marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jueces, facultades del juez, defensa en juicio, recurso de inconstitucionalidad, sentencia, desindexación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Olivera, Ana María y otros c/ Cerámica Disegni S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de australes (Expte.: C.S.J.  Nro. 180 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Es sabido que determinar el alcance de las cuestiones comprendidas en la litis es tema privativo de los magistrados que en ella entienden, aunque también lo es que ese principio reconoce excepción cuando lo decidido, con mengua de la defensa en juicio, signifique un apartamiento de la pretensiones enunciadas al trabarse el diferendo. Esto último es lo que ha acontecido en la especie habida cuenta que el tribunal niega anticipadamente a la ahora recurrente el ejercicio de la pretensión desindexatoria mediante un fundamento aparente, inconexo o no congruente con el único objeto sobre el que tenía que decidir: aplicación -al caso- de la ley 24.283. Por ello, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto, y -en consecuencia- anular -en lo que ha sido materia de impugnación- la sentencia atacada que, a su turno, había rechazado la petición desindexatoria de la demandada por cuanto ésta había omitido explicitar adecuadamente la pretensión, circunstancia que -a entender del a quo- impedía sin más efectuar toda comparación tendente a determinar la desproporción que el precepto tiende a evitar.
Instrumentos privados, firma en blanco
Materia: LABORAL
Carátula: López, Irma Beatriz c/ Esteban, Héctor Andrés y otros s/ Reajuste de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-03-04

El abuso de firma en blanco no puede demostrarse por meras presunciones, siendo a cargo del impugnante que sostiene lo contrario de lo que del texto del documento resulta, el deber de acreditar que las declaraciones u obligaciones instrumentadas en ellos no son los que las partes tuvieron la intención de hacer o de contratar (cfs. arts. 1017, 1018 y 1019 del Código civil).
Proceso contravencional, remisión del expediente, régimen de faltas
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: MIRANDA VERA, Ramón s/ S/inf. art. 83, ley 1472- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-14

Resulta procedente aclarar la diferenciación entre el derecho administrativo sancionador y el derecho contravencional, en la medida que, si bien ambos responden al derecho de represión, reglan, a su vez, valores distintos; por lo que nada impide que un mismo hecho pueda constituir una falta, pese a que es sede judicial se haya dispuesto el sobreseimiento o la absolución de la investigación contravencional.
Tasas de interés, moneda extranjera, juicio ejecutivo, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Wazuga SA c/ Macromet SA y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-14

En el marco de un proceso ejecutivo sustentado en un contrato, corresponde modificar la tasa de interés aplicable, aún cuando las partes acordaron que una vez operada la mora el capital adeudado devengaría una tasa de interés nominal anual del 15% desde el vencimiento de la obligación. Ello así, pues como regla de principio la tasa convenida por las partes en el documento ejecutado constituye una ley aplicable para ellas en la materia (CCIV 1197, -actual CCCN 963-; CNCom, Sala D in re "Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Tedesco, Pablo s/ ejecutivo", del 08/05/08). Sin embargo para deudas contraídas en dólares estadounidenses, es necesario proveer una solución que resguarde en debida forma tanto los intereses de la parte actora como los del demandado, por lo que para esos casos (análogos al de autos) corresponde fijar en el 8% la tasa anual no capitalizable, por todo concepto, que debe regir el cálculo del crédito (Sala D, in re, "Goñi Alejandro Martin c/ Stekelorum Fabián Oscar s/ ejecutivo", del 10/11/16; ídem "Gaya, Rodolfo c/ Jancar, Adrián s/ejecutivo", del 04/07/07").
Decretos, obligación tributaria, derecho a la privacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ DGI. (Estado Nacional) s/ repetición DGI.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El decreto 435/90 del Poder Ejecutivo (arts. 37, 38 y 40) resulta inconciliable con el principio de legalidad o reserva que rige en materia tributaria (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, legitimación activa, dominio
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Caprile y Cia.  S.C.A. c/ Centurión, Daniel A. s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

Cuando media contrato de locación, el locador está legitimado para interponer la pretensión de desalojo en aquél carácter, con prescindencia de que sea o no propietario del inmueble porque en tal caso el derecho de dominio resulta ajeno a la causa de dicha pretensión.

De allí que resultan inconducentes las medidas probatorias encaminadas a justificar la falta de legitimidad del locador por no ser titular del inmueble, como el oficio al Registro de la Propiedad Inmueble.
Contrato de transferencia de tecnología, know how, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRENSIPLAST SA c/ PETRI SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

En el ámbito de la ley 22426, salvo por las llamadas "cláusulas atadas", las partes pueden elegir el derecho aplicable al contrato en ejercicio de su autonomía de voluntad ejercida en sentido conflictual, así como pactar las condiciones de fondo de su relación en ejercicio de su autonomía material de voluntad y prorrogar la jurisdicción, al no existir para ello prohibición ni restricción alguna (ver, Boggiano, Antonio, "Derecho internacional privado", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, t. ii, p. 500, 172 y sig.; Uzal, María Elsa, "Algunas reflexiones sobre la autonomía de la voluntad en la con
Prueba pericial, pericia médica, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PAZ LIDIA c/ JOSE MIRANDA s/ d - y p (LIBRO: S153 - 235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-08-14

La pericial ilustran pero no obligan al Tribunal, aunque no esten observadas por las partes. En el caso de fijar incapacidad deben y normalmente no se hace señalar de que manera la misma influye en las actividades del diario vivir.-
Nulidad de sentencia, procedimiento laboral, rechazo de la demanda, doctrina legal
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: CUELLAR NICOLAS ALFREDO c/ PANPACK S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-25

Resulta descalificable, como acto jurisdiccional válido la sentencia que rechaza la demanda prescindiendo de circunstancias de hecho relevantes a tal fin, teniendo en cuenta la lógica y línea argumental elegida por el tribunal a quo para arribar a dicho resultado desestimatorio.
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, prisión preventiva, actos ilícitos
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas, Gualberto Ulises s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-21

Humanos en la causa Suárez Rosero, estableció a la Prisión Preventiva como medida cautelar no punitiva y asimismo admitió como legítima causal para dictarla a la gravedad penal de la imputación, siempre que la amenaza de cumplimiento efectivo subsista mientras dure la medida (informe 2/97).

Interpretación que ha sido seguida por la Corte de Justicia de Salta (causa nº CJS 32.156/09), la cual entendió que resulta razonable; está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es ajustado al derecho vigente que para dictar la cautelar restrictiva de libertad o hacerla cesar, se atienda, como punto de partida a la gravedad de la sanción y a la amenaza de cumplimiento efectivo, para valorar el peligro de daño al proceso.

Por ello entiendo que ante la posibilidad de que en autos recaiga una condena efectiva, la privación de libertad cautelar se encuentra justificada dado que el peligro de fuga deviene cierto y concreto.

Consecuentemente, al no haber transcurrido los plazos mínimos previstos en el art. 306 del CPP, considero que la Denegatoria del Beneficio Excarcelatorio se encuentra ajustada a derecho.
Legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: FARRUT ROBERTO SALOMON S.D. HOMICIDIO SIMPLE E.P.. DE MORENO DIEGO s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-06

Para la tipificación del exceso, la acción debe inscribirse dentro de un cuadro objetivo que excluya la ilicitud penal: necesidad de resolver una situación de peligro real o inminente para su persona o para sus derechos y en cuya respuesta el autor excede el marco razonable impuesto por aquella necesidad. Tal exceso se configura cuando el sujeto emplea medios que superan los que hubiesen sido necesarios para cumplir con la finalidad justificante propuesta.
Concursos, informe final y distribución, regulación de honorarios, proyecto de distribución, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Kozuseck, Gerardo Gabriel c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

A los fines de regular los honorarios solicitados, cabe acudir a la escala prevista por la LCQ 267 ponderando el monto que se distribuye en el proyecto presentado. Es que si bien no se desconoce que esta Sala ha adoptado en la actualidad el criterio de regular en este tipo de casos el mínimo de tres sueldos de secretario, lo cierto es que en la especie, ya se han fijado las pautas regulatorias en ocasión de una anterior distribución, quedando de esta forma consolidadas para el resto de las complementarias, a partir de que fueron dictadas en una resolución que se encuentra firme, habiendo precluido la etapa correspondiente, siendo entonces improcedente toda intención de modificar sus alcances.
Recurso extraordinario, responsabilidad médica, mala praxis, establecimientos asistenciales, historia clínica, falta de prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tesone  de  Bozzone, Marta Patricia y otro c/ Kreutzer, Guillermoy otros. s/ mala praxis
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que condenó a un sanatorio por no cumplir adecuadamente con el deber de custodia de la historia clínica, si ésta nunca fue ofrecida como prueba de la demanda por mala praxis y la falta de ese documento puede operar como una presunción en contra de los demandados, pero debe estar respaldada por otros elementos de prueba que resulten corroborantes y confirmatorios de aquélla hipótesis (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Intereses, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: FUNES DE ESCOBAR ALCIRA J.N. c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA I.S.S.P. s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-ACLARATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-14

La liquidación de las diferencias que se deben abonar por transformación del beneficio jubilatorio, tanto del capital adeudado como de los intereses si correspondieren, deben ser practicados en la etapa de ejecución de sentencia, según lo dispone la respectiva ley, cuya finalidad no es otra que poner límites a la indexación.
Abordaje de buque, responsabilidad subjetiva, dictamen pericial, medios de prueba, sumario administrativo
Materia: NAVEGACION
Carátula: LA BUENOS AIRES CIA. ARG. DE SEGS. c/ BUQUE CIUDAD DE PARANA s/ ABORDAJE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-24

La transcripción de la cinta magnetofónica en la que quedó grabada la comunicación de ambos buques con la Sección "Contrase" de la Prefectura Naval Argentina, es elocuente en el sentido de que el C. de Paraná inició la maniobra de zarpada sin cumplir la exigencia de la asistencia de remolcadores requerida por el Contrase, dadas las características del buque y considerando que los vientos superaban los 26 Km horarios, lo que tornaba aplicable la Ordenanza Marítima 1/74.

El perito naval elude responder sobre la existencia de una infracción y remite a la decisión de la autoridad naval. Ello no obstante, la referida contravención tiene una indudable gravitación para resolver la responsabilidad, por cuando es en rigor esa maniobra inicial del C. de Paraná la que da origen a las siguientes que produjeron el abordaje. La circunstancia de que la PNA. haya decidido no instruir sumario, obviamente incide en el orden administrativo, pero no es óbice para su valoración en este juicio civil.
Colación, colación ficticia, frutos, licencia de taxi
Materia: CIVIL
Carátula: Díaz, Amelia c/ Benítez, Nélida y otros s/ petición de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-07

Si bien la licencia de taxi recibida por la heredera resulta colacionable y debe integrar el acervo hereditario de la sucesión, los frutos que esa licencia generó en beneficio exclusivo de aquélla no son objeto de colación, puesto que dicha institución tiene como propósito mantener la igualdad del capital de todos los herederos, con exclusión de rentas y frutos de lo donado o anticipado como tal, que entró en el patrimonio del beneficiado y lo conservará aun a la muerte del causante que le realizó esa liberalidad.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Calvo, Eduardo Tomás s/ Quiebra. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-10-26

Impugnándose en el caso, por parte del deudor respecto de quien se solicita la declaración de quiebra, la decisión que consideró procedente tal petición, corresponde considerar al litigio, en este estadio, como de monto indeterminado (art. 278, C.P.C.C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Universidades, estatutos universitarios, profesor universitario, cese de la función pública, jubilación ordinaria
Materia: EDUCACION-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rocca, Alejandro Carlos c/ UNLP s/ acción mere declarativa de derecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

La interpretación efectuada por la universidad demandada en el sentido de que, una vez cumplidos los sesenta y cinco años, el docente debe cesar en sus funciones según lo establecido por el art. 137 del estatuto universitario -Universidad Nacional de La Plata- , aunque puede optar por permanecer en la actividad por cinco años más siempre que obtenga la prórroga de su designación en los términos de la ordenanza 174/86 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, no se ajusta a las disposiciones de la ley 26.508, pues dicha ley como el estatuto universitario establecen, como principio, el derecho a la jubilación ordinaria docente a la edad de sesenta y cinco años, pero sin embargo, el art. 1 inc. a, apartado 2, de la ley citada le otorga la posibilidad de permanecer en actividad hasta los setenta años, siempre que haya manifestado su voluntad en tal sentido, lo que desplaza la aplicación del mecanismo de prórroga que se prevé en los preceptos dictados en el ámbito de la demandada, en tanto ellos requieren una decisión del Consejo Superior o del Consejo Directivo al respecto. -El juez Rosenkrantz, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LEDESMA, ALBERTO R. c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad- Ordinario (Expte.: C.S.J. Nº. 403 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-23

Resulta óbice formal a la admisibilidad de la impugnación interpuest a por el actor, el criterio afincado en la Corte local que considera que las decisiones sobre cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva ni pueden ser equiparadas a tal, toda vez que no ponen fin a la controversia ni impiden su ulterior tramitación. Ello, ya que al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes, se deja incólume el derecho para accionar por la vía que corresponda, a menos que lo resuelto cause un gravamen irreparable, o que medie denegatoria del fuero federal o una efectiva privación de justicia, entre muchos. La ausencia de sentencia definitiva que inspira dicho principio no puede suplirse aunque se invoque la existencia de arbitrariedad o el desconocimiento de garantías constitucionales. Y, en el caso, lo dispuesto por el A quo -que rechazó el recurso de apelación confirmando la declaración de incompetencia del Juez de baja instancia-, evidencia que el pronunciamiento recurrido no reviste la referida condición al dejar a salvo la posibilidad de que el recurrente haga valer sus derechos por la vía pertinente, y que se encuentra sustraído, por ende, al conocimiento de la justicia local, requisito cuya falta no es excusable mediante las imputaciones de arbitrariedad esgrimidas en sustento de su impugnación extraordinaria -lesión a derechos de raigambre constitucional-, como así tampoco ha alegado aquí la concurrencia de algún excepcional supuesto que permita superar la valla formal analizada.
Proceso penal, fallo plenario
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SUAREZ SEBASTIAN CARLOS DARIO. s/ ROBO CALIFICADO, ABUSO DESONESTO Y VIOLACIONES REITERADAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02

Cabe tener presente que en la estructura del proceso penal instaurada por la ley procesal vigente, el plenario constituye la etapa central del juicio propiamente dicho, donde se debaten en amplitud los aspectos conducentes para la dilucidación de la causa.
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Priore, Vicente Américo c/ Caja de Prev. Soc. para Martilleros y Corredores Pub. de la Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La prueba idónea en el sistema legal vigente para acreditar el ejercicio contínuo y permanente de la profesión con posterioridad a la creación de la Caja de Previsión para Martilleros y Corredores Públicos, lo constituye el monto de los aportes efectuados por el afiliado sobre toda remuneración de origen profesional consignadas en sus registros (arts. 19 y 38 inc. a) ley 7014), independientemente del importe mínimo de contribución mensual.
Eximentes de responsabilidad, accidente en espectáculo deportivo
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Julia Irene Y Otros c/ Agrupación Ciclista Azuleña y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2009-02-27

El mero carácter de auspiciante o sponsor en la municipalidad del evento deportivo no la convierte en responsable de los demás si dicho evento ocurrió en un lugar (una ruta nacional) en el que carecía de facultades de control y organización de la competencia la que en el caso recaía en el concesionario vial.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, apartamiento de las constancias de la causa, defectos en la fundamentación normativa, derechos y garantías constitucionales, jubilación por invalidez, cuerpo médico forense, dictamen pericial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SEVERO VALLEJOS s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -al denegar la jubilación por invalidez- llega al desconocimiento de derechos protegidos constitucionalmente sin hacer debido mérito de las pruebas aportadas; conclusión esta que, unida a las constancias del dictamen del Cuerpo Médico Forense ordenado por la Corte, justifican invalidar lo resuelto.
Excarcelación, caución real
Materia: PENAL
Carátula: MERCADO, Enrique. s/ EXCARCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-22

Procede la excarcelación por aplicación de la norma contenida en el art. 379 inc. 1 C.P.C. en casos como el de autos, en que de recaer sentencia condenatoria, ésta sería de cumplimiento efectivo;

pero en razón de las causas en trámite que registra el procesado y con el objeto de garantizar su comparecencia, debe subordinarse la soltura a una caución real.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, asignación de funciones, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pistacchia, Juan Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 805-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente tendiente a que se declare extinguida la relación laboral, por culpa de la Provincia, por ejercicio abusivo del ius variandi al considerar configurada una alteración grave de la relación que, "al principio tenía corte profesional y luego fue derivada a tareas administrativas", cuando el empleado revistó siempre en el agrupamiento administrativo con lo cual las tareas que se le encomendaron al disponer su adscripción al Tribunal Electoral eran las propias del agrupamiento al que pertenecía, por lo que no puede afirmarse que el cambio de tareas haya sido groseramente vejatorio o que haya agraviado su dignidad.
Amparo colectivo, operaciones bancarias, cajero automático, Constitución Provincial, Estado Provincial, obligaciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L., G. Y OTROS s/ AMPARO COLECTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-12-27

Hacer lugar al amparo colectivo interpuesto por los vecinos de Guardia Mitre, San Javier, Dina Huapi, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, El Cuy, Valle Azul, Puerto San Antonio Este y Playas Doradas, disponiendo la instalación de Cajeros automáticos en las citadas localidades. Costas por su orden (art. 68 2do. párr. Cód. Proc. Civ. y com.).

Segundo: Los costos relativos a la instalación de los cajeros automáticos que demande el cumplimiento de la presente serán asumidos por partes iguales entre el Banco Patagonia SA y la Provincia de Río Negro, debiendo quedar a cargo exclusivo de la Provincia el costo del mantenimiento de los mismos.

Tercero: Ordenar al Poder Ejecutivo como poder concedente -, y al Poder Legislativo como órgano de contralor, a través de la citada Comisión Legislativa -, implementen un cronograma de soluciones concretas adaptadas a cada una de las comunidades a fin de garantizar en el ejercicio 2013 a los ciudadanos, usuarios y consumidores, el acceso a los servicios públicos bancarios, o reglados contractualmente o por ley, con las modalidades y características de acuerdo a las circunstancias del caso.

Cuarto: Hasta tanto se instalen y resulten operativos los cajeros automáticos o cuando estos fueren de imposible instalación, se deberán proveer servicios bancarios alternativos complementarios o adicionales a los efectos de posibilitar que la población en general pueda recibir mensualmente en su lugar de residencia los beneficios mínimos indispensables de la recepción del dinero en efectivo y la atención de las obligaciones alimentarias.
Delitos militares, falsedad en el servicio militar
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Pérez, Oscar Darío s/ denuncia infr. arts. 293 y 294 del Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

El hecho descripto en el art. 851, inc. 2 , último párrafo del Código de Justicia Militar consiste en una infracción propia de quienes están sometidos a la disciplina militar y no se correspond e con ninguna otra de la legislación común, lo que constituye un delito esencialmente militar.