Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-01-12


--- Trelew, de enero de 2.011.- --- Y VISTOS: La habilitación de la feria dispuesta a fs. 434/vta., la resolución de fs. 352/355vta., el recurso de fs. 361, concedido a fs. 362; y ------------ CONSIDERANDO:

I.- Que la inhibición general de bienes de A. R. A C. S.A. dispuesta a fs. 291vta. fue dejada sin efecto por la revocatoria resuelta a fs. 352/355vta.

Para decidir así, sintéticamente, el juez "a quo" consideró la función y características de las medidas cautelares, distinguiendo el embargo preventivo de la inhibición general de bienes.

Resaltó que para la viabilidad de la última, siendo subsidiaria, es necesario que el embargo no pueda hacerse efectivo, por no existir bienes del presunto deudor o por resultar los existentes insuficientes para cubrir el crédito reclamado, situación que, según expresa el magistrado, no se da en autos. Por ello, en tanto se ha dispuesto el embargo sobre los bienes de los demandados, afirma el juez de grado que resulta contradictorio que en forma conjunta se disponga su inhibición.

Y siendo ésta una medida gravosa, y excepcional por comprometer la capacidad de la persona afectada, revocó su imposición.

II.- Contra esta decisión el actor a fs. 361 dedujo apelación y fundó agravios a fs. 371/376. En lo pertinente, sucintamente, indicó que: a) no encuentra contradicción alguna a la procedencia conjunta de ambas cautelares; b) no se puede desde la interpretación del orden jurídico favorecer la posición del incumplidor; c) la inhibición debe dejarse sin efecto siempre que el deudor presente bienes suficientes a embargo o diese caución suficiente.

Cita doctrina y jurisprudencia para agregar que: d) la utilidad de la inhibición resulta innegable, porque -afirma- si el afectado carece de bienes la medida no le perjudica y si los tiene se apresurará a designar los que fueren suficientes. Concluye que es improcedente el levantamiento de la inhibición aunque los demandados tengan bienes conocidos si no los presentan a embargo.

A fs. 407/413 la contraria contesta el traslado oportunamente ordenado. Expresa, en lo fundamental, que el recurrente no realiza una crítica concreta y razonada de la decisión del juez, se remite a repasar y reiterar los fundamentos que utilizó antes y que el magistrado ya analizó y valoró.

Agrega que, por el contrario, el juez "a quo" advirtió el exceso inicial y el riesgo de causar daños innecesarios, y por ello, afirmando el carácter provisorio de las medidas cautelares, con la incorporación a instancia de su parte de nuevos elementos sobre los perjuicios que provocan las medidas, el juez de grado reexaminó su otorgamiento y decidió la resolución ahora en crisis.

II.- Así planteada la cuestión, habrá de confirmarse la resolución de fs. 352/355vta. en lo que al levantamiento de la inhibición general de la codemandada A. R. A. C. S.A. se refiere. En efecto, la norma procesal local condiciona la admisibilidad y procedencia de la inhibición general de bienes a la posibilidad de decretar un embargo que, no obstante, no puede hacerse efectivo, ya sea porque no se conocen bienes del deudor o por no cubrir éstos el importe del crédito reclamado (doc. Art. 230, C. P. C. C.).

Es, claramente, una institución subsidiaria y excepcional (Conf. CS, 22/03/1990, "Bolo, Ciro Cristóbal y otros", Fallos 313:329; PONCE, Carlos R., en HIGHTON, Elena I. -AREAN, Beatriz A., "Código procesal civil y comercial de la Nación", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2005, T. 4, p. 535).

Y, en tanto excepcional, la inhibición debe interpretarse de manera restrictiva en situaciones como las de autos, donde el embargo ordenado y mantenido oportunamente es suficiente, a los fines asegurativos originarios y en función de la contracautela otorgada (fs. 291, 354vta. y 355vta. pto. II). Más si el quejoso no arrima elementos que demuestren, sumariamente, que no se conocen bienes de los demandados o que los conocidos son insuficientes (Conf. PALACIO, Lino E., "Manual de derecho procesal civil", LexisNexis, Buenos Aires, 2003, p. 788).

Consecuente, esta Sala también tiene dicho que la inhibición general de bienes es, en lo fundamental, una medida precautoria sustitutiva que cabe decretar cuando el derecho que se pretende asegurar no puede salvaguardarse de otro modo, por lo que su viabilidad debe ser apreciada con criterio restrictivo.

Esto así en tanto que la imposibilidad de disponer (vender o gravar) la totalidad de los bienes es la proyección de una incapacidad que afecta a la persona, y como tal constituye una situación de excepción frente a la regla de la capacidad genérica, razón por la que participa de la misma naturaleza excepcional de la incapacidad que provoca, rasgo que también compromete el ámbito de los procedimientos judiciales donde se desarrolla (Conf. SIC. N º 108 de 2008 y N º 21 de 2002, ambas con cita de KIELMANOVICH, Jorge L., "Medidas Cautelares", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 315-316).

--- Por lo demás, se advierte que tal doctrina, que emana del fallo cuestionado, y el análisis que formula el juez "a quo" sobre el embargo decretado oportunamente en autos (fs. 291) no han sido rebatidos por el recurrente con el rigor y la suficiencia necesaria (doc. Art. 268, C. P. C. C.), por lo que subsisten en esta instancia incólumes.

Es que, no debe perderse de vista, el conjunto de normas referidas a las medidas cautelares no puede ser concebido como una mera suma de preceptos. Se trata de un todo homogéneo, cuya unidad e integralidad vienen dados por la necesidad de asegurar la efectividad de los dictados jurisdiccionales en defensa de los derechos del aparente acreedor y cuyos límites radican en la necesidad de evitar innecesarios perjuicios al deudor (esta Sala en la SIC. N º 180 de 2008).

III.- Las costas se impondrán al recurrente perdidoso (Art. 70, C. P. C. C.). En mérito de la extensión e importancia de las labores desarrolladas, el resultado obtenido en el incidente, así como el carácter con que actuaran, corresponde regular los honorarios de los Dres. L. C. B. y M. A. J. en el 0,8% y 0,5,8% respectivamente, de la liquidación final del proceso que oportunamente se realice (arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 13, 32, ley XIII n º 4).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew; RESUELVE:

Confirmar la resolución de fs. 352/355vta. en relación al levantamiento de la inhibición general de bienes respecto de A. R. A. C. S.A. -- Imponer las costas al recurrente perdidoso. Regular los honorarios de los Dres. L. C. B. y M. A. J. en el 0,8% y 0,5,8% respectivamente, de la liquidación final del proceso que oportunamente se realice.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Raúl A. VERGARA Presidente Carlos A. VELÁZQUEZ Marcelo LOPEZ MESA Juez de Feria Juez de Feria Registrada bajo el Nro. 002/2011.- SIC.-