marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Verificación de créditos, homologación del acuerdo preventivo, ley vigente
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES METROPOLITANO GENERAL SAN MARTIN S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR SCARANO CRISTIAN Y RIVAS ERNESTINA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-04

Procede desestimar el planteo de inconvencionalidad de la aplicación al caso de la LCQ 56, opuesta por la Fiscal de Cámara. Ello por cuanto, se extrae que su planteo se basa principalmente, en que la aplicación de la norma que establece que el crédito de marras debe ser cancelado conforme el acuerdo preventivo homologado -el cual considera abusivo- iría contra los arts. 1, 2, 5, 17, 19, 25 y 28 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 1, 2, 4, 5 y 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, arts. 7 de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales las que se encuentran dirigidas a resguardar la integridad física y el desarrollo de la persona con discapacidad, asegurando su acceso a la justicia y a recursos para llevar una vida plena, en condiciones de igualdad; a más, considera que el pago de la acreencia verificada según los términos del acuerdo no cumpliría con la función que toda indemnización tiene, ni permitiría al acreedor lograr un justo resarcimiento por sus lesiones. Concluyó en que, de aplicarse la LCQ 56 se le impondría al incidentista un sacrificio desigual, inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico, revictimizándolo. En este marco, cabe señalar que esta Sala no desconoce la doctrina del control de convencionalidad que emerge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se funda la petición de la Sra. Fiscal. Ahora bien, no puede dejar de señalarse que, en el caso particular de la Convención sobre los derechos de la personas con discapacidad, se aprecia que ésta resulta programática y no autoejecutoria, por cuanto allí, los Estados parte se obligan a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna para lo cual deben, entre otros compromisos señalados en el artículo 4 de esa Convención, tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Se observa en este punto, sin embargo, que el planteo de la Fiscal, se alza contra principios basilares de nuestro sistema jurídico, como es el de respetar la cosa juzgada y estaría dirigido, en última instancia, a que esta Sala, mediante el apartamiento de la regla de la LCQ 56, imponga una modificación o, en su caso, derogación, de normas de orden público como son las que conforman la normativa concursal, función que compete al legislador y no puede ser suplida por los jueces.
Accidentes de trabajo, culpa grave del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: VESPRINI, JOSE MARIA c/ AUXICAR SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-25

Alejada la idea de peligro por la reiteración en la forma en que el trabajador realizaba su labor, costumbre no prohibida por la empresa, corresponde descartar la voluntad conciente del obrero en el acaecimiento del accidente, lo que impide se califique su proceder como culposamente grave. (En el caso: descarga de mercaderías por el lado de la calle).
Amenazas, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Mariani , Rubén Eduardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-22

El haber amenazado de muerte y golpeado en ocasión en la que se encontraban en su domicilio a su pareja, provocándole lesiones, debe ser considerado violencia de género.
Proceso penal, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHUBUT, sistema acusatorio, elevación a juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., C.A.M. s/ Robo Tentado r/Damnificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-01

Se trata de la implementación de un nuevo sistema procesal del tipo acusatorio, que resulta menos gravoso para el imputado, de manera que, recogida la prueba incriminante y siendo sustentable la imputación se continúe con la investigación, pone a disposición de las partes el expediente, para fundamentar la posibilidad de elevación o no de la causa a juicio.
Sucesiones, acervo sucesorio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zazzali, María Cristina s/ Sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

La preceptiva del art. 3547 del Código Civil establece con claridad: "En las sucesiones no se atiende al origen de los bienes que componen la herencia".Con ello, nuestro derecho positivo descarta el sistema objetivo de troncalidad proveniente del régimen colonial, en virtud del cual los bienes hereditarios formaban diferentes masas según cómo -o de donde ingresaron las mismas al patrimonio del causante (vgr. a título oneroso o gratuito, de parientes de línea paterna o materna, etc.).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, competencia, competencia civil, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Valdez Eliana Flavia Valeria c/ Pertenecer S.R.L. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-30

La norma que aparta del juez natural al trabajador que sufre un accidente de trabajo (arts. 4 y 17 inc. 2 ley 26.773), y escoge la habilitada vía del derecho civil, no sólo desplaza la competencia, sino que se agrava al disponer que el juez civil deberá aplicar el derecho sustantivo y adjetivo de su especialidad, así como los principios interpretativos de derecho civil, motivo por el cual debe declararse la inconstitucionalidad de las normas en cuestión.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Garipe, Omar Osvaldo s/ p.s.a. administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

Si bien el contenido de las normas rituales posee su reconocida e indiscutible importancia que exige su riguroso cumplimiento, su desnaturalización, su sobredimensionamiento por encima de su razón de ser, termina por convertir a esos imprescindibles preceptos en una suerte de trampas o valladares tendientes a frustrar el derecho constitucional del debido proceso, lesionando gravemente la garantía de la defensa. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medidas cautelares, embargo, bienes inembargables, sillón
Materia: PROCESAL
Carátula: LOPEZ, Ignacio c/ OLMO, Raymundo s/ EJECUCION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-13

Para que pueda encuadrarse un sillón de dos cuerpos dentro de las directivas del art. 219 del Código Procesal, éste debe constituir un mueble indispensable dentro del ambiente familiar, de modo tal que no pueda ser reemplazado a través de otros bienes existentes en el inmueble.-
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia  S.A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda ordinaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-22

La decisión de que no es posible habilitar la instancia por estar consentida la medida que se intentó cuestionar no fue controvertida por la recurrente si sólo limita sus quejas a discutir algunos de los argumentos vertidos por el juzgador al rechazar el planteo de inconstitucionalidad del decreto 852/80 de la Provincia del Chubut.
Ahorro obligatorio, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Inalruco S.A. Petrolera s/ Apelación -Impuesto a las ganancias-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

Esta Sala in re "La Unión S.R.L.", del 6/7/95, modificó el criterio que, con una distinta integración, anteriormente había sostenido sobre el punto en la causa "Astra C.A.P.S.A.", del 19/3/93, al interpretar el alcance de la reforma dispuesta al aludido art. 150 por la ley 23.549, cabe hacer lugar a la apelación del Fisco Nacional y aclarar que los accesorios deberán correr teniendo en cuenta la mencionada modificación legal, en los términos indicados en el precedente "La Unión S.R.L.".
Sistema electoral, partidos políticos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRENTE PARA LA VICTORIA s/ Plantea Recurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-16

La ley 2126 no recepta otro tipo de pactos políticos, tales como el denominado "Acuerdo Programático Elecciones 2011" y que fuera celebrado por el Partido Justicialista (Distrito Chubut) y el Partido Proyección Vecinal del Chubut.

Y si bien dicha ley no lo prohíbe, dicho acuerdo carece de efectos jurídicos como para alcanzar la oficialización de las respectivas listas de candidatos por no contar con el reconocimiento del Tribunal Electoral ante la falta de cumplimiento de los recaudos exigidos en materia de procedimiento y requisitos a cumplimentar conforme lo establecen los Capítulos III, IV, y V de la ley provincial.
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monroy de Schiano, Angélica c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

La solicitud del beneficio de pensión anteriormente denegado por un acto no impugnado judicialmente, fundada exclusivamente en nueva jurisprudencia, se encuentra comprendida en las previsiones del art.

64 del dec. ley 9650 que niega la posibilidad de la reapertura del procedimiento ante tal circunstancia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho a la salud, derecho a la vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Garay, Diego Sebastián  c/ Provincia de Mendoza s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-02

El derecho a la salud está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo este último el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional; ello así por ser el eje y centro de todo el sistema jurídico, siendo su vida un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Voto del juez Lorenzetti).
Asociaciones sindicales, patrimonio sindical, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VIRGI SHOES c/ A.T.E. s/ COBRO DE PESOS ORGANIZACION ZERDA S.R.L. c/ A.E.S.Y A. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SALAZAR, SIRIA E. c/ ASOCIACION LA CASA DEL DOCENTE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-12-27|1999-04-08|2003-06-13

El régimen de los bienes que conforman el patrimonio de las asociaciones sindicales de trabajadores, se encuentra regulado en el art. 37 del la Ley 23.551 y su Decreto Reglamentario, allí se establece el mecanismo para determinar el origen de los recursos;

las técnicas de recaudación; el régimen de administración, afectación y disponibilidad; protección jurídica de dicho patrimonio frente al Estado y a los terceros acreedores de la organización sindical; el destino de esos bienes, etc.
Legitimación procesal, concurso preventivo, nulidad absoluta, abogados
Materia: PROCESAL
Carátula: Nohra Tanios Mikael y Joseph Tanios Saleme S.H. c/ Banco Empresario de Tucumán Coop. Ltdo. expte. Nº  672/06-I3 s/ Concurso preventivo s/ Incidente de revision
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-08-04

Corresponde declarar la nulidad de en las actuaciones posteriores a la resolución que dispuso dar trámite al incidente de caducidad de instancia promovido por los letrados de lso acreedores del concursado por derecho propio, pues, haber admitido a quienes no son parte ni pueden invocar un interés legítimo para controvertir y promover incidentes, implica la alteración de la estructura esencial del procedimiento en los términos del art. 166 tercer párrafo CPCC de Tucumán que provoca la nulidad del procedimiento viciado.
Temeridad o malicia, facultades del juez, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: ALSBERG, SILVIA. c/ NUÑEZ DE ZANASSI, MARIA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-28

En temeridad la parte que litiga sin razón valedera y tiene además conciencia de ello mientras que la malicia consiste en utilizar el proceso en contra de sus fines,obstaculizando su curso La ley ha sometido a la "libre ponderación judicial"la calificación de la conducta temeraria y maliciosa, resultando prudente la aplicación de un criterio mesurado porque de otro modo puede verse afectado el derecho de defensa, de raigambre constitucional.
Competencia, disolución del matrimonio, tenencia de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.A. c/ A., C.V. s/ TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-10

Aún cuando no se haya iniciado previamente juicio por separación o divorcio, la cuestión sobre la tenencia de los hijos es un tema que se encuadra dentro de "los efectos del matrimonio" que menciona la norma del art. 227 del Código Civil, debiendo tramitar la respectiva acción en forma autónoma. Con respecto al juez que va a entender en la causa, el cónyuge demandante puede optar por el del último domicilio conyugal o el del cónyuge demandado.
Desagio, restitución de sumas de dinero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SLOWIK EMM  S.A.I.C.I.F.I.A. c/ O.S.N. s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Corresponde condenar a la demandada a que pague a la actora las sumas correspondientes a los montos indebidamente desagiados cuando la demora en librar el certificado de recepción, a partir del cual corrió el plazo para pagar las facturas, es atribuible a la demandada, la cual, es este aspecto, incurrió en un incumplimiento contractual, el que no puede perjudicar a la actora que entregó la mercadería en plazo y de conformidad con las especificaciones de la orden de compra.
Jubilaciones, haber jubilatorio, Corte Suprema de Justicia de la Nación, remuneración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SBODIO, NORMA TERESA MORRA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 327-84 YRADY, LUIS JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 284-83 WEDEKIND, MARIA ANGELICA VISENTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 229-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07|1987-10-06|1990-04-26

Cuando los montos de la jubilación se alejan en buena medida de los mínimos establecidos en materia jubilatoria, ha de concluirse, por aplicación de las pautas que surgen de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal, que la aplicación de los sucesivos regímenes legales sobre movilidad jubilatoria son inconstitucionales en su aplicación al caso, en cuanto importaron imponer reducciones que reflejan en el haber jubilatorio percibido (de cuyo monto tiene la actora derecho a cobrar el 82%), disminuciones superiores al 20% respecto de lo que habría percibido de seguir en actividad.
Juez de circuito, juez de distrito, Superior Tribunal de Justicia, abogados, honorarios extrajudiciales, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTENEGRO, CARLOS MARIA LUIS c/ CONTE, HECTOR NICOLAS s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA - SUMARIA (CSJ EXPTE N. 749-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-10

Frente al argumento sostenido por la titular del Juzgado de Circuito para declararse incompetente, basado en que -en virtud de la Disposición transitoria 1 de la ley provincial nro 10160 (Ley Orgánica del Poder Judicial) la competencia material por ella atribuida en cada caso concreto, lo es sin perjuicio de la asignada por otras leyes-, mantendría vigencia la competencia asignada por la Ley Arancelaria (art 39 de la ley 6767 al tratarse del cobro de honorarios extrajudiciales), la Corte Suprema de Justicia Provincial expresa que dicha ley 6767 fue dictada en 1972, sobre la base de un mapa judicial sensiblemente diferente al actual y con escasa técnica legislativa, y su aplicación llevaría al absurdo de que, por ejemplo, un profesional domiciliado en una localidad del distrito judicial que cuenta con un Juzgado de Circuito donde puede litigar, por las materias comprendidas en los artículos 108 y 109 de la ley 10160, debería ocurrir a la sede del Distrito Judicial si pretendiese cobrar un honorario extrajudicial mínimo. Esta interpretación, entra en pugna con el sentido mas caro a la reforma (descentralización y acercamiento de la justicia a los justiciables) y, con olvido de la nueva dimensión y jerarquía de los Juzgados de Circuito, pone en vilo "el acceso a la jurisdicción" que es de aquellos derechos que mas celosamente garantiza nuestra Constitución. De esta manera, adquiere relevancia lo normado por la disposición transitoria numero 9 de la ley 10160 en tanto deroga toda norma que a ella se oponga, a fin de dirimir el conflicto de competencia planteado.
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, facultades disciplinarias, comuna, personal municipal, sumario administrativo, trámites judiciales, cesantía, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Berotti, María Rosa c/ Comuna de Sancti Spiritu s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 622-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-09

Debe prosperar la pretensión de reincorporación de la actora en el nivel, jerarquía y categoría acordes al cargo que ocupaba en la planta de personal permanente de la Comuna demandada al momento de su separación, desde que las resoluciones que la suspendieron preventivamente y por las que se ordenó la instrucción de sumario administrativo en su contra, no fueron tramitadas conforme las normas contenidas en la ley 7519 (Estatuto del Personal de Comunas de la Provincia, vigente por aquel entonces). Además la Administración demandada no probó que tales falencias se hayan subsanado, ni demostrado que el sumario haya sido de alguna forma, resuelto. Surge, así, evidente la afectación del derecho a la estabilidad de que gozaba la actora, conforme el inciso a) del artículo 15 de la ley 7519; y, si bien es cierto que la misma no demostró haber instado la resolución del proceso disciplinario que se le inició, su demora podría eventualmente tener alguna incidencia en orden a los derechos patrimoniales que invoca, pero de ningún modo puede ser meritada como un obstáculo para que el Tribunal se expida sobre las pretensiones esgrimidas en autos, máxime ante la falta del dictado, por parte de la Administración, de acto alguno que resolviese el sumario.
Acción de amparo, medidas cautelares, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell C.A.P.S.A. y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-21

La decisión de esta Sala por la cual se confirma la denegatoria de una medida cautelar no constituye sentencia definitiva en los términos exigidos por el artículo 27 de la Ley Nro. 402 pues, por su naturaleza, en principio no revisten ese carácter las decisiones que versan sobre materia precautoria, salvo cuando el pronunciamiento pueda causar un agravio de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos 271:312; 274:127, entre muchos otros).
Partidos políticos, Constitución Nacional, control de razonabilidad, facultades reglamentarias
Materia: POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Partido Peronista Femenino s/ reconocimiento  de  Personalidad  Jurídico-Política. RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

El art. 16 de la ley 23.298, que impide el uso de designaciones personales o derivadas de ellas como nombre de los partidos políticos, no constituye una reglamentación irrazonable.
Régimen penitenciario, trabajo penitenciario, cómputo del salario
Materia: PENAL
Carátula: CORDOBA MARIA DEL VALLE s/ EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD- RECURSO DE CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-11-15

La Provincia de Córdoba, en materia de legislación penitenciaria, adhirió a la Ley 24660, a través de la ley 8812 (18/11/99) y en su artículo 1 dispuso que: La provincia de Córdoba adecuará al régimen de la ley nacional 24660 todas aquellas materias que sean de su competencia exclusiva para lo cual el Poder Ejecutivo dictará, dentro de los ciento veinte días de promulgada la presente, la reglamentación respectiva.

Esta ley provincial fue reglamentada posteriormente por el Decreto Nº 1293/00 (25/08/00), modificado por el Decreto 1000/07 (05/07/07), hoy Decreto 344/08 (22/05/08), el cual en el Anexo V establece todo lo relativo al Reglamento del Trabajo para los internos y en su artículo 15 fija en las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil la retribución que percibirá el interno afectado a la actividad productiva de bienes y servicios, siempre que los mismos tengan como destino el Estado o entidades de bien público.

Al tiempo que el artículo 16 del citado Anexo determina que: la liquidación del ingreso dinerario que deba percibir el interno se practicará conforme las categorías o nivel de actividad productiva en que se encuentre incorporado según la naturaleza del trabajo, el nivel de capacitación, formación y profesionalidad alcanzadas, las que serán determinadas por el Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Jubilación por invalidez, diagnóstico médico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera, Humberto c/ Pcia.de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

En materia de incapacidad laboral, los dictamenes médicos necesarios a los fines del trámite de un beneficio previsional, no pueden contener un mero enunciado de sus conclusiones, sin brindar una ponderación de los hechos y circunstancias del caso, omitiendo todo fundamento al respecto.