Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-18


Buenos Aires, 18 de diciembre de 2008.

Y VISTOS, "MAINAR SAICIFAG c/ AFIP DGI IVA 9/98 s/ Dirección General Impositiva", CONSIDERANDO:

I.- El Dr. Carlos M. Grecco suscribe la presente en los términos de la Acordada Nº 01/08 de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

II.- A fs. 192/196 la Sra. juez de primera instancia, rechazó - con costas- la demanda interpuesta por Mainar SAICIFAG contra la Administración Federal Ingresos Públicos.

Fundó su decisión, sosteniendo que el rechazó de la solicitud de compensación presentada por la actora ante la DGI el 30 de octubre de 1998 fue efectuado por la demandada en los términos del art. 18 de la resolución general AFIP 65/97, es decir de acuerdo a las facultades que esa norma le confiere, destacando que la actora no probó que los errores detectados por la administración y que motivaron el rechazó, obedecieran a desperfectos en el sistema informático de la Agencia Nº 1 del organismo recaudador. En ese orden, afirmó que no corresponde atribuirle efectos a la presentación mencionada, y por lo tanto, la solicitud efectuada por él mismo concepto el día 2 de noviembre fue extemporánea, porque la compensaciones peticionada debía formalizarse a más tardar el último día hábil del mes de octubre.

Por otro lado, reguló los honorarios de los abogados de la demandada y del perito contador designado en autos.

III.- Contra esa decisión, interpuso la actora el recurso de apelación que obra a fs. 199 y que fundó a fs. 236/240.

Se quejó sosteniendo que se ha confirmado la denegación del derecho al reintegro del impuesto, basado en un aspecto meramente formal, respecto del cual resultó perjudicado sin que exista responsabilidad atribuible a su parte.

Explicó que con el objeto de obtener el recupero del IVA correspondiente al período 9/98, presentó con fecha 30/10/98 la documentación necesaria para acceder al reintegro pero se le rechazó, debido a que existían diferencias entre los datos consignados en el formulario F. 443/A, presentado en soporte papel, y los contenidos en el soporte magnético (diskette).

Afirmó que, como oportunamente expresó ante el organismo administrativo, la diferencia constatada evidentemente respondía a un problema del sistema informático dentro de la Agencia Nº 1, porque el F. 443/A se imprime por proceso automáticamente desde el diskette, y en consecuencia era imposible que el soporte magnético tuviera un falla ya que de ser así, no hubiera sido factible la impresión de formulario presentado.

En esos términos, se agravió del rechazo de su pretensión basado en una supuesta falencia formal que, señaló, contradice los principios de informalismo a favor del administrado y de realidad económica de los hechos establecidos en las leyes 19.549 y 11.683 respectivamente.

Por otro lado, se quejó de que la falta de consideración de la prueba que acreditara su correcto proceder, omitiendo meritar la prueba informativa de la que surge que el propio Fisco reconoció la razonabilidad y legitimidad del crédito fiscal solicitado. En el mismo sentido se refirió a la pericial contable realizada y concluyó que habiendo efectuado la presentación en tiempo y forma, y acreditado la procedencia del pedido, resulta arbitrario que por una deficiencia formal -no imputable a su parte- se le deniega el derecho invocado.

Finalmente formuló reserva federal.

IV.- A fs. 201 apeló la demandada los honorarios regulados por bajos y por altos los del Perito, y a fs. 208 hizo lo propio la accionante.

V.- En primer lugar, corresponde precisar que la actora pretendió compensar créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación, con las retenciones y percepciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado practicadas por la responsable y cuyo vencimiento operaba en el mes de octubre de 1998 por un importe total de $ 12.712,12. Con ese fin, presentó el 30 de octubre del año indicado, la solicitud de reintegro del IVA, acompañando además del formulario 443/A y su soporte magnético, copia de los F. 574 en los términos del art. 53 de la RG 65 (fs. 4 actuaciones administrativas).

No está controvertido que la presentación referida se efectuó antes del vencimiento del plazo establecido en el art. 52 de la Resolución General citada, pues en la fecha mencionada la demandada expidió la constancia del rechazo del soporte magnético -fs. 89 administrativos -.

VI.- De esta manera la actora se sometió a las disposiciones de la Resolución General 65/97 que regulaba, entre otras cosas, el régimen para la compensación pretendida, y es en base a una de sus disposiciones que la demandada rechazó la presentación en cuestión, en uso de la facultades previstas en el art. 18 de aquélla.

El carácter formal que la demandante atribuye al fundamento del rechazo, no quita virtualidad a sus efectos, porque se trata de la aplicación de la norma vigente y el único modo de demostrar la irrazonabilidad de hacerla efectiva para el caso concreto era acreditar que las inconsistencias señaladas por la administración no se habían verificado, lo que no ocurrió.

En efecto, como afirmó la sentenciante, la actora no probó que los errores detectados en su presentación del 30 de octubre de 1.998 obedecieran a desperfectos en el sistema informático de la Agencia Nº 1 del organismo recaudador.

VII.- Es que, de la pericia obrante a fs. 151/152 surge que el experto no pudo informar si los datos consignados en el formulario F 443/A coincidían con los volcados en el soporte magnético acompañado, por no haber sido puesto a disposición del experto el diskette respectivo (ver punto 7 del informe).

Ello fue objeto de impugnación por parte de la actora (fs. 155) que señaló que de lo manifestado parecería surgir que su parte se negó a entregarle el diskette, razón por la cuál pidió explicaciones al experto. Sin embargo éste al contestar el traslado conferido a fs. 161 sólo se refirió a las observaciones de la demandada, y no se pronunció en punto a lo planteado por la accionante. Sobre esa omisión nada dijo la actora, que se limitó a solicitar la clausura del período probatorio (fs. 175).

Por otro lado, la prueba informativa producida a fs. 124 tampoco apartó sustento a las afirmaciones de la actora, puesto que en el punto relativo a la controversia de autos, expresa que la "Agencia Nº 1 no tiene constancias de haber tenido o no problemas de tipo técnico en el sistema informativo que impidiera la lectura de los programas aplicativos "DGI-IVA Solicitud de Reintegro del Impuesto Facturado Versión 1.0" el día 30/10/98", de modo que no puede extraerse de esa respuesta la prueba del defecto interno en el sistema de la demandada invocado por aquélla.

La misma conclusión se extrae de la respuesta dada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas obrante a fs. 122.

VIII.- Como corolario, resulta que la actora no ha desvirtuado el fundamento del acto administrativo impugnado, por no haber demostrado la ilegitimidad del rechazó a la presentación efectuado el 30/10/98, lo que determinó que la solicitud formulada el 2/11/98 fuera desestimada por extemporánea.

En estos términos, la sentencia apelada resiste incolumne las críticas del apelante, debiendo agregarse que encuadrado el rechazó en el supuesto legal indicado (art. 18 de la RG 65/97) no corresponde tratar los argumentos expuestos en punto a la alegada legitimidad del crédito fiscal pretendido.

IX.- Por lo expuesto, se desestima la apelación y se confirma el pronunciamiento en crisis, con costas a la actora vencida (art. 68 del CPCCN) ASI SE DECIDE.

X.- A fin de tratar los recursos deducidos contra los honorarios regulados, corresponde considerar la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio, atendiendo al mérito, calidad y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados durante las tres etapas del pleito cumplidas, corresponde reducir a la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600), PESOS SETECIENTOS ($ 700) y PESOS MIL ($ 1.000) los honorarios de los Dres. Enrique Carballo, María Victoria Gambarrutta y Estrella Arias Reilan, respectivamente, por el patrocinio letrado y representación de la demandada - AFIP-DGI (arts. 6, 7, 8, 19, 22, 37, 38, y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas desarrolladas en la alzada, atento el resultado obtenido, regúlanse en las sumas de PESOS SETECIENTOS ($ 700) los emolumentos de la Dra. Estrella Arias Rellan, por su actuación en el carácter de letrada patrocinante y apoderada de la demandada - AFIP-DGI (arts. 14, ccdtes. y citados de la referida ley de la materia).

Ponderando la entidad y amplitud de las cuestiones sometidas a conocimiento del perito contador Ricardo Luis Cajal, atento el mérito, calidad y eficacia de los trabajos desarrollados, así como la proporción que deben guardar los honorarios de los expertos respecto de los que corresponda a los restantes profesionales que intervinieron en el pleito (C.S. Fallos: 260:14 y 300:70, entre otros), corresponde reducir a la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA ($ 670) los emolumentos del citado profesional (decreto ley 16.638/57).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. Sala II in re: "Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo - c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). ASÍ SE DECLARA.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Se deja constancia que la vocalía nº 5 se encuentra vacante.

Regístrese, notifíquese, hágase saber la vigencia de la Acordada CSJN nº4/07 y devuélvase.

Marta Herrera. - Carlos Manuel Grecco.