Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-19


SENTENCIA NUMERO: VEINTISÉIS En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil once, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 41/11, caratulado: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luis A. Gandini, en contra de Sentencia Nº 30/11 - de Expte. Nº 001/11 'ROMERO, Roque Luis -Amenazas", resolución dictada con fecha veintitrés de mayo de dos mil once por el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver: 1º) ¿Es nulo el fallo impugnado por haber aplicado erróneamente los arts. 149 bis primer párrafo, primer supuesto y 55 del C.P.? 2º) ¿ Es nula la resolución cuestionada por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 30/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 20, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres y en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 30/2011, del 23/05/11, el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: "I) Declarar culpable a ROMERO, ROQUE LUIS, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de AMENAZAS SIMPLES (2 HECHOS) EN CONCURSO REAL, por el que viene incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo (Art. 149 bis, primer párrafo 1º supuesto, 45, 40, 41 y concordantes del C. Penal y Art. 407, 409 y concordantes del C.P.P.).

II. Contra esta resolución, recurre en casación el Dr. Luis Armando Gandini -en adelante el recurrente-, en su calidad de asistente técnico del imputado, Roque Luis Romero, e invoca como motivos de casación, los previstos en los incisos 1, 2 y 3 del art. 454 del C.P.P.

II. a. En forma liminar, cabe aclarar que si bien el recurrente invoca tres motivos casatorios, del escrito recursivo se advierte palmariamente que sólo dirige sus agravios cuestionando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º del C.P.P.) y la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º del C.P.P.); razón por la cual, a ellos se centrará el análisis del presente.

Formulada la pertinente aclaración, adviértase que el primer embate esgrimido por el recurrente, se dirige a manifestar que del testimonio vertido por Romero en debate, surge claramente que éste nunca tuvo la intención de causar daño en el cuerpo o en la salud de la señora Díaz, ni de su hijo, y que sólo quiso poner un límite a las constantes molestias de las que eran víctimas, tanto él como su familia, por parte de los hijos de su vecina y amigos de éstos.

Sostiene, que Romero se dirigió a Díaz para informarle que ya había realizado la denuncia por los hechos de daños y agresión sufridos la noche anterior, y aclararle que no toleraría situaciones similares en el futuro.

Argumenta que, si la intención de Romero hubiera sido agredir o castigar al hijo de Díaz -teniendo en cuenta su profesión, aclara-, no necesitaba ni armas de fuego, ni anticiparle a ésta lo que le pasaría a su hijo. Con relación al bidón de combustible sucede lo mismo -enfatiza el recurrente-, ya que si hubiese tenido la intención de prender fuego a la casa de la familia Mieles Díaz, nada se lo hubiera impedido. No lo hizo porque no quiso -asevera-.

En idéntica dirección, manifiesta que podría interpretarse que el primer mensaje no causó el efecto querido, por lo que fue necesario hacerlo más creíble, dando lugar al episodio del bidón, convirtiendo a Romero, de víctima en victimario.

Agrega que todos los vecinos eran víctimas del accionar de estos jóvenes, y que Romero fue el único que se animó a poner límites, y que sólo él sufrió daños en su casa, y que sólo él está en la cárcel por intentar hacer valer su derecho.

En este orden de ideas, argumenta que cuando el hecho que se califica como amenaza tiene como respaldo legitimidad, deja de ser acción punible, y pasa a ser una forma del ejercicio legítimo de un derecho.

En tal sentido, sostiene que hubo errónea aplicación de la ley sustantiva, al no tenerse en cuenta la real motivación -distinta al elemento subjetivo exigido en las amenazas-, que llevó al encartado a realizar las acciones reprochadas, por lo que solicita que el hecho sea declarado atípico y que se absuelva a su asistido, por existir una causal de inimputabilidad al estar justificada su conducta en lo normado por el art. 34 inc. 4º del Código Penal.

No obstante lo peticionado, asevera también, que el encuadramiento legal que corresponde -y que solicita-, con respecto a las acciones de los hechos nominados primero y segundo, es el de delito continuado, ya que no se trata de dos hechos independientes entre sí, sino de un solo y único hecho.

II. b. En primer término, cabe destacar que lo expuesto por el recurrente, a mi entender resulta contradictorio, puesto que por un lado, se agravia por cuanto en la condena impuesta al acusado Romero se concursaron materialmente los delitos -Hecho Nominado Primero y Hecho Nominado Segundo- de Amenazas Simples y, si bien reconoce, en principio, la existencia de aquéllas, entiende que se trató de hechos dependientes, razón por la cual, peticiona se califiquen como delito continuado y no como dos hechos independientes, como lo hizo el tribunal.

No obstante ello, y aquí nace la contradicción, también solicita se absuelva a su asistido por existir una causal de justificación prevista en el art. 34 inc. 4 del Código Penal.

La cuestión traída a estudio finca entonces en determinar, primero, si realmente el accionar del acusado se encuentra amparado en la invocada causa de justificación (art. 34 inc. 4º C.P.); caso contrario, se deberá analizar si el a quo que resolvió concursar materialmente los delitos de Amenazas Simples aplicó correctamente la ley penal sustantiva (art. 55 del C.P.) o si, por el contrario, incurrió en un error jurídico, al no advertir que se trataron de dos hechos dependientes, conforme lo afirmado por la defensa.

El recurrente sostiene que el art. 149 bis -primer párrafo, primer supuesto del C.P. califica como amenazas aquellas acciones realizadas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas, argumentando que lo principal de este tipo penal es que la acción debe ser injusta, absolutamente arbitraria, sin derecho.

Más allá de las consideraciones efectuadas por la defensa, es dable reparar que las "amenazas" constituyen un delito contra la libertad individual, previsto en el Capítulo 1 del Título 5 del Libro Segundo del Código Penal, que atenta contra el derecho de las personas a no ser víctimas de actos susceptibles de alterar su tranquilidad espiritual, produciéndoles inquietud o temor; siendo el medio que lo caracteriza la "vis moral", consistente en el anuncio a la víctima, en forma manifiesta o encubierta, de palabra, por escrito o de hecho, de un daño en su persona, intereses o efectos, que el autor tiene la posibilidad de causar (cfr. Núñez, Ricardo C., "Manual de Derecho Penal, Parte Especial", 2da. Edición actualizada por Víctor F. Reinaldi, 1999, Marcos Lerner Editora Córdoba, pág. 168).

El ilícito en análisis es doloso -el sujeto activo debe obrar para alarmar o amedrentar a la víctima- y se consuma cuando las amenazas injustas e idóneas llegan a conocimiento de la víctima, sin que resulte necesario que, obrando efectivamente en el ánimo de ella, la inquieten o atemoricen (autor y obra citados, pág. 169, 2do. párrafo).

En tal sentido, cabe agregar, que la figura básica de amenazas se concreta cuando el autor anuncia a otro un mal grave, injusto, posible y futuro con idoneidad para intimidar, y aunque no se exige la producción de un daño, es decir, el efectivo amedrentamiento de la víctima, sí se requiere el propósito específico de causarlo.

En consecuencia, se trata de un delito formal y no de resultado, que se satisface con el hecho de proferir manifestaciones idóneas para amedrentar, con independencia de que ese efecto se concrete.

En este caso, esto último también ha ocurrido, puesto que la víctima en audiencia de debate manifestó tener mucho miedo, que lo que ocurrió causó un caos en su familia y económicamente, tuvo que cambiar de casa, los chicos de escuela, de compañeros, de amigos, "perdimos todo" -refirió la víctima-.

Señaló también que una de las hijas llora hasta el día de hoy porque extraña y que esta situación le causó daño psicológico, sufre de pánico e hipertensión. Tuvo que alquilar su casa, la puso en venta, no quiere volver más al barrio (fs. 183 vta./184).

Ahora bien, a fin de fundar la pretendida existencia de la invocada causa de inimputabilidad, el recurrente argumenta, que cuando el hecho que se califica como amenaza tiene como respaldo la legitimidad, deja de ser acción punible; es una forma del ejercicio legítimo de un derecho. En este sentido, manifiesta que el imputado sólo quiso poner un límite a las constantes molestias de las que eran víctimas, tanto él como su familia, por parte de los hijos de su vecina y amigos de éstos.

Al respecto, debo decir que la conducta de Romero amenazando a su vecina, primero con matar a su hijo, pegándole un tiro en la cabeza -Hecho Nominado Primero-; y luego, arrojando combustible en el puerta del garage de la casa manifestándole que le prendería fuego a la vivienda y mataría a todos -Hecho Nominado Segundo-, en modo alguno se encuentra alcanzada por la causal de justificación del art. 34 inc. 4° del C.P., pues no sólo se requiere que el infractor obre en ejercicio de un derecho, sino que además, lo ejerza en forma legítima; es decir, por la vía que la ley autoriza, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

Repárese, en este sentido, lo expresamente considerado por el tribunal al ponderar que el imputado Romero en su postura defensista ha pretendido sustentarse en una actitud de ejercicio de justicia por mano propia, ante lo que él ha considerado una agresión en su contra producida la noche anterior -aspecto éste que ha sido avalado por testigos nuevos-, conducta ésta absolutamente injustificable en sí misma y que antojadizamente ha tomado como rehén a la familia Miele Díaz, provocando con ello una grave alteración, no sólo en el sentimiento de seguridad, sino también, en el aspecto psíquico, aclarando el a quo, que esto último ha quedado corroborado por el testimonio brindado por la Sra. Díaz-víctima- en audiencia de debate -inmediación-.

Refuerza lo antedicho, las manifestaciones del acusado antes de concluir el debate, las que fueron resaltadas por el tribunal en el fallo cuestionado, en donde textualmente se transcribieron las palabras del imputado Romero, a saber: "quiero manifestar que soy totalmente inocente, hoy usted Sr. Juez tiene que tomar una decisión, yo ya la he tomado antes que Ud., hace un año atrás, no voy a permitir que nadie avasalle mis derechos, no voy a permitir bajo ningún contexto que personajes que aprovechan de su libertad para trasformarla en libertinaje que se creen con derecho a avasallar mis derechos lo hagan voy a cuidar a mi familia y a mis hijos, no lo voy a permitir, voy a usar los mecanismos que se encuentran a mi mano, si esta justicia no hace caso a los mecanismos, voy a reclamar bajo los fueros y las condiciones para que nadie vaya a avasallar mis derechos, soy inocente de lo que se me imputa, pero no voy a permitir avasallamientos, Sr. Juez".

En consecuencia, como se adelantara, el referido embate no puede tener acogida favorable en esta instancia.

Sentado lo anterior, resta ahora analizar el segundo cuestionamiento efectuado por el recurrente; esto es, determinar si el tribunal que resolvió concursar materialmente los delitos de amenazas simples (art. 149 bis, primer párrafo, primer supuesto del C.P.), aplicó correctamente la ley penal sustantiva (art. 55 del C.P.) o si, por el contrario, incurrió en un error jurídico, al no advertir que entre los ilícitos de mención existe un delito continuado (art. 55 del C.P.).

Resulta útil recordar que el concurso real de delitos (art. 55 del C.P.), presupone la existencia de varios hechos independientes concurrentes, imputables a una misma persona en forma simultánea o sucesiva (TSJ, Sala Penal, "Heredia", S nº 39, 7/8/1997) y en donde las varias lesiones son causadas por varios hechos delictivos (Cfr. Núñez, Ricardo C., "Las Disposiciones Generales del Código Penal", Lerner, Córdoba, 1988, p. 250). Asimismo, repárese que no se debe confundir delito continuado con repetición del mismo delito; cuando existe una reiterada violación al mismo precepto legal, mediante pluralidad de hechos dependientes, consumados como si fuesen fracciones o etapas eslabonadas de un mismo acto, abarcadas por una unidad de resolución o designio criminal, estamos frente al delito continuado.

Destáquese además, que la unidad de resolución debe estar referida a la comisión de un hecho concreto realizado por etapas, y no a la intención de reiterar un modus operandi exitoso cada vez que se presente una ocasión propicia, aunque se viole la misma norma penal, la víctima sea la misma y se trate de una conducta que pueda ejecutarse en sucesivas veces.

El delito continuado presupone la existencia de varios hechos que por su homogeneidad material y jurídica, y la unidad de designio criminoso precedente, se fusionan en una misma unidad delictiva (Cfr. Breglia Arias, Omar - Gauna Omar R., "Código Penal y leyes complementarias - Comentado, Anotado y Concordado", T. I, 4ª edición actualizada, Edición Astrea, Buenos Aires, 2001, pp. 503/504).

Ahora bien, a partir de dicho marco teórico y de las constancias de la causa, concluyo que el embate interpuesto debe ser rechazado, por cuanto le asiste razón al a quo al considerar que existe un concurso real de delitos.

En el sub lite, la reiteración de amenazas proferidas por el acusado Romero a la víctima constituyen supuestos fácticos totalmente distintos e independientes entre sí.

En efecto, el condenado primero concurrió al domicilio de Silvia Mónica Díaz amenazándola de que mataría a su hijo, que le pegaría un tiro, expresándole que empiece a llorar desde ese momento. Luego, -cuatro horas más tarde-, regresó al domicilio de la víctima y arrojó en la puerta del garaje de la vivienda líquido combustible, amenazándola que iba a prender fuego a la casa y que los iba a matar a todos.

Resulta claro, entonces, analizando la plataforma fáctica del decisorio atacado, que dentro del contexto histórico examinado han concurrido dos hechos penalmente típicos, independientes, cometidos por el acusado Romero, configurando ambos un ataque a la libertad y un atentado a la paz y tranquilidad. Dicha realidad impone, entonces, una imputación delictiva fáctica y legalmente plural, tal como lo dispuso el tribunal a quo al aplicar en el caso el art. 55 del Código Penal.

En función de lo expuesto cabe concluir, que no se advierte en la resolución en crisis el error jurídico denunciado por el recurrente.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

III. Subsidiariamente, el recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

En tal sentido, argumenta que la pena de cumplimiento efectivo de dos años de prisión, es enorme. Sostiene que no se tuvieron en cuenta las reales motivaciones de la individualización de la pena, y que no es razonable agravar la sanción y tener presente antecedentes de condena de un pasado muy lejano.

Agrega que no se acreditaron las consecuencias que la señora Díaz dice haber padecido, y que sólo ella ve a Romero como a una persona peligrosa, ya que todos los vecinos tienen una buena imagen suya, por lo que solicita al Tribunal que se reduzca la pena aplicada a su defendido al mínimo legal de seis meses, y que se dé por cumplida con el tiempo de detención.

Finaliza formulando expresa reserva del caso federal.

III. a. A fin de dar respuesta al cuestionamiento que antecede, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), en donde se dijo que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Consecuentemente, adelanto mi respuesta negativa, siguiendo lo sostenido por esta Corte distintos precedentes (S. 21, del 13/07/11; S. 47, del 30/12/10), en donde se dijo que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal, no implica violación legal alguna.

Repárese además, que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08).

Concretamente, el yerro del casacionista consiste en la omisión de demostrar a través de la vía recursiva intentada, de qué manera, hubiese impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena, la consideración de las atenuantes cuya ponderación se pretende.

En tal sentido, corresponde también aclarar, que lo manifestado por la defensa en cuanto a que no se acreditaron las consecuencias que la víctima dice haber padecido, no encuentra sustento en las constancias de autos.

Digo ello, porque el Informe Socio Ambiental (fs. 175/176) realizado a Silvia Mónica Díaz -víctima-, el cual además fuera solicitado como prueba por la defensa del acusado (fs. 165), constata el cambio de domicilio que la víctima tuvo que realizar a raíz de los hechos denunciados, con todas las consecuencias que ello implica para una familia, las que han sido detalladamente expuestas por aquella al declarar en debate, conforme surge de las constancias obrantes en el acta respectiva (fs. 196 vta./197).

Otro de los argumentos esgrimidos por el recurrente, radica en afirmar que no es razonable agravar la sanción en base a antecedentes de condena. Adelanto que este embate tampoco puede tener acogida favorable, puesto que la comisión de nuevos delitos por parte del imputado se valora como revelador de su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche, cuyo alcance ya conoce (CS, Fallos: 308:1938).

En consecuencia, ese desprecio por la pena anterior refleja una mayor culpabilidad que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho. Esta es la interpretación seguida por el a quo, al puntualizar que las sentencias condenatorias registradas por el acusado evidencian inequívocamente una suerte de desprecio y/o desinterés del incuso en orden a los pronunciamientos de la justicia y a su negativa reinserción social.

Sumado a ello, e íntimamente relacionado con este agravio, el tribunal consideró que las palabras finales del imputado en el Debate, han sido de una inusitada soberbia e irrespetuosidad para con la justicia, lo que refleja su perfil violento y de singular peligrosidad -enfatizó el sentenciante-, interpretando que el acusado ha pretendido erigirse en una especie de justiciero por mano propia.

En razón de lo expuesto, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala.

Adviértase además que, las expresiones utilizadas por el tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta al imputado, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la pena, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/8, por el Dr. Luis A. Gandini, en su carácter de asistente técnico del imputado Roque Luis Romero. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal. Así voto.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. José Ricardo Cáceres, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/8, por el Dr. Luis A. Gandini, en su carácter de asistente técnico del imputado Roque Luis Romero.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal.

5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.