Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-24


///nos Aires, 24 de abril de 2012.	AUTOS Y VISTOS:

Para resolver acerca de la admisibilidad del recurso de casación deducida por la defensa oficial en esta causa nº 15.912.

Y CONSIDERANDO:

El doctor Luis María Cabral dijo:	1º) Que la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el pronunciamiento dictado por el juez instructor en cuanto denegó la excarcelación solicitada en favor de Enzo Adrián Quiroga.

Contra esa resolución, interpuso recurso de casación la defensa oficial (fs. 44/55), el que fue concedido a fs. 56/57.

2º) En referencia al principio constitucional de presunción de inocencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el artículo 18 de la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, estableciendo el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme (Fallos 321:3630) En esa inteligencia, ha conferido jerarquía constitucional al derecho de gozar de la libertad durante el proceso (Fallos 314:451), sujeto a leyes que reglamenten su ejercicio (Fallos 304:319).

Además, corresponde resolver el caso traído a estudio con arreglo a la doctrina plenaria sentada por esta Cámara Nacional de Casación Penal, in re: "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley", Plenario nº 13, Acuerdo 1/2008, del 30 de octubre de 2008, en donde se estableció que: "no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegatoria la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N), sino que deben valorarse en forme conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el artículo 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal".

Por su parte, el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación establece pautas que impedirían la concesión de la excarcelación o exención de prisión cuando no obstante verificarse la concurrencia de los recaudos objetivos previstos en los artículos 316 y 317, las particulares circunstancias del caso hicieran presumir que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer el curso de la investigación, circunstancias que obedecen a datos de la realidad y que han sido contempladas expresamente por el legislador como causales que obstan justificadamente a la concesión del beneficio. El fundamento de esta norma radica en que en aquellos casos en los que la liberación podría significar una frustración a los fines del proceso, debe hacerse prevalecer el interés general de la sociedad en la prevención y represión del delito (cfr. "Alessi, Eduardo Atilio José s/recurso extraordinario", Sala II, causa nº 4974, reg. Nª 6599, rta. El 01/12/04).

Cabe advertir que la disposición del ordenamiento procesal penal que es de aplicación sub lite encuentra aval en normas supralegales incorporadas a nuestra Constitución Nacional -artículo 75 inciso 22-, tales como el artículo 9 del P.I.D.C.P., el xxv de la D.A.D.D.H. y el artículo 7 inciso 2º de la C.A.D.H., toda vez que en éstos prevén el ejercicio de la facultad del Estado en encarcelar al imputado durante el proceso con anterioridad al dictado de una sentencia condenatoria firme.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que, en lo que hace al principio de la doble instancia, tal extremo se halla debidamente garantizado por cuanto han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y de la cámara respectiva, y toda vez que como ya se afirmara supra, no se observa la existencia de cuestión federal o la verificación de un supuesto de arbitrariedad en el pronunciamiento criticado, no amerita la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, tal como lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Di Nunzio, Beatriz Herminia s/excarcelación, causa nº. 107572, D.199. XXXIX, por lo que corresponde declarar la improcedencia formal de la vía intentada.

3º) Que en la presente causa se plantean cuestiones sustancialmente análogas a las introducidas en la causa nº 15.910 razón por la cual corresponde remitir a lo allí resuelto.

Por lo demás, la invocada afección que padece Enzo Quiroga está siendo evaluada por el tribunal a quo según surge del certificado de fs. 62.

El doctor Mariano H. Borinsky dijo:

Que el recurso interpuesto no habrá de prosperar por cuanto no supera el examen de admisibilidad.

Con relación a ello, cabe señalar que la decisión recurrida cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 457 del C.P.P.N., puesto que resulta equiparable a un pronunciamiento de carácter definitivo en la medida en que " restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa y ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior ( ) por afectar un derecho que requiere tutela inmediata " (C.S.J.N., expte. E. 381. XXXII caratulado "Estévez, José Luis s/solicitud de excarcelación -causa Nro. 33.769- y sus citas, entre muchos otros).

Sin embargo, dicha condición no basta puesto que para que esta Cámara intervenga como "tribunal intermedio", de conformidad con la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el caso "Di Nunzio" (expte. D.199.XXXIX, rta. el 3/5/05), debe encontrarse además debidamente fundada una cuestión de índole federal, pues la actividad impugnativa tiene un límite y ante esta instancia, ese límite en casos como el de autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal.

Ahora bien, de las presentes actuaciones se advierte que, en el caso, se ha garantizado la "doble conformidad judicial", "derecho al recurso" o "doble conforme", por lo que tampoco se vislumbra una violación a la garantía prevista por el artículo 8 ap. 2) h) de la C.A.D.H., habiéndose controlado así el acierto jurídico del fallo recurrido.

Por lo demás cabe señalar que, el criterio aquí adoptado, en ninguna medida excluye la posibilidad de excarcelación del imputado pues, de conformidad con cuanto reza el artículo 318 del C.P.P.N., dicho beneficio podrá ser acordado en cualquier estado del proceso ya sea de oficio o a pedido del imputado o de su defensor.

Así las cosas, y no habiendo la defensa demostrado la existencia de un agravio federal que habilite la vía impugnativa, a lo que se agrega que las circunstancias apuntadas en el voto que lidera el Acuerdo alcanzan para rechazar el beneficio solicitado, de conformidad con lo normado por el art. 319 del C.P.P.N., es que adhiero a la solución propuesta por el distinguido colega preopinante en cuanto declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Enzo Adrián Quiroga, sin costas (arts. 454, 530 y 531 del C.P.P.N.).

El doctor Raúl R. Madueño dijo:

Que adhiere al voto que lidera este acuerdo.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial de Enzo Adrián Quiroga. Imponer, por mayoría, las costas al recurrente (arts. 454, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.	Fdo. Raúl Madueño, Luis M. Cabral y Mariano H. Borinsky Ante mí: Javier E. Reyna de Allende. Secretario de Cámara.