Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-07


AUTOS N° 149118 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III N° 11641) "MACCHI Carlos Augusto C/ Corte de Justicia y Otro -Amparo-" En la ciudad de San Juan, a 7 días del mes de Mayo de dos mil quince, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dr. Luis Alberto Recio a cargo de la Presidencia y la asistencia del Señor Vocal Dr. Daniel Gustavo Olivares Yapur, para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 29 contra la sentencia de fecha 14 de Abril de 2015, dictada por el Señor Juez del Cuarto Juzgado en lo Civil Comercial y Minería que obra a fs. 16/18.

El Señor Juez de Cámara Daniel G. Olivares Yapur dijo:

En los autos del epígrafe mediante el pronunciamiento precedentemente citado el Señor Juez Dr. Sergio Orlando Rodríguez resolvió: "I) En mérito a lo expuesto y en función de lo normado por el art. 565 y 571 del C.P.C. dispongo no hacer lugar a la medida cautelar de innovar y consecuentemente el rechazo in límine de la acción".

Contra el pronunciamiento el accionante impetró y dejó fundado a fojas 20/28 recurso de apelación que le fuera concedido a fojas 29.

Antecedentes de la causa:

Sin perjuicio del pormenorizado relato efectuado por el sentenciante en su pronunciamiento a modo de apretada síntesis diré lo siguiente.

A fojas 08 se presenta ante el estrado judicial el Dr. Carlos Augusto Macchi por derecho propio y con patrocinio letrado promoviendo acción de amparo contra la Corte de Justicia en Pleno y contra el Consejo de la Magistratura. La misma según textual extracto, tiene por objeto "promover acción de amparo contra la resolución y decisión adoptada por la Corte de Justicia de San Juan con domicilio en el edificio de Tribunales sito en Avenida Ignacio de la Rosa entre calle Aberastain y Jujuy de la Ciudad de San Juan (Edificio 25 de Mayo 2do. Piso) en cuanto declara vacante el cargo de Juez del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería. A los efectos de que la amparada ordene al Consejo de la Magistratura con domicilio en el segundo piso del edificio 25 de mayo a los fines de que no continúe con el trámite de la elección de una terna de concursantes para ocupar el cargo de Juez del Quinto Juzgado de San Juan.	Afirma como hecho motivador de su pretensión que interpuso en su oportunidad Recurso Extraordinario ante la Corte de Justicia de la Provincia contra el fallo destitutorio del cargo de Juez de Primera instancia, el cual fue desestimado, razón por la que el día cinco de Febrero de 2015 interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación recurso de queja por Recurso Extraordinario denegado que aún se encuentra sin resolver por aquel Tribunal.

Sostiene que la sentencia destitutoria no tiene definitividad no habiendo cosa juzgada material y formal, ya que la existencia del recurso de queja crea la posibilidad de contar con un fallo favorable del Alto Tribunal que implique la restitución al cargo de Juez Titular del Quinto Juzgado Civil. Consideró a este argumento suficientemente válido para acceder a la presente acción, considerando que lo resuelto por la Corte de Justicia (comunicar la vacancia al Consejo de la Magistratura) restringe indebidamente el derecho de defensa en juicio y causa la frustración del derecho a trabajar que le asiste.

De los agravios del Apelante:

Expresa en primer lugar que al haber resuelto el sentenciante el rechazo liminar de la acción de amparo y desestimar la medida cautelar peticionada se le ocasiona a su parte un daño irreparable, y que su parte se agravia por dos razones:

La primera de ellas resulta la afirmación efectuada por el sentenciante respecto que lo que pretende el amparista es suspender los efectos de la sentencia de destitución, y dice que la afirmación del Juez no es valedera ni certera, en razón de que lo que esa parte afirmó es que la sentencia de destitución no se encuentra firme, por ende no puede tener efecto, por ello no debe la Corte de la Provincia de San Juan comunicar al Consejo de la Magistratura que el cargo de Juez está vacante.

Sostiene que en el artículo 285 del Código Procesal Civil de la Nación en su último párrafo establece que la Queja por denegación del recurso ante la Corte Suprema no tiene carácter suspensivo del proceso, y dice que ello genera en no pocos casos un resultado disvalioso al sufrir el quejoso un detrimento patrimonial sobre la base de un pronunciamiento judicial arbitrario o contrario al derecho federal, pero que ha consolidado sus efectos injustos, dejando como único remedio disponible con que dudosamente podría contar el quejoso, la acción de daños y perjuicios que no es lo que desea el amparista.

Sigue diciendo que el sentenciante no ha considerado que el presente es un caso que reviste gravedad institucional y es una cuestión que excede el mero interés de las partes afectando de modo directo al de la comunidad.

Que atendiendo a la realidad tribunalicia y normativa que rodea el caso indica que la Corte Suprema no tiene plazo para pronunciarse, y que si bien podría eventualmente obtenerse un pronunciamiento favorable del alto tribunal, ello podría resultar tardío al haberse dado cumplimiento a la sentencia de ejecución, implicando la designación de un Juez en el cargo que ocupaba el amparista, situación que entiende hace proceder la acción de amparo. Cita jurisprudencia e invoca la vigencia y aplicación de diversos tratados internacionales.

Afirma seguidamente que darle firmeza a la sentencia destitutoria debidamente apelada en todas las instancias y aún pendiente de resolución, constituye una violación del debido proceso circunstancia que es indiscutible, pues no es mucho lo que hay para decir para demostrar que no hay una sentencia definitiva, por lo que sostiene que de continuar con su cumplimiento, la decisión que así lo dispone resulta violatoria de garantías constitucionales y avasalla el derecho de defensa en juicio.

Reafirma seguidamente la vía del amparo en tanto dice que el mismo es procedente contra una decisión administrativa de la Corte de Justicia de San Juan como es la declaración de vacancia del cargo de juez del Quinto Juzgado Civil y que no debe considerarse un acto jurisdiccional.

Entiende que el acto de la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan es un acto de autoridad pública, le alcanza al Dr. Macchi la protección del amparo, pues el Tribunal Superior de la Provincia a pesar de conocer el planteo del Recurso de Queja por denegación de Recurso Extraordinario ha continuado con el proceso de designación de un Juez en dicho cargo. Sostiene que ese actuar es ilegal en tanto la sentencia destitutoria no está firme y no hace cosa juzgada material existiendo la posibilidad de que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento y de la Corte de Justicia sean revocadas, ordenándose restituir al cargo al Juez destituido.

Sostiene citando jurisprudencia local, que las decisiones dictadas en los Juicios Políticos o de Enjuiciamiento de Magistrados son perfectamente recurribles resultándole arbitraria y privada de razonabilidad e intempestiva al quedar fuera de tiempo por no esperar que la sentencia apelada pase a cosa juzgada material, consecuentemente dice que es procedente el amparo que se propone como norte atacar el accionar de la Corte de Justicia que afecta derechos y garantías explícitas del Dr. Carlos Macchi, como son el derecho a trabajar , el de defensa en juicio y el debido proceso.

En segundo lugar expresa que el error del sentenciante radica en considerar que la declaración de vacancia del cargo de Juez del Quinto Juzgado Civil tiene carácter jurisdiccional o lo que es mas sutil, se haya vinculada a decisiones jurisdiccionales. Explica y fundamenta que lo que veda el artículo 565 del C.P.C. es el amparo contra decisiones jurisdiccionales, y ese no es el caso de autos, pues para caer dentro de la prohibición que prevé el C.P.C. esta parte debería haber cuestionado mediante amparo el Rechazo del Recurso Extraordinario deducido ante la Corte Local o la desestimación del Recurso Extraordinario Federal, pero ello no es así, la pretensión se ejerció respecto a la decisión administrativa de la Corte de Justicia de San Juan de declarar la vacancia del cargo del amparista cuando la decisión de su remoción todavía no ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Sostiene que la arbitrariedad de la declaración de vacancia hecha por la Corte de Justicia estriba en que esa vacancia carece de fundamento que le dé base pues no hay decisión firme sobre la destitución del magistrado que ocupaba el cargo supuestamente vacante, además de carecer de necesidad de cubrir la vacante en tanto ha procedido a cubrirla mediante la designación de un Juez provisorio.

Afirma que la sentencia se ha equivocado, y con ello ha errado la denegación de la medida cautelar solicitada que es absolutamente necesaria y primordial para la sustanciación del amparo, pues mientras se discuta si la decisión de la Corte es justa o no, necesariamente debe dictarse la medida cautelar innovativa de proteger el interín del entretanto en donde esta suspensión dice, tiene efectos constitutivos mas que conservatorios. Cita jurisprudencia y doctrina y efectúa reservas de ocurrir por las distintas vías extraordinarias.

3. Tratamiento:

El análisis preliminar de los elementos de la causa, la sentencia denegatoria liminar de la acción y cautelar innovativa, sumados a los fundamentos bajo los cuales el apelante intenta ratificar su pretensión, la que se ha transcripto textualmente en el acápite inicial, muestran claramente un defecto intrínseco que resulta a todas luces impeditivo de la misma y la tornan expresamente improponible.

En efecto, a fin de meritar las condiciones y requisitos de procedibilidad de la acción de amparo, resulta obligatorio para la jurisdicción, efectuar liminarmente el análisis de proponibilidad de la misma, y dentro de ello, determinar los caracteres intrínsecos o extrínsecos de la postulación.

A partir de ello, encuentro correcta la posición asumida por el Señor Juez que principia por analizar los presupuestos de procedencia de la acción previo a disponer su trámite, no obstante advierto que la demanda adolece de elementos esenciales de proponibilidad que deben ser valorados antes.

Enseña Morello que "El Juez aún de oficio debe analizar la calidad o legitimación para obrar, como un requisito de la acción o de la pretensión. Sólo después de tal acreditación entra en el juzgamiento del mérito, atendibilidad o fundabilidad de lo pretendido".- (Morello, Cgo Proc. Civ. y Com. Tº IV-A pág. 221 y 259 del C.P.C.).

En el caso que se propone emerge con total claridad que el accionante pretende entablar la acción de amparo que impetra contra La Corte de Justicia de San Juan y el Consejo de la Magistratura (ver fojas 08 en transcripción textual efectuada supra) denunciando incluso sus domicilios en el Edificio 25 de Mayo 2do. Piso.

Siguiendo la mas autorizada doctrina se ha dicho que "La falta de legitimación para obrar puede definirse como la que sostiene la ausencia de legitimación procesal, es decir que el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales calidades con referencia a la concreta materia sobre que versa el proceso. Asimismo se ha sostenido que la falta de legitimación para obrar, según así la denomina el Código procesal, sólo se refiere a la falta de calidad de titular del derecho invocado por parte del actor, o la falta de calidad de obligada por parte del demandado, la falta de calidad, sea por que no existe identidad entre la persona del actor a quien la acción está concedida, o entre la persona del demandado y aquella contra la cual se concede, determina la procedencia de la falta de legitimidad para obrar. (Morello y colb. Cód. Proc. Civil Comt. Tº IV-3 Pág. 255 y sig.-Jurisp. citada)."	Puede afirmarse entonces que constituye un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión que la relación procesal se haya constituido entre las partes legítimas para debatir la cuestión de fondo; esto es, la titularidad activa y pasiva de las relaciones jurídicas sustanciales sobre las que versa la pretensión.

En la especie el accionante postula inválidamente una acción contra la Corte de Justicia de San Juan, que es el órgano constitucional que encabeza el Poder Judicial Provincial (art. 197 de la Constitución Provincial) y contra el Consejo de la Magistratura que es un organismo constitucional extrapoder (art. 214 Ibid), ambos carentes de personalidad jurídica para estar en juicio, como se verá seguidamente.

En efecto, en el primer caso la Corte de Justicia tiene expresamente previstas sus facultades e incumbencias como órgano que encabeza el Poder Judicial en el artículo 207 de la carta magna provincial (Atribuciones y Deberes) y en el segundo caso, el Consejo de la Magistratura tiene también previstas en el propio corpus constitucional sus funciones específicas (cfr. art. 216 Cont. Prov.).

Ninguno de ellos se encuentra expresamente investido de facultades específicas en materia de capacidad procesal para estar en juicio, y ello resulta lógico toda vez que surge expresamente del propio texto constitucional que la Provincia de San Juan, tiene un solo mandatario que la representa y es el Señor Gobernador o quien ejerza el Poder Ejecutivo en su caso; por otra parte la representación en juicio de todos los asuntos que involucren a la Provincia de San Juan son competencia, incumbencia y participación necesaria del señor Fiscal de Estado de conformidad a lo prescripto por el artículo 263 de la Constitución Provincial y artículo 4to. apartado A) de la ley N° 319 E- Digesto Provincial, antes ley 8.346 -B.O. P. 10-01-2013- que expresamente prescribe " de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 263 de la Constitución de la Provincia representa a la Provincia y a todos los organismos que integran la Administración Pública, Centralizados, Descentralizados y Autárquicos en los juicios en que se conviertan sus intereses, sean o no patrimoniales, cualquiera sea el fuero o jurisdicción, para lo cual goza de mandato emergente de su designación. Podrá sustituir esa representación otorgando carta poder o poderes generales o especiales para actuar en asuntos judiciales determinados, en cualquier fuero o jurisdicción de la república o ante tribunales extranjeros, en favor de letrados integrantes del cuerpo de abogados.sic"	De ello se desprende que la acción que se promueve contra la Corte de Justicia y Consejo de la Magistratura, se encuentra indebidamente direccionada por el proponente que señala como demandados a quien no posee la calidad de legitimado para obrar.

Advierto que el error cometido por el accionante al demandar se ha mantenido a la hora de fundar la apelación toda vez que puede leerse en el exordio de agravios, (fojas 27 vta. de estos autos) en el punto 2° del petitum, se solicita "correr traslado de la misma a la Corte de Justicia de la Provincia de San Juan".

Sin duda alguna, si el proceso se sustanciara con los sujetos a quienes se dirige, omitiendo demandar a la Provincia de San Juan, en la persona del Poder Ejecutivo y por intermedio de su representante constitucional, es decir el Fiscal de Estado, la sentencia a dictarse no sería válida y resultaría carente de todo efecto respecto de Estado Provincial y de la Corte de Justicia como órgano integrante del mismo, cometiéndose otra omisión a su vez mas grave e invalidante, como resultaría en tal caso la privación del ejercicio del derecho de defensa en juicio de la Provincia de San Juan, quien no ha sido expresamente demandada en este proceso.

En tal sentido tuvo oportunidad de juzgar la Corte de Justicia provincial, expidiéndose objetivamente al respecto y dijo "Conforme lo dispuesto en el artículo 4° inc. A de la ley 5558, no puede validamente llevarse adelante un proceso judicial que afecte intereses de la Provincia sin dar participación al Fiscal de Estado, con quien, en tales casos, necesariamente, debe integrarse la litis, Protocolo de Recursos Extraordinarios , Sala 2da. 1998- IV - pág. 662/664 in re N° 1963/98 "Reverento Oscar N. y Bazán Agras de Podestá de Oro y Lobato de Marún c/ Basualdo Ricardo Oscar - Acción de Amparo - Inconstitucionalidad" fallo de fecha 9 de diciembre de 1998.

En este mismo pronunciamiento también la Corte de Justicia dejó sentado " no puede abrirse la instancia extraordinaria para revisar la legalidad de un fallo y eventualmente - como lo pretende la recurrente- avocarse al fondo de la cuestión admitiendo el amparo y con ello invalidando el acto administrativo en cuanto ha sido atacado por los amparistas, siendo que las sentencias dictadas carecerían de efectos respecto a la Provincia de San Juan y a la Cámara de Diputados desde que el Estado Provincial no ha sido parte en el proceso" (Cfr. Jurisprudencia supra citada).

De la doctrina y el caso jurisprudencial precedentemente citados se desprende y así corresponde juzgar en esta instancia que la demanda articulada contra "un acto" emanado de la Corte de Justicia donde se omite claramente demandar a la Provincia de San Juan, con participación de Fiscalía de Estado, resulta una acción objetivamente improponible, por defecto intrínseco, correspondiendo en consecuencia su rechazo liminar.

En materia de improponibilidad objetiva de la demanda este Tribunal se ha expedido recientemente siguiendo destacada doctrina nacional, dijo entonces "Toda demanda debe ser objetivamente proponible pues lo contrario lleva a la improcedencia o inadmisibilidad según el vicio extrínseco o intrínseco que la afecte. Si el déficit se apunta en las condiciones de procedibilidad, el magistrado activa sus poderes de repulsión con el rechazo "in límine" ...el juez puede y debe analizar por sí, no solo el contenido meramente extrínseco del acto constitutivo que pone en marcha la jurisdicción, sino -más aún- asumir un concreto contralor de la concurrencia de los presupuestos procesales, es decir de los requisitos de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad intrínseca).- La meditación que impone el contenido de la "improponibilidad objetiva" de una pretensión atiende a la ausencia absoluta de basamento, a aquél interés que jurídicamente no puede ser protegido y que le impone al juez un examen anticipado de atendibilidad sustancial puesto que si lo deriva a la sentencia de mérito, corre riesgo de provocar un dispendio jurisdiccional estéril por haber tramitado un pleito carente de los requisitos básicos que requiere el proceso" (Conf. Osvaldo A. Gozaini: "Derecho Procesal Civil", t. II, p. 497 y sig., Ed. Ediar, 1.992). Cámara Civil de San Juan, Sala III, autos N° 11080 - 1° JUZG. FAMILIA - "ALOS DOMINGO HECTOR Y ENTZ ROSA LUCIA - SEPARACION PERSONAL" fallo de fecha 22 FEBRERO 2013).

Corresponde señalar que, este deber que le viene impuesto al Juez por su natural función de director del proceso de conformidad a lo dispuesto por los art. 33 y 299 del Código de Procedimientos Civil resulta de aplicación en cualquier estado del proceso e instancia en que se encuentre el mismo si se advierte la absoluta improcedencia de la acción; en el presente caso es por el defecto intrínseco ya señalado.

El análisis y fundamentos vertidos precedentemente resultaría suficiente para desestimar el recurso de apelación en tratamiento, no obstante, en aras de que no se "tilde de exceso ritual" este pronunciamiento y teniendo en consideración, por otra parte, los agravios vertidos por el apelante, se juzga adecuado analizar y profundizar otros aspectos relacionados intrínsecamente con la acción que se postula.

Es así que, como recaudo de procedibilidad de la acción la Corte de Justicia de San Juan, a mantenido invariablemente que la acción de amparo debe cumplir con la reunión de puntuales requisitos, "...para la procedencia de la acción de amparo regulada en el art. 40 de la Constitución Provincial y art. 582 y ss. del C.P.C., en forma unánime la doctrina autoral y tribunalicia coincide en que está determinada por la concurrencia de tres requisitos: a) la lesión al derecho o garantía constitucional; b) la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto lesivo y c) inexistencia de otro remedio legal para la tutela del derecho o posibilidad de proferir un daño grave o irreparable remitiendo la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales. Estos recaudos legales, interpreta nuestro máximo tribunal, que son taxativos y conjuntos, es decir que si faltare alguno de los requisitos establecidos por a norma citada, la vía de amparo no procede"(Corte de Justicia de San Juan, Sala II, Expte. nº 1305/95 "Bustos, Alberto Marcelo c/ Provincia de San Juan - Acción de Amparo -Inconstitucionalidad, 4/3/96, P. R. E. Tº 1, Fº 27/37.

Conforme a ello surge que para cumplir con el recaudo de procedibilidad enunciado en el punto b), el acto ataco por la misma debe apreciarse con el carácter de "ilegalidad o arbitrariedad manifiesta" , cual no se da en el presente, habida cuenta que conforme a los propios dichos del proponente, el acto atacado es la comunicación de vacancia efectuada por la Corte de Justicia al Consejo de la Magistratura para que este proceda a habilitar el proceso constitucional de cobertura del cargo de Juez del Quinto Juzgado Civil.

En efecto, no es necesario mayor análisis para observar que el actuar de la Corte de Justicia como el del Consejo de la Magistratura se ciñe estrictamente a previsiones expresas contenidas en la Constitución de la Provincia, específicamente en su artículo 232 que preceptúa "El Tribunal dicta sentencia dentro del término perentorio de treinta días, desde que la causa hubiere quedado en estado de resolver, absolviendo o destituyendo al acusado. En el primer caso, el funcionario queda restablecido en la posesión de su cargo y en el segundo, separado definitivamente del mismo y sujeto a los tribunales ordinarios, debiendo en tal caso el tribunal comunicarlo a la autoridad correspondiente a fin de que se provea la designación de su reemplazante".

Puede verse entonces que la carta magna determina al Jurado de Enjuiciamiento expresamente el deber de comunicar la vacancia a efectos de que se provea a la designación de su reemplazante.

Por su parte, el artículo 217 del corpus constitucional establece "comunicada la vacancia por la Corte de Justicia al Consejo de la Magistratura, este debe proponer la terna respectiva a la Cámara de Diputados, dentro de los sesenta días de recibida la comunicación"	De ello se desprende que, si el texto constitucional prevé expresamente que en caso de destitución el magistrado, respecto de su cargo "queda definitivamente separado del mismo", determinando la norma "el deber" de comunicarlo a efectos de que se provea a la designación de su reemplazante, no cabe duda que los precitados organismos actuaron en cumplimiento de un deber que les impone la Constitución, no puede entonces avizorarse "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" a dicho acto que permita como recaudo de procedibilidad habilitar el trámite de la acción propuesta.

Finalmente advierto igualmente improponible la acción y la medida cautelar innovativa solicitada conjuntamente, bajo el fundamento de que se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja por Recurso Extraordinario Federal denegado, que el accionante expresa haber impetrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que como bien lo señaló el Señor Juez de Primera Instancia y lo reconoce expresamente el apelante en el exordio de agravios (ver fojas 20 vta. segundo párrafo) rige sobre el Recurso de Queja por Recurso Extraordinario Federal denegado la norma del artículo 285 último párrafo del Código de Procesal de la Nación, que prescribe "mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el proceso" , es decir, que el recurso de queja impetrado ante la Corte de Justicia de la Nación, carece de efecto suspensivo del cumplimiento de la sentencia destitutoria y en el presente caso se encuentra en directa correspondencia con el artículo 232 in fine de la Constitución Provincial.

Por los fundamentos precedentemente expuestos, voto por desestimar el recurso de apelación en tratamiento confirmando el rechazo liminar de la acción de amparo incoada.

El Señor Juez de Cámara Dr. Luis Alberto Recio dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel G. Olivares Yapur.

En mérito de la votación que antecede,	SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 29 contra la sentencia de fecha 14 de abril de 2015, la que se confirma por los fundamentos expuestos precedentemente. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley Orgánica de Tribunales. FDO: DR. LUIS ALBERTO RECIO; DR. DANIEL OLIVARES YAPUR. ANTE MI DRA. PATRICIA ROLDAN DE VARGAS- PROSECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 162/169 AÑO 2015.