marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Demanda, traslado, notificación, gobernador, fiscal de Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Cuello, José Adolfo c/ Estado provincial s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-04-28

El requisito de la doble notificación del traslado de la demanda se impone de acuerdo al art. 341 del C.P.C. en aquellas causas en que la Provincia pueda ser demandada, lo que implica notificar al titular del Poder Ejecutivo y también al Fiscal de Estado el conocimiento de las causas en las que pudieran resultar comprometidos intereses provinciales. Dicha norma debe relacionarse con el art. 162 de nuestra Constitución, donde se asigna al Fiscal de Estado la función de defender el patrimonio del Estado, a la par de considerarlo parte legítima en todos los juicios de interés provincial. Empero ello, dicha disposición no obsta a que se cumpla con lo previsto en la ley adjetiva, al encontrarse munidos los jefes de Estado de la potestad jerárquica que sobre dichos funcionarios -fiscales de estado- ejercen. (Voto en disidencia de la Dra. García Teran)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, obligaciones de dar sumas de dinero, riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSSITTO, GRACIELA ADRIANA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-10-22

Al contar la Municipalidad con una reserva especial destinada al pago de las prestaciones dinerarias que surgen de la Ley de Riesgos de Trabajo -autorizada mediante la Resolución Conjunta Nros. 28998/2002 y 436/2002, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en virtud de haber cumplimentado el municipio con los requisitos de encontrarse excluidos de la definición de pequeña y mediana empresa; haber celebrado un contrato de fideicomiso; la constitución de reservas especiales; y garantizar el cumplimiento de los requisitos que la Ley de Riesgos del Trabajo y su reglamentación imponen a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en materia de prestaciones- mal puede alegar el Municipio accionado la imposibilidad de disponer de dichos fondos para el pago del depósito previsto en el artículo 109 inciso IV del Código Procesal Laboral. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Codigo Procesal Laboral, artículo 109, inciso IV; Ley de Riesgos del Trabajo; Superintendencia de Seguros de la Nación y Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución Conjunta Nros. 28998/2002 y 436/2002; Decreto 585/96, artículos 1, apartados a, b y c, y 6.
Prueba anticipada, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Faule, Olinda Beatriz c/ Belgrano Distribuciones S.A. y otros s/ Prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-13

Al omitirse la disposición procesal de notificar a las futuras partes de la contienda respecto de, la producción de prueba anticipada, se conculcan los principios de raigambre constitucional de defensa en juicio e igualdad de las partes en el proceso, pues constituyen recaudos que deben observarse estrictamente bajo pena de nulidad. (Minoría u opinión personal)
Declaración de ineficacia, verificación de créditos, cosa juzgada, dolo, sentencia, abuso del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSTRUCCIONES MEIJIDE s/ QUIEBRA    PEDIDA  -  INEFICACIA  CONCURSAL  -  PERIODO  DE  SOSPECHA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-07-03

La ley concursal en su art. 38 establece que la verificación del crédito y en su caso el privilegio produce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. Si bien esta acción esta dirigida a la declaración de nulidad de la sentencia que recae en la etapa de insinuación de los créditos, según lo que dispone el art. 39 de la ley concursal, no es la única acción que por dolo o fraude puede entablarse ya que además el legislador previo, para el caso de quiebra las que se determinan en los arts. 122 y sgts. y por supuesto la pauliana. Es que frente al dolo y su especie el fraude, no puede nunca existir cosa juzgada, porque en definitiva ha existido abuso del derecho en contra de los demás acreedores.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), concurso real
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZAPATA, JUAN CARLOS c/  s/ ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-04-10

La defensa insiste en que resulta descalificable la aplicación del método de la suma, pero sin hacerse cargo de refutar la fundamentación brindada por el A quo, ni demostrar siquiera liminarmente por qué entiende que la determinación de la pena única siguiendo las pautas del concurso real -método composicional- hubiera derivado necesariamente en la individualización de una sanción menor a la impuesta. Así, más allá de que el método de unificación de penas escogido en el caso es uno de los admitidos por la doctrina y jurisprudencia y no excede las posibilidades hermenéuticas de la norma en cuestión, de todos modos el fallo no resulta descalificable por falta de decisividad del planteo, dado que la recurrente no acredita en modo alguno que la interpretación que propone hubiese conducido a modificar el resultado final de la causa.
Movilidad del haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales, aplicación de la ley, Ley de Reforma del Estado, ley de emergencia económica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VILASECO, JOSE c/ Caja Nacional de Previsió de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

Más allá de la sustancialmente diversa situación vivida previa y posteriormente al 01.04.91 en torno al valor de nuestra moneda, no puede soslayarse que la movilidad de los haberes es una garantía constitucional que conserva su vigencia, amparada por los arts. 14 nuevo y 17 de la Ley Suprema, que se torna operativa cualquiera sea la causa por la que se incrementen las remuneraciones, así sea ésta la mayor productividad. Dicha garantía regulada por la ley 18.037 aunque con parámetros de cálculo distintos, también se encuentra contemplada en la ley 24.241, lo cual demuestra que su implementación es perfectamente compatible con el proceso económico iniciado a partir del dictado de la leyes de Reforma del Estado N° 23.696, de Emergencia Económica N° 23.697 y de Convertibilidad N° 23.928. A mayor abundamiento, la Res. del M.T. y S.S. 127/94 refuerza la tesis, pues no se concibe que La autoridad de aplicación establezca los índices a utilizar sobre las remuneraciones percibidas al 31.12.93 tal como lo disponen los arts. 49 y 53 de la ley 18.037, si la movilidad por ellos regulada hubiere perdido vigencia. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Presunción de contrato de trabajo, primacía de la realidad, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pleitel  Andrea Laura c/ Náutico Escobar Country club Asoc. Civil s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-22

Cuando de los elementos de juicio se infiere la existencia de una relación de trabajo, el hecho de que el trabajador emitiera facturas o percibiera "honorarios" no obsta a tal conclusión, pues debe regir el principio de "primacia de la realidad" y válidamente puede concluirse que la entrega de dicha documentación constituye una exigencia formal de la empleadora para eludir la aplicación de las normas laborales que resultan indisponibles para las partes (art. 12 LCT).
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL, afiliados previsionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serrano, Luis Cipriano y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-07

Del art. 1 de la ley 6982 en especial así como también de todo su articulado en general surge que la finalidad de la mentada normativa es la de satisfacer los requerimientos de salud en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires a través de un sistema de obra social abierta y arancelada (art. 1), "...para el personal en actividad dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social y de las Municipalidades que se adhieran" (art. 16)- afiliación obligatoria- y para los sectores de la actividad pública y privada que lo deseen - afiliación voluntaria- .
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: LABORAL
Carátula: RIOS, MARIA INES Y OTROS c/ MACIEL S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY SZCOPE, MIGUEL A. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO (CONSEJO PROVINCIAL DE SALUD PUBLICA R.N.) s/ ENFERMEDAD ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-09|1994-04-27

La mayoría legal consiste en la coincidencia de opiniones de por lo menos dos de los tres vocales que integran el tribunal, debiendo producirse respecto de cada cuestión esencial-
Accidente de tránsito, transporte benévolo, culpa de la víctima, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: Zapata, Norma Nelida c/ Obreque, Rodrigo Julian y otro s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte s/ d. y p. x uso autom. c/ lesión o muerte
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-01

El término "en la medida del contrato de seguro" que indica la modalidad con la que se hace extensiva la condena a la aseguradora incluye el límite máximo de cobertura a que alude el Anexo II de la póliza de autos, resulta oponible a la parte actora. Luego, en el Anexo II obra una cláusula que establece límites máximos a la cobertura comprometida por la aseguradora, disponiendo que para automóviles particulares -tal el supuesto de autos-, y por muerte de personas transportadas, dicho límite es de $ 500.000,00 por evento, y de $ 125.000,00 por persona fallecida.
Aplicación de la ley, divorcio, manifestación de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: R. C. F. E. c/ M. N. E. s/ ORDINARIO DIVORCIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-02-02

La unilateral expresión de voluntad de la parte actora de obtener -declaración judicial mediante- su divorcio, resulta suficiente para admitir la pretensión, sin que sea necesario verificar la concurrencia de otros requisitos, tal como lo disponía la normativa hoy derogada (art. 214 inc. 2º del Código Civil -Ley 23.515-).
Sucesiones, partes del proceso, Ministerio Público Fiscal, impuesto a la transmisión gratuita de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: IWECO  S.A.  Y OTROS c/ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION s/ IMPUESTOS - SUCESORIO - MINISTERIO FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1949-03-30

El ministerio fiscal no es parte en los asuntos concernientes al impuesto sucesorio.
Sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad del acto jurídico, prueba prohibida, imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OLGUIN, CARLOS RAMON s/ NULIDAD - SENTENCIA - IMPUTADO - PERITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-10-30

La sentencia se puede fundar, sin duda, en la declaración de un co-imputado, si esta pude ser le ida durante el debate como un documento (lato sensu) (c.P.P., art. 421), pero si cuando aquél se efectuó, el coimputado no era ya tal sino testigo, ofrecido y citado como tal, no existe ninguna declaración testifical recibida con arreglo a las normas de la instrucción formal y, consecuentemente, no puede ser leída en el debate (C.P.P. art. 420).

El inc. 3ro. del art. 420 del C.P.P. -ley 3831-se refiere al caso en que el testigo se hallare inhabilitado para declarar, no simplemente para comparecer.

Pero aunque el señalado acto sea nulo, su nulidad no determina también la nulidad de la sentencia, si este pronunciamiento no depende del elemento de convicción cuya ineficacia se reconoce, porque no es realmente decisiva; es decir, si entre el acto nulo y la sentencia no existe la relación de dependencia a que se refiere el art. 177 C.P.P. -ley 3831-.-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUCHUK ESTHER Y OTRO c/ BBVA BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Cuando, como en el caso, no fue evaluada la actuación del Banco demandado a la luz de la aplicación de la normativa de emergencia, sino, antes bien, juzgado su obrar antijurídico y su consecuente responsabilidad a la luz del deber de información incumplido (Ley 24240: 4), en tanto fue hallada responsable la demandada por aquel proceder, correcto resulta que deba hacerse cargo de las consecuencias de su conducta (arg. Cciv: 901, 903 y 522). (En el caso, la acción se encontraba dirigida a: 1) indagar la eventual existencia de responsabilidad por la imposibilidad de los actores de disponer de sus depósitos a plazo fijo conforme lo previsto por el Decreto 739/03; y (2) el requerimiento del desistimiento de la acción de amparo, como requisito ligado al procedimiento previsto por el Decreto 739/03, trasuntó un error inexcusable por parte del Banco Francés. El juez a quo reputó injustificado el silencio en que aquél incurriera respecto de la información con que debían contar las coactoras a fin de hacerse de los fondos; máxime siendo que el recaudo faltante era la suscripción de un formulario que debió haber sido provisto por la propia entidad bancaria).
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-25


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 25 de 2008.

Considerando: 1. Apeló la promotora de estos obrados contra la denegatoria de su petición de que se ordene a la Policía Federal Argentina, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a Gendarmería Nacional y a la División Sustracción de Automotores de Trelew que tomen nota para que retengan el vehículo de autos e informen a esta causa.

2. Lo solicitado es improcedente, porque lo propuesto para la concreción de la medida de secuestro importaría distraer a las fuerzas de seguridad de las funciones específicas que le han sido establecidas, para atribuirle la realización de actividades que sólo tienden a la satisfacción del interés individual de un acreedor (v. esta Sala, "Banco Río de la Plata S.A. c. González, Mariela Silvana s. Secuestro prendario", del 9/4/03; "Banco Sudameris Argentina S.A. c. Peres Obando, Héctor Rene s. secuestro prendario", del 21/5/03; en igual sentido, CNCom, Sala C, "Banco Río de la Plata S.A. c/ Bonini, Natalia L. s/ Secuestro Prendario", del 8/5/07).

3. Por lo expuesto, se resuelve: confirmar la providencia recurrida. Sin costas por no mediar contradictorio.

Devuélvase sin más trámite, encomendándose a la jueza de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (Cpr. 36:1) y las notificaciones pertinentes.

Los doctores Bargalló y Caviglione Fraga actúan de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos de esta Cámara del 22/7/08 pto. III y del 27/8/08 pto. VI, respectivamente.- Angel O. Sala. - Miguel F. Bargalló (en disidencia). -Bindo B. Caviglione Fraga.

Disidencia del doctor Bargalló:

1. Discrepo con el criterio de mis distinguidos colegas.

2. A mi juicio, los organismos citados deben cooperar con la Justicia Nacional, para el mejor cumplimiento de la función jurisdiccional cuando así se solicitare; y el retaceo -en términos absolutos- ocasionaría la dilación excesiva -y hasta eventualmente la frustración- de la orden jurisdiccional de secuestro.

Ello no implica desplazar la diligencia del acreedor para la búsqueda del rodado, ni ordenar a las autoridades policiales la actuación en interés particular de los acreedores en desmedro de su cometido específico de velar por la seguridad pública y la prevención del delito.

Con la finalidad de conciliar los comentados propósitos, debe encomendarse a los citados organismos para que en ocasión de concretar procedimientos habituales de control de vehículos, presten su colaboración para el secuestro del rodado prendado (cfr. CNCom, Sala B, "Prendcar S.R.L. c/ Galli, Carlos María s/ ejecución prendaria", del 8/3/02; íd. "Banco Comafi S.A. c/ Ahumada, María Jimena s/ Secuestro Prendario", del 22/4/08).

3. Por ello, considero que la providencia atacada debe revocarse.- Miguel F. Bargalló.
Nulidad de sentencia, suspensión del proceso judicial, incapacidad sobreviniente, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Máspero, Aldo Carlos c/  s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Corresponde anular la resolución que mantuvo la suspensión de la tramitación del proceso, por incapacidad mental sobreviniente, si el a quo ha realizado un análisis parcial y arbitrario de las pruebas incorporadas al legajo que versan sobre el estado de salud mental del imputado, omitiendo expresar razones basadas en las circunstancias comprobadas en el incidente que den sustento válido y suficiente a lo resuelto, ya que omitió evaluar los nuevos informes médicos en los que los profesionales del CMF junto con los peritos de parte, resaltaron conjuntamente que las facultades mentales del encartado se encuentran descendidas pero no abolidas, pudiendo comprender y hacerse cargo de su defensa en condiciones acotadas, lo cual es pertinente en el caso en que el imputado ya participó del debate oral y fue condenado, restando únicamente avanzar en la etapa recursiva. Dres. Ledesma, Yacobucci.
Cuestiones prejudiciales, derechos y garantías constitucionales, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, GUSTAVO JOSE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-19

Esta Corte señaló que no puede pasar desapercibida la duración del proceso y que la cuestión de la prejudicialidad de la sentencia penal no puede mantenerse sine die, por lo que el plazo transcurrido en sede penal -en relación con el proceso civil- excede toda pauta de razonabilidad y conduce al debilitamiento de la aludida prejudicialidad; pues lo contrario conllevaría -prácticamente- a la negación del derecho a la jurisdicción. - CITAS: CSJStaFe: Lopumo, AyS T 238, p 88; Langhi, AyS T 240, p 95; Corte Suprema de Justicia de Tucumán: Santillán, del 28.12.2000; Corte Suprema de Justicia de Mendoza: Velazquez, del 29.06.2000; Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires: Iuale, 30 de octubre de 2013.
Pensiones, recursos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA DE ACOSTA, MARÍA ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE  NRO 275-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-11

En la ley 6830 no está prevista la posibilidad de solicitar prórroga para interponer los recursos que ella establece, pero tampoco está prohibida; por ello es aplicable supletoriamente el art 18 del decreto 10204/58 de conformidad a lo dispuesto en el art 72 de dicho decreto.
Recurso extraordinario, simple damnificado
Materia: PENAL
Carátula: Di Santo, Luis Alberto s/ Formula denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

El particular damnificado puede interponer recursos extraordinarios cuando ha reclamado indemnización en el proceso penal. Cuando ello no ha ocurrido no resulta admisible la interposición de dichos remedios, pues el art. 87 del Código de Procedimiento Penal determina que solamente dispondrá de las facultades que éste le atribuye, entre las que no se halla la de interponer recursos extraordinarios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pago de la remuneración, licencia por maternidad, descansos por lactancia
Materia: LABORAL
Carátula: CASTILLO DE SARGIOTTO, LAURA I. c/ AZUCOL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-15

El descanso diario por lactancia, previsto por el art. 179 de la ley de contrato de trabajo, participa de una naturaleza similar a las vacaciones, tiene una finalidad específica que no puede ser desvirtuada por una compensación económica.

La titular del derecho tiene a su alcance los medios necesarios para procurar que le sea otorgada, pudiendo llegar incluso a tomarlo "per se". Pero si no adopta los recaudos pertinentes, el beneficio se pierde y no podrá exigir pago alguno en tal concepto.
Queja por casación denegada, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: en autos:"Barreto, Agapito de Jesús c-Patagonia Argentina S.R.L.y-u Otro s-Demanda Laboral s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-12

Para atacar a una sentencia por la causal de arbitrariedad, es necesario que se manifieste en ella una alteración de los contenidos esenciales del proceso, la arbitrariedad por el solo hecho de existir, es siempre desquiciante del debido proceso y del esquema de derechos y garantías constitucionales.
Seguro de responsabilidad civil, citación en garantía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vera, Juan Carlos c/ Quadri, Martín s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

De acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se puede limitar la facultad de la citada en garantía, a deducir sólo aquellas defensas que resulten del contrato de seguro anteriores al siniestro. La razón de tal decisión encuentra sustento, sin perjuicio de la accesoriedad de la obligación de garantía asumida, en el eventual débito de responsabilidad en cabeza del demandado, que repercutirá en forma directa e inmediata sobre el interés patrimonial de la aseguradora, la que deberá cumplir con la obligación esencial derivada del seguro de responsabilidad civil.

Sostener lo contrario implicaría una evidente violación del derecho de defensa en juicio reconocido constitucionalmente en el art. 18 de la Carta Magna Nacional y 15 de la Provincial.-
Nulidad procesal, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Arnoldo s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-17

No basta la simple enunciación de que se han violado garantías constitucionales, en este caso la defensa en juicio y el debido proceso, para pretender la invalidez absoluta de un acto, exigiéndose además la concreta invocación de un perjuicio pues de lo contrario se caería en un excesivo rigorismo ritual en desmedro de la correcta administración de justicia, estaríamos protegiendo las formas por la forma misma, en detrimento del interés de la propia sociedad en la rápida composición de los conflictos.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, apelación en relación
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiebra del Ex BIR S.A. c/ Maquinarias y Algodoneras Clorinda S.R.L. s/ Ejecutivo Clorinda S.R.L. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-08-29

El memorial con el que deben sostenerse los recursos de apelación concedidos en relación (conf. art. 246 del C.P.C. y C.) debe reunir los requisitos del escrito de expresión de agravios, considerándose consentidos todos los puntos que hayan sido objeto de pronunciamiento, si está falto de razonamiento impugnativo de la decisión apelada.