Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-20


SENT Nro. 615 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 20 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la representación letrada de Banco Quilmes S.A. en autos: "Véliz, Rosa Amalia vs. Vildoza, Aurelia Eugenia s/Cobro ejecutivo de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación presentado por el incidentista Banco Quilmes S.A. contra la sentencia del 21/5/2002 dictada por la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones (cfr. fs. 329), que fue concedido por resolución de fecha 22/10/2002 (cfr. fs. 361).

El recurso de casación satisface las exigencias impuestas por los arts. 813 y 816 CPCC, fue deducido tempestivamente, y la cuestión planteada configura una cuestión de derecho en los términos del art. 815 CPCC, por lo que se examina a continuación la procedencia del recurso.

2.- Los hechos relevantes para la resolución de este recurso son, sintéticamente, los siguientes.

El apoderado del Banco Quilmes S.A. pidió que se declare la nulidad de las actuaciones a partir del auto de fecha 09/3/98, en el que se dispuso subastar el inmueble, nulidad que abarcaría el remate practicado y actos posteriores (cfr. fs. 178 y ss., fs. 143 y 144). Para promover tal incidente invocó una hipoteca constituida a su favor sobre el inmueble que fue rematado en el juicio ejecutivo. Fundó su pretensión en que no fue citado en su carácter de acreedor hipotecario para que presente sus títulos y pueda solicitar aumento de la base hasta cubrir el importe de su crédito conforme al art. 557 CPCC (cfr. fs. 178 y ss.). Denunció que no podía considerárselo notificado, porque no se le envió cédula sino oficio, y que por ello se infringió el inciso 6° del art. 154 CPCC. Alegó además que el oficio no fue dirigido a quien correspondía, el representante legal de la sociedad, ni tampoco al domicilio social inscripto, sito en calle Teniente General Perón Nro. 564 de la ciudad de Buenos Aires, conforme arts. 11 inciso 2 y 268 de la ley 19.550. Señaló que por lo menos pudo notificárselo en la sucursal Plazoleta Mitre del Banco Quilmes S.A., que fue la que otorgó el préstamo hipotecario (cfr. fs. 179/180).

Alegó que por no haber sido notificado no pudo solicitar incremento de la base del remate hasta cubrir el importe de su crédito (art. 557 CPCC), ni pujar en la subasta o eventualmente compensar el precio con el monto de su acreencia privilegiada (art. 565 procesal) adjudicándose el bien gravado. Manifestó que se perjudicó como consecuencia de esas omisiones, porque el inmueble se subastó a precio vil, que no cubre su valor ni el importe histórico de su crédito. Subsidiariamente hizo reserva de promover tercería porque de todas formas tendría derecho preferente oponible erga omnes sobre los fondos depositados (arts. 3149, 3881, 3934 y cdtes. del Código Civil). Atento al efecto suspensivo del incidente de nulidad, pidió que no se entregue el dinero al ejecutante (cfr. fs. 180 vta.).

El planteo de nulidad fue rechazado in limine por estar aprobada la subasta conforme art. 561 CPCC. No obstante ello, se corrió vista de la reserva de tercería y del pedido de preferencia sobre los fondos (providencia del 28/4/98), a lo que el ejecutante opuso como defensa la extemporaneidad del incidente de nulidad alegando que el Banco había sido notificado en tiempo y forma en dos oportunidades (cfr. fs. 192/193). En ese estado del juicio el incidentista promovió tercería de mejor derecho para el supuesto de que se rechazara su pretensión anulatoria (cfr. fs. 215 y 216).

La Sra. Jueza de Primera Instancia rechazó el planteo de nulidad porque consideró que el Banco había sido correctamente notificado (cfr. sentencia de fecha 30/4/99 a fs. 240/241). El apoderado del Banco interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, que fue rechazado por sentencia de Cámara del 21/5/2002 (fs. 329), en la que se consideraron eficaces las notificaciones practicadas y se adhirió a las consideraciones expuestas en el dictamen de la Fiscal de Cámara de fs. 318/320.

3.- El incidentista interpuso recurso de casación, en el que además de reproducir sus anteriores agravios, planteó que el fallo no cumplió con el requisito de fundar la decisión porque no se analizaron sus agravios referidos al perjuicio ocasionado, y a quién y dónde debía dirigirse la notificación. Expresó que no obstante tales omisiones se consideró que la notificación cumplió su finalidad, por lo que denunció que se violó el derecho de defensa y el deber constitucional de motivar las sentencias (cfr. fs. 339).

Resaltó que se agravió de que su parte no había sido notificada en debida forma: mediante cédula en vez de oficio conforme art. 154 inc. 6° CPCC. Denunció que la notificación no se hizo en la persona del representante legal del Banco ni en la sede social de Capital Federal, y que el texto de la cédula de fs. 35 fue incompleto porque omitió informar de los trámites preparatorios de la subasta y de los derechos que le asistían como acreedor privilegiado conforme art. 557 CPCC. Invocó como perjuicio que por no haber podido pedir un aumento de la base, el inmueble se subastó por un precio vil que no cubre su valor ni el importe de su crédito. Sostuvo que su parte está legitimada para pedir la nulidad, porque tiene un derecho reconocido por el art. 557 CPCC, que impone la citación al acreedor hipotecario para que defienda su crédito. Planteó que se alteró la estructura esencial del procedimiento por omisión de actos impuestos por la ley procesal, y propuso doctrina legal.

4.- Según los agravios reseñados, el recurrente plantea las siguientes cuestiones a resolver: a) que la sentencia carece de fundamentos porque no analizó sus agravios; b) que no fue citado en legal forma por cédula en vez de oficio, en el domicilio social o en la sucursal que otorgó el crédito, en la persona del representante legal, y del contenido de la prescripción del art. 557 CPCC; c) que tal omisión le produce perjuicios por no haber ejercido la defensa de su crédito conforme lo permite el art. 557 CPCC al acreedor hipotecario; d) que todo ello tiene como consecuencia la nulidad de la subasta por la alteración esencial del procedimiento, lo que pide se declare. A continuación se analizarán en ese orden las cuestiones mencionadas.

5.- Respecto de la alegada falta de fundamentación de la sentencia, se observa que la Cámara analizó el agravio relativo a la notificación practicada por oficio, y concluyó que el mismo cumplió su finalidad como acto notificatorio. En cuanto a los restantes agravios, se remitió al dictamen de la Fiscal de Cámara, haciéndolos suyos y dándolos por reproducidos (cfr. fs. 329).

Si bien no se analizaron los agravios referidos a dónde, a quién y contenido del texto que se notificó, la sentencia en cuanto "a los demás agravios que expresa el apelante" (cfr. fs. 329), se remitió al dictamen de la Fiscal de Cámara (cfr. fs. 318/320). La representante del Ministerio Público luego de resumir los agravios sobre la notificación, manifestó que la irregularidad señalada no conformaba un vicio de la entidad requerida para anular la venta cumplida en remate, y opinó que no debía hacerse lugar a la nulidad por falta de interés legítimo del acreedor hipotecario en la ejecución llevada a cabo por un tercero sobre el inmueble hipotecado. Señaló que el art. 3196 del Código Civil dispone que la falta de citación al acreedor hipotecario no causa la nulidad de la venta, y que esos acreedores tienen limitada posibilidad de actuar en la ejecución, estando circunscriptos sus derechos a una preferencia sobre lo obtenido en el remate, de lo que concluyó que no se advertía un interés legítimo en la invalidación pretendida (cfr. fs. 318 y ss.) .

Atento al fundamento de la sentencia: la falta de interés legítimo para pedir la nulidad, no se analizaron los agravios referidos a la notificación, que resumió en el ítem I de su dictamen la Fiscal de Cámara (cfr. fs. 318).

No asiste razón al recurrente en cuanto a sus agravios referidos a la falta de fundamentación de la sentencia, por cuanto se advierte que el Tribunal hizo suyos y dio por reproducidas las consideraciones del dictamen de la Fiscal de Cámara. Sobre ese modo de construir la sentencia, la Corte Suprema de la Nación, refiriéndose a fallos cuyos fundamentos adhieren al dictamen fiscal, expresó que "la sola circunstancia de que el a quo haya basado su pronunciamiento en el dictamen - ampliamente fundado por lo demás, en las normas legales que cita, en doctrina y jurisprudencia, - manifestando compartirlas y dándolas por reproducidas "brevitatis causa", no justifica la tacha de arbitrariedad que formula". (Fallos 298: 355 sent. del 12-7-77 en "Delfino C.M. c. Rodríguez Pagés"). Añadió que "este proceder no priva de la debida fundamentación a su decisión ni vulnera el derecho de las partes al debido proceso y defensa en juicio, dado que, por el carácter público que poseen estos actos procesales, nada impide a los interesados el tomar conocimiento de los mismos" (C.S.N. en sent. 21-4-81 en "Serravalle H. y o. c. A.T.C. s. cobro de pesos", del 27-7-85).

Siendo tal el caso de autos, el agravio que denuncia la falta de fundamentos de la decisión debe rechazarse.

6.- Abordando el planteo de que se transgredió el art. 557 in fine CPCC porque se notificó incorrectamente, se observa que el recurrente denuncia las siguientes infracciones: 1) que se remitió oficio en lugar de cédula; 2) que la notificación no fue practicada en el domicilio social ni en la sucursal en la que se otorgó el préstamo hipotecario; 3) que el oficio estuvo dirigido a "Sucursal Tucumán del Banco Quilmes", que no era el acreedor hipotecario; 4) que la persona que recibió el oficio no era representante legal de la sociedad, y 5) que no se hizo constar en el oficio el plazo del art. 557 in fine CPCC para hacer valer sus derechos.

De los agravios enumerados, el que resulta decisivo para la suerte del recurso es la falta de notificación del acreedor hipotecario Banco Quilmes S.A. en su domicilio legal. Dispone el art. 90 del Código Civil, que el domicilio es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que la persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. Tratándose de una sociedad comercial, conforme lo disponen el art. 90 inciso 3 del Código Civil, y los arts. 10 inciso 2 y 5 de la Ley de Sociedades Comerciales N. 19.550, el domicilio legal es el que consta en el contrato social inscripto en el Registro Público de Comercio. En el caso, la notificación al acreedor hipotecario también pudo haberse practicado en el domicilio de la sucursal en la que se efectuó el negocio jurídico, conforme inciso 4 del art. 90 del Código Civil.

Según constancias obrantes en el expediente "Banco Quilmes S.A. c. Vildoza, A. E. y o. s. ejecución hipotecaria", ofrecido como prueba por el incidentista (cfr. fs. 181), el domicilio de la sociedad Banco Quilmes S.A. era calle Tte. Gral. Perón Nro. 564 de Capital Federal, lo que surge de los instrumentos agregados a fs. 9, 10 y 20 de ese expte. También consta a fs. 96 de esos autos que la sucursal Plazoleta Mitre de San Miguel de Tucumán otorgó el préstamo hipotecario, al igual que se advierte que la denuncia de domicilio efectuada por el apoderado del Banco en la demanda de ejecución hipotecaria consignó "Avda. Mitre 864 de San Miguel de Tucumán" (cfr. fs. 15 de. ese expediente), Se advierte que el oficio agregado a fs. 151, así como la notificación adjuntada a fs. 35, no fueron dirigidos al domicilio social inscripto ni a la sucursal en la que se concedió el préstamo hipotecario. Por ese motivo, no pueden considerarse válidas esas notificaciones, y no corresponde considerar cumplida la citación al acreedor hipotecario exigida por el art. 557 in fine CPCC.

7.- En todas las instancias el apoderado del Banco Quilmes S.A. pidió la nulidad de todas las actuaciones a partir del decreto de fecha 09/3/98 (fs. 143), invocando los siguientes perjuicios que habría sufrido por no haber sido notificado correctamente: a) que no pudo "solicitar un incremento de la base (art. 557 CPCC), b) ni "pujar en el propio remate compensando su crédito con el precio (art. 565)"; y c) "evitar que se subastara el inmueble hipotecado en un precio a todas luces vil, notoriamente inferior al importe del crédito hipotecario" (cfr. fs. 180 vta. y 249).

Según tales alegaciones, la pretensión del incidentista está dirigida a que se anule el remate efectuado, para que en nueva subasta pueda solicitar aumento de la base, y evitar que el inmueble se subaste a precio bajo, o adquirir el bien compensando su crédito con el precio.

8.- La doctrina es pacífica en afirmar que el acreedor privilegiado que comparece a la ejecución no desplaza del proceso al ejecutante ni reviste carácter de parte en la ejecución. Por el contrario, su derecho consiste en presentarse en la ejecución para poder solicitar aumento de la base hasta cubrir el importe de su crédito (art. 557 in fine CPCC), percibir su crédito en forma preferente de lo que se obtenga en la subasta, o ser adquirente en el remate abonando con su crédito, en cuyo caso debe pagar sólo el excedente del precio de adjudicación o la suma que el juez estime que falte para cubrir los gastos causídicos cuando éstos no pudieren ser satisfechos con aquel excedente (art. 565 CPCC). Exponen Lino E. Palacio y A. Alvarado Velloso comentando el art. 575 del digesto procesal de la Nación, (similar a la última parte del art. 557 procesal local), que "en ningún caso la citación puede diferirse hasta el momento de practicarse la liquidación, sino que debe efectuarse con suficiente anticipación al acto de la subasta, a fin de que los acreedores aludidos estén en condiciones de controlarlo y poder resultar compradores. Los acreedores hipotecarios, en particular, deben ser citados con anterioridad a la publicación de los edictos, por cuanto, según lo prevé el CPCN, art. 575 y normas análogas, tienen derecho a solicitar el aumento de la base; el importe definitivo de ésta debe figurar en el texto de aquéllos" (Palacio L. y Alvarado Velloso A., "Código Civil y Comercial de la Nación", Edit. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, tomo 10, p. 107). Añaden estos autores que incluso pueden "solicitar que se intime al comprador el depósito del precio e intervenir en la liquidación de éste" (L. Palacio y A. Alvarado Velloso, ob. cit. p. 108).

De todo ello no puede sino concluirse que el acreedor hipotecario tiene un interés legítimo en comparecer al remate del inmueble gravado.

Establecido que el acreedor hipotecario no fue citado conforme lo impone el art. 557 procesal, y que tuvo interés legítimo para comparecer antes de la subasta ejerciendo los derechos reconocidos por la ley procesal y los emergentes de su garantía, así como para invocar perjuicio por no haber sido citado según el art. 557 CPCC, resta analizar si la omisión denunciada y el perjuicio alegado pueden fundar la nulidad que se peticiona.

9.- Los derechos que se reconocen al acreedor hipotecario para comparecer en la ejecución en la que se remata el inmueble hipotecado, reconocen sustento en el art. 3196 del Código Civil, que dispone que la subasta extingue el derecho real hipotecario, siempre y cuando el remate haya sido "ordenado por el juez con citación de los acreedores que tuviesen constituidas hipotecas sobre el inmueble". Es por ello que debe citarse previamente a los acreedores hipotecarios con el objeto de que defiendan la percepción de sus créditos. Ese es el motivo por el cual el acreedor hipotecario tiene interés legítimo para comparecer al juicio en el que se va a rematar el inmueble hipotecado, para hacer valer los derechos emergentes de su garantía.

El resguardo de tales derechos es el sentido y finalidad de la citación impuesta por la última parte del art. 557 CPCC. Este precepto, -que tiene su fundamento en el art. 3196 del Código Civil-, prescribe que debe citarse a los acreedores hipotecarios antes de la subasta, ya que como según se expuso, la consignación del precio del remate extingue la hipoteca. Los derechos del acreedor hipotecario, y el efecto de la subasta de extinguir la hipoteca según el art. 3196 del Código Civil, son el fundamento que tiene la disposición contenida en la última parte del art. 557 in fine CPCC, que impone la citación "a los acreedores hipotecarios para que dentro del tercer día presenten sus títulos y, los de grado preferente, dentro del mismo plazo, podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos".

La citación prevista por el art. 3196 C.C. tiene por objeto que el acreedor hipotecario pueda vigilar la subasta concurriendo a la misma y hacer las ofertas del caso si así conviniere a su derecho (Prayones, Dassen y Laquis, "Tratado de derecho hipotecario, 3ª. Ed. Bs. As. A. Perrot, 1960, p. 201). "Corresponde que se cite al juicio a los acreedores hipotecarios dándoseles intervención en el mismo para que puedan actuar en defensa de su derecho antes de la fecha designada para la subasta del inmueble, la cual se les notificará también con la anticipación necesaria. "El interés de los acreedores hipotecarios consiste ante todo en intervenir en la subasta a fin de evitar que el inmueble se venda por un precio menor que el que consideren conveniente a sus intereses, para lo cual deben pujar hasta que el precio alcance a cubrir su crédito y accesorios" (Fernández, Raymundo, "Tratado teórico-práctico de la hipoteca, la prenda y demás privilegios", Bs. As., ed. del autor, 1941, t. 1, nos. 637/638).

Comentando la normativa procesal que impone la citación de los acreedores hipotecarios, afirma Donato que "el fundamento de la citación a los acreedores privilegiados se halla en el mandato contenido en el art. 3196 del Cód. Civil, es decir, las hipotecas sólo pueden cancelarse cuando el remate público se hubiere realizado con citación de los acreedores que tuviesen constituidas hipotecas sobre el inmueble" (Donato, J., "Juicio ejecutivo", 2ª edic. Bs. As., Ed. Universidad, 1993 p. 782).

La Dra. Elena I. Highton expresa que "la falta de citación del acreedor hipotecario tiene mayor envergadura, pues la imposibilidad de incluir el propio crédito en la base puede llevar a que el inmueble se venda por menor precio y lo perjudique. Aparte de esto, es indudablemente el acreedor hipotecario preferente el primer interesado en adjudicarse el inmueble en el remate, como inversión en defensa de su crédito, para luego revenderlo con tranquilidad; o el postergado pudo haber querido comprar la cosa o desinteresar al primer acreedor para no perder toda su acreencia" (Highton, E. "Juicio hipotecario" Hammurabi, Bs. As. 1997 T° 2 p. 208).

10.- El art. 3196 del Código Civil prescribe que "la hipoteca se extingue aunque no esté cancelada en el registro de hipotecas, respecto del que hubiese adquirido la finca hipotecada en remate público, ordenado por el juez con citación de los acreedores que tuviesen constituidas hipotecas sobre el inmueble, desde que el comprador consignó el precio de la venta a la orden del juez".

La falta de citación de los acreedores hipotecarios no causa la nulidad del remate, porque el art. 3196 del Código Civil exige la citación del acreedor hipotecario para la cancelación de la hipoteca pero no para la validez de la venta, de manera que el comprador puede optar entre mantener la adjudicación y hacerse cargo de la hipoteca o rescindir la compra en virtud de no habérsele hecho conocer los gravámenes que pesaban sobre el inmueble (cfr. Palacio y Alvarado Velloso, ob. cit. t. 10 p. 110).

La Corte Suprema de la Nación, con el criterio referido descalificó una sentencia que declaró nula una subasta por entender que la publicidad ficta no constituía pauta válida para considerar que el acreedor hipotecario de un inmueble subastado tuvo conocimiento del remate. El Alto Tribunal declaró que "el a quo omitió considerar que, al contestar el memorial del acreedor hipotecario, el adquirente del inmueble planteó la aplicabilidad al caso del art. 3125 del Código Civil por el hecho de haberse constituido la hipoteca cuando el inmueble ya se encontraba embargado, y señaló que a la luz de lo dispuesto por el art. 3196 de ese cuerpo no correspondía declarar la mencionada nulidad y tales argumentos resultaban conducentes para una correcta solución del caso" (C.S.N., 10/10/1985, en "Ayala Torres, M. B. c. Anzel", La Ley, 1986-A, 783, sumario 1849).

La subasta efectuada sin citación de los acreedores hipotecarios no es nula, pero ante tal omisión la hipoteca no se extingue. Expone la Dra. Elena Highton que en principio, la falta de citación al acreedor con garantía real "no causa la nulidad de la subasta, sino su inoponibilidad a quien ha dejado de ser citado como correspondía", y añade que "reiteradamente se ha resuelto que la subasta es válida" (cfr. Highton, E. "Juicio hipotecario", Hammurabi, Bs. As. 1997, p. 208 y ss.; en igual sentido Salvat-Argañaráz, Derechos Reales, Bs. As., Tea, vol III Nro. 2.508; Martínez, Oscar, "La subasta judicial", La Plata, Ed. Platense, 1972, Nro. 38; Piedecasas, M. "Régimen legal del martillero y de la subasta judicial, Sta. Fe, Rubinzal-Culzoni 1997 p. 435; Cám. Nac. Com. Sala B, 28/7/1986, E.D., 122-208; la misma Sala sent. del 17/10/72 publ. en E.D. 49-417; íd. Sala C 10/5/1983 E.D., 104-686; la misma Sala sent. 15/12/83, E.D. 108-340; ídem Sala D, 15/12/1983, E.D. 108-340; Cám. Nac. Civ. Sala A 3/8/1967, La Ley 128 -984; íd. Sala F, 18/11/1985 La Ley 1986-B, 120 y D.J. 1986-II-405; Sala A sent. del 17/4/63, publ. E.D. 9-422; Cám. Nac. Com. Sala E, 21/3/1997 en "Srur, R. c. Wietrznik, Armando"; Suprema Corte de Buenos Aires en sent. del 1/12/64, L. L. 118-223. La Corte Suprema de Mendoza, en sentencia del 5/12/2001 declaró que "en materia hipotecaria hay consenso en que la omisión de la citación del acreedor hipotecario no produce la nulidad de la subasta sino que impide la extinción de la hipoteca" (S. C. Mendoza, Sala I, 5/12/2001 en "Verdenelli, César A. c. Fernández, F. s. ejec.", publicado en D.J. 2002-1,560, La Ley 2002-C, 550).

11.- Consecuencia de ello es que el adquirente en el remate tomará el inmueble con el derecho real que lo grava, y estará expuesto a que el acreedor hipotecario ejecute su hipoteca. Por ello, "prácticamente, cuando no se hace la citación al acreedor hipotecario y el precio no alcanza a cubrir el crédito, el comprador desiste de la operación desde que no está obligado a tomar a su cargo el gravamen...De manera que si la venta no es nula jurídicamente, de hecho se produce el mismo efecto, porque difícilmente el comprador aceptará tomar a su cargo la hipoteca escriturando el inmueble con dicho gravamen" (Prayones, Dassen y Laquis, "Tratado de derecho hipotecario", 3ª. Edic. Bs. As. Abeledo-Perrot, 1960, p. 204).

Por ello es que debe citarse al adquirente en el remate para que manifieste si opta por rescindir la compra o asume la hipoteca (Highton, Elena, ob. cit. p. 209; Fernández, Raymundo, "Tratado teórico-práctico de la hipoteca, la prenda y demás privilegios, Bs. As. Ed. del autor, 1941 T° 1 N.642; Cammarota, Antonio, "Tratado de derecho hipotecario, 2ª. Edic. Bs. As. 1942, N.332; Cámara Nacional Civil Sala B, 29/5/1972, JA 15-1972-468; C.N. Civ. Sala B del 29/5/72, E.D. 49-428; J.A. 15-1972-48; L.L. 153-437; C.N. Com. Sala B, 3/3/78, E.D. 80-453).

La aplicación de la norma contenida en el art. 3196 del Código Civil y la doctrina y jurisprudencias reseñadas, determinan el resultado de que la falta de citación del acreedor hipotecario no produce la nulidad de la subasta.

12.- En el caso de autos, la sentencia de alzada consideró que el acreedor hipotecario fue correctamente citado según el art. 557 CPCC (cfr. fs. 240 y 329). Según se expuso, el art. 3196 del Código Civil establece que si se citó al acreedor hipotecario antes del remate se produce la extinción de la hipoteca, por lo que, a contrario sensu, la falta de citación significa la conservación de la hipoteca pese a la subasta, y no la anulación de ésta. Por ello, la sentencia que rechazó la pretensión anulatoria con el fundamento de que el acreedor hipotecario fue correctamente notificado según el art. 557 CPCC, lesiona el derecho de éste en cuanto ello significa la extinción de la hipoteca.

Como el punto de partida de la nulidad articulada es la impugnación a la notificación practicada para que se declare que el incidentista no fue notificado, corresponde hacer lugar a la nulidad de las notificaciones practicadas mediante oficio de fecha 19/3/98 (cfr. fs. 151), y cédula de marzo de 1996 (fs. 35), las cuales se declaran inválidas como notificación de la citación impuesta por el art. 557 in fine CPCC.

La nulidad que se declara alcanza únicamente a la notificación por los fundamentos expresados en el considerando 6 de la presente, y no a las actuaciones posteriores, atento a la lesión que ello causa a los intereses del incidentista. Las consecuencias jurídicas de la falta de notificación no son, según se vio, la nulidad del remate, sino la vigencia del derecho real de garantía, el cual no se extingue conforme lo prescribe el art. 3196 del Código Civil.

Por ello, corresponde casar parcialmente la sentencia recurrida en mérito a la siguiente doctrina legal: "Infringen los incisos 3 y 4 del art. 90 del Código Civil y arts. 5, 10 inc. 4 y 11 inc. 2 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550 y por ello son nulas, las notificaciones a una sociedad anónima que no fueron dirigidas al domicilio social inscripto en el Registro Público de Comercio, ni se practicaron en el domicilio de la sucursal en la que se efectuó el negocio jurídico".

13.- No corresponde hacer lugar a la pretensión de anular el procedimiento a partir de la providencia del 09/3/98 (cfr. fs. 143), porque la omisión de la notificación prevista por el art. 557 in fine CPCC, -que es la notificación prevista por el art. 3196 del Código Civil-, tiene la solución normativa y el efecto jurídico que establece esa norma sustantiva, que no es la nulidad del procedimiento y del remate, sino la conservación de la hipoteca pese al remate efectuado, el cual es inoponible al acreedor no citado.

Por lo expresado, en la instancia de grado deberá notificarse de la presente sentencia al comprador en remate, a fin de que se le de oportunidad para que pueda optar entre rescindir el acto de subasta o adquirir el bien subastado gravado con la hipoteca.

14.- En cuanto a las costas del presente recurso y las restantes instancias, corresponde imponerlas por su orden atento a la complejidad de las cuestiones analizadas, y al resultado parcial y fundamentos por los que progresa el recurso (art. 106 inc. 1° CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por el apoderado del Banco Quilmes S.A. contra la sentencia del 21/5/2002 dictada por la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones (cfr. fs. 329), por lo que se la casa conforme a la doctrina legal expresada y se la deja sin efecto, sustituyéndosela por la siguiente: I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por Banco Quilmes S.A. contra la sentencia del 30/4/1999 (fs. 240/241), y declarar nulas a las notificaciones practicadas mediante oficio de fecha 19/3/98 (cfr. fs. 151), y por cédula de marzo de 1996 (fs. 35), las cuales se declaran inválidas como notificación de la citación impuesta por el art. 557 in fine CPCC.- II).- NO HACER LUGAR a la nulidad de las actuaciones a partir de la providencia de fecha 09/3/98 (fs. 143)- III).- DISPONER QUE SE NOTIFIQUE al comprador en la subasta para que pueda optar entre rescindir la subasta o adquirir el bien subastado con garantía hipotecaria.- IV).- COSTAS de ambas instancias por su orden. Por lo considerado, se rechazan las restantes pretensiones.

II.- COSTAS por su orden.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA