Contratos administrativos, enriquecimiento sin causa
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: American Post SRL  c/ En M° Transporte de la Nación  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-06

La sala, por mayoría, admite los agravios ofrecidos por la parte demandada y revoca la sentencia apelada que había admitido la demanda. Indica que en el contexto fáctico y jurisprudencial, la pretensión de cobro de facturas consistentes en prestaciones como las que están involucradas en la causa no puede ser admitida ya que no tiene un fundamento en una contratación jurídicamente válida, esto es conformada de acuerdo con las disposiciones normativas y las modalidades propias del derecho administrativo. Señala que de las facturas reclamadas no surge el costo del servicio prestado ni la ganancia obtenida por esa prestación. Expresa que esos datos no fueron ni siquiera insinuados por la empresa actora. Sostiene que es imposible determinar los gastos netos en los que habría incurrido la firma demandante, es decir el empobrecimiento sin causa, con el consecuente enriquecimiento sin causa de la parte demandada. Concluye en que no se halla verificado el empobrecimiento sin causa de la firma actora que es un extremo imprescindible para admitir una pretensión basada en el principio del enriquecimiento sin causa de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La disidencia de la jueza Clara María do Pico desestima los agravios y confirma la sentencia apelada. Indica que el enriquecimiento de la demandada surge del expediente administrativo ya que es el canon que venía pagando por las tareas de limpieza cuando hubo contrato. Señala que en una acción in rem verso la carga de la prueba del empobrecimiento reside en cabeza de quien la insta. Expresa que si bien no existe prueba acabada del empobrecimiento de la empresa que prestó el servicio, ello no se debió a un incumplimiento de su parte sino a la oposición de la parte demandada a la producción de la prueba ofrecida. Sostiene que la oposición de la demandada impidió que el experto diga si el valor consignado en la factura era un valor de mercado en aquel tiempo y cercenó la posibilidad de que informe los costos de los materiales y del personal a valores actuales. Expone que no es posible atribuir a la actora el incumplimiento a la carga que el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial y la jurisprudencia ponen en su cabeza. Señala que esa falencia probatoria no puede jugar en contra de la actora ya que al resultar vencedora en primera instancia no le era exigible replantear en cámara las medidas probatorias que no pudo producir por decisión de la jueza ya que no tenía un gravamen que justifique el interés en mantenerlas. Concluye en que la indemnización otorgada se condice con el enriquecimiento de la demandada y coincide con el valor de mercado de las tareas efectuadas al momento en que éstas se hicieron. La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto del juez Rodolfo Eduardo Facio y agrega que los puntos de peritaje contable ofrecidos por la actora eran claramente insuficientes al fin buscado, esto es, demostrar que medió enriquecimiento sin causa. El juez Rodolfo Eduardo Facio, a su vez, adhiere a la consideración realizada por la jueza Liliana María Heiland.