Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Septiembre de dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer en los recursos de apelación judicial interpuestos a fs. 473, 477 contra las sentencia de fs. 467/472 de fecha 30 de junio de 2004 dictada en los autos "CENTRAL PUERTO S.A. contra G.C.B.A sobre REPETICIÓN (ART. 457 CCAYT)" Expediente Nº EXP 3848, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores Esteban Centanaro, Carlos F. Balbín y Horacio A. G. Corti. A la cuestión planteada el Dr. Esteban Centanaro dijo: I - A fs. 192/201 Central Puerto S.A., promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el fuero Civil por repetición de la suma de $ 4.715.283,31, con más sus intereses hasta la fecha del efectivo pago, en concepto de contribuciones por Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Limpieza de Sumideros, de Pavimentos y Aceras y Contribución Territorial y contribución ley 23.514 abonados a partir del 1º de abril de 1992, con relación a los inmuebles Nuevo Puerto (partida Nº 457.286) y Puerto Nuevo (partida Nº 457.287) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de su efectivo pago. Agrega un detalle de la suma cuya repetición reclama pero que comienza a partir del año 1994 hasta el año 1998 inclusive. Asimismo, solicita se declare que se encuentra expresamente exenta de pagar tales contribuciones por todos los períodos fiscales corridos hasta el momento del dictado de la sentencia de primera instancia y se proceda a incluir en el monto de la repetición los montos que sean pagados hasta el dictado de las sentencia de primera instancia. Agrega que inició expedientes Nº 41.206/94 Y 37.106/95 ante la Municipalidad, hoy GCBA, y reclamó especialmente que se declare exenta del pago de tales tributos, habiéndose rechazado tal reclamo en el primero mencionado, no expidiéndose el Intendente Municipal en el recurso jerárquico presentado y por tal motivo, entiende que se encuentra habilitada la instancia. Manifiesta que por Resolución Nº 64.792 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públic os se llamó a concurso público nacional e internacional para la privatización de las centrales Puerto Nuevo y Nuevo Puerto de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A., que fueron adjudicadas a la actora por Decreto Nº 504/92, habiéndose tomado posesión de los inmuebles el 1º de abril de 1992. Agregan que se le concedió el uso de los inmuebles, ubicados dentro de la zona Puerto Nuevo de la Ciudad Autónoma por el término de 20 años y que esos inmuebles pasaron con posterioridad a ser propiedad de la actora al adquirirlos al Estado Nacional Argentino el 7/09/93. Sobre la base del art. 12 de la ley 15.336, asegura que deviene manifiestamente improcedente la pretensión de cobro del tributo por parte de la demandada, ya que las obras e instalaciones en los inmuebles en cuestión están destinadas a la generación de energía eléctrica de jurisdicción nacional. Agrega que el acto de la Dirección General de Rentas que rechaza sus pretensiones resulta arbitrario pues la interpretación que hace de la norma no se aju sta a la letra de la ley. Dice expresamente el art. 12 de la ley: "Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprenden en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local." La DGR sostiene, en cambio, que " ... el concepto de obras ... se refiere a todo aquello relacionado con la construcción de aquellos bienes inmuebles que posteriormente serán afectados a la generación, transformación y transmisión de fluido eléctrico, faz dinámica, ... quedando excluida la faz estática, es decir, la que adquiere virtualidad a partir de la conclusión de las prealudidas tareas, que sí podría ser objeto de imposición." Dice la actora que si el legislador se refirió a las "obras e instalaciones" es porque el obj etivo perseguido por la norma es evitar que los tributos de orden local obstaculicen, restrinjan o dificulten la aplicación y circulación de energía. Agrega además que la Administración General de Puertos -Sociedad en Liquidación- es la que tiene a su cargo la prestación de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento de pavimentos y aceras, entre otros. Dicha prestación es cumplida a través de sus contratistas. A fin de corroborar lo expuesto, adjuntaron como prueba instrumental las boletas que evidencian los pagos efectuados por la actora a las contratistas en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1995. Es más, manifiestan que la falta de prestación de los servicios municipales en la zona del puerto Nuevo de la Ciudad de Buenos Aires motivó la necesidad de prever, en las disposiciones del pliego de licitación de las terminales portuarias, los continuadores de la AGP para la prestación de los servicios dentro del área portuaria, siendo los concesionarios de las terminales portuarias quienes tienen a su cargo las obligaciones de alumbrado, pavimentos y aceras, recolección de residuos y mantenimiento de sumideros. Hacen saber además que las centrales de generación de energía Puerto Nuevo y Nuevo Puerto se encuentran ubicadas fuera de la red de calles y avenidas de la ciudad cuyo mantenimiento, limpieza, alumbrado, etc., se encuentra a cargo del GCBA, y ello ha sido confirmado por el decreto 357/98. Finalmente, funda su derecho en las normas citadas y en la Ordenanza Fiscal Municipal (T.O. 1997) y la ley 23.548 de coparticipación federal. Ofrece prueba y hace reserva del caso federal. II. A fs. 233/237 la demandada se presenta, plantea excepción de incompetencia de la Justicia Nacional en lo Civil y solicita el archivo de las actuaciones. III. A fs. 240/272 la demandada contesta la demanda y acompaña documental haciendo reserva del caso federal. Luego de una negativa general y amplia y luego particular, niega que proceda la repetición reclamada por la actora como así también niega que la ac tora se encuentre exenta de pagar tales contribuciones por estar alcanzada por el art. 12 de la ley 15.336 como así también niega que dicha norma se relacione con esas contribuciones. Afirma que se trata de una contribución especial y por eso niega que el derecho del Gobierno a su percepción esté condicionado a que el servicio se preste al contribuyente en forma particular. Explica que el 30/05/94 la actora inició el expte. Nº 41.206/94 cuestionando administrativamente la fecha a partir de la cual se origina su obligación de pago. Aclara que esos inmuebles pertenecían al Estado Nacional, que gozaba de exención sólo respecto de la contribución territorial. Entiende que esa petición de la actora importa un reconocimiento de que ni los inmuebles ni la actora en forma subjetiva se hallan exentos de tributar las demás contribuciones. Además, manifiesta que la actora recién hace una serie de planteos tendientes a considerarse excluida de las distintas obligaciones tributarias exigibles en el ámbito local cuando pre sentó recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en el expediente administrativo. Agrega que ello motivó el dictamen de la Dirección de Impuestos Empadronados oportunamente compartido por la Dirección Técnico Tributaria. La actora rechazó el dictamen y solicitó la resolución del recurso, introduciendo otro nuevo planteo al solicitar una exención de la contribución territorial en virtud del art 12 de la ley 15.336. Hace saber la demandada que el recurso no podía ser acogido por no haberse deducido contra un acto administrativo concreto y firme, sino contra un dictamen. Asimismo, expresa que el 9/06/95 la actora pide la repetición de los impuestos abonados con sustento en el tema de fondo introducido tardíamente, dando origen al Expte. Nº 37.106/95, señalando que la pretensión judicial de repetición y exención se refiere a un período distinto, que abarca desde el año 1994 al año 1998 inclusive y se extiende a períodos posteriores hasta la sentencia de primera instancia. Destaca también la contradicci ón en que incurre la actora a lo largo de todo el juicio y que los pagos se realizaron sin protesto, salvo respecto de unas cuotas y sobre la valuación de los bienes, no sobre la obligación en sí. Esta conducta de la actora le impediría articular la repetición que intenta. Efectúa consideraciones jurídicas acerca de la improcedencia de la repetición e impugna la liquidación practicada en la demanda. Finalmente, destaca la potestad tributaria que tiene el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los inmuebles en cuestión, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y pide el rechazo de la demanda, con costas. IV. A fs. 275/285 la actora contesta traslado de la excepción de incompetencia interpuesto por la demandada, solicitando su rechazo. V. A fs. 286/287 contesta la vista conferida al Agente Fiscal de la excepción de incompetencia solicitando su rechazo, lo que así se resuelve a fs. 288 y vta., imponiéndose las costas a la accionada vencida. A fs. 291 la demandada apela la imposición de las costas, el cu al fue concedido en relación a fs. 295, fundado a fs. 296/301 y contestado a fs. 305/312. A fs. 316/318 la parte actora ofrece prueba y a fs. 321/322 obra la prueba ofrecida por la demandada. A fs. 330 tuvo lugar la audiencia prevista por el art. 360 CPCCN, recibiéndose a prueba las actuaciones; las medidas de prueba fueron producidas a fs. 331/389 y certificadas a fs. 403. A fs. 411/429 obra el alegato de la parte demandada y a fs. 431/438 el de la actora. A fs. 441 la Justicia Nacional en lo Civil resuelve declinar de oficio la competencia en razón de la materia y su remisión a la Justicia de este Fuero. VI. A fs. 467/472 el Juez a quo resuelve rechazar la demanda de repetición interpuesta por la actora, con costas a la vencida y regula los honorarios de letrados apoderados de la parte demandada en conjunto por la suma de $ 675.000 y tener presente para la instancia procesal oportuna, las apelaciones pendientes de resolución (costas del rechazo de la excepción de incompetencia impuestas a la demandada y cos tas también impuestas a la demandada por la declaración de negligencia en la producción de la prueba informativa dirigida a Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ver fs. 291 y 400 respectivamente) y diferir la regulación de honorarios en los incidentes habidos en autos a las resultas de dichas apelaciones. Para así decidir afirmó el a quo que la cuestión a resolver era la siguiente: a) Según la actora, las centrales de energía Puerto Nuevo y Nuevo Puerto no están ubicadas en la red de calles y avenidas de la Ciudad sino en la zona portuaria por lo que su mantenimiento, limpieza, alumbrado, etc., no se encuentran a cargo del Gobierno local y por lo tanto, no está facultado para cobrar las contribuciones respectivas; el Gobierno en cambio reivindica el dominio público de la Ciudad sobre la zona y afirma la jurisdicción concurrente del Estado local con el nacional, que otorga competencia a la Ciudad para reclamar los tributos en cuestión. b) Según la ac tora el art. 12 de la ley 15.336 prohibe gravar obras e instalaciones de generación de energía eléctrica de jurisdicción nacional; responde el Gobierno que ese texto legal no es de aplicación al caso pues las contribuciones no gravan instalaciones u obras, sino inmuebles y que no se perjudica la libre producción y circulación de la energía que se genera. c) La actora agrega que de todas formas el pago es improcedente ante la ausencia de servicios públicos prestados por la demandada pues quien tiene a su cargo de dichos servicios en la zona es la Administración General de Puertos; el Gobierno contesta que no hay ausencia de servicios y además sostiene que los tributos en cuestión no son tasas que retribuyen la prestación de servicios sino contribuciones especiales por lo que aquella no es condición para la exigibilidad del pago. Dice que son servicios indivisibles y que la actora es beneficiaria de ellos. Agrega el a quo que no se encuentran en juego las potestades tributarias de que goza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que derivan de la regulación previa a la reforma constitucional de 1994, y se refuerzan con el status de Estado Autónomo que ésta le reconoce, que excede el de mero municipio. Destaca el Juez de Primera Instancia que los inmuebles en cuestión se encuentran dentro del territorio de la Ciudad Autónoma, según surge de la escritura traslativa de dominio agregada a fs. 99/111. Y si bien los terrenos se hallan dentro del área que ocupa el Puerto de Buenos Aires, esa inclusión es física más que jurídica puesto que esos terrenos no están incluidos en las zonas dadas en concesión por la AGP y además resulta claro que Central Puerto no realiza actividad portuaria. Y, además, como lo dice la demandada, el territorio de la Ciudad Autónoma incluye al Puerto. Agrega que si bien el Puerto posee carácter de establecimiento de utilidad nacional, hay jurisdicción concurrente entre la Nación y la Ciudad Autónoma, resultando de aplicación el inc. 30 del art. 75 de la Constitución Nacional, el que a partir de la re forma de 1994 y la creación de la Ciudad Autónoma a través del art. 129, señala que la legislación que el Congreso considere necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional no cercena las facultades locales. En cuanto al art. 12 de la Ley 15.336, sostuvo el Juez interviniente que debe entenderse que la prohibición que dicha norma establece respecto de "impuestos y contribuciones" y otras "medidas de legislación local" rige solamente en tanto esas disposiciones "restrinjan o dificulten" la "libre producción y circulación" de la energía eléctrica de jurisdicción nacional, pero no tiene vigencia cuando "no interfieran en el cumplimiento" de los fines de utilidad nacional del establecimiento (arg. Art. 75, inc. 30 CN). Además, la actora no alega que las contribuciones que se tratan alteren, obstruyan o perjudiquen o afecten la actividad que se desarrolla en las plantas de la accionante. Señala además que el art. 12 de la ley 15.336 prohibe gravar "obras e insta laciones" y la "energía generada o transportada" pero el tributo de que se trata no se impone sobre obras e instalaciones y menos aún afecta a la energía que se genera sino que toma como parámetro el inmueble en sí mismo. Agrega que la ley fiscal vigente, como las anteriores, determina como base imponible a la valuación fiscal del terreno y no a las "construcciones" que en todo caso tienen incidencia sobre aquella; que los responsables del tributo cuestionado son los titulares del dominio sobre el inmueble, usufructuarios o poseedores a título de dueño, al margen de la actividad que desarrollen en él y además que la responsabilidad caía también sobre el Estado Nacional que sólo estaba exento de la Contribución Territorial (art. 33, inc. a CF) y que debe tenerse presente que las concesionarias prestatarias de servicios públicos privatizados por el Estado Nacional, no están alcanzadas por la exención del art.33, CF. A mayor abundamiento, afirma el Juez a quo que la existencia del tributo surge de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles, al punto que la actora asume la responsabilidad por las deudas que existiesen por ese concepto y también que debió la actora saber que al vender el Estado Nacional los inmuebles a un particular, caía toda exención que gozaba aquél, siendo aplicable al caso además el art. 3270 del Código Civil Afirma el a quo que si bien la doctrina no es pacífica en cuanto a la naturaleza jurídica del tributo en cuestión, este punto no interesa en el caso sino establecer si la prestación efectiva del o los servicios es o no requisito para la exigibilidad del pago del tributo. Entiende el Juez que el ABL es complejo y particular, teniendo en cuenta su contenido amplio y por lo tanto es bastante soporte para la exigibilidad de este tributo la existencia de una actividad estatal que implique, aún de manera indirecta, una ventaja para un grupo de personas, no necesariamente individualizado y que el pago del ABL es en interés de la comunidad, no en el exclusivo dueño del inmueble, que no e s "usuario" en el sentido técnico-jurídico de la palabra y que el importe de la contribución de ABL se fija en función de la capacidad contributiva del contribuyente, exteriorizada a través de la riqueza que manifiesta, en el caso, la titularidad del dominio sobre un inmueble. Es por ello que afirmar que la actora no se beneficia con los servicios que presta la Ciudad Autónoma es por lo menos relativo. Lo anterior atento a que los inmuebles están, como se dijo, dentro del ejido de la Ciudad y además, el Puerto forma parte indisoluble de ella y es destacable la conexión física además de la jurídica ya señalada, la actividad se realiza efectivamente y la actora se aprovecha de ella, al menos en forma indirecta: la actora, su personal, los proveedores, cualquiera, en fin que concurre a sus instalaciones son beneficiarios de los servicios que presta la Ciudad que rodea al Puerto. Agrega, entre otros argumentos para rechazar la demanda, que si bien la actora invoca su carácter de concesionaria de la Nación y su re lación con la Administración General de Puertos, esa relación es física y no jurídica y además las empresas que poseen concesiones del Estado Nacional no están exentas de pagar el tributo. VII. A fs. 473 apela la actora y a fs. 477 apela la demandada pero únicamente los honorarios regulados por considerarlos bajos. La actora expresa agravios a fs. 497/507, los cuales fueron contestados por la demandada a fs. 509/534 A fs. 492 se ordena la elevación de las actuaciones. A fs. 539/540 la Fiscalía de Cámara ante la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas en virtud de la excusación que expresara la Sra. Fiscal ante la Cámara de este Fuero y conforme lo resuelto por el Sr. Fiscal General Adjunto en la Resolución N 10/06, dictaminó en virtud de los argumentos que expuso y a los cuales me remito, que correspondía confirmar la sentencia dictada, con costas a la actora. VIII. En su expresión de agravios la recurrente aclara que los mismos comprenden exclusivamente lo referido al rechazo de la demanda en lo relativo a la repetición de lo pagado por contribución de alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento y limpieza de sumideros, de pavimentos y aceras (ABL) y que no se agravia de lo relativo a la contribución territorial y a la aplicación de la exención prevista en el art. 12 de la ley 15.336. En síntesis, se agravia la actora de lo siguiente: 1.- que el a quo efectúa afirmaciones relacionadas con la ubicación de los inmuebles y la jurisdicción sobre el Puerto de Buenos Aires que resultan innecesarias puesto que la recurrente reconoce perfectamente la pertenencia del Puerto a la Ciudad y el ejercicio de potestad tributaria por parte de la Ciudad; 2.- por los argumentos vertidos en torno a las características del tributo en cuestión y en cuanto a la necesidad de la prestación efectiva del servicio por parte del Estado los que terminan por liberar al Gobierno de la Ciudad de la incómoda necesidad de prestar servicio para legitimar su condición de acreedor de los tributos. Considera el recurrente que el ABL es una tasa y no una contribución y que se trata de servicios divisibles; 3.- de la imposición de las costas y 4.- de la regulación de honorarios de los letrados de la parte demandada, por considerarlos altos. IX.Y CONSIDERANDO: En lo que hace al fondo del asunto en debate, corresponde señalar que lo que se refiere al rechazo de la acción de repetición planteada respecto de la Contribución Territorial y de la pretendida exención por aplicación del art. 12 de la ley 15.336 que solicitara la actora, ambos rechazos han quedado firmes toda vez que la actora no se ha agraviado de los mismos. Por lo tanto, la cuestión planteada ha quedado focalizada en la repetición de las sumas pagadas por la demandante en concepto de alumbrado, barrido y limpieza. Sentado lo expuesto, debemos efectuar ciertas precisiones que surgen del expediente. Los inmuebles de la actora, se encuentran dentro del Territorio de la Ciudad Autónoma. (ver copia de la escritura de venta obrante a fs. 99/111) Esta inclusión es física y jurídica pues to que se trata de terrenos que no han sido concesionados a la Administración General de Puertos; la actora es titular del dominio de dichos inmuebles. La actora no tiene actividad portuaria (como la misma reconoce en su mismo escrito de demanda, su actividad se vincula con la generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica y su comercialización en bloque, conforme lo establece el artículo 4to. de su Estatuto Social) y tal como lo expresa el artículo 8 de la Constitución local, el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluye al Puerto. Dice el citado artículo en su parte pertinente: "... El Puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas." En el Puerto hay jurisdicción concurrente entre Nación y Ciudad y la Ciudad conserva sus poderes de imposición en éste. La actora alega la ausencia de las prestaciones cobradas por el GCBA y que en consecuencia los pagos efectuados fueron sin causa. Afirma q ue dichos servicios han sido prestados por la Administración General de Puertos; sin embargo, no acredita en el expediente dicha afirmación, por el contrario, de las constancias de la causa surge que los inmuebles en cuestión no se encuentran dentro de las zonas dadas en concesión a la Administración General de Puertos, ver fs. 370 por lo tanto, mal pudo haber dicha Administración prestado los servicios invocados por la actora a sus inmuebles. Cabe recordar que las partes tienen la carga de aportar al proceso los elementos necesarios a fin de convencer al juez que los hechos sucedieron en la forma que se alega, quien no prueba los hechos que debe probar pierde el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. La obligación de aportar la prueba depende de la posición que adquiere cada parte en el juicio conforme los hechos (conf. CNCom., sala A, junio 6-1996, ED 170-205; CNContAdm.Fed, Sala IV, abril 30-1998, ED, 181-727). Por otra parte, si bien la cuestión planteada en los agravios de la actora radica en la naturaleza jurídica que las partes atribuyen al tributo, con las consecuencias diversas que de tales alegaciones se derivan, estimo que más allá de dicha discusión, como lo ha expresado la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial en los autos: "Central Costanera S.A. c/Municipalidad Ciudad de Buenos Aires s/repetición" CNCIV - Sala C, de fecha 30/06/00, para que la repetición proceda deben reunirse los requisitos establecidos a tal fin por el Código Civil en su Capítulo VIII "De lo dado en pago de lo que no se debe", del Libro II, Sección I. (eldial.com AA580) Es así que el tema analizado debe ser juzgado de conformidad con los arts. 784/798 del Código Civil. Expresa el art. 784 del Código Civil: "El que por un error de hecho o de derecho, se creyere deudor, y entregase alguna cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la recibió." A su vez, dice el art. 792 del citado cuerpo normativo: "El pago efectuado sin causa, o por una causa contraria a las buenas costumbr es, como también el que se hubiese obtenido por medios ilícitos, puede ser repetido, haya sido o no hecho por error." De las constancias de las actuaciones no se advierte que la actora haya efectuado el pago sin causa o que este hubiere sido obtenido por medios ilícitos. A mayor abundamiento, no se advierte que la actora haya actuado sin "animus solvendi", es decir, sin la intención o el convencimiento de pagar el tributo que canceló, además, para que sea considerado sin causa debe haber sido efectuado en virtud de una obligación, cuya causa fuese contraria a las leyes o al orden público (conf. Art. 794 del Código Civil). La actora argumenta que el pago fue realizado sin causa, toda vez que el GCBA no prestó el servicio cobrado. Entiendo que dicho planteo, tal como lo expresaran los Dres. Alterini, Galmarini y Posee Saguier en el fallo mencionado, "parte de una base errónea, ya que, la obligación de pagar el tributo nace de una necesidad pública, de demanda coactiva, que no necesariamente debe estar vinculada a la efectiva prestación de un determinado servicio, sino que aquél puede ser de uso actual o potencial. Los servicios del Estado se organizan en función del interés público y no del particular; así, cuando se organizan servicios de alumbrado, limpieza de calles, etc., se tiene en mira el interés de la colectividad; que esas tareas reporten beneficios o ventajas de orden individual es cuestión accidental o accesoria. La tasa y el impuesto pertenecen a la misma categoría jurídica, por derivar ambos del poder tributario, la obligación emergente de aquélla surge por imperio de la ley, independientemente de la voluntad de los particulares, constituye pues una relación obligatoria, y no voluntaria o facultativa, no siendo posible rehusarse a su satisfacción una vez organizado el servicio respectivo, aunque éste no sea efectivamente utilizado. (Carlos M. Giuliani Fonrouge, "Derecho Financiero", Volúmen II, Nº 479, págs. 985/991) De allí que esta argumentación que ensaya la accionante resulte inconsistente, ya que la causa que genera el pago, es la obligación legal impuesta por el Estado en aras del interés general y no de la ausencia efectiva de la prestación que se invoca." A mayor abundamiento, cabe decir, que la actora no efectuó ningún pago bajo protesto. Es más, de las actuaciones administrativas iniciadas por la misma (sumario administrativo Nº 41.206) surge que lo que perseguía inicialmente la actora era la impugnación de las boletas que recibiera con fecha 24/03/94 de parte de la DGR de la ex MCBA, respecto a una diferencia en ABL, CT, PYA y Ley 23.514 por el período comprendido entre el 1/12/91 y el 31/12/93, con respecto a los inmuebles en cuestión. Es decir, se originó en la distinta interpretación en cuanto a la fecha en que comienza a serle exigible la obligación de pago del gravamen, importando dicha solicitud un reconocimiento sobre que ni los inmuebles mencionados ni la actora se hallaban exentos de tributar dicha contribución. Es más, de la cláusula cuarta inc. d) de la escritura traslativa de dominio de los inmuebles surge que la compradora -la actora-, que ya estaba en posesión de los inmuebles desde el 11 de agosto de 1993, asumió "... la totalidad de las deudas que en concepto de Tasas Municipales, Impuesto Inmobiliario y Obras Sanitarias que pudieran existir, liberando de toda responsabilidad al Escribano autorizante, conforme lo dispuesto por el Artículo Quinto de la ley 22.427)..." Por otra parte, la actora reclama la repetición del pago por el período que abarca desde el 1º de abril de 1992 hasta el año 1998 y en la demanda detalla una liquidación que arranca desde el año 1994, con lo cual no ha quedado claro el período que reclama. X. Cabe agregar además que si la actora abonó sin protesto el mencionado tributo no puede luego, por aplicación de "la doctrina de los actos propios", reclamar en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta. Nadie puede válidamente ir contra sus propios actos (nemo potest contra factum venire). La protesta es un requisito indispensable para fundar la acción de repetición de impuesto y debe ser expresa y concreta. En el caso, no se configura ninguno de los presupuestos de la protesta puesto que la actora efectuó el pago aceptando lisa y llanamente la obligación tributaria en relación a la contribución cuestionada. Lo contrario importaría asumir una conducta que contradice otra que la precede en tiempo, lo cual, a la luz de la doctrina de los actos propios, es inadmisible. "Una de las reglas jurídicas de aplicación corriente a los particulares y al propio Estado es la que concierne a la llamada "teoría de los actos propios", fundada en el principio cardinal de la buena fe en el derecho de toda persona a la veracidad ajena y al comportamiento legal y coherente de los otros" (conf. CSJN, fallos 312:245). Aunque la problemática del venire contra propium factum no tiene una formulación autónoma, ello no impide que su aplicación halle fundamento normativo en lo dispuesto en los arts. 1198 y 1111 del Código Civil toda vez que la aludida doctrina es una derivación del principio de buena fe. "Si bien es cierto que la inadmisibilidad del comportamiento contradictorio fundamentalmente es una exigencia que impone la buena fe, el mantenimiento de la palabra empeñada, habrá de tenerse presente que la limitación que opera contra la incoherencia de una conducta ulterior a otra previa en la que se depositó la fides viene fundada más que en la concepción literal o textual del vínculo, en el contenido ético que, cual elemento natural y programático, aparece agregado como norma supletoria, pero de insorteable aplicación" (Morello, Augusto Mario y Stiglitz, Ruben S., "La doctrina del acto propio", LL 1984-A). Además, en el ámbito del derecho administrativo el efecto de la doctrina de los actos propios debe ser necesariamente más amplio que en el derecho privado, como consecuencia de la jerarquía que se le reconoce a la doctrina entre las fuentes del derecho administrativo como derivación de un principio general del derecho (conf. Mairal, Héctor A., La Doctrina de los Actos Propios y la Administración Pública, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, p. 158). XI. En cuanto al agravio por la imposición de las costas de la primera instancia, entiendo que tampoco asiste razón a la actora puesto que, como ya se mencionara ut supra, la misma reconoció expresamente su obligación tributaria y la abonó sin protesto, por lo cual mal puede alegar que se creía con derecho a litigar. En relación a las costas de esta instancia, en consideración de lo expuesto, se imponen a la actora vencida (art. 62 del CCA y T). XII. Por todo lo expuesto, VOTO por: I.- Confirmar la sentencia de Primera Instancia y en consecuencia, rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora, con imposición de costas de Alzada a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota. El Dr. Horacio A. G. Corti dijo: I. Adhiero al relato de los hechos efectuado por mi colega preopinante Dr. Centanaro así como a la solución que propone, por lo argumentos que expongo a continuación. II. La expresión de agravios int erpuesta por la actora contra la sentencia desfavorable de primera instancia está centrada fundamentalmente en discurrir sobre la naturaleza del tributo objeto de repetición. Al respecto, la actora aduce que al ser él una tasa y no constatada la prestación efectiva del servicio correlativo por parte de la Ciudad en los inmuebles de Central Puerto, el pago que se ha hecho bajo dicho concepto admite su repetición. 1. La acción de repetición en materia tributaria III. Ante la forma en que se ha planteado el conflicto en autos (ver lo dicho en escrito de fs. 250 vuelta) corresponde en primer lugar efectuar una consideración preliminar sobre la acción de repetición y sus fundamentos jurídicos. La acción de repetición encuentra su razón de ser en el principio general de enriquecimiento sin causa, y en última instancia, en la injusticia del hecho de enriquecerse a costa del otra sin un título jurídico que avale la transferencia de recursos. Esto es así, ya que por intermedio de la repetición se busca obtener la comp ensación de aquello que se ha pagado indebidamente o sin causa, y que por ende hizo enriquecer ilegítimamente a quien recibió dicho pago. Por lo tanto, y más allá del fundamento de la acción en conceptos y valores que son inherentes a la totalidad del ordenamiento jurídico, lo cierto es que, en primer lugar, cabe remitirse a las regulaciones legales específicas que existan en cada materia, interpretadas en todo caso a la luz de la Constitución local. IV. La acción de repetición se encuentra regulada en el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el art. 61, texto actual, con sus equivalentes en los textos anteriores: "Los contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección General reclamo de repetición o compensación de los tributos, cuando consideren que el pago ha sido indebido y sin causa". Ya esta Sala ha interpretado este artículo en términos que aquí cabe recordar. Así, en el caso "Del Valle", resolución del 5 de agosto de 2005, se dijo lo siguiente: "II. La habilitación de la instancia ha sido definida como un trámite propio y excluyente de las contiendas contencioso administrativas a través del cual el juez, al inicio del proceso, verifica si se ha dado cumplimiento a determinadas condiciones para que la demanda sea admisible (Rejtman Farah, Mario, "Impugnación judicial de la actividad administrativa", LL, ejemplar del 30/5/2001, pág. 8). Dichas condiciones consisten, fundamentalmente, en el agotamiento de la instancia administrativa y la interposición de la acción dentro del plazo de caducidad previsto por la ley. Como lo ha puesto de resalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la exigencia de agotar la instancia administrativa previamente a deducir la demanda judicial tiene por objeto que los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de los administrados, a fin de evitar juicios innecesarios (Fallos, 230:509). Se ha dicho, asimismo, que la reclamación y la decisión administrativa previa son necesarias para determinar el objeto del juicio; evitar un pleito produciendo una etapa conciliatoria anterior al mismo; dar a la administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el error; promover el control de legalidad y conveniencia de los actos; y permitir una mejor defensa del interés público (Diez, Manuel M., Derecho procesal administrativo, Plus Ultra, Buenos Aires, 1996, pág. 228). Sin embargo, ello no permite sostener que el ordenamiento normativo vigente establece como principio general la necesidad del agotamiento de la vía administrativa en todos los casos en que se ejerza una acción contencioso administrativa, al margen de expresa previsión legal. Por el contrario, corresponde recordar que toda persona tiene derecho a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia (CSJN, Fallos, 288:64), y que este derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en los artículos 18, CN y 12 inc. 6 CCABA -además de numerosos tratados con jerarquía constitucional- impide al intérprete crear limitaciones en el acceso a la instancia jurisdiccional que n o surjan de manera clara y precisa de la propia ley (esta Sala, autos "Latinoconsult S.A., Proel Sudamericana S.A., Arinsa S.A. (U.T.E.) y otros C/ GCBA", expte. nº 239). Como lo ha declarado la Sala II de esta Cámara: "Nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio sólo por ley puede regularse. No puede verse trabado por creaciones judiciales no apoyadas en normas legales" (autos "Consorcio de propietarios edificio 86 Nudo 2 Barrio Soldati c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Ejecución de expensas", expte. nº 1672, del 8/8/01). III. Cabe agregar que -según ha expuesto esta Sala in re "Unión Docentes Argentinos Municipales (UDAM) contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)", Expte. Exp 13479/0- el principio cardinal en la materia es el libre acceso a la justicia por parte de los habitantes -acceso consagrado expresamente como garantía constitucional (art. 12, inc. 6, CCBA)-, cuya finalidad es la efectiva obtención de protección judicial a decuada y suficiente de los derechos. Con respecto a esta cuestión, este Tribunal ha señalado que el acceso a la jurisdicción supone el derecho de toda persona a ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia. Es un deber irrenunciable del Estado el de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho, por medio de la efectiva prestación del servicio de justicia. Las pretensiones de los justiciables deben encontrar, siempre y en todo momento, un tribunal judicial para sustanciarlas, pues lo contrario implicaría una privación de justicia inconcebible en el marco de un estado de derecho (esta Sala, in re "Latinoconsult S.A., Proel Sudamericana S.A., Arinsa S.A. (U.T.E.) y otros C/ GCBA", Expte. nº 239). El tema bajo análisis se relaciona estrechamente con el derecho de defensa -garantizado por los arts. 18, CN y 13, inc. 3 , CCBA-, cuya adecuada tutela "...requiere, según lo ha precisado el más Alto Tribunal federal, que se otorgue a los interesados ocasión adecuada para su audiencia y prueba en la fo rma y con las solemnidades dispuestas por las leyes procesales" (cfr. Fallos, 290:297; esta Sala, in re "Pérez, Víctor Gustavo y otros c/ GCBA s/ Amparo", expte. nº 605, del 26/01/01). Finalmente, el examen de la cuestión desde el prisma de la garantía de acceso a la justicia (art. 12, inc. 6, CCABA), la tutela judicial efectiva (doctr. arts. 18, y 75, inc. 22, C.N.; y 13, inc. 3, CCABA) y el principio pro actione, corrobora la elaboración aquí propiciada (esta Sala in re "Unión Docentes Argentinos Municipales (UDAM) contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)", causa citada). IV. Ahora bien, en el sub examine corresponde aplicar el art. 63 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (t.o. en 2005, Decreto 394/GCABA/05), el cual prevé que "los contribuyentes y responsables deberán interponer ante la Dirección General reclamo de repetición o compensación de los tributos, cuando consideren que el pago ha sido indebido y sin causa". La interpretación más razonable de este texto, en concordancia con lo expresado en los dos considerandos que anteceden, es aquella según la cual el reclamo administrativo previo sólo es condición de admisibilidad de la acción de repetición cuando el pago del contribuyente hubiese sido claramente espontáneo, donde el caso típico sería el ingreso en más en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos como resultado de una errónea autoliquidación del tributo. La distinción conceptual entre ingreso espontáneo y a requerimiento a fin de regular la acción de repetición, además de exigirlo una razonable aplicación de los principios constitucionales que garantizan el acceso a la justicia, es una característica inequívoca de la tradición jurídica procesal-tributaria argentina, que se encuentra plasmada con mayor claridad que en el orden local en la legislación federal (ver art. 81, ley 11.683, y comentarios de Giuliani Fonrouge, C. M. y Navarrine, S. C., Procedimiento tributario y de la seguridad social, Buenos Aires, Depalma, 2001, y Spisso, R. R., Tutela judicial efectiva en materia tributari a, Buenos Aires, Depalma, 1996, párr. 79)". V. De los términos de la norma contenida en el Código Fiscal se desprenden como requisitos básicos de procedencia de la acción el pago del tributo y que éste haya sido indebido o sin causa. No hay, por ende, referencia alguna a la exigencia de protesta. Conviene recordar, al respecto, que el requisito de la protesta es una creación pretoriana (Fallos 3:131; 17:207, 31:103; 79:17; 191:351, 375, 439 y 502; 241:276; 278:15; 280:203; 281:104; 282:20; 284:45) que, en la actualidad, ha perdido toda vigencia. En efecto, la finalidad de la protesta previa, según lo sostuvo la Corte Suprema, era poner en conocimiento de los gobiernos la disconformidad de los contribuyentes con el gravamen que se les cobra para evitar la inversión de esa renta o para arbitrar los medios para a su vez evitar los inconvenientes financieros que traería aparejada la repetición (Fallos 182:218 y 278:15). En la actualidad, atento a la organización y funcionamiento de la hacienda pública, la protest a ha perdido significación. De hecho, los ordenamientos tributarios modernos han suprimido esta exigencia. Tampoco lo exigía la doctrina plenaria de la Cámara Civil de la Capital Federal, sentada en plenario "Kartopapel S.A." (C.Civil en pleno, 15/7/77, "Kartopapel S.A. c. M.C.B.A.", El Derecho 74-322, La Ley 1977-C-361), fallo al que remito, en particular al voto del Dr. Alterini, quien con una detallada y clara fundamentación no deja dudas acerca de la innecesariedad de la protesta previa para repetir un impuesto pagado indebidamente. VI. En otro orden, y a la luz de los principios referenciados en la citada causa "Del Valle", entiendo que debe prescindirse de hacer incorporaciones jurisprudenciales de requisitos de admisibilidad cuando la norma aplicable al caso concreto no los contiene expresamente o cuando, como se aclara en el punto siguiente, no se desprendan razonablemente de las características procesales generales del instituto examinado. VII. Por supuesto, lo dicho no significa que no deban tenerse en cuenta los recaudos generales de admisibilidad que hacen a la acción de repetición en cuanto acción procesal (así, por ejemplo, la existencia de un gravamen, conforme lo sostuviera recientemente la Corte Suprema en el caso "Nobleza Piccardo", Fallos: 327:4023), en conjunción con las características técnicas que derivan de cada uno de los tributos (ver en este punto lo relativo a los impuestos indirectos, al fenómeno de la traslación y a la prueba del empobrecimiento, conforme el clásico fallo de la Corte, "Mellor Goodwin", Fallos: 287:79). Pero cualquiera sea la postura que se tenga con respecto a estos últimos temas, que ya forman una controversia clásica en la materia tributaria, lo cierto es que nada habilita a los jueces a introducir de por sí recaudos que, sin ninguna razón sustancial o procesal consistente, restrinjan el acceso a la Justicia. Tal el caso, a mi juicio, del protesto. 2. La situación jurídico del Puerto VIII. La causa "Centro Costa Salguero SA c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo s/recurso de queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad" (24/10/2000) ha sido ciertamente la primera oportunidad para el Máximo Tribunal de la Ciudad de pronunciarse en extenso con relación al tema del Puerto. Allí, se examinó detenidamente -entre otras cosas- el primer y último párrafo del artículo 8 de la CCBA, que disponen lo siguiente: "Los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires son los que históricamente y por derecho le corresponden conforme a las leyes y decretos nacionales vigentes a la fecha. Se declara que la Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área de su jurisdicción bienes de dominio público. Tiene el derecho a la utilización equitativa y razonable de sus aguas y de los demás recursos naturales del río, su lecho y subsuelo, sujeto a la obligación de no causar perjuicio sensible a los demás corribereños. Sus derechos no pueden ser turbados por el uso que hagan otros corribereños de los ríos y sus rec ursos. Todo ello, sin perjuicio de las normas de derecho internacional aplicables al Río de la Plata y con los alcances del artículo 129 de la Constitución Nacional". Por su parte, el último párrafo consigna: "El puerto de Buenos Aires es del dominio público de la Ciudad, que ejerce el control de sus instalaciones, se encuentren o no concesionadas". IX. Luego de una clara y detallada referencia histórica de los límites que jurídicamente delimitan el territorio de la Ciudad de Buenos Aires y de la zona portuaria en particular, el TSJ concluyó: "no cabe duda, de todo lo expuesto, que la zona portuaria se encuentra en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia que no es afectada por el origen artificial del espacio físico en el que se asienta la CCBA reconoce que los límites de la Ciudad de Buenos Aires son los límites de la ex Municipalidad. Tal reconocimiento, lejos de transgredir la ley Nº24.588, guarda coherencia con lo dispuesto por su artículo 5 en cuanto dispone que la Ciudad de Buenos Aire s será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". X. Más adelante, en el considerando 11, el Tribunal se expidió acerca del carácter local del poder de policía: "Al respecto, la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha mantenido invariable desde 1869 -v. Causas "La Empresa Plaza de Toros quejándose de un decreto expedido por el Gobierno de Buenos Aires (Fallos 7:150), sentencia del 31 de abril y "D. Luis Resoagli contra Provincia de Corrientes por cobro de pesos""(Fallos 3:373), sentencia del 31 de julio --hasta el presente (Fallos: 320:89; 223, entre otros). El Tribunal consideró que tal criterio resultaba enteramente aplicable a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a sus poderes de policía y tributarios (Fallos 303: 1041 y 305:1672)". Por otra parte, dejó sentado que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 104, inc. 11 de la CCBA y 75 inc.30 CN, la Ciudad y la Nación ostentan potestades concurrentes sobre los establecimientos de utilidad nacional ubicados en el territorio de la Ciudad. Sin perjuicio de ello, sostuvo que "debe descartarse que existan dentro de los límites de su jurisdicción (de la Ciudad) enclaves federales inmunes y, mucho menos, privados". (el destacado me pertenece) Finalmente, el Máximo Tribunal de la Ciudad se refirió a las potestades de la ex Administración General de Puertos acotando su ámbito, conforme al estatuto de dicho ente, a las actividades de "finalidad portuaria". XI. Si bien la actora, en su recurso, deja aclarado que no controvierte la potestad tributaria del Gobierno local en la zona portuaria, lo cierto es que, como se verá más adelante, la cuestión incide lateralmente en el problema, de manera que a mi entender es relevante dejar en claro el punto, en los términos antes expuestos. 3. Caracterización jurídica del tributo sub examine. XII. El tributo que hay que examinar se denomina, de acuerdo al título que le otorga el propio Código Fiscal, "contribuciones de alumbrad o, barrido y limpieza territorial y de pavimentos y aceras" (ver título III del Código actual, artículos 215 y siguientes). A fin de efectuar una interpretación racional del asunto es preciso efectuar tres consideraciones preliminares. a) En primer lugar hay que tener en cuenta que las designaciones que a un instituto jurídico le otorga la propia ley que lo crea o regula no necesariamente coinciden con la real estructura jurídica de dicho instituto. Es decir, es preciso desentrañar el régimen jurídico concreto de cada institución, más allá de cuáles sean las designaciones que le otorguen los legisladores. Por referirse en concreto a la materia tributaria, son aquí interesantes las apreciaciones que hace sobre esta problemática Gerardo Ataliba (Hipótesis de incidencia tributaria, Instituto Peruano de Derecho Tributario, 1987, pag. 164 s 167), quien afirma que "La designación no otorga entidad al tributo". Cita más adelante a Gilberto Ulhoa Canto (Temas de Direito Tributario, vol. III, pag.51), de quien extrae esta acertada afirmación: "...un tributo no sigue la suerte del nombre que se le quiera dar. No será tasa tan sólo porque así se le haya denominado, del mismo modo que, recíprocamente, el impuesto no será tal, sólo porque así haya sido bautizado". Recuerda también la observación de Celso Antonio Bandeira de Mello, quien al estudiar un problema obscurecido por una terminología falsa y confusa, escribió: "Frecuentemente, además, las discordias taxonómicas trajeron penosa dificultad a la inteligencia de la materia, de tal modo que cuestiones distintas se vieran confundidas bajo una única rúbrica". Finalmente transcribe lo dicho por de Amílcar Falcao, quien destaca: "Es cierto que el impuesto no se define o conceptúa en base a su denominación, ni su nomen iuris: la definición es dada a través del examen de la naturaleza jurídica del tributo, o sea, de la naturaleza jurídica del tributo, o sea, de la naturaleza del hecho generador adoptado y de la respectiva base de cálculo. Puede suceder que haya una impropiedad técnica en la elección de determinado nomen iuris, conduciendo, consecuentemente, a una inequivalencia entre éste y la verdadera naturaleza del hecho generador: no hay duda de que, en tal caso, ha de prevalecer la definición emanada de ese último elemento, volviéndose irrelevante la impropiedad técnica del nomen iuris eventualmente escogido". b) En segundo lugar, hay que tener en cuenta una peculiaridad histórica que hace al léxico jurídico constitucional tributario argentino. Y es que el texto de la Constitución de 1853, en aspecto que aún son vigentes, utiliza el término "contribución" como palabra genérica para referirse a todo tipo de tributo. Así, cuando el art. 4 se refería, y aún refiere, a "las demás contribuciones" se entiende que apunta a "los demás tributos" que imponga el Congreso, todo ello conforme los principios establecidos por la propia Constitución (equidad, igualdad, etc.). "Contribuciones", por tanto, son, según el tradicional léxico constitucional, todos los tributos (ver, al respecto, Lu qui, J., "La legalidad: puntal esencial de la libertad" y Casás, J., Derechos y garantías constitucionales del contribuyente. A partir del principio de reserva de ley, Ad-Hoc, 2002, página 507). Pero claro, también "contribución" es un término que se utiliza para designar una categoría tributaria en particular, circunstancia que puede generar, en casos concretos, alguna perplejidad a la hora de identificar un tributo. c) Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la forma habitual para distinguir las categorías (o "tipos" o "especies") de tributos pasa, analíticamente, por una diferenciación de los diferentes hechos imponibles. Es decir, la clasificación genérica de hechos imponibles es la base para clasificar los tributos, en cuanto obligaciones patrimoniales de derecho público. De ahí que sean las peculiaridades de los hechos imponibles lo que habrá de tenerse en cuenta para identificar cada categoría o tipo tributario. En la doctrina nacional y comparada, y más allá de cuestiones dogmáticas más sutile s, es común distinguir dos tipos generales de tributos. De acuerdo al vocabulario de Ataliba, cabe distinguir tributos "vinculados" y "no vinculados", donde el factor de distinción es justamente la vinculación del hecho imponible con algún tipo de actividad estatal. El tributo no vinculado típico es, claro, el impuesto, cuyo hecho imponible no tiene ninguna vinculación con actividades estatales, así, en el ámbito local, el impuesto sobre los ingresos brutos. Por su parte, hay dos clásicos tributos de carácter vinculado, la tasa y la contribución especial. XIII. Estas consideraciones quizás en exceso pedagógicas son sin embargo aquí pertinentes dada la complejidad que le es inherente al tributo examinado. A mi entender, la mejor forma de concebir la "contribución" del caso es considerarla un "conglomerado de tributos", compuesto por una serie claramente diferenciada de hechos imponibles pero que tienen en común su base imponible a partir de la cual se calculan, otra vez de forma diferenciada, una serie de obli gaciones tributarias. Veamos la cuestión. Frente a la situación habitual, en la cual "un tributo" equivale a la existencia de "un único hecho imponible", la contribución del caso reúne una serie o una pluralidad de hechos imponibles que, además, no tienen una categorización tributaria común. Si bien en el Código hay una regulación común, los diferentes hechos surgen con nitidez al considerar la ley tarifaria que cada año se dicta. De acuerdo a la ley para el 2006, artículos 1 a 6, cabe distinguir: a) la contribución de alumbrado, barrido y limpieza (con su adicional por el servicio de mantenimiento y limpieza de sumideros); b) la contribución territorial, y c) la contribución de pavimentos y aceras. Más allá de las peculiaridades en la redacción del Código (así, por ejemplo, al decir que las contribuciones "recaen sobre los inmuebles"), lo cierto es que el punto en común de todos los hechos imponibles consiste en el dominio, usufructo o posesión a título de dueño de un inmueble ubicado en el territorio de la Ciudad (artículos 215 y 216, del Código actual, más las peculiaridades que surgen de los artículos siguientes). En cuanto a su caracterización, considero que la contribución territorial es un impuesto, cuyo hecho imponible consiste en la ocurrencia del simple hecho antes indicado. Más compleja es la situación de los otros dos hechos. La mayoría de la doctrina, y en esa línea se enrola la actora, entienden que la contribución de alumbrado, barrido y limpieza, con inclusión de los sumideros (de aquí en más: ABL) es encuadrable como una tasa, cuyo hecho imponible es la concreta y efectiva prestación del servicio de alumbrado, barrido y limpieza en el espacio público adyacente al inmueble del sujeto pasivo del tributo. Sin embargo, hay autores como Jarach, para quien se trata de una contribución especial. Por último, la contribución de pavimentos y aceras es habitualmente calificada como una contribución de mejoras, donde su hecho imponible es el beneficio o valorización diferencial derivados de las obras de pavi mento y aceras. También en este caso se presentan debates, como lo muestra la opinión al respecto de Marienhoff. El segundo aspecto en común que tienen los tres hechos es la base imponible, pues en todos los casos ella consiste en "el avalúo oficial atribuido a los inmuebles" (ver art. 1, art. 2 y art. 6 de la ley tarifaria actual). Luego, sobre la base imponible común a los tres hechos se calculan, de forma otra vez separada, cada una de las obligaciones, por medio de tres alícuotas diferenciadas que se aplican sobre el avalúo del inmueble. La doble circunstancia de identificar elementos comunes (común referencia a un derecho real con respecto a un inmueble ubicado en el territorio local y la consiguiente fijación de una base imponible común) y, a la vez, diferenciados (prima facie tres hechos imponibles, que responden a tres categorías tributarias diferentes: impuesto, tasa y contribución especial, y, en definitiva, tres obligaciones que se calculan a través de tres alícuotas diferenciadas) justifican que s e hable de "un único tributo" compuesto por un "conglomerado" de tributos. XIV. En este contexto, es preciso aclarar que la actora solamente se agravia con respecto al rechazo de la repetición por lo pagado en concepto de alumbrado, barrido, limpieza, mantenimiento y limpieza de sumideros, pavimentos y aceras, dejando expresamente fuera de su recurso lo relativo a la contribución territorial y a la aplicación de la exención prevista en el art. 12 de la ley 15.336. XV. Un primer abordaje del asunto, con un resultado desfavorable para la actora, resulta de aplicar al caso una observación de Jarach relativa a la situación aquí calificada de "conglomerado" de tributos. En "Finanzas Públicas y Derecho Tributario", en el apartado referido a las "tasas acopladas a tributos", Jarach expone lo siguiente: "También puede ocurrir que, por asimilación, se reúnan en un solo tributo varias especies como: tasas por prestación de servicios individualizados, contribuciones especiales por beneficios derivantes de alguna obra pú blica y verdaderos impuestos, como, por ejemplo, impuestos a la propiedad inmueble. En estos casos pensamos que ha de prevalecer el tributo de mayor gravitación, al cual quedan asimilados los demás tributos reunidos en un solo gravamen. Ejemplos de este fenómeno pueden encontrarse a menudo en las finanzas estatales y, especialmente, en las de entidades públicas locales" (obra mencionada, Editorial Cangallo, 1983, pág. 238). Dado que, según la ley tarifaria, el tributo de mayor gravitación cuantitativa en el conglomerado bajo examen es el impuesto, los demás tributos involucrados, más allá de su calificación, se ven, para emplear el término de Jarach, "asimilados" al impuesto. Desde esta óptica basada en la idea de prevalencia, toda la "contribución" en juego responde a la categoría "impuesto", de manera que el núcleo de la argumentación de la actora para pretender la repetición de lo pagado a su juicio sin causa carece de sustento jurídico. XVI. Sin perjuicio de la visión anterior, corresponde analizar el cas o bajo la hipótesis de que resulte posible mantener la categorización de cada hecho imponible, sin hacer prevalecer uno de ellos y sin reducir, entonces, la totalidad de los tributos a una categoría única de carácter prevalente. En ese camino argumental, corresponde analizar, en primer término, lo relativo al ABL bajo la interpretación doctrinaria mayoritaria (seguida por la actora), y que califica a esta contribución en términos de tasa. 4. Las tasas. La indudable relevancia de la prestación efectiva del servicio. XVII. En el sentido apuntado se expresa Hector B. Villegas (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", ed. Depalma 4ª. Edic, T.I., Bs. As 1987, pag.95) cuando dice: "Así, en la legislación argentina suele considerarse tasas las de barrido y limpieza de las calles, de recolección de basura, alumbrado público, correo y comunicaciones...".También Giuliani Fonrouge ("Derecho Financiero" obra actualizada por Susana Camila Navirrine y Rubén Oscar Asorey, T.II, Ed. Depalma, 9ª. Edic., Bs. As., 2 004, pag.493) expone un enfoque análogo al decir que: "Estos servicios dan lugar a la aplicación de tasas retributivas, ya sea mediante una contribución única que abarque los tres rubros o separadamente." Igual criterio resulta de la afirmación de Alejandro Ruzo (Curso de Finanzas y de Legislación Financiera Argentina, T.II, El Ateneo, Buenos Aires, 1933, pag. 45 y 46) referida a uno de los modos de percepción de las tasas manifiesta: "El pago por sumas globales constituye la tercer forma de percepción de las tasas. Se aplica a los servicios cuya determinación precisa y diaria en la porción que a cada uno beneficia es imposible, como ocurre, por ejemplo, respecto del alumbrado público o barrido...". XVIII. Tal como se destaca en el Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/BID ("Reforma tributaria para América Latina III: Modelo de Código Tributario", 1ed., Unión Panamericana, Secretario General, Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967) y sin considerar aquí otros elementos de mayo r controversia (así, el destino que debe dársele a lo recaudado), "la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente" (art. 16). Es así una nota definitoria de la tasa que el servicio estatal que constituye su presupuesto de hecho sea prestado efectivamente por la Administración al contribuyente, aún cuando éste se resista a recibirlo (ver, por todos, el capítulo V, "La tasa" de Valdés Costa, Curso de Derecho Tributario, Temis, 2001, pág. 153 y siguientes y los excelentes trabajos de Bulti Goñi, "Tasas y Precios Públicos", Derecho Tributario, tomo IV y Schaw, J. Tasas, precios e impuestos. Su diferenciación en la doctrina contemporánea, Fundación de Cultura Universitaria, 1993). En efecto, este es uno de los elementos caracterizadores más importantes para distinguir la tasa de las otras especies tributarias, particularmente del impuesto. Así lo entiende tanto la doctrina como la misma Corte Suprema. Su rge, por ejemplo, de las expresiones vertidas en la causa "Compañía Química S.A. v. Municipalidad de Tucumán" (Fallos 312:1575): "la existencia de un requisito fundamental respecto de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo (bien o acto) no menos individualizado del contribuyente" (considerando 7 del voto de la mayoría; ver además Fallos 192:20 y 53; 234:663, 251:222; 267:176; 269:333; 270:427; 272:45; 279:76; 302:1425) XIX. Tal es la importancia que reviste este requisito, que me adelanto a formular que cuando se utiliza el término "potencial", no se pretende justificar la legitimidad de la tasa por un servicio no prestado, sino sólo incorporar la noción de que aún cuando el sujeto no quiera o se resista a recibir el servicio o bien lo gestione en modo privado, igualmente deberá pagar la tasa. Coincido, entonces, con la Exposición de motivos del Modelo de Código Tributario citado en donde expre samente se dice que debe prescindirse de las circunstancias relativas a la ventaja que el servicio puede proporcionar al contribuyente y de la demanda voluntaria por parte de aquel, elementos que pueden faltar sin alterar el concepto de tasa. En el mismo sentido, la Corte Suprema señaló en el citado fallo "la sola circunstancia de que el contribuyente carezca de interés en el servicio estatal no basta para eximirlo del pago de la tasa respectiva". Es decir: la ventaja no hace a la definición de tasa, por ende: no basta para liberarse de la obligación la circunstancia de que el contribuyente carezca, o manifieste carecer de interés en la prestación del servicio público de que se trata, o aun, que exprese una resistencia efectiva a la realización de aquel. Más aún, en ciertos supuestos el servicio puede redundar, más que en una ventaja, en un perjuicio al usuario en particular. Como ha dicho la Corte, no es legítima la resistencia al pago de una tasa por quien afirma carecer subjetivamente de interés en la pres tación (caso "Swift de La Plata", Fallos: 251:50). O, de acuerdo a otro precedente, la resistencia efectiva a la realización del servicio público no exime al contribuyente del pago de la tasa, pues la imposición coactiva de la prestación del servicio no es requisito necesario para el cobro de su retribución (caso "Municipalidad de San Lorenzo", Fallos: 251:222). XX. También, por su parte, la prestación efectiva del servicio como elemento característico de la tasa se encuentra reflejado en la ley de Coparticipación Federal de Impuesto en su artículo 9 inc. b), en la medida en que se refiere "a las tasas de servicios efectivamente prestados". XXI. Es necesario señalar que la insistencia puesta sobre este elemento "prestación efectiva" nace fundamentalmente de la necesidad de erradicar impuestos ocultos bajo el nombre de tasa. A. Gilberto de Ulhoa Canto expone el caso de un tributo denominado tasa por la ley y que, sin embargo, es un verdadero impuesto. Y formula esta acertada observación: "Se advierte, desde lu ego, la importancia fundamental de la distinción entre impuesto y tasa en el sistema tributario brasileño, ya que, de la exacta atribución a cada especie imposicional, de su naturaleza verdadera, depende de la respectiva admisión como tributo legítimo, en la esfera de competencia de quien lo instituyó. A cualquier ente dotado de capacidad restringida para cobrar sus impuestos privativos, le sería fácil burlar la discriminación constitucional de rentas, si le fuera lícito denominar tasa al tributo pretendido, pues, de ese modo, evitaría toda limitación, ya que la creación de esta última modalidad de exacción fiscal es admitida igualmente tanto a la unión, como a los Estados y Municipios" (Temas de Direito Tributario , vol. III, pág. 51) 5. El monto de la tasa y el principio de capacidad contributiva. XXII. Con relación al monto de la tasa, éste debe guardar razonable proporción con el costo del servicio que retribuye, si bien no es necesario que exista una equivalencia estricta y matemática, que en la práctica es imposible de establecer. De las conclusiones de las XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario se extrae la siguiente afirmación: "Es de la esencia de la tasa que no exceda una "razonable equivalencia" entre su producto y el costo global del servicio estatal vinculado". (conclusión N.11 de las citadas Jornadas). Sin embargo, dado que la tasa es ante todo un tributo, éste, más allá de la cuestión ya tratada y relativa a la prestación efectiva del servicio, debe tener en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos sobre los cuáles recae la obligación. Según señala