marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, asegurador, representante del asegurador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez, Gabino Sixto Demetrio y otra c/ Pertini, Héctor Angel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-04-13

Conforme al art. 54 de la ley 17.418 cuando el asegurador designa un agente o representante con facultades suficientes rigen las normas del mandato, por lo que lo actuado por éste -en el límite de tal apoderamiento- obliga al mandante.
Contrato de trabajo, certificado de trabajo, entrega del certificado de trabajo, sociedad de responsabilidad limitada, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MACCHI, ANGEL ALBERTO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE ARGENTUR S.R.L. Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-10

La solidaridad impuesta por los arts. 59 y 274 de la ley 19.550, al no efectuar distinciones entre obligaciones de dar cosas o dar sumas de dinero, resulta extensible a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo entre las que cabe incluir la entrega de certificados previstos por el art. 80 L.C.T.. (Del voto del Dr. Stortini, en mayoría).
Pago, efecto extintivo del pago, juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lombardi, Angel Rafael c/ Dominguez, Noemi s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Los pagos efectuados cuando ya los demandados se encontraban en mora, no tienen efecto cancelatorio como para estimar que parte de la obligación no fuere exigible por estar extinguida al tiempo de promoverse la ejecución. Para que el pago libere al deudor debe en efecto, traducir el cumplimiento exacto de la obligación que esté a su cargo, esto es, que han de concurrir todos los requisitos relativos a personas, objeto, modo y tiempo (arts. 725 y 750 Cód.

Civil). En consecuencia, la sentencia de remate debe condenar al pago total de la suma reclamada, sin perjuicio de la imputación que corresponda efectuar en la pertinente liquidación en la oportunidad procesal correspondiente (arts. 557 y 589).
Derecho penal, prueba
Materia: PENAL
Carátula: MHF y otros s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-06

Es improcedente el planteo de nulidad de la prueba consistente en la lista de llamadas entrantes y salientes pertenecientes al abonado de la víctima, obtenida por requerimiento del fiscal, pues, no es de aplicación el art. 236 del CPP, en cuanto establece la necesidad de que medie una orden judicial dado que la expectativa de privacidad garantizada constitucionalmente se desvanece, si precisamente quien la tiene la exhibe a los efectos de sustentar un relato acerca de un hecho del cual fue directamente afectada.
Contratos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D.I.R.M. S.A c/ PLAN INTEGRAL DE COBERTURA (PIC) Y OTRO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

En el contrato de marras, las partes libremente han convenido todas sus cláusulas, incluso la sexta, que no se detuvo solamente en fijar la competencia de los Tribunales de Morón, sino que fue más allá, pactando una renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles. No han ejercido el derecho de modificar por convenio posterior, lo pactado en materia de competencia territorial y no puede unilateralmente una parte, cambiar las reglas que están destinadas a circunscribir sus derechos ( art. 1137 C.C ), salvo que deban enfrentar cláusulas abusivas que les hagan renunciar a esos derechos que les corresponden, o que se los ponga en estado de indefensión, a cuyo efecto la jurisprudencia ha dejado de lado la prórroga de la competencia.-
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cuenta corriente con saldo deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo Coop. Ltdo. c/ Izurieta Aguada, Marí de los M. s/ Ejecución
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

El saldo de cuenta corriente bancaria tiene fuerza ejecutiva en los términos de lo dispuesto por el artículo 793, apartado 3, del Código de Comercio, en tanto fuere otorgado con la firma conjunta del gerente y contador del banco, y sea autónomo, bastándose a sí mismo.
Daños y perjuicios, derecho a la intimidad, publicación de fotografía, responsabilidad del editor
Materia: CIVIL
Carátula: D'OTTAVIO, Karina Gabriela c/ EDITORIAL ATLANTIDA S.A. REVISTA GENTE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-29

El hecho del alumbramiento y nacimiento de los hijos integra el ámbito de la privacidad de las personas, por lo que en ausencia de consentimiento expreso, la difusión y reproducción por medio de fotografías de la imágenes de este hecho, de gran trascendencia para la vida familiar, posee virtualidad para hacer nacer, en principio, la responsabilidad del medio gráfico imputado.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Farías, Martín y otro c/ Churruarin, Juan C. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Si el dueño o guardián de la cosa portadora de riesgo se desprende voluntariamente de su tenencia, entregándola para su guarda y cuidado a un tercero, a quien, además, lo autoriza para conducirla hasta su domicilio, no cabe presumir que el uso efectuado por éste en otros momentos- mientras la detentaba, lo haya sido contra la voluntad expresa o presunta de aquél, pues para tener por cierta la oposición, ésta debe surgir inequívocamente, en forma positiva o tácita, de actos o signos exteriores, que permitan conocer con veracidad su existencia (arts. 917, 918 del Código Civil). Es notorio, por otra parte, que aunque la intención del dueño hubiera sido la de que la cosa no fuera utilizada, es la falta de diligencia en la elección del cuidador y modalidades de la guarda, la que posibilitó su uso, y con ello la producción del siniestro.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, proceso penal, acción civil, legitimación procesal, ley procesal penal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: STRUBIA, RAMON JESUS ABEL s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE  QUEJA POR APELACION DENEGADA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 418 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-14

Corresponde rechazar la queja desde que los reproches de la recurrente conducen al examen de cuestiones de estricto contenido procesal -concretamente, de la disposición contenida en el artículo 200 II, inciso 3) del Código Procesal Penal- materia que, por principio, resulta ajena a esta instancia extraordinaria.

En el caso, se advierte de la lectura de la resolución impugnada que la Cámara -por mayoría- puso de resalto que según lo prevé el artículo 404 del digesto adjetivo, en la órbita del Código Procesal Penal rige la regla de la taxatividad, de modo que el derecho a recurrir sólo corresponde a la parte a quien le es expresamente acordado.

Por ende, consideró que el actor civil no estaba legitimado para impugnar aquellas decisiones que se adopten en la causa y que refieran exclusivamente a la cuestión penal, agregando que, según lo regula en forma precisa el artículo 108 II, inciso 8) del referido ordenamiento procesal quien se considerara damnificado por la comisión de un ilícito penal, ostenta el derecho de acudir ante el representante del Ministerio Público Fiscal a los fines de lograr un reexamen, por parte del mismo órgano jurisdiccional, de una decisión adoptada por éste que le resulte perjudicial.
Tenencia de hijos menores, régimen de visitas, suspensión del régimen de visitas
Materia: CIVIL
Carátula: A., M.F. c/ D., V.L. s/ REGIMEN DE VISITAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-21

El derecho del progenitor que no ejerce la tenencia a que los hijos pasen parte de sus vacaciones con él o pernocten en su casa constituye por su propia naturaleza una facultad inalienable e irrenunciable, que sólo puede ser suspendida cuando medien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la seguridad de los menores a su salud física o moral.
Sumario administrativo, derechos y garantías constitucionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maslovich, Juan Esteban c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-16

Corresponde anular la resolución que dispuso la exoneración del agente si existen irregularidades en el procedimiento administrativo violatorios del derecho de defensa.
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Espósito, Carlos A. c/ Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Economía) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La percepción del adicional por bloqueo de título previsto en el art. 22 inc. "d" de la ley 10430 está sujeto a la condición de que el agente se halle matriculado en el Colegio respectivo de la Provincia de Buenos Aires, pues su fundamento radica en la imposibilidad de ejercer la profesión y ese ejercicio, a su vez, está condicionado a aquella matriculación (en el caso, se rechazó la demanda interpuesta por quien consideraba satisfecho el requisito mediante la matriculación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal).
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Lento, Javier c/ Lever y Asociados S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Cuando se demanda por cobro de la indemnización prevista en el art.

8 de la ley 9688 no interesa en qué grado el trabajo actuó como factor concausal de la incapacidad del trabajador.
Resoluciones judiciales, recusación por enemistad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramirez de los Santos s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-12-20

Los conceptos resultados en una resolución mediante su subrayado, no tienen un destinatario, ni una intencionalidad que pueda generar el sentimiento de enemistad que acusa el letrado con relación a uno de los magistrados. Aún cuando al darse por aludido, el letrado, hubiere experimentado dicho sentimiento negativo, el mismo carece de significación jurídica para fincar el apartamiento del Juez, dado que es este, según art. 31 inc. 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el que debe tener "contra" el recusante resentimiento o enemistad, manifestado por "hechos" conocidos.

En el caso de autos, no existe tampoco una situación fáctica que haga sospechar la existencia de esos sentimientos del juez hacia la parte, sino un acto jurisdiccional, que contiene subrayado en sus partes sustanciales, que no tienen un autor determinado, sino que pertenece al acto sentencial y ordenado por el Tribunal en su total integración.
Transporte terrestre, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOSTON CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ ROMAN S.A.C. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

Resulta admisible, y no encuentra obstáculo en la segunda parte del art. 204 Del código de comercio, la estipulación realizada entre el cargador y la transportista que previó como obligación de aquél la contratación de un seguro sujeto a la cláusula de no repetición contra el transportador por daños producidos durante el transporte.

(Sala 1,2053,200983)
Jubilaciones, pensiones, reajuste jubilatorio, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Etchavarría, Eliseo José c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

Si, como sucede en el caso, el cargo llevado a reajuste por el accionante fue desempeñado mas allá de su cese desde que abarcó hasta el año 1992, es indudable que no se configura la simultaneidad aludida porque, habiendo cesado para acceder al beneficio jubilatorio en el año 1984, los servicios desempeñados con posterioridad a dicho cese no resultan obviamente simultáneos ni pueden ser computados como otra carrera sin el cumplimiento del recaudo de la coetaneidad de los servicios a la que se refiere la norma legal aplicable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: R., H.A. c/ A.V., J.J. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-12-05

En materia de legitimación activa en el marco de un reclamo indemnizatorio por daños y perjuicios, derivado de un cuasidelito, el art. 1110 del C.C., es por demás elocuente, al referenciar como sujetos legítimos a pedir reparación al dueño o poseedor de la cosa, a sus herederos; y al usufructuario, y usuario. Por otra parte, el art. 1195 del C.C. también ofrece una enunciación de los sujetos legitimados para el caso de delitos contra la propiedad. Ahora bien, esta multiplicidad de sujetos fue concebida por el codificar en orden a la naturaleza propia de la acción de reparación; que es de tipo personal y no real. Es decir, el artículo 1110 del C.C. reitera y complementa la lista de los legitimados activos que prevé el 1095 del mismo cuerpo legal.
Cómputo de servicios, trabajador autónomo, antigüedad en la afiliación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - LABORAL
Carátula: MULLER, Joaquín Marino c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

De las normas que rigen lo atinente al reconocimiento de servicios dentro del régimen previsional para trabajadores autónomos no se desprende de manera expresa ni implícita que el requisito de antigüedad en la afiliación resulte exigible a tal fin. Por ello, lo establecido por la Resolución 2569/81 en su art.

1° inc. a) se aparta ostensiblemente del ordenamiento legal, imponiendo por vía interpretativa un recaudo que la ley no impone, alterando así el orden normativo establecido por el art. 31 de la C.N.; de tal manera que nada obsta a que el Tribunal se aparte de ella, toda vez que corresponde al Poder Judicial determinar el alcance jurídico de las leyes en ejercicio de la facultad propia del control de legalidad (arts. 18, 31, y 100 de la C.N.).

***RES C 002569 1981 00 00 0001 000 0000 000 ***CON C 000000 1853 05 01 0031 000 0000 000 ***CON C 000000 1853 05 01 0018 000 0000 000 ***CON C 000000 1853 05 01 0100 000 0000 000
Prueba confesional, confesión extrajudicial, delito de acción pública, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: Spinalli, Vicente Antonio s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Es ineficaz el planteo sobre apremios ilegales que formula el procesado, en tanto éste no denunció delito alguno como causante de su confesión extrajudicial.
Procedimiento laboral, costas
Materia: LABORAL
Carátula: M., L.A. c/ U.V.A.C.L. s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-08-25

Como principio general, la rendición debe ser documentada, es decir, acompañada de los comprobantes de ingresos y egresos; pero cuando toda la documentación (comprobantes, recibos, libros, etc...) se encuentran en poder del reconviniente por ser el propietario de tales elementos, es forzosamente necesario apartarse de los principios generales si no se quiere hacer ilusoria la rendición misma, y colocar en situación de indefensión a quien la practica.
Inconstitucionalidad, defensa en juicio, actualización monetaria
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: ROBERTO B. AGUILAR c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-07-15

No viola el derecho de defensa, la sentencia que dispone actualizar los montos liquidados tomando como divisor el índice del mes anterior al que se debió pagar. Circunstancias prácticas de demora en el oportuno conocimiento del índice oficial correspondiente al mes en que se paga, llevan a adoptar este criterio reiteradamente aplicado, por lo que tal solución para el caso no constituye causal suficiente para invalidar lo resuelto.
Personal policial, policía federal, cesantía, sobreseimiento, sentencia absolutoria, sumario disciplinario, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Lencina, Ramona Magdalena y otros c/ Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-04

Si no media absolución o sobreseimiento del agente de la policía también en el ámbito disciplinario no corresponde reintegrar el porcentaje de haberes no percibido por el personal policial en actividad en situación pasiva, aun cuando éste hubiera sido absuelto o sobreseído en sede judicial, porque el art. 49, inc. f, de la ley 21.965 dispone que la permanencia en situación pasiva del personal policial en actividad detenido o sometido a proceso judicial, cuando el hecho que dio motivo a la medida revele grave indignidad o afectare manifiestamente al prestigio de la Institución se mantendrá mientras se sustancie la causa disciplinaria emergente, y no la limita a la conclusión de la causa judicial por absolución o sobreseimiento, que bien podría suceder antes de que finalizara el sumario administrativo. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-30


AUTOS Nº 21.563 (96.958 - 8° CIVIL) CARATULADOS: "SILVA, Juan Manuel C/ Silva, Gladys Antonia - Acción de Simulación" L. DE A. T° 186, F° 127 SAN JUAN, 30 de abril de 2013.

VISTO:

Para resolver en estos Autos Nº 21.563 (96.958 - 8° CIVIL) caratulados: "SILVA, JUAN MANUEL C/ SILVA, GLADYS ANTONIA - ACCIÓN DE SIMULACIÓN", el recurso de aclaratoria interpuesto por la Dra. Haydee Reyes, contra la sentencia de fs. 667/669 dictada en fecha, 27 de marzo de 2013 por este Tribunal de Alzada	Y CONSIDERANDO:

La recurrente solicita se corrija el error material consignado en la sentencia al fijar los honorarios de segunda instancia a favor del Dr. Carlos Eduardo Blanco solamente, cuando en realidad han actuado durante todo el proceso en forma conjunta conforme al poder que les fue otorgado.

El pedido de aclaratoria ha sido interpuesto en tiempo y de la forma establecida en el art. 244 del C.P.C., razón por la cual corresponde el tratamiento de los puntos solicitados.

El art. 186 de la Ley 2150, y jurisprudencia interpretativa de la norma establece claramente que "cuando en un juicio intervenga más de un abogado o procurador, por una misma parte, se considerará como un solo patrocinio o representación, haciéndose la regulación en forma conjunta.

Asimismo el art. 195 también aplicable al presente caso, establece que la firma del profesional implica la dirección del proceso en las actuaciones posteriores que no lleven su firma, mientras no se lo sustituya en el juicio.

Del análisis de las actuaciones se observa que se trata de una actuación conjunta del Dr. Carlos E. Blanco y la Dra. Haydee Reyes, por lo que rige lo normado en la ley arancelaria referida precedentemente, en consecuencia resulta procedente la aclaratoria interpuesta debiendo ser considerada la actuación de segunda instancia a los fines regulatorios como una sola representación.

Por ello, SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de aclaratoria en consecuencia fijar que los honorarios de segunda instancia que dan cuenta la resolución de fs. 554/560 establecidos en la suma de pesos treinta y un mil ($31.000), son a favor del Dr. Carlos Eduardo Blanco y Dra. Haydee Reyes en forma conjunta.

Protocolícese, notifíquese en debida forma y previa reposición de sellado de ley, si así correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.
Sentencias de segunda instancia, sentencia penal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: C, V. J. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Depositario  infiel (Expte. CSJ Nº 635-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

La Sala no vulnera el principio básico de defensa en juicio si existe correlación entre los términos en que quedó delimitada la acusación y el contenido de su sentencia, habida cuenta que -de lo que se desprende de las constancias acompañadas- el acontecimiento histórico imputado como situación de vida ya sucedida y por el cual el imputado fuera procesado, acusado y finalmente sentenciado fue siempre el mismo, sin que se hubiese vislumbrado elemento sorpresivo alguno, razón por la cual tuvo oportunidad de defenderse tanto materia como técnicamente del hecho atribuido en la declaración indagatoria en todo el decurso del proceso.
Accidentes de trabajo, incapacidad temporaria, salario diario
Materia: LABORAL
Carátula: ASTERIO FERNANDEZ, VICTOR c/ MILLACO  S.A.C. . s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1967-07-05

"El trabajador accidentado debe percibir durante su incapacidad temporal, conforme a los términos de la ley 15448, la remuneración establecida sobre la base del salario diario a que se refiere el artículo 11 de la ley 9688".
Prescripción de la acción penal, pena de inhabilitación, prisión
Materia: PENAL
Carátula: BARRETO PABLO DANIEL c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE DE AUTOMOTOR - P. LIBRES POR LA CONDUCCION IMPRUDENTE DE AUTOMOTOR - P. LIBRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-07-27

Si bien los plazos de prescripción de la acción están estructurados a partir de la gravedad del delito imputado, para lo cual se toma como parámetro la entidad de la pena prevista en la figura delictiva en cuestión, debe tenerse en cuenta que en varios casos el código prevé la aplicación de penas conjuntas, alternativas o accesorias. En estos supuestos, el plazo no se rige por la pena de mayor gravedad sino por la de mayor término de prescripción. (Cfr. D'ALESSIO, ANDRES JOSE, "CODIGO PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO", LA LEY, ed. 2013, Tomo I, p. 965 y vta.). La pena de prisión es la pena de naturaleza más grave, por su entidad, obviamente que la de inhabilitación, pero eso no implica que el transcurso del tiempo de la misma (5 años) haya extinguido la acción del delito en la presente causa, pues la misma, aún sobrevive en atención a que el art. 84 del C.P., en el cual se encuadró la conducta del imputado, prevé como pena conjunta la de inhabilitación por el término de 10 años, y siendo así, contando desde el último acto interruptivo (art. 67 inc., d) del C.P.), a saber, el Decreto de citación a juicio de fecha 07 de julio del 2008, evidentemente aún no han transcurrido los 10 años de la pena de inhabilitación.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Reynoso, E. R. c/ Celotto, A. R. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-15

Los honorarios profesionales son de exclusiva propiedad de quien los hubiere devengado (art. 1 Ley 8904). Se actúa con desmedro de las garantías de igualdad ante la ley, de defensa en juicio y de propiedad que ampara al letrado, de linaje constitucional (arts. 10, 13 y 27 de Const. de la Pcia. de Buenos Aires) si no habiéndose solicitado fijación por el porcentual mínimo de la escala legal de regulación se adopta tal temperamento.
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Androvich, Miguel c/ Bañares, José s/ Escrituración-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Su interposición debe serlo en el momento del responde o en la primera presentación en juicio, que preludie a aquél (arts. 3962, Cód.Civ.; 344, 2do.párr., CPCC). De tal modo, en los procesos de conocimiento la primera presentación (art. 3962, C.Civil), es la efectuada por los legitimados pasivos antes de contestar demanda, pues agotada esta posibilidad, se difuman los dos presupuestos temporales que edicta el citado art. 3962.