Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-31


AUTOS N° 5629 "HUERTAS, Walter Guillermo C/ Empresa T.A. 20 de Junio S.A. S/Apelación de Sentencia" En la ciudad de San Juan, a treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, doctores Guillermo Baigorrí, Delfor Edgardo Benitez y Susana Raed de Rago Gallo , bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 5629, caratulados "HUERTAS, WALTER GUILLERMO C/EMPRESA T.A. 20 DE JUNIO S.A. S/APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Contra la sentencia de fs. 1345/1355 dictada por el señor Juez Titular del Primer Juzgado Laboral, que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por los actores, condenando a la demandada a hacer efectivos los rubros admitidos según los considerandos, establece la forma de liquidar los intereses e impone las costas, a la cual me remito "brevitatis causae", interpone recurso de apelación la parte actora a fs. 1359, el que es concedido a fs. 1360, expresando agravios a fs. 1361/1372 vta., el que es respondido a fs. 1379/1389. Por su parte, la accionada apela a fs. 1357, recurso que es concedido a fs. 1358, obrando a fs. 1376/1377 vta. la expresión de agravios, no habiendo respondido la actora el traslado del mismo.- Remitida la causa a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, queda radicada en esta Sala Segunda donde se le imprime el trámite procesal correspondiente, se llama autos para resolver previa intervención de la Fiscalía de Cámaras (fs. 1399 vta.) y se practica el sorteo para la emisión de los votos, con lo que las cuestiones propuestas por la apelación se encuentran en condiciones de ser tratadas por el Tribunal de alzada.- A.- I.- En su contestación a la expresión de agravios de la actora, la parte demandada procede a poner, como cuestión previa, el planteo de que el escrito fundante del recurso carece de los recaudos propios de una expresión de agravios, lo que se sostiene por los argumentos que expresa.- Entiendo que el escrito cuestionado procede a elaborar una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera erradas, y que en consecuencia le traen una situación en desmérito de sus derechos, por lo que considero cumplida la carga procesal que se impone por el art. 253 del C.P.C. de aplicación a la especie (art. 161 del C.P.L.).- A.-II.- Ahora bien, adentrándonos en la cuestión en debate, vemos que los agravios de la actora se refieren a: 1) el rechazo de la sanción prevista por el art. 132 bis, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, producto de un ritualismo formal inadmisible, apartamiento inequívoco de las constancias de la causa, omitiendo ponderar prueba decisiva y relevante para resolver en sentido inverso; considerando que se ha violado la garantía de la defensa en juicio y el derecho de propiedad de los actores, al privárseles de un crédito indiscutible según derecho; 2) el rechazo de la calificación de la conducta de la demandada como temeraria y maliciosa, no aplicando el art. 275 L.C.T.; y 3) no tratar la sanción prevista por el art. 132 bis L.C.T. en lo referente a los aportes sindicales no ingresados.- A.-III.- Avocándome al primer agravio, refiero que éste ataca: 1) el fundamento formal del rechazo: a) en cuanto se apoya en que la actora no cumple en la demanda con el art. 67 inc. b) del C.P.L., esto es, que no se ha determinado en forma clara, expresa y precisa el monto reclamado por tal concepto en forma individual o en su conjunto por los actores; b) rechaza la indemnización del art. 132 bis porque debió aclararse en la demanda a qué período se refería el reclamo, si era sólo hasta la fecha de la demanda o de sentencia o de la intimación cursada por los trabajadores y c) que el incumplimiento de la demandada en este aspecto ha sido parcial, no total, y por lo tanto ajeno a la litis, en la cual se reclama por el incumplimiento total de dicha obligación; 2) el fundamento de fondo del rechazo, que se basa en que, de acuerdo a los informes de fs. 823 y 851 expedidos por la AFIP, que informan que la contribuyente presentó plan de pago que incluye deuda de 9/2001, 10/2001 y 12/2001, el que fue cancelado el 12/12/2002, habrían sido cancelados tales conceptos.- A.-III. 1. Adentrándonos en el primer agravio, estimo que le asiste razón al impugnante, en lo que hace a los aspectos formales del rechazo, ya que en la demanda se puntualizó expresamente a fs. 27, punto V y luego a fs. 886, se especificó "se demanda además la sanción que impone el art. 132 bis L.C.T."... "Por lo que se demandan las remuneraciones desde el 18 de mayo del corriente- ya que el requerimiento se realiza formalmente el 18 de abril- y hasta la demostración del efectivo cumplimiento de lo adeudado, con más los intereses y multas correspondientes", por lo que propicio tener por cumplimentado el art. 67 inc. b) del C.P.L.- Para mayor abundamiento, en este punto traigo a colación el fallo dictado con fecha 13-09-2005, por esta Sala II, en su anterior integración, al que adhiero por compartirlo, citado por el recurrente en su memorial, en autos N° 6401, caratulados "CASTRO ESTELA MARY C/SANDRA NORA -APELACION DE SENTENCIA", criterio que reiteradamente ha seguido este Tribunal, con primer voto del doctor Bruni, quien dijo: " ...de lo manifestado en el escrito de demanda, más precisamente en el capítulo de los hechos y liquidación, se extrae sin esfuerzo y mediante dos simples operaciones matemáticas, la diferencia mensual y el lapso por el que extiende el reclamo.- Sostengo que sería un exceso ritual atenerse estrictamente a las exigencias procesales sobre el tema, máxime si éstas establecen la obligación del magistrado de examinar la demanda en pro de subsanar defectos u omisiones (art. 67 parte final del C.P.L.) y si no se hizo, debe interpretarse como un asentimiento al cumplimiento de los requisitos formales".- Lo que resulta plenamente aplicable al sub-exámine, en el que multiplicando la remuneración denunciada por el número de meses transcurridos hasta su ingreso en los organismos respectivos, se obtiene el monto del reclamo, legislado por el art. 132 bis L.C.T.- A.-III.2. Por otro lado, considero que yerra el sentenciante al considerar, en lo atinente al reclamo en análisis, que se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandada, ya que ésta, al contestar la demanda, tuvo la oportunidad de ejercer todas sus defensas al respecto, limitándose a decir a fs. 78 "20 de Junio se encuentra al día con el pago de los aportes correspondientes a obra social y aportes previsionales" (no menciona los sindicales ).- A.-III. 3. En este tema, hago mío el criterio sentado por esta Sala II, en su anterior integración, en autos N° 7459, caratulados " Alvarez Juan Carlos Y Otros C/T.A. 20 de Junio S.A. - Apelación de Sentencia", con fecha 29/05/2008, que fue ratificado por la Excma. Corte de Justicia de la Provincia, con voto en primer término del doctor Delfor Edgardo Benítez, en el que se dijo:

"En primer lugar, la formalidad prevista por el art. 67 del C.P.L., impone la carga procesal para quien presenta la demanda, de entre otras cosas, de designar lo que se demanda, discriminando sus rubros y formulando la liquidación en forma clara, expresa y precisa (inc. b). Ello se configura en el doble sentido de permitirle a la contraria ejercer adecuadamente su derecho de defensa en juicio, y por otro darle al juzgador la plena posibilidad de juzgar conforme la pretensión esgrimida, y no otra. En autos, ambas condiciones se han dado, ya que en el escrito de demanda se procede a introducir el rubro en cuestión en el denominado, punto IV) a fs. 276 vta... se demanda la sanción que se impone por el art. 132 bis de la L.C.T., ya que la demandada ha descontado a los trabajadores los rubros correspondientes a la obra social, aportes previsionales y aportes sindicales, y no han sido depositados a quienes lo deben percibir, y se ha efectuado el reclamo a la empresa oportunamente a fin de que en el término de treinta días diera el efectivo cumplimiento a ello, habiéndose hecho caso omiso a ello, reclamándose remuneraciones desde el 18 de mayo del corriente, hasta la demostración del efectivo cumplimiento, con más los intereses y multas correspondientes".

Como ya lo adelantara, en el sub-lite el rubro está plenamente demandado en la ocasión procesal oportuna, apuntalado con la probanza producida, entre ella la pericial contable, la que es concordante con lo informado por AFIP a fs. 769, 838 y 851, con lo que se ha cumplido con el recaudo procesal, al estar dadas la pautas necesarias suficientes para determinar acerca del monto que pudiera resultar del rubro reclamado.- A.-III. 4. Entonces, es justamente la pericial contable realizada en autos, y de la que da cuenta fs. 642, 645, 645 vta., 668 punto IV, y fs. 800 y 853, la que permite acreditar que la demandada procedió a efectuar aportes inferiores a los que debió hacer conforme las pautas remuneratorias a tenerse en cuenta. El experto denuncia que se ha comprobado que en el mes de octubre de 2001, existe una diferencia entre la remuneración indicada en los recibos Ley y la información suministrada por AFIP, relativa a los salarios de los actores que surge de la declaración jurada presentada por la empleadora a ese organismo, sobre la cual se efectuaron los aportes previsionales.- Destaco que la perito pudo adentrarse sólo a la documentación de ese mes, por cuanto la firma no aportó otros documentos.- A.-III.5. Así las cosas, afirmo que de la prueba colectada en la causa, surge palmariamente que la demandada cometió fraude en las declaraciones juradas presentadas ante la AFIP, (ver fs. 838 y 851) correspondientes al mes de octubre del 2001, denunciando al organismo remuneraciones menores a las que realmente percibieron 1os trabajadores actores, e ingresando aportes menores a los que realmente le retuvo la demandada a éstos.- Respecto a los otros meses, no se pudo comprobar el fraude, por cuanto la demandada no puso a disposición de la experta la documentación necesaria. En ese sentido, pongo de resalto que la Perito a fs. 652 vta., procede a dejar en claro "que habiéndose constituido en reiteradas oportunidades en el domicilio de la Empresa Transporte Automotor 20 de Junio...a quienes solicité la documentación, la misma no fue puesta a disposición".- Más adelante, a fs. 853, la experta textualmente dijo: "En base a la información suministrada por la AFIP a fs. 838, surge que al momento de producirse la extinción de la relación laboral, la demandada no había ingresado ni total ni parcialmente, los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, realizando los pagos los días 16/09/2002 y 17/09/2002. Por lo expuesto, rectifico el punto 4) J) (fs. 652) del Informe Pericial de fs. 642/652 vta., ya que correspondería la liquidación de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo...".- A.-III.6. Carece también de razonabilidad el fundamento formal del rechazo del rubro legislado en el art. 132 bis, individualizado en el punto II.- 1.- c) de este voto, ya que, en la demanda específicamente se indicó en el apartado 2) del punto II): "Se advierte como irregularidad que a todos los demandantes se les ha declarado ante la AFIP-DGI la remuneración del mes de octubre del 2001 una suma inferior a la realmente percibida por los mismos, tal como consta en las certificaciones de servicios", o sea que también se reclamó lo que se había pagado incorrectamente.- A.-III.7. En cuanto al fundamento de fondo del rechazo (punto II.-1.-c)) queda subsumido en lo anteriormente dicho, a lo que agrego que el incumplimiento de la demandada ha quedado plasmado en la causa, a tenor de lo informado por la AFIP a fs.823 y 838 y la perito a fs. 853, más allá de que con posterioridad a la extinción de los vínculos laborales, y a través de un plan de pago, haya cancelado dichos ítems.- Entiendo que al resolverse como se ha dicho en este voto, se ha cubierto la pretensión del primer agravio en sus distintos aspectos.- Determinado lo precedente, atento las razones expuestas por el impugnante, las que resultan acertadas, concluyo que el primer agravio resulta procedente, el que deberá ajustarse calculándolo desde la fecha del emplazamiento y hasta la fecha indicada en los informes de la AFIP de fs. 823 y de fs. 838 de cancelación de dichos ítems, con más sus intereses. El perito actuante deberá proceder a cuantificar el rubro ajustándose a lo aquí dicho y a lo que se prevee en la norma citada.- Por otra parte, a los fines de que pudiera haberse configurado un delito penal por parte de la demandada en el aspecto en cuestión, deberán pasar las actuaciones certificadas a la justicia del crimen (art. 132 bis de la L.C.T., última parte).- IV.- Segundo Agravio: Propongo con este voto admitir también el segundo agravio de la actora, por cuanto ha quedado plasmado en la causa la conducta desplegada por la demandada de reticencia maliciosa en lo que hace a avenirse al cumplimiento de los aportes previsionales y sindicales, durante la relación laboral y a la época de su extinción, la que sido detallada meticulosamente por el apelante al fundar esta queja, y a él me remito a los fines de evitar repeticiones innecesarias.- Conforme, a contrario en su, la siguiente Jurisprudencia: "Por lo demás, en lo tocante a la multa impuesta en concepto de temeridad y malicia, que la demandada estima aplicada "extra petita" y, por ende, sin que pudiera ejercer oportunamente su derecho de defensa en juicio, debo decir que, lejos de hallarse comprometido el principio de congruencia, la decisión del tribunal de grado se ha encauzado en la prescripción del art. 275 de la L.C.T., que expresamente establece que, cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media del que cobren los bancos oficiales para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida, siendo de especial merituación los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, entre otras causales. (Del voto del Dr. Balladini sin disidencia). Fuente: Lex Doctor Número de Texto: 35694, de la Provincia de Río Negro STJRNSL: SE. (129/10) "B., M. S. C/La Segunda A.R.T. S.A. S/Accidente De Trabajo S/ Inaplicabilidad De Ley" (Expte Nº 23895/09 - STJ), (19-10-10). Balladini - Lutz - Sodero Nievas (en abstención). Referencias Normativas: ley 20744 art. 275.- V.- Tercer Agravio: Por las consideraciones vertidas al tratar el Primer Agravio, el informe obrante a fs. 283 expedido por Unión Transportes Automotor Seccional San Juan, el que reza "La Empresa T.A. 20 de Junio descontaba a todos los actores de la presente causa, luego de haber chequeado a los mismos, los aportes por cuota sindical, Campo de Deportes y Acción Social por el período que va de Diciembre del 2001 al mes de abril del 2002 (hasta el día 8 que se generó el conflicto laboral) y no los pagaban a la entidad sindical...El día 24 de junio del corriente año se le extendió Libre Deuda a la referida empresa, luego de haber cancelado el capital adeudado con más los intereses de ley". Lo que fue corroborado por la Perito Contadora a fs. 652, adquiriendo un valor altamente relevante el escrito presentado en forma conjunta por la actora y la demandada, que obra a fs. 207, que ha sido reproducido en su expresión de agravios por la parte actora, como andamiaje de su queja (fs. 1371/1372), del que surge claramente el reconocimiento del incumplimiento referido, resulta procedente el tercer agravio, el que se debe calcular desde que fueron debidos y hasta su efectivo pago, con más sus intereses.- VI.- Los intereses de los rubros declarados procedentes deben liquidarse con apego a los considerandos precedentes, en la forma indicada en la sentencia de grado anterior.- VII.-1. Costas: como lógica derivación de lo resuelto, propicio modificar la imposición de costas de la primera instancia, imponiéndolas en un cincuenta por ciento (50%) a la actora y en un cincuenta por ciento (50% ) a la demandada (art. 125 C.P.L.), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley 4072).- VII.- 2. En cuanto a las costas de la instancia, se imponen en su totalidad a la demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.- B.- Por su parte, la demandada impugna la sentencia por declarar procedente el rubro vacaciones 2001, el que aduce, no fue cuantificado ni detallado, sino que "simplemente fue mencionado al pasar" (sic), no cumpliendo con el art. 67 del C.P.L..- Avocándome al análisis del mismo, no puedo sino concluir que la apelación de la demandada resulta inviable por cuanto el rubro aludido fue reclamado en el escrito de demanda, a fs. 33, último párrafo, y es fácilmente determinable, conforme lo dicho al tratar el primer agravio.- Costas: Las costas de la instancia se deben imponer a la demandada vencida (art. 125 C.P.L.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley 4072).- Así voto.- LOS DOCTORES GUILLERMO BAIGORRÍ Y DELFOR EDGARDO BENITEZ DIJERON: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhieren al mismo:

Por todo ello el Tribunal:

RESUELVE:

I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 1359, revocando en lo pertinente, conforme lo dicho en los considerandos precedentes, la sentencia de fs. 1345/1355, declarando procedentes los rubros indemnización art. 132 bis por no haber ingresado los aportes previsionales y sindicales.- II) Declarar maliciosa la conducta desplegada por la parte demandada, conforme art. 275 L.C.T., y condenar a la demandada a pagar un interés de hasta dos veces y media la tasa activa que cobre el Banco de la Nación Argentina, Sucursal San Juan para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales.- III) Los rubros declarados procedentes deberán abonarse en el plazo de diez días de quedar ejecutoriada la presente.- IV) Modificar la imposición de las costas de la primera instancia, imponiéndolas en un cincuenta por ciento (50%) a la actora y en un cincuenta por ciento (50% ) a la demandada (art. 125 C.P.L.), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley 4072).- V) Imponer las costas de la instancia en su totalidad a la demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad (Ley 4072).- VI) Remitir copias certificadas a la Justicia del Crimen a los fines de que investigue si se ha configurado un delito penal por parte de la demandada en el aspecto en cuestión (art. 132 bis de la L.C.T., última parte).- VII) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.- VIII) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.-