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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, prueba, contrato de obra pública, falta de prueba, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OVALHO CONSTRUCCIONES S.R.L. c/ MUNDO CONSTRUCCIONES S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-03-10

El Tribunal de alzada confirmó el rechazo de la demanda interpuesta por la subcontratista actora, orientada al cobro de pretendidas diferencias en torno al precio de la provisión de mano de obra convenida con la accionada -bajo la alegada modalidad por unidad de medida- para la ejecución de dos obras municipales adjudicadas a esta última; y señaló que los postulados indicios emergentes de los certificados de obra y comunicaciones entre las partes se mostraban insuficientes para generar presunciones que permitieran sustentar los hechos invocados en la demanda; y que la confesional de la demandada sólo daba lugar a tener por acreditada la relación habida entre las partes, pero no versaba sobre la extensión de los trabajos encargados a la subcontratista y/o los ejecutados, su monto, modalidad convenida, provisión de materiales, plazos, etcétera; lo cual, sumado a la inexistencia de instrumento contractual escrito respecto de una de las obras, impedía determinar conforme a derecho las características particulares de lo convenido y la cuantía de lo supuestamente adeudado; mencionó que tales conclusiones no se veían en modo alguno conmovidas por los dichos de los testigos en punto al carácter conflictivo de la relación, destacando finalmente que, con respecto a la otra obra, existía un contrato escrito cuyo propio texto que -en cuanto habría previsto una retribución por ajuste alzado- desvirtuaba la demanda. Frente a tales fundamentos, la compareciente insiste en oponer su propia postura en cuanto a la solución que considera acertada, con base en su particular enfoque de la causa y con planteos que se presentan más bien como alegatos o agravios propios de los grados ordinarios y que se vislumbran como una simple reiteración de los ya expresados en las anteriores instancias; mas sin superar el nivel de la mera discrepancia respecto de apreciación de la prueba efectuada por los jueces de la causa en ejercicio de funciones privativas. (De la disidencia del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 226
Conflicto de poderes, Superior Tribunal de Justicia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Concejo Deliberante de la Municipalidad de Aconquija c/ Intendente Municipal s/ Conflicto de poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-07-23

Con el dictado de la ley 4702, que incorpora el capítulo "conflicto de poderes-procedimiento", al código de ritos provincial, se ha venido a llenar el vacío legal existente sobre la cuestión, receptándose la jurisprudencia sentada por el tribunal, respecto al carácter sumarísimo de ésta acción. Por ello, y en un todo de acuerdo a lo normado por el código de ritos y estimando que el requerimiento jurisdiccional efectuado en nombre y representación de los Señores Concejales de la Municipalidad de Aconquija, reúne los requisitos establecidos para su tratamiento como conflicto de poderes; en consecuencia se resuelve declarar "prima facie", la jurisdicción y competencia del tribunal para entender en los presentes autos.
Sentencia, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Diners S A c/ Rizo, Ernesto y otra s/ Ejecutivo-Prepara vía
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-02-17

Para que sea viable la capitalización de intereses, que autoriza el artículo 623 del Código Civil en su segunda parte, se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) que se trate de una deuda judicialmente liquidada, b) que el Juez haya ordenado el pago, c) que el deudor sea moroso en verificarlo. Caso contrario, si la sentencia de remate hubiera mandado llevar adelante la ejecución del crédito incluyendo en una sola suma el capital e intereses como lo pretende la quejosa, no habría satisfecho la exigencia legal de los intereses sean previamente liquidados para que a su vez produzcan intereses.
Reincidencia, pena compurgada
Materia: PENAL
Carátula: Gorordo, Oscar Celestino s/ infracción arts. 72 y 74 inc. a) Dec. Ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-22

En virtud de lo prescripto por el art. 25 del Código de Faltas ( Dec. Ley 8031/73 ), debe considerarse al infractor como primario o carente de antecedentes, cuando el segundo hecho se cometió transcurridos más de seis meses desde que adquirió firmeza la condena anterior
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, seguros
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: SINDICATO DEL SEGURO c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO - INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS NACIONALES -  SEGUROS  -    ACLARATORIA   -  EXCEPCIONES  -  DERECHOS  Y  GARANTIAS  CONSTITUCIONALES. RECURSO EXTRAORDINARIO  - INCONSTITUCIONALIDAD  DE  NORMAS  NACIONALES - SEGUROS - ACLARATORIA - EXCEPCIONES - DERECHOS Y  GARANTIAS CONSTITUCIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-11

Es formalmente procedente el recurso extraordinario en cuanto concierne al debate acerca de la validez constitucional de la ley 22 235.
Empresas del Estado, ENTEL, privatizaciones, transferencia del contrato de trabajo, crédito laboral, responsabilidad del Estado
Materia: LABORAL
Carátula: TOCCO, CARLOS c/ TELINTAR  S.A. s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Cuando la transferencia se opera mediante "licitación" no corresponde la aplicación de los arts. 225 y 228 LCT. Tal situación, en el caso de ENTel, debe completarse con lo normado en el dec.

1105/89 que determina que en ningún caso será responsable el ente privatizado por los incumplimientos laborales anteriores a la privatización, obligación que quedará a cargo del Estado.
Cuestiones de competencia, facultades del Poder Legislativo, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de De Pico Truncado c/ Honorable Concejo Deliberante De Pico Truncado
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-06-16

Corresponde declarar la validez de los Decretos HCD 116/11, HCD 117/11, HCD 118/11 y 124/12 de la Provincia de Santa Cruz, dictados por el presidente del órgano legislativo municipal, en virtud de los cuales se dispuso el pase a planta permanente de tres agentes que hasta entonces formaron parte de designaciones de carácter político, en tanto el Concejo Deliberante actuó en ejercicio de plenas atribuciones que el ordenamiento jurídico le reconoce, conforme el art. 53 inc. h) de la ley 55 provincial, no existiendo obstáculo alguno para que designe personal con funciones en su propio ámbito deliberativo.
Restricciones a la capacidad, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Q. G. M. s/ Insania curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-05

Respecto a la determinación jurídica de la capacidad, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que se debe partir de la presunción de la capacidad de toda persona. Las limitaciones al ejercicio de la misma deben ser de carácter excepcional, basadas en intervenciones interdisciplinarias y priorizándose siempre las alternativas menos restrictivas de derechos y libertades (art.31 Cód. Civil y Comercial). Para aquellos casos en que del ejercicio de su plena capacidad el juez presuma que pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes se deberá designar el o los apoyos necesarios, especificando las funciones y con los ajustes razonables en función de las necesidades de la persona. (art.32 CCyCn).-
Recurso contencioso administrativo, demanda, pretensión, instancia administrativa, jubilaciones, haber jubilatorio, título profesional, antigüedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RECAMAN, BENJAMIN WASHIGNTON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  OPOSICION  A  LA  AMPLIACION  ORIGINAL PLANTEADA EN LA  DEMANDA     CSJ EXPTE NRO 255-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-09

Corresponde hacer lugar a la oposición de la demandada respecto de la ampliación de la demanda en el recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción pretendida por la actora, que introduce nuevas pretensiones distintas a lo ya reclamado, y que exigen por tanto, su consideración particularizada para determinar si deben computarse o no para la determinación del haber jubilatorio. De lo contrario se conculcaría el procedimiento diseñado por el Código pertinente.

En el caso, el actor reclamó dos rubros: permanencia en la categoría y bonificación por el título, en sede administrativa y en la demanda ante la Corte. Luego pretende ampliar su pretensión al suplemento por incompatibilidad; la asignación especial no remunerativa por dedicación exclusiva y el adicional por antigüedad, en base a 3 decretos, uno de los cuales ya estaba vigente al efectuarse el reclamo originario en sede administrativa, y otro antes de resolverse éste por la Caja.
Nulidad procesal, traslado de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: NAZAR, JULIO CESAR c/ ASTUN, GUSTAVO A. y otro s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-11-02

La notificación en un domicilio que no es el real del demandado afecta garantías de raingambre constitucional, lo que justifica la nulidad perseguida, debiendo valorarse también para concluir de ese modo, que el traslado de la demanda tiene singular trascendencia para hacer efectiva la defensa en juicio.

De conformidad al art. 339 del Código Procesal, el traslado de la demanda debe realizarse, como principio, en el "domicilio real" del demandado el cual (art. 89 CC) con formalidades específicas que se justifican en atención a la significación que dentro del proceso tiene la notificación del traslado de la demanda, en tanto viene a vincular al demandado a la relación procesal en cumplimiento del principio de bilateralidad (Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos..." Bs. As. Abeledo Perrot, t. V, B, 1990, pag. 132).

En la apreciación del cumplimiento de los recaudos legales establecidos para la notificación del traslado de la demanda, ha de procederse con criterio estricto, por ser el que mejor se compadece con la finalidad de evitar la indefensión del demandado (CNCiv., Sala A, LL, 156-811, Morello, obra citada, pág. 140).

Sostener que la sentencia no debe violar la defensa en juicio de la persona y de los derechos significa, entre otras exigencias, que ambas partes deben estar notificadas de todas las etapas del proceso, ser oídas y tener la oportunidad de ofrecer y rendir pruebas (Quiroga Lavié, "Derecho Constitucional, pág. 459).

Valorada la prueba producida de conformidad a los principios de la sana crítica y habiéndose acreditado que el nulidicente no se domicilia en el lugar donde se diligenció la cédula, ello configura una irregularidad que al afectar garantías constitucionales ameritan la confirmación del decisorio impugnado.
Ejecución de sentencia, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, fundamentación del recurso, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Manzur, Luis Alberto c/ Banco del Noroeste Coop. Ltada. Sucursal Catamarca s/ Ejecución de sentencia - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-02-20

Se impugna la sentencia interlocutoria dictada por la Alzada que resolvió no hacer lugar a las apelaciones interpuestas por ambas partes y en consecuencia confirmar lo resuelto por el Juez de grado que no hizo lugar al incidente de nulidad promovido en contra de todo lo actuado en el proceso de ejecución de sentencia. La recurrente fundamenta su recurso en la causal de arbitrariedad, expresando que la sentencia ha violado el derecho de defensa de su parte.

En autos, se advierte que la cuestión que se quiere someter a conocimiento de esta Corte, fue objeto de numerosas resoluciones que se encuentran firmes y que este Tribunal ya se expidió respecto a la cuestión que ahora se pretende revisar.

Los actos jurídicos que revisten carácter de cosa juzgada, son inimpugnables por mandato expreso de la ley procesal.

En tales condiciones, tratándose en el caso de una cuestión que adquirió condición de cosa juzgada sustancial, toda vez que se declaró la extensión de la responsabilidad del crédito que se reclama al Banco Macro S.A., en la que el recurrente tuvo participación e incluso efectuó diversos actos procesales que hicieron a la defensa de su parte a través de diversas apelaciones y que dieron lugar al dictado de resoluciones en expedientes que se encuentran agregados a los presentes autos por cuerda, lo expresado por la recurrente en el sentido que no tuvo participación y que se vulneró su derecho de defensa deviene manifiestamente improcedente.

Corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto.
Concurso de delitos, concurso ideal, encubrimiento, robo de automotor, uso de documento falso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ALCAIDE, Ricardo A. y otros.... s/ Causa 14.237
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-04

Los tipos penales de encubrimiento de robo de automotor (art. 277, inc. 3° del C.P.) y uso de documento público falso ( Art. 296 del C.P.) concurren en forma ideal.
Honorarios del abogado, carácter alimentario
Materia: CIVIL
Carátula: GOYENA, CARLOS Y ROBERTO G. SCHEVERIN s/ INCIDENTE  DE EJECUCION DE HONORARIOS EN AUTOS:"ITEM CONSTRUCCIONES S  A. C/PROVINCIA DE RIO NEGRO S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO   S/APELACION".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-10

Los honorarios de los profesionales intervinientes constituyen en principio, emolumentos debidos al profesional en razón de servicios prestados por la actividad que es su medio habitual de vida, por lo que aquellos tienen indudable naturaleza alimentaria.
Marcas, nulidad de marca, oposición al registro de marca, cotejo de marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: LOS CINCO HISPANOS SA c/ RICCIARDELLI DE NICODEMO MARIA JOSEFA s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-26

El criterio adoptado en materia de nulidades marcarias no es el mismo que se sigue en el cotejo de las marcas cuando se trata de una oposición. Hay otros intereses en juego y se puede dar el supuesto de que el titular de la marca cuestionada ha comenzado su legitima utilización, de tal modo que la decisión no para por el hecho de frustrar una pura expectativa. Dicho en otros términos: dos marcas pueden ser declaradas confundibles si se trata de resolver una oposición al registro de una de ellas, pero no se llegaría a igual conclusión si el conflicto se presenta entre esas mismas marcas luego de registradas. Tal es, en mi opinión, lo que ocurre en el caso de autos, por lo tanto, frente a la intensa utilización de la marca de la demandada y a la buena fe que cabe presumir en su elección interpreto que los signos en pugna pueden coexistir.
Superior Tribunal de Justicia, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), notificación electrónica, Poder Judicial, acordadas
Materia: PROCESAL
Carátula: P., J. D. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR EL VINCULO Y ABUSO SEXUAL DOBLEMENTE AGRAVADO POR ACCESO CARNAL Y POR EL VINCULO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-09

Cabe desestimar el recurso de revocatoria interpuesto contra el proveído de Presidencia que ordenó el pase a esta Corte para resolver el recurso extraordinario federal, toda vez que la cédula de notificación electrónica mediante la cual se le comunica al Órgano Fiscal el decreto por el que se le corre traslado del remedio extraordinario deducido (en cumplimiento de lo estipulado por este Tribunal en las Acordadas 16, punto 2, del 10.6.2020, que puso en funcionamiento el sistema de notificaciones electrónicas con firma digital aprobado por Acta Acuerdo Nro. 7, Punto 11 del 7.3.19, en todas las unidades jurisdiccionales y dependencias de este Poder Judicial comprendidas en el punto II a partir del 18.06.20; y en el punto 11 de la última Acordada mencionada, que dispuso la puesta en marcha del Sistema de Notificaciones por medios electrónicos con firma digital, de acuerdo al reglamento adjuntado, cuyo artículo 14 estipulaba, en lo que aquí interesa, que la notificación se tendrá por cumplida el día en que la cédula firmada digitalmente queda disponible y visible para su destinatario en el Sistema de Consulta de Expedientes on line, independientemente de que el profesional ingrese o no al sistema), no fue impugnada a través de recurso alguno, motivo por el cual mantiene su plena vigencia y no resulta susceptible de invalidación. - REFERENCIAS NORMATIVAS: CSJStaFe: Acordada 16, punto 2, del 10.6.2020; Acordada 7, punto 11, del 7.3.2019; Reglamento aplicable al sistema de notificaciones por medios electrónicos con firma digital, artículo 14.
Quiebra, honorarios
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LOKMAN  JAIME  INCIDENTE  DE  REVISION  EN  SETEMBRINI  OSCAR ROBERTO s/ QUIEBRA PEDIDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-03-05

En el proceso de verificación tardía la base regulatoria es el valor del crédito actualizado desde la fecha de iniciación del incidente.
Falta de mérito, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN JOSE FRANCISCO Y OTROS s.d. DEFRAUDACION e.p. LOS ANGELES S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-17

La nulidad absoluta que puede afectar a una declaración indagatoria (por no haberse relevado al imputado del juramento que prestó al declarar como testigo) debe ser declarada de oficio por el tribunal, aunque dicho planteo no haya sido formulado por la defensa de los imputados.
Gobierno de facto, intimidación, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Olivares, Jorge Abelardo c/ Estado Nacional Argentino. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

La pretensión de que un sistema de gobierno constituye "in genere" un aparato intimidatorio que haría aplicable el art. 4030 del Código Civil, de manera que el curso de la prescripción sólo comenzase con la caída de aquél, importaría un paréntesis en la vida argentina durante el cual el transcurso del tiempo sería inoperante para la tutela de la seguridad jurídica, conclusión que no resulta posible sin ley específica que lo imponga.
Competencia por la materia, competencia laboral, daños y perjuicios, contrato de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Goñi,  Juana  Margarita c/ Salud  Total  S.A. Sanatorio 15 deDiciembre s/ accidente - acción civil.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo entender en la causa en la que se peticiona la reparación de un accidente sufrido por la actora en el marco de una relación laboral que tiene como sujeto pasivo a una empleada y el reclamo se funda en disposiciones de derecho laboral y común, todo en consonancia con el art. 20 de la ley 18.345.
Daños y perjuicios, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ RICARDO JESUS c/ COOPERATIVA  DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE BRINKMANN LIMITADA Y/O MIGUEL ANGEL BERGERO Y TARCISO COMBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-06-15

Si bien la responsabilidad de la persona jurídica se funda en un factor objetivo de atribución, tiene en principio como presupuesto la responsabilidad del propio causante del daño. En consecuencia es necesario que éste haya obrado con dolo o culpa (art. 1067 C.

Civil).

Cuando se trata de juzgar la conducta de los miembros o representantes de una persona jurídica es preciso hacerlo con arreglo a los principios que rigen la culpabilidad en general, toda vez que lo que la ley sanciona son las infracciones cometidas personalmente por ellos, de modo que a la responsabilidad de la persona jurídica se le suma la de las personas físicas que llevaron a cabo el acto dañoso.

Es evidente que sólo se puede ser responsable de una injuria a título de culpa o dolo. Luego, si una persona jurídica viene a ser responsable de las consecuencias dañosas de aquélla, es porque sus representantes han actuado, al menos, con culpa.

Si una determinada conducta solamente puede ser el resultado de culpa o dolo, es más que evidente que para que ello suceda debe haber intervenido la acción del hombre;sien así, debe responder la persona física a través de quién se expresó la persona jurídica. Con mayor razón en el caso, en que presidente y secretario actuaron por sí, sin decisión previa del Consejo de Administración. La posterior convalidación significa que la cooperativa hizo suyo ese acto, pero no exculpa a quienes lo emitieron.-
Poder Judicial, independencia del Poder Judicial, autarquía judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso de queja (procesal), depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Basso, Jorge c/ ocupantes Hipólito Yrigoyen 4117/21. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Uno de los objetivos de la sanción de la ley 23.853 fue la consecución de la autarquía económica y financiera del Poder Judicial de la Nación, propósito que se desprende tanto de la lectura de toda la norma como, en particular, de su art. 8., que concede amplias facultades a la Corte Suprema en orden al logro de esos fines, para los que asigna importantes recursos entre los que se encuentran los depósitos correspondientes a los recursos de queja desestimados.
Pesificación, reordenamiento del sistema financiero, aplicación de la ley, deberes del juez
Materia: ECONOMIA
Carátula: Puglisi Vaqué, Rosa Inés del Carmen y Fraga, Roberto Luis c/ López, Mario Joel y López, Mario s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. 6816/03 Ejecución Hipotecaria. L.A. N 46 F 1441/1447 N 588 Luis c/ López, Mario Joel y López, Mario s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. 6816/03 Ejecución Hipotecaria. L.A. N 46 F 1441/1447 N 588
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2003-12-12

Es deber de los jueces aplicar de oficio la pesificación, lo que resulta insoslayable habida cuenta del desastre generalizado que provocó tanto la convertibilidad como la salida de ella y la necesidad de fijar el marco normativo aplicable al caso, por el principio "iura novit curia".