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Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet, noticia falsa, aplicación territorial de la ley, libertad de prensa
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: C., E. c/  s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-16

Debe ser revocada la resolución que había desestimado el pedido de la empresa Google para que se deje sin efecto la ampliación de la medida cautelar solicitada por una ex diputada nacional, que dispuso el bloqueo de enlaces de sitios del extranjero que hagan referencia a la detención de su hijo en México, considerada como "fake news", dado que, más allá de la clasificación del contenido publicado como falsa noticia, dicha circunstancia no puede ser extendida a territorios ajenos a nuestro país. Cabe destacar que el núcleo central de la controversia guarda relación con el principio de territorialidad de la ley que impide la posibilidad de arrogarse la prerrogativa de prohibir la propagación a nivel global de ciertos contenidos publicados por la prensa, cuya difusión estaría en pugna con la normativa local, pese a que su circulación podría ser autorizada en el contexto de otro territorio, de acuerdo a las disposiciones legales y a la categorización que allí pudiera serle adjudicada a ese contenido.
Recurso de apelación (procesal), tentativa de homicidio, dolo
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS FAVIO HORACIO c/ RODRÍGUEZ VENTURA s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-09-28

Sin duda no es tarea sencilla reconocer el verdadero propósito del agente y diferenciar entre una tentativa de Homicidio y el delito ya consumado conforme el resultado, lesiones. La dificultad surge ante la necesidad de probar el dolo del agente que se añade al hecho que en los delitos de sangre prima ese resultado precisamente.

Esta posición sustentada en algunos fallos, esto es, que se responde por el resultado, es contradicha por la postura doctrinaria que sustenta como decisivo deducir el contenido de la voluntad del autor del modo en que éste inició y desarrolló concretamente su conducta, por lo que la circunstancia de que el sujeto quiera matar o no, no puede depender de que la víctima efectivamente muera como consecuencia de la acción.

La existencia de dolo si bien ha de ser considerada según hechos exteriores aprensibles por los sentidos, no puede ser inferida sólo cuando se haya producido cierto resultado, sino del modo concreto en que el autor condujo su acción en el desarrollo causal de los hechos. Firmado Dres. Julio V. Pancio y Luis F. Costas.
Daños y perjuicios, muerte del paciente, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOKOL SERGIO c/ SARACHO CORNET Y OTRO s/ ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-12-09

La pensión que percibe la menor damnificada, cubre el aporte presumible de la mamá viva y trabajando. En efecto parece razonable, que de esos ingresos, la mamá retuviera para cubrir gastos propios hasta un 30 %. En el caso el porcentaje de la pensión es del 75 %, pero como el 82 % corresponde a la eventual jubilación, aquél 75 % prácticamente no llega al 30 %.

Consecuencia lógica no corresponde condena por lucro cesante.-
Competencia, medidas cautelares, entidades financieras, banco central, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: "Banco  Mercurio SA y otros c/ BCRA-Resol. 87/04 (Expte.100539/00SUM FIN 1016)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-21

En el caso particular de sanciones impuestas por el Banco Central de la República Argentina, la circunstancia de haberse iniciado procesos de ejecución de dichas sanciones ante los juzgados de primera instancia, no inhibe al tribunal de alzada, de conocer sobre la procedencia de medidas cautelares susceptibles de interferir en su trámite cuando la legitimidad de la resolución que impuso dichas sanciones se discute a través de un recurso directo -en el caso, en los autos 23.398/2004, caratulados "Banco Mercurio y otros c/ BCRA -resol 87/04 (Ex 100539/00) sum fin 381/1016"- que tramita ante este Tribunal.
Deserción del recurso, acción reivindicatoria, nulidad procesal, insuficiencia del agravio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cento Rubén Horacio Y Otros c/ Bernal Horacio s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12

Procede declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que hizo lugar a la demanda de reivindicación, pues el recurrente no cumplió con lo dispuesto por el art. 260 del CPCC, pretendiendo plantear la nulidad de actos procesales anteriores al dictado de la sentencia, sin atacar los fundamentos tenidos en cuenta por el a quo al sentenciar, y dicho recurso no es la vía idónea para impugnar actos procesales anteriores a la sentencia recurrida, previendo el ordenamiento ritual el mecanismo adecuado para ello.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Olazábal, Jorge Alberto c/ Bulonfer S.R.L. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

No basta invocar infracción a las leyes de la prueba o la interpretación absurda para que el reclamo tenga éxito, porque tal vicio queda configurado solamente cuando media cabal demostración de su existencia.
Acción meramente declarativa, solidaridad previsional
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Luis Virgilio c/ Caja Previsional para Profesionales de la Provincia del Neuquén s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-04

La solidaridad se establece entre los beneficiarios del sistema previsional de que se trate - abarque éste a un sector de la población o a todos los trabajadores- y contracara de ello, es la obligatoriedad del aporte de los trabajadores activos, a los fines de contribuir al sostenimiento del régimen.
Competencia contencioso administrativa, oportunidad procesal, fallos del Superior Tribunal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Delgado, Carlos Enrique c/ Municipalidad de Los Altos - Dpto. Santa Rosa s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-24

Con respecto al reproche del Ministerio Público en el punto I) de su dictamen, resulta pertinente señalar que el accionante en su demanda interpone "acción contencioso administrativa de plena jurisdicción y/o ilegitimidad", lo que en nada obsta al cumplimiento de la vista fiscal ordenada en el Art.3 del CCA, para la emisión del posterior pronunciamiento de esta Corte de Justicia, pues la editio actionis resulta de la exposición de los hechos y peticiones formuladas por la parte.

Siendo, precisamente, en esta etapa del proceso donde el Tribunal en pleno, hace uso de sus facultades jurisdiccionales aplicando los dispositivos constitucionales y legales, imprimiendo trámite a la pretensión, por alguno de los carriles atribuidos a su competencia exclusiva y excluyente.

Por ende, el primer proveído de rigor se limita exclusivamente a otorgar a la parte la participación necesaria como presupuesto de acceso a la jurisdicción, conforme doctrina legal sentada en SI Nº181/09.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SI.VI.P.SE. Concurso (Incidente de Revisión A.F.I.P. - D.G.I.) s/ Recurso Extraordinario PERNIGOTTI OLMEDO, PEDRO ALBERTO s/ Quiebra - Incidente de Revisión A.F.I.P. - D.G.I. - Recurso  Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-08-30|2012-08-28

La pretendida cuestión federal con fundamento en la arbitrariedad y en la violación de las normas legales mencionadas, resulta insuficiente para habilitar la competencia extraordinaria del Máximo Tribunal de la Nación, si el recurrente no logra demostrar de modo consistente, la relación directa entre el derecho constitucional de propiedad cuya violación se denuncia, con la situación fáctica subyacente en la causa y los argumentos contenidos en la sentencia dictada.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Barcos, Orlando c/ Los Tajamares S.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-30

Siendo la cuestión atinente a la producción de la prueba, resulta irrecurrible -artículo 72 del Código Procesal Laboral-, lo que no impide encuadrar el escrito de apelación como petición de replanteo de prueba, al reunir los requisitos formales -artículo 125 inciso g) -. No basta para urgir la prueba el escrito en que meramente se dice urgirla, sino que es menester peticionar y realizar las medidas necesarias y pertinentes para producir el avance de la prueba. Voto en disidencia: Es inadmisible el sistema de replanteo de la prueba en el proceso laboral -artículo 141 del Código Procesal Laboral-.
Recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, acción de amparo, carácter excepcional, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO, GUSTAVO y OTROS c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIA DE SANTA FE s/ AVOCACION - AMPARO - MEDIDA CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 351 AÑO  2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-05

De ningún modo la avocación por competencia del artículo 2 de la ley 11.330 supone considerar que la justicia contencioso administrativa tiene competencia originaria para conocer y decidir mediante la excepcional vía del amparo, porque de acogerse el pedido de la Provincia, la Corte no declararía la competencia de los tribunales especializados para entender en el "amparo", sino, a lo sumo, declararía que el "caso" es de competencia contencioso administrativa, otorgando a los actores, si correspondiere, el plazo de treinta días para que adecuen la demanda a los términos de la ley 11.330.
Títulos de crédito, responsabilidad cambiaria, derechos del portador
Materia: COMERCIAL
Carátula: U., A.M. c/ G., A.G. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-24

El acreedor cambiario, técnicamente designado portador legitimado, puede actualizar la responsabilidad cambiaria de los deudores firmantes del cheque de pago diferido, sin estar sujeto a la exclusión, ni división, ni interpelación del derecho común y comercial, sino que el rigor cambiario sustancial le otorga el ius electionis, razón por la cual la existencia de otros juicios en los cuales el mismo actor decidió ejecutar a determinadas personas que conforman la cadena cambiaria y no a otras, no serviría para rechazar la ejecución.
Competencia contencioso administrativa, desplazamiento de la competencia, competencia por la persona, incumplimiento del contrato
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: ASOCIACION DE SERVICIOS FUNEBRES UNIDOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE TRABAJO - A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

El reclamo por incumplimiento de un contrato celebrado entre el I.N.P.S. (antecesor de la A.N.S.E.S.) y la actora es ajeno a la competencia de este fuero y constituye materia propia para el conocimiento de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Grupo económico, impuesto a las ganancias, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BJ Services SRL (TF 22.368 - I) c/ DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-06

Cuando el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias alude a las operaciones realizadas en "interés de la empresa" -recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del "giro de la empresa"-, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes, sin perjuicio de ponderarse en cada caso la existencia de modalidaes comerciales peculiares que podrían derivarse de esa vinculación económica, mediante un exhaustivo examen de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los receptó -Del precedente F 260 XLIII "Fiat Concord S.A (TF 16778-I) c/ DGI", sentencia de la fecha, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, daño material, empresa de transporte, indemnización, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: Empresa Ferrocarriles Argentinos c/ Gálvez, Orlando y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

La inmovilización de una o más unidades destinadas al transporte público de pasajeros provoca, en el orden normal de las cosas, un daño consistente en la frustración de ingresos por la falta de explotación, incumbiendo a quien alegue lo contrario la demostración de circunstancias tendientes a desvirtuar la presunción de pérdidas que deriva de la desafectación de aquéllas a la producción de ganancias (Disidencia parcial del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE BENEDETTIS, PEDRO P. c/ ESTADO    NACIONAL  -  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  -  POLICIA  FEDERAL s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Las atribuciones del órgano jurisdiccional respecto a la revisión de actos administrativos dictados en ejercicio de facultades discrecionales se limitan a controlar la legitimidad del comportamiento de la Administración del orden jurídico; por lo que la sanción de que se trate sólo puede ser anulada cuando fuese ilegal o manifiestamente arbitraria.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), plazos procesales, cómputo del plazo, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: Inostroza Pedraza, María Isabel c/ Maña, José Antonio s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El art. 15 de la ley 16.896 establece que el recurso de apelación contra la sentencia definitiva deberá ser deducido dentro de las 48 hs. de notificada la resolución impugnada. El plazo corre entonces de hora en hora, desde que la sentencia se notifique por cédula.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servicios Tortuguitas S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad art. 2º Ley 11.825
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

Si en autos no se encuentran suficientemente acreditados los extremos que tornan procedente el dictado de una medida precautoria como la pretendida por la actora, corresponde no hacer lugar a la misma (arts. 230 y concs. del C.P.C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Fuentes del derecho, jurisprudencia, fallo plenario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LUCERO MARCELINO SUCESION s/ Sucesión Incidente Exclusión Heredero (LIBRO: S071 - 094)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-13

Los fallos plenarios emitidos por las Cámaras Nacionales de Apelaciones no obligan a los Tribunales locales, quienes encuentran limitada su actuación únicamente por lo dispuesto en el art. 149 CPC, sin perjuicio del valor como importante pauta de ionterpretación que pueda revestir.
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, recurso de reposición (procesal), costas, traslado de la demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PRECERUTTI, SUSANA LIDIA JORRAT DE Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Incidente De apremio (Expte.: C.S.J. Nº. 207 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-21

Corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la actora respecto de la imposición de los gastos causídicos, con sustento en que no resultaba aplicable lo dispuesto por el artículo 251 -inc. 1- del Código Procesal Civil y Comercial provincial por cuanto corrido traslado del pedido de distribución de costas por su orden, la accionada no lo contestó, asintiendo en este aspecto. Ello por cuanto la actora pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una sobreargumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etcétera), cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible (arg. Fallos 315:406).Asimismo, no puede dejar de valorarse que en la especie se trató de un traslado corrido sin apercibimientos expresos legalmente contemplados, por lo que su incontestación no acarrea consecuencias disvaliosas para la accionada ni menos aún interpretar su silencio como un asentimiento.
Multa aduanera, transgresión a los regímenes de destinación suspensiva
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: CITREX  S.A.I.C. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

La multa impuesta en los términos del art. 970, apartado 1, y art. 926 del Código Aduanero, no tiene carácter retributivo del posible daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de las disposiciones pertinentes, por lo que no resulta controvertida su naturaleza represiva, la que no se altera por la existencia de un interés accesorio en percepción.
Notificación, demanda, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: GAUNA ANA J. Y OTRO c/ VERRON DE ACOSTA SARA L. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

Según dispone el art. 55 del Cód. Civil, los menores adultos sólo tienen capacidad para los actos que las leyes les autorizan otorgar.

Significa ello que la regla general es la incapacidad, salvo cuando la ley los autoriza para actuar por sí mismos. Este es el sistema claro del Cód. Civil, sobre todo después de la reforma de su art. 55 por la ley 17.711, a lo que debe agregarse que el menor adulto está sometido a la patria potestad que se acaba por las causales previstas en el art. 306 del Cód. citado, una de las cuales es la mayoría de edad. Si no se presenta ninguna de las situaciones previstas en los arts. 128, parte final, 286 y 264, inc. 5, del Cód.

Civil, planteada por uno de los codemandados la nulidad de la cédula de notificación del traslado de la demanda por haberes practicado la diligencia cuando aún era menor de edad, rige el principio general de la representación necesaria de los menores sentado en los arts.

56 y 57, inc. 2 del Cód. Civil, por lo que la actuación en concreto de los padres dependerá de que se presenten las circunstancias previstas en los arts. 264 y 264 quater del Cód. citado. Si se trata de un acto procesal especial, de la importancia como lo es la notificación del traslado de una demanda contra el menor, es indudable que sólo puede realizárselo válidamente en la persona del representante legal, sin olvidar la participación forzosa en el asunto del Ministerio Público de Menores (doctr. art. 59, 493 y concs. del Cód. Civ.), de lo que se desprende la nulidad de la notificación que no se practicó siguiente esas premisas.
Cédula de notificación, incidente de nulidad, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Cooperativa El Progreso de Henderson Limitada c/ Marote, Carlos José s/ Cobro ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-10-23

Cuestionada la notificación, debe ser articulado en tiempo propio el incidente de nulidad de la misma, o bien, efectuar la redargusión de falsedad del informe efectuado con motivo del diligenciamiento. Sin estas vías oportunas, no pueden acogerse argumentos que pretendan reveer lo resuelto.
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, culpa concurrente, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: COMERCIAL
Carátula: JALFEN, DIEGO c/ SELECT AUTOMOTORES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-07

Para que se verifique el tipo de responsabilidad del Cciv: 1113, deben darse los siguientes requisitos: i) que el dependiente cometa un acto ilícito que lo haga responsable por el hecho propio; ii) que cuando ello ocurra medie una relación de dependencia, entre el autor y el comitente; iii) que se dañe a un tercero; y iv) que el hecho acaezca obrando el dependiente en ejercicio o en ocasión de sus funciones (Boffi Boggero, "Tratado de las Obligaciones", Ed. Astrea, Buenos Aires, t V, p. 620; Belluscio - Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, ps. 432 y ss.; Trigo Represas - López Mesa, "Tratado de la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, Buenos Aires, t. III, p. 57 y 90; Zabala de González, Matilde, "La responsabilidad del principal por el hecho del dependiente", Ed. Ábaco de Rodolfo Desalma, Buenos Aires, 1980, p. 75; Compagnucci de Caso Rubén, "Responsabilidad del comitente, ejercicio de la función y relación de dependencia", LLBA 2006, 1133). Y, en el caso, tales requisitos se encuentran acabadamente configurados. Así por cuanto: i) el hecho ilícito lo constituye el pago a nombre del demandado realizado a un dependiente, que no fuera ingresado por éste a las arcas de su empleadora; ii) la relación de dependencia entre la accionada y dicho empleador concluyó pero, se mantuvo aún con posterioridad a la comisión del hecho ilícito; iii) el daño a un tercero, está constituido por el perjuicio padecido por el actor, que no recibió el automotor que había adquirido; y iv) aquél perjuicio acaeció en ejercicio o en ocasión de las funciones del causante, por cuanto el obrar antijurídico del empleado se produjo durante el proceso de venta que le fuera encomendado por su empleadora. En este aspecto, y a la luz de la teoría de la responsabilidad por el hecho ajeno, sea que la misma se considere como una culpa "in eligendo" y/o "in vigilando", o como culpa objetiva en virtud de una obligación legal de garantía (Boffi Boggero, "Tratado de las Obligaciones", Ed. Astrea, Buenos Aires, t. V, p. 618; Bustamante Alsina, "Teoría General de la responsabilidad", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 377), a idéntico resultado se arriba en lo relativo a la responsabilidad de la demandada por la actuación de su vendedor. Ello así, una recta interpretación de lo dispuesto por el CCiv: 1113, corroborada por lo reglado por los artículos 43 y 1122 de dicho cuerpo legal, lleva a concluir que resultó acertada la atribución de responsabilidad a la demandada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad -Riveros-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

El derecho de las víctimas a la verdad -previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos- puede asegurarse sin necesidad de violentar las garantías del imputado sometido a proceso (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Caducidad de instancia, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fiscal de Estado c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia; Vicente Natale Lafirenza s/ Contencioso Administrativo (Libro: A027A-153)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-10-31

Corresponde imponer las costas en la incidencia de caducidad de instancia declarada procedente, a Fiscalía de Estado, parte actora en el juicio (art. 79, inc. 6º del Código Procesal Civil), por haber omitido instar el desarrollo del proceso, como lo determina el art. 48, inc. 2º del mismo código.