marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, empleo público, promoción del empleo, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pérez, Julia Graciela c/ INsseP s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-04-03

Viene al caso citar aquí lo expuesto por Canasi al decir que la racionalización administrativa, como la idoneidad en el ingreso a la función pública, responde a un ideal democrático comprensivo de los agentes públicos en general, incluido los gobernantes, los funcionarios propiamente dichos, los agentes públicos dependientes de aquellos, que no deben en su conjunto, tener otra preocupación que el interés general, el bien común, que es la base de la democracia, que puede ser mala -como dijo Winston Churchil-, pero no se conoce un sistema mejor. Esta idea es la que domina toda la tercería del ingreso al servicio público.

La función pública, en el sentido lato de la expresión, sólo debe conferirse a quienes ofrecen las mejores casualidades de inteligencia, probidad, conocimiento técnico, celo y sacrificio por la cosa pública. Es decir, debe conferirse a la persona más digna desde todos los puntos de vista. Se allí que, como lo destacáramos en casos similares al presente, en esto no está en juego únicamente el derecho que le asiste a la actora en forma individual, sino también la necesidad de asegurar la eficacia y responsabilidad de toda la actividad administrativa.

Por ello el acceso al cargo de Director, dispuesto por Res. 803/98 resulta injusto y arbitrario por cuanto cercena las legítimas expectativas del accionante a obtener un ascenso en su carrera encontrándose en juego derechos constitucionales de la misma. En efecto, el acto cuestionado afecta su derecho de propiedad al cercenar su posibilidad de obtener la mayor remuneración que importa el cargo al que podría acceder (en idéntico sentido se expidió esta sala en sentencia Nro.60/99).
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EDEERSA c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-12-01

En nuestra provincia, cuando se pretende ejercer el derecho de postulación procesal (ius postulandi) a nombre de un tercero y no por derecho propio, está expresamente limitado a los abogados y procuradores inscriptos en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación obligatoria impuesta por la ley.
Leyes, aplicación de la ley, costumbre, comuna, Municipalidad, personal municipal, intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FLORES, OSCAR c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 277-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

No resulta aplicable a los empleados municipales la ley 7519 -que rige para el personal de las Comunas-, aunque se invoque a tal fin el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, -costumbre como fuente jurídica- si no está acreditado que efectivamente de hecho, esa norma haya regido a dicho municipio, no bastando a ese efecto la afirmación del Intendente acerca de que la Asesoría Letrada interpretó que se aplicaba dicha legislación, opinión que ese órgano de asesoramiento ni siquiera formalizó en un dictamen, resultando insuficiente a fines de tener probada, con la certeza exigible, que dicho estatuto rigió en el ámbito Municipal.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión no federal, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, jubilación por invalidez, reingreso a la actividad remunerada, Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Franchi, Héctor Laerte. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Es admisible el recurso extraordinario contra la sentencia que suspendió el pago del beneficio de jubilación por invalidez por mediar incompatibilidad entre la percepción de dicho beneficio y la vuelta a la actividad en relación de dependencia (art. 65, primera parte de la ley 18.037) y en virtud de considerar que el peticionante no estaba amparado por las disposiciones de la ley 22 431, pues lo decidido conduce a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional.
Seguro por cuenta ajena, denuncia del siniestro
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: García Hilario c/ Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-07-13

La jurisprudencia mayoritaria ha señalado que no puede trabarse embargo sobre los inmuebles gravados a favor del Banco Hipotecario Nacional por préstamos otorgados para única vivienda propia, mientras éstas mantengan su categoría originaria y conserven tal destino, no pudiendo ser ejecutados ni constituirse sobre ellos otros derechos reales. La inembargabilidad no tutela sólo al banco sino también al adquirente por razones de interés general y en atención al fin tuitivo de la ley se mantiene luego de cancelado el crédito. sostener que el beneficio se extingue juntamente con el pago total de la deuda, importaría aceptar que ha sido instituido en el sólo interés del banco, pese a que está suficientemente asegurado por el gravamen hipotecario. Por tanto la inembargabilidad dispuesta por la norma es de carácter imperat (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, cheque de pago diferido
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, Oscar R. y otros s/ REGIMEN PENAL DEL CHEQUE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

En los supuestos en que la fecha del cheque (que era la contraprestación de la operación comercial) resulte posdatada, debe hipotéticamente encuadrarse el hecho en el art. 302, C.P.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, acción penal, prescripción, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Romanello, Eduardo R. s/ incidente de prescripción - Causa nro. 22.797 -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Las decisiones que no hacen lugar a la prescripción de la acción penal no constituyen sentencia definitiva (art. 14 de la ley 48) y la sola invocación de la jurisprudencia según la cual la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho del imputado a un pronunciamiento que ponga termino del modo mas breve el enjuiciamiento, es inhábil para hacer excepciones a tal criterio si se demuestra que, con arreglo a las circunstancias concretas de la causa, se ha configurado una situación similar a la del precedente invocado.
Prueba confesional, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Ricón, Aldo Omar; Preite, Miguel Angel y ot.. s/ Privación ilegal de la libertad - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-28

Si el imputado se rectificó en sede judicial de su declaración extrajudicial aduciendo que tuvo miedo a la policía aunque declaró que fue bien tratado en la comisaría, esto resulta inidóneo para descalificar a la misma, toda vez que no significa la configuración de violencia, intimidación o promesa ni que no estuvo en perfecto uso de sus facultades mentales, pues mediante sus manifestaciones el procesado no denuncia delito alguno como causante de su confesión extrajudicial.
Suprema Corte de Buenos Aires, competencia, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado sobre cuestión de competencia (art. 6 C.C.A.). En autos: "Venini, José María Felipe y otros contra Poder Ejecutivo de la Provincia sobre amparo s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde dejar sin efecto la medida cautelar decretada por un órgano del fuero federal si el caso es de la competencia originaria de esta Suprema Corte (art. 167 inc. 1 y 215 Const. prov.), circunstancia que mediante oficio será comunicada a las autoridades provinciales encargadas de la aplicación de las normas impugnadas en autos por vía de amparo. (Minoría u opinión personal)
Periodistas, prestación de servicios, aportes a obras sociales, carnet de periodista, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: FAISAL, María c/ PRODUFE S.A. Y OTRO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-27

A partir del principio directriz de la supremacía de la realidad que rige la ponderación del contexto de la prestación de servicios independientemente de las formas adoptadas por las partes (arts. 14, 21, 22, 23, 25 LCT), no significan oposiciones atendibles a dicho encuadramiento los obstáculos meramente formales tales como la Obra Social a la que la accionada dirigía los aportes de la actora o la carencia de ésta de la credencial de periodista que prevé la ley 12908, incumplimiento éste que no constituye un impedimento para reconocer la categoría profesional que se invoca toda vez que se trata de una profesión cuyo ejercicio no exige un título expedido por autoridad determinada (en el mismo sentido Sala IV sent. 74350 del 20/5/96 "Formica, Horacio C/ ATC S/ despido").
Dinero, obligaciones en moneda extranjera, mora, pesificación, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, reordenamiento del sistema financiero
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PAMPA c/ L., S. s/ PREPARA VIA EJECUTIVA s/ CASACION BANCO DE LA PAMPA c/ P. S. A. s/ EJECUTIVO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-12-28|2004-12-22

El dinero es una unidad que indica la relación del poder adquisitivo frente a los bienes, manifestándose en el nivel de precios; por lo tanto, la referencia comparativa a tener en cuenta es la disminución o aumento de su poder adquisitivo. El art. 8 (decreto 214/02) permite reajustar equitativamente el monto que resulte de aplicar los mecanismos allí previstos, por lo que sólo el análisis del caso particular permite verificar si la conversión dispuesta en las normas de emergencia realmente desvirtúa la sustancia económica del crédito en la magnitud suficiente como para generar una violación del derecho de propiedad, o si, por el contrario, distribuye equitativamente la carga que resulta del mayor valor actual de la divisa.
Ley de accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Barraza, Nilda Raquel c/ Harengus S.A. y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-16

El art. 12 inc. "d" de la ley 24.028, que hace correr el plazo de prescripción desde la consolidación del daño, demostrándose con ello que ese ha sido el hito temporal tenido en cuenta por el legislador.

Ese preciso instante en que quedan reunidos los presupuestos de hecho indefectibles para ejercer la acción, marca el nacimiento de ésta, determinando la ley que la rige, el inicio de su prescripción y hasta el "ad quem" del cómputo de los intereses, cual en algún caso tuvimos ocasión de declarar.
Prescripción de la acción penal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, LUIS MARIA s/ INDUCCION A LA FUGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-01

Si bien de las constancias de la causa surgirían elementos de juicio suficientes para proseguir la investigación de la conducta de los imputados, lo cierto es que dado el tiempo transcurrido desde la comisión del ilícito investigado - art. 248 del C. Penal - que excede holgadamente el máximo de la pena para él fijada, no interrumpido por acto procesal eficaz para ello, la acción penal se encuentra prescripta.

En tales condiciones, y dado el carácter público del instituto, incumbe al Tribunal efectuar tal declaración de oficio, sin que quepa para ello analizar la responsabilidad penal de los enjuiciados.
Recurso extraordinario federal, resoluciones equiparables a definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Roselló, Eliseo Aldo s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-28

Las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal (como las que rechazan la prescripción de la acción penal) no reúnen, en principio, la calidad de sentencia definitiva a los efectos del artículo 14 de la ley 48. (Voto de los Dres. Riggi y Tragant).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Losinno, María de las Mercedes contra Antonelli, Marta Beatriz y otro. Pérdida de vocación hereditaria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

Son cuestiones esenciales aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución, y no las que las partes consideren como tales.(doctor Genoud, sin disidencia)
Registro de la propiedad automotor, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, transmisión del dominio, inscripción registral
Materia: CIVIL
Carátula: Costa Nilda Angélica y Otro c/ Correa Roberto Carlos y Otros s/ Daños y perjuicios", Expte. Nº 544/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-31

La transmisión del dominio de los automotores sólo produce efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional del Automotor, pues es de carácter constitutivo, no considerado transmitido el derecho real de propiedad, ni siquiera entre los contratantes, si la transferencia al adquirente no fue inscripta, aunque haya mediado tradición de la cosa, no obstante lo cual y conforme el artículo 27 de la Ley 22.977 del Registro de Propiedad del Automotor, el titular registral que enajenó el automotor y no inscribió esa transferencia, podrá exonerarse de responsabilidad si comunicó al registro que realizó la tradición del vehículo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, intervención de terceros, actividad normal y específica propia del establecimiento, extensión de la responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, JOSE ORLANDO c/ FUNDACION TEATRO COLON DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

Ha quedado demostrado que el actor ha prestado servicios en relación de dependencia para la demandada, y cabe concluir que lo ha hecho en las funciones y eventos que la demandada llevó a cabo en las instalaciones del tercero citado. En ese marco, los contratos de locación de servicios, demuestran que además el tercero citado participó activamente en la configuración del fraude a las normas laborales vigentes, ello por cuanto no contrató al actor como empleado público, y permitió que se desempeñara para la demandada a través de un contrato no registrado. En consecuencia, corresponde hacer extensiva la condena al tercero citado, con fundamento en el art. 30 LCT, en tanto no cabe duda que las tareas prestadas por el actor para la demandada estuvieron relacionadas con una actividad que es normal, específica y propia del tercero y cuya explotación fue subcontratada a la demandada en autos.
Indemnización expropiatoria, Tribunal de Tasaciones, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  D.N.V. c/ INVIBA  SOC. EN COMANDITA POR ACCIONES s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-26

La opinión del Tribunal de Tasaciones es de importancia relevante para la determinación de la indemnización -en caso de expropiación- atento a la fuerza probatoria que supone la idoneidad técnica de sus integrantes, los elementos de convicción en que se fundan y el grado de uniformidad con que se expiden, debiéndose estar a sus conclusiones si no median hechos concretos reveladores de un error u omisión manifiesta que justifiquen dejarlas de lado.
Accidentes de trabajo, derecho de opción, enfermedad accidente, responsabilidad extracontractual, responsabilidad objetiva
Materia: LABORAL
Carátula: Pella, Mirta Lucía c/ Textil Hilandur s/ Enfermedad accidente González, Gabriela c/ Erroll's S.A. s/ Daños y perjuicios López, Alvaro T. c/ Firestone de la Argentina S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo. Acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02|1999-06-08|2001-10-24

Cuando se ejercita la acción común (art.17 de la ley 9.688), si se atribuye al empleador la responsabilidad subjetiva (art.1109 C. C.) debe probarse necesariamente la culpa de aquél; mientras que si la controversia se desenvuelve en el plano de la teoría del riesgo creado, debe quedar demostrado de manera inexcusable que el caso encuadra en alguno de los supuestos previstos en la segunda parte del art.1113 del código mencionado.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, Municipalidad, personal municipal, cesantía, enfermedades inculpables, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soria, Eufemio Gumersindo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 476 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-19

Si bien la Corte local, por mayoría, ha declarado en antecedentes jurisprudenciales su incompetencia para entender en causas en las que se pretende el reconocimiento de indemnización por cesantía por incapacidad inculposa, tal solución no puede adoptarse en el caso en estudio; ello, en virtud del criterio que inspiró a la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del momento desde el cual han de correr las nuevas pautas jurisprudenciales, criterio que también sostuvo la local. En tales condiciones, la cuestión es de la competencia del Tribunal y, por ende, admisible el recurso interpuesto.
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador
Materia: LABORAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ortiz, Felix Atanacio c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. y otros s/ accidente acción civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-19

Respecto a la limitación del "quantum" por el que ha de responder la aseguradora, ello no fue debidamente planteado como defensa en la contestación de demanda, y por tanto, dicha omisión impide su tratamiento en esta Alzada (art. 277 CPCCN), ya que de lo contrario se apartaría de los hechos controvertidos y se soslayaría el principio de congruencia (cfr. art. 163 del CPCCN) atentando contra el derecho de defensa en juicio de la contraparte. De modo que el juez o tribunal no puede apartarse de los términos en los que quedo trabada la litis porque allí quedan fijados en forma definitiva los temas de la controversia, que no pueden ser luego alterados (cfr. Arts. 34, inc.4 y 163, inc 6 del CPCCN). Por ello, no se encuentra mérito para apartarse de la decisión de grado. (Del voto en mayoría de la Dra. Pinto Varela al que adhiere el Dr. Diez Selva).
Licencia de radiodifusión, control estatal, libertad de expresión, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Provenzano Sergio Luis y otro c/ E.N. -Comité Federal de Radiodifusión- y otro s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

El art. 13, inc. 3, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, menciona a posibles restricciones al "derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales...de frecuencias radioeléctricas", lo cual no excluye, la existencia de tales controles en tanto no sean abusivos, como ocurre en la especie, cuyas circunstancias remiten a considerar también posibles derechos de terceros que no son parte en autos -ver también lo que surge del art. 2º de la citada Convención, que encomienda a los Estados Partes la correspondiente reglamentación de los derechos consagrados en la propia Convención. (Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. VI).
Acción de amparo, trámites judiciales, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

El recurso de amparo se caracteriza, como todo otro recurso, por estar sometido a un plazo de caducidad breve que se justifica por la necesidad de eliminar la incertidumbre sobre la firmeza de los actos administrativos, cuya estabilidad facilita la acción administrativa estatal porque el amparo no es un remedio jurisdiccional para el negligente, el versátil o el que no ha sabido ser centinela de sus libertades. El plazo de caducidad fue establecido legalmente por el artículo 3 de la anterior ley 7053/73 y también lo es por el artículo 2 de la ley 10456 que, sin embargo, califica al amparo -como lo hace el artículo 1 de la ley- de "acción", al igual que la Constitución nacional en su artículo 43. E l plazo de caducidad breve es conforme con lo que sucede con los recursos de orden procesal común. En la acción no se dan estas notas . (Del voto del Dr. Ulla).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, proceso penal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

Es descalificable el pronunciamiento que efectuó una interpretación irrazonable del sistema de nulidades previsto por el Código Procesal Penal, anomalía que ha impedido la búsqueda de la verdad que resulta esencial para un adecuado servicio de justicia (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, Ministerio Público, fiscales
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Es posible conceder la suspensión del juicio a prueba aún cuando la pena privativa de la libertad conminada en abstracto para el delito imputado o concurso, exceda en su máximo los tres años. El consentimiento fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, no es exigible en todos los casos sino cuando, excedido el máximo citado, sea posible dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable. (Del Voto del Dr. Pangia -En Minoría-). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?; y, ¨es exigible para todos los casos de concesión de tal beneficio el consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal?
Procedimiento administrativo, costas
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Corcuera Ibañez Rafael Alberto c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-08

No corresponde la aplicación de costas en el procedimiento administrativo (C.S.J.N. Fallos: 243:398 y 463; 288:433 y 300:897;

Sala I, in re "Rotundo Antonio M. y Granados Dávila R. s/ vinculación"; Sala II, in re "Constructora Oreste Biasutto e Hijos S.A. y otro c/ E.N.", del 8/11/83).