Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18


Dictamen de la Fiscal General de Cámara La cuestión sobre la que versa el recurso -relativa a la procedencia del planteo de prescripción - se relaciona con aspectos de hecho y prueba, que no remiten al examen de ninguna norma concursal ni comprometen el interés general cuya tutela me incumbe (art. 120 Constitución Nacional).

En consecuencia, prescindiré de expedirme al respecto y concluyo que los autos se encuentran en condiciones de ser sentenciados.- Noviembre 26 de 2007.-Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia.- Buenos Aires, diciembre 18 de 2007.

Considerando: 1) Apeló la incidentista la resolución dictada a fs. 115/7 en cuanto rechazó su planteo de prescripción y cancelación de hipoteca.

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 123/5 y fueron contestados por el síndico a fs. 132/3.

Por su parte, la Sra. Fiscal General ante esta Cámara se abstuvo de expedirse por los argumentos expresados a fs. 144.

2) Se agravió la incidentista porque a los fines del inicio del cómputo de plazo de prescripción contemplado en el art. 4023 Cod. Civil, el juez de grado tomó la fecha de vencimiento de la última cuota pactada, cuando en las cláusulas del mutuo con garantía hipotecaria se pactó la mora automática y caducidad de los plazos. Indicó que el plazo debe comenzar desde el primer incumplimiento, a partir del cual la deuda resultó exigible y que tomando dicha fecha -5/6/89-, el crédito se encuentra prescripto. Agregó que, al tornarse prescripto el crédito garantizado, corresponde la cancelación de la hipoteca.

3) La incidentista se presentó en autos solicitando se ordene la cancelación de la hipoteca inscripta sobre el inmueble de su propiedad designado como Unidad Funcional Nº 28, integrante del Consorcio de Propietarios de Village Golf and Tennis Country Club, sito en el Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Relató que adquirió de la firma Village Golf el inmueble en cuestión, pactándose el pago del precio de venta (A 33.680) en 80 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de A 421 cada una, garantizando el pago del saldo de precio mediante una hipoteca de primer grado constituida a favor de aquella sobre el bien comprado.

El crédito, junto con la garantía hipotecaria fue cedido con fecha 31/10/88 por Village Golf and Tennis Country Club a favor de Finandoce Compañía Financiera, entidad que fue adquirida, a su vez, por la fallida.

Señaló que la última cuota abonada fue con fecha 5/6/89, por lo que a la fecha de promoción del presente incidente la deuda se encuentra prescripta.

Al contestar el traslado del presente incidente la sindicatura clase B consideró que la deuda no se encontraba prescripta, pues el plazo en cuestión debía computarse desde el vencimiento de la última cuota, solicitando se intimara a la incidentista al pago del saldo adeudado.

De otro lado, la sindicatura clase A, en su presentación de fs. 49 informó que no pudo tener acceso a los registros de lo que fuera Finandoce Cía. Financiera, por lo que no podía corroborar los dichos de la incidentista en cuanto a los pagos efectuados. Sin embargo, a fs,, 76 indica que existe registrado un saldo deudor histórico de la incidentista de $ 28,80, mientras que la sindicatura clase B a fs. 102/3 señala que en la cuenta contable 131.721.03 de la fallida, surge una deuda, a la fecha de quiebra de $ 29.747,07.

4) Cabe recordar que la prescripción resulta una figura jurídica que contribuye a la seguridad y firmeza de la vida económica, satisfaciendo un fundamental interés de los negocios, que exigen que toda relación obligatoria tenga un término (conf. Rezzónico, Obligaciones, tº 2. pág. 1105), lo cual presupone la existencia de dos requisitos: primero, la expiración del plazo legalmente establecido y segundo, la inacción, inercia, negligencia o el abandono (art. 4017 CC).

Ahora bien, la incidentista no niega que no abonó la totalidad del mutuo garantizado, sino que alega que esa deuda se encuentra prescripta, y que ello deriva en la procedencia de cancelar la hipoteca constituida a esos efectos.

Del instrumento copiado a fs. 2/17 surge que la incidentista adquirió de Village Golf and Tennis SA, la unidad funcional Nº 28 integrante del Consorcio de Propietarios de Village Golf and Tennis Country Club, Parcela 1734 b-Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, por la suma de A 33.680, a ser abonada en 80 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de A 421, con vencimiento la primera de ellas del 20 al 25 de junio de 1987, y las restantes los días 20 al 25 de cada mes subsiguiente. Por el saldo de precio la incidentista constituyó hipoteca en primer grado a favor de la vendedora, estableciéndose que la falta de pago de alguna de las cuotas como así también el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato produciría la caducidad de la deuda como si fuera de plazo vencido, produciéndose la mora por el mero transcurso del tiempo (cláusula quinta, fs. 13 y cláusula décimo-primera, fs. 15).

No se discute que en la especie, se trata de una deuda única de vencimiento escalonado, por lo que, en principio, la prescripción correría para cada cuota desde que ellas son exigibles. Sin embargo, si el atraso en el pago de una cuota determina la caducidad automática del plazo vigente para todas las no vencidas, supuesto que es el que nos ocupa, según la cláusula estipulada en el instrumento de fs. 2/17, citada supra (quinta y décima primera -fs. 13/5-) la prescripción correría desde ese momento (conf. Llambías, Jorge Joaquín "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones" T. III, pág. 398).

De las copias obrantes a fs. 19/24 surge que la última cuota abonada por la incidentista sería aquella con vencimiento el 25/5/89. Sin que se haya acreditado, a partir de esa fecha, que existiera algún reclamo por parte de la acreedora en relación a la deuda de autos.

Así, y conforme se indicara anteriormente, tratándose de una obligación única, fraccionada a los fines de su pago, y en donde se estipuló la caducidad de los plazos frente al incumplimiento del pago de una cuota, el plazo de prescripción debe computarse desde el vencimiento de la primera cuota no abonada. En el caso de autos, toda vez que la incidentista reconoce no haber efectuado ningún pago con posterioridad al 5/6/89, fecha en que se pagó la cuota con vencimiento el 25/5/89, y la sindicatura no ha desvirtuado por medio alguno tal afirmación, se estima que el plazo de prescripción debe computarse desde el 25/6/89, fecha de vencimiento de la cuota siguiente a la última abonada.

5) Ahora bien, con fecha 23/6/89 la incidentista promovió demanda contra Finandoce Compañia Financiera SA por resolución del mutuo con garantía hipotecaria y por indemnización de las mejoras introducidas en el inmueble que es objeto de dicho gravamen. Solicitó subsidiariamente un reajuste del contrato de mutuo en cuestión. En dicha demanda la incidentista reconoció la existencia del mutuo pero solicitó su resolución debido al incremento en el monto de las cuotas que debía abonar.

En esos autos, con fecha 8/8/95 se dictó sentencia rechazando la demanda, la que fue confirmada por esta Sala, mediante pronunciamiento de fecha 4/6/98.

En este contexto, cabe recordar que la prescripción es interrumpida por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquél contra quien prescribía (art. 3989 Cód: Civil).

El reconocimiento en términos generales es la declaración de voluntad, ya expresa, ya inducida de actos materiales, en virtud de la cual el sujeto pasivo admite ser titular del deber jurídico que se trate. Para ser expreso debe consistir en una declaración clara y precisa que no deje lugar a dudas. En cambio el reconocimiento tácito es aquel que resulta de modo inequívoco de hechos llevados a cabo por el obligado, de los cuales surge la confesión del derecho pretendido. En general se relacionan con el cumplimiento de obligaciones, siempre que provengan del deudor, como ser el pago parcial, la solicitud de prórroga o quita, la promesa de pago, entre otros (conf. Llambías, Jorge J. -Méndez Costa, María J. "Código Civil Anotado", T. V-C, págs. 817-819).

Es claro que la promoción de la demanda para obtener la resolución del contrato garantizado, debido al aumento en el monto de las cuotas, o en subsidio el reajuste de dicho convenio implicó un reconocimiento por parte de la incidentista de su carácter de deudora del saldo de precio de la compraventa del inmueble en cuestión, obligación que fue garantizada con la hipoteca cuya cancelación se pretende (conf. CSJN, 1/1/51, "Nación c/ Iriarte, Miguel", Fallos: 219:145; esta CNCom, Sala D, 19/4/94, "Bellichi Nestor c/ Banco Real SA s/ sum.").

Así las cosas, se aprecia que las actuaciones efectuadas en los autos "Meyer de Mazzoni Paulina A c/Finandoce Cia Financiera SA s/ ordinario", hasta la fecha en que ha quedado firme la sentencia que rechazó la demanda, resultaron interruptivas del plazo de prescripción, pues mediante ellas, por un lado, la incidentista reconoció su carácter de deudora, y por el otro, la acreedora mantuvo vivo su derecho.

En consecuencia, el plazo en cuestión debe comenzar a computarse a partir del 4/6/98. De ello se colige que, a la fecha, el término decenal contemplado en el art. 4023 del Código Civil, no se encuentra cumplido, por lo que cabe el rechazo de la pretensión de declarar prescripto la obligación de abonar el saldo de precio. Tal conclusión conlleva que tampoco resulte procedente la cancelación de la hipoteca que pesa sobre el inmueble adquirido por la incidentista, pues el crédito permanece, aún, vigente.

6) Por lo expuesto, esta sala resuelve: Rechazar el recurso deducido por la incidentista, y por ende, confirmar la resolución dictada a fs. 115/7 por los argumentos aquí vertidos.

Imponer las costas de Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCC). El doctor Kölliker Frers no interviene en la presente resolución por encontrarse excusado (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). Isabel Míguez.- María Elsa Uzal.