Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-07-10


RAWSON, 10 de Julio de 2012 ------ VISTOS: --- ------ Estos autos caratulados: "D. L. V., L. B. y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. N º 22.544-D-2.011).------------------------------- ------ DE LOS QUE RESULTA: -------- ------ I.- A fs. 35/59 los Sres. L. B. D. L. V., J. F., A. J. y L. D. C. N. N. promueven demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut.------ ------ Pretenden se condene a éste a pagar e incorporar en sus haberes previsionales las diferencias ("saláriales") que surgen de lo dispuesto en los arts. 147 in fine y 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX - N ° 8 del Digesto Jurídico, con retroactividad a los períodos no prescriptos, y desde que cada haber mensual se ha devengado, con más el pago de las prestaciones dinerarias futuras que en concepto de haberes previsionales mensuales y por diferencias por errónea liquidación en estos rubros correspondan liquidar y abonar hasta el día en que se extinga la relación que los vincula con el ISSyS. ------------- ///--- Asimismo, requieren se declare la inconstitucionalidad del Art. 3 de la Ley N ° 5415, modificatorio del Art. 149 de la antes Ley N º 1561 -hoy en Digesto XIX N ° 8 (sobre adicionales del salario, entre ellos zona desfavorable, que además -exponen- fijó haberes básicos distintos para la Agrupación Comando y Servicios, con aumento para la primera, congelando -dicen- los de la segunda), por avasallar y avanzar sobre principios de raigambre constitucional y Pactos Internacionales, restableciéndose la igualdad de los haberes básicos para las agrupaciones que conforman la fuerza policial. Reclaman también el pago de las diferencias saláriales del haber básico del escalafón servicios, equiparándose con los del escalafón comando desde que cada suma fue debida, con retroactividad a los períodos no prescriptos, en el caso de los actores que no pertenezcan a aquél escalafón; del Art. 2 de la Ley V - N ° 66 que -afirma- fija un límite salarial y/o previsional que restringe derechos constitucionales; y la del Art. 114 de la Ley XVIII - N ° 32.----- ------ Todo ello -continúan- con más los intereses legales que fija el Banco del Chubut S.A. para las operaciones de descuento de documentos comerciales desde que cada suma fue debida y hasta su íntegro pago. ----- ------ La demanda además tiene por objeto -indican- la revocación por causa de nulidad o ilegitimidad de todo acto administrativo por medio del cual se haya decidido no aplicar los arts. 147, último párrafo, y 149, primer párrafo in fine de la Ley XIX - N ° 8, como así también hacer cesar la ilegal omisión en liquidar y pagar los haberes previsionales conforme a derecho.------------------------- ///--- II.- Cumplido el respectivo traslado, a fs. 82/84 y vta., el ISSyS plantea -como excepción de previo y especial pronunciamiento- la Falta de Legitimación Pasiva manifiesta contra la acción de los actores.--------- ------ Explica el Instituto demandado que es un Organismo provincial autárquico (Art. 125, 2° párrafo, CN), habiéndosele encomendado, por medio de la Constitución Provincial, la administración de los recursos que se recauden con destino a los regímenes de previsión y de seguridad social.-------------- ------ Dice que si los actores hubieran percibido los rubros que reclaman mientras se hallaban en actividad, éstos deberían formar parte de la determinación de su haber inicial de retiro, debiendo reclamarse entonces el yerro o incumplimiento en su fijación por el Instituto. Y no lo hacen -aclara- porque sobre el tema no existe objeción alguna, como tampoco cuestionamiento respecto de la movilidad aplicada por el organismo previsional.-------------- ------ Afirma así que surge con nitidez la ausencia de la necesaria identidad entre la persona habilitada para contradecir la acción y quien ha sido demandado.-- ------ III.- Conferido el traslado de rigor, la actora solicita su rechazo, con costas (fs. 88/92).- ///--- Afirma que es el Instituto, en su carácter de ente obligado al pago respecto de los hoy reclamantes, quien tiene la responsabilidad y el deber de abonar las remuneraciones que por ley les corresponden, debiendo observar las normas reglamentarias "en materia previsional salarial", adoptando las medidas necesarias para tutelarlas en resguardo del afiliado.------------ ------ Advierte que todos los reclamantes tienen entre cinco y/ o más de diez años de retirados, por lo que no sería viable reclamo alguno a la ex empleadora (Policía de la Provincia del Chubut - Provincia del Chubut). No obstante ello -aclaran- la diferencia de haberes pueda ser reclamada en calidad de retirados o pensionados, dirigiendo la acción contra el ISSyS por ser el ente autárquico que los abona. Aduna jurisprudencia nacional y provincial, entre esta última las SD N º 04/SCA/98 ("B..") y SI N º 15/SCA/99 ("H..").------------------------------ ------ Esgrime que en los autos caratulados "S...." (Expte. N ° 22.344-S-2011), que tramitan por ante este Superior Tribunal, cuyo objeto de reclamo lo constituye lo prescripto en el Art. 149, primer párrafo, in fine de la Ley XIX N ° 8, se encuentran en etapa probatoria, sin que se haya planteado una incidencia como la que ahora se trata.------ ------ Dice que ésta norma debe ser cumplida por la demandada, independientemente de su acatamiento por el Poder Ejecutivo. Por ello -sostiene- tiene carácter autárquico a más de un representante del Poder ///Ejecutivo que no puede ignorar la obligación del Estado en materia salarial y previsional.----------------------- ------ Argumenta que el hecho de que éste abone incorrectamente los salarios al personal policial en actividad, no implica que el ISSyS deba hacerlo respecto de quienes se encuentren en situación de pasividad, debiendo determinar el monto de los salarios a pagar en base a la normativa legal vigente.-------------------- ------ Aduce que el Digesto Jurídico Provincial consagró, en la Ley XIX - N ° 8, una obligación legal que tanto el Estado Provincial como el ISSyS deben acatar y cumplir, debiendo pagar aquél a los activos y éste a los retirados pasivos.- ------ IV.- A fs. 93, se giran los presentes a dictamen del Sr. Procurador General, quien se expide a fs. 94 y vta.- El Magistrado aconseja diferir el tratamiento y resolución de la excepción opuesta para el dictado de la sentencia definitiva. Opina que en este estado preliminar del trámite, resulta imposible expedirse sobre la Falta de Legitimación Pasiva toda vez que no se halla controvertida la condición de beneficiarios del Instituto de los actores y en cuanto reclaman el reajuste de sus haberes previsionales.------ ------ CONSIDERANDO: ----------------- ///--- I.- Que la legitimación para obrar o procesal -ad caussam- es un requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender -legitimación activa- y para contradecir -legitimación pasiva- respecto de la materia sobre la cual el proceso versa (SD N º 24 y 25/95; 1/SCA/96; 12, 13 y 14/SCA/97, 3 y 4/SCA/98 y 01 y 15/SCA/99, entre muchas, en concordancia con la doctrina sentada al respecto DE SANTO, el Proceso Civil, T º I, pág. 616/617; PALACIO, Derecho Procesal Civil, T I, pág.405; R. DROMI, Grouz, 1986, Derecho Subjetivo y Responsabilidad Pública, pág. 41/42, entre otros).-------- ------ Que aquélla ha sido definida por la doctrina como "la cualidad emanada de la ley que faculta a requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso y que en la mayoría de los casos coincide con la relación jurídica sustancial" de tal modo que su falta, consiste en la ausencia de esa cualidad, sea porque no existe identidad entre la persona del actor y aquella a quien está concedida, o entre la persona del demandado y aquélla contra la cual se concede.- O, en otros términos, cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso, y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso (DE SANTO, con cita de COLOMBO y PALACIO - Ibidem).- Coincidentemente, la jurisprudencia circunscribe la legitimación al "ámbito del vínculo entre las partes y la relación jurídica sustancial, a la posición jurídica que concierne a los sujetos con relación ///al objeto del juicio" (LL 1979-D-35, ED 84-583 - STCH SI N º 59/SCA/04).------- ------ Que esta Falta de Legitimación -tal como ha sido definida- se identifica, se ha dicho, con la tradicionalmente denominada de "falta de acción" (sine actione agit), a la cual se ha agregado, como requisito de admisibilidad para poder resolverse en carácter de artículo de previo y especial pronunciamiento, el consistente en que aparezca en forma manifiesta.- Ello equivale, "a que pueda resolverse con los elementos arrimados a la causa y su acreditación surja de ellos sin necesidad de producción de prueba" (KIELMANOVICH, citado por Eduardo Sirkin en "Apuntes sobre la legitimación procesal y la excepción previa como manifiesta", publicado el 16/09/2010 en elDial.com - DC143B).----------- ------ II.- Que -debe recordarse- en el marco del Derecho Público, la relación jurídica está dada por "la actividad estatal, que se exterioriza de diferentes maneras (ley, reglamento, contrato, acto...), y genera consecuencias de tipo jurídico que instituyen recíprocamente derechos y deberes correlativos, los que se delimitan según la correspondencia entre las situaciones en que se encuentren cada uno de ellos respectivamente.- La relación jurídica se da así cuando la situación de poder (derecho) en la que se encuentra uno de ellos, se corresponde necesariamente con una situación de deber (obligación) del otro.- En este marco referencial que es la relación, la ubicación o disposición jurídica de un sujeto, es lo que caracteriza su situación jurídica.-" (DROMI -Derecho Subjetivo y ///Responsabilidad Pública - GROUZ 1986 - pág. 41/42; SI N º 59/SCA/04).------- ------ Esta situación jurídica subjetiva es entonces la que delimita la legitimación, y no es un mero requisito procesal de la demanda, sino de la pretensión. Tal como dijo el Tribunal -en SD N ° 24/95, 6/SCA/97, 9/SCA/00 entre muchas: "toda discusión sobre el tópico puede ser dispendiosa y no deja de confundir al justiciable, a salvo los casos de evidente "falta de acción", cuando la insuficiencia del derecho invocado, o la improcedencia de la acción en cuanto al fondo por la falta de correspondencia absoluta de la situación en la relación jurídica controvertida, aparece manifiesta en la demanda, a tal extremo que permite su rechazo, sea "in límine" o en la etapa final del proceso..." (Conf. MAIRAL - Control Judicial de la Adm. Púb. T. I pág. 141/142).--- ------ En SD N ° 1/SCA/96 y 4/SCA/98, se citaba a RIVERO YSERN cuando caracteriza la relación jurídico administrativa (en El Derecho Administrativo y las relaciones entre particulares - Univ. Sevilla - 1969 -p g.114) y entendía que "aquélla está estructurada en base a un elemento subjetivo, uno objetivo, un contenido y una normativa. El elemento subjetivo lo componen la Administración, en cualquiera de sus esferas, y el administrado; el objetivo está dado por el interés regulado y tutelado; el contenido lo integran los derechos y deberes de ambas partes: el Estado representa una persona jurídica y así los derechos públicos subjetivos reciben un destinatario y un obligado; la normativa, de orden jurídico administrativo es el marco en que la relación se desenvuelve, sea específica, o, en general el orden jurídico obligacional e institucional".- ///Y estos elementos son esenciales para discernir la legitimación sustancial.---------- ------ III.- En SI N º 59/SCA/04, se mencionaba la opinión de ARAZI, quien afirma que el carácter manifiesto de la ausencia de legitimación queda sujeto en primer lugar a la apreciación del demandado, quien por no considerarla así puede alegarla al contestar la demanda; y, en segundo lugar a criterio del juez que, a pesar de haberse articulado como excepción previa puede postergar su tratamiento para el momento de la sentencia definitiva, o a la inversa, puede tratarla como previa no obstante su alegación como defensa de fondo.- En este precedente se atendió a sus enseñanzas: "es aconsejable que las cuestiones referidas a los requisitos de la acción sean resueltas con carácter previo, eliminando del proceso toda cuestión que no permita un pronunciamiento sobre el fondo.- El juez debe examinar, primero, si no existen elementos para regular la constitución del proceso; en segundo lugar, si se han cumplido las condiciones para dar curso a la acción, y en tercer lugar, si la pretensión es fundada.- Las dos primeras cuestiones debe decidirlas antes de entrar al fondo del asunto" (En "La Legitimación" - Homenaje al Prof. Dr. Lino Enrique PALACIO - Abeledo Perrot - Roland ARAZI y otros- pág.30/33, con cita de CHIOVENDA y FAIRÉN GUILLÉN).---- ----- Que además, cabe la posibilidad del análisis oficioso del juez, por cuanto la conformación regular de la traba de la litis, que se vincula con ///la estructuración adecuada de la relación jurídica procesal, es uno de los presupuestos básicos del proceso, que debe ser controlado oficiosamente por el iudicante.- De ello ha de deducirse, que aún cuando fuere opuesta como defensa de fondo -o no fuere concretamente opuesta- y con mayor razón si se deduce la excepción, si el juzgador advierte una falta de legitimación manifiesta, así debe declararlo, por cuanto el permitir la tramitación del proceso en todas sus etapas importaría favorecer el dispendio de energía jurisdiccional violentando el principio de ahorro procesal (Conf. SI N º 15/SCA/99).---------------------------------- ------ Que el discernimiento de la legitimación sustancial impone -de acuerdo a lo expuesto- atender en concreto a la relación jurídica en cuyo molde está inserta la situación jurídica subjetiva que delimita el "thema decidendum" en cada caso.----------------- ------ IV.- Que descripta la pretensión en los resultandos, el marco de correspondencia entre la situación jurídica dada por el derecho que invocan los actores, no se corresponde con la situación de deber -obligación- de quien en autos ha sido demandado, en el marco de la relación jurídica que puede darse entre estas partes.--------------------------- ------ 1.- En principio cabe señalar que si con su pretensión la actora persigue una sentencia que condene al cumplimiento de una obligación de pago "aumentar -reajustar- su haber jubilatorio", ella difiere de la que podría obligar a cumplir una obligación de pagar las "diferencias saláriales" que describe en la demanda.-- ///--- La fuente invocada determinante de la obligación, es la Ley XIX N º 8 -arts. 147 y 149- que regula las relaciones jurídicas propias del régimen estatutario y escalafonario de los agentes dependientes de la Policía de la Provincia -derechos y obligaciones correlativos- en situación de actividad.- En extremo disímil, se encuentran las obligaciones del aquí demandado -Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia- prescriptas por Ley XVIII N º 32, que estipula las relaciones jurídicas en el sistema de Jubilaciones y Pensiones de todo el personal de la Administración Pública, Policial incluido, estatuyendo las condiciones -derechos y obligaciones- de la situación de pasividad.----------------------- ------ El derecho al salario que está preceptuando la norma invocada, es diferente del derecho al haber jubilatorio.- Su misma causa es distinta: si aquél la encuentra en trabajo efectivamente realizado (ver FIORINI -Derecho Administrativo T º 1, Ed. Abeledo Perrot 1976 - pág. 830/831), éste la halla en ser consecuencia de la remuneración que percibía el activo, una vez cesada esa actividad y como débito de la comunidad por dicho servicio (Conc. CS Fallos 293-235).------------------------------------- ------ Así es que, el salario es debido a los dependientes por el empleador; en tanto el haber jubilatorio, es debido -una vez obtenida la condición de beneficiario del sistema previsional- por el organismo que administre el régimen de jubilaciones y pensiones.- Para el caso, el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia, tal y como lo estipula la Ley XVIII N ° 32 -antes Ley N ° 3923- ente autárquico con capacidad de ///derecho público y privado (arts. 2 y 3), entre cuyas obligaciones se ha previsto la de acordar, denegar y disponer el pago de los beneficios estatuidos por el régimen que administra (Art. 5 inc. ll), cuyo capital está constituido esencialmente por los aportes que empleado y empleador deben realizar en base al salario de los agentes comprendidos (Art. 10 incs. a.1), a,2), b, e)).------------------------ ------ No en vano la jurisprudencia alude a las Cajas de Jubilaciones como entes "pagadores". Precisamente analizando la legitimación pasiva ante pretensiones de pago de reajustes de pensiones y retiros en las Fuerzas Armadas, se ha interpretado -atendiendo a su propio régimen- "se deduce que el Instituto de Ayuda Financiera es un mero ente pagador, no hallándose legitimado para intervenir en un proceso en el que se persigue el reconocimiento de la naturaleza salarial de los suplementos. y su inclusión en el concepto sueldo , a los fines de la determinación del haber de pasividad, cuestiones éstas que competen al Estado Nacional (cfr. C. N. A. Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 21.04.94, González, Alfredo O. c/ E. N. ; ídem sent. del 20.08.96, Aguilar Benítez, Mario y otros c/ E. N.; Sala I, sent. del 27.02.98, Tognola, Américo Rafael c/ I. A. F. )" (CFACBA-SS-en "Quinteros, Jorge Alberto." del 28/3/03- MJ-REP-M-109316-AR | REP109316). Citando este mismo precedente esta Cámara Federal en "Sbarbi Osuna." del 18/4/05 (MJ-REP-M-109274-AR- REP109274), considerando la persona demandada, dijo que "el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Pensiones y Retiros Militares es una entidad autárquica, con personería jurídica e individualidad financiera (Art. 1 , ley 22.919), cuya competencia queda circunscripta a ... liquidar y abonar los haberes de retiro y pensiones ///militares conforme lo establecido por las leyes (Art. 2 de la ley citada), confirmando con ello una sentencia que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y afirmando que "la pretensión tendiente a obtener el reconocimiento del carácter salarial de distintos suplementos es ajena a la actividad del Instituto. (cfr. en igual sentido, C. N. A. Cont. Adm. Fed., Sala II, sent. del 21.04.94, González, Alfredo c/ E. N. ; C. F. S. S., Sala II, sent. del 28.03.03, Quinteros, Jorge Alberto c/ E. N. - Ministerio de Defensa )".------------------ ------ 2.- Ahora bien, el ordenamiento dado por Ley XVIII N ° 32, ha asegurado que los beneficios acordados sean "móviles", esto es, la jubilación debe ser un sustituto del salario, de manera que permita al beneficiario mantener en la pasividad el nivel de vida que él tenía en actividad, derecho consagrado en el Art. 14 bis de la Constitución Nacional, que este Tribunal ha desarrollado abundantemente en SD N ° 1/SCA/02 (in re "Aravena") y en SI N º 42 y 43/SCA/08 y ha sido asegurado por la Corte Nacional en numerosos fallos (307:2376; 312:1061; 313:254 -el segundo fallo de la Corte Suprema en el caso "Badaro"- RDLSS 2008- A- 291). Movilidad que como se dijo en el primer pronunciamiento citado "no es otra cosa que la adecuación del haber al nivel general de las remuneraciones de la clase activa en función de las variaciones que en ese nivel se producen".------------------- ------ Consecuente, el Art. 86 impone al Instituto su actualización de oficio, pero, luego de "haber ingresado los aportes correspondientes al ///primer mes de aplicación de la norma que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad" y ".en la misma proporción en que se aumente la remuneración del activo, considerándose la escala salarial que en cada caso corresponda".------- ------ Frente a la clara letra de la ley, no puede admitirse hermenéutica desnaturalizante: los cálculos los debe hacer primero el empleador para el salario de los activos, luego el ISSyS calculará y pagará proporcionalmente, el que pudiere corresponder como haber previsional.- ------ 3.- De lo antes dicho no puede deducirse que el jubilado o retirado no pueda reclamar "diferencias saláriales" derivadas de su relación de empleo, que estima que ilegítimamente no le han sido abonadas en períodos de actividad. Pero las mismas no integran el "haber previsional" sino el salario del activo. En tal supuesto, el "obligado" a cumplir con su pago es el empleador, y debatido su incumplimiento en juicio, no caben dudas que éste es el contradictor necesario, el legitimado pasivo.- Sólo una vez reconocidas y abonadas por aquél, descontados y depositados los aportes, estas sumas podrán ser consideradas en el marco del régimen para incrementar sus "haberes previsionales", y ser demandado su reconocimiento al Organismo Previsional con base en la movilidad.------- ------ Tales distingos fueron analizados en un precedente -SD 4/SCA/98 ("BERAZA, Paquita)- en el cual se reclamaron diferencias saláriales y además, reajustes jubilatorios contra -a contrario de lo que ocurre en el sub-lite- la Provincia del Chubut.- Y se dijo "El caso de autos determina la existencia de dos relaciones jurídicas distintas en las que sólo uno de ///los sujetos -las actoras- son comunes.- Los restantes elementos, partiendo del sujeto que se dice obligado y al cual se demanda, son distintos.- Ello no implica desconocer la íntima conexión que puede existir entre ambas relaciones: la de empleo y la previsional, pero lo cierto, es que el órgano facultado para fijar el haber jubilatorio o de retiro, modificarlo, transformarlo, reajustarlo, es el Instituto Autárquico de Seguridad social y Seguros de la Provincia, titular -con las actoras- de la relación sustancial que encorseta la situación subjetiva en la que aquéllas se encuentran, y a la que, la Provincia del Chubut -persona jurídica titular de la relación de empleo- es ajena".(.) "La pretensión de condena. al reclamar diferencias en haberes jubilatorios, no tiene como sujeto pasivo a la Provincia del Chubut. El contradictor necesario, el justo contendiente, la "justa parte" o "parte legítima" para confrontar en esta pretensión en particular, lo es el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia, ente autárquico del Estado Provincial, con personería propia por ley de su creación.- Y si éste no fue citado a juicio, debo concluir, en un todo de acuerdo con el Procurador General, en que cabe inadmitir la acción intentada por falta de legitimación pasiva, lo que excluye la posibilidad de pronunciamiento sobre el fondo".--- ------ Solamente se admitió la acción "por diferencias saláriales derivadas de la relación de empleo que las actoras mantuvieron con." concluyendo en que "es inadmisible el reclamo que, contra la Provincia del Chubut se formula, de diferencias en haberes jubilatorios, pues no es ///ésta -la demandada- legitimada para contradecir", por ende "inexistente la legitimación pasiva ad caussam, cabe discernir la improcedencia de la pretensión de haberes jubilatorios".------------------- ------ Igualmente, en SI N º 15/SCA/99 ("H..") atendiendo a tal distingo, se declaró la Falta de Legitimación Pasiva de la Provincia del Chubut porque la actora perseguía, en el marco de su relación con el ISSyS, reajustar su haber de pasividad. Legitimado pasivo resultaba este Organismo.--- ------ Ambos fallos han sido invocados por los actores para sustentar su posición, mas lamentablemente no han aprehendido su verdadero sentido, pues -como se ve- su doctrina induce justamente a una perspectiva contraria.----------- ------ Lo expuesto viene a indicar, que si bien los supuestos pueden variar y deben analizarse las particularidades en cada causa, resulta ostensible que más allá de los términos con que se describa la pretensión, lo que interesa a los efectos de discernir el legitimado pasivo no es sino el efecto que el accionante busca obtener con la sentencia: reajuste del haber previsional o diferencias saláriales que no le fueron abonadas en períodos de actividad. Ni más ni menos -se insiste- el marco de la "relación jurídica" en que se desenvuelve la "situación jurídica" particular que genera la obligación cuyo cumplimiento se demanda.------------------------ ------ V.- La forma imbricada en que los actores describen su pretensión, no impide discernir en este estadio procesal que la demanda que ///instauran tiene como fuente un derecho de naturaleza salarial, no reconocidos a los actores mientras se encontraron en situación de actividad, ni reconocido aún al personal que se desempeña en actividad de lo que dan acabada cuenta los procesos por éstos instaurados, de trámite ante la Sala.- La relación jurídica que determina la obligación y el correlato derecho demandado, es de empleo, distinta -como viene de decirse- de la relación jurídica de pasividad, de la cual sólo puede derivarse la obligación y correlato derecho a la movilidad en las condiciones explicadas.--------------------- ------ Si como expresó este Cuerpo en la SI. N ° 47/SCA/98 (in re "Morales") -con cita de la Corte Suprema de Santa Fe en LL-XXI- 1005- "...los acrecimientos sucesivos de una jubilación móvil están regidos por las variaciones en más producidas en la remuneración asignada al cargo, oficio o función del que era titular el afiliado.", cuando los actores afirman que no se ha incrementado el haber del personal en actividad, está manifestando tácitamente que no se ha producido un desequilibrio en la proporción que de aquél les corresponde mantener como jubilados o retirados, que pueda afectar el derecho a la movilidad que es obligación del ISSyS resguardar.- ------ VI.- Siendo así, atento el Art. 86 de Ley XVIII N ° 32, queda manifiesto que el legítimo contradictor en este proceso no es el Instituto demandado, y debe hacerse lugar a la excepción opuesta por el demandado (Art. 350 inc.3º Ley XIII N º 5), con costas a la actora en el ///incidente y en el proceso (ara 69 y 70 de Ley XIII N º 5 - CPCC), las que serán satisfechas por los litisconsortes obligados en proporción a su interés (Art. 76 último párrafo de la misma Ley).------------------------------ ------ VII.- Que procede valorar los trabajos profesionales de los letrados que intervinieron por la actora de conformidad con las pautas arancelarias, considerando como monto del juicio el reclamado en la demanda que será calculado en la etapa de ejecución de la sentencia, a los que se sumarán intereses a Tasa Activa del Banco del Chubut S. A para préstamos personales -que es la que viene aplicando el Tribunal para casos en que se debaten prestaciones derivadas de este tipo de relaciones- desde su interposición y hasta la fecha en que este pronunciamiento quede firme, de conformidad con los arts. 6, 7, 8, 32, 37 y 46 de Ley XIII N º 4.- Todo con más IVA si correspondiere.----------------------------------- ------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;--- ---------------------------- R E S U E L V E : ------------------------------------ ------ 1º) HACER LUGAR a la Excepción de Falta de Legitimación Pasiva opuesta por el accionado INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT en estos autos.--------------- ------ 2º) COSTAS en el Incidente y en el proceso a la actora (Art. 69 y 70 de Ley XIII N º 5), las que serán satisfechas por los litisconsortes ///obligados en proporción a su interés (Art. 76 último párrafo de la misma Ley).---------------- ------ 3º) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes en este proceso por la actora, Dres. J. J. S. y J. E. F. en forma conjunta, por una etapa del proceso en el 3,02% (1/3 del 7% + 30% de éste) del monto calculado en la forma establecida en el último considerando, y por el Incidente en el 10% de lo antes regulado.- Y a los representantes procésales del demandado, Dres. J. E. P. y A. M. C. P., conjuntamente, en el 3,66% (1/3 del 11%) sobre la misma base, con más el 11% de esta regulación por este Incidente.- Todo de conformidad con los arts. 6, 7, 8, 32, 37 y 46 de Ley XIII N º 4, con más IVA si correspondiere.------------- ------ 4º ) REGÍSTRESE y notifíquese.- Fdo. Dres. Fernando S. L. Royer, Daniel L. Caneo y José L. Pasutti.- Recibida y registrada en Secretaría el 11/07/12 bajo el N ° 34/SCA/2012.