marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juez de ejecución, control de constitucionalidad, cómputo de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Tejeda, Fernando Gabriel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

La habilitación del juez de ejecución para resolver un planteo incidental mediante el cual se requiere la declaración de inconstitucionalidad del artículo 24 del C.P., cuestionando la constitucionalidad de las normas que rigen el cómputo de la pena de reclusión, cuya ejecución controla aquel magistrado, proviene del artículo 493, inciso 4° del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal, adhiere Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dr. Hornos según su voto).
Ejecución fiscal, medidas cautelares
Materia: CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Rentas c/ Fincas de Catamarca S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Respecto del caso que nos ocupa, vale tener presente que, como obra en la causa una medida cautelar -embargo preventivo-, la misma debe tenerse en cuenta y ser considerada como acto judicial, equiparado a la "demanda".

En efecto, las medidas cautelares, como embargos, inhibiciones, que se promueven antes de la presentación de la demanda, son actos interruptivos de la prescripción porque si bien no contienen la pretensión de condena (por que la demanda se presentará más tarde) claramente se manifiesta en ella la intensión de asegurar el ejercicio del derecho.

Quien traba un embargo antes de la presentación de una demanda de cobro ordinario, lo que busca es asegurar el cobro de la deuda de ahí su asimilación con la demanda.

Bajo estas pautas cabe entonces verificar si los tributos ejecutados se encuentran o no prescriptos.

Siendo las circunstancias a tener en cuenta para ello conforme la aplicación del plazo de cinco años a computarse a partir desde la exigibilidad de la obligación y teniendo en cuenta la fecha de presentación de la medida cautelar esta es, 3 de diciembre 2002, la obligación del pago del Impuesto de Sellos correspondiente a los años 1995 y 1997 se encuentra prescripta. Luego con relación al impuesto de ingresos brutos, correspondiente al período -diciembre del 1995 a septiembre de 1999-, cuyo cobro es mensual, estimo que se encuentra prescripta la obligación hasta el mes de noviembre de 1997 inclusive, pues este último al 1ro. de diciembre de 1997 la obligación se tornó exigible. No habiendo prescripto el resto de los períodos reclamados, al haber sido interrumpido por la medida cautelar.
Personal militar, personal civil de las Fuerzas Armadas, carrera administrativa, categoría administrativa, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Biafore Roque Mario y Otros c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ Personal Militar y Civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

La ley 20.239 dispone que la retribución de los agentes se fijará conforme a escalas e índices por categoría, pero no establece que esos índices, a los que concretamente se refieren los agravios, una vez fijados por el Poder Ejecutivo deban ser mantenidos numérica ni proporcionalmente, sin poder sufrir modificaciones por parte de aquél a quien la ley habilita para establecerlos. (Del voto del juez Mordeglia, consid. 2). (Los actores se agraviaron sosteniendo, entre otros conceptos que el P.E.N. no puede ignorar o modificar los índices del decreto 2355/73, que reglamentara el art. 18 de la ley 20.239 -ley que se encuentra vigente- y que configuran un derecho adquirido para ellos).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Di Bastiano, Gustavo Daniel; Pereyra, Juan José y ot. s/ Asociación ilícita y robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad que denuncia infracción al art. 156 de la Constitución provincial, si los reclamos oportunamente introducidos por el recurrente sobre el cuerpo del delito -que constituye cuestión esencial, ya que de su resolución depende la existencia misma del ilícito que se atribuye al procesado- no recibieron ningún tipo de consideración o respuesta del a quo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Alimentos, juicio de alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A., C.L. c/ C., V.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-29

El monto del proceso debe estimarse no solo sobre el porcentaje correspondiente a la totalidad de los salarios percibidos sino que también debe adicionarse el del sueldo anual complementario. El art. 24 Ley XIII nº 4 DJP textualmente dice "En los procesos por alimentos, el monto será el importe correspondiente a un año (1) de la cuota que se fijare en la sentencia .".
Empresa, grupo económico, Derecho laboral, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: López, Hector Daniel c/ La Gallareta S.A.I.C.A y otros s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad-Cobro de   Pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nro. 32 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-05

El art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, utiliza la expresión "conjunto económico de carácter permanente", expresión que denota la idea de un grupo de personas físicas o jurídicas vinculadas entre sí, que aún siendo independientes desde la perspectiva jurídica, presentan vínculos de ligazón entre sus capitales, dirección y distribución de utilidades que permite, a los fines previsto por la ley, tratarlos como si fueran un solo sujeto pasivo o entidad, o bien, manteniendo la autonomía de cada uno de los sujetos de derecho que integran el conjunto económico, adjudicarles a todos responsabilidad solidaria por determinados pasivos, en las condiciones previstas por el legislador como ocurre respecto de las obligaciones laborales y previsionales. (De la Disidencia del Dr.

Netri)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, incidentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Obras Sanitarias Mar del Plata Soc. de Estado c/ Empresa Hotelera Americana S.A. s/ Inc. de levantamiento de medida cautelar. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20

El pronunciamiento de la Cámara que en un incidente de levantamiento de medida cautelar declara improcedente la solicitud de que se tenga por no presentada la incidencia no es susceptible de ser recurrido por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (Minoría u opinión personal)
Despido por maternidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cuella, Nadia Raquel c/ Park Sung Hee y Geong Jhu Ka o responsable de la Boutique "Cristal" s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-07-01

El art. 178 refiere a la acreditación del embarazo o el nacimiento. Por lo tanto demostrando una de las dos circunstancias la actora se hace acreedora de la indemnización agravada.
Concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, interpretación de la ley, créditos del fallido, etapas del proceso, acción de revisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAILLOL SA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE ART. 250. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-24

Procede confirmar la resolución que rechazó el pedido formulado por ciertos acreedores de que se les reconociera la posibilidad de participar en las negociaciones del concordato, incluyendo sus créditos en el cómputo de las mayorías, los cuales fueron admitidos en la instancia de revisión contemplada en la LCQ 37, con base en que la conformación de la voluntad concordataria queda definitivamente sellada con la resolución de categorización prevista en la LCQ 42 y, en el caso, la sentencia verificatoria dictada en los incidentes de revisión respectivos son posteriores a dicha resolución. Ello por cuanto, en el caso, a los fines del cómputo de las mayorías, las categorías de acreedores quedan definitivamente integradas con la resolución de categorización (LCQ 42), razón por cual aquellos que no estuvieran incluidos en ellas no podrán ni aprobar ni rechazar las propuestas que se formulen, excluyéndose del citado cómputo las acreencias que no fueron declaradas verificadas y/o admisibles en la sentencia del art. 36, las cuales, se reitera, solo serán eventualmente incorporadas a las ya formadas, exclusivamente a los fines de determinar el grado y modo de satisfacción de sus créditos (esta CNCom, esta Sala A, 20/07/01, "Textil Fibrex SA s/ concurso preventivo"; íd., Sala D, 13/12/04, "Obra social del Personal de Jaboneros s/ concurso preventivo"). Y esto es así habida cuenta que en el período de exclusividad -a diferencia de en el cramdown- la iniciativa es exclusivamente del concursado, lo cual hace necesario que éste cuente desde su inicio con un elenco de acreedores ya conformado y cierto a efectos de poder ofrecerles una propuesta de acuerdo. Deben, por tanto, al momento del inicio del período de exclusividad, estar ya definidas las categorías, los acreedores integrantes de las mismas y sus montos respectivos, para lo cual el deudor debe tener en ese tiempo una nómina de acreedores concreta e inmodificable (Vaiser Lidia, "Categorización de acreedores. Algunos conflictos que se suscitan durante el período de exclusividad", La Ley, 1998-C, 1252)
Abogados, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Chémes, Raúl Eduardo c/ Asociación Trabajadores Municipales (A.T.M.) s/ Cobro de Pesos-Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-12

La sentencia de Cámara recurrida, haciendo prevalecer el principio de primacía de la realidad, restó importancia a las denominaciones que las partes otorgan a la relación o vínculo que las une, frente a la investigación de la verdad material y entendió que la denominación "honorarios" dada a la suma que percibía mensualmente quien acciona, en realidad era "remuneración" de conformidad con los artículos 103 y 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se rechaza el recurso.
Accidentes de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, indemnización, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: RETAMALES ARMANDO HORACIO C/ ASOCIART ART S. A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-10-05

La finalidad perseguida por el legislador, al incorporar una segunda pauta de ajuste -desde la primera manifestación invalidante- aplicable a un ingreso base ya actualizado por efecto del promedio del índice RIPTE previsto en el inciso 1° del art. 12 LRT, fue evitar que el transcurso del tiempo entre aquélla y la fecha de cálculo de la indemnización, hiciera perder actualidad al valor del ingreso.
Supervisión de cumplimiento de sentencia, REPÚBLICA ARGENTINA, competencia contenciosa de la Corte Interamericana, responsabilidad internacional del Estado, cumplimiento parcial, daño inmaterial, sistema interamericano de reparaciones
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Arguelles y otros Vs. Argentina s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2019-01-30

Corresponde declarar parcialmente cumplida por el Estado Argentino la sentencia en la que se declaró su responsabilidad internacional por violación a la Convención Americana en perjuicio de veinte oficiales militares - Caso Arguelles y otros. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 288-, pues los pagos efectuados consideraron sólo a trece víctimas, quedando pendiente el cumplimiento de dicha obligación respecto de las otras siete.
Prevención del delito, comercialización ilegal de estupefacientes, requerimiento de instrucción, lavado de activos, prueba, intervención de línea telefónica
Materia: PENAL
Carátula: Perpetto, Maximiliano Bernabé; Silva Gallardo, Marcela Soledad c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-06

Es válido el inicio de las actuaciones por prevención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es decir, por uno de los modos alternativos válidos por los que se puede comenzar la instrucción, asimismo, la acción penal había sido impulsada por el Fiscal federal, en dos oportunidades, a fin de investigar conductas vinculadas a la comercialización de drogas y de lavado de dinero por parte de los imputados, es decir por el mismo delito por el cual después la cámara de apelaciones sostuvo la falta de impulso fiscal.

En el procedimiento penal mixto que nos rige, ninguna norma obsta a que el juez, en búsqueda de la verdad real, procure recolectar las pruebas necesarias para conocer la envergadura de las maniobras ilícitas. De los argumentos de la decisión no surge la existencia de defectos o irregularidades que lleven a la exclusión de las intervenciones telefónicas como prueba válida ni menos a una declaración de nulidad.
Accidente de tránsito, desvalorización del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo, Orlando Ramón y otros c/ Martins, Armando y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-06

La pérdida del valor venal del automotor ha de resarcirse mediante equivalente pecuniario, reparando "el patrimonio" de su titular y permitiendo que ingrese a éste un valor en dinero similar al perdido con la mengua del precio sufrida por el automotor que integra dicho patrimonio -art. 1083 del C.C.-. Va de suyo, entonces que el legitimado ordinario para demandar tal reparación es el titular de aquel patrimonio, el propietario del vehículo desvalorizado.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, improcedencia del recurso, estafa, silencio
Materia: PENAL
Carátula: FLORES, EDGARDO AUGUSTO c/ TORRICO, FEDERICO SEBASTIÁN s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-29

Que sabido es la Estafa se caracteriza por una disposición patrimonial viciada tomada por error provocado por engaño o ardid del sujeto activo. Y si bien el ardid , que para Soler es el astuto despliegue de medios engañosos supone un accionar, ya en referencia al caso concreto cabe sostener que los usos y costumbres hacen presumir que cuando se contrata un servicio de taxis o remis, la intención del usuario es abonar la prestación al término del viaje, no pudiendo exigirse que el conductor de dicho transporte se asegure previamente de la efectiva capacidad de pago del cliente y su ánimo de abonar el servicio.

La cuestión se vincula con el silencio y la omisión como forma de Estafa . El tipo penal supone la realización de acciones estando previsto el ilícito como un delito de comisión. Pero la doctrina incluye a la omisión como forma de realización típica, recurriendo a las reglas de la omisión impropia.

Esto es que debe concurrir en el autor un elemento especial que lo transforme en garante del bien jurídico. Por eso es que el silencio puede considerarse ardid o engaño en los términos del art. 172 del C.P. cuando existe en el autor obligación jurídica de pronunciarse, un deber especial de informar.

De modo que la utilización de los servicios deben pagarse inmediatamente de prestados, ello significa que el pedido de hacerse trasladar supone la virtual afirmación de que se tenía la intención de pagarlo y de que contaba con el dinero suficiente.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, Transporte, accidente ferroviario, pasajero, pretensión resarcitoria, responsabilidad de la empresa ferroviaria, eximentes de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: OVANDO,  MIGUEL c/ TRANSPORTES  METROPOLITANOS GRAL. ROCA SA s/ ORD. ROCA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-29

Procede la acción por la que el pretensor persigue el resarcimiento del daño que padeció como consecuencia de un accidente -en el caso acaecido durante el transcurso de su traslado dentro de una formación ferroviaria de la empresa defendida- a raíz del cierre abrupto de una puerta exterior del vagón en que viajaba, la que golpeara sobre su mano izquierda con la que se encontraba sosteniéndose del parante. En tal sentido cabe precisar, que resulta improcedente que la accionada pretenda eximirse de responsabilidad, toda vez que el Cod. com.

art. 184 impone a la defendida el pleno resarcimiento de los daños y perjuicios y, por su parte, la misma no demostró ninguna de las causales de eximición, es decir, que el siniestro provino de fuerza mayor o que sucedió por culpa de la victima o de un tercero por quien ella no sea civilmente responsable. De modo pues, que la carga de la prueba de la existencia de alguna de las causales eximentes de la responsabilidad pesa sobre el transportista, circunstancia por lo demás que surge nítidamente de la ley general de ferrocarriles 2873 art. 65, modificada por la ley 17833, y posteriormente por la ley 22647. Por tanto, correspondía a la reclamada probar que hubo culpa por parte del accionante para que pueda cobijarse de la responsabilidad que le es atribuible de acuerdo a las presunciones expuestas, por lo que tratándose de un transporte oneroso, debe prever cualquier riesgo profesional que en el servicio se presente con grado de peligrosidad y previsibilidad; lógica consecuencia de su obligación de tomar todos los recaudos y previsiones necesarias del caso para así llevar al pasajero sano y salvo hasta su destino.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, arma descargada
Materia: PENAL
Carátula: Celis, Daniel Andrés y Medina, Juan Ramón. s/ Recurso de Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-06-11

Constituye un inadmisible cuestionamiento del cuadro fáctico que dio por acreditado el tribunal sentenciante, la argumentación de los recurrentes de que el arma no fue utilizada con el fin de matar -por cuanto estaba descargada-, sino más bien con la intención de intimar a la victima, concluyendo de ello que el delito cometido no puede ser agravado por el uso de dicho elemento toda vez que el mismo no se hallaba apto para disparar.
Efecto suspensivo, depósito previo
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Este de la CABA- c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Sandoval Machuca, Max David s/ Presunta comisión de delito (competencia)', expte. n° 15191/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-08

Corresponde otorgar a la interposición de la queja el efecto suspensivo que se solicita, si a argumentación del recurrente resulta suficiente, en este estado de análisis, para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que viene a defender. Se constata, prima facie, la existencia en el caso de una decisión que resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal en tanto pone fin -al menos en el ámbito local- a la discusión relativa a cuál es el fuero que debe intervenir en esta causa y el planteamiento de un caso constitucional en tanto se afirma que la decisión tomada por los jueces de la causa ha recortado indebidamente el alcance que debe darse al art. 129 de la CN, en cuanto le confiere facultades jurisdiccionales a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Del voto de los jueces José Osvaldo Casás, Inés M. Weinberg y Ana María Conde)
Contratos, tarjeta de crédito, derechos de las partes, obligaciones de las partes, entidades financieras, responsabilidad contractual
Materia: CIVIL
Carátula: David, Jimena Alejandra c/ Industrial and Commercial Bank of China SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-19

La organizadora del sistema de tarjeta de crédito, es parte vital de éste y no puede considerarse ajena al negocio por no ser el contratante directo con el usuario y por ende no puede evadir su responsabilidad (jurisprudencia común o plenario virtual de la Cámara Comercial, ver CNCom, Sala B, in re "Rodríguez, Luis M. c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA y Otros/ ordinario" del 26/04/01; ídem Sala A in re "Miller Jorge c/ Visa Argentina SA y Otro", del 12/12/03; ídem Sala C, in re "Jaraguionis, Nefi c/ Banco de Boston y otro s/ ordinario", del 21/05/98; ídem Sala D, in re "Ferlise, Eduardo y otro c/ Visa Argentina SA y otro s/ ordinario", del 30/03/11, ídem Sala E, in re "Negri, Elsa A c/ Banco Itaú Buen Ayre y otro s/ ordinario", del 05/08/09; ídem Sala F, in re "Ricale Viajes SA c/ Visa Argentina SA s/ ordinario", del 10/03/11", entre otros).
Delitos contra la propiedad, daño, delito de incendio
Materia: PENAL
Carátula: Pico Núñez, Roberto Manuel s/ Homicidio simple y Daño en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-12-22

No corresponde encuadrar la conducta del imputado, en este caso concreto, dentro del delito de incendio, porque no se probó en el juicio el peligro común para las cosas o personas, que requiere el tipo. Pero sí se probó el perjuicio causado al automóvil siendo dolosa la conducta del imputado, al querer con su accionar, deliberadamente, intencionalmente, causar un perjuicio sobre una cosa, corresponde que encuadremos su conducta dentro de las previciones del art. 183 del Código Penal Argentino.
Personal de casas particulares, ley vigente, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Riveros, Analía Lucía c/ Rimondini de Azcona, María del Cármen s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-10-14

Los trabajadores del servicio doméstico no están excluidos expresamente por el art. 1 de la Ley 24.013, tampoco los incluye, por lo que el decreto reglamentario no contraviene el espíritu de la ley.

En tal sentido, se advierte que ese cuerpo legal se refiere preferentemente a los trabajadores comprendidos dentro del ámbito regulatorio de la Ley de Contrato de Trabajo, ordenamiento éste que excluye expresamente a los del servicio doméstico.

La Ley de Contrato de Trabajo excluye a los empleados del servicio doméstico y la Ley Nacional de Empleo, que introduce importantes modificaciones a aquella, no los contempla dentro de sus disposiciones.

Quiere decir, que los trabajadores del servicio doméstico no han sido excluidos ilegítimamente de ese ordenamiento regulatorio, ya que se encuentran comprendidos dentro de un estatuto especial atendiendo a las particularidades propias que presenta ese tipo de prestaciones.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa, relación de causalidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EL VERDADERO PARAISO S.R.L. c/ SANCHEZ, HECTOR ANGEL Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-28

Ya sea que se entienda que el damnificado debe demostrar que el daño ha obedecido al riesgo o vicio que engendra o padece la cosa, o bien que se considere que a aquél le bastará con acreditar la intervención de la cosa y su conexión causal con el daño -presumiéndose a partir de ello que el detrimento ha sido generado por el riesgo o vicio de la cosa-, cabe remarcar que, cualquiera sea la postura que se adopte, cuando como en autos se encuentra controvertido que la cosa en cuestión haya sido la causante del daño, es a la víctima a quien incumbe probar la relación de causalidad adecuada entre ambos.
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gil, Néstor Mario c/ Gobierno de la Provincia del Chubut s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-09-21

Las partes tienen la carga de impulsar el trámite del juicio, o sea, hacer avanzar el proceso hasta el llamamiento de autos, vale decir, hasta poner la causa en condiciones de ser fallada. De tal forma la responsabilidad de instar debe materializarse dentro del término de perención, so pena de operarse ésta; lo contrario importaría dejar abierta la instancia "sine die" por la sola inactividad de las partes, que es precisamente lo que las normas que regulan la caducidad pretendieron evitar.