Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-22


Fojas: 50 En Mendoza, a veintidós días del mes de mayo del año dos mil seis reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 84.645, caratulada: "GIULIANI, PABLO NORBER-TO Y OT. EN J° 145.395 DURAN RICARDO B. Y OTS. EN J° 142.938 ATSA C/ GOB. PROV. MENDOZA P/ AMPARO P/ EJEC. SENTENCIA S/ INC. CAS.".

Conforme lo decretado a fs. 49 deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primera: DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI; segundo: DR. FERNANDO ROMANO, terce-ro: DR. ALEJANDRO PÉREZ HUALDE.

ANTECEDENTES:

A fs. 5/26 vta. Pablo Norberto Giuliani y Leopoldo Antonio Martín Ríos, por su propio derecho, deducen recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra de la sentencia dictada por la Cuarta Cámara Civil de Apelaciones a fs. 226/227 de los autos n° 145.395, caratulados: "Durán Ricardo B. y ots. en j° 142.938 ATSA c/ Gob. Pcia. Mza. p/ Amparo p/ Ejec. Sentencia".

A fs. 31 se admiten formalmente los recursos deducidos y se manda correr tras-lado a la contraria; a fs. 37/42 vta. contestan conjuntamente la demandada y Fiscalía de Estado y solicitan su rechazo con costas.

A fs. 46/47 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

A fs. 48 vta. se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 49 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son procedentes los recursos interpuestos? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN LA DRA. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUC-CI, DIJO:

I. PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de estos recursos son, sintéticamente, los siguientes:

1. El 02/02/04, por ante el 9° Juzgado Civil, en autos n° 145.395, Ricardo B. Durán y una treintena de otros actores, representados por el abogado Pablo Norberto Giuliani y patrocinados por el letrado Leopoldo Antonio Martín Ríos, iniciaron ejecu-ción de sentencia contra el Gobierno de la Provincia, "por la suma que resulte de la li-quidación realizada por la Contaduría General de la Provincia de Mendoza, con más los intereses legales correspondientes, hasta el efectivo pago, todo conforme lo ordenado en la sentencia dictada el 11/9/2001 en los autos n° 142.917, caratulados: "Vanini, Mirta y Ots. c/ Gob. de Mendoza p/ Amparo", que se encuentra firme.

2. A fs. 91 el tribunal dispuso oficiar a la Contaduría General de la Provincia para que en el término de tres días informe sobre los montos retenidos mensualmente a los presentantes con motivo de los descuentos dispuestos por los decretos leyes 1448/01 y 1765/01. A fs. 92/102 acompañó nota explicativa y planillado con los montos requeri-dos.

3. A fs. 104 los actores solicitaron se trabara embargo; el tribunal corrió traslado al gobierno de la provincia y a la Fiscalía de Estado.

4. A fs. 109/111 vta. compareció el Poder Ejecutivo y, además de oponerse al embargo y sostener la incompetencia del Tribunal, opuso como defensas: que la senten-cia aún no estaba firme; que la actora no había sido parte en el pleito; que la inconstitu-cionalidad declarada no tiene efecto derogatorio genérico; también se opuso al embargo solicitado.- El tribunal tuvo presente la contestación. A fs. 117/118 vta. compareció la Fiscalía de Estado y asumió análoga posición procesal a la del Poder Ejecutivo agregan-do la excepción de prescripción.

5. A fs. 120/121 el tribunal ordenó trabar embargo hasta cubrir la suma de $ 83.500 sobre algunas de las cuentas que integran el denominado Fondo Unificado y reguló los honorarios profesionales de los abogados Leopoldo Martín Ríos y Pablo Giu-liani en la suma de $ 100 cada uno.

6. A fs. 130/176 se agregó convenio de honorarios suscripto por cada uno de los actores con uno de los abogados del cual resulta que reconocen a favor del letrado el 10 % de lo que perciban.

7. A fs. 190 se aprobó la liquidación obrante en el expediente realizada conforme las planillas oportunamente acompañadas.

8. Los abogados intervinientes apelaron sus honorarios. Fundaron razones a fs. 214/217.- 9. A fs. 226/227 la Cámara rechazó el recurso de apelación. Afirmó que la queja de los apelantes carece de sustento legal y debe ser desestimada por las mismas razones dadas en los autos n° 144.117/28.509, que cabe transcribir:

a) Palacio sostiene que el amparo es un proceso simplificado en sus dimensiones temporales y formales; la finalidad de la pretensión consiste en reparar con la mayor urgencia posible la lesión de un derecho constitucional; si bien la sentencia que concede el amparo contiene necesariamente la declaración de inconstitucionalidad del acto u omisión impugnados, debe exceder para su efectividad ese aspecto meramente declara-tivo e imponer a la autoridad responsable, en calidad de sanción, el cumplimiento coac-tivo de la conducta debida; por lo tanto, es también una sentencia de condena; así está previsto en el art. 12 inc. c) de la ley 16.986; en la Provincia de Mendoza, la inmediata ejecución de la sentencia surge del art. 26 del decreto 2589/75.

b) Con igual criterio, Sagües afirma que existe consenso en tipificar las senten-cias que admiten el amparo como sentencias de condena. Rivas entiende que lo esencial del amparo radica en constituir una manera de expresión de la actividad correspondiente a la jurisdicción protectora. En rigor de verdad, la esencia del amparo se puso de mani-fiesto en el caso "Siri". No hay especificaciones en la ley nacional ni en la mendocina acerca de un proceso diferenciado de ejecución de sentencia. A más del art. 26, el art. 27 de la ley provincial de amparo establece que "el órgano o agente de la administración pública a quien el mandamiento se dirija, deberá cumplirlo". Es de principio, entonces, que el amparo tenga un objeto fundamental: proteger los derechos constitucio-nales, el levantamiento del acto cuestionado. Tanto, que nuestro art. 22, poniendo el acento en la naturaleza sumarísima del procedimiento limita el planteamiento de cues-tiones accesorias; y la aplicación subsidiaria del C.P.C. que autoriza el art. 30, debe re-sultar procedimentalmente compatible.

c) Por lo tanto, debe descartarse la aplicación del régimen arancelario perseguido por los apelantes en función de la cuantificación económica del derecho protegido y su equiparación a juicio por monto determinado para las cuestiones accesorias originadas en el especial proceso de ejecución de amparo, que no se identifica con el contradictorio previsto en los arts. 273 y sgtes..

d) Además, no correspondería un cambio de pautas arancelarias, y de manera diferenciada a lo resuelto en sentencia principal que los ahora quejosos no atacaron.

II. LOS AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES.

1. Recurso de inconstitucionalidad.

El recurrente sostiene que la decisión recurrida es arbitraria por violar su derecho de propiedad, de ejercer industria lícita, de igualdad, de defensa y por contradecir los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Entiende que en un proceso de ejecu-ción de sentencia, los honorarios deben ser regulados con el armónico juego de lo pres-cripto por los arts. 2, 18, 31 y 14 de la ley 3641, y no como erróneamente lo hace el tri-bunal. Argumenta del siguiente modo:

a) La actividad profesional encuadró en un proceso de ejecución de sentencia donde se adquirió un derecho, que fue lesionado por las resoluciones dictadas. El tribu-nal desvaloriza la laboral profesional, sin fundamento alguno, desalienta la actividad de los profesionales intervinientes, y modifica la regulación sin fundamento de peso.

b) Los honorarios deben ser regulados conforme una serie de pautas; interesa la justicia, la razonabilidad, y la responsabilidad profesional comprometida. Sin perjuicio de que los quejosos no comparten la aplicación del art. 10 de la ley arancelaria, lo cierto es que si el tribunal hubiese aplicado sus pautas podría haber evitado un desgaste juris-diccional llegando a una resolución razonable y proporcionada. La irrisoria regulación surge a todas luces desproporcionada con la labor profesional.

c) La actividad de los letrados comenzó el 02/02/2004, en la que se inicia ejecu-ción de sentencia de amparo, dictada el 11/9/2001 en los autos 142.938, y que ordenaba al Gobierno de la Provincia de Mendoza que en el término de dos días hábiles instru-mentara las medidas necesarias tendientes a mantener la situación anterior al decreto 1448/01, declarado nulo por la misma sentencia. En consecuencia, el Gobierno debía no sólo reintegrar los descuentos hechos a los agentes de la Administración, sino hacer ce-sar los que venía realizando. La Provincia no sólo no reintegró lo descontado, sino que además continuó con el recorte salarial hasta diciembre de 2001 incluido. Como conse-cuencia del incumplimiento de la demandada, los actores se vieron obligados a iniciar ejecución de sentencia, con lo que originó una avalancha de juicios contra el Estado. Hasta aquí, había un proceso que debía ser sumarísimo (amparo), y que no obstante, al no ser cumplida la sentencia, hubo de comenzar la etapa ejecutoria, que dilató aún más el cobro por parte de los actores. En ese proceso de ejecución, la Provincia interpuso toda clase de recursos e incidentes para sustraerse a su obligación de abonar las sumas retenidas ilegalmente, como lo declara la sentencia de septiembre de 2001. Estos inci-dentes y recursos fueron concedidos por el a-quo y resueltos en forma favorable para los amparistas por la Cuarta Cámara. No obstante toda la actividad procesal desarrollada, la Provincia de Mendoza no cesó en su afán de evitar el pago; contestó las vistas oponién-dose al embargo, planteando la incompetencia del juez interviniente, la falta de acción, la falta de efecto derogatorio genérico de la inconstitucionalidad, la prescripción de la acción, la falta de ejecutoriedad de la sentencia. Todas estas excepciones e incidentes fueron planteados en el proceso de ejecución de sentencia. Todo esto agravia sobrema-nera cuando el a-quo regula los honorarios profesionales tomando como base las dispo-siciones del art. 10, cuando en rigor de verdad el monto de la ejecución de sentencia estaba perfectamente determinado en la misma resolución que ordenó trabar embargo hasta cubrir una suma determinada sobre alguna de las cuentas que integran el denomi-nado fondo unificado. Por lo tanto, eran aplicables los arts. 18,12 y 14 de la ley 3641. El tribunal de primera instancia resolvió las excepciones y la oposición a la medida de em-bargo; las rechazó y reguló honorarios profesionales en la suma de $ 100 a cada uno de los presentantes, lo que motivó el recurso de apelación; para rechazar el recurso de ape-lación la Cámara tuvo en cuenta:

a) El carácter sumamente simplificado en sus dimensiones temporales y forma-les del amparo. Este argumento queda rebatido si se observa la duración de todo el pro-ceso, el trabajoso trámite hasta que los actores percibieron el descuento efectuado por el Gobierno de Mendoza (más de tres años). Los hechos también demuestran la falacia argumental desde que se trata de una acción contra uno de los poderes del Estado quien, ante su incumplimiento pertinaz, obligó a los agentes a perseguir el cobro mediante la ejecución de sentencia. El proceso nunca fue simple.

b) La Cámara también sostiene que, a más del art. 26, el art. 27 de la ley provin-cial de amparo establece que el órgano o agente de la administración pública a quien el mandamiento se dirija debe cumplirlo. Nada más alejado de la realidad; no puede consi-derarse sumarísimo un amparo que tramitó durante más de tres años. Por lo demás, los mismos tribunales a-quo permitieron la interposición de cuestiones accesorias.

c) El tercer argumento no es tal; se limita a rechazar la pretensión de los actores, pero sin fundamento alguno cuando dice que la cuantificación económica está referida a cuestiones accesorias originadas en el proceso de ejecución del amparo, que no se iden-tifica con el contradictorio previsto en los arts. 273 y sgtes. del Código Civil. El tribunal ignora: que en el presente proceso de ejecución de sentencia existe un monto determina-do, calculado por el juez del 9° Juzgado Civil cuando ordena el embargo respectivo; que el art. 36 del decreto 2589/75 remite a las normas del proceso civil; la actividad de los profesionales intervinientes; la incompatibilidad de las cuestiones accesorias con el proceso de amparo que había sido destacado en el renglón previo; la inexistencia de artículos en la ley de amparo que determinen cómo se regulan los honorarios por lo que es de aplicación analógica la ley 3641 que en su art. 18 prevé como supuesto especial la ejecución de sentencia.

d) Los jueces intervinientes no debieron admitir la interposición de ningún inci-dente o cuestión accesoria, atento el carácter sumarísimo; pero si lo aceptaron, luego no pueden utilizar ese carácter sólo a los efectos de regular los honorarios profesionales.

e) La sentencia también afirma que no corresponde un cambio de pautas arance-larias y de manera diferenciada a lo resuelto en la sentencia principal, que los quejosos no atacaron. El argumento se muestra una vez más incongruente; los abogados de la ejecución de sentencia, hoy recurrentes, no tuvieron actuación en la acción principal, si al amparo se refieren, y por lo tanto, no puede decirse que "los ahora quejosos no ataca-ron". Dar validez a este argumento significa una flagrante violación al derecho de defen-sa en juicio.

f) Además, el art. 18 la ley 3641 considera un supuesto distinto la ejecución de sentencia al del juicio hasta la sentencia; si así no fuera, no existiría tal artículo; esto es así se trate de amparo, o de cualquier otra acción.

Si el amparo no tenía monto determinado, la sentencia lo determinó y la que ordenó la ejecución de la sentencia con la traba del embargo lo calculó. Por lo tanto, no puede hablarse de un juicio cuyo valor no puede ser valuado; por el contrario, se está ante un proceso cuyo objeto es el cobro de sumas de dinero, con monto bien determina-do.

Esta es la jurisprudencia del tribunal que para la ejecución de sentencia aplica los arts. 2, 18 y 31 de la 3641, esto es, sobre el monto total de la ejecución corresponde apli-car un tercio de la escala previsto en el art. 2 (L.S. 242-318).

g) El tribunal también viola el principio de proporcionalidad del monto de los honorarios con el de los intereses que se defienden.

h) En el caso, hay arbitrariedad por prescindir del texto legal sin dar razón plau-sible alguna (corresponde aplicar el art. 2 y no el 10); el tribunal da como fundamento pautas de excesiva latitud desde que no da ningún argumento de porqué se aparta del art. 18 de la ley arancelaria; se sustenta en afirmaciones dogmáticas; es autocontradictorio desde que admite excepciones previas, incidentes, etc. y luego no los reconoce a los efectos regulatorios.

2. Recurso de casación Los recurrentes denuncian la aplicación de una norma que no corresponde (art. 10 de la ley 3641) y ha dejado de aplicar las normas expresas que corresponden al caso (arts. 2, 18 y concs. de la 3641).

Reiteran todos los argumentos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad.

III. ALGUNAS REGLAS LIMINARES QUE DOMINAN LOS RECUR-SOS EXTRAORDINARIOS PROVINCIALES.

1. Recurso de inconstitucionalidad.

Esta Sala tiene dicho que la arbitrariedad fáctica es canalizable a través del re-curso de inconstitucionalidad, pero en función de la excepcionalidad del remedio extra-ordinario y lo dispuesto por el art. 145 del CPC de la Provincia, interpreta restrictiva-mente las causales. Lo contrario significaría, como tiene dicho la Corte Federal desde antiguo (2/12/1909, "Rey Celestino c/Rocha"), que la Corte se encuentre en la necesidad de rever los fallos de todos los tribunales, en toda clase de juicios, asumiendo una juris-dicción más amplia que la conferida por la Constitución (LS 319-92). Por eso, el recha-zo del recurso por este tribunal no significa necesariamente que comparta la solución del fallo, sino tan sólo que está impedido de conocerlo, por resultar irrevisable si no se acre-dita el vicio de manifiesta arbitrariedad.

En esta línea de pensamiento, ha dicho que "la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas de-cisivas o carencia absoluta de fundamentación" y que "la presencia de cierta ambigüe-dad en la exposición de las conclusiones o fallas técnicas en la redacción de la sentencia, no configura en principio falencias de entidad tal que impliquen invalidar o descalificar el fallo como acto jurisdiccional". Consecuentemente, el recurso no puede prosperar si la sentencia, no obstante algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables (Ver LA 90-472; LA 120-363; LS 240-215; LS 276-86; LS 276-96; LS 271-239; LS 270-277; 333-200).

2. Recurso de casación.

Esta Sala resuelve constantemente que en el procedimiento mendocino la pro-cedencia formal del recurso de casación implica dejar incólumes los hechos definitiva-mente resueltos por los tribunales de grado. En efecto, esta vía permite canalizar dos tipos de errores: los de interpretación de las normas, y los de subsunción de los hechos en las normas; en cualquiera de las dos situaciones, la interpretación y valoración final de los hechos y de la prueba es privativa de los jueces de grado (Ver, entre muchos, LS 324-63).

También decide de modo reiterado que, conforme lo disponen los incs. 3 y 4 del art. 161 del CPC y su nota, es imprescindible que el recurrente señale en qué consiste la errónea interpretación legal y de qué forma ese vicio ha determinado que la resolución recurrida sea total o parcialmente contraria a las pretensiones del recurrente; consecuen-temente, no basta invocar una norma, ni enunciar su contenido sino que el quejoso debe explicitar cuál es la interpretación que corresponde o el principio que debe aplicarse y a qué resultados lleva (LS 67-227; LA 86-153; 98-197). En otros términos, la sola afirma-ción de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesario la demostración del error de interpretación atri-buido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requerida por el Cód. Proc. Civil (LS 127-1; 105-432; 147-442; 156-214).

IV. DOS PRECEDENTES QUE GUARDAN SUSTANCIAL ANALOGÍA. LA CUESTIÓN A RESOLVER EN AMBOS CASOS.

1. Como lo señala el Sr. Procurador General, la cuestión referida a la norma apli-cable a los honorarios en los procedimientos de ejecución de sentencias dictadas en los juicios de amparo fue resuelta por esta Sala en dos precedentes del 19/12/2005 (LS 360-234 y LS 361-14).

2. En aquellos precedentes, la cuestión a resolver era "si es normativamente co-rrecta la decisión que aplica el art. 10 de la ley arancelaria local (juicio sin monto) para regular los honorarios de los abogados dadas las siguientes circunstancias procesales:

a) Los honorarios fueron regulados en un incidente de levantamiento de embargo trabado sobre fondos existentes en cuentas corrientes oficiales.

b) El embargo se trabó por una cifra determinada ($ 3.460.000) c) Ese incidente se trabó en un proceso de ejecución de sentencia.

d) La sentencia que se ejecuta fue dictada en un proceso de amparo.

e) En ese proceso de amparo se atacó de inconstitucionalidad una norma que dispuso disminución en los haberes de empleados públicos.

f) La sentencia que acogió el amparo reguló los honorarios de los abogados con-forme las pautas del art. 10 (juicio sin monto) g) Los actores del juicio de amparo y de la ejecución sentencia son centenares de empleados públicos cuyas pretensiones han sido acumuladas en un solo proceso.

3. En este caso, la cuestión a resolver es si resulta normativamente correcta o irrazonable la decisión que aplica el art. 10 de la ley arancelaria local (juicio sin monto), para regular los honorarios de los abogados, y liquida $ 100 a cada uno de ellos, dadas las siguientes circunstancias procesales:

a) Los honorarios fueron regulados ante un pedido de traba de embargo sobre fondos existentes en cuentas corrientes oficiales.

b) El embargo se ordenó trabar por una cifra determinada ($ 83.500) c) La petición se produjo en un proceso de ejecución de sentencia.

d) La sentencia que se ejecuta fue dictada en un proceso de amparo.

e) En ese proceso de amparo se atacó de inconstitucionalidad una norma que dispuso disminución en los haberes de empleados públicos.

f) La sentencia que acogió el amparo reguló los honorarios de los abogados con-forme las pautas del art. 10 (juicio sin monto) g) Los actores del juicio de amparo y de la ejecución sentencia son centenares de empleados públicos; la pretensión constitucional de cada uno de ellos fue objeto de un expediente acumulado en un solo proceso; la ejecución de sentencia, en cambio, ha dado lugar a numerosos procesos independientes.

V. LA CUESTIÓN NORMATIVA. DOCTRINA, LEY Y JURISPRU-DENCIA RESEÑADA EN LOS DOS PRECEDENTES MENCIONADOS.- Se dijo en esos precedentes:

1. La cuestión en la ley.

Algunas leyes arancelarias locales contienen previsiones expresas respecto del juicio del amparo.

Dentro de esas previsiones, algunas se limitan a fijan un mínimo. Así, por ej., el art. 36 de la ley 24.432 dispone para el orden nacional: "En los procesos de habeas cor-pus, amparo y extradición, el honorario no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos, salvo pacto en contrario".

Otras se remiten a las normas generales y establecen ese mínimo; por ej., el art. 49 de la ley 8904 de la provincia de Bs. As., establece que "por la interposición de ac-ciones de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus, se aplicarán las normas del art. 16 con un mínimo de 20 jus".

2. La cuestión en la jurisprudencia.

El desarrollo del tema no ha sido muy extenso en la jurisprudencia publicada. De cualquier modo, se visualizan tres tendencias:

(a) Una aplica las reglas generales arancelarias de modo indiscriminado, sin nin-gún tipo de distinciones. En este sentido se ha dicho: "Que el litigio haya tramitado por vía del amparo y que no exista importe dinerario reclamado, pues se solicitaba la decla-ración de inconstitucionalidad de un decreto, no significa que la pretensión carezca de valor patrimonial. En consecuencia, el mismo está configurado, a los fines regulatorios, por la diferencia entre el importe en pesos de los certificados y el valor de cotización de los títulos por los cuales aquellos debían ser canjeados (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal sala I, LL 1995-D-816).

(b) Otra atiende a la sustancia del proceso de amparo, es decir, ser un proceso especial en el que están en juego las libertades constitucionales. En esta línea, el Supe-rior Tribunal de San Luis ha dicho: "El amparo carece en sí mismo de un contenido de carácter patrimonial que deba ser tomado como base regulatoria, por lo que debe regu-larse como juicio no susceptible de apreciación" (ST San Luis, 12/9/1996, Doc. Jud. 1997-2-260). En igual sentido se ha dicho: "La acción de amparo carece en sí misma de contenido patrimonial a los fines regulatorios, sin perjuicio de que el reclamo ventilado en su tramitación, en el caso, el actor cuestionó el acto que lo excluyó de la licitación pública para la adjudicación del puerto de Santa Fe, tienda a producir determinados efectos jurídicos de consecuencias materiales" (Cám. Apel. Civ y Com de Santa Fe, sala 1, 18/10/2000, La Ley Litoral 2001-965). En esta tendencia se ubica esta Sala en algu-nas decisiones (30/11/2000, LS 298-353).

(c) La tercera, cercana a la segunda, parece hacer algunas concesiones a la pri-mera. En tal sentido, la Suprema Corte de Bs. As. dijo hace veinte años que "Si la actora pretendió que se declarara la nulidad de la baja que había dispuesto el colegio de farma-céuticos de La Plata, excluyéndola del sistema unificado de prestaciones de obras socia-les, exclusión que si se hubiese mantenido le habría impedido realizar una serie impor-tante de actos de comercio, consistentes en vender productos farmacéuticos con actua-ción de las obras sociales, lo cual contiene un innegable contenido patrimonial, suscep-tible de apreciación pecuniaria, no corresponde aplicar el art. 49 sino el art. 16" (28/5/1985, JA 1986-I-475; también referenciado por Albrecht, P. y Amadeo, J.L., "Honorarios de abogados", 3° ed., Bs. As., ed. Ad Hoc, 1996, pág. 383).

En el mismo sentido, el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero en pleno decidió el 15/3/1995 que "La acción de amparo, atento su especial naturaleza y a que fundamentalmente tiende a proteger un derecho o garantía, carece de valor econó-mico. En razón de ello, a los efectos de la regulación de honorarios debe actuar con ple-nitud el arbitrio judicial sobre la materia, y si el derecho amparado acarrea en forma directa una consecuencia económica beneficiosa para el interesado, puede existir un monto como pauta indicativa a los fines regulatorios" (Cit. por Ure, C., y Finkelberg, P., "Honorarios de los profesionales del derecho", Bs. As., ed. LexisNexis, 2004, pág. 294; en esta obra puede compulsarse jurisprudencia de otros tribunales).

Antes de la reforma de la ley de amparo, un tribunal santafecino resolvió que "Una acción de amparo por su propia naturaleza tiene un contenido básico de neto corte constitucional, quedando fuera del contradictorio las cuestiones de tipo económico y también las normas de derecho común que rijan las relaciones de tipo contractual que existieran entre las partes. En consecuencia, en principio, la acción de amparo debe ser considerada carente de contenido económico concreto, aunque sus consecuencias e im-plicancias ya sea entre las partes litigantes o bien respecto de quienes no asuman ese carácter tengan derivaciones que resulten económicamente mensurables. Existen, por otra parte, determinadas acciones de este tipo que por los intereses en juego, el fin que persiguen y la naturaleza del acto impugnado o la omisión de la autoridad pública com-prometida o asimilable, provocadora de la lesión cuya reparación se persigue utilizando la vía de la acción de amparo, pueda tener un claro contenido económico susceptible de ser fácilmente mensurado; sirva como ej., las acciones de esa naturaleza dirigidas contra el estado provincial por agentes de la administración pública en defensa de la percepción de salarios disminuidos por resoluciones contrarias a la normativa constitucional (Cám. Apel. Civ y Com de Santa Fe, sala 1, 4/11/2002, J.S. n° 53 pág. 66).

3. La cuestión en la doctrina.- A diferencia de lo que acontece con la cuestión costas (Ver decisión de esta sala del 9/8/2005, LS 354-109), el tema de los honorarios en los procesos de amparo ha sido escasamente abordado por los autores.

No obstante, quienes comentan las normas arancelarias referidas, proporcionan algunas pautas de interpretación. En este sentido se explica que "no obstante que la el art. 49 de la ley 8904, con evidente imprecisión terminológica, sólo pareciera reglar el estipendio correspondiente al profesional que interviene en la "interposición" de las mentadas acciones, resulta del caso resaltar que la misma ha de ser aplicada también, obviamente, a las actuaciones de todos los letrados que pudieran intervenir en represen-tación de otra parte legitimada, debiendo interpretarse, asimismo, que no sólo contempla el supuesto del inicio o interposición, sino que la disposición es comprensiva de toda la actuación profesional de la norma, dentro del contexto general de la ley" (Berizonce-Méndez, "Honorarios de abogados y procuradores", La Plata, ed. Platense, 1979, pág. 189).

Una obra reciente sale del mutismo para criticar decididamente la tendencia ju-risprudencial predominante antes reseñada: "La jurisprudencia ha entendido, en general, que los procesos indicados en esta norma carecen de contenido patrimonial, lo cual en más de un proceso de amparo resulta injusto y perjudica los intereses de los profesiona-les del derecho por su divorcio con la realidad concreta de los intereses comprometi-dos". "A nuestro juicio resulta manifiestamente injusto prescindir de la proyección eco-nómica que estas causas frecuentemente tienen, especialmente en materia de amparos que saturaron los tribunales en los últimos años como consecuencia de la llamada legis-lación económica de emergencia, que privó de sus ahorros a un considerable sector de la población. Desconocer los valores económicos subyacentes y la responsabilidad profe-sional comprometida en esta actividad resulta lesivo del derecho a una justa retribución y profundiza la brecha de la arbitrariedad tan frecuente en materia de regulación de honorarios. Es que, en definitiva, si nos atenemos a la realidad tangible de los valores involucrados en cada caso, casi podría afirmarse que en la mayoría de los juicios de am-paro subyacen valores económicos. No se trata a sólo de aquellos procesos en los que se persigue la restitución de un depósito en dinero, sino también de muchos otros, como el mantenimiento de un agente público en su cargo (el monto regulatorio está constituido por los sueldos a percibir, o su diferencia) las causas por mora referidas a licitaciones o contrataciones de obras públicas y demás contratos administrativos, o el cese o incre-mento de una actividad determinada en la medida en que adquiera significado pecunia-rio mensurable.Mas aún: casi podría afirmarse que en realidad son escasos los proce-sos de amparo que no guardan relación alguna con valores económicos estimables por lo que el temperamento que sostiene que ello no es así bien puede ser tildado de inconstitu-cional (Ure, C., y Finkelberg, P., "Honorarios de los profesionales del derecho", Bs. As., ed. LexisNexis, 2004, pág. 294/297).

4. Una legislación provincial que reacciona frente a las discrepancias doctrinales y jurisprudenciales.- En razón de las discrepancias antes reseñadas, el legislador santafecino se deci-dió a tranzar en la polémica adhiriendo decididamente a la segunda posición. En efecto, el art. 17 de la ley santafecina 12.036 dispone: "La regulación de honorarios se efectuará de acuerdo a los parámetros fijados por el art. 5 de la ley 6767, con prescindencia del monto económico involucrado". La doctrina explica que "a fin de evitar excesos de los litigantes y despejar dudas interpretativas, la reforma operada incorporó la remisión ex-clusiva a las pautas regulatorias fijadas en el art. 5 de la ley 6767 desvinculándola del monto económico en juego" (ver Puccinelli, Oscar R., en Peyrano-Eguren, "Digesto santafecino", Santa Fe, ed. Nova Tesis, 2004, pág. 104).

VI. DISTINCIÓN ENTRE EL JUICIO DE AMPARO Y EL DE EJECU-CIÓN DE LA SENTENCIA A LOS EFECTOS REGULATORIOS.

1. La distinción propuesta.

Tanto en este caso como en los precedentes que vengo reseñando, en el juicio de amparo los jueces siguieron el criterio jurisprudencial predominante y fijaron los hono-rarios según las pautas del art. 10. Los recurrentes no discuten esa pauta para el juicio de amparo hasta la sentencia. Se agravian de los honorarios regulados en el trámite de eje-cución de sentencia en el que se decidió trabar embargo; consienten que el juicio de am-paro (declaración de inconstitucionalidad de las reducciones en las remuneraciones) pudo ser juicio sin monto, pero entienden que no lo es la ejecución de la sentencia con-sistente en el pedido de traba de embargo por una suma determinada.

2. La distinción propuesta por el recurrente en la jurisprudencia.

La escasa jurisprudencia publicada no sigue parámetros idénticos.

Así, por ej., El Superior Tribunal de Santiago del Estero ha resuelto que "aunque el proceso de amparo carece de contenido económico, los trabajos de ejecución de sen-tencia dictada en este tipo de procesos constituye una etapa procesal posterior y distinta del juicio principal, debiéndose ameritar el monto ejecutado" (4/12/1996, cit. por Ure, C., y Finkelberg, P., "Honorarios de los profesionales del derecho", Bs. As., ed. Lexis Nexis, 2004, pág. 297).

En cambio, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, en decisión del 8/3/1995, reguló los honorarios como juicio sin monto en un incidente en el que se discutía si correspondía o no mantener las astreintes impuestas en un proceso de amparo (Jurisprudencia de las Cortes y Superiores Tribunales de Provincia, Bs. As., ed. A. Pe-rrot, 1997, pag. 163).- VII. SOLUCIÓN A LA QUE SE LLEGÓ EN LOS PRECEDENTES DE ESTA SALA ANTES RESEÑADOS.

En los precedentes que vengo reseñando, la Sala rechazó los recursos de casa-ción deducidos con estos argumentos:

1. Los recurrentes consintieron la discutida regla jurisprudencial generalmente aceptada según la cual el juicio de amparo es un juicio sin monto.

La distinción propuesta en este recurso (juicio hasta la sentencia y juicio de eje-cución de la sentencia) no es audible, pues si lo que marca la línea divisoria es sólo el valor económico del proceso y no la cuestión constitucional en juego, aunque ese valor no hubiese estado fijado al momento de dictar sentencia, los letrados debieron peticionar que la regulación se difiriera hasta tanto existieran elementos en el expediente; no lo hicieron; por el contrario, consintieron expresamente la regulación según las pautas del art. 10.

2. Siendo así, no parece normativamente incorrecto regular los honorarios, en un incidente por levantamiento de embargo existente en la ejecución, según el mismo crite-rio que se tuvo al sentenciar.

3. Los inconvenientes señalados por la doctrina a la tesis mayoritaria no existen en la provincia de Mendoza pues, aunque se regule por el art. 10, el juez está obligado a tener en consideración, como una pauta más, "las consecuencias o influencia que esa decisión tenga sobre los bienes y personas de las partes", por lo que la solución local está muy lejos de la aceptada por el legislador santafecino que manda "prescindir del monto económico involucrado". Muy por el contrario, regular por el art. 10 debería sig-nificar atender cuidadosamente a todas las pautas, entre ellas cuánto ha significado pa-trimonialmente la gestión para el cliente y para el contrario y, de este modo, dignificar la labor profesional (ver decisión de esta sala del 23/6/1989, LS 210-001).

4. Si la suma fijada ($ 500) responde o no a todas las pautas del art. 10 es cues-tión no planteada por ante este Tribunal por la vía correspondiente, como lo señala el Sr. Procurador en su dictamen (CS Mendoza, sala 1, 1/9/1999, LS 290-409).

5. Es verdad que la ejecución de la decisión dictada en autos ha tenido muchas dificultades, pero en numerosas ocasiones los procesos de ejecución de sentencia son complicados y, fundamentalmente, insumen más tiempo que el consumido hasta que el derecho fue declarado; esto ocurre en todos los procesos, y no es pauta para modificar el régimen general.

6. Finalmente, y a mayor abundamiento, cabe tener en consideración que la ges-tión profesional también se encuentra compensada a través de pactos de cuota litis sus-cripto entre actores y profesionales, en un proceso que, como se ha indicado, acumula las pretensiones de centenares de empleados públicos.

VIII. LA APLICACIÓN DE PAUTAS ANÁLOGAS AL CASO A RE-SOLVER.

La seguridad jurídica impone a la Corte seguir sus propios precedentes en tanto no verifique un error en su anterior decisión, o que las circunstancias fácticas difieren en uno y en otro caso.

En consecuencia, cabe analizar si las diferencias en uno y en otro caso justifican una solución distinta.

1. La cuestión normativa.

No encuentro razones para apartarme de los precedentes; en éste, como en aque-llos casos corresponde aplicar el art. 10 y no el 2. Explicaré por qué:

a) Es verdad que en este caso, a diferencia del anterior, los profesionales recu-rrentes, según sus propios dichos, no intervinieron en el proceso del amparo sino sólo en la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en éste, como en los precedentes, tampoco discuten cómo debe regularse en el juicio de amparo ni explicitan por qué las pautas flexibles del art. 10 de la ley arancelaria local no son adecuadas. La queja está vinculada, exclusivamente, a la presunta total independencia entre el juicio principal y la ejecución de sentencia.

b) Como he señalado, esa presunta independencia no es aceptada en forma uná-nime por la jurisprudencia cuando se trata de acciones de amparo.

Agrego que esa independencia absoluta podría llevar a que si los honorarios en el juicio de amparo se regulan por el art. 10 y los de la ejecución de sentencia por el art. 2, los de esta segunda etapa del proceso puedan llegar a ser irrazonablemente muy supe-riores a los de la primera, en franca contradicción con lo esencial de la labor profesional del abogado, desarrollada en la primera etapa (donde se plantea la cuestión constitucio-nal). En este sentido, recuerdo que en muchos sistemas del derecho comparado, toda la etapa de la ejecución de la sentencia está en manos de otros profesionales no abogados, del mismo modo que en nuestro país, el último acto de la ejecución (la subasta) está a cargo de un martillero; además, se desarrolla prácticamente fuera del proceso, salvo la rendición final de cuentas. No sostengo que este sea el sistema argentino; lo traigo a colación para señalar cómo, lo esencial de la actividad abogadil se encuentra en el trámi-te hasta la sentencia, por lo que la etapa ulterior no puede llevar, en materia de honora-rios, a resultados totalmente desproporcionados con los de la primera.

c) La desigualdad se agudiza cuando, como en el caso, los abogados que han intervenido en ambas etapas no son los mismos, desde que los de la segunda vendrían a tener compensaciones muy superiores por trabajos que aunque requieren de actividad material, poco tienen de intelectual, propia de la función abogadil.

En este expediente esa desproporción se muestra patente, especialmente si se tiene en cuenta que la actividad de los abogados recurrentes se limitó a pedir la ejecu-ción de la sentencia y el embargo. El tribunal no corrió traslado de las defensas del go-bierno y de la Fiscalía de Estado; llamó autos para resolver y decidió la traba de la cau-telar; ni siquiera dispuso seguir con la ejecución adelante. En consecuencia, a diferencia de lo que sucedió en los precedentes, no se trabó un incidente en el que el abogado y su letrado tuvieran que estudiar las cuestiones planteadas (en aquél caso, levantamiento del embargo por afectar fondos públicos).

d) Por esa razón, los argumentos del tribunal relativos a que en el amparo no existe un verdadero proceso de ejecución de sentencia, similar a otros tipos de procesos, responde a las constancias de la causa desde que, insisto, de las defensas esgrimidas no se ha corrido traslado. Simplemente, se ordenó el embargo.

2. La cuestión constitucional.

Es verdad que la suma de $ 100 puede parecer baja; sin embargo, en éste como en los precedentes, debe tenerse en consideración que la gestión profesional también se encuentra compensada a través de pactos de cuota litis en un proceso que, como se ha indicado, acumula las pretensiones de centenares de empleados públicos y los procesos de ejecución de han dividido en muchos expedientes.

El hecho que el patrocinante no haya suscripto esos convenios no afecta la solu-ción porque, como he señalado, en este proceso no ha existido actividad propia del pa-trocinante.

IX. CONCLUSIONES.

Por todo lo expuesto, y si mi voto es compartido por mis distinguidos colegas de sala, corresponde el rechazo de los recursos deducidos Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTION LA DRA. AIDA KEMELMAJER DE CARLUCCI, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 36 y 148 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. ROMANO y PEREZ HUALDE, adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 22 de mayo de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación de-ducidos a fs. 5/26 vta. de autos.- II. Imponer las costas a los recurrentes que resultan vencida.

III. Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: Dres.: Ricardo Rubén MARINO, en la suma de pesos CUARENTA ($ 40) y Pedro A. GARCIA ES-PETXE, en la suma de pesos CUARENTA ($ 40) (art. 10 Ley 3641).- Notifíquese.- mac