Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22


TS07D44336 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 44336 CAUSA Nº 20.221-10 - SALA VII - JUZGADO Nº 24 En la ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de 2012, para dictar sentencia en los autos: "IZQUIERDO VIVIANA ISABEL Y OTROS c/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A.N.S.E.S. s/ diferencias de salarios" se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 197/215 se presentan los actores e inician demanda contra "Administración Nacional de la Seguridad Social", en procura del cobro de unas sumas a las que se consideran acreedores.

Sostienen que fueron empleados de la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio (CASFEC), en las condiciones y con las características que detallan.

Afirman que el Estado Nacional a través del dictado de diversas leyes y resoluciones dispuso intervenciones en las tres Cajas de Subsidios Existentes (Casfec, Caspi y Caja de la Estiba) hasta que mediante el decreto 2284/91 del PEN (31/10/91), denominado de "Desregulación Económica" se dispuso la disolución de dicha entidad y los trabajadores se incorporaron a la ANSES quedando bajo el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, determinándose además por decreto 2741/91 que aquéllos mantendrían las mismas condiciones laborales.

Indican que el reclamo persigue además de los rubros señalados, el reestablecimiento de las condiciones de trabajo ilícitamente alteradas por la empleadora.

Realizan algunas consideraciones más, y afirman que el Convenio 305/98 "E" celebrado no resulta aplicable a los ex trabajadores de CASFEC, no sólo por inconstitucional - por las circunstancias que indican- sino por no haber estado representados en la suscripción del mismo.

A fs. 244/267 responde la demandada.

Niega todos y cada uno de los hechos salvo los expresamente reconocidos.

Da su versión de los mismos y aduce que el convenio colectivo 305/08 resulta ser aplicable a este caso particular. Solicita el rechazo de la pretensión.

En la sentencia de primera instancia que obra a fs. 340/346, tras el análisis de los elementos de juicio aportados a la causa, la "a quo" decide en sentido desfavorable a las pretensiones principales de los actores.

Hay apelación de la parte actora (fs. 348/355).

II- La cuestión debatida en el presente proceso guarda similitud con la ya resuelta por este Tribunal in re "Micelota, Juan y otros c/ Administración Nacional de Seguridad Social", S.D. 31.448 del 30/10/98; "Carrascal, Patricio Claudio y otros c/ Administración Nacional de Seguridad Social" S.D. 36.300 del 28/08/02; "Borreli, María Vicenta y otros c/ Administración Nacional de Seguridad Social", Sent. 36.445 del 18/12/02; "Racedo de Camors, Lucrecia Esmeralda y otros c/ Administración Nacional de Seguridad Social", S.D. 38.540 del 26/05/05, entre otros).

En dichos precedentes se decidió que resulta de aplicación el decreto 2284/91 (invocados por los actores) en cuyo art. 100 establece que "El personal perteneciente a las cajas de asignaciones y subsidios familiares y del Instituto Nacional de Previsión Social mantendrá las mismas condiciones laborales...".

Por tal razón, si los trabajadores percibían determinados beneficios salariales de su anterior empleadora tienen derecho a continuar cobrándolo también en la Administración Nacional de Seguridad Social. La demandada no podía reducirlas o suprimirlas sin su consentimiento expreso y la unificación en la Anses dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, en modo alguno podía producirles un perjuicio. Tampoco podía la demandada excluir los beneficios mencionados a través del ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva (léase C.C. 308/95 "E" que invoca la demandada).

No considero que el decreto 2741/91 invocado por la demandada en su favor, sea modificatorio o condicionante de lo normado por el decreto 2284/91, en primer lugar porque nada de ello dispone aquél decreto y en segundo término porque, al contemplar que la ANSES se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias (art. 6) resulta aplicable entonces el principio de irrenunciabilidad y de intangibilidad de la remuneración (art. 12 L.C.T.).

Ello ha sido así resulto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Brindisi, Henry c/ ANSES" del 29/08/00 (fallos 323:2245). Allí se decidió la aplicación al caso concreto del decreto2284/91. Destaca la Corte, adhiriendo al dictamen del Procurador Fiscal Dr. Obarrio, que al ser el decreto en cuestión ratificado por el Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto por el art. 29 de la ley 24.307 (B.O. 30/12/93) quedó en un plano de igualdad con la norma de la ley laboral (en igual sentido esta Sala en "Delssin, Alejandro Daniel y otros c/ ANSES" S.D. 36.429 del 27/11/02, entre otros).

Cabe señalar, que en el presente caso, al igual que en los precedentes que se citaran, resulta de aplicación el Fallo Plenario N°161 del 5-08-71 dictado en "Bonet, Angel y otros c/ Sadema" (Rev. LL144-29, DT 1971-608) en cuanto señala que "Ante la supresión o rebaja de premios y plus acordados al margen del salario establecido por ley o convención colectiva, el trabajador que no disolvió el contrato por injurias tiene derecho a la integración de su remuneración con los rubros excluidos".

Consecuencia de lo antes señalado es que, propicio modificar el fallo y hacer lugar a la demanda.

III- Los actores también pidieron en su reclamo, en forma expresa, que la condena alcanzara hasta el momento de la sentencia definitiva. Por lo tanto y por aplicación de la doctrina plenaria sentada en "Condori Limachi c/ Valentini" N°202 del 9/12/74, cabe también hacer lugar a este pedido. Ver esta Sala "Amato Mónica Julia y otros c/ Admninistración Nacional de la Seguridad Social s/ diferencias de salarios", sent. N° 39.056 del 13/03/06.

En efecto, el Sr. Perito contador en la etapa prevista por el art. 132 de la ley 18.345, calculará las sumas adeudadas a cada uno de los actores en concepto de diferencias salariales por falta de liquidación del rubro antigüedad desde octubre de 2005 hasta el período indicado en la demanda, con más intereses de acuerdo a la tasa prevista en el acta 2357, conforme Resolución de Cámara N°8.

Se hace saber a la accionada que a partir de la fecha del presente pronunciamiento y en lo sucesivo deberá liquidarse la remuneración a los actores de acuerdo a los lineamientos expresados en el presente voto.

IV- Lo expuesto precedentemente torna de tratamiento abstracto los restantes planteos que realiza la actora en su expresión de agravios (ej. aplicabilidad o no del C.C. 305/98 "E").

V- La nueva solución que dejo propuesta impone dejar sin efecto lo resuelto en primera instancia en materia de costas y honorarios (art. 279 del Código Procesal) lo que torna de tratamiento abstracto cualquier recurso interpuesto al respecto.

De este modo, propicio que las costas, en ambas instancias sean declaradas a cargo de la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal) y se regulen honorarios a la representación letrada de la actora en un 17%, de la demandada en un 14%, y el perito contador en un 8%, respectivamente, del monto de condena que resulte en definitiva (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).

VI.- De tener adhesión mi voto propicio que las costas de alzada se declaren en el orden causado, atento la falta de réplica al escrito de recurso (art. 68 del C.P.C.C.N.) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora en el 30% de los determinados para la instancia anterior (art. 14 del arancel de abogados y procuradores). LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda, recurre la parte actora a tenor de la presentación de fs. 348/355.

La recurrente afirma que la sentencia le causa agravio porque la sentenciante consideró que la regla de la condición más beneficiosa no obsta al reemplazo de una resolución instituída en forma unilateral por quien fuera la empleadora, a través de un convenio colectivo de trabajo emanado de una negociación legítima y homologada, en especial cuando de la nueva estructura salarial negociada en dicho convenio no se advierte la existencia de un perjuicio para los actores según pericia contable a la que se remite el decisorio en crisis. Sostiene, en lo que interesa y en síntesis, que la Señora Juez "a quo" no tuvo en cuenta que los actores habían percibido un adicional por antigüedad equivalente al 3% sobre los rubros remunerativos, que ese adicional se dejó de pagar, y que ello deriva en un perjuicio para los accionantes, existiendo diferencias a su favor. Afirman asimismo que se han violado los arts. 12 y 66 LCT, y que no se respetó la intangibilidad del salario, siendo que en su opinión el CCT N° 305/98 "E" es un acuerdo novatorio que debe ser reputado de nulo de nulidad absoluta.

Analizadas las constancias de autos, adelanto que he de disentir con la opinión de mi distinguida colega, Dra. Estela M. Ferreirós, en tanto en mi opinión el recurso interpuesto dista de constituir una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia cuya revocatoria persigue, y en el mejor de los casos para los recurrentes, no excede de meras reiteraciones de afirmaciones que lucen insuficientes para motivar la revisión de lo actuado (conf. art. 116 L.O.).

En ese sentido, advierto que la Señora Juez "a quo" tuvo en cuenta que en el caso los actores se habían desempeñado para el Instituto Nacional de Previsión Social con determinadas condiciones laborales, y que a partir de la creación de la A.N.SeS. pasaron a cumplir funciones en esta última estableciéndose que mantendrían las mismas condiciones laborales rigiéndose por las normas legales y convencionales vigentes.	En ese marco, quedó reconocido que la demandada negoció el CCT N° 305/98, que fue homologado y que resulta de aplicación al personal de la accionada.

Los actores afirman que el convenio en cuestión no es de aplicación a su respecto atento lo dispuesto por el art. 9 LCT y en tanto no contiene normas más favorables, ello porque dejó sin efecto el adicional por antigüedad en las condiciones antes vigentes, lo que da lugar al reclamo de autos.

El planteo de los actores es idéntico al que dio lugar a mi voto en los autos "Arnol, Hernán Eduardo y otros c/Administración nacional de Seguridad Social A.N.S.E.S. s/Diferencias de Salarios" (S.D. N° 60214 del 19 de febrero de 2008 del registro de la Sala VI de esta Cámara), en los que sostuve que, estando acreditado que la demandada había aplicado el CCT N° 305/98 a todo el personal incluídos los actores, correspondía establecer si la implementación del mismo podía considerarse perjudicial para los accionantes.

Al igual que lo sostenido en el precedente mencionado, advierto que en el presente caso no se ha probado el perjuicio pretendido.

En ese sentido, se constata que el CCT N° 305/98 "E" prevé adicionales autónomos que se incorporaron al salario básico (v.g. adicional de reencasillamiento y ampliación horaria), y nuevas pautas retributivas, a los que no habrían tenido acceso los actores dentro del regimen anterior en el que se preveía el rubro objeto del reclamo.

Por otra parte, más allá de las reiteraciones dogmáticas de la presentación recursiva que trato, -basadas exclusivamente en las diferencias que resultarían de seguir aplicando el porcentaje de antigüedad en los periodos posteriores-, no surge de autos que se haya acreditado el perjuicio pretendido al inicio. En ese sentido, tal como lo destaca la sentenciante, incluso los haberes del mes en el que se dejó de abonar el adicional en cuestión resultan superiores a los percibidos en el mes anterior con el adicional incluído.

A mayor abundamiento, debo destacar que no considero que sea de aplicación al caso ni el art. 12 LCT ni el art. 66 de ese cuerpo normativo, en tanto no se ha tratado en modo alguno de una modificación unilateral de condiciones de trabajo, sino que lo actuado por la demandada tuvo como causa un convenio colectivo de trabajo debidamente homologado.

Por lo expuesto, propongo entonces confirmar en lo principal la sentencia apelada.

Ahora bien, la actora apela también la forma en que fueron impuestas las costas del juicio y en este aspecto considero que el recurso debe ser atendido.

En efecto, sin perjuicio de la conclusión arribada, creo que por la complejidad de la cuestión debatida la parte actora pudo razonablemente considerarse con mejor derecho para reclamar como lo hizo, y por ello con base en lo dispuesto por el art 68 segunda parte CPCCN, propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas en el orden causado.

La parte actora apela por elevadas las regulaciones de honorarios a favor de la parte demandada y de la perito contadora, pero de prosperar mi voto, solamente corresponde analizar la correspondiente a la experta contable. Teniendo en cuenta la extensión de las tareas llevadas a cabo por la experta considero que la regulación cuestionada luce ajustada a lo dispuesto por el Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 L.O., por lo que propongo confirmarla.

Por lo expuesto y de prosperar mi voto, propongo: 1) Modificar parcialmente la sentencia apelada imponiendo las costas en ambas instancias en el orden causado. 2) Confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y fuera materia de recurso. EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos reiterando la posición que sostuve en la sentencia definitiva Nro. 43.758 del 31/8/2011 dictada en autos "Aranda Liliana Beatriz y otros C/Administración Nacional de la Seguridad Social S/ Diferencia de Salarios" ( Expediente Nro. 17.033/2009), adhiero al voto de la Dra. ESTELA MILAGROS FERREIRÓS.

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo apelado y hacer lugar a la demanda con los alcances expresados en el considerando II del compartido primer voto. 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida. 3) Regular honorarios a la representación letrada de la actora en un 17% (diecisiete por ciento), de la demandada en un 14% (catorce por ciento), y del perito contador en un 8% (ocho por ciento) respectivamente, del monto de condena que resulte en definitiva. 4) Regular honorarios a la representación letrada de la actora en el 30% (treinta por ciento) de los determinados en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.