marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligación tributaria, restitución de sumas de dinero
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Indo S.A. c/ Fisco Nacional (DGI.) s/ repetición (ley 11.683).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La restitución no puede privar de su validez a la obligación tributaria válida como tal según los criterios generales elaborados en materia impositiva, de la misma manera en que no puede sanear el vicio de una obligación tributaria inválida.
Recurso de apelación (procesal), honorarios, proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Agapito Omar Muñiz c/ José Angel Perpignan y otro s/ Ejecutivo  -Embargo Preventivo- Incidente de Ejecución  de Honorarios  de los Dres. Ortíz de Zárate y Yáñez
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-19

A la alzada toca enmendar de oficio, si se deslizó un error en la concesión, pues ella como juez del recurso, en el ejercicio de la jurisdicción no se encuentra ligada a la conformidad de las partes ni a la resolución del Juez en primer grado, ya que el orden de las apelaciones y de las instancias pertenece al sistema de la Ley y no a la voluntad de los litigantes. Y a propósito del mismo, tratándose de un proceso de ejecución de honorarios al cual le son aplicables las normas sobre ejecución de sentencias (Art. 478 inc. 3 del C.P.C C. ), la apelación interpuesta en forma subsidiaria, ha sido mal concedida, procediendo su concesión con efecto diferido, conforme lo dicta el Art. 487, segundo párrafo del Código citado, en atención de que aún no se ha dictado la sentencia que manda continuar la ejecución (Art. 486 del mismo), máxime que el crédito respecto del cual se inicia la ejecución no se encuentra desprotegido, ante la traba de embargo preexistente conforme las propias expresiones de los recurrentes.
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, demandado, citación por edictos, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: SAN FERNANDO CIA. FINANCIERA  S.A. c/ OLIVA, TEODOMIDIO s/ PERENCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-18

La falta de apersonamiento del demandado pese a la citación que por edictos se le efectuara, importa consentir las actuaciones producidas, por lo que no puede el defensor oficial invocar su no consentimiento de las referidas actuaciones. Por ello y siendo que su derecho a peticionar depende del consentimiento de la última actuación que lo designa, no correspondió decretar la perención de instancia.
Fallo plenario, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, Irene Josefina yotros c/ Rodriguez, Sergio Diego y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

Por el incidente habido respecto de la inconstitucionalidad, las costas habrán de distribuirse en el orden causado, teniendo en cuenta el carácter de la cuestión decidida (arts. 68, 69 del C.P.C.C.), no habiendo sido el plenario Zanoni el que zanjara la cuestión relativa a la constitucionalidad de las normas que establecieron la pesificación de la economía, sino sólo -y dada la vigencia de dicha legislación- su aplicabilidad a las obligaciones aún en mora con anterioridad al 6.1.02
Juicio, partes, carga procesal, personería, acreditación de la personería
Materia: PROCESAL
Carátula: OSUNA, GRACIELA ALICIA KUNZ DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 307-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-09-15

La carga procesal constituye un imperativo jurídico del propio interés que de modo alguno puede ser suplido por el Tribunal, si no es con ostensible olvido de elementales reglas que gobiernan el proceso. Por ende, no corresponde hacer lugar al pedido del profesional actuante que, so pretexto de la imposibilidad del desglose del instrumento de procura del expediente administrativo, pretende que el tribunal requiera la expedición del mismo.
Abuso sexual calificado por acceso carnal, homicidio calificado por el vínculo, violencia de género, tentativa, amenazas simples, incendio
Materia: PENAL
Carátula: A., J. A. c/  s/ incendio ...amenazas simples, abuso sexual con acceso carnal, desobediencia a la autoridad, homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-05-31

Los testimonios producidos por la defensa, más allá de acreditar que el Sr. A. ha sido buena persona, buen vecino o buen hijo para con los declarantes no inciden para cuantificar en menos la pena a imponer.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Palavecino, René Jorge c/ Barca Pesquera S.A.M.C.I. y-u Otro s/ Demanda Laboral -Diferencias de Haberes e Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-10

Es entendimiento de la suscripta que siempre que el apelante individualice, aunque lo haga en mínima forma, los motivos fundantes de la crítica y los aspectos del decisorio a cuyo error apuntan, cabe tener por abierta la jurisdicción de la segunda instancia ya que de lo contrario, podría caerse en el exceso ritual manifiesto, desembocando en un fallo descalificable, con lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio. En este orden de ideas ha establecido la jurisprudencia que: "En caso de duda de si el escrito en que se expresan agravios reúne o no los requisitos para tenerlo por tal, ha de estarse por la apertura de la segunda instancia, que implica una garantía más, para el que tiene un derecho legítimo para hacer valer en justicia".
Recurso de inconstitucionalidad, juicio, fallido, salario mínimo, vital y móvil, remuneración, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, RICARDO LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

Corresponde admitir la queja toda vez que la postulación del recurrente - cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y supone articular con seriedad un planteo que exige examinar, con los principales a la vista, si la sentencia reúne o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

En el caso, el recurrente- fallido -cuestiona la sentencia que ordena se entregue al Síndico toda suma que exceda que ponderación de un salario mínimo, vital y móvil, lo que entiende es arbitario en tanto viola los principios generales del derecho del trabajo y, en especial, del derecho protectorio del salario legislado en la ley 20744 (arts. 103, 116, 120 y 147, L.C.T.; y su decreto reglamentario 484/87, que fija el porcentaje de embargabilidad del excedente del salario mínimo) , recurriendo el pronunciamiento mediante recurso de inconstitucionalidad atento se trata de una resolución inapelable, equiparable a definitiva por no tener posibilidad dentro de la ley 24522 de recurrir la sentencia que declaró su propia quiebra.
Quiebra, pedido de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARIMEX S.R.L. SOBRE PEDIDO DE QUIEBRA POR PRONO, CARLOS ALBERTO s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

Ante el incumplimiento de la agregación del ejemplar del certificado previsto en el decreto 3.003/56, se debe cursar intimación para que se acompañe. Si se omitió cursar esa intimación no cupo tener por desistido el procedimiento, porque ese apercibimiento careció, entonces, del antecedente necesario para hacerlo efectivo.
Acción contencioso administrativa, objeto del acto administrativo, declaración de insalubridad, adicional por insalubridad y toxicidad, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, José Alberto s/ Contencioso administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-08-16

Es impropia la cuestión planteada en el presente recurso contencioso administrativo, ya que la misma no ha constituido el objeto del reclamo formulado ante la autoridad administrativa. La nota con la que se inicia el reclamo administrativo, sólo hace alusión a la solicitud de reconocimiento por autoridad competente de las condiciones de insalubridad de las tareas realizadas por la comuna, aspecto que es atendido favorablemente, mediante el dictado de resolución, con lo cual se agota el referido trámite.

Más tarde el propósito inicial de su gestión es transmutado, o en todo caso ampliado, extendiendo el requerimiento no sólo al reconocimiento de la calidad de sus tareas, sino también al pago que dicha calificación trae aparejado. Esta pretensión sin embargo, no constituía el objeto del reclamo que la Administración municipal trató y resolvió en su oportunidad, por lo que no cabe interposición de pronto despacho en relación al mismo, y mucho menos derivar de la falta de resolución una denegación tácita.

El pedido de pago del adicional por insalubridad se convierte entonces en un reclamo diferenciado, sobre el cual no puede considerarse que la demandada (municipalidad), se haya expedido por la negativa, desde que no lo ha hecho expresamente, ni se han articulado los mecanismos que habilitan la desestimación por el silencio. Ergo, no existe un pronunciamiento susceptible de recurso, por cuanto no se ha dado cumplimiento con el requisito de una reclamación y decisión administrativa previa, las que resultan imprescindibles para poner de manifiesto la oposición de pretensiones de partes, sobre las cuales quedan planteados y definidos los términos de la contienda que se lleva a conocimiento y fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
Tenencia de armas, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Walter Elvio; González, Yurika Solange; González Muñiz, Iván Marcelo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-25

Si no se ha incorporado a la causa ninguna evidencia que permita asegurar que la finalidad de la detentación del arma sea otra que su utilización para la comisión del delito de robo, se presenta un supuesto de concurrencia aparente entre los delitos involucrados. Resulta inconstitucional el art. 189 bis inc. 2° -párrafo 8°del CPPN. La disidencia expresó que si bien, por regla la tenencia de arma de guerra se ha enlazado casi siempre en un concurso real con otros delitos, en el caso, estamos en presencia de un concurso ideal, pues, a tenor de lo que se ha probado en el fallo, la tenencia de arma de uso civil no ha tenido otro fin que la comisión del desapoderamiento, y es así que sin perder su autonomía, se incorpora al robo calificado tentado; y que no resulta inconstitucional la agravante prevista en el artículo 189 bis, inc. 2°, párrafo octavo, del CP pues la valoración del antecedente condenatorio no vulnera el principio ne bis in idem. (Dres. Ledesma, Catucci -en disidencia- y Mitchell).
Nulidad procesal, sentencia absolutoria, nulidad de sentencia, deberes del juez, asistencia a las audiencias, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mansilla, Marciano y otro s/ Causa 25749
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-08

La audiencia del art. 41 del C.P., tiene como finalidad tomar contacto personal con el acusado a los fines de la graduación de la pena, pero en caso del dictado de un pronunciamiento liberatorio su falta de realización no provoca agravio alguno.
Notificación, AFIP, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: GARRIDO MARTINEZ ROSA MARIA SEBASTIANA c/ GALENO ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-30

Es improcedente la multa del art. 8 de la ley 24.013, toda vez que no se encuentra acreditado el cumplimiento de la situación dispuesta en el art. 11 de la ley citada, por cuanto la demandada desconoció la pieza postal dirigida a la AFIP y si bien el instrumento constituye un documento público, sólo cuenta con sello del impositor, más no con las circunstancias de entrega, lo que obsta conocer el resultado de la diligencia de la notificación al destinatario.
Protección de la vivienda, desafectación del inmueble (civil), recurso de queja (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Colombo Ricardo Alejandro c/ Poggio Dora s/ Ejecutivo - Recurso de Queja interpuesto por Dora Graciela Poggio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-06-09

La circunstancia de que se haya resuelto la desafectación del bien de familia, por vía incidental dentro del trámite de la ejecución, no obsta a su recurribilidad.
Subasta judicial, acreedor hipotecario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Quilmes S.A. c/ Bosso Jorge E. y Cantera Liliana Esther s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

La legitimación del acreedor hipotecario que concurre al proceso donde se subastará el bien asiento de su privilegio, se reduce a una participación limitada. No siendo él parte principal del juicio ni condenado en costas, no tiene facultad para injerir en la determinación de los rubros que comprenden la liquidación del crédito del ejecutante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Apreciación de la prueba, prueba de cargo, testigo único, declaración testimonial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., M. E. s/ Robo doblemente calificado por haber sido cometido con uso de arma y en poblado y en banda s/ Casación. (Expte. Nº 26582/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

En el análisis de las manifestaciones de la víctima [.] esto es, que sus manifestaciones conforman una única fuente de prueba, sin importar cuántas declaraciones haya prestado y sin que sea posible contabilizar como otro medio de prueba aquello que hubiere declarado en el marco de otro acto procesal (léase: reconocimiento en rueda de personas), toda vez que este último es un modo probatorio que se produce con el medio de la declaración testimonial.

Por tal razón, siempre se instruye al reconociente sobre lo ya declarado y se le pregunta si persiste en la descripción dada, o bien se lo interroga al respecto, puesto que el modo de señalar o indicar a aquel que ha visto y descripto, pero cuya identidad desconoce el testigo, es el mentado reconocimiento en rueda, como también se ofrece para establecer que, a quien menciona o alude el testigo, efectivamente lo conoce y a él se ha referido (arts. 250 y sgtes. C.P.P.). (Voto de la Dra. Piccinini)
Representación procesal, personería, acreditación de la personería, deberes del juez, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: CHIAPPE, Julio Alfredo -inc.- c/ SORYL S.A. s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Con el fin de evitar rigorismos formales que puedan afectar el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N.), ante el incumplimiento de la obligación de agregar el poder que acredite la representación que se invoca (art. 46 C.P.C.C.N.), el juez debe hacer uso de las facultades que se le reconocen en el art. 34, inc. 5, ap. b) del C.P C.C.N., y señalar la omisión e intimar a la parte a subsanarla en un plazo prudencial, antes de dar por decaído el derecho a realizar el acto defectuoso.
Contrato de trabajo, pago en efectivo, cheque, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FARA, GERMAN SEBASTIAN c/ LE  PARC S.E.L s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-26

El art. 125, bajo el título ? Constancias bancarias. Prueba de pago? , dispone: ? La documentación obrante en el banco o la constancia que éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente del hecho del pago? . Señala Carlos Alberto Etala que ? el pago de la remuneración en efectivo se prueba mediante el respectivo recibo firmado por el trabajador [art. 138, LCT]. Pero cuando el pago se efectúa mediante cheque a la orden del trabajador o por acreditación en cuenta abierta a nombre del trabajador en entidad bancaria habilitada, tal como lo autoriza el art. 124 de la LCT, la prueba del pago también puede realizarse por medio de la documentación obrante en el banco o con la documentación idónea que el banco entregue al empleador. Lo dispuesto en este artículo no elimina la obligación patronal de otorgar al trabajador el recibo de pago, con las enunciaciones del art. 140 de la LCT? (Contrato de Trabajo, T. I, Astrea, Bs. As., 2010, pág. 389). En sentido análogo, afirma Miguel Ángel Sardegna que ?la prueba del pago de la remuneración es el recibo que suscribe el trabajador de acuerdo a las pautas y recaudos que enuncia el art. 140. Ésta es la comprobación original e insustituible cuando se trata de pagos en efectivo o en cheque a la orden del trabajador, mas hemos visto en el artículo anterior que el salario también puede cumplimentarse acreditando el importe correspondiente en cuenta bancaria o similar; en esos casos la constancia que el banco entregue al empleador y hasta la misma documentación obrante en el banco sobre la operación efectuada constituyen la prueba del cumplimiento de la obligación patronal? (Ley de Contrato de Trabajo, Editorial Universidad, Bs. As, 2007, pág. 338).

DRES.: ESTOFAN - GOANE - SBDAR.
Marca de hecho, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: Serú Giran  SA c/ Grinbank, Daniel E. y otro. s/ Medidas cautelares y de prueba anticipada.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

Las "marcas de hecho" pueden tener alguna tutela jurisdiccional, sobre todo si se demuestra que el signo se halla en uso y se ha formado una clientela apreciable.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Marcelo Osvaldo s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-06

Frente a la necesidad de obtener actos válidos y no nulos, se halla la necesidad de concreción de actos procesales firmes sobre los cuáles pueda consolidarse el derecho y la parte que posee los medios de impugnación sin hacerlos valer en tiempo y forma adecuados presta una conformidad que trae aparejada su aceptación. En el caso, la parte tardíamente notificada, según los términos del art. 80 del CPC, no ejercitó tal derecho, ínsito en las facultades de intervención y contralor que la ley procesal le otorga (art. 81 CPC). Proteger tal derecho no ejercitado violaría reglas jurisprudenciales reiteradas de la Sup. Corte de Justicia de la Pcia., como la de no destruir sin necesidad por razones de economía procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente ferroviario, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: L., J. G. c/ TREN PATAGONICO S.A. y Otros s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-06-06

"Ante un choque entre un tren y un vehículo (...) cuando los dos móviles están en movimiento, el art. 1113 en su parte 2ª del párrafo 2*, es aplicable. No consideramos que se neutralicen las presunciones por ser el tren y el otro vehículo dos máquinas creadoras de riesgo y juzgamos acertado el régimen que establece el art. 1113 en la parte mencionada; así, quien demande tendrá a su favor la presunción de responsabilidad en él establecida con la posibilidad de exonerarse de la misma acreditando las eximentes por la norma prescripta."
Malversación de caudales públicos, peculado, Gendarmería Nacional, secuestro de mercadería, falsificación de instrumento público, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Incid. de apelación de VILLALBA, Roberto J. y otros s/ procesamiento y prisión preventiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Configura los delitos previstos por los arts. 163, en función del 263, y 293 del Código Penal, el accionar de un Oficial de la Gendarmería Nacional, jefe de una unidad a la que ingresó un cargamento de cigarrillos secuestrados por la Justicia en lo Penal Económico, con el objeto de su destrucción, quien, participando de alguna manera en la confección de un acta que da cuenta de su destrucción total, sustrajo dicho material.

En las mismas infracciones penales incurre el oficial de esa misma repartición que participó en esta maniobra ordenando el traslado del material que debía ser destruido, a dependencias a su cargo y tratando de ocultarlo de la autoridad que realizaba el allanamiento, luego de ser denunciado el hecho. Es así que aprovechándose del cargo y poder de disposición que tenía respecto del material depositado en custodia para su destrucción, dispuso de los medios a su alcance para lograr llevar a cabo su sustracción, perjudicando los intereses que le fueron confiados y tratando de ocultar la falsedad contenida en aquella acta, en cuya confección participó.

También incurre en esas mismas infracciones el Oficial de esa Repartición encargado de supervisar la destrucción del material secuestrado quien, en connivencia con los encargados del procedimiento, colaboró en la sustracción del mismo con destino desconocido.

Incurre asimismo en la infracción al art. 261 del C.P., el suboficial que transportó y materializó la sustracción, así como el oficial subalterno que suscribió el acta falsa de destrucción, incurriendo también en la del art. 293.
Prescripción, interrupción de la prescripción, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL
Carátula: "Muñoz  Juan  José  y Otros c7 En -M° DEFENSA- EMGA-Dto 628/92 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y Seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

El reclamo administrativo interrumpe el curso de prescripción (esta Sala, "Sejas", 25/7/85; "Lugea", 18/8/92; "Chávez", 3/12/92; "Ortiz", 30/8/94; "Marcelo J. D. Elu Valerga", 9/4/96).
Obligación de seguridad, energía eléctrica, servicios eléctricos, obligaciones de medio, obligaciones de resultado
Materia: CIVIL
Carátula: S.,S.L. y Otro/a c/ M.,P. s/ Daños y perj. Del./Cuas. (Exc. uso aut. y estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-19

Estando acreditado que la descarga eléctrica que sufrió un menor se produjo cuando escaló un cartel instalado de forma antirreglamentaria, cabe concluir que la obligación de seguridad de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica se halla incumplida, toda vez que por un lado la instalación del cartel no cumple con la distancia reglamentaria entre su parte superior y la línea eléctrica -obligación de resultado)- mientras que, compañía de electricidad no sólo no advirtió a la empresa propietaria del cartel la peligrosidad del mismo (obligación de medios), sino que admitió no tener siquiera conocimiento de la instalación del mismo que además de sus dimensiones, se encontraba emplazado en un lugar de gran exposición pública.
Contratos, rescisión del contrato, mora, interpelación
Materia: CIVIL
Carátula: Prode Promotora y Depositaria SA c/ Cardena SRL s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida)  (EXPTE CSJ Nº 646-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

Si la intención del acreedor es poner en mora a su deudor y resolver el contrato, por la convergencia de ambas finalidades, bastará que curse una interpelación solamente y la misma interpelación realizada para accionar el mecanismo resolutorio del artículo 1204, llevará implícita la constitución en mora del artículo 509, segundo párrafo;

mas no a la inversa. Si la interpelación lleva en su texto expresa la conminación a cumplir bajo apercibimiento resolutorio, ninguna duda cabrá sobre cuál ha sido la intención del acreedor, y en tal caso el contrato quedará resuelto; pero si no traduce claramente y en forma expresa la intención de resolver, se deberá juzgar que se trata de la interpelación del artículo 509, segundo párrafo, para constituir en mora al deudor, sin resolver el contrato, conservando el acreedor su derecho a promover la acción por cumplimiento, o ejercer luego su facultad resolutoria. (Del Voto de la Mayoría).