Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-14


PARPAL, Julio Roberto contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE Reg.: A y S t 214 p 115-119.

En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de junio del año dos mil seis, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la Presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PARPAL, Julio Roberto contra MUNICIPALIDAD DE SANTA FE -Laboral- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 333, año 2005).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Netri, Spuler y Vigo.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Mediante resolución registrada en A. y S. T. 209, pág. 39, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución 7, del 7.2.2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de esta ciudad.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, me conduce a ratificar esa conclusión, de conformidad a lo propiciado por el señor Procurador General (fs. 203/204, Exte. C.S.J. nro. 333, año 2005).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: 1. El caso: Por decreto de fecha 5.10.2001, se puso de manifiesto la liquidación de honorarios, gastos y aportes presentada por el apoderado del actor, ordenándose su notificación por cédula (f. 84, expte. C.S.J. nro. 333, año 2005).

Mediante providencia del 12.10.2001, se dispuso la traba de embargo por el monto de la liquidación mencionada, sobre fondos de la Municipalidad demandada depositados en el Nuevo Banco de Santa Fe (f. 85).

Planteados por la demandada recursos de revocatoria y de apelación subsidiaria contra el proveído que ordenó la medida cautelar referida, y luego de evacuado por la contraparte el traslado pertinente, el Juez de baja instancia -mediante decreto de fecha 14.12.2001, constante a foja 98- rechazó el recurso de revocatoria y dispuso la no concesión del recurso de apelación subsidiaria por considerarlo improcedente. Interpuesto ante la Alzada recurso directo por denegación del de apelación (fs.

38/49, expte. nro. 17, folio 299, año 2002, Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, Sala Primera),el Tribunal a quo por resolución 91, del 4 de abril de 2002, lo declaró mal denegado y, posteriormente, mediante resolución 92 del 7.2.2003, lo desestimó y confirmó el decreto apelado (fs. 139/140, expte. C.S.J. nro. 333, año 2005).

Para así decidirlo la Cámara sostuvo -básicamente- que no se estaba frente a un recurso contra la aprobación de una liquidación, ya que "el caso refería a un embargo sobre depósitos que pudiere tener la demandada en el Nuevo Banco de Santa Fe y no al rechazo de impugnación a la liquidación practicada u otros aspectos de la litis, lo que surge a posteriori, donde el a quo refiere a que no media objeción sustantiva sobre la liquidación"; que "el recurrente formula quejas... sobre aspectos que distintos al surgente del decreto apelado, no conteniendo una crítica razonada al mismo".

Expresó la Sala además, citando un precedente, que "los autos que aprueban liquidaciones no producen cosa juzgada...", "a lo que cabe agregar que se ha sentado un criterio muy restrictivo en lo relativo al cuestionamiento de liquidaciones, pues tiende a evitar que a través de sucesivas liquidaciones se distorsione la finalidad del proceso postergando indefinidamente la ejecución de la sentencia, ello acorde con la naturaleza propia de la materia litigiosa y también condice con la limitación de los recursos atento la etapa del trámite".

2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad, tildándolo de arbitrario y violatorio de derechos y garantías de rango constitucional (fs. 143/165 vto.). Puntualmente achacó al pronunciamiento: 2.1. Arbitrariedad por falta de tratamiento de agravios esgrimidos por la demandada.

Afirmó que la Sala no consideró en absoluto agravios que su parte dirigiera contra el decreto del Inferior, concretamente: a) que estimara que los honorarios se encontraban firmes y ejecutoriados desconociendo que su parte no había sido notificada por cédula de la planilla, tal como había sido dispuesto; b) que el embargo había sido trabado en virtud de una liquidación que su parte no tuvo oportunidad de controlar por lo que devenía nulo de nulidad absoluta; c) que estimara que la impugnación contra la liquidación no contenía una objeción sustantiva cuando sí la había cuestionado, básicamente, por no haber resultado condenada en costas; d) que considerara que la Municipalidad había tomado expresamente a su cargo los honorarios del profesional del actor; e) que ordenara trabar un improcedente embargo sobre fondos de la Municipalidad depositados en el Nuevo Banco de Santa Fe causando un agravio irreparable, prescindiendo de expresas normas legales de emergencia, violentando la garantía de defensa en juicio y el derecho de propiedad. Señala, además, que el embargo fue trabado sobre una suma de dinero que -para el hipotético caso de que hubiera sido adeudada- ni siquiera se encontraba presupuestada.

2.2. Arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente.

Aseveró que el decisorio no brindó fundamento alguno para dar respuesta a la litis en la forma en que fue planteada, lesionando el artículo 95 de la Constitución provincial.

2.3. Arbitrariedad por contradicción con los fundamentos normativos aplicables.

Prescindencia del texto legal.

Concretamente, achacó a los Juzgadores desconocer las leyes de emergencia provincial y municipal que vedan toda posibilidad de trabar embargo sobre los fondos del Estado; y específicamente, la ley 12036 en cuanto declara la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento del sector público provincial, municipal y comunal.

3. Le asiste razón a la recurrente.

Sabido es que las cuestiones de derecho procesal, por su naturaleza, resultan ajenas en principio al recurso extraordinario, mas cabe hacer una excepción cuando quien recurre demuestra perfilado con suficiente claridad el agravio que la decisión sobre ese tema le causa, por afectar derechos o garantías constitucionales, o si no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción.

Esto es lo que ha acontecido en la especie conforme se expondrá seguidamente.

Del relato "ut supra" efectuado surge que cuando el órgano jurisdiccional de baja instancia puso de manifiesto la planilla de honorarios por el término y bajo los apercibimientos de ley, ordenó que la providencia respectiva se notificase por cédula (f.

84).

No obstante ello, seguidamente (f. 85) dispuso trabar embargo sobre el monto de la planilla, sin que se hallase constancia de que la notificación requerida se hubiese cumplimentado. Planteados recursos de revocatoria y de apelación subsidiaria contra la referida providencia por parte de la demandada -en los que a modo de síntesis y en lo que al caso interesa, argumentó que su parte no había sido condenada en costas y que se violaba la ordenanza municipal de emergencia- el Tribunal a quo -luego de rechazada la revocatoria y la concesión de la apelación en baja instancia, pero acogido por la Alzada el recurso directo de queja por apelación denegada- desestimó el recurso de apelación, confirmando en consecuencia la mencionada cautelar dispuesta en primera instancia.

Mas, en su decisorio, la Alzada señaló que la cuestión refería al embargo sobre depósitos y no al rechazo de la impugnación a la liquidación o a otros aspectos de la litis, pero prescinde de considerar el punto del cual se agravió -entre otros achaques- la demandada, consistente en la ausencia de notificación de la liquidación, brindando como fundamento que "el recurrente formula quejas... sobre aspectos que distintos al surgente del decreto apelado, no conteniendo una crítica razonada al mismo", y echando mano al carácter restrictivo del cuestionamiento de liquidaciones, pero sin dar respuesta concreta -se reitera- al agravio mencionado, que había formado parte ya de la fundamentación del recurso de revocatoria. Tal decisión de la Sala no puede menos que considerarse con entidad para afectar las garantías de defensa y del debido proceso al privar a la impugnante de la posibilidad de cuestionar la planilla de honorarios y gastos del proceso.

A más de ello, no puede soslayarse que la recurrente había planteado en el recurso de revocatoria y luego en la expresión de agravios ante la Alzada como objeción a la liquidación que su parte no había sido condenada en costas, y también la violación de la normativa de emergencia que establecía la inembargabilidad de bienes y fondos públicos.

Sabido es que la preterición de considerar aspectos sustanciales oportunamente propuestos y conducentes a la cuestión a decidir, es causal de descalificación de los decisorios porque, en tal caso, el pronunciamiento lesiona las reglas del debido proceso y no es derivación razonada del derecho vigente.

En el caso, la decisión recurrida omite el análisis de tales cuestiones bajo el fundamento de que se trataba de aspectos distintos "al surgente del decreto apelado", lo que ante la debida introducción al debate de aquéllas y la importancia de su tratamiento para la decisión de la cuestión, destituye al pronunciamiento impugnado de fundamentos e impone su invalidación como acto jurisdiccional válido.

No es ocioso señalar que sobre el segundo punto mencionado, esta Corte ha desestimado planteos de inconstitucionalidad de normas de emergencia que impedían embargos sobre fondos y bienes de entes públicos -específicamente, artículo 23, primer párrafo, ley 11696- en autos "Marozzi" y "Herrou" (A. y S. T. 161, págs. 290 y 302, respectivamente).

Lo expuesto, torna innecesario el examen de los restantes agravios esbozados por la demandada.

En tales condiciones y habiéndose resuelto el caso con argumentos que en forma manifiesta prescinden de la solución normativa prevista por el legislador con directa e inmediata afectación de la garantía de defensa en juicio invocada por el recurrente, cabe dejar sin efecto el fallo recurrido y remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponde, al efecto de que proceda a dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo resuelto. Por las razones expuestas, voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que se deriva de los considerandos.

Disponer la remisión de los autos principales al Tribunal subrogante que corresponde para que dicte nuevo pronunciamiento, conforme las pautas precedentemente expuestas. Costas a la vencida (art. 12, ley 7055).

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Ministro decano doctor Vigo dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito de los fundamentos del Acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada con el alcance que se deriva de los considerandos. Disponer la remisión de los autos principales al Tribunal subrogante que corresponde a fin de que dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con las pautas precedentemente expuestas. Costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)