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Expropiación, indemnización, liquidación, despojo, depreciación monetaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia de Santa Fe c/ Quiroga, María Esther Susana y/o Quien resulte propietario s/ Expropiación (Expte. CSJ Nro. 819-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-21

No cabe hacer lugar a la aseveración del expropiado acerca de que la fijación del monto indemnizatorio en las expropiaciones debe efectuarse en la fecha más próxima a la decisión, desde que el mismo antecedente que cita el expropiado para respaldar su tesis, sustenta la posición opuesta. En efecto, en el referido precedente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, la mayoría expresó que "...el valor del bien ha de fijarse según los precios corrientes en el mercado en el momento de la toma de posesión por el expropiador, con abstracción de las alteraciones de esos precios que hayan podido sobrevenir al día de la sentencia definitiva, sea que ellos se deban a las fluctuaciones del mercado inmobiliario, o bien que deriven de la depreciación del valor de la moneda referida al momento en que el bien fue objeto de tasación". Y si bien el doctor Orgaz, al votar en disidencia parcial propició, luego de precisar su criterio sobre lo que debe entenderse por "indemnización justa", la fijación del justiprecio a la fecha de la sentencia definitiva, dichos conceptos no pueden ser evaluados sin tener en cuenta el momento histórico-económico en que fueron vertidos, pues es claro que todo su razonamiento gira en torno a la depreciación monetaria que la mayoría del Tribunal no le había reconocido al expropiado.
Medidas cautelares, percepción de impuestos, renta pública
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Buenos Aires Catering c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

El régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, pues la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado.
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, sobreseimiento, inimputabilidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A, G. s/ Inf. art. (s) 52º, Hostigar. Maltratar. Intimidar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-27

Resulta inapelable para el imputado la resolución que dicta su sobreseimiento al declarar su inimputabilidad, pues carece de agravio alguno al resultarle a todas luces favorable.

En efecto, debe tenerse presente que el artículo 335 del Código Procesal Penal de la Nación, citado en el caso por la a quo como fundamento de su resolución expresa: "el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente con relación al imputado a cuyo favor se dicta"... Asimismo, el artículo 336, inciso 5 del Código Procesal Penal de la Nación establece que: "El sobreseimiento procederá si...5º: media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria...".
Excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: "DIAZ, VALENTIN VALERIO c/ ARAOZ, MIGUEL ENRIQUE Y OTROS s/ ORDINARIO"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-27

Procede la inhibición en este proceso de la Sra. Juez por razones de decoro y delicadeza (art. 30 del C.P.C.C.), en atención a que la letrada patrocinante mantiene una relación concubinaria -con las características propias de la misma, es decir permanencia, publicidad e inclusive hijos en común- con su hermano.
Pensiones, actualización monetaria, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bront, Ethel María Regina c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-02-18

La tasa de interés a aplicar a partir del 1ro. de abril de 1991, debe fijarse en el equivalente al 12 por ciento nominal anual. Ella resulta equitativa, dado que responde a lo que habitualmente se establece en plaza, máxime cuando la tasa señalada en el art. 8 del Decreto Nacional 529/91 -según modificación por decreto nacional 941/91-, reglamentario de la Ley 23928, es meramente "facultativa". (Voto de la Dra. Garzón de Bello).
Recurso contencioso administrativo, intereses, instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maumary, Federico Osvaldo c/ Municipalidad de San Cristobal s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 176-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-05-03

La regla de que no se puede demandar judicialmente lo que no haya sido reclamado en vía administrativa, no rige el caso de los intereses.
Leyes, constitucionalidad, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDEZ Ricardo Felix c/ Gobierno de la Provincia s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-11-29

"El fundamento de las leyes de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad, que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto.

Dichas leyes han sido declaradas constitucionales, tanto por la C.S.J.N., en numerosos fallos, como por nuestra Excma. Corte de Justicia, que han dicho: "La legislación de emergencia responde al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya sean económicas, sociales o de otra naturaleza, y constituye la expresión jurídica de un estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas circunstancias , siempre que los medios arbitrados resulten razonables y no respondan a móviles discriminatorios o de persecución contra grupos o individuos.

"La emergencia económica ha legitimado la adopción de una serie de medidas, que han restringido, con distinta intensidad derechos individuales.
Sentencia, voto de los jueces, voto de adhesión
Materia: PENAL
Carátula: Osuna, Hernan Claudio s/ Recurso de habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

A los fines de la interposición de los recursos extraordinarios, de conformidad con el art. 357 del Código de Procedimiento Penal, la decisión que recae sobre exención de pena tiene carácter definitivo y, en el caso, no habiéndose observado en el dictado de la decisión recurrida la forma de acuerdo y voto individual de los jueces, se la anula. (Minoría u opinión personal)
Cooperativa de trabajo, socio empleado, derechos del trabajador, cumplimiento de órdenes e instrucciones, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, NICOLAS ESTEBAN. c/ COOP. TRABAJO ADOS LTDA. s/ COBRO DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-05-21

Corresponde confirmar la sentencia de grado que rechaza la existencia de vínculo laboral entre cooperativa-asociado, pues en las cooperativas de trabajo, el empleo de la fuerza de trabajo de los asociados constituye el objeto mismo de la sociedad y el aporte que ellos mismos comprometen al constituirla o adherirse a ella, lo que torna improcedente la aplicación de las previsiones del artículo 27 LCT en tales entidades, salvo el supuesto en que se acredite un fraude laboral.
Confirmación de sentencia, incidente de revisión, concurso preventivo, contrato de obra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: HCA SAU c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por obras y sistemas sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-17

Cabe confirmar la resolución que rechazó la pretensión del incidentista, de reajuste de su crédito hasta el efectivo pago. Ello por cuanto, en el marco del contrato de locación de obra objeto del reclamo, tras haber sido fijado un precio, se estableció que su valor habría de ser actualizado a medida que los trabajos fuesen avanzando, teniendo en consideración al efecto el incremento en el precio de los insumos y demás rubros que fueran verificándose en su transcurso. En ese marco, no estamos ante una deuda dineraria que debía ser actualizada, sino ante una deuda de valor que debe considerarse regida por lo dispuesto en el CCCN 772. De ello se sigue que no hay actualización vedada en los términos de la ley 23928, ni tampoco capitalización de intereses que ni siquiera aparece contenida en la liquidación presentada y aprobada en sede arbitral. Y tampoco hay derecho de la acreedora a continuar con el reajuste que fue previsto en el contrato. Así se infiere del régimen que, para este tipo de obligaciones, contempla el citado art. 772, del cual resulta que, una vez cristalizado el monto definitivo de la deuda por vía de aplicar la fórmula acordada -lo que debe entenderse sucedido en el caso-, esa deuda sí se convirtió en una obligación puramente dineraria que no debía seguir siendo actualizada, pues, así convertida, pasó a quedar regida por las normas previstas en esa misma sección del código para las obligaciones de dar sumas de dinero. Como es común en las obligaciones dinerarias, también la que nos ocupa dio lugar al derecho de su titular a cobrar los intereses respectivos cuyo alcance, como es claro, fue correctamente dilucidado por el señor magistrado a la luz de las reglas concursales.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Genaro García Limitada Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Extraordinario para anta la Corte Suprema de Justicia   Nacional. Recurso contencioso administrativo de ilegitimidad.   Regulación de honorarios (Expte. CSJ Nº 127-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-02-28

Las cuestiones referentes a honorarios regulados en las instancias ordinarias, a la determinación del interés comprometido en el juicio, y a las bases consideradas a tal fin, así como la interpretación y aplicación de las normas arancelarias, son ajenas al recurso extraordinario en virtud de su carácter fáctico y procesal.

Esto se traduce en una particular estrictez en la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, teniendo en cuenta además, que las normas que rigen las regulaciones conceden amplio margen a la discrecionalidad judicial. No obstante, esto cede cuando lo resuelto supone un apartamiento inequívoco de la solución normativa para el caso, o cuando media una decisiva carente de fundamento.
Responsabilidad del Estado, establecimientos asistenciales, HOSPITAL DE PEDIATRÍA, obligaciones, prestación de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 99.597 BALDERRAMA MANUEL ANDRÉS Y OTS. EN J° 125..607/32.436 BALDERRAMA MANUEL ANDRÉS Y OTS. C/ HOSPITAL HUMBERTO J. NOTTI Y OTS. P/ D. Y P. S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-15

Quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia de salud, lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir su función y es responsable de los perjuicios que cause su cumplimiento o ejecución irregular.

Esta idea objetiva de falta de servicio - por hechos u omisiones - encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 C.C. y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 C.C.

En efecto no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se encuentra comprometida, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, quién debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.

En este sentido esta Sala, ha expresado que existe responsabilidad del Hospital y con él del Estado, por la prestación defectuosa o irregular del servicio público de salud, aún que no se pueda demostrar la culpa personal del o los funcionarios involucrados.
Sanción de la ley, veto, ley vetada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Naddeo, María Elena y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

La demanda que cuestiona el decreto 82/12 -por cuanto, según sostiene, vetó el proyecto de ley 4123 luego de transcurridos los 10 días a que se refiere el segundo párrafo del art. 86 de la CCBA- ataca un procedimiento legislativo en curso y no una norma vigente. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Excarcelación, pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Villegas, Isaac y otros c/ Procurador Fiscal s/ excarcelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1867-04-30

No se concede cuando la pena fijada por la ley sea corporal o pecuniaria, a elección del juez.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, inexistencia de deuda, daño psíquico, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Pilepich, Jorge Pablo Esteban c/ Banco Macro SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-13

En el marco de un contrato de tarjeta de crédito, corresponde hacer lugar a la indemnización de daños contra el banco demandado. Ello por cuanto, en el caso, si bien el actor había cancelado su deuda, el banco continuó informándolo como moroso al Banco Central de la República Argentina durante años por una deuda inexistente derivada del incumplimiento en el pago de los resúmenes de su tarjeta, lo que deriva en un obrar abusivo y negligente.
Facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: PENAL
Carátula: ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-06-27

La voluntad del Estado nunca puede ser discrecional en cuanto a la supresión de un suplemento de la remuneración de un servidor público. La argumentación de la demandada en cuanto pretende fundamentar la supresión del adicional invocando el artículo 4 última parte de la Ley 5977, hace necesario que no pueda perderse de vista que si bien el Poder Ejecutivo aparece facultado para suprimir, mantener o establecer otros adicionales particulares, ello lo es cuando fundadas razones de servicio así lo justifiquen (sic).

No obstante el citado decreto que hoy motiva la litis, en manera alguna expresa razones que justifiquen tal supresión; por el contrario el acto administrativo deviene arbitrario, discriminatorio y violatorio del derecho de propiedad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba, sana crítica racional, reconocimiento en rueda de personas, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LORINZ, ESTEBAN MANUEL c/  s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR LA PARTICIPACION DE TRES PERSONAS; 2.- PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR LA PARTICIPACION DE TRES PERSONAS REITERADO EN DOS OPORTUNIDADES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-17

Los agravios dirigidos a criticar la entidad convictiva asignada por los Magistrados al reconocimiento en rueda de personas realizado por el denunciante, que arrojara resultado positivo respecto al imputado, se vincula con las significaciones de los medios de confirmación producidos, es decir, el grado de convencimiento que cada uno de ellos pueda acarrear, lo cual no constituye -por regla- cuestión constitucional alguna, máxime cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo resuelto se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa, sin que se demuestre que la Cámara hubiera soslayado las reglas de la sana crítica racional, por lo que el fallo impugnado no puede ser descalificado desde la óptica constitucional.
Hurto impropio, coacción calificada, amenaza con arma, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: REBISSO, JORGE ALBERTO s/ HURTO IMPROPIO COACCION CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-03

La acción del procesado que mediante amenazas con arma de fuego, procedió a llevarse distintos muebles y efectos de su propiedad, que un tercero tenía en su poder a través del encargo que le hiciera de ello quien los tenia en depósito a consecuencia de haber desalojado al imputado, configura los delitos de hurto impropio y coacciones agravadas por el uso de arma, en concurso ideal (arts. 54, 173 inc 5, 149 ter. inc. 1 en función del art. 149 bis, 2do apartado C.P.), teniéndose en cuenta que la cosa fue sustraída a quien la tenía legítimamente.
Recurso de casación, jurisdicción, sentencia
Materia: PROCESAL LABORAL - CIVIL
Carátula: SAAVEDRA MARIA CRISTINA c/ CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS FILIAL N 2 s/ RECURSO DE CASACION: LABORAL -COSA JUZGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-05-22

La imposición de intereses y fijación de la respectiva base en la resolución recurrida, resulta extemporánea y violatoria de lo dispuesto en la decisión principal, desde que tanto en la parte dispositiva, como en sus considerandos, se omitió toda referencia a la pretensión por intereses esgrimida por la actora, no obstante lo cual ésta consintió la sentencia, con lo que adquirió autoridad de cosa juzgada.

La facultad que esgrime la Juzgadora para ampliar la condena inicial ha sido utilizada indebidamente, frente a la oposición de la demandada a que decidiese en ese sentido.

El art. 364 CPC autoriza a la Cámara a interpretar su pronunciamiento si surge alguna dificultad al respecto; pero no a modificar lo decidido, porque su jurisdicción se extingue con la sentencia. El principio de la seguridad jurídica se halla en juego, por lo que no cabe admitir un ejercicio extensivo de una facultad de interpretación restrictiva.
Retiro voluntario, base indemnizatoria del despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: TRAGANT, LAURA c/ BANADE s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-28

El régimen indemnizatorio para los que se acogieron al retiro voluntario ofrecido por la demandada, establecía el pago de una indemnización sujeta a las disposiciones de la resolución del 24.5 90, dictada por la intervención del BANADE. La liquidación resultante de tal disposición no comprende la incidencia del SAC, pues si bien en su art. 9 se habla de remuneraciones permanentes, habituales y normales", en el art. 5 da por sentado que se trata de sueldos mensuales, cuando fija el tope máximo indemnizatorio.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

El recurso de inconstitucionalidad -actual recurso extraordinario provincial art. 145 Código Procesal Civil, Comercial y Tributario- tiene carácter excepcional, por ello, las causales se interpretan restrictivamente, evitando que la Corte se convierta en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo todo el sistema recursivo.
Recurso de queja (procesal), competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FUENTES, MARGARITA INOCENCIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Corresponde declarar la competencia del Tribunal para entender en el recurso de queja por apelación denegada, si de las actuaciones se desprende que contra la resolución por la que el organismo administrativo efectuó cargo por haberes indebidamente percibidos, el titular interpuso recurso de apelación en los términos del art. 8 de la ley 23.473 (vigente en ese momento), y al no proceder aquél a la remisión de las actuaciones, permitió trabar el libre ejercicio del derecho a peticionar, al resultar el trámite regular afectado por las directivas de la ley 24.463.
Quiebra, pedido de quiebra, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, verificación de créditos, honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGRUPACION MEDICA ARGENTINA POR ROJAS DE IVO s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

El crédito que reconoce como causa la extinción de un contrato de trabajo producida con fecha posterior a la apertura del concurso preventivo de la demandada está exento del deber de concurrencia (LC 17 y 33), sin sufrir limitaciones para ejercitar los derechos que de él deriven, conclusión extensible a los honorarios de los profesionales que patrocinaron al acreedor en las actuaciones judiciales promovidas por tal causa y en las que la concursada fue condenada en costas. Cabe por lo tanto la admisión del pedido de quiebra fundado en tales acreencias.
Protección de consumidores y usuarios, responsabilidad solidaria, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Almeida, Iván Igor c/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ ordinario (civil) (Conex."Almeida Ivan Igor C/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ diligencias preliminares")
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-06

A tenor de lo previsto por la ley consumeril, la carga de la prueba pesa sobre los accionados más aún cuanto invocan y pretenden ser 'ajenos' o no contar con legitimación sustancial frente al reclamo del consumidor. La prueba de tal pretensión, "la causa ajena", debe ser categórica no sólo porque rige el art. 53 LDC sino porque además el art. 363 del CPCC pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que se invocan como fundamento de su pretensión, de allí que quien se encuentre en mejores condiciones de probarlo debe hacerlo.
Defensor, reglamentación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Bratulich, Leandro s/ Denuncia robo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-05

La defensa supone la concurrencia de dos voluntades. Podría estimarse que el reemplazo automático de los defensores autoriza la concurrencia de otro Defensor Oficial a una audiencia. Pero ello no supera dos objeciones: a) la ausencia de reglamentación que a esa automaticidad le asigne calidad informal, b) la necesidad de que el defendido pueda conocer y expedirse formalmente respecto de su defensor antes de dicha audiencia. (En disidencia: Dr. Echarren).