Tribunal: TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-26


Buenos Aires, diciembre 26 de 2006.

El doctor Sarli dijo:

I. A fs. 9/20 la firma Cosena Seguros S.A., por apoderado, interpone recurso de apelación contra los puntos 2º y 4º de la Res. 1020/02 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la DGA, dictada en el expediente nº 605.266/99, resolución por la cual, a la vez que (en el art. 1º) se condenó a la firma importadora ABJ S.A. al pago de una multa en los términos del art. 970 del C.A. por el incumplimiento del régimen de importación temporaria con relación al D.I.T. 14 nº 005095-S/98, por el mismo hecho se dispuso (por el referido art. 4º) formularles cargo por tributos a la aludida importadora y a la firma actora en estos autos, a esta última como garante de la operación de dicho D.I.T.. Expresa la actora que la firma importadora "ABJ S.A." habría documentado una importación temporaria (D.I.T. 14 nº 005095-S/98) a cuyo respecto se habría vencido el plazo de permanencia sin que dicha firma hubiera reexportado la totalidad de la mercadería, y que en su momento la importadora le habría solicitado la confección y entrega de la póliza de caución nº 27585 en garantía de las responsabilidades tributarias, y que con la garantía que -expresa la actora- "dice" la aduana haberse prestado por su parte "...se habría garantizado los derechos de importación conforme la habitual práctica de esta firma en la materia y hasta el límite económico de la póliza". Sostiene, en primer lugar, la improcedencia -en esta etapa- de la intimación que se le formulara a su parte, por cuanto -afirma- carece su parte en esta instancia de legitimación pasiva, y ello con fundamento en que "la obligación de garantía" (que dice que "no se desconoce") está condicionada al cumplimiento de diversos requisitos que enumera según su criterio y concluye en que, al no haberse cumplido con la totalidad de los mismos (algunos de ellos -incs. h., i., j. k.- referidos al supuesto -invocado por la actora- estado de falencia de la importadora), la aduana le exige sin causa importes que no resultan -al menos a esta altura- de cancelación obligatoria. Plantea (en tal caso -y no en subsidio- implicando que la deuda tributaria existiera) la "... suspensión de intereses al momento de la apertura de la quiebra" (se entiende que la -invocada- quiebra de la firma importadora), y en este mismo punto afirma que "... no se ha acreditado ni verificado 'con carácter de cosa juzgada contra el importador' la realización del hecho imponible..., es decir la importación irregular a consumo... que da origen a la obligación tributaria 'nacida' en cabeza del importador, 'único sujeto pasivo de la misma', ....", y que por ende "... no se ha configurado el siniestro asegurado,.... (es decir)... el 'incumplimiento' por parte del importador.... 'de las obligaciones tributarias a su cargo' nacida (s) 'como consecuencia de la infracción aduanera que le es imputable". Formula consideraciones acerca de la naturaleza jurídica del seguro de caución y del alcance de la responsabilidad de la aseguradora. Afirma -en repetidas oportunidades- que, como aseguradora, no es liso, llano y principal pagador, y que debe responder en forma subsidiaria, es decir sólo en el caso en que el importador temporario sea responsable de la infracción, con cargo firme como título ejecutivo, y siempre y cuando éste no haga frente a la obligación tributaria. Afirma asimismo que la aduana no ha verificado el crédito en la quiebra de la importadora (tal como -sostiene- era su obligación en el caso) y formula consideraciones al respecto. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se deje sin efecto el cargo en cuestión y que "... se intime a la aduana a verificar el crédito a su favor, previa liquidación de intereses a la fecha desde la fecha en que se decreto la quiebra".

II. A fs. 27/35 vta. el representante fiscal acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa, y contesta el traslado del recurso. Se refiere a los antecedentes de la cuestión y a los argumentos de la actora. Afirma que en el caso se configuró el siniestro asegurado por la actora, ello en cuanto no se acreditó el cumplimiento de la reexportación en término de la mercadería importada temporariamente. Formula consideraciones acerca de la responsabilidad de la aseguradora como garante del pago de los tributos, en cuanto la misma es principal obligada. Manifiesta que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal, siendo que el siniestro se configura con el incumplimiento de la obligación principal, sin que sea necesario demostrar la insolvencia del tomador (en cuanto no se pactó el beneficio de excusión). Cita jurisprudencia al respecto. En cuanto a la pretensión de la actora de que la aduana deba previamente -a requerirle el pago a la aseguradora- verificar su crédito en el concurso o quiebra de la importadora, afirma el representante fiscal que es la aseguradora la que debe presentarse a verificar en forma eventual y hasta el monto máximo de la póliza, en el concurso o quiebra de la importadora, y no la Aduana, por cuanto -señala- esta última ha querido eliminar todo tipo de contingencias posibles en relación a la operación garantizada con la exigencia del seguro de caución emitido por la aseguradora. Argumenta al respecto. Formula consideraciones sobre la naturaleza del seguro de caución. Finalmente, solicita que se confirme el fallo aduanero apelado.

III. A fs. 36 se abre la causa a prueba, disponiéndose el libramiento del oficio ofrecido por la actora (requerimiento de informes al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nº 6, Secretaría nº 11 sobre la quiebra de la firma importadora ABJ S.A.), el que es contestado a fs. 47/50. A fs. 54 se declara clausurado el período probatorio y se elevan los autos a esta sala G. A fs. 55 se pone la causa para alegar. A fs. 57 se dispone la remisión -mediante oficio- a la Fiscalía en lo Penal Económico nº 5, Secretaría Única de la carpeta original del D.I.T. 14 nº 005095-S/99 y copias certificadas de los antecedentes administrativos de la causa (ello en orden al requerimiento efectuado por dicha Fiscalía a fs. 56), remisión que resulta efectuada conforme surge de fs. 64. A fs. 62 obra constancia de que ninguna de las partes se ha presentado a alegar. A fs. 63 se ponen los autos a sentencia. A fs. 65 se dispone como medida para mejor proveer el libramiento (por Secretaría) de oficio a la Aduana (requerimiento de la póliza del caso) lo que motiva la contestación de fs. 66/71, con la remisión de la copia oficial de la póliza nº 27.585, copia que obra a fs. 69/69 vta. La causa queda en estado de dictar sentencia.

IV. Según resulta de las constancias de las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa (expediente EAAA nº 605.266/99) la firma importadora ABJ S.A. realizó, mediante el D.I.T. 14 nº 005095-S/98, registrado ante la Aduana de Buenos Aires el 13/08/98, la importación temporaria de 11.817,20 kgs. de hilados de polipropileno (de la posición SIM 5402.59.00.000K), al amparo del régimen del dec. 1439/96, por ende destinados a proceso para su posterior exportación, con vencimiento del plazo de permanencia en fecha 9/08/99, y -en lo que aquí interesa- dio garantía por los tributos (liquidados en dicho D.I.T.) que en el momento del referido registro hubieran gravado la importación para consumo de la mercadería (derecho adicional que debería incluirse conforme el régimen aplicado, I.V.A., I.V.A. adicional, y percepción de Ganancias, por un importe total de u$s 24.692,30), garantía extendida mediante la póliza de seguro de caución nº 27.585 (Garantía nº 220.595) por un importe de u$s 25.000, de la firma recurrente en autos (ver la documentación del D.I.T. en las copias certificadas del sobre de fs. 33 del citado expediente, copias certificadas que obran agregadas por cuerda a estos autos, y ver la copia oficial de la indicada póliza de seguro a fs. 69/69 vta. de estos autos). A fs. 1, en fecha 11/11/99, se formuló denuncia infraccional en los términos del art. 970 del C.A. (ello en razón del vencimiento del aludido plazo de permanencia sin constancia de la reexportación o regularización respecto de la totalidad de la mercadería importada temporariamente por el D.I.T. del que se trata). A fs. 28, en fecha 2/2/00, se dispuso la apertura de sumario imputándosele a la firma importadora la infracción denunciada. A fs. 40 se aforó la mercadería del D.I.T. y a fs. 42 se efectuó la liquidación de los tributos, al 9/08/99 momento de la infracción (liquidación en la que se incluyó el derecho adicional establecido por el dec. 1439/96, ello con el nivel arancelario del 24%), a la vez que se liquidó el importe de la multa mínima. A fs. 52, en fecha 4/06/01, se dispuso correrle a la firma importadora la vista del art. 1101 del C.A., haciéndosele saber el importe de los tributos y el importe de la multa mínima (tales importes conforme las determinaciones efectuadas a fs. 42), a la vez que se dispuso citar a la firma actora (aseguradora) en su carácter de garante de la operación de importación temporaria, por el importe de los tributos. A fs. 55/61 -mediante el expediente ADGA nº 413.404/01- la aseguradora (la actora en estos autos) contestó dicha citación. A fs. 78 contestó la vista (conferida a la importadora) la síndico de la quiebra de la importadora. A fs. 70/71 se dictó la Res. 1020/02 apelada en autos.

V. De las precedentemente reseñadas constancias resulta que la actora en estos autos, como compañía aseguradora, había garantizado la importación temporaria del D.I.T. 14 nº 005095-S/98. Ello resulta (además de los dichos de la actora -efectuados en tiempo o modo "potencial"- en su escrito del recurso) de la correspondencia y/o concordancia entre los datos de la copia oficial de la póliza de caución nº 27.585 obrante a fs. 69 de estos autos (nro. de póliza, de garantía, firma importadora, importe garantizado, mención de la mercadería, datos del conocimiento de embarque que ampara la mercadería del D.I.T. y datos del buque transportador) y con los correlativos datos del D.I.T.. Asimismo resulta que la actora fue citada en ese sumario y fue parte en el mismo, esto es que, antes de la respectiva condena por el fallo apelado en autos, a la actora se le corrió la vista del art. 1101 del C.A. (en rigor, a la par de disponerse esa vista respecto de la importadora, quien a su vez y por el síndico de su quiebra tomó intervención en el caso, se citó a la actora en su carácter de garante por el pago de los tributos), por lo que ella tomó la debida intervención, y que, en consecuencia, en el referido fallo -que respecto de la firma importadora del D.I.T. resultó condenatorio al pago de multa por la infracción que se le imputara, art. 970 del C.A.- se le formuló cargo a la actora, aseguradora de la operación, por el importe de los tributos que resultara adeudar la importadora.

En razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. c) y 455 inc. d) del C. A., y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil, de necesaria aplicación supletoria.

En dicho contexto queda claro que el fiador, en el caso la actora, puede oponer al acreedor, en el caso el servicio aduanero, todas las excepciones propias y aun las del deudor principal (en el caso la importadora), incluso contra la voluntad de este último, y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor, con la especial salvedad de que si el fiador no interviene por no haber sido llamado al efecto, la sentencia que se dicte contra el deudor principal no priva al fiador de plantear las excepciones aun sobre la obligación misma, es decir que esa sentencia, en tales circunstancias, no haría cosa juzgada contra el fiador (conf.: arts. 2003, 2004, 2013 -fiador solidario-, y 2020 al 2023, del Código Civil).

El Código Aduanero, como dije, no trae normas al respecto; y por ello no contradice -como ley específica- a las precedentemente indicadas normas de aplicación supletoria. Pero sí trae disposiciones que armonizan perfectamente con los mentados principios del Código Civil (pues únicamente aquéllas tienen sentido si se aplican estos últimos), cuales son las del art. 786 y las del juego armónico de los arts. 1092 y 1101, del citado Código Aduanero.

En efecto, no tendría sentido -una vez liquidados los tributos por el servicio aduanero- notificar la respectiva liquidación no sólo al deudor sino también al "garante" o responsable, si no fuera para que también ese garante pueda ejercitar sus derechos contra la liquidación (el procedimiento reglado al efecto es el de impugnación de los arts. 1053 y sigtes. del C.A., si es que la liquidación no resulta de un procedimiento para las infracciones, y es el propio procedimiento para las infracciones si en el mismo se ejercitan conjuntamente al acción penal por la infracción y la acción tributaria por el mismo hecho). Tampoco tendría sentido que en un procedimiento para las infracciones (en el que también -como en el caso de autos- estén en juego cuestiones tributarias) deban ser partes no sólo el o los supuestos responsables de la infracción imputada sino también -expresa y específicamente- el o los responsables del pago de los tributos correspondientes, si no fuera para que tales responsables "tributarios" (que pueden ser personas distintas del o los imputados por la infracción, precisamente en los casos en que se diera un garante de la obligación tributaria o eventualmente de alguna otra obligación vinculada a la infracción) puedan también presentar sus defensas mediante la vista del art. 1101 del C.A. y/o la citación al efecto.

De modo que queda claro que el garante en la importación temporaria (como en cualquier otro caso de garantía por el régimen de que se trate de la Sección V del Código Aduanero), cuando mediare una cuestión tributaria en relación al deudor principal y/o a la deuda garantizada, debe ser notificado independientemente y además de la notificación al deudor principal, y que naturalmente puede impugnar, al igual que el deudor principal, la pretensión aduanera, por el respectivo procedimiento reglado. Igualmente, si la exigencia (tributaria o pretensión de cualquier otra naturaleza) se diera mediando un procedimiento para las infracciones, debe ser citado, para presentar las defensas de que pudiera valerse (las propias y aun las del tomador del seguro), mediante la vista al efecto reglada en ese procedimiento.

Aun no obstaría al criterio expuesto la circunstancia de que la importadora, debidamente citada, no opusiera defensa alguna y por ende fuera condenada -en rebeldía- con fallo que quedase firme a su respecto (en el caso, la importadora, que fue debidamente citada -se le corrió la vista de ley en la persona del síndico de su quiebra-, contestó la citación pero no opuso defensa).

En efecto, no sería admisible considerar que si existiera resolución firme contra el tomador del seguro (en el caso, la firma ABJ S.A.) la aduana sin más tenga derecho a reclamarle al asegurador, sin que éste pudiera oponer defensa alguna, como si se hubiera obligado ciegamente cualquiera fuera la conducta o la actitud de dicho tomador (aun ante su eventual inactividad frente a una hipotética exigencia arbitraria); por el contrario, debe entenderse, en armonía con el esquema legal de los principios generales de la garantía antes expuestos, que la eventual resolución en firme contra el tomador no excluye la intervención -en relación a esa resolución- que legítimamente pueda tener el fiador-asegurador, y que la "forzosa" no intervención de este último (es decir que el asegurador no tuviera el derecho de cuestionar la exigencia aduanera por la vía reglada) sólo podría derivar de una renuncia expresa e inequívoca que evidentemente no está establecida en las cláusulas de la propia póliza.

Luego, y en el mismo orden de ideas, lo que el asegurador debe abonar a la Aduana, una vez "ejecutoriada" la exigencia respectiva (esto en virtud de la mención del art. 1122 del C.A. que se realiza en las "Condiciones Particulares" de la respectiva póliza, ver fs. 31 de las act. adm.), puede ser lo que resulte de lo ejecutoriado respecto del tomador, pero fundamentalmente debe ser lo ejecutoriado respecto del asegurador.

En el caso de autos, en suma, la actora en estos autos, en su carácter de fiador o garante del importador temporario ABJ S.A., y por ende "responsable" en el sentido antes indicado (en orden a los tributos garantizados), debió como tal ser citada en el sumario instruido a dicho importador temporario por la infracción que a este último se le imputara en relación a la operación garantizada, citación que debió realizarse mediante la vista del art. 1101 del C.A., lo cual efectivamente ocurrió, teniendo plenamente la actora la oportunidad de ejercitar su defensa (tal como la ejerció), al igual que la tiene en esta instancia, en la apelación contra el falto aduanero que le exige el pago de los tributos afianzados.

El criterio expuesto, reiterado por esta sala G en numerosos pronunciamientos, ha tenido acogida y confirmación pacífica por parte de la C.N.A.C.A.F. (ello a partir de las respectivas sentencias en las causa nº 7217-A "Cía. Arg. de Seguros Visión S.A.", de fechas 29/8/95 y -sala V de la citada Cámara- 6/8/96).

Cabe señalar, por lo demás, que la firma importadora (quien -como único requisito previo respecto de la exigencia tributaria a la aseguradora garante, además de la procedencia sustancial de dicha exigencia- debió ser a su vez ella misma también efectivamente citada en las actuaciones en las que se le formulara dicha exigencia a la referida aseguradora) fue efectivamente citada en esas actuaciones, esto es que a ella (en la persona de la síndico de su quiebra, por ende -a la sazón- su representante legal) se le corrió la vista del art. 1101 del C.A. con la previa liquidación de los tributos y la imputación del hecho infraccional que a la vez era el hecho gravado con tales tributos (ver fs. 77vta. y fs. 78/78 vta. de las actuaciones administrativas).

VI. Queda claro, por lo tanto, que la mentada "responsabilidad" de la actora (fiadora-aseguradora), aunada a su reglada intervención en el contencioso aduanero juntamente con la importadora (deudor principal y tomador del seguro), colocan a aquélla, en cuanto a su obligación, a la par de la importadora; y por esa razón no hay a favor de la actora, beneficio de excusión posible.

En efecto, la actora responde, lisa y llanamente (y tal cual por lo demás está pactado con la aduana-asegurada), por la producción del siniestro, y el siniestro no es otra cosa que la realización (eventual al momento de la importación temporaria) de la importación para consumo, en la hipótesis importación para consumo de modo irregular (art. 274 del C.A., a la vez que supuesto infraccional del art. 970 del C.A.) ya que el modo regular (arts. 271 y 272 del C.A.) exige la previa liquidación y el previo pago de los tributos por parte de la importadora (conf., además, dec. 249/91). Por supuesto que la responsabilidad de la actora, frente a la aduana asegurada, cesaría si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (y no menos, art. 792 del C.A.), pero ello no significa que la actora tenga beneficio de excusión ya que del mismo modo cesaría -también frente a la aduana- la responsabilidad de la importadora si el fiador/garante pagara el total de la obligación tributaria garantizada, y eso es así porque ambos, importadora y garante, son obligados por igual frente a la aduana. De allí, no sólo la explicada más arriba "debida" intervención de ambos en el sumario (o bien -independientemente de la apertura de un sumario- la debida citación y/o notificación de la exigencia tributaria, a la importadora y también a su garante), sino también, y en consecuencia, lo establecido en el art. 1112 inc. b) del C.A..

A su vez es totalmente irrelevante -respecto de la actora aseguradora- que el decisorio aduanero (por el que se imponga la sanción por la infracción y se exija la correlativa obligación tributaria) quede firme respecto de la importadora-deudor principal (salvo que en tal caso la aduana decidiera ejecutar contra esta última lo adeudado y así -o sin ejecución- esta última pague el total de lo adeudado, ya que de tal modo y según se vio cesaría la responsabilidad de la aseguradora), puesto que lo verdaderamente relevante, para la responsabilidad de la actora, es que ésta sea notificada y/o debidamente citada en relación a su obligación tributaria (además de la citación a la importadora, como quedó dicho, con o sin sumario en su caso) y que el respectivo decisorio -si la importadora no pagara ante el requerimiento-quede firme o resulte. confirmado a su propio respecto (lo dicho, claro está, es sin perjuicio del derecho de la importadora -si la aseguradora paga ante el requerimiento aduanero o porque el eventual decisorio quede firme respecto de dicha aseguradora- a continuar por su parte su defensa y vía recursiva en pos de obtener un fallo a su favor para enervar la eventual acción de regreso del fiador).

Por lo demás, y decisivamente, la fianza dada en el caso es "solidaria", en razón de que el acreedor es el fisco nacional, o bien porque el deudor principal ha quebrado, y por lo tanto legalmente está establecido que en tal caso (aun en el supuesto de no considerar a la actora aseguradora como "principal pagador") no hay beneficio de excusión ni de división posibles (conf.: arts. 2003, 2004 y 2013 incs. 2º, 5º y 9º, del C. Civil).

VII. En el caso de autos la actora no controvierte que la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. 14 nº 005095-S/98 no se ha reexportado -ni regularizado su situación- en término.

De allí la responsabilidad de la importadora por el pago de tributos (art. 274 del C.A.) con relación a dicha mercadería en infracción, y por ende -por lo precedentemente expuesto- la responsabilidad actual de la firma actora por el mismo concepto, ello desde el punto de vista de su responsabilidad -exclusivamente tributaria- frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro (importación para consumo irregular por la no reexportación ni regularización en término de la mercadería del D.I.T. en cuestión), dado el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, sin necesidad alguna de que la aduana deba previamente -como requisito para el cobro a la actora- reclamar y/o intentar cobrar lo adeudado a la importadora y/o -mucho menos-- encontrarse frente a la insolvencia de la importadora, como si la responsabilidad de la actora, como garante-fiador, fuera legalmente de carácter "subsidiario", que -como ya se vio- claramente no lo es.

VIII. Ninguna disposición de la Ley de Concursos y Quiebras (ley 24.522) altera las conclusiones hasta aquí alcanzadas respecto de la responsabilidad de la actora.

En particular (dado que la actora plantea que la aduana -como previo a exigir la obligación al garante- debe verificar el crédito en la quiebra del deudor principal), de ninguna disposición de dicha ley resulta que la aduana "deba" verificar el crédito -relativo a la obligación tributaria de la importadora, afianzada por la actora- en la quiebra de la importadora, como requisito previo al reclamo al garante de dicha obligación. Cabe señalar que la aduana, en el caso de autos, de todos modos efectuó tal verificación (ver informe obrante a fs. 50 de autos), pero ello de ningún modo significa que la actora haya quedado desligada de sus obligaciones tributarias, igual o "como si la importadora -deudor principal- hubiera pagado la deuda", lo que habría colocado a la situación en las condiciones de pago de la obligación por parte de uno de los obligados frente a la aduana y por ello de haber cesado -frente a la aduana- la responsabilidad del otro coobligado. Por otra parte, si además (de efectuada la verificación) la actora aseguradora hubiera pagado la obligación de la fallida importadora, garantizada por la actora, esta última quedaría subrogada en los derechos de la aduana (que así habría sido satisfecha en su crédito) y por ende debería presentarse en la quiebra a los fines emergentes de la aludida verificación efectuada.

También señalo, en cuanto la propia aduana (Res. 1645/94 (A.N.A.)) ha impartido "instrucciones para verificar los créditos de la aduana en los concursos", que es obvio que tal instructivo rige para los casos en que la aduana tenga que verificar el crédito de un deudor concursado, pero ello tiene y tendrá sentido cuando así lo decida la aduana, sea porque simplemente lo decida (aun existiendo un codeudor solidario con el concursado) sea porque el concursado sea el único responsable deudor de ese crédito (y entonces no tenga otro camino que verificar -para cobrar-); por lo cual, si la aduana tiene -como en el caso- otro responsable (el garante, en el caso la actora aseguradora), "puede", simple y obviamente, no verificar su crédito en el concurso (sin perjuicio, como se vio, de que en el caso de todos modos lo hizo). En suma, lo que regula la citada Resolución es el trámite a seguir por la aduana cuando tenga que cobrarle un crédito a su deudor fallido, pero ello no significa de ningún modo que la aduana esté obligada (autoobligada en tal caso) a verificar el crédito en el concurso del deudor cuando (una vez citado el deudor) tenga a su vez otro responsable solidario (y no concursado) para el cobro.

En otras palabras, una buena razón, que pudo tener en cuenta el legislador, para (en estos casos) exigir una garantía y así tener un garante solvente (o un seguro), con el objeto de cobrar la deuda garantizada, es cubrir la posibilidad -que en el caso de autos se dio- de que el deudor principal se insolvente y/o quiebre.

Refuerza lo dicho, una disposición de la propia ley 24.522, tal la de su art. 55 en cuanto en él se establece que "En todos los casos, el acuerdo homologado importa la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios" (la negrita es mía); de modo que si se "extingue" la obligación del deudor principal (aunque, claro está, en este caso se extingue con el modo muy especial de la novación) sin embargo no se extingue la -correlativa- obligación del fiador de la obligación extinguida por novación, y así el fiador se hará cargo de la parte de la obligación que la efectivización del acuerdo homologado no cubra. Es obvio que el principio que subyace en esta disposición es, precisamente y de conformidad con lo que se viene exponiendo precedentemente, la cobertura por parte del fiador, respecto de la deuda garantizada, ante la insolvencia o falta de cobertura, total (quiebra) o parcial (acuerdo homologado en el concurso) del deudor principal, y aun en caso de "extinguirse" (por cualquier causa que no fuera el pago total) la obligación respecto del deudor principal.

En suma, dada la responsabilidad -entonces y actual- de la actora, desde el punto de su responsabilidad -exclusivamente tributaria- frente a la aduana como garante de la obligación tributaria de la importadora, y también desde el punto de vista de la producción del siniestro dados el carácter de aseguradora de aquélla y el riesgo asegurado, tal responsabilidad, como se vio, es tal sin que ninguna relevancia puede tener, ni ningún obstáculo pueda constituir, para efectivizar la aduana el cobro de los tributos a la actora, la quiebra -como en el caso de autos- de la firma importadora.

Por lo demás, de cualquier modo, todos los procedimientos contenciosos aduaneros (de obvio contenido patrimonial, específicamente en cuanto en ellos está en juego la aplicación de multas y/o exigencia de tributos) y con su eventual secuela recursiva (como la del recurso de autos), quedan excluidos de la suspensión de su trámite y del fuero de atracción del concurso (preventivo o quiebra), dispositivos establecidos por la ley 24.522, aunque en dicha ley -en que taxativamente se indican los juicios excluidos al respecto- no se excluyen expresamente aquéllos.

La aludida exclusión obedece a un lógico y natural sentido de especialidad y practicidad, en orden a la forzosamente preliminar determinación tributaria -o en su improcedencia-, función del organismo recaudador y en su caso de la pertinente vía recursiva, y a la razonable necesidad de que el proceso penal (del que pueda derivar la sanción pecuniaria) concluya hasta sus últimas posibilidades de juzgamiento, criterio éste que fue establecido jurisprudencialmente. En efecto, ya la C.S.J.N. había expresado (en vigencia de la ley 19.551), por sentencia del 09/04/87 en autos "Cosimati, Gregorio G. s/Conc. merc. preventivo", que el art. 22 de dicha ley 19.551 (que establecía la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado) es inaplicable "... toda vez que la misma -la aludida suspensión-debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procedimientos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al órgano competente la determinación de las obligaciones tributarias y/o aplicación de sanciones, por hechos imponibles y punibles anteriores a la fecha de iniciación del concurso". En el mismo sentido se ha expedido nuevamente la C.S.J.N. en la causa "Supercanal S.A.", sentencia del 02/06/03, en la que se resolvió que, habiendo el contribuyente recurrido al Tribunal Fiscal de la Nación, "... no opera el fuero de atracción, operando éste recién una vez dictada la sentencia por dicho Tribunal, oportunidad en que -recién- se produce el desplazamiento de la competencia original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales por otras normas legislativas". Finalmente, con posterioridad, la C.S.J.N. se ha pronunciado en la causa "Gauchat, Enrique", sentencia del 04/07/03, yendo aun más adelante en la vía recursiva y precisamente contemplando los supuestos -esta vez- en que la sentencia del Tribunal Fiscal fuese apelada, haciendo suyos al respecto los fundamentos del Procurador General en el sentido de que "... el fuero de atracción sólo podría operar después de la intervención del Tribunal de Alzada, y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, se habilitaría el fuero de atracción y correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso. Consecuentemente... hasta el dictado de la sentencia definitiva del tribunal de revisión, la causa deberá continuar en dicho ámbito; es decir que corresponde el tratamiento del recurso pendiente, por la sala IV de la C.N.A.C.A.F. y en su caso, de confirmarse el fallo del Tribunal Fiscal, deberá remitirse la causa para su ulterior trámite, al juzgado del concurso".

IX. No se encuentra cuestionada por la actora la liquidación de los tributos en sus aspectos numéricos o en los rubros incluidos en ella (aquí cabe referirse a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 42 de las actuaciones administrativas y cuyo importe es el que es objeto de la exigencia tributaria del fallo apelado). Cabe aquí señalar especialmente que el servicio aduanero, en la referida liquidación, liquidó derechos de importación y tasa de estadística (del régimen general) cuando conforme surge del despacho de importación de autos dichos rubros no fueron liquidados, y por ende no fueron garantizados por la aquí actora, ello así por cuanto se trata de mercadería a cuyo respecto se invocó el régimen intrazona Mercosur, y así se acompañó el certificado de origen cuya copia obra junto con la copia del D.I.T. de autos.

Respecto de esto último, señalo que es sabido que para que proceda la aplicación del régimen arancelario preferencial del tratado Mercosur, es necesaria la presentación del certificado de origen, y además que dicho certificado sea válido y aplicable. En tal sentido cabe señalar que la actora aseguradora no ha probado ni pretendido probar la fecha del embarque de la mercadería importada temporariamente por el D.I.T. de autos (fecha que no consta en el D.I.T. y que tampoco se desprende de la copia del conocimiento que obra con la copia del D.I.T.). Consecuentemente no es posible tener por válido el referido certificado (ello en cuanto a la validez de su emisión con relación a la fecha de embarque, requisito sustancial cuyo incumplimiento acarrea inhabilidad manifiesta según la jurisprudencia al respecto de la C.S.J.N.). Por ello y -reitero- porque la actora nada acreditó al respecto, se concluye en que no es aplicable a la operación de importación en trato, el régimen arancelario preferencial. Por lo tanto y por lo expuesto en el párrafo precedente, no corresponde modificar la exigencia tributaria, y en consecuencia, corresponde confirmar la liquidación tributaria efectuada por el servicio aduanero a fs. 42 de las actuaciones administrativas (en virtud de la importación para consumo irregular del caso) por lo que la actora debe los tributos liquidados a la importadora con la salvedad que se indica a continuación.

X. La actora fiadora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero sin perjuicio de la limitación que surge de aplicar, como "límite máximo" de la responsabilidad de la actora en el caso, el monto límite de la garantía dada (como se vio en el capítulo IV, de u$s 25.000, por entonces equivalentes a $25.000), y claro que con la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora superan ese límite) los intereses que correspondan.

En la póliza dada, en el caso, se garantizó el pago en efectivo "...hasta la suma máxima de..." (en el caso de u$s -ó $- 25.000, ver fs. 69/69 vta. de autos) "...con más lo que pudiere resultar en exceso...".

Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1996 del C. Civil (disposiciones sobre la fianza que en el caso y ante la ausencia de normas específicas al respecto en la legislación aduanera son de necesaria aplicación supletoria en el caso), el límite hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios (intereses) aun si con ello se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualesquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. Aclaro que esa suma máxima cubría -con muy leve exceso- los tributos que en este caso gravaban la importación para consumo "en el momento del registro de la importación temporaria" -13/8/98-, es decir según los niveles y tratamiento arancelarios de ese momento, y ese importe es el que debía ser el importe de la garantía según el art. 453, inc. c. del C.A., sin perjuicio de que después -al tiempo de la irregular importación para consumo -art. 638, inc. e. del C.A.- variaran esos niveles o ese tratamiento, que fue precisamente lo que ocurrió en el caso.

De modo que si el importe que, producido el siniestro -importación para consumo irregular-, correspondía abonar a la importadora y/o a la aseguradora por tributos, hubiera sido inferior (por reducción de las alícuotas, por haberse derogado tributos, o por cualquier otra razón) o igual al liquidado por tributos al tiempo de la temporaria, debería abonarse el nuevo importe liquidado en consecuencia del siniestro, con más los accesorios correspondientes; y aun así si hubiera sido mayor (por aumento de las alícuotas, por nuevos tributos, o por cualquier otra razón) pero menor o igual a la suma máxima establecida. En cambio, si el nuevo importe derivado del siniestro (sin accesorios) fuera mayor que la suma máxima garantizada, esta última es la que el asegurador debería abonar (y no la importadora que debería el total sin dicho límite), con más los accesorios correspondientes.

Como se vio, el importe nominal por el que en el caso debe responder la importadora (u$s o $33.763.84) es mayor que el importe de la aludida suma máxima garantizada por la actora (u$s 25.000 entonces equivalentes a $25.000); por lo tanto es (sólo) por este último importe que debe responder la actora, y es a ese importe -en pesos- al que aquí se le deben adicionar los correspondientes intereses (sin perjuicio, como se verá, de que ese importe en pesos se "hubiera debido" a su vez ajustar con el CER del dec. 214/02). Lo dicho (que es a los fines de la aludida comparación -importes homogéneos, en moneda homogénea-), por lo que se verá, es con abstracción de que la suma garantizada lo haya sido en (u$s) dólares estadounidenses y la suma (comparable, es decir $33.763,84) debida por la importadora haya sido liquidada en pesos (es decir que no sería admisible que la actora responda hoy por el importe en dólares), pues, tanto al constituirse la fianza y emitirse la póliza como al liquidarse inicialmente y luego fijarse la referida suma debida por la actora, pesos y dólares eran equivalentes (y no hoy). En suma, lo que -a mi juicio- "habría debido" ajustarse con el CER es el importe de $25.000 como importe nominal de "tributos", debidos por la acora en razón del monto máximo garantizado.

XI. En cuanto a los intereses de la exigencia tributaria que debe confirmarse (y teniéndose en cuenta el referido planteo que ha formulado la actora acerca de la quiebra del deudor principal) cabe señalar que la intimación formulada por la Aduana a la actora por la exigencia tributaria, hace expresa referencia a los intereses correspondientes (mención del art. 794 del C.A.), pero no especifica el momento (la fecha) desde cuándo corresponde computarlos, si bien hace sí una expresa referencia al art. 794 del C.A. que es la norma que establece dicho momento.

Atento a que los intereses efectivamente corresponden, ello de conformidad con lo establecido en el referido art. 794 del C.A., cabe precisar que en el caso los intereses deberán computarse, a cargo de la actora aseguradora (sobre el importe nominal de tributos debidos por ella) desde el 29/6/01, es decir después de pasados 10 días de la notificación de los tributos a la propia actora aseguradora, esto es de la notificación de la citación a la actora dispuesta en el auto de la vista del art. 1101 del C.A. (conf. además art. 1103 del C.A.), en tanto esa notificación, de fecha 14/06/01 (ver fs. 67 vta. de las actuaciones administrativas) es anterior a la que se le efectuó en el mismo sentido a la importadora (en fecha 02/02/02, ver fs. 77 vta. de las actuaciones administrativas, notificación no controvertida a tales efectos). Ello así en virtud de que el cómputo de los intereses para el garante (la actora aseguradora), si bien en principio comienza tomándose en cuenta la notificación (constitutiva de mora) del deudor principal, lo cual obedece, básicamente, a la aplicación de los referidos principios del Código Civil y dado que los intereses revisten el carácter de "accesorios" de la obligación principal, y atento también lo específicamente establecido por el art. 1997 del referido código, no es así cuando la notificación a dicho deudor principal es, como en el caso, posterior, ya que en este supuesto es obvio que la actora aseguradora responde por su propia mora anterior.

Aclaro que no constituye una excepción, ni a la correspondencia de intereses ni al referido comienzo de su cómputo, la circunstancia de que, incluso al momento de la notificación a la actora (el 14/06/01), la importadora se encontrara en quiebra (en fecha 22/08/00, según el informe obrante a fs. 50 de autos). Por una parte, pese a que los intereses constituyen una obligación accesoria (de la obligación del deudor principal), ello -la accesoriedad- habría constituido uno de los fundamentos para que el fiador hubiera, en su caso, respondido por los intereses debidos por el deudor principal (es decir en caso de que el deudor principal hubiera sido notificado de los tributos antes de la notificación al fiador), pero a su vez y por la misma razón de que el fiador responde -como en el caso- por su propia mora si es anterior a la del deudor principal, los intereses de la deuda del obligado principal son intereses propios del fiador desde la notificación al fiador, por lo que (a la par que ninguna relevancia podría tener, para el fiador, que los intereses hipotéticamente se suspendieran para el deudor principal, por la quiebra de éste, si la quiebra fuera posterior a la mora del fiador), los intereses de la deuda de autos corren, sin duda, desde la mora propia del fiador (29/6/01) cuando la quiebra es, como en el caso de autos, anterior a esa mora. Esto es que, habiendo una deuda del fallido, no extinguida ni prescripta por su quiebra, y de cualquier modo subsistente para el fiador pese a tal quiebra (en el caso anterior a la citación de la actora en el sumario aduanero), no puede caber duda, en el caso de autos, de que los intereses de la deuda "de la actora" (fiadora) corren desde su propia mora.

Por otra parte, también debe entenderse que de todos modos, por las mismas razones por las que (según pacífico criterio jurisprudencial y como ya se vio) es inaplicable a los recursos ante este Tribunal Fiscal y por cuestiones de su competencia tributaria o infraccional lo establecido en el art. 22 de la ley 19.551 (hoy por el art. 21 de la ley 24.522 y para la quiebra por el art. 132 de la misma ley), es decir que dicha competencia del Tribunal Fiscal es excepción al fuero de atracción del concurso o de la quiebra, tampoco el art. 20 de aquella ley (hoy el art. 19 de la ley 24.522 y para la quiebra el art. 129 de la misma ley) es aplicable a materia de juzgamiento y/o aplicación por parte del Tribunal Fiscal, y ello porque además estas últimas disposiciones no pueden tener el alcance de vedar al Tribunal competente para la determinación de deudas u obligaciones tributarias, por hechos imponibles anteriores a la quiebra, la concreta determinación -por dicho Tribunal y no por el juez del concurso- de tal obligación "con todos sus accesorios", de modo tal que, después de producida esa determinación (por sentencia firme) y por lo tanto recién entonces verificable el respectivo crédito en su totalidad, en el concurso, el juez de este último podría resolver en su caso sobre la aplicación del referido art. 20 de la ley 19.551 (o de los arts. 19 y 129 de la ley 24.522), artículos que en consecuencia deben entenderse inaplicables, en la especie y por parte de este Tribunal Fiscal, frente a las disposiciones del Código Aduanero y a la disposición del art. 1997 del Código Civil.

XII. A mi juicio, habría correspondido la aplicación al caso (es decir sobre el importe nominal de tributos que entiendo procede confirmar) de los arts. 8º y 4º del dec. 214/02 (CER). Ello así por cuanto tanto al hecho imponible respecto del que resultó la liquidación tributaria suplementaria en cuestión (importación para consumo irregular de la mercadería del D.I.T. 14 nº 5095-S/98, producida el 9/8/99) como a la consecuente y referida liquidación (la de fs. 42 de las act. adm. -del 21/2/01- por cuyo importe se dispuso en dichas actuaciones correrle a la importadora y a la actora la vista del art. 1101 del C.A.), por sus fechas les era aplicable a la sazón (particularmente a dichas liquidaciones de tributos) lo establecido por el art. 20 de la ley 23.905, es decir que esas liquidaciones de los tributos aduaneros debieron efectuarse en dólares estadounidenses (señalo especialmente que así se efectuó -en u$s- en la liquidación de los rubros de tributos contenida en el aludido D.I.T., y habiéndose dado la garantía -la póliza de caución- también en dólares estadounidenses).

A la vez también les era aplicable (esto es a dichas liquidaciones y más específicamente a los dólares de dichas liquidaciones) la ley 23.928, en cuanto asimismo esa ley estaba vigente en esas fechas, de modo que, las liquidaciones que debían efectuarse en dólares, eran, a la sazón, igual y equivalentemente (esto es indistintamente) liquidables o liquidadas en pesos "iguales" a dólares en su valor. De allí (y aunque las referidas liquidaciones se expresaran formalmente en pesos) que habría correspondido -a dichas liquidaciones anteriores a la ley 25.561 y en cuanto además por un hecho imponible, como en el caso, también anterior a la ley 25.561- la aplicación de lo establecido por los referidos arts. 8º y 4º del dec. 214/02, pues de lo contrario una mera formalidad (como poner en la liquidación un "signo", es decir apenas el signo "$", en vez de "u$s", lo que a la sazón era económica y jurídicamente lo mismo) producida "antes" de que la ley dejara sin efecto la equivalencia o paridad monetaria o cambiaria, bastaría para dejar sin efecto lo que la ley claramente ha dispuesto después que quedara sin efecto dicha equivalencia o paridad.

Sin embargo, en el caso, en la resolución apelada (acto jurisdiccional del juez aduanero) se le ha formulado la exigencia a la actora en "pesos", ello en fecha 3/4/02, es decir con posterioridad a la vigencia del dec. 214/02 y sin reserva alguna sobre la aplicación del ajuste de dicho decreto; por lo cual, aplicar ese ajuste constituiría una indebida reformatio in pejus. Consecuentemente, no es aplicable, en el caso, el referido ajuste CER XIII. En los términos de lo dispuesto en el art. 1166 del C.A. corresponde la siguiente liquidación.

Capital (importe nominal debido por la actora): $25.000 Intereses (s/$25.000) desde el 29/6/01 al 30/11/06 del 29/6/01 al 30/6/02 3% mensual (Res. 1253/98 (M.E.)), son 12 meses36% del 1/7/02 al 31/1/03 4% mensual (Res. 110/02 (M.E.)), son 7 meses28% del 1/2/03 al 31/5/04 3% mensual (Res. 36/03 (M.E.)), son 16 meses48% del 1/6/04 al 31/8/04 2% mensual (Res. 314/04 (M.E.)), son 3 meses6% del 1/9/04 al 30/6/06 1,5% mensual (Res. 578/04 (M.E.)), son 21 meses y 29 días32,95% del 1/7/06 al 30/11/06 2% mensual (Res. 492/06), son 5 meses10% Tasa total160,95% Total de intereses: 160,95% s/$25.000= $40.237,50 Capital + Intereses: $25.000 + $40.237,50 = $65.237,50, que es lo adeudado por la actora aseguradora al 30/11/06, en concepto de tributos e intereses, sin perjuicio de los intereses que -s/$25.000- correspondan hasta el pago del total adeudado.

XIV. A los efectos de la tasa de actuación, la base de cálculo de la misma se integra legalmente con el importe de la exigencia tributaria que se confirma con más sus intereses a la fecha de interposición del recurso, el 5/8/02. Efectuados así los cálculos pertinentes, resulta que el monto del proceso asciende a la suma de $35.130 y el 2% de esa suma da el importe de $702,60 en concepto de tasa de actuación total, por lo cual deduciendo el importe de $337,64 (pago acreditado por ese concepto a fs. 23) resulta que resta abonar a la actora la suma de $364,96 en concepto de tasa de actuación pendiente de pago, a su cargo, en esta etapa del proceso.

XV. Las costas deben imponerse según los mutuos vencimientos (art. 1163 del C.A.); a tal efecto deberá tenerse en cuenta el importe nominal de la exigencia tributaria a la actora y el de la que resulta confirmarse. En consecuencia, costas a la actora en un 75%, y al fisco en un 25%.

XVI. Por todo lo expuesto, a mi juicio corresponde:

1. Confirmar parcialmente -en cuanto fue objeto del recurso de autos- la Res. 1020/02 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la DGA, dictada en el expediente EAAA nº 605.266/99, confirmándose la exigencia tributaria respecto de la actora en estos autos, pero sólo por el importe nominal de $25.000, con relación a la mercadería del D.I.T. 14 nº 5095-S/98, declarándose que la actora adeuda por tal concepto (más intereses), al 30/11/06, la suma de sesenta y cinco mil doscientos treinta y siete pesos con cincuenta centavos ($65.237,50), sin perjuicio de los intereses que -sobre $25.000- correspondan hasta el pago del total adeudado.

2. Costas a la actora en un 75%, y al fisco en un 25%.

3. Intimar a la actora Cosena Seguros S.A. a que, dentro del quinto día acredite el pago de la suma de $$364,96 en concepto de tasa de actuación pendiente de pago, a su cargo, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda.

4. Con carácter previo a la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, declare el letrado apoderado de la actora su C.U.I.T. y su situación ante el I.V.A. (acompañando copia de la constancia de su inscripción ante la AFIP), y denuncie su situación frente a C.A.S.S.A.B.A. (ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Así lo voto.

El doctor Krause Murguiondo dijo:

I. Que se remite a los puntos I a IV del voto del doctor Sarli. Asimismo, adhiere en lo sustancial a las conclusiones del voto precedente contenidas en los puntos V a IX, salvo en lo relativo a algunas cuestiones teóricas aisladas que no inciden en la solución de la causa, y que por tanto no es del caso tratarlas en este voto. Que como se verá de los puntos siguientes se difiere del voto precedente en lo relativo a la determinación de los montos máximos garantizados por la póliza agregada a fs. 69 de autos. Ello incide además en el orden de imposición de las costas y en las liquidaciones de los montos adeudados, así como de la tasa de actuación, y consecuentemente en el monto de las regulaciones de honorarios.

II. Que la Res. 1020/02 (DE PLA) apelada reclama de la recurrente el pago $33.763,84.- Que sin embargo, este importe sólo es parcialmente procedente, por cuanto en razón no haberse incluido en la garantía a los derechos de importación y a la tasa de estadística (ver Considerando IX del voto precedente), excluyendo del reclamo a esos importes mencionados en la liquidación de fs. 42, y al IVA, IVA adicional e impuesto a las ganancias aplicables sobre los mismos, corresponde deducir al importe reclamado la suma de $9.071,54 (derechos de importación y tasa de estadística = $6.433,72, IVA, IVA adicional e Impuesto a las ganancias sobre esa suma = $2.637,82). Por esa razón el total de lo adeudado asciende a $24.692,30.

Que la suma así indicada se encuentra cubierta por el importe máximo de la garantía agregada a fs. 69 de autos de U$S 25.000.-, sin que sea necesario pronunciarse en esta causa sobre la aplicabilidad o no CER a ese importe, sin perjuicio de señalar que en diversos precedentes el suscripto se ha pronunciado a favor de esa solución como una forma razonable de fijar el importe máximo actualizado de la garantía en atención a que si no se hubiera emitido el dec. 214/02 el monto máximo asegurado hubiera sido mucho mayor por aplicación del tipo de cambio actualizado del dólar. Que a juicio del suscripto no es procedente el CER sobre el monto de la deuda de $24.692,30 porque no es posible su aplicación en esta instancia, dado que el reclamo formulado en sede administrativa en la Res. 1020/02 (DE PLA) determinó los importes adeudados en pesos, y debe aplicarse el principio que inhibe la reformatio in pejus.

III. Que la determinación de la tasa de actuación adeudada, y las regulaciones de honorarios pertinentes corresponde sean diferidas hasta el momento en que se apruebe la liquidación que se ordena practicar.

IV. Que en la parte en que se confirma el cargo se imponen las costas a la recurrente. En la parte del cargo revocado se imponen las costas por su orden, en la parte del cargo revocada, en atención a haberse introducido de oficio las razones de esa revocatoria parcial.

Por lo expuesto, voto, en definitiva, por:

1º) Modificar el art. 2º de la Res. 1020/02 (DE PLA), respecto de la firma Cosena Seguros S.A. (o Cooperativa de Seguros Naviera Cosena), declarando que el importe adeudado por la misma es de veinticuatro mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta centavos ($24.692,30) con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del Código Aduanero, desde el 29/06/01 (por mora propia de la recurrente) hasta el pago total de lo adeudado. Con costas a la vencida, en la parte en que se confirma el cargo. Las costas se imponen por su orden en la parte del cargo por tributos que resulta revocada.

2º) Ordenar a la DGA practique la liquidación de las sumas adeudadas conforme lo resuelto en el punto 1º) en el plazo y bajo apercibimiento de ley.

3º) Diferir las regulaciones de honorarios y la determinación del saldo adeudado de la tasa de actuación hasta el momento en que se apruebe la liquidación que se ordena practicar.

La doctora Winkler dijo:

Que adhiere en lo sustancial al voto precedente, excepto en lo que hace a la imposición de costas que deben imponerse conforme los mutuos vencimientos.

El doctor Sarli dijo:

En razón del resultado de los dos votos precedentes (que conforman la mayoría en lo atinente a la cuestión de fondo) debo dirimir para posibilitar la sentencia el aspecto atinente a la imposición de costas. En este sentido adhiero al voto de la doctora Winkler.

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, se resuelve: 1º) Modificar el art. 2º de la Res. 1020/02 (DE PLA), respecto de la firma Cosena Seguros S.A. (o Cooperativa de Seguros Naviera Cosena), declarando que el importe adeudado por la misma es de veinticuatro mil seiscientos noventa y dos pesos con treinta centavos ($24.692,30) con más los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del Código Aduanero, desde el 29/06/01 (por mora propia de la recurrente) hasta el pago total de lo adeudado. Las costas se imponen conforme los mutuos vencimientos. 2º) Ordenar a la DGA practique la liquidación de las sumas adeudadas conforme lo resuelto en el punto 1º) en el plazo y bajo apercibimiento de ley. 3º) Diferir las regulaciones de honorarios y la determinación del saldo adeudado de la tasa de actuación hasta el momento en que se apruebe la liquidación que se ordena practicar. - Jorge C. Sarli. - Gustavo A. Krause Murguiondo. - D. Paula Winkler.