marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, cosa juzgada
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: BARBERO EMILIO CARLOS c/ RAUL NAYI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-08-06

El art. 867 del C.P.C. dispone que: "cualquiera que fuese la sentencia, quedará siempre, tanto el actor como el ejecutado, el derecho a salvo de promover el juicio declarativo que corresponda".

De este modo, la sentencia que termina el juicio ejecutivo no impide, en términos generales que quién resulte vencido pueda promover el ordinario para lograr su modificación. Ello, se debe a la naturaleza especial y al carácter sumario del procedimiento instituido para tal clase de procesos: por razones de brevedad de término de la prueba y restricción de la misma, la discusión sólo puede versar sobre el título que sirve de base de la ejecución y no sobre la obligación que le ha dado origen. Desde luego que este proceso de conocimiento que la ley faculta, no tiene por objeto la revisión o examen de las cuestiones decididas en la sentencia del juicio ejecutivo, ni pueden en él repararse errores o suplirse negligencias en las que las partes hayan incurrido en el ejecutivo, ya que no es esa la finalidad del juicio ordinario posterior.

Si concurrieran las apuntadas circunstancias, esto es, se plantearan en los mismos términos cuestiones resueltas por la sentencia, existiría una inadmisible duplicidad de litigio susceptibles de provocar el escándalo jurídico en el supuesto de dos pronunciamientos contradictorios. La sentencia de remate en el juicio ejecutivo, no hace cosa juzgada respecto de las cuestiones que no han podido hacerse valer en el procedimiento ejecutivo. Es que, si en estos supuestos se cerrase la vía del juicio ordinario se colocaría al deudor en situación de indefensión manifiesta, violándose el principio de jerarquía constitucional. La pretensión en el ordinario de repetición de lo que se considera pagado sin causa y por medios ilícitos, en manera importa la revisión de los procedimientos cumplidos en el juicio ejecutivo, puesto que tales defensas aún cuando existieron, por su naturaleza fueron declaradas inoponibles en el ejecutivo por hacer al fondo del asunto y las características y limitaciones que supone este tipo de proceso sumario. Conforme nuestro ordenamiento ritual (art. 832 C.P.C.), el ejecutado, a efectos de obtener la devolución de lo pagado (o de lo mandado a pagar), puede establecer la vía ordinaria desde que se decretó el embargo, es decir, desde la providencia inicial del ejecutivo, facultad que pone de manifiesto aún más el carácter relativo de la cosa juzgada en juicio ejecutivo, cualquiera sea el criterio adoptado acerca del ámbito de este tipo de proceso.-
Habeas corpus, rechazo in límine, desplazamiento de la competencia, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Javier Alejandro c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-04-05

En reiterados precedentes este Tribunal ha señalado la improcedencia del habeas corpus cuando ello implica desplazar sin más al juez competente ante quien se encuentra a disposición tanto el condenado como el procesado (cf STJRNS4: Se. 119/11 "LLAMBAY"; Se. 107/13 "CASTRO"; Se. 118/15 "CARRIQUEO"). Además, como se ha dicho en las causas STJRNS4: "JUZGADO DE EJECUCION N° 10" Se. 47/15, "RALINQUEO" Se. 162/15 entre otras, "..los Magistrados de esta Provincia, a cuya disposición se encuentran las personas privadas de libertad, por condena o cautelarmente, deben velar por la operatividad de las normas constitucionales en la ejecución de la restricción a la libertad de esos internos, en el marco de sus respectivas competencias y en orden a las acciones ante ellos incoadas". Esta competencia definida es la que permite al Poder Judicial alcanzar los objetivos propuestos dentro de la política criminal y respecto de la cual corresponde, Juez por Juez e interno por interno, el control judicial a los fines de asegurar el éxito de dicha política.
Competencia, cuestiones de competencia, plan para la vivienda, competencia especial en lo civil y comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: BUSTAMANTE, NICOLAS c/ CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA LA ARMADA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-20

La cuestión planteada -demanda por reintegro- con su actualización de las cuotas que abonara el actor como adherente a un plan para facilitar la adquisición de viviendas al personal superior y subalterno de la Armada, y que fue dejado sin efecto al no obtenerse la financiación de la obra al concluir, no remite directa e inmediatamente a la consideración de temas reglados por el derecho administrativo, sino que versa sobre problemas que, en principio, giran en la órbita del derecho común, por cuyo motivo corresponde su conocimiento a este fuero civil y comercial.
Despido, honorarios, base regulatoria, seguridad jurídica
Materia: LABORAL
Carátula: ARAVENA FLAVIA BERTOLDA c/ INSTITUTO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES SAN PABLO S.R.L. Y OTROS s/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-24

Cabe destacar la improcedencia de considerar dos bases regulatorias en un mismo proceso, como pretenden los letrados en el acuerdo presentado -que fue homologado-. Sobre el tema que nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia ha señalado: "Ello así porque resulta inadmisible la existencia de dos bases regulatorias en un mismo proceso desde que es una unidad jurídica y procesal. Por ello no pueden coexistir diferentes bases regulatorias. Admitir lo contrario generaría una clara desigualdad puesto que la seguridad jurídica y la justicia de los honorarios de los intervinientes en el juicio, quedaría en crisis si se tomasen en un mismo marco bases económicas disímiles". [.] (R.I. 637/2015, "GOMEZ SAAVEDRA GUILLERMO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS ANDES S/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE LA EJECUCION", Exp. 1861/2006, del registro de la Secretaría de Demandas Originarias).
Queja por apelación denegada, interposición del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Caprin c/ Lapsin s/ Recurso directo de queja - Desalojo (Res. Nro.71, Tomo 8, Folio 5)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-22

La queja se debe rechazar si el recurrente en ningún modo indica por qué lo que resolvió el a quo resulta apelable ni por qué el decisorio debería encuadrarse en alguno de los supuestos del art.

346 C.P.C.C. . Ello es así porque la queja debe dirigirse contra el auto o providencia que deniega el recurso de apelación ; debiendo referirse la fundamentación recursiva exclusivamente a los motivos por los cuales aparece indebidamente denegada la apelación.
Acción de amparo, proceso judicial, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: CUADERNILLO DE EJECUCION DE SENTENCIA, EN AUTOS: VEGA DE PECCI, LIDIA c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-08-22

Corresponde aplicar la actual legislación en materia de amparo para determinar si la apelación fue interpuesta en término, puesto que, en materia de interpretación de las leyes, es criterio del Cuerpo la aplicación inmediata de la nueva ley, al proceso.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidentes de trabajo, indiferencia de la concausa, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ LOZANO MARIA DEL CARMEN c/ PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SA s/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

La aseguradora debe hacerse cargo del actual grado de minusvalía del trabajador aun cuando el evento nocivo sólo haya incidido agravando un estado previo, ya que en materia de aplicación de la ley 24.557, rige la teoría de la indiferencia de la concausa, que no requiere que los accidentes de trabajo sean la causa única y exclusiva del estado de incapacidad actual del trabajador. En el caso bajo examen, el perito médico explicó con claridad que el cuadro actual tiene su origen en una patología degenerativa pero también sostuvo que la mecánica del infortunio agudizó el estado clínico incapacitante y por otra parte, la aseguradora no desvirtuó las conclusiones del perito ni en su impugnación de pericia ni en la expresión de agravios.
Ley sobre riesgos del trabajo, prescripción, excepción de prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: CALFUQUEO, MAURICIO. c/ MAPFRE A.R.T. S.A. s/ INDEMNIZACION INCAPACIDAD ABSOLUTA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-05-20

La relación laboral y la enfermedad no se encuentran contradichas, y el nexo causal aparece claro a partir del informe pericial; de las constancias del examen preocupacional, donde no existe la enfermedad, y del examen periódico, realizado diez años después del ingreso, el que da cuenta de la aparición de la dolencia cardíaca; de la omisión de otorgar tareas adecuadas al estado de salud del trabajador; y de las condiciones en que normal y habitualmente se llevan a cabo las tareas de construcción a nivel local (a la intemperie, sujeto al frío y al calor, y demás inclemencias climáticas).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de amparo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sociedad de Fomento Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Acción de amparo. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-04-04

El pronunciamiento de la Cámara revocatorio del de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo disponiendo que en el término que se establecía debían reglamentarse las leyes 11.723 y 12.099, reviste carácter de definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial desde que genera un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, interés público, delegación legislativa, delegación de facultades a la Administración, aplicación de la ley, caso concreto, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: González,   Alejandro Daniel y otros c/ Mº de Cultura y Educación s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Mientras en algunos supuestos el ordenamiento jurídico regula la actividad administrativa en todos sus aspectos -reemplazando así el criterio del órgano estatal al predeterminar qué es lo más conveniente para el interés público y reducir su actividad a la constatación del presupuesto fáctico definido por la norma en forma completa y la aplicación de la solución que la ley agotadoramente ha establecido (poderes reglados o de aplicación legal automática)-, en otras ocasiones el legislador autoriza a quien debe aplicar la norma en el caso concreto para que realice una estimación subjetiva que completará el cuadro legal y condicionará el ejercicio para ese supuesto de la potestad atribuida previamente o de su contenido particular al no imponerle, por anticipado, la conducta que debe necesariamente seguir (facultades o potestades de ejercicio discrecional).
Costas, tercería de dominio, allanamiento
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: CITIBANK  S.A. c/ JEREZ MIRTA S. s/ EJECUTIVO - COSTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-22

Las razones de economía procesal no rigen cuando se trata de incidentes promovidos por terceros como la tercería de dominio, porque si bien ellos encuadran en la noción técnica aportada por el art. 989, C. P.C., quien lo promueve no asume carácter de parte en el principal y le es indiferente la suerte de éste, pues la sentencia sobre el fondo del asunto es materia extraña a los intereses del tercerista, y lo decidido en el incidente constituye resolución principal y definitiva para el tercero. Las cuestiones incidentales promovidas por terceros en materia cautelar, cuando postulan haber sido, indebidamente afectados por alguna medida de ese género, en general no desencadena una suspensión del asunto básico, en cuya virtud la suerte y tramitación del incidente son autónomos del juicio principal con el que se conectan. De modo que la sustanciación del incidente no entorpece la solución del litigio de fondo.

En consecuencia, aquí cobra relieve la valoración axiológica de la injusticia de que soporte costas, siquiera las propias, quien se vio obligado a promover una cuestión incidental derivada, exclusivamente, de la conducta procesal del incidentado; a la inversa, la justicia de que asuma costas totales quien se allana, si ha sido culpable de la reclamación incidental.-
Juicio de menores, menor de dieciocho años, detención del menor, establecimiento para menores
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., G. A. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-11

El mantenimiento de la restricción de la libertad, originalmente impuesta por delitos cometidos antes de los dieciocho años, en el marco de la disposición tutelar, no carece de base legal, pues si el imputado ya ha alcanzado los dieciocho años de edad, por imperio de la ley 26.579, no se trata de la detención de un menor que se rige por la disposición especial del art. 411 CPPN, sino de la detención de un mayor en un proceso por delitos alegadamente cometidos cuando era menor, que se rige por las disposiciones comunes del art. 410 CPPN, máxime si el a quo apoyó su decisión en la consideración de la cantidad de procesos en trámite, la gravedad de las penas amenazadas para los delitos imputados y la fuga del hospital de emergencias psiquiátricas en el que estaba internado por disposición judicial. El voto concurrente señaló que la defensa se limitó a efectuar un análisis parcial sin individualizar un concreto agravio, ni demostrar que la medida resulte contraria al estado de inocencia o vulnere el "interés superior del niño" o la inexistencia de peligro de fuga. (Dres. Mitchell -voto concurrente-, García y Yacobucci).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Ramón B. s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-02-19

Es insuficiente el planteo defensista según el cual el hecho quedó en grado de tentado y por tanto debió aplicarse el art. 42 del Código Penal pues, más allá de otras consideraciones que pudieran formularse, la Cámara tomó en cuenta para calificar el ilícito como consumado que parte de los objetos sustraídos no fueron recuperados, circunstancia de la cual el recurrente no se ocupa.
Responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, concesión administrativa, responsabilidad civil
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAMP, CARLOS ALBERTO c/ GCBA Y OTROS s/ Daños y Perjuicios (EXCEPTO RESPONSABILIDAD MEDICA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-25

Cuando un servicio es dado en concesión, el Estado local, en principio, debe responder por los daños sufridos por terceros en el marco de la concesión, siempre que tales daños fuesen consecuencia del ejercicio irregular del poder de regulación o control estatal sobre el servicio, configurándose entonces un supuesto de falta de servicio por incumplimiento de sus funciones (conf. CSJN, 28/4/1998, Zacarías, Claudio H. C. Provincia de Córdoba y otros, fallos 321:1124).

El Estado no es responsable por los daños causados por la prestación del servicio, responsabilidad exclusiva del concesionario, sino sólo en relación con el poder de regulación y control.

Así, el Estado es sólo responsable cuando la causa directa del hecho dañoso fuese el ejercicio irregular o defectuoso del poder de regulación o control respecto del servicio objeto de concesión, es decir y en términos más concretos: 1) la aplicación de un reglamento ilegítimo del Estado; 2) el cumplimiento de una orden estatal ilegítima dada al concesionario en el ejercicio de las potestades estatales de dirección sobre el contrato de concesión; y, por último, 3) la omisión de control por parte del Estado siempre que ello configure una concausa relevante en la producción del hecho dañoso. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Esteban Centanaro).
Facultades del juez, iura novit curia, calificación jurídica
Materia: PROCESAL
Carátula: V., J. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ABUSO  SEXUAL AGRAVADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 12 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-09

En lo que atiende a la caracterización del "iura novit curia", ha de recordarse que el juzgador tiene la facultad y el deber de discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que hayan enunciado las partes o del nombre que se le hubiera asignado a la acción intentada.
Higiene y seguridad del trabajo, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Reta, Andrés David c/ Saieva Patagónica S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-27

El velar los empleadores por la higiene y seguridad industriales, implica la imposición a su respecto de una conducta activa que les obliga a imponer a sus dependientes la utilización de los elementos protectores correspondientes.
Honorarios del abogado, base regulatoria, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Moure Roberto Pedro c/ Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por daño y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-11

El art 18 inc a) de la ley 607 reza textualmente "Se considerará como monto del proceso...a)Si la acción versare sobre sumas de dinero, el monto será el capital y accesorios rechazados, salvo que la sentencia estableciera una suma mayor en cuyo caso, se estará a esta última". Que la acción inicial resultara rechazada es una circunstancia que por sí sola no modifica en principio la aplicación del art. precitado a los fines de la determinación de la base arancelaria
Juicio ejecutivo, liquidación, impugnación de la liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Frances S.A. c/ Garcia Bernardi s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-16

La remisión de notas o cartas dirigidas por parte del demandado al Banco impugnando la composición del saldo de la cuenta corriente, no es óbice para que este último promueva la pertinente demanda ejecutiva sin perjuicio de los derechos que aquel pueda hacer valer en el juicio ordinario respectivo. (Minoría u opinión personal)
Empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALDAS DE PAVON ROSA FELIPA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-05

Si la resolución que afecta a un empleado público a un determinado cargo no adjetiva tal necesidad como "provisoria", no cabe presumir tal sentido y alcance; máxime si la afectación dura más de ocho años. (Minoría u opinión personal)
Aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de requerimiento de juicio: Alippi, Marcelo s/ infr. art(s). 149 bis, amenazas - CP (p/L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-10

Asiste razón al MPF cuando postula que no hay en el caso una violación a la garantía del ne bis in idem. Ello así, en tanto no está controvertido que el hecho fue juzgado en un único proceso, y en un acto único también, lo cual es, además, consistente con que el juez de primera instancia afirmara absolver "...en orden a la comisión del delito de amenazas" y no por el hecho, y condenarlo como autor de la contravención de hostigamiento a partir del relato de la conducta allí especificada. En otros términos, ni el hecho fue juzgado dos veces ni el imputado corrió dos veces el mismo riesgo o más del que la ley prevé. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Mariana Díaz).
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Trapanotto y Vachetti, Jorge A. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Es infundado el recurso extraordinario de nulidad que denuncia omisión de una cuestión que no había sido sometida a conocimiento de la Cámara en su oportunidad (art. 342, C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Escrituración, incumplimiento del contrato, mora de la administración
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez, Karina Marcela y otra C/ Boari, Gustavo Manuel S/ ordinario escrituración c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-09

Frente a la venta de un lote que forma parte de uno mayor, si el tramite municipal de aprobación del loteo para su comercialización y escrituración de parcelas no se encuentra terminado, ello no implica un cumplimiento imposible de la sentencia que condena a escriturar, por ende no procede decretar su nulidad, aunque en procura de que la condena sea de práctico o posible cumplimiento, y siendo de público y notorio que la situación pandémica ha trastocado, ralentizado y complejizado un sinnúmero de trámites en los diferentes organismos administrativos provinciales y municipales, corresponde ampliar el plazo de 30 a 120 días.
Derecho procesal, partes del proceso, citación a juicio, responsabilidad por omisión, defectos del procedimiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pelliza, Luis Esteban s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1985-05-15

La incorrecta integración de la relación procesal, por ausencia de citación a quien es parte en el litigio que dio origen a la sentencia atacada, produce una nulidad de las actuaciones, derivada de la evidente afectación al derecho de defensa en juicio, que debe ser subsanada, aún de oficio por el tribunal en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 10 inc. 3, 130 y 133 última parte del C.P.C.
Fundamentación de sentencias, voto de los jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Maldonado, Emanuel Ramón s/ infr. art(s) 149 bis'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

En la decisión cuestionada uno de los jueces consideró innecesario expedirse sobre la adecuación del instituto de la mediación a las normas constitucionales nacionales y locales, pues entendió que la solicitud para iniciar el trámite que pretendía la defensa era extemporánea, por su parte, otro juez, sin negar esta última circunstancia, consideró que la mediación no podía proceder en el caso, pues entendió que su regulación contrariaba previsiones constitucionales, y la defensa no demuestra que los votos exhiban una contradicción insalvable que impida sustentar el pronunciamiento, pues se trata de argumentaciones que, si bien contienen fundamentos diversos, no resultan autoexcluyentes y arriban a una misma conclusión que es que en el caso, no es aplicable la previsión del art. 204, CPPCABA, que posibilita una salida alternativa al juicio. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás; en sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).