Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-22


2º Instancia. - Buenos Aires, mayo 22 de 2008.

1. MET A.F.J.P. S.A. apeló la resolución administrativa nº 27/07 (fs. 131/134) en cuanto le impuso una multa de 400 MOPRES (fs. 146/163).

La Señora Fiscal de Cámara fue oída en fs. 194/195.

2. La Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones sancionó a la recurrente tras comprobar que Siembra A.F.J.P. S.A. (hoy MET A.F.J.P. S.A.), incurrió en una demora de 168 días hábiles en la tramitación del expediente previsional del afiliado Enrique Della Mea.

Concretamente se constató que la administradora transgredió lo establecido por el art. 98 de la Instrucción S.A.F.J.P. nº 06/05.

3. Se agravia la recurrente entendiendo que los fundamentos esbozados en la resolución impugnada no resultan suficientes para justificar la sanción impuesta, y que se le atribuyó responsabilidad por una demora que no le es imputable.

Expone que la tardanza endilgada encontró sustento en la práctica administrativa de la A.N.S.e.S., dado que dicho organismo emitió un "Acta Acuerdo" generalizada, comprendiendo en ella una serie de casos siendo uno de ellos el trámite del beneficiario Della Mera donde era detallado los haberes provenientes del régimen público.

Indica que no resultó ajustado a derecho imputar un incumplimiento basándose en un plazo cuyo cómputo no debió comenzar, pues la A.N.Se.S. tenía la obligación de dictar una resolución otorgando específicamente el beneficio de pensión por fallecimiento del afiliado.

Comenta que el trámite se vio complicado pues el código de prestación informado en el Acta Acuerdo no correspondió al tipo de prestación tramitada ya que se indicó que se trataba de una pensión por fallecimiento que derivó de un retiro transitorio por invalidez, cuando en realidad se trató de un retiro definitivo por invalidez.

Sostiene que el incumplimiento enrostrado no se encuentra tipificado, que es basado en una norma general que intenta abarcar la totalidad de los incumplimientos posibles a cargo de las administradoras, dependiendo la caracterización específica de la voluntad del órgano de contralor lo que no debe ser admitido a la luz de las disposiciones contenidas en la CN:18.

Evidencia que el sumario adolece de una falsa causa pues la sanción impuesta recae en un hecho que no es real, que el incumplimiento supuestamente transgredido en la puesta a disposición de los haberes fue subsanada mediante el pago de los intereses moratorios señalados en la legislación aplicable.

Se queja en tanto el acto impugnado carece de factores de suficiente atribución de responsabilidad, que viola claramente su derecho de defensa y finalmente por lo ilegal de la sanción y la desproporción de la multa con relación a la falta imputada.

4. Frente a los agravios enunciados, esta Alzada estima razonable compartir los términos y conclusión expuestos en el dictamen de la señora Fiscal General (fs. 194/195), por lo que remite a su lectura a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Adviértese, además que el dictamen jurídico de fs. 106/111 y demás constancias de autos allí referidas, dan cuenta de la existencia de elementos de convicción que configuran la conducta punible, en función de la infracción a las normas que regulan la actividad de los sujetos del sistema integrado de Jubilaciones y Pensiones.

La administradora no ha disipado la convicción arribada por la autoridad de control en cuanto a la procedencia de la mentada infracción.

Sólo agrégase en referencia a la falta imputada a MET A.F.J.P. S.A. que las reglas aplicables a este tipo de casos resultan claras, pues ellas apuntan a que, por un lado, se genere una gestión más clara y eficiente y, por otro, evitar el perjuicio que le acarrea al trabajador la demora excesiva en la tramitación de sus expedientes jubilatorios.

En este contexto es que se justifica por un lado la rigidez en la reglamentación y por ende la función de contralor que la Superintendencia ejerce de manera estricta en los requerimientos legales, y por otro la función social en la cual se enmarca el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Por lo expuesto teniendo en cuenta los antecedentes del caso, la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (CNCom. B, 2/3/99, "Superintendencia de Administradoras de Fondo de Jubilaciones y Pensiones c. Orígenes AFJP s/recurso de apelación"), corresponde confirmar la sanción impuesta por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

5. Finalmente y en referencia al quantum de la sanción aplicada, corresponde señalar que la multa impuesta de 400 MOPRES dentro de una escala que contempla multas de 100 a 100.000 MOPRES (Ley nº 24.241:152 y Decreto nº 833/97:3), aparece excesiva a tenor de las circunstancias específicas del caso.

En tal sentido, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la facultad de graduación de la sanción entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no debe escapar al control de razonabilidad el cual corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública (conf. arg. C.S.J.N. 24/11/98, "Demchenko, Iván c. Prefectura Naval Argentina -DPSL 3/96- s/proceso de conocimiento"), todo lo cual resulta de aplicación al caso aquí examinado.

Frente a estas razones, ponderando la entidad e importancia del incumplimiento comprobado que de algún modo afectó o pudo afectar al afiliado denunciante, y sin desatender la existencia de sanciones anteriores estima la Sala, compartiendo también el criterio adoptado respecto a este tema por la Señora Fiscal de Cámara, que una multa de 250 MOPRES guarda mejor proporción con la entidad de la falta cometida.

6. Por lo expuesto, se RESUELVE: Confirmar la resolución impugnada, salvo en lo que refiere a la cuantía de la sanción la cual se reduce a 250 MOPRES. - Gerardo G. Vassallo. - Juan José Dieuzeide. - Pablo D. Heredia.