Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-04


Buenos Aires, 4 de octubre de 2006 Visto: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La parte demandada deduce a fs. 269/286 queja contra la resolución que tuvo por desistido el recurso de inconstitucionalidad dirigido a impugnar la sentencia de fecha 3 de junio de 2005 que revocó la de primera instancia, hizo lugar al amparo interpuesto por Sebastián Picasso y ordenó al Consejo de la Magistratura mantener "la equiparación escalafonaria y salarial originalmente existente" entre el accionante y los Secretarios Generales, así como "elevar la remuneración básica de aquél en los mismos términos establecidos en la resolución CM 284/04 (.) y abonar al actor las diferencias salariales resultantes, devengadas a partir del dictado del reglamento impugnado (.)" (fs. 156/175).

Para fundar la condena la Sala I CAyT sostuvo básicamente que "(...) la discriminación o distinción realizada en el reglamento impugnado, entre los Secretarios Generales y el actor, no encuentra apoyo en los hechos y, en tal medida, la creación de dos categorías que anteriormente se encontraban comprendidas en una sola no supera el test de razonabilidad. En suma, se ha modificado el régimen reglamentario previamente vigente -que plasmaba la equiparación de jerarquía y salario-, sin justificar debidamente la variación de este criterio, y tampoco se advierte un cambio en las tareas que avale en los hechos la razonabilidad de la modificación. Esta falta de fundamentos objetivos que otorguen sustento a la nueva categoría, vuelve irrazonable -y, por lo tanto inconstitucional- la diferencia de trato escalafonario y remunerativo, circunstancia que exige restituir la paridad originaria". Luego, por vía de aclaratoria, dispuso que el plazo para cumplir la sentencia era de quince días (fs. 226).

2. En el recurso de inconstitucionalidad, la parte demandada invoca la doctrina de la arbitrariedad e imputa al a quo haber emitido un pronunciamiento autocontradictorio, por cuanto, luego de afirmar la validez de la resolución 284/04 sostuvo que era inconstitucional y la hizo "extensiva al actor (.) invadiendo groseramente las facultades exclusivas y excluyentes" del Consejo, al margen de lo previsto por el art. 146 del CCAyT. A criterio de la parte recurrente la resolución impugnada, como "acto de alcance general o reglamento" encuentra motivación suficiente en los argumentos expuestos en la propia resolución y, fundamentalmente, en las atribuciones conferidas al Consejo por la CCBA y las normas legales. La discrepancia de criterio de la Cámara, sostiene la demandada, en modo alguno habilitaba al a quo "para atribuirse las funciones" del Consejo y "modificar el acto válidamente dictado" (fs. 202/209).

En cuanto a la afectación del derecho a la igualdad y a obtener igual remuneración por igual tarea, la recurrente indica que "la Res. CM N° 284/04 diferenció de modo razonable aquello que por naturaleza resulta diferente, no existiendo, en consecuencia, exclusión ni trato discriminatorio alguno contra el Dr. Picasso (.)" y que "[s]i bien es cierto que la Res. CM N° 37/99 estableció la remuneración básica para el cargo de 'Secretario de Cámara', sin distinguir entre Secretario de Sala y Secretario General, no menos cierto es que las funciones y responsabilidades diferenciadas que tales cargos ostentan ameritaron y requirieron el dictado de la Res. CM N° 284/04, a fin de paliar situaciones inequitativas y así asegurar la eficaz prestación del servicio de justicia (.)" con ello, agregó, "[n]o se le ha vulnerado [al actor] derecho subjetivo alguno, toda vez que la reglamentación dictada no implica, en su caso, ni una reducción salarial, ni una discriminación escalafonaria" (fs. 209/214).

También sostiene el Consejo que la sentencia impugnada violó el principio de congruencia por haber "extralimitado su alcance de los límites impuestos por la pretensión del actor. A su entender, arbitrariamente la Sala ordenó abonar "las supuestas diferencias salariales resultantes y devengadas a partir del dictado del reglamento en cuestión, lo cual no fue peticionad[o] en autos" (fs. 216).

Además, la parte demandada, invoca la doctrina de la gravedad institucional por cuanto, a su criterio, el a quo vulneró la división de poderes al haberse arrogado facultades propias del Consejo de la Magistratura. Recordó en tal sentido que "resulta incuestionable la facultad del organismo de dictar la normativa reglamentaria dispuesta mediante la Res. CM N° 284/04, resultando dicho actuar legal y razonable, y por ende legítimo. Por consiguiente, al ser la Res. CM N° 284/04 un acto de aquél tipo, es fácil concluir que resulta aplicable al caso la conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación conforme a la cual '. nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad'". Finalmente, indicó que el pronunciamiento impugnado desbordó el alcance del control judicial pues "[s]i bien es incuestionable que el Poder Judicial se encuentra investido de la potestad de revisar los actos emanados del Consejo de la Magistratura, también lo es que el ámbito posible de intervención de los magistrados sólo comprende, salvo el caso de arbitrariedad manifiesta, el control de su regularidad y no el de la conveniencia de las medidas que los funcionarios competentes hayan adoptado en ejercicio de las facultades de que se hallan investidos" (fs. 217 y 221).

3. La Sala I consideró que el pago efectuado al actor, luego de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, sin efectuar reserva oportuna, configuraba un pago voluntario que, en consecuencia, importaba el desistimiento tácito del recurso intentado (fs. 258/260).

En la queja, la demandada sostiene que el pago aludido por el a quo tenía carácter provisorio y, estaba destinado a cumplir una sentencia cuyos efectos no se hallaban suspendidos por cuanto el recurso de inconstitucionalidad aún no había sido concedido, relativa, además, a un crédito que la Cámara había calificado como alimentario, otorgando un plazo de quince días para cumplir la condena impuesta al Consejo de la Magistratura. Todo ello había sido manifestado en el escrito de fs. 229, mediante el cual la accionada acompañó la cédula para correr traslado del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la sentencia de fondo. En tal contexto, la demandada concluye que resulta inatingente la doctrina del desistimiento tácito aplicada por la Sala I CAyT (fs 269/285).

4. A fs. 300 el juez de trámite ordenó acumular a estos autos otra queja deducida por la parte demanda, por la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad articulado contra la decisión que tuvo por desistido el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la sentencia de la Sala I que hizo lugar al amparo planteado por el actor (fs. 428/452).

El Consejo de la Magistratura sostiene que, el pronunciamiento impugnado mediante el segundo recurso de inconstitucionalidad, al tener por desistido el primero articulado contra la sentencia de fondo, constituye una sentencia definitiva "toda vez que conforme lo allí dispuesto se da fin al proceso arbitrariamente, vulnerando los derechos de defensa y debido proceso en juicio (...) constitucionalmente garantizados como así también genera un caso de gravedad institucional y sentencia arbitraria, arrogándose la Sala facultades propias de este Cuerpo en materia de reglamentación y administración de los recursos del Poder Judicial, quebrando la división de poderes" (fs. 442).

5. El Fiscal General Adjunto, en su dictamen, propicia el rechazo de ambas quejas. La primera por cuanto "el accionante ha percibido el capital, que el propio Consejo liquidó por diferencias salariales, de manera espontánea y sin formular, en dicho acto, reserva de continuar con el trámite del recurso", en tales condiciones indica, "cabe reputar -como lo hizo la Cámara- que el recurso de inconstitucionalidad ha sido tácitamente desistido" (fs. 296/298). La segunda, por entender que resulta extemporánea (fs. 458/459).

Fundamentos:

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. La queja de fs. 269/285 fue articulada en tiempo oportuno y forma adecuada. Sin embargo, no puede prosperar.

El a quo afirmó, con apoyo en el Código Civil (arts. 624, 718, 721, 724 y 725), que el pago documentado a fs. 230/232, como principio, tiene efecto liberatorio para la demandada, mientras que lo tiene cancelatorio para el actor, efecto que no enervan ni la sentencia de fs. 156/175 porque la actora no estaba en condiciones de instar su ejecución ni una presentación posterior, como la de fs. 229 , cuyo contenido no había sido anunciado o sugerido al momento de entregar al acreedor las sumas derivadas de la sentencia de condena.

Frente a ello, la mera insistencia del Consejo de la Magistratura relativa a su deseo de mantener el recurso de inconstitucionalidad porque el pago realizado no habría implicado el abandono de la controversia, equivale a invocar que los efectos de aquel pago quedaron sujetos a una condición resolutoria consistente en develar una reserva mental, obviamente sólo de la demandada, que habría subyacido a la emisión de su voluntad para perfeccionar un acto que, como el pago, es bilateral, esto es, requiere la concurrencia de una voluntad común, cuya inexistencia supondría una nulidad, por cierto, no invocada y, por sus características, fuera del campo del art. 1047 del Código Civil. Esta argumentación no constituye refutación válida en tanto no viene acompañada de la mención de regla jurídica alguna que lleve a considerar las consecuencias jurídicas de lo obrado de un modo distinto a como lo hizo la Cámara y brinde respaldo o sustento al resultado que propicia.

2. Por su parte, el recurso de queja acumulado a fs. 428/453 también debe ser rechazado.

Tiene dicho el TSJ que para cuestionar la decisión denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con la ley n° 402, la parte puede acudir en queja ante este estrado (art. 33, LPTSJ), en el plazo y con los recaudos que la ley establece. De esa manera, podrá plantear ante el tribunal ad-quem la revisión del juicio de inadmisibilidad pronunciado por el a-quo, cuya sentencia se recurre [cf. TSJ in re: "Bujman Adela s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Bujman Adela c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración'", expte n° 2498/03, resolución del 18/12/03 y "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'D´Urso, Hernán María c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)'", expte n° 3007/04, resolución del 12/8/04).

El planteo de un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la decisión de la Cámara que tuvo por desistido uno anterior, dirigido a cuestionar el pronunciamiento que resolvió el fondo del pleito, soslaya la regla enunciada y es, en realidad, improcedente porque no ataca una sentencia definitiva sino una posterior que no la modifica.

3. Por las razones dadas y, oído el Sr. Fiscal General Adjunto, corresponde rechazar los recursos de queja articulados por el Consejo de la Magistratura.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Anticipo mi opinión en el sentido de que corresponde rechazar las quejas presentadas por el Consejo de la Magistratura a fs. 269/286 (expte. nº 4540) y a fs. 428/453 (expte. nº 4698 acumulado al anterior por providencia del 06 de junio de 2006, fs. 300).

2. En primer lugar, entiendo que para resolver ambas quejas -en atención a las particularidades procesales que las precedieron- corresponde efectuar una referencia a sus antecedentes y, en especial, a la actividad desplegada por el Consejo de la Magistratura, dentro y fuera del expediente en el curso de su tramitación.

Así, el 03 de junio de 2005, la Sala I de la CCAyT resolvió: "1) Revocar la sentencia apelada, hacer lugar al amparo y, en consecuencia, ordenar al Consejo de la Magistratura que mantenga la equiparación escalafonaria y salarial originalmente existente entre el accionante, Dr. Sebastián Picasso, y los Secretarios Generales, a cuyo fin deberá, dentro del plazo de diez días, elevar la remuneración básica de aquél en los mismos términos establecidos en la resolución CM nº 284/04 en beneficio de éstos. 2) ...La parte demandada deberá liquidar y abonar al actor las diferencias salariales resultantes, devengadas a partir del dictado del reglamento impugnado" (fs. 291/301 de los autos principales).

El 07 de junio, quedó notificado Sebastián Picasso (fs. 304 de los autos principales) quien, el 10 de ese mes, solicitó aclaratoria del punto 2 del dispositivo de la sentencia. El 08 de junio, fue notificado el Consejo (fs. 302 de los autos principales) y, el 24, interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 308/330 vuelta de los autos principales) contra la decisión de fs. 291/301 de los autos principales. El 28 de junio, la Sala I aclaró el punto 2 en los siguientes términos: "...la parte demandada abonar al actor el importe correspondiente dentro del plazo de quince (15) días. 2) Hacer saber a la parte demandada que el plazo en cuestión comenzará a transcurrir desde la notificación de este pronunciamiento" (fs. 306 y vuelta de los autos principales).

El 26 de octubre, el Consejo de la Magistratura, en un escrito titulado "ACOMPAÑA CEDULA DE NOTIFICACIÓN - MANIFIESTA" (con mayúsculas y negrita en el original), sostuvo: "teniendo en cuenta que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por esta parte aún no ha sido concedido y que por lo tanto no se hallan suspendidos los efectos de la sentencia dictada por este Tribunal de Alzada (...) esta parte procedió a liquidar los haberes al Sr. Picasso, conforme se acredita con las copias acompañadas. Ello se realizó con carácter provisorio hasta tanto se resuelva la cuestión en definitiva y sin que implique el reconocimiento de hechos ni derechos" (fs. 343 de los autos principales).

La documentación acompañada por la demandada al expediente (un memo fechado el 17 de agosto de 2005, una liquidación de haberes y el correspondiente recibo en concepto de "Complemento de Ajuste Retroactivo por Cambio de Cargo" -sic-) fue agregada a fs. 340, 341 y 342 de los autos principales.

El 17 de noviembre, el amparista contestó el traslado del recurso de inconstitucionalidad.

El 16 de diciembre, la Cámara tuvo al Consejo por desistido del recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 308/330 vuelta y declaró abstracto el examen de los requisitos formales de dicha presentación (fs. 361/362 de los autos principales). Esa decisión fue notificada al Consejo el 22 de diciembre (fs. 365 de los autos principales).

Contra el auto denegatorio, la demandada interpuso dos recursos: una queja, el 02 de febrero de 2006, que dio lugar a la formación de un expediente que tramita ante el Tribunal bajo el nº 4540 (fs. 269/286) y, un nuevo recurso de inconstitucionalidad, el 09 de febrero de 2006 (fs. 376/398 de los autos principales).

La Cámara no admitió la presentación de fs. 376/398 (resolución del 19 de abril de 2006, fs. 412/413 de los autos principales) y, el Consejo articuló otro recurso directo (expte. nº 4698). El 06 de junio de 2006, el juez de trámite dispuso que el expte. nº 4698 se acumulara al nº 4540 (fs. 300).

3. La queja interpuesta oportunamente a fs. 269/286 no puede prosperar.

3.1 Como ya quedó expuesto, el 16 de diciembre, la Cámara tuvo al Consejo por desistido del recurso de inconstitucionalidad de fs. 308/330 vuelta de los autos principales y declaró abstracto el examen de los requisitos formales de dicha presentación (fs. 361/362 de los autos principales).

La Sala I consideró que:

a) Con posterioridad a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, el Consejo pagó al amparista las sumas resultantes del pronunciamiento definitivo.

b) El pago realizado por el deudor comporta el reconocimiento tácito de la obligación -que en este supuesto surge de la sentencia- y, al mismo tiempo, implica el acatamiento de lo decidido.

c) El cumplimiento de la sentencia es incompatible con el sostenimiento de la impugnación.

d) El pronunciamiento de fs. 291/301 de los autos principales no resultaba ejecutable en la etapa procesal en que se encontraba la causa y, en consecuencia, la conducta del Consejo (el pago) debe reputarse voluntaria.

e) La reserva acompañada ha sido formulada tardíamente por la demandada.

3.2 El quejoso intenta sin éxito formular una crítica suficiente del auto denegatorio. Con ese fin, enumera los defectos que atribuye al auto de fs. 361/362 de los autos principales, en el punto V.- de su presentación, titulado "CRÍTICA A LA DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (con negritas y mayúsculas en el original).

Los argumentos que el Consejo expusiera pueden sintetizarse del siguiente modo:

a) La mera interposición del recurso de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos. b) Los efectos de la decisión recurrida no se encontraban suspendidos al vencimiento de los plazos fijados en el auto aclaratorio del 28 de junio de 2005.

c) Su conducta se "refuerza" en "los propios términos de la aclaratoria dictada por la Sala I".

d) No es aplicable al supuesto de autos la doctrina del desistimiento tácito, toda vez que el pago fue realizado a raíz de lo ordenado por la Cámara.

e) En atención a la reserva oportunamente efectuada, su actividad no implicó el reconocimiento de hechos ni de derechos.

3.3 Ya dije en el punto 3.2 que considero que los argumentos del quejoso no alcanzan a conmover los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Como lo demuestran las constancias de la causa, el 17 de agosto de 2005, el Consejo de la Magistratura abonó al amparista las sumas reclamadas en concepto de "Complemento de Ajuste Retroactivo por Cambio de Cargo", según consta en el recibo de pago agregado a fs. 342 de los autos principales. El recibo mencionado, expedido por el "Departamento de Tesorería del Poder Judicial" carece de reserva alguna.

Por su parte, en el Memo nº 535/2005 (de la misma fecha que la documentación anterior), que luce a fs. 340 de los autos principales, la Dirección de Programación y Administración Contable informó que al efectuarse el pago se procedió "conforme sentencia" y "según lo ordenado por la presidencia del Consejo".

Esta conducta exhibe la aceptación del demandado respecto de la sentencia de la Cámara. Cumple con lo dispuesto en el resolutorio -insisto, sin reserva oportuna de derechos- y cuando no mediaba exigencia o intimación válida de ningún tipo.

La circunstancia de que en un escrito posterior -del 26 de octubre de 2005- el Consejo manifestara que la liquidación de haberes practicada a favor del amparista era provisoria y no implicaba el reconocimiento de hechos ni de derechos, no alcanza a desvirtuar la conducta que, inequívocamente, desplegara meses atrás en las condiciones ya indicadas.

A fs. 343 de los autos principales, el Consejo pretende atribuir tardíamente otros efectos al pago que efectuara en forma simple y que fuera recibido, también sin objeciones, por el actor.

No es atendible, entonces, el criterio del Consejo según el cuál el pago fue realizado a raíz de lo ordenado por la Cámara en la resolución aclaratoria y, que su conducta encontraría respaldo en los fundamentos de aquella decisión, pues, en todo caso, debió dejar constancia de ello, y de su voluntad de continuar con el pleito, a la hora de formular el pago.

Las sentencias aclaratorias no amplían los efectos de las sentencias aclaradas (conf. art. 149 primer párrafo del CCAyT). Ellas no constituyen decisiones autónomas en relación con el objeto del debate; cobran sentido en la medida que precisan alguna información omitida en la sentencia principal o corrigen los errores materiales que ellas posean "sin alterar lo substancial de la decisión" (conf. art. 149 inc. 2° del CCAyT). Por esa razón, resulta incompatible con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad el cumplimiento de la sentencia impugnada. Aunque el quejoso alegue que "la mera interposición del recurso de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos y sólo su concesión produce la suspensión de los efectos de la sentencia" (fs. 283 del expte. nº 4540, con negritas en el original), lo cierto es que, a la época del pago, la sentencia recurrida aun no era ejecutable, y no lo era en virtud del régimen recursivo aplicable. Por lo señalado, es irrelevante que cuando liquidó los haberes al accionante como lo había fijado la Sala I, ya hubiera interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra aquella decisión. En síntesis, y con apoyo en los argumentos que tratara en los apartados anteriores, la presentación de fs. 269/286 no logra rebatir el auto denegatorio y corresponde el rechazo de la queja. 4. Por su parte, la presentación de fs. 428/453 tampoco puede ser admitida.

4.1 La ley nº 402, al reglar el procedimiento recursivo extraordinario ante el TSJ, estableció las vías procesales idóneas para su trámite: un recurso de inconstitucionalidad que procede "contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa" siempre que, quien recurre logre articular un caso constitucional (conf. art. 27 de la ley nº 402) y, un recurso de queja para los supuestos en que el tribunal superior denegara el recurso de inconstitucionalidad (conf. art. 33 de la ley mencionada).

4.2 El escrito en recurso viene articulado contra la resolución de la Sala I del 19 de abril de 2006 que denegó el recurso de inconstitucionalidad que fuera deducido por la accionada el 09 de febrero de 2006 y -como lo indica el Consejo-, "el citado recurso de inconstitucionalidad se planteó [a su vez] contra la sentencia (...) de fecha 16 de diciembre de 2005 que tuvo a esta parte por desistida del recurso [de inconstitucionalidad] interpuesto [el 24 de junio de 2005] contra la sentencia de la Sala de fecha 3 de junio de 2005" (fs. 428 de la queja).

De lo dicho, resulta la improponibilidad de la queja de fs. 428/453 -y del recurso de inconstitucionalidad que la precediera- toda vez que con su interposición, el recurrente excedió las posibilidades recursivas que le confiere la ley nº 402. En efecto, contra el auto denegatorio del (primer) recurso de inconstitucionalidad, el Consejo podía interponer, únicamente, un recurso de queja ante el TSJ (conf. art. 33 de la ley nº 402).

5. En atención a las consideraciones que anteceden, voto por rechazar las presentaciones de fs. 269/286 (expte. nº 4540) y de fs. 428/453 (expte. nº 4698 acumulado al anterior).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto del señor juez de trámite, doctor Luis F. Lozano.

El recurso de queja deducido a fs. 269/286 es inadmisible. Al efectuarse el pago sin reservas expresas en favor del Dr. Sebastián Picasso el día 17/08/05 (cf. constancias de fs. 340/343, autos principales), el Consejo de la Magistratura local -mediante el cumplimiento de una sentencia que por su propia actividad recursiva no se encontraba firme- ha adoptado sobre la cuestión de fondo un comportamiento que coincide con el reclamo del actor en este litigio y con la decisión del a quo. Así, la pretensión esgrimida ante este Tribunal, mas que presentar un gravamen actual exhibe una contradicción con un acto propio jurídicamente relevante y plenamente eficaz que torna improcedente la queja (cf. doctrina de la CSJN, Fallos: 297:40; 302:559, 806, 949, 1264; 304:1962, 314:406; 315:2823; 317:1154 y 318:1059). Esta conclusión no puede verse alterada por la presentación obrante a fs. 343 de los autos principales, mediante la cual, dos meses después de cumplir con el mandato judicial sin reservas expresas (conf. cargo del 26/10/05, fs. 343 vta., autos principales), la recurrente manifestó que el pago al amparista se había realizado con carácter provisorio. El segundo recurso de queja deducido por el Consejo (fs. 428/452), tampoco puede prosperar. El remedio intentado pretende sostener ante este estrado un segundo recurso de inconstitucionalidad mediante el cual se deseaba obtener la revocación de la sentencia de Cámara que consideró desistido aquel primer recurso de inconstitucionalidad que objetaba la decisión tomada sobre el fondo (en razón del cumplimiento voluntario de la condena). Como lo explica en su voto el señor juez de trámite, contra la denegatoria de un recurso de inconstitucionalidad la ley procesal específica contempla la posibilidad de interponer la pertinente queja ante este estrado (art. 33, LPT) -y obviamente esto también fue lo que interpretó el propio Consejo al presentar el recurso de hecho de fecha 02/02/06 que la denegatoria primigenia reclamaba (fs. 269/286)-. En consecuencia, esta suerte de reedición de planteos formulada por el Consejo en la segunda queja de fs. 428/452 no puede ser atendida en esta instancia por no encontrarse prevista en la ley de rito -que sólo admite el recurso del art. 27 contra las sentencias definitivas-. En síntesis, el segundo recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de la Magistratura fue correctamente rechazado por el tribunal a quo (fs. 412/413, autos principales).

En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar los recursos de queja planteados por el Consejo de la Magistratura local.

Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. Anticipo mi criterio en el sentido de que la queja deducida a fs. 269/285 (expte. n° 4540), en tiempo oportuno y en forma adecuada, debe tener acogida favorable.

Sin embargo, no sólo trataré separadamente las impugnaciones contenidas en sendas quejas y en el primer recurso de inconstitucionalidad planteados por el Consejo de la Magistratura por razones de método sino que, por razones de mérito, invertiré el examen de los recursos y trataré en primer lugar la queja deducida a fs. 428/453 (expte. n° 4698, acumulado al anterior; ver providencia del 6 de junio de 2006, fs. 300).

2. Respecto de la presentación de fs. 428/453, comparto el temperamento expuesto por el Sr. juez de trámite, Luis F. Lozano, en el sentido de que tal recurso de hecho no puede ser admitido. En tal sentido, me sumo a los fundamentos expuestos por la Sra. jueza Alicia Ruiz en el punto 4 de su voto, especialmente a los que demuestran la improponibilidad de la queja examinada por haber excedido el Consejo de la Magistratura las posibilidades recursivas que le asistían de conformidad con la ley n° 402, fundamentos a los que remito por razón de brevedad.

3. En cuanto al recurso de hecho mencionado al comienzo (la queja de fs. 269/285, expte. n° 4540), resulta determinante verificar la secuencia de actos que muestran el particular desarrollo de esta causa. Para simplificar:

a) En su decisorio del 3 de junio de 2005, la Cámara resolvió revocar la sentencia apelada -que había resultado adversa a las pretensiones del actor, Sebastián Picasso?, hacer lugar al amparo y ordenar al Consejo de la Magistratura el mantenimiento de la equiparación escalafonaria y salarial originariamente existente entre el accionante y los Secretarios Generales (fs. 291/301, legajo principal).

b) El 10 de junio, a fs. 305, el amparista planteó recurso de aclaratoria y solicitó que, al haber omitido la sentencia de la alzada fijar el plazo dentro del cual la demandada debía "liquidar y abonar al actor las diferencias salariales resultantes, devengadas a partir del dictado del reglamento impugnado" (parte resolutiva de la sentencia, punto 2, énfasis aportado), la Cámara estableciera el plazo de pago, conforme a lo dispuesto en el art. 12, inc. c, de la ley n° 16.986.

c) El 24 de junio, a fs. 308/30 vuelta, el CM interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de fs. 291/301.

d) El 28 de junio, en oportunidad de aclarar el mentado punto 2 del resolutorio del pronunciamiento recurrido, la Cámara dispuso que el plazo para cumplir la sentencia era de quince días y ordenó "[h]acer saber a la parte demandada que el plazo en cuestión comenzará a transcurrir a partir de la notificación de este pronunciamiento" (fs. 307).

e) De acuerdo con la documentación acompañada por el CM (ver memorandum del 17 de agosto, fs. 340, 341 y 342), la demandada efectivizó el pago ordenado por la Cámara en favor del Sr. Picasso (fs. 300 vuelta).

f) El 26 de octubre, al acompañar cédula de notificación a fin de correr el traslado ordenado en autos con fecha 8 de agosto, el Consejo de la Magistratura manifiestó: "Asimismo, teniendo en cuenta que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por esta parte aún no ha sido concedido y que por lo tanto no se hallan suspendidos los efectos de la sentencia dictada por ese Tribunal de Alzada, en virtud del carácter alimentario que reviste el derecho que eventualmente pudiera asistirle al actor -de confirmarse el pronunciamiento por el TSJ y éste quedar firme?; esta parte procedió a liquidar haberes al Sr. Picasso, conforme se acredita con las copias acompañadas. Ello se realizó con carácter provisorio hasta tanto se resuelva la cuestión en definitiva y sin que implique el reconocimiento de hechos ni derechos" (fs. 343/343 vuelta).

g) A fs. 361/362, la Cámara resolvió denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 308/30, específicamente, tener a la parte recurrente por desistida (tácitamente) de aquél y, en consecuencia, declarar abstracto el examen de los requisitos formales de dicha presentación, con costas a la demandada (resolución del 16 de diciembre).

f) Contra el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, obrante a fs. 308/30 vuelta, el CM dedujo recurso de queja (fs. 269/286 del nuevo expediente que tramita ante el TSJ bajo el n° 4540); un segundo recurso de inconstitucionalidad (fs. 376/398, legajo principal); y, ante el rechazo de esta presentación, un nuevo recurso de queja (de los dos últimos nos hemos ocupado en el punto anterior, para rechazarlos).

4. Como lo señalé en el apartado 3, verificar la secuencia de estos actos resulta decisivo: la aclaratoria de la sentencia estableció un plazo para el cumplimiento que vencía con anterioridad a aquél con que contaba la Cámara a fin de resolver la concesión o la denegación del recurso de inconstitucionalidad. En este escenario, se presentaban dos posibilidades: la primera consistía en que el CM pagara en plazo y la segunda, que lo hiciera tardíamente. Si vinculamos dos factores, a saber: a) ocurrió la primera alternativa (pago en término) y b) el recurso de inconstitucionalidad no estaba concedido, resulta inexacto concluir que el pronunciamiento impugnado no era ejecutable, pues la mera interposición del RI no tiene efectos suspensivos de la sentencia. Por lo demás, de la misma resolución aclaratoria de la Cámara, incoada por el actor, resulta que el plazo fijado era perentorio y expiraba antes de que la Cámara estuviera en condiciones de admitir o rechazar el recurso contra su sentencia (en idéntico sentido, ver la argumentación del CM en su recurso de queja, fs. 283/284 vuelta).

Para que esta idea se comprenda mejor, podemos imaginar un escenario alternativo: me refiero al pago tardío por parte del CM. Aún en ese supuesto, debería cotejarse cuándo se pagó y qué sucedió con el recurso. En esta hipótesis, si al momento del pago fuera del plazo fijado, el recurso no estaba aún concedido, estaríamos en la misma situación que en el primer caso -o caso actual bajo examen. Sólo si al momento del pago tardío el recurso estaba concedido, la sentencia ya no resultaría ejecutable.

5. De todos modos, mi análisis, similar en su estructura -con más o menos argumentaciones? al emprendido por mis colegas preopinantes, no cancela los problemas que más me preocupan en esta controversia. Sustenta esta afirmación una consideración axiológica que, a mi entender, resulta de vital importancia: las sentencias deben ser cumplidas por las autoridades públicas, sin perjuicio de su derecho a recurrirlas. Admitir que la demora en el pago habría permitido especular con la posibilidad de no efectivizarlo por la previa concesión del recurso y, frente a ello, considerar que el Consejo de la Magistratura no estaba obligado a cumplir el mandato contenido en la sentencia y su aclaratoria, resulta disvalioso por dos razones: primero, porque el mensaje que se envía es "quien, en cumplimiento de una sentencia que le ordena pagar, efectivamente paga, sin especular con la suerte de sus presentaciones recursivas, es un ingenuo" (proposición que cada uno puede reformular aún más prosaicamente, sin pérdida de significado). Segundo, porque el atraso en cumplir no exime de la obligación de hacerlo.

Por estas razones, expuestas rápidamente, estimo que no puede considerarse: a) que el pago fue "voluntario" (con los efectos que pretende atribuírsele a este carácter, en un rasgo prácticamente insólito en esta causa, por aplicación de normativa puramente dimanante del Derecho privado, a saber: arts. 718, 721, 724 y 725; doctr. arts. 873, 915, 918 y cctes; art. 624, todos ellos del Código Civil; ver sentencia en crisis, fs. 361/62, legajo principal); y b) que dicho pago conlleva el desistimiento del recurso.

6. Corresponde, pues, tratar los agravios del recurso de inconstitucionalidad.

En primer lugar, la recurrente sostiene la abierta autocontradicción en que incurre la Cámara en su sentencia de fs. 291/301 (legajo principal). Como es sabido, este agravio suele subsumirse en la más amplia noción de arbitrariedad que, como pretendido motivo autónomo de un recurso, yo he desestimado en múltiples pronunciamientos, al advertir que la invocación de esta doctrina no significa otra cosa que la disconformidad y hasta el disgusto del recurrente con el criterio o los fundamentos sostenidos en una sentencia (cf. mi voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Farías, María Antonia c/ GCBA s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]'", expte. n° 3565/04, sentencia del 26 de mayo de 2005). Sin embargo, ante la invocación de un yerro concreto, de carácter lógico, que efectivamente puede viciar el razonamiento del juzgador, me siento vinculado a ponderar los méritos del agravio.

Específicamente, el CM sostiene que la Alzada:

a) declaró la validez del acto impugnado (la resolución CM n° 284/04) por no estar viciados sus elementos esenciales, declaración que implicaba admitir que el Sr. Picasso, Secretario Letrado de Cámara en la Sala I del Fuero CAyT, desempeña tareas distintas de las que competen a un Secretario General de Cámara;

b) sostuvo luego que la resolución citada resultaba arbitraria, ilegítima e inconstitucional por fundamentación insuficiente; y c) hizo extensiva la resolución CM n° 284/04 al actor, para lo cual emitió una sentencia modificatoria sin tener competencia para ello (fs. 320/322).

Por las consideraciones que anteceden, la recurrente concluye que la Cámara incurrió en la misma autocontradicción que evidencia el comportamiento de Picasso: "La supuesta pretensión del actor fue y es claramente contradictoria. Ello es así porque, por un lado, el actor ataca la Res. CM N° 284/2004, endilgándole determinados y puntuales vicios que, de haberse verificado hipotéticamente en los hechos, hubieran terminado fulminando la resolución por nulidad, tal como bien lo señaló el juez de grado. Por otro lado, y luego del detalle de cada vicio que intentó encontrar en el actuar administrativo, solicitó judicialmente se lo equipare escalafonariamente y se le incremente su remuneración por aplicación de aquélla [sic] cuestionada Res. CM N° 284/2004" (fs. 322 vuelta).

La estructura de la supuesta autocontradicción en que incurre la Cámara resulta inobjetable de acuerdo con el relato del recurrente, mas se impone su cotejo con la sentencia a la que le atribuye esta ilogicidad.

En el decisorio impugnado, la Cámara sostiene que:

a) "[E]l amparista no ha solicitado que se declare la nulidad del reglamento impugnado, cuestión que también fue acertadamente señalada por el magistrado de primer grado ... Antes bien, la pretensión del actor -esto es, el mantenimiento de la equiparación escalafonaria y salarial ...? supone como presupuesto lógico, al menos, la vigencia de dicha resolución (fs. 361). [...] Adicionalmente, es pertinente destacar que -en razón de las circunstancias de la causa? el juez de primera instancia admitió la validez del reglamento impugnado (...). Toda vez que ello no ha sido apelado se impone concluir que adquirió firmeza (...) / Todas estas razones (...) constituyen obstáculos que vedan a este tribunal examinar la nulidad del reglamento ..." (fs. 362);

b) "[P]reciso es concluir que la discriminación o distinción realizada en el reglamento impugnado ... no encuentra apoyo en los hechos y, en tal medida, la creación de dos categorías que anteriormente se encontraban comprendidas en una sola no supera el test de razonabilidad. En suma, se ha modificado el régimen reglamentario previamente vigente -que plasmaba la equiparación de jerarquía y salario?, sin justificar debidamente la variación de este criterio, y tampoco se advierte un cambio en las tareas que avale en los hechos la razonabilidad de tal modificación. Esta falta de fundamentos objetivos que otorguen sustento a la nueva categoría, vuelve irrazonable -y, por lo tanto, inconstitucional? la diferencia de trato escalafonario y remunerativo, circunstancia que exige restituir la paridad originaria" (fs. 366 vta./367 -la bastardilla es propia); y c) "Pero es otra la conclusión que cabe con respecto a la promoción de los Secretarios Generales en detrimento del Dr. Sebastián Picasso. En efecto, la modificación de la situación de revista de los Secretarios Generales supuso una promoción o ascenso definitivo de éstos con respecto a los funcionarios que hasta ese momento habían sido sus pares -ruptura de la igualdad?. (...) Paralelamente, la disminución del rango del actor -por comparación con el asignado a los Secretarios Generales?, importó afectar su derecho a la carrera, garantizado por el [art. 43, CCBA]. / Es del caso señalar que, en rigor, cada una de las razones apuntadas en este pronunciamiento permiten calificar la conducta de la parte demandada, como manifiestamente ilegítima y arbitraria (...) y, por lo tanto, cada una de ellas resulta suficiente, per se, para hacer lugar a la pretensión tendiente a que se restituya la equiparación escalafonaria originariamente existente. Por lo tanto, corresponde hacer lugar a los agravios deducidos por el apelante y revocar el pronunciamiento impugnado" (fs. 368).

Más allá del acierto o desacierto de la Alzada en su evaluación de la resolución cuya validez había ratificado por un pronunciamiento anterior que, en ese aspecto, "reputó firme" y que, de todos modos, no es materia analizable por este Tribunal (como tampoco lo era para la Cámara una vez que identificó como presupuesto lógico de su decisorio la plena vigencia de aquella resolución), resulta incontrastable que la autocontradicción que el Consejo de la Magistratura le atribuye a la Alzada en su pronunciamiento del 3 de junio de 2005, como motivo de agravio en el RI, aparece prácticamente espejada por los juicios concretos emitidos por los Sres. camaristas, en razón de lo cual este agravio merece un criterio de aceptación plena.

Como se observa, no se trata de una sentencia arbitraria, en el sentido en que se utiliza regularmente esta palabra, sino de una decisión absurda, en tanto ella se contradice a sí misma, con lo cual carece de fundamento, exigencia legal para reputar a las sentencias actos jurisdiccionales válidos.

7. En segundo término, la parte recurrente invoca el agravio genérico relativo a la presunta gravedad institucional de la sentencia en crisis. Tal como lo expuse al examinar el argumento de la autocontradicción como capítulo de la arbitrariedad, se impone señalar, en este caso, que, aún sin consentir la doctrina de la "gravedad institucional", creada por la CSJN para ampliar su competencia en casos extremos y superar aquello que dio en llamarse ápices formales para la procedencia del recurso extraordinario federal, lo cierto es que tal argumento, en este caso, no se vincula con aquellos fines. Antes bien, el agravio específico remite a la presunta intromisión indebida por la Cámara en las facultades constitucionales exclusivas del Consejo de la Magistratura a fin de modificar el contenido de ciertos actos administrativos de este órgano. En esa inteligencia, corresponde señalar que el art. 116, incs. 3, 5 y 6, de la CCBA, disponen como funciones del Consejo de la Magistratura (excepto aquellas facultades reservadas al Tribunal Superior), el dictado de los reglamentos internos del Poder Judicial (inc. 3); la reglamentación del nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, para lo cual debe prever un sistema de concursos con intervención de los jueces, en todos los casos (inc. 5) y la proyección del presupuesto y administración de los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial (inc. 6).

Comparto el criterio del recurrente en punto a que el sustento de la resolución CM n° 284/2004 no es otro que la facultad reglamentaria del Consejo, con sustento en la CCBA y que, en uso de dicha potestad, este órgano "resolvió adecuar la reglamentación vigente en materia salarial a una situación fáctica ... en uso de facultades constitucionalmente conferidas", sin que ello implicara en modo o caso alguno un aumento salarial a personas o cargos determinados (fs. 327). A modo de silogismo, el recurrente sostiene que: a) sus resoluciones (razonables) configuran actos administrativos de alcance general, dictados en virtud de las disposiciones constitucionales mencionadas; b) por lo anterior, resulta incuestionable la facultad del organismo de dictar la normativa reglamentaria dispuesta mediante la resolución n° 284/2004, y el actuar en tal sentido debe reputarse legal, razonable y legítimo; c) por último, al ser la resolución antes identificada un acto del tipo descripto en los puntos anteriores, cabe concluir que: c1) se torna aplicable al caso la conocida jurisprudencia de la CSJN, según la cual "... nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad" (Fallos 315:839; 2769:2999; 316:204, entre muchos otros); y c2) en uso de las competencias constitucionales descriptas anteriormente, el CM puede introducir, válidamente, modificaciones en la relación de empleo público siempre que ello resulte razonable y no altere la sustancia misma del contrato (ver fs. 327 vuelta).

En suma, el dictado de la resolución n° 284/04 es un acto administrativo de alcance general, dictado por el Consejo de la Magistratura en uso de las facultades reglamentarias que, conforme a la CCBA, le corresponden, según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. Estos criterios resultan, en principio, de exclusiva ponderación del Consejo, en razón de lo cual le asiste razón al recurrente también en este punto, puesto que la sentencia impugnada reviste un claro carácter modificatorio de dicha resolución, vedado al órgano judicial por carecer de competencia para modificar los actos que dicte la Administración. Con relación a este punto, la demandada admite dos posibilidades: cuando la pretensión es impugnatoria de un acto administrativo, una sentencia puede invalidar el acto total o parcialmente, o puede confirmarlo. De este modo, las sentencias pueden ser anulatorias o confirmatorias, mas nunca pueden revestir el carácter de modificatorias "porque [lo reitero] el órgano judicial carece de competencia para modificar los actos que dicte la Administración" (fs. 321 vuelta). Sin embargo, en parcial superposición con el agravio anterior, admitida por el recurrente (fs. 327), hemos apreciado ya que la validez de la resolución múltiplemente citada no ha sido cuestionada por la sentencia en crisis (en reconocimiento tácito de todos los elementos intrínsecos exigidos por la normativa legal, entre ellos la motivación, el objeto, la causa y la finalidad, a más de su razonabilidad). "La sumatoria de estas dos condiciones, legalidad y razonabilidad, dan por resultado la legitimidad del acto" (fs. 321 vuelta).

Faltaría a mi consistencia si negara razón a este agravio. Toda vez que fue menester hacerlo, yo me he pronunciado por el debido respeto a las facultades reglamentarias conferidas constitucionalmente a un órgano y, en este caso, no es materia seriamente controvertible que la resolución n° 284/2004 del Consejo de la Magistratura resulta, inequívocamente, un acto de alcance general que, en sus términos -cuya razonabilidad ya no es materia de debate? reglamenta el cargo de Secretario General, independientemente de la persona que lo revista, pues el acto administrativo en cuestión no dispuso una modificación salarial que beneficiara o perjudicara a personas determinadas (cf. 328 vuelta).

Aquello que este Tribunal no puede tolerar es el exceso del control judicial de los actos administrativos, contralor que incluye el de su legitimidad, pero que igualmente excluye la ponderación de la oportunidad, mérito o conveniencia de las medidas que los funcionarios competentes hayan adoptado en ejercicio de las facultades de las que están constitucionalmente investidos. Por las razones expuestas, considero que le asiste razón al recurrente cuando afirma que "... el Tribunal sentenciante ha avasallado los límites al posible control judicial de los actos administrativos" (fs. 329 vta.) y que "... el acogimiento de la pretensión del actor acarrea la frustración de las atribuciones constitucionales conferidas a este Organismo" (fs. 330).	Todo ello demuestra que, muy por lo contrario de lo afirmado por la Cámara, no existe ilegitimidad alguna en la resolución CM de 2004 y, por ende, a más de lo aclarado, la vía del amparo para decidir el reclamo, era confesadamente improcedente.

8. Por las consideraciones que anteceden, voto por: a) admitir la queja de fs. 269/285 (expte. n° 4540) y el recurso de inconstitucionalidad de fs. 308/330 vuelta, interpuestos por el Consejo de la Magistratura, con el alcance indicado en el punto siguiente; b) revocar la decisión de fs. 291/301 (legajo principal), en cuanto dispone hacer lugar al amparo promovido por el Sr. Sebastán Picasso y, en uso de la facultad prevista en el art. 31 de la ley n° 402, ratificar la validez de la resolución CM n° 284/2004; c) rechazar la queja deducida a fs. 428/453 (expte. n° 4698, acumulado al anterior); d) imponer las costas del recurso de inconstitucionalidad admitido en el orden causado (art. 14, CCBA).

Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar las quejas planteadas por el Consejo de la Magistratura a fs. 269/286 y 428/453.

2. Mandar que se registre, se notifique, se agreguen las quejas al expediente principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

La jueza Ana María Conde no vota por estar en uso de licencia.