marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, facultades jurisdiccionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ILDARRAZ Estela Susana c/ ILDARRAZ Roberto s/ Sumario - Incidente de Tutela Efectiva Judicial prom. por Estela S.  Ildarraz
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-03-31

Si con la excitada tutela se busca anticipar la concreción del derecho reclamado en el figurado proceso principal a causa de que: a) la normal demora que insume la elucidación final del entuerto y b) causaría un daño irreparable, no cabe ninguna duda que la situación fáctica debe revestir características excepcionales y no aportando la quejosa suficientes elementos de juicio que sean aptos para proveer a su admisión.

La doctrina dice que deben concurrir elementales condiciones para su aplicación, destacándose entre ellas: a) la existencia de un grado casi de certeza y b) el peligro de causación no menos cierto de padecer -o agravarse- grave e irreparable daño de inminente manifestación; c) ponderándose también que la anticipación tampoco provoque un daño irreversible para el sujeto pasivo de la medida y d) el ofrecimiento de contracautela.

Dándose por satisfechos los indicados recaudos, habremos de concluir sobre la ausencia del reseñado "periculum in damni", habida cuenta de que la gravedad e irreparabilidad del perjuicio no depende del pronóstico que hagamos sobre la duración del proceso principal, sino de la probada circunstancia que nos permita visualizar que los efectos del daño sobre el derecho alegado son irreversibles o de muy dificultosa reparación, lo que de las constancias de esta pieza separada no logra ser superado.
Remuneración, embargo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Seguir S.R.L. c/ Escumbarti, Néstor s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

Las limitaciones propias de tal proceso ejecutivo, entre las cuales cobra particular relevancia la prohibición de indagar sobre la causa de la obligación que se ejecuta (arg. art. 542 inc. 4°, Código Procesal), principio que rige por igual para ejecutante cuanto para ejecutado, impide que el primero pueda apoyarse en que la deuda que ejecuta tiene por origen la "prestación de servicios recibidos", cuando no le será posible introducir al ejecutado tal cuestión, por lo que habrá de estarse únicamente a la esencia del título base de la ejecución, esto es el pagaré, que lógicamente sólo contiene una obligación de pagar una suma de dinero (arts.50 y 103, decreto ley 5965/63), de donde cabe entender que lo que instrumenta es un préstamo en dinero, por lo que el caso de autos queda aprehendido en la prohibición del art. 1 del decreto ley 6754/43, ratificado por ley 13.894. (Minoría u opinión personal)
Proceso penal, prescripción, interrupción de la prescripción, etapas del proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas Einer Rosario s/ Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Víctor Manuel Pinto y Fernando R. Avila en Expte. Nº 151/03 - Vargas Einer Rosario p.s.a. Homicidio Culposo - Santa María - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-21

El término de la prescripción no siempre corre libremente, porque su curso puede verse interrumpido por actos procesales taxativamente enunciados para cada etapa del proceso en el art. 67 del C.P., a saber: a) en la etapa de investigación penal preparatoria: la declaración de imputado y el requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio; b) durante el juicio: el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente y el dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme, o bien, dicho curso también puede verse suspendido por una causa legal ligada al procedimiento mismo de la persecución penal.

(Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría)
Derecho de gentes, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existía al momento en que se produjeron los hechos investigados en la causa Arancibia Clavel un sistema de protección de derechos que resultaba obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y que es conocido como ius cogens, tratándose de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los Estados, que prohíbe la comisión de crímenes contra la humanidad incluso en épocas de guerra y que resulta insusceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa. (del voto de la Dra. Ana María Figueroa)
Honorarios, juicio de amigables componedores, pautas
Materia: COMERCIAL
Carátula: GARCIA, MONICA ALEJANDRA c/ MULTIESPACIOS SA Y OTRO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-28

Procede confirmar la resolución mediante la cual el magistrado de grado otorgó preferencia de cobro a una letrada, quien persigue en autos el cobro de sus estipendios regulados como apoderada de la actora en el laudo arbitral dictado en una acción de desalojo, por el Tribunal de Arbitraje Institucional del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación (CIAM) Manuel Belgrano, con base en lo normado por el art. 3900 del Código Civil, en tanto aquí se ejecutan los emolumentos regulados a aquella en el laudo antedicho -cfr. artículo 499 Cpr- y no el crédito causado en los alquileres debidos a su cliente y, en vista a que los fondos habidos ingresaron por la gestión de un interventor recaudador solicitado por dicha profesional; en ese marco esta última posee privilegio sobre los mismos, debiendo cancelarse en primer término sus honorarios; con expresa imposición de costas a los restantes letrados en sus calidades de jueces arbitrales y también acreedores por honorarios regulados en el mentado laudo. Sentado todo lo anterior, es de hacer notar que "los gastos de justicia más que un privilegio; son una preferencia de carácter especialísimo acordada a ciertos créditos, frente a determinados acreedores a quienes esos gastos les han sido útiles". A más, cabe señalar inicialmente que el carácter privilegiado general que ostentan los créditos por honorarios de los dos (2) árbitros recurrentes y que éstos pretende oponer sólo podrían hacerse valer a los fines del prorrateo invocado, en juicios universales y no, en el ámbito de este proceso de ejecución (cfr. arg. Llambías J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, T.I, fs. 652 y ss). De otro lado, no cabe en modo alguno soslayar aquí que la letrada ejecuta sus honorarios en forma autónoma y que no se trata de la ejecución del crédito de su cliente, reconocido en esa jurisdicción arbitral. De modo que no existe prelación alguna, en cabeza de los aquí recurrentes, emanada de los reglamentos del Uncitral y del CIAM pues, cuando allí se señala el concepto y alcance de las costas, se ciñen al ámbito del proceso arbitral y al objeto de lo allí laudado, y no interfieren en el derecho de un profesional de ejercer su derecho a ejecutar, en sede judicial, el cobro de sus estipendios. Ello, sin perjuicio claro está, de que los árbitros, a su vez, ejecuten sus honorarios, en estos obrados, a resultas del embargo que han trabado a efectos de resguardar sus créditos.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Dr. A.H.B. y Otros c/ Juez de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-27

Es inadmisible la crítica de la impugnación que concluye afirmando la arbitrariedad de la sentencia, en cuanto ésta habría valorado absurdamente la prueba rendida y efectuado razonamientos que no tienen correlato en la prueba recibida. El Superior Tribunal no debe invadir, a través del recurso de la defensa, un ámbito reservado a los Jueces del mérito, como es el de los hechos fijados a causa de pruebas legítimas, incorporadas para su discusión al debate. Especialmente si las consecuencias jurídicas de la ponderación realizada por los Vocales del Tribunal de Enjuiciamiento -respetuosa de las reglas de la sana crítica-, implican estimaciones políticas, incontrolables dentro del Poder Judicial.
Accidentes de trabajo, daño por el hecho o en ocasión del trabajo, daño por vicio o riesgo de la cosa, guarda de la cosa, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, subcontratación laboral, empresas de servicios eventuales, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: VERON, FABIO c/ COMPAIA DE SEGUROS ACUARIO  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Atento que la guarda jurídica de la cosa recae sobre el concepto de aprovechamiento económico, cuando se accidenta un trabajador que se desempeña en la empresa usuaria, por la cosa o por el riesgo o vicio de la cosa, art. 113 C.Civil, estando en presencia de una guarda jurídica compartida entre la empresa usuaria y la de servicios eventuales, ambos deben responder conforme a la normativa citada, en forma solidaria.
Incumplimiento del contrato, daño moral, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: EMPRESA CONSTRUCTORA / PACUAL BEVAQUA c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-10-03

En materia contractual, quien reclama el daño moral, debe probarlo fehacientemente, de qué modo o forma pudo resultar agraviado moralmente a consecuencia de un incumplimiento contractual, cuales y que extensión tuvieron los padecimientos, frustraciones que ocasionó, y en que medida incidieron en la personalidad del afectado, cosa que debe probarse con criterio riguroso, pues no cualquier infortunio contractual puede originar un daño moral indemnizable. No acreditada su naturaleza y extensión, el mismo no puede resultar procedente.
Acción de inconstitucionalidad, inamovilidad de los jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte Nº 114/2015: VELARDE de CHAYEP, Nora Silvia c/ PROVINCIA DE CATAMARCA s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-28

La previsión que contiene el Art.195 de nuestra Constitución que limita la inamovilidad que decreta a la edad de 65 años, luce contrario al sistema de división de poderes y al principio de inamovilidad de los jueces que consagra la Carta Magna Nacional, compartiendo al respecto lo dicho en el caso Iribarren, . en cuanto se sostuvo que "Tal cláusula constitucional -referida al Art.88 de la Constitución de Santa Fe- contraría de forma manifiesta la exigencias elementales del concepto científico de la división de poderes. Al respecto, es de toda evidencia los peligros que ella encierra para el sostenimiento del principio republicano de gobierno, en tanto que, perdida la inamovilidad después de alcanzada la edad indicada, el juez queda a merced de la decisión política del gobierno de turno. quien se convierte en árbitro absoluto de la permanencia de aquél en su cargo".-
Homicidio culposo, competencia provincial
Materia: PENAL
Carátula: Gallardo, Omar Marcelo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-05-23

Corresponde a la competencia de la justicia provincial, y no federal, la investigación de un homicidio culposo atribuido a quien perteneciera a la fuerza de seguridad federal, mediante el uso del arma reglamentaria, pues el hecho atribuido acaeció en un ámbito privado, en una reunión de amigos y conocidos, en que el imputado no se hallaba prestando actos del servicio, por lo que no se vislumbra que la conducta reprochada afecte al Estado Nacional ni a sus intereses.
Sociedad anónima, representación de la sociedad, directorio, presidente del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA HOLANDO SUDAMERICANA Cia. DE SEGUROS s/ SOCIEDADES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

Si bien es cierto que al cargo de presidente le corresponde la función de representación de la sociedad por imperativo legal (ley 19.550:268), motivo por el cual se ha interpretado que -en principio- es una función unipersonal no compartida y que, por lo mismo, no es posible que por vía estatutaria se le prive de esa representatividad de carácter orgánico, ello no es óbice para que tales facultades de representación puedan conferirse o extenderse, por disposición del estatuto, a otros integrantes del directorio.

Por lo demás, si bien es cierto que el otro integrante tiene una función de carácter supletorio, en el sentido de hipótesis de ausencia o impedimento del presidente, en la realidad de los hechos mercantiles, tales hipótesis o causales que habilitan la actuación del sustituto, son ignoradas por los terceros que contratan con la sociedad.

Es por ello que, en resguardo de la seguridad jurídica y de la certeza de las transacciones, debe interpretarse que el otro integrante tiene idénticas facultades que el presidente, y puede ejercerlas indistintamente con este último.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez, Marcelo G. y otros c/ Municipalidad de Rosario s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad- Amparo-   Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 898 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

La ley regulatoria en el ámbito provincial del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo, que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia". Esta no es la situación en que se encuentra el recurrente, que no está exento de dicho pago siempre que le corresponda hacerlo pues si bien lo que ha instado es una medida cautelar, la exención de acompañar el depósito -como toda exención- deber ser interpretada de manera restrictiva.

Asimismo, el argumento fundado en la gratuidad consagrada por las normas del derecho laboral tampoco puede ser admitido, ya que aún en la hipótesis más favorable a su postura, esto es, encuadrar su petición en lo normado por el artículo 233 inc. j) del Código Fiscal, en cuanto establece que estará exento de tributación "todo escrito, pedido de reconsideración o de apelación relacionado con las leyes de trabajo y previsión social que presenten o interpongan los obreros y empleados o sus causahabientes", lo aquí cuestionado por el recurrente se origina en una acción de amparo entablada contra la Municipalidad de Rosario por las consecuencias originadas por una ordenanza municipal.
Recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parodi, Angel c/ Martínez, Adolfo s/ Ruidos molestos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-05

Los errores in procedendo, o los fundamentos no compartidos dados por el Juez, no son motivo de recurso de nulidad sino argumento del agravio en la apelación.-
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, presunciones
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Matwiejuk Mario Jorge. c/ Oscar Ballonzo y/o Municipalidad de Presidencia Roque Senz Peña y/o quien resulte responsable. s/ Indemnización de daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1990-10-31

En virtud del principio consagrado en el art.1113 del Código Civil, tratándose de un daño causado por el riesgo de la cosa, el embistente -en este caso el demandado-, para eximirse total o parcialmente de responsabilidad, es preciso que acredite la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. El damnificado -en este caso la actora-, solo debe probar el daño sufrido y el contacto con la cosa de la que provino aquel, presumiéndose la relación causal. Habida cuenta de ello, corresponde determinar si esas "presunciones" deben ser mantenidas a la luz de las pruebas aportadas en orden a destruirlas por la existencia de culpa de cada una de las víctimas.
Daños y perjuicios, establecimientos educacionales, obligación de seguridad, deportes, caso fortuito
Materia: CIVIL
Carátula: GRASSO,  Eduardo  Miguel  y otro c/ COLEGIO GALILEO GALILEI SAE yotro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

El establecimiento educativo es responsable en los términos del art. 1117 del Código Civil si durante el desarrollo de una actividad habitual -rugby- realizada en el campo de deportes del colegio, un alumno menor de edad sufre lesiones cortantes provocadas por la boca y los dientes de otro alumno a consecuencia de la falta de uso del protector bucal obligatorio establecido por la ley 21 del Reglamento para el Rugby Infantil. Este acontecimiento no constituye caso fortuito por ser un hecho previsible y evitable en tanto se hubiera cumplido con el uso del mencionado protector. (Sumario N°17699 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Concurso preventivo, honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: Pereyra, Noemí Esther. c/ Banco Río de la Plata SA. s/ Ordinario s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-11-01

Habiéndose declarado inadmisible el crédito principal ejecutado por una institución bancaria en el proceso concursal de la actora, no devienen en incausados los honorarios regulados, firmes y derivados de un trabajo profesional efectivo y de cuya existencia no existen cuestionamientos ni dudas. Obviamente los mismos poseen un indiscutible origen causado que se sustenta en leyes arancelarias y procedimentales. No le afecta ni puede proyectarse sobre ellos la incausación que se atribuyó por sentencia al crédito principal del banco. (En disidencia: Dra. Flores).
Competencia contencioso administrativa, agregación de la prueba documental, fundamentación de sentencias, reglas para dictar sentencias
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Noriega, Juan Carlos c/ Provincia de Catamarca y/o OSEP s/ Acción contencioso administrativa de Ilegitimidad y Plena  Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-04-25

En virtud de la cuestión de fondo sometida a decisión del Tribunal -Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción- y las características de la prueba que la demandada pretende incorporar a la causa -notas que no fueron agregadas al expediente administrativo ofrecido como prueba por encontrarse los originales insertos en un expediente distinto de aquél, en las cuales el accionante renuncia formalmente a todos los derechos y acciones personales y/o patrimoniales y al reclamo de cualquier indemnización por daño moral y/o material por la vía administrativa y/o judicial que sean consecuencia de las resoluciones administrativas que el actor cuestiona en la acción planteada-, es preciso dar primacía a la verdad jurídica objetiva por sobre normas procesales, a fin de lograr el esclarecimiento de la existencia de las notas que supuestamente ha presentado el accionante en la Administración y, en base a ello, tener la posibilidad de determinar, en el momento de decidir sobre la cuestión de fondo, si los documentos agregados tienen relevancia para la decisión del litigio, sin que un excesivo rigorismo formal obstaculice la finalidad última del proceso, esto es el dictado de una sentencia justa.

Por ello, corresponde ordenar que se agreguen en autos las actuaciones administrativas, a efectos de su verificación.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, reincidencia
Materia: PENAL
Carátula: Di Rosa, Marcelo y otros s/ Robo agravado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

La reincidencia constituye una circunstancia agravante expresamente prevista por el art. 41 del Código Penal, lo que no implica incurrir en "reformatio in pejus" toda vez que se trata de un efecto necesario. La doctrina contraria se funda en la identificación entre los efectos necesarios y posibles de un presupuesto jurídico.
Régimen de consolidación de deudas, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baigorria, Raúl y otros c/ E.N.  (Ministerio de Educación) s/ Juicio de Conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

No puede acogerse el fundamento del estado en punto a que la aplicación de astreintes en contraria a lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 23.982, dada la distinta naturaleza de las sanciones conminatorias, pues se trata de sanciones procesales impuestas a título condicional y como medida de coacción psicológica destinada a vencer la resistencia del obligado, que se dirigen a salvaguardar la vigencia del principio de autoridad y el propio principio de justicia.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL
Carátula: BUCCI VIRGINIA HAYDEE c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-04-19

Toda expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta y razonada de las distintas partes del fallo que el apelante estima equivocadas, individualizando los supuestos errores y omisiones que el mismo a su juicio contenga, así como los fundamentos que le permitan sostener una opinión diferente. En consecuencia, discutir el criterio judicial sin un basamento idóneo o sin exponer razones jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresión de agravios en los términos exigidos por el código de forma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, mecánica del accidente
Materia: CIVIL
Carátula: Mateu, Germán Eduardo y Otro c/ Oviedo, Daniel Albano y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-13

En la determinación de la mecánica de un choque no existe ninguna ciencia o arte sobre el cual un perito puede asesorar a un juez, por ser materia de su función jurisdiccional, salvo la opinión sobre puntuales aspectos técnicos, siempre que se cuente con parámetros y datos objetivos que permitan seriamente formularlas para acordarles credibilidad y eficacia, y efectuar una reconstrucción del accidente acontecido de la manera más verosímil posible.
Proceso judicial, acción cambiaria, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rigourd, Viviana E. c/ Herrera de Ibañez, Silvia s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-01

El legitimado para ejercer el derecho subjetivo cambiario representado en un papel de comercio puede iniciar el proceso cambiario por vía de un proceso de conocimiento, designado en la terminología de la ley procesal como proceso sumario. Es decir, juega en la especie lo que en materia procesal se designa como el principio de "disponibilidad de la forma", por el cual se sostiene que el proceso ejecutivo se ha instituido en beneficio del acreedor -ejecutante, por lo que este puede renunciar a él y optar por un proceso de conocimiento, opción que solo puede ser impugnada por el demandado, desde que en el procedimiento sumario se amplían los medios de defensa y prueba con lo que se facilita y favorece la defensa de sus derechos.
Terceros, intervención obligada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Montañana Miguel c/ Bernardez Antonio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-19

La intervención obligada del tercero en los términos del artículo 94 del Código Procesal constituye en esencia un supuesto de litisconsorcio necesario y lo afectará como a los litigantes principales. Significa ello lisa y llanamente que puede ser ejecutado en el mismo proceso en que fue traído.