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Ejecución fiscal, regulación de honorarios, recurso de apelación (procesal), competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ BOZZI HNOS. S.A. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Si bien conforme lo dispuesto por el art. 92, 9no. párrafo, de la ley 11.683, resultan inapelables las sentencias dictadas en los procesos de ejecución fiscal, cuando el recurso se interpone contra la regulación de honorarios debe encuadrarse en las prescripciones contenidas en el art. 244 del C.P.C.C., y por ello, la C.F.S.S. resulta competente para entender en el mismo.

(Del dictamen Fiscal al que adhiere la Sala).
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amigo, Stella Maris c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-17

Cuando se acciona contra "quien resulte el responsable o autor personal o intelectual..." o contra "quien resulte propietario" del medio gráfico o una fórmula equivalente, la ulterior individualización de tales sujetos luego de vencido el plazo de prescripción, no perjudica la acción entablada (art. 3986, Cód.

Civ.) desde que aquella referencia fue idónea para interrumpir.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, pedido de quiebra, quiebra a pedido del acreedor, providencia simple, secretario judicial, firma del secretario, responsabilidad del personal judicial, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: OCAMPO, MARCOS s/ PEDIDO DE QUIEBRA POR MANANTIAL SEGUROS DE VIDA  SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-13

Como principio, las providencias suscriptas por el secretario de juzgado son insusceptibles de recurso de apelación, aún cuando -como en el caso-, se considerase que el funcionario se ha excedido de las facultades que le son propias. Por su parte, la providencia recurrida no da por terminado el procedimiento, rechazando o admitiendo el pedido de quiebra; consecuentemente lo dispuesto no es susceptible de ser apelado.
Animales sueltos en la vía pública, Municipalidad, responsabilidad del Estado, rechazo de la demanda, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Brandolini, Marta Rosa c/ Municipalidad de Villa María s/ ordinario Cuello, Nelson Adrián y otros c/  s/ Homicidio en ocasión de robo, etc.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-05-22|2018-09-11

La conducta implicada es una supuesta inacción estatal en el control de canes en la vía pública, lo que a la postre provocó que la actora termine siendo mordida por un perro, atribuyendo los daños de dicho evento al estado Municipal, pero el hecho que dicha cuestión haya sido reglamentada en una ordenanza municipal no genera ningún derecho subjetivo en particular en cabeza de la actora, antes bien se trata de una actividad general que el ente municipal presta a la comunidad toda.
Extinción del contrato, resolución del contrato, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: G., S.M. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Denuncia Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-22

La resolución es instituto que importa la ineficacia del contrato, que lo extingue retroactivamente, dando lugar a las restituciones de lo percibido por motivo del convenio y a las indemnizaciones que intentan restablecer el "statu quo" económico de la parte inocente previo a celebrar el acto. A diferencia de ella, la rescisión importa la eficacia del vínculo y es frente a la imposibilidad de cumplir las prestaciones debidas "in natura" que la obligación se convierte en la de pagar daños y perjuicios, que ingresan por vía de equivalencia y efecto del conocido principio de la perpetuación obligacional. De allí que en esos casos, sin atender a las erogaciones efectuadas por la parte afectada, se intente resarcirla de manera tal que su patrimonio quede como si el contrato se hubiere cumplido, pues "es la misma obligación que perdura o se perpetúa, como decían los romanos, aunque se haya modificado el objeto de la prestación".
Derecho penal, amenazas, calificación legal, violencia de género, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Quispe Chura, Nemecio c/  s/ Infr. Ley n° 26.485 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Al momento de asignar competencia a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas en una causa donde se investiga una denuncia realizada en el marco de la ley n° 26485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- conviene tener en consideración que la Ciudad Autónoma de Buenas Aires ha desarrollado mecanismos para hacer seguimiento de esta especie de situaciones, que, la experiencia indica, pueden tener una evolución, como conflicto, que haga útiles acciones complementarias para dar la mejor protección a los derechos e intereses que la ley tutela. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Contratos, compraventa de automotores, concesionario (comercial), derechos de las partes, obligaciones de las partes, entrega del bien, mora, responsabilidad del fabricante, responsabilidad del concesionario (comercial), condena a entregar cosas
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Spodo, Pablo Gustavo c/ Guido Guidi SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-18

En ese marco, si bien la concesionaria se encuentra actualmente en concurso preventivo, no se advierte que la condena a la entrega de la unidad y no un equivalente en dinero como dispone la LCQ 19, segundo párrafo, conculque los principios de universalidad y de par conditio creditorum del derecho concursal. En todo caso, corresponde al juez del concurso decidir la forma en la que se cumplirá esta prestación, pues el apelante habrá de someterse en el marco del juicio universal a las directivas de base concursal imperantes en la materia (CNCom, Sala B in re "Fuentes Reinerio c/ Volkswagen Argentina SA y otro s/ ordinario", del 27/11/18).
Demanda, ley posterior, remisión de deudas, costas en el orden causado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SION'S  S.A. s/ RECURSO DE APELACION  I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

En situaciones como las de autos en las cuales el decisorio se funda en legislación posterior a la promoción de la demanda que condena o remite la deuda pretendida (ley 23.029 y decreto 445/84) corresponde la distribución de las costas en el orden causado.
Responsabilidad del Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cavaille, Shirley Betty c/ Ministerio de Salud Prov. de Bs. As. s/ Ds. y Ps. -cuestión de comp. art. 6 C.P.C.A.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

Resulta ajena a la competencia originaria que este Tribunal tiene atribuida por mandato constitucional, la pretensión dineraria que halla sustento en un comportamiento negligente de la demandada, generador de la obligación de reparar en el ámbito de la responsabilidad aquiliana del estado (art. 215 2da. parte Const. Prov.). (Minoría u opinión personal)
Acción civil en el proceso penal, accidente de tránsito, taxi, contrato de transporte, indemnización por accidente de tránsito, prescripción, prescripción anual, aplicación de la ley, responsabilidad extracontractual
Materia: PENAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AVILA, Alfredo s/ ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

El accidente ocurrido en circunstancias en que el peticionante viajaba en calidad de pasajero en el taxímetro que conducía el procesado, se enmarca dentro de las disposiciones que regulan el contrato de transporte terrestre por lo que resulta aplicable la norma prevista en el art. 184, Cód. de Comercio y en cuanto al plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias respectivas, lo establecido en el inc. 1°, art. 855 del referido ordenamiento. El plazo de prescripción para accionar por los daños consecuentes es de un año, conforme el anteúltimo párrafo del art. 855 citado, por lo que cuando el damnificado solicitó ser tenido como querellante y actor civil, el plazo prescripto ya había operado.

Sea a través del plazo de dos años previsto por el art. 4.037, C.C. o mediante los aludidos preceptos del derecho comercial, la situación no varía pues de una u otra forma la prescripción inexorablemente operó. En aras de la puridad jurídica debe señalarse que estas últimas disposiciones son las que corresponde aplicar, por su carácter específico y porque las normas civiles referidas únicamente resultan de observación en los supuestos que un pasajero fallezca a consecuencia de un accidente producido durante el viaje que efectúa y la demanda patrimonial entonces la promueva alguno de sus herederos.
Proceso contravencional, medidas cautelares, secuestro de bienes, decomiso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, G. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-09

Para que proceda el secuestro de bienes como medida cautelar, conforme lo autoriza el artículo 18 inciso c) de la Ley de Procedimiento Contravencional, tales objetos deben ser susceptibles de comiso; el artículo 26 del Código Contravencional fija en que condiciones opera este último instituto: solamente cuando los instrumentos con los que se ha cometido la contravención impliquen riesgo o peligro para las personas. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, sujetos del proceso penal, actos y diligencias procesales, minería, prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BHP BILLITON WORLD EXPLORATION INC. (SUC. ARGENTINA) s/ POR MANIFESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE MINA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-03-01

La única posibilidad de producir prueba en segunda instancia está prevista en el art. 257 del C.P.C.C. exclusivamente para los casos de apelación libre contra sentencia definitiva.

La jurisprudencia ha señalado que la apertura a prueba en segunda instancia es excepcional y los supuestos de admisibilidad, son de interpretación restrictiva. El criterio restrictivo en materia de pruebas en la Alzada deriva de la concepción que se tiene del recurso de apelación.

Mientras la tesis o corriente llamada "renovadora" considera que la apelación es un proceso diferente y autónomo de la primera instancia, y por lo tanto se permite la producción de nuevas pruebas y la alegación de hechos nuevos (se llama "renovadora" pues considera que con la apelación se "renueva" el juicio), la tesis opuesta llamada "revisora" considera que mediante la apelación sólo se puede "revisar" el fallo dictado en primera instancia, pero a la luz del material allí aportado; por tal circunstancia, entonces, se interpreta restrictivamente todo lo vinculado a las pruebas en el recurso de apelación.

Este último es el sistema del Cód. Procesal de la Nación, y en general, de todos los códigos provinciales argentinos y latinoamericanos, que han seguido en ello la tradición hispánica.
Secreto del sumario, cesación del secreto del sumario, acusación de la querella, acusación fiscal
Materia: PENAL
Carátula: RASSON, LORENZO s/ Secreto del sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1924-06-20

El secreto del sumario después de la intervención que a la acusación acuerda el art. 441 del C. Procedimientos Criminales, desaparece para las partes a quienes se refiere ese artículo.
Cuestiones de competencia, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pianetti, Rubén Roberto s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-09

Corresponde declarar la competencia de la Cámara Criminal y Correccional Federal para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento oportunamente dispuesto por el juez federal no obstante la incompetencia decretada en razón de la materia (art. 31 inc. 1 CPPN). (Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky).
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cabral de Ramirez Cayetana c/ Casavalle Rodolfo Arturo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

El testigo que tripulaba el automóvil de la víctima al momento del accidente, pudo psicológicamente haberse sentido agredido por dicha embestida y estar predispuesto contra quien físicamente fuera su agresor. Frente a tales circunstancias, es aconsejable tomar con pinzas sus dichos y aguzar la mirada crítica sobre los mismos, máxime si a esta relación del testigo con el hecho se le suman sus relaciones parentales (primo) con la víctima y con su esposa (hoy actora) y una llamativa contradicción entre su declaración en sede civil con la de la causa penal (ocurrida a poco del accidente y en el lugar del suceso).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, responsabilidad del empleador, responsabilidad civil, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Berkley  Internacional  ART.  S.A. c/ Obras Civiles S.A. s/ Cobrode sumas de dinero.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-18

Toda vez que llega firme a la Alzada que el accidente se produjo por fallas estructurales y de mantenimiento del montacargas, en el marco de la acción regresiva intentada por la A.R.T., se imputa responsabilidad a la accionada -titular responsable de la obra y propietaria del montacargas-, en los términos del art. 1113 del Cód. Civil, y su obligación resarcitoria en tal contexto deviene indiscutible en tanto también llega firme a la Alzada que Obras Civiles S.A. resultó ser la propietaria del montacargas en cuestión.

La accionante actuaría por subrogación de los derechos de las víctimas y en la medida de lo pagado, y frente a ellas, en el marco de una reclamación fundada en el derecho civil, la accionada no podía oponer como defensa la contratación de un seguro en los términos de una ley especial por parte de un tercero, máxime cuando no desconoce sus obligaciones específicas por los daños causado por los bienes de su propiedad, admitiéndose únicamente su exoneración ante la demostración de la culpa de la víctima o de un tercero por el cual no deba responder, presupuestos que no se dan en el caso. Boletín Nro. 251. Toq. 1179.
Accidentes de trabajo, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Norberto E. c/ Expreso Esteban Echeverría S.A. s/ Ley 9688
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

La cuantificación de la minusvalía del trabajador debe ser efectuada con criterio científico adecuado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Carrera hospitalaria, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Meabe, Ricardo Raimundo c/ Provincia de Buenos Aires.Coadyuvante Tarelli, G.S.E. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Debe anularse la resolución que dispone limitar las funciones de Jefe de Servicio que no se sustenta en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, sino en un reproche a la conducta del agente en el desempeño de sus funciones y la mencionada conducta no fue objeto de investigación previa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, honorarios, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la verificación  concursal -tempestiva y tardía- de créditos? ¿En la verificación   concursal -tempestiva y tardía- de créditos, corresponde regular   honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante? Auto sprint sobre  quiebra. Incidente verificación crédito. El presente pleno renueva   la cuestiones planteadas en el acuerdo número 30 del 12.6.1989   dictado por la misma cámara en pleno y en los mismos autos publicado  en JA 1989-III-517 Y LL 1989- C-585. (Expte. Nro. 128-87) -Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-27

Interpretando la regla concursal del artículo 287 in fine de la ley 24522 con criterio análogo al del artículo 8, inciso a) de la ley local 6767, se respeta la directriz de la norma concursal de hacer prevalecer el monto del crédito verificado como base de cálculo del honorario incidental, dando a la vez una respuesta razonable, equitativa y no confiscatoria a los supuestos de inexistencia de monto verificado o de exigüidad de éste en relación al importe insinuado. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Competencia, redargución de falsedad, expediente, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: CORNEJO JUANA ROSA c/ CARLOS TORINO Y OTRA s/ REDARGUCION DE FALSEDAD Y NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-29

La actora promueve juicio alegando la falsedad y consiguiente nulidad de las actuaciones promovidas por el juez y la funcionaria -Secretaria- demandados, a propósito de la tramitación de un oficio ley remitido por el juzgado en lo civil y comercial común de Santiago del Estero en los autos caratulados "Cornejo, Juana Rosa c/Francisco Jesús Silva s/Ejecución de sentencia de laudo arbitral".

La demanda por redargución de falsedad promovida, por el modo como fue incoada, importó el ejercicio de una acción civil por vía directa o principal, con el objeto de obtener una sentencia que declare la falsedad de actuaciones judiciales promovidas por el juez y la funcionaria demandados. Siendo así y dado el carácter autónomo de la pretensión esgrimida, corresponde entender en la misma al Juez en lo Civil y Comercial Común (art. 61 inc. "a" de la ley 6238).
Daños y perjuicios, responsabilidad de la provincia, responsabilidad del Estado, personas privadas de la libertad
Materia: CIVIL
Carátula: Gonzalez Viviana Gabriela Y Os c/ Provincia De Mendoza s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-11-15

La Provincia de Mendoza debe indemnizar a los familiares de un detenido que falleció a raíz de las lesiones producidas en la cárcel local, dado que se verifica un incumplimiento del deber de seguridad que merecía quien estaba detenido en virtud de un proceso penal, máxime cuando el derecho a la integridad personal no sólo implica que el Estado deba respetarlo, sino que además requiere la adopción de medidas apropiadas para garantizarlo en cumplimiento del art. 1.1 de la Convención Americana.
Recurso de casación, cuestión firme, cuestiones de hecho y prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Corte Nº 29/08 "López, Edison S. c/ Editorial Capayán S.A. s/ Beneficios Laborales s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-18

En principio, las cuestiones de hecho y prueba corresponden al ámbito de apreciación jurisdiccional de las instancias ordinarias y están exentas del control casatorio, salvo hipótesis de absurdo en su apreciación, circunstancia que no se da en autos, pues al acabado análisis que realiza el Tribunal de segunda instancia de las circunstancias factuales de la causa, debe sumarse el minucioso estudio realizado por la Fiscalía de Cámara, que el Tribunal de Grado con buen criterio hace propio y, en consecuencia, integra la sentencia ahora recurrida, circunstancia que la agraviada obvia en su más que confuso y elongado planteo, dejando indemnes los argumentos y evaluaciones probatorias del dictamen fiscal que, como carga, debía asumir en su cuestionamiento.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación intentado por este agravio.
Docentes, paritarias, negociación colectiva
Materia: LABORAL-EDUCACION
Carátula: Unión Docentes Argentinos c/ Estado Nacional -  Ministerio de Educación y Deportes de la Nación - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-05

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Unión de Docentes Argentinos y, en consecuencia, ordena al Ministerio de Trabajo de la Nación para que, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 26.075, proceda a convocar a la Comisión Negociadora de la Negociación Colectiva para el sector docente en un plazo de cinco día a partir de la notificación de la resolución, dado que la cuestión central del reclamo, vinculada con el salario de los docentes no admite demora en su tratamiento y así lo demuestra el extenso conflicto que obsta al dictado de las clases en los respectivos niveles de enseñanza.
Defensa nacional, conscriptos, intento de suicidio, competencia federal, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Barrios, Hernán s/ tentativa de suicidio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-23

Si la tentativa de suicidio del conscripto ocurrió en un lugar destinado a la defensa nacional y se afectó el servicio que en ese momento prestaba un soldado de la Nación, corresponde asignar el conocimiento de la causa al tribunal federal con competencia territorial, aunque no haya sido parte en la contienda.
Servicios de vigilancia, propiedad horizontal, consorcio de propietarios, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Cáceres, Pedro c/ Organización J.G. SA y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-30

La mera circunstancia de que el consorcio de propietarios haya decidido, discrecionalmente, contratar los servicios de una empresa de seguridad -decisión plenamente lícita, ya que no es una empresa que desarrolla dicha actividad- obsta a la tesis de que habría contratado con los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del propio establecimiento. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Pagaré, lugar de pago, competencia por el territorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: Nieto y Cía. SA c/ Liñan, Eduardo y Otra s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-06-23

La regla es que si el pagaré consigna el lugar de pago, allí corresponde la competencia territorial, y esta es la posición predominante en la doctrina y la jurisprudencia, con fundamento en la disposición del art. 101, inc. 4°, del Decreto Ley 5965/63.
Medidas cautelares, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio Galería Comercial Williams c/ Salerno, Alberto Jacinto s/ Cobro de expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

Si en oportunidad de oponerse la ejecutante al levantamiento del embargo, fundó su actitud en la insuficiencia de las sumas depositadas por el deudor y con posterioridad a la negativa del acreedor, el demandado practicó un depósito con el que se cubría íntegramente lo que se reclamaba hasta ese momento, no cabe duda que, aunque la oposición haya sido desestimada, precisamente meritando el magistrado la posterior actitud del ejecutado que cumplimentó los reclamos dinerarios de la contraria, el actor pudo considerarse con derecho a resistirse en la forma que lo hizo, razón por la cual, aunque en definitiva se haya admitido la petición del demandado, corresponde ratificar la decisión del juez anterior, en cuanto declara las costas en el orden causado, pues era justificable la actitud del actor de acuerdo a las constancias existentes en autos en ese momento (arts. 68 y 69 Cód. Proc.).