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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, proceso penal, sentencia condenatoria, portación de armas, amenazas calificadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FLORES, NAHUEL ALEJANDRO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE GUERRA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACION LEGAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-01

En cuanto a la crítica de la valoración efectuada por el A quo de los elementos probatorios incorporados al proceso para confirmar la condena del justiciable como autor de los delitos de amenazas calificadas y portación ilegítima de arma de fuego de guerra y de uso civil, se evidencia que la Cámara expresó las razones por las que se podía concluir que las armas secuestradas se encontraban cargadas, en condiciones de uso inmediato y que tenían aptitud para el disparo, valorando la similitud de la que fue descripta por la víctima de las amenazas con el revólver calibre 38 que, a la postre, fuera recolectado por personal policial minutos después y en inmediaciones del lugar, junto a otro de calibre 22 y proyectiles de ambas dimensiones, al tiempo que ponderaron lo expuesto en el debate por los funcionarios que intervinieron en el procedimiento y los testigos de actuación y explicaron por qué tales declaraciones -que aludían a dos armas cargadas- merecían credibilidad y lucían contestes con el resto del caudal probatorio, lo que se complementaba, luego, con las conclusiones de los peritos de que ambas poseían aptitud para el disparo. Del mismo modo, para confirmar la responsabilidad penal del imputado por el delito de amenazas calificadas, valoró que la víctima había declarado de forma contundente, señalando quien fue su atacante y el acontecer fáctico de lo ocurrido -aludiendo a lo expuesto por el imputado y al arma utilizada por éste-, y reforzó su credibilidad al ponderar que los datos por él aportados fueron luego corroborados por otros testimonios y por el secuestro del material balístico mencionado en poder del encartado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, reenvío, tribunal de alzada, límites del pronunciamiento, incapacidad, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTRO, ANDREA MARCELA Y OTROS c/ ASOCIART ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-06-13

En lo tocante al apartamiento de los límites del reenvío invocado por la impugnante, sus cuestionamientos no alcanzan a desmerecer lo afirmado por el Tribunal al denegar el recurso de inconstitucionalidad en cuanto a que valoró que la decisión de esta Corte no solo remitió los actuados a los fines de pronunciarse en relación a la tasa de interés, sino en su integridad, para así obtener una solución que asegure una indemnización justa, entendiendo -en función de lo resuelto en precedentes de este Cuerpo- que la cuestión quedaba librada a la prudencia de los jueces, en miras de que el trabajador perciba una reparación justa por su incapacidad, con la debida motivación y evaluación del caso.
Competencia, subversión económica
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PIRILLO, JOSE s/ INC.  DE  COMPETENCIA  S/  INFR.  ART. 19  LEY  17.250  Y LEY 20.840
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-02

El criterio para determinar los alcances de los arts. 6, 7, 8 y 9 de la Ley 20.840 y consecuentemente la competencia de los tribunales locales o federales, es el de que los actos definidos en esas figuras pueden afectar intereses generales de la Nación.

Para ello deberá determinarse si el establecimiento afectado y las maniobras presuntamente cometidas en su perjuicio, revisten trascendencia tal que puedan resultar implicados intereses no meramente plurales de los ciudadanos, sino aquellos que alcanzan a la Nación misma.
Concesión errónea del recurso, admisibilidad formal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alegre, Angel Catalino; Rosso, Aurora Elena y Alegre, Miguel Angel Catalino c/ Andrada, Alberto; Veraye Omnibus S.A. y/o Empresa de Transporte de Pasajeros "Vosa" y/o Quien resulte Propietario, Guardador o Tenedor del Colectivo Dominio DBE-258, Marca Scania Modelo K124IB8X2NB Mod-1999 y/o Quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-15

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada, en virtud del incumplimiento de reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y su anexo.
Gobierno de facto, rebelión, validez de la ley
Materia: PENAL
Carátula: PAGANI, JORGE LUIS s/ DENUNCIA SOBRE REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-02

Si la Corte Suprema ha declarado válidos los actos realizados por las autoridades "de facto", esto supone que tenían atribuciones o facultades para efectuar dichos actos. Estas facultades o atribuciones derivarían, en última instancia, del hecho mismo revolucionario, que al tener la fuerza suficiente para hacer acatar sus decisiones, tendría entonces competencia para ejecutarlas; lo que comportaría, en definitiva, la validez normativa de una revolución triunfante.

No cabe duda que una revolución triunfante que se apodera de todo el aparato estatal, dispone de la fuerza necesaria para establecer las reglas que crea convenientes y hacerlas cumplir por sus destinatarios. Pero de allí no puede seguirse que las autoridades de facto hayan tenido la "facultad" o "competencia jurídica", de realizar tales actos.

El concepto de "competencia" (atribución, facultad), funciona "dentro" de un orden normativo preestablecido. En cambio, los revolucionarios triunfantes dictan normas porque "pueden" hacerlas obedecer, no porque hayan otras normas que lo faculten para ello.

Una cosa es el poder de hecho y otra es tener atribuciones; si se confunden ambos conceptos, dentro de la utilización ambigua del término "poder", se arriba a la errónea conclusión de que quien tiene la fuerza tiene facultades jurídicamente válidas.

En un régimen de facto, las disposiciones que dictan los gobernantes gozan de vigencia o eficacia (uno de los sentidos en que se utiliza también la palabra "validez"), en cuanto los gobernadores las observan y los órganos pertinentes las aplican.
Apreciación de la prueba, sentencia arbitraria, cuestiones procesales, verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por A. N. G., en su carácter de curadora de R. A. V. en la causa G., A. N.  c/ S., R.  s/ filiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-15

Las reglas que rigen la carga de la prueba deben ser apreciadas en función de la índole y características del caso sometido a la decisión del órgano jurisdiccional, principio que se encuentra en relación con la necesidad de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal.
Concursos, quiebra, servicio telefónico, medida de no innovar, contratos de tracto sucesivo, contratos en curso de ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCANDINAVIAN MUEBLES  S.A. s/ QUIEBRA S/ INC. DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE NO INNOVAR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

El contrato de prestación de servicio telefónico debe ser calificado como "un contrato de ejecución continuada", motivo por el cual queda resuelto por efecto de la declaración de quiebra, resultando erróneo interpretarlo como un contrato en curso de ejecución, a los fines de justificar su mantenimiento. Por lo que corresponde, en consecuencia, levantar la medida de no innovar que pesa sobre la línea telefónica de la fallida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fiscal de Cámara, reclusión, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Fraguglia, Enrique Alberto s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-26

El art. 342 -n.a.- del C.P.P. -aplicable al caso- sólo permite recurrir al Ministerio Público cuando hubiere pedido pena de reclusión.
Entidades financieras, régimen de garantía de los depósitos, obligaciones del depositario, responsabilidad del depositario
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Palma, Sergio Víctor c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Resultan inoponibles a los depositantes los defectos y omisiones en que pueda incurrir el depositario, tales como la falta de contabilización de las operaciones, o el hecho de que no se conserven los duplicados de las boletas de depósito (Disidencia del Dr. Guillermo A. F. López).
Pacto de cuota litis, homologación judicial
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., C. R. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-27

La doctrina ha interpretado que si bien ninguna norma específica exige la homologación judicial del Pacto de Cuota Litis, no obstante es una práctica conveniente desde que una vez homologado el acuerdo y consentido el auto que así lo disponga, ninguna de las partes podría atacarlo.- El juez tiene amplias facultades para examinar el convenio y decidir si está adecuado al marco de legitimidad (arts. 21, 953 y conc. Código Civil).
Cuenta corriente bancaria, rectificación de cuenta corriente, plazo, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: SARRIAS, RAUL c/ BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-06

En la acción de rectificación de la cuenta corriente bancaria por artículos indebidamente llevados al débito (ccom 790), si bien se establece un plazo ciertamente extenso y probablemente inadecuadamente extenso, es insoslayable desde que es ley positiva vigente. Por ello, por más demora en que incurra el cuenta correntista en demandar, ello es jurídicamente irrelevante si lo hace dentro del plazo.
Medidas de seguridad y protección, REPÚBLICA ARGENTINA, MENDOZA, condiciones de detención, establecimientos penitenciarios, derecho a la vida, derecho a la integridad física, archivo del expediente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Penitenciarías de Mendoza c/  s/ medidas provisionales Asunto de las Penitenciarías de Mendoza s/ Medidas Provisionales respecto de la República de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2006-03-30|2011-07-01

Corresponde desestimar la solicitud de reapertura de las medidas provisionales ordenadas inicialmente por la Corte Interamericana en noviembre de 2004, ratificadas con posterioridad y finalmente levantadas en diciembre del año 2010, con el fin de proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de Mendoza y en la unidad Gustavo André, así como de todos quienes se encuentren en su interior, y proceder asimismo al archivo del expediente, pues el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se mantiene atento a la situación allí existente a través de la acción de uno de sus órganos, al cual corresponde determinar el curso siguiente de los procedimientos, ya sea en el marco de diversas peticiones o mediante otros mecanismos tales como la atención que al respecto pueda continuar dando la Relatoría sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana.
Hábeas corpus, denunciante, defensa en juicio, principio de inmediación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: De La Torre, Juan Carlos s/ hábeas corpus - causa 550.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Si, una vez iniciada la denuncia judicial, el amparado nunca fue llevado en presencia del juez a pesar de que éste dictó un decreto que resultaba un verdadero auto de hubiste corpus y consecuentemente lo obligaba a llevarlo ante sí, esto no sólo contraría al principio de inmediatez sin que el estado de indefensión se fue agravando ya que los terceros denunciantes tampoco fueron escucha dos en la causa (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Poder Judicial, inamovilidad de los jueces, sistema republicano, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: LILLJEDAHL, ENRIQUE ERNESTO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-12-05

Adherimos a la postura doctrinaria que considera que la inamovilidad vitalicia asegurada por el Art. 110 de la C.N. es un elemento esencial de la independencia del Poder Judicial, de la división de Poderes y del régimen Republicano como forma de Gobierno, en tanto, tal garantía ha sido establecida para preservar y asegurar las potestades de control del Poder Judicial en relación a los otros Poderes del Estado, y al mismo tiempo salvaguardar a éste y a sus Miembros de toda intromisión política que condicione ilegítimamente su independencia y el gobierno de la Ley como carácter fundante del Estado de Derecho. Del voto de la Dra. Sesto de Leiva
Asistencia a las audiencias, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BREA ABELEDO, MARIA DEL CARMEN c/ SOCIEDAD SALECIANA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-06-23

La efectivización o no de los apercibimientos por incomparecencias a las audiencias, es facultad exclusiva del tribunal, siendo indiferente al efecto la voluntad o petición de las partes, pues carecen de interes particular legitimo.
Daños y perjuicios, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Castillo, Julio c/ Speranza, Francisco s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-25

El embargo preventivo no procede, en principio, en la acción de daños y perjuicios, siendo admisible sólo cuando media condena criminal contra el responsable o se haya acreditado debidamente la verosimilitud del derecho o el peligro en la demora. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción reivindicatoria, medidas cautelares, mejoras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jerko c/ Bassi s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

En atención a que la medida sólo debe ser trabada en la extensión indispensable a las particularidades que ofrece el sub lite (art. 204 CPCC), resulta procedente limitar sus efectos únicamente a aquellas mejoras que no revistan el carácter de necesarias. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, embargo, traba del embargo, bienes inmuebles, pago parcial, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: ANSS c/ RANUCCI HNOS. S.R.L. s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

El bien ofrecido en sustitución del inmueble embargado tiene entidad bastante para garantizar el crédito del ANSS y resulta menos perjudicial para el deudor, desde que la libre disposición de un bien inmueble comporta naturalmente un factor que facilita el acceso al crédito, elemento que se ha vuelto prácticamente imprescindible en el moderno proceso industrial y comercial. La firma deudora manifestó categóricamente haber enjugado alrededor de un 40% de sus obligaciones, afirmación que no fue puesta en tela de juicio por la actora. Resulta presumible, en consecuencia, que aquél aserto no es insincero y que comporta una importante disminución de la acreencia de la demandante. Luego, si se tiene presente dicha mengüa del crédito pronto se advierte que para garantizar el saldo adeudado parece suficiente el equipo analizador de oxígeno ofrecido en sustitución. A lo que cabe añadir que el seguro que cubre los eventuales riesgos que podrían llegar a afectarlo tiene vigencia hasta casi fines del corriente año y alcanza nada menos que a la cantidad de u$s 120.000 (cfr. "Certificado de Cobertura"). En tales condiciones, corresponde admitir la sustitución impetrada en tanto con ella se favorece el desarrollo de la empresa deudora -al facilitarle el acceso al crédito-y no se desprotege al acreedor habida cuenta de la disminución que habría sufrido su acreencia por efecto de los pagos parciales realizados dentro de la moratoria concedida (doctrina de los arts. 203 y 204 del Código Procesal).
Comité contra la tortura, deber de esclarecimiento, deber de imparcialidad, deber de juzgar, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Tortura - D. C. y D. E. Vs. República de Georgia - Torturas y malos tratos en el momento de la detención - Deber de investigación pronta e imparcial c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2017-05-12

Corresponde que el Comité contra la Tortura recuerde a los Estados Parte en la Convención, que la mera apertura de una investigación no basta a los fines de acreditar cumplidas las obligaciones que les cabe en materia de investigación pronta e imparcial, máxime cuando se trata de detenciones arbitrarias -en el caso, padre e hijo-, torturas y posteriores condenas sin dar respuesta a ninguno de los recursos interpuestos.
Jueces, sentencia penal, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal y querellante c/ Ghilhou, Agustin s/ Homicidio - Inconstitucionalidad (Libro: S055-070) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1953-12-22

Si a juicio del juzgador, a pasar de afirmar que el procesado no es ajeno al hecho, admite no resultar sin embargo elementos de juicio para condenarle, por ello no existe contradicción entre el respectivo considerando y el dispositivo absolutorio de la sentencia, sino un caso evidente de la situación concretada en el aforismo "in dubio pro reo".
Jueces, Superior Tribunal de Justicia, competencia, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M. A. Y OTRAS s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desacato (Expte CSJ Nro. 174-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

En tanto los Jueces los servidores del Derecho para la realización de la Justicia, la evolución de aquél y la modernización del conjunto de las parcelas del territorio jurídico, sólo se han de lograr por los carriles de la interpretación dinámica, finalista y teleológica. Pero no sustituyendo los Jueces al legislador. Ni recíprocamente.
Horas extra, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: FARRONI, GUILLERMO AGUSTÍN c/ JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-21

Debe hacerse lugar a un reclamo iniciado por un trabajador categorizado como encargado pero que se desempeñaba como repositor de un supermercado por diferencias salariales como consecuencias de horas extras laboradas e impagas. El nuevo régimen establecido por la ley 26.597 circunscribe la excepción establecida en el Art. 3 inc. a) de la Ley 11.544 únicamente a quienes se desempeñan como directores o gerentes. La naturaleza del instituto, reviste carácter excepcional, considerando que mediante esta restricción se afecta una previsión legal de carácter higiénico, claramente protectorio y de raigambre constitucional.
Sociedad de hecho, liquidación
Materia: COMERCIAL
Carátula: D., G.A. c/ S., G. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-24

Es doctrina prácticamente uniforme que el proceso de liquidación de una sociedad de hecho debe llevarse a cabo de acuerdo a las normas que contenga el contrato y supletoriamente la de los Arts. 101 y ss. de la LSC.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Medina, Héctor Daniel c/ Perciante, Fabiana s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-29

Nuestro propio Superior Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de que los fallos de la CSJN son en principio obligatorios para los órganos restantes de la administración de justicia, tiene la primordial salvedad de que ello es así cuando versan sobre el tratamiento de temas regidos por la Constitución Nacional o de orden federal.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Boullosa, Carlos A. y ots. c/ Empresa Social de la Energía de la Pcia. de Bs. As. S.A. s/ Diferencia por retiro voluntario Belloli, Héctor R. y otros c/ E.S.E.B.A. S.A. s/ Diferencia de retiro voluntario Montiel, Rogelio Oscar y otro c/ Empresa Social de la Energía de la Pcia. de Bs. As. S.A. s/ Diferencia por retiro voluntario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13|2001-03-28|2002-02-19

Si la extinción de la relación que vinculara a las partes se concretó en los términos del art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo por mutuo acuerdo de las partes, no genera derecho indemnizatorio al trabajador y por ende carga económica alguna para el empleador.
Acción de amparo, competencia, obras sociales, prestaciones de la obra social
Materia: PROCESAL
Carátula: VERA TELLO, Paula Maria y Otra s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-03

El dictado de la Resolución 2778-08 de DOS que fija el alcance de la cobertura para la prestación médica que requiere la accionante....está dentro de la competencia que la ley le otorga a la autoridad de Dirección de Obra Social; sin que el hecho que se trate de una Intervención, implique que aquellas atribuciones estén de alguna manera restringidas.

Además, que conforme al art. 16 de la ley 4.680, bien aplicado al caso, le da facultades para definir la cobertura y alcance de las prestaciones, con lo cual está otorgando la atribución de poder fijar límites inferiores al 100%. Y ello en base a "...la capacidad técnica y económica disponible..." con lo cual el factor presupuestario o económico es un condicionante previsto por la ley.

Más aun, el art. 2 inc. b) de la ley mencionada dice, como lo refiere la amparista que "... las prestaciones a otorgar hagan al completo estado de bienestar físico...".

Pero de tal previsión legal no resulta que deba obligatoriamente cubrir el 100% de las prestaciones, porque si observamos el Decreto que reglamenta la ley (0037-80) al ocuparse del art. 2 de la ley dice en su parte final que "la promoción de las actividades contempladas en los incisos b) y c), no podrán comprometer la capacidad operativa o financiera del organismo de las que resulten perjudicadas las prestaciones", con lo cual la normativa aplicable vuelve a marcar la implicancia y trascendencia de la situación económica de D.O.S. con relación a las decisiones que adopte en el cumplimiento de sus fines. (Voto en mayoría, Dres Riveros y Alferillo).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, recusación, excusación, jueces
Materia: PENAL
Carátula: CARULLA, T. s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO.  RECUSACIONES Y EXCUSACIONES. IMPROCEDENCIA,
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

El pronunciamiento relativo a la excusación y recusación de los jueces de la causa no constituye la sentencia definitiva a que se refiere el art. 14 de la ley 48, dado que no pone fin al pleito ni hace imposible su continuación, por cuyo motivo no procede el recurso extraordinario.-