Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-18


Causa nº 6752-00-CC/2006 caratulada "SCARPA, Carlos Alberto s/infr. art. 83 ley 1472-Apelación." En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de diciembre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo, para resolver en la presente causa.

VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial Javier E. de la Fuente interpuso recurso de apelación (fs. 71/74) contra el auto del Magistrado de grado que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba a favor del imputado (fs. 62/64).

A su turno, el Fiscal de Cámara dictamina que debe revocarse la resolución en crisis y tener por desistido el acuerdo entre las partes conforme los fundamentos que desarrolla en el escrito de fs. 82/83.

En la oportunidad prevista por el art. 51 de la LPC, la asistencia técnica coincidió con el Fiscal ante esta instancia en cuanto al primer punto al tiempo que disintió con lo solicitado en segundo término (ver fs. 89/90).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I.- Del examen de admisibilidad del recurso ordinario intentado, surge que fue interpuesto en tiempo oportuno, ante el juez que dictó la resolución cuestionada y por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva) y si bien no se trata en la especie de una sentencia definitiva (impugnabilidad objetiva), esta Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en reiteradas ocasiones -con cita de doctrina y jurisprudencia- en el sentido de que las resoluciones que admiten o rechazan la suspensión del proceso a prueba pueden ser equiparadas a aquélla en el supuesto de configurarse gravamen de imposible o insatisfactoria reparación ulterior, habilitando la vía recursiva intentada -art. 432 primera parte, 449 del CPPN, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido por el art. 6 de la LPC (conforme causas nº 187-00-CC/2005 del 31-08-2005; nº 350-00-CC/2005 del 09-12-2005; nº 054-00-CC/2006 del 12-06-2006, entre otras).

II- Sorteados exitosamente los recaudos de admisibilidad, corresponde abocarnos al fundamento dado por el Juez de grado para rechazar la suspensión de juicio a prueba a favor de Carlos Alberto Scarpa.

Del examen de las actuaciones surge que con fecha 5 de mayo de 2006 se realizó la audiencia ante el Fiscal (art. 41 LPC) en la cual se le endilgó prima facie al Sr. Scarpa ser autor responsable de la infracción contemplada en el art. 83 CC por "realizar actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, más precisamente el día 21 de febrero de 2006 siendo las 13:35hs, aproximadamente, en ocasión en que el encartado se hallaba vendiendo chorizos y hamburguesas en un puesto de venta fijo en la vía pública sin autorización para ello, ... en la calle Castillo frente a la altura catastral 850 de esta Ciudad." (fs. 42vta.) En ese acto el imputado manifestó su intención de acogerse al instituto contemplado en el art. 45 CC y acordó con el representante del Ministerio Público Fiscal suspender el proceso a prueba por el término de tres meses, comprometiéndose a cumplir "las reglas de conducta que a cotinuación se detallan: 1) Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de ésta. 2) Cumplir con las citaciones o requerimientos que esta Fiscalía o el Juzgado que por turno corresponda hiciere y 3) La prohibición de concurrencia a menos de 200mts. del lugar del hecho, salvo circunstancias extraordinarias que requieran el paso por el lugar." En consecuencia, el fiscal solicitó al Juez de Garantías la suspensión del proceso a prueba en los términos señalados anteriormente "prescindiendo de la audiencia previs ta en el art. 293 del C.P.P.N, dada las formalidades respetadas en esta audiencia, con presencia de las partes y del fedatario, permitiendo así que S.S. directamente resuelva sobre el acuerdo, en los términos del art. 45 de la ley 1472." (fs. 43).

Recibido el acuerdo por el juez interviniente, Javier Buján, ordenó citar al Sr. Scarpa para el día 20 de junio de 2006 a las 9:00 horas "a fin de que preste conformidad ante este suscripto conforme lo normado por el art. 45 de la Ley de Fondo" (sic) -v. fs. 45-.

Atento a la falta de concurrencia del encartado en el día fijado, el "a quo" establece una nueva audiencia para el 29 de junio "a efectos de ratificar el acuerdo de supensión del proceso arribado por las partes, bajo apercibimiento que en caso de incomparecencia injustificada sea desistida la mentada solicitud" (fs. 48).

Causa nº 6752-00-CC/2006, Sala II.

Pese a haber sido notificado personalmente el imputado (conf. fs. 54) de la última citación, llegado el día no se presenta, por lo que el Magistrado remite las actuaciones al "actor contravencional a los efectos que estime corresponder" (fs. 51).

Recibida la causa, el Fiscal notifica a la Defensa a fin de que ésta "procure hallar a su representado". La López informa con fecha 21 de julio que está a la espera del resultado de la cédula que le ha diligenciado al Sr. Scarpa.

Atento el tiempo transcurrido, el día 22 de agosto el titular de la acción solicita al Juez de grado que haga efectivo el apercibimiento, tenga por no pronunciado el acuerdo, se declare rebelde al encartado y, en caso de ser habido, se disponga su comparendo por medio de la fuerza pública (fs. 57).

En este contexto y previo a resolver, el judicante corre vista a la defensa técnica del Sr. Scarpa la cual solicita no se haga lugar a las peticiones del fiscal y a su vez se fije un plazo prudente para establecer comunicación con su asistido habida cuenta que se domicilia en una zona de difícil acceso para los notificadores -Villa 31- (fs. 61).

Por último, con fecha 14 de septiembre el Sr. Juez resolvió no hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba ni al pedido de rebeldía efectuado por el fiscal, disponiendo la continuidad del proceso (fs. 62/64).

Para así decidir, el Magistrado sostuvo: "...Es que resulta esencial y acorde con el derecho de defensa en juicio, la voluntad por parte del encartado de acogerse al instituto en cuestión. Es éste y no otro el que primigeniamente se ha obligado a cumplir con las citaciones y requerimiento que el juzgado le hiciere, ha sido ello tenido en cuenta de particular forma, al momento de celebrarse el acuerdo de suspensión, por cuanto y en virtud de la conducta desplegada por el imputado es que estimo corresponde no hacer lugar al acuerdo oportunamente celebrado entre las partes" (fs. 63vta.).

Adelantamos en este punto que el decisorio del "a quo" no aparece ajustado a derecho, por aplicar erróneamente la normativa de fondo, de manera tal que no habrá de ser convalidado en la instancia.

Al respecto, el art. 45 del C.C regula el instituto de la suspensión del proceso a prueba el cual expresamente prevé los únicos supuestos en los cuales el Magistrado tiene facultad de no aprobar el acuerdo suscripto entre las partes: "cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza".

De ello se sigue que la actividad del Magistrado se limita a un control de legalidad del acuerdo de suspensión del proceso a prueba mediante su aprobación o no, en su caso (art. 45 del CC, párrafo primero, "in fine").

De las constancias de la causa en estudio tampoco surgen elementos que permitan presumir la existencia de alguno de los presupuestos mencionados, sino que, por el contrario, se advierte que el Juez de grado, apartándose de la letra de la norma, "resolvió" rechazar el acuerdo por razones distintas a las previstas por ella excediendo de esta manera los límites que el ordenamiento le imponía.

No obstante lo expuesto, nada impide celebrar las audiencias que se estimen pertinentes, ya sea que se trate de conciliación, de conocimiento personal del encausado o a los efectos de intentar acercar a las partes , mas pese a ello corresponde señalar la improcedencia de hacerlo a los efectos de que el imputado "preste conformidad" (ver fs. 45) sobre el acuerdo al cual ya han arribado las partes y que ha sido consentido tanto por el Sr. Scarpa como por el Sr. Fiscal.

A su vez, resulta un contrasentido que los argumentos vertidos por el "a quo" para no hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba se refieran básicamente al incumplimiento "a priori" por parte del incuso de una de las pautas de conductas a las que se ha obligado, esto es, cumplir con las citaciones que le curse el Fiscal o el Juzgado, cuando en realidad todavía dicho acuerdo no ha sido homologado por él.

En función de lo dicho y toda vez que la negativa del judicante no se ha fundado en alguna de las causales que legalmente lo facultan para resolver en sentido contrario al solicitado, se impone la revocatoria del punto I del auto que ha sido puesto en crisis.

Por todo lo expuesto y concluído el Acuerdo el Tribunal, RESUELVE:

Causa nº 6752-00-CC/2006, Sala II.

REVOCAR el punto I del interlocutorio obrante a fs. 62/64 de las actuaciones por el cual no se hace lugar a la suspensión del proceso a prueba respecto del Sr. Carlos Alberto Scarpa.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase al juzgado de primera instancia interviniente, quien deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.- Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.