Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-22


Salta, 22 de abril de 2.013 Y VISTOS: estos autos caratulados: "BORDA, HECTOR EDUARDO CONTRA ORTEGA CAMIONES S.A. - ORDINARIO", EXP. - 19.494/07; originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 5, para resolver la apelación interpuesta a fs. 64/66, y C O N S I D E R A N D O María de las Mercedes Domecq dijo: I. La sentencia de fs. 61/63 vta., por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda y se condena a Ortega Camiones S.A a pagar en favor de Héctor Eduardo Borda la suma de $29.601,10 a la fecha de su pronunciamiento (diciembre de 2.009), es objeto de la mentada vía recursiva deducida por el demandado.Tras afirmar que la Señora Jueza formula una serie de consideraciones dogmáticas, que son fundamentos sólo aparentes relacionados con la carga de la prueba, el recurrente sostiene que aquella no tuvo en cuenta que en la misiva postal remitida por su parte se hizo una expresa referencia a las causales del despido, al contrario de lo manifestado por el actor al sostener que los fundamentos eran genéricos e imprecisos y que ello alteraba su derecho de defensa en juicio: en realidad son ésas las afirmaciones que pueden ser calificadas de esa manera. Asume que la pérdida de confianza refleja un sentimiento subjetivo, pero ello no implica que su parte no lo haya exteriorizado de la manera y en la oportunidad en que podía hacerlo.El reproche del Tribunal sobre la ausencia de testimonios y documentación es, para el recurrente, una exigencia que vulnera el debido proceso y el derecho de defensa, porque impone la concreción de otras pruebas de imposible realización. Cita un antecedente jurisprudencial y advierte que la Sentenciante es contradictoria, puesto que, por un lado, reconoce que el actor faltó a la verdad al formular el reclamo del art. 80 de la ley de contrato de trabajo, pero, por otro, hace lugar al reclamo de él, valorando tan sólo sus afirmaciones, sin haber tenido en cuenta las piezas postales remitidas por su mandante, ni la confesional de aquél, de la que surge que mintió, al igual que lo hizo en el escrito de la demanda.Critica que se haya hecho lugar al reclamo de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, con lo cual ubica a su parte en una situación de pérdida, obligándola a pagar una suma excesiva por la mera circunstancia de haber ejercido el derecho de defensa que le asistía: el reclamo vinculado al art. 80 de la ley de contrato de trabajo resulta improcedente. Invocando la conducta del actor de reclamar rubros que no le correspondían, el apelante pide la exención que prevé la última parte de aquella norma.El segundo agravio se vincula con la tasa de interés, en torno a lo cual asegura que no fue solicitada y que ubica al actor en una situación más ventajosa que aquella en la cual se habría encontrado si cobraba su crédito en tiempo y forma; expresa que se otorga a aquél un interés muy superior al que le confiere el sistema financiero y el índice de costo de vida. Lejos de mantener el equilibrio económico de la prestación, la tasa activa constituye, según el memorial, un premio o ventaja a favor del acreedor y un perjuicio para el demandado. El interés judicial no tiene -agrega- naturaleza punitoria, sino la finalidad de evitar el deterioro del crédito por el mero transcurso del tiempo, para lograr lo cual es suficiente con la aplicación de la tasa pasiva. Transcribe antecedentes jurisprudenciales, entre otros, de la Corte de Buenos Aires y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Formula reserva de cuestión federal.El traslado de fs. 74 y vta. es contestado a fs. 70/72 en un escrito en que el actor sostiene que el memorial es una repetición de hechos ya expuestos, que el apelante sólo disiente con la Señora Jueza; que no hace mención de cuál sería la prueba o instrumento legal que permita concluir que su planteo resulta ajustado a derecho; que la única manera de demostrar lo razonable del despido es mediante la producción de prueba que lo confirme, pero esto no ha sido cumplido por el demandado; que no existe agravio alguno respecto de la condena a pagar la indemnización del art. 2 de la ley 25.323; que la tasa de interés aplicada en la sentencia es la sostenida en la jurisprudencia local en materia de créditos laborales y que no existe razón para cambiarla, máxime cuando se trata de un crédito alimentario.II. El motivo por el cual la Señora Jueza condenó a Ortega Camiones S.A. a pagar las indemnizaciones derivadas del despido -los demás créditos no fueron objeto de cuestionamiento en esta instancia- se vincula con la coyuntura de que ésta no logró acreditar la existencia de los hechos invocados en la carta documento agregada a fs. 3 de la documentación que se reservó a fs. 8: "incumplimiento de directivas de superior, actitudes incorrectas en su permanencia indebida en la empresa el día 03/10/2007 a fs. 20:20, todo lo que ha motivado la pérdida de confianza...".Y no resulta extraño que así haya ocurrido, puesto que esas construcciones semánticas no contienen precisión alguna en torno a hechos concretos, situación que se advierte renovadamente a a fs. 14 vta, punto 4 de la contestación de la demanda y que permite entender que el mandatario judicial de la accionada no haya siquiera ofrecido prueba testimonial, ni ninguna atinente a acreditar la existencia efectiva de las conductas atribuidas a Héctor Eduardo Borda.

La aseveración de que lo exigido por la Juzgadora en torno a la necesidad de probar sus asertos vulnera el debido proceso pues implica la concreción de otras pruebas de imposible realización resulta difícil de comprender, puesto que, en general, el proceso laboral se asemeja al civil en cuanto a que se encuentra a cargo de cada una de las partes la actividad probatoria tendiente a acreditar los extremos que comprenden su posición procesal (art. 377 del C.P.C.C.), que, en este caso, incluye a los motivos invocados por su mandante para extinguir un vínculo con natural vocación de continuidad. Paréceme entonces que si lo que quiere significar con la utilización del adjetivo calificativo otras es que atañen a cuestiones ajenas al debate central en autos, se equivoca, puesto que es justamente la existencia o no de causas reales lo que condiciona la procedencia de ciertos créditos derivados del despido. Por lo demás: carece de seriedad que se pretenda vincular el hecho de que el demandante haya reclamado de manera incorrecta la entrega de la documentación prevista en el art. 80 de la ley de contrato de trabajo (por lo cual el actor fue condenado en costas) con la decisión de la Sentenciante de hacer lugar al resto de los créditos con las solas afirmaciones del demandante: más allá de que el análisis del reclamo de la documentación prevista en esa norma es absolutamente autónomo del derivado del despido y sus consecuencias patrimoniales y más allá de que así lo formuló aquella a fs. 62 y vta., destacando cada parte de su argumentación con subtítulos, paréceme oportuno reiterar al recurrente que se condenó a su parte no por lo afirmado por el señor Borda, sino por lo incumplido por él mismo, aserto éste que me remite a la ya considerada ausencia de actividad probatoria por parte de la demandada.

La pérdida de confianza en abstracto no resulta una causal idónea para decidir la extinción del vínculo laboral si no se relaciona con un hecho (o diversos) efectivamente acaecido y acreditado. En otros términos: si no se prueba la existencia del mismo (elemento objetivo) carece de entidad real cualquier sentimiento (elemento subjetivo) que pueda invocarse, sin que tenga relevancia que éste hubiera sido "exteriorizado en la oportunidad y forma que podía concretarlo.." (fs. 64 in fine/64 vta.).

"La noción de pérdida de confianza requiere, al constituir un sentimiento subjetivo, que se funde en algún hecho objetivo que demuestre mala fe del dependiente, esto es, un incumplimiento de este último a los deberes de conducta o, excepcionalmente, de prestación..." (ver la obra de Raúl H. Ojeda: "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada", t. III, p. 371), lo que no se verifica en el caso de autos.

Pero además, la crítica a lo resuelto en torno a la condena a pagar la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 carece de fundamento, por lo que debe ser desestimada: no aporta elemento alguno que torne compartible su postulado de que es procedente la exención, el que trasunta, en realidad, una afirmación dogmática.Pero además: esa norma acuerda al Titular del Poder Jurisdiccional la facultad de disminuir el porcentaje allí previsto y, en su caso, de eximir de su pago al empleador, si "...hubieran existido causas justificaren la conducta del empleador..." de omitir pagar las indemnizaciones derivadas del despido sin causa. Si, como ya lo expresé, de las constancias de autos no surge elemento alguno que haga comprender cuál había sido la razón de éste para denunciar el contrato, a fortiori carecemos de datos que puedan orientarnos a concluir que el empresario tuvo motivos que justificaran su decisión de no pagar aquellas, sino todo lo contrario. Digo eso porque Ortega Camiones S.A. no sólo extinguió ilícitamente el contrato (en cuanto no pudo acreditar la existencia de causa alguna), sino que generó al trabajador el perjuicio relacionado con la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas en la ley de contrato de trabajo, con las que el legislador procuró que el acreedor laboral sea satisfecho de modo inmediato en la percepción de las mismas, en atención a su carácter alimentario.

En cuanto al tercer agravio y al argumento de que la aplicación de la tasa activa de interés que publica el Banco de la Nación Argentina representa "un premio o ventaja excesiva a favor del acreedor..." (fs. 65), en detrimento del deudor, advierto ab initio que me parece inaceptable.El atraso en la percepción de una suma de dinero genera dos consecuencias que no deben ser desconocidas por los miembros de la sociedad demandada: la imposibilidad de disponer del capital, por un lado, y la pérdida de su valor adquisitivo en una economía inestable, por otro. Ello actualiza, a su vez, la doble función de la aplicación de las tasas de intereses: la moratoria, cuestionada por el recurrente, y la compensatoria, aceptada por él. Y considero que no es posible lógicamente reconocer la segunda sin aceptar la primera, puesto que sólo puede resultar necesario paliar los efectos que la inflación ocasiona en el curso del tiempo en la micro y macroeconomía si existe una demora en la posibilidad de disponer del capital.

En efecto: la privación del uso del capital por parte de Héctor Eduardo Borda, quien fue despedido sin causa acreditada y sin percibir las indemnizaciones y debió esperar el resultado de esta vía instada por el recurrente, debe ser retribuida mediante la primera de aquellas, cuya previsión normativa encuéntrase en el art. 622 del C.C., que, en conjunción con los arts. 255 bis y 128 de la ley de contrato de trabajo, nos lleva a concluir que si el monto de la condena en primera instancia es debida desde cuatro días después de producido el despido en octubre de 2.007 y el mismo es pagado más de cinco años después, el daño generado por el prolongado incumplimiento debe integrar ipso iure la indemnización, puesto que resulta ser el único medio para resarcir los daños generados por el incumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero."El interés moratorio constituye una forma específica de indemnización por el atraso en el pago de la obligación pecuniaria y reemplaza, en principio, a los daños y perjuicios que corresponden en el incumplimiento de otras obligaciones (fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, citado en la p. 16 del suplemento especial de la revista La Ley, denominado "Intereses", artículo de Luis Daniel Crovi "Clases de intereses. Sus razones jurídicas y económicas). Lo referido me lleva a desestimar el argumento de que la tasa activa no fue solicitada por el actor.

Determinado ello, debemos tener presente que por eficacia de la ley 23.928 se derogó a partir del 1 de abril de 1.991 el art. 276 de la ley de contrato de trabajo (derogación ésta ratificada por la 25.561), al imponer el nominalismo en el cumplimiento de las obligaciones, en el que quedaron incluidos, por cierto, los créditos laborales: desde entonces, la liquidación de intereses cobró especial relevancia, puesto que no sólo es el medio para indemnizar la demora en la entrega del capital, sino también el componente enderezado a la corrección de los efectos de inflación (doctrina de, por ejemplo, la sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en "Camilletti, Rubén Horacio c. Rodpetrol S.R.L. y otros - despido", del 21 de diciembre de 2.011) .Tan importante resulta determinar cuál será la tasa aplicable, que al poco tiempo de sancionada la mentada ley de convertibilidad, por el art. 10 del decr. 941/91, que realiza un agregado al 8 del decr. 529/91, reglamentario de aquella, se otorgó facultades a los jueces de indicar la tasa de interés a aplicar a partir del 1 de abril de 1.991, a fin "...de mantener incólume el contenido económico de la sentencia..." y esta facultad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (ver, por ejemplo, los antecedentes comentados en La Ley 1.999-D-534; El Derecho 182-742; El Derecho 162-498; Jurisprudencia Argentina 1.995-II-473 y La Ley, 1.994-C-30), al referir que la tasa de interés, por aplicación del art. 622 del C.C., es asunto de razonable discreción de los jueces.En definitiva: con la recomposición de la liquidación en juicio del crédito laboral, lo que el Titular del Poder Jurisdiccional debe procurar es ajustar su pronunciamiento a la realidad económica y es valorando ésta, junto a los límites legales mencionados, que la aplicación de la tasa activa de interés a los créditos laborales, se presenta, desde mi análisis, si bien sólo como una solución precaria, también como la única posible en orden a preservar la integridad de los créditos laborales reclamados y en orden a que ella no resulte inferior a la inflación.De prosperar mi voto, se rechazará en su integridad la apelación de la demandada, con costas, por eficacia del principio objetivo de la derrota (art. 67 del C.P.C.C.).La Dra. Ana María Guadalupe Varela dijo que: por las conclusiones finales adhiero a este voto.Por ello, LA SALA II DE LA CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO:

F A L L A I. Rechazar la apelación del demandado en su integridad y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, con costas.II. Tener presente la reserva formulada a fs. 65 vta..III. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna.

IV. Ordenar se copie, registre, notifique y que bajen los autos al Juzgado de origen.