marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tarifa de servicios públicos, reducción de tarifas, depreciación monetaria, convertibilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

El rebalanceo tarifario no vulnera el régimen de convertibilidad de la ley 23.928, pues esta norma de orden público veda la corrección numeraria y este supuesto no se configura en el caso toda vez que el "prince cap" importa un específico sistema de reducción de tarifas por la eficiencia en la prestación, que por su naturaleza ninguna relación guarda con la idea de actualización (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Admisión del querellante, impulso procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Maza, M. A. y otros  c/  s/ falso testimonio (Causa Nº 16.920/2023)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

Disidencia: Pretensa querellante que puede actuar en solitario a pesar de la ausencia de impulso por parte del titular de la acción penal pública. Alzada que debe abocarse al tratamiento del fondo de la cuestión.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: PARIS, ELISEO c/ AGUA Y ENERGIA ELECTRICA s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-03-30

La prescripción de la acción de derecho común persiguiendo la reparación del daño emergente de un accidente del trabajo, comienza a correr desde el momento en que la víctima, conociendo su disminución funcional, está en condiciones de reclamar el resarcimiento correspondiente. Ello así por cuanto el artículo 3956 del Código Civil debe ser interpretado a la luz del artículo 3949, es decir que la prescripción fundada en la omisión del acreedor no puede empezar a correr sino cuando éste se encuentra habilitado para ejercer su acción.
Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, decretos, ratificación del decreto, decreto reglamentario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: D'Amore,  Carlos  y  otro c/ Caja  de  Retiros,  Jubilaciones yPensiones Pol. Fed. Arg. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-07

Los decretos que en su origen se hallan viciados de inconstitucionalidad por haber sido dictados por el Poder Ejecutivo con exceso de sus facultades reglamentarias no son susceptibles de purga o subsanación mediante la ratificación parlamentaria posterior. -Del precedente "Franco", al que remitió la Corte Suprema-.
Excarcelación, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Braga, Rafael Mariano
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-29

Corresponde anular la resolución que rechazó la solicitud de excarcelación del imputado con fundamentos en la existencia de riesgos procesales basándose sólo en expresiones genéricas relativas a la gravedad del episodio que se investiga, el avanzado estado de la investigación -procesamiento y prisión preventiva- y en que el nombrado se encuentra cumpliendo su detención en bajo la modalidad de arresto domiciliario. El voto concurrente agregó que el tribunal de la instancia anterior habrá de considerar, como pauta de invalorable utilidad al emitir nueva resolución, el estado de salud actualizado, encontrándose pendiente el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la C.S.J.N. (Dres. Hornos, González Palazzo -según su voto- y Diez Ojeda).
Abandono de personas, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Caldera, Jorge s/ abandono de persona
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-05-09

Corresponde absolver al médico acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte, por el fallecimiento de una joven asesinada por su hijo, quien le disparó con un arma de fuego que impactó en su rostro, pues si bien existió una declaración de un funcionario policial que informó que el imputado podría haber arribado al lugar del homicidio en dos minutos, ello no fue corroborado y, por otro lado, las pericias médicas fueron coincidentes en que la naturaleza de las lesiones sufridas descartan toda posibilidad de sobrevida, y que el deceso era irreversible.
Recurso de reposición (procesal), procedencia del recurso, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, caducidad de instancia, intervención del Ministerio Público
Materia: PROCESAL
Carátula: Palacios, Daniel Fernando y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Corresponde hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el Defensor Oficial y revocar el anterior pronunciamiento de la Corte que declaró operada la caducidad de instancia en las actuaciones sin haberse conferido intervención previa a dicho funcionario, si sus requerimientos posteriores a esa decisión a fin de determinar el estado de salud de su representado promiscuo y las actuaciones llevadas a cabo al efecto por la Secretaría son demostración acabada de que la participación previa requerida por el Ministerio Público era estrictamente necesaria y con su intervención oportuna se habría integrado la voluntad de los padres del menor frente a su delicada situación socioeconómica.
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal, carácter no vinculante, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: Cristaldo, César Miguel s/ s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-14

El artículo 76 bis del Código Penal exige el consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, pero ello no implica que el visto bueno de la fiscalía obligue al Magistrado a resolver favorablemente pues, en definitiva, será el Juez quien fundadamente decidirá acerca de la suspensión del proceso a prueba.
Acciones de clase, legitimación procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-18

La adecuada y detallada determinación del conjunto de perjudicados por una conducta o acto permite delimitar los alcances subjetivos del proceso y de la cosa juzgada y, además, aparece como un recaudo esencial para que los tribunales de justicia puedan verificar la efectiva concurrencia de los requisitos para la procedencia de la acción, ya que solo a partir de un certero conocimiento del colectivo involucrado (y de sus eventuales subcategorías) el juez podrá evaluar si la pretensión deducida se concentra en los efectos comunes que el hecho o acto dañoso ocasiona o si el acceso a la justicia se encuentra comprometido de no admitirse la acción colectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maggiolo de Taverna, Linda c/ Maujo, Enrique Oscar y otros s/ Daños y perjuicios A., G. L. c/ G., N. R. s/ Alimentos Herrera, Juan Carlos c/ Empresa Línea 216 S.A. y otros s/ Daños y perjuicios Taraborrelli, Tonino c/ Giuffre, Gerardo Ismael y otros s/ Daños y perjuicios Ceccacci, Liliana E. y Pirri, Albino c/ Municipalidad de la Costa y C.E.S.O.P. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20|1993-12-21|1995-08-15|1994-08-23|1997-05-13

Es requisito ineludible de una adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la de citar como infringidos los preceptos legales en que se funda la sentencia y no es función de la Corte suplir, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron formularse para fundar la impugnación, ni está habilitada para declarar la violación o errónea aplicación de los preceptos no invocados en el recurso.
Competencia por la materia, Ley de Marcas, propiedad intelectual, tipo penal, elemento objetivo
Materia: PENAL
Carátula: MAGANAS, Sergio E. y otros. s/ INFRACCION 11723
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-26

Para definir la competencia material será preciso también que la decisión cuente, con una circunscripta descripción del objeto que se considere comprendido en el art. 31 de la ley 22.362 y discriminar las circunstancias de tiempo y lugar que corresponda en cada caso y las especificaciones de los productos alcanzados por las acciones que se tipifican en la citada normativa, siendo insuficiente una vaga referencia a las "copias secuestradas" y aisladamente a algunas "leyendas" de presunta registración, si sabido es que las infracciones a la ley 11.723 son diferenciables de las contempladas por la ley 22.362, lo que hace más necesario la adecuación del decisorio a tales recomendaciones a la hora de definir el juez que deba proseguir con la causa.
Medicina prepaga, pago en cuotas, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: PISANTE ANTONIETA c/ SWISS MEDICAL GROUP SA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-01-12

El aspecto de la resolución que ahora se impugna (en donde se dispone que la actora tendrá que hacerse cargo del abono de las cuotas pertinentes, resultó ser la consecuencia lógica y razonada de las propias manifestaciones formuladas por la actora en su escrito inicial en donde ofreció pagar las aludidas cuotas. En este sentido, cabe recordar, que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, pues ello resulta claramente inaceptable (confr. en este sentido, CSJN. Fallos: 275:235; 300:480 y 307:1227 y 1602, entre muchos otros). En consecuencia, la resolución apelada resulta inobjetable.
Sentencia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: GNAVI, HUMBERTO ANIBAL s/ PROCESO PENAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-10-05

La sentencia carece de la fundamentación que la constitución y la ley requieren como indispensable sostén de las decisiones jurisdiccionales si toma como base para fijar el monto indemnizatorio lo que llama "maniobra piloto" cuya relación no resulta comprensible ni permite advertir cómo es que sus conclusiones hayan sido aprovechadas para continuar el razonamiento que culminó con la condenación resarcitoria.

No es correcto expresar, a los efectos de fijar el monto indemnizatorio, que él se calcula teniendo como número de defraudaciones diarias el de una por habitación las que son "no más de ocho diarias", fórmula vaga que va desde ninguna hasta ocho, lo cual impide todo cálculo revisor. Además, desde que en relación a dicha cifra máxima no se dice cómo es que ella ha sido establecida y sobre ella descansa el cálculo del quebrantamiento resarcible, el fallo aparece igualmente desprovisto de todo fundamento.

Es suficiente para descalificar el fallo impugnado si no expresa cómo logra el total en que fijó el daño material efectivo, aunque aquél no sea revisable.

Si en virtud de los hechos establecidos en la sentencia, puede llegarse a la conclusión de que el monto defraudado por los imputados ascendió a determinada suma, y no a otra, como lo sostiene la sentencia, así como también que para llegar a ese monto la Cámara no trabajó sobre los libros que la legislación comercial de la República impone a los comerciantes, ni con las cifras denunciadas al robarse los tributos al erario público, debe concluirse que la suma que se manda pagar no tiene respaldo en los hechos de la causa, por lo que carece de motivación y debe ser anulada en este aspecto -
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: D.VARONE   SRL c/ CONSORCIO  DE  PROPIETARIOS  YERBAL  525 s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-29

El artículo 63 del Código de Comercio regula que los libros de comercio llevados regularmente acuerdan plena eficacia probatoria entre comerciantes y por hechos de su comercio. Entonces no opera el efecto atribuido por la citada norma cuando solo una de las partes es comerciante, lo que ocurre en el caso. Sin embargo, ello no obsta que tales registros sean admitidos y produzcan ciertos efectos, tal como reza el art.64 del mencionado ordenamiento. En efecto, la contabilidad no pierde toda significación y su contenido no puede ser totalmente desatendido, sino que mantiene fuerza convictiva en tanto constituye al menos, un principio de prueba por escrito (Ccom: 64) con valor de indicio, o presunción de verdad (CNCom., sala B, "R.J. Siegrist SA c/ Falasco, O.", del 24-05-01). De manera que dicho registro, si bien no es oponible al demandado con el alcance de una plena comprobación, se califica como "principio de prueba", lo que "produce la conciencia de la posibilidad del hecho alegado, no la certidumbre" (cfr. Juan Siburu, "Comentarios del Código de Comercio Arg.", Tº. II, pag. 297, Ed. V. Abeledo, Buenos Aires, 1923; CNCom., sala C, "American Express Arg. SA c/ Zárate de Bazante, T.", del 22-6-93; en igual sentido, sala D, "Cernadas, Julio c/ HSBC Bank Arg. SA", del 16-8-07; sala A, " HSBC Bank Arg. SA c/ Pingas de Cortes, S." del 15-4-08).
Empleados públicos, personal contratado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, Hugo c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Si el agente fue contratado por la Comuna con una determinada retribución mensual, con más los incrementos salariales que se produjesen durante el lapso de vigencia del contrato, tal circunstancia resulta suficiente para reconocer los efectos patrimoniales derivados del ejercicio ininterrumpido de una función o cargo conferido por la propia autoridad administrativa.
Habeas corpus, emergencia sanitaria, ingreso al país, viaje al exterior, vacuna COVID 19
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Caccamo, Valeria Paula c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-04

Corresponde ordenar a la Jefatura de Gabinete de Ministros que coordine las medidas necesarias que autoricen el regreso al país de una paciente oncológica que viajó, por prescripción médica, a los Estados Unidos a aplicarse las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, puesto que una solución contraria afectaría de manera irrazonable a los habitantes cuya permanencia en el extranjero implica un serio riesgo para su salud, porque no cuentan, en los lugares en que se hallan con posibilidades de acceder al tratamiento médico o farmacológico que sus respectivos cuadros requieren, y considera que el regreso de tales personas no se vislumbra como un menoscabo del propósito de protección de la salud general de la población.
Defraudación, administración fraudulenta, principio de confianza, culpabilidad, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: "ASSEM, Estrella y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02

El principio de "confianza" esta destinado a hacer posible la división de trabajo, por consiguiente, concluye cuando el reparto de trabajo pierde su sentido, especialmente cuando puede verse que la otra parte no hace o no ha hecho justicia a la confianza de que cumplimentara las exigencias de su rol. En tales condiciones ya no resulta posible repartir el trabajo para alcanzar un resultado exitoso (Günther Jakobs, "La Imputación Objetiva en el Derecho Penal", Trad. de Manuel Cancio Meliá, Ad. Hoc. Bs. As. 1997 , p. 30/1). Resulta claro que esta circunstancia no ocurre respecto de quienes tienen la obligación legal de control y que en consecuencia, impide depositar la confianza en otras personas sobre el correcto seguimiento y control- en este caso subsidios- y en base e ello argumentar que se los defraudó.
Horas extra, prueba, prueba documental
Materia: LABORAL
Carátula: Constantino, Enrique Raúl. c/ ESAR S.R.L. s/ Indemnización por antiguedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13

La falta de exhibición de las 'tarjetas reloj' por parte del principal no determina la aplicación del art. 39, primera parte, del dec.ley 7718/71 ya que no habiendo obligación de conservar tales constancias ni tampoco de exhibirlas, aquella circunstancia no crea presunción alguna en contra del empleador no obstante la declaración jurada prestada por el trabajador.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, recusación, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Macaluse, Juan Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Macaluse, Juan Carlos contra GCBA sobre incidente de recusación - amparo - empleo público-concursos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

El recurso de inconstitucionalidad fue correctamente denegado por la Cámara en tanto la decisión resistida no constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 26 de la ley n° 402. El actor intenta debatir ante el Tribunal el rechazo de la recusación articulada contra el juez de primera instancia. Esta resolución no es definitiva a los efectos del recurso de inconstitucionalidad, y tampoco puede equipararse a tal, pues no pone fin al pleito, no impide la tramitación del juicio, ni el impugnante introduce razones suficientes para acreditar que le cause un gravamen de imposible reparación ulterior toda vez que no explica qué perjuicio irreparable concreto produce la decisión cuestionada, lo que sella la suerte adversa de su presentación. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Tenencia ilegítima de armas de guerra, consumación del delito, dolo
Materia: PENAL
Carátula: GUZMAN CANDELONE, Jaime s/ TENENCIA ILEGITIMA DE ARMA DE GUERRA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

El delito contemplado por el art. 189 bis del Código Penal, en su tercer párrafo, es de pura actividad y se consuma con la sola acción descripta con independencia de las motivaciones del agente. En efecto, el dolo se satisface con el conocimiento de que se trata de un arma de guerra y la voluntad de tenerla con la debida autorización, cualquiera sea la finalidad de la tenencia, y aún cuando, como en el caso, no se haya probado que su destino fuera el de alterar la seguridad común.
Procesamiento, imputado
Materia: PENAL
Carátula: SANGUINETI, JUAN CARLOS s/ Cheque sin fondos, Inc. de apelación de auto de procesamiento Causa  32707
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-08

1- El procesamiento no necesita basarse en la certeza de que la persona imputada de un delito sea su real autor o partícipe, sino que basta con la posibilidad de que aquel contra quien va dirigida la imputación sea responsable del delito que se investiga.- 2- De no ser así, el auto por el cual se atribuye esta calidad procesal, y los recursos admisibles contra él, se transformarían en un debate adelantado, decidiendo acerca de la culpabilidad o inocencia del imputado, desnaturalizando el propio proceso.
Relaciones de familia, menores, derecho a la identidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sauer, Clara s/ Adopción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

La familia biológica es ese bello milagro en el que se funden las razones de la sangre con las razones del amor. Toda una fortaleza, un inquebrantable ligamen que el hombre no debe separar (Gn. 2,24).
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Empresa Constructora R.L. Nuñez c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Obras Públicas) s/ Demanda contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Si bien el proyecto mediante el cual se llamó a licitación pública para la ejecución de una obra adolecía de serias deficiencias que la tornaban inejecutable, debe tenerse en cuenta que a la vez existe compromiso de parte de la contratista en formular oportunas observaciones o advertencias sobre el punto en cumplimiento de un obrar diligente y previsor, por lo que si ésta no demostró voluntad suficiente para subsanar en el decurso de la ejecución de la obra los defectos evidenciados, a pesar de contar para ello con una modificación del proyecto que presumiblemente hubiera permitido comenzar su ejecución, el fracaso contractual debe imputarse a ambas partes.
Leyes, constitucionalidad, Derecho constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 245-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

La declaración de inconstitucionalidad de una ley injusta puede fundarse en la colisión de esta por estar en pugna con algún contenido de la Constitución, pero aunque no pueda hallarse infracción a ninguna norma concreta de su normativa, puede asimismo declararse la inconstitucionalidad porque la norma injusta viola la cláusula del Preámbulo que ordena "afianzar la justicia", que la Corte Nacional tiene dicho que es operativa. La forma de hacerla operar es ésta: dándole aplicación y eficacia para servir con utilidad a la desaplicación de la ley injusta, que por su injusticia no afianza la justicia.
Sentencia firme, astreintes, ejecución forzada, sanciones conminatorias, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Bernardo c/ Colantonio, Roberto s/ Ejecutivo s/ Ejecución de sentencia (Ejec. astreintes)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-06

Esa última decisión judicial -es decir cuando el juez ante el no cumplimiento del mandato judicial decide de manera definitiva, ya sea disminuyendo las astreintes total o parcialmente o fijando el monto global de las mismas-, a diferencia de la resolución que impone las sanciones conminatorias, no puede ser ya dejada sin efecto o modificada por el juez que las impone, ya que reviste todos los caracteres de la cosa juzgada (firme y consentida que fuere).
Concurso preventivo, honorarios, recurso de apelación (administrativo)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fulco de Storchi, Norma Beatriz c/ Comafi Fiduciario Financiero SA (Fideicomiso Mayo 1) y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-07

Para regular los honorarios del síndico, en el marco de un juicio ordinario donde la quebrada fue llamada a intervenir en calidad de tercera, resulta aplicable la directiva contenida en la LCQ 21-3°, párr. 2°, ya que se trata de honorarios que deben considerarse encuadrados en el art. 240 LCQ. Las pautas previstas en esa ley no son otras que las contempladas en la LCQ 265 y 266, lo cual lleva, por un lado, a la conclusión de que la regulación de que se trata debe ser efectuada por el juez concursal en el juicio principal, y por el otro, a que los letrados del síndico deben recibir una remuneración calculada, no según los aranceles locales, sino conforme a las normas arancelarias concursales allí previstas (Pesaresi, Guillermo M., Causas no atraídas y honorarios concursales, JA 2006 -III-1302). Lo contrario habilitaría una solución susceptible de disociarse por completo del esquema concursal, desde que, si en estos casos debieran aplicarse pautas arancelarias que prescindieran de los topes máximos y mínimos previstos en los citados arts. 265 y 266, los honorarios del síndico y su letrado por tales juicios resquebrajarían el sistema y sus principios. Es por tal razón que tampoco puede admitirse la viabilidad de estimar tales estipendios a la luz de lo dispuesto en la LCQ 287. Así cabe resolver si se atiende a que sólo mediante tal interpretación puede ser eficazmente preservado el consabido principio según el cual los márgenes arancelarios -máximos y mínimos- previstos en la Ley Concursal han sido concebidos para ser aplicados en forma global y para atender a la totalidad o conjunto de los profesionales cuyas regulaciones se encuentren a cargo del concurso (art. 240; ver Pesaresi, Guillermo M., op. cit.).