marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), robo, calificación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Silvina del Valle Peralta c/ CORNU, Pedro Gonzalo s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-07-10

Este Tribunal tiene dicho, siguiendo las enseñanzas del Dr. Ricardo Núñez que el hurto (o robo en este caso) "es una sustracción (que) se consuma, en realidad, tan pronto como un acto de apoderamiento del autor ha privado a otro de la posesión corporal de la cosa". . Entendiendo el autor que ello sucede "cuando, según las circunstancias del caso, a causa del acto de apoderamiento del autor, la cosa ya no es portada o conducida por la víctima, o ya no está en la esfera o ámbito de custodia del agraviado..."; y para completar la idea continúa diciendo "El acto de apoderamiento se estructura, por un lado, con el acto material de obtención de la cosa, y por otro, con el propósito de someterla al propio poder, es decir, el de disponer de ella" (Trat.de Der.Penal, Ed.Lerner, 1989, T.IV, pag.181 y ss).

El segundo momento se satisface con el propósito del agente, con la intención o voluntad de someter a su poder la cosa sustraída, lo cual no debe confundirse con la posibilidad cierta y efectiva de hacerlo. El hecho de que los imputados fuesen seguidos y más adelante aprehendido uno de ellos por personas que acudieron al llamado de auxilio, no quita que no hayan tenido "el propósito de someterla al propio poder".

El desapoderamiento se abastece, con la pérdida de la relación de hecho del tenedor respecto del bien objeto de la sustracción; no debe olvidarse lo jurídicamente protegido en el caso (la tenencia de la mochila), en tanto que la intervención casual de un tercero no puede beneficiar al imputado cuando el propósito de señorío sobre el bien hurtado o robado está probado.
Facultades no delegadas, ejercicio profesional, martillero, contadores públicos, incompatibilidad de ejercicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lobo Casas, José Eduardo c/ Colegio de Martilleros de Jujuy s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 356/358, Nº 154) Jujuy s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 43, Fº 356/358, Nº 154)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1994-11-08

Si el art. 5 de la ley Nº 4152/85 prevé las incompatibilidades disponiendo que no pueden ejercer la profesión de martilleros: a) ...los contadores,..., debe entenderse que se trata de una normativa dictada en el marco de las atribuciones provinciales de reglamentar el contralor de la matrícula, el poder de policía y el ejercicio profesional como auxiliar de la justicia, esto es, en el contexto de facultades no delegadas al poder federal. Siendo así, deviene obvio colegir que el legislador local no puede contemplar condiciones habilitantes para ser martillero público, que no sean las que prevé el ordenamiento nacional. Por tal motivo, el art. 5 de la ley 4152/85 debe entenderse reglamentado las condiciones habilitantes para el ejercicio profesional como auxiliar de la justicia, materia ésta reservada a las provincias, según expresamente lo estatuye el art. 27 de la ley Nº 20.266.-
Obligaciones del empleador, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ISLAS, EDUARDO O. c/ DE LA FUENTE, JESUS OSCAR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-27

Es obligación de todo empleador llevar el libro especial a que hace referencia el artículo 52 de la LCT. con independencia del número de personas que ocupe.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, beneficio de litigar sin gastos, queja por denegación del recurso extraordinario
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Avallone, Mario Ricardo c/ Isla Santa Mónica S.A. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-08

La deducción de un nuevo recurso extraordinario contra la denegación del beneficio de litigar sin gastos iniciado con motivo de la presentación en queja contra el rechazo de aquél, como modo de "imprimir el impulso procesal respectivo" son manifiestamente improcedentes e importan un dispendio jurisdiccional, por lo que deben desestimarse.
Costas, seguro por accidente de trabajo, cobertura
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, SANTIAGO ELADIO c/ INSMETAN  S.R.L. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

Conforme lo establecido por los articulos 110 y 111 de la ley de seguros (17418), las costas del juicio son independientes de la suma asegurada y es correcto incluirla de la limitación de la cobertura.
Reajuste jubilatorio, asignaciones no remunerativas, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VARGAS VANDER SCHRAFT, EMILIO Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-26

El art. 43, inc. e) de la ley 8024 -to Decr. 40/2009-, referido a la fecha de pago de las rectificaciones o reajustes del haber jubilatorio, debe ser interpretado en forma armónica con el art. 44 de ese cuerpo legal, de modo tal que las diferencias demandadas por los actores con base en la falta de inclusión en su liquidación de las sumas no remunerativas que perciben los empleados en actividad, deben abonarse hasta dos años antes a la fecha de los reclamos, con los intereses correspondientes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba confesional
Materia: LABORAL
Carátula: Albarracín, Santiago Ernesto c/ Kennedy, Martín Ignacio y otros s/ Cobro de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

No basta denunciar infracción de las leyes de la prueba -en el caso, confesión ficta- pues en el fuero laboral el examen del material probatorio se realiza al margen de normas procesales tasatorias del valor que debe asignarse al mismo, salvo la que impone a los jueces del trabajo sujetarse a la apreciación en conciencia.
Justicia de paz letrada, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio s/ Conflicto art. 161 inc. 2º Const. Prov. en autos: "Flores Eusebio s  /Infrac. art. 85 dec. ley 8031/73"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-26

A los fines del juzgamiento de la presunta infracción al art. 85 del decreto ley 8.031 resulta competente la Justicia de Faltas Provincial y las normas constitucionales y legales aplicables en materia de faltas provinciales, atribuyen competencia al respecto a los Juzgados de Paz o, donde no existieran, a los Juzgados en lo Criminal y Correccional (arts. 172 y 216 Const. prov.); arts. 105, 106 y concs. del decreto ley 8.031 y sus modificatorias, especialmente ley 11.411). (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, terminación del proceso, inactividad procesal, cómputo del plazo, estado de la causa
Materia: PROCESAL
Carátula: MASVENTAS S.A.C.F. c/ ZAMBONI, Raúl Ernesto; PIEDRASANTA, Silvia Susana s/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-06

Para que proceda la declaración de caducidad deben reunirse ciertos requisitos fundamentales: a) Una instancia, que es la que va a perimir; b) Inactividad procesal en la misma; c) Cumplimiento de los plazos legales de perención con esa inactividad. El plazo que nuestro código de forma establece a tales fines es de tres meses en segunda instancia (art. 310 inc. 2º).

A los efectos de la perención, se entiende que la segunda instancia comienza con la interposición del recurso, es decir, interpuesto un recurso, desde ese instante existe la posibilidad de que la instancia con él abierta perima (Conf. LOUTAYF RANEA, Roberto - OVEJERO LOPEZ, Julio: "Caducidad de la Instancia", Bs. As., ASTREA, 1986, Pág. 46/48; art. 310 C.P.C.y C).

La jurisprudencia es conteste en que al fundamento de orden público consistente en que la perención tiene por fin liberar a los órganos jurisdiccionales de las cargas que implican mantener los procesos inertes, se agrega el principio dispositivo del proceso, según el cual corresponde a las partes iniciar, estimular, activar, urgir, en una palabra "instar" y mantener con vida el proceso, o sea la instancia, para que la misma no se extinga por inactividad de las partes.
Procesos de conocimiento, acción meramente declarativa, contrato de distribución, rescisión unilateral
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISTRIBUIDORA  DIE-MAR  SA c/ NESTLE  ARGENTINA  SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05

En el caso, la finalidad preventiva de la acción incoada ha de prevalecer por encima de los óbices formales señalados, toda vez que la decisión unilateral del accionado tendiente a poner fin a la relación contractual con la accionante, se halla aún "in fieri", vale decir, subsiste aún la posibilidad de encauzar el virtual conflicto mediante esta vía procesal, que no cabe desechar prematuramente en el marco del principio dispositivo; tampoco cabe ver un obstáculo en el carácter subsidiario que se atribuye a esta vía procesal, pues no habiéndose producido un daño concreto, no parece razonable exigir una opción diversa. Disidencia del Dr. Monti.
Trabajadores rurales, suspensión del trabajador, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Navarrete, Raúl c/ Compañía Rural y Mercantil NUEVA LUBECKA S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-08

Una sanción de diez días de suspensión, aún ante la poca precisión de sus fundamentos, no puede aceptarse como causal suficiente para que su destinatario adoptara, como contrapartida, la decisión más drástica que la ley pone a su disposición, como lo es la de poner fin a la relación laboral; ello, con tanta mayor razón si había sido intimado a reintegrarse a sus tareas.
Defensa en juicio, eximentes de responsabilidad penal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Yanacón, Gabriel Fidelino s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-24

Los extremos excusantes del delito deben ser probados por el Ministerio Fiscal en ciertos casos, pero especialmente por quien los alega en su defensa (en el caso no fue probada la existencia real de los extremos que viabilizaran la legítima defensa invocada).
Declaración de incompetencia, recusación con causa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Urpi, Ana Carolina s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-23

La declaración de incompetencia adoptada por el magistrado actuante, más allá de ser susceptible de corrección a través de la vía recursiva pertinente, no constituye ninguna de las causales de recusación previstas en el art. 17 del C.P.C.C. En tal sentido se ha dicho que "la recusación con expresión de causa no tiene por función enumerar errores de hecho o de derecho incurridos por el juez durante el trámite de la causa, pues para ello los justiciables disponen de los remedios y recursos otorgados por el ordenamiento. Su objeto es preservar la garantía de imparcialidad, típica del ejercicio de la función jurisdiccional" (cfr. "Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Roland Arazi y Carlos E. Fenochietto, pág. 69).
Acción de amparo, medidas cautelares, medidas autosatisfactivas, energía eléctrica, ejecución del contrato, responsabilidad del funcionario público, poder de policía, responsabilidad por omisión, existencia de otras vías, competencia, organismos del Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (EPRE) c/ EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RIO NEGRO (EDERSA) s/ AMPARO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-04

Si las condiciones son tales, la inacción y omisión no solamente son imputables a la concesionaria (EDERSA.), sino a quien tiene que ejercer el poder de policía y el contralor del cumplimiento contractual, (o sea EPRE.), con la consecuente derivación al ámbito de deslinde de responsabilidades según corresponde, que no es el elegido, sino eventualmente si así correspondiere, el ejercicio de la jurisdicción administrativa o el conocimiento de quien le compete hacer cumplir el contrato, o en su caso, dar intervención al Ministerio Público Fiscal ante los riesgos que se denuncian tan gravemente, o una lógica comunicación y participación a la MUNICIPALIDAD DE VILLA REGINA.
Daño moral, incumplimiento del contrato, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ DE LOPEZ MANSILLA, Claribel y otra c/ BONFIGLIO WASBEIN Y BONFIGLIO S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

Las expresiones utilizadas por el art. 522 del C. Civil "podrá", "índole del hecho generador", "circunstancias del caso", en realidad son pautas que persiguen como finalidad un mayor afinamiento del criterio del magistrado, para evitar que se llegue a situaciones disvaliosas, como lo sería precisamente, si llegara a admitirse automáticamente, ante el sólo incumplimiento contractual, el daño moral.

La facultad que al juez le concede el art. 522 del C.Civil debe ser apreciada con rigurosa mesura, analizando detenidamente la índole del hecho generador de la responsabilidad y demás circunstancias concurrentes, dado que de ordinario en el ámbito contractual lo que resulta afectado no es más que el interés patrimonial.
Excarcelación, tiempo de detención, calificación legal, condena anterior
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE DE EXCARCELACIAN DE VACTOR ALBERTO GOLMAN s/ Causa nro. 27.145
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

El nombrado próximamente cumplirá dos años de detención. Y si bien el antecedente condenatorio que registra impide la aplicación de cuanto dispone el artículo 27 del C. P., el lapso que lleva privado de su libertad y la calificación legal asignada al evento permiten encuadrar su situación en los términos del inciso 5to. del artículo 317 del Código Procesal Penal .
Sociedades comerciales, constitución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARI EUGINIO c/ LUIS HUMBERTO MAZZADULI s/ SOCIEDAD DE HECHO - DISOLUCION - LIQUIDACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-07-13

Surge del art. 1 de la ley 19.550 los elementos específicos que hacen a la existencia de toda sociedad, tales como la formación de un fondo común - capital social - con el aporte de cada socio, y la participación en las ganancias y la pérdidas, todo lo cual debe estar caracterizado por la voluntad de constituir el organismo social, con un criterio igualitario que excluye la posibilidad de subordinación de uno a otro.
Costas, caducidad de instancia, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional s/ coparticipación    federal   de  impuestos  (ley  20.221  y  22.752).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Rechazada la caducidad de la instancia acusada por el Estado Nacional, corresponde imponerle las costas.
Recurso extraordinario, medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: O., V.M. y G., D.O. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Otro s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-26

La Corte Suprema en materia de resoluciones que ordenan, modifican o levantan medidas precautorias ha entendido, por lo común, que no son sentencias definitivas, pero ha admitido el recurso extraordinario contra ellas, equiparándolas a sentencias definitivas, siempre que acarreasen un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, atendiendo a su magnitud y las circunstancias de hecho.
Prueba pericial, apreciación de la prueba, valor probatorio, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: J., E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

Si bien el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, se le ha señalado una valla, pues deberá "aducir razones de entidad suficiente" para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho. En esta orientación, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto. En todos los supuestos fundará su discrepancia en elementos de juicio que permitan desvirtuar el informe, concluyendo fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiere hecho de los conocimientos científicos de que su profesión o título habilitante necesariamente ha de suponérselo dotado. Por tales razones las conclusiones del perito deben prevaler sobre las observaciones de los consultores técnicos de las partes.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Vignolo, Darío Héctor Miguel c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-20

Si bien esta Corte ha señalado en distintas oportunidades que las resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva -generalmente de orden procesal y encaminadas a la ejecución de ésta- no son, en principio, impugnables por la vía del recurso previsto en la ley 7055, lo cierto es que en el presente caso cabe excepcionar dicha regla pues lo decidido causa al trabajador recurrente un perjuicio constitucional de imposible o insuficiente reparación ulterior. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 79, p 246; T 80, p 446; T 219, p 98; T 319, p 24.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, empresa de transporte
Materia: LABORAL
Carátula: PICALLO,  JORGE  FABIAN c/ PICALLO  RAUL  Y  OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-16

Mastellone Hnos. SA es solidariamente responsable en los términos del art. 30 LCT frente al actor, junto a logística La Serenísima SA, empresa integrada por transportistas independientes (uno de ellos el actor) que se dedican al transporte de los productos lácteos, actuando en función de ello eventualmente como consignatario y/o distribuidor y/o transportador. Ello así, toda vez que si bien Mastellone Hnos.

SA es una empresa dedicada a la producción de productos y subproductos lácteos, necesita el transporte de dichos productos a los consumidores. El artículo referido opera aunque se trate de una intermediación con un contratista que cuenta con una organización autónoma y medios propios, bastando que los servicios contratados correspondan a la actividad normal y específica propia del empresario principal.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, proceso penal, prisión preventiva, eximición de prisión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Urizar, Miguel Indalecio s/ estafas reiteradas - Causa n° 68.283.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

Es arbitrario el pronunciamiento si las razones alegadas por la Cámara para no tratar la apelación de la prisión preventiva no constituyen derivación razonada del derecho vigente en relación a las constancias de la causa, puesto que, al tratarse de un procesado que se encuentra en libertad, la referencia a que la eventual cesación de la prisión preventiva es susceptible de ser tratada por vía incidental, priva a aquél del beneficio de la exención de prisión, dado que el procesado se halla obligado a presentarse en detención (Disidencia del Dr. Eduardo Moliné O'Connor).
Principios procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: González vda. de Fernández, Encarnación A. autos "Bco. Pcia.Chubut c-Félix M. Fernández González s-Ej. Hipotecaria" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-06

El principio de conservación tiene como fundamento el de brindar al acto jurídico preferencia a la interpretación que traiga como consecuencia la validez de la cláusula dudosa o ambigua; procura preservar los valores de seguridad y firmeza, y toda vez que no se concibe dispendio de jurisdicción inútil, el valor seguridad tiende a prevalecer axiológicamente sobre el de validez.
Fallos de la Corte Suprema, beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GIAMO, EDUARDO FELIPE c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-13

La doctrina sentada por la C.S.J.N. en el precedente "Cassella" resulta de aplicación para las prestaciones que fueron otorgadas por la ley 22.955, más no para lo beneficios obtenidos al amparo del Dec. 1044/83, máxime teniendo en cuenta que ese régimen fue luego sustituido para los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires por el establecido por la ley 24.018, hasta su derogación parcial por la ley 25.668, promulgada por el Dec. 2322/02. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la solicitud de movilidad del haber peticionada por el titular, sin perjuicio de las prescripción operada respecto de los créditos devengados más allá de los dos años previos al reclamo -art. 82, ley 18.037, ahora 168 de la ley 24.241-. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Obligaciones del empleador, gastos de traslado, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, HORACIO ALBERTO. c/ TIEMROTH, VICTOR MARCELO. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-23

Era obligación de la empleadora aportar la constancia de lo pactado, comunicado y registrado ante la autoridad paritaria respecto a los gastos de traslado de ida y regreso y adicionales sobre los salarios derivados del cambio de residencia de su dependiente.

El procedimiento legal no prevé otra modalidad o presupuesto a ser acreditado, y de no seguírselo, se debe asumir la consecuencia de la omisión, consistente en abonar lo que la norma tiene por acordado, es decir, un porcentaje nunca inferior al 30% de la remuneración básica.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, arma impropia, arma descargada, simulada o defectuosa, intimidación, aplicación de la ley penal
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

El arma de fuego, a que refiere el art. 166, inc. 2 Código Penal, encuadra en la categoría de arma propia y específicamente creada con sentido técnico como tal.

A partir de ello, la única interpretación posible es la que en doctrina se ha llamado subjetivamente, por la que debe entenderse o considerarse que la aptitud intimidante que posee un arma es el fundamento de la figura agravada que contempla el art. 166, inc. 2 Código Penal, con independencia de la efectiva capacidad vulnerante que se acredite con relación a ese elemento; sin que pueda negarse el carácter de arma, de aquella inapta, so pretexto de una inidoneidad funcional al objeto que ha servido para alcanzar la finalidad de la acción delictual. (Del Voto Del Dr. Crippa García)
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, costas
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: EIZENBELL, MIGUEL A c/ BOTTA DE ROMERO, ADELINA REGALADA s/ DIVISION DE CONDOMINIO      EXPTE NRO 6-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-28

Son inapelables las cuestiones relativas al procedimiento, como así mismo lo atinente a las costas, habida cuenta del carácter accesorio que las mismas revisten con relación a la decisión que las originara.