marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pesificación, aplicación errónea de la ley, recurso de casación, cuestiones opinables
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sosa, Guillermo Ricardo y otros c/ El Encuentro S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-05-21

En el marco de una demanda por cumplimiento de contrato -cesión de derechos posesorios sobre un inmueble- se persigue el pago del saldo del precio pactado en dos cuotas en dólares estadounidenses. En primera instancia se hace lugar a la demanda la que es apelada por ambas partes.

Reprocha puntualmente la actora, por una parte, lo decidido en relación a la mora del deudor, establecida a los 180 y 360 días a partir de librarse, en el juicio de prescripción, los oficios de inscripción del inmueble, y por otra , alega la inaplicabilidad al caso de la ley 25.560, por encontrarse en mora el obligado antes de su entrada en vigencia.

A su turno la álzada, al resolver sendas apelaciones, decide - en lo relativo al vencimiento de la obligación- que dicho plazo operó para ambas cuotas 15 días despuEs de la última intimación efectuada por la actora, confirma la aplicación de la Ley 25.561 al caso y revoca el fallo en lo apelado por la demandada, disponiendo la conversión de la deuda en U$S 1 = $1 más el CER, e imponiendo las costas en un 75% a la demandada y el 25% a la actora.

El actor recurrente funda todos los agravios que el fallo de álzada le provoca en la causal de errónea interpretación y aplicación de la ley.

En este aspecto, su primera queja apunta a la aplicación de la ley 25.561 y el decreto 214/02, aduciendo que al encontrarse en mora la demandada, la deuda reclamada queda fuera de la ley de emergencia económica y su cumplimiento debe hacerse en la moneda extranjera pactada.

Igual reproche fue introducido en la apelación y respondido por la álzada con precisos fundamentos, en base a una de las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias en torno a la aplicación de dicha ley, sustento que no fue rebatido por el recurrente quien, desatendiendo las manifestaciones de los sentenciantes, se limitó a exponer un criterio diferente al del juzgador siguiendo solo un razonamiento distinto, de modo que resulta insuficiente el remedio procesal intentado.

En estas circunstancias, la impugnación enunciada no encuadra en la causal citada como motivo de la casación, toda vez que no hay errónea interpretación y aplicación de la ley, cuando un fallo, con fundamento decisivo, se apoya en una de las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales generadas en el ámbito jurídico del derecho, tal como sucede en el caso.
Mediación, acuerdo de mediación, incumplimiento del convenio, homologación judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: DC COMICS c/ CALDERON DE REYMUNDO MARIA ANGELICA s/ HOMOLOGACION DE CONVENIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Como la Ley 24.573 autoriza, en el supuesto de incumplimiento del acuerdo, que su ejecución se lleve a cabo por el procedimiento de ejecución de sentencia (cfr. art. 12, tercer párrafo), sus efectos son equivalentes a los de ese tipo de pronunciamiento, de modo que no se advierte la necesidad de que el acuerdo sea homologado y comunicado por el Magistrado al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Medrano Juan Carlos c/ Balderramos Gustavo Sergio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-02

Es improcedente la aplicación del artículo 622 del C. Civil tratándose de un pagaré en tanto existe un interés fijado en forma legal. El artículo 52 inc. 2° del Dec-ley 5965/63 establece con claridad que de no existir convención al respecto los intereses deben liquidarse al tipo corriente en el Banco de la Nación a la fecha de pago. Por su parte el artículo 565 del Digesto Comercial dispone que siempre que en la ley se hable de intereses de plaza o corrientes serán los que cobra el Banco Nacional. Es decir que no cabe fijación judicial, ante la claridad de la normativa aludida, ya que deviene aplicable el precitado artículo 565 cuando - como en el presente caso ocurre-, la deuda se halla instrumentada mediante un documento eminentemente comercial, extremo reflejado por la legislación de la materia.-
Deberes del juez, iura novit curia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: FLORES de ALEGRA, Jacinta c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

Si bien el juzgador se halla constreñido por lo prescripto por el art. 277 del C.P.C.C.N., no menos cierto es que debe conocer los hechos de la causa (art. 11 de la ley 23.473) y que el principio iura novit curia es válido no sólo para proteger a los solicitantes de beneficios alimentarios sino para resguardas el acervo común de los afiliados y jubilados y pensionados, impidiendo la captación de prestaciones indebidas.
Principio de no discriminación, doctrina de la arbitrariedad, empleo público, remuneración, facultades de la administración, división de poderes
Materia: PROCESAL-LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Banchero, Gerardo Luis y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Del art. 118 del Estatuto Docente (Ordenanza N° 40593 y sus modificatorias) y de los decretos 1442/98, 260/03, 310/04, 483/05, 682/06 y 618/07 surge que el poder Administrador ha contemplado, para establecer la política salarial docente, la necesidad y conveniencia de establecer estímulos para incentivar el dictado de determinada cantidad de horas o ejercicio de cargos. De los considerandos de los decretos detallados se desprenden los motivos que fundaron las decisiones que adoptó la autoridad administrativa en el marco de su competencia discrecional de fijar las remuneraciones, los que resultan consecuentes con el fin de mejorar el salario del personal docente y se enmarcan en la normativa que regula tal retribución, la que no se constituye exclusivamente por la asignación del cargo desempañado, sino también por las disposiciones legales correspondientes a cada agente (inciso c del artículo 118 del Estatuto Docente). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Indemnización, gastos médicos
Materia: CIVIL
Carátula: C., G.F. c/ C., R.O. y Otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-11-13

Cuando el juez al dictar sentencia, comprueba que el lesionado en su salud deberá continuar realizando por mucho tiempo, los gastos necesarios para su curación debe considerar dicha situación al fijar el resarcimiento porque el daño, aunque futuro, es cierto y se muestra sólo como la prolongación de un daño actual, de suerte que el sentenciante debe computarlo y estimarlo al fijar la indemnización.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, ampliación de la demanda, ampliación del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ DE GARCIA c/ MILSTEIN s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-14

Los escritos modificatorios o ampliatorios de la demanda no interrumpen el curso de la caducidad de la instancia, puesto que las actuaciones que instan el procedimiento son aquéllas que lo hacen avanzar hasta la sentencia. No debe confundirse el acto idóneo y oportuno para impulsar el trámite con aquél que únicamente se limita a integrar una demanda para su posterior notificación como es el pedido de ampliación del monto de la demanda.
Encubrimiento real con receptación, contrabando, concurso aparente de leyes, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: BORTHIRY, A. O. s/ ENCUBRIMIENTO. HECHO UNICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-03-13

Quien recibe, con conocimiento de su origen ilícito, un bien previamente hurtado para trasladarlo más allá de las fronteras con violación al contralor aduanero, no realiza una duplicidad delictiva, sino que lleva a cabo un solo hecho, sea que se vea en el caso una hipótesis de concurso aparente, o un supuesto de concurso ideal.

Condenar en esta sede al procesado por encubrimiento, mientras se le sigue proceso ante la justicia federal por contrabando de lo que encubriera, comporta lesión al principio de la única persecución non bis in idem-.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), procedimiento administrativo, debido proceso, defensa en juicio, multa, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Zabaleta, Indiana del Valle c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-19

Con relación al procedimiento administrativo, los Camaristas puntualizaron que, sin estar suficientemente acreditados los hechos imputados, la aplicación de la sanción debe estar precedida de un procedimiento en el caso reglado que asegure el debido proceso y el derecho de defensa del imputado y el acto sancionatorio motivado de tal manera que permita apreciar no sólo la falta formal de autolimitación previa sino atento a la magnitud de la sanción de multa los fundamentos por los cuales el organismo de aplicación resuelve, entre las sanciones posibles, imponer la de multa y en su caso su graduación; así, analizaron las actuaciones administrativas y concluyeron en que la autoridad de aplicación no ha respetado el procedimiento establecido en la normativa aplicable, afectando así el debido proceso y el derecho de defensa de la recurrente, viciando de nulidad el acto conclusivo, pues no sólo no se analizó la totalidad de la prueba en el informe final, ni en la resolución impugnada, sino que tampoco se le corrió traslado al presunto infractor para alegar sobre la producida y efectuar las consideraciones que estimara conveniente en defensa de sus derechos, previo al informe de mérito final, ni se consideró la participación del imputado y las circunstancias que agravaban o atenuaban su responsabilidad, como así tampoco el testimonio rendido o los motivos de la falta de la producción de los otros testimonios, tampoco el informe del perito convocado, ni el descargo de la imputada en los distintos cuestionamientos efectuados. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco)
Extinción del contrato de trabajo, injuria laboral, derechos y garantías constitucionales, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Caporale, Néstor Hugo y Otro c/ TIA S.A. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-30

Sobre los alcances de la normativa del artículo 243 de la LCT, resulta ser una norma cuyo objetivo es que el trabajador conozca plenamente las alegaciones de injuria laboral que conducen a su despido, a fin de garantizarle el constitucional derecho de defensa en juicio. Similar apreciación claro está, es aplicable al caso en que la extinción es decidida por el dependiente. Si el trabajador no sabe porque es despedido, por contener la comunicación cursada una mera invocación de injuria laboral o mal desempeño etc., su derecho a defenderse de la imputación cuando promueve la pretensión indemnizatoria se encuentra seriamente obstaculizado. En definitiva no se trata más que de una nueva aplicación del principio de la buena fe con que ambas partes del contrato laboral han de desarrollar el mismo, sea a su inicio, durante su vigencia o al tiempo de la extinción.
Concursos, verificación de créditos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mucho Gusto S.R.L. s/ Concurso Preventivo-Inc. Verificación Tardía prom. por Banco de  Entre Ríos S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-06-02

Desconocemos norma procesal o de fondo que imponga al demandado, por verificación en un concurso, la carga de acreditar negativamente la inexistencia del crédito que se la reclama, sino que es el acreedor quien debe hacer lo contrario. Negada la deuda y desconocida la documentación, el solo hecho de que en los libros del actor se encuentre asentada la operación, sin respaldo probatorio, no es suficiente para probar la obligación, siendo inaplicable la disposición del artículo 63 del Código de Comercio.
Superintendencia, deberes y facultades del juez, sanciones procesales, aplicación de la ley, ley penal más benigna, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

Corresponde rechazar el pedido de la aseguradora de riesgos de trabajo tendiente a que se aplique la ley penal más benigna, que en el caso es el Decreto 104/19 y la Resolución SRT 45/19, que redujeron el valor del MOPRE, por cuanto aquí se está ejecutando una sanción impuesta oportunamente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuya procedencia fue luego confirmada por la Cámara Comercial mediante pronunciamiento dictado con anterioridad al dictado del mencionado decreto. De ese modo, resulta fatal concluir que la procedencia y alcance de la sanción quedaron definitivamente establecidos en aquella decisión, pronunciamiento que se encuentra firme y ha pasado en autoridad de cosa juzgada; hallándose pendiente tan solo su cumplimiento a través de la presente ejecución.
Procedencia del recurso, indemnización por accidente de tránsito, personas con discapacidad, incapacidad sobreviniente, daño emergente, daño moral, intereses
Materia: PROCESAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Barrionuevo Alberto Oscar  c/ Serrillo Luis Darío y Otro  s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-10

Cabe hacer lugar al recurso de apelación incoado por el actor, y en su mérito, revocar la sentencia haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios condenando a los accionados a abonar al actor en el término de 10 días de notificados, las sumas correspondientes en concepto de daño emergente; incapacidad sobreviniente y de daño moral -sin reducción alguna, más los intereses fijados para cada uno de ellos- en forma concurrente y solidaria. Para decidir así, se señala que asiste razón al recurrente cuando reclama por el rechazo del rubro incapacidad sobreviniente, pues lo que se evalúa no es solamente la capacidad laboral de la víctima, sino también la incapacidad vital. En el caso, la lesión a la salud de una persona de edad avanzada e incapaz, tiene repercusiones en su vida cotidiana que le insume recursos económicos para neutralizarla, derivado de los menoscabos sufridos por la víctima, y que la incolumidad humana tiene un valor indemnizable per se ya que no sólo comprende las efectivas y concretas ganancias dejadas de percibir, sino que además incluye la afectación vital de la persona en su dimensión, individual y social; así, a la víctima se le debe resarcir el daño a la salud que repercute en su vida.
Partidos políticos, símbolos partidarios
Materia: ELECTORAL
Carátula: INCIDENTE DE IMPUGNACION DE EMBLEMA DEL PARTIDO NUEVO PORPARTE DE LA U.C.R. EN AUTOS-"PARTIDO NUEVO s/ S/RECONOCIMIENTO PROVINCIAL -379/97"EXPTE. JUNTA ELECTORAL  PERMANENTE 9701/97."EXPTE. N000379
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-09-07

La inclusión de imágenes de candidatos vivientes (en el emblema partidario)podría estimular en la ciudadanía el culto a determinadas personalidades, lo que es a todas luces incompatible con la forma democrática, representativa y republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución Nacional, en su art. 1° y con el espíritu de las normas de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23289. Y, así como la imagen, el nombre inserto en el emblema reviste igual connotación.La palabra "Tato" no es el verdadero nombre del actual Gobernador y candidato a Intendente de la ciudad Capital, sino un simple apodo familiar.Empero, el uso de tal apodo en su actividad política y hasta en su acción de Gobierno, lo ha identificado indisolublemente con su nombre legal.Otra suerte debe correr la objeción en lo que respecta al mapa de la Provincia,-también inserto en el emblema-, ya que significaría llevar hasta extremos irrazonables la cláusula de exclusión normativa prohibir el uso del contorno provincial, toda vez que ello no exhibe otro sentido que el del ámbito de actuación partidaria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo calificado, arma impropia
Materia: PENAL
Carátula: J., A. M. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-08-31

El imputado cometió el hecho empuñando un arma de fuego no apta para el disparo y posteriormente para obtener el dinero, tomando el revólver del caño con la culata le pegó un golpe en la frente a la víctima. Es decir, que el encartado aumentó su capacidad vulnerante con un arma de fuego que luego la trasnformó en impropia ya que agredió con ella utilizándola como una cachiporra y esta acción transforma el revólver que no tenía percutor en un instrumento específicamente destinado a herir a punto tal que logró su objetivo.
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE RÍO NEGRO, Pacto de San José de Costa Rica, sistema interamericano de Derechos Humanos, agravio concreto, gravamen irreparable, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T. H. A.  c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-04-13

El concepto de auto procesal importante debe ajustarse a la definición dada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no puede encontrarse restringida su interpretación a lo dispuesto por los artículos 233 y 167 del Código Procesal local, so pena de aplicar una interpretación en contra del imputado vedada por el código que, además, devine inconvencional por violentar el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 15 y 228 CPP, TI resolución en audiencia "Cabrera" del 10/4/2019 y sentencias 146/2020, 47/23, y CSJN Diez del 21/12/21). (voto conjunto de los Dres. Miguel Ángel Cardella y Carlos M. Mussi y la Dra. María Rita Custet Llambí)
Prueba documental, grabaciones, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Reyes de la Bastida, Víctor Fernando c/ Colegio Médico del Sur del Chubut y-u Otro s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-24

"Las cintas grabadas por el demandado pueden recibir tratamiento procesal de documento, y si fueron ofrecidos en la oportunidad del artículo 333 del Código Procesal, deben ser sometidas al reconocimiento de sus autores y, en su caso, puestas a examen y dictamen de un perito en la materia de que se trata".
Empleados públicos, cesantía, instrucción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ruiz, Enrique c/ Municipalidad de Guaymallén s/ Inconstitucionalidad (Libro: S055-103)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-12-24

Es inconstitucional, violatorios del art. 64 de la Constitución Provincial el decreto que dispone por vía de sanción la cesantía de un empleado, si no se cumplió con el requisito de la instrucción del previo sumario.
Sobreseimiento, instrucción, defensa en juicio, economía procesal
Materia: PENAL
Carátula: GHIDELLA, GUILLERMO C. s/ Cheque sin fondos Causa 28881
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-06

Es improcedente el dictado de sobreseimientos que parcialicen el objeto del sumario, pues no existe norma procesal que autorice a hacerlo y prolonga innecesariamente la instrucción dando lugar a la multiplicación de las apelaciones (Del voto del Dr. Hendler).
Acción de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SR. FISCAL GENERAL DE LA FISCALIA GENERAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS c/ GALLO, ALICIA DOLORES, BERRAZ, JORGE MANUEL s/ S/DELITOS C/LA ADMINISTRACION PUBLICA S/RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO  POR LA FIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-17

De conformidad al art. 51, segundo apartado in fine, de la ley 8369, si la inconstitucionalidad invocando vulneración a la Constitución Provincial fue planteada -aún cuando también se alegue violación a la Constitución Nacional-, como excepción o defensa ante el juez de primera instancia del fuero penal, este S.T.J. es competente para entender en grado de apelación como Tribunal de última instancia, sin que para ello sea necesario, habilitar una etapa recursiva intermedia ante la Cámara.

Atento lo dispuesto en el Art. 167 inc. c) de la Constitución Provincial, que se ratifica en la primera parte del art. 51 de la ley 8369, resulta evidente la voluntad constituyente y legislativa de atraer al conocimiento del "supremo intérprete" de nuestra Carta Magna, las cuestiones que se susciten relativas a su interpretación y ello no se compatibiliza con la existencia de "etapas intermedias".
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: ANTUNEZ PERCINCULA DAVILE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-21

La circunstancia de que la víctima sea afiliada a una obra social no es óbice para limitar la reparación por gastos médicos y de farmacia, puesto que es de público conocimiento que ellas no cubren la totalidad de los servicios y que a lo sumo se logra un descuento, pero no la gratuidad en las compras de remedios.
Indemnización por accidente de trabajo, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Recursos de hecho deducidos por Experta ART S.A. en CNT 37378/2011/1/RH1 y por Bridgestone Argentina S.A.I.C. en CNT 37378/2011/2/RH2 en la causa Boza, Alicia Mónica c/ Bridgestone Argentina S.A.I.C. y otros s/ accidente - ley especial c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-29

Resulta atendible el planteo que atañe al monto de la indemnización si la cámara, mediante la invocación de pautas de extrema latitud, se limitó a fijar dogmáticamente la indemnización sin proporcionar ningún tipo de fundamentación o cálculo que le otorgue sustento válido elevando la condena a una suma cercana al cuádruple del importe estimado por la propia actora en su demanda. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-
Atentado y resistencia a la autoridad, atentado contra la autoridad
Materia: PENAL
Carátula: SOLIS, JORGE MANUEL s/ Resistencia a la Autoridad.- Atentado a la Autoridad.-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-21

El atentado y la resistencia a la autoridad deben distinguirse a partir del concepto "orden". Así, antes de impartida una orden será posible el atentado, pero luego de producido ello, la oposición violenta a la misma, constituye resistencia, bastando que aquélla sea impartida mediante cualquier forma inequívoca que le dé carácter concreto de tal, es decir, con incidencia efectiva sobre el destinatario, de modo que le confiera aptitud para ser obedecida, que es lo que ocurrió en el caso, porque de viva voz el policía impartió orden de detención contra el procesado, quien admite haberla recibido y reconoció un forcejeo, con el que resistió la orden; configurándose así el delito de resistencia a la autoridad.
Acción civil, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Petruccelli, Exequiel Mariano c/ Asociart ART SA s/ Accidente - acción civil s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

Si se ha suscitado una contienda negativa de competencia entre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y un Juzgado Civil, corresponde a este Tribunal dirimirlo, en atención a la doctrina establecida por la CSJN en el precedente "Bazán". (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi y del voto de la juez Inés M. Weinberg).