Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23


SENTENCIA NUMERO: TRECE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido por la Dra. María del Valle Romano, abogada defensora de la imputada Norma del Valle Barroso, en estos autos, Expte. Corte Nº 66/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Dra. María del Valle Romano por la Defensa de la imputada Norma del Valle Barroso en contra de la Sentencia Número Diecinueve/2009 recaída en Causa Expte. Nro. 153/99 caratulado: 'Moreno, Ricardo Héctor y otros ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca'", contra la sentencia Nº 19/09, dictada con fecha trece de agosto de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible formalmente el recurso? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con orden de votación sorteado a fs. 58, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; y en tercer término, el Dr. Luis Raúl Cippitelli.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

I. El recurso ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por quien estaba legitimado para recurrir y se dirige contra una sentencia definitiva (arts. 455, 458, 460 del Cód. Proc. Penal). Sin embargo, observo que no se encuentran suficientemente explicitados los motivos de agravio que deben constituir el marco jurisdiccional de este Tribunal a fin de garantizar al condenado el derecho que tiene a que su condena sea revisada, en forma integral, a los fines de legitimar el poder punitivo estatal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).

Así lo considero atento a que en el extenso memorial la recurrente omite indicar qué puntos de la decisión impugnada -adversos al interés de esa parte- le causan agravio. Esa indicación se imponía considerando que por dicha sentencia el a quo condenó penalmente (Punto II) a la imputada Barroso como coautora del delito de peculado (art, 261 primera parte, 45 y 55 a contrario sensu del Código Penal) con relación a sesenta y un hechos; imponiéndole la pena de 6 años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua (arts. 40, 41 y 12 del Código Penal); con costas (arts. 407, 536 y concordantes del Código de Procedimientos en materia penal) y también la condenó civilmente (Punto X) a reparar el daño causado al Estado Provincial, desde el día de comisión de cada uno de los hechos por los que fue condenada, de conformidad con el acápite II, de acuerdo con lo dispuesto en los art. 1068, 1069, 1072, 1077 y concordantes del Código Civil y 29 y correlativos del Código Penal, con más los intereses correspondientes hasta la fecha de su efectivo pago, y le impuso las costas en un ochenta por ciento (art. 68 y concordantes del Código Procesal Civil). Además, por dicha resolución el Tribunal también rechazó la excepción de defecto legal que había articulado esa parte y resolvió sobre los honorarios de la recurrente. Por ende, era a cargo de ésta precisar sus agravios con referencia específica a las cuestiones decididas en tanto no está obligado el tribunal a controlar aquellos extremos del fallo que no hayan sido sometidos a revisión. Sin embargo, no dice la recurrente si el gravamen se refiere a la condena penal o a la civil, a la calificación legal dada al hecho, al monto de la pena impuesta, a la existencia o a la extensión del daño que se le impuso resarcir, a la imposición de las costas o a la distribución de éstas.

La recurrente transcribe los 85 hechos atribuidos a su pupila en la Requisitoria fiscal de elevación de la causa a juicio y la declaración de ésta, y reseña las declaraciones testimoniales prestadas en el juicio, sin relacionar dichas constancias con la decisión impugnada y sin criticar la valoración efectuada por el Tribunal. Después, con citas de doctrina y jurisprudencia, se refiere a la insubsistencia de la acción penal, a los delitos contra la administración pública, al principio de inocencia, a la sana crítica racional, a la peligrosidad, al art.26 del Código Penal y al proceso penal, sin conectar aquellas citas con las constancias de la causa, a cuyo fin resulta insuficiente la siguiente frase con la que a modo de conclusión finaliza su discurso: "Toda esta doctrina judicial transcripta es aplicable al caso traído a estudio de V.E. porque la valoración realizada con respecto a la prueba traída a debate permanece endeble y por consiguiente no se puede condenar a ningún hombre por más peligroso que sea por la duda, o por indicios, o por prueba indirecta." Y aunque en algunos pasajes el recurso parece dirigido a cuestionar la fundamentación del pronunciamiento impugnado, apenas logra expresar disconformidad con sus conclusiones, sin rebatir las razones que lo sustentan. Así, ni el criterio más amplio en la interpretación de la doctrina del máximo rendimiento permite tener como suficientemente fundado el recurso cuando las únicas referencias a la causa aluden al descontrol administrativo derivado del traspaso de las escuelas nacionales a la órbita provincial, al exceso de tareas y al requerimiento de los proveedores, sin relacionar dichas circunstancias con las cuestiones decididas; a que "no se determinó con certeza el ilícito y que lo que sí se conoce es que se desplazaron los fondos para atender necesidades para el correcto desenvolvimiento de la administración", sin fundar ni mínimamente tal aserto; y a que el a quo aludió a la peligrosidad demostrada por la imputada Barroso en virtud de haber sido condenada por enriquecimiento ilícito, sin criticar razonadamente esa valoración.

En tales condiciones el recurso deviene inadmisible dado que la competencia del tribunal de casación se encuentra limitada por los agravios planteados en el recurso y el derecho de obtener una revisión integral de la condena no exige revisar aspectos consentidos por las partes o no sometidos a la consideración de este tribunal, sin que corresponda suplir las omisiones de la recurrente debido a que ese temperamento podría conducir a fundar la decisión en argumentos no invocados por la misma.

Por otra parte, del examen de lo resuelto a la luz del acta de debate y demás constancias de autos, encuentro que en el fallo se dieron razones suficientes para resolver en el sentido reseñado con relación a la imputada Barroso, de conformidad con el mérito efectuado de la prueba introducida legalmente al juicio y debidamente valorada por los jueces que concurrieron a formar la mayoría, y con base en las normas que rigen el caso.

Del fallo impugnado resulta que se sustenta en el análisis integral del conjunto de las constancias de la causa y que los jueces reconstruyeron adecuadamente los hechos valorando, especialmente, la auditoría contable practicada en la Dirección de Administración del Ministerio de Cultura y Educación, por las C.P.N. Claudia Luz Argerich y C.P.N. Miriam Gómez de Olmos de la Contaduría General de la Provincia; la pericia contable faccionada por la C.P.N. Mariana Fabiana Herrera como Perito Oficial y por la C.P.N. María del Valle Echenique, como Perito de parte; la declaración de la imputada, sobre la que dieron razones bastantes para tenerla como confesión calificada; los testimonios de empleados de esa Administración como Manuel Reyes Salcedo, Mirtha Clotilde Santillán, María Juana Zamora de Chaile y Ricardo Omar Córdoba, como también la declaración testimonial de Hugo Roberto Domínguez quien, aunque no era docente ni proveedor y ninguna relación tenía con esa Administración, cobró uno de los tantos cheques librados por Barroso, en su carácter de tesorera de dicha Administración, contra la cuenta en pesos Nº 2367/01 del Ministerio de Cultura y Educación, en el entonces Banco de Catamarca, actividad que se comprobó también con relación a órdenes de entrega contra la cuenta en títulos públicos Nº 80466/05, ambas cuentas destinadas al pago de haberes docentes, estableciéndose en el juicio, del modo explicitado en la sentencia, que también había librado cheques y órdenes de entrega a la orden de empleados de esa Administración y de Jorge Anselmo Nieva (coimputado sobreseído en la causa) quien, como Domínguez, era persona absolutamente extraña a esa Administración. Los jueces que integraron la mayoría ponderaron adecuadamente los elementos de juicio obrantes en la causa y concluyeron que Barroso sustrajo los montos de los cheques y órdenes de entrega descriptos en cada uno de los hechos por los que fue condenada penalmente como coautora del delito de peculado, con el alcance asignado al término sustraer -de conformidad con posturas doctrinarias que los jueces reseñaron y analizaron- en el marco del art. 261 del Código Penal. Por otra parte, sobre la demanda civil, encuentro también que los jueces que conformaron la mayoría en la decisión de acogerla parcialmente dieron motivos suficientes para así resolver y, condenar a Barroso a resarcir al Estado Provincial el daño material emergente de los montos correspondientes a los Hechos delictivos por los que fue penalmente condenada, con más los intereses hasta su efectivo pago, imponiéndole el ochenta por ciento de las costas.

Los reseñados -en apretada síntesis- fundamentos de la sentencia, aún cuando puedan considerarse opinables, son suficientes para impedir su descalificación como acto jurisdiccional, sin que las objeciones de la recurrente hayan logrado demostrar su irrazonabilidad.

Como consecuencia, estimo que el recurso es formalmente inadmisible. Así voto.- A la primera cuestión, el Dr. Cáceres , dijo:

La señora Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la primera cuestión, el Dr. Cippitelli , dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministro Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión, la Dra. Sesto de Leiva , dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/40 vta., por la Dra. María del Valle Romano, en su carácter de defensora de la imputada Norma del Valle Barroso. II) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). III) Téngase presente la reserva del caso federal y la del Recurso contenido en el Art. 2 apartado 3, inc. "B" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.-.- A la segunda cuestión, el Dr. Cáceres , dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Ministro Dra. Sesto de Leiva, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión, el Dr. Cippitelli , dijo:

La señora Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- Por los resultados del acuerdo que antecede, y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/40 vta., por la Dra. María del Valle Romano, en su carácter de defensora de la imputada Norma del Valle Barroso.

2º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

3º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del Recurso contenido en el Art. 2 apartado 3, inc. "B" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 4º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del V. Sesto de Leiva ANTE MI: María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.