marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpelación, cheque sin fondos
Materia: PENAL
Carátula: RATH, ENRIQUE ALBERTO s/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-08-22

La ley penal no fija el término dentro del cual debe comunicarse al librador el rechazo bancario de su cheque por falta de fondos suficientes para que, en caso de no abonarlo dentro de las 24 horas de notificado de ello, cometa el delito previsto y reprimido por el art. 302, inc 1 del Cod. Penal. Ante este silencio, y vinculándolo con la legislación comercial respecto del cheque, se han sostenido cuatro términos: el de 2 días desde la no oblación por el banco girado; el de 30 o 60 días desde su libramiento, según se emitan en nuestro país o en el extranjero; el de 1 año, contado desde el rechazo bancario; y el de 4 años a partir de su emisión. Dada la omisión del art. 302 inc. 1ro de establecer el término de interpelación, cada una de estas tesituras ha tenido un amplio desarrollo en la jurisprudencia y la doctrina en favor de una u otra postura. Sin embargo ha predominado la de considerar el plazo de 30 días. Por ello no se advierte que el fallo atacado haya aplicado la ley en forma absurda o errónea.
Procedimiento administrativo, ejecución de sentencia, cosa juzgada
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Alderete Victor Horacio c/ Estado Provincial s/ Acción Contencioso Administrativa de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-12

En un proceso de ejecución de sentencia, la autonomía de la acción ejecutiva se funda en el título y dicho título delimita y concreta la realización del derecho, a fin de que se cumpla la sentencia, quedando cerrada, en forma imperativa, toda otra discusión que no se halle resuelta y comprendida en el título judicial.

Sentado entonces que el proceso de ejecución de sentencia tiene como límites los parámetros objetivos de la cosa juzgada, en el caso debe tomarse en cuenta la parte resolutiva de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Justicia que se pretende ejecutar, por la que se decidió hacer lugar parcialmente a los haberes caídos demandados, fijando pautas concretas para su cuantificación, difiriendo la determinación del monto para el momento de ejecución de sentencia; ello importa la autorización de otorgar la instancia para que pueda obtenerse una suma líquida susceptible de reclamo concreto, en la que sólo debe considerarse para justipreciarla lo efectivamente impetrado en el momento procesal oportuno, ergo, en la demanda, quedando excluidos aquellos rubros introducidos tardíamente en esta etapa por la ejecutante, tales como los aportes previsionales y de obra social.

En consecuencia, debe estarse al informe pericial del contador público designado de oficio por el Tribunal, lo que garantiza la imparcialidad de su dictamen, el que se remite a pautas objetivas para la elaboración de conclusiones verificables, Corresponde fijar el monto por el que prospera la ejecución de sentencia en la suma cincuenta y siete mil setecientos pesos con noventa y siete centavos ($57.700, 97), que incluye el total de haberes adeudados más intereses, de conformidad a lo resuelto en la sentencia definitiva.
Sustracción de menores, supresión del estado civil
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: Francisco Gomez, Jorge Luis Magnacco y Teodora Jofre s/ Sustracción Menor de 10 años
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-22

La conducta de alterar el estado civil de una persona menor de diez años descripta en el inciso 2 del art. 139 del Código Penal, importa hacer aparecer como real una situación que no es la que corresponde efectivamente a los hechos; en tanto la acción de suprimir contenida en la misma norma, refiere a crear una situación en la cual no puede acreditarse el estado civil de un sujeto; acciones estas que no gozan de las característica propias de un delito continuo, pues lo trascendente es la creación de incertidumbre sobre el estado civil mismo y no su duración.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Apesato, Atilio Sergio Claudio y Pacentrilli, Ana s/ Concurso preventivo Miguel, Rubén Fernando s/ Concurso preventivo Producciones Agropecuarias S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02|1994-08-23|1996-09-17

No resulta definitivo (art. 278, C.P.C.) el rechazo del pedido de apertura del concurso preventivo, sin que altere esta conclusión lo dispuesto por el art. 32 de la ley 19.551.
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa, indemnización por accidente de trabajo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giménez Cristian Pablo c/ Municipalidad de Villa Elisa y otra s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-10

Frente a un accidente de trabajo, la víctima de un hecho ilícito dañoso -cuasidelito- puede demandar a todos o a cada uno de los eventuales responsables, por imperio del principio de solidaridad dispuesto por los artículos 1109 y 699 del Código Civil, máxime cuando en forma expresa hoy lo autoriza el artículo 5 de la ley 24.028 de Accidentes y Enfermedades de Trabajo. La argumentación de que la máquina vial causante del daño no es cosa riesgosa encuadrable en el artículo 1113 del Código de fondo no es admisible, pues si riesgo es todo aquello que potencialmente puede causar daño, acaecido éste, hay que inferir necesariamente que el riesgo existía; sería absurdo pretender probar la carencia de peligro potencial, pues el siniestro efectivamente se produjo.
Cuestiones de competencia, unificación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Valencia Vargas, Rigoberto s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31

A los fines de determinar cuál es el juez competente para unificar las penas en los términos del art. 58 del C.P., la norma aludida presenta dos hipótesis: la primera se configura cuando se trata de uno o más delitos posteriores a la primera sentencia o cuando se deba condenar a un sujeto por un delito anterior a la sentencia firme, y la segunda, cuando se hayan dictado dos o más sentencias firmes con violación a dichas reglas. En la primera hipótesis el juez competente resulta ser el juez que dicta la última sentencia, debiendo unificar las penas de oficio. En cambio, cuando el art. 58 del C.P. expresa que el juez competente es el que haya aplicado la pena mayor, se refiere a la segunda hipótesis, es decir, cuando se han violado las reglas sobre unificación.
Prescripción, suspensión de la prescripción, divorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Andrili  de  Cúneo  Libarona,  María  Sara c/ Cúneo Libarona, Angel. s/ sucesión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-29

Si bien el divorcio indica sin duda que la concordia matrimonial ha sufrido una disminución y que se ha abierto judicialmente una etapa de hostilidades o defensa de los derechos, de ningún modo puede seguirse que con ello se agota el fundamento de la suspensión de la prescripción, para oponerse a los arts. 3969 y 3970 del Código Civil.
Detención del menor, salidas transitorias, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: G., G. A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-29

Se encuentra justificada la denegatoria de la solicitud de egreso fundada en la posibilidad de que el menor abuse de su libertad para impedir con su fuga la sustanciación completa del proceso o el cumplimiento de la pena que se le pueda imponer, teniendo en cuenta que posee cuatro procesos en trámite y que el informe social revela que se trata de un joven que se ha visto nuevamente expuesto en circunstancias de transgresión, sin poder reflexionar ante las consecuencias de su accionar. La disidencia consideró que lo resuelto, centrado en afirmaciones dogmáticas respecto de cuestiones procesales tales como peligro de fuga, desatendió la sugerencia de egreso efectuada por los profesionales del instituto donde el menor se encuentra alojado. (Dres. Diez Ojeda -en disidencia-, Hornos, González Palazzo).
Régimen de consolidación de deudas, tasas de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2002-02-25

Encontrándose previsto en el régimen de consolidación el tipo de interés que habrán de devengar las obligaciones consolidadas, la fijación de intereses con posterioridad al 31-3-91 en el pronunciamiento atacado resulta manifiestamente inconducente, y violatoria de normativa de orden público vigente.(Dra. Catella:según su voto).
Responsabilidad del Estado, personas con discapacidad, menores, derecho a la salud, Salud pública
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Monteserin, Marcelino c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social - Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas - Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-16

El Estado Nacional no puede sustraerse de su responsabilidad en la asistencia y atención del niño discapacitado en razón de demoras contingentes en la puesta en funcionamiento del respectivo sistema sanitario en las provincias; más allá de la actividad que le corresponda ejercer, en su caso, para lograr la adecuada participación de la autoridad local en esa materia.
Competencia por conexidad, divorcio por culpa de ambos cónyuges, privación de la patria potestad, tenencia de hijos menores, régimen de visitas
Materia: CIVIL
Carátula: P. DE B.C. c/ B.H.P. s/ DIVORCIO - PATRIA POTESTAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1928-07-27

Declarado el divorcio por culpa de ambos esposos y promovido nuevo juicio sobre pérdida de la patria potestad, es en este último donde corresponde adoptar las medidas que la ley y las circunstancias exijan, relacionadas con la tenencia de los menores y visitas de los padres
Medidas cautelares, rescisión del contrato, confirmación de sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PE Los Padres S.A.  c/ E.N. -M° Economía- Secretaría Energía-Resol. 1260/21  s/ Medida Cautelar (Autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-06

El juez de grado denegó la medida cautelar solicitada por la parte actora con el objeto de que se ordenara a las demandadas continuar con el procedimiento de rescisión contractual sin exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 1°, incisos a, y b, de la resolución 1260/21 de la Secretaría de Energía (pago previo de una determinada suma y renuncia a futuros reclamos). Apelada tal decisión, la Cámara la confirmó. A tales fines, destacó que no se acreditó debidamente el peligro en la demora y que la complejidad de la cuestión impedía apreciar un grado cierto de verosimilitud en el derecho invocado.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio de Acción Social de la Nación c/ Jockey Club de Buenos Aires s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-28

Cuando el valor cuestionado se encuentra indefinido por haber sido diferida su determinación, el valor disputado en último término a la fecha de la interposición del recurso ordinario de apelación es susceptible de ser satisfecho mediante su cálculo estimativo, realizado en términos concretos y circunstanciados y con fundamento en los elementos de juicio producidos en la causa, sobre el cual, por lo demás, podrá formular alegaciones la parte apelada con motivo de la sustanciación del recurso.
Impuesto de sellos, hecho imponible, constitución de sociedades
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CINQUE, ANTONIO LUIS s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-27

El art. 20 de la ley de sellos establece que están sujetos al impuesto proporcional del 10 por mil sobre el monto imponible respectivo, los actos que allí se enumeran, entre los que se encuentra la constitución de sociedades, sus prórrogas y las ampliaciones de su capital, inc. o).
Cuestiones de competencia, juez de instrucción, tribunal oral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n. 32 s/ planteo art. 24, inc. 7, del decreto - ley 1285/58.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

No puede suscitarse ningún conflicto entre órganos jurisdiccionales que además de tener distinta jerarquía - juez de instrucción y jueces del tribunal oral con rango de jueces de cámara - revisten en el proceso diferente competencia funcional por la cual el tribunal de juicio actúa como órgano revisor de los actos del instructor a quien la ley encomienda la etapa preparatoria que posibilitará la actuación de aquél mediante la elevación a juicio (art. 351, del Código de Procedimientos en Materia Penal de la Nación).
Robo con armas, arma propia, arma cargada, arma descargada, arma defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: BRITO, EDUARDO. s/ ROBO. ARMA. PLENARIO SCIOSCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-27

Del plenario Scioscia surge que es arma tanto la cargada y apta, como la cargada o descargada e inepta para su uso propio.
Competencia por la materia, recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada, jueces naturales, orden público
Materia: PENAL
Carátula: SUAREZ JUAN FELIPE S.D. HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN ACCIDENTE DE TRANSITO EN CONCURSO IDEAL E.P. LEGUIZAMON HUGO Y ALLOSA DIEGO MARCELO s/ CASACION CRIMINAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-06-27

El tratamiento efectuado por el Tribunal de Alzada advirtiendo la incompetencia en razón de la materia de la Cámara de Juicio Oral para llevar a cabo el debate por la acción civil, y la consecuente declaración de nulidad de la sentencia emitida por dicho Cuerpo, de los actos que la precedieron y de los actos posteriores que se derivaran de ella, no excede en absoluto el marco de conocimiento atribuido al mencionado Tribunal de Alzada, puesto que el principio del juez natural es un parámetro necesariamente involucrado en la resolución de la situación planteada en autos, y tratándose de una cuestión de orden público, resulta plena y legalmente posible su abordamiento en cualquier estadio procesal, aún cuando las partes intervinientes no la hubieran planteado en forma previa, pues no es materia disponible por los particulares.
Sociedades comerciales, socios, fiscalización de sociedades, inoponibilidad de la personalidad jurídica
Materia: COMERCIAL
Carátula: Casares, María Josefina  c/ Depositos Elcano SA y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

No basta el simple incumplimiento a los derechos del consumidor en que hubiera incurrido la sociedad para considerarla incursa en alguno de los supuestos de la LGS 54. Al igual que en otros casos en que se hubieran incumplido derechos no vinculados al consumidor será necesario la prueba de una utilización desviada de la personalidad jurídica, o contraria a la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, hechos que no fueron aquí acreditados (en este sentido, Moro, Emilio, "El corrimiento del velo societario frente a daños causados a consumidores y violaciones a la ley de defensa del consumidor" en "Tratado de Derecho del Consumidor", Stiglitz - Hernández, T. III, Ed. La ley, Bs.As., 2015, p. 413).
Contrato de obra pública, rescisión del contrato administrativo, mayores costos, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Echenique   y  Sánchez Galarce S.A. c/ Instituto de Vivienda del Ejército s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-24

No habiendo sido demandada la recomposición del contrato, no cabe reconocer indirectamente ese rubro, so color de estimar la cuantía del daño derivado de la rescisión, ya que las mayores erogaciones estimadas por el perito, en tanto precedieron a la rescisión del contrato y fueron el motivo por el que la empresa dilató su cumplimiento, constituyeron la causa y no el efecto de la ruptura del vínculo.
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, Aldo Rubén c/ CD CALLIERA S.R.L. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-04-03

La planilla base para regular honorarios es apelable, dado que forma parte del auto regulatorio, tal como lo expuso recientemente la Cámara de Apelaciones Laboral- Sala I, en el expediente Nro. Cám.-18.325/7, Aguirre c. Calliera S.R.L.- Queja.

Otra interpretación nos llevaría a considerar apelable sólo parte del auto regulatorio, pues no cabría esta posibilidad respecto a la base, salvo que la misma, es decir su liquidación, estuviera incluída en el auto respectivo, pero no cuando se la haya formulado como paso previo" (Núñez c. Bodegas Giol, Expte. Nro. 3967/93; 22-10-1993).
Cheque sin fondos, participación criminal, participación necesaria, titular de cuenta corriente
Materia: PENAL
Carátula: PERSINI, GIOCONDA s/ Cheque sin fondos Causa 29381
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-16

Es partícipe necesario el titular de la cuenta corriente aún cuando ignore a quien se dan los documentos o las interpelaciones que se reciban, si firma los cheques y los entrega a un tercero (autor del delito) que tiene el dominio del hecho al manejar la cuenta en el banco, disponiendo de la chequera firmada y recibiendo en su domicilio las comunicaciones concernientes al giro de esa cuenta.

(Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Procedimiento administrativo, amparo por mora, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: OSSE, Luis Matus c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

Si ante la mora de la administración, el particular opta por instar la decisión expresa, positiva o negativa, ya sea en sede administrativa o judicialmente, a través del amparo por mora (art.

28 de la ley 19.549), no resulta necesario requerir pronto despacho de la petición, en los términos del referido art. 10 de la ley citada, en forma previa a interponer la demanda.-
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, procedencia del recurso, medidas cautelares, medida de no innovar, resolución denegatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: Club Universitario de Buenos Aires c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO:REQUISITOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-28

Es equiparable a sentencia definitiva el pronunciamiento que denegó la prohibición de innovar fundada en la protección de la seguridad física de los habitantes del barrio comprendido en la ordenanza derogada, ya que, en atención a los actos delictivos ocurridos con posterioridad al dictado de la disposición impugnada, es evidente que el mantenimiento de la decisión apelada altera, de un modo sustancial, el ámbito sobre el que ha de recaer la decisión final de la causa.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, apertura del concurso, crédito previsional, crédito laboral, LEY DE CONCURSOS, razonabilidad, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¿Es inconstitucional el inciso 8, artículo 11,   ley 19551, en cuánto exige la acreditación del cumplimiento de las   disposiciones de las leyes sociales del personal en relación de   dependencia, actualizado al momento de la presentación concursal,   como requisito formal de la petición del concurso preventivo?   -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-06-16

El inciso 8) del artículo 11 de la ley 19551 tal vez padezca de flancos débiles, acomodados incluso para ser atacados políticamente en cuanto es tuitivo de cierto tipo de créditos. La doctrina, a su turno, generalmente liberal en esta materia o al menos intuitivamente propensa a que se abran los concursos (por razones utilitarias o no), ha coadyuvado a esas críticas en buena parte atendibles. Pero de allí a la inconstitucionalidad, no: que la norma sea "irrazonable" no significa que a la fuerza sea "Inconstitucional", una cosa no se sigue de la otra. (Del Voto del Dr. Chiappini).
Defensa del consumidor, acción judicial, aplicación de la ley, Derecho procesal, principio de publicidad
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Asoc. por la Defensa de Usuarios y Consumidores - Aduc c/ Swiss Medical SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-28

Procede confirmar la resolución por medio de la cual el magistrado de grado dictó el auto de certificación de clase previsto en el pto. VIII del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos y dispuso -en lo que aquí interesa- establecer mecanismos de publicidad. En ese marco, teniendo en cuenta el objeto de este juicio, los medios de difusión dispuestos, incluido el aviso mediante el resumen de cuenta (factura), ya sea en formato digital o en papel, se aprecian adecuados para la finalidad perseguida, pudiendo complementarse a través de medios tecnológicos, pero no limitarse.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

Es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Escribanos públicos, renuncia al empleo, régimen disciplinario administrativo
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos. Escribano Leiguarda, Álvaro Jerónimo s/ inspección protocolo año 2008, 2010, libro de requerimientos nº 29 y demás documentación notarial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

La renuncia al cargo presentada por el escribano encartado -ni aun su eventual aceptación- no convierte en abstracto este sumario disciplinario, habida cuenta lo dispuesto por el art. 147 de la ley nº 404, el art. 81 del decreto reglamentario nº 1624/00. (Voto de los Sres. Jueces José O. Casás, Luis F. Lozano y Ana María Conde).
Recusación sin causa, competencia por conexidad, perpetuatio jurisdictionis
Materia: PROCESAL
Carátula: M.S. c/ P.D. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-15

La cuestión que versa sobre si debe prevalecer la recusación sin expresión de causa o la competencia por conexidad, no puede ser resuelta según principios abstractos sino valorando cada hipótesis en particular. La conexidad puede estar basada en los motivos más diversos: algunos de ellos revisten una importancia tal que torna improcedente la recusación sin causa por incidencia de la "perpetuatio jurisdictionis". Otros, en cambio se originan en razones que no pueden dejar sin efecto un instituto procesal que si bien es de interpretación restrictiva, tiende a garantizar la defensa de las partes.