marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Peculado, malversación de caudales públicos, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Granillo Ocampo, Raúl s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

La acción que conforma el núcleo del tipo objetivo del delito bajo estudio [prevista por el art. 261 del CP] es la sustracción. En relación con ello, cabe tener en cuenta que "el verbo sustraer... remite a la idea de que el objeto debe ser separado o apartado de la esfera de la administración pública en la que legalmente se encuentra. (...) Lo relevante es que se aparta, separa o extrae..." (D'ALESSIO, Andrés José, "Código Penal comentado y anotado", ed. La Ley, 2004, tomo II, págs. 840/1)" (Del voto del Dr. Freiler).

Siguiendo esa misma línea, esta Sala, aunque con diferente integración, ha sostenido que "sustraer significa extraer o quitar los bienes de la tenencia -efectiva o simbólica- con que en el ámbito administrativo han sido colocados por leyes, reglamentos u órdenes, lo cual, se entiende, no exige la apropiación" (causa n° 41.828, "Kammerath, German s/ sobreseimiento", rta. 4/8/09, reg. n° 743)" (Del voto del Dr. Freiler).

Al respecto, Soler enseña que "la substracción a que se refiere el artículo 261 consiste en el acto de poner los bienes fuera del alcance de la custodia bajo la cual las leyes, los reglamentos o, en general, las disposiciones las colocan (...) Basta, pues, comprometer el dinero, porque ello basta para hacerle perder al dinero del Estado la condición de ser una clase de fondos que solamente se mueven por actos de autoridad" (SOLER, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Buenos Aires, 1992, tomo V, pág. 237)" (Del voto del Dr. Freiler).

La acción de sustracción que se tiene por comprobada -con el grado de probabilidad que caracteriza a la etapa instructoria- en este sumario, consiste en la separación -efectuada de modo sistemático, durante varios años- de la esfera de custodia del Estado, de distintas sumas de dinero que originalmente estaban asignadas, por presupuesto, a gastos de carácter reservado, las que, en última instancia, terminaron en manos de una gran cantidad de funcionarios públicos -Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios-"(Del voto del Dr. Freiler).
Compraventa inmobiliaria, daños y perjuicios, posesión, entrega de la posesión, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: ALMAGRO CONSTRUCCIONES  S.A. c/ CONOMINOLA JUAN C. s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-21

La no entrega de la posesión de la unidad al adquiriente, en el plazo contractualmente acordado, hace procedente el reclamo por los gastos que, a partir de entonces, debió efectuar para procurarse una vivienda.

La responsabilidad contractual se ciñe a los daños que sean consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento (arts. 520 y 901, Código Civil). Pero estos daños pueden ser tanto intrínsecos como extrínsecos (conf. Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Bs. As., 1984- p.74 y sgtes., Nro.24;

Alterini, "Responsabilidad civil", 2da. ed., Bas. Sa., 1974 Nro.

339; Zannoni, "El daño en la responsabilidad", Bs. As., 1982, p. 60 y sgtes., Nro. 21; Brebbia, "Hechos y actos jurídicos", Bs. As., 1979, t. I, comentariosa los arts. 901 a 906, p. 136, Nro. 37). El término necesarias aplicado a las consecuencias, ha sido empleado para dar la idea de que las consecuencias por las que se responde en el incumplimiento culposo son aquellas que muy regularmente deben ocurrir según el curso natural y ordinario de las cosas (conf.

Brebbia, op. cit., p. 137).

Esto no significa que tales consecuencias deban ser inevitables, pues no existe tal inevitabilidad en el proceso de causalidad jurídica. Pero no corresponde acceder al reclamo relativo a los gastos de viáticos que pretende el adquiriente pues éstos son consecuencia mediata del incumplimiento, ya que si eligió alquilar en la provincia de Buenos Aires, no puede reputar que esos gastos constituyan una consecuencia inmediata y necesaria del incumplimiento, pues en su caso, podría haber arrendado un inmueble que le evitara tales erogaciones, y debe considerarse así dados los límites con que opera la relación causal (art.520, Código Civil).
Recurso de apelación (procesal), concurso preventivo, declaración de quiebra, sentencia de quiebra, prescripción, resoluciones recurribles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Casado, Marcelo Antonio s/ Concurso preventivo - Hoy su Quiebra - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-08-17

Es apelable la resolución que desestimó el planteo de prescripción liberatoria de los efectos de la sentencia de quiebra, interpuesto por el administrador de la sucesión del fallido, pues se trata de una situación no prevista en la que los sucesores del fallido invocan derechos presuntivamente legítimos que se verán irreversiblemente afectados, en tanto la resolución apelada decide en forma definitiva el contenido económico de sus derechos.
Pensiones, acumulación de beneficios, derecho de acrecer, vacío legal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PADULO, ROSALBA c/ A.N.Se.S.". s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-19

No se observa obstáculo legal alguno que impida integrar con el art. 41 de la ley 18.037 -que preveía que en caso de extinción del derecho de pensión de alguno de los copartícipes, su parte acrecería proporcionalmente al de los restantes beneficiarios, respetándose la distribución allí establecida-, el vacío normativo de la ley 24.241  por el lapso que medió hasta la sanción de la ley 24.733
Pagaré a la vista, mora, pagaré no protestado, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Platense S.A. c/ Segura, Alejandro s/ Cobro ejecutivo de pesos Banco Almafuerte Coop. Ltdo. c/ Medina, Homero V. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12|1996-07-16

En casos como el presente que se trata de pagarés con la cláusula "sin protesto", exigibles "a la vista", con lugar de pago en el domicilio del deudor, la carga de probar la omisión de la presentación pesa sobre el ejecutado invocante de esa carencia (art. 50 dec. ley 5965/63), consecuentemente, ha de tenerse por fecha de constitución en mora la que fuera denunciada por la actora en el escrito de inicio, de haber presentado el documento al pago, hecho éste que no ha sido desconocido por la contraria (art. 354 del CPCC).
Libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Forli S.R.L. c/ Gomez, Alberto R. s/ Incumplimiento de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-26

La eficacia probatoria de los libros de comercio esta condicionada a que se hayan cumplido los requisitos exigibles en una contabilidad regular.
Recurso extraordinario, fundamentación de sentencias, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, procedencia del recurso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cía. de Intercambio Regional S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que se apartó del valor económico en juego y fijó en una suma discrecional la remuneración correspondiente a los servicios prestados por el letrado, soslayando las normas del arancel aplicables en lo atinente a los mínimos de la escala legal, que le hubieran impuesto determinar ese estipendio en un importe superior (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O' Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López y Gustavo A. Bossert).
Recurso extraordinario, plazo, plazo de gracia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: T., A. E. c/ T., T. R. M. DE s/ Recurso Extraordinario. Divorcio vincular por separación de hecho   sin voluntad de unirse (Expte. CSJ Nº 719-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-20

De conformidad con el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el escrito no presentado dentro del horario judicial del día en que venciera un plazo, sólo podrá ser entregado válidamente en la secretaría que corresponda el día hábil inmediato dentro de las dos primeras horas del despacho. Y, es el citado precepto procesal el que resulta aplicable en la especie, y no los que puedan contener las legislaciones de forma provinciales para determinar si el escrito de interposición fue presentado o no dentro del término de gracia, porque para el recurso extraordinario rigen los plazos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (artículo 257) y ellos se cuentan según las normas de ese ordenamiento.
Recurso de casación, in dubio pro reo, violación de las formas procesales, reglas de la sana crítica, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Trabichet, Rubén Alberto s/ recurso de casación". Causa n. : 1328.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-19

La aplicación del principio del "in dubio pro reo", contenido en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto constituye una regla procesal relativa a la comprobación de la existencia del delito y la participación del imputado, incumbe al tribunal de mérito en forma exclusiva y es extraña a la inspección de esta sede. A ello se suma que los planteos efectuados constituyen meras afirmaciones abstractas en cuanto a que las referidas pruebas no resultan lógicamente suficientes para arribar a un pronunciamiento condenatorio, pues no demostró el impugnante, realizando un análisis completo del material probatorio tenido en cuenta por el sentenciante, la violación de alguna de las reglas de la sana crítica en el razonamiento efectuado. (Voto del Dr. Hornos).
Proceso penal, querella, escritos judiciales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CUELLO MIGUEL s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-26

Así, la falta de requerimiento de certificación de autenticidad de las pruebas que acompaña como integrativas del escrito de presentación; la pretensa falta de forma del escrito genéricamente afirmada sin otras precisiones; como la improcedencia de solicitar el rol de querellante, aludidas en la sentencia impugnada, no han sido previstas por la ley procesal como hechos que determinen el rechazo in límine de la querella intentada. No se trata de transformar al Juez en un mero reparador de omisiones de las partes, sino del uso prudencial de la facultad y correlativo deber propios del juzgador, de dirección y ordenamiento del proceso, apuntando a la subsanación de simples omisiones que no resulten lesivas del orden público procesal, ni conculcatorias del derecho de defensa del oponente.
Acto administrativo, actos preparatorios, falta de motivación, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Ríos, Roberto Daniel c/ Provincial de Catamarca y Policía de la Provincia s/ Acción de Plena Jurisdicción y de Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-03-29

En el caso corresponde establecer si resulta razonable que la Administración sustente su decisión en resoluciones administrativas previas, las que, valorando el material probatorio incorporado a las actuaciones extraviadas, han aconsejado la baja del actor de la Institución Policial.

De conformidad con las constancias de la causa, de todo lo actuado en sede administrativa surge el cabal cumplimiento de las reglas del procedimiento y en especial el respeto a la garantía del debido proceso. Por ello, la decisión adoptada aparece como una consecuencia lógica y necesaria de un procedimiento donde se han comprobado y merituado los hechos imputados. De ahí que carezca de sustento el argumento esgrimido en torno a la falta de motivación del acto administrativo, pues sabido es que a los fines de realizar un auténtico control, su examen no deberá limitarse a un análisis meramente formal, sino que habrá que indagar la cuestión sustancial o material.

En efecto, debe vincularse necesariamente la causa o antecedente de hecho y de derecho tenido en cuenta por la Administración con los actos preparatorios del acto administrativo, en especial con la Resolución Nro. 979/02 del Jefe de Policía, en la cual se explicitan en forma pormenorizada las razones por las que se aconseja la baja del actor, todo ello en consideración a la finalidad que ha debido inspirar el obrar de la Administración. Cabe, entonces, concluir que las resoluciones administrativas mencionadas han integrado y justificado racionalmente el Decreto del PEP por el que se decidió la baja del actor de la institución policial. Por lo expuesto, corresponde rechazar la demanda, con costas.

Del voto del Dr. Cáceres.
Accidentes de trabajo, determinación de la incapacidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: NAEF MARIO MARCELO C/ ASOCIART ART S/ ACCIDENTE DE TRABAJO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-07

El accidente denunciado en autos fue reconocido por la ART, quien otorgó las correspondientes prestaciones, por lo que debió el trabajador incoar el trámite respectivo ante la Comisión Médica jurisdiccional a los efectos de que ella le determine su grado de incapacidad producto del aquel accidente, y una vez establecido ello, decidir el reclamante si acepta o cuestiona tal decisión (Voto Romero)
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, expropiación irregular, declaración de utilidad pública
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ALFREDO ANTONIO PETRALIA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que hizo lugar al reclamo por expropiación irregular, toda vez que los temas materia de la decisión versan sobre aspectos de hecho, prueba y de derecho común público local ajenos, dada su naturaleza, a la instancia federal y, tanto al señalar que las restricciones de hecho sufridas por los titulares de las unidades del bien afectado impedían disponer de los inmuebles en condiciones normales (art. 51, inc. b, de la ley 21.499), cuanto al encontrar satisfecho el requisito de la declaración de utilidad pública de la propiedad, con apoyo en lo dispuesto por el art. 2 de la ley 1583, lo decidido por el a quo ofrece fundamentos bastantes de aquél carácter que, al margen del grado de su acierto o error impiden la apertura de la vía extraordinaria que pretende la recurrente, pues sus argumentos no logran conmover tales conclusiones.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Bernardo M. c/ Rivollier, José A. S.C.A. y otros s/ Diferencias salariales y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-12-18

Acreditada la existencia de un contrato de trabajo, también proceden las indemnizaciones de los artículos 8 y 15 de la ley de empleo 24.013, atento a que se dan las circunstancias que legitiman su aplicación ya que, precisamente, el empleador no había registrado la relación laboral que lo vinculaba con el trabajador demandante y, además, se produce la rescisión del contrato por justa causa relacionada con dicha situación, o sea, la omisión registral -artículo 15, segundo párrafo de la citada ley-.
Embargo, bienes inembargables, bienes embargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés del Río de La Plata c/ Levin Héctor J. y otra. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-23

El artículo 63 de la ley 22.285 de Radiodifusión establece la inembargabilidad de los bienes afectados a un servicio de radiodifusión y que no son otros que los equipamientos mínimos de cada estación y los elementos que se incorporen como reposición o reequipamiento, que igualmente pueden ser afectados en las condiciones previstas en el art. 64. De ninguna manera se ha establecido la inembargabilidad de las cuotas societarias ni ello puede ser derivado de la inenajenabilidad relativa invocada, en tanto ello entraría en contradicción con la expresa prohibición contenida en el art. 153 último párrafo de la ley de Sociedades 19.550, que contempla la ejecución forzada de las cuotas de las sociedades de responsabilidad limitada en consonancia con el segundo párrafo del art. 57 de dicho ordenamiento.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, remuneración, prueba del pago
Materia: LABORAL
Carátula: Henkel  Carina c/ Compañia  e  Radiocomunicaciones  y  otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-18

El peritaje contable no puede suplir la falta de exhibición de los recibos de pago de salarios, que es carga de la propia parte acompañar, toda vez que son el único elemento admitido por la ley para acreditar la cancelación de los créditos laborales.Por ello, ante el reclamo del interesado sólo puede oponerse al pago hecho y acreditado mediante recibo firmado por el trabajador, excluyéndose otros medios probatorios, salvo la confesión.
Competencia, locación, competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: EQUITEL S.A. c/ CARLOS DEMO s/ Sumario (LIBRO: S070 - 259)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-23

La competencia de la Justicia de Paz en las acciones derivadas de la locación, debe ser interpretada en forma meramente enunciativa atendiendo al hecho de generador o determinante de la acción pretendida. Tal es el caso del contrato de locación de una central telefónica y sus accesorios, que resulta competencia de la Justicia de Paz.
Producción de la prueba, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Oilher, Juan Carlos c/ Arenillas, Oscar Norberto s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-12-23

Lo atinente a la producción de pruebas en segunda instancia no autoriza la apertura del recurso extraordinario (Del voto de los Dres. Gabrielli y Guastavino).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ariza Anibal Nicanor y otro en J: Falcon Juan Gabriel c/ Anibal Nicanor Ariza y otros s/ Desalojo Inconstitucionalidad (LIBRO: A091 - 109)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-05-09

Son improcedentes los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación deducidos contra sentencias recaídas en procesos que dirimen acciones de desalojo, en los que, de acuerdo a la naturaleza meramente policial de la acción ejercida, no se ha juzgado sobre el derecho a la posesión o al dominio de la cosa, por lo que el fallo, dentro de tales límites, no resulta definitivo en los términos de los arts. 151 y 160 del C.P.C., quedando abierta la vía de una nueva acción, posesoria o petitoria, para anular los efectos de la decisión.-
Animus domini, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: EL TRIÁNGULO SRL c/ PEREYRA, José Cristóbal s/ POSESIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2013-03-25

La mera detentación de la cosa no es suficiente para acreditar el "animus domini" que se requiere para adquirir la posesión por usucapión.
Competencia, banco central, sobreseimiento definitivo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SAMUEL MERKIN s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-02

Existiendo sobreseimiento definitivo en la causa Federal que se tramitó, pero existiendo actuaciones que se labran ante el Banco Central de la República Argentina, en consonancia con las disposiciones de la Ley 19.359 modificada por la Ley 22.338, entidad a la que fuesen remitidos los documentos cuya devolución se reclama, corresponde a las peticionantes concurran ante las autoridades de la referida Institución que al momento son competentes para adoptar decisión al respecto.
Policía federal, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Gallardo,  Alejandro  Cristián  Diego c/ M° del Interior -PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-15

En la instancia judicial sólo podrá ventilarse la efectiva ocurrencia del hecho o sus alcances concretos pero no la valoración que de éstos efectuaron los órganos con competencia específica; excepto que ese análisis evidencie arbitrariedad o notorio apartamiento de la normativa vigente (Del voto del la juez Garzón de Conte Grand, cons. V).
Presupuesto provincial, ley derogada, conflicto de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Traviesas, Oscar A. c/ G.C.B.A. y Otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

El accionante no ha planteado un conflicto entre la norma cuya derogación pretende - ley de presupuesto para el año 2013 y los incisos a) y b) del art. 10 de la ley 1777- y los derechos que pueden asistir a cualquier persona, o conjunto de ellas, sino que pretende traer a conocimiento del Tribunal la resolución de una suerte de conflicto entre los poderes de que administraciones diversas deben ser investidas a la luz de la CCBA y los efectivamente asignados con arreglo a la ley impugnada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Locación de obra, prueba del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: BARRERA, DESIDERIO I. c/ SARALNAGA, BLANCA J. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Nuestro código no exige forma especial alguna para celebrar el contrato de locación de obra, rigiendo el principio de libertad consagrado por el art. 974 del Código Civil, de manera que puede ser hecho por escrito, verbalmente y aún en forma tácita.

La prueba, al igual que la forma, está sometida a las normas establecidas para los contratos en general, por lo que deben probarse mediante la forma escrita, no siendo admisibles los testigos ni las presunciones -habiendo perdido actualidad la referencia a los contratos inferiores a $ley 10.000- contenida en el art. 1193 del Código Civil.

Sin embargo, el rigorismo de ese principio no rige cuando mediare imposibilidad de obtener la forma escrita, existiere principio de prueba por escrito o principio de ejecución del contrato (conf.

arts. 1191, 1192 y 1627 del Cód. Civ.)
Jubilaciones, haber jubilatorio, correlación de cargos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Yaggi, Baciliza Santamaría de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 77 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-26

Los montos de los beneficios previsionales deben calcularse sobre la remuneración correspondiente al cargo que el jubilado ocupaba en actividad en los tres mejores años calendarios de los últimos diez años inmediatamente anteriores a la fecha de cesación del servicio.

Además, es necesario que los haberes previsionales se liquiden con arreglo a las "funciones" desempeñadas por el beneficiario en actividad. Pero nada cabe promediar cuando el cargo desempeñado en el lapso señalado ha sido el mismo y las variaciones de la remuneración tienen su indicador final al momento del cese para cumplir con el requisito legal de su actualización, resultando distinto el caso del agente que en sus tres mejores años calendarios desempeñó más de un cargo; al ser éstos de diferente jerarquía la remuneración también ha de variar en consonancia con el distinto grado de los cargos, o cuando habiendo desempeñado el mismo cargo éste hubiera sido escalafonado sucesivamente en diferentes jerarquías como consecuencia de una sustancial variación en las funciones. En dichos casos se presenta la necesidad de efectuar el promedio de que habla la norma.