marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EBERLE JOSE RICARDO c/ JOSE DANIEL TOSCANO s/ COBRO DE PESOS-TERCERIA DE DOMINIO.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-31

Ante una revocatoria el aquo controla si se interpuso en tiempo y forma, haciendo o no lugar a la misma, merituando los argumentos expuestos por el impugnante, caso contrario la alzada debe declarar de oficio la nulidad, atendiendo al orden público involucrado en el respeto a las formas en que se resuelve la estructura del proceso.
Inoponibilidad al trabajador, acción por omisión
Materia: LABORAL
Carátula: LAGUNA LUIS OSCAR c/ LA SEGUNDA ART S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-05-22

El juez de grado debió colegir que el actor no trajo al juicio a quien señaló como su empleadora porque ello podría acarrearle funestas consecuencias respecto de la fuente de ingresos en la que abreva. Tal omisión, entonces, no debió -ni debe- hacerle perder derechos, so pena de soslayar su condición de sujeto hiposuficiente, merecedor de especial tutela -Voto del Dr. Ronconi (mayoría: Dr. Ronconi, con adhesión del Dr. Romero)
Transporte marítimo, averías, jurisprudencia
Materia: NAVEGACION
Carátula: A Periol y Cía  SACII y F c/ Transportes Latinoamericanos  S.A. s/ Cobro de Pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Para su admisión, es indispensable que el vicio propio sea la causa directa y exclusiva del daño, o como dice Mezzera Alvarez "tratándose de mercaderías, el vicio propio consiste en el deterioro .. que sufren a consecuencia de su propia naturaleza... o en su defecto del Acondicionamiento o embalaje o quizá más claramente un deterioro anterior al viaje, que también existe cuando consiste en embalaje efectuado en condiciones deficientes, aunque no sea apreciable exteriormente, o como lo dice Fernández, "se entiende por tal... el estado en que se encontraba al entregarse al cargador;

.. el oxidarse...el mal acondicionamiento dentro de un buen embalaje exterior..."
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, asistencia médica, pago
Materia: CIVIL
Carátula: INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES  SA c/ IBARGARAY, JOSE s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-14

En el caso de una deuda de un paciente con una institución médica proveniente de los servicios profesionales prestados, no cubiertos por la obra social del demandado, si bien es improcedente no darle de alta al mismo por no haber abonado el total de las prestaciones pues configuraría un privación ilegítima de la libertad-, sin embargo, el centro médico, debió instrumentar la reserva de su derecho para que se le satisfagan en su totalidad las obligaciones adeudadas.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Palamito Sandra Graciela c/ Argain Néstor Angel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

El daño moral puede y debe ser estimado por quien solicita su resarcimiento, sin perjuicio de que la determinación final de su cuantía quede librada al prudente arbitrio judicial. Si la naturaleza del rubro hace difícil determinar un monto adecuado, ello es así tanto para quien lo peticiona como para el juzgador que en la definitiva lo establece. Tal dificultad no es suficiente causa para dejar sin precisar el monto del rubro al demandar, desde que la ley exige que el actor "no le fuere posible determinarlo" para eximirlo de tal carga. Dificultad no es imposibilidad. Tampoco se da el caso de que "la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados", desde que la aflicción moral a que alude la actora -que reclama resarcimiento por los daños causados a su siquis luego de que fuera su vehículo chocado- no encuadra en tal supuesto (art.330 CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedimiento laboral, resoluciones judiciales, resoluciones anteriores a la sentencia, recurso de apelación (procesal), efecto diferido del recurso, caducidad de la prueba, prueba testimonial, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Acosta, Mario Orlando c/ Empresa El Nene SRL y/o QRR s/ Beneficios Laborales - Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-15

Si bien el art. 103 del NCPT determina que todos los recursos contra proveídos anteriores a la sentencia deben concederse con efecto diferido, esta prescripción no es susceptible de aplicarse al caso bajo examen, ya que diferir el tratamiento de la apelación introducida por la demandada contra la providencia que declara la caducidad de toda su prueba testimonial para una oportunidad posterior al dictado de la sentencia definitiva tendría como derivación inmediata e irreparable desvirtuar los principios esenciales del proceso laboral: celeridad, inmediatez, impulso de oficio y, de modo especial, búsqueda de la verdad real, principios que nunca podrán ser dejados de lado so pretexto de la aplicación aislada de normas procesales.

Confirmar la providencia que concedió el recurso de apelación con efecto diferido significaría continuar el trámite de la causa hasta su conclusión y, llegada la oportunidad prevista por la norma, discutir si la declaración de caducidad fue o no fue acertada, dejando latente la posibilidad de tener que retrotraer el trámite - en caso de prosperar la impugnación de la demandada- con el consiguiente perjuicio para quien recurre ahora y también para el propio actor, a quien le afectará la resolución final de este asunto.

Por lo tanto, atendiendo la necesidad de preservar los principios enunciados, corresponde hacer lugar al Recurso de Queja articulado, modificando el efecto con que fue concedida la apelación, la que debe tener efecto suspensivo.
Cosa juzgada, resolución administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: SEGOVIA, JOSE LUIS c/ E.M.E.T.E.P.E. s/ DIFERENCIA POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-09

La decisión admnistrativa con que se finiquita el procedimiento establecido en el decreto 1005/46 no reviste el carácter de acto jurisdiccional, por ende, no puede tenerse como cosa juzgada la cuestión decidida.
Excusación, pronunciamiento inoficioso, violencia moral, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Amparo ley 16.986 (AMIA y Otros) s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-02

Resulta inoficioso el tratamiento de la excusación del magistrado cuya designación ha sido suspendida cautelarmente. Si bien el hecho de que una de las juezas integrantes del tribunal haya sido denunciada penalmente por parte de un colega de sala, no pareciera comprometer, a priori, su imparcialidad, por tratarse de una garantía que asiste a las partes, corresponde hacer lugar a su apartamiento en tanto media un supuesto de violencia moral que debe ser atendido y resulta un sustento idóneo para justificarlo. Corresponde hacer lugar a la recusación del magistrado que denunció penalmente a su colega, ya que la situación configura una gravedad que excede y desborda las previsiones abstractas del art. 55 CPPN y debe recurrirse al complejo esquema de principios constitucionales, enriquecido por normas de insoslayable concierto internacional incorporadas a la CN.
Agencia de turismo, información crediticia, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUNCAL  EMPRESA  DE  VIAJES  Y  TURISMO  SA c/ INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Cabe confirmar la sentencia de primera instancia que condenó a las accionadas a abonar en concepto de indemnización por los mayores costos que la agencia de viajes accionante debió solventar y las diferencias correspondientes a las comisiones percibidas como consecuencia de la primera declaración de default efectuada por la IATA, en virtud de no haber dado cumplimiento a los recaudos previstos en el manual de agentes de viaje y desestimar los recursos deducidos por la accionante con fundamento en que no se consideraron los perjuicios derivados de la errónea declaración de default efectuada en segundo término y la falta de intimación previa respecto de la tercera declaración de default; toda vez que, dado que el fundamento de la responsabilidad civil no halla asidero sólo en la ilicitud del acto, sino también en el daño probado de quien lo soporta y, respecto de la declaración errónea de default, no fue acreditado el perjuicio causado, ya que, en breve lapso, la IATA reconoció su error, rectificó tal declaración e informó a las distintas líneas aéreas tal rectificación, sin que se produjese daño alguno -como lo corroboran los propios libros de la accionante-; y en cuanto a la otra declaración de default, ha quedado acreditado que ante la comunicación de rechazo por el banco de un cheque entregado como medio de pago por la accionante, ésta no sólo no abono la deuda intimada, sino que empeoró su estado de mora al librar a partir de allí numerosos cheques sin fondos, agravando la situación, comportamiento incompatible con la hipótesis de haber sido víctima de una maniobra para perjudicarla y también con la aducida buena fe en el desenvolvimiento de la relación contractual, por lo que cabe desestimar tales agravios.
Faltas, régimen de faltas, sanciones en el régimen de faltas, sustitución de la pena, amonestación en el régimen de faltas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FEJEPROC s/ Falta de certificado de limpieza de tanque y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07

La sanción de amonestación como sustituta de la sanción prevista (contemplada en el art. 30 de la Ley Nro. 451), constituye una respuesta punitiva aplicable a la comisión de cualquier infracción incluida en el Régimen de Faltas, sea cual fuere su estructura típica.

La norma contenida en el artículo citado, de una palmaria generalidad e inequívoca redacción, no distingue entre el carácter de las figuras transgredidas, ni exige que se haya perfeccionado previamente una condena para que proceda la "sustitución". La "sanción prevista" mentada es la "sanción prevista en la ley" -fórmula que, obvio es remarcarlo, responde al principio de legalidad-, pues mal puede "preverse" una pena en la misma sentencia que la cristaliza. Por lo tanto, no aparece en forma categórica que la sentenciante haya debido primero individualizar un castigo para luego reemplazarlo por otro. Meritar pertinente esta labor, implicaría la absurda consagración -por sola vía exegética- de un irrazonable dispendio jurisdiccional, perfil que, claro está, no ha sido informante de la voluntad del Legislador.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), defensa en juicio, resoluciones inapelables, ley procesal, prueba, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FLOREZ, ARTURO (SUCESION) c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-18

Con respecto a los planteos de índole procesal orientados a demostrar una supuesta violación del derecho de defensa del recurrente, éstos no pasan de una fuerte discrepancia -sin entidad constitucional- con la solución jurisdiccional brindada, toda vez que la Cámara abordó el planteo vinculado a la supuesta inapelabilidad de la cuestión ventilada, haciendo ver que no se trataba aquí de un simple procedimiento dispuesto por el tribunal, sino que éste había rechazado in limine un incidente dentro de un procedimiento que se había transformado en contencioso y que hacía al objeto principal del trámite; y en relación a los cuestionamientos referidos a la admisión en la Alzada de la apertura de la causa a prueba, la Sala sostuvo que ésta podía válidamente pedirse en los términos del artículo 369 del Código procesal. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, artículo 369
Despido, despido con causa, falta de puntualidad
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO, Luis Rosario c/ JOAQUIN CASTELLANOS S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-03-15

Incumbe a la empleadora probar el incumplimiento de los deberes atribuidos al actor que fuera despedido por presentarse a prestar servicios con dos horas de retraso unido a reiteradas faltas que le significaron treinta días de suspensión. Las sanciones anteriores a la llegada tarde que se invoca, tienen relevancia solo en le supuesto que se hubiera probado la aludida llegada tarde como incumplimiento del trabajador a sus deberes.-
Impuestos, facultades tributarias, gobierno nacional, gobierno provincial, Municipalidad, facultades concurrentes, impuesto a las ganancias, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Satecna Costa Afuera S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cláusula comercial (transporte marítimo).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-30

Aun cuando se considere que existe yuxtaposición entre el impuesto a las ganancias y el impuesto a los ingresos brutos, tal superposición no entraña, por sí misma, una violación constitucional (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano, Carlos S. Fayt y Ricardo Levene hh.!).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Witcel S.A.C.I.F.I.A. c/ Banco Central de la Rep. Argentina s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

La garantía de igualdad ante la ley no obsta a que el legislador atienda en forma distinta situaciones que considera diferentes.
Expulsión de extranjeros, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Otoya Piedra, César Augusto c/ EN - DNM s/ recurso directo DNM
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Fuera de los supuestos específicamente previstos en los artículos 62 y 70 de la ley 25.871 -que no concurrían en el caso-, la mera existencia de un grupo familiar en el país no resulta suficiente para dejar sin efecto la orden de expulsión fundada en alguna de las causales previstas en el artículo 29 de la ley 25.871, pues lo contrario implicaría, en la práctica, ignorar que la concesión de una dispensa para permanecer en el país es discrecional para la administración y que solo puede ser concedida de modo excepcional y mediante resolución especialmente fundada (Voto del juez Rosenkrantz).
Sentencia, voto de adhesión
Materia: LABORAL
Carátula: Martinez, Carlos Alberto c/ Micro Omnibus General Pacheco S.A. Línea 271 s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

El voto de adhesión es constitucionalmente válido.
Competencia contencioso administrativa, empleo público
Materia: PROCESAL
Carátula: BERNARDI, Liliana Rosa c/ Provincia del Chubut - Ministerio de Bienestar Social. s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-02-01

Atento la naturaleza de las normas que cuestionan el litigio, las que emanan de actos pertenecientes a la autoridad propia de la administración en cumplimiento de sus fines específicos y regulan derechos y obligaciones nacidos de una relación de empleo público debe entenderse que en virtud de lo establecido por el art. 32 inc. 3º de la ley Nº37 resulta competente para entender en autos en forma originaria este Superior Tribunal de Justicia.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fleitas, Carlos A. c/ Los Dos Amigos S.R.L. y otros s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-28

Es inexcusable la transgresión a lo dispuesto por el art. 1º de la disposición 2465/83 de la Dirección de Transporte de esta provincia (mantener las puertas cerradas mientras el vehículo se encuentra en movimiento), pues las normas de cuidado que rigen el transporte público de pasajeros han sido previstas teniendo en mira la generalidad de los transportados -lo que incluye niños, ancianos, embarazadas, etc.- y la omisión de tan elemental deber torna posible que alguno pierda el equilibrio y salga despedido.-
Nulidad procesal, incidente de nulidad, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Cruchaga Iturralde, Pablo s/ Sucesorio-Testamentario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-06

Las nulidades procesales no tienen por finalidad salvar pruritos formales sino que están instituidas para enmendar perjuicios efectivos, por lo que no puede admitirse la declaración de nulidad por la nulidad misma. Es por ello que los ordenamientos procesales, imponen a la parte que promueve un incidente de nulidad la carga de expresar el perjuicio experimentado y el consecuente interés que intenta subsanar con la declaración de nulidad, de manera que el juez se halla habilitado para desestimar la nulidad si quien la formula carece de interés personal en la declaración.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, dictamen pericial, base imponible, intereses, intereses compensatorios
Materia: LABORAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Jara, Segundo c/ Galeno Art S.A. s/ accidente de trabajo con art
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-03-10

1.- Si bien la parte actora impugnó el informe pericial señalando la diferencia existente entre el IBM determinado por el perito y el que habría utilizado la demandada para obtener la suma que abonó en sede administrativa, el perito fue claro en orden a que no existen en estas actuaciones elementos que permitan conocer cuál fue el VIB que consideró la aseguradora en aquella oportunidad, y menos aún cuál fue el cálculo realizado por la accionada (.). Conforme ya se señaló, se comparte lo dicho por el experto, en tanto la constancia documental de (.) no permite conocer cuál es el monto del IBM, ni cuál es el monto del VIB, ni cuál es el importe correspondiente al adicional del art. 3 de la ley 26.773. Consecuentemente el ingreso base determinado por el perito se ajusta a lo probado en la causa, debiendo estarse a dicho valor.
Fallos de la Corte Suprema, requerimiento de elevación a juicio, Ministerio Público Fiscal
Materia: PENAL
Carátula: U., M. S. y otros c/  s/ defraudación a un menor o incapaz
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-07

De la doctrina sentada por la Corte Suprema en "Tarifeño" y "Cáseres", en punto a que la acusación debía interpretarse como un acto complejo integrado por el requerimiento de elevación a juicio y el alegado, deriva que la acusación se cristaliza definitivamente en el segundo momento procesal -esto es, en la ocasión prevista por el art. 393, CPPN- y es en función del reproche allí consolidado que el imputado conoce los términos de la imputación y ejercerá su defensa. De ese modo, no cabe más que sostener que, si en "Santillán" el máximo tribunal consideró que se encontraba habilitada la jurisdicción para dictar un pronunciamiento -condenatorio o liberatorio-, ello obedeció a que estimó que existía una acusación completa, que no era otra que la de la parte querellante. En suma, cercenada con toda razón la facultad del Poder Judicial de ordenar una forma de actuación del Ministerio Público Fiscal, pero vigentes las prerrogativas acordadas a la acusación privada, la solución al conflicto normativo viene dada por la posibilidad de actuación en solitario de la querellante, luego del control llevado a cabo por la Cámara de Apelaciones (voto del juez Morin).
Contratos, compraventa, conducta de las partes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. c/ EMPERADOR INMOBILIARIA S.A. s/ Escrituración (LIBRO: S069 - 496)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-06-07

Si la interpretación sirve para determinar a través de la conducta de cada parte anterior, concomitante o posterior, lo que una y otra han querido, será fundamental evaluar los actos del comprador y vendedor anteriores a la fecha de celebración, así como su actividad, en punto al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.
Prescripción veinteñal, bienes privados del Estado, actos posesorios, prueba
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ DE MIRANDA Mirtha Elena s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-08-11

Correspondía a la accionada, Provincia de San Juan, acreditar con elementos probatorios fehacientes, la afectación efectiva del inmueble al dominio Público, extremo no acreditado en tanto el Estado Provincial nunca tomó posesión del inmueble en cuestión, permaneciendo el mismo bajo la posesión pacífica y sostenida tanto del la actora como de su esposo prefallecido, desde el año 1983, tal como lo denuncia al demandar.

Especial valoración cabe, respecto de las constancias acreditadas a través de la prueba rendida en calidad de hecho nuevo y que a todas luces acredita el reconocimiento del titular registral, Provincia de San Juan, de la posesión con ánimo de dueño de la Sra. D. respecto del inmueble que pretende usucapir, habiendo considerado contribuyente del impuesto inmobiliario al cónyuge prefallecido de la Sra. D.

En efecto, invoca la accionante al denunciar los hechos nuevos acaecidos con posterioridad al llamamiento de autos para sentenciar y cuya admisión fue ordenada oportunamente por ésta Sala, que la conducta asumida por la Provincia al comenzar a cobrar el Impuesto Inmobiliario a partir del año 2007 teniendo como contribuyente al esposo de la accionante Señor Julio Aristóbulo Miranda, como también la tasa Municipal correspondiente al inmueble a usucapir, es un claro reconocimiento por parte de la Provincia de San Juan a su calidad de contribuyente poseedor. Conducta asumida por la Provincia que a criterio de la accionante amerita la aplicación de la doctrina de los actos propios.

En este sentido la postura adoptada por la accionada de cobrar impuesto inmobiliario por el inmueble cuya usucapión se pretende en este proceso, extremo que surge acreditado a través de la documentación agregada y corroborada a través del informe del Registro General Inmobiliario de donde resulta que el señor J., cónyuge prefallecido de la accionante, es contribuyente del impuesto respecto del inmueble de calle 9 de julio N° 712-Oeste del Departamento Capital de la provincia de San Juan, no condice con la postura adoptada al contestar la demanda y en el curso del proceso cuando invoca como impedimento a la adquisición por prescripción del inmueble en cuestión, la cláusula de utilidad pública, anotada en el Registro Inmobiliario. Postura que torna aplicable plenamente la doctrina de los actos propios.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Fernando c/ Empresa San Vicente S.A.T. s/ Indemnización ley 24028. Daños y perjuicios (arts. 1113 y 1109).  Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20

Hallándose controvertida no sólo la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad que dice padecer el actor, sino -aún más- la propia incapacidad denunciada y en la ausencia de elementos que autoricen en esta instancia- a corroborar la eventual titularidad en el reclamante de derechos adquiridos en función del régimen legal abrogado en el que funda sus pretensiones, es menester transitar todo el proceso, dado que recién en oportunidad de la sentencia el tribunal de grado estará en condiciones de declarar la legislación aplicable a cada uno de sus reclamos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)