marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley de emergencia económica, motivación del acto administrativo, prescindibilidad, estabilidad del empleado público, razones de servicio, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Darío E. c/ E.N. -Sub. de Planificación s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-09

El art. 46 de la ley 23.697 debe ser interpretado en el sentido de que la autoridad administrativa al decidir la prescindibilidad del agente por razones de servicio no se encontraba obligada a fundar la medida más allá de la alegación de tal situación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cardozo, Ramón Miguel y otro s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual se denuncia la transgresión del art. 238 del Código de Procedimiento Penal en el que no se rebaten adecuadamente los fundamentos del fallo recurrido con relación a la existencia de confesión simple.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, actividad riesgosa, leyes
Materia: CIVIL
Carátula: MACIEL, JORGE GUSTAVO c/ HIJOS DE MANUEL GONZALEZ S.A. Y OTRO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-10-23

La obligación objetiva de reparar los daños causados por la actividad riesgosa, que otrora fue paulatinamente receptada por la doctrina y la jurisprudencia en el marco del artículo 1113 del Código Civil, hoy recibe expreso reconocimiento legal en el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dispone que toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas, tipificando la norma tres sub-tipos: "...por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización.". A su vez, el artículo 1758 último párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, no deja dudas en cuanto a que "En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial." (De la disidencia del Dr. Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113; Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1757 y 1758, último párrafo
CHILE, medidas urgentes, violencia contra menores, medidas cautelares, situación de vulnerabilidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 21/2018 - Medida cautelar No. 975/17 -- Niños, niñas y adolescentes del Centro de Reparación Especializada de Administración Directiva de Playa Ancha respecto de Chile c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-03-15

Si bien el Estado de Chile ha indicado el inicio de acciones encaminadas a proteger los derechos de los niños y niñas ubicados en un centro perteneciente al Servicio Nacional de Menores de aquél país, incluyendo la decisión de cierre, la Comisión Interamericana advierte que tales medidas no alcanzaron para prevenir circunstancias de riesgo y violencia, ni se ha efectuado una evaluación de idoneidad del personal, ni realizado un sistema de control y registro de medicamentos, por lo que se trata de decisiones de tipo programáticas que no permiten apreciar su efectividad para asegurar condiciones compatibles con los estándares internacionales, lo que resulta por demás suficiente para sostener que los derechos de los menores se encuentran en gravísimo riesgo, máxime considerando su especial situación de vulnerabilidad.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: CIVIL
Carátula: FERRES DE LICCIARDI, MARIA ANGELICA Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-12-28

Cuando el daño producido proviene del riesgo de la cosa, en actividades lícitas o el empleo lícito de cosas, el fundamento objetivo de ésta responsabilidad es ajeno a la idea de culpa, de donde surge que los requisitos para su procedencia: a) ausencia de autonomía humana; b) daño sufrido por el demandante; correlación de causalidad entre la cosa y el daño; y c) calidad de dueño o guardián de la cosa, en el demandado, incumbiendo al actor la prueba del daño la conexión causal y la calidad de dueño y guardián de dicha cosa.
Obligatoriedad del fallo plenario, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: OJEDA, HORACIO RICARDO Y OTROS c/ EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-16

La obligatoriedad que impone la ley ritual respecto de los fallos plenarios no significa la asunción por parte de los jueces de funciones legislativas, sino que se pronuncien intra legem: no creando el derecho, sino interpretando el ya creado.
Recurso de queja (procesal), recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Vázquez, Fabián Ariel y otro c/ Konttrolar S.R.L. y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentación autónoma.
Desapoderamiento, estado de insolvencia, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marchese, Marta Beatriz  c/  s/ quiebra s/incidente de venta inmueble parcelas 20/21
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-18

El desapoderamiento no debe ser considerado como una sanción impuesta al deudor, y por lo tanto no se lo debe confundir con la inhabilitación (v. Quintana Ferreyra, Francisco; "Concursos", tomo 2, pág. 284, año 1986). El desapoderamiento es consecuencia de la quiebra y no de la inhabilitación. La vinculación contenida en la LCQ 107 fue establecida para fijar un límite al desapoderamiento de una persona de existencia visible en quiebra. Pero más allá de la discusión sobre si resurge o no el desapoderamiento, lo cierto es que -en el caso- no será necesario arribar a una definición sobre ese tema porque el delito investigado en la justicia penal no estaba relacionado al estado de insolvencia de la deudora. Resulta que, aunque la ley no lo diga expresamente, el art. 236 no refiere a cualquier delito penal sino a aquellos relacionados con la quiebra y legislados en el CP 176 a 180 sin que quede incluidos otros delitos de índole económica (conf. Graziabile, Darío; "Instituciones de Derecho Concursal", tomo IV, pág. 586, año 2018). Necesariamente el delito investigado debe tener relación con el estado de falencia ya que la prórroga o reanudación de la inhabilitación a la que refiere el art. 236 se produce de pleno derecho. Ante cualquier otro delito económico, la inhabilitación debiera ser declarada por el juez competente y sería ajena al proceso de quiebra.
Daños y perjuicios, derechos personalísimos, derecho a la intimidad, ofensas cometidas por medio de la prensa
Materia: CIVIL
Carátula: O., N.M c/ T., M. y otro s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-07

Aun cuando -en el caso un juez de la Nación- el actor no pertenezca a la farándula, no se puede negar que se trata de una persona de amplia exposición pública a partir de los hechos que cabe calificar como escandalosos y que lo colocaron en la mira de la opinión y críticas de la prensa, tal como lo admite en su demanda entre otras cuestiones y el juicio político que se le promoviera. De ahí que, en el caso de un funcionario público que desarrolla su actividad fuera del ámbito íntimo, y expuesto a la consideración y exposición pública, el derecho a la protección de su intimidad se atenúa.
Derechos y obligaciones de los padres, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, autoridad de aplicación, REPÚBLICA ARGENTINA, GRAN BRETAÑA, Estado requerido, Estado requirente, restitución de menores, sustracción internacional de menores, restitución internacional de menores, traslado, medidas de seguridad y protección, violencia familiar, cuidado personal compartido, sentencia definitiva, derechos de las niñas, niños y adolescentes, asesor de menores, residencia habitual
Materia: CIVIL
Carátula: P.,C. c/ S.B. d.P.,M. s/ Exhortos y oficios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-04-16

Resulta procedente la solicitud incoada por el padre del menor N.P, iniciada en el Reino Unido de Gran Bretaña y tramitada en la República Argentina ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -autoridad de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores- para obtener la restitución internacional de su hijo quien se encuentra junto a su madre radicado en la República Argentina, siempre que el estado requirente garantice la concreción de las medidas asegurativas - resueltas por la Cámara a expreso pedido de la asesora de incapaces-, tendientes a la protección del niño y a la de su madre mientras se encuentren en el extranjero, atento la conflictiva familiar que incluye episodios de violencia doméstica contra la progenitora y hasta tanto se resuelva en forma definitiva su custodia.Resulta procedente la solicitud incoada por el padre del menor N.P, iniciada en el Reino Unido de Gran Bretaña y tramitada en la República Argentina ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -autoridad de aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores- para obtener la restitución internacional de su hijo quien se encuentra junto a su madre radicado en la República Argentina, siempre que el estado requirente garantice la concreción de las medidas asegurativas - resueltas por la Cámara a expreso pedido de la asesora de incapaces-, tendientes a la protección del niño y a la de su madre mientras se encuentren en el extranjero, atento la conflictiva familiar que incluye episodios de violencia doméstica contra la progenitora y hasta tanto se resuelva en forma definitiva su custodia.
Nulidad de sentencia, principios procesales, preclusión, principio de progresividad, derecho a la sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUILAR CHAVEZ. de ANTEBI., Arminda y otros s/ falsedad ideológica"  . Causa 28.659
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-17

"El Código de Procedimientos en Materia Penal tiene previsto en forma expresa el remedio para el caso de nulidad de la sentencia por defectos de forma en su Art. 511, al imponer el pase de la causa a otro Juez de Primera Instancia para el dictado de una nueva sentencia." Tal solución resulta adecuada en tanto el defecto invalidante se advierta en el mismo acto que pone fin al proceso - la sentencia- y no al procedimiento de modo de no afectar los principios de progresividad y preclusión.

Entonces, no resulta aplicable la doctrina sentada en fallos 272:188 (Mattei). en que la nulidad de la sentencia era consecuencia de defectos de procedimiento advertidos en la etapa preliminar, y que, de tal modo, el trámite suponía la retrogradación al estadio de la instrucción, desandando el proceso hacia tal momento por encima de distintas etapas precluidas (Del voto del Dr. Vigliani al que adhirió el Dr. Irurzun según su voto. ambos por la mayoría. La Dra. Riva Aramayo en disidencia) El trascurso de ocho años de procedimiento que culmina con una sentencia absolutoria viciada de nulidad impide retrotraer el proceso a etapas precluidas, puesto que se encuentra comprometido el derecho a obtener un pronunciamiento judicial que, en definitiva, ponga fin a la situación de incertidumbre y restricción a la libertad que son propias de un proceso. Mas aún cuando se encuentra en incierta situación una menor que ahonda el perjuicio y exige un pronunciamiento definitivo (Del voto en minoría de la Dra. Riva Aramayo).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, competencia de la Corte Suprema, juicios en que es parte una provincia, terceros, Dirección Nacional de Vialidad, litisconsorcio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Vicente Robles  S.A. c/ D.N.V. y otra s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-26

La única forma de conciliar la prerrogativa que le asiste a la Dirección Nacional de Vialidad al fuero federal sobre la base de lo dispuesto por el art. 100 de la Constitución Nacional con aquella de igual rango constitucional que le asiste a la provincia citada como tercero a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema (art. 101 de la Constitución Nacional) dada su imposibilidad de ser sometida a los tribunales federales inferiores, es sustanciando la acción ante la Corte, no obstando a ello que la restante codemandada, la Dirección Provincial de Vialidad, no sea aforada.
Sentencia arbitraria, accidentes de trabajo, indemnización, acción civil, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Martinez, Isidro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-06-14

No existe una valoración ni arbitraria ni absurda de los hechos, cuando la Cámara no niega que el actor pueda haber sufrido un accidente incapacitante en algún momento y lugar, y sí requiere que para que prospere la obligación de indemnizar por la parte del demandado, dado la vía civil elegida, el actor pruebe que el mismo haya ocurrido conjugando elementos que confluyan a la imputación de responsabilidad.
Responsabilidad solidaria, sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente, crédito laboral, socio gerente mayoritario, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Héctor P. c/ Simpro S. R. L y otros.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

La persona física codemandada no puede ser responsabilizada solidariamente con la sociedad empleadora respecto de los créditos debidos a un trabajador, si se acreditó que era socio gerente de la entidad social, pues aún cuando haya aportado el capital mayoritario ello no implica una modificación en la responsabilidad asumida como integrante del ente, más aún si no se comprobó que el dependiente se hubiera desempeñado exclusivamente bajo su dependencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, monto de la pena, pena mínima
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOLIBO, JESICA DEBORA c/  s/ ROBO CALIFICADO POR EL USO DE ARMA BLANCA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La queja interpuesta no ha de prosperar, desde que los agravios defensivos vinculados a cuestionar la decisión de la Alzada de confirmar la pena impuesta por considerar la impugnante que en el caso correspondía la perforación del mínimo legal de la sanción, son la simple reiteración de los expuestos en las instancias y que ya fueron abordados y rechazados por los Jueces con motivación suficiente y, por tanto, sólo evidencian su mera disconformidad con la decisión de confirmar en ese aspecto la sentencia recurrida, por considerar que el juez impuso una pena justa y proporcionada conforme a las pautas legales previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal y que no había dado la recurrente razones suficientes que ameriten una reconsideración de la pena, en función de situaciones excepcionales particulares o contextuales que tornen especialmente injusta la sanción, sin perjuicio de que en el devenir de su ejecución, en función de principios pro homine, de humanidad y resocialización, se contemple la posibilidad de su morigeración con otras modalidades menos gravosas. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41
Proceso penal, recurso de revisión (procesal), extinción de la acción penal, ley penal más benigna
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva Daza de Fernández, Azucena s/ Recurso de Revisión en autos "Barroso, Norma del Valle y otros - Enriquecimiento de Funcionario Público y Falsificación material de documento público en concurso ideal con Fraude a la Administración Pública en grado de tentativa"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-03-12

El recurso de revisión es un medio impugnativo extraordinario especialísimo de estricto rigor formal, y las causales que lo motivan están taxativamente enumeradas en la ley, art. 476 del Código Procesal Penal, por lo que son de interpretación restrictiva.

El art. 476 inc. d) de nuestro ordenamiento procesal establece que la revisión es procedente "cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso hagan evidente que (...) el hecho cometido encuadre en una norma penal más favorable...".

Es decir que se requiere, para posibilitar el nuevo examen de un pronunciamiento pasado en autoridad de cosa juzgada, que se trate de nuevas pruebas y que las mismas sean dirimentes para mutar la certeza positiva de la sentencia.

La defensa técnica del condenado como responsable de haber actuado como persona interpuesta para disimular un enriquecimiento ilícito, intenta la revisión de la condena -basándose en el inciso aludido supra- por la entrada en vigencia de la ley Nro. 25.990, pretendiendo su aplicación retroactiva al caso, por ser ley penal más benigna (específicamente incisos c y d del art. 1 ).

Explica que el 04/07/00 se produjo la citación a juicio de los imputados y esa es la fecha que marca el conteo de un nuevo plazo que hizo que la prescripción operara cuatro años después, es decir el 04/07/04. Luego de esa fecha, se dictó la Sentencia el 27/07/04, es decir 23 días después de transcurrido el máximo de la escala penal conminada en abstracto para el delito enrostrado, y que en razón de ello se habría operado la prescripción de la acción penal con respecto a su asistido.

En el caso, existiendo sentencia de condena firme, la acción penal no sólo se ha ejercido, sino que ha fenecido, no resultando viable ni posible, en consecuencia, pretender que se extinga algo que ya no existe (cfr. Hairabedian, Maximiliano y Zurueta, Federico, "La Prescripción en el Proceso Penal", Editorial Mediterránea, 2006, ps. 195 y 196).

Por lo tanto la ley Nº 25.990 no puede aplicarse al caso como ley más benigna a los fines de considerar extinguida por prescripción la acción penal, en atención a que tal norma entró en vigencia con posterioridad al fenecimiento de la acción, al quedar firme la sentencia condenatoria.

Por ello, debe rechazarse el recurso de revisión articulado al no configurarse los presupuestos de hecho y de derecho exigidos por la ley adjetiva para su procedencia.
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FAESCA s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

El recaudo impuesto por el art. 11 inc. 8 de la ley 19.551 no es inconstitucional ya que atiende a un objetivo social más amplio y abarcador (el sistema previsional y las prestaciones sociales), que el invocado por el recurrente que se limita al interés de su propio establecimiento comercial.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso, presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Chaparro, Aldo Rubén s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Es insuficiente el agravio en el que se expresa -invocando los arts. 150, 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal- que "el indicio" fundado en la sola declaración de un testigo -la víctima- no se apoya en un hecho "real y probado", pero no se demuestra la transgresión, ya que en ciertos casos un testimonio -que en el caso está probado- puede ocasionar efectos presuncionales y de ello no se ocupa el recurrente. (Minoría u opinión personal)
Acción de amparo, sociedad cooperativa
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA, LUIS Y OTROS c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCION COOPERATIVA Y MUTUALES s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-09-07

De acuerdo a la disposición del artículo 98 de la Constitución Provincial, el Estado reconoce la función económica y social de las Cooperativas y Mutuales, lo cual pone de manifiesto la inobjetable trascendencia de las mismas; por ello la protección judicial debe ser eficaz cuando las circunstancias comprometen el funcionamiento regular y hasta ponen en peligro la subsistencia misma de estas instituciones.
Recusación, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Campbell, Jorge c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

Por principio, la regla general destaca que la resolución que decide acerca de recusaciones no constituye sentencia definitiva. Por otro lado, para que intervenga esta Cámara como tribunal intermedio, debe encontrarse debidamente fundada una cuestión federal, pues la actividad impugnativa tiene un límite y ante esta instancia, ese límite en casos como el de autos, sólo puede ser superado por la debida fundamentación de un agravio de carácter federal. Ello no sucede en el presente caso, en el cual la sola alegación de la violación a las garantías constitucionales no es suficiente para configurar la existencia de una cuestión federal. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, prueba pericial, dictamen pericial, lucro cesante, indemnización, monto de la indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/ Alvarez, Irmo y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-03

Es descalificable el pronunciamiento que, para ponderar el valor de la indemnización en juego, soslayó el examen de los dichos del perito referidos a la manera de determinar el lucro cesante pues las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto (art. 15 de la ley 48).
Cuestiones de competencia, competencia provincial, falsa denuncia, extorsión, concurso de delitos
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: N.N. c/  s/ incidente de incompetencia. Denunciante: Cristian David Pavón
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-01

Es competente la justicia provincial para entender en la causa en la que se investigan los delitos de falsa denuncia y extorsión, pues sin perjuicio de que las conductas extorsivas habrían sucedido en la Ciudad de Buenos Aires, los hechos objeto de controversia guardarían íntima vinculación con la causa que también se sigue en contra del denunciante en la ciudad de Alta Gracia, cuyas manifestaciones podrían aparecer, de alguna manera, como parte de una versión exculpatoria sobre la imputación de los hechos denunciados en su contra en esa jurisdicción. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-