Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-03


SALA PRIMERA Expte. N° 5456 "LARA Jacinto Rogelio c/ Sanatorio Brown, ADOS y Dr. Plana Salas s/ Ordinario (I y II Cpo.) S/ Inconstitucionalidad" En la Ciudad de San Juan, a tres días del mes de julio del año dos mil quince, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia según ha sido integrada para entender en esta causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte codemandada, contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería en fecha catorce de febrero del año dos mil once en autos Nº 20534 (28147) caratulados: "Lara Jacinto Rogelio c/ Sanatorio Brown, ADOS y Dr. Plana Salas s/ ordinario (I y II Cpo.)"; procedieron a considerar como única cuestión, la siguiente: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?-------------------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:--------------------------- --- El codemandado, Dr. Mario Luis Plana Salas, plantea recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 35/50 de estos autos, el a quo acogió la apelación de la parte actora y, en consecuencia, receptó parcialmente la demanda indemnizatoria. De esta manera, condenó al Dr. Plana Salas y al Sanatorio Almirante Brown a resarcir al actor los perjuicios que le produjo un acto quirúrgico fracasado.-------------------- --- El a quo consideró responsables a los demandados, por el fracaso de la operación que debía realizarse al actor, señalando que debía presumirse la culpa del médico, por lo que a éste le incumbía la prueba en contrario. Que debía entenderse configurado el segundo de los presupuestos de responsabilidad, la culpa del médico demandado, quien actuó con impericia al iniciar una operación programada y, por razones que no acredita, no logró el objetivo propuesto. Los rubros condenados a pagar fueron daño moral ($ 15.000); gastos asistenciales y de farmacia ($ 1000) y daño material ($ 3000), sumas todas éstas fijadas a la fecha del acto quirúrgico, más intereses a tasa activa hasta su efectivo pago. En cuanto a un reclamo indemnizatorio paralelo, basado en el hecho de que el actor se contagió de hepatitis B durante la intervención fallida, el tribunal lo receptó respecto de la prestadora del servicio asistencial (ADOS), pero lo rechazó en lo concerniente al codemandado Plana Salas.----------------------- --- La codemandada encuadra su recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la Ley 59-O. Dice que la sentencia es arbitraria y viola su derecho de defensa, en cuanto incurre en contradicciones internas y se aparta de las actuaciones procesales y del derecho aplicable.------ --- En primer lugar, al recurrente le agravia que el tribunal le atribuya responsabilidad mediante lo que -afirma- constituye una "errónea interpretación de los hechos y las normas sobre su prueba". Dice que al imponerle la carga de la prueba, el fallo viene a desnaturalizar una característica esencial de la tarea médica, que es la imposibilidad de comprometer el resultado favorable de la prestación asistencial. Agrega que, partiendo de una deformación de las obligaciones del médico, el fallo ha invertido de manera indebida la carga de la prueba, violando normas expresas del procedimiento.---------- --- En subsidio del agravio referido a la responsabilidad, el quejoso se agravia de lo resuelto respecto de la procedencia de los rubros de la condena. En cuanto a la admisión del daño moral, la codemandada señala que el fallo establece que no puede verificarse que se produjera daño directo en la persona del actor, a consecuencia de la no-realización de la operación; también, que se argumenta pero no se produce prueba de que tuviera lugar un impedimento psíquico, que lo llevase a tener pánico a una nueva operación. Sin embargo, prosigue la recurrente, la sentencia concluye que se "ha producido un menoscabo moral importante en el actor" y pasa a fijarlo. Es decir, que -aduce- decide mandar a pagar un supuesto daño moral que ha sido invocado pero no probado, lo que implica que la decisión está basada, no en la prueba, sino en la voluntad del juzgador.---------------------------- --- Señala asimismo, que los fallos de ambas instancias establecieron que la relación entre el paciente y el médico es de naturaleza contractual. Añade que, según el artículo 522 del Código Civil, la reparación del daño moral en los contratos, es de interpretación restrictiva y limitada. Que, en consecuencia, su procedencia requiere la prueba concreta de su existencia. Concluye que, tanto la contradicción (afirmar la inexistencia de prueba del daño y manda a indemnizarlo), como la sustitución del fundamento fáctico por la voluntad del juzgador, violan el derecho de defensa.------------- --- Respecto del daño moral, se agravia diciendo que en su determinación se dejan de lado las pretensiones y pruebas. Comienza por señalar que en la demanda se reclamaron $ 20.000 por "modificación disvaliosa del espíritu", invocando tres razones: que el actor no pudo mantener el estándar de vida que llevaba; que la nueva operación le generaba un temor indescriptible, y que le provocó desazón el que lo sometieran a un análisis de sangre para determinar si tenía SIDA. Agrega que el a quo fijó el daño en la suma de $ 15.000, decisión que también es puramente voluntarista y carente de sustento en las condiciones objetivas del proceso.--------- --- En relación a este tema, expresa que la primera de las causales de resarcimiento fue rechazada por el tribunal respecto del codemandado, al entender que no se acreditaba causalidad entre el acto quirúrgico y un agravamiento de la dolencia original. Sigue diciendo que la última de las causales, la desazón por los análisis, está unida a la hepatitis contraída, por lo que tampoco alcanza al médico. En cuanto a la segunda causal, está claro que el "temor indescriptible" a una segunda operación, no se configura como consecuencia directa de la suspensión de la primera, ya que el actor aceptó someterse a ella. Que un examen ponderado de las pruebas, indica que el supuesto temor nació, no de la suspensión del acto quirúrgico, sino de las vicisitudes de la hepatitis que contrajo luego (y por cuyas consecuencias el médico no debe responder). La recurrente concluye que lo resuelto contradice las constancias de la causa, más si se atiende a que a la codemandada ADOS, se la condena a abonar $ 5.000 como daño moral por la infección de hepatitis y la incapacidad resultante.------------------------- --- En cuanto al daño material, la recurrente afirma que en su determinación también hay arbitrariedad. Que el tribunal manda a pagar supuestos gastos por la intervención quirúrgica suspendida, pero no tiene en cuenta que el actor no incurrió en gastos, porque aquélla se hizo con obra social, o sea que sólo una fracción del costo estuvo a su cargo, y tampoco considera que los cheques que dio al codemandado, no se presentaron nunca al cobro. Agrega que el fallo se contradice al admitir este gasto, que en los fundamentos transcribe doctrina que exige acreditar la verosimilitud del gasto, pero luego no analiza tal verosimilitud y vuelve al voluntarismo judicial. Más grave, agrega, aparece la fijación del daño material restante (por el tiempo que llevó el acto quirúrgico fracasado y la convalecencia, estimada en noventa días). También ello, concluye, contraría las constancias de la causa, de la cual resultaría un plazo máximo de convalecencia de treinta y siete días.-------------------------- --- Por último, se agravia de que se condene a pagar con tasa activa de interés. Dice que el uso de la tasa de interés, está prohibido para ajustar un crédito (art. 10 de la ley 23.928); que, además, es arbitrario por incongruente, porque el pago de intereses no ha sido solicitado en la demanda.----------------------- --- El recurso fue admitido formalmente mediante interlocutoria de fojas 67. Se corrió traslado a la parte actora y al Fiscal General de la Corte, quienes contestaron mediante escritos de fojas 74/78 y dictamen de fojas 81/84, respectivamente.------------------ --- Expuestos los antecedentes del planteo, paso a examinar su procedencia sustancial. Adelanto que, tras dicho examen, propiciaré la recepción parcial del recurso de inconstitucionalidad, por las razones que paso a analizar.---------------------------- --- Como principio, esta Corte tiene dicho en reiterados pronunciamientos, que todo lo que tenga atinencia con la valoración de las pruebas, es una cuestión que queda reservada al ámbito exclusivo de los jueces de mérito y, en consecuencia, excluida de la posibilidad de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de arbitrariedad manifiesta, que se produce cuando se advierte, en esa tarea valorativa, que se ha prescindido de pruebas decisivas o se las ha interpretado de forma no razonable.---------------------- --- Por lo que corresponde evaluar en el caso, si lo resuelto encuentra apoyatura en las constancias de la causa o bien en la sola voluntad del juzgador, a punto tal de erigir en arbitrario el pronunciamiento.------ --- En tal derecera advierto que, en el primer agravio vinculado a la pretensa "deformación de las obligaciones del médico" y a una indebida inversión de la carga de la prueba, no se configura la existencia del vicio que el recurrente imputa al decisorio, toda vez que el mismo se encuentra razonablemente fundado, alejándose de tal forma de lo que debe entenderse por arbitrario, según lo ha definido el Tribunal, al sostener que: "Lo arbitrario es todo lo contrario a lo razonable, y se configura cuando existe contradicción u omisión de considerar constancias decisivas para la solución de la litis, lo que determina que el decisorio no sea derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa". (PRE S.2ª 2011-I-104 y sus citas).------------ --- En efecto, el a quo apoyándose en un precedente de ese Tribunal, concluye -luego de efectuar un prolijo análisis de las posiciones doctrinales existentes en el tema- que en los casos de reclamos resarcitorios derivados de mala praxis profesional, la aplicación axiomática de la doctrina que distingue obligaciones de medios y de resultados se aleja de la realidad contractual, que -litis mediante-, enfrenta a dos voluntades autónomas: la del paciente que reclama el daño por la no satisfacción de su interés, y la del médico que no prometió satisfacer el interés del acreedor, sino poner su ciencia al servicio del paciente; que el dogmatismo se agrava cuando la jurisdicción presume hominis que se pactó una obligación de medio y que es el acreedor/paciente quien debe acreditar la culpa del profesional.---------------- --- El a quo afirma que cuando no existe un pacto concertado expresamente, su alcance debe ser interpretado de conformidad a las reglas de los artículos 1197, 1198 y cc. del Código Civil; que en el caso, el galeno reconoció que intervino quirúrgicamente al actor y que la operación no fue completada, lo que hace presumir su culpa al mediar incumplimiento del contrato de prestación asistencial. Que incumbía al deudor acreditar que no hubo culpa de su parte, lo que no ha acaecido; que por ende, resulta probado que actuó con impericia al iniciar una operación programada, con un objetivo prefijado, que no logró concluir por razones no acreditadas. Concluye el tribunal refiriendo que el criterio que propicia, ha tenido consagración legislativa mediante la sanción de la ley 26.529, que no obstante ser posterior a la prestación médica de autos, define el criterio válido en la relación médico-paciente.--------------------- --- De donde se desprende que los agravios se enderezan a discrepar con el criterio adoptado por el a quo, para definir cuál de las partes debía asumir la carga probatoria, cuestión que en todo caso sería opinable, como ha quedado evidenciado con el análisis de los distintos criterios doctrinarios y jurisprudenciales existentes sobre el tema, efectuado por el tribunal. La adopción de un criterio en particular, no resta legalidad al fallo, desde que no es función de esta Corte discernir si la solución del fallo es correcta. Debe circunscribirse a examinar si es razonable y por esa razón el recurso de inconstitucionalidad resulta inadmisible. Si esta Corte abriese esta vía extraordinaria para examinar los enunciados defectos, vendría a actuar como un tribunal de mérito más, en una suerte de tercera instancia no prevista en la ley. Por otra parte, debería extender ese examen a todos los casos y en todos los pleitos, lo que ciertamente perjudicaría su actuación como tribunal de garantías constitucionales (PRE S.2ª 1989- I - 86; PRE S.1ª 1999- I-176).--------------- --- Entrando ya en el análisis de los agravios subsidiarios introducidos por el quejoso, vinculados a la procedencia de los rubros reclamados y sus importes, comenzaré por el daño moral.--------------------- --- Respecto de este ítem, el actor reclamó la suma de $20.000 alegando no poder mantener el estándar de vida que llevaba, sumado al temor indescriptible de tener que someterse a una nueva operación, como también la desazón producida por la circunstancia de que lo sometieran a un análisis de SIDA. En el fallo impugnado, el a quo -luego de dejar sentado que la procedencia de los rubros y su justo monto queda sometido a arbitrio judicial-, determina que no se ha acreditado que a consecuencia de la no realización de la operación, se produjera un nuevo daño directo en la persona del actor; que el pretenso impedimento psíquico a someterse a una nueva operación tampoco se ha probado, no obstante lo cual, el fracaso del acto quirúrgico sin explicación científica convincente y la posterior infección de la herida, han producido un menoscabo moral importante en el actor, por lo que lo declara procedente por la suma de $15.000.--- --- Entiendo que la impugnación vinculada a la falta de prueba del rubro no resulta atendible por esta vía, porque más allá de la inexistencia de pericia psicológica a la que alude el recurrente, el a quo fundó la procedencia del rubro, en "el fracaso del acto quirúrgico sin explicación científica convincente" como generador del menoscabo moral, cuestión que no ha sido impugnada por el quejoso. A mayor abundamiento, si bien la relación que vinculara a las partes es de índole contractual y rige al respecto lo dispuesto por el artículo 522 del Código Civil, deben tenerse en cuenta dos factores a la hora de ponderar la procedencia del rubro: 1) lo que por definición constituye el daño moral, entendido como una "modificación disvaliosa del espíritu que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho" (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", Hammurabi, Buenos Aires p.36), lo que impide obtener su prueba directa debido al carácter subjetivo del menoscabo; 2) la índole de la prestación comprometida en el contrato de autos, esto es, la intervención quirúrgica con fines curativos, frustrada en su finalidad, que permitiría inferir la existencia del daño del incumplimiento mismo (prueba de presunciones).----------- --- Desechada la improcedencia del rubro daño moral por falta de prueba, resta analizar el cuestionamiento que efectúa el recurrente en lo que hace al importe por el cual prosperó. Cabe recordar al respecto, que esta Corte tiene dicho que no puede admitirse como motivo del recurso de inconstitucionalidad, agravios relativos al monto determinado como indemnización, desde que tal aspecto implica el juzgamiento de cuestiones eminentemente fácticas, materia reservada a los tribunales de conocimiento. Pero tal regla, siempre lo recalca este Tribunal en cada oportunidad en la que es aludida, rige en principio, esto es, salvo el caso extremo de verificarse que en aquel cometido, los tribunales de grado han incurrido en arbitrariedad (PRE S.2ª 2000-I-85).----------------------------- --- Por lo que, forzoso es considerar si en el caso, los jueces de grado han ejercido razonablemente la atribución que tienen conferida para determinar, según su "prudente arbitrio", el quantum indemnizatorio del daño producido.-------------- --- A mi juicio, en este aspecto, resulta atendible la queja traída por el demandado. En efecto, y no obstante el razonable margen de discrecionalidad imperante para la fijación de los montos indemnizatorios advierto, por un lado, que el a quo desecha explícita o implícitamente todas las motivaciones fundantes del rubro, que no se relacionen con el acto quirúrgico frustrado, pero soslaya explicitar los criterios objetivos tomados en consideración para la fijación del quantum (edad de la víctima, condición social, sexo, profesión, duración de la incapacidad, etc.).Tal omisión torna a mi juicio arbitrario el fallo, desde que vulnera el derecho de defensa del accionado, quien no cuenta con elementos objetivos para impugnar lo decidido, máxime si se toma en consideración la proximidad existente entre el importe reclamado ($ 20.000) y el mandado a pagar ($ 15.000).--------------------- --- Por otro lado, es de destacar que si bien el daño moral no necesariamente debe guardar relación de proporcionalidad con el daño material -que en el caso prospera por la suma de $ 3000-, este análisis comparativo aparece palmario, si se toman en consideración los montos por los que el a quo declara procedentes los mismos rubros (daño moral y material), con relación al otro codemandado -ADOS-. En efecto, para este último, el tribunal admite el daño moral por la suma de $5000 y el material por la suma de $ 36.000, importes estos fijados a la fecha de la sentencia (ver resuelvo, punto III). En definitiva, el tribunal no sólo no establece una base objetiva sobre la cual apoyar sus conclusiones, sino que además, cuantifica los importes indemnizatorios a distintas fechas, para eventos dañosos derivados de un mismo acto: la intervención quirúrgica y respecto de ambos codemandados, lo que torna arbitrario el pronunciamiento.--------------------- --- En lo que hace a la impugnación del quantum indemnizatorio por el rubro gastos de farmacia y daño material, no corresponde a mi juicio la procedencia del recurso por cuanto el recurrente no demuestra la existencia de arbitrariedad ya que, por un lado, las constancias de la causa evidencian que no todos los gastos fueron afrontados por la obra social -cuestión que el propio recurrente reconoce a fojas 62 vuelta- y, por otro, la estimación del tiempo de convalecencia obedece al prudente arbitrio judicial, que no ha sido desvirtuado por prueba en contrario.----------- --- Repárese que el a quo determina que la carga probatoria pesa sobre el demandado -responsabilidad contractual sin convenio expreso/escrito- y que, ante la orfandad de elementos probatorios, la valoración y cuantificación de los menoscabos la realiza prevaliéndose del prudente arbitrio. Pues bien, el impugnante no aporta prueba convincente que desvirtúe lo decidido, ya que los razonamientos deductivos por éste elaborados, no encuentran apoyatura en las constancias de la causa, por lo que no pasan de constituir meras conjeturas. Todo lo dicho deja sin sustento el agravio, correspondiendo su rechazo.------------ --- Por último, la pretensa improcedencia del rubro fundada en que los cheques entregados por el actor, en pago de los honorarios profesionales, no fueron presentados al cobro, aparece como manifiestamente improcedente, ya que no fue una defensa introducida al contestar la demanda, incumpliéndose a este respecto lo dispuesto por el artículo 4, segundo párrafo de la Ley 59-O.--------------------- --- El último agravio del recurso de inconstitucionalidad, está referido a la procedencia de los intereses. El recurrente se queja de que el a quo condene a pagar el capital, con tasa activa de interés. Dice que el uso de la tasa de interés esta prohibido para ajustar un crédito (art. 10 de la ley 23.928) y que, además, es arbitrario por incongruente, porque el pago de intereses no ha sido solicitado en la demanda.- --- Este agravio resulta a mi juicio atendible, por configurarse la hipótesis de arbitrariedad invocada por el quejoso. Y es que el a quo no puede condenar más allá de lo pretendido en el líbelo de demanda, sin vulnerar el principio de congruencia e incurrir en violación del derecho de defensa y de propiedad de la demandada. En efecto, por el principio de congruencia (artículos 33 inc. 4º y 164 inc. 6º del CPC), el juez sólo debe pronunciarse sobre lo que fue pedido y nada más que sobre ello, lo que excluye la inclusión oficiosa de los intereses en la condena. Por otra parte, el tribunal de alzada no puede exceder los límites de lo que fuera objeto de la pretensión, de conformidad al principio dispositivo vigente en nuestra ley ritual civil. Tal manda encuentra respaldo constitucional, pues preserva la vigencia de la garantía de la defensa en juicio y del derecho de propiedad en tanto, impide el empeoramiento de la situación jurídica del accionado frente a lo que fuera materia de reclamo.-- --- Por otra parte, la circunstancia de que los intereses revistan carácter accesorio del capital, no presupone que estén implícitamente incluidos en la pretensión. Los intereses constituyen una obligación distinta a la del pago del capital -si bien subordinada a ésta última, art. 525 del C. Civil-, a punto tal, que tienen un régimen de prescripción diferente y pueden ser renunciados por el acreedor, con independencia del capital. De donde no es factible que se los considere como una única deuda homogénea con el capital (artículos 523 y 624 del Código Civil) (Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, La Ley 1986-B-363).------- --- Resta decir que la solución propiciada se impone tanto más en el caso de autos en el que se dirime la responsabilidad contractual del galeno, de donde no se pone en juego la inteligencia asignada a los artículos 1069 y 1078 del Código Civil (responsabilidad por hechos ilícitos o delitos).---------------------------- --- Por último, resulta inatendible en mi opinión, la argumentación ensayada por la actora en su conteste, cuando afirma que la inclusión de los intereses en la condena, se justifica por cuanto el importe reclamado lo fue "al momento de interponer la demanda" y por cuanto se peticionó la suma "que en más o menos, en definitiva surja de las pruebas". Tal ensayo no sólo resulta improcedente por las razones apuntadas precedentemente -que fundamentan el requerimiento explícito de los intereses para no vulnerar principios procesales y garantías constitucionales- sino también, porque la fórmula "en lo que en más o menos resulte de la prueba a producirse" se refiere a los montos reclamados, lo cual se evidencia cuando se habla de "prueba a producirse", siendo que los intereses no son materia de prueba. La real y efectiva compensación de los daños y perjuicios no puede interpretarse sino como referencia al capital que compone el reclamo.---------------- --- Por las consideraciones efectuadas, opino que debe admitirse parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, debiendo anularse en forma parcial la sentencia recurrida, en cuanto condena al pago de intereses a tasa activa hasta el efectivo pago. Debe también anularse el pronunciamiento impugnado, en lo relativo al monto que fija para el daño moral a cargo del recurrente, disponiendo que un tribunal subrogante juzgue nuevamente lo vinculado a este rubro, con relación al codemandado Dr. Plana Salas.

--- Las costas de esta instancia extraordinaria, conforme al resultado al que se arriba, deben ser impuestas en un 40% a cargo de la recurrente y el 60% a cargo de la parte recurrida.---------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA CARLOS EDUARDO BALAGUER, DIJERON:------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.------------------------------------ ---	En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Acoger parcialmente el recurso extraordinario de Inconstitucionalidad. II) Anular la sentencia impugnada en los puntos referidos. III) Disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de la actora en lo concerniente al daño moral con relación al codemandado Dr. Plana Salas. IV) Imponer las costas de esta instancia extraordinaria en un 40% a cargo de la recurrente y el 60% a cargo de la parte recurrida. V) Ordenar que se protocolice la presente y se agregue copia al expediente y a los autos principales y disponer que estos bajen al Tribunal de origen a los fines pertinentes. Notifíquese y oportunamente archívense. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, Ángel Humberto Medina Palá y Carlos Eduardo Balaguer. Ante mí: Andrés de Cara - Secretario Letrado de la Corte de Justicia. Ef-5456 ///Si /// guen las firmas.

Cs PRE S. 1° 2015-I-140