Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-09


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17449 EXPEDIENTE Nº 10.238/10 SALA IX JUZGADO Nº43	En la Ciudad de Buenos Aires, el 9 de noviembre de 2011 para dictar sentencia en los autos caratulados: "JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. C/QUISPE NELSON ANIBAL S/JUICIO SUMARISIMO", se procede a votar en el siguiente orden, EL DR. ROBERTO C. POMPA dijo:

I.- La sentencia dictada en la anterior instancia que desestimara la exclusión de tutela sindical para rescindir el contrato laboral suscita la queja de la reclamante a fs. 125 y 130/132.

II.- Más allá de los reparos que merece la queja impetrada con relación a lo normado en el art. 116 de la L.O., advierto que, un análisis de los elementos de juicio aportados a la causa permite adelantar que los argumentos recursivos no logran desvirtuar los fundamentos utilizados por el Señor Magistrado de grado para arribar a las conclusiones de la sentencia dictada, agregando que la remisión a precedentes judiciales que utiliza el recurrente no constituye un agravio, en tanto no se lo vincule con las circunstancias de la causa y probanzas producidas.

En efecto, la demandada solicita la rescisión del contrato de trabajo en virtud de las actitudes injuriosas incurridas por el trabajador, que enumera: a) Por haber hostigado constantemente al personal de la compañía, agrediendo verbalmente tanto al gerente de la sucursal donde el dependiente presta servicios, propinando insultos de todo tipo, cerrando las cajas del local sin contar con autorización al efecto; b) Haber impedido el ingreso de clientes a la sucursal donde presta servicios y c) Por haber tomado diversos productos de la góndola el 21/12/09, retirándose de la sucursal sin abonarlos.

Desde tal perspectiva, se agravia porque el Sr. Juez "a quo" sostuvo que la única prueba aportada - declaración del testigo Ramírez - no fue valorada como eficaz.

Ahora bien, considero que resulta ajustada la valoración efectuada en la sentencia de grado dado que el testigo se refiere a los hechos invocados como sucedidos en diciembre de 2009 sobre la base de los dichos del gerente, es decir que no los presenció, por lo que no puede dar fe cierta de los mismos. A ello agrego que las restantes causales invocadas son genéricas y no se explican circunstanciadamente los hechos que se intentan relatar, ni el tiempo en que habrían ocurrido.

Por lo demás, volviendo a las imputaciones de diciembre de 2009, no sólo no fueron presenciadas por el único testigo que declaró en la causa, sino que en todo caso tampoco guardan contemporaneidad con la pretensión de la demanda que data de abril de 2010.

Recuerdo que el derecho de tutela sindical no sólo se encuentra regulado en la ley 23.551, sino que se trata de un derecho constitucional. Así, en la parte pertinente, el art. 14 bis de la C.N. dispone que ".Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.". Del mismo modo, el Convenio n° 98 de la O.I.T. del año 1949, ratificado por nuestro país mediante decreto ley N° 11.594 del año 1956, dispone: "Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales.".

De esta manera, el derecho de tutela de la actividad sindical forma parte de los derechos fundamentales que no sólo deben ser reconocidos por el ordenamiento legal, sino que se debe asegurar su derecho y eficacia, tanto por el Estado como los particulares, en tanto comprendido en la Declaración de Principios Fundamentales de la OIT de 1998 constituye materia de jus cogens, admitido por la comunidad jurídica internacional, por constituirse en patrimonio jurídico de la humanidad.

El derecho a la tutela de la actividad sindical es de carácter fundamental por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos laborales, individuales y colectivos (cfe. doctrina CIDH, Caso Personas Privadas de la Liberad en la Cárcel de Urso Branco Rondonia del 21/10/2006). Se vincula directamente con el derecho a asociarse contenido en el art. 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este orden, el derecho a asociarse libremente con fines, entre otros económicos, políticos, laborales y sociales, comprende no sólo el derecho a la libertad de asociarse libremente, sino también de buscar la realización de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad (cfe. CIDH, Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia del 2/2/2001. Serie C. N° 72, párrs. 156 y 159).

La libertad de asociación en materia sindical reviste la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y se enmarca en el corpus iuris de los derechos humanos (cfe. CIDH, Caso Huilca Tecse vs. Perú. Senencia del 3/3/2005).

El Estado y los particulares deben garantizar que las personas puedan ejercer plenamente los derechos derivados de la libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna y, no cabe duda, que el despido, cuando carece de licitud, es un acto de violencia, de despojo, que afecta la realización plena del hombre en su dimensión ontológica. La ausencia de aquella protección disminuye la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses (cfe. Corte Europea de Derechos Humanos, "Arzte fur das leben vs. Austria).

La protección es particularmente necesaria tratándose de dirigentes sindicales porque para poder cumplir sus funciones con plena independencia deben tener la garantía de que no serán perjudicados en razón del mandato que detentan en el sindicato (cfe. Comité de Libertad Sindical de la OIT, "La libertad sindical", 4ta. Edición, ginebra, 1996, p. 724).

De acuerdo a los principios del derecho internacional, los recursos judiciales deben existir no sólo formalmente, sino que deben ser efectivos y adecuados, es decir idóneos para proteger la situación jurídica infringida. Así lo indica el principio de que la norma debe estar encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable, por lo que un recurso debe ser eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que fue concebido (cfe. CIDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)Awas Tingni. Sentencia del 31/8/2001. Serie C n° 79, párr. 111). Los Estados tienen la obligación de diseñar y consagrar normativamente recursos efectivos para la cabal protección de los derechos humanos, pero también la de asegurar la debida aplicación de dichos recursos por parte de sus autoridades judiciales (cfe. CIDH, Caso Velazquez Rodríguez y otros. Sentencia del 26/6/87, párr. 90 y 92). Garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos fundamentales (cfe. CIDH, OC-11/90). Los deberes de respeto y garantía constituyen la piedra angular del sistema de protección internacional, pues ellos remiten al compromiso internacional de los Estados de limitar el ejercicio del poder (y aún de soberanía) frente a la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana (cfe. CIDH, Informe anual 1995. Res. 1/96. Caso 10559, págs. 162 y 163. Perú. En "Repertorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", 1971 a 1995, sistematizados y comentados por Oscar L. Fappiano y Carolina Loayza T. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, págs. 171 y 172).

En este contexto de derechos fundamentales, la prueba testimonial adunada, valorada conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 del C.P.C.C.N.) y sin otro respaldo, no resulta suficiente para acreditar la versión del inicio pese a la carga probatoria que se cernía sobre la parte actora (art. 377 C.P.C.C.N.), con la eficacia que se pretende para poder desactivar la tutela que el ordenamiento normativo, nacional e internacional, legal y supralegal, confieren a la actividad sindical.

Por todo lo expuesto, propicio el rechazo de los agravios vertidos y la confirmación del decisorio de grado.

III.- Sugiero imponer las costas de esta instancia a cargo de la actora vencida (art. 68 1º párrafo del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada por sus actuaciones ante este Tribunal, en las sumas de $ 750 y $ 1.250, respectivamente, y a valores del presente pronunciamiento (art. 14 Ley 21.839, mod. por ley 24.432).

El Dr. ALVARO E. BALESTRINI dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. GREGORIO CORACH: no vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que decide y ha sido materia de agravios. 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte actora. 3) Regular los honorarios por las labores desplegadas ante este Tribunal a favor de las partes actora y demandada en las sumas de $750 y $1.250, respectivamente.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Dr. Alvaro E. Balestrini Dr. Roberto C. Pompa Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: