Defraudación, administración fraudulenta, entidades financieras, bancos
Materia: PENAL
Carátula: " Incd. de apel. de...en...FARAH, Elías y otros...". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-05

El objeto social de un banco comercial es la realización, de conformidad con la ley de entidades financieras y su reglamentación, de operaciones pasivas, activas y de servicios (cf. artículos 5° del estatuto y 21 de la ley nº 21.526 y sus modificatorias, en adelante LEF).Así, constituido bajo el tipo social de una cooperativa -para los bancos comerciales, una de las dos posibilidades legalmente autorizadas- la dirección de todas sus operaciones esta a cargo de un Consejo de Administración (cf. artículos 9 inc."b" de la LEF, 68 de la ley nº 20.337 y 51 del estatuto). Naturalmente, los actos de gestión deben orientarse en función del interés social. Al respecto, corresponde advertir que -más allá del invocado conflicto entre los principios cooperativistas y de rentabilidad- lo cierto es que cualquiera sea el modo en que éste se resuelva aquél indiscutiblemente comprenderá la preservación del patrimonio social y la continuidad del funcionamiento de la entidad bancaria como tal. Esta hipótesis de mínima bastará a los fines del análisis que aquí compete realizar. Así. a los consejeros incumbe velar por la observancia del estatuto y sus reglamentaciones; entablar y sostener juicios de cualquier naturaleza en defensa del interés social; evaluar todo documento o contrato que obligue a la entidad; solicitar préstamos; adquirir, vender, gravar y locar sus bienes; redactar la memoria anual; aprobar las normas de contralor y procedimiento interno; y, en general, resolver todo lo concerniente al funcionamiento del banco, excepto aquellas cuestiones expresamente reservadas a la asamblea (artículo 52 del Estatuto). Particularmente en materia de política crediticia deben conducirse conforme a fundamentales criterios de prudencia y equidad. En tal contexto, al Consejo correspondía establecer, entre otras cosas, medidas y procedimientos que garanticen un conocimiento profundo de la situación de quien demanda asistencia -especialmente su capacidad de repago- y verificar que el financiamiento a personas vinculadas se efectúe en un nivel de igualdad con el resto de la clientela (Comunicaciones "A" 49, 467, 490, 1124 y "B" 5902 obrantes en el Anexo n° 67). Así, se transgrede tal deber cuando se financian proyectos de sociedades recién constituidas, con un capital mínimo de $12.000 sólo parcialmente integrado, por sumas desproporcionadas a su patrimonio, sin garantías suficientes y en condiciones preferenciales -sin cobrar intereses o a tasas inferiores a las vigentes, y a plazos prolongados, incluso prorrogables a opción de los deudores, que importaban la inmovilización de los fondos por años-; mantener dicha asistencia aún ante los signos de insolvencia que las firmas evidenciaban -incumplimientos, retrasos en los pagos, balances y flujos de fondo negativos-; y permitiendo así que sus saldos deudores con la entidad se incrementaran sostenidamente hasta llegar, en ciertos casos, a montos millonarios. También, la asistencia en condiciones igualmente perjudiciales a -en cuanto a montos, garantías, tasas, plazos y solvencia- a personas jurídicas con mayor antigüedad, cuyos administradores se hallaban aún más nítidamente relacionados con las autoridades del banco. En el marco de estas relaciones crediticias, los consejeros además consintieron la irregular constitución y el desbaratamiento de las garantías ofrecidas, desviaron fondos disimulados bajo supuestos créditos, renunciaron a deudas exigibles y asumieron una actitud pasiva frente incumplimientos que daban derecho a la entidad a reclamar el pago de resarcimientos. Todo ello, en favor de empresas que presentaban vínculos con funcionarios de la entidad, especialmente con su Consejo de Administración y los imputados.