marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Instrucción, delito de acción pública, falta de acusación fiscal, impulso de parte, querellante
Materia: PENAL
Carátula: Atienza, Gustavo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-13

Si el tribunal de alzada revoca la desestimación de la denuncia, el archivo de las actuaciones o el sobreseimiento dispuesto por el juez de grado; o decide abrir el juicio -aún contra la posición desincriminatoria del fiscal- como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la querella (arts. 180 último párrafo, 195 segundo párrafo y 337 segundo párrafo del C.P.P.N.) o el mecanismo de consulta (art. 348 segundo párrafo ibídem) la solución será adjudicar a otro fiscal la prosecución de la investigación o la formulación del requerimiento. es que como el querellante carece de potestad pública para investigar eficientemente o provocar el juicio, y el Ministerio fiscal es su representante -pues el interés que invoca el querellante es parte del interés general de la sociedad que él debe defender- es éste órgano público quien debe hacerse cardo de la prosecución de la acusación, ya no por un impulso propio sino como reflejo del interés de su mandante la víctima-querellante, interés cuya legitimidad y razonabilidad han sido reconocidas por un tribunal de apelación. (Dr. Madueño en disidencia).
Medidas cautelares, contracautela, exención de la contracautela, caución juratoria, beneficio de litigar sin gastos
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GENETICA BOVINA SA c/ ORTIZ, JUAN ALBERTO s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

Si bien la ley procesal exime de contracautela, a quien actuare con beneficio de litigar sin gastos (CPCCN art. 200-2), y esa exención rige, como principio, a partir de que ese hubiere sido otorgado (cód. procesal, art. 84); en supuestos especiales la estricta aplicación de aquella normativa podría conducir a la conculcación de los derechos constitucionales del solicitante, pues lo privaría de la posibilidad de acceder a la proteccion jurisdiccional en virtud de la denunciada carencia de fondos o recursos necesarios, pareciendo, en tales casos, razonable adoptar un temperamento menos riguroso y posibilitar la traba de la medida precautoria obtenida mediante caución juratoria; no obstando a ello que inicialmente se hubiese ofrecido una contracautela real, dado el cambio de circunstancias invocadas.
Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-30


NEUQUEN, 30 de Diciembre del año 2014.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ANSORENA LEANDRO C/ MEZA MAYRA MARIEL XIMENA S/ QUEJAS", (Expte. Nº CNQCI 191/2014), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO Y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, CONSIDERANDO:

I.- La parte actora deduce queja contra el acta de audiencia de fs. 1 de este cuadernillo, en la cual se deniega el recurso de apelación que interpuso contra la decisión tomada en dicho acto de no llevar adelante la absolución de posiciones.

Estimándose cumplidos los requisitos de admisión (arts. 282 y 283 del CPCC), corresponde entrar a considerar la procedencia del recurso interpuesto.

II.- En primer término, debe señalarse, conforme lo ha sostenido reiteradamente esta Cámara, que: "La apelabilidad de la resolución es requisito sine qua non para la admisibilidad de la queja" (PI.1990-TºI-Fº91, Sala II, PI.1990- TºI- Fº51 Sala I y PI. 2006 T° II F°278, Sala III, entre otros).

Analizadas las constancias del presente, coincidimos con el magistrado de grado, en cuanto a la inapelabilidad de la resolución.

En efecto, teniendo en cuenta que la cuestión sobre la que versa la apelación radica en la producción y sustanciación de prueba, la viabilidad del recurso debe examinarse a la luz del art. 379 del Código Procesal que consagra la irrecurribilidad de las resoluciones relativas a la producción, denegación y sustanciación de las pruebas.

Esta norma adjetiva regula el ordenamiento procesal en este sentido, e instituye la regla fundada en razones de celeridad y concentración, en virtud de lo cual no son susceptibles del recurso de apelación las resoluciones del Juez de primera instancia dictadas en materia probatoria, evitando así el abuso y la mala fe de los justiciables, que conllevan a una deliberada elongación injustificada del pleito.

No obstante la restricción recursiva señalada, somos de la opinión que ésta debe ceder ante supuestos excepcionales y cuando estén implicadas las reglas del debido proceso que hacen a la defensa en juicio de los litigantes, o en aquellos casos en que se resuelven cuestiones ajenas al estricto trámite del proceso y que produzcan un agravio susceptible de ser reparado.

Sin embargo, no advertimos que en la especie se configure una situación de excepción que nos permita apartarnos del régimen de inapelabilidad instituido por nuestro ordenamiento procesal, razón por la que habrá de desestimarse la queja en estudio.

Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de queja articulado.

II.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, ARCHIVESE.

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA.
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guevara, Teresa c/ Puig, Hugo s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-06-05

No reviste el carácter de comodataria quien convivió con el actor como su concubina y, por lo tanto, no puede ser sujeto de la acción de desalojo (arts.1141, 2255, 2256 y conc., C.C.; 676, C.P.C.).
Derecho a la salud, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la provincia, trasplante de órganos
Materia: CIVIL
Carátula: Bello, Fernando Sebastián y otra. c/ Osecac y otros. s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-10-21

La carga del Estado Nacional y la Provincia de Córdoba se circunscribe en definitiva a posibilitar a todos los habitantes de la república el acceso adecuado a un sistema de salud pública similar al que se ofrece en la esfera privada. (Del voto del Dr. Muscará).
Juicio de desalojo, facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S.U.P.E. c/ OSCAR GOMEZ s/ Desalojo (LIBRO: S080 - 499)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-03-16

No basta la sóla mención del hecho posesorio para la oposición a la acción de desalojo, sino que la ley exige algo más: la invocación de un título a la posesión, lo que conlleva la obligación y derecho del Tribunal de analizarlo, sin que ello implique discutir o decidir sobre ius possidendi o ius possessionis, sino la posibilidad de determinar o comprobar si prima facie se justifica la pretensión del accionado esgrimida como única y esencial defensa. De otro modo, la sola invocación de posesión o de derechos posesorios sería suficiente para obligar al actor a recurrir al ejercicio de acciones reales o posesorias, restringiendo el ámbito de aplicación del proceso sumario por desalojo, haciendo imposible su realización en los casos de intrusión o precariedad.-
Jubilaciones, relación de dependencia, trabajador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Betancur, José c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-19

El 70% al que hacía alusión el art. 49 de la ley 18.037 constituía el piso de sustitución legalmente esta-blecido para la jubilación del trabajador dependiente cualquiera fuera su causa. De ese modo, el legisla-dor procuró hacer efectivo -pleno de contenido y no ilusorio- el carácter integral del derecho de seguri-dad social de que se trata, resguardado por el art. 14 bis, tercera parte de la C.N. Ese mismo guarismo fue fijado de modo explícito como referencia para el cálculo del "retiro por Invalidez" y la "pensión por fallecimiento" por los arts. 97 y 98 de la ley 24.241, pero no se advierte que en ésta norma se haya pues-to el mismo celo acerca de la "tasa de sustitución" para la cobertura de la contingencia de vejez, otrora llamada "jubilación ordinaria" (a cargo exclusivamente del régimen de reparto de administración pública durante la vigencia de las leyes 18.037 y 18.038). Ello fue así, en primer lugar, porque el S.I.J.P. propició la migración de la jubilación ordinaria al régimen de capitalización (vaciada de su naturaleza y signada por algunos como intencionalmente motivada para favorecer la opción a favor del mismo), cuya cuantía dejó de ser el resultado de una fórmula legalmente prevista de reemplazo para convertirse en un importe por demás incierto o aleatorio, derivado -entre otros factores a considerar- del saldo que pudiera alcanzar la C.C.I. de administración privada. En segundo término, porque para el caso que la cobertura de la contin-gencia de ancianidad se encontrare exclusivamente a cargo del régimen previsional público de reparto (como consecuencia de la opción ejercitada), aquella quedó atomizada a partir del 14.07.94 (fecha de entrada en vigencia del S.I.J.P.) en tres prestaciones: P.B.U., P.C., P.A.P., con distintas reglas de cálculo pa-ra cada una de ellas (arts. 19 a 21, 23 a 26 y 30, respectivamente); la primera de las cuales no guarda relación alguna con la remuneración o renta imponible sobre la que se aportó en actividad. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pitre, Julia Rosa c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Cuando se trata de beneficios concedidos en virtud de un pedido de reapertura de procedimiento, el plazo de prescripción de las sumas devengadas con anterioridad resulta ser anual, puesto que no se trata de diferencias de un beneficio ya acordado en los que se admite la prescripción bienal.
Expropiación, indemnización expropiatoria, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ PEREZ, DELIA PASCUALINA TOMASSETTI DE Y/O QUIEN EN DEFINITIVA RESULT E PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 479 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20

Corresponde desestimar la solicitud de la expropiada de que al valor objetivo del bien se adicione, como parte de la indemnización "integral", los gastos devengados por la compra de un inmueble de similar valor, desde que no basta la mera invocación del "perjuicio directo e inmediato" para que éste se reconozca, sino que para ello es necesaria su concreta demostración. Según tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la procedencia de la indemnización por este concepto "...depende de que esté o no suficientemente probada la existencia de perjuicios cuya causa inmediata y directa sea la expropiación..." y que "a falta de prueba de los perjuicios que habría irrogado la expropiación no corresponde indemnización alguna por tal concepto"
Competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, daños y perjuicios, discriminación
Materia: CIVIL
Carátula: TRIACA,  Alberto  Jorge c/ SOUTHERN  WINDS  LÍNEAS AÉREAS SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

Por aplicación del art. 198 del Código Aeronáutico (ley 17.285)resulta competente la Justicia Civil y Comercial Federal para entender en la acción por daños y perjuicios reclamados a la empresa aérea por un supuesto trato discriminatorio del que habría sido víctima el actor en razón de un contrato de transporte celebrado con la demandada.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, indemnización por accidente de trabajo, acción civil por accidente de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Aranda, Cesilia c/ Vidogar Construcciones  SA  y otro. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

Es inadmisible el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que desestimó la demanda por indemnización de accidente de trabajo, fundada en el art. 1113 del Código Civil (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Tribunales internacionales, corte interamericana de derechos humanos, jurisprudencia internacional, Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Acosta, Claudia Beatriz y otros s/ hábeas corpus.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El criterio jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Voto de los Dres. Antonio Boggiano y Gustavo A. Bossert).
Responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Irisarri, Gilberto Vicente y otra c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-14

Como los empleados que actúan en el ejercicio de su función son órganos del Estado, la responsabilidad de éste es directa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación, prejuzgamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Aranguren Ortega, Joel Rafael s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Aranguren Ortega, Joel Rafael sobre 6.1.47 - requisitos de los vehículos de transporte de pasajeros c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-29

La solicitud de apartamiento de una jueza de este Tribunal por haberse expedido como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas sobre el fondo en sentencias que resolvieron recursos de apelación en causas similares a la presente, no puede prosperar toda vez que dicho planteo no supone prejuzgamiento. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Protección a la familia, violencia de género, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. V. c/ D., A. E. s/ violencia de genero
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-04-28

La irrazonabilidad del monto de la cuota alimentaria provisoria a favor de los hijos del denunciado en el marco de la denuncia por violencia de género, debe ser demostrada por quien así la califica. Esto quiere decir que si se considera que el monto es exagerado debe aportarse prueba en tal sentido. Desde otro punto de vista, tampoco la cuestión genera perjuicio, por cuanto el porcentaje que se le retiene en concepto de cuota alimentaria y considera elevado, es provisorio; no es definitivo. Y por otro lado, porque tiene como destino la satisfacción de las necesidades de sus hijos.
Derecho penal, Ministerio Público, ley penal, interés público, defensa en juicio, exceso ritual manifiesto, expresión de agravios, plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: F, J M s/ CESE DE ENCARCELAMIENTO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 154-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-03

En el terreno de la justicia penal está comprometido "gravemente el interés público, tanto en lo que toca al ejercicio de su defensa por los individuos como al de la pretensión punitiva del Estado, de manera que es preciso que ambos discurran por los cauces formales que traza la ley pertinente, pero sin incurrir en interpretaciones excesivamente formalistas de sus normas que malogren en la práctica aquellos grandes intereses, por igual dignos de amparo de la justicia.
Sociedad de responsabilidad limitada, cesión de cuota social
Materia: COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS   PLASTICAS   PITAGORAS   SA c/ ALTAPLASTICA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-07

Cabe reputar oponible y con plenos efectos frente a la sociedad como frente a los restantes socios, la incorporación como socio al accionante producida con la firma del acuerdo de transferencia de cuotas societarias obrante en la causa; toda vez que, si bien es cierto que para que la transmisión tenga efectos frente a la sociedad es menester que se entregue a la gerencia un ejemplar o copia del título de la cesión o transferencia (ley 19550: 152-2° parr.), y nada se ha dicho sobre el cumplimiento de esa formalidad; sin embargo, en tanto en el acto intervinieron los dos socios fundadores, titulares en ese momento del 100% de las cuotas, la referida notificación a la gerencia resulta innecesaria, pues dicho órgano de administración, estaba a cargo de los socios intervinientes a la fecha en que se perfeccionó la operación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Presta, Adriana Beatriz c/ Bustamante, Fabián Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28

Cierto es que determinar si la conducta de la víctima o de un tercero excluye, en todo o en parte, la responsabilidad que el artículo 1113 del Código Civil impone al dueño o guardián de una cosa riesgosa constituye una cuestión de hecho ajena por principio a la instancia extraordinaria. Mas el señalado criterio cede cuando se invoca y demuestra que el tribunal de grado ha incurrido en absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sumario administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sánchez Teófilo Darío c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

La nulidad de lo actuado en el sumario administrativo decretada por carecer el auto de apertura a prueba de la firma del inspector, no afecta a aquellos actos que son independientes de los anulados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: LABORAL
Carátula: Verón, Eduardo José c/ Banco Comercial del Tandil S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Las atribuciones de censura de la Suprema Corte están circunscriptas al contenido del fallo impugnado y al alcance del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Recursos, admisibilidad del recurso, depósito previo, valor real
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schmidberger de Ferrando, Rosa Inés s/ Ejecución  de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-09-25

La sala considera innecesario abordar la cuestión de si el planteo de la ejecutada (en el caso se inició incidente de la aplicación de la ley 24.283 para los honorarios de los letrados) resultaba admisible, sin el depósito de lo que se entiende sea el "valor real y actual", pues la pretensión resulta inadmisible.
Nulidad del acto administrativo, multa, ley de defensa del consumidor, competencia, Comisión Nacional de Comunicaciones
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Telecom Argentina S.A. c/  s/ Recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2013-10-29

Corresponde declarar la nulidad de la Disposición del Ministerio de Industria, Empleo y Trabajo de la Provincia del Chaco que impuso una multa por infracción a la ley 24.240 a una empresa de telefonía, ya que emanó de un órgano incompetente, siendo procedente remitir las actuaciones a la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Acción de amparo, delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos
Materia: PENAL
Carátula: ACOSTA JORGE EDUARDO c/ ANSES s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-08

Si recientemente la Corte rechazó un recurso de queja deducido por el demandante en una causa relacionada con una condena penal por crímenes de lesa humanidad corresponde rechazar su acción de amparo tendiente a que se rehabilite la pensión de guerra contemplada por la ley 23.848 por estar incluido en el supuesto previsto en el art. 6° del decreto 1357/04 que excluye del beneficio a los veteranos de guerra que hubieran sido condenados o resultaren condenados por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos IX, Cap. I y X, Cap. I y II del Código Penal.
Daños y perjuicios, fuerzas de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: García, Juan Eduardo c/ Club Atlético River Plate y otro s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

El criterio sustentado por la Corte en el precedente Azetti (Fallos:321:3363) refiere que el personal de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que resulte lesionado o incapacitado como consecuencia del desempeño de funciones o misiones específicas de la fuerza sólo pueden reclamar los beneficios previstos en las leyes y reglamentos militares o los específicos de las fuerzas de seguridad.
Sociedad conyugal, cargas de la sociedad conyugal, bienes gananciales de administración propia
Materia: CIVIL
Carátula: P., R.G.O. c/ M., S.G. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-29

El principio de que las deudas que pesan sobre un inmueble ganancial deben ser soportadas por ambos cónyuges debe ceder ante el uso exclusivo del bien por parte de uno de ellos, máxime, si sobre ese inmueble se ha decretado la indivisión hasta la mayoría de edad de los hijos, situación que beneficia al cónyuge que vive con ellos y perjudica al que no puede contar con el 50 por ciento de su valor.-
Robo, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: González, Sandra M. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-06

Si de la descripción de los hechos efectuada por el a quo resulta que el poder sobre la cosa sustraída había pasado a la encartada sin que pudieran impedirlo la víctima o terceros, ello basta para tener por consumado el robo, aún cuando, transcurrido ese momento, la autora no haya dispuesto del objeto por su detención inmediata, por lo que la condena en grado de tentativa transgrede los arts. 42 y 44 del Código Penal.
Cuestiones de competencia, tribunal de cuentas, juicio de apremio
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Rivas, Carlos y Ot. s/ Apremio provincial - Confl. de competencia Art. 7° inc. 1 ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-11-25

El caso en el cual el Fisco de la Provincia de Buenos Aires promovió juicio de apremio contra funcionarios comunales con el objeto de ejecutar el cargo patrimonial formulado por el Tribunal de Cuentas, que desaprobó egresos y aplicó multas, se halla singularmente aprehendido por lo normado en el art. 35 de la ley 10.869, que establece la competencia del Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial al que corresponde el lugar en el cual desempeñó las funciones el responsable de la inversión de fondos desaprobados.
Aportes previsionales, remuneración, carácter remuneratorio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INVESTI FARMA S.A. c/ C.A.S.F.P.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-23

Si a un establecimiento que brinda directamente a sus dependientes un servicio de sala maternal no resulta factible exigirle el pago de aportes y contribuciones sobre los gastos que ello le ocasiona a la empresa, la entrega de una suma fija de dinero a fin de posibilitar la contratación de la prestación directamente por el dependiente tampoco puede generar tal obligación, máxime si la normativa vigente (en el caso, art. 179 L.C.T. y art. 45 del C.C.T. N° 42/89) autoriza al empleador, por razones de organización empresaria, a suplir de ese modo su obligación. En consecuencia, cabe concluir que en ambos casos la naturaleza de la prestación es la misma y lo único que difiere es su forma de implementación. Por lo tanto, las sumas abonadas en dicho concepto no son remuneratorias y por ello no están sujetas a aportes y contribuciones (art. 10, ley 18.037 y 103 L.C.T.).