Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-03


Buenos Aires, 3 de diciembre de 2008 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta	1. El 16 de agosto de 2007, la jueza de primera instancia resolvió aprobar el acuerdo celebrado entre la defensa oficial y el Ministerio Público Fiscal suspendiendo el juicio a prueba por el término de ocho meses, plazo durante el que Tejerina debía cumplir con varias reglas de conducta. Una de ellas consistía en "abstenerse de concurrir a las zonas pertenecientes a la jurisdicción de las comisarías 18° y 28° de la Policía Federal" (fs. 48vuelta).

2. El representante del Ministerio Público Fiscal, ante el traslado que se le corriese informándole que a Tejerina se le había confeccionado un acta contravencional en jurisdicción de la comisaría 18°, solicitó a dicha magistrada que cite a la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA (cf. fs. 89/89vuelta).

En el marco de esa audiencia, la defensa sostuvo que el acta por sí sola no permitía tener por probado el hecho imputado, situación que sólo podría tener lugar una vez realizado el debate o si fuese reconocido el hecho por Tejerina. No obstante lo cual, propuso que la nueva imputación fuera incluida en la suspensión de juicio aprobada el 16 de agosto de 2007, extendiéndose su plazo de duración en un mes más. La Sra. Fiscal que intervino en la audiencia "consintió" la ampliación solicitada, por lo que propuso un nuevo plazo de nueve meses de duración para el beneficio que le fuese otorgado a Tejerina (fs. 92). La jueza de primera instancia difirió la resolución de lo solicitado hasta tanto se agregasen fotocopias certificadas de la nueva causa. El 28 noviembre de 2007, resolvió revocar la suspensión de juicio a prueba y mandó a llevar adelante el proceso. Para así decidir, sostuvo, en primer lugar, que la nueva propuesta de acuerdo formulada por la defensa y la representante del Ministerio Público Fiscal no resultaba procedente, principalmente, porque el art. 45 del CC establece como única consecuencia ante el incumplimiento del compromiso asumido la continuación del proceso. En segundo lugar, que se hallaba suficientemente acreditado que Tejerina había incumplido la regla de conducta de abstenerse de concurrir a las zonas pertenecientes a la jurisdicción de las comisarías nros. 18° y 28° de la Policía Federal.

3. La defensa apeló esa decisión. Dos fueron los agravios que formuló contra ella. Por un lado, sostuvo que no se había acreditado que Tejerina hubiera violado regla de conducta alguna. Por el otro, que esa decisión resultaba violatoria del "sistema acusatorio" porque había sido adoptada sin que existiera un requerimiento en tal sentido por parte del Ministerio Público Fiscal. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, en lo que ahora importa, confirmó la mencionada resolución. Los jueces que formaron la mayoría, principalmente, sostuvieron que se encontraba acreditado que Tejerina había incumplido con su deber de no concurrir a la zonas acordadas, situación que, a juicio de los magistrados, daba sustento suficiente a lo decidido por la jueza de mérito. Por su parte, la Dra. Manes, en disidencia, votó por anular la decisión apelada porque resultaba violatoria del "sistema acusatorio", receptado en el art. 13, inc. 3, de la CCBA y de la garantía de imparcialidad. En este orden de ideas, sostuvo que la "...resolución criticada sustituyó a una de las partes, a la sazón, la representante de la vindicta pública, al subrogarse facultades que le están vedadas, y ello ha implicado la ruptura del equilibrio entre partes, por resignarse la garantía de imparcialidad, en directa afectación de principios expresamente previstos por la Carta Magna local como asimismo por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 de ésta (art. 13, inc. 3° C.CABA y 18 C.N., 8° C.A.D.H. y 14 P.I.D.C.P.)." (fs. 120vuelta).

4. La defensora oficial subrogante interpuso un recurso de inconstitucionalidad (fs. 128/134), en el que postuló que se encontraban cumplidos todos los requisitos de forma para su procedencia. En particular, sostuvo que si bien la sentencia impugnada no es la definitiva, resulta equiparable a tal porque el gravamen que le produce a Tejerina no resulta susceptible de reparación en una ulterior oportunidad procesal. Principalmente, porque lo que sus planteos persiguen es que el proceso no continúe en las condiciones denunciadas; a fin de sustentar lo cual, cita numerosos precedentes de la CSJN y de la Cámara Nacional de Casación Penal en los que se equiparó a definitiva decisiones que revocaban la suspensión de juicio a prueba otorgada, según la defensa, de contenido similar a la que acá se recurre.

Con relación al fondo de la cuestión, sostuvo que la sentencia del a quo resulta violatoria del "sistema acusatorio" (cf. arts. 13, inc. 3, de la CCBA y 4 del CPPCABA) y de las garantías de "igualdad de armas" e imparcialidad (este último, cf. lo dispuesto en los arts. 26.II de la DADyDH, 10 de la DUDH, 14.1 del PIDCyP y 8.1 de la CADH). En este orden de ideas, adujo que "...la decisión de revocar la suspensión del proceso a prueba fue adoptada sin que existie[se] un requerimiento expreso por parte de la representante del Ministerio Público Fiscal puesto que al momento de celebrarse la audiencia prevista en el art. 311, CPPCABA, la señora Fiscal, no sólo no requirió que se revoca[se] la suspensión del proceso a prueba acordada, sino que además, prestó conformidad a que se prorrog[ase], por el término de un mes, el plazo de ocho meses por el que se otorgó a Tejerina la suspensión del proceso a prueba" (fs. 132). Manifestó, con el objeto de abonar su postura, que "...el sistema acusatorio supone un modelo de litigio contradictorio (entre el acusador y la defensa) en el cual el Juez permanece como un tercero dispuesto a resolver el conflicto suscitado entre las partes e impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo este modelo de enjuiciamiento también contiene el principio-garantía de la 'igualdad de armas' entre dichas partes, manteniéndose en todo momento la 'imparcialidad' del juzgador, por lo que se trata de un sistema en el cual se encuentran separadas las funciones de juzgar y de requerir, correspondiendo el ejercicio de esta última al representante del Ministerio Público Fiscal, encontrándose vedado de este modo la actuación de oficio del juzgador; con lo cual se advierte que la decisión impugnada únicamente pudo haber sido posible a requerimiento de la parte acusadora" (la cursiva corresponde al original) (fs. 132).

El a quo corrió traslado al representante del ministerio público fiscal y, una vez contestado éste, concedió el recurso de inconstitucionalidad en atención a que: i) a la luz de lo resuelto por la CSJN en Fallos: 320:1919; 320:2451 y en la causa "Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 -causa N° 28/05- (expte. nro. A. 2186. XLI.), la decisión impugnada resulta equiparable a definitiva; y ii) en el caso se ha planteado un caso constitucional, como lo es la interpretación y alcance que corresponde asignarle al "sistema acusatorio".

5. El Fiscal General Adjunto dictaminó a favor de que se declare mal concedido el recurso de inconstitucionalidad. En apoyo a su posición señaló, en primer lugar, que dicho remedio procesal no está dirigido contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal y, en segundo, que no acreditó la presencia de un caso constitucional en el sub examine. En particular, sostuvo que, a diferencia de lo que entiende la defensa, no se encuentra conculcado el principio acusatorio. Ello así, "...porque en el caso la fiscalía provocó la decisión judicial al solicitar la audiencia pertinente a la revocación de la suspensión del proceso a prueba; y no empece lo expuesto el hecho de haberse variado el criterio en tal audiencia por parte de la Fiscal que concurrió al acto, porque su petición de prolongación del plazo no podía ser receptada ante el hecho objetivo de la violación de una regla de conducta específica" (152vuelta).

Fundamentos:

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Si bien la sentencia recurrida no es la definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley 402, ello no obsta, en el caso, a la procedencia del recurso deducido a fs. 128/134.

Conforme lo he señalado en varias oportunidades, corresponde hacer excepción a la regla prevista en el mencionado art. 27, esto es, que el recurso de inconstitucionalidad "...se interpone contra las sentencias definitivas del tribunal superior de la causa..." (sin resaltar en el original), cuando la aplicación literal de dicho artículo frustra el ejercicio útil de la competencia que a este Tribunal le viene encomendada por el art. 113, inc. 3, de la CCBA, es decir, conocer ".en todos los casos que versen sobre la aplicación de normas contenidas en al Constitución Nacional o en esta Constitución" (cf. mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Díaz, David Domingo s/ inf. art. 189 bis CP -apelación-'", expte. n° 4979, sentencia del 23 de mayo de 2007, entre muchos otros). Esa situación de excepción es la que se encuentra presente en el sub lite, en que el derecho invocado -no verse sometido a un proceso que no observe el principio acusatorio- sólo es susceptible de tutela inmediata. En efecto, si no se atendiera el planteo de la defensa en esta oportunidad el fenómeno que la garantía invocada tiene por fin evitar, esto es, que se sustancie -y no solamente que se condene sin acusación- un proceso que no fue instado por parte del Ministerio Público Fiscal, habría ocurrido, situación que tornaría abstracto el tratamiento del planteo en una ulterior oportunidad.

En otros términos, a diferencia de lo ocurrido en otras causas en las que se controvertían resoluciones de similar contenido, es decir, otras que, al igual que la presente, revocaron la suspensión a prueba del juicio posibilitando la continuación del proceso, en esta ocasión, la defensa ha invocado que esa decisión resulta violatoria de una garantía constitucional, el "sistema acusatorio", que resguarda a las personas de sufrir un proceso que sólo fuera posible sorteando el límite que dicho principio erige.

En este aspecto, la situación presente difiere de la analizada en las causas "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 3- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Herrera, Juan s/ art. 189 bis CP -apelación-'", expte. n° (4750), sentencia de este Tribunal del 24 de octubre de 2006 y "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° (4994/06), sentencia de este Tribunal del 23 de mayo de 2007. En ellas, la defensa no mostraba que estuviesen en juego garantías que impidiesen continuar el proceso. Concretamente, no lo estaba el non bis in idem que invocaban sin mostrar su relación directa con lo resuelto.

2. Ello sentado, adelanto que asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que, a la luz del "sistema acusatorio", los jueces de la causa no podían asignarles a las normas del código contravencional una interpretación según la cual ellos contaban con la facultad de 'no aprobar' -sobre la base de que Tejerina habría incumplido alguna de las reglas de conducta que se había obligado a cumplir en un convenio anterior- el nuevo acuerdo celebrado con la representante del Ministerio Público Fiscal y, menos aún, con una que les permitiera ordenar la continuidad del proceso.

3. El art. 13, inc. 3, de la CCBA consagra a favor de los habitantes de la Ciudad el "sistema acusatorio". Ese sistema constituye una forma de ordenamiento de los procesos y, en verdad, de concebir el rol de los jueces. A su vez, como toda previsión constitucional, tiene que ser observada por todos los órganos de la Ciudad, a saber: por el legislador cuando dicta las leyes, por el Poder Ejecutivo cuando las aplica y, por último, por los jueces, los que deben adaptar sus interpretaciones de las leyes de modo de ponerlas en armonía con las normas a las que el art. 31 de la CN y la CCBA ponen en la cima del orden jurídico.

El "sistema acusatorio", en lo que ahora importa, implica que quien toma la decisión final no puede obrar a instancia de sí mismo, sino que debe hacerlo a instancia de otro. Esto significa que no puede reunirse en un mismo órgano las condiciones de juez e impulsor de la acción. Es decir, los jueces no pueden obrar a su propia instancia. Una parte legitimada a ese fin debe estimularlos.

3.1. En ese marco, el de un proceso regido por el "sistema acusatorio", la razón por la que la suspensión está sometida a resolución del juez no es para controlar la decisión del fiscal de instar o no la acción, cosa que le incumbe privativamente al ministerio público, sino para asegurar que un acuerdo que genera cargas para el procesado e impedimento de instar la acción para el fiscal sea celebrado cuando se dan ciertas condiciones cuya concurrencia la ley hace examinar al juez. Pero el acuerdo es entre las partes, y el juez no puede sustituirlas ni sujetar su decisión de pactar a un control más extenso que el que marca la ley y permite la CCBA.

El texto del párrafo segundo del art. 45 del código contravencional reza así: "[e]l Juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza".

El uso de las expresiones "resuelve sobre el acuerdo" y "facultad de no aprobar" deben ser leídas en el contexto en el que han sido puestas. "Resolver sobre el acuerdo" no supone en él expedirse acerca de la conveniencia, mérito u oportunidad. Tampoco la "facultad de no aprobarlo" supone la de expedirse discrecionalmente a favor o en contra del acuerdo. Las partes en el acuerdo son el fiscal y el imputado, no el juez. Son dichas partes las que han de apreciar la conveniencia de los límites y cargas que respectivamente asumen. El examen que toca al juez se circunscribe a los puntos que contemplan el resto del párrafo segundo -".fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza..."- y los párrafos primero, tercero y cuarto del mencionado artículo 45 del CC.

No constituye razón ni materia de ese examen la decisión de no impulsar la acción pública. Es esta cuestión reservada al fiscal por la ley en directa aplicación del "sistema acusatorio". La intervención del juez apunta a anticipar un pronunciamiento acerca de la validez de los compromisos que pactan recíprocamente fiscal e imputado, a saber, no instar la acción el primero, y cumplir ciertas cargas, el otro. Sin el pronunciamiento del juez, cabría al fiscal no acusar, pero no constituiría un derecho del imputado repeler ese hipotético impulso mostrando una conducta adecuada al cumplimiento de sus compromisos, a la ley en general o el agotamiento de un plazo. La emisión de esa resolución -de naturaleza judicial, y cuyo contenido es, por lo dicho, el de una homologación- constituye el modo en que las cargas y los derechos que de ellas se proyectan (que son causa fin de la suspensión) tengan el alcance que la ley les otorga. La homologación convierte el compromiso asumido por el Ministerio Público Fiscal de no perseguir el proceso mientras éste se encuentre suspendido, en un derecho del sujeto imputado, que, como tal, podrá ser invocado por él en el supuesto que eso no ocurra. También hace nacer a favor del imputado el derecho a que se extinga la acción cuando se haya observado correctamente el cumplimiento de las "reglas de conducta" acordadas y no hubiera cometido una nueva contravención (cf. lo dispuesto en el cuarto párrafo del mencionado art. 45). A su vez, visto desde el ángulo del Ministerio Público Fiscal, dicho acto judicial le otorga el derecho a reclamar el correcto cumplimiento de las "reglas de conducta" por el tiempo que fuesen acordadas. Dichos derechos y obligaciones no podrían ser asumidos "contractualmente", se necesita un acto judicial para su consagración y esto es, justamente, lo que viene a hacer el acto de la homologación. Esa circunstancia explicita los motivos principales de por qué resulta necesaria la aprobación por parte del juez del acuerdo celebrado entre las partes, en un proceso que se encuentra regido por el "sistema acusatorio", como lo es el contravencional.

3.2. Ahora bien, la decisión del juez de "no aprobar" el acuerdo presentado, cuando concurre alguno de los supuestos previstos en la ley como obstáculos a su homologación, deberá quedar ceñida a ello. Es decir, no podrá disponer la continuación del proceso hasta tanto no exista un pedido del fiscal con tal alcance. Ello así, toda vez que, tal como quedó expuesto en los puntos 3 y, en especial, en el 3.1. de este voto, la promoción del juicio no es una consecuencia necesaria de la no aprobación del acuerdo. Aun cuando parezca extraño, lo cierto es que instar el proceso seguiría siendo, con arreglo a las leyes 12, 1472 y 2303 que reglamentan el "sistema acusatorio", una atribución privativa del Ministerio Público Fiscal. En otros términos, la resolución del juez que disponga la "no aprobación" del acuerdo implicará, en virtud de lo señalado en el punto 3.1. de este voto, que: (i) no puede existir un compromiso por parte del Ministerio Público Fiscal de no perseguir el proceso de la acción; (ii) el imputado no tiene un derecho a que se extinga la acción una vez cumplidas las cargas acordadas en el convenio; y, por último, (iii) ni queda sujeto al correcto cumplimiento de las cargas acordadas. Pero, ello no implica que el proceso deberá continuar. Ambas partes podrán explorar otros contenidos para un eventual nuevo acuerdo o el fiscal puede entender que no hay interés público en promover la acción. 4. En el caso, los jueces de mérito tomaron dos decisiones ("no aprobar" el acuerdo de suspensión y continuar el proceso) que, como adelanté en el punto 2 de este voto, corresponde que sean revocadas.

4.1. La representante del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la audiencia prevista en el art. 311 del CPPCABA, no sólo no solicitó que se levantase la suspensión otorgada a Tejerina (aun cuando esa pareció ser su intención al solicitar la realización de esa audiencia), sino que, por el contrario, acordó con la defensa que la suspensión vigente debía (i) continuar, (ii) extenderla al nuevo hecho imputado, y (iii) prorrogar su duración por un mes, llevándola a nueve meses computados desde la fecha en que se había acordado la anterior suspensión. Sin perjuicio de ello, la jueza de primera instancia, buscando apoyo en lo dispuesto en el actual quinto párrafo del art. 45 del CC, resolvió revocar la suspensión aprobada; resolución que luego fue confirmada por el a quo. Sostuvo en su pronunciamiento que la propuesta de acuerdo realizada por la fiscal y la defensa no podía tener acogida favorable porque el mencionado párrafo del artículo 45 establece como única solución ante la constatación del incumplimiento de alguna de las reglas de conductas convenidas la "continuación del proceso". Asimismo, señaló que no podía extenderse el plazo acordado, sobre la base de un nuevo acuerdo, porque ello implicaría desvirtuar el beneficio que regula el artículo 45 del CC. En tales condiciones, en tanto tuvo por acreditada la conducta que se le imputaba a Tejerina (haber concurrido a la zona perteneciente a la jurisdicción de la comisaría nro. 18° de la Policía Federal, lugar donde se había acordado no concurrir durante el lapso de ocho meses) llegó a la solución que se menciona más arriba. La Cámara, a su turno, confirmó esa interpretación. Para así decidir, el Dr. Franza sostuvo ".que la sola presencia de [Tejerina] en [la zona que debía abstenerse de concurrir] configura el incumplimiento de lo pactado en el punto I del acuerdo de suspensión del proceso a prueba de fecha 16 de agosto de 2007, lo que justifica la decisión de la a quo de revocar la suspensión otorgada, conforme lo previsto en el último párrafo [hoy quinto] del art. 45 C.C." (fs. 118). Por su parte, la Dra. Paz señaló que ".ante la constatación de la presencia del [sujeto] imputado en un lugar determinado, habiéndose el mismo sujetado en las condiciones fijadas en la suspensión del proceso a prueba a lo contrario, esto es, su no concurrencia y desde que la identidad del sujeto no se ha cuestionado ni su identificación resulta insuficiente o dudosa [.] no puede considerarse arbitraria la resolución que tiene por revocado el beneficio." (fs. 121/121vuelta). Asimismo, el Dr. Franza, agregó a sus argumentos que ".la realización de la audiencia del art. 311 del C.P.P. CABA no faculta a las partes a realizar nuevos acuerdos" (fs. 118vuelta).

De lo expuesto, surge, en primer lugar, que los jueces dispusieron la continuidad del proceso, aun cuando no medió un pedido con tal alcance por parte de la fiscal actuante. Este aspecto de la decisión apelada, por lo expuesto en los puntos 3, 3.1. y, en especial, 3.2. de este voto, entra en pugna con el art. 13, inc. 3, de la CCBA en cuanto adopta el "sistema acusatorio", y debe, en consecuencia, ser revocado.

4.2. Resta analizar ahora, si en base a esos fundamentos, los jueces podían "no aprobar" el nuevo acuerdo celebrado.

4.2.1. De los resultas y del relato efectuado en el punto 4.1., surge que en el caso los jueces no aprobaron el contrato de suspensión celebrado entre las partes. Pero, para ello ejercieron un control de oficio que excede el que les asigna el art. 45 del CC. En efecto, buscaron apoyo en una previsión legal, el hoy quinto párrafo del art. 45 del CC, que no tiene por fin reglar un supuesto como el ocurrido en el sub examine, sino que apunta establecer las consecuencias del cumplimiento de un acuerdo homologado, pero no una condición para su homologación. 4.2.2. El actual párrafo quinto del artículo 45 (texto en el que buscaron apoyo los jueces de mérito para decidir en el sentido señalado en el punto 4.1. de este voto) reglamenta, por un lado, los supuestos en que nace a favor del imputado el derecho a que la acción se extinga y, por el otro, aquéllos en que no, y la acción puede proseguir. En este orden de ideas, esa norma establece que "[c]umplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción. En caso contrario, se continuará con el proceso". Es decir, dicho párrafo no vino ampliar los supuestos de control previstos en los párrafos primero, segundo, tercero y cuarto del art. 45, esto es, tanto aquellos en que los jueces están expresamente facultados a no aprobar el acuerdo celebrado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, como aquellos otros que constituyen los límites impuestos por el legislador para la celebración del acuerdo de suspensión de juicio a prueba. En este orden de ideas, los párrafos primero, tercero y cuarto del art. 45 del CC prevén que la suspensión no pueda ser acordada por la partes: cuando el imputado/a "registre condena Contravencional en los dos (2) años anteriores al hecho" (cf. primer párrafo del mencionado artículo). Como así también, que el acuerdo debe acomodarse a los siguientes límites: (i) "[e]l imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena" (cf. tercer párrafo del dicho artículo); (ii) la duración del contrato no puede ser mayor a un año; y, por último, (iii) el imputado tiene que haberse comprometido a cumplir una o más reglas de conducta que se encuentran enunciadas en el cuarto párrafo del art. 45 (esto dos últimos supuestos, cf. párrafo cuarto del tantas veces mencionado art. 45).

El quinto párrafo del art. 45 del CC tiene por fin reglar una situación diversa a la que se presenta en el sub lite. Se ocupa de establecer bajo qué circunstancias el imputado ha obtenido un derecho a que se extinga la acción o, en caso contrario, bajo cuáles deberá continuar sometido al proceso. Es decir, se ocupa del supuesto de cumplimiento. No se ocupa, en cambio, de las consecuencias del incumplimiento, las cuales no pueden ser válidamente inferidas del supuesto de cumplimiento efectivamente contemplado. Ninguna de ellas contempla la existencia de un nuevo acuerdo producto del incumplimiento de una regla de conducta acordada en un acuerdo anterior como ocurrió en el sub lite, sino el control que corresponde efectuar al acuerdo homologado que se encuentra cumplido o en cumplimiento. En el sub lite, la representante del ministerio público no puso a consideración de la jueza la forma en que fue cumplido el acuerdo y, menos aún, solicitó que éste fuese dejado sin efecto. Sometió a su aprobación uno nuevo.

4.2.3. Por lo expuesto, la decisión de los jueces, al apoyarse en esa norma, carece de sustento adecuado y debe ser revocada.

4.2.4. Por último, con relación al argumento según el cual las partes carecerían de la facultad de celebrar un segundo convenio de suspensión del proceso a prueba, corresponde señalar que esa limitación no surge del código contravencional ni, tampoco, del art. 311 del CPPCABA. La única limitación que establece ese código a la celebración de la suspensión de juicio a prueba es, tal como quedó expuesto, cuando el/la imputado/a de una contravención registra una condena contravencional en los dos años anteriores al hecho imputado, situación que dista de ser la acontecida en el sub lite. Por lo demás, corresponde señalar que la facultad del Ministerio Público Fiscal, tanto para acordar la suspensión del juicio como para oponerse a ella, resulta una de naturaleza no jurisdiccional, por lo que no corresponde al juez controlar esa voluntad. En ese orden de ideas, cabe agregar que la CCBA organiza al Ministerio Público como un órgano dotado de "autonomía funcional y autarquía" aunque "dentro del Poder Judicial" (art. 124), y a los procesos de la especie que nos ocupa bajo el "sistema acusatorio" (art. 13, inc. 3). Todo ello impide que el juez revise el criterio del fiscal de acordar la suspensión, revisión para la que no cabe buscar apoyo en las previsiones del CC o del CPPCABA que regulan el instituto que aquí nos ocupa, porque ni brinda base a ese parecer, ni resultaría natural interpretarlo así a la luz de los principios constitucionales mencionados más arriba (autonomía funcional del Ministerio Público y "sistema acusatorio") -cf. punto 2 de mi voto in re "Benítez", ya citada-. En tales condiciones, tal como señale a lo largo de este voto, cuando el juez dispone "no aprobar" el convenio celebrado (vrg. ya sea porque alguna de las partes no expresó libremente su voluntad, cf. lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 45, o porque el acuerdo fue celebrado en contraposición a lo previsto por el legislador en los párrafos primero, tercero y cuarto del art. 45 del CC) no viene a impulsar la acción, lo cual le está vedado, sino simplemente a pronunciarse en contra de la validez de una renuncia a impulsar la acción sujeta a condición.

En virtud de ello, corresponde revocar la resolución impugnada en cuanto "no aprobó" el acuerdo celebrado y ordenar la remisión de la causa a la Cámara Contravencional y de Faltas para que por otros jueces, con arreglo a lo aquí expuesto, se expidan nuevamente acerca de la procedencia de la homologación o no del acuerdo celebrado por las partes a fs. 92.

Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto voto por: i) hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 128/134vuelta; ii) revocar la sentencia recurrida; y iii) devolver las actuaciones a la Cámara Contravencional y de Faltas a fin de que se dicte, por otros jueces, nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí expuesto. La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa fue correctamente concedido por la Sala III de la Cámara.

Si bien las decisiones que no ponen fin al pleito u ordenan su continuación no son en principio equiparables a definitiva, el caso en análisis escapa a la regla general y justifica su equiparación.

En autos se denuncia la violación del principio acusatorio -es decir del límite a la voluntad persecutoria estatal- argumento que de triunfar otorga el derecho inmediato a no ser sometido a proceso. 2. Con relación al fondo del asunto, la defensa en su recurso de inconstitucionalidad se agravia por entender que la Cámara al convalidar la actuación de la jueza, avaló una resolución "contraria al principio acusatorio de juzgamiento y [que] atenta contra la garantía del juez imparcial" (fs. 129 vuelta).

Señala que "no se trata de analizar internamente al tribunal sino si la estructura procesal ofrece al justiciable, desde una óptica razonable, un sistema que no compromete la imparcialidad. Por ello, las sospechas de parcialidad derivan principalmente de la actuación de los jueces en etapas anteriores al juicio que los llevó a formarse opiniones sobre indicios vehementes de culpabilidad. Bajo esas condiciones debemos concluir en la imposibilidad de convalidar el supuesto traído a decisión del máximo Tribunal, puesto que el sistema acusatorio tiene como rasgo distintivo la separación entre el órgano que posee los poderes realizatorios de la acción y el que posee la jurisdicción" (fs. 133 vuelta). 3. Tal como surge de la causa, la Sra. Fiscal que pidiera la audiencia del art. 311 CPPCBA por un supuesto incumplimiento de Tejerina, accedió durante su desarrollo (copia del acta obrante a fs. 92) a la solicitud de la Defensa de prorrogar por un mes más el plazo de la suspensión del juicio.

Así las cosas, la Sra. Jueza revoca la suspensión con el siguiente fundamento: "el art. 45 del Código Contravencional es sumamente preciso y dispone que en caso de incumplimiento del compromiso asumido 'se continuará con el proceso'.. Cabe aclarar que, a diferencia de lo sostenido por la defensa, en autos no se le está reprochando a su pupilo la comisión de una nueva contravención, pues, en la práctica, el fiscal archivó la causa" (fs. 97 vuelta, el destacado me pertenece).

Es oportuno tener presente que la cuestión constitucional planteada es la afectación del principio acusatorio y de la garantía de imparcialidad, a partir del supuesto de que la opinión de la fiscalía es vinculante para el juez en la materia que fuera objeto de la decisión.

4. La suspensión del proceso a prueba en materia contravencional está regulada en el art. 45, CC, norma que no establece los pasos a seguir en caso de incumplimiento de las reglas de conducta por parte del imputado como tampoco lo hace la LPC, que remite supletoriamente al Código Procesal Penal que rige en la Ciudad de Buenos Aires en todo cuanto no se oponga a su propio texto (art. 6 LPC).

5. La propuesta de la defensa en la audiencia y la coincidencia de la Sra. Fiscal recrean la situación del artículo 45 CC, tal como parece haberlo entendido incluso la Sra. Jueza (conf. fs. 97 reproducida en el apartado 4 precedente).

Por otro lado, en esos términos, la intervención fiscal privó de eficacia a su anterior denuncia de incumplimiento y de motivación a la revocatoria dictada por la magistrada interviniente.

La forma particular que asumió este proceso define el alcance de la facultad jurisdiccional en la audiencia del art. 311 CPPCABA desde lo prescripto por el art. 45 CC.

El art. 311 del CPPCABA ordena: "el control del cumplimiento de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba corresponderá a la oficina del Ministerio Público Fiscal que se establezca al efecto, conforme la reglamentación. / En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, se comunicará al Tribunal que otorgó la suspensión del proceso a prueba, que previa audiencia con el/la imputado/a, resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio".

La resolución recurrida excede las disposiciones del art. 45 leído en su totalidad. Aún si se afirmara, como parece hacerlo la jueza a partir de una cita trunca de la regla mencionada, que "el incumplimiento del compromiso asumido" habilita -antes o después de agotado el plazo de suspensión- a continuar con el proceso, debe constatarse además, la comisión de una nueva contravención. En estos autos no consta que Tejerina haya cometido una nueva contravención. Sólo surge del expediente que se le labró un acta que no firmó y que fue archivada por la Fiscalía. Corresponde señalar que la aplicación parcial del art. 45 CC, como ocurriera en este expediente importa también la afectación de los principios pro homine y de interpretación más favorable al justiciable.

El conjunto de circunstancias enunciadas no habilitaba a la jueza a revocar la suspensión, cuando la Fiscalía no mantuvo su petición en tal sentido, y la decisión judicial recurrida afecta, cuanto menos, el principio acusatorio como lo denuncia la defensa.

6. Voto en consecuencia por hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida y devolver las actuaciones a la Cámara Contravencional y de Faltas a fin de que otros jueces dicten nuevo pronunciamiento conforme a lo aquí decidido.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa fue mal concedido por la Cámara porque la decisión que ataca no constituye la sentencia definitiva de este proceso.

2. La confirmación del fallo de primera instancia que revocó la suspensión del juicio a prueba no es una de aquellas que puede ser cuestionada ante el Tribunal porque, sencillamente, ordena la continuación del proceso hacia la decisión sobre la condena o la absolución del acusado. Es más, como ya expuse en múltiples sentencias (ver, por ejemplo, "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Ponzoni, Manuel Eduardo s/ inf. art. 189 bis tercer párrafo del CP'", expte. n° 4170, sentencia del 05/06/06, entre otras), ni siquiera considero que existan decisiones que puedan ser asimilables a una sentencia definitiva a los fines del recurso previsto en el art. 113, inc. 3, de la Constitución local. El art. 27 de la ley nº 402 sólo permite el recurso de inconstitucionalidad una vez lograda la sentencia que finaliza el juicio de mérito. Y, a decir verdad, esa regulación resulta absolutamente racional para un tribunal extraordinario -que no es el tribunal de mérito-, pues el defecto puede subsanarse durante el procedimiento, incluso por un resultado final favorable al perjudicado por el vicio. Precisamente, el hecho subrayado por el Sr. juez de trámite -de que esa decisión no causa estado y la suspensión puede ser solicitada nuevamente, en realidad, el hecho de que no existan preclusiones para ciertas cuestiones durante el procedimiento penal-, avala la determinación de que lo decidido no es definitivo. Y aun de sostenerse lo contrario, lo cierto es que la ley coloca la competencia para decidir la suspensión en cabeza del tribunal de mérito, competencia de la que carece el TSJ.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo afirma en su voto el doctor Julio B. J. Maier, el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa fue mal concedido por la Cámara porque no fue interpuesto contra una sentencia definitiva (art. 27, ley n° 402).

En efecto, la decisión impugnada se limitó a confirmar otra, adoptada por la jueza de primera instancia, que -luego de celebrada una audiencia, requerida por el Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 311, CPPCABA- revocó la suspensión del proceso a prueba en razón de considerarse acreditado el incumplimiento de una de las reglas de conducta oportunamente impuestas (fs. 95/96). Resulta aplicable, entonces, la constante jurisprudencia de este Tribunal que sostiene que, por regla, las decisiones referidas a medidas o provisiones adoptadas durante la tramitación del proceso no constituyen sentencia definitiva en el sentido del art. 27 de la ley n° 402 (cf. este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/04, resolución del 1/12/2004, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, t. VI-B, ps. 1201 y ss., entre muchos otros).

2. Por otra parte, la defensa no ha dado argumentos suficientes que autoricen a considerar que la decisión recurrida pueda ser equiparada a una sentencia definitiva ni se ha encaminado a demostrar que, a partir del alcance del pronunciamiento objetado, se vea impedida de plantear un nuevo acuerdo de suspensión del proceso a prueba.

En suma, la resolución impugnada no pone fin al pleito ni impide su prosecución y lo que se pretende es evitar la continuación del proceso, sin que se acredite la existencia en el caso de algún perjuicio de insuficiente o imposible reparación ulterior. En ese sentido, es de aplicación al caso lo resuelto por este Tribunal in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007. 3. El agravio de la recurrente se centra en que, en el caso, la jueza de primera instancia decidió revocar la suspensión del proceso a prueba otorgada a Tejerina sin que el representante del Ministerio Público Fiscal lo hubiera requerido en forma expresa (ver fs. 100 vta./101, 114 y 132). Afirma así que "se advierte una clara vulneración al sistema acusatorio [...], toda vez que la medida en análisis se dispuso cuando el Fiscal de primera instancia había accedido a prorrogar el término de suspensión del proceso a prueba y el Juez, excediendo tal premisa, [decretó] la revocatoria del acuerdo" (fs. 132).

Sin embargo, entiendo que el recurso tampoco ha logrado demostrar que el invocado principio acusatorio se encuentre involucrado de manera directa a partir de lo resuelto por los jueces de mérito, en tanto los argumentos desarrollados por la defensa, en realidad, no permiten entender que la jueza de grado haya excedido la competencia que le asigna la norma adjetiva aplicada (art. 311, CPPCABA), que, "[e]n caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones" pone en cabeza del tribunal que otorgó la suspensión del proceso a prueba la decisión "acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio" -normativa que, cabe aclarar, no ha sido cuestionada por las partes-.

4. Por las razones expuestas, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad de fs. 128/134.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Comparto la solución propuesta por los doctores José Osvaldo Casás y Julio B. J. Maier, pues el recurso de inconstitucionalidad fue mal concedido por los colegas de la Sala III de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas.

En efecto, el defensor confesadamente impugnó una decisión que no era definitiva, en los términos del art. 27 de la ley nº 402, lo cual demandaba un esfuerzo argumental tendiente a demostrar que esta resolución -por sus efectos- excepcionalmente podría ser equiparada a un pronunciamiento de esa naturaleza. El recurrente echó mano a distintos precedentes de la CSJN que, en su opinión, le otorgarían este carácter a una resolución como la que viene impugnada. Sin embargo, aun cuando se compartiera la "doctrina" que se desprende de esos precedentes, considero que éstos no son trasladables al presente caso -al menos- por dos motivos.

En primer lugar, porque éstos se vinculan con la suspensión del juicio a prueba en materia penal (art. 76 bis, CP) y con el tipo de resoluciones que pueden recurrirse mediante el denominado recurso de casación (arts. 456 y 457, CPPN), suspensión y recurso -respectivamente- que, en cuanto aquí interesa, guardan serias diferencias con la regulación de este beneficio legal en materia contravencional (art. 45, CC) y con el carácter extraordinario del recurso de inconstitucionalidad (arts. 27, ley nº 402) de competencia de este Tribunal Superior -que interviene como tercera instancia y, exclusivamente, en resguardo del respeto de la CCABA-, diferencias ambas que el defensor mínimamente debió considerar para sustentar correctamente su pretensión. En otros términos, el recurrente funda su presentación sobre la base de una caprichosa equiparación entre la -usualmente conocida como- "probation" contravencional y penal, entre las decisiones que eventualmente ponen fin al proceso o provocan un gravamen de difícil reparación ulterior y las que no, y entre las distintas competencias que la ley o la Constitución local le asigna a los diferentes tribunales que existen en esta jurisdicción, lo cual evidencia la ausencia del esfuerzo al que se hiciera referencia en el párrafo anterior. En segundo lugar, porque tales precedentes de la CSJN se refieren a situaciones sustancialmente distintas a las que se dan en este caso, pues no se trata aquí de una suspensión del proceso a prueba que fue solicitada por el contraventor y negada por el Tribunal o por la Fiscalía (Fallos 320:2451) ni de una suspensión que fue concedida en contra de la voluntad de la Fiscalía (Fallos 320:1919), sino contrariamente de una suspensión que fue acordada, incumplida y revocada por el Tribunal. Dicho en otras palabras, mientras que en los precedentes citados se discutía sobre la expectativa a suspender o no un proceso y de esta manera extinguir la acción penal, en autos, suspendido que fue el proceso, no se observaron debidamente las condiciones o pautas de conducta que permitían tal declaración de extinción de la acción -aquí- contravencional. Si bien tal situación podría exhibir algunas notas afines con lo resuelto por la CSJN in re "Herrera" (H.14.LXLIII del 05/02/08), lo cierto es que en esta causa no se fundamenta una afectación concreta a una garantía o derecho constitucional que sólo sea susceptible de una "tutela inmediata", de manera tal que pueda equipararse dicho pronunciamiento a uno definitivo (vgr. ne bis in idem).

Por lo demás, obiter dictum, en materia contravencional la suspensión del proceso a prueba constituye una vía alternativa para resolver un conflicto y, a diferencia de lo que puede ocurrir con su par nacional, el legislador local ha previsto expresamente la negociación de las reglas de conducta entre las dos partes -adversarias- que someten su "acuerdo" a la aprobación de un tercero -imparcial- ajeno al conflicto y ajeno también a dicha negociación. En efecto, por tratarse este "acuerdo" de un acto voluntario al que se somete libremente el imputado, el magistrado sólo puede ocuparse en ese momento de asegurar que la voluntad de las partes no haya estado viciada, "teniendo la facultad de no aprobarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes [esto es, el imputado o la Fiscalía] no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza" (art. 45, CC; no resaltado en su texto). En este contexto las partes actúan con plena libertad y mientras se mantengan en el marco de las reglas legales específicas ese acuerdo no es revisable, sustituible o modificable por la voluntad del órgano jurisdiccional, puesto que, por un lado, la forma como debe impulsarse la acción o dejar de hacerlo es una facultad exclusiva de la Fiscalía y, por el otro, la elección voluntaria del interesado de someterse a la vía alternativa de solución del conflicto -sin que dicho sometimiento importe reconocer su responsabilidad contravencional- debe ser respetada.

No obstante, una vez que tal "acuerdo" es aprobado por el magistrado se genera un compromiso exigible judicialmente y su incumplimiento genera, como normalmente ocurre, consecuencias jurídicas. De allí que el recurrente no tiene razón en cuanto sostiene que la jueza de primera instancia no tenía competencia para revocar la suspensión acordada. Ello es así, pues en este (otro) momento las facultades del órgano jurisdiccional son más amplias que aquellas que poseía para resolver "sobre el acuerdo", pero esta amplitud de facultades de ninguna manera se relaciona con un "impulso" de la acción por parte de la jurisdicción. El citado art. 45 prevé que "[c]umplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción. En caso contrario, se continuará el proceso" (no resaltado en su texto), lo cual significa que el magistrado debe reconocer dos condiciones, a saber: 1) que el imputado haya cumplido el compromiso; y 2) que el imputado no haya cometido una nueva contravención durante el plazo de suspensión. Frente a la inobservancia de cualquiera de estas dos condiciones la solución es clara: "se continuará el proceso", lo que resta toda posibilidad de continuar con esa suspensión y con el acuerdo que la permitió. La determinación jurisdiccional de revocar la suspensión que viene impuesta por la propia norma, que no ha sido tachada de inconstitucional en esta causa, no equivale a consagrar que el juez dispone de poder autónomo de impulsión de la acción. En todo caso, esta determinación culmina con el acto revocatorio y será la Fiscalía, que no puede desconocer el texto imperativo e impersonal de la obligación indicada, la que deberá establecer el modo como debe continuar el proceso o si aquél debe fenecer -mediante el requerimiento de juicio o su archivo- con cierta discrecionalidad (arts. 44 y 39, LPC, respectivamente).

En autos -por lo demás- se ha resuelto aplicar supletoriamente una norma adjetiva (el art. 311, CPP local) que facultaba ampliamente a la jueza de mérito para decidir "acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio" y, aun cuando las partes pretendieron prorrogar el término de la suspensión, no se brindaron razones que justificaran el incumplimiento confirmado y que, excepcionalmente, hubieran aconsejado prorrogar el tiempo del compromiso libremente asumido e inobservado. Es que, en mi opinión, sostener que este beneficio podía ser renovado por la sola voluntad de las partes, mediante un nuevo acuerdo o mediante la injustificada prórroga del anterior, atenta contra la finalidad perseguida por el legislador al incorporar dicho instituto al Código Contravencional, pues tan confusa o liberal forma de proceder convertiría en letra muerta a la norma que reguló la "probation" en esta materia y, en rigor, llevaría a la inconsecuencia de tenerla por no escrita si tal fuere el deseo de las partes. La extensión y aplicación del principio acusatorio, como ya lo he dicho en muchas oportunidades, debe ser valorada con apego a las circunstancias presentadas en cada caso. En autos, a consecuencia de lo acordado por las partes se ha logrado el pronunciamiento judicial que ha ordenado suspender el proceso a prueba, imponiendo determinadas pautas de conducta, en cuyo cumplimiento está interesado el orden público, tanto desde el punto de vista de la preservación de la convivencia social como desde el relacionado con la observancia de las resoluciones judiciales. A este interés público le interesa, evidentemente, que el juez pueda adoptar medidas concretas -como la que aquí cuestiona la defensa- frente a un incumplimiento injustificado (mi voto, mutatis mutandi, "Melillo, Carmen y Viera, Adrián s/ art. 72 -apelación- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expte. nº 1526/02, resolución del 11/11/02). El Ministerio Público Fiscal no tiene un poder de tal magnitud que le autorice a prescindir del contenido de la norma que regula este beneficio o que le permita desconocer las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento. Precisamente por ello, el legislador ha puesto en cabeza del Tribunal la necesidad de una "aprobación" del "acuerdo" y de una evaluación del "compromiso". Dicho de otro modo, si el legislador hubiera querido que la Fiscalía negociara, decretara, revisara y cambiara a su criterio el alcance del acuerdo o de la suspensión, por aplicación del principio acusatorio, le habría bastado con asignarle todas estas funciones a su Ministerio y, naturalmente, no hubiera previsto la intervención del órgano jurisdiccional. Por los motivos expuestos, voto por declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad obrante a fs. 128/134.	Así lo voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General Adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad agregado a fs. 128/134.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remitan las presentes actuaciones a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.