Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-02


SENT Nº 84	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dos (02) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Bettolli César Octavio de Jesús vs. Asociación Mutual Juramento s/ Indemnizaciones".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 10 de septiembre de 2010 (fs. 590/593 bis), el actor interpone recurso de casación que fue concedido por resolución del 10/8/2011 (fs. 637). Según informe actuarial de fs. 645, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPT.

2. La sentencia rechazó la demanda y absolvió a la demandada, impuso las costas al actor y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3. Afirma el recurrente que la sentencia impugnada incurre en un error en la apreciación de la prueba ya que para que exista justa causa de despido, la pretendida injuria debe ser de tal magnitud que no consienta ni a título provisorio la continuidad de la relación de trabajo. Expresa que la Cámara consideró que el hecho invocado por la empleadora fue una situación que habría tenido por protagonistas a su parte y al gerente comercial, CPN Rodolfo Ruiz, originado en un reclamo que él efectuó a Ruiz con motivo del cambio de lugar de una fotocopiadora. Explica que este reclamo tuvo como causa una actitud desconsiderada del CPN Ruiz, quien le colgó el teléfono en el momento de su reclamo, lo que fue reconocido por este, situación que -opina- no fue merituada convenientemente por la sentencia. Asevera que su actitud no configuró una ofensa verbal ni física como afirma el fallo, sino un reclamo razonable y medido, una reacción a la acción descortés e imprudente del CPN Ruiz, lo cual resulta corroborado por las pruebas testimoniales aportadas, las que fueron desconocidas arbitrariamente por el tribunal.

Alega que la sentencia tampoco contempló la ausencia de antecedentes laborales desfavorables de su parte ya que en su foja de servicio no existe ningún tipo de llamado de atención, suspensión o sanción en su contra; todo lo contrario, siempre fue valorado y conceptuado favorablemente en el desempeño de su función. Insiste en que su actitud de reclamar fue consecuencia del accionar irrespetuoso e imprudente del CPN Ruiz al cortarle irrespetuosamente el teléfono, hecho que no fue valorado por la Cámara.

Cuestiona que la sentencia haya ponderado de manera especial la declaración testimonial del CPN Ruiz, quien fue protagonista del hecho a probar, reconociéndole el carácter de testigo necesario y otorgándole preeminencia a sus dichos por sobre la declaración de su parte. Sostiene que ello afecta las reglas de valoración de la prueba e implica una arbitraria consideración del referido testimonio ya que el hecho configurativo de la injuria transcurrió entre las cuatro paredes de la oficina del CPN Ruiz, quien cerró puertas y ventanas cuando aceptó mantener una conversación con él. Se agravia de que el pronunciamiento haya desestimado la tacha opuesta respecto del mencionado testimonio, no sólo con fundamento en la condición de testigo inmediato y necesario del hecho, sino también porque no se produjo ninguna prueba que desacredite sus dichos. Sostiene que tal apreciación es errónea toda vez que produjo prueba testimonial consistente en la declaración de los testigos Lontano, Rivas, Elías y Grecco, testimonios que no fueron tenidos en cuenta por la sentencia. Denuncia que el fallo otorgó valor preponderante a las declaraciones de los testigos de la demandada, fundado en que aquellos fueron testigos de la discusión cuando en realidad no pudieron ver a los protagonistas que se encontraban a puertas cerradas.

Objeta que el pronunciamiento haya tenido por existente el hecho injurioso en base a las pruebas testimoniales de la demandada y haciendo hincapié en el carácter de superior jerárquico del CPN Ruiz cuando el actor no era un simple empleado de la mutual demandada, sino el jefe del departamento logística, con jerarquía dentro del organigrama de la entidad, lo cual no fue valorado por el fallo. Subraya que la discusión se llevó a cabo entre personas de nivel jerárquico, lo cual cambia las cosas.

Señala que el fallo afirma "temerariamente" (sic) la existencia de la agresión física de su parte, hecho que no fue probado en autos porque nunca existió. Añade que la Cámara consideró que la parte encargada de acreditar las causales de despido ofreció y produjo las pruebas pertinentes y convincentes, desconociendo e ignorando las pruebas ofrecidas y producidas por su parte, lo que resta eficacia y validez al pronunciamiento. Subraya que los testigos ofrecidos por su parte afirmaron la inexistencia de agresión hacia el CPN Ruiz, contradiciendo los demás testimonios de la demandada, los cuales fueron tomados -al igual que el de Ruiz- como fundamento de la gravedad de la injuria.

Respecto de la conclusión sentencial de que no existe obligación de la empleadora de iniciar sumario a los fines de decidir el despido, el recurrente afirma que "la empleadora al decidir tomar declaración a los empleados a fs. 93 a 96 sobre lo sucedido, en el estudio jurídico de su apoderado Dr. Castellanos Murga, con la única intención de preconstituir pruebas, violentó el derecho de defensa del actor puesto que la presentación del actor de fs. 90 no fue emitida dentro de un procedimiento sumarial, sino en forma aislada y unilateral sobre los hechos acontecidos, sin las garantías del debido proceso". Entiende que al tomar dichas declaraciones en forma privada, la empleadora tomó la decisión de transitar el procedimiento de un sumario administrativo, por lo que debió realizarlo en forma completa e íntegra, investigar el hecho en forma previa a la sanción, formar el correspondiente capítulo de cargos y permitir la legítima defensa del trabajador en un descargo, posibilitando a ambas partes acceder a medios de pruebas y recién decidir sancionar -o no- la conducta del agente. Sostiene que el fallo incurre en arbitrariedad "al no considerar necesario correr vista de las declaraciones obtenidas de los compañeros de trabajo, otorgando a la presentación del actor el carácter de descargo cuando no se le había corrido vista de ninguna actuación realizada". Se agravia de que el tribunal haya considerado que las declaraciones fueron recogidas a los fines de dilucidar la cuestión, sin tener en cuenta que su parte no tuvo participación en dichas actuaciones toda vez que no hubo descargo ni aporte de prueba.

Cuestiona el rechazo de la demanda por los rubros indemnizatorios y diferencias salariales, la imposición de costas y los honorarios regulados. Finalmente, propone doctrina legal.

4. El recurso fue deducido tempestivamente contra una sentencia definitiva, invoca la doctrina de la arbitrariedad de sentencia e infracciones normativas, se basta a sí mismo y no es exigible el afianzamiento por ser el actor el recurrente (conf. arts. 130/133 CPT). Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia de la vía extraordinaria local intentada.

5. De la reseña de los agravios precedentemente efectuada surge que el actor sustancialmente cuestiona la valoración de las pruebas que efectuó el Tribunal y en base a la cual tuvo por acreditada la causal de despido invocada por la empleadora. Denuncia el vicio de arbitrariedad con afectación de las disposiciones de los arts. 17 y 18 de la CN, y de los arts. 62, 63 y 242 de la LCT.

De modo preliminar se debe recordar que en la demanda, el actor expresó que ingresó a trabajar para la demandada en julio de 1998, en el cargo de jefe del departamento producción. Refirió que sus funciones comprendían la obligación y responsabilidad de controlar el inventario de bienes y útiles de la institución, y que en desempeño de su función el día 15 de junio de 2005, al ingresar a la mutual, pudo observar que la fotocopiadora que se encontraba emplazada en un sector, fue trasladada a otro, movimiento que no le fue comunicado a fin de que descargara dicho bien de un lugar y los transfiriera al nuevo sector donde había sido instalado. Manifestó que a fin de clarificar y conocer el destino de dicha fotocopiadora, se dirigió por teléfono al gerente de comercialización CPN Rodolfo Ruiz, en forma respetuosa y considerada, para que le informara que había sucedido con dicho bien, a lo que este en forma despectiva y molesto le contestó de mala manera y procedió a "cortarle el teléfono" (sic). Explicó que se dirigió a buscar al CPN Ruiz a su oficina, y en el trayecto lo encontró y le manifestó -con todo respeto- que quería hablar con él, a lo que aquel accedió y lo invitó a que fueran a su oficina, donde cerró puertas y ventanas, y comenzó el diálogo sobre lo que había ocurrido instantes antes. Afirmó que al no reconocer el CPN Ruiz su grosería, se produjo un intercambio de palabras referido a que no debió haber actuado en esa forma, lo que le reiteró en varias oportunidades, sin haber tomado contacto físico con él ni haberlo agredido ya sea verbalmente o con insultos o físicamente. Insistió en que sólo le dijo a Ruiz que era un impertinente, mal educado y guarango y que se retiró de la oficina de este haciéndole saber que el episodio sería puesto en conocimiento del gerente general. Negó enfáticamente que los hechos hayan ocurrido como afirmó la empleadora en la carta documento del 22/6/2005. Concluyó en que su proceder estuvo ajustado estrictamente a lo que haría cualquier persona normal (fs. 31/36).

La demandada manifestó que el actor ingresó a trabajar el 14/7/1998 y que se desempeñó en el cargo de jefe del departamento producción, el que con posterioridad pasó a denominarse departamento de logística. Agregó que dicha área administrativa tenía por finalidad la compra de insumos, mantenimiento de cosas muebles (desde escritorios, mesas, sillas hasta gomas, lápices, lapiceras, etc.), reparaciones de la sede, control de materiales, etc., y que el actor percibió siempre una suma superior a la prevista por el CCT 124/90 para la 3º categoría del personal jerárquico ($783,23). Afirmó que no era cierto que el 15/6/2005 el actor observó el cambio de la fotocopiadora, ya que en su descargo informó que tomó conocimiento de tal desplazamiento un día antes, es decir, el 14/06/2005. Sostuvo que el Sr. Bettolli se dirigió telefónicamente al gerente de comercialización, no para consultarle las razones del traslado de la fotocopiadora, sino para reclamarle airadamente, y que este le informó que tal decisión era consecuencia de una orden directa dada por el gerente general, orden que fue cumplida por él y por el gerente administrativo, CPN Carlos Rogel -superior inmediato del actor-. Prosiguió en que, a partir de allí se produjo una discusión telefónica por la insistencia de Bettolli sobre su supuesto derecho a conocer previamente, casi como una suerte de autorización, cualquier alteración en la ubicación de la fotocopiadora, lo que terminó con la interrupción de la comunicación telefónica por parte del gerente comercial. Explicó que este hecho evidentemente encolerizó al actor, quien raudamente se dirigió a la oficina de Ruiz a reclamarle y agredirlo verbal y físicamente; que cuando ambos se encontraron en el salón de atención al público, al pie de la escalera que sube a la oficina del contador Ruiz, el actor en tono imperativo le dijo: "Quiero hablar con Ud.", por lo que el primero lo invitó a subir; que en la oficina, Ruiz lo invitó a tomar asiento, cerrando la puerta y arrimando las ventanas, y que el actor rechazó la invitación a sentarse y lejos de un diálogo se transformó en un monólogo; que se produjo un jaleo, donde solamente se expresó el Sr. Bettolli. Aseveró que las declaraciones de testigos resultaban coincidentes con lo explicado por el gerente de comercialización en su informe, quien manifestó: "Al ingresar lo invité a tomar asiento pero lejos de esta continuó con los insultos diciéndome 'petiso de m ... a mí no me vas a j ... te voy a meter el teléfono por el .', y al insistir que se calmara me tomó de la solapa, empujándome contra la pared derribando una silla y al querer golpearme le advertí que si me pegaba me encargaría de enviarlo preso, ante lo cual me soltó y volvió a repetir en forma amenazante 'sos un alcahuete.te vas a arrepentir...no sabés con quien te metés ...'". Señaló que el gerente general requirió al contador Ruiz un informe y al día siguiente, sin que se lo pidieran, el Sr. Bettolli presentó un descargo a la gerencia general; que luego se tomó declaración al personal y el presidente del Consejo Directivo entrevistó al Sr. Bettolli, y que, ante la gravedad de los hechos, dicho órgano resolvió despedir con causa al actor, pero en atención a su calidad de militar retirado, se le ofreció la posibilidad de renunciar, lo que este no aceptó, por lo que fue despedido con causa mediante carta documento de fecha 22 de junio de 2005 (fs. 101/111).

En lo pertinente, afirmó la Cámara que la empleadora invocó como hecho configurativo de justa causa de despido "una situación que habría tenido por protagonistas al actor y al gerente comercial CPN Rodolfo Ruiz, en donde el primero habría agredido verbal y físicamente a su superior". Señaló que no se encontraba controvertido "que el suceso en cuestión se inició como consecuencia de un reclamo efectuado por el Sr. Bettolli al gerente comercial CPN Ruiz respecto a que se había cambiado de lugar una fotocopiadora, lo cual por los dichos de ambas partes en sus presentaciones quedó claro que tal situación se produjo por orden del CPN Ruiz, del gerente general Fernando Torres y de su superior inmediato el gerente administrativo CPN Rogel, lo que además fue corroborado con la declaración testimonial brindada por este último a fs. 531/532".

Destacó que tal situación fue el antecedente que originó el problema ante el reclamo del actor hacia el CPN Ruiz y que, en relación a ello, ambas partes dieron diferentes versiones de los hechos: el actor presentó una nota (fs. 90) cuya autenticidad reconoció a fs. 518, y el CPN Ruiz hizo un descargo en fecha 15/6/2005.

Asimismo, consideró el tribunal: "A fs. 533/584 presta declaración testimonial el CPN Rodolfo Salvador Ruiz y ratifica los términos de la nota mencionada precedentemente. La tacha deducida en contra de este testigo se desestima por cuanto resulta un testigo necesario atento haber participado y presenciado en forma directa y personal en los hechos que dieran origen al despido y que ninguna prueba se ha acompañado para desacreditar sus dichos, claro está que su estado emocional no resulta relevante para suponer su falta de imparcialidad. Además de lo expuesto, se agregan en autos declaraciones efectuadas por empleadas de la Mutual que fueron testigos de la discusión y escucharon cuando el actor insultaba al Gerente Comercial (fs. 93/95), los que son coincidentes con la versión de éste. Tales testigos se presentaron en esta sede judicial para ratificar las declaraciones efectuadas en su oportunidad (fs. 481/483). Las tachas deducidas contra los mismos también se desestiman en cuanto no se advierten razones para suponer que sus testimonios son de complacencia y el hecho que sean empleadas de la mutual no los inhabilita como testigos sobre todo teniéndose en cuenta que por tal situación es que tienen conocimiento directo de los hechos que manifiestan conocer, y así lo declaran al dar razón de su dichos [.] A lo expuesto cabe agregar que del análisis de la pericia que se agrega a fs. 302/309, en especial la fotografía de fs. 308 se advierte la proximidad entre las oficinas del primer piso y el salón, por lo que no luce imposible afirmar que las testigos estuvieron en condiciones de escuchar la discusión sobre todo si se tiene en cuenta que fue en tono elevado".

Concluyó la Cámara en que el hecho injurioso existió, "que el Sr. Bettolli se dirigió en términos ofensivos hacia el gerente comercial, el que se trata de un superior (conforme surge del detalle de funciones de fs. 89). Que no existe justificación para la conducta del actor cualquiera sea la situación, y menos en el caso de autos que se trata del movimiento de una fotocopiadora, que según las declaraciones del gerente administrativo -fs. 531/532- obedeció a una cuestión reorganizativa ordenada por gerencia general. Ello y dada la necesidad de ingresar nuevos escritorios para el personal y que atento a la hora el personal ya no se encontraba por lo que él mismo junto con el CPN Ruiz procedieron a efectuar los simples cambios, que de ninguna manera justifican la interpelación del actor en los términos narrados ni ningún otro tipo de reacción, menos aún la agresión física ni verbal".

Afirmó el tribunal: "Cabe aclarar, que no se ha violentado derecho alguno en la causa de autos por parte de la demandada, ya que no existe obligación por parte de la empleadora de iniciar sumario alguno a los fines de decidir el despido, ni resulta necesario correr vista de las declaraciones obtenidas a los fines de esclarecer, además del hecho que el actor tuvo la oportunidad de hacer conocer su versión de los hechos. Surge de las actuaciones mencionadas que las mismas fueron recogidas a los fines de dilucidar la cuestión y así poder tomar la decisión del empleador de decidir el despido del trabajador al considerar que existieron motivos de magnitud entidad suficientes para ello".

Consideró acreditada la existencia de las causales y motivos detallados en el despido directo comunicado a través de la carta documento del 22/6/2005 (fs. 21), por lo que desestimó la demanda incoada en contra de la Asociación Mutual Juramento.

La sola lectura de la sentencia impugnada revela que el tribunal basó su conclusión respecto de la existencia de la justa causa de despido invocada en la nota presentada a la empleadora por el gerente comercial de la entidad demandada, CPN Rodolfo Salvador Ruiz, en el testimonio rendido por este a fs. 533/535 y en las "declaraciones efectuadas por las empleadas de la mutual que fueron testigos de la discusión y escucharon cuando el actor insultaba al gerente comercial (fs. 93/95)". Sin embargo, las razones expresadas por el fallo para desestimar la tachas formuladas por el actor y, por ende, considerar atendibles dichas declaraciones, demuestran que el Tribunal prescindió de cuestiones relevantes planteadas por el trabajador, las que debieron ser consideradas para arribar a una conclusión fundada acerca de la existencia, o no, de la conducta injuriosa imputada al actor como justa causa de despido.

En el análisis de la cuestión planteada, la Cámara partió de las disímiles versiones de los hechos expuestas ante la empleadora por el actor y por el gerente Rodolfo Salvador Ruiz -quien fue supuestamente agredido por el trabajador-. Seguidamente, tuvo en cuenta la declaración testimonial de Ruiz (fs. 533/535) la que -según el fallo- ratificó los términos de la nota presentada por este a la empleadora demandada. El tribunal reforzó su convicción sobre la sinceridad de dicho testimonio, con la coincidencia que halló entre este y "las declaraciones efectuadas por las empleadas de la mutual que fueron testigos de la discusión y escucharon cuando el actor insultaba al gerente comercial (fs. 93/95)". Empero, no confirió tratamiento a las cuestiones planteadas por el actor en la oposición de fs. 460, en las tachas formuladas a fs. 481 vta., 482 vta., 483 vta. y 484 vta. y en el alegato de fs. 549/557, referidas a las circunstancias en que tales declaraciones fueron rendidas, por decisión de la empleadora, en forma privada, en el estudio jurídico del apoderado de la demandada y sin la intervención ni contralor del trabajador.

Se debe tener presente que en el responde, la demandada acompañó los instrumentos privados que obran a fs. 93/96, consistentes en las declaraciones de Isabel Bache (fs. 93), María Gloria Chávez (fs. 94), Masino Karina (fs. 95) y Alberto Elías (fs. 96), y que, en la etapa procesal oportuna, ofreció prueba testimonial de reconocimiento de los referidos instrumentos (fs. 458); asimismo que el actor formuló oposición a la referida prueba a fs. 460, oportunidad en la que afirmó: "Se pretende introducir un documento en autos que no se realizó en una investigación interna o sumario administrativo, omitiendo el debido proceso legal y el derecho de defensa [.] Se pretende legitimar la introducción de una prueba documental con reconocimiento de la misma [sic], cuando los testimonios se realizaron fuera de todo contexto de investigación interna"; como que también denunció que no tuvo conocimiento ni control de dichas declaraciones en la etapa previa al despido, por lo que entendió que no se podían incluir en este proceso tales instrumentos.

La Jueza de Conciliación y Trámite del Trabajo de la III Nominación rechazó la oposición "sin perjuicio de la valoración que en definitiva realice el Superior" (resolución del 22/6/2006, fs. 466). La prueba de reconocimiento se llevó a cabo en fecha 22/8/2006 (fs. 481/484), oportunidad en que los testigos Bache, Masino, Chávez y Elías reconocieron la firma y el contenido de los instrumentos obrantes a fs. 93/96, y el actor formuló tacha en la persona y los dichos de los referidos testigos (fs. 481 vta., 482 vta., 483 vta. y 484 vta.). En dicho acto, el demandante alegó que no tuvo control de dichas declaraciones e insistió en que no debió haberse aceptado como prueba un testimonio tomado fuera de los estrados del juzgado; también expresó que desconocía las circunstancias en que fueron tomados los referidos testimonios: si fueron tomados haciendo uso la empleadora de un temor reverencial sobre su empleado o por la simple presión de ser dependiente de la institución.

El pronunciamiento impugnado rechazó las tachas por cuanto consideró que no se advertían razones para suponer que los testimonios eran de complacencia y porque el hecho de que sean empleados de la mutual no los inhabilitaba como testigos, sino que por tal situación, tenían conocimiento directo de los hechos que manifestaron conocer.

Como se dijo, los argumentos expresados por el tribunal son insuficientes toda vez que no se hacen cargo de las objeciones planteadas por el actor; además, la afirmación del fallo en orden a que "no se ha violentado derecho alguno en la causa de autos por parte de la demandada" y que las declaraciones de fs. 93/96 "fueron recogidas a los fines de dilucidar la cuestión y así poder tomar la decisión del empleador de decidir el despido del trabajador" no exhibe sustento en hechos y pruebas del expediente y, por ende, deviene dogmática. En esa perspectiva, no cabe perder de vista que en la audiencia testimonial de reconocimiento, los declarantes Sres. Bache, Masino, Chávez y Elías reconocieron que las declaraciones en cuestión fueron rendidas en el estudio del Dr. Castellano y sólo en su presencia y que no se encontraban otras personas (fs. 481 vta., 482 vta., 483 vta.).

Hernando Devis Echandía señala: "Las declaraciones hechas por terceros fuera de procesos y de diligencias procesales previas, en las cuales se relatan hechos con el fin de que otras personas los conozcan, son actos extraprocesales, aunque no sustanciales; por lo demás, tienen la misma naturaleza de simple declaración de ciencia o conocimiento, que le corresponde al testimonio judicial [.] Por otra parte, sólo en un sentido muy amplio puede calificarse de testimonio el acto por el cual una persona declara extraprocesalmente lo que sabe de un hecho cualquiera, como cuando el padre de familia adelanta una investigación privada sobre la conducta de su hijo y oye las declaraciones que sobre el particular le hacen sus otros hijos u otras personas. En estricto sentido, es testimonio únicamente el que se rinde a un juez en proceso o en diligencias procesales" (Compendio de la prueba judicial, T. II, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2000, pág. 15).

Respecto de los documentos emanados de terceros y aducidos como prueba contra una de las partes del proceso, sostiene el autor citado: "Cuando son simplemente declarativos, es decir, documentos en los cuales terceras personas hacen constar hechos que no implican actos dispositivos de voluntad, por ejemplo, una carta en la cual un tercero le informa a una de las partes que le constan ciertos hechos de la parte contraria, y también esas narraciones que a veces obtienen los abogados de los testigos que el cliente les lleva, sobre los hechos que discutirán en el proceso. Para que estos documentos declarativos presten mérito probatorio, es indispensable que sus autores concurran al proceso a declarar sobre tales hechos, mediante testimonios con las formalidades normales. No es una ratificación, porque es un simple documento declarativo y no un testimonio previo. Es decir, no se les debe preguntar si es cierto lo que se dice en el documento, sino que se les debe interrogar sobre los hechos narrados. Cumplida esta formalidad, el juez debe apreciar conjuntamente el documento y la declaración, como un simple testimonio. Esta norma se aplica a lo laboral y contencioso administrativo" (ob. cit., pág. 244).

Jorge Kielmanovich considera indispensable la ratificación de las declaraciones rendidas por terceros, sin citación de la parte contra quien se la aduce (Teoría general de la prueba y medios probatorios, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 153). Afirma el autor: "Se ha resuelto que la testimonial contenida en actas notariales no tiene jerarquía de probanza computable, pues, para que ello ocurra, debió haber mediado la intervención de un órgano jurisdiccional, que es lo que en definitiva otorga al proceso la garantía del contradictorio. Es claro que la preconstitución unilateral de prueba por la propia parte a su favor no constituiría para nosotros prueba en el sentido técnico-jurídico del vocablo, por lo que carecería de toda eficacia en tal sentido" (ob. cit., pág. 154).

La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ha dicho: "Deben distinguirse dos supuestos en los casos de pruebas practicadas extra-juicio: a) si se practicó con citación personal de la parte contra quien se aduce o con notificación a un apoderado o curador de ésta designado en forma legal, en cuyo caso no es necesaria la ratificación posterior porque tiene el mismo valor que las trasladadas de un proceso en que estuvo presente; y b) si se trata de declaraciones extra-juicio sin citación de la parte contra quien se aducen, donde es indispensable pedir su ratificación en resguardo del derecho de defensa y del principio de refutación (cfr. Devis Echandía, ob. cit., t. I., ps. 369/370). Cabe aclarar también que la ratificación procede en realidad solamente para testimonios, y consiste en llamar al testigo que declaró antes para que bajo juramento manifieste si es cierto lo que entonces dijo o si ratifica lo dicho [.] De lo expuesto se infiere que, si la testimonial rendida en un proceso sólo puede ser válidamente trasladada a otro, si en el primero la parte contra la que se intenta hacerla valer en el segundo ha tenido suficientes garantías de control; de lo contrario, ha de ser materia de ratificación (cfr. Cámara Laboral Santa Fe, Sala Segunda, Jurisprudencia Santafesina 5, 91, citada por Chiappini en ob. y p. citadas), con mayor razón debe exigirse el recaudo de ratificación del testimonio practicado extra-proceso sin la presencia de la persona (o apoderado legal) contra quien se pretende hacer valer en un proceso judicial, como acontece en el caso de autos" ("Ojeda, Sandra Evangelina c. Lan Chile S.A.", 12/02/2007, LLGran Cuyo 2007 (agosto), 734, La Ley online: AR/JUR/659/2007).

En esa misma línea interpretativa, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró: "La declaración prestada en forma extrajudicial carece de todo valor si no se declaró nuevamente en el expediente con el debido control de la contraparte (conf. CNTrab., sala I, 26/2/81, 'Carletti Ángela c. Alfonso SAICFI', Legis. Trab. T. XXIX-A, p. 575 y, en igual sentido, 24/7/80, 'Castro c. Lotería Nacional', Legis. Trab., t. XXVIII-B, p. 958, entre muchos otros)" (Sala X, "Moreno, Luis del Valle c. Viva, Norma B. y otros", 09/10/2006, DT 2007 (enero), 123, La Ley online: AR/JUR/7351/2006).

En relación a las actuaciones internas realizadas por el empleador, se dijo: "Deben tener como único fin y destino, el aclarar una situación dudosa, para prevenir la adopción de medidas que no resulten proporcionales a la falta cometida, pero nunca se debe admitir que por esta vía se logre la preconstitución de pruebas con destino a ser utilizadas en un juicio posterior. Nada impide que el empleador, ante la demanda laboral, acompañe las actuaciones recabadas, pero la validez probatoria de tales instrumentos, debe valorarse en conciencia con el resto de las pruebas producidas, mediante el método de libres convicciones que se aplica en nuestro fuero. En cuanto a los testigos, los mismos deben declarar ante el juez o tribunal, debiendo procurarse que en el acto de la recepción de la prueba, el deponente se limite, en su caso, al reconocimiento de la firma puesta en la declaración sumarial, evitando la lectura previa de la misma por parte del declarante, con el fin de impedir que el testigo se imponga de su contenido y 'refresque' los dichos efectuados ante el sumariante, circunstancia que actuaría como una suerte de fijeza expositiva, y que privaría a la prueba testimonial de su tan necesaria espontaneidad" (Diéguez, Gustavo A., Validez probatoria de las actuaciones internas a los fines de acreditar la causal de despido, Derecho del Trabajo, 2003 - A, pág. 37).

En el caso, respecto de la declaración del testigo Ruiz (fs. 533/535), la Cámara se limitó a desestimar la tacha deducida "por cuanto resulta un testigo necesario atento haber participado y presenciado en forma directa y personal en los hechos que dieran origen al despido y que ninguna prueba se ha acompañado para desacreditar sus dichos". Nuevamente se advierte que el tribunal desatendió las razones esgrimidas por el actor como fundamento de la tacha del mencionado testigo, concretamente referidas a que el CPN Ruiz fue el denunciante del actor y víctima de la supuesta agresión que se le imputó a aquel. En lo que a esta cuestión se refiere, la decisión del tribunal no se hace cargo del cuestionamiento formulado por el actor en su integridad, contrariamente, sólo lo considera parcialmente. Y si bien es cierto que la mera circunstancia de que el testigo haya estado involucrado en los hechos que se intentan probar no autoriza por sí sola a prescindir de su testimonio (cfr. CSJT, sentencia nº 966 del 23/10/2006), no es menos cierto que la declaración testimonial de quien fue supuestamente agredido por el trabajador requiere una apreciación prudente y rigurosa, que atienda de manera particularizada todas las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de su declaración y los fundamentos de la tacha formulada.

Conforme a todo lo expresado y, sin que ello signifique emitir pronunciamiento respecto de la existencia de la conducta injuriosa imputada al actor como justa causa de despido, la sentencia recurrida valora aislada y fragmentariamente las pruebas de la causa sin confrontarlas entre sí, desatendiendo injustificadamente cuestiones planteadas y elementos decisivos para la solución del caso. Al decidir así, el fallo desconoció el principio de unidad de la prueba, se apartó de las reglas que gobiernan la valoración de las pruebas (art. 40 CPCyC) e incumplió con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT. Tal déficit determina su descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad de sentencia.

En cuanto al planteo referido al rechazo del rubro diferencias salariales, el recurso también es procedente.

En la demanda el actor denunció que la demandada arbitrariamente le redujo el sueldo en $650 en mayo de 2004, y le hizo firmar un convenio bajo presión, por lo que reclamó "dicha diferencia y sus accesorios" (fs. 31/36). La demandada afirmó que sus empleados se encontraban retribuidos por arriba de lo que fija la escala salarial del Convenio Colectivo nº 124/90 y que le abonaba al actor un salario casi mil pesos superior al que le correspondía por convenio. Refirió que en febrero de 2004, realizó una reestructuración que implicó una reducción de salario para la categoría y función que desempeñaba el actor del orden del 11,74%, lo que fue aceptado por este. Por ello solicitó el rechazo del rubro en cuestión.

Por su parte, la Cámara declaró improcedente las diferencias salariales "en tanto no se ha acreditado la existencia de las mismas" (fs. 593 vta.).

La mencionada afirmación del tribunal luce infundada a la luz de las constancias del expediente. Se debe tener en cuenta que obra en autos copia del convenio referido a la disminución salarial (fs. 3), que ambas partes presentaron los recibos correspondientes al período marzo de 2003 a mayo de 2005 (fs. 4/18 y 46/62); también que el perito contador informó que en el legajo del actor consta la copia del convenio de descuento de haberes del actor (fs. 381) y que en la planilla de liquidación de rubros que el experto realizó incluyó el rubro "diferencias haberes" (fs. 377/378 y 379/380). Tales elementos de prueba, conducentes para resolver la cuestión debatida no fueron ponderados por el tribunal de única instancia. Tampoco la Cámara analizó los planteos de las partes referidos a la validez del convenio de disminución salarial, los que también resultan conducentes para la adecuada solución del litigio. En otras palabras, el fallo no ha dado un tratamiento adecuado a la cuestión de acuerdo con las pruebas producidas en la causa y ha omitido considerar argumentos relevantes oportunamente planteados por las partes.

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el actor en base a la siguiente doctrina legal: "Carece de fundamentos suficientes y, por ende, es arbitraria la sentencia que no realiza una valoración integral de los hechos alegados y de las pruebas producidas por las partes, conducentes para resolver la litis"; y reenviar los autos al tribunal de origen a fin de que, con la composición que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

La nulidad precedentemente dispuesta exime a este Tribunal de analizar el planteo de la recurrente referido a la imposición de costas y los honorarios profesionales.

6. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en razón de que la nulidad declarada proviene de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1° del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación que efectuara el tribunal de grado del material probatorio -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala VI de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 10 de septiembre de 2010 (fs. 590/593 bis); consecuentemente, CASAR la referida sentencia en base a la doctrina legal expresada en los considerandos y REENVIAR los autos a dicho tribunal para que, con la composición que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II. COSTAS del recurso, conforme se consideran.

III. RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030656-02.