Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-15


SENTENCIA NUMERO: SEIS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los quince días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 83/09, caratulado: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Rodrigo Luis Ovejero en Contra de Sentencia Nº 23/2009 recaída en Causa Expte. Nº 158/08, '1) Agüero, Raúl Alberto 2) Herrera, Jorge Moisés p.ss.as. 1) y 2) Robo agravado por el uso de armas; 2) Robo simple en concurso real - Capital - Catamarca'", contra la Sentencia Nº 23/09, dictada con fecha dos de octubre de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿ Es Admisible el recurso de casación interpuesto a fojas 01/09 por el Dr. Rodrigo Luis Ovejero, defensor de los condenados Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera. ¿Es nulo el fallo impugnado por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas con relación a los Hechos Nominados Primero y Segundo?. ¿Es correcta la calificación legal dada al Hecho Nominado Segundo?.

2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 21, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 23/09, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- II. Por Sentencia nº 23/09, del 02/10/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a Jorge Moisés Herrera de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada (art. 166 inc. 2º primer supuesto y segundo párrafo primera parte del C. Penal) (Hecho Nominado Primero) y autor del delito de robo (art. 164 del C. Penal) (Hecho Nominado Segundo) todo en concurso real (arts. 45 y 55 del C. Penal) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de ocho años de prisión más accesorias de ley (arts. 40, 41, 12 y concordantes del C. Penal). Con costas, (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.). II) Declarar culpable a Raúl Alberto Agüero de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada (art. 166 inc. 2º primer supuesto y segundo párrafo primera parte y 45 del C. Penal ) condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años de prisión más accesorias de ley (arts. 40, 41, 12 y concordantes del C. Penal). Con costas, (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.)...".- III. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Rodrigo Luis Ovejero -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico de los imputados, Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera, e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en el art. 454 inciso 1º, 2º y 3º del C.P.P..- III. a. Refiriéndose al Hecho Nominado Primero, el recurrente centra sus críticas al aseverar que el voto mayoritario del fallo cuestionado ha realizado un análisis arbitrario, otorgando mayor valor a las pruebas de cargo que a las de descargo y dejando de lado la objetividad en su análisis, realizando meras apreciaciones personales arbitrarias e infundadas. Se agravia al destacar que los errores de apreciación radican en ignorar los olvidos, modificaciones y omisiones de los testigos de cargo, pero se muestra sin piedad alguna a la hora de analizar la deposición de los testigos de abono. En este sentido concluye que no se aplica la misma regla a idénticos medios de prueba. A continuación pone de resalto diferencias que a su entender, existieron entre los testigos de cargo en la etapa de investigación y en la del debate. Señala que mientras el testigo Martínez en la etapa instructoria denunció que la suma sustraída era mil trescientos pesos, en debate dijo que eran sólo setecientos. Asimismo, destaca que mientras este testigo en su primer testimonio dijo que el asaltante que le apuntó con un arma se tapaba la cara con la capucha de un buzo negro, en debate dijo no recordar cómo se tapaba la cara. De igual modo, sostiene que no hay coincidencia entre los testigos respecto de cuál de los asaltantes retiró la caja registradora (mientras Martínez y Gómez señalaron que fue quien manejaba la motocicleta, Olmos dijo que sería quien llevaba el arma; los tres aseguraron sus versiones), por lo que -concluye el recurrente-, alguno de ellos miente. Asevera que es en la descripción de los asaltantes en donde existen mayores diferencias entre los testigos. Así, señala que mientras Luis Damián Gómez dijo que quién tenía el arma tenía puesto en la cabeza un pasamontañas de color anaranjado, que dejaba ver una melena ondulada, larga y de color rubia, y que usaba ropa oscura; Olmos, por su parte, refirió que el que tenía el arma tenía cabello rubio corto, y con respecto a la vestimenta que usaba, en un primer momento dijo que era de color negra y en ocasión del reconocimiento afirmó que era de color roja, que también habló de un pasamontañas. Martínez declaró que ese hombre vestía un buzo de color negro con capucha de igual color, con la que se tapaba la cara (resalta que los demás testigos hablaron de un pasamontaña); que no le vio el cabello.

A modo de conclusión expresa que resulta difícil para los testigos recordar con claridad los detalles de los asaltantes y que ello debe ser tenido en cuenta y valorado debidamente a la hora de sopesar sus testimonios.

Continúa cuestionando los reconocimientos llevados a cabo en rueda de personas. En tal sentido, alega la imposibilidad de efectuar un reconocimiento válido. Sostiene que deben analizarse las circunstancias en que los reconocientes observaron a las personas que reconocieron, a los fines de otorgar credibilidad a sus dichos. Luego de relatar lo manifestado por el testigo Martínez, señala que éste, cuarenta días después del hecho, fue capaz de reconocer a una persona por haber visto sus ojos durante un minuto, en medio de amenazas de muerte y disparos fallidos. Igualmente, critica el reconocimiento efectuado a ambos imputados por el testigo Olmos, tildándolo de endeble. Se sorprende preguntándose cómo es posible que el mencionado testigo no haya informado que conocía el apellido y el apodo del supuesto asaltante, con bastante anterioridad al robo sufrido y más aún al reconocimiento efectuado; asevera que si hubiese informado antes todo lo que sabía del supuesto autor del delito, el reconocimiento no se debería haber realizado. En idéntico sentido, destaca que Olmos admitió que tenía miedo y se encontraba nervioso, con lo cual -interpreta- su percepción de los hechos no podría ser la mejor, máxime cuando quien reconoce a otra persona la ha visto en medio de una situación de alto riesgo como la vivida por el testigo. Sostiene que las mismas circunstancias se aplican al reconocimiento de Herrera, agregando que en este caso el testigo dijo que le vio la cara mientras le gatillaba, y que fue menos de un minuto, mientras él pensaba en un lugar donde esconderse.

A continuación, el recurrente cita doctrina referida a la presión sugestiva bajo la cual actúa el reconociente, enfatizando en la necesidad de contar con pruebas que reafirmen el reconocimiento producido, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los testigos no reconoció al imputado.

Refiriéndose nuevamente al testigo Olmos, destaca que éste realizó reservas en su testimonio original al no señalar la identidad del imputado, al cual luego admitió conocer con anterioridad al hecho. Sostiene que ello afecta seriamente el reconocimiento puesto que los mecanismos psicológicos de reacción ante lo conocido, se ven influidos por la circunstancia de haber visto en varias oportunidades a una de las personas de la rueda. Luego de citar jurisprudencia, se pregunta si ¿puede una persona recordar con seguridad el rostro de alguien que vio durante un minuto lleno de adrenalina?.

Desde otro ángulo, el recurrente cuestiona el testimonio brindado por el subcomisario Claudio Omar Vergara. Afirma que los verbos potenciales y la información de origen misterioso, bastaron para imputar a sus defendidos. Considera que ello constituye una flagrante violación al principio de defensa, que no citar la fuente de las informaciones impide el debido control de la misma. De igual modo, critica que el voto mayoritario haya hecho hincapié en los olvidos o diferencias entre los testimonios de abono a favor de los imputados, y no se dio tanta importancia a los olvidos o diferencias entre los testimonios de los testigos de cargo, haciendo gala de una parcialidad en el análisis propia de una intención destructiva de los testimonios favorables a los imputados, en lugar de analizar los mismos con objetividad. Señala que para los primeros las contradicciones existentes en sus testimonios son más graves por cuanto lo normal sería que los mismos recordaran con mayor detalle los hechos debido que para ellos fue un día fuera de lo común; mientras que para los testigos de abono fue un sábado más.

Por otra parte, el recurrente también cuestiona la ponderación que el a quo efectúa con respecto al certificado médico presentado por el imputado Herrera. Expresa que el órgano acusatorio es quien debió impugnar el mismo y destruir su validez, que al no haberlo hecho, debe entenderse inexorablemente conforme lo establecido por el principio in dubio pro reo, que el certificado goza de plena validez.

Concluye afirmando que no existe en autos un conjunto probatorio que pueda justificar la aplicación de una condena privativa de libertad. Que razones de lógica impide aceptar una única prueba (el reconocimiento en rueda de personas) como único elemento para condenar a sus asistidos. Entiende que deben considerarse prueba de descargo la circunstancia de no haberse encontrado los elementos robados, ni aquellos de los que se valieron los supuestos autores para cometerlo.- III. b. Con respecto al Hecho Nominado Segundo, el recurrente dirige sus críticas a cuestionar el testimonio brindado por Pablo Daniel Ovando. Enfatiza que este testigo sólo menciona un apodo, sin que pueda concluirse por esta única prueba que se trate del imputado Herrera. Alega que la ausencia del testigo hace imposible el control por parte de la defensa por lo que el mismo debe dejarse sin efecto.

Subsidiariamente, invoca como causal de casación el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P., consecuentemente, denuncia la errónea aplicación del art. 164 del C.P.. Sostiene que de los dichos del testigo tampoco puede deducirse que exista una comprobación fehaciente del uso de violencia para lograr el desapoderamiento de la cartera. Argumenta que, si se tiene en cuenta que no se ha comprobado las lesiones sufridas por la víctima, en el caso, de dar por probado el hecho, el mismo debe recaer en la figura de Hurto Simple (art. 162 del C.P.P.), por aplicación del principio in dubio pro reo.- Finaliza su escrito, formulando expresa reserva del caso federal y solicitando, la absolución de sus asistidos por aplicación del principio in dubio pro reo.- Estos son los agravios, que a mi entender contiene la pretensión recursiva, en lo que a este tópico se refiere.- IV. En primer lugar debo decir que si bien el recurrente inicia su escrito indicando como causales de casación los motivos previstos en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 454 del C.P.P., la lectura de sus fundamentos permite advertir que ellos se dirigen básicamente a cuestionar la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (Hechos Nominados Primero y Segundo). No obstante ello, de manera subsidiaria y refiriéndose al Hecho Nominado Segundo, el recurrente plantea la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.) solicitando así, el cambio de calificación legal, esto es de la figura Robo Simple (art. 164 del C.P.) atribuida a su defendido Jorge Moisés Herrera por la de Hurto (art. 162 del C.P.).- IV. a. De lo reseñado precedentemente, y siguiendo la estructura del recurso interpuesto, infiero que lo que en primer término corresponde analizar es, si el a quo efectivamente ha inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas con relación a los Hechos Nominados Primero y Segundo, tal como lo asevera el recurrente, y en su caso, si corresponde absolver a los incoados en cuestión, por el beneficio de la duda, tal como se pretende. Dicho ello, comenzaré por analizar los agravios referidos al Hecho Nominado Primero.

Esta Corte en numerosos precedentes ha sostenido que la obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 del C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, la lógica, de la psicología y de la experiencia ((art. 408 inc. 3º C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, ed, pág. 123).

En tal sentido sostuvo entre nosotros Vélez Mariconde, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos (...) ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Lerner, p. 361 y sgts.).

Interpretando el gravamen del quejoso, advierto que el mismo trasunta -principalmente- por una vulneración del principio de razón suficiente, en tanto denuncia que la Cámara no ha fundado debidamente por qué restó valor convictivo a los dichos de los testigos de abono, y optó por las declaraciones de Martínez, Gómez y Olmos -testigos de cargo-. Alega la defensa, que existen numerosas diferencias entre lo narrado por los mencionados testigos. Puntualmente, cuestiona que el tribunal no haya utilizado las mismas reglas al analizar idénticos medios de prueba, destacando que mientras para los testigos de cargo nada dijo al respecto, al ponderar lo manifestado por los testigos de abono, señala cualquier detalle u olvido como un claro signo de falsedad.

Sobre el punto, esta Corte ha dicho que la satisfacción del principio de razón suficiente en la sentencia condenatoria, exige que la prueba en la que se basan las conclusiones sólo pueda dar fundamento a ellas; o expresado de otro modo, que ellas deriven necesariamente de los elementos probatorios invocados en su sustento. La declaración de certeza sobre la participación del imputado, se ha sostenido, puede basarse tanto en las llamadas pruebas directas como en las indirectas, siempre que si éstas consistiesen en indicios, sean unívocos y no anfibológicos, porque son los primeros los que en definitiva tienen aptitud lógica para sustentar una conclusión cierta.

Igualmente, con claridad se han señalado los límites que tiene el tribunal de casación en el contralor lógico de la motivación de las sentencias a través del recurso de casación. En tal sentido, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).

En el caso, surge de la prueba valorada por la a quo, que los dichos de Sonia Edith Agüero (hermana del acusado); Leila Jennifer Soledad Soria (amiga de la madre de Agüero); Lastenia Marcela Guadalupe López (concubina del acusado Herrera); Mario Eduardo López y Marta Juana Edith Acevedo de López (suegros de Herrera) -cuya meritación propone el recurrente-, se insertan en un marco convictivo que no presta corroboración. En esta dirección, destáquese que la mayoría de estos testigos comparecieron a debate, por lo que el tribunal percibió sus relatos -principios de inmediación, contradicción y oralidad en la recepción de la prueba en la audiencia de debate-. De este modo, aludiendo al imputado Agüero, el tribunal sostuvo que la introducción de los distintos testigos ofrecidos por aquél, tendientes a avalar su supuesta coartada, motivaron evidentemente su cambio de declaración. No obstante ello, el sentenciante, luego de señalar las serias contradicciones en las que incurrieron, como así, el grado de nerviosismo que presentaron los testigos cuando el tribunal les hizo notar aquellas contradicciones, concluyó que esas declaraciones, conforme a las normas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común carecen de toda eficacia probatoria para desvirtuar la prueba antes analizada y otorgar respaldo a lo declarado por el acusado Agüero. De igual modo, el tribunal, al examinar los testigos ofrecidos por el imputado Jorge Moisés Herrera, los tildó de sospechosos dada la vinculación existente entre ellos y el imputado. Pero más allá de ello, señaló las evidentes contradicciones en las que incurrieron al brindar sus testimonios, lo que le permitió concluir que éstos carecen de la necesaria fuerza probatoria para desvirtuar el resto de las probanzas y dar algún sustento a la defensa ensayada infructuosamente por Herrera.

Por último, destáquese aquí, que el grado de convicción que cada testigo provoca en los jueces de mérito configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada a aquéllos por la ley, quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que no es posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos, salvo que se demuestre su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano, lo que no ha ocurrido en el caso bajo examen.

Ahora bien, con relación a los testigos de cargo (Pablo Ezequiel Martínez, Ramón Lucas Fabián Olmos, Luis Damián Gómez), debo decir que a pesar de que la defensa del imputado intenta marcar diferencias existentes en sus relatos, se advierte que las mismas no son trascendentales, siendo los detalles olvidados propios del tiempo transcurrido hasta la iniciación del debate. Situación ésta, que ha sido expresamente reconocida por el propio impugnante al manifestar que resulta una circunstancia normal olvidar detalles acerca de sucesos ocurridos hace dos años. En razón de ello, estimo que este cuestionamiento no encuentra sustento en las constancias de autos, en donde al contrario, se advierte que el a quo, al considerar lo relatado por los mencionados testigos, señaló que sus manifestaciones no evidencian interés alguno que pudiera hacerlos apartar consciente o inconscientemente de la verdad. Destacó además, que sus relatos fueron detallados, no ofrecieron fisuras; que estos testimonios resultaron coincidentes entre sí; que merecen plena credibilidad, y que se encuentran avalados por el resto del material probatorio debidamente incorporado a debate (Acta de Procedimiento de fs. 2/2 vta.; Croquis ilustrativo de fs. 61; Informes Técnico Médicos de fs. 19/19 vta. y 20/20 vta.; Declaración testimonial de Claudio Omar Vergara de fs. 10/10 vta.; Actas de Reconocimiento en rueda de personas de fs. 29/29 vta., 80/80 vta.; 81/81 vta.).

Desde otro ángulo, el recurrente critica los reconocimientos efectuados en rueda de personas a los imputados, Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera. Concretamente, insiste en la tacha de nulidad de dichos reconocimientos, reiterando el planteo que con acierto ha sido rechazado por el juzgador en el fallo cuestionado. Y ello es así, porque, como bien lo pone de resalto el tribunal de mérito, dichos actos procesales se cumplimentaron con las formalidades prescriptas por los artículos 259/262 del C.P.P., y fueron practicados en presencia de los asistentes técnicos de los imputados. Asimismo, un análisis integral de la causa permite advertir que ambos imputados -Herrera y Agüero-, no sólo han sido asistidos por su defensa técnica, sino que además, ella no ha formulado a lo largo del proceso, hasta el momento de los alegatos -casi dos años más tarde-, cuestionamiento alguno a las ruedas de reconocimientos de personas que ahora tilda de inválidas.

En lo que a este tópico se refiere cabe recordar lo sostenido por este Tribunal en precedentes anteriores, en donde se dijo que no existe declaración de nulidad por la nulidad misma, y menos aún, cuando las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que además, se llevó a cabo de legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

Con relación a esto último, adviértase que los principios de inmediación y contradicción imponen que los órganos de prueba que hayan de producirse en el debate deban comparecer personalmente a fin de que, precisamente, tanto el tribunal como las partes tomen conocimiento directo de los mismos, de su impronta, semblante, actitudes, expresiones gestuales, forma de expresarse y demás circunstancias que sirven para evaluar su veracidad y eficacia, y por sobre todo ello, de interrogar directa y libremente a los testigos a fin de indagar sobre el verdadero conocimiento que de los hechos puedan tener.

El a quo, además de realizar un exhaustivo y pormenorizado análisis del material probatorio mencionado ut supra, a los fines de sostener con certeza la participación que les cupo a los imputados en el hecho en cuestión, también ponderó los testimonios brindados en debate por Ramón Lucas Fabián Olmos y Pablo Ezequiel Martínez, interrelacionándolos con los reconocimientos que ambos testigos efectuaron de los acusados, -el primero, reconoció a ambos imputados (fs. 29/29 vta. y 80/80 vta.); el segundo, sólo al acusado Herrera (fs. 81/81 vta.), quien tenía pestañas bien pronunciadas y mirada fuerte, expresó -el testigo y víctima del hecho- con total y absoluta seguridad que lo reconoció por los ojos y la cara delgada.

Ahora bien, en cuanto a la aseveración formulada por la defensa, con respecto a que Martínez no pudo reconocer a una persona por haber visto sus ojos durante un minuto, en medio de amenazas de muerte y disparos fallidos, debo decir que el recurrente yerra en su apreciación. Y ello es así, porque esa imagen -de la persona que le apuntaba, que tenía la mirada fuerte y pestañas bien pronunciadas- que ha sido percibida por la víctima, que impactó y quedó registrada en su mente, reflotó al encontrar esa mirada en la rueda de reconocimiento. Con respecto a este tema, estimo apropiado destacar que "son muchas las variables que influyen en la exactitud de los recuerdos que tiene un testigo presencial de un hecho. Es indudable, en este orden de cosas, que deben utilizarse, como dice la doctrina psicológica-científica, las tres clásicas del procesamiento de la información humana: codificación, almacenamiento y recuperación. Estas variables son difícilmente controlables por el juzgador, pero en la medida en que este control pueda llevarse a cabo, sólo quien bajo la inmediación y la contradicción puede ver, oír y percibir las reacciones de quienes declaran, constatando los datos que hayan de servir para determinar el grado de verdad a través de la verosimilitud, está en condiciones de fijar su credibilidad" (Ruiz Vadillo, Enrique; La actividad probatoria en el proceso español, en "Estudios de derecho procesal penal", Granada, Comares, 1995, p. 241).

Antes de finalizar, debo decir que no son claros los cuestionamientos efectuados con respecto al testimonio del subcomisario Claudio Omar Vergara, en donde el recurrente se limita a manifestar que este testimonio no posee valor probatorio, denotando a mi entender una mera disconformidad, más no advierto concretamente cuál es el agravio que formula. Lo mismo sucede, con las críticas realizadas a la ponderación que el a quo hace de la validez del certificado médico presentado por Herrera. Más allá de las disquisiciones formuladas por el recurrente con relación a esto último, las mismas quedan totalmente desvirtuadas con la ponderación que el tribunal realizó. En efecto, el tribunal interpretó que el mencionado certificado -que refiere a una dolencia a que según el imputado, le impedía caminar- (fs. 206) carece de toda eficacia probatoria, no sólo por no haber sido reconocido en juicio por el médico que aparece suscribiéndolo, sino fundamentalmente porque lleva fecha 16/09/07 (es decir, un día después de la fecha del hecho que se le imputa a Herrera), destacando además, que se trata de una receta de medicamentos y nada señala en cuanto a la incapacidad para deambular de Herrera, tanto ese día como en días anteriores o posteriores.

Con base en todo lo expuesto, concluyo que el decisorio impugnado se encuentra debidamente fundado y que el cuadro convictivo meritado por el a quo nos lleva a sostener con grado de certeza la participación responsable de los incoados Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera en el Hecho Nominado Primero.- IV. b. Corresponde ahora ingresar al tratamiento de los agravios esgrimidos con relación al Hecho Nominado Segundo. Al respecto, debo decir, que yerra el recurrente al afirmar que la única prueba de cargo es el testimonio de Pablo Daniel Ovando, puesto que éste se complementa con otro testimonio fundamental, cual es, el de la víctima del robo, Isabel Eulalia Leiva. Destáquese que Ovando, no sólo fue testigo presencial del hecho atribuido a Herrera, sino que además, categóricamente manifestó conocer el apodo (Pucha) y el domicilio del imputado, razón por la cual, lo identificó de inmediato. También relató que intentó seguirlo, pero Pucha se subió a una motocicleta conducida por otro sujeto y se dio a la fuga. Asimismo, cabe resaltar que este testimonio, que resultó esencial para lograr individualizar al autor del hecho en cuestión, ha sido debidamente incorporado a debate, contando con plena anuencia de las partes. Es decir, que la defensa técnica del imputado en ningún momento se opuso a su incorporación. Sumado a ello, lo atestiguado por Ovando condice, como se dijo, plenamente con lo manifestado por la víctima y así lo entendió el sentenciante.

En razón de lo expuesto, considero que el presente embate no puede prosperar. Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.- IV. c. Cabe ahora examinar el segundo motivo de embate introducido subsidiariamente por el recurrente, quien invoca como causal de casación el motivo sustancial previsto en el art. 454 inc. 1º del C.P.P., y consecuentemente, la errónea aplicación del art. 164 del C.P..

De los argumentos brindados, se extrae que el núcleo central del problema a resolver, estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al comportamiento desplegado por Jorge Moisés Herrera en el hecho Nominado Segundo. Concretamente, debe indagarse si su conducta encuadra en la figura de Robo Simple (art. 164 del C.P.) -como resolvió por unanimidad el Tribunal de juicio-, o en la de Hurto (art. 162 C.P.)-, como pretende el casacionista.

Como punto de partida, cabe referir que el fallo atacado con base en el material probatorio colectado, debidamente incorporado y analizado, consideró acreditado que: "El día 10/10/07, a horas 19:30 aproximadamente, en momentos en que Isabel Eulalia Leiva salió del cajero automático ubicado en la esquina del supermercado "Beraca", situado entre calles Bernabé Correa y Av. Illia de esta ciudad Capital, se apersona corriendo Jorge Moisés Herrera (a) "Pucha, quien ejerciendo violencia en la persona de la Sra. Leiva mediante un golpe de hombro en el cuerpo, procede apoderarse ilegítimamente de una billetera de color marrón que contenía diversos DNI, un carnet de la Obra Social a nombre de la víctima y la suma de $ 50 pesos, para posteriormente darse a la fuga y abordar una motocicleta que lo aguardaba con un sujeto no individualizado al día de la fecha por la instrucción".

En el caso bajo examen, contrariamente a las pretensiones del recurrente, el a quo consideró que el imputado Herrera es autor penalmente responsable del delito de robo simple (art. 164 C.P.). Para ello, ponderó los dichos de la víctima y lo expresado por el testigo presencial del hecho -Pablo Daniel Ovando-, concluyendo que se dieron todos los elementos típicos de la mencionada norma, es decir, que ha mediado dolosamente un desapoderamiento ilegítimo de cosas muebles ajenas con violencia física en las personas. Puntualizó que se utilizó violencia física en la persona de la víctima. En tal sentido, argumentó que Isabel Eulalia Leiva expresó que "cuando caminaba por la vereda en dirección Norte a Sur observé que venía corriendo de frente mío una persona de sexo masculino y que al pasar cerca me golpea el hombro izquierdo al chocarme con su cuerpo y me arrebata la billetera de la mano izquierda (...) que al chocarme provocó el tirón de mi mano que llevaba la billetera (...)".

El núcleo fáctico desarrollado precedentemente, denota de manera clara y precisa el correcto encuadramiento legal a la conducta atribuida al acusado. Jorge Moisés Herrera sustrajo con violencia en la persona un objeto totalmente ajeno. Efectivamente se ha comprobado el uso de violencia para desapoderar a la víctima. Esto es así, porque ha quedado plenamente acreditado que el imputado vino corriendo, con impulso, chocó el hombro de la víctima, y aprovechando tal circunstancia, le arrebató la billetera de un tirón, lo cual fue suficiente para vencer la resistencia opuesta por aquélla a los designios de su victimario. Nos encontramos ante el caso típico del denominado "arrebato", incluso así lo expresa Leiva en su testimonio, al describir lo sucedido. Lo dicho conduce a admitir, a los fines de la configuración del tipo cuestionado que, cuando el hecho es cometido mediante la modalidad del arrebato, implica el ejercicio de fuerza constitutiva de la violencia física requerida por el art. 164 del C.P..

Esa calificación legal corresponde porque "para que exista violencia basta que se venza por la fuerza una resistencia normal, sea o no predispuesta, aunque, en realidad, ni siquiera se toque o amenace a la víctima. El que de un tirón arrebata a una señora su cartera, comete robo y no hurto, aunque para ello no haya debido hacer gran despliegue de fuerza. Este caso, es, en realidad, el que constituye el ejemplo típico de la rapiña" (SOLER, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", t. IV, 3ª ed., p. 252, Ed. Tea, Buenos Aires, 1983).

La jurisprudencia se ha pronunciado de la misma manera, afirmando que "el arrebato de una cartera constituye la violencia física del robo, sin que se requiera más que la superación violenta de la resistencia normal de la víctima para retener las cosas en su poder, aun cuando no se afecte la integridad física del atacado" (DONNA, Edgardo A. y otros, "El Código Penal y su interpretación en la jurisprudencia", t. III, p. 104, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004).

En consonancia con lo expresado, estimo correcta la calificación jurídica atribuida unánimemente por el tribunal de mérito al comportamiento del imputado Herrera en el Hecho Nominado Segundo, razón por la cual, los agravios aquí analizados deben ser rechazados.

Por ello, también voto negativamente a la presente cuestión.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9, por el Dr. Rodrigo Luis Ovejero, en su carácter de asistente técnico de los imputados Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9, por el Dr. Rodrigo Luis Ovejero, en su carácter de asistente técnico de los imputados Raúl Alberto Agüero y Jorge Moisés Herrera.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen es tos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del Valle Sesto de Leiva ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la Sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.-