marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prórroga de la competencia, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ruiz Díaz, Maria Del Carmen y otros c/ Enciso, Sergio Enrique y/u otro s/ juicio ordinario (daños y perjuicios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-07-04

La prórroga de la competencia territorial puede definirse como la facultad que la ley otorga a las partes para atribuir jurisdicción con respecto a determinada pretensión, a un órgano judicial que legalmente carece de dicha competencia.
Nulidad procesal, sentencia, defensa en juicio, estado de indefensión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. N° 97.515 MANSILLA FERNANDO EN J° 11.920/122.534 CMR FALABELLA C/ MANSILLA DULAR FERNANDO P/ ORDINARIO S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-02-10

La regularidad del proceso depende de la válida constitución de la relación procesal y de la efectiva vigencia del principio de bilateralidad, por lo que sino se da al demandado la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales, se afecta la garantía de defensa en juicio.

Que no corresponde exigir al incidentista que, además del planteo de nulidad, deduzca recurso contra la sentencia que se ha dictado, cuando lo que se cuestiona es el acto de notificación de la demanda.

Admitir la tesis contraria implica una escasa comprensión de los efectos propios de las nulidades procesales que, por su índole, se extienden a todos los actos posteriores dependientes del que se nulifica. En lo que hace a la notificación de la demanda, es esencial el acto inicial de comunicación, que debe practicarse en el domicilio del demandado.
Mediación, aplicación de la ley, vencimiento del plazo, feria judicial, coronavirus, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: La Perseverancia Seguros SA c/ Tres Ases SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Procede confirmar la resolución que rechazó la demanda y ordenó su archivo por encontrarse vencido el plazo de caducidad anual que dispone la ley 26589: 51. Ello por cuanto, contrariamente a lo pretendido por la actora, no corresponde que se descuente del mencionado plazo anual la Feria Extraordinaria decretada a raíz de la emergencia sanitaria producida por el COVID19, pues resulta de aplicación al caso la directiva general que emana del CCCN 6 que -al igual que su predecesor- establece que los plazos son "continuos y completos y no se excluyen los días inhábiles o no laborales".
Ministerio Público Fiscal, independencia del Ministerio Público, requerimiento de elevación a juicio, dictamen fiscal, constitucionalidad, interpretación de la ley, debido proceso adjetivo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Delmastro, Alberto Esteban s/ Recurso de casación - Causa n. :1232.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

De las previsiones del art. 348 del C.P.P.N. no se advierte transgresión alguna a la independencia funcional del Ministerio Público consagrada en el art. 120 de nuestra Carta Magna, como tampoco se ven lesionadas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. (Voto del Dr. Hornos).
Rutas, concesionario (administrativo), responsabilidad del concesionario (administrativo), eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Basualdo Argentino René c/ Empresa Virgen de Itatí C.O.V.S.A. (VICOV S.A.) y/o quien resulte propietario y/o responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-11-05

La concesionaria para exonerarse debió acreditar que colocó guardaganados en los caminos de acceso, realizó un razonable control del estado de los alambrados linderos al camino y adecuado patrullaje a la vía concesionada; máxime que puntualmente, el hecho se registró en las cercanías de las casillas del peaje y por ende existía una mayor posibilidad de control y precaución lo que hubiera tornado al hecho en previsible y evitable.

Así se ha sostenido que en la actualidad la tecnología de que se dispone, permite monitorear extensos tramos de camino, con un sencillo y poco oneroso sistema, consistente en cámaras de televisión conectadas a un control centralizado.
Concursos, quiebra, honorarios, oportunidad procesal, vencimiento del plazo, plan de pagos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-25

Procede revocar la resolución dispuso diferir la intimación requerida por la sindicatura, en los términos de la LCQ 54 para una vez que venciera la segunda prórroga acordada a la concursada para acreditar el acogimiento a la moratoria de la AFIP. Ello por cuanto, de la literalidad de la norma surge que el comienzo del plazo ocurre desde la resolución homologatoria, lo cual descarta cualquier posibilidad de subordinación, al menos en cuanto al alcance de sus efectos. Pero al margen de tal conclusión y atendiendo a la particularísima forma en que ha sido dispuesta la homologación concursal (tesitura a la cual esta Sala ha adscripto en "Chacabuco Textil SACIFIA s/ conc. preventivo" Exp. C0M18056/2009 del 2/11/10; íd "Nema Técnica SRL s/ quiebra" Exp. C0M798/2014 del 27/9/18, entre otros) adquiere plena virtualidad la actuación interpretativa del órgano jurisdiccional, la cual frente a casos no expresamente contemplados por el legislador -tal como aquí acontece- debe orientarse a preferir la inteligencia que favorezca y no la que dificulte los fines perseguidos por la norma (Fallos, 330:2093; 326:3679; 316:1066,3014 entre otros). Bajo esta perspectiva, la modalidad acordada refiere a la constitución de una condición resolutoria (CCCN 343, 347, 348). Ello implica que la homologación produce plenamente efectos jurídicos desde el mismo momento en que se emite el pronunciamiento, pero tal eficacia se extinguirá y sobrevendrá inevitablemente la quiebra de la deudora si no logra obtener el acogimiento en la moratoria del ente fiscal, en el plazo conferido. Pendiente el hecho condicional resolutorio la obligación produce sus efectos normales, como si la misma fuera pura y simple (cfr. Cazeaux-Trigo Represas, Derecho de las Obligaciones, 1989, t. II, p. 229, Alterini-Ameal-Lopez Cabana, Curso de obligaciones, 3° edic., 1987, t. II, p. 48; todos citados Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, ed. Hammurabi, t° 2a, comentario al art. 553, pág. 304). Expresado de otra manera, se trataría de un supuesto de ineficacia pendiente: la obligación es válida y operativa, mientras la condición no se produzca; acaecida ella su ineficacia se configura (cfr. Lopez Mesa, Derecho de las Obligaciones, t.1, p. 849, n. 2.7.1, citado por Pizarro Vallespinos, Tratado de 0bligaciones, Rubinzal Culzoni, t.I., pág. 233). Así las cosas, y conforme la conceptualización formulada precedentemente, cabe inferir que el acto jurídico de la homologación ha resultado eficaz desde el momento mismo de su celebración.
Declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: C.H.L. s/ FALSO TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-02-18

Es evidente, como luego veremos, que el acto de una declaración testimonial y el deber positivo que pesa sobre el ciudadano que la presta ante la autoridad jurisidiccional, es una unidad de sentido, un acto de significado comunicacional en su relación con la norma del art. 275 C.P.. Cuando este tipo doloso de actividad y de riesgo prevé como hipótesis comisiva la de afirmar o negar una verdad y como variante omisiva la de callarla, en su desposición o informe, traducción o interpretación ante autoridad competente -en su tipo básico- no se multiplica la ilicitud porque el testigo, por ejemplo, conteste falsamente en cuatro o cinco preguntas u omita dolosamente en otras, sino que todo el acto comunicativo es una unidad de sentido desvalorada normativamente por el orden jurídico, del mismo modo que una carta injuriosa no multiplica la ilicitud por la cantidad de palabras deshonrantes, ni una estafa montada a través de un sofisticado despliegue ardidoso no implica por ello varias estafas en concurso real.
Amparo por mora, pronto despacho, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alén, Rosalía  c/  s/ amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-15

Cabe hacer lugar al amparo por mora, y en su mérito, librar la correspondiente orden de pronto despacho a la Sra. Ministra de la Secretaría General del Poder Ejecutivo de la Provincia de Formosa, para que en el término de 10 días dicte el acto administrativo pertinente para resolver en forma expresa lo solicitado por la actora bajo apercibimiento de ley -art. 111 Dto. Ley N° 971/80-. Para decidir así, se señala que el objeto de este amparo es proteger al particular contra el incumplimiento del órgano administrativo que tiene la obligación de expedirse; en el caso, no cumplió con la finalidad requerida -informar si se ha resuelto el expediente administrativo- como tampoco dio las razones que ocasionaron la demora injustificada en resolver tal solicitud.
Carga probatoria dinámica, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bailon, Luis Alberto y Otra c/ Superior Gobierno de la Provincia y Otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-25

"...cabe decir que en materia probatoria rige el principio que establece que a quien afirma la existencia de un hecho le incumbe la carga de su prueba (art. 363 del C.P.C. y C.), por lo que, si no logra hacerlo, corre el riesgo de que su pretensión sea desestimada (conf. C.S.J.N. en "Feuermann, Roberto c/ EN - ANA - s/ Daños y perjuicios", 29/04/2008, T. 331, P. 881, entre otros); es decir que el actor es quien debe acreditar los hechos constitutivos invocados en el escrito de demanda mientras que al demandado le corresponde demostrar los hechos impeditivos, modificativos, extintivos o distintos de los alegados por aquél.

"La doctrina de las cargas probatorias dinámicas, cuya aplicación demandan los recurrentes y que se asienta en la idea de que aquel que está en mejores condiciones de probar debe acercar los elementos de mérito necesarios a fin de colaborar con la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, no desplaza dicho principio general, al punto de consagrar una inversión de la carga probatoria, sino que lo complementa a través de presunciones derivadas de indicios graves, precisos y concordantes.

"Así lo ha consagrado el Código Civil y Comercial de la Nación con carácter excepcional, receptando los criterios doctrinarios y jurisprudenciales construidos antes de su sanción..." (Del voto del Dr. de Urquiza)
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JOTENSKY HUGO DANIEL c/ MONTENEGRO LINDOR s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-20

La cuantía del daño moral no tiene por qué guardar relación con el daño material, sino que debe tenerse en cuenta para su fijación la magnituid de los sufrimientos que el evento dañoso pueda producir en el común de las personas.
Ministerio Público Fiscal, menores, representación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: A. D. G. c/ GCBA y otros s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Si el Ministerio Público Tutelar no muestra la inacción por parte de los representantes legales ni alega que esté en juego el orden público, no están dadas entonces las condiciones que lo habilitan para ejercer la representación autónoma y principal de los menores beneficiarios de la condena. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de nulidad, procesado, defensa sin asistencia letrada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FEDERICO ROMANO s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-02

Debe rechazarse la nulidad articulada por no haberse permitido al procesado defenderse por sí mismo, pues si bien es verdad que por su condición de abogado pudo hacerlo, no es menos cierto que siempre contó con asesoramiento letrado de su confianza para ofrecer las pruebas pertinentes y así poder acreditar la falta de fundamento de la pretensión represiva, o arguir cualquier circunstancia capaz de aminorar su responsabilidad siendo, por otra parte, facultad del juez apreciar la oportunidad en la que el procesado puede ejercitar su propia defensa.
Requisitoria fiscal, requerimiento de sobreseimiento, debido proceso, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Antonio René. s/ Violaciones reiteradas s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-10-31

Corresponde declarar la nulidad del fallo cuando no ha existido válida acusación por parte del Fiscal de Cámara respecto del hecho nominado como 4to. y en relación al cual se solicitara absolución. Si el Fiscal de Cámara en el acto del debate se pronunció por los primeros tres hechos, solicitando pena de prisión, los señores Jueces no podían condenar por cuatro hechos, toda vez que al hacerlo el tribunal condenó sin jurisdicción Al disponer de este modo se lesiona un principio liminar de todo proceso como es el principio de congruencia, de manera que sin pretensión condenatoria no puede haber sentencia de condena. (Voto en minoría: Dr. Echarren).
Prueba testimonial, testigo único, valor probatorio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rota, Jorgelina Hebe s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-03

El adagio "testis unus, testis nullus", en virtud del cual un sólo testigo no constituye prueba para tener por acreditado el hecho, no tiene acogida -al menos con el rigor que emana de los términos de dicha máxima, vigente en el código según ley 2372, basado en el método de prueba legal- en el actual ordenamiento procesal, que adopta el sistema de la sana crítica racional como método de valoración de la prueba (art. 398 del C.P.P.N.). Ante la circunstancia de presentarse un único testigo del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que las mismas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo. (Voto del Dr. Tragant).
Concursos, privilegios (comercial), créditos reconocidos, honorarios, representación legal, concursado, quiebra
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Servicios Empresarios Diplomat SRL c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por limanski luis
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-15

El honorario del abogado regulado en una causa judicial donde se obtuvo el reconocimiento de una acreencia de naturaleza laboral, posee, por expresa disposición legal, privilegio general, dado que integra las costas impuestas a la fallida (arg. esta CNCom, esta Sala A, 09/10/85, "Escribas Rodolfo c/ Cooperativa Ferrocarriles del Estado s/ quiebra s/ incidente de verificación"; íd., íd., 27/11/09, "Hebos SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía por Cáceres Luis María"; íd., Sala E, 03/05/02, "La Confianza Cía. Arg. de Seguros s/ liquidación s/ incidente de verificación por García Mariano"; íd., Sala D, 31/10/01, "Antonio Saccomano SA s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación por Coria José"). Sobre tales bases, ponderando que el ordenamiento legal que rige la materia estableció como principio general el reconocimiento de privilegio general para "las costas judiciales" derivadas del pleito laboral (LCQ 246-1°), los honorarios de los abogados se encuentran incluidos dentro de ese rubro y el legislador no ha efectuado distinción alguna entre los diferentes conceptos que conforman esa categoría.
Subasta judicial, postor remiso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giménez, Oscar Horacio c/ Guerrero, Nora Alicia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-10

La circunstancia de que se haya aprobado la subasta no implica que la demandada no pueda solicitar que se haga efectivo el apercibimiento por el incumplimiento del comprador. la legitimación para peticionar que el comprador deposite el saldo de precio dentro del plazo fijado puede ser requerida por cualquiera de los litigantes, sea el ejecutante o el ejecutado, según el caso. En efecto, no es dudosa la legitimación que le otorga su calidad de parte, tanto en la relación procesal como en la sustancial implicada en la subasta, y el perjuicio patrimonial que le puede ocasionar la demora en el depósito. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Vicios redhibitorios, daños y perjuicios, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ganguzza, Ignacio Isidro su sucesión y Yeremian de Gamguzza, Sara Rosas c/ Salatino, Jorge y otro s/ Acción cuanti minoris - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-12

La limitación que impone el artº 2176 del Código Civil respecto de los daños y perjuicios sólo para el caso de que se optare por la rescisión del contrato, debe interpretarse referida a los daños que son propios, directos del incumplimiento contractual y que se traducen en la pérdida sufrida y la utilidad que se haya dejado de percibir por la inejecución -o mala ejecución- contractual, pero evidentemente no juega, respecto a los daños físicos originados en tal circunstancia.
Reordenamiento del sistema financiero, contratos bancarios, depósito bancario, retiro de fondos, emergencia económica, indisponibilidad de los depósitos, intangibilidad de los depósitos, operaciones bancarias, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: BANCARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Smith, Carlos Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado Nacional s/ sumarísimo Estado Nacional s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

Tanto las restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y sus posteriores reglamentaciones, como por la ley 25.561 de Emergencia Pública, en cuanto suspende la aplicación de la referida ley de intangibilidad (art. 15), han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al tiempo de efectuar sus operaciones bancarias lo que apareja un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y, por consiguiente, una profunda e injustificada lesión a su derecho de propiedad. (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Homicidio calificado, homicidio con alevosía, víctima menor de edad, estado de indefensión
Materia: PENAL
Carátula: J. N. M. s/ homicidio agravado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-03

Cabe aplicar la agravante de alevosía prevista en el art. 80, inc. 2° del Código Penal a quien habría provocado la muerte de una menor, habida cuenta que la figura contenida en la norma contempla que el obrar del autor del homicidio no le haya acarreado riesgos o que el mismo haya actuado sobre seguro, y la circunstancia de que la víctima estuviese atada de pies y manos cuando fue sometida al proceso insidioso que la llevó la muerte -en el caso, la víctima fue introducida por el indiciado dentro de un circuito de recolección y procesamiento de residuos mientras estaba aún con vida-, así como la diferencia de edad y contextura física entre el imputado y la víctima, evidencian el estado de indefensión de la fallecida.
Embargo, protección de la vivienda, juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Copropietarios Edificio Av. Independencia 3244 c/ Lopez, Jorge s/ Ejecución de expensas comunes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

No puede oponerse la inembargabilidad resultante de la afectación de la unidad al régimen del "bien de familia" a la ejecución por cobro de expensas comunes en la propiedad horizontal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, recurso de reconsideración, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guardatti, Juan Carlos c/ Municipalidad de San Carlos Centro s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11.330-Revocatoria (Expte.:   C.S.J. Nro. 32 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

Es condición ineludible para el acceso a la jurisdicción contencioso que se agote la vía administrativa mediante los recursos reglamentados en el trámite administrativo, y que la resolución impugnada sea definitiva y cause estado, esto es, decida sobre el fondo del asunto y sea dictada por la más alta autoridad administrativa competente, una vez agotados los medios de impugnación establecidos en las normas que regulan el procedimiento, en el caso, el recurso de reconsideración.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baldoni Hnos. Soc. Colectiva c/ Provincia de Buenos Aires (O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-21

Cuando el particular impugna expresamente los actos administrativos que lo afectan, satisface los requerimientos formales que habilitan el conocimiento de la materia por el Tribunal, y el problema de los argumentos expuestos constituye entonces un tema de naturaleza sustancial que debe ser tratado en el momento de dictar sentencia.
Lanzamiento, intervención de la fuerza pública
Materia: PROCESAL
Carátula: FEMESA (Ferrocarriles Metropolitanos S.A.) c/ Hotel Marcone S.R.L. s/ LANZAMIENTO LEY 17.091
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

En el art. 1° de la ley 17.091, se establece que formulado el pedido de lanzamiento en la forma allí prevista, los jueces, acreditados los extremos de su procedencia y sin más trámite, ordenarán el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las acciones de orden pecuniario que pudieran corresponder a ambos contratantes.
Contracautela, exención de la contracautela, beneficio de litigar sin gastos, alimentado con recursos económicos, actor procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: MEJURA, CARLOS PEDRO Y OTRO c/ PESQUERA GRIFOPEZ S.A. s/ MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-28

El fundamento de la exención de la contracautela en el caso de quien actuare con beneficio de litigar sin gastos radica en la particular situación de la persona requirente de la medida cautelar.

Y, si bien se ha admitido la dispensa provisional del otorgamiento de la caución a quien ha solicitado el referido beneficio, aún cuando todavía no haya sido concedido, en autos no han sido expuestos argumentos suficientes como para crear sin más la presunción de que los actores carecen de medios económicos para afrontar la contracautela.
Actualización monetaria, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSSETTI ALFREDO c/ MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ACTUALIZACION MONETARIA -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-08

El reajuste de los créditos no hace a la deuda mas onerosa que en su origen, solo mantiene el valor económico real de la moneda frente a un progresivo envilecimiento. No se modifica la obligación sino que se determina el 'quantum' en que ella se traduce cuando ha vencido el valor de la moneda. El acto no causa agravio ya que a valor constante su deuda no fue mas onerosa y se ha probado que además se mantenían, a la fecha de serle exigibles, idénticas condiciones de pago que al resto de los administrados.