marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González de Cuello, Marciana c/ Coz, Heriberto Alejandro y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-01

Todo lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto (art. 1084 del Código Civil) es un concepto amplio que no se agota en el mero reemplazo de la fuente de ingresos que para ellos representaba el occiso, toda vez que el impacto económico de la persona humana no es susceptible de limitarse a dicho aspecto, comprendiendo también aportes de orden personal de variada especie y significación, en especial cuando se trata, como en el caso, de un varón, padre de familia y único sustento, al menos hasta su deceso, del grupo familiar reclamante. De modo que la determinación del perjuicio sufrido no puede limitarse a la sola comprobación de los ingresos, por un lado, ni a cuantificarlo por la mera adición de ellos durante el tiempo presunto de vida laboral posible, por el otro; aunque ellos son, sin dudas, una pauta de consideración ineludible.
Daños y perjuicios, daño resarcible, gastos de traslado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruiz de Gabucci, Adriana c/ Monzón, Ezequiel s/ Indemnización de daños y perjuicios Constanzo del Vidio y otra c/ Empresa del Oeste s.a. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-09|1994-06-30

La naturaleza de las lesiones sufridas por el coaccionante, hacen presumir en grado de certeza -art. 163 inc. 5, 2º p. del C. Civil- que el lesionado debió recurrir a servicios de transporte privados durante el período de su curación, máxime teniendo en cuenta la privación del vehículo destruido.
Deudor hipotecario, vivienda única, bienes inembargables, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS UMBERTO PRIMO c/ CASTRO, FERNANDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - EJECUCION HIPOTECARIA (EXPTE.:C.S.J. NRO. 228 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

La protección normativa otorgada a los deudores hipotecarios que cuentan con la ayuda económica del Banco de la Nación Argentina tiene base constitucional y legal, según la doctrina de la Corte nacional y local, a lo que cabe agregar lo dispuesto por la ley 26167, que aclara e interpreta la aplicación del conjunto normativo de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por la ley 25561, sus modificatorias, complementarias, prórrogas y aclaratorias, inclusive la ley 25798 -Sistema de Refinanciación Hipotecaria, sus modificatorias y prórrogas-, en tanto reza en su artículo 15 que: "en caso de duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la presente ley, los jueces se decidirán en el sentido más favorable a la subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de familia, en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional".
Responsabilidad del Estado, error judicial
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Martínez, José Manuel c/ E.N.  y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-18

Las actuaciones sumariales labradas a fin de obtener la restitución de la cosa obtenida por delito mientras no se alegue y se pruebe que sean arbitrarios o irrazonables, no implican un obrar antijurídico del Estado, por lo tanto no son susceptibles de comprometer su responsabilidad. Esta sólo surgiría en aquellos casos de error judicial manifiesto, evidente, en todo caso inoponible;

sólo en la sentencia definitiva, pues es en esta donde el demandado expresa su voluntad.
Competencia por la materia, grupo económico, concurso preventivo, concurso en caso de agrupamiento, quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: Juan  Bracho  García  e  Hijos S.A. y otros s/ pedido de quiebra solicitado por Carlos Antonio Berloqui.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

La consideración de la posible existencia de un conjunto económico, a los fines de la acumulación, sólo resultaría procedente de manera forzada en el procedimiento de quiebra decretada y no en los supuestos de petición voluntaria de concurso preventivo, en los que la solicitud es una facultad que se otorga al concursado, que inclusive está sometida al control y rechazo judicial si no se acredita la existencia del agrupamiento (art. 65 de la ley 24.522).
Delito penal, tradición, robo con armas, extorsión
Materia: PENAL
Carátula: M., O. Y OTRO s/ Robo (Expte Nº 145-93, Resolución Nº 15, Tomo 2, Folio 112)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-29

La forma de desplazamiento de la cosa de la víctima al autor no es un criterio esclarecedor respecto de la diferenciación de las figuras de robo y extorsión."...En realidad, no es posible encontrar diferencia esencial entre la conducta de quien da de propia mano una cosa mueble, con la de aquél que asiente a que otro se la lleve en su presencia..."
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, cuestiones de hecho y prueba, resolución extrajudicial del contrato, incumplimiento del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Franova Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso de apelación ordinario concedido apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

En virtud de la naturaleza del contrato celebrado y los términos de la escritura aludida, y ante los incumplimientos de la contraparte (ex MCBA), en este caso, no le asistía a la actora el derecho para dar por rescindido el contrato en forma unilateral mediante una intimación extrajudicial con apoyo en el art. 1204 CC.
Corrupción del funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública
Materia: PENAL
Carátula: V., M. G., P., J. H., M., A. N., B., A., M., R. Á., S., R. A., S., S. N. s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real, en calidad de partícipe necesario en negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas (la primera, la tercera, el cuarto, el quinto y el sexto); Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público y Abuso de autoridad, en concurso real,  en calidad de partícipe necesario del delito de fraude en perjuicio de la administración pública (el segundo); Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso real con fraude en perjuicio de la Administración pública (la séptima)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-03

La figura penal en cuestión (Art. 265 C.P.) exige que el autor -funcionario público- desdoble su condición de funcionario adoptando un interés personal a la vez que continúa en funciones como órgano del Estado.

El delito tutela el interés de la sociedad en la imparcialidad de la administración pública, es decir, que sus órganos no sólo actúen con plena imparcialidad y que al mismo tiempo se encuentren libres de toda sospecha de parcialidad.

No necesariamente debe producirse un perjuicio para el Estado o un lucro personal del autor, es suficiente el interés de éste demostrado en miras a un beneficio propio o el de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.
Daños y perjuicios, daño moral, muerte
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios. Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-15|1994-02-15

El daño moral consiste en el menoscabo o la lesión a intereses no patrimoniales provocada por el evento dañoso, es decir, por el hecho o acto antijurídico. No es posible exigir que exista una proporción preestablecida entre el daño moral y material. Para determinar si la suma que se condena por indemnización en concepto de daño moral por el inferior, repara equitativamente los daños sufridos, corresponde mensurar las afecciones legítimas, los sinsabores, sufrimientos y dolores. La reparación del daño moral tiene vinculación con los sentimientos del sujeto, es decir no está referido al patrimonio de una persona, el que tiene su remedio a través de una compensación de carácter patrimonial. Por su naturaleza o esencia, el daño moral está referido a intereses y afecciones de carácter extrapatrimonial, donde el dinero sólo puede tener efectos sucedáneos. Como consecuencia de ello, el sentenciante no puede manejarse con términos absolutos, ni puede exigir prueba acabada del daño sufrido, antes bien evalúa indicios y presunciones. La fórmula más precisa para individualizar la reparación debe tener en cuenta que lo indemnizado es el daño -el que debe mensurarse en cada caso en particular- y que la determinación del quantum, debe guardar razonable proporción con la calidad del agravio.
Trabajadores de la construcción, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ZARATE, MIGUEL c/ BENITO ROBBIO E HIJOS  S.A. s/ LEY 22250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31

Si bien la demanda judicial podría asimilarse a la intimación establecida por el artículo 18 de la ley 22250 (Conforme Sala V, sentencia del 27 de julio de 1985, 'Taboada c/ Seidman y Bonder S.C.A. '), no puede arribarse a esa solución si el trabajador afirma en su demanda que intimó pero no aporta constancias de ello y, por otra parte, tampoco se desprende de su escrito de inicio que pretenda hacerlo valer para aquel fin.
Prueba, sana crítica racional
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: QUINTEROS JORGE ALBERTO Y OTRO s/ PRUEBA - SANA CRITICA RACIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-06-12

La regla de la libertad probatoria propia del juicio oral, encuentra su limitación en la ley procesal (c.P.P., art. 215) que sigue el principio constitucional de la autonomía provincial frente a sus propias instituciones locales y entre ellas las procedimentales, pero acorde con las disposiciones reglamentarias, que dicte en su caso el Congreso, prescribiendo ciertas formalidades en el ejercicio de determinados derechos otorgados en los códigos de fondo.

Consecuentemente, ni la naturaleza del juicio oral ni la consecución de la verdad real, es motivo para apartarse del criterio expuesto, ya que la libre convicción del juzgador referida a la apreciación de la prueba, no autoriza, en forma alguna, la admisión de lo que esta expresamente vedado por el Congreso, en el correcto ejercicio de las facultades tendientes a preservar las instituciones que le corresponden regular.-
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, principios procesales, preclusión, buena fe, prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: Sociedad  Anónima  Agrícola  Ganadera  Nehuen c/ Buenos Aires,Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

El principio de igualdad se vería patentemente vulnerado por el intento del actor, en la medida en que bajo la dogmática invocación de que la demandada alegó nuevos hechos, contaría con una segunda oportunidad para ofrecer pruebas mientras que su contraparte habría tenido sólo una, y de este modo, convertiría el proceso en un "juego de sorpresas" que desconoce los principios de preclusión y de buena fe.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, extradición, domicilio constituido, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Lesme López, Porfirio s/ extradición pasiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-16

Si la defensora oficial que interpuso recurso ordinario de apelación contra la decisión que admitió una extradición, no constituyó domicilio en la tercera instancia ordinaria ante la Corte Suprema, corresponde dar intervención al defensor oficial ante el Tribunal, a fin de garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa requerido.
Contrato de trabajo, grupo económico, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: TARANCO, JUAN J. c/ CITROEN ARG. SA. Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-30

El artículo 31 de la LCT. establece la solidaridad con respecto a las obligaciones contraídas 'por cada una' de las integrantes del grupo económico 'con sus trabajadores' o sea ' sus dependientes'. Se conserva la individualidad de los componentes del grupo y la norma se refiere a lo 'que le es debido' al trabajador por quien fuera 'su' empleador (artículos 496, 497, 499 y concordantes del Código Civil, artículos 21, 74 y concordantes de la LCT.).
Facultades del Poder Ejecutivo, decreto de necesidad y urgencia, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

La ausencia de reglamentación legal del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional no puede dejar inerme a la sociedad frente a las situaciones que el propio texto constitucional ahora prevé como excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios del mismo carácter (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Movilidad del haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales, inconstitucionalidad, sentencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SZCZUPAK, Sofía Rebeca c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-16

La sentencia que hace lugar al reclamo por movilidad de los haberes no supone constituir en cabeza del reclamante un derecho nuevo del que antes carecía, sino reparar la violación de aquellos amparados por los arts. 14 nuevo y 17 de la Ley Suprema, producida por la aplicación de un sistema legal violatorio, en la práctica, del texto constitucional y del mismo espíritu que inspiró la sanción de los arts. 49 y 53 de la ley 18037. Por ello, la condena que ella decida, debe comprender las diferencias resultantes a partir de los dos años anteriores al reclamo administrativo. (del voto del Dr. Fasciolo).
Contienda negativa de competencia, competencia comercial, establecimientos agropecuarios
Materia: CIVIL
Carátula: Alfa Agro S.A. c/ Agro Export De Las Sierras S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-16

Planteada contienda negativa de competencia entre un Juzgado civil y uno Comercial en la demanda dirigida por una empresa agropecuaria contra otra por supuesto incumplimiento de contratos suscriptos para el levantamiento de una planta industrial para empaque y compactación de alfalfas, la cuestión debe resolverse a favor de la competencia del juzgado comercial, pues de las constancias de la causa se advierte que el supuesto incumplimiento contractual denunciado por la actora se enmarca dentro de la actividad económica organizada que desarrollan las partes bajo la forma de empresa, lo que lleva a concluir que la naturaleza del reclamo incoado reviste neto corte mercantil.
Policía Provincial, adicionales de remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P. E. c/ C., O. E. y otro s/ Demanda de Nulidad. R., J. C. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-02|2018-10-02

El 08 de octubre del año 2015, el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto N° 1453/15. Mediante este autorizó al señor Ministro de Economía y Crédito Público a liquidar el Suplemento por Antigüedad dispuesto en el art. 149 de la Ley XIX N° 8, conforme a su Anexo A. En este se establece que el cálculo del Suplemento por Antigüedad incluirá en su base a los siguientes ítems: Básico - Suplemento por Riesgo Profesional - Presentismo - Suplemento por Responsabilidad Funcional - Adicional Remunerativo no Bonificable - Adicional No Remunerativo No Bonificable - Suplemento por Dedicación Especial - Suplemento por Asignación Especial. Queda expuesto que a partir de este Decreto, la polémica sobre la norma que instituye el pago del rubro pretendido, denominado "Antigüedad", ha perdido virtualidad, como así también aquella otra cuestión concerniente a la forma en que la Administración debe liquidarlo. De la simple lectura del referido acto administrativo surge manifiesto que el Estado Provincial adoptó el criterio expuesto por este Superior Tribunal en los numerosos precedentes por lo que se resolvió el tema en cuestión y extendió los efectos de las sentencias dictadas en causas particulares a todos los empleados policiales.
Educación pública, educación laica, Convención Constituyente, reforma de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-12

Del debate de la Convención Nacional Constituyente de 1994 surge inequívoco el carácter laico y gratuito de la educación pública como un principio clave para asegurar la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, daño ambiental, Derecho ambiental
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LALLANA, LIDIA OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-04-25

Teniendo presente el amplio desarrollo jurisprudencial y doctrinario en lo relativo a la protección del medio ambiente y su regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece límites al ejercicio de los derechos individuales en función de los derechos de incidencia colectiva, y asimismo regula el deber preventivo a cumplir por aquellas personas que desarrollen una actividad que sea previsible de producir un daño, cabe concluir que los argumentos expuestos al respecto por el Tribunal A quo lucen suficientes y resultan acordes a esta tutela, por lo que no puede prosperar el remedio interpuesto por la codemandada habida cuenta que, al penetrar en el ámbito de lo sustancial -con las limitaciones propias de este estadio- del memorial introductorio del recurso en confrontación con lo resuelto en la sentencia impugnada, se advierte que los planteos que la compareciente intenta encuadrar en hipótesis conculcatorias de garantías constitucionales carecen de consistencia y no alcanzan a demostrar la configuración de los pretendidos vicios imputados. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Mendoza, Beatríz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios", del 20.6.2006. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículo 41; Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1, 2, 3, 14 y 204; Leyes nacionales 25675 y 27520; Leyes provinciales 11717 y 14019; Dcto. provincial 101/03.
Colegio electoral, composición del colegio electoral, quórum
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

La designación de presidente y secretario del Colegio Electoral con un quórum de la mitad más uno de los electores, es imperativa (arts. 114 y 117 de la Constitución de Corrientes). En modo alguno puede obviarse la existencia de dicho cargo por la constatación ex post facto de que no se han producido empates y sobre la base de la afirmación dogmática de que su única función sería la de desequilibrar ese tipo de situaciones.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vigo Oscar Severo y otro c/ Gutiérrez Jorge Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-14

Lo expresado por el juez penal, valorando la testimonial recibida que "ante la súbita aparición del viandante en la calzada, a la que ingresó por lugar prohibido, entre dos rodados detenidos y sin asegurarse que podía cruzar sin peligro...el accidente no hubiera podido evitarse" conforme descripción del accidente y de las circunstancias en que se produjo y en las que fundó la absolución del imputado, lo cual no pueden reverse en sede civil, por hacer ellas al "hecho principal" (art.1103 C.C.; SCBA. Ac.54486).
Allanamiento domiciliario, personal policial, delegación de funciones, nulidad relativa, oportunidad procesal, confirmación del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Cayamilla, Oscar L. y Millanahuel, Jorge C. s/ Robo s/Casación Bratulich, Leandro s/ Denuncia robo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-05|1995-06-05

La eventual nulidad de la diligencia -allanamiento con delegación de funciones en segundo grado- por hallarse en contradicción con uno de los aspectos del art. 208 del rito, debe ser considerada como de carácter relativo. Ello significa que el pedido pertinente ha de ajustarse a los términos del art. 162. Es decir, haberse realizado durante la instrucción o en el término de citación a juicio. El planteo efectuado al alegar, es decir: en la última intervención procesal del defensor anterior a la sentencia que pone fin a la causa -sin señalar daño alguno para la defensa- deviene extemporánea. Más que como un serio y meditado argumento técnico, aparece con las características de un intento postrero y desesperado para revertir la suerte de un juicio que podía advertir comprometido en su resultado.

La falta de denuncia oportuna hace que se produzca el efecto convalidante del art. 163 inc. 1 del Cód. Procesal. (Según su voto:

Dr. Leiva).
Prueba, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: Contreras, Elisa de los Milagros c/ Pocha Boutique de Olga C. Polo y/o resp. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-03-25

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, , quien se duele porque el a-quo considera probada la relación laboral. Ello así, ya que surge que las declaraciones testificales son claras, precisas y concordantes en lo esencial que la actora trabajaba para la demandada en el establecimiento de su propiedad, cumpliendo funciones inherentes al giro normal y específico del mismo, las que completaba incluso realizando los trámites bancarios. Asimismo y de allí deriva su fuerza legal y convictiva, tales testimoniales se presentan como sinceras, específicas, objetivas, imparciales, concluyentes y coincidentes, tanto que no dejan dudas.
Revocación de sentencia, desagio, decretos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Cía. Swift de La Plata  S.A.F.  y otros s/ quiebra,  inc.  liq. Deltec Arg.  S.A.  y Deltec Internacional Ltda.   inc. ejec. de adjudicación,  inc.  de apel., resol. de fs. 3078/83 de  fecha 8-9-87.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Es descalificable el pronunciamiento que no admitió la pretensión de desagiar la deuda, si el razonamiento del a quo equivale a prescindir de la aplicación del decreto 1096/85, al suponer que la simple proyección de los índices pasados, continuando la aplicación del método asincrónico de ajuste, recompone la obligación expresándola a valores reales de la nueva moneda.