Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-20


Buenos Aires, 20	de diciembre de 2006	Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	Resulta	1. Pablo Martín Krzyzanowski, apoderado del Correo Oficial de la República Argentina S.A., interpuso recurso de queja (fs. 25/27 vuelta) contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas del 28 de junio de 2006 (fs. 19/20), por la cual se declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la decisión del 22 de mayo de 2006 (fs. 2/9), que confirmó el fallo dictado por el juez de primera instancia (fs. 165/70, autos principales).

Dicho magistrado había condenado a la recurrente al pago de una multa de $ 9.000 (pesos nueve mil), a razón de diez cuotas mensuales y consecutivas de $ 900 (pesos novecientos), por la comisión de las infracciones previstas en los arts. 2.2.14, 11.1.7, 4.1.1 y 2.1.1 de la ley n° 451.

2. En el recurso de inconstitucionalidad declarado inadmisible por los jueces de la Sala III, el apoderado de la empresa sostuvo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al imponerle una multa de conformidad a lo establecido en la ley n° 451, esto es, en ejercicio del poder de policía- afectó de manera indebida los recursos del Estado Nacional, toda vez que violó la naturaleza excepcional que la Constitución nacional otorgó al servicio postal en sus arts. 4, 17, 18, 31 y 75, inc. 14 (fs. 210, autos principales), y contrarió la competencia federal de dicho servicio establecida en la ley nacional n° 20.126 y en los decretos nacionales n° 1185/90, 1187/93 y 431/98 (fs. 205 vta., autos principales).	3. El Sr. Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida, solicitó al Tribunal que rechazara la queja interpuesta por considerar que las críticas efectuadas por el recurrente versaban sobre la interpretación y aplicación de normas infraconstitucionales. En consecuencia, sostuvo que la quejosa no había presentado un caso constitucional, sino simplemente su desacuerdo con la decisión judicial atacada (38/39 vuelta).

Fundamentos El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. El presente recurso de queja, si bien interpuesto en tiempo oportuno, no puede prosperar.

Es un requisito mínimo para la concesión de la queja que ella contenga, básicamente, una crítica concreta y razonada del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad; recaudo que el escrito en examen no reúne, pues sólo se sustenta en la mera discrepancia del recurrente con la decisión del tribunal a quo. Este Tribunal ya ha dicho reiteradamente que la ausencia de una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los desarrollos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso, obsta a la procedencia de la queja puesto que la presentación resulta así privada del fundamento tendiente a demostrarla (cf. el Tribunal in re "Guglielmone, María Dolores s/ art. 74 CC s/ recurso de queja", expte. nº 291/00, resolución del 22/03/2000; "Góngora Martínez, Omar Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Góngora Martínez, Omar Jorge c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo (art. 14, CCABA)", expte. nº 3264/04 y sus citas, resolución del 23/2/05).

Es aplicable, entonces, lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo relativo al fundamento que deben expresar las quejas por recursos denegados (Fallos, 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338; en el mismo sentido, este TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. nº 865, resolución del 9/4/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, T. III, ps. 92 y siguientes).

2. La queja, en definitiva, reitera los defectos que ya contenía el recurso, pues en ninguna de las dos ocasiones se ha logrado exponer fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el art. 27 de la ley n° 402.

Si bien parece desprenderse de sus presentaciones -ya que el recurso de inconstitucionalidad no satisface adecuadamente el requisito de autosuficiencia, por carecer de un relato circunstanciado de los hechos de la causa y de las pretensiones y defensas esgrimidas- que Correo Oficial de la República Argentina S.A. resiste el ejercicio del poder de policía local por existir, a su criterio, una colisión entre la ley n° 451 (Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y las normas federales que disciplinan el servicio postal, no ha logrado en este caso delinear de manera suficiente una verdadera cuestión constitucional en los términos del art. 27 de la ley n° 402 que permita habilitar la competencia de este estrado.

Ello así, pues no se advierte una crítica concreta y razonada en relación al argumento brindado por los jueces de la causa que han determinado de manera fundada que el ejercicio del poder de policía local se puede ejercer en forma complementaria con las funciones puestas en cabeza de la Comisión Nacional de Comunicaciones sin interferir con el servicio postal (v. copia de la sentencia de la Cámara que declaró inadmisible el recurso, obrante a fs. 19/20).

3. En efecto, la recurrente no rebate esta línea central del razonamiento contenido en la sentencia de la Cámara, adoptada con apoyo en las directrices que, para abordar cuestiones vinculadas al poder de policía (materia eminentemente local), brindan el art. 75, inc. 30, de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, invariablemente, ha sostenido que los actos de las legislaturas provinciales -y los emitidos en consecuencia- no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución Nacional concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (v. entre muchos otros, los precedentes registrados en Fallos: 3:131; 302:1181 y, en especial, "Telefónica de Argentina v. Municipalidad de Chascomús", sentencia del 18 de abril de 1997, Fallos 320:619, donde se cuestionó la exigibilidad de tributos municipales a la parte actora, empresa prestadora de un servicio público interjurisdiccional, en concepto de "habilitación comercial", "seguridad, salubridad e higiene" y "publicidad y propaganda") -cf. sentencia de la Cámara que declaró inadmisible el recurso (cf. copia obrante a fs. 19/20 de la queja) y sentencia de la Cámara que confirmó la decisión de primera instancia (cf. copia obrante a fs. 2/9 de la queja)-.	La quejosa insiste en que el servicio postal se rige en forma exclusiva por disposiciones de carácter federal -afirmación que en realidad ningún juez local ha puesto en tela de juicio en este proceso-, mas no logra demostrar cuál sería el segmento de esa regulación federal que provoca la alegada incompatibilidad con el típico ejercicio del poder de policía local en materias relativas a la seguridad edilicia y a la prevención de siniestros que motiva todos sus reproches. La sentencia de la Cámara resulta clara en este sentido, al explicar que las normas federales invocadas por la recurrente que rigen el servicio postal no se han ocupado de estos aspectos específicos que hacen a las condiciones de seguridad elemental que deben observarse en todos los edificios emplazados en esta Ciudad, cualquiera sea su destino o actividad. Las actas de comprobación que motivan la multa objetada por la recurrente dan cuenta de las siguientes infracciones: incumplimiento de la inspección mensual de dos montacargas -última inspección realizada el día 10/12/04- (acta n° 2/0818759, fs. 3, autos principales); no exhibir al momento de la inspección el contrato con la empresa de seguridad privada, registro de la misma en la DGSSP y seguro de responsabilidad civil de la citada empresa (acta n° 2/818760, fs. 4, autos principales); no tener habilitación, ni libro de registro de inspecciones, ni planos de habilitación contra incendios, de instalación electromecánica y de ventilación forzada (acta n° 2/0786171, fs. 5, autos principales); y no tener al momento de la inspección tarjetas de recarga reglamentarias de matafuegos, ni el seguro de responsabilidad civil de dos montacargas (acta n° 2/0786172, fs. 6, autos principales).

Así, sin negar haber cometido las infracciones que se le imputan, la recurrente pretende que sus inmuebles (a los que concurren diariamente y en forma masiva los vecinos de esta Ciudad que utilizan el correo o que sólo van a trabajar allí) sean considerados una suerte de enclaves inmunes al poder de policía de seguridad que corresponde a las jurisdicciones locales (cf. CSJN, in re: "La Empresa 'Plaza de Toros' quejándose de un decreto expedido por el Gobierno de Buenos Aires", sentencia del 13 de abril de 1869, Fallos 7:150). Empero, las argumentaciones que utiliza para lograr su cometido no logran conmover los sólidos desarrollos brindados por el tribunal a quo para concluir que, en el caso, no se ha acreditado que la aplicación de la multa resistida por infracción al régimen de faltas local pueda llegar a implicar una interferencia, directa o indirecta, con el regular funcionamiento del servicio postal (cf. art. 75, inc. 30, CN).

4. En cuanto al agravio que se insinúa en la queja respecto de la pretendida afectación de recursos contemplados en el art. 4º de la Constitución Nacional, cabe formular las siguientes matizaciones:

a) No se trata aquí de un caso en el que se encuentre comprometida la inmunidad fiscal de los instrumentos de gobierno y de las entidades públicas y sus dependencias, respecto de los tributos de otros planos estatales diferentes del nacional (cfr. pronunciamiento de la Corte Suprema estadounidense in re: "McCulloch v. Maryland", 18 U.S. (4, Wheaton) 316, (1819); y dentro de la doctrina nacional v. Jarach, Dino: El hecho imponible. Teoría general del Derecho Tributario sustantivo, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1971, capítulo tercero: "La atribución del hecho imponible a los sujetos pasivos y los momentos de vinculación con el sujeto activo", parágrafo 22: "Exenciones tributarias subjetivas y doctrina de la inmunidad fiscal de las entidades públicas", ps. 197 y ss., en particular ps. 199 a 201; Naveira de Casanova, Gustavo J.: Apuntes sobre la denominada inmunidad fiscal del Estado, Boletín de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, mayo de 1998, ps. 29 y ss., o Anales de la misma Asociación 1994-1998, ps. 267 y ss.; Adrogué, Carlos A.: Poderes impositivos federal y provincial sobre los instrumentos de gobierno, segunda parte: "La imposición sobre la propia instrumentalidad", Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1943).

b) Estamos en presencia de una sanción, por ello, sustraerse de la misma ante una infracción, cuya conformación material no ha sido negada por la quejosa, importaría tanto como pregonar que el Estado, sus agentes y sus entidades descentralizadas no se encuentran autolimitados y pueden actuar al margen del derecho o parte de él, cuando el bloque de legalidad (en los términos utilizados por Hauriou) está integrado, en un Estado plural, por ordenamientos jurídicos de distintos planos de gobierno, sancionados en términos de generalidad y en vista del interés público, teniendo por no escrito el inc. 30 del art. 75 de la CN.

c) No se ha demostrado de manera consistente que la sola imposición de la multa resistida en esta causa sea susceptible de producir una interferencia en la prestación regular del servicio postal, ni una mengua relevante en la percepción teórica de una renta pública contemplada sólo nominal e históricamente en el art. 4º de la Ley Fundamental; más aún cuando tal magro menoscabo patrimonial podría, llegado el caso, ser desplazado por las autoridades nacionales hacia los responsables del obrar antijurídico.

d) Cabe añadir, finalmente, que si bien puede sostenerse que el Estado no tiene capacidad contributiva que justifique a su respecto el pago de tributos directos -esto es, de aquellos que se ve imposibilitado de trasladar- en el caso de multas de la naturaleza que nos ocupa su nacimiento no es el producto de la configuración de un hecho imponible sino la verificación del obrar discrecional de una sociedad anónima constituida por el Estado Nacional, efectuado al margen del ordenamiento jurídico que obliga, en términos de generalidad, a todos los vecinos y a todos los que despliegan actividades en la jurisdicción local.

5. En conclusión, la recurrente se limita a manifestar su desacuerdo con la interpretación efectuada en la sentencia recurrida, pero las fundadas expresiones de los jueces de la causa, como se dijo, no han sido rebatidas de manera suficiente para demostrar la existencia de un caso constitucional, a cuyo efecto no basta sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sin hacerse cargo de rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la Cámara para arribar a las conclusiones que lo agravian (v. para el recurso extraordinario federal doctrina de Fallos: 283:404; 302:155; 311:169, 542; entre muchos otros).

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, es necesario que la recurrente vincule los derechos constitucionales supuestamente vulnerados con la cuestión efectivamente discutida en la causa, toda vez que la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. "Carrefour Argentina S. A. s/ recurso de queja", expte. nº 131/99, resolución el 23/2/2000, en: Constitución y Justicia, [Fallos del TSJ], Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, t. II, ps. 20 y siguientes). Así lo voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Adhiero a la más que fundada decisión del juez de trámite, Dr. José O. Casás, para rechazar el recurso y agrego, sin pretender originalidad alguna, que las reglas de control que invoca y admite la recurrente (Comisión Nacional de Comunicaciones) en ningún momento se ocupan de otra cosa que de la comunicación postal, sin tener en cuenta, por ello, el poder de policía que correspondía y corresponde a la Ciudad (seguridad contra incendios, habilitación como local al que concurren o donde trabajan personas, seguro de reparación eventual, etc.); amparado en el mismo pensamiento el Correo Oficial podría permitirse infringir, por ej., los límites que regula el Código de edificación sobre un inmueble propio, lo que demuestra la irracionalidad del planteo.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero a la solución propuesta por el Sr. juez de trámite en virtud de los fundamentos contenidos en el punto 1 de su voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

Adhiero al enjundioso voto de mi distinguido colega y juez de trámite, José Osvaldo Casás.

El juez Luis F. Lozano dijo:

1. La recurrente Correo Oficial de la República Argentina S.A busca apoyo en cláusulas de la Constitución Nacional así como en las normas federales que regulan el servicio postal para aducir una colisión entre el régimen local de faltas y las normas que regulan el servicio postal (arts. 4, 17, 18, 31 y 75 de la CN y ley nacional n° 20.126 y los decretos nacionales n° 1185/90, 1187/93 y 431/98). La resolución de los planteos formulados pone en juego la interpretación de cláusulas constitucionales que justifican admitir la queja aunque, por los motivos que expondré y los que en sentido concordante desarrolla el juez Casás en su voto, el recurso de inconstitucionalidad debe ser rechazado y confirmada la sentencia impugnada en cuanto fue materia de agravio.

2. El argumento de la sociedad recurrente no desconoce, en verdad, la competencia de ninguno de los poderes del GCBA para intervenir, cada uno desde la perspectiva que la CCBA le confía, en el ejercicio del poder de policía de la seguridad de los edificios. La auténtica postulación consiste en sostener la inmunidad del Estado Nacional respecto del GCBA, al menos en estos aspectos.

La sociedad apelante sustenta esa invocada inmunidad en lo que supone la naturaleza de las cosas o en alguna suerte de contenido implícito que atribuye a la CN. Basta leer este último texto para advertir que, lejos de darle razón, instala la solución opuesta, a saber, aquella según la cual los poderes de la Nación y los de las entidades políticas locales con facultades propias de legislación y jurisdiccionales conviven sobre el mismo territorio , aun el de la Capital Federal cuya legislatura es la de la Ciudad y no el Congreso (cláusula transitoria séptima de la CN), con excepción de aquellas ocasiones en que un poder está previsto como privativo (imposición aduanera, para la Nación, u organización judicial local, para los gobiernos locales, por ej.) o cuando, por razones de hecho, el ejercicio superpuesto es imposible, en cuyo caso prevalece el de la Nación (doctrina sentada in re Mc Culloch v. Maryland [17 U.S. 316, 1819], y recogida por la CSJN en Fallos 240:311; 305:1381; 306:1883; 308:403 y 647; 314:1425; 315:751, entre otros).

La tesis de la jurisdicción compartida, como contra-cara de la postura exclusivista que invoca la recurrente, además de coincidir con lo establecido por el art. 75 inc. 30 de la CN, encuentra amplio respaldo en los fundamentos desarrollados por la jurisprudencia de la CSJN que brindó al tópico un profundo estudio a raíz de las posturas contradictorias asumidas en la materia. El mandato constitucional encuentra en la doctrina judicial aludida la más adecuada explicación y justifica considerar válido el ejercicio del poder de policía cuestionado en autos. Las razones dadas para fijar el alcance que corresponde otorgar a las potestades del gobierno nacional sobre los establecimientos de utilidad nacional, quedan sintetizadas en las premisas establecidas por la CSJN -votos de mayoría cuando triunfaba la postura de los poderes compartidos y disidencias cuando prevalecía la tesis exclusivista- aún antes de que un texto expreso como el del art. 75 inc. 30 CN fuere incorporado para despejar la polémica, según ellas: "todo lo que encierra el riesgo de cercenar las autonomías provinciales debe ser manejado con suma cautela a fin de no evadirse del contexto de los arts. 104 a 107 de la Constitución que trasuntan, en esencia, el sentido histórico que preside nuestra organización política"; el ejercicio de poderes locales en los enclaves de jurisdicción federal incide siempre en estos, la pauta no es la incidencia sino su compatibilidad con lo inherente a esa utilidad nacional; si la actividad local no condiciona, menoscaba o impide el interés nacional, es compatible con él; no cabe una interpretación extensiva del 75, inc. 30 CN (ex art. 67, inc. 27 CN) no autorizada claramente por su texto ni exigida por la naturaleza misma de la facultad en él otorgada al Congreso nacional; en cada caso debe determinarse la compatibilidad o incompatibilidad del ejercicio de poderes locales pues si el gravamen que emana de él no constituye un obstáculo, real y efectivo, que condiciona, menoscaba o impida la consecución de los fines propios del establecimiento de utilidad nacional resulta ilegítimo su desconocimiento; el obstáculo debe ser probado y no constituir una mera hipótesis (Fallos 301:1122); la existencia de un establecimiento de utilidad nacional en jurisdicciones locales no importa una federalización al extremo de que la Nación atraiga, por ello, toda potestad legislativa, administrativa y judicial, de manera exclusiva y excluyente (Fallos 293:287); es también de interés nacional que la provincias desenvuelvan con plenitud los servicios territorialmente divisibles que constituyen su normal competencia (Fallos 299:442, voto en disidencia del juez Frías).

En suma, siguiendo las enseñanzas de juez Pedro J. Frías, el marco más seguro de interpretación es aquel que aborda la cuestión desde la perspectiva que impone el sistema federal entendido, según lo ha hecho desde antiguo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no como "(...) un régimen de subordinación de Estados particulares al gobierno central, sino de convergencia de todos al bien común que declara la Constitución. Esa convergencia supone asociación y concertación de funciones en áreas cada vez más numerosas y delicadas, porque la dinámica de la república federal actual es de participación y no de aislamiento desdeñoso o de supremacías excluyentes. En definitiva, nuestra forma federal de Estado se traduce en un sistema de poderes y relaciones en que la misión augusta del gobierno central es la de presidir 'la unión indestructible de estados indestructibles' y prestar los servicios territoriales indivisibles y los demás que puedan habérsele atribuido. La sociedad política provincial, configurada según la autonomía de la Constitución, no se agota en la prestación de los servicios jurisdiccionalmente divisibles (...), sino que al participar en el gobierno central testimonia la destinación nacional de todo el sistema federativo" (Fallos 299:442).

Aunque Correo Oficial de la República Argentina postula la repugnancia efectiva que genera el ejercicio del poder de policía por autoridades locales, en relación con las competencias, a su criterio atribuidas con carácter exclusivo a la CNC, y al impacto que ello tendría en la prestación del servicio postal, sus afirmaciones carecen de respaldo. Tal como sostuvo el a quo el decreto nacional n° 431/98 no reserva para el ente regulador más que el ejercicio del poder de policía postal ajeno al que provocó la imposición de la multa cuestionada (v. arts. 4, 5, 6, 51 y 52 del Reglamento de Control del Correo Oficial, aprobado por el decreto nacional antes citado). La regla constitucional que impide interpretar extensivamente las potestades del gobierno central en los enclaves federales prohíbe ampliar las facultades de la autoridad reguladora sin demostrar que su ensanchamiento resulta imprescindible para el logro del fin que tiene a su cargo. También es ella la que obstaría admitir leyes nacionales que, al margen del interés federal involucrado, cercenaran sin motivo potestades locales. Por otro lado, la recurrente tampoco demostró cómo el ejercicio de competencias locales primarias (v. gr. policía edilicia y de seguridad) interfiere en la prestación del servicio postal, cuando, en realidad, propiciar que no sean ejercidas supone un mayor riesgo para el servicio. Esto último, porque la empresa no acreditó que un control que suplante el ejercido por la Ciudad haya sido o pueda ser ejecutado por autoridades nacionales de modo que garanticen las condiciones de seguridad en el inmueble alcanzado por la sanción resistida.

3. A pesar de que la recurrente cuestiona la posibilidad de que su patrimonio quede eventualmente alcanzado por la multa aplicada con afectación, a su criterio indebida, de "recursos del Estado Nacional", lo cierto es que la empresa fue constituida bajo una forma jurídica que le otorga personería y patrimonio propio. En tal contexto y, para lo que aquí importa, no es novedosa la posibilidad de que empresas del estado resulten sancionadas con multas aplicadas por las autoridades públicas con competencias al efecto (Fallos 242:489 y 275:279). Más aún, como la sanción en los casos citados proviene de autoridades federales, queda demostrado que, para el gobierno de esa órbita, las empresas del estado nacional no gozan por su naturaleza de inmunidad al poder de policía de la autoridad competente sino que están alcanzadas por el mismo sistema de reglas y sanciones que rige para el resto de la sociedad, al que las somete deliberadamente en tanto el Congreso puede cambiar las atribuciones de estas diversas estructuras de la administración que diseña. Además, diluye tanto la pretendida intangibilidad del patrimonio de las sociedades de estado, como la postulación de que cualquier sanción pecuniaria provoca automáticamente perjuicios para el servicio, pues no mitiga el impacto de una multa la circunstancia de que provenga de autoridad federal. Es obvio que el Estado federal no ve como dañino someter sus emprendimientos a la ley. Nada impide, entonces, que las empresas del estado nacional, a la par de las regulaciones de carácter federal, queden alcanzadas también por otras del plano local cuyo incumplimiento, al igual que las de la esfera nacional, provoca la imposición de multas. 4. Las reglas enunciadas despejan toda duda acerca de la cuestión que nos ocupa. La Nación ha organizado una sociedad anónima (cf. decreto n° 721/04), a la cual ha encomendado el servicio público de correo. Es decir, no ha entendido que necesidad o interés federal alguno la instaran a asumir funciones relativas a la policía de los edificios; no ha creado potestades administrativas en la sociedad anónima ni en órgano federal alguno para encargarse de la materia. Ello implica, a su vez, que ha reconocido esa potestad en el gobierno local en cuyas reglas confía, como cualquier particular o gobierno provincial, puesto que no es concebible que haya despreciado el problema. Tampoco muestra la recurrente que exista alguna interferencia entre el servicio que presta y el poder de policía que cuestiona, no al menos en tanto observe diligentemente deberes que redundarán presumiblemente en su beneficio y el de sus clientes.

5. Por su parte, la mención que del art. 75, inc. 14 que realiza la recurrente en atención a la facultad que esa norma otorga al Gobierno Federal para arreglar y establecer los correos generales de la Nación no conmueve los argumentos antes expuestos. Dicho precepto no puede ser leído en forma aislada, sino que su interpretación requiere (como toda norma, y en especial las constitucionales) que sea considerado, en forma conjunta, con el resto de ordenamiento y, en especial, en lo que aquí importa, con el inciso 30 de ese artículo y, por lo tanto, con toda la argumentación desarrollada más arriba. No puede deducirse de la facultad de establecer el correo en la Nación que los estados locales quedan imposibilitados de ejercer sobre esa actividad las competencias que le son propias, más aún, en aquellos casos donde, como se dijo, no existe ejercicio de esas competencias por parte del Gobierno Federal, ni éste ha dictado norma que las encomiende a órgano federal, ni el ejercicio de la competencia local afecta el desarrollo de aquellas otorgadas a la Nación.

6. La única interferencia a la que apunta la recurrente consiste en la disminución del patrimonio que resultaría del pago de la multa cuya aplicación ocasionó la conducta de la sociedad recurrente. Pero, esta argumentación no pasa de invocar que la percepción de la multa dificulta el servicio. No existe intento mínimo de explicar en qué consistiría el impedimento para atenderlo ni por qué no busca en el cumplimiento de las normas locales de seguridad la manera correcta de preservar su patrimonio. Asimismo, no sería la condena sino su ejecución lo que podría conjeturalmente obstaculizar la prestación del servicio, circunstancia que, por lo demás, no obstaría al ejercicio del poder de policía que cuestiona sino a la percepción de todo crédito cualquiera fuera su causa. Si esto fuese una interferencia relevante, todos los edificios y, aún más, las actividades de todo prestador de servicio público, aun no estatal, estarían amparados por la inmunidad. Consecuentemente, toda persona que se viese obligada a tomar contacto con ellos quedaría sujeta a riesgos que no hay razones para hacerle soportar. Estas consecuencias, por absurdas, descalifican la premisa de la que pueden ser derivadas.

En síntesis, la Nación no otorgó a la sociedad Correo Argentino S.A inmunidad alguna, tampoco la Ciudad, y la empresa no puede conferírsela a sí misma. Por ello, voto por admitir la queja, en consecuencia devolver el depósito de fs. 31, rechazar el recurso de inconstitucionalidad y confirmar la sentencia de fs. 2/9 en cuanto fue materia de recurso.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General adjunto, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la queja interpuesta a fs. 25/27 vuelta.

2. Dar por perdido el depósito cuya constancia obra a fs. 31.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se remita esta queja, junto con los autos principales, a la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.