Recurso de casación, aplicación errónea de la ley, obras públicas, contratos administrativos, costo financiero, modificación de la tasa de interés, mayores costos, hiperinflación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Delta  S.A. y otra c/ Municipalidad de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-10-12

1- Lo determinante para el a-quo para rechazar el rubro costo financiero, es que el desmesurado aumento de las tasas de interés, no provoca necesariamente para la contratista un quebranto económico, como sí lo produce -en cambio- el proceso hiperinflacionario, atento su carácter objetivo y general.

Ese carácter objetivo del quebranto que el a-quo reputó configurado en relación al método de cálculo de los índices de la fórmula de reconocimiento de mayores costos, lo descartó -sin embargo- en orden al rubro costo financiero, ya que -precisamente- no se trataba de un ítem componente del precio del contrato.

2- De allí que, frente a la ausencia de toda prueba que ponga de manifiesto en forma particularizada cómo incidió negativamente en la situación individual de la contratista, el aumento de las tasas de interés, no puede acogerse favorablemente su pretensión, ya que sería tanto como admitir un mayor costo por una onerosidad "en abstracto".

3- En tales condiciones, el vicio in iudicando endilgado al fallo del Tribunal de juicio, carece de sustento, y el agravio que se invoca en la impugnación deviene insustancial frente a la circunstancia que el costo financiero no integró el precio del contrato por tratarse de un precio global determinado por el sistema de ajuste alzado y por la ausencia de prueba que acredite en forma individualizada la mayor onerosidad que hubiera debido afrontar la contratista por costo financiero, ítem, que por otra parte, no se encontraba contemplado en la mecánica de variación de costos pactados en la génesis contractual al tiempo de formularse la oferta.

4- La mayor onerosidad por costo financiero, no puede ser desvinculada del reconocimiento por mayores costos establecido en la sentencia, pues para que la casacionista pudiera poner en evidencia la real y concreta dimensión de su quebranto económico, debió demostrar con base en las constancias acreditadas de la causa, cómo la recomposición del equivalente económico por el reconocimiento de mayores costos, deviene insuficiente o inequitativa al amparo de la teoría de la imprevisión, que compensa entre las partes del contrato, la mayor onerosidad sobreviniente.

5- La remisión al análisis "en abstracto" de la evolución de las tasas de interés, no acredita per se un quebranto económico que sea susceptible de compensación por aplicación del artículo 1198 del Código Civil.

6- Si bien es verdad que la obligación de la contratista se volvió más onerosa pues recibió menos dinero, no es menos cierto que tal quebranto ha sido compensado con la diferencia de mayores costos admitida en el decisorio del a-quo, con lo cual, añadir a ese reconocimiento un plus derivado de un costo financiero no acreditado en su incidencia negativa, importaría consagrar una alteración sustancial de las cláusulas del contrato, sin base objetiva que la justifique, y con serio compromiso al principio de igualdad de las partes en la contratación pública.

El contrato administrativo constituye una ley para las partes, por lo cual no es válido pretender su modificación sobre la base de los resultados más equitativos que se obtendrían aplicando una fórmula de reajuste diferente a la convenida.

7- La norma de la licitación -ley u ordenanza- o ley del contrato está integrada por el pliego, donde se especifican el objeto de la contratación y los derechos y obligaciones del licitante y con las notas de aclaración o reservas aceptadas por las partes al perfeccionarse el acuerdo. La falta de reserva -como acontece en autos- obsta al intento de que se admita posteriormente la alteración por vía jurisdiccional de los genuinos términos del contrato.

8- El incremento del costo financiero obedece precisamente a la misma causa que motiva el reajuste del precio. La tasa de interés de períodos inflacionarios -es sabido- contiene un alto porcentaje destinado a compensar la depreciación monetaria, compensación ésta que en el caso ya ha sido hecha al reajustar el precio. La pretensión actora es claramente improcedente.

9- Los fundamentos en virtud de los cuales el Tribunal de juicio limitó temporalmente el reconocimiento de variaciones de costos, computando la fecha del reclamo de la contratista (08-05-1989, fs. 6/8), rechazando las diferencias anteriores a ese momento, reprochando inactividad a la contratista, no parecen proporcionales al carácter objetivo y generalizado que el propio Tribunal atribuyó al factor causal, determinante de ese reconocimiento, cual es el proceso hiperinflacionario, que se presentó con índices de magnitud histórica en la economía nacional.

Luego, si ese carácter objetivo y generalizado, sumado a la magnitud de la pérdida del valor del dinero mes a mes, fue el fundamento de una recomposición del equivalente económico genuino, por la vía de un reconocimiento de mayores costos, limitar ese derecho del accionante sólo a partir de la fecha del reclamo, siendo que de sus términos surge clara la pretensión de recomposición del "precio total del contrato", importa una apreciación muy restrictiva de las circunstancias de la causa, que no guarda razonable proporcionalidad con la situación hiperinflacionaria sobre la cual se cimenta.