marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción contravencional, desistimiento de la acción, facultades del fiscal, fiscal de Cámara
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S.P.M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-18

De acuerdo con lo establecido por la Ley Nro. 21, le corresponde a la Fiscalía ante las Cámaras de Apelaciones continuar en ellas la intervención que el Ministerio Público haya tenido en las instancias anteriores (artículo 22 inciso 1).

Cuando, como en el caso de autos, aquél desiste de la acción, la misma no puede continuarse por decisión propia de quien debe impulsarla. Del voto de la Dra. Robledo y el Dr. Ventureira.
Daños y perjuicios, automotores, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: QUIROS V. c/ DI SANTO s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S065 - 026)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-15

Es de aplicación el art. 1113 del C.C., que consagra la responsabilidad objetiva por el riesgo creado cuando se produce un accidente entre un peatón y un automovil. El guardian o propietario del automovil para eximirse de responsabilidad o bien para disminuirla, debe acreditar alguna de las eximentes que prevé el artículo citado.-
Denegatoria del recurso, recursos, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Campañoli, César Enrique y otros c/ GCBA s/ responsabilidad médica s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-17

Corresponde rechazar el recurso ordinario de apelación si el recurrente no consigue demostrar que la interpretación efectuada por la Cámara de los hechos y las pruebas obrantes en la causa sea inválida ni tampoco ha logrado poner en crisis el análisis de las constancias de las actuaciones efectuado por el a quo, en la particular plataforma fáctica en la que éste fue llamado a pronunciarse. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Accidentes de trabajo, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Ruíz Díaz César Rubén c/ Codutti Hugo Ramón y/o comercial Toba SRL. y/o quien resulte responsable s/ Accidente acción civil art.1113
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-02-26

No prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, ya que, no obstante surgir de autos que el hecho generador del reclamo ha acontecido antes de la entrada en vigencia de la ley 24557, no se desprende de sus constancias que el empleador, haya tomado conocimiento de aquél por cualquier medio, tal como se expusiera en el párrafo precedente.

El apelante pretende hacer valer una supuesta amplia y manifiesta difusión del accidente, como también que los demandados tuvieron pleno e instántaneo conocimiento del mismo, no solo contraviniendo lo dicho en el escrito presentado, sino asimismo intentando incorporar por vía de la apelación una cuestión que no fue articulada en su oportunidad y que por ende escapa a la competencia decisoria de la alzada art. 275 CPCC, de aplicación supletoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad procesal, agravio concreto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Prov. de Buenos Aires c/ Pérez, Irma s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

No es admisible la declaración de nulidades procesales si no se ha alegado la existencia de un derecho cuyo ejercicio haga indispensable tal declaración. No basta sin embargo cualquier alegación, ya que de otro modo sería suficiente una mera afirmación carente de todo fundamento, para dar por acreditada la existencia del interés que sostiene la petición de nulidad. De este modo, se habría convertido al interés concreto que la ley erige en requisito fundamental (art. 172 del CPCC) en ritualismo, la mera enunciación de una fórmula en la que se indica un derecho vulnerado.
Ejecuciones especiales, fuero de atracción, sucesiones, acuerdos preconcursales, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Regnier, Julio s/ Ejec. fiscal - ABL s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

Toda vez que en la presente ejecución fiscal se reclama una deuda anterior a la fecha de fallecimiento del demandado, opera el fuero de atracción del juicio universal (cf. art. 2336 Código Civil y Comercial de la Nación) y la ejecución debe tramitar ante el Juzgado Nacional en lo Civil ante el cual tramita la sucesión del demandado. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, José Alfredo c/ Siderca S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo, derecho común
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

Notificadas las partes de la providencia que dispone el pase de la causa para dictar veredicto y sentencia queda procesalmente cerrada toda discusión, no pudiendo producirse más prueba, salvo la que los jueces pudieran disponer en los términos del art. 12 del dec. ley 7718/71, en cuyo caso la notificación personal o por cédula es procesalmente insoslayable (art. 135 inc. 4°, C.P.C.C. y 66, dec. ley 7718/71 -t.o.-)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Omar Oscar o Arévalo, Miguel Angel s/ Robo agravado por el uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Resulta innecesario tratar el agravio referido a las declaraciones del personal policial si la Cámara acreditó la autoría, entre otras, con las declaraciones hábiles de los damnificados y no existe agravio respecto de éstas, desde que de ese modo existen elementos firmes suficientes para integrar la plena prueba testimonial.
Habilitación de instancia, acceso a la justicia, debido proceso, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Garcia Américo Siviardo c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-09

Existe un derecho a la jurisdicción de origen constitucional que comprende el acceso a la justicia y un "iter" en el que las garantías del debido proceso cobren plena operatividad al fin de una tutela judicial efectiva. Es decir, este derecho no se agota con la posibilidad de acceder al órgano jurisdiccional sino que implica un conjunto de aspectos relacionados con el debido proceso, el derecho de defensa y la resolución del litigio a través de una sentencia que ponga fin a la contienda. Por tanto, la habilitación de la instancia en este supuesto no vulnera, en modo alguno, el derecho de defensa de la accionada por cuanto ésta tiene la posibilidad de exponer sus defensas y ofrecer la prueba pertinente en la instancia judicial, y será el magistrado interviniente quien evalúe las mismas y juzgue si le corresponde o no el derecho al accionante.
Conmutación de penas, competencia
Materia: PENAL
Carátula: R.R.C. s/ Lesiones Leves Reiteradas
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-16

Este Tribunal, luego de dictada la sentencia de autos y practicado al respecto cómputo de la pena impuesta, ha cesado su competencia para continuar interviniendo en las presentes actuaciones respecto de las conmutaciones que se otorguen en lo sucesivo al penado de autos. En efecto la Ley 9246 en su Art. 3º, inc. g) otorga compentencia material al Sr. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para "entender en todo lo relacionado con la libertad del condenado con posterioridad a la sentencia, rebaja y conmutación de penas, estudio y relaciones laborales, extinción de condenas y todo lo relativo al Patronato de Liberados".
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad
Materia: CIVIL
Carátula: Angel Moisa Cia. S.R.L. s/ Apelacion
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-11-24

Corresponde revocar la sentencia que dejó sin efecto una resolución de la D.G.I. sobre la base de que la aplicación retroactiva del decreto 3057/70 al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1979 no resultaba lícita, por afectar el derecho de propiedad de la actora. Ello así, pues la particularidad de que dicho decreto fuera publicado con posterioridad al cierre del balance e impuesta su aplicación a él, no constituye motivo que lo invalide, habida cuenta que no cabe reconocer la existencia de un derecho adquirido por el mero acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria bajo la vigencia de normas que exigían el ingreso de un gravamen menor.
Embargo preventivo, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Dominga c/ Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Uno de los supuestos específicos que ha previsto el legislador en materia de embargo preventivo, está dado por la circunstancia de que quien lo solicite "hubiere obtenido sentencia favorable aunque estuviere recurrida" (art. 212, inc. 3 Cód. Procesal), pues en tal hipótesis la declaración que contiene el pronunciamiento jurisdiccional constituye suficiente verosimilitud en el derecho. En función de lo expuesto, frente a la sentencia de condena dictada, corresponde ratificar la medida cautelar decretada, sin que sea óbice para ello que la misma haya sido apelada por la demandada, o que el beneficio de litigar sin gastos acordado al actor no se encuentre firme, ya que dichas circunstancias no son, por sí mismas, susceptibles de menguar la verosimilitud del derecho invocado y que ha sido reconocido en la sentencia favorable que admitió la pretensión del actor (arts. 195, 212 inc. 3 Cód. Proc.). (Minoría u opinión personal)
Excepciones procesales, excepción de incompetencia, seguros, lugar de celebración
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLANUEVA,  Patricio Ramón y otro c/ SÁNCHEZ, Hugo Guido y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-03

Debe admitirse la excepción de incompetencia opuesta por el asegurado, si el contrato de seguro se celebró en territorio provincial y no en la Ciudad de Buenos Aires, pues del juego armónico de los arts. 5, inc. 4° del Código Procesal y 118, párrafo 2°, de la ley 17.418, surge que en las acciones fundadas en hechos ilícitos, son competentes el juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado o el de la compañía aseguradora, y tanto los domicilios citados como el lugar del hecho se sitúan en la provincia.

(Sumario N°19001 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Cámara contencioso administrativa, competencia, Municipalidad, concejo deliberante, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: QUEVEDO, RAUL RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE FIRMAT s/ AVOCACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-13

La competencia para resolver la presente causa pertenece a los órganos de lo contencioso administrativo, pues tratándose de un caso suscitado en razón de la relación entre un concejal municipal y el Ente público territorial, la competencia de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo se supone. Sin embargo no se puede dejar de analizar la incidencia en esta causa de la nueva redacción del artículo 43 de la Constitución nacional. Al respecto debe remitirse a las consideraciones expresadas en autos "Bacchetta", por lo que pesa sobre el actor el deber de fundamentar por qué razón una causa de competencia contencioso administrativa regulada por la ley 11330 debe ser tramitada y resuelta por la vía del amparo ante otro fuero, Y en ese análisis, las argumentaciones del actor -en el caso- son insuficientes a los fines de demostrar por qué excepcional razón los daños producidos por la medida impugnada sólo pueden eventualmente ser reparados acudiendo a la acción urgente y expeditiva del amparo; ni por qué motivo en las circunstancias del presente caso, el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa podía acarrearle un perjuicio irreparable (CITAS: CSJN: Ballesteros, Fallos 317:1128; CSJStaFe: Bacchetta, AyS T 132, p 67).
Locación, obligaciones del locatario, fianza, fiador
Materia: CIVIL
Carátula: KNEUBUHLER, FRANCISCO c/ MIRETTI, ELDER Y OTRO s/ ORDINARIO      EXPTE NRO 198-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-06

Las obligaciones del locatario son obligaciones legales que el legislador, interpretando la voluntad de las partes, ha estimado que surgen como efectos naturales del acuerdo, propias del inquilino, por su calidad jurídica, dentro de los que encontramos, la más importante que es la restitución de la cosa, a su debido tiempo.

Cuando el fiador garantiza al locador el fiel cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del locatario, su responsabilidad es tan principal como la de este último y se extiende por los posteriores al vencimiento del contrato de locación.
Cuestiones de competencia, bancos, fraude a la Administración Pública, defraudación fiscal, desvío de fondos, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: UZ, María C. s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-10

Si una entidad bancaria es la responsable o encargada de destinar al pago de impuestos las sumas de dinero que recibe a tal fin de sus clientes, el hecho consistente en que por una supuesta maniobra fraudulenta interna se le otorgue otro destino a tales sumas, de constituir delito, no afecta de modo efectivo y directo el patrimonio de la Nación, sino en lo inmediato el del cliente que realiza la operación y, eventualmente, de modo mediato, el del banco, es decir, que la hipótesis no es de conocimiento de la Justicia federal.
Acceso a la justicia, acciones de clase, tarifa de servicios públicos, Ministerio de Energía y Minería, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y Otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ Amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-18

Solo respecto de los "usuarios residenciales" es posible sostener que el caso en que se cuestionan las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fijan nuevos precios y tarifas para el servicio de gas involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido el acceso a la justicia, en tanto solo en relación a dicho colectivo cabe presumir una posición de mayor vulnerabilidad frente al efectivo cumplimiento de la garantía constitucional.
Desbaratamiento de derechos acordados, prenda flotante
Materia: PENAL
Carátula: BUNGE, Diego s/ Causa 2.861
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La ley 12.962 permite la disponibilidad de los bienes sujetos a prenda flotante, de manera que su inexistencia o falta de reemplazo al vencimiento de la obligación no genera responsabilidad penal, y por otro lado, la negligencia en el contralor de asuntos administrativos por parte del presidente de la empresa obligada, en su condición de garante, resulta extraña a la figura de defraudación de derechos acordados, pues ésta no admite formas culposas.
Competencia por el territorio, defraudación, retención indebida, rendición de cuentas, cuestiones de competencia
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: L, R O s/ DENUNCIA.    COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 380-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-12

A los efectos de la competencia territorial, suscitada en una causa sobre defraudación, no puede tomarse como criterio dirimente el lugar de rendición de cuentas cuando a ello podría hallarse obligado sólo quien actúa como mandatario o representante del damnificado pero no quienes no guardan tal tipo de relación con éste y más aún cuando no ha recaído pronunciamiento que los desvincule del proceso, por lo que tampoco resulta atinado declarar que exista certeza sobre el lugar de consumación del delito, para resolver la cuestión a tenor de lo preceptuado por el artículo 31 del Procesal Penal, correspondiendo en este estado y en consecuencia estar a la regla subsidiaria del artículo 32 de dicho cuerpo legal y disponer continúe entendiendo en la causa el que previniera.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, arma de fuego
Materia: PENAL
Carátula: Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-12

Resulta procedente el agravio fundado en la violación de los arts.

40 y 41 del Código Penal referido a que debe computarse como agravante la mayor peligrosidad evidenciada mediante el uso de un arma de fuego. (Minoría u opinión personal)
Accidente de tránsito, culpa civil, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: PALLARES, JOSE c/ ORLANDO, PASCUAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

La prioridad de paso a favor de quien circula por una avenida es aplicable cuando ambos vehículos han llegado simultáneamente a la bocacalle y siempre que el beneficiario no circule a velocidad inadecuada a las circunstancias. La prioridad de paso de quien circula por la derecha no es absoluta, sino que ella es aplicable cuando lo vehículos inician simultáneamente el cruce y no cuando uno de ellos lo ha iniciado con anterioridad.
Excarcelación, estafa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CARRERAS, ROSENDA FRANCISCA s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-09-08

No procede la excarcelación de la imputada a quien se atribuye el delito de estafa (C.P., art. 172) si su comportamiento muestra una marcada conducta antisocial, pues violando la confianza que le otorgaba la víctima logró apoderarse de dinero y efectos valiosos aprovechando las circunstancias del estado de postración del dueño de casa, todo lo cual es configurativo de una personalidad peligrosa, que torna de pronóstico negativo una pena en suspenso (C P., art. 26, a contrario sensu, ley 21.338; C.P.P., art. 315, inc.

2do., a contrario sensu, ley 6221).-
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: V., R. H. c/ F. L., H. A. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. QUERELLA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ   EXPTE N. 320-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-03-19

El artículo 3 de la ley 7055, requiere que en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, se exponga separadamente, con claridad y precisión, sobre la admisibilidad del remedio, en demostración de la concurrencia en el caso de los requisitos formales necesarios, y sobre su procedencia, explicando los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada, agregándose, seguidamente, que "para cumplir este requisito el escrito deberá bastarse a sí mismo". En el caso, la incompleta relación de los hechos, la inadmisible remisión a otros decisorios del Tribunal y la desarticulada referencia a determinados elementos del proceso, permiten solo un nebuloso entendimiento de los reproches del recurrente que, claro está, no son posibles de llenar por vía inferencial.
Justicia militar, tribunales militares, juicio sumario en tiempo de paz, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ALFREDO ANTONIO GIORGI s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LIBERTAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-16

En las hipótesis específicas del artículo 10 de la ley 23.049 se dan con exceso las razones que fundamentan la existencia de los tribunales militares, por lo cual, no cabe afirmar que la intervención de aquéllos vulnere el artículo 16 de la Constitución en cuanto prohibe los fueros personales, ya que la competencia militar que se cuestiona responde estrictamente a la idea de fuero real o de causa.
Hábeas corpus, derecho de enseñar y aprender, derecho a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: SANZ,Alejandro Miguel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-17

Los votos concurrentes agregaron, por un lado, que de la lectura de la constancias del legajo se verifica que el habeas corpus intentado se sustanció sin apego a los lineamientos establecidos por la ley 23.098 (arts. 9, 11 y 14), y por el otro, que en atención a que el presente caso versa sobre el efectivo goce de los internos al derecho a la educación, correspondía que se lleve a cabo la audiencia prevista por el art. 14 de la ley citada a fin de escuchar al accionante.Dres. Hornos, Carbajo y Borinsky -votos concurrentes-.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sande Leonardo Hugo c/ Aizpurua Rosana y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-14

El hecho físico de embestir, por sí sólo, en principio carece de idoneidad suficiente para determinar responsabilidades definitivas, demostrando la experiencia diaria que son numerosas las oportunidades en que un conductor se pone en situación de "embestido" realizando indebidas maniobras de adelantamiento, lo que me lleva a concluir que las respectivas calidades de embistente y embestido, si bien son válidas en algunos casos, no dejan de ser una concurrente más, porque en definitiva, de los que se trata es de evaluar conductas.
Revocación de sentencia, impuesto a la ganancia mínima presunta, tributos, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, control de razonabilidad, control de constitucionalidad, inconstitucionalidad, interpretación y aplicación de la ley
Materia: TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Diario Perfil S.A. c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-14

Cabe revocar la sentencia en la cual se expresa - apartándose del precedente "Hermitage S.A" (Fallos:333.993) que la Corte ordenó aplicar- que el impuesto a la ganancia mínima presunta contempla como manifestación de capacidad contributiva, la existencia de un patrimonio empresario, del cual se presume que es susceptible de generar ingresos aún potencialmente, dado que aquél apartamiento resulta ostensible pues el a quo, en su nuevo pronunciamiento, pese a que dijo seguir el criterio de tal antecedente, reiteró la misma interpretación de las normas que rigen dicho impuesto que había sostenido en su primera sentencia, y que le fuera revocada por no adecuarse a tal doctrina en la cual se tuvo en cuenta que dicho tributo se estructuró sobre la presunción de la existencia de una renta mínima- inferida por la existencia o mantenimiento de activos- y se destacó que la inequidad de esta clase de previsión, se pondría en evidencia ante la comprobación fehaciente de que aquella renta presumida por la ley, lisa y llanamente, no existió, por lo cual ante la demostración de que los resultados de la sociedad actora habían arrojado pérdidas, se concluyó que, en tales condiciones, el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley y por lo tanto las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, contrato de trabajo, contrato de ajuste, orden público laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Maturana, Roberto Elías c/ INDA Hnos. SAIP-Alpesca Barcos s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó los reclamos por diferencia de puntaje y sueldo básico mensual, y ropa de agua y trabajo, con fundamentos que suponen el desplazamiento de las normas de los arts. 12 y 13 R.C.T.y la violación del orden público laboral, que traduce en el derecho del trabajo la aplicación del principio de irrenunciabilidad que informa a este, y supone la imposibilidad de disminuir convencionalmente los mínimos establecidos legalmente.