Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-29


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 29 de 2008.

¿Es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- A raíz del accidente ocurrido el 8 de agosto de 2003 en la calle México cerca de su intersección con la calle Catamarca los padres del damnificado M.J.G. promovieron demanda por daños y perjuicios por sí y en su representación, contra Hernán Nicolás Masutti, conductor del automóvil Volkswagen Gol, patente DJI 896, a quien atribuyen los perjuicios padecidos.

La sentencia dictada a fs. 305/313 rechazó la demanda entablada, con costas a la parte vencida.

A tal fin sostuvo que los testigos que habían declarado eran personas del entorno familiar que habían procurado colocar en una posición favorable al actor y que el juez de la causa penal que había decidido sobreseer al aquí demandado también había cuestionado sus declaraciones en esa sede.

Agregó que el perito había afirmado que la "mecánica" relatada en la contestación de la demanda era la que se correspondía con los elementos de prueba arrimados al expediente.

Adujo que la actitud de la madre del damnificado no había sido responsable al permitir que su hijo transitara o cruzase solo la calzada.

II.- La parte actora y la representante del ministerio pupilar apelaron el pronunciamiento. La primera expresó a fs. 351/359 sus agravios, cuya contestación fue agregada a fs. 361/362 mientras que la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, a fs. 365, adhirió al memorial presentado por los padres de su representado.

En el mencionado escrito se aduce que el demandado no logró probar la existencia de una eximente de las previstas en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil; que fue el agente embestidor del niño y que no mantuvo el dominio de su vehículo. Se manifiesta que el damnificado se hallaba cruzando por la senda peatonal con su familia cuando el semáforo lo habilitaba. Asimismo se critica el peritaje mecánico tenido en cuenta por la sentencia.

III.- No existe discrepancia en cuanto al encuadre legal del caso en el supuesto previsto en el citado art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil. Por tanto, al estar en juego un factor de atribución objetivo, no pesa sobre la actora la carga de demostrar la culpabilidad del agente dañoso, sino que es la demandada quien para eximirse de responsabilidad, debe probar la ruptura del nexo causal, esto es, la culpa de la víctima o la de un tercero por el que no debe responder civilmente (cf. Fallos: 321:3519; C.N.Civ., esta sala, L. 468.763, del 16/2/07 y sus citas).

Lo que el recurrente vencido objeta es la rotura total del nexo causal admitida por el magistrado y entiendo que sólo parcialmente y de manera acotada cabe atender a la crítica vertida en el memorial.

El pronunciamiento fundó la eximente en el hecho de que M. J. G: se había lanzado hacia la calle con la intención de efectuar el cruce irresponsablemente, sin tomar los recaudos necesarios y sin ser acompañado por uno de los adultos que iban con él, todo lo cual no había sido previsible para el demandado.

Ante todo he de señalar que la versión de la parte actora en cuanto a que el semáforo de la intersección de las calles Catamarca -por la que circulaba el niño- y México -por la que lo hacía el automóvil- habilitaba a los peatones, no ha sido adecuadamente demostrada, pues sólo se funda en las declaraciones de la hermana del lesionado -Samanta Soledad Gómez- y en las del ex novio de ésta -Martín Oscar Mancasola- que han sido descalificadas por considerárselas "interesadas" por la sentencia sin que la parte apelante siquiera intentase desvirtuar los asertos del pronunciamiento (cf. arts. 265 y 266 del Código Procesal).

Es oportuno recordar que también el juez de la causa penal había calificado sus dichos de muy endebles y difíciles de articular (fs. 79 vta.), sin que la recurrente, que ofreció ese expediente como prueba, procurase argumentar en contra de tales afirmaciones.

Por lo demás, aun tomando en cuenta lo sostenido por esos testigos tan cercanos a la parte demandante (cf. arts. 386 y 456 del Código Procesal), no quedaría acreditado que el niño habría intentado cruzar la calzada cuando el semáforo lo habilitaba, ya que de sus mismas declaraciones en las que afirman que estaba "en verde" cuando ellos lo hicieron, se desprende con claridad que no habrían transpuesto la calle al mismo tiempo que aquél.

Martín Oscar Mancasola ya estaba en la vereda opuesta cuando se produjo el hecho -escuchó que la otra testigo le decía a su hermano "pará"- (fs. 72 vta. del proceso por lesiones y fs. 155 vta. del presente) y Samanta Soledad Gómez también iba delante de M.J.G. (fs. 70 de la causa penal), obviamente a más de los "dos pasos" de distancia que ella reconoce, tanto es así que ella pudo cruzar sin inconvenientes, pero no así su hermano. Adviértase que no manifestó que hubiera tenido que apresurarse por la proximidad de un vehículo. En esta causa, además, relató que también se encontraba en la vereda opuesta cuando ocurrió el siniestro (fs. 176 vta.).

Vale decir que si, únicamente como hipótesis, cupiese ceñirse a lo afirmado por estos testigos respecto del semáforo, ello sólo atañería al cruce efectuado por los declarantes, mas no para el intentado por el damnificado que lo hizo -o procuró hacer- con posterioridad.

Lo expuesto pone de relieve, asimismo, el actuar poco responsable de la madre del niño, que a tenor de lo manifestado por los mentados testigos avanzaba más adelante aún que su hija Samanta, permitiendo que su vástago de diez años se lanzase a realizar solo un cruce para el cual, más allá de su edad, los hechos demostraron que no se hallaba plenamente capacitado.

Tampoco la falta de responsabilidad materna atribuida por la sentencia y su aserto de que había intentado trasponer la calzada sin asistencia han sido objeto de puntual crítica por la parte recurrente.

En otro orden de ideas he de señalar que la versión del suceso presentada en el escrito de demanda en cuanto a que el vehículo del demandado al impactar al niño lo hizo volar por los aires, no ha sido corroborada en este proceso. Fue desechada por el perito ingeniero debido a que no se trató de un choque frontal (fs. 237 y fs. 243 bis) y lo que es más, fue modificada por la misma parte demandante (fs. 239 vta., fs. 358).

No se encuentra controvertida la circunstancia de que el VW Gol no embistió al niño con su parte delantera, ni tampoco lo está que el impacto se produjo con su lateral delantero izquierdo cuando el damnificado intentaba el cruce.

El vehículo presenta abolladuras en el guardabarros delantero izquierdo y rotura del espejo exterior retrovisor del mismo lado (fs. 236) "por golpe o choque contra cuerpo blando y reciente" (fs. 28 vta. del expediente por lesiones) lo que corrobora el lugar del impacto, más allá de si tomó contacto primero con el guardabarro o con el espejo.

Dada la manera como se venía desplazando el grupo familiar no resulta difícil inferir que, por algún motivo, el niño se encontraba rezagado en relación con su madre y sus hermanos y privado, por ende, de su cuidado y que fue en tales circunstancias cuando -seguramente con la premura por alcanzar al resto- emprendió el cruce de la calle México evidentemente sin advertir el automóvil que se desplazaba por esa arteria contra el cual impactó en su lateral delantero izquierdo.

Este hecho importó un acontecimiento con aptitud para seccionar parcialmente el nexo causal con el daño (cf.C.N.Civ., esta sala, L. 472.341 del 29/10/07 y sus citas).

Estimo, empero, que la eximente descripta no habilita a tener por totalmente cortado el mentado vínculo causal pues, como reiteradamente se ha señalado, la existencia de un peatón distraído o aún imprudente constituye una contingencia del tránsito que, en principio, el conductor debe estar en condiciones de afrontar (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 411.156, del /3/05).

Además, en el caso, se hallaba trasponiendo la calzada próximo a la esquina -y no a mitad de cuadra- según surge de la declaración del propio demandado -de acuerdo con los testigos mencionados, se hallaba en el lugar de la misma senda peatonal- (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 468.763, del 16/2/07) y no se ha invocado la presencia de obstáculos -de naturaleza permanente o transitoria- que dificultasen advertir la presencia de la víctima o la del grupo familiar.

Por otra parte, el estado húmedo del pavimento -por precipitaciones- y la escasa iluminación de la intersección (comprobado por el oficial de la policía federal que intervino a fs. 1 vta. de la causa penal) debieron impeler a quien estaba al mando del Volkswagen -y manifestó desplazarse "a no más de 35/40 kilómetros por hora"- a extremar los cuidados en su andar (cf. art. 512 del Código Civil).No puede soslayarse que el conductor debe circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (cf. art. 39, inc. b de la ley nacional 24.449).

Es más, el art. 64 de la citada ley nacional que expresa que el peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas de tránsito y, asimismo, esta sala ha sostenido que las circunstancias extraordinarias que rompen el nexo causal deben ser realmente imprevistas, pues sin esta condición el proceso causal ha de juzgarse siempre adecuado, aunque aquéllas provengan de la víctima misma. (cf. C.N.Civ., esta sala, L.444.683, del 5/9/06; L. 498.605, del 14/4/08).

En virtud de lo expuesto postulo atribuir al demandado el treinta por ciento de la responsabilidad en el evento.

IV. Dilucidada la atribución de responsabilidad he de abocarme a la determinación de las partidas indemnizatorias.

De modo liminar he de recordar que esta sala reiteradamente ha sostenido que el denominado trastorno psíquico carece de autonomía indemnizatoria ya que, en tanto daño patrimonial indirecto, integra el de incapacidad y en cuanto a aspecto extrapatrimonial, el daño moral. Es que en realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan que sólo pueden comportar daños patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial -moral- (Zannoni, E., "El daño en la responsabilidad civil", 2a.ed., págs. 157/166 y sus múltiples referencias; esta sala, L. 163.509 del 6/6/95; L. 169.841, del 20/7/95; L. 205.632, del 26/11/996; L. 219.296, del 2/7/997 y L 226.466, del 24/10/997; entre muchos otros concordantes). En un afín orden de ideas la Corte Suprema ha postulado que aunque se reconozca autonomía conceptual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser individualizado como un rubro compensatorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o moral (Fallos: 326: 847).

Otro tanto cabe decir del llamado daño biológico que constituye uno de los rubros que, más allá de la discriminación conceptual y las denominaciones empleadas, persiguen la reparación económica de la totalidad de secuelas que la incapacidad origina en la víctima, atendiendo a su incidencia en los múltiples ámbitos en que el sujeto proyecta su personalidad, dimensión a la que atiende el concepto resarcitorio de incapacidad (cf. Fallos:322:2002; C.N.Civ., esta sala, "D., J.C. c/ Expreso Sudoeste S.A.", del 9/12/99, en La Ley 1999-E, p. 17;ídem, sala D, "Taborda, Carlos H. y otro c/ Instituto Presbítero Antonio Sáenz y otro", del 28/6/05; ídem, sala I, "M., D.E. c/ Editorial Atlántida S.A. y otros", del 25/6/03, en Jurisprudencia Argentina 2003-IV, p. 248; ídem, sala K, "Armendano, Carlos E. c/ Bernardino Rivadavia y otro", del 29/5/06, en La Ley 2006-F, 820 y "Abad, Oscar c/ Microómnibus Norte Monsa S.A. y otros", del 15/3/07; ídem, sala M, "Rodríguez, Mónica c/ La Cabaña S.A.", del 25/10/06).

En consecuencia y contrariamente a lo postulado por el demandante, no cabe asignar montos independientes al daño biológico o al psicológico.

Respecto de este último, su carencia de autonomía como partida indemnizatoria no obsta a que los perjuicios de esta índole pueden ser considerados como un aspecto de la incapacidad, como elementos vinculados al daño moral o como justificantes de atención terapéutica (C.N.Civ., esta sala, L. 472.907, del 16/8/07, L. 491.804, del 14/12/07 y L. 495.925, del 7/4/08).

En lo que atañe a la incapacidad, esta sala ha señalado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad deber ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315: 2834; 316: 2774; 318:1715; 320: 1361; 321: 1124; 322: 1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:874; C.N.Civ., esta Sala L. 471.593 del 28/3/2007y L. 496.669, del 5/5/08 entre muchos otros).

El perito médico ha informado a fs. 212/215 que, en la actualidad, M.J.G. presenta hipoacusia bilateral, cefaleas, vértigos, estado de hiperquinesia, trastornos en el estudio e irritabilidad emocional. Padece el síndrome postconmocional de Pierre Marie que hace referencia a la aparición de un heterogéneo grupo de síntomas somáticos, cognoscitivos y psicológicos.

La psicóloga que examinó al niño y le practicó los correspondientes estudios da cuenta de que tiene un desarrollo psíquico postraumático que devino en un síndrome angustioso infantil (fs. 203/205).

El experto estima que el damnificado sufre una incapacidad del 32.9% de la total.

En relación con estos guarismos ya la sala ha señalado que ellos no traducen, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria sino que únicamente constituyen un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación (C.N.Civ., esta sala L.465.066, del 13/2/07; ídem L. 462.383, del 21/2/07, L. 499.401, del 23/5/08; ver asimismo Fallos: 320:1361; 325:1156).

A fs. 230/231 el perito contestó las impugnaciones formuladas por la parte actora y a fs. 266/268 respondió a las observaciones y pedido de explicaciones de la demandada, acompañando copia de los estudios complementarios practicados.

Es sabido que para que las observaciones planteadas en contra del contenido de los dictámenes periciales puedan ser consideradas, es necesario arrimar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico, que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (arts. 386 y 477 del Código Procesal; Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", t. IV, n. 514, p. 720; C.N.Civ., esta sala, L. 460.229, del 1/11/06), requisitos que no se verifican en estos autos teniendo en cuenta, además, las contestaciones del experto ya mencionadas. Tanto es así que en los respectivos memoriales de fs. 293/297 y fs. 299 ya ninguna de las partes formula objeción o crítica alguna al peritaje.

En virtud de lo expuesto, tomando en consideración las condiciones personales, familiares y sociales del damnificado que surgen del incidente de beneficio de litigar sin gastos y, especialmente, su edad a la fecha del hecho, estimo que por incapacidad debe fijarse la suma de $ 15.000 en virtud del porcentaje de responsabilidad atribuido.

V.- La psicóloga que examinó al lesionado recomendó un plan de atención psicoterapéutica durante 24 meses con asiduidad de una sesión semanal La señalada necesidad de la terapia apunta, obviamente, a los aspectos reversibles de las afecciones, como así también a los paliativos de las secuelas no modificables y a la prevención de ulteriores deterioros (cf. C.N.Civ., esta sala L. 450.661, del 13/3/97; ídem, L. 471.881, del 22/5/07; L. 472.341 del 17/9/07).

Por ello, habida cuenta lo decidido por esta sala en casos similares (L. 472.834, del 9/11/07; L. 500.914, del 16/5/08; L. 508.149, del 25/8/08) y la atribución parcial postulada, propongo establecer para esta partida el monto de $ 1.440.VI.- En relación con el daño moral, sabido es que su reparación -prevista en el art. 1078 del Código Civil- está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas. Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (C.N.Civ., esta sala, L. 465.066, del 13/2/07; L. 489.020, del 27/12/07).

Bajo tales premisas, debe considerarse el sufrimiento padecido por el damnificado a raíz del accidente y sus secuelas con la consecuente afectación de su proyecto de vida. En este sentido los peritajes médico y psicológico ya reseñados son elocuentes y también lo es el informe proveniente del Hospital de Pediatría Prof. Juan Garrahan agregado a fs. 103/134.

En virtud de lo expuesto y siempre sobre la base del porcentual asignado a cada interviniente postulo determinar en $ 9.000 este rubro.

VII.- Los padres de M.J. reclaman el resarcimiento de gastos que denominan materiales.

Se ha dicho reiteradamente que los gastos médicos y farmacéuticos deben ser admitidos, ya que si bien no están acreditadas las erogaciones que se afirma haber realizado, las lesiones sufridas presuponen necesariamente la existencia de tales gastos, pues aunque la víctima haya sido tratada en un establecimiento gratuito o dependiente de una obra social, los gastos en medicamentos corren por cuenta del interesado (C.N.Civil, sala A, 2/7/90, L.L., 1990-E, 297; íd., sala C, 21-9-89, L.L., 1990-A, 677, 38.l25-S; 1-E-617; íd., esta sala L. 468.763 citado). Bien entendido que el resarcimiento sólo deberá cubrir la parte no cubierta por la gratuidad (Conf. C.N.Civil, esta Sala, LL, 1993-A, 32).

Respecto de los gastos de traslados es también razonable pensar, por las lesiones sufridas, que el niño por un tiempo debió movilizarse en vehículos apropiados para ello, aunque no estén acreditados en forma cierta, por cuanto no suelen lograrse comprobantes que permitan una fehaciente demostración, ello no es óbice para la procedencia del rubro (C.N.Civ., esta sala, L. 476.356, del 31/8/07).

Lo expuesto, obviamente, permite presumir la existencia de tales gastos por un monto básico, que sólo podrá ser incrementado si la parte interesada arrima pruebas que permitan razonablemente inducir erogaciones superiores a las que normalmente cabe suponer de acuerdo a la dolencia padecida.

En su mérito, teniendo en cuenta la índole de las lesiones y sus secuelas, la falta de demostración de desembolsos superiores a los presumidos y la distribución de responsabilidad propuesta estimo estos gastos en un total de $ 300.

También reclaman por la vestimenta dañada en el siniestro. Es procedente la indemnización por este concepto, si de las características del accidente de tránsito cabe suponer que alguna prenda se ha deteriorado (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 468.763, del 16/2/07 y sus citas).

En el caso, dada la entidad del accidente y la sangre emanada (fs. 1 del expediente por lesiones), es muy probable que la vestimenta del hijo de los recurrentes haya quedado dañada, por ello, teniendo en cuenta las condiciones personales y sociales del niño y la responsabilidad parcialmente reconocida, considero adecuado determinar su indemnización en $ 50.

VIII.- En mérito de lo expuesto, después de haber examinado las argumentaciones y pruebas conducentes (cf.Fallos:272:225; 274:113, entre otros), propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada para hacer lugar parcialmente a la demanda atribuyendo a Hernán Nicolás Masutti un treinta por ciento de la responsabilidad en el siniestro y, en consecuencia, condenar al nombrado y a Rosa Ester Villar, con extensión a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada -en los términos del art. 118 de la ley 17.418- a abonar a Ramón Gregorio Gómez y María del Carmen Gómez, en representación de M.J.G., la suma de $25.440 y para ellos mismos la de $ 350, en el plazo de diez días. Sobre esas sumas deberán calcularse los pretendidos intereses cuya determinación debe ser postergada por cuanto el pleno de esta Cámara del 10 de junio del corriente resolvió, en el pedido de autoconvocatoria realizado por la sala F en los autos "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios", revisar la doctrina sentada en los plenarios "Vázquez Claudia Angélica c/ Bilbao Walter y otros s/ daños y perjuicios" del 2/8/1993, LA LEY, 1993-E, 126, publicado en E.D. t. 155, p. 142 y "Alaniz Ramona Evelia c/ Transportes 123 SACI Interno 200 s/ daños y perjuicios", del 23/3/2004 publicado en LA LEY, 2004-C, 78; E.D. t.206, pág. 680. Los montos concedidos en favor del niño y sus accesorios, deberán ser depositados dentro del plazo fijado, en una cuenta que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina -Sucursal Tribunales- a la orden del señor juez y como de pertenencia a la carátula de Autos como único medio de cumplimiento de esta manda. Las costas de ambas instancias deberán imponerse en el orden causado en atención a la manera como se decide y a la naturaleza de la pretensión (art. 68 del Código Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carlos Alfredo Bellucci y Beatriz Areán votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares. Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, oída la Sra. Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, SE RESUELVE: I.- Revocar la sentencia apelada para hacer lugar parcialmente a la demanda atribuyendo a Hernán Nicolás Masutti un treinta por ciento (30%) de la responsabilidad en el siniestro y, en consecuencia, condenar al nombrado y a Rosa Ester Villar, con extensión a La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada -en los términos del art. 118 de la ley 17.418- a abonar, en el plazo de diez días, a Ramón Gregorio Gómez y María del Carmen Gómez, en representación de M.J.G., la suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 25.440) y para ellos mismos la de TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 350), más sus intereses cuya determinación se posterga de acuerdo a lo indicado en el apartado octavo. Los montos concedidos en favor del menor y sus accesorios, deberán ser depositados conforme lo dicho en el mismo apartado. II. Con costas de ambas instancias en el orden causado en atención a la manera como se decide y a la naturaleza de la pretensión (art. 68 del Código Procesal). III. Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). IV. Diferir la determinación de la tasa de interés con el alcance indicado en el apartado octavo y también postergar para esa oportunidad la adecuación de los honorarios (art. 279, Cód. Procesal) y la regulación por los trabajos de alzada. - Carlos Carranza Casares. - Carlos Alfredo Bellucci. - Beatriz Areán.