marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, diferencias salariales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALCOCER, SONIA ISABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-08-15

El pronunciamiento impugnado no satisface el derecho a la jurisdicción y por ende debe ser anulado, toda vez que reconoce el derecho al cobro de haberes por el ejercicio de una mayor función prescindiendo de considerar la circunstancia de que no existe el cargo presupuestario cuya retribución se pretendía. En efecto, luego de reconocer la incompetencia del Consejo de Administración del Hospital para crear el cargo pretendido, advierte la ausencia de estructura orgánica del área en cuestión y finalmente refiere a la carencia de elementos probatorios sobre la categoría que correspondería a la función concretamente desarrollada por la agente, para concluir en el reconocimiento de diferencias salariales entre lo percibido y lo que le correspondería percibir por un cargo de mayor categoría, en una mera expresión de voluntad de los Juzgadores, dogmática y arbitraria. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad, incapacidad absoluta
Materia: LABORAL
Carátula: Almirón, Modesto Julián c/ Frigorífico Anselmo S.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-05

Está disminuido laborativamente en los términos del art. 212, cuarto párrafo de la L.C.T. el trabajador afectado por una incapacidad permanente de la total obrera y que 'solo puede realizar tareas de tipo intelectual, pero no físico' ya que es obvio que toda clase de funciones, incluso la intelectual, requiere el complemento de actividad física, de la misma manera que el trabajo físico exige un aporte intelectual.
Cobro de sumas de dinero, gratuidad del procedimiento, prueba, crédito laboral, declaración de inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Rey Orlando Oscar Jose  c/ Zhuo Chunsheng s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-23

El beneficio de gratuidad no puede extenderse a aquellas personas que invocan la condición de trabajador y no lo demuestran. Al respecto, considero pertinente aclarar que la CSJN, en la causa "Velárdez" (del 15-5-14), no extendió el beneficio de gratuidad a una persona carente de la calidad de trabajador. Lo que hizo en la misma fue reconocérselo a un dependiente que, además de accionar contra la empresa para la cual había prestado servicios demandó a un tercero (un socio) reclamando su responsabilidad en el pago de acreencias laborales. En esa línea de pensamiento se ha expedido la Sala del Trabajo del STJER en fallo casatorio dictado en los autos "Kisser c/ Frate" del 16-04-04 y también en "Navarro c/ Recalde" del 9-06-2008, razón por la cual, conceder el beneficio de gratuidad a quien no demostró ser trabajador sin antes declarar la inconstitucionalidad de los arts. 284 y 285 del CPCC es otra incongruencia que invalida tal decisorio (Voto Stettler, en disidencia. Adhesión Ronconi)
Acción declarativa de inconstitucionalidad, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Natacha SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción declarativa de Inconstitucionalidad Acción declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-18

La medida cautelar solicitada por la actora y las circunstancias en que se presenta la acción, dejan en claro que la actora viene a estos estrados para plantear un "caso" que podría, eventualmente, ser sometido al control difuso de constitucionalidad, pero no persigue un pronunciamiento en abstracto sobre la constitucionalidad de la normativa impugnada. (Del voto de la Dra. Ruíz).
Reformatio in pejus, monto de la pena, facultades de la Cámara de Apelaciones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Olmos, José Horacio; De Guernica, Guillermo Augusto s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-09

Se violó la prohibición de la reformatio in pejus al elevarse las penas que se habían impuesto en la anterior condena, ya que la jurisdicción de la cámara de apelaciones para dictar la sentencia impugnada surgió del pronunciamiento de la Corte provincial que descalificó esa primera condena que había sido consentida por el Ministerio Público.
Costas, sucesiones, exclusión hereditaria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: S., M.M. c/ O., B.E. s/ EXCLUSIÓN DE HEREDERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-22

La distribución de las costas debe pesar en un setenta por ciento a cargo de la demandada y en un treinta por ciento sobre la actora, si prosperó la demanda de exclusión hereditaria del cónyuge supérstite, pero no la pretensión de anular la manda testamentaria que lo beneficiaba con el quinto disponible. (Sumario N°17624 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín N°1/2008).
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, brucelosis, prueba, responsabilidad subjetiva, culpa, responsabilidad extracontractual, empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: SARAVIA, CARLOS HORACIO c/ INDUSTRIA FRIGORIFICA RECREO SAIC s/ DA#OS Y PERJUICIOS     ACCION COMUN POR ENFERMEDAD     ACCIDENTE DE TRABAJO      EXPTE NRO 2-92
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-10

Las tareas que desempeñaba el actor como empleado de un establecimiento frigorífico sin los elementos de protección adecuados, aparecen como las más aptas para producir el daño brucelosis-, no siendo dudoso el encuadramiento en la normativa de los artículos 1113 y 1109 del Código Civil puesto que se presenta como resultado de la intervención de las cosas como objeto generador del daño comprobado (enfermedad) y no cumpliendo la empleadora el deber legal del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que basta para hacer aplicable también el artículo 1109 del Código Civil, considerando cumplido el presupuesto de ilicitud por violación de la norma laboral citada, sustrato de la responsabilidad civil extracontractual.
Acto administrativo, publicación del acto administrativo, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION c/ C/ LA DEFENSA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

El art. 108 del decreto 1.759/72 exige la publicación en el Boletín Oficial de aquellos actos administrativos de alcance general, pero no es un requisito primordial para el caso de normas dictadas en virtud de una relación de sujeción especial, cuya publicidad se puede ejercer por otros medios, como ocurre precisamente en el caso de la Superintendencia de Seguros, con arreglo a lo previsto expresamente en el artículo 85, primer parágrafo de la Ley 20.091.

En tales condiciones, toda vez que la sanción del decreto 508 - el día 31-3-87 -, fue notificada a las CompaÑías Aseguradoras (adjuntándose copia del) mediante la comunicación N. 2000 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fechada el 21-5-87, desde ese momento se debe considerar publicado en los términos del art. 2 del Código Civil que solo requiere publicación oficial, pudiéndose estimar tal la que la propia ley disponga.
Sentencia condenatoria, fundamentación de sentencias, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

Corresponde absolver al imputado como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, pues el hecho que, en su calidad de propietario, decidiera prestar al ejercito la quinta que funcionara como centro clandestino de detención, donde estuvo detenida la víctima, sufrió tormentos y fue asesinada, no implica que el mismo tuviera conocimiento de las atrocidades que allí sucedían, cuando no existe ninguna prueba directa de su participación en los ilícitos, de modo que el razonamiento del a quo, que se basa en suposiciones de que el imputado no podía ignorar tales circunstancias, de ninguna manera pueden suplir el valor procesal de elementos probatorios contundentes y contestes acerca de un accionar concreto por parte del encartado, siendo tal razonamiento un silogismo falaz y vulnerando el derecho de defensa en juicio. (del voto del Dr. Juan Carlos Gemignani en disidencia parcial)
Acción de amparo, juicio sumarísimo
Materia: PROCESAL
Carátula: MERINO HERMINIA c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-13

El art. 321, Inc. 2°, del Código Procesal concierne al llamado "Amparo contra particulares" y es regulado por la vía de aquel proceso. Aparte del aspecto relativo a la persona contra la cual se deduce y que la Ley de Amparo prevé un supuesto de caducidad (art. 2, Inc. E), la naturaleza del proceso sumarísimo, demanda, defensa (art. 8, Ley 16.986), prueba, sentencia y recursos, previstos en el art. 498 del Código Procesal, no permite advertir distingos sustanciales entre los regímenes enunciados (cfr. Fechochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 2, pág. 82).
Concursos, fondos del concurso, crédito por honorarios, procedimiento laboral, pronto pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISKIN, RUBEN s/ INC. DE PRONTO PAGO EN AUTOS: BANCO ODDONE SA S/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-07-25

El crédito por honorarios regulados en sede laboral se encuentra incluido entre las acreencias cuyo pago prioritario dispone la LS:

176.
Comisión Nacional de Valores, mercado de valores, operaciones bursátiles, autorización de venta, falta de autorización de venta, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: COHEN SA SOC. DE BOLSA c/ DANZA, OSCAR ENRIQUE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-22

Toda vez que, de acuerdo con el reglamento operativo del Merval 4.O.1.H., según texto vigente a partir de la reforma inscripta en la inspección general de justicia el 25.8.93, Los agentes de bolsa pueden solicitar a sus comitentes una autorización escrita para operar en su nombre, la ausencia de tal autorización hace presumir, salvo prueba en contrario, que las operaciones realizadas a su nombre no contaron con el consentimiento del comitente, no pudiendo suplirse esa falta de prueba escrita o principio de prueba por escrito emanada de este, por una pericia realizada sobre la contabilidad de la sociedad de bolsa, pues además de no tratarse de un pleito entre comerciantes, tales asientos no se encuentran respaldados por documentación autentica, resultando inadmisible también -en el caso- la prueba testimonial (art. 209 del C. de Comercio).
Tribunal colegiado, sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: DE PASCUALE DE MAYTA c/ M ARIAS s/ SENTENCIA  -  FORMALIDADES  -  RECURSO DE REVISION - PRUEBA OMITIDA -  SIMULACION - VOTO POR ADHESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-21

El voto de uno de los vocales no es una simple adhesión, cuando contiene no una mera repetición mecánica de argumentos anteriores sino una opinión propia y fundada sobre el mérito de la demanda, suficiente por si misma para revelar un conocimiento maduro de la causa y descartar la infracción al art. 1334 (Texto anterior a la ley 7449). No obstante que exista en el voto una remisión a la enunciación de pruebas contenidas en los votos anteriores, esto no es objetable, pues de la prohibición de adherir impuesta por la norma no podía inferirse la existencia de un deber de cada uno de los jueces de los tribunales de apelación de hacer una exposición del material probatorio incorporado a los autos. En orden a esta tarea de documentación mas que de decisión, basta con que uno de los votos incluya una relación de causa para juzgar satisfecha la exigencia del art. 350 CPC. La finalidad que ha tenido la ley 6883 al prohibir la adhesión, no ha sido que cada juez describiera la situación litigiosa o enumerara las pruebas de cada parte, sino que al expresar su opinión sobre el 'thema decidendum' lo hiciera en forma independiente dando a conocer sus propios motivos separadamente de los enunciados por los demás miembros del tribunal.
Acto administrativo, tribunal de cuentas, observaciones del tribunal de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Matesanz, Alicia y Otros c/ E.N. -Mº de Trab. y Seg. Social s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

El instituto jurídico de la observación -en rigor oposición- que se había previsto en el inc. a) del art. 85 de la Ley de Contabilidad, como una de las materias atribuidas a la competencia del Tribunal de Cuentas de la Nación, constituía una de las manifestaciones concretas de la actividad administrativa de control. En los casos de violación de normas legales o de perjuicios ocasionados al Fisco por actos administrativos, el Tribunal debía acudir -entre otros arbitrios- a la observación del acto que se llevaba a su conocimiento, para lo cual era menester que dicho acto estuviera referido a la hacienda pública, contrariara o violara disposiciones legales o reglamentarias.

La observación suspendía la ejecución del acto administrativo impugnado, el que sólo podía recobrar eficacia si mediaba insistencia de los órganos habilitados para hacerlo. Si el acto era insistido, se ejecutaba bajo la exclusiva responsabilidad del órgano insistente. En caso contrario, al perder su ejecutividad no se cumplía y, si su anterior cumplimiento había generado perjuicios económicos, correspondía que se ventilaran las responsabilidades jurídico-administrativas (disciplinaria y/o patrimonial), jurídico-civil (indemnizatoria), jurídico-penal (punitiva), y política pertinente ("La observación legal: instrumento del control externo de la Hacienda Pública", de Daniel Rosatti, en E.D. T. 108, págs. 741 y sgtes.).
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: LABORAL
Carátula: López, Alvaro T. c/ Firestone de la Argentina S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo. Acción civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

No corresponde la anulación del fallo si el tribunal del trabajo ha resuelto la pretensión sometida a su conocimiento sin omitir el tratamiento de ninguna cuestión y la decisión se encuentra fundada en ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, cambio de lugar de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ESCOBAR, LORENA PERLA c/ VESTIDITOS S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-31

Debe considerarse injustificado el despido con causa dispuesto por el empleador con motivo en la negativa del trabajador a prestar tareas en el marco de un cambio de sector de trabajo, toda vez que los elementos de la causa resultan insuficientes para calificar de "injustificada" la negativa, ni que importara la imposibilidad de proseguir con el vínculo contractual, dado que la demandada no ha descripto concretamente las tareas que debía efectuar la actora en el otro sector, por lo que no puede predicarse que el cambio dejara a resguardo una modalidad esencial del contrato de trabajo, cual es la categoría laboral.
Competencia, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asociación Coop.Colegio Nacional A.Comerc.Noct.de Salliqueló c/ Caprile, Marta S. y otro s/ Rescisión de contrato - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

La competencia se ha determinado "in limine litis" es decir, de entrada y "prima facie" con arreglo a los términos de la demandada.

Debe estarse, entonces, a los alimentantes integrantes de la pretensión y no el contenido de las defensas deducidas por el demandado, ya que éstas no alteran el objeto del proceso y sólo inciden en la determinación de las cuestiones litigiosas.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho civil, protección de la vivienda, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Razetto, Jorge Andrés  c/ Benedetti, Sara Silvina y otro  s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-07-03

El art. 456 del CCC, en correlación con la Carta Magna y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, recepta la protección de la vivienda única familiar, y sólo admite la agresión patrimonial si el consorte no titular también contrajo la deuda y/o en el caso en que hubiere tenido conocimiento de la misma y presta su anuencia.
Intereses moratorios, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: Azócar, Emilio Héctor c/ Soler, Daniel Antonio y Otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-11

Si bien entre "stipulatio poenae" e intereses moratorios median diferencias conceptuales, ambos indemnizan al acreedor por el mismo daño moratorio, de modo que si la obligación principal devengara intereses de acuerdo al ya recordado art. 622 de nuestra Ley Civil y se permitiera añadir a ellos la cláusula penal moratoria pactada, de hecho el acreedor recibiría un doble resarcimiento, superior desde luego al convenido. De allí que no resulten acumulables pena e intereses moratorios no convenidos.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Vallejos Miguel Angel c/ S.G.P.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-09-12

El actor, quien se desempeñaba como oficial de policía, promueve acción de amparo contra el gobierno de la Provincia a los fines de que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e ilegitimidad del Decreto 2534 MGJEOYSP que ordenó su pase a disponibilidad fundado en el artículo 113 inciso a) de la Ley 5654/75. Al fundamentarse los relevamientos solicitados por la Jefatura de Policía, se expresó que "lo enunciado obedece a razones de índole estrictamente del servicio" y "que es dable destacar que en razón de no estar previsto otorgar cargo alguno a los mismos, se torna procedente en tal sentido, disponer el pase a revista en Situación de Disponibilidad". Teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo actúa dentro de un Estado de Derecho, la actividad que despliega debe siempre enmarcarse dentro de la Constitución y la ley. Va de suyo que, ya sean las facultades administrativas regladas o discrecionales, las mismas deben necesariamente ser motivadas. Esa motivación de los actos administrativos constituye un requisito esencial que deriva de los principios generales del derecho y no solo hace a la forma del acto, sino también a su sustancia (cfrme. Gordillo, "El acto administrativo", Abeledo Perrot, Bs. As. 1969, pág. 316).
Información ambiental, interpretación de la ley
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-11

El libre acceso a la información ambiental, que constituye un derecho que, a su vez, importa el presupuesto para la exigibilidad del derecho constitucional a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, se encuentra ampliamente reconocido en los arts. 2°, inc. i, 8°, 16, 17 y 18 de la ley 25.675 y en la ley 25.831 que regula el régimen de libre acceso a la información pública ambiental (Disidencia de los Dres. Ricardo Luis Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereira,Dardo Abdón c/ Caja de Retiros,Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Caparelli, Dardo Rubén c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Vaccare, Horacio Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativAySu acumulada B. 54.323 Bouche, Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Mograbi, Alejandro Sergio c/ Municipalidad de Tigre s/ Demanda contencioso administrativa Mollo, Italo Santiago c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Alfredo Arregui S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal Fiscal) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11|1991-11-05|1993-08-24|1997-04-29|1997-07-08|1998-03-17|1991-10-15

La nueva redacción de una norma legal resulta relevante para resolver el caso desde que las modificaciones introducidas por el legislador a las normas vigentes pueden servir como elementos útiles para confirmar la corrección de determinado criterio interpretativo.
Interpretación de la constitución, interpretación de tratados internacionales
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: REARTE ADRIANA SANDRA Y OTRO s/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA- AMPARO- RECURSO DE APELACION- RECURSO DIRECTO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-04-14

La interpretación "conforme" es un principio que se deriva directamente de la Constitución como norma que confiere fundamento y unidad al ordenamiento jurídico.

Tal principio o máxima de hermenéutica posibilita que, de entre varios entendimientos posibles de una regla de derecho, el intérprete opte por aquel que mejor se acomode a los dictados constitucionales.

Ante la coexistencia de diversos instrumentos internacionales y de derecho interno que regulan una situación o un derecho, deberá seleccionarse aquel sentido que mejor asegure la vigencia del derecho o el mayor margen de tutela de la persona humana.
Actos y diligencias procesales, resoluciones, sentencia, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMISION LIQUIDADORA QUIEBRA ROMAN c/ MIGUEL MEREB Y OT. s/ Acción Ordinaria (LIBRO: A071 - 141)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-11-24

Es nulo el fallo que regula honorarios en base a una lista de bienes y valores presentado por una de las partes, si no se ha dado la debida intervención a la otra. Ello así por violación del derecho de defensa en juicio.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia, terminación del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: TARJETA NARANJA S.A. c/ MARIÑO, RAMON ORLANDO s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01

La obligación de urgir al elevación de los autos y la puesta en ellos en estado de dictar resolución por la Alzada se encuentra a cargo de apelante.

Es decir, no sólo debe procurar la real y efectiva elevación de los autos, sino también que en la Alzada se realicen los trámites que anteceden a la resolución, como por ejemplo la de hacer conocer la radicación tal como lo dispone el art. 269 del Cód. Procesal Civil y Comercial.-