Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


SERRICCHIO, Luis Raúl contra EL LITORAL S.R.L.

Reg.: A y S t 205 p 493-500.

En la ciudad de Santa Fe, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "SERRICCHIO, Luis Raúl contra EL LITORAL S.R.L. -C.P.L.- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 55, año 2003).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Vigo y Gutiérrez.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. Sucintamente, el caso.

1.1. Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral Número 2 de Santa Fe, Luis Raúl Serricchio entabló demanda contra la firma El Litoral S.R.L.

tendente al cobro de diversos rubros laborales derivados del despido incausado.

Sostuvo que desde junio de 1970 comenzó a prestar servicios a las órdenes de la demandada consistentes en cuestiones propias de su profesión y especialidad (temas laborales); que durante el curso de la relación cumplió las tareas en forma personal, continuada, habitual y remunerada mensualmente; que estaba inserto en la estructura funcional y jerárquica de la empresa, asistiendo cotidianamente donde debía asesorar a la gerencia y oficina de personal en problemas laborales que hacían al quehacer diario de su desenvolvimiento; que a esos fines elaboró dictámenes, instruyó sumarios, redactó notas y comunicaciones, además de encargarse de la cobranza extrajudicial y judicial de órdenes de publicidad impagas; que en cumplimiento de sus obligaciones estaba a disposición del directorio y debía concurrir a sus reuniones cuando se lo requería y en cualquier horario; que asimismo, La demandada resistió la pretensión con apoyo fundamentalmente en que: el asesoramiento profesional (en asuntos laborales) no solamente era prestado por el actor sino por los demás integrantes del estudio (Oscar y María Serricchio); la retribución mensual fue fijada de común acuerdo y siempre dentro del marco de una relación de servicios, comprendiendo todo el asesoramiento que podía prestar para no tener que atender el pago de honorarios por cada gestión (redacción de telegramas, contratos, etc.); asistía a la empresa cuando era requerido para algún tipo de asesoramiento, transcurriendo en algunas oportunidades, meses sin ser necesaria su asistencia; violó el principio contenido en el artículo 1198 del Código Civil al pretender cambiar una situación de fondo (relación de servicios por una de trabajo) de manera infundada; el accionante había actuado como un empresario independiente, en su propio interés y riesgo emergente de su actuación profesional; en el transcurso de la relación nunca había pretendido reencuadrar su situación como trabajador dependiente; carecía la vinculación de la nota de subordinación jurídica, económica y técnica (fs. 16/28).

1.2. Celebrada la audiencia del artículo 51 de la ley 7945, producidos los medios de confirmación ofrecidos por las partes y alegado sobre su mérito, el Juez en primer grado de conocimiento hizo lugar a la pretensión actoral en el entendimiento de que la ligazón jurídica entre las partes era laboral, habida cuenta que percibía una remuneración dineraria por el solo hecho de estar a disposición de la demandada y que comprendía la representación en juicios, abdicando de los honorarios cuando aquella resultaba condenada en costas.

Consideró que se le abonada cada seis meses una suma de dinero extra que representaba la mitad del mensual y que las testimoniales de Santa Cruz, Patiño y Ponzo daban cuenta de la concurrencia personal del actor a la sede de la empresa en horas del mediodía, no menos de tres días por semana, en forma habitual, regular y normal, circunstancia que lo condujo a deducir que el accionante se encontraba incorporado a la empresa, característica propia de la relación laboral no así de la locación de servicios.

Reputó, además que la exclusividad no constituía un requisito indispensable de una relación subordinada y que el silencio del trabajador en su falta de reclamo no podía ser invocado en su contra, desde que si el empresario monta una simulación en su contra no es exigible de la otra parte que la denuncie para preservar sus derechos.

En síntesis, el Sentenciante entendió que aun cuando no hubiese mediado de parte de la accionada intención de simulación o fraude a la ley laboral, las pruebas rendidas en la causa acreditaban las notas distintivas de la subordinación en sus diversos aspectos, tornando operativas las disposiciones de los artículos 21, 22 de la Ley de Contrato de Trabajo y la presunción establecida en el artículo 23 de ese cuerpo legal (fs. 310/313).

1.3. Al conocer por vía de nulidad y apelación, la Alzada confirmó el decisorio del Inferior.

Para así considerarlo, el Juez de Cámara del primer voto sostuvo que la tarea desempeñada por el actor -profesión liberal- imponía la necesidad de determinar con sumo cuidado los hechos siendo el cumplimiento de horarios, la existencia de órdenes de trabajo y todo aquello que implicara no contar con plena libertad, datos relevadores de la requerida subordinación que exige la ley laboral para la materialización del contrato de trabajo.

Continuó diciendo que una pauta de diferenciación entre la locación de servicios y la relación laboral está dada por el carácter continuado de la vinculación.

En ese sentido apuntó que en autos había un reconocimiento de la demandada acerca del inició de la labor profesional prestada (a partir de 1970) en forma continuada y habitual como así también que se había fijado por ella una retribución mensual que comprendía todo el asesoramiento que podía prestarse en un mes, percibiendo, además, semestralmente una suma (en los últimos tres años) extra.

De lo expuesto concluyó que se encontraban cumplimentados los extremos exigidos por el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en tanto había prestación de servicios, mas la presencia de una actividad profesional -que podía o no realizarse bajo relación de dependencia- requería el aporte de elementos coadyuvantes.

Al respecto indicó el Vocal que los dichos de quienes había actuado como jefe de personal para la demandada cobraban particular importancia respecto a la concurrencia del actor a la empresa como aquello que refería a la contribución.

En torno al primer aspecto señaló que se advertía la inexistencia de una completa libertad del profesional ya que, más allá de asistir a su lugar de trabajo en días determinados y horarios más o menos fijos, su concurrencia también lo era cuando se lo requería o convocaba la gerencia.

Con relación al segundo afirmó que no existía un trato diferenciado para con otros trabajadores de la empresa con lo cual quedaba demostrada la dependencia económica del actor.

Asimismo, reputó que no era característica del contrato laboral la dependencia exclusiva del trabajador a un solo patrón o empleador, menos aun tratándose de un profesional y en el caso no se había acreditado que en las demás tareas desarrolladas pudieran haber impedido el cumplimiento de sus labores.

Finalizó su voto el Juez de Alzada aduciendo que la prestación del actor aparecía como personalmente realizada, no probándose que fuera sustituida.

Por su parte, el Camarista del tercer voto coincidió en los sustancial con el voto del preopinante, pues -a su juicio- los elementos de juicio surgentes del plexo probatorio daban cuenta que las partes estuvieron vinculadas con un negocio jurídico laboral, pues fue desarrollado durante un extenso tiempo, de manera habitual y normal dentro del giro de la empresa, mediante una prestación de servicios limitada en cuanto a su autonomía, al menos por un lapso de tiempo diario y con notas tipificantes como la dependencia jurídico personal y económica.

1.4. Contra ese pronunciamiento interpone la demandada su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.

Aduce que el Tribunal prescinde del texto legal aplicable al caso por cuanto entiende que el hecho que el actor sea un abogado asesor de empresas con estudio jurídico en pleno funcionamiento no lo convierte en empresario y por ende no opera la excepción consagrada en el artículo 23 segundo párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo.

Señala que la disposición enunciada refiere al trabajador autónomo y en tal sentido no existe la menor duda que el doctor Serricchio encuadra en esa categoría.

Considera que la interpretación arbitraria de la norma en cuestión se patentiza también en tanto omite exigir prueba de que los servicios prestados son en relación de dependencia para que funcione la presunción que el dispositivo consagra. A esos fines, cita doctrina y jurisprudencia que avala su posición.

Asegura que el A quo incurre en arbitrariedad normativa al ignorar los principios generales del derecho, en especial los del derecho laboral.

Desconoce la buena fe y la seguridad jurídica que deben regir las relaciones (arts. 1198, 1071 bis, C.C.); además -dice-, interpreta erróneamente el consagrado en el artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo por cuanto no se puede aceptar que un abogado especialista en la materia se escude en la norma para justificar su silencio por más de 25 años para que una vez extinguida la relación invoque una vinculación laboral.

Señala que se ignora la ley arancelaria ya que la percepción de una remuneración fija y mensual no sólo es normal y habitualmente utilizada en la práctica sino que es recepcionada expresamente por el ordenamiento jurídico.

Le atribuye caer en exceso ritual manifiesto, arribar a un resultado injusto e incongruencia.

Asevera que la Sala se aparta de prueba sustancial y las que considera las pondera irrazonablemente.

Dice que los únicos medios de confirmación valorados son los testimonios ofrecidos por la actora que fueron tachados por su parcialidad los cuales recuerdan los detalles de forma de cobro del accionante, mas no de los otros profesionales que prestaban servicios en la empresa.

Agrega además, que si bien los testigos dijeron que Serricchio concurría a la empresa dos o tres veces a la semana ello no significa que tuviera una obligación en tal sentido, ni que se hubieran preestablecidos días.

Se pregunta cómo el actor podía concurrir tres veces por semana al mediodía a la empresa cuando en ese mismo horario tenía que cumplir con su trabajo en el Tribunal de Cuentas.

Ello sin contar que debía asistir a audiencias, presentar escritos y demás trámites como así también cumplir con los requerimientos de las otras empresas a las que asesoraba (Unión Industrial, Banco Bucci o de Crédito Comercial, Banco Coop. del Este, Acernova, Tool Research, El Porvenir Santafecino).

Entiende que se ha ignorado la declaración de Pino, quien en su calidad de auditor externo explicó la forma de vinculación del actor y de otros profesionales, de Orio, Ortíz de Zárate, Marzochi y Céttolo.

Asevera que se ha dejado sin ponderar el informe de la Caja de Jubilaciones de Abogados donde queda abiertamente demostrado que el modo de vida del actor era el ejercicio de la profesión liberal.

Alega que incurre nuevamente en arbitrariedad fáctica ya que no existe prueba alguna que la empresa haya organizado la tarea del actor, que le impusiera horario o modalidades de trabajo y menos aun que se lo pudiera sancionar en caso de incumplimiento; en suma - dijo- no se había acreditado la dependencia jurídica, técnica y económica.

Finalmente, invoca la concurrencia en autos de un supuesto de gravedad institucional.

1.5. El Tribunal a quo -por mayoría- concedió el remedio extraordinario.

1.6. El examen de admisibilidad que le compete efectuar a esta Corte por imperio del artículo 11 de la ley 7055, encuentro satisfechos los recaudos formales de la impugnación así como también postulación de la recurrente cuenta asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos de violación al derecho a la jurisdicción con entidad suficiente para operar esta instancia extraordinaria.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Sabido es que las profesiones liberales han quedado inmersas en un proceso de proletarización, es decir ligados a distintos tipos de empresas por una relación de dependencia laboral.

La vinculación jurídica de los profesionales con estas empresas han quedado encuadradas en dos categorías bien definidas: la primera, la tradicional, en la cual el profesional en forma autónoma, sin ningún tipo de subordinación técnica, económica y jurídica presta sus servicios de ciencia a la empresa y como contraprestación se le paga un honorario; la segunda, como contrapuesta a la anterior, cuando el profesional cumple labores permanentes y subordinadas en el establecimiento empresarial, recibiendo por su prestación el pago de una remuneración sujeta a todos los aportes y contribuciones a la seguridad social.

Claro está que entre esas dos categorías existen una diversidad de situaciones denominadas "fronterizas", "dudosas", que exigen sin duda alguna un riguroso análisis del caso para poder determinar si se está frente una verdadera relación laboral o no.

De manera tal que comparto la línea de razonamiento trazada por la Cámara, en el sentido que serán los hechos comprobados de la causa los que permitirán un correcto encuadramiento de la cuestión.

Lo expuesto hasta aquí conduce a una primera reflexión.

En principio, la temática propuesta no configura cuestión constitucional, habida cuenta que pertenece al ámbito de la interpretación que les incumbe efectuar a los jueces sobre normas de derecho común y a la valoración que ellos hacen de los medios probatorios aportados a la causa, materias extrañas al remedio contemplado por la ley 7055.

Mas en el presente caso corresponde apartarse de ese enunciado inicial toda vez que el encuadramiento jurídico efectuado por la Cámara no se compadece con los circunstancias acreditadas en la causa.

En efecto: Dentro de esa perspectiva entiendo que no se le ha dado real entidad al comportamiento concreto de los sujetos en el transcurso de la relación siendo de trascendente importancia para la solución de la litis.

En tal sentido, no podía dejar de valorarse la falta de reclamo por parte del actor, durante el lapso de tiempo que duró la vinculación, de las obligaciones que la ley laboral impone a cargo del empleador.

Ello así, por cuanto dicha particularidad pone en evidencia un comportamiento reiterado del accionante que permite desentrañar la realidad concreta del vínculo habido entre las partes.

Y que no se diga que el silencio del accionante no puede trocarse como una presunción en contra de sus derechos (art. 58, L.C.T.), pues el quid del presente caso pasa por tratar de desenmascarar la realidad concreta del vínculo siendo una pauta idónea para esos fines no tanto los planos formales sino la conducta objetiva, los actos concretos de los partícipes.

Es por ello que no se alcanza a comprender cómo el actor cuyo servicio prestado era ni más ni menos que asesorar a la empresa en la materia laboral no haya reclamado durante todo el tiempo que estuvo vigente la relación ningún derecho emergente del ordenamiento laboral (cfr. "Copes", A. y S., T. 109, pág. 311).

Menos aun ha merecido consideración por parte de los Jueces de Alzada la circunstancia de que el actor gozaba de la condición de autónomo (fs. 76/169), omitiendo brindar una respuesta debidamente fundada acerca de la relación de dependencia mantenida con el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe (fs. 58) y que análogos servicios a los descriptos en los escritos constitutivos del proceso prestaba a otras empresas: Acernova S.A.I.C. (f. 61), Unión Industrial de Santa Fe (f. 181), Transporte El Porvenir Santafesino S.R.L. (f. 182) y Sanatorio Médico de Diagnóstico y Tratamiento S.A (f. 201).

Sobre este último aspecto no es ocioso destacar que la exclusividad no es carácter diferencial del contrato de trabajo con otras figuras, en tanto las necesidades socioeconómicas del presente muchas veces imponen que un dependiente esté unido por dos o más vínculos obligacionales, con superposición de horarios o no.

Sin embargo, la exclusividad es importante para establecer la existencia de subordinación o para excluirla en ciertos casos en que aquélla no se da, o para fijar algún régimen de incompatibilidades.

Si media exclusividad en la actividad del abogado para con una empresa o un empleador y se tipifican los demás elementos del contrato de trabajo, no habrá duda del perfeccionamiento de esta figura, como tampoco en el supuesto de simultaneidad impropia, o sea cuando existe exclusividad en función con una actividad y tiempo distinto.

En cambio, en los casos de simultaneidad propia, resulta más dudosa la subordinación, teniendo en cuenta que la actuación profesional es por naturaleza autónoma, lo que exige una valoración más estricta de los elementos que configuran la subordinación, como el alcance del poder de dirección y vigilancia, el horario, la remuneración y la actividad.

En el caso es claro que la Alzada ha valorado insuficientemente la nota de exclusividad, pues el solo hecho de sostener que no es una característica de la relación no satisface el recaudo de la debida motivación (art. 95, C.P.) frente a una cuestión relevante para la suerte de la litis.

Adviértase que las constancias de la causa dan cuenta que el actor ha prestado contemporáneamente sus servicios a varias empresas, circunstancia que estaría demostrando que ha estado utilizado su autonomía técnica en un grado tal que podría resultar incompatible con una relación dependiente.

Es más, la prescindencia, sin suministrar razones plausibles, de planteos y elementos probatorios incorporados a autos y provistos de relevancia para resolverla campea a lo largo de todo el razonamiento judicial.

Ello es así, por cuanto la Cámara ha ponderado únicamente algunos testimonios rendidos en la causa y descartado, sin fundamento alguno, los dichos de otros sobre los mismos hechos a dilucidar.

Repárese que sólo a través de los dichos de Santa Cruz, Ponzo y Patiño la Alzada entiende demostrados en autos dos notas de importancia para sostener el encuadre laboral: la concurrencia al medio gráfico y la forma de retribución.

Mas esas circunstancias que el A quo juzga comprobadas en el "sub lite" se encuentran cuestionadas en cuanto a su forma y modalidad por las respuestas brindadas por otros testigos (vid. Ortíz de Zárate, Marzocchi ) siendo -además- por si solas insuficientes para sostener que han quedado delineadas en autos las notas de subordinación, profesionalidad y continuidad.

Por ejemplo, la concurrencia del actor al diario dos o tres veces por semana o cuando se lo requería o convocaba la gerencia no es una modalidad de prestación de servicios extraña con el quehacer propio de la profesión liberal; o establecer un sistema de retribución o compensación mensual no transforma al abogado en un empleado, no disminuye la independencia y autonomía del letrado, antes bien al proporcionar cierta tranquilidad respecto a su retribución, las acentúa.

En fin, vuelvo a repetir, para analizar si existe o no relación de dependencia tratándose de profesiones liberales no corresponde partir de premisas fijas o cartabones rígidos para un correcto encuadramiento de la relación.

En estos supuestos primará más la casuística que la elaboración de afirmaciones generales que se agotarán seguramente en un mero formulismo dogmático, dada la particularidad de cada caso concreto, correspondiendo al Juez mediante un examen de los hechos cuestionados y de las relaciones existentes entre los litigantes, darles su sentido a fin de definir la verdadera naturaleza del vínculo.

Y es precisamente en el tramo de lo fáctico en donde anida la arbitrariedad en autos.

Han quedado planteos abiertos sin contestar, han quedado pruebas sin valorar y las pocas ponderadas están sencillamente desencajadas de una visión global de la situación originada en autos.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento impugnado no es derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y por ende debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y en consecuencia anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri, Vigo y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y en consecuencia anular la resolución impugnada.

Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa.

Con costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)