Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19


Buenos Aires, 19 de febrero de 2014 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.Resulta 1. El Sr. Defensor General de la Ciudad dedujo recurso de queja (fs. 115/126) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 108/113) que, por mayoría y en lo que ahora importa, declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 85/96) interpuesto, a su turno, contra el pronunciamiento mediante el cual la Sala II, por mayoría (fs. 66/73), revocó -parcialmente- la decisión anterior (fs. 41/43) y en consecuencia dispuso que se arbitrara lo necesario para que se restituyera, provisoriamente, la finca sita en la calle Defensa 335 -en los términos del art. 335 del CPPCABA- al Sr. Castro.2. En el recurso de inconstitucionalidad, el Sr. Defensor Oficial ante la Cámara denunció que la decisión de la Sala II lesionó el derecho de defensa en juicio, la garantía del debido proceso, el principio de inocencia y también la garantía del doble conforme. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del art. 335 del CPPCABA.La mayoría de la Cámara declaró inadmisible dicho recurso porque no atacó una decisión definitiva, ni un auto equiparable a tal, y porque tampoco logró introducir un caso constitucional apto para habilitar el conocimiento de este Tribunal. 3. El Sr. Fiscal General propició el rechazo de esta queja por idénticos fundamentos a los señalados por los jueces de Cámara en el punto anterior (fs. 130/134).

FundamentosLos jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron: 1. Corresponde rechazar la presente queja porque la sentencia de la Cámara, que ordenó que se arbitrara todo lo necesario para la restitución del inmueble sito en la calle Defensa 335 a Eliseo Celso Castro (cf. fs. 66/73), no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley n° 402; y la defensa no ha acreditado que se encuentre en vilo una garantía constitucional, o federal, sólo susceptible de tutela inmediata. 2. En primer lugar, sin perjuicio de la omisión denunciada por el recurrente respecto del tratamiento de la constitucionalidad del art. 335 del CPP (cf. fs. 124),lo cierto es que los planteos dirigidos a cuestionar la validez de ese precepto -sobre la base del principio de inocencia, del debido proceso y de la defensa en juicio- se muestran insustanciales, toda vez que ya han merecido tratamiento in re "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'Gómez Cristian s/infr. art. 181 inc.1 CP", expte. nº 8142/11, resolución de fecha 25/02/13 (sentencia de la que se agregarán copias a la presente), sin que el recurrente arrime argumentos novedosos para la solución de la cuestión que propone.

3. En segundo lugar, el recurrente tampoco se hace cargo de explicar cuál sería el perjuicio actual, concreto e irreparable que, sostiene, le genera la sentencia de Cámara a sus asistidos, máxime cuando la medida cuestionada no causa estado (cf. nuestro voto in re "Gómez", ya citado). Vemos apropiado recordar que aun cuando quepa conjeturar cuál puede ser la situación en que queden quienes se vean desalojados, no es compatible con la función judicial sustituir nuestras conjeturas o meros presentimientos a la evaluación que han hecho jueces de mérito, designados mediante el riguroso mecanismo que instituye nuestra constitución; menos aún subrogar a la defensa. En ese marco, no se observa cuál sería el mencionado perjuicio, más que el que sus asistidos pierdan una ventaja o beneficio, que el a quo, en base a las constancias de la causas, entendió no había razones para mantener.

Por lo demás, en cuanto a la afectación del "doble conforme", el apelante no muestra que, en el supuesto que nos ocupa, la garantía invocada requiera tutela inmediata, toda vez que no acredita que la resolución a cuya revisión aspira sea una de las abarcadas por la mencionada garantía. 4.Por ello, votamos por rechazar la presente queja.La juez Inés M. Weinberg dijo: 1.El recurso de queja fue interpuesto en tiempo y forma (art. 33, ley nº 402) pero no puede prosperar toda vez que no plantea un caso constitucional que habilite la intervención de este tribunal (art. 27, ley n° 402).

2.La defensa oficial sostiene que la aplicación de las prescripciones del último párrafo del artículo 335 del CPP es contraria al principio constitucional de inocencia (art. 18 CN).

Sin embargo debe recordarse aquí que el reintegro provisional del inmueble al damnificado en los casos de usurpación "cuando el derecho invocado fuera verosímil" (art. 335 CPP) persigue fines meramente cautelares tendientes a asegurar los resultados del proceso seguido contra los imputados por el delito de usurpación. La provisionalidad de la medida, en tanto no causa estado, impide considerarla como una "pena anticipada", tal como lo plantea la recurrente.Por lo tanto, corresponde rechazar el planteo articulado en tanto que no logra explicar de qué manera lo resuelto por la Cámara habría afectado la presunción de inocencia que rige en relación a los imputados. En el recurso sólo expone su discrepancia con la aplicación de una norma procesal sin lograr conectar su planteo con el caso constitucional que invoca.

3. Por otro lado, la recurrente esgrime que se afecta el derecho de defensa en juicio y el debido proceso de sus defendidos toda vez que la Cámara "dispone el desalojo de los imputados de sus actuales viviendas, sin haberlos escuchado previamente a todos los directamente afectados"(fs. 88 vuelta). Estos planteos tampoco pueden prosperar en tanto sólo se invoca de manera genérica la afectación a tales derechos constitucionales sin exponer en concreto de qué forma se habrían afectado dichas garantías. La defensa tuvo oportunidad de intervenir en autos y controvertir la legitimidad de la medida (fs. 9/11).4.Por último, el agravio relativo a la afectación de la garantía de doble instancia también debe ser rechazado. Ello así toda vez que la defensa no está reclamando la revisión integral por parte de un tribunal superior de una sentencia de condena, ni demuestra que la garantía de doble conforme opere respecto de resoluciones como la recurrida en autos (fs. 66/74). 5. En virtud de las consideraciones expuestas voto por rechazar el recurso de queja.

El juez José Osvaldo Casás dijo: 1. Tal como lo proponen los señores jueces preopinantes, el recurso de hecho debe ser rechazado porque la decisión contra la que se interpuso el recurso de inconstitucionalidad que la queja viene a defender no constituye sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402, ni puede ser equiparada a tal, con fundamento en las garantías que se invocan. Reiterados pronunciamientos del Tribunal aclaran que, en principio, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no tienen tal entidad y el caso traído a estudio de este Tribunal no constituye excepción a este criterio, conforme a las variadas interpretaciones sostenidas acerca de la excepción (cf., entre otros, "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/infracción ley 255 -apelación-" expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004; mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007 y "Quiroga, Gabriela s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:'Quiroga, Gabriela s/ inf. art. 111 CC",expte. nº 7512/10, resolución del 23/3/2011, como sus citas). 2. La recurrente denuncia la arbitraria omisión, por parte de los jueces de la Cámara, del planteo de inconstitucionalidad del art. 335, cuarto párrafo, CPP, que efectuara oportunamente. Al margen del acierto o error del motivo expuesto por los jueces para omitir dicho tratamiento, lo cierto es que la resolución de la instancia de mérito, en cuanto no acogió dichos planteos, más allá de la peculiar forma utilizada para así hacerlo, importó una resolución contraria implícita al pedido de descalificación constitucional del apuntado precepto.

La Defensa Oficial no ha logrado demostrar el agravio irreparable que le atribuye a la decisión adoptada por la Cámara. En ese sentido cabe señalar, que si bien puede conjeturarse el trastorno real y los perjuicios naturales que la orden de desalojo del inmueble puede ocasionar a las personas que habitan la vivienda, lo cierto es que fuera de esas consecuencias, propias de toda restitución de un inmueble al propietario o legítimo poseedor, no se ha aportado a la causa ningún otro elemento que autorice a suponer que la medida dispuesta fue ilegítima y provocó algún otro gravamen adicional que pueda considerarse irreparable.

La parte recurrente, en cuanto se agravia de que el lanzamiento fue dispuesto "[.] sin haberse oído previamente a todos los directamente afectados o a su asistencia letrada" (foja 124), no señala concretamente cuáles habrían sido las defensas y las pruebas que sus asistidos se habrían visto privados de introducir o alegar en aquella ocasión para acreditar el derecho a continuar ocupando el bien, con lo que la invocada vulneración de la garantía constitucional del debido proceso de los desalojados no puede ser atendida tardíamente por este Estrado habilitando la queja por la que se pretende sostener el recurso de inconstitucionalidad denegado, pues la circunstancia apuntada obedece exclusivamente a la discrecionalidad de su propia conducta. La demostración de una conculcación de la garantía de defensa en juicio requiere inexcusablemente que en el planteo se acredite con medios probatorios convincentes el efectivo perjuicio que en el supuesto concreto se produjo respecto de ese derecho, acreditación que, al no haberse acompañado a la causa los elementos documentales de respaldo de las simples alegaciones formuladas, no ha tenido lugar (Fallos: 306:149). Es que el Alto Tribunal tiene decidido que no son invocables los agravios de carácter constitucional cuando ellos derivan de la propia conducta discrecional del recurrente (Fallos: 308:540); o de la inactividad de la parte por no incorporar elementos conducentes para la resolución de la controversia a la causa (Fallos: 308:1478). Desde otro ángulo, las genéricas alegaciones realizadas en el recurso sobre la "situación de calle y extrema vulnerabilidad" a la que se sometería a sus asistidos (foja 121 vuelta), no alcanzan para ver configurado un supuesto que permita al Tribunal apartarse de la jurisprudencia antes reseñada.

3. Finalmente, con relación a la alegada "violación al principio de la doble instancia o del doble conforme" (foja 122), al margen de la oportunidad en la que se introdujo el agravio, el recurrente ha efectuado meras afirmaciones genéricas, sin desarrollar en momento alguno la vinculación del derecho que invoca -con mención de los arts. 18 y 75, inc. 22, CN; 8.2.h, CADH, y 14.5, PDCyP- con las circunstancias particulares verificadas en esta causa en la que no se ha impuesto condena alguna y sólo se ha ordenado una medida de restitución provisional del inmueble presuntamente usurpado.

4. En esas condiciones, corresponde rechazar la queja de fs. 115/126. Así lo voto. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Recurso de queja 1. El recurso de queja (fs. 115/126 vuelta) presentado por el Defensor General cumple con los requisitos exigidos por el art. 33 de la ley n° 402, por cuanto fue interpuesto en tiempo, por escrito y con la debida fundamentación. En cuanto a su contenido planteó una serie de críticas que se encuentran bien razonadas en contraste con la resolución que rechazó el recurso de inconstitucionalidad. Por tales motivos, hago lugar al recurso. Recurso de inconstitucionalidad 2. En el recurso de inconstitucionalidad (fs. 85/96), la defensa impugna la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que revocó parcialmente la resolución de primera instancia y dispuso el desalojo y la restitución del inmueble de conformidad con el art. 335 in fine del CPPCABA.

El recurrente circunscribe el caso constitucional a la afectación de los principios constitucionales de legalidad y de inocencia, los derechos de defensa en juicio y doble conforme y las reglas del debido proceso. Ha sostenido la inconstitucionalidad del art. 335 in fine del CPPCABA en sus correlativas presentaciones.

3. La circunstancia de que se efectivice o no el desalojo, no supone ningún obstáculo para pronunciarme sobre la cuestión constitucional traída por la defensa respecto del art. 335 in fine del CPPCABA, porque tal como lo sostuvo la CSJN en el fallo "F., A. L. s/ medida autosatisfactiva" (F. 259. XLVI), "se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la solución de casos análogos que puedan presentarse en el futuro"(considerando 5°). La finalidad a la que alude la CSJN tiene virtualidad en el caso y me determina a votar en el sentido en que lo expreso en los apartados que siguen. 4.El art. 335, in fine, del CPPCABA dice: "en los casos de usurpación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la jueza, a pedido del/la damnificado/a, podrá disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo considerare necesario".

Adelanto que, por las razones que a continuación expondré, declararé la inconstitucionalidad de la norma legal citada, puesto que tal como se encuentra formulada lesiona no sólo el principio de inocencia, sino que además afecta el principio de legalidad y el derecho de defensa, tal como lo expusiera en otros precedentes del Tribunal (vg. "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Incidente de apelación en autos 'Muñoz, Elizabeth y otros s/ inf. art. 181, inc. 1, CP", expte. n° 8383/11, resolución de fecha 26/03/13 y "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'Gómez Cristian s/infr. art. 181 inc. 1 CP'", expte. nº 8142/11, sentencia del Tribunal de fecha 25/02/2013). Su redacción compleja y su ubicación dentro del Código Procesal Penal de la Ciudad en el Título III (ejecución civil), del Libro V sobre "ejecución", supone extremar su control constitucional.

5. El modo en que ha sido redactada la normativa habilita interpretaciones arbitrarias que ponen en crisis las garantías constitucionales antes mencionadas. Permitir, en un proceso penal, que en "cualquier estado del proceso y aún sin dictado de auto de elevación a juicio", con sólo "acreditar" verosimilitud en el derecho invocado, se pueda disponer el reintegro inmediato de un inmueble, supone avasallar la presunción de inocencia y del debido proceso de quien lo habita u ocupa. La medida de reintegro, por sus efectos, es constitutiva de un estado de imputabilidad hacia quien se encuentra habitando u ocupando un inmueble. La norma legal permite anticipar un desalojo en un proceso penal que se lleva a cabo previo al dictado de una sentencia condenatoria y trata como "imputado" a quien pudiera no serlo: cuestión que entra en colisión con lo preceptuado por el art. 18 de la CN.

La inocencia en el procedimiento penal de acuerdo a las garantías constitucionales "impide que se trate como si fuera culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena" (Maier Julio B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 490). La restitución debería ordenarse entre la persona damnificada y aquella que resulte, por sentencia condenatoria y firme, indicada como usurpador/a del inmueble. El estándar normativo exigido a la parte damnificada -la verosimilitud del derecho- pone en jaque el derecho de toda persona acusada de las garantías de su inocencia y debido proceso, por el solo hecho de tratarla como "imputada" aun en los casos en que finalmente no llegase a ser formalmente condenada por el delito de usurpación.

Para resistir la verosimilitud del derecho del damnificado/a, la persona acusada debe demostrar su propio derecho legítimo, aun cuando no sea imputado/a y a riesgo de no contar con defensa propia. Paradójicamente, la resistencia que debe intentar se ve frustrada cuando la propia norma autoriza a disponer la medida de coerción prescindiendo de oír a la persona ocupante. En este punto, es donde anida la arbitrariedad de la normativa legal: dispone sin mayores certezas judiciales un desalojo anticipado contra personas que -identificadas o no dentro de un proceso penal- pueden no ser finalmente condenadas por el delito de usurpación y que paradójicamente son interpeladas, por el propio dispositivo, como potenciales imputados.

La persecución punitiva del Estado debe condenar a quien es consignado como usurpador pero sólo cuando las circunstancias de prueba y hecho así lo permitan. El artículo, sin embargo, habilita tratar como tal a cualquier persona por el sólo hecho de habitar u ocupar un inmueble, sin sentencia previa y en cualquier estado del procedimiento.

Esta flexibilidad lesiona el principio de inocencia porque la norma ya presupone, mucho antes de declarar como usurpadora a quien se encuentra en el inmueble en conflicto, como imputado del delito de usurpación. Se prescinde de los derechos y garantías que puede oponer quien busca mantener el goce de la ocupación.

El desalojo anticipado que prevé el artículo en cuestión se asemejaría a una medida coercitiva.Como explica Maier: "la coerción estatal significa utilización de la fuerza pública por parte de órganos del Estado, para el caso, la ejercida legítimamente, esto es, la autorizada o permitida por la ley a ciertos órganos estatales (nulla coactio sine lege praevia).Las medidas de coerción, expresión del uso de esa fuerza, van siempre dirigidas hacia una persona,. pues ellas se refieren todas a derechos fundamentales concedidos por la ley a una persona."(Maier Julio B. J., Derecho Procesal Penal, III. Parte general. Actos procesales, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 374).

Las medidas de coerción no son penas anticipadas ni tampoco fines en sí mismas: "sólo se conciben en cuanto sean necesarias para neutralizar los peligros que puedan cernirse sobre el descubrimiento de la verdad o la actuación de la ley sustantiva". (Cafferata Nores José I., Medidas de coerción en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (ley nº 23.984), Depalma, Buenos Aires, 1992,p.3).

Como advierte Bruzzone: "La razón de ser de las medidas de coerción (o de injerencia) reside en brindarle a los órganos del Estado encargados de la averiguación o persecución de los delitos los medios necesarios para poder cumplir con los fines del proceso. Aunque se podrían poner en crisis, digamos que esos fines son: la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material. Si la medida no cumple con alguna de estas finalidades no se justifica" (Bruzzone Gustavo A., La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal, en Baigún, David et. al, Estudios sobre Justicia Penal, Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 244/5). En esta tesitura, la aplicación de determinados actos coercitivos en el procedimiento penal debe sostenerse en necesidades legítimas (Maier Julio B. J., op. cit.) que los avalen. Las medidas de coerción encuentran su límite, tal como lo señala Maier, en el principio de que aún una persona imputada no puede ser tratada como culpable hasta tanto se dicte una sentencia condenatoria firme. Por otra parte, y tal como resalta Bruzzone muchas medidas de coerción se esconden detrás de medidas cautelares: "toda medida de coerción, aunque se encubra bajo el nombre de una medida cautelar, si su utilización no responde a los fines mencionados, no puede ser considerada bajos estos parámetros. Se trata, en realidad, de otra 'cosa', encubierta bajo un rótulo que no le pertenece" (Bruzzone Gustavo A., op. cit.).Dichas medidas presuponen prudencia en su aplicación. La faz subjetiva de la medida coercitiva se encuentra en la fundamentación: debe ser necesaria, idónea y proporcional (Bruzzone Gustavo A., op. cit.). Deben guardar proporcionalidad respecto de la finalidad que se persigue en el proceso penal.

Para Bruzzone, al evaluar la aplicación de una medida de coerción debe considerarse lo siguiente: 1) la misma tiene que estar prevista en la ley (nulla coactio sine lege); 2) el órgano que la dicte, debe ser el competente para disponerla; 3) la medida debe ser necesaria; 4) idónea para el fin que persigue; y 5) debe ser proporcional, teniendo en cuenta los intereses afectados" (Bruzzone, op. cit. p. 250/251).

El art. 335, in fine, del CPPCABA no cumple con tales exigencias: si lo que se busca repeler es el delito de usurpación, no hay motivos ni fines preventivos que puedan avalarla. Al contrario su redacción avasalla los límites constitucionales en materia de garantías penales. El artículo no sale "en el auxilio necesario para poder llevar a cabo con éxito la actividad tendiente a comprobar una infracción penal hipotética (en este caso dado por el delito de usurpación)" (Maier Julio B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2011, p. 516).

De esta manera, la coerción que se aplica sobre la libertad de disponer de un bien, como en este caso, debe encontrar apoyo en elementos de prueba que señalen en alto grado de probabilidad que aquel sobre quien recaiga la misma, es autor o partícipe del hecho imputado. Además, que su aplicación se ampara a fin de evitar un peligro en la búsqueda de la verdad. En el presente caso, esta probabilidad no está bien fundamentada por el art. 335, in fine, del CPPCABA. Obsérvese que hay otras alternativas a través de las cuales resolver la cuestión del desalojo, que no están implicadas dentro de un procedimiento penal: el código procesal civil. Esto demuestra que el artículo en cuestión no es absolutamente indispensable y genera sobre la persona potencialmente imputada, un mal mayor, que se traduce en la vulneración a sus derechos y garantías constitucionales, ya señaladas. Como ya dije al emitir mi voto en el Expte. n° 1556/02 "Comisión Municipal de la Vivienda c/ Saavedra, Felisa Alicia y otros s/ desalojo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", el art. 335, in fine, CPPCABA "no prevé ninguna oportunidad para que quienes puedan resultar alcanzados por una orden de lanzamiento tengan conocimiento de la tramitación de la causa, ocasión de ser escuchados, producir prueba y hacer valer los medios de defensa de que dispongan en tiempo oportuno y con las debidas garantías. Mirada así, la norma colisiona con el derecho de defensa y el debido proceso (arts. 8 y 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14, PIDCyP, art. 18, CN y art. 13, CCBA)".

Asimismo, en materia de derecho a la vivienda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -órgano de contralor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce en su art. 11, párrafo 1, el derecho a una vivienda adecuada-, ha entendido que uno de los componentes del derecho a una vivienda adecuada es la "seguridad jurídica de la tenencia", abarcadora del derecho a garantías procedimentales suficientes para revisar en sede judicial la amenaza de desalojo.

Así, en su Observación General n° 4 ha dicho que "todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas" (punto 8 a). Aún más específica es la Observación General nº 7 (1997), en la que reconoce "el derecho a no ser desalojado forzosamente sin una protección adecuada" (punto 8) y agrega "[a]unque algunos desalojos puedan ser justificables, por ejemplo en caso de impago persistente del alquiler o de daños a la propiedad alquilada sin causa justificada, las autoridades competentes deberán garantizar que los desalojos se lleven a cabo de manera permitida por una legislación compatible con el Pacto y que las personas afectadas dispongan de todos los recursos jurídicos apropiados" (punto 11). En este último sentido se precisa "que entre las garantías procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran... g) ofrecer recursos jurídicos" (punto 15).

Insisto: la redacción del art. 335, in fine, CPPCABA, su ubicación en el CPPCABA en el acápite del Libro V sobre ejecución de sentencia y las consecuencias derivadas de su aplicación, evidencian que el artículo es contrario al derecho de defensa y al debido proceso (arts. 8 y 10, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 8, Convención Americana de Derechos Humanos, art. 14, PIDCyP, art. 18, CN y art. 13, CCBA), lo que lo torna inconstitucional. De acuerdo a los fundamentos de lo que aquí decido, no es necesario que me expida respecto de los demás agravios planteados por la defensa. 6. En consecuencia, voto por a) hacer lugar al recurso de queja y de inconstitucionalidad interpuestos por la defensa; b) declarar la inconstitucionalidad del art. 335, in fine, del CPPCABA; y c) ordenar el archivo de las actuaciones.

Por ello, y habiendo tomado la intervención que compete al Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve: 1. Rechazar el recurso de queja interpuesto. 2. Agregar a este expediente copia de la resolución dictada por este Tribunal el día 25/02/13 en los autos "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: 'Gómez Cristian s/ infr. art. 181, inc. 1, CP'", expte. nº 8142/11, como parte integrante de los votos de los jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano. 3. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.