Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-29


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los ...29.... días del mes de Marzo del año dos mil siete, reunido en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia del Dr. Fernando S.L. Royer y asistencia del Sr. Ministro Dr. José Luis Pasutti, para dictar sentencia en los autos caratulados:

"R., L. A. y Otro c/ E. D. y Otra s/ORDINARIO" (Expte. N° 20.349R2005), y teniendo en cuenta el sorteo practicado a fs. 1245, el Acuerdo N° 0012/07 Sala Civil, y de conformidad con lo dispuesto por la Acordada N° 3204, resultó el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. Pasutti y Royer.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente el Recurso de Casación? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. Pasutti dijo:

I). ANTECEDENTES 1). Los Sres. L. A. y J. R. promovieron demanda por daños y perjuicios contra los Sres. E. D. y C. R.; y el ente societario "B. D. e Hijos S.R.L." por la suma estimada de A 9,50 (Australes nueve con cincuenta ctvos.), con imposición de costas (fs. 71/81 vta.).

En el relato de los hechos, los actores explicitaron que persiguen la determinación de la responsabilidad extracontractual de los demandados y la condena resarcitoria por los daños sufridos por el delito de estafa perpetrado en su contra.

Indicaron que el proceso penal fue iniciado en enero de 1979, obteniendo sentencia condenatoria de primera instancia el 15 de septiembre de 1987 contra los Sres. E. D. y C. R., mientras que la Cámara de Apelaciones se pronunció en definitiva el 18 de noviembre de 1988, resultando ambos condenados por el delito de estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado a la pena de prisión de un año y seis meses para el primero; y de un año para el segundo.

Sostuvieron que han sufrido menoscabos de tipo material y moral a raíz de este hecho delictivo. Al daño material lo vinculan con los importes efectivamente percibidos por la persona jurídica demandada como resultado de la ejecución de una sentencia ejecutiva dictada por un Juzgado del Fuero en la ciudad de Bahía Blanca.

En este proceso ejecutivo, le fueron embargados la totalidad de los bienes patrimoniales, e hizo que el desenvolvimiento empresario fuera frustrante en la medida que el pagaré, base de la ejecución iniciada por el ente societario ascendía a la suma de dólares americanos un millón que repotenciados conforme el índice de precios minoristas nivel general, con más un 10% de interés anual implicó la suma de australes dos millones aproximadamente.

En cuanto al daño moral, manifestaron que como consecuencia del delito perpetrado, en plena época de las fiestas de fin de año, 28 de diciembre de 1978, se produjo la ruptura de los lazos afectivos dentro del seno familiar; y el padecimiento y angustia sufridas no sólo por ellos sino también por sus familiares al encontrarse los bienes gravados; y que en su dinámica productiva generaban el estándar de vida a que estaban acostumbrados.

Explicitaron, que ambos debieron afrontar actividades en relación de dependencia, disminuyendo considerablemente sus ingresos.

Entendieron que al encontrarse frente a un delito material que produjo efectivamente daño, corresponde hacer aplicación del art. 1.101 del C. Civil en la medida que el hecho principal ha sido acreditado mediante el proceso penal que precediera a esta litis y que ofrecen como prueba documental.

De allí, que consideraron que la materia propia del presente proceso esté vinculada a la magnitud del daño experimentado y a la relación de causalidad jurídica entre el hecho imputado y el daño.

En lo que respecta a la persona jurídica demandada, los actores fundaron su pretensión en el art. 43 del Código Civil y arguyeron que la estafa fue consecuencia del actuar de E. D. y C. R. en donde el primero de los nombrados otorga un mandato a un profesional letrado de la Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca) para que promoviera la ejecución de un supuesto pagaré que representaba la suma de pesos moneda nacional noventa y cinco millones en nombre y representación de la persona jurídica "B. D. e Hijos S.R.L.". Destacaron que el precepto legal no limita el resarcimiento del daño causado por el órgano y que abarca todo daño resarcible; y al referirse a la relación de causalidad dijeron que en el caso actuó un apoderado de "B. D. e Hijos S.R.L."; habiendo concurrido la totalidad de sus miembros al proceso penal, y que aquella conducta fue consentida por cada uno de ellos. La responsabilidad de la persona de existencia ideal emerge de la conducta de E. D. que se sirvió de dicha persona jurídica para producir el hecho ilícito.

En cuanto a los rubros que reclamó, incluyeron el daño actual (sufrido el 28 de diciembre de 1978) que son los perjuicios que han sufrido hasta el presente, el daño futuro que son los perjuicios aún no sufridos, pero hay certeza que se producirán; y el daño eventual concebido como aquel que puede producirse en el futuro, debiendo mediar una relación de causalidad con los hechos ilícitos investigados en autos Refirieron a la prueba documental que pretendían incorporar al proceso, a la reserva de ofrecer la restante en la etapa procesal oportuna y formularon petitorio de estilo.

2). A fs. 103/108 vta. los codemandados E. D. y "B. D. e Hijos S.R.L." se presentaron oponiendo excepción de defecto legal; y además de prescripción y falta de legitimación pasiva la segunda; siendo respondidas por la parte actora a fs. 110/113 vta., y rechazadas en Primera Instancia mediante interlocutoria que obra a fs. 117/118 vta..

Contra la mentada resolución se alzaron los codemandados; por lo que la correspondiente sentencia interlocutoria de fs. 160/163 (02/08/1990) confirmó el resolutorio de origen en lo que respecta a la excepción de defecto legal; y ordenó diferir el tratamiento de las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva para el momento del dictado de la sentencia definitiva.

3). En relación al codemandado R., fue declarado rebelde a fs. 115 vta. (24/04/1989), resolución que adquirió firmeza según constancias de fs. 147 y vta..

4). A fs. 205/214 vta. los codemandados presentados, contestaron demanda y solicitaron su rechazo con expresa imposición de costas y el máximo de la multa procesal por haber incurrido en plus petición.

5). El Sr. Juez de Refuerzo de Primera Instancia a fs. 977/983 vta. y 992 vta. falló del siguiente modo: 1) hizo lugar a la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por el ente societario "B. D. e Hijos S.R.L.";

2) rechazó la excepción de prescripción opuesta por el codemandado E. D.; 3) hizo lugar a la demanda y condenó a los codemandados E. D. y C. H. R. a abonar en forma solidaria a la parte actora, la suma de $ 0,0009 que debe actualizarse hasta la fecha de su efectivo pago, conforme mecanismo plasmado en el considerando respectivo; y por último, impuso costas y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

6). Contra tal pronunciamiento se alzó la parte actora a fs. 984 y el codemandado E. D. a fs. 994. La parte actora expresó agravios a fs. 1026/1032 vta. y 1038/1040, recibiendo la repuesta de la contraparte a fs. 1049/1054 vta. y 1057/1058 vta. ("B. D. e Hijos S.R.L."). A su turno, también expresó agravios el codemandado E. D. a fs. 1042/1048 7).

A fs. 1063, habiéndose denunciado el fallecimiento del codemandado, C. H. R. se ordenó la suspensión del procedimiento hasta tanto la parte actora denuncie los herederos a los fines de su citación a juicio (10/09/2004). La parte actora cumplimentó a fs. 1067, ordenándose la correspondiente notificación para la comparencia a juicio, bajo apercibimiento de seguir el juicio en rebeldía.

Encontrándose debidamente notificados los herederos denunciados (fs. 1071/1072) no se presentaron a la litis. La Cámara por providencia del 02/12/2004 hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 1078 y los declaró rebeldes (fs. 1073); encontrándose firme, según constancia de fs. 1074/1077 vta.. El procedimiento se reanudó a fs. 1078 (30/12/2004).

II). SENTENCIA DE CÁMARA La Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, a fs. 1084/1110, declaró la nulidad de la sentencia de Primera Instancia, desestimó las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva opuesta por la codemandada; e hizo lugar parcialmente a la demanda incoada, condenando a "B. D. e Hijos S.R.L.", E. D. y C. H. R. a pagar solidariamente a L. A. R. y J. R. la suma de Pesos Noventa mil trescientos setenta y ocho ($ 90.378), devengando un interés equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el caso de incumplimiento. Impuso las costas de la instancia de grado a la demandada vencida, y las de Segunda Instancia en el orden causado; y reguló estipendios profesionales.

Conforme a la votación, el orden para expedir los respectivos votos fue el siguiente: Dra. Nélida Susana Melero, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

En primer término, y antes de entrar en el fondo de la cuestión planteada por las partes, las Sras. Camaristas declararon de oficio la nulidad de la sentencia de grado por haberse incurrido en un exceso en el ejercicio de la atribución conferida por los arts. 36 inc. 3ro. y 166 incs. 1ero. y 2do. del C.P.C.C.; y por insuficiencia en la consideración de prueba esencial aportada a la causa (expediente penal incorporado como prueba a esta litis).

Obtenido así mayoría, la Dra. Reynoso de Roberts hizo uso de las facultades que le confiere el art. 271 del C.P.C.C..

Ingresando en el tratamiento de las cuestiones sometidas a la Alzada, las dos primeras Camaristas analizaron las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva en forma conjunta por estar íntimamente vinculadas.

Ambas coincidieron en que la denuncia hecha en sede penal equivale a la querella a los fines de operar la suspensión del curso de la prescripción, máxime cuando el ordenamiento procesal penal del que se trate no registra la figura del querellante adjunto, debiendo siempre en caso de duda, estarse a la subsistencia del derecho, siendo esta solución coherente con el texto del art. 3.982 bis del Código Civil.

Por lo que siguiendo autorizada doctrina y jurisprudencia, agregaron que el efecto suspensivo de la querella se produce respecto de todos los responsables aunque se haya querellado sólo a uno de ellos.

Es así, que a modo de síntesis, la Dra. García Blanco sostuvo que la suspensión de la prescripción por querella alcanzó a la empresa "B. D. e hijos S.R.L." y si bien no es unánime la jurisprudencia, por las distintas posturas que se desarrolló, se posicionó concretamente en aquella que interpreta que querella y denuncia guardan un significado equivalente a los fines de considerar la suspensión de la prescripción.

Razones prácticas justifican esta causa de suspensión, pues permite esperar el resultado de la acción penal antes de accionar por resarcimiento, sin correr el riesgo de demandar apresuradamente, cargando luego con las costas del desistimiento en sede civil. Se explicitó que la prescripción se reanuda cuando la sentencia penal queda firme.

Ello sucede ante el sobreseimiento absoluto, la absolución o la condena decretadas en el pronunciamiento criminal y que la suspensión prevista por el art. 3982 bis del C.C. alcanza exclusivamente a las acciones civiles resarcitorias ex delito o ex quasi delito y tiene por objeto liberar a la víctima del angustioso plazo establecido por el art. 4037 del C.C..

Por ello, y haciendo mérito de las pruebas producidas en autos, e incluso de la declaración indagatoria prestada por la Sra. B. L. de D. reconociéndose como integrante de la sociedad junto a sus hijos A., M. y E. D. con la aclaración que la firma es una sociedad familiar, dio por caído los argumentos que expresaron A. D., M. A. D., C. H. R. y E. D., a lo que se suma que conforme emerge del Poder General para juicios fs. 4/vta. expte. penal con fecha 30/12/77 en la ciudad de Bahía Blanca, el señor E. D. confirió poder a los abogados Dres. F. O. y G. R. A. en nombre y representación de la empresa "B. D. e Hijos S.R.L.".

Entendieron que fue el ente societario demandado el que en definitiva se benefició con los retiros de dinero en el proceso ejecutivo que tramitó en jurisdicción de Bahía Blanca, los querellados utilizaron como justificativo de su conducta el accionar comercial o empresarial, y los créditos de las personas ideales y los cheques judiciales fueron librados a favor de la sociedad.

Consideraron que resulta de aplicación el criterio que todo administrador debe comprometerse con el conjunto de actividades concretas que desarrolla siendo clarificador de este aserto el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales vigente (LSC); e incluso dejaron sentado que la Jurisprudencia ha considerado que el principio contenido en el art. 43 del Código Civil es aplicable analógicamente a la responsabilidad del principal por el hecho dañoso cometido por el dependiente en ocasión o con motivo de sus funciones.

A continuación, y haciendo un cotejo de la causa penal, se sostuvo que por sentencia definitiva N° 85 del 18/11/88 quedó finalizada la instrucción y condena criminal a los codemandados D. y R. por encontrarlos incursos como autores responsables en el delito de estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado (arts. 26, 29 inc. 3ero., 172 y 292 del C.P.); y que del cargo de la oficina de Adjudicación de causas civiles y comerciales (fs. 81 vta.) la presente acción civil se interpuso el día 12/12/88, razón por la cual, concluyó que, aún en la fecha indicada por el codemandado "B. D. e Hijos S.R.L." (fs. 106 vta., 15/12/87), la presente acción no está prescripta y que tampoco existió falta de legitimación pasiva con respecto a los codemandados "B. D. e Hijos S.R.L.", correspondiendo el rechazo de las excepciones de prescripción y de falta de legitimación pasiva de dichos codemandados E. D. y "B. D. e Hijos S.R.L.", siendo responsables solidariamente con C. H. R. respecto de los daños que determine.

A su turno, la Dra. García Blanco, aún en la misma línea trazada, sostuvo que no podía soslayar lo que surge del expediente penal, que la denuncia se presentó el 24 de enero de 1979, los actores se constituyeron en querellantes el 10679 (fs. 82, 14 vta., fs. 83), la sentencia penal se dictó el 181188, la demanda civil se interpuso el 91288, por lo que computado el lapso anterior a la denuncia, e incluso a la demanda en que se produjo la suspensión y el posterior desde la sentencia penal hasta la interposición de la demanda civil, emerge con claridad que no transcurrió el tiempo previsto en la norma para declarar la prescripción.

Asimismo, destacó lo dicho en sede penal respecto a que el perjuicio requerido por el tipo para su configuración se dio cuando el pagaré adulterado se ejecutó.

Por otra parte, para desestimar ambas excepciones, agregó que el daño se produce con el embargo el 291278 y allí comienza a computarse el plazo prescriptivo que es suspendido con la denuncia en enero de 1979, o en la hipótesis restrictiva con la querella (6 meses después).

A continuación la Alzada se refirió a otros de los ejes centrales sometidos a su decisión, esto es, la relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños que reclama la parte actora; por lo que he de expresar la opinión vertida por cada una de las integrantes de la Sala por haber mediado en esta temática disidencia.

La Dra. Melero, primer votante, manifestó que acreditada la antijuricidad (ilicitud) de la actuación de la parte codemandada a través de la adulteración del monto de un pagaré y su posterior ejecución, guardando relación causal adecuada con el suceso que obliga a responder (arts. 906 y ccdtes. del Código Civil) y que en base a que deviene de una responsabilidad extracontractual la reparación comprenderá no sólo las consecuencias inmediatas sino también las mediatas previsibles (arts. 901, 903 y 904 C.C.).

Agregó que desde otro aspecto, también debe justipreciarse la certeza del daño, lo cual admite varios niveles desde la seguridad sobre su existencia (como si se trata de perjuicios ya sucedidos y plenamente comprobados) hasta la probabilidad objetiva (arts. 1067, 1068 y 1069 del C.C.). En este orden de ideas, citó doctrina (conf. Bueres Highton, "Código Civil..." edit. Hammurabi SRL, mayo de 2000, tomo 3A, pág. 102 que expresa:

"En general, se han relacionado las manifestaciones del daño patrimonial (daño emergente o empobrecimiento y lucro cesante o pérdida de un E.cimiento) con la noción estricta y técnica de patrimonio, conjunto de bienes exteriores a la persona, susceptibles de apreciación pecuniaria (art. 2312)...

De esa manera, quedaría excluida del daño patrimonial el perjuicio causado al sujeto mismo que no se traduce en concretas pérdidas de bienes económicos o en la frustración de ganancias monetizables... Según nuestro entender, la concepción de daño patrimonial debe ser más amplia, no restringida a la afectación de bienes distintos del sujeto mismo... Puesto que, como lo indica Vélez Sársfield en la nota al art. 2312:

"Bajo una relación económica, las facultades del hombre constituyen sin duda la riqueza", aunque, "no hacen parte de sus bienes" por carecer de significación pecuniaria intrínseca... Así pues, la noción de lo "patrimonial", a los efectos de una formulación del perjuicio de esta índole, deben comprender las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica".

En los considerandos siguientes se ocupó de hacer un análisis del material probatorio incorporado al expediente penal (fs. 1091 y vta.); y a la presente causa (fs. 1091 vta. último párrafo/1092); para ratificar que la responsabilidad que se determinó es de naturaleza extracontractual; por lo que la reparación comprende las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles (arts. 901, 903 y 904 C.C.); no considerando de aplicación el art. 1069 con el 2do párrafo agregado por la Ley N° 17.711 del Código Civil por haberse acreditado el dolo del acreedor.

Para la cuantificación de los daños, entendió que como el presente caso data del año 1978, es decir, que a la fecha de su voto ya habían transcurrido veintiséis (26) años, durante los cuales las variables económicas fueron múltiples, desde la hiperinflación hasta la Ley de Convertibilidad N° 23.928 (B.O. 28/03/91) pasando actualmente por un período de ajuste y corrección de política económica variable, por lo que deja de lado cualquier tipo de actualización basada en fórmulas matemáticas abstractas y genéricas, y estimó los daños sobre valores reales de mercado económico financiero regional a la fecha del pronunciamiento.

Así, fijó prudencialmente, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 165 del C.P.C.C.Ch. en la suma de pesos setecientos mil ($700.000) en concepto de daño patrimonial y en la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) en concepto de daño moral (art. 1078), ambos desde la fecha de la sentencia y desde esta fecha y hasta su efectivo pago se devengará sobre dicho capital la tasa de interés activa utilizada por el Banco de la Nación Argentina.

Finalmente, impuso las costas de ambas instancias a los codemandados vencidos (art. 68 del C.P.C.C.) y difirió la regulación de honorarios para el momento del acuerdo.

La Dra. García Blanco, retomando sus dichos, en párrafos precedentes, sostuvo que solo una suma de dinero fue incorporada al proceso ejecutivo por lo que hubo una inamovilidad de dinero, no obstante lo cual, analizó la conducta procesal desplegada por los actores en el mentado proceso ejecutivo; destacando que los Sres. R. no opusieron excepciones, y las presentaciones que efectuaron en dicha causa fueron posteriores al momento procesal, y desestimadas por el magistrado interviniente, lo que denota deficiencia en el cuidado de sus propios intereses, y es precisamente esa conducta omisiva del cuidado de los propios intereses que no puede ser obviada, además de no haber constancia alguna que los Sres. R. hubieran pedido el levantamiento o reducción de los embargos de los bienes que nunca fueron rematados, cuando se transfirió dinero al expediente ejecutivo a cuenta de capital (ver fs. 134, fs. 135 y vta. e informe del Secretario del Juzgado Civil, del expte. penal).

A ello, añadió que poco le favorece el informe pericial pericia contable (de fs. 698/700) ya que si bien hay determinaciones de activos y pasivos, en punto a lo que aquí interesa, la contadora contestando a la pregunta si era previsible derrumbe económico por causa del "pagaré", respondió que no (fs. 705), establece los activos de los Sres. R. al año 1990 en un millón de pesos.

Además del informe del secretario del Juzgado acompañado en la causa penal, surge que los bienes embargados quedaron en depósito de R., si bien puede existir un perjuicio en lo que respecta a la inmovilidad de los mismos, las herramientas de trabajo subsistieron en manos de los actores, así como también los inmuebles y los vehículos no impidiendo el desarrollo normal de actividades.

Asimismo, puso énfasis e hizo mérito de la documental acompañada por la demandada que no fue desconocida por la parte actora, un informe y actuaciones del B. P.. del C. y el de Y.............. de fs. 180 vta. y 181 a fs. 193 e incluso de prueba testimonial y confesional (fs. 1098/1110).

En orden al daño moral, dijo que fue difusamente planteado al incoarse la demanda, y que no fue acreditado en autos, con una excepción, que fue una declaración testimonial (fs. 738), que dio cuenta de haber visto a R. trabajar en relación de dependencia y mal de ánimo.

Rechazó el rubro y citó doctrina de aplicación. Explicitó que los Sres. R. como personas físicas nada han demostrado, ni indicaron en la demanda cómo fueron dañados en su espíritu.

Resumió lo analizado, diciendo que el hecho ilícito ha sido probado, mientras que el daño producido por el mismo, si bien no fue precisado en la demanda, no ha sido en la medida de lo solicitado pues no se acreditó ni el derrumbe económico de la empresa, como manifiestan los accionantes y conforme surge de la pericia contable (como daño emergente y daño futuro, y/o pérdidas de chances, etc. según escrito de demanda) ni el daño moral.

Consideró, sin embargo, que existió un daño material que está dado por el dinero, la suma que entre marzo y abril del año 1982 fue depositado en el pleito ejecutivo que tuvo como base el pagaré adulterado una cambial que no se correspondía con la suscripta y suma extraída por el representante legal de "B. D. e Hijos S.R.L.".

Ello implicó ciertamente un perjuicio que ha de resarcirse, limitado a la imposibilidad de disponer de un dinero que fue depositado y retirado por "B. D. e Hijos S.R.L." en el juicio ejecutivo al que vengo haciendo referencia, no sin antes dejar establecido que dicha suma estaba depositada en otro expediente que se tramitaba en la ciudad de Comodoro Rivadavia, según informe del Secretario del Juzgado Civil de B. Blanca. Por ello, tomó a este monto como base del cálculo del resarcimiento pretendido.

Por lo expuesto, el resarcimiento lo hizo prosperar por $90.378, conforme la demanda incoada, las constancias de autos y las facultades para la determinación del daño previstas en la norma procesal (art. 165 del C.P.C.C.Ch.).

Explicitó que dicha suma surgió de la elaboración intelectual de convertir a moneda vigente el importe de $136.200.000 (redondeo del dinero extraído por los actores en el proceso ejecutivo), aplicar el índice de costo de vida nivel general de marzo de 1982 a 31391, más un 6% de interés anual, y a partir de marzo de 1991 a febrero del 2005 la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, todo sobre dicho importe.

Asimismo, añadió que la suma condenada de $90.378 debía ser abonada a los 10 días de notificada la presente caso contrario se agregaría la tasa de interés del Banco de la Nación Argentina por la demora que se incurra en el pago.

En materia de costas, las de Primera Instancia, en tanto fue declarada nula la sentencia, las impuso a las demandadas vencidas conforme principio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.Ch.); mientras que las de la Alzada, en mérito a que la sentencia de grado fue decretada nula, sin petición de parte recurrente; y al haberse presentado escritos sosteniendo los recursos y respondiendo los de sus contrarios, las estableció por el orden causado; y difirió la regulación de los honorarios al momento del Acuerdo; dando las pautas cualitativas a considerar.

Finalmente, emitió su voto la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts dejando aclarado, que en uso de las facultades que le confiere el art. 271 del C.P.C.C. sólo se iba a expedir sobre aquellas cuestiones litigiosas sobre las que sus colegas no han concordado.

Es así, que advirtió coincidencia en el rechazo de las excepciones interpuestas, así como en la tasa de interés a aplicar, no haciendo lo propio respecto de la relación de causalidad entre el hecho ilícito y los daños que reclama la parte actora.

Comenzó, señalando que se encuentra probado y sobre ello no se aventa duda que E. D. y H. R. cometieron el delito de estafa en concurso ideal con falsificación de documento privado en perjuicio de L. A. V. R. y J. R., como consecuencia de la ejecución de un pagaré adulterado por la suma de $95.500.000, cuyo original ascendía a la suma de $5.500.000.

Además, que fue la maniobra de los demandados, lo que provocó que se hiciera lugar a la ejecución solicitada en los autos: "B. D. e Hijos SRL c/ R., L. A. y otro s/ Ejecución", Expte Nº 26.884/78, que tramitaran ante el Juzgado Civil de Bahía Blanca y en donde se ordenara el embargo de bienes muebles e inmuebles en fecha 291278 (fs. 45 y 713), recibido la suma de $136.167.854 (denominación en circulación legal en 1982) por medio de cheques, situación reconocida a fs. 207 vta..

Tal situación provocó al decir de los R., el quiebre de su empresa y demás consecuencias que ya detallara y por la que requieren sean indemnizados. Citó distinguida doctrina, sosteniendo en otras cosas, que la acción que se capta en la responsabilidad civil es la que produce un daño. Es decir, este resultado es vital en el concepto de acción, ya que no se concibe la misma sin él, a lo que debe sumarse, la manifestación de voluntad y el nexo causal.

Siguió explicitando que el principio de no dañar a otro es común en las órbitas de la responsabilidad contractual y extracontractual, encontrándose no sólo en el art. 1197 sino en los arts. 1066, 1109 y 1074, es más, la prohibición de no causar daños es un principio general del derecho que puede surgir de numerosas normas; pero a fin de responder por los daños que se reclaman por el hecho ilícito, debe demostrarse la existencia de los mismos con certeza, pues para determinar el daño es preciso tener en cuenta no sólo las consecuencias perjudiciales del acto ilícito, sino también, los perjuicios que el mismo le produjo.

Arguyó que para ello, es preciso entonces efectuar un detallado y pormenorizado análisis de las pruebas incorporadas para concluir si las pretensiones del actor son fundadas, y si fue la acción ilícita de los demandados lo que produjo los infortunios materiales y morales que pretende sean resarcidos.

Así, del expte. penal, constató que el mandamiento de intimación y pago de la ejecución que promoviera el demandado fue notificado el 29/XII/78, por la suma de noventa y cinco millones quinientos mil pesos, que le reclamaba "B. D. e Hijos S.R.L." en autos "B. D. e Hijos S.R.L. contra R. L. A. y otro s/ Ejecución" que tramitó en el Dpto. Judicial de Bahía Blanca, más la suma de veintiocho millones de pesos, estimados provisoriamente para responder a intereses, gastos, y costas del juicio; y destacó que del informe de Secretaría de fs. 713/714 referido a este proceso ejecutivo, no obraban constancias de haberse realizado remate alguno, y el monto percibido por el abogado apoderado de la Persona Jurídica actora en concepto de capital reclamado, fue producto de un embargo y posterior transferencia del juicio "R. L. A. y otro c/ B. D. e hijos S.R.L. s/ juicio ejecutivo", expte. 628/79 del Juzgado de Comodoro Rivadavia y por un monto de $136.167.834, percibiéndose a cuenta de capital $109.000.000 (resolución judicial del 4282 de fs. 221) y una segunda extracción a cuenta de capital de $27.167.854.

En cuanto al material probatorio de esta litis, refirió al informe del RNA de fs. 752 que indica la situación de los vehículos de los R., entre los años 78/81, así como las condiciones en que se encontraba el mismo; a la tasación de bienes de los R. de fs. 679, con fecha 11 de febrero de 1992; y la pericial contable de fs. 698/706 que dice indicarle los bienes que detentaban en propiedad los actores a diciembre de 1978, señalándose que si bien de la documentación con la que se contaba no se pudieron precisar los bienes que le quedaron al actor después de 1978, sí se pudo explicar que como consecuencia de un crédito hipotecario a favor del B. C. fue subastado el inmueble identificado como lote "....", manzana ............... del Bº .................., y además que con fecha 110297 el B. C. solicitó inhibición de bienes de los actores, debido a que no se había podido detectar "ningún bien" susceptible de propiedad de éstos, actualizó la suma del pagaré base del conflicto, y determinó que la suma asciende a $1.119.230,56, con fecha 492; indicó que los bienes de uso podían ser utilizados para producción, agregando que con relación al monto del pagaré, éste no hace previsible un derrumbe económico, aclarando que en un análisis de un estado patrimonial influyen otras variables que pueden desmejorar este resultado. Señaló que el monto percibido por D. actualizado al 4/92 ascendía a $26.978,85, sobre lo que se solicitó a la perito explicaciones, que no fueron dadas.

Luego, la Sentenciante continuó haciendo mérito de otras pruebas que detalló, tales como la fecha de iniciación del proceso ejecutivo caratulado "B. c/ R.", por documentos con fecha de vencimiento 201278; 201178; 311278 y 1279, otorgados el 1 de noviembre de 1978, decretándose embargo el 28 de febrero de 1979, aduciendo el ejecutante que los R. tenían mala situación económica (27/02/79); informes de entidades bancarias y financieras obrantes en la causa penal acerca de los créditos obtenidos, grado de cumplimento, fecha, hipotecas que gravaban sus bienes, proceso de ejecución hipotecaria que iniciara una de las entidades bancarias y su resultado, atrasos en los pagos.

En especial, y en base a lo analizado concluyó que el juicio ejecutivo se inició en el año 1978, que librado mandamiento de intimación y pago y a fin de oponer excepciones, guardó silencio (fs. 134/135 de la causa penal), el embargo sobre bienes muebles e inmuebles se produjo el 29 de diciembre de 1979, continuando el actor en posesión de los mismos según surge del informe del actuario (fs. 713/714), por lo que a la fecha del embargo, las desaveniencias económicas de los R., eran ya evidentes, remitiendo expresamente a las notas del B. C. de la Cía. F. del S. A. F. S. A. y del B. N. de D..

Entonces, cerró su conclusión diciendo que la situación económica desfavorable de los R., existía ya con anterioridad a que se iniciara la ejecución y, por ende, antes que se embargaran los bienes (fs. 794, 440, 448); desbaratándose el argumento en punto a que no pudieron servirse de las cosas que hubieran necesitado a los efectos de mantener la actividad empresaria prestataria de servicios en la ciudad en mérito a lo informado por el actuario en sede penal en orden a que los bienes embargados quedaron en posesión del actor y no surge constancia de que se haya realizado remate alguno, más que el monto recibido por D. fue producto del embargo sobre sumas del expte. 628/79 "R., L. A. y otro c/ B. D. e Hijos SRL s/ juicio ejecutivo"; además de no haber podido constatar fehacientemente deudas y bienes, toda vez que la firma R., no llevaba libros contables rubricados (fs. 27 vta. del expte. 10.189/79).

Asimismo, fundó los motivos por los que prescindía de la prueba confesional y de la testimonial que se encarga de individualizar.

Destacó entonces, que la Suprema Corte de Buenos Aires ha sostenido que "Constituye un principio de larga tradición jurídica en materia de hechos ilícitos el que toda indemnización de daños supone forzosamente la realidad de éstos. La existencia del daño debe ser probada, y la carencia de esa prueba impide enrostrar la responsabilidad consiguiente a los autores del hecho (Ac. Sent. 1974, VI, p. 601 Morello.

"Cód. Procesales", t. VA) y asimismo que "aún tratándose de daño emergente o lucro cesante y sea que se accione por responsabilidad contractual o extracontractual, el perjuicio, para que sea resarcible, debe ser cierto y su prueba corre por cuenta del que los reclama y debe hacerlo fehacientemente aportando a la causa la información necesaria para su determinación por el juzgador, sin que sea bastante la posibilidad de la existencia de un perjuicio, pues no corresponde acordar indemnizaciones sobre la base de simples conjeturas" (Ac. 24.905, Reseña Jurisp. Col. Abogados Provincia de Buenos Aires, 1979, P.95).

Continuó diciendo que todo ello, reitero me convence, que no fue la ejecución del pagaré adulterado la causa del derrumbe económico de la empresa, máxime cuando en la demanda tampoco se determinó cuál era el daño producido, más, se solicita como monto indemnizatorio, en principio la suma que surgía del pagaré ejecutado, más allá que luego se dé otra cifra, y como bien lo señala la resolución de la Cámara, "la pretensión se ha sometido a prueba a producir", prueba que no ha logrado demostrar el nexo de causalidad que se requiere.

En cuanto al rubro "daño moral" dijo que los actores lo basaron en la ruptura de los lazos afectivos dentro del seno familiar, así como los padecimientos y angustias propias de afrontar un quebranto patrimonial al encontrarse gravados los bienes que en su dinámica productiva causaban el estándar de vida, debiendo comenzar a trabajar en relación de dependencia, o realizar tareas esporádicas, siempre bajo subordinación y dependencia económica (art. 1078 C.C.); a lo que agregó que, si bien surge de la causa que fueron embargados los bienes, como consecuencia del juicio ejecutivo, ello no le ameritaba admitir la pretensión por tal rubro; en la medida que la petición por este concepto, surgió al entender de los actores, por los padecimientos que sufrieron por el derrumbe patrimonial, que como ya lo había señalado no tuvo nexo causal con el documento adulterado.

Por último, coincidió con la Sra. Juez que emitiera el segundo voto, en la medida que existió un perjuicio económico, al percibir los demandados una suma que fuera ordenada por el juzgado en base a documentación que se probó, a través de la causa penal, fue adulterada, y que fuera embargado de los autos "R. L. A. y otro c/ B. D. e hijos SRL s/ juicio ejecutivo", expte. 628/79 del Juzgado de Comodoro Rivadavia y por un monto de $136.167.834, percibiéndose a cuenta de capital $109.000.000 (resolución judicial del 4282 de fs. 221) y una segunda extracción a cuenta de capital de $27.167.854.

Añadió que esta suma, a la fecha de su voto, asciende siguiendo a la vocal preopinante a $90.378, a la que arriba por las razones que dio y las que comparte.

En punto a las costas de la Alzada, en la que las Sras. Jueces no concordaron, las impuso en el orden causado, pues si bien la demanda ha prosperado parcialmente, existió un hecho ilícito que motivó el inicio de estas actuaciones, y que pudieron hacer creer a los actores que tenían derecho a ser resarcidos por todas aquellas situaciones que se suscitaron en su vida empresaria, y merituando las tareas desarrolladas por los profesionales, coincidió con los estipendios regulados por la Dra. García Blanco.

III). EL RECURSO DE CASACIÓN.

Interpone la actora a fs. 1125/1146 contra el fallo de la Cámara dictado a fs. 1084/1110 recurso extraordinario de casación fundado en los incisos "c", "d" y "e" del art. 288 del C.P.C.C.; mientras que la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L.", acude a esta vía a fs. 1149/1171 vta., por arbitrariedad de la sentencia.

La Alzada mediante sentencia interlocutoria, registrada bajo el N° 155/05 (fs. 1174/1176 vta.) declaró la inadmisibilidad formal del recurso interpuesto por la parte actora y la admisibilidad del recurso de la codemandada por la causal de quebrantamiento de forma y violación de la ley o doctrina legal por arbitrariedad (arts. 287 y 288 inciso "e" del C.P.C.C.).

A fs. 1208 vta. obra testimonio de Secretaría que da cuenta de la sentencia N° 74/06 dictada en el Recurso de Queja interpuesto ante este Tribunal, y que diera lugar a las actuaciones caratuladas "Recurso de Queja en autos: "R., L. A. y Otro c/ E. D. y otra s/ Ordinario" (Expte. N° 10.996/99) (Expte. N° 20.279R2005), y por la que se declara mal denegado el recurso de casación interpuesto por la actora.

Por sentencia interlocutoria N° 99/S.R.E./06 (fs. 1211/1212), el Superior Tribunal de Justicia declara bien concedido el recurso de casación del ente societario codemandado y reanuda el trámite previsto en el art. 293 del C.P.C.C. que fuera suspendido en la queja de referencia, y finalmente pone el expediente a disposición de las partes, haciendo uso de tal derecho solamente la parte actora a fs. 1218/1242 vta..

III1). RECURSO DE CASACIÓN DE LA PARTE ACTORA.

Cumplidos los presupuestos formales de rigor, e ingresando en los fundamentos en los que pretende sustentar el recurso impetrado, sostiene, como primer agravio, que la Alzada se pronunció sobre la existencia del hecho principal en contradicción con la sentencia condenatoria de la sede penal, avanzando sobre cuestiones que no eran de su competencia.

Existe error en el derecho aplicable, en cuanto se omite la aplicación del art. 1102 del Código Civil, no conteniendo el fallo, las pretensiones que dedujo oportunamente. Destaca que el juez penal analizó el instrumento falso utilizado para cometer el delito de defraudación, y determinó los daños y padecimientos morales que la acción delictiva les produjo.

En otros términos, dijo que la causa penal determina: a) quien debe responder y, b) la extensión del daño porque lo ha precisado. Todo lo que modifique esa sentencia afecta la cosa juzgada y el art. 1102 del Código Civil. Cita a continuación doctrina aplicable y dice que la tesis que propugna fue expuesta en una de las conclusiones arribadas en las Primeras Jornadas Australes de Derecho, llevadas a cabo en Comodoro Rivadavia en el año 1980.

Insiste la recurrente, que la pretensión deducida comprende el monto embargado (daño material) y el daño moral quedando al arbitrio judicial su fijación; y que la cuestión no radica si los bienes, luego del embargo, quedaron o no, en su poder, porque precisamente el endeudamiento financiero y comercial que tenían, si bien era acorde con su patrimonio, luego de ser embargada una suma equivalente a U$S 1.000.000 nadie le otorgó una refinanciación ni espera. Para una pequeña empresa implicaría una exclusión total del mercado.

Agrega que la sentencia ignoró referirse al lucro cesante y a la pérdida de chance, rubro éste que se encarga de definir citando doctrina. Dice que el fallo contiene posiciones manifiestamente contradictorias, porque si bien admite que se cometió un delito se les reprocha que no supieron defenderse bien, o que los bienes muebles embargados quedaron en su poder, o que estaban endeudados.

Hay contradicción en los términos del inciso "d" del art. 288 del C.P.C.C. porque se niega el daño moral evidente de todo delito criminal. Quien es víctima de un delito de esta especie, necesariamente sufre un perjuicio grave en su alma. No es compatible con una sentencia sostener que existió un delito criminal y que no hay daño moral o en su caso pérdida de chance.

En orden a la arbitrariedad alegada, cita copiosa jurisprudencia referida al tema, y señala como causales de la misma, las siguientes: a) falta de aplicación de la influencia proceso penal sobre el proceso civil; b) prescindir de aplicar los arts. 904, 906, 1077, 1078 y 1102 del Código Civil; c) omisión de ponderar el efecto que produce en una pequeña empresa un embargo por U$S 1.000.000;

d) negación del daño moral; e) omisión de considerar que el ente societario se benefició ilícitamente no sólo por el importe que percibió sino porque los derrumbó económicamente como competidor en su ramo empresa de transporte; f) deficiencia en la defensa de sus derechos sin darse cuenta que se está ante un acto criminal; y g) incongruencia por ingresar a temas no propuestos por las partes.

A continuación, señala como facetas de la arbitrariedad invocada, el exceso ritual manifiesto y la falta de motivación suficiente. En relación a la primera, cita numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y destaca que ella no tiene una importancia menor en autos para la correcta resolución de la causa.

De su aplicación se extrae con facilidad la existencia de los daños que experimentaron desde hace ya veintiséis (26) años. Son actos que sólo pueden ser demostrados con un apego al proceso penal más que al proceso civil, pues de allí se puede obtener la razonable solución del caso. Precisamente, el desconocimiento de esa fecha es un exceso ritual desprovisto de prueba acreditada en el proceso penal.

En orden a la falta de motivación suficiente del fallo (fs. 1145) que alega, arguye que tal carencia genera su nulidad, vulnerando el derecho constitucional del debido proceso y la defensa en juicio. La Alzada basa su sentencia en motivaciones que no alcanza a explicar.

El vicio radica en que la motivación esencial del pronunciamiento debió estar centrada en la aplicación de los arts. 1102, 1077, 1078, 904, 906 porque esas son las normas precisas que rigen la cuestión. Reitera, que el fallo carece de fundamentación por haber omitido considerar y tratar la influencia del proceso penal sobre el proceso civil.

Por último, añade que su derecho de propiedad también ha resultado afectado, al considerar la Dra. Melero la existencia de daños y utilizar ante la duda la regla del art. 165 del C.P.C.C. para su determinación; mientras que sus colegas de Sala, ni siquiera verifican daños, ni mucho menos el moral.

Formula reserva del Caso federal.

III2). RECURSO DE CASACIÓN DE LA CODEMANDADA "B. D. E HIJOS S.R.L." En cumplimiento a los requisitos formales del recurso impetrado, efectúa la reseña de la causa y de las sentencias de Primera y Segunda Instancia.

Por otra parte, en la oportunidad de fijar los alcances de la impugnación formulada, se observa que ha sido bifurcada en dos causales: violación de la ley y su doctrina legal (art. 3982 bis C. Civil, art. 43 C.C.) (apartado V de fs. 1156 vta. a 1166 primer párrafo); y quebrantamiento de formas (apartado VI de fs. 1166 a 1171).

En lo que respecta a la violación de la ley, comienza con un ataque a la excepción de prescripción que fuera rechazada por la Alzada. Manifiesta que de su sola lectura surge un rígido concepto y una aplicación irrestricta del art. 3982 bis del C.C.; y una incorrecta equiparación de la querella a la denuncia.

En primer lugar afirma, discrepando con el fallo, que la denuncia penal no interrumpe la prescripción de la acción civil, en tanto la norma alude solamente a la "querella criminal"; y que si bien el término "querella" debe interpretarse en forma amplia, no puede llegar a equiparárselo con la simple denuncia y darle valor suspensivo de la prescripción civil.

Cita doctrina y jurisprudencia que considera de aplicación, destacando el fallo plenario dictado en "M. M. c/ B. F. y otros s/ Daños y Perjuicios" (18/02/2004).

Continúa señalando, que haciendo una correcta interpretación del art. 3982 bis del C.C. no corresponde extender la suspensión de la prescripción por deducción de la querella penal a aquellos demandados en el juicio civil pero que no han sido parte en el proceso penal. Técnicamente, destaca sólo en la querella se es parte, no así, en la denuncia. La recurrente, insiste que es irrelevante la suspensión que sustenta el fallo.

Además, agrega que debe tenerse en cuenta que en la causa penal los actores no formularon ni hicieron reserva de ninguna pretensión resarcitoria en su contra ni contra sus integrantes que fueron sobreseídos. Trae a colación, que el art. 19 del Código Procesal Penal prevé el ejercicio alternativo de la acción civil, tanto en el proceso penal como ante los tribunales competentes específicamente, por la vía del procedimiento civil, posibilitando que si la persecución penal no pudiere proseguir, la acción civil podrá ser ejercida ante los tribunales competentes.

Esta norma confirma la inexcusabilidad de la parte actora de no haber suspendido la prescripción mediante la acción civil, que tanto por el derecho de fondo como el de forma local era posible, que ambos le mostraban un camino que no empleó. No es posible ampararse en una suspensión que pudo producir y no lo hizo. Su propia torpeza no puede ser invocada.

En torno a la incorrecta aplicación del art. 3982 bis del C.C. se ocupa de señalar que el fallo en crisis soslaya el principio esencial contenido en el art. 3981 del C.C. vinculado al carácter relativo de la suspensión de la prescripción; no habiendo sufrido modificación alguna con la incorporación del art. 3982 bis del C.C..

Cita doctrina y jurisprudencia, haciendo especial énfasis a la sentencia de la Alzada de fs. 160/163 y al fallo plenario "M....", en el que se sentó la doctrina que propugna se aplique en autos por haber sido el criterio que siguió la mayoría. Recuerda que la doctrina sentada indicó que no corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil previsto por el art. 3982 bis del C.C. a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo.

En definitiva, dedica varios párrafos a este fallo haciendo las transcripciones que considera pertinentes, porque entiende que este es el modo de plasmar los argumentos que sustentan la tesis contraria a la sostenida en el fallo en recurso. Reitera, entonces, que no tiene efectos la suspensión en su contra, por haber estado ajena al proceso penal, no habiéndose iniciado acción civil en el plazo de ejercicio de la acción que se intenta en esta litis.

Añade que sus únicos integrantes Sres. M. A. D., A. D. y B. L. de D. fueron sobreseídos en la causa penal, por lo que la acción civil respecto de ellos está prescripta.

Por otra parte, destaca que tampoco obstaculiza la aplicación de la doctrina que se propugna, las normas del art. 1101 del C.C. y conc., desde que se trata de una mera cuestión de prejudicialidad que, por lo demás, pudo ser puesta en funcionamiento por los actores promoviendo en término su acción contra la sociedad que representan, y en su caso, solicitando la paralización de las actuaciones.

Vinculado al tema de la excepción de falta de legitimación pasiva, parte de la premisa que ha sido escasa su fundamentación y que en este aspecto el fallo queda descalificado en los términos de los arts. 287 y 288 del C.P.C.C..

Entiende que la Alzada hace una equivocada hermenéutica y aplicación del art. 59 de la Ley Nº 19.550. Dice que el gerente en las sociedades de responsabilidad limitada, al igual que los demás administradores en otros tipos societarios, no responde personalmente por el acto realizado regularmente en su calidad de tal.

Pero responde ilimitada y solidariamente si faltare a sus obligaciones de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Es así, que sostiene que la responsabilidad del gerente que emerge del citado artículo ha sido completado con la reforma introducida por la Ley Nº 22.093 al art. 157 de la LSC, legislación que también omite considerar y analizar el fallo recurrido.

Recuerda, para una mejor comprensión del texto legal analizado, que el entonces gerente de la sociedad comercial E. D. era como tal un simple empleado, y no era un integrante de la sociedad (fs. 1165, 2do. Párrafo).

Destaca que la actora no probó en el curso del proceso que los socios de la sociedad comercial codemandada hayan aprobado la gestión del apoderado E. D. en el hecho ilícito o que le hayan dado instrucciones al respecto.

Luego, remarca, que el mismo fallo, admite que la maniobra ilícita fue concretada y urdida exclusivamente por los codemandados E. D. y C. H. R. (fs. 1088 vta.) y critica la valoración de la primer votante respecto a la declaración indagatoria de B. L. de D. por entender, no puede probarse una sociedad comercial por una declaración sino con el Acta constitutiva, Estatuto y registración en la Inspección de Sociedades, más cuando desecha el resto de las declaraciones en sede penal y que expresamente menciona a fs. 1089.

Otro punto de ataque al fallo en crisis, lo vincula a la equivocada interpretación y aplicación que se hace del art. 43 C.C.. Dice que en autos, la causa de la responsabilidad se atribuyó al ilícito doloso cometido por E. D. y C. R. por el cual fueron condenados en sede penal. Asimismo, agrega que el mandato conferido por la firma codemandada a E. D. no le daba ni le dio representación y se circunscribía a actos lícitos de conformidad con las disposiciones de los arts. 1889 y 1890 del C.C..

Es más, dice que al fundarse la Alzada sólo en esta norma omitió considerar el resto del plexo normativo sustancial aplicable al caso, especialmente teniendo en cuenta su calidad de ente societario. Así, su representación está dada por el contrato social o por disposición de la ley y los actos del representante obligan a esta, en tanto, no sean notoriamente extraños al objeto social (art. 58 de la LSC.).

Por ello, propicia la exclusión de su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos por los codemandados. Destaca que E. D. y C. R. no integraban la sociedad, ni sus órganos de dirección ni de administración.

El primero, sólo tenía un poder o mandato y los alcances de la obligación solidaria quedan fijados en tal caso por los arts. 1945 y 1946 del C.C. que se circunscriben a todos los efectos del contrato en el primer caso, y a los límites de sus poderes en el segundo. Entiende que de este modo delimita la función del apoderado en los términos del art. 1872 del C.C. y en concordancia con el art. 1905 del mismo código.

Bajo el acápite "Quebrantamiento de Formas" se pretende sustentar la casación en relación a la indemnización, destacando a modo preliminar, que si bien la califica principalmente por quebrantamiento de formas, dice que también en esta temática la sentencia recurrida incurre en "violación de la ley o doctrina legal", expresamente mencionada en el art. 288 del código de rito.

Párrafo siguiente, reitera que al margen de la falta de unanimidad en la sentencia, la misma demuestra falta de criterios uniformes en los votos que componen la mayoría y una diferencia enorme en la fundamentación fáctica con el voto de la minoría, lo que lleva a una diferencia también enorme en la valuación de los daños.

Asimismo, y para dar justificación a este ataque, en primer lugar, se ocupa de analizar el voto minoritario de la Dra. Melero, y luego el voto mayoritario.

Califica al voto minoritario como arbitrario. Refiriéndose a la parte del voto que trata de la acreditación de la antijuridicidad de la actuación de la codemandada E. D. a través de la adulteración del pagaré y su posterior ejecución relación de causalidad adecuada y su consecuencia, la responsabilidad extracontractual que a su criterio comprende las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles; considera que se trata de un mero comentario teórico o técnico.

Ello es suficiente para cuestionar el voto, en cuanto no se relaciona con el caso de autos; ni se encuentra vinculado con los elementos de prueba. También critica, el hecho que la Camarista se limita a parafrasear una de las doctrinas que cita y luego pasa a las pruebas que entiende deben evaluarse; aún cuando considera que no se relaciona la teoría invocada con el caso.

La casacionista destaca que en la oportunidad de justipreciar el daño, la sentenciante sólo se limitó a citar las normas del Código Civil (art. 901 y sgtes. C.C.) que definen las consecuencias inmediatas y mediatas previsibles, pero que omitió evaluar por qué se las enrostra y por qué abarca esas consecuencias excepcionales.

Es un criterio genérico que impuso, que no resulta de la ley ni de consagración doctrinaria o jurisprudencial alguna, en tanto, que la responsabilidad extracontractual de ninguna manera abarca tal amplitud de consecuencias.

Luego, destaca y comenta minuciosamente, lo que a su criterio, revisten arbitrariedades; concluyendo que se corrobora la arbitrariedad que alega, el hecho de comparar el monto final que propone al acuerdo con el fijado por la mayoría.

Cita jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires vinculada al absurdo en la valoración de los daños, para luego sostener que de este voto no surge con certeza cuál es el daño sufrido por los R., ni los analiza. Esto genera que el voto emitido no constituya una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

En rigor de verdad, la recurrente siguiendo al voto mayoritario, sostiene que la única suma percibida por la empresa en ocasión de la ejecución del pagaré, fue producto del embargo de sumas de dinero depositadas en una ejecución donde los R. eran actores.

Además, insiste que también se ha incurrido en arbitrariedad al establecerse el monto resarcitorio sin aclarar las bases o parámetros tenidos en cuenta para ello, ya que la Magistrada prefirió no usar fórmulas matemáticas, estimando los daños sobre valores reales de mercado económico financiero regional; respecto de los cuales nada dice porque precisamente nada se ha rematado ni subastado de los hoy actores, de manera tal, que no podía pedir referencias sobre valores de inmuebles y otros bienes.

Concluye afirmando, que el voto de análisis es arbitrario, y por lo tanto, descalificable como acto jurisdiccional válido. No revela ni indica por medio de qué elementos arribó a la opinión propuesta al acuerdo de la Sala; fallando además, ultra o extra petita, al condenar al pago de intereses y la suma de $ 150.000 por daño moral, cuando del escrito de demanda capítulo "Objeto", y "Petitorio" no se reclaman intereses ni indemnización por daño moral.

Al analizar los votos que conformaron la mayoría, la recurrente califica al fallo como meduloso y fundado. Destaca y transcribe, las partes que considera salientes al respecto. Pero, marca el apartamiento de lo fallado, cuando la condenan junto a los otros codemandados, por entender que no fue beneficiada con los fondos ejecutados en base al pagaré falsificado. Considera que la condena impuesta, es producto de una expresión de voluntad de las Sras. Camaristas, sin sustento en las pruebas de la causa.

La califica a la decisión en este aspecto, como una afirmación dogmática. Entiende, que en el proceso debió acreditarse mediante informes y pericial contable que la suma cobrada por el apoderado realmente ingresó al patrimonio social, hecho que no se acreditó ni intentó probar.

Esta conclusión fue inferida por las votantes, por el sólo hecho de haber sido cobrada la suma depositada en el juicio por el apoderado de la empresa. Insiste, que el único beneficiado en forma personal con el retiro del dinero fue el codemandado E. D.. Entonces, finaliza diciendo que precisamente es arbitrario sostener que la empresa se benefició con los fondos percibidos sin mediar prueba al respecto.

Mantiene reserva del Caso Federal.

IV). ANÁLISIS I.1. En primer término, quiero señalar que conforme al alcance que le han pretendido dar las partes a sus respectivos libelos recursivos, por una razón de orden lógica y jurídica; procederé a analizar el recurso de casación interpuesto por la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L.", para luego hacer lo propio con el de la actora; a pesar de no haber sido éste el orden en el que ingresaron al proceso.

2. Como ya lo expusiera, la codemandada ha interpuesto recurso por violación de la ley y su doctrina legal, y por quebrantamiento de las formas en la sentencia (fs. 1156/1166 primer párrafo y fs. 1166 a 1171 respectivamente).

En esta temática la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que las causales son propias de cada canal impugnativo, por tanto, no resulta posible usarlas en forma conjunta; es decir, queda vedado utilizar una misma fundamentación para remedios distintos.

Por ello, siguiendo esta línea, el Alto Tribunal Bonaerense acotó que es improcedente la interposición promiscua de las vías extraordinarias, porque de lo contrario no se cumple en modo adecuado con la exigencia legal de que han de ser deducidos en términos claros y concretos con cita de las normas pertinentes. (Cfr. Hitters, Juan Carlos en "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", págs. 601/602, Ed. Platense S.R.L., Segunda Edición, Año 1988).

Por su parte, este Superior Tribunal de Justicia desde anteriores composiciones sigue el criterio expuesto, al sostener v.gr. que no es posible invocar con simultaneidad ambas causales, pues no se cumple así la exigencia legal de que los recursos han de deducirse en términos claros y precisos, lo que acarrea en este aspecto la insuficiencia del recurso interpuesto (exptes. 11.818/87, 12.425/89, 12.454/89, 12.794/90, 12.897/90, entre otros).

Ello, en perfecta consonancia con nuestro código de rito que se ha ocupado de escindir el campo de actuación de ambos motivos casatorios con sus respectivos resultados.

En efecto, el art. 296 del C.P.C.C. establece que para los casos de violación de la ley o doctrina legal, el Tribunal declarará el recurso y resolverá el caso, conforme a la ley y a la doctrina cuya aplicación se declare; y para el quebrantamiento de formas, establece que el tribunal declarará la nulidad y dispondrá que los respectivos subrogantes legales dicten sentencia según corresponda.

Lo cierto es, que la recurrente aún cuando ha planteado ambos motivos casatorios que se rechazan mutuamente por sus propias consecuencias, en su fundamentación observo que ha pretendido confusamente subsumirlos. Claramente del capítulo que dedica al quebrantamiento de las formas, sostiene que la temática que invoca también ingresaría en el campo de la arbitrariedad que emerge del art. 288 del C.P.C.C. (fs. 1166, apartado VI, segundo párrafo).

En fin, del texto integral del recurso, la quejosa pretende por un lado, la arbitrariedad del fallo en crisis en lo que se refiere a las defensas diferidas para definitiva, por no ser manifiestas; mientras que pretende la aplicación del art. 287 del C.P.C.C. por quebrantamiento de las formas de la sentencia en cuanto considera que no hay uniformidad de criterios en los votos que componen la mayoría y falta de fundamentación en el voto de la minoría en lo que se refiere específicamente a la valuación de los daños.

Entonces, así como ha sido presentado el escrito postulatorio, deviene promiscuo, pues lo que concibe como quebrantamiento de formas también lo presenta como violación de la ley. Es manifiesta la confusión que sobre la causal que justifica el remedio extraordinario presenta el memorial, lo que afecta su suficiencia técnica.

Por ello, al no cumplirse en este aspecto con los requisitos jurisdiccionales de autosuficiencia, el recurso carece de operatividad a los fines pretendidos, pese a lo sostenido por la Cámara a fs.1174/1176 vta. en tal sentido; y al estudio preliminar de la Sala en ocasión del dictado de la interlocutoria de fs. 1211/1212. Ello es así, porque es recién en sentencia cuando el Tribunal hace pleno uso del derecho de examinar la admisibilidad (v.gr. S.D. N° 3/95; 16/S.R.E./98; entre otras).

2.1. Amén de ello, y aún en la hipótesis de que se hubiera sorteado el vallador de los requisitos legales que ineludiblemente han de cumplimentarse en este carril extraordinario, no puedo dejar de señalar que la suerte de este recurso no hubiera variado. Razones fácticas y jurídicas trazan este resultado.

2.1.1. La arbitrariedad que le achaca parcialmente al fallo, pretende ser demostrada con la falta de aplicación de la doctrina mayoritaria que emerge del Plenario de la Cámara Nacional Civil in re "M. ..." en orden a la interpretación que formula del art. 3982 bis del C.C., haciendo girar además, en torno a ello, temas tales como la equiparación de la denuncia penal a la querella y su efecto de carácter suspensivo para la prescripción civil.

Entonces, el absurdo que así se ha intentado delinear, no resiste el menor análisis, en la medida que la doctrina que emana de un fallo plenario no es obligatoria para los Tribunales que se encuentran fuera de la Jurisdicción del que lo emitió. El plenario al que refiere la recurrente, en modo alguno obliga a la Cámara que emitió el fallo en crisis, y por ende, carece en absoluto de fuerza vinculante para todos los Tribunales de esta Provincia.

Específicamente en relación a ello, tuve la oportunidad de expedirme en este mismo sentido, como primer votante en S.D. Nº 02/S.R.E./04, por lo que citando precedentes jurisprudenciales, sostuve que:

"La doctrina sentada en un fallo plenario no es una ley, sino una interpretación de esta última, de alcance obligatorio para la misma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquélla Tribunal de Alzada" (CNCiv. Sala F, "O. S. de la Nación c/ Consorcio de P. P. ....", L.L. 1985A, 129; DJ. 98521649)".

En última instancia, podrán valer como guía de la opinión que se quiere compartir; pero nunca se pueden imponer con carácter obligatorio (Cfr. L.L. 1986D, 39; DJ, 9862807).

En fin, no haber seguido la Alzada el criterio mayoritario del plenario invocado no tiñe de arbitrario al fallo, ni puede achacársele errónea interpretación de la ley o del derecho aplicable, pues precisamente existe parte de la doctrina y la jurisprudencia que participa del criterio expuesto por la Sala "A" de la Cámara de Comodoro Rivadavia, y es más, las Sras. Camaristas se enrolaron en la tendencia minoritaria del plenario que no es la que propugna la casacionista.

Entonces, quiero agregar que soy respetuoso de la posición que pueda asumir la recurrente y de sus fundamentos; pero no me autoriza a considerar que el fallo en revisión no sea una derivación del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, y que solo es producto de la voluntad de las Iudicantes.

Tampoco puedo soslayar otro error de técnica recursiva, cuando al pretender rebatir los fundamentos en los que se sustentó la Alzada para resolver la excepción de falta de legitimación pasiva; acudió simplemente a reproducir los argumentos defensivos que llevó a la instancia de origen (Cfr. fs. 107 y 1165 vta.).

En fin, no cumplió la quejosa aquí con la carga de formular un ataque frontal, una crítica razonada a este tramo del fallo que pretende poner en crisis; y olvidó que el recurso de casación no habilita una tercera instancia (Cfr. Fallos, 245:327). Esta nueva irregularidad en la técnica recursiva, lo torna insuficiente, y atenta contra el carácter "autónomo" del que goza el remedio en examen.

Recuérdese, conforme lo expresa nuestro distinguido Dr. Morello, que: "... no todo ataque que se monte en andas del alegado motivo del absurdo o la arbitrariedad va a convertir en necesaria (obligada) la tarea de revisión.

Ello nunca fue así ni nadie lo aconseja ni propone, porque sería convertir ciertamente a la casación en una simple y llana tercera instancia normal, desvirtuando sus fines" (Cfr. Morello, Augusto, "La Casación", págs. 63/64, Ed. AbeledoPerrot, Año 1993).

En este tema puso énfasis la Suprema Corte Bonaerense, al señalar que el recurso estudiado debe bastarse a sí mismo, con lo que la suficiencia del recurso no se suple con la remisión a lo dicho en instancias anteriores (Cfr. S.C.B.A., P. 54.218S, 13/06/95 y 58.380S, 26/03/96 citados por Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 597/598, Ed. Platense S.R.L., 2ª edición, Año 1998).

Este criterio como se explicitara también es el que sigue esta Sala, que igualmente ya fuera sentado por el Órgano desde antiguas composiciones, en cuanto hace a la estirpe propia de este recurso. (Cfr. S.D. N° 03/S.R.E./06, 07/S.R.E./06, entre otras).

2.1.2. Otra cuestión que considero pertinente incorporar es la vinculada al argumento que la recurrente trae a esta instancia de la falta de reserva de la pretensión resarcitoria en sede penal, cuestión que según sus dichos le hubiere resultado favorable a los actores a los fines de la suspensión de la prescripción civil. En efecto, en esta argumentación que la casacionista también ha respaldado su recurso, ha faltado a la verdad.

Así, de la simple compulsa del expediente penal que tengo a la vista surge que a fs. 607/617 (cuarto cuerpo) los actores en su carácter de querellantes formularon la acusación y ejercieron la acción civil, solicitando especialmente la integración a la causa de la persona jurídica que resulta ser responsable civil del delito perpetrado (fs. 607, tercer párrafo del "Exordio").

No obstante ello, los mismos querellantes días después, presentan a fs. 619 la solicitud del desistimiento de la acción civil de referencia; pero en el punto II de este escrito dejaron consignado expresamente que se desistía de la acción civil contra el ente societario, porque la misma se iba a ejercer ante la Justicia Civil y Comercial de la Circunscripción.

Con ello no sería posible sostener en pie la fundamentación que pretende dar la casacionista en torno al art. 19 del Código Procesal Penal y su estricta vinculación con la suspensión de la prescripción de la acción civil. En fin, ello denota un descuido en el estricto control que debió hacerse de la causa penal.

3. Finalmente, quiero referirme aunque más no sea escuetamente, al argumento central de la recurrente que introduce confusamente bajo la figura del "quebrantamiento de formas de la sentencia" fundado en el art. 287 del C.P.C.C.. Este Superior Tribunal de Justicia, ya desde anteriores composiciones ha venido sosteniendo que: "La coincidencia en mayoría debe alcanzar, no solo al sentido en que finalmente se votan las cuestiones propuestas, sino también a las motivaciones sustanciales que las sustenta.

No bastará que se concluya uniformemente, si en las opiniones que la fundamentan hubiere discrepancias irreconciliables que, como síntesis de una expresión razonada del derecho y fundada en los hechos de la causa, fracase en argumentos que se eliminan o invalidan entre sí. La motivación es parte indivisible con la decisión y sin vínculo lógico entre una y otra no hay fallo verdadero" (Cfr. S.D. N° 4/79; 04/S.R.E./04, entre otras).

Y puntualmente, la mayoría legal consiste en la coincidencia de opiniones de por lo menos dos de los tres jueces que integran el Tribunal y equivale a unanimidad cuando sólo actúan dos en los casos en que está permitido. Debe producirse respecto de cada cuestión esencial y para lograr coincidencia que forma mayoría, los votos deben arribar a una conclusión idéntica (Cfr. S.D. N° 45/95; 26/S.R.E./99; 30/S.R.E./99; 04/S.R.E./04 ).

En este aspecto, diría que en modo alguno las Sras. Camaristas han plasmado en sus votos criterios dispares, sino que más bien han construido fundamentos lógicosjurídicos que se han logrado ensamblar adecuadamente y en algún aspecto han coincidido, lo que las condujo a una misma resolución jurídica.

Conviene recordar aquí, que no se exige en la emisión de los votos fundamentos iguales; porque implicaría una eliminación tácita del mismo sistema de votos individuales y personales; habría contradicción en el mismo sistema. No se puede hablar en este campo de quebrantamiento de formas o de arbitrariedad, conforme lo ha expuesto la recurrente deficitariamente.

Es más, no ha mediado siquiera suficiencia técnica mediante articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de la sentencia, sino sólo ha demostrado disparidad o discrepancias de criterios que no son aptos para habilitar la vía de la casación.

En mérito a lo expuesto, propongo al acuerdo, el rechazo del recurso de casación interpuesto por la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L." por no haberse cumplido con los requisitos de admisibilidad que la norma de forma le impone. ASÍ LO VOTO.

II). Queda aún por abordar el recurso de casación impetrado por la parte actora.

Como ya lo relatara al referirme a los libelos recursivos, en este caso la parte actora pretende ingresar en esta senda extraordinaria por considerar que el fallo adolece de vicios susceptibles de ser encuadrados en las causales previstas en los incisos "c", "d" y "e" del art. 288 del C.P.C.C.

En un primer orden de ideas, conforme han sido plasmados y fundados los citados motivos casatorios, debo adelantar que la quejosa ha incurrido en un error de técnica recursiva que la ha encaminado a la promiscuidad; debilitando sin lugar a dudas la casación y condicionando su resultado adverso.

Así, debo advertir que al dar inicio a su fundamentación, confusamente dice que la materia casacional será el error en la ley aplicable y su doctrina legal; y en subsidio, la arbitrariedad de la sentencia (Cfr. fs. 1139, apartado 5, primer párrafo); para luego centralizar el argumento de que la Alzada vulneró el art. 1102 del C.C. por su falta de aplicación en autos.

Refiere aquí a la prueba del daño patrimonial y moral; y a los motivos que la condujeron al rechazo de alguno de los rubros reclamados, tales como "lucro cesante", "pérdida de chance", "daño moral"; para culminar diciendo que ha mediado contradicción en los términos del inciso "d" del art. 288 del C.P.C.C., porque entiende que la Alzada no puede sostener que existe daño emergente y no declarar procedente el moral o en su caso la pérdida de chance cuando existe un resultado de una acción criminal.

En el mismo yerro ha caído, cuando al referirse a la "arbitrariedad", invoca el inciso "c" del art. 288 del C.P.C.C., y luego pretende explicitar con abundantes citas jurisprudenciales, los aspectos que a su criterio son las causales de la arbitrariedad.

Luego cierra este capítulo invocando: a) exceso ritual manifiesto, con una larga transcripción de precedentes de la C.S.J.N. en relación al tema; y b) falta de motivación de la sentencia, proclamando su nulidad.

En este contexto, podría decir que no acreditó la configuración de los presupuestos de ninguno de los motivos casatorios invocados; y aún más los ha subsumido bajo una misma línea argumental defensiva; cuando los resultados a los que se puede arribar a la hora de su viabilidad son distintos; porque precisamente por contenido y definición son técnicamente diferentes e inconfundibles.

Así, cuando pretendió referirse a la violación de la ley y su doctrina legal lo vinculó con la contradicción contemplada por la normativa en el inciso "d" del art. 288 del C.P.C.C.; y luego lo engarzó con la arbitrariedad, tal como lo expusiera.

Por expresa disposición legal de forma, sabido es que la causal casatoria del inciso "d" fue prevista como una de las que origina el planteamiento del recurso extraordinario por violación de la ley o doctrina legal, en forma independiente de la arbitrariedad.

En tal sentido es que, este Superior Tribunal ante un planteo de autocontradicción de las argumentaciones de la sentencia, en la Definitiva N° 10/94, consideró que el mismo originaba la solución que prevé el art. 296 del C.P.C.C. en su primera parte, es decir, la dispuesta para el caso de violación de la ley o doctrina legal.

Se dijo en tal oportunidad, la pauta de nocontradicción responde a un principio de racionalidad, que exige que no se niegue explícita o implícitamente en la conclusión, lo que se afirma en el desarrollo que antecede o viceversa. (Sum. 02660 JUBA), extremos que en la especie, no se han configurado. (vgr. Cfr. S.I. N° 147/S.R.E./04; S.D. N° 21/S.R.E./06, entre otras).

En lo que respecta al motivo casatorio que emerge del inciso "c" del art. 288 del C.P.C.C., directamente carece de base sustentable, en la medida que sólo fue enunciado en los párrafos que dedica la recurrente a la "arbitrariedad"; y al ocuparse de este último sólo se limitó a enunciar los agravios, o lo que ha dado en denominar "causales de arbitrariedad" (fs. 1143 y vta.).

En definitiva, los agravios de acuerdo al modo en que se han expuesto, no revelan una crítica razonada de las deducciones e inferencias extraídas por el Tribunal de Alzada dentro del contexto de la valoración fáctica y probatoria.

En este marco, el déficit técnico expuesto hace inatendible la vía recursiva, máxime que ni siquiera la Sala podría en el marco funcional de la casación, ejercer válidamente la actividad oficiosa. Este Superior Tribunal de Justicia reiteradamente y desde antigua data viene sosteniendo que los recursos como los motivos casatorios han de deducirse en términos claros y precisos, requisito que en el sublite no se ha configurado; y acarrea, por cierto, la insuficiencia del recurso.

Es más, diría que la recurrente intenta en este carril, sustituir el criterio de las Sentenciantes por el suyo propio en orden a los medios probatorios considerados y conclusiones arribadas; cuando por la propia estirpe de la casación, la exhibición de una opinión discrepante no es demostrativa del absurdo; agravando incluso la situación, el cuestionamiento de temas reservados a los jueces de grado, como son los referidos a los rubros indemnizatorios y la cuantía de los mismos.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y este Alto Tribunal Provincial en forma monocorde y reiterada han sostenido que la doctrina de la arbitrariedad, "... es de aplicación excepcional y cabe descartar dicha tacha cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto, limitándose a aquellas sentencias desprovistas de todo apoyo legal y fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces de modo que ello impida considerarlas como actos jurisdiccionales, no constituyendo una tercera instancia que tenga por objeto corregir pronunciamientos equivocados o que el recurrente estime por tales según su divergencia con la interpretación asignada por los jueces a los hechos y leyes comunes, ni sustituir el criterio de éstos en la solución de los temas que le son privativos" (S.I. N° 42 y 62/94, S.D. N° 16/90 y 18/S.R.E./98, entre otras).

Por todo lo expuesto, y a modo de conclusión, diré que el remedio que me ocupa es improcedente por no haberse cumplido "strictu sensu" con los requisitos formales emanados del C.P.C.C.; no obstante, la admisibilidad preliminar declarada por esta Sala en S.I. Nº 74/S.R.E./06, y cuyo testimonio librado por Secretaría obra a fs. 1208 y vta. (Cfr. S.D. N° 31/86; 16/90; 32/95; 15/02 entre otras), y ASÍ LO VOTO.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

I. A modo preliminar, quiero dejar sentado que como los antecedentes de la cuestión litigiosa ya fueron descriptos adecuadamente por mi colega que me precede en el voto, considero apropiado remitirme a los mismos, y además, seguiré igual orden de análisis en el abordaje de los libelos recursivos.

II. 1. Luego de la detenida lectura de la sentencia y de los fundamentos con los cuales la recurrente codemandada pretende demostrar la presencia del vicio de violación de la ley y su doctrina legal por arbitrariedad en el tratamiento de las defensas que opusiera en la instancia de origen; y por quebrantamiento de las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el pronunciamiento de la sentencia, en tanto, arguye no haber uniformidad de criterios en la oportunidad de procederse a la valuación de los daños; no puedo menos que concordar con la solución que propicia el Dr. Pasutti.

El recurso impetrado tal como se ha propuesto al Tribunal, no explicita autónomamente la impugnación para cada motivo casatorio, sino más bien, que confusamente entremezcla sus fundamentos e incluso en cierto aspecto, los identifica.

La falencia técnica recursiva aflora al pretender atacar de arbitrario un aspecto del fallo, y por quebrantamiento de las formas en otra de sus facetas valuación de los daños, que en realidad no es más que la consecuencia de la procedencia de uno de los argumentos centrales llevados a la Alzada.

Doctrina destacada en la materia ha sostenido, que no son aptos los recursos que combinan y yuxtapuestamente cabalgan sobre diversos flancos, promiscuamente, bajo una implícita sombrilla provista por el principio de eventualidad. Ello, malogra el alzamiento (Cfr. Morello, Augusto M., "La Casación", Un Modelo Intermedio Eficiente, pág. 188; Ed. AbeledoPerrot, Año 1993).

Es necesario exponer autónomamente y de modo suficiente la impugnación (la crítica razonada) para cada recurso extraordinario propuesto simultáneamente contra la sentencia atacada. Por ello, corresponde que cada escrito contenga, independientemente, la motivación pertinente, sin entremezclarlos ni unirlos en un discurso único indiferenciado. Esta disciplina es rigurosa y no admite concesiones (Cfr. Morello, Augusto en obra citada, pág. 188, parág. E) "in fine").

Esta misma línea jurisprudencial es la que ha seguido este Cuerpo que integro desde larga data, en forma reiterada y monocorde; sustentada en la naturaleza excepcionalísima de esta vía recursiva (Cfr. v. gr. Exptes. N° 12.801/90, 15302/95, S.I. N° 54/S.R.E./99; 71/S.R.E./01; 22/S.R.E./02; entre otros muchos más.):

"... cuando se manifiestan agravios que pueden ser susceptibles de encuadrarse, algunos, en la causal prevista por el art. 287 del C.P.C.C. y otros en los contemplados en los incisos a), d) y e) del art. 288 del mismo cuerpo legal, siendo disímil la solución que este Tribunal debe brindar de acuerdo con el art. 296 del C.P.C.C. ello en definitiva conduce a la promiscuidad en la interposición, motivo por el cual se ha resuelto la inadmisibilidad del recurso extraordinario de casación".

En consecuencia, siendo errónea la técnica empleada, el recurso de casación de la codemandada, deviene inadmisible por ausencia de fundamentación.

2. No obstante ello, a mayor abundamiento he de señalar que aún cuando el libelo recursivo hubiera alcanzado la suficiencia técnica que hace a su propia estirpe, el resultado tampoco hubiera cambiado.

2.1. En relación a la temática central vinculada a lo que ha dado en llamar "violación de la ley y su doctrina legal", que podría llegar a encuadrarse en el campo de la arbitrariedad; se cuestiona el fallo en la incorrecta equiparación de la "querella" a la "denuncia", y en la equivocada interpretación del art. 3982 bis del C.C..

Los fundamentos en los que se sustentan ambos ataques, no resisten el menor análisis, porque en definitiva imponen un examen de las cuestiones de hecho y prueba respecto de los cuales el recurso sólo denota una discrepancia de criterios. Tales es así, que al referirse al primer aspecto, precisamente en el tercer párrafo de fs. 1157 vta., se lee:

"De entrada debemos decir, discrepando con el fallo, que la denuncia penal no interrumpe la prescripción de la acción civil..." para luego agregar párrafos siguientes "si bien el término "querella" debe interpretarse en forma amplia, ello no puede llevar como se hace en el fallo recurrido a equipararlo con una simple "denuncia" y darle valor suspensivo de la prescripción civil a ésta"; luego cita doctrina y jurisprudencia que comparte.

A ello, debo añadir, que también, erróneamente pretende la casacionista aplicar a la conducta procesal desarrollada por la hoy parte actora, la teoría de los actos propios por entender que no ejerció oportunamente la acción civil en su contra; aún cuando hubiera podido hacerlo (fs. 1158 vta./1159).

Ello es así, porque como acertadamente el Dr. Pasutti expuso en su voto, la parte actora tuvo un rol activo en la tramitación de la causa penal, y precisamente a fs. 607/617 de la citada litis que se ofreció como prueba y que tengo a la vista, surge el ejercicio de la acción civil contra E. D., C. R. y la Persona Jurídica casacionista; a pesar de lo cual a fs. 619 la parte querellante desiste de la acción contra la persona jurídica; para ejercerla luego, ante la Justicia Civil de la Circunscripción. (segundo párrafo fs. 619).

Igualmente, no es posible ingresar en el tratamiento del segundo aspecto, referido a la errónea interpretación del art. 3982 bis del C.C. porque la quejosa propone como solución jurídica de su recurso, la aplicación al caso de la doctrina mayoritaria que emerge del Plenario de la Cámara Nacional Civil del día 18 de febrero de 2004 en la causa caratulada "M., M. c/ B., F. y otros s/ Daños y Perjuicios".

Quiero recordar que el mentado Plenario trató como cuestión esencial, textualmente la siguiente: "Si corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art. 3982 bis del Código Civil a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo".

En la posición mayoritaria del Acuerdo se enrolaron los Dres. Leopoldo L. V. Montes de Oca, Delfina M. Borda, Ana María Luaces, Hugo Molteni, Jorge Escuti Pizarro, Luis López Aramburu, José Luis Galmarini, Domingo Alfredo Mercante, Alberto J. Bueres, Eduardo Mario Martínez Alvarez, Osvaldo D. Mirás, Juan Carlos G. Dupuis, Mario P. Calatayud, Fernando Posse Saguier, Carlos Alfredo Bellucci (Con ampliación de fundamentos), Jorge A. Giardulli, Claudio M. Kiper, Eduardo Leopoldo Fermé, Mario A. Molmenti, Julio R. Moreno Hueyo, y Carlos R. Sanz (Por su dictamen).

Concretamente, en cuanto a los responsables del hecho a los que hace referencia el art. 3982 bis del Código Civil precisaron que: "no pueden ser otros que los autores o partícipes del hecho ilícito porque sólo contra ellos puede entablarse la acción penal.

De tal modo la suspensión de la prescripción de la acción civil no puede tener efectos sino contra las personas nombradas sin que se extienda a otros responsables civiles que no hayan sido sujetos pasivos de la acción represiva o a quienes se les endilga una responsabilidad refleja .

Por ende, al tener carácter relativo la suspensión de la prescripción sólo perjudica a la persona contra quien se ha dirigido la querella sin propagarse de uno a otro deudor (CS., 5/12/2000, in re "Minond, Luis v Provincia de Buenos Aires", JA, 2001I, págs. 694/698) ....

Es decir, que no se extiende el efecto suspensivo previsto en el art. 3982 bis del Código Civil de uno a otro deudor aún frente a obligados en forma solidaria o concurrente.

En efecto, cuando la acción civil es deducida contra personas distintas del imputado en sede criminal y entre ellas no media vínculo de solidaridad (como en el caso del principal, comitente, padre, tutor, etc.) la suspensión de la prescripción durante el trámite de la querella les sería inoponible y el curso de aquella seguiría.

Es que ante obligaciones concurrentes, en las que los vínculos que unen al acreedor con el deudor son totalmente independientes y existe diversidad de causas fuentes aunque sea único el hecho que las moviliza, la suspensión de la prescripción no se propaga de uno a otro deudor, de modo que ella puede ser alegada por el acreedor sólo contra el deudor a quien la eficacia suspensiva perjudica, pero no contra los demás deudores ajenos a la situación.

Pero a igual solución se arriba en el supuesto de varios responsables en paridad de situación como los coautores o cómplices dado que en este caso se genera una obligación solidaria (art. 1109, 2° párrafo del Código Civil) donde si alguno de ellos no fue querellado tampoco se propagan los efectos de la suspensión de la prescripción de unos a otros deudores y la prescripción consumada a favor de los deudores no demandados penalmente le hace perder al damnificado el derecho resarcitorio contra ellos.

La ubicación que en el Código Civil tiene el art. 3982 bis, a continuación del art. 3982 que contempla una excepción al principio sentado por el art. 3981 en el caso de las obligaciones indivisibles, no autoriza a interpretar que también el primero de ellos constituye una excepción al carácter relativo de la suspensión de la prescripción al no surgir del propio texto y contenido de la norma...." .

Por su parte, la posición minoritaria, sostuvo que: "El curso de la prescripción puede resultar suspendido por las causales que taxativamente enumera la ley. El Código Civil establecía cuatro causales de suspensión: la incapacidad de hecho; el vínculo matrimonial; la situación del heredero beneficiario y los vínculos entre tutores, curadores y sus representados (arts. 3966, 3969, 3972 y 3973 respectivamente).

Las modificaciones que la ley 17.711 introdujo a este cuerpo normativo también incidieron en este tema, no sólo en lo concerniente a la incapacidad de hecho, sino al incluir dos nuevas causales en los arts. 3982 bis y 3986, 2° parte (norma corregida por ley 17.940). Ellas se producen ante la deducción de querella penal y en la constitución en mora del deudor efectuada en forma auténtica" (Boffi Boggero, Luis María, "Tratado de las Obligaciones", t° 5, págs 5/6, Ed. Astrea, Bs.As., 1981).

Ahora bien, la causal que regula el artículo 3982 bis del Código Civil tiene perfiles diversos respecto de los que fundaron aquellas dispuestas por el codificador y a las que el art. 3981 de la normativa de fondo les atribuyó efecto relativo.

Estas últimas se vinculan con incapacidades de hecho o de derecho o con la administración del patrimonio por otra persona y salvo en el caso de menores o sujetos a curatela, la suspensión de la prescripción relaciona justamente a los dos términos de la incapacidad para contratar o al administrador y al administrado. En cambio, elementos diferentes son basamento de la causal prevista en la norma que se enuncia en esta convocatoria ya que no se suscitan ninguna de las cuestiones referidas.

Al hecho objetivo de la interposición de la querella penal cabe relacionarlo con lo dispuesto por los arts. 1101 al 1103 del Código Civil, es decir, la influencia que tiene la sentencia penal en el proceso civil en el que se reclama una indemnización por daños y perjuicios. Cuando se trata de un mismo hecho ilícito y con el objeto de evitar el dictado de pronunciamientos contradictorios se debe suspender la sentencia civil estando pendiente de resolución el proceso penal.

Tal como prescribe el art. 3982 bis del Código Civil la querella deducida contra los responsables del hecho suspende el plazo de prescripción de la acción civil. Si bien la norma no hace otra aclaración respecto de los sujetos que señala como los "responsables del hecho", debe entenderse que la promoción de la acción represiva procede sólo contra aquéllos a quienes se acusa de haber cometido un delito, es decir a los que puedan resultar penalmente imputables del ilícito.

Por lo tanto, aunque en relación al mismo hecho existan otros sujetos que puedan ser civilmente responsables con fundamento en un distinto factor de atribución (como en el caso de las responsabilidades civiles reflejas, tales como la del dueño o guardián de la cosa con la que se cometió el delito, la del principal por el hecho del dependiente, etc.), no surgen dudas en punto a que estos no son susceptibles de ser querellados penalmente.

Y ante la circunstancia descripta o aun en supuestos donde algún coautor o partícipe no fue querellado por la víctima al no aclarar el artículo citado ni restringir su aplicación a los acusados en el proceso penal, no corresponde pues circunscribir su interpretación.

En concordancia con tales consideraciones cabe afirmar que la suspensión de la prescripción de la acción civil abarca a todos los responsables del hecho dañoso, hayan sido o no querellados penalmente. .

De tal modo, el criterio que se esgrime a favor de una interpretación amplia del art. 3982 bis que suspenda la prescripción respecto de todos los responsables civiles hayan o no sido imputados penalmente permite que el damnificado no sea compelido a promover la demanda civil para interrumpir el curso de la prescripción, obligándolo a accionar aunque no esté determinado en sede penal el carácter ilícito del hecho atribuido a los querellados, lo que podría ocasionarle una eventual imposición de costas.

En función de ello se entendió que estas razones de índole práctica justifican la extensión de los efectos suspensivos a todos los responsables civiles (CNCiv., Sala H, in re "C. de S., F. c/S., F s/ divorcio", del 21/5/96), ello conforme lo previsto por los arts. 1102 y 1103 del Código Civil y más allá del efecto relativo y personal que marca el art. 3981 del Código Civil.

Es de hacer notar que tanto los arts. 1101 y 1102 del Código Civil como el art. 3982 bis tienen por objeto proteger el interés jurídico de la víctima en sentido amplio.

Por ende, si se dispone que la querella criminal carece de efectos suspensivos de la acción civil contra aquellos que deben responder por el imputado, importa adjudicarles un mero interés y no una obligación subjetiva autónoma.

Situación que no ocurre en el caso de las responsabilidades civiles reflejas que se fundan en la existencia de un vínculo obligacional autónomo con la víctima y cuya extensión dependerá, entre otros, del resultado de la acción penal, aún cuando dichos terceros civilmente responsables no hubiesen participado en ella (Míguez, María Angélica Robles, Estela, "Efectos suspensivos del término de la prescripción de la acción civil producidos por la querella penal", LL, t° 2000F, pág. 318).

A la luz de lo expuesto debe recordarse que el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva. Por principio nuestro ordenamiento jurídico sostiene la subsistencia de las acciones como medio de mantener los derechos hasta que sean vividos en plenitud regulando plazos para que ellas se ejerzan. En caso de duda cabe decidir en favor del mantenimiento de la acción (Boffi Boggero, Luis María, op.cit., t° 4, págs. 613/614, Ed. Astrea, Bs. As., 1977).

En consecuencia, la promoción de la querella penal es una muestra de que no se dan las razones que llevaron al legislador a extinguir la acción porque la intervención de la víctima en sede penal como querellante o particular damnificado (según la jurisdicción en la que actúe) demuestra su intención de ejercer sus derechos, sin que deba suponerse que de su parte medió desidia, abandono o negligencia las que sustentan la sanción de la prescripción (Míguez, María Angélica Robles, Estela, op.cit., pág. 319).

En conclusión, pronunciándose por la afirmativa, resolvieron como doctrina legal obligatoria, la siguiente: "Corresponde extender los efectos de la suspensión de los plazos de prescripción de la acción civil que establece el art. 3982 bis del Código Civil a todos los demandados a los que se les atribuye responsabilidad civil, aún a los que no fueron querellados o no son susceptibles de serlo".

En esta posición minoritaria se alinearon los Dres. Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna, Gerónimo Sansó, Félix R. de Igarzábal, Elena I. Highton de Nolasco, Eduardo A. Zannoni, Julio M. Ojea Quintana, Emilio M. Pascual, Gladys Stella Álvarez, Hernán Daray, Miguel Ángel Vilar.

En fin, este fallo plenario, podría acotar, no ha sido más que producto de la jurisprudencia reiterada pero no igualitaria, que se vino gestando con anterioridad a la modificación que introduce la Ley N° 17.711 al Código Civil; y luego latente con la incorporación que ésta hace del art. 3982 bis.

Esta línea divisoria jurisprudencial, fue por supuesto analizada minuciosamente en el campo doctrinario. Entre nuestros distinguidos tratadistas, a título ejemplificativo puedo citar la obra dirigida por el Dr. Alberto Bueres y coordinada por la Dra. Elena I. Highton, editada en el año 2001 (Cfr. "Código Civil y Normas complementarias", Tomo 6B, págs. 661 y sgtes., Ed. Hammurabi).

El comentario al art. 3982 del C.C., entre otros, lo expone con toda claridad la Dra. Beatriz Arean, que se ocupó de enunciar y explicitar las distintas corrientes al respecto; e incluso propició en plural, estar de acuerdo con la posición jurisprudencial que la Dra. Higthon ya había plasmado en su voto como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil in re:

"F. P., S. c/ V., C. A. y Otro s/ Daños y Perjuicios", L. 283568 del 14/03/2000 (Cfr. último párrafo de la pág. 663); y que luego mantuvo en el Plenario citado del año 2004.

Otra obra que igualmente señala las distintas corrientes en la materia es la dirigida por GhersiWeingarten, "Código Civil" Análisis jurisprudencial, Tomo IV, págs. 716 y sgtes., Ed. Nova Tesis, Año 2003.

2.2. Con ello, quiero demostrar que la Cámara de Apelaciones al emitir su fallo, no ha hecho más que posicionarse o inclinarse hacia una de las corrientes jurisprudenciales que, incluso el mismo Plenario contiene; a pesar de no ser a satisfacción de la casacionista.

El sólo hecho que la Sala interviniente se haya perfilado por una postura en particular y en base a ella, haya elaborado la tarea de subsunción jurídica en orden al material fáctico y probatorio que captó de la litis; no habilita a la recurrente a ingresar por la vía recursiva extraordinaria para fulminar de arbitrario al fallo.

En efecto, dos cuestiones esenciales me imponen esta conclusión: 1º) la no obligatoriedad en el seguimiento de los fallos plenarios dictados por las Cámaras Nacionales en jurisdicción provincial.

Este Cuerpo ha sostenido claramente que "la mera cita de un plenario de un tribunal de extraña jurisdicción que en modo alguno resulta vinculante para nuestros tribunales, lo será para la misma Cámara y para los Jueces de Primera Instancia respecto de los cuales sea aquella Tribunal de Alzada, y en todo caso en aquellos ordenamientos procesales que contengan una previsión análoga a la de los arts. 302 y 303 del CPCN, pero no para nuestro sistema procedimental, que no regula sobre este instituto, pues en todo supuesto la doctrina legal la fija este Superior Tribunal de Justicia, procurando asentar y mantener la unidad en la jurisprudencia, sin que ello implique, dígase, la imposición de un ciego seguimiento de sus pronunciamientos ni el menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, quienes pueden si así lo previenen, dejar a salvo su criterio personal" (Cfr. S.D. N° 2/S.R.E/04 y 6/S.R.E./04); y 2º) el fallo en crisis se encuentra suficiente y sólidamente fundado en el marco de la cuestión litigiosa debatida; aún cuando se haya inclinado por una posición doctrinaria y jurisprudencial que no resulta ser, la que sostiene la casacionista.

Bajo ningún aspecto, se autoriza en estos casos, la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad pretorianeamente elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y receptada legislativamente en nuestra normativa procesal como motivo casatorio. (art. 288 inciso "e" del C.P.C.C.).

En tal sentido, este Superior Tribunal de Justicia ha señalado que: "siendo que el mismo tema puede ser resuelto con fundamentos en más de un criterio, la circunstancia de que el decisorio no se compadezca con aquél que el recurrente entiende aplicable al caso, no necesariamente lo tiñe de arbitrario" (Cfr. Expte. N° 14.044C1992, S.D. N° 24/S.R.E./99; 04/S.R.E./04, entre otras).

En fin, no debió la recurrente sustentar el agravio, limitándose a requerir la aplicación del art. 3982 bis del C.C. a la luz de la posición mayoritaria del Plenario de la Cámara Nacional Civil.

2.3. Otro aspecto del libelo recursivo al que no puedo dejar de referirme, es el vinculado a la equivocada técnica empleada cuando al pretender refutar los argumentos que expuso la Alzada para tratar la excepción de falta de legitimación pasiva (fs. 1165 vta.), se basó pura y exclusivamente en los mismos fundamentos que invocó en la instancia de origen (fs. 107). Este déficit atenta contra el carácter autónomo del recurso, y conduce, sin más, a la improcedencia formal del recurso.

Concretamente, la Corte Suprema ha dicho que la mera reedición de objeciones formuladas en las instancias anteriores no cumple el recaudo de formulación de una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por el a quo (Cfr. CSJN, 24/02/94 "Dorio SAICOI c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos" citada por Gladis E. De Midón "La Casación" Control del "Juicio de Hecho", págs 71/72, Ed. RubinzalCulzoni, Año 2001; y este Cuerpo en S.D. N° 07/S.R.E./06, 18/S.R.E./06 entre otras).

2.4. Para concluir, quiero referirme al alegado quebrantamiento de formas en el dictado de la sentencia sustentado en el art. 287 del C.P.C.C.; en el que sin dudas coincidiré una vez más con la opinión de mi colega que me precede en el voto.

El déficit en la presentación recursivo que he señalado hasta ahora, también se proyecta en el supuesto de quebrantamiento de formas en el dictado del fallo que se alega. La insuficiencia recursiva es patente. Bajo el ala de este motivo casatorio, pretende introducir la "violación de la ley o doctrina legal" contemplada en el art. 288 del C.P.C.C. (fs. 1166), generando aún mayor confusión.

Por cierto, la fundamentación que trae en este capítulo, denota la intención de atacar no sólo el voto mayoritario sino también el minoritario (fs. 1166/1171); valiéndose incluso de argumentos que expuso en el primer tramo del recurso. No se han respetado en este caso, los recaudos de autonomía, suficiencia y diferenciación en los motivos casatorios invocados.

Es más, diría que las cuestiones que conformaron el objeto del pleito han sido tratadas con concreta fundamentación, habiendo recaído decisión expresa, positiva y precisa, mediando entre los votos opiniones que se han complementado, integrado, e incluso coincidido.

Por ello, y a título ilustrativo, quiero recordar aquí, que en la oportunidad del dictado de la S.D. N° 26/S.R.E./99, se dejó explicitado que: "la mayoría de los votos concordantes deben coincidir en la solución de cada uno de los puntos o capítulos que integran la litis, pero ello no significa sin más que sea exigible la existencia de fundamentos iguales, cada juez puede dar sus fundamentos aunque no sean los mismos o difieran de los dados por los otros miembros.

Es que si fuera necesaria la coincidencia de fundamentos, la exigencia de votos individuales resultaría un requisito sin sentido, pues no sería otra cosa que exigir una reiteración de fundamentos por cada miembro del tribunal para establecer si existe mayoría en definitiva en aquellos supuestos en que los votos se apoyan en argumentos distintos. Lo que debe sopesarse es que estos no se excluyan jurídicamente entre sí, que no les falte afinidad acumulativa indispensable".

En consecuencia, no habiéndose ceñido la casacionista a los extremos de admisibilidad y procedencia que la ley enumera y delimita para hacer uso del carril extraordinario de la casación, propongo al acuerdo resolver la cuestión por la negativa. ASÍ LO VOTO.

III. En orden al recurso de casación de la parte actora, que centralmente pretende atacar el fallo a través de tres motivos casatorios incisos "c", "d" y "e" contemplados en el art. 288 del C.P.C.C., debo anticipar mi opinión al acuerdo por su rechazo.

Coincido así, luego de un detenido análisis del libelo impugnatorio, con la opinión vertida por el Dr. Pasutti, en cuanto ha mediado promiscuidad recursiva al exponerse los cimientos de cada una de las causales casatorias invocadas. Es más, alguna de ellas, ni siquiera gozan de base sustentable.

Tal el caso, de citar la causal del inciso "c", bajo la argumentación de la arbitrariedad (inciso "e") que, a su vez, sólo la apuntaló en citas jurisprudenciales (fs. 1142 vta./1145) y en la enunciación de las causales de la arbitrariedad que emergen, a su criterio del fallo en crisis (fs. 1143 "in fine" y vta. primer párrafo); cuando sabido es que atenta contra la propia autosuficiencia del recurso si la crítica se limita a la mera enunciación de los agravios, sin formular la mínima argumentación que los respalde (Cfr. v.gr. SCJBA, 11096, "C., J. H. y otro c/ C. S.", J. A. 1998II).

Por otra parte, al invocar la causal del inciso "d" contener la sentencia "disposiciones manifiestamente contradictorias"; directamente no ha mediado demostración alguna de su configuración. Diría, que conforme a la argumentación que expone en este tramo del recuro, la casacionista se ha limitado a exponer su disconformidad con las conclusiones del fallo; un criterio disímil con el del Alzada al tiempo de evaluar la procedencia de los rubros indemnizatorios peticionados en el libelo inicial de este pleito. (fs. 1142 y vta.) y en materia, que está estrictamente reservada a las anteriores instancias (conclusiones de hecho y prueba).

En fin, ha exteriorizado su propio punto de vista y ello no es suficiente para habilitar esta senda extraordinaria.

En otros términos, técnicamente, la recurrente a hecho un mal uso de los carriles o motivos casatorios, generando una mixtura tal que no es posible desentrañar el campo de cada uno de ellos; lo que ocasiona la inadmisibilidad del remedio intentado.

No se cumplió con la carga de enunciar los motivos, en forma clara, expresa y separada.

En este marco, se ha dicho que: "Afirmar una solución opuesta, expresar escuetamente con más voluntad que demostración crítica una disconformidad sin motivarla, insinuar un alcance diferente a lo explicitado en la motivación del fallo, no llega a conmoverlo para lograr su revisión" (Cfr. SCBA, "R., F. A. vs. O. SRL y otro", octubre 27 de 1987, entre muchos más, citado por Morello, Augusto "La Casación", pág 190, Ed. AbeledoPerrot).

Por todo lo expuesto, con acierto en esta oportunidad, propongo al acuerdo el rechazo del recurso de casación de la parte actora. Ello así, porque es en sentencia cuando este Cuerpo ejerce plenamente el examen de admisibilidad y fundabilidad. Nada impone al Cuerpo, el primer examen de admisibilidad que se efectuó por S.I. N° 74/S.R.E./06 (fs. 1208 y vta.), en la medida que ella es meramente provisional.

El juicio final y abarcativo de la totalidad de los recaudos de admisibilidad se producirá en el Acuerdo que precede a la sentencia (Cfr. art. 295 del C.P.C.C; S.D. N° 17/S.R.E/05, 03/S.R.E./06, 07/S.R.E./06 entre otras; y Tessone J. Alberto, "Recursos extraordinarios", págs. 325 y sgtes., Ed. Platense, Año 2004). ASÍ LO VOTO.

A la segunda cuestión el Dr. Pasutti dijo:

Tal como he votado a la primera cuestión, corresponde rechazar por improcedentes los recursos de casación interpuestos por la parte actora y la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L."; y confirmar en todas sus partes la sentencia venida en recurso, imponiéndose las costas en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.).

También estimo regular los honorarios de los profesionales intervinientes por las actuaciones que les cupo ante este Superior Tribunal de Justicia, en mérito a la calidad y extensión de los memoriales presentados y el resultado obtenido, en un 25% tanto para el Dr. O. Z. A., letrado apoderado de la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L." como para el Dr. C. A. R., letrado apoderado de la parte actora, de los que a sus respectivos favores se regularan por sus labores en Primera Instancia en la sentencia de la Alzada que se confirma (fs. 1109 vta. punto 4) (art. 14 Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99), todo con más el I.V.A. correspondiente.

A la misma cuestión el Dr. Royer dijo:

Atento como he votado la primera cuestión acuerdo con la solución propuesta por el Dr. Pasutti.

Con lo que se dio por finalizado el acto quedando acordado dictar la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) RECHAZAR por improcedentes los recursos de casación interpuestos por la parte actora y la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L.".

2º) CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia venida en recurso.

3º) COSTAS en el orden causado (art. 68 del C.P.C.C.).

4º) REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes, en un 25% para el Dr. O. Z. A., letrado apoderado de la codemandada "B. D. e Hijos S.R.L."; y en un 25% para el Dr. C. A. R., letrado apoderado de la parte actora, de los que a sus respectivos favores se regularan por sus labores en la Instancia de Origen en la sentencia de la Alzada que se confirma (fs. 1109 vta. punto 4) (art. 14 Dto. Ley Nº 2.200, T.O. Dto. Nº 138/99), todo con más el I.V.A. correspondiente.

5°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.

Fdo. Dres. Fernando S.L. Royer y José Luis Pasutti.

Recibida en Secretaría el 30 de Marzo del año 2007.

Registrada bajo el Nº 04 S.R.E.. CONSTE Fdo. Dra. Carmen Velez Secretaria