marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, prescripción, verificación tardía, impuestos, radicación de automotores, cómputo del plazo, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Cerámica Cregar  c/  s/ concurso preventivo s/ inc. revisión por gobierno de la ciudad de buenos aires
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

Corresponde declarar prescripta parte de las posiciones que integran el impuesto por radicación de vehículos, pues se trata de conceptos que corresponden a deudas anteriores a un previo concurso de la deudora, que concluyó por cumplimiento del acuerdo y esas deudas no fueron objeto de insinuación en aquel concurso. Asimismo, porque se encuentra consumido en el caso el plazo de dos años previsto en la LCQ 56, contado desde la presentación de aquel primer juicio colectivo.

Y es que de la LCQ 56 surge que la verificación tardía solo puede deducirse dentro del plazo de dos años desde la presentación en concurso, plazo tras el cual prescriben las acciones del acreedor. Es claro, entonces, que la acción se mantiene mientras ella no se encuentre prescripta por haber transcurrido el referido plazo, lo cual no cambia por el hecho de que el concurso haya finalizado, pues esa finalización no hace renacer el plazo de prescripción que correspondía a la acción que antes tenía el acreedor.

El plazo de prescripción concursal, en cambio, reemplaza de manera definitiva a ese anterior, por lo que, terminado el concurso, la acción individual no recobra su plazo de prescripción originario, sino que esa alteración es uno de los efectos de índole sustancial que, entre otros, produce el concurso.
Nulidad procesal, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Porcel Edgardo Horacio s/ Quiebra.Incidente de nulidad de subasta.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Decretada la subasta y fijado el plazo indebido de publicación de edictos, presentándose después el profesional en el principal pidiendo la inmediata realización de los bienes del fallido, y quedando notificado por nota el proveído consecuente, que manda a estar al auto de venta, el planteo de nulidad referido a éste es extemporáneo. Es que aunque el letrado-acreedor, como su patrocinado, del fallido -expuso comparecer por su derecho, su persona y la protección al conocimiento de su asistido no pueden desdoblarse y por consecuencia el anoticiamiento concierne al patrocinado que a posteriori lo designó apoderado. Interpretación ajustada a la realidad del proceso y a principios de buena fe que de otro modo entrarían en crisis (art. 170 CPC).-
Sobreseimiento, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: José María Florio s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-05-13

El Tribunal no se encuentra habilitado para resolver la cuestión de fondo; es decir, sobre la negativa de la Jueza a-quo del sobreseimiento pedido por el hoy apelante. Ello así, en razón de que conforme con la disposición del artículo 337, segunda parte al final del Cód. Procesal Penal, sólo asiste esa facultad al imputado privado de su libertad, lo que no ocurre en la especie. Normativa que se compadece con la disposición general del artículo 454 del mismo Código, en cuento establece la posibilidad de recurrir las resoluciones judiciales sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley; derecho que únicamente le corresponde a quien le es acordado de un modo expreso y siempre que tuviera un interés legítimo. Concuerda igualmente la normativa con el artículo 470 del Código ritual que habilita en general la posibilidad de recurrir aquellas resoluciones que causen gravamen irreparable, es decir, sin posibilidad de solución en el curso del proceso como sería el caso de detención del encausado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Reclusión accesoria por tiempo indeterminado, unificación de penas
Materia: PENAL
Carátula: SPOLTINI, GUILLERMO. s/ ACCESORIAS - RECLUSION - TIEMPO INDETERMINADO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-22

No corresponde imponer la pena de reclusión por tiempo indeterminado, por cuanto al no haberse agregado dicha accesoria a ninguna de las penas que se unifican; su aplicación por tal vía es manifiestamente improcedente, aún cuando medie requerimiento fiscal, por tratarse de un plus inexistente en los decisorios sujetos a composición y que importaría una alteración de éstos en contra del procesado.
Jubilaciones, haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PEREZ VAZQUEZ, MIGUEL A c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO DE REVISION.     CSJ EXPTE NRO 13-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-02

El sistema legal, previsto por la ley 6915 (de conformidad al artículo 26 de la ley 4800 y 7230) en cuanto establece que para la determinación del haber jubilatorio se considerarán los tres mejores año calendario de los últimos diez, está claramente indicando que el punto de referencia lo constituyen esos mejores años, y que no puede prescindirse de la real trascendencia que la función, que las tareas desempeñadas en el período pertinente, puedan haber tenido dentro de la estructura que a esa época tenía una determinada repartición pública.
Contrato de trabajo, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, ARIEL ALBERTO c/ GAM S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Cuando se verifican dos hechos suspensivos del plazo de prescripción corresponde tomar el que resulta mayor, atento la carencia de norma que establezca la sumatoria de ambos o su coexistencia, y de acuerdo al principio de interpretación en sentido más favorable a la subsistencia de la acción. (Del voto del Dr. Balestrini, en mayoría).
Régimen penal cambiario, prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, apertura de la instrucción, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BERGMAN, JOSE s/ Régimen penal cambiario Causa 30112-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-28

1- El dictado de la resolución que ordena la instrucción del sumario, efectuado a último momento, en modo alguno resulta jurídicamente inválido de forma tal que apareje la nulidad del mencionado acto procesal, aún cuando lo recomendable hubiese sido impulsar el procedimiento en forma progresiva y permanente.- 2- La comisión de nuevas infracciones para operar como interruptivas de la prescripción deben haberse determinado previamente mediante pronunciamiento judicial firme.
Caso concreto, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Rizzo, Jorge Gabriel y otro c/ EN - DNU 70 /23 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

En nuestro sistema constitucional la existencia de un caso judicial es una precondición para la intervención de los tribunales nacionales y constituye un requisito sine qua non de su accionar (artículo 116 de la Constitución Nacional; artículo 2° de la ley 27).
Sobreseimiento, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: DENUNCIA FORMULADA POR ANGEL GUSTAVO JUAREZ C/ FRANCISCO PRADO s.d. ESTAFA s/ RECURSO DE APELACION CURI VICTORIO Y WORTMAN JOFRE HUGO S.D ESTAFA, ETC. E.P MARIA ESTHER GOMEZ VIUDA DE CURI s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-14|2008-04-10

Cuando el sobreseimiento se fundamenta en causales objetivas o subjetivas, sólo podrá dictarse durante la instrucción y en cualquier estado de ella, entendida en sentido amplio (momento práctico y crítico o el intermedio del proceso a más del sumario). Si la causal fuere extintiva, procederá en cualquier estado del proceso de conocimiento, aun durante la vía de recurso. Durante la instrucción, significa a lo largo de todo el desenvolvimiento, vale decir, desde su comienzo hasta su terminación, aunque la facultad para solicitarlo esté limitada tanto para el agente fiscal como para la defensa quienes sólo podrán ejercerla en el momento crítico de la instrucción si se tratare de causales objetivas o subjetivas; pero la limitación no rige cuando se invoque una causal extintiva. En consecuencia, la instrucción debe estar ya abierta, habiéndose ordenado por el juez la formación de causa. Antes de este acto no hay posibilidad de sobreseer. Si se tratare de causales extintivas, el sobreseimiento puede dictarse en cualquier momento del proceso. Así lo prevén expresamente los códigos modernos, y no puede ser otra la conclusión.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, cónsules
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Galtier, Michel c/ Barra, Victorio s/ consignación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

La causa no es de la competencia originaria de la Corte, si el actor no invoca ser cónsul, sino agente consular.
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: A., J. c/ C., J.A. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-13

En el trance, y por un elemental respeto al principio dispositivo del proceso, el juez debe tramitar, lo que significa que debe sustanciar las cuestiones sometidas a su decisión. Sentado ello, debe señalarse que es perfectamente posible que en un juicio ejecutivo se declare la inconstitucionalidad de una ley, como regla y a pedido de parte. En tanto, debe recordarse que las leyes son o no de orden público por su naturaleza, no por lo que diga el legislador, que puede hablar o callar al respecto. Solamente el juez califica. Tratándose de cuestiones controversiales de derecho privado, tras oír a las partes; so pena de quebrantar el debido proceso adjetivo y la defensa en juicio.
Fondos del partido, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Legajo de financiamiento de campañas 2011 del partido Unión Cívica Radical s/ Orden Nacional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-03

Corresponde revocar la suspensión de la entrega de aportes públicos impuesta a un partido político por el incumplimiento de los artículos 24, 27, 58 y 59 de la Ley 26.215, pues las deficiencias observadas en torno a los informes finales de las campañas presidencial y legislativa fueron subsanadas, por lo que corresponde concluir que los informes presentados por el partido cumplen con su finalidad, en tanto permiten conocer el origen y destino de los fondos partidarios.
Declaración indagatoria, descripción de los hechos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MARESSA, DOMINGO A. s/ AMENAZA CON ARMA Y LESIONES LEVES EN CONC. IDEAL S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-10-13

Este Superior Tribunal de Justicia mediante Acordada Nro. 39 de fecha 6-5-93, dispuso que, de conformidad con el verdadero alcance que corresponde asignar al art. 277 CPP, se desprende de dicha norma la obligatoriedad de dejar constancia en acta, de la descripción del hecho respecto del cual es indagado el imputado y de las pruebas obrantes en su contra, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa.
Competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guineo, José del Carmen c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Laboral Huenchur, Angel Eduardo c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1980-12-30|1980-12-30

El hecho de que la Provincia sea parte demandada en el juicio, y que haya existido una relación laboral entre ella y el actor, no implica necesariamente que estemos ante el juicio contencioso- administrativo previsto en el art. 32 inc. 8° de la ley 37. Para que se de esta circunstancia debe tratarse de una decisión administrativa, al pretender la actora, precisamente, se considere la relación como de derecho privado. La procedencia de la excepción determina admitir, que estamos ante una relación de empleo público.
Poder Ejecutivo, convenios colectivos de trabajo, puertos
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

El art. 10 de la ley 23.696 aparece notoriamente insuficiente como norma habilitante para que el Poder Ejecutivo suspenda la vigencia de convenios colectivos de trabajo y deje sin efecto "todo acto normativo" que establezca "condiciones laborales distorsivas de la productividad o que impidan o dificulten el normal ejercicio de dirección y administración empresaria conforme con lo dispuesto por los arts. 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo "., tales como las que menciona el art. 35 del decreto 917/92, disposición aplicable a todas las "actividades portuarias, conexas y afines".
Delito de acción privada, competencia, archivo del expediente, remisión del expediente
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: PATTON, Nidia M. s/ querella-comp.  Causa nro. 12.353
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-11

En delitos de acción de ejercicio privado la estimación de incompetencia del juez ante el cual se querella, no determina el archivo de las actuaciones, sino la remisión de la causa a quien considere competente.
Representación legal, legitimación activa, cambio de sexo, menores
Materia: CIVIL
Carátula: C. J. A. y Otra s/ Solicitan autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2007-09-21

Si bien es cierto que por regla general la representación de los incapaces es extensiva a todos los actos de la vida civil, existen excepciones legalmente previstas a este principio, fundamentalmente cuando se trata de los llamados "actos personalísimos", los cuales por su naturaleza, no pueden ser celebrados sino con el concurso de la voluntad del incapaz, tales como el matrimonio, el reconocimiento de filiación, el testamento, la acción de revocación de donación por el donatario, etc.
Daños y perjuicios, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardone, María Ester c/ Borasi, Edgardo Luis y otro s/ Daños y perjuicios Pérez, Milton René c/ Clínica Central; Dente, Horacio Martín y Alonso, Cristóbal s/ Indemnización daños y perjuicios Peluzo, Roberto Oscar y otra c/ Ciruelos, Hugo Alberto y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios Alvarez, Gladys Mabel y otro c/ Albanese, Elizabeth Nora y otra s/ Daños y perjuicios Ferraro de Leone, Esther y otros c/ Di Modica, Roberto y otros s/ Daños y perjuicios t.nko, Julio Tomás y otros c/ Municipalidad de Merlo s/ Daños y perjuicios Cayarga, José Eduardo c/ Clínica Privada Dres. Marcelo S. Tachella y otros s/ Daños y perjuicios Liguori, Filomena c/ Municipalidad de Ensenada s/ Daños y perjuicios Paz, Leandro J. y otros c/ Municipalidad de Tigre y otro s/ Daños y perjuicios Méndez Arévalo J. c/ Municipalidad de Salto y otros s/ Daños y perjuicios Quintana de Barrientos, Bersabé Jesús c/ Municipalidad de Florencio Varela s/ Daños y perjuicios Graffigna, Delia Graciela c/ Czop, Sergio Norberto s/ Daños y perjuicios Villafañe, Petrona del Rosario c/ Empresa de Transportes Fournier S.A.; Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada s/ Daños y perjuicios Reboredo, Rubén Omar c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Aguiar, Pablo Daniel c/ Tittarelli, Aníbal y otro s/ Daños y perjuicios Mainella, Vicente Nevio y otros c/ Clínica y Maternidad Colón S.A. y otros s/ Daños y perjuicios Caruso, René María c/ Sarrasin, Carlos s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09|1992-12-22|1993-11-02|1994-06-14|1989-09-26|1991-02-26|1995-08-22|1990-04-23|1996-09-24|1997-03-25|2000-08-02|2002-03-21|2001-02-07|2003-06-11|2004-06-09|2005-08-03|2006-09-06

Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.).

Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, del código citado).
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa, empleados públicos, transferencia del personal, asignación de funciones, médicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ PERSICO, SERGIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    INCIDENTE DE SUSPENSION  DE  MEDIDA ADMINISTRATIVA (CSJ EXPTE N. 26  91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

El traslado de un Jefe de Servicio -cargo al que accede por concurso de antecedentes y oposición-, que cumplía funciones programáticas en Atención Primaria de la Salud, a una vecinal ubicada en un barrio periférico a cumplir funciones asistenciales que se contradicen con la que le corresponden, vulnera el nivel y la jerarquía alcanzada por el recurrente. Y desde que la medida adoptada no cumple con la condición que la legitimaría, debe concluirse que el acto administrativo que dispone su traslado aparece prima facie como violatorio de la ley 9286, lo que determina su suspensión, tal como lo hizo oportunamente la Administración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia, reenvío, subrogancia del juez, ley laboral, jurisprudencia aplicable, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BORDIGA, JOSE MARIA c/ INDALAR S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

Existiendo ya un pronunciamiento de esta Corte en este mismo caso y en relación a la misma temática en cuestión, el juzgamiento del presente recurso se circunscribe a examinar si la Alzada respetó los límites del reenvío dispuesto por esta Corte. Así, del análisis de la sentencia ahora impugnada surge que -en esta nueva oportunidad- la Sala subrogante, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales para establecer la aplicación temporal de la ley 26773 y ciñéndose a la delimitación de competencia que le fuera atribuida en función a lo que resultó objeto de admisión del recurso de inconstitucionalidad, hizo propios los argumentos de esta Corte provincial y de la Nación, en los casos "Britos" y "Espósito", respectivamente, y determinó que la norma vigente al momento de la primera manifestación invalidante es la Ley 24557, a la que adicionó el decreto 1694/09, por advertir que su aplicación -dispuesta en el fallo de grado- había llegado firme a la Alzada por falta de impugnación. Asimismo, respecto al monto indemnizatorio entendió que el mismo resultaba sustancialmente inferior al piso legal actual; de modo que, conforme a la doctrina esbozada por este Tribunal in re "Ojeda", consideró pertinente utilizar la tasa de interés como remedio para dicha situación, teniendo en cuenta que la misma resulta un accesorio de condena y, por tanto, pasible de modificación. - CITAS: CSJN: Espósito: Fallos 339:781; CSJStaFe: Bordiga, AyS T 282, p 419; Britos, AyS T 275, p 346; Ojeda, AyS T 280, p 313/322.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ingeniero Oscar Diéz SA c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda ordinaria (Expte. CSJ Nº   712-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-09

No obstante que la Corte Nacional sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos, toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (artículo 100, Constitución Nacional y 14 de la ley 48).

Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento, de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. (Del Voto en Mayoría del Dr. Iribarren).
Violación, derechos de las niñas, niños y adolescentes, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 27/2018 - Medida cautelar No. 1014/17 -- Niña indígena U.V.O. y familia respecto de México c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-05-05

Cuando una niña es víctima de violación sexual, se produce un severo impacto en sus derechos en razón de la situación de vulnerabilidad en que se ubica por ser niña, pues además de representar una forma paradigmática de violencia contra las mujeres en general y que trasciende a la persona de la víctima, en una menor el impacto a corto y largo plazo, tiene consecuencias susceptibles de perdurar, agravarse y extenderse a la edad adulta.
Inconstitucionalidad, costas
Materia: LABORAL
Carátula: Staropoli, Esteban Maximiliano c/ Blaisten S.A. y otro/a s/ Accidente de trabajo. Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

El art. 505 del Código Civil en el texto dado por la ley 24.432 es inconstitucional, toda vez que ha sido el propio legislador nacional el que se autolimitó en el alcance territorial que atribuye a la ley 24.432 cuando el art. 16 invita a las provincias a adherir a su régimen en lo que fuera pertinente. En ese marco la norma en cuestión desplazó al ordenamiento local en materia de costas sin que la adhesión se hubiera concretado, violando de ese modo los arts. 75 inc. 12) y 121 de la Constitución Nacional (doctor NEGRI, minoría).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Poder Ejecutivo, procedimiento administrativo, Administración Pública, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BARNIQUEL, CARLOS DAMIAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 426-85 ALONSO, RODOLFO VALENTINO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 428-85 PAEZ, JOAQUIN FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA      EXPTE NRO 70-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-11-25|1987-11-25|1990-06-05

Para que se configure denegación tácita habilitante de la vía judicial, debe llevarse el caso a conocimiento del órgano con competencia para dictar el acto que agote el trámite administrativo.

Pero esta exigencia no debe entenderse como requerimiento de que ineludiblemente se concluye el procedimiento recursivo, a fin de que sea el órgano del Poder Ejecutivo el que incurra en la demora sancionada por la ley. Por de pronto, la ley 4106 prevé en el primer párrafo del artículo 6, un supuesto en que concede el recurso con independencia de la terminación del trámite recursivo, pues basta el transcurso de sesenta días contados desde que se interpone la reclamación.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AFISA Cia. Financiera SA c/ Carcacia, Graciela A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-24

No tienen eficacia interruptiva los escritos presentados con posterioridad al acuso de perención y con los que se pretende instar la continuidad del juicio.