Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-11-24


EXPEDIENTE n° 22.436 SOBELVIO Haydee Dominica S/ Incidente.

En la ciudad de San Juan, a 24 días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre los recursos de apelación que se interpusieran a fojas 137 y 140, contra la sentencia interlocutoria, recaída en autos N° 22.436 (140894 - 8° CIVIL), caratulados: "SOBELVIO HAYDEE DOMINICA - SUCESORIO", dictada en fecha treinta del mes de mayo del año dos mil diecisiete, obrante a fs. 127/136 y su aclaratoria de fs. 142/143, de estos autos originarios del Octavo Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El iudex a quo en la sentencia fechada el 30 de mayo de 2017, cuya copia obra agregada a fs. 127/136, desestimó la oposición del señor Héctor Francisco Sobelvio, de fs. 53, con costas a su cargo. Regula en el punto II, los honorarios de los profesionales actuantes y ordena continuar con el proceso según su estado.

Contra esta decisión se presenta el abogado Edishon Sobelvio, a fs. 137, apelando los honorarios por bajos, expresando en el mismo acto los fundamentos de su posición recursiva que se sustenta en considerar que la misma contiene contenido económico que es el 50% del bien inmueble atento a la oposición formulada para que el mismo sea inscripto a nombre de los herederos que en derecho corresponde. En función de ello, solicita se merite la base regulatoria al momento de regular los honorarios.

Finalmente solicita se ordene la transferencia del bien inmueble como lo dispuso su hermana Srta. Haydee Dominica Sobelvio.

El recurso se concede conforme art. 53 de la Ley 56-0.

Por su parte, la contraria se presenta a fs. 140 interpone recurso de aclaratoria y apelación. La aclaratoria se llama para resolver y se concede el recurso de apelación a fs. 141.

En la aclaratoria, se resolvió precisar la sentencia en el sentido de que declarado válido el Poder Especial Irrevocable mediante sentencia de fs. 127/136, el cual solo prevé la facultad de acrecer en caso de fallecimiento del señor Edishon Sobelvio, y no respecto del fallecimiento de los restantes beneficiarios, implica que en caso de muerte de algunos de ellos, no cambia el régimen de distribución de bienes. En consecuencia, la distribución de la parte que le corresponde a la señora Carina Rosalía Sobelvio Marún (fallecida) sobre el inmueble objeto del Poder especial irrevocable, es una cuestión que deberá ser resuelta en el sucesorio de la misma, no siendo aplicable las disposiciones sobre donación a las que hace referencia la recurrente a fs. 108 vta. y 109, por cuanto en la sentencia ut supra mencionada no se le dio tal tratamiento al Poder Especial Irrevocable".

La abogada Navarro, invocando su calidad de apoderado del heredero Héctor Sobelvio, a fs. 156 se presenta a expresar agravios y en primer término mantiene la cuestión constitucional. En el punto III-A, realiza una breve reseña de los hechos que constituyen la base de la litis.

En el punto III-B se agravia en cuanto el a quo rechaza la invalidez del poder especial irrevocable presentado por el heredero Edishon Sobelvio, impetrada por su parte por cuanto refiere que, por no ser su parte, heredero forzoso, carece de legitimación para atacar la validez del citado poder.

El recurrente estima que el error del a quo está en desconocer que si se está ante un acto inválido, tal cual es el poder especial irrevocable presentado por el coheredero, la invalidez del mismo determina la legitimación de su poderdante para atacarlo, toda vez que por disposición de la ley el mismo es inválido, nulo, carece de valor y consecuentemente de virtualidad para excluir el bien del acervo hereditario. Es decir, no se habla de acción de reducción.

Continua argumentando que acto válido de disposición realizado por el causante y que luego afecte la legítima de los herederos forzosos, habilita la impugnación por parte de éstos mediante acción de reducción. En cambio, acto inválido, tal cual es el poder especial irrevocable presentado en autos, es impugnable por todo heredero, aún quien no revista la calidad de heredero forzoso, como por cualquier tercero, siendo la nulidad del acto determinada por la ley, nulidad absoluta e insalvable. Conforme a ello, sostiene que si posee facultades o habilitación legal para solicitar se decrete la invalidez del poder especial irrevocable y la no exclusión del bien inmueble del acervo hereditario del causante.

El tercer agravio, es contra la referencia de que el acto es válido cuando se realiza dentro de la zona aceptable de buena fe y cumplen el final cual se encaminaron, sosteniendo que conforme a ello, toda la normativa legal resultaría superflua o innecesaria, debiéndose analizar la validez del acto bajo la luz de que se encuentre dentro de la zona de aceptable buena fe.

Por otra parte, asevera que desconoce el a quo que la validez de los actos jurídicos derivan de que los mismos se hayan realizado de conformidad con las normas legales que los regula, tanto en sus requisitos sustanciales como formales. Su incumplimiento determina la nulidad por imperio de la ley, y no por el carácter de forzoso o no del heredero o de ser realizado, en una zona aceptable de buena fe, concepto este ajeno a la jurisdicción que el tribunal inviste.

Para el recurrente, lo resuelto por el a quo es totalmente errado, dado que lógicamente el poder traduce un mandato y que consiste en la realización de un acto que da cumplimiento total a las obligaciones de las partes para concluir el negocio específico que los une.

Claramente precisa que el art. 1977 al dar el carácter de irrevocabilidad al acto, irrevocabilidad esta de carácter absoluto, lo hace por cuanto, el mandante ha quedado totalmente desinteresado y/o tercero no le permitan revocar el poder que autoriza a finiquitar el acto jurídico base, ejemplo la compra venta donde el comprador cumplió con su obligación principal de pago de precio y cualquier otra accesoria.

La parte quejosa procura diferenciar entre lo que entiende como la irrevocabilidad absoluta, propia u objetiva que deriva del contenido propio del contrato base, de su naturaleza. Se da únicamente en el supuesto de que ese contrato base impida al otorgante extinguir la relación de mandato o de poder por su sola voluntad. Esto ocurre en máxima medida cuando el otorgante del poder se encuentra totalmente desinteresado. Por lo tanto la irrevocabilidad por naturaleza sería la que resulta del negocio base, la absoluta, independiente de que se la haya declarado o no. Si también resulta del convenio celebrado será -ademas- "pactada".

Con cita de autor, argumenta que la "irrevocabilidad relativa" es la que tiene sustento en un negocio que el otorgante puede extinguir "ex nunc" tal cual surge del poder especial presentado por el co-heredero Edishon Sobelvio, y el cual autoriza a la mandante a disponer libremente del bien, tanto para acto de administración como de disposición.

La interpretación dada por el a quo en cuanto a que el negocio especial es el mandato mismo, conllevaría a que cualquier poder, el cual no es otra cosa que la instrumentación de un mandato, sea irrevocable. Ello no es lo previsto por el art. 1977 norma que lo regula y que establece una excepción al principio general que establece la revocabilidad del poder y su cese con la muerte del mandante.

Por otra parte, y luego de transcribir parte del fallo, estima que el razonamiento del a quo es errado, dado que el mandatario no asume ninguna obligación frente al mandante, siendo intrascendente la firma o no del poder. Caso contrario, y de asumir como dice el a quo una obligación de hacer, no cabría la irrevocabilidad ya que de existir obligación pendiente del mandatario, lleva ínsita la posibilidad de incumplimiento de la obligación y, consecuentemente, la facultad del mandante de revocar el mandato.

Tampoco puede observarse en el poder referencia al carácter oneroso del mandato conforme lo refiere el a quo, en ningún momento refiere el mandante el pago al mandatario.

De igual se posiciona y sostiene que si el negocio base especial que determina el poder irrevocable fuese el mandato, regulado en el art. 1869 a 1985, ello nunca permitiría la transmisión de la propiedad del bien al cual él se refiere. El mandato no constituye título suficiente para transmitir el dominio. Es solo la facultad para instrumentarlo. El título suficiente para transmitir el dominio es el acto de disposición oneroso o gratuito por el cual el propietario - mandante - dispone a través de una compra venta, permuta, dación en pago o donación, transferir el dominio. El mandato como negocio jurídico carece de la virtualidad de transmitir el dominio, solo traduce la voluntad de la parte en la celebración del acto jurídico base específico que determina su voluntad de transferir el dominio.

Por ello concluye el punto el mandato no constituye el negocio especial que autoriza el otorgamiento del poder irrevocable. El mandato es el medio para la realización de los actos pendientes para el cumplimiento o concreción del negocio base especial que transmite la propiedad, a saber compraventa, permuta, donación. Al no referirse el negocio base esencial, el poder no ha cumplido con los requisitos del art. 1977, siendo inválido.

En el quinto agravio, denuncia que existe una contradicción en la sentencia del a quo, refiriéndose en ella en forma indistinta que el negocio especial base del poder es el mandato (a quién refiere oneroso) y luego refiere que es el acto de disposición a título gratuito a favor de tercero (lo que implica una donación). Tal contradicción determina que la sentencia no sea una derivación razonada de los hechos y antecedentes de la causa y que no se ha alcanzado el convencimiento que autoriza tener a la sentencia como una expresión de la sana critica racional.

De allí que la contradicción de la sentencia, determina la arbitrariedad de la misma, por cuanto y conforme lo determina nuestra Suprema Corte de Justicia, no constituye una derivación de la sana critica racional. Por ello, corresponde se revoque la misma.

En el sexto agravio, la recurrente reitera anteriores conceptos (tautología) y sintetiza su pensamiento sosteniendo que 1. Un poder especial para donar otorgado con carácter de irrevocable no alcanza esa naturaleza jurídica, ya que no reúne los requisitos establecidos por el art. 1977 del Código Civil. No existe aquí negocio base ni obligaciones pendientes y, esa promesa de donación no podría adquirir virtualidad para exigir su cumplimiento ni al mandante ni al mandatario pues, expresamente dispone el art. 1810 inc. 1 del Código Civil, que la donación de bienes inmuebles debe ser hecha ante escribano público bajo penal de nulidad y ni siquiera quedará concluido como contrato en el que las partes se han obligado a elevarlo a escritura pública (art. 1185). 2. Tal poder puede valer como poder común sujeto a todas las causa de cesación: muerte, revocación, etc. 3.

La donación realizada con un poder irrevocable luego de la muerte del mandante, es nula. 4. El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del causante será válido si puede valer como acto de última voluntad (art. 1983 del Cód. Civ.). La promesa de donación para producir efectos después de la muerte del donante es nula como contrato, pero válida como testamento si se ha hecho con esas formalidades (art. 1790). Para ello debe tramitarse el respectivo sucesorio. 5. La escritura pública de oferta de donación no requiere mayores formalidades que el otorgamiento del poder para donar (promesa de donación). El poder para donar no tiene virtualidad para exigir ni al mandante ni al mandatario el otorgamiento del acto. En cambio, la oferta de donación tiene eficacia aun después de la muerte del causante (art. 1795).

El séptimo agravio es sintetizado sosteniendo que careciendo de las formalidades legales previstas para las disposiciones de última voluntad, el poder especial que adjunta el coheredero para ser ejercido post mortem, resulta nulo de nulidad absoluta, aparejando la nulidad de la totalidad de las disposiciones en él contenidas (art. 3630 del Cód. Civil). Especifican que es erróneo lo dispuesto por el a quo al afirmar que el art. 1980, 1982 y 1983 del Cód. Civil determinan que el poder otorgado por el causante mantenga su vigencia después de su muerte. Por el contrario, los citados artículos reafirman la finalización del mismo con la muerte del poderdante - art. 1980 y 1982- y en el caso del art. 1983 la nulidad absoluta e insalvable ab initio por incumplimiento de las formas testamentarias exigidas por la ley para toda disposición de última voluntad.

En el octavo agravio, insiste en que el art. 1796 y 1794 C.C., al haber quedado sin efecto la donación respecto a la señora Carina Sobelvio, sin que ello autorice el derecho a acrecer a los restantes donatarios, corresponde la incorporación al acervo hereditario del porcentual del inmueble que se había dispuesta transferir a ésta, lo que así debe declararse.

En el noveno, persevera en su tautología para peticionar en el décimo que las costas sean impuestos a la vencida y en subsidio que la regulación es excesiva.

Corrido traslado a la contraria a fs. 169, ésta se presenta a fs. 170 y en función de los argumentos fácticos y jurídicos que expone solicita el rechazo de la apelación formulada por la contraria y, de igual modo, requiere se califique como temeraria la conducta asumida por la presentante.

Planteado de este modo el recurso de apelación, corresponde advertir lo señalado por este tribunal cuando se dijo que la cuestión traída a estudio "coloca al tribunal ante lo que la filosofía del derecho estudia bajo el título de "casos difíciles". En este sentido, recuerda César Rodríguez en su investigación ("La decisión judicial - El debate Hart - Dworkin", Ed. Siglo del Hombre Editores - Universidad de los Andes - 1998 - Colombia, pág. 87) que Ronald Dworkin (Law´s Empire, Cambrige. Harvard University Press, 1986, pág. 269) sostiene que "los principios jurídicos no son contradictorios, sino competitivos. Dos principios contrarios pueden convivir en un mismo ordenamiento jurídico sin crear contradicción: cuando entran en competencia en un caso concreto, son ponderados de acuerdo con el razonamiento propio de la colisión de principios..." (Cámara Civil, Comercial y Minería, Sala I, 30 Junio 2008, autos N° 19.482 (3174/3438 - 1º Com. Esp.) "Paolini, Francisco - Quiebra Indirecta - Inc. Desafectación Bien De Familia S/ Sindicatura", (L. de A. T° 158 F° 174/182); n° 21.937 (10.745 - 9° civil), "Pereira, Edmundo - Prescripción adquisitiva", 19 junio 2015, (L. de S T° I-2015; F° 93/99), entre otros).

Esta doctrina es plenamente aplicable al caso, razón por la cual se debe ponderar con cuidado sumo la conducta procesal de las partes en función a los planteamientos que realiza ante el tribunal que, debidamente analizado, puede significar un reconocimiento implícito de las consideraciones vertidas en el fallo dictado por el a quo, dado que de otro modo no se justifica la petición.

Ello acontece cuando la recurrente representada por la abogada Ana Iris Navarro, peticiona a fs. 140 que el tribunal se expida mediante el recurso de aclaratoria, sobre su planteo realizado en subsidio y que se relaciona con la incorporación al acervo relicto del porcentual correspondiente a la señora Carina Rosalía Sobelvio Marún, atendiendo que ella falleció el día 20 de agosto de 2013, es decir, en una fecha anterior a la de la causante, señora Haydee Dominica Sobelvio producida el día 21 de agosto de 2013, lo cual motiva que la donación habría quedado sin efecto.

Pero este posicionamiento de Héctor Francisco Sobelvio se formula en subsidio del rechazo de su oposición principal que a fs. 108 vta, es expresamente rechazado por improbable.

A partir de ello, al reclamar que se expida el tribunal a quo sobre su petición subsidiaria, implica un expreso reconocimiento de la sentencia que desestimó su pretensión principal. Ello es de lógica racional pura que se conoce en el argot judicial como principio de congruencia que deben las partes mantener en sus posicionamientos y pretensiones.

Es decir, al cuestionar uno de los efectos o alcance de los mandatos contenido en el poder conferido a Edishon Sobelvio, de suyo que está reconociendo la validez jurídica del mismo para transferir los bienes pero solo que en el caso por considerar que se trató de una donación la misma habría perdido eficacia al fallecer anticipadamente la beneficiaria.

El iudex a quo, se pronuncia por el rechazo de la petición realizada en el marco de la aclaratoria.

El procesal principio de congruencia derivado de la buena fe que se presenta como non venire contra factum proprium, teoría de los actos propios, impide a la recurrente cuestionar y argumentar, en la alzada contra la validez de la autorización dada al señor Edishon Sobelvio, sino que debió ocuparse de cuestionar la decisión adoptada en la sentencia aclaratoria por el juez a quo atento al reposicionamiento en su pretensión.

Sin embargo, la recurrente omite tratar este planteo como lo indica el segundo párrafo del art. 253 de la Ley 988-O, es decir, realizar una critica concreta y razonada de los fundamentos dados por la sentencia desmoronando el edificio lógico jurídico en el cual fundamentó la decisión el a quo y, en paralelo presentar las razones fácticas y jurídicas en las cuales se debería sustentar una decisión favorable a su pretensión recursiva. En ese sentido, en reiteradas oportunidades se ha sostenido que no basta con expresar una mera posición de disconformidad, como acontece en autos.

Sin perjuicio de ello, la doctrina judicial esta conteste en aseverar que "el mandato regulado por el art. 1977 CC. está destinado a perdurar más allá de la muerte del mandante; en consecuencia, el mantenimiento del acto, en su eficacia, dependerá de que no existan herederos menores o incapaces de otra índole, o de que la ejecución de ese mandato "post mortem" no afectare la porción legítima de algún heredero forzoso o necesario" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, "Mopin S.A. v. Binaghi de Mulieri y otros", 24/11/1981, 70029684).

Ello es entendido de este modo por cuanto, en primer lugar existe una clara expresión de voluntad de una persona dada en vida sobre su deseo de cómo quiere que sus bienes sean distribuidos a posteriori de su muerte que de buena fe, debe ser respetada por quienes son nombrados herederos sin tener la ventaja de una alícuota o porción de la cual no pueden ser privados. En el caso no está en juego el orden público, como sería por ejemplo, proteger la legítima de los herederos descendientes, en especial cuando son menores por imperio de los Tratados Internacionales suscripto por Argentina.

En cuanto al tema de la imposición de las costas planteado por la recurrente, señor Héctor F. Sobelvio, estimo que las mismas deben ser impuestas por el orden causado en función de que se trata de planteos que no reconocen antecedentes en la doctrina judicial de la Sala ni de la Cámara, además de que su tratamiento ha sido calificado como caso de difícil resolución. En función de las razones antes expuestas, llego a la convicción de que el recurso tratado debe ser receptado parcialmente, dado que propongo una modificación en la imposición de las costas, las cuales deberán ser por el orden causado.

A partir de ello deviene abstracto, el recurso de apelación introducido por la cuantía de los honorarios del abogado Sobelvio, quien es a su vez parte del proceso incidental. El Dr.GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El Dr.PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto a fs. 140, modificando la condena de costas las que se imponen en el orden causado. Declarar abstracto el recurso interpuesto a fs. 137.

El Dr.GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto a fs. 140, modificando la condena de costas las que se imponen en el orden causado. Declarar abstracto el recurso interpuesto a fs. 137.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A . T° III-2017; F°124/138; FECHA:24 de noviembre de 2017 DRES.RIVEROS-ALFERILLO