marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, acción cambiaria, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingeniero Pell Construcciones S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ejecutivo (Expte CSJ Nº 713-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-06

Cuando el ejecutado por un título de crédito es el Estado, la demanda conlleva un interrogante jurídico fundamental que en ella suele definirse sólo provisoria y presuncionalmente: ¿está en juego la improrrogabilidad de orden público, la irrenunciabilidad de la jurisdicción contencioso administrativa?. Es que "prima facie" el Estado habría obrado regularmente sometiéndose a una instrumentación cartular que al atribuir legitimación ejecutiva excluye la jurisdicción contencioso administrativa. Pero tal presunción no puede ser sino "iuris tantum". Porque siendo irrenunciable y de orden público su improrrogabilidad, esta jurisdicción tiene en la ordinaria una competencia alternativa, limitada y residual. A la cual el trámite ejecutivo no hace excepción por su carácter sumario y, menos aún, por el conocimiento restringido que supone. (De los Fundamentos del Dr. Donati)
Accidentes de trabajo, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Diaz, Roque R. del Valle c/ Clarfix S.A.C.I. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-17

Hay cosas que no son en sí mismas riesgosas ni peligrosas pero que pueden adquirir tal carácter en razón de las particularidades de las tareas realizadas por el trabajador, el estado de salud de éste y la modalidad de su desempeño al exigirle esfuerzos físicos mediante constantes y repetidos movimientos de su cuerpo (art.1113, segunda parte in fine del C.C.).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Transportes Guzzo e Hijos Srl c/ Goncalvez Pereira Rosa s/ Cobro  Ejecutivo Cejas Rubén Catalino c/ Pérez Norberto s/ Daños y Perjuicios Kratzenstein, Alberto s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-23|1997-06-27|2001-08-21

De tolerar el tratamiento de un tema novedoso en la Alzada, se violaría el principio de congruencia atendiendo una pretensión jurídica que no ha formado el contenido de la disputa.
Tributos aduaneros, determinación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: SISTECO S.A. s/ Aduana -T.F. 6617-A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

En cuanto a la naturaleza de la determinación tributaria aduanera, es preciso puntualizar que si bien la postura sostenida por la actora que la caracteriza como "mixta", es seguida por algunos autores, la doctrina no es unánime al respecto, en tanto parte de ella estima que en materia de determinación son sólo dos los sistemas imperantes en nuestro derecho positivo, el de la "autodeterminación" y el de la "determinación de oficio" (ver al respecto Enrique C. Barreira, "Código Aduanero...", T.II-A págs.

301/304 y sus citas).
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Navarro, Eduardo Javier c/ Servicios Viales S.A. s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios Riva Rubén Darío c/ Alfasud y E.S.A. y otras UTE. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06|1996-04-02

La empresa concesionaria de la ruta no es dueña ni guardiana del animal suelto que irrumpe en el camino, por lo cual no le alcanza la responsabilidad emanada del art. 1124 del C.C.I. Su responsabilidad, de existir, ha de asentarse en la culpa, o sea en la omisión de las diligencias normales y apropiadas que hacen al objeto de la concesión, tendientes a liberar de obstáculos el tránsito.
Jueces, pérdida de la jurisdicción
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De Fiol E. c/ José Pisi s/ Cobro ordinario - competencia (Libro: A015-252)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1949-08-25

Atento al espíritu y propósitos de la ley 1547, el Tribunal que perdió jurisdicción por el vencimiento del término legal para dictar sentencia, queda separado al efecto de una manera definitiva, sin consideración a los miembros que la integran o pueden integrarla más tarde, por cuanto dicho precepto (art. 4 ley 1547) alude al Tribunal y no a sus componentes.
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Rodríguez, Ernesto E. c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

El pretendido de que los gastos impugnados guardaron vinculación con la compra por el municipio de dos coches clínica carece de comprobación fáctica que lo avale si las erogaciones se refieren a cenas ofrecidas a representantes de empresas, obsequios florales, gastos de taxi, etc., que por su destino no deben ser asumidas por la comuna. La inversión, de tal suerte, lejos de satisfacer necesidades colectivas ha sido ejecutada al margen de las normas legales que rigen este tipo de operaciones, llevando así implícita la presunción de perjuicio (art. 244, L.O.M.).
Recurso extraordinario, intereses, horas extra
Materia: PROCESAL
Carátula: Nelli,  Bibiana  del  Carmen  y  otros c/ E.N.Tel s/ diferencias salariales - horas extras.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

El recurso extraordinario contra la sentencia que condenó al pago de intereses correspondientes al abono tardío de horas extras es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda).
Concesión para la venta de automotores, rechazo de la demanda, rescisión del contrato, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Airox SA c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario - Airox SA C/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-23

Corresponde rechazar la demanda incoada por una concesionaria contra el fabricante automotriz con motivo de la rescisión del contrato de concesión que vinculara a las partes, efectuado por la concedente ante la falta de retractación de un reclamo indemnizatorio cursado por la concesionaria, quien consideraba que se había vulnerado el pacto de exclusividad pues la demandada designó a otra concesionaria en las cercanías de su establecimiento.
Concurso preventivo, crédito líquido, intervención de sociedades
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Motors Latinoamerica SA  c/  s/ concurso preventivo s/ incidente art. 250 cpr
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-26

Cabe recordar que la administración que se le concede al deudor resulta "vigilada" encontrándose por lo tanto sometida al contralor del síndico (LCQ 15, in fine), circunstancia incluso agravada por el hecho de la intervención social dispuesta.
Municipalidad, concejales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tata, Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa Tata, Rodolfo Salomón c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28|2001-02-28

El concejal es una persona que presta "servicios remunerados" en la Municipalidad "sea cual fuere la naturaleza de la designación y forma de pago" (art. 2 , dec. ley 9650/80), sin que la expresión "relación de dependencia" mantenida en la redacción sea definible en los términos de la ley de contrato de trabajo.
Divorcio, separación de hecho, causales de divorcio y separación personal, demanda y contestación conjuntas
Materia: CIVIL
Carátula: A.R.R. c/ S.L.I. s/ Divorcio Vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-29

La ley 23.515 ha reformulado el régimen de matrimonio civil, reintegrando su normativa al texto del Código Civil en materia de causales de divorcio vincular y de separación personal. El art. 214, inc. 2do., del Código Civil recepta el supuesto de demostración del fracaso irremediable del matrimonio, evidenciada por el largo tiempo transcurrido desde la ruptura matrimonial.

Si bien es cierto que, en cuanto a las formas, el art. 204 del Código Civil se refiere al planteo formulado por uno solo de los cónyuges, no se aprecia razón alguna de orden público para desestimar el realizado bajo la firma de ambos esposos. Por el contrario si la ley faculta a cualquiera de ellos a actuar en forma individual, con más razón se debe admitir el planteo formulado por ambos interesados.

La aplicación del art. 336 del Código Procesal, criticada justamente por su restricción, ya que precisamente las cuestiones de familia son las que más se adaptan a una presentación conjunta de las partes, se halla supeditada a la existencia de un conflicto y de una "real" controversia entre las partes que no se suscita en el supuesto donde ambos presentantes coinciden en divorciarse, y en que se ha producido una causal legal que habilita el divorcio.
Ejecución de la pena, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Acosta, María Estela s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-20

Corresponde anular la denegatoria de visitas domiciliarias (art. 166 ley 24.660) que se sustentó en que las afecciones que sufre la madre de la encartada no le impedían movilizarse hasta el establecimiento carcelario, pues dicha afirmación dimana de un informe confeccionado por una trabajadora social -y no por un profesional de la salud- con anterioridad a los nuevos certificados y un informe social elaborados con posterioridad a los empleados por el a quo para fundar su postura, a lo que se suman las conclusiones favorables del Consejo Correccional, propiciando la concesión de las visitas, circunstancia que no mereció ningún trato. (Dres.

Slokar, Ledesma y David).
Recurso de apelación (procesal), recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robledo, Pablo Hugo y Otros c/ Saragusti, Carlos E. y Otros s/ Incidente de Extensión de Responsabilidad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-12-23

La parte demandada deduce recurso de casación en contra de la sentencia de Cámara por la que se hace lugar al pedido de los actores en el expediente principal, extendiendo a los socios la responsabilidad por los créditos laborales adeudados por la sucesión de la S.R.L. e intimándolos a pagar la suma establecida más los intereses fijados en la sentencia definitiva, bajo apercibimiento de continuar la sentencia en su contra. En primera instancia se resuelve la extensión de la responsabilidad a los socios conforme a la segunda parte del Art. 54 de L.S.C. A su turno -apelación mediante- el Tribunal de Alzada resuelve que no se configura el supuesto del Art. 54, pues no hubo ningún tipo de maniobras defraudatorias por parte de la sociedad, y, por aplicación del principio iura novit curia, admite la extensión de la responsabilidad basada en el Art. 59 de la L.S.C., al considerar que sí faltó la diligencia del buen hombre de negocios, confirmando, de ese modo, lo resuelto en primera instancia, aunque con un fundamento diferentes.

El agravio de la demandada ahora recurrente, circunscripto a cuestionar la distinta calificación jurídica que del conflicto hiciera el Tribunal de Segunda Instancia para rechazar la apelación intentada, sin duda, desborda el ámbito de análisis del recurso de Casación, toda vez que con él se pretende condicionar, ilegítimamente, las amplias facultades que le competen al Tribunal de grado para decir el derecho, como carácter esencial de la función jurisdiccional y como manifestación propia de la soberanía del Estado.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramírez, Oscar y otro c/ Córtez, Rolando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08

En el caso de los hijos mayores, el acogimiento de la pretensión no debe ser sino modesto. Y es que escapa a lo que resulta normal y habitual que los hijos mayores deriven su subsistencia de los alimentos a que el progenitor no está obligado desde que son plenamente capaces y proveen por sí solos a sus necesidades.

Por ello el derecho no es el resarcimiento de un daño "actual", sino apenas el de alguna "chance" perdida, consistentes en una ayuda económica que no puede exceder ordinariamente de lo modesto y episódico, y cuya estimación debe realizarse conforme a las particularidades del caso.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: Olmos, Vicente Horacio c/ Tampellini, Delmo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-03-29

La arbitrariedad alegada también como fundamento del Recurso interpuesto, so suple el requisito de sentencia definitiva, pues como lo ha sostenido la Corte Nacional, "la invocación de tacha de arbitrariedad o de garantías Constitucionales no suple la ausencia de ese requisito propio de los Recursos Extraordinarios".
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: ZALAZAR, Alberto c/ JEFE DEL E.M.G.E. s/ AMPARO POR MORA"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

El art. 288 del C.P.C.C.N. exige la presencia de "contradicción entre la sentencia dictada por una Sala de una Cámara Nacional de Apelaciones y la doctrina establecida por otra Sala o Salas del mismo Tribunal" -claro está, siempre que, sobre cuestiones de derecho haya ocurrido dentro de los diez años anteriores a la fecha del fallo que se impugna- "para obtener una sentencia de la Cámara reunida en pleno que fije la doctrina legal aplicable al caso (confr. Fassi-Yáñez, "C.P.C.C. ...", T. 2, p. 534 y ss., Ed. Astrea, 1989).
Despido, intimación previa
Materia: LABORAL
Carátula: Tivani, Cristina Esther c/ M. Albaladejo S.A.C. y F. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2000-08-23

Lo que se requiere del trabajador como paso previo a la denuncia del contrato de trabajo para que ello se considere justificado, es que curse intimación a su empleador a los fines de que éste de cumplimiento a esa obligación, con lo cual se pone de manifiesto la intención del acreedor de no consentir el agravio, sin necesidad de que la intimación sea acompañada de un apercibimiento en el sentido de que, de no regularizarse la situación, proceder a rescindir el contrato de trabajo. Ello es así por cuanto el art. 57 de la L.C.T.

al referirse a la intimación hecha por el trabajador relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, no impone la necesidad del apercibimiento, como tampoco lo hacen los arts. 242 y 243 L.C.T. al referirse a la posibilidad de hacer denuncia del contrato y a la forma en que deben comunicarse a la otra parte la decisión rescisoria.-
Cuestión federal, debido proceso, revocación de sentencia, nulidad procesal, deber de imparcialidad, desestimación de la denuncia, fallos de la Corte Suprema, apartamiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Aníbal Domingo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-11

Existe cuestión federal a los fines del recurso de casación si el MPF ha alegado fundadamente que la nulidad de actos válidamente realizados se ha dispuesto con sustento en la inobservancia de la garantía del debido proceso, con afectación de los principios de independencia y autonomía funcional del MPF, ya que lo resuelto implica retrotraer el proceso a etapas válidamente superadas. Corresponde revocar el pronunciamiento que declaró la nulidad de los actos procesales por entender que el juez de la causa había violado la garantía de imparcialidad al aplicar el mecanismo de consulta al Fiscal General, pues el procedimiento adoptado por el juez de instrucción por medio del cual -apartando a la fiscal que había pedido desestimar la denuncia- elevó las actuaciones en consulta al Fiscal General de Cámara de conformidad a la resolución PGN 13/05 invocada por este funcionario en su oportunidad, se presenta como el más adecuado a efectos de asegurar la vigencia de los principios constitucionales y acatar la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El apartamiento resuelto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en el marco del mecanismo de consulta aplicado, no ha sido contrario a las facultades de dicho funcionario en las circunstancias del caso, como consecuencia de ese sistema de control jerárquico implementado, ni arbitrariamente fundado en el caso concreto.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Morales, María Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La competencia originaria de la Corte es de orden público.
Actualización monetaria, desindexación, orden público, actuación de oficio, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUSCITTI IVAN DAVID c/ JOSE LUIS CONCI s/ EJECUCION  DE SENTENCIA  -  ACTUALIZACION  MONETARIA - DESINDEXACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-10-07

La ley 24283 es de orden público, puede aplicarse de oficio por los jueces cuando surja ostensible la inequidad del índice de actualización, alternativa que es viable hasta el momento del pago, siempre y cuando el obligado por el ilícito no haya cancelado la deuda, propagándose a la indemnización por daños habida cuenta que en las "otras prestaciones" se comprende a las sumas dinerarias.-
Faltas, actos ilícitos
Materia: PENAL
Carátula: J, M E s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-20

Reiteradamente ha sostenido este Tribunal que las infracciones reglamentarias carecen de carácter incriminante penal cuando las mismas no han sido causa determinante o eficiente del hecho ilícito investigado.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: Vera Heber Antonio c/ Frigorífico Gualeguaychú S.A. s/ Indemnización por accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1992-11-09

Reconocida la existencia del contrato de seguro, corresponde a la citada en garantía acreditar las circunstancias por ella invocadas que tornaban improcedente tal citación; no ocurrido ello, la responsabilidad de la empleadora debe extenderse a la aseguradora, sin entrar a evaluar el cumplimiento de aquella respecto de sus obligaciones como asegurada, puesto que ello se enmarca en la relación contractual entre ambas, cuyas cláusulas no le son oponibles al tercero damnificado, es decir, al trabajador cuyo crédito surge en virtud de un vínculo laboral. Tampoco corresponde la limitación de responsabilidad que argumenta la aseguradora porque tratándose de una acción fundada en la ley especial de accidentes de trabajo 9688, ella establece en su artículo 7 expresamente que la sustitución de las obligaciones del empleador en un ente asegurador no podrá significar indemnizaciones interiores a las en ella establecidas.
Partes del proceso, intervención de terceros, intervención obligada, defensa en juicio, sentencia, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Gandolfi de Vanetta, Mercedes c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Resulta un inútil dispendio de actividad jurisdiccional diferir la consideración de la responsabilidad de un tercero citado en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando éste ha ejercido en plenitud el derecho constitucional de defensa en juicio, de modo que no existe óbice para que, como lo dispone el art. 96 del mencionado cuerpo legal, la sentencia dictada después de su citación o intervención, lo afecte como a los litigantes principales.
Consejo de la Magistratura, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Riusech, María Elia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

El principio de sometimiento de la Administración a la ley es susceptible de reformularse en el sentido de sometimiento a la ley de todos y cada uno de los organismos que el sistema institucional ha delineado, incluidos aquellos ajenos a la órbita del Poder Ejecutivo y con un expreso marco de competencia determinado por la Constitución, como el Consejo de la Magistratura.
Tarjeta de crédito, prescripción, plazo, prescripción decenal
Materia: COMERCIAL
Carátula: DINERS CLUB ARG.  S.A.  COMERCIAL Y DE TURISMO c/ BERMAN ISRAEL J. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-19

No encontrándose previsto ningún plazo especial de prescripción cabe aplicar la decenal ordinaria del art. 846 del C. de Comercio para las tarjetas de crédito.
Cheque, endoso, juicio ordinario, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Kalid SRL c/ Banco Santander Río SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

A tenor de la LCh 19, el cumplimiento formal de los recaudos correspondientes a la ley de circulación del título hace presumir la buena fe del tenedor. Esta presunción responde a los principios del favor de la circulación y de la prevalencia de las formas. Se indica que la presunción sobre la buena fe del tenedor del título resulta consecuencia de la incorporación del derecho al documento. El tenedor queda colocado en la posición del poseedor de buena fe de una cosa mueble, circunstancia que genera la presunción de la propiedad de ella y el poder de repeler una acción reivindicatoria.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, SILVIO CESAR c/  s/ PORTACION ILEGITIMA DE ARMA DE FUEGO, ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

La queja no ha de prosperar, desde que los Sentenciantes entendieron que ante dos recursos interpuestos por la misma parte en simultáneo -uno de inconstitucionalidad y otro conforme la doctrina "Scalcione"-, cabía la posibilidad de dictarse sentencias contradictorias y por lo tanto, debía tramitarse primero el recurso de apelación y luego el de inconstitucionalidad para el caso de que la resolución del anterior no conformase la pretensión de la defensa; y tales argumentos, que no lucen irrazonables, se inscriben en una interpretación posible de las normas en juego, procurando evitar sentencias contradictorias que pudieran eventualmente surgir ante dos impugnaciones simultáneas contra la misma resolución; y por otro lado se prevé que, una vez resuelto el trámite de apelación horizontal -intentado por la misma interesada-, ésta cuente con la posibilidad, si así lo desea, de interponer el recurso de inconstitucionalidad. - CITAS: CSJStaFe: Scalcione, AyS T 271, p 239.
Proceso penal, acción civil, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: XX s/ Requerimiento fiscal n  6 sobre impugnacion proveido (Expte Nº  52-98, Resolución Nº78, Tomo 4, Folio 159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-06-18

Se encuentra más allá de toda discusión que la oportunidad para la introducción de un actor civil es la instrucción. El proveído que dispone el archivo de las actuaciones cumplidas tras la formal apertura de la instrucción, no implica el cierre de la instrucción (ni la preclusión de la posibilidad de introducción de una acción civil).
Cuestiones prejudiciales, declaración de quiebra, auto de quiebra
Materia: PENAL
Carátula: Pane de Mamone, Norma B. s/ Quiebra Fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-20

Aun cuando pueda considerarse relativa la independencia de las acciones civil y penal, el Juez penal se encuentra habilitado para el juzgamiento de la quebrada si del expediente comercial se desprende que tuvo conocimiento del auto declarativo de quiebra.