Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-21


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Raúl Madueño, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 15.100 del registro de esta Sala, caratulada "Mamani Choque, Félix s/ recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Raúl Omar Pleé, y ejerce la defensa de Félix Mamani Choque la señora Defensora Oficial ad hoc doctora Brenda L. Palmucci.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctora Liliana E. Catucci y doctor Raúl Madueño.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el señor Defensor Público Oficial, doctor Héctor Daniel Martínez Gallardo, a fs.

7/14 vta. contra la resolución dictada por un juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta obrante a fs. 5/6, mediante la que se resolvió "No hacer lugar a la excarcelación solicitada a fs. 1 en beneficio de Félix Mamani Choque".

2.- Habiendo sido concedido a fs. 17/18 el remedio impetrado, y radicadas las actuaciones en esta instancia, se cumplieron con las previsiones del artículo 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación en función del 454 y 455 ibídem (texto según ley 26.374), según constancia actuarial de fs.34;

quedando la causa en condiciones de ser resuelta.

3.- En su recurso de casación, menciona el señor Defensor Público Oficial el contenido de los artículos 2 y 280 del Código Procesal Penal de la Nación, aseverando que de "una interpretación armónica del sistema se puede concluir que los límites o topes establecidos en el art. 316 deben encontrarse necesariamente vinculados al peligro procesal".

Expresa que no se tuvo en cuenta que su asistido carece de antecedentes penales, y que se resolvió con prescindencia de un informe socio ambiental actualizado.

Puntualiza que su defendido es una persona de bajos recursos, y es por eso que al no poseer una vivienda propia debe alquilar una, razón por la cual al momento de practicarse en informe ambiental glosado en la causa se informó que llevaba poco tiempo de residencia en el lugar.

También expresa que el riesgo de entorpecer las pesquisas ha desaparecido, pues la instrucción se encuentra concluida.

Califica la resolución nula, por resultar arbitraria y carente de motivación.

Formula reserva del caso federal.

SEGUNDO:

Al ingresar en el examen de la cuestión traída a conocimiento de estos estrados hemos advertido la existencia de una circunstancia que -por importar una nulidad absoluta, en los términos de los artículos 124, 167 inciso 2/ y 168 del Código Procesal Penal de la Nación- amerita prioritaria y especial atención.

De la lectura de la resolución de fs. 5/6 surge que si bien la misma fue dictada por un tribunal colegiado -el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta- fue suscripta por uno solo de los magistrados que integran ese cuerpo. Lo expuesto, importa una contravención a lo específicamente normado por el artículo 124 del rito penal, que expresamente dispone que "Las sentencias y los autos deberán ser suscriptos por el juez o todos los miembros del tribunal que actuaren; los decretos, por el juez o el presidente del tribunal. La falta de firma producirá la nulidad del acto".

En el caso, siendo exigible -artículo 122 del ritoque la resolución mediante la que se conceda o deniegue la Cámara Nacional de Casación Penal Causa N/ 15.100 excarcelación adopte la forma de auto, la intervención de la totalidad de los miembros del tribunal resultaba inexcusable.

Adicionalmente, cabe hacer notar que la circunstancia asentada al pie de la firma del único magistrado que suscribió la resolución en crisis (referida a que la incidencia se resolvía "en feria") ninguna relevancia tiene en orden a lo antes expuesto, desde que dicha situación no resultaba obstáculo para que el tribunal hubiera sido debidamente integrado, mediante la intervención de la autoridad de Superintendencia.

Pero además de lo expuesto, el análisis del incidente de excarcelación que concentra la atención de este Tribunal permite constatar otra irregularidad en su tramitación. Según el cargo estampado en el escrito mediante el que se solicitara la excarcelación del imputado, la pretensión fue introducida el día martes 5 de julio del corriente año, a las 11.38 horas. No obstante ello, no fue sino hasta el día viernes 8 de julio que se dispuso correr la vista de ley al representante del Ministerio Público Fiscal, medida esta cumplida recién el martes 12, con la remisión del incidente a la fiscalía (ver fs.

1, 2 y 2 vta.). Ese mismo día, es decir, el martes 12, el señor agente fiscal presentó su dictamen, dictandose la resolución que nos convoca el día 22 del mismo mes, esto es, diez días después de que el tribunal se encontrara en condiciones de decidir.

Lo expuesto, deja al descubierto el notorio apartamiento por parte del Tribunal a quo de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto a la celeridad que debe imprimirse en el trámite de los incidentes de excarcelación, y la resolución inmediata que se exige en los mismos. Asimismo, la demora en la tramitación que se destaca demuestra que la antes apuntada circunstancia vinculada a la falta de firma de dos de los magistrados del tribunal, de manera alguna puede ser justificada por haberse dictado el resolutorio durante el transcurso de la feria judicial, desde que el pedido fue presentado cuando el receso aún no había aun comenzado, no verificándose la existencia de impedimentos para su tramitación y resolución antes del inicio de la feria.

Claro resulta, a la luz de todo lo desarrollado, que la solución que en definitiva habremos de proponer en modo alguno importa emitir juicio acerca de la procedencia del beneficio de la excarcelación que solicita la defensa, ni empaña la labor del único magistrado que brindó una respuesta jurisdiccional -deficitaria, en los términos formales ya vistos, pero respuesta al fin- al planteo del justiciable.

En mérito de las razones expuestas, propiciamos al Acuerdo y votamos por hacer lugar al recurso de casación de la defensa, sin costas, anular la resolución recurrida, y disponer que con observancia de las normas procesales pertinentes, se dicte una nueva resolución (artículos 456 inciso 2/, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El señor juez doctor Raúl Madueño dijo:

Por compartir los fundamentos desarrollados por el doctor Eduardo R. Riggi, adhiere a su voto.

La señora juez doctora Liliana E. Catucci dijo:

Me adhiero al voto que antecede en cuanto a la ausencia de intervención del tribunal oral que debía hacerlo, que en el caso fue sustituida por la de un solo magistrado.

A mayor abundamiento he de agregar que de conformidad con la certificación que antecede, el trámite se inició antes de la feria judicial de invierno, que corrió desde el día 11 hasta el 22 de julio del corriente año.

En consecuencia, desde la fecha del pedido excarcelatorio, el 5 de julio ppdo. (cfr. fs. 1), existía tiempo más que suficiente para correr vista al fiscal y resolver antes del receso.

No obstante lo cual, la vista se corrió sólo el 12 de julio (cfr. fs. 2 vta.), y la resolución se dictó el 22 de julio de 2011 (cfr. fs. 5/6), último día de feria, tiempos violatorios de la inmediatez que para estas cuestiones impone el art. 331 del código adjetivo.

Cámara Nacional de Casación Penal Causa N/ 15.100 Por todo ello, coincido con la anulación propiciada.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de casación de la defensa, sin costas; II) ANULAR la resolución recurrida, y III) DISPONER que con observancia de las normas procesales pertinentes, se dicte una nueva resolución (artículos 456 inciso 2/, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, W.Gustavo Mitchell y Eduardo R.

Riggi. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara