Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-11


Esquel, 11 de agosto de 2006.- VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el decreto de fecha 7 de marzo de 2006 (fs. 17) y; - RESULTANDO: - Que a fs. 18/23 del presente incidente, el Sr. Fiscal General, Dr. Martín Eduardo Zacchino, expresa los agravios que la resolución del Sr. Juez a quo que concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba de los coimputados D E M y G F T, a quienes el Ministerio Público Fiscal había sindicado como presuntos autores del delito de desobediencia (art. 239 Cód. Penal). - Afirma que en ocasión de corrérsele la pertinente vista, su Ministerio se opuso a la concesión de la suspensión solicitada pues "...en razón de las características y circunstancias del hecho investigado, la alta significación social que el mismo ha tenido para la soc Sostiene que la norma legal de aplicación para el instituto de la suspensión del juicio a prueba, esto es el art. 76 bis del Código Penal (texto incorporado por el art. 3º de la Ley Nro 24.316 publicada en B.O. del 19/05/1994) "...requiere para su correcta aplicación, la verificación de insoslayables supuestos de procedibilidad:

1) la imputación de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años; 2) ofrecimiento de la reparación del daño causado en la medida de lo posible sobre el cual decidirá el juez su razonabilidad en resolución fundada; 3) y circunstancias casuísticas que permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, con más, 4) consentimiento del fiscal".

Se explaya abundantemente sobre las precitadas condiciones de procedibilidad del instituto, afirmando constituye una hipótesis de disponibilidad de la acción penal pública y comprende aquellos casos en los cuales el Estado, dándose todas las condiciones para promover y ejercer la acción penal tendiente a la condena y aplicación de la pena al autor de un delito, dispone no promover o no ejercer dicha acción; es decir, -continúa- es una autolimitación del Estado en su pretensión punitiva.

Refuerza la motivación de su recurso afirmando que "La jurisprudencia ha basado así principios rectores en la materia -que apoyan el presente pedido revocatorio- y que serán de ilustración y de aplicación a la hora de resolver, pudiendo afirmarse sin hesitación, y aún a riesgo de pecar de reiteración que la oposición Fiscal al pedido de suspensión del juicio a prueba constituye un impedimento para el otorgamiento del beneficio, habida cuenta que el rol que el Ministerio Público tiene en el juicio oral en función requirente.

El carácter vinculante de dicha oposición deriva del mandato constitucional que atribuye al Ministerio Fiscal la promoción y el ejercicio de la acción penal." Aclara también que "...resulta evidente que la suspensión del juicio a prueba tiene un inequívoco carácter excepcional toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena -secuela necesaria de la comisión de un ilícito penal- y hace prevalecer -dentro de un marco de particularísimas circunstancias y exigencias que establece razones o criterios de política criminal naturalmente ajenos al control judicial; y es debido a que se trata de una excepción al principio de oficialidad o de legalidad procesal..." - A su turno, y en ocasión de solicitar el rechazo de la revisión con apelación en subsidio articulada por el representante del Ministerio Público, el defensor particular de los encartados beneficiados por la resolución puesta en crisis, sostuvo que "...resultan tan endebles los argumentos esgrimidos a fs. 1290 que el Sr. Fiscal Zacchino se vió obligado a la presentación del presente recurso manifiestamente improcedente, para tratar de salvar la carencia de argumentos para la oposición a la concesión de la suspensión de juicio a prueba requerida en su oportunidad por parte de la Dra. Alicia Fernanda Révori, Funcionaria de Fiscalía..." (v. fs.26).

Concluye el Sr. Defensor afirmando que el planteo del Sr. Fiscal indudablemente contraría la teoría de los actos propios. CONSIDERANDO:

Analizados el instituto de la suspensión del juicio a prueba que se aloja en el art. 76 bis del Código Penal (texto incorporado por el art. 3º de la Ley Nro 24.316 publicada en B.O. del 19/05/1994); de la lectura sistemática de su contenido y lo resuelto de manera reiterada a partir del plenario "K", resuelto por la Cámara Nacional de Casación Penal el 17/08/1999, se advierte con meridiana claridad que la oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, resulta vinculante para otorgar la suspensión del juicio a prueba.

Lo expuesto resulta coherente en un sistema procesal acusatorio en el que el Ministerio Público Fiscal resulta titular de la acción penal (art. 59 C.P.P.Ch). En esta inteligencia, la exigencia contenida en el párrafo cuarto del precitado art. 76 bis del código sustantivo, se nos aparece como una condición de procedibilidad que no debe obviarse al momento de considerarse el otorgamiento del beneficio en cuestión. En su consecuencia, la negativa u oposición del órgano acusador público enerva la posibilidad de aplicar el instituto (v. Versión Taquigráfica, Cámara de Senadores de la Nación, 04/05/94).

En el esquema propuesto, el consentimiento del Ministerio Fiscal es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio. Y el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y ejercicio de la acción pública, por mandato del art. 59 de la ley ritual, en función del art. 195 inc. 1º y 3º de la Constitución Provincial. - Así lo ha entendido nuestra jurisprudencia quien ha expresado que "La conformidad del fiscal es un requisito indispensable para la procedencia de la "pobation" (suspensión del juicio a prueba), es decir que la oposición del Ministerio Público es vinculante para el Tribunal", así mismo se ha explayado afirmando que "Dicha oposición es vinculante porque la suspensión del juicio a prueba es la suspensión del ejercicio de la acción penal y el Tribunal, que carece de poderes autónomos para la promoción y el ejercicio de aquella, tampoco tiene facultad para decidir sobre la suspensión de sus ejercicio"(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Capital Federal. Sala B (Pizzatelli-Grabivker-Hornos) autos "N, N s/sistema integrado de jubilaciones y pensiones, incidente de apelación", Causa 37233.Sentencia 433/1997 del 20 de junio de 1997).SAIJ: Sumario nro. T0003937. La doctrina (Carlos Creus, entre ellos, "La Probation en el Código Penal Argentino" Marcos Lerner, Editora Córdoba; 1994) advierte que el fiscal lo que debe manifestar por medio de su dictamen, efectuando una interpretación sistemática de este canon, es si se verifican todos los extremos exigidos por la ley de fondo para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba.

"Si dichos presupuestos están comprobados -pág. 57 op. citada- el fiscal no podría oponerse al otorgamiento del beneficio, pues pese a ser el titular de la acción penal pública, no por ello necesariamente debe siempre lograr la condena del imputado; por el contrario debe colaborar en la tarea de implementar mecanismos que permita dar una respuesta ante la comisión de un delito leve sin necesidad de realizar un juicio, con el objeto de evitar, entre otras cosas, la estigmatización que conlleva la condena.

En orden a la consideración, por parte del Defensor particular, de argumentación insuficiente en la oposición al beneficio formulada por el Ministerio Fiscal a fs. 1290 del principal, cabe advertir que la exigencia contenida en el párrafo cuarto del art. 76 bis contrario sensu del Código Penal, no impone formalidad alguna a los fines de manifestar la oposición fiscal a la concesión del beneficio.

Así también, la pieza cuestionada por la defensa cumple -aunque precariamente- con la exigencia de fundar su oposición en circunstancias tales como la imposibilidad de obtenerse las plantillas prontuariales lo que impide conocer la procedencia de condena de ejecución condicional (art. 26 Cód. Penal) como así también la imposibilidad de los imputados M y T de dar cumplimiento a las eventuales reglas de conducta a imponerse, no observándose afectación alguna al derecho de defensa en juicio, pues en sus presentaciones de fs. 1281/82 y 1283/84 ni los peticionantes ni su defensa ofrecieron integrar los elementos que hacen viable la concesión del beneficio. - Es más, la oposición de fs. 1290 de los autos principales, cumple el fin último de tal vista, consistente en que el Ministerio Fiscal dictamine si se verifican en el sub exámine todos los presupuestos establecidos por la ley para la procedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba, los que a su juicio y al de este Cuerpo, no se hallan definitivamente integrados.

Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, R E S U E L V E - 1)REVOCAR el auto de fecha 07 de marzo de 2006, obrante a fs. 17 de este incidente, en cuanto fue materia de recurso.

2) Protocolícese, notifíquese y devuélvase.-- La presente resolución se dicta con dos Jueces del Tribunal, por encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara Dr. Benjamín Moisá y ser coincidentes en sus opiniones los que suscribe (arts. 8 y 9 Ley 1.130 texto según ley 4.550).

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS Ante mí Norma Marrero Secretaria AUTO PROTOCOLIZADO BAJO EL NRO. 62 /06. CANO.- Norma Marrero Secretaria