marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Cocaliadis, Jorge Miguel s/ Abandono de personas calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Resultan inatendibles los reclamos contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley referidos a la denunciada violación de los arts. 251 a 254 del Código de Procedimiento Penal pues las declaraciones testimoniales cuestionadas fueron invocadas entre la prueba de cargo en la instancia originaria y respecto de ellas la defensa no se agravió ante la Excma. Cámara, por lo que no puede ahora cuestionarlas, ante esta Corte (doctr. art. 342, C.P.P.).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, patria potestad, tenencia de hijos menores
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL
Carátula: Echeverría de Villalba Díaz, María del Carmen c/ Villalba Díaz, Jorge Luis s/ div. 67 bis. incidente de autorización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-13

No constituye una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las circunstancias concretas de la causa, la sentencia que hizo lugar al pedido de autorización de traslado al exterior de cuatro de los seis hijos de la actora, si ha omitido considerar que la directiva dada por la ley a los jueces, cuando se trata de suplir la voluntad de los progenitores, se orienta hacia la protección de lo que "convenga al interés familiar", y tampoco ha considerado la voluntad o los deseos de los hijos, ni sus edades y actividades.
Interpretación de la ley, construcciones sanitarias
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Comisión de vecinos Lugano en marcha c/GCBA s/queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-23

El recurrente no explica por qué la inteligencia asignada a la ley 2145 frustraría, en el caso, la intervención de este Tribunal en un asunto sometido a su revisión, ni muestra en que consistiría el apartamiento palmario pues es él quien recuerda que la sentencia definitiva ordenó la GCBA dar "cumplimiento a las disposiciones previstas en la Ley 1769" e incluir "en el proyecto de Presupuesto General de Gastos del año 2006 las partidas que resulten necesarias para efectivizar lo dispuesto", es decir, la construcción del Hospital Lugano. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez José O. Casás).
Estado de necesidad, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: ZARZA, Mario s/ ESTADO DE NECESIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-29

1) Ni la miseria, ni la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos son presupuestos de la eximente del estado de necesidad (art. 34 inc. 3 CP), y sólo pueden considerarse como base de atenuación de las penas (art. 41, inc.2 CP). (Del voto del Dr. Ledesma).

2) No cualquier situación acuciante configura una causal justificante con base en el estado de necesidad legalmente excusante, sino por el contrario debe tratarse de una emergencia debidamente acreditada- que no ofrezca otra alternativa que la comisión del ilícito como medio para evitar un mal actual e inminente, al que es ajeno. (Del voto del Dr. Madueño).
Proceso electoral, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ELECTORAL
Carátula: MOLINA, MARIA ELENA Y PARTIDO FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-11-24

Al respecto de la barrera establecida por el decreto ley 9280/83 (que pide el 3% del padrón electoral del distrito), corresponde puntualizar que más allá de las críticas que puedan realizarse a favor o en contra de dicho instituto jurídico en el derecho electoral comparado, lo cierto es que los recurrentes no se hacen cargo de refutar su legitimidad desde el plano constitucional, sino que sólo se limitan a afirmar genéricamente que no cabe aplicar dicho instituto obstativo ya que surgiría -a su entender- del artículo 32 de la Constitución provincial, una pretendida representación proporcional pura, empero no logran demostrar que la norma cuestionada vulnere el derecho de representación que poseen las minorías, ni conmover con sus argumentaciones la preeminencia del principio de gobernabilidad y estabilidad parlamentaria en que se funda desde antaño -tanto en nuestras elecciones provinciales como nacionales- dicho umbral legal; debiendo asimismo tenerse presente que del artículo 32 de la Carta Magna local, que invocan los recurrentes en apoyo a sus alegaciones, no surge que aquel imponga "por sí mismo" forma alguna al legislador, debiendo observarse, en orden a lo que se conoce como el sistema proporcional D'Hondt, que no existe en nuestro país ni en nuestro derecho comparado, un sistema proporcional puro, tal como afirman los impugnantes que existiría en la Provincia, pues, no resulta posible la proporcionalidad absoluta sino como un ideal. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta).
Procesos de ejecución, recurso de casación, interposición del recurso, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: Plantaciones de Jojoba S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2000-06-08

El proceso de ejecucion es independiente de aquel que le diera origen. La ejecución no es un medio para la composición de la litis ya que durante el proceso de conocimiento ha quedado concluido un ciclo, dando nacimiento a un título emancipado de aquel.

Tratándose de dos procesos independientes entre sí, las resoluciones dictadas en los procesos de ejecución previstos por los arts. 318 y sgtes. del C.P.C., ostentan el carácter de sentencias en los términos del art. 246 de la ley adjetiva.

Por lo que el plazo para interponer el recurso de casación es de quince días.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, A. G. s/ Incidente de nulidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

En la etapa instructoria el Ministerio Público fiscal se reserva para su actuación un abanico de potestades, lo que no significa que ellas puedan ser utilizadas discrecionalmente ni que se encuentren dotadas de una irrevisibilidad absoluta, sino que -en comunión con la esencia del sistema de enjuiciamiento acusatorio- no debe impedírsele a quien protagoniza el ius persequendi el desarrollo acabado de sus facultades investigatorias, sin perjuicio de la posterior revisión por parte del órgano jurisdiccional interviniente. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Cosa juzgada, estado de derecho, debido proceso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Méndez, Virgilio Horacio y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones o corregir yerros en cualquier momento, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los pilares de estado de derecho.
Matrimonio, relaciones de familia, divorcio, Derecho canónico
Materia: CIVIL
Carátula: Villacampa, Ignacio c/ Almos de Villacampa, María Angélica. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Pretender que la ley civil coincida con la legislación canónica en lo referente al divorcio vincular consagrado por la ley 23.515, supone la alteración de los límites de la legislación común sobre el matrimonio, ya que el ámbito civil resulta distinto e independiente del religioso especialmente si no se ha cuestionado la facultad del legislador de imponer la celebración de nupcias civiles, independientemente de las creencias de los contrayentes, como parte de las normas que se encuentra habilitado a dictar para reglar las relaciones de familia.
Daño moral, daño psíquico, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. F. c/ M. d. L. M. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

La diferencia entre el daño psíquico y el moral invocados se vislumbra desde su origen (en el primero, de tipo patológico y en el otro no) hasta la entidad del mal sufrido (material uno, inmaterial el otro) con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia probatoria: el daño psíquico requiere de pruebas extrínsecas en tanto el daño moral se prueba en principio in re ipsa.(doctor de Lázzari, mayoría)
Acción contencioso administrativa, doctrina de la arbitrariedad, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Gerardo Antonio c/ Estado Provincial (Provincia de Catamarca) s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

Las acciones fundadas en la invalidez del Decreto 216/12 no resultan admisibles desde el punto de vista sustancial, pues a la fecha del decreto revocatorio no gozaba de derecho a la estabilidad que es fundamento de sus acciones, y en nada modifica su situación el hecho de haberse desempeñado en cargos permanentes y no permanentes porque también se consiente el Decreto Nº 2116/11 que lo ingresa al personal de planta a partir del 1º de diciembre de 2011, motivo por el cual el único decreto objeto de impugnación Nº 216/12 no puede ser tachado de arbitrario, pues el derecho a la estabilidad consagrado en el Art.14 bis de la CN no es absoluto, sino que debe ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio y a su vez el Art.14 de la Ley 3276 faculta a la autoridad administrativa a cancelar un nombramiento que no haya adquirido estabilidad, tratándose de una prerrogativa que se enmarca dentro de las atribuciones que le competen al ente administrador, las que fueron ejercidas con apego a la legalidad, desde que el decreto objetado reúne los caracteres que lo erigen como acto jurídico válido -competencia, causa, objeto procedimiento, motivación finalidad, Art.27, Ley 3559-, y además no hay un derecho subjetivo lesionado, toda vez que el agente designado el 1 de diciembre de 2011 no gozaba de estabilidad al 20 de enero de 2012 por lo que no es admisible su revocación, correspondiendo en consecuencia desestimar las acciones promovidas en contra del Estado Provincial, por resultar incompetente este Tribunal en el caso, toda vez que el decreto cuestionado ha quedado firme y consentido y por carecer del derecho invocado. (Del voto de la Dra. Molina).
Vivienda única, bienes inembargables, asegurador por riesgos del trabajo, reglamentación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: MACHIAVELLI  CARLOS  ROBERTO  -  INCIDENTE  DE EXCLUSION DE BIENES EN MACHIAVELLI CARLOS ROBERTO - CONCURSO PREVENTIVO  -  RECURSO  DIRECTO s/ CONCURSO PREVENTIVO - QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-08-11

El art. 58 de la nueva Constitución de la Provincia, en cuanto establece que la "la vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley", constituye una de las cláusulas que en la teoría constitucional se denomina "programáticas" o sea aquéllas que trazan un plan direccional o programa de ejecución posterior y que ellas proclaman a grandes rasgos o caracteres esenciales.

Normalmente, dichas cláusulas no son autooperativas sino que requieren de alguna norma infraconstitucional para su efectivización.

Es contradictoria, por ende, toda argumentación que, fundándose en una norma pragmática, aliente a su vez, su operatividad. La norma del art. 58, engasta en las previsiones del art. 22, última parte, de la nueva Constitución, cuando establece: "los derechos y garantías establecidos en esta Constitución son de aplicación operativa, salvo cuando sea imprescindible reglamentación legal".

Al someter el texto constitucional la inembargabilidad de la vivienda única a las condiciones que determine el legislador, está garantizando al deudor un derecho que no es absoluto sino que depende, imprescindiblemente, de la concurrencia de los requisitos que la ley especial prevea.

En consecuencia, el derecho a la inembargabilidad de la vivienda única sólo puede ejercitarse en el marco de los regímenes legales imperantes al momento de su planteamiento.
Honorarios, determinación del monto, tope regulatorio, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pacheco, Luciano Roberto  c/ AMX Argentina SA  s/ oficios ley 22172
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Procede rechazar el agravio del accionado relacionado con que al regular los honorarios del perito en sistemas designado en las presentes, el juzgado excedió el límite de 30 UMA previsto por la ley 27423: 50. Ello por cuanto, esta Sala estima que dicho tope solo se relaciona a la remuneración que eventualmente les pudiera corresponder a los abogados que intervinieron en el trámite del oficio ley 22172, considerando que dicha rogatoria forma parte de un proceso principal en el que, en principio, los letrados de los litigantes también podrán solicitar una regulación de honorarios, por las labores allí desarrolladas. En tal marco, resulta entendible que el art. 50 establezca un límite para las retribuciones de los abogados, pues de lo contrario sus clientes deberían afrontar el pago de los honorarios como si aquellos hubieran intervenido en dos juicios distintos, cuando en realidad los exhortos no son sino la derivación circunstancial y parcial del proceso principal. No ocurre lo mismo, en lo que se refiere a la retribución de los auxiliares designados a fin de producir el informe pericial requerido por el juzgado oficiante, respecto de los cuales el establecimiento de sus estipendios no debe atender el límite previsto por el art. 50 de la referida ley, sino que ha de regularse, tomando en consideración la índole del proceso, la calidad y extensión de los trabajos realizados y lo indicado por el juzgado exhortante en el correspondiente oficio ley 22172.
Certificado de trabajo, juez del concurso
Materia: LABORAL
Carátula: RIOS, LIBORIO NICOLAS c/ ENRIQUE B. LASTRA Y COMPAÑIA  S.R.L.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Corresponde al Juez de la quiebra resolver sobre las modalidades del certificado de servicios y de aportes previsionales (artículo 80 Ley de Contrato de Trabajo), si el síndico de la misma carece de los elementos necesarios para su extensión.
Despido indirecto, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Tejerina, Ramon c/ Edesa S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-02-25

La intimación previa es un requisito para que se opere justificadamente el despido indirecto del trabajador. Con ella se resguarda la buena fe de las partes a la vez que se brinda al incumplidor la posibilidad de hacer efectiva su prestación, manteniendo la relación de trabajo.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28


TS07I33521 PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 33521 CAUSA Nº 7.114/2.006 - SALA VII - JUZGADO Nº 65 Autos: "Ministerio de Trabajo c/ Vía Bariloche S.R.L. s/ Sumarios Min. De Trabajo" Buenos Aires, 28 de mayo de 2.012.

VISTA:

La presentación de la actora obrante a fs. 78/82.

Y CONSIDERANDO:

I) En primera instancia (fs. 77) el Sr. juez a quo, hizo lugar a la caducidad de instancia peticionada a fs. 66/66vta., lo que es apelado por la actora (fs. 78/82 ya cit.).

II) el Tribunal advierte que -como indica el Sr. Fiscal General ante la CNAT en su dictamen obrante a fs. 91/92- estamos en presencia de un procedimiento de ejecución fiscal, de acuerdo a lo determinado en el art. 12 de la ley 18.695 (ver fs. 11/12) y, por ende -conforme surge del art. 145 de la ley 18.345-, corresponde remitirse a los artículos 604 y 605 del CPCCN, por lo que resulta innegable el desplazamiento del diseño de la L.O. y, en el caso, rige lo normado respecto a la caducidad de instancia art. 310 y cc. del CPCCN), por lo que corresponde confirmar lo resuelto a fs. 77. Por todo lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar lo resuelto a fs. 77. 2) Costas de alzada por su orden atento la naturaleza de la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, comunicación de nombramiento oficial
Materia: PENAL
Carátula: BAEZ, Alejo s/ FALSIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1937-07-14

Las comunicaciones de nombramientos oficiales no revisten el carácter de instrumentos públicos ni privados, cuya falsificación sea punible de acuerdo con el Código Penal.
Abordaje de buque, responsabilidad por abordaje de buque, responsabilidad del buque abordado
Materia: NAVEGACION
Carátula: Agrano Abel Donato c/ Cap. y otro del buque Don Grato Censi s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-04

Desde el ángulo de la lancha hundida, se violó la ley de navegación, y por aplicación de esta, el REGINAVE, -a parte del Convenio Internacional para prevenir los abordajes- y aún el criterio simple, es decir, el derecho común y pongo de resalto que la "costumbre" invocada por la actora, no es válida desde el derecho de la navegación. Clusellas expresa: "El hecho de que un buque esté fondeado y sea abordado por otro, no exime de responsabilidad al fondeado, si este lo estaba en malas condiciones, en un lugar donde no era posible fondear, o se ha incurrido, a su vez, por su parte, en violación a los reglamentos y usos de la navegación".
Recurso extraordinario de nulidad, mayoría de opiniones
Materia: LABORAL
Carátula: Orza, Pablo c/ Camino del Atlántico s/ Indemn. sustitutiva falta de preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Es inatendible el recurso extraordinario de nulidad si la adhesión de uno de los magistrados a la solución propiciada por los restantes concurrió a formar la mayoría de opiniones exigidas por el mandato constitucional. (art. 168, Carta local).
Sobreseimiento provisional, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, vista de las actuaciones, falta de contestación de la vista
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CANALE, Roberto s/ querella, Causa nro. 11.412
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Contra la resolución por la cual se sobreseyó provisionalmente en la causa, interpuso recurso de apelación la querella quien al cursársele la vista prevista por el artículo 441 del C.P.M.P. no cumplió con dicha carga procesal, produciéndose la caducidad del derecho a expedirse, cuya consecuencia es la imposibilidad de recurrir del sobreseimiento decretado.
Coprocesado, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: LESCANO ANTONIO c/ VILLARREAL MYRIAM GRACIELA, ROMERO RUBEN WALTER, ALARCON MARIO ALBERTO s/ HOMICIDIO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-02

Las manifestaciones de los coprocesados son legalmente admisibles para demostrar la realidad objetiva del hecho sometido a juicio y tienen entidad probatoria indiciaria, adquiriendo importante valor como prueba de cargo cuando coinciden en lo principal con los demás elementos acopiados al legajo, a los que se unen como un eslabón más de la misma cadena.
Querellante, legitimación procesal, legitimación activa, daño directo, daño cierto, bien común, Derechos humanos, desaparecidos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: LLANEZA, Luis María s/ ser tenido por parte querellante Causa 14.829
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-22

Para determinar la legitimación procesal activa en causa penal, es necesario establecer si el pretenso querellante resulta particularmente ofendido por el supuesto delito, en los términos exigidos por la ley procesal.

Este concepto ha sido definido y precisado jurisprudencialmente enrólandose este Tribunal en una concepción amplia para su consideración en el sentido de que el bien jurídico protegido no es una pauta definitoria, a los fines de determinar la legitimación procesal activa, no existiendo óbice para que el afectado se incorpore al proceso como querellante, si pudo derivar algún perjuicio directo y real para él.

Así, la afectación directa por el daño o peligro, que el delito presuntamente cometido acarrea, resulta condición necesario para otorgar legitimación.

Por ello, no posee dicha legitimidad, sin que le impida arrimar a la causa todo elemento de interés para la investigación de los hechos, quien alega la defensa de bien común o el bienestar general de la sociedad, en defensa de los derechos humanos contra cualquier acción que impida su ejercicio o ponga en peligro su vigencia, fundando su interés en la circunstancia de que, la no participación de la sociedad en la represión de los delitos de esa humanidad, hizo que nunca fueran aclaradas las desapariciones forzadas de personas, considerando que, como individuo y como integrante del grupo social, fue víctima del delito cometido por los querellados.
Autoría mediata, dominio del hecho
Materia: PENAL
Carátula: Olivera Rovere, Jorge Carlos y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

La teoría de autoría mediata por aparato organizado de poder no requiere de coacción o engaño, pues el aparato de poder organizado tiene a su disposición a eventuales ejecutantes de la orden en caso que un individuo particular se niegue a ejecutarla, y es esta fungibilidad del autor directo la que otorga el dominio absoluto del hecho al autor mediato, dado que su orden será irremediablemente ejecutada por alguna persona.
Excusación, recusación con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanca, Alberto en "Mun. Com. Rivadavia en "Francomodoro SACIFIc-Moreno, Héctor y Otro s.Ejec.Prend.s-Terc. de mejor s/ Incidente artículo 31 del C.P.C.CH
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-17

Las causales de excusación, al igual que las de recusación, son facultades y deberes, acordados a los litigantes e impuestos a los magistrados por la normativa procesal para permitir la separación de los jueces del conocimiento de una causa de su competencia.
Quiebra, pedido de quiebra, conclusión de la quiebra, inactividad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: COTRAMEX SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR BALLESTERO, CARLOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-26

Si bien carece de incidencia en un nuevo pedido de quiebra, que el peticionante no se haya presentado a verificar su crédito en una quiebra anterior de la deudora concluida por inexistencia de acreedores verificados, y no pudiendo inferirse que esta situación provoque la liberación del deudor; la circunstancia de que el actual peticionante sea el mismo acreedor que solicitara y obtuviera la quiebra que concluyo por inacción, imposibilita su reiteración, ya que intentada una vía y consumida, no cabe reincidir en la misma.
Derecho laboral, trabajador, exclusión de la tutela sindical, empleados públicos, competencia laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RAFAELA c/ ALBRECHT, HUGO s/ AVOCACION (ART. 2, LEY 11330)- EXCLUSION TUTELA SINDICAL (EXPTE.:   C.S.J. NRO 64 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-14

El artículo 63 apartado b), de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece que son los jueces o tribunales con competencia laboral en las respectivas jurisdicciones los que conocerán de las acciones previstas en el artículo 52.

Por lo tanto, son éstos los órganos judiciales competentes para entender en el proceso de exclusión de la tutela sindical como paso previo al ejercicio de las potestades de organización y disciplinarias y no las Cámaras con competencia en lo Contencioso Administrativo, por más que el demandado ostente el carácter de empleado público.