Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-05


Salta, 05 de Octubre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "BANCO RIO DE LA PLATA S.A. CONTRA GIL CUEVAS, EMILIO; GIL CUEVAS, MARIA POR EJECUCION HIPOTECARIA" Expte. n° 15.595/03 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2° Nominación del Distrito Judicial del Norte - Circunscripción Orán; Expte. n° CAM 112.847 de Sala III y, C O N S I D E R A N D O I) A fs. 154 el Dr. Domingo José Sabag, apoderado del Sr. Emilio Gil Cuevas, apela la resolución de fs. 143, en cuanto regula los honorarios de la Dra. María Isabel Marchi de Díaz, en la cantidad de $2.299,14 (pesos dos mil doscientos noventa y nueve con 14/100) por la labor desarrollada en autos como apoderada de la actora.

En su memoria de fs. 156 sostiene, con base en los cálculos que explicita, que el total de la escala aplicable asciende a $1.352,31, siendo que la única actuación susceptible de ser valorada a los fines regulatorios ha sido la interposición de la acción hasta la sentencia de trance y remate, pues de allí en más no hubo otra intervención. Por lo demás, amén del incidente resuelto a fs. 47 que no impuso costas y la impugnación de planilla resuelta a fs. 96 vta. donde se impusieron las costas por el orden causado, la actuación de la letrada no ha sido otra que la de oponerse a los pagos y depósitos efectuados, al extremo que tuvo que colocarse en depósitos de plazo fijo (fs. 122). Si bien la base regulatoria es de $1.352,31, ese no es el monto que debe regularse sino que a él debe aplicarse el art. 18 de la Ley de Aranceles, es decir la reducción del 20% porque no se interpusieron excepciones.

Corrido traslado, a fs. 160 responde la Dra. María Isabel Marchi de Díaz, solicitando el rechazo del recurso y, asimismo, se regulen los honorarios que correspondan a esta instancia.

A fs. 166 pasan los autos a despacho.

II) De lo reseñado en el punto anterior se puede advertir que la diferencia entre lo regulado en la resolución en crisis y lo que manifiesta el recurrente que hubiere correspondido tabular en concepto de honorarios, no llega al monto mínimo de apelabilidad establecido por el art. 253 del Código Procesal y Acordada 9959/08 de la Corte de Justicia de la Provincia.

Se ha señalado que el fin de la limitación recursiva en razón del monto es sustraer del conocimiento de los tribunales de segunda instancia aquellas cuestiones que económicamente carecen de trascendencia (CN Civ., Sala F, 13/06/78, Rep E.D., 12- 701, n° 36; CNCiv., Sala F, 02/02/82, ED, 99 - 441; íd., Sala E, 21/12/81, Rep E.D., 16 - 771, n° 147) y, asimismo, agilizar los trámites de ciertos pleitos de menor cuantía, manteniendo la doble instancia para la generalidad (CNCom., Sala B, 21/12/79, Rep. E.D., 14 - 822, n° 64; E.D. 87 - 193; CApel.CC.Salta, Sala III, año 2005, f° 73; íd. íd. año 2006, f° 545).

El art. 253 del Código Procesal, con la actualización de la Acordada N° 9959, de fecha 12/03/08, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 17.830 del 18/03/08, establece que no son apelables las resoluciones recaídas en juicios cuyo monto no exceda de $ 2.000. Ahora bien, cabe señalar que si el monto del juicio no alcanza al mínimo exigido, ello impone la inapelabilidad de todas las resoluciones dictadas en su transcurso (CNCom., Sala B, 24/03/81, Rep. E.D., 16 - 772, n° 149); pero en caso de que supere esa cantidad, una interpretación sistemática del art. 253 citado, siguiendo los propósitos de la ley enunciados en el párrafo anterior, lleva a considerar que la inapelabilidad allí dispuesta debe aplicarse tomando en cuenta el valor cuestionado en la incidencia (CNCiv., Sala E. 05/11/80, Rep. E.D., 15 - 800, n° 55). Así se ha sentado que si el monto debatido en la segunda instancia es inferior al mínimo de apelación, corresponde declarar mal concedido el recurso (CApelCC Salta, Sala III, año 1983, f° 353).

Por lo tanto, partiendo de las premisas señaladas, se impone concluir que el recurso intentado es inadmisible lo que así cabe decidir. Las costas se imponen por el orden causado al no haber reclamo en tal sentido de parte del ejecutante (art. 67, 2º párrafo del Código Procesal).

III) En cuanto al pedido de regulación de honorarios correspondientes a la segunda instancia, efectuado por la Dra. María Isabel Marchi de Díaz a fs. 160 la actuación profesional de la misma en esta Sede consistió en la contestación del memorial formulado por los ejecutados en el marco de la apelación interpuesta por los mismos a fs. 48, en la que solicitó que se declare desierto el recurso por su fundamentación fuera de término y por no constituirla misma una crítica concreta y razonada del fallo. Mediante resolución de fs. 66/67 se declaró desierto el remedio intentado, en razón de la extemporaneidad de la presentación de la memoria, con costas.

No existiendo una norma específica en el arancel respecto de la regulación de honorarios por la obtención de la declaración de deserción del recurso, la misma debe hacerse en forma estimativa, para la cual es dable tener en cuenta las pautas previstas por los art. 4° y 5° del Dcto. Ley 324/63, en lo que resultan de aplicación (CApel.CC. Salta, Sala III, Año 2006, f°1013/1014; íd. íd. Año 2006, f° 1126).

Como la interposición del recurso referido demandó de la requirente la realización del escrito de responde de fs. 59, el mismo debe ser remunerado. Ahora bien, en base a los parámetros señalados ut supra, a los fines de la determinación del quántum de los emolumentos, no puede dejarse de considerar que la labor desplegada por la letrada no fue novedosa, ni revistió mayor complejidad.

En consecuencia, y atento a la forma como fueron impuestas las costas por la deserción del recurso interpuesto a fs. 48, se estima justo y equitativo regular los honorarios de la Dra. Marchi de Díaz, en la suma de $ 250 (Doscientos cincuenta pesos).

Por razones de economía procesal, se estiman también los honorarios del Dr. Domingo José Sabag por su labor en dicha apelación como letrado patrocinante de la Sra. María Gil Cuevas y apoderado del Sr. Emilio Gil Cuevas, en la cantidad de $145 (pesos ciento cuarenta y cinco).

En mérito de lo expresado, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I) DECLARA INAPELABLE por el monto la resolución de fs. 143, IMPONIENDO LAS COSTAS por el orden causado al no haber reclamo en tal sentido de la parte contraria (art. 67, 2º párrafo del Código Procesal).

II) REGULA los honorarios de la Dra. María Isabel Marchi de Díaz, en la suma de $ 250 (Doscientos cincuenta pesos) y los del Dr. Domingo José Sabag en la cantidad de $145 (pesos ciento cuarenta y cinco), por la labor respectivamente cumplida en relación al recurso de apelación resuelto a fs. 66/67.

III) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.