Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-19


Comodoro Rivadavia, 19 de marzo de 2008.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S. I., H. y R., D. P. C/ PROVINCIA DEL CHUBUT Y OTRA S/ ACCION DE AMPARO Expte. Nº 16.646/2007.- La sentencia de fs.1528/1543vta. rechaza la acción de amparo interpuesta por los actores H. S. I. y D. P. R., contra las partes codemandadas Provincia del Chubut y P. A. E. LCC - Sucursal Argentina. Impone las costas a la amparistas y regula los honorarios de los profesionales actuantes.

Apelan los actores y expresan los agravios a fs.1547/1607vta. Formulan, en los primeros capítulos, una reseña de lo demandado, actuado y resuelto y rechazado y a partir del punto IV. se vierte una severa opugnación a la forma y contenido de lo decidido, entendiendo, en resumen, que la solución, fue consecuencia de un razonamiento tortuoso, carente de un hilo lógi-co conductor y de objetividad.

Al llegar al p. 1.2. se afirma la imposibilidad de establecer los argumentos esencia-les del fallo, lo que obsta el adecuado derecho de defensa. Que lo que se rechaza en un punto, se admite y sirve de base para avanzar sobre el otro, todo lo cual descalifica la resolución como acto jurisdiccional válido. Como ejemplo, refieren al contradictorio tratamiento que mereció la excep-ción, debidamente sustanciada, referida a la aún controvertida, falta de legitimación activa.

El punto 2. refieren a la prueba, pero es cuestión superada en esta instancia.

Entienden, tal como se lee en los ps. 3 y 4. que la sentencia contiene un fundamen-to aparente y desgranan al efecto la opinión que emerge de los párrafos transcriptos y enumera-dos como ps. 6 y 7. Sostienen que el a quo adoptó el punto de vista de las demandadas sin tomar en consideración las razones expuestas en la demanda.

Consideran que el sentenciante no tan sólo descalifica anticipadamente la acción sino que además agravia, de modo inadmisible, la conducta previa y posterior a la promoción de la acción de los amparistas.

Confirma lo dicho la aseveración en el fallo impugnado que la acción intentada desborda los limites del art. 54 CPCh., con especial invocación de la doctrina de los actos propios pero sin te-ner en cuenta que las negociaciones primigenias y de las que estas son continuación lo fueron a "puertas cerradas" y se vuelve sobre el contenido de la demanda, presumiendo que el a quo no le ha prestado la debida atención.

Al llegar a cuarto agravio, se transcribe el p. 8) de los considerandos y calificando de falaz su contenido ya que luego de haber declarado la cuestión como de puro derecho afirma ahora que para investigar los aspectos técnicos y económicos del convenio impugnado no bastan las hipótesis planteadas en la demanda insinuando que de lo contrario excederían los limites es-tablecidos por en el art. 54 CPCh. pero sin señalar cual es el desborde en el caso concreto. Se desliza al final una ironía personal inadecuada a cuyo efecto se advierte.

Avanza la crítica tras la reproducción de los ps. 9, 10 y 11 de la resolución, en el que se habla de un modo genérico de las potestades gubernamentales y de las restricciones en cuanto a la posibilidad de ser revisadas en sede judicial, cuando la corriente doctrinaria marca el rumbo contrario y se han cuestionado las atribuciones de los otros poderes sino que se han cues-tionado actos puntuales como se ha señalado concretamente en la demanda.

El apartamiento al objeto de la litis a la luz del escrito inicial vuelve a ser motivo de critica al formularse el quinto agravio, por lo que se trascribe el p. 12 del fallo en crisis, dándose la razones del caso.

Que el sentenciante a dedicado extensos párrafos reseñando cronológicamente los pasos dados en pos del acuerdo impugnado sin que de los mismos se desprendan razones del rechazo de la acción.

Que el p.13 de los considerandos en su comienzo es ininteligible y su posterior desarrollo intrascendente en cuanto a la motivación del decisorio.

En cuanto al p. 14, resultan, en opinión de los recurrentes, demostrativo que el a quo no tan solo desatendió los argumentos de la demanda sino que obvió las impugnaciones refe-ridas a las actuaciones posteriores a fs. 248 del expediente administrativo 03203-MCG-2007.

Tales denuncias comprendían tanto la tardía remisión a la Legislatura del proyecto de ley que aprobaba el acuerdo en cuestión; el hecho de que la carátula de tales actuaciones administrativas no guarda relación con el objeto de la negociación; que lo obrado de fs. 3/22 es ajeno al acuerdo; que los informes de la Universidad de Mendoza de fs. 40/100 no han sido emitidos de acuerdo a las prescripciones de la ley de hidrocarburos y carece de firma y que tampoco satisface los requi-sitos legales el informe del Ing. J. V. R. de fs. 101/114, por las razones que exponen, y demás cuestiones ya desarrolladas en el escrito inicial.

Se pone especial énfasis en cuanto al informe en cuestión ya mencionado y se hace refe-rencia al modo de elaboración y a las fuentes de consulta advirtiéndose la amplia la amplia cola-boración que le brindan colaboradores de la empresa codemandada, restándole credibilidad.

Que de la nota que obra a fs. 24 surge que quien dio intervención al informante- Secretario de Hidrocarburos de esta Provincia-, nada dice sobre la motivación de tal designación ni hace reserva de su objetividad.

Se agrega como anexo II de tal informe, un artículo de 5 páginas en idioma ingles, no traducido, ni firmado ni fechado, violatorio al art. 123 CPr.

Considera el Ing. Actuante que en el 2045 finaliza la vida útil de los yacimientos analizados, cuando el Acuerdo cuestionado, supera tal fecha.

Cuestionan mas adelante a la Fiscalía de Estado (fs. 135, Dictamen Nº 084 FE. 2007), apoyando su opinión respecto a los contenidos técnicos del Acuerdo en el Informe de la Universidad de Cuyo, impugnado por ilegalidad y parcialidad. Máxime cuando importa una dele-gación de funciones de control que la ley de hidrocarburos y el Código Ambiental del Chubut, asigna al Estado.

Reseñan, a continuación, la irregular remisión a Legislatura y de foliación y por otros aspectos sobre los que puntualiza presumen un accionar rayano a la falsedad ideológica.

Que el "armado" presuroso del expte. administrativo, olvidó aspectos formales de relevancia, tal como, acta de directorio o asamblea que avale la actuación de C. A. B. como per-sonero de la Sociedad.

Al cúmulo de desaciertos administrativos, que se van enunciando por la recurrente, ignorados u omitidos por el sentenciante, observan la falta de cumplimiento del art. 55 de la ley 17.319, ya que la gestión a tal efecto recién tuvo comienzo catorce días después de la firma, pre-sumen que aún no se haya cumplimentado con la debida protocolización. Se usufructúa una con-cesión que aún no se ha perfeccionado.

Que en el anexo VI del acuerdo se revelan compromisos- que detallen puntualmen-te como tramo del Gasoducto Patagónico- que no ha merecido tratamiento en el expediente admi-nistrativo.

En cuanto a la sucesión de actos administrativos, que conforme lo dicho en el p. 16 de sus considerandos, gozan de presunción de legitimidad sin apartamiento del marco constitu-cional y legal, han merecido impugnaciones no tratadas en el fallo y cuando, en consideración de los recurrentes son violatorios al procedimiento del art. 96 CCH.

A lo que el sentenciante califica como consultas técnicas predecesoras de la ley aprobatoria, serias, se ha intentado y hoy se insiste en deslucir en este memorial.

Consideran intrascendente y casi ilegible la opinión vertida en el p. 18 y el 19 en la que narra las fases del acuerdo impugnado sin aportar fundamentos serios al decisorio.

Posteriormente reiteran y amplían sus críticas respecto a cada uno e los puntos que conforman el cuestionado Acuerdo. Tales van, desde errores conceptuales y tipográficos no sal-vados; omisión de normativa basal de cada acto u errónea invocación; falta de control en los apo-deramientos que se han invocado por una de las partes firmantes; no e establecen políticas alter-nativas de no resultar conveniente desde el punto de vista estratégico la explotación de los recur-sos naturales.

Insisten en cuanto a que si bien el Acuerdo refiere a "fuentes de trabajo perdura-bles" no refiere a cláusulas obligacionales concretas.

Descreen del prometido esfuerzo por mejorar el rendimiento productivo e incremen-tar la exploración, siendo escépticos en cuanto al monto de las inversiones previstas en el artículo 1 el Acuerdo, por las razones que alegan y principalmente por quedar su cumplimiento, supedita-do a los intereses de la obligada.

Refieren a la imposibilidad de compatibilizar lo acordado en el artículo 2 con la nor-mativa que lo rige (art. 35 de la ley 17.319). Partiendo que la prorroga concedida fue otorgada prematuramente sin prever los condicionantes legales que puedan configurarse y limitantes de su continuidad.

Critican el modo previsto para la certificación de reservas insinuando delegación y ausencia de control.

Siguen su análisis critico y presumen que el Acuerdo no es mas que un convenio de adhesión a los intereses empresarios. Máxime cuando del artículo 3° surge una nueva prorroga no prevista legalmente.

Abordan los artículos 4° a 7°, sumando al descreimiento de inversión en los plazos allí previstos, compromisos ajenos al lugar y de futuro involucrando a terceros ajenos al acuerdo. Todo los lleva a sostener que mediante tales acuerdos se intenta sortear el tope legal impuesto por el art. 35 de la ley de hidrocarburos.

Refieren críticamente respecto a la falta de compromisos concretos referidos a la consolidación del mercado económico y laboral que genera su actividad. En el p. 11 del memorial da cuenta de omisiones formales que hace a la legalidad de los actos que se cuestionan y la calificación de "inexistentes" por falta de firma e los anexos. Y al haber sido remitidos a Legislatura sin el expediente administrativo, lo aprobado carece de moti-vación(arts. 30 y 33.1.c. de la ley de procedimiento administrativo, decreto ley 920). A lo dicho se suma la falta de intervención del Tribunal de Cuentas.

Señalan, mas adelante las discordancias normativas que emergen del cotejo e lo acordado en el artículo 9 y el artículo 12 CPr.Ch.

Transcriben el art. 10.4 del Acuerdo, presumiendo sometimiento el Estado a los intereses de la Empresa en cuanto a la resolución de conflictos que puedan derivarse de la inter-pretación y cumplimiento de las obligaciones contraídas y sometiéndose a una "extraña" jurisdic-ción. Refiriendo al p. 13 del acto impugnado, ponen especial énfasis en destacar que no ha existido estudio de pacto ambiental ni audiencia pública, lo que implica la nulidad de lo acorda-do por ignorar el marco legal al que está sometido.

Además, afirman que aún cuando se muestre como logro accesorio del Acuerdo el desistimiento de la empresa firmante de las acciones entabladas contra el Estado Na-cional en el CIADI, en el anexo V lo condiciona tal como se relata, a la conducta que podrá asumir un Estado Provincial ajeno a este convenio. Pero lo curioso es que se favorezca a Nación cuando existen diferencias por regalías mal calculadas a favor de este Estado.

Que la cláusula 9º en el p. 9.5, solo da derecho a reclamar el resarcimiento por da-ños y perjuicios a PAE y los eventuales incumplimientos de ésta solo generan el derecho a la ca-ducidad de instancia.

La salvaguarda legislativa para poner en cubierto a la concesionaria de futuros planteos de nulidad se encuentra plasmada en el artículo 10º.

El p. 13 de los agravios, critica el Mensaje de Remisión a Legislatura, destacando los beneficios económicos que reportarán a la Provincia pero ocultando las serias omisiones que han fundado los anteriores agravios.

Abren, en el p. VI, otro capítulo de agravios al que titulan Otras Consideraciones. Aquí, se reitera el cuestionamiento al modo de realizar el preacuerdo, sin haberse previamente sancionado un ley de hidrocarburos y sin haberse llamado a Licitación Publica.

Que tras la sanción de la ley 26.197 que restituye el dominio de los hidrocarburos a las Provincias, fue el momento oportuno de establecer el marco legal para su ejercicio y nada se hizo.

Se vuelve a insistir en la nulidad del acuerdo en razón de que constituyó una nova-ción del original ya que, en definitiva se adjudica la concesión, sin licitación pública por cuarenta años, violando lo normado en el artículo 35 de la ley 17.319 que establece como máximo un plazo de veinticinco años. Sin desconocer que se autoriza una prorroga pero no del modo que se hizo.

Que se intenta disimular tal violación legal en los términos del Anexo II y utilizando la "mascarada" de una Sociedad de Estado.

Transcriben de manera crítica el Informe del Ministro Coordinador, cuando señala las bondades del acuerdo, recordando las irregularidades que ya han expuesto.

Irónicamente refieren y juzgan el p. 20 de los considerandos y en cuanto a que vale como fundamento del decisorio.

Vuelven a cuestionar severamente al sentenciante por soslayar las cuestiones de fondo y presumir que la demanda mas que un planteo constitucional, exterioriza el desagrado. Así, insisten en la declaración de nulidad del fallo, por resultar violatoria al debido proceso y a la de-fensa en juicio. Que la sentencia es nula por falta de motivación.

En el capítulo V de las Consideraciones Finales, sostienen nuevamente estar legi-timados para la promoción e la demanda entablada de conformidad con la actual postura de la CSJN, tras largas citas y argumentaciones intentando enervar el decisorio desestimatorio e infun-dado, en tal aspecto.

Luego, desarrollan exhaustivamente la problemática de las cuestiones justiciables y no justiciables, involucradas en este debate. Vuelven sobre el alcance del artículo 96 CPr.Ch. ig-norada por las partes involucradas y en la sentencia que impugnan. Formulan reserva del llamado "caso federal".

A fs.1610/1612, la Provincia del Chubut, presenta memorial a título del art.ll Ley 4572, entendiendo que el fallo rechaza la acción de amparo por tratarse de una cuestión exclusiva de atribución de otros poderes, porque además no están legitimados, que la sentencia se aproxi-ma a lo resuelto en el caso "Prima Klima", fallado por el Excmo.Superior Troibunal de Justicia, porque no existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y cita textual conceptos de doctrina, jurispru-dencia de la CSJN. y de la Circunscripción del Noreste de esta Provincia. En punto 6. alude a un precedente jurisprudencial del Excmo. Superior Tribunal de Justicia (Sent.14/01 S.R.E.), la mesura del control jurisdiccional en uso de las facultades pertinentes (CSJN. Fallos 314:424), destacando las orientaciones a la protección del medio ambiente en consonancia, con el Protocolo de Kioto aprobado por la Argentina, se da en el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático de Nueva Cork de 1992, que contrasta a su juicio con las afirmaciones de las accionan-tes cuando aún no está determinadas las acciones a desarrollar. Llega a la conclusión que la pre-tensión es inadmisible.

La parte codemandada P. A. E. LLC. - Sucursal Argentina, se presente a fs.1622, reafirmando la resolución dictada. Reitera sus respuestas a las afirmaciones de los actores de la primera instancia con lo que se pudo concluir que no existía cuestión fáctica. Aluden a los argu-mentos del Cap.V, respecto a la prueba (cuestión resuelta), e implicancias conforme a la jurispru-dencia de la SCBA. e informe de la Universidad Nacional de Cuyo y a los realizados por la Secre-taría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia, que el art.33 de la Ley 25.675, les otorga fuerza probatoria. Alude a las negativa de su parte y sus alcances en materia de prueba. Rechaza la pos-tura que interese al juicio la disputa con Inglaterra por la soberanía sobre las Islas Malvinas y el aumento del precio del barril de crudo. Rechaza que el aumento de este producto beneficie a P. A. con un correlativo perjuicio para la provincia, oponiendo que la situación es inversa. Que esto fluye de la mecánica de la Ley 26.217 y Res.Mep. 394/07. Alude nuevamente a la materia probatoria que no existe incompatibilidad entre la declaración de puro derecho y las medidas para mejor pro-veer y resalta respecto al expediente administrativo, que las misma actora los acompañó sin cues-tionamiento alguno. Alude finalmente a los agravios sobre la ausencia de evaluacion del impacto ambiental, sosteniendo que la cuestión pasa si a la celebración del acuerdo exigía o nó la E.I.A., contraponiendo la postura negativa, porque el objeto era invertir. Peticiona en definitiva el rechazo del recurso y se tenga presente la reserva del caso federal.

Tras el acogimiento del replanteo de prueba y de conformidad con el resultado de la misma quedan los autos en estado de resolver los agravios que se han reseñado.

Visto el juicio resultan las siguientes consideraciones.

Al principio, en los primeros párrafos del escrito inicial se advierte una propuesta alternativa, acumulativa u optativa, que obliga a su tratamiento más allá del olvido de los involu-crados. No obra en los considerandos referencia alguna a tal modo de promover la acción cuando solo puede admitirse como decidido de manera aparente y es necesario salvar tal omisión ya que hace a la proponibilidad objetiva de la demanda (ver Morello-Vallefin, "El amparo-régimen proce-sal" Editorial Platense 1992, pág. 62, p. II; Néstor Pedro Sagüés, "Derecho Procesal Constitucio-nal- Acción de amparo", Ed. Astrea 1995, t.3, pág. 340, parág. 145).

Valorando detenidamente tal cuestión entendemos que en realidad no ha existido acumula-ción de acciones sino fusión por analogía de los contenidos de las pretensiones que las justifican y decidir conforme "iure novit curiae" (ver v.gr. "Calificación legal de la pretensión y el límite de la congruencia" por D. H. M., Ponencia presentada ante el VI Congreso Nacional de Derecho Proce-sal Garantista) en laleyonline.com.ar). Así de haberse considerado del modo tradicional la indica-ción del art. 322 del Código Civil, la vía del art. 54 CPr.Ch. y reglamentada por ley 4572, todo de conformidad con el art. 43 CN hubiera resultado improcedente. No obstante, la intención, mas allá de la invocación de normas, de obtener la declaración judicial de certeza constitucional negativa del acuerdo que se señala, eventual ejecutividad y secuelas. Máxime, cuando a fs. 27 vta., p. II, del inicio, subordinan sus reclamos al modo que pueda ejercerse efectivamente el control de legi-timidad que conlleva el reclamo, mediante un proceso constitucional acorde, siguiendo los linea-mientos que al respecto elabora, entre otros destacados autores, A. M. en su trabajo "Las posibili-dades de la acción meramente declarativa" publicado en: LL Patagonia 2004 (agosto), 441, que analizando el alcance actual de la acción dentro del marco del procedimiento constitucional re-cuerda que: "La jurisprudencia de modo unánime está conteste respecto del rol distintivo de la "mere" para concederle admisión; que la solicitud del actor no tenga carácter meramente consulti-vo, ni importe una indagación exclusivamente académica o teórica; su hoja de ruta es que se co-rresponda con un "caso" en el que se busca preverse de actos en cierne y fijar las relaciones o situaciones jurídicas que la vinculen a su contraria. El plafón mayor se lo acordó la Corte Suprema al equiparar a la "mere" con el amparo en virtud de la analogía existente entre ambos, desde la lectura del art. 43 de la Const. Nac. (CS, "A. G. U. R. A. c. Provincia de Buenos Aires", 22/4/97, DJ, 1997-2-428; ídem, CS, "K. S. A.", 12/3/2002, DJ, 2002-2-599", 3ª llamada, armonizado con lo dicho en la nota "La incertidumbre constitucional en la acción declarativa de certeza" por Andrés Gil Domínguez y publicado en http://www.aaba.org.ar).

Y es que más allá del nomen iuris específico de la acción intentada, lo importante es reconocer la existencia de un auténtico conflicto de intereses subyacente, la posibilidad de que exista una afectación de una garantía constitucional y la necesidad de contar con una vía procesal adecuada para protegerla. Por lo dicho, queda salvado el desarrollo del proceso por la vía del am-paro.

También vale recordar que se ha modificado el objeto de la acción, desde que elevado el acuerdo al rango legislativo por Ley 5616, la decisión debe atender tal situación existente al mo-mento de ser dictada (Conf. CS., "Klein, Guillermo", J.A.1986-IV-655; "Di Tullio, Nilda", 17/12/96 en J.A.1997-II-333).

La inconstitucionalidad a juzgar es la de una ley del Poder Legislativo de la Provincia, donde el objeto del amparo y el exámen de las impugnaciones, han de juzgarse a partir de tal jerarquía normativa. De conformidad con lo dicho, el cuestionamiento subsiste respecto de la presunta in-constitucionalidad de la ley que contiene el convenio, quedando reajustada la prelación resultante de los incs.a) y c) de la demanda a fs.28/28vta.

Por otra parte, vale recordar que no por repetidas pierden fuerza pautas que nece-sariamente se nos imponen a la hora de afrontar esta revisión, el ámbito de la acción, la trama litigiosa y cuestiones comprendidas por los límites de los agravios. En sus cauces, que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una e las argumentaciones de las partes, sino solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso(ver v.gr. CS Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). Como tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que resulten apropiadas para resolver el caso (ver v.gr. CS Fallos 274:113; 280:3201; 144:611, entre muchos), por lo que deberá inclinarse por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la cau-sa. Respecto a lo dicho precedentemente, importan, en definitiva, y dentro de tal marco jurisdiccional al decir de A. A., los hechos "jurídicamente relevantes"(ver "Proceso y Derecho Pro-cesal" Ed. Aguilar 1960, pág. 971, párr. 1527), o "singularmente trascendentes" como los denomi-na Calamandrei en su trabajo "La génesis lógica de la sentencia civil" en "Estudios sobre el proce-so civil", págs. 369 y ss.(ídem citas en CNCiv., sala D, 2005/03/17 - "Traseuropa Video Entertain-ment San Luís SA c. Brihet e Hijos SA- Rev. LL de junio 1-2005, 12, fallo 108.984). La amplitud de los agravios de las accionantes de fs.1551/1607vta., permite asi-mismo adelantar que se introdujeron en esta Alzada, cuestiones ajenas a la trama litigiosa en fun-ción de la demanda de inconstitucionalidad de fs.4/50, integrada con la documentación autentica-da de fs.56/78 y documentación presentada a fs.87/347, que se examinan en el curso de la litis. A fs.348 se proveyó la presentación de la amparista de fs.347, con la fundamentación que con pos-terioridad al inicio de la acción, llegó a conocimiento de su parte el Expte.Administrativo Nº 03203/2007, referido al "Acuerdo para la Implementación de un Compromiso de Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut", remitido a la Legislatura Provincial con poste-rioridad a la remisión del proyecto de ley que propiciaba la aprobación del convenio y que no habiéndose notificado el traslado de la demanda, solicita se lo tenga por acompañado como prue-ba instrumental, legalizada por el Secretario de Enlace de la Legislatura. No se ampliaron los tér-minos de la demanda en razón de esta presentación.

Que asimismo resulta planteo de nulidad que se va reiterando durante el extenso desarro-llo de la queja. Debe puntualizarse que hemos adherido en circunstancias similares a la postura doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que es principio receptado en el estudio y la teoría de las nulidades procesales que el recurso de nulidad es improcedente cuando se trata de vicios o defec-tos reparables por vía del recurso de apelación, especialmente si se tiene en cuenta que los defectos que constituyen el fundamento del recurso de nulidad se han introducido como agravios del de la apelación, porque ello evidencia aceptación de la propia recurrente en el sentido de que los vicios puedan obtener adecuada reparación a través de la revisión, en atención a lo especialmente establecido en el art. 253 del CPr. (ver Podetti, R., "Derecho Procesal Civil y Comercial", "Tratado de los actos procesales" Bs. As. 1955, T. II, pág. 488, ídem "Tratado de los recursos", Bs. As. 1952, pág. 17; Alsina H. "Tratado."Bs. As. 1961, t. II, pág. 630; Palacio, L. "Derecho Procesal Civil", Bs. As. 1977, t. IV, pág. 168; Santiago C. Fassi y Cesar D. Yánez, "Código Procesal Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea 1989, t. 2, pág. 322, parág. 10, entre muchos).

Al expedirse la apelante sobre los "FUNDAMENTOS..." de la expresión de agravios (fs.1552vta.), a no dudar que la lectura del fallo, a la luz de las impugnaciones formuladas, no resulta de fácil aprehensión por su atípica técnica de elaboración, máxime cuando se espera al respecto que los éstos deben estar dotados de claridad y coherencia suficiente para permitir a los justiciables tomar acabado conocimiento de las razones que motivaron su dictamen (ver v.gr. CS, marzo 16-999, Efflind, Jorge Ricardo c. Amancay SA, RED 34-879 p. II-A-2). No obstante, la recu-rrente, ha tenido oportunidad de rebatir largamente todos los argumentos vertidos por el a quo sin que resulte perjudicado en su derecho de defensa.

Además, en la consideración de las cuestiones litigiosas, tal como nos recuerdan Palacio-Velloso, no se halla el juez circunscrito a un orden determinado, máxime, como surge de la cita que usan de ejemplo, no hay prescripción alguna en la ley que establezca obligatoriamente un orden lógico entre distintas enunciaciones de la sentencia, de modo que no es jurídicamente objetable v.gr. el método de exposición consistente en anticipar la conclusión y desarrollar poste-riormente los fundamentos, pues la sentencia no es una fórmula o ecuación matemática cuyo re-sultado se obtiene al final mediante cálculos realizados en el papel, sino la expresión escrita de una decisión adoptada previamente en la conciencia del juez (ver "Código Procesal civil y Comer-cial de la Nación" Ed. Rubinzal Culzoni 1996, t. 4, pág. 405/6, parág. 172.1.1.5.2.).

Sin perjuicio de lo expresado, del cúmulo de la crítica y por las razones que impo-ne, queda en claro que por lógica procesal y por sentido común se imponía al Juzgador el trata-miento de la supuesta falta de legitimación, no al concluir la sentencia, sino antes de entrar a ana-lizar la cuestión de fondo y decidida negativamente obviar aquélla, ya que si en definitiva conside-ra inhabilitados a los amparistas, mal ha podido tratar en primer términos los cuestionamientos sustanciales. Es sabido que en la primera oportunidad que tiene el juez de examinar la demanda se le impone la verificación oficiosa de sus requisitos, rituales y sustanciales, con independencia de las excepciones y defensas que pudiera oponer la accionada, pues el referido control está des-tinado, en palabras de Carlos E. Finochietto a "garantizar la constitución válida de la relación pro-cesal" (ver Código Procesal Civil y Comercial de la nación" Ed. Astrea 1999, t. 2, pág. 341, parág. 3). Así, y tal como se ha resuelto reiteradamente deviene improponible la demanda ante la ausen-cia manifiesta de la legitimación para obrar, activa o pasiva (autor cit., ob.cit., pág. 340 p. b), por lo que ante la absoluta seguridad manifestada en tal aspecto e insinuada desde el comienzo mismo de sus considerandos, debió haberlo dicho en oportunidad de la admisibilidad preliminar de fs. 80/85, lo que dio lugar a presumir la incongruencia ahora denunciada.

Es a partir del último párrafo del 6º considerando cuando el a quo comienza a poner reparos por la vía del amparo en razón de las causas invocadas, de allí que aparezca como con-tradictorio tal examen si entiende que quienes la eligieron carecían de legitimación activa para hacerlo. Máxime cuando les reprocha, en el siguiente considerando, la extemporaneidad del re-clamo a la luz de la doctrina de los "actos propios".

Corresponde en consecuencia resolver en primer término el punto 25) de la senten-cia de fs.1542, en punto a los agravios y defensas opuestas oportunamente.

Del modo expuesto por el sentenciante, indica la carencia de legitimación de los amparistas que nombra, H. S. I. y D. P. R. Ello, porque indica que no basta la invocación como persona o como habitante de los derechos difusos y deterioro del medio ambiente; que debe haber cuestión susceptible del ejercicio de la jurisdicción y que es hipótesis no verificada en la causa; que tampoco se cumple con la exigencia de un interés concreto (art.54 Const.Pcial), donde la jurisdicción se abre a la persona afectada por la restricción, alteración, amenaza o lesión arbi-traria y manifiesta de derechos y garantías y por los arts.57 y 111 Const.Pcial., que debía estarse legitimado en la persona o patrimonio por los actos impugnados como lesivos y describir sucinta-mente los agravios y cual es el daño ambiental.

Los amparistas apelantes critican tales fundamentos en el cap.V. (fs.1595). Co-mienzan por señalar que ninguna referencia se formula a la defensa que oportunamente opusie-ran, precisamente respondiendo a la excepción opuesta por la Provincia del Chubut. Sostiene en consecuencia que la tesis del fallo se encuentra superada, especialmente a partir de la Reforma Constitucional del año 1994, donde lo pertinente consiste en facilitar el control constitucional de los actos por su trascendencia histórica, económica y generacional y demostrar que no afecta la Constitución, ni intereses estratégicos de la Nación Argentina, de la Provincia del Chubut, o de los habitantes. Sostiene entonces con fallo de la CSJN., el concepto que importa el art.43 CN. a suje-tos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa, que amenacen con ilegalidad manifiesta los derechos de la Constitución , con lo que se superó que debía demostrarse un dere-cho subjetivo individual. Allega en definitiva en el desarrollo del punto que a partir de "Katán" o "Las Toninas" se ha redefinido la cuestión admitiéndose una legitimación amplia, superando la temática de los derechos subjetivos, el interés legítimo, el simple interés, por justificar la legitima-ción desde la perspectiva de los derechos colectivos o de incidencia colectiva, conexo con el inte-rés ambiental de la comunidad. Citan los autores de nota, fallo de la Sala III en lo Contencioso Administrativo Federal y las normas de la Constitución Provincial, art.57 y 111, y como se define la amplitud de la legitimación por "toda persona" y "cualquier habitante", conjugando con la opinión de autor y las normas de la Constitución Nacional.

La accionada Provincia del Chubut, en efecto, opuso a partir del punto V.1 de fs.780vta., la falta de legitimación activa de las accionantes del amparo, sosteniendo que la condi-ción de habitantes de la Provincia del Chubut, no resulta suficiente a los fines de la legitimación sustancial, en tal concepto igualmente negativo invocar la calidad de "habitante", "ciudadano", "in-tegrante del pueblo", "de la comunidad"; que el caso no permite tener por configurado el interés concreto, inmediato, sustancial, como una causa o controversia. Rechaza que los accionantes resulten "afectados", no identifican ni prueban ningún perjuicio concreto. No separan el agravio personal del resto de los habitantes. Opone que aunque los amparistas invocan los arts.57 y 111 Const.Pcial., referidos a los derechos difusos y al amparo ambiental, no implica que estén habili-tados de manera automática para iniciar el proceso de amparo. Sostiene que la expresión "toda persona" se está refiriendo a las titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo, ya que no son los Defensores del Pueblo o integrantes de una asociación que presente intereses colectivos. Ar-gumenta con orden al art.42 y 43 C.N., a cuyo respecto expone similares limitaciones con el agre-gado de señalar si un acto pronunciamiento favorable podía reparar el daño invocado y que en cambio resulta un daño abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferen-ciado de los demás ciudadanos que se hallen en la misma situación. Cita jurisprudencia de la CSJN. L.L.1998-C-602.

P. A. E., opone asimismo la defensa de falta de legitimación de los accionantes y se refiere a los términos en que plantean la demanda: "...como habitantes del Chubut, estamos compelidos a provocar el control judicial en el ámbito de una acción y preservación de derechos de incidencia colectiva". Enfoca con la doctrina el análisis con el primero de los términos, el de "habitante", relaciona el art.43 CN. en cuanto la norma se refiere a la condición de "afectado" y sostiene que tal calificación no puede ser la de cualquier persona, sino aquélla que tenga una re-lación determinada con el derecho de incidencia colectiva cuya violación denuncia. Cita sucesiva-mente a los autores Marienhoff, Sagüés, Cullen, Gelli, Bianchi, Luque, Cassagne y define con-ceptos relativos a cada uno (fs.1262vta./1263). Aborda luego la historia de doctrina de la CSJN., fallos de los años 1864, 1872, 1911, pasa a los de la década del 80 y otros sucesivos; destaca los de la CSJN., T.301:991 (Tratado con Chile); T.311:991 (Caso Zaralegui); T.321:1352 (Consumido-res libres) que remite al 313:863; T.322:558 (Gómez Diez); T.324:2388 (Caso Raña) y T.326:2738 (Barbeito). Refiere la normativa constitucional de la Provincia del Chubut (fs.1273vta.), puntualiza los arts.54, 57 y 111 C.Prov., opone la exigencia de un interés concreto en protección de la divi-sión de poderes y que el traslado conferido no ha llevado a conocimiento del Tribunal una verda-dera cláusula; que las norma citadas (arts.57 y lll), si se refieren a "toda persona", "todo habitante", no estableció una acción popular en defensa del medio ambiente y derechos difusos. Estima con-teste a tal postura la jurisprudencia de la Provincia en los autos "Defensor General c/Provincia del Chubut s/Acción declarativa de inconstitucionalidad", Expte.Nº 18.244 -D-2001, 23/02/2004 y los autos: "Defensora del Pueblo del Chubut s/Amparo", Expte.Nº 17.876 -D- 2000, fecha 28/06/01 y expone fundamentos (fs.1275).

Tratamiento de la falta de legitimación.

Por los conceptos comprendidos debe recordarse que el concepto de causa se de-riva del actual art. 116 de la Constitución Nacional que dispone: "Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que ver-sen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las Leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75; y por los tratados con las naciones extranjeras;...".

Sin embargo, la concepción propia de derecho procesal privado que concibe el ca-so como el conflicto por un derecho subjetivo, actualmente ya ha sido superada, en razón de lo normado por el art. 43 de la Constitución Nacional (ver v.gr. CNFed. Civ. y Com. Sala I 2000/03/16 Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires c. Edesur, LA LEY, 2000-C, 399.), por lo que cabe concluir que el control Constitucional en estos casos tienen efectos muy distintos a los con-cebidos por el derecho procesal tradicional.

En tales supuestos, surge la posibilidad de confirmar la condición de parte, a quie-nes, aun sin resultar dueños del derecho subjetivo, acreditan un interés importante que actúa co-mo soporte de la legitimación (ver Osvaldo Alfredo Gozaíni en, "Legitimación y Proceso" en el libro Legitimación Homenaje al Dr. Lino Palacio, p. 60).

No se trata como sostiene Gozaíni de identificar el derecho subjetivo con este nue-vo tipo de intereses, sino de flexibilizar algunos dogmas impeditivos del acceso a la justicia (ob. cit., p. 61).

Que en el fallo Asociación Benghalensis y otras c. Estado Nacional (Corte Suprema de Justicia 2000/06/01, publicado en LA LEY, 2001-B, 126; fallos: 323:1339), se puntualizó que siempre que la petición no tuviera un carácter simplemente consultivo, o no importara una indaga-ción meramente especulativa, sino que respondiera a un caso que buscara precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuyera ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, constituía una causa en los términos de la Ley Fundamental.

Completando tales aspectos introductorios, se debe tener presente que en razón de la naturaleza de los derechos cuyo amparo se pretende la vinculación de los conceptos de legiti-mación y "caso" con los derechos de incidencia colectiva es algo constante y de principal relevan-cia.

Que aunque el artículo 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional es claro en cuanto se refiere a los sujetos legitimados para efectuar los reclamos colectivos, la Corte no tuvo una jurisprudencia pacífica en lo que se refiere a su admisión.

En ese sentido resulta saludable que Argibay, Zaffaroni y Lorenzetti afirmen sin cortapisas que la Constitución Nacional legitima a los sujetos mencionados para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, consolidando una tendencia que hace un par de años comenza-ba a avizorarse.

Dice José María Salgado (ver en LL, Sup. Const 2007 (junio), 1 bajo el título "La corte y la construcción del caso colectivo") que liminarmente debemos decir que no son pocos los pronunciamientos judiciales que, a la hora de desestimar una pretensión, se refieren a la falta de legitimación y a la inexistencia de caso como conceptos inescindibles. Nosotros sostenemos que se trata de recaudos determinantes para instar un reclamo en el sistema federal, pero que deben ser ponderados desde distintos ángulos.

Así, la existencia de un "caso" es la llave que permite a los jueces conocer determi-nados conflictos. Entonces para constatar su existencia, de acuerdo a las pautas que anotamos precedentemente, la pregunta que debe efectuarse el magistrado es, ¿existe una controversia actual susceptible de ser traída a conocimiento de la jurisdicción? Si la respuesta es afirmativa tendremos un caso o controversia en los términos del art. 2° de la ley 27 y 116 de la Constitución Nacional; en cambio, si la respuesta es negativa, deberá desestimarse la pretensión por ausencia de dicho recaudo.

Por su parte cuando nos referimos a la legitimación, debemos pensar en la relación existente entre el sujeto -activo o pasivo-, su pretensión y la relación jurídica sustancial (el ca-so). Entonces aquí la pregunta que se formulará el juez será, ¿de acuerdo al interés alegado, las normas habilitan a la persona que se presenta a efectuar el presente reclamo?, o ¿es el sujeto demando aquel que estaría obligado a satisfacer la pretensión? Si ello es así el litigio seguirá su curso, sino deberá rechazarse el planteo por ausencia de legitimación activa o pasiva.

Es así que podrá haber "casos", susceptibles de ser resueltos por los jueces, que sean planteados -por o contra- personas no habilitadas para hacerlo; o bien podrá haber legiti-mados que planteen cuestiones que se encuentran fuera de la órbita de atención de los tribunales por no reunir los recaudos exigidos a la configuración de una controversia a los que nos referimos. Es posible también la coincidencia de ambos supuestos.

En los casos colectivos la superposición de ambos conceptos se acentúa. Ello ya que, por una parte no hay una tradición doctrinaria y jurisprudencial que haya establecido los ca-racteres propios de este tipo de "caso". A lo que debe sumarse que el art. 43, segundo párrafo, establece legitimaciones extraordinarias, es decir, que el defensor del pueblo y las asociaciones son sujetos que pueden ser titulares de la relación procesal solamente porque esa norma los habi-lita.

En cuanto al punto de la cuestionada legitimación activa, interesa el resumen que se formula en el trabajo: "Los procesos colectivos en agraz. A propósito de la impostergable nece-sidad de regularlos adecuada y prontamente en el derecho Argentino" por Oscar R. Puccinelli , 12/9/2007 en microjuris.com, Cita: MJD3247, cuando dice, recordado prestigiosas doctrina, que entre los diversos modelos de protección de los derechos de incidencia colectiva en general, exis-ten, según Gil Domínguez, los siguientes: a) orgánico privado, que otorga legitimación procesal activa a sujetos privados colectivos, esto es, a grupos relativamente organizados; b) orgánico pú-blico, que concede legitimación a instituciones jurídicas públicas más o menos especializadas (v.gr., al defensor del pueblo); c) social, que reconoce legitimación a los grupos, pese a carecer de personalidad jurídica (v.gr., las acciones de clase) y d) popular, que legitima a cualquier ciudadano en defensa del orden jurídico (v.gr., la acción popular)(ver "La reforma constitucional de 1994 y su influencia en el sistema republicano y democrático", Depalma, Buenos Aires, 2000, pág. 235).

Que en el caso argentino, el art. 43 constitucional federal habilita a interponer el amparo colectivo al afectado, al defensor del pueblo, y a las asociaciones "que propendan" a los fines de tutelar los derechos protegidos por la regla, "registradas conforme a la ley, la que deter-minará los requisitos y formas de su organización".

Así, como lo indica Bidart Campos: "La triple legitimación del afectado, del defensor del pueblo, y de las asociaciones nos induce a sostener que una no excluye a las otras, por lo que ninguno de los legitimados tiene el monopolio de la acción. De no darse un litisconsorcio activo ni acumulación de amparos en un solo proceso, resta prever el alcance de los efectos de la senten-cia, a fin de evitar decisiones opuestas que desvirtúen en una misma cuestión, resuelta por sen-tencias dictadas en más de un caso, el objetivo tutelar del amparo" (Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 1997, t. II, ps. 383/4).

Dice el autor consultado que con respecto a la legitimación del "afectado" cabe re-gistrar tres posiciones: a) restringida, para la cual afectado es sinónimo de persona titular del daño directo, personal y diferenciado (Barra, Tawil, Bianchi, Comadira), b) moderada, para la cual la afectación puede ser compartida por otros que invocan su cuota-parte del interés común o colecti-vo (Bidart Campos, Gozaíni, Sabsay, Gordillo, Sagüés, Gusman, Toricelli) y c) amplia, para la cual toda persona está legitimada invocando la defensa de la legalidad o una disfunción socialmente relevante (Jiménez, De Sanctis)(ver Andrés Gil Domínguez, ob. cit. págs. 238/9).

En el proceso de concreción de esta disposición en la Convención Constituyente de 1994, tanto en el despacho emitido por la mayoría que se pusiera a consideración en el Plenario, como en las resultas de su debate en tal instancia quedó claro que no se admitía la acción popu-lar, pese a que originalmente se encontraba prevista la acción popular de los derechos colectivos, pues luego la legitimación se restringió a los sujetos establecidos en la norma, en virtud de nego-ciaciones entre los distintos bloques. Consecuentemente, no hay acción popular para el amparo, aunque sí lo que se denomina amparo colectivo (ver Osvaldo A. Gozaíni, "El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del art. 43 de la Constitución nacional", Depalma, Buenos Aires, 1995, p. 87).

Sobre el particular, Bidart Campos -al preguntarse si se consagra una acción popu-lar o si se reitera, acaso, con la mención del afectado, lo mismo que se ha dicho en el párrafo pri-mero del art. 43-, indica que resulta indispensable encontrar un punto medio para no incurrir en la exageración, pero tampoco en el reduccionismo, y que la sustitución de la locución "toda persona" por "el afectado" tiene un sentido. Así, "Si afectado es quien padece un daño diferenciado y exclu-sivamente propio -como alguna doctrina egoísta viene postulando- estamos restringiendo el sen-tido del párrafo segundo, y colocando la situación que en él se regula en paridad con lo que en-tendemos que significa el primero: el afectado sería solamente la persona que, de modo singular, y sólo ella, titulariza el derecho agredido. Si afectado es cualquiera, recaemos en la acción popu-lar. Y ninguna de ambas tesis nos satisface: una por estrangular la legitimación; otra por exorbi-tancia [...].

"Que el léxico del párrafo segundo del art. 43 es más elástico que el del primero cuando éste describe el diseño habitual del amparo significa, sin duda, que agregar los calificati-vos de personal y directo al sustantivo "afectado", o al daño que se sufre, destruye y desvirtúa la procedencia del amparo y la consiguiente legitimación para las situaciones que, ya desde antes de la reforma, considerábamos como subjetivas en la porción o "cuota-parte" que a cada integrante de un grupo le toca personalmente como co-titular de un interés común, difuso o colectivo [....].

Y en otra obra, el autor agrega: "La interpretación amplia del término "afectado" como sujeto con legitimación procesal para promover el amparo no debe equipararse a la admi-sión lisa y llana de la acción popular.

"En efecto, en tanto la acción popular legitima a cualquier persona, aunque no titula-rice un derecho, ni sea afectada, ni sufra perjuicio, el amparo que ahora analizamos en cuanto a la legitimación del afectado presupone que, para ser tal, el derecho o el interés que se alega al ini-ciar la acción de amparo tiene que presentar un nexo suficiente con la situación personal del actor, que no requiere ser exclusiva de él. Tal nexo existe aunque sean muchas las personas que se encuentran en una situación equivalente porque comparten un derecho o interés que les es co-mún a todas" (ob. cit. t. II, p. 382).

Por tales y por otros motivos, coincidimos con Gelli en que cualquier persona está legitimada a título individual para articular un amparo colectivo -aun sin padecer un daño concre-to-, cuando es tocado, interesado, concernido, vinculado por los efectos del acto u omisión lesi-vos, y que ello se desprende claramente de dos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: a) el caso "Kattan" -mencionado por el convencional Schroder en los debates de la Convención-, donde el Alto Tribunal consideró que existía afectación del derecho subjeti-vo(emanado por entonces del art. 33 de la Constitución) a la no modificación del propio hábitat; que "la destrucción, modificación o alteración de un ecosistema interesa a cada individuo", y que la defensa de su hábitat constituye una necesidad o conveniencia de quien sufre el menoscabo, y recordó lo resuelto en el caso "Ekmekdjian c. Sofovich", donde se sostuvo que el efecto reparador de la réplica alcanzaba al conjunto de quienes pudieron sentirse ofendidos con igual intensidad por el mismo agravio, a fin de evitar que el derecho reconocido se convirtiera en un multiplicador de respuestas interminables. Es decir, adjudicándole al accionante un cierto tipo de representa-ción del grupo afectado (María Angélica Gelli, La silueta del amparo después de la reforma consti-tucional, LL 15/11/95 (suplemento), p. 54).

Rescatamos también el trabajo que en igual sentido han elaborado Verónica Knavs y Maite Herrán en "Procesos colectivos y acciones de clase-Problemas que suscita la legitimación y la cosa juzgada" publicado en elDial.com, que en alguno de sus párrafos se lee: "El proceso civil clásico protege derechos individuales; sólo tiene legitimación quien sea titular del derecho que invoca (legitimación). Frente a ello aparecen los derechos incidencia colectiva, hoy con jerarquía constitucional. Estos derechos se manifiestan como intereses jurídicamente relevantes que ya no pertenecen a una sola persona sino a un grupo, generalmente sin vínculo jurídico previo pero que sí comparten una situación común -como usuario, consumidor, etc. - o un ambiente común. Se trata de intereses que intentan preservar valores de vital importancia para la comunidad; el medio ambiente, los recursos naturales, el patrimonio cultural de un pueblo, la defensa de los consumi-dores, mejorar la calidad de vida, etc." "De manera que, a nuestro modo de ver, será necesario determinar cuando debe entenderse creado un conflicto de intereses susceptible de ser resuelto de modo general y a tra-vés de un proceso que agrupe legitimados activos o pasivos a través de clases. Corresponderá entonces definir si la cuestión depende exclusivamente de circunstancias fácticas o si existen de-rechos que por principio, deberán ser custodiados a través de procesos de clase, o del amparo como es actualmente. Será el juez, como director del proceso el encargado de encuadrar la ac-ción más allá del "nomen iuris" que le den los litigantes. En nuestro derecho procesal actual estos derechos de incidencia colectiva podrán ser defendidos a través de los siguientes andariveles: acción de amparo, acción meramente declarativa (art. 322 del CPCC), medida de no innovar, etc.".

"Los procesos colectivos constituyen acciones preventivas que tienden a evitar el daño contingente, ello a través del concepto de amenaza; también pueden propender al cese de determinado acto u omisión lesiva y al reintegro de las cosas al estado anterior, sería ésta una acción restitutiva, por ejemplo si el programa de vacunación obligatorio gratuito dejara de serlo, se podría iniciar un proceso colectivo para volver las cosas al estado anterior".

Y en cuanto a la legitimación afirman que: "Los derechos de incidencia colectiva no pertenecen a una persona individualmente considerada sino a un grupo de personas, de modo que cada una de ellas es titular del derecho en una cuota parte y en esa medida cada integrante del grupo detenta un interés legítimo. Si los procesos colectivos tutelan derechos de incidencia general, podemos concluir que cada sujeto en el cual inciden -en común con otros- es el afectado y por consiguiente tiene expedita la acción. Lo genérico no desmiente lo específico, el interés co-mún al ser de varios o de todos legitima a cada cual de lo contrario lo que es de todos no sería de nadie y ello es un absurdo".

"Debe entonces otorgarse legitimación a cualquiera de los afectados del grupo por-que al defender el interés grupal también se está defendiendo el individual. No necesariamente debe ser el afectado de modo directo (en un caso de discriminación racial podría demandar el afectado directo y además los de la misma raza que no fueron discriminados pero se sienten afec-tados o discriminados por su condición de tales). Y no se trataría de un caso abstracto (art. 116 de la Constitución Nacional) porque el perjuicio está aunque compartido con el grupo; el interés de uno coincide con el de los demás, ello no es óbice para que el afectado pueda demandar".

En cuanto a la legitimación pasiva, en razón de los firmantes del acuerdo en cues-tión y la legislación imperante vale la lectura del trabajo titulado "El dominio de los yacimientos de hidrocarburos. Su relación con las potestades nacionales y provinciales y los derechos de los con-cesionarios" de Cassagne, Juan Carlos, en LA LEY 2007-C, 1135.

Pasando con tales antecedentes al exámen de la defensa por falta de legitimación interpuesta por la Provincia del Chubut y P. A. E. LLC, permite observar que gran parte de su de-sarrollo tuvo como presupuesto para la acción la condición "habitante", "ciudadano", "integrante del pueblo", "de la comunidad", "toda persona", "todo habitante", para vincularlos a acciones o evaluaciones donde con tales denominaciones les ha resultado desconocida la pretensión por falta de legitimación (en esta línea los casos "Zaratiegui", "Polino", "Ravaglia", "Consumidores Libres", "Prodelco", "Gómez Diez", "Raña", "Barbeito"). Son claros los conceptos que encierran y cuya sustancia puede expresarse con el este último caso citado: "l. La admisión de las acciones declarativas de mera certeza y de inconstitucionalidad, en el orden nacional, está sujeta al cum-plimiento de los recaudos a que alude el art.322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-ción, entre los que se destaca la necesidad de la existencia de un caso en que el titular de un interés jurídico concreto busca fijar la modalidad de una relación jurídica o prevenir las lesiones a un derecho de base constitucional" ("Gómez Diez, Ricardo y otros c/Pen - Congreso de la Nación s/proceso de conocimiento" - Fallos 322:528). Pero tales defensas no se adecuan a la acción in-terpuesta por los amparistas.

Se exponen los extremos de la jurisprudencia para los casos allí previstos, pero no se confronta en debida forma con la materialidad jurídica del presente juicio de amparo. Por el exámen realizado se rechazan en consecuencia los fundamentos y citas doctrinarias donde con esta técnica defectuosa se sostiene la falta de legitimación de los accionantes. Los mismos no han deducido ni la acción popular (Marienhofff; Sagüés; Cullen; Bianchi;, Cassagne; Tawil (en cuanto refieren esta acción), ni la declaración abstracta y general directa de inconstitucionalidad (Gelli), ni de derechos subjetivos (Bianchi; Luqui; Barra; de Caeiro). Lo expresa la propia P. A. E. LLC al inicio, pretenden el control constitucional "en el ámbito de los derechos de incidencia colectiva" (Sagües; Cassagne).

No es entonces tampoco el caso "Lorenzo" (J.A.1981-IV-651 ; Fallos 307: 2384), donde el actor pretendió una declaración general y abstracta de inconstitucionalidad, con lo que el Procurador General señalaba que el interés personal de ciudadano no era apto, pero "por la vía intentada" (Fallos 301-991, Trat.con Chile). Obsérvese, es en "Lorenzo" donde expone la Corte en el considerando 4: "que resulta preciso disipar la confusión entre las peticiones abstractas y gene-rales de inconstitucionalidad, que no pueden revestir forma contenciosa por la ausencia de interés inmediato del particular que afecta la solicitud y las acciones determinativas de derechos de base constitucional, cuya titularidad alega quien demanda y que tienden a prevenir o impedir la lesión de tales derechos, como son la acción de mera certeza y el amparo.

La doctrina en consecuencia es clara con el dictamen del Procurador General y el fallo de la Corte; el "ciudadano" no puede en el caso pero "por la vía intentada" y la Corte disipa la confusión, es porque las peticiones generales y abstractas no revisten forma contenciosa por ca-rencia de interés inmediato del particular. Las distingue entonces del particular que demanda por la determinación de derechos con base constitucional, como la acción de certeza y el amparo.

De igual modo se expide la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base de lo que no corresponde: "Klein, Guillermo" (J.A.1986-IV-655), concluyendo que "causas" son aquéllas en las que se persigue en concreto la determinación de un derecho debatido entre las partes y que la misma no se da cuando se persigue una declaración general y directa de inconsti-tucionalidad de las normas o actos de otros poderes. Adviértase en todo caso el comentario a los dos fallos precedentes del Dr.Augusto Mario Morello (J.A.1986-IV-659), cuando dice en el Cap.IV que si bien la Corte Federal preferencia la gravitación de un interés directo y principal, no deja de adjudicar fundamentos suficientes al interés reflejo, subordinado o dependiente, siempre que a su través se actualice la necesidad de tratamiento de la cuestión constitucional.

Con lo expuesto, no hay lugar en consecuencia para sostener las excepcionantes la inexistencia de "caso" o contienda judicial, desde que es esta última - la vía del amparo - a la que se han avenido las amparistas, determinando por disposición del Tribunal el nombre de las per-sonas demandadas (fs.51/53) y por lo que accionan por la invalidez e inconstitucionalidad del "Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut", contra la Provincia de Chubut y P. A. E. LCC, Sucursal Argentina" y de otras normas, con lo que cumplen los extremos positivos que las : Un pronunciamiento específico de inconstitucionalidad respecto a un contrato administrativo y otras normas y la existencia de partes adversarias. Se cumple en los presentes con las prevenciones del caso "Lorenzo" y "Klein" y que señala el Procurador General de la Nación: "...resulta indispensable...la determina-ción de derechos del demandante, debatidos entre partes adversarias" y la consiguiente definición de la Corte, el: "...control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa, requieren que este requisito de la existencia de un caso o controversia judicial, sea observado rigurosamente para la preservación del principio de la división de poderes...", que se dejan seña-lados, debidamente verificados.

No pudo entonces jurídicamente el fallo - por lo que resulta de la forma de redac-ción (punto 25 de fs.152) - entender que los amparistas solo hayan invocado derechos difusos o deterioro del medio ambiente, o la sola calidad de personas o habitantes, sin interponer cuestión susceptible para la decisión jurisdiccional. Todo, aún observando que el mismo fallo, influenciado por el tratamiento de las cuestión sustancial en primer término, mecha con fundamentos de este orden.

La demandada declaró comprensivo los argumentos del orden nacional al ámbito de nuestra Provincia, obstan consecuentemente a la procedencia de la excepción, por iguales consideraciones. Debe rechazarse por lo expuesto la falta de legitimación activa receptada por la sentencia a fs.1542, punto 25, contra los amparistas H. S. I. y D. P. R.

Restantes agravios.

Respecto al primer agravio sobre la cuestión de la prueba (fs.1555), por lo decidido en esta Alzada respecto al cuestionamiento de la apertura a prueba, torna innecesario retrotraer el análisis a cuestiones ya resueltas, por admitida su procedencia (fs.1656/1661).

A fs.1706/1741, se produce la prueba pericial del Ing. M. P., conforme lo ordenado en la resolución precedente y puntos previstos en el considerando V) de fs.1660vta., propuesta a fs.49vta.

A fs.1801/1807, se produce la prueba pericial asimismo propuesta a fs.49vta., por el Contador Público R. A. C.

A fs.1821/1824, se agrega la prueba informativa de la Secretaría de Energía de la Nación (Subsecretaría de Combustibles).

A fs.1777/1781, se pide la nulidad de la pericial practicada por el Ing. M. P., recu-sándolo por ausencia de imparcialidad del perito, manifestando haber tomado conocimiento de una estrecha relación del hijo del perito de nombre A. P., corredor de automóviles de carrera y las demandadas, Provincia del Chubut y P. A. E. LLC. Sostiene la estrecha vinculación del hijo del perito con las nombradas, que patrocinan económicamente al corredor automovilístico, que este colaboró en campañas publicitarias de interés de las nombradas, que nada habría que objetar al respecto, si no fuera que ello supone una sociedad comercial entre las partes y A. P., lo que con-firma que el Ing. M. P. no ha podido actuar con imparcialidad. Destaca artículos de la prensa asi-mismo demostrativos de la vinculación sostenida. Sostiene la tempestividad del incidente por haber conocido la causal luego de presentada la pericia. Sostiene que de mantenerse la validez de la pericia su parte sufre un perjuicio irreparable al derecho de defensa.

A fs.1790/1795vta., contesta la parte codemandada P. A. E. LLC, contraponiendo la extemporaneidad del planteo. Subsidiariamente rechaza las causales invocadas.

La prueba pericial del Ing. M. P., es impugnada por los Sres. Amparistas a fs.1782/1784, sosteniendo que contiene afirmaciones erróneas, en cuanto a la vigencia del acuer-do y sobre las obligaciones exigibles a partir del mismo. Sostiene a continuación que contiene afirmaciones tendenciosas y carentes de fundamentos, en razón del criterio adoptado por el perito y que transcribe, negando que se hubiese solicitado opinión sobre los conocimientos, capacida-des y medios de P. A. E. LLC. Que toma una postura favorable a la empresa. Rechaza el docu-mentos relativo a un presunto informe de la Secretaría de Energía, formulando crítica a su respec-to. Opone contradicciones en las conclusiones adoptadas, como que difieren de las planillas anexadas. Reserva el caso federal.

La impugnación precedente es contestada por la codemandada P. A. E. LLC a fs.1796/1799.

A fs.1813/1814vta., se impugna por los Sres. amparistas la pericia del Contador P. R. A. C. Desconoce en principio el dictámen pericial, recordando que el punto pericial consistía en la evaluación económica del contenido del acuerdo. Opone que no es solo determinar los poten-ciales beneficios de la Provincia del Chubut, que pueden parecer abultados para el ciudadano común, pero no para una multinacional petrolera. Critica que es nuevamente una pericia que hace hincapié en la renta que obtendría la provincia y las inversiones comprometidas por PAE, pero omite las ganancias extraordinarias de la concesionaria. En la parte que titula Análisis crítico del dictamen pericial, impugna que no obstante las variables que toma por hipótesis, se limita a in-formar parcialmente desconociendo cláusulas importantes del convenio. Impugna asimismo el Cap.III- Inversiones. Mantiene la reserva del caso federal.

A fs.1826/1829, formula manifestación la codemandada P. A. E., en razón de la impugnación de la pericia por parte de los amparistas y reserva el caso federal, que se agrega a fs.1835 y se tiene presente.

A fs.1830/1834, se presenta mediante nuevo apoderado la codemandada Provincia del Chubut.

A fs.1837/183, peticionan los Sres. amparistas reposición de la manifestación de la codemandada P. A. E. en relación a la pericia contable del C. P. C., desde que se había corrido traslado previamente y en consecuencia el plazo se encontraba vencido. Sostiene la violación del principio de igualdad en el proceso y se desglose el escrito de fs.1826/1829.

La reposición se rechaza por la Sala a fs.1840 y por haberse producido la totalidad de la prueba, se llama autos para sentencia.

Debe observarse que de la lectura generalizada, que llama la atención que ni de los considerandos ni de la queja surge la debida cortesía y el mutuo respeto que se deben las partes y el magistrado, por el contrario llama la atención el desborde de palabras o comentarios irónicos, por lo que se advierte al respecto y responde a las quejas que se han vertido en el curso del proceso.

Así, el segundo agravio (fs.1560vta.), contiene gran parte de los ingredientes críti-cos que motivan los fundamentos generales de fs. 1552vta., oponiendo las agraviadas que es notorio que el sentenciante, al adentrarse a argumentar, ha tenido anticipadamente una decisión tomada. Se agravia entonces que ya de inicio el sentenciante va descalificando la pretensión y a los actores, considerando que los mismos en su planteo constitucional le dan al trámite "...una apariencia de autenticidad", alegando los amparistas que "no se entiende a que se refiere", pero que aunado a la palabra apariencia, da idea que los actores se han esforzado por plantear una cuestión caprichosa, sin recepción en la constitución o en la ley, concluyendo que se tendrá pre-sente que el Juzgador no se hace cargo del planteo de orden constitucional.

Esta Sala ya ha señalado que la lectura del fallo resulta de difícil aprehensión por su atípica forma de elaboración y que los fundamentos deben estar dotados de claridad. El fallo habla de la introducción de una cuestión constitucional con apariencia de autenticidad, expresio-nes que nada resuelven y constituyen un exceso ya observado. Con todo, el agravio no alcanza carácter modificante, porque nada resuelve y no se puede afirmar que la terminología implique - porque no lo dice - que los actores se han esforzado en plantear una cuestión caprichosa. Es evi-dente que este tramo del fallo - sin perjuicio de las observaciones formuladas - que es curso o pasaje de la sentencia que no alcanza decisiones de fondo. Surge por otra parte de la expresión de los recurrentes, porque los mismos señalan que "se verá", que el Juzgador no se hace cargo del planteo de inconstitucionalidad.

En la misma línea crítica de ausencia de claridad se expone el tercer agravio, por la expresión del fallo en el punto 6 de fs.1533, porque dice: "6. Como la concreción del sistema jurí-dico cuando llega a los actos concretos, al actuar en la red de derecho y deberes que a cada uno nos confiere la legislación, aquí vamos a introducirnos en lo que a mi juicio es el primer cuestio-namiento". Es claro que no es necesario desentrañar tal introductoria, quiere el Juzgador llegar al primer cuestionamiento, que lo relaciona con la aptitud del amparo para obtener un pronuncia-miento respecto a la legitimidad del Convenio aprobado por la Ley Provincial Nº 5616, como lo expresa. También agrega que ello implica introducirse en el punto de vista particular de los acto-res, "...que al parecer han limitado su accionar a disentir con el acuerdo, sin reparar que incurrie-ron en excesivas afirmaciones dogmáticas y que el contenido del art.54 C.Prov.,, traza el límite a los procesos de amparo. Que si esta norma se desborda - sigue diciendo el fallo - cualquier con-flicto desnaturalizaría la esencia del instituto, "como en el caso, donde una parte del acuerdo pe-trolero trata la prórroga, hasta el año 2017, de una concesión petrolera vigente (art.2)...", que no provocó inquietud de los accionantes con lo que no pueden contradecirla (cita autores).

Es evidente que seguir las elaboraciones del fallo en cuanto asigna deméritos sub-jetivos a los amparistas - sofismas los llaman los agraviados - que no resuelven lo sustancial, importan descalificaciones impropias ya observadas, con lo que en definitiva se señala han de seguirse las cuestiones conducentes.

La alusión al art.54 de la Constitución Provincial cuya aplicación intenta prevenir, es consecuencia de la ausencia de tratamiento en primer término de la falta de legitimación activa opuesta por las accionadas. Solo resulta oportuno en consecuencia agregar que la interpretación de la norma es propia a su igual del art.43 de la Constitución Nacional, con lo que las dubitacio-nes del Juzgador observadas por las recurrentes, en cuanto a la aptitud del juicio de amparo para obtener un pronunciamiento de mérito se encuentra zanjada, por resultar los componentes jurídi-cos del derecho vigente, la existencia de causa por el cuestionamiento constitucional de materia determinada y dirigida a partes adversarias.

Llegando al contenido del cuarto agravio (fs.1563vta.), que se exponen por los am-paristas en función de los puntos 8 a 11 del fallo (fs.1533vta./1534vta.), resultan dos cuestiones, la primera cuestión el enfoque del sentenciante sobre la judicialidad de los actos por los que se acciona (puntos del fallo 8, 9 y 10, que conlleva errónea cita del art.54 Const.Provincial con la que subraya el punto 8, que hace a la legitimación y tema ya tratado); y como segunda cuestión, el enfoque sobre el fundamento amparista del punto ll.

La primera cuestión, se pospone para la oportunidad de analizar la naturale-za de los actos justiciables y no justiciables.

La segunda cuestión. Sostienen las agraviadas que nunca han negado las atribu-ciones del Gobernador ni de la Legislatura, sino que se revise la constitucionalidad de un acuerdo (fs.1564vta.). La confesión, mas allá de las críticas que merezca la resolución impugnada, deja sin sustancia el presente agravio y las afirmaciones individualizadas como punto d) de la acción interpuesta ( fs. 28 vta. y fs. 32 primer párr.) y que resulte injustificado lo dicho por el Juez cuando expone el fundamento amparista, punto 11 (fs.1534): "No dice el Señor Gobernador de donde ex-trae facultades para comparecer al acto y suscribirlo". Por eso contesta el fallo que la crítica está fuera del marco jurídico (fs.1534vta., 1er.párrafo) y señala las facultades del Poder Ejecutivo Pro-vincial para suscribir el convenio. Al margen de los fundamentos del sentenciante, que lógicamen-te no se controvierten por lo que expresan las agraviadas, manifestar en esta Alzada que nunca han negado atribuciones al Gobernador, importa corroborar la inadmisibilidad de oponer, que el Señor Gobernador no decía de donde extraía las facultades para comparecer al acto y suscribirlo.

En el quinto agravio se manifiesta que la sentencia hace una reseña de normas que llama "flujo" y se transcribe en tal sentido punto 12 (fs.1534vta./1536), que especifica la serie de normas reguladoras de los hidrocarburos. Destaca la Ley 17369 de Hidrocarburos, que reitera normas anteriores y asigna áreas de explotación a Y.P.F. y regula el capital privado; la Ley 24.145 de Provincialización de Hidrocarburos, que transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a la Provincias, excluyendo las áreas concedidas para explo-ración y explotación Y.P.F. S.E. y entidades privadas según Ley de Hidrocarburos y Ley de Re-formas del Estado Nº 23.696. Destaca la Reforma Constitucional del año 1994 y su art.124, que declara que corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio y agrega que es un derecho esencial de las provincias para existir integralmente, por ser abarcativo de todas las superficies, conforme con el art.75 inc.12 C.N., derechos extensivos a la Provincia sobre el litoral marítimo y a todos los recursos naturales (Cita Zarina); la Ley 26.197 que prevé en su art.1 que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e im-prescriptible del Estado Nacional o de los Estados Provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren y en su art.2, que a partir de la promulgación de la misma las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración de los yacimientos de hidro-carburos, que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho del subsuelo. Señala las facultades del P.E. Provincia , para la firma de tratados y convenios, internacionales, con la Na-ción, las Provincias y entes de derecho público y privado, dando cuenta a la legislatura para su aprobación (art.155 inc.7 Const.Prov.).Concluye que el Estado ejerce el dominio originario y emi-nente sobre los recursos naturales para garantizar su desarrollo y conservación, restauración o sustitución (art.99 Const.Pcial) y que promueve la exploración y aprovechamiento de los recursos minerales, incluídos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Concluye el Juez que dentro de tal contexto jurídico regulador, aún cuando los amparistas intenten decir algo nuevo, que el Poder Ejecutivo Provincial se ha desviado de la Constitución Provincial, o bien se identifica la dis-cusión de la doctrina y principios que exponen con las contrariedades de lo que creen debió hacerse, o bien se afirma que otra interpretación es posible y verdadera y entonces, toda la histo-ria en cuestión narrada por los accionantes aparece como una desviación, un malentendido.

Los amparistas se limitan a contestar la transcripción del punto y la conclusión del sentenciante, sosteniendo que aún con benevolencia es imposible desentrañar ideas claras y dis-tintas, que pese a su extensión, nada agrega para fundar en el rechazo de la acción. Rechazan asimismo el carácter de ingenuos como que parece insinuarlo el Juzgador, que hayan contado una historia y que se han ceñido a los términos del "Acuerdo" y del procedimiento para su celebra-ción, que tachan de inconstitucional con orden al art.96 C.Ch.

Esta Sala advierte en consecuencia que la exposición del régimen normativo por parte de la sentencia no comporta ningún rechazo, con salvedad de la conclusión del sentencian-te, que tampoco impone pronunciamientos, en tanto no se ingresa al debate concreto de las im-pugnaciones.

Salvados tales extremos, se dirimirán en el curso de la presente sentencia las críti-cas de las recurrente a los argumentos que sirvieron como fundamento desestimatorio del senten-ciante, como los puntos no tratados, nunca de los desbordes ajenos al fuero que motivaron adver-tencias iniciales.

Sexto agravio, desconocimiento de la demanda nuevamente y del procedi-miento (fs.1567 y ss.).

Se refieren a los considerandos 13, 14 y 15 del fallo, donde se ingresa a contexto del Expte.Administrativo Nº 03203 año 2007 del Ministerio de Coordinación de Gabinete de la Provincia del Chubut, que por resultar encabezado el agravio con la transcripción de dicho punto 13 (fs.1567), cabe remitirse a los mismos obrantes a fs.1536/1538 y en función de las impugna-ciones, en cuanto opone que el Juez se desentiende de la mismas.

Aluden entonces a la autenticidad del Expte.Administrativo Nº 03203, del que solo se reconocen 248 fojas, por coincidir con las acompañadas por su parte y por la remisión intem-pestiva de dicho expediente a la Legislatura.

La afirmación de la sentencia es que el expediente administrativo Nº 03202-Año 2007, del Ministerio de Coordinación de Gabinete es el que tramitó el acuerdo impugnado. Al res-pecto es necesario señalar que - en efecto - la providencia de fs.803 punto 6 mandó a traer copia autenticada del expediente administrativo, pero las impugnantes silencian las sucesivas constan-cias procesales; la de fs.1213, donde la Provincia del Chubut presenta dos juegos de copias del expediente administrativo aludido, que manifiesta "debidamente autenticas por autoridad faculta-da", el auto de fs.1224 del Tribunal que las tiene tiene por presentadas y por cumplida la manda de fs.803, punto 6 y finalmente la propia presentación de los amparistas a fs.1231/1231vta., punto "II- Contestación documental. Expresan los amparistas que en atención que las copias que adjun-ta la parte demandada se encuentran legalizadas, manifestamos que reconocemos su correspon-dencia con las que obran en el Expte. original...".

El reconocimiento de las copias del Expte.Adm.03202 año 2007, como au-ténticas del expediente original, dejan sin sustento el desconocimiento de la llamada "restante documentación" opuesta a fs.1569vta. últ.párrafo, o por las diferentes fechas de remisión del proyecto de acuerdo con la remisión del expediente administrativo, punto 2 de fs.1570.

Pero no fueron materia de juicio otras argumentaciones de hecho y de derecho formuladas por los Sres. amparistas en esta Alzada, respecto al expediente administrativo men-cionado, como premisas determinantes de la inconstitucionalidad invocada al demandar. Estas, que serán individualizadas en cada caso, no formaron parte de la demanda, ni en la oportunidad de ampliación al presentar el Expte.Adm.Nº 03203/2007, ofrecido como prueba instrumenta (fs.347).

En estrecha conexión con lo expuesto, en su oportunidad el Juzgado actuante re-chazo las impugnaciones formuladas por los amparistas a fs.1231/1231vta., al contestar el trasla-do de la misma documentación - el Expte.Nº 03203/2007 - por auto resolutivo de fs.1232. Las cuestiones rechazadas: Que en la presentación de P. A. E. LLC. de fs.280 (fs.39 del presente juicio), evidencia la falta de firma de los Anexos (sin perjuicio de lo que luego se trate por encon-trarse el punto comprendido en el punto 11 de fs.38); que el convenio de fs.281 a 321, no es el mismo que convalidó la legislatura; que hay una tercera versión (fs.327/347; fs.686/706), esta vez firmadas por el P.E. pero en sus anexos por los Sres. G. y P. Sostienen en consecuencia la nuli-dad de los mismos, quebrantamiento del art.34 de la Ley de Hidrocarburos y que una única per-sona pueda ser titular de más de cinco concesiones de explotación. Se reitera, la amplitud de esta contestación fue rechazada por el Juez. Señaló el Magistrado que el proveído ya aludido de fs.1232, que el traslado solo era de la documentación acompañada y que "no había lugar a la du-plica y réplica y a la formación del objeto litigioso un plus". Aclara el auto resolutivo que el escrito se mantuvo en el expediente al solo efecto de la contestación del traslado de la documental pre-sentada por la Provincia del Chubut.

Otro: Se sostiene a fs.1570, últ.párr., que el acta-acuerdo y documentación que corre en la refoliatura administrativa 3 a 22 son ajenas al convenio con P. A. E., que versan sobre un acuerdo con la Secretaría de Energía de la Nación acerca del otorgamiento de permisos de exploración en diversas áreas de la Provincia del Chubut (fs.1570/1570vta.). Es cuestion impropo-nible, de conformidad con lo previsto en el art.277 CPCCCh.

Otros puntos: Observan las apelantes las planillas relativas al informe adjudicado a la Universidad de Mendoza, que corre en refoliatura 40 a 100 (fs.1570vta., 2do.párr.), por no haber sido emitido de conformidad con la ley de Hidrocarburos, carente de firma que lo respalde como emitido de esa casa de estudios y de fecha emisión. Tratándose de cuestión comprendida en la demanda, se resuelven conjuntamente, mas abajo. A todo evento debe advertirse que el Juez de Primera Instancia rechazó tal observación a fs.1232, en función del escrito de fs.1231/1231vta., por constituir dúplica o réplica.

Otro punto: En cuanto observan las recurrentes a fs.1570vta., a partir del 2do. párrafo, el informe del Ingeniero J. V. R., refoliado 101/114 (fs.904/917), por no satisfacer los recaudos de la Ley de Hidrocarburos y no constar el organismo público que requirió su expedi-ción, carece de planteo al demandar, deviniendo en cuestión improponible (art.277 CPCCCh.

Impugnan asimismo a fs.1570vta. como la falta de consistencia del informe por res-ponder con las cuestiones ambientales según facilitaciones de los abogados de la Empresa, con entrega de manuales y méritos alcanzados respecto a certificados ISO 14001; punto tampoco in-terpuesto en primera instancia (Art.277 CPCCCh.); punto ajeno a la trabazón de la litis (art.277 CPCCCh.).

Impugnan (fs.1570vta., últ.párr.), del Expte.Adm.03203/2007, el informe de la Facul-tad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, en función del segundo párrafo (ref.fs.48 y fs.137 de la presente causa), en cuanto que por la poca información disponible, en petrofísca, de fluídos y valores de presión, las técnicas convencionales no resultarían confiables por lo que las estimaciones se basan en el comportamiento productivo de los yacimientos; punto no interpuesto conforme con el art.277 CPCCCh.

Observan (fs.1571 3er.párr.), que en razón que las evaluaciones económicas se realizaron con datos de precios que proporciona PAE, el Secretario de Hidrocarburos y Minería al elevar el informe al Ministro Coordinador, referentes a los aspectos técnicos de la implementación del compromiso de inversiones, menciona que contó con los servicios del Ing. J. V. R., que el mismo "fue presidente de la empresa Transportadora de Gas del Norte S.A. (T.G.N.) hasta el año 2005, en tanto una publicación, el Cronista Comercial, Año 2004, informa que P. A. E., del área saltena de Acambuco, inyecta gas en el gasoducto troncal de T.G.N., con lo que nada dice el Se-cretario de Hidrocarburos sobre la intervención profesional de Ing. V. R. ni sobre su imparcialidad; los argumentos impugnativos precedentes no fueron introducidos en la instancia de conformidad con el art.277 CPCCCh.

Impugna el informe (fs.1571vta.), por la referencia del profesional informante, que manifiesta que para cumplir la encomienda, se apersonó a la sede central de P. A. E. LCC. y man-tuvo entrevistas con las personas de máximo nivel de la empresa, que el informe que entrega se apoya en tales renuniones y en la información elaborada, presentada y entregada por PAE, oral-mente, por escrito y medios audiovisuales y computacionales y en mi mejor opinión personal al respecto, con lo que afirma que por lo declarado no existe un solo elemento de juicio imparcial a la hora de elaborar el informe; cuestiones no introducidas al demandar (art.277 CPCCCh.).

Que según el Anexo II, presentado por un ejecutivo de la empresa, aparentemente el Vicepresidente de Desarrollo de Reserva PAE, C. W., presenta un artículo de cinco páginas en el idioma inglés, violando el art.123 CPCCCh.; Cuestión no interpuesta al demandar (art.277 CPCCCh.).

De fs.1572, 2do.párrafo, con alusión al informe del Ing. V. R., fs.104 del Ex-pte.03204/07 (fs.1933 de la causa): Refiere el informe de la Universidad Nacional de Cuyo que presenta reserva de hidrocarburos discriminados por la concesión vigente y hasta el final de vida útil de los campos, destaca que de las reservas probadas, probables y posibles, de los 55 campos que se encuentran dentro de la provincia, el programa computacional alcanza hasta el periodo 2017 en caso de la concesión vigente y hasta el 2045 de llegarse al final de vida útil de los cam-pos; que el propio informe de la Universidad revela que en el año 2045 se produciría el final de vida útil de los yacimientos petrolíferos. Las precedentes evaluaciones no responden a su interpo-sición en primera instancia (art.277 CPCCCh.).

Otro punto de las recurrentes (fs.1572): Que a fs.135 del Expte.Nº 03203/07, se encuentra el dictamen de la Fiscalía de Estado, que aclara que su intervención responde al marco de legalidad, que en cuanto la los contenidos técnicos y conveniencia del acuerdo responde a los profesionales de incumbencia en la materia y que en tal sentido, descansa en la opinión técnica desarrollada en los actuados. Critica como se puede descansar en la certificados de reservas de la Universidad Nacional de Cuyo, que reconoce que cuenta con escasa información y que se basa entonces en los que le proporciona P. A. E. LLC., que se trata en consecuencia de un informe irregular, que delega en un particular las funciones de la Ley de Hidrocarburos y el Código Am-biental y reiterando que para establecer si cumple, se basa en los informes de los abogados de la Compañía. Todas las concepciones precedentes y descalificaciones no resultan hechos constitu-tivos al demandar, por lo que asimismo resultan improponibles en esta Alzada (art.277 CPCCCh.).

Otras impugnaciones: Señalan las amparistas que (fs.1573): "Recién a fs.133 el expediente administrativo abandona la refoliatura, sin constancias de funcionario de la administra-ción y serio indicio que el expediente fue armado, luego que desde la Legislatura como de voces de la sociedad civil advirtieran que se había celebrado una concesión por cuarenta años sin ex-pediente alguno, que el expediente ingresado en la Legislatura una semana después, constituye otro indicio; que la providencia de fs.23, de fecha 15/3/2007, demuestra que se avanzó irrespon-sablemente sobre el acuerdo, sin los informes y que los mismos fueron incorporados ex post facto; llama la atención sobre el escaso tiempo que transcurre entre el pedido de informes y la respuesta del Secretario de Hidrocarburos, solo tres días después, que resultan rayanas en la falsedad ideo-lógica, concordante con la falta de correlatividad de fechas entre la remisión de los informes del Secretario de Hidrocarburos al Ministerio Coordinador, 20 de abril de 2007 (ref.fs.24) y la fecha del informe del Ing. V. R. (25 de abril de 2007; observan que al tiempo de la celebración del convenio PAE no tenía su concesión protocolizada en los términos del art.55 de la Ley 17.319; oponen fi-nalmente que en el expediente administrativo acompañado por la Provincia del Chubut, no surge antecedente que avale el compromiso de construcción del tramo Comodoro Rivadavia/Cerro Dra-gón, del denominado Gasoducto Patagónico, comprometido por el Estado Provincial en el Anexo VI del Contrato. Sostienen que dicha obra había sido asumida por la empresa E. S.S., por tramita-ción ante E., cuyo aporte importaba la suma de U$S.20 millones, señala los textos formativos conducentes y concluye que sorprendentemente en el Anexo VI del Contrato, releva de esta obli-gación a E. S.A., al asumirla gratuitamente la Provincia frente a PAE. Critican entonces las ac-cionantes al fallo que no pudo hacer un inventario de los actos como si bastaran para acordarle autenticidad y sortear los graves hechos destacados.. Los cuestionamientos precedentes no con-formaron actos constitutivos del litigio, con lo que al igual que los precedentes, resultan impropo-nibles ante este Alzada de conformidad con el art.277 CPCCCh. Sin embargo, la interpretación del Anexo no importa el relevamiento de la Empresa E. S.A.. relevamiento del que nada se dice. En tanto el compromiso para la Provincia de construir o hacer construir (que incluye en su caso la asunción de la obra por E. S.A.) es cláusula destinada a la concesionaria PAE. La cláusula no importa el relevamiento de la Empresa E. S.A., desde que los derechos del acreedor - aún en la hipótesis de incumplimiento - dá derecho a hacer cumplir la obligación a costa del deudor (art.505 inc.2 CC.).Se rechaza en consecuencia la queja de las amparistas recurrentes (fs.1574vta., últ.párrafo), por no haber valorado el sentenciante las impugnaciones y observacio-nes precedentes y nulidad de la sentencia, o cuando expresa que no puede impresionar la reseña de actos, después de lo que se ha dicho al contestar la documental (fs.1574vta.), por no tratarse de actos constitutivos del proceso y por la descalificación - ya aludida - de la duplica o réplica resuelta por el sentenciante a fs.1232.

Dados los agravios a partir de "Otros puntos" y en cuanto se denuncia como grave la fuente de consulta, lo evidente es que resulta del paladino reconocimiento del ingeniero actuan-te sobre las fuentes informativas, en un marco de actuación no predeterminado y en la que ha intervenido P. A. E. El "Informe sobre aspectos técnicos de la implementación de un compromiso de inversiones hidro carburíferas de la Provincia del Chubut - Producido por el Ingeniero J. V. R. - Buenos Aires, Abril de 2007", que lleva la firma del profesional nombrado, responde, como señala su encabezamiento, a la encomienda de la Provincia, peticionada por el Ministro Coordinador al Secretario de Hidrocarburos y Minería.

En la materia administrativa para convertirse en un vicio de ilegalidad manifiesta, debía resultar la violación de un procedimiento formalmente prescripto, que no fue dispuesto. Sin perjuicio de ello, quedaba a la parte interesada la prueba de la carencia de veracidad de los datos suministrados o valoraciones efectuadas o de la parcialidad del Ing. V. en razón de las vinculaciones señaladas desde que parten del principio de la duda de la buena fe.

El profesional nombrado, al emitir opinión sobre la "Certificación de Reservas a Di-ciembre de 2005, realizada por la Universidad nacional de Cuyo de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Energía de la Nacion" (fs.906) expresa: "He leído atentamente el informe de certifi-cación de reservas. La Universidad sostiene que la información disponible es escasa en petrofísi-ca, en valores fluídos y en valores de presión. Considero que eso es normal en zonas como la que nos ocupa dada las características de sus reservorios de hidrocarburos. El cálculo de las reservas por el método declinatorio (más adelante comento este aspecto) tal como lo ha encarado la Uni-versidad es adecuado para este tipo de yacimientos. He tenido acceso al compendio de informa-ción de producción de que PAE puso a disposición de la Universidad y lo considero suficiente a los efectos perseguidos por el informe. Durante las reuniones mantenidas en PAE he recibido un detallado informe verbal con soporte audiovisual por parte del Vicepresidente de Desarrollo de Reservas en el que pude apreciar las novedades tecnológicas que la compañía ha estado apli-cando en los Yacimientos que opera en Chubut. Al respecto puedo afirmar que tanto el trabajo conjunto con compañias de servicios como el desarrollo de nuevas herramientas para la identifi-cación de petróleos que anteriormente eran opacos a la geofísica y a la geología, dan muestra de ser una de las razones de los incrementos de reservas y de producción indicados más arriba...".

Por otra parte, carece de relevancia el cuestionamiento referido a los datos y pre-cios suministrados por la empresa interesada cuando los mismos, además de ser de dominio pú-blico con amplia difusión en la zona, debieron ser confrontados con los supuestamente reales por los impugnantes.

En todo caso, si el informe de la Universidad Nacional de Cuyo, da cuenta de datos probables ya que en la materia no hay datos absolutamente ciertos ( así resulta reconocido por las normas legales - ver en la pericial de Ing. P. la Resol.Nº 582/98 y Anexo de fs.1731/1737 - "...las estimaciones de reservas involucran cierto grado de incertidumbre..."), lo dicho guarda relación con los últimos descubrimientos de yacimientos en cuencas petrolíferas latinoamericanas en los que previamente se dudaba de sus resultados, todo dato en la materia puede ser relativo, ya sea por insuficiencia de medios exactos de detección del volumen o por las posibilidades de mayor rendimiento que la técnica va brindando en forma progresiva (ver v.gr. informes del mes de junio 2005 que publica la revista Petrotecnia del IAPG y en www.iapg.org.ar/sectores/publicaciones/ actividad/revista_petrotecnica.htm).

En concordancia con lo expuesto precedentemente, ha de advertirse el informe del Ing. V. R. aludido, sobre las novedades tecnológicas y nuevas herramientas para la identificación de petróleos, que el informe de la Universidad de Cuyo presenta valores de reservas de hidrocar-buros discriminados primeramente entre los que corresponden a la concesión vigente y hasta el final de vida útil de los campos, que los 55 campos que se encuentran dentro de la Provincia del Chubut, han sido individualizados y se les ha asignado reservas según la clasificación menciona-da con largas series de datos y proyecciones estadísticas que aumentan su confiabilidad (compor-tamiento productivo) y que el programa computacional utilizado arroja valores hasta el año 2017 en caso de la concesión vigente y hasta el año 2045, en el caso de llegar al final de vida útil de los campos. Adviértase en todo caso en informe de la Secretaría de Energía de la Nación obrante a fs.1822/1824, informando las reservas comprobadas hasta el final de la concesión y hasta el final de la vida útil de los yacimientos, con los porcentuales excedentes para esta última hipótesis. Lo informado, tiene asimismo concordancia con los datos suministrados en la pericial del Ing. M. P., en el volumen de reservas determinados a partir del año 2006, a fs.1727, en su relación con la tabla de fs.1730 "Año 2006".

Por todo ello, sin perjuicio del mayor abundamiento del informe señalado, debe ob-servarse a la la crítica que transcribir solo el párrafo del informe de la Universidad Nacional de Cuyo que señala que las técnicas convencionales no resultarían confiables por lo que se estiman los comportamientos productivos (fs.851), sin completar con los alcances de su significado que vierte el profesional experto y que se ha dejado señalado, no responde a la sana crítica; máxime, si la contrarrespuesta de los Sres.amparistas pierden la lógica de tales explicaciones y la conectan con la discrecionalidad del Secretario de Hidrocarburos por los motivos y la razón de la interven-ción del Ingeniero Valdez y sobre su imparcialidad, sin demostrar el error del dictámen, que preci-samente, opta por la información más confiable, el comportamiento productivo del yacimiento y con lo que confirma como ajustado el mismo criterio del Ente Universitario.

La conducta y comportamiento de las partes en los contratos de la administración, no puede sino ser interpretada dentro del principio de la buena fe (art.1198 C.C.); sobre el tema. "Los contratos petroleros", de los autores Ival Rocca, Enrique L. Abatti e Ival Rocca (h), en J.A.1985-IV-664, punto "II. Bases: Régimen legal e interpretativo" , señalan los autores (punto 28), que el orden prelativo de interpretación del contrato, dado el carácter de éste de ley de las partes (art.1198 C.C.), tiene efecto imperativo, porque viene a ser parte de un sistema en el cual la desacomodación de una pieza trastrocaría los efectos deseados por el legislador; de manera que es irrenunciable e innegociable (art.21 y 9253 C.C.) y en cita 23 (negrita, pág.672 ob.cit.): El CC., (ley 340/869) establece que en los contratos debe interpretarse la voluntad de las partes conforme a las entregas, recepciones, actos, manifestaciones, silencios y omisiones (art.1146); y a su vez, el Ccom., con reglas aplicables a la órbita civil y comercial (Art.16), determina que "los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato, serán la mejor explicación de la voluntad de las partes" (art.218, 4) y que los documentos entre ellas, son la base de la interpretación del contrato (C.Com. art. 208, 3).

El mismo enfoque corresponde a la cuestión ambiental, del modo cuestionado pudo asimismo contar con la prueba en contrario, pero la impugnación solo se limita a la crítica. Tratán-dose del ejercicio del amparo en función de la protección del medio ambiente, surge claro el ex-ceso en la acción intentada frente al derecho vigente a partir de las normas constitucionales de la Nación y nuestra Provincia, donde los contratos no pueden suponer su violación por no haberlas previsto. En todo caso, surge del contrato administrativo que prevé la norma preventiva (art.7 del Convenio), con lo que no existe margen para interpretar que resulta la vulneración del derecho, ya que la característica del acuerdo, no comporta un ataque actual o inminente. Sin perjuicio de los deberes de preservación ambiental asumidos por el contratista, no puede desconocerse que las fuentes de la responsabilidad por contaminación en el estado actual del derecho vigente, no son exclusivamente contractuales; así, resulta por definición de la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, que constituyen obligaciones de los concesionarios cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables (art.69, inc.f), dadas las carácterís-tas de las contrataciones con la concesionaria en actividad, la sujeción a las normas vigentes, en lo especial la Ley 5.439 "Código Ambiental de la Provincia del Chubut". En cuanto se sostiene concretamente como razón de inconstitucionalidad, la omisión de realizar previamente el estudio de impacto ambiental, debe resaltarse que el "Acuerdo de Implementación de un Compromiso en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut", es de desarrollo de proyectos y obras, pro-pias actividades de futuro, que por lógica motivará la intervención de la Dirección de Protección Ambiental y las medidas y procedimientos que correspondan, de conformidad con la ley respectiva y el mandato del art.109 de la Constitución Provincial. Se sigue el criterio expuesto por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia en los autos "Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut s/Amparo", Expte.Nº 17.876-D-2000, que bien reconocen en la audiencia pública una garantía para la defensa de los derechos de los ciudadanos y un mecanismo de consenso en la formación de la opinión pública, vía del art.42 CN., donde la audiencia es un índice de valoración de carácter no vinculante. Pero frente al caso planteado y volviendo el Alto Tribunal al caso constitucional - las mismas pretensiones de inconstitucionalidad en los presentes - establecen: "...la circunstancia que los Sres.Legisladores hayan interpretado que el convenio era viable, sus objetivos y finalidad propicia para los intereses de la Provincia, y además oportuno, no autoriza a suponer de ningún modo que tal aprobación importa viabilizar el incumplimiento ulterior de la legislación vigente en la materia. Así inteligirlo - presumirlo y aseverarlo - es una demasía, que pone en duda la buena fé legislativa, extremo que no autoriza ni la intervención de la Defensoría del Pueblo, ni aún la justi-ciabilidad del acto de poder".

Se rechaza por lo expuesto entender omitido el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública prevista en las leyes pertinentes.

Los alcances de la indagación precedente sobre la medida de la prueba conducen-te al fin propuesto por los amparistas, está sometida a la regla básica en la materia, esto es, el amparo es un proceso excepcional, utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige circuns-tancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (ver v.gr. Corte Suprema de Justicia de la Nación o 27/03/2007 o Provincia de San Luis c. Consejo Vial Federal o DJ 20/06/2007, 549); se dice que hay arbitrariedad cuando hay renuncia conciente a la verdad jurídica; cuando está fundado en la sola voluntad de quien lo emite con prescindencia de las circunstancias fácticas y probatorias existentes; que el vicio no se identifica con el mero error o equivocación sino que exi-ge un desacierto grosero, que conmueva la lógica o el entendimiento; el que contiene una contra-dicción lógica o deficiencia total axiológica; por eso el acto no es arbitrario si encuentra fundamen-tos suficientes, mínimos, adecuados, serios, bastantes, etc.

Corresponde en consecuencia, con los cauces precedentes, el análisis y valoración de cada una de las cuestiones que han sido formuladas en inicio y de conformidad con el orden que prefirieron los recurrentes.

Atento la extensión de los agravios en esta Alzada y sin perjuicio de lo ya resuelto, debe quedar en claro que las alegaciones en las que se insinúan actos irregulares, o contrarios a la buena fe quedan fuera del debate. La conducta y comportamiento de las partes en los contra-tos de la administración, no puede sino ser interpretada dentro del principio de la buena fe (art.1198 C.C.); sobre el tema: "Los contratos petroleros", de los autores Ival Rocca, Enrique L. Abatti e Ival Rocca (h), en J.A.1985-IV-664, punto "II. Bases: Régimen legal e interpretativo" , se-ñalan los autores (punto 28), que el orden prelativo de interpretación del contrato, dado el carácter de éste de ley de las partes (art.1198 C.C.), tiene efecto imperativo, porque viene a ser parte de un sistema en el cual la desacomodación de una pieza trastrocaría los efectos deseados por el legislador; de manera que es irrenunciable e innegociable (art.21 y 9253 C.C.) y en cita 23 dice (negrita, pág.672 ob.cit.): El CC., (ley 340/869) establece que en los contratos debe interpretarse la voluntad de las partes conforme a las entregas, recepciones, actos, manifestaciones, silencios y omisiones (art.1146); y a su vez, el Ccom., con reglas aplicables a la órbita civil y comercial (Art.16), determina que "los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato, serán la mejor explicación de la voluntad de las partes" (art.218, 4) y que los documentos entre ellas, son la base de la interpretación del contrato (C.Com. art. 208, 3).

La expresión de agravios manifiesta a fs.1575, 2do. párrafo, que el Juez tergiversa la verdad objetiva, lo que trasciende - acota - de las mismas constancias de autos y que para ello, basta con releer la cita precedente a "nuestra contestación al traslado de la documental", co-mo que por otro lado, la sucesión de actos no tiene la jerarquía de la previsión del art.96, que se trata de la Constitución, acerca del cual nada dice el fallo.

Se rechaza que la expresión del Juez tergiverse la verdad objetiva, precisamente son las impugnantes las que se desentienden de lo actuado en el proceso en su oportunidad. Ya se ha determinado que los términos ampliatorios a los que se refieren las amparista en la contes-tación a la documental (fs.1231/1231vta.), fueron rechazados por el Sr.Juez actuante a fs.1232, por tratarse - también se registró - de dúplica o réplica, habiéndose mantenido el escrito al expe-diente al solo efecto de la contestación del traslado.

Respecto a la falta de tratamiento de la defensa constitucional que se señala a fs.1595, 2do.párr., el art.96 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es claro que el senten-ciante solo cita la norma de manera tangencial, en la oportunidad del tratamiento de la legitima-ción, al final de la cuestión sustancial, puntos 25 y 26 a fs.1542/1543.

Al tratar esta temática (fs.41vta.), se formulan asimismo otros puntos. Sostienen los amparistas que la prórroga del contrato de concesión se formaliza imprevista y silenciosa, de un día para otro se enteraron los chubutenses que la concesión de Cerro Dragón se prorrogaría por cuarenta años, diez años antes que venza, sin la sanción de una ley previa reguladora del manejo de los hidrocarburos en la Provincia y sin licitación pública. Expresan además, que la sanción de la Ley 26.197, que restituye el dominio de los hidrocarburos a las Provincias, era la oportunidad para el dictado de una ley provincial de marco regulatorio (art.91 y 102 Const.Provincial).

El contexto afirmativo comporta el exámen de los puntos respectivos. La crítica ini-cial alude al modo que entiende se formaliza la ley, actos antecedentes al dictado de la Ley 5616, lo que impone el tratamiento de la justicialidad de los actos, temática pospuesta en la oportunidad del considerando cuarto.

Tiene los agravios de las accionantes, y la ampitud de fs.1604 y siguientes. Sos-tienen que todos los actos emanados de los poderes Ejecutivo y Legislativo son justiciables, con arreglo a modalidades y excepciones, entre los que especifican los actos intra-poderes, que no son directamente justiciables, pero nada impide jueces se pronuncien sobre la constitucionalidad de la causa; que el juzgamiento del acto institucional requiere se configure el caso o causa judicial (art.116 CN.), admitiendo a todo evento que se impone el juzgamiento a petición de parte cuando se invoque una absurda o abusiva interpretación de la constitución o una manifiesta irrazonabili-dad, o grosera violación constitucional.

Las cuestiones implicadas, como se ha advertido en el marco de la ley dictada, lle-van en principio el interrogante del a quo respecto a la configuración del llamado "caso judicial". A su respecto, de conformidad a lo expuesto precedentemente, es conveniente señalar que el con-cepto y los límites del "caso" han ido variando a lo largo del tiempo en cuanto al contenido que debía reunir a efectos de permitir su examen por parte de los magistrados. El autor que se cita mas abajo reseña distintos supuestos como v.gr. referidos a la flexibilización paulatina que se va destacando en los casos llamados "políticos"; en el tratamiento de las llamadas "cuestiones abs-tractas" y en la importante admisión de la acción declarativa de inconstitucionalidad(ver v.gr. nota de José María Salgado en LL, Sup. Const. 2007 (junio), 1 bajo el título "La corte y la construcción del caso colectivo".

Se lee en "La legalidad constitucional como derecho de incidencia colectiva en la Provincia de Tucumán", por Debono, Leonardo Francisco, publicado en: LLNOA 2007 (agosto), 690, comentando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (CS Tucu-mán) ~ 2005/09/02 ~ Arias, Víctor H. y otro c. Provincia de Tucumán, que en cuanto a las llama-das cuestiones políticas no justiciables, recordando algunos pasajes del fallo de la Corte Suprema "Cullen vs. Llerena" (Colecc. de Análisis Jurisprudencia, p. 195) entre otros: "ni lo privativo ni la índole política de actos emanados de autoridades estatales, en cuanto son órganos constituidos, impiden la judiciabilidad de los mismos, cuando se reprocha la violación a disposiciones constitu-cionales. En este supuesto, procede el control del Poder Judicial, sin que esto constituya una in-vasión al ámbito de reserva de otro poder. Por el contrario, hace constitutivamente al aspecto más eximio de la función jurisdiccional judicial, cual es el de asegurar la efectiva supremacía de la Constitución, del Poder Constituyente sobre los poderes constituidos".

No obsta, en el caso, en atención al contenido de las causas de la pretensión, la prosecución de la acción en atención a la naturaleza jurídica de los actos impugnados y no porque baste la mera conformidad de parte respecto a la legitimidad formal de los mismos. En el caso, se trata de actos cuya judiciabilidad ha motivado diversidad de opiniones y en tal sentido resulta útil para el caso la opinión de Juan Carlos Cassagne en nota titulada "Acto político y acto institucional en una acción de amparo promovida por jueces provinciales" y publicado en LA LEY 1985-D, 1216, en el que, dice que aborda una de las cuestiones quizá más interesantes y polémicas del derecho público argentino relativa a la judiciabilidad de la materia litigiosa, en la cual se proyecta la distinción entre el acto político o de gobierno y el acto institucional(destaca en la llamada que su autoría pertenece a uno de nuestros juristas más eminentes y fue expuesta por primera vez en la 1ª ed. del "Tratado de derecho administrativo" del doctor Miguel S. Marienhoff, t. II, ps. 755 y sigts., Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966).

Avanzando en tales conceptos el autor dice que: "Interesa poner de resalto que la teoría del acto institucional constituye, en su formulación técnica, una creación original de la doc-trina argentina y que, contrariamente a lo que pueden suponer quienes la desconocen o ignoran, viene a corregir la tradicional concepción del acto político o de gobierno, la cual vedaba el acceso a la jurisdicción a las personas que promovían acciones impugnando actos de sustancia política".

"El punto de partida de esta nueva concepción doctrinaria radicó precisamente en la observación de lo que acontecía en el plano de la realidad jurisprudencial al advertir que dentro de la antigua concepción formulada acerca del acto político o de gobierno había algunos actos que eran controlados judicialmente, y otros, donde siempre se declaraba que la cuestión se hallaba exenta del control de los jueces".

"Lo que ocurre es que no es posible buscar, en ambos tipos de actos, el principio de identidad, por cuanto su diferencia es esencial"( En el mismo sentido, MARIENHOFF, Miguel S., op. cit., t. II, p. 756, anota que la diferencia es sustancial o de fondo).

"En efecto, esa diferencia sustancial obedece, en primer lugar, a la diversa télesis que orienta cada clase de acto, ya que mientras el acto político o de gobierno persigue una finali-dad superior o trascendente para el funcionamiento normal del Estado, el acto institucional (v. gr. Intervención federal a una provincia) se vincula a la "organización y subsistencia" del Estado, es decir, que se trata de actividades que no hacen a su actuación ordinaria o común y cuya razón de ser responde a una doble necesidad (organización y subsistencia) concerniente a los órganos fundamentales que ejercen el poder estatal".

"En tal sentido, el acto institucional "va dirigido a los poderes públicos" no afecta al particular o administrado, en forma directa e inmediata, contrariamente a lo que ocurre con el acto político o de gobierno, que genera una vinculación directa o inmediata con sus destinatarios (v. gr. admisión y expulsión de extranjeros)".

".Por esa causa, el control de un acto institucional emitido por el Poder Ejecutivo no atañe a los jueces sino al Congreso, a través del procedimiento denominado "juicio político" que consagra el art. 45 de la Constitución Nacional".

"En cambio, el llamado acto de gobierno, no obstante la finalidad política trascen-dente o superior que el mismo pueda tener, es plenamente judiciable, pudiendo ser impugnado ante los tribunales judiciales por los particulares afectados en sus derechos subjetivos".

Agrega el autor citado que:"Todo ello demuestra, a nuestro juicio, que el acto insti-tucional encuentra su fundamento en el principio de la separación de los poderes que postula el sistema republicano de gobierno prescripto por el art. 1º de la Constitución Nacional, ya que se trata, en definitiva, de mantener el sistema por ella descrito en lo inherente a la organización y subsistencia de los poderes fundamentales del Estado".

"En tal sentido, hemos dicho antes que los sistemas republicanos, tal como lo ad-vierte la doctrina comparada parecieran no poder subsistir sin excluir determinados actos -similares a nuestro acto institucional- de la revisión judicial".

"Así ha ocurrido también en la jurisprudencia argentina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se ha declarado que los actos institucionales (v. gr. declaración de estado de sitio, intervención federal a una provincia) constituyen cuestiones no judiciables no obs-tante la posibilidad de plantear ante la justicia demandas concernientes a los actos de aplicación o ejecución de un acto institucional (V. gr. traslado de un detenido durante el estado de sitio)".

El panorama actual respecto al alcance de aquellas limitaciones se aprecia en la actual doctrina judicial cuando se lee v.gr. que la no justiciabilidad de las cuestiones políticas no debe dar lugar a equívocos; lo que escapa a la competencia del Poder Judicial, es exclusivamente la revisión del Juicio de valor de sustancia política -juicio de prudencia política-, pero de ninguna manera las proyecciones del acto político sobre los derechos constitucionales, cuyo amparo es misión específica de los tribunales de justicia.(ver ST Río Negro, 03/05/90 - "Franco, Jorge A. J. ."- Citar: elDial - AXC3).

También y en la misma línea se ha dicho que: ".sin perjuicio de la valoración reali-zada por la legislatura al sancionar la ley en crisis y el Poder Ejecutivo al promulgar la misma con los efectos impugnados en autos, tal tipo de prerrogativas son susceptibles de examen y revisión judicial cuando infringen las normas que reglan sus límites o se incurre en irrazonabilidad, arbitra-riedad o desviación de poder" (ver SCBA, 05/12/2001- "Quintana, Teodoro C. (U.P.C.N.) y otros"- en LLBA 2001, 1458 - LA LEY 2002-B, 346 - DT 2002-A, 568 - LLBA 2002, 144, con nota de Agus-tín A. Gordillo).

Siempre en la temática precedente, lo que sí vale recordar es que tras la reforma constitucional argentina y las modernas constituciones provinciales, se subordina la acti-vidad administrativa mas que a la ley al orden jurídico.

Y tal como informa Sesin, Domingo, en su obra "El contenido de la tutela judicial efectiva con relación a la actividad administrativa discrecional, política y técnica" de fecha 2007-6-445, Citar Lexis Nº 0003/70037085-1 ó 0003/70037085-2: "...es que se otorga significativa importancia a los principios generales del Derecho, los cuales junto con la ley pasan a constituir el marco de juridici-dad que sirve como fuente de la actividad administrativa".

Y aclara que:"Actuar dentro del orden jurídico para satisfacer el interés público no es lo mismo que aplicar automática o ciegamente el contenido de la norma, por cuanto debe te-nerse presente el ordenamiento entero en el cual se inserta y adquiere su verdadero sentido" Por eso, agrega, "En lugar de requisitos de legitimidad del acto administrativo debemos hablar de requisitos de juridicidad y, consecuentemente, de control de juridicidad: su razón es que la terminología actualmente en uso "legitimidad" o "legalidad" podría entenderse, prima facie, de-masiado apegada a la ley, olvidando de tal forma que la Administración moderna debe someterse a un contexto mucho más amplio (Comadira, Julio R., "La actividad discrecional de la Administra-ción Pública. Justa medida del control judicial", ED del 29/3/2000, Buenos Aires; del mismo autor ver su reciente libro "Derecho Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios", 2ª ed., Ed. LexisNexis, julio 2003, p. 493 y ss.; Coviello, Pedro, "La denominada zona de reserva de la Administración y el principio de la legalidad administrativa", REDA, n. 23, Buenos Aires, 1996). De tal manera, también son elementos que hacen a la juridicidad del acto la buena fe, la confianza legítima, la igualdad, la proporcionalidad, la razonabilidad, y sus vicios, la desviación de poder, la falsedad en los hechos, la ilogicidad manifiesta, el error manifiesto de apreciación, la arbitrariedad y la irrazonabilidad, entre otros.

En consecuencia, con el control de juridicidad, la estrategia o metodología judicial no debe construir su silogismo lógico jurídico sobre la base sólo de la ley, sino revisar el acto con un criterio amplio de adecuación a la unicidad del orden jurídico.

En este marco, la discrecionalidad queda atrapada dentro de la juridicidad de donde proviene en forma expresa o implícita. Es decir que no se desarrolla fuera del Derecho, tampoco deviene sólo de la norma legal, sino que actúa en los estamentos administrativos más diversos y en mayor o menor porcentaje en toda la pirámide normativa.

Así, termina opinando que: "Siguiendo las ilustradas orientaciones contemporáneas, en mi opinión la discrecionalidad puede definirse como "una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere a quien desempeña la función administrativa para que, mediante una apreciación subjetiva del interés público comprometido, complete creativamente el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias igualmente válidas para el Derecho". Su cometido trascendente es agregar un elemento nuevo a ese orde-namiento" finalmente que: "Comadira entiende que se configura la discrecionalidad cuando una norma jurídica confiere a la Administración Pública, en tanto gestora directa e inmediata del bien común, potestad para determinar con libertad el supuesto de hecho o antecedente normativo y/o para elegir, también libremente, tanto la posibilidad de actuar, o no, como la de fijar, en su caso, el contenido de su accionar (consecuente), todo dentro de los límites impuestos por los principios generales del Derecho (Comadira, J., "Derecho Administrativo..." cit., p. 507).

Si actualmente forma parte del orden jurídico, el control judicial debe revisar si efec-tivamente ha sido correctamente ejercida "dentro" de ese universo jurídico. Esto no implica revisar su esencia (selección de una alternativa entre otras igualmente válidas), sino sólo su contorno externo e inserción en el sistema ordinamental. El control de los jueces termina al comprobar con el fondo de la cuestión que se ha elegido una solución correcta entre otras de igual condición de-ntro del mundo jurídico. Por ello en lugar de hablar de técnicas de control de la discrecionalidad se debería hablar de técnicas de control de su "ejercicio" (Sesin, Domingo, "Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 287 Ver Texto ).

Como dice Cassagne, "...la discrecionalidad administrativa no configura un ámbito libre del control judicial ni tampoco puede desvincularse del ordenamiento como figura desprovista de juridicidad..." (Cassagne, Juan C., "Fragmentos de Derecho Administrativo, entre la justicia, la economía y la política", 1ª ed., Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2003, ps. 107-108).

Y es que ha perdido absoluta vigencia toda teoría que pretenda acercarse o asimi-larse a la de los "actos de gobierno" nacida en Francia tal como lo recuerda Agustín A. Gordillo en su célebre "Tratado de Derecho Administrativo" Ed. Machi 1980, t. 2, pág. XIV-2, parág. 2. y que en definitiva se caracterizaba por su irrevisibilidad jurisdiccional. Luego se fue flexibilizando su contenido y alcance (ver v.gr. Miguel S. Marienhoff en "Tratado de derecho administrativo" Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1966, t. II, ps. 757 y sigts.

Hoy, luego de repasar los vaivenes y debates sobre el tema, compartimos la apre-ciación de Juan Carlos Cassagne, cuando en su introducción a su trabajo titulado: "Sobre la judi-cialización de las cuestiones políticas" publicado en: LA LEY 2006-A, 858, afirma que: ".En el esquema de nuestra Ley Fundamental, la regla general es que, en principio, todos los actos ema-nados de los poderes Ejecutivo (32) y Legislativo son justiciables, con arreglo a las modalidades y excepciones que a continuación trataremos, a fin de completar la teoría procurando explicar lo que sucede en la realidad y su valoración constitucional"...". Tal regla encuentra apoyo en dos princi-pios constitucionales pétreos como son: a) el que proclama el sistema judicialista (arts. 108, 109 y 116 CN) y b) el que prescribe la tutela judicial efectiva (art. 8.1, Pacto de San José de Costa Rica y arts. 8, 9 y concordantes del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos -Adla, XLIV-B, 1250; XLVI-B, 1107-) que complementa la garantía de la defensa (art. 18 CN)".

Las excepciones a las que hace referencia tratan en general cuestiones intraorgá-nicas, también señaladas por las amparistas o aquellos actos discrecionales pero no arbitrarios y cuya valoración se torna mas flexible pero sin dejar de responder a los principios generales del derecho en cuanto a su finalidad., tal como se ha adelantado en párrafos previos.

Quedó atrás la irrevisibilidad hoy en palabras de Julio Rodolfo Comadira es un valor incorporado al Estado de Derecho, la consideración de la discrecionalidad como un margen de apreciación conferido normativamente a la actuación administrativa, como una posibilidad de elec-ción doblemente juridizada: primero, en tanto toda potestad, incluso la discrecional, presupone la existencia de la norma atributiva y, segundo, en cuanto el propio despliegue de la potestad discre-cional debe sujetarse a límites jurídicos impuestos por el ordenamiento (ver "La actividad discre-cional de la Administración Pública. Justa medida del control judicial". elDial.com citar: DC2B0).

Es claro que ante los hechos consumados y conforme las pautas señaladas, el control judicial implica fiscalizar una ponderación y una elección ya realizada, por lo que debe res-petar el poder exclusivo de valoración otorgado a la Administración, y sólo controlar cuando se sobrepasen los límites del mismo. Aun cuando existan varias soluciones aceptables o razonables, no corresponde al juez sustituir una por otra, sino sólo controlar que el criterio adoptado por la Administración tenga su propio consenso y sustentabilidad en el marco de la juridicidad. Ello quie-re decir que quien controla no puede imponer su propio punto de vista acerca de lo que es más razonable, sino sólo verificar si el iter lógico y la ponderación ya efectuada por la Administración se ajusta a pautas objetivas aceptables, aun cuando fueren opinables.

Los conceptos del sentenciante a fs.1534, punto 10), cuando se refiere a las facul-tades propias de los otros Poderes, parecería adherir a la tesis de la revisabilidad, porque expresa que la cuestión exige un cuidadoso estudio de las cuestiones propuestas, para decidir si son ex-clusivas de las atribuciones otorgadas a los poderes públicos y si fueron ejercitadas dentro de los límites constitucionales, para luego agregar, que en la presente causa donde se impugnan cum-plidos por otros poderes, la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de tales atribu-ciones, en cuanto se haría manifiesta la invasión al ámbito de las facultades propias. Adviértase que el sentenciante rubrica el concepto con cita de fallo de jurisprudencia, que no resulta cuestio-nado por la agraviada.

Aunque el sentenciante dice bien un cuidadoso estudio de las cuestiones propues-tas, no las examina concretamente, definiéndolas directamente como no justiciables.

Llega en consecuencia el momento de analizar si frente a la ley dictada aprobatoria del convenio, resulta oponible a los fines de la inconstitucionalidad, que la concesión en su origen tramitó a "puertas cerradas". No deja de ser una expresión impactante para una audiencia aliena-da por los medios pero carente de incidencia de inconstitucionalidad frente al dictado de la Ley 5616. En principio debe señalarse que los actos preparatorios del Acuerdo tuvieron suficiente divulgación pública e incluso hoy se pueden obtener copias por Internet en el que figuraban como invitado el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, luego quedo tal texto de lado pero no se formularon las correcciones correspondientes de allí que en el acompañado en autos y elevado a legislatura aún mantenga en el p. 7 de los considerandos la mención al art. 100 (inciso 1) CN, el resto de la normativa allí indicada refiere a la situación jurídica anterior a la vigen-cia de la ley 26.197, que sí estaba vigente a la fecha de elevación y sanción por la Legislatura Provincial como ley 5616. A todo evento debe repararse que la sentencia cita el derecho vigente en cuanto que la justicialidad no alcanza al "modo" del ejercicio de los actos de los Poderes Eje-cutivo y Legislativo y cita el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 7/5/98,"Prodelco c. Poder Ejecutivo Nacional". Incluso el sentenciante utiliza la propia terminolo-gía de la Corte, cuando dice: "...Por tal motivo, en las causas en que - como en el sublite - se impugnan actos cumplidos por otros poderes en el ámbito de las facultades que les son privativas, la función jurisdiccional no alcanza al modo de ejercicio de tales atribuciones, en cuanto de otra manera se haría manifiesta la invasión del ámbito de las facultades propias de las otras autorida-des de la Nación (Fallos: 254:45 -La Ley, 110-2). Esa restricción impuesta al Poder Judicial re-dunda en beneficio del sistema republicano de gobierno, sin afectar en modo alguno su misión esencial...". El fallo de la Corte contiene a todo evento variables que completan las bases por las que se resuelve. Así surge del texto del sumario, cuando señala que todo "lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio, excluído de la revisión judicial. Ello no obsta que, planteado el caso concreto - una causa en los términos del art.116 de la Constitución Nacional - se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos; por ende, una vez constatada la inequi-dad manifiesta de una norma o de un acto de la Administración, corresponde declarar su inconsti-tucionalidad".

Es oportuno en consecuencia citar conceptos precedentes y concordantes del Máximo Tribunal, caso "Polino, Héctor y otro v. Poder Ejecutivo (Exp.Feria 5/94), de fecha 7/4/1994, publicado en L.L. 1994-C-294, cuya síntesis conlleva los siguientes votos y se extraen de J.A.1998, pág.72: Nº 56 - Por la sola denominación de una cuestión como política, o la mera atribución de esta característica al tema debatido, no cabe determinar la intervención o exclusión del Poder Judicial (Del voto del Dr.Nazareno); Nº 57 - Entre las tradicionalmente llamadas cues-tiones políticas se consideró tal - y por ende, no justiciable - a la atinente al exámen judicial del procedimiento utilizado en la formación y sanción de las leyes (Del voto del Dr.Nazareno); Nº 58 - Es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren las potes-tades que son privativas de los otros poderes para determinar su alcance, sin que tal tema consti-tuya una cuestión política inmune al ejercicio de la jurisdicción (Del voto del Dr.Moliné O` Connor); Nº59 - Si el Congreso de la Nación habría incurrido en la omisión de los requisitos mínimos e in-dispensables que condicionan la creación de una ley, la cuestión planteada resulta justiciable, aún en el marco de una postura restringida (Del voto en disidencia del Dr.Fayt).

En conclusión, se entiende que el ámbito de evaluación resultante, excluye la hipó-tesis de reserva en las tratativas para la formación del contrato administrativo (los amparistas de-nominan "puertas cerradas"), ya que los mismos no constituirían sino los que llama actos "intra poderes" no directamente justiciables o como refiere la Corte, con mayor amplitud, los actos pre-paratorios -si se entienden comprensivos a aquellos actos anteriores a los de estricta formación de la ley - salvo como señalan las amparistas, resulte una abusiva interpretación de la constitu-ción o manifiesta irrazonabilidad o grosera violación constitucional y agrega la Corte, constatada la manifiesta inequidad de la norma.

Pero entretanto, no privan sino los conceptos de la doctrina jurisprudencial de Su-perior Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia, autos caratulados "Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut s/Amparo", Expte.Nº 17.876-D-2000, donde se demanda la inconstitucio-nalidad de la Ley 4614, aprobatoria del Convenio celebrado por la Provincia del Chubut, con la sociedad alemana "Prima Klima veltweit - e.V". Conforme los antecedentes que se advierten, la demanda informaba la graves irregularidades en la tramitación del convenio, la resistencia de agrupaciones ambientalistas y donde asimismo se reclamaba el debate de la opinión pública en función de la protección del medio ambiente. Los Sres.Ministros votantes, frente a la Ley dictada, partieron del presupuesto que la aprobación del convenio "... supuso por el Parlamento el ejercicio de la potestad de control..." y "...se manifestó en la forma común para estos casos, esto es de Ley" (Dr. Royer); que "...las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la ley fundamental, gozan de una presunción de legitimi-dad que opera plenamente y obliga a ejercer dicha atribución (se refería a establecer la ilegalidad manifiesta) con sobriedad y prudencia, únicamente cuanto la repugnancia a la cláusula constitu-cional sea manifiesta, clara e indudable. La Corte Suprema al ejercer el elevado control de consti-tucionalidad debe imponerse con la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de sus facultades como del respecto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo a otros poderes (doctrina Fallos 314:424)".

Por lo expuesto, las descalificaciones a la formación de una ley que se formaliza en forma imprevista y silenciosa, además de no resultar indudable la afirmación por los antecedentes vinculantes con el Estado Nacional con anterioridad a la sanción de la Ley 26.l97 y por cuanto no hace al contenido de la aprobación legal del convenio, es cuestión remota carente de atribución jurisdiccional a los fines de la acción de inconstitucionalidad, conforme con la jurisprudencia cita-da precedentemente.

En cuanto al dictado de las leyes regulatorias de hidrocarburos conforme con los arts.91 y 102 Const.Provincial, la cuestión en la materia en litigio encuadra en el régimen legal vigente cuyos alcances se establecen al tratarse el agravio del punto 4. de fs.1578vta., conforme con las leyes 26.197, l7.319, art.124 Const.Nacional y leyes concordantes.

En la consideración de las críticas formuladas al "Acuerdo para la implementación de un Compromiso de Inversiones en Áreas Hidrocarburíferas de la Provincia del Chubut", hoy Ley 5616 (B.O.28/5/2007), a partir de f.32, sotienen los amparistas que "debería haberse arribado con debates y la más amplia participación de la sociedad civil, con un procedimiento público y cri-tica sucesivamente los puntos de los considerandos del acuerdo, oportunamente reseñados y que se reiteran a partir de fs.1578.

Las observaciones críticas a lo actuado en los procedimientos en contraste con el modo que debió observarse según lo entienden los amparistas para la formación del convenio, tienen la respuesta de esta Sala cuando se deja tratada la justicialidad de los actos y jurispruden-cia citada a partir de la Corte Suprema de Justicia y Superior Tribunal de Justicia de esta Provin-cia. La misma improcedencia alcanza a la crítica de la redacción, falta de mención de los textos autorizantes de la cesión de la concesión, omisión de la contracción que correspondía a la prepo-sición "de" y el artículo "el" (del) y las facultades del apoderamiento de una empresa multinacio-nal. Para no dejar dudas respecto de lo dicho, de tales actos debe emerger ilegalidad o arbitrarie-dad manifiesta para justificar el remedio del amparo. No basta el error gramatical, tipográfico, la filiación descuidada, un excesivo rigorismo formal, el indicio o presunción de falta de objetividad (Conf. Adolfo A. Rivas: "El Amparo", ed. La Rocca 1987, pág.85, p.9). A todo evento, conforme a la jurisprudencia citada del Superior Tribunal de la Provincia (hoja nº 71, 72), el dictado de la ley presume el cumplimiento de disposiciones que se presumen supervisadas por los entes de control público, como dijo por el Alto Tribunal, la aprobación del convenio "...supuso por el Parlamento el ejercicio de la potestad de control" y se manifestó en la forma común para estos casos, el dictado de la ley con la consiguiente presunción de legitimidad. Es la sentencia la que ajustadamente señala a fs.1543 - sin perjuicio de un concierto resumidísimo de cuestiones entremezcladas con la legitimación activa y cuestiones de fondo - el control de constitucionalidad que compete a jue-ces en el ejercicio del poder jurisdiccional, no comprende la facultad de sustituir a los otros pode-res republicanos en la determinación de las políticas o apreciación de criterios de oportunidad. Quedó asimismo acuñado el concepto en los autos del Superior de esta Provincia ya señalado: "Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut s/Amparo", Expte.N 17.876-D-2000: "...no com-pete al Poder Judicial la posibilidad de revisar el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de los criterios esenciales que sustentan las políticas de Estado, ni las medidas o decisorios con-cretos que en su consecuencia adopten sus órganos competentes, porque si lo hiciera implicaría que los jueces sustituyen estos órganos de "dirección política" alterando gravemente el sistema institucional consagrado por la Constitución Nacional". Se rechazan en consecuencia las impug-naciones analizadas precedentemente.

Se observa el agravio del punto 4 de fs.1578vta.( punto 4 de fs.33), impugnando porque la norma prevé el interés del P.E.N. en la conclusión de las disputas entabladas contra la Nación, afirmando que excede la competencia provincial y que además la mención se erige en una suerte de presión inadmisible en que participa un Estado soberano.

Formando parte el punto observado de ley aprobada, vuelve a reiterarse que con la discordancia de los amparistas, se ingresaría al juzgamiento de los propósitos o motivos del legis-lador para la aprobación de la cláusula, con lo que corresponde reiterar los fundamentos ya ex-puestos por la improcedencia de juzgar la política legislativa. Sin perjuicio de lo expuesto, resulta un exceso fundar la argumentación con la puesta en juego de la soberanía del Estado, sin el debi-do análisis del sistema legal y sin consideración a que se trata de una concesión administrativa de orden económico. La concesión regida por el derecho administrativo, de contenido patrimonial y si donde por su repercusión, como en el caso, alcanza mayor interés nacional o provincial, es por lo que se encuentra sometida al control parlamentario. Es en los acuerdos de ejecución concertada como el contrato de concesión, donde la Administración tiende "a renunciar al ejercicio imperativo y unilateral de sus poderes, buscando convenir con los administrados la aplicación concreta de los mismos, ganándose la colaboración y participación de los empresarios en las tareas comunes de desarrollo económico y social..." (Conf."La evolución del concepto del contrato administrativo", autores Allan-R. Brewuer-Carias, en J.A.1978-IV-727 y ss.). Por otra parte, cuando en forma ante-cedente se critica e impugna en función de los arts.102 y 91 de la Constitución Provincial, ha de advertirse para su comprensión, que resultan normas posteriores a los derechos delegados por las provincias (art.124 Const.Nac.). La autoridad jurídica de los autores suministran los alcances del derecho vigente, la lectura de trabajos como "La nueva ley de hidrocarburos. El dominio origi-nario de los recursos naturales. Nulidad del artículo 124 de la Constitución Nacional", del autor De Simone, Orlando, publicado en laleyonline.com.ar- Sup. Act. 01/02/2007, 1; "El dominio de los recursos naturales. La titularidad de las provincias y sus consecuencias en materia de hidrocarbu-ros", autor Prieto, Hugo N., en LA LEY 2005-E, 1181; "El dominio de los yacimientos de hidrocar-buros. Su relación con las potestades nacionales y provinciales y los derechos de los concesiona-rios" de Cassagne, Juan Carlos, Publicado en LA LEY 2007-C, 1135- ya citado- y "El artículo 124 de la Constitución y el dominio originario" en Acad. Nac. de Derecho 2007 (julio); "El petróleo y las provincias" por Saravia, Luis Adolfo, en: LA LEY 1999-B, 1182; "Tecpetrol S.A. s/ inhibitoria en los autos caratulados: "Provincia del Neuquen c/ Tecpetrol S.A. s/ cobro ejecutivo" - CSJN - 17/05/2005 en Citar: elDial - AA2A74 entre muchos.

Con el autor Cassagne, en el trabajo citado precedentemente, seguimos que con la modificación al art.1 de la Ley 17.319 por las leyes posteriores, que determinan asimismo la per-tenencia a los Estados Provinciales de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos, el precepto está legislando sobre el dominio originario (concord. con el art.2 de la misma ley) por dos razones. La primera, porque viene a reglamentar el art.124 de la C.N. La segunda, ya que si se hubiera referido a la propiedad minera (dominio útil que equivale a derecho real de dominio), sería incompatible con la enajenabilidad (o cesión de áreas), que es una facultad típica que emerge del derecho real de dominio, contemplada en la propia ley 17.319 (art.72, 73, y 74). En consecuencia, luego de precisar la ley que las Provincias asumirán en forma plena el dominio originario sobre los hidrocarburos, la misma prescribe que se consideran "transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro contrato otorgado o aprobado por el Estado Nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y obligaciones contraídos por sus titulares". Que entonces la norma no lo dice, pero encierra una distinción a la que hay que acudir, la distinción entre dominio y jurisdicción, encon-trándose esta última en el ámbito de la Nación, conforme con el art.75 inc.12 C.N. Destaca enton-ces el autor el fallo de la CSJN., cuando declara en forma concordante sobre el art.75 inc.12 cita-do: "al conferir al Poder Legislativo de la Nación la facultad de dictar el Código de Minería, la Constitución Nacional le acordó la atribución de establecer en su integridad el régimen legal de las minas, entre las cuales se encuentran los yacimientos de hidrocarburos" (Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Mendoza y otro - L.L.1979-C-322). La conclusión es clara, la ley no atri-buye algo que estaba prohibido constitucionalmente, ello es la competencia a las Provincias para legislar sobre los hidrocarburos. "La ley solo transfiere los contratos y les concede facultades de administración y control de las concesiones y permisos..." (el destacado es de esta Sala).

No está en discusión la soberanía del Estado Provincial, el régimen legal determina la jurisdicción del los hidrocarburos en los Poderes del Estado Nacional, es el Poder Ejecutivo Nacional el que diseña las políticas energéticas a nivel federal (conf.Cassagne, ob.cit.), no resul-tando en consecuencia justiciable que las partes reconozcan que el P.E.N. ha manifestado su inte-rés en la conclusión de las disputas entabladas contra la Nación.

Los agravios respecto al punto 7. del Acuerdo (fs.1578vta. y fs.33 de la demanda, contienen la crítica a la redacción del punto 7 respecto a la norma constitucional citada, que se estima de visible grosera, que en uno de los borradores que circulaba figuraba el señor Ministro de Planificación Federal, que ello podría acercar alguna explicación pero que no funda en derecho el acuerdo, sostienen por otra parte que no es exacto que se ajuste a la Ley 17.1319 y que no se cita ex profeso la norma del art.96 C.Provincial, que nada menos fulmina con la nulidad el acuerdo; que el punto 7 también señala que que el acuerdo se enmarca en el 102 y que viola el art.91 C.Prov., que dispone el deber de instrumentar políticas alternativas.

Se reiteran las observaciones a la redacción de las normas, que no alcanzan nin-gún grado de inconstitucionalidad, cuando las propias impugnantes señalan puede explicarlo la tramitación inicial con autoridad del gobierno nacional, también señalado por esta Sala cuando se descarta la afirmación de la aparición inesperada de la ley. Por otra parte, pretender la interpreta-ción literal por la mención señalada, vuelve a contrariar los límites de la interpretación constitucio-nal, desde que la mención no puede considerarse repugnante a la constitución o inconciliable.

La norma 96 de la Constitución de la Provincia del Chubut, que declara la nulidad de toda enajenación de bienes de la Provincia o de los Municipio que se de efectúe mediante la oferta pública, salvo las excepciones que establezca la ley, resulta violada en concepto de los Sres. Amparistas.

A la par de la crítica por falta de análisis en la sentencia de tal norma constitucio-nal, se amplía la fundamentación del verbo enajenar a fs.1606vta., con el concepto del Dicciona-rio de la Lengua: "1. tr. Pasar o trasmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho sobre ello (...) 4.prnl.Desposeerse, privarse de algo. Sostiene que por tratarse de una norma de la constitución, corresponde asignarle ese alcance, que es lo que se ha violentado en primer lugar, además de violentarse las normas constitucionales, legales y convencionales - tratados de DD.HH -sobre medio ambiente, las propias normas de la Ley de Hidrocarburos, la distribución de competencias entre el Gobierno Federal y las provincias que hacen a la Constitución Nacional y normas sobre corrupción.

Bien se ha dicho que la interpretación de los preceptos de la constitución depende en gran medida del significado que le den sus intérpretes- operadores, pero resulta evidente que se trata de una interpretación de la norma para el caso planteado, ajena a la interpretación judicial y constitucional. Se aclara, si aún resultara admisible la interpretación sostenida, falta la otra mi-tad, la interpretación de la ley Nº 5616 que se pretende inconstitucional. Es necesario ampliar so-bre los principios comunes pero de estricta vigencia respecto al control de constitucionalidad de la ley. Declarar la inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional a cargo del Poder Judicial, por lo que constituye la última razón (ultima ratio) del orden jurídico, solo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos CS., 19/5/99 - A.A.D.I. - C.A.P.I.F. Asociación Civil Recaudadora v. Hostal del Lago Salón sus propietarios y otros" (J.A.1999-IV-370) y CS.27/5/99 - Universidad Nacional de Córdoba v. Estado Nacional (J.A.1999-III-375). En otras palabras, ya hemos advertido que a partir de la presunción de legitimidad que goza el acto administrativo, es requisito fundamental para ad-mitir la pertinencia de planteos constitucionales o invalidez en su contra la comprobación de su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pues sólo concurriendo dicha circunstancia resulta suscepti-ble de ser enervada la recordada presunción. Tomando en consideración el reconocimiento ex-preso de legalidad de tales actos, enfocamos la critica hacia la arbitrariedad calificada de la norma y en tal sentido Salgado-Verdager en su obra "Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad" Ed. Astrea 2000, pág. 96, rescatan conceptos, dentro de la amplitud del vocablo, y alguno que fuera acuñado por la SC Mendoza 27/07/90 publicado en LL 1990-E-266, comprensiva de su va-riada casuística al que remitimos.

Con tales premisas, incluso la interpretación extensiva con unos de los significados gramaticales resulta inaplicable. Es que se desentiende de la interpretación jurídica, además de las exigencias interpretativas del sistema legal y la naturaleza del contrato base en que reposa el convenio, la concesión minera. Fundamentalmente, la concesión se encuentra acotada por una norma básica en la materia, los "yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalie-nable e imprescriptible del Estado Nacional o de los Estados Provinciales, según el ámbito territo-rial en que se encuentren" (art.1 Ley 26.197); si bien obtiene el concesionario el dominio sobre los hidrocarburos que extraiga (art.6 Ley 17.319), no adquiere la propiedad estricta del yacimiento, por ser este de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. El minero es un concesionario administrativo unido al Estado por un vínculo contractual de derecho público. Concebir en conse-cuencia la naturaleza jurídica de la concesión, como un contrato de enajenación de bienes públi-cos por el contenido singular de una de las prestaciones, contraría tanto los principios de estrictez para declarar la norma inconstitucional, como la propia realidad del contrato de concesión. La concesión es primordialmente "un acto legislativo en cuya virtud el Estado hace delegación de facultades en una empresa, para la debida realización de un servicio público, dentro de los límites prefijados, determinando las condiciones de tiempo, forma y elementos de la construcción y explo-tación, privilegios y exenciones otorgadas a la empresa, derechos y ventajas reconocidas por el Estado, para sí o para determinadas manifestaciones de la vida nacional (Conf.C.Nac.Fed., Sala Cont.Adm., en autos "Puerto de Rosario S.A. v. Gobierno Nacional", en L.L.114-673). Porsu parte, la Corte Suprema, con similares conceptos, define asimismo que la concesión es primor-dialmente un acto de gobierno que tiene por fin organizar un servicio público de interés general, pese a los aspectos contractuales que quepa reconocérsele (Fallos 178:243; 183:116 ).

Que en consecuencia, además de no importar el Acuerdo supuesto alguno de ena-jenación del dominio de los yacimientos (art.96 CPCh.), que además los actos son de prórroga y la concertación de nuevos contratos con otra persona estatal, si aún se entendiera que por el hidro-carburo producido, a través de la concesión de su explotación podría quedar comprendido en aquélla norma condicionante, ya que a no dudar la "exigencia" que pesa sobre el Estado de llevar a cabo, en forma previa a contratar, un procedimiento público de selección que garantice la igual-dad de trato a los potenciales oferentes, constituye una regla que se deriva de los arts. 16 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, así como también de los tratados internacionales a los cuales el art. 75 inc. 22 CN. confirió jerarquía constitucional, los cuales invariablemente contienen normas destinadas a reafirmar la obligación de los Estados de dictar normas que aseguren la plena vigen-cia del mencionado derecho a la igualdad. Esta regla está asimismo expresa y específicamente establecida con jerarquía supralegal por el art. III.5 de la Convención Interamericana contra la Co-rrupción y por la Decisión N° 40/03 (Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur). Ampliar en COMADIRA, Julio R., "La licitación pública (nociones, principios, cuestiones)", Depalma, Bue-nos Aires, 2000 y "Contrato viciado por omisión de la licitación pública (a propósito de "Cardio-corp")" por Bustelo, Ernesto N. o Nota a Fallo en LA LEY 2007-D,21), en el caso - como "última razón - se produjo asimismo la excepción que contempla la norma siguiente al art.96, la del art. 97 CPCh., ya que la aprobación del proyecto en legislatura supero los dos tercios, tal como se lee en el diario de sesiones de la fecha y que se de dominio público, además de haber sido destacado por el Estado Provincial en su contestación de demanda a fs. 789.

No puede dejar de señalarse en consecuencia, frente a la exigencia de la "última razón", que la justicia "...solo debe decidir la inconstitucionalidad, cuando no le queda la vía de optar por la interpretación constitucional de la ley" (C.Nac.Trab., Sala 7ª.18/2/82 - Huidobro de Franco, Dora E. v. Paraná S.A. de Seguros - en J.A.1983-I336).Se rechaza en consecuencia por todo lo expuesto que se encuentre incumplido el art.96 de la Constitución del Chubut.

Las impugnaciones en función de los arts.102 y 91 de la Constitución Provincial, tienen la debida consideración precedente al tratarse el punto 4 a fs.1578vta.

Punto 6. A fs.1579vta., vuelven las amparistas apelantes sobre los puntos 4 y 5, formulando evaluaciones, respecto al primero, que alude a la generación de fuentes de trabajo perdurables, aludiendo a informe de la Secretaría de Hidrocarburos, con lo que sostiene una po-bre generación de empleo de PAE, sumados conflictos de trabajo, que debería haber provocado más atención si el contrato se hubiera suscripto válidamente. Respecto al punto 5., alude al es-fuerzo del PEN para incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos a nivel nacional, insistiendo en que el PEN no es parte y que la evidencia es una progresiva pérdida de reservas y la posibilidad cierta que el país termine siendo importador y en cuanto al art.2, párr. segundo, solo exige un nivel de reservas de dos años durante el año anterior al 14/11/2017, es decir un volumen sustancialmente inferior a las reservas comprobadas al día de la fecha.

La interpretación disvaliosa es por predicción, donde las motivación de la norma que no admiten irrazonabilidad alguna, como el de propender a la generación de fuentes de trabajo, entonces le agregan los impugnantes que el motivo no se correspondería por la existencia de un bajo nivel ocupacional de la concesionaria PAE y de conflictos laborales y rematan con la conclusión que falta atención del legislador a tales cuestiones; que el P.E.N. no es parte y que el nivel de reservas exigido es bajo.

Al no poderse criticar el objetivo, se contrapone con la demerituación tentativa que no se "correspondería" con el bajo nivel ocupacional. La alegación carece de respaldo, porque silencia el informe de fs. 832, que indica un nivel ocupacional de personal de 524 dependientes en relación de dependencia, contratados por terceros 161 y 7506 trabajadores vinculados por conve-nio colectivo de trabajo (petroleros privados, UOCRA y otros). Si aún las cifras vinculantes fueran bajas y frente a la existencia de conflictos laborales, la motivación sigue siendo de total razonabili-dad y no roza ninguna cuestión constitucional. Es oportuna la consideración del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sala Contencioso Administrativa - en los autos "Aguas Cordobesas s.A. c/Provincia de Córdoba Contencioso Administrativo plena jurisdicción s/recurso de apelación" (fecha 14/10/2005, microiuris MJJ5969 de fecga 30/11/2005), ante la propuesta normativa y la adecuada motivación jurídica: "La opinabilidad intrínseca de ciertas situaciones fác-ticas no reconducibles a pautas objetivas por medio de la interpretación, no puede ser convertida en certeza ni por el administrador ni por el Juez.." (cita el Sr. Juez Domingo Juan Sesín, opinante su propia obra:"Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos meca-nismos de contro judicial. Análisis jurisprudencial", Ed.Lexis Nexos, Bs.As.2004, págs.204 y ss.). Dicho en otras palabras en función de la crítica de las amparistas, las opiniones menoscabantes no son certeza, manteniéndose incólume la proposición del objetivo aprobado por la ley.

Por la impugnación de los fines de incrementar las reservas manifestadas por el P.E.N., que estiman improcedentes, quedan desestimadas en función de lo expuesto al tratar el régimen legal vigente punto 4. de fs.1578vta. Punto 7. Se agravian los Sres. Amparistas a fs.1580 (fs.34 de la demanda), en ra-zón del contenido del art.1, por la inversión que compromete PAE de dos mil millones de dólares estadounidenses, en la Áreas Anticlinal Grande-Cerro Dragón y Chulengo y Cerro Tortuga-Las Flores, entre los años 2007 y 2016. Señala que es un compromiso que se diluye durante la conce-sión, lo que erige en inexplicable el apresuramiento para prorrogarla, que torna incierta la relación jurídica misma. Siguen diciendo que se observe que el tercer párrafo del Acuerdo dice que la pos-tergación de las inversiones por el tiempo que superen el período indicado, deberá ser autorizado por la autoridad de aplicación y que además se remite a normas y resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, que denota incertidumbre sobre la estabilidad de la relación jurídica, que más allá de exhibir un cuadro con un cronograma de inversiones, deja en manos de PAE la con-creción de las mismas.

No se infiere del texto de la norma condiciones irrazonables o de iniquidad , para alcanzar el grado de norma inconstitucional: "La gravedad institucional que conlleva la declaración de inconstitucionalidad obliga a que las razones que se invoquen para solicitarlas se sustenten en una relación inmediata con las garantías que se dicen conculcadas y no sobre la base de los re-sultados posibles de la aplicación de las normas que se atacan" (C.Nac.Civ. Sala G.,12/5/87 - S. de D´A., G. y otro - J.A.1987-II-499). La crítica de los Sres. recurrentes vuelve sobre las bases contractuales programadas legalmente aprobadas, con interpretación subjetiva disvaliosa, a cuyo respecto se evaluó, no puede ser convertida en certeza. A todo evento, no corresponde al Poder Judicial revisar el acierto o error, conveniencia o inconveniencia de los criterios del legislador (Conf.jurisp.S.T.J. Chubut citada."Defensora del Pueblo...s/Amparo", Expte.Nº 17876-D-2000).

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando se cuestiona el artículo 1º del acuerdo no se tiene en cuenta la reforma legislativa que ha obrado en su desarrollo, en tanto las referencias a las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, a la par de importar la adecuación regla-mentaria, se ajusta a derecho, según el derecho vigente analizado (punto 4. de fs.1578vta.(hojas nos 80/83, pié de página de la presente). Por otra parte, toda opinión contraria o conjetural de los Sres. amparistas resulta extemporánea por prematura, máxime cuando se han previsto medidas correctivas para el caso de incumplimiento de lo acordado (v.gr. ver p. 9.5). En materia tan azaro-sa y dinámica como es la exploratoria y los constantes avances de la técnica de extracción del producto no admiten acuerdos rígidos sino con suficiente flexibilidad que vayan contemplando las distintas alternativas que pueden suceder con el tiempo necesario de adecuación, de allí que no sorprende que los compromisos e inversión también e ajusten a tales posibles variantes - todo en base a estudios previos de factibilidad- y alentando perspectivas de éxito futuro, principios al que se avienen las partes.

Punto 7. El agravio respecto a la prórroga del Acuerdo, se expone a fs.1580vta./1582 (fs.34vta./35vta., de la acción), en cuanto a que el P.E. Provincial otorga a partir del 14 de noviembre de 2017, la prórroga de 10 años prevista en el art.35 Ley 17.319. Oponen que de la sola lectura de la norma, esta no puede invocarse, que las prórrogas quedan condicio-nadas al cumplimiento de las obligaciones emergentes de la concesión, con lo que mal puede otorgarse una prórroga por el Gobierno Provincial sobre una concesión otorgada por el Gobierno Federal, sin conocimiento del cumplimiento de tales antecedentes y que es sencillamente absurdo se convenga hasta el año 2047, una relación nacida en el marco de previsiones nacionales.

El legislador ha aprobado el Acuerdo mediante el art.1 de la Ley 5616, con ello la prórroga concedida por el Gobierno Provincial a la concesión inicialmente otorgada - como se señala - por el Gobierno Federal, cuyas motivaciones resultan - en los considerandos - que para cumplir los propósitos, conforme con la legislación vigente y con la participación del P.E.Nacional, se considera conveniente que los plazos contractuales se adecuen a las necesidades de explora-ción y desarrollo de las áreas involucradas y a los objetivos de dar sustentabilidad en largo plazo a las operaciones petroleras en la región.

Por lo expuesto, queda confirmada la prórroga otorgada, que no excede el plazo del art.35 Ley 17.319, comprendidas consecuentemente las motivaciones consignadas en el acuerdo.

Punto 8. Las impugnantes exponen que es absurdo se extiendan hasta el año 2047 (fs.1581), pero esta afirmación la formulan sin ninguna especificación ni referencia a la interven-ción de Petrominera Chubut Sociedad del Estado. Es necesario señalar, hoy ya con el articulo 2 de la misma Ley 5616 de fecha 28 de mayo de 2007, que establece la transferencia de "los permi-sos de exploración y concesiones de explotación y de transporte y los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, transferidos por el Estado Nacional a la Provincia del Chubut por la Ley 26.197, a partir del vencimiento del plazo de las respectivas concesiones o permisiones. En consecuencia Petrominera Chubut Sociedad del Estado procederá a suscribir los contratos previs-tos en el artículo 5º del "Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones hidro-carburíferas de la Provincia del Chubut", bajo los lineamientos estipulados en los Anexos II y IV".

No hay exceso del plazo 10 años de prórroga, otorgado por el Estado Provincial, previsto en art.35 Ley 17.319, de vigencia como señala el Acuerdo, a partir del 14/11/2017. Luego es Petrominera Chubut Sociedad del Estado, facultada por el art.95 de la Ley 17.319, la que de conformidad con los Anexos II y IV ha de formalizar los contratos respectivos, en razón de la transferencia de los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, transferidos por el Estado Nacional a la Provincia del Chubut, con efecto al vencimiento del plazo de las respectivas concesiones o permisiones.

En consecuencia, la invocación del art.35 Ley 17.319 se ajusta a derecho, en tanto bajo otras convenciones a formalizarse por la Sociedad del Estado, se establecerán nuevos pla-zos, todo lo que el legislador ha receptado por las motivaciones señaladas, por lo que se concluye que no resultan desbordes legales ni arbitrarios en la prorroga y su continuidad de conformidad con la normativa vigente, como pretenden los accionantes. Debe reiterarse que se trata de la ac-ción de inconstitucionalidad del Acuerdo, con lo que la crítica subjetiva con otros entendimientos ( por la forma como muy anticipada de los respectivos vencimientos y contra el espíritu de la nor-ma), no alcanza a la ley dictada a los fines de la acción de inconstitucionalidad. Los fundamentos por la negativa se encuentran reiterados en numerosas ocasiones en el curso de la presente sen-tencia. El Estado ha acordado lo que en términos expresos resulta de la concesión y es lo re-frendado por el Poder Legislativo (Conf.S.T.J. Chubut, jurisprudencia citada: "Defensora del Pue-blo...s/Amparo", Expte.Nº 17.876-D-2000).

Sostiene por otra parte el memorial, que hay que detenerse en el examen del pá-rrafo final del art.2, relativo a la certificación de reservas y su modalidad, aplicando las Resolucio-nes Nº 324/2006 y los estándares internacionales generalmente aceptados y subsiguientes meca-nismos en caso de discordancia de las partes, con lo que queda anulada la certificación de reser-vas con facultad en definitiva de la empresa.

Conforme al derecho vigente, sus lineamientos insertos al tratar el punto 4. de los agravios de fs.1578vta. (hojas 80/83) , no se ajusta a derecho que primero debía dictarse un mar-co regulatorio en el orden provincial y su ausencia como de grave e injustificada, a poco que se advierta, sin perjuicio de la asunción plena del dominio originario sobre los hidrocarburos del terri-torio provincial, que las facultades conferidas son de administración de los mismos y que lo trans-ferido son los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, sin que ello afecte los derechos y obligaciones contraídas por sus titulares y que las vigentes se calcula-rán conforme los respectivos títulos (art.2º Ley 26.197). Las restantes apreciaciones, siempre fun-dadas en una opinión desfavorable de los Sres. amparistas (la atribución de una suerte de conve-nio de adhesión con cláusulas predispuestas y la concesionaria como juez y parte en materia de certificación), se reitera que son conceptos subjetivos demerituantes de las condiciones obliga-cionales del Acuerdo y sobre la base de resultados posibles de las normas, pero sin una relación directa e inmediata con una garantía constitucional. No es a los fines de su inconstitucionalidad la ponderación debida a la ley dictada - calificada como la más delicada de las funciones que puede atribuirse a un tribunal de justicia - ser objetiva, equilibrada y prudente. La naturaleza del contrato ya se encuentra definida por esta Sala e importa un acuerdo aprobado por ley, son normas que rigen la concesión donde se señala el objeto de la contratación, los derechos y obligaciones del concedente y concesionario, regido por el derecho administrativo, cuyas reglas interpretativas no son ajenas al art.1198 C.C., con lo que resulta improcedente se lo interprete peyorativamente como razón de inconstitucionalidad, como un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas.

Punto 9. Se impugna el artículo 3 del Acuerdo (fs.1582/1583; fs.35vta./36vta. de la demanda). El resumen de la norma importa señalar que con la finalidad de mantener un nivel adecuado de actividad en la cuenca y contribuir a la previsibilidad y sustentabilidad del territorio, la Provincia y PAE, realizarán los actos necesarios para que al vencimiento de la próoroga, continúe operando en dichas áreas por un plazo de 20 años; que antes del vencimiento PAE presente una certificación de reservas a no menos de dos años de producción, que esta parte haya invertido a partir del año 2017 y hasta el 2026, un mínimo de U$S1.000.000 y que durante el plazo señalado PAE presentará programas anuales que contemplen la continuación de la explotación, compatible con el grado de madurez de las áreas, sobre criterios técnicos y económicos de la Ley 17.319.

Reitera la crítica en todas las partes de la formativa legal por entender la voluntad unilateral impuesta por la empresa a la Provincia y que el plazo resulta de 40 años.

Por una parte, en principio corresponde reiterar que se controvierte la modalidad contractual aprobada por el legislador, con la crítica que resulta una voluntad unilateral de la con-cesionaria (contrato de adhesión). La contraposición resulta inadmisible desde que juzga, en el concepto de los accionantes, la inconveniencia de la terminología legal con la implicancia que señala. Es necesario volver a la mayor amplitud de lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en punto a tal tipo de controversia: "Es regla doctrinaria que la interpretación de los poderes y derechos del gobierno instituído por la Constitución, no debe ser estricta ni restringida, pues los medios de satisfacer las necesidades del país, de evitar los peligros y de aumentar la prosperidad nacional son tan variados y complejos, que debe dejarse una gran latitud para la elección y empleo de esos medios, de lo que se deriva la necesidad y la conveniencia de interpre-tar ampliamente los poderes constitucionales...es por ello que las reglas que los tribunales aplican, no es solo su propio juicio de constitucionalidad, sino el que es admisible para otras ramas del gobierno a las que la constitución ha otorgado competencia sobre la materia" (Conf.Corte Sup., 27/12/96 - Chocobar, Sixto C. v.Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servi-cios Públicos - en J.A.1997-II-557). En el mismo contexto limitativo: "...no corresponder a los jue-ces sustituir al legislador, sino aplicar la norma tal como la concibió, está vedado a los tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades" (Corte. Sup., 4/10/92 - Carlos Ignacio Caminal S.C.A. v. Dir. Gral. Impositiva - J.A.1993-II-10).

En relación al punto sobre la violación al tope legal, aludiendo que la norma hace referencia a una segunda prórroga e importando un contrato de cuarenta años, no se ajusta en principio a la redacción conjunta de las partes, que se refieren a plazo (20 años) y no a prórroga; que importa un contrato por cuarenta años, corresponde asimismo su rechazo, ya que omite la distinta sucesión de actos previstos en el Acuerdo, con intervención de Petrominera Sociedad del Estado, a cuyo tratamiento remitimos de conformidad con lo expuesto al tratar el agravio de fs.1580/1582.

Punto 10. Impugnaciones a los artículos 4, 5, 6, y 7 (fs.1583/1584vta., fs.36vta./37vta.de la demanda). En general se critican las normas citadas, por su forma compren-siva de otras partes, las previsiones de inversión y descreimiento de las bases para su efectiviza-ción, que el convenio pretende eludir el tope legal del art.35, con la cesión de Yacimiento a Petro-minera, que más allá de los términos del acuerdo no será una operadora sino una concesionaria, la actuación como simple intermediaria de la sociedad del estado, que prevé obligaciones de audi-tar a partes que no integran el acuerdo, la Universidad local, restándole posibilidad por la recono-cida desfinanciación como el resto de las Universidades nacionales, considerando cláusula recla-mativa la pretensión de las partes de general fuentes de trabajo perdurables, consolidación del mercado local y regional, que no estará garantizado con condiciones dignas, claras y perdurables, profundizando problemas por los criterios de selección. Que el contrato no tiene una salvaguarda de las condiciones de trabajo estabilidad y el art.9 libera a PAE su acontecen algunos de los cua-tro supuestos que allí se contemplan.

Una vez más los Sres. Amparistas contraponen sus reflexiones y resaltan defectos de las normas, contra lo que resulta ley de las partes y del Estado Provincial por el dictado de la Ley 5616, otorgando legitimidad a todos los actos cumplidos por las mismas y normas en esta oportunidad las objetadas por acción de inconstitucionalidad. Frente al dictado de la ley, el poder judicial excedería su ámbito específico y la división de poderes, si juzgara los propósitos o motivos del Poder Legislativo sustituyendo al legislador (salvo el caso de manifiesta irrazonabilidad o ini-quidad), por resultar la ley materia de política legislativa.

Se dejan reiteradas las premisas de reserva a la ley y a la mayor amplitud cabe la remisión a los precedentes cuestionamientos de igual entidad. Es oportunidad de salvar, que la reiteración de la remisión es consecuencia de responder a las impugnaciones consecutivas de las normas del mismo tenor. Cabe agregar no obstante por su vinculación con la materia cuestionada y alrededor de la función jurisdiccional, el fallo que señala: "La primera regla de interpretación de la ley consiste en respetar la voluntad del legislador, y, en tal sentido, cabe estar a las palabras que ha utilizado" (Corte Sup., 16/5/95 - Bolaño, Miguel A. v. Benito Roggio e Hijos S.A. y otros - en Rep.J.A. 1996-801, nº 35).

En cuanto a la crítica en si, respecto a la previsión de inversión "off shore" que da cuenta la clásula 4, en cuanto señala asimismo a la Provincia de Santa Cruz, es elección de len-guaje o terminología del Acuerdo, cuya técnica deviene en legislativa por rango de ley, con lo que el significado jurídico no puede sino extraerse de la lógica. La lógica pone orden en los conteni-dos, por lo que si la aprobación del Acuerdo por Ley 5616 solo comprende a las áreas hidrocarbu-ríferas de la Provincia del Chubut, va de suyo que la manifestación del compromiso de inversión es solo receptada en la medida que le compete.

Señalan el art. 5 como toda una originalidad, por imponer a un tercero Petrominera S.E. la celebración de un contrato, por lo que no advierten como podría en derecho obligarla, sin embargo señala de inmediato que este mecanismo pone en evidencia que tiene por finalidad sor-tear el art.35 de la Ley de Hidrocarburos.

Siendo que la ley aprobatoria del Acuerdo impone a Petrominera Chubut Sociedad del Estado, que procederá a suscribir los contratos previstos en el artículo 5 del Acuerdo, bajo los lineamientos previstos en los Anexos II y IV, la cuestión tiene respuesta concreta. Por otra parte, la previsión de las partes en la oportunidad del acuerdo se ajusta a derecho: "El contrato a cargo de tercero es aquél en que una de las partes promete el hecho de un tercero y en esa promesa consiste la obligación que asume (Véase el art. 1163 del Còd.Civ., el art.843 del Proyecto de 1936). La cita corresponde a la obra: "Contratos a favor de terceros", autor Julio Dassen, pág.11, Ed. Abeledo Perrot - año 1960. La cita en la misma página es rica en explicaciones a partir de Pothier, pero adviértase limitada al punto expreso: "...nosotros podemos prestar nuestro ministerio a otra persona a fin de contratar por ella, de estipular y prometer por ella; y en ese caso no es propiamente nosotros quien contratamos, sino dicha persona la que contrata por nuestro ministe-rio". Pero adviértase por otra parte, que el régimen jurídico resultante para las empresas estatales en la materia, tiene su regulación a partir de la propia Ley 17.319. Esta establece en el art.ll que las empresas estatales constituirán elementos fundamentales en el logro de los objetivos fijados en art.3 (política nacional con objetivo principal de satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país), a las que podrán asignarse áreas o ejercer sus actividades directamente o mediante contra-tos de locación de obras o servicios, integrar o formar sociedades y demás modalidades de vincu-lación con personas físicas o jurídicas que autoricen sus estatutos. Por las razones expuestas en cuanto se descalifica por mera intermediación, porque además de responder la cláusula a figuras contractuales del derecho común, se corresponde del sistema legal destinado al cumplimiento de los objetivos en la explotación de los hidrocarburos; Ley 26.197, trasladando derechos a las Pro-vincias otrora solo en manos del Estado Nacional, así, la previsión de la cláusula 5 y el anexo II en lo pertinente, trasladando la participación prevista en el art.93 de la Ley 17.319 - del producido bruto de los hidrocarburos en boca de pozo - no constituye sino la lógica reconducción de lo pre-visto inicialmente en dicho art.93 para el Estado Nacional. En consecuencia, los objetivos de la ley en pos de los planes de expansión y en su consecución la descentralización en Petrominera Chubut Sociedad del Estado, tal como se prevé en el p. 5, no puede calificarse ni de ilegal ni arbi-trario, por haberse ajustado a las permisiones de las herramientas legales señaladas.

Si cuando en el p. 6, la Provincia se compromete a auditar, una vez por año el es-tado de reservas hidrocarburíferas de las concesiones, facultad exclusiva y excluyente que puede ejercer en razón del titulo que ostenta, manifiesta a su vez la intención de requerir el aporte, para tal fin de la UNPSJB, es propio de los alcances del promitente señalado precedentemente, co-rrespondiente a tal ente resolver la intervención prevista o no, de acuerdo a sus posibilidades. El contrato con cargo a terceros, es la interpretación jurídica y no corresponde otra, ya que la buena fe se presume y la mala, que con existencia de un ente desfinanciado equivale a renunciar a todo tipo de control, importa juzgar por inapropiadas la forma de auditar las reservas hidrocarburí-feras autorizadas por la ley expuesta en la cláusula 6. Corresponde la aplicación de la ley tal como se la concibió (Conf.última cita precedente de fallo de la CSJN.). Cabe señalar finalmente al pre-sente punto, que dar mayor participación a un ente que se presume objetivo en sus dictámenes, otorga mayor credibilidad y seriedad a tal tarea de supervisión.

Se critica injustificadamente las ventajas contractuales que ha obtenido la Empresa cuando se hace referencia al p. 7.5, ello es su acierto o conveniencia, cuando la primera regla es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, que ha aprobado el Acuerdo. Es la señalada en la cláusula, pero también se critica que se haya expresado que a través es objetivo consolidar eco-nómicamente el mercado local y regional y generar fuentes de trabajo perdurable, profundizar los actuales criterios de selección de proveedores y contratistas de servicios y obras que den priori-dad a la contratación de empresas locales y regional, reuniones de ambas partes para analizar la evolución de los niveles de contratación, dificultades y acciones a desarrollar para facilitarlo, pero se agrega la queja que se comprometen pero sin especificar concretamente las mismas.

Así, pareciera que merece critica lo que no se dice y lo que se dice pero no del mo-do esperado. Los objetivos y previsiones alejan toda irrazonabilidad o inequidad de la norma y por lo tanto de inconstitucionalidad, tener en considerar la economía y prosperidad local, regional y los restantes objetivos plasmados en la negociación, no justifican la crítica expuesta.

Punto 11. de fs.1584vta./1585 : La remisión a los Anexos (fs.37vta./38vta. de la demanda). Pone de manifiesto que cada hoja del Acuerdo no aparecen suscriptas por el Gober-nador, aunque sí la susciten el Ministro Yahuar y la Asesora M R - quienes no son parte ni pue-den obligar a la Provincia, que es lo que surge de la copia ingresada a la Legislatura remitida por el Poder Ejecutivo; que los Anexos no se encuentran firmados y de conformidad con el art. 1012 CC. es condición esencial para la existencia del acto, que requieren la firma por su carácter de instrumento público, que los Anexos no llevan la firma del Gobernador y no se salva con la firma del Ministro Coordinador; que el contrato y sus anexos fueron remitidos a la Legislatura sin el ex-pediente, con lo que carece de motivación exigida por el art.30 de la Ley de Procedimiento Admi-nistrativo, omisión que acarrea la nulidad del acto; que en tales actuaciones deberían constar las evaluaciones económicas que avalen las sucesivas prórrogas; omisión de licitar y quebrantamien-to de topes; la asunción por el estado del impuesto de sellos, omisión de realizar estudio de im-pacto ambiental y audiencia pública, dictámen del Fiscal de Estado; dictámen del Tribunal de Cuentas por la magnitud del acuerdo que prevé el art.219 inc.1º de la Constitución del Chubut.

Los Sres. amparistas, con las alegaciones señaladas precedentemente - forma de crítica ya analizada en el curso de la presente sentencia - vuelven a señalar presuntas falencias en los antecedentes formales administrativos considerados por el legislador, pero que en nada empecen al proceso legislativo en sí para el dictado de la ley. Se reitera en consecuencia a modo de extracto conceptual - a juicio de esta Sala - la doctrina resultante de los votos de los magis-trados votantes en la causa: "Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut s/Amparo", Ex-pte.Nº 17.876-D-2000: 1) La aprobación legislativa supuso el ejercicio por Poder Legislativo del ejercicio de la potestad de control y se manifestó en la forma común para estos casos, el dictado de la ley; 2) No puede surgir ilegalidad manifiesta en el caso de una Ley dictada por la Honorable Legislatura, aprobatoria de un convenio que importa ratificar sus objetivos y finalidad propicia a los intereses de la Provincia, sin que autorice a suponer que viabiliza el incumplimiento ulterior de la legislación vigente.

Sin perjuicio de lo expuesto, no resultan las graves motivaciones pretendidas a los fines de la acción de inconstitucionalidad, porque la remisión posterior del Expte.Nº 03203 año 2007 a la Legislatura Provincial, como señala la copia fiel de fs.88, fue de fecha 15 de mayo de 2007 para ser adjuntado al Proyecto de ley 069/07, en tanto la Ley 5616 resulta dictada en fecha 24 de mayo de 2007 (fs.1201), lo que demuestra la acumulación y sinrazón de las alegantes so-bre la carencia de motivación de la ley. Respecto a las observaciones de los documentos Anexos, a cuyo respecto afirman no quedan salvados con la firma del ministro Coordinador Ya-huar, como asimismo que les falta la firma del apoderado de PAE, no resta ninguna validez a lo actuado. Si el Acuerdo se encuentra firmados por las partes (el apoderado C. A. B., poder especial a fs.966/968) y con la debida refrendación del Ministro Coordinador de Gabinete, que dicho acuerdo se refiere a los Anexos y estos se encuentran asimismo refrendados por el Ministro Coordinador, el contexto comporta su legal integración al acuerdo, porque la firma del funcionario señalado conforman las facultades constitucionales señaladas en los arts.157 y 159 Const. Prov., por resultar a su cargo el despacho de los negocios administrativos de la Provincia, despacha con acuerdo del Gobernador y refrenda con su firma las resoluciones de éste. Se rechaza en conse-cuencia por ausencia de sana crítica, la afirmación que los anexos resultan inválidos. Es que además, tales instrumentos resultaron protocolizados por la Escribanía General de Gobierno en en fecha 3/5/2007, como señala su constancia a fs.1059vta., registrado el Acuerdo al T.2 Folio 266 del Registro de Contratos de Locación de Obra e Inmuebles "y sus Anexos I, II, III, IV, V y VI protocolizados. Sin perjuicio que tal forma contractual, por la naturaleza de instrumentos públicos de los actos de los funcionarios del mismo carácter, P. A. E. LCC. quedaba legalmente compren-dida en la integridad de los contratos, esta parte se presentó en fecha 21/5/2007 ante la Legislatu-ra de la Provincia del Chubut (fs.1084/1200), complementando con firmas de apoderados los Anexos protocolizados (Nota de fs.1084), como señala - con el fin de disipar dudas sobre los Anexos oportunamente acordados - acto típico de confirmación de los actos a los que se refiere (arts.944 y 946 C.C.) y por su eventualidad, de ratificación (arts.1161, 1162, 1935 y 1936, todos del Código Civil).

Valga señalar en consecuencia la debida comprensión del texto de la Ley 5616 (B.O. fecha 28/5/2007) en su artículo primero, cuando al aprobar el Acuerdo especifica: "...conjuntamente con todos y cada uno de sus Anexos I, II, III, IV, V y VI, los que como tales for-man parte integrante del mismo...".

Dadas las cláusulas del convenio aprobado por la Ley 5616, no existe omisión de evaluacio-nes económicas para la determinación de las prórrogas como se alude, en tanto las motivaciones, objetivos y prórrogas se encuentran fundados en el Acuerdo y leyes citadas, puntos tratados pre-cedentemente. Por otra parte, conforme con la interpretación de los contratos administrativos y alcances de la prueba en estos autos (folios nos.51/53 en pié de página de esta sentencia), que-dan expuestos a fs.828/834, específicos datos económicos de la empresa P. A. E. LLc. Sucursal Argentina, áreas operadas, descripción productiva al 31/1/2007, vinculaciones con empresas con-tratistas y con porcentual de las empresas locales, actividades que despliega, pronósticos de pro-ducción, número de personal en relación de dependencia, de contratados por terceros y de per-sonal comprendidos en Convenio Colectivo de Petroleros Privados, estructura de costos general del año 2005 y pago de regalías a la Provincia del Chubut años 2005 y 2006. Las cuestiones rela-tivas al art.96 C.Prov. y art.35 Ley 17.319, se encuentran tratadas y es la Ley citada la que esta-blece en el art.3 la exención del impuesto de sellos. La cuestión ambiental resulta asimismo trata-da en el curso de este fallo (páginas 57/58, pié de página). La intervención del Fiscal de Estado obra a fs.938/939 y la de la Asesoría General de Gobierno, Dra. Mariana G. Ripa, a fs.1202, con la visación del Dec.500/2007, de promulgación de la Ley 5616. La invocación de intervención pre-via del Tribunal de Cuentas, art.219 inc.1 de la Constitución Provincial, que lo define como órgano que controla lo ingresado e invertido en función del presupuesto, no se ajusta a la formalización del Acuerdo de autos y aprobado por la Ley del Poder Legislativo, de proyección futura.

En la consideración del punto 12. Otras Cláusulas, de fs.1585vta/1588 (fs.38vta.39vta., de la demanda), que bien se refieren ya han sido puestos de manifiesto, corres-ponde advertir que vuelven a cuestionar con razones que hacen a la política legislativa, incidentes en la inadmisibilidad de aprobarse legalmente el Acuerdo. Las razones de la improcedencia de juzgar los propósitos o motivaciones del legislador se encuentran reiteradamente expuestos.

Respecto a la crítica en sí, se transcriben las cláusulas 9, 10.4 y 13 del Acuerdo. Se objeta en cuanto autoriza la recurrencia al Estado Nacional para eliminar obstáculos que no resuelva la Provincia en tiempo razonable; que ésta se someta por las cuestiones técnicas y eco-nómicas no resueltas a la jurisdicción de la Justicia Nacional; que la referencia al sistema legal que rige el acuerdo, incluyen leyes, decretos o resoluciones que se dicten, salvo que desvirtúen la ecuación económica financiera del contrato, reduzcan los rubros enumerados en concepto de in-versiones Anexo III o cambios de criterio que disminuyan los volúmenes definidos como reservas del Anexo I, con lo que se acepta un régimen legal que no es de las partes, como las relativas a la protección del medio ambiente, en violación de los marcos legales de la ley 25.675 de Nación y 5.439 de la Provincia.

Las impugnaciones precedentes, en efecto, se encuentran tratadas. Se señaló el sistema legal vigente resultante de la Ley 26.l97 y en su relación con la Ley 17.319, la naturaleza jurídica de los actos que vinculan a terceros y el grado de las facultades provinciales por el reparto de las potestades públicas a partir del dominio originario y la jurisdicción (la administración de los yacimientos de hidrocarburos conforme con el art.2 de la Ley 26.197 por las Provincias), a cuya mayor amplitud corresponde remitirse cuando se examina a propósito de los mismos cuestiona-mientos, respondidos por esta Sala bajo la autorizada guía del autor Juan Carlos Cassagne ( "El dominio de los Yacimientos de Hidrocarburos L.L.2007-C, 1135). Los fundamentos explican asi-mismo que no se trata del caso de delegación de facultades del art.12 C.Prov., sino la recurrencia al ejercicio del Estado Nacional de facultades delegadas en el art.124 de la Constitución Nacio-nal. Por otra parte, cuando el propio Estado Nacional se sometía por imperio del art.86 Ley 17.319 a tribunales arbitrales, lo hace el concedente Provincial por aplicación de la misma ley que rige la concesión y el derecho vigente reiteradamente aludido a partir del art.124 CN. citado. El régimen régimen legal es precisamente el que establece las Leyes Nacionales - como señala el autor ci-tado - el que proviene de la Convención Constituyente, el reconocimiento del dominio de los re-cursos naturales en cabeza de las Provincias, no sustrae a estos bienes de la jurisdicción exclusi-va del Congreso Nacional, entendida como potestad de regulación jurídica, dictar las normas ne-cesarias para regular las relaciones jurídicas que nacen del uso del aprovechamiento de tales recursos. Los Sres. Amparistas a fs. 1587, reiteran cuestiones ya resueltas, la protección am-biental, prórroga de la concesión y plazos, desistimiento de cuestiones entabladas contra el Esta-do Nacional. Se agregan críticas desventajas contractuales de la cláusula 9 que en el punto 9.5 solo da derecho a reclamar daños y perjuicios y caducidad de la concesión; que por la cláusula 10 tiene clara intencionalidad de ponerse a cubierto de futuros planteos de nulidad. Que las nulidades que afectan al convenio son absolutas por quebrantar el orden público, las que las convierte en insanables e imprescriptibles, que el convenio, aún aprobado por unanimidad por la Legislatura, no podrá ser invocado como fuente de derechos para la concesionaria.

Siendo la concesión propia de los grandes emprendimientos y conforme los objeti-vos perseguidos - los fines de interés general locales y nacionales señalados en los consideran-dos del convenio - la crítica al resultado de la negociación resulta insuficiente para llevarla al caso inconstitucional, cuando conforme se señalara, la primer regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, "propósito que no debe ser obviado con motivo de las posibles imperfecciones técnicas de su instrumentación" (Conf. Corte Supr.4/10/92 - Carlos Ignacio Caminal S.C.A. v. Dir. Gral. Impositiva - en J.A.1993-II-10). Se advierte que la cláusula cubre una serie de contingencias por parte de quienes asumen el riesgo de la inversión, no resul-tando lógico contrastar por inequivalencia las previsiones de la norma 9.5, entre los derechos a los daños y perjuicios de la concesionaria por incumplimientos del poder concedente y el derecho de caducidad de la concesión por parte éste. No lo dicen las impugnantes, la caducidad es bajo los procedimientos previstos en el art.83 y concordantes de la ley, es uno de los modos de extinción de la concesión, de naturaleza sancionatoria y unilateral, por cuanto supone inconducta contrac-tual del concesionario que no ha cumplido alguna de las obligaciones a su cargo, comprensiva de multas (art.87) y con las consecuencias por reversión previstas en los arts.85, 37 y 41 Ley 17.319. El mero disentir o la critica genérica carece de entidad atendible al rango de la acción de inconstitucionalidad. Por lo demás, la existencia de nulidades absolutas e imprescriptibles, soste-niendo además los Sres. amparistas que aún siendo ley no podrá ser motivo invocado como fuen-te de derechos, no cabe sino asignarle el concepto que expidiera el sentenciante - aunque con mucha anticipación (fs.1533vta.) - en todo caso con evaluaciones que quedaron en su intelecto - que los actores incurren en afirmaciones dogmáticas.

Punto 13. El mensaje de remisión (fs.1588/1595). El mensaje de elevación del pro-yecto, en cuanto a su contenido y trascendencia jurídica a los efectos su valoración jurisdiccional, es irrelevante, cuanto no más pretender la critica por lo publicado en los medios de comunicación.

Sea dicho en todo caso que el Mensaje responde a una decisión política y mera-mente sugerente en cuanto a su aprobación, no dependiendo la ley dictada de sus términos, como que por otra parte afectaría la natural independencia de la Legislatura Provincial, en tanto se ad-vierte que las motivaciones de la Ley dictada se encuentran en los propios términos del Acuerdo. El debido equilibrio entre quien dispone del bien y de aquél que asume un compromiso de riesgo para invertir en su explotación y exploración, resultará de los principios interpretativos del Acuerdo con la base de la buena fé ya señalados y con el funcionamiento a pleno de los debidos contro-les estatales y del Acuerdo, para que se logren los objetivos que se comprometen en la cláusula 7 en todas sus partes y normas concordantes, cuyo análisis de razonabilidad no puede construirse con base en supuestos conjeturales y pesimistas por anticipado. Las normas cuestionadas, juz-gadas conforme los fines que justifican su establecimiento y la ausencia de iniquidad que se infie-re de su texto, no resultan atentatorias de los principios constitucionales invocados (Conf.Fallos CS. 253:478 y 256:242); "La presunción de la conformidad de las leyes nacionales con la Consti-tución Nacional, sólo puede ceder ante la prueba categórica e indudable de la trasgresión que se les imputa, debiendo resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad de la ley (C.Fer.Mendoza, 4/5/77 - Sociedad Inmobiliaria Schaffhausen v.Gobierno Nacional - citando el Fallos 210-1129 - - en J.A. 1977-III-158).

Al p. VI de la demanda bajo el título "Otras Consideraciones" (fs.1589/1595; fs. 41/43vta. de la demanda), se ensaya una reiteración de cuestiones precedentemente resueltas, la interpretación de los plazos, la inaplicabilidad del art.96 C.Prov. y sobre la esfera de reserva cons-titucional a partir del art.124 CN., sin perjuicio de la Ley 26.197, que ésta modificó escasos artícu-los de la ley 17.319, tal como se ha señalado a través de las citas doctrinarias antes indicadas y aún de la simple lectura de su texto legal armonizándolo con todo el ordenamiento jurídico involu-crado.

En el p. 2, de estas renovadas denuncias (fs.1589/1589vta.), se induce error en el afán de demostrar la presunta violación al art. 35 de la ley de hidrocarburos, sin señalar que la prorroga no parte de la fecha del acuerdo sino desde el fin e la concesión ya vigente, esto es, 14/11/07, finalizada la prórroga y en la medida que no existan razones obstativas. Siempre de conformidad con lo convenido, comienza a correr el plazo de una nueva concesión (ver p.9.5, 2º párr. remitiendo a los remedios del los arts. 80 y 83 de la ley 17.319). La tesis de la novación que se interpone, concibiendo la extinción de la concesión de PAE sobre la que se pactaba el Acuer-do, silencia el contenido de la norma civil respectiva. Las alteraciones del plazo, lugar y modo del cumplimiento no constituyen novación. Conforme el art. 812, tercera parte del Código Civil: "Las estipulaciones y alteraciones en la primitiva obligación que no hagan al objeto principal, o a su causa, como respecto al tiempo, lugar o modo de cumplimiento, serán consideradas como que sólo modifican la obligación, pero no que la extinguen". "En todos los caso, la obligación primitiva queda sustancialmente intacta e idéntica, y por ello no hay novación", señalan los autores Ca-zeaux y Trigo Represas ("Derecho de las obligaciones", de Pedro N. Cazeaux - Félix A. Trigo Re-presas, Vol.2, pag.241/242 - Editora Platense año 1972).

Continua el capitulo cuestionando los dichos del Ministro Coordinador y que avan-zan sobre probables negociaciones de futuro, destino de las inversiones y toda suerte de críticas y eventual frustración de lo pactado ante la no verificación de sus presupuestos. El análisis de razo-nabilidad no puede realizarse sobre los resultados eventuales del desarrollo del acuerdo (Conf.Corte Sup., 18/5/76 - Linck, Ricardo - Fallo 26.349 - en J.A.1977-II, pág. 33). Por otra parte y a su hora, dentro de los cauces de la buena fé, por la complejidad y magnitud de los derechos y obligaciones resultantes, ante el efectivo incumplimiento arbitrarán las partes las vías que corres-ponda para corregir lo que aún no merece objeción, teniendo en consideración el contexto legal del convenio y los fines que lo informan.

Al inc.b) de fs.1590, en su oportunidad se trató el cuestionamiento a la cláusula 4, con lo que se rechaza la ilegalidad invocada y se expone sobre los alcances jurídicos de la norma citada.

Los puntos siguientes, c) de fs.1590, que prevé un aporte especial del 3% con más un adicional del 1% a partir del 2027, que fue difundido por el Gobierno como un beneficio que lleva las regalías del 12% actual al 15%, contrapone que no es cierto, expone argumentos y califi-ca asimismo de inexacto el informe del Ministro Coordinador; punto d) de fs. 1590vta., refiere el aporte de U$S 120 millones al Fondo de Infraestructura Provincial, que la cláusula 7.2 alude a dos fondos (Infraestructura Provincial y Diversificación Económica de la Cuenca del Golfo San Jorge, divididos en dos los considera irrelevantes en función del contrato y que se parecen más a las baratijas de los conquistadores que a una verdadera contrapretación contractual; e) Considera inexacto que el "aporte especial más al Fondo de Infraestructura equivalen a una tasa del 13% de regalías adicionales sobre la extensión; f) Becas de estudio (cien cada diez años) y préstamos y emprendimientos privados en la región ($500 millones), critica la conducta contractual del Estado, que la califica como desertora, en lugar de gestionar con miras al bien común, salud, educación, seguridad y justicia.

Concluye que no puede afirmarse dogmáticamente que todo está bien, sin analizar si tenía facultades el Gobernador y sin atenerse a las prescripciones de la Constitución, art. 96 C.Ch.

Los excesos de estilo del litigio ya han sido observados por esta Sala, en cuanto a la materia que controvierten los Sres. amparistas, en lo que entienden debió preveerse en el Acuerdo, con lo que cabe reiterar que no resultando las observaciones lesivas a las normas constitucionales que han citado, el acierto o conveniencia de las que resultan en definitiva aproba-das por la ley, no alcanzan al caso inconstitucional (Conf. Fallos citados y reiterando el de la Corte Suprema en los autos: Carlos Ignacio Caminal S.C.A. v. Dir. Gral. Impositiva, en J.A.1993-II-10 y dada la argumentación precedente, consignando el punto del extracto que señala: "Las leyes de-ben entenderse siempre de forma tal que el propósito que las inspira se cumpla de acuerdo con los principio de una razonable interpretación, indagándose el verdadero alcance de la norma me-diante un exámen atento de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador". Volver a reiterar la temática sobre las facultades del Gobernador, que las impug-nantes manifestaron no haberlo hecho, son puntos ya tratados, como las previsiones de impacto ambiental y el derecho vigente en función de las facultades del Congreso de la Nación.

Respecto a la crítica que se formula a fs.1592/1595, luego de la transcripción de los términos del fallo, anécdota incluída sobre las diferencias de los instrumentos musicales en su vinculación como demérito del tratamiento del fallo de los actos justiciables y no justiciables, éstos y todos los cuestionamientos de los Sres. Amparistas que correspondían han sido tratados en la presente sentencia. La necesidad de su cúmulo en el extenso memorial de agravios, es asimismo demostración de no hallarse los extremos fundantes de la pretensión. El autor Adolfo A. Rivas, en su indispensable obra de consulta: "El Amparo", Ed. La Rocca 1987, pág.87, respalda la observa-ción precedente cuando expone que para la procedencia del recurso de amparo es necesario que la arbitrariedad surja en forma inequívoca, evidente para que el juzgador pueda captarla a simple vista y no es el caso de autos, máxime cuando la materia en cuestión y en todos sus aspectos - aunque las accionantes lo han negado - son opinables ya que no pueden darse datos ciertos de futuro respecto a las reservas, a los niveles aconsejables de inversión en la extracción de un pro-ducto con precios internacionales que no dependen de la región, a la calidad de vida ambiental que depende en definitiva de los debidos controles actuales y de futuro y en definitiva a la garantía de progreso o estabilidad en todos los niveles sobre los que debe incidir el Acuerdo aprobado, que, prolongado en el tiempo, exigirá el fiel cumplimiento de lo pactado, de las variables de la explotación y de las conductas superadoras previstas en el mismo. No resulta admisible definir el caso inconstitucional conjeturando circunstancias apocalípticas. Se señaló, la opinabilidad, no puede convertirse en certeza.

Amigos del Tribunal: A fs.1381/1412, se presentó la Asociación Civil Movimiento para la Recuperación de la Energía Nacional, Orientadora Moreno", cuya participación inicial resultó incidentada por la revocatoria, con lo que en definitiva se la tuvo solo por presentada en el carácter invocado y por el escrito aludido.

La Asociación "amigos del tribunal", opuso sentirse particularmente afectada por los actos celebrados por la Provincia del Chubut, en razón de sus propios fines, la defensa del dere-cho a la disponibilidad de la energía, como derecho humano de carácter social destinado a satis-facer las necesidades del pueblo. Previno sobre la opinión de políticos, politólogos o analistas, de una variada gama de comunicadotes sociales de supina ignorancia en la materia y aún de algunos cultores del derecho, que entienden la inviabilidad de que los actos del P.E. no pueden ser materia de revisión judicial. Cita la opinión de los autores. También refiere que hay teorizadotes que han sostenido que el control jutífico de los actos políticos, implica de hecho la ruptura de la división de poderes. Amplía la temática y formula conclusiones que no se trata de que exista un poder que esté por encima de los demás, sino de algo mucho más simple y elemental, el de pretender que las decisiones del Poder Ejecutivo se ajusten a la Constitución y a las leyes. En el Cap.IV, titula mal llamado al "Acuerdo para la implementación de un compromiso de inversiones hidrocarburífe-ras de la Provincia de Chubut" y partiendo de la base que la presentación de los Dres.S. I. y R. no tiene fisuras, considera irrelevantes las defensas expuestas por el Estado Provincial sobre la falta de legitimación y formula una amplia fundamentación sobre la certeza de la legitimación de los accionantes (fs.1397/1401). A partir de fs.1402 opone se expide sobre los aspectos contractuales del acuerdo, oponiendo excesos en la posesión de concesiones, nulidades, daño ambiental, lo que entiende por el significado del dominio público de los hidrocarburos (no pueden ser objeto de compraventa, hipotecados, reivindicados por acciones petitorias, expropiados), sometido a las disposiciones legales y constitucionales y no a disposiciones convencionales. Alude al derecho romano y autores, a la polémica que mantuvieran el jurista Vélez y el General Mitre, a autores nacionales y extranjeros, comprensivos del concepto de Estado. Destaca que en las varias citas aparece la palabra pueblo y no Estado, con lo que siendo el pueblo preexistente, las riquezas le pertenecen y el hecho que el Estado las administre, se debe a que el pueblo no delibera ni gobier-na sino a través de sus representantes, pero que estos en caso de la entrega de bienes públicos, no deben hacerlo sino de acuerdo al mandato conferido, que ni el Gobernador ni el Poder Legisla-tivo, pueden disponer de los bienes que son del pueblo de la Provincia del Chubut, durante 40 años, lo que significa atravesar diez períodos gubernamentales. Alude a la inversión de P. A. E. que ha decidido no comprometer bienes propios, sino del auxilio del Banco Mundial, que las ope-raciones, aunque se desconocen tiene la garantía del yacimiento de Cerro Dragón, pero que en todo caso las cifras comprometidas son irrisorias; que al Estado Provincial solo le quedan exiguas regalías, que la experiencia demuestra que las compañías no se manejan dentro del marco de legalidad y que ha efectuado una denuncia penal contra cuatro de ellas por evasión fiscal. Por la relación interjurisdiccional del yacimiento de Cerro Dragón, entiende que se encuentra comprome-tida la competencia federal. Afirma la inconstitucionalidad de la Ley 5616, por importar violación del art.12 de la C.Ch.- Concluye que El Moreno fue creado en defensa de los intereses energéti-cos, que no hay facultades del Gobernador de la Provincia para suscribir el Acuerdo, eventual falta de personería del Sr.C. B., graves violaciones a las leyes 17.319, 25.675, 25.481 y a las normas de la Constitución del Chubut y de la Nación, que se ha dispuesto groseramente del patrimonio público. Que la justicia tiene una enorme responsabilidad donde se decide la legalidad del acuer-do, que no se han planteado cuestiones opinables sino una objetiva y clara valoración del Acuer-do, mostrando su ilegalidad. Peticiona se admita la presentación en carácter de amigos del tribu-nal y que en su oportunidad, se haga lugar a lo peticionado en el escrito de demanda.

La codemandada P. E. E. LCC, contestó la presentación a fs.1418/1443vta. y fs.1453/1458vta., rechazando los conceptos vertidos, en segunda oportunidad en razón del trasla-do corrido y subsidiariamente se tenga presente la reserva del caso federal.

Asimismo se expidieron las partes accionantes a fs.1462/1466, sosteniendo que el instituto ha abandonado su carácter otrora imparcial, para convertirse en un interviniente interesa-do y comprometido, asimismo por mediar el interés público.

Es oportuno señalar en principio que no se ha tratado la presentación de la entidad Amigos del Tribunal señalada precedentemente con otro orden dentro de la presente sentencia, desde que la situación procesal de la misma no fue en carácter de parte, admitiéndose la presen-tación al solo fin del escrito que se ha dejado señalado, decisión que quedó firme. Frente a tal situación procesal, puede señalarse desde el punto de vista de la doctrina, el trabajo del autor Víctor Bazán, en "El amicus curiae y su debut en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Su-prema Corte de Justicia de Mendoza" (LLGran uyo 2006 - julio),736), que el amigo del tribunal no es un litigante y le está vedado atacar los argumentos de la sentencia recurrida con la técnica pro-pia del recurso extraordinario y si bien en la actualidad no se le exige neutralidad, sí se espera, en cambio, una inteligente contribución sobre los problemas planteados por el caso y su repercusión respecto de terceros y demás integrantes de la comunidad, aun a sabiendas de que el amicus es el amigo del actor o del demandado; cuestión que opuso la contestante P. A. E. LCC. respecto al primero. La cuestión radica en aportes significativos, relativos al objeto del litigo, el juez debe valerse de todos los elementos de conocimiento que estén a su alcance para lograr la mayor razonabilidad, y, por ello, la mayor justicia en sus decisiones. El magistrado debe nutrirse de todos los recaudos posibles para lograr el máximo de elementos de conocimiento útiles que le permitan actuar aplicando la ley.

Si bien se advierte por una parte que la presentante como Amigos del Tribunal pro-cura cubrir las exigencias señaladas, frente a los temas específicos en las cuestiones traídas por las partes a esta Alzada que son las debatibles, se encolumna abiertamente en el resultado de lo peticionado por las amparistas, los términos de la demanda.

Por una parte corresponde señalar en consecuencia que las cuestiones jurídicas admisibles en esta Alzada, en tanto la presentante carece de la calidad de parte, quedan remitidas a lo resuelto.

Pero por otra parte, pese a la doctrina citada también sostenida por las accionantes, no puede desconocerse que si en principio la jurisprudencia de la CSJN. le dio cabida a la figura así presentada, se vió precisada asimismo a reglamentarlas, lo que hizo mediante acordada Nº 14/2006, concluyendo en las causas "Juplast S.A. c. Estado Nacional y A.F.I.P.", de fecha 31/10/2006 (La Ley 2006-F, 479 - JA 2006-IV, 556, Cita Fallos Corte:

329:4590); "Mignone, Emilio F" (2002-04-09) y "Verbitsky, Horacio" (2005-05-03), que es impro-cedente autorizar la intervención de Amigos del Tribunal de acuerdo a la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Adla, LXIV-D, 4486), cuando la presentación tiene por objeto que la causa sea resuelta en un determinado sentido. Que tales presentaciones debían hacerse por terceros ajenos a las partes que cuenten con una cono-cida competencia en la cuestión debatida y que el interés determina la improcedencia de la inter-vención, por resultar incompatible con la imparcialidad que debe guiar la actuación de los Amigos del Tribunal. La Corte ordena en consecuencia se proceda al desglose de las presentaciones para que se devuelvan a quienes la efectuaron.

Resultando en consecuencia que la presentación amigos del Tribunal en el presente es con la modalidad que la Corte reputa inadmisible, no corresponde considerarla, sin perjuicio que no se ha de ordenar la devolución al modo de la Corte, por haber quedado firme la resolución judicial que mantuvo el escrito agregado (fs.1469).

Es oportuno dejar constancia frente a todo lo tratado en la presente sentencia y resultado al que se allega, que no cabe presumir que el a-quo no haya afrontado todo el cúmulo de objeciones vertidos en el juicio, sino que las mismas, en el razonamiento sintetizado que se vuelca en los considerandos, resultaron desestimadas implícitamente. Sin perjuicio de lo expues-to, es dable recomendar el cumplimiento del programa trazado en el art. 163 CPCCCh. para el dictado de la sentencia, desde que hace al principio de defensa en juicio.

Producida la prueba pericial, se peticionó a fs.1777/1781, la nulidad de la pericia practicada por el Ing. M. P., recusándoselo por ausencia de imparcialidad, por vinculaciones del hijo del perito con las partes, cuestiones consideradas en la hoja 37 de esta sentencia. Los pro-pios recusantes manifiestan se considere, no obstante oponer la recusación ya producida la peri-cia (fs.1778vta., punto 3), que llegó a conocimiento de su parte en tal oportunidad.

Siendo las causales de recusación similares a las de los jueces, la oportunidad de oponerlas cuando se toma conocimiento solo comprende a las sobrevivientes, que no es el caso de autos. La recusación de los peritos es de interpretación estricta, con mayor razón frente a la naturaleza del juicio y las circunstancias de producción de la prueba, en tanto el perito Ing. P., prestó juramento de ley en legal forma al momento de la aceptación del cargo (fs.1689). Se recha-za en consecuencia la recusación interpuesta.

Por último, en cuanto a las impugnaciones concretas de las pruebas periciales for-muladas a fs.1782/1784 y fs.1813/1814vta., no alcanzan a conmover los fundamentos de lo re-suelto, ya que carecen de objetividad y suficiente respaldo científico y no son más que argumen-tos de lo ya tratado, contrariamente a lo dicho en los dictámenes impugnados, armoniza y con-cuerda con todos los fundamentos expuestos en la causa.

Por todo lo expuesto, se ha de confirmar la sentencia de primera instancia, sin per-juicio de resultar modificados parcialmente los criterios expuestos y en razón de los fundamentos expuestos en esta Alzada.

Conforme devienen impuestas las costas y el resultado del recurso en esta Alzada, las pruebas periciales rendidas en razón de la apertura a prueba en esta Alzada a petición de las accionantes, las costas se imponen a los recurrentes (art.68 CPCCCh.) y se difiere la regulación de honorarios al momento del acuerdo, considerando los honorarios regulados en primera instan-cia, el merito de los trabajos realizados, la complejidad e importancia de las cuestiones propues-tas y su resultado (Ley 2200 y ref.Ley 4335, de Aranceles, arts.6, 7, 9, 14 , 61, 3er.párr. y con-cords.).

Debe tenerse presente la reserva del caso federal interpuesta por los accio-nantes en el memorial de fs.1551/1607vta. y por las partes codemandadas, P. A. E. LCC en el de fs.1622/1634.

Por ello, la Sala A de la Cámara de Ape-laciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

l) Confirmar la sentencia de primera instancia de fs.1528/1533vta., que rechaza la acción de amparo interpuesta por los accionantes H. S. I. y D. P. R., parcialmente por las razones que expone y por las expresadas en esta Alzada.

2) Costas de la Alzada a los Sres. Amparistas, a cuyo fin se regulan los honorarios conjuntos de los Dres. I. F. y G. B., en la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100); los de la Dra. I. A. M., en la suma de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100) y los conjuntos de los Dres. M. R. C. y J. R. H., en la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 1.670); de los peritos Ing. M. P., en la suma de PESOS TRES MIL ($3.000) y del Contador Público R. A. C., en la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000).

3) Tener presente la reserva del caso federal interpuesta por las partes, de confor-midad con las especificaciones del considerando respectivo.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.- Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL nro. 031 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIA