Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31


SENT.DEF.Nº: 19.849 EXPTE. Nº: 3.141/2008 (28.917) JUZGADO Nº: 38 SALA X AUTOS: "SOSA, HERNÁN SANTOS ARIEL C/ ANDEN 15 S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL ".

Buenos Aires, 31/05/2012.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

La Sra. Juez "a quo", determinó que los padecimientos columnarios que porta Sosa, que lo incapacitan en el 4% de la total laborativa, guardan relación de causalidad adecuada con las labores que desempeñó (carga y descarga en forma diaria y continuada de cajones de cerveza y bultos de mercadería comestible), y sostuvo que se encuentran acreditados los extremos exigidos por el art. 1.113 del C.Civil para imputar el daño que sufre el accionante a la responsabilidad de su empleadora, a consecuencia de lo cual estimó aplicable la doctrina emergente del fallo Plenario N° 266, dictado por esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos "Pérez, Martín c/ Maprico S.A.". En tal contexto, declaró la invalidez constitucional de la ley 24.557 y condenó a la empleadora al pago de la reparación integral del daño padecido por Sosa con sustento en las disposiciones del art. 1113 citado, haciendo extensiva la condena, en forma solidaria, contra Prevención A.R.T. S.A., citada como tercero, por considerar que no efectuó las medidas de prevención y seguridad con respecto a la actividad laboral del actor que hubieran evitado el daño ni le brindó capacitación.

Disconforme con tal decisión recurre la demandada a tenor del memorial de fs. 448/452 vts., debidamente contestado por su contraparte a fs. 467/470 vta.. Por su parte, a fs. 437 y 453/459 vta. apela la aseguradora citada como tercero, Prevención A.R.T. S.A..

Finalmente, el Dr. Eduardo Agustín Costa y el Dr. Sebastián Jorge Polo, por su propio derecho (fs. 440), el perito médico (fs. 442) y el perito contador (fs. 461), recurren los honorarios regulados a su favor por considerarlos reducidos.

Razones de orden y con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, me llevan a tratar, en primer lugar el recurso esbozado por Dacey SA, en torno a la inconstitucionalidad del art. 39, primer párrafo de la LRT declarada por el sentenciante de grado.

En primer lugar, frente al cuestionamiento que realiza la recurrente en torno a la evaluación que efectuó la Dra. Gonzalez de la prueba testimonial rendida y, luego de un nuevo análisis de la ella (conf. art. 386 C.P.C.C.N.), me anticipo a señalar que encuentro acreditadas las condiciones de trabajo a que estuvo expuesto el reclamante y, consecuentemente el supuesto que habilita la responsabilidad de la demandada recurrente.

En este sentido, anticipo que participo plenamente del criterio con el que la sentenciante de grado apreció especialmente, las declaraciones de Lemos -fs. 241- y Lima -fs. 245/6- (conf. arts. 90 LO., 456 C.P.C.C.N.), los que no fueron impugnados en la oportunidad procesal oportuna por la ahora recurrente (conf. art. 90 cit.); y digo esto, porque la prueba testimonial es idónea para demostrar condiciones laborales a las que estuvo expuesto el trabajador, y aunque pueda no ser la más apta para acreditar pesos o tamaños exactos (sino estimativos o aproximados), en este caso concreto, tales circunstancias surgen acreditadas conforme la prueba pericial técnica (ver fs. 264/5 y fs. 284) para mostrar que los pesos que se denunciaron en el escrito de inicio (ver fs. 8 vta.) eran los reales.

Es más, no advierto contradicción entre los dichos de los mencionados y Fernández y González (fs. 247 y fs. 276), propuestos a instancias de la quejosa, porque los testigos más allá de la discrepancia referida a la distancia donde se encuentran ubicados los distintos locales de la demandada en el ámbito de la estación de Constitución y el depósito, lo cierto es aún Fernández -encargado de la demandada- sostuvo que el depósito estaba a 40 metros del mas lejano de los locales. A su vez, admitió que el actor o Lemos iban a buscar mercadería, en la semana, cuatro o cinco veces, aunque inmediatamente después sostuvo que "pocas veces faltaba" (sic). Asimismo, observo que los testigos que declararon a propuesta del actor no omitieron referirse a la existencia del "carro" utilizado para trasladar la mercadería, pero advierto que de acuerdo con la declaración de Lima, dicho elemento no se podía arrimar a la barra porque siempre estaba lleno de gente y había que trabajar a las apurada, que en esos casos el carro quedaba a metro y medio o dos de la barra.

Por otra parte, al contrario de lo afirmado por la recurrente, el actor no omite denunciar en estas actuaciones que sus tareas eran de supervisor, ni intenta "reacomodarlas", sino que como éste expuso, entre las tareas asignadas estaba la recepción de mercadería entregada por los proveedores y el control y reposición de la mercadería faltante, lo que implicaba la carga y descarga en forma diaria de pesados cajones de cerveza y paquetes y bultos con mercadería comestible, tal como fuera corroborado con las testimoniales antes referidas, las cuales importan la realización de esfuerzos de importancia, que -como anticipé- me llevan a coincidir, en este punto, con la conclusión de la Dra. González.

En torno al calificado por la apelante como hecho nuevo conforme su presentación de fs. 288/289, advierto que el mismo fue desestimado en la sede de origen por considerárselo inconducente para la dilucidación de la causa mediante resolución de fs. 308 (notificada a fs. 337 vta.), la que llega firme a esta alzada por ausencia de cuestionamiento oportuno. De acuerdo con ello, las manifestaciones vertidas sobre el punto resultan extemporáneas. Dicho esto, y en lo que atañe a las manifestaciones vertidas en punto a las conclusiones de la pericial médica, advierto que no cumplen con las exigencias previstas en el art. 116 de la LO por lo que cabe declararlo desierto.

Es que la quejosa no cuestiona una de las conclusiones en las que el perito médico sustentó su informe, y es que las situaciones de esfuerzo pueden desencadenar un cuadro agudo que le ocasione limitaciones importantes y por las que deba efectuar tratamiento (ver fs. 388/390 vta.). De acuerdo con ello, y demostradas las condiciones laborales de esfuerzo a las que se vio sometido Sosa, sin que se le haya provisto de elemento de seguridad (faja lumbar) observo que en situaciones como la presente (me refiero al tipo de alteraciones a nivel de columna dorsal y lumbar que sufre el actor) existen factores predisponentes, propios de la persona (endógenos), pero se rebelan a partir de causas específicas a las que está sometido el sujeto (posiciones, esfuerzos, etc.), y sin cuya intervención, en la inferencia lógica jurídica de la causalidad, sea esta adecuada, eficiente, próxima o cualquiera de las expuestas doctrinariamente, no habría tenido lugar, o sea, el daño no se habría producido. Mejor aún se ve, si la referencia, en lugar de causa adecuada, es a "condición adecuada", realizándose un juicio de previsibilidad respecto de la incidencia probable o posible de las condiciones en el resultado final.

En lo que sí, entiendo, le asiste razón a la apelante, es en la determinación del daño material, toda vez que en el fallo de grado (que entendió razonable indemnizar el daño material por la suma de $77.000 y el moral por la suma de $ 15.000, es decir, por un total de $ 92.000), debo recordar que la determinación de la indemnización, cuando se ha optado por la vía del derecho común, queda librada al prudente arbitrio judicial y ha de sujetarse a una reparación integral, considerándose al hombre no sólo en su aspecto individual sino también familiar y social (CNAT, Sala VII, SD 8102 del 24/5/84, in re: "Perga Rodolfo c/ Fabril Linera S.A.").

Para graduar la indemnización ha de ponderarse la edad de la víctima (23 años), el porcentaje de incapacidad atribuido (4% t.o.), la naturaleza de las lesiones y también la remuneración que percibía el trabajador al momento del infortunio - $1.350,63- ( conf. sent. 14806 31/11/06 "Brizuela, Antonio c/ Phonex Isocor Compañía Sudamericana de Cielorasos SA s/ accidente del registro de esta Sala) pero sin que el juzgador esté obligado de ninguna manera a utilizar fórmulas o cálculos con precisión matemática, con el riesgo de arribar a resultados que podrían colisionar con la realidad socioeconómica de un momento determinado (CNAT, Sala VII, SD 21.159 del 23/10/92), ya que no nos encontramos ante un caso de indemnización tarifada (así se ha expuesto en diferentes precedentes de esta Sala X, tales como SD 273 del 18/9/96 in re: "Córdoba Emilio c/ S.A. OCA s/ accidente ley 9688", SD 798 de diciembre de 1996 in re: "Retamozo Luis Oscar c/ Diacrom S.A. y otro s/ accidente", entre otros).

En mérito a lo dicho, de conformidad con el porcentaje de incapacidad asignado, los extremos merituados precedentemente y las pruebas producidas en la causa, entiendo que la indemnización otorgada en primera instancia comprensiva del daño material, resulta excesiva. Por ello, sugiero reducir dicho monto a la suma de $ 20.000 (Pesos veinte mil), con más los intereses dispuestos en origen, toda vez que a mi juicio, dicho importe reviste el carácter de restitución integral del daño tal como lo exige la Constitución Nacional.

En lo que respecta al daño moral, en función a la reducción antes resuelta, hacen viable la reparación para casos como el presente en que ha mediado responsabilidad objetiva en los términos del art. 1113 (doctrina plenaria sentada en el caso "Vieites Eliseo c/Ford Motor Argentina S.A.", de la CNAT del 25/10/82, y SCBA in re: "Sarmiento c/Textil Ibero Americana" del 30/6/81, en DT 1982-A, p. 188 entre otros), razón por la cual sugiero confirmar su procedencia, aunque ajustando su monto a la suma de $4.000 (Pesos cuatro mil).

Ahora bien, cabe determinar si existió responsabilidad civil de la citada como tercero Prevención ART S.A., por las afecciones que padece Sosa. En este contexto, advierto que, ninguna imputación de responsabilidad, más allá de su condición de aseguradora en los términos de la ley 24.557, se le formuló ni siquiera tangencialmente (ver fs. 34 vta.), ni se especificó en el escrito de inicio cuáles serían las omisiones al deber de control en que supuestamente habría incurrido aquélla como para imputarle responsabilidad, en el marco de una acción fundada en disposiciones del derecho civil sino todo lo contrario (ver fs. 41). En ese contexto, es atendible la queja de la aseguradora citada porque la sentenciante de grado practicó su análisis desde una imputación de responsabilidad sustentada en el art. 4 y 31 de la ley 24.557 y art. 1.074 C. Civil que nunca tuvo lugar, violando así el principio de congruencia (conf. art. 163 inc., incs. 3, 4 y 6 C.P.C.C.N.), al resolver sobre cuestiones no articuladas por las partes.

De todos modos, tal como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala en otras oportunidades, el hecho de que se haya declarado la invalidez constitucional del art. 39 LRT, no implica que las aseguradoras de riesgos del trabajo no deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la ley 24.557 ni que el dador de trabajo no puede encontrar alguna protección, al menos en la medida de su aseguramiento.

Resolver de otro modo, eximiendo a la ART, de toda responsabilidad por la condena dictada en autos, implicaría un daño al empleador, quien se encontraba obligado a contratar el seguro, y a quien la misma legislación que le imponía tal obligación le garantizaba que estaba cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes.

Frente a este tipo de reclamos, si se exime a las ART de toda responsabilidad, el empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba, sino además con que la contratación del seguro no le reportó beneficio alguno en lo que hace al pago de la indemnización por incapacidad permanente, lo que implica tanto como admitir que la obligación de contratar que impone la ley 24.557, carece de finalidad para los empleadores, o que el monto que pagan por los seguros, resulta desproporcionado, en tanto no cubren ni siquiera los montos indemnizatorios expresamente previstos.

En contraposición, la ART, que percibió la póliza, se vería enriquecida, por cuanto resulta inobjetable que se ha producido un hecho que la obligaba a pagar las sumas previstas en la ley 24.557, no obstante lo cual se vería liberada únicamente por el fundamento legal escogido por el trabajador para efectuar su reclamo, aspecto que el empleador no puede modificar (el subrayado me pertenece).

El enriquecimiento de la ART y el daño ocasionado al empleador que, en el marco de lo que le imponía la ley, contrató el seguro de riesgos del trabajo y legítimamente ha solicitado ser mantenido indemne, imponen admitir la extensión de la condena a la aseguradora por los montos asegurados, con lo cual cabe atribuirle responsabilidad en el marco contractual habido con el empleador -póliza-, en cuya virtud recaudó primas destinadas a aportar cobertura a las contingencias dañosas que pudiesen derivar de la actividad laboral. En efecto, de la causa surge sin duda alguna que la afección incapacitante que sufre el actor está vinculada directamente con las tareas desempeñadas por el trabajador en ocasión de encontrarse cumpliendo tareas a favor de la demandada, motivo por el que los riesgos creados se encuentran cubiertos por el seguro de riesgo del trabajo. Resulta carente de sentido jurídico que una organización comercial que ha sido autorizada para dedicarse a la actividad del seguro, y que ha percibido las correspondientes primas trate de eximirse de responsabilidad por el hecho de que se haya declarado la inconstitucionalidad de un aspecto de la norma jurídica, lo que en modo alguno implica la inaplicabilidad de las otras disposiciones que integran el plexo normativo.

En este orden de ideas, propongo admitir los agravios en tal sentido, revocar parcialmente la condena dispuesta contra la codemandada Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo, la que deberá responder en forma concurrente con la demandada y hasta el importe objeto de la póliza de aseguramiento.

En cuanto al agravio vertido por la aseguradora en lo que hace a los intereses establecidos en la instancia anterior por la magistrada de grado, entiendo que le asiste parcialmente razón al recurrente, ello por cuanto la indemnización por accidente de trabajo corresponde desde el momento de la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad que padece en relación causal a las tareas desempeñadas, lo que ocurrió a partir de la realización de la pericia médica obrante a fs. 388/390 vta., es decir, desde el 16 de diciembre de 2010.

De conformidad con los argumentos expuestos, corresponde reajustar el monto diferido a condena a la suma total de $ 24.000 (Pesos veinticuatro mil), que llevarán los intereses dispuestos en origen, desde el 16 de diciembre de 2010.

En atención a lo propuesto precedentemente, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de honorarios (art. 279 CPCCN) por lo que el tratamiento de los recursos en este aspecto deviene abstracto.

Teniendo en cuenta el mérito, la extensión de la calidad de las tareas desarrolladas y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado del actor en el 16% (esta parte presentó alegato), de la demandada Anden 15 S.A. en el 11% (esta parte presentó alegato), de la codemandada Prevención ART S.A. en el 11% (esta parte presentó alegato), como así también los del perito contador en el 6%, perito ingeniero en el 6% y perito médico en el 6%, por su actuación en primera instancia, que se calcularán sobre el nuevo monto diferido a condena comprensivo de capital e intereses (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria).

Pese a la modificación propuesta, las costas de ambas instancias se imponen a cargo de la demandada y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en las proporciones por las que progresa la acción (conf. art. 68 C.P.C.C.N.), fijándose los emolumentos a favor de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y tercero citado, por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

En definitiva, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente el decisorio de primera instancia, y en consecuencia, reducir el monto de condena a la suma de $ 24.000 (Pesos veinticuatro mil), la cual llevará a partir del 16 de diciembre de 2010, la tasa de interés dispuesta en la sede de origen, en forma solidaria, a ANDEN 15 S.A. y a la citada como tercero PREVENCIÓN ART S.A. - ésta última en los límites de la póliza de seguros conforme lo dispuesto precedentemente-; 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta en la sede de origen y regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado del actor en el 16%, de la demandada Anden 15 SA en el 11%, del tercero citado Prevención ART S.A. en el 11%, como así también los del perito contador en el 6%, perito ingeniero en el 6% y perito médico en el 6%, por su actuación en primera instancia, que se calcularán sobre el nuevo monto diferido a condena comprensivo de capital e intereses; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en las proporciones por las que progresa la acción, fijándose los emolumentos a favor de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y citada como tercero, por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

I. Coincido con la solución a que arriba mi distinguido colega preopinante excepto en el aspecto relativo al comienzo del cómputo de los intereses.

Si bien es cierto que el pronunciamiento de grado omite precisar el momento a partir del cual los créditos que han sido objeto de condena comenzaron a devengar intereses, discrepo con el fijado en el voto precedente en tanto, a mi juicio, ante la ausencia de prueba acertiva, la fijación del curso de los intereses desde el cese laboral (momento en el cual cesó necesariamente la influencia de las condiciones laborativas como factor nocivo) ocurrido el 18 de mayo de 2006 (extremo que no es objeto de controversia conforme los términos de los escritos de demanda y contestación), como fecha de exigibilidad del crédito, se ajusta a lo establecido en el art. 622 del Código Civil, dada la naturaleza de la afección en que se funda el reclamo de autos.

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente el decisorio de primera instancia y, en consecuencia, reducir el monto de condena a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000), la cual llevará la tasa de interés dispuesta en el fallo de origen desde el 18 de mayo de 2006, en forma solidaria, a ANDEN 15 S.A. y a la citada como tercero PREVENCIÓN ART S.A. - ésta última en los límites de la póliza de seguros conforme lo dispuesto precedentemente-; 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta en la sede de origen y regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado del actor en el 16%, de la demandada Anden 15 SA en el 11%, del tercero citado Prevención ART S.A. en el 11%, como así también los del perito contador en el 6%, perito ingeniero en el 6% y perito médico en el 6%, por su actuación en primera instancia, que se calcularán sobre el nuevo monto diferido a condena comprensivo de capital e intereses; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en las proporciones por las que progresa la acción, fijándose los emolumentos a favor de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y citada como tercero, por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

En lo que es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Corach por compartir sus fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el decisorio de primera instancia, y en consecuencia, reducir el monto de condena a la suma de $ 24.000 (Pesos veinticuatro mil), la cual llevará a partir del 18 de mayo de 2006, la tasa de interés dispuesta en la sede de origen, en forma solidaria, a ANDEN 15 S.A. y a la citada como tercero PREVENCIÓN ART S.A. - ésta última en los límites de la póliza de seguros conforme lo dispuesto precedentemente-; 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios dispuesta en la sede de origen y regular los honorarios a favor de la representación y patrocinio letrado del actor en el 16%, de la demandada Anden 15 SA en el 11%, de la citada como tercero Prevención ART S.A. en el 11%, como así también los del perito contador en el 6%, perito ingeniero en el 6% y perito médico en el 6%, por su actuación en primera instancia, que se calcularán sobre el nuevo monto diferido a condena comprensivo de capital e intereses; 3) Imponer las costas de amabas instancias a cargo de la demandada y Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en las proporciones por las que progresa la acción, fijándose los emolumentos a favor de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y citada como tercero, por su actuación en esta alzada, en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 38 LO).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

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