Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28


Causa Nº 129-02-CC/2006 caratulada: "Incidente de Apelación en autos De La Iglesia, Néstor Ramón y Buscafusca, Rosa Susana s/Infr. Arts. 116 y 117 ley 1472-Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Febrero de 2007, se reúnen en acuerdo los señores integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver en autos.

VISTOS:

Vuelven los presentes actuados con motivo del recurso interpuesto por la defensa técnica de la imputada Rosa Susana Buscafusca, ejercida por el José Antonio Lagorio, contra el auto del Sr. Juez de grado, Ladislao J. J. Endre, interinamente a cargo del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 1, que dispuso tener por desistida la pericia caligráfica ordenada oportunamente (fs. 26).

La acción se deduce por vía de reposición con apelación en subsidio, cuyo sustrato como se adelantara, radica en el rechazo de la medida probatoria a raíz de la incomparecencia de la imputada para celebrar cuerpo de escritura.

Se extiende también, pese a que de la presentación surge como una cuestión preliminar y de modo un tanto confuso, al carácter de la notificación de dicha providencia -cuya consecución se ordenara en el día- y que a su vez dispone sobre la fecha de celebración del debate.

En relación a la cuestión medular esgrime, que encontrándose fijada la audiencia para conformar cuerpo de escritura con fecha 3 de noviembre del año ppdo., compareció en la sede del juzgado junto a su asistida el día anterior, al efecto de poner en conocimiento la imposibilidad de concurrir, lo que formalizaron mediante escrito a mano alzada.

Toda vez que en dicha oportunidad el magistrado no hizo lugar a lo requerido, motivado en la carencia de acreditación de los extremos invocados por la peticionante e inmediatamente, por auto del 3 de noviembre dio por desistida la medida y designó fecha de juicio, alega que el decisorio lesiona derechos y garantías concebidos en el art. 13 de la Constitución de la ciudad.

En esta inteligencia entiende que la decisión ha sido prematura y que justamente, la presencia de las partes en los estrados poniendo en conocimiento la imposibilidad de concurrir no puede soslayarse y de ello presumir que se trata de un intento de sustraerse a la realización de la medida.

En lo que respecta a la notificación, ensaya un argumento basado en la disparidad de criterio expuesta al fijar fecha de juicio -6/3/07- y cursar las citaciones con una antelación de 120 días, en tanto que al solicitarse la postergación de la audiencia en cuestión, inmediatamente fue dejada sin efecto, sin recabar las justificaciones que el tribunal entendiere pertinente.

Finalmente hace reserva de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Nación (fs. 28vta. in fine).

Por su parte el Sr. Fiscal ante esta instancia, Walter Fernández, estimó que el recurso fue concedido erróneamente en tanto "no existe una auténtica expresión de agravios en el sentido técnico procesal" (fs. 36vta. del dictamen) por cuanto el letrado no ha acreditado las circunstancias por las que promoviera la postergación de la audiencia en cuestión. De este modo abona el razonamiento del magistrado de que se trata de una práctica dilatoria ante la sucesiva interposición de escritos y postula su rechazo en el sentido indicado (fs. 36/37) .

CONSIDERANDO:

El análisis de la medida deducida, en lo que a los aspectos formales corresponde, arroja que ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo, en forma y tiempo oportuno y ante el Magistrado que dictó la resolución atacada. Sin embargo no cumple con los requisitos de fundamentación necesarios para habilitar la vía intentada. 1 Causa Nº 129-02-CC/2006 - Sala II En este sentido las alegaciones efectuadas por el letrado, fundadas como único sustento en base al art. 13 de la CCABA de manera elíptica, no resultan suficientes por sí, en tanto no logra conectar el agravio que el decisorio supuestamente le origina, introduciendo cuestiones ajenas como las referencias al dispendio jurisdiccional e inobservancia de los principios de celeridad y economía procesal a causa de la notificación, que nada tienen que ver con la medida tomada por el a quo y que fueran tratadas eficazmente en su resolución. 2 En efecto, la lectura del decisorio y una compulsa de la incidencia, refleja claramente que el Magistrado se limitó a hacer efectivo el apercibimiento dispuesto oportunamente y, no obstando otras diligencias pendientes, designó fecha de debate; en este sentido, no se percibe un exceso en el marco de actuación privativo del juez al disponer no sólo la producción de una medida de prueba, sino también el modo y demás circunstancias en que ello habrá de cumplimentarse.

Téngase en cuenta que no estamos frente a un caso de denegación probatoria, que si bien es imperativo del juez de juicio, habría que sopesar la significancia para el proceso de su rechazo; sino que por el contrario, se ha declarado admisible bajo determinados recaudos para su producción (ver fs. 2vta. del auto de prueba). Y en esta hipótesis, existiendo noticia de partes del apercibimiento ante una eventual incomparecencia de la imputada, el planteo defensista carece de razón, por cuanto mayor justeza debió imprimir para su cumplimiento, sin llegar al extremo de desatenderse por alguna causa de fuerza mayor. Pero lo cierto es, que la sola invocación de "otros compromisos profesionales ...en extraña jurisdicción" (fs. 24) no resultan per se suficientes sin acreditación de los mismos, y de ser así, bien podría haberse acompañado las piezas pertinentes, que por lo demás resulta de buena práctica profesional estando justamente en juego el derecho de defensa de su cliente.

Aún propendiendo a un criterio amplio, en cuanto a la entidad probatoria que posibilite un pleno ejercicio de la defensa en juicio, la presentación del letrado adolece, como se dijo al inicio, de los recaudos mínimos que debe contemplar la medida impugnativa que intenta, puesto que tan siquiera logra demostrar el menoscabo que le produce a la imputada o alusión a la naturaleza de la medida de prueba y su incidencia con la etapa del proceso que transita y su objeto, lo que no puede ser suplido en esta etapa y que de por sí no es materia apelable.

En orden a lo expuesto, el Tribunal, RESUELVE:

DECLARAR MAL CONCEDIDO, el recurso de apelación interpuesto a fs. 28 por el José Antonio Lagorio contra la resolución obrante a fs. 26, en cuanto tiene por desistida la pericia caligráfica oportunamente dispuesta.

Tómese razón, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara mediante nota y devuélvase a la primera instancia interviniente, la que deberá cumplir con las notificaciones del caso y acumular el presente incidente a su principal.

Sirva lo proveído de atenta nota de remisión.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.