marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, principio de congruencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Montero, Alberto Manuel y otro c/ Provincia de Buenos Aires s/ Cobro de pesos, accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Interpreta absurdamente la contestación de demanda el tribunal del trabajo que exige a la parte actora la prueba de un hecho no controvertido -ya que la falta de legitimación de los actores no fue articulada como defensa por la demandada-, apartándose de los términos en que quedó trabada la relación procesal y violando así el principio de congruencia (arts. 45 inc. "e" y 48 del dec. ley 7718 /71 -t.o. dec. 4444/93- y 163 inc. 6º del C.P.C.C.).
Reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: CIVIL
Carátula: A., M.E. c/ A., SA s/ Revisión de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-04-17

El decreto 214/2002 impuso lo que dio en llamarse la "pesificación forzada", con el añadido a la manda genérica legal de una suerte de "seguro contra la injusticia": la cifra resultante de esa pesificación uno a uno podía "reajustarse", por los jueces a instancia de parte interesada, si el valor de la cosa bien o prestación fuere superior o inferior a aquella cifra en el momento del pago. Conforme al régimen del dec. 214/2002 ya no hay más pesificación negociada.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Quilcenter c/ Raballino Anatilde s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El reglamento de copropiedad constituye la ley a la que deben sujetarse y ajustar sus derechos y obligaciones individuales los copropietarios.
Daños y perjuicios, vía pública, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: Borghetti, Marta Lidia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-07-11

Debe rechazarse la demanda de daños y perjuicios deducida por quien alegó haber sufrido una caída al descender a la calle como consecuencia de un supuesto mal estado de la carpeta asfáltica y del desagüe pluvial, ya que no se acreditó es que al momento del accidente la calzada se hallara en mal estado y que el tropiezo hubiera ocurrido en función de ello, y si bien el día del infortunio la reclamante acudió a la guardia y padece incapacidad, ello no acredita que el daño tenga relación causal con el hecho denunciado.
Sociedades comerciales, fusión de sociedades, contratos en curso de ejecución
Materia: COMERCIAL
Carátula: STARBENE SA c/ JUMBO RETAIL ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

Si bien la fusión importa que la sociedad nueva o la incorporante recoja en su totalidad el patrimonio de la sociedad incorporada, incluyendo los contratos celebrados, los cuales se transfieren sin modificaciones (Roitman, Horacio: Ley de Sociedades Comerciales comentada y anotada, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, pág. 251; Zaldivar, Enrique y otros: "Cuadernos de Derecho Societario", Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1980, t. IV, págs. 128, 130); ello no predica "simpliciter", que los contratos celebrados por la sociedad incorporante ("rectius" los beneficios comunes que de ellos emanan) sean de aplicación retroactiva a operaciones comerciales concernientes a la absorbida, celebradas con anterioridad a la fusión).
Locación de obra, sublocación
Materia: COMERCIAL
Carátula: INGENIEROS AGRONOMOS CONSULTORES ASOCIADOS  INACO   SA c/ SUPERCEMENTO  SACI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-21

La finiquitación de las cuentas entre el comitente de las obras y el contratista y la consiguiente renuncia a todo reclamo ulterior, en nada afectan las diferencias o pretensiones que puedan hacer valer el contratista y el subcontratista entre sí, pues los términos de tal acuerdo no aluden a la liquidación de esas relaciones y cuestiones sino a la vinculación existente entre el dueño de la obra y el locador de la misma.
Daños y perjuicios, daño físico, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: FERNÁNDEZ KARINA EVA c/ IBÁÑEZ JOSE VICTOR Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31

A los efectos de cuantificar la indemnización por el rubro daño físico debe considerarse que, si bien se acreditó que la actora desarrollaba una continuada actividad como atleta, tal circunstancia no amerita entender que el menoscabo que le producen las secuelas del accidente le genere un daño patrimonial; pues no se produjo ni se ofreció prueba alguna demostrativa de que tal actividad fuera remunerada, que hubiera percibido alguna premiación en dinero, que las competencias o eventos en los que participaba distribuyeran premios monetarios o que su participación en aquellos le resultara fuente de ingresos económicos por sponzorización, patrocinios o cualquier otro motivo.
Derecho procesal, prueba, rechazo de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moya, Damián A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

La incorporación tardía en el debate de las pruebas compiladas en la instrucción cuando había prelucido tanto la oportunidad del representante del ministerio fiscal de solicitarla como la del tribunal de disponer su recepción -agravada en el caso por la falta de oralización de las mismas (art. 363)-, violenta las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (art. 18 de la Carta Fundamental) en perjuicio del imputado, originando la nulidad absoluta tanto del material probatorio viciosamente adquirido como de la sentencia que es su consecuencia directa (art. 172, 1er. párrafo del C.P.P.N.). (Voto del Dr. Riggi).
Recurso de apelación (procesal), apelación en relación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresas Luna c/ Consorcio Copropietarios Edificio Acapulco s/ Liberación de participación en rubro expensas O., R. c/ T., M. s/ Medidas cautelar de no innovar - Tenencia - Actuación - Artº 250  Inc. 2º
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-18|1988-09-29

En los recursos concedidos en relación no procede recibir nuevos elementos de juicio, desde que no mediando apertura a prueba en segunda instancia, el Tribunal, para la revisión de la providencia impugnada sólo puede guiarse a través del memorial por las mismas pautas decisorias que el "a quo" tuvo a su alcance. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Procedencia del recurso, AFIP DGI, revocación de sentencia, impugnación del acto administrativo, monotributo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Makarovic, Héctor Walter c/ EN- AFIP- DGI s/ Dirección General Impositiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-23

Se hizo lugar al recurso de apelación interpuesto, se revocó el pronunciamiento apelado y se rechazó la demanda interpuesta por el actor, quien cuestionó los actos administrativos por medio de los cuales el organismo recaudador lo excluyó del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Registro de marca, caducidad del registro de marca, reconvención, carga de la prueba, presunciones, valor probatorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Colorín Ind. de Materiales Sintéticos  S.A. c/ Cintoplon  S.A. s/ Nulidad de marca "Pintelux"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-09

Respecto de la caducidad planteada en los términos del artículo 26 de la Ley 22.362, no basta indicar, que la "marca fue efectivamente usada" en los cinco años previos al vencimiento sino que es preciso definir también si se utilizó en el quinquenio que precede a la acción (en el caso, reconvención) enderezada a obtener la declaración de caducidad. Y sobre esto, no hay probanza alguna en el expediente.

Es claro que no debe ser excluido de la carga probatoria el accionante, ya sea por considerar que la hipótesis resulta aprehendible por el artículo 377 del Código de rito, o bien por estimar que el no producir sobre una cuestión muy sencilla para ella (el uso de su marca) y diabólica para su contraria (el no uso; respecto del cual, por otra parte, produjo alguna prueba) configura, de suyo, la existencia de la prueba presuncional contemplada en el artículo 163, inciso 5, del Código Procesal.
Honorarios, rechazo parcial de la demanda, vencimiento parcial y mutuo, regulación de honorarios, monto del juicio, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: GALINDEZ CARLOS ALBERTO c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL AERONAUTICO s/ INCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

Cuando la demanda progresa de modo parcial, la situación es equiparable a la del vencimiento mutuo. Por la parte de la demanda que se admite, el vencido es el demandado; y por la parte de la demanda que se rechaza, el vencido es el actor (arg. art. 71, Cód. Procesal).

Por consiguiente, a los fines de regular honorarios se debe tener en cuenta no sólo el monto de la condena, sino el monto reclamado, por significar éste el valor discutido en el juicio. Esta Sala interpreta que ese criterio se debe mantener aún frente a las modificaciones que en materia de honorarios ha introducido la ley 24.432 al art. 505 del Cód. Civil, pues el "monto de la sentencia" a que alude el nuevo texto legal no es sinónimo de monto de la condena. Se debe entender que si se ha demandado por 100 y sólo se admite la acción por 20, el monto de la sentencia es 100, ya que el progreso parcial equivale a decidir que la acción se acoge por 20 y se la rechaza por 80, significando ambos importes el monto de la sentencia.
Acción de amparo, admisibilidad del recurso, gravamen actual, presentación extemporánea, LEY DE AMPARO
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Fundación Mujeres en Igualdad c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-12

Si la pretensión de la amparista tiende a evitar que durante el próximo ciclo se mantengan los mismos requisitos que en años anteriores para el ingreso a un establecimiento educativo, es claro que su demanda se dirige hacia el futuro, teniendo por objeto evitar una lesión de carácter no actual pero sí inminente, razón por la cual no puede hablarse de extemporaneidad en la interposición de la acción de amparo, en los términos del artículo 2, inciso e) de la Ley Nro. 16.986. (Del voto de los Dres: Weinberg de Roca y Balbín-).
Recurso de casación, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: MATTAR RICARDO DANIEL s/ TERCERIA DE DOMINIO EN AUTOS "PALLARES DANIEL AGUSTIN C/ NORTE  BENEFICIOS S.R.L. S/SUELDOS MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2004 -  CASACION LABORAL"
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-05-15

El recurso de casación no resulta atendible y ni merece ser acogido, ya que los argumentos que esgrime el recurrente no resultan idóneos para la descalificación del fallo, en tanto, en lo sustancial, no traducen mas que su discrepancia con los expuestos por el A-quo, que amén de su acierto o error, bastan para sustentar adecuadamente el decisorio impugnado.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, querellante, etapas del proceso, instrucción, monto mínimo, orden público
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: M., D. E. c/  s/ honorarios. Retención Indebida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-07-05

Corresponde declarar la nulidad del fallo que reguló los honorarios del letrado del pretenso querellante por su tarea en la etapa de instrucción por un equivalente a 12 UMAs, cuando el mínimo en dicha etapa es de 15 UMAs, puesto que el art. 19 inc. a) de la Ley 27.423, de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, establece los honorarios mínimos en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria, y determina que hasta la clausura de la instrucción o de control de la acusación los estipendios no pueden ser inferiores a las 15 UMAs. Asimismo, el art. 16, último párrafo, de la norma mencionada dispone que los jueces no podrán apartarse de los mínimos establecidos porque revisten carácter de orden público.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caja Previsión y Seguro Médico c/ Sargo, Lucas F. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-13

El allanamiento no garantiza por sí la eximición de las costas, ya que en tales casos dicha exención debe interpretarse con criterio restrictivo habida cuenta de su excepcionalidad.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, despido por maternidad, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Zelaya, Viviana Elizabeth c/ Boffeli, María Teresa s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

Teniendo en cuenta que el art. 4 del decreto 264/2002 dispone que "La duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo", a lo cual debemos agregar que el art. 178 de la LCT sanciona el despido por causa de embarazo "con el pago de una indemnización igual a la prevista en el art. 182 de esta ley", se concluye que se trata de una indemnización especial de despido por causa de embarazo, que se acumulará a la establecida en el art. 245, tal cual lo expresa el propio texto del art. 182 LCT a que remite el citado art. 178 LCT. En este sentido siguiendo al Dr. Vázquez Vialard en la causa "Aranda c/ Su Li Hua s/ despido" del 28/10/2004 SD. 900555 del registro de esta Sala, el art. 16 de la ley 25.561 prohibe los despidos sin causa justificada y sancionada la contravención a lo dispuesto, ordenado que "los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, según la legislación vigente". Y aclara: "Es decir lo que se duplica es la indemnización que les corresponde (según la ley que resulta aplicable) por el despido injustificado". (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría).
Menores, bien jurídico protegido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ministerio Público Pupilar c/ Arévalos Sandra Isabel s/ Privación de la patria potestad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-16

En atención a privilegiar el superior interés de los menores y dada la situación actual en que se encuentran - unidos, cuidados y protegidos una madre sustituta- estimo conveniente revocar la declaración de adoptabilidad de los menores, la que sólo sería procedente de propiciarse una adopción plena y conjunta de todos los involucrados.
Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria, cuestión política, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brizuela del Moral, Eduardo Segundo y Jalile, Edgardo Ramón s/ Acción MERAMENTE DECLARATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-07

Siendo el objeto de la pretensión de los recurrentes determinar si la materia es de competencia originaria y exclusiva de esta Corte, corresponde aclarar que si bien en principio a los tribunales de justicia les está vedado resolver cuestiones políticas, éstas pueden ser judiciables cuando la misma ley expresamente los obligue a entender y en la medida que exista una cuestión constitucional de por medio para analizar si el ejercicio de esas facultades políticas está ajustado a los moldes constitucionales. La competencia originaria de este Tribunal está expresa y taxativamente reglada por la Constitución Provincial y es por su naturaleza restrictiva y de excepción, no susceptible de ser modificada por sus fundamentos en normas legales ni mucho menos las partes la pueden determinar a su voluntad. Si bien este tribunal adoptó un criterio amplio al resolver el conflicto de poder -de competencia originaria- en el ámbito municipal, éstos se plantearon entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante o en el seno de este último, siempre que la diferencia fuere irreversible en ese ámbito y que haga inclusive imposible el funcionamiento normal del cuerpo, pero en ningún caso puede existir conflicto de poder cuando la supuesta controversia se daría entre una comisión del cuerpo deliberativo y el ejecutivo municipal, tal el caso de autos, por lo que debe rechazarse in limine la demanda por carecer este tribunal de competencia para el tratamiento de la cuestión.
Contrato de trabajo a plazo fijo, preaviso, conversión automática, plazo indeterminado
Materia: LABORAL
Carátula: Guerra, Yani Ricardo y otros c/ Alerta S.R.L. y/o Molina Colombres Carlos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-03-01

Estando en presencia de un contrato de plazo fijo, corresponde aplicar la normativa del artículo 94 y no la del 231, atento a que aquella es la norma especial que debe regir la cuestión. En este sentido, cabe consignar que salvo en los casos de contrato de tiempo determinado cuya duración sea inferior a un mes, las partes deber n preavisar la extinción del mismo con una antelación no menor de un mes ni mayor de dos, respecto de la expiración del plazo convenido. De tal modo, al haber omitido la patronal cumplir con el requisito comentado (por haber preavisado con una antelación mayor) aceptó la conversión del mismo como de plazo indeterminado, tal como lo prevé el art.94 in fine del régimen de contrato de trabajo.
Prisión perpetua, código penal, femicidio, concurso real, hurto, amenazas, concurrencia de agravantes, prueba testimonial, violencia de género, prueba pericial, arma blanca, autoría, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Compte, Enzo Gastón  c/  s/ homicidio calificado, amenazas, hurto y robo en concurso real en concordancia con infracción Ley Nº 26485
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2019-08-14

Cabe condenar a la pena de prisión perpetua a quien resulta autor materialmente responsable de los delitos de homicidio calificado por femicidio, amenaza, hurto y robo en concurso real -artículos 12, 19, 23, 40, 41, 55, 80 inciso 11, 149 bis primer párrafo, y 164 del Código Penal -, en perjuicio de quien fuera su pareja, pues conforme las múltiples pruebas aportadas -denuncias efectuadas por la propia víctima, testimonios de vecinos, testigos presenciales e informes de la autopsia-, quedó debidamente acreditado que el hecho se consumó dentro de un ámbito reiterado de violencia de género, contra la mujer víctima a quien primero robó su billetera, para luego atacarla a puñaladas con su arma blanca.
Empleados públicos, adicionales de remuneración, reducción salarial
Materia: LABORAL
Carátula: REY, OSCAR F. c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-21

El objetivo principal del dec. 2192/86 es la derogación de todos aquellos beneficios emergentes de fondos públicos percibidos por el personal dependiente del PEN que respondan a porcentajes o coeficientes determinados sobre recaudaciones o que surjan de la distribución anual de utilidades o de excedentes de recursos afectados para su distribución anual al personal, cualquiera sea la naturaleza de la norma que lo hubiese utilizado y afectando, por ende tanto al personal tutelado por convenciones colectivas como quien no lo está, lo que explica que, como contrapartida y a los efectos de salvaguardar el principio de intangibilidad salarial, establezca el abono de un nuevo adicional remunerativo y no bonificable, tendiente a recompensar los adicionales que se suprimen.
Costas, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUINAZU DANIEL GONZALO Y OT. c/ ROBERTO NAVARRO CABALLERO s/ Ejecución Honorarios (LIBRO: A130 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-11-18

Abarcadoramente y sumando las condiciones del allanamiento concluímos que para poseer virtualidad eximente de las costas se requiere entre otros extremos, que el allanamiento se cumpla por la parte que no hubiere dado ocasión a la proloción de la articulación, esto es, que hubiere actuado razonablemente inducida por las circunstancias objetivas de la causa.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ghizzi, Héctor Rubén c/ La Pampa Coop. Agríc.Ganadera de Colonización y Consumo Ltda. s/ Diferencia de salarios y otros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

En los casos de accidentes de trabajo, cuando la consolidación de la incapacidad definitiva se produce concomitantemente con el hecho generador, es ése el momento que marca la exigibilidad del crédito por resarcimiento de tales consecuencias incapacitantes.
Tambero mediero, indemnización, contratos agrarios
Materia: LABORAL
Carátula: Álvarez, Carlos Alberto c/ Estancia El Alba S.A. s/ Daños y perjuicios. Incumplimiento contractual
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

El hecho de suscribir contratos tamberos por periodos breves pero sucesivos es un intento de montar una apariencia convencional que no refleja para nada la realidad. Estas estipulaciones resultan fraudulentas porque tienden a evitar las consecuencias resarcitorias que podrían emerger de una rescisión incausada. De allí que resulte legítimo atribuir al pretendido nuevo contrato cuanto menos el lapso mínimo legal y si el tiempo de duración del contrato es el de dos años, la comunicación de disolverlo a los tres meses pasa a constituir una rescisión incausada.(doctor de Lázzari, mayoría)
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Vallemar Coop. Limitado c/ De la Iglesia, Héctor A. y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-30

Si el tema de la actualización monetaria formó parte de la expresión de agravios- tangencialmente o no- y hubo oportunidad de contestarla, no puede alegarse indefensión.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-05

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Abramo, Jorge Luis (en representación de Medio Ambiente S.A.) c/ Municipalidad de la Ciudad Capital s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-07

No todas las cuestiones suscitadas en el marco de una relación contractual administrativa quedan comprendidas en el fuero contencioso administrativo, pues en la práctica se presentan casos que no obstante estar insertos y ser una derivación de un contrato administrativo, quedan excluidas de aquel, debiendo ser remitidas al juez con competencia en lo civil y comercial. Se podría pensar en los supuestos específicos de reconocimiento de derechos; como por ejemplo, el cobro de certificados de obra pública, donde el objeto de la pretensión se dirige a hacer efectivo el cobro de una suma de dinero que adeuda algún ente publico; siendo ajeno por ello a la competencia contencioso administrativa, como también quedará excluido del fuero el supuesto donde se reclama el pago de un suma de dinero que ha sido reconocida por el Estado, y no es liquidada o no es formalizada en un titulo que traiga aparejada ejecución, en cuyo caso la causa será de la justicia ordinaria ( de mi voto en autos Corte Nº127/05 "Nieva Héctor Oscar c/ Ministerio de Educación y Cultura y Estado Provincial- Acción de Plena Jurisdicción y Anulación").- (Del voto del Dr. Cáceres, según su fundamento)