Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1956-06-08


Buenos Aries, 5 de diciembre de 1952.

Visto el presente sumario, DNVPA. Nº 5543/52 (R. R. Nº interno 5744/52), instruido a "Michel A. Doura" Sociedad Anónima Comercial e Industrial, establecida con fábrica de medias para hombres y señoras, fábrica de tejidos, terminación de tejidos por cuenta propia y venta de productos textiles por mayor, en Camargo Nº 960/1000 esquina Thames, Capital Federal, representada por el Presidente del Directorio, D. Edmundo Doura, y resultando:

que, con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones juradas de utilidades presentadas por esta sociedad con relación a los ejercicios comerciales cerrados al 30 de junio de los años 1949, 1950 y 1951, se dispuso una inspección por personal especializado de esta Dirección Nacional, la que constató:

1º) Que los cuadros de ganancias y pérdidas adjuntos a las declaraciones juradas de utilidades formuladas por la empresa no coincidían con los realizados por la inspección tomando los datos de sus mismos libros de comercio rubricados, resultando prácticamente imposible, por otra parte, conocer los verdaderos gastos y, por ende, las verdaderas utilidades, a través solamente de las declaraciones juradas (fs. 2 vta.).

2º) Por tales motivos, y luego de varias diligencias preparatorias que incluyeron la necesidad de intimar por escrito la presentación de los cuadros de ajustes respectivos (acta Nº 48.219 del 6/3/52, fs. 18; acta Nº 59.318 del 18/4/52, fs. 20; acta Nº 62.822 del 23/4/52, fs. 24; acta Nº 62.993 del 5/5/52, fs. 26), se labró el acta Nº 48.218 el día 9 de mayo ppdo. (fs. 45/182) que consigna el resultado del examen de las distintas cuentas y registraciones de la empresa, cuyo resultado se detalla partida por partida en los anexos de fs. 54/56 (Anexo no 3, Anexo Nº 4 y Anexo Nº 5 -Memorias y Balances); fs. 57/61 (Anexo Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 9- Cuadros de Ganancias y Pérdidas); fs. 62/64 (Anexo Nº 10 - Declaraciones Juradas de Utilidades) fs. 65/73 (Anexo Nº 10 - Balances Generales); fs. 74/79 (Anexo Nº 10 - Cuadro de Ganancias y Pérdidas); fs. 80/82 (Anexo Nº 10 - Ajustes según decreto Nº 32.506/47); fs. 83/84 (Anexo Nº 11 - Copia sentencia relativa Impuesto Beneficios Extraordinarios); fs. 85/87 (Anexo Nº 12 - Gastos cargados a la cuenta "Materiales y Repuestos"); fs. 88/92 (Anexo Nº 13 - Gastos cargados a la cuenta "Gastos Generales", Sub-cuenta "Viáticos"); fs. 93/94 (Anexo Nº 14 - Gastos efectuados en el exterior, cargados a la cuenta "Gastos Generales", Sub-cuenta "Viáticos"); fs. 95/98 (Anexo Nº 15 - Gastos cargados a la cuenta "Gastos Generales", Sub-cuenta "Varios"); fs. 99/100 (Anexo Nº 16 -Gratificaciones que sobrepasan el 50% de las remuneraciones); fs. 101 (Anexo no 17 - Comisiones percibidas por el Director D. Alfredo Simes); fs. 102 (Anexo Nº 18 - Aportes Jubilatorios y reservas relativos al anexo Nº 17); fs. 103/105 (Anexo Nº 19 - Gastos cargados a la cuenta "Gastos de Venta" Sub-cuenta "Propaganda, obsequios"); fs. 106 (Anexo Nº 20 - Viáticos del Directorio cargados a la cuenta "Gastos Generales" Sub-cuenta "Viáticos"); fs. 107 (Anexo Nº 21 -Gastos de Venta - Sub-cuenta "Propaganda, obsequios"); fs. 108/110 (Anexo 22 - Gastos de la cuenta "Gastos de Venta"); fs. 111 (Anexo Nº 23 - Obsequios de Artículos Elaborados); fs. 112/114 (Anexos 24, 25 y 26 - Valor Locativo del Edificio); fs. 115/119 (Anexo Nº 27 - Amortización de Maquinarias); fs. 120/121 (Anexo Nº 28 - Honorarios del Directorio), fs. 122/130 (Anexo Nº 29 - Aumentos de materia prima); fs. 131/135 (Anexo Nº 30 - Aumentos de sueldos y jornales); fs. 136 (Anexo Nº 31 - Gastos cargados a la cuenta "Gastos Generales" - Honorarios); fs. 158/159 (Anexo Nº 34 - Pagos de Premios al Personal); fs. 160 (Anexo Nº 35 - Compras y Ventas de Hilados); fs. 161 (Anexo Nº 36 - Registraciones del Libro de Referencias); y suministrando los elementos complementarios de fs. 50, 51/53, 83/84 (ya referido, anexo Nº 11), 137/140, 141/157, 162/164 y 165/179.

Que, seguidamente, la inspección resumió sus resultados en las planillas de fs. 180/182 produciendo el minucioso informe de fs. 2/17, con transcripción, en su caso, de las disposiciones aplicadas para el ajuste que realizó -prima facie- de los distintos rubros y para la impugnación de gastos cargados por la firma cuya incidencia ésta no debió haber computado para la determinación de utilidades en la aplicación del decreto 32.506/47, por carecer de comprobantes en unos casos, no resultar procedentes en otros, haber sido asentados por error, ser legalmente inadmisibles..., etc.

Que este ajuste e impugnación llevó a la inspección al cálculo de las utilidades realmente realizadas por la sociedad en los tres períodos, analizados a la luz del sistema contable que rige para obtener la normalización de precios en los artículos para la indumentaria personal y uso del hogar.

Que así se determinó para el ejercicio 1948/49 una utilidad realizada de m$n 3.452.441,43, que superaría la máxima admitida (m$n 2.577.610,41) en m$n 874.831,02 (fs. 180). Para el ejercicio 1949/50 una utilidad realizada de m$n 3.571.841,06 que superaría la máxima admitida (m$n 2.831.628,90) en m$n 740.212,16 (fs. 181). Y para el ejercicio 1950/51 una utilidad de m$n 4.247.385,74 que superaría la utilidad máxima admitida (m$n 2.447.934,00) en m$n 1.799.451,74 (fs. 182).

Que, además, la inspección imputa a la sociedad las infracciones específicas que constituyen: a) la realización de utilidades sobre el mayor costo computable con relación al nivel de costos existentes al 5/2/1949; b) el haber computado aumentos de salarios no autorizados; c) la compra de hilados en calidad de fabricante, y su venta en el mismo estado a otras firmas de plaza (Anexo n 35 - fs. 160); d) la falta de Libro de Referencia para la actividad industrial, no suplida por registraciones de costos idóneas por sí colas para ello (fs. 23 y 26, y comentario de fs. 16 y siguientes); y también e) la falta de Libro de Referencia para la actividad mayorista, que sólo se lleva a partir del mes de setiembre de 1951 (fs. 17).

Que ya en oportunidad de labrarse el acta final de inspección (fs. 45 y sigtes.) Edmundo Doura, representante de la sociedad tuvo oportunidad de formular diversos descargos respecto de los ajustes y rubros impugnados (fs. 47), y posteriormente, al ser citado para que concurriese con las pruebas que tuviere en su favor, prestó declaración (la que fue recibida con escrupulosidad en cuatro sesiones sucesivas y días distintos, fs. 187/189, 191/192, 197/200 y 2036) y analizó minuciosamente los distintos aspectos de la inspección apoyando sus descargos en numerosas planillas y documentos amén de otros elementos de prueba que suministró, los que le fueron recibidos y parte de los cuales se anexaron directamente al cuerpo principal del sumario (fs. 202, 207, 208, 209 y 210) manteniendo en depósito material de propaganda (un tintero y una caja de envase para media, fs. 201) y formando con el resto seis cuerpos de ilustración que como anexos I a VI, compuestos por 1259 fs., también han sido agregados al sumario y forman parte del mismo.

Que, ante los resultados obtenidos por la inspección en base a las correcciones e impugnaciones formuladas, y con los elementos aportados por la sociedad, procedióse, con intervención de la Auditoría Contable al ajuste legal de la utilidad obtenida por la firma por aplicación estricta del decreto 32.506/47 y disposiciones complementarias (fs. 215 y siguientes).

Que, conferida a la sociedad imputada "vista" de las actuaciones para su defensa en los términos del art. 369 del decreto 23.687/49, ésta formuló nuevos descargos (fs. 240/359) los que fueron también tenidos en cuenta y llevaron al ajuste final de la utilidad realizada y de la admitida, con determinación de los excesos correspondientes (fs. 362 y sigtes.), el que arroja el siguiente resultado definitivo:

Ejercicio 1948/49: Utilidad realizada m$n 3.064.654,64 que excede la máxima admitida (m$n 2.607.567,11) en m$n 457.087,53.

Ejercicio 1949/50: Utilidad realizada m$n 3.304.202,60; utilidad admitida m$n 2.917.998,46; exceso m$n 386.204,14.

Ejercicio 1950/51: Utilidad realizada m$n 3.737.356,59; utilidad admitida m$n 2.594.948,94; exceso m$n 1.163.408,28 (este último exceso supera en m$n 644.418,50 el 20% (m$n 518.989,78) de la utilidad máxima admitida).

Es decir, en síntesis, y siguiendo paso a paso, en números, la trayectoria del sumario:

Que la inspección resume el resultado del examen practicado exponiendo sus impugnaciones provisorias (fs. 180, 181 y 182) representadas por las cifras de m$n 1.204.939,58 (menos m$n 189.000), m$n 1.247.285,37 (menos m$n 189.000), y m$n 2.089.164,90 (menos m$n 189.000) -ver planilla de fs. 222- las que adiciona a la utilidad declarada por la sociedad (ajustada ésta en m$n 20.172,35; m$n 11.882,79, y m$n 162.081,48 -ver fs. 222-).

Dichas cifras, en base a los elementos que la firma aportara en sus declaraciones, fueron reducidas por esta Dirección (ver planilla de fs. 222 y detalle de fs. 219 y 220) a m$n 835.577,42, m$n 900.585,69, y m$n 1.525.027,72 ajustando también, paralelamente, la utilidad admitida, según correspondía, con la adición de m$n 29.956,70; m$n 86.369,56 ($ 5.830,17 + $ 80.539,39 = $ 96.369,56); y m$n 126.014,31 ($ 5.762,47 + $ 97.607,09 + $ 17,717,18 + $ 4.927,57 = $ 126.014,31).

En efecto, de las sumas a impugnar señaladas por la inspección (fs. 180, 181 y 182), en el dictamen de la Auditoría Contable (fs. 215 y sigtes.) unas se mantuvieron, otras se agregaron y las restantes fueron modificadas bajo el imperio y por aplicación estricta de las disposiciones vigentes, así:

Se mantuvieron: Las del anexo 16 (gratificaciones, art. 10º, inc. h, del decreto 32.506/47); anexo 17 (comisiones director Simes, art. 12º, decreto 32.506/47); anexo 18 (leyes sociales sobre el anterior, ídem); anexo 20 (viáticos del directorio); anexo 21 (obsequios); y anexos 24/25/26 (valor locativo del edificio de su propiedad).

A su vez se agregaron: A) Leyes sociales sobre los anexos 16 y 30 (rectificado), dado que, impugnándose el concepto principal en ellos contenido, debe adoptarse igual criterio con las erogaciones accesorias. B) Sumas computadas dos veces. bÆ = Amortización y gastos de inmuebles (pues habían sido computados en los gastos calculados por la firma y en la estimación del valor locativo efectuada por la inspección a fs. 114); b" = Asignación del Directorio (en el ejercicio 1950/51 la firma, en posesión de la sentencia de la Cámara de Apelaciones -relativa únicamente a beneficios extraordinarios ya había computado los $ 189.000 a su favor, por lo que no correspondía que la inspección, aplicando el criterio erróneo que luego se analizará, lo computase nuevamente; por ello, al no ser procedente su cómputo, hubo que deducirlo dos veces en este ejercicio: una vez, por haberlo hecho indebidamente la firma -ver infra- y otra, por la inspección -este caso-); C) Asignación del Directorio. El ajuste efectuado a favor de la sociedad por la inspección (los m$n 189.000 en cada ejercicio) debió ser eliminado, por cuanto la autorización que se tuvo en cuenta fue otorgada exclusivamente -como luego se verificó- para la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios. En cuanto a la suma a computar para el decreto núm. 32.506/47, por aplicación del art. 12º, en su oportunidad la Dirección General Impositiva se expidió concretamente, aceptando como retribución del directorio los importes que representan la suma global de m$n 216.000 en el ejercicio, y a la cual se ajustó directamente la sumariada en sus declaraciones juradas por los ejercicios 1948/1949 y 1949/1950, anteriores a la fecha de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en cuanto se refiere únicamente al impuesto a los beneficios extraordinarios. (Posteriormente esta Dirección reconoce que el 50% sobre esta retribución, incluido el síndico, puede computarse como gratificación). En cuanto al ejercicio 1950/1951, vale además lo dicho precedentemente sobre "sumas computadas dos veces"). Y fueron modificados: El anexo 12 (aceptando amortizaciones sobre el activo fijo, que se eliminó del cómputo de gastos); el anexo 13 (Impugnando solamente el 50% de los gastos de viajes en él incluidos -sumadas en su totalidad las partidas correspondientes-. El resto se apreció según su computabilidad o no, en razón del concepto del gasto y/o de la presencia del comprobante respectivo; el anexo 14 (ídem que el anterior); el anexo 15 (agregando a la impugnación aceptada por la inspeccionada los gastos no computables -según criterio que luego se analizará- y los deducidos sin el comprobante respectivo, pero reconociendo a su favor los gastos de estampillas, jornal extra, transporte, factura de Hulytego, jornales, comisiones y gastos enfermedad, álbum para fotografías y ropa de trabajo); al anexo 19 (aceptando en general los gastos de verdadera "propaganda", ropa de trabajo, cartonería y activo fijo, estos últimos en la forma correspondiente); los anexos 22 y 23 (ídem que el anterior); el anexo 27 (modificando la amortización de las maquinarias conforme los comprobantes agregados por la firma y de acuerdo a su liquidación; pero sin aceptar el fondo de reposición calculado, por no cumplirse los recaudos legales necesarios para su aceptación); el anexo 29 (ajustando la impugnación al cálculo efectuado por la inspeccionada, que tomó como base para determinar el aumento de la materia prima, la fecha indicada en la Resolución Nº 1.165/50); el anexo 30 (por corresponder la aplicación de la Resolución Nº 1.609/50 -ejercicio 1950/51- en el cálculo del aumento de sueldos y jornales); el anexo 31 (deduciendo los honorarios abonados al Ingeniero Nassif como pertenecientes al activo, pero aceptando la amortización simple -luego se reconoció la doble- sobre dicho importe); y el anexo 34 (suprimiendo toda la impugnación provisoria, por no corresponder).

Finalmente, sobre el ajuste realizado por la Dirección en base a los elementos proporcionados por la inspección y teniendo asimismo en cuenta los suministrados por la firma por intermedio de su presidente, fueron considerados los descargos finales de su defensa y se reconocieron (fs. 363) las cantidades de m$n 207.424,62; m$n 109.938,78; y m$n 134.891,97 a favor de la sociedad.

Tal resultado se obtuvo ante las manifestaciones de descargo relativas a los gastos de adquisición de maquinarias, incluidos en los de viaje (anexo 14), pues al activarse los mismos sólo correspondió deducir las amortizaciones respectivas (fs. 364), lo que se tradujo en el ajuste de m$n 3313,78 y m$n 8280,77 en contra de la firma, y m$n 1381,34 a favor de la misma. (Esto desde el punto de vista de la computabilidad de tales gastos, puesto que, como queda dicho, se reconoció la activación total de las partidas correspondientes). Se aceptó también la amortización adicional sobre los honorarios del Ingeniero Nassif (anexo 31) se aceptó la deducción por pérdida en la entrega de lápices de rouge (punto V -ejercicio 1949/50- fs. 181 v.); se reconoció como gasto computable en concepto de gratificación hasta el 50% sobre los honorarios computables al directorio, inclusive síndico (anexo 28 ajustado); y se aceptó también, sin mayor análisis, el ajuste de m$n 98.238,41 practicado según cálculo de la defensa en el ajuste del Dto. Nº 15.717/48.

Las omisiones o errores de cálculo incurridos por la firma, las referentes a descuentos financieros, a retroactividad de jornales no computados, y a la determinación de la utilidad admitida, ya habían sido tenidos en cuenta haciéndolos incidir en las liquidaciones practicadas, previa su comprobación.

Por fin pues, sumando a la utilidad las impugnaciones y restando las cantidades que se acreditan a favor de la firma, se llegó a los excedentes definitivos más arriba señalados (hoja 3, anverso, de esta Resolución).

Que la sociedad, como antecedente con relación a la ley 12.830 registra el sumario DNVPA Nº 12.719/48 sancionada con multa de m$n 500.- por decreto del P. E. Nacional (fs. 195). Su representante, en cambio, carece de antecedentes en tal aspecto (fs. 194); y Considerando:

Que se halla plenamente probado que "Michel A. Doura" Soc. Anón. Comercial e Industrial, representada por el presidente de su directorio A. Edmundo Doura, ha infringido los arts. 34º, 35º y 36º del Dto. 32.506/47 por obtener en dos ejercicios utilidades ajustadas legalmente superiores a las máximas admitidas y, desde luego, no depositadas espontáneamente, y en un tercer ejercicio superiores en más del doble al 20% de las máximas admitidas; el art. 20 del Dto. 32.506/47 por no llevar registraciones de costos que cumplan por sí solas los requisitos del libro de referencia, en cuanto a la actividad industrial, y por no llevar dicho libro con relación a las operaciones mayoristas efectuadas antes de setiembre de 1951; el art. 47 del dec. 32.506/47 (concordante con dec. 2630/46), por reventa a otros industriales o mayoristas de productos textiles, adquiridos para su consumo; y el dec. 4995/49, arts. 4º y 7º, por obtención de utilidades sobre mayor costo y por cómputo de salarios no autorizados. Todas estas faltas con relación a la ley 12.830.

Respecto de la re venta de productos textiles y la obtención de utilidades sobre mayor costo y salarios, se tiene en cuenta para la primera la forma en que fue deducida sin reportar utilidad, y de las segundas los ajustes de que fueron objeto con posterioridad al informe de la inspección.

La falta de registraciones de costos idóneas por sí mismas para suplir el Libro de Referencias, cuyo objeto principal es presentar un medio completo y objetivo de control a las autoridades de verificación constituye, en la emergencia, una transgresión cuya importancia se valora, no obstante resultar absorbida -a los efectos de su sanción- por la responsabilidad patrimonial en que ha incurrido la firma acusada.

En cuanto a los excedentes de utilidades, la simple lectura del informe preliminar de la inspección (fs. 2/17) con los ajustes que esta Dirección formula en la estimación y dictamen contable de fs. 215 y sigs., llevados a cifras definitivas a fs. 362 y sigs., eximirían de todo comentario al respecto. Prácticamente sólo un rubro de impugnación contendría una apreciación crítica formulada por este organismo de aplicación: los gastos de viajes. Y en este título, lo que existió en realidad ha sido un ajuste practicado luego de un análisis y valoración minuciosos de los comprobantes aportados. Por otra parte, la estimación porcentual que se le refiere ha sido aplicada con criterio muy ampliamente favorable a la imputada. Todas las demás impugnaciones se fundan en la estricta aplicación de las normas legales vigentes al respecto.

Que ninguna duda cabe en tal sentido, pues -sintetizando las consideraciones formuladas al analizar los distintos pasos del ajuste realizado- para la determinación de la utilidad verdaderamente realizada por la firma acusada en los ejercicios 1948/49, 1949/50 y 1950/51, se procedió objetivamente:

A impugnar en el rubro materiales y repuestos, y en los demás anexos cuando así correspondió, las sumas que debían activarse, reconociendo las respectivas amortizaciones admitidas. El mismo temperamento se adoptó con los gastos de viajes cargados a maquinarias y se aceptó en la amortización de éstas (anexo 27) los comprobantes y liquidación de la firma, excepto lo relativo al fondo de reposición, respecto del cual no se cumplieron los recaudos legales para su aceptación.

Se impugnaron también las ratificaciones superiores al 50% (anexo 16) por estricta aplicación del dec. 32.506/47, art. 10, inc. h).

Las retribuciones de los directores que desempeñan otros cargos fueron aceptadas hasta la concurrencia de las sumas admitidas para la liquidación de utilidades en materia textil (art. 12, dec. 32.506/47) y lo aceptado por la Dirección General Impositiva para esta materia, con más hasta el 50% de estas retribuciones según el ajuste definitivo practicado a fs. 362 y sigs. Igual reconocimiento se efectuó a favor de las sumas abonadas al síndico, desconociéndose toda otra retribución no admitida legalmente o no justificada con los comprobantes directos que demostrasen tratarse del reintegro de sumas gastadas por los directores por cuenta y orden de la firma. (Estas consideraciones incluyen, desde luego, la situación del director Simes, minuciosamente analizada en autos).

Para los incrementos de utilidad sobre mayores costos de materia prima o aumentos de sueldos y jornales, se tuvo en cuenta en un principio la aplicación de los arts. 7º del dec. 4995/49 y 5º de la Res. 1165/50 por una parte, y de los arts. 1º del dec. 15.717/48, 4º del dec. 4995/49, 8º de la Res. Nº 1165/50, 4º de la Res. Nº 1254, nota D. G. I. Nº 105/49, con las rectificaciones a que dio lugar la aplicación de la Res. Nº 1609/50, la presentación de planillas y comprobantes por parte de la firma, y el incremento de la utilidad admitida, según se refiere a fs. 217 y se expresa en guarismos a fs. 221, con el reconocimiento final de m$n 98.238,41 a favor de la sumariada en la forma que se señala a fs. 362.

También se reconocieron a favor de la sociedad: la deducción de los impuestos oblados con motivo del aumento de capital, las sumas computadas como pérdida en la "venta" de lápices de rouge, las resultantes de sus cálculos erróneos, la retroactividad de sueldos y jornales, y la adición de los descuentos para calcular la utilidad admitida.

En cuanto a las deducciones que se efectuaron con motivo del ajuste del valor locativo, siendo el sistema adoptado por la sociedad el de computar el valor arrendativo de la propiedad que utiliza para su explotación, debió estar al que surge de las estimaciones que efectúa la Administración Gral. de Obras Sanitarias de la Nación o, en su defecto, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Careciéndose de estos elementos, el valor correspondiente lo estima la autoridad de aplicación (art. 58, párrafo segundo, dec. 10.439/47 reglamentación de la ley 11.682 t.o. en 1947). Y, precisamente, tal ha sido la norma aplicada, destacándose que, sobre la valuación de Contribución Territorial se ha reconocido a la empresa no sólo el interés razonable que al capital corresponde (7%), sino también la deducción de los gastos de mantenimiento y la pertinente amortización (ver fs. 113) criterio evidentemente legal y justo en el sistema del dec. 32.506/47, toda vez que es preciso tener en cuenta que el temperamento de control en este aspecto debe siempre subordinarse a la normalización de los precios y la aceptación de gastos razonables, no obstando a tales fines que con propósitos impositivos o de otro orden pudiera existir una mayor liberalidad, atento que lo que no resulte materia de gravamen como utilidad de la industria (tales los gastos de "Valor Locativo") vayan a serlo como renta del suelo.

En los gastos de viajes, la simple lectura de los comprobantes, la circunstancia de haber viajado los directores acompañados de sus cónyuges u otras personas, las condiciones en que tales viajes se han realizado, su duración, algunos de los lugares de estadía o alojamiento,... etc., hace ocioso abundar en comentarios al respecto: la aceptación del 50% de los mismos resulta, con evidencia, muy favorable a la sociedad. Adviértase la costumbre de hacer soportar a la firma todo gasto de viaje, aun cuando éste lo efectúe un familiar ajeno a la industria y por motivos puramente particulares -fs. 92- m$n 21.885,39. Todo el sistema de su contabilidad y el evidente desorden de sus registraciones -puesto en evidencia por la falta de un libro fundamental: el de referencias o su substituto idóneo- indica la generosidad con que se computaba todo gasto, quizá por la misma circunstancia de ser el síndico la madre de casi todos los directores.

Las rectificaciones de los anexos 16 y 30 (Leyes sociales sobre los mismos -fs. 221 trasladadas a fs. 219 y 220-), siguieron como consecuencia a la impugnación de sus rubros principales, por aplicación de idéntico criterio con respecto a estas erogaciones accesorias.

La amortización y gastos de inmuebles fueron ajustados por haberse computado dos veces, lo mismo que los m$n 189.000 por honorarios del directorio 1950/51 (según precedentemente se analizó) y, finalmente, en general se han impugnado en su caso los gastos considerados obsequios personales (bebidas, perfumes, heladeras, radios, relojes,... etc.) aceptándose solamente aquellos egresos que realmente corresponden al concepto de "propaganda", donde el beneficiario, en la mayoría de los casos, no está individualizado.

Los gastos en favor del personal (fiestas, donaciones, etc.) impugnados, no lo fueron por aplicación del inc. e) del art. 10 del dec. 32.506/47 como parece entender la defensa, sino en consideración a lo dispuesto en el inc. d) del mismo artículo.

Cabe pues señalar que esta Dirección, al examinar las distintas registraciones contables como así todas y cada una de las manifestaciones de descargo, comprobantes y elementos aportados por la defensa lo ha hecho con criterio ecuánime y justo, pero sin perder de vista ni por un instante la significación que el dec. 32.506/47 adquiere en la normalización de precios para los artículos textiles de indumentaria personal y uso del hogar, como factor decisivo para el mantenimiento del elevado standard de vida logrado por nuestra población en este aspecto que, junto con los de alimentación y vivienda, constituye uno de los pilares indispensables para el bienestar social.

En tal sentido es dable asimismo destacar que -salvo las erogaciones deducidas sin el respaldo de fehacientes comprobantes- se impugnaron los gastos como deducibles pero no se ha abierto juicio acerca de si la sociedad ha o no pagado las sumas cuyo cómputo no se autoriza.

En el caso a juzgar se han rechazado, pues, simplemente y por improcedencia legal, los gastos que incrementan indebidamente los costos, sin que haya entrado a contar elemento subjetivo alguno, y el infrascripto suspende su juicio respecto de las cantidades aparentemente excesivas con que se retribuye por ejemplo a uno de los directores, o acerca de los frecuentes y muy onerosos viajes que los mismos realizan, o la valorización que por sí y ante sí efectúan del valor de arrendamiento del edificio de su propiedad y el procedimiento de que se valen para tratar de arrimar a la causa una justificación "a posteriori" (inválida, por tanto, con relación a los lapsos sub-examen).

En suma, se trata de la aplicación estricta y puramente objetiva de las disposiciones pertinentes -no sin un prudente análisis, desde luego- en el equilibrado y armónico sistema del dec. 32.506/47, cuyas previsiones llegan a conceder a la autoridad de aplicación las más amplias facultades para estimar aún los gastos que excedieren los límites razonables. Tan coordinadas y tan conducentes a las finalidades de normalización de los precios propuestos son las normas aplicadas, que aun los arts. 35 y 36 del mismo dec. 32.506/47 están calificando de "agio y especulación" toda actividad que produzca excedentes superiores al 20% de la utilidad máxima admitida, y aun el no ingreso espontáneo de los excedentes inferiores a dicho por ciento, al hacerlos pasibles de las sanciones de la ley 12.983. Y es evidente que la sociedad pudo evitar incurrir en estos excesos cumpliendo estrictamente el decreto y sin cargar, con espíritu sugestivamente generoso a su favor, gastos de incidencia no autorizada y aun otros cuya no computabilidad no ofrecía duda alguna. (Los menores errores cometidos en su contra no invalidan este concepto).

Que para la determinación de las sanciones dispuestas por los arts. 35 y 36 del dec. 32.506/47, se han tenido en cuenta todas y cada una de las circunstancias del sumario, las que han sido minuciosamente examinadas conjuntamente con los descargos, defensas y alegaciones de la imputada, teniéndose también presentes los montos de su capital y ventas anuales con relación al mismo, y los distintos rubros y partidas con motivo de los cuales la sociedad se halla incursa en infracción al obtener los excedentes de utilidad preindicados.

Por todo ello, teniendo en cuenta el dictamen de la Asesoría Letrada de fs. 365, y en ejercicio de la facultad conferida por el dec. 16.824/50 dictado en virtud de la ley 13.906, El Director Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento, Resuelve:

1º Imponer a "Michel A. Doura" Sociedad Anónima Comercial e Industrial multa de m$n 2.006.699,95, excedente de utilidades obtenido en los ejercicios 1/7/1948 al 30/6/1949, 1/7/49 al 30/6/1950, y 1/7/1950 al 30/6/1951, e intimarla para que en el término de 8 días a contar de su notificación los deposite en la cuenta de esta Dirección Nacional, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 44 del dec. 23.687/49; y arresto por 45 días a su representante D. Edmundo Doura (C. I. 1.284.622).

2º Dirigir comunicación al Banco Central de la República Argentina, con relación a la observación formulada a fs. 4 vta. y siguientes de las actuaciones. - Miguel Gamboa.

SENTENCIA DEL JUEZ NACIONAL EN LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO Buenos Aires, 30 de junio de 1953.

Y vistos:

Esta causa Nº 102-año 1953, instruída a "Michel A. Doura, Soc. Anón. Comercial e Industrial" con fábrica de medias, fábrica de tejidos, terminación de tejidos por cuenta propia y venta de productos textiles por mayor, en Camargo Nº 960/1000, representada por el Presidente del Directorio, D. Edmundo Doura por infracción a los decretos 2630/46, 32.506/47, 15.717/48, 4995/49 y arts. 5º y 6º de la ley 12.830 prorrogada por la ley 14.120, venida de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento en virtud de los recursos de nulidad y apelación interpuestos contra la resolución de fs. 367/75 que impone a dicha firma una multa de $ 2.006.699,95 m/n. y 45 días de arresto a su representante, limitándose este recurso a la multa solamente por imperio de las leyes 12.983 y 13.906 y dec. 16.824/50.

Considerando:

A) Que el recurso de nulidad alegado por la defensa fúndase en que la resolución de fs. 367/75 de fecha 5/12/52 carece de base legal porque a la época de pronunciarse se encontraban derogadas las disposiciones legales que se invocan por haberse dictado el dec. 11.570 del Poder Ejecutivo del 25/11/52 y la resolución Nº 819/52 del Ministerio de Industria y Comercio; asimismo dice que se infringen los arts. 29 y 30 de la Constitución Nacional al no aplicar la ley más benigna y al ampliar las incriminaciones en contra del acusado, no pudiendo nadie ser privado de lo que la Constitución no prohíbe.

El principio jurídico de la retroactividad benigna de la ley está previsto en el art. 2º del Código Penal cuando dice: "Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuera distinta de la que existía al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna...". Tal principio no es aplicación en materia de represión del agio, especulación y precios abusivos como lo ha resuelto el suscripto y confirmado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de este Juzgado, caratulada: "Pascual E. y Milano José" con fecha 17/9/48; cabe hacer notar que lo único que ha variado con el decreto y resolución antes aludidos son los regímenes de comercialización y no la ley penal 12.830 la que continúa en plena vigencia en razón de haberse promulgado la ley 14.120 que la prorroga hasta el día 3 de junio de 1958.

Por otra parte, el recurso de nulidad contra la resolución dictada fue denegado por la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento y consentido por la apelante, al no hacer valer medida legal alguna, por lo que corresponde confirmar lo resuelto acerca de este punto.

B) Rechazado el recurso de nulidad resta examinar el de apelación con respecto a la procedencia o improcedencia de los agravios en que se funda los que in extenso se explican en el escrito de la defensa que corre a fs. 385/446.

1) Con respecto al agravio fundado en que no ha existido infracción a las leyes que reprimen el agio y la especulación ilícita por ser la empresa que vende a más bajo precio y de la mejor calidad, debe manifestar el suscripto que no obstante la documentación acompañada de fs. 312 a 326 por la firma Doura, que acreditaría tales circunstancias, puede haber cometido infracciones a las leyes represivas del agio, por cuyo motivo cabe rechazar este agravio.

2) Se agravia la apelante porque no se deduce de las utilidades obtenidas por la empresa las retribuciones del Director y Jefe de Ventas D. Alfredo Simes, cuyos montos se encontraban autorizados por la Dirección General Impositiva. A este respecto deben recordarse los términos del art. 12 del dec. 32.506/47 que establece: "En el caso de sociedades anónimas, se podrá deducir en concepto de retribuciones mensuales a cada director y a cada síndico, las sumas realmente pagadas hasta los límites que se indican sin perjuicio de las sumas adicionales autorizadas por la Dirección General Impositiva para retribuir a los directores que normalmente desempeñan funciones de gerente, contador u otros cargos".

Con las constancias del acta Nº 48.218 de fs. 45, fs. 50 y fs. 137/38 se acredita que el Sr. Alfredo Simes ejerce las funciones de Director de la firma desde el día 28 de abril e 1947, habiendo sido reelegido nuevamente como tal. A fs. 139 consta que al nombrado se le fijó una comisión del 2% sobre as ventas directas y sobre las indirectas el 1%, cuyo total asciende a las sumas de $ 259.516,23 m/n. para el ejercicio 1949/50 y $ 452.153,35 m/n. para el ejercicio 1950/51, según consta a fs. 101 de estos autos sacadas de los libros rubricados de la firma.

Con las notas de la Dirección General Impositiva que obran a fs. 329/30 y testimonios de protocolización de fs. 331/34 no impugnados se ha cumplido, a juicio del infrascripto, con el requisito de la autorización de que habla el citado art. 12 del dec. 32.506/47 que debe dar la citada Repartición para poder deducir de las utilidades las sumas adicionales con que se retribuye a los directores que normalmente desempeñan funciones de gerente, contadores u otros cargos como el nombrado Simes que al mismo tiempo de ser director es también Jefe de Ventas. En consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio del apelante y deducir las correspondientes sumas de las utilidades obtenidas, las que representan aproximadamente el 1,70% del total de ventas realizadas en los períodos 1948/49, 1949/50 y 1950/51, según constancias de fs. 226/28. Resta decir que la autorización dada por la Dirección General Impositiva con respecto a los beneficios extraordinarios y de réditos debe servir de norma supletoria aplicable (arts. 9º y 18 del dec. 32.506/47). No podrían admitirse distintos criterios en el caso presente, toda vez que se aplica un decreto o una ley que regula las utilidades; de no ser así, tendríamos el caso de que una misma utilidad no alcanzara a ser un beneficio extraordinario por las deducciones autorizadas de la ley impositiva y por otra parte que esa utilidad hace incurrir en las sanciones previstas en la ley 12.830 represiva del agio porque existe exceso de utilidad al no aceptar las deducciones legales pertinentes.

3) Con respecto al agravio enunciado en el escrito de defensa consistente en que no se reconocen y, por lo tanto no se deducen de las utilidades, las retribuciones adicionales para los directores gerentes fijadas por la sentencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial, y Penal Especial y en lo Contencioso administrativo del 18 de abril de 1951.

Dicha sentencia recayó en el juicio que la firma Michel A. Doura S. A. siguió contra la Dirección General Impositiva que asignó a cada uno de los directores gerentes de la firma la retribución adicional de $ 10.000 m/n. mensuales, después de estudiar las constancias de autos, cuya parte dispositiva se transcribe en la cédula de notificación agregada a fs. 83/84.

El fallo mencionado constituye cosa juzgada en el referido juicio y debe ser acatado por el suscripto en cuanto admite la deducción de las utilidades de la suma de $ 10.000 m/n. mensuales para cada uno de los tres directores gerentes Sres. Edmundo, Emilio y Alfredo Doura. Si bien esa resolución se ha pronunciado sobre beneficios extraordinarios, atento que el art. 12 del dec. 32.506/47 no ha supeditado requisito alguno para la autorización, es decir, que la misma se diera en relación a determinadas leyes o que careciera de valor porque se pronunciara sobre la interpretación de beneficios extraordinarios, y siendo, como se ha dicho, que las normas legales acerca de los beneficios extraordinarios y de réditos, son aplicables supletoriamente (arts. 9º, 10, inc. g), 2º parte, y 18 del dec. 32.506/47 y arts. 19 y 20 in fine, inc. f), y 24 in fine de la resolución 819/52), interpretándose que no pueden constituir una especulación ilícita de utilidad que la ley de beneficios extraordinarios ha declarado como normal.

En consecuencia, procede hacer lugar al agravio a este respecto deduciéndose la retribución adicional de $ 10.000 m/n. mensuales para los tres directores gerentes Sres. Edmundo, Emilio y Alfredo Doura durante los ejercicios 1948/49, 1949/50 y 1950/51 más los honorarios de los cinco directores y síndico (ver fs. 50) a razón de $ 750 m/n. mensuales de acuerdo con lo dispuesto por el art. 12, inc. d, del dec. 32.506/47 (ver fs. 3 y vta.) que importa la suma de $ 34.500 mensuales a computarse durante los tres períodos mencionados.

4) Que, el agravio alegado por la apelante consistente en que la resolución de la Dirección de Vigilancia no deduce el 50% de lo percibido por los directores, síndico y jefe de ventas Sr. Simes, en concepto de gratificaciones, debe ser rechazado, con excepción del síndico. En efecto por los considerandos Nº 2 y 3, después de un estudio detenido, se ha llegado legalmente a la conclusión que los directores tienen derecho a percibir fuera de los honorarios comunes de $ 750.- m/n. otro adicional de $ 10.000 m/n. mensuales, y el director y jefe de ventas, fuera del honorario común, tiene también derecho a percibir las sumas adicionales autorizadas por la Dirección General Impositiva que se expresan en el considerando Nº 2. Tales sumas, a juicio del infrascripto, son verdaderas gratificaciones (autorizadas) que como se ha dicho, inciden en el monto de las utilidades al ser deducidas las mismas y no sería justo deducir otras cantidades por el mismo concepto de acuerdo con la interpretación de los arts. 10, inc. h), y 12 del dec. 32.506/47. En cuanto al síndico, que no recibe ninguna otra retribución adicional considero que corresponde la deducción del 50% de las gratificaciones imputables al sueldo u honorario que percibe de acuerdo con las mismas disposiciones citadas del dec. 32.506/47. En consecuencia, se rechaza el agravio referente al cómputo del 50% de las gratificaciones de los directores y jefes de venta y se lo admite con respecto al síndico.

5) Se agravia la firma Michel A. Doura porque no se deducen de las utilidades lo abonado al Instituto de Previsión Social y las erogaciones de la ley 11.729 con referencia a los rubros impugnados. Este agravio corresponde admitirlo y hacer las deducciones respectivas por cuanto habiéndose reconocido por los considerandos 2 y 3 los rubros principales, lógica y legalmente corresponde admitir los rubros accesorios que son los referentes a estas leyes sociales: Instituto de Previsión Social y Reserva ley 11.729.

6) Con respecto al agravio fundado en que no se ha deducido los importes totales correspondientes a la propaganda realizada, atenciones varias, obsequios de artículos elaborados, etc., debe ser rechazado. Trátase de obsequios personales, como dice la sentencia en recurso, cuyo beneficiario no debe encontrarse individualizado y no obstante la extensa exposición de la apelante, dichos gastos no se encuentran comprendidos en el concepto de propaganda, ni acreditados por los remitos conformados de los destinatarios que tuvieran con la empresa una relación comercial. En consecuencia se rechaza el agravio alegado correspondiendo agregar a las utilidades las partidas referentes a los conceptos indicados (art. 10, fines. c) y d), dec. 32.506/47).

7) Se agravia la apelante porque la sentencia no deduce de las utilidades lo abonado a los directores en concepto de viáticos ($ 1.000 y 1.500 mensuales para cada uno). Tal agravio corresponde su rechazo. No existen en autos los comprobantes directos de los reembolsos de los gastos por cuenta y orden de la firma y no se ha acreditado que los directores tengan funciones o tareas que le ocasionen gastos de representación, movilidad, etc., por cuyo motivo mal puede compararse, como lo pretende la defensa, con los magistrados del Poder Judicial o altos funcionarios que tienen asignados por el presupuesto una partida global de gastos.

8) Con respecto al agravio fundado en que no se deduce lo pagado al personal en exceso del 50% de sus sueldos en concepto de gratificaciones de acuerdo a las costumbres de la firma, debe rechazarse. El art. 10, inc. h), del dec. 32.506/47 es terminante al respecto cuando dice que en la determinación de la utilidad líquida no se computará: h) "Las habilitaciones, gratificaciones y participaciones pagadas al personal dependiente del obligado, en cuanto exceda del importe equivalente al 50% de los sueldos percibidos por el beneficiario durante el ejercicio, computados éstos en la forma que se declaran a los efectos de los regímenes jubilatorios". En consecuencia, tratándose de empleados y obreros no se computa para las utilidades los excedentes aludidos en la citada disposición legal; luego el agravio a este respecto es improcedente.

9) Se agravia la apelante porque sostiene que no existen infracciones a los decs. 2630/46 y 32.506/47 respecto a la transferencia de mercaderías y a la falta del libro de referencias, afirmando la correcta contabilización de sus operaciones.

A este respecto recordemos las disposiciones legales aplicables. El art. 1º del dec. 2630/46 dice: "Los comerciantes mayoristas venderán en lo sucesivo exclusivamente a comerciantes minoristas, confeccionistas o consumidores, quedando prohibidas las ventas a otro mayorista" y el art. 47 del dec. 32.506/47 refirma esta prohibición pero autoriza a vender a industriales.

De las constancias obrantes en autos y de la sentencia en recurso se desprende que las ventas o transferencias de hilados hechas por Michel A. Doura S. A. -sobrantes de hilados no aptos para su utilización por la firma- lo fueron a otros industriales y a precio de costo como lo autoriza la resolución Nº 819/52, de tal modo que no habiendo utilidad en estas operaciones no se encarece la materia prima y no puede existir infracción. En consecuencia, se hace lugar al agravio con respecto a este punto.

En cuanto a la falta del libro de referencias como industrial, la firma Doura puede suplirlo con las registraciones de costos, autorizado por el art. 20 del dec. 32.506/47, in fine.

De las constancias del acta Nº 62.993 que corre a fs. 26/28 se desprende que la recurrente lleva una detallada contabilización de costos, planillas como ser la que obra a fs. 23, libros rubricados y fichas que pueden cumplir con el requisito legal exigido a los industriales y ampliamente explicado por el representante de la imputada en sus declaraciones (fs. 187 vta.).

La falta del libro de referencias, como mayorista en textiles hace incurrir en una infracción formal de acuerdo al art. 20, la parte, del dec. 32.506/47 que debe ser atenuada en presencia de la contabilidad de la firma de que se hace mérito en el párrafo precedente y por haber regularizado su situación desde el mes de septiembre de 1951. En consecuencia, se hace lugar al agravio con respecto a la supuesta infracción al dec. 2630/46 y a la falta del libro de referencias como industrial y se rechaza en cuanto a la actividad mayorista.

Es de hacer notar que la sentencia no impone sanciones respecto a la infracción indicada.

10) Respecto a la presunta violación de las garantías constitucionales enunciadas en los arts. 29 y 30 de la Constitución Nacional, no hay tal desde que el juzgador ha tenido en cuenta todas las defensas invocadas y pruebas acumuladas que han sido debidamente analizadas.

Por ello y las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, se reforma la resolución apelada en lo que ha sido materia del recurso y agravios, declarándose procedente que para el cómputo de las utilidades de la firma Michel A. Doura S. A. se deduzcan los rubros correspondientes a las retribuciones del director y jefe de ventas D. Alfredo Simes, las retribuciones de los directores gerentes Edmundo, Emilio y Alfredo Doura, el 50% de las gratificaciones correspondientes al sueldo del síndico y lo abonado al Instituto de Previsión Social y erogaciones de la ley 11.729 por los citados rubros, de acuerdo a los considerandos 2, 3, 4 y 5 de esta sentencia y se la confirma en cuanto rechaza los rubros de gratificaciones a los directores y jefes de ventas, de propaganda y obsequios varios, viáticos a los directores y excedentes del 50% de gratificaciones al personal, aludidos en los considerandos 4, 6, 7 y 8, practicándose al efecto la correspondiente liquidación y reajuste, que determinará el exceso de utilidades, por los ejercicios 1948/49, 1949/50 y 1950/51 y por ende el monto definitivo de la multa, devolviéndose a la firma condenada el saldo que resulte entre dicha cantidad y la depositada en autos. - Julio N. López Figueroa.

Aclaratoria del Juez Nacional en lo Contenciosoadministrativo Buenos Aires, 28 de julio de 1953.

Y vistos: El pedido de aclaratoria formulado por el Defensor en los autos seguidos a Michel A. Doura S. A., Comercial e Industrial, respecto de la sentencia dictada en los mismos.

Y considerando:

1) Que referente al primer punto del petitorio formulado en el escrito aclaratorio presentado, debo manifestar que después de un estudio detenido, se llega legalmente a la conclusión que los directores de la citada firma, además de percibir el honorario común de $ 750 tienen derecho a otro adicional de $ 10.000 mensuales y que el director y jefe de ventas Sr. Simes, también fuera del honorario común tiene derecho a las sumas adicionales autorizadas por la Dirección General Impositiva. Mantiene el suscripto el criterio emitido en la sentencia, cuya aclaratoria se pide, en el sentido de que las sumas adicionales tanto de los directores como del jefe de ventas importan verdaderas gratificaciones que por haber sido autorizadas, deben ser deducidas de las utilizadas y ninguna otra más. La situación del síndico es otra pues al no recibir retribución adicional alguna tiene derecho y, por lo tanto, corresponde deducir el 50% de las gratificaciones imputables al sueldo u honorarios, conforme a lo dispuesto por el dec. 32.506/47. En consecuencia, de acuerdo al considerando 4º de la sentencia, no corresponde y por ello se deniega el reajuste de las gratificaciones pedido. La conexión entre uno y otro rubro es tan grande que no puede en la apelación hablarse de cosa juzgada de uno con respecto al otro.

2) Que, respecto al 2º punto del petitorio mencionado, el suscripto refirma lo manifestado en el considerando 5º de la sentencia, toda vez que habiéndose reconocido de acuerdo a los considerandos 2 y 3 los rubros principales correspondientes al director y jefe de ventas Sr. Simes y a los demás directores, es lógico admitir los rubros accesorios es decir los pagos hechos por leyes sociales referentes a los rubros aceptados.

3) En cuanto al 3er. punto del petitorio de la defensa, habiéndose rechazado los gastos de propaganda en mérito a los argumentos del considerando 6º de la sentencia, no cabe la aclaratoria pedida ya que, como se ha dicho, no corresponde deducción alguna por tales conceptos.

4) De acuerdo al considerando 7º de la sentencia, las sumas abonadas a los directores en concepto de viáticos no se deducen de las utilidades obtenidas, luego siendo suficientemente clara la resolución al respecto, no cabe el recurso aclaratorio interpuesto.

5) Que, en cuanto a la deducción de lo pagado al personal en exceso del 50% del sueldo en concepto de gratificaciones de acuerdo al considerando 8º de la sentencia fue rechazado frente a la disposición expresa del art. 10, inc. h, del dec. 32.506/47 por cuyo motivo lo resuelto sobre este punto está suficientemente claro.

6) Habiendo el proveyente dictado la sentencia de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho los que claramente emite en la misma, no corresponde lo peticionado en el punto 5º del escrito aclaratorio, pues basta analizar esos fundamentos en la misma sentencia.

7) Con respecto a lo peticionado en el punto 6º del petitorio de la defensa, referente al recurso extraordinario fundado esencialmente en que la resolución Nº 1337 de la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento dictó el fallo en virtud de disposiciones derogadas a la fecha de su pronunciamiento, cabe recordar íntegramente los argumentos de que informa el considerando A) de la sentencia, haciendo notar que el principio jurídico de la retroactividad benigna de la ley no juega cuando se trata de la represión del agio como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa de este Juzgado y lo único que ha variado es el régimen de comercialización y no la ley penal Nº 12.830 que continúa en plena vigencia y en su consecuencia pudo dictarse el fallo impugnado.

Por estas consideraciones el infrascripto no encuentra violación alguna de la Constitución Nacional que haga viable el recurso previsto en el art. 14 de la ley 48 y art. 24, inc. 2, de la ley 13.998, por cuyo motivo corresponde rechazar el recurso extraordinario y así se declara. - Julio N. López Figueroa.

Dictamen del Procurador General Suprema Corte:

El recurso extraordinario concedido en autos es procedente, por hallarse en juego la interpretación de normas federales.

En cuanto al fondo del asunto el Fisco Nacional actúa por intermedio de representante especial, el que ya ha asumido ante V. E. la intervención que le corresponde. - Buenos Aires, 12 de octubre de 1953 - Carlos G. Delfino.

Fallo de la Corte Suprema Buenos Aires, 8 de junio de 1956.

Vistos los autos; "Michel A. Doura S. A. Comercial e Industrial s/ apelación infracción decretos Nº 32.506/47, 15.717/48 y 2.630/46 (leyes 12.830 y 13.906)", en los que a fs. 550 se ha concedido el recurso extraordinario.

Considerando:

Que, en esencia, la cuestión planteada por el recurrente es si las resoluciones de la Dirección General Impositiva y de la Cámara Nacional de Apelaciones, que juzgaron admisibles las deducciones hechas por la firma sumariada para la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios, regían también para la declaración jurada que sobre sus utilidades líquidas debía presentar la indicada firma en cumplimiento del decreto 32.506/47. De la solución a que se llegue depende que la empresa haya sobrepasado o no el límite de utilidad que fijó para las de su ramo el mencionado decreto; y que se haya hecho pasible de las sanciones establecidas en el mismo.

Que las leyes de precios máximos y de represión del agio y la especulación en cuya consecuencia fue dictado el decreto referido tienen una finalidad completamente distinta de las leyes impositivas. Estas han sido sancionadas para la recaudación por el Estado de los recursos que deben proveerle los contribuyentes; aquéllas, para evitar el encarecimiento, de la vida, protegiendo a los consumidores. Esos diferentes objetivos justifican que ambos regímenes puedan contemplar de manera también distinta los mismos hechos y circunstancias.

Así como es un principio del Derecho Fiscal que una cosa es el balance comercial y otra el balance impositivo y por lo tanto no se admiten en éste, criterios cifras que son perfectamente legales en aquél, así también debe admitirse que el cálculo de las utilidades para la determinación del impuesto puede ser regido por otras normas que el de los beneficios admisibles para proteger a los consumidores en períodos de emergencia, como son los que han dado origen a las leyes respectivas. Por lo demás, es necesario tener presente que en el caso que se analiza, la desgravación impositiva que consigue la empresa pagando crecidas remuneraciones a sus Directores, Síndico o Jefe de Ventas, está compensada, por lo menos en parte, con el gravamen que recae en cabeza de cada uno de ellos; lo que no sucede en el régimen instituido por las leyes de precios máximos, ya que de permitirse dentro del mismo la deducción de la totalidad de aquellas remuneraciones, sería el público consumidor, en definitiva, el llamado a pagarlas.

Que esas diferencias sustanciales entre el régimen tributario y el de precios máximos fueron tenidas en cuenta, indudablemente, en los preceptos que fijan el criterio para determinar lo que son réditos netos en el primero y utilidades líquidas en el segundo. Es así como el art. 9 del decreto 32.506 al establecer que se entiende por utilidad líquida el rédito neto establecido de acuerdo con las normas de la ley del Impuesto a los Réditos, agrega: "ajustado de conformidad con las disposiciones del presente decreto". Es decir, que la utilidad líquida no es el rédito neto sino después de ajustado de acuerdo con el decreto. Y no podía ser de otra manera, porque el decreto, atenta la finalidad que persigue, es más severo que la ley impositiva cuando trata las deducciones que pueden hacerse para establecer la utilidad, como sucede con las donaciones (art. 10, inc. c) del decreto y art. 62 inc. j) de la ley 11.682 t.o. 1952); con las habilitaciones, gratificaciones y participaciones al personal, que tienen en el decreto (art. 10, inc. h) y en la ley de réditos (art. 68, inc. g) un distinto tratamiento; con las sumas que se destinen a reserva legal, que pueden deducirse para la determinación del rédito neto (art. 69, ley 11.682) y no pueden serlo para la de la utilidad líquida (art. 10, inc. e) decreto 32.506/47; con las pérdidas o ganancias provenientes de la enajenación de activo fijo, que no pueden computarse por el decreto 32.506, art. 10, inc. b) y que sí deben serlo en diversos casos contemplados por el art, 4 de la ley 11.682; y finalmente, con la retribución mensual a directores y síndicos, para la cual el decreto fija en su art. 12 una escala de admisibilidad que no figura en la ley de réditos y que es notablemente inferior a la proporción del 8% de la ganancia impositiva del ejercicio, determinada como deducible por la ley de Impuesto a los Beneficios Extraordinarios, art. 3º, inc. a) t.o. 1952.

Que todo ello demuestra, sin lugar a dudas, que el régimen instituido a fin de determinar las utilidades líquidas a los efectos de la aplicación del decreto 32.506/47, no coincide, en muchos aspectos, con el establecido para fijar el rédito neto sujeto al impuesto respectivo o al Impuesto sobre los Beneficios Extraordinarios; y no resulta incongruente, entonces, que las sumas que la Dirección General Impositiva haya autorizado deducir por concepto de asignaciones adicionales a Directores y Síndicos de la empresa para la determinación del último impuesto mencionado no sean las mismas cuya deducción admita la autoridad de aplicación del decreto 32.506 para establecer las utilidades líquidas; máxime cuando, como en el presente caso, esas autorizaciones de la Dirección General impositiva no fueron expedidas para la determinación del rédito neto de acuerdo con las normas de la ley de Impuesto a los Réditos, como lo establece el art. 9 del decreto 32.506,sino al efecto de fijar el Impuesto a los Réditos Extraordinarios; y bien claro resulta del citado art. 9 que la utilidad líquida, a los efectos del decreto 32.506, debe determinarse sobre la base del rédito neto establecido de acuerdo con las normas de la ley del Impuesto a los Réditos, ajustado de conformidad con el decreto, y no con el que resulte de la aplicación de la ley de Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. Esta no puede tenerse como supletoria sino en los casos concretos señalados por los arts. 10, inc. g) y 18, 2º ap. del decreto 32.506, pues las palabras "a tal efecto" con que comienzan ambos textos indican que lo prescripto es solamente para la situación especial que se contempla en cada uno de esos artículos.

Que además, debe tenerse presente que, cuando la Dirección General Impositiva autorizó a la sumariada a deducir las remuneraciones adicionales pagadas al Director Alfredo Simes al efecto de determinar el Impuesto a los Beneficios Extraordinarios (23 de abril de 1952), dicha repartición había dejado ya de tener ingerencia en la aplicación del decreto 32.506, pues por el Nº 10.102, de 1949, se habían transferido sus funciones a la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios y Abastecimiento, que debía actuar -como lo establece el inc. b) del art. 3º- "como única autoridad fiscalizadora en el orden nacional a los efectos de los decretos Nº 32.506/47 y su modificatorio 4995/49 y del decreto Nº 4708/49". Es lo que expresa la Dirección General Impositiva en la nota agregada a fs. 605, en contestación a la medida para mejor proveer dispuesta por esta Corte. De modo que la autorización de que hace mérito la sentencia recurrida, no solamente se refirió a una materia ajena a las previsiones del decreto 32.506, sino que fue acordada por quien no tenía, en la fecha, intervención alguna en la aplicación del mismo.

Que con respecto al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso administrativo de fecha 18 de abril de 1951, que invoca la sentencia apelada para sostener que son deducibles para el cálculo de las utilidades líquidas, decreto 32.506, las remuneraciones adicionales reconocidas en aquél a los otros Directores de la sumariada para la determinación del Impuesto a los Beneficios Extraordinarios correspondientes al año 1944, los fundamentos expuestos precedentemente demuestran que dicho pronunciamiento judicial no tiene el efecto que se le atribuye, ya que igualmente se trata de deducciones que se juzgan por un régimen legal distinto, por otra autoridad de aplicación y referidas a un ejercicio económico que no es de los comprendidos en el sub judice.

Que en cuanto se refiere a la deducción que la sentencia admite del cincuenta por ciento de lo que considera -en forma irrevisible por la vía de este recurso- como gratificación al Síndico, es necesario tener presente que el inc. h) del art. 10 del decreto 32.506 sólo permite la deducción de gratificaciones que no sobrepasen el cincuenta por ciento "de los sueldos percibidos por el beneficiario durante el ejercicio" y no del monto que como gratificación le haya sido asignado.

Que el agravio referente a la deducción que la sentencia admite de las contribuciones al Instituto Nacional de Previsión Social y de las reservas de la ley 11.729 en razón de las retribuciones adicionales que no son deducibles según los considerandos anteriores, no puede prosperar. En autos no se ha discutido que tales retribuciones hayan sido efectivamente pagadas por la sumariada; lo único que se debate es si deben ser computadas para la determinación de la utilidad líquida. Si fueron abonadas, la sumariada estaba obligada a realizar aquellos aportes y reservas y la deducibilidad de los mismos proviene de lo establecido en los arts. 62, inc. h) y 68, inc. f) de la ley 11.682, t.o. en 1952, pues es en base al rédito neto establecido de acuerdo con las normas de esa ley, ajustado de conformidad con las disposiciones del decreto 32.506, que se determina la utilidad líquida a los efectos de dicho decreto, art. 9º del mismo. Si al determinar el rédito neto deben deducirse esas contribuciones y reservas según los textos citados de la ley 11.682 y si el decreto 32.506 nada dice en contrario que haga necesario, en ese aspecto, un ajuste de dicho rédito neto, es forzoso concluir que las deducciones hechas por tales conceptos deben admitirse.

En virtud de lo expuesto, se confirma la sentencia recurrida en cuanto hace lugar a la deducción de lo abonado al Instituto Nacional de Previsión Social y erogaciones de la ley 11.729; se la revoca en cuanto declara deducibles las impugnadas remuneraciones adicionales al Director y Jefe de Ventas Alfredo Simes y a los Directores Gerentes Edmundo Emilio y Alfredo Doura; y se la modifica en lo que resuelve respecto de las gratificaciones al Síndico, las cuales deben considerarse deducibles solamente en cuanto no sobrepasen el cincuenta por ciento de los sueldos percibidos por el beneficiario durante cada uno de los ejercicios cuestionados, computados aquéllos en la forma que se declaran a los efectos de los regímenes jubilatorios. Notifíquese y devuélvase al juzgado de procedencia donde se procederá a efectuar el reajuste y la liquidación pertinentes con arreglo a lo decidido en este pronunciamiento. -Alfredo Orgaz. -Manuel J. Argañaras. -Enrique V. Galli. -Carlos Herrera.