Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-15


000688/2009 ----En la ciudad de Trelew, a los días de diciembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Raul Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "L., L. c/ A. S.A. s/ Diferencia de haberes e indemn. de ley" (Expte. 688 - Año 2009 CANE) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 208.---------------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:.

Vienen estos actuados a conocimiento de este Tribunal de alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs.197) en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 188/193), por el cual se hace lugar a la demanda planteada por los Sres. E. L. L.; B. I. S.; M. R. P. O.; M. S. Ñ.; C. A.; D. M.; L. M. V. C.; L. J. y G. S. H.; y, estableciendo que una vez firme la sentencia se desinsacule perito contador a fin de que determine los siguientes rubros que admite, a saber: 1) indemnización por antigüedad; 2) omisión de preaviso; 3) S.A.C. s/preaviso; 4) S.A.C. proporcional; 5) vacaciones proporcionales y S.A.C. s/vacaciones; y, 6) indemnización del art. 1º ley 25.323. Indica que una vez obtenidos los respectivos importes debe detraerse lo montos abonados por tales conceptos y establecer las diferencias que deberá la sociedad que gira en el comercio bajo la denominación de "A. S.A." abonar a las actoras en autos, con más las costas. Asimismo, apela por altos los honorarios regulados al Dr. H. A. A..------------.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce agregado a fs. 199/201.--------------Ordenado su traslado a la parte contraria (fs. 202) el mismo fue evacuado con escrito glosado a fs. 203/204.----------------------.

I.- Sostiene que no existe prueba fehaciente que pueda determinar una condena a abonar diferencias en el pago de las indemnizaciones. Indica que no hay prueba contable ni liquidación practicada que avalen la condena. Insiste que los actores afirman haber percibido indemnizaciones en base a una remuneración menor pero que no lo probaron y que demandaron por la antigüedad que tuvieran con "C. P." a pesar de que la empresa ya la había abonado. Predica que en esta acción solo debía discutirse la procedencia o improcedencia de la multa del art. 1º de la ley 25.323, pues era el único punto en conflicto; en cambio el sentenciante fue más allá (falló extra petita) y sin prueba alguna -afirma- condeno a su parte. Refiere que para ello trajo a colación una sentencian dictada en otro juicio anterior sin tener en cuenta que ni la partes, ni la cuestión debatida en aquéllos puede interferir con el resultado del pleito. Expresa que el hecho de que en aquel pleito hayan quedado firmes algunos aspectos no significa que los mismos puedan valer en este juicio. Indica que no hay litispendencia, ni cosa juzgada que cumpla con los requisitos para hacer valer su procedencia. Añade que la demandada ha actuado en este expediente con otra representación letrada y ha utilizado diferentes defensas y producido distinta prueba. Con respecto a la fecha de ingreso señala que no existe causal alguna que admita el conflicto, ya que "A. S.A." pago las indemnizaciones reconociendo la antigüedad que cada uno de los actores tenía respecto a su antecesora en la planta de la ciudad de Rawson, la empresa "C. P.", y lo hizo no porque se consideraba obligada por la ley, sino para evitar la promoción de demandas innecesarias, objetivo que no pudo lograr. Asevera que su parte no ha negado ni desconocido la antigüedad de los actores con otras empresas, incluso con "C. P. S.R.L.", pero sí ha intentado explicar y ha probado que una parte del personal de la demandada se desempeñó para un tercero, cuya actividad era prestar servicios en plantas pesqueras y que de hecho no lo hacía sólo en la planta de Rawson, sino también en otras empresas del mismo rubro. Manifiesta que la circunstancia de que su parte hubiera contratado a esas personas una vez asentada en su planta de Rawson no le genera obligaciones emergentes de las leyes laborales por el período anterior a su instalación y si la anterior empleadora de los actores incumplió pagos, estos reclamos debieron haberse efectuado a aquélla y no a su parte. Se pregunta qué hubiera ocurrido si no se hubiera contratado a todas esas personas que estaban trabajando para "C. P.".

Responde que ellas se habrían quedado sin ingresos y su parte se hubiera evitado toda la catarata de pleitos que a posteriori se fueron sucediendo. Aclara que serán los últimos ya que la delicada situación pesquera actual y la enorme presión judicial desalentaron las inversiones de la empresa en la provincia. Postula que se acreditó que su parte se instaló en la planta de Rawson en el año 2003 luego de haber adquirido el citado inmueble, como así también que "C. P. S.R.L." es una persona jurídica distinta de "A. S.A.". Cita el testimonio del Sr. I. que expuso que por un convenio con el Estado, parte del personal de "C. P. S.R.L." debió ser incorporado por "A. S.A." pero ello, asegura, no implica responsabilidad por las obligaciones de aquélla. Alude a que el juzgador refiere al cambio de denominación del sujeto empleador y transferencia del establecimiento atribuyéndole equivocación al aplicar figuras jurídicas que sólo fueron introducidas por los actores pero que no pudieron ser probadas. Máxime, continúa diciendo, si se tiene en cuenta que la empresa empleadora de los accionantes "C. P. S.R.L." no fue la transferente del establecimiento sino que otra compañía "L. S.A." fue la que le vendió a su parte la planta pesquera donde realizó sus trabajos entre otras, la anterior empleadora "C. P." con quien se pretende aplicar el instituto de la solidaridad. Remite al testimonio del testigo B.. Asevera que los beneficios de la solidaridad podrían imponerse en detrimento de su parte si la supuesta obligada principal hubiera sido traída a juicio y se hubiera probado respecto de ella la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Expresa al respecto que como fue planteada la litis podría suceder que los actores demandantes hubieran percibido de su anterior empleadora las indemnizaciones que por ley le correspondían, pero "C. P." no fue demandada ni se presentó a juicio a defender su posición. Reitera que no se produjo un cambio de denominación ya que "C. P. S.R.L." y "A. S.A." son personas jurídicas diferentes, además de advertir que esta cuestión no fue siquiera introducida por los actores. Agrega que en contraposición a los términos del fallo es muy relevante para quién trabajaron los accionantes y desde cuándo lo hicieron, pues cada uno de ellos será sujeto de obligaciones distintas según se trate y desde el momento en que la relación jurídica cobro efecto. Afirma que quedó claro que las accionantes fueron trabajadores dependientes de "C. P. S.R.L." y que luego se incorporan al plantel de "A. S.A." en el año 2003, con excepción de H. que ingresó en el año 2004. Cita testimonios de los Sres. I., S., C. y R.. Se agravia sobre tal aspecto por cuanto se declara que la actora H. había ingresado en el año 2003 cuando todos los testigos, excepto P. que es un testigo parcial e inhabilitado por haber tenido juicio en contra de su parte, coincidieron en que la citada ingresó en el año 2004. Cita los dichos de la testigo R.. Al respecto, refiere que C. también dijo que ellos, por H. y otros actores, entraron en el año 2004 y su parte había abierto en el año 2003. Indica que los testigos I. y S. también coincidieron en que la fecha de ingreso de H. había sido en el año 2004. Se pregunta cómo pudo el Sr. Juez a quo sostenido una fecha de ingreso equivocada por los dichos de uno de los testigos contra los de cuatro que apoyaron la posición de la compañía, respondiendo que indudablemente se trata de un error que debe ser remediado. Puntualiza que zanjadas las cuestiones no controvertidas sobre el pago de las indemnizaciones puesto que, aduce su parte reconoció la antigüedad de las accionantes en "C. P. S.R.L." y el pago de la diferencia y la antigüedad a la actora H., solo resta que este tribunal se pronuncie sobre la procedencia de la multa del art. 1º de la ley 25.323. Interpreta que en relación a su aplicación la cuestión no reposa en hecho y/o prueba alguna, sino que reviste fundamental importancia el debate producido en este y otros expedientes similares tramitados en el tribunal. Se explica diciendo que los trabajadores fueron incorporados al plantel de "A. S.A." en el año 2003 y que algunos de ellos antes había sido empleados en relación de dependencia de "C. P. S.R.L.", empresa prestadora de servicios. Lo cierto es que se produjeron los despidos a fin de evitar demandas judiciales y su parte decidió reconocer la antigüedad de aquellos empleados que se habían desempeñado con la aludida "C. P. S.A.". Sin embargo este reconocimiento de antigüedad no implica el de otros supuestos derechos y mucho menos la obligación de abonar multas por registración deficiente. Afirma que su parte consignó sin errores las fechas de ingreso de los accionantes una vez que pasaron a formar parte de su plantilla de empleados por lo que no puede endilgársele la omisión en la registración si la misma es correcta. Agrega que aún cuando se pretenda considerar solidaridad en los términos de la normativa laboral, este concepto no resulta aplicable porque no procede la aplicación de la multa. Indica que los contratos celebrados entre los actores y su anterior empleador han finalizado y comenzaron nuevos contratos con su parte. Hace notar que las actoras que pretenden el pago de la multa de su parte no solo no trajeron a su empleadora anterior al juicio sino que tampoco probaron de qué manera se extiguieron sus contratos de trabajo con ella, es decir, si le fueron abonadas todas las prestaciones correspondientes a la extinción. De este modo podría darse la situación de enriquecimiento ilícito ya que según manifestó en una de las audiencias en el juzgado, un socio gerente de la empresa "C. P. S.R.L." todos sus empleados cobraron la indemnización correspondiente.-Al responder el traslado de los agravios vertidos la parte actora expone que los planteos que formulara la demandada en nada distan de los que planteara al contestar la demanda además que la crítica dirigida a la sentencia que ataca no contrarestan en nada la verdad de los hechos, dada la pobreza estructural de los mismos. Postula que el fallo no hace más que ajustarse a lo que unánimemente se ha establecido para la circunstancia de hecho de los trabajadores de A. entre los años 2001 a 2003 en innumerables sentencias ratificadas por ambas salas de la CANE, no conteniendo ningún elemento distinto que amerite cambiar dichos preceptos. Entiende que quedó plenamente probado que los actores laboraron entre 2001 a 2003 para "A. S.A.", en fraude a la ley registrados para "C. P. S.R.L." según se determinara en fallo emitidos en procesos que individualiza y a lo que remito. No es más que un artilugio defensista la diferenciación entre solidaridad y continuidad o lisa y llana explotación. Expresa que de manera increíble la demandada vuelve a insistir en el argumento de que su planta de Rawson fue adquirida en el año 2003 pasando a citar fallos que establecieron que su planta fue abierta en el año 2001, a los que también remito. En cuanto al agravio relativo a la antigüedad de la actora H., señala que la queja se dirige a la valoración de la prueba sin haber aportado elemento nuevo alguno que permita ser valorado siendo el agravio una repetición de los argumentos esbozados al alegar. Respecto a los honorarios regulados a su letrado la demandada los apela por altos siendo que la regulación no hace más que ajustarse al resultado del litigio.-------.

II.- En los límites de los agravios reseñados y de su responde, ingresaré a su tratamiento comenzando para ello con rememorar cuál fue la razón fundante del veredicto respecto del cual se alza la parte demandada recurrente para verificar, a partir de identificarla, si los fundamentos en los que se sustenta el mantenimiento del recurso alcanzan para tornar procedente la pretensión impugnaticia deducida.----------------------- El Sr. Juez a quo delimitó cuál era el objeto de la pretensión actoral respecto a lo que expuso ".ha sido reclamado nada más que las diferencias en la liquidación por despido incausado, más aquellos rubros que componen la liquidación final y la indemnización del art. 1 de la ley 25.323, fundando la petición en que fue tomada por la empleadora una remuneración menor a la que correspondía para practicar el cálculo, mientras que fundan el reclamo del art. 1º en que la fecha de ingreso consignada en los recibos de haberes es posterior a la real de inicio de la vinculación, teniendo en cuenta el trabajo para C. P. S.R.L.." (sic) (ver: considerando, fs. 189 y vta.).----En tal contexto concluyó, luego de poner de resalto que fue reconocido por "A. S.A." que las actoras, salvo H., trabajaron para "C. P. S.R.L.", indicando que ello es tan así que en el intercambio epistolar previo al proceso la aquí parte demandada explicitó que la liquidación final e indemnización de ley contemplaba el período laborado por éstas en relación de dependencia con la mencionada sociedad de responsabilidad limitada, hasta el momento que adquiriera la planta de Rawson. Sin embargo, ponderó que a pesar de aquel reconocimiento expreso, en los recibos de haberes incorporados a los legajos personales y en las certificaciones de servicios se consigna una fecha de ingreso distinta y posterior a aquella que fuera reconocida, esto es -precisó- la correspondiente al período trabajado para "C. P. S.R.L." no fue la real (vide: 2do. considerando de fs. 189 vta.).------- Pues bien, en contra del reseñado argumento medular del fallo se esgrime nada más que aquello que ya fuera planteado, en términos idénticos, al tiempo de responder a la demanda. Esto es, se ensaya nuevamente toda una construcción argumental centrada en reivindicar un posicionamiento ya remanido y que finca en postular que antes que adquiriera la planta ubicada en la ciudad de Rawson las actoras en autos se desempeñaron para otra empleadora prestando servicios para terceros los que desarrollan su actividad en el mismo rubro de la pesca, llegando a aseverar que el hecho de que ".A. S.A. hubiera contratado a esas personas una vez asentada en su planta de Rawson, no le genera obligaciones emergentes de las leyes laborales por el período anterior a su instalación. Si la anterior empleadora de los actores incumplió pagos, estos reclamos debieron haberse efectuado a aquélla..." (sic)(ver: expresión de agravios -fs. 199 vta.-; y, escrito de contestación de la demanda, apartado "Hechos" de fs. 50 vta./52 vta.).-------------------.

De la sola contraposición de los motivos expuestos por el juzgador de grado y los que son traídos, insisto nuevamente, por la impugnante surge con toda claridad el desencaje casi autista en el que se posiciona la parte demandada recurrente. Es que soslaya lisa y llanamente, magüer del expreso reconocimiento epistolar del vínculo y su antigüedad con la sociedad empleadora que la precediera en tal calidad respecto de aquí actoras y al que hiciera alusión el Sr. Juez a quo, que es el marco legal que rige el supuesto planteado en la especie el que contempla específicamente la solidaridad del transmitente como del adquirente respecto de todas las obligaciones existentes al tiempo de producirse la transferencia del establecimiento. Esto es, los arts. 225 y 228 de la L.C.T. norman puntualmente el supuesto en el que, como en el caso, se produce un cambio o sustitución del sujeto empleador. Esto es, debe entenderse que hay transferencia de establecimiento siempre que hay un cambio de empleador independientemente de la adquisición o no de la nuda propiedad o de un derecho real sobre el inmueble en el que se desarrolla la actividad de procesamiento de los productos de la pesca. Y tanto es de tal modo que el citado artículo indica "En caso de transferencia por cualquier título del establecimiento..."(sic), es decir, venta, arrendamiento o cesión transitoria o tenedor a título precario o por cualquier otro modo, inclusive, la fusión de sociedades mercantiles que implique el cambio del empleador indistintamente de la permanencia de la unidad técnica de ejecución en la cual se desempeñan los empleados que conforman uno de los elementos de la empresa.--------- --- Es que no es sostenible jurídicamente una tesitura que olvide que la Ley de Contrato de Trabajo prevé la permanencia del contrato de trabajo y la continuidad del trabajador en la empresa o en el establecimiento aún cuando se hayan producido actos de transferencia de un establecimiento, de fusión o escisión de empresas, y con mayor razón cuando la empresa cambia de titular o de forma jurídica. Esto es, el principio que rige el caso planteado en autos y que fuera correctamente resguardado en el fallo apelado, es aquel por el cual los trabajadores son ajenos a los cambios que se produzcan en la estructura subjetiva del vínculo laboral que los une a la organización empresarial en la cual se insertan, por cuanto solo es infungible la prestación de los trabajadores y no la persona del empleador y/o empresario (Conf. arts. 4;5; 6; 225; y, 228 de la L.C.T.).----------.

En resumen, entonces, la transferencia del establecimiento importa el traspaso de las relaciones laborales y de todas las obligaciones existentes a ese momento. El sustituto es emplazado en la misma posición jurídica del anterior empleador, por lo que adquiere todos los derechos y obligaciones laborales que emergen de la Ley y del contrato, no pudiendo liberarse de estas últimas en virtud del mero argumento fáctico de que habría obtenido la transferencia dominial del inmueble en una fecha posterior. Es más, advierto que ha sido extendida tal solidaridad al sustantivo "obligaciones" existentes, con lo cual abarca inclusive a los supuestos que pudieran derivar de contratos de trabajo resueltos con anterioridad al traspaso del establecimiento (Vide: CNAT, en pleno, 8-8-97, "Baglieri, Osvaldo D. C/ Nemec, Fracisco y Cía. SRL y otro", en D.T., 1997-B-2013, con nota de Carlos Pose).------------------Es a partir de tal señalamiento que todo el andamiaje argumental de la recurrente queda sin apoyatura alguna. Señalaré, desde otra perspectiva, la contradicción que implica aseverar por un lado que reconoció la antigüedad que registraran los dependientes con la anterior sociedad empleadora para, luego, de continuo, postular que la antigüedad de los mismos solo corresponde que sea computada desde que adquiriera el inmueble donde se asienta el establecimiento, siendo ella la consignada en los recibos y legajos personales de las actoras. Es que ello resulta inaudible en el marco legal de aplicación al supuesto en los términos explicitados precedentemente.---Ninguna posible incidencia cuenta para resolver el presente conflicto la referencia a la participación que pudo haber tenido al Estado provincial según lo refiera el testigo M. I. (fs. 118 y vta.). Es que, aún cuando tal circunstancia se pudiera tener por acreditada con dicha testimonial y en el entendimiento que efectivamente, en aras de preservar las fuentes de ocupación laboral, el Estado pudo haber promovido a través de la concesión de beneficios impositivos o derechamente con subsidios, que la ahora empresa demandada asumiera la explotación del establecimiento donde se desempeñaran las actoras en autos sin solución de continuidad para distintas sociedades empleadoras, lo cierto es que tal intervención no puede alterar la normas tutelares de aplicación al supuesto.------------------------.

Tampoco requiere mención alguna la cita de antecedentes análogos básicamente por ser ésta innecesaria, toda vez que aún cuando se prescindiera de ella, en nada altera lo decidido por el juzgador del anterior grado. Basta con lo indicado "supra" para descartar cualquier otro resultado en el marco legal de aplicación en la especie.----------- --- Finalmente diré que atento a la solidaridad legal establecida en los arts. 225; 227 y 228 de la L.C.T., no existe ninguna norma que obligare a las actoras en autos a demandar a la anterior sociedad empleadora. Es que, le bastaba hacerlo respecto de quien ellas estimaran pertinente reclamar el pago de su crédito laboral por cuanto, precisamente, la especie "obligación solidaria" se destaca por el hecho de que se le puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento íntegro de la prestación, con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de la obligación (Conf. arts. 699; 705 y conc. del Código Civil).-----------.

Desde la perspectiva de la solidaridad pasiva se ha dicho que ésta actúa en el plano de las garantías personales, potenciando su valor como instrumento de crédito en tanto le permite al acreedor reclamar el cumplimiento íntegro de la prestación a cualquiera de los deudores, los que aparecen puestos en pié de igualdad frente a aquél. Ello sin perjuicio, claro está, de las acciones recursorias o de regreso que pudieren corresponderle al deudor al que se le reclama el pago del crédito pendiente contra los demás co-deudores (ver: Manzini, María del Pilar y Pizarro, Ramón D., "Algunas reflexiones en torno a las obligaciones solidarias en el Derecho del Trabajo", en Rev. de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2001-1, págs. 45 y sgtes.).---------------------En cuanto a las dudas que pudiere generarle a la demandada la hipótesis que plantea al interrogarse si las demandantes hubieran percibido de su anterior empleadora las indemnizaciones que por ley le correspondían, cabe responder con lo apropiadamente expuesto por Ricardo Guiburg respecto a dicho tópico, quien encuentra justificación a la solidaridad prevista por de la L.C.T. (allende aclaro que no comparto las particularidades que dicho autor le atribuye a la solidaridad laboral) en los supuestos contemplados por los arts. 225; 227; 228 y 229, al señalar que "...existe una justificación para imponer al cesionario el pago de deudas que no contrajo cuya existencia tal vez no conozca; en el acto de adquirir el establecimiento, él está en condiciones de averiguar el pasivo que pesa sobre el transmitente, y en todo caso, puede exigir de éste las garantías adecuadas para no verse perjudicado más allá de lo previsto. El trabajador, en cambio, carece de estas facilidades y, desaparecido el empleador original, no tiene otro punto de referencia que el lugar de trabajo y la persona de su nuevo titular."(sic)(conf. aut. cit., en "Las obligaciones solidarias en el Derecho Laboral", en L.T. XXVI-B-978).------------.

En consecuencia, entonces, en tal hermenéutica de la cuestión tratada propiciaré al acuerdo la desestimación de esta porción de los agravios formulados. Así lo voto.--------En relación a la queja vertida respecto a la fecha de ingreso de la co-actora Sra. G. S. H. tenida como cierta por el Sr. Juez a quo, esto es, en el año 2003 como fuere denunciado en demanda y no como en el año 2004, como lo afirmara la empleadora ahora recurrente al responder a la misma, postura esta en la que insiste al sostener su recurso.--------------------Lo concreto es que en demanda se aseveró que dicha actora ingresó en el año 2003 permaneciendo sin registrarse hasta el año 2004 razón por la cual no se consigna en los recibos oficiales su verdadera fecha de ingreso. El juzgador hizo mérito del testimonio prestado por el Sr. E. V. P., quien al ser preguntado por las generales de la ley manifestó ser jefe de planta de "A. S.A." y conocer a todos los involucrados en este pleito desde el año 2003 hasta el año 2007 (fs. 156). Descarto que el mérito dado a lo dichos de este testigo pudiera verse menguado por la denuncia extemporánea de supuesta animadversión derivada de haber tenido pleito con la recurrente, toda vez que tal circunstancia de ser cierta debió haber sido planteada en el anterior grado mediante el procedimiento respectivo previsto por el art. 35 de la ley 69. No hecho de tal modo, resulta inaudible tal cuestionamiento a la idoneidad subjetiva del testigo citado.- Agregaré de mi cuño que a dicho testimonio no cabe tenerlo por contradicho con los testimonios de S. y I., como lo alega la impugnante. Es que recordaré que en el ámbito de la valoración de las pruebas aportadas al litigio es facultad privativa del magistrado, conforme lo establecido por el artículo 386 del C.P.C.C., de aplicación en la especie por vía del art. 45 de la ley 69, inclinarse por aquella que le parezca más conducente a la solución del caso y le merezca mayor fe en concordancia con otros elementos de mérito que pudieran obrar en el expediente.------Encuentro por lo demás que los dichos expuestos por la testigo M. L. R., quien al responder al puntual interrogante de si alguna de las actoras había ingresado en forma posterior contesto que la actora H. había entrado después que ella saliera de la empresa lo que ocurrió en el 2003. Ahora bien, si bien dicha testigo ubica temporalmente el ingreso de la mencionada actora en el año 2004, aún así tal data no resulta concordante con la fecha de ingreso registrada por su empleadora toda vez que en la misma respuesta rememoró recordar tal dato por haber participado ambas en un corte de ruta en el año 2004 coronando su respuesta "...y ella estaba trabajando...."(sic)(vide: respuesta a la 9na. -fs. 154-). Es decir, que no se puede concluir de dicha respuesta en sentido corroborativo de la postulación de la demandada por cuanto no puede inducirse ni que el alta respondiera a la fecha consignada en los registros de la empleadora de desde antes, siendo recién vista en dicha oportunidad por la declarante. Tampoco cuenta con relevancia para alterar la valoración dada a los testimonios por el juzgador de grado, los dichos vertidos al respecto por la testigo C., puesto que la misma solo refirió a lo que conocía por lo que constaba en los legajos (ver: respuesta a la 7ma. -fs. 116-) (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplic. por vía del art. 45 de la ley 69).--------------------.

Para concluir, en consonancia con lo que se viene de exponer, en el mismo marco legal regulador de los efectos derivados de la transferencia del establecimiento, es consecuencia indisputable que conservando los trabajadores de la transmitente su antigüedad con respecto a la transmitida, ante la admisión que en los recibos de haberes se registró sólo la antigüedad correspondiente a la fecha desde la cual comenzó a desarrollar su actividad ésta última, queda expedito el presupuesto de hecho al que la norma contenida en el art. 1 de la ley 25.323 supedita la procedencia de la indemnización agravada que contiene.------------------- Ante ello, cae la viabilidad del agravio dirigido a poner bajo cuestión su procedencia. Así lo voto.---------------.

En consecuencia de lo verificado, estimo que también en esta porción corresponde desestimar el agravio. Así lo voto.------III.- Apelación de honorarios del Dr. H. A. A.:

--- Se apelaron los emolumentos fijados al letrado mencionado en el epígrafe por estimarlo elevados. Se constata de la lectura de la parte pertinente del fallo que los mismos fueron fijados en la suma resultante de aplicar el 14%, con más el 40% por procuración, del monto de condena que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia. De tales alícuotas resulta un total equivalente al 19,6%, porcentual que se corresponde con el que de común se fija para los profesionales que representaran en el proceso a la parte que resulta vencedera. En consecuencia, no hallo de modo alguno que los mismos resulten desajustados al resultado obtenido, ni tampoco con el mérito, extensión y eficacia de su labor.-------------Por ello, propiciaré al acuerdo la desestimación del recurso impetrado en contra de la regulación realizada a favor del Dr. H. A. A., sin costas atento a que la materia no las genera. Así lo voto.------ --- IV.- Conclusión:

--- Por todo lo expuesto, corresponderá confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada apelante vencida en ella (Conf. arts. 59 de la ley 69; y, 279 del C.P.C.C.).--Los honorarios de los Dres. D. G. L. y del Dr. H. A. A., por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas respectivas equivalentes al 2,8% y al 5,88%, con más el I.V.A. pertinente (Conf. arts. 6 y 14 de la ley 2.200; y, leyes 23.349 y 23.871).----Termino mi intervención pronunciándome en la presente cuestión por la AFIRMATIVA.--.

A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:.

1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 197, que fuera concedido a fs. 198, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 188/193 que hizo lugar a la demanda instaurada por E. L. L., B. I. S., M. R. P. O., M. S. Ñ., C. A., D. M., L. M. V. C., L. J., y G. S. H. contra A. S.A., debiendo una vez firme la sentencia designarse perito contador a fin de que determine los rubros correspondientes a sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, e incremento previsto por el art. 1 de la ley 25.323, y una vez obtenidos los respectivos importes proceda a deducir los montos abonados, para así establecer las diferencias a favor de las trabajadoras conforme las pautas brindadas en los considerandos, con imposición de costas a la sociedad vencida.

Asimismo, la citada parte apela a fs. 197 los honorarios regulados al Dr. H. A. A. por considerarlos altos, recurso concedido a fs. 198.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce presentado a fs. 199/201, el traslado conferido a fs. 202 fue evacuado por su contraria a fs. 203/204, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. L., motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones.

2. Sostiene la apelante que en esta acción sólo debía discutirse la procedencia o improcedencia de la multa del artículo 1 de la ley 25.323 pues era el único punto en conflicto, y en cambio falló extra petita por haber ido más allá de lo planteado al condenar a abonar diferencias en el pago de las indemnizaciones.

Dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juicio -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición -"ne eat iudex extra petita partium"-. Se ha declarado en tal sentido, que por no ajustarse a las pretensiones de las partes debe dejarse sin efecto la sentencia que introduce un punto ajeno al debate. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perot, 1986, T. II-C, págs. 81/82 y cita de fallos).

Al respecto, el juzgador a fs. 189/vta. señaló que ha sido reclamado nada más que las diferencias en la liquidación por despido incausado, más aquellos rubros que componen la liquidación final y la indemnización del art. 1 de la ley 25.323, fundando la petición en que fue tomada por la empleadora una remuneración menor a la que correspondía para practicar el cálculo, mientras fundan el reclamo del art. 1 en que la fecha de ingreso consignada en los recibos de haberes es posterior a la real de inicio de la vinculación, teniendo en cuenta el trabajo para C. P. S.R.L.

Y así resulta del escrito de demanda (p. III. Hechos, en particular fs. 12/14; IV. Liquidación, fs. 14; y planillas, fs. 18/27).

De tal modo, el juzgador de ningún modo excedió las pretensiones de la parte actora por lo que no dictó sentencia extra petita.

Por ello, se desestima la queja.

Establecido así el objeto del reclamo el Sr. Juez de la anterior instancia señaló que no puede dejarse de mencionar -pues es este uno de los pilares en que se funda la sentencia- el expreso reconocimiento de A. S.A. respecto al hecho de que los actores de autos trabajaron para C. P. S.R.L. -salvo H.-, tan es así, que al tiempo de comunicarles a las trabajadoras mediante carta documento remitida el día 5 de septiembre de 2008 que la liquidación final e indemnizaciones de ley (Art. 245 L.C.T.) estaban a disposición, y que se encontraba incluido el período laborado en relación de dependencia con la empresa C. P. S.R.L. hasta el momento que A. S.A. adquirió la Planta de Rawson, éste es el texto de la misiva agregada en cada uno de los legajos personales traídos a juicio y que obran reservados en caja de seguridad -ver fs. 918; 1218; 1762; 2140; 2362; 2308; 597; 248- de tal manera es que no puede la demandada negar un hecho expresamente reconocido por su parte ... (el subrayado me pertenece).

A su vez, determinó que ello es importante pues la cuestión adquiere relevancia a los fines de la liquidación de la indemnización prevista en el art. 1 de la ley 25.323, pues en los recibos de haberes que están agregados o incorporados a los legajos personales, al igual que en las certificaciones de servicio, se ha consignado una fecha distinta y posterior a aquella reconocida, esto es el trabajo en C. P. S.R.L.

Y en contra de este razonamiento que resultó dirimente para dilucidar la cuestión la quejosa reitera los argumentos vertidos en la anterior instancia para lo cual basta con cotejar las manifestaciones vertidas en la pieza de agravios y en la contestación de demanda (fs. 199 vta./201, y fs. 50 vta./52 vta., respectivamente).

Como bien lo destaca el vocal que me precede en la votación el despliegue argumental desarrollado en ambas piezas radica en sostener que con anterioridad a la adquisición de la planta de Rawson las trabajadoras se desempeñaron para un tercero cuya actividad era prestar servicios en plantas pesqueras. Y en ese contexto afirmó en el escrito de agravios "Que A. S.A. hubiera contratado a esas personas una vez asentada en su planta de Rawson, no le genera obligaciones emergentes de las leyes laborales por el período anterior a su instalación. Si la anterior empleadora de los actores incumplió pagos, estos reclamos debieron haberse efectuado a aquélla y no a mi mandante" (fs. 199 vta.).

Esa fue la postura ya asumida al contestar demanda (ver argumentación fs. 50 vta. y siguientes), por lo que su reiteración incumple la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, por lo que no hay agravio que atender.

Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos). .

Y aun cuando se obviara tal circunstancia procesal, lo cierto es que la recurrente evita hacerse cargo por un lado, del expreso reconocimiento efectuado en la comunicaciones cursadas a las hoy actoras en cuanto a su antigüedad , y por el otro, que en el caso de autos ante la transferencia del establecimiento (por cualquier título) se impone la responsabilidad solidaria para el transmitente y el adquirente (arts. 225 y 228 de la L.C.T.).

Por eso, no interesa el título por el cual se transfiere el establecimiento, y producida esa transferencia ambas partes de la relación (transmitente y adquirente) resultan solidariamente responsables respecto de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afectaran a dicho establecimiento.

Así, respecto del art. 225 de la L.C.T., existe transferencia de establecimiento siempre que haya un cambio de empleador y de los créditos y deudas relacionados con la actividad del establecimiento. Cabe comprender dentro de esta noción amplia de transferencia, no sólo la venta, la cesión, la donación, la transferencia mercantil de un fondo de comercio, según la ley 11.867, el arrendamiento o cesión transitoria del establecimiento (art. 227, LCT), sino también el caso del usufructuario o tenedor a título precario (art. 228). También la sucesión mortis causa y la fusión de sociedades previstas en el art. 82 de la ley 19.550, de sociedades comerciales. El vocablo establecimiento, incluido en este artículo de la LCT, se halla utilizado en el sentido del art. 6º, es decir, como "unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones", lo que significa que la transferencia no tiene por que ser de toda la empresa y que puede ser de parte de ella (Etala, Carlos Alberto, "Contrato de trabajo", Astrea, 2000, págs. 573 y 575, respectivamente).

Sólo se requiere que exista transferencia de una unidad productiva en marcha. No interesa el modo, forma o título jurídico por medio del cual se transfiere la unidad técnica productiva en marcha a otra persona física o jurídica, la que en virtud de lo expresamente establecido en la LCT, asume el cargo de empleador con referencia a las diversas relaciones laborales vigentes. (Vazquez Vialard, Antonio, Director, "Tratado de derecho del trabajo", Astrea, 1984, T. 5, par. 10 y 12, págs. 25 y 34, respectivamente).

Se opera de tal modo una novación subjetiva de la relación laboral y la misma produce sus efectos respecto de todas las relaciones laborales vigentes. La relación laboral se mantiene en su identidad ya que el nuevo empleador queda colocado como consecuencia de la subrogación habida en la misma posición jurídica en la que se encontraba el anterior.

El principio que puede sentarse es el de que el trabajador es ajeno a los cambios que se produzcan en la estructura de la empresa y al respecto su ocupación se encuentra tutelada con independencia de dichos cambios (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 3ra. ed. act., 2007, T. II, par. 9.14.5., pág. 1095/1096).

Por tanto, las condiciones de trabajo vigentes en el momento de la transfererncia: cargo desempeñado, horarios, salarios, antigüedad, norma legal o convencional que las regulaban, no sufren ninguna alteración. Incluso, como la relación laboral se mantiene, la antigüedad que pasa al nuevo empleador es la que el trabajador tenía o se le había reconocido, con prescindencia del lugar en que hubiere prestado funciones (Vazquez Vialard, obra y tomo citado, par. 19, págs. 52 y 56, respectivamente) (la cursiva me pertenece).

Por lo demás, la solidaridad comprende tanto las deudas con los trabajadores que continúan trabajando para el adquirente como las de aquellos cuya relación de trabajo cesó antes de la transferencia y, por consiguiente, no se transmitió (Etala, ob. cit., pág. 581). .

Con tales pautas, la argumentación de la demandada apelante en el sentido que "una vez asentada en su planta de Rawson, no le genera obligaciones emergentes de las leyes laborales por el período anterior a su instalación", que "Si la anterior empleadora de los actores incumplió pagos, estos reclamos debieron haberse efectuado a aquélla y no a mi mandante", y demás postulaciones que efectúa a partir de tales extremos, resultan inaudibles por falta de sustento jurídico.

Asimismo, cabe resaltar la evidente contradicción en que incurre la sociedad demandada al reconocerles a los trabajadores su antigüedad con la anterior empleadora en sus comunicaciones mediante cartas documento, y posteriormente sostener que tal antigüedad debe computarse desde la adquisición del inmueble.

Párrafo aparte merece la consideración que la quejosa efectúa en cuanto a que se tratan de personas jurídicas distintas, y que resulta relevante establecer para quién trabajaron los accionantes y desde cuando, pues cada uno de ellos serán sujeto de obligaciones distintas, según se trate y desde el momento en que la relación jurídica cobró efecto.

En tal sentido, tales manifestaciones desatienden en forma evidente al marco normativo impuesto por los arts. 225 y 228 de la L.C.T. .

Tocante al error al que alude ya que el juzgador trajo a estos autos una sentencia dictada en otro juicio anterior contra la misma demandada, sin tener en cuenta que ni las partes, ni la cuestión debatida en aquéllos puede interferir con el resultado del pleito, lo cierto es que ante el encuadre normativo antes indicado si se obvia dicha cita en nada modifica el resultado al que arriba el decisorio impugnado. .

En lo que hace a su argumento de que los beneficios de la solidaridad podrían imponerse en su detrimento si la "obligada principal" hubiera sido traída a juicio, cabe destacar que el régimen de solidaridad pasiva previsto por los arts. 225, 227, y 228 de la L.C.T. no impone a las accionantes la obligación de demandar también a su anterior empleadora.

Por ello, el acreedor tiene el derecho de elegir si acciona contra todos, algunos o uno de sus de sus deudores, sin que esté obligado a justificar esa elección ya que todos ellos se presentan como deudores principales. .

La característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué. Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones con sujetos múltiples, sostuvo que lo trascendente y definitorio cuando se menciona la expresión "obligación solidaria" es el derecho del acreedor a elegir, con libertad, sin condicionamientos, a quién se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que las obligaciones solidarias "no hay un deudor principal, todos son deudores principales" (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2007, T. I, pág. 858).

Todo ello sin perjuicio de destacar que en las obligaciones solidarias hay relaciones internas de los deudores entre sí, que se gobiernan por el principio de la contribución, pudiendo el solvens recuperar total o parcialmente su desembolso mediante las acciones de regreso contra los demás obligados (López Mesa, obra y tomo citado, págs. 857/858).

En cuanto a la duda que plantea en el sentido de que podría suceder que los actores hubieran percibido de su anterior empleadora las indemnizaciones de ley, lo cierto es que el análisis debe partir por considerar que el empleador que se subroga en esa posición jurídica, no puede argumentar frente al empleado que goza de un derecho de ese tipo, que no tuvo conocimiento de la relación laboral, v.gr., porque su antecesor no se lo denunció y aunque alegue que ello no surge de la contabilidad laboral. Esas cuestiones son res inter alios acta, por lo cual ante el desconocimiento de su derecho, le bastaría acreditar la existencia de la relación de trabajo (Vazquez Vialard, obra y tomo citado, par. 19, pág. 51).

Desde esa perspectiva, al cesionario se le impone el pago de deudas que no contrajo y que incluso desconozca al adquirir el establecimiento, y por lo demás, esa parte está en condiciones de determinar el pasivo que pesa sobre el cedente, y en su caso requerir del transmitente las garantías acordes para no verse perjudicado frente a situaciones como las que plantea la sociedad demandada.

Por tales razones se desestiman los agravios vertidos en tales aspectos.

Respecto del agravio expuesto al sostener que todos los testigos, excepto P., coincidieron en que H. ingresó en el año 2004, corresponde precisar que en el escrito de inicio se alegó que esa persona "ingresó en el año 2003 a laborar, permaneció un año sin registración alguna, y recién fue registrada en el año 2004, sin hacerse constar en sus recibos oficiales su verdadera fecha de ingreso" (p. III. A., fs. 11 vta.).

Al respecto, el sentenciante ponderó la declaración prestada por P. conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., remisión del art. 45 de la ley 69), quien en su calidad de jefe de planta de A. manifestó conocer a todas las personas que en esta causa se presentan como actoras desde 2003 hasta el 2007 (respuesta por las generales de la ley, fs. 156). .

Y las manifestaciones recién expuestas en esta instancia en cuanto a que es testigo parcial e inhabilitado por haber tenido juicio contra la demandada se presenta extemporánea ya que la tacha se circunscribe a la falta de idoneidad del testigo (Devis Echandia, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1979, T. II, par. 209, k), pág. 81, y par. 227, pág. 228), y la crítica orientada a restar idoneidad a tal declaración debe efectuarse en la misma instancia que prestó declaración a fin de que el juez al dictar sentencia aprecie el valor de los motivos fundados en inhabilidad y los hechos que hicieran presumir la parcialidad de la misma (arts. 35 de la ley 69 y 456 del C.P.C.C.).

La falta de idoneidad tiene que alegarse y probarse en la misma instancia en que declaró el testigo; la idoneidad de los testigos que declararon en primera instancia no puede introducirse en segunda instancia como hecho nuevo. Se puede impugnar la idoneidad de los testigos siempre que se lo haga dentro del plazo de prueba. Y cabe advertir que la idoneidad se presume, y quien afirma lo contrario tiene la carga de probarlo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 2, págs. 481 y 482, respectivamente).

Y la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador quien puede seleccionar aquellas que estime más relevantes, por lo que el testimonio de P. no resulta disminuido en su fuerza de convicción por las declaraciones vertidas por S. e I. (fs. 114/115 y y 118/vta.), lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.). .

Por lo demás, si bien R. manifestó que H. entró en el año 2004 cabe considerar que su respuesta no fue categórica ya que indicó "supongo", máxime si se pondera que esa testigo expresó que se fue en el año 2003, pese a lo cual a continuación aludió que en el 2004 estuvieron juntas en un corte de ruta (respuesta a la 9ª pregunta, fs. 154).

Finalmente, la declaración de C. carece de fuerza de convicción ya que declaró que H. ingresó en el año 2004 por constar en los legajos, o sea que su conocimiento no fue directo sino por lo que "constan de los papeles" (respuesta a la 7ª pregunta y razón de sus dichos, fs. 116 y 117 vta., respectivamente), lo que así aprecio conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.).

Por tales razones, se desestima el agravio.

Finalmente, en lo que hace a la indemnización contemplada por el art. 1 de la ley 25.323 el Sr. Juez de la anterior instancia fundamentó la procedencia del rubro en que se da el presupuesto establecido en la norma, esto es, que la relación laboral al tiempo de la extinción no esté registrada o lo esté de modo deficiente, justamente este último supuesto es el que ahora ocupa nuestra atención.

Contra dicho razonamiento la apelante expone una postura que sólo importa una mera discrepancia al sostener que no existió una registración deficiente ya que el reconocimiento de la antigüedad no implica el de otros derechos.

Y sin perjuicio de que se trata de un mero disenso, lo cierto es que con ello no se hace cargo de que el art. 225 de la L.C.T. prescribe que pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia.

Así, sobre el alcance de esa normativa ya se explicitó de modo suficiente en anteriores párrafos, sin perjuicio de lo cual agrego: Como lo hemos indicado, la relación laboral se mantiene en su plenitud, y esto incluye la normativa aplicable, por lo cual la modificación de la persona del empleador que se sustituyó en las obligaciones que tenía el anterior, no puede en modo alguno modificar los términos de la relación (Vazquez Vialard, obra y tomo citado, par. 19, pág. 52).

Por ello se desestima la queja.

3. Resta por considerar la apelación deducida por la demandada a fs. 197 al considerar que resultan altos los honorarios regulados a favor del letrado apoderado de la parte actora.

En tal sentido, destaco que los porcentajes fijados en el 14% más el 40% por el apoderamiento importa un total del 19,60%, y el mismo es el que por lo común se establece para el letrado apoderado de la parte vencedora.

Por ello, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en primera instancia por el Dr. H. A. A., en su carácter de letrado apoderado de la parte actora, estimo prudente mantener los emolumentos establecidos en el fallo en crisis (arts. 6, 7, 9, 19, 39, y 47, de la ley 2.200), lo que conduce al rechazo del recurso, sin imposición de costas en razón de la materia.

4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, con las pautas ya indicadas al punto 3 que antecede y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo prudentes los honorarios que propicia regular el Dr. L. a favor de los letrados apoderados de las partes actora y demandada en las sumas porcentuales equivalentes al 5,88% y 2,8%, respectivamente, del monto del proceso que se establezca en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente. .

Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:.

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada recurrente vencida en ella. 3) REGULAR los honorarios de los Dres. D. G. L. y H. A. A., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2,8% y 5,88% del monto del proceso que se liquide en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

ASI LO VOTO.-.

A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:.

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar:

--------S E N T E N C I A: ---------- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios.

IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada recurrente vencida en ella.

REGULAR los honorarios de los Dres. D. G. L. y H. A. A., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2,8% y 5,88% del monto del proceso que se liquide en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-------------------- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDL.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA.