marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Obligaciones, obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias, pago, competencia comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Laser Disc Argentina SA c/ Pt SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

No puede soslayarse, se reitera, que las partes de la presente litis (codeudores solidarios frente a su acreedor común -el empleado que resultó vencedor en la causa laboral-) se encontraban vinculadas a raíz de un contrato de prestación de servicios eventuales y que de las demandas promovidas por trabajadores contratados a la actora, ésta, en su condición de empresa de servicios eventuales, fue también solidariamente condenada a abonar, conjuntamente con la demandada, las sumas devengadas en favor de esos dependientes como consecuencia de lo dispuesto en dichas sentencias. Si por aplicación de los criterios legales ya referidos no es posible determinar cuotas legales de contribución respecto de las obligaciones involucradas, se entiende que ambos deudores solidarios participan en partes iguales; razón por la cual, dado que las partes no invocaron la existencia de pacto alguno entre ellas y que la causa de la responsabilidad solidaria fue la conducta incurrida por ambas partes en perjuicio de los trabajadores, no tienen incidencia para decidir la controversia las relaciones empresarias entre ambos demandados en sede laboral. En efecto, si se recuerda que, en la responsabilidad civil por daños "extracontractuales" las leyes civiles determinan como presupuesto fundamental para atribuir esa responsabilidad, el "nexo causal doloso o culposo", solo cabe concluir, como se lo hace en el voto preopinante, en que la cuestión ha quedado sellada en sede laboral en este aspecto y en que, en consecuencia, la demandada debe de contribuir con el 50% de las sumas abonadas en el marco de aquellos juicios.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ HECTOR Y OTROS c/ BUNGE Y BORN S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-04

Corresponde a la alzada tratar en primer término la legitimación para obrar planteada en la queja, pues su suerte determina la consideración de las restantes quejas.
Delito penal, indemnización, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL
Carátula: Nicolás, Ernesto c/ Gatica, Juan Antonio s/ Incumplimiento de Contrato -Daños y Perjuicios- Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-10-25

"La suspensión de la acción civil se aplica cualesquiera sean las personas interesadas en los dos juicios y el carácter en que ello lo esté. Así, es indiferente que una de las partes sea actora en el juicio criminal y demandado en el juicio civil, o viceversa. Así también, la suspensión debe aplicarse aún en el caso de dirigirse la acción civil contra una persona que es responsable por los hechos de otros".
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, escala arancelaria, monto del juicio, acción civil en el proceso penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MOURO, RAUL A. s/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-26

En las cuestiones de índole penal en donde no se ha ejercido la acción civil resultan inaplicables las escalas arancelarias fijadas por la Ley 21.839 porque no hay monto del proceso, no pudiendo regularse los emolumentos del profesional peticionante en base al valor del automóvil, cuya entrega se discutía. No obstante ello, existen pautas suficientes para mensurar su actuación, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su vinculación con el proceso principal, el resultado favorable obtenido, el mínimo exigido por la Ley para los procesos penales y demás pautas mensurativas de la ley citada.
Superior Tribunal de Justicia, interpretación restrictiva, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: IBARRA, NORMA c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (EXCUSACION)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-29

Teniendo presente que la designación como reemplazante legal de un Ministro de la Corte Suprema, supone para el designado una serie de derechos y deberes diferenciados respecto del cargo que ocupa como integrante del Poder Judicial -lo que exige criterios muy estrictos para acoger favorablemente los planteos de auto-inhibición-, la causal de apartamiento invocada no puede ser acogida en la especie, por cuanto se trata de una causa con características particulares, atento a que su temática guarda sustancial analogía con un grupo numeroso de expedientes que se encuentran a estudio de esta Corte, integrados todos con el mismo Tribunal; y siendo ello así, no resultaría posible pensar que el Vocal que se excusa pudiese decidir la presente causa constreñido por intereses personales, tendente a favorecer a uno de los profesionales del derecho actuante, en detrimento de la verdad objetiva.
Fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: Jaureguiberry, Horacio Arturo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-24

La disidencia señaló que el pronunciamiento recurrido se encuentra precedido de suficiente fundamentación a tenor de lo normado en el art. 123 del C.P.P.N. y los agravios de la parte sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos; 302:284; 304:415); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 305:1103; 306:1368; 335:1779). Dres. Borinsky, Carbajo -en disidencia- y Gemignani
Acción de amparo, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Caceres, Juan Dionicio s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-22

Corresponde rechazar el amparo interpuesto, por el que el accionante pretende se deje sin efecto el desalojo ordenado por el juez de mérito, cuando -como en el caso- el acto jurisdiccional producido en Primera Instancia, no fue impugnado en la forma y tiempo procesal oportuno. Ello en tanto, si bien es cierto que la acción no se dirige contra el acto jurisdiccional producido en Primera Instancia, también lo es que se intenta por esta vía modificar las consecuencias de dicho acto vulnerando así el principio de la cosa juzgada.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAVENNA HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA OTERO ABACA FAUSTINO c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-07-18|1984-07-19

Desde la ultima actuación, hasta que se formula el pedido, ha transcurrido el plazo previsto por el art. 57 del C.P.C.A. Para que la perención se opere, sin que la actora haya instado su prosecución, pues la constitución de nuevo domicilio no configura acto de instancia.
Acta de secuestro, testigos de actuación, ausencia de testigos, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rojas, Daniel Fabián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-27

En el caso, el acta cuestionada sólo refleja hechos no controvertidos y que surgen también de otras pruebas, por lo que no se vislumbra, en tales condiciones, en qué, ha influido la ausencia de dos testigos que asistan a los funcionarios policiales cuando ha sido el propio imputado quien reconoció la veracidad de lo asentado en el instrumento. (Voto del Dr. Riggi, adhiere Dr. Tragant, Dra. Ledesma en disidencia).
Alimentos, cuota alimentaria, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: V. DE S.E.Z. c/ S.A.M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-03

Más allá de las posibilidades que puedan brindar los ingresos del obligado, el monto de la cuota alimentaria tiene un límite dado por las necesidades de la beneficiaria que debe solventar. Con lo cual, aún en la hipótesis de que sus ingresos le permitiesen hacer frente a uno superior no autoriza por sí a que así se disponga (conf. C.N Civ. Sala G, R. 21.352 del 20/5/86; id.id. R. 24694 del 23/10/86).-
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivas, Domingo y otro c/ Quetzal Electrónica S.C.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Al apreciar los dictámenes periciales los jueces ejercerán facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante".-
Queja por denegación o retardo de justicia, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Maciel, Rolando Esequiel c/  s/ queja por retardo de justicia
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-05-12

Corresponde declarar abstracta la queja por retardo de justicia presentada, dado que se ha agotado el objeto de la queja presentada por encontrarse ya resuelta la pretensión.
Instrumentos privados, valor probatorio, juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reyna Carlos Alberto c/ Pascuali Víctor Luis y otros s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Si se probó en el juicio que el documento hecho valer por el ejecutado fue adulterado en la parte que éste invocó para conectar el pago con la obligación ejecutada, el pago en cuestión no está acreditado, ya que la indivisibilidad resultante de la firma de un instrumento no atañe a las partes de él que contengan irregularidades como las que se pusieron de manifiesto en el caso al darse por demostrada la adulteración (arts.547 C.P.C. y 1029 C.C.).

-SCBA. Ac.44980, sumario nº 21785 de JUBA-
Nulidad procesal, intimación de pago, domicilio social, juicio ejecutivo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Carocar SA c/ Turismo Integral Patagónico SRL s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-04

Procede declarar la nulidad del mandamiento de intimación de pago y de todos los actos que hayan sido su consecuencia. Ello por cuanto, si bien donde se practicó la diligencia fue el domicilio social inscripto de la demandada, con posterioridad ella inscribió ante la Inspección Regional de Personería Jurídica de la Provincia de Rio Negro un nuevo domicilio social. Cierto es que esa registración tuvo lugar con posterioridad al diligenciamiento del mandamiento, pero también es cierto que advertida la actora de que la contraria había mudado su domicilio -aunque no hubiera sido registrado aún- y prevenida de que tal proceder podría acarrear nuevos planteos defensivos frente a una notificación defectuosa, la diligencia fue practicada arrojando un resultado negativo. En tales condiciones las dudas que le caso presente no pueden ser discernidas sin considerar que de lo que se trata es de garantizar el efectivo derecho de defensa en juicio. En todo caso, queda suscitada una situación de incertidumbre acerca de si la intimación de pago, acto procesal irrenunciable en el juicio ejecutivo, es susceptible de ser considerada debidamente practicada en el domicilio social inscripto cuando en el expediente existía otra denuncia acerca del verdadero paradero de la sociedad demandada que se ignoró; y, por lo dicho, esa duda, torna admisible la tacha de nulidad.
Indemnización por despido, multa laboral, tope indemnizatorio, aplicación del convenio colectivo, ley de empleo, cambio de categoría, cargo de mayor jerarquía
Materia: LABORAL
Carátula: CANEPA, Luis c/ TAIPEI S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-12

Cuando el sistema jurídico tarifa las indemnizaciones, busca un marco objetivo que permita establecer las consecuencias de las conductas, pero no refiere a la situación personal del acreedor. En los supuestos en que se aplica un convenio colectivo de trabajo que no contempla dentro de sus escalas salariales la categoría de director general que detentaba el actor, la conclusión es obvia: el tope elaborado en base al promedio de todas las categorías de dicho convenio excluyendo la del actor constituye para el caso concreto "res inter alios acta". Consecuentemente debe declararse inaplicable.

(Del voto del Dr. Capón Filas, en mayoría).
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, omisión de considerar cuestión propuesta, Derecho laboral, enfermedad profesional, prueba, historia clínica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MENDEZ, HECTOR ARIEL c/ DOW QUIMICA ARGENTINA S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-18

La impugnación planteada ha de merecer favorable acogida, desde que la Cámara ha omitido brindar un tratamiento apropiado a las dos hipótesis sostenidas por la recurrente; en primer lugar, que la enfermedad padecida por el trabajador era preexistente -planteo descartado por el A quo sin considerar que la historia clínica y la declaración del médico tratante merecían una adecuada valoración a la luz de los agravios expresados por la demandada, teniendo presentes que la fecha de inicio de la relación laboral era coincidente con un informe de laboratorio positivo para hepatitis C-; y en segundo término, el rechazo del argumento de que el actor se encontraría curado, habiéndose denegado la petición de apertura de la causa a prueba por afirmar el Sentenciante que es de conocimiento vulgar que la enfermedad en cuestión no es curable. (Del voto del Dr. Falistocco)
Ejecución de sentencia, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: ZUBDESA  S.A.C.I.F.E c/ M.C.B.A. s/ INC. DE EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

Los honorarios en la ejecución de sentencia se deben retribuir como integrantes solamente de una etapa de juicio ejecutivo sin excepciones (conf. C.N.Civ. Sala D, "Bet, José s/sucesión", c. 21 034 del 2.4.86).
Grabaciones, regla de exclusión, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ricciardi,  Graciela  Amelia; Nápoli, Agustín Carmelo y Vizgarra,Graciela s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-13

Las grabaciones "caseras" al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genericamente ilegítimas o inadmisibles, sino que su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a fin de acreditar los hechos materia de investigación. Por tanto, la generalización en lo que atañe a la exclusión como prueba de toda grabación fortuita de una conversación, sin atender a las particularidades del caso concreto, tratándose de conductas particulares con las que pretenden corroborar con los medios que la ciencia y la técnica ponen a su alcance aquello que denuncian ante la autoridad pública. No es violatoria de la privacidad la filmación de conversaciones mediante la utilización de una cámara oculta que aportara al proceso la damnificada, llevada a cabo por ella en el domicilio de su hermana. (Dres. Tragant, Riggi y Ledesma.
Energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, mercado eléctrico, mercado eléctrico mayorista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "EDEA S.A. c/ resolución 283/03-ENRE".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Las distribuidoras a sus usuarios comunes les transportan y les comercializan energía eléctrica que han comprado en el mercado eléctrico Mayorista (MEM), mientras que cuando cumplen FTT sólo transportan. En tanto y en cuanto cumplen ésta función, lo hacen exclusivamente en base al funcionamiento del nuevo mercado mayorista e independientemente de sus funciones de distribuidor local, debiendo sujetarse necesariamente a todas sus normas y reglamentaciones ya que están actuando en un ámbito estrictamente federal (Sala I "EDET S.A. c/ Resolución 841/2000 -ENRE-", 15/8/00) (Cons. IX).
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: AGUIRRE, RAUL EMILIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   IMPUGNACION DE LIQUIDACION.     CSJ EXPTE NRO 229-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-01

El poder vinculatorio de la sentencia tomó en cuenta los elementos del proceso dialéctico, inescindibles, desarrollados en el transcurso del trámite, incorporándolos de modo definitivo, por imperio del conocido efecto de la cosa juzgada, al ámbito de regulación visto en lo que constituyó la materia del proceso. De allí que, aceptar la liquidación efectuada por la Administración no respetando lo decidido en el fallo, importaría sin más, variar por vía incidental, sin debate ni probanza, la decisión pronunciada luego de un proceso en el que cabía defender las posiciones de cada justiciable, acreditando la exactitud de los extremos invocados.

Importaría liquidar toda posible seguridad o certeza.
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Alto Palermo y otros s/ impugnación actos administrativos s/ recursos de apelación ordinarios concedidos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07

Corresponde equiparar la decisión impugnada a una definitiva, aun cuando ella no ponga fin al pleito sino que determina su continuación, toda vez que se cuestiona el desconocimiento de un acto emanado de otro estado, el Nacional, habida cuenta de que, aunque la Cámara Nacional de Casación Penal ejerce competencias locales, sigue, todavía, funcionando bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación y la violación al art. 7 de la Constitución Nacional invocada no se subsanaría totalmente aun cuando la decisión definitiva resultase favorable al hoy recurrente, puesto que vendría a pronunciarse respecto de una cuestión que, en la visión del recurrente, fue materia de debate ante los tribunales de otro estado. Voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano.
Acción de lesividad, acto administrativo, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 71.041 - Gobierno de la Provincia de Mendoza c/ Bacha, Juan Carlos y Ots. ( Suprema Corte) Ocampo Hidalgo, Adolfo y Ot. s/ Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-17

A los efectos de determinar el otorgamiento de adicional por riesgo, a los miembros del Cuerpo Médico Forense, se requiere el dictamen obligatorio y no vinculante de la Junta Asesora Permanente. Si ese dictamen se ha producido y resulta favorable al otorgamiento del adicional, no puede predicarse que existe vicio en la voluntad previa a la emisión del acto. En consecuencia, la sola afirmación de la parte actora de que la determinación del riesgo no está debidamente acreditado resulta insuficiente para destruir la estabilidad del acto administrativo atacado.
Interpretación del contrato, buena fe, locación de servicios, servicios de vigilancia, cláusulas del contrato, conducta de las partes, efectos del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: INSEC  S.R.L. c/ SEGBA  S.A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es obvio que de acuerdo con las reglas de la buena fe, que rigen para la celebración y la interpretación de los contratos, art. 1198 C.Civil, la actora debió, antes de firmar el convenio, solicitar las aclaraciones pertinentes. Cabe detenerse en esta conducta no adoptada por INSEC porque en la primera de las comunicaciones que le envió SEGBA, ésta le advirtió que antes de la firma del texto propuesto procediera a su estudio, aclaraciones y/o adaptación de modalidades operativas. Los reclamos que en forma colectiva hizo posteriormente en dos oportunidades, no pueden tener, en tales circunstancias, ninguna virtualidad contractual. Contrastan, por otro lado, con los retenes, mes a mes, como lo dispone la cláusula 25 de los contratos, facturación que recién presentó tres años después de concluida la relación, luego de importes que ella misma había liquidado mensualmente. Esa recordada regla de la buena fe es, por lo tanto, un obstáculo para el progreso de la pretensión de la actora. Un deber mínimo de lealtad era, consecuentemente, discutir en ocasión de la firma del contrato, los alcances de la obligación de mantener los retenes y lo relativo a su retribución. Si las partes nada dijeron al respecto en esa oportunidad y se limitaron a reproducir la cláusula que antes habían adoptado, con la particularidad de que las prestaciones del servicio de retenes se venían realizando de hecho sin cargo para SEGBA, por lo menos, así las había cumplido INSEC y su reclamo no fue aceptado, es obvio que se deben considerar tardíos los dos únicos pedidos colectivos formulados durante la vigencia de la relación contractual.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, pagaré, pago, pago a favor de un tercero, invalidez del acto jurídico, terceros, endosante, embargo, acción de repetición, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Camus, Ramón Gregorio c/ Lang, Luciano Guillermo Pio y otro. s/ pago a terceros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

No reviste la condición de irrevisable el pronunciamiento que -al declarar la invalidez de los pagos efectuados a terceros endosatarios de pagarés librados a orden de la demandada con anterioridad a la notificación del embargo- mantuvo la intimación para que la recurrente depositara sumas equivalentes a una parte de la condena pues, más allá de la acción de repetición, queda al apelante la posibilidad de debatir el destino final de las sumas luego de su efectivo depósito y, asimismo, pudo haber agotado la vía procesal regular -el trámite de contracautela- para aventar los eventuales daños que pudiera haber provocado una medida precautoria trabada sin derecho.
Sindicatos, sistema electoral
Materia: LABORAL
Carátula: Lacour, Elisabet Miriam y ot. c/ SUTEBA y ot. s/ Amparo sindical
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Los planteos que se vinculan con la validez de los actos eleccionarios realizados en una entidad gremial resultan ajenos, por su naturaleza, a las facultades que tienen los jueces locales sobre la materia.
Contrabando de estupefacientes, control aduanero, contrabando de mercadería prohibida, tenencia de estupefacientes para consumo personal, cantidad de estupefacientes, competencia en lo penal económico, ardid, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: CASTRICIANO, ARIEL A. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación interpuesto por el fiscal contra la declaración de incompetencia.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Corresponde confirmar la resolución que declaró la incompetencia del fuero en lo penal económico para entender en la causa puesto que si bien se encontraría cumplida la faz objetiva del tipo complejo que es el delito de contrabando, dado que el imputado reconoció llevar consigo la droga secuestrada dentro de la riñonera que portaba debajo de sus ropas, no ocurre lo mismo con la faz subjetiva, esto es, la intención, dolo, conocimiento y voluntad de dificultar o impedir el control que las leyes acuerdan a las aduanas; siendo que se trataba de una escasa cantidad de estupefacientes para consumo personal, la forma en que llevaba la droga no puede entenderse como una ocultación al control aduanero, sino un resguardo de su intimidad, ajeno al delito de contrabando pero pudiendo configurarse el delito del Art. 14 de la ley 23737 (Del voto del Dr. Bonzón).