Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-10


SENT Nº 381 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Díaz Ramón Héctor y otro vs. La Luguenze S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte actora, a fs. 329/333 vta., plantea recurso de casación contra la sentencia N° 177 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala VI de fecha 8 de octubre de 2008, corriente a fs. 256/257 vta. de autos, que es concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 08-11-2010 (cfr. fs. 335). Sólo la parte demandada presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137, primera parte, del Código Procesal del Trabajo (en adelante CPT), conforme surge del informe actuarial de fs. 350.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 262/263, 266, 321 y vta., 324 y 333 vta.); el acto judicial cuestionado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; no corresponde efectuar el afianzamiento establecido en el artículo 133 de idéntico digesto de rito dado que la sentencia no es condenatoria para la recurrente; el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto se alega el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos.

Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero de la ponderación del referido material -ponderación ésta del a quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen es admisible; voto porque así se declare.

III.- El recurrente tacha de arbitrario el fallo atacado aduciendo que prescindió de estimar que la prueba de informes requerida al Banco de Tucumán S.A. revela que todos los empleados de la Luguenza S.R.L. tienen los pagos bancarizados, al igual que la pericia contable a fs. 213; y que de fs. 110 a 125 se desprende que el demandante percibió todos las remuneraciones en forma bancarizada. Por estas razones postula que la conclusión lógica sería que los rubros indemnizatorios y la liquidación final también debieron abonarse mediante depósito en el banco, cosa que no fue así, habiendo omitido el Tribunal apreciar esta circunstancia (cfr. fs. 331).

Entrando al análisis de este agravio, quiero poner de relieve que la sentencia en crisis, para descartar en el sub iudice la existencia de firma en blanco y, por ende, rechazar la demanda, tomó en consideración que el testigo Miguel Ángel Albarracín manifestó que no había visto firmar el recibo al actor; que éste reconoció como suya la firma allí impresa; que el perito contable sostuvo que la documentación contable de la demandada estaba ajustada a derecho; que el pago de la liquidación se encontraba registrado en fs. 23.419, con fecha 05-02-2003, de conformidad a la compulsa del libro diario nº 47 de hojas móviles rubricado por la accionada, y que los pagos se efectuaron según convenio, acompañando documentación respaldatoria (cfr. fs. 256 vta./257).

Como corolario de lo expuesto, la Cámara concluyó que ".no surge acreditado por el actor que la firma del recibo de fecha 31.01.03 haya sido emitido en blanco, no siendo suficiente la declaración del testigo que ya no aporta un elemento fehaciente que permita llegar a tal conclusión, por no ser testigo presencial de tal hecho denunciado como grave. El actor reconoció haber firmado el recibo. Además de la relatividad de las pruebas aportadas por el actor, la pericia contable y documentación acompañada resulta contundente en acreditar que el pago de la indemnización por despido fue realizado, no se aportó elemento alguno que justifique apartarse de las conclusiones allí arribadas. Animando la convicción de la Preopinante lo informado por el Perito en cuanto del mismo resulta fundado y no contradicho con el plexo probatorio rendido en juicio, y que no ha acreditado el actor que la firma inserta y por él reconocida en el recibo de pago de fecha 31.01.03 hubiera sido puesta en un documento en blanco, es que la acción en este sentido no puede prosperar" (cfr. fs. 257).

Confrontando los argumentos que anteceden con las constancias se autos se sigue que la Sala a quo llegó a la referida conclusión merced a un análisis sesgado y parcial, no integrado o completo, de los elementos de prueba del litigio. Ello es así por cuanto, frente al hecho acabadamente demostrado que el actor percibía sus remuneraciones en forma bancarizada desde abril del año 2000 a través de la cuenta sueldo nº 51300003078 (como se desprende del informe del Banco del Tucumán de fs. 125, de la constancia emanada de la Luguenze S.R.L. de fs. 212, y del informe del perito contable a 218/219), y de que le advirtió a la demandada por telegrama de fecha 30-01-2003 (recibido por esta última el 31-01-2003, a horas 10:21 -cfr. fs. 129-, o sea, el mismo día que registra el recibo de pago de la liquidación final corriente a fs. 45 de autos impugnado en la causa) de que había firmado recibos en blanco y que, por tal motivo, debía la demandada realizar los pagos reclamados ante la autoridad administrativa o judicial (cfr. fs. 127), no parece dudoso que la Cámara mal pudo desechar que hubiera mediado, en el caso, un supuesto de firma en blanco, sin hacerse cargo al mismo tiempo, de manera explícita, fundada y suficiente, de las mencionadas circunstancias las que, atento a su contenido, resultaban pertinentes para la recta composición de la litis. De allí que, al haberse prescindido de valorar las aludidas contingencias fácticas, no cabe duda que el fallo recurrido se encuentra incurso en el vicio de arbitrariedad que legitima su descalificación como acto jurisdiccional válido debiendo, el nuevo pronunciamiento a dictarse, hacerse cargo expresamente de la cuestión de marras, dando fundamentos suficientes en apoyo de lo que decida.

Ocurre que el Tribunal de mérito tiene la más absoluta libertad para escoger los caminos que considere más convenientes para abordar y resolver el litigio llevado su conocimiento pero, siempre que no queden al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión, el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos, pruebas y alegaciones pertinentes introducidas en el pleito por las partes. Es así que el discurso del órgano jurisdiccional debe contener argumentos suficientes dirigidos a rebatir las razones relevantes esgrimidas por el litigante en sentido contrario a lo que se decide y apartarse fundadamente de los elementos probatorios conducentes acercados por aquél. Esta Corte ha sostenido que entre las facultades de los jueces de grado se encuentra la de valorar o no de manera expresa alguna probanza; es más, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una, exhaustivamente, todas las pruebas agregadas a la causa. Pero lo que sí les está vedado es prescindir del plexo probatorio suministrado por el proceso a los efectos de dar basamento fáctico a la conclusión a que se arriba. Es así que la arbitrariedad se configura cuando la consideración de elementos probatorios pertinentes ha sido injustificadamente omitida en la línea argumental del pronunciamiento cuestionado déficit que, desde esta perspectiva, cabe tener por existente en la especie de conformidad a los pasados desarrollos.

Las precedentes consideraciones y el resultado invalidante a que conducen, tornan inoficioso entrar al tratamiento de los restantes agravios.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación incoado por la parte actora contra la sentencia N° 177 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala VI de fecha 8 de octubre de 2008, obrante a fs. 256/257 vta. de autos. En consecuencia, casar dicha sentencia, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y, por ende, jurídicamente descalificable como acto jurisdiccional válido, la sentencia que arriba a conclusiones decisivas mediante un análisis parcializado de las constancias de autos". Por consiguiente, corresponde remitir los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo considerado, dejando debidamente aclarado que lo que se resuelve no significa adelantar opinión en el tema. En tal sentido mi voto.

IV.- Atento al resultado a que se arriba, teniendo en cuenta que el vicio es imputable al órgano jurisdiccional, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 49 CPT y 105, inciso 1, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Comparto y adhiero a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, expresada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane toda vez que ha sido interpuesto en término contra una sentencia definitiva, denuncia con fundamentos suficientes arbitrariedad de sentencia y el recaudo del afianzamiento no resulta exigible por ser la parte actora quien recurre (arts. 130/133 CPT). Asimismo comparto y adhiero a los puntos dispositivos y fundamentos del referido voto.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia N° 177 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala VI de fecha 8 de octubre de 2008, glosada a fs. 256/257 vta. de autos. En consecuencia, casar dicha sentencia, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, y disponer la remisión de los presentes actuados al referido Tribunal a fin de que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.