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Medidas cautelares, resolución denegatoria, decreto de necesidad y urgencia, servicios esenciales, servicio telefónico, telefonía celular, Internet, televisión por cable, prestación básica universal, emergencia sanitaria, coronavirus, perjuicio económico, falta de perjuicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Telecom Argentina S.A. c/ E.N. - ENACOM y otro s/ medida cautelar (autónoma)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-28

Corresponde rechazar la medida cautelar solicitada por una empresa de servicio telefónico contra el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto que se disponga la suspensión de los arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del DNU 690/2020, que declaró como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, internet y TV por cable, y estableció una prestación básica universal y obligatoria, habida cuenta que la normativa fue dictada en el marco de la pandemia mundial del Covid-19 que produjo una crisis mundial que afectó a todos los ciudadanos, y la finalidad del régimen mencionado es la protección del ejercicio de publicar ideas, de profesar libremente el culto, de enseñar y aprender, conectar y comunicar, es decir, garantizar los derechos humanos. Además, la empresa actora no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía, de manera tal de acreditar que la denegación de la medida cautelar le causaría un gravamen que difícilmente podría revertirse en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión.
Accidente de tránsito, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: MAZANTI, ALBERTO c/ ANGRISANI s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

En materia de accidente de tránsito lo fundamental es que los testigos hayan sido presenciales y que al deponer acrediten suficiente conocimiento de los hechos que han caído bajo la observación de sus sentidos. Las pequeñas diferencias entre los testimonios referidos y aún las imprecisiones, justamente llevan a creer en la autenticidad de los testigos ya que a veces una excesiva uniformidad o un recurso exacto de lo acontecido, luego de transcurrido tanto tiempo, puede precisamente inducir en sospechas.
Transacción, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: Pegassano, Jorge Alberto Francisco y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 32-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-10-05

Según las normas que rigen los contratos y, en particular, las transacciones, es regla general que las propuestas de acuerdo o convenciones sólo pueden producir efectos entre las partes que las celebran (artículos 1195 y 1197, código civil), no siendo procedente admitir la extensión de los alcances de la propuesta a situaciones no contempladas en el régimen. Además, dichas convenciones deben ser interpretadas restrictivamente ya que no reglan sino las diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido intención de transigir, sea que esa intención resulte explícitamente de los términos de que se han servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se halle expresado (artículo 835, código civil).
Recurso de inaplicabilidad de ley, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Expreso Singer S.A.T. s/ Recurso    Extraordinario  de  Nulidad  e  Inaplicabilidad  de  Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-11-05

No obstante considerarse exenta de reexámen por vía de la casación la interpretación de una concertación laboral -por tratarse de cuestión de hecho y prueba-, cabe hacer excepción de dicho aserto cuando se advierte deficiencias severas al tratar el cuadro fáctico.-
Acción de amparo, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: SEGURIDAD ENTRE RIOS S.A. c/ /MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-30

Resulta inadmisible la acción, a tenor de la causal establecida en el art. 3, inc. a), de la Ley Nº 8369, que así lo dispone cuando existan otros procedimientos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección o garantía de que se trate, salvo que por las circunstancias resulten manifiestamente ineficaces o insuficientes para la protección del derecho conculcado.-
Derecho de réplica, reconocimiento en sede judicial, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AADI CAPIF ASOCIACION CIVIL RECAUDADORA c/ HORIZONTES S.A. s/ ACCION SUMARISIMA para el ejercicio del derecho a réplica.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-09-17

Sobre la operatividad del arículo 14 del tratado de San José de Costa Rica, cabe señalar que la Corte Interamericna de Derechos Humanos (que ejerce funciones como órgano jurisdiccional y consultivo), al evacuar la séptima opinión consultiva sobre el derecho de rectificación o respuesta a instancia del Gobierno de Costa Rica, ha señalado la operatividad de la norma. Si bien una opinión consultiva no tiene en sí misma fuerza obligatoria, su vigor deriva de las argumentaciones y el prestigio de este organismo internacional. A ello corresponde agregar que el hecho de no existir una reglamentación expresa, no puede causar como consecuencia la conculcación del derecho. La reglamentación sólo aseguraría el mejor ejercicio de ese derecho, criterio seguido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra constitución provincial se enrola dentro de la línea del constitucionalismo moderno, al que se refieren los Convencionales Constituyentes en sus debates, por lo que -en consecuencia- debe ser interpretada en sentido amplio, abarcativo de la legitimación activa de las personas jurídicas respecto del Derecho de Réplica.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bolsa de Comercio Mar del Plata c/ Saseta, Victor D. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-13

Si no se confirió traslado del pedido del levantamiento del embargo más allá del acierto o no del Magistrado interviniente al proceder directamente al levantamiento de embargo sin intervención de la contraparte, al no participar ésta en la incidencia, no se la puede calificar como vencida, atento que vencido es aquel contra el cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial después de haberle otorgado una razonable oportunidad de audiencia y prueba.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Calumnias, injurias, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: GRINSPUN, BERNARDO s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

La relación de consunción entre calumnia e injuria hace desaparecer la figura y la pena de la injuria, tratándose de un mero concurso aparente entre ambas especies y en la que la calumnia consume a la injuria.
Acción de inconstitucionalidad, interés legítimo
Materia: PROCESAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Decreto N° 630/2010
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14

Visto la gama de derechos invocados y calificados como vulnerados por el decreto provincial que se pretende tachar de inconstitucional, no surge a mi criterio demostrado el perjuicio o los perjuicios que dice padecer con el dictado del decreto.

No encuentro a lo largo de todo el trámite de este expediente, ningún elemento probatorio que me permita inferir con un verdadero grado de certeza, la existencia de perjuicios concretos, efectivos y actuales que haya padecido la U.C.R., o que estén próximos a ocurrir.
Recurso de inconstitucionalidad, imputado, audiencia de conocimiento personal, orden público, Superior Tribunal de Justicia, actuación de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MARTINEZ, JORGE ROBERTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

El "contacto de visu" no se reduce únicamente a formar opinión con la finalidad exclusiva de aplicar la pena sino que permite el relevamiento de muchas otras circunstancias vinculadas al hecho y la personalidad del autor que hasta podrían variar la consideración de su responsabilidad penal. La aplicación de la pena mínima no solventa por sí misma la ausencia de la convocatoria de la audiencia "de visu" porque a través de ella pueden establecerse circunstancias especiales que aconsejen que la reacción penal más adecuada no necesariamente resulte la pena. Por todo ello, considero que el acto omitido constituye una oportunidad más en el ejercicio de su derecho de defensa y por lo tanto violatorio del principio constitucional que consagra la inviolabilidad de la misma, acarreando una nulidad genérica insubsanable y por lo tanto de orden público lo que permite más allá que no haya sido puntualmente planteada por las partes declararla de oficio. (DEL VOTO DEL DR. UCCI)
Derecho administrativo, acción de lesividad, nulidad del acto administrativo, incompetencia por el grado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DEL NEUQUÉN c/ ALLENDE, SERGIO OMAR s/ ACCIÓN DE LESIVIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-05

En tanto la Policía de la Provincia constituye un organismo que depende jerárquicamente del Gobernador de la Provincia, y no existiendo una delegación expresa que habilitara a la Jefatura de Policía a conocer y resolver el reclamo interpuesto por el demandado, surge con claridad la incompetencia de éste para dictar el acto declarado lesivo. Y es que, en virtud del principio de improrrogabilidad de la competencia, no puede el órgano inferior tomar la decisión que corresponde al órgano superior.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Josefina c/ Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

Como principio, la mera denuncia de arbitrariedad o absurdo no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, si no se demuestra que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. (En el caso, la recurrente se empecina en señalar los vicios que a su entender se presentan en el decreto 1029/2000 -relativos a la extensión del derecho estatutario a la estabilidad del empleado público, al régimen de ingreso a la función y a la motivación de la potestad revocatoria de oficio por parte de la comuna demandada- en tanto acto deficiente de designación de la actora; cuando en rigor de verdad, el transcurrir argumentativo y jurídico de la sentencia de Cámara se centra en la carencia de la potestad revocatoria de oficio por el transcurso del tiempo en cabeza de la demandada; y por interpretación analógica, a la potestad de reconvenir).(doctor Genoud, sin disidencia)
Falta de reglamentación de la ley, ley de contrato de trabajo, acción de amparo, declaración de inconstitucionalidad, control de razonabilidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

La lectura del artículo 43 de la Constitución que hace el recurrente, al sostener que el prolongado tiempo de la omisión de reglamentar el art. 179 de la ley 20744 -más de cuarenta años- impediría tener por acreditada la urgencia que requeriría la vía del amparo, arrasa con la letra y el espíritu de esa cláusula constitucional, pues la propia configuración de una omisión constitucionalmente relevante exige, en general y entre otras condiciones, el transcurso de un plazo razonable por lo que mal podría esgrimirse ese lapso para inhibir la habilitación de la vía de amparo (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Sentencia condenatoria, nulidad de sentencia, derechos y garantías constitucionales, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, Roberto. s/ NULIDAD DE SENTENCIA. DEFENSA EN JUICIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-09

Es nula la sentencia condenatoria que, con la genérica expresión 'los argumentos aducidos por la defensa', se tratan globalmente los distintos cuestionamientos formulados por aquélla, lo que afecta una cuestión esencial a la garantía del debido proceso.

La omisión del debido tratamiento de las cuestiones planteadas por las partes, descalifica la resolución, por arbitraria, pues impone una condena penal en condiciones riesgosas para los derechos del justiciable, vicios que no son subsanables en la instancia y determinan la anulación de oficio de la sentencia recurrida, por la importancia de las garantías afectadas (art. 18 CN).
Cese de uso de marca, grupo económico, contenido de sitios de Internet, libertad de expresión, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Castaneda, Matías s/ Cese de uso de marcas / daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-11

La mera infracción a un derecho marcario no es, de por sí, razón bastante para justificar un reclamo resarcitorio; se requiere para ello que, como consecuencia del ilícito, haya sido causado un daño, pues éste -como se sabe- es presupuesto de la responsabilidad.
Inspección ocular, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maltagliati, José s/ Incidente de Red. de Falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

El reconocimiento judicial constituye uno de los medios directos de prueba directa, a través del cual el órgano jurisdiccional, o en su caso el funcionario judicial que lleva a cabo la medida, se encuentra en inmejorables condiciones para acceder al conocimiento del hecho litigioso y formarse la convicción sobre el particular. Va de suyo, que quien practica el referido reconocimiento, está observando la realidad existente en ese momento, más lo cierto es que también está en condiciones de observar los rastros huellas o vestigios que los hechos anteriores son susceptibles de dejar a través del tiempo. Y desde luego, no puede ponerse en tela de juicio que el funcionario judicial no está capacitado para manejar razonablemente lo que indican las máximas de la experiencia universal.
Recurso de inconstitucionalidad, docentes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KESSLER, ELISABET c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-18

Encontrándose en discusión en el presente amparo la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del Anexo I de la Resolución N° 1471/2010 -en cuanto diferencia el cargo de Maestro de Educación Física del Cargo de Maestro de Educación Física Escuela Hogar 2a- y de diversos incisos del artículo 14 del anexo II de dicha resolución -por cuanto sólo tiene en cuenta la antigüedad para el cargo al que se aspira y considera de manera diferencial la antigüedad docente para el concurso como suplente en escuela pública y en escuela privada, otorgando a esta última la décima parte de la puntuación-, y teniendo en cuenta lo denunciado por la amparista, en el sentido de la ausencia de vacantes que le permitan titularizar -aun pese al cómputo de sus antecedentes conforme a sus pretensiones-, al cual no se opuso la Provincia en las vicisitudes posteriores del trámite, resulta sustraída toda posible materia litigiosa de la causa, lo que torna inoficioso el dictado de una sentencia de mérito; máxime si se tiene en cuenta que, mediante resolución -que ha quedado firme- de esta Corte -por mayoría- se ha declarado la sustracción de la materia litigiosa en la causa en que se impugnaba similar normativa aplicable al concurso correspondiente al año lectivo anterior, haciendo mérito en dicha oportunidad del hecho de que la actora logró titularizar como maestra de Educación Física. (Del voto del Dr. Spuler, que hace mayoría) - CITAS: CSJStaFe: Kessler, AyS T 262, p 80/89. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resolución 1471/2010, Anexo I, artículo 1; y Anexo II, artículo 14.
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: Mesner de Pardiño, Laura c/ Lagomare SRL s/ ACCIDENTE   S/    INCONSTITUCIONALIDAD  E  INAPLICABILIDAD  DE  LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-06

Corresponde imponer costas por su orden cuando -como en el caso de autos- se trata de una cuestión opinable en derecho, acerca de la cual existe variada y copiosa jurisprudencia.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Miño de Caraballo, Haydee L. c/ Teuco S.A. y/o Inverfor S.A. s/ Revisión de contrato y consignación S.A. s/ Revisión de contrato y consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-10

No tipifica el recaudo exigido por el art. 263 del Código de Rito el hacer generalizaciones o exponer argumentaciones de orden subjetivo, que no bastan para cumplir con la mencionada carga procesal.
Proceso contravencional, sistema acusatorio, desistimiento de la acción, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: M, H. s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

El artículo 39 de la Ley de Procedimiento Contravencional fija los límites dentro de los cuales procede el archivo de las actuaciones, potestad que detenta en exclusividad el Ministerio Público Fiscal, lo que trae como consecuencia la necesidad de recordar los criterios existentes respecto del principio de oportunidad y la determinación de cuál de ellos le cabe a la norma mencionada.

Sobre este tema, puede hablarse de dos formas distintas de entender el principio de oportunidad, el cual es la antítesis del sistema de legalidad estricta diseñado para el procedimiento penal nacional (artículo 71 Código Penal de la Nación).

El principio de oportunidad libre, es aquel que rige en el sistema de enjuiciamiento anglosajón, partiendo de una premisa básica, constituida por razones de neto corte político institucional. Esta situación se justifica, desde la órbita del principio democrático consagrado en el texto constitucional norteamericano, por el hecho de que los fiscales son elegidos mediante elección popular, sometiendo su actuación al control periódico de las urnas. De esta concepción, de gran amplitud en cuanto a los poderes atribuidos se deduce claramente que el único titular de la acción, y en todo momento del proceso, es el fiscal (procurador), quien representa directamente a la sociedad. Por otro lado, el sistema de oportunidad reglada, propio del derecho continental-europeo, implica que sobre la base de la existencia y aplicación del sistema de legalidad (esto es, la obligatoriedad de iniciar y continuar con la tramitación de los procesos por parte de los actores estatales que encarnan la persecución penal), se puedan establecer diversos criterios de oportunidad en la ley (¿material o procesal ) penal, que excepcionen la indisponibilidad de la acción. Así las cosas es posible afirmar que al Ministerio Público se le permite no provocar el juicio sólo bajo ciertas condiciones; entonces procede, ahora, afirmar que los límites se encuentran precisamente plasmados en el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Contravencional, norma que cercena las amplias facultades que detenta la figura del fiscal en el proceso acusatorio implementado para el sistema contravencional.

En este orden de ideas, siendo que son los jueces técnicos los que establecen la verdad histórica, y los fiscales los que llevan adelante la acusación y titulares de la acción, es correcto afirmar que no pueden regirse por un modelo de oportunidad libre, pues tal posibilidad violentaría el principio democrático que rige a toda estructura organizativa judicial. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Excarcelación, secuestro extorsivo, circunstancias que impiden la excarcelación, fuga del establecimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOPEZ, Silvia Inés. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-11-16

Es potestad legislativa regular el régimen de la libertad durante el trámite del proceso y su restricción en los supuestos previstos por los arts. 316 y 317, inc. 1° del C.P.P.N. se funda, en ambos casos, en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación.

Las pautas objetivas que trae la legislación no constituyen sino una razonable reglamentación del derecho constitucional de obtener la libertad en tanto no medió sentencia penal condenatoria.

La presunción de fuga también debe ser analizada de conformidad con las pautas del art. 319, C.P.P.N.. Procede confirmar la denegación de la excarcelación de la procesada como partícipe necesaria de secuestro extorsivo (arts.

45 y 170 del C.P.) que registra una condena a siete meses de prisión en suspenso, dictada por un tribunal oral en lo penal económico y el beneficio de una suspensión del juicio a prueba supervisada por un juzgado de ejecución penal.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, despido, carga de la prueba, injuria laboral
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Zárate Guillermina Graciela c/ Alborada S.R.L. s/ recurso de inconstitucionalidad laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-02-08

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y en consecuencia, debido a que si bien las cuestiones propuestas remiten al examen de puntos que, como regla, son ajenos a la instancia extraordinaria, cabe hacer excepción a ese principio cuando como sucede en el presente, la determinación de la injuria laboral no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas y a los principios que guían el Derecho laboral. Es que producido el despido directo, la carga de la prueba del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser así, cae la justificación de rescisión del vínculo, más allá de la existencia o no de actividad probatoria de la parte.
Fallos de la Corte Suprema, caso concreto, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: LABORAL
Carátula: GALLO, SELVA c/ CLUB DE PELOTA Y ESGRIMA ASOC. CIVIL s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-26

El pronunciamiento de la CSJN en autos: Pcia de San Luis C/ Estado Nacional s/ amparo del 5/3/03 está limitado, estrictamente, al caso de los depósitos bancarios constituidos en dólares estadounidenses y, más concretamente aún, el art. 2º del decreto 214/02. Pero la doctrina allí sentada resulta inaplicable cuando el conflicto se halla regido por las disposiciones de los arts. 11 de la ley 25561 y 8 del decreto 214/02, las que no fueron examinadas por la Corte en el aludido precedente.
Contrato de trabajo, feriados, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: DIRECCION POLICIA DEL TRABAJO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE ALBARDON s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-09

La regulación legal de los feriados nacionales se encuentra incluida en la l.C.T, arts. 165 a 171 y en la Ley 21.329, distinguiéndose los días feriados propiamente dichos de los días no laborables; la diferencia radica en que mientras en los primeros el descanso es obligatorio, el segundo es optativo para la patronal de casi todo el sector privado, correspondiendo doble remuneración para el que preste servicios en los días feriados y remuneración simple si trabajase en días no laborales.