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Abandono de personas, muerte de la víctima, responsabilidad médica, medidas cautelares, embargo, monto del embargo, acción civil en el proceso penal, prueba, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LANDRISCINA, Arnaldo Jorge. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-30

1) Si la investigación llevada a cabo ha permitido demostrar que era el incuso, en su condición de auditor médico de la empresa de medicina prepaga de la víctima, dedicada a prestación, financiación y administración de asistencia médica integral, quien debía velar por la correcta atención de la damnificada, atento la patología que presentó, es procedente confirmar su procesamiento en orden al delito de abandono de persona seguido de muerte , sin perjuicio de la calificación legal que corresponda, decisión que, en caso de arribar a la etapa de juicio, podrá ser ampliamente discutida y analizada puesto que, como correctamente señala el "a quo" al no disponer la prisión preventiva del incuso, la adecuación legal que se adopte en nada varía el curso de la causa ni afecta el derecho del imputado a transitar el trámite del proceso en libertad.

Ello en tanto, en las situaciones que se planteara era responsabilidad del imputado adoptar las medidas necesarias tendientes a preservar la salud de la víctima las cuales no fueron tomadas, en cuanto al traslado e internación en un centro adecuado a su patología y la sucesión de incidencias y demoras, si bien no fueron la causa directa de la muerte de la víctima, influyeron desfavorablemente sobre su evolución clínica y posibilidades de adecuado tratamiento, pudiendo ser motivo de su agravamiento y pérdida de reacción clínica; máxime cuando, aún debido al cuadro que presentaba, no es posible dar opinión verdadera de irreversibilidad, tenido en cuenta la potencial capacidad reaccional que por su edad tenía la enferma , que aumentaban su aptitud o expectativa de posible reacción favorable.

2) El embargo, entre otros items, debe garantizar la indemnización civil. En este sentido, "a los fines de la fijación del resarcimiento no se puede aplicar pautas matemáticas. La muerte de un ser querido no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que puede dar, de allí que la ley apela con énfasis a la prudencia de los jueves. Es preciso tener en cuenta las particularidades del caso, aprehendidas no sólo desde el punto de vista de la víctima, sino también de los damnificados con su muerte. Y son relevantes el sexo, la edad, el tiempo probable de vida útil, educación, oficio, ingresos que aportaba, aptitudes para el trabajo, nivel de vida y demás circunstancias del caso. Y en cuanto a los damnificados, también habrá de valorarse, además del grado de parentesco, la edad, número de miembros que recibían ayuda de la víctima, importancia de esa ayuda, etc.".

Si éstas pautas no se encuentran corroboradas -por resultar materia de tratamiento en otro fuero- y toda vez que el embargo resulta un medida cautelar y provisional, que puede ser modificado con posterioridad, debe confirmarse el monto fijado.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, expresión de agravios, defensa en juicio, oportunidad procesal, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Graciela Beatriz  c/ El Potrero de San Lorenzo S.A.  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-13

Si bien la actora de autos ganó el juicio y por ende no tuvo necesidad de recurrir en fallo en este aspecto -me refiero a los motivos de injurias ponderados por el a-quo-, podría no obstante ello, haberlo invocado y no lo hizo como vencedora, en su contestación de agravios, replanteando argumentos defensivos oportunamente alegados y no ponderados o desestimados por el sentenciante. No puede apelar el vencedor en el proceso, por cuanto carece de interés para recurrir. Es así aunque se le desestime alguna de sus defensas, las que puede reiterar en segunda instancia al refutar los agravios del vencido. La competencia del tribunal de Alzada, no sólo comprende los recursos concedidos y debidamente mantenidos, sino que ha de entender de aquellas cuestiones que, en la oportunidad de la contestación de agravios, sean reiteradas por la parte apelada, que careció de interés jurídico para apelar la parte dispositiva que le favorecía y que obstan a la pretensión de la contraparte. Con este criterio que se origina en la imposibilidad de recurrir respecto de los fundamentos de una sentencia favorable, se evita cercenar el derecho de defensa, que debe ser ampliamente protegido (Voto Romero, en disidencia. Minoría)
Teoría del delito, robo calificado, robo con escalamiento
Materia: PENAL
Carátula: T., R. C. s/ Robo agravado en grado de tentativa (Expte. Nro.  642-98, Resolución Nro.  175, Tomo 6, Folio 477)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-25

"En lo concerniente a la cuestión de la calificante por escalamiento, si bien existe la opinión dividida de los tribunales y autores con relación a este tema, esta Sala comparte la posición original sustentada por el autor del Código penal, Rodolfo Moreno y modernamente por autores como Soler y Creus, quienes ponen de relieve que la razón de ser del escalamiento como agravante se configura cuando se superan defensas establecidas o se vencen obstáculos pre constituidos por la utilización de vías no destinadas al ingreso o salida de la propiedad. Por ello, se concreta el escalamiento, tanto cuando se entra a robar como cuando se sale, pues el valor del cerco como defensa no puede ser despreciado, ya que su función es también la de impedir que el objeto sea llevado (Soler)."
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Davila, Néstor Julián s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Si bien la omisión de cita legal no constituye insuficiencia "per se" si se ha imputado absurdo en la valoración de medios de prueba, que están regidos por la sana crítica, el recurso es insuficiente si el recurrente no se hace cargo de lo resuelto por el tribunal respecto de la habilidad del testimonio que pretende cuestionar.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, resoluciones anteriores a la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: FLORES CLARA ARMINDA c/ MUNICIPALIDAD DE TAFI VIEJO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-02-24

Se advierte que el recurso se dirige contra una sentencia dictada por el Superior Tribunal de Provincia que confirma el pronunciamiento de Cámara, según el cual lo resuelto es independiente de las cuestiones que pudieren derivarse entre la Caja Popular de Ahorros (recurrente) y la Municipalidad de Tafí Viejo, o quienes resultaren responsables, por la falta de ingreso de las retenciones efectuadas en los haberes del actor y que, por lo tanto, no reviste el carácter de definitiva para la recurrente, requisito de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, atento a la competencia de conocimiento recursiva de la CSJN en esta vía procesal, de conformidad a la Ley Nro. 48, artículo 14.

En el caso, si bien la sentencia pone fin al juicio, no impide que en otro se remedie el agravio que para la recurrente deriva de ella. En general la Corte ha sostenido que no tienen el carácter de sentencias definitivas aquellas que están sometidas a un pronunciamiento posterior que pueda disipar el agravio que de ellas se derive.
Demanda, notificación, domicilio contractual, domicilio real
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARCIA OSVALDO N. c/ HORACIO PAPPALARDO s/ ORDINARIO - RECURSO DE RESCISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-30

No es válida la notificación de la demanda en el domicilio contractual; siendo necesario hacerla en el real.

Por otro lado, ninguna disposición legal autoriza a atribuirle al domicilio contractual el efecto de que deba hacerse en él la notificación de la demanda.

Nuestra ley ritual en forma expresa determina que debe efectuarse en el domicilio real. Por su parte, el art. 101 del C.C., al establecer que "las personas en sus contratos pueden elegir un domicilio especial para la ejecución de sus obligaciones", se está refiriendo a las obligaciones civiles y no a los efectos procesales; y la notificación de la demanda no puede de manera alguna encontrarse incluida dentro del concepto de "ejecución de las obligaciones".-
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Arel Cristian Eduardo c/ Policía De La Provincia De Santa Cruz Y Estado De La Provincia De Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-07-14

La Administración es el único juez de la sanción, resultándole ajeno al Poder Judicial censurar la discrecionalidad con la que ella cuenta en este aspecto, discrecionalidad que debe respetarse siempre que no se trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o su ejercicio no sea irrazonable, debiendo ser la revisión judicial interpretada con criterio excepcional o restrictivo.
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Mustafa, Carlos R. s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-19

El art. 263 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) regula las sentencias de primera instancia en tanto la competencia de la Cámara se limita a "... los puntos de la resolución a que se refieran los motivos de agravio..." según el art. 342 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.).
Enfermedad accidente, responsabilidad concurrente, hipertensión arterial
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, FRANCISCO A. c/ SA. MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-12-18

Se configura la existencia de culpa concurrente si el trabajador pese a conocer sus dolencias - hipertensión y problemas cardíacos - se desempeñó como peón de temporada y por petición expresa en cámaras frías, trabajando asimismo durante y fuera de dichas temporadas para terceros y por cuenta propia, lo que disminuye la responsabilidad patronal dentro del esquema del derecho común.
Tasa de justicia, base imponible, valuación fiscal, juicio de desalojo, mutuo hipotecario, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL c/ DONAMARIA LUIS OSCAR s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-20

En la pieza inicial se pidió, concretamente, el desalojo del inmueble, por incumplimiento del préstamo celebrado entre las partes.

Ello así, sea o no procedente dicha pretensión con ese alcance, tal ha sido la medida del servicio de justicia solicitado y tal es, por consiguiente, el metro sobre el que debe ser calculado el tributo (cfr. Causas 35.975/95 del 12.9.95 y 21.210/96 del 7.10.96 y, como existe la posibilidad de estimación del monto reclamado, no reciben aplicación en el caso los artículos 5 y 6 de la citada ley, sino su art. 4, inc. c (cfr. Sala II, Causas 27.085/95 del 13.2.96 y 21.210/96 precitadas; C.N.Civ., Sala A, LL 1978-B, p. 604), debiéndose, pues, tomar como base "la valuación fiscal, salvo que del negocio jurídico sobre el que versa el litigio surja un mayor valor actualizado" (cfr.

Causas 20.278/96 del 7.11.96 y 21.708/96 del 21.11.96).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, recurso contencioso administrativo, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, ENTE DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE SANTA FE, transferencia del personal, empleados públicos, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: COCA, FERNANDO SANTIAGO Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 332 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-07

Es inadmisible la queja por cuanto que, más allá de que el planteo entraña indudablemente una cuestión de índole hermenéutica que por su propia naturaleza exorbita el ámbito del recurso de inconstitucionalidad, lo cierto es que el discurso argumentativo tendente a persuadir que la Cámara efectuó una incorrecta interpretación de la ley, postulando que la Administración Provincial de Impuestos era continuadora del ENFIRE SAPEM-, no logra acreditar que los miembros del Tribunal hubiesen efectuado una exégesis irrazonable de las disposiciones en juego.

Es que si se atiende a los propios términos del pronunciamiento puesto ahora en tela de juicio, el A quo liminarmente abordó el examen de las disposiciones legales de aplicación, considerando que de aquéllas se desprendía que "el ente creado (A.P.I.) constituyó una nueva estructura autárquica del estado, por ella distinta al EN.FI.RE S.A.P.E.M., cuyas misiones, funciones y estructura correspondían ser determinadas por la autoridad competente para crearlo, lo que efectivamente se concretó con el dictado de la ley 10.792, ley 10.813, Decreto 2269/92 y 4447/92...ello importó la asignación de funciones al personal y su encasillamiento en los niveles y grados contemplados en la nueva estructura, que obviamente en razón de la finalidad de creación del nuevo ente implicó una especial reubicación del personal, en el caso de personal absorbido de otros organismos, acorde a los requerimientos públicos que se proponían alcanzar con su creación..."; que "...en el carácter de personal de la administración pública provincial -regulado por la ley 8525- se reconoció el derecho a la estabilidad (art. 16) que importa el derecho del agente permanente a conservar el empleo, el nivel escalafonario alcanzado y la inamovilidad en la residencia (art. 2 ley 10.792); la calidad de personal permanente sin interrupción de servicios, manteniendo la antigüedad, como el goce de los derechos previstos, sin perjuicio de los exámenes de idoneidad que sean necesarios para definir la asignación de tareas (ley 10.813)" ; y, coligiendo en definitiva de todo ello que "importó que a los agentes absorbidos, se les garantizara el derecho al cargo presupuestario, pero no necesariamente la función que venían desempeñando, ya que la ubicación en el nuevo organismo necesariamente imponía la asignación de nuevas funciones acordes a la estructura y finalidad del ente, lo cual no puede sostenerse que afecte el derecho a la estabilidad", sin que se advierta arbitrariedad en tales asertos.
Poder, demanda, estafa procesal, denuncia, expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez, Solange Antonella Noemí c/ Caglia, Oscar Alfredo y otros s/ competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-23

De la lectura de autos, se advierte que la actora denunció una estafa procesal supuestamente desarrollada por sus apoderados originales, explicando que les habría revocado el poder y anoticiado de dicha circunstancia con anterioridad a la interposición de la demanda, y solicitó se tenga por no presentada la misma, puesto que no fue su voluntad iniciar el proceso, requiriendo la remisión de todo lo actuado al Ministerio Público de la Acusación y al organismo de investigación de delitos complejos, a los fines de iniciar la investigación penal pertinente, de modo que el acto procesal que dio inicio a la instancia podría encontrarse viciado por la comisión de un delito, cuestión que deberá ser dilucidada en forma previa por los organismos pertinentes, a quienes se deberá dar intervención mediante la inmediata remisión de las presentes actuaciones, sin perjuicio del derecho de la actora de iniciar nuevamente la acción que considere adecuada ante el tribunal competente.
Recurso de casación, escritos judiciales
Materia: LABORAL
Carátula: GALLO, FRANCISCO GREGORIO c/ CELARIO, HECTOR ARMANDO s/ DIFERENCIAS DE JORNALES, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-05

En ningún modo se resiente la aplicación de la ley o doctrina legal, al dar por decaído el derecho de la parte demandada, frente a la grave omisión de firmar el escrito, hecho este que vicia la adecuada sincronización del sistema procesal.
Reforma de la constitución, nulidad de la reforma, inamovilidad de los jueces, límite de edad, ministros de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Highton De Nolasco, Elena Inés c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-10

Corresponde declarar la nulidad, en los términos del art. 6 de la ley 24.309, de la reforma introducida por la Convención Constituyente de 1994 al art. 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, en tanto dispone que una vez cumplida la edad de setenta y cinco años, los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales requerirán un nuevo nombramiento para mantenerse en el cargo, dado que su ilegalidad aparece como manifiesta ya que su constatación no requiere más que la confrontación entre el artículo reformado y las normas respectivas de la ley 24.309, que determinaron el mandato y los límites de la Convención Constituyente que introdujo dicha reforma.
Prescripción de la acción penal, suspensión de la prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonini Wilson, Guido Alejandro y otros c/  s/ infracción Ley 22.415
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-21

Corresponde rechazar el planteo de prescripción de la acción penal efectuado por la defensa de uno de los imputados, en el marco de una causa por la cual se investiga el intento de ingresar al país una suma cercana a los 800.000 dólares en el interior de una valija, proveniente de la República de Venezuela dado que, toda vez que en el proceso se dirigen imputaciones, entre otros, contra cuatro funcionarios públicos que actualmente se encuentran en ejercicio de la función pública, la acción penal permanece vigente porque el cómputo del plazo de la prescripción nunca ha comenzado a operar, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 67 del CP.
Nulidad de sentencia, arresto domiciliario, interés del menor
Materia: PENAL
Carátula: Chazarreta, María Cristina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-06-08

Corresponde anular la decisión que rechazó el arresto domiciliario solicitado por la encausada toda vez que si bien la edad de la niña en cuyo interés superior se solicita la prisión domiciliaria, excedió el límite etario establecido por la norma en cuestión, tampoco puede desconocerse que, encontrándose en juego el "interés superior del niño", procede una interpretación más amplia de las normas en juego, en miras al respeto de otros principios que se entrelazan con aquel que, en este caso, ampara al niño, a saber: principio pro homine, pro libertatis, de intrascendencia de las penas, última ratio, entre otros. En el caso, la situación de hecho que atraviesa la menor ha cambiado y por lo tanto el tribunal a quo debe ordenar la realización de nuevos informes físicos, psicológicos y socio-ambientales a los fines de determinar el estado actual de la menor, constatar el escenario definido por la defensa y resolver nuevamente conforme el resultado arrojado, y sin perjuicio de ello, los magistrados intervinientes, deberán arbitrar los medios necesarios para que a través de los organismos correspondientes se evalúe y se realice un seguimiento sobre la situación de la menor y se lleven a cabo las medidas que en su caso sean necesarias.
Cosa riesgosa, responsabilidad de la empresa ferroviaria
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: Coronel, Ramona Dominga c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. Médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-13

Quien introduce en la sociedad una cosa riesgosa o viciosa debe responder por los daños que ese riesgo genere a terceros y sólo puede eximirse de responsabilidad, total o parcialmente, acreditando que medió, en la producción del evento dañoso, culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (art. 1113 del Código Civil). (Voto en disidencia del Sr. Juez Luis F. Lozano, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Toledo, María Soledad c/ Edecat S.A. - Cumplimiento de Contrato - Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-16

Si bien se admite que existe una doctrina civilista que favorece la usucapión en aras a la seguridad jurídica, estimo, siguiendo a Gordillo, que en esta materia la seguridad jurídica está del lado de los artículos 2505 y 3011 del CC ya citados, sin perjuicio de la disquisición doctrinaria y jurisprudencial del carácter continuo o discontinuo de la servidumbre de electroducto, sobre lo cual no viene al caso discurrir en esta instancia.

Porque como bien puntualiza el dictamen de la procuración general subrogante cuando alude a la postura del jurista mencionado, en comentario a fallo de la Cámara Federal Civil y Comercial, sala II, dictado en autos "ALLEVATO FCO. C/SEGBA", agosto de 1995 (La Ley 1996, B-477), que, existiendo legislación específica sobre el tema (Dec. Ley 19552 de 1972 y sus modificaciones a través de la Ley 24065 vigente desde el año 1992, esto es previo a la concesión del servicio energético a favor de la empresa concesionaria del servicio de energía S.A.) el modo de constitución de las servidumbres administrativas de electroducto se encuentra reglado expresamente, y existiendo legislación administrativa específica que limita a una las fuentes de desmembramiento de la propiedad por servidumbre administrativa, no parece posible aplicar supletoria ni subsidiariamente el Derecho Civil, que nada dice del tema, para privar a un particular del derecho de propiedad sin indemnización.

Entendemos que hacer perder a alguien su propiedad plena por una interpretación extensiva y supletoria o subsidiaria del Código Civil, no resulta congruente con la Constitución Nacional, ya que no se puede privar a una persona de la plenitud de su propiedad sin cumplir el procedimiento y la indemnización previstas en la norma positiva del Derecho Administrativo.
Prisión preventiva, pautas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOTO MIRIAM NOEMI s/ INFRACCION ART. 174 INC. 5 DEL CODIGO PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-03-06

La prisión preventiva sólo debe considerar la realidad objetiva del hecho que ha de ser la base de la imputación y subsumirla en un tipo penal descripto por la ley penal, como asimismo, comprobar la existencia de indicios suficientes para atribuir el hecho al encausado. Y ello se infiere que toda valoración o discusión acerca de las respectivas pruebas arrimadas al sumario, así como la consideración de eventuales causales de justificación, ha de quedar librada a la etapa procesal respectiva.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rossia, Vilma Magdalena c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Fernandez, Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14|2002-12-18

El dictado de resoluciones por las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires respecto a la naturaleza de la compensación de gastos por "movilidad y hospedaje", así como el descuento de aportes previsionales a su respecto, no solo se contrapone con el texto expreso de la ley aplicable (ley 8320 con las modificaciones de la ley 10.861), sino que ha sido emitido por quienes no se encuentran facultados por la ley ni la constitución para emitir o interpretar las normas que rigen la situación previsional de los afiliados al Instituto de Previsión Social (arts. 80 y 90 inc. 11, Const. Prov.) ni para disponer con qué aportes ha de financiarse el régimen jubilatorio de los legisladores provinciales.