Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nro 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-04


DE LOS QUE RESULTA:

Que las presentes actuaciones se inician, a raíz de una inspección realizada por funcionarios de la DGI, en el local comercial sito en Av. Edén Nº 298 local 2 de la ciudad de La Falda, Córdoba, propiedad de Corina Andrea Rivadera, lo cual se encuentra documentado mediante acta de constatación de fs. 1.

Que el apoderado de la nombrada comparece ante el Organo recaudador, presentando nota de descargo que obra a fs. 10/13.

Que la Sra. Jefe de la División Jurídica de la Región Córdoba de la DGI resuelve ordenar la clausura de dicho local por cuatro días e imponerle a su propietaria una multa de $ 3.000, consistiendo el hecho que motiva tal sanción la no emisión de factura por una venta realizada por la suma de pesos diecisiete (fs. 14/15).

Que la contribuyente apela tal resolución por ante la Jefa de Región de la AFIP-DGI Córdoba (fs. 19/21), por lo que la Cdra. María Cristina Varela, en tal carácter, se expide al respecto y resuelve mantener la sanción impuesta (fs. 23/23 vta.).

Que finalmente se interpuso recurso de apelación por ante la Justicia Federal (fs. 27/44), remitiéndose por ello lo actuado a sede judicial.

Que luego de recibido el sumario administrativo en cuestión, se lo declara formalmente procedente y se le da el trámite previsto en el Libro IV del CPPN, confiriéndose efecto suspensivo a la resolución atacada (fs. 45).

Que invitadas las partes a mejorar fundamentos, comparecen a fs. 48 el organismo recaudador ratificando la medida dispuesta y formula la reserva del caso federal, y la apelante a fs. 55 manteniendo el recurso interpuesto, reiterando los fundamentos del mismo y formulando la reserva del caso federal, quedando de esta manera la causa en condiciones de resolver en definitiva.

Y CONSIDERANDO:

Que adelanta el suscripto el criterio en sentido que corresponde revocar la resolución apelada por las razones que se exponen a continuación:

Que a tal fin se estima pertinente relatar sucintamente los hechos que motivaron la posterior sanción dictada por la DGI en la presente causa.

Que con fecha 12/02/97, inspectores de la DGI se apersonaron en el local comercial propiedad de Corina Andrea Rivadera, donde procedieron a labrar un acta (fs. 1) dejando constancia que "...la contribuyente no emitió factura o documento equivalente por la venta de una billetera por la cual la clienta abonó la suma de pesos diecisiete...", como también que "...todo ello se prueba con la visualización de los actuantes quienes observaron que no se emitió comprobante alguno por dicha operación...".

Que también se dejó asentado en dicho instrumento como una manifestación de Gabriela Rivadera -hermana de la contribuyente, a cargo del negocio durante el procedimiento, quien no suscribió el acta-, en el sentido que "...en el día de la fecha emitió facturas por todas las operaciones efectuadas...".

Que entonces, de las propias constancias del acta surge una contradicción que resulta fundamental en el caso que nos ocupa, tal es la que existe entre la supuesta venta "visualizada" por los actuantes, por la que no se habría emitido comprobante, y lo atribuido como manifestado por Rivadera en el sentido opuesto.

Que esta posición encontrada no tiene respuesta en el instrumento que dio origen a estas actuaciones, que si bien reviste el carácter de instrumento público, no confiere certeza a lo afirmado por los actuantes sin más sustento que sus dichos.

Que además la supuesta infracción podrá haber sido irrefutablemente comprobada con la identificación del cliente que habría realizado la operación comercial a la que alude el acta quien con su intervención en dicho instrumento lo habría constituido en el medio idóneo para corroborar los dichos vertidos en tal sentido, lo que incluso hubiera permitido evitar un innecesario desgaste jurisdiccional.

Que las circunstancias expuestas colocan al contenido del acta aludida en el carácter de meras afirmaciones carentes de sustento probatorio alguno.

Que ante la carencia de este extremo probatorio fundamental para la dilucidación de la supuesta infracción en discusión, se torna aplicable el principio "in dubio pro reo" consagrado por el artículo 3º del C.P.P.N., debiendo por ello revocarse la resolución recurrida.

Que además corresponde regular los honorarios del Dr. Silvio Pedro Montini por la labor desarrollada a favor de la apelante, estimando adecuado valorar su tarea en los montos previstos para regulaciones mínimas por el artículo 8º de la Ley 21.839 (texto según art. 12 inc. "e" Ley 24.432), en lo inherente específicamente a los procesos penales, resultando de ello la suma de pesos un mil ($ 1.000,00). No se procede en igual sentido respecto del apoderado de la Dirección General Impositiva, por ser profesional a sueldo de la misma (art. 2 de la ley citada).

Que asimismo, y en virtud de la solución a que se arriba en los presentes actuados, corresponde ordenar que las costas sean soportadas en el orden causado.

Por ello, RESUELVO:

1º) REVOCAR la resolución de D.G.I. de fecha 16/10/97, por la cual se dispuso confirmar la sanción de clausura por cuatro días del establecimiento comercial sito en Av. Edén Nº 298, local 2 de la ciudad de La Falda, Córdoba, por infracción al art. 44 inc. 1º de la Ley 11.683; y una multa de pesos tres mil ($ 3.000,00).

2º) TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por las partes.

3º) ORDENAR que las costas sean soportadas en el orden causado.

4º) REGULAR los honorarios del Dr. Silvio Pedro Montini en la cantidad de pesos un mil ($ 1.000,00) (Art. 8º de la Ley 21.839 -texto según art. 12 inc. "e" Ley 24.432); no procediendo en igual sentido respecto del apoderado de la Dirección General Impositiva, por ser profesional a sueldo de la misma (art. 2 de la ley citada).

Protocolícese y hágase saber.