Leyes, irretroactividad de la ley, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ HEREDEROS DE MARCO FA, FRANCISCO ALEJANDRO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-11-14

En cuanto a la aplicación del art. 67 de la ley 7966, se aplicará " a las situaciones jurídicas existentes y en curso, y a sus consecuencias que no hubieran quedado consolidadas y a los procesos judiciales que estuvieren en trámite, cualquiera sea su estado, y a situaciones y actuaciones procesales que no estuviesen firmes" implica, que la ley se va aplicar a los juicios en trámite, en todas aquellas actuaciones que no estuvieren firmes al tiempo de su entrada en vigencia.

No pudiendo aplicarse a aquellas actuaciones que ya adquirieron firmeza.

No sería posible aplicar retroactivamente la ley 7966 y 7967 citadas, por cuanto en su texto no está prevista dicha aplicación.

Aunque sea una ley de orden público, no es aplicable retroactivamente. El nuevo texto del art. 3 del C.C. no deja lugar dudas acerca del modo de aplicación temporal de la ley. En el mencionado art. se prevé que las leyes "no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario".

De este modo, a la vez que afirma la irretroactividad de la ley, hace la salvedad de que no se aplica si se dispusiere la contrario, con lo cual aclara que aquel principio no obliga al legislador sino al intérprete, pues siempre puede el Poder Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones, dictar normas retroactivas, mientras haya materia social regulable, es decir, en tanto no haya ocurrido el consumo jurídico, luego de lo cual no podría el legislador restablecer derechos ya agotados.

El art. 67 de la Ley General de Expropiaciones N. 7966, aunque lo catalogue de orden público, necesariamente debe ser interpretado en armonía con el contexto normativo vigente en cuya cúspide está la Constitución.

No solo es conveniente, se necesario en la medida que la nueva norma obliga a enfocar el problema de su aplicación en el tiempo con elementos sistemáticos de cara al ordenamiento jurídico, concebido como un todo orgánico.

La intención expresada por el legislador es que sea aplicada "en forma inmediata", "a los procesos judiciales que estuvieren en trámite, cualquiera sea su estado, y a situaciones y actuaciones procesales que no estuvieren firme". Esto no implica declarar que la ley ha de ser aplicada retroactivamente.

Así lo juzgo a la luz del art. 3 del Código Civil, pues "a partir de su entrada en vigencia" la nueva ley hará efecto "aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes".

Nos comenta Julio Rivera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en innumerables fallos, en lo tocante a interpretación de la ley, dejó sentada doctrina con referencia a la Constitución pero perfectamente extensible a las norma infraconstitucionales sosteniendo "que ella debe ser analizada como un conjunto armónico, dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo al contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente; en la inteligencia de sus cláusulas debe alterarse de no alterar el equilibrio del conjunto".

"Por ello mismo la Corte ha dicho que debe computarse la totalidad de los preceptos de la ley, de manera que armonice con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la constitución Nacional, y en casos no expresamente contemplados ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía, a los fines perseguidos por las reglas.