Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-01


En la ciudad de Trelew, a los 01 días de febrero del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., M. A. y Otro c/ C. A. S. s/ DIF. DE HAB. E INDEM. DE LEY" (Expte. N° 21.873 - año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 403.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 388), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 378/384), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda entablada por los Sres. M. A., E. R. y N. B. S., en contra de "C. A. S.A.C.I.C.", difiriendo la determinación del monto de condena para que, una vez firme el pronunciamiento, en la etapa de ejecución en la que se practique la liquidación conforme a las pautas que provee en el considerando correspondiente.

Asimismo, la condena a la accionada a que entregue el certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. y le impone las costa.

A fs. 390/397 vta. luce agregado el informe previsto por el art. 62 de la ley 69, del que corrido traslado a la contraria (fs. 398), es evacuado por escrito obrante a fs. 399/400 y vta..

I.- Se agravia la recurrente de los siguientes aspectos del fallo a saber: 1) Valoración probatoria: Expresa que el juzgador de grado no se ajusta a los antecedentes de la causa ni atiende adecuadamente las defensas y argumentaciones que expusiera oportunamente. De allí sostiene que el fallo es arbitrario ya que lo decidido no se compadece con las constancias arrimadas a la causa.

Cita los testimonios de los Sres. P., C. F. y G., afirmando que de ellos se desprende una conclusión distinta a la que arribara el juzgador.

Del primero de los testigos señala que de su declaración surge que el Sr. A. H. G. era proveedor de la empresa, añadiendo que luego manifestó que por intermedio de una empresa de larga distancia se despachan pedidos de diferentes zonas del país y que la distribución en el interior del país se efectúa mediante rutas armadas por transportistas y que las empresas proveedoras de C. A. son quienes realizan la distribución de los productos.

Dicha testigo, expresa, indicó que el servicio de transporte se abona con facturas y que la empresa G. fue proveedor de C. A. hasta el mes de enero de 2003 y el dueño de la misma era el Sr. G.. Precisa que el testigo P. destaca que su parte no tenía relación alguna con el personal del distribuidor G. y que la responsabilidad de la distribución era solo de éste.

En el mismo sentido, asegura, declaró el testigo C. F., quien añadió que los sueldos de los empleados por las empresas distribuidoras eran abonados por éstas. Expresa que el testigo G., también manifestó que conocía al Sr. G. por ser el encargado de la distribución en la zona geográfica del sur comprendiendo Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, etc..

Agrega que dicho testigo precisó que el distribuidor en Chubut era G. más precisamente de Trelew y que A. no tenía vínculo alguno con el personal que manejaba dicho distribuidor. Alega que los actores no fueron contratados en momento alguno por "C. A." sino por la empresa "G." del Sr. G...

Esta última, repite, fue la empleadora de los actores teniendo la obligación del pago de salarios, impartiendo órdenes de trabajo y cumpliendo con la normativa en materia de seguridad social. Insiste que su parte no estableció en ningún momento una relación laboral con los actores ni estuvo obligada al pago de los rubros que se demanda y a la que se la condena.

Manifiesta que surge de la prueba documental que su parte instrumentó la relación con distribuidora y transporte "G." a través de una carta intención para el servicio de distribución como surge del documento de fecha 11 de julio de 2002, que fija obligaciones del mencionado contratista en los diversos lugares en que realiza la distribución de los productos.

Pasa a indicar el contenido de la cláusula 1 y anexo I de la que denomina "carta de intención", de las cuales surge -afirma- que el Sr. G. era un contratista independiente con CUIT ........................ que se vinculó con su parte a través de una relación comercial ajena al derecho del trabajo.

Continúa diciendo que en función del acuerdo debía brindar un servicio de entrega de mercadería en los domicilios indicados en la documentación proporcionada por A. contra la recepción del comprobante de pago debidamente sellado por entidad bancaria habilitada por A..

Asegura que su parte desconoce cómo organizaba la distribuidora y transportista "G." su actividad así como a qué empresas brindaba servicios de distribución pero lo cierto es que la mercadería era despachada por su parte a la mencionada distribuidora y era ésta quien la recibía y la asignaba a cada chofer que podía ser acompañado por los actores o cualquier otra persona.

Es decir, precisa, era la mencionada empresa distribuidora y transportadora "G." quien establecía el listado de las direcciones de los destinatarios con ninguna intervención de su parte. Por lo demás, indica, no se incluían allí exigencias de horario de entrega ni era taxativo el orden de la misma quedando ello a criterio del transportista.

Asimismo, expresa, que según las cláusulas 6 y 9 la distribuidora y transportadora "G." debía asumir el pago de los impuestos, tasas, derechos, cánones, contribuciones y gravámenes, así como asegurar las mercaderías transportadas.

Finalmente, expresa, en la cláusula 7, dicha empresa asumió que el personal con el que cumpliría el objeto del contrato se desempeñaría bajo su exclusiva relación de dependencia o en forma autónoma. En todos los casos, puntualiza, asumía en forma exclusiva la responsabilidad por el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y previsionales así como la responsabilidad por infortunios laborales y el cumplimiento de eventuales obligaciones sindicales.

De ello, concluye, surge que su parte jamás contrató a los actores para realizar ninguna tarea sino que contrató un servicio de transporte a otra empresa. Asegura que ninguna probanza avala la imprevista condena a su parte, señalando que el juzgador del anterior grado se basa en dos únicos testigos (F. y R.) dejando de lado el resto de la prueba testimonial. Aclara que la declaración de dichos testigos fue impugnada por su parte y por el contrario ninguna impugnación merecieron los testigos G., C. F. y P..

Refiere que las reglas del razonamiento lógico que, como la sana crítica, presiden la evaluación del material probatorio impiden fundar la sentencia con la declaración testimonial de dos personas que, además dice, fueron oportunamente observadas por su parte. Cita jurisprudencia a la cual remito. Alega que el Sr. Juez a quo tampoco hace una valoración adecuada de otras pruebas de autos como por ejemplo, la pericial contable.

Manifiesta que del informe pericial se desprende que la empresa "G." del Sr. G. presentó una carta de intención a C. A. para el servicio de distribución de productos con fecha 11 de julio de 2002 (resp. al punto 3ro. del informe).

Asimismo, surge que los actores jamás fueron empleados de su parte y que nunca estuvo obligada al pago de suma alguna respecto de los actores. Indica que el mencionado informe pericial señaló que su parte no cuenta con personal dependiente asignado a tareas de distribución de sus productos.

Refiere a la citación de tercero obligado que realizara y a normas vinculadas a la actividad del fletero a lo cual me remito en aras de la brevedad. Destaca que en la operatoria de su relación con el transportista este no tenía obligación de concurrir diariamente y en horario determinado al lugar que dispusiera su parte.

Estos, asegura, realizaban fletes con una frecuencia variable y discontinua con vehículos de "G." o propios -extremo que desconoce atento que no tiene conocimiento de la estructura de dicha empresa- desarrollando la misma tareas para otras empresas clientes que pudieran contratarla y utilizando el mismo personal que el que utilizaba para realizar el transporte suyo. Insiste que no tenía contacto alguno con los actores ni le impartía instrucciones ni le indicaba el itinerario ni la ruta que debían tomar.

Destaca que dichos trabajadores no se hallaban bajo su subordinación económica pues no le abonaba remuneración, ni técnica puesto que no le impartía instrucciones ni le indicaba la forma en que debían realizar su trabajo, careciendo por otro lado de domicilio y oficina en la plaza.

Ni tampoco jurídica, porque su parte no tenía facultades para ejercer las potestades disciplinarias ni de organización que estaban eventualmente en manos de "G.". Denuncia que de la sentencia que cuestiona se desprende que el juez de grado pasa por alto las características necesarias para que se configure una relación de trabajo en los términos del art. 23 de la L.C.T..

Insiste en destacar que los actores nunca se sometieron a las directivas de ninguno de los funcionarios de la empresa ni les impartieron órdenes. También en que no recibían ninguna instrucción ni le imponía horarios ni hojas de ruta ni recorrido diario.

Y, por último, surge evidente -expresa- de la facturación presentada, correspondiente a la distribuidora, que la única relación existente se anudó con la misma, sea de modo dependiente o independiente, pero que nada cobraban de su parte.

Concluye, entonces, en que ninguno de los elementos tipificantes de una relación de dependencia laboral concurre en el caso. 2) Rubros indemnizatorios: Se agravia por la procedencia de los rubros correspondientes a los decretos no remunerativos por el período julio de 2002 a febrero de 2003, indemnización por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido y multas del art. 1 de la ley 25323.

Expresa que por lo manifestado en el agravio anterior ninguna obligación legal compete a su parte por el pago de los rubros de condena fijados por el a quo. 3) Condena a la entrega de certificación de servicios y remuneraciones: Por lo mismo que expresara en el primer agravio, dice, su parte nunca fue empleadora de los demandantes. 4) Imposición de costas: Manifiesta que si bien nada se dice en la parte resolutiva, surge de los considerando que el a quo rechazó rubros reclamados por los actores.

Con cita en el art. 68 del C.P.C.C., dice que no existe motivo para que el juzgador se aparte del principio general en materia de costas por el cual corresponde imponerlas por el reclamo en el que la parte actora resultó vencida. Cita doctrina y jurisprudencia a la cual igualmente remito.

Termina diciendo que por los reclamos incluidos en demanda que no procedieron no puede cargársele con las costas a su parte. 5) Regulación de honorarios: Cuestiona los honorarios fijados a la representación y patrocinio letrado del actor y del perito contador por considerarlos elevados. Plantea caso federal.

En el escrito por el cual contesta los agravios formulados por la parte demandada, los actores manifiestan: que al sostener el recurso la contraparte desarrolla prácticamente el mismo análisis que efectuara al contestar la demanda sin demostrar ni indicar dónde estuvo el error del juez laboral. Ingresó a alegar sobre la eficacia que subjetivamente le otorga a su prueba pero nada dijo -aseveran- sobre porqué la valoración del juez a su entender es equivocada.

Refiere en relación a la tacha de los testigos que el sentenciante le dedicó un párrafo para señalarle que nunca terminó de formular un análisis pormenorizado de la tacha que durante el proceso prometió ejercitar en el momento de alegar. Sostiene que debe declararse la deserción del recurso.

A continuación destaca que el análisis del juez anterior de las testimoniales de F. y R., lo llevaron a describirlas como detallistas, sinceras, precisas y despojadas de intencionalidad lo que deja en claro la convicción de lo decidido por él.

Afirman que toda la información volcada por los testigos dio cuenta de la existencia de notas típicas de un contrato de trabajo, de prestaciones organizadas por la demandada, incluso con controles de por medio, órdenes de personas de "C. A. S.A." y de una gerente local que también existía.

Insiste en que la expresión de agravios solo reitera lo escrito en la contestación de la demanda sin dar explicaciones respecto de porqué sería desacertado el análisis del juez, no dice cómo ni porqué se habrían violentado normas y en definitiva termina configurando la presentación de la contraria -dice- una mera discrepancia con la sentencia recaída en autos.

Dando respuesta, dicen, a los agravios vertidos en los apartados V y VI sosteniendo que su parte no fue vencida en ningún reclamo porque incluso no peticionaron en momento alguno la sanción prevista por el art. 132 bis de la L.C.T. como se afirma en los agravios que contestan, demostrando cierta ligereza -expresan- al momento de formular su crítica.

Señalan que no se hizo lugar a la sanción contenida en el art. 45 de la ley 25345 por aplicación de la doctrina del fallo que cita con referencia a la omisión de entrega del certificado de trabajo y los recaudos formales de intimación, por lo que se justifica que el juzgador no se apartara del principio del vencimiento para imponerle el 100% de las costas a la firma condenada.

Adhieren al rechazo contundente de la excepción de defecto legal que planteara la demandada. Asimismo, contestan la consideración de que los honorarios regulados a favor de los letrados apoderados de su parte son excesivos y desproporcionados porque precisamente -manifiestan- la actuación de éstos permitió obtener un fallo donde se desenmascaró la actuación de "C. A. S.A." rutinaria y generalizada en el país, invocando figuras contractuales no laborales ocultando la existencia de vínculos dependientes.

II.- Análisis y decisión:-- En lo límites demarcados por los agravios formulados por la parte demandada recurrente, ingresaré a su tratamiento en el mismo orden numérico provisto en su reseña denominándolos en el modo en que éstos fueran individualizados.

1) Valoración probatoria: Básicamente puede advertirse que el cuestionamiento del mérito probatorio que se efectúa centra en destacar como relevantes los testimonios de tres testigos (Sres. P., C. F. y G.) por sobre aquellos dos (Sres. F. y R.) que fueran valorados por el juzgador prioritariamente.

Asimismo, destaca la documental titulada como "carta de intención" que relacionara a la demandada con la empresa del tercero citado al presente proceso, Sr. G.. Y, finalmente, se detiene a puntualizar que se omitió atender a la prueba pericial contable producida en autos.

Pues bien, es pertinente advertir inicialmente que descartaré toda posible revisión de aspectos que fueran ya planteados por las partes en el momento en que se trabara la litis con los escritos constitutivos de demanda y su respectiva contestación (fs. 05/10; 25/43 y 76/79), en tanto que han de considerarse que fueron motivo de atención, consideración y decisión por parte del juzgador del anterior grado, por lo que solo cabe remitirse a evaluar si los argumentos en los cuales se sustenta el veredicto que emitiera el juzgador del anterior grado han sido, en primer lugar, suficientemente criticados y, luego, eventualmente, si cuenta con razón el apelante en los errores que pudieran haberse señalado concreta y puntualmente para dar andamiento al recurso planteado.- Efectivamente el Sr. Juez a quo, hizo mérito de los testimonios de los Sres. G. B. F. (fs. 161/162 vta.) y de R. O. R. (fs. 163/166), allende de la tacha que merecieran sus dichos por supuesta parcialidad y contradicciones. De tal modo, expresó el sentenciante:

"Analizadas de manera minuciosa y detallada las declaraciones de los testigos, la verdad es que no advierto parcialidad alguna a favor de los dichos de los reclamantes, simplemente respondieron a tenor de las preguntas formuladas por los abogados de ambas partes, describiendo y dando detalles precisos de lo sucedido, impresionando sus dichos como sinceros y despojados de la tendenciosidad que se señala a fs. 176.

Por otro lado no ha podido el suscripto analizar cuáles serían las falsías a las que hace referencia al pie de la foja mencionada, pues señalado que el análisis pormenorizado se efectuaría al tiempo de alegar, conforme informa la actuaria a fs. 375, la parte no hizo uso de ese derecho..., es que considero plenamente válidas y eficaces a los efectos probatorios las declaraciones testimoniales tanto de R. como de F., pues pareciera ser que la parcialidad señalada en la tacha que se formula ha quedado acotada a que los dichos de los deponentes simplemente no resultan favorables a los argumentos expuestos por la defensa"(sic)(fs. 381 y vta.).

Y, a continuación, también lo hizo con los testimonios de los Sres. P., C. F. y G., otorgándole mayor poder de convicción a los dichos de F. y R. (fs. 381/382).-- En contra de tal marco de valoración efectuado por el Sr. Juez a quo con sumo detalle y amplitud, no encuentro que se haya aportado crítica alguna que atender por parte de la demandada recurrente. Es que, predicar que, por caso, el testigo G. manifestó cual era la mecánica seguida por su empleadora "C. A. S.A." para hacer llegar sus productos al mercado y que, en general, coincide con la que describiera al tiempo de contestar la demanda no conforma la necesaria crítica.

Igual acontece con respecto a los testimonios de C. F. y de G. sin dejar de advertir respecto a estos dos últimos que son precisamente los "representantes" o "gente de A." a los que refirieran tanto F. como R. en sus declaraciones (ver: resps. 7ma., 8va.; 10ma. y 2da.; 4ta. -fs. 161 vta./162-; y resp. 9na. -fs. 164-).

Esto es, de tal manera formulado el agravio no se satisface mínimamente el recaudo técnico indispensable para que este tribunal ejerza su facultad revisora, habida cuenta que sin crítica no se cuenta con el material indispensable para ello.

No abunda destacar que contra la apreciaciones valorativas de la prueba que efectuara el juzgador del anterior grado sobre las cuales sostiene sobradamente, a mi ver, su veredicto, la parte demandada apelante solo se remitió a reiterar los mismo planteos efectuados al tiempo de contestar la demanda dirigida en su contra. Únicamente puede advertirse como "novedoso" en los agravios que trae a ésta Segunda Instancia respecto a la formulación de su defensa anteriormente ya esgrimida, la valoración propia que efectúa de la testimonial y de los demás elementos de prueba aportados al proceso (pericial contable en especial), que es evidentemente distinta a la efectuada por el juez a quo, pero sin llegar constituir más que una opinión discrepante que -insisto- no importa ni da contenido a la indispensable crítica que puede dar andamiento al recurso que se intenta sostener.- Ante tal postura, pretendidamente impugnaticia, no se visualizar el supuesto yerro en el que habría incurrido el juzgador en su juicio. Es que, no está de más recordar que con el recurso de apelación no se abre una vía que proporcione un nuevo examen integral de la cuestión, sino que se persigue el control de justicia del pronunciamiento cuestionado, en cuanto a los hechos y al aspecto jurídico de los asuntos por él decididos, resultando inoficioso el escrito que prácticamente hace una reiteración de argumentos esbozados en Primera Instancia, por presentación anterior -en el caso al contestar la demanda-.

Es que reiterar alegaciones ya postuladas al tiempo de trabarse la litis, no constituye más que una afirmación subjetiva carente de apoyatura alguna por adolecer precisamente de la crítica que la sostenga, importando a la postre una simple aseveración del desacuerdo con lo resuelto o bien una mera digresión inconducente por carecer del debido sustento jurídico.

En tal sentido es útil distinguir qué debe entenderse por "crítica" y qué por "disenso". Criticar importa dirigir un ataque directo y objetivo a la fundamentación dada por el judicante, procurando la demostración de los errores de la misma.

En cambio, disentir, es la mera exposición del desacuerdo con lo decidido (Conf. CNCiv., Sala A, 21-5-90, L.L. 1992-A-269, con nota de Alberto Jorge Gowland; id. L.L. 1990-C-576, jurisp. agrup. y también la cit. en Revista de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal Culzoni, Nro. 2 -Medios de Impugnación. Recurso I-, ed. año 1999, págs. 421 y sgtes).

Sabido es que la fundamentación del recurso de apelación no puede consistir en una mera discrepancia que manifieste el recurrente con el criterio sustentado por el juez de la causa, sino que debe puntualizarse cada uno de los aspectos en donde el juzgador hubiere errado en su análisis, sea por una interpretación equivocada de los hechos de la causa, o bien por una aplicación errónea del derecho, para recién poder señalar cuál es el modo en que -entiende- debió resolverse la cuestión, de manera tal que quede demostrado a través de un razonamiento claro el fundamento de la impugnación que se postula.

No hecho de tal manera el recurso padece de insuficiencia técnica y la Alzada se queda sin material de análisis, quedando pues, imposibilitada para emitir opinión por falta de instrumental lógico de crítica (Conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", Ed. Platense, ed. año 1988, T. III, pág. 351/352).

Y el agravio aquí planteado, repito, se asimila claramente a esta última postura, discrepante si, pero sin formular en suma crítica suficiente (Conf. ésta sala B, in re: S.D.L. Nro. 42/01; c. 17.410; id. Nro. 50/01, c. 17.551; id. c. 17.662; 17.945 CANE, entre otras).

No huelga señalar, aunque sea a título de mayor abundamiento, que no convence de modo alguno la insistente referencia a la que se denomina "carta de intención-servicios de distribución" obrante a fs. 13/16 que tengo a la vista.

Ello así, toda vez que no obstante la corroboración de la autenticidad y pertenencia de la firma atribuida al Sr. G. (ver pericial caligráfica de fs. 267/274), resulta a mi ver mucho más atenido a lo realmente acontecido la versión que de dicha instrumental diera el propio aludido firmante al prestar su declaración confesional.

Abro un paréntesis para poner en el tapete si tal prueba confesional es procedente, tratándose el Sr. G. de un citado al proceso como tercero obligado en los términos del art. 94 del C.P.C.C. (encuadrable dentro del género "denuncia de la litis" y en la especie "nominatio actoris", propia de la situación en la cual se indica a aquél que se considera legitimado pasivo para intervenir)(Conf. Palacio, Lino E., en "Derecho Procesal Civil", Ed. LexisNexis, 7° reimpresión, ed. año 2004, T III, N° 273, apart. c, pág. 262; ver también, Podetti, Ramiro J., en "Derecho Procesal Civil, Comercial y Laboral -Tratado de la tercería-", Ed. Ediar, 2da. ed., año 1971, T. III, pág. 336, N° 63).

En el caso particular de autos la demandada "C. A. S.A.", postuló que el verdadero empleador de los actores sería el Sr. G., titular de la empresa que individualiza bajo en nombre de fantasía "D. y T. G.", y en tal calidad pide que se le cite al proceso como tercero obligado.

Ahora bien, es de establecer que habiéndose presentado a estar a derecho en el proceso (ver escrito de fs. 76/79 y vta.), dicha intervención no lo transforma en parte del mismo. En tal sentido, en un aspecto que considero en extremo relevante, es de hacer notar que resulta de aplicación a su respecto las normas específicas reguladoras de la intervención de terceros en el proceso, entre las cuales destaco lo previsto en el art. 96 del C.P.C.C..

Esto es, en relación a los alcances de la sentencia, cualquiera hubiera sido el resultado de su intervención provocada en autos, corresponde limitarlos a su oponibilidad pudiendo constituir un antecedente desfavorable a su respecto pero nunca hubiera podido ejecutarse en el supuesto que se hubiera concluido asertivamente en relación a la atribución de su calidad de verdadero empleador de los actores (Conf. CNECiv.Com, en pleno, 17-11-88, L.L. 1989-A-455; id. CNCiv., 4-3-92, D.J. 1992-I-961 y CNCom., 4-2-98, L.L. del 1-6-98; Conf. Arazi, Roland, en "Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 1999, T. I, págs. 142/144; id. Martinez, Hernán J., en "Procesos con sujetos multiples", Ed. La Rocca, ed. año 1994, T. I, págs. 395 y sgtes.).

Y desde tal perspectiva, a tenor de lo dispuesto por el art. 404 del C.P.C.C. la prueba confesional, entendida ésta en un sentido amplio, es cualquier manifestación de parte sobre los hechos que fundamentan las pretensiones o defensas argüidas en el proceso.

Esto traduce su finalidad como medio de prueba, cual es que se produce sobre la base de hechos que deben ser favorables a la parte contraria a la que la presta (o, más específicamente, que perjudican a quien la da)(Conf. Morello-Sosa-Berizonce, en "Códigos Procesales...", Ed. Platense, ed. año 1992, T. V-B, pág. 5; id. Devis Echandía, Hernando, en "Compendio de la prueba judicial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, T. I, págs. 253 y sgtes.).

Es claro para mi que, entonces, no puede ni debe ser considerada la deposición que realizara el mencionado G., como una prueba de confesión sino como la declaración de un tercero indicado como legitimado para ser demandado y que concurriendo al proceso se integró a éste como litisconsorte pasivo facultativo.

Efectuada tal digresión, vuelvo a decir que estimo creíble, en tanto coincide y se corrobora con las versiones que con puntillosos detalles dieran los testigos F. y R., en la razón que diera el mismo para explicar el porqué suscribió la "carta intención servicio de distribución" de fs. 13/16 (ver: punto III, fs. 78 "in fine" y vta.)(instrumental ésta que, por otra parte, arriesgo opinión en cuanto que se trató en realidad de una propuesta redactada por la sociedad a la que se encuentra dirigida, importando condiciones generales predispuestas por ella, más allá de quien aparezca como oferente y remitente de la misma).

Ello así, atento a la fecha de su firma y circunstancias económicas sociales que en día época vivió el país y sobre las cuales no cabe abundar por tratarse de públicas y notorias (Arts. 45 de la ley 69; 386 y 456 del C.P.C.C.).

No huelga señalar que el juzgador atendió la tacha que merecieran los mencionados testigos F. y R. desestimando, con razones que tampoco merecieron un concreto ataque, la aludida parcialidad en la cual se fundara (ver: considerando de fs. 381 "in fine" y vta.).

Asimismo, no se hizo mención alguna en relación los demás argumentos en los cuales el juzgador sustentar su veredicto, entre los cuales efectúa valoraciones de la pericial contable que equívocamente indica la demandada impugnante que omitió considerarla.

Al contrario, el Sr. Juez a quo, tomando lo informado por la contadora dictaminante, expresó valorativamente que no puede dejar pasar por alto que el único "cliente" del G. fuera precisamente la demandada en estos autos.

Tal juicio de valor inductivo es compartido por el suscripto toda vez que resulta cuanto menos sugestivo y apartado del normal acontecer de las cosas que una empresa de distribución y transporte de mercaderías pudiera sustentar su actividad comercial en el ramo de su objeto con un único y exclusivo cliente durante el período facturado que va del 15/07/02 al 20/01/03.- Tampoco mereció la más mínima referencia en el agravio formulado el mérito realizado sobre la informativa producida por el municipio de Trelew (fs. 193), relacionado a las fechas y titularidades de la habilitación comercial correspondientes al domicilio de calle ................... N° .... de esta ciudad, la cual fue otorgada a la firma "T. S.A.C.I.F.", la cual según informa la perito contadora en su dictamen era la empresa encargada de la distribución de los productos de la demandada en autos durante el período comprendido entre los años 1994 a 2003 (Vide: punto 9 de fs. 348 vta.)(Arts. 386 y 477 del C.P.C.C. y art. 45 de la ley 69).

En resumen, pues, no resta más que reiterar la evidente insuficiencia técnica del agravio bajo análisis que se manifiesta en la mera reiteración del planteo defensista efectuado al momento de la traba de la litis, a través de la valoración selectiva y parcializada de los elementos probatorios aportados al proceso. Habida cuenta de lo cual propondré al acuerdo se declare la deserción parcial del recurso (Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.). Así lo voto.

2) y 3) Rubros indemnizatorios-condena a entregar certificación de servicios y remuneraciones:

Ingreso al tratamiento conjunto de estos agravios, a pesar de su distinta naturaleza, toda vez que todos ellos se vinculan por el fundamento expuesto en su apoyo el que no es otro que supeditar al éxito del agravio relativo a la valoración probatoria, el que fuera precedentemente evaluado en su procedencia sin resultado positivo para el recurrente.

En consecuencia, decir que por la valoración propia que efectúa la demandada apelante, la que como se dijera precedentemente, resultó meramente discrepante pero sin contener crítica alguna dirigida a la realizada por el juzgador de grado para arribar a su veredicto condenatorio, y de allí aseverar que no pesa sobre ella ninguna obligación legal al pago de los rubros de condena, resta de todo contenido al cuestionamiento el que, de tal manera deviene en apenas sugerido, dado que no se concreta en razones que habiliten a esta Alzada a ingresar si quiera a su tratamiento.

De igual modo, decir que como nunca fue empleadora no tiene obligación de emitir y entregar la certificación de servicios y remuneraciones, adolece del mismo déficit.

De allí, que concluyo en que también se incurrió en deserción parcial del recurso en tal porción. Así lo dejo propuesto que se considere al acuerdo.-- 4) Imposición de costas: Se pretende imposición de costas diferenciadas según la porción de la demanda que prospera y la que se rechaza, sustentándose en jurisprudencia de esta Cámara de apelaciones.- Tengo dicho antes de ahora que resulta improcedente discriminar entre el capital pretendido y el capital de condena para atribuir imposiciones en costas diferenciadas, como así también, a los efectos de computar bases económicas de regulación distintas, según la porción de demanda desestimada o admitida.

Primero y principal por cuanto, entiendo, que tal pronunciamiento sería claramente "contra legem", desde que se aparta de las previsiones que regulan la materia de costas y que se encuentran contenidas en los arts. 68 y conc. del C.P.C.C. y el art. 59 de la Ley 69.

Asimismo, en su proyección que en materia de regulación de honorarios que tal sistema diferenciado de imposición de costas implica, cabe hacer notar que la ley del arancel prevé únicamente como base de cálculo a considerar como base económica de regulación el monto pretendido en demanda para el supuesto de rechazo total, o el monto de condena para el supuesto de admisión, aunque ésta sea parcial.

Por último, concordantemente con este entendimiento, viene a reafirmar esta hermenéutica lo dispuesto por el art. 505, párrafo 3° del Código Civil y art. 277, párrafo 3° de la L.C.T. (textos agregados por la Ley 24.432), en virtud de los cuales el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no puede exceder el 25% del monto de condena, sin computar en dicho porcentual los honorarios de los letrados de la parte que deba afrontar su pago.

Bastaría con advertir que la regulación que se efectúa trasgrediendo lo antedicho, en muchos supuestos habilitaría a posibilitar que la regulación de los emolumentos de los letrados de la parte que resultó condenada, aun cuando en una medida mínima respecto a la cuantía que originalmente hubiera reclamado en demanda, puedan resultar desajustados en su importe en relación al admitido en la sentencia a favor del accionante, lo cual, en mi opinión, es absurdo máxime en procesos donde se discuten derechos de naturaleza laboral (Conf., mi voto, en S.D.L., Sala B, N° 46/04, CANE).-- A todo evento, si de lo que se trata es de una plus petición inexcusable existen herramientas procesales para vehiculizar la posible imposición de costas al vencedor (art. 72 del C.P.C.C.), aún cuando ello pueda ser discutido en su aplicación en materia laboral.

Lo relevante a considerar a los efectos de verificar si la atribución de las costas es correcta es el posicionamiento adoptado por cada una de las partes al tiempo de trabarse la litis.

Y en autos es constatable que la demandada se posicionó en predicar lisa y llanamente la inexistencia de un vínculo laboral que la uniera con los actores y a partir de allí la improcedencia de todos y cada uno de los rubros indemnizatorios y demás obligaciones laborales (ej: entrega de la certificación de servicios y remuneraciones) pretendidos en demanda.

En resumen, pues, fácil es de ver que el posicionamiento de la parte demandada en autos se asimiló a la suma cero, esto es la parte actora sindicó como empleadora a la parte demandada y ésta lo negó en todos sus términos.

Y de tal visualización del conflicto así reseñado, se proyecta con mayor fidelidad, de acuerdo al resultado en la sentencia, a cual de las partes corresponde atribuir la calidad de vencida.

Y en tal marco de entendimiento, tengo para mi que el vencimiento se obtiene cuando una de las partes logra del órgano jurisdiccional la protección jurídica de sus pretensiones frente al adversario, que en el caso aconteció con la sentencia que estima favorablemente la demanda condenando a "C. A. S.A." al pago de lo que se determine en la etapa de ejecución de sentencia según pautas de cálculo que fija, independientemente de la cuantía de la condena que se le impone y a pesar que no fueran admitidos los rubros correspondiente al adicional por kilómetro por haberse entendido de aplicación un convenio colectivo distinto al invocado por los actores o igualmente, haberse desestimado el incremento indemnizatorio fundado en el art. 80 de la L.C.T., según agregado por el art. 45 de la Ley 25.345.

En tal sentido ha dicho Palacio con criterio que vengo a compartir, que la parte vencida es aquella que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (aut. cit. en "Derecho Procesal Civil", T. III, pág. 369).

Y en tal dirección, debo insistir, la parte demandada ahora recurrente, obtuvo un pronunciamiento judicial adverso a la posición absolutamente excluyente de toda relación laboral, la que había asumido en el proceso al responder a la demanda, de modo que puede predicarse sin hesitación alguna que ha resultado en el pleito totalmente vencida, habida cuenta -repito- que más allá de los rubros de la cuenta liquidatoria e indemnizatoria por los que prospera la demanda incoada en su contra, ella fue condenada por el incumplimiento de las obligaciones que como empleadora se le atribuyen en el fallo (Conf. S.D.C., Sala B, N° 13/03; 21/03; 03/40; y, S.D.L., Nro. 48/04, CANE).

Por lo dicho, propondré al acuerdo la desestimación del presente agravio. Así lo voto.

5) Regulación de honorarios: Cuestiona, por altos, los honorarios regulados a los profesionales de la parte actora y los del perito contador dictaminante.

Principio por advertir que no habiéndose interpuesto el recurso de apelación autónomo en los términos contemplados por el art. 244 del C.P.C.C. y art. 49 de la ley 2.200, no se encuentra habilitado éste tribunal revisor para ingresar siquiera al tratamiento de las razones esgrimidas en sustento de un recurso que no fue planteado.-- Empero, solo a título "obiter dicta" señalaré que los honorarios de los Dres. P. A. S. y L. C. B., letrados apoderados de los actores, fueron fijados en el 14% con más el 40%, en conjunto. Tales porcentuales no se apartan de los que se fijan de común en esta Circunscripción Judicial para los supuestos de intervención profesional de la parte vencedora en el pleito.

Por lo demás, la intervención que les cupo a dichos letrados durante el desarrollo del proceso, cualitativamente mensurada, no fue de menor calidad, como lo predica la recurrente, sino por el contrario resultó activa y diligente en todo su desarrollo no solo postulando y procurando la aportación de las pruebas en sustento de los derechos de sus clientes, sino también concurriendo a las respectivas audiencias de prueba (ver: actas de fs. 139; 141; 142 y 143; como también las de fs. 161/166) y activando la informativa y pericial contable que ofreciera su parte (Arts. 6 y 7 de la Ley 2.200).- De allí, que tampoco encuentro razón a la postulación impugnaticia dirigida a cuestionar la alícuota fijada.

De otro lado, los honorarios del perito contador interviniente no fueron determinados en el fallo apelado, por lo que nada cabe decir a su respecto.

Por lo demás, no huelga destacar que no corresponde considerar que los honorarios del Dr. D. F., letrado que interviniera como patrocinante del tercero obligado, Sr. G. (ver fs. 76/79 y vta.), fuera cuestionado por la apelante toda vez que de los términos utilizados al sostener el presente agravio hace solo alusión a "...la regulación de honorarios practicada a la representación y patrocinio letrado del actor..."(sic)(fs. 396 vta.).

Es de colegir de ello, pues, que no se encuentra comprendidos sus emolumentos en el ataque que mereciera por el recurso de apelación deducido en contra de la regulación de honorarios, toda vez que dicho profesional patrocinó a un tercero llamado al proceso como obligado o legitimado pasivamente para participar en él en los términos contemplados por el Arts. 90, inc. 2° y 98 del C.P.C.C..- En suma, por lo expuesto, el presente agravio también deberá integrar la deserción que se propugna en una porción predominante del sostenimiento que mereciera el recurso de apelación planteado en autos, dejándolo de tal manera se considere por el acuerdo.- III.- Conclusión:

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera motivo de agravios, con costas de Segunda Instancia a cargo de la parte demandada vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

Por aplicación de la última norma citada, corresponderá regular honorarios por las tareas de Alzada a los Dres. N. O. M., letrado apoderado de la demandada apelante; y a los Dres. P. O. S. y L. C. B., letrados apoderados de los actores, para lo cual apreciando sus tareas por su calidad, extensión y eficacia, estimo adecuado fijarlos en las sumas equivalentes al 2,8% y, en conjunto, al 5,88%, a cada representación letrada respectivamente, del monto final del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 14, 19, 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Finalizo el tratamiento de la presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.- A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 388, que fuera concedido a fs. 389, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 378/384 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por M. A. S., E. R. S., y N. B. S. contra C. A. S.A.C.I. y dispuso diferir la determinación del monto de condena para la etapa de ejecución de sentencia, conforme a las pautas fijadas en la parte pertinente de los considerandos, en concepto de diferencias salariales, remuneraciones adeudadas, decretos no remunerativos, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, integración mes de despido, con más los incrementos contemplados por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y asimismo dispuso la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la L.C.T. mediante depósito en el Juzgado, bajo apercibimiento de fijar astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento de esa obligación, con imposición de costas a la sociedad vencida.

El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 390/397 y vta., el traslado conferido a fs. 398 fue evacuado por su contraria a fs. 399/400 y vta., y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las precisiones que en cada caso corresponda realizar.- 2. Comenzaré por precisar que las manifestaciones vertidas a fs. 391/392 -los actores no fueron contratados por la empresa C. A. sino por la empresa G. del Sr. G. que fue su empleadora, la relación con la D. y T. "G." se instrumentó mediante una Carta de Intención para el Servicio de Distribución, H. A. G. era un contratista independiente con número de CUIT, referencia a las cláusulas.. ....y Anexo I, 2, 4, 6 y 9, y 7 de la mencionada Carta Intención, alegado desconocimiento acerca de cómo organizaba la distribuidora su actividad, y mecánica de la operatoria de despacho de la mercadería- son reiteración de la postura defensista asumida en el escrito de contestación de demanda para lo cual basta con remitirse al desarrollo seguido por la parte en el acápite V. (i) de fs. 28/29.

Lo mismo cabe señalar respecto de las consideraciones de fs. 393 vta. /395 y vta. -marco regulatorio de la actividad contemplado por la ley 24.653 y decretos 105/98, 1494/92, y 433/94, expresiones acerca de que el transportista no tenía obligación alguna de concurrir diariamente y en horario determinado a lugar alguno impuesto por la demandada, frecuencia variable y discontinua de los fletes, falta de contacto con los actores, y falta de sujeción a una subordinación económica y técnica- ya que también son repetición de los argumentos volcados al punto V. (ii) y (viii) de fs. 29/30 y 36 vta./37, respectivamente, del escrito de contestación de demanda.-- En tales condiciones, al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69, no hay agravio que atender.

Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal.

Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, pág. 357, y cita de fallos). - En lo que hace a las expresiones del recurrente al sostener que de las declaraciones prestadas por P., C. F. y G. se desprenden otras conclusiones, inclinándose así a favor de esos testigos en desmedro de los dichos de F. y R., cabe señalar que tal apreciación es una mera discrepancia con la ponderación efectuada por el juzgador y ello no constituye la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del C.P.C.C..- En ese contexto, debe expresarse que no es modo idóneo de expresar agravios la ponderación fragmentada de la prueba testimonial, ya que las pruebas han de apreciarse en su conjunto, relacionándolas unas con otras como integrantes de un plexo, y no escindiéndolas en comportamientos estancos, desconectadas entre sí (esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.532, S.D.L. 124/95; c. 11.831, S.D.L. 19/96).

Como también que la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000; sala "B", c. 21.409, S.D.L. 32/06, c. 21.842, S.D.L. 51/2006, entre otros pronunciamientos).

Es que, la prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí.

Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 357).-- Tocante a las expresiones vertidas acerca que las declaraciones de F. y R. fueron impugnadas, no así las prestadas por G., C. F. y P., y que de esta manera el a quo valora la prueba rendida de manera caprichosa y arbitraria, lo cierto es que con ello el quejoso efectúa una valoración probatoria que solo denota su particular punto de vista al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones brindadas por el sentenciante.-- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 371, y cita de fallos).

Por lo demás y respecto a la invocada impugnación de las declaraciones de F. y R. a la que alude la quejosa a fs. 392 vta., el fallo de primera instancia desestimó la tacha de esos testigos apreciando el valor de tales declaraciones en el marco previsto por el art. 45 de la ley 69 al precisar que:

Analizadas de manera minuciosa y detallada las declaraciones de los testigos, la verdad es que no advierto parcialidad alguna a favor de los dichos de los reclamantes, simplemente respondieron a tenor de las preguntas formuladas por los abogados de ambas partes, describiendo y dando detalles precisos de lo sucedido, impresionando sus dichos como sinceros y despoj ados de la tendenciosidad que se señala a fs. 176. -- Asimismo, cabe considerar que a fs. 176, último párrafo, sostuvo la demandada que el análisis pormenorizado de las "falsías" se iba a efectuar al alegar, y lo cierto es que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, conforme resulta del informe de fs. 375.

Por ello, bien señaló el sentenciante a fs. 381 que no ha podido el suscripto analizar cuáles serían las falsías a las que se hace referencia al pie de la foja mencionada, pues señalado que el análisis pormenorizado se efectuaría al tiempo de alegar, conforme informa la actuaria a fs. 375, la parte no hizo uso de ese derecho.

Y el sentenciante luego de analizar en forma pormenorizada la declaración de la totalidad de los testimonios rendidos en la causa, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), se inclinó por otorgarle mayor fuerza de convicción a los prestados por F. y R..

En tal sentido, corresponde al juez apreciar según las reglas de la sana crítica, las circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones testimoniales (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, pág. 324 y cita de pronunciamientos).- Por lo demás, la elección de la prueba es facultad privativa del juzgador, quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse por una descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes.

Es suficiente a tal efecto que haga referencia expresa a las que han servido más decididamente a la conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no hayan sido computadas (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1991, T. V-A, págs. 255/256, y cita de fallos).

Con tales pautas, el fallo de la anterior instancia concluyó en que: La verdad es que puestos unos sobre otros los testimonios analizados, aquellos brindados por F. y R. han logrado formar en mi ánimo el convencimiento de que efectivamente entre las partes existió la relación laboral que tan cerradamente la demandada negó, tanto en oportunidad del intercambio epistolar como en el responde.

Ha sido demostrado por los demandantes que efectivamente era C. A. S.A. quien a través de sus representantes daba las órdenes, vigilaba y organizaba la distribución de los productos en Chubut y el Alto Valle de Río Negro, no enervando la conclusión a la cual he arribado luego de la lectura y análisis minucioso de las declaraciones testimoniales la carta de intención obrante a fs. 13/16 de la documental reservada ..

A mayor abundamiento, con relación a la referida carta de intención y reiteración de argumentos por parte de la apelante en el sentido de la relación habida con la empresa G. del Sr. G., lo cierto es que la documentación puede reflejar la verdad, pero también puede reflejar la ficción dirigida a disimular o esconder la verdad con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones legales o de obtener un provecho ilícito.

Afirmar invariablemente el imperio de la realidad -que es lo mismo que decir, el imperio de la verdad- equivale a rendir tributo al principio de la buena fe (conf. Plá Rodríguez, "Los principios del Derecho del Trabajo", Depalma, 1998, par. 174, pág. 333).

Por eso, ante la postura de la recurrente basada en los datos probados con esa documental e insistencia respecto de la relación habida con la empresa cuyo titular es el Sr. G. citado como tercero a este proceso, cabe señalar que la primacía de la realidad es una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación.

Prima así la realidad sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el relativo valor de la prueba documental respecto de la testimonial .

La simulación implementada por las partes y el fraude por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las formas procesales y en la posibilidad de apreciación del juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos y en definitiva consoliden el orden público laboral (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 2000, T. I, par. 2.7.15., págs. 310/311).

Con tal alcance, la valoración que el juzgador de la anterior instancia efectuó de las declaraciones prestadas por F. y R. (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) permitió arribar a la conclusión que la ya citada carta de intención no enerva la realidad existente en cuanto a la relación laboral habida entre los hoy actores y la sociedad demandada.

Desde esta perspectiva, las expresiones efectuadas por la apelante al considerar en forma parcial la prueba testimonial producida para inclinarse a favor de los dichos de algunos testigos en desmedro de otros, sólo denota una discrepancia con la ponderación efectuada por el juzgador y ello no constituye la crítica concreta y razonada que exige el art. 265 del C.P.C.C..

No puede considerarse agravios las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas y digresiones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico.

El mismo déficit se ofrece si sólo se exteriorizan generalizaciones subjetivas sobre la prueba, sin indicar de modo concreto dónde existe el error invocado y cuales son los hechos y circunstancias acreditados en el proceso con virtualidad suficiente para destruir los argumentos desarrollados por el juzgador.

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, págs. 354, 355, y 360, punto e), respectivamente, y cita de fallos).- A igual conclusión se alcanza con relación a las manifestaciones vertidas a fs. 393 vta. en cuanto a que no obstante la citación del Sr. G. como tercero obligado, el a quo desestimó su defensa y consideró como único empleador a C. A., y que para así decidir se dejó de lado la realidad de los hechos y la relación comercial habida con el tercero citado.

Y sin perjuicio de lo ya expuesto acerca de la primacía de la realidad, debe precisarse que la litis se concibe como un conflicto intersubjetivo de intereses que se manifiesta en la pretensión de un sujeto resistida por otro, es decir, entre dos partes (actor y demandado). No obstante se ha admitido la participación o legitimación procesal de otras personas, que signa, por oposición a las partes, como terceros.

De ahí que sea dable expresar, en una primera aproximación, que tercero en un juicio es aquel que no es parte. Por eso, se ha acotado que si es parte, el que demanda en nombre propio o en cuyo nombre se demanda una actuación de la ley, y aquél frente al cual ésta es demandada, razonable resulta concluir que todos los sujetos que no invisten tal calidad reciben la denominación genérica de terceros procesales.

Paralelamente se ha dicho que tercero es una persona ajena a una relación o una controversia suscitada entre otras (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1985, T. II-B, págs. 362 y 371, y cita de doctrina y jurisprudencia).-- A su vez, cuando el tercero es citado a iniciativa de la demandada, sólo se trata de poner en su conocimiento el pedido de intervención, a fin de que, si así lo desea, haga saber -y no, estrictamente, valer- los derechos que estime corresponderle.

Esa citación de tercero dispuesta a pedido de la demandada no importa -en principio y salvo supuestos especiales, como la citación del legitimado para intervenir (nominatio auctoris)- conferir a aquél la posición de demandado frente al actor. Y si bien su incorporación al proceso importa asumir la calidad de colegitimado, no puede ser considerado stricto sensu como demandado, porque la actora no le dirigió reclamo alguno.

No se introduce así un nuevo protagonista principal a la contienda, ya que el tercero citado no es un nuevo demandado, sino que el fundamento de la intervención coactiva de una eventual pretensión regresiva, como viene siendo expuesto, reside en la conveniencia de evitar que, en el futuro proceso, pueda oponérsele la excepción de negligente defensa (conf. Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. II-B, págs. 411/412 y cita de fallos) (el subrayado me pertenece).- Con tales pautas, aun cuando la sociedad demandada argumentó que no tuvo vínculo alguno con los accionantes sino con el Sr. A. H. G. y requirió la citación como tercero obligado de esa persona (ver p. VIII, fs. 40, providencia de fs. 45, y contestación de fs. 76/79 y vta.), ello no coloca a ese tercero como demandado frente a la parte actora por la sencilla razón que ésta no le dirigió su demanda.

También cabe poner de relieve, ante la absolución de posiciones rendida en esta causa por el tercero citado Sr. G. (pliego de fs. 137 y acta de fs. 139/140), la discusión existente en cuanto a la posibilidad que el tercero sea sujeto de esa prueba por no ser parte, por lo que se sostiene que la absolución de posiciones constituye un medio de prueba que procede únicamente entre partes; quedando por lo tanto excluidos los terceros, quienes sólo pueden ser ofrecidos temporáneamente como testigos (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. V-B, pág. 17, cita de fallos).

Aun cuando, también se afirma que pueden solicitar la absolución de posiciones o ser llamados a prestarla, los litisconsortes, con la limitación de que sólo es procedente contra quienes revisten el carácter de parte contraria o sustentan derechos distintos (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, pág. 7). - Y esta particular situación, prueba de confesión o testimonial de un litisconsorte, se observa también cuando se sostiene que el principio de amplitud de prueba impone la admisión del ofrecimiento como testigo de un litisconsorte por otro u otros, y al mismo tiempo se señala que cuando hay entre los litisconsortes una situación de enfrentamiento, cuando controvierten la participación en los hechos que integran la litis debe considerarse procedente que sean llamados a absolver posiciones (conf. Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1982, T. I, pág. 501 y cita de pronunciamientos).

Y en el mismo sentido, cualquiera de las partes -actora o demandada- tiene la facultad de solicitar de su contraria absuelva posiciones.

En el supuesto de que una o ambas partes revistan carácter múltiple, dicha facultad corresponde a cada uno de los litisconsortes frente a quien o quienes actúan en posición de parte contraria.

De allí que aquéllos no puedan poner posiciones a los litigantes que intervengan en su misma posición, salvo en la hipótesis de que éstos hagan valer derechos opuestos (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1972, T. IV, par. 454, pág. 513).- Y los precisos, concordantes, y extensos testimonios de G. B. F. y R. O. R. (fs. 161/162 y vta. y fs. 163/166), analizados conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), permiten considerar ajustada a la realidad la razón expuesta por el tercero citado respecto a la causa por la cual suscribió la carta de intención (acápite III, fs. 78 y vta.), la que bajo la modalidad de "oferta irrevocable" contiene condiciones por demás gravosas para el oferente, y en cuya redacción estimo con alto grado de probabilidad que intervino la sociedad accionada.

En este último aspecto, destaco las conclusiones del juzgador acerca de la mentada carta de intención al señalar a fs. 382 que . no es un contrato de distribución que merezca la pena analizar, pero sí rescato que llama la atención del suscripto que para determinar el valor de lo supuestamente abonado a H. A. G., éste tuviese que hacer saber -en hipótesis- los gastos mensuales a los cuales debía hacer frente, cotizando incluso lo abonado en concepto de monotributo, ciertamente que resulta llamativo que el precio final del COD guardara relación -siempre a criterio de C. A.- con el gasto depósito Zona.... - Trelew-. fs. 16 .

Tocante a la pericial contable, la apelante manifiesta que surge de la misma que el Sr. G. presentó la carta de intención a C. A. y que los actores jamás fueron empleados de esa sociedad.- Desde ya que la presentación de la carta de intención y la circunstancia que no figuraran como empleados los actores no significa que en definitiva no lo fueran, pues con tal particular criterio habría que desechar en todos los casos la posible existencia de relaciones laborales no registradas.

Pero además, con tales expresiones elude hacerse cargo de un aspecto trascendente del fallo expuesto a fs. 382 y vta. cual es observar en el informe de la contadora que el único cliente de H. A. G. era C. A. S.A., teniendo en cuenta para ello la numeración correlativa de las facturas para un período que va desde el 15/07/02 al 20/01/03 (cuadro detallado a fs. 349 y vta.).

Tampoco nada señala la recurrente con relación a la ponderación efectuada por el sentenciante a fs. 381 y vta. de la prueba informativa cumplida a fs. 193, y a la que aludiera la perito contadora al punto 8 de su informe (fs. 348 vta.). - Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H.., J. c. Productos P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

En ese marco, resulta evidente la falta de crítica concreta y razonada del decisorio pues el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, ob. cit., T. 1, págs. 838/839).

En síntesis, en este tramo de la queja la apelante incurrió en deserción del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).

3. En lo que hace a que C. A. es ajena a la relación laboral resuelta por el a quo, por lo que no tiene ninguna obligación legal, y que por no haber sido empleadora de los accionantes se agravia de la condena a la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones (acápites III y IV, fs. 395 vta.), lo cierto es que la conclusión a la que se arribara al punto 2 que antecede permite señalar que tales expresiones incumplen la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C..

Es que, no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, ob. cit., 1975, T. V, pág. 267).

4. Postula la quejosa la imposición de costas en forma diferenciada atendiendo a las porciones de éxito y derrota obtenidos por los actores.

Al respecto, precisaré que la posibilidad de efectuar una doble imposición de costas y consiguiente regulación de honorarios, una en función al monto que progresa la demanda y otra conforme al importe que se desestima, es un remedio excepcional a aplicarse cuando exista una evidente diferencia entre el monto reclamado y el que prospera, o dicho de otro modo, cuando la demanda progresa por un monto ínfimo respecto al importe pretendido.

Así lo entendió esta sala "B", c. 19.508, S.D.L. 36/2004, y c. 19.698, S.D.L. 50/2004; y en igual sentido, la sala "A", c. 19.841, S.D.L. 59/2004, c. 20.037, S.D.L. 67/2004, entre otros pronunciamientos.- Asimismo, la postulación de la quejosa se aparta del criterio previsto por el art. 59 de la ley 69 que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. de R. c/C. C. y otro", S.D. 3/93).

Debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada y el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena, pero también como lo señalara el Dr. Lucero la postura asumida por la demandada, pues esa parte sostuvo la inexistencia de la relación laboral y por ende "el rechazo de la acción en todos sus términos, con costas a los actores" (p. XII. 6., fs. 43 vta.).

Resulta así que la demandada resultó claramente vencida ante el posicionamiento que adoptó en su escrito de contestación, para lo cual se entiende como litigante vencido o perdidoso aquel en contra del cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial (Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 261, y nota n° 45 con cita de doctrina).

Y es el hecho objetivo de la derrota lo que determina la condena en costas. Su fundamento no es otro, que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ediar, 2da. ed., 1961, T. IV, pág. 527).

Con tales alcances, y toda vez que por "parte vencida" debe entenderse a aquélla que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso (conf. Palacio, ob. cit., 1970, T. III, par. 312 b), pág. 369), se desestima el agravio.

5. Resta por considerar los agravios de la demandada introducidos en su informe al p. VI (fs. 396 vta./397) en lo que hace a la regulación de honorarios practicada a favor de los letrados de la parte actora y del perito contador por considerarlos elevados.

En tal sentido, el planteo resulta inadmisible ya que la apelación de honorarios es una vía recursiva autónoma regulada por el art. 49 de la ley arancelaria, por lo que la interposición y concesión del recurso tiene un específico tratamiento que impide considerar que el mismo se encuentra implícito en el deducido contra la sentencia definitiva, conforme al art. 61 de la ley 69.

Es que, la demandada al interponer a fs. 388 recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en la anterior instancia no dedujo apelación por honorarios, motivo por el cual y por tratarse de cuestiones procesales diferentes sometidas a distinto régimen (arts. 61 de la ley 69 y art. 49 de la ley 2.200), no puede quedar comprendida dicha materia en el citado recurso.

Así, al no articular el recurso autónomo previsto en la materia no se encuentra abierta la jurisdicción de esta Alzada para abordar dicha cuestión, lo que impide ingresar al análisis de la misma.

Es criterio invariable de esta Cámara, ya en su composición de sala única, a partir de la c. 9039, S.D.C. 20/91, también S.D.C. N° 15/96; esta sala "B", S.D.C. N° 02/2002, S.D.L. 36/2005, S.I.C. Nos. 116/00, 19/2001, y 172/2002, entre otros pronunciamientos.

Con tales alcances, al no quedar abierta la jurisdicción ello impide el tratamiento de la queja y conduce a la deserción parcial del recurso en este tramo.

6. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo prudente los emolumentos que propicia regular el vocal que me precede en la votación a favor de los Dres. N. O. M., P. A. S., y L. C. B., estos dos últimos profesionales en forma conjunta, en la sumas equivalentes al 2,8% y 5,88%, respectivamente, del monto del proceso que resulte en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada vencida en ella.

3) REGULAR honorarios, por sus tareas de Alzada, del siguiente modo: al Dr. N. O. M., en la suma equivalente al 2,8%; y a los Dres. P. O. S. y L. C. B., en conjunto, a la suma equivalente al 5.88%, del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. respectivo.

ASI LO VOTO.

A LA MISMA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:-- El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.- Así lo voto.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones; RESUELVE:

CONFIRMAR el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a la parte demandada vencida en ella;

REGULAR honorarios, por sus tareas de Alzada, del siguiente modo: al Dr. N. O. M., en la suma equivalente al 2,8%; y a los Dres. P. O. S. y L. C. B., en conjunto, a la suma equivalente al 5.88%, del monto del pleito que se determine en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. respectivo.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

l.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 01 DE 2006 - SDL.- Conste.-