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Violencia de género, femicidio, reglas de la sana crítica, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, medios de prueba, facultades del juez, interpretación y aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Francisco c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

Conforme establece nuestro ordenamiento jurídico en materia probatoria, debe aplicarse el principio de amplia libertad a los fines de acreditar los hechos que se denuncian, evaluando las pruebas ofrecidas a la luz de la sana crítica, la lógica elemental, el sentido común y las máximas de la experiencia, sistema que en materia de violencia de género impone la aplicación de la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pues a los fines de juzgar tales actos debe siempre considerarse que suceden en la intimidad y generalmente, fuera de la presencia de terceros.
Jubilación de privilegio, retiro voluntario, cesación de servicios, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: González, Antonio Humberto s/ Recurso de Apelación contra Decreto n° 206-96
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-10-31

Para quienes se acogieron al beneficio de retiro voluntario no cesaron, y voluntariamente permanecieron en actividad, autorizados por el Dto. 496/93, Leyes Nº 3123 y 4155, la ley es ultraactiva respecto de los requisitos y condiciones exigidos para la obtención del beneficio -años de servicio, de aportes al ISSS-, en tanto su acreditación se hubiera producido dentro de los plazos previstos, y el derecho se hubiera de este modo "asegurado". Pero el ejercicio del derecho, y por ende el goce del beneficio, está sujeto al cese, y el haber, se determina -por imperio legal- según el régimen general vigente a ese momento - ley del cese- según claramente estipulan los arts. 2º del Dto. 496/93 que además remite expresamente al art. 49 del sistema general vigente "o el que lo sustituya", y art.94 de la Ley Nº 3123 "sustituyente", concordante con el art. 115.
Honorarios, abogados, base, divorcio, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUNES DE BORREMANS c/ FRANCISCO BORREMANS s/ Divorcio (LIBRO: A066 - 452)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-03-06

En la liquidación de bienes de la sociedad conyugal, es de aplicación el art. 18 de la ley de aranceles. Debe tomarse como base para la regulación, el 50 porciento del avalúo de los bienes actualizados. De ello corresponde un tercio de la escala
Derecho procesal, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: CONSEJO DE PROTECCION DE LA PRODUCCION AGRICOLA c/ MAS PUCHOL S.A. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-13

El código no se detiene en la enumeración de los requisitos que atañen a la forma y contenido de la demanda ejecutiva. del contenido de diversas disposiciones -se infiere- que el título necesariamente debe acompañarse a la presentación nulla executio sine título. Ello supone que este en buena medida suple la exposición de los hechos a que alude el art. 330, Para los juicios cognoscitivos.
Exposición de los hechos, presentación extemporánea, fundamentación de la demanda, plan de parentalidad
Materia: CIVIL
Carátula: H. E. E. c/ P. A. C. G. s/ INCIDENTE DE ELEVACIÓN A CAMARA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-03

Habrá de confirmarse la resolución que resuelve ampliar el régimen de visitas provisorio a favor de la madre, ello por cuanto de la pericia psicológica practicada (que no mereció reparo por ninguna de las partes) surge que: "ambos se encuentran aptos para sostener la tenencia de sus hijas, no hay indicios de anormalidad que los imposibilite para hacerse cargo de las menores".
Unificación de penas, método de la suma aritmética, facultades discrecionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vetti, Héctor Horacio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-17

El sistema aritmético utilizado en la sentencia recurrida para la unificación de las penas no se encuentra en pugna con disposición o regla alguna de nuestro ordenamiento sustantivo y ello así en virtud que el tribunal de mérito tiene la posibilidad de escoger entre el citado o el composicional. Nótese que la circunstancia de que se pueda optar por este último -más favorable al reo, por otro lado- no significa una gracia que debe ser concedida siempre en forma automática por el Tribunal que realiza este procedimiento, sino únicamente cuando las constancias del proceso y la personalidad revelada por el autor (arts. 40 y 41 del Cód. Penal) lo hagan aconsejable. No obstante ello, observo que en el sub examine el sentenciante, haciendo uso de sus facultades discrecionales y al momento de fijar la pena única al condenado, ha elegido el método de la suma aritmética, mas no ha dado, como corresponde, fundadas razones para su elección y en este sentido la sentencia de marras adolece de un vicio que la nulifica parcialmente y amerita su revisión en esta instancia. Atento a ello resulta menester entrar al examen de esa cuestión que comprende el ejercicio de poderes discrecionales en la ponderación de la pena, no sin antes aclarar que, si bien las valoraciones que realizan los magistrados acerca de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del texto legal de fondo para mensurar la sanción a imponer, quedan, en general, fuera del control de la casación, esta regla cede en situaciones de absurdo notorio o evidente arbitrariedad, circunstancia esta última que concurre en la especie habida cuenta que el monto de la pena única impuesta al imputado -siguiendo el criterio aritmético- no se halla siquiera mínimamente fundado. (Voto del Dr. Mitchell).
Remuneración, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, presupuesto
Materia: LABORAL
Carátula: Arakaki,  Marcela  Noemí y otros c/ E.N. - C.S.J.N. - AC 57/92 s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-07

Las restricciones presupuestarias carecen de entidad para transformar en no remunerativo el suplemento reconocido, toda vez que su naturaleza jurídica se determina objetivamente, de acuerdo al modo implementado, a la contraprestación que retribuye y a la finalidad que persigue su concreción, y de ningún modo su naturaleza salarial puede depender de las circunstanciales necesidades presupuestarias.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios del abogado, costas, procedimiento administrativo, gratuidad del procedimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ballanti de Busalacchi, María Cecilia c/ Consejo Provincial de Educación s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-11

En algún caso este cuerpo aplicó la regla de que las actuaciones profesionales no generaban costas en recursos aún jurisdiccionales. Ello teniendo en cuenta que los órganos administrativos vienen en tales casos a la sede judicial, más en el carácter de informantes que de defensores. No se pronunció en cambio, respecto de actuaciones profesionales en sede administrativa durante los procedimientos de esa índole, y no desconozco, que la SCJN ha resuelto, que no corresponde la aplicación de costas en el procedimiento administrativo.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorino Augusto Marcelo c/ QBE Argentina ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

Según lo sostenido por la C.S.J.N. en el fallo "Espósito", la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773, no es aplicable a los accidentes in itinere por no ser un "verdadero" infortunio o enfermedad laboral. De conformidad con el art. 6 de la ley 24.557, que dispone cuáles son las contingencias que la ley prevé, se trata de una relación de género a especie, donde el género es el accidente de trabajo, y dentro de este dos especies: el que ocurre en el lugar de trabajo, o bien, en el trayecto del domicilio del trabajador hasta el lugar de trabajo o, viceversa. La ley no distingue como sí lo hace el Supremo Tribunal en el mentado fallo. El art. 3 no niega el beneficio para ese tipo de accidentes, lo cual permite interpretar que lo abarca. En caso de duda debe resolverse a favor de la interpretación más favorable que nos habilita el art. 9 L.C.T. y el Principio de Progresividad. Asimismo, negarle virtualidad al beneficio en los accidentes in itinere, legitimaría un acto de discriminación negativa respecto de los trabajadores que sufrieron un daño a la salud, provocando de tal forma, una disparidad de trato. (Del voto de la Dra. Cañal, en disidencia).
Encargados de casas de renta, extinción del contrato de trabajo, juicio de desalojo, conciliación laboral, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS DE FRANKLIN ROOSVELT 2271 c/ ROBLES CASAFU, Lucía s/ desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-31

Encontrándose firma que entre las partes medió una relación laboral y que la misma se encuentra disuelta, corresponde el desalojo del trabajador encargado del edificio (art. 146 L.O. t.o.

dec. 106/98), más allá de que el consorcio accionante no haya pasado por el SECLO al iniciar la demanda. Esto es así, pues resulta dudosa la inclusión de las acciones por desalojo entre las previstas en el art. 2 de la ley 24635 y en el caso concreto, tampoco la demandada probó el perjuicio que tal omisión le trajo aparejado.
Libertad de expresión, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Torres, Hugo Daniel y otro c/ Editorial Atlántida y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-26

La libertad de prensa es una de las mayores conquistas en la vida institucional e intelectual del mundo libre, pues contribuye a formar la opinión pública y a influir en las directivas y acción de los gobiernos. La Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión en los arts. 14 y 24.

El Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por la Ley 23.054, en el art. 13, inc. 1, estatuye el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión.
Preclusión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sabbione, Ernestina Esther c/ Velazco, Miguel César s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-11

Caracteriza al proceso civil el transcurso de sus distintas etapas las cuales se desarrollan en forma sucesiva y concatenada, y mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, y por el pase a la siguiente avanza la tramitación lo que impide el regreso a etapas o estadíos consumados. Y es así, que las distintas etapas que componen el proceso son comportamientos estancos: cada acto debe realizarse en el estadío oportuno, transcurrido el cual se clausura la etapa respectiva y se pasa automáticamente a la siguiente, sin que se admita ya retrotraer los procedimientos, operando la consumación del ejercicio de aquellos medios de ataque y defensa de que se disponga, tanto por haberse estos ejercido, y decidido acerca de los mismos, o por que no medió su planteo en los tiempos procesales hábiles, por lo cual es válido sostener que la preclusión se concibe como la pérdida, extensión o consumación de una facultad procesal.
Sucesión testamentaria, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL
Carátula: Rodríguez, Leopoldo Javier s/ Sucesión Testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-02-20

Los actos procesales -declaratoria y aprobación testamentaria- no son necesariamente incompatibles, dado el principio legal de que puede diferirse la herencia de una persona por voluntad del hombre en una parte, y en otra por disposición de la ley.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Suárez de Coronel, Dora I. c/ Rodriguez  Lazzini,  Amelio  de  J.  y/o  quien  resulte responsable s/ Daños y perjuicios Amelio  de  J.  y/o  quien  resulte responsable s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-12-14

Con respecto a cuestiones de circulación, considero que debe tenerse en cuenta, muy especialmente, que quienes circulan por la vía pública, deben guardar un comportamiento adecuado (adecuación social de la conducta), comportamiento que es esperado por los demás, puesto que sería imposible cualquier tipo de circulación si deberíamos cuidad nuestra propia actividad hasta extremos que la reducirían a márgenes mínimos. Esto resulta de aplicación tanto a quienes se conducen con automotores (de dos cuatro o dos ruedas) como a quienes circulan de a pie; claro está que a aquellos, en virtud de conducir artefactos capaces de por sí de crear riesgos, se les exige un especial cuidado (que por regla general se realiza a través de las leyes y otras normas regulatorias del tránsito vehicular). En esta tesitura y probado el nexo causal entre el resultado dañoso y la actividad del conductor de la motocicleta, en virtud de la regla del art. 1113, debe merituarse como exculpante la posible actividad imprudente del lesionado. Esa actividad así calificada se ha dado, puesto que trató de cruzar la calzada en forma intempestiva y por lugar no habilitado, esta imprudencia manifiesta es condicionante del resultado, como lo es que el motociclista (que debe tener especial cuidado y prudencia por el artefacto que conduce) no haya frenado sino que simplemente haya tratado de desviar, y como lo hizo en la dirección que llevaba el peatón, lo termina colisionando. Por otra parte y en cuanto al vehículo mal estacionado, de haber estado, exigía del motociclista un cuidado especial desde que su visual, en ese tramo, sufría un claro obstáculo. Creo entonces, que la imprudencia grave del peatón y la del motociclista (que conduce un artefacto riesgoso) son pasibles de establecerse en forma igualitaria. Fundamento del Dr.

Eduardo M. Hang.
Contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, sociedades comerciales, socios
Materia: LABORAL
Carátula: MARQUEZ  VICTOR  HUGO c/ IMAGEN POSTAL S.R.L. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18

Los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé la responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa con la doctrina del "disregard", sino con la comisión de ciertos ilícitos que van más allá del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción se aprovecha la estructura societaria. Por tal razón, cuando una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los administradores y directores por vía de los dispuesto en los arts. 59 y 274 LS (arg. arts. 1072, 1073 y 1074 Código Civil. (Del voto del Dr. Pirolo en la causa "Cristaldo Miguel Ángel c/ Mar del Plata Harinas SA y otro s/despido", SD 85605 del 18/09/2009 del registro de la Sala I, al cual adhirió la Dra. González).
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saulino, Elva Ana c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

Si la pericia médica determina que la patología de índole siquiátrica que padecía el agente a la fecha del cese le ocasionaba una incapacidad del cuarenta por ciento vigente a aquella fecha, las otras patologías de carácter "asociadas" incrementan esa incapacidad, en tanto el porcentaje está sólo y claramente referido a ella.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Roselli, Luis Alberto c/ Gimnasia y Esgrima de La Plata s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

Las cuestiones no planteadas en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no deben ser tratadas por la Suprema Corte porque sus atribuciones no son discrecionales sino que están proveídas por la queja y limitadas por su extensión (art. 279 C.P.C.C. y su doct.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, personas con necesidades especiales, acompañamiento terapéutico
Materia: CIVIL
Carátula: RADICE NILDA ROSA c/ OSDE s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-16

No está discutida en el la condición de discapacitada de la señora Nilda, la enfermedad que padece -pakinson unilateral- ni su condición de afiliada a Osde Binario. Está en debate, en cambio, la obligación de la demandada de proveer cautelarmente la cobertura de un acompañante terapéutico por 12 horas diarias semanales. Considerando los términos de la prescripción de la médico tratante, ponderando los superiores intereses de la señora -con discapacidad- y teniendo en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la solución final de la controversia, cabe concluir que la decisión denegatoria puede ocasionar el agravamiento de las condiciones de vida de la actora. En todo caso, las cuestiones planteadas por la demandada deberán ser objeto de pormenorizado análisis al momento del dictado de la sentencia definitiva, oportunidad en la cual se podrá ponderar la prueba que produzcan a tales efectos.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mendez, Osvaldo c/ Volquetes Capri de Cristina Stawniczy s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-29

Las indemnizaciones civil y laboral no son acumulativas, ya que en caso contrario se admitiría el enriquecimiento incausado, concluyéndose en que se deduciría la suma percibida como indemnización en el fuero laboral, aquella que finalmente se estableciera en esta sede.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, reglas de la sana crítica, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Cardozo, Esteban Marcelino s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

Por la vía del recurso de casación no es posible provocar un examen "ex novo" de los elementos convocados en la sentencia. Es que la competencia de esta Cámara sólo está circunscripta al control de validez de la prueba producida (legitimidad), si las conclusiones son coherentes con ella y responden al recto entendimiento humano (logicidad), y si la sustentación así constituida es expresa, clara, completa y emitida observando las formas prescriptas; en concreto, si la motivación es legal y cumple con la exigencia de motivar observando el inexorable encadenamiento lógico, que obviamente no rebase los límites impuestos por la sana crítica, y que incluso descarte toda fundamentación que como tal pueda resultar aparente y que en definitiva y en realidad no exista por su manifiesta irrazonabilidad. (Voto del Dr. Riggi).
Expropiación irregular, transmisión del dominio, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Esimax S.A. s/quiebra contra GCBA sobre expropiación inversa. Retrocesión c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-25

Para que el trámite expropiatorio se encuentre perfeccionado es necesario que se transfiera el dominio a la parte expropiante libre de gravámenes y deudas y se produzca la toma de posesión, luego de lo cual la jueza de la expropiación podrá transferir la suma indemnizatoria a los fines que considere pertinentes. Si se anticipara esa transferencia sin haber cumplido con las exigencias establecidas por la ley n° 238, podría obstaculizarse el normal perfeccionamiento de la expropiación y -consecuentemente- afectarse el derecho de propiedad del GCBA. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhieren los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: B., C. N. c/  s/ corrupción de menores
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-13

La ausencia de mención expresa de alguna circunstancia, es per se insuficiente para concluir que se incurrió en arbitrariedad, en atención a que los jueces de la causa no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, a ponderar exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, ni tampoco a tratar argumentos que a su juicio no sean decisivos, sino sólo aquellos que estimen conducentes para fundar sus conclusiones (voto de la jueza Garrigós de Rébori)
Honorarios, quiebra, base regulatoria
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MARTÍN Mario Amador s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-10-15

Cabe advertir primeramente que según lo prevé el art. 267 de la Ley 24.522, el monto total de los funcionarios y letrados deben ser regulados sobre el activo realizado ($200.000), en proporción no inferior al 4% ($8.000) o el equivalente a tres sueldos de Secretario de Primera instancia, monto que resulta ser $28.830, de conformidad con lo informado por la Oficina de liquidación de Sueldos de la Corte de Justicia de la Provincia. Y debe considerase igualmente que los mismos no superen el 12% del referido activo ($24.000).
Derecho civil, prescripción, recurso de casación, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: A., N.B. y Otro c/ A.E.S.M. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27

Reiteradamente ha señalado el Máximo Tribunal de la Provincia, siguiendo el criterio de la Corte Nacional en Fallos 256:440 entre otros, que en lo referente a la determinación si transcurrió o no el plazo legal de prescripción y su punto de partida, son cuestiones de hecho irrevisables, en principio en casación y ajenas a la esfera del recurso extraordinario salvo el caso de absurdo.
Personal militar retirado, reincorporación al servicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mestola Aldo c/ E.M.G.E. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

El personal de la "reserva fuera de servicio" (art. 2 de la ley 19.101) puede ser obligatoriamente convocado para prestar el servicio militar o puede voluntariamente solicitar su incorporación a él (ver art. 1º inc. c), 4º, 5º y 45 de la ley 17.531; asimismo, ver arts. 111, 115 a 117 y 125 a 128 de la Reglamentación de esta ley 17.531 aprobada por el decreto 6701/68). (Del voto del juez Buján, consid. 1º).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: ROMBOLA, DOMINGO c/ PIRELLI CABLES S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Si la empresa contrató con el codemandado para que con personal propio y bajo su exclusiva dependencia procediera a quitar el revestimiento o aislación de los cables de descarte que recubre el cobre existente en su interior y una vez retirado el mismo procediera a su compactación (para su reutilización o venta), realizándose dicho proceso en el establecimiento de la demandada y con la suerte del personal inexorablemente ligada a la principal, resulta inaplicable al caso la doctrina de la Corte en autos "Rodríguez, Juan c/Cía. Embotelladora 15.4.93", pues se trata de supuestos diametralmente opuestos (en el presente caso, la empresa demandada delegó una de las instancias de su proceso de producción en la codemandada) por lo que corresponde responsabilizarlas solidariamente en los términos del art. 30 LCT.