marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tarjeta de crédito, cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO  S.A. c/ LUCIA M. SORIA DE VAZQUEZ Y OTRO s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-03

Debemos analizar si la defensa motivada en la inexistencia de la autorización al banco para debitar saldos de tarjetas de créditos en la cuenta corriente de su titular puede ser alegada en el juicio ejecutivo a través de la excepción de inhabilidad de título o sí, por el contrario, esa defensa está excluida en esta clase procesos por constituir una indagación acerca de la causa de la obligación Por causa de la obligación debe entenderse la relación jurídica sustancial o el hecho o acto jurídico generador de la obligación de pagar una suma de dinero.A partir de esta consideración si los demandados, al interponer la excepción de inhabilidad de título, destacaron que el banco no "estaba autorizado para debitar nada a nuestro nombre"; de aquí debe derivarse que no estaban efectuando una crítica a la legitimidad del crédito en lo sustancial sino que impugnó la falta del que entendió era un presupuesto básico para la formación del título: la existencia misma de la autorización por la cual el banco quedó facultado a realizar dichos débitos.

La objeción planteada por los ejecutados se refiere al título mismo; esto en cuanto a que la indicada autorización, por caso, aparece como un presupuesto básico para la formación del mismo.

Sin la acreditación de la existencia de tal consentimiento, para imputar en cuenta corriente débitos acaecidos por otra vía distinta a la del libramiento de cheques, su cobro, por vía ejecutiva, resultaba impedido.

Ello así, la excepción de inhabilidad de título interpuesta, no entraña la necesidad de un estudio causal o de naturaleza substancial del negocio jurídico que uniría a las partes, sino que ataca al momento primario de la formación unilateral del título por quien pretende ser acreedor. Ello así faltó un requisito previo para tener por ampliado el espectro de sus orígenes de saldos en cuenta corriente, a la tarjeta de crédito. De tal suerte, estos devienen inhábiles para adquirir fuerza ejecutiva por la sola circunstancia de haberlo decidido el pretenso acreedor. Exigencia, esta tanto más valedera cuanto el título ejecutivo clásico es una declaración de voluntad del deudor quien voluntariamente se sujeta al interés ajeno, de suerte que al Tribunal, para despachar su cumplimiento forzado, sólo le basta con comprobar esta manifestación formal de voluntad.

Corresponde así destacar que al acoger la excepción de inhabilidad de título por deficiencias en la propia constitución del título no significa de modo alguno efectuar un estudio causal de la obligación Tal ello es así que el derecho del banco a reclamar al deudor -por otra vía-no ha sido entredicho; sólo se ha puesto en evidencia que a la acción ejecutiva interpuesta le ha faltado un presupuesto básico.-
Jornada de trabajo, jornada reducida, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: APUZZO DE CAPRIGLIONE, CIVITA Y OTROS c/ FLOR DE LIS SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1975-12-18

Si el trabajador acepta la reducción de la jornada de trabajo no puede pretender el pago total del salario, sino lo correspondiente a lo efectivamente trabajado.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, deuda exigible
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANADE PATRIMONIO EN LIQUIDACION c/ P CASTRO FOTOCROMOS SA s/ INCIDENTE DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Uno de los requisitos que confiere habilidad al documento en ejecución está dado por su exigibilidad. Esto es que debe tratarse de una obligación pura, no sujeta a plazo, prestación o condición no cumplida, con la salvedad de los supuestos en que es posible la preparación de la vía ejecutiva (cfr. Colombo, Carlos J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo II, pág. 26; Morello, Passi Lanza, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales comentados y anotados", Tomo VI-1, pág. 157; Luis A. Rodríguez, "Tratado de la Ejecución", Tomo I, pág. 485). En consecuencia, si de los términos del instrumento no surge con claridad la existencia de una deuda exigible, no hay título hábil para proceder ejecutivamente; y como la exigibilidad esta ligada esencialmente al plazo, entonces es exigible la deuda de plazo vencido (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo III, pág. 607).
Ingeniería genética, productos transgénicos
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

Los organismos genéticamente modificados son aquellos que han sido manipulados en laboratorio para modificar sustancialmente algunas de sus características específicas. Se puede introducir en su ADN. un gen de otro organismo sea de la misma especie o de otra distinta; o bien se puede modificar o suprimir un gen del mismo organismo. Es así como a partir de estos organismos, se elaboran productos alimenticios denominados productos transgénicos.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TORRES EDUARDO A. s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-03

Es responsable del delito de lesiones culposas (C.P. art. 94), el conductor de una ambulancia propiedad de la dirección de bomberos, que desplazándose con la sirena y balizas encendidas, embiste a la altura de la rueda delantera derecha a un automóvil particular que ya había iniciado el cruce de la boca calle con el semáforo en verde, por no corresponderle ejercitar la prioridad de paso que consagra el art. 10 inc. 4to de la ordenanza municipal 4550 para los vehículos oficiales, ya que si bien esta regla consagra una preferencia que desplaza a la establecida por la señal semafórica, dicha prioridad se aplica cuando ambos rodados acceden simultáneamente al cruce.-
Recurso de casación penal, apreciación de la prueba, fundamentación de la resolución, reglas de la sana crítica, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Matte, Domingo Luis; Irigoin, Néstor Félix y otros s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -causa nº2246-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

Si bien la naturaleza restrictiva del recurso de casación impide modificar las conclusiones de hecho efectuadas por el tribunal de juicio al valorar las pruebas, ello no impide determinar si la motivación de la decisión en el plano fáctico y en la interpretación de las normas legales, ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional.
Asociaciones civiles, estado de derecho
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

Las asociaciones cumplen una función pedagógica e integradora al establecer vías de apertura a la convivencia grupal, al intercambio de ideas, a la conjunción de esfuerzos; bases, por otra parte, del funcionamiento social civilizado, en el marco de los principios del estado de derecho.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco Nacional c/ Transporte 9 de Julio S.R.L s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-17

Aunque la presentación del letrado no pueda calificarse como un trabajo profesional de gran desarrollo jurídico, basta para merecer regulación de honorarios la sola circunstancia de que el escrito en cuestión sea útil para el desarrollo del proceso, aún cuando en rigor el mismo no constituya un acto de impulso(en el caso el profesional realizó una presentación solicitando que se remita el expediente al juzgado donde tramita el concurso del accionado). Por lo tanto no puede excluirse la regulación, so pretexto de tratarse de una labor "inoficiosa". (Minoría u opinión personal)
Revisión judicial de actos administrativos, control de razonabilidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Rodríguez, Víctor Manuel y Valdez, Ramón Alejo c/ Poder Ejecutivo s/ Acción contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción y de   Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-06-27

La facultad de graduación de la sanción disciplinaria dentro del marco establecido por las normas, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, inclusive cuando se trate de las facultades disciplinarias de ésta.

En esa inteligencia, resulta legítimo valorar la proporción o el ajuste de la medida aplicada.

En efecto, la Administración ha determinado que los accionantes han incurrido en graves irregularidades que merecen sin duda la aplicación de medidas disciplinarias, pues los interesados denotan un absoluto desprecio hacia los deberes que como persona civil de la Administración Pública Provincial están obligados a cumplir; pues uno de los agentes que se desempeñaba como chofer del Hospital Público Provincial, estando de servicio se ausentó del mismo sin autorización, junto con otro agente -telefonista- e hicieron uso de una ambulancia para fines personales- no estando autorizados para ello -trasladando además a una persona extraña al servicio, incumpliendo la expresa prohibición de transportar personas ajenas al Establecimiento, salvo autorización expresa; ello en modo alguno puede entenderse como que la administración se inmiscuye o se arroga facultades que se encuentran reservadas al órgano jurisdiccional exclusivamente, este argumento solo revela el propósito de soslayar, en algún grado, la responsabilidad administrativa atribuida a los accionantes, pues es necesario discernir y separar las proyecciones que un mismo hecho puede irradiar a campos distintos o a relaciones jurídicas múltiples que son ajenas entre sí, no debiendo confundirse los delitos con las sanciones disciplinarias motivadas por faltas que puedan cometer los empleados públicos, porque estas tienen sustancia laboral.

En efecto, es perfectamente posible que una conducta no merezca reproche desde el punto de vista penal, no obstante ello, y analizada la misma acción ella pueda ser sancionada disciplinariamente.

Ahora bien, sin perjuicio de concluir que la responsabilidad administrativa endilgada a los actores ha quedado plenamente comprobada, los hechos imputados no tienen la relevancia que se les asignó como causa eficiente de la sanción de exoneración dispuesta y, por ende, el acto administrativo cuestionado ha incurrido en exceso de punición, ya que no existe una adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta y el comportamiento de los agentes.

Ante ello, la exoneración dispuesta no se ajusta a las pautas de razonabilidad, pues atendiendo a las circunstancias del caso, la sanción de cesantía se presenta como justa y razonable, haciéndose lugar, con esta modificación, solo parcialmente a la acción de plena jurisdicción, ilegitimidad y anulación interpuesta.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, beneficios previsionales, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrari de Goris, Odolinda c/ Caja  Nac.  de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civi s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-09

A la Justicia Nacional del Trabajo, por medio de los juzgados nacionales de primera instancia, le corresponde el conocimiento en las ejecuciones de las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero, en virtud de su anterior competencia, así como las que dicte la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social por la competencia atribuida en el art. 8 de la ley 23.473.
Empleador, obligaciones solidarias, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: Fandiño, Gonzalo Juan c/ San Marino S.R.L. y ot. s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

La solidaridad prevista en el art.30 de la Ley de Contrato de Trabajo no está subordinada a la demostración de la realización de tareas específicas de terceros en forma exclusiva ni a la imposibilidad de efectuar tales tareas en forma independiente, sino que es preciso demostrar la contratación o subcontratación de trabajos y/o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del establecimiento.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: Cragnaz, Joaquín David  c/ Rochi, Elena Cecilia y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

No hay tal cosa como una costumbre que incluya la realización de maniobras indebidas en el tránsito urbano de vehículos. Menos aún puede invocarse esa supuesta costumbre como fundamento de un reproche a la víctima de un accidente de tránsito por no haber previsto la maniobra del demandado (art. 1 in fine del CCyC).
Recurso de casación, liquidación, sanciones conminatorias, astreintes, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MERCADO, RAMON Y OTROS c/ NAZAR Y CIA. SA. Y FIRMA SOLAR CUYO DE VICENTE MARTINEZ s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY MUNICIPALIDAD DE VIEDMA s/ QUEJA EN:'ESTEVANACIO, IRMA Y OTRO S/ AMPARO'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-06-11|1993-06-03

En materia de sanciones conminatorias los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia se refieren esencialmente a la procedencia o improcedencia de la imposición de las astreintes, y no a la forma de liquidarlas; por ello no existe condicionamiento jurisprudencial de este Tribunal en el caso de autos. Máxime cuando ya se ha señalado que la decisión de admitir formalmente la instancia excepcional pasa primordialmente no tanto por la naturaleza del instituto, sino por el concepto de irreparabilidad; así la liquidación financiera de las astreintes, por su índole y por la naturaleza de las potestades que utiliza el magistrado, no conlleva el resultado de la irreparabilidad con los alcances precitados; siendo por ello inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley planteado.
Contrato de trabajo, intereses, tasas de interés, tasa del 15% anual
Materia: LABORAL
Carátula: Bonnano, Salvador Pascual c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

La tasa de intereses del 15% anual aplicada a una deuda de origen laboral reajustada por depreciación monetaria no se muestra injusta o irrazonable.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

Como principio general puede sostenerse que la comunicación del despido está mal redactada cuando quien la emite emplea una fórmula ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambiantes según su criterio posibilitando así, con la falta de exigencia y precisión, una violación del art. 243 de la Ley 20744.

Es decir resguarda la invariabilidad de la causal de despido.-
Contrato de servicios, precio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intillie, Antonio c/ Alemano, Evaristo s/ Cobro de trabajo rural
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-12-29

Todo trabajo profesional debe ser retribuido, salvo que por su índole sea gratuito o que una norma así lo establezca expresamente, y aún cuando no hubiera sido requerido, si resulta un beneficio en favor de otra persona.-
Nulidad procesal, competencia, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Bco. de Galicia y Bs. As c/ Raúl Alberto Pereyra s/ Ejec. s/Inc. de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-02

Se ha decidido reiteradamente que el Juez cuestionado es quien debe decidir acerca de la validez o la nulidad de lo actuado, pues de la resolución del incidente de nulidad dependerá la procedencia o improcedencia de la recusación y no viciado el procedimiento se ha perdido la facultad de recusar.
Depósito a plazo fijo, pago, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCISCO OSVALDO DIAZ  S.A c/ CAJA  DE CREDITOS DE LOS CENTROS COMERCIALES - SOCIEDAD - COOPERATIVA LIMITADA EN LIQUIDACION POR BANCO CENTRAL s/ ORDINARIO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Si bien esta Cámara en materia de pago de certificado de depósito a plazo fijo, se pronunció en favor de la competencia de los tribunales en lo Civil y Comercial Federal, razones de economía procesal, inclinan a la Sala a adherirse a la doctrina de la CS y declarar la competencia de este fuero.
Deberes del juez, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: HEINZMANN, GERMAN E. c/ LLAO LLAO RESORTS S.A. s/ SUMARIO (l) S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-04

Nuestro derecho público Provincial establece la facultad y el deber de todo Juez de declarar la inconstitucionalidad de la ley en el caso concreto. La manda del art. 196 de la C. Pcial. es clara y categórica. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoria) Fuente del sumario: OFICIAL
Responsabilidad del abogado, mala praxis, defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Abasto, Héctor Juan s/ recurso de casación Causa n. : 2973.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

El yerro o la negligencia del abogado defensor no puede acarrearle perjuicios al procesado, ni se puede sancionar la falta del defensor en cabeza del defendido, menos aún si se trata de la asistencia técnica provista por el Estado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, preclusión
Materia: LABORAL
Carátula: Prezzacco, Remigio c/ Expreso Caraza S.A.C. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-02-23

En casación se revisa sólo el fallo y no el proceso, por lo que los agravios vinculados con las resoluciones del juzgador relativas a la prueba y anteriores a la sentencia definitiva no corresponden al conocimiento de la Suprema Corte; máxime si el apelante no solicitó antes del fallo las medidas que extemporáneamente alega que debieron disponerse.
Sociedad anónima, administración de la sociedad, directorio, renuncia de derechos, remuneración del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANA GATTUSO c/ LABORATORIO RIKER  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-22

Es verosímil la renuncia de un director a los honorarios devengados en el ejercicio respectivo, si éste ocupaba además un cargo con destacado nivel jerárquico en el área de administración, por el cual percibió en su momento cuantiosas retribuciones.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, transacción
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIRIO, RICARDO c/ CIA. ARGENTINA DE SEGUROS VISION  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-07

Cabe calificar de transacción en los términos de la ley 17418:116, al asegurado al pago de una indemnización por los daños y perjuicios experimentados por la víctima de un accidente; tratativas que debían contar con la anuencia de la aseguradora.

Omitida tal anuencia, el pago efectuado por el asegurado no puede oponerse a la aseguradora; y al no existir condena que lo obligue a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, no se ha producido el riesgo asegurado.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NAVARRO, Nancy Cristina c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

Sólo el administrado puede invocar en su favor el silencio administrativo previsto en las normas pertinentes, dando por pronunciado negativamente al funcionario remiso en expedirse en torno de la petición que formulara en sede administrativa, y habilitado para promover las acciones judiciales que pudieren corresponder. Por ende, la interposición del pedido de "pronto despacho" -incontestado por la repartición estatal- no impide al particular acudir al medio previsto por el art. 28 de la ley 19.549, con el objeto de obtener un pronunciamiento expreso de parte de la Administración Pública.-
Vivienda única, bienes inembargables, constitucionalidad, protección de la vivienda, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRENNI CARLOS Y OTROS s/ EJECUTIVO - RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-12-19

La Ley 8067 por su parte, es notoriamente inconstitucional por regular materia propia del derecho sustancial transgrediendo el art.

67 inc. 11 de la Constitución Nacional (hoy art. 75 inc. 12), amén de contradecir el régimen del bien de familia instituido por la Ley Nacional 14394 y los principios registrales de la Ley 17801.

La ley reglamentaria local, incurre en la incoherencia de confundir la "vivienda única" con el instituto del "bien de familia" estableciendo en definitiva un régimen incompatible con el de la ley 14394.

Así el art. 1 de la ley provincial al exigir en su parte final que "...la vivienda única cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Nacional 14394 y en la Ley Provincial 6074" incurre en la incoherencia de cercenar este derecho al propietario de la vivienda única que carece de familia requisito exigido por el art. 34 y 36 de la Ley Nacional y 2, 3 y 5 (en especial) de la Ley 6074.

También la norma aludida al prescribir la inscripción automática de la vivienda única, prescinde de la voluntad del titular del dominio, e incurre en contradicción con el régimen de la ley nacional que exige una manifestación de voluntad expresa del constituyente, a través de un acto de constitución de naturaleza administrativa (inscripción en el registro respectivo, en especial art. 35 amén de los arts. 42, 43, 44 y 50, Ley 14394) para que el bien de familia produzca efectos.

El art. 1 de la Ley Reglamentaria local, al soslayar la necesidad de la inscripción del instituto por ella regulado, también resulta incompatible con el sistema registral vigente (Ley Nacional 17801 y Ley Provincial 5771).

En el caso de la Ley 17801, la obligatoriedad de la inscripción del "bien de familia" surge del art. 2 inc. b, que ordena "inscribir en el Registro Inmobiliario", conforme el art. 2505 C. Civil, los documentos establecidos por otras leyes nacionales y provinciales.-
Propiedad horizontal, administrador del consorcio, designación del administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: SANTOS SANDOVAL MAXIMO c/ CONSORCIO PROP. CALLE ING. EMILIO MITRE 257/281 s/ CONSIGNACION EN EXPENSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

El cumplimiento de las formalidades legales son requisitos ineludibles para la designación del representante -mayoría reglamentaria y escritura pública-. Empero, si los consorcistas han reconocido a la persona que actúa de hecho como administrador, o tácitamente han aceptado esa situación que se venía prolongando durante varios años, debe entenderse que implícitamente aprobaron la actuación del mandatario. Si el copropietario conocía el modo en que se desenvolvía la administración de las cosas comunes, el punto de haber llegado a abonar algunos períodos de las expensas a quien en los hechos era la encargada de percibirlas, no puede luego eludir de ahí en más su pago con la excusa de que no había administrador designado estatutariamente.