marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, síndico del concurso, patrocinio letrado, honorarios, delegación de funciones
Materia: PROCESAL
Carátula: GARITTA ALCIDES s/ CONCURSO PEDIDO - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-04-01

Cualquiera sea la interpretación a dar a las leyes locales acerca de las incumbencias profesionales de abogados y contadores, lo cierto es que la ley 19551 ha dispuesto que las funciones de Síndico sean desempeñadas por contadores públicos, excepto en los supuestos del último párrafo del art. 277 de la ley 19551. Frente al texto del art. 281 de la ley 19551, no es posible afirmar que " hay que alentar el asesoramiento letrado de la sindicatura", y poner los honorarios de los abogados asesores a cargo de la masa. Como principio, el Síndico, debe actuar por sí sin ningún asesoramiento (arts. 281 y 289 de la ley 19551), es obvio, que también como principio, la masa únicamente debe soportar sus honorarios, y además, pero solamente además, los del letrado patrocinante en las condiciones del art. 281 de la ley 19551.

Lo que importa es que los honorarios del Síndico se disminuyan en la misma proporción en que aparezcan a cargo de la masa los del letrado asesor, en tanto lógicamente, la intervención del último es pertinente en lo que exceda la competencia profesional del Síndico.

En definitiva, lo que la ley quiere, es que exista un solo honorario, el que se distribuirá o no en dos personas físicas.

La circunstancia, que en los hechos sea el abogado y no el Síndico, quien tramita el expediente, controla su desarrollo y con quien se comunica el Tribunal, no importa sino una corruptela y una indebida delegación de sus funciones, o , en el mejor de los casos, un auxilio de exclusiva responsabilidad del Síndico.

Si bien es de incumbencia de la abogacía " la gestión de percepción de un crédito", y si ello involucra un juicio (art. 17 C.P.C.), no puede decirse lo propio cuando el cobro se hace extrajudicialmente, tarea que únicamente redundaría en honorarios para el letrado (art 96 ley 7269), pero dicha gestión de cobro es tarea propia del Síndico (art. 175 ley 19551), teniendo a tales fines las facultades que esa norma le da y las del art. 289 de la ley 19551.

Por lo expuesto en este caso, no puede considerarse que la denuncia de un crédito, la gestión de su cobro, que consintió en la remisión por vía postal de dos oficios suscriptos por la actuaria, excedan la competencia profesional del síndico.-
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios, transporte aéreo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LAGOS, PAULA c/ IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A  s/ CONTRATOS Y DAÑOS - RC - TURISMO Y HOTELERÍA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad en tanto los agravios vertidos por la accionante no logran conmover los fundamentos de la sentencia de la Cámara que confirmó el pronunciamiento de la jueza de primera instancia que había decidido remitir las actuaciones a la Justicia Civil y Comercial Federal. En efecto, si la acción tiene por objeto obtener el resarcimiento por los daños que los actores sostienen haber sufrido como consecuencia del incumplimiento del contrato de transporte aéreo de pasajeros que le endilgan a la demandada, resulta aplicable la vasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para casos relativos al transporte aerocomercial, en cuanto sostiene que el fuero competente es el Civil y Comercial Federal. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe, Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Empleados públicos, suspensión preventiva, daño moral, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIZZI, HECTOR HUGO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-14

No cabe duda que la suspensión del agente reclamante, por lo excesiva y contraria a la ley que establece los plazos para resolver, deviene ilegítima. En consecuencia, y sin perjuicio de lo sostenido en los puntos anteriores respecto de la validez de las actuaciones, resulta evidente que esa irregularidad administrativa que no puede imputarse al agente que está siendo sumariado, sino a la ineficiencia administrativa, debe ser compensada al agente perjudicado, por lo que resulta procedente el reclamo de indemnización por daño moral (artículo 1078 del Código Civil).
Competencia nacional, DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ludolini, Rubén Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Adminisrtativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 486-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

El Acta de infracción confeccionada por la Dirección Nacional de Vialidad constituye un acto administrativo de un ente público nacional, razón por la cual ni la Administración Pública Provincial, ni la Corte Suprema de Justicia como tribunal de lo contencioso administrativo local, pueden ejercer control alguno a su respecto.
Indemnización por accidente de trabajo, tope indemnizatorio, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corigliani, Adalberto Jorge c/ ASOCIART ART S.A. s/ Ordinario - Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-10

El tope indemnizatorio impuesto por la norma del art. 15 de la LRT, con la redacción dada por el decreto 1278/00, a la fecha en que se consolidó el daño sufrido por el actor, resulta violatorio de las garantías constitucionales de igualdad y de propiedad (arts. 16 y 17 CN), en razón de la irrazonable desactualización de la indemnización por el transcurso del tiempo durante un período inflacionario en que hubo mora legislativa respecto de su actualización.
Recurso de inaplicabilidad de ley, falta de acción, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno Ocampo, Luis s/ recurso de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-28

El recurso de inaplicabilidad de ley no fue interpuesto contra sentencia definitiva o equiparable a tal -excepción de falta de acción-, como lo exige el art. 11 de la Ley 24.050 y aún por regla la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos, desde que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por vía de principio, aquella calidad, aunque se invoquen garantías constitucionales o la tacha de arbitrariedad. A la vez el recurrente no demostró que lo decidido le irrogue otro perjuicio que las restricciones normales derivadas del sometimiento a juicio. (Voto del Dr. Fégoli -en mayoría-).
Empleados públicos, reescalafonamiento, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALIZIA, ANTONIO CAYETANO Y OTROS. c/ ESTADO NACIONAL (SECRETARIA DE SALUD PUBLICA) s/ ORDINARIO-ACTO ADMINISTRATIVO-REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS-   INTERPRETACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Si en el caso la pretensión de los actores se reduce a un problema de progresión escalafonaria sujeto a la apreciación discrecional de la autoridad administrativa, los jueces no deben sustituir el criterio razonable de ésta.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la persona, entidades financieras, banco central
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Bergter, Luis Enrique. s/ FALSIFICACION   DE  DOCUMENTO PRIVADO,  ADMINISTRACION  FRAUDULENTA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

No surte la jurisdicción federal en los supuestos de responsabilidad indirecta de carácter patrimonial que resulta de la garantía otorgada por el Estado a los depósitos en entidades financieras.
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, muerte del ama de casa, lucro cesante
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nievas Roberto por sí y sus hijos menores c/ Juan Lorenzo Attaguile y Cayetano Attaguile y La Mercantil Andina s/ d - y p (LIBRO: S154 - 132)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-20

Aunque la esposa no trabaje fuera de la casa aporta una esencial colaboración al marido y no sólo en lo propiamente doméstico sino en los restantes aspectos de la vida matrimonial y social. La muerte del ama de casa obliga a reemplazar con personal doméstico, los servicios que la víctima prestaba, y ocasiona un perjuicio adicional a completar el déficit restante por una dedicación superior de los otros miembros del hogar.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, registro de la propiedad inmueble, error registral, embargo, daño material, consecuencias mediatas, daño mediato, indemnización
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Industria Textil del Plata  S.C.A c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-15

La imposibilidad de invertir los fondos eventualmente percibidos en la ejecución, en una actividad comercial cualquiera, constituye una consecuencia mediata de la falta de cobro - por su conexión con un acontecimiento distinto - que sólo es indemnizable cuando el responsable la ha previsto o ha podido preverla (arts. 901 y 907 del Código Civil), lo que evidentemente no es el caso de la administración pública provincial, responsable por la frustración de la garantía que significa un embargo.
Contestación de la demanda, rebeldía, reconocimiento de los hechos, presunción juris tantum, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NELSON, NOEMI c/ CAJA DE SEGUROS VIDA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Si bien la rebeldía declarada en juicio solo genera una simple presunción iuris tantum de la verdad acerca de los hechos invocados en la demanda, lo que no impide que el juez dicte sentencia segun el mérito de la causa (cpr 60), sin embargo, como la propia ley lo indica, para que esa presunción no opere es menester que el resultado de la prueba producida desvirtue esa presunción. (En el caso, el defendido no indico cuales serian los concretos medios de prueba que conducirian a ese resultado).
Proceso penal, asistencia médica, establecimientos asistenciales
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El riesgo tomado a cargo por el individuo que delinque y que decide concurrir a un hospital público en procura de asistencia médica, incluye el de que la autoridad pública tome conocimiento del delito cuando las evidencias son de índole material.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Cámara  Federal de Apelaciones de Paraná -avocación- Calderón Dizde  Cruset,  María  Mercedes c/ PEN s/ recurso de reconsideración aco.25/05 Cámara Paraná.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Es improcedente el recurso extraordinario que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48) (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Carmen M. Argibay).
Imputado, defensa en juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CHAVEZ, CARLOS GUILLERMO s/ PRUEBA - JUEZ - DEFENSA EN JUICIO - SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-05

Durante todo el desarrollo de la actividad procesal, el imputado debe tener oportunidad de expedirse libremente, alegar y probar su inocencia, cualquier circunstancia capaz de aminorar su responsabilidad. El derecho de defensa es un elemento esencial del proceso. Toda violación, de las normas procesales que aseguran la intervención, asistencia y representación del imputado, es absolutamente nula sólo por imperio de la Constitución. De esto resulta evidente que el principio de la inviolabilidad de la defensa condiciona el principio "nulla pena sine iudicio" o, de otro modo que el "derecho" del Estado encuentra una limitación en el derecho individual; que la potestad represiva del Estado se debe ejercitar a condición de que se respete el derecho de defensa.-
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ríos, Sergio Alejandro y otro c/ Trotta, Pascual s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Dispone la norma del art. 57 inc. 2 de la ley 11.430, que el conductor que aparece en una encrucijada desde la izquierda "debe en toda circunstancia" ceder el paso, estableciendo con rigor absoluto, que sólo se pierde la preferencia en los casos puntuales que describe.
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, excepción de incumplimiento contractual
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, MANUEL c/ AEROPEL SACI. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

La figura de la 'exceptio inadimpleti contractus' (artículos 510, 1204 y 1201) es aplicable al caso de un trabajador a quien se pretende imponer un 'ius variandi' que considera abusivo y en tanto razonablemente discute con su empleador las condiciones del cambio.

Tal actitud debe considerarse legítima conforme al artículo 1071 del Código Civil toda vez que no causa injuria al empleador en los términos del artículo 242 del TORCT., debiendo fundarse esta conclusión en los principios contenidos en los artículos 11, 10 y 63 del TORCT. como así también en el artículo 917 del Código Civil.
Allanamiento sin orden, estado de sospecha, robo con armas, menores
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: S., M.A. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

El estado de sospecha que acuerda legitimidad al acceso al domicilio sin orden judicial se funda en la huida de los encartados y el consecuente ingreso a la morada para refugiarse de la pesquisa por parte del damnificado. La víctima perseguidora anotició de inmediato a la autoridad policial, quien cumplió con su deber procediendo al ingreso y detención en los términos del inc. 3 del art. 277 CPPN. En relación a la nulidad propiciada por la defensa por la falta de intervención fiscal oportuna, no se advierte omisión alguna, y por otra parte, tampoco se la ha demostrado, siendo el recurso, en este punto, inadmisible. El cuchillo de cocina utilizado para amenazar a la víctima del robo es un arma en el sentido de la ley y su entendimiento como tal no es una aplicación analógica in malam partem sino una interpretación literal y estricta de lo dispuesto en ambos tipos penales que contemplan la agravación por el uso de armas. Si no está acreditado que los tres imputados, previamente, convinieron la utilización del arma en el desapoderamiento, corresponde limitar las responsabilidades al efectivo aporte de cada uno, por aplicación del principio favor rei. Si el juez valoró la situación personal de la imputada, su historia de vida y luego de ello decidió aplicarle una pena, no se advierte arbitrariedad ni errónea aplicación del art. 4 de le ley 22.278. La disidencia sostuvo que no existió un seguimiento o persecución de los autores del robo que habilitara a la autoridad policial a ingresar, sin orden judicial, a la vivienda en cuestión para proceder a su detención, y que la orden de allanamiento librada, a posteriori, por el juez, independientemente del resultado obtenido, tampoco resulta válida por falta de fundamentación suficiente puesto que se dispuso un mandato genérico a todo un edificio, en desmedro de los derechos y garantías de los ciudadanos que habitan en dicho lugar.
Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-02


Rawson, 2 de febrero 2011.

Y VISTOS:

Los presentes rotulados "L., C. A. s/ Estafa procesal en grado de tentativa" (Expediente número 21.533, folio 111, letra L, año 2008).

Y CONSIDERANDO:

Que a fojas 825 compareció I. F. de las C., por la parte querellante, con el patrocinio letrado de F. F. A., y dijo "Que en virtud que la cédula de notificación diligenciada con fecha 26 de octubre pasado, se limita a transcribir la parte resolutiva de la Sentencia dictada el día 14 del mismo mes (sin adjuntarse copia íntegra de ella conforme práctica tradicional de V.E.), lo que impide conocer los fundamentos de tal decisorio y consecuentemente interponer recurso extraordinario federal contra el mismo, solicito a V.E. suspender el término para deducirlo, hasta tanto se subsane tal omisión mediante la entrega de copia íntegra de aquél".

Que a fojas 831 el señor Procurador General Jorge Luis Miquelarena dictaminó que: "Analizada la cuestión deberá estarse a lo prescripto por el artículo 130 2da. parte del Código Procesal Penal (ley 3155) el que expresamente indica que, tratándose de sentencias, la copia se limitará al encabezamiento y a la parte resolutiva".

Que el Tribunal comparte los fundamentos expresados supra por el titular del Ministerio Público Fiscal, razón por la cual -ponderando también la oposición articulada a fojas 833/vuelta por M. A. K., defensora de C. A. L.- la Sala en lo Penal del Excmo. Superior Tribunal de Justicia;

R E S U E L V E:

1°) DESESTIMAR el planteo de fojas 825, con costas (Código Procesal Penal, Ley 3155, artículos 485, 486, 488 y concordantes).

2°) PROTOCOLÍCESE y notifíquese.

Fdo. Daniel A. Rebagliati Russell-Jorge Pfleger-Alejandro Javier Panizzi-Ante mí: José A. Ferreyra Secretario.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Lazcano, Roberto Héctor y otros c/ Fundación de la Universidad de Belgrano. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Es descalificable el fallo que fijó los honorarios en una suma menor a la que corresponde según la ley 21.839, sin que sea fundamento suficiente la invocación del art. 38 de la ley 18.345, toda vez que el mínimo arancelario legal no superaría el 20% del valor del litigio, que como tope máximo para los letrados de la actora admite la norma citada en segundo término; en tales condiciones la Cámara se ha apartado de la norma legal aplicable al caso sin dar argumentos que sustenten su decisión.
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Y., N.R. c/ V., J.M. y Otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-05-31

En variados pronunciamientos de esta Alzada, coincidiendo con uniforme doctrina jurisprudencial, hemos decidido que las aflicciones, menoscabo, desánimo, el dolor anímico proveniente de un daño que incapacita, configuran la existencia del daño moral sin necesidad de probanza alguna, por catalogárselo como dije de daño in re ipsa, que surge de la mera comisión del hecho o acto ilícito, del daño causado a otro, que más allá del resarcimiento patrimonial por atención médica y curaciones con sus detalles o de la secuela sobreviniente, involucra necesariamente la repercusión del padecimiento sufrido y su proyección en los momentos vividos en la vida del dañado.
Extinción de la acción penal, revocación de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R. D. c/  s/ prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-14

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "C., R. D. s/ prescripción" (causa nº 33.744/17) resuelta el 14/12/2018, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto del juez de la instancia de origen que declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto del imputado. Los vocales, por mayoría, revocaron la resolución.
Recurso extraordinario, vista de las actuaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Menendez, Alberto J. c/ La independencia S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Resulta inatendible que la Suprema Corte examine la evaluación de las declaraciones testimoniales cuyo contenido no consta en el acta de vista de causa al no haberse ejercido por la parte interesada la facultad que le confiere el art. 46 del dec. ley 7718/71.
Cheque, cancelación del cheque, librador
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIONISIO, CARLOS s/ CANCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Partiendo de la base de que los cheques son cancelables por el procedimiento establecido por el dec. Ley 5965/63 no obsta a ello que quien lo solicite sea el librador. Se ha sostenido que la cancelación de un título circulatorio corresponde -en general- a quien posee un derecho creditorio en su virtud, derivado de la posición cambiaria que ocupe conforme a las denunciadas y eventualmente demostradas constancias insertas en el documento. Así, si bien el librador de un cheque no es un acreedor cambiario, sino el principal obligado, es innegable que la suscripción del documento se traduce en la incorporación de un derecho creditorio, que podrá ser ejercitado en contra del firmante por quien revista el carácter de tenedor legitimado del título. En tales condiciones, parece razonable conferir legitimación al librador para prevenir la indebida circulación del documento y privar de eficacia el derecho cartular incorporado al mismo. De manera que el juez deberá valorar en forma previa al dictado del auto de cancelación, si el extravió o la sustracción que se aleguen han sido demostrados y -de ser ello así- podrá el tercero de buena fe, legitimado en el documento, formular oposición para impedir que el auto de cancelación produzca efectos, lo que permite conjurar los riesgos de que se afecten indebidamente derechos de terceros.
Procedimiento administrativo, alegato, solicitud de audiencia, impulso procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Nieva, Lucía Leonor c/ Provincia de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena  jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-02-11

El instituto de la caducidad de instancia debe ser interpretado restrictivamente por ser un modo anormal de terminación del proceso, debiendo estarse, en caso de duda, por la declaración de vigencia o validez de determinados actos procesales.

En el caso en análisis, la demandada solicitó la certificación del término de prueba y la fecha de audiencia para alegar, correspondiendo a la misma urgir la diligencia pendiente, es decir que el impulso procesal de éste trámite estaba a cargo de ambas partes. Por otro lado, el proveído que fijó fecha para la audiencia prevista por el Art.39 del C.C.A ,no fue realizado bajo apercibimiento de tenerla por desistida, habiendo sido jurisprudencia de este Tribunal que, si la parte lo solicitaba, podía fijarse nueva fecha de audiencia. Esta interpretación del C.C.A. fue modificada en autos Corte Nro.39/02 "Bustos...c/ Estado Provincial- Acción Contencioso Administrativa", estableciéndose que las fechas de audiencias para alegar son decretadas bajo apercibimiento de tener por desistido el derecho, a fin de evitar la duración indeterminada de los procesos. En tales condiciones y debido a la falta de certeza respecto de la existencia de morosidad a efectos de la declaración de caducidad, corresponde no hacer lugar a la caducidad deducida por la demandada.
Traslado de jueces, designación de jueces, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Convalidar judicialmente una nueva modalidad de nombramiento o designación definitiva para cubrir un cargo de juez, por fuera de la secuencia concurso - nominación - acuerdo, supondría para la Corte además de violentar la Constitución Nacional (art. 99, inc. 4, segundo párrafo y art. 114, incs. 1 y 2) y el texto de sus acordadas (acordada 4/2018, considerando XV entre otros y acordada 7/2018 art. 1) contradecir lo afirmado con especial celo en sus propios precedentes Uriarte, Rosza y Aparicio, debiendo en tal caso explicar los motivos de dicho apartamiento.