Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-25


SENT Nº 87 San Miguel de Tucumán, 25 de Marzo de 2013.- Y VISTO: El presente juicio caratulado: "Martín Ramona del Carmen vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo", en el que resulta necesario determinar el órgano jurisdiccional competente para entender en la presente causa, y	C O N S I D E R A N D O :

Que en autos, se presenta la actora e inicia Amparo a la Simple Tenencia en contra de la Provincia de Tucumán. Sostiene que el día 23 de agosto de 2012, "comenzaron a abrir las calles en esos terrenos para lotear y entregar a las personas que habían intentado usurpar el terreno del Superior Gobierno, que se estaba confeccionando una lista para luego hacer entrega de los terrenos a los 'aspirantes' inscriptos. Para efectuar este loteo se habrían abierto las calles, pero al abrir las calles avanzaron indebidamente sobre el inmueble vecino al del Superior Gobierno, avanzaron sobre el inmueble que por sucesión me corresponde" (fs. 10 vta.). Asimismo, afirma que dicha conducta constituyen actos turbatorios de la posesión, solicitando que cesen los mismos. En este marco, corresponde el análisis de la competencia teniendo en consideración que se encuentra demandada la Provincia de Tucumán y que el inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. La correcta solución de la cuestión planteada requiere de una interpretación que establezca los justos alcances de las normas involucradas.

A partir de allí, se observa que si bien en autos se encuentra demandada la Provincia de Tucumán y se adjudica a la misma una actuación en el ámbito del derecho privado, en la especie, la cuestión planteada no encuadra en los supuestos contemplados en el artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, el que debe ser interpretado en forma restrictiva, en tanto fija una competencia especial (conf. CSJN, Fallos 319:2032; Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, in re "Murúa, Héctor R. y otros", del 02/03/1997, publicado en LLC 1998, 457).

Así, el artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, dice "La Provincia, como persona civil, puede ser demandada ante la Corte Suprema de Justicia provincial sobre propiedad y por obligaciones contraídas, sin necesidad de requisito previo y sin que el juicio deba gozar de privilegio alguno". Es decir, la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia en los supuestos en que la Provincia de Tucumán sea demandada como persona civil, cuenta con una limitación adicional, consistente en que sea demandada "sobre propiedad" o "por obligaciones contraídas".

Por su parte, la acción entablada en autos, consiste en un Amparo a la Simple Tenencia por un inmueble ubicado en San Miguel de Tucumán. Sobre la referida acción, esta Corte destacó que "El amparo a la simple tenencia previsto por el inciso 8° del art. 409 CPCC, es la vía procesal prevista en el ordenamiento local para ejercer la acción establecida por el art. 2469 del Código Civil (art. 2469: 'La posesión, cualquiera sea su naturaleza, y la tenencia, no pueden ser turbadas arbitrariamente. Si ello ocurriere, el afectado tendrá acción judicial para ser mantenido en ellas, la que tramitará sumariamente en la forma que determinen las leyes procesales'). La sentencia que recae en este tipo de procesos debe decidir si se restablecen o no las cosas al estado anterior al de los hechos denunciados, y se limita tan sólo a la detentación de los bienes. No se resuelven planteos ajenos al hecho de la turbación de la posesión o de la tenencia, lo decidido no causa estado ni hay pronunciamiento sobre propiedad o posesión de los bienes en cuestión" (CSJT, sentencia nº 68 de fecha 25 de febrero de 2002, sentencia nº 206 de fecha 27 de marzo de 2006, entre otras).

En efecto, y de conformidad al criterio sostenido por esta Corte Suprema de Justicia en los autos "Ortiz Marcelo Roberto vs. Provincia de Tucumán y otro s/ Especiales (Residual). Amparo a la simple tenencia" -sentencia nº 1071 de fecha 3 de diciembre de 2012-, considero que del análisis de la cuestión bajo estudio y teniendo en cuenta la naturaleza y las particularidades propias del Amparo a la Simple Tenencia, se advierte que la acción entablada en autos no pretende un pronunciamiento sobre propiedad o posesión de los bienes en cuestión y tampoco refiere al cumplimiento de una obligación contraída, por lo que la materia debatida no se enmarca en ninguno de los supuestos consagrados en el artículo 20 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y, en consecuencia, no corresponde entender en el presente juicio a esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

En efecto, encontrándose excluída la competencia originaria de ésta Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, corresponde conocer en el presente proceso al Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la IVª Nominación -que intervino originariamente en ésta causa-, toda vez que "La competencia del fuero civil en documentos y locaciones resulta de la aplicación extensiva de la regla que atribuye competencia a los jueces de ese fuero en grado de consulta por los casos de amparo a la tenencia resueltos por los jueces de paz (art. 62 inc. "e" de la LOPJ). Así lo ha resuelto este Superior Tribunal en anterior composición, al considerar que sería contradictorio que cuando entiende la justicia de paz intervenga en grado de consulta el juez en lo civil en documentos y locaciones, y no cuando se trate de un caso ocurrido en la jurisdicción de la Capital o de la Ciudad de Concepción (cfr. CSJTuc. in re 'Espeche vs. González de Páez s/ amparo posesorio', 16/6/78; 'Kasen vs. Ruiz s/ amparo posesorio', 27/7/78; 'Farías vs. Martínez s/ amparo posesorio', 20/11/78)" (CSJT, sentencia nº 784 de fecha 9 de diciembre de 1994). Por las razones expresadas y en virtud de lo normado por el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 6.238) y el criterio sustentado por ésta Corte Suprema de Justicia en la sentencia nº 784 de fecha 09/12/1994, corresponde asignar la competencia en estos autos, a la Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la IVª Nominación, debiéndose remitir los autos a la misma a sus efectos.

Por ello, encontrándose en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane, y oído el Sr. Ministro Fiscal (fs. 20/21), se	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA de la Corte Suprema de Justicia para entender en la presente causa.

II.- DECLARAR LA COMPETENCIA de la Sra. Jueza Civil en Documentos y Locaciones de la IVª Nominación, para entender en el proceso de referencia, debiéndose remitir los autos a la misma a sus efectos.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.