marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, liquidación y distribución, subasta, pedido de quiebra, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Constructora Miramar SRL c/  s/ quiebra s/ incidente de venta de bien inmueble uf 68 edificio premier, miramar, ptdo. gral. alvarado y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-10

Procede confirmar la resolución en donde el juez de grado rechazó la petición de ciertos acreedores de homologar el acuerdo al que arribaron con el Consorcio de Copropietarios y el pedido de suspensión de subasta del inmueble de la fallida. Ello por cuanto, en el caso, lo hicieron expresamente en los términos del CCCN 1641, norma que refiere a la transacción y que no resulta aplicable al caso de autos, una acción individual sino de un proceso de quiebra y no estar la fallida involucrada en el convenio en cuestión. En este marco, debe apuntarse que, como lo señaló el juez de grado, el acuerdo que hubieran realizado un acreedor con terceros resulta ajeno a esta quiebra y en ese sentido no cabe su homologación en el marco de este proceso falencial, pues la fallida no ha tenido participación en éste, y mucho menos, cuando se pretende dicha homologación en los términos del CCCN 1641, sin perjuicio de los efectos de la subrogación invocada, en su caso.- Es que sólo podría considerarse cancelada dicha acreencia para la quiebra y a los fines que pretenden las apelantes con una clara, expresa e inequívoca declaración de éstas en tal sentido, liberando a la fallida de la deuda por expensas por ellas abonadas, o con una carta de pago. Así pues, siendo que solamente se ha demostrado con el acuerdo acompañado que las apelantes abonaron el crédito que tenía el Consorcio contra la fallida por expensas, subrogándose en los derechos de dicho Consorcio, esa obligación sigue aún vigente y exigible en relación a la fallida, por lo que no se advierten razones para que la subasta del inmueble no siguiera su curso. Recuérdase que es la finalidad de la quiebra la realización de los activos del fallido a los fines de cancelar las deudas que han sido incluidas en el pasivo falencial. De otro lado, tampoco habría procedido la suspensión de la subasta si se tiene en cuenta que, se han generado nuevos gastos que deben ser abonados con lo producido por la realización del activo de la fallida al que deben agregarse los honorarios de los funcionarios que actuaron en la quiebra.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: REINOSO, MARTIN D. c/ CANTERAS PUNTILLA BLANCA s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-25

El art. 4 de la Ley de Accidentes de Trabajo 23643 para eximir de responsabilidad al patrón exige que el accidente sea provocado intencionalmente por la víctima o provenga de culpa grave de la misma, entendiéndose por culpa grave la temeridad inexplicable en el espíritu menos prevenido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, sentencia, fundamentos insuficientes, calificación legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TASSONE, LEONARDO GABRIEL c/  s/ PORTACION DE ARMA DE GUERRA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-27

La postulación de la recurrente -refiriendo arbitrariedad en la resolución de la Alzada que revoca la aplicación en autos del atenuante previsto en el inciso 2, sexto párrafo del artículo 189 bis del Código Penal, en tanto habría evaluado la cuestión en abstracto, sin atender a las particulares condiciones personales del autor y del hecho investigado- cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 189 bis, inciso 2, 6to. párrafo
Recursos, recurso de queja (procesal), autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: LANGUASCO, ELVA NELIDA c/ BAEZ, HECTOR JOSE
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-10

El recurso de queja por denegatoria de la apelación, es la vía procesal que tiene por objeto que el Tribunal de alzada controle la decisión del juez en lo que hace a la admisibilidad de la apelación denegada. No se trata de analizar lo resuelto respecto al fondo de la cuestión en debate sino de determinar si la apelación planteada es o no procedente de conformidad a las normas procesales (Hitters, Juan Carlos- Técnica de los Recursos Ordinarios, pg. 588).

El art. 274 y sgtes. del CPCC, determinan los presupuestos de admisibilidad formal, que exigen que la queja sea acompañada de la copia de la resolución recurrida, del escrito de interposición del recurso, fecha de notificación de la denegatoria, a efectos del cómputo del plazo para su interposición en término. La ausencia de ellas hace inadmisible e impide que el Tribunal entre a considerar si ella es fundada o no.

En ese sentido se ha resuelto reiteradamente que, aparte de la copia de la resolución recurrida, debe acompañarse también copia del escrito de interposición del recurso y de la resolución denegatoria con indicación de la resolución recurrida y la del cargo puesto en el mencionado escrito (Conf. Sala III año 1983 fs. 321 y 481; Sala I año 1982 fs. 286; Sala IV fs. 447).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, in dubio pro consumidor, ley de defensa del consumidor, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sicolo Acosta, Milena Soledad c/ Novogar S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-15

No resultan atendibles las demás alegaciones de la recurrente por las cuales intenta sustituir tal valoración de las constancias de la causa por una más favorable a su postura, con base en la regla in dubio pro consumidor consagrada en los artículos 3 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor -y 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial-, toda vez que la misma atañe a la interpretación de la ley y del contrato mas no a la apreciación de la prueba de los hechos controvertidos, a la vez que el deber de colaboración procesal establecido en el artículo 53 de la misma ley no entraña necesariamente una inversión de las cargas probatorias, de suerte que el precepto no deroga las reglas tradicionales sobre carga de la prueba ni libera al consumidor de su compromiso de demostrar los extremos fácticos de su pretensión. (De la disidencia de los Dres. Netri y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículos 1094 y 1095; Ley 24240, artículos 3, 37 y 53
Medidas cautelares, depósito judicial, peligro en la demora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rojas Esteban Alberto c/ Carlos H. Aldecoa y Ot. s/ Medida Precautoria (LIBRO: a142 - 191)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-20

El pedido no guarda "ab initio" relación con el juicio de transferencia iniciado por el actor, ni con las partes involucradas ya que la moto se encuentra en la playa municipal por la actuación de un tercero ajeno al proceso, en el caso la autoridad de tránsito que aplicó la medida por la infracción al art. 85 inc.a , 114 inc. a) y d) de la Ley de Tránsito nº 6062, sin que de esa situación se pueda deducir un estado de peligro en el cual se encuentre el derecho principal que persigue el actor en el juicio de transferencia, o la posibilidad o certidumbre que la actuación normal del derecho llegará tarde, presupuestos que conforman el peligro en la demora, o la urgencia de la medida. Si tal urgencia, el peticionante sólo la basa en el cobro de la estadía en la playa municipal y el costo que ello le significa (art. 116 Ley de Tránsito) es claro que tal situación a los términos del art. 112 inc. I y II del C.P.C.

no puede servir de fundamento a la solicitud de la precautoria, donde a todo evento tampoco se dan los supuestos previstos por el art. 118 y 128 del C.P.C.
Recurso de reposición (procesal), recurso extraordinario, desistimiento, desistimiento de la acción, desistimiento tácito de la acción
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrefour Argentina S.A. s/ ley 22.802.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-12

Corresponde hacer lugar a la reposición si, más allá de los errores en que incurrió la apelante, de su presentación se desprendía el pago de la multa, que no fue llevado a cabo en forma espontánea sino con el fin de evitar la promoción del proceso de ejecución correspondiente por parte de la Dirección Nacional de Comercio Interior, lo que permite descartar la presencia de un supuesto de desistimiento tácito del recurso extraordinario.
Insuficiencia del agravio, readaptación del condenado, progresividad del régimen penitenciario, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: Fernández Abinet, Ricardo Daniel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-09

Corresponde señalar que la disposición del art. 56 bis de la ley 24.660 y 14 del C.P -conforme texto de la ley 27.375- no resultan prima facie inconstitucionales, pues responden a un criterio razonable de distinción que el legislador puede aplicar, que es propio de las facultades que posee y que puede ejercer dentro del "amplio margen que le ofrece la política criminal", pues la regla constitucional del artículo 16 no establece una "igualdad rígida", sino que "entrega a la prudencia y sabiduría del Poder Legislativo una amplia libertad para ordenar, agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación", y la defensa no logra demostrar de qué modo se ven vulnerados el fin de resocialización de la pena, la progresividad del régimen penitenciario, la igualdad ante la ley y los demás principios invocados. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña.
Robo calificado, automotores
Materia: PENAL
Carátula: Romano, Segunda E.; Molina, Alejandro; Martín, José R. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

El art. 38 del dec. ley 6582/58, ratificado por ley 14.467, no transgrede los arts. 16, 28 y 33 -n.a.- de la Constitución nacional.
Defensa en juicio, medidas para mejor proveer, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: IZZO, CARLOS ARIEL s/ Averiguación de contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-17

Sujetándose estrictamente a los alcances del art. 492 del CPMP, las medidas investigativas que se crean pertinentes deben ser llevadas a cabo en el estadio procesal correspondiente, evitando de ese modo posibles afectaciones a los derechos de las partes o una injustificada dilación del plazo para dictar sentencia.
Carrera hospitalaria, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vulcano, Mario Oscar c/ Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Ricardo E. Nimmo. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Corresponde desestimar la queja del actor sobre el puntaje y la designación del coadyuvante en el cargo concursado si -como ocurrió en el caso- no demuestra la existencia de norma legal o reglamentaria alguna que impida acreditar mediante una única certificación varios trabajos realizados por éste y en cambio deba considerarse a los mismos como pertenecientes al año de expedición del certificado.
División de poderes, facultades del Poder Judicial, formación y sanción de la ley, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Barcesat Eduardo c/ Yoma Jorge -Senador Nacional- s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-25

Cuando se controvierte la forma en que han sido ejercidas las atribuciones privativas de otros poderes, los jueces deben abstenerse de resolver el punto (Fallos: 114:425; 179:150; 193:267), para evitar convertirse en revisores de decisiones que competen a otras autoridades. En la mecánica de nuestro sistema constitucional, los jueces carecen de jurisdicción para interferir en el proceso de formación de la leyes, en tanto se trata del ejercicio de potestades que la Constitución otorga privativamente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, los que están revestidos de amplias facultades para la sanción y promulgación de las normas. Tal la correcta interpretación a fin de preservar el principio de división de poderes -confr. esta Sala, in re "Cámara de Prestadores Postales Rep. Arg. c/ Cám. de Diputados y otros s/ amparo", del 12/9/95-. (En autos se solicitaba que se declare que la C.N. sólo puede ser reformada conforme los mecanismos y autoridades regulados por el art. 30, y se decrete la nulidad de toda iniciativa parlamentaria que implique apartamiento de ello).
Facultades del Poder Legislativo, diputados, decreto de necesidad y urgencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pinedo  Federico  y  otros  -Inc  Med (8-1-10) c/ EN -Dto 2010/09 s/ Proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-24

Los actores -diputados de la Nación- se encuentran legitimados para plantear la inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia que no ha sido puesto en consideración del Poder Legislativo en el marco del art. 99, inc. 3° de la C.N., en defensa del ejercicio de competencias que les son propias y que se encontrarían afectadas en forma directa y substancial, pudiendo configurarse de su parte un interés especial, personal y directo para litigar (Cons. V).
Excepciones procesales, excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: OCAMPO, Magdalena c/ DE HOYOS, Claudia María s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

A los fines de oponer la excepción de prescripción no puede considerarse como primera presentación la efectuada en una diligencia preliminar, porque para oponer la excepción se debe ser parte o estar citado al proceso para intervenir como tal.
Recurso de apelación (procesal), contribuciones especiales, efecto suspensivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Refiserv Río Hondo S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-14

En el ámbito previsional, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechaza la impug-nación de una determinación de deuda por aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social tiene efecto "suspensivo", toda vez que la deuda sólo se puede ejecutar si el recurso se desestima -a través de una decisión fundada- por incumplimiento del depósito previo, pero no cuando éste se efectúa en tiempo y forma, o cuando el Tribunal exime al obligado por imposibilidad de pago. En estos supuestos, la posibilidad de ejecutar el crédito queda supeditada a la suerte que le depara la sentencia al remedio instaurado. Ello lo diferencia del recurso que autoriza el art. 174 de la ley de Procedimiento Tributario contra una sentencia del Tribunal Fiscal, que se concede en "ambos efectos", lo cual importa -entre otras cosas- dejar expedita la vía judicial al Fisco para ejecutar la deuda. (Del voto de la mayoría. El Dr. Fernández votó en disidencia).
Derecho procesal, sentencia arbitraria, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: MULHALL, Carlos Alberto s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-26

La doctrina sobre sentencias arbitrarias no puede perseguirse la revocación de los actos jurisdiccionales de los jueces de la causa sólo por su presunto grado de desacierto o la mera discrepancia con las argumentaciones de derecho local, común o ritual en que se fundan" (Fallos: 311:1695), y debe recordarse también que la mentada doctrina "es de aplicación restringida, no apta para cubrir las meras discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y de derecho común y procesal, a través de los cuales los jueces de la causa apoyaron sus decisiones en el ámbito de su jurisdicción excluyente" (Fallos: 311:1950). Además, debe recordarse que la mera invocación de arbitrariedad y de violación a garantías constitucionales no suple la falta de sentencia definitiva (Fallos 311:565).
Declaración de inconstitucionalidad, tenencia de estupefacientes para consumo personal, sobreseimiento, lesividad
Materia: PENAL
Carátula: Donaire, Roberto Reynaldo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-18

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737 y sobreseer al interno procesado que en el interior de su celda tenía en el bolsillo de su pantalón tres bagullos conteniendo 3,08 gramos de cannabis sativa, toda vez que las conclusiones a la que ha arribado el máximo Tribunal en los precedentes "Arriola" (y anteriormente en "Bazterrica") pueden ser tomadas, como base interpretativa para las situaciones en la que se pretende evaluar si la conducta de los internos que detenten en su poder material estupefaciente con fines consumistas, se ve amparada por el principio de lesividad previsto en el artículo 19 de nuestro ordenamiento constitucional. (Dres. Hornos, Borinsky y Gemignani).
Nulidad de sentencia, pena, omisión de pena accesoria
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, R. y otros s/ Falsificación de Documento Público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-12

Omitida la pena de inhabilitación prevista para el delito de admisión de dádiva (art. 259 del C.P. ) en forma conjunta con la de prisión, la imposición de solo esta última especie la convierte en ilegal.

Es nula la acusación fiscal y todo lo actuado desde entonces, si en el caso, solicitó la imposición de la pena de dos años de inhabilitación especial dispuesta por el art. 20 bis del Código sustantivo y no la absoluta que prevé el art. 256 cuyo mínimo es de tres años y que imperativamente hubiera correspondido aplicar. Por ello, si bien ha solicitado pena respecto del encausado tal como lo exige el art. 138 inc. "e" del Reglamento para la Justicia Criminal y Correccional de aplicación supletoria, la misma es ilegal por dicha omisión por lo cual la nulidad de la acusación y de todo lo actuado resulta insoslayable.
Verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grimberg, Jorge Pablo; Gelatti, Beatriz Mabel c/ Banco Bansud S.A. s/ Incidente de revisión en autos: "Grimberg, Jorge Pablo y Gelatti,  Beatriz Mabel. Concurso preventivo"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

Acorde el art. 37 de la ley 24.522, la legitimación para promover el incidente de revisión se encuentra en cabeza del "interesado", por lo que no puede negarse ese carácter al concursado, máxime cuando éste conserva la administración de sus bienes (art. 15, ley 24.522).
Requerimiento de elevación a juicio, sentencia no firme, gravamen irreparable
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en  Querques, Luis Alberto s/infr. art. 149 bis, amenazas -CP-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-11

La decisión de la Cámara que revocó la declaración de nulidad del requerimiento de juicio -y/o el archivo dispuesto como correlato de aquella declaración- de ninguna manera puso fin al proceso, impidió su prosecución o el replanteo de la discusión y lo que aquí se pretende es lisa y llanamente evitar que se desarrolle el juicio, sin que se encuentre acreditada mínimamente la presencia de un perjuicio de imposible, tardía o insuficiente reparación ulterior. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Juicio ejecutivo, prueba, declaración de puro derecho
Materia: CIVIL
Carátula: PHILLIPS ARGENTINA S.A. DE LAMPARAS Y RADIO c/ HELI, OSCAR s/ EJECUTIVO HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-13

La circunstancia de haber el juez decidido las excepciones opuestas prescindiendo de las pruebas ofrecidas no invalida, en principio, la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, ya que conforme lo dispone el art. 548 C.P.N. ha podido legalmente desestimarlas sin recurrir a ese arbitrio y sin afectar, en consecuencia, la regularidad del pronunciamiento.

No corresponde al trámite ejecutivo la declaración expresa de puro derecho puesto que la misma se encuentra prevista para los procesos de conocimiento (art. 359 y 489 C.P.N.). Si el juez considera que no hay que abrir la causa a prueba se pronunciará sobre la procedencia de la excepción y en el mismo acto dictará sentencias disponiendo que se lleve adelante la ejecución, en todo o en parte, o su rechazo (Conf.Fenochietto-Arazi "Código...", T.2, com. art.548, nro.2, p.768).
Tenencia de armas, tipo penal, registro de armas, plazo legal, debate parlamentario, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ALDAO, Mauricio Ángel s/ s/inf. Art. 189 bis CP - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

En el debate legislativo que precedió la sanción de la Ley Nro. 25.886, fue el Diputado Jorge Casanovas quien introdujo una modificación en el artículo 4 del proyecto de ley originario; argumentando: "debemos adoptar las medidas pertinentes para facilitar el registro en un término prudencial, sobre todo de las armas de uso civil. Hasta este momento la falta de registro de esas armas es considerada meramente una infracción penal menor.

A tal efecto, se ha dispuesto dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que la máxima autoridad del país tome las medidas necesarias para la creación de sistemas que faciliten la gratuita inscripción de las armas, y en el caso de aquellas personas que no deseen inscribirlas, la rápida entrega a la autoridad judicial correspondiente a los fines de que esas armas sean oportunamente destruidas, conforme la ley que se proyecta.

En esta dirección vamos a proponer un agregado al artículo 4 del proyecto contenido en el dictamen de comisión en el sentido de disponer que la figura de la tenencia de armas de uso civil que se incorpora al Código Penal en la primera parte del artículo 189 bis, entre en vigencia a partir del vencimient o del plazo establecido para la creación del registro". (Conf. HCDN -v.t-, Reunión Nro. 5, Sesión 4 Ordinaria (Especial), celebrada el 7/4/2004).

Del parlamento transcripto, surge sin duda que la intención del Legislador no fue supeditar la entrada en vigor del tipo penal a una disposición administrativa de exención arancelaria como es la Disposición Nro. 50/2006 del Registro Nacional de Armas -RENAR- dictada el 22/02/06, sino precisamente otorgarle un plazo al Poder Ejecutivo Nacional para la implementación de este tipo de medidas y con el objeto de regularizar la situación de las armas, pero declarando expresamente que la ley resultará operativa a partir del vencimiento del plazo fijado para el mentado registro.

Interpretar lo contrario sería poner en cabeza del legislador una contradicción, la cual no puede presumirse, ya que claramente elevó la simple tenencia de arma de uso civil a la categoría de delito cuando hasta ese momento la consideraba una "infracción penal menor", aumentando en consecuencia de ello la penalidad de la figura en estudio como también lo hizo, en este último sentido, respecto de otros delitos previstos en el ordenamiento sustantivo.