Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-12


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 95804 SALA IV AUTOS: "TURNER JOSE OSCAR C/ORIGENES A.F.J.P. S.A. s/ DESPIDO". Expte. Nº 432/2009. JUZGADO Nº 78.

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los12 dias del mes de octubre de 2011, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así, la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I)	Contra la sentencia de primera instancia de fs. 199/204, se alza la parte demandada a fs. 210/216 con réplica de su contraria a fs. 223/226 y el perito contador (fs. 205) apela sus honorarios por considerarlos bajos. Asimismo, en esta instancia se ordenó darle vista a la Fiscalía General de Trabajo, expidiéndose la Dra. María Cristina Prieto a fs. 231.

II) Se agravia la parte demandada en razón de que el Sr. Juez de grado rechazó la excepción de cosa juzgada opuesta por su parte.

De la atenta lectura del escrito de inicio se observa que la accionada se limita en su escrito de apelación a reiterar los fundamentos esgrimidos en su contestación de demanda y disiente subjetivamente con la opinión vertida por el Juez "a quo" en su pronunciamiento y no rebaten de una manera crítica y razonada los argumentos allí expuestos, fallo en el que se hace hincapié en el carácter de obligación de hacer que impone el art. 80 LCT, no susceptible de ser reemplazada por dinero y se aclara que su contenido se reduce a la obligación de entrega por parte de la empeladora .

Al respecto cabe recordar que los disensos subjetivos, o la exposición retórica de la posibilidad de haber sido interpretados los hechos de manera diversa de lo apreciado por el juzgador, constituyen modalidades propias del debate dialéctico, mas no de la impugnación judicial. Es carga del impugnante de un decisorio formular, respecto de las partes que lo afectan, una crítica concreta y razonada. Tal carga, impuesta por el art. 265 del Código Procesal (y, en el procedimiento laboral, por el art. 116 de la L.O.) implica que la expresión de agravios debe estar dotada de idoneidad procesal e intelectual, y su incumplimiento provoca la deserción del recurso (CNCom., Sala B, 2/6/89, "Banco Crédito Liniers Cía. Financiera SA c/ Skoko, Ana s/ sum.").

En el presente caso, la queja en estudio dista mucho de satisfacer esa carga procesal, pues la apelante se limita a reiterar los argumentos ya expuestos al contestar la acción y citar jurisprudencia vinculada.

Repárese en que las conclusiones de la sentencia no fueron objeto de cuestionamiento específico en el memorial que tengo a la vista (art. 116 de la LO). La expresión de agravios debe consistir en una exposición jurídica que contenga un análisis razonado y crítico de la sentencia apelada dirigida a demostrar la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida. Tal como lo ha señalado la doctrina, "la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para estimarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada, pues no existe cabal expresión de éstos" (cfr. Falcón, Enrique M., "Código Procesal", t. II, p. 266). Tal acto debe contener "la fundamentación destinada a impugnar la sentencia . con la finalidad de obtener su modificación o revocación. Concretamente, se trata del acto procesal en el cual el recurrente expresa los motivos de su apelación, refutando - total o parcialmente - las conclusiones de la sentencia, respecto de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas" ("Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Concordado con los códigos procesales. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Elena I. Highton, Beatriz A. Areán Dirección", Tomo 5, pág. 239 y C.S.J.N. Fallos 285:19, 288:108; 307:2216, entre otros). En el caso, no advierto que la recurrente ajustara su apelación a esos términos. En efecto, la recurrente se limita a cuestionar dogmáticamente la solución de grado y a transcribir citas jurisprudenciales, las cuales son ineficaces para cumplir con los requisitos que según el art. 116 de la ley orgánica debe cumplir la expresión de agravios, si no se aclara cuál es su relación con los hechos concretos de la causa" (esta sala, in re "Lazarte Rolando c/ Crush S.A. y otro" D.T. 1988-A, pág. 775 del 17-2-88, "Luna Darío Adrián c/ Fabesa S.A. y otros s/ Despido", sent. Nº 94.064 del 17/4/09; "Guerrero, Juan José y otros c/ Estado Nacional y otros s/ diferencia de salarios" esta Sala 10/2/06, SD 91.142; Sala III, SD 80.525, Pertigone, Miguel c/ César Amoroso SRL. S/ despido).

Por las razones expuestas, considero que la presentación efectuada por la accionada resulta insuficiente y el agravio en cuestión propongo que sea declarado desierto, conforme lo dispuesto por el art. 116 de la ley adjetiva.

III) La accionada se agravia, en segundo lugar, porque el Sr. Juez de grado no consideró el planteo de inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 25.345. Luego efectuó una serie de consideraciones que, a su juicio, justificarían la declaración de inconstitucionalidad.	En mi criterio, no le asiste razón pues a fs. 201 pto. 3 b, 202 y 203 el Sr. Juez de grado dio expreso tratamiento al planteo de inconstitucionalidad del art. 45 de la ley 25.345 y finalmente lo desestimó (fs. 203). Además, sabido es que la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la "ultima ratio" del orden jurídico y que ella no constituye un fin en sí misma, sino el medio para conjurar una eventual lesión de garantías constitucionales (CNAT, Sala VIII, 27/2/03, "Smith de Gorodneff, Patricia M. c/ Distribuidora Morice S.A. y otros"; esta Sala, 13/12/06, S.D. 91.944, "Adriel, Sebastián Leonardo c/ Sky Catering S.R.L. s/ despido"; íd. 19/8/09, S.D. 94240, "Saldivia, César Eduardo c/ Adecco Specialties S.A. s/ despido"). En la especie, no se especifica adecuadamente de qué modo disposiciones constitucionales se han visto vulneradas con la norma en cuestión. A ello he de agregar que comparto lo sostenido por esta Sala, con anterioridad a mi incorporación en cuanto establece que no se advierte que el art. 45 de la ley 25.345 consagre en su redacción la existencia de discriminación alguna que vulnere el principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la C.N., pues del análisis de la categoría normativa contemplada (los trabajadores en relación de dependencia), no surge que alguno de sus integrantes resulte arbitrariamente excluido del goce del derecho que consagra y tampoco puede reputarse que las diferencias en torno a la cuantía de la indemnización que se obtenga en razón de la base de cálculo que deba aplicarse, en cada caso particular (tres veces la mejor remuneración, mensual, normal y habitual devengada por el trabajador), vulnere el principio de igualdad aludido (ésta Sala, 28/2/08, SD 93.031, "Achkarian Christian Pedro c/ Metropólitan Life Seguros de Vida SA s/ Certificados Art. 80 LCT").

IV) También se agravia la demandada de que el Magistrado de grado haya concluido que su parte incumplió con la obligación prevista en el art. 80 LCT. Sostiene, como fundamento de su postura, que su mandante puso a disposición del trabajador los certificados previstos en la norma citada y no se presentó en la empresa a retirarlos.

La queja no merece trato favorable, pues la apelante no controvierte la conclusión del fallo (cfr. fs. 203 pto. 3 c.) acerca de que la certificación del art. 80 de la LCT fue confeccionada en una fecha posterior (ver fs. 18/20) a la intimación formulada (fs. 16/17) -art. 116 L.O.-. Sobre esa base, es obvio que no puede considerarse cumplida la obligación prevista en el citado precepto legal, en tiempo oportuno.

V) Se queja la accionada, en síntesis, porque el Sr. Juez de grado no tuvo en cuenta en su sentencia la inexistencia de denuncia de algún perjuicio que pudo haber sufrido el actor.

Al respecto cabe señalar que la norma no exige que el actor denuncie haber sufrido algún daño o perjuicio para que se torne operativa la sanción que la norma en cuestión dispone, sino que el sólo incumplimiento a la entrega de la documental requerida en el plazo allí establecido resulta suficiente para acceder a la multa que el dispone el art. 80 LCT y su dec. Reglamentario 146/01. Además, obsérvese que el reclamo del Sr. Turner no tiene sustento en las disposiciones del Código Civil que reparan los daños y perjuicios.

En razón de las consideraciones expuestas corresponde desestimar el agravio formulada por la empresa.

VI) Por otra parte se queja la demandada en razón de que el Sr. Juez aplicó la tasa de interés activa en la sentencia.

El planteo recursivo introducido por la accionada debe ser desestimado, por cuanto considero que ante la pérdida de valor de nuestro signo monetario debe accederse a la aplicación, a partir del 1.1.2002, de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según lo dispone el Acta 2357 de la Excma. C.N.A.T. del 7/5/2002, modificada por Resolución Nro. 8 del 30.5.2002. Dicha resolución ponderó que "la supresión de la convertibilidad monetaria, y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento" ... "... la última de las cuales era de un 12% anual ..." "... que ya no puede sostenerse sin grave daño para los derechos que la Justicia Nacional del Trabajo declara y garantiza" ... "... que la tasa activa del Banco de la Nación Argentina es la más apropiada para su aplicación a los créditos judiciales, que equivale, al menos aproximadamente, al vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento del costo, sea éste real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito". En igual sentido, lo ha sostenido esta Sala en su anterior integración con criterio que comparto en los autos "Djanikian Miguel Angel c/ Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO s/ despido" (S.D. 94.528 del 22/2/2010). .

Por lo expuesto, lo resuelto en el fallo recurrido, permanece firme.

VII) La accionada apela (fs. 216 -sexto agravio-) los honorarios de los profesionales de la parte actora y del perito contador por considerarlos elevados, los propios por bajos y la forma en que fueron impuestas las costas. El experto contable apela los propios por considerarlos reducidos.

En primer lugar cabe destacar que, sin perjuicio que la demandada no fundó la queja respecto de la imposición de costas, mantiene la calidad de vencida, por lo que sugiero sean confirmadas a la demandada y, por iguales fundamentos, también imponerles las de alzada (art. 68 CPCCN).

Teniendo en cuenta el resultado del pleito, los trabajos realizados, y las normas arancelarias vigentes (art. 38 de la L.O., ley 21.839, ley 24.432, y decreto ley 16.638/57), considero que los honorarios regulados en primera instancia a favor de la intervención letrada de la parte actora no resultan elevados y los del perito contador son adecuados. Sin embargo, corresponde elevar al 13 % los honorarios de la representación letrada de la demandada por resultar reducidos. Fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta instancia, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Por todo lo expuesto, voto por: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios. II) Confirmar la imposición de costas establecida en la instancia de grado e imponer las de alzada a la demandada vencida. III) Confirmar la regulación de los honorarios establecidos en la instancia de grado a la intervención letrada de la parte actora y del perito contador y elevar al 13 % los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la demandada, a calcularse en la forma dispuesta en la sentencia de grado. IV) Fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta instancia, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por coincidir con los fundamentos, adhiero a lo decidido en el fallo precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios. II) Confirmar la imposición de costas establecida en la instancia de grado e imponer las de alzada a la demandada vencida. III) Confirmar la regulación de los honorarios establecidos en la instancia de grado a la intervención letrada de la parte actora y del perito contador y elevar al 13 % los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la demandada, a calcularse en la forma dispuesta en la sentencia de grado. IV) Fijar los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes en esta instancia, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. GRACIELA ELENA MARINO	SILVIA E. PINTO VARELA	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria