Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-06-19


SENT Nro. 456 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 19 DE JUNIO de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, que integran los señores vocales doctores Alberto José Brito, Héctor Eduardo Aréa Maidana y Alfredo Carlos Dato -por excusación del señor vocal doctor Antonio Gandur-, presidida por el doctor Alberto José Brito, el recurso de casación interpuesto por el querellante, en contra de la sentencia dictada por la Sra. Juez en lo Penal Correccional del Centro Judicial de Concepción de fecha 29/5/2002 (fs. 754/770); el que es concedido por la referida magistrada mediante providencia del 27/7/2002 (cfr. fs. 787). En esta sede a fs. 807/816 el impugnante presentó memoria sobre el recurso casatorio, no así la defensa del imputado, mientras que el señor Ministro Fiscal en dictamen obrante a fs. 818/820 se expide por la procedencia del recurso que se intenta. Pasada la causa a estudio de los señores vocales, y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿Es admisible el recurso?; en su caso, ¿es procedente?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 778/786 por el querellante en autos, contra la sentencia de la Sra. Juez en lo Penal Correccional del CJC, de fecha 29/5/2002, que absolvió a los imputados Luis Albino Dall Colle y Rubén Orlando Molaies, por los delitos previstos y penados en los arts. 183 y 249 del CP. Invoca el motivo de casación previsto en el art. 468, inc. 2º del CPP, a consecuencia de la absurda valoración de las pruebas arrimadas al proceso; con cita de lo normado por el art. 413, inc. 4º segunda parte del mismo cuerpo legal.

Sostiene que la sentencia impugnada desconoce y contradice el plexo probatorio obrante en autos, del cual resultaría que los acusados -funcionarios de la Municipalidad de la ciudad de Concepción-, destruyeron el techo de su propiedad sin orden alguna, ni causa de justificación. Tampoco estaría probada la existencia de peligro para los transeúntes, o la inminente realización de una obra pública; sin que además exista sumario administrativo o acto de tal naturaleza. Pone de relieve que Molaies confesó ser autor responsable de todo el desarme del techo; en tanto que Dall Colle ha admitido su presencia en el acto, y que el recurrente no estuvo en ese momento; lo cual excluye autorización de su parte. Añade que lo único existente es un acta de infracción, y otra de constatación y/o notificación, donde se ha falsificado la firma del receptor, por lo que el acto carece de validez.

Atribuye arbitrariedad al pronunciamiento, dado que estaría probada la actuación espontánea y dolosa de los imputados, que carecía de aprobación por escrito del Tribunal de Faltas, o de resolución ejecutoriada que autorice tal proceder; reiterando que la vía administrativa no estaba agotada. Según afirma, la sentenciante omitió valorar el contenido del convenio Nº 58/92, que desmiente la inminencia de la obra de ensanche de la ruta provincial 329, y los dichos del testigo Yapur, quien sostuvo que el ensanche de la ruta comenzó dos meses después del suceso investigado en autos. Que en consecuencia, jamás autorizó el desarme del techo en cuestión; agregando que de autos tampoco surge la demarcación de la vereda como ruta nacional. Pone de relieve que según lo declarado por el Director de Catastro y Edificación del Municipio, el único techo desarmado durante el período en que desempeñó tales funciones ha sido el de su propiedad; cuando en autos consta que existen innumerables construcciones de ese tipo en la ciudad.

Impugna el fundamento del fallo absolutorio, basado en la duda de la sentenciante sobre la responsabilidad penal de los acusados. Sostiene que aún admitiendo -como expresara la Sra. Juez de mérito- que la falsificación de la firma en el acto de notificación no prueba responsabilidad de Molaies en este hecho, existen argumentos suficientes para condenar a este acusado; quien -insiste- admitió su autoría y responsabilidad, al igual que el coimputado Dall Colle. En su interpretación, el plexo probatorio señalado es contundente para emitir fallo de condena; y la omisión en valorar prueba conducente autoriza a revisar las cuestiones fácticas involucradas en el sublite. Invoca las garantías consagradas en los arts. 18 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia, ante los señalados déficits de motivación del fallo en recurso. Puntualmente, considera que la falta de aptitud conviccional de las pruebas desechadas no ha sido suficientemente fundada por la sentenciante, y con ello, el estado de duda en que basa su decisión. Ante la transgresión de estas disposiciones, y de las contenidas en los arts. 408, inc. 2, 413 inc. 4 y cc. del CPP, reclama se case el fallo en recurso conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido el pronunciamiento que infringe el deber de adecuada motivación, y absuelve por el beneficio de la duda sin considerar y valorar razonablemente elementos de prueba con relevancia para la solución del caso".

Con fecha 27/6/2002 ( fs. 787) la Sra. Juez a quo concedió la vía recursiva y dispuso la elevación de los autos a esta Corte Suprema de Justicia. Notificadas las partes, a fs. 792/795 se presenta el coimputado Molaies, manifestando responder traslado del recurso de casación, no previsto en la ley adjetiva. En el mismo acto, plantea hecho inexistente, alegando que el memorial introductorio de la impugnación extraordinaria carece de firma, por cuanto la inserta como perteneciente a Jorge Julio Gramajo, diferiría de la suscripta por él ante el Juzgado. La magistrada dispuso se tenga presente y se agregue para conocimiento del Superior, por estar ya desprendida de la causa. En esta sede, la defensa del imputado Molaies consintió el llamamiento de los autos para dictar sentencia, sin presentar la memoria que autoriza el art. 476 del CPP, ni instar la producción de prueba en sustento de su planteo; cuando a esa parte incumbía el cumplimiento de tal carga procesal, destinada a dilucidar el hecho denunciado. Ello en tanto sólo a través de la prueba específica -pericial caligráfica- es posible verificar la autenticidad de la firma que se cuestiona.

A fs. 818/820 corre agregado dictamen del Sr. Ministro Fiscal, quien se pronuncia por la procedencia del remedio casatorio.

2.- Según emerge del pronunciamiento en recurso, la sentenciante comienza su análisis del caso señalando que la figura contenida en el art. 183 requiere la producción de un detrimento en la cosa misma, y el dolo directo de su autor. A su vez, las acciones típicas de la figura contenida en el art. 249 del CP consisten en omitir, rehusar o retardar dolosa e ilegalmente el cumplimiento de las funciones a cargo del sujeto.

Al examinar el plexo probatorio reunido, puso de relieve que en 1992 el querellante solicitó autorización para construir el techo, que fuera denegada dos días después por el jefe de Catastro; adjuntando un croquis de lo que sí estaba autorizado a construir. Señala que la notificación y emplazamiento cursada a Gramajo en julio de 1994, a fin de que retire el techo en el plazo de 48 hs., exhibe una firma que según pericial caligráfica practicada en autos, no pertenece a la suegra del denunciante. Destacó además la negativa del nombrado a firmar el acta de comprobación y la notificación obrantes a fs. 56 y 57 respectivamente, según constancias de autos no impugnadas por el nombrado; y la orden escrita impartida por el Secretario de Obras Públicas al Ing. Dall Colle para proceder al desarme, de fecha 27/09/94.

La magistrada valoró que la normativa municipal prohíbe la colocación de cuerpos salientes sin previa inspección y autorización de obras públicas; y habilita a este organismo a extraer estos cuerpos salientes construidos en infracción, cuando el propietario haga caso omiso de la pertinente notificación. Que en el caso, el techo retirado se encontraba construido en la vía pública (acera) y antirreglamentariamente, conforme a las disposiciones del Código de Tránsito de la ciudad de Concepción. Señaló además la peligrosidad de la zona, afirmada tanto por los testigos como por el propio denunciante en la nota agregada a fs. 27, por la cual solicitara autorización para construir el techo.

En relación a las testimoniales rendidas en autos, calificó de falsos y complacientes los dichos del testigo Bravo, quien expresó no conocer al denunciante, cuando en autos se probó que fueron compañeros de escuela. Que a su vez, los testigos Molinuevo, Carrier, Medina, Juárez Cruz, Yapur dijeron haber realizado numerosas gestiones con el denunciante, tanto administrativas como personales, en las que siempre manifestó conformidad; y que la vía administrativa estaba agotada en el caso. Puntualizó que al radicar la denuncia, el querellante negó haber autorizado la reconstrucción del techo; mas en el curso del debate oral, expresó que solicitó a Dall Colle su reconstrucción; tarea que se estaba realizando el día 4 de octubre por los operarios municipales, y fue suspendida ante la radicación de la denuncia.

A criterio de la Sra. Juez, la falsedad de la firma inserta en la notificación impugnada es un vicio que no actúa retroactivamente para fundar responsabilidad penal de los funcionarios acusados; poniendo en duda que pueda exigírseles corroborar la veracidad de las firmas contenidas en instrumentos públicos. El razonamiento sentencial expresa dudas sobre la existencia misma del daño; en cuanto a si hubo perjuicio a la cosa en sí misma, o una alteración pasajera, dado que fue luego reconstruida con los mismos materiales. Igualmente, en torno a la presencia de dolo en el requerido por la figura penal; como de una omisión legal, maliciosa, con conocimiento por parte del funcionario actuante. En base a estas premisas, la Sra. Juez manifestó su certeza en la decisión absolutoria respecto de Dall Colle, en concordancia con la posición del Sr. Fiscal de Cámara. Frente a los interrogantes previamente expresados, respecto al coimputado Molaies se pronunció por la aplicación de la regla "in dubio pro reo".

3.- Confrontado el pronunciamiento en recurso con los agravios expuestos por la querella, se advierte que el impugnante se limita a oponer su propia interpretación de los hechos, a partir de la diferente aptitud conviccional que les asigna; en particular, respecto al pretenso reconocimiento de responsabilidad y autoría que reiteradamente atribuye a los acusados, y a la ausencia de resolución administrativa que autorice lo actuado. Mas no rebate puntualmente las razones expresadas por la sentenciante para fundar el estado de duda que condujo a la absolución; pues su planteo discurre en torno a la existencia de hechos que, en cuanto tales, no han sido negados por la Sra. Juez a quo.

Como admite la querella, el planteo casatorio remite a cuestiones de hecho y de prueba, en principio irrevisables en la instancia extraordinaria local, por cuanto su valoración compete a los jueces de mérito y resulta ajena a la vía recursiva intentada; a menos que se invoque fundadamente el déficit de arbitrariedad, que prive de adecuada motivación a lo resuelto.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que el control del fallo en miras a establecer la aplicabilidad del beneficio de la duda implica, en definitiva, la pretensión de efectuar un reexamen de los hechos y de la prueba rendida en autos. Ello en tanto el precepto contenido en el art. 406 procesal funciona en el área de la prueba y su valoración, lo que como principio es de incumbencia exclusiva de los Tribunales de juicio y escapa al control casatorio (cfr. CSJTuc. sentencia Nº 825 del 23/12/94, autos "González, Juan Olegario s/homicidio"). Al respecto, se ha dicho que la duda se evidencia cuando los motivos que conducen a afirmar y a negar se presentan en paridad de volumen; representando la oscilación entre la certeza positiva y negativa (cfr. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tº I, pg. 446).

En el caso, la sentenciante expuso los motivos que sustentan su decisión absolutoria; indicando en forma pormenorizada las razones determinantes de su estado de duda acerca de la responsabilidad penal atribuida a Molaies. Tal valoración no excluye, sino que involucra la existencia de otros elementos de juicio que pudieron conducir a la solución contraria; toda vez que tal incertidumbre no exige convicción sobre la inocencia del imputado, sino que presume respuestas positivas y negativas en torno a uno de los elementos esenciales de la imputación penal, que resultan de un análisis de mérito vinculado exclusivamente a las pruebas producidas; sin que a criterio del magistrado puedan prevalecer unas u otras. En tal hipótesis, basta la duda para fundar la absolución; y ello de ningún modo exige la convicción de inocencia, pues nada decide sobre la real culpabilidad del imputado.

Es oportuno recordar que la condena penal exige un certero juicio de reproche, basado en la evidencia plena de una acción típicamente antijurídica y culpable; que en el caso implica la fehaciente acreditación de la existencia de un daño en los términos del art. 183, CP, y del dolo atribuible a los imputados. Lo juzgado en el ámbito penal es la conducta de aquéllos, en la perspectiva de la comisión del delito por el que se los acusa; por lo que no corresponde aplicar al sublite, criterios fundados exclusivamente en exigencias del derecho administrativo, cuya pretensa inobservancia no basta, en sí misma, para la configuración del tipo penal.

4.- En orden a la alegada violación de las reglas de la lógica invocada en el memorial casatorio, se advierte que los agravios expuestos son insuficientes para la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa. Las razones expresadas por la querella no bastan para configurar violación a las reglas de la lógica o de la sana crítica racional, con el alcance de descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional.

La sentenciante ha dado razones de su fallo, previo análisis exhaustivo de las constancias de la causa, en orden a la calificación del hecho histórico cuya existencia no se cuestiona en autos; y los motivos en que sustenta sus dudas no han sido puntualmente rebatidos, con el alcance de evidenciar el déficit de arbitrariedad invocado.

La impugnación en examen se estructura, en lo sustancial, a partir del afirmado reconocimiento de responsabilidad y autoría por parte de los imputados, y de la probada falsedad de la firma inserta en la notificación cursada al querellante. En cuanto a lo primero, es del caso señalar que la admisión del hecho como suceso histórico por parte de los acusados, no basta para determinar la responsabilidad penal en el ilícito investigado, ni excluye el estado de incertidumbre expresado por la sentenciante. No cuestiona la querella el aserto sentencial, relativo a que el delito de daño requiere un dolo directo, constituido por la voluntad de querer dañar la cosa en sí. Y aun cuando no resulten necesarias finalidades trascendentes o motivaciones particulares, la acción dañosa exige que el agente haya querido expresamente el daño. Desde este enfoque, las constancias de autos muestran que tanto en la etapa de investigación como durante el debate oral, los acusados brindaron su propia versión del suceso, con apoyo en elementos de la causa que la sentenciante también ha mencionado al sustentar la incertidumbre manifest ada en la sentencia.

En relación a la firma inserta en la notificación practicada en sede administrativa, la Sra. Juez Correccional consideró que la probada falsedad no es suficiente para acreditar el dolo de autor; exponiendo los motivos que conducen a este aserto, reseñados en los acápites precedentes. Tales razones tampoco fueron rebatidas por el impugnante, con el alcance de evidenciar arbitraria valoración de las pruebas. Soslaya en tal sentido la querella, otros elementos valorados en la instancia de mérito, y en los cuales el magistrado fundó su duda y la consecuente decisión absolutoria; que bastan para motivarla.

La diferente interpretación propiciada por el impugnante no muestra por sí misma que el razonamiento sentencial contraríe las reglas de la lógica y del pensamiento, por absurdo o arbitrario; o que se aparte de las circunstancias de personas, modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los hechos. El contexto pormenorizadamente descripto en la sentencia, condujo a la magistrada a expresar sus dudas en cuanto al obrar doloso atribuido a los acusados; y la mera afirmación de que éstos reconocieron su autoría y responsabilidad, es insuficiente para variar el resultado de la causa. En tanto permanezcan incólumes las razones centrales en que dicha duda se sustenta, la mera discrepancia resulta insuficiente para fundar la casación.

5.- De lo expuesto se concluye que la Sra. Juez a quo ha fundamentado el estado de duda en que se basa el pronunciamiento absolutorio. Lo expresó, en primer lugar, en torno a la existencia misma del perjuicio a los bienes de propiedad del denunciante; toda vez que el techo en cuestión fue reconstruido por el municipio con los mismos materiales. Las acciones típicas consisten en destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar de otro modo la cosa; advirtiéndose que tal aserto no mereció reproche puntual del impugnante, quien se limita a sostener que la cosa fue dañada.

Aún admitido por vía de hipótesis, que el daño existió, el memorial recursivo soslaya igualmente otro de los elementos esenciales del tipo penal, sobre el cual también expresara sus dudas la sentenciante. La figura descripta en el art. 183, CP, requiere un dolo específico, y sólo es compatible con el dolo directo del acusado (cfr. Núñez, Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Tº V, pg. 529 y sig.). Señala este autor que el acto material correspondiente al daño no es suficiente, pues conforme al texto legal, la incriminación de este delito deriva del propósito del agente. Importa la actuación del autor a sabiendas y con el propósito de producir el daño; que el mismo autor denomina dolo común directo. Si bien la figura no requiere de móviles subjetivos determinados, es menester en el autor la conciencia de la injusticia y el propósito de causar el daño; de allí que no resultan punibles penalmente los ocasionados con culpa. En este punto, las discrepancias del apelante tampoco bastan para concluir, con el necesario grado de certeza, que los acusados obraron con el propósito o intención de dañar o de perjudicar.

Tiene reiteradamente dicho esta Corte Suprema de Justicia que según principio básico sentado por la ley adjetiva, la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito; y la casación no constituye un medio ordinario para revisar las decisiones de los tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso. Al respecto, ha destacado el Tribunal que este recurso presenta una dificultad adicional en el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, donde la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de los jueces se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los magistrados, y su control se ve restringido a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 783 del 09/12/94).

La descalificación del fallo por arbitrariedad implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica; lo que no acontece en este caso, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes para sustentarlo.

En definitiva, los agravios expuestos no exceden el disenso del impugnante con los fundamentos del fallo absolutorio. La consideración de los antecedentes fácticos que invoca resultan insuficientes para eliminar, por arbitrario, el estado de duda manifestado por la sentenciante; pues permanecen incólumes otros elementos que bastan para darle sustento.

A mérito de las razones expresadas, se concluye que el remedio casatorio debe ser desestimado. Las costas serán soportadas por el recurrente vencido, conforme al principio general en la materia (art. 551, CPP).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DESESTIMAR, con costas, el recurso de casación interpuesto a fs. 778/786 por el querellante en autos, contra la sentencia de la Sra. Juez en lo Penal Correccional del CJC, de fecha 29/5/2002.

HAGASE SABER.

ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALFREDO CARLOS DATO