marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho a la salud, derechos personalísimos, obras sociales, prestaciones de la obra social, personas con discapacidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., H. E. y otra c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

El beneficiario interesado en recibir determinada prestación, carga con la prueba de la necesidad de ella; una vez acreditada la necesidad, el beneficio puede proponer un prestador, conforme le reconoce el derecho la legislación nacional, debiendo el ente que debe costear el servicio probar que el costo del mismo es desproporcionado o irrazonable para eximirse total o parcialmente de su coste.
Intereses, determinación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras S.A. c/ Banegas, Pablo Raúl s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

La fijación judicial del interés, aún bajo la vigencia de la ley 23928, corresponde únicamente en aquéllos casos en que aquél no ha sido establecido legal o convencionalmente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interés para recurrir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Hugo H. Cataldi S.R.L. s/ Cobro de pesos Méndez, Susana Alicia y otros c/ Prego, Claudio Daniel y otros s/ Daños y perjuicios Silva, Héctor Osvaldo y otro c/ Municipalidad de Marcos Paz y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-18|2000-02-23|2003-05-28

Es inatendible el recurso de inaplicabilidad si el recurso no evidencia el interés que persigue con su agravio.
Honorarios del ingeniero, asesoramiento profesional
Materia: LABORAL
Carátula: DI GIULIO c/ FIMECO S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-03-18

Ante la ausencia de una orden escrita y firmada por el comitente con un detalle de las tareas encomendadas, no demostrándose en forma fehaciente la realización de trabajos concretos por el actor, suceptibles de regulación de honorarios no corresponde abonar los mismos. Maxime cuando se desconoce en que consistían las tareas indicadas por el empleador, ignorándose si los trabajos por los que pretende honorarios están comprendidos o nó en el concepto de asesoramiento técnico, para lo cual fue contratado.
Seguridad de la navegación, asistencia y salvamento, Prefectura Naval, remolque asistencia, situación de peligro
Materia: NAVEGACION
Carátula: DOS REIS, JOAQUIN Y OTROS c/ EMPRESA VILAS Y CIA. S.A. FLUVIAL Y COMERCIAL s/ COBRO DE ASISTENCIA Y SALVAMENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

En la ficta confessio la demandada ha admitido la realidad del peligro; realidad que llevó a encontrarse Zárate a emitir de inmediato, frente al "peligro" para la navegación, la orden de búsqueda y amarre de las barcazas y la Prefectura Naval Argentina -organismo encargado de la seguridad de la navegación fluvial-precisó que la zona era de tránsito fluido y que en caso de continuar la deriva existía probabilidad de colisión (probabilidad y no posibilidad remota de abordaje). En síntesis, por el mérito del dictamen pericial -al que adhirió el consultor técnico; el informe del servicio de hidrografía naval; el detalle proporcionado por la Prefectura Naval Argentina y la confesión ficta de la demandada y su aseguradora y por lo que indica el buen sentido se impone concluir en que, efectivamente, diez barcazas a la deriva en zonas de aguas restringidas -de noche y sin señales-y surcada por buques de ultramar, configuró una situación concretamente peligrosa o una "amenaza probable de daño" (cfr. Causas 5200, del 18.9.87 y 8118, del 29.5.91).
Notificación personal, notificación por cédula, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: MALGA HECTOR c/ ROCHEGIANI s/ DANOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1993-05-04

Pedir que se notifique por cedula lo que se conoce fehacientemente por haber visto el expte. y el tablero de tribunales, implica pedir que se reitere una notificación para cumplir con un mero ritualismo, cometiendo lo que la Corte descalifica como exceso ritual manifiesto.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dentone, Ricardo Hernán c/ Estado Nacional (Estado Mayor General del Ejército) s/ haber militar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

Se ventila una cuestión federal que justifica la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 48 si la recurrente planteó la inconstitucionalidad de la ley 22.511 y la decisión de la cámara fue en favor de la validez de ese texto y contraría al derecho que se invocó como reconocido por la Constitución Nacional.
Reciprocidad jubilatoria, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Clementoni, Águeda Noemí c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-11-02

De conformidad con las prescripciones contenidas en el régimen de reciprocidad jubilatorio (arts. 1° y 7° del decreto ley 9316/1946, ratificado por ley 12.921 y su doctrina), los servicios y las remuneraciones reconocidos por cualquier caja adherida al sistema deben ser considerados por la caja otorgante del beneficio como prestados y devengados bajo su propio régimen, dado que ello se impone por principio de igualdad.(doctor Pettigiani, sin disidencia)
Sentencia condenatoria, disminución de la pena, régimen penal de la minoridad
Materia: PENAL
Carátula: L., M. I. s/ Recurso de Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

La necesidad o no de la imposición de una sanción y eventualmente su reducción, depende, principalmente, del resultado del tratamiento tutelar (art. 4º, ley 22.278), cuya finalidad es proteger y reencausar a la persona menor de edad para que pueda desempeñar un papel constructivo y productivo en la sociedad. (confr. directrices de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de menores" -"Reglas de Beijing"- (19.1), incluidas en el preámbulo de la "Convención sobre los Derechos del Niño", de jerarquía constitucional -art. 75 inc. 22- y en las "Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad" -adoptadas por la Asamblea general en su resolución 45/113 del 14/12/1990-, letra y espíritu de los arts. 3 y 37 inc. b de la citada ley 23849/90)". (MAIDANA SD).
Concursos, asegurador, liquidación del asegurador, aplicación de la ley, juicio de antequiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL SOL ARGENTINO CIA. DE SEGUROS GENERALES SA s/ LIQUIDACION JUDICIAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-06

La liquidación judicial de una compañía aseguradora motivada por la atribución de estado de insolvencia se rige por las normas concursales (ley 20091: 52); tal es el régimen actual y de acuerdo con el no cabe profundizar en el debate acerca de los presupuestos de la falencia mas allá de lo estrictamente necesario para la comprobación sumaria de tales extremos, toda vez que el "juicio de antequiebra" esta vedado por la normativa vigente (LC 91, in fine).
Alimentos, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: KRAPP INES REGINA Y BENZAQUEN JORGE GREGORIO s/ DIVORCIO  VINCULAR  -  INCIDENTE  DE NULIDAD DE MODIFICACION DE CUOTA  ALIMENTARIA- RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-08-15

Resulta apelable la resolución que fija una cuota provisoria de alimentos con carácter de medida cautelar según las previsiones del artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial.
Gastos del proceso, costas, costas al vencido, tasa de justicia, régimen de consolidación de deudas, ejecución de sentencias contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Deleo S.R.L. c/ E.N. (M° de Salúd F. y A. Soc. -Hosp. José T. Borda) s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-22

Es la imposición de las costas, dispuesta en la sentencia dictada en 1992, confirmada en 1993 la "causa de la obligación" de reintegrar lo abonado por la parte actora en concepto de tasa de justicia. Es decir, es el acto que, en el caso, engendra y sirve de fundamento a la obligación, y que, como tal, constituye el título de ella, en cuanto ha sido dotado por el ordenamiento jurídico con virtualidad bastante para establecer entre acreedor y deudor el vínculo que los liga. ...Es en la oportunidad en la que ellas son impuestas que nace la obligación del vencido de reintegrar los gastos en los que debió incurrir la parte actora para obtener la tutela judicial de sus derechos y que engendra una relación de crédito cuyo sujeto activo no es el Fisco Nacional (o actualmente el Poder Judicial de la Nación) sino la parte vencedora. A partir de allí el vencido es deudor. La obligación de pagar las costas no surge durante la litis, dando lugar a un crédito eventual o condicional; por ello no puede hablarse durante el trámite del pleito de un derecho o una obligación a las costas, los que sólo nacen en el momento de fallarse sobre la demanda, esto es, cuando se determina el vencimiento. Por tratarse entonces de una obligación de causa o título posterior al 1 de abril de 1991, la percepción de las sumas abonadas por la parte actora en concepto de tasa de justicia debe ajustarse al procedimiento establecido en el art. 22 de la ley 23.982.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dominelli, Heraldo Alejandro c/ Llanos, Héctor Aníbal s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Resultando de la prueba producida en el juicio que el actor damnificado convive con dos familiares discapacitados, en uso de la facultad acordada a los jueces por el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, es razonable concederle en concepto de gastos de movilidad la suma de $ 150, estimada a la fecha del fallo apelado 10 -4-92.
Acto administrativo, nulidad parcial, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVICINO S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 784 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-08

El órgano judicial puede anular parcialmente un acto siempre que este contenga partes separables dotadas de suficiente autonomía. La disposición del artículo 72 de la ley 4106 según la cual: 'la sentencia dictada en contra de la Administración Pública declarará la procedencia del recurso en todo o en parte...', permite la anulación parcial de un acto.

Es en el derecho privado donde la anulación parcial procede sólo con excepción, especialmente en el terreno contractual" . Por lo tanto no es impedimento para el Tribunal verificar si el acto atacado, aún con los vicios de ilegitimidad constatados, contiene disposiciones separables que puedan considerarse válidas (art. 1039 del Código Civil). (Del Voto del Dr. Netri)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Balmaceda, Juan Ramón; Romero, Isidro Rito; Miño, Jorge Alberto s/ Triple homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal pues, si bien es innecesaria la cita ritual del art.

286 del Código de Procedimiento Penal -preterida en el caso-, cuando se identifica dicha norma en forma indubitable a través de la alegación y demostración del vicio lógico en que habría incurrido el razonamiento del tribunal, en la especie tal recaudo mínimo no ha sido cumplido por el recurrente (art. 355, C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, delito penal, valor probatorio, aplicación temporal de la ley penal, leyes, proceso penal, auto de procesamiento, libertad provisional
Materia: PENAL
Carátula: B., F. A. s/ RECURSO APELACION - PROCESAMIENTO (EXPTE N 236-04, RESOLUCION N 33, TOMO 12, FOLIO 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-05-17

Dada la modificación introducida por ley 25.882 al artículo 166 del Código Penal, que establece en el último párrafo que cuando no pueda acreditarse de ningún modo la aptitud para el disparo del arma de fuego utilizada en el robo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión y, ante la circunstancia de que la investigación en el "sub júdice" se encuentra prácticamente agotada y no ha podido ser acreditada la idoneidad del arma de fuego empleada al no haberse podido efectuar su secuestro, corresponde analizar el caso a la luz del artículo 2  del Código Penal a los fines de adecuar a derecho la calificación atribuida en el auto de procesamiento impugnado, (art. 166 inc. 2 del Código Penal, ahora sustituido, que preveía una pena de cinco a quince años de reclusión o prisión). Así, y pese a que la resolución impugnada no se trata de una sentencia, la variación operada en el tipo penal citado podría tener consecuencias trascendentes en el proceso y, eventualmente, hacer aplicable el instituto de la libertad provisional, con fundamento constitucional y en la ley procesal, coloca al Tribunal en el deber de expedirse de pleno de derecho (artículo 2 , última parte del Código Penal).
Embargo, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Setau, Luis Enrique c/ Municipalidad de Conscripto Bernardi s/ Laboral-Inc. Embargo Preventivo prom. por Dr. Larocca
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-24

La jurisprudencia tiene dicho que "no se requiere que haya suma líquida, bastando que de los autos surjan antecedentes que permitan apreciar el monto respectivo", o que "la existencia de cantidad líquida no es necesaria cuando se lo puede decretar por una suma prudencial de acuerdo a las circunstancias del caso".
Compraventa inmobiliaria, actualización monetaria, hiperinflación, realidad económica
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Melgarejo, Roberto René c/ Chacar, Alberto César y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La distorsión en el incremento de los distintos precios de mercado, propias del período hiperinflacionario, hacen necesario un examen circunstanciado de la realidad económica imperante al momento del fallo y en función de la proporcionalidad que debe mediar entre el saldo de precio y el valor del inmueble.
Accidentes de trabajo, derecho de opción, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moltoni de Cunati, María Rosa y otro c/ Ciardelli, Roberto Rufino y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Si el cónyuge supérstite obtuvo en sede laboral -por vía de la opción del art. 17 de la ley 9688- la indemnización por la muerte de su esposo, carece de legitimación para reclamar resarcimiento por el mismo hecho en sede civil.
Homicidio calificado por el vínculo, aborto sin consentimiento, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Guzmán, Cristian Matías s/ homicidio agravado c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-11

El significado antinormativo del accionar del imputado no debe agotarse, para su correcta subsunción legal, en la comisión del homicidio de la mujer con quien mantuviese una relación de pareja, sino que debe incluir, necesariamente, también la del aborto consecuente, con sustento en las reglas del concurso ideal (art. 54, C.P.), pues sólo adoptando tal subsunción legal se logra atrapar la integridad del contenido de ilicitud del hecho. Se trata de un único comportamiento que realizó dos tipos penales a la vez, los cuales no se excluyen entre sí pues en cada caso son diferentes las normas que se infringen y los bienes jurídicos que se lesionan. En el homicidio de la mujer, se verifica una infracción a la prohibición de matar y se lesiona el bien jurídico "vida" de aquella, respectivamente. En el consecuente aborto sin consentimiento de la mujer, se infringe la prohibición de interferir en el desarrollo del nasciturus o feto, privándolo de su vida que es merecedora de protección penal. Tal prohibición, a su vez, está estrechamente vinculada con la de afectar la dignidad de su madre, en cuanto a su expectativa normativa de un natural y adecuado desarrollo de su maternidad, en los términos ya precisados (voto del Juez Huarte Petite, al que adhirió el Juez Jantus).
Prueba documental, documentos en libros laborales, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Barraza, Carlos Alberto c/ Empesur S.A. y-o quien resulte propietario y-o responsable s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-08-21

La incorporación de los originales o de las fotocopias certificadas de instrumental que debe exhibirse conforme la exigencia del artículo 42 de la ley 69 incumbe a la parte interesada en la producción de dicha prueba en el supuesto que los originales -libros, recibos de haberes, etc-. Se hallen incorporados a una causa judicial, cabe acotar que en todo caso la demanda -cuyo traslado fuera evacuado- requería se intimara igualmente la presentación de los originales, emplazamiento que sólo puede tener cabida en la situación prevista en el artículo 388 del C.P.C.C. con la consecuencia que tal norma establece.
Representación procesal, gestor
Materia: PROCESAL
Carátula: APHALO Horacio s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-26

La ley 22.434, al sustituir el art. 48, se ha inclinado por el criterio de que es necesario que el compareciente invoque concretamente los motivos en que se funda la ausencia de representación, condicionando la admisibilidad de la comparecencia del gestor a los "hechos o circunstancias que impidan la actuación de la parte" que ha de cumplir los actos procesales, y le impone la carga de "indicar la parte en cuyo beneficio pretende actuar" y "de expresar las razones que justifican la seriedad de la representación". Pero, como no se introdujo ninguna otra exigencia aparte de las señaladas, el juez sólo debe ponderar si las razones esgrimidas justifican el pedido, sin que sea menester requerir o admitir prueba alguna para acceder o denegar, en su caso, la franquicia de referencia (conf. CNCiv. Sala C, R. 128.928 del 28/8/84).

La urgencia debe nacer de hechos o circunstancias que impidan la actuación directa de las partes, y el hecho de que la apelante se encuentre en el interior del país es motivo suficiente para admitir la presentación del gestor en los términos del art. 48 del Código Procesal, pues se trata de la fundamentación de un recurso de apelación y corre el plazo para efectuarla (conf. CNCiv. Sala C, R.

205.480 del 15/3/76; íd. R. 262.472 del 6/5/80).
Renuncia al empleo, renuncia bajo presión, carga de la prueba, acuerdo económico por renuncia
Materia: LABORAL
Carátula: OSAN MARTHA CRISTINA c/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2006-12-15

Corresponde otorgar validez jurídica a la renuncia de los trabajadores, aún cuando sostienen que los obligaron a renunciar, si no demostraron las "numerosas presiones" invocadas en el recurso y si aceptaron el monto ofrecido y concurrieron voluntariamente al correo a emitir los telegramas de renuncia, lo que ubica al caso en el supuesto de renuncia negociada válida.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Ferrara, Miguel Alberto s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Es insuficiente la denuncia de violación del art. 239 del Código de Procedimiento Penal fundada en que no se atendió a la conducta de la víctima, si la Cámara además de manifestar expresamente que se trataba de una confesión simple, resolvió que aunque el accionar de la víctima fuera imprudente ésto no relevaría de responsabilidad al imputado.
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: T., C. A. c/ V., E. Á. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-30

La indemnización de daños y perjuicios derivados tanto de hechos ilícitos (responsabilidad aquiliana) como del incumplimiento de las obligaciones contractuales, debe fijarse en función de los valores vigentes a la fecha de la sentencia, pues de lo contrario se desvirtuaría el principio según el cual se debe a la víctima una indemnización plena o integral, conforme a las pautas del derecho común.

A su vez, la circunstancia de fijar el monto de la indemnización conforme a valores actualizados no crea incompatibilidad con la condena al pago de intereses toda vez que en un caso se atiende al capital, y en el otro a sus accesorios para permitir así reparar el perjuicio ocasionado por la imposibilidad de su uso. Se contempla entonces la integridad del resarcimiento debido y también la obligación accesoria del pago de intereses por la privación del capital adeudado.
Concursos, clausura del procedimiento, clausura por falta de activo, realización de bienes
Materia: COMERCIAL
Carátula: FAMTUR  S.R.L. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-02

En tanto la clausura del procedimiento por falta de activo supone la cesación de la función jurisdiccional sin haber solventado los múltiples conflictos que motivaron el proceso concursal, necesariamente, debe interpretarse restrictivamente la decisión al respecto.

La insuficiencia de activo, o su falta, deben resultar manifiestas, situación que acontece cuando se han adoptado todas las medidas tendientes a recomponer el patrimonio del fallido sin resultado.

Existiendo bienes, debe agotarse su realización por alguna de las vías previstas por la ley de concursos (arts.202, 207 y cctes.), o recurrir, en su caso, a la prevista por el art.208 del mismo cuerpo legal. Máxime que la cifra que, eventualmente, pudiere arrojar el producido de la liquidación de los bienes -aún de escaso valor- y aunque probablemente resulte mínima, es posible que atienda a algún rubro de los gastos irrogados.

El hecho de que los bienes ingresados no alcancen a una suma cercana al pasivo no es criterio definitivo sobre el punto, pues la clausura del procedimiento por falta de activo tiene presente la imposibilidad de satisfacer los gastos y no la atención de los acreedores verificados, por lo demás, en la medida en que las sumas que eventualmente ingresen determinen la prosecución de la quiebra, posibilitarían, también, la profundización de la investigación tendiente a agotar los medios para superar la insuficiencia en cuestión.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Giardelli,  Martín  Alejandro c/ Estado Nacional  -Secretaría deInteligencia del Estado. s/ control de constitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

El voluntario sometimiento a un régimen jurídico, sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior, con base constitucional mediante el recurso extraordinario.