marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia definitiva, gravamen irreparable, declaración de inconstitucionalidad, solidaridad previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gándara    Fernández  de  Ruíz,  Manuela c/ ANSeS s/ ejecución previsional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-30

Es sentencia definitiva únicamente la que pone fin a la controversia o impide su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho, regla a la cual no hace excepción la presencia de una cuestión constitucional -declaración de incontitucionalidad de los arts.

16, 22 y 23 de la ley 24.463- ni la invocación de un gravamen irreparable.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, verificación tardía, honorarios, regulación de honorarios, incidentes, leyes, aplicación de la ley, ley arancelaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses?. Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

La labor profesional desplegada en la verificación concursal de créditos (tempestiva o tardía) se retribuye, en principio, conforme la escala arancelaria del artículo 6, ley 6767, reducida al 80% según artículo 7, inciso 1 a), no correspondiendo aplicar la regla del artículo 16 de la ley. Claro que esta conclusión supone la labor completa que puede desarrollarse en la verificación concursal en primera instancia. Lo que no siempre ocurre, y esto explica que -muchas veces- se argumente sobre el carácter "incidental" de la verificación para reducir el porcentaje regulatorio ya que es excesivo el 80% cuando la cuestión se ha decidido sólo con la demanda (en la verificación tardía) o con la carta del síndico (en la tempestiva). Sin embargo, aunque en esa tarea simple no puede retribuírse casi igual que un juicio ordinario completo, es innecesario -e inapropiado- acudir a la norma del artículo 16 de la ley 6767 que se apoya en premisas instranferibles a la verificación de créditos. (De los Fundamentos del Dr. Rouillon).
Sistema electoral, acción de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: UNION CIVICA RADICAL s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Decreto N° 630/2010
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14

El art. 256 estatuye que es la Legislatura la que dictará una ley electoral uniforme para toda la provincia, a continuación establece las bases a la que se deberá adecuar dicha ley, y entre ellas, se incorpora el inciso 4.

Al final, se consigna como último párrafo del artículo, la mayoría agravada que se requiere para la sanción y modificación de las leyes de naturaleza electoral (tres cuartas partes del total de los miembros de la Legislatura).

A título informativo, es pertinente indicar que la mayoría agravada a la que se está refiriendo la norma, de acuerdo a los antecedentes parlamentarios que tengo a la vista, se introdujo al texto constitucional con la modificación del año 1994, luego de un consenso unánime de los convencionales y de mantener las normas vigentes hasta ese momento. La adecuación que se hizo para incorporar tal párrafo, tuvo en miras evitar que un partido que tenga la mayoría de diputados pueda imponer "un sistema electoral" en particular.

Nada se modificó de las bases que impone la Constitución en esta materia. Es decir, el espíritu con el que se incorporó la mayoría agravada no se vincula, en este caso, con el principio o base del inciso 4 del art. 256 C.P.
Transporte de carga por agua, transporte de contenedores, Ley de Navegación
Materia: NAVEGACION
Carátula: IGUAZU COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/ CAP Y/O PROP Y/O ARM BQ BANDERA EXTRANJERA "SEA MERCHANT" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Al transporte de "cajas de carga" (contenedores) se aplica, en primer término, las normas convencionales y de leyes especiales y sólo subsidiariamente, en tanto sean compatibles con las características de esos transportes, las disposiciones de la ley 20.094 (Cfr. su art.

269; esta Sala, Causas 7683 del 18.10.90 y 297/93 del 21.5.93; ver, asimismo, l. B. Montiel, "Curso de Derecho de la Navegación", Bs.

As., 1976, Págs. 258/259)."
Licitación pública, licitación privada, adjudicación, prueba, declaración testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: J. Gall Servicios Empresarios c/ Argentina Televisora Color L.S. 82 TV Canal 7  S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

La actora no logró probar haber sido adjudicataria de la licitación privada 01/86. La declaración testimonial es una prueba especialmente inadecuada, máxime cuando algunos testigos declaran que se enteraron de la presunta adjudicación "por comentarios del ambiente", o "por referencias de uno de los socios de la empresa actora".
Robo con escalamiento, requisitoria fiscal, sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mellado Marcelo Hector s/ Robo en grado de ttva. E/ C.R. c/ Atentado y resistencia a la autoridad s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1999-10-25

Para permitir la calificación de robo con escalamiento, la requisitoria debió contener un desarrollo mínimo de las características -espaciales y temporales- relacionadas con la modalidad de ingreso del imputado y el lugar donde se produce la perpetración del ilícito. La total ausencia descriptiva en el sentido indicado impide la condena por el delito de robo en su modalidad agravada, de donde resulta que la sentencia analizada, al condenar por escalamiento, comete una violación al principio de congruencia puesto que dicha calificante supone una ampliación de la requisitoria fiscal en aspectos de hecho esenciales: mutación del factum.(Del voto de los Dres. Balladini y Lutz sin disidencia).
Declaración testimonial, notificación, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Monjes, Mariano Martín c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-11-10

A tenor del art. 200 y 201 CPPN, no cabe considerar que el instructor cargue con la obligación de notificar a las partes de la citación del damnificado para que declare en forma testimonial, si de las constancias no surge que durante la instrucción haya existido alguna circunstancia que lleve a presumir el deceso del testigo, ni tampoco al momento de la instrucción suplementaria: oportunidad procesal en la que también existe la posibilidad de "recibir declaración a las personas que presumiblemente no concurrirán al debate por enfermedad u otro impedimento" (voto del juez Morin).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, muerte de un conscripto, actos de servicio, ejecución de órdenes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: URANJES, LOVRO c/ ESTADO NACIONAL Y BOGADO CARLOS EUSEBIO s/ COBRO - SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-25

La transgresión reglamentaria del suboficial Bogado, inmediato superior del soldado Vranjes-no permite suponer que los servicios de los soldados fueran verdaderamente voluntarios, desde que su condición de inmediato superior en la órbita castrense crea un vínculo de sujeción particularmente intenso, de manera que prácticamente el pedido de colaboración tiene el alcance de orden indiscutible por parte del inferior, y toda vez que no consta que ningún superior de Bogado le prohibiera continuar la corruptela de utilizar soldados en su propio beneficio, desde que le indico su superior, parece claro que entre el hecho antijurídico y la función existió una razonable relación; concepto este que pese a su impreciso contorno y a la petitio principi que en cierto modo encierra, proporciona una herramienta útil para aclarar la ubicación de situaciones limites y, en consecuencia, el Estado Nacional ha sido bien incluido en la condena.
Recurso de casación, nulidad de oficio, revelación de secretos, delito de acción privada, delitos contra la libertad, derecho a la intimidad, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. s/ Violación de secretos s/ Apelación s/ Casación. (Expte. Nº 26407/13 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-05-28

En definitiva: i) el listado base de la acusación es documentación administrativa respecto de la cual la Ley K 2756 no impuso secreto ni prohibición de publicidad, con lo cual el reproche penal es atípico por ausencia de un elemento normativo del tipo objetivo, y toda vez que la reserva del art. 36 involucra solo a quienes resultaren ser interesados, todo esto en relación con el art. 157 del Código Penal; y ii) respecto del art. 157 bis inc. 2 del mismo cuerpo normativo, relativo al reproche fundado en la revelación de la identidad de personas y empresas con la consecuente violación de su derecho a la intimidad, debe declararse la nulidad de lo actuado, ante la imposibilidad de proceder, pues se trata de una acción que debía ejercerse de modo privado (arts. 6 contrario sensu, 8, 155 contrario sensu y 391 C.P.P., todos en función del segundo párrafo del art. 181 C.P.P., y art. 73 inc. 2º C.P.). (Voto del Dr. Apcarían sin disidencia)
Indiferencia de la concausa, indemnización por accidente de trabajo, ley sobre riesgos del trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Gallay Edgardo Esteban c/ La Segunda Art S.A. s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-15

La teoría de la indiferencia de la concausa cobra vigencia en la Ley de Riesgos del Trabajo, pues en la definición de accidente de trabajo -art. 6-, no hay ningún elemento que permita limitar el resarcimiento del daño a lo que la ley 24.028 llamaba "factores atribuibles al trabajo". Perfectamente puede ocurrir -como sucedió con el actor- que el hecho súbito o la enfermedad contraída actúen como factor desencadenante o agravante de una patología del trabajador, o que las condiciones personales de este colaboren para incrementar la incapacidad laboral resultante, resultando arbitrario aplicar esa doctrina solo en caso de duda. Hacer a un lado la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa subvierte la lógica legislativa transaccional típica del Derecho del Trabajo, y esto precisamente a raíz de desmontar la presunción de causalidad que desde antaño hemos considerado presupuesta por el sistema (Voto Ronconi, en disidencia)
Ministerio Público, excusación, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Raimundo, José Alberto s/ Interpone recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Si bien en principio la decisión del juez que acepta la excusación de un defensor oficial y ordena su reemplazo no es recurrible por quien debe asumir dicha función, existen supuestos de excepción, tales como los planteos que versen sobre incompatibilidad de defensas (Ac. 1.448/63 S.C.B.A., art. 3) o en los que la decisión deviene definitiva, atento al estado procesal de la causa -en el caso traslado para presentar la defensa (art. 223 C.P.P.)-, que impide un nuevo planteo o vía distinta para ello. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, garantías procesales, jueces naturales
Materia: PROCESAL
Carátula: FLEITAS, Luis Alberto s/ Incidente de Medidas Cautelar (Cañada de Gomez 5483/87)  APELACION (Cañada de Gomez 5483/87)  APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-11

No conculca la garantía de "juez natural" que permita la apertura del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, el fallo dictado por esta Sala, en el cual se decidie a través del voto mayoritario -y no unánime- de sus miembros, ello así debido a que la resolución fue dictada por el órgano a quien correspondía su emisión, integrado de conformidad con el art. 36 de la Ley Nro. 7 y mediante la exposición conjunta de dos de sus miembros, esto es, el voto de la mayoría absoluta de los Magistrados que lo componen (artículo 28 Ley Nro. 7).
Reposición in extremis, error judicial, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Impiccini, Hércules c/  s/ queja en: Municipalidad Deallen c/ Impiccini, Hércules s/ expropiación s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-12-11

El mencionado recurso (reposición in extremis) está destinado a reparar o enmendar errores de hecho como derivación de un yerro judicial, no atribuible a las partes, situación que no se configura en autos, toda vez que lo que intenta el ahora recurrente es subsanar el incumplimiento del art. 299, inc. 2° del CPCyC, que exige acompañar "Los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el Tribunal; debiendo en su caso adjuntarse copia de todas aquellas piezas procesales relacionadas a los agravios planteados en el recurso denegado", es decir, las copias de las piezas procesales que demostrarían la verosimilitud de los planteos casatorios, los desvíos lógicos y la arbitrariedad en que habría incurrido la sentencia de Cámara. (Voto de la Dra. Zaratiegui, Dr. Mansilla, Dr. Apcarian y Dr. Barotto sin disidencia)
Divorcio, abandono del hogar conyugal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M., F.O. c/ E.de M., F.G. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Para que constituya causal de divorcio, se requiere que el abandono persiga el móvil de rehuir el cumplimiento del deber de cohabitación sin razón o justificativo serio. Todo abandono que resulta ser la reacción ante una causal de divorcio en que incurrió el otro consorte deja de revertir la condición de abandono malicioso".-
Recurso de inconstitucionalidad, falta de interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONSERRAT, MARIA AIDA Y OTRA s/ ASEGURAMIENTO DE PRUEBA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 596-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-22

No puede seriamente considerarse que la vaga proposición "..

haciendo reserva de derechos, a todos los fines que por derecho hubiere lugar" suponga el planteo de cuestión constitucional alguna.
Empleados públicos, asignación de funciones, remuneración, adicional por subrogancia, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Cervera, Manuel Alberto Candido c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 698-93) Portugal, Marta Haydee Vigil de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 59-93) Mollerach, Edgardo Darío; Beltramino, José María Ignacio; Bucca, Nilda Viviana y Krieg, Alberto Emilio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 499-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-08|2001-05-08|2001-05-08

La norma del artículo 18 del decreto 877/90 debe interpretarse en el sentido de que, en los casos previstos en el tercer párrafo -esto es, "cuando por razones operativas resulte necesario garantizar ciertas tareas"-, sólo está permitida la asignación de funciones y responsabilidades inherentes a un cargo de mayor jerarquía, sin que ello importe -en principio- derecho a percibir una mayor retribución, lo que aparece alcanzado por la prohibición del segundo párrafo. La inteligencia que se postula halla sustento, en primer lugar, en la literalidad de la norma - primera fuente de hermenéutica, conforme reiterados precedentes del Alto Tribunal nacional-, que distingue las "promociones", "revalorizaciones funcionales" u "otorgamiento de subrogancias", sobre lo que recae la genérica prohibición, de la "asignación de responsabilidades", a que refiere el tercer párrafo, el cual -es oportuno destacar- comienza con la expresión "como consecuencia de la prohibición precedente", con lo que mal puede sostenerse que, para la situación de hecho prevista por esa cláusula, la norma haya introducido excepción a la prohibición, sino que, precisamente, la ratifica, previendo qué conducta debe asumir la Administración cuando "por razones operativas resulte necesario garantizar ciertas tareas", esto es asignar "las responsabilidades de un cargo superior vacante al agente" que corresponda, según allí se determina. Y, asimismo, tal interpretación es la que mejor armoniza con los fines a que respondió el dictado de la norma, vinculados con la declaración de emergencia efectuada por ley 10472.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, omisión de cuestión esencial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cowes, Miguel Esteban c/ Viviendas Temperley S.R.L. s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

La supuesta omisión de cuestiones planteadas en la expresión de agravios no puede subsanarse a traves del recurso de inaplicabilidad de ley.
Concursos, extensión de la quiebra, responsabilidad contractual, terceros, grupo económico, sociedades comerciales, control de sociedades, actos perjudiciales a los acreedores
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Trenes de Buenos Aires SA c/  s/ quiebra c/ cometrans sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

Corresponde confirmar la resolución de grado que hizo lugar a la demanda de extensión de la falencia que dedujo la sindicatura de la quiebra actora y, por ende propagó la quiebra a la sociedad controlante en los términos de lo normado por la LCQ 161-2°. Ello así, pues no fue controvertido el control abusivo ejercido por parte de ésta sobre la fallida, además del sucesivo incremento casi al total de su participación accionaria en pocos años. En ese marco, quedó demostrado que este control ejercido abusivamente posibilitó el desvío del interés social de la fallida, con quien la controlante anudó contratos mediante los que obtuvo directa o indirectamente importantes beneficios mientras se agravaba la situación económica de la controlada. Voto del Dr. Vassallo:.
Alimentos, filiación extramatrimonial
Materia: CIVIL
Carátula: M.T. DEL C. Y OTRO c/ DE A.T. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

Para la prestación provisional de alimentos a un hijo extramatrimonial, no es necesaria la declaración previa de ese carácter en juicio ordinario, ya que basta que "prima facie" resulte justificado mediante prueba testimonial, confesión ficta o expresa del demandado o documental.

La procedencia del pedido de alimentos por quién pretende ser reconocido como hijo extramatrimonial, debe considerarse con un criterio relativamente amplio que contemple la especialidad del fin inmediato del requerimiento.
Derecho a la identidad, derechos y garantías constitucionales, menores
Materia: CIVIL
Carátula: N. o R. ,E. A. s/ Inscripción de nacimiento fuera de término
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-12-10

Al lado de la realidad biológica existe otra verdad, sociológica, cultural, social, afectiva, que también hace a la identidad de la persona humana y es de recibo por el derecho, desde una perspectiva dinámica, a partir de la incorporación constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75 inc. 22, Const. nacional). En efecto, tanto la identidad de origen como la dinámica, que hoy designa e individualiza al sujeto con nombre y apellido, hallan amparo en las garantías implícitas o innominadas previstas en el art. 33 de la Carta Magna, así como en numerosos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (arts. 75 incs. 22 y 23 Constitución nacional; 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño; XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 3, 18 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica; 16 y 24 del Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos; 10.3 del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), también en nuestra Constitución provincial (art. 12.2), y en las leyes de fondo, que reglamentan su ejercicio (arts. 1, 2, 3, 5, 11 y ccdtes., ley 26.061; etc.).(del voto del doctor Pettigiani)
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Damur, Ernesto O. s/ Violación de domicilio. Pergamino.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-30

No basta la mera invocación de la inhabilidad del testigo para desmerecer sus dichos; es menester que se forme el incidente que ordena el art. 247 del C.P.P., salvo cuando dicha circunstancia sea manifiesta en la propia declaración.
Honorarios, recursos, costas, ley arancelaria
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDOSO, CESAR ROBERTO c/ ABDALA, LUIS OSCAR Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR MARIA ALEJANDRA MEIER EN AUTOS "CARDOSO, CESAR ROBERTO CONTRA  ABDALA, LUIS OSCAR Y OTRA SOBRE EJECUCION HIPOTECARIA. HONORARIOS"  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 46 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-09-07

El artículo 28, inciso e) de la ley arancelaria local 6767, que prevé que los recursos sobre honorarios no devengan honorarios y se exceptúan de todo gravamen, resulta aplicable sólo para el caso en que se cuestione la base económica.
Personería, acreditación de la personería, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Gallinaris, Beatriz Susana c/ Do Santos Héctor Braulio s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-04-08

En orden al planteo de nulidad articulado, por no haber el profesional interviniente acreditado personería, actuando como gestor, es correcto subsumir la misma en el art.38 de la ley 2383 y desde tal normativa la nulidad se opera de pleno derecho, por el sólo vencimiento del plazo, sin necesidad de intimación previa. Esta es una nulidad distinta a la contemplada en los arts. 169 a 174 del Código Procesal Civil y Comercial. La sanción de nulidad no precisa la existencia de interés particular en su declaración, procede porque así lo manda la ley, sin que el juzgamiento quepa ponderar su valor intrínseco o equidad. Sólo corresponde declarar la nulidad de la actuación del profesional, más no las pruebas confesional y testimonial como tales, que conservan su valor pues para su realización no se exige la comparencia personal se presentaron pliegos, habiéndose limitado la actuación en las audiencias a estar presente. En consecuencia, quedan las mismas incorporadas al análisis probatorio, debiendo aclararse que la nulidad de lo actuado por el gestor no es obstáculo para la validez de los actos cumplidos independientemente de la actividad inválida de éste.