Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20


SENT Nro. 611 San Miguel de Tucumán, 20 DE AGOSTO de 2003.- Y VISTO: Estos actuados en los que el letrado Ricardo A. Gramajo, por derecho propio, promueve queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en los autos: "C.A.S.F.E.C. vs. Paz, Héctor Raúl s/Cobro ejecutivo"(Incidente sobre ejecución de honorarios promovido por el Dr. Ricardo A. Gramajo), y C O N S I D E R A N D O :

I.- El letrado Ricardo A. Gramajo, por derecho propio, a fs. 1/8 vta., interpone queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en contra de la sentencia Nº 189, de fecha 9 de octubre de 2002, de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III (cfr. fs. 363 y vta. de los autos "principales" que se tienen a la vista), por la que se resolvió rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el mencionado letrado en contra de la sentencia Nº 48, del 8-4-2002, y su aclaratoria, del 7-6-2002 emanadas del mismo tribunal. La queja se deduce en término, conforme surge de lo actuado a fs. 365 de los autos principales y del cargo actuarial inserto a fs. 8 vta. del expediente en que se tramita la queja.

II.- El acto jurisdiccional recurrido en queja, aduce que no concurren en el sub lite los supuestos previstos en los artículos 91 y 92 de la Ley Nº 6.944, y rechaza el recurso de inconstitucionalidad de marras. Así, expresa que "...no surge del escrito recursivo la ley, decreto o reglamento que regulan materias regidas por la Constitución de la Provincia que hayan sido materia de discusión entre las partes y la sentencia le hubiere desconocido las pretensiones del recurrente. Tampoco se advierte del escrito recursivo agravio sobre la conculcación del derecho de defensa en juicio o del debido proceso legal" (cfr. fs. 363 del expediente "principal").

La quejosa, por su parte, luego de reiterar lo dicho en el recurso de inconstitucionalidad, por las razones que expone a fs. 7/8 de las actuaciones vinculadas a la queja, controvierte los fundamentos del pronunciamiento atacado, y solicita se declare procedente la misma y que, en su mérito, se revoquen las sentencias de la Sala a quo del 8-4-2002 y 7-6-2002, y se haga lugar a la regulación de honorarios peticionada en su presentación de fecha 29-12-2000, corriente a fs. 279 de los autos "principales" (se aclara que corresponde también a ellos la mención de las fojas que en adelante se efectúan, salvo referencia expresa en contrario), y posteriores sobre el tema en examen.

A su turno la misma parte, en el recurso de inconstitucionalidad, realiza una reseña de las distintas actuaciones procesales cumplidas en la causa y reproduce pasajes del convenio del 28-12-2000, de fs. 277, precisando que existieron sorprendentes confusiones respecto de sus derechos contra la ejecutada, ex Casfec, y su representante legal Anses. En tal sentido entiende que, concordantemente con los términos del aludido convenio, jamás eximió a aquella de ningún tipo de costas referente a la ejecución de sus honorarios, ya que sólo renunció a cualquier regulación contra el organismo citado en último término; que en su escrito de fs. 282 reiteró o aclaró que su requerimiento de regulación de honorarios del 20-02-2001, no se refería a la incidencia de fs. 272/277 relativa al pedido de suspensión de plazos, por cuanto lo que realmente se pretendía era la fijación de sus emolumentos en el incidente del rubro, esto es, en el promovido para ejecutar sus honorarios contra Casfec iniciado el 21-4-1999, mediante escrito de fs. 203 (cfr. fs. 279), que mereció la correspondiente sentencia de trance y remate -actualmente firme y ejecutoriada-, y que allí también peticionó se regularan sus honorarios por el embargo preventivo de fs. 171, del 8-8-96, y por la nulidad resuelta el 21-9-99.

Después de efectuar una serie de consideraciones respecto a Casfec, y su vinculación posterior con la Anses que hoy la representa, asevera que el crédito emergente de la sentencia regulatoria -que se traduce en una obligación que no puede novarse o transformarse en otra distinta- lo es contra de aquél, y debe ser cubierto con sus bienes.

Cuestiona la confusión existente entre la persona jurídica privada Casfec, hoy en disolución y liquidación, y la persona jurídica Anses, que la representa a tales fines lo que, en su criterio, conduce inevitablemente a que las decisiones dictadas por la Sala a quo a fs. 316 y 328 resulten arbitrarias y, por ende, inconstitucionales, por alterar el debido proceso legal, al apartarse de las constancias del expediente y de las normas legales -que cita- aplicables en el sub iudice. Añade que el escrito que de común acuerdo se presentó a fs. 277, claramente exime de costas a la Anses, más no a la ex Casfec.

Tacha de violatoria a un elemental y básico principio interpretativo, la afirmación sentencial de que la renuncia efectuada a fs. 277 en favor de la Anses se aplica, no obstante lo expreso de sus términos, a Casfec; insiste una vez más en que devienen inconstitucionales, por arbitrarias, las resoluciones denegatorias de sus derechos, a las que considera dictadas en contra de la letra expresa del convenio de fs. 277 y de las disposiciones legales indicadas que se refieren a los premencionados organismos, en punto a representación, disolución y liquidación. Concluye diciendo que el planteo se sustenta en lo dispuesto en el artículo 92, inciso 3º, del CPC, y que resulta congruente con todos los efectuados con anterioridad.

Finalmente, interesa recordar que en la primera de las sentencias impugnadas por recurso de inconstitucionalidad (Nº 48, del 8-4-2002), el fundamento del rechazo del recurso de apelación se fundó en la consideración de que, conforme al instrumento presentado el 28-12-2000, el letrado Gramajo había renunciado expresamente a cualquier regulación de honorarios que le correspondiera o pudiera corresponder en contra de la Anses, por costas devengadas o a devengarse en la presente causa, renuncia ésta que, dijo, se tuvo presente mediante decreto del 28-12-2000, no recurrido por el apelante. Y en la resolución interlocutoria que resolvió el recurso de aclaratoria articulado por el mencionado letrado (Nº 104, del 7-6-2002), se consideró improcedente al mismo con el argumento de que "...la sentencia objetada de insuficiente es clara y completa en el sentido que el convenio de fs. 277 abarca la renuncia expresa a toda regulación de honorarios que corresponda o pudiera corresponder contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por los fundamentos y razones allí expuestos y que por ser conocido por el recurrente doy por reproducido" (cfr. fs. 328). De allí, que al estimarse que no existía ninguna emisión, se procedió a desestimar la aclaratoria impetrada.

III.- El artículo 91 del Código Procesal Constitucional sienta el principio básico en lo concerniente al recurso de inconstitucionalidad, al disponer como requisito inexcusable de admisibilidad del mismo, que la cuestión constitucional haya constituido la materia principal de discusión entre las partes.

En esta misma dirección, el artículo 93 del citado digesto de rito preceptúa que "Cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo anterior, debe deducirse el mismo con arreglo a lo allí prescripto, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial".

Resulta así manifiesto que el mencionado artículo 91 del CPC, que integra el Capítulo III, del Título III de la Ley Nº 6.944 (CPC), por la acusada semejanza con el texto del artículo 106 de la Constitución provincial, compone la orgánica reglamentación legal procesal del recurso de inconstitucionalidad cuya fuente es, precisamente, el precitado dispositivo constitucional, que expresa: "Corresponde a la Corte Suprema conocer: De los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas de los Tribunales inferiores, dictadas en causa en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución de la Provincia, siempre que esto formase la materia principal de la discusión entre las partes...".

Pero -meramente por hipótesis- si alguna duda subsistiera al respecto, la misma queda absolutamente disipada atendiendo a las derogaciones no meramente orgánicas -por el contenido del aludido Capítulo III, Título III del CPC- sino expresas que dispone el artículo 108 del CPC, cuando deja sin efecto las respectivas reglamentaciones procesales del recurso de inconstitucionalidad contenidas en los digestos rituales procesal civil y comercial, penal y del trabajo, artículos 812 (CPCC), 483 y 484 (CPPT) y 139 (CPT).

Se arriba así, a una primera conclusión: el contenido del Título III, Capítulo III, artículos 91 al 107 del Código Procesal Constitucional, instituye la reglamentación orgánica y sistemática del recurso de inconstitucionalidad por ante la Corte de la provincia, que tiene su origen en el artículo 106 de la Constitución vernácula, ut supra transcripto. Es, pues, esta conclusión la que determina la directriz conforme a la cual se debe realizar la exégesis de los artículos 91, 92 y 93 del CPC.

Respecto al primero de los dispositivos citados, de su mismo texto se desprende en modo inconcuso que su objeto o alcance se reduce a aquellos casos en que se controvierta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos con respecto a la Constitución provincial, y siempre que ello forme parte de la materia principal del debate; vale decir, se está en presencia del recurso de inconstitucionalidad que prevé el artículo 106 de la Constitución local. Esta interpretación es corroborada por el inciso 2 del artículo 92, en cuanto alude expresamente a la procedencia del recurso: "Cuando la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto de una autoridad provincial se ha puesto en cuestión bajo la pretensión de ser contrario a la Constitución Provincial"; y por lo preceptuado en el artículo 93, el que bajo el título de "FUNDAMENTACION", determina que debe deducirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior (se refiere al 92), "... de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial". En la misma directriz debe entenderse el inciso 3 del artículo 92 cuando la impugnación recursiva que específicamente está reglamentando se dirige a una sentencia de las aludidas en los artículos 91, 92, incisos 1 y 2, "...sea arbitrario porque se ha afectado la protección constitucional a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos o al debido proceso legal".

Asimismo, y sobre la base de estas premisas, se puede decir también que no basta que la cuestión suscitada entre las partes pueda repercutir de alguna manera en la Constitución Provincial, porque siempre todo planteo, en definitiva, tiene incidencia, en mayor o menor grado, en la misma, sino que se requiere que exista una cuestión constitucional que haya sido materia principal de la discusión, y que ella guarde una relación directa e inmediata con la Constitución local.

Ahora bien, en la especie, según se desprende del contenido del escrito de fs. 334/343 (recurso de inconstitucionalidad), que fuera reseñado ut supra, no se invoca la presencia de la cuestión constitucional descripta en el artículo 91 del CPC, ni controversia alguna respecto a la inteligencia de una norma de la Constitución Provincial, ni se discute la validez de una ley, decreto, norma con fuerza de ley o acto administrativo de autoridad provincial que se repute contraria a aquella (artículo 92, incisos 1 y 2) y, si bien se alega que resultan "arbitrarias, y por ende, inconstitucionales", por alterar el debido proceso, las resoluciones impugnadas mediante el recurso de inconstitucionalidad (cfr. fs. 341 y 342), como ya se dijo, ello debe serlo con relación a una sentencia de las mencionadas en los artículos 91, 92, incisos 1 y 2, situación ésta ausente en autos. Ello así por cuanto, según se infiere de la presentación recursiva, la cuestión litigiosa suscitada en la causa, fundamentalmente guarda estrecha relación con las cláusulas del convenio de fs. 277, del 28-12-2000, en especial con la renuncia contemplada en su punto b), en orden a determinar si corresponde o no la regulación de honorarios pretendida por el recurrente en los escritos a los que refiere en el escrito recursivo, sin que en ningún momento se hubiera planteado alguna de las cuestiones que habilitan la apertura de la instancia extraordinaria local reclamada, prevista en los precitados dispositivos del CPC, considerados ut supra.

Es que, en suma, debe quedar en claro que la arbitrariedad a la que alude el inciso 3 del artículo 92 del CPC, no es cualquier arbitrariedad, sino aquella que afecta el derecho de defensa y el debido proceso, en un pronunciamiento cuyo objeto recae sobre cuestiones vinculadas directa e inmediatamente a la constitución local o procura imponer su supremacía sobre normas o actos inferiores, en pugna con ella, situación que no se vislumbra en el caso, conforme fuera explicitado precedentemente.

Por consiguiente, cabe concluir que no se configuran en autos ninguna de las causales de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad incoado, mencionadas en los artículos pertinentes del CPC, ni se verifica la existencia de una cuestión constitucional que haya sido la materia principal de la discusión entre las partes y que guarde una relación directa e inmediata con la Ley Fundamental.

Finalmente, tampoco concurre en el sub iudice el supuesto excepcional de gravedad institucional, habida cuenta que de la lectura de los agravios contenidos en el escrito recursivo se sigue que la cuestión planteada no supera el interés individual del recurrente, sin trascender al plano general o institucional.

Por lo expuesto, siendo las sentencias Nº 48, del 8-4-2002, y su aclaratoria, del 7-6-2002, emanadas de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, no susceptibles de ser revisadas por el carril impugnativo del recurso de inconstitucionalidad, cuya denegatoria motivara la queja incoada por el letrado Ricardo A. Gramajo, tampoco resulta procedente esta última, por lo que debe ser desestimada.

Por ello, de conformidad a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 10 de las actuaciones relativas a la queja, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR a la queja que, por recurso de inconstitucionalidad denegado, planteara el letrado Ricardo A. Gramajo, actuando por derecho propio, en los autos: "C.A.S.F.E.C. vs. Paz, Héctor Raúl s/Cobro ejecutivo"(Incidente sobre ejecución de honorarios promovido por el Dr. Ricardo A. Gramajo), conforme a lo considerado.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA