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Medidas cautelares, embargo preventivo, bienes inembargables, ejecución hipotecaria, mutuo hipotecario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: STIGLITZ, Sylvia c/ SONNTAG DE OLMOS s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-03

Si se tiene en cuenta que el crédito que se pretende ejecutar tuvo su origen en un mutuo con garantía hipotecaria, no cumpliendo ninguno de los requisitos del art. 2 del decreto 6754/43 ratificado por la ley 13.894, la función jerárquica de la ejecutada desempeñada en su faz activa y el monto del haber jubilatorio que percibe -varias veces superior al que recibe gran parte de la clase pasiva-, no le resulta aplicable el beneficio del decreto mencionado. No obstante, se encuentra igualmente amparada por el tope de embargabilidad del art. 2 de la ley 9511, que en el caso coincide con el previsto por el decreto analizado, es decir hasta el 20 por ciento del haber jubilatorio.
Recursos administrativos, recurso de reposición (procesal), Administración Pública, Poder Ejecutivo, gobernador, recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SUASNABAR, DAVID MARCELO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA     EXPTE NRO 315-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-09-13

Las normas que reglamentan el recurso de revocatoria en sede administrativa -artículo 42 y siguientes del decreto 10204-58-, no establecen la distinción que efectúa el recurrente para los casos de decisiones dictadas de oficio o por gestión del interesado lo que no resultaría lógico de ser correcta su interpretación, pues hubiera significado modificar todo el sistema establecido en el Código santafesino, que está estructurado en función de dar a la Administración la oportunidad de decir su última palabra corrigiendo o revocando sus propias resoluciones.
Delitos, defensa en juicio, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M, A. E. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Apropiación indebida de tributos   (Expte. CSJ Nº 478-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

No se compromete la garantía constitucional de la defensa en juicio al cambiar la calificación del delito en la medida en que la sentencia recaiga sobre los mismos hechos que fueron materia de la indagatoria y de la investigación realizada durante el proceso y siempre que el resultado no sea la agravación de la pena cuando no medió recurso fiscal acusatorio.
Compraventa mercantil, libros de comercio, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INDUSTRIAS BENDIZ  S.A.E.C. Y F. c/ HUGO R. MASCIARELLI s/ ORDINARIO - COMPRAVENTA MERCANTIL - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-02-10

La ley presume que quien bien lleva su contabilidad es fiel en la expresión de los asientos de sus libros y que por contrapartida quien no lleva libros o no los exhibe, no se ajusta a idénticos principios y entonces lo sanciona. La presunción que surge de los libros de comercio sanciona una conducta ilegal y sólo es factible apartarse de las constancias de los libros opuestos al accionado existiendo una prueba contundente, dirimente, que no permita dudar, como lo sería la confesión del accionante o documentos emanados del mismo y reconocidos en juicio.

Si bien la devolución de la cosa comprada torna presumible la rescisión del contrato, aun en el supuesto de rechazo por el vendedor si el mismo no consigna la mercadería, entiendo que los elementos ofrecidos para acreditar tal conducta (la devolución) no revisten la calidad probatoria dirimente que la situación amerita teniendo presente que los libros de comercio llevados legalmente constituyen plena prueba.(Disidencia del Dr. Bordenave).-
Procedencia del recurso, acción meramente declarativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Inversora Niweas SA  c/ GCBA y Otros s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-15

Corresponde hacer lugar al recurso de revocatoria porque pese a la falta de diligencia exhibida por el GCBA, pues la pieza cuya ausencia motivó el rechazo de su recurso de queja no se encuentra entre los documentos adjuntados al momento de interponer ese recurso, ni la acompañó al serle requerida en oportunidad de resolver la queja, lo cierto es que puede accederse a aquella a través del Sistema EJE. En estas condiciones, si bien la decisión contra la que se dirige la revocatoria no es, en rigor, una de las susceptibles de recurrir por esa vía de acuerdo con el art. 214 del CCAyT, cabe tener por verificadas las excepcionalísimas condiciones en que un tribunal de última instancia puede acudir a un remedio de la especie del que aquí se intenta; medida esta que procura subsanar errores manifiestos que, por haber sido cometidos por un tribunal de esas características, no encontrarían solución por otra vía (cf. mutatis mutandis, Fallos: 313:817, entre otros). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Nulidad procesal, defensor, representación procesal, abogados, título profesional, falta de título habilitante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COSTA, JUAN C. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 971 971
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-02

No obstante que no ha recaído sentencia condenatoria surgiría con un alto grado de certeza el incumplimiento por parte de quien ha actuado como abogado defensor de la exigencia de tener el debido título habilitante de abogado; ello comporta un deficitario extremo que ineludiblemente conculca las garantías del imputado defendido en autos, en tanto habría resultado afectada gravemente de tal manera su asistencia y representación en el proceso (artículo 167, inciso 3° del código penal de la nación). (Voto del Dr. Riggi).
Remuneración, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Gasoni, Esteban Raul c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 488-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

La lectura de los términos 1º, 2º y 7º del acta acuerdo por disponibilidad de servicios del 4.4.1984, celebrada entre la Dirección Provincial de la Energía y el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe, y del decreto provincial 2261 del 12 de julio de 1984 lleva a concluir que la implementación de la "Bonificación especial por disponibilidad de servicios" en las distintas localidades en que prestaba servicios la entonces Dirección Provincial de la Energía no podía hacerse de un modo automático, ya que además de preverse la sobreasignación en cuestión, y señalarse cuáles serían los cargos comprendidos, en tales instrumentos se hizo alusión a que la sobreasignación sería destinada a los trabajadores amparados por el convenio colectivo de trabajo 36/75 afectados a localidades "...que por las características particulares de las mismas... obliguen... a permanecer a disposición... mayor tiempo de la Jornada Normal de Trabajo..." (acta acuerdo), y a "...personal afectado a funciones que obliguen a permanecer a disposición del servicio, mayor tiempo que el establecido en la Convención Colectiva de Trabajo en vigencia" (decreto). En otras palabras, tanto en el acta acuerdo como en el decreto aprobatorio se hizo uso de una terminología que no autoriza a considerar que se reunían, sin más elementos que los en ellos considerados, las condiciones adecuadas para la inmediata aplicación de lo establecido en el acta, sino, que lo en ella dispuesto debía ser objeto de una delimitación más detallada en algunos aspectos atinentes a su ámbito de aplicación.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Dra. Wilma Sara Martinez, Juez Civil y Comercial Nro.4 e/a: Silva Carlos c/Consejo de Educación s/ Amparo. Dra. Wilma Sara Martinez, Juez Civil y Comercial Nro.4 e/a: Silva Carlos c/Consejo de Educación s/ Amparo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-12-11|1996-12-11

Las cuestiones involucradas en las medidas cautelares y amparo resultan ser conexas y por lo tanto deviene conveniente su concentración ante un solo Tribunal. En tal sentido la conexidad constituye una de las excepciones a los principios generales que regulan la competencia y que se la ha caracterizado, como la vinculación que media entre dos o más procesos o pretensiones, derivadas de la comunidad de uno o más de sus elementos, cuando además de ser común el elemento subjetivo (identidad de partes) lo son otro u otros más, y que origina un desplazamiento de la competencia de modo de someter todas las cuestiones o procesos conexos -tramitación simultánea o no- al conocimiento de un mismo juez, se llegue o no a la acumulación de aquéllos.
Daños y perjuicios, muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Arévalo Honorio y Cresencia Mabel Esquivel c/ Plan de Defensa del Gran Resistencia dependiente de Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios. Arévalo Honorio y Cresencia Mabel Esquivel c/ Plan de Defensa del Gran Resistencia dependiente de Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco y/o Gobierno de la Provincia y/o quien resulte responsable. s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1991-02-14|1991-02-14

La ecuación económica de la indemnización de daños y perjuicios no circula por los canales de la acumulación de la ganancia mensual dejada de percibir, sino que debe evaluarse con relación a la renta que el capital de condena produciría. Tal cálculo mantiene variables tales como el tiempo, tasas de interés, cuota y valor actual. En el caso de tratarse de un menor, tal cálculo de renta debe efectuarse difiriéndolo a la época en que potencialmente la víctima hubiera prestado asistencia económica a los padres. Además debe tenerse en cuenta que tal aporte disminuye o desaparece al producirse el matrimonio de los hijos cuando éstos contraen otro tipo de obligaciones; de allí que si el menor tiene 14 años, pueden computarse como años de aporte joven a sus padres entre los 15 y 18 años, a los 25 ó 27 años de edad, debiendo descontarse los gastos propios de la víctima.
Acto administrativo, revisión judicial de actos administrativos, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

Debe ser tenido presente que este Tribunal, en sentencia Nro. 42/06 del 05-04-06, en los autos caratulados: "SARDI", señaló que respecto a los actos dispuestos por la Administración, no existen actos administrativos reglados o discrecionales sino actos administrativos dictados en ejercicio de actividades regladas o discrecionales.

Aunque según la doctrina jurisprudencial, el control judicial del acto administrativo está ceñido a su legitimidad y no a su oportunidad, mérito o conveniencia, aún cuando se trata de actos dictados en ejercicio de atribuciones discrecionales, el análisis judicial se efectúa a través del estudio de los elementos reglados (competencia, causa, objeto, forma, procedimiento, motivación, publicidad y finalidad) del acto administrativo.

En este sentido, la Administración puede aplicar sanciones cuando la ley la autoriza a ello, sujetas a control judicial suficiente, pues ello permite proscribir la arbitrariedad y la prescindencia de la ley por parte del órgano sancionador. No debe hacerse cumplir una sanción sin que medie declaración judicial con fuerza de ley de la infracción imputada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Alfonsín, Abel Omar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-08

Es infundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que al no haberse computado como agravante el "pésimo concepto" del procesado se habría transgredido el art.286 del Código de Procedimiento Penal si la Cámara resolvió que las referencias relativas a un mal concepto aparecen referidas a la familia del acusado y no directamente a éste, de manera que la opinión vertida por el juzgador no aparece descalificada por el vicio de ilogicidad que le atribuye el apelante. El sistema de individualización de la pena establecido por el Código Penal quedaría desnaturalizado mediante la valorización de presuntos comportamientos grupales por sobre la conducta del sujeto en cuestión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: MEGAFINS SOCIEDAD DE HECHO c/ E.N. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-19

Para que el reclamo de daños adquiera relevancia jurídica, es menester la acreditación de los hechos constitutivos de los perjuicios alegados pues si no hay prueba esos daños no existen frente al derecho.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, prescripción de la acción penal, orden público, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: V., L. y OTROS c/ S., J. y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CALUMNIAS E INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 235 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-11

En la causa "Caballero", la Corte Nacional precisó que con frecuencia, la declaración de prescripción exige la comprobación de algo más que el mero transcurso del tiempo. La constatación de tales aspectos supone, invariablemente, una controversia, es decir, el debate sobre ciertos puntos decisivos para la suerte del litigio que debe ocurrir bajo el amparo de reglas acordes con el debido proceso ".

Y afirmar el carácter de orden público del instituto no legitima a los tribunales a obviar las instancias procesales legalmente previstas y a declarar de oficio que la acción penal no se ha extinguido, cuando tal decisión depende de la discusión de diferentes aspectos fácticos y jurídicos. La declaración de oficio de la subsistencia de la acción penal, en todo caso, sólo puede ser justificada excepcionalmente, en aquellos supuestos en los que la declaración de prescripción violenta el orden público internacional, situación que, por cierto, no se plantea respecto de la persecución de conductas como las atribuidas a los imputados (voto del Dr. Petracchi, considerando 13).
Tráfico de medicamentos o mercaderías peligrosas, adulteración de medicamentos, falsificación de medicamentos, farmacéuticos, dolo
Materia: PENAL
Carátula: G., M. C. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-29

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenó a una farmacéutica, en orden al delito de tráfico de medicamentos peligrosos para la salud (arts. 2, 26, 201 y 207 del Código Penal), puesto que se encuentra debidamente probado que la imputada puso a la venta en su local medicamentos peligrosos para la salud, disimulando su carácter nocivo mediante adulteración consistente en el recorte y/o borrado de sus envases primarios y/o secundarios del número de lote y fecha de vencimiento, y que obró dolosamente exponiendo la salud de la comunidad a un riesgo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, pago, transacción
Materia: LABORAL
Carátula: GARCIA, ARMANDO BLAS. c/ T.A.C.I. S.A.I.C.F.E I. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-14

El agravio referido a la valoración de un documento a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos del art. 156 de la ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 21.297- sólo traduce la discrepancia del recurrente con la interpretación y aplicación de normas de derecho común y procesal realizada por los jueces de la causa en el marco de sus facultades y que -cualquiera que sea su acierto o error- no es susceptible del cuestionamiento sobre la base de la doctrina estrictamente excepcional de la arbitrariedad.
Pretensión administrativa, plazo legal
Materia: CIVIL
Carátula: ROLDAN DE LA MONICA MARIA Y OTROS c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION Y SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-12-22

La admisibilidad de la pretensión procesal administrativa exige, además de tratarse de un acto definitivo respecto del cual se hayan articulado los recursos previstos en la Ley de Trámite Nro. 2296, que la demanda se haya interpuesto dentro del plazo de caducidad determinado por los arts. 4 a 7 de la ley 2.297.
Partes del proceso, carga procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., N. y Otra c/ M.O., H.V. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-31

No parece suficiente ni valioso el solo manejo de la "regla" conforme a la cual el actor tiene la carga de acreditar los hechos constitutivos del derecho que invoca y el demandado los extintivos, impeditivos o modificativos que opone a aquéllos. Ante ese cuadro el juez, de acuerdo a las particularidades del caso y a la conducta obrada por las partes, reparará en la quiebra del deber de cooperación, haciéndolo jugar en contra del infractor al representar un módulo de utilización razonablemente adecuado para arribar a la acreditación de las afirmaciones controvertidas.
Ejecución de sentencia, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Munic. de Castelli c/ Mazzuchelli s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-05

Las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia, son en principio inapelables para el ejecutado. Sin embargo, esta premisa no resulta de aplicación absoluta, cuando la resolución acarrea perjuicios que no podrán repararse en juicio ordinario posterior, entre ellos tasas de interés, aplicación de índices y fecha desde la cual procede la actualización monetaria y corresponde por lo tanto el recurso como excepción art.591 del C.P.C.C. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Gestor, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: LOVAGLIO DE LEMA,ZULEMA EUGENIA c/ SKINULIS, HORACIO GUILLERMO; OCHOA, LUIS RODOLFO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2001-04-23

El claro y expreso texto del artículo 48 del Código Procesal civil y Comercial permite admitir la razónde la recurrente por cuanto ha sido su petición, su actuación la que a fortiori provocó la resolución que declaró nula la actuación del profesional como gestor de urgencia; invocada y receptada, por lo que con adecuación a la misma las costas deben ser impuestas a cargo del gestor, resultando impropia la declaración de actuación profesional irrelevante efectuada por el Señor Juez en grado para eximirlo de las mismas, pues si la norma no contempla excepción ni hace flexible su incumplimiento a la invocación de la gestoría y de la obligación que se impone a cargo del profesional, no cabe que de modo elíptico calificando como relevante o irrelevante la actividad que haya cumplido el profesional que invocó el carácter de gestor sirva de fundamento para apartarse del expreso texto legal. Es que no es conveniente amparar mediante un halo de indemnidad a quien ejerce un acto procesal con invocación de una personría que no ratificó, que provocó a la actora la necesidad de solicitar la nulidad de la gestión, tal como lo manifiesta para enderezar la validez procesal de los actos cumplidos y a cumplirse, por lo que no debe facilitarse el incumplimiento sin costo no obstante el apartamiento del profesional de la carga procesal que le impone el artículo del 48 del Código Procesal y que el juzgado en ese término la receptó, sin interesar en el punto la motivación de invocación de esa gestión. Entonces, vencido el plazo del artículo 48 corresponde al profesional que se presentó como gestor las costas provocadas por la nulidad que promovió la actora y que fuera acogida exitosamente.
Reclamación de la filiación, prueba de la filiación
Materia: CIVIL
Carátula: C., M.L. c/ D.R., O.A. s/ FILIACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-13

Cuando se empeña la palabra, en la medida en que ésta se cumpla, se obra con dignidad y de buena fe. De donde, quien, al integrar la litis en un proceso de reclamación de filiación extramatrimonial, afirma su voluntad de someterse a las pruebas biológicas a efectos de no generar presunciones, luego incumple su compromiso, quebranta tales reglas. Ello permite presumir que se está frente a una persona que sabe que los resultados de los estudios podrían serle desfavorables e izó banderas de valores, intentado, de este modo, eludir el esclarecimiento de la verdad objetiva.-
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: B.N.A. c/ Damario, Miguel A. y otra s/ Ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Es inadmisible el recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, toda vez que quien pretende habilitar la instancia extraordinaria debe demostrar, de modo palmario o inequívoco, que el pronunciamiento objetado deriva de un manifiesto divorcio de la solución legal prevista para el caso o de una decisiva carencia de fundamentación, circunstancia que no resulta acreditada por la simple mención de normas constitucionales supuestamente vulneradas sin establecer la conexión que guardaría la aludida cuestión con la materia del pleito.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Najmanovich, Fidel y otra c/ Daspeñas, Damián Edgardo y otros. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

Si no resulta suficientemente acreditada alguna de las circunstancias eximentes del art. 1113, segundo párrafo, "in fine", del Código Civil, no corresponde liberar totalmente al demandado de la responsabilidad por los daños causados, sin perjuicio de la eventual división que de tal responsabilidad pudiere corresponder en función de la concurrencia de culpas, de encontrarse ésta efectivamente probada (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Competencia, Comisión Nacional de Valores, fondos comunes de inversión
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARTIVAL  G.G.F.I.S.A.  Y OTRA c/ COMISION NACIONAL DE VALORES s/ APELACION - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-03

El recurso instituido por el art. 31 de la ley 15885 resulta hoy deducible contra resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (ley 20.190) y en la Capital Federal es de competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (art. 5, ley 18.805), en razón de las leyes posteriores que modificaron las previsiones originarias de aquella norma.

Aun cuando se interpretase que dicho recurso no comprende la impugnación de resoluciones generales de dicha Comisión, las que serían impugnables por la vía ordinaria, el conocimiento de esta acción debería entenderse asignado al fuero comercial.
Competencia comercial, empresa constructora
Materia: CIVIL
Carátula: ALFANO CAYETANO E HIJO s/ CONCURSO - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1929-12-27

Las empresas de construcciones realizan actos de comercio y se hallan, en consecuencia, sometidas a la jurisdicción mercantil, salvo cuando se limitaren a la dirección técnica y vigilancia de las obras, corriendo el dueño con la adquisición de los materiales y pago de los jornales a los obreros.