marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: ZALAZAR, PEDRO c/ I.P.H.   S.A. s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-23

Simplemente, como lo hace la ley de aranceles y como lo hace la LO, la ley dice al juez que en su regulación conjugue el valor patrimonial, en la medida señalada según la característica del reclamo, con el otro elemento: la cantidad y calidad, el mérito e importancia de los trabajos realizados. Ello no es novedad, al menos así entendida, permite como ha permitido siempre, la mayor precisión posible en la práctica cuantificación de los honorarios.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VEGA HECTOR c/ ANTONIO BERNARDO DIAZ Y OT. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S133 - 072)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-04-19

"...la culpa concurrente de ambos protagonistas, pues los dos factores intervinientes -excesiva velocidad y giro a la izquierda- constituyeron causa adecuada -no excluyente- generadora de los daños causados. Atribuyo responsabilidad a ambos por la falta de diligencia que resulta de sus comportamientos disvaliosos o ilícitos, no habiendo previsto ninguno de los dos lo previsible, es decir las consecuencias que empleando la debida atención y conocimiento pudieron prever o si las previeron, no adoptando las precauciones necesarias para evitar el daño en el caso concreto.
Daños y perjuicios, sobreseimiento
Materia: CIVIL
Carátula: S. R. c/ M. M. E. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-07

Es improcedente la demanda de daños y perjuicios interpuesta por quien fue denunciado como autor del delito de defraudación -art. 173 inc. 2 del Código Penal- y sobreseído con posterioridad, pues no surge la existencia de una conducta subjetivamente reprochable de la demandada al formular la denuncia penal es que, no se encuentra debatido que, el vehículo disputado se encontraba en poder del denunciado, a pesar de que dicho automotor era de propiedad de la demandada, y si bien el accionante alegó que fue adquirido en conjunto, y puesto a nombre de la demandada por razones impositivas, dicha circunstancia no se encuentra acreditada, ni tampoco se ha formulado ningún planteo reclamando la supuesta parte indivisa que le correspondería.
Condominio, división de condominio, demora en la partición
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ PATRICIO c/ FERNANDEZ DE GARBAGNI MARIA s/ DIVISION DEL CONDOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-19

El demorar la partición si fuere nociva (art. 2715 In fine Cód.

Civil) es una cuestión de hecho librada a la prudente apreciación judicial para evitar perjuicios a los propietarios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Quintana, Rafael Higinio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-08

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la pretendida inhabilidad de los testigos si ello no fue sometido a conocimiento del tribunal "a quo" (art. 342, C.P.P. y su doct.).
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gómez Ramón Ignacio c/ Compañía Micro Omnibus  La Colorada S.A.C.I. (Línea 178) y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

La afirmación de la demandada de que no tuvo intervención en el hecho por sí o por la cosa, no es un hecho extintivo que de su parte deba probar.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CADARIO, NILDA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 100 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-03-26

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función, sino un derecho al cargo presupuestario; y la garantía constitucional de la estabilidad en el empleo queda debidamente considerada si se modifica la función del empleado, pero se respeta su retribución presupuestaria, con excepción del supuesto extremo que tal modificación resulte groseramente vejatoria o merezca el calificativo de cesantía encubierta, lo cual debe ser invocado y probado en cada caso.
Emergencia económica, facultades del Poder Legislativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gallardo, Amalia c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por Cobro de Diferencias Salariales, Nulidad eInconstitucionalidad de Decreto
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-05

En el contexto de emergencia aceptada, no es ocioso recordar que las facultades del Poder Legislativo en ese sentido pueden ser ejercidas para lograr una avenencia razonable entre los derechos y garantías individuales y el bienestar público, de manera de que los derechos amparados por aquellas garantías no corran el riesgo de tornarse ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, pero tampoco provoquen un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad... Así, corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el orden público o bienestar general, lo que significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades individuales.
Trata de personas, procesamiento, prisión preventiva, denuncia anónima, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Cáceres, Mariana Soledad y Guillemet, Gastón s/ proc. c/ prisión preventiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-22

Debe confirmarse el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en orden al delito de trata de personas menores de 18 años "mediando concesión de pagos para obtener el beneficio de una persona que tenga autoridad sobre la víctima y abusando de una situación de vulnerabilidad" (artículo 145 ter del C.P., primer párrafo e inciso primero del tercer párrafo).

Efectivamente, la investigación de los hechos se inició en virtud de una denuncia anónima en la cual se manifestó que una mujer había llevado por la fuerza a tres menores de la provincia del Chaco para prostituirlas, lográndose escapar dos de ellas, quedando encerrada una de las menores en el interior del departamento en el cual ejercían tal actividad. Luego, el allanamiento efectuado en el mencionado departamento arrojó el hallazgo de dicha menor, junto a una de las imputadas, además de la incautación de elementos y componentes electrónicos de contenido erótico, y teléfonos celulares cuyos mensajes de texto sugieren la participación de los imputados en hechos de las características de los relatados en la denuncia. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Ejecución prendaria, plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pegaso Automotores S.A. c/ Salinas, Elvira s/ Ejecución Prendaria Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-12

En la ejecución prendaria, la acción ejecutiva y la venta de los bienes se tramitarán por el procedimiento sumarísimo; siendo todos los plazos de dos días.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal, Ley de Marcas, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LA CASA DEL CAFE S.A. c/ D.C. COMICS INC. s/ OPOSICION INFUNDADA DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-10-03

Aunque proceda el recurso extraordinario en un caso en que se cuestiona la inteligencia de una ley federal -como es la de Marcas-, dicha procedencia no alcanza a los extremos fácticos del mismo y a la interpretación efectuada por el a quo de normas de derecho común, aunque haya sido efectuada a fin de completar el sentido y alcance de una norma federal.
Per saltum, improcedencia del recurso, medida cautelar innovativa, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: REFINERIA DEL NORTE S.A. Y/O REFINOR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-25

La cuestión central traída a conocimiento y resolución de esta Corte, se centró en la medida cautelar innovativa dispuesta por sentencia Nro. 289, del 10-6-2003, de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo -por la que ordenó la entrega de Bocade a la parte actora-, y que toda la argumentación del peticionante persiguió evidenciar que, en la especie, concurría la existencia de un interés constitucional o gravedad institucional que posibilitaba la avocación directa de la Corte a tenor de lo preceptuado en el artículo 107 del CPC, a fin que se dejara sin efecto aquella medida cautelar.

Ahora bien, ateniéndose a las constancias de autos, esto es, a la sentencia Nro. 315, de fecha 1 de julio de 2003, emanada de la Sala I del aludido tribunal a quo, resulta que el cuadro de situación existente al momento de la solicitud de "per saltum" varió sustancialmente, debido a que el precitado fallo resolvió hacer lugar a la acción de amparo, declaró la inconstitucionalidad, entre otras normas, del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1208/3 y la Ley Nro. 7276 que lo ratificó, y decidió tener por definitiva la entrega de los títulos ordenada por la medida cautelar que fuera impugnada por "per saltum".

De allí que, atento a la circunstancia precedentemente referida, y teniendo en cuenta que el núcleo de la cuestión ahora es otro, y gira en torno de la sentencia definitiva que resolvió el amparo y de las declaraciones de inconstitucionalidad decididas en el punto II de su parte resolutiva, no corresponde la habilitación de una vía excepcional ("per saltum") que ha sido instada para resolver una situación que a la fecha se encuentra superada por las contingencias anteriormente mencionadas, sin perjuicio de la facultad con que, en todo caso, cuenta la demandada de recurrir a los carriles procesales que estime pertinentes para remediar esta última situación.
Registro de marca, cese de oposición al registro de marca, marca notoria, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marvel Characters Inc. c/ Gándara, Celestino s/ cese de oposición al registro de marca
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-22

Debe ser conformada la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida por una compañía norteamericana de entretenimiento y declaró infundada la oposición al registro de la marca de la actora, presentada por el demandado, que se dedica a la fabricación de calzado infantil y juvenil a nivel nacional, por entender que la marca de la peticionaria era confundible con los signos de su propiedad, habida cuenta que la de la accionante es una marca notoria, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial, y goza de un gran prestigio en la industria del entretenimiento. Además, los productos de comercializados por una y otra parte son sustancialmente distintos y, en consecuencia, no hay peligro de que un cliente del demandado concurra a ver, por ejemplo, alguna de las secuelas del Increíble Hulk creyendo que el sello que auspicia la película tiene relación con la empresa fabricante de calzado.
Transporte de carga, mercadería de despacho directo forzoso, transporte de contenedores, posesión, mora
Materia: COMERCIAL
Carátula: ELMA  S.A. c/ STHUL Y GUTBEZAHL  S.C. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-05

Por tratarse de mercaderías de despacho directo forzoso, habiendo sido los contenedores remitidos a plazoletas de emergencia y surgiendo los legajos que la dilatación del trámite aduanero se debió a la demandada, cabe presumir que el retarde con que la demandada tomó posesión de los containers no se debió, como adujo en el escrito de responde, a que aquéllos estuvieron disponibles para ella varios días después del arribo de los barcos, sino a su propia conducta discrecional.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acciones societarias, acervo sucesorio, indivisión hereditaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FALTRACCO DE VAZQUEZ ADELA c/ VAZQUEZ SACI E I s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Procede confirmar la resolución por la cual se hizo lugar al planteo de caducidad de la acción por nulidad de decisiones asamblearias adoptadas en el seno de la sociedad demandada y de falta de legitimación activa, a resultas de lo cual rechazó la demanda entablada. Ello en tanto, no se encuentra discutido en el caso, que el titular registral de las acciones nominativas no endosables emitidas por la sociedad demandada representativas del 42,37 % del capital social de esta última, falleció y que la accionante reviste la condición de cónyuge supérstite del causante. En este marco, cabe señalar que:. 1) No se desconoce que, en virtud del artículo 3417 del Código Civil, el heredero continúa la persona del causante, sin que haya intervalo de tiempo entre la muerte y la transmisión, de modo que el heredero es dueño de las cosas que eran de propiedad del causante y acreedor de quienes eran sus deudores, con excepción de los derechos que no se transmiten por sucesión;. 2) Dentro de esos derechos se encuentra lo relativo a la administración del acervo hereditario. Entonces, una cosa es adquirir el derecho sobre la mitad de los bienes gananciales y otra es su reconocimiento y la posibilidad de ejercer las facultades derivadas de aquél, habida cuenta que los bienes del causante -tanto los propios como los gananciales- forman parte de una universalidad patrimonial y que, por tanto, la indivisión postcomunitaria producida por la disolución de la sociedad conyugal coexiste con otra comunidad hereditaria: la establecida con los herederos del cónyuge fallecido. Ahora bien, en la especie, no se ha invocado que en la sucesión del causante haya acaecido la partición ni el inventario del activo sucesorio, tampoco que el magistrado que conoce en ese proceso se haya pronunciado sobre el "acuerdo de partición de bienes hereditarios". Síguese de ello que persiste aún el estado de indivisión del acervo sucesorio dentro del cual se encuentran también los bienes gananciales. En consecuencia, no es dable afirmar que el derecho que dice asistirle a la accionante sobre el 50 % del paquete accionario del que era titular el socio fallecido resulte oponible a la sociedad demandada, habida cuenta que no se ha acreditado que el juez del sucesorio hubiera excluido esos bienes del acervo hereditario por corresponder a la cónyuge supérstite como consecuencia de la disolución de la sociedad conyugal. En este contexto, mal podía la sociedad cumplir con la intimación cursada por la apelante a fin de que se inscribiera la tenencia accionaria a su nombre en el registro de accionistas habida cuenta que el ente solo puede reconocer como nuevo tenedor legitimado de las acciones del socio fallecido al heredero declarado judicialmente y/o al cónyuge supérstite luego de que el juez de la sucesión ordene la inscripción respectiva en el registro de accionistas.
Leyes, inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ACOSTA, CLARA ESTHER Y OTROS c/ FABRICA DE BATERIAS SAICAR y/o VICTOR H. NEBBIA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INDEMNIZACION POR MUERTE (EXPTE.: C.S.J. NRO. 163 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-06-18

La declaración de inconstitucionalidad de una ley sólo puede admitirse como "última ratio" del orden jurídico y constituye "la más delicada de las funciones que puedan encomendarse a un tribunal de justicia", o sea, es un remedio al cual sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar el derecho o garantía que, amparado por la Constitución, se ve obstaculizado -de manera indiscutible- por una norma de jerarquía inferior.

De allí que, por tratarse de la delicada misión de eliminar del ordenamiento jurídico una norma, se erige con todo vigor la jurisprudencia de este Tribunal -en consonancia con la Corte nacional- respecto de que tachar de inconstitucional una ley impone una carga de fundamentar detallada y exhaustivamente la impugnación; por lo que la declaració n requiere no sólo el aserto de que la norma impugnada causa agravio sino también la demostración de éste, que sirve de fundamento a la impugnación en el caso concreto.
Responsabilidad extracontractual del Estado, personal policial, portación de armas, arma reglamentaria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CH., G. D. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ODINARIO s/ CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-08

Deben distinguirse dos supuestos: a) cuando el uso -incorrecto- del arma responde a una necesidad de servicio, en donde precisamente cabe imputar al Estado la falta de servicio que no excluye necesariamente la falta personal del agente; y b) cuando es utilizada en un contexto privado que nada tiene que ver con la función policial.

De conformidad con la exposición de los hechos y lo resuelto por el Tribunal a quo, este último es el supuesto de autos. (Disidencia: Dr Barotto, Dr. Mansilla)
Calumnias, injurias, concurso real, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: CLAVEL SALLENT, R.J. s/ CALUMNIAS E INJURIAS. CONCURSO IDEAL. CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

En el presente caso, en que el procesado en el mismo acto profirió calumnia e injuria contra el querellante, no existe concurso ideal entre ambas figuras, porque la calumnia envuelve a la injuria, ya que todo se dio como un tramo de la misma conducta y por lo tanto la figura del art. 109 consume a la primera.

Pero dado que el procesado profirió exresiones similares a las analizadas, en una conversación con otra persona, puede decirse que el delito de calumnia concurre realmente con la injuria.
Recurso extraordinario, indefensión, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, José Manuel s/ Tentativa de robo - Robos reiterados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-12

La Acordada número 676 del 18-V-1919 impone a los defensores de pobres la obligación de deducir a favor de sus defendidos todos los recursos y reclamos que las leyes y disposiciones vigentes autorizan y que deben interponer contra las sentencias de las Cámaras de Apelación, cuando corresponda, los recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley. Nadie puede obligar a los defensores, funcionarios libres y razonables en el ejercicio de sus deberes, a contrariar esas normas; pero en modo alguno puede primar su opinión sobre el fondo del asunto en contradicción con la posibilidad formal de imponerlo.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parodi, Pedro Mario c/ Bustamante Paz Anchorena, Magdalena s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

Es conjunta la responsabilidad del propietario y del guardián de la cosa.
Mala praxis, responsabilidad médica, carga de la prueba, conducta procesal
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAMAYOR ÁNGEL JOSÉ c/ HOSPITAL SAN ANTONIO Y OTROS Y/O QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES s/ ORDINARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-08-18

En los casos de responsabilidad médica (mala praxis), incumbe al actor la prueba de los hechos que dan sustento a su pretensión (art. 363 CPCyC), esto es probar la existencia del daño, la antijuridicidad de la conducta endilgada al médico y la relación de causalidad entre el perjuicio y el acto cuestionado, lo que no importa liberar al profesional médico del deber de colaboración que en estos casos le es exigible, debiendo exhibir una conducta procesal activa para la dilucidación de los hechos materia de controversia (carga dinámica), aportando los elementos a su alcance de su no culpa.

Observaciones: LLAMBIAS, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Tomo I, pág. 206 y sigts., § 170 y 172, Tomo IV-B, págs. 144/146, § 2826, Perrot, 1980; COMPAGNUCCI DE CASO, "La responsabilidad médica y la omisión en la presentación de la historia clínica", publicado en "Responsabilidad Civil. Doctrinas Esenciales", Tomo V, pág. 641, La Ley, 2007; MOSSET ITURRASPE, "De la causalidad a la causalidad en la responsabilidad médica", publicado en Revista de Derecho de Daños, "Responsabilidad de los Profesionales de la Salud", Tomo 2003-3, págs. 13/14, Rubinzal-Culzoni, 2003; MORELLO, "La Prueba. Tendencias Modernas", págs. 55 y sigts., 77 y sigts., Abeledo-Perrot, 1991; BUSTAMANTE ALSINA, "Teoría General de la Responsabilidad Civil", pág. 511, § 1539 sexies, novena edición ampliada y actualizada, Abeledo-Perrot, 2004).
Interpretación de la ley, interpretación literal, ley penal, interpretación restrictiva, principio de legalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1° párrafo ley 23.737 -causa N° 28/05-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-23

Para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). Este propósito no puede ser obviado por los jueces con motivo de las posibles imperfecciones técnicas en la redacción del texto legal, las que deben ser superadas en procura de una aplicación racional (Fallos: 306:940; 312:802), cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos: 310:937; 312:1484). Pero la observancia de estas reglas generales no agota la tarea de interpretación de las normas penales, puesto que el principio de legalidad (art. 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exégesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como la ultima ratio del ordenamiento jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de inconstitucionalidad provincial, inadmisibilidad del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: DIANE, Juan José c/ ARCE, Raúl Héctor s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-12-26

Respecto al recurso de inconstitucionalidad deducido por el recurrente, el art. 300 del CPCC dispone que el mismo se interpondrá y tramitará como el de casación. En este sentido ha de señalarse que el quejoso se ha limitado a enunciar las causales en las que encuadra el remedio intentado y las normas constitucionales supuestamente violadas, omitiendo exponer en forma clara y concreta los hechos y los fundamentos en los que asienta su pretensión, lo que hace insuficiente e improcedente su planteo.
Contratos administrativos, interpretación del contrato, celebración del contrato, autonomía de la voluntad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agua y Energía Eléctrica - Sociedad del Estado (en liquidación) c/ Tucumán, Provincia de s/ cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Los hechos de los contratantes posteriores al contrato, que tengan relación con lo que se discute, sirven para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrarlo, de acuerdo a una conocida máxima de derecho: in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit.