marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
División de poderes, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sisti, Pedro Luis y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

La misión más delicada de la justicia de la Nación es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez que es el judicial el llamado por la ley para sostener la observancia de la Constitución Nacional, y de ahí que un avance de este poder menoscabando las facultades de los demás revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público.
Actos y diligencias procesales, notificación, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRACELI CARLOS c/ ROBERTO D'AGOSTINO Y OT. s/ Rescinsión de Contrato y Daños y Perjuicios (LIBRO: A072 - 353)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-28

Si la notificación efectuada determinaba como plazo para contestar a partir de dos días después de formalizarse el incidente de nulidad, no puede hablarse válidamente de indefensión. Hubiera sido más práctico y acorde con el deber de probidad y lealtad, contestar la demanda antes de plantear el incidente.
Astreintes, actualización monetaria, intereses, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Orias, Carlos Andrés c/ Di Pierro, Néstor s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-04

Si el monto de las "astreintes" se considera desactualizado, corresponde someter la cuestión al magistrado interviniente a efectos de que éste, evaluada la situación, decida acerca de la pertinencia del incremento de dicha multa. No procede, en cambio, efectuar una liquidación de intereses que conlleva el propósito de efectuar tal actualización lo que importa un aritmetismo que soslaya un examen judicial que puede y debe efectuarse merced a la discrecionalidad que es propia del instituto.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, demanda, identidad del demandado, títulos ejecutivos, rechazo in límine, notificación al deudor
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: G.C.B.A. c/ Vidal D. Benito y otros s/ Ejecución fiscal fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-11

El hecho de que la ejecutante enderece la demanda -antes de su notificación mediante el libramiento del correspondiente mandamiento de intimación de pago- contra un sujeto distinto al individualizado en el título ejecutivo y sin haber desistido del codemandado genérico, no acarrea per se y en forma sobreviniente la falta de idoneidad ejecutiva del título y, en consecuencia, no es razón para fundar el rechazo in limine de la acción.

Sin embargo en la especie se presenta una situación particular, toda vez que el título base de la ejecución ha sido extendido concretamente con relación a un único deudor -a quien se identificó con expresión de su nombre y apellido-, sin mencionarse otros demandados determinados o determinables -codemandado genérico- que revistan la condición de sujeto pasivo de la obligación.

En consecuencia, al haberse enderezado la demanda contra otro sujeto que en forma manifiesta no resulta alcanzado por la habilidad ejecutiva del título, no cabe sino concluir que éste no resulta idóneo para proseguir la ejecución.

El hecho de individualizar ab initio a un único deudor, con expresión de su nombre y apellido constituye una expresa manifestación de voluntad que limita el alcance del título ejecutivo base de la acción intentada, con relación al sujeto obligado.

De ello se desprende que, en la especie, el título pierde su idoneidad en forma sobreviniente, en tanto la modificación del sujeto pasivo de la acción, pretendiendo dirigirla contra otro, comporta su alteración sustancial.
Transporte de pasajeros, servicio público, transferencia del servicio público, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, sujetos de derecho administrativo, empresas del Estado, privatizaciones, legitimación pasiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Boyacá Comercial e Inmobiliaria S.A. c/ Subterráneos de Bs. As. s/ Daños y Perjuicios Bs. As. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-14

A partir del traspaso de Subterráneos de Buenos Aires S.E., dispuesto por la Ley Nro. 22.070, de la órbita del Estado Nacional (el Decreto Nro. 2853/77 la había transformado de empresa estatal a sociedad del Estado regida por la Ley Nro. 20.705) a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual fue receptado a nivel local por la Ordenanza Nro. 35.322/79; y toda vez que dicha situación jurídica no ha sido alterada al momento en que la reforma constitucional de 1994 consagrara el nuevo régimen autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (conf. art. 29 de la Constitución Nacional), el capital social pertenece íntegramente al Estado de la Ciudad, conforme el artículo 7 de la Constitución local.

En tal contexto normativo, y sentado que Subterráneos de Buenos Aires S.E. constituye enteramente una sociedad del Estado local, debe considerársela "autoridad administrativa" de la Ciudad con aptitud para ser demandada, en los términos del artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario. Desde el punto de vista orgánico, la demandada integra el amplio género señalado por el Código, dada su indudable pertenencia al aparato administrativo de la Ciudad, como Sociedad del Estado. Asimismo, la titularidad exclusivamente estatal de su patrimonio determina su carácter público. Por último, atendiendo un criterio funcional, la actividad de la demandada que concretamente se trae a examen en la causa se vincula con cometidos claramente públicos, de dirección y control del servicio público, por lo que desde tal perspectiva también cabe atribuirle el carácter de autoridad administrativa demandable ante este fuero.
Locación, emergencia económica, pesificación, destino de la locación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: TELEFÓNICA DE COMUNICACIONES PERSONALES S.A. EN J° 7732/92.221 DÍAZ, JUAN E ISABLE DEL CARMEN PÉREZ (EXPTE. N° 87.251 ) c/ TELEFÓNICA DE COMUNICACIONES PERSONALES S.A. s/ SUMARIO S/ INC. CAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-03-20

La normativa de la emergencia y la jurisprudencia interpretativa han distinguido claramente los supuestos de locaciones destinadas a vivienda y a otros fines.

En tal sentido, el decreto 762/2002, en su art. 2 exceptuó de la aplicación del CER a las locaciones cuyo locatario sea una persona física y el destino fuere para vivienda única de ocupación permanente.

Para éstos, crea en su art. 3 el coeficiente de variación de salarios (CVS) que confecciona y publica el INDEC, lo que supone que los casos no comprendidos en la vivienda individual pueden ser reajustados por la cláusula CER, que intenta responder, equitativamente, a los niveles generales de la economía.
Obligación alimentaria, alimentante con recursos económicos
Materia: CIVIL
Carátula: Ch., M.E. c/ D., C. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-24

Las probanzas sobre del caudal económico del alimentante deben valorarse con criterio amplio y favorable a la prestación cuya fijación judicial se persigue, pesando sobre el demandado por alimentos, si se halla en disidencia con lo pretendido por la parte actora, la carga de arrimar a la causa los elementos de juicio tendientes a revertir los hechos invocados en la demanda.
Amparo por mora, astreintes
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Fuenzalida, René Ambrosio c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-07-02

La actora interpuso acción de amparo por mora, la que fue admitida por esta Corte de Justicia, disponiéndose librar orden de pronto despacho contra la Administración de Asuntos Previsionales, la que no se ha expedido en el plazo perentorio de diez días sobre la presentación de que se trata.

El proceder administrativo resulta objetable y, a su vez, causante de la solicitud de aplicación de astreintes que se trae a decisión de esta Corte de Justicia.

En efecto, la demora en el cumplimiento de lo ordenado, demuestra la falta de diligencia en el proceder de la accionada por intermedio de la funcionaria a cargo, que permite presumir la desidia de la obligada.

Frente a ello, surge el deber ineludible del Tribunal de hacer cumplir lo ordenado en la sentencia para que ésta no quede en un pronunciamiento meramente teórico o abstracto, encontrándose tal facultad dentro de las atribuciones propias del órgano jurisdiccional.

Por lo que este Superior Tribunal Provincial en uso de facultades constitucionales y legales contenidas en los Arts. 205 de la Constitución Provincial y 166 del CPCC, se encuentra investido de imperio para hacer cumplir sus sentencias.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, ley procesal, interpretación literal
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Si después de transcurridos cinco años de su dictado, el fallo pleno que no fuese expresamente modificado continúa siendo obligatorio (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-18

Del artículo 28 de la ley 10160 se advierte desde un punto de vista gramatical que la primera oración del párrafo regula los sujetos que se verán alcanzados pasivamente por la obligatoriedad del pleno como así también el lapso de duración de la obligatoriedad, sin que existan elementos consistentes -desde la perspectiva del elemento literal- para sostener que la norma no regula la vigencia temporal del pleno al establecer que la interpretación "será obligatoria por el lapso de cinco años".

Es que, si bien en el plano teórico puede establecerse diferencias entre vigencia - entendida como existencia de la norma- obligatoriedad y eficacia, en el caso del fallo pleno, la extinción de la obligatoriedad a los cinco años implica directamente la pérdida del sentido vinculante del pleno que es su razón de ser, por lo que el mismo, transcurridos cinco años desde su emisión deja de ser obligatorio. (De los Fundamentos del Dr.Ariza).
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, historia clínica, prueba documental, responsabilidad de los establecimientos asistenciales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: ORTEGA SUAREZ, Denis Mauro c/ OSPIT (OBRA SOCIAL PERSONAL INDUSTRIA TEXTIL)y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-07

Dentro del cúmulo de indicios que por su precisión y gravedad alcanzan el carácter de presunciones judiciales, las diferencias entre la historia clínica que obra en poder del paciente y la acompañada por el establecimiento asistencial demandado son determinantes para la interpretación de la causa. Es que, si el actor adjuntó copia de la historia clínica, obviamente el original ha quedado en poder del sanatorio, por lo tanto frente a la existencia de diferencias entre copia y original cabe preguntarse si esa copia pudo haber sido adulterada para favorecer a su aportante o sí fue el original el que incluyó medidas terapéuticas que no se adoptaron o que se aplicaron tardíamente cuando ya la infección padecida por el actor en uno de sus miembros había hecho estragos.
Incapacidad laboral, determinación de la incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Uzqueda, Isidro c/ Saieva patagónica y Otra y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-20

Las consecuencias de un accidente, en lo que respecta al derecho a una determinada indemnización, no se extienden a otro hecho diferente posterior como en el caso en que el trabajador fuera víctima de dos accidentes con incidencia en su capacidad laborativa. Un accidente y otro deben ser objeto de resarcimientos autónomos por lo que deberá procederse a calcular sendas reparaciones en función de la incapacidad determinada autónomamente a cada lesión sufrida.
Simple damnificado, síndico del concurso, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: PENAL
Carátula: HUCA, Arnoldo s/ Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-16

El síndico es un funcionario del concurso o quiebra designado por el Juez de intervención, de quien es su subordinado a los fines ejecutivos del concurso. Sus funciones están taxativamente establecidas a través de todo el cuerpo normativo de la ley 19551.

Las acciones que ejerce se establecen en interés de la ley y no de los acreedores, por lo cual su función -administra el patrimonio del deudor para lograr el fin propuesto por la ley- no es representar sino cumplir las obligaciones impuestas en la órbita de su competencia legal. En tal sentido carece de legitimación para intervenir en la principal en el carácter de particular damnificado y con las facultades del art. 87 del C.P.P.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tuck Schneider, Mauricio c/ Rodriguez de Seijo, Modesta s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-05

La prueba de testigos es "peligrosa" y no puede ser aceptada sino sometiéndola a todo el control que aconseja la lógica. Las declaraciones testificales no son compartimientos estancos, cuya apreciación pueda hacerse independientemente en cada caso, sino que es menester conectar unas con otras dentro del esquema probatorio general.
Participación criminal, autoría, participación necesaria
Materia: PENAL
Carátula: N. N. s/ ESTAFA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-05

Autor es quien mantiene el hecho en sus manos y que con su voluntad puede hacer que avance o se detenga la realización típica del hecho, extremos que no se advierten en la participación del imputado que aparece como un partícipe primario en razón que éste habría prestado al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometerse el ilícito (art. 45, C.P.).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia por la materia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: D.P. Rentas Santa Fe c/ Ravana S.A.C.I. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-30

En lo que hace a la competencia "ratione materiae", la jurisdicción federal de primer grado estriba fundamentalmente en que el derecho que se pretende hacer valer éste directa e inmediatamente fundado en uno o varios artículos de la Constitución Nacional, de una ley federal o de un tratado (arts. 2 inc. 1 de la ley 48 y 111 inc. 1 de la ley 1893).
Delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura militar que azotó a nuestra sociedad y garantizar el efectivo cumplimiento de la pena que les fuera impuesta, en cumplimiento con la obligación prevista en los tratados internacionales de investigar y sancionar los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, pues la impunidad de esos atroces hechos no será erradicada y no cesará aquel deber internacional hasta que sus responsables sean sancionados y cumplan con dicha pena. (del voto en disidencia parcial del Dr. Juan Carlos Gemignani)
Contrato de trabajo, ley de empleo, empleo no registrado, regularización del trabajador, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: MARCO, NILDA c/ BAIROS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

La indemnización prevista en el art. 8 de la LE, está destinada a provocar que el empleador que no tenga una relación registrada, regularice su situación y no simplemente a acordar una indemnización adicional al trabajador que se encuentre en ese supuesto. La norma se complementa con el art. 11 que, entre otras cosas, dispone que el empleador queda eximido de indemnizar, si regulariza la situación dentro del plazo de 30 días y, en consecuencia, si el trabajador disuelve el contrato antes de cumplirse el plazo, por lo menos en cuanto al reclamo de la indemnización del art. 8, su decisión es intempestiva, porque no respetó el plazo legal que tenía la otra parte.
Sentencia arbitraria, principio de congruencia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SEGURA DE GABARAIN, MARTA CECILIA c/ GABARAIN, JOSE MARIA s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia de cámara que admitió el planteo del apelante atinente a la exclusión de los trabajos extrajudiciales de la regulación, no obstante que había considerado que el memorial respectivo resultaba extemporáneo.
Practicaje, servicio público, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SPOTORNO, FRANCISCO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

El art. 102 del Reglamento de Practicaje establece expresamente y con claridad que el practicaje y el pilotaje constituyen un servicio público llevado a cabo por una entidad de tal carácter (Prefectura Naval Argentina), y esta circunstancia pone de relieve que la relación de características singulares, no puede ser considerada como contrato de trabajo en los términos de los arts. 21, 22 y cctes de la LCT, salvo que existiera un acto expreso expreso de incorporación en su régimen o CCT a la luz del criterio sentado por la CSJN en autos "Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (30.4.91). Ello no implica afirmar o negar el derecho de los prácticos a percibir el crédito que pretenden, sino rechazar la demanda en los términos del fallo plenario "Goldberg, Lucio c/Szapiro, Miguel".
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, bien jurídico protegido, Poder Judicial, revisión judicial, cuestión política, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: D, R. O. s/ Lesiones graves. Recurso de inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº   481-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-07

La doctrina de la no judiciabilidad de las cuestiones políticas posee la autoridad institucional que es propia de los precedentes del Alto Tribunal. Esa autoridad que todos debemos respetar y que el tribunal tiene la obligación de preservar como cosa propia, exige que nadie se aparte de los precedentes sin dar razones nuevas, suficientes y serias que justifiquen y legitimen el apartamiento. El dato significativo, entonces, es que los autores disidentes, al rechazar la doctrina de las "cuestiones no justiciables", lo que en rigor hacen es alzarse contra la referida autoridad institucional sin proponer razones nuevas, ni suficientes, ni serias, puesto que el único argumento que aducen es el mismo y pequeño y gramatical argumento que Luis V. Varela ofreció, hace cien años y que la Corte ya entonces refutó y rechazó".
Recurso extraordinario, gravedad institucional, sanciones disciplinarias, corredor inmobiliario, ejercicio profesional, poder de policía, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BATLLE CASAS, IVANA c/  s/ PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 47 LEY 10160 Y APELACION DE RESOLUCION DEL 15/6/15 TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA PROFESIONAL DEL COLEGIO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 1RA. CIRCUNSCRIPCION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-21

Corresponde conceder el recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en razón de que la temática bajo discusión -y su solución- tienen un indudable impacto institucional, al repercutir no sólo sobre cuestiones controvertidas sino de orden público, que comprenden los controles estatales fijados sobre una actividad profesional que trasciende hacia la confianza y transparencia en las operatorias del mercado inmobiliario provincial. (De la disidencia del Dr. Ivaldi Artacho) - CITAS: Tribunal Pluripersonal del Colegio de Cámara de Apelación Penal de Rosario: "Astolfi/Pellegrini s/ suspensión en la matrícula de Corredores Inmobiliarios -caso "RE/MAX Select- s/ recurso de inconstitucionalidad, auto 483 del 11/9/19, CUIJ 21-07021137-5 - OGJ2 de Rosario-", voto en disidencia del Dr. Ivaldi Artacho.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Francomano, Alberto Daniel s/ inf. ley 20.840.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

La doctrina de la arbitrariedad tiende a resguardar la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, exigiendo que las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias probadas de la causa, por lo que resultan descalificables como actos judiciales válidos las que omiten pronunciarse sobre las cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para la decisión del caso o lo hacen mediante breves afirmaciones genéricas sin referencia a los temas legales suscitados en la causa y correctamente expuestos en los agravios.
Gravamen irreparable, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de apelación en autos: Perancho, Mauricio Ariel y otros s/ usurpación en concurso ideal con impedimento de funciones públicas y concursadas materialmente con privación ilegítima de la libertad, usurpación y entorpecimiento de la actividad económica, éstas dos últimas en concurso ideal. s/ Incidente de apelación. Usurpación en concurso ideal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2005-04-26

Sólo aquellos recursos con un interés jurídico relevante, evaluando el contenido y la entidad del gravamen, pueden ingresar a la instancia casatoria.
Honorarios del abogado, pacto de cuota litis, nulidad del convenio, sucesiones, disolución de la sociedad conyugal, lesión subjetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: DOMAN SARA s/ AB INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Planteada por las herederas la nulidad del convenio celebrado con la letrada apoderada, por el cual se convino que ésta peticionaria la inscripción de un inmueble que le fuera adjudicado a la causante en los autos sobre divorcio y disolución de la sociedad conyugal, e iniciaría, tramitaría y proseguiría la sucesión asumiéndose como contraprestación el pago del 25% del valor total del mencionado inmueble, nulidad pretendida invocando el art. 954 del Código Civil, corresponde no hacer lugar a lo peticionado ya que no se dan los requisitos que menciona la norma citada puesto que no hay desproporción en las prestaciones y a lo sumo podría afirmarse que el servicio profesional era caro, pero tal circunstancia es ajena a la noción de lesión, ni es suficiente para descartar el convenio suscripto.
Excepciones procesales, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Juan Carlos y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Diferencias Salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1988-10-04

De conformidad con expresas disposiciones del ritual, la excepción de falta de legitimación pasiva sólo puede resolverse como artículo de previo y especial pronunciamiento en el supuesto de que la ausencia de legitimación aparezca en forma manifiesta; en el sub-exámine, tanto la demandada como la actora son contestes en que la misma no reviste este carácter, por lo que cabe diferir el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta en autos, para ser considerada en la sentencia.