Acción de amparo, acompañamiento terapéutico
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARRIZO Ernesto Federico c/ Provincia de San Juan s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-31

El término utilizado por la ley y referido a que "carecieren de cobertura", debe ser entendido en consecuencia en sentido amplio, no que no se cuente con cobertura social, sino que la cobertura especifica que establece que debe otorgarse conforme la ley 24.901, no se encuentre cubierta por algún prestador, en ese caso, entra la obligación del Estado de suplir esta prestación a la que él mismo se obligó adhiriendo a la normativa mencionada.

Recalco, nuestra Provincia adhirió al régimen establecido por la ley 24.901 y su decreto reglamentario a través de la ley 7064 completada posteriormente por la ley 7850 la que instituye un sistema provincial de protección integral de las personas con discapacidades especiales , esta última normativa asegura a todas estas personas una amplia gama de servicios, entre ellos el que es objeto de autos así, en su art. 40 asegura el derecho a la educación de las personas con discapacidades especiales, mediante integración en escuelas comunes o inclusión en programas de educación especial.

Además de disponer que el Estado Provincial gestionará los fondos necesarios para proveer estos servicios (art. 24), la norma otorga al Poder Ejecutivo sesenta días para dictar la reglamentación correspondiente (Art.65) y lo invita a realizar convenios con los organismos dependientes del "Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación" (art.70).

Algunos de los requisitos a cumplir para estar amparado por este sistema es que el discapacitado cuente con el certificado de discapacidad, o capacidad especial otorgado por la Junta Evaluadora de Discapacidad, con el mismo se acredita la discapacidad el que deberá encontrarse debidamente sustentado en lo técnico y profesional.

Este requisito ha sido cumplimentado por el amparista, así de la copia obrante surge que la menor, cuenta con CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD LEY 24.901,el que además de contener los datos personales de la menor, acredita que a la misma se le diagnostica síndrome de Down, también se especifica la Orientación Prestacional por el cual el Estado se obliga, en el que se consigna REHABILITACIÓN PRESTACIONES EDUCATIVAS TRANSPORTE, a lo que cabe agregar que el mismo certificado incluye en el ítem ACOMPAÑANTE que- si x-, necesita acompañante. Este certificado cumple con los requisitos relevantes respecto a lo solicitado en esta causa a través de la vía del amparo- ya que ha sido expedido por un Organismo Técnico del Estado Provincial con la pertinente intervención de un grupo de profesionales- y que son aquellos vinculados específicamente con la discapacidad de la menor el que tiene fecha de vigencia hasta el 08/06/2016, y por el cual la Provincia de San Juan se ha obligado a prestar la cobertura que hoy se pretende desconocer.

La cobertura solicitada correspondiente a DOCENTE AUXILIAR INTEGRADORA (D.A.I.) debe entenderse que se encuentra inserta dentro de las prestaciones de rehabilitación y prestaciones educativas, que tiene por objeto garantizar el derecho a la educación de esta menor con capacidades especiales, mediante su integración en la escuela común, conforme a lo que se ha obligado el propio Estado a través del art. 40 y 39 segundo párrafo de la ley 7850 "La Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo lo establece la Ley de Educación Nacional 26.206 en su Artículo 42 conforme el inciso n) del Artículo 11 de esta Ley Nacional."