marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, obras sociales, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: DE  MATTEIS  AIDA  JUANA Y OTRO c/ OBRA SOCIAL DE VIAJANTES DE LAREP. ARGENTINA S/ s/ UMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-01

Respecto del agravio relacionado con la extensión de la condena al tercero citado OSDE, cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia no son unánimes en cuanto a la interpretación de la frase contenida en el art. 96 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación incluso con anterioridad a la reforma introducida por la ley 25.488- relativa a que la sentencia afectará -"alcanzará", en la redacción actual- al tercero como "a los litigantes principales". Tanto antes como con posterioridad a la reforma introducida por la ley 25.488, lo fundamental parece ser examinar la actitud asumida al respecto por las partes principales -en virtud de los límites impuestos por el principio de congruencia- y la posibilidad del citado coactivamente de presentar y producir las pruebas que hacen a su defensa. Tal ha sido el criterio seguido por esta Sala, incluso antes de la sentencia dictada por la corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Gandolfi de Vanetta Mercedes c. Dirección Nacional de Vialidad", del 16.4.1998 (conf. Sala 1, causa 55.977/95 del 24.9.98 y sus citas).
Contratos, fianza, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones solidarias, principal pagador liso y llano
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garantizar Sgr c/ Corso, Sergio Gabriel y Otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-22

El CCCN 1591 dispone que quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor solidario, y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias.

Así, según dicho precepto legal, el principal pagador es -en verdad- un deudor solidario, en tanto ha dejado de ser fiador por la incompatibilidad que existe entre ambas calidades (conf. Lorenzetti, R., "Código Civil y Comercial de la Nación comentado", Santa Fe, 2015, t. VII, p. 795).

Y de ello se desprende que, en tal supuesto, la fianza no se trata de una obligación subsidiaria y condicional, por lo que el principal pagador se encuentra directamente obligado (conf. Carnelli, L., "Concepto de liso y llano pagador", LL, t. XII, p. 157; López de Zavala, F., Teoría de los contratos - Parte especial, Buenos Aires, 1995, t. V, p. 53).
Contratos, automotores, compraventa, inscripción registral, error como vicio de la voluntad, negligencia
Materia: CIVIL
Carátula: PASTEN MARCELINO DEL ROSARIO c/ ARRIETA RICARDO s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-05-28

Cuando se trata de la compra de un automotor que por su modelo tiene la inscripción registral no basta haberlo adquirido en una agencia del ramo para que se configure la buena fe prevista en el art. 2768 del Código Civil.

Es necesario, además, haber tomado todas las precauciones que las circunstancias imponen (directiva de los arts. 512, 909 y concordantes del código citado) para caer en lo que la doctrina denomina "error invencible".

El solo hecho de haber recibido el automotor con un formulario "08" no firmado o firmado en blanco, sin firma certificada, comporta una grave negligencia que haría ininvocable el error según principio fundante del art. 929 del Código Civil.

Es decir que, que el error es invencible cuando el actor no se puede librar de él usando los sentidos y la razón. Por lo tanto, el error le es imputable al actor si proviene de su falta de diligencia y prudencia, como en este caso.
Empleados públicos, relación de dependencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HAGEMANN, ILDA NELLY CORTES DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 474-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-08-11

La exclusividad profesional con que se caracterizó en determinada época a la relación de empleo público no se adecua estrictamente a la realidad actual, admitiéndose en determinadas áreas prestaciones de servicios por horarios limitados (incluso, en el ámbito de nuestra Administración se establecieron normas regulando jornadas reducidas de labor: Decreto 466/91).
Gravamen irreparable, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BUTTAZZONI JUAN FRANCISCO c/ EMPRESA SAN JOSE s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-20

Según surge de los propios obrados, no existiría gravamen irreparable, ello en virtud de que no se advierte en el mandamiento de embargo preventivo haberse trabado bienes a embago ya que no han sido denunciados por la actora.
Prueba pericial, testimonio, valor probatorio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: VIVES, JOSE ROSENDO s/ PERICIA- AUTOPSIA - NULIDAD - TESTIMONIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1956-11-07

Las declaraciones que el perito, en su carácter de tal, presta en el debate sobre la operación técnica efectuada, son parte de la misma pericia y no elementos probatorios autónomos e independientes de ella. Por tanto, si la pericia es nula, lo es, entonces, en todos sus aspectos, y ninguno de estos puede escapar a la nulidad.

El ayudante de autopsia no es perito, ni su actuación - reducida sólo a una ayuda material- tiene el carácter de una intervención que haga parte o sea indispensable en la operación pericial, según el concepto de la ley. Por ello, la nulidad de la pericia no trae, necesariamente, aparejada la invalidez de la declaración que presenció.En todo caso, la defensa debió oponerse a la admisión del testigo en el momento en que la Cámara lo llamó a declarar como tal, haciendo protesta de recurrir, pero si no lo hizo, no puede alegar, luego, la nulidad de esa prueba, la cual, de haber existido y porque sería meramente relativa, habría quedado subsanada.-
Cuestiones de competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: NDIKOUEDI,  MATHIEU.  NDIKOUEDI,  MARIE MADELEINE Y RICARDOALEJANDRO GONELLA. s/ ARTS. 89 Y 183 DEL CODIGO PENAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-14

Es de competencia originaria de la Corte la causa en la que se investigan las lesiones que se habrían causado recíprocamente el Segundo Consejero de la Embajada de la República Gabonesa, su esposa y un ciudadano argentino. Ello así, pues de acuerdo con las constancias de la causa el nombrado en primer término aparece como imputado, por lo que es de aplicación al caso la doctrina según la cual en los sumarios concernientes a embajadores, la jurisdicción de la Corte está limitada a los supuestos en los cuales personas que invisten aquella calidad sean formalmente parte como imputados o querellantes.
Transacción, bienes litigiosos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta Domingo Angel c/ Rodriguez Clemiro y otro s/ Daños y perjuicios Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-20

El código procesal en el artículo 308 se refiere a la validez de la transacción del derecho en litigio, estableciendo que a la misma no se la podrá hacer validamente, sino presentándola al Juez de la causa, firmada por los interesados (art. 838 del código civil).
Prueba documental, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MORENO VICENTE B. c/ JOSE H. RAMIREZ Y OTRA s/ EJECUTIVO - PRUEBA DOCUMENTAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-22

Conforme lo dispuesto por el art. 187, C.P.C, la presentación de los documentos puede efectuarse fuera del término probatorio; lo que significa que las diligencias tendientes a su reconocimiento siguen la misma suerte.
Responsabilidad civil, delitos, obligaciones solidarias
Materia: PENAL-CIVIL
Carátula: AON CARLOS s/ RESPONSABILIDAD CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-12-28

La obligación que tiene mas de un acreedor o mas de un deudor y cuyo objeto es una sola prestación, es obligación mancomunada, que puede ser o no solidaria (C. Civil, art. 490).

La obligación mancomunada es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud de un título constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (C. Civil, art. 699).

La reforma dispuesta por el Decreto Ley 17711, al derogar el art.

1108 (que era uno de los pilares en que se fundaban los sostenedores de la inexistencia de la responsabilidad solidaria en materia de cuasidelitos) y al agregar al art. 1109 una referencia a la solidaridad derivada de los actos cometidos por culpa o imprudencia, es incuestionable que ha quedado instituido en nuestro Código Civil el régimen de la solidaridad para los intervinientes en un cuasi delito (Cazeaux, Pedro y Trigo Represas, Félix -Derecho de las Obligaciones- T. II Librería Editora Platense, 1975, pág. 92. TSJ., Sala Penal Sentencia nro. 13 del 23/9/88 y Sentencia nro. 5 del 30/3/90).

El damnificado tiene, por lo tanto, el derecho de demandar la totalidad del daño contra uno o todos los responsables (arts. 699 y 705 C. Civil).

Si en el caso el sentenciante, al tratar la cuestión relativa al porcentaje de responsabilidad civil de los demandados civiles en el hecho "sub iudicio", determinó un setenta y cinco por ciento (75%) a cargo de uno de ellos y un veinticinco por ciento (25%) a cargo del otro, ello acarrea la aplicación del art. 1109 del C. Civil por cuanto se trata de coautores de un cuasidelito, y por ende obligados in solidum.-
Recurso de nulidad, improcedencia del recurso, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: GARCIA Y GARCIA OVIDIO ANTONIO c/ TELEVISORA FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA TELEFE s/ CESE DE USO DE MARCAS, DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

Deviene improcedente la nulidad planteada puesto que se ha resuelto en varias oportunidades que no existe demasía en la sentencia si, al demandar, el actor exteriorizó su voluntad de no limitar su pretensión a la cifra indicada, remitiéndose a la prueba a producir o al criterio del tribunal en aquellas cuestiones que están sujetas a su prudente arbitrio o ponderación. Por tanto, en tal caso no existe agravio constitucional si se falla mas allá del importe especificado.
Daños y perjuicios, cigarrillos, infarto, responsabilidad del fabricante, derecho a la salud, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Baldassare, Hugo Alberto  c/ British American Tobacco Argentina Sociedad Anónima  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-18

La relación causal no existe sólo cuando medió un acto positivo del fabricante -poner en el mercado un producto nocivo para la salud-, sino también cuando hubo una omisión de su parte en la preservación de la integridad física y la vida del consumidor pues tampoco ha adoptado recaudos para que su producto -aquel con el que lucra en el mercado- no produzca daños a quien lo consume, sea mediante el cambio de fórmula, o mediante la fabricación de otros productos que sustituyan a los que resultan altamente riesgosos para la salud. En el caso concreto de autos se ha quitado al accionante -mediante la oferta de cigarrillos cuya fórmula es adictiva y dañosa- la posibilidad de otorgarle una chance, una ocasión, una posibilidad de preservar su salud indemne de factores de riesgo y es eso lo que se debe reparar. (Del voto de la Dr. Gabriela Mariel Scolarici, en disidencia)
Juicio ejecutivo, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASAGNE PATRICIA C/ROMALUS SRL S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-10

Claro que podría considerarse como un elemento externo común a ambos conceptos, casos como el del embargado -como quien paga- que pierde la disponibilidad material del dinero que es depositado para la eventual satisfacción de un crédito, pero es evidente que con la efectivización del embargo no ha operado ninguno de los efectos propios del pago, ya que el crédito no ha quedado extinguido, ni el deudor liberado de su obligación, y los bienes embargados -en el caso, el dinero en efectivo depositado- continúan siendo propiedad del deudor (CNCom, Sala D in re "Compañía de Medios Digitales c/ 3 Ex Group SRL s/ ejecutivo", del 30/06/14).
Contrabando, falsificación de instrumento público, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Jorge s/ recurso de casación. Causa: 541
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-13

El tipo previsto por el artículo 865, inciso f) del Código Aduanero prevé un delito complejo o compuesto, constituido por la concurrencia de otros dos distintos como el contrabando y la falsificación de documento público, en el que este último carece de encuadramiento en las disposiciones del Código Penal.
Contrato de obra pública, mayores costos, cláusula de actualización, tasas de interés, contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mundo Construcciones S.A. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 597 año 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-09

No puede acogerse el reconocimiento y pago de los gastos financieros que pretende la quejosa, ya que al momento de la suscripción del contrato ya se encontraban vigentes en el orden nacional normas relativas a mayores costos que contemplaban expresamente la incidencia de los gastos financieros sobre el precio de la obra. Por tal motivo, atento a la especial modalidad que se adoptó en el contrato en cuestión para el cálculo de los mayores costos, que implicaba que el costo financiero fuera incluido en el precio total sin contemplarse en forma desagregada, la contratista debió extremar los recaudos y previsiones en lo atinente a la evolución del comportamiento de las tasas de interés y su incidencia en el precio de la obras, por lo que debe presumirse que la actora ha debido tener claro el riesgo que implicaba tal forma de contratación, en cuanto al alcance del mismo y en cuanto a la forma más adecuada de ponerse a resguardo de él. Además, en el caso, se añade la corta duración de la obra en cuestión que disminuye sustancialmente el riesgo de la inversión que realiza el contratista, lo que hace que cualquier pretensión de revisión del mecanismo de cálculo de los mayores costos, con fundamento en una significativa e imprevisible variación de las tasas e interés, deba ser considerada con un criterio especialmente restrictivo.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, ejercicio profesional, fraude laboral
Materia: LABORAL
Carátula: SUSANA RAQUEL MITTELMAN c/ LABORATORIOS BACON S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-26

La relación que unió a la actora con la accionada es laboral, que se está ante un verdadero contrato de trabajo y que a pesar del empeño puesto por la demandada para demostrar una vinculación distinta, las circunstancias del caso prueban la existencia de una relación subordinada. Cabe señalar que el hecho de que exista una mayor o menor elasticidad en el horario de trabajo e incluso hasta cierta discontinuidad en la labor, no descarta la existencia de una relación laboral, en la medida en que haya una incorporación efectiva del trabajador a una empresa total o parcialmente ajena y que reciba por sus tareas una suma determinada o indeterminada en dinero (cfr. Sala I Argento Ricardo c/Asociación Mutual SANCOR s/despido, SD 59201 del 30/11/90). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Gastos reservados, viáticos, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE
Materia: LABORAL ADMINISTRATIVO
Carátula: POSSI, MARCELO HUMBERTO Y OTROS s/ MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, ETC.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 395-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-18

Existe diferenciación entre el concepto de "gastos reservados" y "viáticos"; el primero, responde a una "estimación global" necesaria para el correcto desempeño del funcionario (en el caso, en una misión en el exterior); y "viático" es una suma fija cuya magnitud se establece por ley y poco importa que alcance o no para el desempeño del funcionario fuera de su emplazamiento habitual y "por ese concepto no corresponde rendición de cuentas ni presentación de comprobantes de gastos".
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, medidas cautelares, embargo, levantamiento del embargo, síndico del concurso, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -REVISION- RELATIVO AL EMBARGO Y  SECUESTRO DE LA CARTERA OPORTUNAMENTE CEDIDA POR LAS AUTORIDADES  ESTATUTARIAS DEL EX BID AL B.C.R.A. -CUERPO DE FOTOCOPIAS (EXPTE.:
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-05-14

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que los jueces al fallar confirmando la regulación de los honorarios profesionales del síndico y letrados intervinientes, se han desentendido de pautas concretas de forzosa operatividad en el caso, cuya prescindencia injustificada determina que la decisión impugnada no pueda ser considerada como la necesaria "derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa" .

Ello es así pues la decisión finalmente adoptada por el Tribunal a quo ignora el dato elemental de que a partir del planteo de la revocatoria contra la resolución que dispuso la medida cautelar se suscitó una tramitación que, como la propia Alzada lo reconociera, no siguió el cauce propio, normal, de los incidentes (esto es, la vía sumarísima prevista en el 413 del código de rito), sino que se agotó con un mero traslado artículo 89, segunda parte, C.P.C.C.- a la contraparte, seguido sin más trámite por la decisión final del Oficio.

En vista de lo expuesto, en autos se suscitó lo que desde la communis opinio doctrinaria y jurisprudencial se reconoce como un "mini-incidente", en respuesta a la necesaria distinción que impone la exigencia de evitar que la sola contestación de un traslado merezca idéntica retribución que la labor profesional desarrollada a lo largo de la tramitación completa de un incidente por la aludida vía sumarísima, distinción que a su vez y por aplicación de la pauta del artículo 9, segundo párrafo, de la ley 6.767- conduce a postular que la regulación no puede (ni podía) superar un monto igual a la tercera parte del 30 % del 30 % considerado por la Alzada-, resultado que a su vez habrá de examinarse en su razonabilidad a la luz de las exigencias consagradas por el legislador en el artículo 13 de la ley 24432.
Recursos, recurso de apelación (procesal), prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMP. EN J: ARCEDERILLO c/ PEREZ s/ (LIBRO: A068 - 346)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-04-29

Es apelable, de acuerdo al art. 180 del C.P.C., el rechazo de prueba en la etapa procesal pertinente. Si la declaracion testimonial se acepta y luego no se produce -por oposicion, se esta en el caso de una incidencia y por ende, la resolucion que recaiga es inapelable.-
Exención de costas, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: Instituto Nacional De Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados INNSJP c/ Oliva Smith, Clarisa Anabella s/ Juicio Sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-26

El art. 68 segundo párrafo del CPCN faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido siempre que se encontrare mérito para ello. El "mérito" al que alude la norma citada existe cuando se ha litigado mediante "convicción fundada" acerca de la existencia del derecho invocado al tratarse de cuestiones suscitadas frente a la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tiene complejidad jurídica. Cabe agregar a ello que también existen circunstancias de hecho no menos dudosas y eximentes, que hacen caer el principio general enunciado, cuando la imposición de las costas a una de las partes no resulta equitativa.
Recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VARGAS, TEODOCIO s/ QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-03-07

No basta, para que se configure una situación de inconstitucionalidad, invocar la vulneración de derechos fundamentales, si no se prueba la afectación concreta de esos derechos, situación que constituye carga procesal del recurrente.

En efecto, se debe demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías de la Constitución..- La correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya el sentenciante.
Daño moral, indemnización, prueba
Materia: CIVIL:
Carátula: SEYGAS, NORMA I c/ TRONCOSO, SERGIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-17

El daño moral es la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes. Su separación está determinada por imperio del art. 1078 del Código Civil que con independencia de lo establecido por el art. 1068 del mismo cuerpo legal, impone al autor del hecho ilícito la obligación de indemnización sin exigir prueba directa de su existencia.
Extinción del contrato de trabajo, despido, sentencia condenatoria, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: ORTEGA, JUAN LUCIANO c/ COPLINCO COMPAÑIA PLATENSE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-30

El hecho que el trabajador sea condenado penalmente no implica la extinción del vínculo laboral, siendo necesario el acto formal de despido; sobre tal base el trabajador - luego de puesto en libertad - tiene derecho a pedir el empleo y la empresa que no alego una situación de injuria debe cumplir con su deber de dar ocupación.
Participación criminal, participación necesaria, coautoría, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: CARRAZAN, Luis I. s/ Causa 44.299
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-11

No puede considerarse coautor del hecho al acusado que se limitó a conducir a los asaltantes al lugar donde robaron, y a esperarlos, haciéndoles señales con las luces para indicarles su ubicación pese al tiroteo que ya se había iniciado, pues no ejecutó parte de la acción típica como portador de la decisión común. Su actividad fue accesoria o de apoyo, por lo que es cómplice primario.
Acción reivindicatoria, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: L., E. H. y Otra c/ T. C. S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-17

La jurisprudencia, en un juicio de reivindicación por apropiación indebida, ha resuelto que "resulta procedente indemnizar a la accionante por el daño derivado de la ocupación ilegítima que hiciera la demandada respecto del inmueble revindicado, ya que el hecho de que durante largos años la propietaria no haya formulado reclamo alguno, consintiendo la ocupación gratuita, no justifica que se extienda la presunción más allá del momento en que se le requirió la desocupación, pues a partir de dicha intimación la ocupación se tornó ilegítima, configurándose una retención indebida que debe ser resarcida.