marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, culpa de la víctima, Prefectura Naval, responsabilidad civil, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: CIVILLOTTI JULIO OMAR Y OTRO c/ VEGA JUAN MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

No basta para responsabilizar a la Prefectura -por aplicación del art. 1113, 2° par., CC-, la propiedad de la pistola utilizada en el hecho, ya que el dueño de la cosa puede exonerarse acreditando su falta de culpa, prueba ésta que corresponde apreciar con criterio benigno. Las características del episodio y la forma en que se generó -por la total y única responsabilidad del co-demandado-, permiten tener por acreditada -en principio- la ausencia de culpa del titular de la cosa. Existe, sin embargo, indirectamente y en forma tangencial responsabilidad de la prefectura en cuanto a que habría una dosis de causalidad en el hecho de obligar a portar el arma reglamentaria en forma permanente y fuera del ámbito específico de su función a personas que -tal vez- aun no poseen un grado de maduración suficiente como para ejercer semejante responsabilidad y asumir sus consecuencias.(En el sub-caso se trataba de un aspirante a cadete y de un marinero quienes contaban con 20 años de edad).

Ello así, corresponde atribuir solo un 30% de responsabilidad al estado y ordenar se libre oficio a la Prefectura Naval Argentina, con copia de esta sentencia, para que adopte -o revea- las medidas o reglamentos necesarios a fin de evitar en un futuro esta clase de penosos accidentes.
Daños y perjuicios, daño material, daño moral, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, padecimientos mentales
Materia: CIVIL
Carátula: Mansilla, Manuel Angel c/ Hepner, Manuel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-26

Una internación en un establecimiento de salud mental, incluso en supuestos de urgencia, exige pedido escrito y firmado, a deducirse ante el director del establecimiento (conf. arts. 1, inciso d, 4, inciso a, Ley 22.914). El director debe, también de manera fundamentada, admitir o negar la internación; y si la admite, practicar las comunicaciones jurisdiccionales respectivas.

Como principio, la internación no fundamentada, no se bonifica con cumplir, después de consumarla, las notificaciones al Ministerio Público, o llevarla a conocimiento del Juez. La ausencia de admisión fundamentada por parte del director, tampoco se suple con la presencia de un médico de guardia.

Demandados daños y perjuicios por parte de quien fuera ingresado mediante violencia a una clínica para enfermos mentales y medicado contra su voluntad, corresponde hacer lugar al daño material y moral. Respecto del primero porque fue compelido a ingerir severas drogas para una demencia que no padece ni padeció nunca, de donde habiendo entrado sano egresó enfermo medicamentoso, según la contraindicación emergente de administrar a quien no es demente las drogas severas para quien sí lo es. Para establecer el monto se tendrá en cuenta las consecuencias desfavorables para su desempeño futuro y la gravísima arbitrariedad que le fue impuesta. El sobreseimiento penal para el director de la clínica determina que éste no sea delincuente con las motivaciones represivas que esa clasificación conlleva (art. 1103 del Código Civil), pero su conducta en tanto frustró mediante violencia el desplazamiento del accionante excede el marco de lo represivo para enfrentar el derecho a la libertad civil (conf. arg. art. 936 del Código citado), lo que suscita el resarcimiento del daño. También corresponde hacer lugar al daño moral porque la humillación vivida, aunque no es cosa ni bien, puede apreciarse en dinero para resarcirle, con el común denominador de los valores, la degradación, ansiedad y angustia en la que fue inmerso. Para fijar su monto se tendrá en cuenta los catorce días que estuvo privado de su libertad, el tratamiento médico impuesto mediante violencia y el contexto en que fue perpetrado.
Inconstitucionalidad, gravedad institucional
Materia: PROCESAL
Carátula: F., A. C. Y M. F., D. E. c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-19

Se tiene dicho que: quien alega la inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría a la Constitución Nacional, causando un perjuicio que también debe ser fehacientemente demostrado, ya que la declaración de ésta constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico (CS, 9/12/93, JA 1195-I-44; id; 7/5/1991, LL 1991-B-785).
Pago de la remuneración, despido indirecto, licencia por enfermedad, injuria laboral, sanciones disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: CASO DIEGO SEBASTIAN c/ BERTORELLO J, MODENUTTI A.S.H. Y OTRO s/ COBRO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-28

Si se advierte que la carta documento del despido indirecto, cumple con las previsiones del art. 243 de la LCT, en tanto en ella el trabajador hace alusión, entre otras cuestiones, a los reposos laborales prescriptos por los profesionales tratantes, las suspensiones dispuestas por su empleador sin goce de haberes en forma injustificada a raíz de las inasistencias y la falta de respuesta a la propuesta de zanjar las diferencias existentes entre el diagnóstico realizado por el médico de la demandada y la psicóloga del actor. etc., cabe considerar acreditadas las causales constitutivas de injuria suficiente que justifica la situación de despido en que se colocó el trabajador, compartiendo el razonamiento del sentenciate en punto a que se halla acreditado que el estado de salud del actor no le permitía reincorporarse al trabajo, de modo que las sanciones disciplinarias aplicadas en virtud de las inasistencias resultan inapropiadas.
Injurias graves, causales de divorcio y separación personal, abandono voluntario y malicioso
Materia: CIVIL
Carátula: V, E. M. c/ A. T. Y. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2010-07-08

Para las injurias cabe aclarar que las de la norma invocada -ref. art. 202 incs. 4 y 5 CC- no requieren necesariamente el ánimo de ofender o la intención de causar daño, pues no se asimilan al delito homónimo de Derecho Penal.
Publicaciones obscenas, acción dependiente de instancia privada, denuncia, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, facultades de la Municipalidad, legitimación procesal, representación procesal
Materia: PENAL
Carátula: C., E. M. s/ ACCION  DEPENDIENTE  DE  INSTANCIA  PRIVADA.  PUBLICACIONES OBSCENAS.  MUNICIPALIDAD. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-21

Son nulas las actuaciones promovidas por infracción al art. 128 CP con motivo de la publicación de una revista-, por ser la denunciante la representante de la Municipalidad, porque tratándose de un delito cuya investigación sólo procede por denuncia del agraviado o su representante legal, no se ha satisfecho la exigencia de la instancia privada requerida en el art. 72 del CP.

Aunque el bien jurídico protegido es el pudor público, al órgano Municipalidad le está vedado formular válidamente la denuncia, desde que como persona de derecho público que es, solo tiene las atribuciones que la ley orgánica le marca expresamente -19987- y que taxativamente fija sus atribuciones -art. 31, en especial los incisos u), v), w), x) e y)- en lo que hace al control de la moralidad, por lo que no puede considerarse habilitada para promover la acción y como lo ha consagrado la jurisprudencia y la doctrina, en los delitos dependientes de instancia privada la denuncia constituye un requisito de procedibilidad.

NOTA: En contra: Sala III, c. 18978, C. E., 14/5/85; Sala VII, c.

5304, Chab, Norberto, 5/6/85.
Responsabilidad civil, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: O. , A. R. c/ F. J. , E. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-11

"El choque entre dos o mas vehículos pone en juego las presunciones de causalidad y responsabiliza a cada dueño o guardián por los daños sufridos por el otro (art. 1113 párrafo 2 "in fine"), con fundamento objetivo en el riesgo; para eximirse cada uno de los responsables debe invocar y probar la culpa de la víctima, la de un tercero por la que no debe responder o el caso fortuito ajeno a la cosa, que fracture la relación causal.

Cuando, como ocurre en el caso sólo se dedujo pretensión por uno de los damnificados, responde el otro con igual fundamento y el demandado carga con la afirmación y prueba de la eximente, que no puede consistir en su falta de culpa porque este factor es extraño a la imputación objetiva del "ordenamiento, sino en una de las tres que acabo de nombrar".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTIGOZA, JONATAN LUIS Y MARTINEZ, KEVIN NICOLAS c/  s/ HOMICIDIO AGRAVADO ARMA DE FUEGO ETC.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-12-07

En relación a los cuestionamientos vinculados con el arma tumbera secuestrada y a que la misma se encontraría -a criterio de la impugnante- en poder de la víctima o de sus amigos la noche del hecho, del fallo recurrido se vislumbra que la Cámara consideró que lo sostenido por el Tribunal de grado lucía acertado por cuanto no existía en el caso elemento probatorio alguno -ni siquiera con grado indiciario- que permita sostener que aquéllos tuvieran un arma de fuego; y frente a este marco argumental, la compareciente se limita a reeditar los mismos planteos que sobre este tópico esgrimiera en la Alzada, insistiendo con achacar insuficiencia de fundamentación en la resolución impugnada, mas no persuade de la irrazonabilidad del criterio sentencial, al no evidenciar en concreto la decisividad que tales reproches tendrían en orden a acreditar que su acogimiento pudiera generar una variación en el resultado final de la causa.
Homicidio simple, principio de congruencia, error de tipo, menores
Materia: PENAL
Carátula: G, J. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-11

Si el fiscal delimitó el hecho sobre el que articuló su acusación, considerando que fue la patada que un tercero propinó a la mano del imputado -que empuñaba el arma de fuego- lo que provocó el disparo de letales consecuencias, durante el contradictorio no puede introducirse, en violación del principio de congruencia, la hipótesis de que fue el imputado quien disparó el arma. Está vedado al tribunal tomar los dichos vertidos por quien fuera coimputado en la causa en oportunidad de prestar declaración indagatoria como elemento de prueba para sostener una hipótesis fáctica diferente a la del fiscal de juicio, puesto que al atestiguar bajo juramento en el debate oral y público sostuvo que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes. Debe declararse penalmente responsable del delito de homicidio culposo al imputado, si la muerte de la víctima no es un resultado que le resulte ajena, sino que se trata de un concreto daño que fue la realización de un obrar riesgoso de su parte -extraer un arma de fuego, manipularla lista para disparar y apuntarla hacia personas- aunque luego haya intervenido la patada del tercero. Corresponde anular la imposición de pena y disponer la extensión del tratamiento tutelar, si al establecer que la aplicación de una pena favorecerá el proceso educativo iniciado, el a quo omitió por completo la posibilidad de asegurarle al menor el acceso a los medios de educación sin necesidad de un efectivo encierro. Una de las disidencias parciales sostuvo que la plataforma fáctica permaneció inalterada a lo largo del proceso, y la otra consideró que el a quo brindó suficientes motivos para concluir que correspondía imponerle una pena al joven imputado. (Dres. Diez Ojeda, Hornos -disidencia parcial- y González Palazzo -disidencia parcial-).
Recurso de casación, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: REFAELICH, DANIEL s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

El requerimiento del señor fiscal de juicio hubo de adecuarse a la interpretación de la garantía constitucional que prohíbe la "reformatio in pejus" y que, de adverso, el pedido que exorbita el máximo de pena aplicable carece de virtualidad, en los términos del artículo 458, inciso 2º del Código Procesal Penal, para habilitar la vía recursiva del Ministerio Público.
Divorcio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C., A. c/ C. de C., N. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-13

En los juicios de divorcio en que se controvierte la conducta matrimonial, las conclusiones han de extraerse de un análisis conjunto más que del desmenuzamiento de cada testigo. Con apoyo en la doctrina sentada por nuestra Suprema Corte, recuerdo que en estos juicios la prueba debe analizarse en conjunto con el objetivo de extraer la verdad de lo ocurrido en el hogar y establecer, dentro de la relatividad de las cosas humanas, la culpabilidad que corresponde a cada uno de los cónyuges en el fracaso de matrimonio; lo que corresponde verificar, a través de todos los elementos de convicción de que se dispone, con las causas o razones determinantes del clima en que se desenvolvía la vida conyugal (causa: Ac. 26866, sent. 17 /VII/79, en DJBA., 117-157, causa: Ac. 37420, 8/III/88 y Ac. 38337, 15/III/88, en Sumarios de los Fallos de la Suprema Corte 1988, pág.

nº 81).
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carpinetti, Raúl Jorge c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

La garantía de movilidad previsional (art. 14 de la Constitución nacional) debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación del jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad.
Ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, intereses
Materia: PROCESAL-ECONOMIA
Carátula: Tecninoa Ingeniería S.R.L. c/ Y.P.F. y Otro s/ Civil y comercial - varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-04

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que respecto de los intereses generados con posterioridad al 1° de abril de 1991, consignó que se aplicara un promedio entre las tasas activa y pasiva, toda vez que prescindió de disposiciones de inexcusable aplicación a los créditos anteriores a esa fecha en virtud del carácter de orden público que el legislador atribuyó al régimen de consolidación previsto en la ley 23.982 sin que las razones expresadas en la decisión recurrida justifiquen el apartamiento de expresas disposiciones que regulan el modo de ejecución de sentencias firmes que resultan aplicables a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas consolidadas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Concurso de delitos, concurso ideal, falsificación de documentos, partida de nacimiento, supresión del estado civil
Materia: PENAL
Carátula: Santoro de Garbarino, Ana s/ causa  nx  10.114  por  sustracción  de  menores en concurso real con  supresión de estado civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El delito de supresión de estado civil (art. 139, inc. 2 del Código Penal) concurre idealmente con la falsificación de los certificados de nacimiento que dan cuenta de una relación parental inexistente.
Contratos, locación, locación de cosas, precio, dólares, validez de cláusula contractual, cancelación de deudas, tipo de cambio, pago, procedencia del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley, caso fortuito
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Hola Rental SA c/ Covimer SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-31

Corresponde admitir la demanda incoada en reclamo del pago de facturas y notas de débito, así como por la diferencia del tipo de cambio aplicado para la cancelación de algunas de ellas, emitidas en el marco del contrato de alquiler celebrado entre los justiciables sobre ciertas maquinarias. Ello así, pues de conformidad con las órdenes de compra y facturas arrimadas a la causa, las partes acordaron que el alquiler de las máquinas se pactó en dólares estadounidenses, previéndose la posibilidad de cancelar la factura en pesos argentinos a la cotización que dicha devisa poseía al día del pago.
Divorcio, separación personal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OROS FELIPE c/ CARMEN SILVA s/ Divorcio (LIBRO: S084 - 140)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-18

Si no existe un pedido conjunto de ambos cónyuges de que se dicte sentencia de divorcio vincular, conforme el nuevo régimen de la ley 23515, la solución del pleito no puede ir más allá del pedido de separación personal inicialmente demandado durante la vigencia de la ley 2393.
Daños y perjuicios, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Bonadero Alberdi de Inaudi, Martha Angélica y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-16

La cámara que aceptó la aplicabilidad al caso de la teoría del riesgo o de la llamada responsabilidad objetiva (art. 1113 del Código Civil) no puede negarse a tratar la posibilidad de concurrencia de culpas fundándose en que el tema fue introducido por los actores al expresar agravios, estaba excluído de la litis en virtud del principio de congruencia.
Restricciones a la capacidad, deberes del juez, principio de inmediación, código civil y comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M. P., C. F. c/  s/ determinación de la capacidad (vigente hasta 13/08/2015)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

La labor atribuida a los jueces por el nuevo Código Civil y Comercial en materia de determinación de la capacidad de la persona va más allá de una aproximación para tomar vista, pues implica un ejercicio de evaluación y de seguimiento cuyo adecuado despliegue está, en principio, vinculado con el lugar en donde habita establemente la persona; máxime, cuando el desenvolvimiento de los profesionales involucrados podría verse dificultado fuera del ámbito territorial para el que fueron designados. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, despido sin causa, despido por fuerza mayor, docentes, planes de estudio, juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SORIANO, GABRIELA INES c/ INSTITUTO PARTICULAR INCORPORADO Nº 9028 Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL-COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 368 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-25

Corresponde rechazar la queja del recurrente en relación a la normativa aplicable al caso, desde que no logra desmerecer la respuesta que brindara la Sala al juzgar que fue el propio empleador el que invocó la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo al comunicar el despido de la docente profesora de "estenografía".

Es que, la Sala centró su tarea valorativa en "... verificar el cumplimiento de los recaudos legales en cuanto a la concreta causal de despido invocada, esto es la fuerza mayor, incluida en el art. 98 de la ley 24013 como una de las que obligatoriamente genera, con carácter previo a su concreción, el procedimiento preventivo de crisis", llegando a la conclusión de que fue el propio quejoso quien, cuanto menos en relación a la extinción, consideró aplicable la invocada normativa laboral; y que, al despedirla, invocó como causa la "fuerza mayor" del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, ofreciendo los rubros que de acuerdo a la misma correspondían, por lo que no podía contradecir un acto propio realizado con anterioridad.

Fuera de lo expuesto, indicó que la normativa invocada por el impugnante es clara en cuanto a que la aplicación de la Educación Polimodal, bajo las condiciones de reubicación, "no significará la cesantía de ningún docente" (art. 6, decreto 4052/00), siendo ésta la norma de aplicación a las Instituciones Educativas de Gestión Privada (art. 19); y ello es así -manifestó- aunque el Ministerio de Educación no hubiere dictado las disposiciones complementarias que permitiesen darle cumplimiento a las mismas, y , en todo caso, es la propia institución afectada la que debió haber instado la actividad, por cuanto ante un despido por razones de falta de trabajo o fuerza mayor, la empleadora debe agotar todas las instancias que pudieren haber posibilitado la continuación de la relación.

En base a las conclusiones reseñadas, el Tribunal juzgó, en definitiva, que el despido debía tenerse por incausado (arts. 104, ley 24013, y 3, decreto 264/02).
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEVERIN PATRICIO GUSTAVO c/ COLOMBATTO VICTORIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1993-04-13

Si el esposo reclama el daño moral sufrido por su esposa, pero no acciona en su nombre ni con mandato de ella, su agravio no es atendible -artículo 1078 del Código Civil.
Sentencia arbitraria, extinción del derecho, suspensión del plazo, recurso de casación
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Exagrind S.A. - Estancia San Rafael c/ Tali Sumaj y/o Inversiones Ganaderas S.A. s/ Daños y Perjuicios - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-12

Resulta arbitrario el fallo de primera instancia que resuelve revocar el decreto por el cual se suspendió el plazo para contestar demanda y dar por decaído el derecho dejado de usar, juicio que comparte el Tribunal Ad-Quem, sin advertir que aún quedaba un tiempo sin transcurrir como para que el demandado materialice tal acto.

En efecto, más allá de considerar si la notificación debía cumplirse en el lugar en que el demandado tiene su explotación industrial o si debía serlo en el lugar en que se ubica la sede social de la empresa, o si lo que correspondía en el caso era un incidente de nulidad o la suspensión del término, lo cierto es que hubo un plazo que estaba vigente y que en modo alguno se encontraba vencido como para dar por perdido el derecho dejado de usar.

La amplitud con que debió ser valorado el derecho de defensa obligaba a considerar que hasta el vencimiento del término para contestar demanda tenía el demandado la oportunidad procesal de producir dicho acto.

En conclusión, corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado y revocar el fallo impugnado en todas sus partes.

(Del voto del Dr. Cáceres-Por la Mayoría)
Cesantía, reincorporación, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KAUFMAN EDUARDO DAVID c/ JUNTA DE FOMENTO DE VILLA GOBERNADOR DOMINGUEZ s/ PAGO DE HABERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1988-11-22

Habiéndose dispuesto con anterioridad la reincorporación de un agente de la administración pública por gozar de la estabilidad propia que establece el artículo 21 de la Constitución Provincial, corresponde se le reconozca el derecho de percibir los salarios caídos, aunque no haya prestado servicio desde su censatía hasta su reincorporación, atento a que el principio general que requiere el ejercicio efectivo de la función para cobrar el sueldo, reconoce como excepción el supuesto de que tal falta de prestación no sea imputable al agente sino a la administración pública, si aquél impugnó en tiempo oportuno la medida segregativa, accionando en consecuencia