Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-07-06


2º Instancia. - Mar del Plata, julio 6 de 2010.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 352/61? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Méndez dijo:

I) A fs. 352/61 dictó sentencia el Señor Juez de Primera Instancia haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Lucas Elizondo, condenando a Pablo Nicolás Bértora y Jorge Raúl Bértora y a la citada en garantía "Liderar Compañía General de Seguros S.A.", con los alcances establecidos en el art. 118 de la Ley 17.418, a abonar al actor la suma de $ 23.321, más intereses a la tasa activa del Banco Oficial de la Provincia y costas.

Componen el monto de condena los siguientes parciales: 1.- gastos médicos no documentados: $ 250; 2.-gastos médicos documentados: $ 1.771; 3.- daño futuro: $ 6.500; 4.- incapacidad total y temporaria (lucro cesante): $ 2.800; 5.- incapacidad parcial y permanente: $ 5.000 y e.- daño moral: $ 7.000.

A fs. 362 apeló el actor y a fs. 365 lo hicieron los demandados y la aseguradora. El primero expresó sus agravios a fs. 372/79y los restantes a fs. 382/83. Únicamente contestaron los demandados y la citada en garantía a fs. 385/87.

Agravios de la actora. Los vincula a los rubros de condena: gastos no documentados, incapacidad parcial y permanente y daño moral.

1) Gastos no documentados. Acusa al Juez haberlos reducido a la mitad fundado en un preconcepto -"siempre se reclama un plus sobre lo efectivamente gastado"- sin ponderar las circunstancias probadas que justifican el monto reclamado. Señala que el Juez debió verificar su razonabilidad en base a la posibilidad concreta de su existencia y extensión; así como el hecho de que el actor debió soportar 10 días de internación, 45 días de reposo absoluto, 120 días de incapacidad por las lesiones traumatológicas, lo que le ocasionó gastos de traslados, medicamentos, rehabilitaciones e insumos tales como analgésicos, vendas, fajas, etc.

2) Incapacidad parcial y permanente. Meritúa irrisoria la suma de $ 5.000 otorgada por el a-quo, dada su corta edad (19 años al momento del hecho), su condición de cuentapropista con un ingreso promedio de entre $ 700 y $ 800 y la incapacidad estimada por el experto en un 10%. Hace hincapié, fundamentalmente, en que se equivoca el Juzgador al referirse a lo dicho por el Dr. Dubar y por tal razón considerar que de realizarse una intervención quirúrgica no tendría impedimento alguno en su aptitud laborativa; pues -según analiza- el experto no dijo que una eventual cirugía hiciera desaparecer la incapacidad, sino que simplemente le adjudica un valor de refuerzo para la articulación. Solicita se eleve la condena en este tramo a la suma de $ 45.300, correspondiente a la mitad del reclamo originario por haberse probado una incapacidad de la mitad estimada al promoverse la demanda.

y 3) Daño moral. También considera exigua la suma fijada toda vez que, a su modo de ver, no se condice con los reales padecimientos sufridos. Expresa que él no ha mentido -tal como parece señalar el Juzgador- y que si sostuvo que debió permanecer un año de reposo y ello no se condice con los días estimados por el experto (45), fue porque equivocadamente lo tuvieron un año en tal condición por su afección hepática sin ser necesario. Agrega que, no obstante ello, debe merituarse que estuvo 120 días con una incapacidad total, además de otras afecciones como la pérdida de la posibilidad de desarrollar una incipiente actividad económica, hacer actividades físicas, sumado a la angustia por la proyección futura de las limitaciones y su corta edad.

Agravios de los demandados y citada en garantía.

1) Impugnan la tasa de interés activa del Banco Oficial de la Provincia dispuesta en sentencia, solicitando se aplique la pasiva prevista por la mentada entidad financiera.

2) Se disconforman de que se hayan dispuesto los intereses desde el "día del hecho", cuando existen "gastos documentados" de fecha posterior y una indemnización por "daño futuro" que debería devengar intereses, en todo caso, desde la fecha de la sentencia o de la pericia.

II) Abordaré el tratamiento de los recursos no sin antes recordar que no ha sido puesta en jaque la responsabilidad que a la luz del art. 1113 del Código Civil atribuyó el Primer Juzgador a los demandados, como así tampoco que el siniestro que motivara el presente reclamo se produjo el 10/9/2005, a las 5,25 hs. aproximadamente, en la intersección de las calles Matheu y México de esta ciudad, al volcar el Jeep IKA Lodi (Ford) modelo 1966, dominio XAK-439, propiedad del padre del conductor, Jorge Raúl Bértora.

Gastos no documentados(primer agravio del actor).

La suma otorgada, a mi modo de ver, resulta exigua.

Principio por referir, respondiendo al recurrente, que el Juez pudo haber obviado decir que "en este tipo de supuestos es usual incorporar un plus a la suma realmente erogada", generalizando una cuestión que no pasa del plano de lo conjetural y puede llevar herir innecesariamente la susceptibilidad del reclamante, aun cuando en algunos casos pueda haber ello ocurrido así. El Juez debe en todos los casos ponderar, de conformidad a las reglas de la experiencia y la sana crítica, cuáles son los valores aproximados queameritanser resarcidos por gastos de cuyas erogaciones no se conservan comprobantes pero cuya procedencia resulta incuestionable.

El actor manifiesta en su escrito postulatorio que no requirió de gastos médicos propiamente dichos, ni gastos de internación en el Hospital; de todos modos, solicita una indemnización por aquellas erogaciones efectuadas en concepto de traslados, analgésicos, etc. en la etapa que debía efectuar tratamientos en el Hospital (fs. 88 a.1).

En autos se han producido dos pericias médicas que corroboran, junto a la historia clínica (fs. 52/63 y fs. 289/97) y demás documentación (fs. 11 y 28/29) que evidentemente el peticionante debió haber efectuado gastos médicos, de traslados y de farmacia durante su convalecencia.

Sin embargo, si bien son indemnizables dichas erogaciones aunque no exista prueba acabada de las mismas, en tanto guarden proporcionalidad con el tipo de lesiones sufridas, lo cierto es que el incumplimiento de esta carga probatoria debe limitarse a los gastos urgentes y de escasa magnitud (Sala I, causa 116841, Reg. 96; c. 83834 RSD-427-93 S 16/12/1993, 114019 RSD-42-1 S 27/2/2001 y/otras; arts. 165, 375, 384, 457, 474 y ccds. del CPC).

Refiere el Perito Médico Traumatólogo que el actor sufrió politraumatismos, fractura estable de escápula, lesión de parenquima hepático. Presenta dolor en el hombro derecho y respecto de la luxación glenohumeral tiene la posibilidad de que tras terminar el tratamiento, vuelva a surgir dicha luxación. Observa lesiones nerviosas y vasculares y roturas de ligamentos. Al relatar acerca del manejo del paciente con hombro doloroso aconseja diclofenac y terapia física. Al contestar explicaciones hace referencia al traumatismo hepático cerrado grado II. Señala que tiene tratamiento conservador, es decir internación, observación y controles con ecografías y tomografías para observar la evolución del hematoma (fs. 306/10; fs. 332/34; arts. ý375, 384, 457 y cc. CPC).

Similares apreciaciones formula el Perito en Medicina Clínica, quien constata que durante diez días estuvo internado en observación y salió del nosocomio con un yeso por fractura de escápula, lo que lo obligó a guardar reposo por un mes (fs. 322/26; arts. 375, 384, 457 y cc. CPC).

Losdictámenes me convencen de que efectivamente debió haber realizado los gastos cuyo reintegro pretende, pues aún de considerarse procedente indemnizar -tal como dije más arriba- las erogaciones urgentes y de escasa magnitud, una indemnización menor a la solicitada, teniendo en cuenta los traslados y analgésicos que debió costear, resultaría insuficiente. Por consiguiente, deberá elevarse el parcial de condena a la suma de $ 500(pesos quinientos)(arts. 1068, 1083, 1086 y cc. Código Civil; arts. 375, 384, 357, 473 y cc. CPC).

Incapacidad parcial y permanente (segundo agravio del actor).

También en este tramo, los agravios merecen recepción.

Lo primero a tener en cuenta es que a los fines de indemnizar la "incapacidad" no cabe ceñirse únicamente a la capacidad de trabajo y de ganancia, sino a la genérica actividad humana, valorándose todo aquello que a partir de la minoración una persona no puede realizar, sean actividades laborales o no. Por eso es preciso ponderar de que manera, en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, dicha minoración genérica repercute concretamente en el damnificado directo, atendiendo no sólo a sus aptitudes laborales o profesionales sino a toda la actividad en general que ordinariamente desplegaba (ver Pizarro-Vallespinos, Obligaciones, Tomo 4, Hammurabi, 2008, pág. 300).

Por tal razón el cálculo de su cuantía resulta insusceptible de subsumirse en una ecuación que contenga meros valores relacionados con la capacidad laborativa, o lucrativa, de la que se ve privado el damnificado. De ello se sigue que los baremos o tablas utilizados por los peritos (como en el caso de autos) sólo indican la mengua que objetivamente produce la lesión experimentada, pero no atienden a las peculiaridades de la víctima, ni a la maneraen que la lesión ha incidido en el desarrollo de sus aptitudes vitales. Si se recurriera exclusivamente a esos baremos, se terminaría indemnizando la lesión en sí misma, no sus consecuencias.

Sentado ello y previo a justipreciar la real envergadura del daño sufrido por la víctima en sus capacidades, preciso es advertir que se equivoca el Juez al apreciar el dictamen del perito traumatólogo Dubar, en tanto considera que de realizarse el actor la intervención quirúrgica descripta por el galeno, no tendría impedimento en su aptitud laborativa.

A poco de dar lectura al tramo pertinente del dictamen, observo que el Perito pone de relieve que no es de su criterio, conforme al estado del joven Elizondo que deba ser operado; "pero es una opción que tampoco está mal indicada para reforzar el labrum glenoideo en hora 2-SlapII mediante videoartroscopía".

La clara postulación del idóneo revela el error del Sentenciante, pues como dice el apelante, la operación, en todo caso, fue indicada como refuerzo, sin que quepa inducir del resto del informe que ella aniquilaría todo resquicio incapacitante (arts. 163 inc. 5º, 375, 384, 457, 473 y cc. CPC).

Otra circunstancia a tener en cuenta es que el a-quo, al evaluar la incapacidad del actor, hace pie también en el dictamen del Médico Clínico Dr. Macció, quien destaca que el paciente presenta toda la movilidad del hombro derecho conservada y no tiene limitación en los movimientos activos y pasivos, subrayando que no detecta incapacidades.

No obstante, examinado el informe (fs. 322/25) aprecio una cierta orfandad de fundamentos científicos que afeblecen su grado de convicción. Se suma a ello que el autor, sin desconocer la versación que pudiera tener en la materia "clínica" de su genuina incumbencia, se pronuncia sobre una incapacidad provocada por los movimientos de la articulación del hombro a consecuencia de la fractura de la escápula, que es una cuestión que compete, en mayor medida, al médico traumatólogo, razón por la cual habrá de darse preeminencia a lo evaluado por este último.

No existen voces contrarias a dicha tesitura. Las normas procesales exigen que el dictamen pericial contenga la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que los peritos funden su opinión. Cumple con tales recaudos convictivos, en lo que a la incapacidad se refiere, el dictamen del Dr. Dubar y no así el del Dr. Macció (arts. 472, 477 CPC; arg. CC0002 AZ c. 52263 Reg. 84/2008; CC0003 LZ c. 402 Reg. 196/2009).

Ha evaluado la jurisprudencia que cuando en el proceso existen dos pericias de similar rango cuyas conclusiones se presentan contradictorias, debe preferirse aquélla que ostenta una superioridad técnica que emana de la circunstancia de haber compulsado un mayor y más variado caudal de elementos sobre los cuales se pudo desplegar un mayor grado de certeza; sumado a lo cual, cuando lo que se evalúa es un traumatismo que acarrea fracturas e incapacidad, no se aparta de las reglas de la sana crítica el magistrado que se inclina por atribuir mayor valor probatorio al dictamen del especialista en traumatología, que cuenta a su favor con esa indudable y específica competencia (arg. CC0101 La Plata, c. 219555 Reg. 53/95).

En obsequio a lo expuesto me remito a la clara experticia de fs. 306/10 en la que el Perito, luego de una pormenorizada evaluación y de acuerdo a los baremos oficiales, estima un grado de incapacidad del orden del 10% (fs. 309 vta.), al haber detectado trastornos funcionales en la movilidad del hombro derecho por secuelas de lesión tendino-muscular (periartritis residual de hombro derecho o síndrome supraespinoso o tendinosis residual del supraespinoso o periartritis residual crónica). Da cuenta, por otra parte, que la luxación glenohumeral tiene dos recidivas, es decir la posibilidad de que tras terminar el tratamiento, vuelva a surgir dicha luxación. Evidentemente tal secuela recidivante sumirá al actor en continuas limitaciones funcionales, obligándolo a la realización de tratamientos adecuados (arts. 163 inc. 5º, 375, 384, 457, 473 y cc. CPC).

Recapitulando: teniendo en cuenta el grado de incapacidad parcial y permanente estimado por el experto (10%), sumado a la actividad desarrollada por el actor -vendía pollos-, lo que hace suponer la utilización del hombro y brazo para realizar su tarea habitual, el ingreso promedio manifestado por los testigos (fs. 171/172), que se trata de un joven de 19 años cuyas potencialidades se verán, aunque sea mínimamente, limitadas por el resto de su vida, el ingreso promedio manifestado por los testigos (fs. 171/72), tomado esto último como una pauta más a tener en cuenta al momento de establecer su cuantía,me llevan a considerarexigua la suma otorgada por el a-quo, la que propongo elevar a $ 20.000 (pesos veinte mil), debiendo modificarse este tramo de la decisión (arts. 1068, 1083 y ccdts. Código Civil).

Daño moral (tercer agravio del actor).

Ante todo, debe tenerse presente que el daño moral se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. (SCBA, 2/2/88, causa 38929).

En forma análoga al daño patrimonial donde existe una modificación disvaliosa del patrimonio, en el daño moral hay una modificación del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en modo de estar diferente de aquél que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial (conf. Daniel Pizarro y Horacio Roitman, El daño moral y la persona jurídica, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nro. 1, pág. 224).

En la determinación del daño moral el juzgador cuenta con sana prudencia para fijar su monto, atendiendo a las circunstancias concretamente acreditadas en la causa y teniendo en cuenta que esa indemnización no debe transformarse en fuente de un enriquecimiento indebido, ni de un beneficio inesperado o indebido.

En la sentencia en crisis, el Juez fija la indemnización considerando que el reclamo se apoya en limitaciones físicas que, o bien no tiene o bien son menores a las que expresa padecer el actor.

Si bien es cierto que el Perito Macció refiere que el actor realiza una intensa actividad física, concurre al gimnasio y tiene muy buen desarrollo muscular en el lugar lesionado, también lo es que el Dr. Dubar -experto en traumatología- estima un cierto grado de incapacidad y describe un "hombro doloroso", la posibilidad de una futura operación y todo lo concerniente al hecho mismo, internación, yeso, suturas, rehabilitación, etc.

En estos casos la prueba del daño moral opera normalmente por vía de presunciones judiciales u hominis. De tal modo, la índole, la entidad de las lesiones y las circunstancias atinentes a la víctima pueden servir para inferir la existencia y magnitud del daño moral.

Se debe ponderar la entidad, alcances y repercusión de la lesión o agravio en todas las esferas de la persona, comprensivo no sólo del dolor, sino también de las aflicciones, angustias, preocupaciones y pesares, a los que el dinero puede compensar en cierta medida, reemplazando -dijo Highton- "en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido" y como medio de "obtener contentamientos, goces y distracciones para restablecer el equilibrio de los bienes extrapatrimoniales" (C.N.Civ. Sala F. 12/3/2004, "García, Ramón A. c. Campana, Aníbal s/daños y perjuicios", voto Dra. Highton; esta Sala, causas "Giacoboni"; y nº 48073, 12/05/2005, "Zarza...").

Una primera dificultad afecta a la intrínseca entidad (gravedad) del daño no patrimonial: lesiones igualmente graves ("íd est" de la integridad física o moral) pueden repercutir de manera distinta según la sensibilidad física o moral de las personas a las que se infieren. Por ende, el Juez debe tratar de determinar la gravedad del dolor, sirviéndose de todos los elementos probatorios de que disponga (conf. Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, novena edición ampliada, pág. 247).

Si nos atenemos al modo en que ocurriera el accidente (vuelco del jeep en que el actor iba como acompañante), las curaciones y tratamientos realizados así como lo vivido durante la convalecencia (diez días de internación, yeso, reposo, tratamientos de rehabilitación, incapacidad con posibilidad de futura cirugía, dolores experimentados, etc. -v. pericias fs. 306/10, 322/26, 332/34 y testimonios de fs. 271 y fs. 272)-), sumado a la corta edad del actor (19 años al momento del hecho), y demás circunstancias personales, el agravio moral sufrido resulta incuestionable.

Dan cuenta de sus padecimientos los Peritos actuantes, a cuyos dictámenes en obsequio a la brevedad me remito por haber hecho mérito de ellos al tratar los anteriores agravios.

En cuanto a la cuantía del daño conviene puntualizar que si el perjuicio no es mensurable por su propia naturaleza, no se puede establecer por equivalencia su valuación pecuniaria. Se debe recurrir en tal caso a pautas relativas según un criterio de razonabilidad que intente acercar su valuación equitativamente a la realidad del perjuicio (conf. Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, novena edición ampliada, pág. 247).

Su estimación montal, entonces, no podrá producirse sino por medio del ejercicio de la justa valoración, teniéndose a los antecedentes similares del Tribunal como standares meramente indicativos, pues no puede evadirse una indagación concreta sobre la repercusión subjetiva de cada persona" (arg. Mosset-Iturraspe "Responsabilidad por daños" pág. 196).

El panorama descripto y los parámetros de apreciación propuestos por la doctrina y la jurisprudencia para la justipreciación de su cuantía, me llevan a concluir que la suma otorgada en sentencia no alcanza a resarcir la real repercusión espiritual que, seguramente, sufrió el actor a consecuencia del accidente y las lesiones experimentadas, debiendo elevarse la misma a $ 15.000 (pesos quince mil)y modificarse, en consecuencia, el fallo en esta parcela.

Tasa de interés aplicable (primer agravio de la demandada y citada en garantía).

Le asiste razón al recurrente, aunque ello obedece al reciente cambio de criterio del Tribunal de conformidad con lo resuelto por el Superior Tribunal de la Provincia.

Según mi criterio la tasa aplicable sería la activa del Banco oficial de la provincia, receptada por el Juzgador de grado.

Debo decir que en los antecedentes que decidí de ese modo adherí a los fundamentos sentados en los votos mayoritarios que resolvieron sobre esta cuestión en las causas "Arce" y "Zibecchi", ambas resoluciones de esta Alzada -Sala II- de fecha 21 dejunio de 2007, en los cuales se puso de manifiesto la evidente configuración, a partir de enero de 2002, de nuevas circunstancias que aconsejan apartarse del histórico "Zgonc".

Para así decidir se evaluó que, efectivamente, desde el año 1991 a la actualidad "ha habido cambios sustanciales en el ámbito de la política económica que no pueden ser ignorados, si se pretende cumplir con el dar a cada uno lo suyo", y es así que las nuevas circunstancias señalan como más justo "que el deudor demandado judicialmente soporte el mismo costo financiero que si hubiera podido buscar el dinero fuera del proceso (...), y no cargar a la víctima con el costo financiero que le ha demandado buscar judicialmente la reparación". "Por lo tanto y teniendo en consideración que normativamente el sistema de convertibilidad ha quedado -a partir del 6 de enero de 2002, fecha de promulgación de la ley 25.561- notoriamente desarticulado, es imprescindible -tal como tiene dicho el pretorio- "mantener incólume la cuantía de la obligación, fijándose tasas de interés moratorio positivas (art. 622 CC), para evitar así, que debido a la demora en el pago imputable al obligado, el acreedor reciba una cantidad nominal depreciada (Cám. Nac. Civil, Sala "G", LA LEY, 6/3/2007).

Los argumentos dados hasta aquí habilitaron al Tribunal a apartarse del leading case "Zgonc" y sus posteriores" (conf. Cám. Apel. Civil y Comercial Mar del Plata, Sala II, autos "Zibecchi Pablo c. Trama Fabián y ots. s/ Daños y perjuicios", causa 126644 en fecha 21/06/2007, RSD Nº 168, Fº 1133).

Sin embargo, si bien, como dije, soy de la opinión que correspondería aplicar la tasa activa del Banco oficial; acudiendo a razones de casación de hecho deberá confirmarse la tasa pasiva de interés por haber sido mantenida en reciente fallo por la Suprema Corte de Justicia Provincial Toda vez que el Alto Tribunal ha venido declarando reiteradamente que a partir del 1º de abril de 1991, los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) conarreglo a la tasa de interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos (conf. arts. 7º y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, 622, Cód. Civil; conf. causas Ac. 57.803, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 17/II/1998; Ac. 72.204, "Quinteros Palacio", sent. del 15/III/2000; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. del 5/IV/2000; L. 76.276, "Vilchez", sent. del 2/X/2002; L. 77.248, "Talavera", sent. del 20/VIII/2003; L. 79.649, "Sandes", sent. del 14/IV/2004; L. 88.156, "Chamorro", sent. del 8/IX/2004; L. 87.190, "Saucedo", sent. del 27/X/2004; L. 79.789, "Olivera", sent. del 10/VIII/2005; L. 80.710, "Rodríguez", sent. del 7/IX/2005; Ac. 92.667, "Mercado", sent. del 14/IX/2005; entre otras), doctrina legal que ha sido recientemente ratificada por Ac. 101774, sentencia del 21 de octubre de 2009, in re "Ponce, Manuel Lorenzo y otra c. Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ daños y perjuicios", se impone abandonar la tesitura adoptada por esta Sala a partir de la causa nro. 141.251 caratulada "Vega Dominga c. Degomar SRL s/ Conc. Prev. s/ Incidente de Pronto Pago"(sentencia del 30/09/2008, Reg. Nro. 248 Folio Nro. 1642), deberá en consecuencia, modificarse la sentencia de grado que ordenó calcular los réditos a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires y ordenarse la tasa pasiva de dicha entidad financiera.

Justamente, rescato de un voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, que razones de orden, seguridad, paz y justicia, llevan a los jueces inferiores a ajustar sus pronunciamientos a los decisorios emanados del Superior (in re "Furnari c. Sánchez Loris", S.C.M. Sala 1a, del 26/04/88) Por lo tanto, no obstante dejar a salvo mi opinión personal con respecto a la tasa activa de interés que considero aplicable, a los fines de evitar un dispendio jurisdiccional -evitando que se abra un alongado carril impugnaticio que habrá de concluir con la revocación de la sentencia en lo que hace a los réditos dispuestos- corresponde acatar la doctrina del Superior Tribunal Provincial.

Consecuentemente, habrá de acogerse el agravio y modificarse la sentencia apelada en cuanto a los réditos, debiendo aplicarse la tasa pasiva de la Banca Oficial de la Provincia (art. 622 C. Civil, jur. cit.).

Comienzo del cómputo de los intereses(segundo agravio demandada y citada en garantía).

El Juez, erróneamente, englobó el comienzo del cómputo de los intereses en el día del hecho, cuando debió advertir que para algunos parciales no corresponde fijar a partir de allí su cómputo.

Gastos documentados.

Su admisión se basa en el acompañamiento de documentación que acredita ciertos desembolsos.

Si bien en la generalidad de los casos los intereses de la indemnización corren a partir del acto ilícito, en determinados supuestos, cuando los rubros se asientan en una real disposición patrimonial (vgr. daño emergente) los intereses deben hacerse arrancar desde el momento en que ese daño patrimonial se produce, que sería al efectuar el damnificado el desembolso que habría correspondido al responsable del hecho (esta Sala c. 114178 Reg. 295/2001; c. 122.263 Reg. 593/2003; c. 104.158, Reg. 37/2002; SII c. 114019, Reg. 42/2001; c. 64557 Rg. 260/86; 114234, Reg. 434/2000, y ots.).

Por lo tanto, los intereses por los gastos cuya erogación se ha documentado deberán computarse desde el día en que el desembolso se produjo.

Daño futuro.

Le asiste razón al quejoso en cuanto no corresponde computar los réditos desde el día del hecho, pero tampoco como él afirma a partir del día de la pericia o de la sentencia.

Señala la S.C.B.A. que los intereses se deben por el estado de mora y deben computarse tanto respecto del daño presente como del futuro pues lo que hace indemnizable a éste es que sea cierto y el principio de reparación integral así lo impone (SCBA Ac. 47829 30/6/92).

Cuando no se acredita haberse efectuado el pago o la erogación de lo que se reclama, tal como ocurre con el llamado "daño futuro" (aún no acontecido) hemos dicho en análogos antecedentes que corren desde la notificación de la demanda, y así debe ser receptado en este caso (esta Sala c. 104158 Reg. 37/2002; SII cs. 52409 Reg. 111/82; 64557 Reg. 260/86; 70278 Reg. 249/88; y ots.).

Con las modificaciones dispuestas, voto por la afirmativa.

El doctor Rosales Cuello votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

2º cuestión. - El doctor Méndez dijo:

Corresponde: 1) Modificar la sentencia de fs. 352/61 en el monto de los siguientes parciales indemnizatorios: a.- Gastos no documentados: $ 500 (pesos quinientos); b.- incapacidad parcial y permanente: $ 20.000 (pesos veinte mil); y c.- daño moral: $ 15.000 (pesos quince mil); 2) Modificar la tasa de interés fijada, debiendo aplicarse la tasa pasiva del Banco Oficial de la Provincia de Buenos Aires (SCBA Ac. cit.); 3) Modificar el comienzo del cómputo de los intereses para los siguientes rubros: a.- Gastos documentados: desde que se produjo cada una de las erogaciones acreditadas con los respectivos documentos y b.- Daño futuro: desde la notificación de la demanda; 4) Imponer costas de Alzada en un 90% a la demandada y citada en garantía y en un 10% a la actora; y 5) Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales (art. 31 ley 8904).

Así lo voto.

El doctor Rosales Cuello votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Por los fundamentos consignados en el precedente Acuerdo, Se Resuelve: 1) Modificar la sentencia de fs. 352/61 en el monto de los siguientes parciales indemnizatorios: a.- Gastos no documentados: $ 500 (pesos quinientos); b.- incapacidad parcial y permanente: $ 20.000 (pesos veinte mil); y c.- daño moral: $ 15.000 (pesos quince mil); 2) Modificar la tasa de interés fijada, debiendo aplicarse la tasa pasiva del Banco Oficial de la Provincia de Buenos Aires (SCBA Ac. cit.); 3) Modificar el comienzo del cómputo de los intereses para los siguientes rubros: a.- Gastos documentados: desde que se produjo cada una de las erogaciones acreditadas con los respectivos documentos y b.- Daño futuro: desde la notificación de la demanda; 4) Imponer costas de Alzada en un 90% a la demandada y citada en garantía y en un 10% a la actora; y 5) Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales (art. 31 ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 inc. 12 CPr.). - Ramiro Rosales Cuello. - Alfredo Eduardo Méndez.