marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto debe reconocerse el derecho a reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido.
Acción de amparo, procedimiento administrativo, recursos administrativos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRAVERSO de ORMAECHEA JULIETA E.C. c/ CONSEJO GRAL. DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-04

Es falsa la declaración juramentada efectuada por quien demanda en el promocional en el sentido que no ha entablado recurso sustentando la misma pretensión.- La carta-documento dirigida por la recurrente al Consejo General de Educación constituye la articulación de un recurso en sede administrativa. No cabe otra interpretación de los términos con la que la amparista se refiere a la Resolución Nº70/94 del Jurado de Concursos de la demandada, atribuyéndole violación al artículo 25 y concordantes de la Resolución Nº862/90.- De ese modo el amparo se encuentra afectado por la causal de inadmisibilidad del inciso b) del artículo 3º de la Ley de Procedimientos Constitucionales que impide el deambular simultáneo por la vía administrativa y de este remedio, cuando el escogimiento voluntario por la actora de ese ámbito administrativo importa su reconocimiento de ser apto el camino ordinario sin necesidad de tener que acceder a esta garantía heroica, excepcional y residual.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, proceso penal, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V., F. M. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-09-03

Los genéricos cuestionamientos esbozados por el interesado, reprochando una total carencia de fundamentos en la resolución y un apartamiento manifiesto de la solución legal prevista para el caso, resultan insuficientes en tren de demostrar que el Tribunal a quo al revocar la decisión de primera instancia -y rechazar, por ende, un informe documental y ciertas testimoniales ofrecidas en la audiencia preliminar fruto de actividad investigativa desarrollada por el actor penal luego de presentada la acusación- no hubiera brindado motivación suficiente, de conformidad a la exigencia constitucional. (Del voto de la Dra. Gastaldi)
Declaración de inconstitucionalidad, ordenanzas municipales
Materia: PROCESAL
Carátula: COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE SAN CARLOS DE BARILOCHE s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTS. DE LAS ORDENANZAS Nº 2374-CM-12 Y Nº 2375-CM-12 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-08-14

Existe transgresión constitucional cuando el Municipio no individualiza la actividad estatal, sino que se escuda en una condición genérica: obras de infraestructura en la ciudad y prestación de servicios de acción social comunitaria.

Y con tal destino, no logra acreditar la razón que daría sustento al trato discriminatorio, respecto a los profesionales universitarios matriculados, para poner sólo a su cargo-y no de toda la comunidad-el financiamiento de tales objetivos, que redundan en beneficio de la industria turística local y de la comunidad en su conjunto.

Este sacrificio especial, que el Municipio considera que debe sufrir un sector arbitrariamente seleccionado no se condice con los principios que el Art. 100 de la COM expresa. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Homicidio, desaparición de cadáver, prueba, presunciones, facultades del juez, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Susana del Carmen y otros s/ homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2010-02-09

Debe condenarse a las coimputadas en orden al delito de homicidio aún cuando no se hubiera encontrado el cadáver de la víctima, pues del plexo probatorio producido, examinado en su conjunto, en su integridad contextual, en sus coincidencias e incoincidencias, de su interrelación, todo ello analizado a la luz de la sana crítica racional, del sentido común, -esto es, concurrencia al domicilio de las imputadas, evidencias de lucha entre las tres personas, evidencias de sangrado por salpicadura de la víctima, ausencia posterior y permanente de esta última de los lugares de su residencia y de su trabajo, falta total de contacto con sus familiares y relaciones personales, abandono de sus bienes y de sus medios de vida- se extrae, como cuestión demostrada en grado de certeza jurídica suficiente que, la víctima previamente invitada por las encartadas, concurrió a su departamento, que allí fue herida por ellas, y a consecuencia de ello falleció en momento no establecido, y que la persona de la víctima, o sus restos, fueron retirados de ese lugar y llevados a otro que tampoco se pudo determinar hasta el momento.
Director de obra, técnicos constructores, contratista
Materia: PENAL
Carátula: Petrilli , Carlos Javier c/ Ordoñez , Ricardo y otro s/ ordinario , Expte. 8226
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-07

Es imprescindible aclarar que los "representantes técnicos" y los "directores de obra" son figuras diferentes y que, sólo en el caso de que el comitente o dueño de la obra decidiera actuar por administración (es decir ser él mismo el empresario), podrían llegar a conjugarse en la misma persona las figuras del representante técnico y del director de obra. Ello así por cuanto el representante técnico es una figura ligada al contratista o empresario que realiza la obra. En cambio el director de obra se encuentra ligado al comitente funcionando a modo de un inspector de obra, representante o defensor de los intereses de éste y por supuesto con costos a su cargo. A diferencia del representante técnico cuyo costo debe ser afrontado por la misma empresa contratista para quien trabaja y a cuyos intereses representa.
Daños y perjuicios, oportunidad procesal, ejecución de sentencia, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación Provincial s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-17

En el marco de una condena por daños y perjuicios, la demandada -Estado Provincial- cuestiona la aplicación de intereses, sosteniendo que deberían haberse fijado conforme a la ley de consolidación, a partir de la fecha de la sentencia.

El pronunciamiento impugnado claramente indica, por una parte, que la pretensión de la demandada de fijar intereses conforme a la ley de consolidación no fue planteada en primera instancia, pero, por otra parte, señala que el tratamiento de la aplicación de la ley de consolidación debe diferirse a la etapa de ejecución de sentencia, circunstancia que en nada obsta a la fijación de los intereses que los jueces consideren correcto u oportuno establecer.

Por lo tanto, este agravio no resulta de recibo, ya que la afirmación del Ad quemásobre el punto no configura adelanto de opinión sobre el tema, que es, en definitiva, lo único que reprocha el recurrente.

Del voto del Dr. Cippitelli
Relación de dependencia, presunciones, prueba, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE ROXANA EDITH C c/ HOMAN GRISELDA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-27

El meollo litigioso está dado por el verdadero vinculo que ligó a los contendientes y que no es otro adelanto- que la existencia de una relación laboral, contra lo que sostiene la sentencia en crisis.

Es que por una parte la invocación por la demandada de una locación de servicios, basta para echar luz a la cuestión substudio, en tanto no favorece su defensa porque revisando posturas anteriores- es unánime la doctrina civil en cuanto indica que cuando los servicios son prestados por una persona física la locación de servicios configura, en la actualidad, un contrato de trabajo que debe regularse como tal.
Admisibilidad del recurso, gravamen irreparable, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: A., F. A. c/ R., M. A. s/ Privación de la Responsabilidad Parental" S/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-07

La determinación de la realidad del gravamen, a los fines de la viabilidad del recurso de apelación, es una cuestión de hecho dependiente de las circunstancias del caso. El concepto de agravio se entiende como la "insatisfacción total parcial, de cualquiera de la pretensiones (principales o accesorias), oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso", el mismo evidentemente es causado al recurrente al no acceder a su petición. En el caso estamos ante una providencia simple y entonces, es de aplicación el art. 244 inc. 3) del C.Pr., y en tal marco se advierte que el auto recurrido podría configurar gravamen irreparable. Por ello, en el caso corresponde habilitar el recurso intentado y declarar mal denegada la apelación en subsidio planteada.
Daño moral, determinación del monto, competencia
Materia: PENAL
Carátula: LANDI ANGEL ALBERTO S.D. HOMICIDIO POR CULPA O IMPRUDENCIA E.P. PONCE MARIO ALEJANDRO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-10-23

En lo que respecta a la cuantificación del daño moral a los fines de la indemnización, este Superior Tribunal tiene criterio sentado en orden a que, los agravios referidos a tal concepto indemnizatorio, resultan inadmisibles, puesto que, precisamente, por la falta de carácter económico del perjuicio moral o espiritual que ocasiona la muerte de un ser querido, se carecen de pautas monetarias para la determinación del monto resarcible en concepto de daño moral, valoración que es atributiva de los jueces de mérito, cuya decisión sustenta dogmáticamente su justicia en la íntima y, por ende, irrebatible convicción de los sentenciantes.
Archivo del expediente, sentencia definitiva, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: Rebolini Manso, Lucas Antonio s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-11

La confirmación del archivo de las actuaciones por inexistencia de delito constituye sentencia defintiva a los fines del recurso de casación, por lo que corresponde hacer lugar a la queja y declarar erróneamente denegado el respectivo recurso. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Las finalidades que persigue la implementación de la suspensión del proceso penal a prueba es la de descomprimir la labor de la justicia penal a fin de orientar la utilización de los siempre escasos recursos penales hacia la investigación y eventual punición de los delitos de mayor gravedad social. Otra finalidad del instituto radica en brindar protección a la víctima, a través de la reparación de los daños que el delito imputado le causó; significa un adelanto en relación a la situación actual de nuestro sistema penal, pues hasta el momento el mismo ha brindado escasa atención a la situación de la víctima del delito. (Del Voto del Dr. García Méndez). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Obediencia debida, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez, Juan Jesús y otros s/ HOMICIDIO  CALIFICADO Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD CALIFICADA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Debe declararse improcedente, por carecer del requisito común de gravamen, el recurso del art. 5x de la ley 23.521 dirigido contra el auto que dispuso que el imputado se encuentra comprendido en las previsiones de los arts. 1, primer párrafo y 3 de la ley citada.
Caducidad de instancia, consentimiento, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DE GOBI ANGEL s/ Quiebra (LIBRO: A076 - 225)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-12

Para que pueda haber consentimiento, necesariamente debe haber conocimiento, ficto o real, mediante cualquiera de las formas pertinentes para notificar cualquier actuación, lo que excluye a la notificación misma como acto purgatorio (en el caso, la notificación en el expte. por parte del síndico), ya que éste lo constituye, tal como lo estatuye la ley, el consentimiento de la actuación de que se trate... el cual -insistimos- requiere el previo conocimiento de la misma.
Nombre, inscripción de nombre, nombre extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: R.C.A. s/ APELACION    RESOLUCION    REGISTRO  ESTADO  CIVIL  DE  LAS  PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-22

El prenombre "Nitaichand", es de difícil pronunciación en el idioma castellano, y resulta extravagante según nuestras costumbres.

La ley dice que no podrán imponerse nombres contrarios a nuestras costumbres y no a nuestras buenas costumbres. El significado es más amplio. Buenas costumbres tiene un significado moral. En cambio, cuando se alude simplemente a las costumbres no sólo abarca ese significado, sino también se alude a todo otro supuesto que aunque nada tenga que ver con la moral, se relacione en cambio con lo que es la tradición o el uso (conf. Borda "Tratado de Derecho Civil- Parte General", T. 1, p.326, 6to ed., Ed. Perrot, Bs. As. 1976;

Rolón, (h), "El art. 3 de la ley de nombre", L.L.1985-B, sec.

doctrina, p.1068 y sigte).-
Sentencia, absurdo, honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO BIRCO COOPERATIVO LIMITADO c/ RADIODIFUSORA LABOULAYE SRL Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - JUICIO EJECUTIVO (CSJ EXPTE N.  449-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-27

Resulta absurdo consagrar con visos de pronunciamiento judicial, una sentencia en la que el vencedor no obtiene, como capital reclamado, siquiera la décima parte de lo que se le manda pagar en concepto de honorarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Juan Alberto y otros s/ Robo agravado por el empleo de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la violación del art. 259 "in fine" del Código de Procedimiento Penal cuestionando la inclusión de las imputaciones de los coprocesados, los testimonios de las víctimas y "una simple comunicación de carácter interno" de la instrucción policial en dichos conjuntos probatorios, si no se expresa de qué modo se habría transgredido la norma invocada.
Pagaré, presunción legal, abuso de firma en blanco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SORIA, FERMIN c/ SUCESORES DE MARCOS JUSTO ALBERTO BARBEÑO Y OTROS s/ EJECUTIVO - PAGARE - ALTERACION DEL MONTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-10-20

El art. 88 del decreto ley 5.965/63 hace presumir que la alteración es posterior a la firma, salvo que resulte lo contrario del propio título. Esa presunción, se encuentra destruida, si la fecha de suscripción que indica el título de 1987, cuando ya la moneda de curso forzoso legal era el austral. Por lo expresado corresponde sostener que la firma inserta en el pagaré fue posterior a la alteración. Ello, porque si el documento fue suscripto en el año precitado, lo impreso, relativo a pesos, fue alterado antes de la firma por tratarse de australes. Cabe destacar que los demandados no han acreditado un abuso de firma en blanco.
Concursos, extensión de la quiebra, acción de responsabilidad, terceros, confusión patrimonial, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cargos SRL S/ Quiebra c/ Fernandez, Cesar Augusto s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la demanda de extensión de quiebra promovida por el síndico de la sociedad fallida contra su director en los términos de la LCQ 161-3°, pues el pago de tres cheques descontados en favor de la fallida realizado por el demandado con fondos propios no configura el supuesto de confusión patrimonial esgrimido por el funcionario.

Ello así, pues del material probatorio reunido en autos, no se refuta que el desembolso del accionado fuese efectuado en condición de fiador, y tampoco se acreditó la existencia de otros pagos análogos que inclinen a presumir con entidad suficiente la confusión patrimonial que requiere la figura legal. A ello cabe añadir, que los pagos cuestionados no se traducen en un perjuicio para la masa de acreedores, por el contrario, la pretendida acreencia de la entidad bancaria fue desestimada, excluyendo la deuda del pasivo concursal.
Fundamentación de sentencias, constitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: JAQUE CASTILLO Rolando c/ Techint  - Panedile UTE s/ Apelación de Sentencia s/ Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-02-03

La motivación del fallo no sólo es condición de su validez (art. 164 inc. 5 y 34 inc. 4 del CPC), sino que constituye una garantía constitucional: su defecto o ausencia, lesionan el debido proceso y el derecho de defensa, en la medida que el justiciable desconoce las razones que fundamentan el decisorio, lo que le impide, a su vez, elaborar la correspondiente crítica defensiva.
Delitos militares, cómputo de la pena, deberes del juez, justicia militar, pericia médica, dictamen pericial
Materia: PROCESAL-PENAL-MILITAR
Carátula: ALVAREZ, ROBERTO H. s/ RECURSO ARTICULO 445 BIS CODIGO DE JUSTICIA  MILITAR Causa 278
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

El artículo 245 del Código de Justicia Militar prescribe para cuando se impute un delito reprimido con reclusión o prisión de mas de diez años, el juez deberá requerir informe médico sobre el estado mental y capacidad para delinquir del procesado.
Remuneración, adicionales de remuneración, asignaciones no remunerativas, trabajadores fuera de convenio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Baglioni Lucas Norberto c/ Fundación Galicia Saude s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

No corresponde excluir de las asignaciones no remunerativas previstas en los decretos 1273/02, 1371/02, 2641/02, 905/03 y 1347/03 al trabajador "fuera de convenio", dado que en la reglamentación del decreto 1273/02 se ordenó que el beneficio otorgado abarcara a todos los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, comprendidos o no en un convenio colectivo de trabajo a excepción, en principio, de los trabajadores agrarios, del servicio doméstico, el sector público y los docentes.
Teoría de la imprevisión, rescisión del contrato, hiperinflación
Materia: CIVIL
Carátula: Círculo Médico de Catamarca c/ Correa, Eduardo Ramón y Malque Assef de Correa s/ RESCISION DE CONTRATO - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-13

La doctrina ha señalado que la inflación forma parte del riesgo propio del contrato, razón por la que no puede prosperar el agravio de la demandada respecto a la aplicación del artículo 1198 del C.Civil frente a una acción por rescisión de contrato, al pretender otorgarle carácter de acontecimiento imprevisible al fenómeno de la hiperinflación, cuando a la época de la firma del contrato la misma ya existía. De igual modo respecto del requisito de la excesiva onerosidad, puesto que debió probarse el desequilibrio sobreviniente que repercutió en el negocio jurídico, lo que no fue acreditado ante la conducta pasiva del quejoso que sostuvo estas alegaciones recién cuando fue demandado.
Perito tasador, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Unión Cañeros Azucarera Ñuñorco Ltda.S.A. c/ Superior Gobierno de la Provincia de Tucuman s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-10-23

La regulación de honorarios de un perito tasador debe efectuarse teniendo en cuenta la importancia del trabajo realizado y considerando la norma que regula los aranceles de la profesión, vigente al momento de la sentencia.
Contratos comerciales, contrato de agencia, ley vigente, código civil, código civil y comercial, efectos entre partes, extinción de la acción
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Axel Group SA c/ Nextel Comunications Argentina SRL s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-13

Voto del Dr. Heredia:. 1 - Incoada una demanda de daños y perjuicios con fundamento en la ruptura del contrato de agencia que uniera a las partes, a los fines de considerar cual es la legislación aplicable, cabe señalar que no se plantea en la especie una hipótesis de sucesión de leyes en el tiempo stricto sensu, pues si bien hoy el contrato de agencia tiene regulación legal, lo cierto es que tal figura no estaba disciplinada por ley anterior alguna, ya que era un contrato innominado.

2 - Lo que se plantea es, más bien, una hipótesis de nueva ley frente a una "situación jurídica concreta" anterior, entendiéndose esta última como la manera de ser derivada de un acto o de un hecho jurídico que ha movilizado, en provecho o en contra, las reglas de una institución jurídica, y la cual al mismo tiempo ha conferido efectivamente las ventajas y las obligaciones inherentes al funcionamiento de esa institución (conf. Bonnecase, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla SA, México, 1993, p. 81, n° 148). 3 - Tal "situación jurídica concreta" es en el caso de fuente contractual y anterior al 1/8/15 en que entró en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 27077: 1). Por lo tanto, todo lo relativo a su constitución, modificación y extinción, en la medida que como hecho o acto tuvo lugar con anterioridad a la aludida fecha, no se regula por la ley nueva, pues a su respecto juega el principio de irretroactividad que lo impide (conf. CCCN 7, segundo párrafo; Moisset de Espanés, L., Irretroactividad de la ley, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976, ps. 17 y 23).

4 - De tal suerte, las normas de la nueva ley que disciplinan el modo de extinguir los contratos, no podrían invocarse para juzgar si la declaración extintiva hecha con anterioridad a su vigencia fue correcta o incorrecta. Lo contrario, implicaría una aplicación retroactiva de la ley que afecta derechos adquiridos, es decir, que afecta la aludida "situación jurídica concreta" que, como se dijo, con provecho o sin él, ha generado ventajas y obligaciones. Y tratándose de situaciones jurídicas de fuente contractual sólo podrían aplicarse los principios doctrinarios o jurisprudenciales más ampliamente difundidos y aceptados, entonces vigentes.