Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-30


----En la ciudad de Trelew, a los días de noviembre del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C., L. A. y V., P. A. M. c/ M., J. C. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 224 - año 2009) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?, y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 671.- ----A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: --------- ----Vienen estos actuados a conocimiento de esta alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada (fs. 641) y por la parte actora (fs. 642) en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 626/637 y vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por el Sr. L. A. C. condenando al Sr. J. N. M. a que abone al mencionado actor la suma de $ 4.468,16. Asimismo, hace lugar a la demanda entablada por la Sra. P. A. M. V. y el hijo menor de los actores, L. A. C., condenando al mencionado demandado a que les abone la suma de $ 10.531,77 y $ 4.000, respectivamente. Todas dichas sumas con más los intereses que se fijan en el punto III del fallo. Finalmente impone las costas en un 30% al actor L. A. C. y el 70% restante al demandado; imponiéndoselas en su totalidad a este último respecto al reclamo de los restantes actores.-------A fs. 653/655, luce agregado el escrito de expresión de agravios de la parte demandada; y, a fs. 656/661 vta., se encuentra glosado el correspondiente a la parte actora.-----A fs. 665/666, obra la sentencia interlocutoria N° 105/2009, de este tribunal, por la cual se rechaza el replanteo de prueba solicitado por la parte actora recurrente.-------Ordenado el respectivo traslado de los escritos de expresión de agravios a la contraria (fs. 669), el mismo no fue evacuado por ninguna de las partes.----I.- A) Agravios de la parte demandada: Expresa que se agravia de la valoración de la prueba realizada por el Juez a quo ya que descarta lo determinante de ella en favor de lo argumentado por la demandada. Cita el testimonio del Sr. J. A., expresando que se designó como primera fecha de audiencia testimonial el día 14 de marzo de 2006 y en auto de fecha 17 de marzo se decretó la caducidad de la prueba de dicho testigo. Aclara que dicho testigo no se presentó por un error involuntario en la dirección del mismo perjudicando sensiblemente a su parte. Advierte que dicho testigo y el Sr. A. N. fueron los únicos dos testigos que se encontraban presentes en el momento del hecho, por lo que -afirma- no pueden ser pasados por alto. Postula que decretada la caducidad de la testimonial de J., el único testigo presencial que podía desentrañar la realidad de los hechos el juzgador lo desvirtuó por ser solo un testimonio solitario. Asevera que el testimonio del Sr. A. es determinante o si se quiere trascendente por su presencia en el momento del hecho. No conforme con la ausencia de valoración de los testigos ofrecidos por su parte, dice, tuvo por relevante la confesión ficta haciendo caso omiso a las pruebas rendidas en autos declarando la caducidad de un testigo presencial y desmereciendo el testimonio de A. por ser el único y relevante. De esta forma, expresa, es que llega a la conclusión de que no hay pruebas que la desvirtúen a la confesión ficta. Alude a la errónea aplicación de la jurisprudencia y del derecho. Señala al respecto que de acuerdo a la sentencia recaída en autos, más precisamente en el considerando 3ro., párrafo 8 in fine, el a quo cita jurisprudencia relativa a que la declaración de culpabilidad del imputado no impide invocar en sede civil la culpa concurrente, precisando que en autos no hay declaración de culpabilidad sino solo una suspensión del juicio a prueba. Agrega que también se equivoca cuando aplica la jurisprudencia que cita en el considerando 3ro., párrafo 4to., citando un artículo doctrinario titulado "incidencia de la sentencia penal en relación con la sentencia civil" recalcando que la suspensión del juicio a prueba no es una sentencia penal. Alude al art. 76 bis del Código Penal para indicar que el pedido de suspensión del juicio a prueba no implica confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil en contra del imputado. Insiste que el acto de solicitar la "probation" no puede ser invocado en su favor por la contraria para eximirse de probar en el proceso civil los extremos fácticos que perfilen la procedencia de los reclamos resarcitorios. Efectúa cita doctrinal a la cual remito por razones de brevedad. Concluye afirmando que en sede civil se debe verificar si se encuentran configurados los presupuestos para la procedencia de responsabilidad civil. Extremo no cumplido toda vez que no llega el a quo a valorar la prueba ofrecida por su parte ya sea por decretar una caducidad de un testigo presencial o por no considerar relevante el testigo único que tenía en la causa y que había presenciado el hecho, o por considerar que una confesión ficta es suficiente para desentrañar la realidad de los hechos.-B) Agravios de la parte actora:

----Previo a reseñar los hechos y la sentencia formula los siguientes agravios: 1) imposición de costas por la excepción de falta de legitimación activa resuelta a su favor: Expresa que a pesar que resolvió favorablemente a su parte la excepción de falta de legitimación activa del Sr. L. A. C. opuesta por la contraria, el a quo no impuso las costas al vencido. 2) Presunciones concurrentes de responsabilidad derivadas del riesgo recíproco de dos vehículos en movimiento. Postula que el a quo desconoce que con las pruebas rendidas en la causa se encuentra debidamente acreditado que el accionar negligente del demandado M. fue la causa del evento. Vuelven a relatar la mecánica del accidente y los efectos que le atribuye a las conductas de los conductores, efectuando citas jurisprudenciales, a todo lo cual remito en aras de la brevedad. 3) Privación de uso del automotor: Se agravia por la suma que califica de exigua en la que fija la reparación por el rubro. Asevera que no es en nada concordante con el tiempo y el dinero que el actor invirtió en su traslado y el de su grupo familiar. Indica que probó las actividades extra escolares que realizaban los menores las que se vieron obstaculizadas al tener que usar taxi o pedir la colaboración de familiares o amigos para que los transportaran. Todo ello acreditado, afirma, con la confesión ficta del demandado, la testimonial de C. y el informe de la firma "F." (fs. 286) y la pericia realizada por A. (fs. 478 vta.). Exponen que el Juez a quo si bien indica que se encuentran acreditado los daños ocasionados en el Fiat Uno de su propiedad, el tiempo que insumirían las reparaciones, no tuvo en cuenta las probanzas a efectos de evaluar la suma reclamada por privación de uso, fijando una suma que no refleja la realidad de lo acontecido. Tampoco tuvo en cuenta que el demandado no poseía seguro contra terceros. Ello refleja, entiende, que el sentenciante se ha pronunciado de una manera poco coherente con lo plasmado en la causa, máxime cuando no es necesario acreditar a que uso estaba destinado el automotor ya que se trata de un bien que por su naturaleza está destinado al esparcimiento y también a la utilización con fines laborales. No ha tenido en cuenta, señala, que constituyen una familia con tres hijos menores cada uno con sus actividades escolares y extra escolares siendo indispensable contar con medios de movilidad para transportarlos. Además, tal como el juzgador lo señala en el fallo, el automotor también es necesario para esparcimiento del grupo familiar y para trasladarlo a su lugar de trabajo. Se preguntan si no es exigua la suma de $ 530 por aproximadamente cinco meses que demandó la reparación del automotor. 4) Daño moral: Se agravian que se haya hecho lugar al reclamo por daño moral en una suma distinta y poco acercada a la reclamada. Indica que se fija en la suma de $ 10.000 para P. A. M. M. y de $ 4.000 para el menor L. A. C.. Indica que a pesar de las lesiones sufridas por ellos no se tuvieron por determinadas las secuelas incapacitantes ya que se desistió de la prueba pericial médica y que ello se refirió con precisión en la pericia de fs. 405/406. Al respecto dejan constancia que su parte desistió de la prueba pericial médica dado que de las probanzas ya arrimadas en sede penal más el certificado y la declaración del médico Arce, los extremos que se querían invocar ya estaban acreditados. Se pregunta qué otras secuelas incapacitantes pretende el juzgador que se acrediten, si en su rostro se produjeron lesiones graves permanentes, su familia sufrió un shock traumático, tal como lo dice la licenciada O., dada la índole del accidente y por los daños sufridos. Sostiene que no ha leído el juzgador del anterior grado que además de las secuelas psicológicas en la pareja sufrió de traumatismo de rostro y trastorno de identidad lógico por la lesión. Entiende que no ponderó el Sr. Juez a quo la índole de los sufrimientos y molestias experimentados por los damnificados. Hacen notar que el menor L. C. sufre trastornos psicológicos en el sueño y estados de angustia que hasta la actualidad vienen siendo tratados. Dichas angustias y miedos tienen relación con el acontecimiento sufrido el 12 de diciembre de 2004, preguntándose si no hay daño moral en la existencia de un niño que a raíz del evento sufre vivencias con miedo que se muera su madre o su padre. Indica que no tuvo en cuenta el juzgador, al evaluar el daño moral reclamado los informes médico y psicológico, los testimonios ofrecidos en la causa y las constancias obrantes en sede penal omitiendo la verdadera realidad de una vida en una familia con hijos menores. Indica que respecto a la actora V., no ha tenido en cuenta la magnitud de la declaración efectuada por el Dr. A. a fs. 215 que pasa a detallar a lo cual me remito en razón de la brevedad. Insiste en que su parte desistió de la pericial médica ofrecida para no reiterar lo ya probado. Hace notar que a fs 100 de la causa penal agregada por cuerda el Dr. H. en su carácter de médico forense describe las lesiones en el rostro que sufriera V. señalando que las cicatrices que se señalan son derivadas de las lesiones informadas en certificado médico obrante a fs. 8/9 y que son visibles a simple vista asentándose en región denominada rostro y su permanencia en definitiva alterando la armonía de sus rasgos faciales. Cita la pericia psicológica efectuada por la Licenciada O. -fs. 406- a lo que tambien me remito. Hace notar que nos encontramos ante un daño estético irreversible que no tiene solución y por ello se traduce en un daño moral atento que implica una disminución de la capacidad de atracción de la víctima y sus repercusiones sociales, morales, etc. Puntualiza que el daño moral reclamado se traduce en el dolor causado por la lesión grave en el rostro. Refiere que su patrimonio espiritual se ha deteriorado sufriendo perturbaciones en el área de sus sentimientos y emociones por las lesiones permanentes en su rostro conllevando la reducción de sus actividades sociales, afectivas, por cuanto sus lesiones son visibles por encontrarse en su cara. Alude que el monto pecuniario del daño moral debe guardar razonable proporción con la entidad del agravio. Este cálculo no se hace en abstracto sino que varios son los parámetros que concurren para señalar los alcances de una adecuada indemnización, entre ellos la gravedad de la ilicitud, el factor de la imputación y la situación patrimonial del ofensor. Rememora que contaba con 27 años de edad al momento en que ocurrió el accidente, con niños de corta edad y que por lo acontecido se vio imposibilitada de atenderlos durante el tiempo que transcurrió su recuperación física. Puntualiza que se acredito la internación y su tratamiento. Refiere a que los rasgos del rostro son los primarios en la identidad de los sujetos en toda relación social cara a cara y tanto por el sexo y edad de la víctima al tiempo del accidente como para los tiempos que corren, la imagen física -sobre todo la facial- tienen importancia en la vida de relación y en varias franjas del mercado laboral. Rememora lo reclamado y dicho en demanda, a lo que también remito. Señala que L. A. C., a raíz de la situación traumática vivida debe realizar tratamiento psicológico con profesionales especializados de acuerdo a su edad. Cita el informe del Lic. B. -fs. 268/269-. Expresa que su hijo vivió una experiencia altamente traumática como lo acreditaran con la pericia psicológica y el informe referido. Reitera que la Lic. O. manifestó en la pericia psicológica que el niño sufre de trastornos psicológicos en el sueño y estados de angustias y que pareciera que tales angustias y miedos tienen relación con el acontecimiento ocurrido el 12 de diciembre de 2004, y la ausencia de su madre y el acontecimiento post accidente. Insiste en que el juzgador a quo no tuvo en cuenta al establecer una indemnización en dinero un monto que supla o compense el desmedro injustamente sufrido. Asevera que no es necesario determinar grado de inhabilitación alguna dado que no reviste incapacidad por su rostro lesionado y su hijo tal vez con el tiempo y con la ayuda correspondiente podrá vivir una vida normal. Cuestiona que el juzgador entendiera que no se ha determinado como ha repercutido ello en la vida familiar preguntándose si ello no está acreditado con la pericia psicológica y declaraciones testimoniales a través de la sana crítica a la que debe acudir el juez.---II.- En los limites provistos por los agravios reseñados ingresaré a su tratamiento siguiendo por razones de lógica el siguiente orden: primero los planteados por la parte demandada y luego, de corresponder, los que de su lado formulara la parte actora.---A) Agravios de la parte demandada: Básicamente el cuestionamiento se dirige a cuestionar la valoración probatoria realizada por el Sr. Juez a quo. Pues bien, descarto "in limine" que pudiera argüirse válidamente al menos, como fundamento del recurso, la declaración de caducidad de la prueba testimonial emitida en el anterior grado en relación al testigo Sr. A. J. (vide: proveído de fs. 230).--------Es que ello ya fue materia de evaluación y decisión por sentencia interlocutoria registrada bajo N°105/2009 de este Tribunal de alzada (fs. 668/669) debiéndome remitir a lo expuesto en dicho pronunciamiento sin que quepa añadir nada más a su respecto.-Descartada la viabilidad de los pretensos argumentos impugnatorios centrados en reivindicar la supuesta trascendencia que hubiera tenido la declaración de un testigo que no concurriera por falta de actividad idónea de la parte oferente que derivó en la declaración de caducidad de dicho medio de prueba, solo resta referirme a los efectos que acarrea en sede civil la suspensión del juicio a prueba obtenida en sede penal en tanto se aduce por la parte demandada recurrente que el juzgador aplica equívocamente la jurisprudencia que cita en cuanto, entiende, no se trata el caso de autos de aquellos en que concurriera declaración de culpabilidad sino solo de la suspensión del juicio a prueba lo que no implica ni confesión ni reconocimiento de responsabilidad civil.----Bastará al respecto remitirme a transcribir la porción de los considerando relativa al tópico, en la que el juzgador lejos de incurrir en tal supuesto yerro en concordancia con lo sostenido por el propio recurrente expresó ".si bien en sede penal se hizo lugar a la petición del demandado de suspender el juicio, en los términos de los arts. 76 bis y 76 ter del Código Penal, por el delito de lesiones culposas, del que resulto víctima la actora V. (ver resolución de fs. 21/4 dictada en la citada causa penal cuyas copias certificadas corren por cuerda), en principio, cabe dejar sentada una primer precisión: que respecto al trámite de la acción civil en torno a la prejudicialidad, el art. 76 quater del Código Penal expresamente prescribe que "la suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de la prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Cód. Civil"." (sic) (ver: considerando de fs. 628 "in fine"). Y si bien, a continuación estableció que no puede desvincularse totalmente a dicha situación procesal "a prueba", obtenida en sede penal, con la acción civil, lo hizo puntualmente explicando, con citas jurispruden-ciales pertinentes, que ello es así en cuanto la probation no obsta al dictado de la sentencia en sede civil; y, añadiendo a continuación, también con cita doctrinal en apoyo de su tesitura, que el art. 76 bis del Código Penal establece que el imputado que solicite la suspensión del juicio a prueba deberá ofrecer la reparación del daño y que si el damnificado se niega a aceptar la reparación ofertada tiene habilitada la vía de la acción civil especificando que resultan ".inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad." (sic) (ver: considerando de fs. 629).---A continuación, el juzgador del anterior grado afirma en cambio, el importante valor probatorio que atribuye al proceso penal en el cual se dictara la suspensión del juicio a prueba. Es en tal direccionamiento que analizó con argumentos, que desde ya pongo de resalto que no fueron puestos bajo cuestión por el pretenso agraviado, que para que el juzgador de la sede penal pueda considerar el pedido de suspensión de juicio a prueba debe establecer tanto que el hecho ha existido como la atribución del hecho al imputado que solicitara su aplicación (ver: considerando de fs. 629 y vta.).--De la contraposición, entonces, del eje argumental del juzgador de grado que es traído a colación precedentemente con las afirmaciones meramente disidentes expuestas a título de agravio por la apelante, tengo para mí, que en tal porción el recurso ha devenido en desierto por carecer de materia crítica que atender desde que traduce un mero desacuerdo o discrepar pero sin aportar elemento alguno que permita ahondar en la supuesta falencia o error en el análisis desarrollado con fundamento por el Juez a quo. Menos aún cuando se insiste en la postulación vinculada a la caducidad del testimonio que estima trascendente, al punto que, sostiene, habría cambiado el sentido del fallo en aseveración que carece en absoluto de apoyatura alguna que la torne audible siquiera.--En relación al cuestionamiento dirigido a la jurisprudencia que se cita en el fallo en los párrafos 4to. y 8vo del considerando III, tampoco alcanza a constituir más que un mero disenso con el posicionamiento que adoptara el juzgador de la anterior instancia con apoyo en destacada doctrina y jurisprudencia. Es que esgrimir una tesitura contraria a la expuesta por el sentenciante sin explicarse más allá de la mera aseveración contraria, no constituye agravio alguno que permita ejercer la actividad revisora propia de este tribunal de alzada. Nótese por lo demás que el Sr. Juez a quo lejos de inteligir que hubiera declaración de culpabilidad apreció las actuaciones producidas en sede penal, en particular la acusación fiscal en cuanto se apoyara en las pericias accidentológicas realizadas en dicha sede y cuyas copias se encuentran agregadas a fs. 500/502; 511/516 y 519/522 de autos, y la resolución que autoriza la apertura a juicio oral (Resolución N° 777/07 dictada en la carpeta N° 409-Legajo N° 2.604 por el Juez de garantías Alejandro Defranco). Esta resolución, en lo que interesa al presente proceso indicó textualmente que se ".encuentra acreditado a mi juicio con grado de probabilidad requerido para la etapa que transita (art. 298, segundo párrafo) que J. N. M., el 12 de diciembre de 2004 transitando sobre la Avenida Perón, frente al Barrio CODEPRO, a la altura de la calle Azopardo de esta ciudad, a bordo del vehículo marca Peugeot 505, XXX-***, sin extremar las precauciones y con total imprudencia en la conducción del rodado, ingresó a la avenida no percibiendo la presencia del Fiat Uno, XXX ***, conducido por C. en compañía de su esposa P. V. y sus tres hijos, no logrando evitar C. embestir con su frente lateral derecho al Peugeot a la altura de la puerta delantera izquierda." (sic) (ver copias fotostáticas -fs. 11 el legajo penal citado agregado por cuerda-). No es badalí añadir a ello, que el Sr. Juez a quo apreció con total corrección que para estimar favorablemente la admisión del pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por el demandado en autos Sr. M., la juez penal hubo de tener por determinado tanto la existencia del hecho como su atribución al imputado. Ahora, si bien es cierto que no hubo declaración de culpabilidad también lo es que no es un presupuesto éste necesario para el caso toda vez que en el marco legal de aplicación en la especie, cual es, el art. 1113, 2do. Párrafo del Código Civil, el factor de imputación es objetivo -por el riesgo de la cosa- de suerte tal que resulta indiferente indagar siquiera la conducta de dueño o guardián del vehículo partícipe del evento dañoso.----Empero, lo más importante es que soslaya el recurrente de modo palmario referirse a que no produjo prueba alguna tendente a demostrar las eximentes que planteara al tiempo de responder a la demanda -hecho de la víctima y de un tercero por quien no debe responder-. Es indiscutible que tales eximentes que operan como factor de ruptura del nexo de causalidad presumido por la ley por la sola circunstancia de tener por acreditada la participación el evento dañoso del que se trate de la cosa riesgosa, era carga de probar que recaía en quien adujera tales eximentes por constituir el presupuesto de hecho de la norma que invoca a su favor (Conf. Art. 377, 2do. Párrafo del C.P.C.C.).---Pues, el demandado apelante se limita a intentar sostener esta porción de sus agravios con la reminiscencia de un testimonio no producido, por haberse declarado la caducidad de tal medio probatorio por la falta de actividad de la parte que lo ofreciera, obviando justificar mínimamente en qué razón podría apoyarse el apartamiento que pretende respecto de la apreciación que efectuara el juzgador de la confesional ficta en la que se posicionara a tenor del pliego obrante a fs. 624 (Conf. Art. 417 del C.P.C.C.).--------Es en dicho contexto que el Sr. Juez a quo estimo insuficiente el testimonio prestado por el Sr. N. L. A. (fs. 421 y vta.) para desvirtuar los efectos derivados de la confesión ficta aludida, la cual si bien no tiene valor absoluto, es de ver que tampoco se indicó porqué razón el testimonio del Sr. A. tendría virtualidad suficiente para probar en contra de lo que emana de la presunción de verdad "iuris tantum" de los hechos contenidos en las posiciones sobre las cuales operara la confesión ficta.-----Por último, para terminar, debe dejarse en claro que los presupuestos de la responsabilidad civil, que sostiene el recurrente debían probarse en el caso, no se encuentran ni siquiera controvertidos. Es que basta que concurran como hechos indiscutidos o, ante su controversia, acreditados, tanto la intervención de la cosa riesgosa como los daños producidos en el evento, para que se presuma que éstos responden adecuadamente al riesgo creado por ella -automóvil-. Esto es, el citado artículo 1113 del Código Civil imputa al dueño o fundamento de la responsabilidad no es la culpa porque, aunque el dueño o guardián acrediten una máxima diligencia tendiente a la evitación del daño, su obligación de responder se mantiene a menos que invoque y pruebe la incidencia de una causa ajena (conf. Zavala de González, Matilde, en "Responsabilidad por riesgo", Ed. Hammurabi, 2da. Ed., año 1997, págs. 41 y sgtes.).

--No puedo dejar de resaltar que, la queja vertida por la parte demandada quien no repara en que el judicante, adoptando el criterio jurisprudencial que propicia que cuando se produce una colisión entre dos vehículos en movimiento no se neutralizan las presunciones de causalidad que emanan de la participación de dos cosas igualmente riesgosas sino que concurren, debiéndose desvirtuar a través de la invocación y prueba de alguna de las eximentes legales la responsabilidad derivada del riesgo recíproco. Y, en tal hermenéutica, luego de la apreciación que mereciera el plexo probatorio aportado, principalmente de las pericias accidentológicas producidas en sede penal, el Sr. Juez a quo ponderó acreditada una ruptura parcial del nexo de causalidad presumido por la ley, atribuyendo al hecho de la víctima -conductor del rodado Fiat Uno Sr. L. A. C.- haber concurrido causalmente, en un 30%, en el acaecimiento del evento dañoso (vide: considerando -fs. 632 vta./633-).----------En definitiva, entonces, propiciaré al acuerdo la desestimación del recurso de apelación incoado por la parte demandada. Así lo voto.--B) Agravios de la parte actora: 1) Imposición de costas de la excepción de falta de legitimación activa resuelta a su favor: Principiaré por destacar que efectivamente más allá que se hubiera diferido el tratamiento y resolución de la excepción de falta de legitimación opuesta en relación a los actores L. A. C. y P. A. M. V. para el momento de producirse el dictado de la sentencia de mérito sobre el fondo del asunto (ver: sentencia interlocutoria N° 465/2005 -fs. 93/94-), lo cierto es que la referida excepción fue desestimada (vide: considerando I -fs. 627 vta.-).------Se ha dicho al respecto que, dada la realidad de una contienda en la que juega la conducta de dos partes que se enfrentan con intereses contrapuestos y donde una obliga a la otra a una articulación, es razonable que el éxito obtenido en estos "miniprocesos" tenga también un condenado en costas por resultar vencido en la incidencia (Conf. Gozaini, Osvaldo "Costas procesales", ed. Año 1990, pág. 143; cit. por Barbieri, Patricia en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, año 2004, T. 2, pág. 76, nota N° 2).------Es por ello, que asistiéndole razón a la parte actora impugnante, corresponderá imponer las costas de la incidencia planteada con motivo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta al demandado vencido en ella (conf. Art. 69 en concordancia con el art. 68, 1er. párrafo, ambos del C.P.C.C.).----------Así lo dejo planteado al acuerdo que se resuelva.------2) Presunciones concurrentes de responsabilidad derivadas del riesgo recíproco de dos vehículos en movimiento: De la lectura de los argumentos expuesto en sustento del agravio del epígrafe emana claramente la confusión en la que se incurre al evaluar las conductas de los partícipes del evento dañoso. Es que la referida evaluación debe hacerse desde una perspectiva causal y no desde la óptica de la culpa. Esto es, en el marco legal aplicado al supuesto (art. 1113, 2do. Apart., 2do. Párr.. del Código Civil) la cuestión transita en el marco de la imputabilidad fáctica de las consecuencias a partir del actuar que le cupo a cada uno de los conductores de las cosas riesgosas intervinientes en el siniestro. No es, por cuanto ello no es lo que cuenta, la imputabilidad jurídica de las consecuencia (por vía de los factores subjetivos de atribución: dolo o culpa) aquello que es susceptible de meritar en esta litis. Es que aquí el fundamento del deber de responder por las consecuencias dañosas no es la culpa porque, aunque el dueño o guardián acrediten la máxima diligencia tendiente a la evitación del daño, su obligación se mantiene. La responsabilidad se sustenta en el riesgo creado. Esta responsabilidad por riesgo creado significa que el daño debe ser asumido por quien ha introducido la fuente de peligro que lo ha causado (ver: Alterini-López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad" Rev. La Ley, semanario del 6/11/86; id, Pizarro, Ramón D., "Accidentes de tránsito: colisión entre dos o más automotores. El riesgo recíproco", L.L. 1983-D-1009; ídem., Mayo Jorge A, "Las eximentes en relación con los presupuestos: eximente y autoría, eximente y antijuridicidad, eximente y relación de causalidad. La "no culpa" como eximente", en Rev. Der. de Daños, año 2006-1 "Eximentes de responsabilidad-I", Ed. Rubinzal Culzoni, págs.. 111 y sgtes.).------A través de tal precisión, es dable que se ponderen los elementos de prueba aportados al proceso desde esta excluyente óptica. Así, entonces, entre tales elemento probatorios selecciono particularmente, al igual que lo hiciera el juzgador del anterior grado, por cuanto torna en extremo trascendente para evaluar la incidencia causal del hecho imputable a cada uno de los participes del accidente, los datos que aportan las pericias emitidas por el Lic. A., las que fueron realizadas en distinta época pero sin variar en cuanto al punto relativo a la velocidad que desarrollaba el Fiat Uno. Así, de ellas puede observarse como dato dirimente para atribuir participación causal al hecho del conductor del vehículo Fiat Uno -Sr. L. A. C.- el exceso de velocidad con que circulaba por la Avda. Eva Perón instantes previos al choque (72,18 kms./hora, cuando la máxima permitida reglamentaria es de 60 kms/hora). Tal circunstancia dio pié a que se constituyera, de manera indisputable para mi, en una causa concurrente al acaecimiento del evento dañoso (al decir del perito dictaminante "causa secundaria")(vide: fs. 472/484; copias simples de fs. 512/514 vta.; y, 520/522). Y, en tren de ponderar la porción de causalidad atribuible a tal dato fáctico -exceso de velocidad- estimo prudente y ajustado al acontecer dañoso las alícuotas fijadas por el Sr. Juez a quo.-----Señalo que resulta indisputable que en los procesos de daños la prueba pericial tiene especial relevancia, porque el conocimiento que se debe extraer de los objetos que dieron lugar a los elementos del proceso exceden el conocimiento vulgar y requiere inexcusablemente la intervención de expertos. Y cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba de parejo tenor que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél.----------Todas las argumentaciones pretensamente impugnatorias que son traídas a colación por los actores apelantes en alguna porción no son más que una mera expresión de un punto de vista subjetivo y discrepante; o bien, en otras, importan apreciaciones distintas sobre datos fácticos que no fueron omitidos por el sentenciante sino que, por el contrario, contemplándolos los meritó de una manera distinta a como lo pretende la recurrente, permitiéndole arribar a una conclusión que les causa desagrado pero que no critican en la forma impuesta por el Código del rito (conf. Arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).Es por lo expuesto, que propiciaré al acuerdo que se tenga parcialmente desierto el recurso en lo que respecta al presente agravio. Así lo voto.---------3) Privación de uso del automotor: Se cuestiona por exigua la suma admitida en concepto de daño patrimonial por el rubro correspondiente a privación de uso.-------El Sr. Juez a quo observó el lapso implicado en tal privación, que abarca desde el 12/12/2004 -día de ocurrencia del accidente- al 01/06/2005 -día de la interposición de la demanda- (cinco (5) meses y veintiocho (28) días-). Empero advirtió también que el perito dictaminante indicó como plazo necesario para las reparaciones el de veinticinco (25) días; optando, en ejercicio de facultades delegadas por el Código del rito, fijar su cuantía en la suma de $ 530 aunque sin precisar finalmente cuál fue el lapso de privación ponderado a tal efecto.----- ---Nótese que en demanda se reclamó por privación de uso la suma de $ 3.000.-----Con tales datos encuentro "prima facie" que la suma establecida por dicho nocimiento resulta efectivamente baja. Es que basta con computar los 25 días de reparación que fueran informados como necesarios por el perito para advertir que dicho monto implicaría asignar de dicho importe para hacer frente a medios de transportes sustitutivos a razón de $ 21,20 por día. Ni hablar el ínfimo resultado que arroja tal cálculos si se computaran los cinco meses y días del período que se pide se considere a los fines de cuantificar la mentada privación.-Máxime si se atiende que ni siquiera fue negado que el rodado fuera utilizado para concurrir al trabajo ni tampoco que se lo utilizaba además para el esparcimiento de la familia Carbone, tal como se adujera en demanda (ver: escrito de demanda -fs. 41 y vta.- y su contestación -fs. 76 vta.-); uso éste que, por lo demás, responde al normal acontecer de los hechos en la vida de cualquier familia.---En tal sentido se ha dicho, en idéntica tesitura a la expuesta, que se presume que quien tiene y usa un automotor no lo hace por puro gusto, sino por llenar una necesidad y por contribuir al desarrollo de una actividad, no sólo laboral, sino de la vida en general, más aún por la forma en que se desenvuelven las relaciones en la vida diaria, en las que el uso del automóvil llega a constituir para su propietario un accesorio indispensable, pues coordina sus obligaciones sobre la base de su uso (Conf., Cám. Apel. Civ. y Com. Mercedes, Sala 1°, 16/9/83, E.D., 107-181).----De otro lado, doctrinalmente se ha aceptado que es de presumir que el damnificado ha debido recurrir a medios de transporte sustitutivos para reemplazar la función que desempeñaba el vehículo en su quehacer diario.Asimismo, participo de la postura que predica que el período resarcible por la indisponibilidad del automotor a computar a efectos de establecer la cuantía por este rubro indemnizatorio, por regla general, es aquel que técnicamente debieran insumir los arreglos (Conf.: Zavala de González, Matilde, en "Resarcimiento de daños -1 daños a los automotores-", Ed. Hammurabi, 2da. Reimpresión, año 1996, págs..107/118).--------Es por tal hermenéutica que considero que corresponde aumentar dicho importe diario a la suma de $ 60, lo cual por el período requerido para realizar la reparación que se informa -25 días- arroja una suma total de Pesos Mil Quinientos ($ 1.500), monto éste por el que propiciaré admitir el presente agravio (conf. Art. 165 del C.P.C.C.). Así lo voto.--------4) Daño moral: Se postula que los montos admitidos por daño moral resultan exiguos.---Rememoro que en demanda se reclamó por daño moral global, esto es sin discrimen alguno, por una suma total de $ 30.000.----------El fallo en esta porción del reclamo resarcitorio, fijó por daño moral a favor de la co-actora Sra. V., la suma de $ 10.000; y, en la suma de $ 4.000, para el co-actor menor de edad, L. A. C..--El Sr. Juez expresó respecto al punto, previo conceptualizar el daño moral resarcible, lo siguiente: ".encuentro el reclamo procedente en lo que se refiere a las lesiones sufridas, es decir a la disminución de los valores de integridad física y tranquilidad de espíritu. En lo que respecta a las lesiones, se encuentra acreditado las que sufrieron la actora V. y su hijo, el menor L. A. C., como así el consecuente tratamiento al que fueron sometidos, pero no se ha determinado secuelas incapacitantes en los nombrados ya que desistieron de la prueba pericial médica (ver fs. 377), y ello tampoco lo refirió con precisión la pericia psicológica mencionada (ver fs. 405/6)." (sic) (ver: considerando de fs. 636 vta. "in fine" y 636).-------- -----Pues bien, en contra del señalamiento relativo a la falta de acreditación de las secuelas incapacitantes los recurrente solo exponen un criterio disidente en cuanto alegan que con el pericia psicológica agregada a fs. 405/406 habrían acreditado tales mentadas secuelas aunque sin especificar porqué efectúan tal aserto (ver escrito de expresión de agravios -fs. 659 vta.-). En tales términos descarto que pudiera tener andamiento tal argumento pretensamente impugnatorio desde que básicamente más que contener una crítica expresa un punto de vista distinto y paralelo que desatiende las razones que expusiera el juzgador para concluir distinto de la valoración de los mismos elementos probatorios apreciados.-------Desde otra perspectiva añado de mi cuño que del informe psicológico emitido y agregado a fs. 406 de autos, obviamente que se ha acreditado el daño moral cuyo resarcimiento se reclama, en cuanto dicho dictamen de la experta pone en claro las consecuencias derivadas del shock traumático que generó el accidente de tránsito protagonizado tanto en la persona de la Sra. V. como en la de su hijo menor L. A. C., en los que efectivamente resultaran afectados en su integridad física. Pero de dicho dictamen psicológico no puede inducirse como lo pretende la parte recurrente incapacidades. Nótese, por otro lado, que ni siquiera fue tal aspecto -incapacidad resultante- un punto de pericia solicitado a la perito.--En lo demás, en cuanto refiere al testimonio de L. D. A. (fs. 215 y vta.), no cabe duda de que sus dichos pueden ser apreciados para tener por ciertas las lesiones físicas y también dan noticia de la entidad de las mismas, que con motivo del choque padecieran los mencionados actores V. y su hijo C., empero de modo alguno puede inferirse de sus dichos otros aspectos como los que intentan infructuosamente extraer los ahora recurrentes.Así pues, de la lectura de las argumentaciones que se esgrimen para obtener un monto mayor por daño moral, no encuentro que de ellas pueda extraerse crítica alguna que pudiere erosionar la argumentación que prolijamente realizara el sentenciante del anterior grado. Es que estableció claramente que el daño moral resarcible que se admite se vincula a las aflicciones padecidas con motivo de las lesiones sufridas y que derivó en la afectación de los valores de integridad física y aflicción espiritual. Y si se atiende que el daño moral involucra toda minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial, encuentro inobjetable tal conclusión. En tal dirección, ninguna materia susceptible de ser atendida por esta instancia revisora aporta la exposición de una serie de alegaciones genéricas, que en muchos puntos son coincidentes con los expuestos por el sentenciante, y que no resultan ser más que afirmaciones subjetivas que se encuentran en definitiva despojadas de toda refutación a las afirmaciones que realizara el Sr. Juez a quo en tren de establecer el quantum por este rubro.------Para finalizar resaltaré aquello que señala con toda propiedad Matilde Zabala de González cuando expresa que "mal que nos pese a los juristas, la fijación de la cuantía de la indemnización del daño moral es asunto actualmente librado a la personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria" (Conf. Aut. Cit. en ¿Cuánto por daño moral?, en J.A. 1987-III-822 y en "Reparación de daños", Ed. Hammurabi, T. II-a, págs.. 611 y sgtes., & 158).----------En este mismo sentido la Corte Suprema de Justicia Nacional viene sosteniendo que para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables confieren a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, no los autoriza a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación (C.S.J.N., 4-10-94, J.A. 1995-II-19).

----Desde otra perspectiva corresponde tener presente que la evaluación del daño moral es una tarea distinta a su tasación o cuantificación. La primera no resulta ajeno a la tarea propia de juzgar en tanto que valuar el daño moral significa esclarecer su sustancia y dimensión, dónde recae el menoscabo, en qué consiste y qué intensidad reviste. Partiendo el hecho lesivo, se examina sus disvaliosas repercusiones espirituales para la víctima. Hasta puede predicarse que dicha estimación es factible desde dos ópticas complementarias: común (entidad intrínseca del menoscabo para personas en similar situación) y particular (circunstancias propias del damnificado). Puede así hablarse de perjuicios morales objetivables en el sentido que la situación lesiva suministra datos accesibles y conducentes que permiten inferir su certeza y su magnitud. Empero es muy difícil cuando se trata de cuantificar la indemnización que equivale a liquidar la condena, precisando el monto apropiado para compensar el menoscabo. Es que la estimación del daño se conecta con el supuesto de hecho (qué resarcir) y la cuantificación traslada a la consecuencia jurídica (cómo hacerlo económicamente). Sin embargo, la extensión del daño no esclarece derechamente el alcance de la reparación, y éste es el nudo gordiano en todo perjuicio espiritual, cual es: qué suma fijar como justa. De por sí hay que acordar que no se puede aspirar siquiera a que se obtenga por intermedio del resarcimiento del daño moral un equivalente y menos aún reponer las cosas a su estado anterior como en principio debe hacerse de acuerdo con el art. 1083 del Código Civil. El dinero no cumple esa función valorativa exacta, el dolor no puede medirse ni tasarse sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Sin embargo, la dificultad antedicha no impide apreciar el dolor y padecimiento espiritual tanto en su extensión como en su intensidad dentro de lo humanamente posible.-----Y, en tal postura, el Sr. Juez de grado fundamentó más que suficientemente, en las pautas que enunciara, la cuantía que prudencialmente estimó correspondía fijar y que propiciaré al acuerdo que corresponde confirmar. Así lo voto.-----III.- Conclusión: ------ ----Por lo expuesto, corresponderá revocar parcialmente el fallo apelado para elevar el monto del capital de condena en la suma de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($ 19.678,93) -importe total de condena éste que resulta de sumar los montos parciales correspondientes a: 1) gastos de reparación: $ 4.097,16; 2) privación de uso del automotor: $ 1.050; 3) gastos médicos y de internación: $ 531,77; y 4) daño moral: $ 14.000-, con más los accesorios indicados en la anterior instancia. Asimismo, para agregar a la condena el siguiente punto, a saber: "V) Rechazando la excepción de falta de legitimación activa para obrar opuesta por la parte demandada en autos, con costas a su cargo, a cuyo fin regúlanse los honorarios de los Dres. D. F. R., letrado patrocinante del demandado; y N. M., letrada patrocinante de la parte actora, en las sumas respectivas equivalentes al 10% y 15% de los honorarios que les corresponden por su participación en lo principal que se decide, con más el I.V.A. pertinente.". Por último, propicio confirmar el pronunciamiento apelado en todo lo demás que fuere materia de agravios.-Desde que el incremento en el monto condenatorio no altera las calidades de vencedores y vencido que actores y demando presentan en la anterior instancia, mientras que los honorarios allí regulados lo fueron en alícuotas porcentuales que se ajustarán automáticamente al nuevo importe, no será menester practicar las adecuaciones previstas en el art. 279 del C.P.C.C..---Desestimados los agravios vertidos por el demandado y prosperando dos de los cuatro que formulara la parte actora, se delinea en segunda instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente en ella las costas, imponiéndolas al primero en un 60% y a los actores en el 40% restante, guarismos que, a mi entender, se corresponden con las porciones de éxito y fracaso obtenidos por los litigantes (Conf. Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).-------Los honorarios de los Dres. G. J., letrada patrocinante del demandado; y, N. M., letrada patrocinante de la parte actora, por sus tareas de alzada, apreciándola por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos en las sumas equivalentes al 2,25% y al 3,75% respectivamente, del monto final del proceso que se determine en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente (Conf. Arts. 6 y 14 de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).-----Finalizo mi intervención en la presente cuestión pronunciándome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.---- ---------A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: -1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por las partes demandada y actora a fs. 641 y 642, respectivamente, que fueran concedidos libremente a fs. 643 y 647, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 626/637 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios instaurada por L. A. C., y en forma total a la entablada por P. A. M. V. y el hijo menor de ambos actores, L. A. C., y condenó a J. N. M. al pago dentro del plazo de diez días de las sumas de $4.468,16.-, $10.531,77.- y $4.000.-, respectivamente, con más sus intereses, y con imposición de las costas en un 30% al actor L. A. C. y en un 70% al demandado, en tanto que impuso a este último la totalidad de las originadas respecto del reclamo de los restantes actores.-Los agravios vertidos por las partes demandada y actora lucen a fs. 653/655 y fs. 656/661 y vta., respectivamente, a fs. 665/666 se rechazó el replanteo de prueba solicitado por el accionado, los traslados conferidos a fs. 669 no fueron evacuados por las respectivas contrarias, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. Lucero, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.------ ----2. Toda vez que el demandado apelante peticiona el rechazo de la demanda corresponde ingresar en primer término a los agravios vertidos por esa parte.----- ----2.1. La sentencia interlocutoria de fs. 665/666 rechazó el replanteo de prueba peticionado por el demandado en su escrito de fs. 653/655 por lo que vacío de contenido quedó el agravio formulado en cuanto a la relevancia que pudo tener la declaración de A. J. ya que tal cuestión fue alcanzada por el principio de preclusión.--------- ----De acuerdo con el principio de preclusión, en cambio, el proceso se halla articulado en diversos períodos o fases dentro de cada uno de los cuales deben cumplirse uno o más actos, siendo ineficaces aquéllos que se ejecutan fuera del período que les asignado (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 2da. ed., 6ta. reimpresión, T. I, par. 53, pág. 279). Sabemos que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, concatenada. Mediante la clausura definitiva de cada una de ellas y el pase a la siguiente el proceso avanza, lo que impide el regreso a etapas o estadios consumados. Como consecuencia, los actos que las partes dejen de cumplir o produzcan con posterioridad resultan ineficaces (Morello, Sosa y Berizonce, "Cçodigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1982, T. I, págs. 621/622).----- ----Estima el quejoso que es errónea la aplicación de la jurisprudencia y del derecho ya que en el caso no hay declaración de culpabilidad en sede penal sino solo una suspensión del juicio a prueba. Destaca que el art. 76 bis del Código Penal no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil en contra del imputado.------ ----En tal sentido, las manifestaciones efectuadas no conmueven el fundamento brindado por el juzgador ya que precisamente a fs. 628 y vta. destacó, a saber, que: a) el art. 76 quater del Código Penal hace inaplicable al caso las reglas de la prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil; b) la víctima se encuentra autorizada a continuar el proceso que iniciara ya que el beneficio otorgado al imputado no puede perjudicarla pues de subsistir la regla del art. 1101 debería congelar su pretensión resarcitoria sine die, si no acepta el ofrecimiento que se le haga para aprobar la "probation", con cita de jurisprudencia; y c) el art. 76 bis del citado ordenamiento en su tercer párrafo establece que el imputado en su solicitud de suspensión del juicio a prueba está obligado a ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño, en tanto que el damnificado tiene el derecho de aceptar o no la reparación, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere -como ocurrió en el "sub lite"- tendrá habilitada la acción civil.--------- ----Así, luego de tal razonamiento concluyó a fs. 629 que ante los claros términos del tercer párrafo de la norma citada (art. 76 bis del Código Penal) nada más cabe añadir para concluir acerca de la viabilidad para el damnificado de la vía civil e inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad (Trigo Represas - López Mesa, "Tratado de la responsabilidad civil", t. IV, págs. 647 y sigs. y normas allí citadas). Para agregar que la norma parece establecer condiciones claras de que no hay prejudicialidad ni a favor en contra, de manera que el juez civil se encuentra con libertad plena de apreciación y tendrá que dictar una sentencia lógica que sea una derivación razonada de las pruebas rendidas en la causa. ---- ----Como puede observarse en ningún momento señaló el fallo en crisis que existiera en sede penal una declaración de culpabilidad toda vez que si bien el damnificado de no aceptar el ofrecimiento del imputado tiene habilitada la acción civil hace inaplicables las reglas de prejudicialidad.- ----Ello no impide que el Sr. Juez de la anterior instancia al apreciar la prueba rendida conforme a las reglas de la sana crítica ponderara que resulta particularmente relevante las constancias del proceso penal al señalar que es uno de los elementos más importantes desde el punto de vista probatorio.- ----Desde esta perspectiva, el apelante no formuló agravio respecto del razonamiento efectuado por el sentenciante a fs. 630 en el sentido que para estimar el pedido de suspensión del juicio a prueba, así como también el deber que se impusiera a aquél de reparar económicamente a la víctima y la prohibición de conducir todo tipo de vehículos automotores por el término de un año y seis meses, la Sra. Jueza Penal ha considerado que el hecho ha existido y la atribución del mismo al imputado (cfr. fs. 21/24 de la c.p.).

----De tal modo, frente a tales fundamentos ninguna crítica concreta desplegó el recurrente, salvo una mera discrepancia dogmática, por lo que no hay agravio que atender.

----No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica de la sentencia en recurso, o las apreciaciones personales, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simple generalizaciones (Morello, Sosa y Berizonce, ob, cit, 1988, T. III, págs. 354/355, y cita de fallos).

----Asimismo, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga (C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).-- ----En lo que hace a que el a quo recurrió a una errónea aplicación de la jurisprudencia y del derecho con referencia al considerando III, párrafos 8 y 4, lo cierto es que también importa una mera discrepancia que solo denota el particular punto de vista del quejoso al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una personal conclusión, sin hacerse cargo de las razones expuestas por el sentenciante a fs. 629/vta. y 630 vta. con base en distinguida doctrina y jurisprudencia.---------- ----En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 371, y cita de fallos).

----Por otra parte, cabe poner de relieve que el juzgador sin perjuicio de la doctrina que citara a fs. 630 vta. en definitiva no consideró que hubiera declaración de culpabilidad, sino que ponderó adecuadamente y conforme a las reglas de la sana crítica las constancias que emergen de las actuaciones labradas en sede penal.--------- ----Así resulta de fs. 630 al tener en cuenta la acusación fiscal de fs. 1 a 4 de dicha causa penal que tuvo en cuenta las pericias accidentológicas realizadas en la mentada causa penal (ver copias agregadas a fs. 500/2, fs. 511/6 y fs. 519/2 de estos autos), y la resolución que autoriza la apertura del juicio oral por lesiones graves culposas, contra el aquí demandado J. N. M. (ver fs. 10 vta./12 de la causa penal)...-----En este último aspecto, la Resolución Nº 777 dictada por Sr. Juez de garantías el 19/10/2007 que luce en copia a fs. 10 vta./12 (carpeta Nº 409, Legajo Nº 2604, en autos "C. y otra c/ M. s/daños y perjuicios", Expte. 108/205) resulta por demás relevante en cuanto a que se encuentra acreditado a mi juicio con el grado de probabilidad requerido para la etapa que se transita (art. 298, segundo párrafo) que Julio Néstor Miguel, el 12 de diciembre de 2004 transitando sobre la Avenida Perón, frente al Barrio CODEPRO, a la altura de la calle Azopardo de esa ciudad, a bordo del vehículo marca Peugeot 505, XXX-***, sin extremar las precauciones y con total imprudencia en la conducción del rodado, ingresó a la avenida no percibiendo la presencia del Fiat Uno, XXX ***, conducido por C. en compañía de su esposa P. V. y sus tres hijos, no logrando evitar C. embestir con su frente lateral derecho al Peugeot a la altura de la puerta delantera izquierda.--------En síntesis, aun cuando la suspensión del juicio a prueba no importe declaración de culpabilidad nada impide que el juez civil pondere como lo hizo de modo adecuado las constancias que resultan de la causa penal, en particular las referidas a la existencia del hecho y su atribución al imputado, máxime cuando en el presente caso se trata de un supuesto de atribución de responsabilidad objetiva por el riesgo creado (art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil) que no requiere como presupuesto una declaración de culpabilidad en sede penal, y que incluso en ese marco no es necesario indagar la conducta asumida por el dueño o guardián de la cosa.----Y en ese direccionamiento ningún aporte efectuó el demandado apelante. Es mas, elude por completo la cuestión en lo que hace a la acreditación de la eximente invocada al contestar demanda (p. IV, fs. 73 vta./75) -sea por el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder-, conforme lo prescribe el art. 1113, segundo apartado del segundo párrafo, Código Civil.----- ----Nótese que en su crítica se apoya en una testimonial que no produjo ante la declaración de caducidad de esa prueba, y a su vez se limitó a efectuar una mera discrepancia con la ponderación realizada por el sentenciante respecto de los efectos de la confesional ficta, de acuerdo a lo previsto por el art. 417 del C.P.C.C.-------Con ese alcance, cabe destacar que la confesión ficta produce los mismos efectos que la expresa, en cuanto a la admisión de los hechos personales contenidos en las posiciones aunque, a diferencia de aquélla, sólo crea una situación desfavorable al absolvente, y constituye una mera presunción juris tantum, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, pág. 77).-- ----Ello significa que si bien la situación desfavorable creada admite prueba en contrario, lo cierto es que el recurrente no brinda pauta alguna que permita desvirtuar con la testimonial rendida por N. L. A. (ver fs. 421/vta.) la presunción iuris tantum generada por esa confesión ficta.-------Máxime si a su vez se considera la restante prueba valorada por el juzgador, en particular las pericias accidentológicas que en copia lucen a fs. 511/514 y vta. y 519/522, y la conclusión de fs. 522 en cuanto a la causa principal del accidente.-- ----Por lo demás, sabido es que el dictamen referido a cuestiones técnicas no puede enervarse por medio de declaraciones de testigos (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", Astrea, 1983, T. 2, pág. 524).------Tocante a la necesidad de verificar si se encuentran configurados los presupuestos para la procedencia de responsabilidad, cabe precisar que con tal manifestación desatiende en forma palmaria la circunstancia de que tales presupuestos no están controvertidos desde que existió la intervención de una cosa riesgosa y daños acaecidos por el siniestro, suficientes para que se considere que estos responden al riesgo creado ya que configura un supuesto de responsabilidad objetiva (art. 1113 del Código Civil), y por ende descarta una atribución de orden subjetivo.-----Dicho de otro modo, la admisión de la responsabilidad por el daño "causado por el riesgo de la cosa" ha significado acoger en el ordenamiento argentino la teoría de la responsabilidad objetiva o sin culpa, conocida como "teoría del riesgo creado", conforme la cual se habrá de responder "no porque haya mérito para sancionar una conducta reprochable, sino porque se ha originado el factor material del cual, como condición sine qua non, provino el daño, bastando con la trasgresión objetiva que importa la lesión del derecho ajeno (resultado dañoso) (Trigo Represas - Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", Editorial Hammurabi, 1992, T. 2, págs. 347/348).------Así, los factores objetivos son los que no tienen en consideración la reprochabilidad de la conducta del responsable sino alguna otra razón por la cual es justo provocar el desplazamiento de las consecuencias económicas del daño sufrido por una persona hacia otra. Para reconocer los supuestos de responsabilidad objetiva, es menester analizar cuáles son las excusas absolutorias admitidas por la ley. Existe responsabilidad objetiva toda vez que la prueba de la diligencia debida es insuficiente para liberar al sindicado como responsable. En la órbita de la responsabilidad extracontractual objetiva existen supuestos en los que la prueba de la inculpabilidad no libera, siendo menester acreditar la causa ajena del deudor (Mosset Iturraspe, Director, "Responsabilidad civil", Editorial Hammurabi S.R.L., 2a. reimpresión, 1997, Kemelmajer de Carlucci y Parellada, Capítulo X, "Factores objetivos de atribución", par. 88 y 93, págs. 188 y 196).-------Cuando la atribución de la consecuencia del hecho dañoso no está referida a la culpa, o sea no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de responsabilidad es objetivo por prescindir de la persona. Teniendo en cuenta que el fundamento de la responsabilidad tiene carácter objetivo y el factor atributivo es el riesgo creado, de nada sirve al dueño o guardián probar que de su parte no hubo culpa. Para eximirse de responsabilidad sólo le resta demostrar la interrupción del nexo causal, mediante la alegación y prueba de un hecho extraño al riesgo de la cosa, que interfiera en el proceso y tenga virtualidad suficiente para determinar por sí solo el daño ocasionado. (Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", Abeledo-Perrot, 9a. ed. act., 1997, par. 922 y 1066, págs. 381 y 421, respectivamente).------Y del art. 1113 del Código Civil surge que le corresponde al dueño o guardián acreditar la actuación de una causa ajena a la producción del daño, sea el hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.-----Cuando el daño se produce en virtud de que ha actuado una cosa que presenta riesgo o vicio, con arreglo a lo establecido por el art. 1113, segunda parte, in fine, del Código Civil, los responsables son el dueño o guardián de la cosa que lo generó, salvo que se demuestre que la conducta de la víctima (o de un tercero) ha excluido o limitado la responsabilidad de aquéllos generando causal o concausalmente el evento dañoso o que la cosa ha sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, 2008, T. II, págs. 662/663).------A su vez, en caso de intervención de dos cosas riesgosas en los términos del art. 1113, párr. 2º, segunda parte, del Código Civil, no opera ninguna neutralización de los riesgos derivados de la actuación de cada una de ellas, por lo que cada dueño o guardián debe afrontar los daños causados al otro, a menos que demuestre la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 672).En ese contexto, el fallo de la anterior instancia apreció una ruptura parcial del nexo causal debido al hecho de la víctima para así establecer en un 30% la responsabilidad que le cupo (parte final del considerando III, fs. 632 vta./633).----------Por tales razones se desestima la queja vertida en ese aspecto.-------- ----3. Paso a continuación a ingresar al tratamiento de los agravios formulados por la parte actora.-----3.1. Señala esa parte que se acreditó la legitimación del Sr. L. A. C. para entablar el reclamo y que en tal sentido lo resolvió el juez pero sin imponer las costas al vencido.Al respecto, así resulta del considerando I que luce a fs. 628, por lo que corresponde precisar que denomínase incidentes a todas las cuestiones contenciosas que pueden suscitarse durante el desarrollo del proceso y guarden algún grado de conexión con cualquiera de los elementos que lo integran, es decir, con los sujetos, con el objeto, o con las dimensiones de lugar, tiempo y forma en que se escinde la actividad procesal (Palacio, Lino Enrique, ob. cit., 3ra. ed., 2005, T. IV, pág. 248).---Y por resultar aplicable a los incidentes las prescripciones del art. 68 del C.P.C.C. (art. 69, 1er. párrafo), como principio general el vencido en el incidente deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. Es decir que, en los incidentes, rige también el principio objetivo del vencimiento o derrota a los efectos de la imposición de costas: el vencido en cada incidente debe pagar las costas originadas en el mismo (Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, pág. 276).- ----En tales condiciones, corresponde imponer las costas del incidente deducido por el demandado al plantear la excepción de falta de legitimación activa para obrar (p. II, fs. 70/71) a esa parte (arts. 69, 1er. párrafo, y art. 68 del C.P.C.C.), lo que así lo declaro.------ ----3.2. Se agravia la parte actora por entender que el a-quo desconoce que con las pruebas rendidas en la causa el accionar negligente del demandado Miguel fue causa del evento dañoso. Alude al informe técnico Nº 507/04 presentado en la causa agregada por cuerda y hace manifestaciones en cuanto a que el Peugeot 505 fue causante del evento dañoso, lo que además se prueba con la confesión ficta del demandado. Menciona la pericia obrante a fs. 293/05, corroborada por el informe pericial presentado por el perito A. en sede civil y ratificado por las explicaciones obrantes a fs. 541/542. Cita jurisprudencia acerca de que el carácter de embistente no siempre implica su responsabilidad en el evento dañoso. Considera que la causa eficiente en la producción del evento fue la conducta desaprensiva del demandado Miguel que imprevistamente se interpuso en la línea de marcha del Fiat Uno, circunstancia no tenida en cuenta por el juez en su decisorio. Estima que el demandado no probó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder. Destaca los alcances de la suspensión del proceso penal y la sentencia 858/07 dictada el 19 de noviembre de 2007. Agrega que tenía prioridad de paso por circular por una avenida y refiere jurisprudencia.--Luego de esta breve síntesis participo del criterio del Dr. Lucero en cuanto a que obviamente existe confusión al pretender evaluar las conductas seguidas por quienes fueron partícipes del siniestro, pues en el contexto previsto por el art. 1113, segundo apartado del segundo párrafo, del Código Civil, la ponderación debe realizarse en forma causal. Dicho de otro modo, debe establecerse la imputación fáctica de las consecuencias producidas a partir de la evaluación de la actuación que le corresponde a cada uno de los partícipes en el evento dañoso.---------Sobre el particular, tenemos que recordar que examinando la cuestión a través del prisma de la "causalidad adecuada" (art. 906, Cód. Civil), para establecer en el plano jurídico si un suceso es causa de otro, es necesario realizar ex post facto un juicio o diagnóstico de probabilidad en abstracto, inquiriendo si la acción u omisión que se juzga era de suyo idónea para producir normalmente ese evento, según el curso ordinario de las cosas.------Corresponderá, por tanto al sindicado como responsable para liberarse, demostrar que aquella condición no fue la causa eficiente del perjuicio, es decir, habrá de aportar la prueba de que el daño reconoce una procedencia extraña a su obrar o a las cosas bajo su guarda, por la inserción de una circunstancia anormal o extraordinaria en el proceso causal (Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", La Ley, 2da. ed., 2000, par. 66, págs. 175 y 176, respectivamente).----En síntesis, se puede afirmar pues, que el vigente artículo 906 receptó la doctrina de la "causación adecuada". Siguiendo esos lineamientos, nuestra jurisprudencia tiene resuelto que es "adecuada" la conexión causal que vincula un hecho antecedente a uno consecuente, cuando el primero tiene virtualidad para producir normalmente al segundo, de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas; y que por el contrario no lo es: cuando la acción debe considerarse indiferente, según la experiencia de la vida, para la producción del daño (Cazeaux - Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", Librería Editora Platense S.R.L., 1994, T. IV, págs. 775/776).----La teoría de la causa adecuada, recogida por el texto actual del art. 906, Cod. Civ., distingue entre "causa" que es el antecedente, que, según el curso natural y ordinario de las cosas, es idóneo para producir el resultado, y "condición", que son los demás antecedentes o factores de ese resultado ( Salas - Trigo Represas - López Mesa, "Código Civil ...", Depalma, 1999, T. IV-A, pág. 389).--Sólo tendrá aptitud suficiente para quebrar el nexo causal si el comportamiento de la víctima mantiene una relación causal relevante con el hecho productor. Corresponde distinguir entre causa adecuada (antecedente idóneo para producir el resultado) y condición, que son los demás antecedentes o factores de ese resultado (Cam. Nac. Cic., sala L, 03/05/98, "Medina, Felipe c/ Ferreira, Carlos s/ daños y perjuicios"). Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (Cám. Primera de Apel. Civ. de La Plata, 03/03/98, "Rayab de Paretti c/ González s/daños y perjuicios") (fallos citados en "Accidentes de tránsito - III", págs. 341 y 367, respectivamente, Rubinzal - Culzoni, 1998).----------En ese marco, debe ponderarse que si bien el informe pericial Nº 236/06 que en copia obra a fs. 519/522 concluye que la causa principal se debió a la falta de atención y cuidado del conductor del Peugeot 505, dominio XXX-***, al no percibir y no respetar la prioridad de paso que tenía el Fiat Uno, dominio XXX-***, a su vez considera causa secundaria la velocidad del vehículo Fiat Uno de 72,18 km/hs., como también que el hecho pudo evitarse si el conductor del Fiat Uno hubiera guiado su vehículo a la velocidad reglamentaria de 60 km/hs.-Y esa velocidad se encuentra corroborada por el informe pericial Nº 293/05 al indicar como velocidad mínima aproximada del Fiat Uno 72,18 km/hs. (fs. 514 vta.), y por la pericial accidentológica de fs. 472/478 al referir una velocidad como mínimo de 72,19 km/hs. (ver fs. 477).-------- ---En consecuencia, no hay controversia en lo que hace a que el conductor del vehículo Fiat Uno circulaba a exceso de velocidad (72,18 km. por hora cuando la velocidad máxima reglamentaria en avenida es de 60 km. por hora), a lo que cabe agregar la incidencia causal que tuvo esa velocidad pues de haber circulado a velocidad reglamentaria no se hubiera producido el accidente.------Y como ya se señalara, la teoría de la causa adecuada distingue entre causa y condición, y resulta a mi criterio determinante la circunstancia del exceso de velocidad del citado rodado Fiat, dato esencial ya que si el conductor de ese vehículo hubiera transitado a velocidad reglamentaria no se hubiera producido la colisión, por lo que esa falla en el actuar debido, como actuar distinto al exigible, se erigió en concausa y por ende interrumpió parcialmente el nexo causal.--Y tratándose de establecer la extensión de la responsabilidad del sujeto será indispensable considerar . la proporción en que pueda atribuírsele a él u otros factores extraños (concausa) (Llambías, "Código Civil Anotado", Abeledo-Perrot, 1979, T. II-B, pág. 23).---Esto es, un efecto puede producirse como consecuencia de una única causa, o pueden concurrir varias con aptitud genética respecto del perjuicio sobreviniente. La concausa se agrega a la causa puesta por el obligado como un hecho ordinario y actúa en la misma dirección del daño, dada por el autor del hecho (Goldenberg, ob. cit., págs. 117 y 146, y nota nº 376, respectivamente).----------Así, el hecho de la víctima puede ser una causa exclusiva o una concausa, y sólo impide total o parcialmente la responsabilidad si posee una u otra aptitud generadora del perjuicio. Y si media concausalidad de la víctima, el demandado responde sólo en la medida en que su hecho contribuyó causalmente al resultado; en la proporción restante el daño es soportado por el perjudicado, es decir queda sin resarcir (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", Editorial Hammurabi, 1999, T. 4, págs. 282/283).---------Por las razones expuestas, al apreciar el porcentaje que le cabe atribuir a la víctima (en el caso el conductor del Fiat Uno) encuentro prudente y equitativo el porcentual asignado de un 30% por el fallo en crisis.--------Y ante las conclusiones que resultan de los informes técnicos y pericial accidentológica, corresponde señalar que el apartamiento del dictamen sólo se admite cuando se expresen razones de entidad suficiente que justifiquen esa decisión, ya que el conocimiento que tiene el perito es ajeno al hombre de derecho y, por ello, la discrepancia debe fundarse en elementos de juicio objetivos, que permitan desvirtuar la opinión del experto (Arazi, "La prueba en el proceso civil", Ediciones La Rocca, 1991, pág. 289).---------Sabido es que el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los cuales se encuentra el dictamen, pero se le ha señalado una valla, pues deberá aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones; razones muy fundadas para desvirtuarlo, pues el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho. En esta orientación, el magistrado no puede desvincularse arbitrariamente de la opinión del experto (Fenochietto-Arazi, obra y tomo citado, págs. 523/524 y cita de fallos).--- --En ese direccionamiento, una pericia sólo puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica, ya que quien pretende impugnar la conclusión a que arriba el perito, debe a su vez sustentar su posición sobre bases sólidas, demostrativas de la equivocación del experto, requiriéndose que la objeción contenga fundamentos válidos que formen convicción en el juzgador sobre la procedencia de las impugnaciones, las cuales deben reunir suficiente fuerza y sustento que evidencie la falta de competencia, idoneidad o principios científicos del dictamen. O sea, que el apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión del experto se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, evidenciando la existencia de errores de entidad, o que existen elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Morello, Sosa, y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, 427/428, y 455, y cita de pronunciamientos).------El apartamiento de las conclusiones establecidas en el dictamen pericial debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél. (Falcón, "Código Procesal ...", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, págs. 416 y 417, respectivamente).--------Y en este direccionamiento, el decisorio de la anterior instancia brindó fundamentos suficientes a partir de los informes técnicos y pericial accidentológica al precisar a fs. 631 vta./632 que la causa principal fue que el vehículo Peugeot 505 al volante del demandado, no respetó la prioridad de paso que tenía el Fiat Uno, que transitaba por la avenida Eva Perón, y la secundaria (en realidad concausa) la excesiva velocidad a la que circulaba éste último rodado (72,19 Km/hs), en infracción al art. 51, inc. a, ap. 2) de la ley nacional de tránsito 24449 ... teniendo en cuenta que el accidente era físicamente evitable si el actor Carbone guiaba su vehículo a la velocidad permitida (60 Km/hs) ...-------- ----Por ello, el despliegue argumental de la parte apelante sólo denota una mera discrepancia carente de una crítica concreta y razonada del decisorio, por lo que no hay agravio que atender.En ese contexto, la queja se revela como una mera disconformidad que no es agravio, pues no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, ob. cit., T. V, pág. 262).-------- ----Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).----- ----Los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 373, respectivamente, y cita de fallos).----- ----Por tales razones, la apelante incurrió en esta porción de su queja en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).-------- ----3.3. Considera la recurrente exigua la suma establecida por la privación de uso del automotor. Manifiesta que si bien indica el juez que se encuentran acreditados los daños ocasionados al Fiat Uno no tuvo en cuenta las probanzas producidas a efectos de evaluar la suma reclamada por ese concepto. Alude al destino del automotor -esparcimiento y utilización con fines laborales-, y estima exigua la suma de $530.- por aproximadamente cinco meses que demandó la reparación del automotor.--Al respecto, debo advertir que el juzgador tuvo en cuenta a fs. 633 vta. y 634, a saber, que: a) la citada pericia estima en 25 días, el tiempo que demandarían las reparaciones mecánicas y de chapa y pintura (ver fs. 478); y b) en función a dicho lapso, esto es, el tiempo que insumirían dichas reparaciones estableció el monto de ese rubro.-------Por ello, no le asiste razón al quejoso cuando manifiesta que el tiempo que demandó la reparación es de cinco meses, pues no corresponde computar las demoras que pudo ocasionarle el alto costo de las reparaciones como alegara en demanda (fs. 41 vta., parte final del segundo párrafo).---------- ----En efecto, ya en anterior oportunidad en c. 16.040, S.D.C. 15/02, participé del criterio por el cual el monto del resarcimiento debe ser fijado prudencialmente por el juez, teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la reparación del vehículo (Trigo Represas - Compagnucci de Caso, obra y tomo citado, pág. 548), pues como regla general, el tiempo que técnicamente debieron insumir los arreglos dimensiona el período resarcible de la no disponibilidad (Zavala de González, ob. cit., 1996, T. 1, pág. 114).---- ----En tales condiciones, sólo corresponde tomar como pauta el tiempo que efectivamente demanda la reparación del vehículo, o sea 25 días (20 días de chapa y pintura, y 5 días de mecánica, pericial, p. 4, fs. 478).-------Asimismo, cabe pondera en el presente caso que se trata de un grupo familiar y que se alegó su uso por razones de trabajo, esparcimiento, y necesidades propias de las actividades diarias de los hijos menores (fs. 41/vta.), datos fácticos que no resultaron controvertidos pues el demandado no negó los mismos en forma categórica como era su carga (art. 356, inciso 1º, del C.P.C.C.) ya que se limitó únicamente a negar que adeudara la suma de $3.000.- por el rubro (negativa aaa), fs. 73 vta.).--------En ese contexto, y en uso de las facultades previstas por el art. 165 del C.P.C.C. estimo prudente el importe de $60.- por cada día, lo que eleva la cifra a un total de $1.500.----Tales razones conducen al progreso del agravio y por ende al incremento del capital de condena.--3.4. Entiende la apelante que la suma fijada es distinta y poco acercada a la reclamada.------- ----Formula diversos argumentos para requerir el incremento de los importes fijados en el fallo en crisis ($10.000.- y $4.000.- para la Sra. V. y el menor C., respectivamente), los que por razones de brevedad procesal no reiteraré pues los mismos han sido fielmente reproducidos por el Dr. Lucero.--- ----Y respecto del reclamo efectuado en el escrito inicial ($30.000.-, fs. 39, primer párrafo), cabe señalar que ello no vincula al magistrado pues el demandante formuló una estimación, de la que el juez puede separarse, según su propio criterio y conforme los elementos de convicción aportados, criterio ya sentado por esta Cámara, en su composición de sala única c. 11.507, S.D.C. 40/95, c. 12.353, S.D.C. 34/97, entre otras.--- ----Así, luego de fijar diversas pautas para la cuantificación del daño moral el sentenciante a fs. 635 vta./636 concluyó en cuanto al reclamo procedente en lo que se refiere a las lesiones sufridas, es decir la disminución de los valores de integridad física y tranquilidad de espíritu. En lo que respecta a las lesiones, se encuentra acreditado las que sufrieron la actora V. y su hijo, el menor L. A. C., como así el consecuente tratamiento al que fueron sometidos, pero no se han determinado secuelas incapacitantes en los nombrados, ya que desistieron de la prueba pericial médica (ver fs. 377), y ello tampoco lo refirió con precisión la pericia psicológica mencionada (ver fs. 405/6).-------- ----Tales fundamentos merecieron tan solo una postura discrepante ya que en definitiva la apelante expuso su propio punto de vista sin atender a los fundamentos brindados por el juzgador.--Y ya se señaló al punto 2.1. que antecede que si se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia para desarrollar un análisis propio sin materializar en forma concreta la crítica de la misma, la parte incurre en deserción del recurso deducido.-- ----De todos modos y aun obviando ello, cabe poner de relieve que la parte argumentó que el accidente le produjo a "la suscripta" en el rostro lesiones graves permanentes y respaldó tales manifestaciones en las constancias que resultan de la causa penal (certificado médico y descripción brindada por el Dr. H.) y declaración del Dr. A. rendida a fs. 215 de estos autos.--------En este aspecto, ello no impide considerar que en definitiva y tal como lo precisara el juzgador no se produjo en estos autos la prueba pericial médica de la que hubiera podido eventualmente resultar cuales fueron las secuelas y en todo caso el porcentaje de incapacidad, prueba técnica que de ningún modo puede reemplazarse por un certificado médico y declaraciones de médicos actuantes.--Desde esta perspectiva, la peritación es una actividad desarrollada en virtud del encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes (Devis Echandia, Hernando, "Teoría general de la prueba judicial", Víctor P. De Zavalía, 1970. T. II, par. 248, pág. 287).----Así, la prueba pericial no puede ser reemplazada por un certificado médico.------Menos aún por declaraciones testimoniales, aun cuando se traten de los denominados testigos "técnicos".-En conclusión, aunque tanto el testigo como el perito emiten juicios y hacen deducciones, los del primero se limitan a servir de medio para la representación del hecho, que es el objeto esencial del testimonio, mientras que los del segundo son juicios críticos o de valor que implican deducciones y conceptos personales sobre hechos que pueden no haber sido percibidos por él ... que configuran el objeto de la prueba, y, además, el perito suministra al juez reglas de experiencia que exigen conocimientos especiales y que éste puede ignorar, necesarias para la formación de su juicio (Devis Echandia, obra y tomo citado, págs. 146/147) (el subrayado me pertenece).Así, el perito en modo alguno testifica, sino que da conocimiento e información de ciencia, técnica, arte o industria, o sobre una materia particular que escapa al conocimiento vulgar. Si bien se refiere a hechos, y muchos de ellos los habrá percibido por vía sensorial, su conocimiento no fue como el del testigo, sino que es llamado para comprobar su acaecimiento . La compulsa pericial tiene sentido cuando para poder "ver" algo o "controlar", "corroborar" o "comparar", se deben tener conocimientos especiales. Pero aun en este caso no se trata de un testigo, sino que también aporta información por vía de examen de objetos y es más cercano al interprete que al testigo (Falcón, Enrique M., "Tratado de la Prueba", Astrea, 2003, T. 2, pág. 250).Por eso, la prueba idónea para determinar secuelas incapacitantes era la prueba pericial médica (art. 457 del C.P.C.C.), cuya producción hubiera permitido a la parte contraria ejercer su legítimo derecho de defensa en orden al control de la misma, sea en la determinación de los puntos de pericia o en la posibilidad de requerir explicaciones (arts. 460 y 473 del C.P.C.).--------Tocante al alcance que pretende darle a la pericia psicológica y trastornos psicológicos producidos en la pareja y en el niño, lo cierto es que las manifestaciones efectuadas no contiene un concreto agravio pues bien puntualizó la sentencia de la anterior instancia que no surge con precisión las secuelas incapacitantes invocadas.------Por lo demás, el informe psicológico (ver fs. 406) permite tener por acreditado el daño moral ya que da cuenta del shock traumático producido por la índole del accidente, pero si bien alude a secuelas psicológicas no precisa que de tales secuelas resulten incapacidades.

----Menos aún puede considerarse que dicho informe respalde la existencia de un daño estético irreversible, pues la experta no es idónea en esa materia, y sabido es que la prueba pericial sirve para que emitan opinión o dictamen aquellas personas que tienen adquiridos conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria, o actividad técnica especializada, conforme lo previsto por el art. 457 del C.P.C.C.---------- ----De todos modos, y sin perjuicio que el despliegue argumental no contiene una crítica concreta y razonada que permita apartarse de los fundamentos brindados por el juzgador, lo cierto es que en definitiva la fijación de la cuantía de la indemnización del daño moral, es asunto actualmente librado a la personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria (Zavala de González, ob.cit., 1996, T. 2a., par. 157, pág. 605).---Y todo ello debe ser valorado prudencialmente por el juez, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto (Pizarro, "Daño moral", Editorial Hammurabi S.R.L., 1996, par. 62, pág. 340).-- ----En consecuencia, resulta innegable que la determinación del quantum indemnizatorio del daño moral queda librado al juicio prudente del sentenciante, de acuerdo con la índole del hecho generador y circunstancias del caso (Trigo Represas - Compagnucci de Caso, obra y tomo citado, par. 25, pág. 589).------- ----Y la realidad vigente en la determinación del monto por daño moral es la discrecionalidad del juzgador, porque las pautas cualitativas permiten conocer la existencia y gravedad del daño moral mismo, pero no son conducentes a fijar un monto determinado (Zavala de González, ob. cit., 1997, T. 3, par 24, págs. 207/208).---- ----De tal modo, a fin de establecer algunos criterios básicos de consuelo de determinadas penurias, con repetición de reflexiones de la filosofía medieval, y que en el caso se trata de la cuantificación de los remedios para la tristeza y el dolor, y que hace al descanso, distracción, comodidades (conf. "Revista de Derecho de Daños", vol. 6, "Daño moral", Iribarne, "La cuantificación del daño moral", págs. 197, 199 y sig., Rubinzal-Culzoni, 1999), en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del C.P.C.C. estimo que el juzgador en base a las pautas suministradas a fs. 635 vta./636 y circunstancias detalladas a fs. 636/vta. cuantificó en forma prudencial y equitativa el monto del daño moral en las sumas de $10.000.- y $4.000.- para la Sra. V. y el menor C., respectivamente.

----Tales razones conducen a desestimar la queja.----- ----4. En consecuencia, también propicio al Acuerdo incrementar el capital de condena respecto del reclamo instaurado por L. A. C. a la suma total de $5.147,16.- (70% de los rubros gastos de reparación y privación de uso, $5.853,09.- y $1.500.-, respectivamente), manteniendo los importes de condena a favor de P. A. M. V. y L. A. C. que ascienden a $10.531,77.- y $4.000.-, respectivamente, todo lo cual arroja un total de $19.678,93.-, con más los intereses establecidos en la anterior instancia, y asimismo rechazando la excepción de falta de legitimación activa para obrar opuesta por el demandado, con costas a su cargo (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.), a cuyo fin resultan adecuados los honorarios que propone regular el Dr. Lucero a favor de los letrados patrocinantes de las partes actora y demandada en las sumas porcentuales equivalentes al 15% y 10% de las cantidades correspondientes al proceso principal (arts. 6, 7, 33, y 47 de la ley 2.200).--Desde que la elevación del monto de condena lo es exclusivamente con respecto al coactor L. A: C., y en tanto que las costas de la anterior instancia fueron impuestas en la proporción en que la sentencia declara la responsabilidad (Arazi-Rojas, "Código Procesal .", Rubinzal-Culzoni Editores, 2001, T. I, pág. 292), y que los emolumentos se ajustarán de modo automático al importe que se dispone elevar, no será necesario practicar las adecuaciones previstas por el art. 279 del C.P.C.C. en materia de costas y honorarios.El éxito de dos de los cuatros agravios traídos por la parte actora y el fracaso de los vertidos por la parte demandada permiten delinear en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir prudencialmente las costas de alzada en un 60% a cargo del demandado y en un 40% a cargo de los actores, por responder así en forma adecuada al resultado alcanzado por ambos apelantes (art. 71 del C.P.C.C.).----------Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito y eficacia que arrojan los trabajos cumplidos en esta instancia, considero prudentes los emolumentos propuestos por el Dr. Lucero a favor de los letrados patrocinantes de las partes actora y demandada en las sumas porcentuales equivalentes al 3,75% y 2,25% del monto del juicio que resulte de la liquidación a practicarse en la tapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 14, y 47 de la ley 2.200).- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.- ----A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: -El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada para elevar el monto del capital de condena a la suma total de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($ 19.678,93), con más los accesorios indicados en la anterior instancia. 2) AGREGAR al fallo apelado el siguiente punto, a saber: "V) Rechazando la excepción de falta de legitimación activa para obrar opuesta por la parte demandada en autos, con costas a su cargo, a cuyo fin regúlanse los honorarios de los Dres. D. F. R., letrado patrocinante del demandado; y N. M., letrada patrocinante de la parte actora, en las sumas respectivas equivalentes al 10% y 15% de los honorarios que les corresponden por su participación en lo principal que se decide, con más el I.V.A. pertinente.". 3) IMPONER las costas de segunda instancia al demandado en un 60% y a la parte actora en el 40% restante. 4) REGULAR los honorarios de las Dras. G. J. y N. M., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2,25% y al 3,75% del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.---------ASI LO VOTO.-------- ----A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ------ ----El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.- ----Así lo voto.-- ----Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por excusación del Sr. Juez de Cámara Dr. Aldo Luis De Cunto (art. 8 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: -- S E N T E N C I A: -------- ---- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --------- ---- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada para elevar el monto del capital de condena a la suma total de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos Setenta y Ocho con Noventa y Tres Centavos ($ 19.678,93), con más los accesorios indicados en la anterior instancia.-- AGREGAR al fallo apelado el siguiente punto, a saber: "V) Rechazando la excepción de falta de legitimación activa para obrar opuesta por la parte demandada en autos, con costas a su cargo, a cuyo fin regúlanse los honorarios de los Dres. D. F. R., letrado patrocinante del demandado; y N. M., letrada patrocinante de la parte actora, en las sumas respectivas equivalentes al 10% y 15% de los honorarios que les corresponden por su participación en lo principal que se decide, con más el I.V.A. pertinente.".--------- IMPONER las costas de segunda instancia al demandado en un 60% y a la parte actora en el 40% restante.---- REGULAR los honorarios de las Dras. G. J. y N. M., por sus tareas de alzada, en las sumas respectivas equivalentes al 2,25% y al 3,75% del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente.---------- ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---- REGISTRADA BAJO EL N° DE 2009 - SDC.- Conste.-