marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Escritos judiciales, firma falsa, falsificación de instrumento público, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: WOLFSOHN, JOSE c/ INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO COLEGIO SAN DAVID s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-24

Pretender la nulidad de lo actuado con base en no pertenecer a la actora firmas que llevan los escritos cuyo encabezamiento se las atribuye, es tanto como imputar la comisión de un delito de falsificación, cuya víctima no se precisa si es exactamente la administración de justicia o la demandada. Tal argución deberá recibir andamiento por vía idónea: la circunstancia de que la presunta falsificación se hubiere cometido en escritos dirigidos a un juez, no hace competente a ese mismo juez para indagar y declarar la existencia del hipotético ilícito criminal.
Sanciones aduaneras, multa aduanera, graduación de la pena, facultades del juez
Materia: ADUANERO
Carátula: Hughes Tools Company S.A.C.I.F.I. -T.F. Nº 7427-A c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

La determinación del quántum de la multa es una facultad que queda librada al criterio de juzgador, dentro de los límites legales establecidos, quien debe valorar la naturaleza y gravedad de los hechos, así como las circunstancias del caso para determinarla.

(Consid. V).
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-10-12

El monto del litigio está referido a la cuantía del agravio en si, es decir que el mínimo referido por la ley para la procedencia del recurso está representado por la diferencia que pretende o rechaza el recurrente. La demostración de tal exigencia es una carga procesal del recurrente y hace a la autosuficiencia del escrito recursivo.
Empleo público, personal no permanente, personal contratado, contrato de servicios, nulidad del acto administrativo, período de prueba, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Cecenarro, Carlos Gerardo c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-03-26

El actor interpone Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en contra del Estado Provincial peticionando se declare la nulidad del Decreto Acuerdo N° 2071/06 -mediante el que se dispuso no renovar el contrato de trabajo del demandante-, también la restitución al cargo en el que estaba contratado y la reparación económica equivalente a los sueldos dejados de percibir desde la notificación del mencionado decreto, ello actualizado según la última remuneración percibida.

Relacionado al fondo de la pretensión, hago propios los argumentos vertidos por la Sra. Procuradora Subrogante, doy por reproducidos sus términos y voto por receptar la pretensión anulatoria del actor; en consecuencia corresponde declarar inválido el contrato, el decreto de no renovación por carecer de causa, siendo, a todo evento, falsa e irrazonable la invocada por el demandado bajo cuya jurisdicción se ha desempeñado el actor, disponiéndose su reincorporación y el resarcimiento solicitado.

Ello así pues, como ha expresado este Tribunal: "Luego de analizar que el Art.14 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública, Ley Provincial Nº 3276 (...) supedita la adquisición de la estabilidad en el empleo a que se acrediten condiciones de idoneidad para la función conferida, durante el transcurso de un período de "prueba" de seis meses (6) de prestación de servicio efectivo.

En caso contrario se establece la facultad que tiene la autoridad administrativa para revocar el acto que dispuso el ingreso. La correcta interpretación de la norma conduce a pensar que el objeto de tal potestad es la de brindar la posibilidad a la Administración para que evalúe la idoneidad del agente durante el período de prueba.- Ahora, yo me pregunto, ¿es correcto que dicha evaluación se lleve a cabo respecto a una persona que ha prestado servicios como personal contratado durante el transcurso de más de dieciséis años? -en el caso tres años, en cualquier caso tal facultad no podría ejercitarse superados los 6 meses a los que alude la norma-. ¿No habrá tenido la demandada tiempo más que suficiente para evaluar el desempeño del agente?.- (...) lo cierto es que el pretendido argumento de la provisionalidad del nombramiento y las condiciones de idoneidad que se deben demostrar en el período de seis meses, aparece a mi juicio inoportuno, pues dicho justificativo a más de tardío, denota un frustrado intento de encontrar un motivo para revocar la designación." -Sentencia Nº32 del 02/12/08, autos Corte N°048/08: "ROMERO, Miguel", Voto del Dr. Cáceres- .- (Del voto del Dr. Lilljedahl, según sus fundamentos, por la mayoría)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia suficientemente fundada, voto en disidencia, pena, agravantes de la pena, reformatio in pejus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL CALIFICADO VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD APROVECHANDO SITUACION CONVIVENCIA PREEXISTENTE CON EL MISMO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-06-07

En relación al cuestionamiento relativo a que se valoró como agravante que el acusado prácticamente obligó a llevar su apellido a las víctimas, cuando según lo señalado por la Defensa, de las actuaciones judiciales del fuero civil surgirían pruebas de que las mismas manifestaron que lo querían como a su verdadero padre, se advierte que, pese a los términos empleados por la Cámara al decir que en este agravio resultan verdaderamente atendibles los argumentos defensivos, seguidamente expresó que los fundamentos expuestos al tratar la posible nulidad del decisorio apelado -explayándose sobre la gravedad de los hechos descriptos y los altos montos de penas previstos para los tipos penales escogidos- impedían modificar la pena, por lo que propició su confirmación; careciendo de sustento la alegada autocontradicción de los puntos analizados del acuerdo impugnado, como pudiera alegarse e interpretarse de la redacción poco feliz de algunos de sus párrafos, y no patentizándose en el caso una afectación a la prohibición de reformatio in pejus, en tanto la Alzada mantuvo el monto de pena dado en primera instancia, lo que no implicó -como se postulara- un agravamiento de la situación del imputado ante la falta de recurso acusatorio. (De la disidencia del Dr. Netri)
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Moronta, Cristian Alberto s/ Art. 10 ley 10067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

La tenencia de los hijos menores traduce el elemento material de la guarda, consistente en la facultad de conservar consigo el menor bajo patria potestad.-
Prescripción, compraventa mercantil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FATIMA SECPA c/ BELLA VISTA S.A. s/ Ordinario (LIBRO: A068 - 051)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1987-06-15

"... Es norma del art. 847 del Cod. de Comercio, referente a las relaciones contractuales, con especial significacion para el contrato de compraventa, regla la prescripcion de posibles situaciones en que pueda accionarse judicialmente: por cumplimiento (inc. 1ero.), por extincion, sea por nulidad, rescision o resolucion (inc. 3ero.), y, por los accesorios y modalidades de las obligaciones emergentes de esos contratos (inc. 2do.).

En todos los supuestos, el sujeto obligado y que es accionado judicialmente, se encuentra legitimado para oponer la referida excepcion, como en nuestro caso, es que el demandado pretende la liberacion de la obligacion que pesa en su contra, por entender que le asiste derecho a ello. Resultaria francamente incongruente la interpretacion que se intenta por el recurrente de limitar el supuesto a la accion por cumplimiento del pago del precio, con exclusion de la que le es reciproca, por entrega de la cosa.-".-
Alimentos, alimentos provisionales
Materia: CIVIL
Carátula: F.V., S.N s/ Incidente de Apelación en autos "F.V., S.N. c-A., R.E. s-Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-14

Los alimentos provisorios que prescribe el art. 375 del Código Civil son aquellos que, desde el principio de la causa o en el curso de ella, el juez podrá fijar para ser prestados hasta el dictado de la sentencia, debiendo determinárselos en una cuota moderada según las circunstancias lo aconsejen, atento al hecho de que aún no se ha probado acabadamente con qué recursos cuenta el alimentante.
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN (C.P.P.A. EN LIQ.) c/ PUTRUELE HNOS. S.A.I. Y C. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-02

Para que proceda su eximición a favor de quien lo formula, el allanamiento debe ser real, incondicionado, total, oportuno y efectivo, realizado por quien no ha dado lugar, por su culpa, a la reclamación judicial. Solo reunidos estos requisitos, el allanamiento tendrá la virtualidad de liberar del pago de las costas al allanado.

Por eso, la exención que contempla la ley en el art. 76, inc. 1 2 del C.P.C., debe interpretarse con sentido estricto, en razón de su excepcionalidad, ya que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, cuya apreciación debe hacerse objetivamente. Se debe atender en forma primordial el derecho que tiene el vencedor del pleito de ser resarcido de sus gastos judiciales.
Cómputo de servicios, interpretación de la ley, aportes previsionales, evasión previsional, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VEGA GAETE, JORGE RUBEN c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-06

Con la ley 24.013, que permitió blanquear situaciones en las que la responsabilidad principal no era precisamente del trabajador, aún en el caso extremo de los aportes retenidos y no depositados, se introdujo una disociación entre los conceptos "servicios prestados en períodos de obligatoriedad de aportes" y "servicios con aportes" que resulta irrazonable. En efecto, el art. 4 del Dec. 2725/91 fija las pautas que impedirían el fraude previsional al determinar que los organismos administrativos podrán requerir las pruebas idóneas que justifique la real prestación de los servicios denunciados, y el art.

41 de la ley 24.073 exime a los trabajadores con goce de beneficios previsionales cuyo vínculo laboral se hubiere regularizado en el marco de la ley 24.013 de las consecuencias de las infracciones cometidas. Vale decir que el plexo normativo de referencia introduce una discriminación en perjuicio de los trabajadores en actividad sin goce de beneficio, respecto de los empleadores y a los que son titulares de una prestación previsional, violando por lo tanto el art. 16 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 12, inc. b) de la ley 24.013.
Jueces, deberes del juez, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: GARAY NORMA CELINA DEL VALLE c/ MUNICIPALIDAD DE LA BANDA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-12

Corresponde a los jueces, en causa determinada y a pedido de parte interesada, efectuar el control de constitucionalidad de las leyes que deben aplicar, a fin de asegurar el principio de supremacía de la Constitución que consagra su art.31.
Honorarios del perito, prescripción, prescripción decenal
Materia: CIVIL
Carátula: Sapatkin Smith, Salomón c/ Zorrilla, Juan Ignacio s/ Sucesión - Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Al sancionarse el Código Civil, el personal dependiente de la Justicia - secretarios, oficiales de justicia, ujieres - no era costeado por el Estado, sino por los litigantes. En la actualidad dichas funciones sólo son retribuidas por aquél, lo que impone al subsistir la disposición, que la norma se interprete de manera adecuada a la realidad, considerando como empleados de la administración de justicia a quienes prestan servicios auxiliares de manera permanente en el poder judicial. Como consecuencia de ello, las Cámaras Civiles en pleno de la Capital Federal en autos "Mazzetti, Angel c/Zenoni, Angel del 27/10/37 (J.A. 60-189), decidieron que no están comprendidos en la disposición los peritos que actúan esporádicamente en los litigios, ni los administradores u otros delegados judiciales, que son personas extrañas al cuadro estable del Poder Judicial designadas para el cumplimiento de funciones específicas. Por consiguiente, en materia de honorarios de peritos debe aplicarse el plazo de diez años que prevé el artículo 4023 del Código Procesal y artículo 303 del mismo código.
Recursos, recurso de inconstitucionalidad, incidente de impugnación, revisión judicial de actos administrativos, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Rojo, Dora Cristina c/GCBA s/ impugnación actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en tanto el recurrente logró demostrar que el pronunciamiento atacado aparece fundado sólo de modo aparente. Las cuestiones cuyo análisis fue omitido por los jueces de mérito, sin justificar por qué su valoración resultaría inconducente para la solución del pleito, llevan a descalificar la decisión impugnada como acto jurisdiccional. Esa solución viene impuesta, en las circunstancias de autos, por el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y artículo 18 de la Constitución Nacional, así como por la necesidad de resguardar el ejercicio de las competencias asignadas a este Tribunal por el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Indemnización por accidente de trabajo, derechos y garantías constitucionales, decreto de necesidad y urgencia
Materia: LABORAL
Carátula: Giachello Antonio Gabriel c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-20

Fue el STJER quien estableció en los precedentes "Crettaz", que el análisis de la validez de la norma debía efectuarse, para cada caso concreto evaluando si la misma resultaba perjudicial o no para el trabajador, sujeto de preferente tutela, atendiendo a las garantías constitucionales del trabajador, y con ello prescindió del análisis de la procedencia formal del decreto, es decir, si se daban los presupuestos de su dictado, necesidad y urgencia. Al respecto, dejo salvado mi respetuoso desacuerdo con esa posición y ratifico la postura de esta Sala, relativo a que no se encontraban dados en el momento del dictado del decreto los extremos necesarios que habiliten su dictado. Ello, si dejar de entender que la doctrina que emerge del fallo citado no tiene otro fin que mantener incólume la indemnización del trabajador, lo que se advierte necesario, atendiendo al grave proceso inflacionario que atraviesa el país (Voto Stettler. Adhesión Romero)
Sentencia definitiva, medidas cautelares, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: Gargiulo, Adrian Alberto c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gargiulo, Adrián Alberto c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (art. 464 y 465 CAyT) Gagliardi, Ricardo Daniel c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Gagliardi, Ricardo Daniel c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-07|2018-02-07

Corresponde rechazar la queja si las manifestaciones del recurrente son insuficientes para desvirtuar la falta de decisión definitiva que se subraya en la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad. Es que no surge con claridad manifiesta en qué consistirían los perjuicios irreparables que afirma le provoca el pronunciamiento recurrido. Voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

No escapó a la consideración de la Sala, la prudencia de ver o no previamente el tape cuestionado. Al margen de que los antecedentes descriptos fueron estimados suficientes para adoptar la cautelar, en la que se daba oportunidad a los afectados para obtener temporariamente su levantamiento, el Tribunal tuvo en cuenta que decretar la medida luego de visualizar el programa hubiera implicado decidir anticipadamente, esto es, prejuzgar sobre la procedencia sustancial del amparo (la íntima conexidad de la medida cautelar innovativa y el fondo del asunto es particularmente clara);extremo este, en su caso, que podría haber conllevado una grave lesión al derecho de defensa en juicio de Canal 13 y del Señor Borensztein, quienes para ese entonces no habían sido oídos. La ponderación de este aspecto, que constituía una verdadera encrucijada llevó al Tribunal -meritando las circunstancias antes relatadas, el carácter provicional de la medida, y la jerarquía de los derechos en juego- a decretar la suspensión temporaria de la emisión del tape sin exhibición previa.

La resolución no ha sido antojadiza o caprichosa y no se halla desprovista de fundamentos en grado de justificar la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, que es estrictamente excepcional.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROTGER, NILDA ANA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-15

El derecho a la igualdad reclama iguales derechos frente a hechos semejantes e igual trato siempre que las personas se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, y en esta tarea de equiparación no es imprescindible que la ley guarde una simetría perfecta, sino que basta que la norma responda a un discreto criterio valorativo. En el sub examine, tratándose de abogados en relación de dependencia con el Estado, con las particularidades antes mencionadas, no puede considerarse que el artículo 42 bis inciso 'b' de la ley 10727 lesione la garantía mencionada. - CITAS: CSJN: Fallos 295:937; "Sánchez de Sotelo", Fallos 312:615; Fallos 312:851; Fallos 300:984.
Transporte aéreo de pasajeros, pérdida de la chance, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: RODRIGUEZ SANTORUM, CLAUDIO c/ TAP AIR PORTUGAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-16

Afirma la Corte que aun cuando la chance es indemnizable, debe reparar un ínteres actual del interesado que no existe cuando quien se pretende damnificado no llego a emplazar en la situación idónea para hacer la ganancia o evitar la perdida.
Caducidad de instancia, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: LEDESMA MERCEDES JOSEFINA c/ FIAD FELIPE Y OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO (VEINTEAÑAL) - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-22

En cuanto a la posibilidad que tiene la parte contraria de oponerse a los efectos subsanatorios del acto impulsorio posterior al vencimiento del plazo legal de perención, nuestro Código procesal se aparta en este punto de lo establecido al respecto por el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación al no receptar la reforma introducida por la Ley 22.434.

En efecto, el art. 308, 2da. parte del C. P. C. y C., establece que la posibilidad de oponerse al acto impulsorio "sólo" cuenta cuando se tratare "..de actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal", a diferencia de lo que sucede en el orden nacional, que otorga la posibilidad a la contraria de oponerse cuando el acto de impulso proviene de la parte interesada y no sólo del órgano judicial, siempre y cuando en ambos casos no se hayan consentido las actuaciones.
Sentencia, principio de congruencia, delitos contra el honor, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Espinosa, Pedro Francisco c/ Herrera de Noble, Ernestina y otros. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

No es contradictorio el pronunciamiento que resolvió que eran únicamente los funcionarios públicos los merecedores de una protección atenuada en su honor y no asimiló a dicha categoría a las figuras públicas, con su posterior afirmación acerca de que el seudónimo del actor era públicamente conocido.
Sucesiones, administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: Allende de Garade s/ Sucesorio-II cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-27

Los herederos son los verdaderos titulares de los derechos y obligaciones que emanan del causante, cuando se designa una persona como administradora de la sucesión se la nombra para que administre la masa de bienes que integran el patrimonio que se trámite y la actuación la cumple en nombre y representación de los herederos que son sus propietarios en el estado de indivisión.
Régimen de consolidación de deudas, deuda previsional, Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GALLARDO, Adolfo Nieves c/ La Nación -I.A.F.- s/ Haber de Retiro de Fuerzas Armadas y de Seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

La comisión Ley 23.982, creada por el art. 4° de la Resolución 473/92 M.E.O.S.P., se expidió señalando: la deuda previsional a cargo del I.A.F.P.R.M. resulta alcanzada por el Régimen de Consolidación de Deudas establecido por la ley 23.982 e implementado por el decreto 2140/91, ya que si bien no se corresponde institucionalmente con las devengadas a cargo del ex Instituto Nacional de Previsión Social mentado es el art. 2° de dicha ley, su carácter de organismo descentralizado -mención genérica que también ostenta el precitado artículo- y la naturaleza de las deudas a su cargo así lo indican (confr. Acta N° 6, pub. B.O. del 12/1/93, p. 31 (esta Sala, "Alvero, Héctor R. c/ I.A.F. s/ retiro militar y Fuerzas de Seg.", del 23/5/95; "Ondetti, Pedro Ambrosio s/ E.N. -M° de Def.

s/ juicio de conocimiento", del 1/4/93; "Vitale de Blanco, Ana Rosa c/ E.N. -M° de Defensa s/ juicio de conocimiento", del 20/5/93).
Recurso extraordinario de nulidad, apreciación de la prueba, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: Giudice, Ricardo; Villegas, Angel; Luppo, Eduardo; Bataglia, Abel s/ Infracción art. 172, Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

El recurso extraordinario de nulidad interpuesto no reúne los requisitos previstos en el artículo 349 inciso 1 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.), ya que si bien denuncia violación del artículo 168 de la Constitución provincial, no se funda en el contenido normativo de dichos preceptos, sino que se intenta traer a examen de este Tribunal supuestos errores de juzgamiento como arbitrariedad en la apreciación de la prueba, violación del derecho de defensa en juicio e infracción de expresas normas procesales así como la forma en que la cuestión ha sido resuelta, temas ajenos al mismo y sí propios del de inaplicabilidad de ley, cuya deducción no está habilitada en autos en virtud de la limitación legal (art. 350 del Código citado). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, contenido de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Martín Alejandro c/ Carrascosa, Aldo s/ autorización para firmar carta poder - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Para la determinación de la competencia ha de estarse a los términos de la demanda.