marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, modalidades del contrato de trabajo, contrato de trabajo por tiempo indeterminado, contrato de trabajo eventual, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Leiton,  Gabriel  Eduardo c/ Compañías de Servicios Hoteleros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

La circunstancia de que exista un cierto alea en la realización o no de eventos y en su cantidad mensual, no evidencia que se trate de servicios o exigencias extraordinarias y transitorias como las descriptas por el art. 99 de la LCT porque es obvio que, independientemente de su número, la concreción de eventos es una exigencia ordinaria y normal del giro empresario. Así, el trabajador se desempeñó durante 7 años para la empleadora en virtud de un típico contrato de trabajo por tiempo indeterminado, por lo que una disposición convencional que -por vía de una calificación diferente- determina el reconocimiento de un beneficio inferior al que emana de la norma legal, resulta inaplicable (conf. art. 7 de la ley 14.250 y 8 de la LCT). Un convenio colectivo únicamente puede prevalecer sobre la ley, cuando consagre mayores beneficios para el trabajador y en el caso la subsunción del trabajador en la categoría contemplada por el art. 71 inc. b) del CCT 130/90, vulnera el orden público laboral en perjuicio de los principios consagrados en los arts. 8, 9, 12 y 13 de la LCT. Toq. 1233.
Homicidio, relación de causalidad
Materia: PENAL
Carátula: BARRETO, Rubén Darío s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-28

Si el traumatismo de cráneo con fractura de la bóveda y hematoma subdural, consecuencia del golpe asestado por el encausado, fue la causa originaria, determinante y provocadora de la aparición de las complicaciones multiorgánicas que al fin provocaron la muerte de la víctima, habiendo existido un encadenamiento causal ininterrumpido, la relación causal entre el hecho y el efecto debe darse por probada.
Tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, suspensión del trabajador, pago de la remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Arzuaga, Carlos Alberto c/ Zetone y Sabbag S.A. s/ Sumarisimo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-18

La medida cautelar del art. 52 de la ley 23551 -suspensión de la prestación laboral en el caso de trabajadores amparados por la tutela sindical- se dicta inaudita parte y contra un trabajador que se ve desterrado de su ámbito de representatividad sin ser previamente oído en cuanto a la pertinencia de tal separación; pudiendo el trabajador, en el caso, reclamar la remuneración que le correspondía.
Seguros, asegurador, control estatal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gamarra, Eva Felicia y otro c/ Fortino, Antonio Carlos y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

El art. 25, ap. 2, de la ley 20.091 prescribe que "la autoridad de control cuidará que las condiciones contractuales sean equitativas", por lo cual es dable afirmar que el control administrativo tiene fundamento preceptivo suficientemente amplio como para que en su rol fiscalizador la Superintendencia de seguros de la nación niegue la aprobación de aquellas condiciones generales que importen el ejercicio abusivo de los derechos, el desvío de la finalidad económico-social perseguida, el exceso de los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 1071 Cód. Civil) o cuando la condición predispuesta contraríe una norma imperativa (21, 953, 1167 Cód. Civil; 25, ap. 1 Ley 20091; 11 y 158 ley 17.418) o aquellas inmodificables, sino en favor del asegurado (art.

158 ley 17.418).
Prueba, in dubio pro reo, falta de prueba, juicio por jurados
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S.E.R.  c/  s/ femicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2021-11-24

La Defensa se limitó a desarrollar prueba en forma individual sin ver el conjunto, cuando es preciso determinar si el estándar de prueba de la duda razonable se concreta cuando se realiza un proceso de integración de todas las pruebas. (voto del Dr. Miguel Ángel Cardella sin disidencias)
Concursos, honorarios del abogado, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanco, Rufino c/ Cerealoeste S.A. s/ Demanda sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-21

Los honorarios profesionales contra la masa del concurso surgidos como consecuencia de una actuación judicial promovida por su síndico, conforma un "título posterior" en los términos del art. 2º inc. "b" de la llamada ley 21.488, lo que determina la imposibilidad de proceder a la actualización hasta la oportunidad prevista en su art. 1º, sin perjuicio que la facultad indexatoria se pueda oportunamente dinamizar si se llegaran a dar los supuestos previstos para esa consecuencia.
Fondos fiduciarios, citación a juicio, Colegio de Escribanos, responsabilidad del colegio profesional, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-ECONOMIA
Carátula: SINISCALCHI JORGE ARMANDO c/ BALSEIRO DE DE BENEDETTI ANA MARIA Y OTRO s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-02

Cabe dejar sin efecto la sentencia que admitió la citación a juicio del fondo fiduciario creado por el art. 158 de la ley 404 (C.A.B.A), y le extendió la condena en los términos de dicho precepto, al Colegio de Escribanoos local- en su carácter de administrador de aquel fondo-, pues aun cuando el discurso judicial no tiene que seguir necesariamente a las partes en sus invocaciones jurídicas, examinando todos y cada uno de los elementos argumentativos y probatorios traídos al expediente, en la especie ha quedado en claro que el tribunal atendió a unos puntos e ignoró -sin fundamentos plausibles- otros de importancia, realizando una selección incongruente. -Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que la Corte remite-.
Encargados de casas de renta, sereno, jornada de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: REY, CARLOS A. c/ CONSORCIO PROPIETARIOS J. ALVAREZ 1449 s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

Los cuidadores, serenos o nocheros, que cumplen una vigilancia nocturna en edificios de propiedad horizontal, y que son contratados por el consorcio de propietarios para su desempeño como porteros nocturnos, sin estar armados, quedan encuadrados en el art. 6 del CCT 298/75 y por ello su jornada de trabajo es de 7 horas.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, impugnación del acto administrativo, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Alejandro Fabián Bosco y Enrique Rafael Bosco SH c/ Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-29

Corresponde rechazar la queja porque el GCBA no dirige sus agravios contra los motivos en los que la Sala fundó el auto denegatorio, sino que plantea su disconformidad con la interpretación que efectuó de la norma del CF que tipifica la omisión fiscal y establece la sanción de multa. En efecto, la Alzada resolvió revocar esa sanción conforme las constancias probatorias obrantes en las actuaciones y a tenor de las consideraciones vertidas por el Tribunal en los autos "Generación 2010 SA c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos s/ recurso de apelación ordinario concedido", sentencia del 3-19-2018, recaída en el expte. n° 13180/16. En este precedente, el Tribunal -por mayoría- sostuvo que para la procedencia de esa multa debían darse los dos extremos indicados por la norma, en el caso, art. 98 del CF (t.o. 2013) es decir, la omisión del pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y de la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error excusable. En su presentación recursiva el demandado no esgrime argumentos que trasciendan el carácter infraconstitucional de la cuestión traída a consideración del Tribunal, principalmente, respecto de la afectación al principio de legalidad o de reserva de ley en materia tributaria que invoca. (Del voto de las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Condominio, facultades de los condóminos
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ DE AIMO, Delia Noemí y otro c/ AIMO, Alice Susana s/ FIJACION Y/O COBRO DE VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

Para que el derecho de los comuneros de gozar de la cosa común pueda hacerse efectivo, debe existir un interés en ejercer la facultad, o bien de obtener un beneficio del bien de que se trate.

Caso contrario, en tanto tal interés no se manifieste, el uso y goce que haga uno de los coherederos no priva a la comunidad hereditaria de ingreso alguno.-
Consejo de la Magistratura, consejero del Consejo de la Magistratura, nombramiento, división de poderes, cuestión justiciable, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juez, Luis Alfredo y otro c/ Honorable Cámara de Senadores de la Nación s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-08

Toda vez que se trata de revisar el cumplimiento de un aspecto no discrecional del proceso por el cual el Poder Legislativo participa en la conformación de un órgano constitucional del Poder Judicial, como lo es el Consejo de la Magistratura (artículo 114 de la Constitución Nacional), la cuestión resulta justiciable y debe ser sometida a un severo escrutinio por parte de la Corte, pues el control judicial no recae sobre un acto relacionado con la dinámica propia de la organización interna de una de las cámaras del Congreso -materia que se encuentra reservada a su ámbito de discrecionalidad- sino sobre la regularidad del procedimiento seguido por dicha cámara para integrar un órgano constitucional incorporado en la reforma de 1994 para fortalecer la independencia del Poder Judicial.
Valor vida, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: DOMINGUEZ GUADALUPE J. c/ CORVALAN DARIO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-23

A los fines de establecer el valor vida, debe tenerse en cuenta respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil, su educación, profesión u oficio, su probabilidad de progreso y ahorro, aptitud para el trabajo, nivel de vida y condición social;

mientras que desde el punto de vista del que reclama indemnización, habrá de meritarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía, número de miembros de la familia, etc., factores todos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial. A los fines de la fijación del resarcimiento no se pueden aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar el fin de la norma (arts. 1084 y 1085 del Cód.Civil que rigen específicamente los hechos ilícitos que tienen por resultado la muerte de una persona), deja "a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización".
Pago, depósito judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: COVENT  SACIF c/ FORCE  SRL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

El pago judicial debe entenderse cumplido cuando los fondos depositados se encuentran disponibles para el accipiens y para ello es menester -cuanto menos- que éste conozca la existencia del depósito.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, notificación, notificación por cédula, diligenciamiento de cédulas, nulidad de la notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Compañía Meca S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de Apelación Judicial Aires s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

En el caso el Sr. Notificador no identificó adecuadamente a la persona que lo atendió ni indico que el entrevistado se haya negado a identificarse, y tampoco que no pudiera o no supiera firmar. Sólo se limitó a señalar que no encontró a la persona requerida y que el entrevistado -que permaneció anónimo- se negó a recibir la cédula, por lo que procedió a fijarla en la puerta de acceso al domicilio.

Al no haberse indicado si se trató de una persona del departamento o del edificio, o bien del encargado, tampoco puede inferirse si la cédula fue fijada en la puerta del departamento o en la de acceso al edificio.

En materia de diligenciamiento de notificaciones, la irregularidad constatada -que genera incertidumbre acerca de la modalidad de su realización- es suficientemente grave como para impedir al interesado cumplir oportunamente con el acto procesal vinculado a la resolución motivo de la notificación.

Dadas las exigencias de seguridad jurídica que el acto notificatorio requiere y ante el perjuicio que los vicios indicados puede ocasionar al interesado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo y Tributario corresponde hacer lugar a la nulidad pretendida. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Eduardo A. Russo.
Intervención de línea telefónica, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Mones Ruiz, Fernando Javier y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-16

La orden de intervención telefónica dispuesta no satisface el mínimo de fundamentación si de las constancias que el juez tuvo a su disposición al momento de decidir respecto de la solicitud de intervención telefónica efectuada por la autoridad policial, no puede derivarse una inferencia fundada de que se estaría cometiendo una infracción a la ley 23.737, ya que la autoridad de prevención no explicó de qué modo obtuvo la información alegada y de dónde provino, ni tampoco expuso las razones por las que afirmó que los movimientos que se dice haber observado en el local vigilado eran compatibles con la venta de sustancias prohibidas. La disidencia parcial expresó que correspondía anular la sentencia si sólo se efectuó una reseña del contenido de los elementos de prueba incorporados al juicio sin haber quedado establecido cuál es el hecho que se tuvo por acreditado y por el cual los imputados resultaron finalmente condenados. (Dres. Mitchell -en disidencia parcial-, García y Yacobucci).
Concesión comercial, Transporte, responsabilidad del concesionario (administrativo), eximentes de responsabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Transener S.A. c/ Resolución ENRE 70/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-17

Del texto del contrato y de las restantes disposiciones que regulan la concesión surge que la transportista otorgó una garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación, en términos amplios.

(Se pactó una obligación de resultado cuyo cumplimiento se aseguró -en atención a la ausencia de parámetros que la restrinjan- aún cuando cualquier eventualidad atentara contra él, incluso los hechos producidos por caso fortuito o fuerza mayor). (Del voto de la Dra.

Garzón de Conte Grand, consid. V).
Interpretación amplia, aplicación de la ley laboral, reformatio in pejus
Materia: LABORAL
Carátula: Utrera Paula Elizabeth c/ Romero Mónica María Teresa s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-03

De acuerdo con los principios de la hermenéutica generalmente aceptados, la expresión literal constituye sólo la primera orientación para el intérprete, y a partir de allí recién comienza el verdadero proceso interpretativo, el cual se deberá profundizar si se constata que la directa aplicación del texto expreso puede violar la finalidad legal y conducir a resultados disvaliosos. Es entonces cuando se buscara precisar cuáles han sido las valoraciones tenidas en cuenta por el legislador, la ratio legis, en fin, los motivos y causas que determinaron la sanción de la ley. La interpretación de institutos legales en el derecho del trabajo (un derecho social por excelencia, un sistema de protección legal de los más desprotegidos, de igualación del desigual) debe favorecer al económicamente más débil que es el trabajador (Voto Welp en adhesión a Romero)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), gravamen eventual, pena, reincidencia, libertad condicional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VILLANUEVA, EMANUEL DAVID c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE AGRAVADO POR LA UTILIZACION DE UN ARMA DE FUEGO, PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA, ROBO CALIFICADO POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

El agravio defensivo referido a que la declaración de reincidencia causaría un perjuicio irreparable al penado al restringir su acceso a beneficios durante la condena sólo pone en evidencia la falta de actualidad de tal gravamen, siendo que tal hipotética afectación podría ser traída a consideración de este Tribunal por vía del recurso extraordinario cuando, oportuna y eventualmente, la posibilidad de obtener la libertad condicional le fuera denegada; lo que constituye una expectativa futura que, al no ser inmutable, torna inadmisible -por prematuro- su tratamiento.
Asegurador, costas
Materia: CIVIL
Carátula: Milano, Marcelo Damián c/ Oroño, Diego Ramón y otros s/ daños y perj. autom. - les. o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-11

La aseguradora citada en garantía debe responder por las costas de segunda instancia en los términos del contrato de seguro.
Caducidad de instancia, recurso de queja (procesal), plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Internos  SRL s/ concurso  preventivo,  incidente  de revisión Héctor Osvaldo Chaiman.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Sólo el cumplimiento íntegro de la providencia que exige la presentación de diversos recaudos interrumpe el plazo de perención de la queja
Derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento domiciliario, cuestión de derecho público local, proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: M., M. A. y S., J. C. s/ Secuestro extorsivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   235-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

La reglamentación del derecho a la inviolabilidad del domicilio ha sido efectuada por las respectivas leyes locales de procedimiento, las que han determinado los requisitos necesarios para allanar un domicilio, la autoridad competente para ordenarlo y las formalidades a observar. Así, en nuestro ordenamiento adjetivo, el artículo 218 del Código Procesal Penal establece como condición de validez del registro domiciliario que el mismo -como regla- se lleve a cabo en virtud de decreto fundado del Juez, y que si la diligencia se delega en funcionarios de la Policía, la orden debe ser escrita, expresando el lugar y tiempo en que la medida deberá efectuarse, y la autoridad o funcionario que la hubiere de practicar o, en su caso, si queda autorizado para comisionarla en subalternos. Asimismo, y no obstante tal principio, en el mismo cuerpo legal se contemplan supuestos excepcionales que habilitan el allanamiento sin orden judicial (artículo 221), lo cual autoriza a sostener que, en rigor, no resulta exigencia del artículo 18 que la orden de allanamiento emane de los jueces, y que el principio es que sólo ellos pueden autorizar esa medida, sin perjuicio de algunos supuestos en que se reconoce a los funcionarios policiales la posibilidad de obviar tal recaudo.
Queja por apelación denegada, clausura del establecimiento, sanciones tributarias, multa tributaria, gravamen irreparable, revisión judicial de actos administrativos, presentación extemporánea, feria judicial, procedencia del recurso
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: IMPORTECA S.A. s/ Infracciones tributarias, recurso de  queja por apelación denegada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-21

1 - Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por la imputada por no haberle concedido el Juez "a quo" la apelación interpuesta en subsidio contra la providencia del mismo magistrado que declaró extemporáneo el recurso de apelación deducido contra la resolución administrativa que le impuso sanciones de clausura y multa (art. 40, ley 11683) en tanto la resolución apelada es susceptible de causar un agravio sin posibilidad de ulterior reparación (art. 449 del CCP).- 2 - El pronunciamiento jurisdiccional emanado de organismos administrativos debe quedar sujeto a control judicial suficiente, que debe ser más o menos extenso y profundo según las modalidades de cada situación jurídica (CSJN, FALLOS 247:652) y las sanciones previstas en el art. 40 citado son de cierta gravedad - la clausura del local de comercio y una multa - por lo que no pueden quedar excluídas de dicho control.- 3 - Si bien es cierto que en el caso el recurso de apelación fue presentado vencido el plazo establecido en el art. 78 de la ley 11683, en el caso el representante de la sancionada invocó que no pudo conectarse con su abogado defensor debido a que cuando recibió la notificación transcurría la feria judicial de enero y en tanto la resolución dictada por el Jefe del Departamento de Fiscalización Operativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos expresaba "... deberá ser presentado indefectiblemente con patrocinio letrado...", resulta necesario admitir la postergación del plazo hasta la conclusión de la feria judicial, con lo cual la apelación resultó deducida en término.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Delfino, Humberto R. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

El monto indemnizatorio debe quedar limitado a las erogaciones que debió desembolsar la actora, que constituyen una consecuencia inmediata del incumplimiento en que incurriera la demandada (art.

903 Cód. Civil). Mas no debe comprender las consecuencias resultantes del obrar de un tercero totalmente ajeno al actor, quien también efectuó los trabajos deficientemente, pues se trata de consecuencias casuales que no pudieron razonablemente preverse (arts. 904, 905 Cód. Civil).