Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 270/275. Santa Fe, 14 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada Celina Pedemonte contra el acuerdo 90 de fecha 22 de abril de 2016, dictado por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "CASTILLO, MARÍA DE LUJÁN contra PEDEMONTE, CELINA Y OTROS - DEMANDA ORDINARIA - (EXPTE. 239/14) (CUIJ 21-04955917-5)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00510986-5); y, CONSIDERANDO: 1. Mediante acuerdo 90 del 22 de abril de 2016 (fs. 3/17), la Sala Segunda integrada de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en lo que aquí interesa, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia dictada por el Juez de baja instancia -quien a su turno había hecho lugar a la demanda condenando a los demandados a otorgar escritura traslativa de dominio y al pago de la cláusula penal pactada, reducida a un tercio, por el período comprendido entre el 27.08.2009 y el 31.12.2009-, revocando el fallo en lo atinente al tope temporal final de la cláusula penal y extendiendo su aplicación hasta la fecha de escrituración. Contra tal pronunciamiento interpone la codemandada Celina Pedemonte recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 19/23). Le achaca al fallo vicio de incongruencia por adjudicar más de lo pretendido y violación a su derecho de defensa por implicar una condena anticipada. Al respecto expresa que, en su escrito inicial, la actora había reclamado una suma de dinero en concepto de cláusula penal a la fecha de la demanda, no surgiendo de los términos de tal presentación que la pretensión se extendiera más allá de dicha fecha. De modo que -esgrime- la ampliación por la Cámara de la condena respectiva hasta la fecha del otorgamiento de la escritura se aparta de lo peticionado al demandar. Añade que mediante la extensión de la condena hacia el lapso posterior al pronunciamiento, hasta el otorgamiento de la escritura y con fundamento en la sola ausencia de la misma, la Sala le ha atribuido anticipadamente la responsabilidad por tal eventual omisión, que en ese tramo temporal -dice- bien podría resultar imputable a la contraparte, privándole de esa manera de alegar y probar en tal sentido. Finalmente expresa que los Sentenciantes se desentendieron de la realidad económica desde que la aplicación de la cláusula penal, en los términos del decisorio, insumiría hoy en día buena parte del valor del inmueble a escriturar, cuya posesión vendría ostentando largamente la compradora. 2. Evacuado el pertinente traslado (fs. 24/27), la Alzada denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto mediante resolución del 31 de octubre de 2016 (fs. 28/29), al no hallar perfilada en abstracto una hipótesis de arbitrariedad, además de señalar que los cuestionamientos de la recurrente denotaban su mera disconformidad con lo decidido, sin entidad constitucional. Tal denegación motiva la presentación directa de la recurrente ante esta sede (fs. 32/34). En su escrito de queja, además de insistir en las tachas de arbitrariedad articuladas, aduce la nulidad del auto denegatorio por carencia de fundamentación. 3. Dado que la propia impugnante no postuló como única posibilidad la anulación del auto denegatorio, corresponde efectuar directamente el análisis de admisibilidad del recurso en esta sede, adelantándose que la queja no habrá de prosperar. Ante todo cabe poner de relieve las deficiencias que presenta el memorial del recurso de inconstitucionalidad en punto al recaudo de autoabasto (art. 3, ley 7055), en tanto carece de un detalle suficiente de la base fáctica y de los antecedentes relevantes de la causa, carencias que impiden a esta Corte llegar a una cabal comprensión de los hechos del caso y que no podrían ser suplidas ni aun por vía inferencial sin distorsionar la índole extraordinaria de la impugnación, lo cual ciertamente obsta a la admisión del presente remedio extraordinario, al resultar privado de fundamentación idónea en orden a franquear el acceso a esta instancia de excepción. Es que en ese contexto de insuficiencias, y en un esfuerzo interpretativo a la luz de las restantes constancias del recurso directo tal como ha sido traído ante estos estrados, se advierte que la quejosa no logra demostrar que sus planteos hubiesen sido oportunamente propuestos y mantenidos en todas las instancias del proceso para su tratamiento y decisión por los jueces ordinarios de la causa, ni que las causales de descalificación invocadas guarden alguna elemental conexión con la realidad del caso. Así, por un lado, no surge de la reseña de los antecedentes del caso ni de las constancias acompañadas por la compareciente que, en oportunidad de contestar los agravios apelatorios de la accionante -a la postre receptados por la Alzada- referidos precisamente a la extensión temporal de la aplicación de la cláusula penal pactada, los demandados hayan argüido en modo alguno que la pretensión actoral por tal concepto hubiese quedado definitivamente acotada por la cuantificación efectuada al tiempo de demandar, que resolver de otro modo podría acarrear una condena anticipada o que ello implicaría un desconocimiento de la realidad económica del caso, apareciendo tales postulaciones en esta sede como el fruto de una reflexión tardía de la ocurrente que no puede ser admitida (art. 1, in fine, ley 7055; cfr. Fallos:303:167; 304:509; 322:1926, entre otros). Por otro lado y sin perjuicio de lo anterior, la lectura del memorial del recurso de inconstitucionalidad, en confrontación con la sentencia atacada, revela tan sólo la discrepancia de la impugnante con la solución adoptada, sin perfilar idóneamente una cuestión constitucional. En efecto, surge del pronunciamiento de la Cámara, en lo que aquí interesa, que la actora demandó el otorgamiento de escritura traslativa de dominio y el pago de la suma que surgiera de la aplicación de la cláusula penal incluida en el boleto de compraventa respectivo; que el Juez de primera instancia condenó a los demandados a escriturar e hizo lugar sólo parcialmente a la pretensión accesoria fundada en la cláusula penal, reduciéndola a un tercio de su importe en uso de su facultad morigeradora y acotándola en su aplicación temporal en el entendimiento de que la mora de los vendedores se había extendido sólo desde el 27.08.2009 hasta el 31.12.2009; que el decisorio fue apelado por la actora en punto a los límites temporales de la aplicación de dicha cláusula; que tal cuestionamiento fue contestado por los demandados argumentando que habían quedado dispensados de su incumplimiento hasta la interpelación cursada por la actora el 27.08.2009 y que a partir del 31.12.2009 la mora en la escrituración habría resultado imputable a la compradora; y que la Alzada concluyó que los vendedores habían sido puestos en mora el 27.08.2009 en punto a la obligación de escriturar, mientras que a la compradora no podía imputársele incumplimiento alguno al respecto, de modo que correspondía aplicar a aquéllos la cláusula penal -reducida a un tercio de su importe- hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia de primera instancia que condenaba a escriturar, que en este último aspecto había quedado firme. Frente a ello la codemandada Celina Pedemonte le endilga al fallo el haber decidido "ultra petita" puesto que -dice- la actora había concretado definitivamente el reclamo en concepto de cláusula penal al cuantificarlo en la suma de USD46.438,32 a la fecha de la demanda, sin esbozar pretensión alguna sobre la aplicación de la cláusula más allá de esa data. Mas con los argumentos que expone la recurrente no logra persuadir, en un grado liminar propio de este estadio -p. ej., mediante un análisis pormenorizado de las piezas procesales constitutivas del pleito-, que la Sala hubiera procedido arbitrariamente al establecer las cuestiones que conformaron la materia debatida, ni que hubiera propiciado una exégesis irrazonable al definir el alcance de las mismas, denotando tan sólo su disconformidad con el criterio de la Sala en una materia que, por regla, resulta ajena a la instancia extraordinaria. Es que, como lo ha sostenido reiteradamente el más Alto Tribunal de la Nación -criterio al cual ha adherido este Cuerpo-, en principio "la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis y el alcance de las peticiones de las partes constituyen extremos de índole fáctica y procesal ajenos a la instancia ordinaria" (Fallos:270:162; 271:402; 276:111; 310:2709; 314:725; A. y S. T. 139, pág. 403). Por otra parte, en lo tocante al achaque relacionado con la proyección de la cláusula penal hacia el tiempo posterior a la sentencia, que según la impugnante importaría una condena anticipada lesiva de su derecho de defensa, es evidente que se trata de un agravio meramente potencial dado que, tal como ella misma lo expresa, constituye tan sólo una posibilidad la de que la responsabilidad por la falta de escrituración se subvierta y en adelante recaiga en la compradora (v. f. 21v.); aparte de que con sus alegaciones no logra demostrar -en ese plano hipotético- que el eventual gravamen no pudiere ser reparado, en su caso, en la etapa de ejecución de sentencia. Recuérdese que para que se torne viable el recurso de inconstitucionalidad el agravio esgrimido por el interesado debe ser real, actual, concreto y efectivo; de allí que aquellos perjuicios difusos y los inciertos, entre los que se cuentan los hipotéticos, potenciales, eventuales o meramente conjeturales, son desechables por esta vía (cfr. A. y S., T. 257, págs. 223/226; T. 248, págs. 453/456, entre otros). Por lo demás, quedan sin basamento en las constancias de la causa los planteos referidos a un supuesto desconocimiento de la realidad económica (con fundamento, según la recurrente, en que la aplicación de la cláusula penal pactada -incluso después de lo resuelto en torno a la postergación del inicio de la mora y a la reducción a un tercio de su importe, confirmado por la Alzada- insumiría buena parte del valor del inmueble vendido), toda vez que la compareciente no acredita para el caso concreto, siquiera mínimamente, la supuesta confiscatoriedad que invoca. En suma, no se advierte en el caso cuestión constitucional aprehensible que legitime el franqueamiento de la instancia excepcional. Ello en razón de que no son suficientes las meras afirmaciones acerca de la existencia de arbitrariedad o afectación de garantías fundamentales, sino que es necesaria la demostración de su elemental conexión con las constancias de la causa en directa vinculación con el pronunciamiento que se impugna, lo que -como se vio- no ocurre en la especie. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ (POR SU VOTO)-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER (POR SU VOTO)-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) VOTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUTIÉRREZ Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR SPULER: 3. Coincidimos con la solución propuesta en el voto precedente en cuanto a que la presente queja no debe ser admitida. Ello así, puesto que, de la lectura del escrito recursivo en confrontación con la sentencia atacada, sólo se advierte la mera discrepancia de la compareciente -sin entidad constitucional- con lo resuelto por la Cámara, en un intento de lograr su revisión en una suerte de tercera instancia ordinaria que, como es sabido, no amerita el franqueamiento de esta vía excepcional. Es que, aunque se invocan causales de arbitrariedad, toda la argumentación desarrollada remite a cuestiones fácticas, pruebas e interpretación de normas de derecho común, materias propias de los jueces de la causa y que no incumbe a la Corte revisar por este medio. En efecto, el planteo de la codemandada Celina Pedemonte relacionado a que la Cámara habría fallado "ultra petita", violando el principio de congruencia al apartarse de la suma que la actora habría concretado definitivamente al interponer la demanda, no alcanza a persuadir que los magistrados hubieran procedido arbitraria o irrazonablemente al fijar las cuestiones sometidas a su juzgamiento, lo que evidencia sólo su disconformidad con el criterio de la Sala. Por otro lado, con respecto a la crítica vinculada a la existencia en el fallo de una "condena anticipada" -al proyectarse la cláusula penal hacia el tiempo posterior a la sentencia-, coincidimos con el voto precedente en cuanto a que se trata de un agravio meramente potencial, atento que el hecho de que la responsabilidad por falta de escrituración se subvierta y en adelante recaiga en la compradora no pasa de ser una mera posibilidad, amén de que la impugnante no ha demostrado que, de configurarse esa hipotética situación, el eventual gravamen no pudiera ser reparado ulteriormente. La misma suerte adversa corre el agravio referido al supuesto desconocimiento de la realidad económica en que habrían incurrido los sentenciantes -en razón de que el importe de la condena insumiría buena parte del valor del inmueble-, ya que, más allá de que la compareciente no ha logrado acreditar la confiscatoriedad alegada, la causa por la cual la cláusula penal ha incrementado su importe hasta la suma que la codemandada considera excesiva no ha sido otra que su propio comportamiento, máxime cuando -como señala la Cámara-, la actora pretende la escrituración de su inmueble desde el 27 de agosto del año 2008 sin que a la fecha lo haya logrado. Por ello, corresponde desestimar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado (artículo 8, ley 7055). FDO.: GUTIÉRREZ-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Segunda integrada-. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 13 de Rosario.