Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-07


NEUQUEN, 07 de julio de 2011.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GIUFFRE GASTON JOSE Y OTRO C/ QUIDEL ITURRA CARLOS E. S/ D. Y P. RES. CONTRACTUAL PARTICULARES", (Expte. Nº 345750/6), venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 5 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia del Secretario actuante Dr. Miguel E. BUTELER y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia M. CLERICI, dijo:

I.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de fs. 175/178 vta. que hace lugar parcialmente a la acción de determinación de honorarios y rechaza la de daños y perjuicios, imponiendo las costas en el orden causado.

El apelante se agravia por el rechazo del rubro pérdida de chance y por los honorarios determinados, que entiende bajos.

Con relación al rechazo de la indemnización por pérdida de chance señala el recurrente que la sentencia ha omitido considerar prueba fundamental, cual es el informe del Juzgado Laboral n° 4, el que prueba el objeto central del vínculo contractual: llevar el caso del señor Quidel a la justicia competente una vez concluido el procedimiento administrativo (condición futura establecida en el convenio de honorarios). Dice que tampoco la a quo ha valorado los dichos del mismo demandado, cuando en el acto de fecha 29 de noviembre de 2007 afirma que se encuentra en una mala situación económica y que ha iniciado la revisión de la decisión de la Comisión Médica n° 9 ante la justicia laboral.

Sigue diciendo que el convenio de honorarios da cuenta de la manifiesta voluntad del demandado de encargar a esa parte la obligación de acudir a la justicia, en caso de que resultaran negativas las reclamaciones extrajudiciales.

Cataloga como error grosero pretender que el hecho que el demandado prescindiera de los servicios del actor no configura una conducta antijurídica provocadora de daños. Agrega que es deber del juzgador enmarcar su razón jurídica en las constancias del expediente, y ello no fue hecho por la a quo.

Destaca que lo que llevó a promover la acción no fue la decisión del demandado de cambiar de abogado, la que es legítima, sino porque tomó tal decisión sin respetar ninguna de las reglas que rigen la locación de servicios. Manifiesta que el convenio de honorarios obligaba al demandado a notificar la rescisión con quince días de antelación, principio establecido en el Código Civil y que se deriva de otro principio, el de lealtad.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que existiendo una condición futura en el contrato suscripto -cual fue el encargo del demandado de llevar el caso a la justicia en el supuesto de no obtener una respuesta satisfactoria de los reclamos extrajudiciales-, obligaba al señor Quidel a notificar con antelación su decisión de rescindir el contrato, para que ello no configurase un abuso de derecho.

Sostiene que no se trató de una simple prescindencia de los servicios profesionales, sino que constan en el expediente las cartas documento cursadas al demandado que, confrontadas con lo manifestado en el proceso por el accionado, demuestran la incongruencia, la falta de coherencia en su proceder, en definitiva, su mala fe y falta de lealtad.

Entiende que la juzgadora confunde pérdida de chance con lucro cesante, y que a diferencia de este último, la pérdida de chance se caracteriza por su incerteza, aunque sí, la expectativa debe ser legítima, esto es, cierta y no hipotética.

Respecto de los honorarios determinados, dice que el fallo aplica el art. 9 segunda parte, inc. 14 de la Ley 1594, sin guiarse para su cálculo por el art. 6, no teniendo en cuenta la complejidad y relevancia del servicio prestado al demandado, y fijando honorarios que no alcanzan al mínimo legal.

La demandada no contesta el traslado de la expresión de agravios.

II.- Las partes han consentido el encuadramiento jurídico de la relación contractual que los uniera como locación de servicios, como así también la existencia y extensión de los servicios prestados, y la finalización del vínculo por decisión unilateral del demandado.

Las cuestiones que se encuentran en discusión son la cuantía de los honorarios regulados a favor de los actores y la procedencia de la indemnización por pérdida de chance -único rubro al que se redujo el reclamo por daños y perjuicios-.

Sentado lo anterior, cabe señalar que la locación de servicios profesionales, conforme ha sucedido en autos, es una especie dentro del género locación de servicios, reglado por el Código Civil a partir de su art. 1623. Mediante este contrato el profesional se obliga a prestar un servicio idóneo, de buena calidad, conforme a los usos y prácticas de la ciencia o técnica propia de la profesión de que se trate, y el cliente a pagar el precio convenido o el que, a falta de acuerdo, determine la justicia.

Este tipo de contrato coloca frente a frente a dos partes en condiciones muy diferentes: el profesional, como persona física o jurídica experimentada, capacitada, informada, poseedora de un conocimiento aquilatado respecto del servicio que brinda; aparece como la parte fuerte en la relación y, del otro lado, el cliente, desinformado, sin experiencia por lo común, necesitado del servicio, es la parte débil. Esta diferencia de aptitudes es lo que hace que la buena fe adquiera trascendencia esencial al momento de analizar la conformación, desarrollo y ruptura de la relación contractual (cfr. Mosset Iturraspe, Jorge, "Contratos de servicios. Los servicios prestados por profesionales", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2005-1, pág. 44/46). A su vez, la adhesión y no la discusión es la característica del proceso de formación de estos contratos, circunstancia que lleva a poner el acento en la claridad o transparencia en las expresiones o cláusulas negociales (cfr. Pertiñez Vilches, Francisco, "Las cláusulas abusivas por un defecto de transparencia", cit.por Mosset Iturraspe, op. cit.).

Conocida es la escasa regulación que nuestro codificador instrumentó respecto del contrato de locación de servicios, remitiendo sus avatares a las normas que reglan las obligaciones de hacer (art. 1623). No obstante ello, por tratarse de un contrato, va de suyo que cualquiera de sus partes cuenta con la facultad resolutoria. En el texto del acuerdo de fs. 139 no se ha convenido nada sobre el ejercicio de esta facultad, ni menos aún sobre la necesidad de comunicar tal decisión con una antelación determinada. Tampoco nada se ha previsto en orden a la finalización anticipada del contrato, conforme ha sucedido.

Consecuentemente, mal puede imputarse mala fe a la demandada por no comunicar la resolución del contrato con antelación y por un medio fehaciente, ni menos aún que ello constituya un ejercicio abusivo de la facultad de resolver. Primeramente, porque en atención a esa diferencia de condiciones a que antes aludiera era obligación de la parte fuerte de la contratación -los actores- prever las distintas circunstancias que normalmente pueden sobrevenir en el curso de un contrato y establecer claramente los procedimientos y las consecuencias, y ello no fue hecho.

Luego, porque no advierto que el proceder del demandado puede calificarse en esos términos. Los mismos demandantes, en su carta documento de fs. 158, reconocen que el accionado concurrió al estudio jurídico y manifestó su intención de prescindir de los servicios profesionales de los demandantes. En otras palabras, y más allá del medio utilizado, los accionantes tuvieron conocimiento fehaciente de la decisión del trabajador demandado. Además, la parte recurrente también reconoce en su escrito de expresión de agravios que el demandado no tenía obligación de dar razones de su decisión. Y en cuanto a la antelación temporal, como ya lo dije, dicha circunstancia debió estar plasmada en el texto del contrato si los actores querían que se respetara un plazo mínimo. Ello es una consecuencia del deber de información que pesa sobre el contratante que posee los conocimientos técnicos.

Ahora bien, no obstante la inexistencia de ilegalidad o ilegitimidad en el actuar del demandado, no caben dudas respecto a que, de todos modos, debe indemnizar los daños que su proceder pudo ocasionar en su cocontratante como consecuencia de la resolución anticipada de la contratación.

La parte actora reclama como daño indemnizable la pérdida de chance constituido por la frustración de la posibilidad de acudir a la vía judicial para plantear el reclamo del demandado.

El daño reclamado no es en realidad pérdida de chance, sino que refiere al lucro cesante. En efecto, la frustración sufrida por los actores es respecto del incremento del precio pactado -más allá de encontrarse prohibido tal pacto en materia laboral-, o en la percepción de honorarios por la labor profesional.

De todos modos, así encasillemos el daño como pérdida de chance, y conforme lo señalado por la a quo, no existe una probabilidad cierta de que la ganancia se hubiera producido. Ello así, porque la cláusula PRIMERO del convenio de fs. 158 prevé el planteo en sede judicial solamente para el supuesto que fracasaran o no fueran satisfactorias las tratativas extrajudiciales, por lo que el mismo pacto que uniera a las partes previó la posibilidad de no acudir al proceso judicial; más aún el objeto primero del contrato es la realización del trámite administrativo y los reclamos extrajudiciales y, luego, de no tenerse éxito instarse la demanda judicial.

La información brindada por el Juzgado Laboral n° 4 sobre la promoción de la demanda por parte del demandado no reviste relevancia a efectos de la configuración del daño, desde el momento que éste debe ser evaluado al momento del hecho dañoso (resolución del contrato), y en esa oportunidad no resultaba aún claro la necesidad de acudir a la vía judicial por no haberse expedido la Comisión Médica local respecto de la incapacidad permanente definitiva del accionado.

En mérito a lo antedicho propicio se confirme el resolutorio de grado en cuanto rechaza la indemnización por daño.

III.- Resta analizar el monto de los honorarios fijados judicialmente.

Teniendo en cuenta que la labor del profesional ha consistido en consultas verbales -conforme lo ha reconocido el mismo demandado - y en el patrocinio letrado en sede administrativa (art. 9°, apartado II incs. 1° y 14°, Ley 1594), asiste razón al apelante respecto a que los honorarios fijados son reducidos. Considerando el valor del JUS, los mínimos legales y computando 5 JUS para las consultas verbales se determina el precio a abonar por el demandado en la suma de $ 4.000,00.

IV.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo se modifique parcialmente el resolutorio apelado, incrementándose el monto de condena, el que se fija en la suma de $ 4.000,00, y confirmándolo en lo demás que ha sido materia de agravios.

En virtud de lo dispuesto por el art. 279 del CPCyC han de dejarse sin efecto las regulaciones de honorarios realizadas en primera instancia a fin de adecuarlas al nuevo monto de condena.

En atención al éxito parcial del recurso las costas de la presente instancia se imponen en el orden causado (art. 68, 2° apartado CPCyC), correspondiendo regular los honorarios de los letrados intervinientes de acuerdo con la pauta establecida en el art. 15 de la ley arancelaria.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRÍO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.- Por ello, esta Sala II RESUELVE:

I.- Modificar parcialmente la sentencia dictada a fs. 175/178 vta., elevando el monto de condena a la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000), confirmándola en lo demás que fuera materia de recurso y agravios.

II.- Dejar sin efecto los honorarios regulados, (art. 279 C.P.C.C.), los que adecuados al nuevo pronunciamiento se fijan en las siguientes sumas: para los Dres. ... y ..., letrados en causa propia, de PESOS ... en conjunto; para el Dr. ..., patrocinante de los actores de PESOS ... y para el Dr. ..., patrocinante del demandado, de PESOS .... (arts. 6,7,9,10 y 39 L.A.).

III.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68 2° apartado C.P.C.C).

IV.- Regular los honorarios de esta Instancia al Dr. J..., patrocinante del actor Gastón Giuffre, en la suma de PESOS .... (art.15 L.A.).

V.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia Clerici Dr.Miguel E. Buteler - SECRETARIO REGISTRADO AL Nº 152 - Tº IV - Fº 749/753 Protocolo de SENTENCIAS -S A L A II- Año 2011