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Responsabilidad por publicaciones en Internet, buscadores de Internet
Materia: CIVIL
Carátula: Mazza, Valeria Raquel c/ Yahoo SRL Argentina y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-24

Para que se configure la participación antijurídica de los motores de búsqueda en internet en la producción de un evento lesivo se requiere, por un lado, que el buscador tenga efectivo conocimiento de la ilicitud de la vinculación que un tercero efectúa respecto del nombre de una persona en una página web y, por el otro, que pese a ello no elimine el enlace que asocia al nombre del damnificado con la página en cuestión (Disidencia parcial de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Suspensión del proceso judicial, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Karlen, Alejandro Hernán c/ Estado Nacional, Poder Ejecutivo de la Nación s/ ejecución de sentencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

Procede la suspensión del curso del proceso, toda vez que las cuestiones debatidas revisten trascendencia institucional y las circunstancias invocadas por el Estado Nacional en la presentación directa, con sustento en elementos verosímiles, podrían ocasionar agravios de muy dificultosa reparación ulterior, lo cual exige preservar la jurisdicción de la Corte para el dictado de una sentencia útil en la causa.
Prisión domiciliaria, interna embarazada
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Álvarez Contreras, Flor de María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-20

Corresponde conceder la prisión domiciliaria, en virtud de lo establecido por el art. 32 de la ley 24.660, a una imputada que se encuentra en la última etapa de embarazo, dado que por exigencias de orden internacional y constitucional ningún parto puede tener lugar en prisión por atentar contra la dignidad de la madre y de su hijo, quienes resultan acreedores de protecciones especiales por su posición de desventaja y vulnerabilidad y guardan necesidades específicas que no pueden reunirse en el encierro carcelario.
Estupefacientes, tráfico de estupefacientes, suministro de estupefacientes, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: MANZANO, PABLO s/ ESTUPEFACIENTES. TRAFICO. PENA. GRADUACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-14

Configura el delito de tráfico de estupefacientes, la acción de la procesada que reconoció haber suministrado droga a un tercero en pago de una deuda, a lo que se añade el secuestro en su domicilio de una buena cantidad de cocaína preparada en la forma clásica de expendio, delito por el cual también debe responder el coprocesado, pues se dedicaba al tráfico ilícito mediante el estupefaciente que le vendía aquélla.

Respecto a las penas a imponer a los encausados, si bien carecen de antecedentes, surge de autos que carecen de otra ocupación que el tráfico ilegal de estupefacientes -aunque no son más que modestísimos vendedores al menudeo repugnante solución que han encontrado a sus problemas económicos mediante el comercio ilegal, que es sumamente peligrosa para la sociedad, porque a su cargo queda la captación de adictos y hasta la iniciación de la adicción de otros.
Beneficio de litigar sin gastos, tasa de justicia, oportunidad procesal, intimación de pago, presentación extemporánea
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO PAIDOS LIMITADA c/ Microómnibus Seis S.A.").D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Aún cuando el beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse en cualquier estado del proceso (C.P.C.C., art. 78), ello no implica que se retrotraigan sus efectos a estadios anteriores a la concreta petición del mismo. Si el beneficio se solicita con posterioridad no sólo al planteamiento del recurso, sino a la intimación del pago de la tasa judicial, cualquier decisión al respecto es irretroactiva frente al tributo devengado en su totalidad y pendiente de pago. En consecuencia, si lo que se pretende es la eximición del pago de la tasa judicial y con ese fin se promovió el beneficio de litigar sin gastos, resulta extemporáneo su planteo y, por lo mismo, debe ser rechazado (cfr. C.F.S.S., Sala I, sent. del 15.04.97, "Cooperativa de Trabajo Ser Limitada").
Trabajadores rurales, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, Silvia Del Carmen c/ Cacace, Bruno Roberto s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-02-02

La residencia de la esposa del encargado en la finca rural donde aquel se desempeña y su colaboración con tareas culturales no conlleva la existencia de un vínculo de trabajo de la misma con el propietario del establecimiento pues el personal permanente del régimen agrario se encuentra facultado para que su familia tome parte y colabore en dichas tareas -art. 81 del RNTA-, que son a favor de la comunidad familiar que ambos integran, en beneficio común y en contribución a la formación de un mismo patrimonio, y no en beneficio del propietario demandado.
Obras sociales, prestación de servicios, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Ramírez Karina Andrea y otros c/ Obra Social para la Actividad de Seguros y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Cuando una obra social terceriza un servicio (en el caso, odontológico) no implica que ceda a terceros trabajos o servicios que hacen a su giro, sino que entre la obra social -en su calidad de agente del seguro de salud- y una firma dedicada a la prestación de asistencia odontológica, ha mediado una relación contractual, bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud que controla la actividad de las obras sociales y autoriza la inscripción de quienes encuadran en el art. 29 de la ley 23.661 en el Registro Nacional de Prestadores. Indudablemente se configuró una relación entre la obra social como agente de seguro de salud y una empresa dedicada a la prestación de servicios de salud que de ninguna manera constituye, en principio, la tercerización o cesión del objeto concerniente a la finalidad propia en los términos del art. 30 LCT. La obra social no presta por sí con su propio personal servicios de atención médica a sus afiliados, sino que celebra contratos con terceros que son los efectivos prestadores. No se trata de la cesión total o parcial del establecimiento ni tampoco de subcontrato, sino de la simple contratación de servicios prestados por un tercero. La prestación, en el caso de servicios odontológicos, no es una actividad normal y específica propia de la obra social. Para que surgiera la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT debería mediar una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista. (Del voto del Dr. Pirolo).
Amparo por mora, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PATRIA COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES (S.A) c/ INSTITUTO NACIONAL DE REASEGUROS s/ AMPARO POR MORA- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-29

La ley 21.686, al modificar el art. 32 de la ley 19.549 e incluir a las sociedades del estado en su inc. F), dejó sin efecto la exclusión contenida en el art. 6to. de la ley 20.785 en torno a la inaplicabilidad a aquellas de las disposiciones contenidas en la ley 19.549.
Mandato, escritura pública
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA DE JAMES CRAIK LTDA. c/ ARNAUDO CARLOS ALFREDO Y OTRO s/ EJECUTIVO - MANDATO - HONORARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-16

La carta poder y el mandato especial otorgado por escritura pública difieren únicamente en el aspecto formal,no en la sustancia, puesto que en ambos casos son idénticas las atribuciones del mandatario.La carta poder y el poder apud acta no son otra cosa que poderes especiales para pleitos otorgados bajo formas menos rigurosas que la escritura pública.Esa diferencia formal no tiene ninguna influencia en el contenido del encargo, puesto que la extensión de las facultades del mandatario no esta en relación directa con la solemnidad del acto. El poder para actuar en juicio habilita al mandatario para iniciar o continuar un proceso en nombre del mandante,con prescindencia de la clase de instrumento en que se haya otorgado el acto, con tal que se trate de alguna de las formas autorizadas por la ley.
Juicio político, diligencias preliminares, Municipalidad, Poder Ejecutivo Municipal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quinteros, Ramón Reyes s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-03

Las cuestiones originadas entre Departamentos Municipales no encuentra cabida en el ámbito preceptivo del art. 141 de la Constitución Provincial, escapando correlativamente de las facultades de juzgamiento de este Tribunal y emergiendo así, la necesidad de resolver esta coyuntura formal, como acto procesal previo y de especial pronunciamiento, posponiendo para un segundo estadio procesal, el avocamiento de la cuestión sustantiva de la pretensión (referida al cuestionamiento del juicio político), la que deberá estar a cargo del Organo Judicial en cuyo cuadrante operativo, deba dictarse su resolución.

La prevalencia del interés en proteger los derechos del individuo, se ve reafirmado de modo expreso por nuestra normativa constitucional provincial, cuando pone a cargo de la Función Judicial la custodia de la supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías (art. 128 Const. Prov.). (Del voto de la Dra. Juana Perazzo de De la Vega, mayoría.)
Daños y perjuicios, indemnización, prueba, daño emergente, lucro cesante
Materia: CIVIL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Conforme con lo dispuesto por el CCCN 1738, el lucro cesante es la ganancia o utilidad de la que resultó privado el acreedor a raíz del acto ilícito o el incumplimiento de la obligación; implica una ausencia de ganancia o el acrecentamiento patrimonial que el acreedor podía razonablemente haber logrado de no haber ocurrido el incumplimiento de su contraparte. Es decir, su procedencia no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni debe constituir un enriquecimiento sin causa para el acreedor (CNCom, Sala B, in re "Pérez, Lino c/ Amparo Seguros SA", del 24/05/88); por el contrario, debe haberse demostrado fehacientemente la pérdida de ingresos referidos a negocios específicos.
Defensa del consumidor, seguros, asegurado, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: B., L. C. c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-29

En esta definición acerca del consumidor de seguros, es dable destacar lo dicho por Piedecasas, sobre este tópico: "...obedeciendo a esta concepción de consumidor, no parece existir razón válida alguna que impida la consideración como tales a todos los elementos personales que se amparan bajo la denominación de asegurado siempre que se actúe al margen de cualquier actividad profesional y, en definitiva, como contraparte del asegurador en relación a la aseguradora.

En principio, y como punto de partida, podemos señalar que el consumidor de seguros encuadra sin ningún problema dentro del concepto que trae la Ley 24240, máxime cuando esta normativa utiliza un doble concepto finalista que es el consumo o el beneficio propio, grupal o social que permite comprender tanto al tomador como al asegurado, al beneficio y al damnificado, sin restringir la protección debida al asegurado.
Reglamentos, decreto de necesidad y urgencia, constitucionalidad, política monetaria, desagio, plan austral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BIGMA  S.R.L. c/ O.S.N. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

La cuestión acerca de la constitucionalidad del decreto 1096/85 en tanto dictado por el Poder Ejecutivo y versar sobre una materia que es del resorte exclusivo del Congreso- es, en la actualidad, meramente académica ya que dicho decreto, junto con otros que versaban sobre el mismo tema, fue expresamente ratificado "en todas sus partes" por la ley 23.410, art. 55. Y ya antes de este texto podía juzgarse que el Poder Legislativo, con la sanción de diversas leyes que se referían al austral como la moneda de legal curso, había ratificado tácitamente la Reforma Monetaria de 1985. El decreto 1096/85 y sus complementarios configuraron un reglamento "de necesidad y urgencia", validamente dictado por el Poder Ejecutivo habida cuenta de la situación económica entonces imperante, de la ineludible necesidad de actuar sin aviso previo y de los fines perseguidos.
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Cotrone, Juan José s/ Robo - Lesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Apoderar, en la forma reflexiva usada en el C.P. (apoderarse) es, según el Diccionario de la Real Academia Española, "hacerse uno dueño de alguna cosa, ocuparla, ponerla bajo su poder", situación en la que se coloca respecto de la cosa substraída el procesado si está acreditado y no cuestionado que tiró los efectos mientras huía y era perseguido pues tan tuvo bajo su poder el objeto que "pudo" hacerlo irrecuperable para su dueño.
Antecedentes penales, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, mediación, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Núñez, Eduardo Irineo y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15

La normativa -art. 204 (2) del CPP- es concreta y clara en relación a la no procedencia de la mediación; y en ninguna parte de su texto figura como impedimento los "antecedentes penales", de modo que no puede condicionarse la mediación penal a la ausencia de antecedentes penales.(Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, prima, obligaciones del asegurador, carga de la prueba, derechos del consumidor
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Zalazar, Nancy Mabel y otros c/ Díaz Fredes, Facundo y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-12

No puede convalidarse en esta instancia la inteligencia adoptada por el a quo acerca de que el asegurado se encontraba en mora en el pago de la prima por haber pagado cuotas anteriores, a pesar de no haberse acreditado la entrega de la póliza o del certificado provisorio de cobertura, pues es claro que ante los indudables términos del artículo 30 de la misma ley no cabe esgrimir el argumento de los actos propios del asegurado, tanto más cuando ello implica desconocer en la práctica exigencias elementales de tutela del consumidor y de la parte económicamente más débil del contrato, que aprovechan al propio damnificado a tenor de la habilitación que resulta del artículo 118 de la Ley de Seguros; y, si la aseguradora no acreditó haber hecho entrega de los documentos a que alude la ley, es evidente que las consecuencias de tal insatisfacción del onus probandi deben ser soportadas por ella misma, no pudiendo ser salvadas por una construcción doctrinaria sin asidero legal alguno. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren el Dr. Falistocco y la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 17418, artículos 30, 31, primer párrafo y 118.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Massaccesi, Edgar s/ incidente de nulidad de la elevación a juicio en la causa: denuncia  s/ presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro  - causa n 979/92.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que, confirmó el rechazo del planteo de nulidad articulado, para que los integrantes de la Cámara en lo Penal de Viedma se apartaran del conocimiento de la causa principal, omitiendo aplicar la ley local 2865, siendo que ante la clara intención del legislador provincial de excluir a los jueces que conocieron en grado de apelación de la intervención en el debate y juicio, debió recurrirse a las normas de ordenamiento procesal local que disponen la forma de sustitución de los magistrados.
Juicio ejecutivo, fiador, locación, fianza
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Queti, José María c/ Cabral, Teodoro y otro s/ cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-16

Si se ha sostenido que para habilitar la vía ejecutiva por alquileres impagos contra el fiador del contrato de locación, es menester ineludible la citación al proceso del locatario, como responsable primario, con mayor razón todavía ha de requerirse su participación en el marco del trámite de los juicios plenarios abreviados (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fuerzas Armadas, causas políticas y gremiales, restitución de derechos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RITO FERNANDEZ, Luis c/ ESTADO NACIONAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION - RETIRO MILITAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La CSJN, el 18/12/1975, declaró que el accionante le corresponden los beneficios de las leyes 14.436 y 20.508, por haber sido objeto de persecución política por los hechos ocurridos en 1955 que culminaron con su baja de la Armada.

El actor pretende no solamente las rehabilitaciones y restitución de derechos previstos en las leyes de amnistía, sino además las indemnizaciones integrales de los perjuicios que le habría causado el acto administrativo que le dio de baja.- En atención al carácter de oficial subalterno del actor, le corresponde el otorgamiento de dos grados más que tenía al momento de su baja, por aplicación de las disposiciones del art. 11, inciso b), del decreto 1332/73, debiendo cobrar el retiro en la forma dispuesta en el inciso f) del artículo citado.- En cuanto a la indemnización por los daños provocados por la baja, habida cuenta la incompatibilidad entre ambas acciones y la elección de la vía de solicitar la inclusión del actor en las leyes de amnistía que contienen una reparación propia, corresponde su rechazo
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Derecho laboral, despido, notificación, secreto profesional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TESTOLINI, ISABEL GUADALUPE c/ SAN JAVIER SERVICIOS S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-30

Aún cuando caben remarcar las insuficiencias que presenta el recaudo de autoabasto del recurso de inconstitucionalidad local planteado y tales deficiencias impiden a esta Corte llegar a una cabal comprensión de los hechos acontecidos, en un esfuerzo interpretativo a la luz de las restantes constancias del caso, se evidencia que la compareciente no logra demostrar un supuesto de falta de fundamentación de lo decidido por la Cámara, que revocó la sentencia de grado al concluir esencialmente que el conocimiento que la actora atribuye a la empleadora sobre su estado de embarazo por medio de la consulta particular efectuada al médico de la empresa al enterarse de la situación impuso de ello a la patronal, lo que quedó desvirtuado por el propio galeno al momento de declarar en autos, ya que refirió no haber anoticiado a la accionada sobre esta situación, atendiendo al secreto profesional; por lo cual la Alzada partió de la imposibilidad de valerse de conjeturas para corroborar el deber esencial de la trabajadora de notificar fehacientemente el embarazo a la patronal, que exige el artículo 177 de la ley de contrato de trabajo y, por ende, el absurdo que resultaría imponer a la patronal el deber de corroborar tal estado de gravidez, por ser contrario a derecho. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 177
Despido indirecto, relación de dependencia, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: REYNOSO, CARLOS EDUARDO c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-07

En el entendimiento que el "ius variandi" es la facultad otorgada al empleador para modificar de modo no esencial las modalidades de la prestación del trabajo por razones funcionales a la organización empresaria, a la luz de la disposición legal vigente la Caja ha demostrado ejercer funcionalmente la potestad derivada de su poder de dirección y que ha alterado un aspecto no esencial del contrato, no obstante haber alegado el abogado recurrente que la medida adoptada lo injurió -dando lugar al despido indirecto-, y lo agravió material o moralmente.

Es que lo dispuesto por la Caja se ciñó a determinadas y concretas funciones y/ o tareas que el profesional tenía a su cargo hasta ese momento, cambio o alteración en la modalidad laboral que no implica, un ejercicio abusivo del "ius variandi" de la empleadora, pues no alteró las condiciones económicas laborales del profesional, pues el mismo percibía por su trabajo como coordinador de asuntos jurídicos una remuneración mensual.

Es decir, el curial al pretender cobrarle honorarios obviando su condición de "dependiente", motivó una decisión legítima, que no amerita que aquél se considere injuriado, quedando evidenciado así el absoluto respeto al principio de continuidad del vínculo laboral (art. 10, LCT) por la patronal, quien podría haber dispuesto la revocación general del poder oportunamente otorgado y no lo hizo.

La Caja, en suma, dispuso la modificación ajustándola a la realidad que ha mutado por la propia conducta del actor, por lo que mal puede alegar el mismo que la empleadora incurrió en un acto discriminatorio, o que hubiere adoptado una represalia para con él; por el contrario, obró en un marco de razonabilidad.