Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-24


2º Instancia. -Buenos Aires, abril 24 de 2008.

Considerando: I.- Vienen estos autos a fin de que esta Sala se expida respecto del recurso de apelación interpuesto por el demandado Alejandro Ríos Bernal Ruy a fs. 135, contra la sentencia corriente a fs. 132/134, cuya expresión de agravios se encuentra glosada a fs. 143 y contestada a fs. 146/147.

II.- Se queja el accionado porque se hizo lugar a la demanda de desalojo modificando la a-quo en forma unilateral el tipo de contrato que sirve de base a la presente acción. Al respecto, explica la quejosa que la sentenciante consideró que hubo locación en lugar de comodato a partir de la onerosidad que del contrato emerge, lo que es erróneo pues la ley también admite el comodato a título oneroso. Así, entiende que la sentenciante no logró "desentrañar la cuestión como ha quedado trabada la litis en el presente proceso" y aplicó criterios equivocados desde el momento que admitió una sola acción. Solicita la nulidad de todo el proceso, incluido el fallo, y se ordene medidas que diluciden la cuestión.

III.- Con respecto a la nulidad que se articula con relación a todo el proceso, destaco, como bien lo ha expresado mi distinguido colega de Sala, Dr. Díaz Solimine, en el voto que emitiera en los autos "Espino, Maria del Carmen c. Apella, Nelio, Osvaldo s/Divorcio art. 214, inc. 2º, del Cód. Civil", L.449.505 del 29/05/2006, que todas las nulidades en materia procesal son susceptibles de confirmación, por consentimiento expreso o tácito de la persona a quien presuntamente perjudican y no impugnó el vicio dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto. Además, la nulidad articulada debe fundarse en un interés jurídico, indicándose con precisión la defensa que se hallaría privado quien la articula, como así también el perjuicio real causado por los actos procesales que se impugnan, pues si el nulidicente no señala las defensas que se habría visto imposibilitado de ejercer, debe presumirse que las actuaciones cumplidas no le causan perjuicio alguno (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal...", Tº 1, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, pág. 615; Palacio, Lino E., "Estudio de la reforma procesal Civil y Comercial - Ley 22.434", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, pág. 121; CNCiv., Sala A, LA LEY, 126-777).

En el caso el apelante no indicó en sus agravios cuál es el acto procesal que se ataca de nulo, amén de que tampoco señaló la fecha en la que tomó conocimiento del mismo ni expuso cuales fueron los perjuicios sufrido o las defensas que se vio privado de oponer (conf. arts. 169, 170 y 172 del Cód. Proc.). De ahí es que la nulidad en examen no tendrá favorable acogida.

En lo que atinente a la nulidad de la sentencia que también se solicita, el art. 253 del Código Procesal dispone que: "el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia...". O sea que el código de rito no regula el recurso de nulidad como recurso autónomo quedando este inmerso en el de apelación. Ahora bien, la nulidad en examen tiene por finalidad lograr la invalidez del acto procesal, por haber sido dictado sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescriptos por la ley. Así, la grave violación y omisión de las formas procesales invocada debe referirse a aquéllas de carácter solemne, capaces de poner en evidente peligro el derecho que asiste a la parte reclamante, por menoscabar la defensa en juicio (cf. Palacio-Alvarado-Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 6, pág. 180).

No cabe duda que en la sentencia en crisis no se advierte la violación u omisión de formas procesales apuntadas que permitan descalificarla como acto jurisdiccional y por tanto la desestimatoria del planteo formulado a ese respecto también se impone.

IV.- Sentado ello sólo falta dilucidar si resulta correcto que la a-quo haya considerado que el contrato que uniera a las partes fue el de locación.

Así, mientras la actora sostuvo en su demanda que el caso que aquí se ventila corresponde a una locación de inmueble e invocó como derecho aplicable las normas que regulan tal contrato, la accionada al contestar demanda negó expresamente tal extremo y destacó que el instrumento acompañado por la accionante es un contrato de comodato.

Ahora bien, es cierto que el instrumento agregado a fs. 6/7 fue titulado "contrato de comodato", que las primeras nueve cláusulas condicen con dicho tipo de contrato y que aquellos que lo suscribieron se encuentran en él identificados como "La comodante" y "La comodataria".

Pero más allá de ello, las partes pactaron en la cláusula diez de ese mismo contrato un alquiler mensual de trescientos veinte pesos ($320), lo que nos llevará a rechazar los agravios formulados por Ríos Bernal. De hecho ha sido el propio demandado quien acompañó a fs. 16/18 y fs. 20 recibos extendidos en concepto de alquiler del inmueble cuyo desalojo se persigue e imputados a períodos anteriores a los indicados en la demanda como impagos.

Es que como bien señala la a-quo uno de los caracteres esenciales del contrato de comodato es la gratuidad. El art. 2255 del Cód. Civil, que define tal instituto, es claro al respecto. De modo tal que si el comodatario pagara un precio por el uso que le concede el comodante, ya no se configura el comodato y la figura queda desplazada para dar lugar, según sea el tipo de retribución, a la locación de cosas o a un contrato atípico. Y ello así pues la finalidad del comodato es que una de las partes reciba un beneficio (Belluscio-Zannoni, "Código Civil...", Tº 9, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, págs. 1014/1015; López de Zavalía, Fernando J., "Teoría de los contratos", Tº 4, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1993, págs. 8/10; Sozzo, Gonzalo en "Código Civil Comentado", obra dirigida por Ricardo L. Lorenzetti, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2006, págs. 497/498 y 513/514).

Contrariamente al único argumento sostenido en la queja para fundar el supuesto error en el que incurrió la sentenciante, destacamos que no hay ley que admita el comodato oneroso. Y aunque no desconocemos que cierta doctrina acepta que haya comodato aun cuando exista una retribución o recompensa en tanto no se altere la voluntad negocial de atribuir fundamentalmente el beneficio propio del contrato, ni tampoco que la jurisprudencia haya entendido que el pago por parte del comodatario de sumas de dinero mínimas no resulta suficiente para que éstas sean consideradas contraprestación y desnaturalicen el comodato (Belluscio-Zannoni, ob. cit., págs. 1014/1015; Sozzo, Gonzalo, ob. cit., págs. 497/498), ninguno de estos extremo se configura en el presente juicio donde, como se ha dicho, las partes pactaron expresamente el pago de un canon locativo mensual.

Por lo demás, la quejosa no esbozó crítica alguna en torno a los profusos argumentos que expuso la a-quo para fundar su decisión. Decir solamente que es claro que no pudo "desentrañar la cuestión" (sic) roza la deserción del recurso.

De modo tal que resulta acertada la valoración efectuada por la sentenciante con respecto al tipo de contrato que unió a las partes, razón por la cual los agravios formulados por la demandada habrán de ser desestimados.

A mérito de lo expuesto, se resuelve: 1.- Desestimar los agravios vertidos por la parte demandada y declarar firme, en consecuencia, la sentencia de fs. 132/134. 2.- Las costas en esta instancia se imponen a la parte demandada vencida (conf. art. 68 del CPCC).

El doctor Alvarez Juliá no firma la presente por encontrarse en uso de licencia. - Omar Luis Díaz Solimine. - Beatriz Lidia Cortelezzi.