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Derecho tributario, interpretación de la ley, ley tributaria, contribuyentes, doctrina de los actos propios, inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Supercanal S.A. c/ Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca s/ Acción contencioso administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-06-09

Articulada la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal que rige la contribución por la ocupación y utilización de espacios del dominio público municipal, por considerarse que contraviene lo que el Código Tributario Municipal determina como base imponible para el mismo supuesto, la administración alega que el contribuyente está imposibilitado de tal planteo en tanto consintió aquel régimen jurídico que rige sus obligaciones fiscales mediante diversos actos de acatamiento.

En relación a este tema, la CSJN sentó en reiterada jurisprudencia que quien se ha sometido voluntariamente a un régimen jurídico determinado no puede luego plantear su inconstitucionalidad, fundando su criterio, en un primer momento, en la renunciabilidad de los derechos patrimoniales, para apelar con posterioridad a la doctrina de los actos propios.

Sostengo -siguiendo el criterio crítico de los Ministros Fayt y Belluscio- que el problema que se presenta para la recepción abstracta de la doctrina aludida es la imperatividad coactiva que pesa sobre el contribuyente en sus relaciones fiscales con el Estado, porque no existe posibilidad alguna de consenso en la fuente originaria de la imposición, lo que obviamente torna más que relativo el consentimiento como acto voluntario libre emanado de un ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad.

Estamos entonces en un ámbito de imperio unilateral y de derecho público, donde la constitucionalidad de las normas no puede purgarse por acto subjetivo, en tanto la lesión al orden constitucional es objetiva, y la jerarquía imperativa es de orden público por lo que no puede ser objeto de consentimiento o negocio jurídico alguno. Entonces, la actora está habilitada procesalmente para cuestionar la constitucionalidad de las norma tributaria municipal aludida supra. (Del voto en disidencia de la Dra Sesto de Leiva).
Honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KOVESA S.A.. c/ BCO. DE LA PROV. DE NEUQUEN. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-04-24

CUANDO NO SE RECLAME VALOR ECONOMICO ALGUNO, EL MONTO DEL JUICIO NO PUEDE SEU USADO COMO BASE DE LA LIQUIDACION DE HONORARIOS.
Sociedades comerciales, medidas cautelares, intervención judicial, veedor judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNANDEZ,  JUAN  CARLOS c/ PRODUCTORA DE CILINDROS LIVIANOS TEXCOM SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-29

Si bien el plazo inicial por el que se designó un veedor informante en la sociedad accionada se encuentra cumplido, con lo cual decidir sobre la procedencia de tal nombramiento resultaría abstracto, no puede soslayarse la existencia de irregularidades en la actividad de la sociedad -trascripción de actas de reunión de directorio que no guardan relación cronológica, libro de registro de asistencia de accionista a la asamblea general extraordinaria sin firma, gastos no contabilizados, discordancia entre facturas y operaciones sociales emergentes de documentación incorporada a la causa- que justifican la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, y como consecuencia de ello la designación del veedor; y en tanto no puede considerarse agotada la labor encomendada a este, pues debido a demoras en que incurriera la sociedad en poner a su disposición los elementos requeridos, no pudo poner a disposición de las partes mas que un informe y fuera de la fecha prevista, se justifica prorrogar la veeduría por un nuevo periodo.
Limitación de recursos económicos, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARINI, MARIA SUSANA c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-06

Sin perjuicio de la opinión personal sobre la validez constitucional del art. 17 de la ley 24.463, corresponde confirmar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del mismo si en la expresión de agravios no ser formuló crítica alguna al decisorio. (Del voto del Dr. Wassner).
Quiebra, calificación de conducta, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, designación de defensor
Materia: COMERCIAL
Carátula: HUGHES CROVETTO Y CIA. s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-10

Si bien esta sala ha decidido que el domicilio constituido en los estrados del juzgado, como consecuencia de la aplicación del apercibimiento previsto por la lc: 95-7., rige como sanción procesal, tanto en el expediente principal como en los incidentes incluidos el de calificación de conducta-, tal doctrina no resulta aplicable en el supuesto -como acontece en el caso- en que medien dudas sobre el desempeño como administrador de la sociedad y al tiempo de la quiebra del imputado. En consecuencia y a fin de preservar adecuadamente el derecho de defensa en juicio, se aprecia conveniente en tales circunstancias, designar defensor oficial.
Derechos y garantías constitucionales, régimen jubilatorio, funcionarios judiciales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PLANA, LUIS ÁNGEL c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

La ADENDA aparece frente al Acta Complementaria como una reglamentación a la misma; pero como tal, no puede alterar los derechos sustantivos que intenta reglamentar, violando de esa manera el art. 28 de la C.N. en cuanto establece que "Los principios, garantías y derechos reconocidos., no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio". En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la Cláusula tercera de la ADDENDA en cuanto establece que los Magistrados y Funcionarios Judiciales comprendidos dentro de sus alcances, debían optar dentro de los 90 días a partir de su publicación en el B.O. de la provincia por el régimen jubilatorio establecido por la ley 24.018 o, en su defecto, permanecer en el S.I.J.P. reglado por la ley 24.241.
Juicio de alimentos, alimentos atrasados, legitimación activa, mayor de edad
Materia: CIVIL
Carátula: Ch., L. P. c/C., S. O.s s/ Incidente de ejecución de alimentos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-06

Los créditos alimentarios pendientes de los menores que cesan en su situación de minoridad o que se encuentran emancipados deben ser reclamados por los mismos, por derecho propio, por haber concluido la supuesta representación legal de la madre, tutor especial, pariente o Ministerio Público.
Plazo, prórroga del plazo, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación  Trabajadores  del Estado c/ Misiones, Provincia de s/ ejecución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Si la ampliación del plazo en razón de la distancia encuentra su justificación en las dificultades que tal estado de cosas genera, no se vislumbra cuál sería el motivo que sustentaría la decisión de no considerar ese alargamiento para oponer la caducidad de la instancia en una causa radicada ante un tribunal que tiene su domicilio en uno distinto del interesado.
Responsabilidad del Estado, obras públicas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Derudder Hnos. S.R.L. c/ Superior Gobierno de Entre Ríos s/ Sumario por Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-10

El Estado debe responder por aquella obras y servicios que le hubieren reportado un beneficio, aún cuando medien defectos formales o falta de autorización de la autoridad competente, en razón del principio que veda el enriquecimiento sin causa.
Ejecución de la pena, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: EP - ABOY LUIS ALBERTO S/ EJECUCIÓN DE LA PENA (EX. OFIZA LEG. 62/14) (A.C.) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-11-29

En la determinación de la ley más beneficiosa para el condenado, se coincide con los magistrados que intervinieron con anterioridad, en el sentido de que la comparación de las leyes debe efectuarse teniendo en cuenta el texto completo de cada una de ellas; ya que se encuentra vedado a los jueces seleccionar las partes más benignas de una y otra, y de ese modo, crear una nueva ley (por ser ésta una competencia del legislador).
Despido, subsistencia del contrato
Materia: LABORAL
Carátula: G., A.V. c/ O., AFJPSA s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-11

La doctrina y jurisprudencia vienen sosteniendo en forma unánime que el despido como sanción debe guardar una adecuada proporcionalidad con la falta cometida, y a este fin debe apreciarse si la misma era realmente de tal gravedad como para no consentir la continuidad de la relación, ya que existe toda una gama de sanciones alternativas adecuadas a las circunstancias de cada caso para corregir conductas que no lleguen a ese grado (art. 67, L.C.T.), debiendo tenerse siempre presente, en caso de duda, el principio de conservación del contrato (conf. art. 10 de la L.C.T.), según las pautas de los arts. 62 y 63 L.C.T.
Materia: LABORAL
Carátula: MAMANI, MANUEL HORACIO. c/ TECOTEX S.A. Y OTROS. s/ COBROS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-16

Corresponde admitir la incidencia de la unidad incentivo sobre todos los ítems remuneratorios que se relacionan directamente con el premio a la producción no así sobre los rubros remunerativos que no tienen como base ese componente.

DRES.: POSSE - DÍAZ RICCI (EN DISIDENCIA) - POLICHE DE SOBRE CASAS - LEGNAME (EN DISIDENCIA) - FRASCAROLO.
Aborto calificado por muerte, tentativa, delito preterintencional, daños y perjuicios, indemnización, daño material, daño moral
Materia: PENAL
Carátula: CONTRERAS SUSANA s/ ABORTO. ACCION CIVIL: daño material y daño moral.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

1) Habiéndose acreditado en autos que la muerte de la damnificada se produjo a consecuencia de las maniobras abortivas a que fuera sometida, -sin que se halle probada la efectiva interrupción del embarazo antes del fallecimiento de aquélla, surgiendo la muerte del embrión como consecuencia del deceso de aquella de quien dependía-, el hecho encuadra en la norma del art. 85 inc. 2 CP, que es un delito preterintencional, figura compleja en la que una acción dolosa se complementa con un resultado culposo, pero ello con clara vigencia del principio de culpabilidad.

Cuando, como en el caso, el delito básico, aquél constituido por la acción dolosa, ha sido tentado y a dicha tentativa se une, con necesaria relación de causalidad, el llamado 'delito preterintencional' queda configurado, ya que en el suceso de autos, la incuestionable tentativa de aborto fue seguida por la muerte de la mujer, provocada como inmediata consecuencia de la práctica de aquel accionar, enderezado a lograr la interrupción del embarazo.

2) si bien no procede indemnización por daño material, en cambio sí corresponde la indemnización por daño moral puesto que siendo la reparación pedida de índole no patrimonial, no puede ser óbice para su admisión que no se haya expresado cuantitativamente la indemnización pecuniaria pedida, ya que de tal manera se estaría obligando al actor a evaluar en moneda sus sufrimientos psíquicos y afectivos y a entrar en un debate inadmisible, cuya solución sólo debe provenir del prudente arbitrio judicial, a la luz del material allegado al proceso, que permitan inferir esas consecuencias del hecho delictuoso.
CÓDIGO DE FALTAS DE SANTA FE, eximentes de responsabilidad, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: M., A. s/ Infracción artículo  62 Y 107 Ley 10.703 (Expte Nº  166-92, Resolucion  N  36, Tomo 1, Folio 145)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-13

Para que opere la eximente de responsabilidad se exige que las ofensas provocantes de una eventual reacción se efectúen en forma intencional y directa ("...haya sido provocado por ofensas o injurias dirigidas contra él...") lo que no ocurrió en la causa al negar el destinatario de las mismas tal direccionalidad expresando que al efectuar su oponente el comentario "...prácticamente todos en la legislatura son ñoquis..." generalizó y si bien se sintió ofendido -y así hubiera podido considerarse- no le fue dirigido directamente, por lo que el comentario carecería de la entidad excluyente de la responsabilidad cuya aplicación se solicita.
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, cuota concordataria, desagio
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTABLECIMIENTOS    METALURGICOS  O.H.  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  -  INCIDENTE  DE  VERIFICACION  DE CREDITOS POR  FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

No procede la aplicación del desagio sobre la cuota concordataria ajustable conforme el índice financiero (circ. 1.050 B.C.R.A.).
Cesión de créditos, cuestiones de competencia, BANCO DE SAN JUAN
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Lima Roberto Armando y Otros s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-08-07

Que el título en ejecución corresponde a los créditos cedidos por el Banco de San Juan S.A. a favor de la Provincia actora conforme lo previsto por la ley 6.753 en su art. 1 de donde surge claro que en el caso no estamos en presencia de una obligación fiscal desde que el origen de la deuda y causa de la obligación es un préstamo personal otorgado al demandado por el Banco de San Juan acreedor originario y cedente del crédito referido a favor de la Provincia de San Juan.- Así las cosas comparto el fundamento de la resolución adoptada por la Sala IV en cuanto a que no resulta óbice que el certificado para la ejecución se haya expedido conforme la ley 7.053 porque ello no causa modificación alguna de la causa de la obligación que he referido precedentemente, extremo que resulta esencial a la hora de decidir sobre la competencia.- En consecuencia y por entender que la cuestión es de derecho privado y por tanto está subsumida en la previsión del art. 2 apart. a del Ac. Gral. 54/07 voto para que se declare la competencia de esta Sala para entender en la presente causa debiendo tomarse nota de ello en la Mesa de entradas de Cámara y comunicar la presente resolución a la Sala IV.
Cesantía, indemnización, empleados públicos, reincorporación
Materia: LABORAL
Carátula: MUANNA, ANTONIO FELIX C/ VIAL RIONEGRINA SOCIEDAD DEL ESTADO (VIA.RSE) Y OTRA S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (L) S/INAPLICABILIDAD DE LEY c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-05-13

Al retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al acto declarado ilegítimo, también debe compensarse el detrimento patrimonial del empleado estatal desde que se produjo el cese hasta su reincorporación, puesto que es desde ese momento que el trabajador se vio privado -ilegítimamente- del salario. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Liborio, Jorge José y otra c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario- Recurso de inconstitucionalidad- Daños y   perjuicios- (Expte. C.S.J. Nro. 24 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11, "in fine", de la ley 7055, la primera cuestión a tratar en la sentencia versará, necesariamente, sobre la admisibilidad del recurso, por lo que dicho control por la Corte resulta insoslayable, lo que evidencia la falta de consistencia de las alegaciones del recurrente referidas a que se encontraba impedida de hacerlo, por haber mediado consentimiento de la contraria.
Derecho fijo, tasa de justicia, multa, carácter sancionatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: DE LOS ROOS M. MARCELA Y PEREZ JORGE GUILLERMO c/ CITIBANK N.A s/ ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS CITIBANK N.A s/ ORDINARIO POR DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-06-29

El monto fijado en concepto de multa es el que pacíficamente se viene estableciendo para todos los casos de incumplimiento con la carga fiscal, siendo que la misma tiene carácter conminatorio y en todos los casos en que se cumple con la reposición del sellado, se procede a dejarla sin efecto alguno. (Sumario Confeccionado por el SAIJ)
Traba de la litis, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Paredes, Hugo Alberto c/ Municipalidad de Cipolletti s/ Contencioso administrativo s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-03-18

Si se ha omitido tratar y resolver el litigio según la legislación expresamente invocada en oportunidad de la traba...Si mediaba una colisión ese punto debió ser desarrollado estableciendo las razones por las que una ley o sistema prevalecía sobre el restante. De lo contrario el acto jurisdiccional carece de suficiente fundamentación, con deterioro insalvable del deber de congruencia y del derecho de defensa.
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ferraro Vicente c/ Daniel Florio Pardo s/ Cobro Alquileres (LIBRO: S004 - 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-02-03

La suma es fácilmente liquidable cuando la determinación de lo reclamado debe ser posible en base a las constancias del título, de modo tal que con ellas y la utilización de fórmulas matemáticas o financieras ordinarias pueda obtenerse la determinnación cierta del capital reclamado, sin necesidad de recurrir a otros elementos complementarios.
Locación de contenedores, mora, conocimiento de embarque, endoso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELMA c/ SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTES TRANSATLANTICOS  S.A. s/ LOCACION  DE  CONTENEDORES.  RESPONSABILIDAD  POR  LA  DEMORA  EN  LA  DEVOLUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

La Sociedad de Transportes Trasatlánticos figura como consignataria en los conocimientos, y se hizo parte en el contrato de locación al aceptarlo y proceder luego a la transmisión a terceros. Catalina Caruso, endosataria de los conocimientos, era la destinataria final de los objetos, pero no revistió la condición de parte en el contrato hasta que él no le fue cedido por la consignataria, sucesora del cargador.

La cedente -como en toda cesión de deudas- no quedó liberada frente al acreedor, toda vez que el acto no contó con su conformidad. Por eso, aunque Transportes Trasatlánticos no haya documentado el despacho a plaza de los efectos -extremo que tiene su trascendencia, como regla, en los contratos de transporte marítimo, desde que esa diligencia es la que normalmente provoca la sustitución del cargador por el consignatario-, en la órbita del contrato de locación de contenedores mantiene su calidad de obligado por el hecho de haber aceptado el contrato, extremo éste que no cabe discutir pues el endoso del conocimiento significó primeramente hacerse parte en aquél.

Frente al locador, por tanto, debe responder la demandada, sin perjuicio de los derechos que pudieren asistirle respecto de la consignataria, usuaria de los contenedores.-
Costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simoes Rodriguez, Orlando c/ Diaz, Elias s/ Redargución de falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-12

La decisión sobre la imposición de costas, no puede ser enmendada a posteriori, si no ha medido la intervención oportuna de actos de impugnación. Lo contrario afecta legítimas consecuencias de los actos procesales ya cumplidos (preclusión) y no susceptibles de modificación alguna. En consecuencia debe considerarse que las costas en esos casos corren por su orden.
Fianza, doctrina
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

La doctrina nacional se ha dividido, en torno a la interpretación de lo normado en el mencionado art. 2005, en dos posturas totalmente antagónicas. Una es la doctrina de la "solidaridad", seguida en autos por la parte recurrente, que niega la existencia de fianza y asimila al "principal pagador" con el "codeudor solidario", emplazando su situación en el esquema de excepciones previsto en el art. 715 ... (cf. SEGOVIA).

En la misma tendencia se enrola también, entre otros, Alberto G. Spota,... La otra postura, a la que ANAYA y TRIGO REPRESAS denominan como "doctrina de la fianza" a la cual adhiero, trata al "principal pagador" como el "fiador" que en realidad es, aunque su situación resulte ser aún más rigurosa que la del "fiador solidario"; sometiéndolo por ello a la regulación de los arts. 2020 a 2022 y descartando la utilización del art. 715. Siendo éste en definitiva, en términos generales, el entendimiento que comparto y ahora sostengo.
Litisconsorcio, honorarios del abogado, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PRABALDI ROMANO c/ JOSE AGUERO s/ Acción de Nulidad (LIBRO: A157 - 330)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-07

En el caso de autos el valor del pleito debe dividirse entre los litigantes consorcistas y no multiplicarse en función del número de ellos que conforman la parte. La división solo cabe respecto de las costas que debe abonar la parte actora a los letrados de su contraria.
Cheque sin fondos, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, FAUSTO ENRIQUE s/ Contrabando Causa 33605
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-11

Si la orden de pago no indica el nombre del beneficiario, al no reunir las formas establecidas en la ley comercial dicha orden carece de valor como cheque, no pudiéndose entonces configurarse el delito previsto en los inc. 1) y 2) del Art. 302 del C.P.