Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-20


SENT.DEF.Nº: 19724	EXPTE. Nº: 35.273/ 10 (28.356) JUZGADO Nº: 6	SALA X AUTOS: "QUISPE PARRA DAVID JOSE C/ INYLBRA AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO" Buenos Aires, 20/04/2012	El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) La sentencia de primera instancia viene apelada por el actor a tenor del memorial obrante a fs. 383, cuyos agravios fueron replicados por su contraria a fs. 388/390.

La Sra. juez "a quo" rechazó la demanda interpuesta al considerar ilegítima la decisión del actor de darse por despedido y tal conclusión llega cuestionada por el apelante y, a mi ver, con razón.

Arriba firme a esta alzada que a partir del 17/11/2009 el trabajador gozó de sucesivas licencias médicas con diagnóstico de "trastorno depresivo mayor episodio único (F32 X -DSM IV)" y que ello aconteció hasta el 20/5/2010 en que la empresa decidió otorgarle el alta médica, produciéndose a partir de allí el extenso intercambio postal obrante en autos y que culminó con la denuncia del contrato por parte del trabajador ante la reiterada negativa de la demandada a abonarle los salarios por el lapso de una enfermedad inculpable correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de ese año (ver demanda y su contestación).

Ahora bien. Para fundar su decisión la sentenciante que me ha precedido entendió que a partir del 16/5/2010 en que venció la última licencia médica reconocida por la empleadora, el actor no acreditó haber dado aviso de su afección sino hasta después de habersele otorgado el alta médica (precisamente el día 22/6/2010). También otorgó relevancia -entre otros- al hecho de no haberse acreditado la autenticidad de ninguna de las constancias aportadas por el actor tendientes a justificar el impedimento que invocó para no concurrir a trabajar y a la circunstancia que el informe médico de fs. 347 careció de firma.

En primer lugar, considero que la falta de elementos de juicio que acrediten que el trabajador haya dado aviso de su imposibilidad de trabajar con posterioridad al 16/5/2010 no adquiere la relevancia que se le pretende imprimir pues en este concreto caso tampoco medió intimación alguna de la ex empleadora para que justifique las inasistencias de esos días, lo cual genera la convicción de que la ex empleadora estaba anoticiada de que el actor continuaba con licencia médica a partir de esa fecha (conf. art. 163 inc. 5º CPCCN). Asimismo la falta de prueba de la autenticidad de los certificados médicos que el demandante acompañó en autos (verlos en sobre de fs. 2) no favorece la postura de la demandada pues del contenido de las comunicaciones postales intercambiadas por los litigantes con anterioridad a esta contienda judicial y sobre el cual no media discrepancia entre las partes, resulta que el actor en todo momento dio cumplimiento a lo normado por el art. 209 de la L.C.T. dando aviso de las sucesivas licencias médicas otorgadas por su psiquiatra tratante (la Dra. Vecchio). Por lo tanto, al trabajador le asistía el derecho a reclamar los salarios por enfermedad correspondientes a los días de licencia por enfermedad en tanto que al dar aviso de su imposibilidad de trabajar no tenía obligación alguna de presentar los certificados médicos que avalen su proceder (art. 209 L.C.T.). Y en este aspecto no le asiste razón a la demandada en cuanto insiste en señalar que el actor debía justificar sus inasistencias pues, en todo caso, era la empresa la que estaba facultada para realizar el control médico domiciliario al que alude art. 210 de la L.C.T. y que de hecho fue ejercido por ella, tal como así resulta de las constancias de la causa .	En efecto, del intercambio postal transcripto en la demanda se desprende que dicho control domiciliario no fue evadido por el actor quien denunció que el Dr. Carlos A. Moré se presentó en el domicilio particular del actor los días 12 y 21 de julio de 2010 (ver texto de las comunicaciones a fs. 50 y 50 vta.) y ello no fue desmentido por la demandada en ningún momento. Repárese en ese sentido en que si bien al contestar la acción sostuvo que haciendo uso de la facultad conferida por el mentado art. 210 L.C.T. envió al citado profesional al domicilio del trabajador a constatar el estado de salud descripto por el actor y que no lo encontró, lo concreto es que no indicó qué día ello habría acontecido. Es más, fue el propio el médico de la empresa, el Dr. Mocoroa, quien al declarar como testigo en esta causa dijo que el actor fue visitado en su domicilio por el Dr. Carlos More (fs. 312) e incluso reconoció el certificado médico obrante a fs. 14 del sobre de fs. 2. En dicho instrumento (expedido el 14/8/2010) solicitaba certificado médico psiquiátrico a fin de determinar la reinserción laboral del paciente y no obstante ello, llega reconocido por falta de negativa al respecto que al día siguiente (el 20/8/2010) el servicio médico de la empresa le otorgó el alta médica de cuyos fundamentos y respaldo científico nada se dijo en el responde, lo cual conduce a entender que el actor le entregó los certificados médicos que peticionó contradiciendo la tesitura de la demandada en el sentido que jamás los presentó. O bien, que sin esperarlos y sin realizar estudio médico alguno, la empresa unilateralmente decidió otorgarle el alta que -dicho está de paso- provenía de un profesional cuya especialidad nada tenía que ver con la afección denunciada por el actor (psiquiatrica), tal como así resulta de la declaración vertida por el Dr. Mocoroa, quien refirió que quien había otorgado el alta era Dra. Gutiérrez cuya especialidad es la clínica médica.	2º) De acuerdo con las consideraciones efectuadas, propongo revocar el decisorio de grado y, consecuentemente, declarar legítimo el despido indirecto del caso en tanto que la falta de pago de salarios por días de enfermedad, por su gravedad, justificó la decisión del trabajador de darse por despedido (conf. arts. 209, 242 y 246 L.C.T.). Por tanto postulo la admisión de los créditos indemnizatorios y salariales derivados de esa denuncia contractual (arts. 232, 233 y 245 idem).	También cabe admitir el resarcimiento previsto por el art. 2º de la ley 25.323 en tanto que el trabajador dio cumplimiento al recaudo de intimación previsto por la mentada normativa legal (ver fs. 52 primer párrafo) la cual es admisible porque la espera del plazo de cuatro días establecido por el art. 128 y al que remite el art. 255 bis de la L.C.T. (vigente a la fecha del despido), resultó innecesaria en este preciso caso frente a la respuesta de la demandada a la mentada requisitoria postal negando derecho alguno al demandante en sus reclamos argumentando la ilegitimidad de la decisión resolutoria adoptada por el trabajador (ver texto de la C.D. a fs. 52).

3º) En cambio, no resulta procedente la indemnización reclamada con fundamento en el art. 45 de la ley 25.345 toda vez que la intimación requerida por el art. 80 de la L.C.T. fue realizada en la misma comunicación que instrumentó el despido (ver fs. 52).

4º) En cuanto al resarcimiento por daño moral considero que no cabe admitirlo pues si bien la existencia de una relación laboral no descarta in limine la posibilidad que entre las partes exista responsabilidad extracontractual, ello acontece si con motivo o en ocasión del despido se incurrió en un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de aquella, aunque las condiciones que exhibe la causa no ameritan su reconocimiento.

Obsérvese en el aspecto considerado, que en el escrito de demanda no se denunciaron concretamente cuál o cuáles fueron los daños o perjuicios concretos de los que habría sido víctima. Además, más allá de la legitimidad del reclamo, no surge de la causa que al momento del despido la ex empleadora haya cometido alguna ofensa o agravio de magnitud tal como para herir los sentimientos o la honorabilidad del dependiente y es sabido que la jurisprudencia de nuestros Tribunales es reiterada en el sentido de otorgar este particular resarcimiento sólo en aquellas especialísimas situaciones en que ha mediado un acto ilícito extracontractual del empleador. Dicho de otro modo, para que se configure daño moral, resulta menester que exista un acto ilícito adicional al despido. La ilicitud se refiere a la antijuridicidad de la conducta que se califica de injuriante, oprobiosa para el trabajador. Sobre él recae la prueba de la configuración de esas circunstancias y, a mi juicio, en el caso se revela un incumplimiento contractual que si bien fue probado por el actor, ello no conduce a tener por demostrados los presupuestos señalados.

5º) Para efectuar el cálculo de los créditos que prosperan por este voto, tomaré en consideración una antigüedad en el empleo que data del día 8/10/96. Este aspecto surge reconocido por la demandada en los recibos de sueldo que ella misma acompañó en autos (verlos a fs. 101/104). En cuanto a la remuneración estaré a la denunciada en la demanda de $ 5.000 en tanto que no fue negada por la ex empleadora al contestar la acción (ver responde a fs. 139/145). Asimismo tengo presente que la demandada no acreditó la autenticidad de la constancia de depósito que adjuntó a fs. 93/94 pese a haber sido desconocida por el actor a fs. 161 ap. II.

Sobre dicha base habrá condena por la indemnización prevista por el art. 245 L.C.T. en la suma de $ 70.000 (14 períodos); la indemnización sustitutiva del preaviso (2 meses) en la de $ 10.000; la incidencia del s.a.c. sobre el rubro anterior en la de $ 833,33; los salarios de agosto/10 con más la integración del mes de despido en la de $ 5.000; el s.a.c. de 2010 (ambos semestres) en la de $ 5.000; las vacaciones proporcionales/10 (18,66 días) en la de $ 3.732 y el incremento resarcitorio del art. 2º de la ley 25.323 en la de $ 41.250 (indemnización + preaviso + integración x 50 %).

Los créditos de condena devengarán intereses desde su exigibilidad hasta el momento del efectivo pago a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla difundida por la Prosecretaría Gral. de esta Cámara (art. 622 C. Civil y acta C.N.A.T. nº 2357 del 7 de mayo de 2002 texto sustituido por resolución de Cámara nº 8 del 30-5-2002).

De conformidad con la solución que propicio, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicada en primera instancia (art. 279 CPCC).

Propongo que las costas de ambas instancias se impongan a la demandada al resultar vencida en lo sustancial de la contienda (art. 68 primer párrafo del CPCCN) a cuyos efectos -y por las tareas cumplidas en primera instancia- sugiero regular los honorarios del patrocinio letrado del actor (esta parte cumplió la etapa de alegar: fs. 369/374) en el 16,5 %, y los del patrocinio y representación letrada de la demandada -en forma conjunta- (esta parte también alegó: ver fs. 365/368) en el 12% Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria)	En cuanto a los honorarios de alzada propicio fijar los correspondientes a los firmantes de los escritos de fs. 383/386 y 388/390 en el 25 % de lo que les corresponda percibir por las tareas cumplidas en la etapa procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

En definitiva, de prosperar mi voto sugiero: 1) Revocar la sentencia apelada y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda condenando a INYLBRA AUTOMOTIVE SYSTEMS ARGENTINA S.A. a pagar a DAVID JOSE QUISPE PARRA, dentro del plazo de cinco días, la suma total de $ 135,815,33 (pesos ciento treinta y cinco mil ochocientos quince con treinta y tres centavos), con más los intereses fijados en el considerando pertinente de este voto. 2) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 3) Regular los honorarios de primera instancia a favor	del patrocinio letrado del actor (esta parte cumplió la etapa de alegar: fs. 369/374) en el 16,5 %, y los del patrocinio y representación letrada de la demandada -en forma conjunta- (esta parte también alegó: ver fs. 365/368) en el 12% Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria) 4) Regular los honorarios de alzada de los firmantes de los escritos de fs. 383/386 y 388/390 en el 25 % de lo que les corresponda percibir por las tareas cumplidas en la etapa procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Adhiero en lo sustancial a los fundamentos y conclusiones a las que arribó mi distinguido colega -Dr. Daniel E Stortini-, pero me permito disentir en cuanto a que la procedencia del incremento indemnizatorio establecido por el art. 2 de la ley 25.323. Entiendo que el mencionado texto normativo exige, de manera clara, que la intimación que allí se prevé debe ser realizada, cuanto menos luego de producido el distracto, y si éste, como sucede en autos, se produjo por despido indirecto, el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación.

Es que si el dispositivo aludido establece que dicho rubro resulta procedente cuando no se abonaren las indemnizaciones por despido, parece evidente que el requerimiento deba efectuarse una vez producida la extinción del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no se quiere aguardar el vencimiento del plazo contemplado en el art. 128 L.C.T. al que remite el art. 255 bis del mismo cuerpo legal) en que resultan exigibles los resarcimientos derivados del despido, me parece evidente que mal podría intimarse al pago de una determinada acreencia cuando ésta, por el motivo que fuere, no se ha hecho aún exigible.

Cabe recordar, también que desde antaño la doctrina y la jurisprudencia han insistido en que el despido (o mejor su comunicación) es un acto recepticio, lo cual, como se sabe significa que solamente se perfecciona con la recepción el ámbito de control y conocimiento del destinatario lo qu implica que tampoco puede admitirse que la interpelación exigida por la norma citada se concrete conjuntamente con la denuncia del vínculo, ello es así dado que, hasta que no se encuentre debidamente formalizado el distracto, no existe derecho alguno a la reparación por despido ni, consecuentemente, posibilidad alguna de intimar su pago.

En suma, por estas breves consideraciones, estimo que no cumple el recaudo exigido por el art. 2 de la ley 25.323 aquella intimación que se cursa en el mismo instrumento mediante el cual se denuncia el contrato de trabajo, y tampoco se soslaya ello acudiendo a una negativa patronal a satisfacer el pago de las reparaciones en cuestión, porque la aludida norma penaliza, por así decirlo, precisamente la actitud omisiva del empleador al cese de la relación de trabajo, se trata de un incumplimiento poscontractual: no satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido cuando, al efecto, hubiere sido intimado en forma fehaciente por el trabajador, obligándolo a éste a litigar ("iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio par percibirlas", así reza la norma); o sea, da por sentada la conducta que se califica como eximente de cursar en debida forma el requerimiento de pago.

En tales condiciones, propongo excluir del monto de condena la suma de $ 41.250.

Sin perjuicio de la solución que propicio, adhiero a lo resuelto en materia de costas y honorarios, a calcular sobre el nuevo monto de condena.

En resumen, voto por: 1º) Revocar la sentencia apelada y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda interpuesta por David Jorge Quispe Parra y condenar a Inybra Automotive Systems Argentina S.A. a pagarle, dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista por el art. 132 L.O., la suma de pesos NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 94.565,33), con más los intereses fijados precedentemente. 2) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 3) Regular los honorarios de primera instancia a favor del patrocinio letrado del actor (esta parte cumplió la etapa de alegar: fs. 369/374) en el 16,5 %, y los del patrocinio y representación letrada de la demandada -en forma conjunta- (esta parte también alegó: ver fs. 365/368) en el 12% Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria) 4) Regular los honorarios de alzada de los firmantes de los escritos de fs. 383/386 y 388/390 en el 25 % de lo que les corresponda percibir por las tareas cumplidas en la etapa procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia adhiero al voto del Dr. Brandolino.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, en Tribunal RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada y, consecuentemente, hacer lugar a la demanda interpuesta por David Jorge Quispe Parra y condenar a Inybra Automotive Systems Argentina S.A. a pagarle, dentro del quinto día de practicada la liquidación prevista por el art. 132 L.O., la suma de pesos NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 94.565,33), con más los intereses fijados precedentemente. 2) Costas de ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 3) Regular los honorarios de primera instancia a favor del patrocinio letrado del actor (esta parte cumplió la etapa de alegar: fs. 369/374) en el 16,5 %, y los del patrocinio y representación letrada de la demandada -en forma conjunta- (esta parte también alegó: ver fs. 365/368) en el 12% Dichos porcentajes serán calculados sobre el capital de condena con inclusión de intereses (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria) 4) Regular los honorarios de alzada de los firmantes de los escritos de fs. 383/386 y 388/390 en el 25 % de lo que les corresponda percibir por las tareas cumplidas en la etapa procesal anterior (art. 14 ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

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