Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-08-27


A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 27 de agosto de 2008, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, Hitters, Soria, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 91.080, "Corfo Río Colorado contra Gennari, Susana Isabel. Apremio".

A N T E C E D E N T E S La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó el fallo de primera instancia que había desestimado la excepción de inhabilidad de título articulada.

Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente C U E S T I O N ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? V O T A C I O N A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

1. La Cámara fundó su decisión en que:

a) El título obrante a fs. 8, en sus formas extrínsecas, no exhibe deficiencias que lo inhabiliten como tal.

b) En lo que hace a la ausencia de legitimación de la actora para el cobro de la deuda, la ejecutada no ha aportado más allá de sus dichos elementos de los que surja el presupuesto en que funda su excepción.

2. Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció infracción de los arts. 113, 126, 132, 133, 134 y 183 de la ley 12.257, (Código de Aguas); del decreto 1806/88; 3 inc. c, 20, 24 y 35 de la ley 7948 de creación del ente autárquico Corfo Río Colorado; 2 de la ley 9122; 354 inc. 1 y 358 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.

3. El recurso es insuficiente.

a) En lo atinente al cuestionamiento efectuado a la legitimación de la ejecutante:

Dijo el a quo luego de concluir en el carácter contingente de los consorcios particulares organizados por el decreto 1806/1988 y a quienes la excepcionante atribuye legitimación para el cobro de la deuda de autos, que aún dando por cierto que en el caso funcionan dichos consorcios particulares y que atienden algunos de los servicios del riego, el art. 113 de la ley 12.257 resulta aplicable al caso; que este dispone en su inc. b) que para el supuesto de que los mentados consorcios presten servicios de limpieza, conservación y reparación en forma directa, deberán convenir con la entidad administradora del riego la proporción que corresponde como retribución por tales servicios; que es facultad de la entidad autorizar la percepción directa por parte del consorcio; pero si no mediara dicha autorización aclara la norma será la entidad administradora quien tendrá a su cargo el cobro contra el miembro en mora.

Luego de tales afirmaciones concluye el tribunal al fundamentar el rechazo a la excepción planteada que la aplicación de la norma se halla condicionada a tales circunstancias que no fueron acreditadas.

Me he detenido a reseñar con detalle los fundamentos del tribunal para resaltar la insuficiencia del ataque que anticipara.

En efecto, alegó el recurrente (para sostener el absurdo que invoca) que la incongruencia del razonamiento del a quo queda patentizada cuando dice en el fallo que la legitimación de Corfo es a priori y que sólo cedería si se acreditara tanto la existencia del consorcio como la delegación de facultades, y al mismo tiempo asevera que dicha prueba está vedada en este tipo de procesos.

Sin embargo, el argumento vinculado al límite cognocitivo del juicio de apremio no fue utilizado por el a quo al fundar este acápite ni tampoco fue invocado por el impugnante en su expresión de agravios (v. fs. 42/46), razones tales por las cuales el agravio debe ser rechazado; es doctrina reiterada de este Tribunal que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no se pueden introducir cuestiones que no fueron planteadas en las oportunidades debidas en las instancias anteriores (arg. art. 272, C.P.C.C.; conf. Ac. 39.885, sent. del 4 X 1988 en "Acuerdos y Sentencias", 1988 III 621; Ac. 48.414, sent. del 24 III 1992; Ac. 50.155, sent. del 8 VI 1993).

b) En lo atinente al cuestionamiento del certificado de deuda:

Alega en suma el quejoso que en el título base de la ejecución no hay posibilidad de reconstruir la deuda.

Ello no es así.

Los juicios de apremio han sido regulados teniendo en cuenta los títulos ejecutivos de formación (origen) administrativo, por lo que puede señalarse que la medida del conocimiento se reduce todavía en mayor intensidad, es decir, que es más abreviada que la del juicio ejecutivo (conf. Morello, Sosa, Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y comercial Prov. de Bs. As. y de la Nación" T. VI C, pág. 597).

La autosuficiencia de los certificados de deuda se analiza a la luz del art. 2 de la ley 9122/1978 y subsidiariamente de los principios generales en la materia. La liquidación de autos (fs. 8) emana del funcionario autorizado por el organismo administrativo recaudador, constata una deuda líquida debidamente discriminada en su concepto y período temporal comprendido. Ello lleva a concluir que el título aquí cuestionado no exhibe extrínsicamente deficiencias que lo inhabiliten en su fuerza ejecutiva.

En sentido concordante sostienen Morello y colaboradores (obra citada T. VI C, comentario al art. 605 C.P.C.N., pág. 644) analizando el procedimiento en el juicio de apremio que "la excepción de inhabilidad de título sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas de aquel, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y exigibilidad de la deuda y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación procesal y sustancial, quedando excluida del conocimiento judicial la causa de la obligación".

En autos el estado de deuda glosado a fs. 6/7 no integra el título (fs. 8) razón por la cual la denunciada falta de correlación de los montos que en ellos se consignan no afecta su habilidad; y una eventual corrección deberá ser replanteada en un proceso ordinario posterior con mayor amplitud de debate (art. 551, C.P.C.).

4. Por todo ello, no habiéndose acreditado las infracciones legales denunciadas, doy mi voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

La ley 7948 creó el Ente autárquico CORFO Río Colorado, como entidad administradora del riego (arts. 1 según dec. 9835/1982 2 y 3). A su vez, el decreto reglamentario de dicho plexo jurígeno 1806/1988 organizó la creación y funcionamiento de los Consorcios particulares previstos en el Capítulo X de la ley de marras, a los efectos de la construcción y administración de las redes privadas de canales de riego y desagüe (art. 24). El decreto reglamentario antes citado les otorgó a dichos Consorcios autarquía de rentas y fondos (art. 20, inc. F. 2); la facultad de fijar las contribuciones a cargo de los regantes (art. 20 inc. G. 6); como asimismo estableció el procedimiento en caso de falta de pago de las contribuciones por parte de los consorcistas (arts. 20 inc. J. 2 y 21).

Por otra parte, la propia Corporación puede ella directamente explotar las obras de canalización y desagües (art. 3 inc. c de la ley 7948/1972 texto según ley 12.257 en cuyo caso la acción por falta de pago de las respectivas contribuciones competerá a dicho organismo. Cabe señalar igualmente que es deber del Administrador General fijar los cánones y otras contribuciones por los servicios que presta la Corporación (art. 11 inc. f) por lo que en tal situación este Ente también tendrá legitimación activa para el cobro de tales acreencias.

En este contexto cabe remarcar que los arts. 385 y 386 del Código Rural oportunamente aplicables, fueron derogados por la ley 12.257 (Código de Aguas). Dicha normativa en el Titulo VIII prevé y regula lo relativo a los Comités de Cuencas Hídricas y de los Consorcios. Con relación a estos últimos destinados a realizar, administrar, conservar, mantener u operar obras hidráulicas o prestar servicios hidráulicos (art. 126), estipula que el Consejo Directivo del Consorcio debe cobrar e invertir las sumas de las contribuciones que los miembros deben pagar para el funcionamiento y cumplimiento de sus fines que fuesen previamente autorizados por la Asamblea general (art. 131). A ese efecto, "en caso de mora, esas contribuciones se cobrarán por la vía judicial de apremio con los privilegios previstos para la contribución inmobiliaria. El consorcio podrá encomendar su percepción a la autoridad. La certificación de deuda por el presidente y secretario del Consejo Directivo, conforme con las constancia documentales pertinentes, será título ejecutivo suficiente" (art. 132, ley 12.257; el remarcado es propio). Este dispositivo legal que sin lugar a dudas legitima sólo al Consorcio por los servicios prestados salvo que expresamente se delegue tal cobro a la autoridad, parece ab initio contradecir la norma actuada por el sentenciante art. 113, ley 12.257 al indicar que la "entidad administradora tendrá a su cargo el cobro contra el miembro en mora" (ídem) y que la misma "podrá autorizar u ordenar el cobro directo por el consorcio de la parte correspondiente" (art. cit.). El precepto de marras está dirigido a la contribución que debe realizar "todo concesionario de agua pública, cualquiera sea el carácter de la concesión" adviértase que no refiere a los usuarios para cubrir los gastos de la administración general y particular de los servicios y obras que preste o realice la entidad administradora del servicio o los consorcios en su caso. Tal contribución podrá integrarse con los rubros que el art. 113 del Código de Aguas en sus distintos incisos precisa. A saber: a) Contribución anual que se destinará a los gastos de interés general que la entidad Administradora efectúe; b) Contribución anual que se destinará a atender los gastos de interés particular de cada acueducto o conjunto de acueducto de que se sirvan los consorcios o usuarios; c) Contribución anual que se destinará a reintegrar en todo o en parte, el capital invertido en estudios, proyectos u obras, cuando no se las ejecuta con carácter de fomento, como el monto resultante de los préstamos que pueda otorgar la entidad administradora. El mismo dispositivo legal remarca que la certificación de la deuda que haga la entidad administradora del riego, constituye título habilitante para la vía de apremio, como que las sumas que se recauden quedarán afectadas a los fines allí determinados, constituyendo recursos de la entidad administradora o de los consorcios en su caso.

Todo este complejo normativo constituido por pluralidad de fuentes normativas y preceptos legales debe ser interpretado de modo de armonizar los distintos dispositivos jurídicos que los integran manteniendo la coherencia jurídica que cabe presumir en el legislador y consecuentemente la vigencia de todos los términos legales.

En definitiva, conforme el contexto legal descripto, cabe determinar la legitimación activa y pasiva teniendo en consideración qué contribuciones o rubros se reclaman y contra quien se direcciona el pedimento judicial.

En efecto, en estos autos, conforme el art. 113 del Código de Aguas actuado por el sentenciante fs. 56 vta./57 vta. y denunciado como erróneamente aplicado fs. 65 según surge del propio y claro texto legal del que no cabe prescindir, la administradora está habilitada para demandar los rubros que en sus tres incisos se especifican y que hemos transcripto ut supra, salvo autorización u orden de cobro directo al consorcio con respecto a la contribución anual destinada a atender gastos de interés particular, contra los concesionarios de aguas públicas, cualquiera sea el carácter de la concesión.

A fs. 8 obra el título ejecutivo en el que se reclama al titular de la concesión aquí demandado el pago de una suma líquida por los conceptos que allí se detallan todos fincados en los incisos del art. 113 de la ley 12.257 en razón de las fechas de los rubros reclamados. A fs. 15 se deduce excepción de inhabilidad de título con sustento en los arts. 542 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial y 6 inc. b de la ley 9122 cuestionado en su primera parte la falta de legitimación de CORFO para iniciar la presente causa. Lo cierto es que como ha sido señalado el comportamiento procesal de la entidad administradora está conforme a derecho.

Finalmente es dable advertir que lo aquí propuesto ni implica un cambio de doctrina de esta Suprema Corte sobre la materia, dado que el precedente Ac. 79.477 (sent. del 11 VII 2001) ha sido edificado sobre la insuficiencia del recurso, circunstancia que no conlleva confirmar el acierto de lo decidido en la instancia de origen.

En lo restante adhiero al voto de la distinguida colega doctora Kogan.

Voto pues por la negativa.

Los señores jueces doctores Genoud e Hitters, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la cuestión planteada también por la negativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 3060, efectuado a fs. 59, queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002 (texto Resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase.