Inadmisibilidad del recurso, solicitud de excarcelación, fundamentación de sentencias, comercialización ilegal de estupefacientes, participación criminal, intención de eludir la acción de la justicia, emergencia sanitaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Muñoz, Antonio Orlando c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-06

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la decisión del a quo que confirmó la denegatoria de excarcelación de Muñoz, en tanto la resolución impugnada cuenta con los fundamentos mínimos y suficientes para ser considerada como un acto jurisdiccional válido. El tribunal evaluó, con ajuste a lo dispuesto en los arts. 316, 317 y 319 del Código Procesal Penal de la Nación y 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, los concretos riesgos procesales verificables en la causa que impiden el otorgamiento de lo solicitado. Precisó que Muñoz fue procesado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, por la intervención de 3 o más personas, encontrándose detenido desde el 9 de febrero del corriente año. Subrayó la gravedad de los hechos atribuidos e indicó que sería el jefe de una banda delictiva -y encargado de su coordinación y dirección- dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes en San Juan. Relativizó, así, el valor de los elementos probatorios aportados por la defensa, vinculados con la posesión de bienes registrados a su nombre, ya que, en el caso, no demostraba la intencionalidad de sujeción al proceso alegada, toda vez que, valorándolo en conjunto con su falta de arraigo laboral e ingresos, se ponía en evidencia la presumible probabilidad de fuga. Máxime, cuando, de arribar a un temperamento condenatorio, la pena a imponer necesariamente sería de cumplimiento efectivo. Consideró el tribunal que el haber que el encartado percibía del ANSES, tampoco lograba acreditar el arraigo, ya que resultaba insuficiente para justificar el nivel de vida que llevaba, siendo propietario de varios vehículos y propiedades. Refirió que se encontraban pendientes de realizar medidas de prueba, tales como peritar dispositivos electrónicos, y dar con el paradero de otros miembros de la banda que tienen orden de captura. Lo expresado permite inferir que la resolución está suficientemente fundada en cuanto a la persistencia de los riesgos procesales, satisfaciéndose las exigencias de ultima ratio establecidas para la imposición y el mantenimiento de la medida de coerción cuestionada (arts. 210 inciso k, 221 y 222 del C.P.P.F.). Por otra parte, el a quo sostuvo que si bien Muñoz es una persona de riesgo genérico, lo cierto es que el SPF implementó medidas para impedir el contagio y propagación del virus dentro de las cárceles, no existiendo razones para afirmar que se encuentre, de momento, en una peor situación que aquellos que no se encuentran privados de su libertad. En estas condiciones, no hay evidencia de la existencia de un peligro concreto e inminente de grave afectación a su salud e integridad psicofísica en los términos de la emergencia sanitaria. Tampoco que ésta no pueda ser, por el momento, contenida y adecuadamente atendida dentro de la unidad. En lo demás, la situación del interno no se corresponde con los supuestos establecidos en el punto 2do. de la Acordada 9/20 de esta Cámara, cobrando particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3ro. de la misma.