Situación de vulnerabilidad, trata de personas, declaración de la víctima, prueba, explotación sexual, fundamentación de sentencias, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: LENCINA, Ana Rosa y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-17

Debe repararse que las víctimas, más allá de ser indulgentes con la situación de los imputados, indicador de la vulnerabilidad de las mismas, brindaron un claro relato que contribuyó para confirmar la materialidad de los hechos reprochados y la intervención que en ellos le cupo a cada uno de los imputados. De tales testimonios, los integrantes del tribunal valoraron ".se deduce claramente que las mismas se encontraban en un estado de vulnerabilidad absoluta, debido a la situación económica que les tocaba vivir, además de que ambas tenían a cargo hijos y familiares, siendo ellas el único sostén económico para ellos, por lo que no les quedaba otra alternativa que ejercer la prostitución, situación que era aprovechada por los imputados con el objeto de sacar rédito económico". El grado de intervención que le cupo a uno de los imputados quedó debidamente acreditado no sólo con las declaraciones de las víctimas, sino también con la declaración del Oficial Inspector -quien efectuó las tareas de inteligencia-, y con los elementos secuestrados en la propiedad donde él residía, como preservativos, geles íntimos, dos registros de pases que se realizaban en el local, dinero en efectivo, entre otra documentación. En lo que respecta a la condenada, ambas víctimas la ubican en un rol protagónico, debido a que relataron que era quien se encargaba de controlar la actividad que se llevaba a cabo en el local, como recibir los pagos efectuados por los clientes y retener el dinero que ellas habían ganado para recién abonárselo los días lunes, a la vez que también realizaba "pases" a la par de las víctimas, como ella misma relató. En base a todas las pruebas detalladas, resulta pertinente asentar que la defensa ha intentado a lo largo de su recurso darle un enfoque diametralmente opuesto al que le dio el a quo, intentando demostrar -sin éxito alguno- que los condenados habían hecho una obra de buena fe para con las víctimas, acogiéndolas desinteresadamente para brindarles un espacio donde pudieran desarrollar los "pases" libremente. Lo cierto es que ello no encuentra sustento probatorio alguno, sino que sólo representa la intención de la defensa de alterar el plexo probatorio reunido en contra de sus representados. De lo expuesto se colige que la sentencia tiene los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes que impiden su descalificación como un acto jurisdiccionalmente válido, pronunciamiento que luce congruente sobre la base de la prueba agregada a la causa (Fallos: 301:449; 303;888, entre muchos otros), por lo cual las críticas formuladas por los recurrentes no pueden prosperar. En el año 2002 se sancionó la ley 25.632 que incorporó a nuestro derecho positivo la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Entre ellos, se encuentra el Protocolo de Palermo, que en su artículo 3° dispone: "a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.".