marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
ESTADOS UNIDOS, PANAMÁ, conflicto armado internacional, derecho internacional humanitario, violación del derecho a la vida, libertad de prensa, elección de autoridades, derecho a la integridad física, protección de la población civil, protección de la maternidad, protección a la familia, víctimas de guerra, principios del derecho internacional de los derechos humanos, CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Carta de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 121/18, Caso 10.573. José Isabel Salas Galindo y otros. Estados Unidos de América - Invasión militar a Panamá - Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Interpretación y alcance c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-05

El caso se relaciona con la invasión militar de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989, conocida como Operación Justa Causa. Integrantes del Centro por los Derechos Constitucionales alegan la responsabilidad internacional de aquél Estado por violar el derecho internacional humanitario y el de los derechos humanos toda vez que, tanto durante la invasión como en la etapa de ocupación militar, sus acciones y omisiones afectaron la vida, salud, libertad, seguridad e integridad de panameños civiles no combatientes, vulnerando su derecho de información, opinión, expresión y reunión, de protección a la familia, la maternidad y la infancia, de residencia y tránsito, de acceso a la justicia, de participación en el gobierno y de asilo.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, derechos del trabajador
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: FALCON, RESTITUTO c/ ARMADA ARGENTINA COMANDO DE TRANSPORTES NAVALES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-23

No resulta coherente con los principios de la Carta Magna y de los Tratados Internacionales, un universo jurídico en el cual un grupo numeroso de personas (los trabajadores) no tienen derecho a que los indemnicen en forma integral y plena cuando otros los dañan con su ilicitud. Ni siquiera la Constitución de 1853, en su literalidad originaria y anterior al llamado "constitucionalismo social", admitiría la existencia de ciudadanos de "segunda", que, a diferencia de los demás habitantes y por su condición personal, se vieran privados del resarcimiento del perjuicio que sufren en su salud, a raíz de la conducta antijurídica de otros habitantes que, en cambio, sí pueden invocar libremente el "in integrun restituto"
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Coop. Edificio Comfort Mar c/ Bona J. L s/ Ejecución de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

Tratándose de cobro de expensas, en lo que hace al título, en base al cual debe promoverse la ejecución para el recupero de las expensas impagas, debe estarse a las disposiciones del reglamento de copropiedad y en ausencia de reglamentación debe ocurrirse a las normas previstas en el código, las que actúan con carácter supletorio. (Minoría u opinión personal)
Protección internacional de los derechos humanos, situación de vulnerabilidad, emergencia sanitaria, coronavirus, personas privadas de la libertad, cambio de sexo
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: P. P., N. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

Cabe destacar que la Corte IDH indicó que la pertenencia a un colectivo LGTBI merece ser contemplada como una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida especialmente en el contexto sanitario originado por la pandemia del Coronavirus, tanto más frente a la crisis carcelaria denunciada.
Acción de amparo, cuestiones de competencia, desplazamiento de la competencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: "Telefónica  Móviles  Argentina  SA c/ EN -CNC (ordenanza 11028/08Quilmes) y otro s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-14

Al igual que la inhibitoria, la petición de acumulación tiene por objeto provocar un desplazamiento de la competencia del amparo, cuya admisión soslayaría elípticamente la restricción dirigida especialmente a la demandada por el art. 16 de la ley 16.986. Lo expuesto no obsta la facultad de los magistrados involucrados en cualquiera de ambos procesos para analizar de oficio la procedencia de la acumulación sobre el expediente en el que se hubiere prevenido, en caso de que se verifiquen los requisitos de procedencia (arts. 188 ss y cc C.P.C.C.N.), aspecto que no fue objeto de tratamiento en la resolución cuestionada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Cámara de Apelaciones, jurisdicción, orden público, jueces, facultades del juez, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BOYLE HNOS SRL c/ QUIRIQUINO, ANGEL OSVALDO s/ COBRO DE AUSTRALES     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     EXPTE NRO 557-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-02-20

Carece de sustento la tacha de arbitrariedad y la invocación de derechos constitucionales supuestamente conculcados, cuando las argumentaciones construidas por el recurrente devienen de su criterio contrario a la naturaleza de orden público de la jurisdicción de Alzada y a su consecuente facultad de revisión oficiosa, en abierta discrepancia con los fundamentos expuestos por la Cámara, los que, más allá de su acierto o error, reúnen las condiciones mínimas para satisfacer la constitucional y legal exigencia de motivación suficiente de los fallos judiciales.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Cordo, Julio Joaquín s/ Extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en que se denuncia omisión, por parte de la Cámara, de tratamiento de una cuestión esencial, si el tribunal la ha tratado y lo que en realidad propone el apelante es la determinación de la correcta aplicación de la ley, tema ajeno al remedio intentado y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ford Motor Argentina S.A. s/ recurso por demora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1974-05-02

Los recursos ordinarios son, en virtud de su monto, procedentes de conformidad con la norma vigente al tiempo de su interposición. No interesa, al efecto, la que regía a la fecha del auto que los concedió.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, circulación a contramano
Materia: CIVIL
Carátula: PERGAMINO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA c/ DIAZ EMILIO ALEJANDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-23

La circunstancia de circular de contramano en una avenida de doble circulación e intenso tránsito es suficiente para adjudicarle al conductor la exclusiva responsabilidad del evento, puesto que ninguna culpa puede hallarse en el obrar del conductor del otro rodado interviniente, quien circulando normalmente por su mano fue sorprendido por un accionar antirreglamentario que no puede ser considerado un hecho cotidiano del tránsito que lo haga previsible.
Responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, eximentes de responsabilidad, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 30.824 QUAGLIA, BAUTISTA c/ EMIR CHARIF s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-03-29

Para determinar si una responsabilidad es de corte subjetivo u objetivo, hay que mirar cuáles son las eximentes con que cuenta el reputado responsable. Si a éste le es suficiente para exonerarse probar su "no culpa" -o debe la víctima probar la culpa para responsabilizarlo-, el fundamento de la responsabilidad será, obviamente, subjetivo; si, por el contrario, no basta la "no culpa" y el único camino a recorrer para eximirse es la acreditación de una causa del daño ajena, lo que desplegado se traduce en la culpa de la víctima, la de un tercero por el cual no se debe responde y el caso fortuito, es evidente que el fundamento de la responsabilidad no es la culpa y, por consiguiente, será objetiva.
Municipalidad, tribunal de faltas, Derecho contravencional y de faltas, proceso contravencional, multa, acto administrativo, ejecutoriedad del acto administrativo, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., A. L. s/ Recurso de inconstitucionalidad (Expte. CSJ N.  666-1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

El artículo 22 del Código de Faltas Municipal estipula: "Cuando la sentencia dictada condene al pago de una multa, ejecutoriada que sea, constituirá título ejecutivo suficiente, generando a favor de la Municipalidad un crédito por el monto de la misma con más los gastos administrativos correspondientes, el que se ejecutará de conformidad a las prescripciones de la Ley 5066 y sus modificatorias o complementarias". Frente a la evidente oscuridad terminológica del precepto es propicio recordar lo sostenido por Rafael Bielsa cuando afirma que "uno de los requisitos esenciales de la ley, o mejor aún de su cabal conocimiento y aplicación es la claridad de su texto y la certeza de los términos o vocablos jurídicos que ella emplea", intentando desentrañar el espíritu de la citada norma. En el caso, no resulta atinado pensar que el legislador haya utilizado una expresión lingüística que, lejos de tornar coherente el sistema previsto en la ordenanza 7881 -texto según ord. 8993-, implicaría un a contradicción de algunas de sus normas por lo dispuesto en otras.

Es adecuado pensar que el legislador ha sido razonable y por lo tanto, que ha querido establecer de un modo orgánico y coherente la forma en que se perseguiría el cobro de las multas por transgresiones al Código de Faltas municipal. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco a la que adhiere el Dr. Alvarez).
Contratos de juegos de azar, loterías
Materia: CIVIL
Carátula: Jara, Adelia Carmen c/ Instituto de Asistencia Social s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-11-02

Hoy, no es posible dejar transcurrir un solo día sin participar en algún juego de azar. Al pasar por la caja de un supermercado, comprar cualquier producto, aunque no haya obligación de compra, etc. se ofrece la participación en algún sorteo o concurso, a veces, con importantes bienes en dinero o en especie. De ahí que sustentar que "juega el que quiere" no puede llevar en las condiciones y circunstancias en que juega un apostador de Loto en la actualidad a hacerse cargo de la culpa grave o aún dolo de los encargados o gestores del control del juego respectivo y a consagrar la absoluta irresponsabilidad de esos entes, lo que importaría una marcada descompensación o equilibrio con normas imperativas que también regulan la esfera contractual e incluso con la garantía constitucional de la propiedad.
Declaración autoincriminante, derechos y garantías constitucionales, prueba, coerción personal, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: Carrizales Corvalán, Iván Nicolás y otro c/  s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-01

El imputado es la persona que sufre la persecución penal y uno de los sujetos esenciales del proceso penal. Sin embargo, puede ser objeto de la investigación y centro de las medidas de coerción. Bajo el primer aspecto, es objeto de prueba al menos en dos sentidos diferentes: uno de ellos se basa en que su cuerpo o su persona puede portar rastros o señales físicas importantes para la averiguación del hecho imputado (por ejemplo, la determinación de una lesión o su gravedad). La discusión gira aquí en torno a establecer si estos rastros pueden ser hallados o conocidos coercitivamente, esto es, contra la voluntad expresa del imputado, que rechaza el examen o la prueba que lo habilita. Para Maier, la regla constitucional que protege contra la autoincriminación sólo se refiere como su texto lo indica, a la libertad de informar del imputado en un procedimiento, a su posibilidad de callar total o parcialmente acerca de la imputación que se le dirige, esto es, de no informar él como "testigo en causa propia" mediante su declaración oral o escrita. La extensión de la interpretación de esta regla excluye la colaboración personal del imputado para cubrir la meta del hallazgo de la verdad histórica, pero no evita que otros la consigan con su propia actividad. Precisamente, la imposibilidad de obligarlo a colaborar funda la necesidad del empleo racional de la fuerza, con límites precisos (vida, integridad física, salud) (voto del juez Huarte Petite al que adhirió el juez Jantus)
Pasantías, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PIÑEYRO RUBEN ALBERTO c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-28

Debe concluirse que la prestación de servicios efectuada por un estudiante de derecho en una empresa de telefonía tuvo pro causa un contrato de trabajo, y no una pasantía estudiantil, si no surgen elementos que demuestren claramente que hubo por parte de la firma y de la entidad educativa una adecuada fiscalización y control de la labor del trabajador que demuestre que los servicios se ejecutaran en función de una finalidad formativa, como así tampoco se acreditó que el dependiente contara con una auto organización económica que lleve a calificarlo como empresario.
Cheque, cheque de pago diferido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Serracani, Ruben Andres c/ Top's Musical s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

El posterior llenado en el cheque del nombre del beneficiario, de ningún modo puede afectar la calidad del instrumento. Sólo en el caso de que se hubiera dejado en blanco el espacio para la fecha o cantidad, se verá afectado el carácter de ejecutivo del cheque.-
Incidente de revisión, plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: OLIER LUIS MARCIAL c/  s/ INCIDENTE REVISIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2017-05-08

Respecto del cómputo del plazo previsto para deducir el incidente de revisión, considerando en este sentido -a mi criterio- la que más se adecua al espíritu de la norma y al respeto de las garantías constitucionales, la fijada por el fallo plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial -sentencia del 28/02/1996, autos "Rafiki S.A. s/ Quiebra". En dicho plenario se realizó un análisis pormenorizado de las distintas situaciones que podrían llegar a plantearse, sintetizándose ellas principalmente en tres: la primera se configura cuando la resolución del art. 36 se dictó dentro del décimo día de presentado el informe individual o al décimo día a contar de la fecha que previsiblemente y según lo indicado en el auto de apertura del concurso preventivo o en la sentencia de quiebra o en alguna decisión judicial expresa modificatoria de la fecha in icial, debía ser presentado ese informe, donde aquí el plazo se computará desde la fecha en que se dictó la resolución no encontrándose subordinado a la notificación de ella; la segunda situación se dará cuando la resolución se hubiera dictado con anterioridad al tiempo en que previsiblemente debió ser producida, entonces el plazo para interponer la revisión se computará desde ese previsible momento; y la última posibilidad sería cuando la resolución se dicta con posterioridad al momento en que, previsiblemente, hubo de ser emitida, aquí el inicio del cómputo estará subordinado a la notificación ministerio legis de la resolución del art. 36. Que conforme ello la situación de autos debe ubicarse en la segunda hipótesis, toda vez que no es un hecho controvertido que la sentencia del art. 36 de la L.C.Q. fue dictada con anterioridad al plazo que previsiblemente debió emitirse conforme cronograma concursal, ello conduce a que la Cámara debió computar el plazo para interponer el incidente de revisión desde la fecha en que previsiblemente debió dictarse la resolución del art. 36 de la L.C.Q. y no como lo hizo desde la fecha en que efectivamente esa resolución se dictó.
Embargo preventivo, sustitución del bien
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Groshaus, Chil c/ Meffa Passarini, Jorge s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-09-24

En toda sustitución debe garantizarse la disponibilidad de los bienes dados en nueva garantía y que los mismos, por su monto y valor, deben satisfacer suficientemente la suma pretendida por el accionante.
Juicio de desalojo, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ, Octavio c/ AVILA C. s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-03-24

No habiendo acreditado el actor ser titular de la relación jurídica sustancial en la que fundó la pretensión, toda vez que el demandado desconoció su calidad de locador y se trataba de un contrato verbal, cabe el rechazo de la demanda de desalojo.
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad penal, acción civil, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garritano, Alberto Carmelo c/ E.N.  (P.E.N.) s/ Daños y perjuicios - Daño moral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-19

La acción está dirigida contra el Estado Nacional a fin de indemnizar al actor por los daños producidos por personas que ejercían funciones estatales, y en tales circunstancias esos actos perjudiciales serían imputables al Estado Nacional en tanto la acción hubiese sido dirigida en debido tiempo. En cambio, tanto en la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, como en el fallo de la C.S.J.N. , publicado en el T. 309 de la Colección de Fallos, los ex comandantes fueron condenados en razón de hechos delictivos cuya responsabilidad penal les fue imputada, pero que en nada puede afectar el curso de la prescripción de la acción civil que el actor tenía contra el Estado Nacional por los perjuicios producidos en ocasión de la detención sufrida. Aquellos pronunciamientos, en todo caso, y eventualmente, podrían servir - de resultar procedente la acción - para demandar la reparación de los daños contra quien hubiese resultado autor de los hechos ilícitos que imputa aquí el actor.
Acción de amparo, carácter alimentario, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Acuña, Agustín Florencio c/ Patronato de liberados Jhfrias s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-28

En reiteradas oportunidades la C.S.J.N. sostuvo que la acción de amparo debe limitarse a los supuestos de clara ilegitimidad o de irrazonabilidad palmaria pues no está pensada para alterar las instituciones adjetivas vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites pertinentes por otros más celéricos. Por ende, la naturaleza alimentaria del crédito reclamado en la causa, -como lo son la mayoría de los procesos que tramitan ante este fuero- no es causa suficiente para canalizarlo por la vía de amparo, apartándose del trámite ordinario previsto en nuestra ley adjetiva, máxime cuando no se ha invocado ningún matiz especial que justifique detraer la contienda del trámite previsto en la L.O.. En consecuencia corresponde desestimar la vía de amparo pretendida.
Incidentes, prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: E., V. c/ G. M., J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

Cada parte debe soportar la carga de la prueba de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que pretende, dicho principio es aplicable a los incidentes y, en consecuencia, si el incidentista no arrimó al juicio elemento alguno de convicción que abone sus asertos, la consecuencia jurídica que de ello se deriva es tener por no verificadas dichas alegaciones (arts. 178, 183 y 375 del Cód. Procesal). En efecto, las partes asumen la carga de aportar la prueba de sus afirmaciones, o en caso contrario, soportar las consecuencias de cumplir ese imperativo que hace a su propio interés.
Ley penal más benigna, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Robo calificado reiterado - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

La nueva pena más benigna a aplicar en el caso del art.2 del C.P. no esta determinada de un modo riguroso y excluyente por un criterio puramente matemático de proporción ceñido al monto de la impuesta en la sentencia anterior, porque su propia índole, remitida a la conducta que se aplica ya juzgada, al ser objeto de revisión, revela la incompatibilidad de tal criterio, frente a la indeterminación voluntaria del legislador, que deja al sentenciante un marco de adecuación dentro del cual en todo supuesto -de condena o revisión- por elección propia dentro de un mínimo y máximo, fija el "quantum" de la misma. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Hecho imponible, interpretación de la ley, realidad económica
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.. acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

Conforme el principio de interpretación según la realidad económica, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes en consonancia con aquel principio; extremo que debe prevalecer sobre la calificación o la denominación normativa que se pretenda asignar a la obligación tributaria, de modo que si se atribuye a un acto una denominación que no responde a su esencia jurídica es ésta la que debe prevalecer para su encuadramiento fiscal. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbín).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, contratos administrativos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Balneario El Pato c/ Municipalidad de Villa Gesell s/ pago por consignación pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-09

La pretensión de los actores de consignar judicialmente un importe correspondiente al canon de explotación de temporada, es un caso indudablemente comprendido en el ámbito de los contratos administrativos cuyo conocimiento y decisión corresponde al Tribunal en forma originaria y exclusiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)