Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-21


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 21 de 2007.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 256/9? El Señor Juez de Cámara doctor Arecha dice:

1. Paula Jessica Ríos, demandó al Banco Francés SA por cobro de daños y perjuicios: daño moral, psíquico y lucro cesante; sostuvo haber contratado un conjunto de servicios -cuenta corriente, caja de ahorro y tarjeta de crédito Visa-, y que al ser informada de cierta deuda en la tarjeta Visa, entregó (28.7.98) once cheques destinados al pago total para dar de baja la tarjeta. Dijo que el banco, sin dar razón, no depositó los cheques para cobrarlos por lo que realizó gestiones personales ante la entidad, en las que le fue prometido resolver la cuestión; posteriormente cuando pretendió conocer los intereses por descubierto generados en su cuenta corriente, se le informó que la misma había sido cerrada, a pesar de no haber sido anoticiada y de contar con resúmenes en los que figuraba debitado el costo de mantenimiento. Señala que trató con funcionarios del banco las consecuencias de no haber sido depositados los cheques en la fecha en que los entregó, además dijo haber realizado depósitos para disminuir lo adeudado en su cuenta corriente -17.9 y 3.8.98- pero el banco imputó esos importes a intereses de la tarjeta, sin reducir el descubierto en la cuenta corriente. Sobre esas bases atribuyó al banco falta de profesionalismo al haber incurrido en graves negligencias, que motivaron su inclusión en los registros de Veraz, que tuviera que dejar sus actividades comerciales, resultando afectada en los movimientos bancarios, sobre tales bases funda su reclamo indemnizatorio.

El banco respondió, negando los hechos, sostuvo que la actora fue deudora morosa en su tarjeta Visa ($ 4.173,82) para junio de 1998, deuda que arrastraba de períodos anteriores, y en agosto del mismo año también figuraba como deudora en la cuenta corriente ($ 829,37). Menciona que luego de reclamos, la actora entregó cheques de pago diferido para garantizar lo adeudado, al haberse comprometido a cancelar lo adeudado. Por indicación de la actora, algunos de los cheques entregados se presentaron al cobro, dos fueron efectivamente acreditados en cuenta 3190009304/6, los restantes no pudieron ser percibidos por carecer la cuenta contra la que estaban girados de fondos. Negó haber provocado los daños que se alegaban y su procedencia.

2. La sentencia de fs. 256/9, tras reseñar las posiciones de las partes, estableció que las partes coincidían en punto a la existencia del saldo deudor en la tarjeta Visa emitida a nombre de la actora, y que el banco recibió once cheques de pago diferido librados a cuenta de un tercero, los que se recibieron para aplicar a la cuenta Visa de la actora. Consideró, seguidamente que no fueron esos cheques recibidos en garantía pues no resultaba así expuesto en el instrumento de fs. 2. Seguidamente, dijo que se probó que ocho de esos cheques fueron cobrados y aplicados a cuenta de la deuda en la tarjeta de crédito y uno en la cuenta corriente, -según pericial contable-; empero como los cheques eran de pago diferido -con fecha de presentación entre el 31.7 y 28.11.98-, lo adeudado no pudo ser cancelado con la entrega de esos instrumentos diferidos, de modo que acreditados los importes en cada oportunidad, el saldo adeudado se incrementó hasta cada ingreso -como se indica por el perito contador en fs. 172/5-. Por otro lado los pagos que hizo la actora para la cuenta corriente fueron imputados a la tarjeta Visa, lo que provocó el cierre de la primera al 30.10.98, procedimiento que no consideró reprochable en supuestos de cuentas en las que el cliente utiliza diversos productos bancarios.

Sobre tales bases, consideró que no existía pie para reprochar responsabilidad al banco, que aparecía ejerciendo regularmente sus derechos, y concluyó en el rechazo de la demanda.

3. Apeló la actora (fs. 261), sostuvo su recurso con los agravios de fs. 272/7, cuya respuesta fue desglosada ante la omisión de la parte demandada de cumplir con el art. 120 del cód. procesal (ver fs. 283).

4. Sostiene la recurrente que la base de su demanda radicó en los incumplimientos del banco, y en ese sentido pide se revoque la sentencia, en fs. 274/7 desarrolla los agravios en los que sustancialmente sostiene que el banco no aplicó debidamente los once cheques recibidos para saldar la cuenta de la tarjeta Visa, que los depositó tardíamente generándole perjuicio -intereses y cierre de cuenta corriente- sin dar razón de la demora, ni se explica los motivos por los cuales tres de los cheques no fueron presentados al cobro; agrega que el banco incumplió con informarle el cierre de la cuenta corriente (art. 792 cód. comercio) y tampoco atendió el art. 19 de la 24240 y agrega que se dieron por supuestos hechos no demostrados. Sostiene que mediaron incumplimientos del banco, que lo convierten en responsable de los daños y perjuicios que la recurrente reclama.

Antes de ingresar al análisis de las quejas, es de precisar que la causa fue seguida persiguiendo el cobro de indemnización de daños y perjuicios, sobre la base de sostener que el banco procedió incorrecta e ilegítimamente en la acreditación de valores y depósitos que la actora hizo y que tenían finalidad cancelar su deuda derivada de la tarjeta Visa, así como el buscar adecuarse al monto permitido para operar en descubierto en la cuenta corriente; la consecuencia de ese ilegítimo proceder resultó en el cierre de su cuenta corriente -no informado- y su inclusión en Veraz como deudora.

4.a) Como primer punto, debe abordarse el tema referido a los once cheques, que la Sra. Ríos entregó al banco, según recibo agregado en fs. 2. Se trata de cheques librados contra la cuenta de un tercero en el Banco Quilmes, se menciona que son "diferidos" y se indica como vencimientos entre el 31.7 y 28.11.98. De esos cheques ocho aparecen debitados de la cuenta contra la que fueron librados.

Dispone ese recibo que lo recibido es en concepto de "Banco Quilmes (a cta. Visa)" y la actora ha sostenido que ese pago, cubrió lo que adeudaba en la tarjeta de crédito, pero además afirma que el depósito de esos cheques fue realizado en fechas arbitrarias, provocándole el devengamiento de intereses y nada se explicó sobre tres de esos instrumentos.

Es cierto que el banco se limitó a informar que no se presentaron los tres cheques al cobro en razón de carecer de fondos la cuenta del librador (ver fs. 97 punto 10), pero en realidad, cuando se depositaron los otros ocho el banco girado los pagó no obstante que no existían fondos en la cuenta según se interpreta de los resúmenes acompañados por la actora (fs. 29 a 34), y lo que es más significativo aún es que el demandado no presentó -en estos autos- esos instrumentos con constancia de no haber sido pagados por la invocada causa. De todos modos, tal incorrecto proceder del banco, no es en mi criterio justificativo por sí solo para atribuir responsabilidad como la que reprocha la actora.

Veamos, tratándose de cheques de pago diferido, recibidos por el banco, los fondos que se debían imputar a la deuda eran los que se percibieran efectivamente, para lo cual el Banco Francés disponía de la posibilidad de depositarlos en los plazos de ley (arts. 25 y 58 de la 24452) en tanto no consta ni se invocó que entre la actora y ese banco hubiera mediado pacto respecto de la fecha en que esos cheques debían depositarse al cobro.

Por otra parte, la recurrente insiste sostenidamente en que canceló lo que adeudaba por la tarjeta con la entrega de esos once cheques, afirmando su posición en el texto del recibo. Sin embargo no dice el instrumento de fs. 2 que con esos cheques se "cancelaba" o se "saldaba" la referida deuda, sino que se utiliza otra expresión; "a cta. Visa", que no puede interpretarse en el sentido que postula la actora, ello porque del texto del recibo no surge la invocada cancelación (art. 217 cód. comercio) sino que la finalidad era aplicar el producido del cobro de los cheques a la cuenta de la tarjeta Visa.

Cabe agregar, por otra parte, que el cheque no es dinero sino una orden al banco girado para que lo disponga de los fondos o de la suma por la cual el librador se encuentra autorizado a girar, de modo que la entrega del cheque al acreedor -incluso más nítido cuando como en este caso en que se entregan cheques de un tercero y son de pago diferido- no constituye por sí solo el pago de la obligación dineraria adeudada, pues para que la obligación se extinga -saldo deudor de la tarjeta de crédito- resultaba necesario que la orden de pago se hiciera efectiva (arts. 725 y 740 del cód. civil), sin que pueda considerarse que se produzca novación pues esa entrega no causa la transformación de la obligación en los términos del art. 801 del cód. civil, sino una que es una simple orden para el pago de la misma (conf. CCom.D, del 17.4.75 en "Florio y Cía Ind. y Com. SA. c/ Puch, José H."). A tales argumentos cabe agregar que cuando el cheque es de pago diferido -dispuesto por ley 24.452- la cuestión se vuelve más clara pues la presentación al cobro, es para una fecha posterior a la de libramiento (art. 54).

En esas condiciones, y no obstante que el banco no explicó satisfactoriamente la falta de depósito de tres de los cheques recibidos, resulta que la entrega de los instrumentos que resulta del recibo de fs. 2 no significó que se cancelaba la deuda de la Sra. Ríos, originada por la tarjeta Visa, sino que en la medida que esos valores fueran acreditados el importe debería ser aplicado a esa deuda. Si Ríos entregó cheques diferidos por un valor de $ 4200.- y lo adeudado según la misma era de $ 4173,82, resulta fácil concluir que esa deuda no pudo ser cubierta con la acreditación de todos esos cheques diferidos, pues los intereses generados entre julio y noviembre de 1998, quedaban sin cubrir. En consecuencia, la entrega de esos cheques no importó saldar la deuda, y tampoco la acreditación de todos en los plazos previstos hubiera significado cubrir todo lo adeudado por ese concepto.

4.b) Se cuestiona el proceder del banco que no notificó a la recurrente el cierre de la cuenta corriente, así afirma la recurrente que no fue debidamente informada de la decisión del banco de ese cierre, que ello constituye una infracción del demandado (art. 792 del cód. comercio y arts. 4 y 19 de la 24240).

No obstante, cabe señalar que el art. 792 del cód. com. no impone al banco informar sobre el cierre de la cuenta corriente que hubiera dispuesto, sino que en cambio contempla que la cuenta se puede cerrar cuando el cliente como el banco lo requieran "previo aviso con diez días de anticipación, salvo convención en contrario". De ese modo, resulta que no se puede atribuir obligación al banco de informar del cierre de la cuenta -con posterioridad al hecho- como lo alega la recurrente, en cambio no ha invocado, la recurrente, que se omitiera el preaviso como lo dispone la norma.

En cuanto a las normas de la 24.240, se trata de principios generales referidos a la información que deben dar quienes prestan servicios, sobre las características de los mismos y el modo en que deben prestarse ajustándose a los que hubieran sido ofrecidos y sus modalidades, publicitados o convenidos. Tales disposiciones, por sí solas, no parece que hubieran sido quebrantadas por el banco, ya que el sistema de cierre de la cuenta corriente bancaria, tiene previsto un específico régimen -art. 792 cód. com.- y no se probó que hubiera sido acordado uno distinto o que el banco quedara obligado de manera diferente a la legalmente prevista.

Sin perjuicio de ello, cabe hacer notar que si la actora hubiera figurado en registros de cuentacorrentistas inhabilitados, constituía causal para el cierre de la cuenta como lo contempla la Reglamentación del BCRA en Cap. I, Circ. Opasi-2 (Anexo a la comunicación A 2329) en 1.5.1 y 1.5.1.2.

4.c) Se atribuye al pronunciamiento dar por supuestos ciertos hechos.

Tal crítica está dirigida directamente a la admisión de que fondos depositados para la cuenta corriente de la actora que fueron aplicados por el banco a pago a la cuenta de la tarjeta de crédito, que la sentencia consideró admisible como consecuencia usual en los supuestos de contar el cliente con un conjunto de servicios y por ello habilitando al banco a disponer unilateralmente imputaciones.

La crítica de la apelante es cierta, no se trata de decisión apoyada en previsión legal ni contractual, hubiera bastado que el banco acompañara los documentos con los que abrió el conjunto de las cuentas a nombre de la actora, para determinar si existió ese tipo de autorización de parte de la cliente al banco. Pero, como el banco no sostuvo haber procedido de ese modo por disponer de autorización de la Sra. Ríos, no corresponde tener por admitido que ese proceder fue adecuado a lo pactado o a previsión legal determinada.

En esas condiciones, las imputaciones por transferencia a otras cuentas, que no fueron consentidos por la actora, que no fueron convenidos ni dispuesto con base legal, llevan a la conclusión que medió un manejo arbitrario de parte del banco demandado. En tal sentido el perito contador explicó que el cierre de la cuenta corriente se dispuso cuando fue excedido el límite del giro en descubierto -de $ 800- (fs. 173), cuando la actora sostuvo que con los depósitos del 3.8 ($ 180) y del 17.9.98 ($ 157) -o sea un total de $ 337 que fueron imputados unilateralmente por el banco a intereses de la tarjeta Visa (fs. 45)-, se produjo un desvío que significó que operaba en la mencionada cuenta excediendo los límites previstos, cuando su voluntad era precisamente cubrir el margen de exceso.

Se encuentra probado el crédito en la cuenta de la tarjeta Visa de $ 157,82 (pericia contable fs. 173 y resumen de fs. 93), de no haberse practicado unilateralmente por el banco, el saldo deudor en la cuenta corriente no hubiera superado el límite autorizado, que al 30.9.98 era deudor de $ 806,16.

Esta constatación me lleva a concluir que el cierre de la cuenta corriente de titularidad de la actora que dispuso el banco demandado, se originó en un proceder abusivo (art. 1071 del cód. civil) por parte del demandado al disponer unilateralmente y sin explicación fundada de esos fondos ingresados por la actora con cierto destino, para aplicarlos a otra deuda, sin que se hubiera demostrado contar con facultades para proceder de ese modo.

Sobre esa base, encuentro que el agravio es procedente y que se demuestra en razón de ese abusivo manejo del banco, que la cuenta corriente de la que era titular la actora, que fue cerrada excediéndose el banco en sus facultades. No es razonable que la entidad demandada luego de haber consentido que su cliente operara con un saldo deudor que excedía el límite pactado, procediera a debitar fondos luego ingresados a una determinada cuenta destinándolos a otra que significaba atender distinta deuda, provocando que la actora continuara con el exceso de descubierto que llevó a disponer el cierre de esa cuenta. Ese proceder resulta perjudicial a los intereses expuestos por la actora al formular el depósito.

Resulta pues, admisible el agravio, y lleva a determinar que existe responsabilidad del banco en ese proceder.

5. Ello me convence de proponer revocar la sentencia en ese aspecto -referido al proceder unilateral del banco- y se impone ingresar a considerar la procedencia de los daños y perjuicios pretendidos como consecuencia de lo actuado por el banco en ese aspecto.

En tal sentido, media en el caso orfandad probatoria respecto del lucro cesante que pretende la actora, ni siquiera surge probada la actividad desplegada por la actora y la concreta afectación que pudo haber sufrido, ello me lleva a desestimar ese rubro del reclamo.

El daño psíquico demandado, que resultó negado por la accionada, quedó huérfano de prueba al haber desistido la actora de la pericial psicológica (fs. 201/2), con lo que sólo resta considerar el daño moral, que encuentro procedente en base a la doctrina elaborada sobre la base del art. 1078 del cód. civil, según la cual la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión en los sentimientos del damnificado; salvo que la deudora destruya la presunción que se genera con prueba en contrario (ver Llambías, J.J. en "Código Civil Anotado" T. II-B ed. 1992 pág. 328/9 pto. 7) lo que no ha ocurrido en el caso (conf. esta Sala, 15.5.07, en "Vasallo, Carolina R. c/ Banco Sudameris SA s/ ordinario").

Se configura en tal sentido, lo que se ha dado en llamar prueba "in re ipsa", es decir, que surge inmediatamente de los hechos, su vinculación no está sujeta a cánones estrictos, correspondiendo a los jueces de la causa establecer prudencialmente el quantum indemnizatorio tomando en cuenta la gravedad de la lesión sufrida, su función resarcitoria y el principio de reparación integral, sin que sea necesario apartar prueba directa, sino que se deberán apreciar las circunstancias de hecho, y las calidades morales de la víctima de manera que establecer objetiva y presuntivamente el agravio moral en la órbita reservada al sujeto pasivo (conf. Bustamante Alsina, J. "Equitativa reparación del daño no mensurable", LA LEY, 1990-A, 654).

En tales circunstancias, teniendo en cuenta los servicios bancarios de los que dispuso la actora con el demandado, del proceder del banco -que ha sido ya expuesto-, corresponde determinar como indemnización en concepto de daño moral a favor de la actora la suma de $ 2500.- con más sus intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a 30 días desde el traslado de la demanda (16.7.2001, ver fs. 81v) hasta el pago (art. 509 del cód. civil).

En cuanto a las costas, tanto de primera instancia como las de esta segunda, serán impuestas por su orden compensándose la de los profesionales que asistieron a las partes y las comunes por mitades (art. 279 y 71 del cód. procesal) atento al resultado del pleito.

El señor Juez de Cámara doctor Sala dice:

Comparto los fundamentos vertidos por el Señor Juez preopinante por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Por análogas razones el Señor Juez de Cámara doctor Ramírez adhiere a los votos anteriores.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, se resuelve: admitir parcialmente los agravios de la actora y modificar parcialmente la sentencia de fs. 256/9, consecuentemente se condena al Banco Francés SA, a pagar en el plazo de diez días a Paula Jessica Ríos, la suma de $ 2.500 (Pesos dos mil quinientos), con más sus intereses a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento, desde el 16.7.2001, hasta el efectivo pago. Las costas de ambas instancias se imponen por su orden compensándose atento al resultado del pleito (art. 71 y 279 del cód. procesal). -Rodolfo A. Ramírez. -Angel O. Sala. -Martín Arecha.