marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: N.N. s/ Querella por calumnias e injurias
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que contiene una mera relación de antecedentes de la causa, sin entrar propiamente a la impugnación del fallo de segunda instancia, dejando sin atacar argumentaciones esenciales de la sentencia y sin denunciar como quebrantadas las normas legales en que sustentan incumpliendo así la carga que le impone el art. 346 (n.a.) del C.P.P..
Régimen jubilatorio provincial, régimen jubilatorio municipal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: González, José Ceferino s/ Recurso de Apelación c- Resolución nº 2537-96 I.S.S. y S.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-12

Nada obstaría a que por vía de Ordenanza, el Municipio instituyese un sistema de previsión y seguridad para sus propios empleados, en la forma, condiciones y con los recursos que estimare convenientes. Mas ello no ha ocurrido por tanto toda afectación, modificación, o excepción a estas normas previsionales provinciales, deben surgir de la ley, sin que a ella puedan alcanzar las potestades municipales, a salvo las que la misma ley admita, especialmente en su carácter de empleadores en el sistema.
Juicio de árbitros, honorarios del árbitro, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Las leyes arancelarias de abogados y procuradores no son aplicables a quienes - más allá del título profesional que ostenten - han intervenido como árbitros en un proceso arbitral.
Compraventa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gorjón, Carlos c/ Rouan, Santiago s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Concurriendo los requisitos exigidos para morigerar la desactualización del saldo del precio -a) la existencia de un hecho extraordinario e imprevisible entre la fecha del contrato y la época en que el precio o saldo debe ser percibido; b) que haya alterado en tal forma el equilibrio contractual como para que el vendedor sufra un perjuicio anormal y excesivo, y el comprador obtenga un lucro también excesivo; c) que exista abuso del derecho del comprador al pretender pagarlo a su valor nominal con moneda depreciada (en realidad, los compradores, en el juicio, ni siquiera reconocen que deben pagar saldo alguno); d) que el cumplimiento estricto del contrato aparezca como gravemente inicuo, de modo tal que la regla moral queda notoriamente contrariada- corresponde reajustar el saldo del precio de manera prudente y moderada, en la extensión necesaria para satisfacer los principios de moral y de equidad, que de otra forma se verían irremediablemente quebrantados (arts. 953, 1071 y 1198 parte 1a.,Cód.Civil).-
Accidente de tránsito, vehículo detenido, prueba, inversión de la carga de la prueba, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: ENRIQUE, Victorio Manuel c/ ALTAMIRANO HALLE, Néstor Claudio s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-12

En caso de resultar acreditado que el automotor dañado estaba estacionado cuando recibió el impacto, es de aplicación la directiva del segundo párrafo del art. 1113 del C. Civil, quedando consagrada la inversión de la carga de la prueba en favor del damnificado, quien sólo debe demostrar el contacto con la cosa.
Competencia, daños y perjuicios, citación en garantía
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREYRA, Julio C. c/ DE FRANCISCO, Daniel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-07

Cuando se cita en garantía al asegurador, resulta facultativo para el damnificado interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho, o del domicilio del demandado o de la casa matriz de la compañía aseguradora, como así también en cualquier agencia o sucursal de ella, pues el art. 118 de la ley 17.418 no hace distinción entre el domicilio central, agencia o sucursal.-
Comité de Derechos Humanos, creencias religiosas, objeción de conciencia, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Derechos Humanos - Yeo-Bum Yoon y Myung-Jin Choi Vs. República de Corea - Objeción de conciencia e interés público de seguridad nacional - Limitaciones permitidas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2006-11-03

Conforme reiterada jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, objetar el servicio militar por razones de conciencia, representa una forma de manifestación de la conciencia, sea fe religiosa u otro tipo de creencia, expresamente protegida por el artículo 18 del Pacto Internacional.
Contrato de trabajo, actividades laborales, aplicación de la ley laboral, crédito laboral, principios laborales, ley de contrato de trabajo, recurso de apelación (procesal), oportunidad procesal, reincidencia, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: ALIMENTOS de ARGENTINA, ALIMAR S.A c/ SECRETARÍA de TRABAJO y PREVISIÓN SOCIAL s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-09

Cuando lo apelado es el presunto vencimiento del plazo para resolver, resulta por analogía el principio ínsito en el art. 167 CPCC, de la validez de toda resolución judicial el vencimiento de cuyo plazo no haya sido hecho notar con anterioridad al resultado: "No corresponde la nulidad de la sentencia si el pedido se formuló después de haber tenido conocimiento de la ya pronunciada" (Colombo, Cód. Proc. Civil y Com. de la Nación, Anot. y Conc., Abeledo Perrot, 1975, T. I, 306).
Recurso de inconstitucionalidad, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: FAGIANI, DANIEL FERNANDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Teniendo en cuenta las particulares circunstancias de la causa y que, en definitiva, la cuestión se resuelve por argumentos aportados por el Tribunal, las costas deberán imponerse por su orden( DEL VOTO DEL DR. ERBETTA) .
Prescripción adquisitiva, intervención de terceros
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MORALES, RAMONA MERCEDES Y MORALES, TERESA CANDIDA c/ BARBERAN, CARLOS ALEJANDRO; BARBERAN DE DURAN, MARIA LUISA Y BARBERAN DE ZULIANI, MARIA NYDIA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O TITULAR s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-05

En el sub judice la decisión que se impugna, confirmatoria de la de primera instancia, que dejó sin efecto la citación de terceros con sustento en que la prescripción adquisitiva debe tramitarse contra las personas a cuyo nombre figura inscripto el inmueble, carece en su aspecto sustancial del aludido requisito, ya que de modo alguno pone fin al litigio o dirime la cuestión en forma final.
Jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional, facultades del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Di Mascio, Juan Roque s/ Interpone recurso de revisión en expediente Nx 40.779
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

La custodia del principio contenido en el art. 31 de la Constitución Nacional se encuentra depositada en todos los jueces;

empero, atento a que la Corte es, por la Ley fundamental, suprema en tal cometido, y que éste es llevado a cabo bajo el mandato directo de esa Ley y de las normas federales que reglamentan la sumisión al art. 31, se concluye en que la extensión con que la Corte realiza dicho control configura un marco ejemplar respecto de la magistratura argentina toda.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bengolea, Carlos Alberto c/ SOMISA s/ Fijación y cobro de honorarios por trabajos extrajudiciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-28

La resolución que declara la extemporaneidad de la presentación del escrito de expresión de agravios en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, tiene efectos de definitiva, aunque no es de aquéllas respecto de las cuales se exija la formalidad del acuerdo y voto individual de sus jueces.
Procedencia del recurso, extinción de la acción penal, prescripción, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: PLASTIPASN SCA c/  s/ recurso de casación  (Registro N° 292/17)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-20

Corresponde casar el pronunciamiento que -al declarar extinguida la acción penal por prescripción, conforme el art. 62 inc. 3° CP- sobreseyó a la firma imputada, pues el delito previsto en el art. 865, inc. a, CA, establece una pena de prisión de cuatro a diez años, frente a lo cual se agregan las sanciones establecidas por los diversos incisos del art. 876 CA, que resultan ser accesorias a la principal, por lo cual el plazo que se debe tomar en cuenta para determinar la prescripción de la acción penal, conforme lo determina el art. 62 inc. 2 CP, es de diez años, por tratarse de la pena más grave prevista por el delito imputado.
Contratos, compraventa de automotores, círculo cerrado, entrega del bien, mora, responsabilidad solidaria, responsabilidad de la administradora del plan, responsabilidad del fabricante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lopez Pellegrino, Carlos Abel c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada fabricante del vehículo, determinándose que esta última y la administradora resultan solidariamente responsables ante el suscriptor por el eventual incumplimiento del contrato de plan de ahorro, ello sin perjuicio de las eventuales acciones de repetición que pudieran corresponder entre aquéllas.
Trabajadores de la construcción, estabilidad laboral, incapacidad laboral, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, SILVESTRE VITALICIO c/ RIVA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-10

La indemnización prevista en el artículo 212 Ley de Contrato de Trabajo, no es compatible con el régimen de la ley 22250, la que además de no otorgar estabilidad a los trabajadores de la construcción en su artículo 35 excluye la aplicación de la ley de contrato de trabajo en cuanto se refieran a aspectos de la relación laboral contempladas en ellas, autorizándolas solo en lo que 'resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades de este régimen jurídico específico'.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Florentín, Juan Enrique c/ Canton, Alberto Esteban y otro s/ Incumplimiento de contrato de locación de obra. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El perito, aun cuando cuente con la no observación de las partes, es un auxiliar del juez quedando intacto el poder de convicción de éste a través de otras pruebas y del ejercicio de la sana crítica.
Aplicación errónea de la ley, tratamiento de las adicciones, medidas de seguridad, estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: ZAPPIA, Fernando Martín c/  s/ Sustitución de pena
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-15

Se ha hecho una errónea aplicación al caso del art. 17 de la ley 23.737 al disponer la sustitución de una pena de efectivo cumplimiento, por un tratamiento destinado a superar su adicción a las drogas y el alcohol, porque tal disposición se refiere solamente a los supuestos de delitos del art. 14, segundo párrafo, de esa ley. Si se tratase del condenado por otros delitos -como en el caso en el que se reprochó los delitos previstos en los arts. 164 y 166, inc. 2º, del Código Penal en grado de tentativa-, y éste dependiere física o psíquicamente de estupefacientes, el juez o tribunal pueden imponer una medida de seguridad curativa junto con la pena que corresponda al delito pero no en sustitución de ésta, según el art. 16 de aquella ley. En consecuencia, resulta inadmisible la aplicación in bonam partem de la ley que alegó el tribunal a quo por tratarse de un caso no previsto, porque ese argumento conduciría a que los jueces nunca estarían atados a la ley aplicable al caso, sino que la aplicarían o no según su propio criterio (voto del juez García)
Sindicatos, trabajadores marítimos, representación sindical, representación individual
Materia: LABORAL
Carátula: IGLESIAS, EULOGIO c/ LA NAVIERA SA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-28

El art. 22 del dec.reg. 467/88 prescribe que para que téngase la representación de "intereses individuales" de los trabajadores por la Asociación Gremial correspondiente (art. 31 inc. a de la ley 23551) es menester que la asociación sindical -en el caso concreto el SOMU- acredite el consentimiento por escrito para el ejercicio de la tutela o representación. Tal requisito no se acreditó en el acta del 13.2.91 y ese defecto de representación en la defensa del interés individual cierto y concreto del actor frente a la demandada no se suple por la homologación administrativa de dicha acta, ni ésta puede trascender lo dispuesto por el art. 7 de la ley 14250 y art. 15 LCT, habida cuenta de la indispensable actuación de la voluntad del trabajador titular del crédito salarial por sí mismo o su representante investido al efecto por escrito para celebrar un negocio conciliatorio o liberatorio. (Del voto del Dr. Morell, en mayoría).
Empleados públicos, sumario administrativo, instrucción, plazos administrativos, plazo ordenatorio, plazo perentorio, interpretación de la ley, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Castelli, Graciela Miriam c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 67 año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-11-26

No cabe hacer lugar al planteo de nulidad formulado por la actora en torno del procedimiento administrativo que culminó con la sanción expulsiva, por extenderse por un lapso superior a los noventa y ocho días hábiles, plazo al que arriba mediante la sumatoria de: cuarent a y cinco días para la instrucción del sumario (art. 69, primer párrafo, ley 8525), diez de vista al imputado (art. 69, segundo párrafo), quince para la producción de la prueba ofrecida por el agente (art. 70, segundo párrafo), cinco para que el instructor redacte las conclusiones (art. 71, primer párrafo), nueva vista por cinco días al imputado para formular su defensa (art. 71 in fine), tres días para el dictamen de la Asesoría Jurídica (art. 72), y quince días para emitir resolución por la autoridad competente (art. 74). Ello por cuanto dichos plazos, a excepción de los previstos para contestar las vistas a que refieren los artículos 69 y 71, son meramente ordenatorios, conforme surge del artículo 75 -según el cual "los plazos establecidos en esta sección se cuentan por días hábiles administrativos y son improrrogables. Los términos dispuestos en los artículos 69 y 71 son perentorios."- Y ni de las disposiciones citadas, ni de ninguna otra del régimen aplicable, surge que el transcurso de esos plazos acarree la automática nulidad de las actuaciones y, por ende, la del acto final. En este sentido, además, no puede soslayarse que el Código Procesal Penal de la Provincia -cuya supletoria aplicación ordena el artículo 60 de la ley- adopta, como regla, el sistema taxativo y expreso de sanciones procesales (artículo 161), siendo las disposiciones en esta materia, además, de interpretación restrictiva (artículo 7).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, juicio de desalojo, empleados públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Tucumán,  Provincia  de c/ Monasterio,  Ramón Gerardo y otro s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema el juicio de desalojo que es una consecuencia de la extinción de la relación entre la provincia y el demandado, en su condición de ex empleado público, lo que revela que la relación jurídica de que se trata está sometida al derecho local e importa el examen de normas y actos provinciales que deben ser interpretados en su espíritu y en los efectos que la soberanía local ha querido darles.
Direcciones provinciales de trabajo, declaración de insalubridad, jubilación por trabajo insalubre
Materia: LABORAL
Carátula: ESCALERA, ORLANDO Y OTROS c/ ACEROS ZAPLA S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-28

La declaración de la Dirección Provincial de Trabajo de la Provincia de Jujuy mediante Resolución N° 161/2001 en el sentido de que una tarea es penosa, riesgosa y/o determinante de vejez o agotamiento prematuro, dirigida a regir el ámbito previsional en los términos del decreto 4.257/68, no se aplica como declaración de insalubridad en el marco del artículo 200 L.C.T.".
Queja por casación denegada, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Viegas Costa, Albino y Otro s-Determinación de Valor Locativo - Cobro de Alquileres c/ Broglia Delmira y Otro s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-11-11

...las decisiones que acogen o desestiman embargos preventivos y los autos que las confirman, no revisten el carácter de sentencias definitivas a los efectos del recurso de casación, no obstante ello, "cabe admitir esta regla cuando con el levantamiento de la medida precautoria se produzca un agravio de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior lo que no ocurre en el sub-examine toda vez que el quejoso no demostró objetivamente el peligro de lesión o frustración de su derecho".
Concejales, intendente, suplencia de cargos electivos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Capellán, Guillermo c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Libertador General San Martín s/ Acción de Amparo  (L.A. Nº 44, Fº 509/513, Nº 203) Municipalidad de Libertador General San Martín s/ Acción de Amparo  (L.A. Nº 44, Fº 509/513, Nº 203)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-08-18

Si el concejal titular ha sido llamado a desempeñarse como intendente municipal en su condición de Presidente del Concejo Deliberante y por aplicación de una disposición expresa de la ley en sentido lato, de tal suerte que, al asumir ese cargo por imperio de la norma y no voluntariamente, no tiene porque alterarse la duración de su mandato popular cuya extensión también deviene de la ley. En ese caso el concejal suplente reemplaza al titular transitoriamente, hasta que este pueda reintegrarse al cargo, momento en el cual retorna a su condición de suplente y ambos, continúan desempeñándose como tales - titular y suplente - hasta la expiración de sus respectivos mandatos.-
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arroyo, Marta Susana c/ Fresco, Pablo s/ Exhorto Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Dabel, Oscar Valsecchi SAIC s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30|2002-12-17

Aparte del monto del juicio, existe un conjunto de pautas generales -naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido, mérito de la labor, calidad, eficacia y extensión del trabajo, escalas, mínimas, etc.- que constituya la guía pertinente para llegar a una retribución justa y razonable, de modo que la validez constitucional de las regulaciones no depende exclusivamente de dicho monto o de las escalas pertinentes. De ahí, que los jueces al efectuar la regulación de honorarios del abogado, dentro del amplio margen de discrecionalidad para la ponderación de los distintos factores que influyen en la estimación judicial, deben valorar, fundamentalmente, la importancia, el mérito, la trascendencia y la eficacia de los trabajos profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MOLINA F.N s/ QUIEBRA PROPIA - REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-08

El derecho a la inembargabilidad de la vivienda única sólo puede ejercitarse en el marco de los actuales regímenes legales el que no es otro que el de la ley provincial 6074 regulatorio de la constitución del bien de familia, instituto de raigambre nacional (14394).

La defensa de la inembargabilidad de la vivienda única - en lo inmediato y hasta tanto se reglamente de manera especial -lo es mediante la instrumentalización del bien de familia.
Seguro de responsabilidad civil, tercero damnificado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pinelli Nicolas y O. c/ Aquilanti Luis s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Si el asegurador debe la garantía de indemnidad queda obligado por ella frente al asegurado en los términos del contrato y concurrentemente ante el damnificado,ya que pagando directamente a éste la indemnización que le es debida, es el modo de hacer efectiva la reparación que la ley dispone (ley 17418 arts. 108, 115, 118).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, honorarios del abogado, ejecución previsional, Fondo Nacional de Reserva de Jubilaciones y Pensiones
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Abbate, Carmelo c/ Instituto Nacional de Previsión Social. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó la pretensión del apoderado de la actora tendiente a que los honorarios regulados a su favor en la ejecución previsional fueran satisfechos en efectivo con el fondo de reserva del art. 2, inc. c), de la ley 23.489.
Enfermedad accidente, concausa, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barrionuevo, Rosendo Bartolomé c/ Comarco SACIFeI s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-07-03

Si bien se encuentra probado el nexo causal entre la enfermedad y el accidente de trabajo, la dolencia es imputable tanto al esfuerzo -accidente sufrido en el trabajo- como a la disposición previa del trabajador, debiendo el empleador indemnizar solamente la incidencia tenida en la enfermedad por los factores causales atribuibles al trabajo, razón por la cual, de la incapacidad del 33,6% que surge de la pericial, y conforme a los elementos de convicción contenidos en la causa, el prudente arbitrio judicial y las pautas de equidad, es atribuible a los factores laborales una incidencia del 70% en la incapacidad, quedando el 30% restante como producto del estado de salud previa del actor.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sorchilli, Roberto H. c/ Concejo Deliberante de San Antonio de Areco s/ Conflicto art. 196 Const. Prov.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

La suspensión preventiva reglada en el decreto ley 6769/58 no es una sanción sino una disposición de naturaleza cautelar, siendo facultad del Concejo Deliberante la ponderación de la gravedad de la transgresión imputada y que justifica su adopción, en cuyo cometido la Corte -salvo el caso de absurdo manifiesto- no puede sustituirlo.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)