marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prisión preventiva, plazo, política criminal, estupefacientes
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Stacchino, Nelson Mauricio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

La exclusión consagrada por el artículo 10 de la ley 24.390 respecto de los imputados a quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de la ley 23.737, no resulta violatoria de garantía constitucional alguna por tratarse de un acto discrecional del Poder Legislativo donde concurren objetivas razones de diferenciación que no merecen tacha de irrazonabilidad, y que responde además a una política criminal del Estado que resulta exenta del control judicial. (Voto del Dr. Riggi).
Acto administrativo, resoluciones recurribles
Materia: LABORAL
Carátula: Quiroga, Juan Eduardo c/ Ciccone Calcográfica SA s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

El art. 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo prevé el enjuiciamiento de los actos emanados de las comisiones médicas ante la justicia federal. Con ello se enerva el ejercicio de las competencias provinciales en el conocimiento de las controversias originadas con motivo de la aplicación e interpretación del señalado régimen.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido indirecto, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: VILLAGRA DE ROMERO, Ester Florentina c/ C.I.A.C.S.A. (Prop. de FRIGORIFICO ARENALES) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-08-09

La prueba del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social están a cargo de la empleadora quien tiene la obligación de retener el aporte obrero y de pagar la contribución patronalEl silencio de la patronal ante la intimación del trabajador en este aspecto constituye injuria que justifica el autodespido porque las obligaciones de prestación vinculadas con la seguridad social tienen carácter contractual.
Competencia, competencia por el territorio, escritura pública, segundo testimonio
Materia: CIVIL
Carátula: ESTEBAN MODESTA Y OTRO s/ COPIA Y RENOVACION DE TITULOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Si se solicita que se expida segundo testimonio de una escritura pública que fuera otorgada en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en el art.5, inc.9, del Código Procesal, es competente para intervenir en este tipo de procesos, el juez del lugar donde se otorgó o protocolizó.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico, actos nulos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IGLESIA EVANGELIO CUADRANGULAR ARGENTINA c/ DINDABURE VDA. DE BURGOS Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1984-06-06

DECLARADA LA NULIDAD O ANULABILIDAD DEL ACTO JURIDICO ES NECESARIO VOLVER ATRAS, AL MOMENTO EN QUE DICHO ACTO NO SE HABIA CONSTITUIDO Y TAL ES LA MATERIA ESPECIFICA DE LOS ARTS. 1050 Y 1055 DEL C.C.-
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte del concubino, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Benítez c/ Volpato y/u otros s/ Ordinario (Expte Nro. 195-00, Resolución Nro. 79, Tomo 20, Folio  349/365)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-17

Estimando la remuneración de la víctima en $ 450, y teniendo en cuenta, un descuento del 20% que representarían los posibles gastos de subsistencia de la misma en vida, quedaría la suma de $ 360 como base del perjuicio patrimonial de concubino y su grupo familiar.

Empleando el método de la renta bruta morigerada; y considerando los años que le restaban a la víctima para llegar al fin de su vida útil, y un descuento para compensar el beneficio que resulta de recibir por anticipado salarios futuros, arribo a la suma total (para todo el grupo familiar) de $ 110.000 ... suma que debe repartirse por partes iguales entre el padre y los hijos... y a su vez de manera diferente entre los hijos de acuerdo a la diferencia de edad entre ellos. Por su parte, debe hacerse efectivo al padre dado su calidad de tal y toda vez que tiene que proveer lo necesario para la crianza, alimentación y educación de los menores (art. 265 C. C.).
Delitos contra la humanidad, crímenes de guerra, ius cogens
Materia: PENAL
Carátula: Barcos, Horacio Américo s/ Inf. art. 144 bis inc. 1°, 142 inc. 1°, 144 ter. 2do. Párrafo y 55 del C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-19

Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad afectan a toda la comunidad internacional y tienen la víctima colectiva como característica común, por lo que se los reputa delitos contra el derecho de gentes, quedando su clasificación como tal sujeta a los principios del ius cogens del Derecho Internacional.
Rebelión, obediencia debida, órdenes ilegales, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ INFRACCION  ARTS.  142,  149  BIS,  194  Y  227  TER  DEL  COD. PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

La orden de un superior no es suficiente para cubrir a la gente subordinada que haya ejecutado esa orden y ponerlo al abrigo de toda responsabilidad penal si el acto es contrario a la ley y constituye en sí mismo un crimen, pues él no debe obediencia a sus superiores sino en la esfera de las facultades que estos tienen, principio que no puede ofrecer dudas sino en los casos oscuros en que no es fácil discernir si el acto que se manda ejecutar está o no prohibida por la ley, o si se halla o no dentro de las facultades del que le ordena.

En autos no se aceptó tal eximente porque una rebelión evidentemente es un crimen y ninguno de los que la ejecutaron puede llamarse inocente.
Denegatoria del recurso, arma de juguete, robo
Materia: PENAL
Carátula: Puccio Carlos Domingo s/ Recurso de Casacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-28

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto ya que el arma de juguete utilizada por el encartado no es una burda réplica inhábil para amedrentar como pretende su defensa sino que, por el contrario, tiene todas las características similares a un arma real -en efecto es una copia, si bien de balines, muy similar de una pistola semiautomática "Walther P99A", de plástico color negro-, por lo que más allá de que el damnificado fuera oficial de la PFA, no se presenta descabellado que se sintiera intimidado o amedrentado, por su utilización por parte del imputado, más aún si se tienen en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el hecho. La víctima se encontraba en la calle, de franco, en horas de la tarde, cuando fue abordado de manera sorpresiva por el enjuiciado quien empuñaba el arma de juguete impartiéndole la orden "quédate piola, dame todo que te mato". Asimismo, se sostuvo que no se efectúa una aplicación de la ley "in malam partem" al incluir dentro de la expresión "arma de utilería" la utilizada en el caso -una réplica de arma de fuego, de juguete-, pues dicho razonamiento parte de la interpretación de aquel término en el sentido corriente de la palabra y dentro del alcance semántico de aquélla, en conjunción con el estudio del espíritu de la ley y la voluntad clara que el legislador tuvo al sancionarla.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, motociclista
Materia: CIVIL
Carátula: CUENCA, AGRIPINA c/ DURMAN DE KRATSMAN, SARA LIDIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-27

Si el motociclista circulaba muy próximo a los vehículos estacionados, de modo que para eludir a uno que salía de su estacionamiento hizo un giro brusco, cuya consecuencia fue su caída al suelo, con las secuelas lógicas, lesiones y desperfectos en el rodado, fue el obrar de él el que produjo el evento, al no haber ejercido sobre su versátil rodado el máximo de atención y prudencia exigido por el art. 43 de la Ley 13.893, dentro de los límites de velocidad y de las normas que regulan la marcha y estacionamiento, lo que implica no haber mantenido pleno dominio sobre el mismo, atendiendo precisamente a la urbanización de la zona por donde marchaba, lo cual es demostrativo de su impericia en la conducción.

No sólo hubo impericia en la emergencia, sino desprecio por el fiel cumplimiento de las disposiciones municipales reguladoras del tránsito de las motocicletas, como lo es la del art. 47 del anexo I de la ordenanza 35.916, que obliga a los conductores a "utilizar un casco de protección ajustado convenientemente sobre su cabeza", cosa que no llevaba.

Por lo que al no darse el supuesto contemplado por el art. 1113, párrafo 2 del Código Civil, desde que el evento se produjo por culpa exclusiva del motociclista, por expresa aplicación de la preceptiva contenida en el art. 1111 del código citado, corresponde rechazar la demanda.
Constitución Nacional, tratados internacionales, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CAFES LA VIRGINIA S.A. c/ A.N.A. s/ ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La aplicación por los órganos del Estado Argentino de una norma interna que transgredía un tratado vulneraba el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas ; y arts. 31 y 75, inc. 22) de la Constitución Nacional en su anterior redacción.
Autoridad de aplicación, habilitación del establecimiento, establecimientos asistenciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sanatorio San Jorge S.R.L. c/ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur s/ Contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-12-05

De lo expuesto se extrae que no es exacto, como lo pretende el demandante, que el servicio funcionaba con los elementos suficientes para lograr la habilitación y si la Clínica no la requirió antes de poner en funcionamiento efectivo el área de neonatología, no parece atendible la impugnación de la multa que se fundó precisamente en la falta de la habilitación que es necesariamente previa a la puesta en servicio, conforme al artículo 7, ley 17.132. De ahí que no resulta decisiva la alegación del demandante en torno a que la Subsecretaría de Salud Pública haya o no estado en conocimiento de que el servicio en cuestión funcionaba de hecho y que no lo hubiera clausurado ni suspendido. Quedó debidamente probado que la Clínica no había reunido todos los requisitos impuestos por el órgano fiscalizador sino a partir del 15 de junio de 1994, fecha en que se habilitó el servicio con el nivel 1. (del voto del Dr. González Godoy).
Lucro cesante, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: A.,M.L. c/ S.,C. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

La prueba del lucro cesante, cómo una pérdida de ganancias, incumbe a quien lo invoca y requiere una demostración clara y efectiva, siendo inadmisible su resarcimiento sobre la base de meras inferencias, según tiene dicho la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en Simonetti.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GUIMPEL, GREGORIO s/ QUIEBRA      EXPTE NRO 268-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-12

En materia de impugnación por arbitrariedad dispuso la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: 1) que esa vía no constituya una tercera instancia; 2) que no se trate de reproducir el debate ordinario sobre hechos y derecho; 3) tener presente que fallo arbitrario no es lo mismo que fallo meramente erróneo; 4) que siendo la arbitrariedad un remedio de excepción, la impugnación por tal vía no debe dejar lugar a dudas, sobre su justificación; 5) que bajo el color de la citada arbitrariedad no cabe que las partes renueven debate ya agotado, para controvertir la interpretación de la ley común o de las normas procesales que hubieren efectuado los jueces ordinarios.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-18


2º Instancia.- Buenos Aires, noviembre 18 de 2008.

Considerando: Se elevaron estos autos a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 151, contra la resolución de fs. 150, mediante la cual el señor juez de grado desestimó la citación de tercero por solicitada por la parte apelante.

El memorial presentado a fs. 169/170, no fue contestado por la actora en tiempo (ver fs. 175).

I.- La intervención obligada regulada por el art. 94 del CPN, tiene lugar cuando en un proceso pendiente entre las partes, el juez a pedido de una de ellas, ordena la citación de un tercero considerando que la "controversia es común", es decir, cuando la relación jurídica deducida en juicio por su causa pretendi u objeto perseguido, pueda afectar la relación extracontenciosa entre una parte y el tercero, y con la finalidad de que eventualmente la sentencia definitiva le sea opuesta (conf. Fenochietto, Carlos, "Código Procesal Civil y Comercial...", t. I, págs. 352/354).

Este instituto comprende aquellas hipótesis en las cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción regresiva contra el tercero o medie conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otro existente entre el tercero y alguna de las partes originarias (Lambois, Susana E. en Highton E. y Areán B "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T. 2, pág. 395, Ed. Hammurabi, Bs. As. 2004).

La solicitud de intervención de terceros debe resolverse con carácter restrictivo y cuando la pide el demandado, constituye una medida excepcional, desde que se obliga al actor a litigar contra quien no ha elegido como contrario (conf. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial...", t. I, pág. 613).

II.- En el caso de autos, la demandada solicitó la citación de Sok Yul Hyon, Byung Yun Ko, Kyung Soo Jun, Ok Nam Shon, Youn Cheol Cha, en virtud de las denuncias realizadas por ante el fuero penal por el delito de "estafa y defraudación a la administración fraudulenta". Dijo que los citados son propietarios del inmueble cuya reivindicación se persigue por medio de este proceso.

De los informes acompañados se desprende que, además de los actores, el restante condómino es el señor Yul Hyon Sok, citado en los términos del artículo 94 del Código Procesal, conforme surge de fs. 14 tercer párrafo.

Ahora bien, los restantes mencionados fueron los anteriores titulares de dominio del inmueble en cuestión, y dado los términos en que quedó trabada la litis no se advierte la existencia de relación directa entre el objeto de este proceso y las denuncias que el demandado atribuye a las personas cuya citación solicitó, razón por la cual los agravios serán desestimados.

Por todo lo expuesto el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fs. 150. Con costas de Alzada por su orden, por no haber mediado oposición (artículo 69, del Código Procesal). La doctora De los Santos no suscribe por hallarse en uso de licencia.- Carlos R. Ponce.- Elisa M. Díaz de Vivar.
Supresión del estado civil, suposición del estado civil
Materia: PENAL
Carátula: CORDERO RUFFO, Beatriz Amanda s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-08

La distinción entre los delitos de supresión y el de retención u ocultamiento del estado civil de las personas en orden a su consumación, a fin de resolver si la acción esta prescripta, radica en que el primero es un delito instantáneo y se realiza y agota cuando el autor ha logrado la situación de hecho a que se refiere la norma, mientras que la conducta tipificada por el art. 146 del código penal es de carácter permanente, es decir que se consuma con cada uno de los actos que importen retención u ocultamiento.
Haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, deberes del juez, realidad económica
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE ROSA, SUSANA BEATRIZ c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-19

La acción por la cual el actor persigue el reajuste de la movilidad del haber fijado en sede administrativa no puede ser correctamente juzgada sin considerar el estado actual de la economía, muy diferente al que, durante décadas, determinó las pautas jurisprudenciales que tradicionalmente se aplicaron en la materia.

(Disidencia del Dr. Laclau)
Concurso preventivo, verificación de créditos, verificación tardía, plazo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ Concurso preventivo -Incidente de verificación tardía-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-06

El plazo de dos años desde la fecha de presentación en concurso para formular el pedido de verificación tardía por el acreedor, establecido en el artículo 56 L. C. Q., constituye un plazo de prescripción y en cuanto tal es susceptible de interrupción. De allí que resulta aplicable en la especie el artículo 3.986 del Código Civil.
Defensa del consumidor, procedimiento administrativo, denunciante, legitimación procesal, recurso directo, resoluciones judiciales, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Castiñeiras, Daniel Humberto c/  s/ s/ Recurso de inconstitucionalidad concedido en/ Castiñeiras, Daniel Humberto c/ GCBA s/ recurso directo sobre resoluciones de defensa al consumidor
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-30

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad si las consideraciones que formula el recurrente sólo muestran su disconformidad con lo decidido y no se advierte -ni fue concretamente explicitado- cuál sería el perjuicio o lesión actual o "interés propio" y suficiente que lo legitimaría para controvertir el sobreseimiento dictado a empresa denunciada. No se advierte tampoco que lo decidido por la alzada le impida al recurrente encauzar sus diferencias con el Administrador de su consorcio -y sus vecinos- por otros carriles, distintos de los que aquí pretende. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Concursos, proceso de verificación, acción de revisión, resoluciones judiciales, cesión de créditos, acuerdos preconcursales, quiebra indirecta
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fibracentro SA c/  s/ quiebra s/incidente de revisión de crédito de noyfil sa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Corresponde rechazar el incidente de revisión promovido por el cesionario de un crédito preconcursal, en el marco de una quiebra indirecta en la cual el síndico omitió recalcular los créditos de acuerdo a lo previsto por la LCQ 202, por cuanto no incluyó en el informe individual a aquellos acreedores que se presentaron a verificar sus créditos durante la etapa concursal conforme la LCQ 32 (razón que le valió una sanción en el proceso principal). En tales condiciones, se convocó a un nuevo período tempestivo para la verificación de los créditos, en lugar de recurrir a la vía incidental de la LCQ 202, de manera tal que en esta ocasión se presentó el cesionario de un crédito anterior a la apertura del concurso, a insinuar el crédito cedido, aun cuando la cedente ya se había presentado en ocasión de la LCQ 32 durante la etapa concursal.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-04


AUTOS 98.720 (C.C.Nº19.632) DEL Octavo Juzgado Civil, CARATULADOS: "NAVAS Miguel Angel C/ Provincia de San Juan - Amparo por Mora".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº II- Fº40.- San Juan, 04 de Junio de 2008.- VISTO: Para resolver estos autos N°19.632, caratulados "NAVAS, MIGUEL ANGEL C/PROVINCIA DE SAN JUAN - AMPARO POR MORA".- Y CONSIDERANDO:

Atendiendo a que la jurisdicción de la alzada es de orden público, previo a examinar si un recurso es fundado o no, debe analizarse si se dan los presupuestos de admisibilidad para que el Tribunal entre a decidir el fondo del asunto. En esta tarea puede actuar de oficio, no encontrándose vinculado ni por la voluntad de las partes ni por resolución del juez apelado por más que se encuentre consentida. (Loutayf Ranea, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Editorial Astrea, T-2, pág. 6, 1989; Fenochietto, Carlos Eduardo - Arazi, Roland, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Editorial Astrea, T-1, pág. 955, 1993; esta Sala en L.A. 1997-I-121, etc.).- Que al estudiar los autos venidos a esta Sala se advierte que en la presentación de fs. 101 y vta., en que se interpone recurso de apelación, se omitió la firma del apelante.- Así las cosas, y teniendo en cuenta que como hemos dicho en casos anteriores: "las firmas de las partes o de sus representantes en los escritos judiciales revisten condición esencial para la existencia del acto, por lo que, el presentado, sin el cumplimiento de ese recaudo, carece de toda eficacia (Morello Augusto Mario - Sosa, Gualberto Lucas - Berizonce, Roberto Omar, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", Editorial Abeledo Perrot, T°II-B, pág. 563, 1995)" (L. S. 2008-TºI-Fº118), corresponde declarar mal concedido el recurso.- Por ello, SE RESUELVE:

Declarar mal concedido a fs. 102 el recurso de apelación contra la resolución de fecha 23 de octubre de 2007, obrante a fs. 99 y vta., que queda firme.- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.- MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.
Actos y diligencias procesales, medida cautelar innovativa, competencia por la materia
Materia: COMERCIAL
Carátula: America TV SA c/ Practiplus SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Procede revocar la resolución denegatoria de la medida cautelar innovativa requerida, en la que el accionante pretendió que, mientras dure el proceso instado en pos de reajustar el contrato de locación suscripto entre las partes respecto de cierto inmueble (conf. CCCN 1091), se establezca provisionalmente su precio en el valor promedio entre el tipo de cambio del dólar estadounidense al momento de celebración del contrato y el que publique el Banco Central para el día en que se emita la factura por cada canon locativo mensual. Ello por cuanto, esta Sala ha estimado tutelas anticipatorias en el orden contractual (cfr. 17/5/16, "Sacconi, Estefanía y otro c/ Círculo de Inversores SA de Ahorro p/f dtdos. s/ ordinario s/ incid. art. 250", Expte. COM 4321/2016; íd. 7/9/17, "Industrias Rotor Pump SA c/ Franklin Electric Sales Inc. y otros s/ med. precautoria" Expte. COM 20955/2016). Y en el caso resulta prima facie acreditada la verosimilitud del derecho. Es que la devaluación de nuestra moneda nacional en relación con el dólar estadounidense desde la abrupta suba acaecida en septiembre del año pasado, no puede ser ignorada dada su categoría de hecho notorio. Ahora bien, en torno a la posibilidad -o no de previsión de dicha circunstancia cuanto su incidencia en la ecuación económica del sinalagma contractual, cabe recalar en la orientación brindada por el Alto Tribunal en el caso: "Rinaldi Francisco A. y otro c/ Guzmán Toledo, Ronal C. y ot. s/ ejecutivo" del 15/3/07 (Fallos 330:855). Es lógica la inferencia de su impacto en el incremento de la prestación a cargo de la locataria; todo lo que podría configurar la situación de excesiva onerosidad a la que alude el CCCN 1091. En ese marco entiéndese conducente otorgar la medida innovativa solicitada.

(En el caso, se fijó provisionalmente el precio del canon locativo a un tipo de cambio de $35 por dólar, por el término de nueve meses a contabilizar desde noviembre del 2018).