Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-25


En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veinticinco del mes de septiembre de dos mil trece, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "HARO REINALDO DEL CARMEN S/ABUSO SEXUAL SIMPLE" Expte. Nº H-754/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 233/236 vta. resolvió hacer lugar a la omisión de debate ofrecida por la Fiscalía de Cámara, la que fuera aceptada por la defensa de HARO, sin realizar la audiencia que marca la ley (art. 517 del CPP) previo a resolver, en dicha resolución se lo condena al imputado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple (art. 119 1er. párrafo del CP).

Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Reinaldo del Carmen Haro, quien se encuentra asistido por su Defensor Particular Dr. Andrés Eduardo Gutiérrez, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y, RESULTANDO:

I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 233/236 vta., interpuso recurso de casación el Defensor particular del imputado, fundándolo en los artículos 440 y 442 del CPP, manifestando que la impugnación deducida tiene como sustento el haber incurrido el a quo en grave inobservancia de las normas contenidas en el código de rito (art. 439 inc. 2º más específicamente, por incumplimiento del deber de motivar en forma suficiente la sentencia en cuanto a la pena individualizada, la que a su vez resulta irrazonable falta esta que, según prevé el art. 387 inc. 2º del CPP determina la nulidad de la misma, como asimismo la errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 439 inc. 1º) por haberse producido un absurdo jurídico en la valoración y aplicación de los atenuantes y agravantes previstos por los arts. 40 y 41 del ritual en perjuicio del condenado... requerida que fuera por esta defensa la suspensión del juicio a prueba la misma nunca fue resuelta...".

A fs. 258/259 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 265.

El día 05 de julio de 2013 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 268/269 vta.).

Que, por auto de presidencia que luce a fs. 272, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 274 y vta., exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.

II.-) En la audiencia de debate el Defensor particular ratificó el recurso de casación presentado a fs. 248/256 agregando que "...el agravio principal es que carece de fundamentación la pena que se ha arribado por cuanto se limita a adherir lo peticionado por el Fiscal, sin expresar las razones, máxime si se tiene en cuenta los precedentes de la Cámara los cuales ante situaciones más graves se resolvió en forma más benévola.

Agrega que las pautas de los arts. 40 y 41 en lugar de tomarse como atenuante fueron interpretados en forma contraria. La duda respecto de si el imputado ha de repetir la conducta la consideran un agravante...".

Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...El Código Procesal también lo contempla en el art. 517 donde también se establece la audiencia, y en el caso concreto al no haber audiencia de visu, por lo tanto, atento a la inexistencia de la audiencia solicita la nulidad de todo lo actuado...".

Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN:

¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 248/256 por la defensa del imputado Reinaldo del Carmen Haro? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y, CONSIDERANDO:

I.-) PRIMERA CUESTIÓN:

¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 248/256 por la defensa de Reinaldo del Carmen Haro? A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.

Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.

II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.

En este sentido, corresponde tener en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia por ante este Tribunal, en donde peticiona por la nulidad de todo lo actuado, en razón de no haberse llevado a cabo, la audiencia prevista por el Art. 517 del Código Procesal penal, el cual prevé que el imputado y su defensor deben ratificar en forma personal su propuesta ante el Tribunal de Juicio.

Como bien lo sostiene la Fiscalía, en la mencionada audiencia, se concreta entre otros aspectos, el derecho del imputado a ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa.

En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).

El derecho a ser oído por parte de los magistrados, se encuentra plenamente reconocido por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 C.N.; integrando la garantía del debido proceso.

Es dable destacar, que el defensor particular del imputado con fecha 24 de septiembre solicitó la suspensión del juicio a prueba (fs. 197), solicitud que nunca fue contestada, toda vez que se ordenó correr la vista al fiscal de cámara (fs. 199) pero nunca se efectivizó la misma.

Es más, en fs. 202 luce el ofrecimiento de prueba y la propuesta de omisión de debate del Sr. Fiscal ante las Cámaras, pero nada dice sobre la suspensión de juicio a prueba propuesta por la defensa.

A fs. 208 se corre traslado al Defensor particular sobre el ofrecimiento de omisión de debate, pero nada se dice sobre el pedido antes mencionado.

Sin perjuicio de la situación de indefensión a la que se colocó al imputado Haro, debió la Excma. Cámara resolver en primer término si se hacía lugar o no a la suspensión de juicio a prueba, para luego correr traslado al imputado de la propuesta fiscal de omisión de debate.

Ahora bien, arribamos al punto donde corresponde tener presente, la discrepancia en el voto de los sentenciantes, respecto a si la pena a imponer es de cumplimiento en suspenso o en efectivo; lo cual ameritaba sobradamente realizar la audiencia prevista por el art. 517 del Código Procesal Penal.

Téngase en cuenta que los sentenciantes, discurren sobre la pena a imponer, sin haber tenido un mínimo contacto con el procesado; ignorando por completo sus características personales.

Se incurre, por lo demás, en un criterio interpretativo, sumamente dudoso a la luz del principio de inocencia y favor rei; toda vez que el voto de la mayoría hace incapié en que se carece de un amplio informe social que permita conocer la personalidad moral, el cual posibilitaría en su caso la aplicación de una condena de ejecución condicional; al carecerse del mismo los sentenciantes llevan a cabo una interpretación in malam partem y se inclinan por imponer una pena en efectivo.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ?...tal como ya se señaló en este mismo expediente (conf. Fallos: 324:4135, voto de los jueces Petracchi y Bossert), son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente...

Hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción a ese deber, sea que ella se haya producido por la desidia judicial o por la actividad imprudente del letrado que asume a su cargo la defensa técnica, produce una restricción al derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de dicho derecho conforme el art. 18 de la Constitución Nacional... no es el imputado quien debe velar por la celeridad del proceso ni sufrir las consecuencias de incumplimientos ajenos (conf. en este sentido Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 19, in fine).? (conf E.224.XXXIX ?Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por la defensa?, rta. 23/12/04) (el subrayado nos pertenece); No puede cargar el imputado con las fallas del sistema penal.

Precisamente al cuestionarse la sanción a imponer, devenía necesario por parte del tribunal de Juicio, escuchar al imputado y tomar conocimiento "de visu" del mismo, circunstancia ésta que no aconteció en todo el proceso.

En este sentido el art. 41 "in fine" del Código Penal, establece expresamente que "...el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", por lo tanto instaura una audiencia entre el magistrado y el imputado, el cual garantiza un mínimo contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar.

Sostiene, Patricia Ziffer "...la disposición contenida en el último párrafo del art. 41 tiene carácter fundamentalmente procesal. Su principal objetivo, en su origen, fue sentar una regla que asegurara un mínimo de inmediación en los casos de procedimiento escrito, con el fin de garantizar que, cuanto menos, no se delegara la función de determinar la pena...

A partir de allí es posible identificar en este precepto el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción... Se ha considerado unánimemente, con la salvedad de algún pronunciamiento jurisprudencial, que la omisión de este requisito significa una fundamentación arbitraria de la pena impuesta. Su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia..." (Código Penal, y normas complementarias.

Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 40/41 a cargo de Patricia Ziffer pág. 81).

En igual sentido, Zaffaroni al analizar el último párrafo del art. 41 dice "...este requisito cumple también una función procesal importantísima, que es la que le permite al procesado tener la última palabra ante el tribunal y en contacto inmediato con el juez.

Equivale a la última pregunta que en el plenario oral se formula al procesado, para que responda si tiene algo más que agregar... esta disposición salva el principio de igualdad ante la ley, que quedaría notoriamente lesionado si quienes están sometidos a plenario escrito no gozan de la misma garantía que los procesados sujetos a plenario oral, al menos en cuanto al derecho de ser escuchados en forma directa por el tribunal y en cuanto a la jurisdiccionalidad e inmediatez de los datos recogidos para los efectos del correctivo penal...

La garantía del último párrafo del inc. 2º del art. 41, puede afirmarse, pues, que cumple una doble función, garantizando un mínimo elemental de inmediatez, cualquiera sea la legislación y el sistema procesal, y la jurisdiccionalidad real de la determinación penal..." (Zaffaroni, Tratado de derecho Penal, Parte General V; Edit. Ediar 1983, pág. 334).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esa trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación.

Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CS. cons. 19, Fallos: 328:4343, "Maldonado").

En consecuencia, en virtud de los fundamentos expuestos, corresponde declarar la nulidad del fallo condenatorio dictado de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera circunscripción judicial, obrante a fs. 233/236 vta..

III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 248/256 por la defensa técnica, en favor de REINALDO DEL CARMEN HARO, anulándose la resolución de fs. 233/236 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 517 del Código Procesal Penal, desansiculando nuevos jueces a sus efectos.

Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 255 vta.

Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 248/256 por el Sr. Defensor particular del imputado REINALDO DEL CARMEN HARO ANULANDO la resolución obrante a fs. 233/236 vta. por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.

2º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.

FIRMADO: Dr. Dr.Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia;Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí:Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.