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Improcedencia del recurso, recusación, revocación de la excarcelación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L. R., A.  c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-25

Recusación.

Contra integrante de la Sala que intervino anteriormente durante la feria judicial al revocar la excarcelación concedida respecto del imputado y ordenar su captura.

Vocal recusado que, de conformidad con estipulado en el artículo 61 del Código Procesal Penal de la Nación, se expidió y consideró que no correspondía el apartamiento.

Cuestiones que deben interpretarse de forma restrictiva a fin de evitar el desplazamiento del juez natural de la causa. Apartamiento que no puede prosperar. Defensa que no presentó en forma fundada una hipótesis que se encuentre entre las previsiones del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni invocó la afectación a la imparcialidad en los términos del fallo "Llerena" de la CSJN (Fallos 328:1491). Opiniones dadas por los jueces como fundamento de sus decisiones, en el momento oportuno, que no constituyen prejuzgamiento. Jurisdicción que oportunamente había sido habilitada por el recurso de apelación deducido por la fiscalía y, en ese marco, se efectuaron valoraciones respecto de los riesgos procesales, conducta del imputado y se expusieron los fundamentos jurídicos por los que se consideró que la concesión de la excarcelación debía ser revocada. Intervención actual, como integrante de la Sala, que encuentra razón en los distintos momentos que van conformando la etapa preparatoria y el control que le corresponde a los órganos jurisdiccionales que intervienen en esta parte del proceso.

No hacer lugar.
Confirmación de sentencia, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: TOMASELLI MILLA, M.  c/  s/ Querella
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-27

Querella. Legitimación activa rechazada.

Síndico interviniente en el proceso falencial que es la única persona autorizada para querellar y representar los intereses de la masa de acreedores. Pretensión encabezada por el recurrente como accionista ut singuli que no se adecúa al supuesto de excepción. Pretendida defensa de los intereses que debe ser ejercida por el particular ofendido y en el caso mediante quien se encuentra estatutariamente facultado al efecto. Recurrente que admitió no ostentar esa condición.

Confirmación.
Resistencia a la autoridad, procesamiento, tipo penal
Materia: PENAL
Carátula: ESQUIVEL, J. A. y otro  c/  s/ Robo, amenazas y resistencia o desobediencia a funcionario público
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-22

Resistencia a la autoridad. Procesamiento e incompetencia.

Resolución que reúne las exigencias del artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación. Configuración del tipo penal escogido. Actuar ilegítimo de la autoridad que no se presenta en el caso. Actuación policial legítima y adecuada a las circunstancias. Oficiales que procedieron conforme las previsiones del artículo 183 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto faculta a las fuerzas de seguridad a intervenir ante la comisión de delitos de acción pública con la finalidad de impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir pruebas. Resistencia de los imputados que estuvo dirigida a impedir el cumplimiento de las funciones propias de los policías y no a resistir una orden ilegítima. Pruebas e indicios colectados suficientes para convalidar el temperamento adoptado. Incompetencia decidida ajustada a derecho en función de la Ley Nacional n° 26.702 y Ley CABA N° 5935 que traspasó el conocimiento de la figura de resistencia a la autoridad al ámbito de la justicia local.

Confirmación.
Defraudación, procesamiento, competencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BOBBIO, R. y otro  c/  s/ Falta de acción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-10

Excepciones de previo y especial pronunciamiento.

Falta de competencia y de litispendencia rechazadas.

Imputados procesados como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, temperamento que fue convalidado por el Tribunal y que se encuentra firme. Ausencia de planteos de incompetencia desde el inicio de las actuaciones -2021- hasta que, en mayo del 2024, la defensa entendió que se daba una excepción de litispendencia con procesos en trámite de la justicia de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, postura que abonó el Ministerio Público Fiscal. Certificación del estado del proceso y sus acumulados. Decisión del magistrado de la instancia de origen que resulta acertada. Normativa -artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación- que establece las reglas generales de competencia territorial. Maniobras investigadas que fueron subsumidas bajo la figura de defraudación por administración fraudulenta. Criterio de excepción que es el que resulta aplicable al caso dada las particularidades (cfr. Cncrim.Corr, Sala I, c. 26.745/2021/1/CA1 "Cubilla Rocha, M. L. y otro s/ competencia", rta. el 17/10/22 y Sala VI, c. 40.357/2024/CA1 "Williams, G. R. y otro s/ administración fraudulenta", rta. el 19/03/25, en ambos votos de la Dra. Laíño). Investigación en la Provincia de Corrientes iniciada en el 2023 que no ha avanzado y en la que no se ha adoptado, en relación a los encausados, ningún temperamento. Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional que previno que cuenta con una investigación avanzada y está en mejores condiciones de continuarla. Declinatoria de competencia pretendida que afectaría los principios de economía procesal y de estabilidad de la competencia. Permanencia de la causa en este ámbito que no se advierte, ni las partes han explicado, de qué manera conspiraría contra la defensa de los imputados que, de hecho, hasta la fecha ha sido plenamente ejercida. Legajo en el que han sido individualizados 16 damnificados. Contratos de inversión pautados, entrega de dinero y domicilio registrado por la sociedad, en este ámbito capitalino. Singularidades relacionadas con la cuestión de competencia que determinan el acierto del magistrado en enviar copias a la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Curuzú Cuatiá, debiéndose por Secretaría de la Cámara remitir también testimonios de lo que se resuelve e informarse de ello también al Juzgado de Garantías y al Tribunal de Revisión.

Confirmación.
Solicitud de excarcelación, procesamiento, prisión preventiva, hurto, tentativa
Materia: PROCESAL
Carátula: SUMBAYA, L. A.  c/  s/ Excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-19

Excarcelación rechazada.

Imputada procesada con prisión preventiva por hurto en grado de tentativa respecto de la cual no se aprecia justificado el encarcelamiento preventivo toda vez que otras medidas de sujeción menos gravosas son suficientes para asegurar el cumplimiento de sus futuras obligaciones, contrariamente a lo sostenido por el representante del Ministerio Público fiscal. Registro de una condena firme de prisión de ejecución condicional que determinaría que, en caso de recaer similar pronunciamiento, la eventual sanción sería de cumplimiento efectivo y se dicte pena única. Encausada que se identificó correctamente, posee trabajo, domicilio constatado, dos hijos menores de edad y contención familiar. Hecho por el que fuera condenada -y el involucrado en el caso a resolver-, que no supone violencia contra ninguna persona. Riesgo de entorpecimiento de la investigación que no se advierte y, riesgo de elusión debido a la eventual pena de cumplimiento efectivo, que puede ser contrarrestado con arresto en su domicilio (artículo 210, inciso "j" del Código Procesal Penal Federal) -con notificación a la comisaría de la zona para el control necesario- hasta la efectiva colocación de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento (inciso "i").

Revocación. Disponer el arresto domiciliario con la colocación de un dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento.
Falta de legitimación para obrar, Córdoba, acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, cuestión abstracta, caso concreto, Constitución Provincial, tribunal de cuentas, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-01

Para determinar si se puede considerar a un litigante con el carácter de parte en sentido estricto, procede preguntar cuál es la trama de intereses (o la naturaleza de ella) desde la cual o en defensa se acciona. La respuesta impone considerar si la supuesta transgresión constitucional que se denuncia incide en su esfera jurídica (en tanto derechos o intereses subjetivos propios) o en la que se comparte difusamente con otros, por ser de incidencia colectiva. Solo, entonces, cabe reconocer el carácter de parte interesada en propiedad para impulsar una acción declarativa de inconstitucionalidad. En efecto, cuando se requiere el control directo de constitucionalidad del superior tribunal de justicia para evitar que este caiga en la fatal deriva de responder a las meras discrepancia que los accionantes tengan respecto de la salida [norma] diseñada por el legislador, hay que preguntarse tres cosas: qué se pretende con la acción declarativa de inconstitucionalidad, quién pretende y qué vincula diferenciadamente lo que este demanda con la órbita de lo que le resulta suyo en forma exclusiva o de lo que comparte con otros (por ejemplo, bienes colectivos ambientales).
Declinatoria de jurisdicción, estafa, juegos de azar
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL
Carátula: N.N.  c/  s/ Estafa
Jurisdicción:  — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-23

Competencia.

Magistrado que declinó la competencia en favor de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Querella que recurre.

Fiscalía de la instancia de origen que entendió que el hecho encuadraba en el delito del artículo 301 bis del Código Penal (juego clandestino), dado que la empresa de juegos de azar denunciada no se encontraba habilitada para operar como tal en el país, por lo que era considerada un sitio de apuestas ilegales. Etapa incipiente de la investigación. Ausencia de diligencias mínimas necesarias para establecer con precisión cuál es la jurisdicción competente para intervenir. Descarte prematuro de la posibilidad de que el hecho pueda ser encuadrado en alguna de las figuras de estafa, sin haberse llevado a cabo una investigación sustancial que lo justifique.

Revocación.
Control judicial directo, Constitución Provincial, Superior Tribunal de Justicia, Córdoba, competencia originaria, acción declarativa de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-01

En el caso del control directo desplegado por el Tribunal Superior de Justicia la cuestión constitucional es el objeto de la acción. Y dicha indagación es concretada por el Tribunal Superior de Justicia antes de que se haya consumado alguna violación (en alguna relación jurídica). Entonces, la disposición se presenta como una amenaza a un derecho o interés que una parte alega y que podría verse lesionado en una causa concreta. Por esa razón, urge despejar si la norma en debate (ley, decreto, resolución, ordenanza, etc.) es constitucional o no, por sí misma, desde un comienzo. Por ello, la intervención originaria del el Tribunal Superior de Justicia tiene carácter preventivo y declarativo: esto es, consiste en expedirse sobre la norma, no sobre su operatividad concreta.
Requisa personal, derechos y garantías constitucionales, nulidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TORRES CASTRO, K. G.  c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-30

Caso en el que, la actuación particular ha sido arbitraria, tanto por la ausencia de urgencia, como por su desarrollo desproporcionado y violatorio de garantías constitucionales. Acto de palpar a cualquier ciudadano que egresara del lugar sin ningún tipo de distinción, que se exhibe como un mero acto de "pesca", que no encontró motivos razonables para avanzar por sobre la intimidad del prójimo -art. 19, CN, 11.2 CADH y 17.1 PIDC y P-, a diferencia de lo considerado en otros casos en que se evidenciaron determinadas circunstancias indiciarias de la comisión de un delito (CncrimCorr., Sala V, c. 27.363/24 "Rivero, Ramón Rodrigo s/Hurto, rta. 24/9/24 y n° 10.557/2025, "Medina, Neson Rubén s/nulidad", rta. 4/4/25, entre otros). Imposibilidad de estimarse como voluntaria la entrega de los dispositivos en las condiciones intimidantes en que se desarrollaba una injerencia sobre el cuerpo, lo que impide considerar un consentimiento libre. Nulidad del procedimiento, de los actos que fueron consecuencia -secuestro, detención, indagatoria, procesamiento, requerimiento de elevación a juicio, clausura de la instrucción y remisión a Tribunal Oral dispuesta- y sobreseimiento debido a la imposibilidad de reconstruir los hechos denunciados a través de un cauce de investigación independiente.( Disidencia)
Revocación de sentencia, conciliación
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLALBA, M. A. y otro  c/  s/ Hurto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-06-26

Acuerdo de conciliación.

Rechazado por el magistrado por no encontrarse el letrado firmante facultado para representar al establecimiento comercial en su calidad de víctima.

Poder presentado que si bien alude a las mediaciones y conciliaciones previas y obligatorias -donde el proceso penal está claramente excluido-, el letrado se encuentra habilitado para representar a la sociedad ".en cualquier asunto, juicio, causa, sumario, pleito, expediente público y/o privado, nacional y/o internacional, actuación administrativa, en que estuviere interesada como actora, demandada, denunciante, querellante, solicitante, recurrente, consultante, sumariada, oferente, adjudicataria, titular de interés legítimo, simple o en cualquier otra carácter, iniciado o a iniciarse, radicado ante cualquier repartición, fuero, jurisdicción, dependencia u organismo centralizado o no, autárquico o no, ya fuere perteneciente al Poder Judicial, a la Administración, o al Municipio, tanto de la Nación como de las Provincias o de las Municipalidades, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier lugar del país", pudiendo -entre otras facultades- "cobrar y dar recibo, transigir o rescindir transacciones, percibir, transar, allanarse; estimar honorarios, pedir regulaciones; someter a arbitraje de árbitros o de amigables componedores, reglando los compromisos del caso." y "ejercer todos aquellos derechos otorgados por la legislación vigente que sean necesarios para proteger los intereses de la mandante", por lo que corresponde otorgar a la firma representada la posibilidad de que ratifique la voluntad de arribar al acuerdo presentado.

Revocación.
Resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto
Materia: PROCESAL
Carátula: Frias, Claudio Rogelio y otro  c/ Centromédica S.A y otro  s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/les. o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-03-17

Conforme el art. 242 del CPCCN, según la redacción establecida por la Ley 26.536 y la adecuación dispuesta por la CSJN mediante la Ac. 10/2024, fija la inapelabilidad de la sentencia definitiva y las demás resoluciones dictadas en procesos cuyo monto cuestionado sea inferior a pesos dos millones cien mil ($ 2.100.000).
Interrupción de la prescripción de la acción penal, extradición
Materia: PENAL
Carátula: A., J. M.  c/  s/ Hurto, abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-28

Extinción de la acción penal por prescripción rechazada.

Magistrado que rechazó el planteo con base en que el pedido de extradición había oficiado como causal interruptiva del curso de la prescripción a partir del precedente "Endler" de la C.S.J.N. y del pronunciamiento de la Sala I en c. 71.075/2025/1, "Lipovich", rta. 5/5/2022.

Hurto simple. Excepción que debe proceder. Cuestión de orden público. Primigenio dictamen fiscal que no resultaba dirimente para la jurisdicción (CnCrimCorr., Sala VII, c. 28.732/2017, "B., C. E. s/ abuso sexual", rta. 7/6/2023), con independencia de que la Fiscalía General hizo uso del control jerárquico y se pronunció en sentido contrario. Causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, a partir del modelo taxativo que trajo la ley 25.990, entre las que no se encuentra el pedido de extradición que el juez argentino formula a la respectiva autoridad extranjera, como tampoco la orden de captura y declaración de rebeldía que en la anterior legislación podían responder al concepto de "secuela de juicio". Proyecto de reforma del Código Penal que el Poder Ejecutivo envió al Senado el 25/3/2019 que sí incluyó la declaración de rebeldía y la solicitud de extradición (artículo 67, inciso 2, apartados 6 y 7, respectivamente) como circunstancias interruptivas. Reciente ley 27.784, que operó sobre la rebeldía del imputado, que no dispuso modificación alguna al texto del artículo 67 del Código Penal. Doctrina que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -fundamentalmente en el citado caso "Endler"- según la cual la solicitud de extradición importa una causal interruptiva de la prescripción, que se verifica sólo cuando un estado extranjero solicita la extradición de una persona hallada en nuestro país, ello es, en casos de extradición pasiva en los que el Alto Tribunal tiene asignada su competencia con base en los artículos 33 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y 24, inciso 6, apartado "b", del decreto ley 1285/58, ratificado por ley 14.467 (Ver Considerandos 7 y 10 del caso "Endler"). Improcedencia de extrapolar la doctrina referida al examen que el juez argentino deba realizar cuando sea menester establecer, como en el caso, si la acción penal se encuentra prescripta, frente a la ausencia de tal causal en el artículo 67 del Código Penal de la Nación porque de lo contrario quedaría comprometido el principio de legalidad penal. Marco de evaluación de la Sala I en el precedente "Lipovich" que difiere del presente.

Revocación. Extinción de la acción penal por el delito de hurto. Sobreseimiento parcial.
Confirmación de sentencia, procesamiento, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., E. A.  c/  s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-04-16

Nulidad. Rechazada.

Previsiones del artículo 270 del Código Procesal Penal que no han sido vulneradas. Caso en el que solo tuvo lugar una simple identificación por parte de la menor damnificada que no merece sujeción a las exigencias de la normativa. Reconocimiento impropio (conf. CnCrimCorr., Sala VI, c. 26.098/13/6, "F., A. H. y otro s/ nulidad" rta. 9/9/2013, c. 33.249/16/6, "Rodriguez, M. I. s/ Procesamiento", rta. 25/10/2016 y Sala V, c. 66.460/17/5, "Britez, C. D. s/ procesamiento", rta, 29/11/2017 y c. 43.522/2023, "Leon Martinez, V. y otro s/ robo" rta. 13/9/2023). Actuación -cuya animosidad no puede presumirse dado que siquiera conocía al imputado- mediante el cual, informalmente, reconoció que la persona que se evidenciaba de los videos -colectados con antelación-, fue efectivamente quien llevó a cabo el abuso. Personal policial que obró a instancia de la magistrada instructora y con la finalidad propia de la investigación (art. 193 del Código Procesal Penal de la Nación). Actuación que no reviste carácter de acto irreproducible. Garantías constitucionales no afectadas. Elemento probatorio cuestionado que no fue decisivo para determinar la participación del encausado ya que existieron otros valorados al disponerse el procesamiento, tal como fue asentado por la Sala al conocer sobre el fondo.

Confirmación.
Homicidio calificado por el vínculo, homicidio por razones de género, tentativa, amenazas, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: R., E. c/  s/ Homicidio agravado por el vínculo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-05-05

Homicidio agravado por el vínculo y por odio a la identidad de género, en grado de tentativa, en concurso real con el delito de amenazas con armas.

Procesamiento.

Elementos suficientes para agravar la situación procesal y sostener que el imputado se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales.

Sobre la calificación legal: Subsunción legal que analiza a los fines prácticos, debido a la postura al respecto de Scotto. Calificación que luce acertada. Maniobra de ejecución que fue apta para poner en peligro la vida de la víctima, por lo que el dolo de la figura de homicidio quedó evidenciado en la conducta desplegada al asentar un elemento cortante en una zona vital del cuerpo que la lesionó y determinó su derivación a un hospital en la que fue intervenida de urgencia. Damnificada que individualizó al autor como "su ex pareja". Restantes agravantes aplicados que no pueden descartarse, encontrando también el hecho adecuación típica en el delito de amenazas con armas el cual, ante el detalle referido en la declaración testimonial, valorado de manera integral con los restantes elementos de prueba, son suficientes para confirmar el procesamiento cuestionado.
Acción declarativa de inconstitucionalidad, Constitución Provincial, Superior Tribunal de Justicia, Córdoba, competencia originaria, control judicial directo, competencia del Superior Tribunal de Justicia, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leiva, María Fernanda y otro c/ Provincia de Córdoba s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-07-01

La acción declarativa de inconstitucionalidad persigue el propósito de sanear el orden jurídico provincial de las normas tachadas de inconstitucionales, prácticamente desde el momento mismo del nacimiento de las disposiciones. Es decir, antes de que comiencen a surtir efectos, porque, si esto último ocurriera, solo sería posible el otro tipo de control (el que el Tribunal Superior de Justicia comparte difusamente con el resto de los jueces). Esto pone de manifiesto el carácter preventivo que ostenta el escrutinio a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad en la medida en que el examen de constitucionalidad precede al análisis de cómo la disposición en cuestión impacta concreta e individualizadamente en las relaciones jurídicas que caen bajo sus previsiones.
Medidas cautelares, prohibición de salida del país
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: N.N. y otro c/  s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2025-07-02

Medidas cautelares. Prohibición de salida del país.

Querella que recurre la decisión que no hizo lugar a su imposición.

estado incipiente de la investigación. Carácter excepcional de lo requerido que exige, cuanto menos, un grado de sospecha suficiente y no la mera calidad de imputado. Actuaciones en las que no se advierten motivos fundados que justifiquen el peligro en la demora como para ordenarla. Petición prematura y desproporcionada en miras al estado de la investigación.