Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-04


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 103/12, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Rodolfo Augusto Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 dictada en autos Expte. Letra "B" Nº 67/10 -Baza, José David-s.a. Defraudación por administración fraudulenta -Capital", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿La acción penal se encuentra extinguida por prescripción? 2º) ¿La acción penal se encuentra extinguida por vencimiento del plazo razonable de duración del proceso? 3º) Es nula la sentencia impugnada, por incumplimiento de normas del procedimiento previstas bajo pena de nulidad? 4º) ¿Es nula la sentencia impugnada, por haber inobservado o aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 5º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 32/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo con el resultado de la votación efectuada a fs. 61, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; el Dr. Luis Raúl Cippitelli, en segundo lugar, y, en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. En lo que aquí concierne, por Sentencia Nº 36/2012, dictada el 02/07/2012, la Cámara Penal de Tercera Nominación declaró culpable a José David Baza, como autor penalmente responsable del delito de Administración fraudulenta (art. 173 inc. 7mo. del Código Penal), condenándolo a sufrir la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso (arts. 26, 27, 40 y 41 del Código Penal) (Punto I); hizo lugar a la acción civil deducida en contra de José David Baza, condenándolo a pagar a la Sociedad Comercial San Antonio S.R.L la suma de $365.537,92 (Punto II); y ordenó el embargo sobre los bienes del condenado por $ 365.537,92.

II. Contra la nominada sentencia, el Dr. Rodolfo Augusto Baza, en representación del imputado José David Baza, interpone el presente recurso de casación.

El recurrente, que invoca el art. 454 del Código de Procedimientos penales de la provincia pero no enmarca sus agravios en inciso alguno de los cuatro previstos en ese precepto como motivos admisibles para su control por la vía intentada, dice lo siguiente:

1) Que la administración que tenía en la sociedad demandante fue ejercida por el ahora imputado Baza a partir del 13 de agosto de 1998 hasta que la administración de la sociedad fue intervenida por orden judicial, el 6 de marzo de 1999; y que Baza fue restituido en sus funciones el 20 de marzo de 2003 hasta que la sociedad fue otra vez intervenida judicialmente, el 4 de julio del mismo año. Sostiene que, como entre esos periodos transcurrieron cuatro años; dichos periodos no integraron una sola y única administración; y que, considerando que Baza fue excluido de la administración el 6 de marzo de 1999, el 17 de setiembre de 2005, cuando le fue recibida declaración indagatoria, la acción penal se había extinguido por prescripción (art. 67, incs. 4º y 5º del Código Penal).

2) Plantea supletoriamente la insubsistencia de la acción penal atento a que los hechos datan del año 1998, la denuncia del año 2003, la indagatoria del 2005 y la sentencia condenatoria del 2012; por lo que estima que fue vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

3) Refiere que, en el debate, esa parte renunció a su testimonio (al del recurrente, Dr. Rodolfo Baza, hermano del imputado, a cargo de la defensa desde el inicio del proceso y como codefensor en la etapa del debate) para continuar con la tarea de codefensor.

Que, en la misma oportunidad, el querellante lo propuso como testigo nuevo (al Dr. Baza) y, sin dar participación al Ministerio Público Fiscal, el tribunal hizo lugar a ese pedido; por lo que quedó (el Dr. Baza) excluido de participar en el debate.

Que el tribunal omitió considerar que él (el Dr. Baza) actuaba en el carácter de hermano y de codefensor, y que ello perjudicó la defensa del imputado. Que debió ser aplicado el art. 229 del CPP y, con el alcance de esa norma -sólo a favor del imputado-, recibirle declaración testimonial al hermano y defensor del imputado, sin excluirlo del debate.

Por ello, acusa la violación a las normas referidas a la indeclinabilidad de la intervención del Ministerio Público Fiscal; a la participación, derechos, facultades y garantías del imputado demandado civil; a la conformación y facultades de la defensa; a la nulidad de los actos procesales; a la opción por la solución más favorable al imputado; a los derechos del imputado con relación a su declaración; a la extemporaneidad del ofrecimiento de prueba apenas comenzadas las audiencias orales (arts. 1; 2; 9; 77; 107; 117;118; 121; 124; incs. 2 y 3 del 182; 187; 190; 190; 191; 229; 268; 269; 360 y 361 del Código Procesal ); a las garantías de los derechos individuales y sociales; a la protección de la vida, la libertad, reputación, seguridad y propiedad; a la opción por la decisión más favorable al imputado y al principio de legalidad (arts. 1; 39; 7; 29; 30; 25; 26; 27; 207 y 208 de la Constitución Provincial).

4) Objeta la intervención como querellante de Luís Leopoldo Castaño (el otro socio de la sociedad damnificada, "San Antonio SRL) por considerar que, aunque está facultado para denunciar, no tiene la representación legal de la ofendida.

5) Subraya que el nombrado Castaño no es el damnificado ni el mandatario ni el representante legal del damnificado; y que, por ello, no puede asumir el rol de Actor Civil. También dice que, sin perjuicio de ello, la demanda carece de sustento debido a que no quedó acreditado faltante alguno de dinero.

6) Señala que la segunda parte del relato del hecho imputado es una mera adaptación a la redacción del inc.7º del art. 173 del Código Penal; y que, en tanto sólo se refiere a "importantes" sumas de dinero que ingresaron a la sociedad, la imputación no es como debía ser: clara, precisa y circunstanciada.

7) Manifiesta que, por sentencia interlocutoria Nº 133 del 17/09/01, la Cámara de Apelaciones en lo Civil había levantado la intervención a la sociedad por considerar que, más allá de las desinteligencias y discrepancias entre los socios, no había quedado acreditada la existencia de actos irregulares que pusieran en peligro la marcha y los bienes de la sociedad, como maniobras tendientes a disminuir o hacer desaparecer bienes de la sociedad.

Y que, al omitir mencionar esa resolución, la denuncia es falsa y maliciosa, y sólo pretende la revisión en sede penal de lo resuelto en la causa civil. Considera que, por ello, lo resuelto afecta el principio non bis in idem puesto que sobre los hechos de la causa se expidió la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en los términos reseñados precedentemente, y también esta Corte.

8) Critica la valoración probatoria que sustenta la sentencia. Dice que el informe de la Contadora Acevedo fue desestimado en sede civil; y, por ello, critica que la sentencia penal esté basada en la pericia realizada por la nombrada, sin considerar las inconsistencias y contradicciones de su testimonio ni la solicitud efectuada para su remoción del cargo de interventora como tampoco la denuncia formulada en su contra.

Señala que la pericia realizada por la Contadora Acevedo en la etapa preparatoria, fue considerada como dubitativa e insuficiente por el tribunal del juicio; que, por ello, el tribunal ordenó una nueva pericia en la etapa del juicio, sin oposición de la Fiscalía ni del querellante ni del actor civil; pero que, en la sentencia, el tribunal prescindió de las conclusiones de esa nueva pericia debido a ellas invalidaban las pretensiones del denunciante.

Considera que es inoficioso el informe pericial del CPN Sergio Manuel Vallica por cuanto, sólo se basa en el informe de la contadora Acevedo y nada agrega a éste; y en tanto señala que el demandado no rindió cuentas, su recepción implica haber invertido la carga de la prueba.

Considera que lo resuelto viola el principio de congruencia al no expresar como se conectan la supuesta retención de documentación con el supuesto faltante del dinero.

Aduce que no fue demostrada la existencia de los requisitos del tipo penal endilgado: la intención dolosa; la violación de los deberes, la existencia de actos que superen los establecidos en la Ley de sociedades y están sujetos a sanción civil, como la rendición de cuentas; y el perjuicio a los intereses confiados ni que su titular haya resultado obligado abusivamente.

Sostiene que la participación del imputado fue determinada por el tribunal con los mismos argumentos que expresó sobre la existencia del hecho, sin indicar los actos concretos que acrediten esa imputación.

Manifiesta que el tribunal omitió la consideración de los testimonios del CPN Jorge Dávalos, que fue contador de la empresa; y de la Sra. Ruiz de Barot, encargada general de la empresa; del testimonio de Rodolfo Baza (el recurrente) ni la declaración prestada por el imputado; y que tampoco consideró la denuncia incoada en contra de la contadora Acevedo, la acción ejercida para su remoción como interventora, la impugnaciones realizadas a sus informes y las intimaciones que le fueron formuladas.

Hace reserva del caso federal.

III) Del estudio del recurso surge que la extensa crítica efectuada pretende ser exhaustiva y abarca tanto supuestos vicios formales y sustanciales de la sentencia como cuestiones discutidas, resueltas y firmes en instancias anteriores; y transcurre entre largas e innecesarias transcripciones y reiteraciones.

Por ello, en un todo de acuerdo con la conocida jurisprudencia del Máximo Tribunal (CSJN, Fallos 310:271), en tanto los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo en aquellas idóneas para modificar el sentido de lo decidido, sólo a estas cuestiones me referiré, tratando conjuntamente, en honor a la brevedad, las denuncias que así lo permitan.

Considero que es procedente el planteo de prescripción de la acción penal emergente de los hechos vinculados con el primer periodo de administración a cargo del imputado.

De la sentencia surge inequívocamente que la administración de la empresa ofendida por el delito de que se trata, "San Antonio SRL", estuvo al exclusivo cargo del imputado en, al menos, dos oportunidades o periodos distintos. Por primera vez, desde el 13 de agosto de 1998 hasta el 6 de marzo de 1999; fecha, esta última, en que la administración de dicha empresa fue intervenida por decisión judicial.

Así las cosas, en tanto esa medida judicial implica la administración exclusiva por parte del interventor, de ella cabe deducir que Baza resultó absolutamente desplazado de esa administración.

De hecho, de la declaración prestada en el juicio por la interventora judicial, la CPN Acevedo, en la que utiliza la primera persona para referirse a las acciones emprendidas en ese periodo, surge, sin hesitación alguna, que, mientras ella ejerció la intervención, Baza permaneció ajeno a la administración de la empresa.

En esa dirección, la nombrada dijo que el 20 marzo de 2003, al terminar su intervención, ella le entregó al imputado una empresa totalmente saneada; de lo que se sigue, razonable y necesariamente, que si la interventora le "entregó" a Baza, es porque Baza "no tenía" la administración, y no la había tenido en los más de cuatro años que duró esa intervención.

Así las cosas, la referida intervención judicial que medió entre los claramente diferenciados en la sentencia como primer y segundo periodo de administración de Baza, se erige como obstáculo insuperable para tratar globalmente su administración.

En ese sentido, en el conocido precedente "Pompas", al remitirse al Dictamen del Procurador, la Corte Suprema (CSJN, FALLOS: 325:3255) ha condicionado la consideración de múltiples actos defraudatorios como constitutivos de una misma comisión delictiva a que las distintas acciones de infidelidad del administrador hayan sido realizadas bajo un mismo mandato, bajo una única y continuada gestión.

Sin embargo, no es esa la situación que acontece en las presentes. En autos fueron cuestionados dos periodos discontinuos de administración de Baza, y diferenciado el perjuicio ocasionado en uno y otro, por acciones desconectadas entre sí, atribuidas algunas como ocurridas en el primer periodo y otras en el segundo.

Por ello, a diferencia de lo resuelto por la Corte, las acciones imputadas en esta causa deben computarse como reiteradas. Por ende, el examen sobre la vigencia de la acción penal debe atender a la existencia de esas distintas gestiones y a que cada gestión es un concepto jurídico indivisible, por lo que el cómputo del plazo de prescripción debe remitirse a la fecha de culminación de uno y otro periodo.

Ahora bien, con arreglo a la calificación legal dada a dichos hechos como defraudación por administración fraudulenta, y al monto máximo de la pena conminada en abstracto para ellos en el art. 173 inc.7º del mismo cuerpo legal, debe computarse en 6 años el término de prescripción de la acción penal emergente de dichos acontecimientos reprochados como penalmente típicos, cometidos en ese periodo.

Por ello, considerando que, según constato en el legajo, la convocatoria a prestar declaración de imputado al ahora condenado Baza data del 15 de setiembre del año 2005, cabe concluir que dicho acto, previsto en la ley sustantiva (art. 67 b del Código Penal) como el primero del proceso susceptible de interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal, acaeció cuando la emergente de esos eventos se había extinguido definitivamente por haber transcurrido con exceso el término de prescripción aplicable al caso.

Por ello, estimo que, con ese alcance, el planteo es de recibo y debe ser acogido, sin perjuicio del acierto de la sentencia impugnada con relación a la vigencia de la acción vinculada con el segundo periodo de administración a cargo del imputado condenado Baza.

Así lo considero puesto que ese segundo periodo, iniciado en marzo de 2003, fue interrumpido por una segunda Intervención y, por ello, concluyó el 4 de julio de ese mismo año; y de los inequívocos términos del fallo (v. especialmente, fs. 872vta/873vta.) surge que el reproche condenatorio también involucra acciones del imputado que tuvieron lugar durante ese breve segundo periodo de su administración.

Por ende, con relación a esos hechos, el plazo de prescripción debe ser calculado a partir del 4 de julio de 2003. Como consecuencia, habida cuenta que el llamamiento a prestar declaración de imputado fue formulado el 15 de setiembre de 2005 -acto que el recurrente admite como idóneo para interrumpir dicho plazo-, resulta que, hasta entonces no había transcurrido el término de 6 años que correspondía computar en el caso con arreglo a la norma en que fueron enmarcados legalmente dichos hechos de la causa (arts. 62 inc. 2º; 67 b; 73 inc. 7º del Código Penal y concordantes).

No obstante, en caso de ser confirmada la condena penal vinculada con ese segundo periodo, deberá adecuarse la respuesta punitiva; y, a falta de crítica específica sobre las pautas de mensuración invocadas en la sentencia, considerando la similitud de los hechos de que se trata y la idéntica calificación legal de éstos con los del primer periodo, considero justo reducir proporcionalmente el monto de la pena impuesta, de 1 año y cuatro meses de prisión, a 8 meses de prisión.

Por las razones dadas, con el alcance precisado, mi respuesta a la cuestión planteada en primer término, es afirmativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la postura asumida por el señor Ministro preopinante, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, por los mismos fundamentos que él invoca, a los que me remito en honor a la brevedad, adhiero en un todo a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Considero que el Dr. Cáceres suministra las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, por idénticos motivos, adhiero a su voto y me expido de igual modo.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

La pretensión del recurrente, para que la Corte declare la insubsistencia y, por ende, la extinción de la acción penal deducida en el caso, no es de recibo.

Por una parte, el planteo de la cuestión por primera vez en esta instancia expresa una reflexión tardía del recurrente toda vez que el control en la casación sólo alcanza las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior y, en el caso, el tema no fue presentado en la instancia anterior y, por ende, no fue resuelto por el tribunal a quo; de modo que no existe sobre el punto una decisión cuya legitimidad le toque a esta Corte revisar.

El planteo también es extemporáneo debido a que el derecho a ser juzgado en plazo razonable implica, en principio, que el imputado no fue juzgado y que no cabe razonablemente asumir como próximo su juzgamiento.

Por ello, tanto como la pretensión deducida en el debate o en las instancias inmediatamente anteriores que justifican tener por inminente la realización del juicio y con éste el cese de la restricción a la libertad que involucra el sometimiento a proceso, la deducida en el caso, después de la condena; también es extemporánea, además de oportunista.

Por otra parte, el recurrente no demuestra que haya sido groseramente superado en el caso el tiempo razonable de duración de este proceso, más aun considerando que el imputado, ahora condenado, no está ni estuvo privado de su libertad ambulatoria, por lo que, aunque ello no autoriza extender indefinidamente el trámite, ciertamente las exigencias sobre la duración del proceso son menos estrictas.

Así surge de la recta interpretación del art. 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos: "Toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio".

Por ello, con la única referencia al tiempo de duración del proceso, el recurrente no demuestra la procedencia de su reclamo; en tanto la decisión sobre el tema demanda ponderar, además, los motivos de la supuesta mora a fin de decidir sobre su razonabilidad; y ello que exige evaluar otros indicadores, como la complejidad de la causa, la actividad cumplida por los órganos judiciales, y la actividad procesal de las partes.

Después del estudio de la sentencia y del recurso incoado en contra de ella, opino que la causa de la que se trata en las presentes es una causa compleja, y que así lo demuestran las distintas pericias contables dispuestas en el afán de esclarecer los hechos en cuestión.

Con relación al modo en que ha sido conducido este proceso, observo que, en apretada síntesis, del principal surge lo siguiente: el imputado fue convocado por primera vez al proceso en setiembre de 2005; la Fiscalía solicitó la elevación de la causa a juicio en 2008, la defensa se opuso y después apeló con resultado negativo la resolución que rechazó su oposición a ese progreso de la causa, por lo que finalmente los autos fueron remitidas a la Cámara de juicio a mediados de 2010; y, en esa sede, tuvieron un trámite sostenido en el tiempo, tanto la oposición formulada a la constitución de actor civil, como el diligenciamiento de la prueba ofrecida por las partes, con los avatares derivados de la pericia contable ordenada, realizada con la intervención de peritos de control, y de su aclaración o ampliación, dispuesta también a pedido de parte.

Así las cosas, el examen de las actuaciones no revela un retardo injustificado en la tramitación del proceso ni un modo negligente de conducirlo por parte de las autoridades judiciales Sin embargo, el recurrente omite toda consideración a esos parámetros; y, de tal modo, no justifica adecuadamente su pretensión.

Además, aunque el impulso procesal no está a cargo de la defensa, la inexistencia de actividad de esa parte en ese sentido permite deducir como consentido por ella el modo en que el proceso fue tramitado en las sucesivas etapas por las distintas autoridades judiciales respectivamente a su cargo.

De manera que, por aplicación de la doctrina de los actos propios, no cabe acoger el agravio del que se dice afectado por el trámite supuestamente dilatado de la causa si, como acontece en el caso, esa parte ha omitido los medios procesales a su alcance para provocar la decisión que acabe con el estado de incertidumbre y de restricción que deriva del enjuiciamiento penal.

Esa interpretación, es compatible con la sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ("Amaranto", S. nº 38, 21/05/04; "Annone", S. nº 298, 22 /11/07), y también por los máximos intérpretes de la Constitución Nacional y de la C.A.D.H, invocadas por el recurrente en apoyo de su pretensión. Así, por ejemplo, con fecha seis de octubre de dos mil nueve, en causa "Arisnabarreta, Rubén J. c/ E. N. (Min.de Educación y Justicia de la Nación) s/ juicios de conocimientos y A.951.XXXVI (RHE) deducido por el Estado Nacional en la causa Arisnabarreta, Rubén José c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación y Justicia de la Nación), a los fines de establecer la responsabilidad que cabía endilgarle al Estado, la Corte Suprema tomó en consideración -entre otros parámetros- la concreta actividad desarrollada por la defensa del imputado agraviado por la prolongación supuestamente ilegítima del proceso y tuvo en cuenta que esa parte nunca había requerido el sobreseimiento del imputado (considerando 18).

Y en el mismo fallo, el Ministro Lorenzetti se refirió a la doctrina constitucional sobre la temática y en el considerando 17 e) de su voto recordó -en lo que aquí interesa- los siguientes conceptos del Tribunal Constitucional Español, con proyección en el derecho argentino: "Finalmente se requiere que quien reclama por vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas haya denunciado oportunamente la dilación ante el órgano jurisdiccional y, asimismo, que haya dado a éste un tiempo que razonablemente le permita remediar la dilación.

De ahí que sólo en los casos en los que, tras la denuncia del interesado, los órganos judiciales no hayan adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la dilación en un plazo prudencial o razonable, entendiendo por tal aquel que le permita adoptar las medidas necesarias para poner fin a la paralización denunciada, podrá entenderse que la vulneración constitucional invocada no ha sido reparada en la vía judicial ordinaria.

Por el contrario, en aquellos casos en los que los órganos judiciales hayan atendido esta queja y, en consecuencia, hayan adoptado las medidas pertinentes para hacer cesar las dilaciones denunciadas dentro de dicho plazo razonable o prudencial, deberá entenderse que la vulneración del derecho a las dilaciones indebidas ha sido reparada en la vía judicial ordinaria sin que el retraso en que haya podido incurrir la tramitación de este proceso tenga ya relevancia constitucional, pues, tal y como se ha señalado, para que pueda apreciarse que dicho retraso es constitutivo de una dilación indebida con relevancia constitucional no es suficiente sólo con que se haya dictado una resolución judicial en un plazo que no sea razonable, sino que es requisito necesario que el recurrente haya dado al órgano judicial la posibilidad de hacer cesar la dilación y que éste haya desatendido la queja, mediando un plazo prudencial entre la denuncia de las dilaciones y la presentación de la demanda".

Y en sentido similar, en el caso "Cantos" (28 de Noviembre de 2002), la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que si el desinterés del actor contribuyó a la dilación, tal hecho lleva a pensar que no hubo infracción al principio del plazo razonable.

Por todo ello, estimo que el agravio carece de fundamento.

Como consecuencia, mi respuesta a la segunda cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero al criterio sustentado en el voto que antecede; por ello, con arreglo a los fundamentos expuestos por el Sr. Juez preopinante, doy mi voto en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por las mismas razones, adhiero a la solución propuesta en los votos precedentes.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

1- El agravio por la supuesta afectación al derecho de defensa por la exclusión del Dr. Baza del juicio, no es de recibo.

Constato en el acta del debate, que en éste el imputado fue asistido legalmente por el Dr. Herman Lídoro Zalazar, designado como su codefensor por haber sido propuesto como tal por esa parte. Por ello, carece de fundamento la alegada afectación al derecho de defensa del imputado, derivada en el recurso de la exclusión del Dr. Baza del debate por haber sido convocado como testigo.

Surge del principal que en la etapa preparatoria del debate, como prueba ofrecida por la defensa del imputado, el tribunal había hecho lugar al testimonio del Dr. Baza, su hermano; y que, por considerar incompatible el ejercicio de la defensa con el cargo de testificar en el juicio, había excluido al Dr. Baza de la defensa.

Constato asimismo que, entonces se conformaron con esa decisión, tanto el imputado como su defensor, el Dr. Baza; y así cabe concluir atento la falta de oposición oportuna de esa parte a lo así dispuesto por el tribunal.

Por ello, el agravio sobre el punto invocado en esta instancia expresa una reflexión tardía del recurrente que, por ser tal, no puede ser atendida; en tanto no cabe admitir que alguien se ponga en contradicción con una contraria conducta suya anterior y jurídicamente relevante (doctrina de los actos propios).

Así lo considero puesto que, aunque renunció esa parte a dicho testimonio para contar en el debate con la codefensa directa y personal del Dr. Baza, finalmente el tribunal aceptó recibir ese testimonio por el ofrecimiento del querellante.

Y, del acta respectiva surge que la defensa no manifestó oposición a esa decisión, como también que nada dijo entonces la defensa sobre el limitado alcance que podría tener ese testimonio en atención al vínculo del testigo con el imputado (hermanos) ni sobre la importancia vital asignada en esta oportunidad al ejercicio de la defensa por parte del Dr. Baza, no obstante la intervención del Dr. Zalazar.

Tampoco manifestó entonces objeción alguna derivada de la falta de intervención en la cuestión del representante del Ministerio Público Fiscal ni justifica la intervención que de éste pretende en la cuestión, considerando que, al menos en principio, lo decidido no comprometía en modo alguno el interés público sino tan solo el de la defensa y el de la parte querellante.

En dicha oportunidad procesal ningún óbice fue indicado por esa parte de los tantos que ahora invoca, sin desarrollo argumental y con meras enunciaciones y citas de artículos del código ritual. Por ello, en tanto esas cuestiones no fueron sometidas al tribunal inferior cuando ellas se suscitaron, es decir, en la primera oportunidad que brindaba el procedimiento, su deducción en esta instancia es tardía y debe ser rechazada.

Así opino considerando especialmente que en el debate el imputado estuvo asistido legalmente por un abogado de su elección, propuesto por esa parte en la etapa anterior al juicio.

Por ello, contrariamente a lo que pretende el recurrente, la intervención del Dr. Zalazar como defensor del imputado en el debate desvirtúa la supuesta indefensión invocada, más aun teniendo en cuenta que el acta de debate da cuenta de la diligencia y esmero del nombrado letrado en el ejercicio de tan caro ministerio.

Por ello, en tanto la queja es extemporánea, y dado que no afectó de modo alguno la defensa en juicio del imputado, estimo que la decisión sobre la cuestión está firme y no vulnera norma alguna, de fondo ni de forma, legal ni constitucional, por lo que el agravio sobre el punto no es de recibo.

2- Considero que tampoco es procedente el planteo en contra de la intervención del denunciante como querellante.

Sobre la cuestión, constato en el principal que la instancia de participación como querellante particular formulada por el denunciante Luís Leopoldo Castaño, socio de la sociedad damnificada, fue notificada al imputado el 30 de setiembre de 2005 (fs. 242), cuando la causa se encontraba en la etapa de investigación.

En esa oportunidad, de conformidad con lo previsto en los arts. 93, 91, 92 y concordantes del Código de Procedimientos Penales, el imputado fue notificado del decreto de fs. 225 que, tenía por presentada esa instancia y disponía tener al presentante como querellante si esa parte no deducía oposición en término.

También observo que el abogado ahora recurrente interpuso, con fecha 4 de octubre de ese año, recurso de revocatoria y de apelación en subsidio en contra de ese proveído (fs.246), el que, en la misma fecha, fue rechazado por extemporáneo (fs.247), y que lo resuelto fue notificado al imputado y al Dr. Baza con fecha 11 de octubre del mismo año (fs.249/249vta.), sin que contra esa decisión dedujeran ni hicieran reserva de recurso alguno.

Por ello, cabe tener por firme y consentido lo dispuesto en el mencionado decreto de fs. 225 y, por ende, por extemporáneo el planteo sobre el punto reeditado en esta ocasión.

3- Las objeciones sobre la acción civil, vinculadas con la legitimidad subjetiva de Luís Leopoldo Castaño (el otro socio de "San Antonio S.R.L.", la sociedad ofendida), tampoco son de recibo.

Así lo considero puesto que, previo el trámite legal previsto en el código ritual, la cuestión fue resuelta por el tribunal a quo antes del juicio, mediante Auto Interlocutorio Nº 53/11 del 31 de octubre de 2011 (fs. 724/730vta. del principal), el que fue notificado al ahora recurrente el 3 de noviembre de ese año (fs.722/722 vta.) y está firme (fs. 734), encontrándose notificada tal condición a esa parte con fecha 25 de noviembre de 2011 (735/736).

Además, los escasos argumentos ofrecidos sobre el punto, reiterando sintéticamente los manifestados al tiempo de la oposición a la intervención de Castaño como actor, sin refutar los motivos por los que esos mismos argumentos fueron rechazados por el tribunal a quo, no suministran fundamento suficiente del agravio invocado y, por ende, carecen de idoneidad para lograr la modificación de lo resuelto en la sentencia sobre el punto.

Sin embargo, por el carácter accesorio que la acción civil tiene en el proceso penal, la pretensión de resarcimiento sólo puede prosperar con relación al perjuicio patrimonial derivado de los hechos reprochados penalmente, por lo que éste constituye un presupuesto indispensable de la condenación civil, y es su límite inexorable.

En el caso, de la sentencia impugnada resulta que, coherente con el alcance de la condena penal que había dictado, el tribunal a quo acogió la demanda incoada por daño material (punto II), discriminando -en los considerandos- los montos de las reparaciones correspondientes a cada periodo de administración a cargo del imputado; $223.141,83 por el primer periodo y $ 142.396,10 por el segundo.

Sin embargo, debido al acogimiento parcial del planteo recursivo referido a la prescripción de la acción penal deducida, corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto a la condena civil al imputado y al embargo sobre sus bienes con relación a los hechos vinculados con la acción penal extinguida.

Por otra parte, no tiene razón el recurrente cuando dice que, por ser él uno de los dos únicos socios de la sociedad perjudicada, corresponde reducir a la mitad el monto de la reparación.

Así lo considero en tanto el detrimento patrimonial motivo de reproche en las presentes es el causado a "San Antonio SRL", y no el que eventualmente puedan haber experimentado los patrimonios particulares de los socios de esa sociedad; por lo que la indemnización discernida está destinada a reparar, no los posibles deterioros en la propiedad personal de éstos sino el perjuicio producido a la sociedad.

4- Estimo que tampoco corresponde acoger las quejas recursivas por las imprecisiones que contiene la formulación de los hechos atribuidos al imputado.

El recurrente dice que, en tanto sólo se refiere a "importantes" sumas de dinero que ingresaron a la sociedad, la imputación no es como debía ser: clara, precisa y circunstanciada.

Sin embargo, ese relato data de la época del decreto de determinación del hecho en la etapa de investigación de la causa y no dice el recurrente haberlo cuestionado entonces ni en oportunidad posterior, con anterioridad al dictado de la sentencia que impugna; y las reiteradas, extensas y detalladas declaraciones del imputado, antes del juicio y en el juicio mismo, demuestran acabadamente que las supuestas imprecisiones no afectaron de modo alguno el ejercicio de la defensa.

En ese marco, encuentro pertinente recordar que el proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al tribunal en condición de dictar sentencia de absolución o condena; por lo que, con arreglo a los principios de preclusión y progresividad, cada etapa constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le siguen.

De conformidad con esos conceptos, no cabe admitir la declaración de nulidad por la nulidad misma o en el único interés de la ley, sino sólo cuando el defecto apuntado lesiona el interés de las partes, y sólo por su efecto corrector de un perjuicio concreto, es decir, cuando su declaración sea necesaria para enervar los errores perjudiciales a ese interés.

Por ello, en reiteradas ocasiones (S. nº 30, 29/06/2012; S. nº 35, 03/07/2012) este tribunal ha seguido la doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual, aun tratándose de nulidades absolutas, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

Por las razones dadas, estimo que los agravios vinculados con los términos en que ha sido redactado el hecho imputado no son de recibo.

Por una parte, debido a la extemporaneidad del planteo sobre el punto, puesto que antes de ahora ninguna objeción fue presentada ante las autoridades judiciales sucesivamente intervinientes en la causa.

Por otra, en tanto constato que, no obstante la imprecisión destacada por el recurrente, lo cierto es que las constancias del debate acreditan sin hesitación alguna que la suma de dinero reprochada como administrada fraudulentamente por el imputado, indicada con exactitud en la sentencia, había sido perfectamente determinada y conocida por el imputado y su defensor antes del juicio; como también que la estrategia defensiva del imputado fue ejercida con arreglo a esa precisa cantidad.

De lo que se sigue que los denunciados defectos no afectaron concretamente la defensa del imputado.

Así las cosas, lo resuelto no contradice norma alguna y no concurren en el caso motivos que razonablemente justifiquen invalidar el relato de cargo ni los actos procesales que le siguieron.

Por las razones expresadas, estimo que los agravios invocados sobre el relato del hecho carecen de fundamento y, por ende, de idoneidad para conmover lo resuelto en la sentencia impugnada.

5- Estimo que el agravio por la supuesta violación al principio nom bis in idem no es de recibo.

Según el recurrente, en la sentencia interlocutoria Nº 133, en la causa "San Antonio SRL y otro c/ Baza, José David-s/Acción de Exclusión social", la Cámara de Apelaciones en lo Civil levantó la intervención a la empresa San Antonio SRL de la que era administrador el ahora imputado Baza, por considerar ese tribunal que la documentación invocada para disponer la intervención no acreditaba la existencia de actos irregulares que pusieran en peligro la marcha o los bienes de la sociedad, como maniobras tendientes a disminuir o hacer desaparecer bienes de la sociedad.

Sin embargo, dicha sentencia fue dictada el 17/09/01 y, por ende, los hechos juzgados en ella no podían comprender lógica y materialmente los hechos alcanzados por la condena dictada en esta causa, ocurridos entre los meses de mayo y julio del año 2003, durante la segunda administración del imputado.

Y a los fines propuestos, la misma ineficiencia cabe predicar de la segunda resolución del mismo tribunal, también aludida en el recurso sin indicación de su número ni fecha de su dictado. Así opino habida cuenta que, según señala el recurrente, en élla, la Cámara revocó la segunda intervención judicial dispuesta en el año 2003, por considerar que había sido decidida con base en los mismos motivos desestimados en la referida sentencia Nº 133.

Por ello, cabe concluir que en esa segunda resolución la Cámara sólo consideró hechos anteriores a la segunda administración de Baza y, por ende, que ninguna valoración efectuó con relación a los hechos reprochados en esta causa, cometidos en la segunda administración a cargo del imputado.

Con arreglo a los fundamentos dados, estimo que lo resuelto sobre el punto no violenta norma alguna, de forma ni de fondo, constitucional ni legal, ni el principio invocado por el recurrente.

Por todo ello, en tanto los planteos tratados precedentemente no demuestran la ilegalidad del fallo impugnado por la vulneración de norma alguna del procedimiento prevista bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (inc. 4º del art. 464 CPP), mi respuesta a tercera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto los fundamentos que sustentan la solución propuesta por el vocal preopinante. Por ello, con arreglo a dichos fundamentos, a los que me remito para evitar repeticiones innecesarias, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a los fundamentos y sentido de su voto y me expido de igual manera.

A la Cuarta cuestión planteada el Dr. Cáceres dijo:

El agravio vinculado con la valoración probatoria sobre la existencia de los hechos ilícitos de los que se trata, su tipicidad y la intervención penalmente responsable del imputado, tampoco es de recibo.

Si bien no está en discusión en el caso la necesaria inversión en instalaciones y equipamiento que requería la explotación de la estación de servicios de cuya administración se trata, ni la necesidad de afrontar los múltiples gastos que por su envergadura demandaba su funcionamiento y giro comercial, tampoco está en cuestión que el negocio era de una sociedad integrada por dos socios (Baza y Castaño), y no de la exclusiva propiedad de su administrador (Baza) por lo que, aunque Baza también era socio en ese negocio, los bienes que administraba eran de la sociedad "San Antonio SRL"; y, por ende, al menos parcialmente ajenos con relación a Baza. Por ello, como su administrador, Baza no debía manejar el patrimonio social como si fuera propio de él, absolutamente propio o de su exclusiva propiedad, sino en el mejor interés y provecho de la sociedad que, como titular de ese patrimonio, tenía derecho a conocer el manejo económico y financiero de los bienes confiados en administración.

Sin embargo, surge de la sentencia que, no obstante ese derecho, y aunque fue intimidado por carta documento, el ahora condenado hizo caso omiso a los requerimientos efectuados con ese objeto. Y aunque no se trata de una cuestión previa o prejudicial ni es un presupuesto del tipo penal endilgado, en tanto permite el control de los datos que aporta, la rendición de cuentas constituye un medio eficaz para juzgar el provecho de una administración y la fidelidad de su administrador.

Por ende, así como una rendición de cuentas con datos probadamente falsos, también las falencias contables justifican la sospecha de una gestión irregular, apartada del interés del titular de los bienes confiados.

Ahora bien, en el caso, los dichos del imputado, sobre la aplicación de los $142.396,10 con los que reconoció haber iniciado su gestión como administrador de la empresa en el año 2003, involucran la supuesta adquisición de mercadería, la realización de obras diversas (reparación del sistema eléctrico, instalación de un baño, la adquisición de artefactos, la construcción de una playa de pesados) y la cancelación de deudas anteriores de la sociedad ejecutadas en el fuero federal; y fueron vertidos el último día del debate, después de recibida toda la prueba ofrecida.

Sin embargo, dado que -como cuando para informar al tribunal sobre el estado de la empresa después de la primera gestión de Baza, tuvo que aclarar que, si bien consideró el stock de mercadería que verificó en el negocio, las obligaciones laborales e impositivas que pudo establecer como impagas y el estado que presentaban las instalaciones, debió servirse, en lo esencial, de datos aportados por la petrolera proveedora, puesto no existía en la empresa constancia alguna del movimiento de la estación de servicios en esa época- la interventora judicial (CPN Lidia del Valle Acevedo) dijo que tampoco encontró en la empresa documentación sobre su actividad durante la segunda gestión de Baza; de lo que se sigue que ninguna constancia acreditaba los dichos vertidos en el juicio por el imputado sobre el destino dado a los fondos de que se trata.

Así las cosas, ese anoticiamiento, realizado a modo de informal rendición de cuentas y con la indicación de cifras meramente aproximadas, sobre el que nada dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, fue acertadamente desestimado por el tribunal a quo por no haber quedado corroborado por prueba alguna.

Por ello, carece de fundamento la pretensión del recurrente según la cual los dichos del imputado no fueron tenidos en cuenta, en tanto, no obstante la amplitud de los términos del fallo, ciertamente cabe tener por comprendidos en ese juicio del tribunal los dichos del imputado sobre la aplicación que dice haberle dado al dinero en efectivo que admitió haber recibido de la interventora Lidia del Valle Acevedo al inicio de ese periodo de su administración.

Ahora bien, aunque es cierto que, como dice el recurrente, no es a cargo del imputado la prueba de su inocencia, también es cierto que la falta de justificación del dinero en efectivo ($142.396,10) con el que Baza inició su gestión le había sido reclamada por el socio no administrador (el denunciante Castaño) por carta documento (fs.33 del principal), con fecha 19 de julio de 2003 y que, no obstante el tiempo transcurrido desde entonces, y aunque durante la investigación de la causa había declarado ante la Fiscalía de Instrucción en tres oportunidades (fs 238/241; 266/273 y 276/282), el imputado nada dijo sobre el destino específico de esa suma de dinero, hasta el 14 de junio de 2012 (en el debate, después de recibida toda la prueba testimonial).

Ello explica sobradamente la inactividad procesal previa al juicio relacionada con esa versión, al menos con la defensa invocada por el imputado sobre la supuesta cancelación ventajosa de obligaciones de antigua data, supuestamente ejecutadas ante la justicia federal, por un "Señor Albuz, con un Dr. Ferraro y un Contador Devi", según señaló el imputado; emergentes de cheques librados por Luís Leopoldo Castaño (el otro socio, denunciante en las presentes) y rechazados por "cuenta cerrada-falta de firma del titular", debido a que tenían que estar firmados por los dos socios y sólo presentaban la firma de Castaño, según dijo Baza.

Sin embargo, no resulta verosímil la defensa esgrimida en esa dirección, pretendiendo el imputado -acuerdo mediante con los acreedores ejecutantes- haber disminuido el supuesto pasivo "heredado" por libramiento de cheques sin fondos emitidos en el año 1999 por parte de Leopoldo Castaño (el otro socio).

Así lo considero debido a que, aunque dijo haberle remitido carta documento a su socio en el mes de julio de 2003 para que se hiciera cargo de esa deuda, no individualizó esa carta documento por su número y la que con fecha de ese mes obra en autos y está incorporada al juicio sólo alude -en lo que aquí interesa- a deudas con "Refinor" por compra de combustible y lubricantes, en cheques rechazados por $100.000 (fs.35).

Sin embargo, sus dichos no resultan creíbles toda vez que del testimonio de la contadora Acevedo surge que en la primera intervención fueron canceladas todas las deudas con "Refinor" y que Baza recibió la administración sin deudas. Además, mientras en la mencionada carta documento Baza nombra a "Refinor" como el supuesto acreedor, en el juicio indicó otro ejecutante.

Por otra parte, nada dijo el imputado sobre la intervención de Castaño en ese supuesto proceso judicial, ni sobre su citación, como tampoco sobre el correspondiente reconocimiento de sus firmas en los cheques ejecutados o el resultado positivo de las eventualmente realizadas pericias caligráficas sobre esas firmas; y no cabe admitir como manifestación del debido cumplimiento o cumplimiento diligente del cargo de administrador que, sin esos recaudos, Baza haya reconocido y cancelado obligaciones reclamadas a la empresa.

Además, el discurso recursivo no me persuade de lo contrario debido a que nada aclara sobre la alegada radicación de esa causa en el fuero federal, ni sobre los cheques ejecutados y cancelados (numeración, montos, beneficiarios), la causa (carátula del expediente, fecha de inicio) o su trámite; y no acompaña tampoco, ni en fotocopia, actuación o cédula de notificación alguna librada en esa supuesta causa.

De tal modo, y sin que ello implique invertir la carga probatoria, el recurrente no suministra razones suficientes para admitir como creíbles los dichos en cuestión que, en las condiciones destacadas, se presentan como una mera ocurrencia de último momento.

Por otra parte, si bien la defensa invocada también implica haber volcado en obras parte del dinero que recibió al inicio de su administración en el año 2003 y, por ende, haber incrementado el valor patrimonial de los bienes de la empresa, lo cierto es que esas explicaciones quedaron desvirtuadas en el juicio con el categórico testimonio prestado por la contadora Acevedo.

Es que ella dijo no haber observado ninguna mejora significativa realizada en el establecimiento en el periodo transcurrido desde que culminó su primera intervención y comenzó la segunda gestión de Baza, hasta la finalización de ésta y el comienzo de su segunda intervención en la empresa; y, dado que entre la primera y segunda intervención sólo transcurrieron tres meses, cabe razonablemente asumir que, si hubieran existido, ella habría notado esas mejoras.

En cuanto a las mercaderías que Baza dijo haber adquirido, por valor aproximado de $45.000 del total de los referidos $172.000 que recibió de la Contadora Acevedo, observo que ésta también lo desmintió en ese punto al decir que cuando ella se hizo cargo de la segunda intervención en la empresa, el stock era pobre.

De modo que, el testimonio de la nombrada Acevedo, según el cual al inicio de su segunda intervención a la administración de la empresa ofendida encontró una situación idéntica o apenas un poco mejor que la que había al tiempo de la primera intervención judicial -muy poca mercadería para la venta, nada de efectivo y ninguna documentación sobre el giro del negocio-, acertadamente fue invocado por del tribunal a quo como fundamento de su convicción sobre el manejo irregular y antijurídico por Baza del patrimonio de la empresa en perjuicio de su titular, sin que los múltiples argumentos que presenta el recurrente logren demostrar la absurdidad o irrazonabilidad de esta conclusión del fallo ni la de la calificación de ese comportamiento como penalmente típico en el marco del art. 173 inc. 7º del Código Penal.

De modo que, en el caso, la inexistencia de rendición de cuentas, como la de anotación o asiento contable o comprobante alguno del movimiento de la estación de servicios de que se trata en los tres meses que duró la administración de Baza en el año 2003, como tampoco de las compras, inversiones, gastos y pagos que en el juicio dijo él haber efectuado en esa época y en interés de la sociedad, no sólo reflejaban una contabilidad desordenada o desprolija, sino, atento al estado que presentaba la empresa al término de esa gestión, esas deficiencias contables resultaban indicativas de la administración fraudulenta del patrimonio de la sociedad por perjudicar su capacidad financiera y, por ende, su capacidad operativa.

Es que, de conformidad con la lógica y el acontecer habitual, como todo negocio, el emprendido en este caso por la sociedad ofendida - la explotación de una estación de servicios- generaba la lógica expectativa de una gestión provechosa, con el crecimiento de la empresa, la obtención de utilidades para repartir entre los socios, el eventual aumento del capital por inversiones y, cierta e inequívocamente, la de conservar su capacidad operativa.

Por ello, el poder-deber que tenía Baza de administrar dicha empresa, de regir y gobernar el patrimonio de otro, ordenando los medios para su mejor conservación, empleo y realización, también ponía a su cargo la obligación de dar cuentas su gestión.

Por ello, sin que implique haber invertido la carga de la prueba poniendo en cabeza del imputado la obligación de justificar el destino del dinero que al inicio de su gestión recibió para administrar en interés de la empresa y con la obligación de rendir cuentas de su administración, en tanto quedó suficientemente probado en el juicio que no había disponibilidad de dinero ni inversiones de importancia y había poca mercadería para la venta, cabe computar las mencionadas irregularidades contables como el modo escogido para encubrir esa administración fraudulenta.

El fundamento de la condena radica así en la comprobada administración fraudulenta de Baza, no en la mera inexistencia de documentación o rendición de cuentas sobre esa administración, por lo que el agravio sobre el punto carece de fundamento.

La administración de Baza no puede ser calificada sino como abusiva y dolosa debido a que, en las condiciones establecidas en el juicio, con poca mercadería y sin disponibilidad de dinero, estaba seriamente comprometido el giro comercial de la empresa que exigía reservar los fondos necesarios para reponer el combustible vendido que debía ser pagado por adelantado, por lo que su probado proceder contrario e injustificado implica haberse apartado de su deber de fidelidad a los intereses que le fueron confiados y haber abusado de la confianza de la sociedad, administrando abusivamente los bienes que le fueron confiados por ella, perjudicándola de tal modo su patrimonio.

Por ello, su conducta configura el tipo de defraudación por abuso de confianza previsto en el art. 173 inc. 7º del Código Penal y verifico que, contrariamente a lo que postula el recurrente, concurren en el caso todos los requisitos que exige la aplicación de dicha norma.

Por una parte, con arreglo a las razones expresadas más arriba, cabe tener por suficientemente acreditada la consumación delictiva reprochada, perfeccionada con el perjuicio efectivamente ocasionado al patrimonio social, sin que los argumentos recursivos logren persuadir de lo contrario.

Por otra, la conducta reprochada al imputado fue debidamente acreditada en el juicio, y en éste quedó suficientemente establecido -y no está en discusión sobre el punto- que la relación del imputado con los bienes de que se trata era de administración y que ese título está comprendido en la norma en que los hechos fueron enmarcados legalmente.

Por ello, en tanto los hechos comprobados en la causa tuvieron como marco el concreto ejercicio exclusivo de las facultades que le fueron conferidas al imputado como administrador de la sociedad, su intervención en los hechos de la causa, a título de autor, fue adecuadamente determinada en la sentencia y, contrariamente a lo que pretende el recurrente, no requería más argumentos que los dados por el Tribunal a quo.

Asimismo, cabe calificar la conducta del imputado como dolosa debido a que discrecionalmente se sustrajo de su deber de fidelidad para con la empresa, con conocimiento acabado del perjuicio que el obrar como lo hizo le ocasionaría a los intereses que le fueron confiados.

Además, si bien la condición del administrador condenado, de socio de la sociedad perjudicada, conduce a descartar el propósito de causar daño, considerando que según la interventora Acevedo el margen de ganancia que deja el negocio es escaso (10%, aproximadamente), no puede descartarse como elemento subjetivo del delito el propósito de lucro, pero de un lucro indebido, por mayor al lucro al que Baza tenía derecho como socio; aunque el delito, que es de lesión, quedó consumado con el perjuicio patrimonial causado, haya o no el autor logrado su propósito, en tanto, la conformación objetiva de la figura de la administración fraudulenta no exige que el perjuicio a los intereses confiados se traduzca en beneficio para el autor o un tercero.

En cuanto a la intervención que al condenado Baza le cupo en el hecho de la causa estimo que, aunque escuetos, los motivos expuestos por el Tribunal a quo suministran fundamento suficiente de su decisión positiva sobre el punto.

Así lo considero puesto que la atribución de su responsabilidad descansa en la calidad de único administrador que detentaba el imputado al tiempo de los hechos, extremo que se encuentra debidamente acreditado en autos y que no está controvertido, lo que exime de mayor profundización.

Por ende, toda vez que Baza tenía a su exclusivo cargo el manejo integral del negocio, era civil y penalmente responsable por los actos y omisiones de su parte que perjudicaran a la sociedad y, como consecuencia, le era reprochable el menoscabo patrimonial constatado en estos autos y no justificado debidamente.

Por ello, carecen de fundamento los agravios del recurrente vinculados con las que indica como imprecisiones del relato de cargo. Es que, contrariamente a lo que pretende, lo relevante en el caso, no es qué acto o actos concretos de Baza, u omisiones específicas, le son atribuidas.

Lo relevante es el dinero que no tiene la sociedad y que debería tener, y que no se trata de meras expectativas frustradas de ganancias sino del producto de ventas que cabía asumir como efectivamente realizadas dado que los tanques estaban prácticamente vacíos y era mínima la existencia de lubricantes en la playa, según señaló la interventora.

El monto total por las ventas del combustible faltante no estaba en la caja ni depositado en la cuenta bancaria, como tampoco lo estaba el producto de las ventas de los lubricantes; ni fueron esos montos puestos a disposición de la interventora por el hasta entonces administrador Baza.

De lo que se sigue -reitero- que, independientemente de la existencia o no de documentación sobre su administración, del desorden o falta de prolijidad en el modo de documentar los actos de su administración, o de la retención o no de documentación de la empresa por parte del imputado, lo relevante es que, contrariamente a lo que dice el recurrente, sí ha quedado debidamente acreditado en el juicio el faltante de dinero que le fue reprochado al imputado en la condena y que el imputado no dio explicaciones plausibles sobre ese dinero con el que tenía derecho a contar la empresa damnificada.

Así las cosas, los argumentos recursivos no demuestran tampoco la improcedencia de la condena civil basada en la condena penal vinculada con el segundo periodo de administración de Baza, la que se sustenta en la existencia del perjuicio patrimonial causado a la sociedad ofendida y su extensión.

Por las razones dadas, estimo que los agravios sobre el tema no son de recibo y que la sentencia debe ser confirmada en cuanto condena al imputado a pagar, en concepto de daño material, a San Antonio SRL, la suma de $142.396,10, con arreglo a las pautas fijadas por el tribunal a quo y no discutidas en el recurso; y, como consecuencia, que a esa suma debe limitarse el embargo sobre los bienes del imputado dispuesto en el Punto III) de la sentencia impugnada, y tampoco cuestionado en el recurso.

En cuanto a la omisión del tribunal de valorar las supuestas contradicciones y lo que el recurrente llama inconsistencias del testimonio de la Contadora Acevedo, observo que tales agravios se refieren todos al primer periodo de administración de Baza; y ello, con arreglo a la prescripción establecida con relación a ese periodo, torna inoficioso su tratamiento.

Además, tanto la solicitud supuestamente formulada para la remoción de la nombrada de su función a cargo de la administración de la empresa como las intimaciones que le habrían sido efectuadas por Baza para que rinda cuentas de su gestión están supuestamente discutidas en el marco de la causa invocada en el recurso, la que tramita ante el fuero comercial, no están resueltas y son ajenas a este proceso, referido a la administración a cargo de Baza y no a la intervención de la Contadora Acevedo.

Además, constato en el principal que, contrariamente a lo que dice el recurrente y tal como correspondía, antes de la sentencia el tribunal a quo no tuvo por insuficiente ni dubitativa el Informe de la Contadora Acevedo, ni realizó valoración alguna sobre dicho Informe.

Asimismo, que la realización de la pericia contable a la que se refiere el recurrente fue ordenada por dicho tribunal al decidir sobre el ofrecimiento de prueba de la actora (fs.652/655) y se enmarca en lo dispuesto en el art. 362 inc.3º del Código de Procedimientos Penales que autoriza al tribunal del juicio, a pedido de parte, a ordenar esa medida. Por ello, los agravios sobre el punto carecen de fundamento.

Por otra parte, el carácter inoficioso atribuido en el recurso al informe pericial del contador Vallica no justifica el tratamiento del agravio por la valoración de dicho informe como prueba de cargo.

Así lo considero puesto que, como señala el recurrente, Vallica se basa en el Informe de la contadora Acevedo por lo que, en rigor, lo relevante es que lo decidido se sustente en el informe de contadora Acevedo, y que las conclusiones de dicho Informe le aportan fundamento suficiente a lo decidido en tanto han sido desvirtuadas por la crítica recursiva.

Asimismo, con la mera trascripción que realiza del testimonio del contador Jorge Héctor Dávalos, el recurrente no demuestra la relevancia que le atribuye a dicho testimonio -referido más al primer periodo de administración de Baza que al segundo- ni fundamenta de modo suficiente su agravio por la omisión de su consideración en la sentencia.

Dávalos declaró que, no en el establecimiento de la empresa sino en su estudio, procesaba la documentación que le entregaba Baza, y que luego le devolvía esa documentación, como también los libros, que dejaba todo en un armario, en una oficina de la empresa que era multiuso y a la que tenían acceso todos los empleados.

Sin embargo, contrariamente a lo que pretende el recurrente, el testimonio de Dávalos no desmiente el de la interventora judicial (la Contadora Acevedo) puesto que, más allá de la existencia esa documentación, lo relevante es que, en ese caso, no estaba en el establecimiento al hacerse cargo ella de la administración y tampoco fue puesta a su disposición por quien hasta entonces ejercía esa función: el imputado Baza.

Por otra parte, Dávalos dijo ser asesor impositivo, que sólo se ocupaba de los impuestos y de la liquidación de sueldos, que no tenía otra función, que no manejaba otra información, que no tuvo acceso a la información relativa a la deuda con "Refinor" y que por ello no sabía ni sabe si las deudas eran pagadas o qué hacían con el dinero.

Por ello, aunque -según Dávalos- debido a que el negocio no daba margen y los números daban justo, Baza no tuvo oportunidad de obligar abusivamente a la empresa, lo cierto es que él -Dávalos- reconoció no saber qué hacía Baza con el dinero que administraba y, por ende, su testimonio no desvirtúa las conclusiones del fallo sobre su manejo discrecional y perjudicial del patrimonio de la sociedad.

En cuanto al testimonio de la señora Ruiz de Barot, también denunciado como indebidamente omitido de consideración en la sentencia, observo de su trascripción en el recurso que sólo se refirió la nombrada a dos inconvenientes que tuvo ella con el socio Castaño: uno, por un dinero de la empresa que supuestamente éste le atribuía haber tomado y que después dijo que había aparecido en un sobre en la basura; y, el otro, porque Castaño le atribuía tener una relación íntima con alguno de los hermanos Baza.

Así las cosas, en tanto esas cuestiones son ajenas a las resueltas en la sentencia impugnada, carecen de entidad a los fines de lograr la modificación de lo en ella decidido.

Por último, la crítica por la falta de mérito en la sentencia del testimonio de Rodolfo Baza (el abogado recurrente, hermano del imputado) tampoco es de recibo debido a que no demuestra el recurrente la relevancia de esa valoración y en tanto el acta de debate acredita que ninguna constancia de sus dichos fue solicitada por parte alguna, lo que permite inferir que su declaración no tuvo el carácter decisivo que requiere el reproche por la omisión de su consideración.

Por las razones expuestas, estimo que el agravio sobre la incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba carece de fundamento y que, por el contrario, la condena dictada se encuentra precedida de una adecuada valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso, basándose en ellos, sin que el discurso recursivo logre demostrar lo contrario.

Por ende, mi respuesta a esta cuestión es negativa. Así voto.

A la Cuarta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estoy de acuerdo con el tratamiento dado a los agravios en el voto que antecede. Por ello, adhiero al criterio sustentado por el vocal preopinante y con arreglo a los motivos invocados por el Dr. Cáceres, a los que me remito en homenaje a la brevedad, voto en igual sentido.

A la Cuarta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cáceres da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Quinta Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Con arreglo al modo en que quedaron resueltas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso deducido por el Dr. Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 de la Cámara en lo Penal de 3º Nominación. II) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto, sólo en lo concerniente al planteo de prescripción, declarando extinguida la acción penal por esa causal, con el alcance fijado en los considerandos.

Como consecuencia, revocar la sentencia impugnada en los siguientes términos: reducir la condena penal a 8 meses de prisión, en suspenso; y reducir la condena civil y el monto del embargo sobre los bienes del condenado a la suma de $142.396,10. III) Sin costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la efectuada reserva del caso federal.

A la Quinta Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Ministro preopinante en tanto ella se compadece con las postulaciones formuladas con relación a las cuestiones previamente tratadas. Por ello, adhiero en un todo a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Quinta Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento al sentido en que fueron emitidos los sufragios sobre las cuestiones precedentes, estimo acertada la solución propuesta por el Dr. Cáceres. Por ende, voto de igual manera.

Por los resultados del escrutinio que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1) Declarar formalmente admisible el recurso deducido por el Dr. Baza en contra de la Sentencia Nº 36/12 de la Cámara en lo Penal de 3º Nominación.

2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto, sólo en lo concerniente al planteo de prescripción, declarando extinguida la acción penal por esa causal, con el alcance fijado en los considerandos.

Como consecuencia, revocar la sentencia impugnada en los siguientes términos: reducir la condena penal a 8 meses de prisión, en suspenso; y reducir la condena civil y el monto del embargo sobre los bienes del condenado a la suma de $142.396,10.

3) Sin costas (arts. 536 y 537 del Código Procesal Penal).

4) Téngase presente la efectuada reserva del caso federal.

5) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.