Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2004-11-10


La Rioja, noviembre 10 de 2004.

El doctor Avila dijo:

Resultando: I) Que a fs. 512/517 el Dr. H. D. B., como defensor de los imputados Diego Fernando Gutiérrez y J. R. R. L. y/o L. dedujo recurso de casación parcial en contra de la sentencia dictada en autos, en cuanto condenó a sus defendidos como coautores responsables del delito de robo agravado en perjuicio de Sofía Dolores González.

Invocó como motivo casatorio el de error de derecho en la apreciación de la prueba, por no haberla valorado conforme a las reglas de la sana crítica, según lo impone el art. 432 del CPC.

Señaló que el método de la sana crítica racional deja en libertad al juzgador para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad, pero le exige apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia, por lo que no puede degenerar en arbitrio ilimitado, en criterio personal que equivaldría a autorizar juicios caprichosos, en el reinado de elementos subjetivos. Citó jurisprudencia de este Cuerpo. Afirmó que el Tribunal al valorar la prueba incurrió en evidente error lógico. Que tuvo por acreditado el hecho por el que condena y la participación de sus asistidos en base a pruebas que su parte impugnó: declaración de la denunciante incorporada al debate por su lectura, pese a la oposición de la defensa, frente a la expresa prohibición del CPC; secuestros efectuados por la Policía de Chamical y huella de calzado plasmada en una hoja del expediente, impugnados por no haberse receptado con respeto a las garantías constitucionales de sus asistidos, por lo que debieron excluirse del proceso y en virtud de absolver a los imputados; inspección ocular y relevamiento de huellas realizadas por el tribunal sin la presencia de testigos como lo exige el CPC, porque quienes suscribieron como testigos declararon en el debate ser funcionarios policiales y habían sido comisionados junto con el instructor para hacer la inspección ocular, por lo que no eran testigos imparciales conforme art. 144 del CPP. Que la huella impresa en una hoja, no se encuentra firmada ni por el imputado ni por los testigos, ni por la instrucción; que no se secuestró el calzado de L.; por lo que esa mancha no sirve para acreditar autoría alguna. Que en el debate los funcionarios policiales intervinientes y los testigos fueron contestes respecto a las irregularidades con que se celebraron las actas de secuestro: los imputados fueron aprehendidos, bajados por la fuerza del colectivo, ingresados a una dependencia de la terminal, despojados de sus pertenencias, liberados para que continuaran viaje y posteriormente detenidos en el puesto caminero a la salida de Chamical, y el acta se confeccionó horas después del acto. Los testigos estuvieron sólo un instante en el acto de secuestro y suscribieron el acto al otro día, sin leer lo que se les hacía firmar. Que de lo expuesto surge el evidente error del a quo demostrado con la sola compulsa de la prueba incorporada y las manifestaciones de la sentencia.

Que además el yerro se evidencia y demuestra al fundamentar la absolución por el hecho en perjuicio de Cuello, ya que la única diferencia entre ese hecho y el cometido en perjuicio de la Sra. González es la huella plasmada en la hoja que el magistrado erróneamente denomina prueba. Que al valorar en forma incorrecta las pruebas el tribunal ha equivocado la conclusión, ya que no existe prueba legítima que acredite con certeza que sus defendidos hayan participado en la comisión del delito imputado.

II) Que concedido el recurso a fs. 519 a fs. 525 compareció el Dr. B. a mantenerlo.

III) Que se cumplieron todos los pasos que marca la ley ritual. En su intervención a fs. 527 el Fiscal General consideró bien concedido el recurso; y el Sr. Defensor General (por el imputado L. o L., menor de edad) en la audiencia a los fines del art. 498 a la que compareció también el Dr. B., ratificó lo actuado por el Ministerio Público en las anteriores instancias, y adhirió a los términos del recurso de casación. El Dr. B. ratificó también su recurso y todas las constancias de autos. Que en estas condiciones la causa quedó en estado de sentenciar.

Considerando: I) Que el CPP en su art. 495, inc. 3º permite acudir en casación cuando no se hayan observado las normas que este Código establece bajo pena de nulidad, caducidad o inadmisibilidad, entre las cuales se encuentran aquéllas que exigen motivar las sentencias (arts. 125 y 432, inc. 8º y 436, inc. 2º del mismo Código). El vicio que se comete en el curso del procedimiento, o al dictar una sentencia omitiendo motivarla es un típico vicio "in procedendo", el que comete el Juez en el acto de motivación, cuando lo hace en forma deficiente encuadra en los llamados vicios "in cogitando", o propios de la razón, los cuales, con el correr del tiempo han quedado incluidos y confundidos en los errores in procedendo; pero lo importante es destacar que a través de ambos es posible ejercer el control de logicidad de la sentencia, a fin de verificar su falta de motivación, o su motivación defectuosa.

Este Tribunal ha señalado en diversas oportunidades que lo atinente a la logicidad de la sentencia debe desarrollarse a través del inc. 4º del art. 495 del CPP, por cuanto nuestra ley procesal, a diferencia de otras, recepta separadamente del inc. 3º, los defectos de motivación de la sentencia referidos a la prueba; y que una depurada técnica casatoria exige el desarrollo dentro del inc. específico referido a esta forma procesal, y no del inciso que genéricamente se refiere a las formas procesales esenciales. (ver Expte. 6747-G-91 "González Heriberto - Corrupción - Casación", fallo del 7/10/96; Expte. 7981-M-1998 "Morales Adán Pedro y otra -p.s.a. de homicidio-Casación", fallo del 9/3/99). Y es jurisprudencia ya pacífica, con referencia al inc. 4º, admitir que comprende los casos en que se alegue infracción a las reglas de la sana crítica, porque infringirlas importa violar las normas que imponen apreciar la prueba conforme a dichas reglas. Así se ha dicho que "el error de derecho en la apreciación de la prueba ha de estimarse configurado cuando los jueces de mérito hayan violado, al apreciar la prueba, los principios valorativos preestablecidos por la ley; siendo necesario, por lo tanto, para su configuración que se haya infringido alguna norma reguladora de la valoración de la prueba. Es decir, debe existir infracción a una norma positiva que regule la apreciación de la prueba" por ejemplo, art. 276 del CPP, 432 del mismo Código, etc." (Expte. 7525-A-95 "Alzogaray Luis Ernesto-Violación", voto del Dr. Deleonardi en fallo del 20/8/96; en igual sentido Expte. 7997-M-98 "Martínez Raúl Enrique - lesiones Culposas - casación", fallo 24/6/99; en los recién citados fallos González Heriberto y Morales Adán Pedro; en Expte. 7901-T-1998 "Triviño Juan Humberto y otros-Homicidio Culposo-Casación", fallo del 9/12/98; entre muchos otros).

oincido con lo que se expresa en la parte que he subrayado, porque ello surge de los términos del inciso en estudio, pero discrepo en cuanto, entre los ejemplos de normas reguladoras de la prueba, menciona a los artículos que establecen la necesidad de apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y que por ende el control de logicidad debe efectuarse por este conducto y no por el del inc. 3º.

Por el contrario, sostengo que todo lo atinente a la motivación encuadra en el inc. 3º, porque la ley procesal manda motivar las sentencias bajo pena de nulidad (conf. art. 125, CPP), y ello entraña no sólo que a la sentencia no debe faltarle motivación, sino que ésta debe ser concreta, suficiente, no contradictoria ni contener otros vicios lógicos que la invaliden.

En este punto comparto lo que dice De la Rúa cuando, refiriéndose al control que le cabe al Tribunal de Casación sobre el proceso lógico seguido por el juez en sus pronunciamientos, y referirse a las leyes del pensamiento como "leyes a priori que, independientemente de la experiencia, se presentan a nuestro raciocinio como necesarias, evidentes e indiscutibles cuando analizamos nuestros propios pensamientos", señalando que ellas "están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia y la derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente", nos dice que "a estas reglas lógicas está sometido el juicio del Tribunal de mérito; si ellas resultan violadas, el razonamiento no existe; la fundamentación de la sentencia, aunque aparecerá como acto escrito, no tendrá vida como pensamiento, y desde el punto de vista del sistema procesal vigente, la sentencia será nula por falta de motivación (art. 432, inc. 3º). Bien ha señalado Leone que una motivación que, aparentemente obedeciendo al deber de una exposición, rechace la observancia de las reglas de la lógica, es más deplorable y peligrosa que una motivación que ponga afirmaciones explícitamente contradictorias." (Fernando de la Rúa, "El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino", ps. 180 y 181).

El error de derecho que como causal casatoria admite el art. 495 del CPP estimo que se refiere únicamente a aquellos casos -hoy muy limitados- en los que la ley indica el modo en que determinado hecho debe acreditarse. Si el sentenciante infringe la norma pertinente, habrá incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba; pero cuando incurre en infracción a las reglas de la sana crítica, se coloca en el supuesto contemplado en el inc. 3º (violación de formas procesales impuestas bajo pena de nulidad) porque motivar de manera ilógica es lo mismo que no motivar la sentencia.

II) La elección de un motivo equivocado para impugnar la sentencia, y el carácter extraordinario del recurso de casación, que exige la existencia de un motivo y su adecuada explicitación so pena de rechazo por infundado, debería conducir, aplicando con rigor los principios que rigen el recurso de casación, al rechazo del recurso en estudio. Sin embargo, como lo que he expuesto en el considerando anterior importa un cambio en el criterio jurisprudencial pacíficamente seguido por este Cuerpo, ingresaré al estudio del fondo de la queja, prescindiendo de la errónea elección del motivo, teniendo en cuenta la doctrina reiteradamente sentada por la CSJN respecto de que no debe descolocarse al justiciable en cuanto a las "reglas claras de juego" a las que debe ajustarse para no perder su derecho, doctrina que tiende a afianzar la seguridad jurídica y a evitar situaciones potencialmente frustratorias de derechos constitucionales, lo que exige tener presente que los recaudos formales a los que han de ajustarse los procesos deben ponderarse a la luz del fin último al que éstos se enderezan, cual es el de contribuir a la más efectiva realización del derecho (autos "Yudi, Abdon s/Amparo", fallo del 27 de junio de 2002, T 325: p. 1578, entre otros).

III) Examinados el recurso, la sentencia y las constancias de autos, a fin de verificar si los sentenciantes incurrieron en el yerro que se les atribuye, se tiene que el tribunal valoró para tener por acreditado el hecho delictuoso en perjuicio de Sofía Dolores González, los siguientes elementos: a) Que al ser detenidos en la ciudad de Chamical los hoy detenidos, entre su equipaje tenían los elementos sustraídos horas antes del domicilio de Sofía Dolores González, citando actas de secuestro de fs. 117, 119 y 120. b) Huella de una zapatilla en una puerta de la casa de González (fs. 101), donde se desprende la fuerza que ejercieron para vencer la resistencia; la que por otra parte sirve de cotejo con el calzado que tenía uno de los imputados, R. L., cuya huella fuera relevada por el Oficial de Policía César Rubén Mercado, quien testimonió en el debate respecto de que dicha huella coincidía con el calzado de L., dejándose el correspondiente testimonio a fs. 147. Se determinó así su semejanza, sin que ello signifique pericia alguna, sino una apreciación a simple vista. c) La declaración testimonial de los oficiales de la Policía de Chamical que intervinieron en el secuestro y aprehensión de los encartados; especialmente las de Elvio Décima, Domingo Oviedo, Marcelo Hemes y los testigos Nazareno Luna y Pablo Domingo Albornoz, quienes participaron en el acta de secuestro llevada a cabo en dicha ciudad. d) Las constancias de fs. 100, 101 y 102 (fotografías del estado en que quedó la puerta ventana por la que ingresaron; de la huella de una zapatilla; y del desorden en que quedó una habitación de la casa tras el robo, respectivamente); 146 (constancia de que se procedió a ver el calzado de L. que se asemeja a la huella dejada por los supuestos autores en la celosía de madera de la puerta ventana de la casa de la familia González, y de que se agrega a continuación (fs. 147) la huella pintada), 149 (reconocimiento de los objetos sustraídos por parte de la Sra. González, quien señala otros elementos faltantes).

IV) Entrando a resolver sobre los diversos cuestionamientos efectuados por el casacionista respecto de la prueba que sirvió de base a la condena, se tiene que:

a) Respecto de la declaración de la denunciante, debo decir que según consta a fs. 436 vta. en el debate, efectivamente el Dr. B. se opuso a que se incorporara por su lectura la declaración de la Sra. González. No obstante lo cual por Secretaría se dio lectura a las actuaciones de fs. 96 y vta., 150 (denuncia y ampliación), 149 (reconocimiento de efectos) y 172 (ratificación de la denuncia), por no tratarse de declaraciones testimoniales, sin que el oponente efectuara reserva de acudir en casación, por lo que el supuesto vicio quedó consentido. Amén de ello es pertinente señalar que la oposición de la defensa fue infundada: La denuncia, debidamente ratificada, y el acta de reconocimiento de efectos secuestrados, no constituyen prueba testimonial, sino actas del sumario que pueden ser incorporadas simplemente por su lectura al debate, conforme art. 424 del CPP. Por lo demás, en autos la denunciante de fs. 96 y 150 se ratificó a fs. 172. Por ello, la pretensión de que se nulifique la sentencia, sobre la base de este supuesto vicio, debe ser rechazada.

b) En lo que hace al secuestro y entrega voluntaria de efectos practicados en Chamical (fs. 119 y 120), al plantearse el incidente en el debate (fs. 452 vta. y sigtes.), el tribunal resolvió incorporar las pruebas sin perjuicio de su valoración en la sentencia, oportunidad en la que expresó que en el primer momento de la demora de los imputados se los pudo individualizar ya que además portaban como elemento visible un anillo que coincidía con uno de los bienes denunciados, que ello motivó la comunicación de inmediato al Juez de instrucción actuante, quien en el acto ordenó la detención de las personas individualizadas y el secuestro de todos los elementos vinculados con los robos producidos esa misma mañana. Razón por la cual debe interpretarse que (se respetó) el sentido de las expresiones dadas por el CPP flagrancia art. 322 cuando faculta a la policía a aprehender a los supuestos autores de un hecho delictivo inmediatamente después de cometido el mismo y secuestrar los elementos que pudiesen corresponder al hecho. Que en función de las normas legales citadas, tanto el secuestro como la aprehensión de los encartados, llevados a cabo por expresa autorización de la juez de instrucción actuante, resultan plenamente válidos debiendo en consecuencia rechazarse la impugnación que realizara la defensa.

Tal como lo expresa la Cámara, para el CPP hay flagrancia no sólo cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo, sino también, entre otros supuestos, mientras tiene objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

Es lo que se considera como cuasi flagrancia, pero se rige por las mismas reglas, y pese a la inconveniencia de ampliar excesivamente los supuestos de flagrancia, que algunos autores señalan, la generalidad de los códigos procesales contiene normas similares, que prudentemente interpretadas y aplicadas, permiten servirse de la norma sin afectar los derechos constitucionales de los imputados, en supuestos como el que nos ocupa.

En autos, los encartados portaban los elementos que habían sido robados esa mañana, y eran buscados y perseguidos por la policía, por lo que no existe vicio procesal al considerar que incurrieron en flagrancia.

Es importante recordar también que conforme al art. 323 del CPP la policía judicial (por extensión, la policía administrativa donde aquélla no existe) debe detener, aun sin orden judicial, entre otros supuestos, a las personas contra las cuales haya indicios vehementes de culpabilidad; detención a la que, incluso, el art. 324 faculta a los particulares a practicarla, con la obligación de entregar al detenido inmediatamente a la autoridad más cercana.

Conforme a lo acreditado en autos, requerida vía radiograma por la policía de Chilecito (fs. 106), en esos momentos la policía de Chamical se encontraba en presencia de un caso urgente que no admitía dilaciones en el tiempo. Ha de tenerse presente que los encartados iban en un colectivo, el que debía continuar viaje normalmente con el resto de sus pasajeros; y en esas circunstancias también la ley procesal autoriza al personal policial a practicar el secuestro sin orden judicial; el que por otra parte se correspondía con la investigación iniciada.

Finalmente cabe acotar que la autoridad administrativa policial en funciones de policía judicial, como en este caso, debe en lo posible observar las normas de la instrucción judicial. Es decir que la facultad otorgada a la policía no significa una autorización en blanco para que se practiquen actos arbitrariamente, sino que el exacto entendimiento es que si cumple los recaudos mínimos de formalidad y no afecta garantías constitucionales, su proceder encuadra en el marco de lo correcto, como en este caso en donde lo actuado encuentra justificación normativa del CPP, en cuanto a la específica regulación de la detención y secuestro sin orden por los motivos antes expuestos (arts. 22 de la Constitución Provincial, y 322, 325, 326 y 256 in fine del CPP, norma esta última que autoriza a la policía para proceder al secuestro aun sin orden del juez en el supuesto que señala).

c) En cuanto a los testigos del acta de secuestro, ambos declararon en el debate, reconocieron sus firmas, haberse encontrado en el momento del secuestro y haber visto los objetos secuestrados, según puede leerse en el acta respectiva, aunque afirmaron no haber prestado demasiada atención a la cantidad de elementos secuestrados. De todas maneras, se trata de expresiones verbales vertidas en la audiencia, que sólo los jueces que participaron del debate están en condiciones de juzgar respecto de su precisión y sinceridad, por lo que este Tribunal no puede efectuar un control sobre algo que es privativo de los jueces de la causa, más aún cuando el interesado no requirió que se dejara constancia exacta de lo que los testigos manifestaron, a fin de usarlo como argumento defensivo en oportunidad de promover el recurso de casación.

d) El hecho de que algunos de los testigos que actuaron en diferentes etapas del sumario sean policías no invalida sus testimonios, por cuanto conforme al art. 280 del CPP toda persona tiene capacidad para atestiguar, sin perjuicio de la facultad del tribunal de apreciar el valor de su testimonio, y únicamente les está prohibido declarar a las personas que enumera el art. 281 del mismo Código, no encontrándose los funcionarios policiales distintos del instructor y su secretario de actuaciones, llamados a servir como testigos, en ninguna de las situaciones que menciona la norma. Por otra parte, el art. 144 del CPP no prohíbe que un policía sea testigo de actuación en un secuestro. Ellos actúan bajo juramento, y las prevenciones establecidas en el art. 275 del Código Penal.

V) En otro orden, el secuestro de los elementos sustraídos efectuado en la Ciudad de Chamical, cuando al ser detenidos los ahora condenados, los transportaban en sus pertenencias; la tenencia de la res furtiva; el reconocimiento de aquellos objetos por la denunciante, quien previamente los había descripto, son todos elementos que constituyen fuertes indicios de autoría. De igual modo el dibujo de fs. 147, que tuvo como única pretensión la de ser un elemento de cotejo con la huella que quedó marcada en la celosía de la puerta ventana por la que los autores ingresaron al inmueble de la familia González. En este contexto, constituye un "indicio", que sumado a los otros ya mencionados contribuye a tener por acreditada la autoría por parte de los encartados, del robo perpetrado en la casa de la Sra. González.

Por otra parte resulta poco probable que los imputados llegaran a Chilecito a buscar trabajo, y a su vez se dedicaran a comprar elementos, a transportarlos personalmente, como a enviarlos a la ciudad de Córdoba, y sin siquiera entrevistarse con sus potenciales patrones intentaran regresar a esa provincia. Se añade a ello que por la descripción respecto de las características físicas y vestimentas realizada por el denunciante Ariel Arana es que fueron aprehendidos y demorados en Chamical por la autoridad policial en cumplimiento de sus funciones. Si los policías no lo hubieran hecho, habrían dado lugar a conductas omisivas, con las consiguientes sanciones tanto administrativas como penales.

Por todo ello, al considerar válida la obtención de elementos probatorios en los que se basa la condena y suficientes las razones dadas por los sentenciantes de mérito para arribar a la conclusión de la coautoría de los ciudadanos defendidos por el Dr. B., respecto del hecho por el que la Cámara dictó sentencia condenatoria, propongo el rechazo del recurso de casación impetrado por la defensa, con costas a los recurrentes, y se difiera la regulación de honorarios del letrado actuante hasta que exista base para hacerla.

Es mi voto.

El doctor Luna Corzo dijo:

1. Que, si bien comparto la solución que propone el doctor Roberto Avila en su voto, disiento respetuosamente con el criterio que propone en orden al modo en que debe efectuarse el tratamiento de los motivos previstos por el art. 495 del CPP, por los fundamentos que a continuación expongo:

2. La garantía constitucional de la doble instancia: A partir de la reforma introducida a la Ley Fundamental, en el año 1994, diversos instrumentos internacionales adquirieron jerarquía constitucional (conforme art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). Entre ellos, cabe mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su art. 8.2.h, estableció que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Similar disposición contiene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que, en el art. 14.5, textualmente reza que "Toda persona declarada culpable de un delito tendrá el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescripto por la ley".

La determinación de los alcances con que la garantía aludida debe ser receptada en nuestro ordenamiento, es una cuestión que ha preocupado tanto a la doctrina como a la jurisprudencia y que, sin lugar a equívocos, la interpretación realizada por la Corte y por la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos contribuyó a esclarecer. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que la jurisprudencia de la Corte Interamericana y las directivas de la Comisión deben servir de guía para la intelección de los preceptos convencionales, a la par que constituyen una imprescindible pauta de interpretación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema de derechos humanos (conf. "Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación", sentencia del 7 de abril de 1995; entre muchas otros).

En este sentido, el Informe Nº 55/97, elaborado el 18 de noviembre de 1997, en la causa Nº 11.137, "Juan Carlos Abella", de la República Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el art. 8 de la Convención reconoce el debido proceso legal, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones se encuentran bajo consideración judicial. Un aspecto derivado del debido proceso "...es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable a una persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos o libertades fundamentales, como es la libertad personal. El debido proceso legal carecería de eficacia sin el derecho a la defensa en juicio y la oportunidad de defenderse contra una sentencia adversa". Remarcó que la norma se refiere a las características mínimas que debe reunir un recurso, a fin de controlar la corrección de un fallo, tanto en su aspecto material como formal. Señaló que el derecho a recurrir un fallo ante un juez o tribunal superior debe proceder en contra de toda sentencia de primera instancia, con la finalidad de examinar los errores de interpretación y aplicación del derecho. Además, debe incluir una revisión material de la interpretación de normas procesales que hubieran influido en la decisión de la causa y hubieren producido la nulidad insalvable o provocado indefensión, así como la interpretación de las normas referentes a la valoración de las pruebas. La Comisión entendió, en síntesis, que el Pacto de San José de Costa Rica requiere la disponibilidad de un recurso que permita, por lo menos, la revisión legal del fallo (aspecto que incluye la legalidad de la prueba), por un tribunal superior.

En consonancia con ello, recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la vigencia de la garantía de la doble instancia exige que el recurso sea eficaz -en el sentido de dar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido-, y que permita que el tribunal superior revise la sentencia y procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Como derivación de este concepto, para que la garantía sea efectiva, la Corte hizo hincapié en la necesidad de que: a) el juez o tribunal superior encargado de resolver el recurso tutele las garantías constitucionales y el debido proceso de todas las partes que intervienen en el proceso penal, de conformidad a los principios que lo rigen; b) la posibilidad de recurrir el fallo sea accesible y que no se requieran mayores complejidades para su admisión, a fin de impedir que el derecho se torne ilusorio; y c) dicho recurso garantice la realización de un examen integral de la decisión recurrida, no pudiendo limitarse este análisis a los aspectos formales o legales de la sentencia (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", sentencia del 2 de julio de 2004).

En definitiva, de acuerdo a la intelección realizada por los organismos internacionales, que es de seguimiento obligatorio en estos casos, la garantía de la doble instancia exige que el ordenamiento regule un recurso que sea eficaz para la defensa y ejercicio del debido proceso; que no se encuentre supeditado al cumplimiento de recaudos formales que tornen ficticia la finalidad para la que ha sido concebido; y que permita la revisión integral del fallo, en sus aspectos formales, normativos y fácticos.

3. La doble instancia en el ordenamiento procesal local: a) En nuestro sistema procesal penal local, rige el sistema de instancia única oral. Por tal circunstancia, la sentencia que dicta el tribunal de grado sólo puede ser revisada mediante los recursos extraordinarios que la norma procesal prevé.

Ante ello, el interrogante que surge es si el modelo adoptado por el codificador, lógicamente, en una época anterior al momento en que el constituyente otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, respeta o se aparta de la garantía de la doble instancia.

b) La fuente del ordenamiento procesal local se encuentra en el Código Procesal Penal que Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler elaboraron para la provincia de Córdoba. Sin embargo, en aquel sistema, aunque también estaba prevista la existencia de tribunales orales penales de instancia única, cuyas sentencias sólo podían ser revisadas a través de la interposición de recursos extraordinarios, la procedencia del recurso de casación estaba supeditada a que la parte, entre otras condiciones, invocara alguno de los dos motivos que el art. 490 expresamente preveía. En la actualidad, los mismos motivos se encuentran contemplados en el art. 468 del nuevo Código Procesal Penal también, y refieren a: a) la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; y b) la inobservancia de las formas que el Código establecía bajo sanción de inadmisibilidad, caducidad o nulidad. Las causales sólo aludían a los errores in indicando y a los errores in procedendo. Y, según el motivo en que se hubiere fundado el remedio, si el Tribunal resolvía casar la sentencia, se producían distintos efectos: Si la resolución había violado o aplicado erróneamente la ley sustantiva, el mismo Tribunal resolvía el caso, de acuerdo con la ley y la doctrina aplicables. En cambio, ante la inobservancia de las formas, debía anularla y remitir la causa al juez competente para que se pronunciara, luego de que se hubieran reeditado los actos declarados nulos (conf. R. C. Nuñez, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, Lerner, Buenos Aires, 1978, p. 475 y sigtes.).

c) En nuestro ordenamiento procesal, a diferencia del anterior, el legislador en el art. 495, además de los motivos que contempla el Código de Córdoba, previó dos causales más, que se vinculan con el respeto a los principios de oralidad y publicidad de los debates, y con los errores de hecho o de derecho que pudieren cometerse al apreciar la prueba. Tal sistematización podría conducir a afirmar que se trata de motivos que contemplan cuatro hipótesis diferentes, que no poseen contacto entre sí.

Empero, una atenta lectura de lo regulado y su confrontación con la fuente en la que el codificador local se inspiró permiten aseverar que, en rigor, el Código Procesal refiere a los errores que pudieren cometerse al motivar la resolución. Por un lado, al aplicar o interpretar la norma sustantiva que rige el caso (art. 495, inc. 1º). Y, por el otro, al no cumplir con las normas que establecen las formas, según las cuales debe conducirse el proceso penal. Este aspecto debemos entender que comprende no sólo lo previsto en el inc. 3º (es decir, casos en que no se hayan observado las formas que el Código establece bajo pena de nulidad, caducidad o inadmisibilidad en general), sino también lo atinente a los principios de oralidad y publicidad, y a la apreciación de la prueba, ya que son cuestiones que, en definitiva, se vinculan con formas procesales que deben respetarse al motivar la sentencia y cuya inobservancia el Código sanciona con la nulidad (arts. 495, incs. 2º y 4º, 125, 395, 432 y disposiciones concordantes del CPP).

Debe tenerse presente que una sentencia se encuentra motivada cuando contiene las razones de hecho y de derecho que justifican la resolución del caso, y, en palabras de R. C. Nuñez, cuando enuncia de manera clara y expresa el porqué de la decisión (conf. autor citado, "El contralor de las sentencias por vía de la casación", Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 32; y arts. 433, inc. 8º y 436, inc. 2º del CPP). La necesidad de que las sentencias sean motivadas es una exigencia constitucional que surge de los arts. 18 de la Constitución Nacional y 22 de la Ley Fundamental de la Provincia, y es la lógica derivación de la vigencia de la garantía del debido proceso, porque permite justificar la razonabilidad del mandato judicial y controlar la actuación judicial y la correcta administración de justicia (conf. Néstor Pedro Sagüés, "Recurso extraordinario", t. 2, Astrea, 4º edición, Ciudad de Buenos Aires, 2002, p. 147 y sigtes.; y R. C. Nuñez, ob. cit., ps. 29/30; y mi voto en el Expte. Nº 8909 - Año 2003 - Letra "V", caratulado "Vergara, Edgardo - Querella por injurias - Casación", sentencia del 15 de setiembre de 2004).

La motivación, entonces, es un valor fundamental que expresa y garantiza que el juicio no deriva de la arbitrariedad o capricho del juez, y que vincula, desde el punto de vista del derecho y de los hechos, la legalidad con la prueba de la hipótesis acusatoria. Expresado en otros términos, la motivación "... permite la fundamentación y el control de las decisiones tanto en derecho, por violación de la ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y pruebas" (Luigi Ferrajoli, "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal", segunda edición, Editorial Trotta, Valladolid, 1997, ps. 622/623).

Como derivación de lo anterior, dado que la motivación, para ser válida, debe respetar las formas establecidas por el Código, enumeradas en particular en el art. 433 del CPP; y los jueces deben exponer las razones de hecho y de derecho en que fundan sus conclusiones; si alguna de estas condiciones falta, no cumpliría con el recaudo establecido por el art. 125, debería declararse su nulidad y correspondería que el tribunal de alzada, en todos las hipótesis, ordenara que la causa fuera remitida al tribunal de origen para que, con otra integración, fallara nuevamente. Al decir de Luigi Ferrajoli, las actividades judiciales se desarrollan con respeto a las formas y al procedimiento, porque éstas aseguran el desarrollo de las garantías constitucionales, y la sanción ante su incumplimiento no puede ser otra que la nulidad (conf. autor citado, ob. cit., p. 621).

Sin embargo, inspirado en razones de economía procesal y teniendo en consideración que la plataforma fáctica se habría mantenido inalterada, el legislador previó que, cuando la motivación presenta errores en la fundamentación jurídica y el tribunal decide casar la sentencia ante la violación o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva, el mismo Tribunal Superior dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y la doctrina cuya aplicación estime justa (conforme art. 503, CPP). Pero, si se trata de un supuesto de inobservancia de las formas procesales, deberá anular lo actuado y "... volverá el proceso para su nueva sustanciación, no pudiendo intervenir ninguno de los jueces que concurrieron a dictar sentencia" (art. 504). Aunque la norma sólo alude al inc. 3º, una recta intelección permite concluir que también quedan comprendidos en este supuesto los casos de los incs. 2º y 4º, debido a que no existe ninguna disposición expresa que indique cómo debe actuar el Tribunal en estos casos; se trata de supuestos en los que la sentencia debe anularse, ante el incumplimiento de formas que son esenciales; y, proceda a reenviar al tribunal inferior, porque el Cuerpo se habrá quedado sin hechos, circunstancia que le impediría resolver el caso con justicia, por aplicación de los principios de oralidad, concentración e inmediación, al no tener contacto con la prueba.

d) Ahora bien, aún cuando afirmemos que la causal prevista en el inc. 4º del art. 495 del CPP, se vincula con la violación de formas, no puede negarse que, desde el momento en que contempla la posibilidad de denunciar ante la instancia casatoria los errores derivados de la apreciación de la prueba, es claro que comprende la posibilidad de ingresar en la revisión fáctica del fallo.

En efecto, el inciso en cuestión dispone que el recurso de casación es procedente cuando en la apreciación de las pruebas hubo error de derecho o error de hecho.

En la tarea de delimitar los alcances de la norma, este Tribunal elaboró una pacífica doctrina, según la cual el error de hecho en la apreciación de la prueba requiere que la equivocación sea evidente y que resulte de documentos o actos auténticos obrantes en el proceso o producidos en este (conf. TSJ, "Avila, Juan Nicolás - Lesiones- Casación", Expte. Nº 5.126- Letra A- Año 1983, sentencia del 11 de abril de 1984; entre otros).

Por su parte, se afirmó en la jurisprudencia que el error de derecho se configura cuando los jueces de mérito violan una norma reguladora del complejo ejercicio de aprehender y valorar la prueba. En el orden procesal local, el mecanismo legal para apreciar los elementos de convicción arrimados a la causa es el de libre convicción o de la sana crítica racional. Por lo tanto, existe error de derecho siempre que los magistrados vulneran el sistema de la sana crítica racional, previsto por los arts. 432 y 276 del CPP como el modo de apreciar la prueba en nuestro sistema legal. Se dijo también que, como los jueces de mérito son soberanos en la selección y apreciación de las prueba, este Tribunal no puede efectuar un examen integral o ex novo de la causa y resolver según su propia convicción, porque no es el juez de los hechos, debiendo respetar las conclusiones de la sentencia, salvo que el razonamiento no revele un proceso lógico para arribar a ellas, no se apoye en pruebas regularmente incorporadas al proceso, o prescinda de aquellas que resultan fundamentales para resolver la causa (conf. TSJ, "Herrera, Carlos Manuel Valentín - Violación de domicilio - daños - Hurto - Tentativa de robo - Casación", Expte. Nº 6953- Letra "H"- Año 1993, sentencia del 2 de diciembre de 1993 y sus numerosas citas; "Bianucci, César Fernando s/Estafa- Casación", Expte. Nº 7481- Letra "B"- Año 1995, sentencia del 21 de noviembre de 1995; "Triviño, Juan Humberto y otros- Homicidio culposo- Casación", Expte. Nº 7901- Letra "T"- Año 1998, sentencia 9 de diciembre de 1998; "Martínez, Raúl Enrique- Lesiones culposas- Casación", Expte. Nº 7997- Letra "M"- Año 1998, sentencia del 24 de junio de 1999; entre muchas otras).

Es preciso destacar que, a pesar de que el Tribunal partió siempre de la premisa de que no podía efectuar un examen integral de la causa, en general, al resolver, analizó con detalle la prueba sobre la que los jueces de mérito habían construido sus premisas. En esta tarea, la única barrera que encontraron fue la de apreciar los elementos cuya forma de introducción al juicio había sido la oralidad (caso típico de esta hipótesis lo constituye el examen de la prueba testifical), que no se encontraban asentados en un instrumento o en las actas del debate. Dan cuenta de esta afirmación las sentencias dictadas en numerosas causas, tales como "Olima, Manuel Venancio- Homicidio culposo y lesiones leves culposas (concurso ideal)- Casación", Expte. Nº 8003- Letra "O"- Año 1998, sentencia del 15 de noviembre de 1999, "Silva, Clemente Horacio- Robo agravado con efracción- Casación", Expte. Nº 8121- Letra "S"- Año 1999, 15 de mayo de 2000; "Silva, Nicandro Ramón y otra- Violación calificada por el vínculo y encubrimiento- Casación", Expte. Nº 7859- Letra "S"- Año 1998, fallo del 25 de setiembre de 2000, publicado en Boletín Judicial Nº 31, ps. 37/40; "Azcurra José Nicolás- Querella por Calumnias e Injurias- Casación", Expte. Nº 8589- Letra "A"- Año 2002, fallo del 2 de diciembre de 2003; entre muchos otros.

Comparto plenamente esta jurisprudencia, tal como lo hice cuando integré este Tribunal Superior entre los años 1992 y 1997, con la salvedad de que, por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales con jerarquía constitucional y la interpretación que de éstos han realizado los organismos internacionales, ya no puede postularse que el Tribunal se encuentra imposibilitado de efectuar un examen ex novo de la causa, como hasta ahora reiteradamente se sostuvo, porque el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aun en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la oralidad y, por tanto, la inmediación. En consonancia con ello, para que pueda examinarse la validez de la sentencia recurrida y controlarse el respeto a los derechos fundamentales del imputado, en especial los de defensa y el debido proceso, resulta necesario que, por regla, se permita el acceso a la instancia, aunque el escrito recursivo presente errores de fundamentación.

e) De lo expuesto puede inferirse que, del modo en que la cuestión ha sido entendida por el Cuerpo, la norma incluye en su universo la posibilidad de revisar la sentencia en los tres planos que exigen los organismos internacionales, esto es, aplicación del derecho, observancia de las formas, y, dentro de éstas, apreciación de la prueba.

Por ende, más allá de la advertencia efectuada precedentemente, si los recaudos formales pertinentes se han cumplido (que, vale decirlo, rectamente interpretados, son necesarios, para otorgar seguridad jurídica a la tramitación de los procesos), entiendo que la regulación procesal de la provincia no obstaculiza que el Tribunal pueda realizar "... un análisis o examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior", tal como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resguardar la garantía de la doble instancia (caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", sentencia del 2 de julio de 2004). f) En conclusión, el recurso de casación, del modo en que está reglado y de la manera en que este Tribunal Superior lo ha interpretado, a través de sus distintas integraciones, respeta el marco del debido proceso legal, pues permite que la sentencia que fue adversa al inculpado sea revisada en sus diversos planos por el tribunal superior y, por tanto, cumple con los recaudos establecidos por la Corte y por la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, en lo que atañe a los parámetros que deben configurarse para que la garantía se encuentre asegurada.

4. Conclusiones relevantes para resolver el caso: Del examen anterior, debo extraer las siguientes conclusiones que son útiles para sentar mi posición:

a) Que el art. 495, aunque regula hipótesis diferentes, se vincula con los errores que los jueces de mérito pueden cometer al motivar sus pronunciamientos, ya sea en su aspecto formal, fáctico o jurídico.

b) Que, el inc. 1º refiere a la inobservancia de la norma sustantiva, y que tanto el inc. 2º, como los incs. 3º y 4º del art. 495 del CPP se vinculan con las formas procesales que los magistrados deben observar para que las resoluciones sean válidas. Así, el primero, refiere al respeto que deben a la oralidad y publicidad de los debates; principio trascendental que goza de protección constitucional (ver art. 129 de la Constitución Provincial). El segundo se vincula con las formas en general, sin aludir a una específica, siempre que el ordenamiento sancione su falta de cumplimiento con la nulidad, caducidad o inadmisibilidad del acto. Y, el tercero, alude nuevamente a una forma determinada, pero incluye los errores vinculados con la apreciación de la prueba, permitiendo, de esta manera, que el tribunal de alzada ingrese en el examen del plano fáctico del fallo que se recurre.

c) Que, como derivación de lo anterior, el recurso de casación en la provincia, tal como ha sido concebido por el codificador y, en particular, en razón de la interpretación que este Cuerpo otorgó a sus alcances, asegura la vigencia de la garantía de la doble instancia, desde el momento en que permite que toda persona condenada por un delito acceda a una nueva discusión de la cuestión, de una manera amplia y relativamente sencilla.

d) Que, en consecuencia, para no perjudicar la garantía aludida y el acceso a la tutela judicial efectiva, preservar la seguridad jurídica y afianzar la justicia, resulta aconsejable no introducir cambios en la jurisprudencia que, durante tantos años, elaboró este Tribunal y que, como se vio, concuerda con la norma fundamental.

e) Que, asimismo, si se adopta la tesis que postula el Magistrado de primera voz, se pondría en conflicto el sistema diseñado por el codificador, debido a que, conforme a los conceptos que allí se desarrollan, no se ha previsto qué sucedería cuando la motivación fuera nula por falta de fundamentación jurídica, ni cómo deben armonizarse, en este supuesto, los arts. 125 y 503 del CPP, que dejaría de ser aplicable.

f) Que, por todo ello, entiendo que, cuando se denuncia la existencia de un error de derecho en la apreciación de la prueba, aunque se trata de la inobservancia de una forma procesal, debe interpretarse que ésta se vincula con la violación de las reglas de la sana crítica, como tradicionalmente se sostuvo, y que el examen debe efectuarse por conducto del inc. 4º y no del 3º. Según la tesis que propicio, lo único que variaría con respecto a la jurisprudencia del Tribunal es que los recaudos formales de admisibilidad, en ciertos casos, deberán flexibilizarse; y que, si se hace lugar al recurso fundado en un error de apreciación de la prueba, deberá ordenarse el reenvío de las actuaciones, debido a que el Cuerpo se habrá quedado sin plataforma fáctica para dictar sentencia.

5. La aplicación de los criterios anteriores al caso: a) Sentada así mi posición, en el sentido de auspiciar el mantenimiento de la jurisprudencia del Cuerpo sobre el alcance del inc. 4º del art. 495 del CPP, con las adecuaciones que impone el ordenamiento en la actualidad, corresponde resolver el caso traído a examen de este Tribunal.

b) El Dr. H. D. B., en el carácter de abogado defensor de los señores Diego Fernando Gutiérrez y J. R. R. L., denunció la existencia de un error de derecho en la apreciación de la prueba, por violación del sistema de la sana crítica racional. De modo particular, se quejó, porque el Tribunal de mérito tuvo por acreditado el hecho delictivo y la participación de sus defendidos en aquel, sobre la base de elementos de convicción que oportunamente había impugnado.

c) En la tarea de examinar el recurso, advierto que el Dr. Avila, aunque anunció el cambio de criterio, todavía no aplicó la nueva doctrina que propone, sino que, con el fin de no afectar la realización del derecho, falló conforme a las pautas establecidas por la jurisprudencia tradicional del Cuerpo (ver considerando II, donde expresamente realiza esta aclaración). Así, en los considerandos III, IV y V, examinó en forma detallada cada uno de los agravios expuestos por el recurrente y los rebatió dando argumentos que comparto, por cuanto revisan el fallo de manera integral y comparan lo allí decidido con las constancias de la causa, concluyendo en que la obtención de elementos probatorios en que se basa la condena es válida, y que resultan suficientes las razones dadas por los sentenciantes, para arribar a la conclusión de la coautoría de los ciudadanos Gutiérrez y L. en la comisión del hecho. Este modo de razonar y fundar la conclusión me conducen a adherir a los fundamentos expuestos en los considerandos III, IV y V, y, por tanto, a la solución que se propicia, en orden a rechazar el recurso de casación articulado, con costas.

6. Conclusión: Por los fundamentos vertidos y con las aclaraciones efectuadas en los considerandos precedentes, al igual que el Magistrado de primera voz, propongo rechazar el recurso de casación impetrado por la defensa, con costas a los recurrentes, y diferir la regulación de honorarios, hasta que el letrado actuante lo solicite.

Es mi voto.

El doctor Martínez dijo:

Que adhiere al voto emitido por el doctor Luna Corzo.

Por ello el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal y Laboral; resuelve: 1º. Rechazar el recurso de casación impetrado por la defensa, con costas a los recurrentes. 2º. Diferir la regulación de honorarios del letrado actuante hasta que exista base para hacerla. 3º. Protocolizar, hacer saber y volver los autos al Tribunal de origen.- Angel R. Avila.- José N. Luna Corzo.- Francisco R. Martínez.