marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Domicilio especial, sociedades civiles, domicilio social, sucursal
Materia: COMERCIAL
Carátula: COLL COLLADA ANTONIO c/ M.C.B.A. s/ DA/OS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-12

Contrariando el principio de unidad del domicilio, pero por motivos eminentemente práctico y aceptables, el Codificador atribuye a la persona jurídica que tiene sucursales, domicilio especial en el lugar donde funciona ese establecimiento para el cumplimiento de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad sean ellas de fuente contractual o extracontractual (arg. art. 90 del Código Civil; Conf. Rivera, en Belluscio y Zannoni, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado", ed , Astrea, Bs. As., 1978. p. 424; Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Parte General", ed. Perrot, Bs.As., 1970, t. l, ps. 638 y 639; Borda, "Tratado de Derecho Civil, Parte General", ed. Perrot, Bs. As., 1970, t.l. ps 330 y 331).

Si bien se ha discutido cuando queda caracterizado la sucursal, se ha entendido que el sentido en que la designa el art. 90 inc. 4to del Código Civil, implica considerar tal a toda ramificación o filial de una compaÑía, establecida en lugar distinto del domicilio principal de ella, en la que ejerza la actividad que constituye su objeto, por medio de agentes locales autorizados para obligarla (conf. Rivera. ob. y p. cit. y su nota nro 38), por lo que no puede pretender que ha sido mal notificada del traslado de la demanda, cuando ella ha sido cursada a una sucursal de la misma, destinada a cumplir el objeto para el cual, ha sido creada y que tiene por lo demás facultades para obligarla.
Poder Legislativo, bien jurídico protegido, bien común, sistema electoral
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

La potestad dada a la Legislatura ciertamente puede ser actuada según lo disponga la sabiduría o buen criterio de la sociedad estatal, pues, cada caso debe ser decidido según su propia circunstancia y en todos los casos viene a concluir en un criterio de razonabilidad y de ello es juez, en primer lugar, la Legislatura.

La cuestión es, pues, determinar si la legislación es dirigida a un fin legítimo y si las medidas adoptadas son razonables y apropiadas a esa finalidad; es decir, uso de los medios razonables para salvaguardar la estructura política sobre la que reposa la organización democrática; la regulación, por tanto, debe presentarse como un razonable ejercicio de la autoridad legislativa porque la Legislatura es libre, dentro del límite infranqueable de las normas y principios constitucionales, para adoptar un sistema electoral que pueda ser considerado razonablemente conveniente para el ejercicio de la democracia, es decir, para la cabal participación del pueblo en la formación y ejercicio del gobierno y ponerlo en vigor mediante la legislación adecuada a tales altas finalidades.
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, igualdad ante la ley, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

La supuesta contradicción entre el Código Fiscal y la nueva base de imposición no se refiere a la Constitución, sino tan sólo a otra ley de igual categoría que la criticada; y si en verdad existiera tal contradicción, debe desaparecer conforme al principio respectivo del orden jurídico, por la vía de la interpretación y de los numerosos principios que la misma convoque para superar estas situaciones (por ejemplo, lex posterior, lex specialis, etc). (Voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Acción de amparo, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Regondi de Barzola, María Inés c/ Municipalidad de Paraná s/ Acción de Amparo por Mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-21

Carece de entidad suficiente el reclamo efectuado en 07-06-02 en el expediente administrativo para hacer renacer un plazo de caducidad que ya se encontraba largamente operado, puesto que la presentación de la acción hubo de ser efectuada dentro de los treinta días en que el acto debió cumplirse, o sea que comenzó a correr a continuación del vencimiento del término temporal que el ordenamiento procedimental le otorgaba a la autoridad administrativa para resolver el pedido formulado por la accionante en 23-08-99, o bien, en virtud del reclamo que efectuó el 14-03-00.

De modo que a la fecha de interposición de la demanda había irremediablemente caducado el tiempo en que válidamente pudo interponerse la acción, no estando en posición de cuestionar la actora tal omisión de pronunciamiento mediante una acción amparo o ejecución, las que siempre deben ser incoadas tempestivamente de acuerdo a las previsiones de los arts. 3  inc. c) y 27 de la Ley Nro. 8369, resultando inadmisible en razón de su extemporaneidad.
Derecho laboral, relación de dependencia, prueba, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Colman, Ismael Antonio c/ Círculo de Suboficiales de Gendarmería Nacional y otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-04-20

No se advierte ponderación desacertada o violatoria de las reglas de la lógica con relación a los testimonios rendidos que autoricen a descalificar la conclusión final del sentenciante, esto es, la indemostración de la relación laboral invocada, que a cargo de la actora estaba, puesto que el principio "in dubio pro operatio" que rige la ley laboral, es aplicable a la duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales pero de manera alguna sobre la apreciación de los hechos invocados por el trabajador quien debe acreditarlos en forma indubitable y categórica con el fin de obtener sentencia a su favor.

Es que la cuestión no radica en que el actor realizara trabajos, hecho no negado por ningún testigo, sino que lo hiciera en relación de dependencia con la parte demandada elemento constitutivo de la relación de empleo conforme dicta el art. 22 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, demanda laboral, contrato de trabajo, responsabilidad solidaria, fusión de sociedades
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Méndez, Oscar Cleofé c/ Seven Up Concesiones S.A. y otra. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es descalificable el pronunciamiento que, al hacer lugar a un reclamo laboral, fundó la responsabilidad solidaria de una empresa en su fusión con la supuesta empleadora, ya que dicha fusión no se había efectuado con ésta, sino con la restante codemandada.
Nulidad procesal, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: AQUILINO, FERNANDO EZEQUIEL s/ Recurso de nulidad y apelación en subsidio, Causa: 36361.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

1 - La omisión de consignar en la declaración indagatoria cuáles fueron concretamente los hechos que se apercibieron a cada imputado no en todos los casos se encuentra suplida con las interrogaciones y manifestaciones que se consignan posteriormente en las actas. No obstante, dicha omisión no causa la nulidad de las declaraciones ni de las actas.- 2 - Los hechos de los que se advirtió a cada uno de los imputados y que, sin embargo, no figuran en las actas de las declaraciones indagatorias, deben ser acreditados por todos lo medios de prueba admisibles, en la medida que resulte necesario para la tramitación del proceso.- 3 - El auto de procesamiento debe ser una pieza procesal simple y breve que sirva nada más que para poner en evidencia la provisoria calificación de los hechos, por cuanto los efectos del procesamiento tienen relación con la instancia del juicio pues la instrucción no es un antejuicio, sino simplemente una preparación para el juicio contradictorio. (Del voto en disidencia del Dr. Romero).- 4 - La precisa y circunstanciada relación de los hechos es una exigencia invalidante de un acto procesal sustancial como la requisitoria de elevación a juicio, cuya existencia resulta indiscutible con la descripción de los hechos, pues constituye la base de la acusación para el juicio. (Del voto en disidencia del Dr.

Romero).- 5 - La imprecisa enunciación de los hechos o una insuficiente motivación del auto de procesamiento no torna inexistente el acto, pues la ley sólo exige que se describan mínimamente las conductas incriminadas. En consecuencia, si de su lectura surge claramente el hecho imputado, no corresponde declarar la nulidad. (Del voto en disidencia del Dr. Romero).
Acción de amparo, legitimación activa, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: "Morales,  Gerardo  Rubén c/ EN  -SIGEN- Dto. 378/05 s/ amparo ley16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

La Calidad de legislador que ostenta el actor no es suficiente para otorgarle legitimación para accionar en los términos propuestos en tanto no está acreditado que hubiera sufrido un daño claro, directo, inmediato de sus prerrogativas legislativas, ni la existencia de un perjuicio hacia sí mismo como individuo. Más aun, el actor no representa a la Cámara legislativa que integra ni al pueblo de la Nación (lo que compete a la primera), por lo cual podría arribarse al irrazonable resultado de extender la medida cautelar pretendida y la acción de amparo incoado a sujetos que no sólo no las han planteado sino que, incluso, podrían no compartirlas (C.S.J.N. "Thomas", 15/06/2010) (Cons. 6°). (sumario confeccionado por el SAIJ).
Tráfico de estupefacientes, tenencia de armas
Materia: PENAL
Carátula: Molina Méndez, Paola (E.) s/ Procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-06

Corresponde procesar a la imputada en orden al delito de tenencia de estupefacientes para comercialización, ya que la gran cantidad de droga incautada en el interior de su cartera hace presumir que tenía como objeto su comercialización, no siendo necesario demostrar que se efectuaron actos de comercio con la sustancia.
Competencia, lugar del hecho, desnaturalización del cheque, cheque de pago diferido
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Pinto, Jaime Víctor s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

Es competente el juez del domicilio del banco girado, para conocer en el delito del art. 302 del Código Penal cometido mediante la entrega de cheques postdatados en pago de mercadería adquirida en ese acto, si en ese lugar se domicilian los imputados, y se recibió la denuncia, y la parte de la investigación sobre la que debía avanzarse en la otra jurisdicción, ya ha sido realizada por el juez aquí competente.
Pena de inhabilitación, accesorias legales, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: T, V H s/ FACILITAMIENTO DE LA PROSTITUCION      EXPTE NRO 45-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-12

La inhabilitación del artículo 12 del Código Penal, asume el carácter de accesoria, al operar como consecuencia de la aplicación previa de una pena privativa de libertad a tres años, revistiendo además la naturaleza de absoluta y conjunta. Dada la aplicación virtual de la norma, habida cuenta que es inherente y en consecuencia parte indisoluble de la pena a la cual está unida, no se precisa su declaración judicial, que es necesaria cuando el Magistrado juzgue conveniente incrementarla en los términos del artículo 12 (Código Penal), teniendo en cuenta la índole del delito.

No concurre ninguna causal de nulidad, ni violado disposición procesal referida a las discriminaciones que debe contener la sentencia.
Recurso de inconstitucionalidad, responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GESSAGA, MARISA BEATRIZ c/ TROSARELLO, ADRIAN MARCELO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Luego de un detenido estudio de la totalidad de las constancias de autos -en confrontación con lo decidido en el fallo atacado y los agravios de la Aseguradora vinculados a la responsabilidad civil que se le atribuye, a que no se la puede condenar más allá del contrato de seguro, a la edad tenida en cuenta como expectativa de vida de la víctima y al monto otorgado por daño moral-, cabe concluir que la compareciente no ha logrado perfilar en estos puntos algún planteo con entidad suficiente como para lograr la descalificación constitucional de lo resuelto por los jueces de la causa al valorar los hechos, la prueba y el derecho en ejercicio de funciones eminentemente propias, desde que la Sala para decidir condenar a la aseguradora a una reparación integral valoró una serie de circunstancias que la condujeron a tener por acreditada la causalidad aducida entre los incumplimientos de ésta en materia de prevención de riesgos y el hecho generador de la muerte del trabajador, aclarando que la falta de denuncia del comienzo de obra no la eximía a aquélla de responsabilidad.
REPÚBLICA DEL PARAGUAY, responsabilidad internacional del Estado, candidatos, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, falta de prueba
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay S/ Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-08-31

Resulta internacionalmente responsable la República del Paraguay por violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio del candidato electoral a la presidencia que durante la campaña emitió declaraciones respecto de su contrincante, lo que motivó su sometimiento a un procedimiento penal por los delitos de injuria y difamación en un proceso que se extendió por más de ocho años con prohibición de salida del país por el mismo período, pues sólo se admitió como prueba principal los artículos periodísticos donde aquéllas fueron publicadas, sin haberse efectuado testimoniales ni peritajes cuando la materia probatoria no revestía complejidad alguna que pudiese justificar tal excesiva demora.
Beneficios previsionales, pensión a la vejez, denegatoria del beneficio, cómputo de servicios, relación de dependencia, otorgamiento del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mirski, Silvia Margarita c/ ANSES s/ jubilación y retiro por invalidez
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-04

Debe revocarse la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social que denegó el beneficio de prestación por vejez, por considerar que la solicitante no había probado los años prestados en relación de dependencia, dado que resulta inadmisible que a una ciudadana que debió litigar contra su empleador, que obtuvo sentencia favorable en dos instancias, y que las autoridades judiciales y ella misma hayan denunciado dicha circunstancia por ante la AFIP, el organismo previsional le deniegue el beneficio, toda vez que le reconoce fictamente años de servicio mediante declaración jurada y no así aquellos que han sido expresamente reconocidos en el ámbito jurisdiccional. En consecuencia, corresponde proceder al dictado de una nueva resolución, otorgando el beneficio solicitado.
Proceso penal, dominio
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

El proceso penal no está diseñado para la tutela del derecho de dominio ni otros de propiedad de un titular, sino para el aseguramiento de un orden público que se vería perturbado por la afectación de un derecho de propiedad, generalmente, pero no siempre, de un titular privado, contra el cual va dirigido el delito cuya presunta comisión se investiga. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Acto administrativo, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MAN, LORENA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-20

El Tribunal Municipal de Faltas es un órgano administrativo con funciones jurisdiccionales, circunstancia que excluye su inserción dentro del Poder Judicial y priva a sus fallos del carácter de sentencias, por lo que la validez constitucional de las decisiones administrativas que con carácter final implican el ejercicio de funciones normalmente acordadas a los órganos judiciales, se halla supeditada a la existencia de control judicial suficiente, orientado en general a impedir que los órganos administrativos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda especie de revisión ulterior. Tal control implica el reconocimiento a los litigantes del derecho de interponer recurso ante los jueces ordinarios y la negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de que, existiendo opción legal, los interesados hubieren elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial, aunque los alcances requeridos para que el control judicial sea "suficiente" no pueden ser determinados en general y "a priori" sino siempre según las modalidades de cada situación jurídica, lo que obliga a examinar en cada caso los aspectos específicos que singularizan la concreta materia litigiosa, entre los que se cuenta la naturaleza del derecho individual afectado (Del voto del Dr. Netri).
Daños y perjuicios, inundación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Intanno, Juan H. c/ Prov. de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

Habiendo en la especie pruebas concluyentes de la plena y definitiva inutilización de la finca por efecto de su anegamiento, supondría un contrasentido jurídico conceder un resarcimiento del valor total del bien inundado sin la pérdida correlativa de la propiedad para su titular.
Acción de inconstitucionalidad, medidas cautelares, actos de los poderes públicos, Municipalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Terraza, Ester c/ Municipalidad de la Ciudad de General Güemes s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-06-04

Corresponde el rechazo de la cautelar solicitada, en el marco de una acción de inconstitucionalidad, con el fin de que se suspenda la vigencia de la ordenanza que prohibe la realización de bailes durante determinados días de la semana, en tanto obsta a tener por configurada la arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta de la decisión impugnada, la circunstancia de que prima facie se halla fundada en el uso de las facultades conferidas por la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal, sobre lo relativo a higiene, seguridad, salubridad, moralidad y la potestad reglamentaria sobre la habilitación y funcionamiento de los locales comerciales.
Accidentes de trabajo, daño psíquico, pericia psicológica, apreciación de la prueba, indemnización, honorarios del perito
Materia: LABORAL
Carátula: Cifuentes, Escobar Jose Ismael c/ Prevención ART S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2016-12-22

Es cierto que el informe pericial -psicológico- no es lo suficientemente claro y fundado, por lo que podría otorgarse también al actor un 0% de incapacidad, encuadrando su situación en el Grado I de RVAN, pero entiendo que existiendo síntomas de depresión, y por aplicación del art. 9 de la LCT, corresponde estar al 10% de incapacidad psicológica determinado en la sentencia de grado -Grado II de RVAN-, y computado respecto del actor de acuerdo con el método de la capacidad restante.
Juicio abreviado, pena, facultades del juez, disminución de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Robles, Delia Mercedes s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-16

La aceptación por parte del Tribunal de la solicitud de juicio abreviado (art. 431 bis del C.P.P.N.), no implica necesariamente su sujeción al quantum punitivo consensuado. La norma sólo prohíbe la imposición de una pena superior o más grave que la pedida por el ministerio público fiscal. Nada obsta a que los sentenciantes establezcan una pena menor, y menos aún, que no impongan pena -como en el caso-, si estiman que la conducta no resulta típica. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Escritos judiciales, Impuesto de sellos, falta de sellado, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: BANCO HIPOTECARIO S.A. c/ DOFOUR, ROSA GRACIELA s/ EJECUCION HIPOTECARIA - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-10-05

Si bien, el art. 254 del C.T. dispone que: "No se dará curso a los escritos... sin que previamente se reponga el sellado y fojas del mismo", en caso de tratarse del recurso de apelación resulta de aplicación la norma específica contenida en el art. 261 del C.T. que ordena "no elevar" las actuaciones judiciales al Superior en los casos de recursos, sin el previo pago de impuestos y tasas que a la fecha de elevación corresponda sastisfacer.

Es decir, que no impide en ningún caso la concesión o tramitación del recurso, sino solo la elevación del expediente a la Cámara de Apelaciones. Disposición en armonía con el art. 257 del C.P.C. que establece que, la falta de pago del impuesto o sellado de justicia "no impedirá" en ningún caso la concesión o tramitación del recurso.

En consecuencia, concedido y tramitado un recurso en Primera Instancia, no será elevado el expediente a la Alzada hasta tanto el interesado no de cumplimiento con el pago del sellado de actuación. También es cierto que el sellado de apelación debe reponerse en oportunidad de la elevación de los autos a la Alzada (art. 261 del C. Fiscal).-