Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-11-08


PAGLIERO, Elso Francisco y otra contra MANDRILE Y AGUIRRE MAQUINARIAS S.A.

y/u ot.

Reg.: A y S t 216 p 453-456.

Santa Fe, 8 de noviembre del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución 629 del 25 de noviembre de 2005, dictada por la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Rafaela en autos "PAGLIERO, Elso Francisco y otra c/ MANDRILE Y AGUIRRE MAQUINARIAS S.A. y/u ot.- Ordinario- (Expte. 81/05)" (Expte. C.S.J. nro.239, año 2006); y, CONSIDERANDO:

Surge de autos que la Cámara de Apelación Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, por decisión del 25 de noviembre de 2005 revocó la decisión de baja instancia que, a su turno, hizo lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada y rechazó la demanda de Elso Francisco Pagliero y Santa Teresita Jesús María Sabino de Pagliero contra Mandrile y Aguirre Maquinarias S.A. y/o Gastón Heber Aguirre tendente a que se indemnicen los daños derivados de la falta de restitución de los bienes secuestrados anteriormente en un juicio de ejecución prendaria (fs. 5/11).

Contra este pronunciamiento enderezó su impugnación extraordinaria la demandada (fs. 14/35).

En el memorial recursivo, acusa arbitrariedad del pronunciamiento por apartamiento del ordenamiento legal a la hora de evaluar la prescripción de la acción, juzgando aplicable al "sub lite" el régimen de responsabilidad derivado del incumplimiento de obligaciones en los contratos (o sea contractual) siendo el de autos un supuesto de responsabilidad extracontractual derivado de un acto ilícito con plazo de prescripción bianual.

Indica que así fue resuelto por el Juez de primera instancia que entendió que la no restitución de la maquinaria oportunamente secuestrada configuraba un hecho que generaba la obligación de reparar en el ámbito de responsabilidad extracontractual, con plazo de prescripción de dos años a partir del conocimiento de la frustración de la medida de restitución de los bienes ordenada judicialmente.

En su lugar, sustancialmente el A quo, entendió que la responsabilidad de los demandados provenía de un acto lícito que era el secuestro de bienes ordenado en la ejecución prendaria, con aplicación de las disposiciones del depósito regular, encuadrando el caso en la órbita contractual de responsabilidad, y señalando que ésta no presupone la existencia efectiva de un contrato incumplido por el autor del daño sino la existencia de una obligación pre-existente cualquiera sea su fuente.

Tal razonamiento, a juicio de la impugnante, se aparta de la normativa aplicable alegando que el daño proviene no del contrato de compraventa con garantía prendaria formalizado entre las partes (y que llevó al secuestro del bien prendado) sino del accionar ilícito de (su parte) los depositarios judiciales que no restituyeron en tiempo los bienes bajo su guarda, resultando de aplicación las disposiciones sobre responsabilidad derivada de actos ilícitos.

Asegura que la Cámara incurre en violación al principio de congruencia apartándose de las pretensiones de las partes, ello así, en tanto el actor tanto al contestar la excepción de prescripción como al expresar agravios esgrimió como defensa una supuesta continuidad del daño ante la no restitución de la máquina cosechadora pese a existir una orden judicial al respecto, nunca consideró que el acto que originó la responsabilidad fuera el contrato de compraventa con garantía prendaria sino que estimó aplicable el régimen reparatorio proveniente de los actos ilícitos.

También sostiene que el Tribunal suple la inactividad probatoria de la actora respecto a la entidad económica de los perjuicios ocasionados al verse privados de su patrimonio -maquinaria y sus accesorios secuestrados- ordenando la apertura de un proceso sumarísimo posterior en el que deberán probarse y cuantificarse aquéllos.

2. La Cámara denegó la concesión del remedio jurídico intentado por entender, en resumen, que el escrito recursivo revelaba el disenso de la recurrente con respecto a la normativa aplicable al caso en materia de prescripción, lo cual no habilitaba la apertura de la instancia extraordinaria (fs. 40/42); razón por la cual ocurrió en forma directa por ante esta sede (fs. 46/54).

3. Entrando a considerar las tachas de arbitrariedad endilgadas al decisorio de la Alzada, cabe señalar que si bien la quejosa achaca al fallo carecer de las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, del desarrollo de los agravios, en su confrontación con la sentencia impugnada, surge que no obstante las causales esgrimidas, en sus planteos prima la disconformidad con lo resuelto por los juzgadores en ejercicio de funciones propias, sobre cuestiones de prueba y derecho común -normas sobre prescripción en materia de responsabilidad contractual o extracontractual-, que escapan a la materia específica del recurso de inconstitucionalidad.

La recurrente no está conforme con el encuadramiento jurisdiccional de la responsabilidad como contractual efectuada por los Juzgadores, así como con lo resuelto sobre el tema vinculado a la cuantía económica que corresponde en concepto de indemnización por los daños ocasionados por esa no restitución de los bienes secuestrados.

En ese cometido, cabe considerar que, sucintamente, la inteligencia del decisorio recurrido es que "...en el sub lite estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, pues no se puede perder de vista que la obligación de los demandados proviene de un acto lícito, como lo es el secuestro de bienes que se ordenó en el juicio de ejecución prendaria que promovió contra los actores la codemandada 'Mandrile y Aguirre Maquinarias S.A.' y de las disposiciones del depósito regular (arts. 2191, sgts. y cc., Cód. Civil) que son aplicables al secuestro de bienes (cfr. Rambaldo, J. en Peyrano, J.W. -director- , Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Análisis doctrinario y jurisprudencial, t.1, p.851)...".

Y además "...habiendo sido Gastón Herber Aguirre quien depositó la máquina y sus accesorios en un terreno de propiedad de Angel Leurino (fs. 8, expte. 927/98 agregado por cuerda), disponiendo luego su traslado por medio del señor Bertini cuando la misma estaba en un predio de Diego Daniel Vandenbosch..." (f.8).

Y agrega el Tribunal que "...como se ha expresado, 'lo que determina la responsabilidad contractual para distinguirla de la responsabilidad extracontractual no es necesariamente la existencia efectiva de un contrato del que el autor del daño hubiera incumplido su obligación, sino puramente la existencia de una concreta obligación preexistente, cualquiera sea la fuente.

La extracontractual se presenta cuando no media esa obligación asumida por el agente, sino solamente la obligación genérica de no inferir lesión en la esfera jurídica ajena' (C.N.Civ., Sala I, 13-12-96, 'B, M.C. c. Municipalidad de Buenos Aires', L.L. 1997-C, 765; cfr.Trigo Represas, F.A. y López Mesa, M.J., 'Tratado de la responsabilidad civil', t.II, p.4)..." concluyendo que en el caso la acción no se encontraba prescripta cuando se entabló la demanda pues los actores tomaron conocimiento de la falta de localización de las maquinarias el 17 de marzo de 1997, no mediando entre ambas fechas el plazo decenal que establece el artículo 4023 del Código Civil (v.f. 8/vto.).

A esta línea conceptual opone la recurrente su propio enfoque del caso, sosteniendo que media un supuesto de responsabilidad extracontractual derivado de acto ilícito de no restituir los bienes que por mandato judicial había sido dispuesto, correspondiendo aplicar las normas que rigen en aquella órbita de responsabilidad.

Y, con relación a la tacha relativa a que el A quo viola el principio de congruencia -al resolver la litis sobre la base de cuestiones de hecho que no la integraron-, de la sola lectura del fallo impugnado se puede advertir que carece de asidero en tanto la actora, al contestar la defensa de prescripción, había hecho clara alusión a que el caso de autos no trataba un accidente sino un secuestro de bienes "donde el daño se sigue produciendo día a día mientras no se cumple con la restitución del bien", lo que reiteró en la expresión de agravios, de manera que no se advierte la incongruencia acusada por apartamiento de lo alegado por las partes al rechazar la defensa de prescripción de la demandada.

Respecto a la endilgada suplencia de la actividad probatoria por el Tribunal -al remitir a otro juicio la cuantificación de los daños ocasionados, el valor de los bienes y lo dejado de percibir por no haber podido utilizarse éstos-, cabe destacar que también se desvanece el planteo dado que queda comprendido en el marco de atribuciones de los jueces de la causa disponer que el quantum indemnizatorio de los daños acreditados se establezca por medio de juicio sumarísimo.

Sabido es que la tacha de arbitrariedad no incluye la disconformidad con el criterio utilizado por los jueces intervinientes en el encuadramiento jurídico del caso así como temas atinentes a la prueba y al quantum indemnizatorio, por lo que pretender invadir esa esfera significaría que este Cuerpo sustituyera a aquéllos, distorsionando de tal modo el restringido ámbito que sobre el control de constitucionalidad de los pronunciamientos judiciales le confiere la Carta Magna provincial.

De manera que, con su argumentación recursiva, no logra persuadir la impugnante que, en ejercicio de las atribuciones propias de los jueces ordinarios, el A quo se haya excedido del marco propio de su función jurisdiccional o que la solución arribada no se sustente racional ni jurídicamente con fundamento en los hechos del proceso y en el derecho aplicable.

En suma, el acierto o error con que los juzgadores fallaron la causa, y la mera disconformidad que denota la perdidosa en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo que permita operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)