Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-06-24


AUTOS N° 130.195 (09° Juzgado Civil) (N° 11.039-SALA III) "CAMPOS Mariela C/ O.S.E.C.A.C. - Amparo".

///Juan, 24 días de Junio de dos mil doce. VISTO: Para resolver sobre los recursos de apelación concedidos a la demandada a fs.101 y al Dr. Leonardo Marcelo Larrubia, apoderado de la actora, por su propio derecho a fs.93, contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2012, obrante a fs. 81/91.

CONSIDERANDO: La Sra. Juez a-quo resolvió: "I- Rechazar la inconstitucionalidad deducida y en consecuencia, la incompetencia planteada.

II- Hacer lugar a la acción intentada y en consecuencia, ordenar a la O.S.E.C.A.C. que brinde a Micaela Cristina Agüero, el 100% de la cobertura para la adquisición del implante coclear NUCLEUS Freedom con procesador CP 810 y la respectiva operación a llevar a cabo en la Provincia de San Juan, por el médico tratante Dr. Mario Martín. Costas a la vencida.

III- Regúlanse los honorarios del Dr. Leonardo Marcelo Larrubia en la suma de Pesos Dos mil ($ 2.000), por su actuación en carácter doble, como vencedor. Regúlense los honorarios del Dr. Gerardo Fernández Collado, por su actuación en doble carácter, como vencido, en la suma de Pesos Mil cuatrocientos ($1.400).

Protocolícese, déjese copia autorizada y notifíquese".

Contra dicho pronunciamiento apela y funda la demandada a fs. 96/100, el recurso se le concede a fs. 101, la actora contesta los agravios a fs. 104/105. Ambas partes mantienen las reservas para interponer los recursos de la ley 2275 y la ley 48.

El Dr. Leonardo Marcelo Larrubia apoderado de la actora, por su propio derecho apela por bajos los honorarios regulados a su favor, a fs.93 se le concede el recurso en los términos del inc.11 del art.800 del C.P.C.

- -Sin perjuicio de la prolija relación de la causa efectuada por la Sra. Juez a-quo en la sentencia diremos que: La actora beneficiaria titular de la obra social, promueve a fs. 15/18 acción de amparo a fin de que la demandada O.S.E.C.A.C., provea la cobertura a su hija Micaela Cristina Agüero DNI Nº 34.749.831, también afiliada a la misma; de un implante coclear modelo Nucleus Freedom con procesador CP 810 y de la respectiva operación, por el médico tratante Dr. Mario Martín.- -La hija de la actora, por quien promueve este amparo, padece una hipoacusia nuerosensorial bilateral, a consecuencia de lo cual se le ha extendido el correspondiente certificado de discapacidad N° 00085909-9 Ley N° 24.901 (ver fs.11).

El profesional, supra indicado, que la trata en San Juan (fs.02), le indicó el implante coclear marca Cochlear modelo Nucleus Freedom con procesador CP 819 con un costo de Dólares Estadounidense: Veinticinco mil novecientos (U$S 25.900) (fs.04/05). El costo de la operación es de pesos:

Nueve mil quinientos ($ 9.500), excluido el médico anestesiólogo y la calibración post operatoria, cuyo valor es de Pesos: Mil doscientos ($ 1.200) ( fs.03). - Solicitó la cobertura a la Obra Social, sin obtener respuesta satisfactoria. Por el contrario, se le ofreció un turno en la Clínica Curet de la Provincia de Córdoba, lo que rechazó e intimó a prestar la cobertura en la forma pedida, sin que la carta fuera contestada, por lo que promueve esta acción. - - -Funda su pretensión en las disposiciones de la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Las obras sociales tienen a su cargo la cobertura total y obligatoria de las prestaciones enunciadas en la ley.

Acreditada la condición de discapacitado, los beneficiarios deben recibir las prestaciones que indiquen los profesionales médicos. -Agrega la actora que trabaja en un comercio de la ciudad de Caucete. Tiene a su cargo a su hija discapacitada, es sola y tendría dificultades para trasladarse fuera de la provincia.

Además, cualquier problema con el implante que requiriese urgente atención, no podría realizarse, por las dificultades para su desplazamiento fuera de la Provincia.

Se ve afectado no sólo el derecho a la salud de su hija sino también el de propiedad, ya que se le descuenta para la obra social O.S.E.C.A.C., sin que ésta le preste la cobertura. - - - -La conducta de la demandada importa un acto arbitrario e ilegítimo en forma manifiesta.

Viola garantías constitucionales y causa un perjuicio irreparable, por rehabilitación auditiva que necesita su hija , siendo el implante indispensable para el normal desempeño de la misma. Su falta de cobertura pone en real, efectivo e inminente peligro, el pleno ejercicio del derecho a la salud, calidad de vida, educación y derechos de los discapacitados.- -Expresa además, que se cumplen los requisitos para la admisibilidad de esta acción y la inexistencia de otro remedio judicial más idóneo para el resguardo de sus derechos constitucionales lesionados, en este caso puntual: el derecho a la salud.- - Pide en definitiva se admita esta acción de amparo a fin de que la demandada OSECAC, proceda a dar la cobertura solicitada.- Ofrece prueba documental que acompaña y consta agregada en copia de fs-02/14. Funda en derecho su pretensión y formula reserva de los recursos de la ley 2275 y del Caso Federal de la Ley 48.- Ordenada la tramitación de la causa a fs. 21 toma intervención la Asesora Letrada de Menores en turno y a fs. 23/39, el Defensor del Pueblo, según las prescripciones del art. 1° de la ley 5765, modificada por la ley N° 5781 y del art.150 inc.21 de la Constitución Provincial y se pronuncia a favor de la admisión del amparo.- - A fs. 41/53, comparece la demandada y contesta el informe requerido conforme al art. 574 del C.P.C. Plantea excepción de incompetencia, la inconstitucionalidad del art. 581 del C.P.C. y contesta el informe requerido.

-Niega la competencia de la Justicia Provincial, que Micaela Cristina Agüero sea hija de la actora, que necesite el implante y que la demandada esté obligada a prestarle la asistencia. Además, que el médico propuesto sea prestador de la misma.

Afirma que la actora rechazó su propuesta de tratar la dolencia de la menor, con prestadores propios en Córdoba (Curet) y Buenos Aires; con gastos pagos. Considera que debió efectuar el reclamo por vía administrativa.

Niega la procedencia del amparo ya que no hay arbitrariedad, ni ilegalidad manifesta. Actuó conforme a la legislación pertinente (Leyes 23.660 y 23.661; Decretos 486/2002 y 2724/2002 y la Resolución 201/2002 del Ministerio de Salud) y no está acreditada la urgencia. Ofrece como prueba la documental de fs. 42 y formula reserva para interponer los recursos de la ley 2275 y Nacional 48.

-A fs. 62, la Sra. Juez a-quo ordena prueba pericial médica, la que se rinde a fs.70/71. Impugnada a fs. 73/74, la que fue contestada a fs.78.

-Agravios de la demandada: los que subsumiremos de la siguiente forma: I) La accionada considera que el fallo apelado excede lo establecido por el " Programa Médico Obligatorio" ( PMO), que es catálogo, índice o repertorio de prestaciones conforme al cual los beneficiarios tienen derecho a recibirlas y las obras sociales la obligación de prestarlas.

Por ello no está obligada a solventar el implante y la práctica a realizar por un médico, no prestador. Por lo que la acción no es procedente, ya que ha cumplido con la legislación vigente a la que aludió al contestar el informe. La práctica descripta y requerida por la actora, puede ser cumplida por O.S.E.C.A.C. con otra aparatología, con prestadores propios y técnicas diferentes, pero que cumplen con su obligación.

Además, es incierto el gasto que deberá afrontar la Obra Social, violentando así el principio de igualdad y solidaridad de sus afiliados. -Insiste la apelante en su planteo en cuanto a la falta de los requisitos para la procedencia de la acción.

No hay arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, tampoco acción, lesión o amenaza en forma actual e inminente de los derechos constitucionales, ni la urgencia que amerita el amparo. Por lo que pide el rechazo de la acción. II) También se agravia de la imposición de costas y mantiene las reservas para interponer los recursos de la ley 2275 y Nacional 48.

III) Para el caso de confirmación del fallo pide se libere a la accionada, de una eventual acción por daños que la aparatología y médicos extraños a O.S.E.C.A.C., pudieren causar a la paciente. - - -IV) Hace reserva para repetir ante quien corresponda, toda suma de dinero que en forma arbitraria tenga que soportar.

- -Previo a todo, corresponde analizar de acuerdo a los agravios propuestos, si el amparo promovido por la actora era procedente.

-Tiene dicho este Tribunal (Ver Prot. de Sent. Tº II-Fº 314/345- Año 2003-PROT. DE SENT. Tº III-Fº 558/567 01-11-2005- PROT. DE SENT.T° II -F° 489/498- 2006, entre otros) que: "Conforme a lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional:

El amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantía reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. (Art. 40 de la Constitución de la Provincia). - La Reforma del año 1994, incorporó el Amparo a la Constitución Nacional en el art. 43 y con ello, algunas modificaciones en su regulación legal.

Al respecto la norma expresa que toda persona puede interponer la acción expedita y rápida del Amparo, siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. Es decir que sólo se exige como requisito para la procedencia del Amparo la inexistencias de otras vías judiciales aptas para la solución del caso.- - -El amparo es una garantía de raíz constitucional que tiene por objeto proteger los derechos reconocidos por la Constitución y su ejercicio contra toda limitación, restricción o amenaza arbitraria o contraria a la ley, generada por la actividad de órganos estatales o por particulares.

Para Osvaldo Alfredo Gozaíni: ".... .el nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional significa un cambio fundamental en el tratamiento del tradicional proceso de amparo. Ha dejado de ser una figura procesal para constituirse en un "derecho" o "garantía" específico, cuya principal concreción es instalar el derecho al amparo.- Por ello, el amparo no es una vía subsidiaria o indirecta, sino la garantía por antonomasia; la única herramienta disponible para actuar los derechos fundamentales de inmediato.

El obrar como derecho modifica el emplazamiento del proceso tradicional, pues además de reconocer en la letra expresa del texto fundamental ese cambio trascendente, requiere que la garantía se consolide en un proceso "rápido y expedito".- (Derecho Procesal Constitucional-AMPARO- Doctrina y Jurisprudencia -pág. 250 y siguientes.- Rubizal - Culzoni- Editores. Año 2002).

La acción de amparo está contemplada en el art. 40 de la Constitución de la Provincia de San Juan, donde se establecen los derechos y requisitos para su viabilidad y que tiende a la reparación de la lesión en defensa de los derechos constitucionales. - De acuerdo a dicha norma: "Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, órgano o agentes públicos, de grupo organizado de personas y de particulares que, en forma actual o inminente, lesione o restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho individual o colectivo o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley o no resultare eficaz hacerlo". Sólo así procede la vía excepcional de la acción de amparo. - -Conforme lo tiene dicho en forma reiterada este Tribunal tres son los requisitos para la procedencia de la acción de amparo: I) Violación o amenaza de un derecho reconocido por la Constitución Nacional o Provincial. II) Ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto lesivo.

III)- Inexistencia de otro remedio judicial idóneo para la tutela del derecho o posibilidad de proferir un daño grave o irreparable, remitiendo la cuestión a la vía ordinaria. (ver Protocolo de Sentencia Tº IV-Fº 599/609-año 2001; entre otros).

-El acto lesivo es el objeto del amparo.- La acción resulta admisible contra todo acto de autoridad pública y de particulares, que provoquen o amenacen, en forma positiva o por omisión, la realización de algún derecho fundamental.

La lesión significa un término genérico que abarca las derivaciones siguientes que corresponden a la alteración o la restricción. Según Gozaíni (obra citada pág. 283): "Lesionar supone ocasionar un daño específico; mientras que la alteración se vincula con cambios o transformaciones generadas en el derecho fundamental, y restricción quiere decir, reducir, disminuir, impedir o limitar el ejercicio de la garantía consagrada".

-La lesión puede producirse, como ya lo expresáramos, en forma positiva o por omisión. Según el autor citado (pág. 271): "La omisión se refiere a la falta de acciones tendientes a cumplir una obligación constitucional de expedirse, o a la inejecución de una o varias personas de conductas intrínsecamente agresivas hacia los derechos".

El amparo funciona cuando una persona pública o privada debe ejecutar un acto concreto y no lo hace a su entera discreción. La vía, en este supuesto, pretende lograr que la sentencia judicial ordene la ejecución del acto omitido.- La otra cara del acto lesivo es la amenaza. La amenaza tipifica, según Sagües (Derecho Procesal Constitucional-Acción de Amparo- Tº 3 pág. 113- 4º Ed. -Astrea). Actos cuya comisión se verificará en un futuro inmediato y que, por ende, pueden interesar al Amparo.

"En resumen, el amparo actúa en principio ante la transgresión de un derecho constitucional; pero también, en circunstancias excepcionales, cuando hubiera contra tal derecho "una amenaza ilegal de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente". Procede, entonces, contra toda lesión, cuando ello resulta de indudable cometido. - Agrega Sagües: "Por supuesto, la demostración de la potencialidad de la configuración de una lesión debe exigirse en términos de razonabilidad y sentido común, y no con un rigorismo rituario que teñiría de arbitrariedad el pronunciamiento judicial". (pág. 114). - La norma constitucional exige que el daño debe ser actual, esto es que exista al tiempo de iniciarse la acción, como cuando se pronuncie la sentencia. Esto en razón de que el amparo lo que tiende es al restablecimiento de la legalidad de las conductas y el ejercicio de los derechos.

- -También, según lo expuesto precedentemente, el perjuicio puede ser inminente, esto supone proximidad, cercanía o inmediatez con la producción del acto lesivo.

También para Gozaíni (obra citada pág. 280) este recaudo debe ser apreciado con la misma amplitud que han de tener todos los presupuestos de admisibilidad del amparo, actuando más con sentido común que con rigorismo técnico.

- -El art. 43 de la Constitución Nacional reitera como presupuestos de la acción de amparo la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del acto. Tal como lo expresa Sagües (Obra citada pág. 117) al emplear la disyuntiva "o", no es necesario que la conducta impugnada sea, simultáneamente, ilegal y arbitraria.

Es suficiente, entonces, la existencia de uno sólo de estos motivos. Tal tesis ha tenido convalidación jurisprudencial.

-Tanto para Sagües como para Gozaíni, a quienes seguimos en el tratamiento del tema, ninguno de estos conceptos es sinónimo y su aplicación ha dado lugar a interpretaciones contradictorias por lo que es preciso aclarar su significado.

Algo es legal cuando está de acuerdo con la ley. Lo legal, por tanto, se confunde con lo "lícito", y viceversa, lo ilegal es lo ilícito. Ilegalidad supone algo que es contrario a la ley y, por tanto, ilícito.

-Para ser ilícito un acto o hecho jurídico requiere actividad y concreción; pero también puede surgir de la amenaza o ante la inminencia comprobada que manifiesta su posibilidad de agresión. (Gozaíni pág. 283).

La ilegalidad puede ser manifiesta, es decir evidente, absolutamente clara, o bien ser producto de una interpretación equívoca, irracional, casos en los cuales asume la forma de arbitrariedad. - - Según Sagües: "Para muchos la legalidad coincide con la legitimidad; es ilegítimo "lo que no es conforme a las leyes". En su criterio la legitimidad es un concepto más amplio que la legalidad. Un acto legítimo es un acto justo.

La doctrina argentina especializada en Amparo ha reconocido que la legitimidad es una idea más elástica que la simple legalidad y que se vincula con los conceptos de equidad y derecho natural" (Bidart Campos -Régimen Legal-pág. 249; Lazzarini- El Juicio de Amparo-pág. 162).

- -Un acto lesivo puede surgir de conductas ajustadas a derecho que siendo legales, son ilegítimas, por no estar respaldadas por la razonabilidad y criterio de justicia que todo acto constitucional implica.

- -Para Gozaíni el vocablo "ilegitimidad": "se utiliza para calificar los actos susceptibles de ser atacados por esta vía, siendo esta voz de una significación más amplia que al de ilegalidad, en tanto no apunta a la conformidad del acto con la ley material sino que señala la justificación del acto, en definitiva la "justicia" del acto, concepto que está cubierto en la letra del texto constitucional -tanto nacional como provincial- con la arbitrariedad."- - Arbitrariedad, alude no sólo a actos en contra de la ley, sino también contra el derecho fundamental que está ínsito en los principios constitucionales sobre garantías individuales, en la declaración de derechos humanos, en las reglas de lógica jurídica aplicables a esos derechos fundamentales.

Así para Bielsa, la arbitrariedad concluye en el sentido de falta de justicia, es decir que, conducta arbitraria, es conducta injusta, aunque no sea ilegal (Acción de Amparo, págs. 203, 234, 259).

"La arbitrariedad, en definitiva, se hace presente en aquellos actos que, aunque legales, carecen de justicia, por ser "contrarios al derecho fundamental que está ínsito en los principios constitucionales sobre garantías individuales, en la declaración de los derechos humanos y en las reglas de la lógica jurídica aplicables a los derechos fundamentales" (La Ley 1998-B-331).

Otro de los presupuestos exigidos para la procedencia del amparo es la no existencia de "otro medio judicial más idóneo".

La Dra. María Angélica Gelli en su trabajo:

"La Silueta del Amparo después de la Reforma de la Constitución", La Ley 1995-E-Sec. Doc., pág. 878/887), expresa que: "La reforma constitucional de 1994 elevó la acción de amparo al mismo nivel de los derechos que pretende proteger. La jerarquía constitucional otorgada a la tutela fue acompañada de modificaciones sustantivas a los límites fijados por la legislación anterior".

La autora citada, en relación a la naturaleza de la garantía contenida en el art. 43 de la Constitución Nacional, en su trabajo manifiesta que: "La acción expedita y rápida del amparo, está condicionada a que no exista otro remedio judicial más idóneo. ..." en la medida en que el orden jurídico no provea el remedio eficiente y pronto, la vía del amparo resulta admisible." - En definitiva expresa que: "A partir de la norma constitucional, iluminada por los antecedentes registrados en los debates, puede concluirse en que:

a) La admisibilidad del Amparo no exige la existencia ni agotamiento de las vías administrativas. b) La existencia de medios judiciales descarta, en principio, la Acción de Amparo. c) El principio cedería cuando la existencia y el empleo de los remedios judiciales impliquen demoras o ineficiencias que neutralicen la garantía. La valoración de la existencia o no de otras vías procesales idóneas es facultad del Juez que debe merituarla en cada caso concreto".( La Ley-1995- E- Sec. Doctrina pág. 978/982).

Humberto Quiroga Lavié (El amparo, el habeas data y el habeas corpus en la reforma de la Constitución Nacional-; en "La reforma de la Constitución"- Edición Rubinzal-Culzoni- Santa Fé 1994) sostiene que, "Cuando la Constitución dice que la acción de amparo es expedita y rápida ....siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, no quiere decir que la idoneidad del proceso judicial pueda ser más lento, como lo es en nuestra jurisdicción ordinaria, sino más rápido aún que el trámite legal de la acción de amparo.- (pág.115).- - -A criterio del Tribunal, la cuestión traída es indudablemente un caso de amparo, por cuanto están en juego la salud y la vida de la amparista.

En particular, el derecho a la salud que tiene rango Constitucional (nuevo art. 42 de la Const. Nacional de 1994) como así también los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales incorporados a la misma (art. 75 inc. 22), entre otros: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 11); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12 apart. 1º), Convención sobre los Derechos del Niño".etc. La Constitución de la Provincia en su art. 15 establece que son derechos inviolables de la persona: La vida, la integridad moral, física, psicológica y socio-cultural.

A su vez en el art. 61, la Constitución Provincial consagra el derecho a la salud, entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica y cultural en relación con su medio social. También la misma norma establece que la Sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir con realización de medidas concretas, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables a garantizar el derecho de salud (Prot. de Sent.Tº I- Fº 94/ 107- año 2004).- - Como ya lo expresáramos es arbitraria toda conducta injusta, aunque sea legal. La ilegitimidad se vincula con los conceptos de equidad y derecho natural. En la medida que la arbitrariedad se identifica con irrazonabilidad e ilegitimidad (esto es injusticia), la Acción de Amparo es procedente.

Además, no existe una vía más rápida y expedita que la del amparo, siendo improcedente la pretensión de la demandada, de que debió seguir la vía administrativa. Sus propias afirmaciones, en cuanto al rechazo del reclamo y su ofrecimiento de la aplicación de técnicas diferentes y otra aparatología (cuya descripción, eficacia y aplicación médica al caso de autos no especifica ni justifica); con prestadores propios, fuera de la provincia, justifican la procedencia de la acción.

En este caso se trata de Micaela Cristina Agüero D.N.I. 38.749.831, afiliada a O.S.E.C.A.C., quien padece: "Hipoacusia neurosensorial, bilateral profunda", según certificado de discapacidad de fs.11, documentación de fs. 42 aportada por la propia demandada y peritaje médico de fs. 70/71, además de la documentación agregada a fs. 02/10. - -Es decir que la propia accionada reconoce la discapacidad, la condición de afiliada y la necesidad del tratamiento. Lo que objeta es la forma, quién debe practicarla y el lugar de atención.

Tal como lo expresa con sólidos fundamentos la Sra. Juez a-quo, no desvirtuados por la apelante, la Ley 24.901 establece un sistema de atención a favor de las personas con discapacidades, a fin de que cuentan con cobertura integral.

Tal como se indica en el fallo apelado, en el art.2° se estable que, las obras sociales, comprendidas en el art.1° de la ley 23.660; tienen la obligación de prestarles a sus afiliados, la cobertura total de las prestaciones básicas indicadas en la ley de discapacidad.

Entre ellas, las que contempla el art.15 referido a la rehabilitación y el art.27 inc.b) que se refiere a la provisión de prótesis, ayudas técnicas y/o aparatos ortopédicos.

Debidamente analizados los servicios en la sentencia en la que también, se hace referencia a la ley N° 25.415, que prevé el Programa Nacional de Detección temprana y atención de la hipoacusia. - - -Al respecto el fallo expresa: "El art. 3° dispone que: "las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica (sic.)". - - - -Está en vigencia la Ley 23.661/89, por la que se crea el Sistema Nacional de Seguros de Salud, que prevé el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes, entre otros, a la protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad posible, y garanticen a los beneficiarios la obtención de un mismo tipo de nivel de prestaciones, eliminando toda discriminación sobre la base de un criterio de justicia.

El Programa Médico Obligatorio, contempla perfectamente el caso y, si bien la accionada aduce que ofrece otras alternativas terapéuticas con sus propios prestadores, insistimos no hay constancia alguna en la causa que avalen sus efectividad, en cuanto a la discapacidad descripta.

Por lo que, no puede negarse a la prestación, afirmando que actuó conforme a la legislación pertinente (Leyes 23.660 y 23.661; Decretos 486/2002 y 2724/2002 y la Resolución 201/2002 del Ministerio de Salud).

-Precisamente esta última resolución, que rige para todas las obras sociales comprendidas en las leyes 23.360 y 23.361, si bien establece la cobertura básica que deben brindar los agentes de salud también, estos deben cumplir con la leyes N° 24.901 de Discapacidad y la ley 25.415, referida a los problemas de Hipoacusia.

En tal sentido dispone la cobertura del 100% de las prótesis e implantes de colocación interna permanente, establece el monto máximo y su origen. - -Es decir que la denegatoria de la demandada es arbitraria e ilegítima, de acuerdo a las normas legales, los preceptos constitucionales y tratados internacionales precitados. - - -La demandada no ofreció atención médica a la menor en la provincia. No justificó tampoco que el desplazamiento a otros centros especializados, ni justificó que cubriera todos los gastos de traslado y estadía fuera de San Juan; ni que la actora tuviera garantizada sus permisos y/o empleo para ello.

Por lo que el fallo, admitiendo el pedido de la actora de que el implante y operación respectiva se realice en la provincia, resultan atendibles y sentido común. - -Conforme a los fundamentos expuestos , este tribunal considera que la actora estaba legitimada para promover la acción de amparo por el derecho que le asiste a que se le reconozca, a su hija discapacitada, la cobertura del 100% para la adquisición del implante coclear NUCLEUS Freedom con procesador CP 810 y la respectiva operación a realizarse en la Provincia de San Juan, por el médico tratante Dr. Mario Martín. -No existen otras vías más rápidas y expeditivas y está justificado el peligro en la demora, con la propia incapacidad de la menor y la necesidad de proteger sus derechos constitucionales y legales afectados. - -Por lo que corresponde el rechazo de los agravios de la demandada en cuanto a la precedencia de la acción y a la imposición de costas. Lo referido a su responsabilidad futura y reservas para el reclamo de los gastos, es una cuestión ajena a la materia del recurso y de esta acción de amparo. Todo con costas a su cargo (arts.66,67 y conc. del C.P.C.). - - Respecto del recurso concedido al Dr. Leonardo Marcelo Larrubia a fs. 93, en cuanto a los honorarios regulados a su favor, por su actuación en doble carácter y como vencedor; teniendo en cuenta el mérito y eficacia de la labor cumplida y lo dispuesto por el art.188 y conc. de la ley 2150, la regulación es baja.

En su lugar se le regula la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000), a la fecha de la sentencia apelada. -Los honorarios de la alzada conforme art.196 de la ley 2150 se fijan para el Dr. Leonardo Marcelo Larrubia, en la suma de pesos: Novecientos ($ 900) y los del Dr. Gerardo Fernández Collado, en la suma de pesos: Cuatrocientos veinte ($ 420), a la fecha de los de primera instancia. - - -Por todo ello, normas legales, doctrina y jurisprudencia citada, SE RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación concedido a la demandada a fs.101 contra la sentencia de fecha 27 de abril de 2012, obrante a fs.81/91, la que se confirma. Todo con costas a su cargo.

II) Admitir el recurso concedido a 93 al Dr. Leonardo Marcelo Larrubia contra los honorarios regulados a su favor por su actuación en carácter doble, como vencedor, los que se modifican. En su lugar se le regula la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000), a la fecha de la sentencia apelada.

Los honorarios de la alzada se fijan para el Dr. Leonardo Marcelo Larrubia, en la suma de pesos: Novecientos ($ 900) y los del Dr. Gerardo Fernández Collado, en la suma de pesos: Cuatrocientos veinte ($420), a la fecha de los de primera instancia. - - -Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.- FDO:DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, MOISES MOYA, DR. HUMBERTO CABALLERO . ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI- SECRETARIA- PROT. DE SENT. T° II-F° 238/246 -24/06/2012-