Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 402/405. Santa Fe, 14 de febrero del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la codemandada La Criolla S.A. contra la sentencia de fecha 1 de agosto de 2017, dictada por la Sala Tercera, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe, en autos "MAIA, GUIDO contra LA CRIOLLA S.A. Y OTROS -EJECUTIVO- (CUIJ 21-01010756-0)" (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00511541-5); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por resolución de fecha 1.08.2017, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe resolvió declarar operada la deserción del recurso de nulidad, y rechazar la apelación, con costas. Contra dicho pronunciamiento interpuso la codemandada La Criolla S.A. recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (artículo 1, inciso 3°, de la Ley 7.055). Alega en primer término que de acuerdo al artículo 9 del Decreto Ley 5965/63, quien pone su firma en una letra de cambio invocando la representación de otro debe hallarse autorizado con mandato especial, en tanto el mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente. Aduce que la Cámara resolvió arbitrariamente en base a las normas relativas a la representación social, puesto que -a su criterio-es inaplicable al caso el artículo 58 de la Ley de Sociedades, en tanto el firmante Roberto Druetto no era el representante de la sociedad sino su apoderado. Afirma que al así decidir la Alzada se apartó injustificadamente de profusa jurisprudencia dando primacía a presunciones sin sustento alguno, como las relativas a que siendo el actor una "persona humana ... no quepa presumir de su parte una actividad económica continua y planificada, organizada, profesionalmente asesorado..."; que no se está "...ante una simple firma con una aclaración hecha a mano ... Hay un sello ..."; que "...el firmante del pagaré se apellida igual que el otorgante del poder para juicios ..."; que "...el co-ejecutado Bassitta nada dijera sobre la ausencia de mandato por parte del firmante Druetto, y que se limitara a oponer la defensa de prescripción..."; que su parte "...debería haber explicado quiénes eran por entonces (al momento del libramiento del pagaré) los representantes societarios con capacidad de obligar a la empresa...". Al respecto, entiende la recurrente que estas afirmaciones sólo constituyen meras especulaciones. Sostiene que tratándose el pagaré de un título abstracto, debe estarse a sus constancias literales, por lo que donde el título reza "apoderado", no debe leerse ni menos interpretarse lo que no dice, habiendo incurrido los juzgadores en arbitrariedad al calificar que "...podría expresar 'Presidente u otro semejante'...". Cuestiona también que la Sala decidió más allá de lo que las partes plantearon, en tanto en la demanda se dijo textualmente que el señor Druetto había suscripto el pagaré en su carácter de apoderado de la firma La Criolla S.A., reiterando el actor este concepto al contestar la expresión de agravios, pese a lo cual e incongruentemente la Alzada entendió que "...podría tratarse de un 'Presidente u otro semejante' ... 'ya que es frecuente el uso de aquella expresión cuando el firmante es un representante societario'...". Recalca que el Tribunal incurrió en un razonamiento subjetivo al expresar que no cabía descartar que quien otorgó el poder fuera el propio firmante del pagaré, puesto que para suscribir este título es necesario que quien se diga mandatario esté autorizado con mandato especial dado que el mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente. Considera asimismo carente de contenido la argumentación del a quo relativa a que en virtud de que la cuantía comprometida en el pagaré no constituía una suma inusitada o muy elevada, el actor no necesitaba examinar las atribuciones del firmante, en tanto -según dice el quejoso- de este modo está creando una distinción entre los títulos suscriptos por una elevada suma de dinero y los que contienen sumas inferiores, circunstancia que atenuaría las exigencias pertinentes. Sostiene que los jueces partieron de una premisa equivocada al razonar que existió una infracción a la representación plural de la sociedad, dado que no se trató de representantes sociales sino de un "sedicente 'apoderado'". Con ello la Sala evidencia el error en la subsunción del caso en la norma de aplicación. Asevera que la falta de demostración de la existencia de mandato especial para la suscripción de un título que obligue a la sociedad anónima demandada, implica que el acto le es inoponible al supuesto mandante, resultando así de una ineficacia relativa. Evalúa que con la conclusión de la sentencia se atenta contra los principios de la seguridad jurídica, pues a través de la errónea aplicación de la teoría de los actos aparentes, la Alzada afirmó arbitrariamente que la sociedad debía responder sin perjuicio de las acciones extra cambiarias que ulteriormente pudiera ejercer contra quienes infringieron su representación plural. 2. Por auto nro. 253, de fecha 25.09.2017, la Sala denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que incumplió con el recaudo de oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional, evidenciando además la exposición fórmulas genéricas y dogmáticas que no llegan a vincular siquiera el caso con una garantía o principio constitucional. A su vez, la Cámara advirtió que resulta más que dudoso que se cumpla con el requisito de sentencia definitiva, no reconociendo que en el caso se verifiquen excepciones a la regla correspondiente. Consideró también que los reproches expuestos por la compareciente sólo denotan su disconformidad con la resolución que le es adversa. 3. Se adelanta que la presente queja no ha de tener favorable acogida. Y ello es así por cuanto, aún considerándose superado el recaudo de definitividad de sentencia, dado que en el caso la excepción de inhabilidad de título opuesta por la codemandada La Criolla S.A. al haber recibido un amplio debate y sustanciación y la consecuente resolución, ya no podrá reeditarse en un juicio ordinario ulterior (artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia), los cuestionamientos esgrimidos por la recurrente sólo dejan traducir su disconformidad con la decisión adoptada por la Alzada. En efecto, de la lectura del escrito recursivo surge que todos los agravios esgrimidos giran en torno al razonamiento seguido por los juzgadores a fin de evaluar que la firma inserta en el pagaré objeto de la presente ejecución -y del modo en que se efectuó- obligó a la sociedad anónima accionada, sin lograr evidenciar la quejosa -más allá del grado de acierto o error en que pudieran haber incurrido- la irrazonabilidad que invoca. Es que, en relación a lo considerado por la compareciente en cuanto a que se interpretó arbitrariamente lo normado por el artículo 9 del Decreto-Ley 5965/63 respecto a que, quien suscribe un título valor "invocando la representación de otro debe hallarse autorizado con mandato especial", pues "el mandato general no hace presumir la facultad de obligarse cambiariamente", al entender que al decidir de esa manera la Sala acudió a "presunciones sin sustento", es de ver que, por el contrario, los juzgadores valoraron como indicios suficientes diversas circunstancias para determinar que correspondía obligar a la sociedad demandada. Y es precisamente esa interpretación la que no se evidencia como arbitraria, puesto que las pautas tenidas en cuenta por los sentenciantes son las que prueban en contrario de la presunción juris tantum dispuesta en el artículo 9 citado ("...el mandato general 'no hace presumir' la facultad de obligarse cambiariamente..."). En ese orden quedan vacíos de contenido idóneo a los fines de la apertura de esta vía, los reproches vertidos, en tanto los mismos parcializan la cuestión debatida y resuelta. En efecto, la recurrente alude a jurisprudencia que en principio sería conteste a su postura, mas nada esgrime respecto a las razones que llevaron a los jueces a superar las directrices que surgirían de aquellas lineas jurisprudenciales, fundándose para ello, además, en doctrina de la Corte nacional. De tal modo, apelando a las concretas circunstancias del caso -especialmente detalladas y tratadas a lo largo de la sentencia- y a los principios de la buena fe, la confianza en las relaciones comerciales y la seguridad jurídica el Tribunal valoró que el caso debía resolverse admitiendo la demanda. Es por ello que tampoco se advierte configurado el apartamiento que invoca la impugnante respecto de lo debatido en la causa. En suma, tal como fueron expuestos los agravios invocados por la aquí apelante, los mismos no logran convencer a esta Corte de que deba invalidarse la sentencia como acto jurisdiccional. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado. Regístrese y hágase saber. FDO.:GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)