marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, estabilidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aliendro, Marta Ofelia y otros c/ Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-30

El hecho que, la Administración liquidara erróneamente el rubro en cuestión, no constituye causa legal que confiera derecho alguno a continuar percibiendo la suma que supere la remuneración que estricta y legalmente corresponde. Desde la óptica administrativa, tal proceder, realizado en contraposición a las normas legales y reglamentarias, debe ser calificado como irregular, por lo que la Administración debió corregir el error, por cuanto su actuación se encuentra sujeta al principio de legalidad; significando ello su sometimiento o subordinación al bloque jurídico, comprendiendo la condición de que debe actuar siempre con arreglo al derecho, incluido aquél que ella misma elabora (del voto del Dr. Hutchinson).
Derecho Tributario, delitos aduaneros, sujeto activo, inmunidad tributaria del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Safra C.I.F. -T.F. 7054-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-27

El art. 910 del C.A. establece que: "Salvo el Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas, las entidades estatales, cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren no gozan de inmunidad alguna en materia de responsabilidad por infracciones aduaneras". El citado artículo prevé la inmunidad de las personas de existencia ideal de derecho público, con excepción de los entes descentralizados que sí son responsables. Cabe destacar, que sobre este punto sentó jurisprudencia la C.S.J.N. in re: "Diebel y Saporiti y Dirección General de Hospitales de Santiago del Estero c/ Aduana", del 20/12/94, conforme al cual la excepción a la regla del art. 3 del C.C. establecida por los arts. 1027 y 1028 de las Ordenanzas de Aduana debe interpretarse restrictivamente limitándola a aquellas personas jurídicas de existencia voluntaria, de interés privado, creadas con fines económicos. Tratándose de personas jurídicas de existencia necesaria, creadas con un fin político por excelencia como son el Estado, las provincias y cada uno de los municipios o de órganos de la administración pública la excepción es inaplicable y la regla general recobra todo su valor (confr. Fallos: 200:419).

Eta Sala se pronunció en una causa sustancialmente análoga a la presente sosteniendo que "la inmunidad subjetiva establecida en el art. 910 del C.A. sólo alcanza, como el propio tenor literal de la disposición señala, al Estado Nacional, las provincias, las municipalidades y sus respectivas reparticiones centralizadas, siendo inaplicable al resto de las entidades estatales cualquiera fuere la forma jurídica que adoptaren" (confr. "Safra C.I.F. -TF 7051-A c/ A.N.A.", del 15/5/96).
Régimen de consolidación de deudas, obligación principal, obligaciones accesorias, honorarios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Bordeau de Jones, Marta c/ Administración de Parques Nacionales s/ Juicio de Conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

El Tribunal interpreta el art. 1,inc. d) de la Ley 23.982, en el sentido de que los honorarios profesionales constituyen una obligación accesoria de la principal reconocida en la sentencia, con lo cual si ese crédito se encuentra consolidado, también lo están los honorarios regulados al perito que actuó en el expediente.
Cambio de categoría, facultades de la administración
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivares María Cristina c/ Provincia del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-05-11

El derecho a ser ascendido (o, en su caso, a ser reencasillado) no es un derecho absoluto o automático, sino que responde a cuestiones de mérito y de posibilidades de la Administración, con lo cual depende entonces de circunstancias personales del agente y la existencia de vacantes o la creación de cargos -sujeta siempre a razones de servicios-, la previsión presupuestaria y la decisión de la administración de cubrirlas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, funcionarios judiciales, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Dr. Roberto DELLAMONICA c/ Ref. situación agente judicial Alejandro RODRÍGUEZ s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - (Expte. C.S.J. nro. 533, año 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-04-19

El sistema disciplinario se establece en resguardo del buen orden administrativo necesario al cumplimiento de la función y la prestación del servicio de justicia. Tratándose, entonces, de cuestiones de naturaleza disciplinaria, su restringido ámbito de revisión y las vías recursivas han sido reservados centralmente a preservar el derecho de ser oído y de ofrecer prueba, en defensa del debido proceso. En el caso, la sanción de un jus de multa aplicada a un empleado judicial con motivo de haber incurrido en inconductas en el ejercicio de su cargo, se fundamentó particular y detalladamente en investigaciones efectuadas, informes y declaraciones testimoniales; y la interesada tuvo, efectivamente, suficiente oportunidad para efectuar su defensa. Frente a ello, la compareciente desliza quejas genéricas más sin atacar en concreto las pruebas rendidas ni acreditar -siquiera "prima facie"- que las circunstancias fácticas y probatorias que fundaron la resolución resultaran apartadas de los antecedentes de la causa, ni especificar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada, lo que sella definitivamente la suerte adversa de la presente impugnación (Del Voto de la Dra. Gastaldi)
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, acción privada, delitos contra el honor, audiencia de conciliación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "WORNAT, Olga s/ extinción de la acción penal".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-03

El llamado a prestar declaración indagatoria no es un acto ajeno a los juicios por delitos de acción privada. Es decir, si bien la audiencia de conciliación es un acto propio de los procesos por delitos de acción privada. (Art. 424 del C.P.P.N.) la indagatoria puede tener lugar en ambos tipos de juicio (arts. 294 y 427 del C.P.P.N.). En consecuencia, no cabe la equiparación entre la audiencia de conciliación y el llamado a prestar declaración indagatoria como interruptiva del curso de la prescripción de la acción penal. Además, la precisión con la que se manifestó el legislador al estipular los actos con entidad interruptora y el principio de máxima taxatividad interpretativa - derivado del principio de legalidad- ubican a la asimilación del llamado a audiencia de conciliación a la de la declaración indagatoria en el campo de la analogía in malam partem, motivo por el cual, dada la prohibición absoluta de este proceder en el derecho penal aquella convocatoria carece de tal virtualidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WORMS ARGENTINA S.A. c/ COMUNA DE FIGHIERA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-03

Las alegaciones de la quejosa insistiendo en la necesidad de que continúe la operatoria de la planta en beneficio de la comunidad para la disposición de los residuos sólidos y líquidos industriales orgánicos no peligrosos, evidencian la mera discrepancia con el criterio con que el Tribunal que, en ejercicio de funciones propias, analizó las circunstancias fácticas de la litis conforme las constancias de autos y aplicó las normas pertinentes, ámbito que resulta ajeno a esta instancia extraordinaria ya que -más allá del grado de acierto o error en lo decidido- no se acredita que en tal faena los Juzgadores hubieran excedido los cánones interpretativos que confieren, ni que hubieran omitido dar suficientes fundamentos para rechazar el planteo de la actora, de manera tal de configurarse una cuestión constitucional. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley nacional 25675; Ley provincial 11717; Decreto Reglamentario 101/03; Ley 2439, artículos 1 y 45; Constitución nacional, artículos 5, 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 75 inciso 12 y 30, 121, 123, 124, 125, 126; Acta 389 de la Comisión comunal de Fighiera del 3.8.11; Resolución 118/12 del 15.10.12 de la Secretaría de Medio Ambiente; y Resoluciones 386/16 y 18/17 del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.
Suspensión del juicio a prueba, inhabilitación especial
Materia: PENAL
Carátula: Garret, Mark Theis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-22

Las características de la pena de inhabilitación especial prevista en el art. 20 bis del CP la excluyen de la hipótesis prevista en el último párrafo del art. 76 bis del CP que refiere que "tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación", pues la norma se refiere a la pena prevista para el delito imputado. El voto concurrente expresó que la interpretación del art. 76 bis del CP que se impone es aquella que no contempla como obstáculo a la procedencia de la suspensión del proceso a prueba que el delito de que se trate tenga prevista pena de inhabilitación, a menos que lo sea en modalidad absoluta. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos -según su voto-).
Concursos, quiebra, síndico del concurso, multa, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Perri, Enrique Ernesto c/  s/ pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-04

El análisis y valoración de los actos cumplidos por el síndico en orden a la eventual aplicación de sanciones debe ser apreciada globalmente, considerando la totalidad de su desempeño, aún cuando un buen comportamiento general no obsta a su remoción si la causa es grave.
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros, relación de causalidad, prueba, presunciones, sentencia arbitraria, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: Galli  de  Mazzucchi, Luisa Virginia c/ Correa, Miguel Angel y otro. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-06

La sentencia que concluyó que la recurrente no cumplió con la carga de acreditar la relación causal que le impone el art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la NACION comportó un exceso de rigor formal ya que desconoció a las declaraciones de un testigo y al boleto del transporte, que fue agregado a la causa y reconocido por la empresa demandada, el valor de pruebas indiciarias que, integradas con las demás, podían ser decisivas para el resultado del pleito.
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo, inconstitucionalidad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Albarenga, Hugo Eduardo c/ Sendros Hnos. Soc. de hecho y otros s/ Cobro de pesos (Acc. de trabajo y otros rubros; planteo de  inconstitucionalidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-11-08

La Ley de Riesgo del Trabajo, en su artículo 39, inciso 1), resulta inconstitucional por violar garantías contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Corresponde hacer lugar a la acción de daños basada en el derecho común no obstante haberse el actor sometido al sistema de la L.R.T. y percibido conceptos indemnizatorios. Resulta procedente la defensa de falta de acción opuesta por la L.R.T. ya que ésta sólo responde en la medida del seguro contratado no siendo extensiva a las mismas una eventual condena por daños y perjuicios.
Depreciación monetaria, contrato de trabajo, derecho a la justa retribución
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: Suárez, Manuel R. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

El principio de "afianzar la justicia" y la garantía de la retribución justa (Preámbulo y art. 14 de la Constitución Nacional) exigen que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de sus valores y a la finalidad de cada una de ellas;

situación equitativa que resulta alterada cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido su valor real, su poder adquisitivo, en relación a sus fines propios de naturaleza alimentaria, por influencia de factores que no dependen del acreedor.
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MORELLI, EDGARDO ARIEL ALDO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-12-05

Pese al esfuerzo realizado por el recurrente en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, no logra demostrar que en el sub judice se haya inficionado la garantía de imparcialidad en razón de que el mismo Tribunal disciplinario del Colegio de Abogados fue el encargado de tramitar la instrucción; desde que no cualquier intervención funcional de un magistrado lo hace incurrir en temor de parcialidad afectando irremediable su jurisdicción, sino que siempre se alude a un fundado temor, a una duda razonable, a dudas legítimas, a una desconfianza justificada o una sospecha según una valoración razonable; y en autos, el Tribunal de Ética sólo se limitó a disponer traslados, hacer saber y notificar a las partes, hacer lugar a la suspensión de una audiencia y actividades funcionales previas al dictado de una resolución que no implicaron un examen de mérito sobre la prueba ni mucho menos una actividad investigativa que justifique considerar afectada su imparcialidad.
Auto de sobreseimiento, sobreseimiento total, sobreseimiento parcial
Materia: PENAL
Carátula: PARQUES INTERAMA S.A. s/ Contrabando Causa 24816
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-07

1- La ley procesal no ha previsto que el decreto de sobreseimiento, sea provisional o definitivo, tenga que parcializarse en función de cada una de las hipotéticas acusaciones que pudieran caber o de los distintos hechos incluidos en la denuncia o prevención. La parcialización está contemplada únicamente respecto de distintas personas que hayan sido procesadas (Art. 438, C.P.M.P.).- En la medida en que lo investigado, aunque comprende conductas y hechos diversos, aparece como un contexto único, puede resultar inconveniente descartar de antemano, ya sea la delictuosidad de ciertos hechos, la intervención en ellos de determinadas personas no procesadas o la posibilidad de incorporar mayores indicios. Tal temperamento podría, eventualmente, llegar a obstaculizar la persecución que pueda corresponder respecto de los hechos para los que no se considera concluida la instrucción del sumario. (Del voto del Dr. Hendler).- 2- El Dr. García Quiroga adhiere al voto del Dr. Hendler, con la salvedad de no compartir la invocación del Art.438 C.P.M.P., habida cuenta lo dispuesto por los Arts.433 in fine del mismo código. (Citó Barberis, Cód.de Proc.en materia penal, v.1, p.442).
Indemnización por muerte, lucro cesante, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De La Torre María Teresa y otros c/ Bórquez Oyarzún de García Rosalinda y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-07-27

Para determinar el monto de la indemnización por pérdida de una vida debe tenerse en cuenta la capacidad productiva de la víctima, costumbres, cultura, posición económica, profesión, sexo, estado físico e intelectual, vida probable y, con relación a los damnificados, la asistencia que recibían, necesidades, sexo y parentesco, sin olvidar que es una apreciación presidida por un sentido prudencial, destinada a suplir el aporte del muerto en el sostenimiento del hogar y que no debe transformarse en una fuente de lucro para los parientes próximos de la víctima del hecho.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, prueba documental, agregación de la prueba documental, facultades de las partes, documentos en poder de terceros, hechos nuevos, plazos procesales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: María de Buenos Aires Sociedad de Capital e Industria c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Dirección General de Rentas s/ Recurso de Apelación Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-14

Si bien la ley impone la incorporación de la documental en la oportunidad del inicio, también prevé las facultades de que gozan las partes para obtener tal agregación, si esta se encuentra en poder de un tercero (art. 315, CCAyT) o por la invocación de un "hecho nuevo" en los términos y plazos autorizados por el artículo 293 del código citado.
Norma indirecta, culpa concurrente, vehículos, circulación en el mismo sentido, rutas, prueba pericial, apreciación de la prueba, exceso de velocidad, accidente de tránsito, apreciación del juez, daño psíquico, daño moral, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Abello, Patricia Isabel y Otros c/ Parra, Mario Martín s/ Daños y perjuicios por uso automotor con lesión o muerte s/ Daños y perjuicios por uso automotor con lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-13

[...] sin perjuicio de hacerse lugar a los agravios relativos al importe por daño moral, al elevarse el monto por dicho rubro a la suma de $140.000 para cada una, pero en función del porcentaje por cual que prospera la demanda (20%), dicho importe debe ser de $ 28.000,00 para cada una. Sin perjuicio de lo ello y en función del art. 165 del Código Procesal se le asignará a cada una la suma de $30.000.
Despido, injurias
Materia: LABORAL
Carátula: Estigarribia, Hugo Ramón y Otros c/ Cuero Art. Sociedad en comandita por acciones (Cuero Art. S.C.A. y/o quien resulte responsable) s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-10-17

La relación o contrato de trabajo, debe estar a cubierto de rescisiones intempestivas, desde que está de por medio un aspecto intrínseco, como lo es la naturaleza alimentaria que reviste la contraprestación que percibe el trabajador. Quien vaya ser destinatario del despido, conozca con certidumbre el motivo que en el entendimiento patronal se encuentra configurada la injuria grave que prevista en el artículo 243, ley de Contrato de Trabajo torna inconciliable la prosecución de la relación laboral. De ahí que conforme lo establece el art. 243 de la Ley 20744 debe ser puesta en conocimiento del dependiente en el mismo momento que se le comunica el distracto y en forma concreta y explícita, o mejor dicho que, por razones de buena fe, se deben exponer claramente los hechos motivantes de la injuria grave que la empleadora le imputa al trabajador, para que éste tome conocimiento con la necesaria previsión que exige la trascendencia de semejante acto unilateral y recepticio.
Costas, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Gavilán, Héctor c/ Adame, Juan Nabih s/ Escritura s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-08-04

Asiste razón al recurrente respecto de las costas aplicadas por la interposición del recurso, atento a que si el único agravio residía en el 30 % de responsabilidad otorgado por el juez "a quo", y el fallo en cuestión lo eximió de esa responsabilidad, haciendo lugar a la apelación, las costas no pueden reflejar prácticamente la inversa del resultado obtenido, por lo que corresponde aplicar el mismo principio general de la derrota haciendo cargar al actor con las mismas (art. 68 del C.P.C.C.).
Juicio ejecutivo, intervención de terceros
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frontani, Julio s/ Cancelación de Títulos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-24

El librador y los obligados cambiarios revisten la calidad de parte coadyuvante en el proceso de cancelación y debe pues permitirse su intervención voluntaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Transmisión del dominio, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PINTO, PEDRO ARMANDO c/ RAMON LUCIANO SOLIS s/ REIVINDICACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-10-19

Para transmitir sobre un inmueble un derecho real el título debe ser un acto jurídico idóneo para transmitir sobre el inmueble el derecho real de que se trata (verbigracia: venta, donación, permuta, etc.), siendo necesario para su validez revestirse de las condiciones de fondo y de forma establecidas en el código civil.
Despido, antecedentes disciplinarios
Materia: LABORAL
Carátula: Ortiz, Carlos Lidio c/ Eggs, Nestor A. s/ Indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-21

La inasistencia al trabajo precisamente el primer día en que se desempeñaría en nuevas tareas -especialmente tratándose de sereno-, legitima de por sí, el despido. No se trata de una simple modificación o cambio de labores de la misma o similar naturaleza, sino de un cambio que implicaba ala custodia nocturna de los bienes de la empresa, por lo que, en aquella oportunidad, la misma quedó sin cuidado alguno, corriendo riesgos de distinto tipo, por la actitud desaprensiva del actor. Tal inasistencia implicó una actitud contraria a la buena fe y colaboración -artículos 63 y 84 de la Ley de Contrato de Trabajo- que justifican el despido.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Teubner de Lares, Olga Noelia c/ Cisneros, Héctor Aníbal y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

No necesariamente la carencia de los recaudos legales exigidos para aplicar la sanción penal ha de generar inexorables consecuencias en orden a lo dispuesto en el art. 1103 del Código Civil, ni tampoco pueden trasladarse en forma automática al territorio de la responsabilidad civil consideraciones aisladas del decisorio penal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Designaciones docentes, pase a disponibilidad, indemnización, aplicación de la ley, Régimen Jurídico Básico de la Función Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Husen Mirta Silvia y otros c/ E.N. -Mº de Cultura y Educación de la Nación- s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-22

Cuando el propio docente reconoce que el Ministerio de Educación accionado ha dado cumplimiento al único mecanismo indemnizatorio previsto en el art. 20 de la ley 14.473, habiéndose sometido el reclamante voluntariamente al régimen labor especial, no puede pretender la aplicabilidad complementaria del art. 47 de la ley 22.140, cuando expresamente está exceptuado de dicho régimen.

(Del voto del juez Otero, consid. IV).
Contratos civiles, contratos administrativos, doctrina de los actos propios
Materia: CIVIL
Carátula: Astilleros Costaguta  SA c/ Estado  Nacional  (PEN. -Ministerio de Economía- Sec. Int. Marítimos) s/ nulidad de resolución y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Es dable exigir a los contratantes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, y debe desestimarse toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en la otra parte.
Recurso de casación, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: "RAMIREZ CARLOS ALBERTO s/ S.D. LESIONES CULPOSAS E.P. DE EMA LUGONES VDA. DE VELEZ-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-22

Salvo casos excepcionales, el máximo Tribunal de Justicia provincial no puede sustituir el criterio de los tribunales de origen por el suyo propio ya que no constituye una tercera instancia ordinaria.