Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11


SENTENCIA DEFINITIVA N° 95890 CAUSA N° 20.837 / 2008 SALA IV "GOMEZ ANTELO LUIS ADRIAN C/ ENDEMOL ARGENTINA S.A Y OTRO S/ ACCIDENTE-LEY ESPECIAL" JUZGADO N° 10.

|En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 11 de noviembre de 2011 reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 396/408 (aclarada a fs. 439) que hizo lugar a la demanda por despido y accidente, se alzan los codemandados ENDEMOL ARGENTINA SA (fs. 424/434 y 441/443) y JOHANNES PETRUS CHRISTOFFEL KERSTENS (fs. 435/438 y 444/448), y los peritos médica (fs. 409) y contador (fs. 412 y 415).

II) Ambos codemandados se quejan porque el fallo consideró acreditada la existencia de un vínculo laboral entre las partes, pese a que -afirman- "la estricta letra" de los contratos suscriptos con el actor da cuenta de que se trataba de una locación de servicios. Añaden que igual conclusión se deriva del peritaje contable (de donde surge que su parte no registró al actor en el libro especial) y del informe de la Asociación Argentina de Actores (mediante la cual se efectúan los pagos a los actores que prestan servicios de manera autónoma).

Las argumentaciones vertidas por los apelantes distan mucho de satisfacer los recaudos del art. 116 de la L.O. en orden a la crítica concreta y razonada de la sentencia. Digo esto, porque los recurrentes se limitan a manifestar un subjetivo disenso con la opinión de la Sra. Jueza a quo y a exponer los motivos que a su juicio demostrarían el carácter supuestamente civil del vínculo, pero se desentiende por completo de los sólidos y prolijos fundamentos de la decisión (cfr. fs. 398/402). Es sabido que los disensos subjetivos, o la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador, constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial. Es carga del impugnante de un decisorio formular, respecto de las partes que lo afectan, una crítica concreta y razonada. Tal carga, impuesta por el art. 265 del Código Procesal (y, en el procedimiento laboral, por el art. 116 de la L.O.) implica que la expresión de agravios debe estar dotada de idoneidad procesal e intelectual, y su incumplimiento provoca la deserción del recurso (CNCom., Sala B, 2/6/89, "Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko, Ana s/ sum.").

Al margen de esa deficiencia técnica de los recursos (que de por sí justificarían su desestimación), comparto la solución a la que arriba la Sra. Jueza a quo.

En efecto, los demandados reconocieron que el actor prestó servicios para ENDEMOL ARGENTINA SA y ello hace presumir la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, conforme lo previsto en el art. 23 de la LCT.

Cabe recordar que esa presunción "opera igualmente aun cuando se utilicen, como en el caso, figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio toda vez que, más allá de la apariencia que le haya dado la empleadora a la relación que uniera a las partes, en materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin que importe el nombre que las partes le hayan dado. Corresponde al juzgador determinar, en base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vínculo, sin que la apariencia real disimule la realidad (conf. Sup. Corte Bs. As., 9/11/1977, Ac. 23.767)" (CNAT, Sala X, 17/4/02, "Mayer, Eliane c/ Liga Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina Preventiva y otro").

El argumento de los recurrentes acerca de que las partes habrían estado unidas por un contrato de locación de servicios no resiste un análisis serio, porque es unánime la doctrina civil en cuanto a que, cuando los servicios son prestados por una persona física, la locación de servicios configura, en la actualidad, un contrato de trabajo que debe regularse como tal (CNAT, Sala X, 21.12.96, "Greco c/Consultas SA").

En efecto, la invocación de la figura del contrato de locación de servicios constituye un verdadero anacronismo. Hace ya más de 80 años años Josserand sostenía que "el paralelismo con la locación de los servicios procede de un punto de vista arcaico y superficial;.el contrato antes llamado de arrendamiento de servicios ha conquistado su autonomía; ha devenido el contrato de trabajo, y bajo este vocablo no se evoca ya, ni en el fondo ni en la forma, el recuerdo del arrendamiento de cosas." (Josserand, Louis, "Cours de Droit Civil Positif Français", París, 1923, t. II, p. 1933, citado por Juan D. Ramírez Gronda en el "Tratado de derecho del trabajo" dirigido por Mario L. Deveali, La Ley, Bs. As., 1971, t. I, p. 562).

Menos serio aun es afirmar que "la relación mantenida con el artista no se trata de una típica relación de trabajo".

Por el contrario, desde hace varias décadas, la más calificada doctrina viene sosteniendo que "Los contratos de actuación artística (de músicos -como solistas o en conjunto-, actores y cantantes en espectáculos teatrales, televisivos, cinematográficos o radiales y de esos u otros que actúan en espectáculos llamados de variedades o circenses) deben considerarse normalmente contratos de trabajo, debiendo no confundirse la cuestión relativa a si lo son o no con la distinta respecto a si son permanentes o meramente eventuales. Tampoco importa esencialmente si la actuación es reiterada o única, el actor que hace un 'bolo' en un espectáculo televisivo es tan trabajador subordinado como el que actúa regularmente en una 'tira' que se graba cotidianamente" (López, Justo, en López, J., Centeno, N. O. y Fernández Madrid, Juan C., "Ley de contrato de trabajo comentada", Ed. Contabilidad Moderna, 2ª edición, Bs. As., 1987, t. I, p. 327). Etala adhiere a esa opinión y añade que "tan categórica definición.no admite dudas luego de la aparición en nuestro país de la regulación estatutaria (ley 14.597 para los ejecutantes musicales), colectiva (convenios colectivos de actores, en sus diversas ramas: cine, teatro, televisión, publicidad, radio, doblaje, artistas de variedades, etc.) y fundamentalmente de la sanción de la ley de contrato de trabajo, cuyas disposiciones permiten encuadrar genéricamente las diversas peculiaridades y modalidades de la prestación de trabajo artístico" (Etala, Carlos A., El contrato de trabajo artístico", LT, XXVIII-744).

Es más: la propia apelante invoca que la contratación del demandante estaba encuadrada en las previsiones de la CCT 322/75 (cfr. fs. 427 vta.) y no hace falta aclarar que la convención colectiva de trabajo constituye una de las fuentes de regulación del contrato de trabajo (art. 1°, LCT).

Por otra parte, el contenido de las cláusulas de los contratos en cuestión demuestran cabalmente la concurrencia de las notas típicas de la dependencia laboral, ya que allí el artista se obliga: a) a cumplir una "jornada artística" (sic) de hasta tres días semanales y 12 horas diarias, incluyendo una hora de comida, divididos en un día de ensayo, otro de grabación y otro de capacitación y/o entrenamiento; b) a respetar y cumplir con los días y horarios que se fijen para la grabación del programa, los ensayos y/o entrenamientos pertinentes, sus promociones y, en definitiva, todo aquello que fuera necesario para la obtención del recurso final; c) a realizar las grabaciones en el lugar, día y horario que la Productora le indique; d) a estar a disposición de la Productora para la realización de shows de cualquier tipo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país. Asimismo, la Productora se reserva la facultad de modificar el lugar, horario y/o día establecido, como así también establecer el ámbito de grabación y/o emisión. También se establece que el artista dará absoluta prioridad a las obligaciones asumidas en el contrato, por lo cual los eventuales compromisos y/o giras que pudiera asumir no podrán superponerse o interferir en la prestación de los servicios convenidos a favor de ENDEMOL. Como contraprestación de los servicios se establece una retribución consistente en una suma fija por cada día de grabación, y otra suma por cada día de entrenamiento y/o capacitación (cfr. fs. 46/56).

Como se ve, el "artista" se obliga a poner su capacidad de trabajo a disposición de la Productora, con sujeción a las directivas impartidas por ésta, en cumplimiento de una "jornada artística" modificable a voluntad por la dadora de trabajo, a cambio de una remuneración en dinero, todo lo cual denota la existencia de dependencia económica, técnica y jurídica (arts. 21 y 22, LCT).

Las apelantes parecen creer que el hecho de no registrar al trabajador en el libro especial o el de hacerle suscribir un instrumento en el que se califica al vínculo como de naturaleza civil, resulta suficiente para sustraerse a la aplicación de normas que resultan indisponibles para las partes (art. 12 LCT), lo cual constituye un evidente despropósito. Este tipo de maniobras no alteran la naturaleza jurídica de la relación que medió entre las partes ni permiten concluir que estamos en presencia de una locación de servicios puesto que no interesa la calificación que las partes involucradas den a la relación, ni la forma en que llamen a la retribución por el servicio prestado, sino que lo relevante es la esencia de la vinculación que, en tanto (como ocurre en el caso) traduzca una subordinación jurídica, es decir, una sujeción actual o potencial a directivas jerárquicas, importa una relación laboral de carácter dependiente (CNAT, Sala VI, 16/7/96, exp. 44910, "Brutti, Ana c/ Raffo y Mazieres SA s/ accidente").

Propongo entonces confirmar el pronunciamiento en cuanto reconoce la existencia de un contrato de trabajo.

III) ENDEMOL se agravia asimismo porque el fallo aceptó la remuneración invocada por el actor ($ 3.000 mensuales), pese a que -afirma- el actor no probó haber percibido esa suma.

La objeción no resiste un análisis serio, pues la apelante ni siquiera indica cuál sería, a su juicio, el importe correcto, y ni siquiera invoca que el fijado en la sentencia sea exagerado o excesivo.

Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la empleadora no registró a GÓMEZ ANTELO en el libro especial, lo que conduce a presumir como verdadero el nivel salarial invocado por el trabajador, en virtud de lo dispuesto por los arts. 52 y 55 de la LCT. Digo esto, pues la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que la presunción del citado art. 55 también rige cuando, como en el caso, el dependiente no se halla registrado en el libro de sueldos y jornales a pesar de que debía estarlo (CNAT, Sala III, 23/11/06, S.D. 88.324, "Coronel, Héctor Luis c/ Mantel SRL y otro s/ despido"; esta Sala, 29/2/08, S.D. 93.307, "Neira, Daniel Ángel c/ Asociación Civil Club Atlético Chacarita Juniors s/ despido").

Pesaba entonces sobre la empleadora la carga de acreditar que el actor percibía una retribución inferior a la invocada en el escrito inicial y, sin embargo, no aportó ninguna prueba en tal sentido. Esa deficiencia probatoria de la demandada basta para desestimar las objeciones vinculadas con la remuneración, sin necesidad de examinar la prueba aportada por el actor para corroborar lo invocado en el escrito inicial, dado que -reitero- la falta de registro de la relación laboral produjo un desplazamiento del onus probandi, de modo que era la demandada quien tenía la carga de desvirtuar los datos alegados por el trabajador e -insisto- no lo ha logrado (esta Sala, 8/5/08, S.D. 93.286, "Sánchez, Élida Graciela c/ Wasserman Textil SRL y otros s/ despido"; íd., 24/9/10, S.D. 94.898, "Benasus Julia Renee c/ Berrondo Ricardo y otros s/ despido").

IV) También se queja ENDEMOL ARGENTINA SA de la condena a la entrega de certificado de trabajo y al pago de salarios, SAC, vacaciones, e indemnizaciones de los arts. 80 de la LCT, 8 y 15 de la ley 24.013 y 2° de la ley 25.323, pues insiste en que no existió un contrato de trabajo entre las partes.

Como dije antes, se encuentra acreditado que la relación existente entre el actor y la recurrente fue de naturaleza laboral, por lo que estas objeciones deben seguir la misma suerte negativa que las anteriores.

Por lo demás, no encuentro motivos que justifiquen la aplicación de la excepcional facultad de dispensa que otorga a los jueces el art. 2° de la ley 25.323, pues, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, el presente caso no suscita ningún género de duda respecto de la calificación jurídica del vínculo.

V) Asimismo se agravia la codemandada ENDEMOL del acogimiento del reclamo por accidente de trabajo, pues sostiene que la declaración del testigo HUSNI "sólo prueba que el mismo.conoció un accidente del actor", pero de sus dichos "no se desprende relación de causalidad alguna entre el supuesto accidente del actor y mi mandante" (sic). Añade que del peritaje médico surgiría que el demandante "habría omitido cumplir su tratamiento terapéutico a efectos de subsanar la supuesta lesión que padecía", por lo que "la única responsabilidad -en caso de existir- es del actor" (sic). Puntualiza también que el informe pericial "evidenciaría una mínima deformación, pero que la misma no importaría afectación para la realización de las tareas de luchador". Insiste en que no se encontraría probado "el accidente, ni el nexo de causalidad, ni el factor de atribución, ni responsabilidad alguna de mi mandante".

Anticipo que la objeción no merece acogimiento.

En efecto, coincido con la Sra. Jueza a quo en que la declaración del testigo HUSNI resulta eficaz para acreditar la ocurrencia del accidente y su relación con el trabajo, pues el testigo "sabe que el actor se lesionó en un show en un estadio durante una gira". Este testimonio reviste, a mi juicio, suficiente entidad probatoria, dado que proviene de un testigo propuesto por la propia demandada, que era nada menos que el "productor ejecutivo" del programa de televisión ("100% Lucha") donde laboraba el actor y, en tal carácter era quien "artísticamente armaba el show" (fs. 210/211).

Por otra parte, el peritaje médico da cuenta de que el demandante presenta secuelas que "se corresponden con las lesiones sufridas en el accidente de trabajo que se ventila en autos" y que le ocasionan una incapacidad parcial y permanente del 17% de la total obrera (cfr. fs. 342/343). Si bien el perito señaló que la deformación que sufre el actor en la región acromioclavicular izquierda no importa afectación para la realización de las tareas de luchador, el mismo experto agregó a continuación que "la afectación para la realización de las tareas deriva de la limitación funcional del hombro" (fs. 344), por lo que resulta indudable la existencia de un daño en relación causal directa con el accidente.

Demostrado entonces que el actor sufrió un accidente "por el hecho o en ocasión del trabajo", ello resulta suficiente para generar la responsabilidad de ENDEMOL ARGENTINA SA, en su carácter de empleadora no asegurada, en los términos de la ley 24.557 (conf. arts. 6.1, 28.1 y concordantes).

Aclaro que en ningún momento el perito refirió que el actor hubiera incurrido en alguna omisión en materia terapéutica que lo hiciera pasible de reproche. Conviene recordar que el responsable de otorgar las prestaciones en especie (entre ellas, la reparación quirúrgica a la que se alude a fs. 344 y 350) es la aseguradora de riesgos de trabajo o, en casos como el presente de ausencia de aseguramiento, el propio empleador.

Corresponde entonces confirmar el pronunciamiento también en este aspecto.

VI) El codemandado KERSTENS se queja porque la sentencia le extendió la responsabilidad en forma solidaria en los términos de la ley de sociedades, pese a que -según sostiene- la sociedad que preside contrató artistas "mediante contratos absolutamente válidos" y siempre "actuó de buena fe y conforme a la ley".

Acerca de este tema (responsabilidad de socios y directores), he sostenido, tanto como juez de primera instancia como en mi carácter de integrante de esta Sala , que:

".si la sociedad demandada incurría en la práctica de no registrar ni documentar una parte del salario efectivamente convenido y pagado (práctica prohibida por el art. 140 LCT y art. 10 de la Ley de Empleo) lo que comúnmente se denomina "pago en negro", tal conducta genera la responsabilidad de los socios y los controlantes en los términos del agregado de la ley 22903 al art. 54 de la ley 19550. Tal accionar constituye un recurso para violar la ley, el orden público (arts. 7, 12, 13 y 14 de la LCT), la buena fe (art. 63 LCT) y para frustrar derechos de terceros (el propio trabajador, el sistema de seguridad social, los integrantes del sector pasivo y la comunidad empresarial) (CNAT, Sala III, 2/5/00, sent. 80729, "Vega, Claudia c/ Julio Guitelman y Cía S.A. y otro s/ despido).

Asimismo, estas irregularidades configuran violaciones de la ley que generan la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S. Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma. Cámara, en cuanto a que "no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración.porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)". Por ello, "cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo.resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social." (CNAT, Sala VII, 6/9/01, "Díaz, Ricardo D. C/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros", DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., "Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria", RDL, 2001-297).

Esta conducta (dolosa y en violación de la ley) genera la responsabilidad de los codemandados ., en los términos de los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud que, en el caso, están representados por las indemnizaciones derivadas de las irregularidades registrales y de la ruptura del contrato -motivada, entre otras razones, por la negativa de la demandada a subsanar dicha irregularidad-, es decir los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación practicada en el considerando 9º. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/3/98, "Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.", LL, diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom., Sala A, 8/9/04, "Meza de Ruiz Días, Telma A. c/ Transporte El Trébol y otros", LL, diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a "los perjuicios causados" como consecuencia de la actuación ilícita.

En resumen, cabe responsabilizar a los codemandados ., con sustento en los arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., en forma solidaria e ilimitada, por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa), cuya reparación está representada (como dije antes), por los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación efectuada en el considerando 9º.

En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no en una actuación fraudulenta de los socios y administradores. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral".

Mutatis mutandi, estos razonamientos resultan aplicables al sub lite, dado que el codemandado KERTENS, en su calidad de presidente de la sociedad empleadora, no podía ignorar la grave ilicitud que representa la contratación de trabajadores no registrados, por lo que correspondería mantener su responsabilidad solidaria, con sustento en los citados arts. 59 y 274 de la L.S., aunque sólo respecto de los rubros que guardan relación causal con la falta de registro de la relación laboral (esta Sala, 24/2/11, S.D. 95.144, "Olivera Washington c/ Verini Security y otros s/ despido"), es decir: a) las indemnizaciones por antigüedad, omisión del preaviso e integración del mes de despido (las dos últimas con la incidencia del SAC), y el incremento previsto en el art. 2° de la ley 25.323 (dado que el despido indirecto se produjo por la negativa patronal a registrar la relación laboral); y b) las indemnizaciones de los arts. 8° y 15 de la ley 24.013.

Sugiero entonces que se mantenga la extensión de la condena contra JOHANNES PETRUS CHRISTOFFEL KERSTENS hasta la suma total de $ 41.476,71 ($ 6.000 + $ 3.250 + $ 336,20 + $ 4.780,17 + $ 17.550 + 9.560,34), con más sus intereses en la forma establecida en origen.

A pesar de la modificación propuesta, el apelante conserva la calidad de vencido en lo principal, por lo que propongo mantener su responsabilidad por las costas, con la salvedad de que los porcentajes de honorarios por los que debe responder este codemandado se calcularán sobre el monto de condena (capital e intereses) por el que éste resulta responsable.

VII) Los codemandados ENDEMOL y KERSTENS cuestionan también la aclaratoria de fs. 439 en cuanto los condenó a entregar el certificado de trabajo.

Con respecto a ENDEMOL, su responsabilidad es indiscutible dado que se trataba de la empleadora del actor.

En cambio, no corresponde hacer extensiva a KERSTENS este aspecto de la condena, pues se se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador. Los administradores de las sociedades responden en forma solidaria por su actuar ilícito, pero al no ser empleadores carecen de los datos necesarios para la confección de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT, los cuales resultarían de los libros de la sociedad empleadora, por lo que carece de objeto disponer una doble entrega de los mismos, por quienes, a título personal, no poseen los registros y carecen de los elementos necesarios para su confección (del voto de la Dra. González -en mayoría- en CNAT, Sala II, 9/3/07, S.D. 94.826, "Statuto, Néstor Raúl c/ Bian Tours SRL y otros s/ despido").

Sugiero entonces dejar sin efecto esta condena respecto del codemandado KERSTENS.

VIII) Los codemandados cuestionan por altos los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y a los peritos intervinientes; asimismo, las mismas partes apelan por bajos los estipendios regulados a sus propios abogados. A su vez, los peritos médica y contador recurren sus respectivos emolumentos por reducidos.

No se alcanza a entender (ni los explican los recurrentes) qué perjuicio podría ocasionar a los codemandados que los honorarios de sus letrados sean bajos, por lo que cabe desestimar esta apelación por ausencia de gravamen.

En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios de la representación y patrocinio del actor y de la perito médica lucen equitativos, por lo que propongo confirmarlos; en cambio, los del perito contador parecen reducidos, por lo que sugiero elevarlos al 4% del monto total de condena (por las dos acciones) incluidos los intereses.

IX) En síntesis, voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, limitando la extensión de condena contra JOHANNES PETRUS CHRISTOFFEL KERSTENS hasta la suma total de $ 41.476,71, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto la condena a acompañar certificado de trabajo respecto del codemandado KERSTENS. 3) Elevar los honorarios del perito contador al 4% del monto total de condena (por las dos acciones) incluidos los intereses. 4) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y ha sido motivo de recurso. 5) Imponer las costas de la alzada a los demandados, regulando los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839). 6) Aclarar que todos los porcentajes de honorarios por los que debe responder el codemandado KERSTENS se calcularán sobre el monto de condena (capital e intereses) por el que éste resulta responsable.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Comparto la solución a la que arriba el voto que antecede en función de los antecedentes, presunciones y pruebas aportadas en la causa. Ahora bien, quiero dejar aclarado que disiento con la afirmación de mi colega respecto de que la figura de locación de servicios ha sido reemplazada totalmente por el contrato de trabajo. En efecto, considero que si bien es cierto que la mayoría de las relaciones que en otro momento histórico -anterior al Derecho del Trabajo- pudieron estar comprendidas en el ámbito de la locación de servicios hoy se encuentran dentro de la figura del contrato de trabajo, también lo es que la locación de servicios, regulada en el art. 1623 y sigs. del Código Civil subsiste en determinados supuestos y presenta diferenciaciones relevantes con el contrato de trabajo vinculadas a la inexistencia de subordinación en sus tres facetas: técnica, económica y jurídica (ver, al respecto Código Civil dirigido por Belluscio, T.8 pag. 2 y sgts.; ver, asimismo CNAT Sala II en autos "Torino, Enzo Oscar c/ Caselli Antornio Manuel" del 27/06/2011). Sin perjuicio de la aclaración realizada, considero que en la especie, con los elementos que surgen de la causa, ha quedado acreditada la existencia de un vínculo laboral dependiente.

También aclaro que si bien no comparto la tesis sustentada en el voto que antecede en cuanto limita la responsabilidad de la persona física demandada a algunos de los rubros por los que prospera la acción por despido y en este sentido me he expedido como juez de primera instancia en reiteradas oportunidades y como integrante de esta Sala (ver, al respecto "Criado Andrea Ines c/ Times S.A. y otro s/ despido" S.D. n° 95.393 de fecha 06/05/2011), lo cierto es que he quedado en minoría, por lo que, por economía y celeridad procesal, adhiero a la propuesta del Dr. Guisado.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, limitando la extensión de condena contra JOHANNES PETRUS CHRISTOFFEL KERSTENS hasta la suma total de $ 41.476,71, con más sus intereses en la forma establecida en origen. 2) Dejar sin efecto la condena a acompañar certificado de trabajo respecto del codemandado KERSTENS. 3) Elevar los honorarios del perito contador al 4% del monto total de condena (por las dos acciones) incluidos los intereses. 4) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que decide y ha sido motivo de recurso. 5) Imponer las costas de la alzada a los demandados, regulando los honorarios de los profesionales de ambas partes en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839). 6) Aclarar que todos los porcentajes de honorarios por los que debe responder el codemandado KERSTENS se calcularán sobre el monto de condena (capital e intereses) por el que éste resulta responsable.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria