marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acto administrativo, legalidad objetiva, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Silvia B. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-03

Un acto es ilegal cuando no concuerda con la norma jurídica que prescribe lo debido, importando violación del orden jurídico. La ilegalidad se configura, entonces, cuando el acto u omisión se hallan desprovistos se sustento normativo, prescindiendo lisa y llanamente de la ley. La arbitrariedad, por su parte, es la manifestación caprichosa sin principios jurídicos, involucrando los conceptos de irrazonabilidad e injusticia. Se exterioriza inclusive cuando aún apareciendo el acto o la omisión formalmente fundados en una norma, ésta es aplicada con error inexcusable, exceso ritual o autocontradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso, por nombrar algunas de las causales que a lo largo de los años han ido esculpiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Impuestos, determinación de oficio, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO-ADMINISTRATIVO
Carátula: "Comercio  Internacional  SA c/ AFIP DGI -Resol 6 7 8 9 10 y 11/00 s/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-30

Las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar la nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69 y 328:53) (Del voto del juez Morán, cons. VI).
Ministerio Público Fiscal, uso de documento falso, delitos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Lopez Espinoza, Sonnia Esther s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-04

Corresponde tener por desistido el recurso de casación si el titular del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia cumplió el requisito exigido por el art. 443 tercer párrafo CPPN, al manifestar que la imputada desconocía la falsedad de su documento y que sólo advirtió dicha irregularidad al intentar obtener su número de CUIL y, asimismo, señaló que la conducta de la encartada debió ser analizada teniendo en cuenta el contexto social y la vulnerabilidad en la que se encontraba y consideró que en la causa se estaba criminalizando al más débil y último eslabón de la cadena del delito.
Acusación, monto de la pena, indeterminación de la imputación, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Ugarte, Luis A. y otro s/ Acusación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-26

Encontrándose mencionadas las conductas que se ponen en cabeza del querellado y surgiendo del contexto de la causa la imputación concreta que se formula, es válida la acusación formulada, no causando tampoco su nulidad la omisión de requerir el "quantum" de la sanción a imponer.
Excepciones dilatorias, domicilio real
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTAÑA HNOS. c/ CIA GENERAL DE F.F.C.C. DE LA  PCIA.  DE BUENOS AIRES s/ DEMANDA - OMISION DE DOMICILIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1928-05-23

La omisión del domicilio real del actor en el escrito de demanda, autoriza la excepción de defecto legal en el modo de proponerla.
Jueces, juez de instrucción
Materia: PROCESAL
Carátula: J. Y OTRO s/ JUZGADO DE INSTRUCCION TERCERA NOMINACION DE ROSARIO.    COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 39-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-03-18

El artículo 44 primer párrafo, de la Ley Orgánica de Tribunales establece el orden de suplencia de los Jueces de Instrucción, entre los que no enumera a los del Trabajo. La ley reguló así por quién y en qué orden se produce esa suplencia; de allí que frente a esa exclusión legal, los magistrados están inhibidos para aceptar una intervención que no les ha sido discernida, y resulta irrelevante la que hayan asumido en autos.

En el caso, corresponderá sin más, y teniendo en miras la celeridad que debe imprimirse a la causa, disponer el envío de los autos al Juez en lo Civil y Comercial de la Décima Quinta Nominación de Rosario, último que intervino de entre los previstos en el citado artículo 44, primer párrafo.

Y este deberá disponer las medidas que correspondan de acuerdo a derecho, y en su caso arbitrar las que sean necesarias para que no se produzca, a raíz de excesivas demoras, una efectiva denegación de justicia.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN CARLOS ORLANDI Y NELIDA NOEMI MARTINEZ DE ORLANDI c/ ELECTROQUIMICA EL CARMEN s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD c/ ELECTROQUIMICA EL CARMEN s/ RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-12-18

En tanto el proceso se mantenga vivo, resulta admisible la verificación tardía, la cual puede articularse hasta que la resolución de conclusión del concurso quede firme. Conclusión no significa clausura, ya que en esta última subsiste el estado concursal.
Medidas cautelares, atención médica domiciliaria, verosimilitud del derecho invocado, confirmación de sentencia, personas con discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: Bekers de Perez Marquez, Margarita Ana c/ OSDE s/ Incidente de medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-09

Las conclusiones del informe sugieren seguimiento médico domiciliario con asistencia de enfermería por dos horas diarias y tres sesiones semanales de kinesiología, sin otro dispositivo profesional o institucional. No obstante, también se dice allí que la actora presenta patologías múltiples con compromiso multisistémico. En ese plano se destacan su enfermedad de Parkinson y su artrosis severa, dolencias que se califican como crónicas e irreversibles y que la hacen dependiente para las actividades de la vida diaria. Ponderando esas características, así como el hecho de que al momento de iniciarse las actuaciones la actora ya se encontraba institucionalizada y que el documento sugiere mantener esa situación, el tribunal juzga que existe suficiente verosimilitud en el derecho invocado para confirmar la decisión del juzgador. En tal sentido, es pertinente recordar que el art. 32 de la Ley N° 24.901 contempla la prestación de hogar como el recurso institucional destinado a brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales de las personas con discapacidad, comprendiendo vivienda, alimentación y atención especializada. Cabe recordar que, como señalara la Corte Suprema en Fallos: 327:2413 ("Lifschitz") el objetivo de la ley se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encontraren, en esas condiciones, franquicias y estímulos que permitan, en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca.
Aplicación de la ley, responsabilidad del concesionario (comercial)
Materia: PENAL
Carátula: F, G. s/ Infracción artículos 1 y 36 inciso B) de la ley 6789 (EXPTE. Nº   100-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-08-20

La ley de juegos prohibidos contiene un sistema procesal propio, de trámite sumario, inquisitorio y autónomo.
Faltas, procedimiento administrativo de faltas, unidad administrativa de control de faltas, revisión judicial de actos administrativos, facultades del juez, control de legalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO SOC. CIVIL s/ s/ Cables expuestos y otras - APELACION Cables expuestos y otras - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-26

El procedimiento administrativo y el judicial conforman dos instancias independientes, lo que equivale a decir que lo resuelto por el Controlador no obliga al juez de la causa ni cerca su competencia; lo contrario implicaría vulnerar garantías expresamente acordadas en la Constitución Nacional, a la vez que alterar la sustancia del principio republicano de gobierno -lo que ocurriría si se vedara o limitara al Juez el ejercicio del control de legalidad de lo decidido en sede administrativa-.

El diseño de judicialización de las infracciones declaradas y sancionadas por la Administración no se ha delineado al solo fin de otorgar una chance al administrado para que se mantenga o reduzca el castigo impuesto; la susceptibilidad de ocurrencia de la contingencia apuntada devendrá, del necesario análisis efectuado por el Juez en relación a lo que adopta naturaleza técnica de causa judicial, examen que sí constituye el fin último del cambio de radicación de las actuaciones -cuya voluntariedad no sólo se establece en función de la presunción de legitimidad de los actos administrativos que originan y concluyen la vía, sino, además, en el otorgamiento al peticionante de aquella seguridad de que el perfil sancionador de la autoridad será racionalmente ejercido, lo que en el caso implica activar la manda republicana de control recíproco de los actos emanados de los poderes del Estado-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Diez, Ramiro s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

Es indudable el sentido de la voluntad del legislador, que ha querido restringir el recurso de inaplicabilidad de ley viabilizándolo únicamente en favor del condenado por delitos graves, o de aquél que cuente con un pronunciamiento originalmente liberatorio luego revocado. La coherencia del sistema se refuerza si se piensa que en el caso de que cualquiera de las defensas que contempla el art. 357 sean planteadas como previas, su resolución favorable al procesado en primera instancia, cuando ese fallo es revocado por la alzada, habilita el tratamiento del recurso conforme al art. 350. Por ello, el art. 350 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) limita el catálogo de decisiones susceptibles de ser impugnadas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a las específicamente allí mencionadas.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: PANTANO Héctor Gerónimo c/ Constructora ICA Arg. S.A., Panedile Arg. S.A. y C.P.C. S.A. s/ Cumplimiento de Contrato - Ordinario - Casación e Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-20

El recurso extraordinario de casación sólo es admisible en materia de honorarios cuando se discute la aplicación o interpretación de aquellas normas de la ley arancelaria que, en tanto deciden la procedencia y alcance de la pretensión regulatoria, son asimilables a "normas de fondo".
Jurisdicción y competencia, competencia federal, homicidio, servicio militar
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ramón Rodolfo REYNOSO s/ COMPETENCIA  FEDERAL  - CAUSAS PENALES - HOMICIDIO CULPOSO - SERVICIO  MILITAR - FUERZAS ARMADAS  -  EMPLEADOS DE  LA  NACION CON FUNCIONES  FEDERALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-04

Si el homicidio culposo investigado acaeció en circunstancias en que el imputado cumplía un acto del servicio militar, su actuación en tal sentido -si bien con las particularidades propias del estado que reviste- debe equipararse, a los fines de fijar la competencia, a la de aquellos empleados de la Nación que desempeñan funciones eminentemente federales, por lo que su juzgamiento resulta privativo de la justicia de excepción.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abdala, José Luis y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción- Caducidad   de instancia (Expte. CSJ N.  621-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-03

Corresponde declarar la caducidad de la instancia si la causa no se encontraba pendiente de resolución y los recurrentes no han demostrado que no podían instar su curso. Ello por cuanto si bien es cierto que, los términos de caducidad pueden dispensarse si se demuestra en el caso concreto su improcedencia, ésta debe surgir del estado del expediente (pasado a resolución) o de la imposibilidad de la parte actora de instar el trámite, circunstancias que no se presentan en la especie.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Foschiatti Jorge Andrés c/ S.A. Talleres Metalúrgicos San Martín Tamet s/ Haberes adeudados, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-04

El escrito obrante en autos no constituye una verdadera expresión de agravios en los término del art. 260 del CPCC, en tanto no trasluce una crítica razonada, seria y concreta de la sentencia apelada, de entidad tal que haga perder a la misma su jerarquía conclusiva, por cuanto la alegación de que la sentencia solo contiene simples afirmaciones dogmáticas, no constituye crítica de las consideraciones de hecho y derecho efectuadas por la sentenciante en el fallo apelado, al no precisar el error o deficiencia que atribuye a los fundamentos esgrimidos por la Juez para fundamentar su decisión que hace lugar a la demanda, prescindiendo de toda referencia concreta, sobre bases jurídicas, que posibilite un punto de vista diferente al de la sentenciante.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apartamiento de las constancias de la causa, prueba pericial
Materia: PROCESAL
Carátula: Lemucchi, Italo c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

Es arbitrario el pronunciamiento que, al desestimar el valor probatorio de la pericia efectuada por el experto designado de oficio, prescindió de ponderar que la demandada no había impugnado las conclusiones en él expuestas, ni había cuestionado en esa oportunidad el método utilizado por el perito a los efectos de calcular el porcentual de incapacidad, omisión relevante pues se restó al experto la posibilidad de explicar los fundamentos científicos del peritaje (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Carlos S. Fayt).
Concursos, desistimiento, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Cientotres S.A. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

Es formalmente admisible el recurso deducido contra la decisión que ordena el desistimiento del proceso concursal como sanción, pues debe considerársela ajena al principio general de inapelabilidad imperante en la materia (conf. art. 273 in una interpretación finalista y funcional de los preceptos de la ley concursal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Suspensión del juicio a prueba, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Ribeiro, Guillermo Manuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-16

El consentimiento del fiscal impide que el tribunal alegue falta de certeza respecto del carácter y monto de pena que le correspondería al encartado. (Dres. Diez Ojeda, González Palazzo, Hornos).
Sociedades comerciales, contratos de colaboración empresaria, joint venture
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODUCTORES  DE  FRUTAS  Y HORTALIZAS SA c/ AKZO NOBEL FUNCTIONALCHEMICALS  SA  Y  OTRO  S/ s/ ORDINARIO  -  PRODUCTORES  DE  FRUTASARGENTINAS  COOPERATIVA  DE  SEGUROS C/ M DODERO COMPAÑIA GENERALDE  SERVICIOS  S/  ORDINARIO  - M  DODERO  COMPAÑÍA  GENERAL  DESERVICIOS SA C/ AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS SA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Dentro de los contratos de "joint venture" se puede distinguir, por un lado, el "joint venture societario" que se canaliza por medio de la figura de una sociedad en la cual los contratantes son sus socios y por el otro, el "joint venture contractual", utilizándose esta expresión para denominar a toda relación de colaboración o emprendimiento común entre dos o más empresas que desean excluir una relación societaria (conf. Farina, Juan M.

"Contratos comerciales modernos"; Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, página 786). Asimismo, cabe referir que este tipo de contratos tiende a la concreción de inversiones conjuntas o a la realización de obras de complejidad tal que hagan necesaria, para su ejecución la participación de empresas diversas, pero complementariamente especializadas (conf. Farina, Juan M.;

"Contratos.", antes citado, página 786). En cuanto a los requisitos que deben cumplir un contrato para ser considerado un "joint venture" ha sido dicho que éste debe estar destinado a un único proyecto, que debe existir una comunidad de intereses y una búsqueda de utilidad común, que cada uno de sus integrantes debe tener la facultad para obligar a los otros en cuestiones que estén estrictamente dentro del ámbito de actuación del negocio y, por último, que todos los integrantes deben tener alguna forma de control y dirección sobre el proyecto, aunque se delegue el ejercicio de ese control en los demás partícipes (conf. Le Pera, Sergio en "Joint venture y sociedad"; Ed.

Astrea, Buenos Aires 1992, página 74/6). En la misma línea, se ha sostenido que constituyen elementos esenciales del "joint venture" la existencia de un negocio determinado o único, el derecho de un control mutuo o el derecho de opinar en la administración, un aporte conjunto y una comunidad de intereses en dichos bienes, la expectativa de derivar en lucro y el derecho conjunto de participar de las utilidades (conf. Segal, "Joint adventures. The sharing of losses dilemma", citado por Marzoratti, Osvaldo J. en "Alianzas estratégicas y joint ventures"; Ed Astrea, Buenos Aires 1996, página 75).
Improcedencia del recurso, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Coronel, Paulo Ceferino c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-21

Está debidamente fundada la oposición del MPF si el hecho atribuido al imputado tuvo lugar -presuntamente- durante el término de la suspensión anterior y en cuya virtud fue dictada la extinción de la acción penal, de modo tal que no se constata la expiración del plazo de suspensión que el art. 76 ter -anteúltimo párrafo- CP prevé como punto de partida para el cómputo del plazo de ocho años allí establecido ni, correlativamente, el transcurso de este último.
Cuestiones de competencia, comunicaciones entre tribunales de distinta jurisdicción, quiebra, ley de orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Resinas Misioneras S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-23

Corresponde que el juez provincial de cumplimiento a la rogatoria librada por el juez nacional ya que la norma de la Ley de Concursos y Quiebras que manda al Agente Fiscal a cumplir diligencias en ajena jurisdicción (art. 258 de la ley 24.522) prevalece ante las normas locales y aun sobre la ley 22.172 relativa a comunicaciones interjurisdiccionales porque aquélla es especial con relación a la materia y de orden público.
Acción de inconstitucionalidad, interposición de la demanda, plazos procesales, ordenanzas municipales, clausura del establecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Suayter, Luis Eduardo s/ Acción de inconstitucionalidad- medida innovativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-07-05

A sabiendas de la imposibilidad jurídica de continuar con la explotación de su negocio, el actor la desconoce, hace caso omiso a la advertencia de la autoridad competente (Dirección de Espectáculos públicos de la Comuna capitalina) y recién cuando aquélla se patentiza se siente perjudicado. Es desde el momento en que entra en crisis la autorización municipal que queda afectado el patrimonio, en particular, el valor de la llave del negocio, y es desde este conocimiento en que comienza a correr el término previsto por la norma procesal. El plazo en cuestión no se origina al momento de la clausura del local. El impacto en los derechos del titular de la acción se produce cuando toma conocimiento fehaciente del impedimento que contiene la Ordenanza atacada, y desde allí debe contarse el plazo para la interposición de la Demanda. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, obras sociales, relaciones de familia, hijos, prestaciones de la obra social
Materia: CIVIL
Carátula: AGUAISOL VALDEZ, Néstor c/ AGUAISOL, Gustavo Alejandro; AGUAISOL, José Luis s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01

Respecto a la situación con la obra social, debemos señalar que la cobertura para los hijos se extiende hasta los veinticinco años (art. 9 Ley 23.660) . En consecuencia cuando se ventile un tema respecto de las obras sociales se deberá tener presente la edad del hijo que se encuentre a cargo del litigante.

Sin embargo en algunas situaciones la cobertura de la obra social puede continuar en tanto se presente la documentación que habilite la extensión, aún cuando se decida el cese de la obligación alimentaria.
Juicio ejecutivo, falta de personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Alem 4551 Mar del Plata c/ Martínez, Mirta G. s/ Ejecución Agromadera S.A. c/ Jewgeniuk, Patricia A. s/ Ejecución y embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18|1996-02-13

La excepción de falta de personería no procede si con posterioridad a su deducción se subsanó el presunto vicio, o la deficiencia anotada, sin perjuicio de lo que se decida en cuanto a la imposición de costas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, sanciones procesales, temeridad o malicia, oportunidad procesal, deberes del juez, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Balza, Rosa Flora c/ Gobierno de la Cdad. de BS. As. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

El silencio del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires respecto del momento en que debe calificarse la conducta de la parte a fin de establecer si ha incurrido en temeridad o malicia, en el ámbito local débese estar a lo dispuesto por el inciso 6 del artículo 27 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, en cuanto ordena al juez declarar su existencia al momento de dictar sentencia definitiva. Declarada la caducidad de instancia, no procede la calificación de conducta de la parte.
Honorarios del escribano, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zito Fontán, Osvaldo c/ Formigoni, José María y otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Están cubiertos por el art. 4032 inc. 2º del Código Civil, los créditos provenientes de actividades notariales preparatorias o posteriores al acto escriturario, aún en el supuesto en que no se hubiere realizado el acto de referencia.
Robo calificado, participación necesaria, campana
Materia: PENAL
Carátula: GUARDIA, Carlos s/ ROBO - PARTICIPACION COMPLICE PRIMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-29

Corresponde considerar al procesado como "cómplice primario", ya que quien presta colaboración al autor desempeÑándose como "campana", podrá ser, según las circunstancias del caso, cómplice primario o secundario en el delito, pero nunca su autor, pues no ejecuta la acción típica de apoderarse. En el caso de autos el aporte del encausado fue imprescindible porque vigiló en el pasillo del edificio mientras el otro se introducía en el departamento, lo que no habría ocurrido de no haber estado el nombrado para servir de atento guardián a quién penetró en el departamento, atendiendo a que se debía realizar la maniobra de escalar y de penetrar por un estrecho ventiluz para llegar adonde estaban las cosas que se sustrajeron.