Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-16


SENTENCIA Nº 93052 CAUSA Nº 47.484/09 "MONTENEGRO TERESITA MABEL C/ INSTITUTO ESCUELA PARTICULAR MODERNA DE UNION DE PROFESORES ESPECIALIZADOS SRL Y OTRO S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" JUZGADO Nº32.- En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 16/04/12 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Diana Regina Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, que acogió el reclamo de autos, se alzan las demandadas Unión Profesores Especializados SRL y Consolidar ART, a tenor de las presentaciones de fs. 446/450 y 442/445, con réplica de la contraria a fs. 453/454.

Unión Profesores Especializados SRL cuestiona el fallo de grado, puesto que, a su criterio, el análisis de la prueba testimonial y pericial de la causa, fue realizado incorrectamente por la sentenciante. Entiende, por consiguiente, que la sentencia en recurso resulta arbitraria y parcial, por lo que debe ser revocada. Asimismo, le agravian la imposición de costas y la regulación de honorarios.

Por su parte, la aseguradora de riesgos de trabajo "Consolidar", se queja de que se la responsabilice solidariamente, y de que se calculen los intereses desde la fecha del despido.

De la presentación inicial, surge que la actora procura un resarcimiento en el marco del derecho civil, por disminución de la capacidad laboral, por las dolencias sufridas producto de los trabajos realizados bajo las órdenes de la institución educativa demandada.

En estas condiciones, corresponde dilucidar las siguientes incógnitas: ¿Existe una relación causal entre la enfermedad denunciada y la realización de tareas de limpieza en el establecimiento? ; ¿corresponde extender la responsabilidad civil a la aseguradora de riesgos del trabajo? y, ¿desde cuándo se deben computar los intereses determinados en la instancia anterior? Ahora, se impone como paso inexorable previo, indagar en torno a la afección denunciada por la trabajadora y, de verificársela, establecer si la misma guarda vinculación con las tareas.

Solo de darse ambas condiciones de manera afirmativa, tendrá sentido proceder a la determinación del marco jurídico atributivo de responsabilidad, para definir finalmente la persona de la o los responsables.

Corresponde, entonces, analizar la prueba testimonial producida.

Así, los testigos Miller (fs. 247/249), Ogando (fs. 250/251) y Tijeras (fs. 252/253), propuestos por la parte actora, coincidieron en que las tareas que realizaba la trabajadora eran exigentes. En este sentido, declararon que las labores consistían en la limpieza del colegio, las compras de los productos, suplantar a quien se encargaba de la cocina cuando faltaba, atender a los directivos, baldear las escaleras y el patio, y limpiar los baños del colegio, para lo cual contaba con escasa ayuda. Salvo cuando contrataban personal por algunas horas para que colaborara con la limpieza, aduce que estaba sola.

Ahora bien, los testimonios brindados por Baraisi Gaite (fs. 255/257), Gianasi (fs. 258/259), Intensa (fs. 260), Alonso Garcete (fs. 312) y Moreno Terrero (fs. 313/314), que declararon a instancias de la demandada, no sólo no contradicen a los dichos de los demás testigos, sino que en ciertos puntos los refuerzan.

En efecto, de las expresiones tanto de Gianasi, Baraisi Gaite y Moreno Terrero, se desprende que las tareas que realizaba la reclamante, en algún momento, conllevaron una gran exigencia física. Al respecto, Gianasi refirió que "por su condición de salud, ella pedía que fueran tareas livianas, que lo sabe ya que siempre tenía sus quejas en cuanto a su salud, con dolores, que sabe que las tareas pesadas las hacía otro personal, que en la parte del piso superior las hacía el Sr. Eber Baraisi, que debe haber habido alguien más, que por ejemplo la actora limpiaba dirección, en el jardín de infantes acomodaba sillitas, tareas muy suaves por decir así". Mientras que Moreno Terrero, señaló que "dos personas iban, no recuerda el año en que comenzaron, e iban dos o tres veces por semana, para que la Sra. Montenegro no hiciera trabajos de esfuerzo". Finalmente, Baraisi Gaite dijo no sólo conocer los padecimientos que sufría la trabajadora como artrosis y reuma, sino que también manifestó, que "había una señora que concurría tres veces por semana, y complementaba las tareas de limpieza, que sigue hasta hoy, entró en el año 2002 o 2003".

Por otro lado, las declaraciones de Intensa y Alonso Garcete, no dan cuenta acabadamente de sus dichos.

En primer término, porque Intensa no trabajó en el mismo espacio físico que la actora, puesto que lo hacía en el secundario, mientras que la reclamante trabajaba en el primario, y en segundo lugar, porque Alonso Garcete trabajó en el sector de cocina, y no conocía la realidad de los demás sectores del establecimiento.

En conclusión, entiendo que los testimonios brindados por ambas partes, son congruentes entre sí y con los hechos expresados en el escrito de inicio, por lo que les otorgo plena eficacia probatoria (arts. 386 y 456 CPCCN). Así, del análisis de los mismos, se desprende que las labores de la actora, por lo menos en algún momento, exigieron un gran esfuerzo físico y, luego de que ello le generara agravamientos en su estado de salud, los directivos del instituto tuvieron que emplazar a más personal para que colaborara con ella.

Por ello, habiendo sido acreditadas las condiciones de trabajo en que se desempeñó la trabajadora, analizaré si las mismas repercutieron negativamente en el estado de salud de la misma.

Así, el perito médico concluyó que la actora padece los siguientes problemas en su salud: "hipoacusia bilateral de grado leve", "signos de compromiso neurógeno con características de proceso radicular deficitario en el territorio de los miotomas L4 derecho y L5 bilateral, de aspecto crónico y de expresión moderada", "compromiso mielínico distal del nervio mediano derecho, compatible con síndrome de túnel carpiano de grado leve sin actividad denervatoria actual", "enfermedad degenerativa del raquis cervical que se pone de manifiesto por múltiples protrusiones disco osteofitariarias posteromedianas y bilaterales comprendidas entre C3 y D1 asociada a fenómenos de espondilosis" y "enfermedad degenerativa del raquis lumbosacro que se pone de manifiesto por protrusión de los discos 1º, 3º, 4º y 5º asociado a fenómenos de espondilosis y artropatía interfacetaria con canal estrecho central de tipo adquirido con epicentro en L3" (fs. 350/359).

Además, señaló que los problemas lumbares "podrían reconocer su origen en factores atribuibles al trabajo, su modalidad, horarios, características ergonómicas y demás factores y a factores propios de la actora, genéticos, constitucionales, evolutivos individuales y que en esta inteligencia sería atinado otorgar un grado de incidencia similar a cada uno de ellos" (fs. 359vta).

Al cabo de lo expuesto, coincido con la Juez de grado, cuando reconoce valor probatorio a la citada pericia médica, ya que constituye un estudio serio y razonado del estado actual de salud de la actora, que se sustenta en estudios y en fundadas consideraciones científicas. Mientras que las observaciones vertidas por las demandadas respecto de la misma, sólo traducen su mera discrepancia con el criterio del perito, y no logran rebatir sus conclusiones. Para ello, hubiera sido necesario acercar algún elemento objetivo, que permitiera determinar el error o el inadecuado uso que el perito hizo de su conocimiento científico (arts. 386 y 477 del CPCC).

Paralelamente, del examen del legajo personal, confeccionado -obviamente- cuando la actora prestaba servicios para la patronal, se pueden observar las numerosas certificaciones médicas donde se diagnosticaron estos mismos padecimientos.

Sumado a ello, cabe destacar que son de conocimiento diario, las condiciones laborales, y la calidad de tareas a las que se somete al personal de limpieza.

Si notamos la forma de trabajo de esta categoría de empleados, nos damos cuenta de que laboran casi en forma ininterrumpida con las manos y los brazos, efectuando movimientos que a veces requieren mucha fuerza; levantar baldes, agacharse, mover el mobiliario, estirarse, etc. Además, en el ámbito escolar, no sólo deben preocuparse de hacer sus tareas, sino también deben cerciorarse del control de los chicos. Por ello, a simple vista, lo que se advierte es que las partes más exigidas del cuerpo son las manos, antebrazos, torso, columna, piernas, cadera y cuello.

En cuanto a la hipoacusia de grado leve, cabe señalar que las demandadas no generaron prueba alguna, a fin de detectar si las condiciones ambientales y laborales donde la trabajadora laboró, eran propicias para desarrollar estos problemas auditivos. Ello, desde la perspectiva de la causa, conduce a presumir, con fundamento en el art. 163 inc. 5º) del CPCCN, que era el empleador quién debía acreditar que las condiciones de trabajo en las que se desempeñó la actora, eran las exigidas por la normativa vigente y que no podrían ocasionarle un perjuicio en su salud.

Sea como fuere, de todos modos entiendo que el bullicio que puede generar el alumnado en una jornada escolar, es suficiente como para provocar una sordera leve, máxime si se está expuesto a dicho ambiente durante varios años.

Ante estas condiciones, el galeno determinó una incapacidad física del 22,2%, lo que atribuyó proporcionalmente a factores preexistentes y derivados del trabajo. En tal entendimiento, la sentenciante estipuló que la incidencia de la actividad laboral en la incapacidad de la trabajadora, era atribuible en un 50% del total, por lo que tomó como índice a los efectos del reclamo el 11,11%.

En cuanto este punto, conviene poner énfasis en que no comparto el criterio de la preexistencia en la detracción del grado de incapacidad, pues ello implica confundir la condición física, con la causa por la cual devino la misma.

Sin perjuicio de ello, resulta un dato consentido por la parte actora que debe detraerse del porcentaje de incapacidad el 50%, en el entendimiento de que son atribuibles dos factores concausales a su condición física actual. Resolver de otro modo, implicaría hacerlo in pejus del apelante.

Por ello, estimo que dicho porcentaje, con las salvedades mencionadas, es proporcional a las dolencias que padece la reclamante.

En función de todo lo expuesto y, de conformidad con la prueba rendida, encuentro innegable que el daño en la salud de la trabajadora, tuvo por causa la forma en que prestó su tarea para Unión de Profesores Especializados SRL, lo que implica tanto los elementos empleados a tal fin, cuanto la ausencia de los que hubieran correspondido, en el marco de medidas propias de la seguridad en el trabajo y las condiciones ambientales de labor.

En conclusión, sugiero confirmar la decisión de grado respecto de la acreditación del daño y su vinculación con las tareas desarrolladas.

Cabe ahora establecer la normativa aplicable, a fin de definir la responsabilidad, su medida, y a quién deberá alcanzar.

Encuentro oportuno destacar que en el reclamo de autos llega firme la aplicación de las normas del derecho común, que recogen el deber genérico de no dañar mediante el diseño de un sistema de responsabilidad específico que reconoce, en las condiciones concretamente establecidas, resarcimientos a favor de las personas que hayan sufrido injustamente un daño (arts. 1068, 1069, 1077, 1078, 1109, 1113 y ccs. del Cód. Civil; y SD 80.449 del 10 de marzo del 2000, in re "Salazar, Edmundo y otro c/ Gobierno Nacional, Ministerio del Interior, Gendarmería Nacional s/ accidente", del registro de esta Sala y CSJN, del 5/11/96, in re "Jaimes, Juan Toribio c/ Alpargatas S.A. s/ acción contractual LCT).

Por consiguiente, ceñiré mi voto exclusivamente a las defensas esgrimidas por la ART, en torno a su condena por haber incumplido con las obligaciones legales a su cargo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir la causa "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro s/ recurso de hecho" (T 205,XLIV, del 31.3.09), sostuvo que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral.". Este argumento, es reiterado por el Alto Tribunal, en autos "Naval, Patricia Elizabeth por sí y en representación de sus hijos menores Rocío Elizabeth Noemí San Martín Naval y Marco Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa SRL y otros" (N. 409.XLII; sentencia del 24/5/2011), en donde se modifica el antiguo criterio de la Sala en su anterior composición.

La ART no logra desvirtuar estos razonamientos, porque si bien acompañó ciertas recomendaciones que le efectuó a la patronal (v. fs. 196/203), no acreditó la realización de alguna medida puntual de seguridad tendiente a proteger la salud psicofísica de la actora, como tampoco probó haber realizado cursos de capacitación a los trabajadores, ni verificó los elementos de trabajo necesarios para la realización de una tarea, que como hemos expresado, conlleva en sí misma un riesgo para los trabajadores.

Recordemos que el decreto 170/96 (BO 26.2.96), reglamentario de la ley 24557, impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo, brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores afiliados en lo atinente a la determinación de la existencia de riesgos y sus potenciales efectos sobre la salud de los trabajadores, en el, o los establecimientos del ámbito del contrato (art. 18), vale decir que era obligación de la aseguradora detectar los posibles riesgos que presentaba cada puesto de trabajo, y cada una de las operaciones que debían realizar los trabajadores. No puede soslayarse que dicho decreto, también impone a las aseguradoras de riesgos del trabajo la obligación de realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, y que para cumplir con sus obligaciones, deben contar con personal especializado en higiene y seguridad o medicina del trabajo, de modo que aseguren la atención en materia de prevención de riesgos de sus afiliados (arts. 19 y 20).

En este sentido, cierta doctrina especializada ha dicho, con criterio que comparto que "la ART civilmente demandada tiene la carga de acreditar las medidas preventivas generales adoptadas en el establecimiento y, específicamente, las que se adoptaron para evitar el accidente en concreto según la denuncia del actor. Si en la demanda se argumenta genéricamente que la ART no cumplió con medidas indeterminadas de inspección y control, la ART tendría mayor posibilidad de liberarse de responsabilidad acreditando la inexactitud de tales afirmaciones (.)".

"Es la ART la que se encuentra en condiciones de acreditar que, antes de la ocurrencia del infortunio, adoptó las acciones y conductas pertinentes a fin de evitar el accidente que motivara la acción promovida por el trabajador. La defensa de la ART no puede consistir en una prueba genérica, sino guardar relación específica con el caso concreto que se ventila judicialmente. En este sentido, no puede desconocerse su especialización y seguridad en materia de conocimiento de las normas de higiene y seguridad, lo que implica un obrar activo a fin de evitar, eficientemente, los riesgos del trabajo" (SCHICK, Horacio en "Responsabilidad Civil de las ART en virtud del artículo 1074" en Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales, 3ª. Ed. Buenos Aires, David Grinberg Libros Jurídicos, 2010, pág. 319).

La aseguradora, no aportó ninguna prueba que demostrase que hubiera prevenido a la empleadora sobre los riesgos que presentaba la actividad.

En función de ello, y atento a la magnitud de los peligros a la que los trabajadores que realizan esta tarea están expuestos diariamente, tanto en el desarrollo, como en el ambiente, es mayor el nivel de control que se espera de las ART, ya que no sólo los empleadores están obligados a adoptar medidas para prevenir los infortunios laborales, sino que éstas son, también, sujetos pasivos de esta carga.

El deber de seguridad, excede el marco tradicional del contrato de seguro por accidente de trabajo, por lo tanto el empleador y la aseguradora, están obligados a implementar todas las medidas preventivas de los riesgos, que la naturaleza de la actividad exija aplicar, para procurar la indemnidad de las personas que bajo dependencia de la primera trabajan.

Si bien no se pretende que la ART tenga que evitar todo accidente, lo que es materialmente imposible, se trata de exigirle un comportamiento diligente en relación con sus obligaciones legales, lo que no es, ni más ni menos, que su obligación. En concreto, se sanciona la inobservancia de la obligación general de conducirse con la prudencia, cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla general establecida en el artículo 1109 del Código Civil.

Es claro que la ART no ha cumplido con sus obligaciones (mal llamadas de "medio", dado que el "resultado" al que se obliga es a una prevención útil) de efectuar visitas periódicas al establecimiento a fin de evaluar los riesgos existentes y su evolución, el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos y del plan de acción tendiente a reducir la siniestralidad, ni ha demostrado haber informado a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la formulación y desarrollo del plan de acción, ni denunciado los incumplimientos, conforme imponen los arts. 4 y 31 de la LRT. Las medidas protectorias y preventivas que omitió la demandada, consistieron en falencias en lo que a elementos de labor se refiere (fajas para la cintura, guantes, protectores auditivos, inspección de niveles auditivos y de contaminación ambiental, etc.) así como a la carencia de un adecuado control en torno al modo de prestar las tareas y el dictado de cursos de capacitación permanentes; sobre lo cual, sencillamente, nada invoca la ART. Es por ello que se advierte, en la especie, la existencia de un nexo causal adecuado, entre la responsabilidad de la aseguradora y el daño sufrido por el reclamante (conf. art. 1074 y conc. Código Civil).

La falta de cumplimiento de las normas de seguridad, razonablemente exigibles para la actividad que la actora llevaba a cabo, y la directa relación con las enfermedades detectadas, resultan fundamento suficiente para la condena respecto de la aseguradora de riesgos del trabajo.

En este marco, y tal como invariablemente he sostenido como juez de primera instancia (Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 74, autos "López, Ramona Manuela c/ Laboratorio Hexa S.A y otro s/ accidente- Acción civil"), adhiero al criterio que pugna que "la ART está obligada al control de cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad y a brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores; tiene a su cargo la obligación legal de supervisar las condiciones del caso (conf. Ferreirós, Errepar DEL 212. Abril/02, TXVII-347). A ello, debe añadirse, que la inconstitucionalidad decretada en el caso, del artículo 39 de la ley 24.557, la conduce al ámbito de la responsabilidad civil y no la releva de la obligación de garantía; por lo que debe extendérsele la condena" (CNAT, Sala VII, del 25/3/04, "Moyano, Miguel c/ Interacción SRT S.A. y otros s/ accidente", en igual sentido de la misma sala, SD36039, del 18/3/02, "Rial, José c/ Decker Indelqui S.A. y otro s/accidente").

A su vez, la Sala II ha dicho que "los incumplimientos de las ART de las obligaciones impuestas por la ley 24.557 constituyen una conducta encuadrable en los términos del art. 512 del Código Civil, ya que se trata de una omisión de diligencias tendientes a prevenir la configuración de daños a los trabajadores" (SD.90169, del 6/3/02, in re "Duarte Rodríguez, Lorenzo c/ Magire SRL y otro", confirmatoria del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 74, en el que me desempeñé como Juez).

Por otra parte, la Sala IX ha dicho que "la preceptiva sobre riesgos laborales introduce una suerte de delegación del control del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de los sujetos responsables, en modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación aunque, es claro, con alcances e intensidades diferenciadas, siendo aquella función ¨cuasi estatal¨ la que, en caso de omitirse o de cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cual sea, en concreto, el vínculo o nexo de causalidad necesario para efectivizarla" (SD9302, del 30/11/01, in re "Delgado, Daniel c/ Ledesma S.A. y otro s/ accidente"). La misma Sala ha dicho que "si a pesar de la concertación de los Planes de Mejoramiento, la aseguradora no efectuó las medidas preventivas necesarias, puede afirmarse válidamente que incurrió en una conducta culposa (arts.512 y ccs. del Cód. civil), rigiendo de este modo lo dispuesto por el artículo 1074 del mismo cuerpo legal, ya que las omisiones indicadas ocasionaron u perjuicio" (SD 11000, del 30/10/03, in re "Domato, Mario c/ Witchel S.A. y otro s/ accidente").

En igual sentido "Los compromisos concretos que deben asumir estos sujetos deben interpretarse ampliamente en función del objetivo de prevenir adecuadamente los riesgos de trabajo. La ineficacia de las acciones destinadas a prevenirlos, incluidos los controles que debe efectuar la ART, constituye un incumplimiento que contribuye en la cadena causal a generar un daño en la salud de los trabajadores" (CNAT, Sala VI, Sd.55125, del 7/8/02, in re "Gutiérrez, Rosenda c/ Todoli Hnos SRL y otro s/ accidente").

Consecuentemente, no encuentro motivo para eximir a la aseguradora de la responsabilidad que le cabe por el derecho común.

Por último, la aseguradora se queja por la fecha que tomó en cuenta la sentenciante para iniciar el cálculo de los intereses moratorios.

Considero que en el punto, también debe confirmarse lo resuelto en la instancia previa, ya que, a mi criterio, debe considerarse la fecha de la consolidación del daño, pues es a partir de la cual quedó evidenciada la imposibilidad de la actora de prestar las labores que hasta entonces cumplía.

Sin perjuicio de ello, la magistrado resolvió aplicar los intereses desde el distracto, con posterioridad a la fecha en que entiendo se habría consolidado el daño. Sin embargo, dicha forma de cálculo se encuentra consentida. por la parte actora, por tal motivo no puedo adentrarme en esta cuestión sin alterar el principio de congruencia.

Por consiguiente, propicio confirmar la resolución de grado en cuanto cálculo los intereses desde la fecha del distracto.

Toda vez que las demandadas han sido vencidas en lo principal que atañe al reclamo, propicio confirmar el régimen de costas (art. 68 CPCCN).

En atención al resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 21.839, arts. 3 y 6 decreto ley 16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, considero que los honorarios regulados a los letrados de las partes intervinientes y al perito médico son ajustados a derecho, por lo que propicio su confirmación.

En razón de que las demandadas han sido vencidas en sus quejas, propicio imponerle las costas de esta instancia (art. 68 CPCCN).

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 446/450, fs. 442/445 y fs. 453/454, por su labor ante este tribunal, en 25%, 25% y 30%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación" (C. 181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a los honorarios regulados - implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, por confirmar todo lo que fuese materia de recurso y agravio; imponer las costas de la Alzada a las demandadas vencidas en sus quejas; regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 446/450, fs. 442/445 y fs. 453/454, por su labor ante este tribunal, en veinticinco por ciento (25%), veinticinco por ciento (25%) y treinta por ciento (30%), respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El doctor Víctor A. Pesino dijo:

Que por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar todo lo que fuese materia de recurso y agravio. II. Imponer las costas de la Alzada a las demandadas vencidas en sus quejas. III. Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 446/450, fs. 442/445 y fs. 453/454, por su labor ante este tribunal, en veinticinco por ciento (25%), veinticinco por ciento (25%) y treinta por ciento (30%), respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la instancia previa. IV. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Víctor A. Pesino	Diana Regina Cañal	Juez de Cámara	Juez de Cámara Ante mi:	Leonardo G. Bloise	Secretario