Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA N° 63899 SALA VI Expediente Nro.9532/06 (Juzg. N°11) AUTOS: "HERNANDEZ DANIEL ROLANDO C/LINEA 544 S.A. Y OTRO S/ACCIDENTE - ACCION CIVIL" Buenos Aires, 26 de ABRIL de 2012 VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:	Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda entablada, se agravian ambas partes -actora y demandada- según los escritos de fs.577/585 y fs.575/576, cuyas réplicas lucen a fs.594/596 y fs.590/591.

En relación con los honorarios regulados se agravia el codemandado Q.B.E. A.R.T. S.A. y la perito contadora a fs.566 y fs.574, respectivamente. ACCION FUNDADA EN LA L.C.T.

El Sr. Juez "a quo" hizo lugar al reclamo y entendió que resultaba procedente el reclamo al considerar que la situación encuadraba en el art.254, L.C.T. por lo que correspondía abonar al actor la indemnización prevista en el art.212, del citado cuerpo legal.

Contra esta decisión se agravia la codemandada -Línea 544 S.A.- quien sostiene que en la sentencia del 11 de mayo de 2007 se hizo lugar a la excepción de incompetencia y se declaró la incompetencia en razón del territorio de la Justicia Nacional del Trabajo. En base a la naturaleza de la cuestión planteada se han remitido las presentes actuaciones al Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien se pronunció mediante el Dictamen N°54.016 del 27 de diciembre de 2011 fs.614).

Concordantemente con lo expuesto por el Sr. Fiscal, cabe señalar que la decisión mediante la cual se declaró la incompetencia en virtud del territorio respecto a la acción deducida por despido y cobro de pesos se encuentra firme.

Sentado ello cabe señalar que en este punto la sentencia de primera instancia fue dictada sin jurisdicción, ya que el Sr. Juez "a quo" entendió que en el sub lite no se configuraba ninguno de los presupuestos a que alude el art.24 de la L.O. para habilitar el conocimiento de este Fuero del Trabajo y que precisamente el ya citado articulo 254 de la L.C.T. regula lo concerniente a la extinción del vinculo laboral ante la "incapacidad física o mental" sobreviniente del trabajador. En consecuencia y de conformidad con lo expuesto, corresponde dejar sin efecto lo decidido en primera instancia respecto a la acción entablada por despido, ya que de lo contrario se incurriría en una grave vulneración de la garantía contemplada por el art.18, C.N., máxime si se tiene en cuenta que el actor habría iniciado ante la Justicia Provincial de Lomas de Zamora el reclamo por despido y cobro de pesos.

Por ello, propongo revocar lo decidido al respecto en la instancia anterior.

Atento a la naturaleza de la cuestión planteada, entiendo razonable imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

En relación a los honorarios estimo que teniendo en cuenta la naturaleza y extensión del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación corresponde regular los honorarios de la represtación letrada de la parte actora, igual carácter de la parte demandada y del perito contador en las respectivas sumas de $8.000, $10.000 y $1.800. Respecto al trabajo realizado ante esta alzada, propongo regular a los profesionales intervinientes sus honorarios en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.	ACCION FUNDADA EN EL ART. 1.113 del Código Civil.

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda interpuesta fundada en el art.1.113, C.C. debido a la autoridad de cosa juzgada que revestía -a su entender- el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social en relación con este tema.

Dada la naturaleza de la cuestión controvertida, corresponde determinar los efectos que alcanza el pronunciamiento de la Cámara Federal de la Seguridad Social a fin de establecer si efectivamente le asiste razón al reclamante. En este orden de ideas, cabe señalar que en el caso no se advierte la identidad de objeto entre ambas causas porque el trámite sometido a conocimiento de la Cámara Federal de la Seguridad Social buscó la reparación de la ley 24.557 y el iniciado ante este órgano jurisdiccional requiere una reparación integral del daño, para lo cual se plantea la inconstitucionalidad de la L.R.T.

Conforme lo expuesto, corresponde establecer la aplicación en el caso de las previsiones del art.1.113 del Código Civil. En lo que se refiere a la incapacidad que presenta el actor, procede estar a lo dispuesto en el dictamen del Cuerpo Médico Forense de fs.387/388, ya que lo allí decidido no merece revisión alguna. Por lo expuesto, resta determinar, en el caso, si ha quedado probado el nexo de causalidad entre las afecciones que presenta el actor y las tareas por él desarrolladas.

Estimo que dicho nexo causal ha quedado debidamente acreditado. Llega firme a esta instancia que Hernandez se desempeñó como conductor de colectivos por un periodo de más de diez años. Por ello, y teniendo en cuenta que la determinación del nexo de causalidad es una facultad plenamente judicial, que si bien puede verse influida por determinados factores médicos, no son los especialistas quienes deben expedirse y resolver al respecto ya que su potestad es estrictamente médica.

En este orden de ideas, entiendo que no existen en el caso pruebas que indique que el actor fuera portador al inicio del vínculo contractual de signos que revelen la patología que presenta, al no encontrarse con el examen preocupacional que pudiere sostener aquella posibilidad.

A ello cabe agregar que las tareas desarrolladas en un ómnibus en movimiento el cual debió ser conducido por el trabajador de manera habitual durante largas jornadas y por un extenso periodo, demuestran que la minusvalía que presenta el actor se debe al riesgo de la actividad desarrollada que fue creada por la cosa en cuestión, del que la demandada es dueña o guardiana, lo que hace que el caso quede subsumido en las previsiones del artículo 1.113 del Código Civil, no habiéndose probado ningún eximente de responsabilidad.

Por ello, y teniendo en cuenta que no se trata de un accidente sino de una afección agravada por el trabajo, considero que la conjunción de las circunstancias mencionadas convirtió al trabajo que estaba cumpliendo Hernández en la cosa riesgosa o viciosa prevista en el Código Civil pues, si bien la tarea de "conductor" no puede ser considerada en forma genérica como una cosa riesgosa, no hay cosa peligrosa en función de su naturaleza sino de las circunstancias, y el damnificado no está obligado a comprobar el carácter peligroso de la cosa que lo ha dañado, sino que le basta establecer la relación de causalidad entre la cosa y el daño, quedando a cargo de la demandada -en carácter de dueña o guardiana- acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

En el caso, el conjunto operativo, es decir el modo en que se cumplió el trabajo, creaba una situación de peligro inminente y las lesiones que presenta el actor constituyeron la desgraciada actualización de esa situación de peligro derivada del riesgo o vicio de la cosa, por lo que corresponde responder por ellas en los términos del art.1.113.

En este contexto, corresponde destacar que en el escrito de inicio el actor demandó a su empleador imputándole responsabilidad con fundamento en las normas del código civil y a tal fin solicitó se declarara la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la ley de riesgos del trabajo.

En tal sentido, y conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Aquino", en el que se fundó ".la invalidez constitucional del art.39, inc.1 de la ley 24.557 en la falta de adecuación entre la disposición que veda al trabajador acudir a la justicia para obtener la reparación integral de los daños sufridos, y los preceptos constitucionales que amparan el derecho a lograrla." (voto de la Dra. Highton de Nolasco), entiendo que resulta atendible la pretensión mencionada.

Cabe señalar en este caso se ha accionado por la vía del derecho común en procura de una reparación integral, y por ello, la incapacidad laboral solamente constituye una referencia a ponderar junto con otros elementos señalados por la sentenciante, en un todo de acuerdo con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia en el antecedente "Aquino" y que fueran expresamente puestos de relieve en el caso "Arostegui".

Por lo expuesto y conforme las pautas fijadas en la causa mencionada, la determinación de la cuantía del resarcimiento se efectuará en procura de una comprensión plena del ser humano y su integridad física y psíquica tomando en cuenta que el valor vital de la vida humana no resulta apreciable tan solo sobre los criterios exclusivamente materiales; que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres; y que la determinación de la incapacidad se ensambla con las consecuencias presumibles para la víctima en lo individual y social.

Que la magnitud de los daños causados encuentran objetivación inicial en el dictamen del Cuerpo Médico Forense en el cual se afirma que el trabajador de 40 años de edad, padece hernia discal a nivel cervical como consecuencia de la misma presenta limitaciones en la movilidad de la misma que le generan un incapacidad, total y permanente, del 5% T.O. (cfr.fs.387/388); su ocupación como conductor de colectivo, y la remuneración percibida en los últimos meses de trabajo, y las implicancias que puedan tener las limitaciones del trabajador en el contexto social y económico actual, estimo prudente fijar la suma en concepto de daño material en $ 50.000 y en $ 10.000 en concepto de daño moral.

En base a lo expuesto, el capital total de condena (daño material y moral) asciende a la suma de $ 60.000, monto al que se le aplicará la tasa activa de interés del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, hasta su efectivo pago, desde el mes de septiembre de 2005 -dictamen de la Comisión Médica- (Acta C.N.A.T. 2357).

Corresponde analizar seguidamente la situación de la codemandada Q.B.E. Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.

Estimo que la queja tendrá favorable recepción. Cabe señalar que la ley 24.557 (arts.4° ap.1, 31 ap.1°) y el decreto reglamentario 170/96 ponen en cabeza de estos entes, obligaciones relacionadas al asesoramiento en materia de prevención de riesgos, la capacitación de los trabajadores, el control de las condiciones y medio ambientes de trabajo, que en caso de omitirse o de cumplirse eficientemente pueden generar su responsabilidad en el resultado disvalioso.

A este respecto es útil remarcar el art.4 apartado 1, de la ley de riesgos al establecer los alcances de la obligación de las partes en materia de prevención, terminó con las dudas acerca de si se trata de obligaciones de medio o de resultado. En efecto, dicha normativa establece que las medidas a adoptar deben "prevenir eficazmente los riesgos del trabajo".

Consecuentemente, no basta con proveer remedios formales tendientes a evitar los daños sino que actualmente la ley exige que cada parte cumpla sus deberes de un modo eficiente y exitoso.

En el caso, si bien ha quedado probado que la A.R.T. ha efectuado controles a la empresa, lo cierto es que los mismos no resultan suficientes al no responder a las necesidades concretas que existen en el caso debido a la naturaleza de las tareas que realizaba el actor -conductor de colectivos. En efecto, del informe pericial técnico surge que la ART no acreditó haber adoptado medidas de control de Administración e Ingeniería en cuanto a los Riesgos Ergonómicos del rubro (fs.519, pto.3), siendo que -en el caso- la principal obligación a su cargo consistía en mantener y conservar los asientos de las unidades en buenas condiciones para que una persona pueda estar sentada en ellos una jornada de trabajo; situación que no fue acreditada en la causa.

Desde dicha perspectiva, resulta evidente que la conducta negligente de la aseguradora consistente en la falta de adopción de medidas preventivas adecuadas y concretas para el caso del actor, constituyó el obrar antijurídico que culminó con las secuelas incapacitantes que presenta Hernández. Por ello, considero que la afección que presenta pudo eficazmente haber sido evitada si, en lo que respecta a la aseguradora, ésta hubiera cumplido con sus deberes a cargo en materia de seguridad y control, activando procedimientos preventivos tendientes a disminuir el riesgo de las tareas en tales condiciones.

En síntesis, considero que se encuentra acreditada la responsabilidad de Q.B.E. Aseguradora de Riesgos del Trabajo en los términos del art.1.074 del Código Civil por las omisiones en cumplir sus obligaciones de contralor a su asegurada en materia de prevención de los riesgos. Desde dicha perspectiva, y en atención a la doctrina que asentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Torrillo", sugiero extender la condena solidariamente a la misma en los términos del art.1.074 del Código Civil.

En definitiva, propongo modificar lo decidido en la sentencia de grado y en su mérito condenar a la A.R.T. en forma solidaria junto a Línea 544 S.A. por el monto total de condena.

Por lo hasta aquí expuesto y conforme lo dispuesto en el art.279, C.P.C.C.N., corresponde efectuar un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios.

Por la forma en que se resuelve, propongo imponer las costas de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas (art.68, C.P.C.C.N.).

En atención a la extensión e importancia del trabajo realizado, valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación propongo regular los honorarios regulados de la representación letrada de la parte actora en el 16%, de los codemandados -Línea 544 S.A. y Q.B.E. Aseguradora de Riesgos de Trabajo- en el 12%, respectivamente, y de los peritos contador, médico y técnico en el 6% -para cada uno de ellos- del capital de condena.

En relación con las tareas realizadas en esta instancia, propongo regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior instancia.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del presente acuerdo (art. 125 de la ley 18345, EL TRIBUNAL RESUELVE: I) Respecto de la acción fundada en la L.C.T: 1- Revocar lo decidido al respecto en la instancia anterior y en su mérito desestimar la demanda entablada contra Línea 544 S.A. 2- Costas de ambas instancias en el orden causado. 3- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, igual carácter de la parte demandada y del perito contador en las respectivas sumas de $8.000, $10.000 y $1.800. 4- Respecto al trabajo realizado ante esta alzada, regular a los profesionales intervinientes sus honorarios en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa. II) Respecto de la acción fundada en el art.1113 del Código Civil: 1- Revocar la sentencia de primera instancia y en su mérito hacer lugar a la demanda entablada contra Línea 544 S.A. y contra Q.B.E. A.R.T. a abonar al actor la suma de $60.000, a la que se le aplicará la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, desde el mes de septiembre de 2005 y hasta su efectivo cumplimiento. 2- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las codemandadas vencidas. 3- Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el 16%, de los codemandados -Línea 544 S.A. y Q.B.E. Aseguradora de Riesgos de Trabajo- en el 12%, respectivamente, y de los peritos contador, médico y técnico en el 6% -para cada uno de ellos- del capital de condena. 4- Respecto a las tareas realizadas en esta instancia, regular los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.-