Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-09


Comodoro Rivadavia nueve mayo de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "D., R. N. c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/ SUMARIO (Daños y Perjuicios)" Expte Nº 15.629/06, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, Secretaría Nº 2 (Expte. Nº 977/2005).

Que llegan las presentes actuaciones a estudio de esta Sala por haber interpuesto la parte actora, a fs. 84, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 79/80 que admitió la excepción de falta de reclamación administrativa previa opuesta por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Que a fs. 86/89 la actora presenta memorial de expresión de agravios. Se agravia en cuanto el juez de grado acoge favorablemente la excepción de la demandada por falta de reclamación administrativa previa prevista por el art. 138 de la Ordenanza Municipal Nº 485/75 y se declara incompetente por no haber sido resuelto previamente en sede administrativa el objeto de la litis.

Se queja en cuanto el a quo no valoró la Carta Documento remitida por el Intendente a la actora de fecha 10/6/05 rechazando el reclamo efectuado mediante el mismo medio, negando responsabilidad y procedencia de indemnización. Que el análisis efectuado por el a quo omitió considerar además el contenido de la misiva remitida al Intendente que se identifica con el objeto de la presente demanda.

Que por dicha omisión el sentenciante concluyó erróneamente que la presentación efectuada no puede ser tenida como reclamación previa.

Que la resolución del a quo implica imponer a los actores mayores requisitos que los previstos por la Ordenanza apartándose de la letra de la Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal.

Se agravia también de la imposición de costas en una suma dineraria excesiva, por lo que en forma subsidiaria solicita la reducción de los honorarios regulados y disponiendo su cancelación cuando el actor mejore de fortuna en atención al beneficio de litigar sin gastos que denuncia como iniciado.

A fs. 91/94 vta. obra la contestación de agravios de la demandada. Sostiene que no corresponde otorgarle el carácter de reclamo administrativo previo a la carta documento individualizada por el actor. Que lo requerido a tal fin son actuaciones administrativas concretas en las que haya existido una etapa de debate suficiente. Extremo ausente en autos.

En virtud de ello sostiene que resulta improcedente la apelación interpuesta.

Adentrándonos en la cuestión a resolver, es dable señalar que conforme lo tiene dicho nuestro máximo tribunal citando a Liliana Graciela Fleksers, en su trabajo publicado en LL el 23-04-94, que el reclamo administrativo previo "se inscribe en la vía reparatoria, que permite al particular -además de impugnar un acto administrativo de alcance individual o general- demandar el pago de sumas de dinero". Y desde que esto último habilita la acción civil - reparatoria, resarcitoria, reivindicatoria, de repetición.- el art. 138 del Dto. ley 920, lo hizo exigible como "requisito previo a toda clase de acciones fundadas en el derecho común., bajo el epígrafe de la reclamación resarcitoria" (STJ 19-09-96)". La regla es la exigibilidad de la reclamación previa y cuando se trata de acciones civiles . ha de acatarse el Dto. ley 920, siempre salvo que las normas comunales dispusieren lo contrario (STJCH H. G. N. c. Provincia del Chubut y otro s/ Sumario (daños y perjuicios. Expte Nº 17103/1999)".

Dicho reclamo previo constituye un recaudo necesario para habilitar la jurisdicción, más allá de adherirse a la postura de la utilidad o no del reclamo previo, ésta vía es impuesta ministerio ley y no cabe admitir excepción si la misma ley no lo establece y sólo cuando el Estado renuncie al derecho a oponer la excepción o defensa -puesto que es renunciable (SD Nº 29/SRE/00, 8/ SRE/01- podrá desatenderse la exigencia" (STJCH, Expte Nº 18.689-M-2002, "M. C. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario" 9/SRE/03, 26/08/2003. Del Voto del Dr. Pasutti).

También hemos sostenido inveteradamente y siguiendo el criterio del STJCH que el reclamo administrativo previo exigido por el art. 138 en cuestión es "simple, sin fórmulas sacramentales, limitado temporalmente, ya que habilita la acción" (STJCH 29/SRE/00 y 8/SRE/01). La función que está llamado a cumplir el reclamo, es "hacer posible un reconocimiento anticipado del objeto del litigio en orden de asegurar su eficaz defensa en el mismo", hacer posible una suerte de conciliación entre el interés particular y el bien común que la Administración representa (Cfme. García de Enterria, "Curso de Derecho administrativo" Civitas, 4ta. Ed. Madrid p. 700/701 citado por el Dr. Pasutti Sentencia Nº 9/2003 del 26/8/03).

Al respecto el art. 140 de la Ordenanza Municipal Nº 485/76 establece que "La reclamación deberá presentarse por escrito ante la Secretaría del ramo o ante el órgano superior del respectivo ente autárquico.".

A partir de tales premisas corresponde analizar las constancias obrantes en autos. Nótese que la Carta documento obrante a fs. 8, reúne esos mínimos recaudos requeridos para la reclamación administrativa. En efecto, se dirigió al Sr. Intendente Municipal, reclamando concretamente el resarcimiento de los daños ocasionados por fallecimiento de un hijo, individualizando circunstancia de tiempo y lugar.

Por ello, reviste, en los presentes, entidad suficiente como para ser considerada un reclamo administrativo o reclamación resarcitoria, en los términos de los arts 138 y ss de la Ordenanza 485/76 y con mayor razón en virtud de la contestación obrante a fs. 7. Es que a tenor de tales constancias, no puede suponerse indefensión de la Administración.

Ha dicho el Superior Tribunal de la Provincia "Si se quiere entonces rescatar una interpretación coherente que no se encuentre en pugna con esta idea directriz, los recaudos que obstaculizan el acceso a la instancia judicial, deben ser de interpretación restrictiva. Si en particular para el caso de la reclamación resarcitoria, no se ha creado una presunción derivada del silencio, que queda entonces en el plano de los hechos y no se ha impuesto expresamente la exigencia de denunciar mora -a diferencia de la norma general, aplicable específicamente a las pretensiones de índole administrativa útiles para instar la vía específica en lo contencioso- debe inteligirse que si la Administración no cumple con la obligación que le compete de pronunciarse en el plazo que ella estipula, la vía judicial ordinaria queda expedita para que en ella se repare la falencia de no haber dado una respuesta concreta motivada y en término" (SRE 9/2003 en autos "M. C., E. y Otra c/ Provincia del Chubut y Otro s/ Sumario (Daños y Perjuicios" Expte. Nº 18689-M-2002).

Cuanto más cumplida y agotada se encuentra en autos la reclamación previa si el propio Intendente expresamente contestó el reclamo efectuado mediante Carta Documento, negando el acaecimiento del hecho y la responsabilidad del ente Municipal en el evento, dando así por concluido el reclamo administrativo.

Y en este aspecto es preciso recordar que la carta documento, por imperio de las leyes 20.703 y su ampliatoria 23119 adquiere jerarquía de "auténtica" tanto en doctrina como en jurisprudencia (ver Salvat-Trigo Represas- Código Civil anotado- T. 3 p. 321, Párr. 16 letra B).

La Administración, abdicó de sus poderes deberes de impulsión de oficio y verdad material, por lo cual no puede pretender que su actitud sea ahora soportada por el actor. Bien pudo la administración, instruir el sumario correspondiente tendiente a deslindar responsabilidades y en cambio, optó por contestar fehacientemente el reclamo dejando entonces concluida la vía administrativa.

De este modo, se satisface el principio "pro actione" y el de la "verdad jurídica objetiva" que induce a la necesidad de dar primacía a la misma por sobre la interpretación de normas procesales, de tal modo que el esclarecimiento de los casos no se vea perturbado por un excesivo rigor formal (CS Fallos 238:550, 268:271, 281:238, 303:1646, 310:299 y STJCH SD Nº 5/93, 13 y 14/94, 32/95, 9/SRE/96, 21 y 23/SRE/99, 28/SRE/00).

Por ello, en el sub judice, el recaudo previsto por la normativa para la habilitación de la vía judicial, se encuentra cumplido.

Respecto del segundo agravio del actor, en atención a cómo se resuelve y por imperativo del art. 279 del CPr. carece de virtualidad expedirse.

Las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada vencida en función del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.Ch.).

Correspondiendo la readecuación de los honorarios de la primera instancia al contenido del pronunciamiento, de acuerdo a lo previsto por el artículo 279 del ritual. A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados se tendrá en cuenta, la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de éxito, la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, la trascendencia jurídica, moral y económica para las partes, siempre dentro de las escalas previstas por los arts. 33 y 7º primera parte y 47 ultimo párrafo del Dto.- Ley 2200 modificado por ley 4335.

En cuanto a los honorarios de esta instancia, para su determinación se ponderará el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada los porcentuales previstos por el art. 14 del régimen arancelario citado.

La Dra. Nélida Susana Melero dijo:

Que respecto de la imposición de costas, por como se resuelve la cuestión y atento que la demandada pudo creerse con derecho para litigar en el sentido que lo hizo considero que las mismas deben imponerse por su orden (art. 68, 2da parte CPCCCH).

Por ello, con la disidencia parcial de la Dra. Nélida Susana Melero, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 84. Revocando la sentencia interlocutoria de fs.79/80 y en consecuencia rechazar la excepción de falta de reclamación administrativa previa, debiendo continuar los autos según su estado.

2)Costas de ambas instancias a la demandada. Regular los honorarios profesionales de los Dres. R. O. A. y J. L. B. conjuntamente en el dieciocho por ciento(18%)de lo que le correspondiere en la acción principal y los de la Dra. M. X. P. en el doce por ciento (12%) de lo que le correspondiere en la acción principal.

3)Regular los honorarios profesionales por la labor realizada en esta instancia a favor de los Dres. R. O. A. y J. L. B. conjuntamente en el treinta por ciento (30 %) y a la Dra. M. X. P. en el veinticinco por ciento (25%), en ambos casos, de lo regulado en el punto anterior.

4)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Nélida Susana Melero, Presidente.

Graciela Mercedes García Blanco, Juez de Cámara.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL Nº 73 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS