Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-11-02


Fojas: 72 En Mendoza, a dos días del mes de noviembre del año dos mil cinco, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa Nro. 77.655, caratulada: "Pecom Eergía S.A. Petrobras Energía S.A. c/ Consejo Profesional de Ing. y Geólogos de Mza. s/ A.P.A.".

De conformidad con lo decretado a fs. 71, quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. Alejandro Pérez Hualde; segunda: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci y tercero: Dr. Fernando Romano.

ANTECEDENTES:

A fs. 15/18 el abogado Esteban Estrada, por la actora PECOM ENERGIA S.A., hoy PETROBRAS ENERGIA S.A., promueve Acción Procesal Administrativa contra el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA pretendiendo se declare la nulidad de las resoluciones Nos. 250/01 Y 28/02 originarias del mencionado Consejo Profesional, como de su decreto confirmatorio Nro. 1033 dictado por el Poder Ejecutivo con fecha 02.07.2003, en tanto las mismas le imponen las obligaciones de inscribirse en el registro de empresas del Consejo y designar un representante técnico mas el pago de una multa.

A fs. 34 se admite formalmente la acción interpuesta y se ordena correr traslado al Señor Presidente del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos y al Sr. Fiscal de Estado; quienes contestan a fs.36/38 vta. y 42/43 respectivamente, requiriendo ambos el rechazo de la demanda.

Aceptadas y rendidas las pruebas ofrecidas, se llaman autos para alegar, agregándose a fojas 58 y vta. el alegato de la parte actora, a fs.60/61 vta. el del Consejo Profesional demandado y a fs. 63 y vta. el de Fiscalía de Estado.

A fs.66/67 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General, quien aconseja que se rechace la demanda interpuesta.

A fs.70 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 71 se deja constancia del orden de estudio dispuesto en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la Acción Procesal Administrativa interpuesta? SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

I. RELACION SUCINTA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

A) Posición de la parte actora:

La empresa PECOM ENERGIA S.A., hoy PETROBRAS ENERGIA S.A., expresa que es concesionaria para la explotación del área petrolera "Puntilla del Huincán", parte del área petrolera "Puesto Hernández" y operadora como tal de la extracción de hidrocarburos en dichas áreas. Como concesionaria tiene a su cargo la extracción de petróleo en esas zonas. Destaca que los yacimientos y las instalaciones son preexistentes a la concesión y totalmente operativas, de allí que esa concesión no comprende la realización de cateos, exploraciones ni perforaciones, que son actividades que justificarían la participación técnica de ingenieros, agrimensores o geólogos. Sostiene que ello es así porque las operaciones de bombeo, extracción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos se realizan con la maquinaria ya instalada, por oficiales mecánicos, electricistas, choferes, o de especialidades conexas a las mismas, para las que no se necesita título profesional alguno.

Relata que el Consejo Profesional demandado inició actuaciones administrativas de oficio, las que se instrumentaron en el expte. Nro. 155-C-2001, donde, sobre la base del listado de empresas petroleras y mineras -y constancia que certifica que Pérez Companc es concesionaria y operadora de área petroleras-, dictó las resoluciones Nos.250/01 y 28/02 que pretenden imponerle la obligación de inscribirse en el Registro Profesional y de Empresas que lleva el Consejo Profesional, de designar un representante técnico y le aplica una multa por no haberlo realizado hasta la fecha de su dictado, aplicando para ello los arts.7, 8 y 34 del Dec. 3485/63. Expresa que se recurrieron las decisiones agotándose la vía administrativa con el dictado del Decreto 1033/03 ratificatorio de las resoluciones.

Funda su impugnación en los siguientes argumentos:

1.Resolución Nro.250/01 Se configura una discordancia entre el hecho y la regulación normativa en los términos del Art. 31 de la Ley 3909 (en adelante LPA) por lo que entiende que el resolutivo atacado adolece de vicio grosero o grave conforme lo establece el Art.52 inc. b) LPA, ya que la actividad que realiza la empresa no está vinculada a las actividades señaladas en el Art.2 del Dec. Ley 3485.

No se han incorporado elementos probatorios, ni tan siquiera indiciarios respecto a que las tareas que realiza requieran o impliquen servicios de ingeniería o geología.

La imposición de la multa le causa un perjuicio económico y afecta su derecho de propiedad.

2.Resolución Nro. 28/01 Adolece de los mismos vicios que la decisión que la precede y, además:

a)Es arbitraria pues desestima el recurso de reposición sin expedirse sobre las razones que lo fundaron.

b)Contiene una afirmación falaz al considerar que la actividad petrolífera genéricamente considerada se encuentra directamente relacionada con el ejercicio de las profesiones comprendidas dentro del decreto ley 3485/63.

3.Decreto Nro. 1033 a)No analiza la situación fáctica planteada por su parte pues sólo se limita a relacionar las facultades del Consejo para imponer deberes y sanciones.

b)Invierte la carga de la prueba cuando recaía sobre el Consejo la obligación de probar que la actividad que desempeña su empresa exige la intervención de los profesionales regulados por el decreto ley 3485/63.

Ofrece prueba y hace reserva de interponer los recursos previsto por los Arts. 63 y concordantes de la Ley 3918 como el recurso extraordinario federal, ello en resguardo de los derechos garantizados por los Arts. 17, 18 y 19 de la Const. Nacional.

B) Posición de la parte demandada El ente demandado, en su responde de fs. 36/38 vta., niega que las aseveraciones vertidas por la actora respecto a que las operaciones de las instalaciones petrolíferas que le fueron concedidas a la actora en las áreas petroleras de "Puntilla del Huincán" y "Puesto Hernández" sean actividades que no requieren ingenieros, geólogos ni ninguno de los profesionales universitarios que nuclea el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos.

Entiende que no caben dudas al respecto y que ello resulta de la propia confesión de la actora cuando describe su actividad. Defiende la legitimidad de las decisiones atacadas, resalta las facultades provinciales respecto al ejercicio del poder de policía sobre la labor profesional, citando jurisprudencia en su auxilio y señala que las decisiones no le causan perjuicio económico atento el exiguo valor de la matriculación.

C) Posición de la Fiscalía de Estado A fs.42/43 y vta., Fiscalía de Estado en su responde entiende que en la causa no se encuentra comprometido el interés fiscal, por lo que limitará su actividad a efectuar el control del desarrollo del proceso y, eventualmente, a ejercer la defensa de aquel interés si se evidenciare su menoscabo.

D) Dictamen del Señor Procurador General El Señor Procurador en su dictamen sostiene que la decisión administrativa cuestionada no adole de vicios que la ilegitimen por lo que propicia que se desestime la demanda. Para llegar a tal conclusión sostiene que la actora debió haber acompañado el contrato de concesión o algun informe técnico que acredite la acotación de las labores que realiza a aquellas totalmente ajenas a la actividad profesional que controla el Consejo Profesional ya que no le compete a este ente requerirlos específicamente.

II. PRUEBA RENDIDA Se ha producido la siguiente prueba documental:

a)Resolución Nro. 250 dictada el 26.11.2001 por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos (fs.20/21).

b)Resolución Nro.28 dictada el 25.03.2003 por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos (fs.22/23).

c)Decreto Nro. 1033 dictado por el Señor Gobernador de la Pcia.con fecha 02.07.2003 (fs.1/4).

d)Expte. Adm. Nro.1414-P-02 "PECOM ENERGIA ELEVA RECURSO DE ALZADA" (constancia fs.32).

e)Expte. Adm. Nro.679-C-02 CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOL RTE/FOTOC.CERTIF.DEL EXPTE. Nro.155-c-01CARAT. CONSEJO PROFES.DE ING. Y GEOL" (constancia de fs.32).

III. EL OBJETO DE LA LITIS.

Surge de todo lo actuado que las cuestiones planteadas no coinciden en las contestaciones ni tampoco coincidieron en la etapa administrativa del conflicto.

La Administración demandada ha centrado su argumentación en defender su competencia y jurisdicción para el control de policía de la profesión de ingenieros y geólogos más allá del contenido de las leyes de desregulación de la economía dictadas en los órdenes Nacional y local. Así surge del art. 1° del Dec. 3485/63 según modificación, posterior a la Ley de Desregulación económica 5508, introducida por la Ley 6936.

Por su parte, la actora plantea que no es ése su cuestionamiento sino que su argumentación se dirige a sostener que ninguna de sus actividades se encuentra sometida a la competencia de la parte demandada. No hay en su actividad de operación y explotación de yacimientos petroleros participación, ni necesidad de ella, de ingenieros o de geólogos. Consecuentemente, no hay espacio para el ejercicio de la policía por parte del Consejo Profesional como legalmente le corresponde.

Le asiste razón a la actora en el sentido de que no se le ha contestado ni fundado detalladamente las razones por las que su actividad se encontraría sometida al control del Consejo Profesional. Tampoco se ha ofrecido prueba en tal sentido.

No escapa a nuestro análisis que es, precisamente, el Consejo Profesional demandado el que debe determinar cuáles actividades y empresas son las que se encuentran sometidas a su control ya que así lo determina el art. 11 inc. f) (Modificado por Art 1° Ley 6936): "Proponer al Poder Ejecutivo la clasificación de las obras públicas y privadas, y de las empresas y entidades que requieran la intervención de profesionales, con delimitación de funciones que correspondan a cada caso". El demandado debió indicar cuáles causas técnicas han llevado al Poder Ejecutivo a considerar que la actividad de la actora está sometida al régimen que otorga las competencias al Consejo Profesional.

IV. LA ACTIVIDAD DE LA ACTORA.

No obstante, la empresa actora es una experimentada conocedora del oficio y de las normas que lo rigen. Más allá de que se lo indique expresamente la Autoridad de Aplicación, la actora conoce que existen numerosas obligaciones que le imponen la asistencia técnica, si no permanente, al menos muy periódica de expertos en alguna de las ramas de la ingeniería.

Nuestro país cuenta con un régimen Nacional de Hidrocarburos (Ley 17319) que prevé expresamente en su art. 31: "todo concesionario de explotación está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas". Y, más adelante estipula en su art. 69: "constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios", ..., inc. a) "realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes"; inc. b) "adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto" La empresa actora también se halla sujeta a las normas relacionadas con la Ley 5961 de Protección Ambiental en la provincia de Mendoza, en cuyo marco se ha dictado el Dec. 437 del año 1993, donde están contenidos los preceptos que le imponen una serie de informes bajo la Autoridad de Aplicación del Ministerio de Medio Ambiente, concretamente, de la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental. Se trata de informes que contribuyen al sostenimiento del Registro de la Situación Ambiental creado por el art. 9° del Decreto.

De tal modo, aun en período de explotación y operación del yacimiento, no sólo de su perforación -como lo pretende la actora la empresa petrolera está sujeta a obligaciones que le imponen informar con nivel técnico acerca de su tarea y del estado de las instalaciones que ella explota. En ese marco, está obligada a la elaboración de un Informe de Partida (art. 10° del Dec.) de acuerdo al cual, luego, la Autoridad de Aplicación le exigirá el ajuste a las previsiones de la Res. 105/1992 de la Secretaría de Energía de la Nación, que aprobó las "normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos" y que la integran como Anexo 1.

De esa normativa nacional surgen otras actividades y controles durante la etapa de explotación que hacen presumir obligadamente la presencia de personal de ingenieros en su cumplimiento. Así ha determinado que "la Secretaría de Energía dicta las Normas y Procedimientos que regulan la protección ambiental, durante las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos, que son detalladas a continuación y que deberán ser cumplidas por todas las empresas petroleras permisionarias, concesionarias, operadores de áreas, sean de origen nacional o extranjero o unión transitoria de empresas que actúen en las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos" (punto 1) consecuentemente indica: "además de la observancia surgida de estas Normas para proteger el Medio Ambiente, cada grupo de operadores petroleros antes mencionado, deberá cumplir con los siguientes procedimientos básicos para proteger el medio natural durante las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. A) Estudios Ambientales Previos y B) Monitoreo de las Obras y Tareas" (punto 1.2.).

En cuanto al período de explotación, la norma nacional ha establecido que "tanto para el caso de futuros yacimientos como para los que actualmente se encuentren en explotación, se deberá cumplir con un Monitoreo anual de Obras y Tareas, que tenga como finalidad proteger el medio natural y el área y zonas de influencia a raíz del desarrollo del yacimiento. El Monitoreo anual de obras y tareas, deberá ser realizado por consultores que hayan demostrado experiencia sobre protección ambiental durante la etapa de la explotación de hidrocarburos y deberán ser contratados por los operadores responsables de la explotación de hidrocarburos" (punto 1.2.2.).

Coherente con la norma nacional, el art. 12° del mismo Dec. local le exige a las empresas petroleras un Informe de Situación que debe ser completado anualmente de acuerdo a la norma. A lo que se suma la posibilidad de inspecciones permanentes de parte de inspectores de la Autoridad de Aplicación.

Hemos analizado únicamente lo relacionado con la protección del medio ambiente. Un análisis de normativas relacionadas con los acuíferos superficiales y subterráneos bajo competencia del Departamento General de Irrigación seguramente indicará la necesidad de otras prevenciones de carácter técnico y profesional que desmienten las afirmaciones de la actora en el sentido de la total omisión, por falta de necesidad, de ingenieros en sus tareas.

Es contundente el art. 5° del Dec. 437/93 que impone precisamente: "las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera, a fin de elaborar el Estudio Ambiental Previo deberán recurrir a profesionales idóneos debidamente habilitados en cada una de las materias que conforman su contenido" (el subrayado nos pertenece).

Todos esos informes técnicos constituyen un ejercicio preciso de la profesión según los términos del art. 2° del Dec. 3485/63, en especial según la descripción de su inciso c): "la emisión, evacuación, expedición y presentación de laudos, consultas, estudios, consejos, informes, dictámenes, compulsas, pericias, recursos fundados en consideraciones de orden técnico, mensuras, tasaciones, escritos, cuentas, análisis, cálculos, certificados, certificaciones, asesoramientos y cualquier otra actividad vinculada con el desempeño de las profesiones comprendidas en este Decreto-Ley, para particulares o ante Tribunales o reparticiones nacionales, provinciales o municipales".

Es forzoso concluir en que la actora desarrolla "actividades relacionadas con el ejercicio de las profesiones comprendidas en el presente Decreto-Ley" (art. 8° del Dec. 3485/63 modif. por Ley 6963); por lo tanto, está incluida en la obligación allí establecida: "deberán inscribirse en el Registro que a tal efecto llevará el Consejo Profesional, acreditando tener un representante técnico con título habilitante con carácter permanente debidamente inscripto en el registro oficial del Consejo Profesional o Colegio correspondiente a su profesión".

En conclusión, si bien la respuesta de rechazo de los recursos administrativos por parte del Consejo Profesional fue insuficiente en sus argumentos de derecho, ya que sólo aludió a alguna normativa vinculada a la educación y sus contenidos científicos, la actora no podía ignorar la normativa local y nacional que le impone obligaciones que efectivamente hacen necesaria la presencia de profesionales con la capacitación de alguna rama de la ingeniería para su debido cumplimiento.

Tampoco podía ignorar el Tribunal la normativa que contribuye para la solución del caso más allá de su mención en las contestaciones de la parte demandada; tiene dicho este Tribunal que "no hay violación del derecho de defensa en juicio si el juez, sin modificar esos hechos y sin cambiar la acción deducida, aplica el derecho que corresponde al caso" (LS 274-147).

V. CONCLUSIÓN.

Por todo lo expuesto y si mis colegas de Sala comparten estos fundamentos corresponde el rechazo de la acción con costas.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. KEMELMAJER de CARLUCCI y ROMANO, adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. KEMELMAJER de CARLUCCI y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN, EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas a la parte actora que resulta vencida (arts.36 C.P.C., y 76 del C.P.A.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión, los Dres. KEMELMAJER de CARLUCCI y ROMANO, adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Mendoza, 02 de noviembre de 2005.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E:

I.- Rechazar la acción procesal administrativa entablada por la empresa PECOM ENERGIA S.A. HOY PETROBRAS ENERGIA S.A. a fs.15/18.

II.- Imponer las costas a la parte actora vencida (art.76 del C.P.A. y art.36 del C.P.C.).

III.- Regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: DOSCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 213,39) a la Dra. María de las Mercedes Ferrer; CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 426,78) al Dr. Eduardo A. Pose; CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON VEINTISEIS PESOS ($ 142,26) al Dr. Pedro A. Garcia Espetxe; TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($398,32) al Dr. Eduardo Estrada y CIENTO DIECINUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 119,16) al Dr. Esteban Estrada, todo ello conforme los Arts. 2, 3, 13, 31 y concs. de la ley arancelaria.

IV.- Notificar a la Caja Forense y a la Dirección General de Rentas.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE y devuélvanse a origen las actuaciones administrativas acompañadas.

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