Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-03-08


PADUAN, Víctor Manuel contra COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOC. Y VIVIENDA DE AVELLANEDA LTDA.

Reg.: A y S t 212 p 213-217.

Santa Fe, 8 de marzo del año 2.006.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la resolución del 18.10.2004 dictada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial, en autos "PADUÁN, Víctor Manuel contra COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOC. Y VIVIENDA DE AVELLANEDA LTDA. - Laboral- (Expte. 16/03)" (Expte. C.S.J. nro. 180, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Contra la sentencia de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial que resolvió: "... Desestimar el recurso de nulidad.

2) Acoger el recurso de apelación de la demandada y revocar la sentencia alzada dejándola sin efecto y disponer en su lugar el rechazo de la demanda ...", deduce el accionante recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055, juzgándola lesiva del derecho constitucional de propiedad y del principio de seguridad jurídica.

En el memorial recursivo, le agravia que la Alzada afirmara que su parte se aferró a la existencia de una comunicación de despido sin causa desoyendo a la empleadora quien, contrariamente, sostuvo que el mismo no existió, afirmación que tacha de arbitraria en el entendimiento de que el despido es irretractable, salvo acuerdo de partes.

Expresa que la Cámara se funda en meras presunciones al sostener que resulta poco creíble que encontrándose en trámite un sumario administrativo la accionada dispusiera el despido sin causa, cuando en realidad reconoció su firma en la comunicación de despido y la pericial caligráfica permitió precisar que el acuse de recibo de tal comunicación la confeccionó un empleado administrativo de la empresa. Reprocha al decisorio sustentarse en presunciones al determinar la conducta que su parte debía observar y soslayar el análisis de serias pruebas como lo son, las pruebas documental, informativa y pericial, sosteniendo que resulta irrelevante si la decisión de Quiróz fue consultada o no, puesto que el mismo envió la comunicación de despido, lo que generó en su favor un derecho indemnizatorio.

Afirma que los jueces de la causa han preterido ponderar presunciones que acreditan fehacientemente el despido, las que en un apretada síntesis expone del siguiente modo: a) constancia de la empresa dando cuenta del ingreso y egreso del actor el día 14.2.2000 -egreso que no se justificó-, falta de constatación de su inasistencia por un médico auditor y de intimación Considera que lo sentenciantes debieron evaluar el plexo probatorio en su conjunto, acorde al principio de la sana crítica racional, sosteniendo que la motivación de la sentencia basada en meras apreciaciones apareja un supuesto de gravedad institucional por afectación del debido proceso legal y derecho de defensa en juicio.

Explicita jurisprudencia del Alto Tribunal provincial atinente a la forma en que deben interpretarse las probanzas de autos a fin de no incurrir en arbitrariedad.

Alega que el fallo incurre en contradicción por cuanto el vocal preopinante si bien admite los agravios, al momento de votar lo hace por la "negativa", decisión que irroga incertidumbre no sólo de saber qué votaba en negativa, sino también, si tal referencia hace al despido "con causa" que la empleadora dispusiera , considerando que de así acontecer se estaría resolviendo una cuestión no propuesta por su parte.

Por consiguiente, dice, "...si la Alzada entiende no probado el despido sin causa, pero a su vez omite analizar la causal del despido expresa indicada como abandono de tareas que formula la demandada ..., pero no obstante con un escueto 'voto por la negativa' refiere que no admite como extinción del vínculo...", tal circunstancia conduce a interrogarse sobre la forma de extinción del contrato de trabajo que unió a las partes.

La Cámara a quo, mediante auto del 26 de abril de 2005 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del compareciente ante esta sede.

2. Aún cuando se consideraran superados los recaudos formales juzgados insatisfechos por la Alzada (artículo 1 in fine y 3 de la ley 7055), el recurso igualmente no ha de prosperar por cuanto si bien en el escrito de interposición se imputa a la sentencia algunos vicios que, formalmente concretan supuestos de denegación del derecho a la jurisdicción, lo que aneja la introducción de cuestión constitucional bastante, no se demuestra de qué modo la recepción de aquéllos, frente a lo decidido por la Cámara, desencadenaría una solución distinta a la resuelta.

En el sub judice no obstante invocarse arbitrariedad, de la confrontación de los agravios con la sentencia impugnada surge que toda la argumentación recursoria, pese al matiz constitucional que el compareciente aspira otorgarle, se vincula con el criterio con que el Tribunal a quo analizó los hechos de la litis conforme surgían de las constancias de autos y, con el que valoró las pruebas y en función de ello, interpretó y aplicó las normas comunes pertinentes, ámbito que resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.

En efecto, la inteligencia del fallo se fundó suscintamente en la subsistencia del contrato de trabajo (artículo 10, L.C.T.) y en que el comportamiento del actor no se ajustó a las previsiones contempladas en los artículos 62 y 23 de la mencionada ley, circunstancias éstas que aunadas a una recta interpretación de los hechos imponían al accionante prudentemente reintegrarse a sus tareas en aras de la continuidad del contrato, no obstante lo cual, el mismo se mantuvo tenazmente en su postura, es decir, en la existencia de una comunicación de despido sin causa, de la que deriva su petición indemnizatoria.

Para así sostenerlo, el Tribunal a quo ponderó que la Cooperativa rechazó el reclamo indemnizatorio de Paduán; negó haber decidido su despido, afirmando que por el contrario, el mismo dejó de concurrir injustificadamente al trabajo el 15.2.2000, por lo que intimó su reintegro (según carta documento del 21.02.2000); sostuvo la falsedad del texto de la comunicación cuya existencia niega como así el tenor de la nota fechada en 5 de enero de ese mismo año, la que fuera acompañada por el actor, aclarando que el papel con membrete de la empresa suscripto en blanco por el C.P.N. Quiróz lo fue para facilitar convenios de pago de los usuarios, señalando que el mismo fue sustraído y llenado por terceros en contra de su voluntad.

Y a la luz de tales pautas, los sentenciantes concluyeron que no se estaba en presencia de una retractación de la empleadora (artículo 234, L.C.T.) ante la intimación al pago que efectuara Paduán de las sumas derivadas del despido incausado.

Asimismo, la Cámara luego de analizar el comportamiento del actor expresó que ante la sanción disciplinaria firme y el sumario administrativo en curso era poco creíble que la empleadora dispusiera un despido sin causa y efectuara la presión a negociar que se le imputa, máxime, considerando la antigüedad de Paduán, la solvencia de la empresa y los diversos reclamos de reintegro formulados luego de ser intimada al pago, circunstancia esta última expresamente reconocida por el actor al absolver posiciones, por lo que en definitiva considera que si el mismo (Paduán) era ajeno a la comunicación de despido y a los hechos investigados no debió temer en continuar la relación laboral.

El Tribunal a quo también refirió a la pericial caligráfica, haciendo hincapié en el valor indiciario que le otorgó el perito a la no correspondencia con la modalidad de suscripción de Quiróz y al amplio espacio gráfico observado en ambas notas entre el texto y la firma, dictamen que deja dudas acerca de la existencia del despido, señalando que dicha prueba se presentó a más de un año de la declaración testimonial de Florez, empleado de la accionada sindicado como autor del acuse de recibo de la supuesta comunicación de despido, situación que aparejó la imposibilidad de interrogar al mismo sobre "...si en dicha oportunidad fue mandado por alguien, o lo hizo por su propia cuenta, o fue una broma o si la maniobra de llenar el aviso respondió a un plan urdido por otro u otros".

A esa línea conceptual opone el actor su propio enfoque del caso afirmando la existencia de una comunicación de despido sin causa por parte de la Cooperativa, postura que sustenta a lo largo de todo el proceso y en la que se apoya su derecho indemnizatorio, considerando que la Alzada al concluir en la subsistencia del vínculo laboral atento las condiciones de la causa (sumario administrativo en trámite, sanción disciplinaria firme y lo dictaminado por la perito calígrafa) se fundó en meras presunciones, soslayando analizar pruebas decisivas para la solución de la litis, las que a su entender, de haber sido ponderadas hubieran cambiado la suerte de la litis.

Discute así los fundamentos expuestos por los juzgadores en la sentencia recurrida en cuanto concluyeron que la demandada jamás exteriorizó la voluntad de extinguir el vínculo laboral, exponiendo frente a cada una de dichas argumentaciones su propio parecer, formulando su particular valoración de los hechos, de la prueba y el derecho aplicable, disintiendo con la labor efectuada, en tal sentido, por la Cámara.

Y en orden a la alegada contradicción, cabe señalar lo acertadamente sostenido por la Cámara en la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, en la que expresó: "...la frase "Voto por la negativa" cuestionada ... como vulneratoria del debido proceso, la misma y como es de práctica constituye la respuesta a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo, esto es si la sentencia apelada es justa, respuesta que en el caso en examen fue el voto por la negativa. De haberse considerado justa la sentencia alzada el voto se habría emitido por la afirmativa de modo que sólo cabe remitir a las cuestiones propuestas al Acuerdo para desestimar la alambicada crítica..." (vid. f. 27), argumentación que el compareciente tan siquiera intenta desmerecer en su presentación directa, quedando de tal suerte incumplida la carga impuesta por el artículo 8 de la ley 7055.

En definitiva, se advierte la falta de vinculación existente entre los vicios invocados y los fundamentos del fallo recurrido, con lo que en rigor, no luce planteada cuestión constitucional alguna, apareciendo el escrito recursivo como una mera manifestación de disconformidad del recurrente con los fundamentos de la sentencia impugnada -tal como ya se expresara ut supra-, lo que obsta a la concesión del recurso de inconstitucionalidad, toda vez que éste no constituye una tercera instancia ordinaria, sino un remedio de excepción cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los tribunales ordinarios en su competencia jurisdiccional.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO (en disidencia)-GASTALDI (en disidencia)-NETRI-SPULER- VIGO-Fernández Riestra (Secretaria) DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA MARÍA ANGÉLICA GASTALDI Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ROBERTO HÉCTOR FALISTOCCO La postulación del recurrente cuenta -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por lo tanto, corresponde acoger la queja interpuesta.

FDO.: FALISTOCCO-GASTALDI-Fernández Riestra (Secretaria).