marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contencioso administrativa, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Calvagno, Antonina c/ Banco de la prov. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Corresponde desestimar la demanda por su improcedencia formal si a la fecha de interposición de la misma se hallaban pendientes de resolución los sucesivos reclamos formulados por la actora ante las autoridades del Banco demandado, instrumentados mediante cartas documento. (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Picciotti Juan s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Como consecuencia del sistema dispositivo que rige el proceso civil, el impulso procesal compete, en principio, a las partes y por ello es menester que el titular de la acción active el procedimiento a efectos de que se cumplan las diversas etapas procesales necesarias para concluir, por medio de la sentencia, con la cuestión litigiosa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, pena, derecho al recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: K., H. M. c/  s/ delitos contra la integridad sexual- apelación imputado y defensa sentencia condenatoria y apelación fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-09-12

Respecto a la tacha de arbitrariedad en la penalidad impuesta, se observa que la recurrente acusa al A quo de no haber resuelto los agravios planteados en el marco de su competencia revisora, cuestionando que el mismo efectuara un novedoso e impropio proceso de determinación de la pena con afectación al derecho al recurso del justiciable; sin embargo, de la lectura del resolutorio puesto en crisis surge que en la instancia apelatoria tanto la Defensa como la Fiscalía se agraviaron de la determinación de la pena llevada a cabo por el Tribunal de grado, planteando ambas partes la ausencia de fundamentación suficiente a ese respecto y solicitando -en consecuencia- su modificación, por la pena mínima posible -en el caso de la Defensa- y por la de quince años de prisión -en el caso del órgano acusador-; y en ese marco, y puesta a cumplir con la labor encomendada por las partes, la Alzada explicó qué criterios mensurativos -atenuantes y agravantes- empleados por el Tribunal de juicio debían convalidarse, al tiempo que señaló cuáles eran las circunstancias consideradas por aquél como agravantes cuyo sostenimiento no correspondía mantener en esa instancia y cuáles de las condiciones reclamadas por la Fiscalía debían sumarse, concluyendo que en el caso, dentro de la escala aplicable, la pena que aparecía esencialmente justa y equitativa, proporcional a la gravedad del hecho y a la intensidad de la culpabilidad, coincidía -en definitiva- en su monto con la que fuera impuesta por el Tribunal de baja instancia.
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral, redargución de falsedad
Materia: LABORAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MAGGINI, GUIDO c/ YPF s/ DESPIDO"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-12

La homologación efectuada por el Ministerio de Trabajo del acuerdo mutuo por el cual las partes rescindieron el contrato que los uniera, impide al trabajador la posibilidad de discutir la naturaleza jurídica de ese acto rescisorio, el que sólo le será inoponible, si se hubiera iniciado el incidente de redargución de falsedad.
Afiliados políticos, legitimación activa
Materia: ELECTORAL-POLITICO
Carátula: Meyer Arana Felipe y otros s/ solicitan nulidad de las elecciones internas para autoridades PADECO y comicio del 26 de junio de 2011 y medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-07

Resulta notoriamente insuficiente para tener por cumplido el recaudo previsto en el artículo 57 de la ley 23.298, lo alegado por el afiliado actor en el sentido de que corresponde declarar la nulidad de las elecciones internas por violación de las normas estatutarias y de la Constitución, pues no expresa el perjuicio propio, concreto y actual que da sustento a la pretensión, ni manifiesta que la situación lo afecte en forma personal y directa.-
Proceso penal, acción civil, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Farias Enrique Mario y otro s/ Homicidio culposo reiterado - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-12-28

1- La presentación de la instancia de constitución en parte civil, aún cuando sea declarada inadmisible, produce efectos jurídicos de carácter sustancial -entre otros- en orden a la aptitud interruptiva de la prescripción liberatoria de la acción civil resarcitoria (CC, art. 4037). En ese sentido produce los efectos de la demanda propiamente dicha, pues con el acto de constitución se ejercita ab initio la acción civil sustentada en el hecho dañoso que es objeto del proceso. Así la expresión "demanda", contenida en el art. 3986 del C.C. no tiene el sentido astricto que se le asigna en el derecho procesal, sino que comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una clara manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho. Entre los supuestos alcanzados por la acepción "demanda, la doctrina ha comprendido el pedido de indemnización formulado en sede penal, en clara alusión a la instancia de constitución en parte civil. Aunque en el momento de la sentencia haya transcurrido con exceso el término de la prescripción de la reparación de daños causados por delitos, es necesario tener en cuenta que la interrupción de ese término se puede operar directamente por los actos de "secuela de juicio", y también por la constitución en parte civil.

2- Tienen idéntico efecto interruptivo tienen todos los actos posteriores que tiendan al desenvolvimiento de la acción civil dentro del proceso penal como aquellos comunes -tanto de la acción civil como de la penal- de impulsión procesal emanados del órgano jurisdiccional actuante. Elo así, toda vez que el art 3986 C.C. establece que la prescripción -que para la responsabilidad civil extracontractual es de 2 años, conforme el art. 4037 ibid.- se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Municipalidad, bienes, embargo, emergencia económica, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AGUILAR, MARIA JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Debe desestimarse la queja desde que sólo trasluce el desacuerdo de la apelante con la solución dada por la Cámara en tanto confirmó la traba del embargo sobre Rentas Generales de la Municipalidad que -a su turno- había dispuesto el Juez de grado por entender -básicamente- que estaban cumplidos en exceso los plazos legalmente establecidos por el derecho aplicable ya que la espera que conceden las normas de emergencia es en relación al cobro íntegro del crédito y, en caso de que se disponga el pago en cuotas, debe ser razonable en atención a su importe y cantidad, lo que no había acontecido en la especie.

Ello constituye -por vía de principio- facultad que se encuentra reservada a los jueces de la causa y, de consiguiente, a menos que se demuestre arbitrariedad, no es susceptible de revisión por medio del recurso legislado por la ley 7055
Caso fortuito, fuerza mayor, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SARA JORGE c/ FLONS DI MARZO s/ Ordinario (LIBRO: S109 - 150)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1986-05-08

La omisión de la fuerza mayor en el segundo párr. del art. 1113 del C.C. no supone su exclusión, fundamentalmente porque: La fuerza mayor es la causal exoneratoria por excelencia. Se la aplica tanto a la responsabilidad contractual como a la extracontractual, la metodología utilizada por el cód. civ. no deja dudas: el art. 513 está colocado en la primera parte de la sección primera del libro segundo, referente a las obligaciones en general.- En consecuencia, se necesitaría un texto expreso que vedara la invocación de la fuerza mayor para excluirla y podría caerse en la tentación de sostener que la norma específica es la del art. 1113 y que ésta no distingue.

Pero recuerdese con Orgaz que "el papel normal de la interpretación consiste a menudo, precisamente, en distinguir donde la ley formalmente no distingue" .- Tratándose de actividades riesgosas con cosas, como lo es la circulación de automotores, el caso fortuito o fuerza mayor se encuentra regido por el principio de la exterioridad, como en el caso de vicio, por tratarse de una responsabilidad objetiva. En el caso de riesgo, el caso fortuito o fuerza mayor debe ser extraño a la actividad riesgosa, de manera tal que ningún percance fortuito que afecte al automotor o al conductor puede actuar como causa de liberación de responsabilidad ... de ahí que el síncope o desvanecimiento del conductor no constituya caso fortuito.-
Nulidad procesal, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: N. DE D.M.J. c/ D.Z.S. s/ DIVORCIO Y SEPARACION DE BIENES - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-06-12

Es procesalmente admisible un incidente de nulidad de las actuaciones promovido después que ha recaído sentencia en el juicio, en primera o segunda instancia, cualquiera sea la naturaleza del mismo (ordinari, en rebeldía, ejecutivo, etc.).
Procesos de conocimiento, diligencias preliminares
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLEGAS HECLES DEL CARMEN c/ HOSPITAL BRITANICO s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

El art. 323 del Código Procesal prevé que el proceso de conocimiento podrá prepararse solicitándose alguna de las medidas allí descriptas y si bien el secuestro de material probatorio no figura entre ellas, la enumeración efectuada por el citado artículo no reviste carácter taxativo. De ahí que puede disponerse la práctica de otras diligencias no previstas expresamente, cuando concurran circunstancias análogas a las tenidas en cuenta por la ley.
Accidente de tránsito, vehículo embistente, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: Levián Llanquineo, Evaristo y Herminio Levián c/ Da Luz Clara, José s/ Juicio Sumario por Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1974-09-20

La presunción de responsabilidad en quien embiste, es precisamente eso, una presunción, pero no importa una verdad absoluta, pues, si se cruza la línea de avance de otro automotor, debe entenderse que también le cabe responsabilidad en el hecho.
Pago, contratos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pico, Stella Maris c/ Inmobiliaria Norte y/o Tolesano, Vicente s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-02

El acreedor que acostumbra recibir pagos fuera de tiempo modifica en tal sentido su contrato, pues tal cuestión es de circunstancias y prueba.
Despido por matrimonio, sentencia arbitraria, protección a la familia, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Puig, Fernando Rodolfo c/ Minera Santa Cruz S.A. s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-24

La sentencia según la cual la presunción contenida en el art. 181 solo beneficia a trabajadoras mujeres, no constituye derivación razonada del derecho vigente; pues la ley no restringe su protección a las hipótesis de despido de trabajadoras mujeres; no hay en la literalidad de los arts. 180, 181 y 182 de la LCT elemento alguno que autorice a excluir de sus disposiciones al trabajador varón; la finalidad perseguida por la norma (la protección del matrimonio) claramente lo pone de manifiesto y la historia legislativa de los preceptos lo confirma (Voto del juez Rosenkrantz).
Contrato de distribución, rescisión del contrato, indemnización, daño, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BACCI, ALBERTO (SEMILLERA SAN ISIDRO) c/ ALINSA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

Si se rescinde un contrato de distribución con justa causa, entendida esta como grave incumplimiento de las obligaciones propias del contrato, la gravedad ha de ser apreciada con relación a razones legítimas y fundadas. Habiéndose definido al incumplimiento como la disconformidad entre la conducta debida y lo obrado por el deudor de una obligación, queda el cumplimiento defectuoso asimilado a este concepto según la regla general de las obligaciones.

El incumplimiento contractual en un contrato de distribución cuando no existe pacto de exclusividad-, se configura no por la eventual distribución simultánea de otros productos, sino por la gradual y progresiva disminución en la venta de los productos objeto del mismo y un correlativo aumento de los de la competencia, que hace evidente el incumplimiento en cuanto desatiende su deber de diligencia, justificándose así su rescisión.

La existencia de justa causa exime a quien la pretende, de preavisos o de actos similares, pues de lo contrario se estaría privilegiando al contratante incumplidor, quien si está obligado a indemnizar a su cocontratante en la medida del daño causado, según las pruebas aportadas.
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, vigiladores
Materia: LABORAL
Carátula: PONCE JESUS SAMUEL c/ ELE SEGURIDAD S.R.L. Y OTRO s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-16

La empresa de seguridad que provee servicios de vigilancia y seguridad a terceros debe responder a raíz del daño sufrido por un dependiente, quien fuera asaltado a mano armada en ocasión de prestar tareas, y como consecuencia de ello padece una incapacidad del 15% de la total obrera. La empleadora se sirvió de la actividad desarrollada por el actor (vigilador), y obtuvo un provecho o un beneficio. Por lo tanto, se encuentra comprendida en el art. 1113 del Código Civil e incursa en culpa al hacerlo prestar servicios en condiciones riesgosas para su integridad psicofísica, quedando así configurados los presupuestos de responsabilidad del dueño o guardián en los términos del artículo referido.
Denegatoria del recurso, prisión domiciliaria, delitos contra la humanidad, extradición
Materia: PENAL
Carátula: Demarchi, Gustavo Modesto c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-08

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar a la prisión domiciliaria del imputado toda vez que la nueva ley no impone automáticamente la ejecución de la prisión bajo la forma domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 32 de la ley 24.660 o del art. 10 CP., sino que lo sujeta a la apreciación judicial. Si bien el hecho de que el encausado se encuentre condenado por delitos de lesa humanidad y que se haya ordenado un cumplimiento efectivo de la condena impuesta, no es un impedimento para que durante su ejecución se cambien las condiciones de concreción de la pena, surge de la lectura del expediente que el nombrado se sustrajo del accionar de la justicia, durante un lapso superior a un año, debiendo ser sometido a un proceso para ser extraditado desde la República de Colombia, y no se advirtió un riesgo inminente para la vida debido al deterioro de su salud, circun stancias que fueron valoradas por el a quo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, prescripción, acción penal, expediente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BERTONE, OSCAR DANIEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CITAS: (Citas: CSJStaFe AyS T 75 p 153; T 113 p 260; T 134 p 308) (Citas: CSJStaFe AyS T 113 p 260; T 146 p 32; T 150 p. 377; T 229 p 224; T 207 p 284. CSJN Fallos 304:984; 308:1489; 312:584; 314:1834; 316:3130 "Schifrin" (voto de Petracchi, Fallos:328:4159), "Podestá" (Fallos:329:445) Fallos:311:80; 324:3583)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-12-22

Es deber de este Tribunal considerar las circunstancias existentes al momento de fallar, aunque las mismas sean sobrevinientes a la interposición del recurso examinado. Sentado lo precedente, no puede soslayarse que entre el pronunciamiento condenatorio de primera instancia y la presente resolución podría haber trascurrido el plazo de prescripción de la acción penal por el delito enrostrado al justiciable (art. 110 del C.P.) conforme los artículos 62 y 67 del Código Penal, a la luz de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Schifrin", "Podestá" y del precedente de esta Corte "Frutos" -en voto mayoritario-.

Por lo cual, atento a que la prescripción de la acción penal se produce por el solo transcurso del tiempo, es de orden público y debe declararse de oficio en cualquier instancia y excediendo -en principio- su declaración la competencia de esta Corte, corresponde remitir los presentes al Juzgado de origen a fin de que, previo traslado a las partes, se pronuncie en orden a la subsistencia de la acción penal. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Constitución Nacional, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

La regla hermenéutica de la armonía y la preferencia de la inteligencia que la favorece y no la dificulta ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia Nacional en numerosas oportunidades per o no sólo respecto de las leyes sino también de la Constitución ya que, en su condición de instrumento de Gobierno, debe analizarse com o un conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretars e a la luz de las disposiciones de todos los demás, interpretación que servirá para desechar criterios que se han esbozado en relación al problema de las posibles incongruencias de nuestro artículo 17 de la Constitución Provincial con el artículo 43 de la Constitución Nacional. (Del voto del Dr. Ulla).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, alimentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F. del C., C. R. c/ A., E. H. s/ Incidente de cesación de alimentos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

En el caso, en que se rechaza la pretensión de cese de alimentos para la cónyuge, el valor del litigio es de monto indeterminado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Querellante, admisión del querellante, representación de personas jurídicas, mandato, mandato especial, falta de mandato
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PUERTA, José L. s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-28

No debe aceptarse la petición de ser tenido como parte querellante, en representación de una sociedad anónima, a quien no adjunta la decisión estatutaria que le otorgue mandato especial para asumir aquel rol, representando a esa persona jurídica con tal cometido específico, art. 83, inc. 4, C.P.P.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, defensa del consumidor, revisión judicial de actos administrativos, interpretación de la ley, facultades concurrentes, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kalpakian Hnos. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Otras causas con Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones. Otras causas con Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-15

Es competente la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario para resolver la impugnación de una multa impuesta por el Secretario de Industria y Comercio, por violación de las normas de la Ley Nro. 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor).

De conformidad con los artículos 41 y 42 de la mencionada ley, la aplicación de la ley es efectuada en forma concurrente por la autoridad nacional y los gobiernos locales. Cuando el artículo 45 de la Ley Nro. 24.240 establece la competencia federal lo hace exclusivamente respecto de los actos administrativos emanados de autoridad nacional, en ejercicio de potestades propias. De conformidad con lo establecido en el artículo 46, cuarto párrafo, de la Constitución de la Ciudad, ella ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en su territorio, a lo que cabe agregar que la competencia otorgada a este fuero por la Ley Nro. 7 y el Código Contencioso Administrativo y Tributario es de orden público (artículo 2 in fine, CCAyT).

Toda vez que la legislación vigente en la Ciudad no contempla la existencia de un recurso directo ante la Cámara para la impugnación de los actos administrativos que apliquen sanciones por infracción a las normas de defensa del consumidor, la causa deberá tramitar por ante la primera instancia del fuero.
Deberes del juez, jerarquía constitucional, derechos y garantías constitucionales, facultades del juez, proceso penal, excarcelación, presunción de inocencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: Alonso, Jorge F. y otros s/ contrabando de estupefacientes y otros delitos - causa n° 3161.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

Abrir la vía para que un tribunal, cuya función fundamental es la de asegurar la supremacía de la Constitución y las garantías concedidas por ella a los habitantes de la Nación, aprecie la mayor o menor gravedad del delito que da lugar al proceso, podría implicar que quedase librada a su arbitrio la libertad de las personas en cualquier tipo de actuaciones penales sin sujeción a las reglas del proceso, que en esta materia guardan estrecha relación con la presunción de inocencia de quien no ha sido condenado (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caballero Enrique c/ Comesaña José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

En tanto el daño patrimonial intenta recomponer el equilibrio patrimonial afectado por el hecho ilícito o el incumplimiento contractual, el daño moral comprende la indemnización de las molestias en la seguridad personal, en el goce de sus bienes, la lesión a los sentimientos, el dolor o el sufrimiento y, en el supuesto de lesiones, se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, es decir, entre ambos existe plena autonomía conceptual y tienden a recomponer daños de distinta índole, de allí que esta diferencia esencial entre el objeto que tiende a resarcir uno y otro -daño material y daño moral -, indica que no sea jurídicamente viable la existencia de una proporción o relación entre ambas indemnizaciones.