marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fuero de atracción, sucesiones, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., S.I. c/ T., C.E. s/ INCIDENTE ART. 250 C.P.C. - FAMILIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Reclamada a la sucesión de un ex-cónyuge un porcentaje de las acciones que éste poseía en una determinada sociedad, acervo que se había omitido incluir en la liquidación de la sociedad conyugal, se está en presencia de una deuda personal de "de cujus" supuesto en el que es de aplicación el inciso 4º del artículo 3284 del Código Civil, por lo que el proceso debe tramitar ante el tribunal del sucesorio.-
Plazo, plazos procesales, preclusión
Materia: CIVIL
Carátula: G., N.R. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-17

Los actos procesales son actos esencialmente temporales, es decir, que el transcurso del tiempo no es irrelevante para el ejercicio de una facultad procesal, pues la falta de ejercicio de ella en el tiempo establecido por el ordenamiento al efecto, hace que ya no se pueda ejercer, dándosele al interesado por perdido el derecho. Lo propio respecto del ejercicio inadecuado de una facultad, respecto de lo cual, luego no se puede enmendar la plana, principio que se conoce como preclusión por consumación.
Concursos, recusación y excusación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romeri, Juan Carlos s/ Pequeño concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-03

El Sr. Síndico designado en autos, en uso de la prerrogativa que le concede el artículo 257 de la ley 24.522 no pudo incluir entre sus asesores letrados al cónyuge e hija de la Sra. Juez interviniente, y con ello determinar su apartamiento. Tal conducta importa un uso antifuncional de la prealudida norma concursal que no puede ser cohonestada por el órgano jurisdiccional (art. 34 inc. 5, ap. d, Código Procesal). Es que la garantía de los jueces naturales contemplada por los arts.: 18 de la Constitución Nacional y 11 y 15 de la Constitución Provincial, tiene por objeto asegurar una justicia imparcial, a cuyo efecto prohíbe sustraer arbitrariamente una causa a la jurisdicción del juez, que continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no la tenía, constituyendo de tal modo, por vía indirecta, una verdadera comisión especial.
Contratos, efectos entre partes, resoluciones judiciales, cláusula penal, disolución de sociedades, infracciones formales, competencia, servicios de instalación
Materia: CIVIL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: De Lucia, Alfonso Daniel c/ De Lucia, José y otro s/ ordinario de lucia, alfonso daniel c/ de lucia, josé y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-30

No es pena la obligación de pagar el equivalente del daño producido; la idea de pena no se concibe dentro de la indemnización, pues aquella noción está situada por encima de la reparación normal de daños e intereses; es decir, la pena supone algo más que la indemnización. De tal manera, el concepto de indemnización no tiene coincidencia lógica con la noción de pena, y las cantidades de las prestaciones que por uno u otro concepto puedan adeudarse no tienen necesaria asimilación o coincidencia (conf. Gagliardo, Mariano, "Tratado de Obligaciones según el Código Civil y Comercial", Zavalía, Bs. As., 2015, pág. 343).
Procedimiento aduanero, recurso de revisión (procesal), aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MAGROMER  S.A.I.C.I. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-30

El recurso de revisión previsto en los arts. 511 y siguientes del cód. de procedimientos en materia penal es aplicable a un procedimiento contencioso aduanero a tenor de lo dispuesto en el art. 1182 del cód. de la materia
Derecho a la integridad física, daños y perjuicios, daño moral, daño psíquico, responsabilidad médica, esterilidad
Materia: CIVIL
Carátula: SCHIRRIPA, Graciela Mónica c/ STAFF MEDICO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-06

Reclamado el resarcimiento por la pérdida de la capacidad reproductiva, cabe puntualizar que el daño moral apunta a enjugar los padecimientos espirituales y las repercusiones o sufrimientos de esa índole, mientras que el cercenamiento de un órgano, como lo es el útero, constituye una afrenta a la integridad corporal y, por tanto, económicamente mensurable como discapacidad física. De ahí que deba discriminárselo del daño moral, aunque no sea procedente otorgar un resarcimiento por completo autónomo, ya que guarda relación estrecha con el otorgado, también, bajo la denominación "daño psíquico".
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, sentencia, nulidad de sentencia, excepción de pago
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gaitan, María Luisa Robledo de c/ Petraco, Cesar y/u otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Indemnización de daños y perjuicios. Incidente de apremio (Expte. CSJ  Nº 324-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-14

No basta la mera invocación de la conculcación de derechos y garantías constitucionales para fundar la alegada violación al derecho de defensa, cuando no surge que la resolución impugnada haya incurrido en esa lesión apartándose de las exigencias de la Constitución Provincial y de la ley. En efecto, si bien los recurrentes esgrimen diversos agravios, no logran persuadir con su desarrollo argumental que el Tribunal Colegiado no haya atendido debidamente las postulaciones en que sustentaran el ataque de nulidad de la sentencia de remate, incurriendo en las falencias que le achacan, cuando por el contrario se advierte que el A quo brindó suficientes razones en orden a juzgar que resultaban correctos los fundamentos expuestos en su hora por el Juez de trámite -en cuanto rechazara la excepción de pago que opusieran los demandados y mandar a llevar adelante la ejecución contra ambos, sin perjuicio de las deducciones que correspondieran por los pagos ya efectuados-.
Derecho procesal, jurisdicción y competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: CELADA, MARIA ANGELICA c/ PEREZ, JUAN CARLOS s/ DIVORCIO VINCULAR-ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

Las reglas atribuidas a la competencia por razón de la materia del valor, del grado propenden fundamentalmente a asegurar la eficacia de la administración de justicia siendo la misma de carácter improrrogable y estando el orden jurisdiccional habilitado para verificar, de oficio, el cumplimiento de las reglas pertinentes, y por lo tanto para desestimar in-limine, la pretensión o petición que no se ajusta a ellas, con prescindencia de cualquier manifestación de las partes o peticionados, incluso formuladas de común acuerdo.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, apartamiento de la doctrina de la corte, empleados públicos, inembargabilidad del salario, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: COINAUTO S.A. c/ MARTINS, OSCAR A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION PRENDARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 503 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30

Si bien es cierto que aunque el Alto tribunal nacional solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos y que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos, toda vez que por disposición de la Constitución nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, Constitución nacional, y 14, ley 48), también lo es que este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudenci a al resolver las causas sometidas a su juzgamiento.

En el caso, existen motivos bastantes que justifican el apartamiento de la posición adoptada por el Máximo tribunal nacional, desde que actualmente existe una fuerte corriente jurisprudencial que se ha manifestado en sentido contrario a la constitucionalidad del decreto ley 6754/43 por afectar la igualdad ante la ley -artículo 16 de la Constitución nacional- al establecer un privilegio en favor de los empleados públicos que discrimina, desfavorablemente, a los dependientes privados. Por otra parte, otros estrados judiciales, au n manifestando sus dudas respecto de la constitucionalidad del referido decreto 6754/43 han optado, seguramente por respeto a la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por procurar su inaplicación al caso por otras vías. (De la Disidencia del Dr. Netri)
Competencia contencioso administrativa, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Velazco, Elena Martha y otro c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción Declarativa de Certeza
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-12

Comparecen las actoras, con patrocinio letrado, interponiendo acción declarativa de certeza en contra del Estado Provincial, con el objeto de que se declare la plena vigencia del Decreto Nº590, de fecha 31/03/1987, emanado del Poder Ejecutivo Provincial, que crea un adicional no remunerativo para el personal de la Administración Pública Provincial que acredite treinta o más años de servicios en la misma.

Esta Corte de Justicia resulta competente conforme lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial, en concordancia con los Arts. 1 y 2 de la Ley 2403 y el Art.12 de la Ley 4799 CPT.

Corresponde verificar los requisitos propios de este tipo de acción, como son el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, la posibilidad de que esta falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y, por último, la ausencia de otro medio legal para poner término inmediatamente a ese estado de incertidumbre, pues los mismos son indispensables y deben darse concurrentemente para que sea viable la acción.

En el escrito introductorio las accionantes señalan que "se encontrarían alcanzadas, afectadas y beneficiadas" por el decreto supra mencionado, pero "cuya vigencia actual" se encuentra fuera de su alcance cognitivo, expresando que la falta de certeza alegada les produce una seria y grave lesión a sus derechos constitucionales al no haber ingresado estas sumas de dinero a su patrimonio, habiendo las actoras alcanzado la antigüedad requerida en el mes de junio de 2001 y en el mes de noviembre de 2006.

En lo hasta aquí expuesto no se acredita que a las accionantes se les torne imposible ahondar sobre la vigencia del decreto en cuestión, sino que lo que pretenden es que a través de la presente acción se les reconozca un derecho para, en un futuro, iniciar una acción "contenciosa ordinaria o de ejecución" y el supuesto daño que pretenden prevenir es el que se configuraría con el fracaso de las futuras acciones tendientes al reconocimiento del derecho al cobro de dicho adicional. La acción declarativa de certeza no tiene tal fin; las actoras confunden prevenir el daño o perjuicio dentro de la relación jurídica concreta con tratar de obtener un pronunciamiento previo que asegure el cobro de una suma de dinero.

Sin embargo, cabe precisar que esta Corte de Justicia, en diferente integración, se ha pronunciado respecto de la cuestión traída a decisión, en Sentencia Definitiva Nº17, de fecha 29/10/2003, en los autos Corte Nº55/02 "Molina, Luís Alberto y Otros c/ Estado Provincial - Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción", por lo que la incertidumbre alegada no es de recibo.

Como consecuencia, no se configuran los requisitos necesarios para la viabilidad de la presente acción, por lo que se impone su rechazo, con costas.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martín, Angel c/ Cuningham, Luciano s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

El sobreseimiento provisorio recaído en el proceso penal, carece de relevancia en sede civil (art.1103 y su doctrina C.Civil); máxime si rigen los principios de la responsabilidad objetiva o sin culpa, de suerte que el guardián del vehículo debe demostrar, en todo caso, "la culpa de la víctima" para eximirse parcial o totalmente de responsabilidad (art. 113 párrafo 2do. 'in fine', C.Civil).-
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: LABORAL
Carátula: PETROL CENTER S.R.L. Y OTRO c/ ALEJANDRO NESTOR DARIO-INC. LEVANTAMIENTO DE EMBARGO EN: "ALEJANDRO N.D. c/ PETROL CENTER S.R.L. y Otro" s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-11-30

La apelabilidad alcanza también a las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva y, en el caso de duda, corresponde conceder el recurso de apelación por ser la solución que más se ajusta al principio de amplitud de la defensa.
Constitución Nacional, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODELCO c/ PEN s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

Ningún principio es más fundamental para el cumplimiento del adecuado rol de la judicatura en nuestro sistema de gobierno que la limitación constitucional de la jurisdicción de los tribunales federales a concretos casos o controversias.
Emergencia económica, seguro de retiro, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ÁLVAREZ, RAQUEL c/ SIEMBRA SEGUROS s/ ORDINARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

Con independencia de la naturaleza jurídica del seguro de retiro, lo cierto es que éste ha quedado inserto en el régimen de emergencia cuya constitucionalidad se cuestiona, por lo que, a los fines de decidir la cuestión basta señalar que, en razón de las circunstancias del caso, resulta aplicable la doctrina de la causa "Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 -dtos. 1570/01 - 214/02- s/ amparo", sentencia del 16 de septiembre de 2008, voto de la mayoría y concurrente de la jueza Argibay a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Reglamentación de la ley, facultades reglamentarias
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Godoy, Oscar Eduardo c/ Universidad Nacional de La Plata s/ nulidad de acto administrativo (ordinario).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El órgano dotado de la potestad reglamentaria está habilitado para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aún cuando no hayan sido contempladas por el legislador de una manera expresa, se ajustan, sin embargo, al espíritu de la norma reglamentada o sirven, razonablemente, a la finalidad esencial que ella persigue.
Nulidad de sentencia, pena inferior al mínimo legal, pena de inhabilitación, falta de interposición del recurso, Ministerio Público Fiscal, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Avilez Castro, Juan M. y otro s/ c. 20.058
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-29

Por imperio del principio que impone la prohibición de la "reformatio in pejus" no es posible nulificar la sentencia que ha fijado la pena de inhabilitación por debajo del mínimo legal si no existió recurso fiscal que la habilite.
Procedimiento administrativo, trámites judiciales, beneficios previsionales, servicios simultáneos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pschunder, Jorge Osvaldo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17

Corresponde anular la resolución administrativa que no consideró ni resolvió la procedencia en el caso del cómputo de los servicios simultáneos -más allá de su aseveración de que consideraba un sólo cargo por arrojar mayor haber jubilatorio-, toda vez que no revela el procedimiento seguido ni fundamenta la alternativa escogida supuestamente más favorable, difiriendo su objeto así de lo reclamado entonces por el beneficiario, sin que ello implique emitir juicio sobre el mismo.
Juicio ejecutivo, acción cambiaria, competencia contencioso administrativa, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

La demanda ejecutiva del beneficiario tomador de un título contra el Estado emitente goza de una presunción "iuris tantum" de ejecutabilidad por esa vía. Presunción provisional en cuanto sin ingresar al derecho mismo al cobro de la obligación, tanto sea de la demanda como de la pertinente precisión de sus bases causales en el responde, no se desprenda que la cuestión debe tramitarse por la vía contencioso administrativa de orden público e irrenunciable. En definitiva, es válido ingresar a la determinación si en el caso corresponde que la cuestión sea ventilada por la vía constitucional o no. (De los Fundamentos del Dr. Donati)
Concursos, honorarios, verificación de créditos, incidente de revisión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mutual de Socios Areanles Futbol Club y Sociedad Italiana c/ Brandone Carlos Javier y Brandone Miriam D. s/ Concurso Preventivo-Incidente de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

El mentado art. 287 de la ley 24522 establece que en los procesos de revisión de verificaciones de créditos se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales.- En consecuencia, es indudable que para los letrados intervinientes será de aplicación el art. 47 de la Ley 8904, teniendo en cuenta además la importancia de sus respectivas labores de acuerdo a las pautas brindadas por el art. 16 del mismo cuerpo legal.- Con respecto al Síndico, la regulación de sus honorarios deberá efectuarse atendiendo a lo preceptuado por el art. 175 de la Ley 10620.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilación por invalidez, reingreso a la actividad remunerada, suspensión del beneficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "FICKS DE KAMINSKY, HAYDEE c/ A.N.Se.S.". s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-05

Se ajusta a derecho la resolución que suspendió el goce del beneficio por invalidez acordado, formuló cargos por los haberes percibidos indebidamente y ordenó se promovieran las pertinentes acciones penales, si la titular de la prestación reingresó a la actividad en relación de dependencia, en abierta colisión con lo preceptuado por los arts. 65 de la ley 18.037 y 47 de la ley 18.038. Ello así, máxime cuando las referidas tareas como dependiente -en el caso, de una farmacia- se hallan fehacientemente comprobadas con la verificación obrante en el expediente administrativo, donde el inspector actuante pudo constatarlas en base al Libro de Sueldos y Jornales y a recibos de haberes.
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Calvari, Marcelo c/ Vazquez, Alfredo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

En materia de resarcimiento de daños y perjuicios en la esfera civil, rige el principio de reparación integral que, por su carácter, manda adecuar las indemnizaciones a las circunstancias particulares y concretas de cada caso, sin ataduras a tablas o baremos, ni ecuaciones de índole matemática (arts. 1083 del Cód.

Civil y 165 del CPCC.).
Honorarios del abogado, excepciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GUANCA, Silvia Esther c/ FURCI Y CIA. S.R.L. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-19

La excepción opuesta por el demandado constituye un trámite principal dentro del juicio ejecutivo y no la promoción de un incidente (ya que la misma fue opuesta al progreso de la ejecución y prosperó) por lo que deben regularse los honorarios del apoderado del excepcionante, como ganador, en el total de la escala, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley de aranceles.-
Recurso de reposición (procesal), sentencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Alberini, Constante Pablo c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

Corresponde rechazar el pedido de revocación del pronunciamiento de la Corte Suprema, en cuanto señaló que el voto del magistrado impugnante había importado un evidente desconocimiento de los temas sometidos a resolución y le hizo saber que en lo sucesivo debía observar coherencia en su decisiones y evitar actos que perjudicaran el adecuado servicio de justicia, pues las explicaciones del recurrente resultan inconducentes y ponen de manifiesto una nueva tergiversación de las circunstancias de la causa.
Derecho procesal, procesos de conocimiento, diligencias preliminares, prueba, prueba anticipada, prueba pericial, designación de perito, procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Fidusaires SA c/ Horcrisa SA s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-28

Resulta procedente ordenar la producción de la prueba anticipada solicitada -designación de un perito ingeniero civil o arquitecto, a fin de que se expida sobre los puntos de pericia propuestos, dirigidos a constatar la calidad del hormigón suministrado por la accionada-, con la debida intervención de la contraria (conf. CPR 327, último párrafo). Ello por cuanto, en el caso, de las constancias acompañadas y del relato efectuado en autos, se extrae que se encuentran configurados los requisitos necesarios para admitir la diligencia. En efecto, si bien aún no se ha iniciado la acción de fondo, por lo que se desconocen con precisión los rubros que conformarán los daños que se reclamarán, es claro que la realización de la prueba pericial peticionada una vez que el edificio se encuentre terminado y las unidades entregadas, se tornará más dificultosa, insumiendo mayores costos y generando eventuales molestias a terceros ajenos a este proceso (vgr.: reparación de aquellos lugares en los que se tomen las muestras necesarias).
Accidente ferroviario, paso a nivel con barreras, barreras bajas, responsabilidad penal, delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación, desastre culposo, atentado ferroviario
Materia: PENAL
Carátula: Tripicchio, Ricardo O. s/ Inf. art. 196 C.P. Causa 25530
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-30

Debe calificarse como infracción al art. 196 en función del art. 191 inc. 2do. de Código Penal, la conducta del automovilista que obrando con un notable grado de imprudencia al no observar elementales reglas de cuidado, cruzó un paso a nivel con las barreras bajas a raíz de lo cual es colisionado por un convoy ferroviario, ocasionando la muerte de un pasajero del automóvil y la interrupción del servicio por tres horas.

Ello así, puesto que el art. 196 del Código Penal menciona al descarrilamiento y al naufragio, y luego remite a otros artículos de capítulo para el caso de otros accidentes, que no sea los dos mencionados.

En el caso narrado configura un hecho dañoso que puesto en peligro la seguridad de un medio de transporte - ferroviario - que puede con toda evidencia denominarse accidente en los términos del Código de Fondo.

Este accidente, en cuanto a sus características no está definido por la ley, pero debe ser de proporciones tales que permita poner en peligro la seguridad del transporte y por ende, la común, logrando además algunas de las finalidades típicas previstas en dicha norma, es decir, entorpecer o detener.