Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-05-17


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 9 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 17 días del mes de Mayo de dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 52/05 "Sr. Intendente de la Municipalidad de El Alto c/ EDECAT S.A. - s/ Acción de Amparo -CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.- - - - - 2) Costas.- - - - - - - - - Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 46, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y CÉSAR ERNESTO OVIEDO.- - - - - - - - - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Corte de Justicia con motivo del recurso de casación articulado por la parte demandada, en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 107 de fecha 21 de junio de 2005, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Primera Nominación. - - - - - - - - - Que en el memorial introductorio, el casante justifica el cumplimiento de los requisitos procesales extrínsecos de admisión del recurso que intenta, expresando que si bien las cuestiones relativas a las medidas cautelares no son por su naturaleza objeto del recurso extraordinario de casación, en el presente caso el carácter irreparable o -de insuficiente reparación ulterior- del daño que pudiere causar la sentencia en cuestión, permitiría tipificar a ésta efectos asimilables a los de una sentencia definitiva que hace imposible la continuación del pleito, en virtud de que nunca podría la demandada recuperar los costos que genera la provisión gratuita del servicio eléctrico al municipio accionante. Sigue diciendo que la cuestión sometida a decisión del Tribunal reviste una notoria gravedad o interés constitucional o institucional, hipótesis ésta que se subsumiría en la condición de admisibilidad prevista por la última frase del Art. 288 del C.P.C.C.. Aduce asimismo, que la medida cautelar ratificada por el A-quo afecta en forma directa, gravísima e irreparable la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica provincial, así como principios básicos de nuestro sistema republicano de gobierno, amén de derechos públicos subjetivos; implicando que los Municipios puedan continuar consumiendo energía sin abonar sus consumos. Que esta situación incide sistemáticamente en el incremento del pasivo de la recurrente con sus proveedores, lo que genera un perjuicio irreparable para la economía del servicio público que presta, violando su derecho a la propiedad y en una merma de la calidad del servicio brindado al resto de los usuarios, lo que resulta incompatible con lo normado por el Art. 42 de la CN.- Sigue diciendo que en Primera Instancia se resuelve hacer lugar a la medida innovativa solicitada por la parte actora, ordenando en consecuencia a su representada a mantener la situación vigente al día 11/03/05, esto es a que proceda en forma inmediata al restablecimiento de la conexión y suministro del servicio de energía eléctrica en los lugares donde funcionan todas las dependencias de la Municipalidad del El Alto- Que apelada la resolución por su parte en cuanto a la medida cautelar, en la Alzada se decide rechazar el recurso de apelación y en consecuencia confirmar la sentencia dictada por el Juez de grado. Se agravia el recurrente en razón de que la sentencia en cuestión controvierte los principios constitucionales de equilibrio de poderes, de igualdad ante las cargas y servicios públicos, de armas procesales, el derecho de propiedad, de defensa y debido proceso y el de razonabilidad de las sentencias. A continuación funda el Recurso de Casación expresando que el Tribunal de Alzada ha incurrido en arbitrariedad en virtud de que la sentencia criticada no constituye una derivación lógica, razonada y razonable de las circunstancias obrantes en la causa y en errónea aplicación de la Ley 4834 y su normativa reglamentaria relativa a las condiciones de prestación del servicio. - - - - - - Por último hace reserva del caso federal y peticiona se haga lugar a la casación, con costas.- - - - - A fs. 35/37 se presenta la apoderada de la parte actora, solicitando por los motivos que allí expone el rechazo del recurso, con costas. Que elevados los autos a esta Corte de Justicia, por Sentencia Interlocutorio Nº 68/05 se declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. Que a fs. 42/44 vlta. emite dictamen la Sra. Procurador General Subrogante de la Corte, dictándose a fs. 45 el proveído que ordena autos para sentencia, quedando la causa conclusa y en estado de emitir pronunciamiento definitivo.- Que ello así conviene recordar, que la génesis del conflicto se suscita cuando la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica decide disponer el corte del servicio por falta de pago en todas las dependencias de la Municipalidad del El Alto. Ante ello los representantes del municipio interponen acción de amparo en la cual solicitan como medida cautelar el restablecimiento del servicio en todas las dependencias afectadas. En primera instancia se hace lugar a la procedencia formal del amparo y a la cautelar solicitada ordenándose el restablecimiento de la conexión y el suministro del servicio de energía, resolución que apelada por la empresa proveedora del servicio termina siendo confirmada en la alzada.- - - - - - - - - Luego de describir el daño irreparable y la gravedad institucional que la cuestión reviste y que configuran las dos excepciones que admiten la apertura del recurso en contra de un pronunciamiento que no es definitivo, se avoca a fundar los agravios que le causa la sentencia.- - - - - - - - Y así invocando la errónea aplicación de la ley 4834 y la tacha de arbitrariedad, señala que el resolutorio puesto en crisis pone peligro tanto a la Empresa concesionaria como al universo de usuarios particulares e instituciones publicas provinciales, que se verán perjudicados por los cortes e interrupciones del servicio como por su mala calidad debido a la falta de inversiones, al convalidar la sentencia una prestación gratuita del servicio al municipio moroso. Aduce también que se ha soslayado todo el plexo normativo que regula el servicio publico de distribución de energía eléctrica, para sustituirlo injustificadamente por la propia voluntad de los jueces. Que el acto sentencial viola el principio de igualdad de armas procesales, el de igualdad ante los servicios públicos, el derecho al debido proceso legal, y el derecho de propiedad pues en el caso se pudo haber dispuesto una medida menos gravosa para la Empresa. En suma afirma que la sentencia no constituye una derivación razonada de las circunstancias obrantes en la causa, ya que nunca una sola factura de pago pudo ser indicativo de la verosimilitud del derecho alegado, pues de lo que se trata es del incumplimiento sistemático e ininterrumpido del Municipio.- - - - - - - - - - Como es sabido el examen preliminar de los requisitos de admisibilidad del recurso promovido impone analizar ante la ausencia en el caso de pronunciamiento definitivo si concurre aquella otra circunstancia que permita equiparar a tal la sentencia interlocutoria impugnada, pues de lo que se trata es de saber si el agravio irreparable que se aduce, se encuentra configurado y ello al no poder recuperar los costos que la provisión gratuita del servicio importa, ya que la medida cuya revocación se solicita ordena el restablecimiento de la conexión y provisión de energía eléctrica al municipio amparista. A su vez y con el fin de acercar razones que ablanden el criterio del tribunal sobre esta cuestión, invoca la gravedad institucional que supone la medida cuestionada por el efecto pernicioso que ello tendrá en la calidad y continuidad del servicio que presta al conjunto de la comunidad.- - - - - - - - - - Se sabe, la resoluciones sobre medidas cautelares sea que las ordenen, modifiquen o levanten no revisten, en principio carácter de sentencia definitivas, sin embargo, tal doctrina cede en los supuestos en que aquellas causen un agravio que por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o de imposible reparación ulterior, o bien cuando se invoca y demuestra como en el caso traído a decisión que la resolución trasciende el mero interés de la partes en conflicto por afectar el de la comunidad toda.- - - - - En tal sentido, ha sostenido nuestro máximo Tribunal que reviste gravedad institucional "cuando la ejecución corresponde a medidas de alcance general que puedan interesar a actividades cuyo correcto ejercicio no es ajeno al bienestar común" (fallos, 247:602).- En consideración a ello y teniendo en cuenta las circunstancias obrantes en la causa, advierto que la prestación de un servicio publico esencial -como es el de la energía eléctrica- en dependencias que prestan a su vez un servicio público es una actividad estrechamente ligada al bienestar general por lo que se encuentra en mi opinión configurada la hipótesis que permite moderar los recaudos de admisibilidad del recurso interpuesto.- - - - - - - - - - Superada entonces la barrera de la admisibilidad formal, me adentro a considerar los fundamentos vertidos en la sentencia impugnada, tarea que me impone aclarar preliminarmente que el carácter netamente procesal de la cuestión traída a revisión y por lo tanto ajena al recurso promovido, inducirán mi parecer en sentido desfavorable, al no encontrar configurado el supuesto de arbitrariedad que tanto la doctrina como la constante jurisprudencia de este Cuerpo requieren como supuesto excepcional para revocar el acto sentencial.

Que ello así, la decisión jurisdiccional esboza sobradas razones para auspiciar el mantenimiento de la cautelar y por ello la prestación de un servicio vital que hace al funcionamiento del aparato municipal, argumentos que por más esfuerzo desplegado por los letrados de la Empresa prestataria no logran ser rebatidos en esta instancia.- - - - - - - - - - - Es decir en mi opinión los presupuestos que condicionan la procedencia de la medida cautelar solicitada se encuentran "prima facie" cumplidos, pues en autos encuentro justificada como bien se desbroza de la sentencia impugnada la verosimilitud del derecho que asiste al amparista, extremo ligado como se sabe a la fundabilidad y razonabilidad de lo demandado en autos, y acreditado suficientemente a juicio de los sentenciantes con las probanzas que obran a fs. 5/12.- - - - - - - - - - - - - - - Al respecto he de recordar que los recaudos de procedencia de las medidas cautelares aparecen de tal modo entrelazados que a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del "fumus" se puede atemperar. - - - - - En tal sentido cabe consignar que no es menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes como postula el recurrente, ya que el estado del tramite aconseja solo un estudio prudente y cuidadoso del que pueda surgir un "fumus bonis iuris" en el peticionante. De ahí que la aplicación de la doctrina que viabiliza la procedencia de las medidas cautelares cuando existe mayor peligro en la demora que "fumus", exige que se haya acreditado en forma mínima la verosimilitud del derecho, recaudo mínimo éste que , como más arriba se expuso, concurre en el sub lite.

En cuanto al examen de la concurrencia del peligro en la demora, aprecio que la realidad comprometida en autos justifica la medida cautelar dispuesta, pues resulta aconsejable en el particular proceder con amplitud de criterio para decretar una medida precautoria, ya que es preferible el exceso en acordarlas que la estrictez o parquedad en negarlas.- - En definitiva en casos como el de autos y otros similares resuelto por este alto Cuerpo, existe menor perjuicio en otorgar la medida que en negarla, pues la interrupción del suministro de energía eléctrica en aquellas dependencias donde funciona el aparato municipal afecta sin duda de modo directo el cumplimiento de la acción estatal y por ende la prestación de un servicio público o de interés público.- - - En conclusión estimo acabadamente cumplido, el juicio critico analítico que es dable exigir a la hora de proveer una medida como la peticionada, razón por la cual se deberá rechazar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia impugnada. Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que analizada la cuestión de autos, fácil es advertir de que se trata de conflicto de naturaleza análoga al ya tratado por este Alto Tribunal en autos N° 59/05 caratulados " Municipalidad de Aconquija c/ EDECAT S.A. s/ Acción de Amparo - Casación", en el que con motivo del recurso interpuesto por la empresa prestataria contra medida cautelar de restablecimiento de servicio, suspendido por falta de pago de la Municipalidad accionante, expuse que: "el argumento fundamental denegatorio de la apelación de la empresa y la confirmación de la cautelar dictada en 1era. Instancia, es el supuesto daño que el corte de servicio de energía eléctrica, podría irrogar a la comunidad..., y el carácter de servicio esencial básico, sin parar mientes para así decidir, que la suspensión del servicio tiene como origen la falta de pago de esa prestación por la Municipalidad remisa, y cuya prestación obligacional tiene su fuente en un contrato de suministro. Lo que lleva, de hecho, a tener que analizar la cuestión en los términos del derecho común,..., mas allá de la naturaleza administrativa de la relación y el carácter subsidiario de la legislación civil en la materia" ( como ya lo pusiera de manifiesto en el precedente de cita y en esta misma causa, al tratar la cuestión de competencia).- - - - - - - "En este marco de análisis, parece necesario recordar..., la clásica definición de Justiniano que expresa que: La obligación es el vínculo Jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro alguna cosa; evidenciándose en tal definición los aspectos esenciales que todo vínculo obligacional presenta, un aspecto activo: un poder o facultad de exigir algo; y uno pasivo: un deber de dar, hacer o no hacer. La facultad y el deber...son el anverso y el reverso de una misma medalla, pues no se puede concebir crédito sin deuda y viceversa. ( Borda - Tratado de Derecho Civil - Obligaciones - T.I )".- - " Fácil resulta entender ahora..., que el tribunal inferior confunde en su temporalidad y naturaleza el conflicto..., que no es por supuesto, el eventual daño que se produciría a la comunidad por el corte de servicio eléctrico..., sino el incumplimiento por la Municipalidad de su contraprestación de pago, como el polo... del vínculo obligacional surgido de un contrato bilateral y a titulo oneroso".- - "Hacer lugar a la medida cautelar..., no solo desconoce el aspecto activo de la obligación, pues... se esteriliza... la potestad del acreedor para obtener...su crédito, en este caso, la suspensión del servicio; sino que además, por tal vía, modifica... la naturaleza del vínculo que se torna unilateral y a titulo gratuito, situación que por supuesto...desnaturaliza conceptualmente el régimen Jurídico de la obligaciones".- - - También en aquella oportunidad advertí que, siendo primigenia responsabilidad del funcionario a cargo del municipio el asegurar la prestación eficaz del servicio público, le cabía consecuentemente la de prever en su cálculo presupuestario los medios de pago para abonar el servicio y proteger así, el interés público que se alega afectado por la suspensión.- - - - - - - - - - - Por lo expuesto, y concurriendo análogas circunstancias en la presente causa, expreso formal disidencia al criterio sustentado en el voto precedente, considerando que debe hacerse lugar al recurso intentado, dejándose sin efecto la medida cautelar dictada en autos. Es mi voto.- - - - - - - A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que como lo anuncia la colega que emite el voto que me precede, análogas circunstancias y similares argumentos se han expuesto en los autos Corte Nº 59/05, en la que me correspondió habilitar el acuerdo y cuya decisión plasmada en Sentencia Nº 05/05 de este Tribunal culminó por mayoría integrada por el ministro que vota en primer orden.- Que ante idéntico escenario y por las razones brindadas en la oportunidad aludida y que en honor a la brevedad doy por reproducidas, me adhiero al primer voto y dispongo el mío en exacto sentido. Así voto. - - - - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben ser soportadas por la parte demandada recurrente que resulta vencida (Art. 68 del C.P.C.). Así voto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuentemente con mi disidencia respecto al primer voto, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora. Así voto.- - A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que consecuentemente con lo expresado en la primera de las cuestiones, me adhiero una vez más al voto del Sr. Ministro, Dr. Cáceres, para la solución de la presente cuestión. Así voto.- - - - - - - - - - - En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede y oída a la Sra. Procurador General Subrogante en su Dictamen Nº 130 y por mayoría de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de Casación interpuesto por la parte demandada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) Costas a la recurrente que resulta vencida. - - - - - - - - - - - 3)Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Primera Nominación que deberá transferir el depósito judicial, obrante a fs. 1 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco Nación Argentina. - - - 4)Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.. - - 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.