Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-22


SENTENCIA DEFINITIVA N° 63989 SALA VI Expediente Nro.: 23.856/2010 (Juzg. N° 50) AUTOS: "BARTOLI RUBEN NORBERTO C/ PROSEGUR S.A. Y OTRO S/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL".

Buenos Aires, 22 de	MAYO	de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Llegan los autos a esta alzada con motivo de los agravios que, contra la sentencia definitiva de primera instancia de fs. 97/100, interpusiera la parte actora a tenor de los memoriales obrantes a fs. 103/105vta. y que merecieron réplica de la contraria a fs. 115/117.

Motivó el agravio de la parte actora el rechazó "in limine" de la demanda dispuesto por la magistrada "a quo" con fundamento en la improcedencia de la vía escogida -acción del derecho común- para la reparación de un accidente "in itinere".

Adelanto que las manifestaciones efectuadas por el apelante en el escrito recursivo logran modificar la decisión de la sentenciante de grado.

Para así decidir, corresponde señalar que Rubén Norberto Bartoli alegó en el escrito inicial que el 8/6/2009 regresaba de su trabajo por el camino que siempre realizaba y al llegar a la estación Constitución sufre una caída que le ocasionó un fuerte traumatismo de rodilla izquierda, lo que motivó la atención médica y posterior intervención quirúrgica el 20/7/2009. Señaló que, pese a la incapacidad que presenta, se le otorgó el alta médica en la fecha consignada. El fundamento jurídico del presente reclamo fue sustentado en las normas del Código Civil -arts.1.109, 1.113 y 1.078 C., solicitando a su vez, la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 y conc. 28, 39, 40, 46 y 49 de la ley 24.557, y manifestando expresamente la inconstitucionalidad de la reparación fundada en dicha normativa (cfr. fs.6/17vta.) "Prosegur S.A.", por su parte, reconoce la relación de dependencia invocada, su fecha de inicio, las tareas realizadas y el siniestro denunciado, pero niega que el mismo pueda ser resarcido bajo el amparo de la normativa civil en tanto se trata de un "in itinere" que solo son resarcibles dentro de la ley 24.557. Y "Mapfre Argentina ART S.A." reconoce la vigencia del contrato de afiliación con la empleadora al momento del siniestro denunciado, aunque niega que el mismo cubra las pretensiones reclamadas y, en consecuencia, opone excepción de falta de legitimación.

En vista de que como quedara trabada la litis, la magistrada "a quo" a fs. 95/96 decidió declarar innecesaria la producción de la prueba ofrecida por las partes para posteriormente rechazar la demanda con fundamento en el art. 337 del C.P.C.C.N., por cuanto las consecuencias derivadas del invocado infortunio en el trayecto al trabajo no constituyen un supuesto de responsabilidad que pueda ser resarcido cuando se acciona bajo la égida del derecho común (ver fs. 97/100). Las partes plantearon revocatoria contra la decisión de fs. 95/96 y apelaron en subsidio, siendo esta última concedida en términos del art. 110 de la L.O. y mantenida en esta instancia por la parte actora.

En primer lugar, creo oportuno dejar sentado que si bien en oportunidad de expedirme en casos con aristas similares sostuve que resulta de aplicación el art. 337 del C.P.C.C.N. en cuanto a la inadmisibilidad liminar de la demanda cuando la vía de acción escogida para la reparación de un accidente "in itinere" sea la integral con fundamento en el derecho común (conf. SD n° 63279 del 28/9/2011, autos: "ROMERO JUAN PABLO C/ MAPFRE ACONCAGUA ART. S.A. S/ ACCIDENTE ACCION - CIVIL", expediente nº 45.329/2010); creo necesario efectuar un nuevo análisis de la cuestión.

Al respecto, la primera ley nacional dictada en materia de accidentes de trabajo n° 9688 de 1915, estableció que son accidentes de trabajo ".los ocurridos a sus empleados u obreros, durante el tiempo de prestación de los servicios, con motivo y en ejercicio de la ocupación en que se los emplea, o por caso fortuito o fuerza mayor inherente al trabajo". Concepto que, posteriormente, a través de la ley 12.631 fue modificado en el sentido de reemplazar la expresión "con motivo o en ejercicio de la función en que se emplea" por "el hecho o en ocasión del trabajo". Interpretando esta última expresión la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo en pleno dijo que "constituyen accidentes de trabajo indemnizables, conforme con el art. 1ro de la ley 9688, los denominados in itinere, o sea, los que puede sufrir el obrero en el trayecto del lugar de prestación de sus tareas hasta su domicilio o viceversa" (ver Plenario n° 21 del 9/11/1953, "GUARDIA, ROGELIO DEMETRIO C/LA INMOBILIARIA CIA. DE SEGUROS"). Téngase en cuenta que hasta entonces el trabajador que sufría un daño en relación con el trabajo, poseía tres acciones: 1) Una acción contractual que nacía del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y que podía ejercerse autónomamente o en subsidio de las que derivan de un ilícito extracontractual (arts. 1109 y 1113, C.C.). 2) Las acciones que contemplaban los artículos 1109 y 1113 del Código Civil, basadas en ilícitos que no son delitos del derecho penal. 3) La acción especial y excluyente que da origen a una indemnización tarifada.

Esta doctrina se mantuvo en las sucesivas reformas y nuevas leyes dictadas en la materia, hasta la ley 24.557 que incluyó dentro del concepto de accidente de trabajo al denominado "in itinere" art. 6°: "Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo". Así, estableció y limitó su resarcimiento a la ley especial que exime a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a los trabajadores y a los derechoabientes de éstos, con la sola excepción de la derivada del artículo 1072 del Código Civil.

La sucesión acontecida me lleva a concluir que la reparación de los accidentes "in itinere" en los casos en que se invoca el respaldo de la ley civil es una cuestión opinable, pues el art. 19 de la C.N. obliga a la reparación integral del daño correspondiendo determinar la concurrencia de los presupuestos que permiten atribuir la responsabilidad del sujeto que lo produjo, y estas podrían quedar comprendidas en el riesgo del emprendimiento considerado con amplitud. También es debatible el carácter que se le puede otorgar a las prestaciones dinerarias previstas en el régimen de la Ley 24557, que de considerarse irrenunciable por ser parte del orden público, en los términos del art.12 de la LCT, 14 bis de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales a ella incorporados, podrían merecer su otorgamiento.

En esta inteligencia, no cabe acudir a un remedio propio de desajuste formal tal como el que regula el art. 337 del C.P.C.C.N. Téngase en cuenta que el rechazo in limine de la pretensión antes de completarse todas las etapas del proceso es una institución aplicable en casos extremos que debe ser siempre utilizado en forma excepcional.

En este orden de ideas, dada la naturaleza de las cuestiones controvertidas, las particularidades del derecho protegido y las eventualidades anteriormente señaladas, se advierte la necesidad de la producción de las pruebas de que intentan valerse las partes -que podrán ser pertinentes o no- ya que, en definitiva, el planteo como el que nos ocupa está referido a la interpretación del derecho, que es propio de cada juzgador.

Por ello y en aras de preservar el derecho de defensa, considero que es improcedente el rechazo "in limine" de la demanda por improponibilidad objetiva si la confrontación de la causa probandi con el derecho positivo no surge en forma manifiesta, pues la facultad señalada debe ser aplicada con criterio restrictivo, máxime cuando el rechazo es producto de la interpretación del derecho efectuada por el juzgador en la materia que resulta opinable.

En consecuencia, corresponde revocar lo decidido en primera instancia y hacer lugar a la queja interpuesta por la parte actora, con costas de alzada en el orden causado (art. 68 y 71 del C.P.C.C.N.). Atento a que la magistrada de grado adelantó opinión al resolver la cuestión de fondo el 12 de julio de 2011, vuelvan los autos al juzgado que sigue en orden de turno para que continúe el correspondiente trámite del expediente.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: I. Revocar lo decidido en primera instancia y dejar sin efecto el rechazo "in limine" dispuesto. II. Imponer las costas de alzada en el orden causado. III. Vuelvan los autos al juzgado que sigue en orden de turno para que continúe el correspondiente trámite del expediente. IV. Regístrese, notifíquese y vuelvan a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y vuelvan	JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MADRID	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA