Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-05


Salta, 05 de febrero de 2016.-	Y VISTOS: Estos autos caratulados: "A.F.I.P. - D.G.I. vs. ACOSTA, ALBERTO WALDO POR INCIDENTE DE REDARGUCIÓN DE FALSEDAD" - Expediente Nº Inc.- 278656/09 del Juzgado de 1ª Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades 2º Nominación (INC - 278656/9 de Sala II) y,	C O N S I D E R A N D O:	I) Vienen los autos a esta Sala con motivo de lo decidido por la Corte de Justicia en la resolución de fojas 110/112, en la cual ordena tramitar el incidente interpuesto a fojas 15/18 por la actora y emitir pronunciamiento sobre la redargución de falsedad allí deducida.	En la demanda de fojas 15/18, la actora interpone incidente de redargución de falsedad de la cédula de notificación de esta Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya copia certificada obra a fojas 3. Señala que la fecha del sello de recepción del Organismo impuesto en el anverso difiere de la consignada por el Oficial de Justicia en el reverso. Solicita la nulidad de dicho instrumento que sirvió para dar sustento a este Tribunal para pronunciarse por el rechazo del recurso de inconstitucionalidad con fundamento en la extemporaneidad de su interposición. Refiere a normativa que hace a la procedencia del incidente y señala que su parte formuló la impugnación, desconocimiento o negación de la validez de la diligencia en la presentación de fecha 14 de noviembre de 2007 ante la Corte de Justicia (v. fs. 12/13), en la que además solicitó la suspensión del plazo para continuar la vía recursiva, lo que fue negado por el Tribunal.	Afirma que en dicha oportunidad fue la primera vez que advirtió, con el retiro del expediente, que el fallo se había pronunciado por la extemporaneidad del recurso de inconstitucionalidad con sustento en la fecha de notificación impuesta por el oficial de justicia al reverso de la diligencia. Entiende que la fecha consignada por el mencionado agente judicial en la cédula -3 de mayo de 2013-, es errónea lo que no había sido advertido sino hasta cotejar su copia, cuya fecha coincide con la impuesta en su anverso, esto es, 4 de mayo de 2013 y que corresponde al sello de recepción de la AFIP-DGI.	Cita lo dispuesto por los artículos 135, 140 y 149 del C.P.C.C. y el artículo 65 del Reglamento General de Ujiería y afirma que el oficial notificador no cumplió acabadamente con las funciones encomendadas. Señala que la fecha que éste consignó en la copia que dejara en poder de su parte -4 de mayo de 2006- difiere de la consignada en el reverso de la cédula que devolvió al Tribunal -3 de mayo de 2006-; no advirtiendo que ésta contaba en el anverso con el sello de recepción de la AFIP-DGI. Destaca que tampoco colocó su sello en la copia de notificación, incumpliendo así la exigencia del reglamento de Ujiería. Resalta que la propia cédula agregada al expediente (v. fs. 194) contiene inconsistencias originadas por el propio Oficial de Justicia que pudieron ser advertidas por el Tribunal verificando las distintas fechas obrantes al anverso y reverso de la diligencia.	Expresa que la situación es grave y atentatoria del derecho de defensa en la medida que ello ha dado sustento al dictado de un fallo arbitrario con fundamento en una notificación falsa que debe ser declarada nula. Solicita que se haga lugar al incidente con costas y se impongan al oficial notificador las sanciones que le correspondan.	Corrido traslado, a fojas 154/159 contesta el Oficial de Justicia Julio Ernesto Parrón. Niega en forma general las afirmaciones formuladas por la incidentista. Especialmente, niega haber incurrido en error alguno en cuanto a la consignación de la fecha en la parte superior izquierda y en el reverso de la cédula objeto del incidente. Niega que dicho instrumento sirviera para dar sustento al fallo del Alto Tribunal y que el fundamento fuera la fecha allí consignada; que el retiro del expediente haya sido la primera oportunidad en que la incidentista advirtiera el fundamento del rechazo de su recurso; haber incumplido en modo alguno las funciones que le corresponden y que la cédula contenga inconsistencias originadas en su actuación como oficial de justicia.	Advierte que en la cédula existe sello interno de la incidentista de fecha 4 de mayo de 2006 a hs. 11:45, que ha sido colocado con posterioridad a la verdadera entrega de la notificación, es decir, el 3 de mayo de 2006 a hs. 11:45. Que ello permite aseverar que el plazo para interponer el incidente en cuestión ha transcurrido en exceso, por lo que luce manifiestamente extemporáneo y se encuentra precluida toda posibilidad de intentar la nulidificación de un acto consentido.	Refiere que ello se refuerza con el hecho de que con posterioridad al acto que se impugna, la incidentista ha compulsado, consentido y actuado de modo tal que no puede ahora desconocer que los actos procesales posteriores son consecuencia directa de aquél. Hace referencia a actos procesales del trámite y afirma que el retiro del expediente -según constancia de fs. 218- y la suspensión de plazos de fojas 220 rechazada a fojas 221, torna extemporánea e improcedente toda discusión relativa a dar curso a un incidente precluido.	Agrega que el llamado de autos para sentencia pone fin a toda discusión y significa el conocimiento de los litigantes de todo el procedimiento cumplido hasta entonces. Entiende que una vez firme dicha providencia precluye el momento para cuestionar vicios o defectos de esa naturaleza. Ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda incidental con costas.	Corrida vista del incidente a la Sindicatura, ésta contesta a fojas 171/712, y a fojas 173 se dispone abrir el incidente a prueba. Proveída la ofrecida (v. fs 188) se produce a fojas 211 la testimonial ofrecida por la incidentista. A fojas 217, ante la incomparencia del incidentado a la audiencia de absolución de posiciones, requiere la contraria que se lo tenga por confeso. A fojas 218 se dispone la clausura del período probatorio, y puestos los autos para alegar, las partes no hacen uso de dicha facultad. A fojas 221 se agrega dictamen del señor Fiscal de Cámara y a fojas 233 se llama autos para resolver, providencia que se encuentra firme.	II) En primer lugar, cabe referirse a la oportunidad de impetración del incidente, pues el incidentado -Julio Ernesto Parrón- ha alegado su extemporaneidad al contestar el memorial de agravios. En tal sentido, cabe remitirse a lo resuelto por la Excma. Corte de Justicia al momento de dictar la resolución de fojas 110/112, pues en el punto 5º del Considerando ha sostenido que ".Es recién cuando éste Tribunal hizo prevalecer la certificación del oficial de justicia por sobre lo consignado por la AFIP al pie de la diligencia (v. fs. 194 del principal), que comenzó a correr el plazo para que la afectada pueda redargüir de falsa tal atestación. Ello por cuanto, al tener en su poder una cédula que consignaba la fecha que invoca en el incidente, no era posible exigirle, bajo riesgo de incurrir en un exagerado ritualismo, que controle si las fechas coincidían.". Además de ello, no debe soslayarse el hecho que en el punto 8º del Considerando de la citada resolución el Alto Tribunal local ordena la baja de los autos a esta Sala a los efectos de que se de el trámite pertinente al incidente y se emita pronunciamiento sobre la procedencia o no de la falsedad de la notificación. En consecuencia la temporaneidad del incidente resulta ya incuestionable.	III) Corresponde, entonces, entrar a analizar el fondo de la cuestión planteada.	El artículo 993 del Código Civil de Vélez Sarsfield, de aplicación al caso por estar en vigencia al momento de plantearse el incidente en análisis, ( hoy artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación) establecía que: "El instrumento público hace plena fe, hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia". Ello es consecuencia de la regularidad de las formas que hace presumir la autoría del instrumento por parte del oficial público, lo cual a su vez lo dota de fe pública. Así, un instrumento público de forma regular (redactado en hojas que correspondieren, con lo sellos y las firmas del caso y con las correcciones debidamente salvadas al final), se presume auténtico y debe ser aceptado como tal por las partes y terceros.	La redargución, según señala Alsina, es el procedimiento legal para demostrar la falsedad material de un instrumento público o privado. En efecto, la falsedad puede ser material o intelectual. En el primer caso ella se refiere al elemento externo del acto, ya porque el instrumento es totalmente falso, ya porque se le hubiese adulterado; en el segundo, no obstante la forma regular del instrumento, sus enunciaciones no son sinceras.	Tratándose de un instrumento público, la falsedad material puede fundarse en la inexactitud de las manifestaciones del oficial público respecto de los hechos que afirma haber cumplido o que han pasado en su presencia, como ser la fecha del acto, comparecencia y firma de las partes, o el pago del precio. Puede también fundarse en la adulteración de la matriz o de la copia por haberse suprimido, agregado o modificado alguna cláusula de ella. En cambio, la falsedad intelectual no da lugar a un procedimiento especial, sino que puede ser demostrada por los distintos medios admisibles para destruir la fuerza probatoria del contenido de los instrumentos públicos o privados, según que la impugnación provenga de las partes o de terceros. En efecto, se trata de manifestaciones que las partes hacen en presencia del escribano, pero cuya sinceridad éste no garantiza, o que ellas mismas hacen constar en el documento privado, pero que pueden ser simuladas (Alsina, Hugo "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Tomo II, pág. 331/332), Compañía Argentina de Editores, Bs. As., 1942.	Se atenta contra la autenticidad cuando se falsifica (falsedad material) y se atenta contra la plena fe introduciendo en el instrumento relatos mentirosos, sea por el funcionario o por las partes (ideológica o histórica), en el último supuesto, los relatos introducidos por las partes, pueden ser impugnados por simple prueba en contrario (conf. Brebbia, Roberto "Hechos y Actos Jurídicos", pág. 463, 466 y 470; Editorial Astrea, Bs. As., 1995; Bellucio y Zannoni en Código t. 4, pág. 557, Editorial Astrea, Bs. As., 1982).	En este aspecto la jurisprudencia considera que: "Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que la redargución de falsedad de un documento público sólo puede fundarse en: 1) adulteración material resultante de no haber sido otorgado por el funcionario que aparece suscribiéndolo; o de haberse alterado, sea en la matriz o en la copia, por la vía de supresiones, modificaciones o agregados, una o más de las enunciaciones que contenía (falsedad material); 2) la inexactitud de los hechos que el oficial o el funcionario público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia (falsedad ideológica; art. 993 C. Civl). La redargución de falsedad, por consiguiente, es inadmisible para acreditar la falsedad ideológica de los hechos simplemente relatados por las partes, oficial o funcionario público (art. 994 y 995 Cód. Civil), o de las enunciaciones contenidas en un documento privado; pues en tales supuestos, es suficiente la simple prueba en contrario (cfr. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", Abeledo - Perrot, 2a. Reimpresión, Bs. As., 1984, Tº IV, pág. 455/456; cfr. CJSTuc., in re "Aybar, Oscar E. vs. Grafa s/ cobro de australes", sentencia del 2/6/94).	Ahora bien, la vía procesal aquí utilizada es la argución o redargución de falsedad del instrumento público que en copia certificada obra a fojas 3. A través de ella se intenta atacar la veracidad de la fecha en la que el oficial de justicia efectuara la notificación de la resolución de fojas 185 del expediente principal Nº CAM 98.635/4, por la que se declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fojas 73 de dichos autos.	El cuestionamiento surge en virtud de que el oficial de justicia consignó como fecha de notificación -en el reverso de la cédula (v. copia certificada de fs. 3)-, el día 3 de mayo de 2006 a hs. 11:15, lo cual se contrapone con la fecha consignada por el organismo notificado en el pie del anverso de dicha diligencia, 4 de mayo de 2006 a hs. 11:45, y con la inserta en forma manuscrita por el propio oficial notificador en la diligencia que dejara en poder del la AFIP.	Del análisis de las constancias de la causa y las pruebas producidas resulta que efectivamente la fecha consignada por el Oficial de Justicia en el reverso de la cédula de notificación no es exacta. En efecto, en el informe remitido por el Sr. Encargado de la Oficina de Ujiería del Poder Judicial (v. fs. 183), se hace saber al Tribunal que la cédula en cuestión fue recepcionada en esa dependencia el día 3 de mayo de 2006, entregada al oficial de justicia Julio Parrón al día siguiente a primera hora, siendo notificada a su destinataria el día 4 de mayo de 2006 y remitida al Tribunal el día 5 de mayo de 2006.	Ello se corresponde con la declaración testimonial de la señora Isabel Cristina Barrionuevo de Pardo -persona única encargada de recepcionar las cédulas y documentación en la división jurídica de la AFIP- quien al exhibírsele la diligencia refiere que si se corresponden el sello, la fecha, la firma, la aclaración y la hora. Explica que cuando recibe una cédula la entrega en forma inmediata a la abogada que lleva el juicio y que en caso de que esta no se encuentre la entrega al jefe de división. Corroboran sus dichos las constancias obrantes en un libro de registro interno que exhibe en esa audiencia, donde se consigna como fecha de recepción de la cédula por la doctora Palomo el día 4 de mayo de 2.006.	Prueba contundente de la falsedad material de la fecha consignada en el instrumento redargüido es que la fecha y hora impuesta en el margen superior izquierdo de la copia entregada al AFIP (v. fs. 222 del expte. principal), que coincide con la fecha y hora que consta en el sello de recepción de dicho organismo obrante al pie de la diligencia e igualmente en la devuelta a este Tribunal (v. fs. 194 del principal), fue inserta en forma manuscrita, por el oficial notificador, quien además estampó su firma; firma que no ha sido desconocida por él, por lo que debe tenerse por reconocida. Además, vistos los rasgos de las firmas impuestas en el margen superior izquierdo de la diligencia de fojas 222 y al reverso de la diligencia de fojas 194 del expediente principal, no caben dudas -por la similitud de ambas- que corresponden al Sr. Parrón.	Por lo demás, atento a la incomparecencia injustificada del incidentado a la audiencia de absolución de posiciones, cabe tenerlo por confeso en los términos del artículo 417 del C.P.C.C., lo cual importa una presunción en su contra de tener por reconocidos los hechos aducidos en la demanda. Claro está que la valoración de esta prueba debe hacerse en concordancia con el resto de los elementos de juicio acompañados pues la confesión ficta no reviste el carácter de absoluta y su admisión queda librada al prudente arbitrio del sentenciante. Así lo ha sostenido la jurisprudencia: "La confesión ficta no resulta suficiente pues debe valorarse en concordancia con el resto de los elementos de juicio acompañados. La confesión ficta por incomparecencia a la respectiva audiencia no reviste el carácter de absoluta, y su admisión debe quedar librada al prudente arbitrio del Magistrado. El valor de la ficta confesión debe apreciarse en concordancia con el resto de los elementos de juicio acompañados (CApel.CC, Salta, Sala I, 12/02/91, "La Torre vs. Bosso", fallos año 1991, pág. 18; Id. Id., 10/05/01, "Córdoba vs. Consorcio", fallos año 1991, pág. 155).	En función de lo expuesto, corresponde hacer lugar al incidente interpuesto a fojas 15/18 y declarar la nulidad de la notificación practicada mediante diligencia obrante a fs. 194 del expediente principal y de los actos procesales que fueren su consecuencia.	En lo que refiere a las costas, corresponde que sean impuestas al incidentado vencido por aplicación del principio general de la derrota establecido en el artículo 67 del C.P.C.C., quien además con su equivocado accionar ha generado la necesidad de promover el incidente.	IV) Atento el resultado arribado respecto de la falsedad material de la cédula de notificación labrada por el Oficial de Justicia Julio Ernesto Parrón, corresponde remitir copia certificada de las piezas pertinentes a la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia a los fines de la evaluación de la conducta del Oficial Público.	Por ello,	LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,	I.- HACE LUGAR al incidente interpuesto por AFIP-DGI a fojas 15/18 y en su mérito DECLARA LA NULIDAD de la notificación practicada mediante diligencia obrante a fs. 194 del expediente principal y de los actos procesales que fueren su consecuencia. Con costas.	II.- DISPONE librar oficio a la Secretaría de Superintendencia de la Corte de Justicia a los fines ordenados en el Considerando IV).	III.- ORDENA se registre, notifique y oportunamente se eleve a la Excma. Corte de Justicia.-	VOCALES: Dra. Hebe Alicia Samsón - Dra. Verónica Gómez Naar