Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-18


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 85781 CAUSA NRO. 28.449/2005 AUTOS: "MONGUILLOT HECTOR GUILLERMO Y OTROS C/TELECOM ARGENTINA S.A. S/DIFERENCIAS DE SALARIOS".

JUZGADO NRO. 7 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2.010, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Vilela dijo:

I.La sentencia de fs. 530/535 ha sido recurrida por la demandada a fs. 540/549. Asimismo, la recurrente mantiene el recurso interpuesto a fs. 88 contra la resolución de fs. 83/84 que desestimara la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta y declara prescripta la acción de supuestos créditos anteriores a las fechas señaladas por cada uno de los accionantes.

II.Se agravia la accionada contra el pronunciamiento que declaró la procedencia del reclamo de diferencias salariales originadas en el cese del pago de la compensación establecida en el párrafo tercero del art.15 del C.C.T. Nro.201/92.

En orden al fondo del asunto conforme he tenido oportunidad de expedirme en un caso de aristas similares al presente (in re "Leone Walter Daniel y otros c/Telefónica de Argentina S.A. s/diferencias de salarios", S.D. 83829 del 8/9/06 del Registro de esta Sala), considero que la cuestión debatida -tal como destaca el decisorio de grado- ha sido zanjada por la doctrina plenaria sentada en la causa "Rodríguez Eduardo Omar y otros c/Telefónica de Argentina S.A. s/despido" (Fallo Plenario Nro.306 del 28/12/04) en el sentido de que subsiste el derecho al cobro del adicional previsto en el art.15 del C.C.T. Nro.201/92 a partir de la vigencia del Acta Acuerdo del 28/6/94.

Considero inatendible la defensa en el sentido que el Plenario aludido no resulta aplicable a la accionada por haber sido dictado en un proceso respecto del cual no ha tenido intervención alguna pues a través de la doctrina sentada se ha resuelto el tema objeto de controversia en autos y conforme lo dispone el art. 303 del CPCCN la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria resulta obligatoria tanto para la misma Cámara como para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada.

Por lo demás, se aprecia que en el subexámine no se ha invocado norma alguna que haya reemplazado el marco regulatorio en cuestión y que haya afectado el adicional previsto por el art. 15 del CCT 201/92, por lo que este aspecto del decisorio deberá ser mantenido. III. La demandada también se alza contra la decisión que hace lugar parcialmente a la excepción de prescripción.

Hace hincapié en su memorial en el inicio del cómputo del plazo prescriptivo. He tenido oportunidad de señalar que ".en una acción en las que se reclaman obligaciones con vencimientos periódicos, no importa que el primero de ellos (la causa) se encuentre fuera del plazo bienal liberatorio, mientras que al menos uno no sea alcanzado por la prescripción. Esta determinará que los que superen el plazo legal se conviertan en obligaciones naturales (no exigibles) pero obligaciones al fin, susceptibles de ser investigadas en sede judicial siempre que haya acción para al menos un período." (ver mi voto, in re "Blois Ariel Eugenio c/Obra Social del Personal del Espectáculo Público s/despido", SD 79.211 del 12/3/2002).

En ese orden de ideas, cabe estar a lo decidido en la resolución de fs. 83/84 toda vez que no existen actos interruptivos o suspensivos diferentes a la fecha de interposición del reclamo de cada uno de los actores ante el Seclo, debiendo desestimarse también este aspecto de la queja.

IV.En lo que atañe a los agravios vertidos en torno a la excepción de cosa juzgada, se aprecia que la accionada soslaya efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos brindados por el sentenciante para rechazar dicha excepción a fs. 83, esto es, que no se dan en autos los elementos exigidos para que se configure la existencia de cosa juzgada administrativa.

Sin perjuicio de ello y sólo a mayor abundamiento, considero que los argumentos expuestos por el recurrente respecto de la excepción de cosa juzgada administrativa no controvierten lo resuelto en el Fallo Plenario citado. Asimismo, la doctrina considera que la cosa juzgada administrativa no se identifica con la cosa juzgada judicial, puesto que la primera es tan sólo formal en el sentido de que el acto administrativo no puede ser objeto de una nueva discusión ante la administración pública, pudiendo serlo en cambio ante el órgano jurisdiccional. Es decir que los efectos de la cosa juzgada administrativa son meramente relativos en tanto se agotan en el ámbito de la administración pública, a diferencia de la cosa juzgada judicial que reviste alcances absolutos (Conf. Marienhoff, Miguel "Tratado de Derecho Administrativo, 1975, T.II, pág.611 y S.D. 93.522 del 26/5/2005 in re "Menabelli, Héctor Pedro y otro c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ diferencias de salarios" del registro de la Sala II de la CNAT).

V. También se refiere la recurrente a la falta de tratamiento de la excepción de falta de legitimación activa opuesta contra el reclamo de los actores Cabrera, Corvalán y Panero Sarmiento, ingresados con posterioridad al acta homologada de fecha 28/6/94 que suprimió el adicional del art. 15.

La cláusula que reconoció el derecho de los trabajadores al adicional emergente del acta acuerdo del 22/05/92, que luego ratificara el art. 15 del C.C.T. 201/92 debe entenderse que mantuvo su vigencia luego del acuerdo de fecha 28/06/94 conforme la doctrina plenaria sentada in re "Rodríguez Eduardo Omar y otros c/Telefónica de Argentina S.A.", razón por la cual mal puede aseverarse que en una época posterior a la del dictado del acta acuerdo el rubro en cuestión no se hallaba vigente - como asegura la recurrente - pues el derecho subsiste para todos los trabajadores amparados en la convención colectiva como consecuencia de su efecto erga omnes (art. 4º ley 14.250).

Por ello, el cuarto agravio también deberá ser desestimado.

VI. En su quinto agravio, la demandada se alza contra el fallo porque se dispuso que no resulta atendible la compensación solicitada por ella.

La sentenciante de grado sostuvo que la modificación implementada por el acuerdo del 28 de junio de 1994, homologado por la Disposición 1092/94 de la D.N.R.T. trajo aparejada una rebaja salarial al suprimirse una asignación de neto carácter remunerativo por los llamados vales alimentarios sin sustento jurídico, lo cual derivó en la afectación de un derecho incorporado al patrimonio de los dependientes. La recurrente sostiene que las diferencias reclamadas obedecen a un rubro no remunerativo como el art. 15, que a partir del Acta firmada el 26/6/94 fue reemplazado por la incorporación de una parte en el básico y superado por la inclusión en los tickets canasta.

Sin embargo, considero que ello no basta para entender que se encontrarían reunidos los requisitos exigidos por los arts. 818 y siguientes del Código Civil, como sostiene la recurrente.

El plus del art. 15 del CCT 201/92 reviste naturaleza remuneratoria en los términos del art. 103 de la LCT en tanto la empleadora lo abonaba en retribución a la prestación de servicios en jornadas semanales de cuarenta horas efectivas de labor y por haberse abonado a los trabajadores hasta junio de 1994 bajo distintas formas (a saber "módulo jornada discontinua" y "art. 15 CCT 201/92"), generó de tal modo su incorporación a la retribución mensual de aquellos como un derecho adquirido, por lo que no puede disponerse arbitrariamente del mismo, cuando quedó incorporado al salario de los trabajadores, ello en virtud del principio de intangibilidad de las remuneraciones. Considero que no resulta viable que haya pasado a ser reemplazado por un beneficio social de asistencia a la canasta familiar alimentaria, concepto éste último de naturaleza no remuneratoria como lo son los vales alimentarios (art. 103 bis de la LCT) liquidados por la accionada. Asimismo, la cláusula tercera del acuerdo celebrado el 28/6/94 entre la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina y el sector empresario dispuso que el beneficio contemplado en el párrafo tercero del art. 15 del convenio colectivo de trabajo 201/92 sería absorbido por nuevos salarios y beneficios acordados en la misma convención. Sin embargo, la demandada no invocó concretamente en el responde que, cuando menos una porción del citado beneficio haya resultado absorbida por el salario básico abonado en el mes de julio de 1994 con la entrada en vigor de las nuevas escalas salariales determinadas en la mentada acta acuerdo ni invoca prueba concreta que permita establecer dicho extremo.

En tal inteligencia, aun cuando la empleadora pudo haber incrementado los básicos según lo dispuesto en el convenio colectivo, no surge que el adicional previsto en el art. 15 del C.C.T. 201/92, que dejó de abonar a partir de la vigencia del Acta Acuerdo del día 28 de junio de 1994 haya sido compensado en debida forma, por lo que no procede el planteo tendiente a que admita la compensación solicitada.

Por lo demás, señalo que circunstancias similares fueron analizadas a lo largo de los votos en el plenario citado y la doctrina fijada es la que antes se refiriera y que, por lo ya expuesto, debe ser aplicada.

VII. También es motivo de agravios los montos fijados en el fallo en base a la liquidación obrante en la pericia contable de fs. 408/450.

En tal sentido, expresa la recurrente que la pericia adolece de serias deficiencias que oportunamente fueron expuestas por la accionada al impugnar los informes periciales. La remisión a presentaciones anteriores no resulta admisible en tanto no cumple con los recaudos que el art. 116 de la L.O. ha fijado para el escrito de expresión de agravios.

Sin perjuicio de ello, observo que dicha parte sostiene en su memorial que el cálculo del perito no es correcto porque no debita las sumas percibidas por los actores en concepto de tickets, argumento que debe ser desestimado en atención a lo antes expuesto sobre la improcedencia de la compensación. Lo demás manifestado tampoco tiene suficiente relevancia para descalificar los montos en cuestión atento el carácter genérico del planteo y por referirse a circunstancias que ya han sido tratadas en este voto y cuya viabilidad ha sido descartada.

VIII. En su séptimo agravio la demandada alude a la forma de cálculo de intereses, entendiendo que existió anatocismo o, cuando menos, una seria situación de incertidumbre para determinar a ciencia cierta que se debe adicionar a los montos de condena especificados por la a quo.

El fallo de primera instancia impuso a cargo del experto contable la liquidación del crédito favorablemente admitido y que expresamente indicó las sumas que menciona recibirán intereses desde que cada uno de los parciales que la componen es debido conforme la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (fs. 534, primer párrafo), lo que revela claramente que los intereses deben calcularse desde la exigibilidad de cada monto imputable al plus salarial reclamado que se devengó mensualmente. La quejosa intenta sustentarse en una argumentación meramente dogmática, toda vez que no demuestra concretamente que la determinación de los aditamentos resulte poco clara o pueda generar confusión y, por ello, también procede confirmar el decisorio de grado en este aspecto.

IX. Finalmente, en relación a la imposición de costas, considero que no asiste razón a la recurrente.

Si bien el art. 68, 2do. párrafo del CPCCN faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido "siempre que se encontrare mérito para ello", presupuesto que puede considerarse configurado cuando se han dictado fallos disimiles sobre el tema controvertido, es lo cierto que al momento de traba de la litis ya se había dictado el fallo plenario "Rodríguez", por lo que no encuentro suficientes razones para liberar a la demandada del pago de las costas, debiendo mantenerse también lo decidido sobre el punto.

X. Por todo ello, propicio que se rechacen los agravios de la demandada, confirmándose lo decidido en primera instancia. Con costas de alzada en el orden causado, atento la ausencia de réplica (art. 68 C.P.C.C.N.).

La Dra. González dijo: Por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Rechazar los agravios de la demandada, confirmándose lo decidido en primera instancia. Con costas de alzada en el orden causado, atento la ausencia de réplica (art. 68 C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Mab Ante mí:

En XX de XX de 2010 se dispone el libramiento de XX cédulas. Conste.

En XX de XX de 2010 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma.