Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-07


NEUQUEN, 7 de marzo de 2013. Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ROMERO RODOLFO RUBEN C/ BANCO HIPOTECARIO S.A. S/ REAJUSTE DE PRESTACIÓN" (EXP Nº 293496/3) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nº 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen los presentes a estudio de esta Sala en virtud del recurso interpuesto a fs. 256 por el actor, contra la imposición de costas de fs. 255, Punto II, que fuera concedido con efecto diferido a fs. 257 y en virtud de los recursos arancelarios interpuestos: a) a fs. 367/369 por el patrocinante del actor, por derecho propio, contra los honorarios regulados a su favor en la sentencia de fojas 358/360 por considerarlos reducidos; b) a fs. 370, por los letrados apoderados de la demandada, por derecho propio, contra los suyos, también por estimarlos bajos y, c) a fs. 371/372, por la demandada contra la totalidad de los montos allí fijados, por considerarlos elevados.

Se agravia el actor a fs. 393/394, que le agravia por cuanto habiéndose rechazado el acuse de caducidad interpuesto por la demandada, las costas se imponen en el orden causado, estimando que dicha decisión se aparta arbitrariamente del principio objetivo de la derrota, ya que se omitió considerar que esa parte no solo fue la que dio motivo a la incidencia, sino que también fue la vencida en dicho debate. Sostiene que, como consecuencia del rechazo del acuse de caducidad, habiendo resultado vencida la demandada, debe cargar ella con las costas generadas en virtud de lo dispuesto por el art. 68 del Código de rito.

Corrido traslado, el mismo no recibe respuesta de la contraria.

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos, hemos de comenzar por el planteo de la actora contra la imposición de las costas en el incidente de caducidad, apelación que fue conferida en forma diferida a fs. 257, por providencia del 25 de octubre del 2011.

Merituando las constancias de autos, se advierte que corresponde la confirmación de dicha imposición, con fundamento en la especial situación generada en relación a las circunstancias fácticas advertidas en el expediente.

Así, como fuera oportunamente señalado en la resolución de fs. 255, con la solicitud del desarchivo de fecha 21 de marzo de 2011 (fs. 234) y las posteriores presentaciones y actuaciones del tribunal, la parte actora purgó dicho plazo, constituyendo actos impulsorios que interrumpieron la caducidad.

Es decir: si bien es cierto que el planteo de caducidad formulado por la demandada, en tal contexto resultaba razonable, la parte actora realizó en el ínterin, un acto que impulsó la causa.

Por tal motivo, y dentro del adecuado margen de arbitrio que otorga la ley procesal en la segunda parte del art. 68, analizando la conducta procesal asumida por ambas partes, se estima adecuada la imposición de las costas respecto al incidente de caducidad, por lo que ellas deben ser confirmadas (EXP Nº 317937/4).

III.- Analizando ahora los recursos arancelarios, se observa que en el presente, luego de larga tramitación, se dictó la ley 26313 -declarada de orden público- y su decreto reglamentario 2107/08, que dio una solución integral a los mutuos hipotecarios anteriores a la ley de convertibilidad.

Así, se resolvió someter a las partes a dicha normativa -fs. 358/360- y la liquidación presentada por la demandada a fs. 259/260 -de conformidad con dicha norma- fue debidamente aprobada por el fallo de marras.

Así, a fin de fijar los honorarios de los profesionales intervinientes por la labor desempeñada en el presente, debe tenerse en cuenta en estos casos no sólo la larga tramitación del pleito y el arduo trabajo profesional, sino también que el resultado final de la causa fue consecuencia de una ley dictada cuando ya había avanzado en gran parte el proceso y cuyos motivos exceden a cada uno de los pleitos a los que se aplica.

Así entonces, las pautas de la Ley Arancelaria vigente deben sopesarse con lo señalado y tomando en consideración las tareas realizadas por los letrados, apreciadas en base a las pautas del artículo 6 de la ley 1.594, y jurisprudencia de las Salas I y II en anterior composición, como así también lo resuelto recientemente por esta Sala en PI. 2012 -Nº260-TºIII-Fº516/517 en Expte. Nº 281.266 y lo dispuesto por la norma citada en sus incisos b, c, d, e y f y arts. 7, 10 y 11 de la Ley Arancelaria vigente, entendemos que la totalidad de las regulaciones practicadas resultan reducidas por lo que se impone la elevación de las mismas a las siguientes sumas: para el Dr. ..., patrocinante del actor, $ ...; para los Dres. ... y ..., apoderados de la demandada, $ ... en conjunto y para la Dra. ..., apoderada de dicha parte a partir de fs. 273, $ ....

Por ello esta Sala I RESUELVE:

1.- a) Elevar los honorarios regulados en la sentencia de fs. 358/360 a las siguientes sumas: para el DR. ..., patrocinante del actor, de pesos ... ($ ...); para los DRES. ... y ..., letrados apoderados de la demandada, de pesos ... ($ ...) en conjunto y para la DRA. ..., apoderada de dicha parte a partir de fs. 273, de pesos ... ($ ...). b) Confirmar las costas del incidente de caducidad resuelto a fs. 255.

2.- Regístrese notifíquese electrónicamente y vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.