Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-02


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 2 de 2009.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Heredia dijo:

1º) Hugo Mario Zandona promovió la presente demanda contra la Caja de Seguros de Vida S.A. por cobro de la suma de $ 22.860 --o lo que más o menos resulte de la prueba- correspondiente al seguro de vida colectivo, póliza nº 93.071, contratado por Cometarsa S.A. (ex empleadora del demandante) para cubrir el riesgo de incapacidad total y permanente de aquél, con más la cantidad de $ 5.000 en concepto de reparación del daño moral, intereses y costas (fs. 10/28).

La sentencia de primera instancia acogió la excepción de prescripción que opuso la demandada y, consiguientemente, rechazó la demanda imponiéndole las costas al actor (fs. 926/933).

Contra esa decisión apeló el demandante (fs. 934), quien expresó agravios en fs. 947/956, obteniendo la respuesta de fs. 960/961.

2º) Coincido con la demandada en cuanto califica de "farragoso" y de difícil interpretación el memorial de agravios del actor (fs. 960).

Con todo, trataré las críticas que aprecio inteligibles como sigue.

(a) Sostiene el demandante que jamás le fue entregada la póliza del seguro, que ello constituyó una violación de la demandada al deber de información estatuido por el art. 4 de la ley 24.240 y que, por consiguiente, esa omisión informativa obsta a que comience a correr el plazo de prescripción aplicable.

El agravio, así planteado, es francamente incomprensible.

En los seguros de vida colectivo no se entrega a los beneficiarios la póliza contratada por el tomador. Por el contrario, la compañía de seguro da a cada participante del grupo, únicamente, un "certificado individual", en el que se expresa que es uno de sus miembros y que está incluido dentro de la póliza concertada entre el tomador y el asegurador. Ese certificado, que tiene una función probatoria, contiene detalles también respecto de la cantidad asegurada y, a veces, incluye el nombre del tercero que debe recibir el pago del capital en caso de siniestro (conf. Morandi, F., Estudios de Derecho de Seguros, Buenos Aires, 1971, p. 364, nº 35).

En las condiciones expuestas, y no habiendo alegado el actor la falta de entrega del apuntado "certificado individual", de ninguna omisión informativa cabe hablar que contravenga lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.240.

Pero independientemente de lo anterior, si incomprensible resulta hasta aquí el agravio, más lo es todavía la consecuencia que de aquella supuesta omisión informativa derivó el memorial del actor, al sostener que la misma impedía que la prescripción empezara a correr.

En tal sentido, para determinar el instante en que comienza a correr el plazo de prescripción de la acción para el cobro de una indemnización por incapacidad dentro del marco de un seguro de vida colectivo, lo único que cuenta es el momento desde el cual la obligación es exigible y se la puede hacer valer judicialmente, circunstancia que, como regla, en casos como el sub lite, se configura al tomar el asegurado conocimiento cierto de su invalidez (conf. CNCom. Sala D, 2/10/08, "Sotillo, Amanda Leonor c/Telefónica de Argentina S.A. y otros"; CNFed. Civ. Com., Sala II, 17/5/96, "Enriquez, R. c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro", LA LEY, 1996-D, 861; íd. Sala III, 27/12/01, "Vilca, E. c/Caja Nacional de Ahorro y Seguro", LA LEY, 2003-A, 854). Es a partir de la referida cognición que nace la exigibilidad de la obligación (conf. CNCom. Sala B, 22/2/89, "Alvarez de Dobson c/La Buenos Aires Cía. de Seguros S.A."); y ello es así, porque únicamente a partir de la toma de conocimiento de la concreta siniestralidad, determinada por la minusvalía padecida, cabe entender habilitado el ejercicio de la acción que empieza, entonces, a prescribir (conf. CNCom. Sala C, 27/12/06, "Lucero, R. c/Caja de Seguros S.A s/ordinario"; íd. Sala A, 6/12/07, "Lopez, Hugo c/Caja de Seguros S.A. s/ordinario"; íd. Sala B, 20/6/08, "Méndez, Miguel c/Caja de Seguros de Vida S.A. s/ordinario").

Solamente cuando no hay prueba concreta y asertiva acerca de un conocimiento anterior de las dolencias que configuran el "siniestro" asegurado, el cese laboral marca normalmente el momento en que ese conocimiento debe ya considerarse indudablemente existente, a partir de lo cual, entonces, la prescripción inicia irremediablemente su curso (conf. CNCom. Sala D, 2/10/08, "Sotillo, Amanda Leonor c/Telefónica de Argentina S.A. y otros"; véase también: esta Sala, 27/9/2006, "Alvez, Ricardo c/Caja de Seguros S.A."; íd. 3/5/2007, "Ramos, Alberico Ramón c/Caja de Seguros de Vida SA s/ordinario"; Sala C, 19/5/06, "Vecchio, Oscar c/Caja de Seguros SA").

Y esta última es, precisamente, la situación que exhibe el caso de autos, pues no habiéndose rendido esa prueba concreta y asertiva, la juez a quo resolvió -acertadamente- que el curso de la prescripción aplicable debía contabilizarse a partir del cese laboral producido el 29/4/99 (fs. 932).

En suma, aparte de que la apuntada omisión informativa no existió, tampoco podría conectarse conceptualmente a ella el problema del inicio del curso de la prescripción, que se rige por pautas específicas.

(b) Aduce el actor que el plazo de prescripción aplicable es el de tres años previsto por el art. 50 de la ley 24.240, y no el anual establecido por el art. 58 de la ley 17.418. En tal sentido, sostiene que la ley de defensa del consumidor ha modificado, en ese punto, lo dispuesto por la ley de seguros.

No es dudoso que el régimen de defensa del consumidor puede ser aplicado a la actividad aseguradora y protege al consumidor de seguros (conf. Cracogna, D., La defensa del consumidor en el seguro, en la obra "Derecho de Seguros-Homenaje a Juan C. F. Morandi", dirigida por N. Barbato, Buenos Aires, 2001, p. 689 y sgtes.; Piedecasas, M., El consumidor de seguros, en la obra "Defensa del Consumidor", dirigida por R. Lorenzetti y G. Schötz, Buenos Aires, 2003, p. 341 y sgtes.).

Ahora bien, esa aplicación de la ley de defensa del consumidor en la órbita de la ley 17.418 reclama una adecuada interpretación.

Al respecto, cabe observar, ante todo, que habiendo nacido la prescripción de la acción ejercida en autos con anterioridad a la sanción de la ley 26.361 que reformó a la ley 24.240, el régimen legal aplicable para resolver la cuestión de cuál es el plazo extintivo, no es otro que el que se encontraba vigente al tiempo de comenzar aquélla su curso, y no el régimen actualmente en vigor. Ello es así, porque las prescripciones ya comenzadas se rigen por la ley anterior (arg. art. 4051 del Código Civil; Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2005, t. 6-B, p. 914).

Pues bien, con anterioridad a la sanción de la ley 26.361, la prescripción de tres años que aprobaba el art. 50 de la ley 24.240, solo se refería a las acciones y sanciones administrativas. Dicha norma estaba inserta, en efecto, en el capítulo XII de la referida ley, referido al procedimiento y las sanciones administrativas. Corroborando ello, el segundo párrafo del citado art. 50 señalaba que "...la prescripción se interrumpirá por comisión de nuevas infracciones...", lo cual es claramente indicativo de que el plazo del primer párrafo estaba referido a infracciones administrativas. De tal suerte, bien se ve, la ley 24.240, en su texto original, no había previsto un plazo de prescripción para las acciones judiciales emergentes de la misma. Por ello, el plazo prescriptivo aplicable era, necesariamente, el anual del art. 58 de la ley 17.418 (conf. Stiglitz, R. y Compiani, M., La prescripción del contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor, LA LEY, 2004-B, 1231; Stiglitz, R. y Compiani, M., El plazo de prescripción del contrato de seguro, LA LEY, 2005-F, 379; Stiglitz, R. y Compiani, M., La prescripción en el contrato de seguro y la ley de defensa del consumidor, LA LEY del 26/2/2009).

Y aun cuando, por hipótesis, se entendiese que el citado art. 50 de la ley 24.240 aprehendía igualmente a las acciones judiciales, la prescripción extintiva prevista en ese precepto se aplicaría exclusivamente a las acciones judiciales emergentes de la propia ley de defensa del consumidor, pero no a las acciones que emergen del contrato de seguro y de la ley especial que lo rige en lo pertinente; ley especial que el propio estatuto de defensa del consumidor respeta en su art. 3º (conf. CNCom. Sala C, 17/12/08, "Lois, María c/La Buenos Aires Cía. Arg. de Seguros S.A. s/ordinario").

En función de lo expuesto, el agravio del actor aquí examinado debe ser rechazado.

(c) Las quejas, por demás genéricas, que el actor también levanta contra la sentencia fundadas en el carácter constitucional de la protección del consumidor, la finalidad tuitiva de la ley 24.240 y su condición de norma de orden público (art. 65), no alcanzan a desvirtuar el hecho, cierto y concreto, de la prescripción cumplida.

En efecto, la sentencia recurrida declaró aplicable al sub lite, de manera inobjetable según se vio, que era aplicable el plazo de prescripción anual establecido por el art. 58 de la ley 17.418; solución que, valga señalarlo, concuerda con conocida y amplia jurisprudencia aplicada a casos análogos (conf. CNCom. Sala D, 8/5/97, "Ares, Celso c/Sud América Cía. de Seguros de Vida y Patrimoniales SA"; íd. Sala D, 8/5/97, "Pared, Toribio c/Sud América Cía. de Seguros de Vida y Patrimoniales SA"; íd. Sala B, 8/3/88, "Chaparro de Castro, L. c/La Meridional Cía. de Seg. SA", JA 1988-III, p. 26; íd. Sala B, 17/12/01, "Balboa, Omar c/Provincia Seguros SA"; íd. Sala E, 7/4/95, "Amaya, Narcisa c/Sevel Argentina SA"; íd. Sala E, 29/12/92, "Rodríguez, L. c/La Meridional Cía. de Seg. SA"; CNFed. Civ. Com. Sala I, causa nº 3995 del 27/5/86; íd. Sala II, causa nº 7011 "Oberti, Federico c/CNAS", del 5/12/89; causa nº 7436 del 18/10/90; 6132/91 del 7/9/93; causa nº 10.416/95 "Mammana, Olga Mónica", del 21/12/99; íd. Sala III, 5/11/87, "Avila Romero, A. c/CNAS", LA LEY, 1988-B, 89; etc.).

Partiendo de tal premisa, la juez de primera instancia ubicó el dies a quo del plazo de prescripción en la fecha del cese laboral (lo cual también resulta inobjetable, según se viera) y concluyó que, al tiempo de ser denunciado el siniestro el 15/6/00, por haber transcurrido el plazo anual del art. 58 de la ley 17.418, ya había operado la extinción de la acción promovida.

Frente a ello, las apuntadas referencias generales atinentes al régimen jurídico de las relaciones de consumo, no constituyen razones hábiles para fundar adecuadamente la apelación (art. 265 del Código Procesal).

(d) Afirma el actor que, a todo evento, debe considerase que medió por parte de la aseguradora una renuncia a la prescripción ganada, ya que hubo aceptación tácita del siniestro.

Esta aserción no responde a la realidad de las cosas pues, como bien lo señaló la juez a quo, habiéndose denunciado el siniestro el 15/6/00, su rechazo por la aseguradora el día 13/7/00 con fundamento en la prescripción cumplida (fs. 4 y 489), resultó tempestivo en relación al plazo de treinta días previsto por el art. 56 de la ley 17.418 (fs. 933). En otras palabras, no hubo ninguna aceptación tácita por omisión de pronunciamiento en los términos de la parte final de esa norma.

(e) Por cierto, a contrario de lo también alegado por el actor, no fueron actos que implicaron interrupción de la prescripción aplicable, los que califica como "actos de procedimiento", a los que, además, asigna el carácter de actos recognoscitivos de su derecho. Es que los actos de procedimiento aludidos por el actor (solicitud de entrega del formulario de denuncia, radicación de esta última, y actuaciones médicas cumplidas para examinar la existencia del siniestro) se produjeron cuando la prescripción ya había operado y, por tanto, no era susceptible de ser interrumpida.

Por lo demás, aun haciendo abstracción de lo anterior, tampoco tales actos podrían tenerse como recognoscitivos del derecho del asegurado y constitutivos de una renuncia a la prescripción ganada, ya que no evidenciaron inequívocamente ninguna voluntad abdicativa del derecho a invocar la prescripción por parte de la aseguradora (conf. Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 6-B, p. 628).

(f) En fin, por las razones expresadas, no se presenta en el caso ninguna duda sobre la procedencia de la defensa de prescripción opuesta por la demandada.

Al ser ello así, tampoco podría jugar el conocido principio, reclamado en su aplicación por el actor, según el cual cuando existe duda sobre la procedencia de la prescripción, corresponde estar a la vigencia de la acción promovida.

3º) La expresión de agravios del actor formula otras manifestaciones que, según lo entiendo, no son conducentes para resolver (consideración del sufrimiento padecido; naturaleza alimentaria del seguro en cuestión; monto indemnizatorio; etc.). Las dejaré a todas ellas de lado porque los jueces no están obligados a seguir a las partes en todos y cada uno de los planteos, sino solamente en aquellos que estimen pertinentes para la correcta composición del litigio (conf. CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

En su caso, cierro el voto recordando que, más allá del reproche ético que pueda merecer el planteo de la prescripción en determinados casos, es necesario tener en cuenta que esa defensa encuentra su fundamento en razones de seguridad, de orden y de paz social, pues al derecho también le interesa sobremanera liquidar ciertas situaciones inestables, impidiendo que puedan ser materia de revisión después de pasado cierto tiempo; de este modo, se da certeza a los derechos y se aclara la situación de los patrimonios (conf. CSJN, Fallos 232:654; CNFed. Civ. Com. Sala I, 11/12/90, "Acosta vda. de Aldao, Cayetana c/Estado Nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino").

4º) Por lo expuesto, en mi opinión debe confirmarse la sentencia recurrida, con costas al actor (art. 68 del Código Procesal).

Así lo propongo al acuerdo.

Los doctores Vassallo y Dieuzeide adhieren al voto que antecede.

Concluida la deliberación los jueces de Cámara acuerdan: (a) Confirmar la sentencia recurrida, con costas al actor (art. 68 del Código Procesal). (b) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto se hayan regulado los de la anterior instancia. Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.- Pablo D. Heredia.- Juan J. Dieuzeide.- Gerardo G. Vassallo.