Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-08-19


Expte. n° 12008 "Ponce Alberto Darío c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado expte. nº 11793/14 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ponce Alberto Darío c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)"	Buenos Aires,	19	de agosto de 2015	Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	resulta:

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) dedujo recurso de queja (fs. 281/291) contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que resolvió ". [c]onceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada exclusivamente en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto nº 690/06 y denegarlo con respecto a las demás cuestiones." (fs. 270/271 vuelta).

Este último se dirigió contra la sentencia de la Sala III que confirmó la de grado que había ordenado al GCBA que mantuviera las prestaciones previstas en el decreto nº 690/06 o en el plan habitacional que lo sustituyera o lo extendiera en el futuro, de modo que se le asegurara alojamiento en un ámbito adecuado y en condiciones dignas de habitabilidad, o bien los fondos suficientes para que el actor pudiese acceder a un alojamiento adecuado, hasta tanto se demostrase que las circunstancias de emergencia habitacional en las cuales se encontraba hubieran desaparecido, declarando la inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto nº 690/06, en lo que hacía al impedimento de renovación del subsidio habitacional (fs. 226/231 vuelta y fs. 156/163, respectivamente).

2. Para resolver de ese modo, los jueces de mérito y la jueza de grado tuvieron en cuenta que la parte actora era un hombre solo, con problemas de salud, imposibilitado para insertarse en el mercado formal de trabajo y que se encontraba en estado de vulnerabilidad social (fs. 226/231 vuelta y fs. 160 vuelta).

3. Contra la sentencia de la Cámara, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 237/247 vuelta). Allí expresó -en lo pertinente- que la sentencia incurría en arbitrariedad, constituía un supuesto de gravedad institucional y afectaba el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el derecho de propiedad, la división de poderes y el principio de legalidad.

La Sala concedió el recurso ".exclusivamente en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5° del decreto 690/06." (fs. 270/271 vuelta), lo que motivó la queja de la que se da cuenta en el punto 1.

4. A fs. 276, se dispuso la acumulación del recurso directo (expte. n° 11793) a la presente causa.

5. A su turno, el Fiscal General opinó que correspondía hacer lugar al recurso de queja, declarar bien concedido el de inconstitucionalidad, revocar la sentencia recurrida, y reenviar las actuaciones a la Cámara interviniente a fin de que dicte un nuevo fallo conforme a derecho (fs. 295/307 vuelta).

Fundamentos:

Los jueces José Osvaldo Casás, Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron:

1. Si bien el recurso de inconstitucionalidad fue concedido parcialmente "en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 5 del decreto n° 690/06", los demás planteos del GCBA -mantenidos en la queja nº11793- deben ser abordados por esta instancia pues se encuentran inescindiblemente ligados al alcance del derecho que el a quo ha reconocido en cabeza de la accionante, que motivara la aludida declaración de inconstitucionalidad.

2. Cualquiera sea el acierto de la decisión de la Cámara, en el sub examine no se encuentra controvertido que la parte actora (i) inició estas actuaciones con el objeto de que se condenara al GCBA a que le garantizara su derecho a una vivienda digna y (ii) es un hombre de 58 años de edad, sin contención familiar, que ha perdido la visión en uno de sus ojos (fs. 33, 148 y 160 vta.); circunstancia que le impide superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Finalmente, tampoco es materia de discusión la vinculación, o anclaje, que tiene la parte accionante con la Ciudad ni la vigencia de la ley n° 4036 al tiempo del dictado de la sentencia aquí cuestionada (cf. fs. 226, y BOCBA n° 3851 del 09/02/2012).

3. En el caso, el GCBA pretende resistir la sentencia de la Cámara CAyT que confirmó, en los términos ya reseñados en el punto 1 de los "resulta", la sentencia de primera instancia.

Ahora bien, los agravios del GCBA contra esa decisión resultan sustancialmente análogos a los examinados por el Tribunal in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, sentencia del 21 de marzo de 2014.

En consecuencia, por las razones que dimos en esa oportunidad, a las que respectivamente nos remitimos y que deberán ser incorporadas mediante agregado de copia de esa decisión a este expediente, votamos por hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad del GCBA; revocar la sentencia de fs. 226/231 vuelta; y condenar al GCBA a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de asegurar el acceso a un alojamiento a la parte actora que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación.

Así lo votamos.

La juez Inés M. Weinberg dijo:

Recurso de Inconstitucionalidad:

1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido concedido ". exclusivamente en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 5 del decreto 690/06 (.)." -v. fs. 270/271 vuelta-; el resto de las cuestiones ventiladas por el GCBA en su recurso de inconstitucionalidad fueron denegadas, y la recurrente ha presentado queja sobre dicha decisión.

2. La normativa en cuestión reza: "Artículo 5 - Establécese el monto del subsidio a otorgar en una suma de entre pesos cuatro mil doscientos (4.200) y pesos siete mil doscientos (7.200), abonado en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de entre pesos setecientos (700) y pesos un mil doscientos (1.200) cada una, pudiendo la Autoridad de Aplicación a extender el presente subsidio y otorgar una suma adicional de entre pesos dos mil ochocientos (2.800) y pesos cuatro mil ochocientos (4.800) como máximo, pagadera en cuatro (4) cuotas adicionales mensuales, iguales y consecutivas de entre pesos setecientos (700) y pesos un mil doscientos (1.200) cada una, según corresponda, todo ello en los casos particulares en que, a criterio de aquélla, la persistencia de la situación de vulnerabilidad amerite la ampliación del subsidio. La Autoridad de Aplicación podrá disponer, de modo alternativo, el pago de un monto máximo de hasta pesos siete mil doscientos (7.200.-) en una única cuota, en los casos en que el beneficiario al momento de ingreso al Programa acredite fehacientemente la posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva concreta, y ejerza la opción requiriendo dicho pago único para hacer efectiva aquella solución. La opción del beneficiario a percibir el subsidio alternativo por salida definitiva en una cuota es excluyente de la percepción de toda otra suma dispuesta en el presente Decreto.".

3. Entiendo, al igual que la mayoría de este Tribunal, que no resulta per sé inconstitucional que el Estado atienda el derecho a la vivienda mediante la entrega de subsidios por tiempo o monto dinerario normativamente determinado -v. "X. F. E., T., c/GCBA s/amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" expte. 10229/13, sentencia del 30 de abril de 2014 y "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Abdala, Analía Verónica c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCBA)", expte. 9963/13, sentencia del 14 de agosto de 2014 y sus citas entre muchos otros-.

En esta inteligencia, debe destacarse que los parámetros constitucionales de suficiencia, al efecto de preservar el cumplimiento de la manda de reconocimiento del derecho a una vivienda digna prevista por el artículo 31 de la CCABA, necesariamente diferirán según las circunstancias de hecho relevadas en cada caso concreto y -huelga aclararlo- según lo que en definitiva los jueces de la causar resuelvan conforme dichas circunstancias.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe agregarse también aquí que en atención a la forma en que quedó resuelto el caso sobre las circunstancias relevadas por los jueces intervinientes, no resultaba necesaria la declaración de inconstitucionalidad de la normativa en cuestión por la modificación operada.

Tiene dicho la CSJN que "la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda, debe estarse por su constitucionalidad. Sólo debe acudirse a aquella cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable" -conf. Doctrina fallos: 285:322, 242:73, 285:369, entre otros- lo que mutatis mutandi debe aplicarse al caso.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo concluido por la Fiscalía General, corresponderá hacer lugar al recurso concedido, revocar la sentencia en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad supra expuesta, y reenviar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones interviniente para que a través de jueces distintos se dicte un nuevo fallo ajustado a lo aquí decidido.

Recurso de Queja:

La queja ha sido interpuesta en tiempo y forma -art. 33 de la ley 402- no obstante, no puede prosperar y debe ser rechazada toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado, así como tampoco acredita la existencia de un caso constitucional (arts. 113, inc. 3, de la CCABA y 27 de la ley 402).

Entiendo aplicable mutatis mutandi la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben expresar las quejas por recursos denegados -v. Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133, 2338, 2462; 331:373 entre otros-.

En efecto, las genéricas invocaciones sobre las garantías constitucionales afectadas revelan sólo una mera disconformidad con lo resuelto, sin lograr conectarse adecuadamente con las razones que dan fundamento a la sentencia denegatoria a cuyos términos corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Asimismo, debe recordarse también aquí que la tacha de arbitrariedad "no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se consideran tales, sino que atiende sólo a los supuestos y desaciertos de gravedad extrema en que, a causa de ellos, quedan descalificados como actos judiciales" -conf. Fallos 235:654; 244:384; 248:129, 528 y 584; 294:376 entre otros-.

Finalmente, la referencia a la doctrina de la "gravedad institucional" invocada no aparece respaldada con un fundamento apto para demostrar de qué manera la decisión recaída en el caso efectivamente incidiría sobre los intereses de la comunidad o los principios institucionales básicos de la Constitución Nacional -conf. Fallos: 324:533, 833; 326:2126 y 4240 y sus citas-.

Sobre tales premisas, debe concluirse que el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, no logrando los agravios vertidos evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, oída la Fiscalía General, corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por el GCBA.

Así lo voto.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 226/231 vuelta y condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de asegurar el acceso a un alojamiento a la parte actora que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia, a su situación.

3. Agregar a este expediente copia de la sentencia dictada por el Tribunal en los autos "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: K.M.P c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)", expte. nº 9205/12, el 21 de marzo de 2014.

4. Mandar que se registre, se notifique con copia de la sentencia indicada en el punto anterior y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.

La jueza Alicia E. C. Ruiz no suscribe la resolución por estar en uso de licencia.