Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-09


TS07D40973 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA N°: 40973 CAUSA N°: 13.851/07 - SALA VII - JUZGADO N° 49 En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de junio de 2.008 para dictar sentencia en estos autos: "BERNAL, JORGE HORACIO Y OTROS C/ LA CAJA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO ART S.A. s/ Accidente - ley especial", se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:

I) Apela la demandada el fallo de primera instancia que hizo lugar a la demanda en la cual se reclamara el pago de resarcimiento por incapacidad de que, en vida, padeció la Sra. María Adriana Bruno (fallecida) como consecuencia del accidente de trabajo que sufriera el día 26.12.02, oportunidad en la que resbaló y cayó al piso cuando ingresaba a su oficina en cumplimiento de sus funciones.

II) No veo verdaderamente atendible el planteo de la recurrente relativo al rechazo de la excepción de prescripción.

En efecto, no está discutido a esta altura del proceso que el evento dañoso de marras data del 26.12.02 mientras que la demanda fue interpuesta el 07.07.05. Y si bien en una lectura somera o superficial podría pensarse que entre ambas fechas transcurrió un plazo mayor al bienal estatuido en el art. 258 de la L.C.T., no lo es menos que la primera de ellas no es la fecha correcta que debe reputarse para el cómputo de la prescripción.

Frente a la minusvalía sufrida en ocasión del trabajo, la trabajadora -en forma concomitante con la fecha en la cual intimó para que se le abonen las sumas adeudadas- se atuvo al trámite de las actuaciones por ante la Aseguradora de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (v. fs. 82/94), las cuales recién culminaron el 15.7.03, y es ésta es recién la fecha desde la cual debe computarse y comenzó a correr el plazo para computar la prescripción.

Por otra parte, en el transcurso de dicho trámite, la parte actora intimó mediante despacho telegráfico individualizado con la letra "L" del anexo 2.940 (que mereciera la réplica de la aseguradora cuya copia se encuentra glosada a fs. 69) que dice lo siguiente: "intímole término 48 hs. al reconocimiento del accidente de trabajo oportunamente denunciado, de conformidad con los términos de la ley 24.557 y a otorgar las prestaciones que correspondan..." (sic, despacho citado), requerimiento de la trabajadora formalizado mediante dicho despacho telegráfico que, sumado al contemporáneo reclamo administrativo, dan cuenta clara de que a ese momento mantenía vivo y en expectativa su derecho.

No hay duda alguna, a esta altura del análisis de los acontecimientos, que el trámite administrativo así como el despacho intimatorio aludido son susceptibles de ser calificados como "interpelación fehaciente" o hechos verdaderamente interruptivos de la prescripción liberatoria en los términos del art. 3.986 del Código Civil (en igual sentido, esta Sala en: "Márquez, Alberto c/ A.E.G. S.A. y otro s/ Despido"; S.D. 30.022 del 04.11.97; y en: "Reinoso, Daniel Esteban C/ Consorcio de Propietarios Club Náutico Isla Santa Mónica y otro s/ Despido", S.D. 35.365 del 17.07.01).

Por todas estas razones, considero que no transcurrió el plazo bianual del art. 258 de la LCT, ni tampoco se observa que la trabajadora hubiera tenido la menor intención de abandonar o dejar de hacer valer su derecho (en igual sentido, v. de esta Sala: "García, Claudio Alberto C/ Ashira S.A. S/ Accidente - Ley 9.688", S.D. 38.947 del 15.12.05).

III) La apelante se agravia también por el hecho de que fue condenada a abonar la indemnización producto del accidente de trabajo a los herederos de la dependiente fallecida, ello con más los intereses determinados en la sentencia, cuestión que ataca por el hecho de que -en su opinión- habría puesto a disposición de la trabajadora oportunamente las sumas liquidadas como consecuencia del evento dañoso, y que éstas no fueron retiradas por su exclusiva voluntad, ya que las consideraba insuficientes.

A mi juicio, no tiene razón la apelante.

En efecto, el mero hecho de haber "puesto a disposición" las sumas correspondientes no eximen al deudor -en este caso, la aseguradora- de cumplir con la obligación impuesta a su cargo legalmente, ya que ésta debe ser cumplida en forma inmediata y tal obligación no depende de que el propio interesado se apersone a percibir las sumas en cuestión, toda vez que -si ello no ocurriese- el deudor bien pudo consignarla judicialmente, lo que no se aprecia efectuado en forma previa ni durante el trámite y substanciación del presente pleito -art. 386 del Código Procesal- (en sentido similar, v. entre otros, de esta Sala, los autos: "Braun, Ana María del Carmen c/ Laboratorios Lacefa SA. s/ Despido"; S.D. 37.535 del 17.05.04).

IV) La condena a abonar las "prestaciones en especie" -entendiéndose como tal a todo gasto derivado de la asistencia médica, famacéutica, prótesis, ortopedia y rehabilitación, entre otras- tiene, en el caso, plena justificación, ya que está probado que la trabajadora debió someterse a una operación quirúrgica, para lo cual tuvo que acudir a un préstamo de la empleadora para poder costearla (v. informe de fs. 307), así como también tuvo que costear gastos de ortopedia y rehabilitación (v. informes de fs. 205 y 207), entre muchos otros que -presumiblemente- debieron surgir como consecuencia directa e indirecta del accidente (manutención, traslados, cuidado, aseo, etc.) y que no requieren mayor rigor probatorio ni una prueba directa de su erogación, sino que bien son susceptibles de ser estimados bastando su correlación tanto con las lesiones como los inconvenientes sufridos, pues son propios y comunes a todos los desafortunados acontecimientos de la índole del presente (art. 386 del C.P.C.C.N.).

De esta forma, estimo que la labor de la " a quo" al justipreciar el monto de condena en este aspecto (de $11.691,99) encuentra apoyatura en lo dispuesto en los art. 163 inc. 6° y 165 del Código Procesal), a lo que hay que agregar que el monto señalado en modo alguno parece excesivo, teniendo en cuenta todas las dificultades e inconvenientes que tuvo que sortear y soportar la actora, quien quedó librada a la suerte de sus propios medios, frente a la falta de cumplimiento por parte de la aseguradora de lo previsto en el art. 20 de la ley 24.557. V) En cuanto a la crítica por el hecho de que la sentencia incluye el concepto "Daño moral" fundado, en el caso, en lo prescripto por el art. 522 del Código Civil, estimo que es procedente.

En efecto, el daño moral tiende a resarcir los sufrimientos que demanda la curación y los inconvenientes en la vida laboral y social; tiende a resarcir la lesión de los sentimientos por el dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual o, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria.

En el caso, no tengo la menor duda de que la trabajadora atravesó una etapa crítica y de sufrimiento, frente a la falta de satisfacción oportuna del crédito debido a una cerrada negativa oportuna de pago por parte de la aseguradora tanto de los gastos de tratamiento como de rehabilitación (hecho probado con el informe de la Obra Social de fs. 307/9, quien indica que fue ella fue quien solventó los gastos por la conducta asumida por la A.R.T), tal como lo señaló la sentenciante de primera instancia, se tornó acreedora al concepto en cuestión.

Por su parte, en resguardo del principio de congruencia, no corresponde tratar en esta instancia la argumentación de que el reclamo sería de naturaleza "personalísima" y -por tal razón- sólo estaría en cabeza del damnificado (y no sus herederos) el derecho de accionar al respecto, ya que en el responde se limitó a negar la procedencia del reclamo pero no hizo la menor mención del planteo que ahora formula (v. allí sólo se invocó una eventual "falta de precisión respecto de cuál habría sido el "menoscabo espiritual sufrido como consecuencia directa del trabajo y del infortunio acaecido..."; sic).

En tal sentido, tal defensa resulta extemporánea (art. 277 del C.P.C.C.N.). VI) Es abstracto expedirse sobre el planteo relativo a la eventual y oportuna negativa que la demandada dice haber efectuado respecto de la prueba documental acompañada por la actora, pues no explica qué incidencia tendría ello en el pleito, ni tampoco cambiaría su suerte, ya que la condena está basada en otros presupuestos fácticos y jurídicos y no precisamente se merituó sobre la misma.

Al respecto, debo recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado el criterio sobre el hecho de que el juez no está obligado sino sólo a analizar las cuestiones, pruebas y argumentos utilizados e invocados por las partes que, a su juicio, resulten decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jursprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal, y de esta Sala, ver: "Paz, Juan Carlos c/ Transportes Juan Ariel S.R.L. y otro s/ Despido"; S.D. 36.877 del 17.7.03).

Por lo expuesto, propongo la confirmación del fallo recurrido íntegramente.

VII) Sobre la base de los trabajos efectivamente realizados por los profesionales intervinientes, opino que -por aplicación del porcentaje regulado en su favor- sus honorarios son adecuadamente retributivos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

VIII) De tener adhesión mi voto, propongo que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada (art. 68 del Código Procesal), y fijar los emolumentos de alzada para cada una de las representaciones y patrocinios letrados de las partes en el 25% respectivamente de lo fijado, en favor de cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior (art. 14 de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432-).

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede. EL DOCTOR JUAN CARLOS EUGENIO MORANDO: No vota (art. 125 de la ley 18.345). Por lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar el fallo recurrido. 2)Imponer las costas de alzada a la demandada. 3) Fijar los emolumentos de alzada en el 25% de lo fijado, en favor de los profesionales intervinientes por las partes, por su actuación en primera instancia. 4) Se hace saber al obligado al pago del honorario de abogados y procuradores que, en caso de corresponder, deberá adicionar al monto de la regulación el de la contribución prevista en el inc. 2° del art. 62 de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se hace saber también que el obligado a afrontar las costas del juicio deberá adicionar en ocasión de abonar la tasa de justicia, la contribución prevista en el inciso 3 del citado artículo 62, todo bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA (artículo 80 ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y punto II Acordada C.S.J.N. No. 6/05).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.