Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, defectos de fabricación, víctima del accidente, aplicación de la ley, consumidores, responsabilidad de la concesionaria, responsabilidad del fabricante, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Clavijo del Puerto, Lila Esther y otros c/ Tito Gonzalez Sa y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-05

Procede hacer lugar al reclamo indemnizatorio incoado por los accionantes contra una concesionaria, el fabricante y una compañía de seguros, por el siniestro ocurrido como consecuencia de los desperfectos habidos en el vehículo y en el que perdiera la vida el concubino de la coactora. Ello por cuanto, en el caso, del informe pericial accidentológico del fuero criminal fluye que el accidente tuvo su origen causal en el desprendimiento de la rueda delantera derecha provocado por un desacople de su tren delantero. Dicho informe fue efectuado en forma contemporánea al accidente, por un perito de una entidad oficial, objetiva e imparcial -Delegación Departamental de Policía Científica- y en presencia del consultor técnico de la aquí actora. En ese marco, las accionadas tenían la carga procesal de proteger la prueba. Y al haber sido notificadas inmediatamente de la ocurrencia del evento -en el año 2009- debieron extremar la producción de las medidas que estimaran pertinentes para evitar que desaparezcan los componentes del vehículo que estimaran de vital importancia para la determinación de lo realmente acontecido, como finalmente ocurrió (a la fecha de la pericia practicada por el Perito Oficial en el año 2016, el automóvil ya no contaba con la inyección electrónica y la batería y que, aunque no se sabe con certeza cuando fueron sustraídos los componentes del tren delantero, se estima que ello ocurrió antes del 1° de marzo del 2010, fecha en la que se inició, en el marco de la instrucción judicial, una Investigación Penal Preparatoria, para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por el robo de las piezas del rodado). Pudiendo, así aportar al expediente la mayor cantidad de antecedentes para llevar a la conciencia del juez la convicción sobre el origen de los hechos, demostrando su interés en el esclarecimiento de la cuestión. Ello así, a tenor de la posición asumida por este tribunal en reiterados precedentes, con situaciones similares a las del sub judice, donde se dijo que, en materia de prueba, la normativa del consumidor -ordenamiento a la luz del cual debe analizarse la cuestión-, pone en cabeza del proveedor, por aplicación de la doctrina denominada "cargas probatorias dinámicas", la obligación de aportar los elementos de prueba que obren en su poder (o producir las medidas de protección de la prueba que estén a su alcance), por encontrarse, en consonancia con lo dispuesto por la LDC 53 modificado por ley 26361, en mejores condiciones profesionales y técnicas de contribuir con la búsqueda de la verdad (v. 13/10/17, "Piñeyro, Enrique Dionisio c/ Volkswagen SA de Ahorro Para Fines Determinados y otro s/ ordinario"; ídem, 27/3/18, "Romero, Hugo María c/ Novo Auto SA s/ ordinario" y doctrina allí citada, entre otros).