marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Municipalidad, concejo deliberante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAUCEDO, OSCAR MARTIR Y VERA, ANTONIO RAMON c/ RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD RESOLUCION N. 13/90 DEL H.C.D. DE ESTANISLAO DEL CAMPO s/ CONFLICTO DE PODERES Y PEDIDO DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-05-30

Al integrar el concejal procesado un órgano colegiado, es el Cuerpo quien debe disponer la suspensión preventiva, fundada en la resolución judicial. Es un principio básico de todo órgano colegiado.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OLMOS JOSE ALBERTO c/ COUVET RAUL EDUARDO Y OTRO s/ DAÑOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-10

Determinada como está la arguida incapacidad queda probada la existencia del daño. Que, como tal es resarcible. Esa resarcibilidad no se frustra por faltar una adecuada acreditación de la repercución económica del menoscabo. Sino que se suple a través del uso prudente de la facultad jurisdiccional prevista por el artículo 162 del Código Procesal Civil y Comercial.
Contrato de trabajo, empresa
Materia: LABORAL
Carátula: B., A. S. c/ B. G., L. R. s/ Diferenci de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-29

Como el contrato de trabajo se inserta habitualmente en el marco de una organización empresaria, las normas que lo rigen están fundamentalmente referidas a las tareas cumplidas dentro de una organización de tal tipo.

En este sentido el artículo 21 de la L.C.T. ... debe ser vinculado con los artículos 4, 5, 64 y 65 de la misma ley, en los que se contempla el trabajo prestado dentro de una empresa. De ahí que en el plexo normativo de la L.C.T., empleador es en principio sinónimo de empresario.
Seguros, accidente de tránsito, intervención de terceros, Instituto Nacional de Reaseguros
Materia: CIVIL
Carátula: MORETINI DE FERREIROS, MARTHA c/ QUIROGA, ROBERTO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-25

Habiéndose incoado acción judicial por el resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos por consecuencia de un accidente de tránsito, resulta improcedente que el accionado reclame la citación como tercero obligado en los términos del CPR 95 al Inder, con fundamento en que al encontrarse en proceso de liquidación su aseguradora la sentencia que se dicte podría generarle responsabilidades patrimoniales a su respecto y serle opuesta en calidad de cosa juzgada; y por ende, se verían privados de ejercer una eventual acción de regreso contra el reasegurador, en circunstancias excepcionales, como la quiebra del asegurador. Ello así, toda vez que la falencia de la compañía de seguros no autoriza el ejercicio de la pretendida acción, pues en tal hipótesis el "conjunto" de los asegurados gozarán del privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurador (LS: 160 in fine).
Período de exclusividad, resoluciones apelables
Materia: CIVIL
Carátula: Aded Jorge Francisco s/ concurso preventivo s/recurso de queja (promovido por el Dr. Legaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-10-29

El principio de inapelabilidad establecido en el art. 273 inc.3º del la ley especial, reconoce las excepciones especialmente previstas por el ordenamiento y otras generadas desde la jurisprudencia mas, la apelabilidad o no de la resolución que deniega la prórroga del período de exclusividad amerita considerar si el planteo no es meramente dilatorio, de manera que la queja debe mostrar que la prórroga tenía como objetivo cierto y concreto satisfacer los fines del proceso concursal, detallando las razones que autoricen a considerar que ello no redundará en una alongación improductiva de los plazos.
Contrato de trabajo, prescripción, enfermedades inculpables
Materia: LABORAL
Carátula: JULIO ACOSTA c/ CRISTALERIAS RIGOLLEAU  S.A. s/ PROCEDENCIA  DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  DEFECTOS EN  LA  FUNDAMENTACION NORMATIVA - CONTRATO  DE  TRABAJO  -  ENFERMEDAD INCULPABLES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

El art. 258 de la L.C.T. establece que las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o fallecimiento de la víctima, entendida tal "determinación" como la fijación de la minusvalía al efecto del cómputo del plazo prescriptivo.
Prescripción, cuestión de derecho público local
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., O. R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-31

Salvo excepcionales supuestos de evidencia incuestionable -que lo son pocos- el encorsetar "a priori" un acto como nulo o anulable, a partir de la alegación actora o la defensa demandada, es imposible. La investigación determinará su naturaleza, su entidad y sus efectos.

Siendo así "in dubio pro actione"; el plazo de prescripción debe ser el más amplio, esto es, el decenal. ...es pacífico el criterio, tanto en jurisprudencia como en doctrina, de que las interpretaciones de la prescripción deben ser restrictivas, en el sentido de que, en caso de duda, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción, y por la preferencia del mayor plazo de prescripción.- "El carácter restrictivo de la interpretación de la prescripción lo es a favor de la subsistencia del derecho y por el plazo más dilatado".
Observancia de tratados internacionales, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ DE BUSTAMANTE, MARCELA NOEMI. c/ GCBA y OTROS. s/ AMPARO (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-08

Las medidas que deben adoptar los estados en el marco del PIDESC deben ser las mejores que permitan los recursos de que se dispone, y corresponden en buena parte a los poderes legislativos (OG3 puntos 3, 4, 6, 8, 11 y 15), pues incumbe primariamente al poder legislativo establecer cuáles son los recursos disponibles y, además, nada asegura mejor que una medida legislativa la igualdad en la distribución de beneficios (punto 3; voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Concursos, honorarios, abogados
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CRISTALERIA ALTAR SA s/ QUIEBRA      EXPTE NRO 272-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-12-31

El síndico no necesita patrocinio letrado según se extrae del artículo 281 de la ley 19551, conforme con el cual puede requerirlo cuando la materia exceda de su competencia profesional y no por consiguiente, cuando realiza su actividad propia de tal. Conteniendo la ley una disposición como ésta, que regula expresamente el tema, no son aplicables al respecto las normas del procedimiento local sobre patrocinios.
Regulación de honorarios, pautas, pago, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: TEXTILES GLORIA,QUIEBRA c/ MI TESORO SACI,QUIEBRA s/ CONCURSO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-21

El incremento del honorario posterior a su regulación, debe proceder en igual medida en que se enriquecieron las sumas reservadas para su pago. Si éstas se invirtieron en depósitos, ajustables y rentables, éstos deben ser el parámetro del aumento del honorario.
Enfermedad preexistente, medicina prepaga
Materia: CIVIL
Carátula: I.N.,N.M. c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ Prestaciones jurídicas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2015-02-13

Cabe confirmar la rescisión del contrato de afiliación dispuesta por una empresa de medicina prepaga respecto de un futbolista, con fundamento en la falsedad de su declaración jurada, pues se advierte que surge claramente de las constancias de autos y de la prueba producida que el actor conocía al tiempo de la afiliación que lo afectaba una deficiencia o irregularidad de tipo cardíaca, habiendo realizado con carácter previo estudios y controles vinculados al punto, lo que fue reconocido por el propio accionante.
Concursos, efectos de la apertura, actos prohibidos, pronto pago, ejecución de créditos laborales, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: CCI Construcciones SA c/  s/ quiebra s/ incidente de pronto pago promovido por lee gonzalez carlos felix
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-31

Procede rechazar el pedido de pronto pago incoado por quien fuera gerente de la fallida. Ello por cuanto, para la admisión del pronto pago es menester que no se den los casos aludidos por la LCQ 16 en su cuarto párrafo, para que éste sea viable. Es que la mera sospecha del síndico sobre la existencia de concilium fraudis, descartaría el pronto pago (conf. Dario J. Graziabile, pág. 317). Y, en el caso, la acreencia laboral reclamada por el incidentista fue controvertida por la sindicatura, en cuanto a la existencia de la prestación laboral habida. Lo expuesto claro está, no implica en modo alguno el rechazo dentro del pasivo concursal de la acreencia pretendida, sino tan solo la desestimación del beneficio del "pronto pago", por lo que el incidentista se encuentra habilitado para iniciar, o en su caso, continuar su reclamo en la extensión que considere pertinente por la vía que corresponda. Es que, debe recordarse que, la petición de pronto pago tiene como finalidad el otorgamiento de una preferencia en el cobro, mientras que en un incidente de verificación se pretende el reconocimiento de una acreencia, proceso en el cual se cumple con la debida contienda, encontrándose habilitadas las partes a producir toda la prueba que requiere un pretensión como la de autos.
Huelga, DEBER DE LEGALIDAD
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Avero, Sergio Gustavo-Argachá, Celomar José c/ A.G.M.E.R. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-29

En relación al derecho de huelga es presupuesto ineludible para su ejercicio que se trate de una huelga lícita: "la huelga ilícita importa el ejercicio abusivo y disfuncional de ese derecho y por ello no puede estar amparado por el orden jurídico".

Esto significa que la huelga ilícita acarrea normalmente perjuicios, tanto para las asociaciones que la patrocinan como para los trabajadores que se plieguen a ella. Ekmerkdjian sostiene que la denominada "huelga política" es aquella que pretende imponer al gobierno determinados criterios de las asociaciones profesionales sobre temas ajenos a los reclamos típicamente gremiales.

Cabe calificar de tal algunos de los puntos de las resoluciones del congreso de Agmer. Debe hacerse lugar al recurso interpuesto por la actora, revocarse el pronunciamiento declarando la ilegitimidad de la huelga docente y rechazar el recurso de la demandada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Berraud, Carlos Alberto s/ Infracción art. 302 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

En los supuestos de los delitos contemplados por el art. 302 inc. 1, 2 y 3 del Cód. Penal es competente el juez del domicilio del banco girado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Elena O. PULVIRENTI DE ALBERTE y otros c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO) s/ SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-10

Las sentencias de la Corte deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso extraordinario.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: Quipildor, Américo Ismael c/ Atilio Mosca S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-08-21

Si bien la conclusión de los peritos, carece de valor vinculante para el órgano jurisdiccional, aunque sea categórica o unánime las opiniones por ellos vertidas, también es cierto que para apartarse de las conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se haya reñida con principios lógicos o máxima de experiencia o de lo contrario de que existan en el juicio algún elemento probatorio de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos.
Juicio ejecutivo, excepción de quita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vicente, Néstor c/ Don Angel S.R.L. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-16

La voluntad de renunciar no se presume, siendo restrictiva la interpretación de los actos en los cuales se intente fundar la excepción de quita.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), calidad de parte, agravio concreto, inadmisibilidad del recurso, costas
Materia: LABORAL
Carátula: RODRÍGUEZ GALÍNDEZ CESAR, TOYOS JULIA TAMARA Y OTROS c/ RACEDO ALBA BEATRIZ s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-26

El art. 73 CPL establece "Serán inapelables todas las resoluciones que se dicten durante el proceso de ejecución de sentencia, con excepción de aquéllas que declaren o denieguen la nulidad del procedimiento, por vicios anteriores al proceso de ejecución, cuando puedan afectar la legítima defensa". Y si lo principal es inapelable, lo resuelto sobre las costas, también lo es, por aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, injurias recíprocas (civil)
Materia: CIVIL
Carátula: S.L.E. c/ V. de S.S.S. s/ DIVORCIO - ADULTERIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-13

La causal de injurias graves es toda especie de actos ejecutados en forma verbal, por escrito o materialmente, que constituyan una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su honor, reputación o dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades, sin que se requiera la reiteración de tales hechos, pues uno solo puede bastar para decretar su procedencia (conf. borda, "Familia", t.I.363, N'483;

Belluscio, "Derecho de Familia", p.228, N'736; Zannoni, "Derecho de Familia", t.II, p. 86, N'552; Mazzinghi, "Derecho de Familia", t III, p.77, N'405).

Si bien el hecho de ser víctima de una causal de divorcio no autoriza a injuriar, es verdad que quien está sufriendo un grave y permanente agravio puede tener reacciones que en estas circunstancias no autorizan a decretar el divorcio también por su culpa, aunque tal vez fueran suficientes si no mediaran tales circunstancias.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Espíndola, Héctor Oscar s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

La inconstitucionalidad del art. 38 del dec. ley 6582/58 se sustenta, entre otras fundamentaciones, en que no se transgrede la garantía de igualdad (art. 16, Constitución Nacional), resulta de aplicación cuando el art. 38 del dec. ley 6582/58 se halla en función del art. 162 del C.P. pues también contempla una escala penal incrementada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, interpelación, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: García, Eduardo Ramón c/ Ricardo Ariel González Zund s/ Remuneraciones, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-08-31

No tiene andamiento el agravio del demandado, contra las indemnizaciones impuestos en la sentencia de primer grado, ya que resulta de significativa importancia la falta de conocimiento de la respuesta a la intimación cursada por el trabajador en orden al despido verbal allí consignado en tanto que, por aplicación del art.57 de la ley 20744, contribuye a dar verosimilitud a la aserción del actor que fue el despido la causa de la extinción laboral habida entre las partes. La obligación de responder a una intimación es un principio general de derecho, tanto más exigible en el fuero laboral, ya que constituye una derivación lógica de lo dispuesto a su vez en los arts.62 y 63 de la ley 20744 que "obliga" a las partes a proceder con corrección y buena fe; además de ser propia de un comportamiento de un buen empleador y trabajador.
Seguro de caución, tomador del seguro, obligaciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: INSTITUTO PROVINCIAL DE SEGUROS c/ AVILA DE KARAMANEFF JULIA S. Y OTROS s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-03-11

En el caso en autos, la cláusula de la póliza y el art. 81 de la ley de seguros establecían una obligación de informar que no fue acatada por el tomador en ninguna de las tres pólizas asumidas y, en consecuencia, le corresponde responder por este incumplimiento.

Corresponde aplicar los arts. 81 segundo párrafo y el 41 de la Ley de Seguros por cuanto, al estar en vigor la cobertura entre el tomador y la asegurada, se encontraba también en vigencia la obligación de información sobre el tomador. El incumplimiento de la comunicación del cese de la responsabilidad mantenía vigente sobre el tomador la obligación de pagar la prima y, en consecuencia, no puede declararse la prescripción pretendida por el recurrente.
Delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Derecho, Rene Jesús c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal -causa N° 24.079-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-11

La obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos lo es en el marco y con las herramientas del Estado de Derecho, y no con prescindencia de ellas. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Alteración de la tranquilidad pública, prueba, prueba testimonial, apreciación de la prueba, bien jurídico protegido, acta contravencional, hecho diverso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ E. P, F. J s/ artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-08

Corresponde absolver al encartado de la imputación que se le formulara respecto de la alteración de la tranquilidad pública, toda vez que las testimoniales producidas durante la audiencia de juicio no permiten tener por configurada la mentada lesión al bien jurídico que tutela la norma del artículo 71 del Código Contravencional. En lo que hace a lo expresado por el denunciante, se colige de su testimonio que la alteración a la que alude y que recoge la Judicante para condenar al imputado, se refiere a un episodio diferente acontecido en un sitio distinto al consignado en el acta contravencional que es cabeza de los actuados. Tal circunstancia en modo alguno podría validarse por no resultar ajustada a derecho. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Declaración de puro derecho, prueba, segunda instancia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Elbas, Joaquín c/ Marinovich, Dragofe s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1972-08-07

Estando consentida y firme la declaración de cuestión de puro derecho por la preclusión que se operó, es improcedente la producción de prueba en segunda instancia que pretende el recurrente.
Inconstitucionalidad, indemnización por incapacidad, enriquecimiento sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: JARA VICTOR LUIS ALBERTO c/ PROVINCIA DE CORDOBA s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-01

El planteo de inconstitucionalidad del art. 13 bis de la Ley 9688 debe ser rechazado en razón de la falta de fundamentación suficiente del planteo y considerar que la aplicación de dicho dispositivo a contrario sensu no resulta ser factor de enriquecimiento sin causa.-
Nulidad del acto jurídico, incidentes, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ PEREA PABLO Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-10-20

El planteo de nulidad se efectuó habiendo transcurrido ampliamente el plazo previsto en el art. 171 del C.P.C.C., por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada, careciendo de relevancia jurídica a favor de la parte recurrente las gestiones extrajudiciales que haya realizado durante el tiempo de su inactividad procesal ni la compañia que invoca durante la realización de tales trámites.
Daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: A.,M.L. c/ S.,C. y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-25

La evaluación del daño moral, que constituye la lesión en los sentimientos y las afecciones legítimas, resulta una tarea delicada pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior -art. 1083 del Código Civil- sino que mediante el dinero se trata de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia, según ha entendido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Berns,  Jesica  Lorena c/ Hoteles Sheraton de Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

Resulta inconstitucional el decreto 146/01 que al reglamentar el art. 45 de la ley 25345 exige al empledo esperar un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción del contrato de trabajo, para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria que se impone al trabajador constituye un exceso reglamentario en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 ley 25345). De acuerdo con lo dispuesto por el art. 99, inc. 2 de la C.N., referido a los decretos reglamentarios, éstos no deben alterar el espíritu de la ley que reglamentan con excepciones reglamentarias, esto es, que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a ley. El decreto no debe afectar la sustancia de texto legal. El decreto 146/01 desnaturaliza la ley que reglamenta pues la requisitoria que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta. (del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría. En igual sentido se expidió en los autos "Daix Odina, Elizabeth c/ La Tortería SRL s/ Despido", S.D. 39717 del 09/11/2006, expte. 19358/05, publicado en el Boletín de Novedades Nest 264).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Estado Provincial - (casación) c/ Abelardo José Monteros y otra s/ daños y perjuicios).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que satisface sólo de manera aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Ejecución hipotecaria, emergencia económica, dólares, tasas de interés, tasa del 8% anual
Materia: CIVIL
Carátula: PRADA,  Isable  Matilde c/ GIMÉNEZ, Felipe Benicio s/ EJECUCIÓNHIPOTECARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

Cuando la sentencia dispone llevar adelante la ejecución en dólares estadounidenses, resulta razonable fijar en el ocho por ciento anual la tasa de interés aplicable, comprensiva tanto de los compensatorios como de los punitorios, decisión que valora las tasas pautadas por el mercado tanto nacional como internacional para estas operaciones.