Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 287/291. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Roberto Héctor Falistocco, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SACCANI, HECTOR OSMAR contra ASOCIART ART S.A. -DEMANDA LABORAL POR COBRO DE PESOS Y PRESTACIONES LEY 24.557- (EXPTE. 221/15 CUIJ 21-05083830-4) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CÁMARA)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-05083830-4). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? Y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Gastaldi, Erbetta y Spuler. A la primera cuestión, el señor Ministro decano doctor Falistocco dijo: Mediante resolución 100 de fecha 20 de marzo de 2017 (fs. 302/303) la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido por Asociart ART S.A. contra la sentencia 151 emitida por esa Sala en fecha 08 de junio de 2016 (fs. 272/279). En el nuevo examen de admisibilidad que corresponde a esta Corte efectuar por imperio del artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 309/311). Por ello, voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Erbetta y Spuler expresaron idéntico fundamento al expuesto por el señor Ministro decano doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión, el señor Ministro decano doctor Falistocco dijo: 1. Sucintamente, la litis: Según surge de las constancias de la causa, en lo que aquí resulta de interés, el actor promovió demanda laboral en fecha 20.04.2009 contra ASOCIART ART S.A. reclamando indemnización y prestaciones previstas en la ley de riesgos del trabajo a causa de las diversas patologías en su salud que denunció como adquiridas durante el transcurso de la relación laboral (problemas de columna lumbar y cervical, disminución de la agudeza visual y várices, vid fs. 21/39v.) que imputó a la empleadora y a la Asegurdora de Riesgos del Trabajo por los diversos incumplimientos a la normativa de higiene y seguridad que denunció. Contestada la demanda y sustanciada la prueba ofrecida, la actora solicitó la aplicación inmediata al caso del decreto 1694/09, pretensión que fuera resistida por la aseguradora. Posteriormente, solicitó el actor la aplicación al caso de la ley 26773 y planteó para ello la inconstitucionalidad del artículo 17 inciso 5 de la misma ley (fs. 193/199), planteo que también rechazó la demandada (f. 207). Mediante sentencia 650 de fecha 12 de mayo de 2014 la Jueza de primera instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Villa Constitución hizo lugar a la demanda y condenó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonar al actor indemnización por incapacidad parcial y permanente del 13,26%. Rechazó, sin embargo, la aplicación al caso del decreto 1694/09 y de la ley 26773. Cuestionada esta decisión por el actor ante la no aplicación de la normativa referida, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario mediante sentencia 151 de fecha 08.06.2016 dispuso -previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 16 del decreto 1694/09 y del artículo 17, inciso 5 de la ley 26773- que el monto de condena debía ser actualizado conforme los parámetros contenidos en las referidas normativas (fs. 272/279). 2. Contra ese pronunciamiento la Aseguradora de Riesgos del Trabajo interpone recurso de inconstitucionalidad en los términos del artículo 1, inciso 3), de la ley 7055 (fs. 280/286), por considerar que el decisorio incurre en arbitrariedad normativa al aplicar en forma retroactiva el decreto 1694/09 y la ley 26773 a supuestas patologías adquiridas durante una relación laboral que transcurrió entre 1984 y 2007 y denunciadas que fueran aquellas en fecha 27.01.2009. Achaca al A quo haber efectuado una interpretación errónea, contrariando la voluntad legislativa, el principio de legalidad y la división de poderes, alterando la ecuación económico-financiera del contrato de seguro y vulnerando la propia disposición de aplicación temporal contenida en las referidas normativas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" y de diversos Tribunales del país, que cita. Al contestar el traslado respectivo (fs. 288/299) el actor solicitó su rechazo con costas. 3. El examen de la materia involucrada en el presente litigio y los argumentos ensayados por la recurrente, revelan que la cuestión aquí planteada es idéntica a la que fuera objeto de estudio y decisión por esta Corte en Acuerdo de fecha 06 de Junio de 2017 in re "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346) y que resulta de aplicación la doctrina constitucional fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Espósito" (Fallos:339:781, del 07.06.2016) cuyo acatamiento se impone, por lo que "brevitatis causae" no cabe sino remitir a las consideraciones allí efectuadas, a la luz de las cuales ha de concluirse en la invalidez de la respuesta jurisdiccional proporcionada por el Sentenciante. En efecto, tal como refiriera este Tribunal in re "Britos", el estado de situación jurisprudencial actual perfilado por el Supremo Tribunal de la Nación sobre la discusión relativa a la aplicación temporal de las disposiciones contenidas en la ley 26773 -así como del decreto 1694/09 en lo que hace a su vigencia temporal-, impone concluir que cualquier hermenéusis que conlleve a la aplicación del índice RIPTE para actualizar indemnizaciones correspondientes a infortunios acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26773 y del decreto 1694/09 carecería de razonabilidad y logicidad en los términos de precedente "Espósito" (Fallos:339:781). Ello así, pues los lineamientos trazados en ese fallo hoy pueden considerarse doctrina constitucional consolidada atento su reiteración en numerosos pronunciamientos posteriores donde se descalifican todos aquellos fallos cuya interpretación no se ajuste a los criterios allí trazados, a cuyos fundamentos y conclusiones la Corte Nacional remite derechamente, en razón de brevedad, aún en casos donde los jueces de la causa habían declarado inconstitucional las pautas normativas de aplicación temporal de la referida ley 26773 y su decreto reglamentario 472/14. Al respecto, corresponde recordar que los parámetros expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio conforme el tradicional criterio del referido Tribunal respecto de que, no obstante que el mismo sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellos (Fallos:25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 116, Constitución nacional y 14 de la ley 48; Fallos:212:51). Este deber de los tribunales inferiores no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos:212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin aportar nuevos argumentos que pudieran justificar el desligamiento de lo resuelto por el Supremo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos:307:1094; 311:1644 y 318:2060). En cuanto a las costas, deben ser soportadas en el orden causado, desde que el fallo "Espósito" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (07.06.2016) fue emitido un día antes que el pronunciamiento del A quo (08.06.2016); y, asimismo, por cuanto la decisión de esta Corte in re "Britos" (06.06.2017) importa un cambio en la jurisprudencia de esta Corte sobre el tema. Por las razones expuestas, la respuesta jurisdiccional de la Sala en la temática aquí analizada no satisface las exigencias de fundamentación suficiente derivadas del ordenamiento constitucional, debiendo ser anulada y las costas de esta instancia han de imponerse en el orden causado. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Las alegaciones de la recurrente se dirigen centralmente a custionar que en la causa se hubiera condenado a su parte según las pautas indemnizatorias establecidas en la ley 26773 y el decreto 1694/09. Y en el caso los extremos del "sub lite" conducen a la consideración de supuestos asimilables a los analizados y resueltos en la causa "Britos" (A. y S. T. 275, pág. 346), a cuyos fundamentos corresponde remitir "brevitatis causae". Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Erbetta y Spuler expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro decano doctor Falistocco y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión, el señor Ministro decano doctor Falistocco dijo: Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada en cuanto ha sido materia de recurso y análisis y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas por su orden. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi y los señores Ministros doctores Erbetta y Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro decano doctor Falistocco y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance señalado y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento conforme las pautas sentadas en esta sentencia. Costas por su orden. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.: FALISTOCCO-ERBETTA-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral N° 1 de Villa Constitución.