Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-08-19


Salta, 19 de agosto de 2010.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados: "FLORES, LUISA ELISA c. RUIZ, DIEGO MARCELO - RECTIFICACIONES SAN RAMÓN - ORDINARIO", expte. de Cámara nº 25112/10, originario del Juzgado de 1º Instancia del Trabajo, 2ª Nominación, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, para resolver la apelación interpuesta a fs. 196/202,y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: la sentencia de primera instancia, hace lugar parcialmente a la demanda entablada, condena a pagar los rubros y las sumas que da cuenta la planilla de fs. 191 vta./192 y motiva el recurso de apelación que corre agregado a fs. 196 y sgtes., que paso a sintetizar.

Luego de señalar que la cuestión a dilucidar es si existió o no relación laboral entre las partes, sostiene la recurrente que para llegar a una respuesta afirmativa, el señor juez a quo hizo mérito de la testimonial de Juan Choque y Mario Guzmán. El primero de los cuales dijo conocer a la actora en la oficina de la rectificadora San Ramón, que cuando iban a dejar repuestos ella se los recibía, lo mismo que el dinero de algún trabajo a retirar en ausencia de Ruiz y, el segundo, que la veía en la oficina, que salía a hacer las compras, atendía a los clientes y algunas veces, si el patrón no estaba, ella entregaba el sobre con el dinero de los sueldos.

Continúa, argumentando que si bien se negó que existiera relación laboral, no se desconoció la concurrencia de la actora al domicilio del demandado, ubicado en el mismo lugar de la empresa y cuyas puertas estaban abiertas para ella, por ser su tía legítima y esposa del señor Alcides, empleado de la demandada hasta el momento en que renunció; que la principal característica del vínculo laboral, es la subordinación, la limitación de la voluntad del trabajador y el sometimiento a la potestad del empleador, quien dirige el desempeño; que si bien el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de contrato de trabajo, la presunción debe apoyarse en hechos concretos y no en otras presunciones; que la sentencia toma como prueba de esa relación, dichos de personas que veían a la demandante en la oficina, pero no detallaron qué hacía, no la vieron desempeñar las tareas descriptas a fs. 3 in fine y vta. y dijeron que cocinaba para la empresa y que cuando ellos llegaban a trabajar, estaba todo limpio y Luisa Flores estaba terminando sus tareas de limpieza.

Agrega, que ambos testigos reconocen que las tareas de oficina (recibir pagos o entregar sobres de sueldo) eran cuando el demandado no estaba allí; que la prueba rendida no permite suponer por vía de hipótesis que la actora hubiera cumplido servicios en forma habitual, subordinada y dependiente, ni inferir la aplicabilidad del art. 23 LCT; que los testigos no especifican las tareas ni dan detalles sobre los trabajos que le habrían visto cumplir y, por el contrario le imputan labores, como cocina y limpieza; que contrariamente a lo dicho por el señor juez, su parte sí produjo prueba en contra, a saber, confesional de la actora (donde reconoce el vínculo familiar con el demandado y ser esposa de Alcides, ex empleado de aquél); informe de Electnor, firma donde no conocen a la accionante y de donde el demandado Ruiz retira y abona los materiales; informe de Casa El Aro, que responde que Flores retiraba mercadería por cuenta y orden de Rectificadores San Martín, pero sin hacer mención del demandado ni especificar fechas, continuidad ni caràcter en que lo hacía, ya fuera cadete, secretaria o tía; informe del sindicato, donde desconocen la categoría y la escala salarial denunciadas por la actora; informativa del correo; informe municipal, que hace saber de un negocio del esposo de la actora, dedicado al mismo rubro que el del demandado; informe de la AFIP - DGI, que acredita el alta y la baja del esposo de la actora como empleado del demandado y demás datos de empleados a su cargo; un sinnúmero de facturas originales, de entre 2002 y 2008, supuestamente confeccionadas por Flores pero donde ninguna lo es, prueba dejada de lado por el juez y, finalmente, informativa del Banco Macro, donde dice que las copias de las autorizaciones del año 2007 son fieles de las que acompañó la actora, pero nada refiere acerca del período 2002-2006, en que supuestamente se habría desempeñado la demandante.

Continúa el extenso escrito, haciendo referencia al trabajo benévolo, amistoso o de vecindad, a la ayuda o favores que hacía la actora al demandado y a las condiciones de aplicabilidad del art. 23 LCT, invocando doctrina que interpreta restrictivamente la cuestión y la reserva para casos de servicios llevados a cabo bajo la dependencia de otro, toda vez que la carga de la demostración no resulta alterada por la presunción, sino que de esa prueba depende que entre a jugar. Se refiere también, a la testimonial de Mario Salazar (que dijo que el esposo de la actora era afiliado a la obra social de UOM, veía a Luisa Flores sentada en la oficina, y a veces iba a sacar órdenes para él o para los demás empleados), llegando a la conclusión de que no se puede hablar de relación laboral, si la accionante no sólo hacía favores al señor Ruiz, sino a todos los empleados del mismo, incluído su esposo, de quienes no era empleada. Añade, que las autorizaciones son del año 2007, por lo que nada demuestran sobre la antigüedad; que sobre jornada de trabajo, la actora dijo que lo era de lunes a sábado y en cambio su propio testigo, Guzmán, respondió que no se trabajaba los sábados; que también es dispar la prueba, en torno de la fecha de ingreso de la demandante; que no lo es menos, en lo relativo a categoría laboral, en la medida en que en 1ª Instancia se le impone la de 1ª categoría del personal administrativo, del C.C. 260/75, donde a más de haber sido negada la relación laboral en sí, fue objetada la denunciada en la demanda, de auxiliar de tercera y/o secretaria administrativa, no figurando la última en el laudo correspondiente a la actividad de la demandada y estando la primera dentro de una escala salarial sobre la que la parte actora nada dijo.

Finaliza, señalando que no cabía otorgar en sentencia, una categoría que no correspondía, en vista de que se trataba de alguien que era vista en la oficina, pero también limpiando y cocinando; que esta categoría no está siquiera en la asignada por el señor juez Inferior; que la contestación de demanda se basó únicamente en el rechazo de la categoría de auxiliar de 3ª o administrativa de 3ª y, si se hubiera tratado de una pretensión de ser de 1ª, la defensa se hubiera dirigido en esa dirección y que al no haberse probado que Flores hubiera confeccionado ni firmado las facturas ni los remitos que dice haber elaborado a lo largo de la relación, no se sabe de dónde surge la categoría atribuída en sentencia. Cuya revocatoria, y rechazo con costas, solicita la apelante. El recurso, es contestado a fs. 212 y sgtes., ocasión en que se pide su rechazo, también con costas.

Estando discutida la existencia de relación laboral entre las partes, es útil recordar que "la prueba de una relación negada, corre a cargo de quien la invoca, porque los contratos de trabajo no se presumen y los demandados no están obligados a probar que los demás no son sus empleados. Hasta tal demostración, no rige la inversión de la carga probatoria, siendo los actores meros litigantes sujetos a las reglas de la carga de la prueba, del art. 377 CPCC"(Sala, autos Cañizares c. TAEB, (7(703). En autos, se aceptó que la actora concurría al domicilio y negocio del demandado, (del cual es tía), ya fuera a visitar a su sobrino o a su marido, Hernán Alcides Acosta, donde "la relación que existía para con la actora únicamente fue familiar, nunca laboral" (35 in fine) y donde en algunas oportunidades hacía favores a su pariente, cuando él tenía que salir de viaje o a alguna diligencia, a mero título de solidaridad, como trabajo benévolo, amistoso o de vecindad. Ese presunto reconocimiento, podría hacer pasible a la accionada de aplicarle el antecedente que dice "Si al contestar demanda se admitió el hecho de la prestación de servicios, pero se negó la existencia de relación laboral, le incumbe al demandado la demostración de que no se trató de un vínculo dependiente, ya que caso contrario entra a jugar la presunción del art. 23 LCT" (Sala, autos Maidana c. Bayón, 11/11/02).

La primera incógnita a despejar, es si se "admitió el hecho de la prestación de servicios". Si por "servicios", tomamos "realizar las facturaciones, presupuestos, realizar los pedidos de materíales a los distintos proveedores, inclusive firmaba los remitos y las facturas......realizaba los depósitos bancarios, las transferencias de la cuenta del demandado a terceros por pago de materiales, bienes, etc.", es evidente que la actividad probatoria de Luisa Flores no ha sido feliz. Llama la atención, por ejemplo, que si ella realizaba habitualmente gestiones bancarias en favor del demandado, debiera ser autorizada especialmente, en cada ocasión: ".....las autorizaciones no eran generales, sino especiales para actos determinados, razón por la cual por cada operación de transferencia existe una autorización que se presentaba en el Banco Macro.....lo que demuestra que la relación de dependencia existió, tal cual se lo denunció". No hace falta entrar en detalles, para colegir que se trata de una conclusión inexacta, atendiendo a que (p.ej.) la autorización dada a un gestor, no lo convertiría en dependiente. Ni las otorgadas a los empleados de una empresa de mensajería, que según la interpretación de la demanda, pasarían a serlo de Diego Marcelo Ruiz.

A más de resultar llamativo que las autorizaciones dirigidas al Banco Macro estuvieran en poder de la actora (para ser aportadas a juicio, ver fs. 6 vta. in fine), comprenden sólo la sexta parte del tiempo que dice haber durado el presunto vínculo laboral. Tampoco hay noticias ciertas, de que la actora realizara las múltiples tareas transcriptas más arriba, cumpliera horario, obedeciera órdenes, integrara el personal del negocio, estuviera sujeta a la potestad disciplinaria de un patrón, recibiera remuneración, percibiera aguinaldo, gozara de vacaciones, etc.; es decir asumiera ribetes de empleada dependiente. Que según ella lo era, pero sin que me sea fácil compatibilizar la "categoría: auxiliar de 3ª CCT 260/75 UOM", con que "cuando llegábamos a las nueve ya estaba todo limpio o ella estaba terminando de limpiar (147 vta. in fine) y con que "en un principio, ella cocinaba más o menos un año para la empresa, luego trabajaba en la oficina".

En tales condiciones, entiendo que esta persona, que "algunas veces cuando el Sr. Ruiz no estaba ella nos entregaba los sobres con el dinero"; "...la empresa nos daba la comida y....la actora en la oficina, salía a hacer compras, atendía los clientes, bien específicamente no sé, porque ella hacía los trabajos en la oficina y yo en el taller" (147 vta.); "que no sabe si ella debía cumplir algún horario"; que "siempre la veía en la oficina", "andaba ahí haciendo cosas" (148); que "yo la vi en la oficina, pero sobre los horarios no sé"; "que en la oficina la veía sentada en el escritorio, supongo que habrá sido administrativa"; que "yo no puedo aseverar qué categoría tenía porque yo no la tenía registrada en la UOM, podría ser administrativa, que es una categoría" (los subrayados me pertenecen), está mucho más cerca del trabajo esporádico, familiar y benévolo que la litis contestatio le atribuye, que de una relación dependiente de las que forman parte e interesan al derecho del trabajo.

Porque cabe recordar, que según la interpretación restrictiva que del art. 23 LCT realiza la Sala, no cualquier prestación de tareas,es capaz de configurar una relación laboral, ello en la medida en que (como se dijo en autos Cornejo c. Agroavance, 12/2/04) la mera permanencia en el lugar, no es bastante para poner en funcionamiento el juego de presunciones de la ley, mientras no haya noticias de una tarea concreta, del desempeño de determinada jornada, del cumplimiento de instrucciones, de la incorporación del actor al plan y organización de la empresa renunciando a su independencia, del cobro de remuneraciones, etc.."A los fines de la aplicación del art. 23 LCT, se requiere que los servicios se presten en relación de dependencia, pues sólo ellos están contemplados en la significación legal del contrato y de la relación de trabajo" (Sala, autos Parada c. Martínez, 22/11/00). También, se declaró inexistente la figura del contrato de trabajo, cuando la presencia en un lugar tenía una justificación ajena (en el caso, socio del club demandado) y se trataba de colaboraciones espontáneas y esporádicas (autos Plaza c. Club Libertad, 21/5/03).

Por las razones expuestas, voto por hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda entablada en todas sus partes. Con las costas de ambas instancias a la parte actora perdidosa, art. 67 CPCC.

El Dr. Cabrera, vota en el mismo sentido.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Haciendo lugar al recurso interpuesto, revocando la sentencia de primera instancia y consecuentemente rechazando la demanda en todas sus partes. Con costas de ambas instancias a la parte accionante.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia y mandando registrar, notificar y bajar los autos al Juzgado de orígen.