marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desobediencia a un funcionario público, resistencia a la autoridad, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: LAVALLE, Sergio s/ DESOBEDIENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Dado que el procesado sólo se opuso a la orden del funcionario policial, su accionar encuadraría en la figura de desobediencia y no en la de resistencia a la autoridad y como la orden desobedecida estuvo referida a la detención de la marcha del automóvil que conducía, es en ese marco administrativo que deberá juzgarse su conducta, debiendo absolvérselo por la acción que se le endilgara. Y si bien la orden policial persiguió la detención del encausado, desoirla en el caso no constituye delito, dado que no se empleó fuerza o intimidación.
Infracciones de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nacevich Alejandro Victor c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S263 - 223)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-27

Puede neutralizarse la presunción que atribuye al titular registral del automotor la autoría de las infracciones viales cometidas con el mismo, con prueba (negativa o positiva) que acredite que no las cometió.
Ministerio Público, ley de orden público, prestaciones de la obra social, derecho a la salud, interés público, ANSSAL
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SERVICIO DE NEFROLOGIA SAN FERNANDO S.R.L. c/ OBRA SOCIAL PERS. DE ESTACIONES DE SERV. GARAGES PLAYAS s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

En virtud de lo dispuesto en el art. 117, Inc. 6, ley 1893, es deber del Ministerio Público "intervenir en todos los negocios concernientes al orden público", el que podría resultar afectado en casos en los que estan en juego prestaciones de salud, las que son consideradas por el art. 33, Ley 23.661 "Servicios de Asistencia Social de Interés Público".
Agentes de retención, obligaciones del empleador, obligación de retener, cuota sindical, rechazo de la demanda
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Tesorería Gral de la Provincia de Catamarca en Expte Cámara Nro. 185/01: ATE c/ Tesorería General de la Provincia de Catamarca y/o Estado Provincial s/ Aportes y contribuciones s/Interpone Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-03-11

Se inicia demanda por la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- en contra del Estado provincial reclamando una suma de dinero que en concepto de cuota sindical, la demandada tendría que haber retenido o depositado.

Ahora bien, en el caso la entidad reclamante no ha acreditado el cumplimiento de los recaudos que determinan la obligación de actuar como agentes de retención de los empleadores. En efecto, el art. 38 de la ley 23.551 establece las condiciones a las que está sujeta la obligación del empleador, y el art. 24 del Dec. reglamentario fija los requisitos para que la obligación de retener sea exigible.

Ello así, no existe responsabilidad del demandado , por una obligación que recién se torna exigible ante la resolución ministerial que al efecto debe requerir y comunicar la asociación sindical. En el caso, no habiendo demostrado la actora la existencia de dicha resolución o la habilitación tácita prevista en el párrafo 2 del art. 38 mencionado supra, mucho menos su oportuna notificación, debe hacerse lugar al recurso de casación, revocarse la sentencia, y rechazarse la demanda, pues conforme lo expuesto la conducta exigida al empleador de actuar como agente de retención no funciona en abstracto, sino a partir de la notificación al respecto por parte de la entidad sindical, pues de otro modo no se concibe cómo puede reclamarse el cumplimiento de un deber sobre el cual se ignora en qué condiciones se debe cumplir, quién y cómo se dispuso, por cuántos trabajadores y por qué monto.
Incompatibilidades del juez, interpretación de la constitución, independencia del Poder Judicial, intangibilidad de la remuneración
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSeS s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-11

En el concepto de los constituyentes, el ejercicio de la magistratura presenta diferencias con relación a otras tareas -no por una consideración a las personas que la ejercen- sino por el hecho de que asegurar que la judicatura no sea perturbada en su independencia mediante la disminución -directa o indirecta- de sus remuneraciones hace a la preservación de un principio republicano y, por ende, al interés de la sociedad en su conjunto (Voto de los Dres. Juan Carlos Poclava Lafuente y Jorge Ferro).
Recusación, recusación por prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensora  del  Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado dela  Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El sentido en que se ha expedido un juez en sus sentencias no configura un presupuesto apto para sustentar la causal de prejuzgamiento.
Fundamentación de sentencias, apreciación de la prueba, in dubio pro reo, comercialización ilegal de estupefacientes, tipo penal, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: TRIPODI, Roberto Ismael c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

El voto concurrente agregó que frente al contundente cuadro incriminante considerado en la sentencia con derivación razonable de la valoración conjunta y armónica del plexo probatorio queda despejada de toda arbitrariedad la posibilidad de aplicar el principio in dubio pro reo. La actividad desplegada por los acusados se adecuó perfectamente a la figura delictiva de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en tanto satisfizo los requisitos objetivos y subjetivos exigidos en ese tipo penal para el cual no se requiere la acreditación de venta de droga. Con ello también debe desestimarse el intento defensista de que se califique el hecho bajo la figura del art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737. Dres. Riggi, Catucci -voto concurrente- y Gemignani
Recurso de casación, defectos del procedimiento, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Castillo, Luis Rene c/ El Nene S.R.L. s/ Indemnización POR DESPIDO, ETC. - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-10-23

Del análisis de los agravios del casacionista respecto de las causales de arbitrariedad y errónea aplicación de la ley del fallo de grado que ataca surge que, si bien los errores improcedendo son en principio ajenos a la instancia casatoria, apta para dirimir controversias de derecho sustancial, si la causal alegada es la del art. 298 inc. a del C.P.C.C., y teniendo en cuenta, por los argumentos del recurrente, que se encontrarían comprometidas las garantías constitucionales de defensa en juicio y del debido proceso, corresponde el tratamiento de los mismos por este Tribunal de Casación.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Girazoles, José c/ Alessandrello, José s/ Daños y perjuicios Tamburini, Rafael c/ Martin, Luis s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23|1988-09-08

La sola privación del vehículo representa para su propietario usuario o guardián un evidente perjuicios, que no deriva de las tareas que tenía que realizar, sino de lo que significa la carencia del medio aludido por el simple hecho de haberse impedido de usarlo.

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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ COOPERATIVA AGROPECUARIA LA PAZ LIMITADA s/ EJECUCION PRENDARIA-RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR EL DR.ENRIQUE  SECCHI
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-10-24

El recurso,con el depósito pertinente,reposan en la instancia de grado al no haberse "abierto" la instancia extraordinaria.El Tribunal no podrá decidir al respecto conforme lo dispone el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial ya que el recurso donde se verifica el depósito no tuvo sustanciación, estimándose adecuado el planteo de devolución de dicha suma que formula el quejoso depositante.-Que habiéndose formalizado el depósito a nombre y con destino a la Sala Civil del S.T.J. para disponer de dicha suma deberá efectuarse la previa acreditación por parte del peticionante en orden a la autenticidad de la boleta de depósito cuya fotocopia se agrega, o por medio del respectivo informe del Banco tomador de la suma depositada, a los fines de poder la Sala tomar razón del mencionado depósito y librar la orden y cheque judicial correspondiente.
Despido por muerte del empleador, sociedad de responsabilidad limitada, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Alfredo Nabor c/ Simma SRL s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

El fallecimiento de quienes integraban una sociedad de responsabilidad limitada configura un supuesto ajeno a la norma del art. 249 LCT e impone que el trabajador sea indemnizado por despido conforme a las pautas establecidas por el art. 245 de la norma citada. Ellos es así en razón de que la ley regula el supuesto en que el empleador sea una persona física y , excluye aquellos en que (como ocurre en el caso) dicho carácter lo asume una persona jurídica. Mientras normalmente al empresario individual lo suceden sus herederos, las personas jurídicas se extinguen en virtud de un acto de autoridad, tras el proceso de liquidación (arts. 101 y siguientes Ley 19550).
Economía procesal, nulidad parcial, acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: BEROIZA EVARISTO c/ CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL Y OTROS s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-04-17

Si un acto tiene aspectos válidos que pueden subsistir por sí mismos, sería contrario a la economía de los procesos eliminar del mundo jurídico esos aspectos por haber otros que sí merecen la tacha de invalidez. En la medida en que pueda conservarse racionalmente aspectos o facetas de un acto administrativo, así debe hacérselo.

Esta idea también juega en diversos institutos particulares del procedimiento administrativo. Así, por ejemplo, la invalidez de un cláusula accesoria o accidental no importa la nulidad del acto "...siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido" (art. 16, ley 19.549).

Resultando así, parcialmente nula la Resolución en cuestión, devienen en consecuencia también nulos -en forma parcial- los actos administrativos dictados en su consecuencia. Es que la resolución le valió de antecedente para su dictado.

Y esto así, puesto que las obligaciones que la legislación sobre la materia imponen a la persona que solicita la compra de tierras fiscales, sólo pueden declararse cumplidas en cabeza de quien resulta ser su adjudicatario.
Quiebra, liquidación y distribución, sociedad conyugal, bienes inmuebles, fallido
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUDA, MANUEL s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

Resulta improcedente que la cónyuge de un fallido reclame el 50% del producido del remate de un inmueble cuyo terreno había sido adquirido por ambos en condominio. Ello así, si la cónyuge solo fue condómina de los lotes de terreno sobre los que se levanto el inmueble y fue el fallido quien realizó la edificación; por ende, si bien lo construido tiene la calidad de ganancial por haberse adquirido durante el matrimonio, se encuentra en la esfera de la administración y disposición de aquel en los términos del cciv 1276.

De ahí que, mientras no se disuelva o haya disuelto la sociedad conyugal, el bien es susceptible de ejecución por los terceros acreedores, siendo prenda común de estos (cciv 2312).
Acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALFA CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ Masola, Luis s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-09

Los actos administrativos tienen a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio. De ahí que se puede afirmar que el acto por ser regular es válido, reuniendo todos sus requisitos aún cuando contenga algunos vicios. Y por lo tanto no entran dentro de esa categoría los inexistentes.
Prueba, reconocimiento en rueda de personas
Materia: PENAL
Carátula: N.N s/ ROBO CALIFICADO POR ABUSO DE ARMA Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-01

Esta Sala tiene sentado el criterio en orden a que los reconocimientos practicados en sede judicial, siempre que reúnan las formalidades que para su validez o legitimidad contempla el artículo 272 del Código Procesal Penal no resultan nulos, aunque con anterioridad mediare un reconocimiento efectuado por la autoridad policial.
Daños y perjuicios, costas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Neris, Mariano y otra. c/ Estado Nacional Estado Mayor Conjunto Gral. del Ejército. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-27

Por haber desconocido la demandada en su responde la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios pedida por los actores y teniendo en cuenta el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de agosto ppdo. en los autos: "Valenzuela, Rubén c/la Nación (Estado Mayor del Ejército) s/daños y perjuicios", en el que resolvió"... que los integrantes de la Fuerzas Armadas -sea formando parte de su "cuerpo permanente" o de la denominada "reserva incorporada"- no pueden reclamar la indemnización de daños sufridos en actos de servicio por la vía del derecho civil"., interpretación del derecho federal aplicable que este Tribunal debe acatar, debe hacerse lugar al agravio de la apelante, rechazándose la demanda con costas de ambas instancias por su orden, habida cuenta de que la Corte, en el fallo citado, rectificó la jurisprudencia que había sentado en diversos precedentes.
Competencia del tribunal de casación, hechos nuevos, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Nuñez, Malvina Argentina c/ Medina, Walter Antonio y/u Otros y/o Quienes resulten responsables s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2015-06-19

Las cuestiones nuevas resultan improcedentes en Casación no sólo por el principio de contradicción que asegura el derecho de defensa de la otra parte, sino pues es imposible revisar una cuestión no enjuiciada.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, fuerza mayor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIUNTA MIRTA ELISA c/ MANUEL EUSEBIO IBAÑEZ s/ Escrituración (LIBRO: S258 - 254)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-30

Los obstáculos fiscales no son, per sé, una causal de suspensión de la caducidad; por cuanto ello no configura ni fuerza mayor ni una causa ajena a la voluntad de los litigantes. La tesis contraria provocaría la suspensión sine die de los procedimientos, dejando el orden procesal en manos exclusivas de las partes, para quien basta con un acto potestativo, como el pago del tributo, para levantar la paralización de la causa.
Procedencia del recurso, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal, incumplimiento de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Armella, Jorge Enrique Gabriel  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos armella, jorge enrique gabriel sobre 248 - abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-10

Corresponde conceder el recurso extraordinario federal debido a que existe cuestión federal suficiente puesto que el recurso pone en discusión el alcance que cabe asignar a la garantía de juez imparcial (arts. 18 de la CN; 26 de la DADH; 14.1 del PIDCyP; 8.1 de la CADH y 10 de la DUDH); y la decisión recurrida ha sido contraria al derecho que la recurrente funda en ellas. Obligar a las partes a transitar un litigio frente a un juez sospechado de tener un interés acusatorio en ellas -razón que me llevó a admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad-, así lo justifica. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Marcas, registro de marca, vocablo de uso común
Materia: CIVIL
Carátula: FINANPRO  S.R.L. c/ GIRE S.A. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DEMARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Existen diversas marcas, en la clase 36, que emplean en su conformación tanto el vocablo RAPI, como CUOTAS, como PAGO, y en esas condiciones, le confieren a éstos el carácter de elementos marcarios de "uso común" y, como tales, insusceptible de monopolio (ver causa 423 del 26.5.81, 20.613/96 del 29.9.05, 2585/98 del 28.4.05, entre numerosos precedentes). De donde se sigue que quienes lo utilicen en la composición de su signo no puede impedir que otros también lo hagan y sólo tiene derecho a exigir que le asocie un aditamento que forme una marca claramente distinguible de la suya (confr. esta Sala causa 8966/93 del 11.2.97).
Sociedad de responsabilidad limitada, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SADAIC c/ Platinum Bailable y otros (Blaspe S.R.L. y Blas Bucca) s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

La notificación cursada al socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada no importa emplazar a esa sociedad.

(Minoría u opinión personal)
Defensa del consumidor, accidente en supermercado, aceras, relación de consumo, falta de prueba, juicio ordinario, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Paz, Mercedes Josefina c/ Nello S.A. s/ sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-04-12

La actora se accidentó cuando se encontraba en la vereda, no había ingresado al local de la demandada. No se discute la hipotética responsabilidad civil que pudiera corresponder al titular del inmueble por el mal estado de conservación o la existencia de un obstáculo peligroso en la vereda que ocasione un accidente, sino la la falta de prueba -al momento de la demanda- respecto de la existencia de una relación de consumo al efecto de otorgar el trámite más breve en la jurisdicción que establece la ley 24.240. Resulta exorbitante a toda razón lógica o jurídica que cada transeúnte que circula por las veredas de una ciudad, vaya generando sucesiva y continuadamente una relación de consumo con cada uno de los locales comerciales existentes en cada vereda por las que transita con rumbo a cualquier otro lugar. Por ello, corresponde dar el trámite de proceso ordinario al expediente.
Competencia, incompetencia, oportunidad procesal, nulidad del acto jurídico, recurso de casación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: JUAREZ TERESITA DEL VALLE Y OTROS s/ PREVENCION - RECURSO DE CASACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-12

La incompetencia por razón de la materia -cuestión que no ha sido planteada por los impugnantes pero si por el fiscal general-de existir, genera una nulidad declarable de oficio (c.P.P. art. 32) esto es, de carácter absoluto.

Ello es así porque con las cuestiones preliminares que pueden plantearse bajo pena de caducidad inmediatamente después de abierto por primera vez el debate, se incluye la incompetencia por razón del territorio, no así la referida a la materia (C.P.P. art. 388), lo que evidencia que ésta puede deducirse en cualquier estado y grado del proceso.

Sin embargo, el planteo sobre la incompetencia material del tribunal a quo hecho por el Fiscal General -aunque, en su oportunidad, se le dio trámite-resulta ajeno al procedimiento del recurso de casación (C.P.P. art. 498).

La declaración de inadmisibilidad formal de esa vía impugnativa, impide que, de oficio, se considere la existencia de esa posible sanción procesal en relación al procedimiento cumplido pues, sólo mientras el recurso de casación sea formalmente procedente es posible una declaración de aquella índole.-
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: SUDROT, Eduardo Oscar s/ Hurto de automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La prohibición dirigida al instructor, que consagra el art. 434 inc.

5º C.P.P., aparece como una norma instrumental destinada a reglar la actividad de ese sujeto procesal determinado, con el objeto de impedir que el mismo reciba declaración indagatoria. Sin embargo, sus implicancias prácticas no pueden ampliarse a otro personal policial que, en cumplimiento de tareas investigativas, represivas o preventivas, interroga a los sospechosos y eventualmente, declara después sobre las diligencias realizadas en virtud de datos que entran en su conocimiento por esa vía. El núcleo de la disposición es la prohibición de recibir "declaración indagatoria".-
Muerte del trabajador, indemnización tarifada
Materia: LABORAL
Carátula: Gador S.A. c/ Iaquinta, Silvia Mercedes y Otros s/ Consignación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-12

Para resultar acreedor a la indemnización prevista en el art. 248 de la LCT basta con que los derechohabientes prueben el vínculo, prescindiendo de acreditar los otros requisitos establecidos por la normativa previsional, tales como la edad, incapacidad, y otros requisitos.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, inconstitucionalidad, prueba, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: HOPE FUNDS SA c/  s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO POR FRANCIA, ADRIANA MONICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Cabe confirmar el pronunciamiento que desestimó la inconstitucionalidad de la LCQ 127. Ello por cuanto, la impugnación levantada contra la norma mencionada resulta fruto de una reflexión tardía que la invalida formalmente, ya que debió ser efectuada en ocasión de la verificación tempestiva. Por lo tanto, su introducción en este trámite de revisión, la torna inidónea por extemporánea. En este sentido, aparecen endebles las excusas brindadas para justificar su falta de cuestionamiento tempestivo. Es que inversamente a lo manifestado, resultaba inexorable la aplicación de aquella norma en un contexto de falencia: dentro del esquema legal vigente para las obligaciones contraídas en moneda extranjera no existe otra alternativa que su cristalización en moneda de curso legal a la fecha del decreto de quiebra (cfr. esta Sala, 15/7/20, "Hope Funds SA s/ quiebra s/ inc. de revisión por Weismann", Expte. N° 3995/2017/178). Cuadra recordar las conclusiones sentadas por el Alto Tribunal en el precedente "Barbarella SACIFI" (Fallos 300:1087) las que resultan analogables en la especie: "...aunque la norma impugnada no guarde la debida congruencia con otras del mismo cuerpo legal o importe un desacierto de política legislativa en la materia, ello solo no implica que deba ser descalificada por lesiva a principios constitucionales, cuando éstos no se hallen directamente afectados en forma que imponga la necesidad de invalidar aquella norma en salvaguarda de esos principios...".