marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Salvio, Héctor M. c/ Unilam S.A.I.E.I.C.I. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-19

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que tanto en lo atinente a la eficacia de la comunicación de la cesantía cursada por el principal, como a la ponderación de la justa causa de la misma no formula una crítica certera contra las motivaciones aducidas por el sentenciante para dirimir el litigio en el sentido expuesto en el fallo, sino que se limita a manifestar su disconformidad con el criterio del juzgador, sin desvirtuarlo.
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PENAL
Carátula: G., H.D. s/ Estafas reiteradas y Hurto simple en conc. material-Recurso de  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-17

La decisión revocatoria de la suspensión del juicio a prueba por incumplimiento de las condiciones impuestas al concederla, debe razonablemente ser adoptada dentro del tiempo de suspensión fijado y antes de su íntegro agotamiento, toda vez que el contralor del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas debe ser permanente desde el mismo momento de su inicio, lo cual no se satisfizo adecuadamente y el Juzgado sólo supo que nunca se habían comenzado a cumplir por parte del imputado, recién a posteriori de agotado el tiempo de suspensión del juicio; tal desidia del órgano jurisdiccional en modo alguno puede reconocer incidencia para variar -como pretende el Ministerio Fiscal recurrente- las estrictas reglas de orden público que gobiernan en nuestro derecho positivo el instituto de la prescripción de la acción penal y las causas taxativas que motivan su excepcional suspensión o interrupción.
Transporte aéreo, prescripción, interrupción de la prescripción, actos interruptivos
Materia: COMERCIAL-AERONAUTICO
Carátula: BALLESTEROS HUGO JULIO Y OTROS c/ PASCALE ROQUE Y OTROS s/ LESION Y/O MUERTE DE PASAJERO OTROS TRANSPORTES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La interposición de la demanda es el acto procesal que produce el efecto interruptivo de la prescripción, no la confección de la carátula por parte de la oficina de adjudicación de juicios del fuero civil.
Derecho constitucional a los beneficios de la seguridad social, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Medina, Orlando Rubén y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro s/ interrupción de prescripción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-26

El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional fortalece la vigencia del principio de progresividad en materia previsional, descalificando todo accionar gubernamental que en la práctica de un resultado regresivo en el goce efectivo de los derechos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Falsificación o adulteración de la identificación de armas
Materia: PENAL
Carátula: Savanz, Miguel y otro s/ Falsificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

No encuadra en la conducta prevista por el art. 289 inc. 4 del C P. la tenencia y uso de un arma con la numeración borrada, pues la ley no prevé una conducta meramente formal sino que exige la acción material del autor o su pleno conocimiento de la supresión numérica.
Competencia, cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, prescripción de la acción contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P, R. O. s/ Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

La declaración de incompetencia por parte del juez no interrumpe o siquiera suspende el curso de la prescripción de la acción. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Derecho a la dignidad, principio de dignidad humana
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

El "principio de la eminente dignidad de la persona humana" se encuentra reconocido por el artículo 7 de la Constitución de Santa Fe, junto a la obligación de todos los órganos del poder público de respetarla y protegerla, lo cual refleja con énfasis la repugnancia del constituyente frente a regímenes que degradan la suprema dignidad de la persona humana sometiéndola al vejamen de estructuras políticas en nombre, a veces, de concepciones absurdas.
Honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrer, Martínez Juan s/ Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-22

El precio de la locación de las instalaciones no deportivas del estadio Chateau Carreras, no es suficiente para atribuir responsabilidad en los términos del art. 33 de la Ley 23184, porque aunque configura un provecho económico no convierte a quien lo obtiene en parte del aparato organizativo. En este aspecto, la municipalidad dueña del estadio se encuentra en la misma situación que el propietario del inmueble locado a un tercero para que lo explote comercialmente como restaurante, actividad que por importar el consumo de productos elaborados puede ser considerada como una actividad riesgosa y no por ello se convierte en partícipe, ni le genera responsabilidad por los daños irrogados a los consumidores. Así es como el monto percibido por la comuna como precio de la locación evidentemente constituyen una ventaja patrimonial, pero ésta deviene de la celebración del contrato de locación en sí y es independiente del espectáculo deportivo que luego el locatario interlocutorio que puso fin al litigio, según decisión jurisdiccional. Además los peticionantes admiten que la desvinculación con la firma demandada se concretó con posterioridad. De modo que en la primera oportunidad señalada es la que inequívocamente vio nacer el derecho de los pretensos a solicitar la regulación de que se trata. No obsta al inicio de la prescripción la circunstancia de que no se hubiere completado la información sobre la cuantía de los rubros rechazados cuyo momento condicionaba la fijación de honorarios, en tanto era una dificultad de hecho que pudo ser salvada por la vía incidental que otorga la ley arancelaria y su falta de concreción es imputable a los acreedores.

Sólo funciona la segunda solución prevista en el inc. 1ro. del art. 4032 C. Civil, en caso de no concurrir la primera y con el fin de no mantener relaciones jurídicas pendientes otorgando seguridad y certeza al tráfico negocial. El art. 4032, inc. 1ro. C. Civil, dispone que "...Se prescribe por dos años la obligación de pagar: 1) A los ...abogados, procuradores... sus honorarios o derechos. El tiempo para la prescripción corre desde que feneció el pleito, por sentencia o transacción o desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio. En cuanto al pleito no terminado y proseguido por el mismo abogado, el plazo será de cinco años, desde que se devengaron los honorarios o derechos, si no hay convenio entre las partes sobre el tiempo de pago...". Es decir, la disposición diseña un sistema de cómputo en función de la distinción pleito fenecido pleito no terminado, para con ello enfocar en cada caso el momento en que nace la acción para el titular del derecho a percibir honorarios y se pone en marcha el plazo de inactividad del accipiens.

El cómputo comienza en el momento en el que se dispone de la acción para ejercitar el derecho. En el año 1988 se dictó el auto inclina- a favor del deudor (arts. 217 y 218 C. Comercio).
Sentencia condenatoria, doble instancia
Materia: PENAL
Carátula: Duret , Alejandro Guillermo y otro c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-28

El dictado de un eventual primer fallo condenatorio por parte de esta Cámara no lesiona la garantía de la doble instancia, ya que los imputados ante una sentencia adversa se encuentran facultados a someter el pronunciamiento a revisión de la Corte -como ha sucedido luego del pronunciamiento de la Sala IV de la CFCP -con integración parcialmente distinta- que se debe revisar-.
Régimen penal de la minoridad, reclusión perpetua, pena privativa de la libertad, menores, disminución de la pena, tentativa, proporcionalidad de la pena
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N° 1174-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-07

Corresponde examinar la sentencia que decidió que no podía adoptarse la escala reducida de la tentativa -art. 4 de la ley 22.378- y que debía aplicarse la pena de prisión perpetua, pues no se encuentra en juego la medida del castigo sino, en primer término, el imperioso examen de la necesidad de la propia aplicación de una sanción penal que deberá ser por regla reducida (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, lomo de burro, falta de señalización, cosa riesgosa, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Barletta, Francisco Orlando y otro c/ Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-04

Los lomos de burro sin señalizar, en una calle con escasa iluminación son un obstaculo peligroso.

En efecto, el menor, víctima del accidente no tenía por qué prever la existencia del lomo de burro ante la ausencia de toda señalización, eximiéndolo en consecuencia de culpa.
Tercería de mejor derecho, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tenesini c/ Martinez s/ Tercería Mejor Derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

Tratándose de una tercería de mejor derecho, la suspensión del proceso requerida por quien presumiblemente sería adquirente por boleto de compraventa del inmueble embargado y procura evitar la transmisión de dominio sobre ese bien producto de la subasta judicial, recién opera al tener que decidirse sobre la aprobación de la subasta y hasta tanto se resuelva acerca del derecho alegado por el tercerista, evitando de esta forma el perfeccionamiento de la venta en remate.
Agotamiento de la instancia administrativa, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Larrondo Mónica Patricia y Otra c/ Municipalidad de Paraná s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-07-05

Decisión definitiva es la que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada o la que, siendo de trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto y decisión que causa estado es la que cierra la instancia administrativa por haber sido dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos en las normas que rigen el procedimiento administrativo (artículo 4 del Código ritual).

Las actoras para agotar la instancia administrativa previa debieron interponer el pertinente recurso de apelación y nulidad por ante el Concejo Deliberante contra las resoluciones dictadas por el Presidente de la Municipalidad a los fines de obtener una decisión administrativa definitiva y causatoria de estado o que se produjera la ficción legal de la denegatoria tácita. Al no haberlo hecho, dichos actos administrativos llegan firmes y consentidos a este instancia jurisdiccional.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Merello, Juan Carlos s/ daños y perjuicios-sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Señalar genéricamente que el monto por el cual ha prosperado la demanda supera el mínimo establecido por el inc. 6°, ap. a) del art.

24 del decreto-ley 1285/58 resulta insuficiente a fin de suplir aquel requisito, en tanto no se refiere a fundamentos objetivos obrante en autos.
Alimentos, cuota alimentaria, porcentaje de los ingresos, sueldo anual complementario
Materia: CIVIL
Carátula: F. c/ A. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Si se ha fijado la cuota alimentaria en un porcentaje de los ingresos del alimentante, sin efectuarse aclaración alguna al respecto, se deben incluir todas las sumas que percibe o pueda percibir regularmente por su trabajo, aún cuando el pago de determinados rubros derive de particulares méritos o esfuerzos realizados por el trabajador, como ser bonificaciones, participaciones de ganancias, premios, horas extras, propinas, aguinaldos, etc.
Contrato de obra pública, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sebastián Maronese e Hijos c/ Provincia de Buenos Aires -Instituto de la Vivienda- s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-23

Si se acordaron los términos del complejo normativo al cual se sujeta la renegociación contractual, no puede legitimarse la posterior actitud unilateral de ponerse en contradicción con dicho dispositivo.
Responsabilidad solidaria, distribuidores, alimentos
Materia: LABORAL
Carátula: Marzorati Fernando Reynaldo c/ Insua Armando Manuel y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-25

Resulta conceptual y jurídicamente distinguible la actividad de la empresa que fabrica alimentos de aquella que corresponde a la empresa dedicada a distribuir esas mercaderías (sea mediante contrato de transporte, o bien adquisición previa, o mediante concesión). Una empresa que distribuye mercaderías fabricadas por un tercero no desarrolla la actividad específica propia del establecimiento de otra que fabrica productos alimenticios. De allí que no pueda extenderse la responsabilidad del empleador a la citada empresa, con fundamento en el art. 30 L.C.T.. (Del voto del Dr. Pirolo, en mayoría).
Despido, responsabilidad de los directores, extensión de la responsabilidad, pago de la remuneración, pago en negro
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Paniagua Carmen Dionicia c/ Giordano Leonardo Roberto y otro s/ cobro de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-23

Dado que la empresa empleadora mantuvo en forma marginal una parte del salario del trabajador, cabe extender la responsabilidad al director de la entidad por vía de lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la LS, pues no ha dado una explicación acerca de la razón en virtud de la cual procedió de ese modo como para evidenciar que pudo haber incurrido en una equivocación que razonablemente justifique su actitud; ni se han explicado razones en virtud de las cuales la sociedad o los integrantes del órgano de su directorio puedan haber entendido, objetiva y razonablemente, que las sumas percibidas sin documentar hayan podido tener naturaleza no salarial.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, seguro por cuenta ajena, denuncia del siniestro, tomador del seguro, obligaciones del tomador
Materia: COMERCIAL
Carátula: TWYFORD, ROBERTO NESTOR c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-08

Cualesquiera fuesen las funciones que el principal cumple en el desarrollo del contrato, su actividad se caracteriza por representar ora los intereses del asegurador, ora los del asegurado, tal como lo permite el art. 10 de la ley 17.418. Y cuando de recibir la denuncia se trata y de cumplir con la obligación de remitirla a la Caja, es claro que el empleador obra en el interés de su dependiente o ex-dependiente, de manera que toda demora de aquél susceptible de causar un daño a los intereses de éste compromete su responsabilidad, sin proyectar incidencia jurídica alguna sobre la situación de la Caja.
Contrato de obra pública, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brave Construcciones S.A. c/ Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

No proceda la indemnización por obra certificada deteriorada por hechos naturales que adquieren la características de caso fortuito, si el contratista no acredita la relación directa del mismo con los perjuicios cuya reparación reclama, como lo exige el art. 38 de la ley 6021.
Contrato de agencia, rescisión del contrato, cláusulas predispuestas, modificación del contrato, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Mundorepes SRL c/ Emirates Airlines s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-24

Procede revocar la sentencia que condenó a la empresa demandada a abonar al actor una suma determinada en tanto reconoció su derecho a recibir el reembolso de cierto depósito efectuado al calificar de abusiva la cláusula "no reembolsable" incluida finalmente en el contrato, en tanto modificaba de modo relevante aquello que antes había sido informado. Ello por cuanto, en el caso, no se considera que la actora haya ostentado una posición débil, ni que se le hayan impuesto condiciones que no pudo prever o negociar como tampoco, que haya existido una conducta abusiva por parte de la demanda. Es que, no puede dejarse de lado que es una empresa de venta de servicios turísticos mayoristas que se dedica a comercializar los paquetes de los mundiales de fútbol como representante de la Argentina. En esa línea, el giro comercial habitual de su negocio, engloba la compra y reventa de pasajes aéreos en diversas modalidades. En ese marco, de las pruebas colectadas surge que luego de varios intercambios de mails, la demandada procedió a enviar la versión final del contrato. En esa oportunidad, le comunicó que le estaba enviando el contrato para su firma y para el control de plazos. Y al día siguiente, la actora le envió firmado y escaneado. Al examinar detenidamente el instrumento se observa que en comparación a las condiciones generales anexadas a los emails durante la negociación, aquí figura una cláusula que incluye una condición sobre el tema plazos; y surge de manera expresa que las dos señas pactadas y todavía no depositadas, eran no reembolsables. Tal apartado no solo se encuentra dentro de un recuadro en mayúsculas sino también resaltado en "negrita". En síntesis, en el caso le cupo a la actora demostrar, aunque sea mínimamente, de qué manera la cláusula contractual resultó una desnaturalización del contrato.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, actividad normal y específica propia del establecimiento, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: "Schoenfeld  Alberto  Andrés c/ Bridgestone  Firestone  ArgentinaSAIC                y                otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

En el caso, Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C., cuya actividad principal consiste en la fabricación y venta de neumáticos, contrató con otra empresa tareas de mantenimiento de determinadas máquinas e instalaciones de equipos para la fabricación de los productos. La actividad contratada integró la normal y específica de la demandada. Si esta empresa, por motivos de conveniencia propia, mayor eficiencia, etc., "fragmentó" su actividad, justo es que responda de igual modo que si hubiera utilizado su propia estructura productiva y personal para llenar funciones inescindibles del núcleo de su actividad. Cabe recordar que el art. 30 L.C.T. establece la solidaridad del contratista principal cuando el subcontratista de trabajos o servicios "correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento" omita, respecto de su personal, el cumplimiento "de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad social".
Empleados públicos, derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gaubeca Esteban Tadeo c/ E.N. (Ejército Argentino) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-12

Cuando un agente cumple debidamente las exigencias requeridas, colocándose plenamente en los presupuestos fijados por la ley para ser acreedor al derecho que reclama, deja de tener una mera expectativa para pasar a ser titular de un derecho adquirido incorporado a su patrimonio. Al haberse ejercido el derecho de opción que se le otorgaba la situación jurídica general creada por la ley se transformó en una situación jurídica concreta e individual en cabeza del agente que, como tal, no puede ser suprimida por ley posterior sin agravio del derecho de propiedad. Si bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y requisitos sustanciales y formales en ella previstos para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido aunque falte la declaración formal de una sentencia o de un acto administrativo, pues estos sólo agregan el reconocimiento de ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva para hacerlo efectivo. De no ser así, la titularidad de un derecho quedaría supeditada a la voluntad discrecional del obligado renuente en satisfacerlo (Fallos 296:723, en igual sentido Jeze, "Los Principios Generales del Derecho Administrativo", pág. 42/43).
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Roberts, David Elliot c/ Borau, Ambrosio Alfredo y-o Quien Resulte Propietario, Tenedory-o Usufructuario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-25

La Alzada se encuentra facultada para juzgar sobre la admisibilidad del recurso, por no encontrarse sujeta ni al decisorio de la anterior instancia, ni a la conformidad de las partes, pronunciándose por la inadmisibilidad del recurso de apelación en función del monto mínimo previsto para su interposición.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, concurso preventivo, verificación de créditos, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION SINDICAL DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASOEM) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, toda vez que los argumentos del accionante para verificar un crédito por honorarios -sobre la base de una estimación, ya que nunca hubo regulación en el expediente ofrecido como prueba- según lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 6767, que otorga a los profesionales la facultad de estimar sus emolumentos, y de la existencia de sentencias que condenaban en costas a la concursada, resultan insuficientes para tener configurada una cuestión constitucional aprehensible en el artículo 1 de la ley 7055, al no lograr la descalificación del pronunciamiento en el plano constitucional, apreciándose apenas una mera discrepancia sobre el alcance de los artículos 27 de la ley 6767 y 32 de la ley 24522 (Del voto del Dr. Netri, que hizo mayoría) (Citas: CSJStaFe: AyS T 180, p 253; T 184, p 348) -.
Despido indirecto, retractación del despido, prueba, error de hecho (civil), error excusable
Materia: LABORAL
Carátula: CUELLI, LUIS ALBERTO c/ ORTIZ GOMEZ Y CIA. SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-11-30

El trabajador que pretenda retractar su decisión disolutoria del contrato, recepcionada por su empleador, debe acreditar que al momento de remitir la referida comunicación ha incurrido en un error de hecho excusable.