Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-26


la ciudad de Buenos Aires, a los veintiseis días del mes de septiembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver, tal como lo estableció el Tribunal Superior de Justicia a fs. 305/328, los agravios de la defensa contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala II de este fuero.

La Dra. Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1. Que por sentencia de fecha 9 de mayo de 2005 la Sra. Jueza a quo, Dra. María Alejandra Dotti, resolvió absolver a Marta Tissot en orden a la contravención prevista en el art. 83 de la ley 1472, sin costas, por considerar que la conducta endilgada resultaba ser atípica (ver fs. 89/96).

2. Que a fs. 101/107 el representante del Ministerio Público Fiscal, por los argumentos allí expuestos, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de la magistrada de grado; remedio que fue concedido a fs. 108/vta.

3. Que a fs. 114/120vta. obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. Verónica Guagnino, a través del cual consideró que correspondía hacer lugar al recurso impetrado, revocar la sentencia absolutoria oportunamente dictada en autos y dictar nueva sentencia condenado a la Sra. Marta Tissot a la pena de multa de $200 y comiso, que solicitara el Sr. Fiscal de Primera Instancia.

4. Que a fs. 123/132vta., el Sr. Defensor Oficial solicitó el rechazo del recurso intentado por el Ministerio Público Fiscal y se confirme la sentencia absolutoria dictada por la Sra. juez de grado, haciendo reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

5. Que a fs. 135/141vta. se encuentra glosada la sentencia de la Sala II de esta Cámara por la cual resolvió revocar la sentencia recurrida en cuanto absuelve a la Sra. Tissot y, en consecuencia, condenar a la nombrada como autora responsable de la conducta típica prevista en el art. 83, primer párrafo del Código Contravencional, a la pena de multa de doscientos pesos ($200) disponiendo el comiso de los efectos secuestrados. Asimismo, se tuvieron presentes las reservas de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, formuladas por la defensa.

6. Contra lo decidido por la Sala II de esta Cámara, a fs. 165/184, la defensa interpuso el recurso previsto en el art. 53 de la LPC, art. 26 inc.4º de la ley nº 7 y arts. 27 y 28 de la ley nº 402, solicitando se revoque la resolución por ella recurrida y se tenga presente la reserva del caso federal formulada.

Fundó su pretensión a recurrir en la garantía de la doble instancia, por los siguientes agravios: a) inconstitucionalidad de la interpretación del art. 50 LPC, b) arbitrariedad de la sentencia, y c) afectación del principio de inocencia.

7. Que a fs. 186/187vta. obra el dictamen de la Sra. Fiscal de Cámara, quien entendió, por los fundamentos allí obrantes, que debía declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa.

8. Que a fs. 207/211, la Sala II de esta Cámara resolvió rechazar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa oficial a fs. 165/184 en cuanto a la crítica presentada en el punto 7.1 (falta de recurso fiscal. Inconstitucionalidad del art. 50 LPC), conceder parcialmente el remedio en cuanto a los demás agravios (acápite 7.2 en adelante), tener presente la reserva del caso federal, y elevar las actuaciones a conocimiento del Tribunal Superior de Justicia.

9. A fs. 94/115 del incidente de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado, la defensa oficial interpuso recurso de queja en los términos del art. 33 de la ley 402 contra la resolución de la Sala II de esta Cámara de fecha 5 de diciembre de 2005.

10. Recibida la causa ante el Tribunal Superior de Justicia, a fs. 302 se corrió vista al Sr. Fiscal General de la Ciudad. A fs. 305/306vta., el Sr. Fiscal General Adjunto solicitó se declare mal concedido el recurso interpuesto y se rechace el recurso de inconstitucionalidad deducido por la defensa oficial.

11. Que a fs. 311/328 el Tribunal Superior de Justicia, previa acumulación por cuerda de la queja, resolvió por mayoría, hacer lugar a la queja interpuesta, declarar parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 165/184 y ordenar la remisión del expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas para que jueces diferentes a los que ya intervinieron en este proceso resuelvan los agravios del recurrente.

12. Remitida la causa a la Secretaría General de la Cámara, a fs. 333 se llevó a cabo el sorteo de rigor, resultando desinsaculada esta Sala.

13. Habiéndose puesto a disposición de las partes las presentes actuaciones, la Sra. Fiscal de Cámara, por los argumentos expuestos a fs.336/336vta., solicitó se confirme la resolución recurrida, mientras que el Sr. Defensor Oficial (ver fs. 338/350), replanteó los agravios que fueran oportunamente esgrimidos en sus presentaciones anteriores.

14. Hallándose los autos en condiciones de resolver, corresponde a este Tribunal expedirse sobre los siguientes puntos: 1) ¿Qué solución corresponde adoptar con respecto a los agravios introducidos por la defensa al plantear el recurso inconstitucionalidad y de queja de fs. 165/184 del principal y 94/115 del incidente respectivo, contra la sentencia de la Sala II de fs. 135/141vta., y 2) para el caso de adoptarse una decisión revocatoria de la condena impuesta, ¿qué solución corresponde adoptar con relación al trámite de la causa PRIMERA CUESTIÓN:

15. Como primera aproximación al tratamiento sobre el fondo del asunto planteado, estimo conveniente dejar sentada mi opinión sobre el sistema pretoriano que fuera creado por el Tribunal Superior de Justicia a fin de salvaguardar la garantía procesal de la doble instancia expresamente reconocida en nuestra Constitución local.

El carácter represivo del derecho contravencional y la disposición contenida en el art. 13, inc. 3, de la CCBA determinan el derecho del condenado a exigir una revisión amplia de la sentencia de Cámara (arts. 10 y 13, inc. 3, de la CCBA, arts. 18 y 75, inc. 22, de la CN; art. 8, inc. 2, h, CADH; y art. 14, inc. 5, del PIDCP).

16. Frente a ello, la mayoría del Tribunal, conformada por la emisión de los votos de los Dres. Ruiz, Lozano y Maier, ordenó la remisión del expediente a esta Cámara para que jueces diferentes a los que ya intervinieron en este proceso resuelvan como tribunal de mérito (apelación) los agravios del recurrente. Esta solución procesal diseñada por el Máximo Tribunal local merece algunas consideraciones al no estar expresamente previsto en el ordenamiento jurídico, pues no fue contemplado por el legislador en ninguna de las normas que regulan las funciones internas de organización del poder judicial.

Cabe considerar que, tal como explica la Dra. Alicia Ruiz en su voto en la presente causa ....la Ley nº 12 faculta al ministerio público a recurrir por vía de apelación la decisión absolutoria del juez de primera instancia, con lo cual habilita la posibilidad de una primera sentencia de condena en Cámara. En esta situación el condenado está privado de recurrir ante un tribunal de mérito, porque el sistema procesal contravencional (Ley nº 12), no prevé un recurso ordinario o amplio ante otro órgano judicial para impugnar la sentencia de segunda instancia. En consecuencia, el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (art. 53 de la Ley nº 12 y art. 27 de la Ley nº 402) es el único camino para la defensa.

17. Como se ve, para que la estructura diseñada por la ley procesal contravencional, no materialice la afectación a la garantía de la defensa en juicio y al principio del doble conforme, el Tribunal Superior buscó un mecanismo para que la doble instancia tenga el alcance que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere a partir del precedente Herrera Ulloa en el ámbito de la ciudad: remitir a otra Sala el estudio de los agravios que la defensa introduce a partir de la primera sentencia condenatoria dictada por una Sala, habilitando de esta manera al imputado la posibilidad de un nuevo examen de su condena.

No desconoce la suscripta lo dispuesto en el art. 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley nº 7), en cuanto establece que [la Cámara] es el tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo contravencional y de faltas, y en consecuencia esta Sala no sería competente para revisar una sentencia dictada por otra Sala de la misma Cámara, entre quienes rige una relación horizontal.

Asimismo, tampoco dejo de advertir y destaco como obstáculo al mecanismo creado por el Máximo Tribunal local la circunstancia de que esta Sala no es tribunal superior, como lo exige el derecho al recurso contemplado en el art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 inc.5 º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

18. Sin embargo, tal como claramente explica el Dr. Lozano en su voto in re "Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC - apelación s/ recurso de inconstitucionalidad concedido, Expte. n° 3910, resuelto el 5 de agosto de 2005 deviene necesario flexibilizar alguna norma procesal y, resulta preferible resolver una eventual colisión en favor de la garantía de doble instancia. En este sentido, manifestó que ...Remitir a la siguiente Sala el examen de los agravios de la defensa supone sí hacer que una de ellas revise lo que la otra dispuso, imponiendo una jerarquía, para la causa, no prevista en la ley de organización de la justicia. Empero, esta supraordinación de un pronunciamiento de una Sala al de la otra no implica alterar su posición como órganos permanentes del Poder Judicial. A su vez, el contenido de la revisión que debe efectuar la siguiente Sala en el pleito no difiere del que debe hacer habitualmente en ejercicio de las competencias ordinarias que le asigna la ley (según su voto en el fallo citado).

Por las razones expuestas, a fin de salvaguardar la garantía de la doble instancia, me avengo al procedimiento delineado por la mayoría del Tribunal Superior y en consecuencia procederé a revisar el fallo de acuerdo a derecho.

SEGUNDA CUESTION 19. Sentada mi opinión sobre el mecanismo procesal instaurado por el Tribunal Superior para garantizar el cumplimiento de la garantía del la doble instancia, corresponde avocarse al estudio de los agravios introducidos por la defensa, contra la sentencia dictada por la Sala II de este fuero, en cuanto resolvió revocar la sentencia recurrida en cuanto absuelve a la Sra. Tissot y, en consecuencia, condenar a la nombrada como autora responsable de la conducta típica prevista en el art. 83, primer párrafo del Código Contravencional, a la pena de multa de doscientos pesos ($200) disponiendo el comiso de los efectos secuestrados.

De este modo, incumbe a esta Sala revisar los argumentos jurídicos vertidos en el recurso de inconstitucionalidad y de queja, con el objeto de verificar, tal como lo resolvió el Tribunal Superior de Justicia, si existe una doble conformidad sobre la decisión puesta en crisis.

20. Que la defensa oficial se agravia de la sentencia condenatoria dictada en autos por: 1) inconstitucionalidad de la interpretación del art. 50 LPC realizada por la Sala II de esta Cámara; 2) arbitrariedad de sentencia; y 3) afectación del principio de inocencia.

A su vez, bajo el rótulo de Arbitrariedad del decisorio recurrido(sic.) incluyó los siguientes agravios: a) falta de remisión de los efectos secuestrados a la Alzada. Falta de inmediación; b) falta de inmediación con la imputada; c) arbitrariedad en la apreciación probatoria y d) arbitrariedad en la interpretación de la norma, específicamente en los alcances de los términos de mera subsistencia y competencia desleal.

21. Ahora bien, sobre la base de los agravios invocados por el recurrente, resulta conveniente adentrarme a analizar, en primer lugar, aquel identificado con la falta de inmediación con la imputada y determinar, si efectivamente, la Sala II de esta Cámara, mediante el dictado de la resolución en crisis, quebrantó el mentado principio constitucional, pues de resultar favorable la pretensión de la defensa en este aspecto devendría abstracto el tratamiento de las restantes críticas.

Es necesario aclarar que el tratamiento de un agravio en particular sin respetar el orden de exposición de la defensa no deviene antojadiza, ya que en este sentido resulta decisivo el voto del Juez Maier del TSJ, en cuanto a la suerte de la sentencia recurrida, tal como desarrollaré a continuación.

La defensa criticó la imposición de una pena a la Sra. Tissot sin que los Sres. Jueces integrantes de la Sala II hayan tomado contacto con ella, en franca violación con lo establecido por el art. 41 del Código Penal, de aplicación supletoria en la materia (art. 20 de la ley 1472). Asimismo, cuestionó que no se haya explicado los motivos por los cuales se rechazó la solicitud formulada por la defensa en el debate oral y público para que, en el supuesto de aplicarse una pena, la misma fuera de cumplimiento en suspenso.

Entendió que se había quebrantado la inmediación, como principio constitucional de relevancia, toda vez que el mismo permite en el marco de un proceso acusatorio que el juez al momento de sentenciar otorgue adecuada fundamentación al decisorio, incurriendo, en consecuencia, la Alzada en arbitrariedad.

22. Sentado el planteo defensista, debo analizar si la resolución de la Sala II obrante a fs.135/141, se ajusta a derecho. Adelantaré que se debe nulificar la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondré, en atención a la afectación de garantías de carácter constitucional.

23. Tal como he adelantado, a partir de la doctrina emanada del voto mayoritario del Tribunal Superior, no puedo dejar de coincidir con la nulidad esbozada claramente por el juez Julio B. J. Maier en oportunidades de expedirse sobre la admisibilidad o no de los recursos de la defensa, en el sentido de que sólo rescata como arbitrario la ausencia de la imputada en el juicio que culminó con su condena, ausencia que implica el desconocimiento total del tribunal que condena acerca de la persona condenada (conf. su voto cons. 2º).

Siguiendo palabras del magistrado mencionado, el fallo de la Sala II deviene erróneo por un motivo claro: el organismo que condena (...) en momento alguno tuvo frente a sí a la acusada e impuso una condena, y la pena que es su consecuencia, a una persona que, al menos para esos jueces, es absolutamente desconocida (cf. punto 7.2.2 del recurso de inconstitucionalidad).

El Dr. Maier explica que El derecho al recurso del condenado, que prevén las convenciones internacionales, significa, básicamente, el derecho a lograr un nuevo juicio... Para hacer efectivo este derecho es preciso instrumentar un recurso - sin nombrarlo por ahora- que permita reexaminar la corrección de las actos del procedimiento seguidos para lograr la sentencia y el cumplimiento de sus formalidades, la percepción que el tribunal sentenciante ha tenido del contenido de esos actos para advertir toda gruesa falla que, por acción o por omisión, haya sucedido en el debate, y por último, toda falla en la aplicación del Derecho que funda la decisión; ello echa por tierra la afirmación de la imposibilidad de producir prueba... (Código Procesal Penal. Fundamentos, Tomo I, Ed. del Puerto, Buenos Aires, pág.720/1) 24. El recurso de apelación contra la sentencia, siempre en el marco del sistema de enjuiciamiento oral y público, no constituye un control sobre el acierto del juicio pronunciado, conforme al debate ya sucedido, sino que implica un nuevo juicio, resultado de un nuevo debate, ambos de primera instancia (renovada); se dictará en verdad un nuevo fallo resultante de un nuevo debate, que en el mejor de los casos, tendrá las mismas posibilidades de acierto o de desacierto que el primer fallo (conf. Maier, ob. cit. pág. 799/800).

25. Sentado ello, cabe analizar si la Sala II al revocar la sentencia absolutoria e imponer una sentencia condenatoria, efectuó la reedición de ese juicio respetando las características del debido proceso legal.

Los principios que gobiernan las etapas del procedimiento y también del debate (art. 18 CN) constituyen y dan contendido a la garantía del debido proceso legal.

Las reglas fundamentales del debate son la inmediación (oralidad, concentración e identidad física del juzgador), la publicidad y el contradictorio. La inmediación intenta que el tribunal reciba una impresión lo más directa posible de los hechos y las personas, y rige en dos planos distintos. El primero de ellos se refiere a las relaciones entre quienes participan en el proceso y el tribunal, y hace necesario que estén presentes y obren juntos. El segundo plano es el de la recepción de la prueba e implica que, para que el tribunal se forme un cuadro evidente del hecho y para que sea posible la defensa, la prueba se produzca ante el tribunal que dictará la sentencia, y durante el debate, lo que obliga a la identidad física del juzgador con los jueces que presenciaron el debate (Conf. Alberto Bovino, El debate en Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, (comp. Julio Maier), Capítulo III, 1993, Bs. As. pág. 183).

26. De lo expuesto se desprende que en oportunidad de dictar la sentencia de condena, la Sala II de esta Cámara no cumplió con la regla de inmediación mencionada precedentemente, requisito indispensable de un juicio justo, y éste es el meollo de una lesión constitucional primaria, al menos del art. 75, inc. 12, de la CN, cuando ordena establecer el juicio público en materia penal, verdadera cláusula de garantía del acusado (cf. también, CN, 24 y 118) (del voto del Dr. Maier en la causa Tissot considerando nº 4).

Y el magistrado, con destacada claridad, continúa afirmando que la propia CCBA, art. 13, inc. 3, que conoce la competencia de legislación contravencional de la Ciudad, repite esta exigencia (inmediatez, defensa en juicio) y, además, la LPC reglamentaria en este aspecto de la Constitución, consecuentemente, ha ratificado estos principios al imponer la asistencia del acusado como condición de la sentencia de condena (LPC, 46). Nótese que el CP, 41, exige que los jueces que condenen conozcan personalmente al acusado. Sin querer relatar la historia de este precepto, lo cierto es que él constituía una prevención mínima relativa al derecho de defensa y a la exigencia de un juicio público en asuntos penales.(considerando nº 4).

La disposición prevista en el art. 41 del Código Penal posee una doble función, de naturaleza material y procesal. En cuanto a la primera obliga al juez a tomar conocimiento de la proyección o dinámica del conflicto en el momento de cuantificar la pena en la sentencia, y en lo procesal, garantiza que el procesado tenga la última palabra en el proceso, y además impone un mínimo de contacto inmediato del procesado con el juez. (conf. Zaffaroni, Eugenio y otros Derecho Penal Parte General, pág.999).

De ello se colige que el procedimiento mediante el cual la Sala II dispuso imponer una pena de multa a la Sra. Tissot en nada se condice con la razón de ser del mentado precepto, y en consecuencia se afecta de manera insoslayable su derecho a la defensa en juicio y el respeto a la garantía del debido proceso legal pues muchas consecuencias graves y muchos errores irreparables se producen porque nadie ve al reo (Jofre Tomás en Gaceta de los Tribunales de San Luis, 1973, nº 2, p.21, citado por Zaffaroni, ob. cit. pág.1000).

28. Por todo lo expuesto, concluyo, al igual que el Dr. Maier, que la sentencia de Cámara contiene un vicio constitucional evidente, razón por la cual ella adeuda una de las condiciones que merece un juicio de condena, y en consecuencia voto por nulificar la sentencia dictada a fs. 135/141 por la Sala II de esta Cámara.

TERCERA CUESTIÓN 29. Emitido mi voto a favor de la nulidad de la sentencia dictada por la Sala II, como última cuestión a dilucidar corresponde determinar cuál resulta ser la solución que corresponda adoptar a fin de respetar las garantías constitucionales.

Si bien una posible solución al caso traído a estudio conllevaría a disponer la realización de un nuevo juicio, considero que la imputada no debe soportar las consecuencias penosas de un nuevo enjuiciamiento penal, en su caso, el tercero.

Cabe destacar que las presentes actuaciones se iniciaron el 21 de febrero de 2005 en virtud de una posible infracción al art. 83 de la ley 1472, y al día de hoy no existe pronunciamiento alguno que ponga fin al proceso, pese a haber trascurrido más de un año y medio desde su iniciación, en clara violación al derecho de la justiciable de obtener un sentencia definitiva en un plazo razonable.

En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla en su art. 9.3 que: Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal .... tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable.... Asimismo, la operatividad de los tratados internacionales ha sido receptada en nuestro derecho local por el art. 10 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

30. En cuanto a la garantía en estudio, la Corte Suprema de Justicia Nacional ha reconocido, a través de distintos fallos, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial rápido que defina la posición de una persona frente a la ley y la sociedad y ponga punto final al estado de incertidumbre que todo proceso penal importa (Fallos 272:188 Mattei; 297:486 Pileckas -entre otros).

En este sentido el Máximo Tribunal ha dicho que La garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Sólo en los casos en que se omitan o se violen estas formas es posible retrogradar el proceso haciendo excepción a los principios de progresividad y preclusión. Estos principios, que atienden a la seguridad jurídica y a la necesidad de lograr una justicia rápida, se vinculan con el respeto a la dignidad humana, que incluye el derecho a un pronunciamiento definitivo. El justiciable no debe sufrir las consecuencias de actos ajenos a su responsabilidad que importen la vuelta hacia atrás del proceso. La garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado. Deben conciliarse el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito con el del individuo sometido a proceso (Fallos 272:188). Estos conceptos fueron ratificados recientemente en el caso Barra (CSJN causa Nº 2053-W-31, rta. 9/03/04).

Asimismo, ha sostenido que: ...la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitándose de ese modo que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, además, y esto es esencial atento los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez para siempre, su situación ante la ley penal... (CSJN, Polak, Federico, rta. 15/10/1998) Doctrina similar han sentado los jueces Julio Maier y Alicia Ruiz en el expediente nº 3790 Kim, In Jung s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en :Kim, In Jung s/ art, 74 del CC, rta. 1/6/2005) No fallar materialmente el asunto, sino reenviarlo para un nuevo pronunciamiento, no puede ser puesto en cabeza del imputado, obligándolo a soportar un nuevo procedimiento de persecución penal, cuando el primer pronunciamiento, como se ha visto, ha finalizado. (in re Kim, In Jung s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en :Kim, In Jung s/ art, 74 del CC, rta. 1/6/2005, del voto del Dr. Julio Maier, considerando nº 4).

Si bien no existe un término temporal que establezca cuándo debe considerarse que se ha violado la garantía del imputado a ser juzgado en un plazo razonable, dicha situación depende de las circunstancias propias de cada causa. Así, el derecho a ser juzgado sin dilaciones no puede traducirse en un número de días, meses o años, dependerá de la duración del proceso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado la prolongación del juicio, que son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía involucrada (CSJN, Barra, Roberto Eugenio s/defraudación por administración fraudulenta -causa nº 2053 -W- 31-, rta. el 9/3/2004).

En el caso de autos, es dable destacar que pese a que la audiencia de debate oral y público se llevó a cabo el 6 de mayo de 2005 (fs.83/87), cuyos fundamentos fueron leídos el 9 de mayo de ese mismo año (89/96), al día de la fecha no ha culminado la persecución estatal en contra de la Sra. Tissot, quien se vio sometida a un debate oral en el cual se resolvió su absolución y, meses más tarde, un tribunal distinto a quien la juzgó, sin siquiera conocerla, entendió que la sentencia absolutoria dictada era errónea, condenándola a una pena de multa.

Tal es el plazo en que se extendió el proceso, y de reeditar un nuevo juicio a raíz de la nulidad propiciada, sin perjuicio que en el próximo mes de noviembre la acción prescribiría en función de lo establecido en los arts. 42 y 44 de la ley 1472, la nombrada Tissot estaría sufriendo las consecuencias de un error judicial, en cuya producción no contribuyó. Es por ello que deviene irracional retrotraer el presente a etapas ya superadas en perjuicio de la imputada.

A mayor abundamiento cabe señalar que la CSJN ha afirmado que La duración irrazonable de un proceso... además del perjuicio al imputado... afecta también al Estado por el dispendio jurisdiccional que ello significa y porque se distorsionan todos los fines de la pena, que para su eficacia requiere la menor distancia temporal entre el hecho y la condena (CSJN Barra, Roberto Eugenio s/defraudación por administración fraudulenta -causa nº 2053 -W- 31-, rta. el 9/3/2004).

31. Por todo lo expuesto, considero que se debe NULIFICAR la sentencia apelada en cuanto fuera materia de recurso y en consecuencia SOBRESEER a Marta Tissot por el delito previsto en el art. 83 del Código Contravencional.

Así lo voto.

El Dr. Jorge A. Franza dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto que antecede.

Así lo voto.

La Dra. Marta Paz dijo:

1. Vienen los autos a conocimiento de esta Sala en virtud del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 6 de junio de 2006 que declaró parcialmente procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 165/184, y ordenó que jueces diferentes a los que intervinieron en este proceso resuelvan como tribunal de mérito los agravios del recurrente.

En primer término, coincido con lo expresado por mi colega preopinante Dra. Silvina Manes en el sentido que la ley 7 (Orgánica del Poder Judicial) establece que la Cámara es el tribunal de Alzada respecto de las resoluciones dictadas por los jueces y juezas en lo Contravencional y de Faltas; por lo que no es su atribución natural la revisión de una sentencia dictada por otra Sala de la misma.

Tengo para mí que remitir a esta Sala el examen de los agravios de la defensa contra la sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara del fuero al hacer que una revise lo que otra dispuso, impone una jerarquía, para la causa, no prevista en la ley de organización de la justicia (del voto del Dr. Lozano in re Alberganti, Christian Adrián s/ art. 68 CC - apelación s/recurso de inconstitucionalidad concedido, STJ; 5/08/05).

Pero dejada a salvo mi opinión, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, procederé a revisar el fallo dictado por la Sala II de la Excma. Cámara del fuero, conforme ordenara con fecha seis de junio de 2006.

2. La recurrente impugnó la sentencia dictada por entender que conculcaba la garantía a la doble instancia, el principio de inocencia y por arbitrariedad de la misma.

Al desarrollar la tacha de arbitrariedad, entre otras cuestiones, se agravió por la falta de inmediación del Tribunal con relación a la prueba y a la imputada.

La conclusión a que arribaré -en el mismo sentido que mi colega preopinante Dra. Silvina Manes- tornará innecesario analizar las siguientes tachas.

3. El juez Julio B. J. Maier en su voto señaló que: la ausencia de la imputada en el juicio que culminó con su condena, implica el desconocimiento total del tribunal que condena acerca de la persona condenada. De este modo, en este aspecto, no coincido con el tribunal de mérito que ha aceptado todo el capítulo sobre arbitrariedad, interpretándolo a su modo, sino que tan sólo recojo el aspecto señalado como posible lesión constitucional (esto es, el hecho de que la Cámara condenó a la Sra. Tissot sin conocerla). . .el organismo que condena, la Sala II de la Cámara Contravencional, en momento alguno tuvo frente a sí a la acusada e impuso una condena, y la pena que es su consecuencia, a una persona que, al menos para esos jueces, es absolutamente desconocida (cf. punto 7.2.2 del recurso de inconstitucionalidad). . .A mi juicio éste es el meollo de una lesión constitucional primaria, al menos del art. 75, inc. 12, de la CN, cuando ordena establecer el juicio público en materia penal, verdadera cláusula de garantía del acusado (cf. también, CN, 24 y 118). No es que yo crea que esta garantía sea necesariamente exigible en materia contravencional sino que, en primer lugar, la propia CCBA, art. 13, inc. 3, que conoce la competencia de legislación contravencional de la Ciudad, repite esta exigencia (inmediatez, defensa en juicio) y, además, la LPC reglamentaria en este aspecto de la Constitución, consecuentemente, ha ratificado estos principios al imponer la asistencia del acusado como condición de la sentencia de condena (LPC, 46). . .Nótese que el CP, 41, exige que los jueces que condenen conozcan personalmente al acusado. Sin querer relatar la historia de este precepto, lo cierto es que él constituía una prevención mínima relativa al derecho de defensa y a la exigencia de un juicio público en asuntos penales. . . En el caso concreto que tratamos, . . . .al haber postulado el recurrente la anulación de la sentencia por el defecto expuesto en el punto anterior, de todos modos caerá la condena y, eventualmente, habrá un nuevo juicio, en el cual quien ahora recurre podrá plantear su posición con arreglo a ciertos efectos y a ciertos parámetros de relevancia. En este sentido, mi solución del caso conforme al recurso es idéntica, en cuanto a sus efectos prácticos, a la propuesta por la Sra. jueza de trámite, en tanto ambos disponemos un nuevo tratamiento del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la fiscalía, en un juicio renovado.

4. La principal razón de ser del debate oral y público, regulado por las leyes procesales penales modernas que reformaron el modelo inquisitivo se cumple con la presencia ininterrumpida de todos los sujetos procesales (inmediación) inclusive el imputado y su defensor, y en él son incorporados los únicos elementos de prueba idóneos para fundar la sentencia, de lo que deriva que al no haber sido incorporada la prueba en la Alzada no existen elementos de prueba idóneos que sustenten la sentencia. (en este sentido se expide el Dr. Maier en su obra. Derecho Procesal Penal, T. I, Fundamentos. Editores del Puerto SRL, pág. 595, Bs. As., 2004, 2º edición, 3º reimpresión).

La oralidad y continuidad de los actos, su concentración en una audiencia, la obligación de que la sentencia se funde en los actos del debate y de que sea dictada por los jueces que participaron en él, hace afirmar que todo este período procesal está gobernado por la máxima formal que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia, lo que se advierte que no se ha dado en el caso de autos, donde esta continuidad alcanzó su culminación al momento de dictarse la sentencia en primera instancia, siendo que, a posteriori, se contradijo la máxima formal a que el autor hace referencia. (obra cit., fs. 657).

5. La garantía de defensa en juicio implica que se otorgue a los interesados la oportunidad para ser oídos por el juez, de ofrecer y producir medidas de prueba y que esas constancias, en la medida que sean conducentes, resulten debidamente valoradas por el juez en su sentencia. El verdadero ámbito del `juicio´ es el debate, en donde la inmediación, oralidad y el contradictorio, aseguran las condiciones del art. 18 de la C.N.

Los elementos materiales probatorios y las evidencias obtenidas durante la investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas restrictivas al ejercicio de los derechos fundamentales, no pueden ser el fundamento de una sentencia condenatoria, decisión que debe estar soportada en pruebas practicadas durante el juicio oral.

La aplicación del principio de inmediación en el sistema acusatorio resulta de cardinal importancia, por cuanto es precisamente durante el juicio oral cuando deben practicarse las pruebas ante el juez que va a dictar sentencia. De allí que, a luz de dicho principio, según Roxin, el juez debe proferir una sentencia de acuerdo con sus propias impresiones personales, que obtiene del acusado y de los medios de prueba en el curso del juicio oral. (Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, 2000, p. 395).

La Constitución local (art 13 inc. 3) recepta el principio de inmediación como principio judicial general, por lo que se impone una grave consecuencia para el incumplimiento: la nulidad absoluta.

La identidad entre el juez que asiste al debate y el que sentencia es fundamental para garantizar la vigencia del principio de inmediación y evitar que lo haga en base a una versión mediata de la realidad que le proporcione otro juez. En esta causa, como sostiene la defensa el Tribunal sentenció en forma mediata.

En el fallo impugnado el principio no ha sido respetado porque en la segunda instancia sólo está prevista la revisión del juicio, el que se entiende naturalmente sustanciado ante un tribunal de grado.

Desde que el principio de inmediación exige el contacto directo y personal del juez o tribunal con las partes y con todo el material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento judicial, se advierte ostensiblemente que no ha sido resguardado en el trámite que culminó con el dictado de la sentencia impugnada.

En el procedimiento llevado a cabo faltó el debate que soportara el fallo de condena y, también debe llamarse la atención sobre la ausencia de la imputada en ese debate, de modo que la Cámara condenó sin conocerla, en agravio al art. 41 del Código Penal.

6. La sentencia impugnada que, a la luz de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia debo considerar como primer sentencia de condena (y así lo es) y, por lo tanto, debió cumplir con los recaudos y presupuestos para el dictado de la misma, no los guardó, desde que el procedimiento ha sido mediato.

Como corolario de lo expuesto, dicha sentencia ha conculcado el principio de inmediación. En palabras del Dr. Maier podría señalar que no se ha cumplido la máxima formal que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia (obra cit., p. 657) Por consiguiente la sentencia dictada es nula de nulidad absoluta por haber infringido lo dispuesto en los arts. 75 inc. 12 de la C.N. y 13 inc. 3º de la CCABA.

7. Como consecuencia de la nulidad que postulo decretar debería ordenarse la sustanciación de un nuevo juicio pero, como señala correctamente mi colega preopinante Dra. Manes a cuya conclusión he de adherir, tal situación no provocada por la imputada ciertamente conllevaría una dilación inapropiada del proceso que comportaría una violación al derecho de obtener sentencia definitiva en plazo razonable.

Ha dicho la Corte que debe reputarse incluído en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal. (Mattei, Ángel s/Contrabando de importación en Abasto -29/11/1968).

Por lo que, en este último aspecto, postulo que este Tribunal debe adoptar una decisión definitiva sobre la causa que, atento la nulidad de la sentencia recurrida que sólo puede tener el alcance del sobreseimiento de la imputada.

Por todo lo expuesto corresponde:

1) DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia de fs. 135/141vta.

2) SOBRESEER a Marta Tissot en la presente causa en orden a la presunta comisión del ilícito contravencional previsto en el art. 83 de la Ley 1472.

Así lo voto.

En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

ANULAR la sentencia de fs. 135/141vta. y, en consecuencia SOBRESEER a Marta Tissot en la presente causa seguida por la comisión de la contravención prevista en el art. 83 de la Ley 1472 (arts. 168 y 334 del CPPN y art. 6 LPC).

Regístrese, notifíquese a las partes, a la Secretaría General de Cámara y oportunamente, remítase al juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Fiscalía de Cámara. Conste.

Endede 2006 se libró una cédula. Conste.

Endede 2006 notifiqué a la Secretaría General de Cámara de la remisión del expediente al juzgado de origen . Conste.

En dede 2006 remití el expediente al juzgado de origen. Conste.