marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba, apertura a prueba, hechos nuevos, apelación en relación
Materia: PROCESAL
Carátula: S., E. c/ C., N. s/ Alimentos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

El art. 275 del Código Procesal veda expresamente la apertura a prueba y la alegación de hechos nuevos durante la tramitación de las apelaciones concedidas en relación, prohibición que se ha hecho extensiva a la agregación de documentos.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, derechos humanos de las personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A.M.I. c/ Provincia de Salta s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-20

El art. 36 de la Constitución Provincial, establece el deber de los poderes públicos de brindar a los discapacitados físicos, sensoriales o psíquicos la asistencia apropiada, con especial énfasis en la terapia rehabilitadora y en la educación especializada. Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como miembros plenos de la comunidad. Tales derechos resultan operativos de conformidad a lo estipulado en el art. 16 de la Constitución.

El ámbito de protección a las personas con discapacidad es tan vasto y operativo, que no se advierte una intromisión del Poder Judicial en el ámbito o materia privativa de otro poder del Estado. Por el contrario, de la prueba producida, en especial de los informes de la misma accionada, se comprueba una omisión de la demandada en el cumplimiento de las obligaciones constitucionalmente asumidas, que lesiona derechos fundamentales de un grupo de personas especialmente vulnerables que carecen de familiares o referentes afectivos, lo que torna necesaria su protección. Por ello luce razonable y acorde a derecho la intimación que a tal fin se cursara en la sentencia. (Del voto de la Dra. Bonari, Dres. Posadas, Samsón, Vittar, López Viñals, Dra. Ovejero Cornejo, Catalano)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, seguros, prima, pago, productor asesor de seguros, cobertura, suspensión de la cobertura
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Modernell Gour, Luis Humberto c/ Gómez Robles, Luis Marcelo y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

Es descalificable el pronunciamiento que omitió expedirse respecto de la eficacia y validez de los pagos que la demandada efectuó ante el productor de seguros, planteo relevante y prioritario desde que, de resultar oponibles a la aseguradora, no cabría exigir la rehabilitación de una cobertura que - de no haber mediado incumplimiento - nunca se habría suspendido.
Honorarios del abogado, base regulatoria, monto indeterminado, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuba, Emiliano c/ Concejo Deliberante de Montecarlo s/ Plantea Conflicto (art. 149 - Ley 257)
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-06-21

Al tratarse de un proceso carente de apreciación pecuniaria dado que sólo cuestiona la legalidad de un acto administrativo, conforme el estado de las actuaciones, y teniendo presente la labor cumplida y el resultado obtenido, procede la regulación peticionada conforme lo prescripto por los incs. b y c del art. 12 de la Ley de Aranceles. No obstante no haber solicitado la respectiva regulación los profesionales que asistieron a la demandada, en honor al principio de economía procesal, corresponde determinar sus retribuciones en un mismo acto.
Interpretación de la ley, interpretación literal, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Defensor  del  Pueblo  de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- M° E. - dto. 1738/92 y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-24

Es regla de interpretación de las leyes la de que los jueces deben atenerse al texto de las mismas, cuando es claro y no da lugar a dudas (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Contratos, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vivanco de Saravia, Silvia Eugenia c/ Méndez de Morales, Norma Raquel s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-10

Teniendo en cuenta lo convenido por las partes en el contrato, el inmueble debía devolverse en las condiciones de uso en que fue entregado, y atento al retiro de las instalaciones dadas en comodato, resultaba materialmente imposible de cumplir en especie, haciendo así procedente su compensación por la vía indemnizatoria del daño producido, sin que competa a esta Sala reexaminar si la suma de condena se adecua o no a las particularidades del caso, pues ello involucra una cuestión de hecho y prueba inabordable en esta instancia casatoria. La conclusión sobre este aspecto no viola el artículo 1197 del Código Civil pues se recepta lo expresamente acordado por las partes y, por ende, se resguarda la buena fe sobre la que debe sustentarse toda ejecución o interpretación contractual.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal, facultades del juez
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO CREDIT LYONNAIS ARGENTINA S.A. c/ AYALA GUTIERRES, Caferina Isabel s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-23

Para ejercer la facultad judicial de reducción de la cláusula que violenta el orden público de la economía interna del contrato, cuando menos, debe existir alguna mínima invocación de la pena por parte del ejecutado, y su procedencia hubiese quedado comprometida dentro del ámbito del litigio, por lo que, si no ha mediado requerimiento de parte de la deudora, no corresponde que el juez proceda en forma oficiosa a disminuir los intereses.-
Cargos gremiales, delegado gremial, elecciones gremiales, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: BARBASAN, HORACIO c/ LA DELICIA DE FELIPE FORT s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-27

La antiguedad mínima debe entenderse ante todo como una garantía para los trabajadores representados, para quienes debería ser preferible un delegado con la debida experiencia en la actividad y aún en la empresa. Para ésta, en cambio debería ser indiferente la persona que sus empleados eligieran para representarlos.

Especialmente si se tiene en cuenta que en el caso concreto el requisito de la antiguedad no revestía el carácter de orden público al reemplazar la ley 23071 a la ley 22105 en materia de elecciones de delegados.
Medidas cautelares, medida de no innovar
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Correa Argentino Dionicio - Propietario y Representante Legal de Empresa Gral. Belgrano s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-12-15

Una de las bases sobre las que se asienta el sistema protectorio cautelar, es su vinculación directa e inmediata a un proceso principal; no son un fin en sí mismas, ni se agotan con su aceptación o rechazo. No existe un proceso precautorio específico.

Cabe denegar la concesión de la medida de no innovar solicitada, toda vez que no surge con nitidez el proceso ulterior al que accederá ni la certeza e inminencia de que éste se deduzca. (Dr. Bertolini: Según su fundamento).
Procedimiento judicial de la seguridad social, acción de amparo, costas en el orden causado, aplicación de la ley previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SEIA, NATALIA MARGARITA c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-08

Si bien es cierto que el art. 68 del C.P.C.C. prescribe que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado, resulta evidente que sobre esta norma ha de primar lo dispuesto por el art. 21 de la ley 24.463, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino porque la finalidad que se tuvo en cuenta al sancionarla fue la de resguardar los fondos del sistema previsional, que es el patrimonio común de todos los beneficiarios que permite el pago de los haberes pertinentes. (Disidencia del Dr. Laclau)
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, despido, suspensión del preaviso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gamaleri, Gregorio Pablo c/ La Primera de San Isidro S.A.C.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-03-05

Procede hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por un trabajador que siendo despedido pretende el cobro de diferentes rubros indemnizatorios, dado que, transgrediendo la doctrina legal de esta Corte, el a quo juzgó configurada la hipótesis extintiva del contrato de trabajo estatuida en el art. 252 de la LCT, sin valorar que la licencia médica usufructuada por el accionante provocó la suspensión del plazo del preaviso que le había otorgado la demandada en el marco de dicho precepto.
Fertilización asistida, muerte del cónyuge, técnicas de reproducción humana asistida, consentimiento informado, resolución denegatoria
Materia: CIVIL
Carátula: C., E. c/  s/ autorización
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-05

Debe ser denegada la autorización judicial para la utilización de semen criopreservado de quien fuera su cónyuge en vida, por no contar con el debido consentimiento informado para la realización de un tratamiento de fertilización asistida post mortem, puesto que en el expediente no surge que se hubiere dado cumplimiento a un requisito básico para cualquier técnica de fecundación humana asistida, que es el consentimiento informado prestado en forma expresa y personal por la persona interesada en llevarla adelante (arts. 560 y 561 del C.C.C.N.
Contracautela, mejora de la contracautela
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asseph, Jorge Jesús c/ Telecom Argentina s/ Acción de Amparo y medida de no innovar (Incidente de Modificación  de Contracautela) Amparo y medida de no innovar (Incidente de Modificación  de Contracautela)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-03-07

Los motivos dados por el incidentista para solicitar la mejora de la contracautela están respaldados por conceptos doctrinarios, conforme a los cuales, el juramento no tiene, en la práctica, mayor relevancia ya que la responsabilidad existe aunque no se formule aquél. Nace de la ley procesal porque todo sujeto que actúa en el proceso es responsable de los actos que realice o solicite. Y nace de la ley de fondo porque todo aquel que causa un daño a otro con culpa o negligencia también es responsable; por lo que no existe una responsabilidad específica por el acto de la caución, sino genérica de las disposiciones comunes por lo que el juramento no agrega ninguna garantía a favor del afectado. De allí que, la mayor parte de la jurisprudencia sostenga que fuera de algunos casos excepcionalísimos, la contracautela debe ser real o personal y no simplemente juratoria, pues el equilibrio de la justicia exige que, mientras menos recaudos se requieran para decretar la medida cautelar, más severo debe ser el criterio para disponer la suficiencia de la caución.
Beneficio de litigar sin gastos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chuit Martin -Incidente- c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-14

El principio sentado en el art. 78 del código de rito prescribe que el beneficio de litigar sin gastos puede solicitarse con anterioridad a la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso.
Recurso de casación, violación de las formas procesales, defensa en juicio, debido proceso, Constitución Nacional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FERREYRA, JULIO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El punto controvertido -respecto a si hubo inobservancia de las normas procesales que garantizan la defensa en juicio y el debido proceso al condenarse al imputado después de un alegato fiscal absolutorio producido en la oportunidad prevista por el art. 393 del C.P.P.N.- constituye una cuestión de interpretación respecto de la manera en que mejor se garantiza el contradictorio y la defensa en juicio del imputado, observada desde la Constitución y no desde las normas procesales reglamentarias.
Intereses, determinación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Oliva Pires, Manuel J. c/ Martínez, Raúl H. y otra s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Si bien el art. 621 del Código Civil declara la validez de las convenciones sobre intereses, sean comunes o punitorios, se ha considerado que esa libertad contractual se encuentra restringida cuando excede los límites admitidos por la moral y las buenas costumbres.-
Indemnización tarifada, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Arias, Juan c/ Instituto Superior Enseñanza en computación S.R.L. s/ Cobro pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-14

Corresponde la aplicación de las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 de la Ley 24.013 porque está probado por carta documento que se intimó la regularización en el empleo con antelación a la extinción del contrato de trabajo.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Comité de Administración del Fiedeicomiso de recuperación crediticia Ley 12726 c/ Luca Humberto Luis s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

La fijación convencional del interés según lo normado por los artículos 621 y 622 del Código Civil reafirma el principio de la autonomía de la voluntad consagrado por el art. 1197 del mismo cuerpo legal y rige tanto para los intereses compensatorios y moratorios, como para los punitorios, encontrándose únicamente sujeta al límite que imponen las reglas de la moral y las buenas costumbres y la determinación de dicho límite es una cuestión cambiante, dependiendo de las variables económicas, debido a lo cual no se pueden dar reglas fijas sobre la tasa considerada excesiva.
Planeamiento urbano, tareas de urbanización, derecho a la vivienda digna, asentamientos urbanos
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Zarate Villalba, Juan Ramón y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

No resulta necesaria la declaración de inconstitucionalidad establecida en primera instancia respecto de la ordenanza que estableció los límites de la Reserva Ecológica de la CABA-41.247/86-, dado que no se ha probado ni existe un obstáculo jurídico infranqueable para que dentro de ella y ocupando solo un 0,89% de su extensión, exista un asentamiento poblacional. Así siempre y cuando el barrio no se amplíe, no hay lesión alguna al derecho de los habitantes de la ciudad a gozar del medio ambiente y que sean conservadas las especies, tal como ha previsto el constituyente en el art. 27 de la Constitución local, y el legislador al disponer el cuidado de las especies de la reserva ecológica. (Del voto en disidencia de la Dra. Daniele)
Prueba, carga
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NUÑEZ DARDO O.; HECTOR D. CISNEROS Y OTRO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SGO. DEL ESTERO s/ COBRO DE AUSTRALES-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-16

la carga de la prueba tiene dos aspectos, a) subjetivo y concreto, que aconseja determinada conducta a las partes en un proceso determinado, si no quiere correr el riesgo de perderlo, y b) objetivo y abstracto, que le impone al juez el deber de fallar de determinada manera ante la ausencia de prueba. Esto último se enuncia como una norma de carácter general, aplicable a todos los procesos.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, sentencia definitiva, responsabilidad penal, menores
Materia: PENAL
Carátula: S., P.M. s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

No es sentencia definitiva a los fines del recurso de inaplicabilidad de ley, la que declara la responsabilidad penal de un menor
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, mala praxis, responsabilidad de la obra social, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, María Nélida Dalila c/ VALERIO, Guillermo Daniel y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

Sin perjuicio de la existencia de una presunción de idoneidad -de la cual goza todo médico-, si se demuestra que éste ha incurrido en mala praxis, la obra social responde frente al damnificado en virtud de la obligación tácita de seguridad por el servicio que presta, la cual reconoce un fundamento constitucional en el art. 14 de la Carta Magna.
Recurso extraordinario, gravedad institucional, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ministerio Público
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Cacciatore, Osvaldo Andrés y otros s/ administración fraudulenta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Si la resolución apelada admitió la separación de la causa del fiscal interviniente y asignó la representación del Ministerio Público al titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, existe en la causa un interés institucional de orden superior, que radica en la necesidad de procurar una recta administración de justicia.
Municipalidad, supervisores, contrato de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CARTECHINI, ABEL NORBERTO Y PONCE, JORGE ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 35-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-18

EL hecho de que en el "Pliego de bases y condiciones generales para la explotación del estacionamiento medido y pago en varias arterias de la ciudad de Rosario" se estableciera expresamente que "el nuevo concesionario tendrá obligación de tomar a los agentes de control y supervisores que... se encuentren afectados al servicio de estacionamiento medido...", no implica el reconocimiento de la relación de empleo público que los accionantes invocan en su demanda, ni de dicha circunstancia puede derivarse la alteración de la naturaleza de contratos de locación de servicios que caracterizara a la relación que mantenían con la Municipalidad demandada.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, denegatoria del recurso, fundamentación del recurso, cuestiones de hecho y prueba, asentamientos urbanos, coronavirus, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en álvarez, ignacio y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-14

La queja del GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma por parte legitimada. Sin embargo, no puede prosperar ya que no contiene una crítica suficiente de las razones por las que el recurso de inconstitucionalidad fue denegado, relativas a la ausencia de cuestión constitucional. En el auto denegatorio, los camaristas explicaron que las cuestiones tratadas en la sentencia impugnada, que tuvo por cumplido el objeto del amparo con relación a la creación de un protocolo de acción en villas por el COVID-19, y mantuvo la medida cautelar de realizar un seguimiento mediante mesas de trabajo, quedaron circunscriptas a la interpretación de cuestiones de hecho, prueba y de las normas que las rigen, todas ellas de carácter infraconstitucional. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia de paz
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juz. Crim. y Correc. 4 del Depto. Jud. Azul-Policía Prov. Bs.As. s/ Conflicto art. 161 inc. 2 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-27

La competencia para juzgar en materia de faltas provinciales corresponde a los órganos judiciales mencionados y ninguna otra norma constitucional ni legal permite desplazar esa atribución o que ésta sea asumida por el Subjefe de Policía de la Provincia (En el caso, se consideró que no obsta a esta conclusión, el hecho de que la ley 10.571, en su art. 7 otorgara a la Suprema Corte la facultad de fijar la fecha a partir de la cual regirá la competencia de los Juzgados de Paz en materia de faltas, pues en ningún caso podía exceder de nueve meses desde el 20-11-87 (art. 7, segundo apartado) y las sucesivas prórrogas legales del mismo (ley 10.661; ley 10.786 y ley 10.838) se encuentran agotadas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepción de prescripción, haber de retiro
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: JEREZ BENEDICTO ESTANISLAO Y OTROS c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-11

Corresponde hacer lugar a dicha excepción de prescripción contra todo crédito emergente de la procedencia de la reliquidación del haber de retiro o pensión y, de los aumentos instituidos por el decreto 1305/12 y sus modif., desde los dos años anteriores a la interposición de la demanda o desde la solicitud administrativa de reconocimiento del derecho a los suplementos en debate (cfr. art. 2537 y art. 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: GRIEGO, CARLOS ALBERTO DE JESUS c/ XEROX ARGENTINA ICSA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-31

Corresponde declarar inconstitucional la aplicación del tope máximo anual establecido en el artículo 245 de la LCT. (to.) si el salario mínimo vital fijado por el PEN (en el caso: a través del decreto 1670/81) no guarda una razonable proporción con la remuneración del trabajador (en el caso: representa el 37 % de la retribución). (Disidencia del Doctor Vázquez Vialard).
Derecho procesal, deberes y facultades del juez, facultades disciplinarias, multa, sanciones conminatorias, plazo, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: Serolav SRL c/ Sandoval, Ricardo s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

Las "astreintes" tienen un doble función, conminatoria y sancionatoria, y su cumplimiento se encuentra determinada por la reticencia de quién debe cumplimentar un mandato judicial (Palacio Lino, "Derecho Procesal Civil", T° II, p. 247 y ss.; esta CNCom, esta Sala A, 11/06/10, "Constructora Paese SRL c/ Dyps A. Desarrollos y Proyectos s/ ordinario s/ incidente de apelación").- Ahora bien, en cuanto a la forma en que se han de computar las astreintes, siendo que el lapso sobre el que recae la condena conminatoria involucra un plazo judicial, éste no debe ser confundido con el plazo procesal previsto por el ordenamiento ritual. Cabe recordar que el CCIV 27 y 28 disponían que "todos los plazos serán continuos" y, en el caso particular de los plazos que "señalasen ... los tribunales, se comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándolo así". En ese sentido, el CCCN 6, establece que "...el cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables...". Despréndese de ello que, como regla, los plazos se computan teniendo en cuenta tanto los días hábiles como los feriados, pudiendo inclusive terminar en uno de ellos, a diferencia de los plazos procesales que de acuerdo a lo establecido por el CPR 156 no son continuos, pues solo se computan los días hábiles. En suma, visto que el plazo en el que se aplican las astreintes se consideran plazos civiles, no corresponde descontar de su cómputo las ferias judiciales o los días inhábiles como pretende la recurrente (conf. esta CNCom, esta Sala A, 21/5/09, "Banco Rio de la Plata SA c/ Ziegler Eduardo Julio y otro s/ ejecutivo").