Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-21


SENT Nro. 803 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE Octubre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por el demandado y apoderado común Jorge Luis Rougés en autos: "Banco Roberts S.A. vs. Jorge Luis Rougés y otro s/Cobro ejecutivo".- Expte. 9173.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 681/699 por el demandado y apoderado común Jorge Luis Rougés, en contra de la sentencia de fecha 10/10/2002 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

El pronunciamiento mencionado (fs. 676/677) confirmó la sentencia de Iª instancia, que oportunamente rechazara las excepciones de inhabilidad de título y pago opuestas por los demandados y mandara llevar adelante la ejecución seguida en autos.

A fs. 703/707, la parte actora contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 26/12/2002 que glosa a fs. 711, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- Desde la perspectiva del art. 815 del CPCC, el recurso exhibe los siguientes fundamentos:

a.- Se agravia el recurrente de que la Sala a quo haya confirmado el rechazo de la excepción de inhabilidad de título opuesta por su parte.

Reitera que atento a la fecha de libramiento del pagaré de fs. 16 (26/7/96) y a la fecha de protesto (28/7/97), el plazo de un año previsto por el art. 36 del dcto. ley 5965/63, se encontraba excedido; circunstancia que justificaba los cuestionamientos formulados al título mencionado. Expresa que la norma mencionada establece el plazo de un año para practicar las diligencias del protesto, cumplido el cual el tenedor del título ve perjudicada la vía ejecutiva para el cobro.

Expresa el recurrente que la Sala a quo confunde las nociones de caducidad con la de prescripción al sostener la improcedencia de la defensa interpuesta.

Alega que el tribunal de alzada practica una distinción entre la acción ejecutiva directa y la de regreso, para afirmar que respecto de la primera, el protesto no es necesario; postura que desde su perspectiva, no cuenta con respaldo legal. Sostiene que transcurrido el año de la creación del título en los documentos "a la vista", su no presentación al cobro supone la caducidad del derecho a reclamar el pago por vía ejecutiva, sin perjuicio de la posibilidad de accionar por la vía ordinaria dentro del plazo de prescripción de 3 años previsto por la normativa especial.

Expresa que habiendo transcurrido el plazo anual previsto en el art. 36, el título carecía de idoneidad ejecutiva, lo que justificaba la defensa interpuesta por su parte. Cita la preceptiva especial y destaca que a tenor de la misma, existen razones para el planteo que formula.

b.- Desde otra perspectiva, se agravia de que el tribunal de alzada ignorara los argumentos expresados a fin de justificar la defensa de pago esgrimida por su parte.

Expresa el recurrente que en autos se ejecutaron los pagarés suscriptos por su parte, en garantía de las obligaciones derivadas de los contratos de mutuo celebrados con el banco actor; extremo que fue admitido por la sentencia que se impugna. Destaca que el pronunciamiento reconoce además, la existencia de los títulos públicos depositados -también como garantía- en el banco acreedor pero se agravia de que no se haya admitido que éste estaba facultado para venderlos y cobrar su crédito con el producido de aquéllos.

Considera que si su parte facultó al banco a fin de proceder a la venta de los títulos depositados en garantía del crédito otorgado, mediante un contrato de adhesión prerredactado por la entidad y habiéndose operado el supuesto de hecho para el cual se hizo tal previsión contractual, el actor debió vender los títulos y cancelar total o parcialmente, la deuda pendiente que a su parte se reclamaba. Señala que la cotización de los títulos al momento de practicar el protesto (julio de 1997) le hubiera permitido satisfacer su crédito en 24 horas, sin necesidad de iniciar el presente juicio.

Alega que la sentencia ignora la conducta del banco actor, que incumplió las previsiones contractuales en perjuicio de sus derechos. Reitera que no se explica cómo el pronunciamiento reconoce la existencia de la garantía mencionada pero niega que ella sirva de sustento para la defensa de pago opuesta por su parte.

Entiende que la actitud asumida por el banco configura un supuesto de mora del acreedor por incumplimiento de su deber de colaboración en el pago que incumbe al deudor. Destaca que los títulos públicos garantizaban las obligaciones asumidas por los demandados en el contrato de mutuo, que los mismos se encontraban depositados en custodia del banco acreedor y a su disposición, que contaba con autorización expresa para su venta en caso necesario y que dicha autorización fue ratificada en el acta de protesto de los documentos ejecutados. Desde su perspectiva, la mora del banco acreedor obstaba a que su parte incurriera en la mora respectiva.

Afirma que su situación actual está agravada por el hecho de que el banco informó que los títulos mencionados no se encuentran ya depositados a su nombre, ignorando el destino de los mismos. Expresa que se infringieron las normas relativas al contrato de depósito y las obligaciones que en virtud del mismo, pesaban sobre el depositario (custodia, rendición de cuentas, etc.).

Se agravia de que el tribunal de grado haya considerado que la previsión contractual era una simple facultad del banco acreedor. Señala que lo acordado debió cumplirse y que lo contrario significaba un ejercicio abusivo de los derechos pactados en el contrato de mutuo y ratificados en el acta de protesto de los documentos.

Invoca la infracción de derechos y garantías de raigambre constitucional (derecho de propiedad, el debido proceso legal, etc.), la violación de normas de orden público (ley de defensa del consumidor, 24.240) y preceptiva sustancial vinculada a la operatoria bancaria. Señala asimismo que se alteró la estructura del acto sentencial (arts. 33, 34, 40, 271/273 del CPCC), lo que descalifica la validez del pronunciamiento.

III.- Corresponde analizar en primer término, los agravios vertidos en relación a la excepción de inhabilidad de título rechazada por el tribunal de alzada.

a.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, puede considerarse satisfecho en la especie. Resulta aplicable al caso, la interpretación según la cual la sentencia emanada del juicio ejecutivo no reviste la calidad de definitiva a los fines del recurso de casación, en tanto proceda una vía posterior mediante juicio de conocimiento (arts. 544 y 814 CPCC); pues existe una excepción restringida al supuesto de rechazo de una excepción de inhabilidad de título en aquellas cuestiones inherentes exclusiva y excluyentemente al juicio ejecutivo, que adquieren la calidad de cosa juzgada material; y siendo que tampoco pueden discutirse nuevamente las interpretaciones legales formuladas en la sentencia (art. 544 tercer párrafo CPCC), el pronunciamiento impugnado, por la forma en que fue resuelto -confirmando el rechazo de la defensa de inhabilidad de título-, admite su encuadramiento dentro de la preceptiva del art. 813 inc. a de la ley adjetiva" (CSJTuc., sent. 469, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria" del 12/6/2001; sent. 473, "Banco de la Nación Argentina vs. Seleme José Nicolás y otro s/Ejecución hipotecaria", del 12/6/2001; sent. 669, "HSBC Banco Roberts S.A. vs. Celano S.A. s/Cobro ejecutivo" del 22/8/2001; entre otros).

b.- No obstante ello, el recurrente no logra demostrar el error jurídico que atribuye al pronunciamiento que sostiene la improcedencia de la defensa de inhabilidad de título articulada por su parte.

La cuestión planteada -si la falta de protesto o su realización fuera del plazo anual previsto por el art. 36 del dcto. 5965/63 perjudica la vía ejecutiva e inhabilita el título a efectos de su cobro en esas condiciones- fue resuelta en un todo conforme a la doctrina de la Sala Civil y Penal de esta Corte, que considera que debe rechazarse la excepción de inhabilidad de título que se funde en las razones antes señaladas (cfr. arg. CSJTuc., sent. 1032 del 14/11/2002, "Bank Boston S.A. vs. Suárez, Héctor Américo s/Cobro ejecutivo de pesos"; en igual sentido, sent. 603 del 3/11/95).

Tal como lo ha dicho prestigiosa doctrina, el protesto se configura como de cumplimiento necesario a fin de preservar las acciones del título contra los obligados de regreso. Ello así, en tanto las únicas sanciones por falta de presentación -establecidas por la ley- son las contempladas en los incisos a) y c) del art. 57 del dcto. ley 5965/63 que importan la pérdida de las acciones regresivas pero dejan incólume la posición del obligado directo (Escuti, Ignacio, "Títulos de crédito", pág. 183). Siendo así, la omisión del protesto o presentación del pagaré a la vista al obligado directo, no produce la inhabilidad del título, ni afecta la posición del principal obligado.

De conformidad a lo preceptuado por los arts. 46 y 57 de la preceptiva citada, al asimilarse el suscriptor del pagaré al girado aceptante de la letra de cambio, se ejercerá contra éste la acción directa y no la de regreso; circunstancia que ha llevado a afirmar que el protesto no constituye una diligencia indispensable a los efectos del ejercicio de la acción mencionada (cfr. Bonfanti-Garrone, "Títulos de Crédito", pág. 816, nro. 381).

En la especie, y tal como lo destacara el pronunciamiento recurrido, la actora ejerce una acción ejecutiva directa contra el librador del pagaré, lo que obsta a la procedencia de la defensa de inhabilidad de título en los términos planteados.

El recurrente se desentiende de las razones dadas por el decisorio impugnado y se limita a reproducir los argumentos vertidos en el memorial de agravios del recurso de apelación. Y con ello, incumple una de las cargas propias del recurso, cual es rebatir los argumentos que sostienen el criterio adoptado por el tribunal y que se impugna por esa vía (art. 816 procesal). Es precisamente el déficit señalado, el que sella en forma adversa la suerte del remedio intentado.

IV.- En relación a los restantes agravios -vinculados a la excepción de pago rechazada por el tribunal de alzada- deben ser asimismo desestimados.

En primer lugar, la Sala a quo puntualizó que los ejecutados incumplieron los requisitos de admisibilidad de la defensa articulada: "que el pago se encontrara debidamente documentado en instrumento emanado por el acreedor y donde constara una clara e inequívoca imputación al crédito que se ejecuta" (doctrina del art. 534 inc. 7 del CPCC); afirmación que los recurrentes ni siquiera intentaron rebatir.

De otro lado, la totalidad de los argumentos vertidos en respaldo del pago invocado (que en garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de mutuo celebrado se entregaron títulos públicos al banco acreedor, que los mismos se encontraban depositados en custodia del propio actor y a su disposición, que contaba con autorización expresa para su venta en caso necesario y que dicha autorización fue ratificada en el acta de protesto de los documentos ejecutados, que el banco debía vender los títulos y cancelar total o parcialmente, la deuda pendiente, que la cotización de los títulos al momento de practicar el protesto (julio de 1997) hubiera permitido satisfacer el crédito en 24 horas, sin necesidad de iniciar el presente juicio, que se incumplió una previsión contractual expresa, que se ejercieron abusivamente los derechos conferidos en el contrato, que se vulneró la preceptiva sustancial aplicable en materia de contratación bancaria y normas de orden público como la ley 24.240 de defensa del consumidor, etc.) son cuestiones ajenas al marco del proceso ejecutivo, en que se ventila la pretensión de autos. Todo ello, sin perjuicio de admitir su debate en un juicio de conocimiento posterior, si fuera del caso (art. 814 del CPCC).

Desde la perspectiva señalada, el recurso incumple el recaudo impuesto por el art. 813 procesal, al dejar abierta una vía de reparación ulterior (art. 814); circunstancia que obsta a la admisibilidad del remedio intentado.

No concurre en el presente caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permita sortear la falta de definitividad del pronunciamiento, toda vez que la lesión a derechos y garantías constitucionales -genéricamente invocada por el recurrente- resulta insuficiente para justificar la apertura del recurso interpuesto.

"Esta Corte ha delineado la gravedad institucional como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o pueden resultar frustratorio de derecho de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos, (entre otras)" (CSJTuc., sent. 113, "Guraiib, Ana Lía Clelia vs. Lucci Daniel Alberto s/Pensión alimenticia" del 07/3/2002; sent. 141, "Barrientos, Roberto Daniel s/Lesiones culposas" del 18/3/2002; sent. 145, "Sucar, Roberto Emilio vs. Banco Río de la Plata S.A. s/Especiales" del 18/3/2002; sent. 308, "Ysa, Víctor Hugo vs. Aguirre de Calderón, Nélida s/Cobro ejecutivo de pesos" del 6/5/2002; sent. 552, "Auguste de Victoria, María Inés vs. Victoria, Virgilio Angel s/Alimentos" del 04/7/2002; entre otros).

En autos, no se ha puesto en evidencia que las cuestiones resueltas excedan el interés individual del recurrente para proyectarse en aquellos que comprometen los valores involucrados en el concepto de gravedad institucional, ambiguamente alegado por el recurrente; extremo que refuerza el criterio acerca de la inadmisibilidad del remedio interpuesto.

V.- Las costas se impondrán a los recurrentes vencidos, conforme los principios generales sobre la materia (art. 106 del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos por el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Expreso mi adhesión al voto del doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, debiendo agregar lo siguiente: El demandado plantea que la vía ejecutiva del acreedor ha caducado, toda vez que el pagaré a la vista por la suma de $55.000, con fecha de emisión 26 de julio de 1996 ha sido protestado por falta de pago el día 28 de julio de 1997 o sea vencido el plazo de 1 año como lo expresa el recurrente remitiéndose a lo dispuesto por el art. 36 del decreto ley 5965/63 (T.O.) de la letra de cambio.

El art. 60 del decreto ley citado establece que la letra de cambio debidamente protestada es título ejecutivo para accionar por el importe del capital y accesorios atento a lo normado por los arts. 52, 53 y 56, que se refieren a la acción cambiaria de regreso, teniendo en cuenta la distinción que expresa el art. 46 del texto legal citado que diferencia la acción cambiaria directa que se dirige contra el aceptante o avalista (en el caso de los pagarés contra el suscriptor -art. 104 decreto ley 5965/63 t.o.)y de regreso contra todo otro obligado.

Ahora cabe la pregunta, si el protesto por falta de pago efectuado el día 28 de julio de 1997 (día lunes) de un pagaré a la vista cuyo año se cumple el día 26 de julio de 1997 (día sábado) provoca la caducidad de la acción ejecutiva. La respuesta negativa se impone.

Todos los autores son contestes que el protesto efectuado el día del vencimiento deviene improcedente e inoperante (Escuti -Títulos de crédito -pág. 168 -Edición 1998). El mismo criterio gobierna en los pagarés a la vista, "pues de acuerdo al espíritu que reinó en el Comité de Redacción de la legislación uniforme, en nada se pretendió innovar respecto a este tipo de letras" (Osvaldo Gómez Leo -La Letra de Cambio y el Pagaré en la Doctrina y la Jurisprudencia -Tomo II- Pág. 374 - Edición 1980). Esta afirmación se refiere a las letras de cambio pagables a día fijo o a cierto tiempo fecha o vista que deben presentarse para el pago el día en el cual debe pagarse o en uno de los dos días hábiles sucesivos (art. 40 texto legal citado).

El autor citado como conclusión expresa: "B) que el portador legitimado se halla facultado para levantar protesto útil, en algunos de los dos días hábiles sucesivos, al igual que respecto de la letras que tengan alguno de los otros tipos de vencimientos".

Sin dejar de lado lo dicho y de acuerdo con lo señalado sobre el ejercicio de la acción directa, nos remitimos a lo dispuesto por el art. 48 última parte del tercer párrafo que reenvía al art. 26 del ordenamiento legal que estamos tratando, llevándonos al día siguiente hábil. En el caso a estudio el año de fecha de emisión se cumplía un día sábado y el protesto ha sido efectuado al día hábil sucesivo siguiente (día lunes) por lo que el pagaré no ha sido perjudicado con la pérdida de la vía ejecutiva. Corresponde hacer referencia al Dr. Fernando A. Legón citado en nota al pie de la página 342 de su obra "Letra de Cambio y Pagaré" en la cual afirma que: "Desconocer la eficacia del título ejecutivo adquirida en el iter del proceso, constriñendo al deudor a promover otra causa, con preparación del compulsorio dirigida a obtener el reconocimiento ya logrado en la litis actual, es absurdo, atentatorio con la economía procesal y raya en la arbitrariedad".

Por las razones dadas en el voto del señor vocal preopinante, doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana y las que agrego, voto por el rechazo del recurso de casación deducido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, al recurso de casación interpuesto por el demandado y apoderado común Jorge Luis Rougés, en contra de la sentencia de fecha 10/10/2002, dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA