulnerabilidad, prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ASPAM contra GCBA sobre amparo -habitacionales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-25

En el caso, la Cámara tuvo por acreditada la situación de vulnerabilidad social de la familia, por tratarse de una persona sola, perteneciente al colectivo LGTBIQ+, a cargo de dos menores de edad, uno de ellos titular de un certificado de discapacidad. Entendió que correspondía que el GCBA garantizase el acceso a una vivienda digna y segura y ordenó adecuar el monto del subsidio habitacional que percibían la actora y su grupo familiar, de manera que cubriera el costo total del alquiler del inmueble en el que residían. Corresponde rechazar la queja que cuestiona, en último término, la sentencia de la Cámara, toda vez que el recurrente no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado ni acredita la existencia de una cuestión constitucional. Las genéricas invocaciones del GCBA sobre las garantías constitucionales afectadas revelan solo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia de la Cámara que denegó el recurso. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Alicia E. C. Ruiz, Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en delgado, Maria de los Ángeles contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo publico-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

Corresponde rechazar la queja del GCBA toda vez que no satisface la carga de fundamentación que prescribe el art. 33 de la ley n° 402. El recurrente no refuta los fundamentos expuestos en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad. De la lectura de la presentación directa se advierte que sus dichos no superan el nivel de una mera discrepancia, no fueron acompañados de una exposición que los justifiquen o respalden, y no constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el art. 33 de la ley n° 402. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en bonato, ricardo renato contra GCBA sobre empleo publico (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo publico-diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-11

Corresponde rechazar la queja del GCBA si el interesado, en lugar de articular agravios contra las consideraciones que efectúa la Cámara relativas al límite de su intervención, insiste en debatir acerca de capítulos no propuestos ante la instancia de grado (en el caso, acerca de la naturaleza del suplemento "Inc. Fact. Ley 2808"). Este desenfoque exhibe la falta de relación entre los planteos constitucionales esgrimidos y los fundamentos de Cámara que el recurrente intenta cuestionar. En tal caso, no se logra acreditar la configuración de un caso constitucional o federal. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).