marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acta notarial, escritura pública, redargución de falsedad, despido, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SEGUNDO MIRTA NORMA c/ SANATORIO DEL NORTE S.R.L. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-12

En efecto, el artículo 979, inciso 1) del Código Civil, considera instrumento público a las escrituras públicas hechas por los escribanos públicos en sus libros de protocolo o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley.

Según expresa Llambías, la escritura pública goza de valor como instrumento público en si mismo, pues se lo presume auténtico en atención a la actuación del oficial público interviniente, abonada por su firma y sellos.

En cuanto al valor de su contenido, debe distinguirse: 1) los hechos pasados ante oficial público; 2) las cláusulas dispositivas; 3) las cláusulas enunciativas.

Por ello, para probar que no ha ocurrido el acto relatado en el instrumento, es menester argüir de falsedad, porque en esa aseveración se encuentra comprometida la fe pública del funcionario interviniente.

En cambio para probar que las cláusulas dispositivas no son sinceras, no se requiere tachar de falso al documento, pues la falsedad no está en el instrumento ni en el oficial público, sino en los comparecientes y en el acto jurídico obrado por ellos independientemente de la regularidad y corrección del instrumento público. Por último, las cláusulas enunciativas del instrumento se refieren a manifestaciones superfluas o accesorias de las partes, que podrían omitirse o suplirse sin que se altere el objeto del acto.

En el caso, la apreciación de la sentencia en cuanto a que las declaraciones contenidas en las actas notariales debieron ser corroboradas por otras probanzas atento su generalidad y falta de especificidad para constituir prueba suficiente demostrativa del incumplimiento endilgado a la actora, en modo alguno ponen en tela de juicio su existencia y validez, sino que por el contrario, a partir del reconocimiento de los hechos relatados en las actas que no pasar on en presencia del escribano, estima que los mismos son insuficientes para probar la falta de la accionante justificante del despido.

Consecuentemente, no es exacto que los mismos debieron ser argüidos de falsedad para descalificarlos como prueba apta. El problema no se vincula con la veracidad o no de las declaraciones contenidas en las actas notariales, sino si de las mismas surge claramente configurado el incumplimiento de la actora.
Estabilidad del empleado público, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Civitelli de Genitti, Ana Concepción c/ Municipalidad de Bahia Blanca s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-12

Las designaciones 'con carácter interino' no están amparadas por la garantía de estabilidad, pues los servicios prestados en tal condición son transitorios y duran hasta el nombramiento del titular del cargo pudiendo ser limitadas por la autoridad competente por razones discrecionales de servicio en virtud de la precariedad de la designación.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: BENÍTEZ BERNARDINO RAMÓN s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2003-11-17

Consecuente con las posiciones doctrinarias que sostienen que, la defensa resulta oportuna cuando existe actualidad en el peligro, e inoportuna si se ejerce antes o después de la agresión, entendiéndose que el ataque subsiste, si solo varía la forma o la manera del ataque, e igualmente en tanto el agredido intente impedir que el agresor se quede con la cosa robada, siendo actual la agresión que aún perdura, es decir, la que a comenzado y no ha concluido, subsistiendo mientras sea posible defender el bien agredido y, lo sostenido anteriormente por esta Sala in re: "López Honorio" sent. Nro. 05/86, en autos, la acción emprendida por el imputado fue realizada en tiempo oportuno ya que los agresores acababan de despojarlo de su biciclo y se hallaban a pocos metros de él, lo que incuestionablemente le otorgaba la chance de recuperarla, y , además, una eventual demanda de auxilio público le hubiese significado la pérdida definitiva de la misma por la fuga de los autores se la sustracción con la " res furtiva" de su propiedad, situación evidentemente injusta que, por supuesto, no estaba obligado a soportarla resignadamente.
Embargo, subasta, inscripción registral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUARDIA JOSE Y OT. c/ JOSE FERNANDEZ s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: A106 - 216)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1984-10-23

La inscripción registral prevista por la nueva redacción del art. 2005 del C.C., no se extiende al caso de adquisición de un inmueble en pública subasta. En efecto, cuando la adquisición se produce directamente por la ley (por ej. la adquisición hereditaria) o en remate público judicialmente aprobado, se aprecia erróneo sostener que, antes de la inscripción registral, el acto sólo produce efecto entre las partes, y que recién después de ella los efectos se extienden también a terceros.- Tal inscripción no es perfeccionadora, pues el derecho real adquirido en la subasta se ha perfeccionado extraregistral, apareciendo aquella por la necesidad del tracto sucesivo, sirviendo para dar continuidad a la cadena de transmisiones.-
Procedimiento contencioso administrativo, caducidad de instancia, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Rodríguez, María Cristina c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-05

La contestación de demanda no puede ser menguada sino en base a las expresas previsiones que razonablemente sean dispuestas por el legislador. No pueden los jueces crear otras condiciones para su ejercicio que no sean las que expresamente surjan de la ley. (Del voto en disidencia de la jueza Ana María Conde) Fuente del sumario: OFICIAL
Ejecución hipotecaria, defensa en juicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Morawski León s/ Constatación y desocupación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

Por medio del trámite previsto en la ley 24441 no se altera el derecho de defensa de la parte demandada, especialmente en lo atinente a la inviolabilidad de la defensa en juicio del art. 18 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejecución de sentencia, honorarios, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gaset, Joaquín Ramón s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-06-14

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento que por su entidad traen aparejada la declaración de nulidad del acto en cuestión y que hacen procedente la casación total del fallo en mérito a la causal de violación de la ley, cuando a pesar de que en el Código de Procedimientos, en el capítulo de ejecución de sentencia de Tribunales Argentinos, se establece que una vez consentido o ejecutoriado un pronunciamiento judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su incumplimiento, procederá la ejecución a pedido de parte de conformidad con las reglas que establece este capítulo; el Juez de la Cámara hace caso omiso de ello y respaldado en antecedentes doctrinarios que son válidos únicamente para Ley Nacional Arancelaria, dice que se equivocó la vía al pretender mediante proceso de ejecución de sentencia, cobrar honorarios regulados de quien no resultó condenado en costas y que resolverá lo principal una vez que se promueva correctamente el juicio ejecutivo en contra de la demandada.
Daño material, responsabilidad del banco, tarjeta de crédito, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: Zampieri, Miguel Angel c/ Banco de Galicia Sucursal Tandil s/ Daños y perjuicios - Incump. contractual (Exc. Estado) (80)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-22

Es improcedente el reclamo de daño patrimonial peticionado por un cliente que se vio privado de utilizar el límite ampliado de su tarjeta de crédito en el exterior por un erróneo asesoramiento del banco emisor de la tarjeta, pues la sola privación de uso no produce por sí misma un daño patrimonial que pueda ser presumido, por lo que es necesaria la carga de alegación y prueba, que en este caso se encuentra incumplida, es que, la "anulación de posibilidad de compras previstas" podría dar lugar a un daño material si se alegara y probara, por ejemplo, que en el país de destino había precios muy convenientes, circunstancia que no ha sido alegada ni probada.
Cómputo de la pena, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Romano, Juan Domingo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-02

En el supuesto en que no está detenido el condenado al momento de practicar el cómputo, sólo es posible efectuar el cálculo prescripto por la ley de una manera, esto es, determinando el tiempo de detención padecido con anterioridad en lo/s proceso/s en virtud de los que se ha dictado la condena y luego restarlo del monto de ésta.(Voto de la Dra. Berraz de Vidal -en mayoría-).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, Entidad Binacional Yacyretá, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Arriola, Juan Pastor c/ Entidad Binacional Yaciretá y otros (3 Misiones) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-09

Es de la competencia originaria de la Corte la causa en la que se demanda a la Entidad Binacional Yaciretá y se cita como tercero a una provincia, pues es la única forma de conciliar lo preceptuado por el art. 117 de la Ley Fundamental respecto de dicho Estado local, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación -o a una entidad nacional- al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Constitución Nacional.
Procedencia del recurso, recusación, sentencia no firme, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Moreno, Miguel Ángel c/  s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-01

Si bien las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no constituyen sentencia definitiva, en los términos establecidos en el art. 457 CPPN, corresponde hacer lugar a la queja y conceder el recurso de casación contra el rechazo in limine de recusación si se encuentra debidamente fundada una cuestión federal, ya que el denunciante alegó la existencia de una manifiesta enemistad con el recusado -a quien denunció penalmente y ante el Consejo de la Magistratura de la Nación-. Dr. Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, notificación, incumplimiento del contrato, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Deganutto, Raul David c/ Liacuhu S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-21

Más allá del grado de acierto o error del resultado alcanzado, no surge del pronunciamiento que los juzgadores hayan preterido los elementos de juicio referidos por el recurrente respecto al inicio de la relación, sino que al ponderar aquéllos que estimaron conducentes para la resolución de la litis, lo hicieron en un sentido adverso a las pretensiones de la actora, por entender que el accionante se incorporó a la relación contractual primigenia a través de un contrato de cesión de posición contractual, en el cual se dejó constancia de que se entregó el original del boleto de compraventa al cesionario -lo que permite avizorar que los términos en que fuera concertado el mismo no le resultaban ajenos-; que la pretensión actoral no puede ser juzgada sino a mérito del contrato básico que fue objeto de la cesión; que la cesión del contrato -ya resuelto- fue notificada mediante carta documento dirigida al Fideicomiso; y que las afirmaciones del perito contable que dieron cuenta del incumplimiento del cedente, resultando un hecho no controvertido en autos la inobservancia de la obligación de la compradora de pagar el precio.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Constitución Nacional, interpretación de la constitución, Poder Judicial, revisión judicial, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El artículo 116 de la Carta Magna al precisar la competencia judicial en el orden federal, señala a las "causas" como objeto de conocimiento y decisión de los distintos tribunales. Y "causa" quiere decir que alguien debe plantear el asunto ante el juez, dar origen al proceso y provocar con él la decisión en forma de sentencia; esto es un caso o causa judicial -o sea-, lo que el juez debe juzgar o resolver a instancia de parte; una consulta, una declaración general, una cuestión abstracta, no son causas judiciales. Las declaraciones teóricas y generales quedan sustraídas de la atribución judicial, porque falta el caso concreto, y un tribunal no puede fallar sin ocasión de un pleito, y únicamente debe resolver cuestiones concretas. (Del Voto del Dr. Ríos). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Remuneración, tiempo a disposición del empleador, suspensión del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Carlos Gustavo Olmedo c/ José Alberto Nallar y Juan Ignacio Buitrago s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Ignacio Buitrago s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-06-13

Si se admite que el contrato de trabajo terminó en un momento determinado, cuando el dependiente se da por despedido legítimamente, el empleador, hasta ese momento, debe cumplir con las obligaciones a su cargo resultantes de la relación laboral, como el pago de las remuneraciones, haya prestado o no servicios efectivos.

Así está dispuesto en el último párrafo del art. 103 de la L.C.T.:

"El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquél".

De esta solución legal no corresponde apartarse sin un motivo autorizado en la propia norma. El trabajador tiene derecho a las remuneraciones por el sólo hecho de encontrarse a disposición del empleador y si este no quiere utilizar sus servicios o no puede hacerlo, subsiste la obligación de pagar el salario.

Las suspensiones dispuestas por el empleador deben fundarse en justa causa, tener plazo fijo y ser notificadas por escrito al trabajador (art. 218 de la Ley de Contrato de Trabajo), es decir, deben obedecer a falta o disminución de trabajo, razones disciplinarias o fuerza mayor debidamente comprobadas (art.219), no pueden exceder de un plazo determinado (art. 220) y cuando no se observasen las prescripciones de los arts. 218 a 221, el trabajador tiene derecho a percibir las remuneraciones por todo el tiempo que hubiese estado suspendido (art. 223).
Intereses moratorios, tasas de interés, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: CASFPI. c/ PANZERI Y HERMANOS SRL. s/ COBRO DE PESOS UOMRA. c/ INDUSTRIAS BARIFFI SAIC. s/ LEY 18610 - 22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-16|1984-03-30

La tasa de interés moratorio fijada por la resolución 372/79 del MBS. grava excesivamente el derecho de propiedad del deudor y resulta arbitraria, por lo que en este aspecto cabe declarar la inconstitucionalidad de aquella norma (Del dictamen del PGT. al que adhiere la Sala).
Concurso preventivo, resoluciones inapelables, juicios universales, fuero de atracción
Materia: COMERCIAL
Carátula: TAPE SCA c/ ARIGITAL SAN LUIS SA s/ ORD. QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23

Resulta improcedente denegar una apelación con fundamento en la regla de la LC 273-3 cuando -como en el caso-, no se trata del trámite del concurso en si mismo, sino de un juicio por el atraído;

por lo que la citada regla no es aplicable irrestrictamente en la especie.
Delitos contra la humanidad, dictadura militar
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Arrillaga, Alfredo Manuel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-11

Los imputados fueron acusados y condenados como autores de diversos hechos calificados como constitutivos de los delitos de privación ilegal agravada e imposición agravada de tormentos, mientras que uno de ellos también fue condenado como autor de diversas instancias de homicidio calificado y si bien el MPF los consideró coautores de los hechos y la sentencia los calificó como autores directos, esa diferencia resulta insustancial. La infracción de sus deberes resulta así palmaria, pues lejos de cumplir con sendos mandatos de protección, los imputados utilizaron su poder sobre distintas dependencias para guiar a las fuerzas bajo sus órdenes o influencia en dirección del ataque generalizado y sistemático contra la población civil que entrañó la represión ilegal y, en particular en este proceso penal, contra las víctimas de autos.
Poder de policía, procedimiento administrativo, revisión judicial de actos administrativos, garantías procesales, acceso a la justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA Y OTROS INMUEBLES c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

La intervención de órganos y procedimientos especiales de índole administrativa no debe entenderse como menoscabo de la garantía del debido proceso de los particulares cuando aparece asegurada la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional que efectúe un control suficiente de lo actuado (C.S., B 622 XX "Banco Regional del Norte Argentino c/ B.C.R.A.", del 4/2/88). Así como que es perfectamente compatible con la Constitución Nacional la creación de órganos y procedimientos especiales -de índole administrativa- destinados a hacer más efectiva y expedita la protección de los intereses públicos (C.S., ídem). Más aún, cuando los medios por los que se ha ejercido el poder de policía están fijados explícitamente -como en el caso- en la ley, y son utilizados en su consonancia (arg. esta Sala, in re "Fábregas", del 17/12/74, y "Cofinca", del 22/8/85). (Confr. esta Sala, "Credibono", del 13/7/95).
Divorcio, prueba testimonial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Duberti de Pascua, Marta Amalia c/ Pascua, Miguel Vicente s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-07

Cuando se controvierte la conducta matrimonial, no cabe efectuar un desmenuzamiento de los testimonios, ni tomar aspectos parciales de ellos, sino hacer de los relatos una valoración integral y de conjunto. Sobre la base que, tratándose de acontecimiento que se han desarrollado en la intimidad del hogar -por lo general- no habría tenido la trascendencia necesaria como para encontrar testigos presenciales, salvo -en ocasiones- amigos o familiares. De modo que en tales situaciones no cabe manejarse con categorías excluyentes (doctr. arts. 384 y 456 del cód. procesal).-
Pago con cheque sin provisión de fondos, reforma legislativa, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: BASUALDO, JUAN JOSEGARCIA GUTIERREZ, SERGIO s/ Cheque sin fondos Causa 29292
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

La nueva ley comercial (Ley 23549) no influye sobre la norma penal;

lo que importa es si el cheque reunía las características de tal al momento de ser entregado. (Del voto del Dr. Hendler).
Ejecución hipotecaria, juicio ordinario posterior
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS SUCURSAL FEDERAL c/ ARANGUIZ,OSVALDO MIGUEL Y OTRA s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-14

No procede acceder a la suspensión de este proceso por la mera invocación que se ha promovido otro, de conocimiento , en pro de cuestionar la validez de la indicada escritura pública. El juicio ordinario posterior, contemplado en el artículo 539 del Código Procesal Civil y Comercial, carece de aptitud para paralizar a este proceso de ejecución. Sencillamente porque la ley procesal exige la conclusión de éste para habilitar su formación.-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, Municipalidad, docentes, remuneración, antigüedad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MAÑA, GUSTAVO ADOLFO c/ MUNICIPALIDAD DE PUERTO GENERAL SAN MARTIN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Siendo que la falta de comprobación del no pago del adicional era esencial para la solución de la causa, la Cámara no lo entendió así, sino que partió de considerar la obligatoriedad del Municipio de liquidarlo de conformidad al porcentaje fijado por la ley 9286 y, como dicho extremo no estuvo acreditado, condenó a la demandada a liquidarlo de ese modo; pero al hacerlo, omitió valorar que, al no tratarse de personal comprendido en el estatuto general (a quien dichas normas fueran obligatoriamente aplicables) el Municipio podía fijar otro modo y, de hecho, tenía establecido otro mecanismo de retribución del adicional pretendido. Y este mecanismo (100% de la categoría), además de ser el aplicado al personal docente desde hace más de 25 años, no ha sido declarado ilegítimo, sino que queda sin efecto con la sentencia que así lo dispone omitiendo analizar tal actividad administrativa con efectos generales a todo el personal docente que cumple sus funciones en el mismo lugar, con la consiguiente incertidumbre respecto de la ilegalidad del obrar de la propia demandada respecto del modo de cálculo del adicional por antigüedad para el resto del personal docente de la Municipalidad. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9286, artículo 51; Resolución 71/15 de la Municipalidad de Puerto General San M rtín.
Administración fraudulenta, retención indebida, dependientes
Materia: PENAL
Carátula: SOTELO, ERNESTO s/ DEFRAUDACION - FALSIFICACION - INSTRUMENTO PRIVADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-29

Las acciones del procesado, que aprovechando la delegación otorgada por la administración del negocio, estampó en distintas oportunidades sellos falsos de los bancos en las boletas que acreditaban el pago de impuestos y contribuciones provenientes del giro comercial, apropiándose del dinero de su empleador, configura el delito de administración fraudulenta. Debe descartarse el delito previsto en el inc. 2 del art. 173 C.P. toda vez que el enjuiciado había asumido un mandato de pago, para lo cual llenaba las boletas correspondientes o recibía los formularios llenos, tomaba el dinero necesario y debía concurrir al banco cobrador para efectivizar dicho mandato.
Expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: Procesal
Carátula: Blanco Carro, Marcos Ezequiel c/ Longo, Osvaldo Ernesto y-u otro s/ Demanda por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-10-06

...Disentir, como ocurre en el caso en cuestión, con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no constituye expresión de agravios por ser insuficiente...