Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-04


Causa Nº 466-00-CC/2005 "GUERRI CABRERA, Ida Inés s/infr. art. 83 ley 1472-apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Mayo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

La María del Carmen Gioco, cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas N° 7, apeló a fs. 16/18vta. la resolución por medio de la cual el Bartumeu Romero -a cargo del Juzgado N° 11- convalidó el secuestro de una estructura de hierro de fabricación casera con dos patas plegables y una base tipo cajón, una parrilla metálica de aproximadamente 1m x 60cm, una caja de madera que contenía tres tortillas; ordenó la devolución de aquellos que no integraban el concepto de mercadería y la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas (fs. 12/13vta.).

Para así decidir, el Magistrado argumentó que la conducta descripta y atribuida a Ida Inés Guerri Cabrera no encuadraba en la del artículo 83 del CC ya que la cantidad y naturaleza de los objetos incautados le permitían sostener que constituía una venta de mera subsistencia y no podía considerarse una competencia desleal efectiva para el comercio establecido. Sin embargo, consideró que sí podría constituir una falta -ya sea la prevista por el art. 4.1.2 ó por el art. 1.1.1 de la ley 451- (fs. 12/12vta).

Igualmente, sostuvo que entre los elementos incautados algunos de ellos no constituirían mercaderías -la estructura de hierro de fabricación casera con dos patas plegables y una base tipo cajón, la parrilla metálica y la caja de madera- y, por lo tanto, no estarían alcanzados por la sanción de decomiso prevista por la ley de faltas.

De dicho auto se agravia la accionante argumentando que atenta contra el principio de imparcialidad, el debido proceso y el sistema acusatorio en tanto privó al Ministerio Público Fiscal de perseguir la conducta a la luz de la ley contravencional (fs. 17). También adujo que se vio afectado el principio de congruencia ya que resulta contradictorio convalidar en el mismo decisorio la medida cautelar dispuesta en el marco de un procedimiento contravencional y a la vez concluir que la conducta no constituye contravención (fs. 17vta.).

Asimismo consideró que el Juez se extralimitó porque no circunscribió el control de legalidad al marco estrictamente jurídico sino que dio por acreditados los extremos que deben ser materia de alegación y prueba (fs. 17vta.); que ha adelantado opinión incompatible con el principio de imparcialidad y el sistema acusatorio por lo que debe ser apartado de la tramitación de la causa y declararse la nulidad del decisorio de fs. 12/13vta.

La Fiscal de Cámara sostuvo el remedio de su inferior jerárquico haciendo suyos los argumentos expuestos por la recurrente (fs. 23).

Por último, la Defensora Oficial, Marcela María Paz, se presentó en los términos del art. 51 LPC coincidiendo con la fiscal en cuanto plantea la nulidad de la resolución recurrida pero en el entendimiento de que no corresponde hacer lugar a la solicitud de apartamiento del "a-quo"(fs. 40/40vta.).

Cumplidos los pasos procesales de rigor se encuentran las actuaciones en estado de ser resueltas.

Y CONSIDERANDO:

En primer término corresponde revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el Sr. Juez de Primera Instancia. Así, el art. 50 de la LPC prevé expresamente la apelación de la sentencia, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el art. 449 in fine CPPN -conf. art. 6 de la ley citada- que establece que pueden ser objeto de impugnación aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable.

Cabe puntualizar que el recurso en examen fue deducido en tiempo oportuno, ante el juez que dictó el pronunciamiento recurrido y por quién está legitimado para hacerlo (impugnabilidad subjetiva).

En cuanto a la impugnabilidad objetiva, si bien la recurrente peticiona la nulidad del decreto de fs. 12/13vta. -creándose una contradicción ya que el recurso de apelación procede contra actos procesales válidos que causan agravio irreparable, mientras que la tacha de nulidad, contra actos viciados-, el remedio se dirige contra una resolución que -en principio- podría causar un perjuicio de imposible reparación ulterior que permite declararlo admisible por cuanto la decisión del "a-quo" acerca de la atipicidad de la conducta impide que el trámite continúe en este fuero contravencional.

Agotado el análisis de procedencia de la vía intentada, corresponde adentrarnos ya en las cuestiones que hacen al fondo del asunto. Recordemos que en el caso que nos convoca el Sr. Juez de grado, luego de convalidar el secuestro ordenado por la Fiscalía y disponer la devolución de algunos elementos, decidió remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas por considerar que la conducta materia de investigación no encuadraría en las previsiones del art. 83 CC, sino que podría verse comprendida dentro de la normativa de faltas.

Ello fue atacado por la Gioco, sobre la base de que el juez, con aquella decisión, sustrae al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de ejercer Causa Nº 466-00-CC/2005, Sala II.

funciones que le son propias, relacionadas con la instrucción de la causa "cuando no existen razones que por sí mismas, es decir, de manera independiente a la prueba que se puede producir, sostengan que el hecho no encuadra en la figura prevista por el art. 83 CC., (lo cual) importa una violación al debido proceso y al sistema acusatorio" (fs. 18).

En principio, sobre el particular se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad dejando sentado que "...La conclusión de la jueza de primera instancia de remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, más allá de ingresar en un terreno que le es ajeno conforme las características del sistema procesal contravencional vigente, sólo implica ordenar el proceso y no ponerle fin..." (TSJCABA, causa nº 2571 "Ministerio Público -Defensor Oficial en lo Contravencional nº 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Cruz Martínez, Eugenia s/ art. 41 CC", rta. 5/11/2003).

Ello es así desde que el juez no sólo tiene la facultad sino el deber de efectuar la subsunción legal de los hechos que conforman el objeto procesal y decidir sobre esa base al momento de expedirse en los términos del art. 21 LPC, pues mal podría continuar el trámite conforme el procedimiento contravencional si considera que no se ha cometido una contravención. En otras palabras, para valorar si las medidas precautorias han sido correctamente adoptadas conforme lo exige la normativa vigente, debe evaluarse desde el punto de vista estrictamente jurídico y no probatorio, el encuadre legal de la conducta .

De la compulsa del expediente se observa que se inicia como consecuencia del labrado de acta contravencional el día 12 de Diciembre de 2005 a la Sra. Guerri Cabrera por presunta infracción al art. 83 de la ley 1472, procediéndose en consecuencia al secuestro de una estructura de hierro de fabricación casera con dos patas plegables y una base tipo cajón, una parrilla metálica de aproximadamente 1m x 60cm y una caja de madera que contenía tres tortillas, ello de acuerdo a las instrucciones emanadas de la fiscal interviniente, Gioco, ante la consulta telefónica que le efectuara la prevención.

Al respecto sostuvo el sentenciante en su primer análisis que "la conducta antes descripta y atribuida a Ida Inés Guerri Cabrera no puede ser considerada constitutiva de la contravención tipificada por el artículo 83 del Código Contravencional relativa al uso indebido del espacio público. Por el contrario, la cantidad y naturaleza de los efectos secuestrados me convencen de que no hubo afectación alguna al bien jurídico protegido...ese accionar sólo puede constituir una venta de mera subsistencia y...no puede considerarse una competencia desleal efectiva para el comercio establecido...De lo expuesto, se desprende que, la conducta bajo análisis sí podría constituir una falta... (y) corresponde la remisión de las presentes actuaciones a la Unidad Controladora de Faltas"(fs. 12/vta.).

Como ya hemos dicho en anteriores pronunciamientos, no vulnera el sistema acusatorio la orden del juez de remitir los autos a la U.A.C.F., toda vez que ello implica el ejercicio de actividad jurisdiccional; esto es, la decisión del caso dado el principio "iura novit curia" .

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde analizar ahora si resultan atendibles las razones señaladas por el "a quo" en la decisión impugnada relacionadas con la cantidad y naturaleza de los efectos incautados y las características del hecho que determinan según él la inexistencia de afectación al bien jurídico tutelado por la norma en cuestión (art. 83 CC), a la luz del carácter alimenticio de los productos exhibidos.

En tal sentido, ha de considerarse que los elementos ofrecidos por la encartada impiden encuadrarlos, como sostiene el Magistrado, "en las excepciones individualizadas en el art. 83 CC como casos de insignificancia (esa es su connotación restrictiva de la tipicidad) excluidos de la materialidad infraccionaria -venta ambulatoria de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general venta de mera subsistencia-, puesto que el desvalor típico -en el caso- se funda en la necesidad de control y habilitación específica en tanto se trata de supuestos proclives de causar daños que trascienden la competencia desleal y el uso apropiatorio del espacio público -ambos en sentido económico-, bienes a los cuales hacen referencia los parámetros objetivos del mentado tercer párrafo..." .

Por último, respecto del pedido de la fiscal de apartar al juez "a quo", entendemos que el liminar análisis efectuado por el judicante sobre el fondo del asunto -subsunción legal de los hechos- no puede ser tomado como un inoportuno adelantamiento de opinión, puesto que, como dijimos párrafos arriba, no sólo se encuentra tal actividad dentro de sus facultades, sino que tiene el deber de hacerlo y decidir sobre la cuestión, sin que ello importe violación alguna a la imparcialidad exigida .

Cabe aclarar que "...Las opiniones emitidas por los jueces en la debida oportunidad legal para hacerlo y sobre el concreto tema sometido a su decisión, no conforman motivo de prejuzgamiento" (CNCrim., S VII, c. 13.306, "Casse, Horacio", rta. 10/09/90, el Dial AI311), así como también que "La recusación fundada en la emisión de opinión o dictamen no puede properar cuando ello haya ocurrido en la oportunidad legal y como obligación funcional del Causa Nº 466-00-CC/2005, Sala II.

proceso" (CNCrim., S. IV, c. 6.274, "Vaneskehian, Ernesto", rta. 14/03/97, elDialAIC0D) En base a lo expuesto, y habiendo concluido el Acuerdo el Tribunal RESUELVE:

I.- REVOCAR el punto 4) de la resolución de fs. 12/13vta. en cuanto ordena la remisión de las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

II.- NO HACER LUGAR a la solicitud de apartamiento del titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas N° 11, requerido por la Sra. Fiscal a fs. 18vta.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara, y devuélvase al Juzgado de origen, el que deberá practicar las notificaciones correspondientes. Sirva lo proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.