Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1955-08-29


Opinión del Procurador General de la Nación Hallándose en juego la interpretación de normas de carácter federal, opino que debe declararse la procedencia del recurso extraordinario interpuesto a fs. 142 y concedido a fs. 151.

En cuanto al fondo del asunto, el Fisco nacional (D.G.I.) actúa por intermedio de un apoderado especial que ya ha asumido ante V. E., la intervención que le corresponde. - Julio 29 de 1955. - Carlos G. Delfino.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 29 de agosto de 1955. - Considerando:

Que el recurso extraordinario de apelación concedido a la parte actora de fs. 151 es procedente de acuerdo con el art. 14 de la ley 48.

La actora es accionista de otra sociedad anónima que en 1942 resolvió revaluar sus bienes, operación que fuera aprobada en 1943 y en cuyo año distribuyó acciones liberadas representativas de dicho aumento. El Fisco cobró impuestos sobre las acciones recibidas aplicando el art. 45 inc. b) y el art. 60 de la ley 11.682 (t. o. en 1947). Dicha parte se agravia sosteniendo haber sido mal aplicada la ley por cuanto lo distribuido no representa ganancia sino una nueva manera de contabilizar el capital sin beneficio para los accionistas por cuanto no se aumenta su cuota parte en los bienes sociales. El verdadero sentido de las cláusulas legales pertinentes, dice, sería el de gravar las ganancias de capital sólo cuando resulten de la enajenación de bienes Conceptúa que la forma en que ha sido aplicada la ley sobre réditos seria inconstitucional por no resultar equitativo que el impuesto grave el capital y porque no se respeta la igualdad al aplicarse únicamente a los tenedores de acciones que serían los únicos que resultarían pagando impuestos al capital mientras los demás contribuyentes sólo lo hacen sobre la renta. Sostiene, también, que la reforma introducida por la ley 12.922 no es aplicable a su caso porque la revaluación con que se aumentó el capital fue resuelta en 1942 y al desviar la carga impositiva hacia el año 1943 -en el que la formalización de dicho aumento se produjo- ello importaría arrebatarle un derecho adquirido al amparo de la ley anterior con lo que se violaría el derecho de propiedad.

Que el citado art. 45, inc. b). de la ley 11.682 considera réditos de la segunda categoría a los "dividendos de acciones de sociedades constituidas en el país sin tener en cuenta el origen de los fondos con los cuales se realiza su pago (reservas anteriores, ganancias de capital, rentas exentas de impuesto, etc.)". A su vez el art. 60 dispone que "los dividendos o utilidades que las sociedades de capital repartan a sus accionistas, en dinero o en especie, quedan íntegramente sujetos al impuesto, cualquiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, como ser: reservas anteriores... ganancias de capital... exentas de impuesto... ya se repartan en dinero, mediante acciones liberadas o en cualquier otra forma".

Que conforme con la doctrina que informan las cláusulas legales transcriptas no se trata de gravar el mayor valor del capital social, como lo sostiene la actora, sino la distribución cumplida de la plusvalía de ese capital, que se ha efectuado como ganancia atribuida a los accionistas. En este caso el rédito no "muerde la fuente productiva", o sea el capital, ni al aumento de su valor, sino a los beneficios distribuidos a los accionistas que reciben acciones liberadas, con lo que acrecientan sus réditos en forma de frutos del capital invertido en la sociedad. No obsta a la aplicación de esta tesis la expresión "fondos sociales" que contiene el art. 60, pues la misma cláusula "cualquiera sean los fondos sociales con que se realice el pago", da una amplia extensión al significado de "fondos sociales" como comprensivo de todo lo que posea la sociedad y cualquiera sea su carácter siempre que esté incluido en una distribución de beneficios. La mayor valía reconocida por la sociedad al capital, al emitir sobre el mismo nuevas acciones sin cargo, hace que ese nuevo valor entre en la categoría de fondos sociales cuando son objeto de distribución pues salen de la sociedad y pasan a los accionistas en calidad de utilidad realizada aun cuando no lo sean en dinero efectivo sino en valor que lo represente. La plusvalía ha sido, en el sub causa, debidamente separada del capital y convertida en utilidad o beneficio, con lo que se ha proporcionado al Estado la oportunidad de considerarle rédito de la segunda categoría.

Que el concepto de renta, conforme con la legislación nacional, ha venido evolucionando desde el fallo pronunciado por la Corte Suprema en el año 1938, en el caso de la Cía. de Petróleo Challacó (Fallos, t. 182, p. 417) cuando dicha sociedad enajenó, con un cuantioso beneficio, todos los bienes que integraban su patrimonio y la Corte decidió que se trataba de un enriquecimiento de capital y no de renta gravable. Posteriormente la reforma legal contempló estos hechos y así tuvieron su origen los artículos actuales de que se trata donde se ha introducido el concepto de "ganancia de capital" aun cuando estén -en principio- exentos de impuesto y siempre que lleguen a los accionistas en forma de ganancias, sea que se repartan en dinero, mediante acciones liberadas o en cualquier otra forma.

Que en cuanto al segundo fundamento de la demanda que pretende no ser aplicable al caso la reforma dispuesta por la ley 12.922 por cuanto la revaluación del capital había sido resuelta en 1942, siendo así que la modificación impositiva entró a regir para 1943, corresponde destacar que la propia actora reconoce que en este último año se formalizó dicha revaluación y distribución de las respectivas acciones. Conforme con el art. 14 del decreto 18.229/43, homologado por la ley 12.922, las disposiciones contenidas en el mismo se han de aplicar a los particulares sobre todos los réditos que perciba, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1943. No hay, en consecuencia, aplicación retroactiva de la ley que haya violado derechos adquiridos, como se pretende. Por lo demás las leyes fiscales pueden ser aplicadas retroactivamente para gravar lo que antes no lo estuviese mientras no afecten derechos definitivamente adquiridos (Fallos, t. 225, p. 719).

Que la impugnación de inconstitucionalidad formulada contra los arts. 45, inc. b), y 60 de la ley 11.682 por conceptuarse que violan el principio de igualdad que es base del impuesto y de las cargas públicas, carece de sustentación efectiva por las razones que fluyen de los considerandos precedentes. Tampoco es inequitativo, pues no grava el capital fuente de donde emanan los réditos como ha quedado demostrado anteriormente.

Por estos fundamentos, habiendo dictaminado el procurador general, se confirma la sentencia apelada en todo lo que ha podido ser materia del recurso extraordinario. Y notando el tribunal que el juez de 1º instancia no ha dado cumplimiento a la obligación de aclarar la firma (art. 37 del reglamento para la justicia nacional ), así se le hace saber. - Rodolfo G. Valenzuela. - Felipe S. Pérez. - Atilio Pessagno. - Luis R. Longhi.