Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-06-04


En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jujuy, a los 04 días del mes de junio del año dos mil trece, los señores Vocales de la Sala Tercera de la Cámara en lo Civil y Comercial, doctores ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, NORMA BEATRIZ ISSA Y CARLOS MARCELO COSENTINI vieron el EXPTE. N° B-275.834/12, caratulado: ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: PERALTA, FACUNDO MATÍAS C/ MERCANTIL ANDINA SEGUROS".

La Dra. ALEJANDRA MARÍA LUZ CABALLERO, dijo:

1. A la audiencia de conciliación dispuesta en esta causa, comparecieron los Dres. Luis Guillermo Gonza en representación del actor Facundo Matías Peralta; el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray en representación de la demandada Seguros La Mercantil Andina S.A. y del tercero citado Mario Ezequiel Murillo y el Dr. Enrique René Rivas, en representación de Patricia Elena Alarcón, también citada como tercero obligado. Todos solicitaron, de común acuerdo, "se dé trámite de excepción previa a la defensa de prescripción opuesta en autos".

Al respecto, aún cuando no se trata de las contempladas en el art. 303 del C.P.C., mediando acuerdo de partes, nada obsta al tratamiento y resolución de la aludida defensa como de artículo previo si, como ocurre en el caso, los hechos relativos a esta cuestión no están controvertidos y, por tanto, no resulta necesaria producción de prueba alguna.

Tal temperamento, por lo demás, permite concretar en mayor medida el principio de economía que contempla el art. 10 del C.P.C. y alcanzar la finalidad de su art. 11.

Paso a considerar, entonces, esta única cuestión.

2. En cuanto a los antecedes del caso que son conducentes para resolverla, resulta que esta causa tiene inicio con la demanda promovida por el Dr. Santiago Eugenio Chaves en representación de Facundo Matías Peralta conforme copia juramentada de escritura pública de poder para juicios agregada a fs. 1, con el patrocinio del Dr. Luis Guillermo Gonza. Persigue se condene a la demandada La Mercantil Andina Seguros S.A. al pleno resarcimiento de los daños y perjuicios, moral y material, que dice padecidos por su mandante como consecuencia del accidente ocurrido el 17 de marzo de 2010 cuando transitaba por Avenida Córdoba de esta ciudad al comando de una motocicleta marca Guerrero de 150 cilindradas, tipo 200917, modelo 2009 y colisionó con el vehículo Fiat Palio, dominio CME-398, de propiedad de Patricia Elena Alarcón, conducido en la ocasión por Mario Ezequiel Murillo.

Justifica la legitimación pasiva de la demandada en su calidad de aseguradora del vehículo Fiat Palio al momento del hecho.

A su pedido, fueron citados al proceso como terceros obligados Patricia Elena Alarcón y Mario Ezequiel Murillo, titular registral y conductor, respectivamente, del vehículo asegurado.

En capítulo específico, argumenta la actora que la prescripción no alcanzó a la acción incoada porque es de aplicación al caso el plazo de tres años que establece el art. 50 de la ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240 conforme la reforma introducida por la 26.361. Alega que esa normativa modifica la ley de seguro a favor del consumidor, entendiéndose por tal "al asegurado, al tomador, al beneficiario y a las víctimas de los siniestros amparados por las pólizas de seguros de responsabilidad civil".

Porque ello es así -dice- la víctima tiene acción directa contra la aseguradora, puede reclamar por daños directos y punitivos, no le son oponibles ciertas defensas de las aseguradoras y se aplican los plazos de prescripción de la ley del consumidor.

Cita el art. 42 de la Constitución Nacional y la ley 26.361 en tanto refieren a la "relación de consumo" como concepto más abarcador que el que le cabe al "contrato de seguro".

También alude al carácter obligatorio del contrato de seguro para automotores por daños a terceros a tenor de lo dispuesto por el art. 68 de la ley 24.449 y el orden público subyacente en la cuestión.

Sobre todos esos tópicos se extiende en consideraciones, con cita de doctrina y jurisprudencia alusivas.

3. Al contestar la demanda (fs.88/93), el Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray, en representación de la Compañía de Seguros La Mercantil Andina S.A. conforme poder general para juicios agregado a fs. 41/44, da cuenta de la existencia del contrato de seguros invocado por la actora, reconoce que el tomador del seguro formuló en tiempo y forma la denuncia del siniestro y expresa que, de recaer sentencia favorable al actor, su parte sostiene el compromiso de mantener indemne el patrimonio del asegurado por cuanto se le deba al damnificado con motivo de los hechos que dieron lugar a la demanda, incluyendo costas y costos.

Como primera defensa opone la de prescripción, diciendo consumado el plazo de dos años que prevé el art. 4037 del Cód. Civil para las acciones derivadas de responsabilidad civil extracontractual. Ello así -dice- en tanto el siniestro sucedió el 13 de mayo de 2010 y la demanda fue interpuesta el 26 de junio de 2012. Argumenta que tal conclusión no cambia aún si se considerara que el siniestro acaeció en la fecha que erróneamente se denuncia en la demanda: 17 de marzo de 2010. Alega que es de aplicación al caso la ley de seguros y no la de defensa del consumidor que invoca su contraria.

4. El mismo letrado asumió la representación del tercero citado Mario Ezequiel Murillo conforme el poder para juicios del que da cuentas la escritura cuya copia juramentada corre agregada a fs. 112/113. En su presentación (fs. 114/119) también denuncia el contrato de seguro y opone excepción de prescripción en los términos en los que lo hace la aseguradora.

5. A fs. 122, el Dr. Enrique René Rivas asume la representación de Patricia Elena Alarcón conforme el instrumento de poder general para juicios cuya copia juramentada obra a fs. 120/121 y contesta a fs. 129/131 la demanda oponiendo también la defensa de prescripción, con fundamento en lo dispuesto en el art. 4037 del Cód. Civil. Afirma que la demanda promovida el 25 de junio de 2012 es posterior al vencimiento del plazo de dos años que prescribe esa norma. Niega que sea de aplicación el plazo de tres años del art. 50 de la ley 24.240 (reformada por la 26.361) pues su mandante no tuvo ni tiene con el actor relación de consumo ni es su proveedor.

6. Al contestar el traslado respectivo, el actor argumenta que la demandada opuso la prescripción fuera del plazo previsto por el art. 304 para articular excepciones previas, pues lo hizo el 05 de octubre de 2012 a horas 09:50 en tanto fue notificada de la demanda el 19 de setiembre de 2012.

Con cita del art. 303 del C.P.C., agrega que la excepción de prescripción de la acción opuesta por la accionada y por los terceros no está prevista en el código ritual.

Por tales razones, pide el rechazo de esa defensa, sin perjuicio de lo cual reitera los fundamentos expuestos en la demanda insistiendo en que el plazo de prescripción es de tres años toda vez que el art. 50 de la ley 24.240, reformado por el 23 de la ley 26.361, "en forma puntual, concreta y específica modifica el art. 58 de la ley 17.418 y su parte reviste, en el caso y frente a la aseguradora, el rol de consumidor".

7. Siendo esos los antecedentes del caso relativos al tema cuya decisión es motivo del presente corresponde, ante todo, tratar la extemporaneidad de la defensa de prescripción que denuncia la actora.

Tal como quedó dicho líneas arriba, la defensa de prescripción no es de las que deban resolverse como artículo previo ni resulta, por tanto, exigible que sea opuesta dentro de los diez primeros días del plazo conferido para contestar la demanda (art. 304 del C.P.C.). Se trata de defensa de fondo que, como tal, está disciplinada por el Cód. Civil cuyo art. 3962 dispone que "debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla".

Siendo así, surge evidente la tempestividad de su articulación por los tres oponentes, en tanto fue concomitante a las respectivas contestaciones de demanda.

La circunstancia de que en el particular caso de autos las partes solicitaran, de común acuerdo, que sea tratada como de artículo previo sólo incide en la oportunidad procesal de este pronunciamiento, pero de ello no puede colegirse, en modo alguno, modificación de su naturaleza.

Paso a tratar, por tanto, la cuestión sustancial.

8. No está controvertido que la acción que da inicio a esta causa fue articulada después de transcurridos dos años del accidente, y antes de que expirara el plazo de tres. Tampoco, que no hubo interrupción ni suspensión del curso de la prescripción. Siendo así, para dirimir la cuestión que nos ocupa sólo es necesario establecer la normativa aplicable al caso, tópico sobre el que sí discrepan las partes.

Como se sabe, la reforma del año 1994 elevó a rango constitucional la especial protección a consumidores y usuarios de bienes y servicios refiriendo a sus derechos como los derivados de una "relación de consumo". Quedó así extendido el concepto que, para entonces, surgía de la ley 24.240 en su original redacción y que lo limitaba a quienes estuvieran vinculados con el proveedor mediante un contrato de consumo.

La posterior reforma a la ley 24.240 por la 26.361 dio por superada toda disquisición al respecto, al considerar como consumidor o usuario "a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo".

A la luz de esa preceptiva, asiste razón al actor al postular que, en el marco del contrato de seguro, no sólo reviste el rol de consumidor el tomador y el asegurado, sino también el beneficiario. (cfr. Ricardo Luis Lorenzetti. Consumidores. Ed. Rubinzal Culzoni. Sta. Fe 2009. Pag.100).

Coincido, pues, con esta noción amplia de la relación de consumo, de la que resulta que el damnificado, en tanto consumidor, se ubica en mejor posición para hacer valer sus derechos frente al proveedor del seguro en situaciones tales como las derivadas de cláusulas abusivas, de falta o reticencia en la información, etc.

Sin embargo, de ello no cabe concluir que la acción enderezada al resarcimiento de los daños y perjuicios cubiertos por el seguro prescribe a los tres años.

Si bien cierta corriente doctrinaria postula que, siempre que el contrato de seguro lo sea a la vez de consumo, prevalece, aún respecto del damnificado, lo normado por el art. 50 de la ley 24.240 por sobre el 58 de la ley 17.418 e, incluso, sobre el 4037 del C.P.C. (cfr. Waldo Sobrino, Consumidores de Seguros. Ed. La Ley, Bs.As. 2009. Pag. 519 y ss.), considero que del juego armónico de los arts. 1 y 50 de la ley 24.240 ello será así siempre que la acción ejercida sea de aquellas que nacen como consecuencia o en ocasión de la relación de consumo, mas no la que tiene una causa distinta y extraña a ella.

La acción que inaugura esta causa es la que articula el actor en tanto legitimado para el reclamo de los daños derivados de un hecho ilícito extracontractual y no como sujeto alcanzado por la relación de consumo o expuesto a ella. De allí que la norma aplicable al caso sea la del art. 4037 del Cód. Civil y no la del 50 de la ley 24.240.

Corrobora esa conclusión la circunstancia de que, en casos como el de autos, el damnificado no puede accionar en contra del asegurador si no lo hace también en contra del asegurado en tanto autor de la conducta dañosa y/o dueño o guardián de la cosa peligrosa, y ninguna lógica develaría el sistema si la acción nacida en cabeza de la víctima contra el asegurador tuviera un plazo de prescripción mayor del que tiene la acción contra el asegurado, pese a que no puede incoar aquella sin ejercer también ésta que, indiscutiblemente, prescribe a los dos años, toda vez que el asegurado no es, respecto de la víctima, proveedor de bienes o servicios.

Es que, aún cuando es incuestionable la función social del seguro obligatorio que contempla la ley 24.449, la finalidad de éste no deja de ser, primordialmente, la de mantener indemne el patrimonio del asegurado en los límites del seguro, y no sería conducente a tal finalidad y, antes bien, la distorsionaría, la posibilidad de que, prescripta la acción de la víctima en contra del asegurado, se mantenga viva la que tiene contra el asegurador.

Con ello digo que la acción en cabeza de la víctima de un accidente de tránsito para reclamar, tanto del asegurado como del asegurador, los daños derivados de un accidente de tránsito cuyos riesgos estén cubiertos por el seguro obligatorio que contempla la ley 14.449 prescribe a los dos años por aplicación del art. 4037 del Cód. Civil, de modo que la defensa opuesta en esta causa por la Compañía de Seguros la Mercantil S.A. y por Mario Ezequiel Murillo, resultan procedentes.

Lo mismo cabe predicar respecto de igual defensa articulada por Patricia Elena Alarcón pues, tal como lo alega su representante, ninguna relación de consumo la vincula con el actor.

9. Por las razones hasta aquí expuestas, propongo hacer lugar a las defensas en tratamiento y, en su mérito, rechazar la demanda promovida por Facundo Matías Peralta.

Si este criterio es compartido, corresponde imponer las costas al actor en su condición de vencido por aplicación del principio general de la derrota contemplado en el art. 102 del C.P.C.

10. En cuanto a los honorarios profesionales, en atención al interés comprometido en el caso; la naturaleza y complejidad del asunto; el mérito, eficacia y extensión de la labor desarrollada; el tratamiento como excepción previa dispensado a la defensa de prescripción y la participación de cada uno de los letrados intervinientes (arts. 2, 4, 7 y ctes. del C.P.C.) estimo los del Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray en la suma de tres mil pesos ($ 3.000.-) por su actuación por la demandada y en la de tres mil pesos ($ 3.000.-) por la que asumió por el tercero citado al proceso Mario Ezequiel Murillo. La misma suma de tres mil pesos ($ 3000.-) propongo regular para los que corresponden al Dr. Enrique René Rivas por su participación por Patricia Elena Alarcón. Por último, los honorarios de los Dres. Luis Guillermo Gonza y Santiago Eugenio Chavez por la actuación que tuvieron como patrocinante del actor el primero y como procurador el segundo, los estimo en la suma de un mil seiscientos pesos ($ 1.600.-) y ochocientos pesos ($ 800.-), respectivamente. En todos los casos, más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

Tal es mi voto.

B-275.834/12, caratulado: ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS: PERALTA, FACUNDO MATÍAS C/ MERCANTIL ANDINA SEGUROS".

Previa deliberación, los Dres. Norma Beatriz Issa y Carlos Marcelo expresan que, por compartir los conceptos expuestos, adhieren al voto que antecede.

Por lo expuesto, la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial, RESUELVE:

1. Hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la demandada Seguros la Mercantil Andina S.A. y por los terceros citados al proceso Mario Ezequiel Murillo y Patricia Elena Alarcón y, en su mérito, rechazar la demanda ordinaria articulada por Facundo Matías Peralta.

2. Imponer las costas a la parte actora.

3. Regular los honorarios profesionales del Dr. Mario Rodolfo Alejandro Mallagray en la suma de tres mil pesos ($ 3.000.-) por su actuación por la demandada y en la de tres mil pesos ($ 3.000.-) por la de Mario Ezequiel Murillo; los del Dr. Enrique René Rivas en la de tres mil pesos ($ 3000.-), los del Dr. Luis Guillermo Gonza en la de un mil seiscientos pesos ($ 1.600.-) y los del Dr. Santiago Eugenio Chavez en la de ochocientos pesos ($ 800.-); en todos los casos, más el impuesto al valor agregado, de corresponder.

4. Registrar, agregar copia en autos, notificar por cédula a las partes y a C.A.P.S.A.P.