marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa del consumidor, contienda negativa de competencia, interpretación de la ley, voluntad del legislador, jueces naturales
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: TECNOTRAFO S.R.L. s/ Ley 22.802.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-24

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que las leyes modificatorias de la jurisdicción y de la competencia, aún en casos de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes. Esto es así porque la facultad de cambiar las leyes de forma pertenece a la soberanía, y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento, pues las normas procesales y jurisdiccionales son de orden público. Asimismo, el más Alto Tribunal, también ha establecido, que la cláusula del art. 18 de la Constitución Nacional, por la cual se establece que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, no impide la inmediata aplicación de las nuevas normas sobre competencia, inclusive a los procesos pendientes, excepto que esto signifique despojar de efecto a actos procesales válidamente cumplidos, lo cual no ocurre en el caso de autos.

La circunstancia de que la ley N° 26.361 no contenga una norma que disponga sobre la competencia para resolver en los procesos pendientes no implica dejar de lado el criterio mencionado, pues si la intención del legislador hubiera sido otra, lo hubiese previsto expresamente, por lo que no cabe interpretar su silencio como olvido o imprevisión, que no se presumen en aquél.

Por lo tanto, la remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal no puede considerarse violatoria de la garantía del juez natural, y, en principio, no afectaría la celeridad procesal, correspondiendo dar por trabada la contienda negativa de competencia. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, seguridad jurídica, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Vales, Karina Mariel c/ Despegar.Com.Ar S.A. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-22

Aunque no se desconoce que las sentencias emanadas de la Corte Suprema no son obligatorias para los tribunales inferiores pues ninguna norma jurídica establece esa obligatoriedad, no puede negarse la autoridad de la doctrina que emana de las decisiones de la Corte Nacional, como así tampoco que la aceptación y aplicación de las soluciones por ella brindadas colabora con el afianzamiento de la seguridad jurídica, como con la economía procesal, valores que deben preservarse.
Anticipos impositivos, ejecución fiscal, impuesto a las ganancias
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa AFIP c/ Oleoducto Trasandino Argentina S.A. s/ ejecución fiscal - AFIP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

El art. 21 de la ley 11.683 (t.o. de 1998) predica que el fisco se encuentra facultado para exigir anticipos, aun cuando se hubiese presentado la declaración jurada con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo general; sin embargo, no resulta razonable extender dicha consecuencia jurídica a los casos en los que la mentada declaración es presentada también con anterioridad al vencimiento del propio anticipo, ya que en tales supuestos cesa la función que este cumple en el sistema tributario como pago a cuenta del impuesto y nace, a partir de dicha oportunidad, el derecho del Fisco a percibir el gravamen.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, procedencia del recurso, dictamen pericial, fundamentación insuficiente, daño causado con la cosa
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Gazzi, María Ester c/ Travado, Osvaldo y otra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Es descalificable el pronunciamiento que desatendió los serios y reiterados planteos de la demandante relativos al nulo valor que correspondería atribuir a las conclusiones del experto, en tanto éstas no habrían sido vertidas específicamente con referencia a la máquina causante del daño.
Prueba, declaración en sede administrativa, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: ZURITA, Fernando Raúl s/ Procesamiento, Causa nro. 29.315
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Debe señalarse que los dichos prestado por el imputado en sede administrativa no pueden ser considerados por el "a quo", toda vez que no han sido recepcionados con las formalidades fijadas por el Código de rito que resguardan las garantías constitucionales, ni fue tomada en el marco de una investigación judicial y tampoco fue ordenada por el señor Juez instructor, con lo cual carece de relevancia probatoria en este proceso.
Autorización para comparecer en juicio, tutor especial
Materia: CIVIL
Carátula: M.M. s/ Autorización judicial para estar en juicio juicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-03

A efectos de la comparencia en juicio, habiendo negado uno o ambos de los progenitores la autorización o consentimiento necesario, o ante la imposibilidad de aquellos (por falta o ausencia), el juez, al dar la autorización nombrara un tutor especial para llevar adelante el juicio.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orbes, Bernardina del Rosario y Ayala, Marcelino Ceferino c/ Giménez, Francisca y otros s/ Usucapion
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-11-11

Cuando en una cesión de derechos posesorios la cedente ha reunido los recaudos exigidos por la ley para usucapir, la cesionaria adquiere un derecho consolidado sin necesidad de acreditar que continuó poseyéndolo. El legitimado activo puede no ser el actual poseedor.-
Ley procesal, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: PENAL
Carátula: AUTORES DESCONOCIDOS S.D HOMICIDIO, LESIONES GRAVES, DAÑO CALIFICADO Y OTROS ILICITOS A DETERMINAR E.P EXEQUIEL MELIAN Y OTROS. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-07

Cuando una correcta interpretación de la normativa procesal no afecte los derechos constitucionales corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad, máxime teniendo en cuenta que siempre que lealmente sea posible una interpretación de la ley concordante con la Constitución, debe preferírsela, en lugar de aquella interpretación de la norma que la contraponga a la Ley Suprema.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milla, Claudio Jorge c/ Fernández de Alonso, Mabel y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Aún habiéndose omitido citar al juicio seguido por daños y perjuicios al tercero coprotagonista del evento dañoso -en los términos del art. 94 del C.P.C.C.- pueda igualmente ser invocada y acreditada la eximente de responsabilidad basada en la culpa del mismo.-
Ejecución de honorarios, recurso extraordinario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JOFRE ALFREDO WALTER c/ ESTORNELL S.A.  I.A.C.I. s/ Ejec (LIBRO: S153 - 095)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-19

La posibilidad de que se interpongan recursos extraordinarios en contra de resoluciones judiciales, no privan a éstos de ejecutoria, lo que solo puede ocurrir, si al concederse el recurso, la corte dispone la suspensión en el principal.- No prospera la excepción.-
Recurso extraordinario, condena condicional, comisión de nuevo delito, pena privativa de la libertad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: PERSOGLIA, RAUL ANTONIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RESOLVER LA CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-03-29

El instituto de la condena condicional ha sido establecida puntualmente ante la verificación -desde mediados del siglo XIX que las penas privativas de libertad cortas no sólo carecen de efectos preventivos especiales positivos sino, por el contrario, resultan altamente criminógenas o desocializadoreas de modo que- legislativamente- siempre se buscó establecer condiciones para evitar su ejecución.

Hoy, con rango constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional) la pena privativa de libertad,, tiene fines determinados de resocialización o rehabilitación (arts. 5.6. de la C.A.D.H. y 10.3. del P.I.D.C.P.), garantías que obligan a evaluar si la norma de derecho común interno (la prohibición contenida en el artículo 27, 2do. párrafo del Código Penal) cumple aquella finalidad constitucional o, como en el presente caso, la opción de aplicar en forma efectiva una pena menor a tres años de prisión -porque el imputado ya había sufrido una pena anterior insignificante de quince días de la misma especie de pena-, resulta una decisión no adecuada a aquellas finalidades constitucionales.

En este punto se encuentra cuestionada la validez de una garantía constitucional y la decisión ha sido en contra de dicha garantía, razón suficiente para admitir el recurso deducido (De los fundamentos del Dr. Creus)
Improcedencia del recurso, sobreseimiento, acusación fiscal, usurpación de títulos u honores, prueba insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Gagliardo, D. N. c/  s/ Sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

Cabe rechazar el recurso de apelación incoado por el acusador público -por considerar que la conducta endilgada se circunscribe en el delito de usurpación de títulos previsto en el segundo párr. del art. 8 de la Ley 20.488 y en el 247 del CP-, y en consecuencia, ha de confirmarse el sobreseimiento del imputado, dado que si el acusado no posee una licenciatura y se la atribuye -primer elemento que exige el tipo-, resta corroborar la publicidad de dicho acto;es que el delito consiste en arrogarse grados académicos, títulos profesionales u honores falsamente, pero no basta la mera aceptación silenciosa de un título que no se tiene, la publicidad es un requisito fundamental de este tipo penal.

En el caso, únicamente se cuenta con la posible entrega de una tarjeta que indica la licenciatura del nombrado, lo que no es suficiente para demostrar su comisión.

Su proceder no puede entenderse como una exteriorización pública, desde que fue realizada a un pariente cercano, dentro del ámbito de privacidad del seno familiar; es necesario distinguir entre una simple ostentación por vanidad, de un acto propio de la órbita penal.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Rivero s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-01

En la tarea de determinación de la pena se deben tomar en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes particulares del caso artículo 40 del Código Penal) a fin de valorarlas de acuerdo con las pautas enunciadas por el artículo 41 (Conf. Ziffer, Patricia, "Lineamientos de la determinación de la Pena", pags. 115, Edit. Ad hoc). Como lo sostiene la autora respecto de la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, la extensión del daño y peligro causados, no pueden perderse de vista las circunstancias en que se lleva a cabo la conducta que se reprocha al encartado, que revelan indudablemente una cierta agresividad en su obrar y que debe ser tomado como factor agravante de la sanción a imponer, aun cuando dicha atuación se presenta también como rudimentaria y de escasa elaboración intelectual, lo que induce a pensar que nos encontramos frente a un sujeto de una mayor vulnerabilidad social, que exige adecuar o atemperar las respuestas represivas del estado, siguiendo en ello la opinión de Eugenio Zaffaroni al abordar esta problemática puntual. Por todo ello, teniendo en cuenta las restantes condiciones personales del procesado y la calidad de los motivos que lo determinaron a realizar la conducta incriminada, dentro del contexto que llevó adelante su actuación, sin que se advierta la concurrencia de alguna otra causa que pueda tener incidencia en el monto a determinar, sopesando los factores agravantes y atenuantes antes referidos, tal como lo han acordado las partes, se estima razonable imponer al imputado la pena de un año y ocho meses de prisión, eximiéndolo del pago de las costas del juicio en razón de la situación socioeconómica en la que se encuentra, tal como ha sido revelado en la pasada audiencia (artículos 547 y 548 del Cód. Procesal Penal).
Ingeniería genética, productos transgénicos
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: B. S. A. s/ MANDAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-03-17

La Genética es la ciencia intercelular de los seres vivos, que estudia la composición del núcleo celular, especialmente los genes y la posibilidad de modificarlos para lograr mejores características de esa especie (mayor resistencia a plaguicidas y parásitos y/o mayor capacidad de producción). Puede explicar e intervenir en casi todas las funciones orgánicas de los seres vivos.

El fundador de esta disciplina científica ha sido el monje austríaco, religioso agustino, Gregor Mendel que cultivaba guisantes en el huerto de su monasterio, y de la observación científica y de sus conocimientos matemáticos pudo deducir las leyes básicas de la herencia, conocidas hoy como las «leyes de la herencia de Mendel». Pero, mientras Mendel trabajó explicando cómo se producía la herencia en los seres vivos, y la posibilidad de mejorarla sin alterar la esencia de lo natural, hoy la ciencia moderna modifica lo íntimo de la célula para lograr resultados inimaginados antes.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: González, Alberto Antonio c/ Buxton S.A.C.I.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

La revisión de los hechos por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo procede cuando se demuestra que los jueces de grado han incurrido en absurda apreciación de la prueba, que ha de entenderse como lo que escapa a las leyes lógico-formales y las transgrede o lo que es impensable o inconcebible y no puede ser de ninguna manera -por haber quedado al margen de las reglas del raciocinio- determinado que el Tribunal de grado incurra en error palmario y fundamental.
Beneficio de litigar sin gastos, irretroactividad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., J. c/ G., H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

La argüida carencia de recursos para litigar, concedida a posteriori de la regulación de los honorarios del profesional que asistía a la demandante, deviene irretroactiva respecto a los estadios procesales consumados y, por ende, no alcanza a los gastos de justicia devengados con anterioridad a dicha solicitud.
Notificación, retiro del expediente, traslado, notificación tácita
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZÁLEZ DE ESCALZO, Cristina del Valle c/ Provincia de Córdoba s/ Contencioso Administrativo - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-02

1- El artículo 151 del C.P.C. y C. dispone que el retiro del expediente por el apoderado o patrocinante importará notificación de todo lo actuado, modalidad de notificación tácita que, como todas ellas, debe ser aplicada con criterio restrictivo y, en consecuencia, no autoriza a interpretar extensivamente el término "notificación", para incluir en él a los traslados o vistas.

2- Debemos atenernos a la letra de la ley y no atribuir al artículo 151 un alcance distinto del que resulta de su tenor literal: el retiro del expediente importa notificación de todo lo actuado y, en consecuencia, marca el inicio del plazo para recurrir o impugnar, pero no importa corrimiento de traslados o vistas, mientras ese no haya sido el objeto del retiro del expediente conforme al recibo respectivo, el que a tal fin requiere la indicación del motivo del préstamo, según el formulario en uso.

Si el expediente fue retirado para "estudio", dicho retiro no importó corrimiento del traslado ordenado y, por tanto, carece de efectos interruptivos del plazo de caducidad de instancia, ya que no tuvo por efecto "impulsar el procedimiento" (art. 340 C.P.C. y C.).
Proceso penal, recursos, interposición del recurso, recurso in forma pauperis
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Vallín, Roberto José s/ recurso de queja -causa nro. 503-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-19

Los reclamos de quienes se encuentran privados de su libertad, más allá de los reparos formales que pudieran merecer, deben ser considerados como una manifestación de voluntad de interponer los recursos de ley.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia, interpretación del contrato, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCHINO, RAUL MARCELO Y OTROS c/ FRANCHINO, CARLOS JOSE JUAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-02

Respecto a los agravios sobre la errónea interpretación de las cláusulas del convenio y el apartamiento de los precedentes del Alto Tribunal al aplicarse una cláusula vedada por el orden público económico, se observa que los magistrados efectuaron una exégesis razonable de tales cuestiones, con respaldo en documental agregada a autos, brindando una respuesta que no merece reproche constitucional.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, mutuo comercial, bonos externos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: VITALI, ALBERTO A. c/ AVELLANEDA, EDUARDO N. Y OTRO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

Si el contrato contiene la obligación, por parte de los mutuarios, de devolver cierta cantidad de títulos bonex, o su equivalente en australes, con más un interés que allí se establece, es procedente proveer la ejecución ya que se reclama una suma de dinero cuya cuantía -de fácil liquidación- tendrá como pauta de especificación y ajuste, el valor de ciertos títulos de cotización pública.

Estas características del reclamo responden a los requerimientos del CPR: 520, pues es demandada una suma de dinero fácilmente liquidable.
Seguros, seguro de incendio, denuncia del siniestro, titularidad del dominio, argumentos de las partes, riesgo asegurable, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Stefani, Estela Luisa c/ Galicia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-28

Procede confirmar la resolución que condenó a la aseguradora demandada, a resarcir los daños padecidos en la vivienda del reclamante, en el marco de un contrato de seguros por incendio. Ello por cuanto, el argumento sostenido por la aseguradora que la falta de documentación que acredite la titularidad del inmueble, impide el pago directo de la cobertura 'Incendio edificio', por ausencia de interés asegurable, resulta inadmisible. El titular de un interés asegurable es de aquél al que la producción del siniestro daña directamente, como así también que ese interés, no necesariamente, es el derivado de la propiedad de la cosa. Así, se advierte que la accionante detenta un "interés asegurable" sobre el inmueble en cuestión, cuya cobertura asegurativa contratada -conforme resulta de la póliza- comprendía los riesgos de incendio del edificio, incendio de contenido, robo/hurto contenido, responsabilidad civil hechos privados, cristales, gastos de alojamiento, gastos de limpieza remoción de escombros, gastos de limpieza retiro de mobiliario y daños por robo o su tentativa. Máxime, cuando en el marco de la causa la aseguradora no ofreció prueba alguna que desvirtúe la veracidad de la documentación acompañada en tal sentido. Es que, en relación al interés asegurable, debe remarcarse que el contrato de seguro no implica, necesariamente, la titularidad del asegurado sobre el bien cuya cobertura se pretende y, en el caso, no median objeciones respecto de la existencia de la relación contractual que muestra a la actora como beneficiaria del seguro, que fue contratado en las condiciones que se exhiben, cuyas primas fueron abonadas y percibidas, regularmente (conf. arg. esta CNCom, esta Sala A, 09/03/11, in re: "Orellano Jorge Luís c/ Royal & Sun Alliance Seguros Argentina SA s/ ordinario"; íd., Sala C, 23/08/94, in re: "Felici José E. c/ Suizo Argentina Compañía de Seguros SA"; íd., Sala B, 17/10/03, in re: "Israel Wasench Esteban C. c/ ST. Paul Argentina Compañía de Seguros").
Daños y perjuicios, Transporte, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, José De la Cruz c/ Díaz Vélez, Héctor Oscar y Otros s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-05-03

Debe desestimase la demanda de daños y perjuicios deducida por un pasajero que cayó a la calzada cuando intentaba ascender al ómnibus de pasajeros de la empresa demandada, pues se ha demostrado que medió culpa de la víctima, por intentar ascender al vehículo en forma intempestiva, inconsulta e imprudente y fuera del lugar de parada.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-05-20


Salta, 20 de Mayo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "TAPIA RUIZ, SANTIAGO CANDELARIO -vs.- TAPIA, YOLANDA INES; TAPIA, MARIA FULVIA POR SIMULACION" - Expediente Nº 169.402/06 del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 2º Nominación (CAM 349440/11 de Sala II), y, CONSIDERANDO: 1º) Que a fojas 477 el doctor Rodrigo Escudero solicita que se eleven los autos a la Sala para la regulación de sus honorarios y los del doctor Nicolás Demitrópulos, por la labor realizada en segunda instancia.

La actividad de los mencionados profesionales en esta instancia consistió en formulación de la expresión de agravios de fojas 352/356, en representación de la parte actora, por el recurso de apelación interpuesto a fs. 320 en contra del punto III de la sentencia de fojas 314/317 que rechazó el reclamo de cánones de arriendo.

Por otra parte, los citados contestaron la expresión de agravios a fojas 366/372, relativa al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 321, en contra de la sentencia de fojas 314/317.

En ambas actuaciones, el doctor Rodrigo Escudero intervino en el carácter de letrado patrocinante, y el doctor Nicolás Demitrópulos en el de letrado apoderado.

Sendos recursos finalizaron con el fallo de fojas 385/391 que hizo lugar íntegramente al interpuesto por la parte actora y rechazó la apelación articulada por la parte demandada .

2º) Ello así, teniendo en cuenta el trabajo realizado, su complejidad y extensión, la relevancia de la cuestión resuelta, el resultado obtenido, la base económica ($2.303.987,07), demás pautas legales y lo que correspondería por la primera instancia, se estima adecuado regular los emolumentos del doctor Nicolás Demitrópulos en la suma de $ 54.285,00 (Pesos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco), y los del doctor Rodrigo Escudero en la suma de $ 135.715,00 (Pesos ciento treinta y cinco mil setecientos quince), de conformidad a los artículos 2, 4, 6, 13 y cctes. Dto. Ley 324/63 y sus modificatorios. Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, I.- REGULA los honorarios del doctor Nicolás Demitrópulos en la suma de $ 54.285,00 (Pesos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco), y los del doctor Rodrigo Escudero en la suma de $135.715,00 (Pesos ciento treinta y cinco mil setecientos quince), por la labor realizada en la segunda instancia.

II.- ORDENA se registre, notifique y baje.