Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08


--- En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López Mesa y la presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "D., V. E. c/ N. M. A. C. y/o q´rlte resp. laboral del establecimiento E. N. s/ Cob. de Pesos e Indem. de Ley" (Expte. 349 - Año 2012 CAT), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 102 y constancia de fs. 103.- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos A. Velázquez: ------	I. La sentencia definitiva obrante a fs. 84/89 acogió la pretensión entablada contra la A. C. N. M., condenándola a abonar a la actora las indemnizaciones de ley y diferencias salariales, liquidación final e intereses reclamados, así como el depósito de la certificación y constancias de aportes y contribuciones previsionales según lo establecido en el art. 80 de la LCT, con costas a la demandada vencida.------------ II. El fallo es apelado por la representante de la parte demandada, quien expresa agravios a tenor de la pieza glosada a fs. 98.-	Las críticas enderezadas contra el fallo son las siguientes: -------------------------------	Equiparación del Docente Privado con el Docente Público: expresa la apelante que en la sentencia recurrida ha decidido una equiparación plena entre el docente de un establecimiento de educación privada adscripto a la educación oficial y el docente dependiente del Estado. En concreto, el Juez ha equiparado a la docente dependiente de la parte demandada con el docente público. Tal equiparación es infundada -afirma- y responde a una errónea composición, interpretación y aplicación de la normativa vigente, lo que conlleva a una decisión que es insostenible. El régimen del docente privado -según expresa- se encuentra caracterizado por un sistema que se conoce como de "paritaria permanente", y que se nutre del funcionamiento del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada (CGEP). Este organismo fue creado por la ley 13.047 del año 1947, que sin perjuicio de algunas reformas mantiene su vigencia. Tan vigente se encuentra el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada que periódicamente fija las escalas salariales del sector. En la actualidad, esos valores corresponden a la Resolución N° 7/2010 publicada en el Boletín Oficial del 10 de diciembre de 2010.----------- Señala luego que en el año 2005 el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó el acuerdo N° 462 que dispone el "Reglamento del procedimiento de la negociación para establecer un Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la Republica Argentina (COORDIEP) y la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP) (Publicado en el Boletín Oficial el 13/02/2006). En este reglamento -refiere- se establece que los resultados de la negociación deberán ser puestos a consideración del Consejo Gremial de la Enseñanza Privada. Hace notar la apelante que esta negociación aún se encuentra en trámite. La invocada equiparación entre las remuneraciones de docentes estatales y privados se trató nuevamente con ocasión del dictado de la ley 14.473 conocida como Estatuto del Docente. El art. 173 dispuso que el personal docente directivo y docente auxiliar gozará de una remuneración equivalente a la del personal educativo similar de los establecimientos oficiales. Como consecuencia de dicha norma legal -agrega- por decreto N° 15/46 se estableció un régimen de subsidio del Estado para los institutos privados incorporados a la enseñanza oficial que no pueden abonar la referida equiparación de sueldos. Se debe comprender -arguye la quejosa- que el establecimiento de educación privada se encuentra obligado a equiparar las remuneraciones de sus docentes con los dependientes del Estado sólo cuando éste aporta subsidios para alcanzar dicha equiparación, lo que no ocurre en este caso, como se ha demostrado -asevera- cabalmente. Añade que también su parte ha acreditado que la Sra. D. no posee título de profesora, pues al mes de Marzo de 2009 la Universidad Nacional de la Patagonia expidió a su favor un certificado de alumna regular de Profesorado de Geografía. Señala de inmediato que la materia Ciencias Sociales incluía por entonces Geografía.

Por lo tanto -razona- ella no cumple con los requisitos mínimos que le permitan equipararse al docente público. Cita a continuación el art. 64 de la ley 26.206 que la misma contraparte invoca: "Los/las docentes de las instituciones de educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los/las docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente, y deberán poseer títulos reconocidos oficialmente". Agrega además que la ley provincial VIII N° 91 en su Art. 89 dice: "Los/as docentes de instituciones de Educación Pública de Gestión Privada reconocidas, tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente, deberán poseer títulos reconocidos oficialmente y gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los docentes de establecimientos públicos de gestión estatal, y su relación laboral se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional N° 13047 Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza, las normas concordantes y su reglamentación y receptado en la Ley Nacional de Transferencia de Servicios Educativos N° 24049 Y la Ley Provincial VIII N° 24 (antes Ley N° 2121)." Recuerda luego la apelante que su parte ha venido sosteniendo en este proceso que la mentada equiparación entre el docente público y el privado -al menos en la cuestión salarial- sólo puede aceptarse cuando es el Estado el que subvenciona el cargo docente privado. Tal mecanismo consiste en que el Estado mensualmente paga al establecimiento privado una suma equivalente al sueldo de una determinada cantidad de cargos docentes, razón por la cual, obviamente, el establecimiento educacional debe trasladar ese subsidio al pago de los haberes del docente, que recibe así su sueldo proveniente del subsidio estatal. Este sistema -asegura- es el instaurado por eI mentado Decreto 15/46, porque entender lo contrario conduce al absurdo que la demandada ha planteado al contestar de demanda, sin ser oídos -según reprocha- por el Señor Juez.---------------------- Destaca asimismo que su parte ha acreditado a fs. 73/74 que el establecimiento demandado recibe un subsidio equivalente a 11 cargos de nivel primario, y que no está subvencionado. La equiparación que -según manifiesta- con simpleza pregona la sentencia implica que el establecimiento privado debe aceptar y asumir todas las obligaciones que acuerda el Estado Provincial con los gremios docentes estatales (ATECH). Si esto fuera así -infiere la apelante- no tiene sentido e incurre en una frontal incongruencia la sentencia cuando afirma que la relación es de derecho privado y se rige por la ley de contrato de trabajo. Enfatiza que cuál parte de la ley de contrato de trabajo se aplicará es un misterio irresuelto, porque no ha advertido el Señor Juez -puntualiza- que el régimen laboral del docente estatal es diametralmente diverso de la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo -hace notar- la ley 445 de Julio de 2011 fijó haberes para todo el personal del estado (policías, administrativos, docentes, etc.). Expresa más adelante que con el criterio expuesto, la E. N. debería ajustar las remuneraciones de sus docentes a las imposiciones que por ley efectúa regularmente el Estado para fijar las remuneraciones de sus empleados. Otro ejemplo que demuestra la ajenidad de esta escuela respecto del régimen estadual -indica- lo refleja la ley 3921 que regulaba cuestiones en el marco de la emergencia económica del Estado Provincial. En dicha norma se congelaban remuneraciones y se autorizaba la reubicación de los empleados. Si el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada dictare un incremento -razona la recurrente- la E. N. entonces se hallaría ante la disyuntiva de mantener "congelados" los haberes de su personal, o ajustar los mismos a las escalas del sector. Cita doctrina en tal sentido. Menciona además que el art. 64 de la ley 26.206 dice: Los/las docentes de las instituciones de educación de gestión privada reconocidas tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los/las docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente, y deberán poseer títulos reconocidos oficialmente." Según la apelante, esta norma, evidentemente no contempla una equiparación automática entre el salario del docente público y del docente privado, sino que deja sujeta tal aspiración al régimen de equiparación fijado por la legislación vigente. Y nuevamente, reitera, el docente debe poseer un título reconocido oficialmente.---------	Alega luego que se equivoca el Señor Juez cuando sostiene que se trata aquí de aplicar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea, porque es de toda evidencia, y su parte -dice- lo ha demostrado en esta causa, que la carga de trabajo de los docentes de la E. N. es sustancialmente distinta a la de los docentes públicos, comenzando por la cantidad de alumnos, la ausencia de concurso de ingreso y promociones, así como la ausencia de traslados casi compulsivos entre establecimientos de la misma zona.-----------------	Continúa su argumentación expresando que al decidir el caso, el Señor Juez ha omitido la ley 13.047, que aún cuando añeja -resalta- está vigente. Y si se encuentra vigente -aduce- el único ámbito negocial de salarios está constituido por el citado Consejo Gremial de la Educación Privada, del que forman parte las instituciones representativas de educadores privados, laicos en un caso (CORDIEC), y religiosos en otro (CONSUDEC). Siguiendo el derrotero de fallos que no atienden a este caso concreto -destaca- el Sentenciante ha dicho "En esta inteligencia, no encuentro motivos para excluir a los docentes de instituciones privadas de la aplicación del Acta N° 01/2006 suscripta entre la ATECH y el Poder Ejecutivo Provincial (homologada por Resolución N° 93/06 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia), habiendo sido ratificada e incorporada al texto de la Ley N° 5556, mediante el Art. 7°, correspondiendo por lo tanto su aplicación en forma general a los docentes de la provincia de Chubut". La decisión -arguye- conduce a una situación claramente ilegal: la imposición a una persona jurídica privada de los acuerdos acordados por la Provincia del Chubut y la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut. Por consiguiente, se trata de la imposición de salarios habidos de una negociación en la que la entidad demandada no ha participado ni ha estado representada. Dice además que ese acuerdo se encuentra homologado por la Secretaría de Trabajo Provincial, ente claramente incompetente para homologar acuerdos salariales del ámbito privado. En esta inteligencia -deduce la recurrente- no existen motivos para excluir a los docentes de instituciones privadas de la aplicación del Acta N° 01/2006 suscripta entre la ATECH y el Poder Ejecutivo Provincial (homologada por Resolución N° 93/06 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia), habiendo sido ratificada e incorporada al texto de la Ley N° 5556, mediante el Art. 7°, correspondiendo por lo tanto su aplicación en forma general a los docentes de la provincia de Chubut. Cita en abono de su postura en su abono un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.------------- Seguidamente manifiesta que La ley 13.047, en el capítulo IV crea el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, regulándolo de la siguiente manera: "Art. 27. -Créase el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que estará integrado por doce miembros y un presidente, a saber: a) Cuatro representantes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública (2 por la enseñanza secundaria y normal; 1 por la enseñanza técnica y 1 por la enseñanza primaria); b) Dos representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión; c) Dos representantes patronales de los "establecimientos adscriptos a la enseñanza oficial" (1 por los establecimientos religiosos y 1 por los establecimientos laicos); d) Un representante patronal de los establecimientos comprendidos en los inc. b) y c) del art. 2°; e) Tres representantes del personal (1 por los profesores, 1 por los maestros y 1 por el restante personal). f) Dos representantes de las asociaciones de los padres de familia (uno por los establecimientos religiosos y uno por los establecimientos laicos). (este inciso fue incorporado por la ley 20.614 (B.O. 1974-01-14) arto 50, la cual fue derogada por la ley 21.380 (B.O. 1976-08-19) art. 10 El presidente será designado por el Poder Ejecutivo. Los representantes a que se refieren los inc. c), d) y e) serán designados por las asociaciones gremiales correspondientes." "Art. 31. Son atribuciones del Consejo Gremial de Enseñanza Privada: 1. Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo privado en la enseñanza y de la aplicación de la presente ley. 2. Resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovilidad y ); condiciones de trabajo del personal, que no estén contempladas en el presente estatuto". Tal como se encuentra conformado el régimen legal de la enseñanza privada -reflexiona- los salarios surgen de una negociación sostenida en el ámbito del CGEP, pues es en ese órgano en el que se encuentra debidamente representada esta Institución. De allí que el establecimiento demandado se encuentre obligado estatutariamente por las resoluciones que periódicamente dicta el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada, pues en su seno debaten los representantes patronales respectivos. Y en contraposición, no se encuentra obligado por las negociaciones que sostengan el Estado con el sindicato de docentes estatales. Expresa luego que mucho menos puede imponerse una escala salarial "homologada" por una autoridad incompetente como lo es la Secretaría de Trabajo. Destaca que la ley orgánica (X-15 antes 3270) no confiere a ese organismo atribuciones para homologar acuerdos salariales celebrados en el ámbito de las negociaciones colectivas, razón por la cual la decisión del Juez a-quo impone a esta parte una obligación salarial no sólo ajena, sino pretendidamente homologada por un organismo incompetente.--------------------------------- ---- Por otra parte -agrega- el sentenciante, luego de imputar torpeza al empleador en la contratación de la docente sin título, arrasa con la normativa vigente, porque todas las leyes que el propio juez cita, imponen como requisito de la equiparación salarial que el docente posea título. Y D. -destaca- no lo posee, como lo refleja hasta la propia sentencia. Por ello es que venimos sosteniendo la contradicción del decisorio, porque reconoce que la actora no posee título, pero sin embargo le permite acceder a una equivalencia de remuneraciones que exige, como requisito incuestionable, que el docente posea título. Nuevamente -dice- se omite la aplicación de la legislación correspondiente, porque si D. no posee título, no puede pretender la equiparación requerida, ni siquiera a la luz de la ley 26.206, cuyos reparos han sido tratados anteriormente.--------	Finaliza afirmando que, por ende, el decisorio coloca a la trabajadora en una situación para la cual no reúne los requisitos, porque si no posee título habilitante, no puede pretender cobrar lo mismo que un docente estatal. En definitiva -concluye- la decisión se adopta soslayando la aplicación de las normas vigentes, en las cuales corresponde encuadrar correctamente a la empleadora, que no puede soportar las decisiones de entidades ajenas, pretendidamente homologadas por un órgano provincial incompetente, y en beneficio de una persona que no reúne el requisito del título para siquiera equipararse al docente estatal.-------------- A mérito de todo ello, solicita se revoque la sentencia recurrida, en cuanto ha sido materia de agravios, con costas.----------------------	III. Pese al encomiable esfuerzo argumental desplegado, debo adelantar que a mi criterio la parte apelante no consigue vulnerar el juicio lógico desplegado y la conclusión a la que arribara el sentenciante, en base a los fundamentos expuestos en el decisorio. Daré razones.--------------------------------	IV. Los ejes principales en que finca el recurso son, según puede sintetizarse: 1) el régimen legal del docente público no es aplicable a los docentes de institutos privados en tanto no se cumplan las condiciones previstas en la ley 13.047 y el Decreto 14/46; 2) el instituto demandado no recibe subvenciones estatales que permitan dicha equiparación; 3) la actora no reunía las condiciones profesionales de aptitud, pues no poseía el título reconocido oficialmente para la docencia.-----------	Sin embargo, estos artículos defensivos fueron tenidos en consideración por el a quo, recibiendo condigno análisis y tratamiento en el fallo. Señaló en tal sentido el juzgador que: 1) en virtud de la aparente superposición normativa dada por las leyes 13.047 (art. 18) , 24.195 (art. 38) y 26.206 (art. 64) resultaba necesario conocer qué se entiende por "título reconocido oficialmente". A tal efecto, tomó en consideración la ley nacional 24.049 de transferencia de servicios educativos de la Nación a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre cuyas bases consideró que el decreto citado por la demandada (14/1956), reglamentario del art.174 de la Ley 14.473 resultaba obsoleto (textual) a mérito de dichas normas posteriores y de rango superior. En ese orden de ideas, razonó a continuación el sentenciante que la equiparación que resulta de dicha normativa no puede dejar dudas acerca de que el personal perteneciente a la planta funcional de los establecimientos de gestión privada (o incorporados a la enseñanza oficial) se halla sometido a las mismas normas para docentes de establecimientos estatales, es decir, a la Ley VIII N° 20, señalando que, por más que le pese a la demandada, se trata del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. 2) No existen dudas acerca de que la escuela perteneciente a la empresa demandada es una institución privada adscripta a la enseñanza oficial, lo que se encuentra reconocido por la misma parte y así lo informa asimismo el Ministerio de Educación provincial a fs. 73/74, por lo que a sus docentes les corresponde el mismo salario por igual función. 3) La defensa basada en que la actora no contaba con el "título reconocido oficialmente" no puede esgrimirse a favor de la postura patronal, siendo que en los hechos aquella fue contratada en calidad de profesora polimodal -tal como consta en los recibos y en el "registro único de remuneraciones"- por lo que, habiendo desarrollados dichas tareas en forma efectiva, la demandada no puede resguardarse en esa circunstancia, ya que estaría abusándose del instituto para excluir a la ex dependiente del derecho salarial reclamado, procurando ampararse en la propia torpeza patronal. 4) Salvo en los aspectos específicos de la labor docente que se derivan de la ley N° 13.047, las demás situaciones laborales se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo, por cuanto un docente de un instituto privado no es un empleado administrativo y se encuentra facultado para pactar las condiciones laborales en forma particular, pudiendo contratar, como sucedió en el caso, a un estudiante de la carrera de Profesorado de Geografía para ejercer funciones de docente.--------------	V. Creo útil aclarar en primer término que tanto la demandada como el sentenciante han hecho una errónea cita del decreto reglamentario del art. 174 de la ley 14.473 (Estatuto del Docente), ya que en realidad se trata del Decreto N° 15/64 (B.O. 10/01/1964). En el mismo se establecía que los institutos privados incorporados de nivel medio y superior y las escuelas primarias privadas privatizadas que demostraran que no podían pagar la equiparación de sueldos determinada por el art. 174 de la ley 14.473 recibirían un contribución del Estado a ese efecto, bajo las condiciones determinadas en dicho Decreto. Es del caso destacar que la norma aludía a "contribuciones" y no a "subsidios" ni a "subvenciones".------ En segundo término, se impone señalar que dicho Decreto fue derogado por el art. 29 del Decreto 2542/91 (B.O. 11/12/1991), donde se establecieron nuevas y más amplias condiciones y requisitos para percibir las llamadas "contribuciones" estatales.------ VI. Hechas estas salvedades preliminares, se hace notar que el informe del Ministerio de Educación Provincial obrante a fs. 73/74 expresa que la escuela Nueva "recibe subsidio por una suma equivalente a once (11) cargos de Nivel primario, por convenio temporario, no está subvencionado" (textual - fs. 74).-----------	Los citados elementos de ponderación no permiten inferir de manera clara e inequívoca que el instituto demandado quedaba fuera de la previsión del art. 174 de la Ley 14.473 a la que adhirió la Provincia del Chubut mediante Ley N° 2152 (B.O. 04/02/83 - ahora Ley VIII-25), ya que, al igual que la ley 13.047 (art. 24), dichas normas aluden a "contribuciones" del Estado, sin distinciones semánticas, de manera que el término "subsidio" empleado en el informe del Ministerio de Educación ya citado -vocablo que, según el DRAE, está definido en su primera acepción como "Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada" - en principio se vería abarcado o incluido dentro de dicho concepto. De tal modo, puede predicarse por tanto que el Gobierno provincial asistía económicamente al instituto educativo de la demandada con una "contribución" (subsidio) estatal. Adviértase entonces que, desde el punto exegético, esta cuestión genera cuanto menos una duda razonable acerca de los alcances del término y su interpretación, y sabido es que "En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador." (art. 9, LCT - texto según Ley 26.428 - su doctrina - conf. mis votos en Expte. 787 - S.D.L. 07/10; id. Exptes. 331/10; 153/11; 213/11; 447/11 - entre varios otros).--------	VII. En lo atinente al fundamento del a quo conforme al cual descartó el planteo referido a la que la actora carecía de "título habilitante", no puedo sino suscribir por entero la conclusión expuesta en el fallo. Es que, en verdad, si el instituto educativo contrató los servicios como docente de la aquí actora y la puso al frente de un curso durante un período lectivo (marzo a diciembre de 2009), mal podría ahora rehusarle la equiparación salarial por los servicios prestados amparándose en esa alegada carencia. En principio, por cuanto ello constituye una flagrante violación al principio de la buena fe contractual que impone, en el caso de la demandada, a ajustar su conducta a la de un buen empleador "tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo" cuanto a la interpretación que deben efectuar los jueces para decidir la cuestión conforme a los principios de la justicia social, a los generales del derecho del trabajo, la equidad y la buena fe (arts. 11 y 63 LCT; su doctrina).---- ---- Por otra parte, aun si desde el punto de vista puramente teórico se considerase la hipótesis de un error o inadvertencia por parte de la empleadora al momento de la concertación del vínculo laboral, en tanto no se ha alegado ni menos aún probado la incidencia de algún vicio de la voluntad, nos hallaríamos por tanto en la consagración de un acto propio de la demandada, jurídicamente relevante y eficaz, al que hoy no puede contravenir válidamente, conforme al principio general del derecho "venire contra factum non valet", de fecunda y pacífica aplicación en nuestra jurisprudencia nacional.------- VIII. Los elementos analizados son a mi juicio dirimentes para la decisión del caso, sin que resulte menester ahondar en las restantes objeciones puestas de manifiesto por la parte recurrente, pues como hemos tenido ocasión de sostener otros precedentes, "los jueces no están obligados a ponderar todas las probanzas producidas en el juicio, ni a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, bastando que se hagan cargo de aquéllos que sean conducentes a la decisión del litigio." (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 03/03/1981 o Lupo, Estrella o LA LEY 1982-B, 102, con nota de Fernando De la Rúa - ED 993, 716 - JA 982-I, 370; id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 20/02/1975 o Compañía General Fabril Financiera S.A. o REVISTA IMPUESTOS, XXXIII-642; id. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 24/03/1988 o Schoklender, Sergio M. y otro, causa S, 634-XX o LA LEY 1988-D, 63 - DJ 1988-1, 51 - La Ley Online - conf. mi voto en Exptes. 21430; 22828; 579; 299; entre otros).---------------- IX. Conclusiones: -	Como corolario de todo lo expuesto precedentemente, opino que el decisorio merece ser confirmado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas a la parte apelante (art. 57, Ley XIV N° 1).-------------------	De compartirse esta postura, propondré fijar los honorarios del letrado actuante en esta sede, Dr. A. M. S., atendiendo a la extensión, calidad, eficacia de sus labores y al resultado obtenido, en el 27% de los que le correspondieron por su actuación en la instancia de origen (arts. 5, 6, 13, 46 y conc., Ley XIII Nros. 4 y 15).---------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.-------------------------------------	A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: --------------------------	--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.- --- Cabe esclarecer liminarmente tres aspectos, que se encuentran esencialmente relacionados con la resolución a dictar, antes de dar tratamiento a los agravios traídos a esta sede.	--- En primer lugar, no cabe dudar sobre que, perteneciendo la escuela de la demandada a una institución privada adscripta a la enseñanza oficial, extremo que se encuentra reconocido por la accionada y que, además, así fue establecido por un informe del Ministerio de Educación provincial (cfr. fs. 73/74); ello así, a sus docentes debe abonárseles idéntico salario que a los docentes públicos, que realizan igual función.	-- En segundo término, ocurre que el artículo introducido por la demandada sobre que la accionante no tenía "título reconocido oficialmente" no puede ser esgrimido válidamente por la empleadora, que contrató como profesora polimodal a la accionante, habiendo ella desarrollado para ésta tal función. Admitir tal planteo implicaría en los hechos autorizar que la accionada se cobije en su propia torpeza para salir favorecida, lo que implica una severa contravención al principio general de que nadie puede hacer valer su propia torpeza en el foro.	--- Agudamente se ha dicho que constituye un principio general del ordenamiento jurídico, aquel que cierra oídos a quien invoca su propia torpeza para obtener la declaración de invalidez de un acto en el que ha sido principal partícipe y en el que deliberadamente se ha violado la ley (arts. 1047; 794; 795 y 1626 CC.). Es de toda evidencia que la finalidad de la preceptiva es impedir que cualquiera de las partes en su búsqueda de violar la ley, después de haberlo hecho, pueda desistir para evitar los efectos de la transgresión, y recobrar la plenitud de las facultades que el ordenamiento reconoce (C. Nac. Civ., sala G, 18/09/1990, Cinalli, Oscar v. Decourgez, María E., JA 1991-I-363).	--- Se agregó en otro fallo que si bien la regla que establece que no debe ser oído quien invoca su propia torpeza no tiene actualmente un carácter absoluto, solamente puede reconocerse acción a quien denuncia la ilicitud o la inmoralidad de la causa -habiendo participado con su propia torpeza en el acto o en el hecho que la genero cuando la demanda: a) está destinada a hacer cesar los efectos del acto; b) si admitiéndosela, se resarce o se evita un perjuicio a tercero; y c) si trasunta un fin que no es el puro interés de obtener una ventaja o evitarse un perjuicio y que hace presumir un arrepentimiento o hubiese una manifiesta desproporción entre una y otra inmoralidad Pero no procede la acción si sólo se procura obtener una ventaja de la develación de la causa torpe y se pretende así la consagración del fin no querido por la ley (C. Nac. Civ., sala C, 14/09/1982, Rizzo, Diego v. Romio de D'Angelo, Elena, JA 1983-II-681).	--- Ninguno de estos supuestos de excepción se da en el caso que nos ocupa, motivo por el cual el principio que veda la alegación de la propia torpeza rige aquí con carácter pleno. Es que, quien pretende la modificación de un hecho o acto no debe haber ayudado o favorecido con la formación del mismo; ello, toda vez que no se puede alegar la propia torpeza o, en otras palabras, no se puede ir contra los propios actos (C. Fed. Mar del Plata, 30/03/2000, De Luca, Jesús v. Lotería Nacional, JA 2003-II-síntesis).	--- En tercer lugar, cabe aclarar que excepto en las cuestiones específicas de la labor docente derivadas de la ley 13.047, el resto de las situaciones laborales del docente, se encuentran captadas normativamente por la LCT, al no ser un docente privado ni empleado administrativo ni un empleado de comercio, pudiendo contratarse como tal incluso a estudiantes universitarios, para que ellos ejerzan funciones de docente.	--- Además, si solamente los docentes que tienen título de tales otorgado por Universidad nacional o privada pudieran ser docentes secundarios o universitarios, miles de cargos docentes estarían vacantes, dado que no existen graduados universitarios en cantidad suficiente para ocupar ellos solos la totalidad de estos cargos, lo que constituye un hecho notorio, de esos que el juez debe conocer como integrante de la comunidad y de aquellos que no requieren prueba.	--- En cuarto término, yendo al primer tópico planteado por la apelante, cabe decir que el informe de fs. 73/74 asevera que la e. N. "recibe subsidio por una suma equivalente a once (11) cargos de Nivel primario, por convenio temporario, no está subvencionado" (cfr fs. 74).	--- De tal modo, no se ha probado en la causa debidamente que el establecimiento educativo de la accionada se halle excluido de la previsión del art. 174 de la Ley 14.473 a la que la Provincia del Chubut se encuentra adherida por Ley N° 2152 (B.O. 04/02/83- ahora Ley VIII-25).	--- Y, si el Poder Ejecutivo provincial presta asistencia económica a la demandada, entregando a ésta una "contribución" estatal, cabe sostener la existencia de una duda más que atendible sobre los alcances y límites de tal contribución. Siendo ello así, es de aplicación el art. 9, LCT, que establece que en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador.	--- Dejando ello atrás y compartiendo el rechazo que hiciera el a quo del argumento de la demandada de que la actora carecía de "título habilitante", tengo para mí que esta alegación linda con la malicia y vulnera gravemente en la causa la vigencia del principio general de la buena fe, de la que la doctrina de los propios actos es afluente o derivación necesaria.	--- La duplicidad de la conducta de quien extrajudicialmente contrata a una persona para luego, judicialmente ante un reclamo, esgrimir que ella no estaba en condiciones de ser contratada, constituye un argumento que linda con la malicia o, al menos, con la temeridad.	--- Es que, si bien en cualquier causa, de la naturaleza que sea, la contravención a las mandas del principio general de la buena fe no tiene un resultado neutro, ni puede ser tomada en broma ni como una travesura propia de chiquilines, ello es peor aún en materia laboral, donde el principio general de la buena fe, que con sentido general contempla y recepta el art. 1198 del Código Civil, se concreta todavía más en una norma específica, el art. 63 LCT.	--- Bien se ha dicho que el deber de obrar de buena fe se manifiesta con mayor intensidad al celebrar el contrato laboral, pues éste se caracteriza por configurar un vínculo eminentemente personal y por consiguiente, desde las primeras tratativas tendientes a concertar el contrato de trabajo las partes deben ceñir su conducta a las pautas receptadas por los arts. 62 y 63 de la L.C.T. y al art. 1198 del C. Civil. Dicho deber impone a las partes la obligación de expresarse con veracidad, lealtad y sin retaceos en esta etapa previa. Es de destacar que si bien obligación recae sobre ambas partes, en este período se manifiesta en todo su rigor la desigual posición de los futuros contratantes, pues el trabajador ante la urgencia de conseguir un empleo solo pedirá información sobre las características del puesto de trabajo u sobre la cuantía de las remuneraciones, mientras que el empleador solicitará datos del postulante (interrogatorios verbales y exámenes médicos y psíquicos) recurriendo al servicio que a tal efecto prestan empresas especializadas (C. Nac. Trab., sala 3ª, 20/02/1997, "MONTOYA, NAPOLEÓN v. MARIFRAN S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", AbeledoPerrot online).	--- De tal modo, el principio de la buena fe, ex art. 63 LCT, exigía a la empleadora cerciorarse de que la empleada reunía las condiciones para el desempeño del puesto de trabajo. Si no tomó los recaudos para comprobar ello o lo soslayó, no puede luego edificar sobre esa falta de titulación, una defensa admisible en esta sede.	--- Incluso se dijo en un fallo que por imperio del principio de buena fe que recepta el art. 63 LCT. y que debe privar en toda vinculación de naturaleza laboral corresponde que quien reputa omitido un deber legal por parte de la contraria, proceda previamente a demandar su cumplimiento antes de decidir la disolución del vínculo existente, en consecuencia, si los accionantes no intimaron oportunamente a la principal, persiguiendo el cobro de las diferencias en concepto de comisiones cuya procedencia se reconociera en la causa, no quede tal incumplimiento analizarse como causal disolución del vínculo laboral (C. Nac. Trab., sala 2ª, 19/05/1987, Arieu, Fernando R. y otro v. San Sebastián S.A., JA 1987-IV, síntesis).	--- Ello hace ver claramente que las duplicidades de conducta, inadmisibles normalmente en todo sujeto de derecho, son menos todavía aceptables en la parte más fuerte de una relación laborativa, que suele ser -y en este caso es- la empleadora, que debe actuar a tenor de lo dispuesto por el art. 63 LCT con ubérrima buena fe en la relación con sus empleados.	--- No soy de aquellos que opinan que las personas deban quedar atadas por la doctrina de los actos propios a un primer acto viciado, como lo he desarrollado extensamente en mi voto de la causa "P. N., B. E. c/ G., C. y/o q' rlte. resp. laboral de la agencia local de la empresa de transportes T. s/ Dif. de Hab. e Indem. de ley" (Expte. N° 22.935 - Año 2008), en sentencia de esta Sala del 30/09/2008.	--- Pero para poder apartarse de la aplicación de la doctrina de los actos propios o de su matriz, el principio general de la buena fe, quien pretende justificar una contramarcha o volubilidad, debe justificar la existencia de un error excusable en su primer actuar o un vicio admisible en su conducta (conf. mi voto en sentencia de esta Sala, dictada in re "R., J. O. c/ A. de M. y F. J. del Chubut s/ Dif. de hab. e indem. de ley" (Expte. n° 250 - año: 2008). Ello no ha sucedido en autos, con lo que la doctrina de los actos propios rige a pleno aquí.	--- Con ello basta para la correcta resolución de la litis. Por ende, resulta de aplicación el criterio de que los jueces no están obligados a ponderar todas las probanzas producidas en el juicio, ni a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos, bastando que se hagan cargo de aquéllos que sean conducentes a la decisión del litigio, lo que se ha plasmado en los razonamientos anteriores.	--- Lo anteriormente desarrollado permite perfilar ya la conclusión de que procede la confirmación del pronunciamiento recurrido en cuanto ha sido materia de recurso y agravios.	--- Las costas de alzada deben ser cargadas a la recurrente, que ha resultado vencida (art. 57, Ley XIV N° 1).	--- Los estipendios curiales del Dr. A. M. S., deben ser establecidos en el 27% de los que se le fijaran por su actuación en la instancia anterior; este porcentaje se justifica en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las tareas cumplidas en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).-	--- Lo anteriormente expuesto me conduce a votar a esta cuestión por la AFIRMATIVA.	--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos A. Velazquez expresó: --------------------------- En vista del acuerdo arriba acerca del tópico anterior, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios. II) Con costas a la parte recurrente, fijándose los honorarios del letrado actuante en esta sede, Dr. A. M. S., en el 27% de los que le correspondieron por su actuación en la instancia de origen.--------- Así lo voto.-------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: -------------- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión.-------------------------- --- Así lo voto.----------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Sr. Juez de Cámara Carlos Dante Ferrari (Art. 7º Ley V Nº 17).- --------------------------------------- --- Trelew,de noviembre de 2012.------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:--------------------------------- S E N T E N C I A: ------ CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.------------------ IMPONER las costas a la parte recurrente.------------------ FIJAR los honorarios del letrado actuante en esta sede, Dr. A. M. S., en el 27% de los que le correspondieron por su actuación en la instancia de origen.--------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------- CARLOS A. VELAZQUEZMARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE	REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDL.- Conste.-	JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.