marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Osorio, Gil c/ Bastone, Eduardo D. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

La falta de acreditación acabada de las circunstancias fácticas que se invocan como sustento de la causal de exoneración prevista por la norma del art. 1113 citado, solo conlleva el emplazamiento liso y llano de la responsabilidad que emerge de la teoría del riesgo creado. De la aplicación de sus postulados no resulta que se deban tener por ciertos los hechos esgrimidos por el damnificado, para, a partir de allí, extraer conclusiones basadas en la culpa con que se ha conducido una u otra parte, concepto éste, ajeno a los principios de la responsabilidad objetiva. Es que el factor de imputabilidad objetiva constituido por la incorporación al medio, de una cosa riesgosa, cobra vigencia cuando no se han logrado acreditar los hechos generadores del daño, y no puede considerarse por ello, la verosimilitud de las eximentes invocadas.
Proceso judicial, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prodam s.A. c/ Ascensio, Arnaldo y/o cualquier ocupante s/ Desalojo Lozano, Rubén Ismael s/ Concurso civil preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-17|1996-06-24

No debe perderse de vista al resolver, el concepto de eficacia que ha de gobernar en la tarea axiológica que compete al Juzgador. El proceso es de carácter instrumental pensado por y para el valor justicia pues el sentenciante debe tener básicamente en cuenta las consecuencias prácticas de su tarea jurisdiccional, en órden a la efectividad de los derechos consagrados por la legislación fondal.-
Honorarios, costas, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: G., J. O. c/ Juan, José Nazar s/ ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-07-05

El límite en el pago de las costas previsto en el art. 730 CCC es aplicable a los supuestos de rechazo de la demanda, ya que no puede alegarse que la aludida restricción se refiera a los casos en que medie "incumplimiento de la obligación" por cuanto ello conllevaría una exégesis con excesivo apego a la letra de la ley que desnaturaliza la finalidad que inspiró al legislador. Sería un contrasentido si se interpretase que la voluntad parlamentaria de disminuir la litigiosidad se lograría únicamente cuando pretensión fuese admitida y se dejase por fuera del sistema a las acciones desestimadas.
Ley de emergencia, juicio ejecutivo, suspensión de la ejecución
Materia: LABORAL
Carátula: Britez Raúl Alberto y Otros c/ Empresa de Transporte San José S.R.L. y Otros s/ Ejecución de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-05

El decreto 2466 prorroga por 180 días más la vigencia de la Ley 9382 y excluyó de tal prórroga al art. 3 de la Ley 9392 que establecía la suspensión de los juicios ejecutivos y ejecución de sentencia en general y el secuestro de bienes y/o remates, por lo que la cuestión se tornó abstracta.
Estado de derecho, Constitución Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gomez de Bressan, Alba Rosa c/ Provincia de Río Negro (Consejo Provincial de Educación) s/ Enfermedad Accidente s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-29

El Estado ha de reconocer su sumisión al derecho que lo organiza y rige su actividad, al que no puede renunciar sin apartarse de su misma constitución esencial; toda vez que si ello no fuese así, no sería tal Estado sino un simple fenómeno de fuerza.
Indemnización por accidente de tránsito, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: SOTO, Eduardo A c/ FRASSIA, Pascual s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

Con la procedencia de la indemnización por daño moral no se busca castigar la conducta antijurídica del responsable de un accidente de tránsito, sino reparar en lo que sea posible, los padecimientos que experimenta la víctima como consecuencia del hecho ilícito.
Honorarios, remuneración, salario básico, adicional por título
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

El honorario del farmacéutico con dirección técnica, conforme las normas del Convenio Colectivo 26/88, se integra con el básico más el bloque por título de tal modo que no le corresponde el adicional del cincuenta por ciento por el título de farmacéutico establecido en el art. 24 inc. d) del C.C.T. que se aplica solamente al farmacéutico en relación de dependencia que no ejerza la dirección técnica en forma permanente. Esto surge a partir de la correlación de los arts. 24 inc. d) y 5 del C.C.T.- CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO DE FARMACEUTICOS
Responsabilidad del Estado, error judicial, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARCELO ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-07-08

Quien padece un error judicial antes de la sentencia y durante la pendencia del proceso penal, merece ser atendido tanto como en el otro; y tal es lo que acontece con el supuesto descripto en el art. 8 de la Ley 1648 en el caso de privación de la libertad por más de 60 días. Si la actividad estatal judicialmente expresada culmina con la sentencia definitiva, es precedida por una serie de actividades conducentes a aquella última instancia; no es coherente limitar la responsabilidad del Estado-juez a la etapa de la sentencia, y descartarla en todas las etapas preliminares. Cuando la sentencia reputa inocente a quién soportó daño por prisión preventiva basada en el error, hay sobrado fundamento para explayar la responsabilidad estatal y disponer el resarcimiento a favor de la víctima.
Partidos políticos, lista de candidatos, sistema electoral
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ventura, Magín s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-07-06

Más allá de que las normas locales no podrían modificar los principios que regulan el sistema representativo de gobierno, por un lado, y por el otro, la regularidad funcional de los partidos políticos, las disposiciones provinciales...son sustancialmente coincidentes con la regulación nacional, lo que permite concluir en que, habiendo presentado dos partidos políticos idéntica nómina de candidatos, el total de los votos obtenidos por una lista, debe sumarse a la idéntica aún cuando hayan sido nominadas por distintos partidos. Nada en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos permite suponer que se hubiera prohibido una alianza transitoria mediante la oficialización en sus respectivas boletas electorales de una misma y única lista de candidatos a los efectos de la suma en el acto del escrutinio.
Diferencias salariales, liquidación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SABAGH RUIZ ROSA CRISTINA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-28

Si la actora, al confeccionar la planilla de liquidación para luego ejecutar las diferencias salariales condenadas por sentencia, no indica cuáles son las bases a partir de las cuales efectúa su cálculo, corresponde ordenar practique nueva planilla de liquidación referenciando las pautas usadas a ese fin y teniendo en cuenta los lineamientos brindados por la sentencia de fondo.-
Inadmisibilidad del recurso, sobreseimiento, resoluciones equiparables a definitiva, cuestión federal
Materia: PENAL
Carátula: Llano, Yolanda Ester c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

Es inadmisible el RE deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución que -al declarar la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable- sobreseyó a los imputados, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal ni la configuración de arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Sucesiones, citación en garantía, excepciones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Laveglia, Héctor Raimondo c/ Raimondo, Roberto s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

En su condición de parte principal coadyuvante la aseguradora citada en garantía, está habilitada para la ejecución de los actos procesales que no perjudican al asegurado, o sea, las excepciones y defensas de que disponga, obviamente inclusive la de prescripción aún cuando no hayan sido articuladas por el asegurado.

El art. 3963 del Código Civil autoriza a los acreedores y a todos los interesados en hacer valer la prescripción, oponerla no obstante la renuncia expresa o tácita del deudor, interpretándose que en caso de esta última lo harían por vía de acción subrogatoria y oblicua.

Si los terceros interesados tienen semejante posibilidad, cuanto más quien, como el asegurador citado en garantía en el juicio que el damnificado sigue contra su asegurado, asemejándose la relación con la figura del fiador que como deudor accesorio, se encuentra posibilitado de oponer todas las excepciones que podría oponer el deudor principal (conf. art. 2020 del Código Civil).
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, nombramiento, notificación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Juan Domingo c/ Municipalidad de Apóstoles s/ Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1989-12-06

No surge de autos constancias de la notificación del decreto de designación al interesado, por lo que no produjo efectos legales y permitió así su posterior derogación por la misma autoridad, sin vulnerar derecho constitucional alguno. La notificación y aceptación del Decreto referido, eran requisitos inexcusables para otorgar validez al Decreto de designación; en consecuencia, la ausencia de ellos confiere legitimidad al instrumento normativo ahora impugnado.
Recurso de inconstitucionalidad, Constitución Nacional, Constitución Provincial, ley de emergencia, igualdad ante la ley, crédito laboral, juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, intereses, Poder Judicial, control de razonabilidad, control de legitimidad, control de legalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Defilippi de Sirolesi, Elba Concepción c/ Superior Gobierno de la Provincia s/ Ordinario - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-06-24

En la interpretación y aplicación de la ley 820 debe tenerse presente un principio liminar en el que se apoya el Estado de Derecho, y es el favorable a su validez. Frente al estado de emergencia deben privilegiarse aquellas soluciones que constituyen la respuesta del legislador, y que no aparezcan manifiestamente contradictorias con la Constitución.

De lo contrario, los Tribunales actuarían como un obstáculo en perjuicio de las decisiones tomadas por los órganos de responsabilidad electoral de quienes, en principio no es dable presumir imprevisión o inconsecuencia.

Cuando el marco social y económico exige imperiosamente soluciones a la situación de crisis, los órganos legislativos, asumiendo su responsabilidad electoral, con la debida previsión y coherencia, ejercen sus atribuciones y su poder. Dentro de ese mismo marco socioeconómico deben actuar los jueces, sin convertirse en un obstáculo de las decisiones legislativas y perjudicando, en definitiva, los intereses superiores de la sociedad.

La declaración de inconstitucionalidad constituye una de las más delicadas funciones que deben asumir los órganos judiciales y siendo la última ratio del orden jurídico, sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es removiendo leyes de rango inferior.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, agravio concreto, calidad de parte, juicio de desalojo, derechos reales
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRILLO, Francisca c/ LUBIK, Gabriel - VACA, Epifania Lucrecia s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-04-18

Es que, por una parte, corre a cargo del accionante demostrar que el demandado -como lo dice Agustín Morello en "Juicios Sumarios", Tomo II, p. 187- jurídicamente no pasa de ser un tenedor precario o intruso.

Pero si el demandado arguye la posesión a título de dueño, debe demostrar prima facie la verdad de su aserto; en otros términos, no incumbe al actor demostrar que éste es mero tenedor "sin animus domini" y que por ende está obligado a restituir (CACC Salta, Sala I , Fallos 1988: 327); pero, como en cualquier juicio, conocida la prueba presentada por una parte, la contraria puede negarla y/o controvertirla.-
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Libertini, Franciso; Laboranti, Pedro O. s/ Falsificación de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06

Si la materialidad ilícita - que llega firme a esta instancia- ha sido acreditada utilizando elementos de prueba directos e inmediatos no resulta conculcado el inc. 1 del art. 259 del Código de Procedimiento Penal según ley 3589 y sus modif.- al utilizar plena prueba presuncial para acreditar la participación del acusado en el hecho.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, empleo público, diferencias salariales, honorarios
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Barreira, Sandra Cristina Contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Sobre Empleo Público (Excepto Cesantía o Exoneraciones) - Genérico c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, contra la sentencia de la Cámara que confirmó la condena al pago de diferencias salariales a favor de la parte actora, y modificó los términos en los cuales la primera instancia ordenó su inclusión en el régimen de distribución de honorarios de la Procuración General de la Ciudad. Ello así, toda vez que no logra poner en crisis los fundamentos por los cuales la alzada denegó su recurso de inconstitucionalidad: ausencia de caso constitucional y de sentencia arbitraria. En efecto, dilucidar si corresponde incluir a la actora en el régimen de distribución de honorarios remite, indefectiblemente, al análisis de la valoración de los hechos y la prueba, así como a la revisión de la interpretación asignada a la normativa infra-constitucional que los magistrados juzgaron aplicable al caso (leyes N° 1218 y N° 5134; ordenanza N° 42924 y decreto N° 2147/84 y sus modificatorios, resolución N° 285/2017). Es sabido que ese examen resulta extraño -como principio- a esta instancia extraordinaria, ya que no importa desentrañar la inteligencia de cláusula constitucional alguna (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Protección de consumidores y usuarios, responsabilidad solidaria, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Almeida, Iván Igor c/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ ordinario (civil) (Conex."Almeida Ivan Igor C/ LG Electronics Argentina S.A. y otro s/ diligencias preliminares")
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-06

La formación de una red solidaria como la prevista por el art. 40 del régimen consumeril, es quizá lo más importante que los usuarios y consumidores han obtenido con el dictado de la Ley 24.999 y sus modificatorias, en donde todos los eslabones que intervienen en la cadena de comercialización que con su actividad en cualquiera de sus etapas hacen que el producto llegue a manos del consumidor y, que por otra parte, lucran con su tarea, sean solidariamente responsables ante el usuario por los vicios o defectos del producto.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: CIVIL
Carátula: BARCALA, Raúl Oscar c/ NOVELLINO, Gualberto José s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

Como forma de aplicación del principio de la "perpetuatio jurisdiccionis", cada vez que un nuevo proceso es consecuencia de otro precedente, o el posterior tiende a modificar o dejar sin efecto lo resuelto en otro anterior, debe mantenerse la competencia del órgano que previno, sin que quepa entender de consentimiento tácito, habida cuenta del carácter de orden público, no disponible, de la materia examinada (conf. expte. n° 40.863 resuelto por el Tribunal de Superintendencia del 18 de junio de 1992).
Violación, corrupción, abuso deshonesto, lesiones leves, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: ARAYA, JORGE. s/ VIOLACION.  CORRUPCION.  ABUSO  DESHONESTO.  LESIONES LEVES. CONCURSO  IDEAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

El Delito quedó solamente en violación, debiéndose por ende descartar la corrupción y el abuso deshonesto.
Accidente de tránsito, ciclista
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DïAgustini, Oscar c/ Rivella, Zulma s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Dado que la bicicleta es un vehículo de traslación (art. 5 ley 5800, y 10 ley 11430) no cabe hacer distingo alguno respecto de la probabilidad potencial de resultar objeto generador de riesgo, por más que evidencie una estructura muy inferior a otros medios, pueda eventualmente desarrollar una velocidad menor, y primigeniamente su porte sea de menor tenor agresivo.

De tal manera, resulta aplicable la responsabilidad objetiva que resulta del art. 1113 del Cód. Civil).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, aplicación de la ley, acordadas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Ramírez, Jorge y otros c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Es aplicable la Acordada 28/91 que ya regía cuando se efectuó el depósito previo.
Ius cogens, prescripción, delitos contra la humanidad, principio de legalidad
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Videla, Jorge Rafael y Otros s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-22

Es improcedente el argumento referente a que al tiempo en que habrían ocurrido los hechos por el que se condenó a los encartados por delitos de lesa humanidad, los crímenes de tal entidad no formaran parte del derecho internacional o no fueran receptados por el ordenamiento jurídico doméstico y que sus consecuencias tales como la imprescriptibilidad no tuvieran plena vigencia, pues más allá del distinto nivel de positivización de sus normas respecto del alcanzado hoy en día, en la comunidad internacional o en el ámbito penal nacional, el Estatuto de Roma tan solo reconoció una norma que se encontraba vigente (ius cogens) en función del derecho internacional público de origen consuetudinario.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, juicio de desalojo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Galdeano Alvarado, Liliana Rita  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

La demanda de desalojo constituye una acción de contenido patrimonial, por lo que debe considerársela comprendida entre las mencionadas por la LCQ 21, primer párrafo, que dispone su radicación ante el juez del concurso, habida cuenta que no se halla prevista su exclusión entre las excepciones sindicadas en esa norma (CSJN in re "Peirano, Miguel Ángel y otros c/ Fragueda, Gladis Teresa y otros s/ desalojo por falta de pago", del 07/10/14; CNCom, Sala D in re "Casconi, Alicia Carlonina c/ Veragros SA y otros s/ ordinario", del 03/11/15).
Recurso contencioso administrativo, Poder Legislativo, funcionarios legislativos, traslado, lugar de trabajo, residencia habitual
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: CATALA, RONALDO RAMON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ MEDIDA CAUTELAR. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CSJ EXPTE N.   932-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-02-26

Habiendo solicitado el recurrente cautelar innovativa tendiente a la suspensión de los efectos del acto emanado de la Presidencia de la Cámara de Diputados por el cual se establece que debe prestar servicios en la ciudad de Santa Fe, siendo que lo venía haciendo en la Delegación Rosario de la Cámara referida; resulta verosímil la ilegitimidad del traslado impugnado, pues, en un análisis propio de esta instancia cautelar, puede afirmarse que el actor estaría sometido al régimen de la ley 10023 y que su asiento habitual de trabajo y su lugar de residencia habría sido, al tiempo en que la Resolución impugnada fue dictada, la ciudad de Rosario.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARDOZO DE KJAR MABEL GRACIELA c/ ERNESTO LEOBATO PUTIGNANO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-08-16

Una cosa puede ser sana y no riesgosa en sí misma, a pesar de ello y por su relativa autonomía puede provocar perjuicios que con la simple vigilancia o precaución en su uso hubiese podido evitar, o aún reducir al mínimo el daño, de fácil o inmediata reparación.-
Sociedades comerciales, socios, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, revocación del mandato, intervención judicial
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Shinya, Nicolás Augusto Germán c/ Espacio 53 SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-25

Resulta improcedente otorgar validez al mandato revocado del letrado apoderado de la sociedad accionada. Ello por cuanto la decisión adoptada por el interventor de la sociedad de revocar dicho poder fue adoptada en ejercicio de las funciones que la ley le asigna, mientras los miembros del directorio habían sido desplazados de su cargo. En ese contexto y no obstante el hecho de que aquella intervención hubiera cesado, no autoriza per se a soslayar las decisiones adoptadas por aquel y a retrotraer las cosas a su estado anterior para otorgar validez a un mandato que fue revocado. Por el contrario dado que la intervención ha cesado, corresponde a los órganos naturales de la sociedad decidir sobre la conveniencia o no de ratificar aquel poder, o en su caso, otorgar uno nuevo.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, sentencia absolutoria, delitos contra el honor, dolo, culpabilidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Kimel, Eduardo G. y Singerman, Jacobo s/ art. 109 C. P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Es arbitrario el pronunciamiento que, omitiendo tener en cuenta las características especiales del elemento subjetivo doloso en los delitos contra el honor, consideró a la condición de lego como una causal de inculpabilidad.
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, deberes del juez, principio de congruencia, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: Civale, Vicente Alberto y otros c/ E.N.T.E.L. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-12

Es deber del juzgador el examen de la legitimación substancial del demandante para establecer si le asiste el derecho al reconocimiento solicitado, ya que de otra suerte se lesionaría el principio de congruencia. Este significa que en caso de admitirse la pretensión, pese a no surgir de autos que quien la persigue sea titular del derecho de hacerlo, se consumaría un enriquecimiento indebido en detrimento del patrimonio del demandado.