Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-08-28


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral Expt.Nº 4020/C "ESCOBAR ANTONIO .-SUCESORIO S/ INCIDENTE NULIDAD" Juzgado Civil y Comercial Nº 1.-Gualeguay.

GUALEGUAYCHU, 28 de agosto de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.-Apeló a fs. 115 el incidentado, acreedor del coheredero Sr. Néstor Ramón Escobar, la resolución de fs. 107/112 mediante la cual se hizo lugar al planteo de nulidad formulado, declarándosela a partir del resolutivo de fs. 46, con costas al incidentado vencido.

II.-Cuestiona el recurrente en su memorial, que tal como quedó planteada la cuestión, la declaración o no de nulidad dependía de si las notificaciones de intimación a practicar inventario, de ampliación de inventario, de adjudicación y demás, efectuadas en el domicilio constituido son válidas o si, por el contrario, debieron serlo en el real y sobre la cual, argumenta, no se pronunció el Juez "a quo". Efectúa un raconto del trámite para poner de resalto que el domicilio real de los herederos de autos nunca fue denunciado y que no era su deber practicar en él una intimación a ampliar el inventario incluyendo bienes que no lo habían sido en el de fs. 27, aprobado a fs. 28. Insistió en que la notificación cumplida en el domicilio constituido es válida y extemporáneo el incidente de nulidad, especificando que su intervención es la del acreedor que se subroga en los derechos del coheredero deudor merced a su inactividad y que lo que pretende es subastar sus derechos hereditarios embargados. Por último aludió a la falta de perjuicio.

III.-Contestó a fs. 123/125 vta. el actual apoderado de los herederos explicando que el primer error que contiene el expediente es que en lugar de intimarse a los herederos en los términos del art. 3366 C.Civ., se les corrió vista del pedido de intimación formulado por el Dr. Impini en el domicilio procesal y no en el real, y que por ello la notificación carece de efectos respecto de la formulación de inventario que, además, se efectuó sin las formalidades procesales previstas en el ritual, advirtiéndolo recién al fijar audiencia el juzgado a fs. 85. Cuestiona la falta de fundamentación que exhibe el recurso y subsdiariamente controvierte los fundamentos del apelante insistiendo sobre la falta de intimación en los términos del código civil, explica que el juzgado se pronunció respecto del domicilio donde debían hacerse las notificaciones con sustento en la norma del art. 753 del CPCC tal como se lee a fs. 109 vta.; explica que los domicilios reales obran en los poderes y que fue el propio incidentado quien confeccionó las cédulas a dichos domicilios a fs. 86/88. Por último transcribe los párrafos de su escrito nulidiscente en donde específicamente se refirió al perjuicio, solicitando se confirme la sentencia venida en revisión.

IV.-La solución que de este Tribunal se requiere, amerita dejar expuesto que no obstante que la intimación a practicar inventario, en efecto, no se efectuó en los términos del art. 3366 C.Civ. pues lo que se proveyó ante el pedido del acreedor del heredero de fs. 34, fué una vista a los demás herederos (fs.38 del 19/04/2012) sí fue correctamente diligenciada en el domicilio constituido, pues la norma citada por el recurrente -art. 132 inc. 6. del CPCC- no implica que deba cursarse en el domicilio real, sino sólo que debe hacerse personalmente o por cédula, y tampoco se advierten razones que excepcionen al acto de intimar a formular inventario, de la norma general de notificación en el domicilio constituido.

Más, sin perjuicio que la confección del inventario por parte del acreedor fue prematura y además careció de la formal intimación prevista en la legislación de fondo, el silencio guardado por los interesados al serles notificada la puesta de manifiesto de fs. 46, mediante cédula de fs. 47 fechada en 23/05/2012, y luego la aprobación de "ampliación de inventario" de fs. 51, mediante cédula de fs. 77 diligenciada el 12/06/2012, determinan la operancia del principio de convalidación previsto en la norma del art. 167 del CPCC por resultar claramente extemporánea la nulidad pedida el 20/09/2012.

Tampoco se advierte cuál es el perjuicio del que derivare el interés en su declaración pues no es suficiente alegar que son "enormes" y que lo privó de efectuar la operatoria si, a la par, no se explicitan cuáles son los derechos que debió y no pudo ejercer o porqué la valuación es exagerada, dando razones concretas o comparativas.

Ahora bien, no obstante lo expuesto, la forma prematura en que éste fue practicado importa que el acreedor inventariador no podrá reclamar honorarios como si hubiera cumplido con la etapa prevista en el art. 62 LA, pues para ello sí requiere intimación en los términos de la norma del art. 3366 C.Civ., y transcurso del plazo allí previsto (CNCiv., Sala D, 21/7/65, ED 9-820) de lo contrario, como sucedió en autos, el acreedor del heredero no puede ser considerado subrogado en los derechos de un heredero que no puede tenerse por remiso, máxime cuando ni siquiera transcurrió el término previsto en la norma de fondo citada, por lo que el inventario fué hecho en su propio beneficio. Por otra parte, el acreedor del heredero tiene el derecho que consagra el art. 3452 C.Civ. a solicitar la partición o la adjudicación para satisfacer su interés pues si bien pueden embargar la parte alícuota o ideal de éste, a diferencia de los acreedores del causante, debe esperar a que se adjudiquen bienes "in sínguli" para hacer efectivo el crédito. (LLAMBIAS-MENDEZ COSTA: "Codigo Civil anotado" t. V A., p.404).

Y además "no existe disposición legal alguna que prevea expresamente la sanción de nulidad de las actuaciones cumplidas en el sucesorio sin la previa intimación al heredero para activar el trámite (art. 729 CPCC. Bs. As.) y tampoco se advierte que los actos procesales realizados por el acreedor, en principio, carezcan de algún requisito que les impida lograr la finalidad a la cual estaban destinados (art. 169 Ver Texto, párr. 1°, CPCC. Bs. As.), sobremanera si no se ha autorizado acto alguno de disposición o de administración. Ello sin perjuicio del derecho de las partes y profesionales a dilucidar lo atinente a honorarios y su carga en la etapa procesal correspondiente. Es que de acuerdo al principio de especificidad, que constituye uno de los presupuestos de admisibilidad de la nulidad procesal, no pueden ser declarados nulos los actos procesales cuando tal sanción no se encuentra predeterminada por la ley" (Publicado: BA B252527, ABELEDO PERROT Nº: 14/120527) e importaría un inútil dispendio de actividad jurisdiccional disponer la nulidad de las actuaciones cumplidas en el proceso sucesorio realizadas por el acreedor del heredero legitimado, si este no demuestra el perjuicio que le ha ocasionado el acto presuntamente irregular, máxime que, en caso de duda acerca de la existencia o no de un vicio, debe estarse a la validez del acto, por cuanto su nulidad debe ser considerada como un remedio excepcional y último.

En definitiva la nulidad será revocada respecto de los actos cumplidos por el Dr. Impini a quien, sin embargo no le corresponderán honorarios por las etapas del sucesorio previstas en el art. 62 incs. b) y c) de la ley 7046.

Por último y conforme a principios de economía y celeridad procesal, se dejarán fijados los honorarios de esta instancia para que los calcule el juez de grado al estimar los de la primer instancia.- Por todo lo expuesto, en definitiva juzgando;

SE RESUELVE:- 1.-HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.115 contra la sentencia de fs.107/112, la que se revoca.

2.-IMPONER las costas del recurso al apelado vencido.

3.-ESTABLECER los honorarios profesionales correspondientes a esta segunda instancia en un 40% de los que se fijen por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.

REGISTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.- GUSTAVO A. BRITOS-ANA CLARA PAULETTI-GUILLERMO O.DELRIEUX ante mi: DANIELA A. BADARACCO Secretaria En .../.../... se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.- DANIELA A. BADARACCO-Secretaria