Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03


RAWSON, 03 de Octubre de 2.011.- VISTO: - Estos autos caratulados: "M., C. R. s/ Acción de Inconstitucionalidad" (Expte. Nº 22.352-M-2.011).-- DE LOS QUE RESULTA: -- A fs. 31/36 el Sr. C. R. M., por derecho propio y con patrocinio letrado del Dr. C. H. A., promueve formal demanda contenciosa administrativa, contra la Provincia del Chubut, a fin de lograr la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 1262 de fecha 17 de octubre de 2007, que dispuso su cesantía desde el 25 de octubre de 2007 como agente de la administración pública provincial (Sargento de la Policía de la Provincia).

Considera que este Superior Tribunal de Justicia resulta competente en virtud de lo dispuesto en los arts. 179 1.1 de la Constitución Provincial y 32 inciso 2do de la Ley V N° 3.- Solicita, por las razones que expone, se dicte sentencia declarativa de inconstitucionalidad del mencionado Decreto con expresa imposición de las costas.

A fs. 41 obra dictamen del señor Procurador General, quien opina que la acción intentada resulta inadmisible. - CONSIDERANDO: - I.- De la lectura del escrito introductorio de la acción se deduce que el accionante pretende instar por este medio la declaración de inconstitucionalidad del Decreto emanado del Poder Ejecutivo Provincial que dispusiera su cesantía, e invoca como sustento normativo el artículo 32 inciso 2do. de la Ley V N° 3.-- Tal como lo señala el representante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 16 inc. d.1 de la Ley V N° 94, este Superior Colegiado ya se ha pronunciado desde preteridas integraciones en casos análogos y hasta hoy mantiene invariable su criterio.- Dígase que ya en el año 1995 en sentencia N° 25/95 expresó y bien vale recordarlo ahora, que el control de constitucionalidad de un Decreto, al igual que una ordenanza si bien se encuentra previsto en la Carta Magna Provincial, carece de regulación específica, salvo la estipulación del art. 322 del C.P.C.C.- Dicha circunstancia es compartida por otros tantos Estados, razón por la cual fue la hermenéutica de las Cortes y la doctrina quienes vinieron en auxilio ante la ausencia normativa para discernir la naturaleza, caracteres y requisitos de acceso a la jurisdicción. De este modo indica Alberto BIANCHI que entre los recaudos de fondo de procedencia de la acción "la Suprema Corte de la Prov. de Buenos Aires ha señalado los siguientes: a) por medio de esta acción no se persigue la decisión de cuestiones genéricas, hipotéticas o abstractas, sino que ha de existir un legitimado a plantear un interés concreto, . b) el interés debe estar presente al momento de la sentencia definitiva, c) las normas impugnadas deben ser abstractas y genéricas, quedando excluidos los actos administrativos que deciden situaciones individuales, d) debe atacarse la validez de la ley en sí antes que su aplicación concreta como violatoria de principios constitucionales. e) el actor debe impugnar y mencionar la norma constitucional afectada y no alegar de un modo ambiguo y genérico el texto constitucional, sin cita de la disposición pertinente." (El control abstracto de constitucionalidad según el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, El Derecho - Constitucional, 2000/2001, pág. 478/494).-- Así pues es este Superior Tribunal, en concordancia con precedentes de la Corte Nacional quien precisa los alcances de esta vía procesal autónoma y las condiciones de su ejercicio.- Que entre las condiciones debe considerarse que la ley, o decreto en su caso sea abstracto y genérico, pues si sólo es de alcance particular queda excluida, habida cuenta que lo que debe atacarse es la validez de la ley o decreto en sí antes que su aplicación concreta como violatoria de principios constitucionales.

Otras Cortes han dicho que esta acción se ha instituido teniendo en cuenta ordenamientos jurídicos designados como "ley", sea en sentido formal o material del vocablo. Ello implica que el objeto exclusivo de la misma, son aquellos ordenamientos jurídicos que tienen en común, mas allá de la denominación que se le haya dado, el constituir mandatos generales, abstractos e impersonales dirigidos a la comunidad, y es precisamente cuando el mandato entra en colisión con las normas de la constitución que cobra vida esta acción originaria. En consecuencia no corresponde utilizar la acción originaria de inconstitucionalidad, cuando lo que se impugna es un acto de alcance individual, cuyo remedio, si es legítimo, debe buscarse por otro cauce procesal. (conf. SCBA, A yS 1191-I-313, "Serafín." del 9/2/93; "Club Atlético Brown." del 27/9/93, A y S 1994-III-872, 1995-II-270: JA 1996-I-543; ED. 183-1114).-- En este sentido la misma Corte expresó "Si los actos cuestionados tratan de normas de alcance particular, no son susceptibles de impugnación mediante la acción originaria de inconstitucionalidad" (1612, I, 8/6/93, "Barbieri."). Otro "La acción de inconstitucionalidad procede únicamente contra ordenamientos jurídicos generales y no contra actos de alcance particular. cuya impugnación debe efectuarse por vías diversas a ésta que es de excepción, sin que ello importe el cercenamiento del derecho de someter la cuestión a juzgamiento" (1632 S. 28/9/93).-- En el supuesto que ocupa al Tribunal en pleno, el Decreto de cesantía sólo alcanza al peticionante, es a la vista, un acto de alcance particular y no una regla de derecho o norma jurídica en el sentido material de la expresión, mas su pretensión -de ser legítima- se mantiene viva mediante la disponibilidad de ocurrir a la acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción, pues el ordenamiento adjetivo ha previsto otras vías que el perjudicado ha de transitar en la medida de su interés.

Que atento las mandas de la ley arancelaria, procede regular honorarios por la labor del Dr. C. H. A. teniendo a la vista el trabajo realizado, su eficacia y la ausencia de valores económicos en juego en la litis que se arriesgó.-- Que en disidencia el juez Alejandro Javier Panizzi, expresa:- I) Anoto mi discrepancia con el fallo de la mayoría de este Superior Tribunal de Justicia, con respecto a la improcedencia de la admisibilidad preliminar de la acción declarativa de inconstitucionalidad.

II) El actor promovió una demanda de esa índole contra el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1296/2007.

El artículo de la Constitución de la Provincia del Chubut que da sustento a este tipo de acciones es el Nº 179, 1. 1, que dispone que el Superior Tribunal de Justicia conoce y resuelve, originaria y exclusivamente, en pleno, "De las acciones declarativas de inconstitucionalidad... decretos... que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controviertan en caso concreto por parte interesada".-- A su vez, el artículo 32 de la ley V-3, en términos similares a la norma superior, atribuye la competencia a este Tribunal, en esa clase de acciones "... cuando sean controvertidos por parte interesada".- El decreto atacado destituyó al actor, en grado de cesantía, del cargo de Sargento que detentaba en la Policía de la Provincia del Chubut, de modo que su condición de "parte interesada" no puede discutirse. Claro, la de caso concreto, tampoco. En otras palabras, mediante dicho instrumento Michia perdió su empleo público.-- La Constitución de la Provincia del Chubut dispone, en su artículo 21, que todas sus normas gozan de la presunción de operatividad. Dice textualmente: "Los derechos personales y garantías reconocidos y establecidos por esta Constitución se consideran operativos salvo cuando resulte imprescindible reglamentación legal a los efectos de su aplicación, la que en todos los casos debe respetar sus contenidos esenciales, debiendo los jueces arbitrar en cada caso los medios para hacerlos efectivos mediante procedimientos de trámite sumario".- Desde luego, no es imprescindible una reglamentación para que puedan entablarse acciones declarativas de inconstitucionalidad contra decretos del Poder Ejecutivo. Basta que la norma atacada verse sobre materia regida por la Constitución y que se controviertan en caso concreto por parte interesada. Y en este asunto se reúnen ambos requisitos (artículos constitucionales 23 y 24).

III) No existe obstáculo legal para que la acción declarativa de inconstitucionalidad se plantee por canales procesales diversos al normado por la Constitución, para satisfacer una impetración. Porque la Carta Magna no confiere a este tipo de demandas un carácter subsidiario de ninguna otra acción.- Es verdad que otras constituciones habilitan este tipo de juicios para cuestionar la constitucionalidad de normas de carácter general (por ejemplo: la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 113, inciso 2º), pero no es el caso de la Provincia del Chubut.-- Reitero: es suficiente que la norma cuestionada verse sobre materia constitucional, en un caso concreto y que sea promovida por parte interesada.-- Por lo tanto, juzgo a favor de la admisión preliminar de la acción declarativa de inconstitucionalidad impetrada por el actor (artículos 8, inciso 1º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23, 24 y 179, 1. 1º de la Constitución de la Provincia del Chubut y 32 de la ley V-3).-- Así voto.- Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, por mayoría.- -- R E S U E L V E 1°) DECLARAR INADMISIBLE la Acción de inconstitucionalidad intentada por el Sr. C. R. M..- 2°) SIN COSTAS, empero se regulan los honorarios del letrado patrocinante en el mínimo legal de 8 (ocho) Jus (art. 7 4to. párrafo Ley XIII N° 4, modif. por Ley XIII N° 15). -- 3°) REGÍSTRESE y notifíquese. - Fdo. Dr. Jorge PFLEGER-Dr. José Luis PASUTTI- Dr. Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL- Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia)-Dr. Fernando S. L. ROYER.- RECIBIDA EN SECRETARIA EL 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2.011 REGISTRADA BAJO EL N° 27 S.R.O.E. CONSTE.