marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Facultades del Poder Ejecutivo, Fuerzas Armadas, remuneración, salario básico, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Franco, Rubén Oscar y otros c/ Estado Nacional (Mrio. de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF. AA. y de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Que lo decidido por el Poder Ejecutivo en el sentido de que la compensación por inestabilidad de residencia y el adicional previstos en el decreto 628 de 1992 no constituyen conceptos computables dentro del haber mensual desvirtúa el sentido empleado por las palabras de ley al acordarle la facultad para reglamentar la composición de éste, pues tales asignaciones -fijadas entre el 60% y el 40% de ese haber, según se trate de personal superior o subalterno- no son meramente sumas accesorias o adicionales, sino que representan una parte sustancial de la remuneración del personal, omitida la cual, las expresiones ■haber■ o "sueldo" dejan en sí mismas de tener significación. En otras palabras, la facultad atribuida al Poder Ejecutivo para determinar qué es haber mensual y qué conceptos lo componen no le autoriza a definirlo como un ítem incidental y, a la postre, irrelevante en la remuneración realmente percibida.(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: NIELLA MIGUEL ALBERTO c/ DIARIO EPOCA Y EDITORA CORRENTINA S.A. s/ S/ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-13

En el caso de autos, donde ya recayó sentencia de condena a indemnizar daño moral irrogado por la demandada al actor, y que ha hecho cosa juzgada en noviembre de 1994, resulta acomodado al ordenamiento jurídico que si la deudora pretendía introducir un planteo con base en la Ley 24283, a fin de reducir el monto de la deuda, primeramente, o coetaneamente debió depositar, - o dar en pago si existiese embargo trabado sobre suma de dinero - esa cantidad que ella estima correspondiente al valor actual y real de la prestación.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, suspensión de la sentencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: D.G.R. c/ E., R. s/ EJECUCION APREMIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-14

En cuanto a los recaudos de la suspensión de la sentencia civil, sostiene que para que se suspenda el dictado de la sentencia civil es menester que concurran dos requisitos: 1) Que exista un proceso penal pendiente, siendo indiferente que se haya iniciado antes o después que el juicio civil; 2) Que ambos procesos se hayan originado en el mismo hecho. Es irrelevante, en cambio, que en ambos juicios intervengan las mismas o distintas personas: así puede acontecer que el damnificado civil no haya querellado por el delito y que la acción penal haya sido incoada por el Fiscal, como también puede ser que la acción civil se promueva por un damnificado indirecto que no está habilitado para intervenir en el juicio penal, o contra un responsable civilmente a quien no se puede acusar de nada ante el fuero criminal. En cualquiera de estos casos - u otros - en que hay dualidad de procesos originados en el mismo hecho, se impone la postergación de la sentencia civil hasta tanto se dicte la sentencia penal y ésta quede ejecutoriada.
Abogados, apercibimiento, potestad disciplinaria, facultades del juez, tribunal de disciplina
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bergés, Mariano s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-09-18

Si bien la sanción impuesta a un letrado en ejercicio de la potestad disciplinaria de los jueces no es recurrible a tenor del art. 457 CPPN, corresponde atender los agravios planteados en virtud del carácter vinculante de los informes de la Comisión IDH y con el fin de satisfacer los derechos del sancionado previstos en los arts. 8 y 25 CADH. Corresponde rechazar el recurso interpuesto si el tribunal se encontraba habilitado legalmente para imponer la sanción, de conformidad con el art. 18 decreto-ley 1285/58 -no tachado de inconstitucional-, y la fundamentó debidamente en las frases injuriosas e indecorosas que atentaron contra la autoridad y dignidad del tribunal, sin que se haya demostrado que la cuantía de la multa resulte desmesurada o no acorde a la entidad de la infracción. La potestad sancionadora responde a la actuación del letrado en el proceso y no cesa luego de haber renunciado a la defensa. Las facultades disciplinarias de los jueces no se superponen ni se confunden con las atribuciones de idéntica naturaleza conferidas al Tribunal de Disciplina del CPACF por la ley 23.187 pues las primeras persiguen mantener el buen orden y el decoro en los juicios y las segundas persiguen el aseguramiento del correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ladner, Oscar Federico c/ Fortunato Bonelli y Cía. S.A. s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Debe revocarse el fallo que efectúa una absurda interpretación de la prueba producida.
Despido, daños y perjuicios, daño moral, indemnización tarifada, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Beatriz Mercedes. c/ Banco del Tucumán S.A. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2006-06-26

En efecto; si bien la ruptura de un contrato laboral produce por lo general un daño moral al trabajador, las leyes que fijan cualitativamente los extremos de la indemnización toman en consideración el conjunto de todos estos posibles daños y no corresponde indemnización por daño moral, a menos que la decisión de romper el vínculo fuera precedida de imputaciones desdorosas, cargos infamantes o cualquier actitud del empleador causante de perjuicios morales mayores que los comunes que afecten a cualquier trabajador despedido.

De ello se sigue que para que el empleador tenga obligación de indemnizar el daño moral, es necesario que al producir el despido cometa un ilícito independiente de la mera ruptura -cuya reparación se encuentra tasada legalmente-, esto es, debe incurrir en una conducta adicional, y ella debe encuadrarse en la actividad reprochada por el art. 1109 del Código Civil.

De lo expresado cabe concluir que, excepcionalmente, es posible acumular la indemnización tarifada del art. 245 LCT con el resarcimiento destinado a reparar el daño moral en los términos de la legislación civil, siempre y cuando éste resulte consecuencia de un hecho distinto de la simple ruptura del contrato de trabajo.

Lo transcripto evidencia que la indemnización tarifada de la LCT resulta compatible con la indemnización del daño moral en los términos de la legislación civil, siempre que concurran las circunstancias de excepción que fueran puntualizadas precedentemente.
Sentencia absolutoria, revocación de sentencia, estafa, tipo penal, idoneidad para engañar, negligencia, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Sergio Daniel Avancini en la causa Selman, Christian José s/ estafa y estafa en grado de tentativa -dos hechos- en concurso real c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-22

Corresponde revocar el fallo del superior tribunal provincial que revocó la condena a un imputado en orden a los delitos de estafa y tentativa de estafa (art. 172, C.P.), disponiendo su absolución por considerar que el comportamiento arriesgado o negligente de la víctima fue lo que dio cuenta de su disposición patrimonial prejudicial y no la conducta engañosa del acusado, habida cuenta que la decisión recurrida soslaya el dato de que toda estafa presupone un descuido de la víctima y que ello es en definitiva lo que hace posible que tenga éxito el engaño. En consecuencia, reclamar como elemento adicional para la tipicidad que la víctima no haya obrado descuidadamente, no sólo importaría exigir un requisito que ni la ley, ni la doctrina y la jurisprudencia que pacíficamente la han interpretado, piden, sino además consagrar una exégesis irrazonable de la norma que la desvirtúa y la torna inoperante, sin más razón que la sola voluntad de los magistrados.
Falsificación de instrumento privado, cheque, fecha del título
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA DI TATA, Estela M. s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-25

Constituye el delito de falsificación de instrumento privado, el accionar del imputado consistente en la presentación de un cheque al cual le había agregado un número en la fecha, para evitar que sea rechazado por su vencimiento e iniciar la acción ejecutiva ante la imposibilidad de su cobro por carecer de fondos.
Representación sindical, extinción del mandato
Materia: LABORAL
Carátula: Sayres, Héctor P. c/ AL-CON S.A. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-06

Así como el mandato cesa por fallecimiento o incapacidad sobreviniente del mandante la representación sindical cesa por desaparición de la fuente del mandato, es decir, los trabajadores de la unidad de representación.
Monto de la indemnización, cuestiones de hecho y prueba, absurdo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: B., N. N. c/ S. y. OTROS s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-25

La determinación del monto del resarcimiento en los supuestos en los que se reclama por la vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión de hecho y, como tal, ajena al ámbito de la casación. La única excepción habilitante para que esta Corte pueda acceder al conocimiento de la materia cuestionada se configura mediando acabada demostración de absurdo y la consecuente violación de las normas que rigen la reparación integral (doctor GENOUD, sin disidencia).
Ejecución fiscal, liquidación de impuestos, declaración jurada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I. c/ SENTRA SOCIEDAD ANONIMA s/ EJECUCION FISCAL - EXCEPCION DE PAGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-29

De acuerdo con lo establecido por el art. 20 de la ley 11683, las declaraciones juradas constituyen la base para la determinación y percepción de los tributos que se recauden con arreglo a sus disposiciones; por ende, y teniendo en cuenta lo prescripto por el art. 38 de la citada ley, para que proceda liquidar el gravamen aplicando el procedimiento estatuido por esa norma se requiere que el contribuyente no haya presentado su declaración jurada ni ingresando el tributo correspondiente dentro del término fijado en el emplazamiento que se le formule. Asimismo, luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la Dirección General Impositiva "no estará obligada a considerar la reclamación del contribuyente contra el importe requerido sino por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses que correspondan "(art.

38 último párrafo).
Daños y perjuicios, indemnización, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: Argañaraz, Juan Carlos y otra c/ Empresa Nacional de Agua y Energía s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-23

Tratándose de la compensación de un daño que se verificará durante todo el resto de la vida del damnificado, el método de sumar directamente cada una de las erogaciones que habrá de realizar durante 61 años conduce a su enriquecimiento ilegítimo, lesionando el principio del art. 1083 del Código Civil, en virtud de la renta que ese capital producirá durante tal período.
Recurso de inconstitucionalidad, jurisdicción, sentencia, fundamentación de sentencias, principio de congruencia, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L, O. A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Queja admitida). Homicidio culposo   (Expte. CSJ Nº 189-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-17

Recorre un proceso intelectivo no acorde con el artículo 95 de la Constitución de la Provincia, que demanda la debida motivación como recaudo inexcusable de validez del pronunciamiento, la sentencia del Tribunal A-quo que, con el argumento de que los actores civiles habían solicitado en el memorial de expresión de agravios la modificación in totum de los montos condenados por reputarlos insuficientes, alteró lo decidido en perjuicio de la demandada apelante a quien -después de otorgarle razón al acoger su agravio acerca de la doble imposición por rubros que tenían un mismo contenido conceptual-, incurrió en reformatio in pejus y en violación al principio de congruencia al agravarle su responsabilidad aumentando su deber por daño moral, mudando para ello hacia ese rubro lo que previamente había descargado de su responsabilidad (pago del rubro pérdida de la chance).
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Apoderado Alianza Transitoria Frente para la Victoria' s/ Nulidad Mesa N ° *** - Comodoro Rivadavia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-20

Al comenzar el escrutinio definitivo de la urna, se constató la inexistencia del acta y el certificado de escrutinio contando, únicamente, con una fotocopia simple y reducida del acta, que se presumió estaba firmada por el Presidente de la mesa y dos fiscales.

Esta deficiencia, a criterio del organismo electoral, cuadró en el supuesto del artículo 114, inciso 1° del Código Electoral Nacional, y no tuvo solicitud de subsanación por la presentación de algún partido político que aportara la documentación prevista en el antepenúltimo párrafo del artículo 102 del mismo ordenamiento, es decir, una copia del certificado de escrutinio que el presidente de mesa entrega a los fiscales.

En estas circunstancias, la anulación del comicio realizado en la mesa N ° *** resultó la solución más adecuada al caso, ya que no había indicio fehaciente de la cantidad de sufragantes y, de ese modo, no se podía determinar que existiera correspondencia con la cantidad de sobres y votos hallados dentro de la urna.

No obstante lo expuesto, al momento de impugnar el pronunciamiento del Tribunal Electoral Provincial, el apoderado del Partido Justicialista presentó una copia del certificado de escrutinio e intentó hacerlo valer en esta instancia.

Allí puede leerse que sufragaron 333 ciudadanos, mientras que la cantidad de sobres hallados dentro de la urna ascendió a 250. Contrariamente a lo pretendido por el recurrente, el documento que pretende que sirva para modificar la decisión electoral sobre la mesa N °542, brinda un motivo más para confirmarla.

Es que, de poderse comprobar que en la urna existió una diferencia en menos de 83 sobres, habría que anular la elección en esa mesa por aplicación del inciso 3° del artículo 114 del Código Electoral Nacional. (En disidencia).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL
Carátula: Petruccelli, Fidel Primo y otra c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

La solución para los casos de responsabilidad administrativa derivada de una conducta lícita debe encontrarse en la Ley Nacional de Expropiaciones N. 21.499, norma legal típica que autoriza intromisiones del Estado en la propiedad de los administrados cada vez que el interés público lo exija.
Requisa del automotor, fuerzas de seguridad, prevención del delito, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Robles, Ruben Mercedes y Tamayuque, Carolina s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-21

La requisa efectuada obedeció al cumplimiento de la manda legal al personal de la fuerza de seguridad interviniente en cuanto ordena su actividad en orden al control vehicular en las rutas con fines de prevención del delito, frente a una situación y contexto que alerta sobre la posibilidad de su comisión. De tal modo, no se advierte que el procedimiento hubiera respondido a una apreciación infundada del personal de seguridad sino que se trató de un control de rutina, autorizado por la ley, conforme los límites que ésta establece. No es posible sostener que nos encontramos frente a un caso de delito imposible por la sola circunstancia que siempre en el lugar del hecho se realiza un control de ruta puesto que el medio ex ante sigue siendo idóneo. La disidencia sostuvo que la autoridad habilitada para disponer la requisa es el juez, y sólo en casos excepcionales, cuando existan razones fundadas en circunstancias de peligro o urgencia, se habilita la delegación en las autoridades de prevención, y consideró que la requisa personal practicada por personal de Gendarmería Nacional sin que se hayan explicado los fundamentos de tal proceder, deviene nula.
Honorarios, abogados, base
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOLER PONCE c/ S. MORALES s/ (LIBRO: A064 - 169)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-09-29

En el proceso de estimacion de honorarios, la base regulatoria es el monto estimado de los honorarios.-
Prehorizontalidad, cuestiones prejudiciales
Materia: PENAL
Carátula: KOMPEL, FELIPE. s/ PROPIEDAD HORIZONTAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-07

La ley 19.724 no alude a CUESTION PREJUDICIAL alguna como presupuesto de la persecución penal, ya que el art. 27 se refiere sólo al trámite de intervención judicial pertinente.
Daños y perjuicios, homologación del acuerdo, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Morales, Luciano Alejandro  c/ Olivari, Ernesto Daniel y otro  s/ d y p derivados del uso de automotores (con lesión o muerte)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-08-09

El agravio de ambos demandados donde solamente cuestionan -del contenido del acuerdo homologado- la cláusula que distribuye en el orden causado las costas generadas por la intervención de los demandados y, requieren que éstas sean impuestas a la parte actora por ser quién los citó a juicio, debe ser desestimado, ya que, habiendo finalizado este pleito con el acuerdo transaccional debidamente homologado (art. 308, CPCyC), y más allá de las expectativas y convencimiento de los demandados respecto de que les asiste razón en su planteo defensivo, al no haberse dictado sentencia se desconoce que resolución habría adoptado la jueza de grado y, por ende, qué litigante tendría la calidad de vencedor y quién, de vencido, por lo que los aspectos señalados por los recurrentes (pluspetitio inexcusable, multa por temeridad y malicia, omisión de informar la percepción de la indemnización por parte de la ART) no dejan de ser conjeturas en orden a su procedencia.
Corte interamericana de derechos humanos, prescripción de la acción penal, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Espósito, Miguel Angel c/  s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa -Bulacio, Walter David-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-23

La imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal, como parte del deber reparatorio que incumbe al Estado Argentino, resulta de conformidad con la ley interna, en atención a las circunstancias particulares de la causa, y a las normas de la Convención según la inteligencia que le ha otorgado esta Corte por referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Voto del Dr. Antonio Boggiano).
Universidades, gobierno de la universidad, desconcentración universitaria, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Monges, Analía M. c/ UBA. - resol. 2314/95. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-26

El mero hecho de que el art. 50 in fine de la ley 24.521 haya reglado un caso determinado de un modo especial no hace de ella un acto legislativo arbitrario e inconstitucional.
Gastos del proceso, costas, costas al demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: INSTALACIONES ESPECIALES S.R.L. c/ INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE JUJUY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD VIVIENDA Y URBANISMO DE JUJUY s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-12-06

En la imposición de costas, la conducta de las partes tiene gran importancia, ya que cuando las actuaciones revelan que el demandado con su conducta impuso la necesidad del pleito, esto es, cuando existe una razón fundada para litigar, existe entonces una causa que autoriza a los jueces a apartarse del principio general que impone las costas al vencido. Entonces, concluida la instancia en razón de haber devenido en abstracta la cuestión planteada y habiendo sido el accionante compelido a iniciar una demanda justa, sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho pretendido en el pleito, debe cargarse los gastos al demandado que dio motivo al pleito.-
Intereses, lucro cesante, daños y perjuicios
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Alzaga de Lanusse, María Josefina y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

Proceden los intereses respecto al lucro cesante, desde que cada perjuicio se produjo, a raíz de la perduración de las aguas en una fracción de campo como resultado de las obras realizadas por la provincia que alteraron el equilibrio hídrico.
Recurso extraordinario, resoluciones, límites del pronunciamiento, establecimientos penitenciarios, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-03

Si lo que se pretende es la defensa de la dignidad humana de la cual no puede ser privado ningún habitante de la Nación, aunque su conducta haya sido reprobada y se encuentre cumpliendo una pena privativa de la libertad, y se exige la aplicación de derechos constitucionales, dichas circunstancias dan cuenta de la necesidad de hacer uso de la facultad que a esta Corte acuerda el art. 16 segunda parte de la ley 48 (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FAZIO, RAQUEL BELKYS FORT DE c/ TESTA, ELVIO OMAR Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL  ((CSJ EXPTE N. 706-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-11-01

Es sentada doctrina de la Corte Suprema de Justicia Provincial que la materia de costas, por ser procesal, no admite -en principio- el recurso de inconstitucionalidad.
Corrupción del funcionario público, malversación de caudales públicos, sobresueldos
Materia: PENAL
Carátula: LOZANO, Santiago M. s/ nulidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-05

Obran en autos todas aquellas constancias que dan cuenta a esta altura que existió un desvío de fondos públicos que fueron utilizados para abonar complementos salariales a todos los funcionarios políticos de la administración pública durante los años 1989 a 1999 -entre los cuales se encontraba el imputado- y que, algunos, aprovechando la irregularidad que rodeó el sistema así implementado, sustrajeron sumas no compatibles con la citada finalidad. La circunstancia de que aún no se hayan escuchado a la totalidad de las personas que pudieron haber participado de una u otra forma en los hechos investigados, poco aporta al análisis de la cuestión aquí debatida. (Sumario confeccionado por el SAIJ)