Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10


Buenos Aires, 10 de febrero de 2006.

Vistos: los autos indicados en el epígrafe. Resulta El defensor oficial de Manuel Eduardo Ponzoni acude en queja ante este tribunal (fs. 61/74) impugnando la resolución de la Sala II de la Cámara Contravencional y de Faltas del 18/8/05 (fs. 16/18) que denegó el recurso de inconstitucionalidad (fs. 49/60) interpuesto contra la resolución del 27/5/05 (fs. 11/15) que declaró mal concedido el recurso de apelación presentado contra la decisión de la jueza de primera instancia (fs. 20/22) que no hizo lugar a la excepción de falta de acción promovida por el recurrente (fs. 23/33), quien solicitó el archivo de las actuaciones por haber transcurrido en el caso el plazo máximo de duración de la investigación penal preparatoria (art. 56, inc. 2, ley nº 12).

2. La Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 16/18) por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva (art. 27, ley nº 402) ni equiparable a tal, en tanto no ocasionaba al presentante un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior.

Sostuvo, asimismo, que el recurso sólo ponía de relieve una discrepancia de criterio en la aplicación e interpretación de normas infraconstitucionales, circunstancia que no permite, según la reiterada jurisprudencia de este Tribunal Superior, en principio, habilitar la vía extraordinaria intentada. 3. En la queja, el defensor oficial sostuvo que la resolución que el recurso denegado impugna debe ser considerada equiparable a una sentencia definitiva debido a que la consecuencia del rechazo de la excepción de falta de acción que interpuso (resoluciones de fs. 20/22 y 11/15) es la continuación del proceso y el sometimiento de Ponzoni a éste "más allá de los límites temporales que el Estado ha fijado como aceptables e insuperables", lo que acarrea la "prolongación del estado de incertidumbre y de restricción de los derechos constitucionales que todo proceso penal genera por su sola apertura y subsistencia", situación a la que su defendido se encuentra sometido hace más de 3 años (ver fs. 65vta./66).

A criterio del recurrente, la limitación temporal objetiva establecida por el artículo 56, inc. 2 del CPC para la duración de la investigación penal preparatoria -aplicable al caso tras la entrada en vigencia de la ley n° 1287- "puede ser interpretada como la reglamentación del derecho que todo imputado tiene a ser juzgado en un plazo razonable y a obtener un pronunciamiento que ponga fin, definitiva e irrevocablemente, a la situación de incertidumbre que le genera la circunstancia de encontrarse sometido a un proceso de naturaleza penal" (fs. 67).

En este sentido, luego de explicar las razones por las que, a su entender, esa disposición debe ser aplicada, ensaya distintas variables para realizar el cómputo del plazo máximo de duración de la investigación penal preparatoria y concluye en que, al haber sido superado aquél que prevé el art. 56, inc. 2°, ley n° 12, corresponde el archivo de las actuaciones. De otro modo, señala, se estaría vulnerando:

a) la garantía de duración razonable del proceso consagrada en los arts. 7.5 y 8.1 CADH, 14.3.c PIDCyP -art. 75 inc. 22, CN- y 10 CCABA, dado que el incumplimiento de los plazos previstos en el art. 56, inc. 2 de la ley n° 12, supone un exceso en la duración razonable del proceso seguido a Ponzoni; y b) el principio de legalidad, el de división de poderes (arts. 1, 18 y 31, CN y 1 y 10, CCABA), "principio de razonabilidad y (...) la garantía de la defensa en juicio..." (fs. 72/73).

Ello en tanto -a su criterio- los jueces omitieron la aplicación de las pautas establecidas en el art. 56, inc. 2 CPC y sostuvieron la razonabilidad de la duración de la investigación sobre la base de criterios que corresponden a casos en los que la legislación no ha establecido un plazo máximo de duración del proceso penal, así como de argumentos vinculados a la conveniencia o la razonabilidad político-criminal de aquella decisión legislativa, abandonando la posición de equidistancia entre las partes que les corresponde.

Por otra parte, el defensor solicitó que se exima a su defendido del depósito establecido por el art. 34, ley n° 402, debido a que se trata de una presentación realizada por el Ministerio Público de la Defensa.

Subsidiariamente, peticionó que se declare la inconstitucionalidad de la obligación de constituir dicho depósito. Por último, puso de resalto que el imputado solicitaría la concesión de un beneficio de litigar sin gastos, el que finalmente le fue concedido, según surge de las constancias agregadas a fs. 82/90.

4. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista, manifestó al Tribunal que la queja deducida debía ser rechazada por los mismos argumentos que expusieron los jueces de la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad (fs. 79).

Fundamentos El juez Luis F. Lozano dijo:

1. La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma (art. 33, ley n° 402). Sin embargo, ella debe ser rechazada.

2. La Cámara sostuvo que la decisión de primera instancia que rechazó la postura del recurrente no era susceptible de apelación. Consecuentemente con ello, la parte dispositiva comienza por declarar mal concedido el recurso. En tales condiciones, la resolución apelada no sería definitiva, toda vez que no lo son las que se limitan a declarar inadmisibles recursos (Fallos 233:31; 236:323, entre muchos).

Empero, ya en esa oportunidad, el a quo se expidió acerca de la correcta inteligencia del art. 56 inc. 2 de la ley 1287 (ref. ley 1330); y cuando denegó el recurso de inconstitucionalidad lo hizo con base en que los agravios del recurrente versarían acerca de la interpretación del derecho infraconstitucional, sin desechar su relación con lo resuelto sino, en todo caso, la que podrían tener con la CCBA.

Ello importa entender, por cierto en bien del apelante, que la sentencia tiene el contenido que éste le atribuye, esto es, uno que rechaza su planteo fundado en el vencimiento del plazo previsto en el mentado artículo.

Como lo indicaron el Fiscal General Adjunto y los jueces de la Cámara, esa decisión en cuanto rechaza el pedido de la aplicación del art. 56 inc. 2 de la LPC no es una sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402, pues no pone fin al pleito ni torna imposible su continuación.

Tampoco muestra la recurrente que pueda ser equiparada, por sus efectos, a una de esa especie (cf. TSJ in re "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte n° 3338/04, resolución del 01/12/04 y sus múltiples citas); ni invoca un derecho constitucional sólo susceptible de tutela inmediata.

Esto último, porque lo que está en juego es exclusivamente la posibilidad de que el agotamiento de un plazo haya producido por imperio de la ley la caducidad del poder del fiscal de formular la acusación.

Pero, más allá de la solución de este punto -que eventualmente podría ser traído a consideración del Tribunal en ocasión de la definitiva en tanto subsistiera el agravio y quedaran reunidos los demás requerimientos del recurso de inconstitucionalidad- no se invoca ni la inconstitucionalidad de la ley por prever un trámite cuya prolongación sea incompatible con el derecho a la duración razonable del proceso, ni una aplicación por parte del juzgador que arroje semejante resultado.

3. En efecto, la recurrente cuestiona el modo en que se aplicó el art. 56, inc. 2 del CPC invocando que la investigación preparatoria en este proceso excedió el plazo legalmente previsto como límite máximo con menoscabo del derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable (fs. 67).

Empero, no es la investigación en el sentido inequívoco de la ley, esto es, como conjunto de actos del fiscal, lo que aqueja al recurrente, sino el muy prolongado lapso que duraron las actuaciones judiciales, en buena medida, consumido para dilucidar una cuestión de competencia territorial pendiente, la cual no demuestra que le haya provocado detrimentos de sus libertades que excedan la normal carga de soportar una investigación estatal.

Por las razones dadas, el recurso ha sido bien denegado y voto por rechazar la queja planteada.

4. Finalmente, en tanto el Sr. Ponzoni obtuvo la concesión del beneficio de litigar sin gastos que solicitara ante primera instancia (fs. 82/90), no corresponde exigir el depósito previsto por la ley 402 (art. 34, segundo párrafo, y art. 3, inc f, de la ley 327); ello, además, torna insustancial el pronunciamiento sobre los planteos formulados en el punto II, apartado A de la queja.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo sostiene el señor juez de trámite, doctor Luis F. Lozano, el presente recurso de queja debe ser rechazado.

Este Tribunal ha expresado en numerosas oportunidades que "(l)as decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402" (cf. TSJ in re "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-´", expte n° 3338/04, sentencia del 01/12/2004, entre muchos otros).

La resolución que se intenta impugnar, tal como lo explica el señor juez Lozano, tampoco puede ser equiparada a una sentencia definitiva, toda vez que el recurrente no logra demostrar la existencia de un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Es sabido que una cuestión constitucional resuelta por una decisión no definitiva durante la tramitación del proceso, por regla, no habilita la vía intentada, pues será susceptible de ser conocida por este Tribunal en ocasión del recurso de inconstitucionalidad que quepa deducir contra la sentencia definitiva, si persisten y se mantienen correctamente los agravios pertinentes.

Por ello, el recurso de inconstitucionalidad de la defensa fue correctamente declarado inadmisible por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas (cf. este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ortega, Claudio Roberto s/ inf. art. 189 bis del CP'", expte. n° 4242/05, sentencia del 13 de octubre de 2005).

2. En lo que hace al pago del depósito de la queja, toda vez que el recurrente ha acreditado haber obtenido un beneficio de litigar sin gastos, el mismo no resulta exigible. Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Tal como lo señala el señor juez de trámite, Luis F. Lozano, el recurso de queja no puede prosperar pues no se dirige contra una sentencia definitiva, y, el recurrente no acreditó razones para equipararla a tal (art. 27, LPTSJ), en tanto, la decisión objetada no pone fin al pleito ni impide su continuación.

En síntesis, sus planteos se centran en señalar su disconformidad con el modo como se interpretó una norma infraconstitucional (art. 56.2, LPC) referida al plazo de duración de la 'investigación penal preparatoria' y al momento en el cual corresponde iniciar el cómputo del plazo previsto en ella.

En consecuencia, al no pretender demostrar la existencia concreta de demoras irrazonables en la tramitación del caso, omitió indicar de qué manera el mero transcurso del plazo (en el cual, sus defendidos permanecieron sometidos a proceso) le ocasionó un gravamen de tal magnitud que justifique la intervención anticipada de este TSJ para resolver acerca de la continuación o cierre de la presente causa.

Estas razones me eximen de analizar los restantes agravios.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Tengo la impresión de que debo revisar las decisiones expuestas en el punto 3 de mi voto en el expte. n° 3790/05 ("Kim, In Jung s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Kim, In Jung s/ art. 74 del CC´", resolución del 01/06/2005), en el punto 1 de mi voto en los exptes. n° 3070/04 y 3071/04 ("Ministerio Público -Defensoría Contravencional y de Faltas n° 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ´Ruíz, Pablo Roberto o Ruíz, Félix Gastón s/ infracción art. 189 bis, CPN´", sentencia del 02/07/2004) y en el punto 2 de mi voto en el expte. n° 1215/01 ("Clínica Fleming s/ recurso de inconstitucionalidad concedido en ´Clínica Fleming s/ art. 72, CC -incidente clausura- apelación´", resolución del 19/12/2001).

Allí afirmaba que existen garantías que, ya expresa, ya racionalmente, adelantaban la necesidad de controlar su observancia -carencia o existencia de lesión constitucional- por la vía de un recurso de inconstitucionalidad a un período procesal anterior a la sentencia definitiva (última decisión de un tribunal de mérito).

Me parecían paradigmáticos los ejemplos relativos al ne bis in idem y a la garantía del plazo razonable de duración del proceso o, dicho de otro modo, al derecho a un juicio rápido.

Sin embargo, la situación que describo sucede con cualquier lesión procesal. Tomemos como ejemplo el derecho de defensa, en cualquiera de sus manifestaciones.

Allí también la lesión es siempre anterior a la sentencia definitiva, incluso el extremo del derecho al recurso del condenado, pues lo que expresa esta última garantía implica que la sentencia de mérito no es definitiva dado que falta una instancia de mérito a la que el condenado tiene derecho a acceder. De allí que en este último caso deba exigirse al menos que la sentencia sea pretendidamente definitiva, según la ley aplicable.

2. De tal manera, todas las garantías del procedimiento permitirían, antes de su finalización, operar el recurso de inconstitucionalidad y ello resulta claramente adverso a la exigencia del art. 27 de la ley nº 402, que sólo permite ese recurso una vez lograda la sentencia que finaliza el juicio de mérito.

Y, a decir verdad, esa regulación resulta absolutamente racional para un tribunal extraordinario -que no es el tribunal de mérito-, pues el defecto puede subsanarse durante el procedimiento, incluso por un resultado final favorable al perjudicado por el vicio.

¿Qué sucede cuando en instancias previas del procedimiento el recurrente advierte que ha trascurrido el plazo razonable y que, por ello, no es posible dictar sentencia condenatoria al final de todos los períodos del proceso de conocimiento, sino que, como la ley o la garantía lo indican, debe cesar la persecución penal? (en este sentido se pronuncia y se pide aplicación de la norma contenida en el art. 56, inc. 2, de la ley local n° 12 [LPC], adicionada por la ley n° 1.287 de recepción procesal de las competencias penales trasferidas [redacción según ley n° 1.330]).

Parece correcto responder a esta pregunta mediante la indicación de que las resoluciones judiciales admiten o no admiten recursos, según la ley que menciona los tipos de recursos admisibles para una resolución judicial determinada.

En el caso de autos resulta admisible que la decisión del juez actuante, en una excepción planteada por quien es perseguido penalmente, sea revisada por otro tribunal de mérito, de mayor integración, a saber, la Cámara de Apelaciones respectiva; pero esa decisión no admite, por tratarse de una resolución interna del procedimiento -y no tratarse de la última decisión de mérito- la impugnación mediante el recurso de inconstitucionalidad. 3. Una explicación idéntica, pero de tipo académico. Es correcto afirmar que el plazo de culminación de un procedimiento es un presupuesto procesal del poder de condenar o de aplicar una pena; equivaldría decir que se trata de una condición objetiva de punibilidad.

Pero también es correcto explicar que estos variados presupuestos procesales -por ej., la instancia privada cuando es necesaria; el privilegio constitucional de no ser perseguido que ostentan algunos funcionarios, hasta tanto no se materialice el desafuero-, son invocables mediante las excepciones pertinentes (en general: falta de acción) ante los jueces de mérito que tramitan o controlan la persecución penal.

El rechazo por ellos de la excepción carece, en la ley indicada, de la posibilidad de impugnación extraordinaria pertinente, pues, por tratarse de una decisión intermedia y no constituir una sentencia final, no es pasible de un recurso extraordinario reservado para aquella última.

Esto quiere decir que la ley prefiere, conforme a la organización judicial respectiva, que los procedimientos no sean interrumpidos durante su trascurso por la interposición de recursos extraordinarios, y que los tribunales de mayor jerarquía sólo intervengan cuando exista un agravio final para el recurrente, pues el error que este último advierta mediante la excepción y su recurso ordinario puede desembocar en una sentencia adversa, esto es, el error puede no subsanarse por sí mismo.

4. ¿Qué sucede ahora con la invocación del vencimiento del plazo razonable? Sólo se constata que, oportunamente, el recurrente advirtió el defecto por los medios que la ley le concede y, por tanto, afirmó como ilegítima la persecución penal posterior. Ello debería determinar, de tener razón el invocante, la absolución en la sentencia por trascurso total del plazo razonable para la realización del juicio.

Si fuera absuelto en la sentencia ello sólo daría lugar eventualmente a una reparación posterior del Estado, medida de conformidad con el plazo excedido de persecución. Si, en cambio, el invocante fuera condenado, la advertencia permitiría la interposición del recurso de inconstitucionalidad, referido a la garantía que venimos nombrando, sin mengua alguna, en busca de su absolución, más las consecuencias reparatorias civiles que anticipamos.

5. De tal manera, estimo que, a pesar de que el gravamen pueda ser irreparable en términos de devolución temporal -vida sin persecución penal-, la decisión agota la posibilidad de ser recurrida en la resolución de mérito de la Cámara sobre la excepción y el recurrente conserva el derecho de hacer valer su criterio en contra de una eventual sentencia condenatoria.

Con ello, no hay duda que rechazo el recurso de queja y que, al mismo tiempo, me desdigo de algo que afirmé como fundamento en los tres procesos antes mencionados. La ley es la que, en principio, decide cuántos y qué controles (jerárquicos) debe soportar una decisión judicial.

6. Por último, según lo expuse con anterioridad (ver, inter alia, resolución como juez de trámite en el expte. n° 1509/02: interpretación sistemática del art. 34, II, ley n° 402 y art. 3, inc. a, ley n° 327), no corresponde intimar al defensor oficial (órgano del ministerio público según la propia CCBA) al pago del depósito previsto como requisito de admisibilidad de un recurso de queja relativo a un recurso de inconstitucionalidad denegado; menos aún pesa ese deber sobre el recurrente, puesto que, en este caso, ha sido concedido un beneficio de litigar sin gastos en favor de su defendido (cf. fs. 82/89).

En consecuencia, resulta evidente que, sobre el punto, el defensor oficial tuvo razón al plantear su petición originaria (cf. punto II, A, del recurso de queja bajo análisis).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1.Rechazar la queja interpuesta a fs. 61/74.

2. Mandar que se registre, notifique y oportunamente se remita esta queja a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional para que sea agregada a los autos principales.

La jueza Alicia E. C. Ruiz no suscribe esta sentencia por estar en uso de licencia.