marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia federal, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: BAIGORRIA JOSE ANGEL c/ EDGARDO GABINO GANCHIER Y OTRO s/ ORDINARIO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-08

El tema de competencia federal se encuentra claramente resuelto en el texto constitucional y en la ley que lo hace operativo. El art. 100 de la C. Nacional y el art. 2 inc. 2 de la ley 48, tratando de asegurar imparcialidad en la administración de justicia (fundamento histórico que no encuentra hoy real asidero), establecen con meridiana claridad la competencia federal para los conflictos que se susciten entre vecinos de distintas provincias.

Va en ello el espíritu federal de nuestra organización gubernamental, que reconoce dos centros de poder, uno limitado y de excepción en el gobierno federal y otro residual en los gobiernos de provincia. Indiscutible es el carácter soberano del primero y autónomo del segundo, que puede crear sus instituciones y regirse por ellas, pero siempre respetando lo dispuesto por el art. 31 de la Carta Magna de la Nación, esto es la prioridad que tienen la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados con los estados extranjeros.

Existen leyes que responden al interés de toda la nación. Junto al órgano que las crea, ha de existir un Poder Judicial que las aplique al caso concreto y modere el poder otorgado al Ejecutivo y al Legislativo Nacional.

En ese orden, debe concluírse ineluctablemente en que es cuestión constitucionalmente reservada a la Nación y al ámbito de la Justicia Federal, en razón de las personas, el conflicto suscitado entre vecinos de distintas provincias.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Del Canto, Ysmael Aldo y otro c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es formalmente procedente el recurso extraordinario contra la sentencia que anuló la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que reconoció como autoridades de un sindicato a los integrantes de una de las listas intervinientes en las elecciones, pues se ha cuestionado la validez de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la inteligencia de normas federales y la decisión ha sido contraria a la validez de la primera y al derecho invocado por el recurrente.
Empleador, obligaciones del empleador, negación de tareas, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: E., F.A. c/ E.M. SA s/ Cobro de pesos - laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-06-03

Es útil recordar que está a cargo de la empleadora probar que no tiene tareas adecuadas a la aptitud física y psíquica del trabajador (art. 212 LCT).
Libertad condicional, reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: Morán, Hugo Daniel s/ Libertad condicional
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-02-23

En el caso, si bien es cierto que el imputado ha mejorado la conducta a partir del año 1994 en el cual la calificación se elevó de regular a buena, ascendiendo a muy buena en 1995 y a excelente en ese mismo año hasta la fecha, como también que el concepto mejoró a partir de 1995; ese progreso del cual el Tribunal nada consigna, se verifica durante un lapso de tiempo inferior al que aquél tuvo en cuenta. En efecto, la Cámara ponderó para denegar nuevamente la petición que desde el encierro acontecido en 1989 hasta 1994, la existencia de múltiples sanciones disciplinarias (cinco de ellas individuales: entre ellas tres consistentes en la tenencia de elementos punzo-cortantes consideradas como faltas graves), la calificación de conducta de mala a regular entre 1993 y 1994 y la de concepto regular en parte de 1994, imposibilitaban calificar al comportamiento carcelario como regular en el período computable hasta el cumplimiento de los dos tercios de la pena (1996, según la anterior resolución denegatoria). De tal modo, valoró el mayor período de tiempo transcurrido en el que el imputado registró el comportamiento carcelario consignado y no el menor período en que se verificó su mejora, que no alcanza en modo alguno a cubrir un período de tiempo equivalente a los dos tercios de la pena sin que aparezca tal proceder contrario a las normas sustantivas que regulan la libertad condicional. La mejora del comportamiento carcelario posibilitaría, en todo caso, el goce de otros beneficios previstos por la ley de ejecución penitenciaria.
Acción civil, competencia laboral, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ARONE SALAS ARTURO c/ AKTURA TRADING S.A. s/ DSESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-11

Es competente la Justicia Nacional del Trabajo para entender en una acción de derecho común por un accidente laboral ocurrido con anterioridad a la sanción de la ley 26.773, pues dicha norma no resulta operativa en la especie, en tanto la ley vigente al momento del siniestro fija los alcances de la responsabilidad del empleador respecto de la obligación de indemnizar y resolver de modo diverso sería conculcar lo establecido en el art. 3 del Código Civil y en el art. 17 punto 5 de la ley 26.773 que claramente prescribe que sus disposiciones entraran en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha.
Acción reivindicatoria, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Canovas, Andres y Otro c/ Echeverria, Pascual s/ Acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-01

Si el reivindicante, haya o no poseído el bien cuya restitución persigue, presenta con su título de propiedad los de aquéllos que le precedieron hasta remontarse a uno que sea anterior a la posesión de la demandada, ganará la acción aunque él no haya sido nunca poseedor, pues las escrituras que acreditan el dominio de sus antecesores hacen presumir que éstos tuvieron la posesión expresa, porque ella va implícita en cada acto de enajenación (arg. art. 2790 Cód. Civil).-
Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad, jueces, deberes del juez, equidad, valor justicia, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, derechos y garantías constitucionales, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I, M. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Aborto provocado (EXPTE CSJ Nº   1105-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

El juez tiene el deber de optar por una interpretación que no se desinterese del aspecto axiológico de sus resultados prácticos concretos, sino que contemple las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales, y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos; sobre todo, en un caso que compromete de manera directa a la Corte en su específica misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, y la obliga por ello, a ponderar cuidadosamente aquellas circunstancias, a fin de evitar la admisión de soluciones normativas que conduzcan a vulnerar derechos fundamentales de la persona (derecho a la vida).

(Del Voto del Dr. Vigo)
Paritarias, acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bouchet, Marcelo c/ Dirección de Vialidad s/ Acción de Amparo (y su acum. Nº 1709 "Ascaino (2)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-12-02

Respecto a las actuaciones promovidas en su ámbito se encuentran en la órbita de la Comisión Paritaria Provincial, corresponde señalar que el artículo 56 de la Ley 20320 establece que "en la Dirección habrá una Comisión Paritaria Provincial"; siendo así, surge con claridad de tal norma que la misma no es un organismo autárquico, autónomo o independiente del ente demandado, sino enclavado en tal organismo, contra quien correctamente se ha entablado esta acción por ser la autoridad que tiene la facultad de tramitar y resolver las peticiones articuladas en su sede, teniendo potestades y responsabilidades emergentes a los fines de neutralizar la mora, correspondiendo por tales razones rechazar los remedios traídos y confirmar los pronunciamientos en crisis.
Aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fanjul, Angel Lázaro c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

La reforma constitucional de 1994 incorporó a la Constitución de la Provincia una norma -vigente al momento de dictarse las resoluciones impugnadas- que consagra un principio destinado a quienes están encargados de aplicar e interpretar el derecho -entre ellos, sin hesitación, está la demandada-: en caso de duda, en materia de seguridad social, regirá el principio de "interpretación a favor del trabajador" (art. 39, inc. 3 in fine).

Esta Corte ya ha resuelto que lo dispuesto en ese artículo implica que debe soslayarse cualquier interpretación "desfavorable" de la norma aplicable a la situación en la que se encuentran los destinatarios de la seguridad social.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, seguro de responsabilidad civil, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Vilte, Zulma Liliana c/ Empresa de Transporte Trans Mil SRL; Huanca Miguel; Reyes Carlos Alberto y Protección Mutual de Seguro del Transporte Público de Pasajeros y acumulado s/ ordinario por daños y perjuicios: Vilte, Zulma Liliana por si y su hija menor c/Municipalidad de Perico Liliana por si y su hija menor c/Municipalidad de Perico
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-03-08

La Municipalidad resulta responsable por el accidente en el que intervino un colectivo destinado al transporte público de pasajeros que se hallaba sin cobertura al momento del accidente, pues se advierte aun obrar omisivo de la comuna y la falta a un deber concreto de verificación, dado que ningún control ejerció sobre dicha empresa, ya que, de haberlo hecho, hubiese debido desafectar la unidad no asegurada hasta la subsanación de dicha falencia, teniendo en cuenta que ningún deber debe ser más primario y sustancial para el Estado que el de cuidar la vida y la seguridad de sus gobernados.
Prescripción adquisitiva, sentencia, juicio de desalojo, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MADE S.A. c/ LEIVA DE DIAZ MARIA ROSA Y OTROS s/ USUCAPION - SENTENCIA - DESALOJO - POSESION -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-05-13

Es revocable por no haber juzgado todos los extremos de la litis, la sentencia que, en consideración a la posesión de cuarenta años que dice ejercer el demandado, excluye la acción de desalojo y remite a las partes al juicio pertinente para que tenga lugar la controversia sobre la posesión. Es verdad que el proceso de desalojo no admite una discusión sobre esa materia, pero si el título del demandante es una sentencia de usucapión, pasada en cosa juzgada, es menester preguntarse si el demandado puede alegar su posesión frente a ese pronunciamiento. Esta es una cuestión previa, sin cuya resolución no puede examinarse ninguno de los demás puntos controvertidos, pues todos dependen lógicamente de ella. Si se dice que el demandado no sufre los efectos de la sentencia de usucapión, entonces poda recibirse en otro juicio la prueba de su posesión.

Pero si se concluye que aquel pronunciamiento le es oponible, no hay lugar para esa defensa porque su posesión esta excluida por la de los usucapientes (C.Civil art. 2401) y su situación seria meramente precaria (C.Civil, art. 2462 Inc. 5°), salvo su derecho de probar una posesión posterior a aquella sentencia (C.Civil, arts. 2353 y 2458), vale decir, una intervención del título que en este caso ni siquiera ha sido alegada.
Proceso penal, imputado, doble instancia, tratados internacionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., A. R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- HOMICIDIO EN ESTADO DE EMOCION VIOLENTA AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y  PORTACION ILEGÍTIMA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL EN CONCURSO REAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 364 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-08-09

El artículo 8.2 h. del Pacto de San José de Costa Rica, refiere que toda persona inculpada de delito tiene derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.

Por su parte, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza: "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley".

En el precedente "Arce", la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso de relieve que "la garantía del derecho de recurrir ha sido sólo en beneficio del inculpado y que, si bien el Ministerio Público, en tanto órgano estatal no se encuentra amparado por norma alguna con rango constitucional, ello no obstaba a que el legislador le conceda igual derecho a ese Órgano".
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ciliberto, Juan Carlos c/ Herrera, Juan Ramón s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-19

El artículo 117 del Código Procesal Civil y Comercial, mantiene su redacción originaria, por lo que a diferencia de su análogo, artículo 120 del Código Procesalde la Nación -reformado por la ley 22.434- si no se cumple la carga de presentar las copias, ni se subsana la omisión dentro del día siguiente, debe tenerse por no presentado el escrito o el documento en su caso, disponiéndose la pertinente devolución al interesado y dejándose constancia por Secretaría.
Acumulación de procesos, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Inaufin S.A. s/ Incidente de extensión de quiebra en Estrella de Mar S.A. s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-03

Tratándose de una sentencia única dictada en procesos acumulados, sin perjuicio de la sustanciación de cada uno de ellos por separado, y teniendo en cuenta que ese pronunciamiento importa la consideración de todas las cuestiones que constituyen el objeto de cada uno de aquéllos, es lógico y razonable que el recurso contra ese fallo en uno de los expedientes provoca la apertura de la segunda instancia para la totalidad de las acciones.
Defensa en juicio, solicitud de patente, propiedad intelectual
Materia: CIVIL
Carátula: Astellas Pharma INC c/ INPI s/ Denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-06

No encuentro entonces violaciones al derecho de defensa de la actora, en la medida que ante cada requerimiento tuvo la oportunidad de dar su versión. Tampoco hallo una actividad administrativa abusiva en las manifestaciones de pedido de aclaraciones y objeciones. Por el contrario, pareciera producirse lo descripto por calificada doctrina como "diálogo" entre el I.N.P.I. y la solicitante hasta que la autoridad de policía decida expedirse respecto al pedido de patentamiento. Esa práctica parece lógica ante el complejo análisis propio de la evaluación del cumplimiento de lo requerido en el régimen legal de patentes, que versa sobre significativos aspectos legales y técnicos (confr. MAIRAL - BENSADON, "¿Por qué una patente de invención se presume válida?", en L.L. 2007-D, 1226).
Pensiones, conviviente, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MODERNEL, Elvira c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-06

Si bien el art. 27 de la ley 18.037 fija el derecho a las prestaciones, en el caso de las pensiones, a la ley vigente a la fecha de deceso del causante, dicha regla encuentra su excepción en lo dispuesto por la ley 23.570, art. 6 (derogatoria de la ley 23.226) que a su vez consolidó la doctrina sustentada por la C.S.J.N. a partir del caso "Vilases, Emilio s/ pensión" sent. del 12.2.86 (Fallos 308:116), en el que se reconoció a los convivientes de hecho la posibilidad de invocar los derechos que se instituían por la ley 23.226, aunque el fallecimiento del causante hubiera ocurrido antes de su vigencia.
Modificación de la reglamentación, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  Algaze, David Oscar c/GCBA s/repetición (art. 457 CCAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

Constituye una antigua regla interpretativa aquella con arreglo a la cual la modificación de la norma reglamentada no conlleva la automática desaparición de la reglamentación sino en aquellos aspectos en que la norma reglamentaria queda en oposición a la reglamentada; y la parte actora no ha acreditado que la Resolución 4151/03 esté en oposición a lo dispuesto en los Códigos Fiscales que se sancionaron con posterioridad al CF t.o. 2003. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces José O. Casás, Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz).
Beneficios previsionales, derecho al beneficio, retiro policial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, Carmen Emilia c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

El principio general en materia previsional es que el otorgamiento de la pensión se rige por la ley que opera a la época de fallecimiento del causante, bajo cuya vigencia se deben de reunir los recaudos que la normativa en cuestión fije. Sin perjuicio de ello, y como excepción, se ha establecido el instituto de la rehabilitación de pensión aplicable sólo en la medida que la legislación lo establezca y cumpliendo, claro está, los recaudos que se fijan al efecto. En consecuencia no le asiste derecho de obtener la rehabilitación del beneficio de pensión oportunamente otorgado a quien cumplió la edad requerida hallándose en vigencia el dec. ley 9538 que no estableció tal instituto, ni aún teniendo en cuenta la modificación de aquella normativa por ley 10.739, si, como en el caso, no se configura el supuesto previsto en la misma referido al al otorgamiento de pensión en la medida que a la fecha del deceso del afiliado la hija soltera ya hubiese cumplido la edad de cincuenta años. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, dictamen fiscal, facultades del fiscal, gravamen irreparable
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: B, F. O. s/ Ley N° 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

La ley procesal establece un sistema recursivo limitado solamente a las sentencias definitivas en el artículo 50 de la Ley de Procedimiento Contravencional no obstante, la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones de este fuero, aplicando supletoriamente el artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación, aceptó la posibilidad de admitir el recurso de apelación cuando las resoluciones causen gravamen irreparable.

La resolución del Fiscal que difiere el tratamiento de un planteo de prescripción de la acción, no reúne las características de una sentencia, la cual, por otra parte, no podría dictar el Fiscal por carecer de jurisdicción. Tampoco produce el llamado gravamen irreparable ya que el tema puede ser replanteado en la etapa previa a la audiencia de juicio.

En este plexo normativo, las resoluciones dictadas por el Fiscal tienen un carácter de validez limitada pues pueden ser replanteadas en la etapa de juicio y algunas como cuestión preliminar antes del desarrollo de la audiencia oral (arts. 6 y 46 de la Ley de Proc. Contr. y, 376 del Código Procesal Penal de la Nación). Como excepción, pueden mencionarse las que disponen el archivo de la causa y consecuentemente paralizan o extinguen la acción. (Del voto del Dr. Ventureira)
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad de la obra social, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: ESPIÑEIRA, Jorge Emilio c/ OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-03

Si la infección que afectó al actor luego de ser operado tuvo su origen en gérmenes contaminantes del ambiente en que se desarrolló la intervención quirúrgica, es decir, se trata de una infección intranosocomial, el sanatorio y la obra social, en su carácter de codemandados deberán responder en forma concurrente (in solidum) por los daños y perjuicios que se tengan por reconocidos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, sentencia, cuestión insustancial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MONTESI SA s/ QUIEBRA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 690-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-26

La exigencia constitucional del tratamiento de la cuestión planteada consiste simplemente en brindar una respuesta válida a los planteos jurídicos serios, concretos y oportunos de las partes; pero ello no implica que un Tribunal deba hacerse cargo de todas y cada una de las alegaciones efectuadas por éstas. Tampoco sería adecuada la anchurosa pretensión de que explícitamente se desechen cuestiones inconsistentes o baladíes.
Notificación automática, pérdida del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: D´ANGELO José Vicente c/ Mut Alfredo Daniel y Otros s/ Accidente de Tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-19

Si bien es cierto que el art. 138 del C.P.C. prevé como forma ordinaria para evitar los efectos de la notificación ministerio legis dejar constancia en el libro de asistencia de que el expediente no se encontraba en Mesa de Entradas, también lo es que a similar resultado corresponde arribar cuando se demuestre por un medio serio y objetivo que el mismo no se encontraba en el casillero el día de nota correspondiente.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, contrato de trabajo, remuneración, peritos
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: Cepeda, Esteban Ulises y otros c/ Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que estableció que el monto de condena por diferencias de salarios resultaría del informe que ordenó realizar al perito contador de acuerdo a las pautas fijadas en sus considerandos, si no es posible percibir cuales han sido los parametros utilizados, o la actividad procesal de las partes tenida en consideracion para establecer el monto al que en definitiva condena.
Omisión de cuestión esencial, fundamentación errónea
Materia: PROCESAL
Carátula: Darhanpe, Victoria y otros c/ Municipalidad de La Plata s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-19

La omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema, aún por descuido, circunstancia que no se verifica cuando ha sido tratado en forma adversa a la pretendida, siendo ajeno al ámbito del recurso extraordinario de nulidad tanto el acierto con que se haya analizado el asunto como la forma o brevedad con que fuera encarado.(doctora Kogan, sin disidencia)