Ejecución de la pena, salidas transitorias, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: L. L. A. s/ HOMICIDIO Y ROBO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-14

En torno al alcance de las potestades del Tribunal que debe resolver una propuesta de beneficio de semilibertad y salidas transitorias formulada por la autoridad administrativa, el criterio rector que asume el régimen penitenciario es el de limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados, y avanzar progresivamente hacia la recuperación de su libertad. En la etapa de ejecución de la pena, la ley implementa reglas de flexibilización de la privación de libertad, en tanto conforme a sus pautas, quede evidenciado que la disminución progresiva de las medidas de vigilancia habrá de redundar en una mejor preparación para la reinserción del interno en el medio social. Se trata de un derecho condicionado, toda vez que el interno habrá de reunir los requisitos que la ley prevé.

El régimen progresivo en la aplicación de la pena privativa de libertad, consagrado como principio rector en el sistema de la ley 24.660, lleva ínsita una evaluación sobre el grado de rehabilitación del interno; sus avances o retrocesos. Para autorizar el beneficio en cuestión, no basta la opinión favorable de la autoridad administrativa sobre la concurrencia de los requisitos de la citada ley 24660, que remiten al cumplimiento del tiempo mínimo de reclusión, ausencia de causas pendientes, conducta ejemplar y concepto favorable de su evolución, como del efecto útil de las salidas solicitadas, por parte del organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento. A tal efecto, resulta decisiva la ponderación integral y debidamente motivada de la evolución personal del interno, efectuada por el tribunal de ejecución de la pena. Conforme a lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24660, es facultad exclusiva del órgano jurisdiccional la consideración y resolución de la procedencia del régimen de semilibertad, como así también el establecimiento de las normas de conducta a observar por el interno. El precepto legal es derivación del principio de judicialización de la ejecución penal (arts. 3 y 4, ley 24.660; art. 509 CPP-TC). Las propuestas administrativas deben ser evaluadas y valoradas jurisdiccionalmente con la prudencia necesaria, en el marco de las garantías constitucionales comprometidas; pues la sola proposición no conduce, sin más, a una decisión favorable. A su vez, el innegable valor de los dictámenes técnico-criminológicos, emitidos por quienes están en contacto con el interno, no exime al órgano jurisdiccional de evaluar la situación integral del interno, como de un examen crítico de los fundamentos en los que se sustenta. Los informes aludidos tienen el valor de un dictamen técnico que contribuye a la autoridad judicial en la evaluación del caso concreto, pero no reemplazan al órgano jurisdiccional, toda vez que en forma expresa, la ley deposita la decisión en los órganos jurisdiccionales (CSJTuc., sentencia Nº 84 del 01/3/2004 y sus citas; sentencia Nº 1222 del 19/12/2007). En suma, corresponde al tribunal de ejecución de la pena verificar el cumplimiento de los recaudos legales; y ello lleva ínsito un juicio sobre el grado de recuperación, que permita la paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena (arg. art. 14, ley 24.660).

DRES.: ESTOFAN - GANDUR - POSSE.