marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cuestiones de competencia, competencia por el turno, plazos procesales, juez de instrucción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: N.N. s/ Defraudación N.N. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-21|1997-02-21

Los hechos que se investigaran en el Juzgado Correccional y los que dan lugar al conflicto de turno -hurto y defraudación-, que recaería sobre el mismo objeto, guardan una indudable vinculación objetiva entre sí y por tanto no son escindibles.

Por otra parte, el magistrado que debe conocer del ilícito atribuido, en razón de su mayor competencia material debe ser designado por sorteo; mas en el caso, el juez de instrucción dejó vencer holgadamente el plazo establecido en el art. 349 del R.J.C.C. para desprenderse de las actuaciones y por tal motivo debe quedar a cargo de ellas.
Educación, docentes, nacionalidad
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La ley 668 Introdujo en el art. 14 inc. a) de la Ordenanza 40.593 la posibilidad de disponer, respecto de la regla de la ciudadanía, una excepción, en función de la cual en el Área de Educación Superior podrán admitirse extranjeros cuando razones de idoneidad así lo requieran, debiéndose fundamentar tal circunstancia en el acto de designación.

La facultad acordada a la administración no es sino la de ponderar, en situaciones particulares, a la manera de un análisis costo-beneficio, cuál es la relación de la exigencia general de ciudadanía a los fines de cubrir un cargo en un nivel de enseñanza, el superior, en el cual concurren, en distinta medida que en la enseñanza de nivel inferior, un nivel de maduración elevada de los alumnos con mayor escasez de docentes capacitados suficientemente o, más aún, la utilidad de buscar el máximo nivel de excelencia y originalidad en el docente.

Para esos cargos, el legislador abandona la estricta aplicación de una pauta objetiva limitativa de la discrecionalidad de la administración, a favor de una evaluación más detallada dirigida siempre a la consecución de los fines del servicio de enseñanza para el cual es convocado el docente.
Contratos, efectos con relación a terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: N. L. Sociedad Anónima c/ Espinal, Juan Carlos y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-03

Los contratos sólo crean obligaciones y derechos a cargo de los intervinientes, quienes no pueden imponer obligaciones a terceros mediante las convenciones celebradas por ellas.
Acción de amparo, competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BREA, Celia c/ M.C.B.A. s/ AMPARO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-25

Entablada la acción de amparo, la ley 16.986 prohíbe la articulación de cuestiones de competencia (art. 16), pero ello rige solamente para las partes, más no para los magistrados, quienes, en primer término, deben analizar su competencia.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ALBERIO,  Héctor  Ambrosio c/ BUSTAMANTE, Dora Eugenia s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-08

El decisorio que rechaza el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 680 bis y 684 bis del Código Procesal es apelable aun cuando se trate de un juicio sumarísimo cuya estructura se ideó en función de la celeridad; ello es así por ser una cuestión que puede menoscabar el derecho de defensa y, consecuentemente, causar gravamen irreparable.
Reajuste jubilatorio, competencia, competencia por el territorio, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires
Materia: PROCESAL
Carátula: DEL VALLE, Julio Nicolás c/ EN-MD-PNA s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-23

La Justicia Federal de San Martín es incompetente para entender en la acción por reajuste de haberes, si el actor se encuentra en situación de retiro y la demandada tiene su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde deben cumplirse las obligaciones que se reclaman, pues en las acciones personales deber ser juez competente el del lugar que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecida conforme a los elementos aportados en el juicio.
Tasa de justicia, Colegio Público de Abogados, Estado Nacional, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: "Fisco  Nacional  -AFIP-  DGI- c/ Sergi Juan Carlos s/ Ejecución Fiscal- D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

Corresponde acoger la suspensión dispuesta por la Sala V del pago de la tasa judicial dispuesta en una causa en la que fueron partes el Estado Nacional y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por cuanto, en definitiva dicha erogación recae sobre el Estado Nacional. Por ello no tiene influencia alguna la circunstancia de que el profesional no fue parte de aquel juicio.
Responsabilidad médica, consentimiento informado, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL
Carátula: Valiente, Viviana Haydee c/ Centro Médico San Lucas S.A. y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-13

Si la intervención quirúrgica que debe atravesar el paciente no era optativa, sino inevitable, la ausencia de consentimiento informado no provoca una privación de la chance de tomar la decisión de no someterse a otra intervención quirúrgica que la decidida por el profesional médico. En tales casos, surge evidente que la ausencia o presencia de consentimiento informado no es determinante para tomar la decisión de operarse. Dicho de otro modo, de haberse conocido con anterioridad las complicaciones de la intervención, el método quirúrgico no hubiera necesariamente variado; y a contrario sensu, el uso de este método no implica conducta negligente si no era necesario acudir a otro.
Procedimiento laboral, recusación y excusación, subrogancia del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Vera Alvarenga, Artemio c/ Lujan Francisco s/ despido- incidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

No cabe hacer lugar a la recusación planteada por la demandada contra el juez a quo, alegando que al ser un juez subrogante no resulta ser juez de la Nación ya que no fue nombrado conforme el procedimiento previsto por la Constitución Nacional. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Rosza, Carlos Alberto y otro s/recurso de casación" del 23/05/2007 (R.1309.XLII) ha declarado la validez de las designaciones de jueces subrogantes, así como la de todos los actos procesales por ellos practicados y de los que se practiquen hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento o hasta que sean reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucionalmente válido, estableciendo como plazo máximo un año, contado a partir de la notificación de dicho pronunciamiento.
Proceso penal, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHUBUT
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F., J.A. s/ Dcia. Vejaciones - Trelew (Expte. 02/07)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-11-19

"La ley 5478 no compone una modificación más al procedimiento penal. Constituye un novísimo reglamento que marca tiempos y modos de actuación, de una dinámica tal que le proporciona una singularidad poco común".
Defectos del procedimiento, defectos en la fundamentación normativa, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Camporeale, Esteban s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Toda vez que no existe una norma que habilite el rechazo in limine de la demanda de ejecución fiscal ante la imposibilidad de notificar al ejecutado del auto de intimación de pago, la desestimación de la demanda cuestionada afectó el principio de legalidad. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Herrera, Osvaldo c/ Quiroz de Capurro, Angélica s/ Indemnización por despido y salarios Galeano, Eladio Lorenzo c/ Santamaría Comunicaciones S.R.L. s/ Despido Recuero, Antonio Rodolfo y otro c/ Transportes Línea 304 S.A. s/ Despido y salarios Viola, Salvador c/ Chacabuco Refrescos S.A. s/ Indemnización por despido Ancarani, Mariano c/ Nabarro, Daniel s/ Diferencia de haberes Amor, Hugo O. y O. c/ Seven Up Concesiones S.A. y otra s/ Despido y cobro de australes Montemurra de Bartolotta, Rita Juana c/ Banes, Mercedes del Carmen y ot. s/ Despido Beraud, Martín c/ Rourda, Ricardo s/ Despido, enfermedad accidente Liberto, Vito c/ Heladerías Tucán S.R.L. s/ Despido Peralta, Naldo Isidro y otro c/ Lipcovich, Sara Rosa y otros s/ Indemnización por despido, etc. Amado, Esteban Gabriel c/ Magrassi, Carlos Hércules y otros s/ Despido Tolosa, Hugo Estergidio c/ Farias, Carlos s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28|1988-06-07|1992-08-25|1996-07-05|1997-07-01|1994-09-20|1993-04-13|1997-03-11|1999-04-13|2001-09-28|2003-08-06|2004-09-01

Para que juegue la presunción que dispone el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo los servicios deben haberse prestado en relación de dependencia.
Nacimiento de la persona, inscripción de nacimientos, inscripción de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: N.N. Y/O O., P.E. s/ INSCRIPCION DE NACIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-25

1- Al no estar inscripto el nacimiento del menor, no existe emplazamiento alguno en el estado de familia, pues éste quedó en la incertidumbre; con lo cual no corresponde inscribir a aquel con un apellido de quien, razonablemente, no cabe presumir que es su padre, ya que ello llevaría a que con posterioridad se pudiere promover juicio de impugnación de estado, con el consiguiente dispendio jurisdiccional y perjuicio evidente para el menor, quien sería conocido con determinado nombre.

2- Corresponde inscribir al menor con el apellido materno, si éste es su apellido de uso, teniendo en cuenta la edad de aquél (en el caso 15 años), pues se relaciona con su identidad; y encuentra fundamento en la pauta genérica del art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23849 e incorporada a la Constitución Nacional con la reforma de 1994 (conf. art. 75, inc. 22).
Asignaciones familiares, cajas de previsión
Materia: LABORAL
Carátula: JAROSLAVSKY, ALICIA c/ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-19

El art. 16 de la ley 18017 establece concretamente los requisitos exigibles para ser acreedor de las asignaciones familiares, los que están previstos en las resoluciones dictadas por las respectivas Cajas, por delegación en el ámbito de su competencia, resultando insuficiente el sólo hecho de tener cargas familiares para acceder a dicho beneficio.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salvatierra, Hugo y otra c/ Lazarte, Hector Edgardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

Para fijar la indemnización de la "chance" se debe ponderar la profesión, oficio, o empleo del reclamante, la composición total del grupo familiar, su "status", condiciones de salud, edades, escolaridad, etc. Es decir todos aquellos datos que sirvan de guía para poder establecer, aún con la imprecisión que supone medir "chances", qué ayuda podía prestar el hijo fallecido a sus padres, la intensidad de esa necesidad etc..
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, deudor, reconocimiento de las obligaciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ANONIMA ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA c/ BREPPE TERESA DEL VALLE N. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-11-24

En los fundamentos de la reforma introducida por la ley 22.434 al art. 544 del C.P.C.N, se recepta la tesis de que constituye presupuesto de procedencia de las excepciones de inhabilidad y falsedad de título, en el juicio ejecutivo, la negativa del carácter de deudor por el ejecutado.

Si bien dicha reforma no es de estricta aplicación en la provincia, en la actual terminología, la misma ha cristalizado la reiterada jurisprudencia al respecto, siendo de aplicación constante en todos los tribunales del país y receptada por esta cámara en su actual integración en autos 48/95, toda vez que la redacción de nuestra ley de rito en el art. 544 Inc, 4to solo hace referencia en su ultima parte respecto de la excepción de falsedad a la tesis aludida ut-supra, interpretando a contrario sensu, dicha normativa; en consecuencia, no negada la deuda, el planteo de estas excepciones deviene improcedente.
Daños y perjuicios, prueba, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro c/ Trans. Ideal San Justo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-06

Se ha resuelto que aún cuando la atención sea efectuada en hospital público "gratuitamente", e inclusive se tenga los beneficios de una obra social, como consecuencia de las lesiones siempre existen gastos por transportes, aranceles mínimos, propinas, medicamentos, etc. que deben ser necesariamente realizados y por lo tanto, merecen ser reparados por quien dio origen a los mismos.
Responsabilidad del banco, robo, contrato de caja de seguridad, prueba, presunciones
Materia: BANCARIO-PENAL-CIVIL
Carátula: SONTAG, BRUNO c/ BANCO DE GALICIA Y Buenos Aires s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-12

Si bien en forma aislada e individualmente, una serie de hechos no demuestran la existencia de los bienes reclamados -joyas y dólares billetes- dentro de la caja de seguridad al momento del robo, la comprobación del conjunto de tales hechos concatenados y convergentes -la prueba de la existencia de las joyas y de los dólares billetes, de la apertura de la caja, en razón de la profesión de joyero del cliente del banco, muchos años antes del robo, del ingreso y egreso asiduo de joyas y dinero al banco para concurrir a diversos acontecimientos sociales, el sostenido mantenimiento de la posición económica del matrimonio reclamante, la posesión de un importante activo de bienes inmuebles y recursos suficientes que les hacían llevar un alto nivel de vida y desempeño social, en relación con su patrimonio-, son presunción suficiente de su existencia.
Robo con armas, arma impropia, destornillador, auto de procesamiento, menor procesado, participación criminal, tentativa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DADINO, Daniela Fabiana y otro. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-29

Que la procesada empleó un destornillador para intentar perpetrar la sustracción violenta investigada, por lo que su conducta se califica como robo agravado por su comisión mediante el uso de un arma impropia; y que no se ha acreditado que la participación del menor haya tenido como finalidad descargar la responsabilidad en él, por lo que corresponde la aplicación de la agravante contemplada en el art. 41 quáter. Se resuelve confirmar el auto que decreta el procesamiento de la imputada, debiéndose modificar la calificación legal allí asignada a la de robo agravado por su comisión mediante el uso de un arma impropia, en grado de tentativa. (voto del Dr. Filozof en su carácter de Presidente de la Cámara)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentos suficientes, daños y perjuicios, responsabilidad del vendedor, productos electrónicos, normas de seguridad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: OLIVA, ANGEL Y OTROS c/ UNIGIFT SA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y   PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 202 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-17

Es inadmisible la queja ya que luce razonable que el Tribunal de la causa haya sostenido que la vendedora no fabricante sabía o debía saber que vendía el producto sin contar con normas de seguridad eléctrica y con un debido control de calidad.

En este orden, remarcó que la carcaza del minicomponente no tenía sello estampado con normas de seguridad eléctrica conocidas en el ámbito nacional o internacional y tampoco identificación de su fabricante, por lo que pesaba sobre aquélla ciertas obligaciones (las que precisa) en razón que era previsible que el aparato -cosa de por sí peligrosa- podía causar, como ocurrió, daños a terceros inocentes.
Competencia contencioso administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, JUSTIFICACIÓN
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Córdoba, Ramón Antonio c/ Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-16

Conforme al estado procesal de la causa, corresponde que esta Corte de Justicia emita pronunciamiento en orden a lo normado por el Art. 3 del CCA, referido a si la cuestión traída a su conocimiento corresponde, prima facie, a su jurisdicción.

Analizada la materia que involucra el litigio, se colige que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, que justifica la apertura de esta instancia estrictamente revisora del actuar administrativo, de conformidad al Art.204 de la CP. Sentado ello, se impone la verificación de que si en el escrito postulatorio se satisfacen las condiciones de admisibilidad de la demanda previstas en el CPCC, de aplicación supletoria por imperio del Art.74 del CCA, además de los requisitos específicos de las acciones ordinarias contencioso administrativas contempladas en la ley adjetiva.

En consecuencia, en el escrito de inicio deben tenerse por satisfechas las exigencias procesales extrínsecas de la demanda, además la causa implica materia contencioso administrativa, es iniciada por una persona física, reclamando contra una resolución definitiva emanada del Titular del Poder Ejecutivo provincial y que hipotéticamente vulneraría derechos de carácter administrativo establecidos a favor del reclamante por disposiciones preexistentes.

Por último, el accionante justifica haber agotado la vía administrativa previa con el pronunciamiento de la autoridad de última instancia, representado por el Decreto H y F Nº 1507/09 que acoge parcialmente el recurso jerárquico deducido en contra de la Resolución AGJyS Nº 2029/07, acto definitivo que fue notificado al actor con fecha 3/02/2010.

En contra del acto en crisis, el actor interpone aclaratoria con fecha 4/02/10, cuya copia obra en autos. A fin de determinar el planteo tempestivo de la pretensión, debe señalarse que el Art. 115 -último apartado- del Código de Procedimientos Administrativos expresamente establece: "El pedido de aclaratoria interrumpe los plazos para interponer los recursos o acciones que procedan".

En consecuencia, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil de conformidad al Art.7 del Código Contencioso Administrativo y constancias del cargo de recepción, la demanda debe declararse admisible.
Prescripción, prescripción bienal, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: VIOLLAZ RICARDO ABEL c/ RESYDER S.R.L. s/ / DIFERENCIA INDEMNIZACION Y OTROS RUBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-29

La prescripción liberatoria es un instituto por medio del cual el transcurso del tiempo emergente de la ley, sumado a la inacción o silencio del acreedor, opera la extinción de la acción y libera al deudor (arts. 256 L.C.T. y 3949 del Código Civil), cuyo fundamento responde a razones de seguridad jurídica y paz social y a la necesidad de poner fin a la indefinición de los derechos, siendo aplicable el plazo bianual en el supuesto de créditos provenientes de relaciones de trabajo.
Procesos de conocimiento, juicio ordinario, obras sociales, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FEDERACION  ARGENTINA  DE CAMARAS DE FARMACIAS (FACAP) c/ SISTEMAINTEGRADO DE CONSULTORIA SA Y OTRO S/ s/ OBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

Procede rechazar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por una obra social codemandada, en una acción por cobro de provisión de medicamentos, pues aun cuando tal provisión se hubiera facturado a una empresa intermediaria -quien por su labor obtenía un lucro-, el contrato de esta con la accionante redundaba en beneficio de la excepcionante, que actuaba como un verdadero mandante ante la intermediaria y, esa relación de mandato la obliga a satisfacer las obligaciones que omitiera cumplir su mandataria. (En el caso la Federación Argentina de Cámara de Farmacias, acciona contra la obra social y la empresa intermediaria a quien le fueron facturados los medicamentos vendidos a los afiliados de dicha obra, por cobro de estos; en atención a la relación que las unía, por la cual la accionante prestó en forma directa el servicio contratado por la obra social, que luego era facturado a la empresa intermediaria contratada por esta última, distribuyendo la accionante posteriormente los fondos en cuestión entre las farmacias prestadoras -fondos que no dependían de las prestaciones brindadas sino un valor fijo por adherente, que a su vez le era descontado a estos de sus haberes-, labor por la cual la intermediaria obtenía un lucro).
Prueba, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Carreno, Manuel Alejandro c/ Establecimiento Modelo Virgen del Valle S.A s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-11-13

Las anotaciones del Libro de Registro Unico, son una presunción iuris tantun, perfectamente rebatibles por otros medios probatorios incluidas las testimoniales, porque de lo contrario su contenido únicamente podría ser abatido por acciones específicas, propósito no querido por las disposiciones al efecto previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. Los libros por su carácter unilateral y de poco probable contralor por parte de los empleados no puede constituir, probatio probatísima, en desmedro de la verdad real, que debe estar presente en todo proceso laboral. Constituye un elemento de prueba cuya eficacia debe examinarse en cada caso a la luz de los principios de la sana crítica, que exige tener en cuenta la unilateralidad de los asientos y su coincidencia u oposición con otras pruebas.
Médicos, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Estevez, Lidia Marta c/ Institutos Médicos S.A. s/ Indemnización por muerte Taddeo, Haroldo Horacio c/ Sanatorio Modelo Quilmes s/ Despido Rodríguez Aruanno, Carlos Gerardo c/ Alerta SA s/ Indemnización por despido, etc. Tolcachier, Jorge E. c/ Clínica Privada Instituto Médico Adrogué SRL y ot. s/ Despido, cobro de haberes Golia, Gloria Marta c/ Emed SRL s/ Diferencia de haberes y otros Hasicic, José c/ Hasicic Hnos. S.R.L. y otros s/ Indemnización por despido, art. 245 L.C.T. Golia, Gloria Marta c/ Emed SRL s/ Diferencia de haberes y otros Hasicic, José c/ Hasicic Hnos. S.R.L. y otros s/ Indemnización por despido, art. 245 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04|1999-03-16|2002-09-18|2001-12-05|2003-05-28|2003-12-17

Para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento asistencial, es necesario verificar las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, en orden a la determinación de la eventual existencia de subordinación jurídica, económica y técnica que, aún atenuada en ciertos aspectos, caracteriza la relación de dependencia laboral y la decisión es privativa de los tribunales del trabajo, salvo absurdo.