Prisión perpetua, constitucionalidad, apreciación de la prueba, garantías procesales, jueces naturales
Materia: PENAL
Carátula: CANALES MARIANO EDUARDO - CASTILLO GABRIEL ALEXIS c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-11

Respecto de la inconstitucionalidad de art. 207 del CPPN tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia en varios precedentes que: [...] "... [2.2)] A nivel local, (...) el artículo 64 de la Constitución Provincial prevé que '...la legislatura establecerá el procedimiento por el que se realizará el juicio oral...'. Ello en consonancia con las competencias propias reservadas por las provincias en la organización estatal federal (artículos 5, 121, 122, 123 y 124 de la Constitución Nacional). Así, el legislador provincial en el Código Procesal Penal del Neuquén, Ley N° 2784, incorporó el juicio por jurados para aquellos casos en los que el Ministerio Fiscal requiriera una pena privativa de libertad superior a los quince años (artículo 35 y concs. del C.P.P.N.). (...). [2.4)] En ese marco, el artículo 207 del rito, último párrafo -aquí cuestionado- establece que '...en los tribunales compuestos por doce (12) jurados, el veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de ocho (8) votos. En los casos en que no se alcance lo exigido, el veredicto será de no culpabilidad'. [2.5)] Ahora bien, estimo que la mayoría prevista - en el mencionado precepto- para el dictado del veredicto de culpabilidad no produce vulneración alguna a las garantías constitucionales del imputado. El debido proceso se encuentra resguardado a través de una acusación -clara, precisa, completa y concreta-, del ejercicio del derecho de defensa, de la producción de elementos de convicción en el debate oral, a partir de lo cual, resulta el veredicto de la íntima convicción de los pares y el juez profesional determina -también en audiencia- la calificación legal y la pena correspondiente, contenido en la sentencia (previsto en el Título II del Libro IV del C.P.P.N.). [2.6)] En relación al principio de inocencia y al 'in dubio pro reo', se dijo que '...las convenciones internacionales de derechos humanos incorporadas hoy a nuestra CN (75 inc. 22) incluyen ese aforismo por remisión a la presunción de inocencia, con cita expresa de la necesidad de la certeza para condenar y de la imposibilidad de invertir la carga de la prueba (por ej. CADH, 8, n° 2; PlDCyP, 14, n° 2). (...). [2.8)] (...) el mayor o menor grado de la deliberación no se encuentra sujeto a la mayoría o a la unanimidad, sino que depende de la prueba producida en el debate y su mayor o menor pertinencia y utilidad para generar la convicción necesaria...' (...). 2.10) Además, en referencia al argumento histórico expuesto por la Defensa, por un lado, cuando se incorporó el juicio por jurados en nuestra Constitución Nacional ya existían distintos modelos - unanimidad para algunos delitos, distintas mayorías- y el constituyente no optó por uno en particular; por otro lado, no hay que olvidar que el ordenamiento jurídico constitucional -como el resto del sistema- es dinámico, que la voluntad del constituyente originario acorde a una realidad histórica, social, política y jurídica diferente a la actual tiene que ser interpretada conforme a las características actuales del contexto. Además, las provincias se reservaron la facultad de legislar en lo atinente a la normativa procesal por lo que una interpretación sistemática lleva a concluir que la adopción de una determinada mayoría para el dictado de un veredicto de culpabilidad resulta legítima en la medida en que el legislador local, en uso de facultades propias, la eligió entre los distintos modelos existentes como la que más acorde a la idiosincrasia actual de la provincia y ajustada a la normativa constitucional..." (Acuerdo N° 16/2015 "GONZÁLEZ, José Sebastián s/ Homicidio (Impugnación Extraordinaria)", del 30/04/15; Acuerdo n° 27/2015, "Barría, Francisco Rodolfo s/ Dcia. Pto. Delito contra las Personas 'Impugnación Extraordinaria'", rto. el 06/08/2015).