Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-29


NEUQUEN, 29 de mayo de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "SILIQUINI JUAN CARLOS S/ INCIDENTE VERIF. TARDIA (E/A: ELITE SRL S/ QUIEBRA EXPTE. 318656/4)" (Expte. ICC Nº 31758/2011) venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, CONSIDERANDO:

I.- Que la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria del 11 de junio del 2013 (fs. 48/50), presentando memorial a fs. 53/57.

Argumenta que el juez de grado incurre en errónea aplicación del derecho al decretar la prescripción de la obligación de hacer pretendida en base al art. 56 de la ley 24.552 cuando el mismo es aplicable solamente a los concursos preventivos, siendo inoperante en el presente proceso de quiebra, de acuerdo al capitulo en que se encuentra y la falta de remisión expresa, según jurisprudencia que cita. Afirma que el crédito no renace, verificándose el mismo de conformidad a la normativa de rigor.

Solicita se revoque el fallo recurrido, dando curso al procedimiento.

Corrido el pertinente traslado el síndico contesta a fs. 66.

Manifiesta que el crédito prescribió durante el concurso preventivo, deviniendo violatorio del principio de igualdad de los acreedores permitir la verificación de tal deuda en el posterior proceso de quiebra.

Solicita se rechace la apelación con costas.

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a entendimiento resulta que la decisión en crisis declara prescripto el crédito insinuado con fundamento en que el mismo no fue denunciado en tiempo oportuno, transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto en el art. 56 de la LCQ desde la adquisición del vehículo en fecha 1.11.00 al momento de la declaración de quiebra el 29.9.10, es decir, durante el trámite preventivo, no pudiendo renacer por el hecho de la liquidación posterior.

En principio, surgen dudas sobre los recaudos de admisibilidad del recurso, teniendo en cuenta que el apelante se concentra en la inaplicabilidad de la norma referenciada en el proceso de quiebra, destinando una confusa crítica al argumento esencial en debate cual es la aplicación de la norma a los casos en que la prescripción operó durante el curso del expediente concursal preventivo.

Tal situación lleva a asumir el tratamiento de la cuestión en virtud de la garantía de la segunda instancia, siendo flexible en la evaluación de los agravios vertidos.

Luego, cabe tener presente el mentado artículo 56 de la ley 24.552 de Concursos y Quiebras, en su parte pertinente: "Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acreedores que no hubieran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados o declarados admisibles. El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la acción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor." (Art. Modificado por ley 26086) (cfme. Arts. 17 de la Const. Nac.; 24 de la Const. Prov.; y 505 y 3.949 del Cód. Civ.).

En el caso, la plataforma fáctica la constituyen el boleto de compraventa del 1.11.00, sin fecha cierta (fs. 1); el formulario 08 suscripto en blanco, con certificación del 8.11.00 (fs. 2); la titularidad de la quebrada en el titulo del automotor (fs. 4 vta.); certificados de cobertura de seguro a nombre del requirente desde julio 2001 a octubre 2011 (fs. 6/18); y plan de pago de patente emitido en agosto 2011 (fs. 19/23); documentación acompañada en el pedido de verificación tardía del 23.9.11 (fs. 29/30), que peticiona el reconocimiento del derecho del adquirente del rodado, ordenándose la inscripción a su nombre.

El síndico se opone a la verificación atento la prescripción que denuncia operada, teniendo en cuenta el decreto de concurso preventivo del 29.12.04 y de quiebra indirecta del 29.9.10, indicando que el crédito prescribió durante el proceso concursal antes del decreto de liquidación, transcurrido en exceso el plazo de dos años (fs. 35).

Que el principio de concurrencia en los concursos obliga a todos los acreedores a verificar sus créditos e insinuarse en el pasivo del deudor para participar del procedimiento y procurar el cobro de sus acreencias (art. 32 y 200 LCQ), todo ello también gobernado por los principios de colectividad y universalidad.

Que como consecuencia de este sometimiento, los efectos del acuerdo homologado resultan aplicables a todos los acreedores, no importando cual haya sido la forma de insinuación (tempestiva o tardía) o hayan optado por no someterse al procedimiento concursal y una vez cumplido pretendan ejercer sus derechos con independencia del proceso colectivo. Sin embargo, la insinuación que se intente después de los períodos establecidos por la ley que el juez debe fijar en la sentencia de apertura (art. 14 inc. 3) tienen una limitación, según el art. 56 LCQ, la prescripción del crédito a los dos años de la presentación del concurso.

El fundamento de la norma es poner límite a la incorporación de acreencias con posterioridad a la homologación del acuerdo preventivo, que provocan inestabilidad en la determinación integral del pasivo concursal. El orden social y la seguridad jurídica, fundamentos del instituto de la prescripción común, adquieren matices y dimensiones específicos frente al deudor concursado.

La prescripción abreviada se apoya en la finalidad misma del concurso, recomposición del pasivo y restructuración de la empresa, para beneficio de la economía y el interés social, aun a costas del sacrificio de los acreedores. La ley protege los derechos, pero no ampara la negligencia, el abandono y el desinterés del particular que no los ejerce. En el caso de concurso preventivo, ello se ve reflejado en la situación de los acreedores que con indiferencia se han mantenido ajenos al trámite concursal, sea porque no verificaron sus acreencias en forma tempestiva o bien porque no se insinuaron por la vía tardía en la oportunidad prevista por la ley. El plazo acotado de prescripción pone fin a esa situación desigual, vedando la posibilidad a los acreedores inactivos de insinuar sus créditos en forma ilimitada en el tiempo.

El instituto ofrece las siguientes ventajas: 1. Simplicidad, al establecer un régimen unificado de prescripción de dos años sin distinción alguna respecto de la naturaleza y rango de la obligación; 2. Estabilidad, al permitir en el plazo fijado la definitiva composición del activo y del pasivo del concursado; 3. Claridad, certeza y seguridad, evitando las imprevisibles consecuencias de la aparición de pasivos desconocidos. (p. 191, Prescripción en la ley de concursos, Roitman H., Rev. Dcho. Priv. y Com. 22, Prescripción Liberatoria, Ed. Ruvinzal-Culzoni).

Que no obstante lo expuesto, adhiero a la interpretación que sostiene que la prescripción abreviada concursal prevista en el art. 56 de la LCQ no resulta aplicable en la quiebra por los siguientes motivos: 1. La norma está ubicada en el título "Efectos del acuerdo homologado", referido específicamente al concurso preventivo, destinado a brindar estabilidad al acuerdo concursal, posibilitando el saneamiento de la situación del concursado. 2. No es de aplicación analógica atento la interpretación restrictiva de la prescripción como medio extintivo de obligaciones y la distinta finalidad del proceso falencial. 3. El art. 200 al regular la verificación en la quiebra remite a varias disposiciones del concurso preventivo, pero no menciona el art. 56, por lo cual no resulta aplicable a dicho proceso. (p. 568, t. II, El concurso Preventivo y la Quiebra, Cámara H.).

En este sentido, la doctora Kemelmajer de Carlucci hace hincapié en la ratio legis, reflexionando que: "La norma, como lo recuerda la sentencia recurrida y admite la recurrente, tiene por finalidad loable no prolongar por largos períodos la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concursado. En el tema, se afirma, pugnan los intereses del acreedor renuente -afectado por la fijación del plazo para actuar- y los de la economía en general, cuyo principal objetivo es la continuidad de la actividad. Es menester poner un límite temporal a la aparición de lo que en doctrina se ha denominado "pasivos ocultos", intentándose con esta medida cristalizar la situación del deudor, lo cual es altamente favorable para el supuesto del salvataje previsto en el art. 48 de la ley de concursos. .. Nada de esto ocurre en la quiebra, procedimiento que normalmente lleva a la liquidación. Sin perjuicio del excesivo optimismo del legislador, lo importante es que la sanción a los "dormidos" no está en el art. 56 sino el art. 223, conforme el cual los que se presentan tardíamente sólo tienen derecho a participar de los dividendos de las futuras distribuciones complementarias".

Continua, tratando el supuesto particular de autos: "El art. 56 y la quiebra indirecta. ¿Qué ocurre cuando se llega a la quiebra por el fracaso del acuerdo preventivo?. Desde la doctrina se han dado tres posibles respuestas: 1. La acción no renace. Para algunos autores, las acciones prescriptas por aplicación del art. 56 del concurso preventivo no renacen por el hecho de la quiebra posterior (Rivera, "Instituciones de D. Concursal", Santa Fe, ed. Rubinzal, 1996, pág. 277; Heredia, Pablo, "Tratado exegético de Derecho concursal", Buenos Aires, ed. Ábaco, 1998, t. 2 pág. 276). Esta tesis, formulada sin distingos, se aparta de la "ratio legis". 2. Posición intermedia: depende de la existencia o no de una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada. Maffía entiende que la solución difiere según la cuestión haya sido planteada en el concurso y haya recaído decisión; si se había declarado prescripto, no se puede volver sobre el tema; en cambio, si no hay decisión, no corresponde aplicar la prescripción breve del art. 56 (Maffía, Osvaldo J., "Verificación de créditos", 4° ed., Bs. AS., Depalma, 1999, p. 413; conf. con esta posición García, Silvana M., "Prescripción abreviada concursal" -art. 56 ley de concursos-: supuestos en los que no se aplica, en "De la Insolvencia, In memoriam de Héctor Cámara y Francisco Quintana Ferreyra", Córdoba, ed. Advocatus, 2000, p. 235 y ss; en el mismo sentido y en la misma obra, Cacciolato, Mirta y otra, "Concursalidad: prescripción", p. 232). Utiliza como argumento corroborante el art. 200 conforme el cual al pedido de verificación de los acreedores por causa o título anterior a la declaración de quiebra le resultan aplicables los arts. 36, 37, 38 y 40; como se ve, no se menciona al art. 56. 3. Inaplicabilidad del art. 56 en la quiebra, cualquiera sea el medio por el que se llegó a ella.

Para Rouillon, "el efecto prescriptivo se produce sólo en un concurso preventivo exitoso, esto es el que no se frustra terminado por desistimiento o quiebra indirecta (Rouillon, Adolfo, Régimen de concursos y quiebras, 9° ed., Buenos Aires, Astrea, 2000, p. 133; conf. Figueroa Casas, Pedro, "La etapa de verificación de créditos", Ponencia Derecho concursal argentino e iberoamericano, Mar del Plata, ed. Ad Hoc, 1997, t. I p. 206; Hequera, Elena, "Problemas que plantea la prescripción en la verificación tardía de créditos, Doc. Societaria y concursal", t. XII, 2001, p. 791). La razón es que la prescripción breve sólo se justifica para salvaguardar a la empresa en marcha socialmente útil o viable, supuesto en que la aparición de nuevos acreedores puede ocasionar un desequilibrio que frustre las posibilidades de recuperación de la concursada. Nada de ello ocurre, en cambio, si la quiebra indirecta se ha declarado." (Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I (SCMendoza)(SalaI), Fecha: 12/04/2002, Partes: Vázquez, Armando y otros en Cristalerías de Cuyo S. A. s/ conc. prev. s/ inc. de verif. Tardía, Publicado en: LLGran Cuyo2002, 386 - LA LEY2002-E, 697).

Como se puede observar, el tema puede llevar a dudas cuando se refiere a la quiebra indirecta, es decir, aquella que deviene tras el trámite de un concurso preventivo, más cabe estar a la subsistencia de los derechos ante la falta de solución legal expresa, fundamentalmente ante la distinta finalidad de un proceso y otro y la peculiaridad de la prescripción concursal abreviada, instituto especial que deja sin efecto los plazos particulares con un objetivo concreto, cual es el acuerdo concursal preventivo, el que no se puede producir en la etapa liquidatoria.

La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: "1. la norma de la lc 56, prevista para los concursos preventivos, no es aplicable extensivamente a las quiebras, teniendo en cuenta que, por un lado, la figura del acuerdo resolutorio ha sido suprimida por la reforma, por otro, que fue intención del legislador instrumentar para la quiebra un acelerado procedimiento de conclusión y finalmente que, los arts. 230 y 231 de dicha ley prescriben una suerte de caducidad especifica para las verificaciones tardías en las quiebras, que solo puede dejarse en suspenso en el caso de presentarse nuevos bienes.

Además, cabe señalar que el art. 200 de dicha ley, al regular el periodo informativo de la quiebra, remite a distintas disposiciones del concurso preventivo, pero no al art. 56 cit. 2. En base a lo establecido en el cciv 3964, no corresponde la declaración oficiosa de prescripción de un determinado periodo del reclamo verificatorio, ya que el juez no puede prescindir de la petición de quien puede invocar el hecho extinto y no lo hace." (Auto: OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REP. ARG. (OSPRERA) S/ INC. DE VERIFICACION TARDIA EN AUTOS CLOTILDE B. DE BERHOUET Y OTROS S/ QUIEBRA. (ED 25.10.01, Fplicacion 51101). - Ref. Norm: CODIGO CIVIL: 3964 - CAPEL CC AZUL, SALA I - Fecha: 07/09/2000.

Esta Cámara de Apelaciones ya se ha expedido en forma similar in re "DGI-AFIP S/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA E/A: ADOS S/ QUIEBRA" (ICC Nº 42025/8), Voces: [Verificación tardía Prescripción bianual art. 56 LCQ no es aplicable a la quiebra], Sala I, voto Dr. Garcia, sen. del 16 de junio de 2009).

Por las razones expuestas, atento a los términos en que se plantea el recurso, se hará lugar a la apelación, revocando el fallo recurrido en lo que ha sido materia de agravios, rechazándose en definitiva la defensa prescriptiva.

III.- En relación a las costas, si bien la regla general en materia de verificación tardía es que en el proceso incidental se impongan al incidentista, aún cuando éste resulte vencedor, las especiales características del caso justifican que las generadas en ambas instancias se distribuyan en el orden causado (art. 69 del CPCyC) considerando la complejidad y criterios de interpretación sostenidos actualmente por la doctrina y jurisprudencia que fueron explicitados en el capítulo anterior.

Que el art. 280 de la Ley 24552 contenido en la Sección II - Capítulo III -Título V- contempla que en supuestos como el que nos ocupa -al igual que en los de verificación de créditos- deben tramitar por incidente, al prescribir que: "Toda cuestión que tenga relación con el objeto principal del concurso y no se halle sometida a un procedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo", incorporando dentro de dicho marco incidental el art. 287 por el que los honorarios se deberán regular "de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.".

En consecuencia, al no existir una disposición expresa sobre la forma en que se deben imponer las costas en tales incidentes, cobra vigencia la remisión del art. 278 LCQ a las leyes procesales locales, cuando establece que: "En cuanto no esté expresamente dispuesto por esta ley, se aplican las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal"., en el caso el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén (Ley 912).

Conforme a ello es de aplicación el régimen previsto en el Capítulo V, Costas (Título II, Libro I) cuyo art. 69 relacionado a los gastos causídicos, ratifica el principio general que impone su carga a la parte vencida, señalando la posibilidad de eximirse de ellas "únicamente cuando se tratare de cuestiones dudosas de derecho".

Que entonces, si bien el principio general es que las costas debe afrontarlas el vencido, hay excepciones que deberán merituarse en función de comprobarse la existencia de opiniones de doctrina e interpretaciones jurisprudenciales que conduzcan a soluciones diferentes sobre la cuestión de fondo sometida a juzgamiento.

Que por otra parte, resultan útiles las pautas señaladas por el Dr. Osvaldo Mafia (Verificación de créditos, pag. 366 y sgtes.), cuando se trata de la imposición en costas en los incidentes de verificación tardía en concursos y quiebras:

"En cuanto a la incidencia de las costas, anticipamos que es uno de los aspectos en que el trámite oportuno de verificación se distingue del tardío. No se verifica un crédito con costas al concurso, ni se le imponen al deudor declarado inadmisible en los casos de pedido oportuno. En cambio, sí proceden en la verificación tardía, por tratarse de un incidente.

En principio debe soportarlas el acreedor, ya que procura extemporáneamente una inclusión en el pasivo que pudo haber solicitado en término, pero si existen razones atendibles que excusen la demora puede ser eximido. Incluso pueden ser impuestas al deudor en el concurso preventivo si se opuso injustificadamente al progreso del reclamo. En caso de quiebra pueden imponerse al concurso por renuencia infundada del síndico (o del fallido si se acepta su legitimación pasiva).

Los pronunciamientos judiciales que admiten la verificación con costas al incidentista son frecuentes y constituyen la norma".

En definitiva, la situación analizada en el capítulo anterior ciertamente escapa a las normas generales dictadas desde los principios que regulan los procesos, tanto como aquellos que rigen en materia concursal, en los que se vincula la verificación tardía con la falta de diligencia de un acreedor.

Que por todo lo expuesto, en atención a las especiales características del caso, en las que se ha evidenciado corrientes de opinión en la doctrina y en la jurisprudencia que arriban a soluciones opuestas respecto a la aplicación del art. 56 de la Ley 24552 en los supuestos de quiebra indirecta, propiciaré que las costas en ambas instancias sean distribuidas en el orden causado (art. 69, 1er. Párrafo del CPCyC), manteniendo el diferimiento de la regulación de los honorarios y determinación de las tasa judiciales para el momento en que se concluya el presente.

Por ello, esta Sala III RESUELVE:

1.- Revocar la resolución dictada a fs. 48/51, y en consecuencia rechazar la defensa prescriptiva, de conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

2.- Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado, atento lo explicitado en los considerandos (art. 69 primer párrafo del C.P.C.C.).

3.- Mantener el diferimiento de la regulación de honorarios y determinación de las tasas judiciales para el momento en que se concluya el presente.

4.- Diferir la regulación de honorarios de Alzada para su oportunidad (art. 15 L.A.).

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori Dr. José Oscar Squetino - Secretario.