Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-11-27


Nº_276__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los señores Ministros integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, IRIDE ISABEL MARIA GRILLO y HUGO MIGUEL FONTEINA, asistidos por el Secretario Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: "BARRIOS, LILIANA NOEMI C/ TORRES, ALICIA; TORRES, HECTOR; OVIEDO, CLAUDIA; LEDESMA, BLANCA; TORRES, HUGO; MACIEL, CARLOS Y/O ACTUAL POSEEDOR S/ ACCION DE REIVINDICACION", Nº 4367/09-1-C, año 2014, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 658/675 vta., contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 646/648.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 1º) Relato de la causa. El remedio se declaró admisible a fs. 679 y vta., corriéndose el pertinente traslado, el que fue contestado por la contraria a fs. 689/690 vta. Luego a fs. 692 y vta. se concedió el recurso en trato. A fs. 699 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, quedando integrada con los suscriptos. Luego a fs. 706 se llamó autos, encontrándose en estado de resolver.

2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en estudio, constatamos que se encuentran reunidos los de interposición en término, legitimación para recurrir, la resolución atacada reviste el carácter de definitiva, por cuanto la materia en debate en relación a la acción de reivindicación aparece como la última oportunidad de la actora, mediando asimismo planteo de la cuestión constitucional, circunstancia que autoriza a ingresar a su faz sustancial.

3º) El caso. El meollo de la controversia radicó en que la accionante impugnó la decisión dictada por el Juez a-quo, por la cual dejó sin efecto el mandamiento de desalojo dictado en las presentes actuaciones, en virtud de lo dispuesto por la ley Nº 7251 que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación del predio a favor de los demandados.

4º) La resolución de primera instancia. El sentenciante de origen, ante la revocatoria deducida, expresó que: a) la copia de la mencionada ley no apareció mágicamente sino que fue presentada e ingresada con cargo fechador por Mesa de Entradas del juzgado; b) frente a ello sólo se dejó sin efecto la orden de libramiento de mandamiento de desahucio, sin desconocerse ni violarse los derechos reconocidos y emergentes de las sentencias dictadas en estos autos, por cuanto se procedió a aplicar el derecho vigente y el sentido común; c) no puede considerarse que la ley que estableció una expropiación constituya una intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, habida cuenta que éste último no interviene ni tiene injerencia en la sanción de la misma, ni beneficia ni perjudica; d) a fin de actuar con cautela y prudencia se procedió a requerir informes a la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo a efectos de corroborar los objetivos y trámite o estado de la ley Nº 7.251, agregando que para esclarecer la situación real actual de la cuestión se ingresó al sitio web de la legislatura provincial, lo que es de público acceso y conocimiento de toda la población. 5º) Consecuentemente con lo expuesto, desestimó el recurso de revocatoria y concedió la apelación subsidiariamente interpuesta. La Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia, lo que provocó las quejas de la recurrente de marras.

6º) Los agravios extraordinarios. Básicamente la parte impugnante ataca de arbitraria la sentencia cuestionada, centrando sus protestas: a) en la errónea apreciación del informe de la Comisión de Tierras de la Legislatura; b) se trata de una ley sólo sancionada, no promulgada que jamás debió ser tenida en cuenta por haber sido presentada sin las formalidades del proceso; c) resulta un escándalo jurídico admitir la maniobra confiscatoria dispuesta por el Poder Legislativo y autorizado por el Poder Judicial, por cuanto es inconstitucional la mentada norma y así solicita que se declare.

7º) La solución propiciada. Así planteada la cuestión sometida a conocimiento de esta Sala, el examen del presente remedio y su cotejo con los argumentos sentenciales, permite visualizar que no concurre el supuesto de excepción a la regla general que autorice la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que no se advierte la arbitrariedad endilgada a lo decidido por el Tribunal de Apelaciones.

En efecto, tras el análisis de las constancias de la causa, la Cámara precisó que ante el informe suministrado por la Comisión de Tierras, Regularización y Desarrollo del Hábitat y Viviendas y el texto de la ley Nº 7.251, por el cual se estableció la expropiación del terreno donde debía llevarse a cabo el mandamiento de desahucio, no cabía otra opción que suspender el proveído que lo ordenaba, atento la declaración de utilidad pública e interés social adjudicado al inmueble en trato, por cuanto consistió en aplicar el derecho vigente y positivo.

Asimismo, remarcó que la ley mencionada no fue atacada adecuadamente de inconstitucional, circunstancia que impide su tratamiento al no ser introducido tal planteo en oportunidad de articular la reposición, toda vez que la interesada no ha demostrado claramente la violación a la Constitución Nacional, como tampoco el gravamen que le provocó en el caso concreto.

8º) La no arbitrariedad de la resolución de la Cámara.

Desde esta perspectiva, lucen insuficientes las quejas formuladas por la parte recurrente en lo que constituye el núcleo central: la pretensión de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley Nº 7.251.

Ello así, pues como pauta general limitativa del ejercicio del control de constitucionalidad la Corte Suprema ha señalado, desde antiguo y en forma reiterada, que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos 256:602; 258:255; 302:166; 316:188; 1718 y 2624; 319:3148, La Ley, 1997-C, p. 150; mucho más reciente Fallos 327:831 y "Massolo, Alberto José c. Transporte Tejar S.A.", del 20/04/10, entre varios).

Esto se explica a través del mandato constitucional por el cual los jueces no pueden tomar por sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla e interpretarla en teoría, sino sólo aplicarla a las cuestiones que se suscitan o se traen ante ellos por las partes a fin de asegurar el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones, destinados a la tutela de intereses propios alegados y probados por los interesados.

Bajo ese lineamiento y examinadas las constancias de la causa, se repara que el Tribunal "ad-quem" precisó que el Juez de la instancia de origen se limitó a aplicar el derecho vigente, esto es, la ley Nº 7.251, que por motivos de utilidad pública e interés social dispuso la expropiación de los terrenos en litigio, dejando sin efecto el mandamiento de desalojo. Contra dicha suspensión, la apelante se enfocó en atacar el proceder del juzgador, acusándolo de prevaricato, lo que conllevó incluso a que éste ordene la testación de frases impropias, por exceso de lenguaje (v. fs. 600/602). Sin embargo, se repara que en ningún momento se articuló la inconstitucionalidad de la citada ley, en tiempo oportuno y de modo fundado (v. fs. 573/577).

Esto precisamente es lo que resaltó la Cámara, vale decir, que la providencia de fs. 568, es una obvia consecuencia de la aplicación del derecho derivado de la ley Nº 7.251, norma que no fue oportunamente impugnada por inconstitucional al deducirse el recurso de revocatoria (v. fs. 647 y vta.), resultando extemporáneo pretender introducir el planteo por esta vía, cuando la suerte le resulta adversa (Fallos 315:739; 316:356; 317:170; 320:2740; 322:910).

Ha dicho el Máximo Tribunal Nacional "Que los agravios invocados por el apelante con apoyo en la inconstitucionalidad del texto legal indicado resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria, toda vez que dicho planteo no fue oportunamente introducido en la causa en la medida en que el recurrente guardó silencio sobre el particular." (C.S.J.N., 23/03/93 "Recurso de hecho deducido por Marta Susana Iscla de Pettinari en la causa Colegio de Escribanos s/ verificación de firmas", La Ley, 1993, p. 358).

9º) Desde el ángulo señalado, tampoco pueden reputarse que integran el pedido de inconstitucionalidad las expresiones vertidas en el escrito de fs. 574 y vta. (tal como lo asevera a fs. 661), toda vez que aún colocándonos en la posición más favorable a la recurrente, lo cierto es que el Alto Tribunal Nacional siempre ha requerido que de la exposición del interesado surja con claridad la vinculación entre los actos o normas atacadas y la garantía constitucional que se dice vulnerada. Por ello, desde antiguo, ha entendido que son inhábiles los planteos que comportan escuetas y genéricas impugnaciones, así como los argumentos que no demuestran cuál es el alcance y el contenido de los derechos afectados y por qué motivos el apelante cree que las restricciones impuestas por el legislador son irrazonables (Fallos 261:315; 269:225; 300:1041; 302:761; 306:1597, entre muchos).

De igual modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los expedientes "Galinger", "Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación" y "Trova", ha enfatizado que la simple y global manifestación de inconstitucionalidad de una norma, desprovista de todo sustento fáctico y jurídico, no basta para que ejerza la atribución que reiteradamente ha calificado como lo más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia (Fallos 312:72; 322:842; 328:1416).

Por lo tanto y en ese marco, resultan insuficientes las meras alegaciones esbozadas por la parte actora en torno a la inconstitucionalidad de la ley Nº 7.251, en tanto lucen sin la debida fundamentación exigible a las peticiones destinadas a ejercer la jurisdicción a tales efectos, en la medida que la solicitante de marras recurre a afirmaciones dogmáticas, sin relacionarlas con el caso concreto y con las normas constitucionales que se consideran supuestamente vulneradas; siendo que -por lo demás-, tampoco logró acreditar, en la oportunidad indicada (al deducir la revocatoria con apelación en subsidio), en forma fehaciente cuáles eran los derechos o garantías vulnerados (Fallos 302:1666; 310:211 y 328:1416, entre otros).

Ni el juez de origen ni las camaristas se rehusaron a conocer bajo algún pretexto las cuestiones que ahora articula la accionante, sino que al no haber mediado una oportuna y suficiente motivación mediante la cual se demuestre claramente de qué manera la norma impugnada contraría la Constitución Nacional, obviamente no ingresaron a tratar el tema, circunstancia que encuentra fundamento y apoyatura en conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 302:1666 y D. 394. XIX. "Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ La Cantábrica S.A.M.I.C.", del 10/09/85 y a. 509, XX. "Andrada, Mario y otros c/ Edy S.A.I.F.E.I.", del 12/08/86, criterio recientemente reiterado en "Recurso de hecho de Minera El Desquite S.A. en la causa Villivar, Silvana Noemí c/ Provincia del Chubut y otros", del 17/04/07).

Finalmente en este aspecto, viene al caso recordar las directivas sentadas por el Alto Cuerpo Nacional en el sentido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable. Sólo casos que trascienden ese ámbito de apreciación, para internarse en el campo de lo irrazonable, licuo o arbitrario, habilitan la intervención de los jueces (C.S.J.N., 04/09/07 "Álvarez Moser, Juan Jorge c. Bianchini, Roberto Ángel", del dictamen del Procurador General al que se adhirió la Corte quien citó la doctrina, entre otros, de Fallos 308:1361; 313:410; 324:2248; 325:2600; 327:4495, La Ley, 2004-F, 713). 10º) En otro orden, también deben desecharse las protestas esgrimidas respecto al proceso de formación, tratamiento "sobre tablas" y sanción de la citada ley Nº 7.251. Ello así, toda vez que los aludidos problemas escapan a la esfera de conocimiento propia de esta vía, lo que no implica de modo alguno que este Superior Tribunal abdique de su rol de guardián de los principios republicanos consagrados por la Constitución Nacional y del buen funcionamiento del mecanismo del gobierno democrático, ya que por el contrario, este Alto Cuerpo reconoce que su principal obligación consiste en brindar, dentro de los parámetros señalados y en los casos que se traen a su conocimiento en la oportunidad antes indicada, decisiones que interpreten reglas básicas contenidas en la Norma Fundamental para la dirección de una sociedad libre.

En el cumplimiento de esta misión, en definitiva, debe primar un adecuado equilibrio entre esa interpretación constitucional y la discreción judicial, como inevitable consecuencia de la definición que este Tribunal debe formular acerca de sus propias limitaciones.

Ahora bien, no es lícito que los jueces se pronuncien de oficio y en abstracto sobre la validez de los actos de otros poderes del Estado y, en especial, de las leyes y reglamentaciones. Tal principio reconoce por fundamento la presunción de validez de los actos estatales y la necesaria limitación de la facultad judicial de invalidarlos requiere de los supuestos de existencia de una causa y de un peticionario cuyos derechos se encuentran realmente afectados.

Es que, la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes del Estado -tal como lo pretende la quejosa-, de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial evitando así enfrentamientos estériles (Fallos 155:248; 254:43, considerando 4º; 263:267, considerando 8º y 282:392, considerando 13º, entre otros).

11º) Lo contrario importaría inmiscuirse el magistrado en la forma del debate y discusión parlamentaria, problema que -como ya se dijo- queda fuera del campo de conocimiento por esta vía, en virtud de las particulares condiciones que presenta el supuesto de autos, donde la parte actora lejos de focalizar su cuestionamiento en la ley Nº 7.251 y pedir en forma adecuada y oportuna su declaración de inconstitucionalidad, dirigió su crítica a la manera en que aprobó la citada ley, la que juzga de "sospechosa e interesada", sin indicar ni puntualizar cuál es el interés propio y concreto que ello le provoca, lo cual exime de mayores consideraciones.

12º) Ello así, tanto más cuando el proyecto de expropiación data del año 2007 (v. fs. 560/561), extremo que no desconocía la accionante, habida cuenta que en los fundamentos del citado, los diputados expresaron que: "Habiendo tomado conocimiento en reuniones mantenidas con la actual propietaria y los ocupantes del terreno mencionado en esta ley, y viendo la necesidad de una seguridad habitacional de las familias asentadas en el mismo, se ha acordado, en común acuerdo, esta expropiación" (v. último párrafo), coyuntura de la que no cabe desentenderse.

13º) Por otra parte, este agravio también es técnicamente insuficiente, por lo que corresponden idénticas observaciones en cuanto falta una argumentación seria, ya que se advierten entremezclados los conceptos y los reproches que se dirigen respecto del tema (v. fs. 574 vta./fs. 575 vta.), siendo reiteradas -aunque con mayor especificidad-, mediante el libelo recursivo extraordinario, todo lo cual a la postre deviene igualmente extemporáneo.

14º) Resultan abstractas también las quejas relativas a la falta de promulgación de la ley Nº 7.251, ya que conforme surge de las constancias de la causa, la misma fue promulgada el 27/06/2013 por Decreto Nº 1311 del Gobernador de la Provincia del Chaco (v. fs. 609), circunstancia que torna inexistente el agravio, no siendo viable su tratamiento, puesto que la decisión judicial en tal sentido sería inoficiosa (Fallos 285:353; 292:218) o inútil (Fallos 243:146), al no mediar gravamen bastante (Fallos 286:220).

15º) Ya para finalizar, es preciso destacar que, como acertadamente lo expresó el Tribunal de Apelaciones (v. fs. 647, último párrafo y fs. 647 vta., primer párrafo), la parte recurrente no sólo no demostró claramente que la ley Nº 7.251 contraría la Constitución Nacional, sino que tampoco probó el gravamen causado por la misma en el caso concreto de autos, valladar formal que no logra ser superado en esta instancia extraordinaria con las manifestaciones vertidas a fs. 674 vta./675, pues -tal como lo señaló el juez de origen-, aquí no está en discusión el derecho reconocido sobre la propiedad a la actora, sino que debió acreditar cuál es el daño y perjuicio que le ocasionó la medida expropiatoria.

Es que, no puede perderse de vista que en los hechos la expropiación se traduce en una suma de dinero que recibirá la propietaria como precio equivalente al valor del bien, el que se encontraba en trámite de determinación del monto indemnizatorio por la Junta de Evaluación, conforme informe del 01/08/13, suministrado por la Asesora del Departamento de legal y Técnica de la Secretaría General de la Gobernación (v. fs. 611).

El Máximo Tribunal Nacional ha dicho "La declaración en juicio de invalidez constitucional no sólo requiere la aserción de que la norma impugnada pueda causar agravio del expresado carácter, sino que se haya afirmado y probado que ello ocurre en el caso" (C.S.J.N., "Banco del Chaco v. Sucesión de Segundo N. Quiña y otros", del dictamen del Procurador General, coincidente con el reiterado criterio de la Corte en Fallos: 300:353 y 302:1666, entre otros), extremo que no acontece en la especie. Por lo tanto y tal como surge de las constancias de la causa, la parte quejosa sólo alegó la existencia del daño que supuestamente le provoca la mentada ley de expropiación, amén de remarcar que recién lo hizo en esta instancia extraordinaria; sin embargo, obvió acreditar en el supuesto concreto tal circunstancia (confr. Fallos 311:1880 y 312:2315). 16º) A mayor abundamiento, no podemos dejar de señalar que todos estos agravios que forman parte del presente remedio extraordinario podrán ser considerados ante la eventual situación de promoverse una posterior demanda contra la expropiación decretada, oportunidad en la que podrán discutirse ampliamente. 17º) Concluimos en que todo lo expuesto resulta demostrativo que lo decidido por la Alzada -que confirmó la resolución de fs. 568 donde se suspendió la orden dispuesta por el mandamiento de desahucio en virtud de la ley Nº 7.251 que declaró la expropiación de los terrenos ocupados-, no contiene un vicio de gravedad tal que lo haga descalificable como acto jurisdiccional válido, por lo que deberá desestimarse el recurso extraordinario en trato.

18º) Costas. Las correspondientes a esta instancia extraordinaria, dado el resultado que se propicia y lo normado por el art. 68º del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, deberán imponerse a la parte recurrente vencida.

19º) Honorarios.	La regulación de emolumentos de los profesionales intervinientes en esta sede se difiere para la oportunidad en que exista base (art. 5, 4° párrafo, ley N° 2.011 t.o. y modifatoria ley N° 5.532).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA Nº__276__ I.- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 658/675 vta., contra la resolución dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 646/648.

II.- IMPONER las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida.

III.- DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad indicada en el considerando Nº 19) del Acuerdo que antecede.

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen. HUGO MIGUEL FONTEINA-IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO- FERNANDO ADRIÁN HEÑIN