Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-06-15


Salta, 15 de junio de 2018.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "M., R. M. y en rep. de su hija menor: M., M. D. M. vs. C., C. L.; Sanatorio el Carmen S.A. por daños y perjuicios por delito y/o cuasidelito" - Expediente Nº 46.153/02 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 11ª Nominación (CAM - 103323/4 de Sala II) y, C O N S I D E R A N D O:

La doctora Hebe Alicia Samsón dijo:

I) Vienen los autos a conocimiento de esta Sala, en cumplimiento de lo resuelto por Excma. la Corte de Justicia mediante sentencia que se agrega a fs. 1620/1661 y su aclaratoria de fs. 1688/1690. En dichos pronunciamientos nuestro más alto Tribunal local hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por F. A. V. y, en su mérito revocó el punto II de la parte dispositiva del fallo dictado a fs. 1328/1343 por la Sala Primera de esta Cámara de Apelaciones Civil y Comercial e hizo lugar parcialmente al interpuesto por C. L. C., ordenado la modificación del punto I de la parte dispositiva de la sentencia referida, en el sentido de la reducción del monto de la condena por daño material, disponiendo que bajen los autos a la Sala de la Cámara de Apelaciones que corresponda, a los fines del dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo allí consignado. Asimismo, acogiendo parcialmente la aclaratoria deducida a fs. 1683/1684, resolvió corregir el error material del punto II de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 1620 /1661, dejando establecido que se ordena a la Sala que deba dictar nuevo pronunciamiento, la valoración de los agravios expuestos por C. L. C. respecto del monto de la condena por daño material fijado en primera instancia y, de así considerarlo, la reducción de éste.

Radicada la causa en este Tribunal y consentida su integración, a fs. 1795 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

II) En forma preliminar cabe precisar que esta Sala solo debe decidir , siguiendo las pautas delimitadas en el fallo dictado por la Corte de Justicia, sobre la procedencia de los agravios del codemandado C., vinculados con la determinación del monto de la indemnización del daño material, para lo cual ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento. Ello así toda vez que, admitido el recurso deducido por el demandado V., nuestro más alto tribunal local, en ejercicio de sus atribuciones, no adoptó el camino del reenvío sino que decidió el fondo del asunto, imponiendo a la parte actora las costas por el rechazo de la demanda deducida contra el recurrente, en todas las instancias.

Así surge con claridad de la lectura detenida del considerando 27) del voto que abre el acuerdo, emitido por el doctor Catalano y las doctoras Rodríguez de López Mirau y Villada Valdez y 1º) del segundo voto, suscripto por los doctores Vittar y Posadas y la doctora Fiorillo Saravia, compartido por el doctor Samsón, según se consigna en el considerando 1º) de su voto.

III) Recurso del codemando C. L. C.: el máximo tribunal local, luego de referir los argumentos esbozado por el recurrente para cuestionar el importe de la condena fijada en primera instancia, en el considerando 7º del fallo dictado a fs. 1620/1661, sostuvo que: ".La sentencia de la Cámara, en tanto, se limitó a estimar razonable la suma a la que arriba el juez de primera instancia en concepto de daño material de acuerdo a las circunstancias de autos y las características personales de la Sra. M., "mas allá de los poco comprensibles cálculos efectuados".

Afirmó también que ".De ese modo la interpretación efectuada por la Cámara no se compadece con los principios que informan la sana crítica racional y frustra el derecho del impugnante a obtener tutela jurisdiccional, mediante el dictado de una sentencia que constituya la aplicación del derecho vigente a los hechos controvertidos, por cuanto el pronunciamiento es arbitrario al no ofrecer adecuada respuesta a los planteos jurídicos introducidos en la litis y prescindir de la norma aplicable ( cfr. CSJN, Fallos, 324:1528 y sus citas)." Concluyó sosteniendo ".que la sentencia de la Cámara satisface solo en apariencia la exigencia constitucional de adecuada fundamentación, y provoca la vulneración de derechos garantizados constitucionalmente, lo que la torna descalificable como acto judicial en lo vinculado con la confirmación del monto condenado". En el Considerando 8º) señaló "Que cabe entonces hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad deducido por C. y ordenar la modificación del punto I de la parte dispositiva de la sentencia de fs. 1328/1343 vta., en el sentido de la reducción del monto de la condena por daño material.".

En la resolución dictada a fs.1688/1690, corrigió el error material incurrido en el punto II de la parte dispositiva del fallo dictado a fs. 1620/1661 aclarando que ".el tenor de la decisión adoptada consiste en que la Sala de la Cámara de Apelaciones emita un nuevo pronunciamiento acerca del capítulo en estudio en el que se ponderen razonablemente los agravios expuestos por el recurrente, y de así considerarlo en mérito de esa evaluación, se reduzca el monto indemnizatorio".

De acuerdo a los lineamientos señalados corresponde analizar los agravios del codemandado C. en torno al monto de la indemnización por daño material dispuesta por el juez de grado.

En forma previa y atento la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es dable precisar que la materia venida en revisión debe ser examinada y fallada de conformidad con las normas previstas en el Código de Velez vigentes al momento de los hechos en que la actora funda su derecho y la demandada su defensa. Ello así dado que se trata de una situación jurídica constituida y cuyos efectos se han producido con anterioridad a la vigencia del nuevo ordenamiento jurídico (Conf. Kemelmajer de Carlucci, Aida "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", pág. 63, Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, 2015).

En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del fuero: "Si el daño que dio origen al proceso se produjo con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, este no resulta aplicable, pues fue en el instante en que se produjo en que se constituyó la obligación jurídica de repararlo, con lo cual la relación jurídica, consumada antes del advenimiento de esa normativa, debe ser juzgada, en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas, de acuerdo al sistema de los anteriores Código Civil y de Comercio" (CNCiv., sala B, "Espinosa, Alejandro Agustín c. Metrovias SA y ots. s/ ds. y ps.", 11/08/2015, La Ley, cita online: AR/JUR/28741/2015).

Manifiesta el apelante, luego de calificar de discrecional y excesivamente arbitrario el procedimiento utilizado por el a quo, que en primer lugar, no resulta correcto tomar como base para la determinación del daño el aporte que la Sra. M. presuntamente realizaba al hogar familiar, sobre lo que no existen pruebas, ya que existen un infinito número de conceptos pasivos; deducciones y variables que alteran constante y continuamente tal importe. Agrega que no se tomó en cuenta que la Sra. M. dejaba el trabajo fijo para acogerse a un retiro voluntario. En segundo lugar considera equivocado tomar como vida útil la edad de 65 años, cuando en la mujer corresponde que sean 60 (edad jubilatoria), por lo que serían 17 y no 22 los años de vida útil si se aplicara el inequitativo criterio del sentenciante. En tercer lugar destaca que se ha omitido ponderar que la menor ha recibido la pensión de su madre durante su minoridad y estudios incluso universitarios. Señala la imposibilidad de comprender los cálculos realizados por el Magistrado.

De la lectura del fallo apelado, en lo que ahora toca revisar, se advierte que el monto del daño material arribado por el a quo se integra exclusivamente con la consideración de lo que el actor reclama bajo el rubro de "valor vida humana" (v. punto IV A, del escrito de ampliación de demanda) y en cuya valoración el apelante centra su disconformidad.

El "valor vida", que encuadra dentro de los daños materiales que pueden reclamarse cuando se produce la muerte de una persona, es un concepto diferente al daño moral, cuya monto indemnizatorio, en este caso, ha quedado firme.

Como lo dijo la Corte de Justicia de la Nación la vida humana no tiene un valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. No es dable evitar una honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente una vida humana, reducirla a valores crematísticos, hacer la imposible conmutación de lo inconmutable La supresión de la vida humana ocasiona indudables efectos de orden patrimonial, lo que se mide no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la abrupta interrupción de un actividad creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue, etc.. Ha subrayado el más Alto Tribunal Federal que para fijar el valor vida no ha de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerarse y relacionarse las diversas variables relevantes en cada caso particular, tanto en relación con la víctima (edad, grado de parentesco, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) (Conf. CSJN 11-5-93, "Fernández, Alba Ofelia c/ Ballejo, Julio Alfredo y Pcia. de Bs. As", fallos 316:912).

No existen criterios uniformes de estimación y valuación sino que impera el arbitrio judicial. Por ello se considera que la indemnización por tal motivo se debe a título de reparación del daño emergente que el hecho produce en el damnificado al privarlo de esa compañía, en atención a las necesidades morales, materiales y familiares de la vida en común, o sea, a "ciertas pautas como circunstancias particulares de afección, unidad y cohesión de la familia, situación de amparo y desamparo en que quedan los accionantes, etc." (ver Código Civil Comentado y Concordado de Belluscio y Zannoni, t. V, pág. 113/114), además de las circunstancias particulares del occiso y de los reclamantes como edad, sexo, educación, condición social, profesión, relación familiar, etc.

Ha dicho esta Sala que la Corte Federal se inclina, a favorecer cierta elasticidad en el procedimiento de cuantificación que permita al juez adaptarse a las distintas situaciones y contextos, en el entendimiento también de que un sistema cristalizado no sería capaz de ajustarse a nuevas o disímiles realidades, destacando que el nuevo Código Civil y Comercial se orienta en el mismo sentido al señalar como pautas para fijar la reparación por fallecimiento al tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes (art. 1745 C.C. y C.)(Protocolo de Sentencias, Año 2016 -Primera Parte, fl.146/154).

Existe pues cierta flexibilidad para el Juzgador, a la hora de determinar el cuantum del resarcimiento, atendiendo a las circunstancias particulares que rodean cada caso.

Siguiendo estos lineamientos, para su fijación deben tenerse en cuenta en el sub examine, que se trata de la cónyuge y madre, respectivamente de los actores, según se acredita con las partidas de nacimiento y matrimonio que en fotocopia certificada se agregan a fs. 5 y 63; de 43 años de edad al momento de su deceso (ver certificado de defunción glosado en fotocopia certificada a fs. 4), que aportaba econonómicamente para sostener el hogar conyugal, al que, según los accionantes, incorporaba el 50% de sus ingresos. Cabe adelantar que esta afirmación del actor debe tenerse como una pauta adecuada, no solo porque ambos progenitores tiene la obligación legal de contribuir a la manutención de los hijos -cuanto menos hasta los 21 años y más aún en caso que estudien- sino porque no puede desconocerse que hoy en día la economía familiar se organiza y sustenta con los ingresos de la pareja y en algunos casos hasta de los hijos mayores que conviven, atento el elevado costo de la vida que exige de la concurrencia de aportes para afrontarlo.Debe valorarse también que su hija tenía 13 años al momento del hecho dañoso y se encontraba escolarizada. Que la Sra. de M. era abogada (v. fs. 62 y 749), que se desempeñaba como Jefa de Sección Jurídica en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), donde prestó servicios por mas de 21 años (v. fs. 77) y que en la demanda se alegó que cobraba en promedio la cantidad de $2800, cantidad que utilizó el Magistrado de la primera instancia para cuantificar el daño material, aunque se acreditó que la última remuneración que percibiera ascendía a $3.740,61. (v. certificado de haberes de fs. 105). Y si bien es cierto que al tiempo de su deceso había solicitado el retiro voluntario, que le fuera concedido a partir del 1 de junio de 2000 (v. fs. 71/72), no lo es menos que tuvo en miras dedicarse al ejercicio de su profesión de abogada, proyectando hacerlo desde una consultoría tributaria impositiva, conforme da cuenta la declaración de los testigos J. S. d V. (v. fs. 658) y P. K. (v. fs. 779).

El maestro Orgaz precisa con claridad que con respecto al lucro cesante el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas debían lograrse por la víctima con suficiente probabilidad de no haber ocurrido el acto ilícito. No se trata de una mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se habrían obtenido, ya que tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo "supuestas". El criterio a aplicar es uno intermedio entre esos dos extremos, el de la probabilidad objetiva, de acuerdo con las circunstancias del caso (Conf. Orgaz, El daño resarcible, pág. 94, Omeba, ed. 1960).

Por lo tanto, tomar como pauta de referencia para estimar la indemnización retributiva de las ganancias frustradas, el último salario percibido por la Señora R. en relación de dependencia, no resulta desacertado pues es dable inferir que con sus conocimientos específicos en materia fiscal (v. cursos de capacitación detallados a fs. 81), como su basta experiencia en litigios judiciales de esa naturaleza, sus ingresos mensuales promedio derivados del ejercicio profesional podrían resultar equivalentes a los que percibía en relación de dependencia, incluso no cabe descartar que hubieran podido ser superiores.

Debe hacerse notar que la crítica que formula el apelante es de carácter genérico y soslaya el hecho de que el sentenciante tomó como parámetro del perjuicio material reclamado por los actores el 50% de los ingresos netos presuntos de la Sra. R. d. M., circunstancia con la que quedan suficientemente contempladas las variables o conceptos pasivos que -valga la redundancia- genéricamente menciona en su memorial.

Respecto de la alegada falta de prueba del perjuicio, si bien resulta suficiente para descartar el agravio lo expuesto anteriormente sobre el rol determinante que juega el prudente arbitrio judicial en la cuantificación del rubro indemnizatorio bajo análisis, es del caso recordar que en los procesos difícilmente se acceda a la comprobación fehaciente de los hechos invocados, pues en la mayoría de los casos sólo puede alcanzarse una "probabilidad lógica prevaleciente" sobre el modo en que sucedieron, sobre la base de los elementos de prueba disponibles (conf. Taruffo, Michele, "La prueba de los hechos", Ed. Trotta, 2005, p. 299 y 303). Ello es especialmente aplicable en esta materia en la cual la labor judicial consiste en realizar una estimación prospectiva acerca del daño.

Tampoco resulta irracional que a tales fines se considere que la vida útil de la Sra. de M. se hubiera extendido hasta los 65 años de edad, como lo estiman los accionantes; la pretensión del apelante que, de tenerse en cuenta este parámetro, debe ser hasta los 60 años por ser la edad jubilatoria de las mujeres carece de sustento. Ello así porque lo determinante para estimarla, es el límite de edad productiva o expectativa de vida presunta que no tiene porque coincidir con la edad jubilatoria que, además, puede variar según el régimen previsional que corresponda.

Pero además debe tenerse en consideración que la Sra. R. d. M. había renunciado a su relación de empleo público 14 días antes de su deceso para empezar a ejercer la profesión de abogada y, en estas circunstancias en principio le resultaría aplicable el art. 32 del Decreto 15/75 -que reglamenta el régimen previsional para los abogados y procuradores que actúan en la Provincia-, según el cual la jubilación ordinaria es voluntaria y sólo se otorga a petición del afiliado que reúna los requisitos que enumera, entre los cuales se prescriben que haya cumplido la edad de 60 años y 30 de ejercicio profesional. Es decir, que según el régimen que le hubiera correspondido a la paciente, ella no estaba compelida a requerir la jubilación a los 60 años. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente advertir que según el art. 19 de la ley 24241 las mujeres pueden optar por continuar su actividad laboral hasta cumplir los 65 años. De tal manera, el argumento del apelante carece de fuerza para conmover el parámetro tenido en cuenta en la sentencia apelada.

Con relación al agravio según el cual se debió descontar lo que la menor percibió en concepto de pensión, cabe resaltar que no se trata de un hecho alegado al contestar la demanda -ni por el aquí recurrente ni por ninguno de los codemandados o citadas en garantía-.

Siendo ello así, resulta aplicable el artículo 271 del Código Procesal, que establece que el tribunal de segundo grado no puede entender respecto a aquellas cuestiones que no hubiesen sido sometidas a conocimiento de la instancia anterior. En tal sentido se decidió que si el recurrente introduce nuevas materias en el escrito de agravios, soslayadas en la instancia en grado, la alzada no puede revisar las mismas (CApel.CC. Salta, Sala III, año 1995, f° 573). Como lo advierte Palacio, la regla general que consagra el art. 271 del C.P.C.C. de Salta es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, que no configura un nuevo juicio en el que sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente (Palacio: "Derecho Procesal civil", Bs.As., Abeledo Perrot, tomo V, 1975, pág. 460). En nuestro sistema procesal, la segunda instancia es solo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate (CNCiv., Sala B, E.D. 64-514; 58-355); la función prístina del tribunal ad quem no es la de fallar en primer grado sino la de controlar la decisión de los magistrados de primera instancia (Hitters: "Técnica de los Recursos Ordinarios", La Plata, Lib. Edit. Platense, 1986, pág. 406; CApel.CC.Salta, Sala III, año 1996, f° 787).

No obstante ello, cabe afirmar que de todas maneras se trata de un monto muy inferior al que podría haberle proporcionado su progenitora si viviera ya que aún, alcanzada la mayoría de edad, los padres siguen atendiendo las necesidades de los hijos que conviven con ellos y no tienen ingresos propios.

Ello sin perjuicio de ponderar también el cuidado personal que tiene trascendencia no solo moral sino económica y la ayuda que los padres puedan dispensar a su hijos, durante toda su vida, lo que también tiene un significado económico que justifica el resarcimiento y, por tanto, encuadra dentro de la esfera del daño material, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia (conf. CNCiv. Sala "F", "Wiñazky, Karina Mabel y otro c/Silva, María Alejandra y otros s/daños y perjuicios" junio 18/2004).

Es del caso repetir que los hijos deben educarse, formarse y madurar en familia y que ello significa el apoyo de una pareja, que no está complementada si falta alguno de sus integrantes. Todas estas consideraciones y muchas otras más deben efectuarse por el juzgador a la hora de determinar, con el apoyo de las virtudes de la prudencia y circunspección, la cuantía de la reparación que merecen el o los hijos, cualquiera sea su sexo, cuando el hecho antijurídico los ha privado de la presencia de uno o de ambos progenitores, colocándolos en una situación de desamparo parcial o total" (Mosset Iturraspe, Jorge, "El valor de la vida humana", págs. 121, Editorial Rubinzal - Culzoni, Santa Fe 1986).

En definitiva, los arts. 1084 y 1085 del CC -aplicables al caso- no asignan un valor intrínseco a la vida humana sino un valor presunto para otros, y este no es el valor de la vida sino los valores que con su vida y en el curso de su despliegue pudo haber aportado el fallecido a la subsistencia de sus familiares.

Si bien no resulta posible establecer un método de cálculo exacto en estos casos, su determinación aproximada -en los términos del art. 165 del CPCC- lleva a estimar los siguientes elementos: a) el monto de los ingresos de la víctima fatal, que conforme se ha expresado corresponde tomar en $2800 (pesos dos mil ochocientos) mensuales; b) la porción de éstos que podía ser destinada eventualmente al sostén de los damnificados, establecida en el caso en el 50% y, c) los 22 años en los que se supone que tales circunstancias se mantendrían. Ello da la cantidad de $369.600 (pesos trescientos sesenta y nueve mil seiscientos).

A ello se debe agregar, conforme a lo expuesto, una valuación estimativa de las actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente, que eran de esperar de la occisa a favor de los accionantes (CNAC, Sala A, 31/10/2017, LL Online: AR/JUR/80624/2017; LL 2017-F , 504; RCYS 2018-II , 82; SJA 14/02/2018, 69 y, JA 2018-I, 844; íd, Sala G, 29/12/2017, LL Online: AR/JUR/104079/2017; RCYS 2018-VI , 148) y que, estimados prudencialmente, superan sin dudas la suma de $67.051 (pesos sesenta y siete mil cincuenta y uno).

Respecto de este parámetro, reseñan Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas criterios jurisprudenciales según los cuales las labores del hogar, domésticas o familiares deben, a los fines de la indemnización de la víctima privada de ellas, traducirse en dinero; que esa traducción no puede ser tacaña, efectuada con desprecio o subestimación de quehaceres semejantes y, que debe tenerse muy en cuenta la polifacética función de la mujer en el hogar (Responsabilidad por daños, Tomo I, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, año 2016, pág. 483) En conclusión, con base a todos los indicadores y parámetros referidos, ponderados en su conjunto de conformidad a las pruebas incorporadas a la causa, la suma de $ 436.651 (pesos cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y uno), determinada por el a quo a la fecha del fallecimiento (14 de junio de 2000), con independencia del procedimiento utilizado para ello, resulta razonable y adecuada para resarcir el daño sufrido por los actores, reiterando que se trata de una proyección que es siempre estimativa y prudencial y que indemniza el daño material sufrido por ambos reclamantes ( hija y esposo), poniendo de resalto, además, que han sido previstos los gastos que hubiera insumido el propio mantenimiento de la señora de M. -y otras variables como las insinuadas genéricamente por el apelante-, al establecer que el aporte a la economía familiar en un 50% de los ingresos de la Sra. R. d. M..

IV) Por todo lo expuesto, voto por la confirmación del monto de la condena por daño material fijado en la sentencia de primera instancia en $ 436,651 (pesos cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y uno), con más los intereses determinados en la sentencia de fs. 1328/1343, esto es un 12% anual computado desde la fecha del hecho luctuoso y hasta su efectivo pago.

El doctor Alfredo Gómez Bello dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la doctora Samsón.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, I) RECHAZA el recurso de apelación interpuesto por el codemandado C. L. C. a fs. 1228 y, en consecuencia, CONFIRMA el monto de la condena por daño material fijado en la sentencia de primera instancia en $ 436,651 (pesos cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cincuenta y uno), con más los intereses determinados en la sentencia de fs. 1328/1343, esto es un 12% anual computado desde la fecha del hecho luctuoso y hasta su efectivo pago.

II) MANDA que se registre, notifique y baje.- CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. VOCALES: HEBE A. SAMSÓN - ALFREDO GÓMEZ BELLO. SECRETARIA: DRA. JULIA RAQUEL PEÑARANDA. SALA II T. 2018 1RA PARTE. SENT DEF. Fº 233/238. 15/06/18.