marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Responsabilidad de la empresa ferroviaria, lesiones, indemnización por accidente de tránsito, concausa, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL
Carátula: Huallpa Aymara, Angélica y otro c/ Ferroexpreso Pampeano S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-12-19

Resulta compartida la responsabilidad por las lesiones que sufrió una menor como consecuencia del accidente que se produjo mientras cruzaba por las vías del tren -propiedad de la empresa ferroviaria demandada- en una zona que no había ningún paso a nivel, dado que el hecho de la víctima constituyó una concausa del accidente y debe atribuirse culpabilidad a sus padres por no haber cuidado o impedido que una niña de ocho años pasara por lugares donde había peligros potenciales, y si bien no es sencillo establecer en qué medida exacta influyó cada factor en la producción de los perjuicios, se estima prudente y razonable atribuirle a la demandada responsabilidad por el 50% de los ocurridos.
Concursos, acuerdo preventivo, homologación judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BUSTELO REGATEIRO c/ AGUIRRE, JORGE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

Del Dictamen Fiscal 109765:

1) Constituye una de las causales de oposición al acuerdo preventivo extrajudicial y por lo tanto procede rechazar el pedido de homologación del acuerdo, cuando -como en el caso- el deudor omitió incluir un inmueble en el estado presentado de su situación patrimonial.

2) No procede la homologación del APE si el acuerdista no cumplió con la intimación del juez tendiente a que se acompañe informe sobre el estado de dominio completo de los inmuebles de su propiedad sitos en la Provincia de Buenos Aires.
Medidas cautelares, divorcio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: N.C., A.E. c/ A., M. s/ Divorcio-Tenencia de hijos-Incidente de Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-28

Cuando se dispone una medida cautelar sobre la sociedad integrada por el cónyuge inocente, éste puede ser pasible de medidas que tiendan a resguardar los derechos del otro, pero sin olvidar que tienen como destinatario a un sujeto distinto y que eventualmente pueden afectar intereses de terceros.
Sociedades comerciales, control de sociedades, sociedad controlante, sociedad controlada, responsabilidad de la sociedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: JABIF, RICARDO. c/ BONINA Y TOMASINI SOCIEDAD ANONIMA. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

La circunstancia de que una sociedad sea controlante de otra, no trae irremediablemente aparejada la extensión de responsabilidad por los actos jurídicos cumplidos por la controlada. No existe disposición legal alguna que autorice tal proceder automático en la normativa legal vigente, y la solución tampoco puede buscarse por el lado de la solidaridad establecida por el Código Civil en materia de obligaciones.
Robo con fuerza en las cosas, resistencia a la autoridad, concurso de delitos
Materia: PENAL
Carátula: Ottaviano, Adrían P. s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

La expresión "después de cometido" del art. 164 del C.P., debe interpretarse como "inmediatamente después" al mismo contexto de acción, por lo que en el caso el procesado se resite al damnificado y sus acompañantes que, tras recuperar el aparato sustraído, detenerlo para entregarlo a la autoridad, tratándose de una nueva acción que concurre realmente con el robo con fuerza en las cosas.
Concurso preventivo, quiebra, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dillon, Juan Carlos c/ Maida, Guillermo Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

El hecho de que por el fuero de atracción de la quiebra el proceso ejecutivo haya recalado en el juez de la quiebra (art. 132 Ley 24.522), no implica que no conserve su autonomía frente a ésta a los fines de completar los trámites pendientes que le son inherentes, entre ellos, la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, los cuales, una vez firmes, constituirán créditos a verificar cuando sean a cargo del fallido o de la quiebra (arts. 126 y 200 Ley 24.522). Como consecuencia de lo expuesto es la ley arancelaria local y no la ley de quiebras la que se aplica a los efectos regulatorios (art. 271 "a contrario", Ley 24.522)
Personal militar, sanciones administrativas, sanciones militares, revisión judicial de actos administrativos, aplicación de la ley, plazos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barria Jorge Gustavo c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

Sin perjuicio de la interpretación que pudiera efectuarse respecto de la aplicación de las normas del procedimiento administrativo regulado por la ley 19.549 al personal de los organismos militares y de defensa, plenario de este Tribunal in re "Astarida", del 6/11/86, estableció que la impugnación de las sanciones impuestas a los agentes de los referidos organismos, está sujeta al plazo del art. 25 del cuerpo legal, por lo que limitó su aplicación a los actos que imponen sanciones disciplinarias, situación que no se da en la especie. Por ello, habida cuenta que los actos administrativos impugnados por el actor no configuran una sanción disciplinaria de las taxativamente previstas en la legislación militar, el plazo del art. 25 de la ley 19.549 resulta inaplicable en relación con la acción impugnatoria que se intenta (cfr. en este sentido C.S.J.N. "Bagnat", 10/3/88; esta Sala, "Burgos", 16/9/93; "Bare", 3/9/96; "Brandan", 27/2/97). (Consid. 4º).
Jueces, equidad
Materia: PROCESAL
Carátula: QUIROGA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 431-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

La tarea interpretativa que cumplen los jueces cuando definen "lo suyo" de alguien, se inscribe en el nivel del saber práctico prudencial. El saber de los juristas tiene por misión específica y primordial "decir el derecho" (iuris dictio) y por eso se los llamó "iuris prudentes". El objeto de la prudencia jurídica es determinar para esos sujetos, en ese tiempo y lugar, cuál es la conducta jurídica que deben hacer, no hacer o les está permitido hacer; dicho de otro modo, determinar cuál es en ese caso concreto la conducta justa que cabe seguir para que alguien reciba lo que le corresponde y no le saquen lo que es suyo.
Recurso extraordinario, autonomía provincial
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Sala de Noro, Amalia Ángela s/ p.s.a. amenazas c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

La autonomía que la Constitución Nacional reconoce a las provincias requiere que se reserven a sus jueces las causas que en lo sustancial del litigio versen sobre aspectos propios de esa jurisdicción, en virtud del respeto debido a sus facultades de darse sus propias instituciones y regirse por ellas.
Emergencia económica, Constitución Nacional, ley de emergencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires s/ solicita intervención urgente en autos: "Smith, Carlos  Antonio c/ Poder Ejecutivo Nacional o Estado  Nacional s/ sumarísimo"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-01

Cuando se esté en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole, el gobierno está facultado para sancionar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución.
Libertad de prensa, doctrina de la real malicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Moslares, José Luis c/ Diario La Arena y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-26

Si está fuera de discusión, al no haber sido materia de agravios por parte de la actora, lo afirmado por la cámara respecto a la veracidad de la filmación que había sido proporcionada al medio de prensa y que dio origen a las publicaciones cuestionadas, motivo por el cual cabía dar por acreditados los hechos y dichos que de aquéllas surgían, resulta irrelevante examinar la calidad de la fuente a la luz de la doctrina "Campillay" (Fallos 308:789), ya que se ha acreditado y ha quedado firme su veracidad y también resulta innecesario examinar ese aspecto del fallo con base en la doctrina de la real malicia pues dicho estándar al establecer solamente criterios de imputación subjetiva, presupone obviamente la existencia de una información objetivamente falsa (Voto del juez Maqueda). - Los jueces Lorenzetti y Fayt remiten, además, a sus votos en las causas "Patitó" (Fallos: 331:1530) y "Sciammaro" (Fallos: 330:3685)
Estado de sitio, hábeas corpus, Poder Ejecutivo, jueces, detención
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - PENAL
Carátula: JORGE HORACIO GRANADA s/ ESTADO    DE  SITIO-  FACULTADES  DEL  PODER  EJECUTIVO-  CONTROL  DE  RAZONABILIDAD-  CONSTITUCION  NACIONAL- DETENCION DE PERSONAS- HABEAS  CORPUS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03

No se trata de que el Poder Ejecutivo esté obligado a contar con elementos de juicio de los cuales resulte la semiplena prueba o indicios vehementes de existencia de delito penal -requerimiento que contraría las facultades derivadas del art. 23 de la Constitución, puesto que limitaría su aplicación a los procesados, haciéndolas inocuas- sino de que suministre a los jueces los informes que éstos le requieran, de los cuales surja que la excepcional medida de privar de la libertad a un ciudadano sin causa judicialmente demostrable se aplica sobre la base de elementos de juicio suficientemente serios para sospechar su vinculación con los hechos que han dado lugar a la declaración del estado de sitio.
Costas, allanamiento condicionado, Comisión Municipal de la Vivienda, mora
Materia: PROCESAL
Carátula: Aquino, Carisimo Melanio c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-06

El allanamiento que la CMV dice haber efectuado no es computable a los fines que persigue, puesto que no reúne los recaudos exigidos por el art. 70 del Cód. Procesal. No sólo media mora por parte de la CMV sino que además su allanamiento se expresó bajo condición, todo lo cual impide conferirle los efectos que la norma citada contempla.
Interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: Partido del Trabajo y del Pueblo s/ reconocimiento    de  personería  jurídico  política  de  distrito  -  Córdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-12

En la interpretación de las leyes debe atenderse a los fines que las informan.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, recursos, improcedencia del recurso, agravio concreto
Materia: LABORAL
Carátula: ARIAS, LIDIA DEL CARMEN c/ FUNDACION MADRE TERESA DE CALCUTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-01

Merituando el recurso interpuesto en los términos del art. 299 del CPC y C de aplicación a este fuero por remisión del art. 69 CPL, corresponde recordar su carácter restrictivo y excepcional, ya que a través del mismo, no puede convertirse a la Corte de Justicia local en una tercera instancia ordinaria donde vuelvan a discutirse cuestiones que las partes entienden de decisión equivocada.

Muy por el contrario, su objetivo es enderezar la supremacía constitucional.

Así, planteada la arbitrariedad de un fallo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 153 ap. III inc. a) de la Constitución Provincial y de acuerdo a jurisprudencia tanto de la Corte de Justicia Provincial como de la Corte Nacional, el vicio debe ser grave de modo tal que, por ausencia de fundamentación o razonamientos, la dictada se asimile a la "no sentencia" (CJS Tomo 92: 803/810; Tomo 112 Fs. 103/112 entre otros).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Fernando Saturnino s/ Recurso de revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

No existe omisión de cuestión si el tribunal luego de señalar que las causales que permiten la revisión son taxativas resolvió que lo presentado por la parte no constituyen nuevas pruebas como para hacer procedente el recurso interpuesto, siendo ajeno al recurso extraordinario de nulidad todo lo referente al acierto o no del pronunciamiento.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, Derecho laboral, despido discriminatorio, representación sindical, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: FELICE, SERGIO c/ EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. (EDASA) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-11-22

Cabe desestimar la queja interpuesta, toda vez que se observa que el Tribunal no pretendió poner en cabeza del actor la acreditación concluyente y asertiva de que el despido obedeció a su actividad sindical, sino que lo que jugó en contra de la pretensión del accionante fue no haber demostrado -a juicio de los juzgadores, en el voto mayoritario- uno de los ejes indiciarios esenciales, cual es el ejercicio de la actividad sindical, que consideraron no había sido concomitante con el distracto; por lo que ante dicha falencia de orden fáctico esencial, mal podía exigírsele a la accionada actividad confirmatoria alguna en orden a demostrar que el despido no había obedecido a la causa sindical (Del Voto del Dr. Netri)
Defraudación, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: ROSSI DE ROBERT, SILVIA Y OTRA s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

La defraudación por retención indebida se consuma mediante la negativa a restituir o la no restitución a su debido tiempo de dinero, entre otros bienes. La acción típica es, entonces, no restituir. Y restituir presupone que se devuelve lo que se tiene en virtud de cualquier título que produzca obligación de entregar o devolver a su dueño.

En el caso, el dinero que la procesada recibía pertenecía a E.N.Tel desde el momento mismo del pago y debía, en virtud de sus funciones de cajera, entregarlo al cerrar las cuentas de las operaciones de cada día. El hacerlo con posterioridad, con la consiguiente depreciación por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, en nada altera la ya consumada conducta ilícita, ya que la misma también se configura cuando lo retenido no es entregado a su debido tiempo.
Contrato de garaje, contratos innominados
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ ROBERTO C/DAHER JULIO S/DAÑOS Y PERJUICIOS s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-20

Tanto la figura de la locación de espacio para estacionar, como la del contrato de garaje, no tienen una regulación específica en nuestro ordenamiento legal y participan de la categoría de contratos atípicos o innominados, no siendo por lo tanto pacíficas las opiniones respecto a la responsabilidad que emergen de los contratos relativos al estacionamiento de vehículos.
Remuneración, uso de automotor propio, locación de cosas
Materia: LABORAL
Carátula: ORDOÑEZ, RAFAEL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGUROS s/ DIF. SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-12

Si la empresa demandada, ante la escasez de vehículos oficiales, estableció un régimen mediante el cual ciertos agentes podían colocar los suyos al servicio de aquélla, no puede considerarse como remuneración ni viático a la suma que el trabajador recibía como contraprestación del uso del vehículo, pues se trata simplemente de un alquiler del automóvil del agente.
Daños y perjuicios, servicio público, servicios de instalación, Gas del Estado, responsabilidad de la Municipalidad, responsabilidad del contratista
Materia: CIVIL
Carátula: Sperandini, Margarita. c/ Gas del Estado y Otros. s/ Responsabilidad por Daños (gas del Estado)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-15

En el caso en estudio, los daños no surgieron como consecuencia de un desperfecto de la instalación de gas, que es fiscalizada por la empresa (pérdidas de gas, explosión, etc.), de modo que queda encabeza del contratista la reparación de veredas y pavimentos, que en este caso, se limitaba a rellenar con tierra un pozo. Y ello es así, porque hay que distinguir entre la obra propiamente dicha de Gas de Estado realizada por un tercero, pero que la empresa estatal fiscaliza, (cañerías y sus conexiones), y la obra civil que arranca, en cuanto a la responsabilidad, desde el medio tapado del pozo, como surge de la reglamentación de D'Aurizio conoce. Asimismo hay que distinguir, entre los riesgos eventualmente imputables a las pérdidas del fluido o las explosiones, de las atribuibles a la empresa contratista, en el caso, la existencia de un pozo. Y como se dijo en la causa 2094 del 7-X-83 "desde que se acepta que la obra generó un riesgo, va de suyo que la eximente introducida, exigía una prueba plena y concluyente, y fácilmente puede verificarse que en el caso (y en este también) dicha prueba dista de haberse producido", doctrina que es aplicable, en el caso, al contratista. Por todo ello, en este caso y dadas las modalidades del mismo, Gas del Estado debe ser absuelto de responsabilidad toda vez que en ningún momento asumió la obligación de reparar veredas -en su reglamentación-, al que se adhirieron el contratista y la Municipalidad. Y si no asumió tal obligación, mal puede delegarla.
Disolución del matrimonio, cuidado personal compartido, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: I., C.E. c/ B., J.R. s/ Tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-29

En materia de tenencia de hijos debe prevalecer, como factor decisivo de toda determinación judicial, el interés de los menores, su conveniencia moral y material, ello sin perjuicio de que se contemplen los intereses y afectos de los padres en cuanto no se opongan a los de los hijos.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, jubilaciones, reconocimiento en sede judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARRA, JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 192-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

La "simple expresión de razones" en el acto administrativo, constituida por la frase "es nula por carecer ostensiblemente de legalidad" (refiriéndose, en el caso, a la inclusión del recurrente en el acto de Intendente por el cual se le reconoció el período de inactividad a los fines jubilatorios) no es bastante para cumplir con el requisito de "motivación suficiente" que el artículo 95 de la Constitución de la Provincia exige, dado que no indica cuál es la eventual ilegitimidad de modo concreto.
Falta de contestación de la demanda, reconocimiento de los hechos, reconocimiento de derechos
Materia: PROCESAL
Carátula: SERGIO DANIEL TOSCANO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS LA FLORIDA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-11-23

De la circunstancia procesal de la incontestación de la demanda, sólo puede derivarse el reconocimiento de la verdad de los hechos y la autenticidad de los documentos acompa/ados con la demanda; pero de modo alguno la presunción de verdad que se crea respecto a lo afirmado por el actor, puede desconocer, desvirtuar o contradecir las probanzas que resultan de la causa.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, apreciación de la prueba, presunciones, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Godoy, Marcelo Francisco y otro s/ robo de automotor -Causa nx 20.733-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-06

La regla según la cual la apreciación de la prueba constituye facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, aun en el caso de las presunciones, no es óbice para que la Corte conozca en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ella con base en la doctrina de la arbitrariedad.
Filiación, reconocimiento de hijo extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: P., M.A. c/ P., J.A. s/ EXCLUSION DE HEREDERO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-24

El reconocimiento efectuado en sede judicial, ante la presencia de testigos, es un medio probatorio suficiente para lograr la inscripción en el Registro Civil y obtener un emplazamiento generador de efectos jurídicos y oponible "erga omnes".
Depreciación monetaria, concesión administrativa, locación de obra, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Almacenajes del Plata  S.A.C. c/ Administración General de Puertos s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-24

En nada se asemeja el régimen de actualización de los valores de las deudas que contraiga el Estado, emergentes de contratos específicos, -locaciones de obra material o intelectual- previsto por la ley 21.332, con el sistema idóneo para la actualización de indemnizaciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de una concesión.
Prescripción de la acción penal, actos interruptivos, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ladino, Víctor s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-10

Si desde la comisión de los hechos han existido actos interruptivos de la prescripción -citación a prestar declaración indagatoria, requerimiento de elevación a juicio y citación a juicio- sin haberse excedido los seis años y teniendo en cuenta que el máximo de la pena prevista para la figura delictiva en cuestión es de diez años, no se ha vulnerado la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, prevista por el art. 8, inc. 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La disidencia sostuvo que, salvo casos excepcionales anteriores, el decreto por el que se dispone citar al imputado para comunicarle el hecho atribuido y darle oportunidad de prestar declaración indagatoria opera el efecto interruptor, y después de éste no cabe asignar igual efecto a actos ulteriores. (Dres. Mitchell, García -en disidencia-, Yacobucci).
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, ley provincial, medicamentos, poder de policía, Salud pública, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Abbott Laboratories S.A. y otros c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

El art. 17 de la ley 11.405 de Buenos Aires contraviene las disposiciones de otra norma de naturaleza nacional como es el decreto 150/92, reglamentario de la ley 16.463, que en su art. 11 contiene la exigencia impuesta a los centros de expendio de medicamentos de ofrecer al público las especialidades medicinales que correspondan a cada nombre genérico prescripto, según el listado contenido en el inc. b de su art. 6°, el que deberá estar disponible en el lugar visible con indicación de los precios.