marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Hartvig, Liliana Josefa c/ Dirección Departamental de Escuelas Uruguay y/o Supervisión Zona V s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-07

Aún cuando la accionada invoca el carácter de recurso administrativo de ese acto (carta documento) y refiere haberlo asumido como tal, no es dable encontrar en la causa la existencia de elemento de juicio algunpo que corrobera la verdadera iniciativa de un trámite administrativo en su consecuencia no resulta razonable interpretar tan dudosa situación con el rigorismo que lo hace el juez de primera instancia, máxime cuando ello se constituye en obstáculo insalvable del acceso a la garantía de excepción que configura el Amparo, cuya inadmisibilidad, en todo caso, debe presentarse ostensible e incontrastable para poder impedirlo en casos, como el de autos, en los que la lesión del derecho que se denuncia requiere una inmediata atención y eventual restauración que se vería frustrada acudiendo a los remedios camunes que se ofrecen en el ámbito administrativo.
Beneficios previsionales, otorgamiento del beneficio, pago, reapertura del procedimiento administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Rosario Aurina c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

Cuando el beneficio jubilatorio se concede en virtud de una reapertura de un proceso administrativo, la fecha inicial de pago coincidirá con la de solicitud de dicha reapertura y no con la presentación del pedido del beneficio que, oportunamente, fuera denegado por no cumplir con los requisitos exigidos para su logro (cfr. arts. 32 y 58 ley 18.038).
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, constitución en mora, mora ex re
Materia: CIVIL
Carátula: RESANO ALFREDO IGNACIO Y OTRO c/ LACARRA CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.R.L. s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

El incumplimiento de la afectación a que se refieren los artículos 1ro a 4to de la Ley 19.724 importa la constitución en mora "exre", en la que resulta innecesario el requerimiento. Ello obedece a que la ley de prehorizontalidad involucra el orden público y torna irrenunciables sus disposiciones (conf. CNCiv. Sala F, L. 283.049 del 24-9-82).-
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Paredes, Segundo R. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-07-18

Resultaría contrario a toda equidad amparar a quien, como la Provincia, obliga a su contraria a transitar una instancia administrativa previa a la formulación del reclamo judicial y, luego de que la otra parte recorrió tal camino, intenta incorporar el lapso que ese trámite le demandó al término de la prescripción. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio calificado, competencia criminal y correccional
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de Incompetencia en Autos Fernandez, Néstor Fabián Sobre 80 5 - Homicidio Agravado por Medio Idóneo para Peligro Común c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional ya que en autos, resulta atendible el encuadre legal del hecho -arrojar dos "bombas molotov" dentro de un local donde se encontraba la víctima que falleció a causa de las quemaduras por ellas ocasionadas- en el delito de homicidio (art. 79 del CP), agravado en función del art. 80, inc. 5 del CP, que no se encuentra entre aquellos transferidos para su investigación y juzgamiento a la justicia local. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sanciones disciplinarias, medios de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Díaz, Víctor David s/ robo con armas en tentativa c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-13

En el contexto de la imposición de una sanción disciplinaria impuesta por la unidad penitenciaria, cabe considerar que la práctica burocrática de recurrir a formularios o patrones estándar sólo es compatible con la exigencia de fundamentación cuando, no obstante la matriz formularia, se exponen los fundamentos mínimos exigidos por la ley con relación a las circunstancias concretas del caso, a los medios de prueba recibidos, a los descargos y alegaciones presentados, y a los criterios que justifican la medida y modo de ejecución de la sanción. La calidad y la extensión de aquella dependerán de cada caso, del acervo probatorio disponible, de la existencia y naturaleza de las alegaciones y de las circunstancias del hecho y personales que explican la elección de la sanción. Pero si el texto de la resolución se agota en el texto del formulario, sin ninguna mínima consideración concreta de esos aspectos, entonces puede concluirse que no sólo el imputado de la infracción no ha sido oído, sino, además, que la sanción estaba decidida de antemano y que el proceso ha sido aparente y sin las debidas garantías, porque no hay distinción alguna con las sanciones de plano (voto del juez Huarte Petite)
Derechos y garantías constitucionales, proceso penal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Neder,  Alberto  Ramón  Alexis  y  otro s/ p.s. inf. art. 44 del Código de Faltas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

En el proceso penal no es suficiente con el cumplimiento meramente formal de ciertos cánones sino que se debe atender a la realidad sustancial de la defensa en juicio (Disidencia del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Medidas cautelares, derecho a la salud, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, prótesis
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Antivero   Esper   Fernando   Miguel c/ Instituto  Nacional  deServicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otro s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

El profesional que suscribe los instrumentos funda la prescripción del sistema Nucleus Freedom en "ser la marca más usada en todo el mundo, con mínimo porcentaje de fallas del equipo a distancia" y "poseer un electrodo perimodiolar que se ubica en contacto con las neuronas auditivas que debe estimular, obteniéndose de esta manera resultados superiores". Si bien tales circunstancias pueden incidir en la elección realizada por el profesional médico, no constituyen prueba acabada de que otras prótesis sean contraindicadas en el caso o resulten inadecuadas para las necesidades del actor. Por supuesto, no se trata aquí de que el poder jurisdiccional adopte una decisión apartándose de lo que indican profesionales de la ciencia médica, ya que la decisión no versa sobre el elemento en cuestión sino sobre la obligación de la demandada de satisfacer el reclamo formulado por vía cautelar; y en este contexto no es posible juzgar acreditada una necesidad que justifique anticipar una eventual sentencia favorable con el alcance pretendido por el recurrente y apartándose de las normas vigentes, cuya constitucionalidad no ha sido concretamente objetada en el caso.
Recursos, falta de fundamentación, sentencia, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mas, José Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Mas, José Luis contra GCBA y otros sobre amparo - habitacionales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta por el actor debido a que no rebate en forma suficiente el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad intentado, ni acredita que los planteos vertidos configuren un genuino caso constitucional -arts. 113 inc. 3 de la CCABA y 26 de la ley n° 402-. En efecto, los planteos formulados por el actor en su presentación -relativos a las patologías de salud que padecería y que lo harían, a su entender, merecedor de una vivienda en comodato social- traducen una discrepancia con el pronunciamiento impugnado. Este revocó la sentencia que había condenado al GCBA a otorgarle una vivienda adecuada a sus necesidades bajo la figura de comodato social y, en su lugar, ordenó al GCBA y al iVC a presentar una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar un alojamiento que reuniera las condiciones adecuadas a la situación de vulnerabilidad del actor. Los planteos formulados remiten necesariamente al relevamiento de cuestiones de hecho y prueba bajo el análisis de normas infraconstitucionales, cuyo debate, por vía de principio, no corresponde a esta instancia (conf. doctrina de Fallos: 330:4770; 330:3526; 330:2599 y 330:2498, entre otros). Asimismo, tampoco logran evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez inés M. Weinberg, voto al que adhieren los jueces Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., J. D. s/ Queja por denegación del recurso de Inconstitucionalidad - AUTO DE   PROCESAMIENTO (Expte. C.S.J. Nro. 517 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

La calificación legal de los hechos materia del proceso es propia de los jueces de la causa y no sustenta el remedio extraordinario, en tanto no se funde en hechos diferentes de los que fueron objeto de debate.
Imputado, detención, prórroga del plazo, deberes y facultades del fiscal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BAEZ, ELVIO ORLANDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-09

No corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento, desde que en autos se cuestiona la interpretación efectuada en instancias ordinarias del artículo 274 del Código Procesal Penal, postulando la recurrente que una hermenéutica gramatical de la norma acorde a las disposiciones de jerarquía superior determinaría que la prórroga de la detención por 24 horas sólo puede ser decidida por el juez; mas no puede dejar de advertirse que la decisión impugnada convalidó un auto que disponía que el Fiscal era el funcionario facultado para resolver la cuestionada prórroga sólo por el plazo previsto por aquella norma -es decir 24 horas- y que ello ocurrió hace más de un año, de modo que necesariamente la situación de coerción personal actual del imputado -si la hubiere- no se encontraría determinada por la decisión en crisis, por lo que el caso aparece estrictamente abstracto ante la ausencia de gravamen actual.
Contratos, efectos entre partes, incumplimiento del contrato, resoluciones judiciales, rescisión del contrato, prueba, daños y perjuicios, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Antar, Cristina Isabel c/ Banco Columbia SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-22

Procede rechazar el pretendido resarcimiento por rescisión contractual, instado por la accionante. Ello por cuanto, en el caso, no surge de la carta documento enviada por la accionada, solicitando la suspensión de los servicios de gestión que realizaba para ella la reclamante, siquiera implícitamente, la voluntad de rescindir el contrato en el marco que las partes habían celebrado. Por el contrario, en la carta documento en cuestión se controvierte la pertinencia de cierta facturación y reitera la voluntad de suspender dos (2) pedidos de gestión en el marco de ese contrato, pero en modo alguno cabe interpretar que se expresa sobre la continuidad -o no- del acuerdo macro anudado entre los litigantes. En ese entendimiento, se comparte la opinión de la sentenciante de la anterior instancia en punto a que no hay motivos para considerar que el vínculo entre las partes hubiera sido rescindido. De todos modos, aún en el caso de que la rescisión hubiera sido ilegítima, si la accionante pretendía una indemnización por esa conducta era menester que probara la existencia del perjuicio alegado y su entidad. Nada de ello ocurrió en la causa, dado que no aportó -ni ofreció- prueba alguna tendiente a demostrar cuál habría sido la ganancia que habría obtenido de haberse abonado todos los certificados que le fueron encargados. En efecto, no se ha ofrecido ningún medio probatorio que pudiera corroborar que la accionante hubiera incurrido en gastos que no hubiera podido haber recuperado luego de obtener el cobro de los certificados cuyo trámite se iniciara con anterioridad a la suspensión del encargo ni, tampoco, cuál sería la ganancia cierta que hubiera tenido derecho a percibir de no haber mediado una hipotética rescisión.
Embargo, bienes embargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cesop San Bernardo c/ Bresso, Cecilia s/ Ejecución Cesop San Bernardo c/ Bresso, Cecilia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-03|1994-11-03

Todos los bienes del deudor son, en principio, embargables para responder a sus obligaciones (arg. arts. 505, 2312, 2922 y afines del Cód. Civil); de lo que se sigue que las excepciones señaladas por la ley, deben interpretarse con criterio restrictivo y, estando fundadas en la equidad, su apreciación ha quedado diferida al amplio arbitrio judicial con arreglo a las circunstancias particulares que califica cada caso concreto.
Empleo público, docentes, incompatibilidad de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEPRETIS, NORMA T c/ PROVINCIA DE CÓRDOBA s/ -PLENA JURISDICCCIÓN- RECURSO DE APLELACIÓN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2003-04-03

En relación al régimen general de las incompatibilidades, en todos los casos, los intereses de la Administración Pública en oposición a los agentes los que deben prevalecer para la determinación de las mismas.

Las incompatibilidades pueden ser, absolutas, relativas, expresas y virtuales. Siendo la incompatibilidad expresa también llamada, legal, aquélla que está prevista en la ley formal o material (constitución, ley o reglamento), la incompatibilidad virtual se sujeta a un examen previo, a los fines de decidir sobre su existencia o inexistencia, denominada también de facto.

El efecto jurídico que conllevan es la extinción de la relación de empleo o función pública con respecto al cargo presuntamente incompatible. En las incompatibilidades expresas, la relación de empleo se extingue la cumplirse la condición que genera las incompatibilidad.

La cláusula Décimo Primera del Convenio de Transferencia establece que ante la situación de incompatibilidad "la Nación procederá, si el agente no lo hubiera ya realizado, a adecuar la situación de revista del mismo" -aclarando que- "...si el agente o la Nación no hicieran tal adecuación al tiempo de la efectiva transferencia, LA PROVINCIA sustituirá a la NACION y procederá ha hacerlo en nombre de aquélla." La Administración dispone la baja de la accionante al verificar la situación de incompatibilidad- no controvertida por la misma- en oportunidad que diera cumplimiento al trámite de la declaración jurada, mecanismo tendiente a verificar las presuntas incompatibilidades según la norma provincial, a la que expresamente remite al Convenio.

Cabe destacar que las Provincias efectúan tal procedimiento ante la omisión en el actuar que le era debido a las actoras en virtud del convenio antes referido.

Al efectuar la declaración jurada se verifica la situación de incompatibilidad expresa a la que alude la normativa provincial, trayendo como consecuencia inmediata la extinción de la relación de empleo al cumplirse dicha condición legal productora de ese efecto jurídico.

La baja de las actoras, es por tanto, la consecuencia inexorable de la condición en la que se encontraban en virtud del régimen que rigen las incompatibilidades expresas y la resistencia a no adecuar sus situaciones personales evitando las circunstancias de hecho que las colocó en la hipótesis extintiva de la relación jurídica.

No se trata del ejercicio de la potestad sancionatorias que debe garantizar la plenitud del derecho de defensa, sino que consiste en la constatación de una causal objetiva de inhabilidad para la función, que determina en forma automática y de pleno derecho la pérdida de la estabilidad en el cargo con el que se produce la incompatibilidad.
Excusación, Ministerio Público Fiscal, prejuzgamiento
Materia: PENAL
Carátula: ACCION REVOCATORIA AUTONOMA DE NULIDAD ABSOLUTA. BEA, NORBERTO ANIBAL; BARRANCO MARCELO RUBEN S.D USURPACION DE PROPIEDAD Y DESOB. JUDICIAL EN CONC. REAL E.P EDUARDO JORGE CASAL Y ADM. DE JUSTICIA. s/ EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-30

Cuando el magistrado que actúa con posterioridad en un pleito cuando anteriormente ha emitido dictámenes y proposiciones como funcionario del Ministerio Público Fiscal en la misma causa, puede configurarse como prejuzgamiento de acuerdo al art. 17 inc. 7 del Código de Rito. Es aplicable la causal de recusación por el prejuzgamiento al magistrado que en oportunidad de desempeñarse como funcionario del Ministerio Público Fiscal emitió dictámenes y proposiciones respecto de la causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excusación, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Cám.Apel. Segunda Crim. y correcc. (Sala III) y Cám. de Apel. Prim. (Sala I) Civil y Comercial s/ Incidente de excusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

No le corresponde a esta Suprema Corte examinar el mérito intrínseco de las resoluciones adoptadas en materia de recusaciones o excusaciones, desde que contra ellas no está autorizada la deducción de recurso o cuestión alguna (art. 19 del C.P.C.C.), no configurándose, en el caso, un conflicto de competencia (art. 149 inc. 2 in fine de la Constitución provincial). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguros, régimen de contralor, Superintendencia de Seguros de la Nación, productor asesor de seguros, sanciones administrativas
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miguel  Angel  Scordo  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación s/ Presunto incumplimiento a las disposiciones de la Ley 22.400: 19 por  parte del productor asesor de seguros.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-27

Resulta procedente morigerar la sanción de inhabilitación para actuar por el término de un año impuesta por la superintendencia de seguros a un productor asesor de seguros, por infringir la ley 22.400: 19, toda vez que se le comprobó ejercer su actividad de intermediación en la Capital Federal, para lo cual no se hallaba habilitado en los términos de dicha norma, ya que la autorización que le había sido otorgada sólo le permitía hacerlo en centros urbanos de menos de 200.000 habitantes. Ello así, si - como en el caso - se verifica que los antecedentes del sumario no informan sobre una conducta irregular reiterada, no existen sanciones anteriores - por ende no es reincidente -, y tampoco se expresa en qué medida la transgresión funcional redundó en un perjuicio para asegurados y aseguradores. Por tanto, en tal hipótesis procede aplicar la sanción prevista en la ley 20.091: 59-A).
Recurso extraordinario, tribunal de alzada
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Dromi,  José  Roberto  (Ministro  de Obras y Servicios Públicos de la Nación) s/ avocación  en  autos:  "Fontenla, Moisés Eduardo c/ Estado Nacional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

La excepción al requisito de tribunal superior en el orden de las instancias federales, no puede sino ser de alcances sumamente restringidos y de marcada excepcionalidad.
Proceso penal, imputado, sentencia condenatoria, queja por casación denegada, nulidad de la notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Albarenque, Sixto Omar s/ delito  de favorecimiento de evasión enconcurso ideal con el robo  agravado por el uso de armas - causa nº1078 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Corresponde revocar el pronunciamiento que rechazó la solicitud de nulidad de la notificación al defensor del rechazo de la queja contra la denegación del recurso de casación, pues ello produce la frustración de la voluntad del imputado de impugnar la decisión que acarreaba la firmeza de la condena que se le impusiera (Disi dencias del Dr. Enrique Santiago Petracchi y del Dr. Antonio Boggiano).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, etapas del proceso, instrucción, fallo plenario, secuela de juicio, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Pieckenstainer, Dieter Walter s/ Lesiones - Recurso de inaplicabilidad de la doctrina legal -   (Tribunal pleno)   En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de considerar   Como "secuela de juicio" (artículo 67 del Código Penal) con entidad   Interruptiva de la prescripción de la acción penal a determinados   actos de la instrucción previos a la requisitoria de elevación a   juicio.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-12

Si alguna duda existía entre los conceptos de juicio y proceso, sin distinción de etapas de investigación y contradictorio, la reforma que introdujo el Libro I, Titulo 10 del Código Penal, (Ley 24316), deciden a mi criterio, que el concepto secuela de juicio no puede ser otro que la referida a la etapa del proceso que da comienzo con la requisitoria Fiscal de elevación o con el acto equivalente en los delitos de acción privada. (De la Disidencia del Dr. Pangia)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: LABORAL
Carátula: Segovia, Ramón Roque y otros c/ Ventura S.A.C.I.F. y otro s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que parcializa la impugnación de las motivaciones del fallo.
Ejercicio profesional, abogados, colegiación obligatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramón Casas, Antonio F. s/ Rec. de Apelación - Impuesto Ganancias - Patrimonio Neto
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-04

La inscripción en los registros que llevan las Cámaras Federales de Apelaciones en el interior del país habilita para el ejercicio profesional ante todos los tribunales federales del interior del país, pero no respecto de los tribunales nacionales con competencia federal que tienen sede en la ciudad de Bs. As.. Ello, en razón de que el ejercicio de la profesión de abogado en jurisdicción de la Capital Federal - incluida la justicia federal - queda sujeto a la inscripción en la matrícula creada por ley 23.187, con excepción de la actuación ante la C.S.J.N. o ante tribunales o instancias administrativas "por causas originadas en tribunales federales o locales de las provincias" (art. 2).
Interpretación de la ley, deuda previsional, trabajador autónomo, actualización monetaria, determinación del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BASTIDA, Oscar c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-01

No existe contradicción entre la Resolución 270/80 y la ley 21864 toda vez que la primera establece el procedimiento para la determinación de la deuda por aportes al régimen previsional para trabajadores autónomos mientras que la segunda se refiere a la actualización de créditos de los regímenes de Seguridad Social, excluyéndose expresamente de sus disposiciones a las deudas por aportes de los trabajadores autónomos (cfr. art. 15).