Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-28


SENT Nro. 286 San Miguel de Tucumán, 28 DE ABRIL de 2003.- Y VISTO: El recurso extraordinario federal que prevé el artículo 14 de la ley 48 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por el síndico de la quiebra actora en autos: "Bolsa de Comercio de Tucumán S.A. vs. Lanati, Juan Carlos s/Daños y perjuicios (Incidente de levantamiento de anotación preventiva de la litis prom. por L.C.) Expte 745/94-11"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- Viene a resolución de esta Corte la declaración de admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por el síndico de la quiebra actora contra la sentencia del 3/12/2002 dictada por este Tribunal, en la que se desestimó el recurso de queja opuesto por su parte contra la resolución del 13/8/2002 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común (fs. 1/2), mediante la cual se denegó su recurso de casación contra la sentencia del 9/4/2002 (fs. 1).

El recurso extraordinario fue deducido en término, y está dirigido contra una sentencia dictada en un incidente de levantamiento de medida cautelar de anotación de litis. La reserva del caso federal fue efectuada a fs. 7 vta. y 33 de estos autos.

II.- El recurrente relata los antecedentes relevantes del caso (cfr. fs. 65 vta. y ss), que fueron resumidos en sentencia de esta Corte del 3/12/2002. Invoca que la cuestión planteada reviste gravedad institucional (art. 813 inc. b CPCC) porque el fallo no está motivado y porque infringe el principio de congruencia por omisión, y menciona los planteos que no fueron tratados (cfr. fs. 71). Denuncia que se infringieron los arts. 18 y 16 CN y 28 de la Constitución Provincial; art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 775 y 100 CPCC, arts. 577, 2524 inc. 4 y 3265 del Código Civil, y arts. 12, 73 y 160 de la Ley de Sociedades Comerciales, y que el fallo ignoró y consintió la mala fe del incidentista.

Se agravia de que la sentencia no analizó diversos planteos, entre ellos si resultaba aplicable el art. 100 CPCC, si era formalmente admisible un incidente de levantamiento de la anotación de la litis, si la simulación o el fraude son alegables por vía de excepción, si el incidentista demostró la existencia de un título suficiente para adquirir el dominio, si se realizó la tradición, si se cumplieron las normas societarias para el aporte de capital, si la transmisión es oponible a terceros, y si hubo o no buena fe del incidentista. Por tales omisiones el recurrente considera que la sentencia es nula. Denuncia que no se dio a las partes un trato igualitario, porque la sentencia otorgó a LC S.R.L. el carácter de tercero y de dominus, pero negó a su parte, al rehusarse a examinar sus agravios, el derecho de controvertir ambas calidades.

Considera que contrariamente a lo afirmado en la sentencia, la simulación puede hacerse valer respecto de cualquier pretensión y en todo tipo de proceso, y que lo decidido causa estado, o al menos ocasiona un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior. Afirmó que si la vía incidental elegida por la SRL cercenó a su parte el derecho de defensa y de prueba, lo que correspondía era desestimar el incidente, no la excepción planteada por su parte, porque considera que basta que el incidentado oponga defensas -en especial de simulación y fraude- prima facie verosímiles para que no proceda el incidente de levantamiento. Cuestiona las afirmaciones de la sentencia referidas a la adquisición del dominio por la SRL, y manifiesta que se ignoró la mala fe de ésta, señalando los elementos que a su criterio la demuestran (cfr. fs. 76 y ss.), lo que prueba que LC SRL no es un tercero al efecto del incidente de levantamiento (cfr. fs. 77 vta. y ss.). Considera que se violó el art. 1058 bis del Código Civil, al negarle la posibilidad de oponer excepción de simulación y en subsidio fraude, con expresa invocación del art. 1058 bis del Código Civil. Afirma que si planteó simulación también respecto de LC SRL, no puede ser considerado te rcero, sino que es tan parte como los socios que la integran, y que por ello no le asiste un derecho al levantamiento de la anotación de la litis mientras el litigio continúe.

Denuncia errónea interpretación de los arts. 775 y 100 CPCC, y señala que la anotación de litis no es asimilable a un embargo, porque el objeto de aquélla se limita a la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles o muebles registrables. Sostiene por ello que LC no es un tercero perjudicado, porque la medida en cuestión no impide la libre disposición del bien litigioso. Cuestiona que la sentencia haya dado por probado el dominio y la adquisición por parte de LC SRL, porque niega que hubiera habido tradición, así como que exista título a favor de LC SRL porque no se demostró la recepción del aporte de capital ni su inscripción en el Registro Público de Comercio. Por ello niega que el dominio se hubiera transmitido a la SRL.

Afirma que la sentencia que acogió el pedido de levantamiento de litis encuadrado en el art. 100 CPCC es definitiva, a diferencia de la que la desestima, que deja abierta al incidentista la posibilidad de promover una tercería. Sostiene que la tercería de dominio es una forma de ejercicio de acción reivindicatoria, y que la asimetría de efectos entre el acogimiento y el rechazo del incidente de levantamiento justifica el carácter definitivo del primero. Considera que en las cuestiones planteadas nada tiene que ver el principio de provisoriedad de las medidas cautelares. Afirma que su planteo de simulación y fraude en subsidio fundados en el art. 1058 bis del Código Civil no pueden reeditarse en otro procedimiento, porque de levantarse la anotación de la litis su parte no tendrá otra oportunidad para excepcionar. Alega que los derechos de una parte jamás pueden verse restringidos por la vía empleada por la contraparte, y que lo que correspondía era desestimar el incidente, no la excepción. Señala que una vez levantada la anotación de la litis, el incidentista transferirá los bienes a terceros que alegarán bue na fe invocando la protección del art. 1051 del Código Civil.

Plantea que la articulación de nulidad por vía de excepción según el art. 1058 bis sólo puede hacerse en este litigio, porque si fuera mediante una acción en juicio separado ya no sería el mismo camino, sino otro, por lo que considera que la sentencia es definitiva. Destaca que lo importante es que el excepcionante está facultado a oponer tal excepción, y que esa excepción debe ser tratada, y si lo decidido cierra definitivamente las puertas para hacerlo, al levantarse la anotación de la litis no dispondrá de otra oportunidad para excepcionar.

Por último, considera que en el caso hay cuestión federal porque la sentencia recurrida no deriva del derecho vigente, porque vulneró la defensa en juicio y el derecho a ser oído.

III.- No corresponde conceder el recurso extraordinario, por las razones que se exponen a continuación.

Es doctrina de la Corte Suprema de la Nación que en principio, las decisiones referentes a medidas precautorias no revisten el carácter de sentencias definitivas en los términos del art. 14 de la ley 48. En tal sentido, el Supremo Tribunal expresó que "los pronunciamientos referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas a los fines de la apelación federal, y la invocación de haberse violado garantías constitucionales o de ser arbitrario lo decidido al respecto, no suple la ausencia del mencionado requisito cuando no ocurren circunstancias que autoricen a hacer excepción a aquella regla general" (CSN, 1984/06/12 en "Garrido, Fernando c. Mangiacavalli, Carlos J. y otros, publ. en La Ley 1985-A, 623 J Agrup. caso 5357).

Refiriéndose a las excepciones a esa regla general, la Corte Suprema expresó que "si bien las medidas cautelares no son susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, ello cede cuando la decisión produce un agravio de insuficiente, tardía o dificultosa reparación ulterior, o cuando la alteración de la situación de hecho o de derecho, puede influir en la sentencia o convertir su ejecución en ineficaz o imposible" (CSN, 1997/08/07, "Camacho Acosta, M. c. Grafi Graf S.R.L. y o.", La Ley 1997-E, 653).

IV.- En el caso, no configura sentencia definitiva o equiparable a tal que torne admisible el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, la resolución que denegó el recurso de casación contra la resolución confirmó la decisión que hizo lugar al levantamiento de una medida cautelar de anotación de litis, pedido por el titular del inmueble que no fue demandado en la acción de simulación y fraude en subsidio.

No surge manifiesto en el caso un agravio de imposible o tardía reparación ulterior, toda vez que no se advierte que el objeto del planteo revista inequívoca sustancia federal y exhiba gravedad institucional por su trascendencia. La sentencia impugnada por esta vía extraordinaria fue dictada en un incidente de levantamiento de anotación de litis deducido conforme art. 100 CPCC. El inmueble objeto de la anotación de la litis tiene su titularidad de dominio inscripta a favor de la SRL incidentista desde antes que se promoviera el presente juicio, en el que se demandó la nulidad por simulación y en subsidio fraude de diversos actos jurídicos, entre ellos de la transferencia del inmueble objeto de esta litis de María Cristina Zuccardi de Lanati a favor de sus hijos. La sociedad incidentista no fue demandada ni en esta acción se persigue la anulación de la transferencia del inmueble a favor de la sociedad (cfr. fs. 186 y 186 vta. del incidente principal). La pretensión del recurrente de trabar una cautelar contra alguien no demandado, y de examinar en un incidente de levantamiento de medida cautelar la simulación o fraude del incidentista no demandado, la validez de la transferencia a favor de esa sociedad, si ésta ostenta un dominio válido conforme a las normas societarias o si hubo o no tradición, puede canalizarse por otras vías, como lo entendió el actor al expresar textualmente que "es cierto que podría accionar en un proceso diferente po r simulación y en subsidio fraude contra la incidentista" (cfr. fs. 69 vta. segundo párrafo), correspondiendo señalar que el pronunciamiento impugnado no causa estado ni tiene efecto de cosa juzgada sobre la pretensión e interés de la quiebra actora en relación a la SRL.

Resulta del caso recordar la doctrina de la Corte Suprema de la Nación sobre el concepto de sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquéllas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, así como también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303: 633, con cita de Fallos 245: 204; 266: 47; 300: 852). Tal concepto incluye, según se expuso, los supuestos en los que sean improcedentes acciones ordinarias ulteriores para superar el gravamen (cfr. E. Guastavino, Recurso extraordinario, Edic. La Rocca 1992, t. 2 p. 722).

V.- También corresponde destacar que "si bien exigido concurrentemente con otros, el requisito de definitividad de sentencia es un recaudo propio autónomo. No se lo satisface ni se lo suple con la mera existencia de cuestión federal, ni por la alegación de arbitrariedad" (Fallos: 252: 141; 267: 484; 289: 148; 298: 95; 308: 1202, etc.). (Guastavino, E. ob. cit. p. 724).

VI.- En cuanto a la alegada gravedad institucional, no concurre en el caso, toda vez que lo resuelto no supera el interés del recurrente ni afecta de modo alguno el interés público, así como tampoco se advierte vulneración a algún principio constitucional básico ni proyección respecto de la buena marcha de las instituciones.

VII.- En cuanto a las costas, atento al resultado, corresponde imponerlas al recurrente (art. 106 CPCC).

Por ello, se R E S U E L V E :

I.- DENEGAR la concesión del recurso extraordinario presentado por el Síndico de la quiebra de la referencia contra la sentencia de fecha 3/12/2002 dictada por esta Corte (cfr. fs. 59/60).

II.- COSTAS al recurrente.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA