Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-11-03


2º Instancia. - Mar del Plata, noviembre 3 de 2009.

Vistos:

Los presentes autos traídos a despacho para resolver el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada a fs. 77/78 contra el pronunciamiento de fs. 69/74.

Y considerando:

I.- Que a fs. 69/74 el Sr. Juez de primera instancia resolvió: a) rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto el Sr. Norberto Di Biagi haga al acreedor Consorcio de Copropietarios del Edificio Eiffel XI, íntegro pago del capital de $ 9.132, con más intereses, costos y costas; b) calcular los intereses desde el vencimiento para el pago de cada uno de los períodos comprendidos en el reclamo, a la tasa pactada por las partes no pudiendo exceder del 30% anual por todo concepto; y c) calcular los intereses sobre los gastos a la tasa del Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus operaciones de descuento, desde el momento en que fueron efectuados.

II.- Que a fs. 77/78 el ejecutado interpone recurso de aclaratoria y de apelación, en el que se agravia del rechazo de la excepción de inhabilidad de título por cuanto no discrimina los períodos adeudados ni los intereses.

Afirma que los resúmenes de expensas iban dirigidos a la Sra. Raquel Dana, por lo que el ejecutado no tuvo oportunidad de controlarlos.

Finalmente señala que el certificado de deuda agregado a fs. 7 no discrimina mes ni año en que se originó la obligación, afectando su derecho de defensa en juicio.

III.- Consideración del agravio planteado.

Al efecto de ingresar en el tratamiento del agravio planteado resulta de interés precisar los requisitos que impone el artículo 522 del Código de procedimiento para otorgar fuerza ejecutiva al crédito por expensas comunes.

Sobre tal cuestión se ha dicho que "...en el trámite de ejecución por expensas comunes, el título ejecutivo lo constituye el certificado de deuda expedido conforme las previsiones del reglamento de copropiedad o, a falta de éste, la copia protocolizada de las actas de las reuniones de consorcio en las que se ordenaron o aprobaron expensas. Así lo prevé el art. 522 del rituario, lo que deriva en la conformación de un título integrado. Y tal integración no importa atribuir fuerza ejecutiva a un Reglamento de Copropiedad, que per se no la tiene, sino que tiene por finalidad acreditar ante el sentenciante que se han cumplido los recaudos que dicho instrumento ha establecido, pues de ese modo se prueba el título ejecutivo..." (Esta Cámara, Sala I, Mar del Plata, causa Nº 130.512, RSD 243/5 del 24/5/2005).

Asimismo esta Alzada, en decisión plenaria, ha resuelto que si el certificado de deuda de expensas se extendió conforme lo previsto en el Reglamento de Copropiedad, la falta de discriminación de rubros que la componen no obsta a la habilidad del título (esta Cámara en pleno, causa Nº 118.582, RSD 279/2 del 18/7/2002).

No obstante la claridad de lo expresado, tal precedente no puede interpretarse en modo extensivo a otros aspectos del título que, en virtud de las reglas del "debido proceso" resultan de ineludible cumplimiento (argto. arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Prov., 8 del Pacto de San José de Costa Rica).

En efecto, para que el ejecutado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa, es indispensable conocer cuáles son los períodos de expensas que se le reclaman, aunque no se identifique su importe individual ni se discrimine capital de interés aplicado.

De no ser así, el accionado encontraría graves dificultades para articular eventuales defensas, tales como el planteo de la excepción de prescripción respecto de alguno de los meses indicados en el título; la cancelación de alguno de los períodos reclamados (excepción de pago); etc.

En este sentido, la jurisprudencia ha sido conteste en señalar que resulta procedente la excepción de inhabilidad de título cuando éste no arroje certeza sobre los períodos adeudados, careciendo de fuerza ejecutiva el que no contenga ningún detalle acerca de los períodos de expensas que se reclaman (argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com. 2da., La Plata, Sala I, causa Nº 104.973, RSI 11/6 del 28/2/2006; Cám. Apel. Civ. y Com., Dolores, causa Nº 85.115, RSD 10/7 del 28/2/2007).

Lo aquí dicho no implica contradecir el plenario anteriormente referido, sino efectuar una interpretación acorde a los términos y a la problemática allí juzgada. Lo que en esa oportunidad se dijo es que no correspondía exigir la discriminación de "rubros" (capital e intereses), o el importe mensual adeudado, si en el Reglamento de Copropiedad, ello no era exigido.

Por tal razón, no podría tildarse de "inhábil" el certificado en el que, de manera global, el Administrador expresa que por los períodos adeudados desde tal fecha hasta la expedición del título adeuda una determinada unidad.

Al contrario, si el certificado se limita a informar que, en relación a cierta unidad, se adeuda una suma determinada, sin indicar períodos o fecha desde la que no se pagan las expensas, impide al deudor ejercer su derecho de defensa en juicio (arts. 18 de la Constitución Nacional, 522 y 542 inc. 4º del C.P.C.).

Ahora bien, cabe preguntarse si la deficiencia mencionada puede, por sí sola, configurar una inhabilidad de título.

Entendemos que sí.

La garantía del debido proceso no es una regla ajena al juicio ejecutivo, sin que pueda alegarse que el juicio ordinario posterior es la vía idónea para reabrir el debate sobre todas aquellas cuestiones que, ciegamente, se ha impedido debatir en el primero.

Resulta loable que el legislador haya previsto una vía rápida de cobro para la deuda de expensas, pero lejos de su espíritu podría encontrarse la posibilidad de concretar evidentes injusticias, al amparo de la "cognición limitada" que se prevé en el código adjetivo para el juicio ejecutivo.

Dicho de otra manera, no renegamos de la exclusión de cuestiones "causales" en el juicio ejecutivo, sólo entendemos que ello no puede servir de excusa para liberar al consorcio acreedor de la carga de identificación mínima de la deuda. Esto es, la mención de los períodos reclamados (sin necesidad de discriminación de su monto individual), o al menos, desde qué mes se registra la deuda, a los fines de poder deducir cuáles son aquéllos.

Precisamente, uno de los recaudos que prevé el art. 518 del C.P.C. para todo título ejecutivo es el de que constituya una deuda "exigible". Ese requisito sólo podría ser cuestionado por el deudor si supiera cuál o cuáles son los períodos reclamados, pues -por ejemplo- algunos podrían estar prescriptos y otros cancelados.

Partiendo de estos principios, consideramos que en el caso bajo examen, en tanto no se especificaron los períodos de los que surge la deuda ni se estableció desde cuando se registra aquella, debe receptarse la defensa.

Repárese en que el certificado de deuda de expensas emitido por el administrador del "Consorcio Edificio Eiffel XI" sólo expresa que la unidad bajo examen "adeuda en concepto de expensas comunes la suma de Pesos nueve mil ciento treinta y dos ($ 9.132.-) a la fecha septiembre de 2004 conforme constancias contables del citado consorcio" (ver fs. 7).

Si bien este certificado guarda la forma prescripta por el Reglamento de Copropiedad, en cuanto a que se trata de una "certificación de los importes adeudados, extendida bajo la firma del Administrador" (fs. 25), entendemos que ello, por sí solo, no torna en hábil el título, toda vez que no se ha identificado mínimamente la deuda reclamada. Ello sin lugar a dudas ha redundado en la vulneración del derecho de defensa en juicio del Sr. Di Biagi, con apartamiento de las normas del debido proceso (arts. 15 Const. Prov., 18 Const. Nac. y 8 del Pacto de San José de Costa Rica).

Por ello, citas legales efectuadas y lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional, 15 de la Constitución Provincial, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, arts. 518, 522, 542 inc. 4º y ccdtes. del C.P.C;

Resolvemos:

I.- Revocar la sentencia de fs. 93/95.

II.- Imponer las costas al actor vencido (art. 68 del C.P.C.).

III.- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 de la ley 8904). Regístrese. Transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devuélvase. -Nélida I. Zampini. - Rubén D. Gérez.