Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21


GOMEZ, Silvia Beatriz y GOMEZ, Héctor Rubén contra CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO Reg.: A y S t 214 p 193-196.

Santa Fe, 21 de junio del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución nro. 242 del 19 de octubre de 2004, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Santa Fe, en autos: "GOMEZ, Silvia Beatriz y GOMEZ, Héctor Rubén contra CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO -Apelación-(Expte. nro. 217 año 2003)" (Expte. C.S.J.

nro. 4, año 2005); y, CONSIDERANDO: Conforme surge de las constancias de autos, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad acogió el recurso de apelación deducido por los actores revocando la resolución impugnada, ordenando en consecuencia "se liquide en favor de los recurrentes el seguro mutual en la porción que les corresponda, comprobada que sea la vocación hereditaria que les asista"; con costas a la perdidosa.

Contra dicho pronunciamiento interpone la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055, por considerar que el mismo no reúne los requisitos para constituir una verdadera sentencia, privándola del derecho a la jurisdicción por cuanto el decisorio se aparta de la solución normativa prevista para el caso, lo cual reviste gravedad institucional, vulnerándose las garantías del debido proceso, y afectando derechos previstos en la Constitución provincial (arte. 9, 15 y 95) y por la Constitución nacional (arte. 17 y 18). Señala que la sentencia recurrida es inconstitucional porque resulta arbitraria desde el punto de vista normativo y fáctico.

Bajo el primero de los aspectos plantea que el fallo no tiene motivación o esta es insuficiente. Así, entiende que las consideraciones de la Sala respecto a "que la Caja no comprobó la inexistencia de otros eventuales beneficiarios, no arbitró los medios o no tomó los recaudos para individualizar a todos los beneficiarios" son "pura afirmación subjetiva", puesto que para bastarse a sí mismas debía explicitar "cuál fue la omisión de la Caja, qué medios debió arbitrar en el caso concreto para individualizar a otros beneficiarios", y no lo hizo.

Expresa que la Caja ha sido condenada por "una supuesta negligencia en la exigencia de recaudos", sin que el fallo diga, fundamente, o explique cuáles son las medidas que omitió adoptar.

También dentro de la arbitrariedad normativa acusada, sostiene que el fallo impugnado contiene un apartamiento inequívoco de la norma aplicable al caso; pues, entiende que las normas del derecho sucesorio no se aplican a la Caja; y que la forma de distribución del seguro está ordenada en la ley provincial 9816, que difiere de los preceptos sucesorios, contenidos en el Código Civil.

Afirma que la sentencia solo cita normas del Código Civil, para arribar a una conclusión equívoca, evidenciando la prescindencia del texto legal aplicable.

En otro orden de ideas, y con relación al invocado vicio de arbitrariedad fáctica en que habría incurrido la Sala, sostiene que "imponer a la Caja responsabilidades por circunstancias no reveladas por la documentación aportada, y por la recabada por el mismo organismo, de la que no surge indicio alguno de la existencia de hijos, aparece como una arbitrariedad manifiesta".

Concluye que el fallo contiene el "vicio de subjetivismo o voluntarismo, con una meritación parcial, no integrada, asistemática, ilógica o inequitativa".

Bajo el acápite "gravedad institucional" señala que, con el criterio de la Sala, si abonara a los hijos con las partidas presentadas, tampoco estaría exenta de que existieran otros hijos; así colige que "los trámites del seguro estarían siempre abiertos, y a la espera de nuevos beneficiarios".

A su entender, esto de por sí agrega otro elemento que justifica el recurso extraordinario: la gravedad institucional, al trascender el fallo a las partes y extenderse a prácticamente todos los expedientes en que se soliciten beneficios del seguro.

Por último alega que la sentencia recurrida es inconstitucional por que estaría violando el derecho constitucional de propiedad.

Por decisorio del 27 de diciembre de 2004 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (fs. 25/26), lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta Corte (fs. 30/33).

2. De la confrontación del memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad con el fallo impugnado, surge que los achaques introducidos por el compareciente dirigidos a lograr la descalificación del pronunciamiento como acto judicial válido no pueden tener cabida en esta instancia excepcional, desde que remiten al examen de cuestiones de índole fáctica, probatoria y jurídica, traduciendo, desde distintos flancos, tan sólo el cuestionamiento de la impugnante a la labor jurisdiccional cumplida por la Cámara en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión, en ejercicio de funciones propias, pero sin lograr demostrar que al fundar su conclusión respecto a "mandar se liquide en favor de los recurrentes el seguro mutual en la porción que les corresponda, comprobada que sea la vocación hereditaria", ésta hubiera desbordado el ámbito propio de sus atribuciones.

En efecto, si bien la quejosa invoca en sustento de su impugnación extraordinaria arbitrariedad normativa y fáctica, gravedad institucional, y violación del derecho de propiedad, con lo argumentado al respecto, en sustancia, lo que discute es la valoración de la situación fáctica que efectuó el Tribunal, cuestión que, al margen de su mayor o menor acierto, es materia propia de los jueces de la causa que no incumbe a esta Corte -en principio- revisar por vía del recurso de inconstitucionalidad.

Sin perjuicio de ello no se advierte, que a la luz de las circunstancia del caso, la sentencia contenga un razonamiento excesivamente riguroso, o bien incurra en desbordes de las posibilidades hermenéuticas que la normativa aplicable al caso ofrece, que la descalifiquen como pronunciamiento judicial válido. En ese sentido es posible apreciar que el Tribunal consideró que la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, denegó el pago del seguro mutual a los actores (hijos del causante), en base a que sus solicitudes no podían conmover las resoluciones, por las que se adjudicó y pagó el beneficio a la cónyuge supérstite -sin parentesco con aquéllos-, desde que las mismas fueron dictadas "cumpliendo estrictamente con los requisitos exigibles sin que razonablemente pudiera colegirse de la documentación presentada, indicio alguno sobre la existencia de hijos". Sobre este punto, la sentencia destaca que ya en sede jurisdiccional el Organismo aludió a que, "sin indicios" no cabía "elevar a la categoría de presunción razonable la existencia de hijos", y que "por ende no existió razón para exigir declaratorias de herederos, ni informes a organismos nacionales".

Sentado ello, es dable examinar que el juzgador pasó a evaluar si la conducta de la Caja había sido correcta; en esa tarea señaló que "aparece, aventurada la liquidación del seguro mutual derechamente en favor de quien lo peticione sin la debida comprobación de la inexistencia de otros eventuales beneficiarios, pues la atención así del seguro deja expuesto al Ente a los riesgos de no quedar exonerado de pagar su parte a los acreedores no desinteresados".

Destacó, además, que "es del interés de la propia Caja arbitrar los medios que sean menester para precisar con la mayor certeza la individualización de los beneficiarios, so color de responder por ello, tal como se reclamó en estos actuados".

Por su parte, el vocal Dr. Saux votando en el mismo sentido que el preopinante, señaló que, toda vez que mas allá de la atendible voluntad de no exigir en todos los casos copia de la declaratoria de herederos para viabilizar el beneficio a los requirentes, sí está claro en el espíritu y en la misma letra de la ley 9816, que el orden de concurrencia y exclusiones que el artículo 13 de la misma determina al respecto, impone tomar todos los recaudos necesarios para tratar de conocer la existencia de legitimarios y aventar el riesgo de pagar mal, como lo hiciera en el sub lite. Frente a dicha línea argumental, los reproches que formula la quejosa no logran persuadir a este Cuerpo de que la Cámara se hubiese apartado de los parámetros fácticos y jurídicos con que contaba al adoptar su decisión, la que no luce irrazonable ni ilógica; ello determina, en suma, que los agravios no logren mas que demostrar su no coincidencia con la solución brindada por la sentencia, sin que lleguen a tener entidad suficiente para descalificarla como acto judicial válido y configurar un caso constitucional.

Por último cabe destacar que también resultan insuficientes los argumentos esgrimidos por la recurrente con relación a que en el caso existe gravedad institucional; es que sólo se circunscriben a sostener que con el criterio del fallo "los trámites del seguro estarían siempre abiertos, y a la espera de nuevos beneficiarios", extendiéndose "a prácticamente todos los expedientes en que se soliciten beneficios del seguro", mas sin logran acreditar que la solución propiciada, en este caso concreto, importe efectivamente comprometer el interés general, o que tenga virtualidad de trascender el interés particular de la impugnante para hacer mella en el interés de la comunidad "en sus valores sustanciales y profundos", en consecuencia dicha alegación -a la luz de la jurisprudencia desarrollada tanto por esta Corte, como por la Corte nacional- debe ser desestimada (cfr.

criterio in re "Muriel", A. y S. T. 140, pág. 128, Fallos 292:220; 307:770, etc.).

En suma, no debe olvidarse que no es misión de este Tribunal corregir posibles errores o soluciones opinables, ni sustituir a los jueces ordinarios en el ejercicio de sus funciones. Por ello, pretender abrir los estrados de esta Corte a una tercera instancia que revea lo decidido por los tribunales ordinarios implicaría desconocer la naturaleza excepcional del remedio extraordinario intentado, cuyo objeto es únicamente el control de adecuación de las sentencias al orden jurídico fundamental.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)