marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acta de asamblea, derecho de receso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Arias, María Elena y otra c/ Clínica San Jorge SAC y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. La declaración de ejercer el derecho de receso que realiza el accionista en los términos del art. 245 LGS es unilateral, recepticia y vinculante, la cual no requiere aceptación, ya que vale por sí sola, bastando su "exteriorización" ante la resolución emanada de la asamblea (CNCom, Sala B, in re "Tchomlekdjoglou, Elena c/ Stemos SAIIF s/ sumario", del 24-8-92). 2. Ahora bien, comunicada a la sociedad la voluntad de receder por parte de un socio, éste pierde inmediatamente su calidad de socio, adquiriendo por esa misma y sola circunstancia la condición de tercero ajeno a la sociedad y acreedor de ella por el valor de reembolso de las acciones. Ejercido el receso, el recedente no podrá ejercer los derechos inherentes al estado de socios porque habrá dejado de serlo (Roitman, Horacio, "Ley de Sociedades Comerciales Comentada y Anotada", La Ley, Buenos Aires, 2011, T. IV, págs. 788 y siguientes). 3. En el mismo sentido, se ha dicho que, receptada la declaración de voluntad, el derecho al reembolso se adquiere e integra el patrimonio del socio, quien se separa de la sociedad y se transforma en titular de un crédito contra la misma (Verón, Alfredo Víctor, "Sociedades Comerciales", Buenos Aires, Astrea, 2006, T.II, pág. 932). 4. El recedente ve restringido su derecho exclusivamente al cobro del valor de su parte y, como consecuencia del ejercicio del receso, no le corresponde -en principio- ningún derecho ni le afecta ninguna obligación derivada del contrato de sociedad, careciendo, por ejemplo, del derecho a voto en las asambleas o del derecho al cobro del dividendo, aun cuando esté pendiente el reembolso (Muguillo, Roberto A., "Conflictos Societarios", Buenos Aires, Astrea, 2009, pág. 178). En definitiva, quien ejerció el derecho de receso dejó de ser socio para convertirse en acreedor de la sociedad.
Transporte de estupefacientes, encomienda interceptada, nulidad procesal, Servicio Nacional de Sanidad Animal
Materia: PENAL
Carátula: Miranda Vargas, Cristian Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Corresponde rechazar el planteo de nulidad esgrimido por la defensa en relación a la apertura de la encomienda por un empleado del SENASA sin orden judicial, toda vez que las constancias de la causa, permiten concluir que los funcionarios involucrados en el procedimiento cuestionado, desde el personal en representación de SENASA que escaneó y abrió la encomienda, hasta los agentes de la Delegación de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal que intervino cuando su hubo advertido que se trataba de la comisión de un delito- actuaron conforme la normativa que regula su accionar sin evidenciar un comportamiento excesivo irrazonable, ni alejado del derecho vigente.
Depósito comercial, depósito de sumas de dinero, aplicación analógica de la ley, mutuo comercial, intereses, mora, intereses moratorios
Materia: COMERCIAL
Carátula: NELIDA ANNOVAZZI DE MINGRONE c/ BANCO LATINOAMERICANO (EN LIQ.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-30

El CCOM 568 se refiere literalmente al contrato de préstamo; pero es también aplicable análogamente al depósito de dinero en el que el depositario paga intereses al depositante.
Juicio ejecutivo, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Hudz, Alberto Omar s/ Cobro sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Luego de citar de venta al ejecutado, se establece que se mandará continuar la ejecución (art. 503, 506 del Cód. Proc.), y, consentida o ejecutoriada esta, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate (art. 508 del Cód. Proc.), hasta hacerse íntegro pago al acreedor (art. 557 del Cód. Proc.). Es que esta norma legal que importa el inicio de la ejecución de sentencia posibilita únicamente que, al existir sentencia firme o dada la fianza del art. 553 del Cód. Proc., el acreedor practique la liquidación de capital, intereses y costas, con el único objeto de que luego de aprobada se haga inmediato pago el mismo del importe resultante.
Indemnización por accidente de trabajo, salario mínimo, vital y móvil, resoluciones, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: ASI RODRIGUEZ, MAMERTO c/ COCA COLA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-07

El importe de 20.000 australes fijados por la res. 7/89 del CNSMVM no cumple los alcances precisados en el art. 116 de la LCT, ni resulta compatible con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, por lo que cabe declarar la inconstitucionalidad de la norma de marras, prescindiéndose de dicho tope para liquidar la indemnización correspondiente a la ley 9688.
Daños y perjuicios, daño por vicio o riesgo de la cosa, establecimientos educacionales, eximentes de responsabilidad, culpa concurrente, descarga eléctrica, menores
Materia: CIVIL
Carátula: BIONDI,  Verónica  Silvina c/ GOBIERNO  DE  LA CIUDAD DE BUENOSAIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-09

La falta de vigilancia adecuada del progenitor que descuida -al menos en parte- los movimientos de su hijo menor de edad (catorce meses)bajo su custodia dentro de un establecimiento educativo, influyen, por sus actos u omisiones, en el accidente sufrido por éste al recibir una descarga eléctrica proveniente de cables expuestos sin protección y determinan su responsabilidad parcial (en un cincuenta por ciento). Ello sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del cual depende el establecimiento mencionado.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, cobro de sumas de dinero
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Irriberri, Irma Aída c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmaceúticas s/ Cumplimiento de contrato. Daños e intereses
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-17

El valor del litigio a los efectos de los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial - según ley 11.593- en un juicio por cobro de sumas de dinero, está representado para los recurrentes por la suma que se condena a pagar debidamente actualizada -en su caso- hasta la fecha de interposición del recurso de inaplicabilidad de ley, sin que corresponda adicionar intereses.
Repetición de impuestos, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Buono, Jorge Rafael c/ GCBA s/ Acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-20

Si el actor, al interponer la demanda, solicitó la devolución de las sumas abonadas en concepto de la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos y Aceras (ABL) "con más los intereses correspondientes", sin que surja controvertida la validez de la normativa relativa al cómputo de intereses aplicable el caso -resolución n° 4151/SHyF/2003-, corresponde descalificar el decisorio -en cuanto declaró la inconstitucionalidad de esa normativa- como acto jurisdiccional válido, al apartarse de los términos en que había quedado trabada la litis. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, que remite a los fundamentos brindados in re "Aranovich, Fernando Carlos c/ GCBA s/ repetición s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. n° 13911/16, sentencia suscripta el 19/09/2017)
Crímenes de lesa humanidad, responsabilidad del Estado, competencia de la Corte Suprema, doble instancia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Tommasi, Julio Alberto y otros c/  s/ causa n° 15710
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-22

El deber de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad tiene que ser asegurado cumpliendo también con las normas constitucionales y convencionales que obligan a la Corte a velar por el respeto de las garantías judiciales, en el caso la del doble conforme, las que resultan instrumentales para asegurar que la aplicación de una pena solo pueda estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho atribuible al acusado.
Prueba, reconocimiento en sede judicial, interpelación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oblanc S.A. Cía. Financiera c/ Nicols Fernando Bourse s/ Ordinario. Oblanc S.A. Cía. Financiera c/ Nicolás Fernando Bourse s/ Ordinario.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1988-04-28|1988-04-28

Suponer que el recibo de una intimación de pago reconocida por el absolvente implica el reconocimiento de la deuda reclamada o, al menos, un indicio de ello, es atribuirle al suceso una finalidad que realmente no tiene. Para que la absolución adquiera plena eficacia probatoria, es menester que se presente como concreta, precisa, de modo que las que se prestan a una interpretación equívoca o múltiple (especialmente si se ha negado categóricamente la deuda al contestar la demanda y otra posición), debe ser desatada.
Concurso preventivo, pedido de quiebra, honorarios, procedimiento laboral, tasa de justicia, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEREZ FERNANDEZ, JOSE s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR ESPOSITO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-19

Los abogados peticionantes de la falencia con sustento en regulaciones de honorarios efectuadas en su favor en causa laboral, no están comprendidos en la gratuidad de los procedimientos judiciales que emana de la LCT: 20, ni tampoco están exentos de sufragar la tasa de justicia por no estar exceptuados de la misma en el inc. E) del art. 13 de la ley 23898.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Toth, Teresa María y otro. c/ Frigorífico Friguincia S.A.I.C.I. s/ Despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Incurre en absurdo con transgresión del art. 44 inc. 'e' del dec.ley 7718/71 el tribunal del trabajo que no tiene en cuenta para establecer la antigüedad en servicio del trabajador un elemento de juicio de valor significativo por provenir de un organismo oficial encargado precisamente de computar los servicios del agente a los fines jubilatorios y que emana de datos proporcionados por el propio empleador.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, exposición de los hechos, demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Gónzalez,  Elpidio  Abilio c/ Universidad  de  Buenos Aires. s/ reintegro de refrigerio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-12

Para determinar la competencia se debe atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y después, sólo en la medida que se adecue a ello, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión.
Incumplimiento del contrato, resolución del contrato, ley de defensa del consumidor, empresa constructora, inmobiliaria, responsabilidad solidaria, daños y perjuicios, reintegro de gastos, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Carballo, José Marcelo y otro c/ INECOS S.A. y otros s/ rescisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-15

Son suficientes para legitimar la decisión de rescindir comunicada por los actores, y la procedencia de la devolución de lo abonado constituye mera aplicación de la ley y lo acordado, toda vez que ellos acreditaron que en la fecha comprometida el bien inmueble no había sido construido, mientras no resulta antecedente alguno que exima de tal omisión a las accionadas, las que tampoco acreditaron que las sumas aportadas tuvieran otra afectación o no se integraran a recursos propios. En relación al servicio financiero ofrecido, además de los sucesivos cambios de entidad bancaria, también se comprobaron incumplimientos vinculados con el contenido de los acuerdos, que fueron objeto de sanción por el organismo administrativo; y a su respecto, cabe recordar que caracterizados como "predispuestos" en forma unilateral por las accionadas, los actores habían quedado sujetos a condiciones y pautas que no fueron el resultado de una negociación.
Principios laborales, principio protectorio, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Acosta, Alberto c/ Empresa Transportes Unidos Pampa S.R.L. y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-10-18

Los principios fundamentales del derecho laboral protegen a la parte más débil de la relación de trabajo y la interpretación de las normas son "in dubio pro operario", que excluye la interpretación restrictiva como principio.
Ley penal más benigna, derechos y garantías constitucionales, principio pro homine
Materia: PENAL
Carátula: VILLALOBOS, Gabriela Paola y otro c/  s/ Defraudación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

La solución que aquí se propone, amén de tornar efectiva la aplicación de la ley penal más benigna (principio consagrado en los arts. 9° de la CADH y 15.1 del PIDCP -convenciones internacionales que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad por así disponerlo el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional-y en el artículo 2 del Código Penal), es la que mejor articula el principio pro homine que implica privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder Estatal.
Tipo penal, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Larrosa, Héctor Ismael s/ Inf. art. 61 y 62 CC - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

El legislador ha prohibido en términos absolutos que se suministre o se permita acceder a personas menores de 18 años a material pornográfico por considerar que resultan conductas generalmente adecuadas para afectar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes (artículo 62 Ley 1472). En el marco de su completa protección, se persigue evitar que los menores tengan la posibilidad irrestricta de acceder a pornografía -ya sea mediante su recepción por parte de quien se la suministró (a su pedido o no) o a través de la libertad de compulsarla sin limitación alguna-.

Por ello, ha puesto en cabeza de quien cuente, de algún modo, con material de ese tipo, el deber de no entregarlo a personas menores de 18 años y de adoptar los recaudos necesarios para evitar que aquéllas puedan libremente hacerse de él.

Por lo demás, tanto en el caso del suministro como del permiso es irrelevante a los efectos de la configuración de la contravención el comportamiento futuro de los chicos que obtengan el material -ya sea a través de su recepción o del libre acceso al mismo- pues ello atentaría contra el principio de culpabilidad, vedando al sujeto activo la posibilidad de orientarse conforme a la norma.

Por cierto que ambas conductas pueden realizarse por medio de una serie de modalidades y resulta razonable la interpretación de quien encuentra una de ellas en el accionar de quien ofrece públicamente -sin limitación etaria- el servicio de internet y permite que personas menores de 18 años tomen contacto con ordenadores conectados a la red en los que no ha instalado -en violación al deber legal de hacerlo- los filtros que obstan al libre acceso de sitios web con contenido pornográfico. En este sentido, la acción así definida no se superpone con la infracción al deber de instalar los dispositivos.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso de apelación (procesal), apertura a prueba, hechos nuevos, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B, C. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Homicidio   calificado por promesa remuneratoria (Expte. CSJ Nº 459- 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-18

No puede prosperar el agravio de la recurrente relativo a la violación del derecho de defensa por no haberse procedido a la apertura a prueba en segunda instancia ante la aparición de hechos nuevos cuya valoración se tornaba imprescindible. Ello así por cuanto, la Cámara consideró que no se quería instalar un "novum iudicium", sino "...tan solo complementar la plataforma fáctica con elementos que el Tribunal de mérito no pudo considerar...", agregando que el testimonio al que se aludía, pertenecía a una persona que "...ya había declarado con anterioridad en la causa en varias oportunidades...", concluyendo que "...no se lo puede calificar como un aporte que pueda incidir en la dilucidación del hecho objeto de juzgamiento". Frente a dichos argumentos, el recurrente no rebate los fundamentos esbozados por el Tribunal en cuanto a la falta de pertinencia de la aludida prueba, que por lo demás ya había sido rendida durante el transcurso del proceso; como así tampoco logra en su presentación directa, demostrar la decisividad que tales dichos podrían ostentar para la solución de la causa. (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr. Gutiérrez)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacios Alfredo José. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-08-13

En el recurso extraordinario quedan fuera de su cometido, las alegaciones que no han sido materia de la litis, es decir la pretensión o cuestiones que no fueron planteadas o resueltas en la instancia ordinaria y ello es así porque las actividades de este Superior Tribunal de Justicia se ejerce en relación directa con el sustento jurídico del fallo y el alcance jurídico de la impugnación, importando así un juicio de legalidad sin dar acceso a una tercera instancia de grado y por lo tanto no pueden ser atendidos lo argumentos que no hayan sido planteados oportunamente.
Beneficios previsionales, reducción del beneficio, medidas cautelares, carácter alimentario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: SAIFE DE OBLIGADO, ROSA BEATRIZ c/ A.N.Se.S s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-23

Encontrándose cumplidos los recaudos del art. 230 C.P.C.C., corresponde confirmar la resolución del "a quo" que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el beneficiario y ordenó al organismo abstenerse de aplicar reducción alguna en su haber jubilatorio; máxime que, por tratarse de una prestación de carácter alimentario y en vías de cumplimiento, cesa la presunción de legitimidad del acto emanado de la Administración.
Defensor de menores, prisión domiciliaria, interés superior del niño
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Cejas, Enrique c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

El voto concurrente agregó que resulta necesaria la intervención del Defensor Público Oficial de Menores e Incapaces en la audiencia, con el objeto de preservar el interés superior de los niños y niñas involucrados. Dres. Carbajo, Ledesma -voto concurrente-.
Facultades de la administración, acto administrativo, nulidad del acto administrativo, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gendarmería Nacional (Estado Nacional) c/ Romero Gregorio s/ retiro millitar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La Administración Pública, a contrario de lo que sucede en el derecho privado, puede demandar la nulidad de sus propios actos cuando determinare la presencia de vicios o defectos, pues no se le aplica a ella el principio de que nadie puede alegar su propia torpeza al peticionar la extinción del acto (conf. Juan Carlos Cassagne: "Derecho Administrativo", quinta edición, Tomo II, página 181, Editorial Abeledo-Perrot); por lo que debe estarse en el sub-lite a la declaración de nulidad del acto en análisis. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, cons. IV).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencias de segunda instancia, fundamentos suficientes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Templar SA c/ Pettinari, Lorenzo y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda de simulación (Expte. CSJ Nº  608-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-09

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la circunstancia de que el fallo de la Cámara omita la consideración particularizada de algún agravio de la apelante y confirme la sentencia de primera instancia en todo lo que decide, por considerar que en ella se ha efectuado un cumplido examen del caso y se ha adoptado una solución que el Tribunal de alzada comparte, no descalifica a la sentencia como acto judicial ni afecta la garantía de la defensa en juicio. Asimismo, no se incurre en falta de motivación cuando se reenvía al fallo de primera instancia dictado en la causa, cuyos fundamentos se comparten o aprueban. (De la Disidencia del Dr. Alvarez y Falistocco)
Recurso de casación penal, omisión de pronunciamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: FERRAVANTE, FERDINANDO ANDRES; ALONSO, CECILIA INES; PERONI, EDUARDO s/ TENTATIVA DE DELITO IMPOSIBLE S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-11-01

No procede el recurso de casación penal interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de la Cámara del Crimen que luego de cerrado el debate, cumplido el requisito del art. 367 del CPP resuelve declarar su incompetencia en razón del territorio, interpretando el recurrente que dicho Tribunal transgrede la doctrina legal impuesta en autos "Bonefoi" (Se. 25/94). Ello en tanto dicho precedente dio tratamiento a una cuestión distinta a la ventilada en este proceso por cuanto lo que aquí se plantea es una cuestión de competencia territorial de orden público, por lo que el Fiscal atento la declaración de incompetencia y como titular de la acción pública debió oponerse a la misma, cosa que no ocurre en autos donde del escrito recursivo se desprende que el argumento en que se sustenta la impugnación está dado por el no cumplimiento de lo dispuesto en el art. 369 del CPP.
Sentencia definitiva, recursos, resoluciones anteriores a la sentencia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, Andrea E. y otros c/ Poder Judicial de la Provincia de Río Negro s/ Incidente medida cautelar en autos: "Reynoso, Andrea E. y otros c/  Poder Judicial de la Provincia de Río Negro s/ Sumarisimo por  Inconstitucionalidad -Medida de no innovar- Expte. Nro. 10813/97 s/  Inaplicabilidad de ley"
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-09-18

El mero hecho del dictado del fallo final acarrea la ineficacia del remedio intentado contra una resolución anterior. En la misma causa no pueden coexistir recursos extraordinarios interpuestos por la misma impugnante para controvertir, a través del primero, lo decidido en el interlocutorio dictado en un incidente y, por intermedio del segundo, lo resuelto en el pronunciamiento definitivo.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento, plazo, duplicación del plazo, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LEDESMA, EDGARDO OSCAR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTES DE EXCEPCION Y CADUCIDAD - RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 1-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-24

A falta de previsión legal expresa, cabe aplicar por analogía el plazo de tres días previsto por el Código Procesal Civil y Comercial para oponer la caducidad de la instancia por parte de la demandada (siendo duplicado en el caso por disposición del artículo 5 de la ley 7234, modificada por la ley 9040), para que se subsanen nulidades. Esta es la solución que más se adecua a la idea de que lo que debe objetarse no es un concreto acto sino la continuación de la instancia.