Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-05-26


Fojas: 209 En Mendoza, a veintiséis días del mes de mayo de dos mil seis, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sen-tencia definitiva la causa n° 80.263, caratulada: "AFIP EN J° 28973/56130 AFIP EN J° 52908 JURI Y JURI SOC. DE HECHO P/ CONC. PREV. S/ REV. S/ IN-CONST." De conformidad con lo ordenado a fs. 52 quedó establecido el orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal: primero: DR. FERNANDO ROMANO; segundo: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; tercero: DR. CAR-LOS BÖHM.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 6/12 el abogado Marcelo González Videla, por la A.F.I.P. -DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA, deduce recurso extraordinario de Inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Segunda Cámara Civil de Apelaciones a fs. 148/149 de los autos N° 56.130/6548, caratulados: "AFIP EN J 52.908 JURI Y JURI SOC. HECHO P/ CONC. PREV. S/Rec. Revisión".

A fs. 31 se admite formalmente el recurso deducido y se ordena correr traslado a la parte contraria, el que fue contestado a fs.35/39 por la Sindicatura y fs. 41/44 vta lo hace la concursada y solicitan el rechazo del recurso interpuesto.

A fs.49/50 obra el dictamen del Sr. Procurador General quien, por las razones que expone, aconseja la admisibilidad del recurso intentado.

A fs.51 se llama al acuerdo para sentencia y a fs. 52 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el Art. 160 de la Constitución de la Pro-vincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTIÓN: Es procedente el recurso interpuesto?.

SEGUNDA CUESTIÓN: En su caso, ¿qué solución corresponde?.

TERCERA CUESTIÓN: Costas.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Los hechos relevantes de la causa relatan que la A.F.I.P. solicitó verificación de créditos en el concurso preventivo de JURI Y JURI SOC. DE HECHO.

El juez declaró admisible parcialmente el crédito de acuerdo con lo aconsejado por la sindicatura.

El organismo recaudador inició recurso de revisión en autos N° 56.130 insistien-do en su pretensión originaria. El juez del Segundo Juzgado de Procesos Concursales y Registro rechazó el recurso de revisión planteado. Esta decisión fue apelada por el orga-nismo recaudador.

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de apelación deducido, conforme los siguientes fundamentos:

-Que el proceso de verificación es un proceso plenario rápido, en el que rigen las disposiciones de los arts. 280 a 284 de la L.C.Q., debiéndose acompañar en el escrito que se solicita la verificación, toda la prueba y agregarse la documental, no estando la AFIP separada de tal disposición.

-Comparte el criterio de Sindicatura en el sentido que expresa que no deben con-fundirse los institutos de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutiva que tienen las boletas de deuda, con la carga de la prueba de la causa de la obligación insinuada.

-Que la boleta de deuda constituye un acto administrativo hábil para lograr su ejecución, pero nada dice si no es acompañada con documentación que respalde su cau-sa, y esto es lo que sucede en el sublite.

- Respecto de los intereses entiende que no existen motivos para apartarse del criterio seguido por este Tribunal en numerosos precedentes en el sentido de admitir la facultad judicial de morigeración de los mismos.

Contra el resolutivo el organismo recaudador interpuso recurso extraordinario de Inconstitucionalidad.

Como fundamento, sostiene que la sentencia es arbitraria conforme a los térmi-nos de los incisos 3 y 4 del art. 150 del CPC..

Que también resulta arbitraria la sentencia desde que efectuó un tratamiento de los agravios en forma parcial al referirse sólo a las boletas de deuda, cuando en autos se acompañaron copias de las declaraciones juradas, las que obran en el legajo respectivo, sin que tal documentación haya sido objeto de análisis.

Respecto al crédito detallado por los Aportes del RNSS por los períodos de Mayo a Septiembre del 2000, alcanzan la suma de $ 2.113,20 y erróneamente se ha detallado la suma de $ 1.453,47, suma que coincide con los con los intereses resarcito-rios de los años 1998 al 2000.

En cuanto al rubro intereses afirma que la Cámara se pronunció sobre tal rubro cuando el mismo no había sido objeto de apelación.

SOLUCION DEL CASO:

En punto a la queja constitucional y como es sabido, la doctrina de la arbitrarie-dad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdic-ción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LL 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordi-naria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fun-dada, cualquiera sea su acierto o error, es insuceptible de la tacha de arbitrariedad.

En esta línea de pensamiento se ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas de-cisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446, 209-348, etc).

En el ocurrente el núcleo básico de la queja se asienta en la imputación de arbi-trariedad de la sentencia en cuanto no habría valorado la existencia de la documenta-ción acompañada por la revisionante, consistentes en las declaraciones juradas obrantes en las actuaciones a fs. 10/100, con las que según afirma, habría quedado acreditada la existencia de los créditos que pretende revisionar.

Conforme con los principios precedentemente expuestos, entiendo que la queja resulta procedente desde que la Cámara omite toda referencia a las declaraciones ju-radas que fueron acompañadas por la AFIP obrantes a fs 10/100 de los principales, por lo que incurre en una omisión de pronunciamiento susceptible de ser impugnada por el recurso en examen.

Este aspecto fue considerado por el juez de la causa origen quien expresó que:..."no son las declaraciones juradas suscriptas por los deudores, sino los resúmenes de los soportes magnéticos que obran en la AFIP". Por su parte el Tribunal de Alzada se circunscribe al tratamiento en torno al tema de la legitimidad de las boletas de deudas y como ya se expresó nada dice sobre la documentación acompañada como declaraciones juradas.

Por lo que el tema a decidir en esta instancia consiste en determinar si resulta suficiente a los fines de la acreditación del crédito, el acompañar las correspondientes boletas de deudas emitidas conforme las declaraciones juradas obrantes en los soportes magnéticos presentados por la concursada, teniendo en cuenta que ni la concursada ni la Sindicatura rebaten la información contenida, sino que simplemente afirman que no son suficientes para acreditar la causa del crédito.

Sabido es que tratándose de un proceso de verificación y como tal de un juicio de pleno conocimiento, la carga de la prueba en esta instancia juega como consecuencia de la carga de invocar o pedir, puesto que quien arguye, en este caso el Fisco, debe de-mostrar sus argumentos (Cfme: "La Verificación de Créditos Fiscales: Algunos Aspec-tos Controvertidos", Flavia Melzi y Guillermo H. Fernández en Doctrina Societaria y Concursal N° 154 setiembre del 2000).

En este sentido se ha afirmado que alcanza a todos los acreedores la carga im-puesta por el art. 33 de la ley 19.551(32 L.24.522), de entregar al síndico la documenta-ción justificativa de sus créditos dentro del término legal, no quedando excluida de tal regla la DGI, y que el derecho de verificar deviene de la existencia de una obligación. El acto verificatorio no crea título sino que lo reconoce ("Vicente Orue S.A s/quiebra", C.N.Com. Sala C 25/6/1987; "D.G.R Provincia de Bs. As. c/ Ceralcos SMC.", C Apel. C. C. Junín 27/2/1985).

Tal exigencia surge precisamente porque el resto de los acreedores concursales, no puede conocer los orígenes de las pretensas acreencias fiscales, en cambio el Fisco sí las conoce.

La cuestión relativa a la prueba de los créditos fiscales y de la seguridad social ha sido objeto de varios pronunciamientos de esta Sala. Algunos merecen ser recorda-dos.

A) En sentencia del 26/11/1990 recaída in re "Arroyo Grande SA s/ Quiebra" (L.S 217-463, publicado en LL 1992-C-23, con nota aprobatoria de Martorell, E. E., "Sobre la causa de los títulos ejecutivos en la verificación de créditos"), esta sala distin-guió los créditos de la Caja de Subsidios, de los créditos de la Dirección General Impo-sitiva. Dijo entonces que el ente recaudador de impuestos puede pedir insinuación en el pasivo por diferentes créditos fiscales (IVA, ganancias eventuales, sellos, etc.); por eso, al menos, debe indicar a qué impuesto se está refiriendo. La Caja de Subsidios, en cam-bio, sólo puede reclamar a la patronal los aportes y/o sus accesorios. Si una planilla deta-lla mes a mes los montos que corresponden a capital, multas, intereses, etc., no puede considerarse incumplido el recaudo de invocar la causa del crédito que, repito, no puede ser otra que los aportes debidos. Por supuesto que las liquidaciones de la Caja de Subsi-dios, al igual que las de los organismos impositivos son atacables por la sindicatura y el fallido. Por ej., podría acreditarse que el número de empleados de la empresa es signifi-cativamente inferior a la que resulta de los montos que se reclaman, que no existen ra-zones jurídicas para reclamar multas, etc. (Quintana Ferreira, "Concursos. Ley 19551 y modificatorias", Bs. As., ed. Astrea, 1985, t. I, pág. 360). En esta función ayudarán las facultades inquisitivas del síndico, quien podrá requerir todo tipo de información, com-pulsar documentación, etc.

Como resultado de este razonamiento se confirmó la sentencia de segunda ins-tancia que había verificado el crédito de la Caja de Subsidios considerando suficiente un certificado y una planilla donde había detallado los diferentes rubros; la sindicatura y la fallida, en cambio, se habían cruzado de brazos y nada habían hecho para probar en co-ntra.

B) En decisorio del 27/6/1994, implícitamente, esta sala adhirió al criterio de la suficiencia de la prueba del crédito fiscal con las declaraciones juradas, desde que recha-zó formalmente un recurso de casación en el que lo discutible no era ese criterio norma-tivo, sino un hecho (si el síndico había o no conformado la declaración presentada) (L.S 247-29, publicado en Rev. Foro de Cuyo n° 14 pág. 105).

C) En sentencia del 2/6/1995, recaída in re "Meizenq SRL" (L.S 256-294, pu-blicado en Doc. Jud. 1996-2-219 y LL 1996-C-101, con nota aprobatoria de Viedma, José L., "Títulos de crédito y verificación"), esta Sala volvió a sostener que el certificado de deuda emitido por la Administración Nacional de Seguridad Social es un título ejecu-tivo causal, pues el origen del crédito surge del propio instrumento y aquella sólo puede ser titular de un determinado tipo de acreencias y sus accesorios. Sentado ello, cuando el organismo se presenta a verificar su crédito en una quiebra, la prueba del error del con-tenido del certificado o las planillas está a cargo del fallido o de la sindicatura.

El resultado de este razonamiento fue confirmar la sentencia de cámara que había rechazado el crédito porque había merituado un elemento fáctico decisivo, cual era que, al contestar el traslado, la sindicatura sostuvo que la deuda reclamada se contrapo-nía a todas las inspecciones anteriores, y de la documentación y libros de la concursada, compulsados por la sindicatura, no surgía deuda alguna de causa o título anterior al pro-ceso concursal.

D) Todas estas sentencias recordaron un precedente de esta Sala, en anterior composición (L.S 246-442) según el cual, mediando determinación de oficio, es menes-ter que se pruebe que se ha practicado de conformidad con el procedimiento previsto en la ley 18.017.

E) Recientemente, el 16/5/2003 (L.S 322-70), in re "Afip en juicio Cerámicas Cuyo", la Sala siguió esos precedentes, revocó la decisión, y declaró admisible el crédito con estos argumentos:

- Aunque hoy el organismo fiscal que percibe los créditos impositivos y los de la seguridad social es uno solo (la Administración Federal de Ingresos Públicos), los crédi-tos cuya insinuación se reclama provienen del Régimen Nacional de la seguridad Social y de Obras Sociales. No se trata de créditos por impuestos, tasas, etc., sino aportes a la Seguridad Social.

La prueba incorporada por el organismo estatal de recaudación no es, como en el viejo precedente (L.S 246-442) un supuesto de determinación de oficio; por el contrario, se trata de declaraciones juradas presentadas por la concursada que describen detallada-mente cada uno de los rubros, la cantidad de empleados por los que se aporta, y el perío-do anual correspondiente.

A diferencia de lo acontecido en el precedente registrado en L.S 256-294, en éste, la sindicatura no ha afirmado que los libros de la concursada no respondan al crédi-to reclamado; se limitó a señalar que la concursada no le entregó los libros contables ni documentación con la cual corroborar el crédito.

No empece a esta solución la jurisprudencia y doctrina cuidadosamente reseñada por Daniel R. Vítolo en su reciente y erudito trabajo doctrinal "Créditos fiscales, deter-minación de oficio y procesos concursales" (Ver ED 202-673), pues esos antecedentes se refieren a supuestos en que el organismo fiscal solicita verificación de créditos típi-camente tributarios mediante simple documentación obtenida a través del trámite de determinación de oficio. En el sublite, en cambio, se ha solicitado la verificación de aportes al sistema de la Seguridad social mediante declaraciones juradas de la concur-sada que no han sido impugnadas por la sindicatura.

Conforme con tales precedentes entiendo que la solución que se impone es veri-ficar el crédito insinuado por la A.FIP, desde que "el tributo en cuestión se basa funda-mentalmente en su determinación voluntaria por parte del contribuyente mediante la presentación de su declaración jurada" conforme claramente lo expresa Sindicatura en su informe individual.

En efecto se advierte que las declaraciones juradas acompañadas consisten en la impresión efectuada por el Organismo Recaudador del soporte magnético acompañado por la concursada, cuyo contenido no ha sido impugnado por ésta ni por Sindicatura.

En este aspecto, conforme lo señala Lorenzetti existe en Argentina una amplia y consolidada tendencia hacia la recepción del documento electrónico en los campos más diversos, señala como ejemplos el de la contabilidad electrónica y derecho societario electrónico establecida por los arts. 61, 212 de la ley de Sociedades y art. 6 Dec. 83/86, el de los impuestos en los que las declaraciones en materia impositiva y previsional pueden ser efectuadas por medios informáticos en una variedad de formas que han sido autorizados por los organismos de control (Res. SAFJP 293/97); y en la Adminis-tración Pública conforme la ley 24624 que estableció en su art. 30 para el ámbito de la administración pública nacional que "los documentos redactados en primera generación en soporte electrónico u óptico indeleble a partir de originales de primera generación en cualquier otro soporte, serán considerados originales y poseerán, como consecuen-cia de ello, pleno valor probatorio, en los términos del art. 995 y conc. de-lC.C.(Lorenzetti - www.ricardolorenzetti.com.ar) En materia tributaria la ley 23.314 que se refiere al régimen de procedimientos tributarios de la ley 11.683 dispone en su artículo 41 la validez de registraciones con sistemas de computación de datos para todos los sujetos de derecho. Los contribuyentes responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistema de computación, deberán mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible por el término de dos años contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio en el cual se hubieren utilizado.

Conforme con estos principios, la AFIP, ha presentado la determinación del crédito pretendido conforme a un sistema informático expresamente establecido en la ley. Además las impresiones acompañadas se derivan de las presentaciones o declara-ciones juradas emanadas de la propia contribuyente, cuyo contenido no ha sido impug-nado por lo que debieron ser admitidas como prueba del reclamo efectuado.

Por tal razón, entiendo que la sentencia impugnada incurre en arbitrariedad al haber omitido pronunciarse y consecuentemente no valorar las constancias probatorias de la causa, concretamente las declaraciones juradas oportunamente acompañadas por la AFIP. En tal temperamento, deberá hacerse lugar al recurso intentado y admitirse la verificación solicitada, debiendo efectuarse la liquidación de los intereses de dichos cré-ditos conforme lo aconseja Sindicatura en su informe individual.

En cuanto al pronunciamiento efectuado por el Tribunal sobre los intereses, si bien el planteo formulado por la recurrente en este aspecto resulta formalmente proce-dente, desde que se advierte que no fue objeto de agravio en el recurso de apelación, sustancialmente la queja deviene improcedente desde que la quejosa no menciona ni acredita cuál es la incidencia de tal proceder en el resultado final de la contienda, lo que se traduce en la falta de acreditación del interés jurídico lo que conlleva al rechazo de tal agravio.

Por lo que si mi voto resulta compartido por mis Colegas de Sala, deberá admi-tirse el recurso en articulado, conforme los fundamentos precedentemente expuestos.

Así voto por la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en la cuestión que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad articulado y revocar la re-solución de fs. 148/149 vta. de los autos n° 56.130, caratulados: "AFIP EN J° 52908 JURI Y JURI SOC. HECHO POR CONC. S/ REC. DE REVISION S/ INC." y en con-secuencia, declarar admisibles los créditos revisionados por la AFIP.- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- A LA TERCERA CUESTION EL DR. FERNANDO ROMANO, DIJO:

De conformidad al resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la parte recurrida que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- Así voto.- Sobre la misma cuestión los Dres. PEREZ HUALDE y BÖHM, adhieren al voto que antecede.- Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continua-ción se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 26 de mayo de 2.006.- Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Hacer lugar al recurso extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 6/12 vta. y revocar la resolución dictada a fs. 148/149 vta. de los autos n° 56.130, cara-tulados: "AFIP EN J° 52908 JURI Y JURI SOC. HECHO POR CONC. S/ REC. DE REVISION S/ INC.", la que quedará redactada de la siguiente manera:

"1°.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido a fs. 123 vta. en co-ntra de la resolución dictada a fs. 118/122, la que se sustituye por la siguiente:

"I.- Admitir el recurso de revisión interpuesto por la A.F.I.P. y en consecuencia, declarar admisibles los créditos correspondientes a:

Estación de Servicio Bermejo de José Luis Juri y María Elena Juri, por los siguientes rubros: Impuestos al Valor Agregado por los períodos 03/1998, 06/1999, 08/1999, 03/2000, 05/2000, 07/2000, 08/2000 y 09/2000; Régimen Nacional de la Seguridad Social (aportes y contribuciones) por los períodos: 12/1996, 01/1997, 02/1997, 06/1997, 07/1997, 09/1997, 10/1997, 11/1997, 12/1997, 04/1999, 05/1999, 06/1999, 07/1999, 08/1999, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 03/2000, 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000, 09/2000.- José Luis Juri, por los siguientes rubros: Impuesto a las Ganancias 1996; Impuesto sobre los Bienes Personales 1995, 1997 y 1998; Régimen Nacional de Seguridad Social 01/1997, 02/1997, 03/1997, 04/1997, 04/1999, 05/1999, 06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999, 10/1999, 11/1999, 12/1999, 01/2000, 02/2000, 03/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000, 08/2000 y 09/2000.- María Elena Juri, por los siguientes rubros: Impuesto a las Ganancias 1996, 1997 y 1998.

Los créditos mencionados deberán liquidarse conforme a los montos establecidos por su sindicatura en el informe individual, incluido sus inter-eses.- "II.- Imponer las costas a la recurrida vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- "III. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la correspondiente liquidación.".- "2°.- Imponer las costas a la parte apelada que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.)." "3°.- Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la correspondiente liquidación"- II. Imponer las costas a la parte recurrida que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- III. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se practique la corres-pondiente liquidación.- Notifíquese.