marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nieto, Horacio Ernesto c/ Bottarlini, Héctor Luis y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Todo daño en la salud que revista alguna entidad, engendra en quien lo padece, explicables sufrimientos, angustias, preocupaciones y los diversos trastornos de toda índole que suponen tratamientos que se prolongan durante el tiempo (arts. 1078 Cód. Civil).
Estado, Estado Provincial, Municipalidad, Poder Judicial, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PANICCIA, ARGENTINO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION. RECURSO   EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION   (CSJ EXPTE Nº 16-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

Las decisiones judiciales que impongan condenas a los entes públicos menores no significan más que la adecuación en la práctica de la exigencia contenida en el primer artículo de la Constitución Provincial, esto es, la sumisión del Estado a las propias normas jurídicas, en cualquier campo de su actividad, y no la intromisión, ilegítima, de un poder ajeno al ámbito de su competencia.
Daños y perjuicios, Colegio Público de Abogados, rehabilitación de la matrícula
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FARIZ, EDUARDO LUIS MARIA c/ COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-09

La conclusión a la que arribó la Cámara -por mayoría- de confirmar el fallo alzado en el que se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios con fundamento en la extralimitación de las funciones del Directorio del Colegio de Abogados por haber rechazado un pedido de rehabilitación de la matrícula, no supera el test de constitucionalidad previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial y no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente, ya que no realizó el análisis pormenorizado que el tema exigía ni fundó adecuadamente el deber que impuso en cabeza del Colegio de responder por los daños pretendidos, lo que conduce a una seria dificultad de intelección de la sentencia que deja a lo decidido huérfano de soporte jurídico. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhirieron los Dres. Erbetta y Netri)
Empleados públicos, prescindibilidad, supresión del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: PALMUCCI, RAUL GILFREDO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR s/ PRESCINDIBILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-18

Las leyes que reglamentan el sistema de prescindibilidad no pueden ser invocadas como sustento normativo válido para fundar una medida displinaria de cesantía, si no ha mediado sumario para acreditar los cargos respectivos, en el que haya existido oportunidad de ejercer el derecho de defensa; lo contrario importaría convalidar decisiones administrativas que proyectan sombras sobre la reputación de los funcionarios o empleados a quienes se les imputan hechos que no han sido demostrados en legal forma, vulnerándose por esa vía garantías consagradas en la Constitución Nacional.
Medidas cautelares, ejecución de sentencia, deber de prevención del daño, finalidad de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cautelar: Prohibición de Innovar: R. E. E. c/ G. E. d. C. y G. G. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2024-07-24

Las medidas cautelares tiene por finalidad impedir que durante el tiempo transcurrido entre el inicio de un proceso judicial hasta el fallo, sobrevengan circunstancias que imposibiliten u obstaculicen la ejecución de la sentencia, resultando necesario proteger de modo preventivo el objeto de derecho para asegurar la efectividad de su ejecución ante el supuesto de resultar vencedor en las pretensiones solicitadas.
Pago de la remuneración, mora del acreedor, pago por consignación
Materia: LABORAL
Carátula: FREISMUTH, ROLANDO Y OTRO c/ URBIN ARGENTINA SAICF. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-31

La posibilidad de que el trabajador incurra en mora no concurriendo a la sede patronal a recibir remuneraciones adeudadas debe interpretarse a la luz del principio protectorio y de lo normado por nuestro ordenamiento jurídico que prevé el régimen de consignación sin que pueda establecerse una regla general para el análisis de cada caso en particular.
Tributos aduaneros, ley penal más benigna
Materia: TRIBUTARIO - PENAL
Carátula: Dante  S.R.L. c/ A.N.A. s/ Nulidad de Resolución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-04

Lo dispuesto por la ley 23311 no puede considerarse, a los efectos punitivos, como una ley penal más benigna.
Prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Jara, Ramón. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización por accidente de trabajo (ley 9688)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

Cumplida la reclamación administrativa previa ella posee virtualidad a los fines previstos por el art. 3986 del Código Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cosa juzgada, litisconsorcio facultativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Peña, Walter s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Peña, Walter c/ GCBA s/cobro de pesos s/ Cobro de pesos. inconstitucionalidad denegado en 'Peña, Walter c/ GCBA s/cobro de pesos s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14

Existiendo en autos un litisconsorcio facultativo, se configura una acumulación subjetiva de pretensiones: cada uno de los accionantes pudo haber iniciado un juicio independiente para reclamar su crédito, pero como sólo uno de ellos sostuvo su recurso de inconstitucionalidad mediante la presentación de un recurso directo contra su denegatoria, el pronunciamiento del a quo hace cosa juzgada respecto de quienes lo consintieron.

(Voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver votos de los Dres. José O. Casás, Ana María Conde y José Sáez Capel).
Procedencia del recurso, coacción calificada, dictamen fiscal, suspensión del juicio a prueba, escala penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Blasco, Marcelo Javier c/  s/ Coacción agravada s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-03-19

En el examen de razonabilidad del dictamen del Ministerio Publico Fiscal producido en la especie la magistratura actuante no ha reconocido "el necesario margen de amplitud para el cumplimiento de las funciones persecutorias, cuyo fin último es la justicia del caso" (cf Dict. Procurador Gral., que la CSJN hace suyo en G. 931. XLII "G.", 16/11/2009) y que, además, la jurisdicción positiva desplegada al conceder la probation carece de fundamentos. Ante la argumentación referida a la gravedad objetiva del reproche por los medios utilizados, el juzgador no podía obviar que la totalidad del contexto de la acción hacía referencia a la indebida utilización de las vías de hecho por parte del imputado y un grupo de personas, en lo que era un conflicto laboral o gremial que tiene su procedimiento legal específico de solución. También me parece pertinente, y es lo que corresponde por ley, la ponderación realizada por el Ministerio Público Fiscal respecto de la pena de prisión que correspondería; ello, a poco que se analice que la única opción posible para el imputado, de la totalidad de la escala prevista en abstracto -de tres a seis años de prisión-, era que le correspondiera el mínimo de pena, cuando ab initio la doctrina legal de este Superior Tribunal autoriza, para fijar su monto, partir de un punto de equidistancia entre el mínimo y el máximo posibles. Es evidente que carece de argumentos serios, adecuados y suficientes la propia concesión del beneficio. Entiendo que la Cámara en lo Criminal se ha extralimitado en su análisis de legalidad del dictamen del Ministerio Público Fiscal, cuya oposición al beneficio pretendido tenía motivos adecuados de acuerdo con la doctrina de este Superior Tribunal, a la vez que el otorgamiento del beneficio carece de fundamentación. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Ejecución de sentencia, segunda instancia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Genaro y Fernández S.A s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-04-07

La circunstancia de que la petición del testimonio a efecto de ejecutar la sentencia debió ser efectuada ante el a - quo, tal como se desprende de la redacción del art. 293, que acuerda al Tribunal de segunda instancia la facultad de acceder o negar la ejecución, le otorga al recurso intentado la calidad de inoficioso. (Bertolini:

Según su voto).
Migraciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DIAZ, ANGEL NELSON OMAR c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DEL INTERIOR) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

La amplitud con que la constitución trata a los extranjeros no puede impedir de modo alguno a las autoridades regular razonable y eficazmente el derecho reconocido con el fin de promover una inmigración útil para el progreso de la Nación en su conjunto. En ese sentido no aparece arbitraria la reglamentación de migración, sino que, por el contrario, resulta de una prudente valoración de las necesidades poblaciones de la República.
Homicidio, arma de fuego, policía, dolo eventual
Materia: PENAL
Carátula: ABREGU, FABIO ANTONIO. s/ HOMICIDIO SIMPLE.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-13

Que se adhiere a las manifestaciones del Sr. Vocal preopinante (Dr. Pellegri) respecto a la autoría y calificación legal y agrego: El dolo eventual, siguiendo a la doctrina y jurisprudencia, consiste en la previsión del resultado como posible. Sus presupuestos son primero la previsionalidad del resultado, segundo la representación de la eventualidad del resultado y tercero su indiferencia respecto de la probabilidad de aquel. La diferencia entre dolo eventual y la culpa consciente o con previsión radica en que ésta aunque también existe representación del evento posible, el autor obra con la esperanza de que el mismo no se produzca. Para calificar el homicidio con dolo eventual debe desecharse primero la culpa consciente o inconsciente en cuanto el autor se representó el tipo como posible..

En cuanto a la pena a imponer al imputado y teniendo en cuenta las pautas establecidas por los artículos 40 y 41 del C.P., sobre todo su edad - se trata de una persona joven - su trabajo, empleado policial, por tratarse de un hecho ocasional que fue cosa del momento producto de encontrarse alcoholizados los protagonistas, sin desconocer que el medio empleado fue de alto poder ofensivo, el gran daño causado ya que causó la muerte de una persona muy joven. y teniendo en cuenta que la pena no debe ser severa ni benévola sino esencialmente justa y respetuosa del principio de culpabilidad ya que ésta es entendida como limite de la pena, voto por una condena . en virtud de las previsiones del artículo 79 y 41 del Código Penal. Esto es así por cuanto el uso de arma de fuego frente a otro tipo de armas importa un mayor poder intimidante y un mayor riesgo para la vida o salud del atacado, por lo tanto la agravante del artículo 41 bis no resulta reiterativa o sobreabundante pues la utilización de este tipo de armas constituye un plus que se traduce en una mayor magnitud del injusto.- (Del voto de la Dra. Asis)
Prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Luis Alberto y otros c/ Molinos Río de la Plata S.A. s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-06-23

La Ley de Contrato de Trabajo impone al empleador el cumplimiento de la obligación formal de llevar el libro especial del art.52 de la ley 20744 y que el art.55 de la misma ley otorga presunción de veracidad a las manifestaciones vertidas por el trabajador en la demandada, si el libro especial no es exhibido por el demandado.

Además, en nuestra ley procesal también se establece al respecto la inversión de la carga probatoria, cuando en el art.106 de la ley 2383, expresamente se faculta al órgano jurisdiccional a tener por ciertas las afirmaciones del trabajador con respecto a los datos que deben registrarse legalmente, cuando no se exhiben las constancias pertinentes.
Relaciones de familia, alimentos, cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.G.A.M. c/ L.S.O. s/ Divorcio (LIBRO: S071 - 465)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-10-20

La reducción de cuota alimentaria debe plantearse a través de un proceso incidental con características y sistema probatorio propio, y no pretendiendo una acumulación al proceso de ejecución de sentencia.-
Recurso extraordinario federal, inhabilidad de título, ejecución de honorarios, sentencia definitiva, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Quiñones, Saturnino c/ La vecinal de Matanza Sociedad Anónima Comercial e Industrial de Micro Omnibus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que, frente a la excepción de inhabilidad de título opuesta, mandó llevar adelante la ejecución de honorarios pues no constituye sentencia definitiva, ni equiparable a tal (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, concursos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cíclope S.A.C.I.F.A.S. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

El pronunciamiento de la Cámara que en la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo homologado, desestima la actualización practicada por el acreedor verificado y declara completo el pago efectuado por el concursado, no reviste carácter de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso contravencional, sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Leyton, Gonzalo Sebastián s/ Inf. art 93 ley 1472-apelación. 1472-apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-01

Las normas procedimentales que regulan las formalidades de la sentencia -artículo 404 del Código Procesal Penal de la Nación- al que remite el ordenamiento local con carácter supletorio -artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional- establece la nulidad del acto ante la inobservancia de determinados recaudos.

En el caso, no existe tratamiento de la pena del juez a quo, excepto en lo que respecta a su condicionalidad. La carencia total de ponderación en torno a la aplicación de pena -en cuanto a su especie, extensión y demás particularidades relativas a su mensuración-, refleja claramente el recaudo del artículo 404, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto por un lado se ha omitido su análisis y por otra parte, habiéndose circunscripto a las condiciones de procedibilidad de aplicación condicional, no resulta factible entender la metodología utilizada por el a quo para fijar una pena partiendo directamente de la que presenta entidad intermedia en la escala punitiva de sanciones principales prevista en el artículo 22 del Código Contravencional (Ley Nro. 1472).
Declaración de insania, prueba pericial, pericia médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLLAVATI ADRIANA s/ Insania (LIBRO: S084 - 442)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-05-17

Conforme el art. 142 del C.C., "la declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte y después de un examen de facultativos", es decir que sin perjuicio de las facultades del juez en la apreciación de la prueba, para declarar la insania es indispensable dictamen concordante de dos peritos médicos por lo menos.-
Recurso extraordinario, AFIP DGI, ejecución fiscal, ejecución previsional, interpelación
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Fábrica Argentina de Instrumentos de Precisión S.A. c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva). s/ Ejecución previsional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-10

Si bien el pronunciamiento que dispuso que la DGI debía abstenerse de ejecutar la intimación de pago que había cursado a la actora por una deuda que mantenía en concepto de contribuciones al régimen de seguridad social, no reviste, en principio, el carácter de sentencia definitiva que haga viable el remedio federal, en el caso se configura un supuesto de excepción, pues lo resuelto excede el interés individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para perturbar la oportuna percepción de la renta pública (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Acción de amparo, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz Vélez, Néstor Oscar c/ Comuna de San Jerónimo del Sauce (Santa Fe) s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-17

Ningún Estado Provincial puede ir más allá de sus fronteras regla ésta que significa -ni más ni menos- que los actos o hechos ocurridos en territorio de otra provincia no resultan materia de conocimiento y decisión por los órganos judiciales entrerrianos, salvo que se dé alguna situación de excepción prevista de manera expresa por ley o que exista algún tratado interprovincial al respecto, situaciones que no se dan en el sub examen. En tanto y en cuanto a través de la demanda se cuestiona la legalidad de actos ejecutados por una autoridad extraprovincial en un ámbito territorial ajeno de nuestra provincia, el caso planteado por la accionante no encuadra en la descripción efectuada por el artículo 1 de la Ley Nº 8369 y, paralelamente, no es materia pasible de ser sometida a conocimiento y decisión de los órganos jurisdiccionales entrerrianos, circunstancias ambas que son determinantes de la improponibilidad objetiva de la acción intentada. Decidir lo contrario importaría una vulneración del principio "ratione loci" destinado -justamente- a evitar una extensión del ámbito competencial de los tribunales locales fuera del enmarcamiento no sólo constitucional, sino de las reglas generales del proceso (vg.: artículo 5, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial que hasta impide la modificación de la regla por el fuero de atracción o la conexión).
Beneficio de litigar sin gastos, oportunidad procesal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Eduardo Roberto s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-11

Resulta factible promover el trámite incidental a los fines de obtener la concesión del beneficio de litigar sin gastos hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, prescripción adquisitiva, interversión de título, animus domini
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ENRIQUE, GLORIA c/ ZUVIRIA DE BARO, JUANA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14

Asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento impugnado no satisface adecuadamente el derecho a la jurisdicción garantizado constitucionalmente desde que si bien la Sala efectuó un correcto encuadre normativo del caso a fin de comprobar si en el caso la actora había logrado demostrar actos de interversión del título por el cual entró como tenedora al inmueble (analizando en un plano teórico el instituto de la prescripción adquisitiva, con cita de doctrina y jurisprudencia, siendo preciso para que prospere la acción que el actor acredite el animus domini, el corpus posesorio y que la posesión haya sido pública, pacífica, ininterrumpida y continua, como así también cuándo empezó a poseer para sí, a fin de tener por cumplido el plazo legal),luego de considerar las normas legales vinculadas con este tópico , efectuó un análisis parcializado de la prueba, descalificándolas una por una en cuanto al valor de las mismas a efectos de acreditar que la actora poseyó a título de dueña, pero sin entrelazarlas entre sí con una visión totalizadora e integradora, como exigen los casos como el presente. Por ello, no resulta aceptable que se haya dejado de considerar expresamente una prueba de fundamental importancia para la suerte de la litis consistente en un recibo de pago del departamento de apremios fiscales de la Municipalidad a nombre de la actora, dado que no es razonable inferir que quien no actúe con ánimo de dueño del inmueble en cuestión se haga cargo de esa deuda -y de tributos atrasados- a efectos de evitar en última instancia la ejecución forzada del inmueble.
Expropiación, proceso expropiatorio, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Vialidad c/ Vilella y Cánepa Guillermo G. y otros -M. 257 p. 20 y otros s/ expropiación- servidumbre administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

Si bien el proceso expropiatorio involucra no sólo la determinación de la indemnización, sino también la entrega de la posesión del inmueble al expropiante con la correlativa desposesión al expropiado (art. 22 y sgtes. de la ley 21.499), ello no implica que el asunto no sea exclusivamente patrimonial, resultando admisible por ende que las partes de común acuerdo prorroguen la competencia territorial en los términos del art. 1º del Código Procesal -conf. Sala V "D.N.V. c/ Muzzillo", del 4/3/96; Sala III, "D.N.V. c/ Vilela y Cánepa", del 16/4/96. En este aspecto, si bien el art. 21 no admite expresamente la prórroga de la competencia territorial, ello no puede ser interpretado sin más como su inaplicabilidad respecto de los principios expropiatorios; sobre todo si, como en el caso, no se encuentra comprometida la competencia federal y en razón de la materia. Además, la norma contenida en ese artículo, coincide con la regla general de competencia para el ejercicio de las acciones reales que establece el art. 5º, inc.1) , del Código de rito, el que admite dicha prórroga territorial (confr. Fassi, "C.P.C.C.N.

-Comentado, Anotado y Concordado", T.I, pág. 66). Con respecto a los terceros, el art. 27 de la ley 21.499 dispone expresamente que la acciones emergentes de cualquier perjuicio que se les irrogase, se ventilarán en juicio por separado, por lo cual la prórroga acordada en este juicio no los afecta. Aceptar el criterio de la señora juez a-quo, implicaría que en cualquier tipo de acción, ya sea real o personal, que afectare derechos de terceros sería improcedente la prórroga de la competencia territorial, alcance que ni el Código Procesal ni la doctrina propician (en igual sentido la Sala V in re "D.N.V. c/ Muzzillo Agustín Donato y Alba Casanova de Muzzillo s/ expropiación-servidumbre administrativa", del 4/3/96).

(En autos se revocó el fallo apelado que había ordenado la remisión al Juzgado Federal de Lomas de Zamora y se dispuso que el titular del Juzgado Federal Contencioso Administrativo reasuma la competencia que había declinado).
Contrato de obra, pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coronel, L. c/ Anile, Víctor Hugo s/ Rend. de cuentas Anile, V. c/ Coronel, L. s/ Cumplimiento de  contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-03

El locatario de un contrato de locación de obra no puede demandar rendición de cuentas al constructor de la misma sobre el precio o inversión que éste haga en un sistema de ajuste alzado. En todo caso, podrá oponerse al pago del precio convenido con fundamento en el incumplimiento contractual del locador, más no por su cuantía fija e invariable determinada con antelación.
Comercialización, código de comercio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Plaza, Fernando c/ Suasnabar, David
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1869-01-30

Todo contrato comercial, aunque se celebre entre personas no comerciantes, debe ser regido por el Código de Comercio (art. 6 y 7, Cód. Com. ant.).