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Víctima menor de edad, delito continuo, sentencia absolutoria, interés superior del niño
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C.,H.O. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Sr. Fiscal de Cámara Dr. Jorge Silva Molina en contra de sentencia Nº 35/09 recaída en causa Expte. Nº 20/08: C., H.O. - s.a. Abuwso Sexual, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-07-14

La Cámara en lo Criminal, por mayoría de votos, absolvió al imputado por el delito de abuso sexual, sin acceso carnal, agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en forma continuada.

Contra esa decisión, el Fiscal de Cámara interpone este recurso de casación.

La crítica se limita a la valoración de la prueba, específicamente, a los fundamentos del fallo vinculados con la declaración de la menor supuestamente damnificada de los hechos de que se trata.

En esa dirección, señala el recurrente que, aunque el Tribunal en pleno había eximido a la menor nombrada de concurrir a la audiencia de Debate, luego absolvió (por mayoría de votos) al imputado por considerar inexcusable la deposición personal del testigo en el plenario y que sería nula la sentencia condenatoria fundada en el valor decisivo de su declaración.

En la sentencia, los jueces sostuvieron que concurrieron a conformar y sostener en ellos ese estado conviccional de duda los informes técnicos según los cuales la presunta damnificada no presenta evidencia de daño psíquico ni físico.

Sin embargo, aunque opinables, tampoco de estos argumentos se ocupa el recurrente, y su falta de crítica al respecto los deja, con los fundamentos referidos previamente, incólumes como sustento válido de lo decidido.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso interpuesto.
Inconstitucionalidad, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: CAÑETE, Roberto José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-19

Debe rechazarse el planteo de inconstitucionalidad del art. 76 bis, cuarto párrafo, CP en cuanto exige "consentimiento del fiscal", al no haberse expuesto nuevos argumentos que conduzcan a apartarse de la doctrina de la CFCP.
Recurso de inconstitucionalidad, reformatio in pejus, imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: DIAZ, BLANCA MARGARITA s/ EXTORSION, EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA, APREMIOS ILEGALES, PROLONGACION INDEBIDA DE LA DETENCION E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIA PUBLICA EN CONCURSO REAL ENTRE SI-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Corresponde declarar admisible el recurso de inconstitucionalidad, al verificarse prima facie que el Tribunal a quo -al modificar la condena imponiendo además las penas de multa e inhabilitación- no sólo habría excedido su competencia funcional afectando la garantía de la no reformatio in pejus, sino que además habría determinado en concreto la pena de la imputada sin tomar previamente conocimiento personal de ésta. (De la disidencia del Dr. Erbetta)-
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, contrato de asistencia integral al viajero, alcance de la cobertura, embarazo, deber de información
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fontana Gribaudo Livia y otro c/ Assist Card Argentina SA de Servicios y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Asimismo, dejar al arbitrio del Departamento Médico de la empresa de asistencia al viajero la determinación de si un percance médico -en este caso, relacionado con una condición tan delicada como un embarazo- resulta o no incluido dentro del contrato cuando la consumidora se encontraba en una situación de emergencia en un país extranjero, implica una cláusula que desnaturaliza la obligación de la demandada de cumplir el contrato de asistencia en los términos de la LDC 37-a) y no puede ser admitido.
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, ius variandi, prueba documental
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: MARELLI, GISELA MELISA c/ GRAN RIO S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-25

El déficit de fundamentación que justifica la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido anida en que el A quo - para concluir acreditado que la actora se desempeñaba en horarios y turnos rotativos, y que por tanto no podía acreditarse la modificación de las condiciones de trabajo y la ilicitud en el ejercicio del "ius variandi" por parte del empleador- estructura centralmente todo su razonamiento en la prueba acompañada por la demandada al expresar agravios -planilla de horarios y descansos - constancia que no ostenta decisiva incidencia en el resultado de la causa ya que está lejos de probar que la actora cumplía turnos rotativos, teniendo la Cámara por acreditado un hecho sobre el que no hay siquiera un indicio de haber ocurrido así. Ello también inficiona la afirmación de la Sala en cuanto a que el ilícito "ius variandi" de la empleadora no ha sido probado porque la planilla demostraría la existencia previa de horarios rotativos, puesto que la deficiente condición de la planilla de horarios y descansos -con constancias que no fueron salvadas- no puede servir para defender a la demandada de la imputación que se le efectúa ni acredita que la empresa no haya variado sus condiciones de trabajo.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: SILVESTRE, Alejandra Ana c/ KOLTAN, Silvio s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-14

Si los daños cuya reparación se pretende se produjeron al caer la víctima en un piso cerámico húmedo y resbaladizo, en un sector cercano a las duchas de un gimnasio, cabe atribuir responsabilidad al propietario del lugar. Ello aún cuando la presencia de humedad sea inevitable ante el tránsito obligado de los usuarios y se haya cumplido con las normas de seguridad aceptadas por el órgano municipal.
Denegatoria del recurso, cobertura médica, personal policial, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Olivotto, Evangelina contra GCBA sobre recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 CAYT) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-07

Corresponde rechazar la queja en tanto la sentencia cuya revisión en última instancia aspira, que garantizó cautelarmente la cobertura de la obra social con la que el actor (personal policial) y su grupo familiar contaban con anterioridad al dictado de la resolución que dispuso su baja definitiva, no es la definitiva a la que refiere el art. 26 de la ley n° 402, ni la recurrente da razones por las que corresponda equipararla a una de esa especie (de acuerdo a la doctrina de "Perez Molet, Julio Cesar s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Perez Molet, Julio Cesar c/ GCBA s/ otros procesos incidentales en " Perez Molet, Julio Cesar c/ GCBA S/ amparo (ART. 14 CCABA)"" Expte. SACAyT n° 5872/08; sentencia del 27-08-2008). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, Derecho penal, Derecho contravencional y de faltas
Materia: PENAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver ¿Qué debe entenderse por la medida de seguridad  Que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas, cuando corresponde  Su aplicación y qué límites temporales debe tener? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-21

Las medidas de coerción previstas en el artículo 28 segundo párrafo del Código de Faltas, a título de medidas de seguridad no pueden exceder del tiempo que demande la superación de la situación determinante y/o la cumplimentación de los estudios respectivos, pero en ningún caso, el tiempo máximo de arresto asignado a la falta atribuida al de aquel discernido en la sentencia. Esos límites conllevan el cese de la disposición de seguridad y la libertad inmediata del detenido, salvo que correspondiere la puesta a disposición de otra autoridad judicial. En el caso, la cuestión a resolver es: ¿Qué límites temporales debe tener la medida de seguridad que estatuye el artículo 28 del Código de Faltas?
Obras sociales, porcentaje de los aportes y contribuciones, Poder Ejecutivo, personal militar retirado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Iglesias de Ranuschio, Elsa Elena y otros c/ Instituto Obra Social del Ejército s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

El Poder Ejecutivo Nacional -órgano competente que encabeza el Presidente de la Nación en su carácter de Jefe de la Administración Pública Nacional en cuyo ámbito se incluye como ente autárquico al IOSE, vía Estado Mayor General del Ejército - Ministerio de Defensa-, consideró adecuado financiar el otorgamiento de las prestaciones con un aporte proveniente de los afiliados (obligatorio del personal en actividad y voluntario del personal en retiro) fijado las alícuotas resultantes. En consecuencia, no resulta cuestionable la facultad del órgano para establecer de qué modo debe financiarse el régimen de asistencia y obra social, en tanto para cumplir con la finalidad prevista le compete evaluar la necesidad de los recursos y su aplicación, como así también el análisis de los gastos realizados. Dicha decisión reposaría así, en criterios de mérito, oportunidad y conveniencia.
Medidas cautelares, sentencia interlocutoria, recurso de reposición (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Hnos Diaz Dian Sociedad de Hecho c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-10-22

En principio el recurso de reposición no es viable en contra de una sentencia interlocutoria -art. 238 CPC-. Ahora bien lo que se pretende modificar es lo resuelto en ella en relación a una medida cautelar y para su levantamiento o cesación sólo hubiera sido necesario solicitud al efecto, donde se demostrara el cambio de las condiciones que se tomaron en cuenta en ocasión de su dictado. Sin embargo, conforme la instancia en la que se interpone el reclamo y la esencial provisionalidad de las medidas cautelares -art. 202 CPC- corresponde dejar sin efecto la ordenada en autos por sentencia interlocutoria. En efecto, en el caso, de concentrarse en aspectos de viabilidad formal sin tomar en cuenta la razón sustancial del derecho argüido por el recurrente se incurriría en excesivo rigorismo formal incompatible con el principio iura novit curia que como componente del prudente arbitrio le cabe a los jueces en el ejercicio razonable de la iuris dictio, para proveer a la solución equitativa de las controversias traídas a su conocimiento, por lo que corresponde hacer lugar al recurso intentado. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva)
Interrupción de la prescripción de la acción penal, elevación a juicio, secuela de juicio
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MEZZA, RAUL RAMON s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1041
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-18

Existe "secuela de juicio" cada vez que en cualquier etapa del juicio penal (comprendido en su totalidad), se produce o realiza un acto con entidad suficiente para dar real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la acción penal. (Voto del Dr. Casanovas).
Inscripción registral, registro de la propiedad automotor
Materia: CIVIL
Carátula: S. T., R. c/ V. L. M. y otros s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-18

El Régimen Jurídico del Automotor (RJA), instituido por el Decreto Ley N° 6582/1958 (Ratificado por ley N° 14467; Texto Ordenado por Decreto N° 1114/97, y sus modificatorias), creó un sistema registral de naturaleza estatal y nacional, a cargo de una autoridad de aplicación descentralizada -Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor- y de oficinas administrativas descentralizadas diseminadas en el territorio nacional -Registros Seccionales-, sobre la base del método de la inscripción en el lugar de radicación del vehículo (art.7); y estableció, como principios rectores, que la inscripción tiene efecto constitutivo (art. 1); y que dicha inscripción es obligatoria (art.6). Posteriormente, la ley N° 22977 introdujo una modificación significativa al sistema, al incorporar la referida "denuncia de venta" en los arts. 15 y 27 del Dto. Ley N° 6582/1958.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Medina de Chocobar Vicenta Rogelia  c/ Abregú Rubén Fernando y otro  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-03-09

Corresponde confirmar la sentencia en cuanto concluyó que se acreditó que el demandado realizó una maniobra marcha atrás sin adoptar todas las precauciones tendientes a evitar el resultado dañoso y, a pesar de invocarlo, no acreditó la culpa de la víctima como causal tendiente a eximir su responsabilidad en los términos del art. 1113 del Código Civil, con entidad suficiente como para interrumpir el nexo causal y eximir de responsabilidad al dueño y guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, habida cuenta también que el peatón distraído es una contingencia habitual y normal en los accidentes de circulación de automotores, es decir, constituyen una contingencia inherente al tránsito, lo que obliga al conductor a extremar el cuidado y precaución. Por lo que aun cuando pudiera endilgarle a la damnificada una conducta eventualmente censurable, tal calificación sólo resultaba relevante en la medida de su contribución al resultado final, de que fundamenta la responsabilidad por riesgo creado, aplicable a los accidentes por circulación automotriz (conforme CSJT, sentencia n° 478 del 3/5/2016, "López Elsa Adriana vs/ Molina José Héctor y otros s/ Daños y perjuicios").
Daños y perjuicios, derecho de enseñar y aprender
Materia: CIVIL
Carátula: C.C. A. c/ G.C.B.A. s/ Daños y perjuicios (Excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

Debe rechazarse la demanda interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un agente policial que alegó sufrir discriminación y violación del derecho a enseñar y aprender al no permitírsele continuar con sus estudios terciarios, tras la discusión que mantuvo con sus compañeros de clase por haber manifestado que había presenciado apremios ilegales durante la dictadura militar, pues a diferencia de lo expresado por el actor no se puede considerar acreditado que este hubiera estado impedido de cursar regularmente luego de los hechos ocurridos o que se le hubiera impedido la entrada al establecimiento, ya que todas las actuaciones administrativas detalladas en la causa resultan coincidentes en que no existió ningún tipo de sanción de suspensión y que por tanto no existía impedimento para que concurriera a cursar.
Habeas data, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, fundamentación del recurso, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rey Juan Carlos c/ Citibank N.A. s/ Amparo (LIBRO: A162 - 080)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-12-18

El trámite de la acción de amparo dado por el Juez de Primera Instancia, a la causa, fue consentido por las partes y por tanto resulta aplicable el decreto-ley 2589/75 en todas sus etapas. Este criterio está en consonancia con el fallo plenario de la Suprema Corte "Costa Esquivel Oscar c/ CO.DE.ME que establece: "En la interposición de la acción de habeas data se deberá cumplir con el procedimiento establecido para la acción de amparo en el art. 11 de la ley 6504/97; y disponer que el Sr. Juez Civil de la 1º instancia determine si someterá la causa al procedimiento del art. 474 y ss. del C.P.C. de Mza., o a los arts- 19 y conc. del Dec.Ley 2589/75".- El recurso de apelación deberá fundarse en el escrito de interposición acorde lo dispuesto por el art. 31 de la ley de amparo.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Fabbro, Bruno Lorenzo y otros c/ Bioy Casares, Adolfo y otro s/ Servidumbre de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que parcializa la impugnación en el sostén que le brinda la prueba que elige como fundamento del agravio, y no considera las distintas razones de la sentencia, que, sin dejar de computar, con otro signo, esa misma prueba, agrega a sus reflexiones conclusiones que elabora con otros elementos de acreditación que no han sido desmerecidos en en la sede de casación (art.279 C.P.C.C.).
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, derechos creditorios, crédito laboral, sociedad cooperativa, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Balkbrug SA c/  s/ quiebra s/ incidente de revisión de crédito por borelli javier matias y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-22

Procede revocar la resolución que rechazó la revisión intentada, con base en que la relación laboral con la fallida se extinguió con la constitución de la cooperativa, y declarar verificado los créditos laborales con el alcance de la liquidación practicada. Ello por cuanto, en el caso, frente al incumplimiento de la fallida en el pago de los salarios, los trabajadores iniciaron una serie de reclamos mediante carta documento y ante el Ministerio de Trabajo, exigiendo el cumplimiento por parte de aquélla, quedó demostrado que los trabajadores, previo a la conformación de la Cooperativa y a suspender su prestación de servicios, intentaron llegar a un acuerdo con su empleador. Así, además del incumplimiento del pago de los salarios, los empresarios desaparecieron y vaciaron la empresa, por lo que se configuró un incumplimiento de la totalidad de las obligaciones de parte del empleador que permite a los trabajadores ejercer el derecho a oponer la excepción de incumplimiento contractual, que en los hechos se tradujo en no prestar tareas a la fallida -las que por otro lado no les eran requeridas- y en conformar la cooperativa a los fines de obtener un ingreso económico que les permitiera seguir subsistiendo. No puede predicarse un accionar desleal de parte de los trabajadores o una actitud de presión ejercida sobre el empleador, pues éste, se reitera, desapareció del lugar de trabajo y abandonó sus obligaciones en desmedro de los derechos y necesidades de los incidentistas.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTROCOLA, ANGEL c/ FRENAR SA s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 253-83 METALURGICA SERRA SRL c/ SECH SA s/ DEMANDA ORDINARIA. APREMIO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 187-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28|1986-03-05

No media "gravedad institucional" si de lo dicho por la Cámara no surge que lo resuelto tenga virtualidad para afectar a alguien más que a las partes intervinientes, siendo entonces una simple aseveración de la recurrente que con tal decisorio se afectan y comprometen instituciones básicas de la Nación.
Peritos, prueba pericial, dictamen pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: H., E. G. c/ L. S. ART SA s/ Accidente de trabajo (acción civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-22

La valoración del perito -según el recto ejercicio de la función jurisdiccional-exige sopesar los motivos en que se fundó según las circunstancias del caso y las restantes pruebas existentes. Así, advierto que las afirmaciones en que se basa la conclusión del perito se apoyan en los antecedentes de la causa y en sus conocimientos técnicos específicos (pues, ciertamente, no se trata de una simple opinión de un lego en la materia). Por lo que con ello satisface, a mi modo de ver, su labor como auxiliar de la justicia, a la que contribuye con su saber, ciencia y conciencia.
Confesión ficta, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: BOTTO NOEL CESAR c/ DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-10

Si bien el actor solicitó en debida forma la prueba interesando el libramiento del correspondiente oficio, no fue diligente en cuestionar el error del Juzgado en proveer la prueba interesada de acuerdo con el artículo 82 del Código Procesal Laboral que no resulta aplicable en la cuestión. Si la demandada no fue requerida en debida forma no puede ahora pretender la actora la existencia de la confesión ficta.
Derecho laboral, ley de contrato de trabajo, ley de orden público, crédito laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: ECHENIQUE, ENRIQUE S. c/ VITIVINICOLA VENADO S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-03-05

El art. 256 de la L.C.T., norma de orden público, determina el plazo de la prescripción liberatoria de los créditos laborales por el transcurso del plazo de dos años y la inacción del acreedor. El tiempo corre a partir del día en que la obligación se hace exigible, y sólo es interrumpida por la promoción de la demanda o en el supuesto del art. 257, que permite una situación acotada por medio de una actuación administrativa.
Ley de consolidación de la deuda pública, plazo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Formiga, Roberto. c/ Provincia de Río Negro. s/ Accidente de trabajo (Art. 1113 C.C.) s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-05-17

Si el Poder Ejecutivo enviara el proyecto de presupuesto en los dos últimos meses de sesiones ordinarias de la Legislatura (conf. art.

181, inc. 11 de la Constitución Provincial) y en ese lapso se convirtiera en ley, verificada la no inclusión en el mismo del monto de la condena de una sentencia que debiera efectivizarse en el ejercicio así presupuestado, a partir de entonces -conforme al texto del art. 55 de la Constitución Provincial- quedaría expedita la vía de la ejecución judicial. Sin embargo, de reconocerle virtualidad al art.

3 de la ley 2545, la ejecutabilidad de tal crédito se diferiría -en el caso supuesto- en más de un año. (Opinión personal: Dr. Leiva).
Derechos y garantías constitucionales, non bis in ídem
Materia: PENAL
Carátula: Grau, H. s/ Incidente de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-18

Los autos en que se ha planteado la cuestión de competencia versan sobre una conducta independiente de la que originó el primer proceso. En consecuencia, no se constataría en el caso la prohibición de la doble persecución penal por el mismo hecho (non bis in ídem por litis pendentia) que ampara expresamente el art. 29 de la Constitución Provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)