marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Juan Francisco Bueno Alves y Carlos A. B. Pérez Galindo (querellantes) c/  s/ Recurso de hecho deducido en la causa "Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal - causa N° 24.079"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

Para que un hecho pueda ser considerado delito de lesa humanidad, el ataque debe haber sido llevado a cabo de conformidad con la política de un estado o de una organización. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso penal, tráfico de estupefacientes, establecimientos asistenciales, asistencia sanitaria, secuestro de bienes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Zambrana Daza, Norma Beatriz s/ infracción a la ley 23.737.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Vedar automáticamente la investigación de las pistas que pudieran surgir del secuestro de efectos obtenidos a raíz de la concurrencia de quien delinque a un nosocomio público significaría erigir un obstáculo legal a la persecución del delito y alentar la difusión del medio de comisión empleado, con grave menoscabo de los bienes jurídicos de relevante jerarquía que ampara el tipo penal del tráfico de estupefacientes (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Pago, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RICHEZZE, JORGE c/ CRESPO BARCELO, PILAR s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-11-13

En un juicio de conocimiento, el pago es un hecho que puede demostrarse por cualquier medio de prueba.
Preaviso, indemnización sustitutiva de preaviso, aumento salarial, depreciación monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: ALEGRE, PAULA c/ COMPAÑIA GENERAL FABRIL FINANCIERA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-01

Si bien los aumentos salariales que rigieron durante el lapso de preaviso omitido deben tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización sustitutiva, no pueden generar depreciación monetaria con antelación a su concesión, pues tal conclusión importaría reconocer a la disposición legal que los fijó, un efecto retroactivo notoriamente extraño a las previsiones contenidas en el art. 3 del C Civil.
Actividades laborales, empleados de banco, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMORA DANIEL SALVADOR c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-08

Los conceptos utilizados en las normas legales no deben interpretarse dentro de los parámetros de apreciación de un hombre común, sino de un empleado bancario, al que corresponde un oficio y una formación profesional propios de quienes tienen la obligación de custodia de dineros ajenos y que ofrecen a la comunidad servicios especializados (conf. esta Sala, causa 7140/99 del 20.03.03). "La empresa bancaria se caracteriza por la actividad de intermediacion en el credito que desarrolla, o sea la captación del ahorro entre el público, en cualquiera de sus formas, y en el ejercicio del crédito. Se trata de una actividad que no puede apreciarse con los mismos parámetros que resultan aplicables a un particular -medio-, pues toda institución bancaria es un ente mercantil al que debe atribuirse un alto grado de especialidad, con obvia superioridad técnica sobre sus clientes, circuntancia que la obliga a obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional, conforme a los arts. 512, 902 y 909 del CCiv." (Carlos G. Gerscovich, Consumidores Bancarios. Derechos economicos de los bancos y sus clientes, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p 102).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, contenido de la demanda, indicación de la causa, deuda previsional, AFIP
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cueto, Patricio Ignacio c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por fisco nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Resulta improcedente negar legitimación a la Administración Federal de Ingresos Públicos para insinuar un crédito generado en la falta de pago de los aportes previsionales de un trabajador autónomo (CSJN, in re "Scalise, Claudio s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión por Fisco Nacional", del 09/08/11).
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CATACATA, Héctor Osvaldo c/ RAMOS, Oscar Arnaldo; CHOCOBAR, Juan Juvencio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1989-10-19

Probada o admitida la culpabilidad del demandado en el evento, aunque los presupuestos de reparación no estén reconocidos, el juez puede fijar el monto de las indemnizaciones reclamadas por los daños y también por la privación del uso del vehículo si ello surge del estado en que quedó el mismo después de la colisión. El juez podrá tomar como referencia el presupuesto presentado por los demandados y fijar el monto.
Contravenciones, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: R., R.A. s/ infracción art. 72 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-14

Ante el vacío legal circunstancial provocado por la derogación de los arts. 79 y 90 de la ley 5827 - así como todos aquellos referidos al Ministerio Público - por el art. 20 de la ley 12.060; la falta de vigencia de la ley 12.061 - que debía reemplazar a aquellos que han quedado sin efecto - al menos hasta el 01/oct/98 ( art. 98 ley 12.061, leyes 11.922, 12.085 y 12.119 ), y estimando el Juzgado que resulta necesaria la participación del Agente Fiscal en los juicios de faltas y contravenciones provinciales, debemos resolver que : si el art. 90 de la ley 5827 otorgaba facultades para requerir la opinión a dicho funcionario y el art. 17 de la ley 12.061 prevé su actuación ante el fuero de la Justicia de Paz, corresponde pasar los autos al Ministerio Público, para que se expida conforme se le requiriera oportunamente. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento laboral, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez, Beatriz Rosana c/ Gutierrez, Violeta Carmen s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-12-10

En cuanto a la valoración de los testimonios, cabe recordar que esta Sala ha resuelto en forma reiterada que ".en la apreciación de la prueba testimonial, la magistrada goza de amplia facultad y el juicio que en tal sentido emita no puede ser sometido a censura mientras no se demuestre que es producto de un razonamiento absurdo. Ello porque la virtualidad de la prueba testimonial no depende más que del grado de convicción que produzca en el ánimo del sentenciante" (Marín, Calixto Gumercindo c/ Transporte Lagos SRL s/ Ordinario, Expte. 36350/15, sentencia del 18/09/19. En el mismo sentido, "Ibarra, Miguel Alberto vs. López, Oscar Rene s/ Ordinario", Expte. 27.146/01).
Accidentes de trabajo, asegurador, citación en garantía
Materia: LABORAL - PROCESAL CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL LABORAL - COMERCIAL
Carátula: BARRETTA, HECTOR GERARDO c/ MOLINO ARROCERO SAN IGNACIO Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO     ACCION COMUN      EXPTE NRO 68-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-24

La aseguradora citada en garantía es parte de la relación jurídica sustancial, no habiendo ésta asumido la dirección letrada de la demandada. Cada parte conserva la legitimación autónoma y tiene plena posibilidad de oponer todas las defensas y excepciones que pretenda en base a su autonomía procesal y a su condición de parte interesada, por lo cual ha errado el sentenciante cuando no permite a la citada en garantía la negativa de los hechos que planteara ante la incontestación de la demanda por parte de la accionada.

El artículo 118 de la Ley de Seguros apartados 2 y 4, permite convocar a la aseguradora al proceso, siendo facultativo; si no se la convoca será tercera ajena al proceso, si es llamada al mismo es parte de la relación jurídica sustancial.
Accidente de tránsito, relación de causalidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Coria, Juan Angel c/ Olmos, José s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-17

Determinar si existe o no relación de causalidad entre un acto y un resultado es cuestión de hecho sujeta a la prueba producida, debiendo el magistrado decidir de acuerdo a las circunstancias del supuesto sometido a examen.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: PLANCICH, JORGE A c/ BELTRAME Y OTRO s/ COBRO DE AUSTRALES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 51-90 CONSORCIO EDIFICIO CORRIENTES Y CORDOBA c/ HALMEN SA s/ EJECUCION DE SENTENCIA    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 107-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-16|1990-08-16

El juego de los artículos 356 del Código Procesal Civil y Comercial y 8 de la Ley 7055 (con el párrafo agregado por el artículo 1 de la Ley 10241) no deja lugar a dudas acerca de que en el caso de quejas por denegación de recursos de inconstitucionalidad deducidos contra resoluciones emanadas de Tribunales con asiento en la ciudad de Rosario, el plazo es de tres días. Igual plazo rige si el quejoso opta por presentar la impugnación en la Secretaría de este Cuerpo con asiento en la ciudad de Santa Fe, desde que la nueva norma del artículo 1 de la Ley 10241, con el agregado que introduce al artículo 8 de la Ley 7055, está destinada a facilitar -en función de la distancia- la presentación de quejas por denegación de recursos de inconstitucionalidad por parte de los profesionales del sur de la Provincia, en la Mesa de Entradas de esta Corte en la ciudad de Rosario, habilitada a ese efecto.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-14


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 14 de 2008.

1. La Segunda A.R.T. S.A. apeló la resolución administrativa nº 842/07 que en copia certificada consta incorporada en fs. 67/71 en cuanto al monto de la sanción que allí se le impuso equivalente a 159 MOPRES (fs. 75/78).

2. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo sancionó a la apelante, en relación al siniestro acaecido al trabajador Gustavo Alberto Ramos, por incumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del pto. 1 del artículo 13 de la ley nº 24.557, frente a la demora incurrida en efectuar el pago de la prestación en concepto de incapacidad laboral temporaria (I.L.T.) de pago mensual.

3. En referencia al tema en cuestión, corresponde señalar que la multa impuesta de 159 MOPRES dentro de una escala que contempla multas de 20 a 2000 MOPRES (Resolución S.R.T nº 10/70 art. 1 Anexo I y Decreto nº 833/97:3), aparece excesiva a tenor de las circunstancias específicas del caso.

En este sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad de graduación de la sanción entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no debe escapar al control de razonabilidad el cual corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública (conf. arg. C.S.J.N. 24.11.98, "Demchenko, Iván c/ Prefectura Naval Argentina -DPSL 3/96- s/ proceso de conocimiento"), todo lo cual resulta de aplicación al caso aquí examinado.

Frente a estas razones, ponderando la entidad e importancia del incumplimiento comprobado y sin desatender que la aseguradora cuenta con antecedentes sancionatorios en la materia, estima la Sala que una multa de 80 MOPRES guarda mejor proporción con la entidad de la falta cometida.

4. Por lo expuesto, se RESUELVE:

Reducir el monto de la sanción impuesta a 80 MOPRES.

Notifíquese a las partes y a la señora Fiscal de Cámara en su despacho.

Devuélvase sin más trámite el presente expediente. -Gerardo G. Vassallo. -Juan José Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.
Accidente de tránsito, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LOHRMAN DE AGUIRRE, LILIANA HAYDEE c/ GARCILAZO GUSTAVO RUBEN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS GEREZ, CLAUDI SUSANA c/ COOPERATIVA DE TRANSPORTES EL SOL LTDA. Y/U OTROS s/ COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS ABATE DE PALACIOS EDITH MIRIAM c/ EMPRESA 9 DE JULIO (LINEA 21) Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS COBRO DE PESOS-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-19|2001-10-04|2001-12-04

Corresponde declarar la culpa concurrente si los dos conductores efectúan sendas maniobras que entrañan riesgos significativos, sin adoptar las precauciones debidas, indicadas por las circunstancias de tiempo y de lugar e incurren en conductas culpables que provocan el accidente que origina el litigio.
Rechazo in límine, beneficio de litigar sin gastos, mejora de fortuna
Materia: PROCESAL
Carátula: Angel Roberto Acosta y Marta A. Escotorín de Acosta s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-02-08

No resulta de recibo el supuesto agravio constitucional del ocurrente que entiende que por gozar de la concesión de un beneficio de litigar sin gastos no puede ser condenado en costas y pretende el levantamiento del embargo trabado sobre sus haberes por orden del Juez de Primera Instancia en un incidente del proceso de ejecución de sentencia.

En efecto, la presentación en análisis que sólo pretende la satisfacción de un interés particular, no puede alterar la competencia exclusiva y originaria de esta Corte, resultando imposible por lo tanto que se avoque al tratamiento de la cuestión planteada, sin perjuicio de ello resulta oportuno determinar que el beneficio obtenido de litigar sin gastos no impide la condena en costas sino su ejecutoriedad.

Ello así, existe unanimidad en doctrina y jurisprudencia sobre el tema ante la claridad de la ley -art. 84 C.P.C.C.-, no tan sólo se lo puede condenar en costas sino que debe practicarse la correspondiente regulación de honorarios, los que quedan supeditados a que la beneficiada mejore su fortuna.

El ocurrente -ejecutado en costas- en ningún momento alega que no mejoró su fortuna y por ello que las mismas no puedan ser reclamadas y, aunque así fuera, este argumento de la falta de ejecutoriedad de las costas debió articularlo ante el juez competente en los plazos y forma que la ley procesal establece; en consecuencia corresponde el rechazo in limine de la presentación efectuada.
Accidentes de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Domingo L. c/ Acigras S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-01

A los efectos de la atribución de responsabilidad por los daños en la salud del trabajador, vigente el régimen de la ley 9688, la extinción del vínculo laborativo carece de virtualidad para hacer exigible un crédito indemnizatorio derivado de la Ley de Accidentes de Trabajo.
Proceso judicial, alegato
Materia: PROCESAL
Carátula: "Banco Coronel Pringles SA c/ BCRA resol. 417/87".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-21

El alegato es el escrito en el cual las partes de un proceso se manifiestan sobre el mérito de la prueba producida examinando y anlizando las elaboradas durante la secuela de juicio, frente a los hechos afirmados y su límite es la prueba producida (Cons.

3°).
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, ley procesal, medidas cautelares, fallido, medida cautelar autónoma, procedimiento licitatorio, improcedencia del recurso, jueces, competencia
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ashoka Construcciones SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-13

Cuando, como en el caso, se pretende determinar la posibilidad de que la concursada participe en el proceso licitatorio convocado por un organismo del Estado para la realización de una obra pública a la cual no puede acceder por encontrarse en concurso preventivo; y para ello desea que, mediante una medida cautelar autónoma -o sea, inaudita parte- se invalide el artículo 12 del Pliego de Cláusulas Generales o de cualquier otra norma de similar contenido dictada en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria; en ese marco, cabe señalar que no corresponde que el magistrado del concurso interfiera en la esfera de las facultades y atribuciones correspondientes a la Administración Pública. A más, el tipo de medida pretendida constituye un remedio procesal que de ordinario debe aplicarse con criterio restrictivo; lo cual cobra mayor intensidad en el caso en razón de que la cautelar surgiría como autónoma puesto que no accede a una pretensión de fondo cuya procedencia sustancial vaya a ser esclarecida en el proceso concursal. Es que la eventual acción que pueda llegar a promover la concursada deberá tramitar, conforme ha sido señalado, por ante el juez que resulte competente de acuerdo a la naturaleza de la relación y de la pretensión sustancial que se esgrima. En este contexto, resulta claro que sería improcedente el dictado de la medida cautelar que se pretendió. Es que la regla indica que la decisión cautelar debe ser adoptada como principio por el juez competente -CPR 196, 1er párrafo-, salvo en supuestos de excepcional urgencia (v. esta Sala; "Fernandez Homero Wenceslao c/ Grupo Banco Provincia de Buenos Aires S/ Ordinario", del 30/10/13, entre otros); excepcionalidad que no se verifica en el caso de autos.
Docentes, concursos, derecho de enseñar y aprender, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Marchettini Elsa M. c/ Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Tribunal Descentralizado de Calificaciones Regional Nº9 3 de la Matanza s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-01

Sin dejar de tener en cuenta que el derecho a trabajar, como el resto de los derechos de jerarquía constitucional deben ser ejercidos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio, entiendo que el inciso e) del artículo 57 del estatuto del docente, al establecer un arbitrario límite de edad para acceder a la inscripción en la docencia, se excede justamente en su contenido reglamentario, vulnerando los artículos 14, 14 bis, 16, 28, 31, 43 y concordantes de la Constitución Nacional; artículos 11, 20,27, 35 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica.
Recurso extraordinario federal, cuestión federal
Materia: PROCESAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Amaya, Ramón Antonio y Vallejos, Luis Mauricio y otro s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio s/ Art. 71 -Apelación- s/ Recurso de Inconstitucionalidad concedido y su agregado Expte. Nro. 1911 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en Amaya, Ramón Antonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-21

Se trata, en el caso, de la interpretación de la ley procesal (contravencional, LPC), esto es, de una ley local y común, y la interpretación dada por la mayoría de los jueces del Tribunal Superior puede controvertirse, pero no es absurda. De ello se desprende que el recurso extraordinario federal tampoco procede, porque no se trata de una cuestión federal, a pesar de las invocaciones del hoy recurrente. (Del voto del Dr. Maier)
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, actos u omisiones de autoridades públicas, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: "PAOLETTI,  LUISA c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo Nacional yotro s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-16

No es factible la utilización de la vía del amparo, si es que no se alega y funda específicamente un daño concreto y grave, que la arbitrariedad invocada surja de tal modo que el juzgador pueda captarla a simple vista, como lo prescribe el art. 1 de la ley 16.986, y que la ilegalidad del acto lesivo se evidencie en forma notoria; siendo insuficiente alegar una conducta estatal cuestionable, sosteniendo que se afecta o restringe algún derecho constitucional (cfr. C.N.A.Cont.Adm.Fed., Sala V, sent. del 09.12.97, "Servicios Médicos Sarmiento S.A. c/ E.N."; C.F.S.S., Sala I, sent. del 28.02.05, "Barreyro, Elva Pilar"; ídem, sent. del 26.05.03, "Fasce, Ana María"; ídem, sent. del 01.10.02, "Heligon, Jacoba Petrona y otros").
Seguros, interpretación del contrato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Brey, Zulma S. c/ Propietarios y/o usufructuarios y/o tenedores del Complejo Habitacional Bernal 274 s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-17

El contrato de seguro debe interpretarse literalmente en los supuestos que la cobertura está expresada claramente, no siendo posible otorgarle una interpretación extensiva, toda vez que la enumeración de los riesgos y la extensión de la cobertura debe apreciarse restrictivamente. En el caso de cobertura por responsabilidad civil, si por circunstancias previstas en el contrato de seguro o por la ley, el hecho dañoso está excluido de aquélla, nadie puede reclamar su resarcimiento a la compañía aseguradora.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

Las facultades de gobierno nacional sobre la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser reasumidas por el Presidente o por el Congreso, ni siquiera de manera transitoria, lo cual queda demostrado por la inclusión de la Ciudad en los arts. 75, inc. 31 de la Constitución, 99, inc. 20, que solo admiten este tipo de injerencias en la Ciudad de Buenos Aires si el Congreso dispone a la intervención federal o aprueba la intervención decretada por el Presidente durante su receso (Voto del juez Rosenkrantz).
Prueba documental, fotocopia
Materia: LABORAL
Carátula: PAEZ GUSTAVO RODOLFO c/ RAMÓN DIEGUEZ S.A. Y/U OTROS s/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-22

Una fotocopia simple carece de carácter de prueba documental válida, pues le falta la forma legal indispensable, cual es la de haber sido autenticada por funcionario competente.
Ley penal, ley sustantiva, contravenciones
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-06

Los estados locales (provincias y CABA) deben aplicar las leyes de fondo dictadas por el Congreso Nacional en materia de legislación común, por lo tanto cuando se juzgan las acciones que tipifican como delito se aplica el Código Penal de la Nación que comprende, sin duda, las inhabilitaciones que allí prevé la ley penal (arts. 12 y 19 CPN); pero cada jurisdicción establece sus propias reglas procesales y dicta sus propias leyes relacionadas a las materias en las que tiene competencia exclusiva, tal como ocurre con la legislación de faltas y contravenciones y la electoral, obviamente respecto de la elección de autoridades locales. (Voto de la Dra. Ana María Conde).