Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


PIN, Adriana María Clara contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 216-218. Santa Fe, 10 de marzo del año 2.004. VISTOS: los autos "PIN, Adriana María Clara contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 183, año 1.994); para resolver el recurso de revocatoria interpuesto a fojas 206/207; y, CONSIDERANDO:

1. Contra el auto regulatorio de fecha 8 de julio del año 2003 interpuso la actora recurso de revocatoria por entender que se viola el debido proceso, el derecho de defensa y el de propiedad. Consideró que no se puede obviar que una de las partes carezca de la debida participación que le permita expresarse sobre el modo y forma de regularse los honorarios. Aseveró que debe aplicarse el monto fijo establecido en la ley 6767 para la intervención en los contenciosos administrativos, "ya que no prospera, no por no tener derecho al cargo, sino porque no se encuentra en el presupuesto provincial la partida".

Expresó que la planilla estimativa no contempla los ascensos posteriores a la interposición de la demanda y que la accionante venía desempeñando en la función de oficial principal desde 1995 al 2000 y desde allí el cargo de sub comisario hasta la fecha, los que no pueden formar parte de la estimación. Dijo que al ser personal administrativo no tiene rubros como el de riesgo y dedicación que se pagaba únicamente al cuerpo de seguridad hasta el año 1994.

Agregó que no se precisan los cargos desempeñados y las diferencias de acuerdo al legajo personal. Manifestó que su estado de indefensión es absoluto en la medida en que se presenten sofisticadas liquidaciones sin las especificaciones que le permitan efectuar el control técnico adecuado. Reiteró que no surge de autos ni de la estimación el origen de la base de cálculos, utilizándose un esquema que otorga una base regulatoria que produce un despojo en su derecho de propiedad.

2. Corrido el pertinente traslado, la doctora Lepeniés manifestó que deberá aplicarse el criterio de las causas "Delaloye", "Bechis" y "Dalla Fontana" (f. 210). Por su parte, el doctor Eduardo García Mazzuca solicitó el rechazo del recurso interpuesto (fs. 248/249). Evacuada la vista a la Caja Forense (f. 252), queda la incidencia en condiciones de ser resuelta.

3. El recurso de revocatoria no puede prosperar. En primer lugar, no puede ser atendida la invocada violación al debido proceso y al derecho de defensa. En efecto, y si bien es cierto que el justiprecio de los honorarios profesionales fue efectuado sobre la base económica estimada por el apoderado de la parte demandada y de allí la mención que se hace en los considerandos respectivos al artículo 27 de la ley de aranceles, que autoriza ese proceder, la impugnante no desarrolla cálculo alguno que determine la viabilidad del remedio interpuesto.

Es que la ley 6767 autoriza a los profesionales a estimar sus honorarios, lo que implica un análisis de la cuantía (artículo 4 -inciso a- y 27), pero no prevé una necesaria incidencia previa con participación de las partes, estando suficientemente tutelado el derecho constitucional de defensa con la posibilidad -y carga- de fijar el monto reclamado, y de ser oída y producir pruebas al interponer revocatoria (Cfr. "Ojeda", A. y S., T. 180, pág. 253; entre otros).

Este punto da, también, acabada respuesta al alegado estado de indefensión pues resulta obvio que el recurrente no ha quedado en esa situación y que el trámite de la revocatoria ha resultado idóneo para sustanciar sus pretensiones y la producción de las probanzas que hacían a su derecho. Asimismo, el pedido de justipreciar los honorarios en el monto fijo que establece la ley 6767 también debe ser rechazado. En este sentido, cabe recordar que, más allá de la suerte que la pretensión haya corrido, la restitución en la esfera jurídica vulnerada, en el aspecto económico, fue expresamente solicitada en el escrito de demanda, haciendo operativa la norma del enunciado 8vo. de la citada ley, tal como se expresó en el auto recurrido.

Por lo que, a poco de reparar en la lectura de aquél escrito, surge con claridad que la accionante reclamó "... se condene a la demandada al pago de las diferencias salariales... Se le abonen las sumas resultantes desde que cada una de ellas fue debida con más depreciación monetaria y el interés correspondientes, hasta el momento de su efectivo pago" (ver fs. 26/38). En consecuencia, de los términos de su pretensión surge evidente el contenido económico de la presente causa -reflejado en la planilla estimativa- y que resultan suficientes para no atender el pedido de limitación de la misma (f. 210 y 256), ya que caso contrario se atentaría con lo dispuesto en el citado artículo 8 e implicaría conceder al actor una situación de privilegio contra la cual este Cuerpo reiteradamente ha prevenido.

Efectivamente, tal como se expresara en la causa "López" (A. y S., T. 190, pág. 25), con cita del antecedente "Salas y Billoch" (A. y S., T. 37, págs. 460/462), "la cuantía del juicio, a los fines regulatorios, es la misma tanto si la demanda prospera como si es rechazada, pues los efectos de la sentencia son idénticos para ambas partes desde el punto de vista económico, ya que el desplazamiento patrimonial que se controvierte es igual numéricamente para los dos, aún cuando se presente, en uno y otro caso, bajo diverso signo. La acción de condena y la de rechazo tienen la misma significación pecuniaria." Además, no asiste razón al recurrente en cuanto afirma que la planilla estimativa no contempla los ascensos posteriores a la interposición de la demanda y el desempeño del cargo de oficial principal desde 1995 al 2000 en razón de que de la lectura de la misma surge que ambas cuestiones fueron tenidas en cuenta para su confección. Por su parte, la actora al solicitar expresamente, en su demanda, el pago de "... adicionales generales y particulares, suplementos que le correspondían a la actora..." no puede ahora pretender el no cómputo de los mismos para establecer la base económica de la causa.

Es más, de la liquidación adoptada para efectuar el justiprecio de los honorarios profesionales surge evidente que los dos rubros cuestionados -riesgo profesional y dedicación especial- no presentan diferencias entre la categoría en que revistaba la actora y aquélla a la que pretendía acceder. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

Rechazar la revocatoria interpuesta. Regístrese y hágase saber.

Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)