marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento administrativo, silencio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González, Rosa Haydée c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-12-26

No hay norma de procedimiento administrativo, ni autor especializado, que no trate el silencio administrativo y sus consecuencias ante una petición del administrado. Lo hace el Dto.

Ley 920 en sus artículo 76 y 77, marcando "pasos"y plazos, que cumplidos en forma, habilitan -sin más trámite- y a opción del interesado el recurso administrativo o jurisdiccional según corresponda...dando a ese silencio significación negativa...sin excusar el deber de la Administración de pronunciarse.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, proceso penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barra, Roberto Eugenio Tomás s/ defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-09

La duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado la prolongación del juicio, son factores insoslayables para saber si se ha conculcado la garantía de obtener un juicio sin dilaciones indebidas (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). -De la disidencia del precedente "Kipperband", a la que remitió el voto-.
Recurso de queja (procesal), sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Rahal, Omar Elías s/ QUEJA  EN:'  RAHAL,  OMAR ELíAS C/ FáBRICA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL S.R  L. S/ DESPIDO. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-05-18

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto cuando -como en el caso- la falta de merituación de una determinada medida probatoria, como lo es la documental extraída de otra causa judicial y que específicamente menciona el letrado recurrente como elemento de indispensable valor para la solución del litigio, no constituye por sí fundamento suficiente que justifique la tacha de arbitrariedad.
Ley previsional, interpretación de la ley, jubilaciones, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Egido, Custodio Mariano c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 204-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08

Las reglas jurídicas -en especial las de fragmentaria composición- deben interpretarse de acuerdo al principio de congruencia, manteniendo la mayor coherencia posible en el razonamiento conclusivo. En el caso, el interesado sólo pudo obtener su jubilación de acuerdo a un régimen legal local que se lo permitía, siempre que como contrapartida hubiera alcanzado los requisitos exigidos por dicha preceptiva, pues otra solución aparece opuesta a la noción de "sistema" fijado por un texto originario y sucesivas leyes provinciales modificatorias, que resultaría así desgranado a voluntad de los interesados, contrariando la norma que únicamente exige para posibilitar la jubilación, que se alcancen los requisitos de edad y servicios mínimos provinciales; pues el beneficio demandado no aparece regulado por las normas del sistema de reciprocidad.
Locación, depósito en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Torres, Alfredo L. c/ Sosa, HÚctor E. y Rei, Hugo A. s/ Cobro de alquileres Sterin, Naum Salomón c/ Umerez, Delfor y otro s/ Cobro de alquileres Sterin, Naum Salomón c/ Umerez, Delfor y otro s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10|2000-11-14

El destino del depósito de garantía, no es aplicarlo a la cancelación de arriendos adeudados, sino a sufragar deterioros que pueda presentar la propiedad o pagar deudas dejadas por el locatario que deba afrontar el locador. Siendo así, la dilucidación de si existen o no esos supuestos y de si consumen o no la suma depositada, es cuestión ajena al ámbito del cobro ejecutivo de alquileres (arts. 518, 521, 542 y 549 Cód. Proc.), siendo inoponible por vía de compensación al no estar acreditada su liquidez y exigibilidad (art. 542, inc. 7, Cód. Proc.).
Periodistas, empresas del Estado, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: CANARDO, ANTONIO JOSE c/ ADMINISTRACION  GENERAL DE EMISORAS COMERCIALES DE RADIO Y TELEVISION s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-28

La ley 12908 reglamenta las condiciones de trabajo de los periodistas, sea cual fuere la empresa en que prestan servicios, aún las que se hallen bajo administración estatal. El artículo 2, inciso a) de la ley 21476 se refiere a los mayores beneficios dispuestos específicamente para su aplicación en los organismos y empresas que menciona, y no a la regulación genérica de una actividad en la cual puede incidentalmente participar una de aquéllas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Vitale, Ariel Hernán s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal - según ley 3589 y sus modif.- si el aspecto de las declaraciones testimoniales cuestionado por la defensa no fue el único considerado por el tribunal al estructurar dicho medio probatorio y no se advierte que aún en la hipótesis señalada por el recurrente hubieran resultado transgredidos los preceptos legales que invoca.
Recurso de apelación (procesal), dinero, embargo, depósito bancario
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Latorre, Mario; Varas, Carlos Guillermo y Varas, Maximiliano Facundo c/ Hierromat S.A. s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-03-24

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución del a-quo que hace lugar al depósito a plazo fijo, de la suma embargada en autos. Ello así, ya que la obligación esencial del depósito judicial es la guarda de la cosa para asegurarse su conservación custodia y posterior restitución con accesorios y frutos. Sin responsabilidad por los perjuicios sufridos sin su culpa. De autos surge que para seguridad se depositó en el Banco de Crédito Argentino el dinero sobre el que se trabara embargo. Entre las disposiciones y pautas legales aplicables, no existen argumentaciones que veden a los Jueces la posibilidad de disponer que los fondos que se encuentran a su disposición en los juicios, puedan ser destinados a producir intereses en cuentas especiales. En el caso, el plazo fijo del dinero embargado preventivamente, renovable cada treinta días constituye un beneficio para el acreedor y deudor, por tratarse de una inversión de fácil convertibilidad.
Derecho administrativo, competencia administrativa, viáticos, base imponible, vacío legal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: 68413 - RENTERIA MARIA Y OTRS. c/ DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-08-31

Cuando no ha sido previsto ni por la ley ni por su decreto reglamentario cuál es la base para el calculo de los viáticos, debe entenderse que ella quedó librada a ulteriores resoluciones administrativas; en consecuencia la administración es quien tiene la facultad de fijarlo, conforme las circunstancias y dentro de las pau-tas de razonabilidad.
Accidentes de trabajo, incapacidad, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández Pedro Bautista c/ Aliexport S.A. s/ Ordinario (LIBRO: S755 - 481)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-02

La demandada admite el accidente, la cirugía a que es sometido el actor, pero resiste la pretensión resarcitoria del mismo, negando la incapacidad que invoca o su vinculación causal con el accidente y en subsidio el grado de incapacidad. El reconocimiento expreso del accidente es suficiente para que actúe el orden imperativo laboral. Merituadas armónicamente las pruebas pericial médica y testimonial se concluye que la incapacidad del trabajador se encuadra en la ley 9688 modificada por ley 23.643.-
Leyes, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Pantano, Hector Gerónimo c/ Alves de Almeida, José s/ Daños y perjuicios-Inconstitucionalidad y casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-30

La declaración de inconstitucionalidad requiere no sólo del acierto de que la norma impugnada causa agravio, sino también la demostración del mismo en el caso concreto, es decir, que la declaración de inconstitucionalidad requiere la demostración del agravio en el caso concreto.
Prescripción de la acción penal, procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ortega, Guillermo s/ recurso de casación". Causa n. : 2031.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-12

El procesamiento previsto en el art. 306 del C.P.P.N., tiene efecto interruptor de la acción penal pues es un acto jurisdiccional de investigación dirigido a comprobar, prima facie, la realidad del hecho imputado y la culpabilidad de su autor, tratándose, sin dudas y por su naturaleza esencial, de un acto más de persecución estatal. (Voto del Dr. Mitchell).
Certificados de obra, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alfaro, Adolfo. c/ Municipalidad de La Plata. s/ Demanda Contencioso Administrativa.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Si el certificado de obra debe ser cancelado dentro de los treinta días de emitido, los intereses por mora deben ser reconocidos a partir de ésta, que se configura vencida en aquel término. Si el certificado se paga dentro de los treinta días de emitido no genera interés, salvo cláusula de pronto pago.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: PACHECO, María Alejandra s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

Desde el codificador en adelante la sana doctrina ha afirmado que para que opere la agravante de banda, es menester que se acrediten los extremos de la asociación ilícita . Es el camino que sigue la jurisprudencia, destacándose el Plenario "Mouzo" de la Cám. Crim. y Corr. de la Capital o el fallo "Victoriano Rodríguez" de la Suprema Corte. La banda supone una permanencia en la sociedad delictiva y no la simple concurrencia numérica de agentes. Sin esa noción de permanencia y de finalidad trascendente (comisión de delitos indeterminados) el simple concurso de personas debe resolverse primero por las reglas de la participación criminal y segundo por las pautas que la ley prevé para la forma de individualización de la sanción.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra, Juan José s/ Robo calificado por uso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que apoya sus consideraciones sobre el absurdo valorativo, pero sin relacionarlas con transgresión legal alguna.
Concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARCANGEL  MAGGIO SA s/ CONC. PREV. (LL SUP. CONCURSOS Y QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661) QUIEBRAS,24.4.07, F° 111.375)*. (ED, 10.5.07, F. 54661)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-15

Si bien la redacción original del art. 52 de la ley 24.522 tuvo un enfoque del concurso preventivo en el cual no se reconocía al juez facultad alguna para denegar la homologación de una propuesta de acuerdo que hubiera obtenido la aprobación de las mayorías legales en el entendimiento de que el concurso es un ámbito en el cual básicamente se debaten intereses privados, tras la sanción de la ley 25.589, la conformidad de los acreedores a la propuesta ofrecida es condición necesaria pero no suficiente para obtener su homologación, pues el juez puede ejercer un control sustancial. (del voto de los doctores Lorenzetti y Fayt).
Suspensión del juicio a prueba, pena de inhabilitación
Materia: PENAL
Carátula: Barroso, Ramón Valentín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18

No puede ser confirmada la sentencia que expresó que la "autoinhabilitación" constituye un obstáculo de procedibilidad por existir un interés superior del Estado. Si bien la sentencia no se pronunció expresamente sobre la legalidad del dictamen fiscal, lo decidido puede entenderse como una crítica a su validéz y razonabilidad a partir de la omisión en el tratamiento del requisito. Efectivamente, no se advierte que el fiscal haya omitido el tratamiento sino que simplemente no coincidió que la autoinhabilitación fuera un requisito de procedibilidad para la suspensión del juicio a prueba y, aún cuando fuera una condición ofrecida voluntariamente por el imputado no puede soslayarse que las partes no se encuentran habilitadas para crear pretorianamente condiciones de procedibilidad no exigidas en la norma.
Defensa en juicio, nulidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Bay, Luis Oscar c/ Moreira, Juan Carlos s/ Indem. accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-06-30

Si no se imputan a la sentencia de grado vicios o defectos de forma o construcción que la descalifiquen como acto jurisdiccional, sino que se ataca el fondo de la decisión, sosteniendo que se ha violado el derecho constitucional de defensa y se ha llegado a una conclusión en extremo grave para la afectada sin elementos suficientes para ello, imputándose un verdadero error "in iudicando" que encuentra solución dentro del ámbito del recurso de apelación, en el que el Tribunal de Alzada puede examinar los hechos y el derecho con plena jurisdicción, deviene improcedente la nulidad pretendida. (del voto del Dr. López Mesa)
Lealtad comercial, competencia por el territorio
Materia: PENAL
Carátula: SANCOR COOP. UNIDAS LTDA. s/ Identificación de mercaderías
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-08

1-Conforme a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "S.R.L. INDUSTRIAS RAMALLO" (Fallos 257:209) que mantenía erguido el principio constitucional del federalismo, al señalar que si la infracción ha sido cometida fuera de la Capital Federal escapa a la competencia de los tribunales en lo Penal Económico, resulta avasallada por la letra de la ley (art. 22, Ley de lealtad comercial) que establece la competencia "según el asiente de la autoridad que dictó la condena, los que actuarán como tribunal de única instancia ordinaria".- 2-En el caso, tratándose imputada una firma que tiene su asiento social fuera de la Capital Federal (Sunchales, Prov. de Santa Fe), se considera apropiado declarar la inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley citada y declarar la incompetencia del Tribunal.
Contrato de obra pública, mayores costos, cláusula de actualización, Impuesto sobre los ingresos brutos, IVA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONFANTI DI BIASIO SC -ENRIETO EC- c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 247-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-10

Corresponde desestimar el pedido de que se reconozca la "incidencia" del impuesto al valor agregado y del impuesto a los ingresos brutos sobre las diferencias por los mayores costos cuya procedencia se declara. La pretensión de la actora, formulada en este punto de un modo genérico, carece de sustento normativo puesto que toda imposición que deba afrontar en cuanto al rubro mayor costo financiero, o cualquier otro, no puede sin más ser trasladada a cargo de la Administración (artículo 60, ley 5188).
Contrato de trabajo, fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: Carmona, Alberto Hernán c/ Sosa, Miguel Valentín s/ Despido, Rubros adeudados y Certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-07

Es cierto que existiendo recibos de pago debidamente confeccionados ello implica la acreditación, no sólo del pago, sino de otras circunstancias que obran en los mismos como la fecha de ingreso, mas tal criterio no significa que, existiendo prueba concreta, precisa y fundamentada, no puede acreditarse lo contrario a lo enunciado en algún punto o rubro contenido en dicha instrumentación de pago.

Precisamente en la causa la existencia de un acta municipal en la que se constata en fecha anterior a la invocada por el demandado como momento de ingreso del accionante, que éste atendió a los inspectores municipales en carácter de empleado, implica un principio trascendente atento la condición de instrumento público de dicha acta. Si a tal elemento probatorio se le agregan algunas declaraciones testimoniales que detallan con precisión y razón de sus dichos la actividad laboral del actor en la fecha que éste invoca, ello deviene en la necesaria acreditación que desvirtúa lo asentado en los recibos.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: Ontiveros, Blanca Isabel c/ Carlos Seara Graciela; Da Silva y/o Hotel Argentino s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-07-31

Junto a unánime doctrina y jurisprudencia hemos sostenido que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento del recurso, que debe contener el memorial de agravio, ha de consistir en la indicación punto por punto de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen, en ausencia de fundamentos especiales referidos a las conclusiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Lo que se requiere es un razonamiento coherente que demuestre a la vez el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna. La crítica concreta y razonada de que debe contener el memorial de agravio, debe consistir en la indicación pormenorizada de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen a la sentencia, mediante el desarrollo analítico de las cuestiones en debate con los argumentos jurídicos y fácticos que fueren pertinentes para desvirtuar lo que sustenta el fallo.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, excepción de incompetencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morresi, María Lucía y ots. c/ Vidal, Carlos Alberto s/ Nulidad de acto jurídico. Rendición de cuentas. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

La decisión de la Cámara que rechaza la excepción de incompetencia y dispone la continuidad del proceso de ejecución por ante el juzgado interviniente no reviste, en el caso, carácter de definitiva en el concepto del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no pone fin a la litis ni hace imposible su continuación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cornes, Guillermo Juan José c/ Massuh  S.A.  - División Celulosa y Papel Planta Quilmes. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La reforma del art. 280 del Código Procesal por la ley 23.774 tiende a reforzar el criterio de especialidad que orienta a las funciones de la Corte al hacerle posible ahondar en los graves problemas constitucionales y federales que se encuentran entrañablemente unidos a su naturaleza institucional.
Costas, régimen de visitas
Materia: PROCESAL
Carátula: L., J.J. c/ V., A. s/ RÉGIMEN DE VISITAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

1- En cuestiones de derecho de familia no patrimoniales, con excepción del divorcio y los reclamos alimentarios, no corresponde imponer las costas con fundamento en el principio objetivo de la derrota, pues la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes. 2- Cabe imponer las costas a uno de los cónyuges cuando su conducta fuera irrazonable, gratuita o injustificada y obliga a la otra parte a tener que litigar para poder acceder judicialmente a su pretensión.
Ejecución de sentencia, acuerdo de partes, liquidación, actualización monetaria
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN R. AZAR c/ D'ALOIA Y LLERE  S.C.A. s/ LIQUIDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Si en el expediente recayó condena que contiene pautas de ajuste distintas a las sustentadas en un convenio celebrado en el pleito, cuya homologación no se pidió -pero que el ejecutado no desconoció- y en dicho convenio hay referencia a pagos efectuados por el demandado. La liquidación practicada de conformidad al referido acuerdo es procedente pues existió "principio de ejecución" (los pagos mencionados) y consecuentemente, la fuerza vinculante del CCIV 1197 prevalece sobre el recaudo de homologación emergente del ordenamiento procesal local (cn: 31).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, cobro de expensas comunes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Complejo Habitacional SOIP c/ Romero, Luis R. s/ Cobro de pesos. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

El valor del litigio está representado en el caso, por las expensas a cuyo pago condena la sentencia. (Minoría u opinión personal)
Unificación de penas, pena única
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, JULIO. s/ UNIFICACION PENAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-17

Corresponde imponer la pena única de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, comprensiva de la de seis meses de prisión impuesta en autos y de la de tres meses de prisión en suspenso cuya condicionalidad se revoca impuesta en la otra causa, siendo procedente la observación de la defensa en cuanto a la observación del procedimiento de suma en la aplicación de la regla del concurso real para la unificación de la pena, puesto que se trata de dos hechos que por la unidad del bien jurídico y de las características personales no permiten la duplicación exacta de la culpabilidad.

Además, resulta inconveniente prolongar una pena corta de prisión que, de todas formas, siempre resultaría inidónea para instrumentar cualquier rehabilitación mínimamente razonable.
Competencia contencioso administrativa, seguridad jurídica, prescripción, interrupción de la prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Chacofi  SACIF. e I. c/ Dirección de Vialidad de la provincia de Corrientes s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Las razones de seguridad jurídica alegadas para sostener la no interrupción o suspensión de los plazos de caducidad y prescripción contrasta con el hecho de que la inseguridad resultante de la indefinida posibilidad de accionar sólo es imputable a la Administración, que puede poner fin a ella en cualquier momento, dictando la resolución expresa requerida por el interesado.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, hábeas corpus, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CARLOS IVAN LEDESMA s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-31

La norma del art. 20 de la ley 48, que asigna a la Corte competencia para conocer en forma originaria en los recursos de hábeas corpus, debe interpretarse como aplicable sólo a los casos que puedan subsumirse en el art. 101 de la Constitución Nacional, pues el Congreso carece de facultades para alterar los límites que a dicha jurisdicción asigna la Carta Fundamental.