Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-12-14


Autos N° 22.242 (N° 143422- 5°JCCyM), caratulados: "ARREGUI, Nicolás Eduardo c/ Tieri, Patricia Imelda - Ejecutivo" En la Ciudad de San Juan, a 14 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales, Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y DR. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 110 de los autos N° 22.242 (N° 143422- 5°JCCyM), caratulados: "ARREGUI, NICOLÁS EDUARDO c/ TIERI, PATRICIA IMELDA- EJECUTIVO", contra la resolución dictada en fecha 12 de agosto de 2016, obrante a fs.104/108 de estos autos originarios del Quinto Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS, dijo:

Mediante la sentencia de fecha 12 de agosto de 2016, el a quo encontró fundamento suficiente para admitir la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada, con costas. Revocó la sentencia monitoria de fecha 09 de diciembre de 2014 (fs. 55 y vta.) y reguló honorarios.

Para así resolver entendió, que el título objeto de esta ejecución no reunía las condiciones extrínsecas de un título ejecutivo, no surgía del mismo la existencia de una suma líquida exigible, ni fácilmente liquidable, por cuanto el porcentaje establecido dependía de la sentencia del proceso principal (autos N° 118045 caratulados "Tieri, Patricia Imelda C/Gómez, Marcos Hugo y Guerrero, Marcos Alejandro s/ Daños y Perjuicios"), hecho que no se había acreditado, ni acontecido.

Contra este pronunciamiento se alza a fs. 110/118 el abogado Nicolás Eduardo Arregui, por derecho propio, e interpone recurso de apelación, apela honorarios y expresa agravios. El recurso fue concedido con efecto suspensivo (fs. 129).

Se agravia en primer lugar el recurrente de la sentencia, por cuanto el a quo realiza un examen errado del título ejecutivo, sin tener en cuenta que las cláusulas forman un contrato que ha sido reconocido por la Sra. Tieri.

Afirma que el sentenciante al realizar la transcripción parcial de las cláusulas segunda y cuarta, omite incluir en su sentencia que las sumas reclamadas en concepto de honorarios, son independientes de las que pudieren regularse por la labor desempeñada en el proceso.

A partir de ello, -continúa el recurrente- el a quo no advierte que el contrato es un título ejecutivo independiente y autónomo del reclamo realizado por la Sra. Tieri en otro proceso.

Asimismo se agravia el quejoso, por cuanto las sumas reclamadas perderán poder adquisitivo, como consecuencia de la devaluación monetaria en el juicio ordinario posterior.

Por otro lado afirma, que el título ha sido reconocido por la Sra. Tieri, por haberse preparado la vía ejecutiva (arts. 488 y 489 del C.P.C.). Dice que fue notificada del contrato que trae aparejada ejecución y la liquidación y no se presentó, por ello solicitó la aplicación de los apercibimientos del art. 489 del C.P.C. Posteriormente la ejecutada compareció oponiéndose a la sentencia monitoria, pero reconoció nuevamente haber firmado el documento.

En segundo lugar se agravia por cuanto a raíz de una errada interpretación del contrato, realiza un errado análisis de las defensas opuestas.

Expresa que el juez yerra al afirmar que el título (pacto de cuota litis) que se ejecuta no encuadra dentro de los títulos ejecutivos que contempla el C.P.C. Que las partes convinieron en forma expresa en el contrato, que en caso de ocurrir la cláusula tercera (revocación), el documento constituye título ejecutivo.

Además de ello -agrega- el título ejecutivo trae aparejada ejecución, pues ha sido reconocido por la demandada conforme art. 486 inc.2° del C.P.C., y ha sido elaborado por ambas partes, razón por la que no puede desconocerlo. Al suscribir el contrato la Sra. Tieri produjo un acto jurídico (art. 944 del C.C) y ha de considerarse ley para las partes (art. 1197 ibid).

Se queja también de la resolución apelada, por cuanto la deuda ejecutada es exigible, al haberse revocado el mandato y su monto fácilmente liquidable conforme las cláusulas segunda y cuarta.

Dice que dándose el supuesto de rescisión unilateral (cláusula cuarta) es procedente la determinación de la deuda por el 20%, tomando como base el monto del objeto del reclamo, que es el monto de la demanda (cláusula segunda).

A fs.51/52 obra copia del escrito de autos N° 118045 caratulados "Tieri, Patricia Imelda C/ Gómez, marcos y otro- Daños y Perjuicios", en el que la Sra. Patricia Perri revoca el poder de manera unilateral y solicitando regulación de honorarios ( 13/04/2012 ) .

Por otro lado se agravia por cuanto en la sentencia recurrida , el a quo no advirtió que la revocación del poder es el presupuesto de hecho que torna exigible las sumas reclamadas conforme la cláusula tercera. Se aparta así de lo pactado por ambas partes ante la revocación del poder, esto es la procedencia del reclamo por la vía ejecutiva.

Otro agravio que expresa el recurrente es la errónea admisión de la excepción de inhabilidad de título, y revocación de la sentencia monitoria.

De este modo sostiene que reconocido el documento y su contenido judicialmente se puede advertir que es un título que trae aparejada ejecución contiene una obligación exigible (revocación del poder cláusula tercera) y es fácilmente liquidable (cláusula segunda y cuarta). Además no procede la excepción de falsedad ni inhabilidad , por cuanto en su escrito de oposición de sentencia, la demandada reconoce haber firmado el título y su contenido.

Asimismo causa agravio al recurrente en cuanto la sentencia expresa que deviene el abstracto el tratamiento de las defensas opuestas, por cuanto el a quo resuelve erróneamente la excepción de inhabilidad de título. Dice que la totalidad de las defensas opuestas son improcedentes y maliciosas y debieron rechazarse in límine.

Por último se agravia de la imposición de costas y regulación de honorarios. Sostiene que la resolución cuestionada causa agravio al vulnerarse su derecho de defensa en juicio, propiedad y otros de raigambre constitucional no sólo por no permitirle cobrar los honorarios que le corresponden sino porque erróneamente le imponen las costas y obligan al pago de elevados honorarios a la contraria, que no le corresponde abonar. También porque regula un porcentual bajo como vencido, cuando debiera regularse como vencedor.

Por todo ello pide se revoque en todas sus partes la sentencia apelada y se ordene el pago de las sumas reclamadas, con intereses y costas.

Los agravios son contestados por la Sra. Patricia Imelda Tieri con el patrocinio del letrado Mauricio Monserrat Martínez, quien solicita su rechazo y confirmación de la sentencia con imposición de costas.

Ordenada la elevación de los autos, son adjudicados a estudio a fs. 134.

Tratamiento de los agravios:

Los agravios que informan este recurso, a pesar de su extensión, no van a lograr enervar los fundamentos dados por el a quo para rechazar la defensa opuesta.

Es que del examen del título objeto de esta acción agregado en copia a fs. 27, surge sin hesitación que éste no reúne los presupuestos que hacen a la viabilidad de la ejecución, haciendo procedente la excepción de inhabilidad de título deducida.

En efecto, es sabido que para que el título traiga aparejada ejecución debe ser suficiente y bastarse a sí mismo, conteniendo todos los elementos que posibiliten el ejercicio de la acción ejecutiva: la indicación precisa de los sujetos pasivos y activos de la obligación; la expresión líquida o fácilmente liquidable de la cantidad adeudada y la exigibilidad de la obligación, esto es que se trate de una deuda de plazo vencido, y no sujeta a condición (Morello-Sosa-Berizonce, "Cód.Procesal Civil", T° VI-A, p. 294).

Por su parte, la inhabilidad de título es una de las defensas destinadas a denunciar la inexistencia de presupuestos del título ejecutivo, ya sea porque no figura entre los títulos enumerados por el Código Procesal u otra ley que así lo disponga, o bien porque no reúna los requisitos a lo que ésta supedita la fuerza ejecutiva (arts. 483, 486 y 487 del C.P.C.).

En el caso de autos el título que se pretende ejecutar, como bien señaló el a quo, no reúne los requisitos necesarios para que proceda su ejecución, dado que no surge de él una cantidad de dinero líquida, ni fácilmente liquidable, ni tampoco que la deuda sea exigible, dependiendo para ello de una interpretación integral del convenio -en la eventualidad en una faz de conocimiento-, que no resulta propia en este tipo de proceso.

En este sentido se ha expresado :" En general el título base de la ejecución debe ser claro y preciso, y no requerir mayores interpretaciones, pues resultaría atentatoria contra la agilidad que se pretende del proceso ejecutivo. Recordemos que en este tipo de procesos no existe contestación de demanda; solamente se permite la oposición a la sentencia monitoria con las excepciones legalmente previstas". (Velert, Jaime, Pagés Lloveras, Roberto, Velert B., Gustavo, "Cód.Procesal Civil, Comercial y Minería San Juan, T° 3 , p.165).

Si bien en algunos casos las exigencias pueden reemplazarse a través de la preparación de la vía ejecutiva, ella sólo es útil si los documentos, cumplidas las diligencias preparatorias, resultan ser de aquellos que instrumentan obligaciones contraídas por el demandado exigibles, de dar sumas de dinero .

Así lo ha entendido la jurisprudencia al decir: "Y desde luego si el título no se basta a sí mismo, a los efectos de la vía ejecutiva, las omisiones de que adolece no pueden ser subsanadas mediante la preparación de la vía ejecutiva por reconocimiento de firma (Cám.nac.com.saka A, 7-12-72, Der. v. 48, p. 224; 7-10-83, Der. v. 107, p.222), no correspondiendo, por lo tanto, comenzar con la preparación de la vía ejecutiva, si dichos actos, nunca pueden llegar a convertir el título en ejecutivo (Cám.nac.com., sala A, 13-2-74, Der., v. 54, p. 354 o La Ley, v. 155, p. 724, sum. 278). "La preparación de la vía ejecutiva sólo es útil para constituir título ejecutivo si los documentos, cumplidas las diligencias preparatorias, alcanzan las calidades de aptitud que exigen los arts. 520, 523 y 525 del Código Procesal, o sea, resultan ser de aquéllos que instrumentan obligaciones contraídas por el demandado, exigibles de dar cantidades de dinero." (Cám.nac.civ., sala C, 23-4-93, La Ley, 1993, v.D, p. 124; Cám.nac.com., sala C, 12-2-73, Der.v.51, p. 389 o La Ley, v. 154, p. 619, 31.193-S; idem, sala D, 14-3-79, La Ley, 1979, v.C, p. 373).

Sobre la base de estos conceptos considero que en el supuesto de autos, la preparación de la vía ejecutiva (reconocimiento ficto de documento y firma) aún con la planilla de liquidación practicada por el ejecutante, no conlleva a la conformación de un título ejecutivo (art. 488 inc.1) y 489 y 490 del C.P.C.), desde que el documento en el caso, "Pacto de Cuota Litis", carece -reitero- de los requisitos de liquidez y exigibilidad propios de aquél. En efecto, a través de la cláusula segunda del convenio, ambas partes pactan el honorario del abogado en un porcentaje del 25% del monto objeto del reclamo indemnizatorio en autos N° 118045, caratulados "Tieri, Patricia Imelda C/Gómez, Marcos Hugo y Guerrero, Marcos Alejandro s/ Daños y Perjuicios", cuyo resultado no ha sido acreditado y se desconoce si ha acontecido; por su parte la cláusula tercera establece que los honorarios serán exigibles luego de recibida la indemnización por el Cliente, caso contrario el documento constituye título ejecutivo en los términos del dec.ley 5965/63, con vencimiento, en la fecha de pago de la indemnización, transacción o revocación del poder.

Por último la cláusula cuarta prevé la renuncia del abogado o revocación del poder, estableciendo que en todos los supuestos de rescisión unilateral el honorario será fijado por el Juez y no será inferior al 20% de lo "pactado", lo que no tendrá vigencia si la rescisión se produce por culpa del abogado.

De esta forma puede colegirse que el título objeto de análisis no contiene una deuda líquida o fácilmente liquidable, dado que establece como monto de los honorarios diversos porcentajes, por un lado el 25% del "monto objeto del reclamo indemnizatorio", en autos N° 118045, caratulados "Tieri, Patricia Imelda C/Gómez, Marcos Hugo y Guerrero, Marcos Alejandro s/ Daños y Perjuicios", que el ejecutante entiende como monto de la demanda; y por otro el "20% de lo pactado", que no es el monto reclamado en la demanda.

Por otra parte, tampoco resulta clara la exigibilidad de la deuda que pretende el ejecutante, por cuanto si bien el título contempla diversos vencimientos para las distintas situaciones que prevé, entre ellas la revocación del poder (cláusula tercera), contempla un porcentaje "que fijará el juez" no menor del 20% de lo pactado (no del monto reclamado en la demanda), para el supuesto de rescisión unilateral y siempre que no se produzca por culpa del abogado, circunstancias que tampoco han sido acreditadas.

En cuanto al agravio referido a las costas y honorarios , en virtud al resultado arribado, y teniendo en cuenta que los emolumentos fijados se encuentran dentro de la escala y porcentaje previstos por los arts. 26 inc. a) y 15 de la Ley 56-O, considero se encuentran ajustados a derecho y corresponde se rechace.

Por lo expresado, considero que el pacto de cuota litis base de esta acción no reviste la calidad de título ejecutivo hábil que hace procedente esta vía, en consecuencia propicio rechazar el recurso, con costas y confirmar la sentencia de primera instancia. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa recursiva en el 30% de lo regulado en primera instancia (art. 21 a) de la Ley 56-0).

Así voto.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la sentencia de primera instancia. Imponer las costas al vencido. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un 30% de lo regulado en primera instancia.

El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación deducido y confirmar la sentencia de primera instancia. Imponer las costas al vencido. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en un treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° III-2016; F°29/34; FECHA:14 de diciembre de 2016 DRES.RIVEROS-ALFERILLO