Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-03


Nro. de Sentencia: 004 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 3 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"A., R. A. y otros c/ COMODORO RIVADAVIA T SCC s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e indemniz. de ley)", Expte. nro. 15.402/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. nro. 954/01), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 793), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 766/778? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 121/2005 del Juzgado Letrado en lo Laboral de la Jurisdicción, que hizo lugar a la demanda condenando a C. R. TV S.C.C. a abonar al Sr. A. R. A. la suma de $30229,20, al Sr. M. J. C. la suma de $33.341,08, al Sr. P. E. G. la suma de $28.686,34, y a la Sra. S. C. C. $15.099,63 con mas los intereses y las costas del proceso (fs. 766/778, fs.86).

1.- A fs.788 y vta. luce el memorial de agravios de la parte demandada apelante.

Previo a reseñar los motivos de impugnación, se hace saber al apelante que deberá respetar las formas y los usos forenses en las presentaciones, habida cuenta que los mismos fueron pensados para facilitar las tareas entre ellas la lectura de los escritos, lo cual redunda en beneficio tanto de los presentantes como del tramite en si mismo.

Se queja el recurrente que la Aquo declaró procedente la sanción conminatoria del Art. 132 bis de la LCT, para ello tiene en cuenta que se han cumplido las exigencias formales del dto. 146/01 reglamentario del Art.43 de la ley 25345 en cuanto a la intimación del empleador para que dentro de los 30 días corridos ingrese a los respectivos organismos recaudadores los importes adeudados, tuvo por cumplimentada la formalidad con las comunicaciones de fs. 17/20 y 85/88 de dichas comunicaciones no surge que la empleadora haya retenido, la multa solo resulta aplicable en los casos de retenciones y no efectúe los depósitos correspondientes, en el caso no los retuvo ni usufructuó créditos porque la demandada no los tenía dada la situación económica financiera por la que atravesaba lo que obligó a tomar medidas para mantener la fuente de trabajo.

Cita jurisprudencia en su respaldo.

Se agravia de la regulación de los honorarios profesionales por considerarlos altos, más allá de lo establecido en la ley arancelaria.

Dijo el STJ de la provincia: "advierto una llamativa pobreza argumental si de refutar las conclusiones del Tribunal de alzada se trata. Es doctrina incólume, intacta del STJ Pcial sobre el contenido de la expresión de agravios que ésta es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia.

Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin ese memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia apelada y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación". La expresión de agravios no es una simple fórmula vacua y carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cuál es el agravio, no es bastante la enunciación de estos.

...No se advierte en el escrito ninguna crítica pormenorizada de los fundamentos del fallo, la mínima suficiencia técnica sobre los eventuales errores de la sentencia. Brilla por su ausencia la refutación de los argumentos de hecho y de derecho considerados por el Aquo para arribar a la resolución recurrida, y nada permite a este Tribunal siquiera comenzar a dilucidar acerca de la presencia de un error de omisión en el fallo" (Dr. Royer).

Continúa, de la siguiente forma por otro ministro del cuerpo: "No es expresión de agravios la simple historia o comentario de actuaciones preteridas, la que representan solo una disconformidad con lo resuelto, o aquella que expone solo una opinión personal no vinculada con los fundamentos que sustentaron la sentencia, ni los argumentos no eslabonados con los fundamentos del fallo" (Dr.Caneo) (2005-02-22 autos: G.R.A.T c/ pcia. del Chubut).

Encuentro que resulta aplicable al caso dicha jurisprudencia, no obstante decido apartarme de la misma con el único fin de dejar sentada mi opinión respecto del planteo del apelante.

Como surge de fs. 772 y 773, la demandada no probó en autos la situación económica por la cual prescindió de los trabajadores, ni las causales de imprevisible, de disminución de trabajo para proceder al despido, invocadas en las comunicaciones telegráficas (fs.14 a fs.16).

Surgiendo del texto del memorial en exa-men que no retuvo lo que no tuvo, pero he de recordar que dicha situación no fue acreditada. Pretende el apelante se aplique una abstracción basada en una situación que no ha sido debidamente probada como fue señalado, además el dto.146/2001 establece que intimado, debe proceder al depósito, si no lo hace resulta de aplicación la respectiva multa, no corresponde investigar que pasó con dichos importes como pretende el apelante, además y a todo ello se agregar que en nada desvirtúa la intimación efectuada por los trabajadores y tenida en cuenta al momento de sentenciar.

Por dichos argumentos, he de desestimar los agravios, apartándome de la doctrina del STJ al no aplicar la sanción del Art.266 del ritual no obstante la insuficiencia de argumentos del memorial.

2.- Respecto de la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes que se consideran por el apelante demandado altos, siendo motivo de agravio, encuentro que se han aplicado las pautas de la ley arancelaria, conforme los montos de condena, la labor profesional en su extensión e importancia para las partes, sobre dichas bases legalmente previstas se encontrarían por debajo, es decir son inferiores (Art. 6, 7, 9, 19, 47 y concs. de la ley 2200 t.o.4335), por lo cual no resulta viable el agravio, desestimándose.

Las costas de la Alzada se imponen a la recurrente vencida conforme principio objetivo de la derrota (Art. 68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Esta vocalía propone:

1.- Confirmar la sentencia venida en crisis, desestimando los agravios de la demandada.

2.- Costas de la Alzada a la recurrente vencida según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a la Alzada en apelación (fs 786) de la sentencia de fs 766/778, que hace lugar a la demanda y en consecuencia, condena a C. R. T.V. S.C.C., a abonar en el plazo de diez días de quedar firme la presente al Sr. A. R. A. la suma de treinta mil doscientos veintinueve con veinte ctvos ($30.229,20) al Sr. M. J. C. la suma de treinta tres mil trescientos cuarenta y uno con ocho ctvos. ($33.341,08), al Sr. P. E. G. la suma de veintiocho mil seiscientos ochenta y seis pesos con treinta y cuatro ctvos ($28.686,34), y a la Sra. S. C. C. la suma de quince mil noventa y nueve con sesenta y tres ctvos ($15.099,63), sumas que se incrementarán de acuerdo al considerando respectivo; rechaza la declaración de conducta temeraria y maliciosa en el actor; impone las costas al demandado vencido y regula los honorarios.

A fs 788 y vta se agrega la expresión de agravios. Manifiesta el quejoso que le causa agravio que se declare procedente la sanción conminatoria que prescribe el art.132 bis LCT.

Meritúa la prueba valorada por la sentenciante y entiende que de las comunicaciones no surge que se le atribuya a la demandada haber retenido aportes, cuotas o contribuciones con destino a los organismos, entidades o instituciones que contempla el art 43 de la ley 25345.

Añade que la multa sólo resulta aplicable en los casos en que el empleador retenga los aportes del trabajador adeudados en materia provisional y no efectúe los aportes correspondientes, es decir que retenga y usufructúe créditos ajenos violando las obligaciones del agente de retención.

Insiste que su parte no ha retenido fondos, por que no los tenía dada la grave situación financiera por la que atravesaba y que lo obligaron a tomar medidas, como la de achicar la planta de personal, permitiéndole continuar con la empresa. Agrega que la señora juez no ha interpretado la intención del legislador que no manda a sancionar al empleador por no haber efectuado los aportes a los organismos de seguridad social o las cuotas sociales, sino sancionar la inconducta por haber retenido aportes a su empleado y no ingresarlos.

Se agravia asimismo por los montos fijados en concepto de regulación de honorarios.

No advierto que el quejoso haya hecho referencia a los fundamentos de la Sra. Juez a fin de mantener la apelación, limitándose a cita de jurisprudencia, que avalaría la posición que adopta sobre la intimación y que no se ha probado que hubiese retenido los aportes a los que se refiere el art. 132 bis de LCT.

Respecto a la primera cita, he de coincidir con el quejoso que si bien la intimación se efectuó para que acredite el pago de los aportes para ser ingresados al Sistema de Seguridad Social, Obra Social y cuota de afiliación al SAT (si correspondiese), bajo apercibimiento de reclamar la indemnización de salario continuado prevista en el art. 132 bis de la LCT y no en los términos que lo establece la ley, no es menos cierto, que la intimación no daba lugar a dudas a qué se refería, y no se dio cumplimiento a ello, a lo que debe agregarse el silencio mantenido ante ellas, transcurrido más de 30 días entre tal requerimiento y la interposición de la demanda.

Si la demandada en una acción laboral, no puso a disposición la documental solicitada a fin de acreditar el cumplimiento de las normas de previsión social, resulta procedente el artículo 55 de la ley de contrato de trabajo y, en consecuencia, debe tenerse por ciertas las afirmaciones del trabajador.

A ello debe agregarse que al contestar la demanda ninguna alegación hizo a tal reclamo, inasistiendo a la audiencia de fs 596 y que fuera citada de acuerdo a lo que surge de fs 573, teniéndose por ende como cierto la posición Nº 32, del pliego agregado a fs 794.

Asimismo con la documentación acompañada a fs 571, no se cumplió con lo solicitado a fs 33 vta p.4.

Son éstas las razones por lo que mantendré lo dispuesto por la sentenciante, admitiendo la sanción conminatoria prevista en el artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo.

He de tener presente para ello, lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de interpretación de las leyes, en Fallos 131:227, que: "La ley no debe interpretarse conforme a la literalidad de los vocablos usados, ni según rígidas pautas gramaticales, sino con arreglo a su significado jurídico profundo.

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que dicen jurídicamente, es decir con conexión con las demás normas que integran el ordenamiento del país, con el fin de establecer así la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso, por medio de una hermenéutica sistemática y razonable (Fallos 244.139).

Y siguiendo esta idea cabe estar al espíritu de la norma, a la intención legislativa y al bien jurídico protegido. Agregando sólo para abundar que juega a favor del trabajador la presunción emergente iuris tantum del art.79 y 80 LCT. "Conforme al deber de diligencia, siempre que un beneficio laboral o previsional consagrado a favor del trabajador por las leyes o convenios colectivos de trabajo se encuentre condicionado en su otorgamiento a requisitos que deben ser cumplidos por el empleador, éste debe obrar con diligencia, a fin de posibilitar el goce íntegro y oportuno por parte del trabajador de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan", S.C. de Mendoza, sala II,12-10-2004.

La Ley Online.

Por las razones dadas confirmaré el rubro venido en apelación.

Las costas de la Alzada al apelante vencido.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el momento del acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra. Jueza de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestimar los agravios y confirmar la sentencia de fs 766/778 en cuanto fue materia de agravio.

2) Imponer las costas al demandado apelante vencido.

3) Diferir la regulación de honorarios para el acuerdo.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar los agravios y confirmar la sentencia de fs 766/778 en cuanto fue materia de agravio.

2) Imponer las costas al demandado apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. O. Z. A. en la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500).

3) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse inhibida de actuar la señora Jueza de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 04 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS