marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, sentencia definitiva, exceso ritual manifiesto, cuestiones prejudiciales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TOKMAN, KAREN R. c/ ROZIN, NESTOR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-02-09

Corresponde admitir la queja interpuesta contra la sentencia que hizo lugar al recurso de nulidad interpuesto por el demandado, y en consecuencia, declaró nulo el pronunciamiento de baja instancia por no tratar el pedido de prejudicialidad de una causa penal en relación a la compraventa discutida en autos- ya que, si bien por su naturaleza la resolución impugnada no es, en principio, sentencia definitiva en los términos del artículo 1 de la ley 7055, este Tribunal ha atemperado la rigidez de dicho artículo introduciendo el concepto de autos que causan un gravamen irreparable, empero, sin apartarse de la consideración de que se trata de supuestos de excepción en los que el perjuicio no ha de poder ser aventado por medio alguno jurisdiccional sin irremediable detrimento del interés comprometido y la recurrente logra demostrar con idoneidad suficiente que por un ritualismo excesivo podrían verse restringidas las reglas de defensa en juicio y la garantía a un debido proceso, ocasionándole un agravio de tardía e insignificante reparación ulterior.
Beneficio de litigar sin gastos, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Machuca,  Roque  Jacinto  y otro c/ Buenos Aires,  Provincia de yotros s/ daños  y perjuicios -incidente de beneficio de litigarsin gastos- IN1.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

El beneficio de litigar sin gastos encuentra sustento en dos garantías de raigambre constitucional: la de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), ya que por su intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia no ya en términos formales, sino con un criterio que se adecua a la situación económica de los contendientes; pero no debe olvidarse que frente a los intereses del peticionario se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio.
Contrato de trabajo eventual, libros del empleador, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Funes, Marisa Viviana c/ Sanchez, Luciano y Otros s/ Ordinario - Otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-12-17

La falta de exhibición de documentación laboral, en particular el Libro Especial del art. 52 L.C.T. en virtud de lo alegado por el empleador acerca de que el trabajador prestaba servicios sólo en forma eventual, torna operativa la aplicación de la sanción prevista en el art. 55 L.C.T., es decir, presumir a favor de las afirmaciones efectuadas por la actora, que en el caso consisten en la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado y no eventual.
Responsabilidad del Estado, falta de servicio público, relación de causalidad, carga de la prueba, sentencia arbitraria, queja por recurso denegado
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ J. N. B. y otros c/ GCBA y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde rechazar la queja por cuyo medio el GCBA recurrente pretende que se revoque la decisión que lo condenó a que abonase una indemnización a la parte actora. Ello así, porque los agravios que trae a conocimiento de este tribunal remiten a la apreciación de cuestiones cuya elucidación, por ser de hecho y prueba, es privativa de los jueces de mérito, sin que la parte recurrente muestre arbitrariedad en el modo en que lo hicieron. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, marihuana, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: CORTES, ALDO A. s/ ESTUPEFACIENTES.  TENENCIA  (ART.  6 LEY  20.771).  ESCASA CANTIDAD.  CONDUCTA ATÍPICA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

sin entrar en el aún polémico tema sobre si la "cannabis sativa" (marihuana) puede o no generar dependencia psíquica o física, ya que internacionalmente también esto se sigue debatiendo y se experimentadía a día sobre datos estadísticos,lo cierto es que la escasa cantidad de este llamado estupefaciente, si es tenida para consumo personal y no ha trascendido la conducta de quien la tiene esfera de privacidad-es atípica, porque no pone en peligro ni siquiera remotamente el bien jurídico protegido por la figura del art. 6 De la ley 20.771, Que es la salud pública.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, amenazas, sobreseimiento, prescripción de la acción penal, debido proceso, principio de legalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Especializada en lo Penal, Contravencional y de Faltas  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en palavecino, matias leonel sobre 149 bis - amenazas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-23

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar en último término, la sentencia de la Cámara que declaró prescripta la acción penal. La fiscalía afirma que el método de contabilización utilizado por la Cámara para determinar el momento del día en que opera el vencimiento del plazo de prescripción, resulta violatorio del debido proceso y del principio de legalidad. Esto debido a que contradice a aquel establecido por el art. 6 del CCyC, al que expresamente remite el art. 77 del CP e implicaría adicionar un día más al término de la prescripción pautado. Sin embargo, la alegada arbitrariedad de la sentencia impugnada, lejos de exponer una discusión constitucional que le quepa a este Tribunal considerar, revela una mera discrepancia con las consideraciones de derecho infraconstitucional efectuadas por la instancia de mérito para sostener que la acción penal se encontraba prescripta. En definitiva, al margen del acierto o error de lo resuelto, la argumentación ofrecida en la impugnación tampoco alcanza a justificar que estemos ante un supuesto de decisiones arbitrarias y solo pone de resalto el desacuerdo de quien recurre con una respuesta que resultó adversa a sus pretensiones, sin demostrar que la solución impugnada incurra en los defectos que, conforme el desarrollo pretoriano de la doctrina de la arbitrariedad, acredite que la decisión que se viene impugnando constituya uno de esos supuestos (Fallos: 328:957 y 339:1066, entre otros). (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz. Voto compartido por los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg. Voto en igual sentido de la jueza Marcela De Langhe).
Extradición, relaciones diplomáticas, pedido de extradición, Ministerio de Relaciones Exteriores
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Fabbrocino, Giovanni s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-21

El pedido de extradición, por tratarse de una comunicación diplomática, debe ingresar por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, órgano del Poder Ejecutivo a través del cual se canalizan las relaciones con las naciones extranjeras (art. 99, inc. 11 de la Constitución Nacional).
Amparo por mora, mora de la administración, resolución administrativa, declaración en sede administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROSALES Juan Domingo c/ Municipalidad de San Martin s/ Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-12-23

Sobre el amparo por mora cabe recordar: a) que todo administrado tiene derecho a que sus peticiones ante la Administración se resuelvan mediante una decisión expresa. Ello está implícito en el derecho constitucional de peticionar y surge también de la propia Ley de Procedimiento Administrativo al reconocer el derecho a una decisión fundada (art. 1, f, 3) y al fijar el deber correlativo de la Administración para que decida (art. 3, 7, c, etc.).

Además este deber es de la naturaleza de la Administración; y b) que ante la falta de decisión expresa de la Administración el administrado tiene, entre otras alternativas, la de obligarla judicialmente a que decida mediante el amparo por mora (art. 22 y 23 de la ley 3784).

"Este instituto no es otra cosa que una orden judicial de pronto despacho de las actuaciones administrativas. Por medio de él se posibilita que quien sea parte en el procedimiento administrativo acuda a la vía judicial, a fin de que se emplace a la administración a que cumpla con su cometido: decidir las cuestiones sometidas a su resolución, el un plazo que el juez fije.

La decisión final de éste no puede ser otra que "despache la Administración las actuaciones en forma expresa", no pudiendo ampararse esta última en el "silencio", pretendiendo que decidió el asunto en esa forma".

También se puede agregar que el amparo por mora no es propiamente un proceso judicial (juicio) ni el marco para debatir el fondo de la pretensión articulada en el trámite cuya mora se trata de subsanar.

En consecuencia, el objeto del amparo queda satisfecho con el dictado de la resolución pertinente por parte de la Administración, con independencia de la forma en que resuelva la pretensión que estaba pendiente de resolución.

Esto así, porque lo que se quiere es solamente una resolución positiva o expresa sobre lo que estaba pedido y pendiente. (Queda agotado el objeto del amparo por mora, cuando la administración ha resuelto sobre todas las cuestiones pendientes que se peticionaron en sede administrativa porque no resolver sobre una cuestión el actor respecto de ella queda como al principio y burlado el fin del amparo por mora).
Actuación de oficio, liquidación, depreciación monetaria, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CHEER, LUISA DEL CARMEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 674-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

En el entendimiento de que el Tribunal tiene facultad para revisar y corregir aún de oficio la liquidación practicada y puesta de manifiesto aunque no haya sido impugnada por ninguna de las partes, y advirtiendo que en la liquidación sub examine se aplica incorrectamente el índice de actualización dispuesto en la sentencia , desde que tal como se expusiera, entre otras, en la causa "Bevilacqua" (AyS T 131 p 121/123); en cuanto a los índices correctores de la depreciación monetaria, es claro que corresponde l a utilización del índice del mes anterior a aquél en que se devengó una prestación, (lo contrario importaría cercenar la repotenciación correspondiente a todo ese período). Empero, como ya ha valorado esta Corte, "...si bien es cierto que para actualizar una cantidad debida desde comienzo de un mes debe tomarse el índice del mes anterior, también lo es que el agente... tenía derecho a recibir su retribución por mes vencido (AyS T 72 p 98/99)".
Bancos, empresas del Estado, capital social, empleados públicos, aplicación de la ley, asignaciones no remunerativas, asignación no remunerativa de carácter alimentario
Materia: LABORAL
Carátula: A., A. M. Y OTROS c/ AGUAS RIONEGRINAS SA s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-21

En sentido concordante con el aquí expuesto, pongo de manifiesto que la Cámara de Apelaciones de Trelew confirmó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta por un empleado del Banco del Chubut S.A. tendiente a percibir las asignaciones no remunerativas de carácter alimentario establecidas en los decretos del P.E.N. 1273/02, 2641/02 y 905/03, previstas para los trabajadores del sector privado, pues consideró que el banco demandado es una persona jurídica pública, cuyo único socio es el Estado provincial, por lo que no estaba obligado a pagar a sus empleados los beneficios de los que fueron excluidos los trabajadores del sector público cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos.
Obligaciones del deudor, pago, pago por consignación
Materia: CIVIL
Carátula: CANEPA, ELVIRA c/ ARRIGHI, RAQUEL s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

El deudor goza del derecho a obtener su liberación forzada pagando con intervención judicial, no sólo ante la negativa del acreedor de recibir el pago sino en los demás supuestos en que se encuentre dificultades que impidan efectuar el cumplimiento específico y espontáneo de la obligación directamente al titular del crédito (arts. 756, 757 y concordantes del Código Civil).
Medidas autosatisfactivas, peligro en la demora
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., E. del C. c/ B.CH. SA s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-25

La naturaleza misma de las medidas autosatisfactivas y la especial estrictez con que debe merituarse su implementación, conllevan, para su procedencia, el requisito de la satisfacción de diversos extremos, los que pueden resumirse así: a) fuerte verosimilitud o probabilidad respecto de los hechos invocados y acreditados al solicitarla o mediante una sumaria comprobación; b) una urgencia que la hace impostergable, a punto tal que el tiempo y la prontitud en su obtención resultan ser factores perentorios, y c) coincidencia entre el objeto de la pretensión cautelar, provisional o preventiva, con la pretensión material o substancial, de modo tal que el acogimiento de aquella torne generalmente abstracta la cuestión a resolver porque se consumió el interés jurídico procesal y sustancial del peticionante.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Sarverry, Manuel Pedro c/ Seven Up Concesiones  S.A.I.C.  y otra. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Cuando las conclusiones a las que arriba el fallo no se apoyan en una valoración suficiente de los distintos elementos incorporados al proceso, ni en un estudio minucioso de los problemas planteados, corresponde apartarse del principio según el cual lo relativo a la existencia o inexistencia de vínculo laboral entre las partes y la apreciación de los elementos demostrativos de ella remite al análisis de temas de hecho y prueba y de derecho común que, como regla, son propios de los jueces de la causa y ajenos al recurso previsto por el art. 14 de la ley 48, salvo arbitrariedad.
Accidentes de trabajo, Estado Provincial, incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: ECHEGARAY MERCADO DE CARRIZO SUSANA c/ SUPERIOR GOBIERNO DE CORDOBA s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-21

Las actuaciones administrativas -tanto para la determinación de la incapacidad como para gestionar el cobro de la indemnización- interrumpieron el plazo de la prescripción, hasta la fecha en que la accionante tomó conocimiento de la existencia y del grado de su incapacidad. Se trata de un tema controvertido, sobre todo cuando es menester que el actor realice esas "gestiones administrativas" previas a la deducción de la demanda, porque una ley o reglamentación así lo dispone. Si el Estado Provincial ha previsto que las indemnizaciones a sus empleados se determinen y abonen a través de la vía administrativa, como puede luego sostenerse que quien acató esa exigencia perdió su derecho a la acción por haber transcurrido el término prescriptivo contado desde que se produjo el hecho causante del daño, hasta la interposición de la demanda. No obsta a la conclusión el pase de la actora a retiro obligatorio desde que el mismo no obedeció a su incapacidad, sino que lo fue por causal del art. 1, inc. "a" de la Ley 6702, ésto es agentes que han superado el máximo de años de servicios o de edad.-
Acción de amparo, obras sociales, Estado Nacional, sentencia condenatoria, cobertura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERA, ELENA C. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL Y/O SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-04-01

Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la acción de amparo promovida contra OSDE y, subsidiariamente, contra el Estado Nacional -Ministerio de Salud y Acción Social-, condenando a la primera a suministrar al amparista la medicación que suscriba su médica tratante, haciéndose cargo del 100% de la cobertura; en caso de incumplimiento y ante la sola acreditación de tal circunstancia, la obligación recae sobre la restante codemandada.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, asegurador por riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pino Julio Enrique c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-21

Al estar reconocido el accidente por la ART, debía el accionante agotar el trámite ante la Comisión Médica respectiva, por lo que el accionante no estaba legitimado activamente para interponer una demanda judicial. -art. 68 apartado c) del CPL-. No siempre el sistema ante las Comisiones Médicas resulta contrario a la constitución nacional y/o provincial, solo resulta inconstitucional cuando su actuación solo está dirigida a establecer "la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad" (apartado 1 inc. a) del art. 21 de la ley 24557), ya que en dichas situaciones se requiere de actividad jurisdiccional con aplicación del derecho vigente además de la ponderación y valoración de hecho y prueba a los efectos de establecerse la causalidad entre las tareas y el daño, o determinarse si se está ante un accidente por el hecho o en ocasión de trabajo, o "in itinere", etc., situaciones que solo pueden ser dirimidas por los jueces naturales o del trabajo propiamente dichos, y no por médicos tal como lo establece el diseño normativo imperante (Voto Romero)
Competencia penal, competencia contravencional y de faltas, violación de medidas sanitarias contra epidemias
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de incompetencia en autos Flores, Juan Manuel y otros sobre 00 - presunta comisión delito (competencia) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-01

Corresponde declarar la competencia de la justicia Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas para entender en el hecho investigado, que consistiría en ausentarse del domicilio denunciado oportunamente para el acatamiento de la cuarentena obligatoria establecida, en el marco del sistema de control y monitoreo implementado en coordinación por el Gobierno Nacional y el GCBA con el objeto de minimizar el riesgo de propagación y eventual contagio del virus SARS-CoV-2, como así también para preservar la salud de los residentes de la Ciudad y de aquellos que arriben a su territorio. Conforme ello, los aquí imputados habrían incumplido con los protocolos de actuación cuyo dictado corresponde al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados a los viajeros que ingresaban a su territorio provenientes del exterior; de tal modo, el interés punitivo ante la posible afectación o puesta en peligro del bien jurídico en juego -la salud pública de los habitantes de la Ciudad- es netamente local. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe, Luis Francisco Lozano e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, impuestos municipales, principios tributarios, distribución de energía eléctrica
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: QUINTEROS, RAFAEL ALBERTO c/ CLEMENTE RUIZ, FLORENCIO s/ Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-08-07|2019-12-20

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 33 inciso d) de la Ordenanza 15392/18 de la Municipalidad de la ciudad de Salta -que establece la tasa por ocupación o utilización de espacios de uso público (red aérea y red subterránea) y fija las alícuotas a cargo de las empresas proveedoras de energía eléctrica- ya que el tributo que se cuestiona no es una tasa, no es una contribución de mejoras y tampoco puede considerarse una contraprestación "por uso diferenciado" del espacio como plantea la municipalidad. La gabela en análisis constituye, por su modalidad, una carga de tipo impositivo cuya implementación por la demandada, al no hallarse autorizada por una ley provincial, determina que la comuna de la ciudad ha excedido, con su dictado, las competencias que la Constitución y las leyes confieren a los municipios, en clara violación al principio de legalidad tributaria.
Honorarios, concurso preventivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.N.R.P. EN J: FRIG. REG. ANDINO S.A. s/ Conc - Prev - inc - rev (LIBRO: A156 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-26

El problema a dirimir transita por si la apelante tenía derecho a la indexación del crédito, sea por vía de reconocimiento legal o jurisprudencial, máxime cuando la pretensión fue rechazada con costas al acreedor, lo que situa el tema fuera del ámbito concursal, sino que transita dentro del derecho procesal local, en el que la regulación tiene por base al reclamo con abstracción de su procedencia legal o del reconocimiento judicial del mismo, toda vez que basta advertir que si en un proceso se solicita indexacción, pese a que la ley no la admita, dicho rubro integraría la base regulatoria por el solo hecho de integrar la pretensión.

Respecto de las regulaciones completas y separadas el tribunal resuelve, que corresponde una sola regulación porque ambos peticionaron lo nmismo y con idéntico fundamento, es decir la exclusión de un crédito insinuado, por vía de la caducidad de instancia del incidente de revisión.-
Nulidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Paolini, Norberto A. c/ Galizia Burr, Emir s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

El imputado vicio de procedimiento ha quedado subsanado, pues la incidencia, ha sido deducida una vez transcurrido los cinco días previstos por el ordenamiento procesal (art. 170 Cód. Proc.), sin que resulte atendible la circunstancia de que eventualmente el expediente no estuviera en letra, toda vez que ello no creaba una imposibilidad material ni jurídica de solicitar nulidad procesal (arts. 169, 170, 172 Cód. Proc.).
Régimen de consolidación de deudas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LLOYDS BANK c/ A.N.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-03

Al no existir jurisprudencia uniforme en el fuero acerca de la ley de consolidación de las deudas 23982, corresponde imponer las costas en el orden causado.