marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, responsabilidad del Estado, absurdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Olivera, Marcelo José c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-11-28

Es insuficiente (art. 279, C.P.C.C.) el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que desestima la acción de daños y perjuicios reclamados al Estado cuando el accionante no logra acreditar que la privación de su libertad, dictada en el proceso penal, ha sido producto de un error arbitrario del órgano judicial del grado e intensidad que conlleva responsabilidad del Estado, en los términos del artículo 1112 del Código Civil.(del voto del doctor Soria)
Competencia, rescisión del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez Puga, Francisco c/ Dionisio Calderon y otros s/ Rescisión de contrato - Inconstitucionalidad (Libro: S051-040)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1951-10-29

Tienen competencia los Tribunales ordinarios de justicia y no las cámaras regionales paritarias de conciliación y arbitraje obligatorio (leyes 13246 y 13897), para conocer y decidir en una causa iniciada el 31 de julio de 1948, por rescisión del contrato de aparcería o mediería, celebrado el 2 de mayo de 1947, a mérito de lo dispuesto por el artículo 5 de la ley 13246.
Menores, imputado, representante legal, defensor de menores, Asesoría de menores, defensa en juicio, proceso penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Rec. de Apelación en causa 877 s/ Causa 10.883
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

Sin perjuicio de que el menor de dieciocho años imputado de un delito sería representado por sus padres o tutor, ésta representación necesaria no excluye la intervención obligatoria en todo proceso penal de las Asesorías de Menores creadas por el art.

56 de la Ley 24.121.
Movilidad del haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales, caducidad, acto administrativo, beneficios previsionales, impugnación del acto administrativo, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: DE JESUS, JOAQUIN c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-30

Estableciendo la Constitución el derecho al cobro de jubilaciones móviles (art. 14 bis), la defensa de caducidad contemplada por el art. 25 de la ley 19.549 no resulta operativa cuando la decisión administrativa fue impugnada por la vía procesal establecida por el art. 15 de la ley 24.463 en tiempo oportuno; y mediante la defensa referida se pretende el cómputo del plazo desde la fecha de otorgamiento del beneficio jubilatorio y no, como corresponde, desde la fecha en que se emitió la resolución denegatoria del reajuste pretendido.
Demanda, contenido de la demanda
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VAZQUEZ DE ARAUJO, NILDA c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-03-14

La continencia de la litis, se define exclusivamente por la acción que ejerce el damnificado contra el demandado y no por la actitud que pueda adoptar éste en relación al tercero que cita al pleito. Si el actor no amplía su demanda contra el tercero y aunque éste pueda ser responsable desde la perspectiva del derecho de fondo, ninguna relación procesal directa se traba entre ambos, por lo que un pronunciamiento sobre la procedencia o no de un derecho contra el tercero entrañaría una sentencia incongruente, que desborda el caso a juzgar, con indebido adelanto de opinión sobre una litis todavía inexistente.
Competencia por el territorio, prórroga de la competencia, facultades jurisdiccionales, divorcio contradictorio
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. R. c/ A., F. E. s/ divorcio unilateral
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-13

Nuestro ordenamiento procesal en el artículo 1°, en forma genérica admite la prórroga de la competencia territorial por conformidad de partes, en cuyo caso, la prórroga expresa o tácita de la competencia territorial es procedente. (art. 2° CPCC de Salta). Siendo factible tal prórroga, no corresponde que el juez se inhiba de oficio del conocimiento de la causa. A lo expuesto cabe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 706 del Código Civil y Comercial, el cual al enunciar los principios que rigen los procesos de familia dispone que se debe respetar la tutela judicial efectiva y que las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables.
Cosa juzgada, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Paredes, Estela c/ Chiecher, Guillermo G. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-12-15

El veredicto en crisis, se aparta del derecho vigente que impone el respeto e inmutabilidad de un pronunciamiento anterior firme, violentando así el principio de cosa juzgada y por ende violatorio de los preceptos constitucionales que lo consangran al partir de premisas erróneas para sustentarlo, por cuanto la invocación que realiza el tribunal ad-quem de los intereses superiores del niño y su derecho a la búsqueda de verdad material teniendo en cuenta la ética del caso, son afirmaciones dogmáticas frente a las circunstancias probadas de la causa.
Instancia conciliatoria, acuerdo de partes, regulación de honorarios, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Tourón Juan Marco c/ Asociart Sociedad Anónima Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-04

Un acuerdo es la congruencia de voluntades para dar por finalizada una disputa, en este caso una contienda laboral, y este ha sido homologado en los términos del art. 15 de la LCT, pues a través del mismo se alcanzó una justa composición de los derechos e intereses de las partes, y ello le otorga el carácter de cosa juzgada, conforme al 4to. párrafo del dispositivo citado. Entonces, como el objetivo en general de todo acuerdo es la finalización del pleito, o sea evitar seguir litigando, si por excepción el acuerdo es solo parcial o quedara algo pendiente, esto debe manifestarse en el propio pacto, pues de lo contrario debe interpretarse que aquél comprende la totalidad de las actuaciones judiciales. En dicho contexto, si los honorarios de alzada quedaban fueran del acuerdo, debía haberse dejado constancia de ello, para que sepa quién debe afrontar el pago, que aquél acuerdo no era cancelatorio de todo el pleito, pues es normal que cuando el deudor abona en un convenio, lo haga en el convencimiento de que con eso pone fin a la deuda total generada (Voto Romero. Adhesión Welp)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia vinculante, ley procesal, interpretación de la ley, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Se ha pretendido que los fallos plenos y plenarios no hacen otra cosa que interpretar la ley sin exceder sus límites, es decir, que no crean una nueva ley, y, también, que en todo caso al resultar la obligatoriedad de ellos dada por una ley formal (en el caso, por la ley 10160), se purgaría todo vicio, mas ninguna de esas razones conforma, puesto que a la segunda podría objetarla de consentir -al margen de la Constitución- una delegación del poder legislativo en manos de quienes no han sido elegidos como representantes del pueblo (los jueces), y a la primera cabría responderle que tras el enunciado de una supuesta interpretación de la ley puede hallarse como bien sabemos una superación o exorbitancia del marco de la ley misma, para hacérsele decir -aun de buena fe- lo que no dice. (Del Voto del Dr. De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es:

¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Prisión preventiva, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: López, José Francisco c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-05

El auto interlocutorio censurado se encuentra debidamente fundado en tanto se ha tenido particularmente en cuenta la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, que se encuentra en pleno desarrollo, por lo que la finalidad de la medida precautoria se vincula a la de garantizar la presencia de aquél en el debate, sin que se observe que haya transcurrido el plazo máximo establecido por la ley 24.390, máxime teniendo en cuenta que el apelante no logra revelar de modo expreso en que consiste el concreto agravio, limitándose su presentación a la expresión de su mera disconformidad con la solución adoptada.
Contrato de seguridad privada, servicios de vigilancia, personal policial
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ  IBARS  RAMON Y OTROS c/ VALAZTIQUI JUAN DE DIOS Y OTROS s/ daños  y  perjuicios. Acumulada: Causa Nº 17.140/03, TASCA OMAR YOTRO  c/ PODER EJECUTIVO NAC. MINIST. DE JUSTICIA POLICIA FEDERALY OTRO s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Las condiciones determinadas para la contratación de los servicios bajo el régimen de policía adicional revisten carácter de contrato de adhesión, por el cual el futuro beneficiario de esos servicios acepta o rechaza las estipulaciones contractuales, pero no puede discutir las características del mismo, que deben indefectiblemente adecuarse a las reglamentaciones policiales vigentes, normas éstas de orden público, que no pueden ser dejadas de lado por voluntad de los beneficiarios. De los propios términos de las disposiciones que regulan el Régimen de Policía Adicional surge la ausencia de relación de dependencia entre el agente V. y G.N.C.

Bahía S.A., toda vez que esta última carece del derecho de dar órdenes o instrucciones acerca de la manera como deben cumplirse las funciones. El pago por el servicio de seguridad que prestaba el agente V. no se le efectuaba directamente a él, sino a la Institución.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Doll, Horacio Norberto c/ Municipalidad de Morón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-14

No puede inferirse del texto del art. 52 de la ley 23551 la creación de una inmunidad especial o un fuero personal, cuando en verdad el legislador tan sólo ha puesto en cabeza del patrono el deber de requerir ante la justicia la autorización pertinente para adoptar la medida indicada al iniciar la demanda la cual en atención a las circunstancias que prima facie hagan verosímil el planteo sometido a decisión, el juzgador admitirá sin más trámite.
Estados contables, riesgos del trabajo, fondo de garantía
Materia: LABORAL
Carátula: García, Emilio Roberto c/ Solda o Soldad, Miguel s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-04-18

El Fondo de Garantía es administrado por un organismo nacional -la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- y, mediante las resoluciones dictadas en función de lo preceptuado por el art. 10 del Decreto Nº 491/1997 (Nº 1151/2011, Nº 1545/2010, entre otras), es posible verificar sus estados contables, así como también el importe previsto para el período anual fijado (1 de julio de cada año al 30 de junio del año siguiente) y la determinación de los excedentes; permitiendo comprobar su solvencia económica.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, validez de la ley, constitucionalidad, afiliación a obras sociales, afiliación obligatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nowinski, Elsa  Alicia s/ inconstitucionalidad  art.  16  de  laley 6982.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Es formalmente admisible el recurso extraordinario deducido contra el pronunciamiento que rechazó la demanda de inconstitucionalidad deducida respecto del art. 16 de la ley de Buenos Aires 6982 (redacción de la ley 10.595) en cuanto dispone la afiliación obligatoria al IOMA., por hallarse en tela de juicio la validez de una norma local por ser contraria a la Constitución Nacional y la decisión del a quo ha sido a favor de la constitucionalidad.
Voto de adhesión, incongruencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROMANO, NASIM c/ ROMANO, HABDALA s/ JUICIO ORDINARIO.   QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 716-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-14

Resulta válida la adhesión formulada por el vocal de tercer voto a los votos de los preopinantes, cuando no se alcanza a demostrar que los lineamientos de los camaristas en relación al "thema decidendum" fueran opuestos, resultando suficiente la motivación expuesta por los mismos.
Indemnización por despido, trabajadores ferroviarios, viáticos, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: URAN, LUIS c/ BUENOS AIRES AL PACIFICO SAN MARTIN S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-09

Resulta ajustado calcular dentro el concepto de remuneración las sumas percibidas en concepto de viático por merienda. En cambio las sumas que percibió el actor por pernoctada, tienen su origen en la restitución de un gasto impuesto por el hecho del cumplimiento del trabajo en horas que obligaron al demandante, en su labor como conductor de tren, a pernoctar fuera de su domicilio y por lo tanto no revisten carácter remuneratorio.
Honorarios, costas al vencido, cobro al cliente
Materia: PROCESAL
Carátula: SMOLIANSKI, León s/ incom. en ejec. honorarios Causa nro. 28.492
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-10

El artículo 49 de la ley 21.839 faculta al profesional, cuyos honorarios están impagos por el condenado en costas, a satisfacer el cobro de su cliente.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Ernesto s/ Infracción art. 149 bis, segundo párrafo, Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

El art. 357 del Código de Procedimiento Penal al conceder el carácter de sentencia definitiva a los supuestos que contempla "a los efectos de la 'procedencia' de los recursos extraordinarios" configura supuestos autónomos de impugnabilidad ajenos a los requeridos por el art. 350 del Código de Procedimiento Penal.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. s/ Inconstitucionalidad art. 35 ley 11.583
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-21

Corresponde no hacer lugar a la solicitud de la habilitación de feria judicial a los efectos de la resolución de una medida cautelar prevista en el art. 230 del C.P.C. y C. (prohibición de innovar), si dicha medida está directamente relacionada con la eventual iniciación de acciones judiciales sin que surja que la concreción de éstas pudiera tornar ineficaz su tratamiento y decisión aún después de finalizada la feria invernal. (Minoría u opinión personal)
Embargo, ejecución de honorarios, crédito laboral, verificación de créditos, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Velárdez, Julio César c/ Jasnis y Basano SA s/ ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-15

Cabe dejar sin efecto por arbitraria la sentencia que confirmó el embargo decretado sobre un inmueble de propiedad del actor, en el marco de la ejecución de honorarios regulados a favor del letrado de uno de los codemandados a cuyo respecto la demanda de verificación de créditos laborales fue rechazada, pues la decisión de excluir al bien en cuestión de la tutela legal en razón de que la condena en costas al actor se basó en la falta de prueba sobre la invocada relación laboral con uno de los codemandados (socio de la empresa fallida para la que aquél trabajó), aparece desprovista de fundamento legal ya que introduce una hipótesis de inaplicabilidad de la norma que ésta no prevé lo cual violenta la pauta interpretativa que desaconseja distinguir donde la ley no distingue.
Sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, tercero adquirente de buena fe, levantamiento del embargo, depósito judicial, inscripción registral, valor nominal, actualización monetaria, valor real
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Grinberg, Horacio Mario c/ Guntin, Beatriz Margarita y otro. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Contiene graves defectos de fundamentación que la descalifican como acto jurisdiccional, la sentencia que admitió la pretensión del adquirente de un inmueble de levantar el embargo mediante el depósito de las sumas que constaban en la inscripción registral, ya que, sin razón plausible, impidió el cómputo del reajuste por depreciación monetaria para estimar el alcance de la medida cautelar trabada.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, incompetencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ FABIANA ALEJANDRA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIÓN DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-05-04

No resulta revisable en instancia extraordinaria por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo lo atinente a la interpretación y aplicación de normas locales, así como que carece de jurisdicción para conocer en cuestiones que se refieren a la organización y funcionamiento de los poderes públicos provinciales, desde que se trata de cuestiones que no rebasan el citado ámbito normativo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excepciones procesales, falta de personería, instrumentos públicos, documentos de identidad, extranjeros
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: RUBEN WEIZMAN c/ GERARDO GOEDHART s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-29

El CCIV 1001 precisa los recaudos de validez de la escritura pública y expresa la necesidad de que el escribano de fe que conoce a los otorgantes.

La "fe de conocimiento" prevista en la norma es el asentimiento de verdad y certeza dadas por el notario en el ámbito de su función, respecto de las personas que actúan en el negocio jurídico.

Conforme el CCIV 1001 la legitimación de los intervinientes en el acto se funda en la fe de conocimiento que brinda el escribano, y no en los documentos que la acreditan.

Por consiguiente, la identidad de los otorgantes responde a un juicio emitido por el notario, en uso de su ciencia y en ejercicio de sus funciones, que mediante su conocimiento directo adquirió la firme convicción de que las personas son quienes pretenden ser, declaración que hace plena fe respecto de tales extremos. Por ello resulta ininvocable la argumentación tendiente a restar eficacia al documento de identidad expedido en el extranjero, y sobre tal base plantear la defensa de falta de personería.
Documentación administrativa, acta extraprotocolar, escribanos públicos
Materia: CIVIL
Carátula: COOPERATIVA ELECTRICA AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE CAUCETE LTDA. c/ Gobierno de San Juan y Otros. s/ Contencioso Administrativo. CAUCETE LTDA. c/ Gobierno de San Juan y Otros - acumulados s/ Contencioso Administrativo; Acumulados - Autos N 66606, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Caucete c/ Gobierno de la Provincia - Acción Autónoma de Nulidad- Ordinario, y Autos N 69.150, caratulados "Cooperativa Eléctrica Agroindustrial y de Servicios de Servicios de Caucete Ltda. c/ Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) - Cobro de Pesos- Ordinario - Acumulados
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-31

A fin de abordar su estudio analizar la reglamentación que fija los requisitos y las obligaciones que debe cumplir el notario público para la conformación de dichos instrumentos. En este camino resulta aplicable la Ley Notarial de la Provincia de San Juan 3718 (hoy 124-C Digesto Provincial).

Allí se distingue en forma precisa los requisitos generales que debe reunir el a) Documento Notarial Protocolar y b) Los Documentos Extraprotocolares, resultando estos últimos comprendidos en la normativa concerniente a las Actas.

En efecto establece el artículo 48 de la precitada norma "El los documentos extraprotocolares se observarán los requisitos que conciernen a las actas, en cuanto sean compatibles con su carácter y las normas especiales que se establece en este capítulo". De tal forma, reenviándose a los artículos 26 y 28 de la precitada norma vemos que en el primero de ellos la norma califica: "Esta ley denomina actas a los documentos que tienen por objeto la comprobación y fijación de hechos, excluidos aquellos documentos cuyo contenido es propio de las escrituras públicas y los que tienen designación específica." Mientras que por su parte el artículo 28 establece "Las actas que constituyen documentos matrices están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas, con las siguientes modificaciones... Apartado 2) Será suficiente la manifestación de los requirentes o interesados para actuar a nombre ajeno.

Finalmente el artículo 29 determina que Las actas protocolares complementarias se regirán en su aspecto formal por las normas establecidas para las que constituyen matriz, salvo lo dispuesto en los artículos 17, y el 23 inc. 2), y las demás excepciones que resulten o por su relación con el documento que complementan." Puede verse entonces con total claridad que, a) a los instrumentos extraprotocolares corresponde aplicarles las normas correspondientes a los protocolares con las excepciones dispuestas en la ley, y en particular lo reglamentado para las actas.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: LANZILLOTTA, Humberto José y otros c/ ESCUELA DEL SOL y otro s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-15

En una demanda de daños y perjuicios incoada por los padres de un menor, en su carácter de representantes legales de él, las condiciones para acceder al beneficio de litigar sin gastos no deben probarse en cabeza de los progenitores, sino que basta con acreditar la carencia de recursos del menor para afrontar los gastos del proceso.-
Excarcelación, cauciones, unificación de penas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALONSO, RAUL ALBERTO s/ INCIDENTE DE EXCARCELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-13

Cuando la eventual acumulación de penas que resulte de la aplicación del art. 58 del C.P. sobrepase el máximo exigido por su art. 26 para la posible imposición de una condena de ejecución condicional, no debe hacerse lugar a la excarcelación bajo ningún tipo de caución.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Espíndola, Néstor R. s/ Privación ilegal de la libertad. Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-21

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia que no se acredita un elemento subjetivo que en función de la ley penal sería necesario para mantener la condena del procesado, si la defensa no intenta demostrar, en el terreno probatorio, que los hechos ocurrieron del modo que los describe.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestiones procesales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lescano de Miguel, Silvia R. c/ Mercado, Ramón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

El tema relativo a qué debe entenderse por "tribunal de origen" resulta ajeno al recurso extraordinario de nulidad.