marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Bienes del Estado, dominio privado del Estado, lanzamiento, declaración de inconstitucionalidad, contratos administrativos, resolución del contrato administrativo, concesión de inmuebles, igualdad ante la ley, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Mónica Elena Gómez s/ Desalojo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-15

El artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario no respeta la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en los artículos 16 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad, además de tratados internacionales suscriptos por nuestro país, muchos de los cuales tienen jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). Una de las manifestaciones de la aludida garantía consiste en la igualdad de las partes en el proceso, en el sentido de que el ordenamiento jurídico no puede otorgar a una de ellas prerrogativas que la coloquen en una posición de privilegio con relación a la otra. El artículo 463 mencionado vulnera la garantía de igualdad ante la ley en un doble sentido. El primero, y más evidente de ellos, está constituido por la total desigualdad entre las partes que resulta del procedimiento, toda vez que, por un lado, sólo la administración tiene la posibilidad de ser oída. Por el otro, el juez debe ejecutar sin posibilidad de ejercer su potestad jurisdiccional, el acto de desalojo dictado unilateralmente por la misma parte a la que se reconoce con carácter excluyente el derecho a ser oída. Pero, la norma lesiona la igualdad ante la ley también desde otro punto de vista tomando en consideración no ya la posición de cada parte en el proceso, sino la de cualquier particular que pretende hacer valer judicialmente la resolución de un boleto de compraventa y el posterior desalojo del adquirente. En efecto, el referido artículo 463 prevé para la Ciudad un procedimiento sumarísimo, donde sin la audiencia de la otra parte, y sin control judicial sobre la legitimidad de la resolución contractual, se dispone de inmediato el lanzamiento de los ocupantes. En estos casos, en los que la administración actúa en el ámbito del derecho privado, los privilegios que el artículo en cuestión otorga a la administración carecen de fundamento e importan tratar de manera desigual a quienes se encuentran en iguales circunstancias con lesión de la garantía constitucional de igualdad ante la ley. (del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Estupro, abuso sexual calificado por acceso carnal, consentimiento del menor
Materia: PENAL
Carátula: ITURRE ORLANDO AURELIO s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-23

Se ha señalado que en el delito de estupro se castiga también un acceso carnal ilícito, pero la ilicitud no proviene ya de la ausencia de un consentimiento válido de la víctima sino precisamente de la existencia de un consentimiento insuficiente para borrar esa ilicitud, por haber sido prestado por una víctima que la ley reputa desconocedora de las consecuencias del acto. Se castiga un acceso carnal cuya ilicitud se fundamenta en la temprana edad y la inexperiencia de la víctima.
Juicio, partes, citación judicial, terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Médica c/ Hospital de la Ciudad de Sunchales s/ Ordinario (Expte Nro.  200-01, Resolución Nro.  66, Tomo 8, Folio 466)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-15

La citación "para integrar la litis" se ha limitado ha poner en conocimiento del tercero el pedido de intervención a fin de que si así lo desea haga valer los derechos que estime corresponderle, en el marco del art. 305, primer párrafo, segunda parte del C.P.C..
Contratos administrativos, buena fe
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Equipaer  S.A. c/ EN -M° Defensa"- FAA- Resol 279/02 s/ Procesode Conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-18

El deber de buena fe con que deben conducirse las partes en los contratos administrativos constituye una mera derivación de la doctrina de los actos propios, según la cual "nadie puede invocar un derecho que esté en pugna con su propio accionar, ejerciendo una conducta incompatible con una anterior deliberada jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Del voto del juez Morán, cons. VII).
Tribunales arbitrales, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Bear Service S.A. c/ Cervecería Modelo S.A. de C.V.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Una necesaria coordinación entre la función jurisdiccional del Estado y la jurisdicción arbitral permite lograr la más adecuada tutela de los intereses privados disponibles, respetando la voluntad de las partes para la solución de sus controversias con sujeción al orden jurídico que la Constitución Nacional y sus normas derivadas establecen.
Fundamentación de sentencias, solicitud de excarcelación, monto de la pena, condena condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez, Heriberto c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-29

La pena a aplicar por el delito que se investiga posee un mínimo de 6 años y un máximo de 19, siendo aplicable a contrario sensu, el art. 293 inc. 1 del CPP de la Provincia de Formosa que prohíbe la excarcelación cuando por su monto mínimo -en el caso supera los 3 años- no admite la condena de ejecución condicional -art. 26 del CP-. Es por eso que resulta constitucionalmente válida la decisión de denegar la excarcelación con base en el pronóstico que se hizo de que la pena que le podía corresponder al imputado no era de ejecución condicional.
Estabilidad del delegado gremial, ius variandi, privatizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: CLOSSA, MIGUEL c/ EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNEA SA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-17

El principio consagrado en el art 52 de la ley 23.551 prevé una forma particular de protección a la estabilidad de los representantes sindicales, determinando la imposibilidad de afectar sus contratos de trabajo, sin una resolución previa, que los excluya de la garantía en cuestión. Esa imposibilidad de afectar los contratos se refiere no sólo al despido, sino también a la adopción de ciertas medidas como suspensión o "ius variandi", concepto este último en el que se enmarcaría la decisión empresarial de dejar de abonar las remuneraciones que sin cuestionamiento alguno venía abonando la demandada al empleado que gozaba de licencia gremial por su condición de vocal titular de la comisión directiva de la asociación profesional que los agrupaba al momento en que se produjo la privatización de la empresa en cuestión.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, internación psiquiátrica, pena privativa de la libertad, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., R. A. s/ internación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-27

En nuestro sistema constitucional resulta inconcebible que una persona sea restringida en su libertad sino en virtud de resolución adoptada por los jueces designados por la ley, y en los procesos donde se plantea una internación psiquiátrica involuntaria o coactiva, es esencial el respeto a la regla del debido proceso en resguardo de los derechos fundamentales de las personas sometidas a aquélla.
Recurso directo, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: ZABALA DE HURTADO LUCINDA ROSA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-02-12

La queja fue deducida en término, lo que autoriza su exámen (art.

107 Ley 4163). En orden a la admisibilidad formal del recurso de que se trata, es preciso que el escrito respectivo se baste a sí mismo.

A ese fin deben ponerse de manifiesto las razones esgrimidas en la denegatoria y las del quejoso para considerarla ilegítima, rebatiendo cada una de las argumentaciones del Tribunal.-
Vacaciones, indemnización sustitutiva de vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: ARENAS R.E. c/ EMPRESA TRANSPORTES FLUVIALES DEL LITORAL SRL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-12

La indemnización por el rubro vacaciones debe ser proporcional a la fracción del año trabajada.
Prueba testimonial, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ ROBERTO c/ GRAFIGNA ROBERTO s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

La apreciación del dicho de un testigo requiere menor análisis y exposición que los necesarios para desecharlos, porque en definitiva el juez está apoyado en la evidencia común de que los testigos generalmente no mienten, tanto por existir una punición legal (y antes moral) para la mentira, cuando por el método de interrogación judicial cumplido por el juez y las partes, quienes formulan sucesivas cuestiones, de modo tal que podrían poner de resalto la mendacidad en que hubiese incurrido el testigo o su falta de comprensión de los hechos.
Recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIDMAN SAMUEL c/ ROMANO OMAR EMILIO s/ SUMARIO POR RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-22

En la casación no se habilita una tercera instancia ordinaria para atender las denuncias de injusticias traídas por los litigantes a quienes mueve tan solo un distinto criterio para apreciar los hechos.
Régimen de garantía de los depósitos, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: Maymo, Alcides Hernán y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

La garantía establecida en el art. 56 de la ley 21.526 no comporta una obligación automática a cargo del Banco Central, sino adecuada a los fines de índole macroeconómica que han inspirado la sanción del régimen.
Acción de amparo, bien jurídico protegido, derecho a la libertad, recurso contencioso administrativo, derechos subjetivos
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

Es menester no dejarse arrastrar por un erróneo paralelismo entre el recurso de amparo y el recurso contencioso administrativo, que responde a otro concepto y a un distinto linaje de derechos (derechos subjetivos administrativos e intereses legítimos, previstos en el artículo 3 de la ley 11330). Aquí se trata de una directa tutela judicial sumaria de los derechos de libertad consagrados constitucionalmente, similar a la del hábeas corpus. Por lo demás, en el respectivo proceso se le debe admitir a la autoridad, defender sus actos en paridad de condiciones con el recurrente. Inclusive, anoticiada del recurso, puede dejar sin efect o el acto lesivo y eludir la confrontación judicial. El proceso mismo mantiene su vigencia sólo en tanto y en cuanto subsista la lesión que se hubiera invocado. (Del voto del Dr. Ulla).
Salario mínimo, vital y móvil, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Villarreal, Adolfo c/ Roemmers s/ cobro de salarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

En el sistema legal vigente la remuneración base para determinar el salario mínimo vital y móvil no ha sido fijada mediante acto unilateral del Poder Ejecutivo o de otro organismo habilitado para ello sino que refleja el acuerdo de las partes colectivas sobre el punto.
Recurso de casación penal, adhesión al recurso, fundamentación del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pouza, Silvio y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-04

El procedimiento de la adhesión establece únicamente una excepción a los requisitos establecidos por la ley respecto al término de interposición, pero no encierra la derogación de las restantes condiciones de orden formal que aquélla ha impuesto a los fines del ejercicio de la impugnación. Es por eso que, quien adhiere al recurso interpuesto por otro debe expresar, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos en que se funda. (Voto de los Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, establecimientos geriátricos
Materia: CIVIL
Carátula: VILLELLA, María del Valle Nélida c/ AGUIAR NUÑEZ, Lita s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

Frente al deterioro de la salud de quien se encuentra internado en un establecimiento geriátrico, si bien la decisión de derivación a un establecimiento asistencial no es incumbencia de sus familiares, sí pesa sobre ellos la responsabilidad de hacerla efectiva, si resulta necesario. Y si el hogar de ancianos hubiera presentado deficiencias en el cuidado de los internos, en la hipótesis de que la familia no lo hubiese advertido cuando se produjo la internación, es de presumir que lo habría podido observar en las visitas al paciente. En tales condiciones y producido el fallecimiento del anciano, ante la falta de prueba que acredite que la demora en la internación fuera la causa determinante del deceso, no cabe considerar comprometida la responsabilidad del instituto geriátrico.-
Medidas cautelares, personal militar, reincorporación, restitución de sumas de dinero, revocación de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-MILITAR-PROCESAL
Carátula: Goizueta, Andrés Alejandro c/ Ejército Argentino - Contaduría General del Ejército - Estado Mayor General del Ejército - ENA s/ contencioso administrativo varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

Corresponde revocar la medida cautelar que dispuso la reincorporación del actor a su cargo en el Ejército Argentino con percepción íntegra de haberes, pues la admisión de una medida que busca obtener la reincorporación, así como la devolución de los sueldos no percibidos con motivo del apartamiento, constituye un acto jurisdiccional de tal magnitud que excede el marco de lo hipotético, dentro del cual toda medida cautelar agota su virtualidad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Acción de amparo, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LUGONES GORRITI, DELFIN HUMBERTO c/ COSMEC LTDA. s/ ACCION DE AMPARO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-25

No es necesario recorrer la vía administrativa previa al amparo, si iniciada directamente ésta, la autoridad se opone a los argumentos de la actora y sostiene en el juicio de amparo la legitimidad del acto lesivo, ya que lo contrario transformaría el requisito del agotamiento de la vía administrativa en un ritualismo inútil, correspondiendo en consecuencia, recibir favorablemente la queja del recurrente.-
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Bonello, Juan Antonio Roberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-21

El instituto de la suspensión a prueba puede proceder incluso respecto de los delitos que prevén pena de inhabilitación en forma alternativa o conjunta. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Nulidad de sentencia, sobreseimiento, depreciación monetaria, política criminal, evasión fiscal, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: Mancinelli, Juan Carlos c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-01

Corresponde anular la resolución que confirmó el sobreseimiento de los imputados en relación al delito de evasión del pago al impuesto a las ganancias por aplicación de la ley 27.430 como ley penal más benigna, toda vez que la modificación operada en los montos dinerarios de los artículos de la ley penal tributaria vía sanción de la 26.735 -actualmente 27.430-, no comporta una ley penal más benigna en los términos del art. 2° del código sustantivo, pues el aumento de los montos de la ley penal tributaria tuvo lugar a consecuencia de la actualización que se llevó a cabo con el fin de compensar la depreciación sufrida por la moneda desde la sanción de la ley 24.769 -y naturalmente la norma aquí cuestionada- fijando así las barreras de punibilidad, siendo estas cuestiones fluctuantes de política criminal que variaron y que no tienen impacto sobre el tipo penal, por lo que mal podríamos decir que corresponde aplicarla retroactivamente.
Hurto simple, abandono de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: SANCHEZ, J. y otros s/ HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-05

Los residuos domiciliarios abandonados por sus dueños, con ánimo de desprenderse de su propiedad, son 'res derelictae' en el sentido del art 2526 C. Civil, razón por la cual quienes se habían apoderado de ellos no cometen delito.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Di Vietri, Miguel Angel. c/ Hisisa Argentina S.A.I.C.I.F s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-27

Las meras discrepancias del recurrente son insuficientes para conmover los presupuestos fácticos del fallo.
Cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: HEREDEROS de J. M. s/ Tercería de Mejor Derecho en Autos "P., R. A. c/ S. E. S. S.A. s/ COBRO DE PESOS"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-09

Cabe recordar un fallo de la Corte Suprema en donde se dijo que una sentencia no adquiere la condición de "cosa juzgada" por el sólo hecho de haber sido precedida de un proceso formalmente correcto, aseveración que se sustenta no sólo desde un elemental sentido de justicia, sino desde conceptos tales como el "exceso ritual manifiesto", en función del cual, la Corte ha priorizado la verdad jurídica objetiva frente a los recaudos formales.

Sin negar el valor de la cosa juzgada, la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad, para evitar el desorden y el mayor daño que derivaría de la conservación de una sentencia intolerablemente injusta.

A caballo de esta necesidad la doctrina ha extendido las alternativas revisoras a los supuestos en que luego del fallo se produce un cambio de las circunstancias que le dieron origen al pronunciamiento, que pueden consistir -entre otros- en una modificación de las circunstancias económicas, al tiempo que, un paso más allá, hay quienes simplemente cuestionan que debamos asumirnos impotentes frente a un pronunciamiento jurisdiccional que consagra una decisión aberrante, que repugna el más elemental sentido común y sin embargo, por tributo al formalismo debamos admitir su condición de "cosa juzgada".
Transporte aéreo, contratos de utilización de aeronaves, prescripción, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AIRCOM SA c/ LIGHT PLANES SA s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-18

Aircom SA es propietaria del predio en el que funciona el Aeropuerto Internacional de Don Torcuato y como tal lo explota comercialmente. Al costado del predio existen varias empresas que se dedican a la reparación de aeronaves -entre las que se encuentra Light Planes SA (ver permiso de reparaciones)- y que han acordado con la actora un contrato atípico mediante el cual se pactó un permiso de acceso de aeronaves a las instalaciones del aeropuerto, pactándose como contraprestación el pago de un canon mensual. En las presentes actuaciones la actora reclama el pago de catorce facturas detalladas en el escrito de inicio que sumadas ascienden a la suma reclamada. La situación fáctica examinada excede el ámbito del mero contrato de transporte por lo que debe desestimarse la aplicación del artículo 228, inc 4 del Código Aeronáutico. Consecuentemente, nos encontramos frente a un caso no expresamente previsto en la ley, circunstancia que torna procedente la aplicación del plazo de prescripción ordinaria en materia comercial que tiene lugar a los diez años (art 846 Código de Comercio) y torna inadmisible la defensa interpuesta.
Estado, régimen de consolidación de deudas, leyes, aplicación de la ley, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GRAU, RAFAEL JUSTO c/ INSTITUTO FRIGORIFICO MUNICIPAL DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL (CSJ EXPTE N. 289-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-29

Maguer la circunstancia de que la Municipalidad de Santa Fe por ordenanza 9745 "ratificara" el régimen establecido por la ley nacional 23982, la Provincia de Santa Fe ya había declarado consolidadas en el ámbito provincial (ley 10798) -incluyendo a los municipios y, entre ellos, a la Municipalidad de Santa Fe- las obligaciones vencidas o de causa o titulo anterior al 1-4-1991 que consistan en el pago de sumas de dinero o que se resuelvan en el pago de sumas de dinero.
Plazos procesales, exhibición de documentos
Materia: LABORAL
Carátula: Zingoni y Cataneo c/ Casares, Nevares y Santa Coloma s/ Cobro de pesos S/Términos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1877-06-30

Dado que el plazo acordado por el Juez para la exhibición de documentos no acompañados a la demanda no es de aquellos a que se refiere el artículo doce de la ley de procedimientos y, por tanto, no es fatal su término por derecho, resultando suficientes las copias presentadas a los objetos del artículo diez; sin perjuicio de apreciar oportunamente su mérito y de exigir si fuese necesario los originales, corresponde revocar el auto que denegó a la parte la posibilidad de hacer valer esa documentación.
Sociedades comerciales, domicilio social, domicilio legal, domicilio inscripto
Materia: COMERCIAL
Carátula: SARAVIA, RICHARD c/ OPERADOR ATP S.A. s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-22

Cuando se trata de una sociedad comercial regular, la noción de domicilio debe entenderse delimitada por el art. 11 de la ley 19550, inc. 2, armonizada con lo normado por el inc. 3 del art. 90 del C.

Civil, por los cuales la determinación de un domicilio legal considerado como la sede comercial, hace presumir iure et de iure, que es allí donde se domicilia la persona jurídica y consecuentemente donde debe ser citada a todos los efectos legales, pues se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Y si la sociedad inscribe un nuevo domicilio, esta inscripción sólo se perfecciona con la aceptación de la petición por parte del organismo administrativo y surte efectos a partir de su publicación.
Ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario, comodato, fecha cierta
Materia: CIVIL
Carátula: Pancani, Carlos Roberto y Otros c/ Munar, Hector Eduardo s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-05

El contrato de comodato no resulta oponible al mutuo hipotecario dado que para que así su fecha de celebración debe ser anterior y cierta y no resulta suficiente para ello el timbrado o sellado fiscal, siendo menester que otros elementos convaliden tal circunstancia, tales como individualizar la oficina pública o registro en el cual se encontraba la copia archivada respecto del timbrado, solicitando el informe respectivo y así dotar de certeza a la fecha.