marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Entidades financieras, Banco Central de la República Argentina, régimen de garantía de los depósitos, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: "Barletta,  Roberto  Antonio c/ B.C.R.A.  y  otro s/ proceso deconocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-26

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido -con relación al artículo 56 de la ley 21.526- que a) el obrar irregular de los depositarios no puede imputarse a los depositantes, salvo que se pruebe su connivencia; b) sin perjuicio de ello es relevante para evacuar los conflictos, especialmente en caso de detectarse irregularidades en las entidades financieras, no sólo la presentación de declaraciones juradas sino también la demostración del real ingreso de las sumas reclamadas y aún la existencia de un patrimonio, disponibilidad o solvencia que haga inferir el origen de los fondos ("Freiman", 21/04/85 y "Rosso", 9/2/89) (Del voto del juez Márquez, cons. V).
Locación, prueba del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS I. Y C. c/ PIDILO S.A.C.I.F. Y E. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-29

Si no existe prueba escrita de la existencia de un contrato que establezca el vínculo, pero de la prueba aportada a la causa surge en forma evidente que se trata de un trabajo ya ejecutado, no procede la aplicación de las limitaciones de forma y prueba que consagra el art. 1193 Cód. Civil.
Acción penal, denuncia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL -PENAL
Carátula: MALDONADO JOSE ALBERTO Y OTRO s/ CASACION  PENAL  -  ACCION  PENAL  DEPENDIENTE DE INSTANCIA PRIVADA -  INSTANCIA  DE  CONSTITUCION  EN  ACTOR CIVIL  -  SISTEMA  DE  NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-03-03

El art. 72 del C.P. condiciona el ejercicio de la potestad represiva del Estado a la voluntad del ofendido por el delito, quien debe provocar la promoción de la acción penal pública por parte de los órganos estatales predispuestos: el ministerio fiscal o la policía judicial.

La instancia es una declaración de voluntad por la que se anoticia el hecho y se solicita (implícitamente) a la autoridad judicial su investigación y, seg un lo disponen los art. 72, inc. 2 del C.P. y 6 y 179 del C.P. debe realizarse por medio de denuncia. Pero ello no significa que esta deberá reunir, a los fines de remover el obstáculo para la promoción de la acción las formalidades impuestas por las normas procesales, sino que tal exigencia se satisface mediante la individualización hecho que se denuncia.

La inexistencia de la instancia torna ilegales todos los actos procesales cumplidos, por omisión de una forma sustancial del procedimiento y, por consiguiente, acarrea su nulidad, a pesar de que esta sanción no esté expresamente dispuesta por la ley procesal, ya que la nulidad deriva de una ley jerárquicamente superior (Código Penal CN, arts. 67, inc. 11 y 31) cuyos efectos no pueden ser desvirtuados por el legislador provincial.
Telecomunicaciones, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. c/ Provincia de Mendoza. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-25

Las atribuciones nacionales no excluyen la subsistencia de poderes locales, compatibles con aquéllas, en la medida en que no interfieran ni obstruyan los fines que sustentan la jurisdicción nacional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Beneficios previsionales, régimen jubilatorio, haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Albornoz, Luis Oscar c/ ANSeS s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-28

Si se admitiera que la ley 23.928 derogó el art. 53 de la ley 18.037, al haberse dejado sin efecto la norma reglamentaria del derecho constitucional a la movilidad sin establecer una regulación sustitutiva, la situación resulta equivalente al supuesto en que se modifica un régimen jubilatorio por otro que es declarado inconstitucional, caso en que se considera razonable aplicar aquél en cuyo amparo se obtuvo el beneficio. -Del precedente "Sanchez", al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Szulansky, Héctor A. c/ Willson, Eduardo y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El valor económico del agravio es de monto determinado y está representado, en el caso, por la diferencia entre la indemnización determinada por la Cámara y la pretendida por el recurrente.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, cuestión justiciable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marignac, Francisco Ramón c/ CONSEJO  PROVINCIAL  DEL MENOR O SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

La mayor o menor conveniencia de recurrir a un sistema de incorporaciones transitorias o permanentes de personal constituye una decisión de política administrativa no revisable en sede judicial.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TECH APPLY S.R.L. c/ ROCHETTI, IGNACIO MARIO ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

La Sala confirmó el rechazo de la pretensión actoral (por cobro de pesos por supuestas deudas del demandado respecto de la sociedad; compensación por el uso de una marca e indemnización de daños por el uso de la marca aludida) en el entendimiento de que no sólo había sido mal formulada sino porque, fundamentalmente, no obtuvieron respaldo de los medios probatorios que se incorporaron al proceso. Al respecto la recurrente esboza livianamente una crítica en torno a que el a quo omitió ponderar los autos donde -a su juicio- se encontrarían debidamente probados los presupuestos fácticos y de derecho de la pretensión incoada. Sin embargo, la mera lectura de la sentencia impugnada desvanece la imputada preterición de pruebas, a poco de tener en cuenta que las mencionadas actuaciones judiciales fueron ponderadas por el a quo, aunque, desde luego, otorgándole un alcance y un valor distinto al afirmado dogmáticamente por el quejoso. Siendo ello así, la postulación recursiva queda ceñida a una mera disconformidad con lo decidido por los jueces de la causa, en ejercicio de funciones propias, sobre cuestiones de hecho, prueba y derecho común y procesal, frente a lo cual no corresponde la apertura de esta vía de excepción al no demostrarse la configuración de arbitrariedad o lesión de derechos y garantías de rango superior.(De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco)
Impuestos, ahorro obligatorio, intereses, liquidación de impuestos, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS EDIVAL S.A. (TF 11698-I) c/ D.G.I. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

La pretensión del Fisco Nac. en punto a que el concepto de intereses sobre capital no actualizado (art. 6 de la ley 23.549), sea a su vez reajustable hasta el día de pago, no puede prosperar pues los arts. 6 y 7 de esa ley establecen un régimen específico que diverge del establecido por la ley 11.683, tornando imposible aplicar el reenvío que dispone el art. 29 de la referida ley 23.549, pues las disposiciones de la ley ritual y tributaria contemplan soluciones distintas que no pueden integrarse con las previstas por la ley de ahorro obligatorio (esta Sala, Barbero , del 31-3-93).
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

La tacha constitucional de una norma de la Carta Magna santafesina en los términos en que fue formulada por el A quo, no puede mantenerse, no sólo porque el magistrado se limitó a declarar la inconstitucionalidad sin preocuparse, previamente, de ensayar una interpretación armónica y sistémica de las diversas normas supuestamente en pugna -deber ineludible cuando se trata del examen de un precepto a la luz del derecho constitucional-, sino también porque no tuvo en cuenta el enorme impacto político-institucional de su pronunciamiento, desentendiéndose de esa manera de las consecuencias de aquél que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituyen uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su decisión. (Del voto del Dr. Spuler) - CITAS: CSJN: Fallos 315:992; 323:3139; 326:3593; 328:4818; 331:1262; 344:3156.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Pezzoni, Roberto y otros s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-10

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad que denuncia violación del art. 156 de la Constitución provincial si la Cámara planteó y resolvió todas las cuestiones esenciales que debía decidir (arts. 333 -n.a.- C.P.P.; 156 Constitución Provincial), y el recurrente ni siquiera denuncia que se haya omitido el tratamiento de alguna de ellas sometida al expreso conocimiento de la alzada.
Abogados, ejercicio profesional, interpretación de la ley, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El abogado no es simplemente un profesional habilitado por su diploma universitario para exponer el derecho, enseñarlo y hacerlo valer en patrocinio en las causas en justicia, es además un auxiliar de la justicia, un colaborador de la misma y un integrante potencial de sus tribunales en los casos de impedimento, recusación o excusación de sus miembros; y, como consecuencia lógica, las leyes que organizan la justicia -en la Nación y en las provincias- conforme al enunciado del preámbulo y el art. 5° de la Constitución Nacional, pueden exigir a los abogados cierta organización y disciplina dentro del art. 14 de la Ley Fundamental, que garantice el ejercicio razonable y ético de la profesión legal (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia contencioso administrativa, competencia por la persona, Obras Sanitarias de la Nación, Derecho administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa, Marcial c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Es competente el fuero Contencioso-Administrativo Federal, de la Capital Federal en la demanda contra una entidad nacional (O.S.N.) para que de cumplimiento a un acto emanado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación del que surgiría la necesidad de reincorporar al actor, pues resulta clara la prioritaria relevancia que los aspectos propios del derecho administrativo asumen para la solución del caso, sin perjuicio de que puedan también llegar a aplicarse institutos del derecho común para aquellos aspectos relacionados con los reclamos resarcitorios formulados.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: VAN NOPPEN, Ricardo c/ ALMAGRO CONSTRUCCIONES s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24

La interpretación de las normas arancelarias debe ser restrictiva, criterio que se reafirma al tratarse del art. 2º de la ley 24.432, toda vez que podría llegar a constituir una renuncia de derechos que, conforme al art. 874 del Código Civil, no puede presumirse.

Precisamente, la condena en costas a la parte contraria constituye la excepción que autoriza el cobro de los honorarios por parte del abogado con asignación fija o en relación de dependencia, bastando solamente con verificar ese supuesto para tornarla operativa.
Concursos, recusación y excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vazquez, Daniel A. s/ Incidente de revocatoria en autos: Paolucci HNOS. SAICIA. s/  Concurso comercial preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-13

En un incidente de un proceso universal como es el concurso, no es procedente la excusación del juez de grado, en virtud de encontrarse comprendido en alguna causal de excusación respecto de alguno de los acreedores o letrados apoderados o patrocinantes. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Palma, Pedro Isidro y otra c/ Dipino, Angel Oscar y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

La única y exclusiva causa adecuada de la colisión fue la inconducta del motociclista que embistió a la camioneta al intentar sobrepasarla, en unamaniobra marcadamente antireglamentaria, mientras aquella acometía el giro hacia su izguierda, previo aviso con el guiñe correspondiente, cuando llegó al cruce de la bocacalle.

La ley vigente (art. 53 inc. 3 ley 11430 - T.O. ley 11768) al prescirbir que el giro se debe efectuar advirtiendo la maniobra con señal luminosa, reduciendo paulatinamente la velocidad y, circulando "como mínimo desde 30 metros antes del costado más próximo a girar" (arts. 52 y 53 incs. 1, 2, 3 y concds. ley cit.), lo que procura, además de ordenar el tránsito, - especialmente en avenidas o arterias de doble mano- es evitar maniobras sorpresivas u obstaculizadoras de la circulación vial derivadas del cambio de dirección.
Domicilio procesal, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cooperativa Granja y Consumo de Lobos s/ Quiebra. Incidente Calificación de Conducta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

En principio, el domicilio constituido en el juicio principal extiende sus efectos a la instancia accesoria, verse el incidente sobre cuestiones procesales o substanciales y tanto en la hipótesis de domicilio constituido por una parte presentada por derecho propio o por representante voluntario o forzoso.
Defensa en juicio, producción de la prueba, pericia contable
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.. acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

La eventual lesión al derecho de defensa que podría haber experimentado la actora en sede administrativa, al serle denegada la prueba pericial contable, ha sido subsanada en el trámite judicial subsiguiente, en el que pudo ofrecer y producir dicha prueba en forma completa, así como también sus consultores técnicos pudieron presentar un informe. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbín. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y Luis F. Lozano).
Marcas, marca extranjera, marcas confundibles, marca notoria, aplicación territorial de la ley, Ley de Marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: S.A. ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA OCA c/ ORGANIZACION DE CREDITO AUTOMATICO LIMITADA s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

En lo atinente a la coexistencia, tuvimos oportunidad de tratar una cuestión parecida (enfrentamiento de las marcas Oro Card, registrada en nuestra República y Ourocard cuya titularidad se había obtenido en Brasil) y en esa ocasión afirmamos que aquellos registros anteriores en otro país no son aptos por si sólos para poner en tela de juicio el derecho obtenido con arreglo a las leyes argentinas.

"Si así se lo admitiera, podría obtenerse en nuestra República una eficaz protección marcaria mediante el sólo registro en el extranjero, sin necesidad del reconocimiento que exige el art. 4, Ley 22.362. En este aspecto, continua en vigencia el principio de la territorialidad que enfáticamente consagraba el art. 41 de la Ñey 3975 (C.S. Fallos: 140:397; 150:394; voto del Dr. Craviotto en la Causa 0559, de 7.11.89; y, más recientemente, Causa 2147/93, de 8.7.93. Y también sostuvimos que el art. 6 Bis del Convenio de París prevé el rechazo o la nulidad de un registro "cuando este es una copia o una imitación de otra marca, obtenida fuera del territorio, que fuere notoriamente conocida en el país del registro." (cfr.

Causa 5096/91, de 28.6.94, ED, Diario del 9.1.95, F. 46.151). (Del voto del Dr. Pérez Delgado).
Procesos voluntarios, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MANUEL s/ SUCESION - HONORARIOS - VARIOS PROFESIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1954-06-21

En necesaria la intervención personal de los interesados en el trámite de la estimación y clasificación de trabajos profesionales en los juicios voluntarios, no pudiendo suplirse aquélla con la manifestación de conformidad o disconformidad del profesional de cuya regulación se trate.
Derechos y garantías constitucionales, debido proceso, defensa en juicio, revisión judicial de actos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Klas Electonic S.R.L. c/ A.N.A. s/ Rec. de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-22

La salvaguarda de las exigencias de la defensa en juicio requiere ciertamente el reconocimiento a los interesados de la facultad de impugnar las constancias expedidas por los entes estatales, así como también la de demostrar en juicio el error en que ellos puedan estar incursos, no obstante lo cual no deben ser tenidas por tales aquéllas que revistan un carácter genérico (Fallos 281:173).
Competencia, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL -CONSTITUCIONAL
Carátula: EXHORTO  JUEZ  PASO  DE  LOS  LIBRES  EN  RODEYRO  TEJERINA  DE B. M. c/ ROUX Y SAN CRISTOBAL S.M.S.G. s/ ORDINARIO    -    EXHORTO  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-12-11

Así como a la Corte Suprema compete únicamente efectuar el control constitucional nacional, a los tribunales y cortes superiores de justicia de las provincias, les es inherente el control constitucional local. En Córdoba, concretamente, esa facultad le es atribuida a este tribunal superior según el art. 132 inc. 1 de la Constitución provincial. Pero esa potestad de este tribunal está referida sólo a garantías y principios originariamente establecidos por la constitución local. T. 3284 inc. 4; C.P.C. art. 614).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, trabajador en relación de dependencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Sistemas   de  Informática  y  Telecomunicaciones  SA c/ TelecomArgentina Stet France Telecom SA s/ contrato administrativo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-28

No desconocida la relación de dependencia por parte del abogado, no puede soslayarse que la C.S.J.N. en la causa "Quiroga Regalada y otros c/Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires SA -recurso de hecho", el 18 de diciembre de 1990, sostuvo -en una cuestión análoga a la presente- que al considerar el a quo que ante la falta de pago del honorario por la actora condenada en costas, resultaba aplicable el segundo párrafo de la ley 21.839 en virtud del cual el profesional podía reclamar a su cliente que se hiciera cargo de la suma fijada, se había apartado de lo expresamente previsto por el art. 2° de la Ley de Arancel en cuanto vedaba al abogado tal posibilidad cuando actuaba con asignación fija o en relación de dependencia y agregó que la solución propuesta por la Cámara implicaba privar de efecto por vía indirecta a la norma en cuestión, posibilitando que el profesional percibiera por un único trabajo dos remuneraciones abonadas por la misma parte. Como consecuencia invalidó lo decidido y mandó dictar nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas allí fijadas (Cons. III).
Compraventa inmobiliaria, escrituración, mora, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: LA BELGA S.C.A. c/ BASTERRECHEA S.A. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

La obligación de escriturar pesa igualmente sobre vendedor y comprador, en el sentido de que uno y otro pueden exigir su cumplimiento, así como colaborar con miras a la ejecución de la obligación, haciendo lo posible para que se cumpla tal como de buena fe debieron entenderlo al contratar, cooperando para llevar a cabo la serie de actos preparatorios que permitirán al fin cumplir el acto definitivo de la escritura (conf. Morello, "El boleto de compraventa inmobiliaria", 2da. edición, págs. 308-309; Llambías, "La obligación de escriturar", E.D. 2-1069). Sin embargo, de esa doctrina no resulta que a pesar del vencimiento del plazo para escriturar no pueda desecharse la posibilidad de mora de una de las partes en virtud de lo dispuesto en el art. 509 del Código Civil; es que la mora automática no puede operar "si la obligación está condicionada al cumplimiento recíproco que incumbe a la otra parte" (conf.Morello, op. cit.,ps. 309-310; C.N. Civ., Sala F, 29-3-68, L L. 133-42). Pero sí se produce si no existe tal interdependencia de las prestaciones o de actividades. A la luz de las circunstancias particulares de cada caso concreto es que debe examinarse si el incumplimiento se debió a la falta de actividad de las dos partes, o bien de una sola.

Designado el escribano interviniente, es fundamentalmente a la parte vendedora a la que incumbe proporcionarle los medios para posibilitar el otorgamiento de la escritura: entregarle el título de propiedad, los elementos necesarios para obtener los certificados de los registros de propiedad inmobiliaria y de la inexistencia de deudas fiscales, etc. y la actividad de la parte compradora, en tal caso, no resulta ser -ordinariamente-más que la de proporcionar al notario los datos necesarios para la redacción de la escritura (conf. CNCiv, Sala A, E.D. 65-486; íd, Sala C, E.D. 68-323 y 325, íd íd. E.D. 87-133; íd. Sala F., E.D. 81-541).-