marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Freytes Lucas Gabriel c/ Experta ART SA s/ Accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Para que un planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.348 prospere, el interesado tiene que acreditar que las directivas atacadas violan la garantía constitucional de defensa en juicio, no advirtiéndose en el caso que lo haya logrado. El actor sufrió un accidente in itinere, diagnosticándosele fractura del tobillo derecho siendo intervenido quirúrgicamente y haciendo rehabilitación kinesiológica hasta el alta médica. La cuestión litigiosa es simple y de estricta naturaleza médica, pues el único punto en debate sería determinar si el trabajador presenta o no secuelas psicofísicas producidas por el siniestro sufrido. El someter la citada controversia a un tribunal médico especializado no resulta, por ende irrazonable o antijurídico cuando existe un mecanismo amplio de revisión como el estructurado por el art. 2 de la ley 27.348. (Del voto del Dr. Pose, en minoría).
Daño moral, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TURRADO MARIA ISABEL GOMEZ DE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-09-29

Sólo es indemnizable el daño jurídico, es decir aquel cuya existencia está acreditada de un modo cierto, pudiendo incluirse también en este caso el daño moral.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, declaración jurada, valor probatorio, juicio
Materia: BANCARIO-PROCESAL
Carátula: Sorrentino, Osvaldo  Alberto c/ Banco Central de la República Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-09

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la demanda contra el Banco Central por cumplimiento de la garantía de los depósitos por no haber cumplido con el requisito de la presentación de la declaración jurada (art. 56 de la ley 21.526) pues ante la prueba de la plena existencia del derecho, no es necesario adoptar ningún recaudo enderezado a ese fortalecimiento por lo que la falta del mismo no puede ser invocada para denegarlo pues ello desnaturalizaría la función para la que fue creada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Robo calificado, robo con armas, atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Lobo, Jorge Guillermo s/ Robo de aut.tor Aguilo, Miguel Aníbal y otros s/ Robo agravado - Privación ilegal de la libertad Ocampo, Ramón Rodolfo y otro s/ Robo agravado Tolosa, Guillermo y otro s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-15|1989-12-05|1989-12-20|1992-02-11

Si bien el uso de cualquier arma calificada el delito de robo (art.

166 inc. 2 C.P.), ninguna duda cabe que puede considerarse de mayor gravedad, por el aumento de peligro que implica, el uso de armas de fuego.
Prueba testimonial, información de abono
Materia: PENAL
Carátula: Del Valle Vázquez, Julián R. Silva, Julio A. s/ Violación Carli, Roberto. Rojas, Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-27|2002-04-17

El art. 246 del Código de procedimiento penal -según ley 3589 y sus modif.- se refiere a una ausencia que haga imposible el llamado, de una citación en que el testigo no pudiere comparecer.

Dados la naturaleza, el fundamento y la finalidad de dicho concepto jurídico de la ausencia en plenario, ella consiste en la razonable imposibilidad de lograr la nueva declaración testimonial; de modo que no depende de una u otra determinada formalidad -por ejemplo, la relacionada con la realidad del domicilio que el testigo hubiera indicado- sino de la concreta y razonable posibilidad de hecho, en función de las constancias de la causa, de obtener la nueva declaración. (Minoría u opinión personal)
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Blanco, Julio y otros c/ Sindicato Empres. Obreros Ind. de la Carne s/ Restitución de sumas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

Cuando el objeto de la prestación es la restitución de sumas entregadas en virtud de un contrato que ha quedado resuelto, no puede pretenderse -sopretexto de la disminución del valor de la cosa que era objeto del mismo- la aplicación de la ley 24283, toda vez que lo que el deudor verdaderamente debe son las sumas que recibió y no el "valor" actual de la cosa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, derecho a la salud, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Costantin, Laura Inés c/ Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-09

No obstante de que en el caso se encuentran acreditados los requisitos necesarios para declarar la procedencia formal de la acción impetrada, por cuanto el proceder de autoridad pública -prima facie valorada- restringiría derechos reconocidos explícitamente por el ordenamiento constitucional: a la vida, salud e integridad física de la actora, no resulta procedente hacer lugar a la medida cautelar impetrada a los fines que se ordene la urgente satisfacción del costo total de la cobertura asistencial integral del afiliado a OSEP, que le fuera denegado, toda vez que ello implicaría examinar aspectos que constituyen el objeto de la litis, circunstancia que, en principio, se encuentra vedada en el proceso cautelar, siendo jurisprudencia de este Tribunal -en consonancia con otros de análoga jerarquía- que el contenido de las medidas cautelares no puede superponerse o significar lo mismo que se pretende lograr con la sentencia de amparo, es, decir no corresponde dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincida con el de la demanda, a lo que debe añadirse que se encuentra ausente en autos la opinión científica de un médico generalista, que específicamente evalúe la patología de base del paciente con las indicaciones del especialista, sin perjuicio de requerir informe al Ente demandado a los fines de un cabal y exhaustivo conocimiento de las circunstancias reseñadas que se traen a decisión de este Máximo Tribunal
Competencia, compraventa internacional, cláusula FOB, ejecución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO ESPOSITO E HIJOS  S.R.L. c/ JOCQUEVIEL ET VIEU s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-10

Tratándose de una compraventa internacional de mercaderías, convenida con cláusula FOB Buenos Aires, del juego del CCIV.: 1215 y 1216, resulta que el Juez nacional es competente: a) si el contrato debe ser cumplido en la república -aún cuando el deudor se domicilie en el extranjero- y b) si el domicilio del deudor se encuentra en la república, por lo que se infiere la jurisdicción concurrente del juez del país del domicilio del deudor y del juez del país de cumplimiento de contrato.

A los efectos de precisar el lugar de cumplimiento del contrato, en el caso de la compraventa internacional, siendo un contrato sinalagmático, donde hay prestaciones a cumplirse por ambas partes, la prestación característica que localiza el contrato en un sistema jurídico es la entrega de la cosa que se transfiere en propiedad, esto es, la prestación no dineraria: la del vendedor, ya que la prestación pecuniaria no es considerada característica en el caso de la venta.

En el supuesto de la venta FOB Buenos Aires, las partes acuerdan una serie de obligaciones, entre ellas la entrega de la mercadería a bordo del buque designado en el puerto de embarque convenido. Si ese lugar de entrega coincide con el domicilio de alguno de los contratantes (en el caso, el vendedor), dicho lugar debe juzgarse decisivo para la localización del contrato. Resulta necesario efectuar una diferenciación entre "lugar de cumplimiento" a los fines de localizar el contrato eligiendo el derecho aplicable y "lugar de cumplimiento" a los efectos de la jurisdicción internacional de los jueces argentinos.

A los fines procesales, el "lugar de cumplimiento" del CCIV.: 1215 debe designar localizaciones evidentes a fin de que las partes puedan prever los foros ante los cuales pueden ser llevados a litigar en caso de conflicto. Por eso, se entiende que lugar de cumplimiento a los efectos procesales, es cualquier lugar de cumplimiento del contrato, sea o no el que se refiere a la prestación característica.

En el caso se acciona por cobro de precio, es decir, por falta de cumplimiento de la prestación a cargo de la compradora demandada, habiendo, en cambio, la vendedora cumplido con su obligación de entregar la mercadería FOB Buenos Aires. Tratándose en el caso de foros concurrentes, no se advierte fundamento para privar a la parte actora de la jurisdicción del país donde debió cumplir (y cumplió) la prestación a su cargo, teniendo en consecuencia los jueces de la nación, jurisdicción internacional concurrente para entender en la controversia.
Beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, autoridad de aplicación, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Inocencio s/ M. del Interior -art.3 ley 24.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-22

La declaración dirigida por la Cámara de Diputados al Poder Ejecutivo -y, por su intermedio, a la autoridad de aplicación de la ley 24.043-, a fin de comunicarle su parecer en la forma de otorgar el beneficio, carece de fuerza legal, pues la voluntad del legislador apareció suficientemente clara en oportunidad de debatir el proyecto que luego se convirtió en ley 24.906. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Agravio concreto, situación del imputado, derecho de enseñar y aprender
Materia: PROCESAL
Carátula: ZALAZAR, SERGIO MATÍAS FELIPE c/ SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21

Para la concesión de las salidas transitorias no basta con el cumplimiento de estos requisitos objetivos, sino que el precepto requiere algo más: el concepto favorable del organismo técnico criminológico y del consejo correccional del establecimiento...", agregando que "los integrantes del consejo correccional representan los aspectos esenciales del tratamiento (art. 185 inc. g).

El concepto favorable de estos órganos debe basarse en la evolución que haya experimentado el penado durante los distintos períodos del régimen progresivo, y el beneficio que las salidas transitorias pueda aportar a su futuro personal, familiar y social.
Contrato de trabajo, grupo económico, AFJP
Materia: LABORAL
Carátula: "Rodríguez  Gauna,  Martín  y  O. c/ Consolidar AFJP y O. s/ Despido"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-18

Las pretendidas situaciones de "pluriempleo" no pueden interpretarse sino como de un solo empleo, que en vez de tener un solo empleador tiene tantos como sean aquellos para los cuales el trabajador presta servicios. Es decir que se trata de una unidad de vínculo con pluralidad de empleadores. (En el caso, se calificó a la AFJP y las restantes codemandadas como un grupo económico).
Estado Nacional, sistema republicano, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La preservación de la forma republicana de gobierno -cuyo grado preeminente cabe reconocer- resultaría privada de la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que la Constitución Nacional reconoce a la Corte Suprema para la resolución de controversias con carácter final, quedando desquiciadas las funciones estatales con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales.
Organización de la justicia, reforma legislativa, competencia correccional, juzgado de menores, recursos, interpretación de la ley, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: D., R. G. s/ Lesiones leves y amenazas s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

El nuevo art. 24 del Código Procesal Penal dispone que la Cámara en lo Criminal juzga de los recursos contra las resoluciones de los "jueces de Instrucción, en lo Correccional y de Menores en materia penal" (inc. 2). No hay controversia en cuanto a cuál es el Tribunal de alzada de las decisiones de los Jueces de Instrucción, que en rigor nunca ha variado, ni en la letra de la Ley ni en su interpretación.

Pero de esta nueva redacción, ¿puede entenderse que se atribuyó competencia a la Cámara en lo Criminal para entender en los recursos contra las resoluciones de los jueces en lo correccional? Opino que no y por varios motivos:

...En este sentido, advierto que entre el texto anterior (art. 24 inc. 2do del Código Procesal Penal) ("jueces de Instrucción y en lo Correccional") y el texto modificado ("jueces de Instrucción, en lo Correccional y de Menores en materia penal") sólo existe un error que responde, en el caso concreto, a la incorrecta utilización de las reglas de uso de los signos de puntuación.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLARDO, JUAN Y OTROS c/ CHINCUL S.A. s/ APELACION AUTO INTERLOCUTORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-16

La caducidad de la instancia es materia de interpretación restrictiva y en caso de duda o disyuntiva debe optarse por mantener vivo el proceso. Además debe estarse a cada caso en particular y a las características del mismo.
Condena condicional, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Reynoso, Raúl Amadeo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-20

En casos donde la condenación condicional podría ser aplicada, la decisión denegatoria debe ser fundada, puesto que de otro modo se estaría privando a quien sufre del encierro de la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable, y los condenados se verían impedidos de ejercer una adecuada defensa en juicio ante la imposibilidad de refutar decisiones basadas en criterios discrecionales de los magistrados que la disponen. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Madueño y Fégoli).
Guarda preadoptiva, interés superior del niño, abandono de los hijos
Materia: CIVIL
Carátula: Q.T. c/  s/ Guarda Institucional
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

El art. 317 del Código Civil, en su texto ordenado según ley 24.779, prevé el otorgamiento de la guarda con fines de adopción en aquellos supuestos -entre otros- en que el menor se encuentra desamparado o abandonado por sus padres biológicos, prescindiendo del consentimiento de estos últimos cuando "el menor estuviese en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral hubiese sido comprobado por la autoridad judicial" (doctor SORIA, sin disidencia).
Excepción de pago, contrato de comisión
Materia: CIVIL
Carátula: Bahamondes, Hector c/ Jaime, Gili s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-24

Es indudable que mientras la consignación no se perfeccione por aceptación o por sentencia, no se habrá producido el efecto pago, de allí que no es posible oponer, durante el período de incertidumbre, la excepción de pago.
Prueba pericial, falta de notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., O.S. s/ Planteo de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-07

"No puede declararse la nulidad de la pericia balística por falta de notificación a la defensa, máxime cuando dicho informe se trata de un acto reproducible".
Homicidio culposo, accidente de tránsito, licencia de conducir, falta de licencia de conducir, agravantes de la pena
Materia: PROCESAL
Carátula: OYOLA, SERGIO ANIBAL s/ RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR EL DR. VICTOR M. PINTO EN EXPTE. Nº 70/02 "OYOLA, SERGIO ANIBAL S/ HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS - CAPITAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-07-04

El reproche efectuado por el "a quo" para agravar la pena impuesta al imputado por homicidio culposo en accidente de tránsito, consistente en la ausencia del carnet habilitante para conducir, es objetivamente de carácter administrativo, pero no es suficiente prueba de falta de capacidad conductiva, generando simplemente una presunción de inexperiencia para conducir un vehículo automotor, que en todo caso el Tribunal debió fehacientemente corroborar a través de la realización de la correspondiente pericia, circunstancia ésta no acontecida en autos.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPA#IA  DE  ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO SRL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE APREMIO      CSJ EXPTE NRO 251-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-03-29

La norma del artículo 100 de la ley 4106, que establece las causas de suspensión de la ejecución de la condena en el juicio contencioso administrativo, al igual que la del artículo 7 de la ley 3952, no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las sentencias judiciales. Ello importaría colocarlos fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por su observancia.
Denegatoria del recurso, excarcelación, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Guccione, Gerardo César c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-12

Debe rechazarse la queja interpuesta contra la resolución que confirmó el rechazo de pedido de excarcelación del imputado toda vez que no se ha demostrado la existencia de un agravio federal que habilite la vía impugnativa y se encuentra garantizado el doble conformidad judicial.Dres. Borinsky y Carbajo.
Procedimiento judicial de la seguridad social, abogado apoderado, regulación de honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, NORMA MARGARITA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-28

Con arreglo a lo dispuesto por el art. 5 de la ley 17.047, y atento el mérito de los trabajos realizados, los honorarios cuya regulación solicita el letrado apoderado de la parte actora habrán de fijarse en el equivalente a dos veces el importe de la prestación mensual inicial a liquidar por el organismo de origen. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia absolutoria, debido proceso, sentencia condenatoria, acusación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mostaccio, Julio Gabriel s/ homicidio culposo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-17

No se advierte violación alguna a la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso por el sólo hecho de llegar a una sentencia condenatoria, cuando el fiscal de juicio haya requerido la absolución del imputado (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Lealtad comercial, identificación de mercaderías, denominación de origen, responsabilidad del comerciante, multa
Materia: PENAL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ENTERTAINMENT DEPOT S.A. s/ Lealtad comercial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

1 - Atento a que las inscripciones colocadas sobre los frutos o productos que se comercialicen en el país deben realizarse en el idioma nacional (art. 4, ley 22802) reconociéndose únicamente como excepción el caso de los vocablos extranjeros de uso común en el comercio, de las marcas registradas y de otros signos con aptitud marcaria (lo que no ocurre en el caso) es irrelevante el agravio de la sumariada con relación a que los productos intervenidos se trataban de partes internas de computadoras cuyo uso e instalación son realizados por personas familiarizadas con el uso de los vocablos en idioma inglés.- 2 - Quien comercializa un producto debe arbitrar los medios necesarios para que aquél se encuentre en las condiciones que por las normas vigentes se imponen, y se mantenga en esta situación hasta el momento de ser adquirido por el consumidor, única forma de que resulten protegidos los derechos de este.- 3 - La responsabilidad del comerciante con relación a la debida identificación de la mercadería que comercializa no resulta desplazada por la que también cabe al fabricante, fraccionador o importador, pues la obligación de aquél es "no comercializar productos o frutos cuya identificación contravenga lo dispuesto por el art. 1 de la ley 22802" (Cf. Art. 6 de la ley citada), es decir, que al estar acreditada la materialidad de la infracción, la responsabilidad de la recurrente no se exime por haber permitido individualizar fehacientemente a los responsables de haber suministrado la mercadería en las condiciones objetadas, puesto que su obligación era controlar la mercadería y no colocarla al comercio con las carencias evidenciadas, que tienen aptitud suficiente para perjudicar al consumidor.- 4 - La multa aplicada no es arbitraria ni confiscatoria si se encuentra dentro de los límites de punición legales y se ajusta a los parámetros de graduación establecidos por la normativa vigente (Cf. art.

18 y art. 1, pto. 4 de la ley 24344, modificatoria del art. 18 de la ley 22802)
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lieman S.A. c/ Martinez, Manuel s/ Acción de reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15

Si una resolución no contiene decisión expresa en cuanto a las costas y no se ha pedido aclaratoria al respecto, debe entenderse que han sido impuestas en el orden causado.-
Deberes del juez, violencia familiar, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: E., M. D. C. C/ C., P. c/  s/ EXCLUSION DEL HOGAR HOGAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-11-14

Se torna ineludible la exhortación a los Jueces (de todas las instancias) a procurar que los conflictos de esta clase sean resueltos en el menor tiempo posible, en tanto es el largo transcurrir del proceso el que vuelve más compleja la cuestión a la hora de resolver, sin que nos quede mayor margen, atento a la existencia de personas vulnerables cuya protección es ineludible.