Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-18


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de mayo del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "A., M. L. c/ C., G. A. s/ SUMARIO (rendición de cuentas)", expte. nro. 412/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 35/07), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 226), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 192/198? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 061/2009 del Juzgado Civil nro. 1 de la jurisdicción (fs. 205, fs. 192/198).

La sentencia venida en crisis hizo lugar parcialmente a la demanda de rendición de cuentas y condenó a G. A. C., a rendir cuentas a M. L. A., desde el 14 de enero del 2003 hasta la presentación, de su gestión profesional contractual de cobro de los títulos cartulares que se detallaron en el fallo y que doy por reproducidos, cuyo monto es variado conforme lo dispuesto en el art. 652 del código de procedimiento. Rechazando la acción respecto de algunos de los documentos pretendidos por la accionante, e impuso las costas al demandado vencido.

A fs. 215/20 luce el memorial de agravios del apelante.

Luego de efectuar una reseña de lo acaecido en el curso del pleito y transcribir la sentencia a fs. 217 detalla como agravio que el Aquo no consideró pertinentes las pruebas ofrecidas por esa parte, porque las cartas documentos no fueron reconocidas, otorgó una validez a la documental, no admitida por una pericial impugnada, interpretando que hubo ausencia de prueba sobre la entrega de la documentación; porque entendió el Aquo que era una relación contractual cliente-abogado y porque generó la obligación de rendir cuentas; porque entendió que había acordado asistencia profesional, siguió detallando los considerandos y porque arribó a la conclusión que el juez consideró que debía cuidar los bienes de la actora, e hizo lugar a la demanda condenándolo también en costas.

Seguidamente se queja porque el juez desestimó testimonios que eran impertinentes para probar las posiciones, dejando a esta parte indefensa. Dice el apelante que de las declaraciones testimoniales de D. y P. que desestimó se probó que devolvió los documentos, transcribe las declaraciones.

Las cartas documentos acompañadas fueron negadas al contestar demanda, no necesitaban ser redargüidas de falsedad como dijo el a quo, es arbitrario porque las tuvo por reconocidas.

Quebró el principio de congruencia porque suplió a la parte al considerar que existió una relación contractual y este demandado tenía que rendir cuentas como una gestión de negocio. No surgió palmaria la responsabilidad contractual, la pericia era incongruente y debió aplicar los principios contenidos en los arts. 477 y 473 del Cód. Proc.

Afirma que hubo una clara intención de favorecer a la parte, ya que no emerge que la demanda verse sobre una obligación emergente de una gestión de negocios.

La relación abogado-cliente es de tipo contractual pero no puede ser aplicado a este proceso, no fue alegado por la actora ni probado. Que haya encomendado el cobro extrajudicial de documentos cancelados es un delito y no se encontraba en el mandato.

Hace reserva del caso federal.

Análisis:

En la expresión de agravios el recurrente hace un detalle de los considerandos centrando su queja en la valoración de la prueba, desde ya adelanto el criterio varias veces reiterado por este Tribunal que los jueces forman su convicción a través de los elementos de prueba que estiman esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referirse a la totalidad de los que se hubieran producido en los autos, no siéndole impuesto como obligación que deba expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas (sostuvo la doctrina en Morello, Sosa, Berizonce "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Nación y la Pcia. de Buenos Aires", T. II-C, pág. 68).

El Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. del Chubut en autos "S., E. R. y O. c/ F. S. S.A.", expte. 16.009/S/97, en idéntico sentido sostuvo: "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos. Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio" (ídem autos 12.823-F-90).

También el memorial de agravios hace un listado de los mismos que son referidos puntualmente a los considerandos del fallo venido en crisis. Debo advertir que los considerandos son inapelables (ver Fenochietto, E., "Cód. Proc., T2, pág. 18, ed. Astrea-99). Pero en el caso bajo examen, si bien la mecánica del escrito estriba en el razonamiento del a quo, advierto que en las conclusiones sentadas por el juzgador en los considerandos se valoraron las repulsas, defensas o argumentos que guardaron íntima conexión con el dispositivo, lo que, más allá del resultado final del análisis que efectuaré seguidamente, he de considerar admisible el memorial en cuestión.

Ahora bien, el recurrente dice haber desconocido las cartas documentos, de las constancias de autos surge que desconoció en forma expresa la recepción de la carta documento nro. ******** *Ar del 17/8/2005 (fs. 21), no así de las anteriores que se hizo mención en la demanda que dieron cuenta de la revocación del poder otorgado y las de restituir los títulos cuyos números constan en la demanda.

De la lectura de tales documentos obrantes en reserva en la caja de seguridad del tribunal, el texto de las mismas ha sido certificado por el funcionario público del correo, sin entrar a discernir sobre lo planteado por el recurrente, éste no negó su recepción, por lo tanto el contenido de las mismas debió mínimamente haberse negado en forma expresa lo que no ocurrió (fs. 21 y vta.).

Por lo que en nada modifica la valoración del inferior al respecto.

En punto a la pericial caligráfica, no es veraz la manifestación contenida en el memorial bajo examen por cuanto a la impugnación efectuada se dio oportuno tratamiento en el momento de la sentencia sin que este recurrente aporte elemento alguno que quiebre la resolución. Si se encuentra en tela de juicio la validez misma de un dictamen de perito -en el caso, perito calígrafo-, con fundamento en razones procedimentales, habrá que promover incidente de nulidad. Pero de ningún modo puede entenderse que este incidente comprenda el supuesto de impugnación del "contenido" del dictamen pericial cuyo mérito debe hacerse en el alegato o en el curso de la pieza de segunda instancia correspondiente, cuando la pericia en cuestión tuviera lugar en la Alzada. De lo contrario, se correría el riesgo de menoscabar elementales principios que rigen la valoración de la prueba (citar: elDial - SFA26).

Cuáles serían los elementos a considerar en una impugnación, aquellos con la misma idoneidad técnica con capacidad y contenido suficientes para descalificar las fundadas conclusiones de la experta lo que no ocurre en la especie.

La misma suerte corren los planteos respecto de las declaraciones testimoniales, habida cuenta que los deponentes son valorados en su conjunto y, en la especie, de la lectura de las piezas en cuestión en nada descalifican el objeto de la demanda que es la rendición de cuentas.

Parafraseando, dijo el juez de grado que el demandado argumentó que no tenía obligación de rendir cuentas porque ya había entregado los documentos, sin embargo se carece de prueba al respecto (fs. 195), igual ausencia se arrastra en el memorial, ya que no indica omisión ni error por parte del A quo en la afirmación que critica; más aún, cuando solo se consideraron tres documentos. De la lectura del fallo atacado claramente se indica el alcance que deberá contener la rendición de cuentas que no resulta criticado; pues afirmar que no existió contrato y que el mandato que tenía lo comprendía esa gestión, es ignorar, o mejor dicho dar la espalda al propio ejercicio de la abogacía, "a quien quiera saber en qué consiste el trabajo del abogado, habrá que explicarle lo siguiente: de cada cien asuntos que pasan por el despacho de un abogado, cincuenta no son judiciables. Se trata de dar consejo, orientaciones e ideas en materia de negocios, asuntos de familia, prevención de conflictos futuros, etc. En todos estos casos, la ciencia cede paso a la prudencia. De los dos extremos del dístico clásico que define al abogado, el primero predomina sobre el segundo y el ome bueno se sobrepone al sabedor del derecho. De los otros cincuenta, treinta son de rutina. Se trata de gestiones, tramitaciones, obtención de documentos, asuntos de jurisdicción voluntaria, defensa sin dificultad o juicios sin oposición de parte. El trabajo del abogado, transforma aquí su estudio en una oficina de tramitaciones. Su lema podría ser, como el de las compañías norteamericana que producen artículos de confort, "more and better service for more people" (Eduardo J. Couture, "Los mandamientos del Abogado", cap. 3, Trabaja, pág. 31/2, ed. Depalma-1962) (traducción de la frase: mas y mejor servicio para mas gente).

"La actividad del abogado frente a su cliente no siempre puede catalogarse del mismo modo, pues, tratándose de una profesión liberal, no es posible aplicar automática y genéricamente las reglas y las clásicas figuras jurídicas de la locación de obra, de servicio, el mandato, etc. Lo dicho no implica admitir en un supuesto dado, que la relación profesional pueda tener identidad con alguno de los dichos contratos típicos. Por lo tanto deben combinarse las teorías de la figura multiforme con la atipicidad" (CSMza., Sala I 14-10-94 DJ 1995-1-606). Frente a esta jurisprudencia, en forma afirmativa la doctrina dice: "naturaleza de la responsabilidad: Con relación al cliente que solicita sus servicios, la responsabilidad es contractual" (Atilio A. Alterini, Oscar J. Ameal, Roberto López Cabana, "Derecho de obligaciones civiles y comerciales", pág. 788, ed. Abeledo Perrot-98).

A mayor abundamiento cito: "El primer deber del abogado, que en representación de su cliente cobró de la demandada y citada en garantía el importe reclamado en concepto de indemnización, era entregar esa suma a su cliente (arts. 1909 y 1911, C. Civil); amén de rendir las respectivas cuentas, obligación importantísima, cuya dispensa debe ser expresa (art. 1910, C. Civil). ("Calleja, Luis Alfonso c/ Parodi, Pedro Armando s/ Rendición de cuentas" - CC0203 - LP - B 70364 RSD-22-91 S - 28-2-1991, citar: elDial - W3E8F).

Cabe expresar que en autos se promovió una acción por rendición de cuentas por una actuación pactada que emerge del documento arrimado por la parte actora oportunamente para gestiones a realizarse entre la parte mencionada y la demandada. Ahora bien, la contratación del servicio profesional invocada en el escrito de la demanda encuadra a la presente acción en la materia del deber profesional de rendir cuentas contempladas en modo general. En efecto, cuando al abogado se le encarga una gestión, el vínculo jurídico principal sigue siendo el de la locación de servicios operando el mandato como un vehículo para la concreción del servicio, sólo que en este caso existirán además deberes y obligaciones encomendadas al abogado para el cobro de los documentos comerciales entregados en la confianza propia del cliente hacia su letrado, lo que no se ve conmovido por las declaraciones testimoniales a las que hace referencia el demandado, ya que no aportan indicios que lleven a concluir otra situación distinta. Por otra parte el fallo no resulta incongruente y las meras afirmaciones en tal sentido del recurrente son insuficientes para demostrar tal yerro en la instancia de grado y me remito al escrito de inicio y contestación obrantes en el presente expediente.

A ello agrego que la pretensión de la actora -y así fue receptada- es la rendición de cuentas por la gestión encomendada, no una imputación a la responsabilidad profesional, sino el cumplimiento de un deber del abogado de poner en acabado conocimiento de la labor realizada rindiendo las cuentas, o bien devolviendo los títulos cuya gestión de cobro la accionante había dejado en manos del letrado de los cuales desconoce el resultado del accionar y/o el destino de los papeles, ya que tampoco fueron devueltos, como bienes que están en poder del demandado.

Por estos argumentos considero que debe desecharse el recurso y confirmarse la sentencia de grado, con costas al apelante vencido conforme principio objetivo de la derrota (art. 69 Ley XIII nro. 5), sin que corresponda regular honorarios atento lo prescripto por el art. 11 Ley XIII-4.- A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo 1. Rechazar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia venida en crisis.

2. Costas al apelante vencido, según considerando respectivo.

3. Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) A fs. 215/220vta. presenta memorial de agravios el apelante demandado, no habiendo sido contestado por la parte actora el traslado de los agravios conferidos, conforme providencia de fs. 221.

I.B) He de principiar el presente voto precisando, atento a los argumentos expresados por el agraviado a fs. 218vta./219 (pto. 3.4 y 3.5.), que es entendimiento de la suscripta que el principio de congruencia obliga al Juez a no traspasar el marco definido por las alegaciones efectuadas por las partes a la hora de fundamentar su decisión. En consecuencia, el Juez puede acudir a argumentaciones propias o preceptos jurídicos distintos de los invocados por las partes (iura novit curia) siempre que conduzcan a aceptar o rechazar alegaciones ya deducidas por éstas y que por lo tanto han sido debatidas.

Ello así, ya que la acción procesal es el instrumento a través del cual se introduce la pretensión en el proceso y constituye una petición con relevancia jurídica en la que, a través de la demanda, debe expresarse el petitum y la causa petendi que son los extremos que perfilan el contenido de la pretensión y su oposición. De allí que la sentencia debe ser congruente con la demanda y su contestación, cuyas pretensiones respectivas, oportunamente deducidas en el proceso, delimitan el objeto del litigio.

A lo dicho cabe agregarse que la congruencia de la sentencia, desde un punto de vista procesal, trasunta una inescindible relación entre todas las pretensiones deducidas y la parte resolutiva de la sentencia. Ella se erige en un límite para el Juez que no puede fundar su decisorio en hechos que no han sido objeto de alegación ni prueba y, que por esa razón, no han sido motivo de discusión entre las partes.

Como lo ha puntualizado el Tribunal Supremo Español con singular referencia al proceso contencioso-administrativo, el debido respeto al principio de congruencia, obliga al Juez "...a no traspasar el marco definido por los motivos -alegaciones en la Ley- a la hora de fundamentar su decisión, lo que no significa que pueda acudir a argumentaciones propias o preceptos jurídicos distintos de los invocados por las partes (iura novit curia) siempre que conduzcan a aceptar o rechazar alegaciones ya deducidas por éstas y, por tanto, debatidas, para fundamentar sus respectivos pedimentos...": sent. N° 119 - "Majul Flores S.R.L. c/ Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - Recurso de Casación" (expte. Letra "M", N° 11, iniciado el veinticinco de octubre de dos mil seis) - TSJ de Córdoba - Sala Contencioso Administrativa - 18/12/2007, elDial - AA471A).

Entrando a considerar el fondo de la cuestión -esto es, la relación jurídica que unía a las partes y las correspondientes obligaciones- corresponde precisar que es criterio de la suscripta que todo el que actúa en interés ajeno está obligado a rendir cuentas. La rendición de cuentas no se halla sujeta a fórmulas sacramentales pero debe constituir la demostración de la totalidad del proceso económico y jurídico de la gestión realizada, conteniendo en forma clara y precisa, las explicaciones necesarias para ilustrar al dueño del negocio acerca del procedimiento utilizado en el resultado obtenido en la operación, acompañando el cuentadante los comprobantes de las operaciones efectuadas.

En sentido similar se ha expedido la jurisprudencia cuanto expresa que: "Toda persona que haya administrado bienes, gestionado negocios total o parcialmente ajenos, aunque sean comunes del administrador o gestor con otra persona, o ejecuta un hecho que suponga el manejo de fondos o bienes que no le pertenecen en propiedad exclusiva, se encuentra en la obligación de presentar las cuentas de su administración o gestión, a menos que la ley o el que tenga derecho a examinarlas lo eximan expresa o tácitamente ("Club del Personal del Banco de Mendoza c/ Gonzáles, Carlos Alberto p/ Rendición de Cuentas" - Fallo: 6190021 - Primera Cámara Civil - Circunscripción: 1 - Mendoza - 2006/02/10, Sentencia Magistrados: Catapano Mosso-Viotti-Boulin, expediente: 37953 - ubicación: S000-043: elDial - MC392A).

Ha opinado la doctrina especializada que: "La obligación de rendir cuentas del cumplimiento exacto de la gestión es inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera que sea su carácter. Toda persona que se haya desempeñado como gestor o mandatario o que haya realizado hechos que impliquen el manejo de fondos que no sean de su propiedad exclusiva tiene que rendir cuentas sobre el resultado de la operación, no siendo indispensable la caracterización jurídica del negocio" (Dres. Roland Arazi - Jorge A. Rojas en "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", T.III, págs. 303, edit. Rubinzal - Culzoni, año 2007). Advierto que dicho criterio es el correctamente desarrollado por el a-quo conforme emerge de los términos en que se expide en el considerando 8vo., pto. 6to. (fs. 196vta.).

En cuanto a las constancias de autos, advierto que conforme emerge del informe prestado a fs. 51 por el Sr. S. P. G. ante la prueba ofrecida por el demandado como documental en poder de tercero (fs. 22, pto.5.6. de la demanda) emerge que el mismo niega poseer documentación alguna a las actuaciones referidas y desconoce el archivo donde la misma puede encontrarse, circunstancia ésta por la cual el apelante demandado no ha podido acreditar el relato de los hechos que efectúa en el pto.IV, párr. 2do. y 3er. párr. (fs. 21vta.), ya que las testimoniales prestadas por los Sres. L. A. D. (fs. 80/81vta.), G. E. K. (fs. 82/vta.) y R. G. P. (fs. 83/84), no resultan contundentes a efectos de acreditar los extremos invocados en la forma asertiva, detallada y concluyente que se requiere en un juicio de rendición de cuenta, más aún si se tiene presente lo informado por el Sr. G. A ello debe sumarse que ha establecido en cuanto a la valoración de la prueba testimonial la jurisprudencia que: "Se considera insuficiente la prueba testimonial, no sólo en razón a la cantidad de testigos, sino en consideración a su modo de declarar sumamente escueto, con ausencia de circunstancias y matices como los que tiene la vida real, esto arroja de inmediato una sombra de duda sobre quién debe apreciar sus exposiciones. Sin que esta duda autorice a calificar de falsos sus testimonios, autoriza a ser cautos y no tenerlos en cuenta. Es suficiente que parezcan declaraciones aprendidas de memoria para cumplir un compromiso, para que la precaución incline al Juez por descalificar la testimonial. No hay narrativa, entonces, y menos finalidad informativa cumplida mediante declaraciones vagas, imprecisas, sin contenido concreto de los hechos y circunstancias que se pretenden "proyectar" desde el pasado mediante la reconstrucción de las imágenes correspondientes conservadas por la memoria. Si a lo dicho se agrega que, en la especie, los testigos respondieron en base a un interrogatorio "sugestivo" limitándose, prácticamente, a afirmar su contenido, nos encontramos con que el resultado de esa testimonial es negativo, por obedecer a uno de los grandes factores transformadores de los recuerdos: las sugestiones externas, en el caso el contenido de las preguntas" (Francois Gerphe, "Crítica del Testimonio", p. 272 y sgts.): elDial - BB979 .

Respecto de la valoración de la prueba caligráfica obrante a fs. 158/160vta., mal que le pese al recurrente, y sin perjuicio de valorar el esfuerzo argumentativo desplegado a la hora de expresar tanto su impugnación (fs. 164/165), como en sus agravios (fs. 219, pto. 3.5), lo cierto es que, habiéndose otorgado el recibo que luce agregado a fs. 100, cf. doc. reserv. de esta Cámara de Apelaciones nro. 164 del 21/10/09 -sobre el que se practicara la pericia caligráfica-, quien tenía la carga de demostrar el uso abusivo de la firma en blanco era el demandado. Demostrada como se encuentra la autenticidad de la firma -que fuera negada oportunamente por el apelante demandado (fs. 114)-, y no mediando suficientes elementos como para tener por acreditado que el escrito en cuestión fue suscripto en blanco, el sentenciante no pudo sino admitir parcialmente la acción intentada, y no con base a meras suposiciones, sino en razón de las constancias probatorias con las que contaba. Más aún, cuado de dicho dictamen pericial surge que no se vislumbran en el documento alteraciones o agregados que permitan avalar que la firma hubiera sido adulterada o que se haya suscripto un documento en blanco en el que el accionado o un tercero agregaran los documentos que alega la accionante haber entregado. Así, no hay elementos caligráficos ni scopométricos que permitan determinar que el demandado no recibió la totalidad de la documentación allí individualizada.

A mayor abundamiento he de decir que si bien es indudable que el peritaje no es vinculante para el Juez, sin embargo, cuando éste aparece fundado y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél (cf. C.N.A.Civ., Sala C, sent. del 07.04.83, "Mallo, Ángel"). Por eso, si bien su fuerza probatoria es relativa en el sentido de que no obliga al juzgador, el apartamiento de esas conclusiones técnicas requiere manifestaciones por medio de razones serias y fundadas, a la par de señalar en concreto los errores u omisiones que desvirtúen el informe producido (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sent. int. 49553, 16.07.99, "Kodrich, Egea c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos" (F.-E.-H.): elDial - AC10F3).

Por último observo que conforme surge de las actuaciones obrantes a fs. 62/63 el demandado desistió de la prueba confesional de la actora y de la providencia de fs. 172 emerge claramente que se lo tuvo por desistida de la producción de la prueba instrumental por él ofrecida en el pto. 5.7. (fs. 22vta.) en su contestación de demanda.

La aplicación de los conceptos de fondo y procesales individualizados precedentemente, así como el análisis de las pruebas obrantes en autos, le asigna razón a lo decidido por el a-quo, ya que la sentencia en crisis exhibe un acierto lógico-jurídico conforme las premisas que se tienen en cuenta en el presente voto. Ello así, en tanto la decisión sustancial ha sido estructurada sobre la base de argumentos que fueran invocados por los contendientes, introduciéndose sobre la base fáctica que informa la cuestión litigiosa. De la confrontación de los extremos relacionados surge clara la congruencia del a-quo, quien ha decidido en base a los términos en que quedó planteada la litis, razón por la cual no se configuran ni el vicio lógico jurídico, conocido como incongruencia por "citra petita" ni tampoco el de "ultra petita".

Son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por el apelante demandado a fs.215/220vta. y confirmar la sentencia de fs. 192/198 en este sentido.

I.C) Las costas son impuestas al apelante demandado vencido (art. 69 - Ley XIII, nro. 5, Anexo A - Digesto Jurídico, ex art. 68 del CPCCCh). Sin que corresponda regular honorarios (art. 11 Ley XIII-4).-	A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria final de la colega preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco por los argumentos dados por la suscripta y entender que esta parte del voto no está comprendida dentro de las premisas prescriptas por el art. 169 de la Constitución Provincial, a la misma adhiero en la parte en que he tenido que decidir.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh (Ley XIII-5-DJ, Anexo A), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Rechazar los agravios de la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 192/198 venida en crisis.

2) Costas al apelante vencido, sin regular honorarios atento el considerando respectivo.- 3) Tener presente la reserva del caso federal.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC"