Empleo público, policía, sanciones disciplinarias administrativas, sumario administrativo, proceso penal, sobreseimiento, procedimiento administrativo, cuestiones prejudiciales, reclamo administrativo previo, cosa juzgada administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bustos Enrique c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Contencioso Administrativo - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-15

1- La sanción penal no excluye a la disciplinaria, ni éste a la otra, pudiendo imponerse las dos, o bien, una de ellas por quien jurídicamente corresponda, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes.

En principio las sanciones son independientes y autónomas entre sí: la jurisdicción penal se propone el castigo de actos constitutivos de delitos, mientras que la potestad administrativa tiene como fin específico el orden y disciplina que deben imperar en la Administración.

Como principio general la sanción disciplinaria puede disponerse en cualquier momento sin esperar la decisión penal, cuando hubieren suficientes elementos de juicio para la determinación de la responsabilidad administrativa.

Incluso, la absolución judicial, la prescripción del delito o el perdón del particular damnificado, no eximen la aplicación de la sanción disciplinaria.

2- Cuando el juez penal afirme en su sentencia que el mismo hecho sobre el cual recae la sanción disciplinaria, no se cometió no fue realizado por el imputado, es obligación de la Administración la no aplicación de sanción disciplinaria alguna.

Dicha hipótesis no acontece si la Justicia Penal resolvió dictar sobreseimiento defintivo del imputado en razón de la prescripción de la acción penal sin hacer referencia a la existencia o inexistencia de los hechos configuradores de la falta administrativa imputada.

3- Aún cuando los hechos que son cabeza del sumario administrativo puedan coincidir con la imputación fáctica penal, sólo será materia de sanción administrativa aquel hecho que comporte una irregularidad administrativa, esto es, el incumplimiento de un deber administrativo.

La causa que motivó la sanción expulsiva -cesantía- encuentra fundamento en la comisión por parte del actor de una falta administrativa contemplada en el artículo 426 inciso 15 del Decreto 1061 - Serie "A"/62, que al margen de la responsabilidad penal compromete el fin y la naturaleza del cargo -empleo público- para el que fue nombrado.

En tales condiciones, no se configura un supuesto de prejudicialidad penal que ivncule positivamente el ejercicio de la potestad sancionatoria a una decisión jurisdiccional de carácter penal.

4- La pérdida del derecho a la estabilidad del personal policial por las causales regladas en los distintos incisos del artículo 14 de la Ley 5302, radica en que el agente ha exhibido un comportamiento que es absolutamente incompatible con los estándares de conductas expectables exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, a quienes tiene a su cargo la custodia de la seguridad de toda la comunidad.

5- A los efectos disciplinarios el valor del sobreseimiento dispuesto en sede penal dependerá de los términos en que el mismo fuera efectuado, lo que deberá ser detenidamente analizado, ya que en supuestos donde la sanción tuviera como sustrato el mismo hecho, sólo cuando dicho sobreseimiento se fundase en la inexistencia física del hecho objeto de la investigación, o, existiendo el mismo que no hubiese sido cometido por el actor (C.P.P. art. 337 inc. 1, texto según Ley 5154 c.c. art. 350 inc. 1, texto según Ley 8123) podrá válidamente ser invocado como causal extintiva de dicha potestad sancionadora.

6- Si la Justicia Penal resuelve sobreseer al encartado por prescripción de la acción penal, subsiste la responsabilidad administrativa de su obrar, al no prejuzgar sobre la existencia del hecho configurativo de la falta administrativa y su atribución subjetiva.

En consecuencia, subyace en la situación acaecida, una inconducta inmoral del actor que aún cuando no configure delito alguno, constituye una falta administrativa susceptible de la cesantía aplicada.

7- El principio de prejuidicalidad no es de estricta aplicación si existen elementos de juicio suficientes para la imposición de la sanción administrativa que difieren con los necesarios para que se configure la responsabilidad penal, aún cuando ambas responsabilidades hayan recaído sobre los mismos hechos.

Las sanciones administrativas se instituyen como de jurisdicción local porque sancionan antijuridicidades que se refieren a bienes jurídicos de contenido distinto al que custodian las figuras delictivas del Código Penal. Esto impone reconocer que son siempre los contenidos de los bienes jurídicos amparados los que establecen las diferencias entre las figuras delictivas del derecho penal y las faltas del derecho disciplinario.

La sanción disciplinaria que se impone al agente tiene por objeto reprimir las transgresiones de sus deberes públicos hacia la Administración estatal. El delito impone la aplicación de otras normas diferentes que juzgan conducta y donde la potestad disciplinaria nada tiene que hacer en ese ámbito. Esta última se distingue como actividad de la custodia y buen orden de la función y organización de la Administración sobre sus agentes.

El derecho procesal disciplinario tiende a investigar la existencia de una falta, en ninguna forma la búsqueda del delito. Su objeto sustancial es comprobar, verificar, investigar, el incumplimiento que ha provocado la falta del agente.

8- La cosa juzgada administrativa viene a significar el presupuesto para la revisión o impugnación del acto administrativo por el órgano jurisdiccional. Constituye un vallado contra la arbitrariedad y la inestabilidad de los derechos adquiridos que se impone al uso indebido de facultades revocatorias de la Administración Pública.

La cosa juzgada administrativa sólo es definitiva e irrevisible para la Administración Pública y a favor del administrado, en principio únicamente revisable por ante la jurisdicción.

Así la cosa juzgada administrativa aparece como una consecuencia del principio general de que la Administración no puede ser juez de sus mismos actos, cuando ellos han creado situaciones jurídicas subjetivas particulares. Esta clase de irrevisibilidad va contra la Administración, pero también es una garantía para el particular.

Deviene por tanto improcedente la pretensión de incoar los efectos de la "cosa juzgada administrativa" propia de los actos administrativos definitivos, respecto de un acto preparatorio de la voluntad administrativa que traduce el ejercicio regular de la potestad sancionatoria.