Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-27


SENTENCIA NÚMERO: SESENTA Y CINCO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil doce, se reúne en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos Expte. Corte Nº 87/12, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto p/ Dr. Sergio Francisco Túa en Expte. Nº 188/08 'Álvarez, Daniel Horacio -s.a. Homicidio culposo -Capital' ", contra el Auto Nº 87/2012, de fecha 31/05/2012, dictado por el Juzgado Correccional de Primera Nominación, por lo que se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Ha sido erróneamente aplicado el art. 76 bis del Código Penal? 2º) En su caso, ¿qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 08, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

Considera esta Corte que el recurso interpuesto por el defensor del imputado Daniel Horacio Álvarez es formalmente admisible, al haber sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y estar dirigido contra una sentencia equiparable a definitiva (S. Nº 4/08 "Herrera"; S. Nº 17/09 "Vargas"; S. Nº 07/10 "Segura"; S. Nº 20/10 "Agüero", S. Nº 43/12 "Finazzi").

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Nº 87/2012, el Juzgado Correccional de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: 1) No hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba- 2) Prosiga la causa según su estado.

II. El recurrente considera que la solicitud de probation resulta procedente y que el tribunal, al no hacer lugar a ésta por tratarse de un delito conminado con pena de inhabilitación, ha aplicado erróneamente el art. 76 bis del C.P. Dice que con esta interpretación no sólo se vulnera el principio de igualdad ante la ley -porque en delitos conminados con pena de inhabilitación no es aplicable el instituto de la probation, pero sí puede serlo en delitos cuya pena en abstracto es más grave-, sino que también se estarían violando tratados internacionales, a los cuales menciona.

Agrega que la pena de inhabilitación como accesoria de otra privativa de la libertad no debe ser entendida como un obstáculo insalvable a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba.

Refiere también que la opinión negativa del representante del Ministerio Público, no es una derivación razonada del derecho vigente, por lo que no debería vincular al juez.

Considera que la aplicación rigurosa del art. 76 bis afecta los derechos fundamentales de su asistido y las garantías constitucionales que los protegen, por lo que hace reserva del caso federal y de recurrir ante los tribunales internacionales y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Critica al fallo en cuanto a la interpretación obstativa al beneficio, al desconocer la doctrina derivada del caso Acosta y Norverto, en el que el Máximo Tribunal concedió el recurso en una causa en la que se atribuía el delito previsto en el art. 302, que sí tenía prevista pena de inhabilitación.

III) La cuestión propuesta en el recurso del imputado Álvarez, es similar a la tratada por este Tribunal, en oportunidad de resolver la instancia de concesión del recurso intentado ante la Corte Federal, en Expte. 29/10 (Auto Interlocutorio Nº 15/10 "Segura"). La claridad y extensión con que el tribunal expuso la posición que adoptó, y que mantuvo invariablemente en los casos de delitos conminados con pena de inhabilitación, autorizan la reproducción de lo allí fundamentado:

"Esta Corte convalidó el pronunciamiento denegatorio de la solicitud de suspensión del juicio, por apreciar como adecuadas a Derecho las razones que para así decidir había expresado el Juez Correccional de Primera Nominación, con fundamento en el dictamen desfavorable de la Fiscal de Cámara, sustentado -en lo que aquí interesa- en una interpretación legal posible de las normas aplicables. La resolución impugnada descansa en la constatación por esta Corte, en ejercicio del deber de control que le fue requerido mediante el recurso de casación, de la concurrencia en el caso del siguiente impedimento previsto en el párrafo 8º del art. 26 del Código Penal para la suspensión del juicio: la pena de inhabilitación, amenazada para el delito de cuyo juzgamiento se trata (art.84 del Código Penal).

Esa interpretación es compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:3229 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador. En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia.

Y esa doctrina no ha sido modificada por fallo posterior del Máximo Tribunal y, por ello, en la resolución impugnada esta Corte rechazó la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta "(Fallos:331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Dijimos entonces que, dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión. Es que, como surge del considerando 7º, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inoperante la disposición contenida en el 4º párrafo del mismo artículo. Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación.

Además, no puede razonablemente admitirse que con el fallo "Norverto" haya abandonado el Máximo tribunal su doctrina con relación a la suspensión del juicio a prueba en caso como el de autos, en los que se ventilan delitos reprimidos con pena de inhabilitación en tanto, de conformidad con el acontecer habitual, cada vez que la Corte ha asumido una posición distinta de la que había sostenido antes, ha dado razones para así decidir, vinculadas con la responsabilidad del Estado ante los organismos internacionales u otras de jerarquía similar. Por ello, resulta desarreglado a toda lógica suponer que los extensos fundamentos desarrollados en el precedente "Gregorchuk", relacionados con las reglas a las que cabe ajustarse en la interpretación de las leyes, con el espíritu de la norma y con razones de política criminal, perdieron legitimidad y vigencia sólo porque en la causa "Norverto" se trataba de un delito reprimido con pena de prisión y también inhabilitación y la Corte se pronunció por la procedencia de la queja deducida contra la resolución denegatoria del recurso extraordinario".

Tales argumentos, no han sido rebatidos en el recurso, por lo que la pretendida nulidad del auto interlocutorio, por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, no tiene entidad para hacer variar lo decido.

Tampoco debe tener acogida favorable la alegada violación al principio de igualdad ante la ley. Ese agravio también fue tratado en innumerables oportunidades y resuelto en el sentido de que la excepción legal prevista en la última parte del art. 76 bis no se trata de una discriminación irrazonable o arbitraria del legislador, sino de establecer distinciones o diferencias de tratamientos entre distintos supuestos punibles y que la excepción legal prevista en el caso, ha sido determinada objetivamente para satisfacer con eficacia la finalidad de política criminal que persigue la norma ante la comisión de una clase de delitos que por la particularidad que presentan están sancionados con pena de inhabilitación y, por ende, en esa medida, el impedimento que involucra resulta proporcional con ese objetivo (S 30/10 "Aráoz"; A.I. 15/10. "Segura").

En cuanto a la alegación de que el fiscal Correccional no ha fundado adecuadamente la oposición al beneficio, entiendo que tampoco corresponde acoger el reclamo, porque en el caso, la opinión del titular de la acción pública, aunque escueta, fue la que motivó la decisión del juzgador, que en definitiva comulga con el criterio sentado invariablemente por este Tribunal.

Por las razones invocadas, considero que no corresponde hacer lugar al recurso contra la decisión de no admitir la suspensión del juicio a prueba, por lo que, a esta primera cuestión planteada, la respuesta es negativa.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que forman el voto del Sr. Ministro preopinante y me remito a los precedentes que se consignan, por ser los que fundamentan acabadamente la posición asumida en relación al punto cuestionado. Así voto.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Adhiero al voto del Sr. Ministro preopinante, reiterando la postura que conforma la doctrina legal de este Superior Tribunal, por lo que me expido en el sentido de que el art. 76 bis último párrafo de Código Penal excluye la posibilidad de acceder al Instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba a quienes se encuentren imputados por delitos que contemplen pena de inhabilitación. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la primera cuestión, y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Sergio Francisco Tua como asistente técnico del imputado Daniel Horacio Álvarez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Arts. 14 y 15 de la Ley 48 y reserva de recurrir ante los tribunales internacionales y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El Sr. Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el Dr. Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3, por el Dr. Sergio Francisco Tua, en su carácter de asistente técnico del imputado Daniel Horacio Álvarez.

2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva de derechos que prevén los Art. 14 y 15 de la Ley 48, para el caso federal y reserva de recurrir ante tribunales internacionales y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luís Raúl Cippitelli ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.