Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-29


RAWSON,29 de Noviembre de 2012.- ------ VISTOS: ---------------------------- ------ Estos autos caratulados: "B., C. c/ Provincia del Chubut s/ Contencioso Administrativo" (Expte. Nº 22.787-B-2012).--- ------ DE LOS QUE RESULTA: ------ ------ I.- Que el S. C. B., interpone ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Esquel, demanda de Daños y Perjuicios contra el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, pretendiendo se lo posicione en el cargo de Director, por aplicación de la normativa vigente que establecía el reemplazo automático (del Vicedirector a Director, art. 50 Dto. N° 1237/83), y se le abone la diferencia salarial en forma retroactiva a diciembre de 2.008, momento en que -dice- debería haberse empleado aquélla y en consecuencia operado el cambio.-------- ------ En el Apartado III- HECHOS, manifiesta que en el mes de Diciembre de 2.008 ocupaba el cargo de Vicedirector de la Escuela N° 788 de la ciudad de Lago Puelo, momento en el cual la Directora C. S. renuncia conforme Acta N° 46/2008 -fs. 207/218 ///Expediente N° 4423-ME-09 "Recurso Extraordinario de Revisión B. C. H.", documental que agrega a la presente.----------------- ------ Añade que el Superior Jerárquico, toma conocimiento de la renuncia sin decidir respecto de la cobertura del cargo, siendo éste el momento en el que entiende se lo debería haber designado como Director, ello de acuerdo con lo normado para la Cobertura de Cargos Directivos en los Establecimientos Educativos (Dto. N° 1237/83, Artículo 50°.- Reglamentación: II. (.) "2.- En los establecimientos que cuenten con un solo Vicerrector o Vicedirector titular, interino o suplente, éste pasará automáticamente a desempeñar el cargo de Rector o Director, sin necesidad de inscripción como aspirante. Si éste renunciara a la posibilidad de ejercer el cargo interino o suplente, corresponderá al profesor mejor clasificado que se haya inscripto como aspirante a Vicerrector o Vicedirector en la época reglamentaria.".------ ------ Alega que reunía los requisitos estipulados en la Ley VIII N° 25 (antes Ley N° 2152), es decir, contaba con una calificación de MUY BUENO en los tres últimos conceptos (años 2005, 2006 y 2007), a lo que suma que cumplió la función de Director Suplente durante 30 días por la Licencia de la entonces Directora. Trae en defensa de sus argumentos la transcripción del considerando de la Disposición N° 09/05-JCDNMyP- que indica que para la cobertura de los cargos se aplicaría la Ley N° 2152-Decreto N° 1237/83- fs. 93-.----- ------ Apunta que la renuncia se hace efectiva el 16 de febrero de 2.009, entendiendo que se le resta validez al Acta ya aludida, constituyendo "un ///manifiesto error de hecho en el cual incurre la Supervisión del Nivel de la Región I Golondrinas". Que en esa fecha la Sra. Directora S., hace entrega de la Dirección del Colegio a la Sra. Secretaria C., designada para el cargo, sin habérsele informado nada como integrante del equipo directivo contrariando la preceptiva que arguye aplicable.--------------------------- ------ Expresa que se lo notifica de la calificación correspondiente al Concepto anual 2.008, en un tiempo diferente al resto, constituyendo una arbitrariedad manifiesta, con el fin de perjudicarlo.--------------------------- ------ Que todo ello dio origen a una serie de reclamos, impugnaciones y recursos administrativos, documentación que adjunta fs. 8/91, en ejercicio de sus derechos y que le ocasionaron por parte de sus colegas actitudes y conductas discriminatorias, a tal punto de haber tenido que realizar una denuncia ante INADI. Invoca que ello se ve reflejado en los conceptos profesionales, que le son altamente perjudiciales en su carrera docente. ------------------------------------ ------ Expone que la situación en la que se encontraba inmerso lo conduce a pedir licencia médica psicológica, y estando en uso de la misma se lo cita por radio para notificarlo de la Resolución N° XIII N° 462, mediante Acta N° 07/11, de fecha 19/09/2011; embate contra aquella comunicación aduciendo la "intencionalidad del acoso", por disponerse la sustanciación de un Sumario Administrativo a fin de investigar ciertos ///hechos denunciados, que no le fueron dados a conocer, y determinar las eventuales responsabilidades disciplinarias y/o administrativas emergentes del Expediente XIII N° 4550-ME-11. Por otro lado, arremete contra la asignación de funciones administrativas transitorias que se le estableció en la Biblioteca Pedagógica N° 7 de la Localidad de Lago Puelo y en sus catorce (14) horas cátedra, por el término de 90 días - copia fs. 91-.-------------------------------- ------- Precisa que el procedimiento fue realizado en forma arbitraria y antijurídica, perjudicando sus derechos como trabajador docente.---------- ------ Cuantifica los DAÑOS y PERJUICIOS en una suma que asciende a la cantidad de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 41.160,15) y peticiona además en concepto de reparación integral (DAÑO MORAL) la cantidad de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), adicionándosele los intereses desde que cada suma es debida, costos y costas.---------------- ------ Postula un Acápite especial nominado "EL IURA NOVIT CURIA Y LA ELECCION DE LA NORMA APLICABLE AL CASO PRESENTADO" (fs. 98/99), donde precisa que esta regla surgiría como una forma en que "...el juez suple la omisión de las partes (que no invocaron la norma que funda sus reclamos) o bien como una forma de salvar los errores de las partes (que intentan encuadrar sus reclamos en una norma jurídica que contempla situaciones distintas a las alegadas y probadas)". Finaliza marcando que ante las normas injustas y/o irrazonables que limitan los derechos de los trabajadores reconocidos por ///otras normas superiores, los jueces deben declarar su inconstitucionalidad aún de oficio.------ ------ Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y realiza petitorio de estilo.---------------------------------------- ------ II.- A fs. 103, entre otras cosas, el Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Esquel, manda al actor a enderezar la acción contra el Gobierno de la Provincia del Chubut, requerimiento que es cumplimentado a fs. 104.---------------------- ------ III.- Corrido el traslado de rito, la Provincia del Chubut contesta oponiendo -extemporáneamente- excepciones de incompetencia y defecto legal en el modo de proponer la demanda; y además, defensa de falta de habilitación de instancia.- Subsidiariamente procede a su contestación -fs. 116/ 124vta.----------------------------- ------ En relación a la primera, luego de transcribir el art. 32 inc. 3) de la Ley V N° 3, hace hincapié en su meridiana claridad, manteniendo que el presente es un proceso contencioso administrativo, de competencia exclusiva del Superior Tribunal de Justicia; así en tanto el actor persigue ser colocado en el cargo de Director del Establecimiento Educativo en el cual se desempeñaba, cuestionando en definitiva la decisión de la Administración Pública de no otorgarle el ascenso pretendido, es decir ///demanda al ".Estado Provincial debido a una decisión emanada del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.".--------------------- ------ En el Punto 3.2 "Falta de Habilitación de Instancia", la intenta también como de previo y especial pronunciamiento, conforme lo dispuesto por el art. 136 de la Ley I N° 18, toda vez que analizado el libelo de inicio no advierte que el actor haya acreditado el haber cumplido con lo dispuesto por la norma referida.------------------------------ ------ Así, distingue dos pretensiones del actor: la primera sería que se le otorgue el cargo de Director y la segunda que se le indemnice por haber sufrido daño moral por la negativa a ser ascendido. En cuanto a esta última, justifica que no existe constancia alguna en el Expediente de que el Sr. B. haya efectuado reclamo administrativo previo por tal concepto, coligiendo en consecuencia el incumplimiento de los requisitos legales para acceder a los Tribunales, debiendo rechazarse la demanda.-- ------ En lo atinente a la primera petición, advierte que tampoco cumpliría con "el requisito impuesto por el art. 136 de la Ley I N° 18", por no haber iniciado la acción en el plazo impuesto por el art. 142 del mismo texto legal.---------------------------------- ------ Para arribar a tal medida, analiza que el Sr. B. impugnó la calificación que como docente le asignaron las autoridades en el año 2.008. La Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria dictó la Disposición N° 12/10 de fecha 12 de mayo de 2.010, mediante la cual ratificó el concepto asignado al actor y que era materia de reclamo, ///agotándose allí la vía administrativa para tal cuestión, quedando expedita la vía jurisdiccional (art. 47 de la Ley VIII N° 20). Expone que vencidos los dos meses previstos en el art. 142 de la Ley I N° 18, sin que el Sr. B. activara la vía judicial, la resolución fue consentida, quedando firme el concepto asignado por la autoridad administrativa al actor por el período 2.008.--------------- ------ Continúa, exponiendo que posteriormente el Sr. B. inició reclamo administrativo por no habérsele permitido acceder al cargo de Director de la Escuela N° 788, reclamo que finalizó con el dictado de la Disposición N° 19/11, notificada el 7 de julio de 2.011 (fs. 23 de las actuaciones administrativas N° 03284/11).------------------------------------- ------ Concluye argumentando que el plazo bimensual previsto por la Ley feneció el 8 de septiembre de 2.011, y que habiéndose iniciado la demanda el día 14 de octubre de 2.011, mas de un mes después de vencido el plazo legal, el reclamo administrativo perdió todos sus efectos legales. Funda en Jurisprudencia de este Superior Tribunal.----------------- ------ Sintetiza considerando que respecto de la acción intentada, no se encuentra habilitada la instancia jurisdiccional, transformándose en una barrera que no permite siquiera el análisis de la cuestión de fondo.--------- ------ Por último funda la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, conforme el art. 350 inc. 5) de la Ley XIII N° 5. Se ///finca en la vaguedad con que han sido relatados los hechos, omitiendo vincular los mismos con la normativa aplicable, sumado a la ambigüedad con que el actor ha fundado en derecho, mas la desprolijidad con la que plasmó su pretensión en términos jurídicos, implicando una imposibilidad real de ejercer el derecho de defensa en juicio. Asegura como una clara muestra de la deficiencia de las que adolece, el propio pedido del actor de que el juez supla los errores y omisiones en el modo de formular la demanda.------------------	------ Afirma que no se advierte un ataque frontal a alguna resolución, debiendo perseguir la nulidad de la que designó Director en el año 2.009, para luego pedir ser a quien se lo invista del referenciado cargo, o en su caso haber planteado la ilegalidad de la Disposición N° 12/10 de la Junta de Clasificación Docente a los fines de ser evaluado nuevamente y cumplir con los requisitos previstos en el art. 37 de la Ley VIII N° 25. No requiere en ningún momento se decrete la nulidad de ningún acto administrativo. Se encuentra así frente a un escrito que contiene un relato desordenado de hechos, valoraciones y conclusiones propias, pero que no expresa en términos claros qué resolución deviene arbitraria. Completa diciendo que es huérfano de un relato claro, preciso y circunstanciado de los hechos, y de una relación sucinta de los sucesos invocados y del derecho aplicable, violando fragantemente lo dispuesto en el art. 333, inc. 4 y 5 de la Ley XIII N° 5. Cita doctrina y jurisprudencia.-------------------- ------ En el Capítulo IV, subsidiariamente contesta demanda.--------------- ///--- IV.- A fs. 127/133 contesta la actora el traslado conferido de las defensas opuestas, solicitando el rechazo de los mismos, sin advertir la extemporaneidad de dos de ellas.------- ------ En particular alega que la competencia se determina atendiendo a las normas vigentes al momento de entablarse el juicio y al estado de cosas existente en dicha oportunidad, debiendo estarse a lo establecido en el art. 5 Ley XIII N° 5 (antes CPCC), teniendo el Juez durante el trámite del juicio dos oportunidades para pronunciarse respecto de su competencia. La primera, la funda citando el art. 4 del Código de rito, y entiende que "el código vigente confiere al Juez la atribución de declarar de oficio su incompetencia en una única oportunidad, que es al proveer la demanda .". Y la segunda oportunidad corresponde al momento en que debe resolver la excepción de incompetencia. Por ello solicita se rechace la excepción planteada.-------------------------------------- ------ En cuanto a la falta de habilitación de instancia, esgrime que basta atenerse a la documentación presentada para dar cuenta hasta qué nivel llega el reclamo administrativo. Afirma haber dado total cumplimiento a lo estipulado en el art. 136 de la Ley I N° 18; describe que la pretensión está direccionada a revocar una decisión de la Administración Pública (la de no concederle el cargo de Director) y a obtener una reparación monetaria (indemnización por daño moral). Transcribe un texto del Señor Ricardo Tomas GEROSA LEWIS ("EL ESTADO COMO ///LITIGANTE"- Análisis del art. 98 de la Constitución de la Provincia del Chubut).-------------------------------- ------ Por último halla inconcebible el planteo de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, porque -alega- existe un desconocimiento total de la legislación vinculada a la actividad. Aduce que hay un ataque formal cuando se expone que no se dio cumplimiento a la normativa vigente con respecto a la cobertura del cargo, precisando entre otras consideraciones que en la especie no se perfila la situación de defecto legal habida cuenta que el escrito introductorio se autoabastece para permitir conocer los términos del alcance de la acción tentada, con individualización de los orígenes de los hechos, los instrumentos que la certifican y las causales en que se sustentan (fs. 132).------------------------ ------ V.- A fs. 137 y vta. responde la vista que se le confiriera el Funcionario del Ministerio Público Fiscal, quien habiendo efectuado un exhaustivo análisis de la documentación y considerando los planteos realizados por las partes, adhiere a los fundamentos plasmados a fs. 116/117 por la Provincia del Chubut, en cuanto sería competente para entender en el presente el Superior Tribunal de Justicia.- Tampoco advierte -más allá de tratarse la denunciada de incompetencia material- la intempestividad del planteo.------------- ------ A fs. 143/144 vta. el Señor Juez -pese a su extemporaneidad- hace lugar a la excepción de incompetencia y remite la causa a este Cuerpo.--- ///--- VI.- Girados los autos a dictamen del Señor Procurador General, el Magistrado se expide a fs. 151/152. Analiza los términos de la demanda y siguiendo el criterio fijado por el Tribunal sobre la materia, considera que se trata de un caso contencioso administrativo de competencia material de esta Sala ( art. 32 inc. 3) de la Ley V N° 3). En relación al hecho del acoso laboral se inclina por pensar que es traído al proceso por el accionante como la causa de la denegatoria de la administración a su pretensión principal de ascenso, opinando asi que no sería una circunstancia independiente que podría sucitar la competencia material del Juez Laboral de Primera Instancia como una accion separada, con lo cual el planteo de la Provincia de falta de habilitación de instancia no podría prosperar.--------------------------- ------ Por tratarse de una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, y en atención a que el Sr. B. no ha requerido expresamente la declaración de nulidad de actos admisnitrativos cuya revisión sería necesaria para eventualmente declarar procedente su reclamo, es que propicia la declaración de falta de jurisdicción. Opina que le asiste razón a la representación de la Provincia demandada cuando afirma que debió el actor perseguir la nulidad de ciertos actos administrativos que deberían ser removidos - por ejemplo, la designación de Director del Colegio N° 788 en el año 2.009 o la Disposición N° 12/10 de la Junta de Clasificación Docente- para luego avanzar en su caso, en la pretensión principal de ser puesto en el cargo de Director e indemnizado por los daños y perjuicios.---------------- ///--- CONSIDERANDO: -------------- ------ I.- Que la doctrina de este Superior Tribunal indica que para discernir la competencia, debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal, así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables a la causa, la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y el derecho que se invoca en el reclamo (SD N° 40/85, SI Nº 84/95, 67/SCA/07, 56/SCA/09, 2/SCA/10, 46/SCA/12).------------------ ------ Que, también se ha dicho, el verdadero fundamento de la competencia se halla dado por la norma objetiva que de manera preponderante ha de utilizarse para dirimir la contienda (Conf. LL 96-243), teniendo en cuenta la descripción que de los hechos se efectúa para encuadrar la pretensión, determinando "prima facie" en qué esfera del derecho se desenvuelve la situación jurídica, en la medida necesaria para dirimir el conflicto, considerando las consecuencias jurídicas en la concreta situación a definir por medio de la sentencia, y sin que ello implique avanzar en un juicio definitivo sobre cuál ha de ser, en última instancia el régimen legal aplicable (Conf. JA 1978-III-275, 84/95, 10/96, 22/SCA/99, 4/SCA/00, 2/SCA/10 y 13/SCA/11).----------------------------- ------ Que la Ley V Nº 3 (antes Ley N° 37) en su art. 32 inc. 3), acuerda competencia originaria a este Cuerpo en aquellos casos en que además de intervenir el Estado Provincial, o alguna entidad autárquica, la materia del juicio está regida por el Derecho Constitucional y/ o Administrativo.- ///--- Que tal como se ha relatado en las resultas, el Sr. B., docente del Ministerio de Educación provincial que a la época de los hechos se desempeñaba como Vicedirector de la Escuela N° 788 de Lago Puelo, demanda se lo categorice con retroactividad en el cargo de Director de esa Escuela, que se le abone la diferencia salarial que estima le corresponde, y se lo indemnice como reparación integral del daño moral que alega haber sufrido.------------------ ------ Que siendo así, a la cuestión planteada es aplicable sin duda alguna el Derecho Público Administrativo.- Se trata de una pretensión de plena jurisdicción, deducida en el marco de una relación de empleo público, y debe verificarse si de conformidad con las reglamentaciones de tal naturaleza que la guían, le asiste razón en derecho para el reclamo de categorización que formula, y a resultas, los accesorios reclamados.- Entonces, de conformidad con el dictamen del Procurador General atento lo normado por el art. 32 inc. 3) de Ley V Nº 3 (antes Ley N° 37), la materia de autos es de competencia material originaria y exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, correspondiendo entender en la causa a esta Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería y así debe declararse.---------------------------------------- ------ II.- Que aún cuando la Provincia no haya opuesto expresamente la defensa de falta de jurisdicción, tal como lo pone de manifiesto el Sr. Procurador General, se advierte su insinuación en el punto III 3.3. del ///escrito del responde, en que funda, aunque tardíamente por exceso del plazo previsto en el art. 349 CPCC, defecto legal.----------------------------- ------ Que tal circunstancia, atento lo dictaminado por el Magistrado, induce a esta Sala a verificar su aptitud cognoscitiva en esta instancia, por evidentes razones de ahorro procesal, a fin de evitar el desarrollo de un pleito que luego podría culminar declarando la falta de jurisdicción, con el consiguiente dispendio en perjuicio de las partes.--------------------- ------ III.- Que es amplia y profusa la jurisprudencia del Cuerpo -que data desde 1.990- que ha asentado -en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el criterio que indica, que en mérito a la presunción de legitimidad propia de los actos administrativos, y al republicano principio de la división de poderes, está vedado a los jueces el controlar la validez de aquéllos por propia iniciativa -esto es, de oficio- lo cual induce a declarar la falta de jurisdicción cuando la declaración de nulidad no ha sido expresamente peticionada, y ella constituye el presupuesto necesario de la condena pretendida (SD Nº 13/90, 10/91, 69/92, 9, 37 y 38/93, 4,5,7,26, 38 y 51/94, 20, 22 y 23/95, 6/SCA/97, 8/SCA/98, 4, 8, 9, 15/SCA/00 y 57/SCA/01 - CS Fallos 190:142, 205:165, 291:499, 310:1014 - Cam. Nac. Cont. Adm. en pleno - ED 118-391 - Sala IV - 19/6/96 LL 1/4/97), lo cual debe ser analizado en cada caso concreto (SI Nº 20 y 22/95; 02/SCA/02, 9/SCA/09, 50/SCA/10 y 55/SCA/12 entre otras).---------------------------------------- ------ IV.- Que de lo antes dicho se deduce con claridad, que para discernir el derecho que se reclama, ha de revisarse la validez de actos ///presumidos legítimos, dictados por órganos del Poder Ejecutivo, tal -ejemplificando- el que designó otra persona en el cargo de Director que sostiene le correspondió.- El actor ha errado en su estrategia procesal, reclamando de manera directa el posicionamiento en el cargo y la reparación económica de una situación que estima ilegítima.---------------- ------ Que si bien es dable advertir en particular respecto del acto de designación de la Sra. C. en el cargo de Director su difícil individualización por no encontrarse incorporado hasta el momento a la causa, al igual que el acto de calificación que lo habría perjudicado de estar a las constancias arrimadas (fs.18 y vta.), tal situación no se da con la Disposición N° 19/11, acto que cierra la reclamación que el accionante intentara, atacando de nulidad de la designación de la Sra. C. (considerandos 12 y 13) con adverso resultado (fs.79/80).------------------- ------- Que ello es claramente demostrativo, de que la procedencia del derecho que reclama, depende de la invalidez del o los actos emitidos que la contravienen, presumidos legítimos, siendo su revisión imprescindible para fundar fallo.-------------------------- ------ Que ello debe conjugarse con el axioma antes enunciado, que expone la doctrina pacífica del Cuerpo, en el sentido de que la nulidad de los actos administrativos, sólo puede declararse a requerimiento expreso y claro de parte interesada, y que viene siendo irrestrictamente aplicado ante toda acción de condena, y, por cierto, ante las pretensiones ///constitutivas de situaciones jurídicas subjetivas distintas de las reconocidas o estatuidas por aquéllos. Así se ha dicho que ".la pretensión deviene circunscripta por la actividad formal administrativa previa: existe un acto administrativo que creó una situación jurídica determinada con la que el justiciable está en desacuerdo y pretende modificar por vía de la acción. esta prerrogativa "hacia fuera" con que cuenta la Administración -la presunción de legitimidad- es concebida por la doctrina como uno de los pilares de nuestro régimen administrativo. Es en virtud de ella que se concibe -en principio- al acto administrativo como arreglado a derecho. esta presunción de validez acompaña a todos los actos estatales, y permite el cumplimiento de los fines públicos, que se verían de otra forma obstaculizados si les fuera antepuesto un interés individual de naturaleza privada". (voto Dr. Pasutti en SD Nº 7/SCA/09 in re "P., L.").--------------- ------ Y que "en los casos en que se pretende del Tribunal una declaración positiva contraria a la que el acto administrativo contiene directa o indirectamente, declaración que, en caso de estimación del recurso, sustituirá al acto anulado... con la imposición a la Administración de todas las conductas necesarias para que esa declaración sustitutoria despliegue la plenitud de sus efectos prácticos (pretensión de condena) ... se sigue ... la necesariedad de pedir la declaración nulidad del acto, si la pretensión alcanza justamente, a las que son consecuencias de esa nulidad (SD N° 6/SCA/97, reiterada en SD N° 08/SCA/98, 02/SCA/02, 2/SCA/04 - SI N° 02/SCA/06, 34/SCA/10).-------------------- ///--- Tal como también se tiene dicho, "los actos administrativos se presumen legítimos iuris tantum, lo cual "les permite desplegar todos sus posibles efectos en tanto no se demuestre su invalidez, trasladando consecuentemente al particular, la carga de impugnarlo en la vía administrativa y contencioso administrativa, si quiere obtener su anulación y frenar su eficacia".- Cuando el restablecimiento del orden jurídico que la Administración habría vulnerado con el dictado de determinado acto, impide a quien acciona el goce efectivo de sus derechos, desde que ese acto se presume válido, es de su declaración de nulidad y eventual extinción, sustitución o modificación, que depende que desaparezca la lesión, y resucite el objeto de la pretensión. (SD N° 20/95).-- ------ Que "de acuerdo a los principios que regulan la jurisdicción, ésta conforma "iure et de iure" un presupuesto esencial, requisito ineludible para la constitución válida de la relación jurídica procesal; la concurrencia para su ejercicio debe ser comprobada de oficio, y su ausencia no puede ser suplida por la conformidad de las partes o su consentimiento. La falta de jurisdicción, de capacidad para ejercer el poder inherente a la cognición misma del asunto -la ausencia de competencia absoluta- por ser de orden público, no necesita petición de parte.- (MORELLO-SOSA-BERIZONCE, Cód. Comentados, Ed.1984, T° IV-B, p.213/214).- Y así lo ha pronunciado el Cuerpo en SI N° 83/94, 7/95, 10 y 15/SCA/02, 55/SCA/12 y otras.------------------------------------- ///--- Que el art. 340 del CPCC faculta a los jueces a rechazar "in límine" las demandas que no se ajusten a los presupuestos procesales, en tanto es contrario a un elemental principio de economía procesal, admitir el inicio de un largo juicio cuando, desde el comienzo, se advierte que la pretensión será irremediablemente rechazada por la ausencia de aquéllos, vedando cualquier decisión sobre el mérito (FENOCHIETTO -ARAZZI - Códigos Comentados; FASSI - Código Procesal anotado...; MORELLO.. -Ob. Citada- en comentario al art. 337 CPC y sus citas).--------------------- ------ Que es dable señalar, que pese a la declaración de falta de jurisdicción, el actor conserva la acción en tanto cumpla el recaudo descripto, dentro del plazo de prescripción, pues la presente no hace cosa juzgada respecto al fondo de la cuestión debatida.----------------------------- ----- VI.- Que tal como se resuelve, es inoficioso el tratamiento de la falta de habilitación de instancia que opuso la accionada.-------------------------- ------ VII.- Que en tanto la Falta de Jurisdicción se resuelve ex officio, las costas del proceso deben imponerse en el orden causado (art. 69, 2do. párrafo Ley XIII N° 5).------------------- ------ VIII.- Que en autos procede valorar el trabajo profesional de la letrada de la actora, Dra. M. N. B. en calidad de Apoderada, en el 3,02 % (1/3 del 7% + 30% de éste), regulándose honorarios por una etapa del proceso. Todo de conformidad con las pautas arancelarias y considerando como monto del juicio el reclamado en la demanda (punto II-OBJETO), de conformidad con los arts. 6, 7, 8, ///37 y 46 de la Ley XIII N° 4. En tanto, no procede regulación a los representantes procesales de la demandada por aplicación del art. 20 de la Ley V N° 96 (antes Ley N° 5117).----- ------ Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;-- ----------------------------------- R E S U E L V E: ----------------------------- ------ 1°) DECLARAR LA COMPETENCIA MATERIAL del Superior Tribunal de Justicia, de conformidad con el art. 32 inc. 3) de Ley V Nº 3 (antes Ley Nº 37) para entender en estos autos.----------------- ------ 2°) DECLARAR la falta de Jurisdicción de esta Sala, para conocer de la demanda intentada por el Sr. C. B. (art. 34 inc. 5 ap. e) de la Ley XIII N° 5).-------------------------- ------ 3°) COSTAS del proceso en el orden causado (art. 69, 2do. Párrafo Ley XIII N° 5.).---------------------------- ------ 4º) REGULAR los honorarios de la Dra. M. N. B. en el 3,02 % (1/3 del 7% + 30% de éste) por una etapa del proceso, monto reclamado en el punto II-OBJETO- con más el IVA si correspondiere.----------------------------- ///--- 5°) REGÍSTRESE y notifíquese.

Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer, José Luis Pasutti y Daniel Luis Caneo.- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y REGISTRABA BAJO EL NRO.59/SCA/2012.