Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-28


2º Instancia.- Santa Fe, febrero 28 de 2008.

1º ¿Corresponde la apertura de la instancia? 2º ¿Encuentran sustento las causales de impugnación invocadas? 3º En consecuencia ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Saux dijo:

No habiendo variado las circunstancias que motivaran el pronunciamiento de concesión del recurso de apelación extraordinaria que esta Sala expidiera al tratar la queja subsiguiente a su desestimación por parte del Tribunal Colegiado a quo, corresponde a la cuestión bajo tratamiento responder con la afirmativa, y en consecuencia así voto.

El doctor Cordini expresó:

A su vez, iguales razones en parecidos términos y votó, por lo tanto, en igual sentido.

El doctor Genesio dijo:

Habiendo tomado conocimiento de estos autos y existiendo votos totalmente concordantes de dos jueces, de conformidad al art. 26 de la Ley 10.160 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, me abstengo de emitir opinión.

2º cuestión.- El doctor Saux dijo:

Promovida demanda resarcitoria de daños y perjuicios patrimoniales y morales por C. V. contra la Empresa Provincial de la Energía por la suma de $ 250.000,- (monto luego elevado por la accionante hasta la de $ 700.000,- mas intereses desde el hecho dañoso y costas), se relata en el escrito introductivo de la instancia que el reclamante sufrió en fecha 6 de abril de 2001 un accidente de trabajo en oportunidad en que, contratado por la Empresa "ELMECO Ingeniería SAIC" -subcontratista a su vez de la EPE para el tendido de cables de energía eléctrica-, se hallaba subido a un poste instalando unos sunchos para colgar el nuevo cableado (todo ello conforme instrucciones recibidas de parte de sus superiores en la obra), en la localidad de Santa Rosa de Calchines, que es donde él vivía y vive, y en dicha ocasión sufrió un fuerte golpe de corriente eléctrica derivado de un cable de media tensión que se hallaba tendido por encima, a una distancia mas baja que la debida para evitar riesgos, y en el cual no se había cortado el suministro del fluido. Relata que como consecuencia del siniestro, además de quemaduras en su mano derecha, sufrió la amputación casi total de su pene, quedando éste reducido a escasos centímetros y con obvias limitaciones funcionales y reproductivas, todo lo cual le produjo una incapacidad tanto en la posibilidad de formar pareja, de tener descendencia, una incapacidad sicológica (manifestada en diversas exteriorizaciones, y propia de un hombre joven -22 años al momento del hecho- y sano, que abruptamente ve frustrada su perspectiva de vida normal futura y mutilado su miembro viril con todo lo que ello implica) y el consecuente daño moral. Alude a que si bien recibió la suma de $ 19.000 de parte de la ART que oportunamente fuera contratada por la Empresa para la cual él trabajaba, el reclamo es contra la EPE como tercero ajeno al vínculo que lo relacionaba con aquella, quien es reclamada como legitimada pasiva en su doble rol de dueña y guardiana del flujo eléctrico en la Provincia de Santa Fe, y en relación con el factor objetivo de atribución que se deriva del artículo 1113 del C. Civil, en correlación con el factor subjetivo culposo relacionado al hecho de no haber tomado las precauciones necesarias para que el accidente no se produjera (vide fojas 7 y ss.) Expresa que la ley 24.557 de accidentes del trabajo en su artículo 39 contempla la perspectiva de que el trabajador, sin perjuicio de lo recibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo obligatoriamente contratada por su empleador, demande la reparación integral del daño al tercero responsable del mismo (cuando lo hubiere), señalando que si bien en el sub lite no hay solidaridad de rango laboral entre la subcontratista y la EPE por cuanto el actor ninguna relación de dependencia tenia con respecto a la aquí demandada, la legitimación pasiva de la EPE opera como dueña y guardiana de la energía eléctrica y de sus conductores. Al contestar la demanda, la Empresa estatal (fojas 33/37) admite la relación laboral de V. con la firma subcontratista, y la existencia del accidente en el lugar y hora indicados en la demanda, pero niega que la línea de media tensión estuviera mas baja que lo normal, que V. sufriera la magnitud de los daños que relata, que la ART hubiera indemnizado parcialmente su incapacidad, y que la acción promovida "en base al artículo 39 de la ley 24.557 sea procedente". Agrega que la circunstancia de que la línea de media tensión de la cual se derivara el golpe eléctrico recibido por V. haya tenido corriente se debió a que "ELMECO" omitió requerir, según lo convenido en el pliego y base de condiciones de la licitación en la cual resultara adjudicataria de la obra pública, el corte del suministro, realizando lo que se denomina como "consignación" de la línea, vale decir, suprimiendo transitoriamente el flujo eléctrico; y pone de resalto que si la distancia entre ese tendido y el que se estaba por instalar era menor al reglamentariamente correspondiente por razones de seguridad, tal anomalía es sólo atribuible a la propia víctima y a sus superiores encargados de controlar la obra. Niega asimismo la entidad de los daños. Producida la prueba ofrecida en ambas piezas procesales, y luego de celebrada la audiencia de vista de causa (documentada en acta de fojas 181/vta., en la cual, como es usual, sólo se consignan los comparendos de los declarantes pero no sus dichos, ni tampoco el texto de los alegatos), el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual nº 1 de Santa Fe dicta sentencia a fojas 182/193 vta. de autos, haciendo lugar a la demanda y condenando a la EPE a abonar al actor las sumas de $ 150.000 por incapacidad o daño patrimonial y $ 40.000 por daño moral, todo ello mas los intereses y costas. Contra dicho pronunciamiento plantea a fojas 194/204 la Empresa Provincial de la Energía recurso de apelación extraordinaria, el cual, denegado en su concesión por el Tribunal a quo mediante resolución de fojas 211/213 vta., es concedido por esta Sala luego de planteada la queja por la demandada en auto que obra glosado a fojas 47/vta. del expediente que se agrega por cuerda a estos principales. A su turno, y conforme lo permite el artículo 569 del CPCyC, la parte actora apelada presenta el memorial facultativo que obra glosado a fojas 236/244 vta., impetrando la desestimación del recurso y la confirmación integral del fallo a quo. Al abrirse la queja, esta Sala hizo alusión a que si bien el agravio que desde esa apreciación liminar justificaba tal decisión era fundamentalmente el relacionado al hecho de que, según lo expuesto por la demandada, el Tribunal a quo no había atendido a su planteo de falta de legitimación pasiva en los términos del propio artículo 39 inciso 4º de la LRT (por no ser propiamente la EPE un "tercero" en la formulación teórica-normativa del mismo), también se aludió a que según doctrina judicial plena emanada del caso "Robledo c/Barceló" del 10.9.99, la concesión del remedio extraordinario habilitada a la Sala la revisión del fallo por otras causales, aunque las mismas no hubieran sido relevantes para viabilizar en sí mismas la queja. Hecha esta salvedad, y adentrándonos al análisis de los agravios que propone el recurso (en función del escrito de fojas 194 y ss.), es dable apreciar que las causales de descalificación de la sentencia que la Empresa recurrente postula se vinculan con dos supuestos puntuales. a) Uno de ellos es el contemplado en el artículo 42 inciso 3º de la LOT, consistente en el apartamiento del texto expreso de la ley. Al respecto se pone de resalto que el Tribunal Colegiado en ningún momento atendió la argumentación oportunamente expuesta por la ahora agraviada -tanto al contestar la demanda como al alegar- en el sentido de que si bien el artículo 39 inciso 4º de la ley de Riesgos y Accidentes del Trabajo nº 24.557 prevé la posibilidad de que el trabajador, además de lo percibido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, reclame al tercero que eventualmente es causante del accidente la reparación integral del daño en los términos del derecho civil, en el caso concreto la Empresa Provincial de la Energía que subcontrara con "ELMECO Ingeniería" no es ni puede ser propiamente un "tercero" en la configuración de dicha norma, habida cuenta que el artículo 12 del Decreto 491/97, reglamentario del mencionado artículo 39 de la LRT, expresa que "no se considerará tercero a los fines de las acciones previstas en los apartados 4 y 5 del artículo que se reglamenta, al empresario principal que ceda total o parcialmente, o que contrate o subcontrate, trabajos o servicios dentro o fuera del establecimiento". Se puntualiza -además- que hay también apartamiento de la normativa -laboral- con relación al mismo artículo 39 de la LRT, cuando pese a que la propia parte actora al demandar alude a que V. recibió una indemnización por incapacidad por parte de la ART, la misma no fue descontada del monto que según la sentencia la EPE debería abonar, según lo manda la parte final de dicho precepto. b) El otro agravio se relaciona con la causal de procedencia del RAE contemplada en el mismo artículo 42 de la LOT pero en su inciso 1º (apartamiento de las formas sustanciales con afectación del derecho de defensa en juicio), y se corporiza en la imputación de arbitrariedad por falta de debida fundamentación de la sentencia de anterior instancia en tres aspectos: b-1) En cuanto no analiza la incidencia exculpatoria que respecto de la proclamada responsabilidad de la Empresa Provincial de la Energía habría tenido el accionar de la propia la víctima, quien al absolver posiciones (respondiendo al punto 4º del pliego glosado a fojas 179) admite que habría realizado "una mala maniobra" consistente en alzar su brazo derecho para levantar elementos que estaban mas abajo; b-2) En lo concerniente a la apreciación que el fallo hace, a nivel de imputación de culpabilidad culposa a la EPE, respecto de los perfiles de la relación de control de normas de seguridad que conforme a los pliegos y bases de contratación debía tener la demandada con relación al personal de la sub-contratista, argumentando que esa observancia de dichas normas preventivas estaban a cargo de "ELMECO" y no de la misma EPE; y b-3) En lo tocante a los montos de condena, los cuales resultan por una parte excesivos (tanto la incapacidad fijada en la suma de $ 150.000,- como el daño moral en $ 40.000,-), y por la otra inmotivados en su determinación numérica. Cabe poner de resalto que el escrito por el cual se materializan los agravios, incumpliendo lo normado por el artículo 567 del CPCyC, se limita a solicitar la "revocación" del fallo a quo y el dictado de una nueva sentencia, pero sin precisar si se pretende la anulación o la casación. Por su parte, la actora apelada en el memorial facultativo glosado a fojas 236 y ss., solicita el rechazo del remedio extraordinario, consignando que en lo que concierne al principal agravio por el cual se abrió la queja, el planteo de la quejosa se aparta de la realidad de la causa, en la medida que lo que ahora se pretende (como interpretación del texto del artículo 39 inciso 4º de la LRT), controvirtiendo con ello la legitimación pasiva de la EPE, es un planteo que nunca fue introducido a la causa (ni al contestar la demanda ni al alegar), no ajustándose a la verdad lo expresado al articular la queja. Añade que contrariamente a lo expresado por la apelante, el fundamento de la demanda no estaba en la normativa laboral -más allá de que se haya hecho referencia a ella al señalar la perspectiva que confiere al trabajador la LRT de demandar por reparación integral del daño al tercero causante del mismo-, sino en el texto de los artículos 1113 y 1109 del Código Civil, siendo la EPE dueña y guardiana de la energía eléctrica que, como cosa riesgosa, generó al daño sufrido por V.. Concluye negando que pudiera predicarse culpa alguna de la propia víctima, y que los montos de condena resarcitoria sean desmesurados en función de la severa entidad del daño sufrido, acreditado holgadamente en su extensión y secuelas incapacitantes con las pericias agregadas a la causa. Así dadas las cosas, cabe entonces adentrarnos a la consideración de los agravios a los fines de elucidar si, realmente, los mismo justifican revocar el fallo a quo y, según los casos, anularlo y mandar a nuevo juzgamiento o aplicar esta Sala la doctrina judicial que se estime correcta. El primero de los agravios -que fue aquel en cuya virtud sustancialmente se abrió la queja, y que en aquella instancia estuvo en la óptica de esta Sala mas próximo a la causal de violación de las formas sustanciales que al invocado apartamiento del texto de la ley-, tiene que ver con la argumentación de que el Tribunal Colegiado no atendió -ni por ende trató- la argumentación defensiva de la demandada, supuestamente hecha al contestar la demanda y reiterada al alegar, conforme la cual no existiría legitimación pasiva válidamente predicable en la causa en la medida en que según la reglamentación del inciso 4º del artículo 39 de la LRT, la EPE como contratista principal no podría ser considerada como "tercero" en el vínculo que unía al actor con su empleadora "ELMECO Ingeniería SAIC" -la cual no es aquí demandada-. Varias consideraciones me merece el tema. Ante todo, como se dijo al abrir la queja, el análisis eminentemente provisorio que es inherente a la misma se relacionó en lo esencial con la invocación (liminarmente atendible, no contando con los principales) de omisión de tratamiento de una defensa jurídica supuestamente relevante. Mas ahora, con los principales a la vista, resulta atendible lo expresado por la actora apelada en el sentido de que concreta y específicamente no hay constancias en autos de que la empresa estatal demandada haya invocado antes de fundar el recurso de apelación extraordinaria tal argumentación. La contestación de la demanda, muy escuetamente, sólo dice que "..negamos que la acción que temerariamente se intenta, con base en el artículo 39 de la ley 24.557, sea procedente". No hay otra referencia en la causa -previa a la sentencia- de que la EPE no pueda ser considerada "tercero" en los términos de dicho precepto como causante del daño que se pretende resarcir a tenor de lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Reglamentario 491/97, tal como se lo postula al fundar el recurso de apelación extraordinaria.

Es cierto que por la propia estructura del proceso oral civil inherente a las causas tramitadas ante los Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extracontractual en la Provincia de Santa Fe no hay referencias documentadas de lo dicho en los alegatos, lo cual deja la duda respecto a si tal argumentación fue o no expuesta de manera expresa en dicha ocasión al alegar en el decurso de la audiencia de vista de causa, pero lo real es que, a la luz de las efectivas constancias de esta causa principal, no puede sostenerse con sustento real en los hechos que el fallo a quo haya omitido considerar tal argumentación, toda vez que no consta fehacientemente que haya sido en concreto postulada.

Es también cierto que, tratándose de una cuestión de derecho y no de hecho, el principio del "iura novit curiae" imponía al órgano juzgador conocer y aplicar la ley aun cuando la misma no fuera invocada por la parte interesada.

Pero aquí aparece un óbice a mi juicio dirimente en relación con el agravio: el fundamento de la pretensión contenida en la demanda no anida -como lo postula la contestación de la demanda- en el texto del artículo 39 inciso 4º de la LRT, sino que claramente se relaciona con la responsabilidad civil resarcitoria del código civil (arts. 1113 y 1109), priorizándose el rango de legitimado pasivo de la EPE como dueño y guardián de la cosa riesgosa -energía eléctrica- que, nítidamente, fuera el elemento causante del daño.

En tal dirección, la mención que se hace a fojas 8 -en la estructura de la demanda- a la ley de Riesgos y Accidentes del Trabajo tiene claramente por finalidad resaltar que el reclamo no se vincula con ningún tipo de solidaridad legal de la empleadora de V. ("ELMECO Ingeniería SAIC") con la Empresa Provincial de la Energía, destacando que ningún vínculo laboral unía a V. con la EPE, sin que pueda inferirse de lo allí expresado que el fundamento de la demanda se relacionaba con dicha preceptiva laboral.

A partir de allí, la mención de la contestación de la demanda en el sentido de que la pretensión sustentada en el artículo 39 de la LRT no era procedente deviene liminarmente errónea, toda vez que no se reclamaba por dicho precepto, sino por las normas propias de la responsabilidad aquiliana civil.

Trabada la litis en esos términos, la argumentación defensiva de la demandada debía direccionarse a intentar acreditar la existencia de un elemento que generara la ruptura del nexo de causalidad adecuada entre el hecho y el daño -culpa de la propia víctima, culpa de un tercero por quien no hay responsabilidad vicaria o caso fortuito no imputable-, siendo que se estaba claramente en presencia de un factor objetivo de atribución (con la consecuente presunción de causalidad) derivado del riesgo creado por una cosa (la energía eléctrica, conforme a lo normado por el artículo 2311, segundo párrafo, del C. Civil).

Y allí la cuestión se traslada a la consideración de los otros agravios, de los que me ocuparé infra, pero sin que pueda -a mi modesto juicio- coincidir con la recurrente en que media el vicio de apartamiento del texto expreso de la ley ni tampoco arbitrariedad por omisión de tratamiento de una defensa oportunamente propuesta.

Debo sí poner de resalto, antes de analizar esos otros agravios, que estando o no sustentada la pretensión de la actora en el artículo 39 de la LRT -no podría válidamente decirse que no lo estaba para cierto aspecto de la cuestión y sí para otro-, pero por simple aplicación del principio de evitación del enriquecimiento sin causa (singularizado en materia de responsabilidad civil aquiliana en el regla del "compensatio lucri cum damno"), si la misma accionante al demandar alude a que recibió una indemnización tarifada laboral por parte de la ART en relación con el mismo hecho lesivo, lo percibido en tal concepto debiera ser descontado de la indemnización integral concedida por el Tribunal a quo con fundamento en las normas del Código Civil, calculándose los intereses a la misma tasa que los aplicados para la condena resarcitoria y devengándose los mismos desde la fecha en la cual el pago fue efectuado por ese tercero en relación con esta causa.

Con ello, el reclamo de la apelante debe tener parcial atención en cuanto concierne a este tema -omitido en el fallo a quo, aunque tampoco fuera postulado al contestar la demanda, pero que se debe considerar en la medida en que mas allá de integrar un agravio del recurso implica, de no hacérselo, vulnerar aquel verdadero principio cardinal del derecho privado patrimonial- (conf. Luis Díez Picazo y Antonio Gullón, "Sistema de Derecho Civil", 6º Edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1993, Vol. II, pág.

571; así como Rubén Compagnucci de Caso, "Enriquecimiento sin causa" en "Derecho de Daños", 2º Parte, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 1993, pág. 363).

Esto sentado, la imputación de arbitrariedad por carencia o insuficiencia de fundamentos que se hace respecto del fallo a quo no parece como razonablemente atendible, en la medida en que el fallo de anterior instancia, aún con algunas vulnerabilidades argumentales (básicamente en mi parecer en relación con la justificación de la entidad de los rubros resarcitorios otorgados, los que incluso no se compadecen linealmente con los propuestos en la demanda, momento en el cual se pormenorizaron conceptos que luego aparecerían en el fallo como englobados en las nociones genéricas de "incapacidad" -bien que con la salvedad de que no proyectada sólo hacia la faz laborativa, sino abarcando también los condicionantes que la mutilación sufrida por el joven actor le generan en el marco de su futura vida de relación, y tanto desde lo físico como desde lo síquico- y daño moral.

He dicho también supra que el fallo a quo tampoco correlaciona la carga en costas en función del resultado numéricamente obtenido por el pretensor en relación con el otorgado (que es menos del 40% de lo reclamado, aun cuando sea sabido que el marco de discrecionalidad judicial en materia de responsabilidad aquiliana elastiza la pauta del artículo 252 del CPCyC), pero en orden a ello, no habiendo agravio singular, el principio dispositivo impide a esta Sala modificar los resuelto en anterior instancia.

Cuando se analiza la temática de la propia culpa de la víctima, en especial a la luz de lo por ella misma declarado al absolver posiciones, oportunidad en la cual (según lo relata la propia sentencia, ya que no hay registros de tal declaración que esta Sala pueda consultar por tratarse de un proceso oral) V. admitió haber realizado "una mala maniobra" al levantar su brazo para subir unas herramientas o materiales, tocando o aproximando su miembro superior al cable conductor de electricidad que le produjera la descarga por contacto directo o por arco voltaico, el Tribunal Colegiado (ver fojas 189) evalúa el hecho y le resta incidencia causal determinante para la génesis del accidente, calificando lo por el actor expresado como una maniobra que no se ubica fuera de lo usual y normal para efectuar su labor, teniendo por cierto que V. no tocó el conductor, conclusión que desde la lógica y la razonabilidad no luce desacertada, mas allá de la calificación ("mala maniobra") que la propia víctima hiciera de su accionar.

Dice la sentencia que levantar el brazo está "..dentro de las posturas, gestos, maniobras, que se podían efectuar para concretar el trabajo. No hubo nada extraño ni fuera de lo normal en la conducta del actor".

Tal aseveración no luce arbitraria y por ende no aparece como plausible de conformar el vicio de apartamiento de las formas sustanciales en la valoración de la prueba, en la medida en que no supone una caprichosa conclusión del órgano juzgador sino una opción -reitero, además próxima a la lógica- que se fundamenta y justifica.

Puede ser opinable la argumentación de la recurrente de que efectivamente, como lo afirma el fallo puesto en crisis, V. no hubiera recibido ningún tipo de preparación técnica laboral o entrenamiento previo, tal como él mismo lo manifiesta en su absolución de posiciones, a la luz de lo documentado en el expediente administrativo nº 1-2002-387.752 acompañado por la demandada como prueba documental, en el cual se alude al programa de capacitación impartido a los trabajadores con carácter previo al inicio de la obra, así como al hecho de que la víctima del infortunio llevaba ya dos meses trabajando antes de sufrir el lamentable accidente.

De todos modos, entrenado o no, lo cierto es que el hecho se desencadena no por un actuar negligente o culposo imputable a la propia víctima, sino por dos circunstancias ajenas a él: la proximidad indebida del conductor de media (tal como lo ilustra la prueba pericial de fojas 93/96, en particular a fojas 95), y la falta de interrupción ("consignación" de la línea, en lenguaje técnico) del fluido eléctrico en ella (ibidem).

Es pensable que, aún previamente capacitado, V. -o cualquier otro operario- igualmente hubiera sufrido el percance en tales condiciones No es ésta la oportunidad adecuada -en homenaje a la brevedad- para explayarnos sobre la noción conceptual de sentencia arbitraria (noción que informa la esencia del vicio que contempla el ya mencionado inciso 1º del artículo 42 de la LOT, vide al respecto de autoría del suscripto comentario a los artículos 564 a 566 del CPCyC en la obra "Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe - Análisis doctrinario y jurisprudencial", Editorial Juris, Rosario, 1997, tomo 2, pág. 659), pero sí cabe recordar que el mismo se vincula al pronunciamiento que priva al justiciable del derecho a la jurisdicción por omisión o disfunción valorativa o racional, imputaciones que no se sostienen cuando se las pretende subsumir en las constancias de esta causa.

Otro tanto puede decirse de la imputación de arbitrariedad relacionada con la valoración que el fallo hace de la falta de atención -por parte de la EPE- de los deberes de cuidado que en función de normas de seguridad plasmadas en los vínculos contractuales suscriptos con "ELMECO Ingeniería SAIC" como subcontratista al serle adjudicada la obra, se hallaban preordenadas con relación al personal que trabajara para esta última.

Es cierto que en relación con el pliego de bases y condiciones generales y particulares que entre la EPE y "ELMECO" se conviniera al adjudicarse previa licitación la obra los resguardos de prevención de infortunios laborales estuvieran a cargo de esta última (que era la empleadora de V.), pero no puede perderse de vista que mas allá de algunos recaudos preventivos existentes (V., que había sido provisto de casco y zapatos aislantes, probablemente no falleció al quedar inconsciente por la descarga eléctrica en razón de estar atado con un arnés que lo mantuvo colgando a ocho metros de altura), la descarga se produjo por la conjunción de aquellas dos circunstancias que ya presenciara supra: la escasa distancia con el conductor, y la falta de interrupción del fluido eléctrico en éste.

Y aunque en principio el control de tales recaudos debiera atribuirse a la subcontratista, no puede dejar de tenerse en cuenta que en base a testimonios creíbles de personas que estuvieron próximas al hecho (ver entre otros el relato de las deposiciones de Juan Carlos Castaño y Carlos Alberto Duttweiler, cuyos dichos el fallo a quo sintetiza a fojas 183 vta. a 185 vta.), personal técnico de la EPE (que hasta se lo individualiza por su apellido, Cozzia) supervisaba permanentemente la obra, aprobó la colocación del poste en el cual estaba subido V. (y con ello la distancia que mediaba con el conductor de media), y, lo que parece esencial, acredita que nunca se cortaba el fluido eléctrico en similares trabajos hechos en otros postes, todo lo cual compromete la responsabilidad del ente estatal en los términos en que lo postula la demanda, vale decir, no sólo desde un factor objetivo de atribución inherente a la esencia de cosa singularmente riesgosa del fluido eléctrico, sino también como responsable indirecto por la culpa por omisión de sus dependientes.

Puede ser atendible desde lo teórico que la interrupción del suministro de energía debía contractualmente ser requerido por la subcontratista, pero no deja de estar probado que la EPE a través de sus inspectores tenía debido conocimiento que tal prevención no se tomó en el caso, y no se tomaba tampoco en similares operaciones anteriores.

Por último, la predicada arbitrariedad en la determinación cuantitativa de los montos resarcitorios tampoco se sustenta, pese a que, como anticipara, hubiera sido deseable que la misma diera aún mayores pautas justificativas del razonamiento que llevara hacia el resultado numérico al que se arribara, respecto de lo cual el fallo echa mano fundamentalmente al resultado de las múltiples pericias rendidas en la causa (médica plástica de fojas 654 y ss.; médica urológica de fojas 117 y ss.; y psiquiátrica de fojas 168 y ss.), y en especial a esta última, expedida por un médico legista con especialidad en psiquiatría, en la cual se alude a la existencia de una incapacidad por daño psiquiátrico de entre un 50 y un 60% "de daño parcial e irreversible del valor total vida".

El cálculo que el Tribunal a quo evidentemente hiciera se relaciona con ese porcentaje de incapacidad de rango esencialmente síquico, y toma como pauta la edad de la víctima al momento del hecho, su expectativa de vida hasta los 70 de edad, y un salario mínimo vital y móvil (atento a la falta de acreditación de actividad laborativa singular del joven V.).

Y allí, ostensiblemente (de ello no hay agravio singular) se engloban otros rubros pedidos en la demanda (pérdida de chance, daño estético y daño sicológico), y aunque como he anticipado sería expectable que se abundara algo mas en la justificación de ese contexto de resarcimiento de daño personal de proyección patrimonial, no puede predicarse que en atención a las documentadas proyecciones graves que la amputación generara el el accionante, con previsibles secuelas físicas, funcionales y psíquicas que exhorbitan su mera aptitud para generar ganancias en orden a la subsistencia sino también para expandirse con dolorosa incidencia en su vida de relación, la conclusión sea arbitraria y deba ser descalificada.

Otro tanto puede predicarse de lo compensado por daño moral ($ 40.000), que aunque comparado con otras pautas resarcitorias supuestamente empleadas por el mismo Tribunal al indemnizar casos de privación de la vida respecto de los legitimados indirectos por igual tenor de afectación lesiva se dice que es excesivo, visto objetivamente, y en relación con la infrecuente naturaleza del daño sufrido y las condiciones personales de la víctima directa (hombre joven y hasta ese momento sano, soltero y sin hijos) personalmente diría que hasta es escasa.

Por todo ello, entonces, a la cuestión bajo tratamiento mi respuesta es en principio por la negativa, con la excepción de la referencia que hiciera precedentemente relacionada a la necesidad de compensar parcialmente lo percibido por el actor de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, y en las condiciones que se señalaran supra.

El doctor Cordini expresó, a su vez, iguales razones en términos semejantes y votó, por consiguiente, en igual sentido.

El doctor Genesio dijo:

Conforme al criterio sustentado al tratar la cuestión anterior, me abstengo de emitir opinión.

3º cuestión.- Los doctores Saux y Cordini manifestaron:

Sucesivamente, que de acuerdo a lo que antecede corresponde no hacer lugar al recurso de apelación extraordinaria, con excepción del agravio que impetra la compensación parcial de lo percibido por V. de la aseguradora de riesgos del trabajo, con similar cómputo de intereses a generarse que los dispuestos por el Tribunal a quo para la indemnización aquí reconocida, computables desde el pago.

Con relación a las costas, aun cuando la sentencia a qua no merituara aparentemente la sustancial reducción cuantitativa que ella misma dispusiera respecto del capital reclamado, no mediando agravios sobre la cuestión, las correspondientes a la anterior instancia sean mantenidas como se lo decidiera por el Tribunal de anterior instancia, y que las generadas en esta Alzada sean soportadas por su orden (art. 252, CPCyC).

El doctor Genesio dijo:

Por similares razones a las expresadas al tratar la cuestión primera, me abstengo de emitir opinión.

Por los fundamentos del acuerdo precedente, la sala primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, resolvió: 1) Hacer lugar sólo parcialmente al recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la demandada, modificando el fallo a quo en el sentido de disponer que se deduzca del monto de condena lo percibido por el actor en concepto de indemnización por accidente de trabajo abonado oportunamente por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, con las modalidades expuestas en los considerandos.

2) Mantener las costas a cargo de la demandada en anterior instancia, debiendo las de la Alzada ser soportadas por su orden.

Insértese, hágase saber, bajen. -Edgardo I. Saux. -Raúl Juan Cordini. -Juan Carlos M. Genesio.