marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda laboral, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ GRACIELA DEL ROSARIO c/ FECUNDA A.F.J.P. S.A. y/o CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. s/ MES INTEGRATIVO Y DIFERENCIA DE HABERES, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-02

En los juicios laborales, el trabajador puede elegir entre el domicilio donde se ha cumplido el contrato de trabajo o el domicilio del principal a efectos de toda notificación que corresponda efectuar en el domicilio real del patrón. Así, las normas generales sobre notificación sufren aquí una excepción, inspirada en principios protectorios del Derecho Laboral. Por ello, no es correcto pretender que corresponda la aplicación de los principios generales de la notificación, en el sentido de requerir que la notificación del acto procesal cuestionado -traslado de la demanda- deba dirigirse al domicilio real del principal, tal como si se tratara de una demanda ordinaria.
Policía Provincial, servicio penitenciario provincial, libertad sindical, Constitución Nacional, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Sindicato de Policías y Penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no consagra en favor del personal policial el derecho a constituir un sindicato, diversas normas de jerarquía constitucional sí consagran dicho derecho (artículo 8° del PIDESC; artículo 22 del PIDCP; artículo 16 de la CADH; artículo 8° del Protocolo de San Salvador); todas estas normas, no obstante y en consonancia con los demás tratados internacionales con jerarquía constitucional, condicionan el derecho a la sindicalización a que los estados signatarios de los tratados en cuestión no hayan adoptado medidas restrictivas al respecto (artículo 8°, inciso 2, PIDESC; 22, inciso 2, PIDCP; 8°, inciso 2, del Protocolo de San Salvador) o no hayan prohibido la sindicalización (artículo 16, incisos 2 y 3, CADH). -Del precedente "Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social" (Fallos: 343:1841) al que la Corte remite-
Accidente de tránsito, vehículo en movimiento, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Castaño, Juan Carlos y otra c/ Folta, Jorge Daniel y otros s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Si el hecho antecedente fue la colisión entre dos rodados, lo cual derivó en el descontrol de uno de ellos, que dando trompos, fue a atropellar a un menor quien ocasionalmente se hallaba a cierta distancia andando en bicicleta, en la calzada de una avenida avanzando de contramano para superar un tramo de la acera que se encontraba en mal estado, corresponde atribuir imputabilidad a ambos automovilistas. Por ende, la reparación de los perjuicios reclamados por el menor y sus padres deberán ser afrontados solidariamente y concurrentemente por los emplazados al igual que por sus respectivas aseguradoras citadas en garantía, sin perjuicio de que entre ellos se respete, para consagrar la eventual acción de contribución, los discriminados porcentuales de responsabilidad que le corresponde a cada uno.

No cabe atribuir culpa al menor ya que las actitudes intrascendentes, como fue la desarrollada por éste al transitar de manera incorrecta, no influyó en el desencadenamiento de la colisión y sus secuelas y no fue la causa sino mera ocasión, porque ella no era de por sí apta para posibilitar el hecho de ser atropellado por uno de los automóviles que chocaron, que es lo que en definitiva configuró el hecho fuente.
Cuestión política, conflicto de poderes, división de poderes, acción de amparo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisdicción y competencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Carlos GRAFFIGNA LATINO y otros s/ CONFLICTO  DE  PODERES  -  AMPARO  -  ENJUICIAMIENTO  DE  MAGISTRADOS  PROVINCIALES  -  CUESTION  POLITICA - CORTE SUPREMA - JURISDICCION  Y  COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-19

La dilucidación de la compatibilidad de las instituciones provinciales con lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional -forma republicana de gobierno, división de poderes, delegación de éstos- envuelve, en principio, una cuestión de naturaleza política y está, como tal, vedada a los tribunales de justicia. La posibilidad de distinguir entre los conflictos locales de poderes en sentido estricto y los supuestos en los que se trata de hacer valer a favor de personas individuales la garantía constitucional de la defensa en juicio, podrán hallar, de todos modos, su campo, no en el ejercicio de la jurisdicción originaria de la Corte, sino en el de la apelada.
Recurso extraordinario, fallos de la Corte Suprema, límites del pronunciamiento, facultades jurisdiccionales, nulidad procesal, nulidad absoluta, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Nápoli, Luis Alberto s/ estafa (causa N - 3/95).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional de control, aun de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, liquidación de divisas, tipo de cambio, exportaciones, moneda extranjera
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Witcel S.A.C.I.F.I.A. c/ Banco Central de la Rep. Argentina s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Debe desestimarse la invocación de violación del principio de igualdad ante la ley vinculada con la aducida ulterior liberación del tipo de cambio, con cita de las comunicaciones A-211, A 219 y A 242 del Banco Central pues de su ámbito de aplicación se excluyó expresamente a las operaciones de exportación regidas por la comunicación A-86 .
Títulos ejecutivos, causa de las obligaciones, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Multicompras c/ Rinaldi, Roberto s/ Cobro ejecutivo Multicompras c/ Montes, Elba Graciela s/ Cobro ejecutivo Multicompras c/ Luaces, Jorge Aldo s/ Prep. via ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21|1992-02-11|1993-05-06

Respondiendo la demanda ejecutiva a la teoría de la individualización, los instrumentos en que se vertebra deben reunir los caracteres de liberalidad, abstracción, autonomía y autosuficiencia, toda vez que el contenido y medida del derecho documental se agota en el tenor de su unívoco texto, careciendo de trascendencia compulsoria la relación jurídica fundamental, extracartular, subyacente que le ha dado origen.
Querellante, legitimación activa, mandante, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: B.C.R.A. s/ pedido ser querellante Causa nro. 12.401
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-15

Ha sostenido la Sala I -en anterior integración- que convocados a indagatoria los mandantes no es posible desempeñar el rol de querellante.
Crédito fiscal, cancelación de deudas, deudas impositivas, AFIP, cesión de créditos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la AFIP en la causa Indacor S.A. c/ AFIP s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

De los términos de la resolución general (AFIP) 1287/02 no surgen, ni puede razonablemente inferirse, que la observancia de los requisitos por quien solicita la imputación del crédito transferido y el cumplimiento de las tareas de constatación allí impuestas al organismo recaudador implique, sin más, un reconocimiento de la AFIP a la existencia y legitimidad del crédito, que le impida luego impugnarlo en uso de las facultades de verificación y fiscalización que le confiere la ley 11.683. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Contrato de trabajo, desconocimiento de la relación laboral, ius variandi, medida de no innovar
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez  Segio  Ariel c/ Seguridad  J.B.  SRL  y  otro s/ juiciosumarísimo.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21

La posibilidad de que se demande por el restablecimiento de la condición alterada, presupone que exista un empleador que se asuma como tal y que pretenda modificar el contenido de trabajo de un determinado dependiente, el cual, a su vez, alega que dicha modificación excede los parámetros contenidos en el mentado art. 66 primer párrafo, por lo que demanda su reposición al estado anterior, con una medida de no innovar mientras tramite el litigio. Por otra parte, quien el actor sindica como empleador ha negado esa condición, mientras que quien habría adoptado la medida objetada, es desconocido como empleador por el propio actor. Todo ello, lleva a concluir que las cuestiones a tratar superan largamente el estrecho marco del segundo párrafo del art. 66 L.C.T. en su actual redacción. La celeridad del proceso instaurado solamente tiene sentido cuando la discusión se limita al contenido de la medida patronal, la resistencia del subordinado y la compatibilidad (o no) de la medida con los límites trazados por la primer parte del art. 66. Pero ello no puede predicarse de una situación como la planteada por el demandante: habría que determinar quién es el empleador, si ha existido o no interposición fraudulenta en la persona del dador de trabajo, si corresponde aplicar los arts. 14 o 29 de la L.C.T., cuál es el convenio colectivo que rige la relación y recién, por último, si se ha ejercitado de una manera abusiva el "ius variandi". Por todo ello las cuestiones controvertidas exceden ampliamente la vía procesal intentada, debiendo el actor plantear su pretensión por otra vía.
Fuero de atracción, sucesiones, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: ALVAREZ, Marcela Susana c/ ABDALA, Alberto Clemente y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-08

Cuando se trata de la acción real hipotecaria, es decir, cuando el acreedor tiene que perseguir la cosa frente a terceros, el fuero de atracción del sucesorio no tiene lugar.-
Inhabilidad de título, obras sociales, certificado de deuda
Materia: CIVIL
Carátula: OSPECON C7 CAPARELLI Y CIA. s/ EJECUCION FISCAL (Reg. 13.202)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-27

Del art. 1 inc. f de la Res. 475/90, surge que el certificado de deuda debe hacer expresa referencia al Acta de Inspección que le da origen, y contener como mínimo los datos consignados en el punto I-6 del Anexo I de la Res. 482/90, entre los cuales se encuentra, en el inc. h: "Titular de la habilitación municipal del establecimiento"; i: "Detalle del personal ocupado, en relación del dependencia al momento de realizarse la inspección.

Es el Inspector de la Obra Social el que debe verificar el cumplimiento de tales recaudos, ajustando su actuación al procedimiento fijado en el Anexo I de la mencionada Resolución.

La carencia de tal requisito determina la pérdida de la presunción de validez de su contenido (art. 21 de la ley 23.660), afectando de esta manera al certificado de deuda emitido en virtud de lo dispuesto por el inc. f de la Res. INOS 475/90.

Los certificados librados sin los recaudos esenciales, carecen de un requisito esencial y resultan inhábiles para dar por concluido el procedimiento administrativo, más allá de la resolución recaída en dicha instancia.
Caducidad de instancia, suspensión del proceso judicial, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: R., N.T. c/ G., J. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

La facultad de las partes de suspender de común acuerdo el procedimiento, debe armonizarse con el interés general y, en tal sentido, no puede extenderse indefinidamente frustrando la caducidad de la instancia, por lo que, al menos, encuentra su límite en el plazo para que opere la perención.-
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), habeas corpus, sobreseimiento, extinción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AYALA, MATIAS IVAN c/  s/ HABEAS CORPUS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Atento a que surge del Sistema Informático de la Oficina de Gestión Judicial que en la causa sobre amenazas, amenazas calificadas y tenencia ilegítima de arma de guerra -en la cual se ordenó la detención del imputado cuestionada por el presente hábeas corpus- se ha dispuesto su sobreseimiento por extinción de la acción penal, no corresponde sino declarar que se ha operado en el presente caso, la sustracción de la materia litigiosa, impidiendo a la Corte pronunciarse en otro sentido, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores. - CITAS: CSJN: Fallos 189:245; 248:51; 260:153; 307:188; 308:1498; 311:787; 316:479; 310:937; 311:208; 317:826; 289:238; 301:991; 303:1633; 318:2438.
Daños y perjuicios, deber de vigilancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lerner, Norberto Isidoro c/ Lombardi, Atilio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La explotación comercial de un garage descarta la eximente de fuerza mayor que pueda devenir por el robo a mano armada de los bienes que se encuentran bajo su custodia en el garage, dado que tal circunstancia debe considerarse como un riesgo propio de esa actividad comercial.
Improcedencia del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cesantía, empleo público
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Grinberg, Esther Mirta c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Corresponde rechazar la queja toda vez que la cuestión de la procedencia de la multa fijada por el juez de primera instancia exige el análisis de aspectos de hecho y derecho procesal que resultan, en principio, ajenos a la competencia revisora extraordinaria de este Tribunal, en cuanto no requieren la interpretación de disposición constitucional alguna y, en el caso, no se advierte que la decisión de los jueces de mérito importe una interpretación irracional o arbitraria de los hechos o del derecho procesal aplicable que lleve a descalificarla como acto jurisdiccional válido. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Revocación de sentencia, procedencia del recurso, queja por casación denegada, revocación de la prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: S., R. S. F. p.s.a. de Amenazas con Arma c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2018-06-27

Corresponde hacer lugar al recurso de queja, declarar mal denegado el recurso de casación, revocar la sentencia de la Cámara de Apelaciones y Control, y mantener la libertad del encartado, pues el mecanismo de integración implementado por la Acordada Nº 12 fue especialmente dispuesto teniendo en miras la resolución de los recursos de casación interpuestos por fiscal o el querellante particular, cuando procuraren agravar la situación legal obtenida por el imputado en una sentencia dictada por un tribunal de juicio; la misma facultad recursiva debe reconocérsele entonces al imputado en caso de condena, debe garantizarse a las partes, iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución de la Nación, de la Provincia y en el digesto procesal -art. 19, C.P.P.-, por lo que le asiste razón al quejoso toda vez que si bien la resolución impugnada no es definitiva, es equiparable a tal, restringe la libertad personal del encartado con anterioridad al dictado de la resolución final de la causa y por lo tanto afecta un derecho que exige tutela inmediata.

Fuente del sumario: SAIJ
Actualización monetaria, índices de actualización, depreciación monetaria, crédito laboral, carácter alimentario
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SANTANA LUIS ALBERTO c/ SIEMBRA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-26

Ante la inflación desatada a partir de enero del 2002, para mantener el valor de un crédito laboral en el mercado, se debe actualizar su monto desde ese mes hasta su pago, utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica Total elaborada por el INDEC entre ambos puntos del tiempo, ello dado que el salario es alimentario y la Canasta Básica Total recepta claramente los elementos de la vida de los trabajadores mientras el conocido Indice de Precios al consumidor mira más bien a la sociedad en general.
Daño moral, compensación económica, Telefónica de Argentina, negligencia, amenazas, amenaza telefónica
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: STEBE ALBERTO OSCAR c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-30

El daño moral causado por una negligencia de la demandada merece ser resarcido cuando su gravedad lo justifica. Los testigos confirman los hechos relatados en la demanda que configuran un caso de extrema gravedad. En estas circunstancias particulares, la omisión de la demandada al incluir el teléfono del actor en la guía telefónica fue causa directa del daño moral sufrido por el actor. El dr. Bonifati se pronuncio por el rechazo de la acción.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gonzalez, Carlos Alberto y otros s/ inf. Ley 255 - Apelación Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-19

El significado habitual "firme" es la decisión que no puede ser conmovida por un recurso; mientras que "ejecutoriada" es aquella cuyos efectos no han quedado suspendidos. De ese modo, la decisión puede estar ejecutoriada y no firme cuando está sujeta al resultado de un recurso cuyo efecto es sólo devolutivo. Aplicada esta terminología al caso que nos ocupa resulta que la sentencia definitiva queda firme y ejecutoriada al quedar denegado el último recurso, es decir, el recurso de inconstitucionalidad o el recurso extraordinario, en nuestro análisis.

En cambio, esa denegatoria no está firme, pues pende de la solución que se emita respecto de la queja contra ella articulada. Pero, en tanto la queja no tiene efecto suspensivo del auto denegatorio, esa providencia recurrida, no firme por lo señalado, está, en cambio, ejecutoriada, circunstancia que impone, pendiente la queja, tener por firme la sentencia definitiva, pues ése es el efecto de la denegatoria. La tesis según la cual la sentencia no queda firme hasta que resulta rechazada la queja contra el auto denegatorio viene a desconocer el efecto no suspendido de dicho auto denegatorio que, como dije, es dejar firme la sentencia.
Indemnización, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Malagrida Sandra Gisela c/ Grupo Pacheco S.A. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-12

Conforme el principio de originalidad de la prueba, resulta inaceptable que la atora, en lugar de acompañar la documentación comprobante de su calidad de gestora o mandataria intente acreditar el hecho a partir de la prueba testifical.El mentado principio procesal reputa inadmisible que el medio probatorio idóneo que la naturaleza de los hechos a verificar reclama sea sustituido válidamente por otro. no resulta aceptable que en lugar de traer al juicio la fuente probatoria original e inmediata para acreditar los hechos aseverados, se intente reconstruir los mismos a partir de una vía indirecta -Voto del Dr. Ronconi (mayoría: Dr. Ronconi, con adhesión del Dr. Romero)
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Kusnieryk, Miguel Angel c/ Fesina, Jose Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

Solo la absolución o el sobreseimiento criminal basado en la inexistencia del hecho o en la no autoría del acusado puede ser invocado en sede civil para impedir una condena que aparecería como escandalosa. Pero en aquellos supuestos en que el nexo de causalidad entre la acción del acusado y el resultado dañoso se interrumpió por el obrar de la víctima nada impedirá condenar a aquel -en calidad de responsable civil- siempre que el Juez de este fuero pueda hallar un concurso de responsabilidad entre la persona damnificada y el absuelto criminalmente.
Incompatibilidades del juez, deberes del juez, defensa en juicio, independencia del Poder Judicial, comisiones parlamentarias
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CUNEO LIBARONA y otros, s. proc Causa nro. 13.344 13.344
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dictar la Acordada 84/96, del 26/12/96, en punto a la comparecencia de los Magistrados ante las comisiones parlamentarias sostuvo, entre otras consideraciones que cabe no olvidar, que "los jueces nacionales se encuentran sometidos a un severo régimen de restricciones e incompatibilidades, destinadas a reforzar la independencia del poder que integran y la plenitud del derecho de defensa de los justiciables. El ejercicio específico de su función jurisdiccional le impone el deber de "guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales° y "no evacuar consultas ni dar asesoramiento en los casos de contienda judicial actual o posible".
Contrato de trabajo, ley de empleo, multa laboral, exceso ritual manifiesto
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, EDUARDO DAVID c/ GARCIA, ENRIQUE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22

Si bien el art. 10 de la ley 24.013, a los fines de hacer efectiva la multa en él prevista, impone la comunicación a la AFIP dentro de las 24 hs. hábiles siguientes a la intimación, cabe tener por cumplido dicho requisito si ésta fue realizada dentro del cuarto día hábil. Sostener lo contrario constituiría un excesivo rigorismo formal, toda vez que la intención del legislador de imponer la notificación al organismo recaudador solo puede entenderse en el sentido de garantizar la seriedad de los reclamos.