Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-02-23


FERRANDO, Guillermo Daniel y FORCHETTI, Alicia Gladys contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 205 p 99-113.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintitres días del mes de febrero del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FERRANDO, Guillermo Daniel y FORCHETTI, Alicia Gladys contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 725 del año 1995), de conformidad con el acuerdo celebrado el día dieciseis del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Guillermo Daniel Ferrando y Alicia Gladys Forchetti promueven recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Administración Provincial de Vialidad y/o el Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe, tendente a obtener la anulación del decreto 2840 de fecha 27.10.1995 por el cual se rechaza el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 493/95 denegatoria de los derechos cuyo reconocimiento y pago solicitan, dictada por la Administración Provincial de Vialidad, y se acoja, como consecuencia, íntegramente el reclamo interpuesto oportunamente ante dicho organismo.

En su escrito de demanda expresan que el 10.6.1994 interpusieron reclamo administrativo previo ante el Delegado Interventor de la D.P.V. en el cual solicitaron el pago "de las diferencias salariales que para cada uno de los reclamantes surge por acuerdo paritario de fecha 13 de octubre de 1993 en vigencia desde el 1 de junio de 1993, que ratifica que el salario Clase I es de $206,94 y su aplicación a las escalas previstas en el art. 15 de la ley 9217 con más intereses desde la fecha en que los mismos debieron hacerse efectivos".

Seguidamente, fundamentan lo expuesto en el marco jurídico vigente en materia salarial para el personal de Vialidad Nacional, el que analizan de la siguiente manera: a) La ley 20.320: Estatuto y Escalafón del personal vial en todo el país, que requiere para su aplicación en el ámbito de las provincias, de la adhesión de éstas. La Provincia de Santa Fe lo hizo a través de la ley 9217, la que deroga el régimen anterior de la ley 8203.

b) La Provincia de Santa Fe, en ejercicio de su atribución de regular la relación de empleo público sin ingerencia del gobierno central, lo hace, en el caso, a través de la ley 9217 del siguiente modo: delegando en la Comisión Paritaria Nacional creada por la ley 20.320 (art. 51) la facultad específica de fijar las remuneraciones del sector (arts. 14, 15 y 16); creando la Comisión Paritaria Provincial con atribuciones que no inciden en el caso porque no tiene facultades decisorias; las representaciones patronal y laboral suscriben a su vez el Convenio Colectivo de Trabajo 55/89 que aún está subsistente (por ley 14.250, art. 5).

Es decir, agregan, que la ley 9217 delega en la Comisión Paritaria Nacional el dictado de normas generales de aplicación en materia salarial (art. 55) y concretas para establecer las remuneraciones en cada período (arts. 14 a 16), lo que debe ser ejercido con estricto respeto de los límites impuestos por el acto de delegación. Dichos límites son: que el artículo 16 dispone que las remuneraciones a establecer por la Paritaria Nacional consistirán sólo en el valor del número índice 1,000 (salario mínimo), que corresponde en el Escalafón a la Clase I; que las siguientes 19 clases son un porcentaje que fija el artículo 15 con relación a la primera; que el salario mínimo que fije la Paritaria Nacional no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil que fije el Gobierno nacional; y que es sólo la de alcance nacional.

Prosiguen diciendo que el C.C.T. 55/89 agrega una norma imperativa (art. 18, 3 párrafo) que tiende a suplir la eventual omisión de la Paritaria en el mandato establecido, la cual dispone que para el caso que las partes no acuerden el salario en el plazo de diez días que se fija precedentemente, se aplicará desde la fecha de su vigencia el nuevo salario mínimo, vital y móvil establecido.

A continuación, luego de referir que la Comisión Paritaria Nacional se excedió en los límites de la delegación en el corriente año, la parte actora analiza los Acuerdos Paritarios siguientes: a) El Acuerdo Paritario del 17.10.1991 se dice enmarcado en el decreto 1334/91, y determina: el salario Clase I en distintos importes de agosto 1991 a enero 1992 (éste último de $120), respetando las escalas del Escalafón y los porcentajes se tomaron de lo establecido para la Clase I.

Se respeta la situación de la Provincia de Chubut que toma el salario Clase VI (1,669 de la Clase I) y paga a las clases inferiores este mismo salario, y se determina un procedimiento idéntico en el Anexo I de la Paritaria Nacional, aun cuando no se especifica en el Acta que luego de conformar las escalas de la ley 20.320 se incrementan los salarios de las Clases I a VI.

En la Provincia de Santa Fe la Comisión Paritaria Provincial ratifica la decisión nacional pero acuerda, además, que en la Provincia los trabajadores de Clase I a V percibirán el salario de Clase VI (en ese momento el salario mínimo, vital y móvil era de $97), propuesta que es homologada por resolución 1696/91 del Administrador General de la D.P.V.

En este caso, razonan lo actores, se respetaron los dos principios: el salario lo fija la Comisión Paritaria Nacional exclusivamente en la Clase I, y de allí corresponden los porcentajes legales; y la Provincia puede establecer otras pautas superiores de remuneración más allá de la acordada por la Paritaria Nacional, o que si las estableció por Anexo I la Paritaria nacional, ello requería al menos una decisión expresa a nivel local.

b) La Comisión Paritaria Nacional en 1993, Acuerdo del 4.5.1993, tal vez conociendo la experiencia de Chubut y Santa Fe -continúan exponiendo-, entendió prudente establecer dos niveles para implementar la política salariales: nivel A) 'de actividad', que refiere al piso para todo el país; y nivel B) 'por provincias', que establece que se negociarán únicamente condiciones salariales por encima del acuerdo en el ámbito nacional (es decir, del nivel A). En ambos casos se ratifica la exclusividad de la determinación salarial como competencia de la Comisión Paritaria Nacional y la necesidad de homologación por las autoridades de aplicación.

c) El Acuerdo del 18.5.1993 establece un aumento del 1,5% sobre el Acuerdo del 17.10.1991 determinándose las escalas con un criterio diferente al de la ley, pues al fijar la Clase I en $206,94 no se respeta en las restantes los porcentajes del escalafón.

d) En 13.10.1993 (siendo el salario mínimo, vital y móvil de $200), la Paritaria Nacional aclara que el incremento establecido en el Acuerdo anterior del 1,5% rige desde el 1.6.1993 hasta que un nuevo Acuerdo Paritario lo modifique, y concluye que el salario Clase I es de $206,94, por lo que, al mantenerse la escala del Acuerdo anterior, se viola el porcentual del artículo 15.

A partir de ahí, refieren los actores, se suceden diferentes reclamos solicitando la aplicación en el ámbito de la provincia e incluso de la Nación, del nuevo salario mínimo, vital y móvil establecido por resolución 2/93.

A ello, indican, el Fiscal de Estado expresó en su dictamen 1228/93 que no podía acceder a lo pedido porque era facultad de la Paritaria determinarlo, y refirió que la ley 24.013 prohíbe expresamente tomar el referido salario como base o índice para la fijación cuantitativa de ningún instituto legal o convencional (lo que, por otra parte -agregan- coincide con lo expuesto por el Presidente del Consejo Nacional de Empleo).

Luego de ello, los actores concluyen que la Comisión Paritaria Nacional se excedió en el ejercicio de las facultades delegadas por la Provincia, ya que, regular todo lo relativo a la relación de derecho público en su ámbito territorial hace a la autonomía de éstas (arts. 104 a 106, 5, y 55, incs. 8 y 23, C.P.), y la interpretación del contenido de la delegación debe ser restrictiva. La delegación legislativa, agregan, limita el desempeño del órgano delegado.

Por tanto, sostienen que lo acordado en la reunión paritaria del 4.5.1993 en el sentido de facultar a la Comisión Paritaria Nacional para fijar las remuneraciones del nivel B en el ámbito de la Provincia, excede el marco de la delegación y resulta por tanto inválido.

En este sentido, entienden que lo único que la Comisión Paritaria Nacional podía hacer, era fijar el salario Clase I, y lo efectuó en una suma superior al salario mínimo, vital y móvil ($206,94), por lo que la Provincia debe reconocerlo y aplicar los porcentuales del escalafón del artículo 15, lo que no podía ser modificado por aquélla.

Afirman que la obligación salarial de la Provincia se encuentra incumplida, por cuanto tal como lo expusieron en el reclamo administrativo, solicitan el reconocimiento y pago de las diferencias salariales que van desde el 1.6.1993 hasta la actualidad y hacia el futuro, dado que ellas inciden en los adicionales, bonificaciones y demás elementos integrativos de la remuneración, debiendo ser contemplados estos aspectos en la liquidación, y disponiéndose el interés que corresponda por la mora en el pago.

El objeto del mismo, manifiestan, consistió en requerir al señor Interventor el cumplimiento de la norma jurídica vigente que se integra con la determinación de la Clase I y por la aplicación del escalafón del artículo 15 a las diferentes escalas.

Relatan el trámite administrativo seguido ante la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia, el que, comenzando por el reclamo administrativo recién aludido, se desarrolla de la siguiente manera: El Fiscal de Estado -señalan-, dictamina el rechazo del reclamo por entender que la Provincia delegó en la Paritaria Nacional también la facultad de revisar y reajustar las remuneraciones del sector (art. 14, 1 párr, ley 20.320), y además, porque la misma actuó con la representación sindical y control posterior de la Paritaria Provincial.

Con estas argumentaciones, añaden, el Sub Administrador de la D.P.V. rechazó el reclamo mediante resolución 1020 del 20.8.1995, contra la cual interpusieron recurso de reconsideración y apelación en subsidio.

Luego de varios dictámenes de Fiscalía y Asesoría Letrada, dicen, se rechaza la reconsideración (por resolución 493 del 22.3.1995) y se concede la apelación, en la que expresan los siguientes agravios: 1 ) realizan una interpretación del articulado de la ley, concluyendo en la imposibilidad de la Comisión Paritaria Nacional de modificar el escalafón del artículo 15 (por delegación sólo debió fijar el salario mínimo Clase I, índice 1,000, no pudiendo ser inferior al salario mínimo, vital y móvil y respetando el escalafón; 2 ) explican que la Provincia tiene facultades para desconocer lo decidido por la Paritaria Nacional en cuanto exceda el marco de la delegación que ésta le efectuó por ley 9217, tal como ocurrió en 1991; y 3 ) interpretan las Actas Paritarias del 18.5.1993 y del 13.10.1993 reiterando lo antes expuesto.

A ello agregan una crítica a los dictámenes emanados de Fiscalía y Asesoría Letrada porque los entienden contradictorios, ya que sostienen que, mientras el primero se basó en la posibilidad de que la Comisión Paritaria Nacional fije escalas que incluso desconozcan la del artículo 15, el segundo se sustentó en que lo que se fijó fue el salario Clase I en $121,80, sin vulnerar el tope mínimo del artículo 16 porque como se equiparan las Clases I a V con la VI se supera el inconveniente.

Para ese supuesto, y subsidiariamente, plantean la violación del artículo 16 de la ley 20.320 ya que el salario mínimo, vital y móvil a ese momento era de $200, y a partir de ahí debería aplicarse la escala del artículo 15.

También los entienden erróneos en cuanto no interpretan correctamente la normativa vigente. En ese sentido puntualizan que la prohibición del artículo 141 de la ley 24.013 no rige en la Provincia porque la ley 10.857 por la que adhiere a ella lo excluye expresamente (al capítulo VII). Situación similar ocurre con la ley 23.697, a la que la Provincia adhiere en los términos de la ley 10.798 (art. 1: "...sólo en la parte pertinente").

Finalmente, mencionan que por decreto 2840 de fecha 24.10.1995 (notif. el 2.11.1995), el Gobernador de la Provincia rechazó el recurso de apelación poniendo fin a la instancia administrativa. Ya en esta sede, afirman que tienen derecho al salario que corresponde a su ubicación en el escalafón del artículo 15 y que las decisiones recurridas no lo respetan pues éste se obtiene a partir del salario Clase I de $206,94.

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso interpuesto (f. 39), comparece la Provincia (f. 46) y contesta la demanda (fs. 50/68 vto.).

En el escrito de responde efectúa una pormenorizada negativa de todos y cada uno de los extremos en que la demanda se respalda.

Afirma que la controversia que se plantea en autos parte de los alcances de la interpretación de la ley 9217 cuyo artículo 1 deroga la ley 8203, y su artículo 2 adhiere a la ley 20.320 (Estatuto Escalafón Único para los Agentes Viales), puntualizando que la que propugnan los actores de la normativa que ellos consideran aplicable, lleva a afectar la política salarial de la Administración Pública implementada por el Gobierno de acuerdo a las normas de Presupuesto.

En función de ello, realiza las siguientes consideraciones. Generales: a) La política salarial de los empleados públicos constituye atribución propia del Poder Ejecutivo provincial (especialmente del Ministerio de Hacienda), por lo que, aun en el caso de la D.P.V., es el encargado en última instancia de fijarla (facultad indelegable); por lo cual, admitir la pretensión de los actores y revisar dicha política salarial importaría una sustitución lisa y llana de las facultades del Poder Ejecutivo, atribuyéndose el juez la de dictar decisiones políticas propias de otro Poder del Estado.

El debate de esta cuestión, por ende -sostiene-, está vedado a la Corte por tratarse de actos de discrecionalidad técnica, lo que abona con cita de jurisprudencia.

b) Al margen de ello, afirma que dicha pretensión implica una modificación en los Presupuestos de la Provincia a partir de 1993 -puesto que los recursos para atender hipotéticas diferencias no están habilitados presupuestariamente-, violando normas constitucionales (art. 5, C.N.) y en especial el artículo 55 inciso 8 de la Constitución local, el que establece que aun deberán ser derogadas las leyes especiales si no se incluyen en el Presupuesto las partidas para su ejecución.

En este punto, aclara que los preceptos constitucionales locales difieren de los nacionales, ámbito este último en el que el Poder Ejecutivo sólo debe recaudar e invertir.

El presupuesto de la D.P.V. es parte del Presupuesto General de la Provincia, remarca, por lo que su Director tiene atribución para preparar el anteproyecto del presupuesto y plan anual de obras viales, el que se eleva al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Si el Poder Ejecutivo lo aprueba, lo incorpora al Presupuesto General y lo eleva a la Legislatura para su consideración. El Poder Legislativo puede modificar el proyecto pero respetando las limitaciones constitucionales.

En ese marco, explica, si la nueva norma que autoriza el gasto no incluye las partidas para su ejecución y excede el cálculo de los recursos originariamente previstos en el Presupuesto, ello no sólo afecta la licitud del acto sino que también incumple las formas esenciales y sustanciales que eventualmente se invocaran como fundamento; por ello, si se admitiera la demanda se incurriría en un gasto no previsto al margen de las pautas constitucionales, y la sentencia sería inconstitucional.

c) Agrega que la ley 9217 posibilitó la aplicación en el ámbito de la Provincia de la ley 20.320, y también la de las Convenciones Colectivas de Trabajo, las decisiones de la Comisión Paritaria Nacional y de la Provincial.

Esto, dice, resulta de la adhesión integral que la ley 9217 realizó respecto de la 20.320, no limitada bajo ningún aspecto y de aplicación irrestricta (arts. 14, 50 y ss.); por lo que la revisión y reajuste del aspecto remunerativo se encuentra a cargo de la Comisión Paritaria Nacional sin limitación de ninguna especie, puesto que la ley de adhesión no la contiene.

Del mismo modo, manifiesta, los Acuerdos del 18.5.1993 y del 13.10.1993 de la Comisión Paritaria Nacional fueron suscriptos de plena conformidad con las atribuciones emergentes de los artículos 50 y siguientes de la ley 20.320, y no habiendo sido cuestionados válidamente por éstos, resultan de aplicación obligatoria para la Provincia de Santa Fe (por adhesión, ley 9217).

Además, prosigue, en la firma de los mismos estuvieron presentes todas las partes relacionadas con la cuestión en debate, por lo que el desconocimiento que pretenden realizar los actores de lo resuelto por la Comisión Paritaria Nacional en esta materia, aparece desprovisto de fundamento.

Seguidamente, menciona las siguientes consideraciones particulares: a) Invoca el principio que dice que no hay que distinguir donde la ley no lo hace para echar por tierra el argumento de los actores relativos a que la delegación de la ley 9217 fue limitada; insiste en que la ley 20.320 es de aplicación al ámbito de la Provincia sin limitaciones por adhesión de la ley 9217.

En este punto, considera conveniente puntualizar que la Comisión Paritaria Nacional no tiene como única atribución la de fijar el salario Clase I, índice 1,000, sino también la facultad de revisar y reajustar todo el aspecto remunerativo del personal vial (art. 14).

Dicha norma local, afirma, adhirió también a los Acuerdos del 18.5.1993 y 13.10.1993 sin limitaciones, lo que torna la interpretación propugnada por los actores antojadiza y parcial, desconocedora de la naturaleza de las comisiones paritarias y violatoria del principio de buena fe que debe primar en las relaciones laborales.

b) Enfatiza que la presunta delegación no fue tal, sino una adhesión, ya que ese es el término que utiliza la misma ley 9217, lo que torna estéril la discusión. Pero aun en el caso de considerar que así fuera, prosigue, se arriba a la misma conclusión, puesto que la ley 20.320 atribuye a la Comisión Paritaria Nacional la determinación del aspecto remunerativo del personal vial lo que, no teniendo limitaciones, se aplica a la Provincia de Santa Fe.

Así, continúa, la Comisión Paritaria Nacional tiene atribuciones para revisar y reajustar las remuneraciones del sector (art. 14) en las condiciones y con los límites de la ley 14.250 y sus decretos y reglamentaciones (art. 51).

De allí -concluye-, que los Acuerdos no hayan sido impugnados por los medios establecidos por la ley 14.250 y cuenten con la debida homologación (art. 17), por lo que gozan de validez incontrastable y son oponibles incluso a terceros, debiendo la Provincia hacerlos efectivos a los agentes de la D.P.V.

Reitera que la Comisión Negociadora de la Convención Colectiva de Trabajo 55/89 se integró correctamente, y que los intereses de los agentes viales de la Provincia tuvieron suficiente representación, suscribiéndose los Acuerdos de 1993 dentro de ese marco.

c) Interpreta los Acuerdos traídos por los actores (de 1991) y afirma que en nada desmerecen lo antes afirmado, puesto que el hecho de adoptar en 1993 un camino diferente para fijar el salario del elegido en 1991, no es ilegítimo, máxime si se tienen en cuenta las circunstancias fácticas y de derecho que eran diferentes; la situación presupuestaria aparecía más estabilizada y actuó dentro de las facultades legales que señalaba el artículo 14 de la ley 20.320 de revisar y reajustar todo el aspecto remunerativo del sector vial.

d) Ratifica en lo que sea pertinente, el artículo 45 de la ley 23.697 al cual adhirió la Provincia, y en cuanto a que "las políticas salariales instrumentadas a partir del 1.8.1989 deberán expresamente excluir la aplicación de toda fórmula para la determinación de las remuneraciones en función de coeficientes...", encontrando la pretensión de los actores ampliamente violatoria de esta disposición, pues al pretender la aplicación al salario de Clase I los porcentajes establecidos en el artículo 15, va contra dicho principio.

También postula la aplicación de la ley 23.928 en cuanto deroga las normas que establecieran o autorizaran indexación, actualización y cualquier forma de repotenciación; y la aplicación del C.C.T. 55/89.

e) Rechaza la aplicación al caso de la doctrina de los actos propios por cuanto encuentra legítima la actuación de la Provincia.

f) En lo relativo a la contradicción entre los dictámenes invocada por la parte actora, luego de negarla, expresa que, como pareceres técnicos, los Dictámenes de Asuntos Jurídicos del Ministerio no obligan al Poder Ejecutivo, pero los del Fiscal de Estado se consideran como de última instancia y el criterio que en ellos se establezca será obligatorio para todas las Asesorías.

Finalmente, concluye diciendo que, no surgiendo de lo actuado que el salario firmado por la Comisión Paritaria Nacional a partir de junio de 1993 para todas las Clases del Escalafón del Personal de Vialidad sea inferior al mínimo, vital y móvil determinado a partir de esa fecha, ninguna crítica merecen las decisiones adoptadas en este aspecto, pues todas ellas respetaron el marco legal dentro del cual debían ser emitidas.

Solicita, en suma, el rechazo del recurso, con costas.

3. Abierta la causa a prueba (f. 69) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 167/174 vto. y 175/183). Dictada (f. 184) y consentida la providencia de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.

4. Según surge del relato que antecede, los actores pretenden, en su carácter de empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, el reconocimiento y pago de supuestas diferencias salariales que surgirían de la aplicación de la escala del escalafón establecido en el artículo 15 de la ley nacional 20.320 partiendo de la base de un salario Clase I de $206,94, para las respectivas categorías.

La atenta lectura del escrito de demanda como también el análisis de las distintas constancias arrimadas a la causa imponen una primera observación.

Sabido es que dentro del régimen de la ley 4106 únicamente está legitimado para recurrir a través del recurso de plena jurisdicción el titular de un interés individual cualificado (derecho subjetivo). De la lesión a dicho interés nace el interés procesal al recurso y a la anulación del acto impugnado. Ese interés ha de ser actual por contraposición a eventual o futuro.

Como consecuencia de lo antedicho, una condición para la viabilidad del recurso es que la resolución administrativa cause agravio o perjuicio. Es menester que el acto sea susceptible de producir efectos jurídicos en perjuicio del recurrente y ese perjuicio concreto debe ser demostrado por éste.

Del análisis de los distintos capítulos del escrito recursivo de fojas 8/21vto. de autos se advierte que los actores no han mencionado en cuál de las categorías del escalafón de la norma que invocan se encuentran comprendidos ni han desarrollado un despliegue argumental que tienda a crear algún grado de convicción sobre el modo en que la aplicación de la escala salarial utilizada por el ente vial provincial repercutiría sobre sus concretas e individuales situaciones jurídicas subjetivas.

Mas, lo que resulta de singular importancia en los presentes es que los recurrentes no han desplegado actividad probatoria alguna a lo largo de toda la causa que tienda a demostrar la realidad de la lesión que la actividad administrativa habría infligido en sus particulares niveles salariales.

No se cuenta siquiera con indicios que permitan inferir el quantum real de las remuneraciones de los accionantes ni, mucho menos, sus respectivos niveles escalafonarios, principalmente las clases y categorías en que aquellos se hallan incluidos. No se han acompañado copias de recibos de sueldos ni se han solicitado informes a la Administración que puedan echar luz sobre tales extremos.

Y tal demostración resulta necesaria a poco que se considere que aún en el supuesto de partir del razonamiento que se propicia en la demanda sobre el modo de liquidación de las remuneraciones, al tiempo de interposición del recurso en análisis, la lesión que se alega no se producía en la totalidad de las clases mencionadas en el artículo 15 de la ley 20.320 y en el artículo 17 del convenio colectivo de trabajo 55/89.

Consecuentemente, la actividad procesal desplegada por los actores adolece de un déficit probatorio que debilita sensiblemente sus posiciones en tanto no se ha logrado demostrar concreta y fehacientemente una lesión actual a los derechos que invocan, presupuesto de ineludible acreditación para el éxito de la vía por ellos intentada.

5. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, y aun en el caso de que ello no se considere suficiente para sellar la suerte del recurso, cabe señalar que no asiste razón a la parte actora en cuanto al fondo de la cuestión planteada en el sub examine.

Como se dijo anteriormente, la materia litigiosa consiste en discernir si procede el reconocimiento pretendido por los actores de supuestas diferencias salariales derivadas de considerar como salario de clase I el de $206,94, y a partir de allí, aplicar la escala del Escalafón que establece el artículo 15 de la ley 20.320 para las clases siguientes.

En orden a obtener un adecuado enfoque del debate planteado resulta menester efectuar una breve reseña de las normas en juego.

En 1983 fue sancionada la ley 9217 por medio de la cual "La Provincia de Santa Fe adhiere al régimen establecido por la ley nacional N 20.320" (art. 2), luego de derogar en su artículo 1 la anterior ley 8203.

Es decir que, en virtud del carácter facultativo del acogimiento provincial al régimen establecido por la ley nacional 20.320 -acorde con el sistema que surge del decreto ley 505/58 (art. 29) y normas modificatorias (art. 2, ley 16.657; art. 14, ley 17.597; art. 3, ley 20.320)- y en uso de dicha facultad, la Provincia adhirió al Estatuto Escalafón para los Agentes Viales, que a partir de allí rige dentro del territorio santafesino (sobre este aspecto ver "Candia", A. y S. T. 114, pág. 313).

El artículo 14 de la ley nacional 20.320, por su parte, faculta a la Comisión Paritaria Nacional a revisar y reajustar el aspecto remunerativo, el cual será móvil.

El artículo 15, fija las clases de la I a la XX, y determina los índices que habrán de aplicarse sobre el número índice 1,000 (Clase I) de modo de obtener lo correspondiente a las restantes 19 clases.

El artículo 16 dispone que el número índice 1,000 correspondiente al salario mínimo que establezca la Paritaria Nacional, no podrá ser inferior al que fije como salario mínimo vital el Gobierno de la Nación.

El sistema de normas que rigen el caso se integra también con la Convención Colectiva de Trabajo N 55 celebrada el 28 de diciembre de 1989.

Entre muchos otros aspectos, este convenio regula el aspecto remunerativo estableciendo que será móvil, debiendo ser revisado y reajustado por la Comisión Paritaria Nacional (art. 16) y que el valor del número índice 1,000 fijado como sueldo básico mínimo por la Comisión mencionada será revisado y reajustado por aquella en un plazo no mayor de diez días de la fecha de fijación del salario mínimo vital y móvil. Para el caso que las partes no acuerden el salario en el plazo recién mencionado, la norma dispone que se aplicará desde la fecha de su vigencia el nuevo salario mínimo vital y móvil establecido (art. 18).

Asimismo, la Provincia invoca -entendiendo que resulta aplicable al caso- la ley nacional 24.013 que, entre otros temas, regula diversos aspectos concernientes al salario mínimo vital y móvil.

En el ámbito de la Comisión Paritaria prevista en la ley 20.320 y en el Convenio Colectivo de Trabajo, se fijó (mediante Acta Paritaria Nacional del 18.5.1993) un incremento salarial del 1,5% sobre la base que hasta el momento era: Clase I=$120, lo que arrojaba la suma de $121,80, acordando fijar la siguiente escala: de la Clase I a la VI percibirían $206,94, la Clase VII $230,20; la Clase VIII $255,90; y así sucesivamente, de acuerdo a la aplicación de los índices que establece la escala del artículo 15 de la ley 20.320 sobre la base de cálculo del salario Clase I, esto es: $121,80. Dicho aumento regiría a partir del 1.6.1993 y hasta el 31.7.1993.

Esta escala se explica mediante la siguiente metodología: se incrementó la base de cálculo (Clase I=$120) en un 1,5%, resultando así la suma de $121,80. Sobre esa base, de acuerdo a lo establecido por la escala del artículo 15, se aplicaron los índices de cada Clase, resultando que a la Clase II correspondería la suma de $135,44; a la III $150,54; a la IV $167,48; a la V $186,11; a la VI $206,94; a la VII $230,20; a la VIII $255,90; y así sucesivamente.

No obstante ello, se acordó mejorar lo efectivamente percibido por los agentes que se encontraban en las Clases de I a V, estableciendo que percibirían lo correspondiente a la Clase VI, es decir $206,94.

Por su parte, el Acta Paritaria del 13.10.1993 expresa que "las partes acuerdan, para salvar un error de redacción del Acta de fecha 18.5.1993 dejar aclarado y solicitar su homologación: que el incremento salarial del 1,5% tiene vigencia desde el 1 de junio de 1993 hasta que otro acuerdo salarial entre las partes lo modifique. Por lo expuesto, el salario de Clase I es de $206,94".

6. Como ya se dijo, uno de los fundamentos de la parte actora finca en entender que la Comisión Paritaria nacional se excedió en el uso de las facultades que le fueron delegadas por la Provincia incurriendo en violación al artículo 15 de la ley 20.320.

Sostienen los accionantes que, si las Clases I a VI percibían lo mismo ($206,94) y de ahí en adelante se aplicaba la escala de índices que establecía el artículo 15, ello violaba dicha norma puesto que las sumas que se acordaban a cada Categoría no se correspondían con las diferencias que resultaban de cada índice en particular.

La Provincia, en sede administrativa y ante este Tribunal, ha respondido quitando asidero a lo afirmado, con fundamento en que las categorías del artículo 15 han sido correctamente respetadas por aplicación de los índices establecidos en él al salario base Clase I, esto es: $121,80, destacando que la circunstancia de que las Categorías de I a V hayan percibido una remuneración mayor a la que les correspondía luego de haber efectuado dicho cálculo, obedecía a una mejora acordada a ellos (Acta del 18.5.1993).

En este punto, y teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, no se encuentra acreditado en autos que la aplicación de dichas Actas Paritarias sobre la base de interpretarlas integralmente reconociendo el aumento del 1,5% sobre la base Clase I ($121,80) y la aplicación de los índices del artículo 15, pero mejorando lo que percibirían los trabajadores de las Clases I a V, resulte violatorio de la normativa aplicable en el sentido que pretenden los actores.

Es que según las normas de la ley 20.320 y del C.C.T. 55/89 analizadas en el punto anterior el aspecto remunerativo debe ser móvil y la mencionada Comisión tiene a su cargo la revisión y reajuste del mismo.

Por otra parte, la ley 9217 por la cual la Provincia de Santa Fe adhiere al régimen de la ley 20.320 ninguna disposición limitante contempla, sino que adopta y transforma como local la normativa en cuestión, importando ello la aplicación de sus preceptos a todo el personal de Vialidad provincial.

A ello cabe agregar que fue por Acuerdo Paritario Nacional de fecha 4.5.1993 que se resolvió establecer dos niveles de tratativas: el nivel A, correspondería a la fijación del salario mínimo que debería ser aplicado en todas las Provincias; y el nivel B, sería aquél en el que las Provincias podrían establecer salarios superiores a los del nivel A, aunque no inferiores.

Mas lo que resulta determinante en el caso es que los niveles fijados en el acuerdo del 18.5.1993 implicaron una mejora salarial para las categorías I a V por encima de los guarismos que resultarían de una aplicación mecánica de la escala prevista en la ley 20.320 y en el Convenio y ello no se encuentra, ni mucho menos, prohibido en estos ordenamientos. Antes bien es una de las posibilidades ciertas de actuación que cabe inferir del juego de las normas antes analizadas.

En consecuencia, las facultades que mediante artículo 14 de la ley 20.320 y 16 del C.C.T. aplicable han sido conferidas a la Comisión Paritaria Nacional, no fueron ejercidas fuera de lo que sus términos acuerdan.

7. No mejor suerte puede correr la pretensión de los recurrentes basada en que lo dispuesto por el Acta del 13.10.1993 vino a modificar a su anterior del 18.5.1993 en el sentido de utilizar el salario correspondiente a la Clase VI (es decir, $206,94) como el salario base Clase I, y a partir de allí aplicar los índices del artículo 15.

Tal postura se basa en una lectura aislada de la expresión contenida en la línea final del acta invocada "Por lo expuesto, el salario Clase I es de $206,94" contenida en la línea final del Acta del 13.10.1993.

Mas, de conformidad a lo que surge de un análisis integral y hermenéutico de las mencionadas Actas, la del 13.10.1993 fue aclaratoria de su anterior, viniendo a corregir un "error material" en el que se había incurrido.

Ambas Actas se deben interpretar como lo que en realidad fueron en este punto, esto es aclaratoria e integrativa una de la otra, lo que impide entender que, en lo que la segunda guarda silencio, modifica a la primera trastornando por cierto aún lo acordado previamente y no sujeto a aclaración ni corrección por las partes.

Es decir, el aspecto remunerativo fue fijado por Acuerdo del 18.5.1993, que dispuso un incremento del 1,5% para del salario base: Clase I, mejorando las Clases I a V al otorgarles la posibilidad de percibir lo de la Clase VI, esto es, más de lo que les correspondía por la aplicación de los índices del artículo 15 a la base de $121,80. La aclaración respecto del período de vigencia de dicho acuerdo no influye ni modifica en modo alguno lo antes expuesto.

Consecuentemente, la interpretación propiciada por los accionantes debe, como ya se adelantó, desecharse.

8. Corresponde analizar ahora el argumento esgrimido por los reclamantes que refiere a la violación del artículo 16 de la ley 20.320 y del 3 párrafo del artículo 18 del C.C.T. 55/89, al considerar que, dado que estas disposiciones colocan el salario mínimo vital y móvil que establezca el Gobierno nacional como tope mínimo a tener en cuenta para la determinación del salario base Clase I, al fijar este último en $121,80 se vulneraría el derecho consagrado a los agentes mediante dichas prescripciones normativas, no pudiendo mediante Acuerdos Paritarios, eludirse la aplicación de las normas que otorgan el marco a la relación.

Lo entienden así ya que, hasta mayo de 1993, el salario mínimo vital y móvil estaba fijado en $97, y la base de cálculo (es decir, la Clase I) era de $120 por imperio del Acuerdo del 17.10.1991. Pero, a partir de agosto de 1993, el salario mínimo vital y móvil fue elevado a $200, significando ello -razonan- la elevación del salario base Clase I, el que consideran que no podría seguir siendo $121,80 por resultar inferior.

Sin embargo, dos cuestiones impiden acordarle razón a los accionantes.

En primer lugar, se encuentra el aspecto normativo-legal. Este Tribunal no desconoce los artículos que invoca la parte actora en el sentido de que fijan como tope mínimo para la Clase I que determinará la Paritaria Nacional el salario mínimo vital y móvil (arts. 16, ley 20.320 y 18, 2 párrafo, C.C.T. 55/89) como así tampoco de la 3 parte de éste último, cuando dispone la transformación automática del salario base Clase I en el salario mínimo vital y móvil para el caso de que éste sea elevado y la Paritaria no se reúna dentro del plazo establecido para adecuar el básico de convenio a él.

Pero tampoco desconoce que por imperio del artículo 141 de la ley 24.013 tales prescripciones no pueden ser aplicadas. Ello así, en cuanto dispone que "El salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional".

Resulta propicio remarcar que esta ley es la que crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad, y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, regulando todo lo relativo a sus facultades y al salario que fijará.

De este modo, garantiza que todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado nacional actúe como empleador, tendrán derecho a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que establezca el Consejo de conformidad a esta ley (art. 140, ley 24.013).

Una interpretación armónica de sus disposiciones permite concluir que lo que ha querido asegurarse mediante el dictado de dichas disposiciones, es que el trabajador no perciba una remuneración total inferior a la determinada por el Consejo como lo mínimo, vital y móvil, resguardando su integridad y asegurando un ingreso que le permita cubrir sus necesidades básicas.

Pe Lo propio fue reafirmado en el decreto nacional 388/03, el cual, teniendo en cuenta el mencionado artículo 140 y considerando que habiendo transcurrido tanto tiempo desde la última fijación del salario y la necesidad de proteger a los trabajadores que se encuentran en inferioridad de condiciones, fijó el monto del salario mínimo, vital y móvil, sujetándose a lo establecido por el artículo 141 en cuanto prohíbe tomarlo como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional.

De esta forma, resulta claro que lo que se garantiza por medio de dichas normas es la percepción por parte del trabajador de una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil, prohibiéndose que éste sea tomado como base para calcular otros institutos.

No es óbice a ello, el hecho invocado por la actora en relación a los límites a la aplicación de las disposiciones mencionadas según los propios términos de la ley provincial de adhesión 10.857.

En efecto, el artículo 1 de la mencionada ley, dispone adherir "al régimen del Título VI-del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil-de la Ley Nacional de Empleo 24.013, conforme lo establecido en el artículo 136 de la misma", facultando al Poder Ejecutivo a firmar con el Poder Ejecutivo nacional los convenios y acuerdos necesarios para la ejecución de la misma en el ámbito de la Provincia de Santa Fe (art. 2, ley 10.857).

Por su parte, la ley 24.013 dispone, en su Título VI, la creación del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijando sus funciones (dentro de las cuales se encuentra la determinación periódica del salario mínimo, vital y móvil) y estableciendo la forma en la que se integrará y su funcionamiento. Dentro de este título, en el artículo 136, se regula "la representación de las provincias que adhieran al régimen del presente título".

En este marco es que la ley de adhesión 10.857 fue dictada por la Provincia de Santa Fe, respondiendo a una invitación del mencionado régimen y operando como autorización necesaria para que los representantes (dos) sean designados e integren dicho Consejo, el cual -se reitera- funcionará de acuerdo al régimen establecido por la ley 24.013.

La concurrencia de la voluntad de la Provincia resultaba, entonces, necesaria para la conformación del órgano mencionado en orden a asegurar la representación de los intereses del sector público provincial en aquél. Mas la adhesión requerida lo era a ese solo efecto, tal como surge del propio texto del artículo 136 en tanto expresamente limita aquella adhesión "al régimen del presente título", no pudiendo válidamente interpretarse -con un criterio extensivo que no surge de los propios términos de la ley- que dicha adhesión también pudiera condicionar la vigencia en el orden provincial del resto de los títulos de la ley 24.013.

Cabe también agregar que -como ya se destacara ut supra- una de las funciones dadas a este organismo, es la de "determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil" (art. 135, inc. a, ley 24.013), lo que encuentra regulación expresa en el Título VII "El Salario Mínimo, Vital y Móvil". Allí, se fijan los alcances de dicho instituto garantizando a todos los trabajadores... el derecho a percibir una remuneración no inferior a dicha suma, a la vez que se prohíbe su utilización como "índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional" (art. 141).

Interpretar, como intenta la parte actora, que la adhesión de la Provincia mediante ley 10.857 refiere sólo al Título VI y no al VII de la ley 24.013 no es más que un desentendimiento de la lógica normativa producto de una visión desmembrada de la preceptiva en cuestión.

Ello así, por cuanto, de una lectura integral de la ley nacional y la provincial, surge evidente que la interpretación más razonable es la que considera que, a través de la ley 10.857 la Provincia manifestó su voluntad de participar, por medio de sus representantes, en el Consejo creado por la ley 24.013, lo que importa naturalmente, que en su funcionamiento y en el ejercicio de sus facultades, se regiría por el régimen que al efecto establece la misma norma, el cual encuentra regulación a lo largo del texto en general, excediendo lógicamente el citado Título VI, que sólo se dirige a crear el órgano y fijar sus funciones.

Por tanto, no corresponde sino concluir en la vigencia en el ámbito de la Provincia de la prohibición del artículo 141 mencionado, la que en el caso opera como obstáculo para otorgar razón a la parte actora en cuanto pretende que se considere al salario mínimo, vital y móvil como límite mínimo para la fijación del básico de convenio, o salario Clase I.

En segundo lugar, no se encuentra invocado ni acreditado en autos que los recurrentes percibieran una remuneración inferior al monto del salario mínimo vital y móvil, puesto que, mientras éste era de $200, no prueban que algún trabajador vial de la Provincia (ni aún el de Clase I) tuviera asignada una remuneración menor a $206,94.

En consecuencia, se puede concluir que el actuar de la Administración demandada al remunerar al sector vial no ha violado disposición alguna del marco normativo al que se encontraba sujeta. En efecto, al liquidar los salarios como lo hizo se limitó a cumplir con lo resuelto por la Comisión Paritaria Nacional que había fijado al 13.5.1993 el salario base clase I en $121,80, es decir, por encima del salario mínimo vital y móvil que a esa fecha era de $97, y cuando éste fue incrementado a partir de agosto de 1993 a $200, el artículo 141 de la ley 24.013 impedía que fuera tomado como salario base clase I para aplicar sobre él los porcentajes que fija el artículo 15 para las siguientes 19 clases.

9. Por último, resta señalar que la conclusión hasta aquí expuesta no puede ser modificada en función de la invocación que realizan los actores del informe de foja 4 del expediente administrativo 16101-0026511-4 del que surge que la retención que se efectúa a los agentes para la Federación Argentina de Trabajadores Viales se habría liquidado sobre una base de cálculo de $200 entre los meses de marzo de 1994 a junio de 1995.

Tal extremo resulta claramente insuficiente en orden a demostrar la falta de adecuación del criterio utilizado por la Administración para el cálculo de las remuneraciones al régimen que surge de las normas de las leyes 20.320 y 24.013 y de las Actas Acuerdo del 18.5.1993 y del 13.10.1993 y la consecuente ilegitimidad de la actividad administrativa cuestionada, máxime si se considera que la cifra que aquellos invocan como base de cálculo no surge de ninguna de las actas antes mencionadas. A ello corresponde agregar que tampoco sirve para demostrar que en el nivel provincial se haya decidido partir de una base distinta, y más ventajosa, de cálculo para la aplicación de la escala prevista en el artículo 15 de la ley 20.320.

En rigor, del examen de las constancias vinculadas al punto en análisis no surgen elementos que permitan vislumbrar la razón por la cual en marzo de 1994 cambió la suma retenida al personal de la Dirección Provincial de Vialidad bajo el código 333. Tal extremo, en caso de tratarse de un error administrativo, podrá incidir en otros aspectos de la relación de empleo, mas por sí solo no puede obligar a la Administración a insistir en dicho error ni, en el marco normativo ya analizado, derivar en la aplicación de una suma correspondiente al número índice 1 diferente de la adoptada por los organismos representativos mencionados en la ley 20.320 y de las que puedan fijarse formalmente en el orden provincial por encima de aquélla.

Puede sostenerse, como conclusión de todo lo considerado en precedencia, que el recurso no debe prosperar.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Spuler, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde adoptar?-, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso interpuesto, e imponer las costas a los actores (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Gastaldi, Netri, Spuler, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la decisión que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, el recurso deducido.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)