marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, simulación, causa simulandi, falta de contradocumento, prueba, apreciación de la prueba, mandato, rendición de cuentas, regulación de honorarios
Materia: CIVIL
Carátula: CIMOLAI, EMILIO. c/ CIMOLAI, DAVID VALENTIN. s/ RENDICION DE CUENTAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-03-19

Es cierto que ninguna de las partes brindó demasiados detalles ni pruebas sobre los motivos de las operaciones sucesivas recaídas sobre los inmuebles de autos, de modo que para los jueces resulta imposible conocer cual es el verdadero trasfondo del asunto. Pero también lo es que esa orfandad tiene una incidencia mucho más grave sobre quien alegara la existencia de simulación.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), omisión de pronunciamiento, doctrina de la arbitrariedad, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., O. G. c/  s/ DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

En relación a las articulaciones de la Defensa respecto a la decisión de la Cámara de interpretar que, con la confirmación de la sentencia de grado, la condena era directamente ejecutable y que, por tanto, resultaba inoficioso pronunciarse sobre la prisión preventiva, corresponde admitir parcialmente la queja interpuesta, desde que el análisis de los agravios esgrimidos en sustento de tal postulación, obliga a concluir que la recurrente ha logrado introducir una hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Terrorismo, principio de no devolución, derecho a la libertad, debido proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Informe de Fondo No. 8/16, Caso 11.661. Manickavasagam Suresh. Canadá c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2016-04-13

La Convención Interamericana contra el Terrorismo indica la importancia que el sistema interamericano otorga a la grave amenaza que aquél representa para los valores democráticos, la paz y la seguridad internacionales, abordando la prevención, el combate y la erradicación del financiamiento del terrorismo, la exigencia de planes de regulación y supervisión para los bancos y la incautación y confiscación de fondos y activos usados para financiarlo, sin embargo nada de ello habilita a adoptar medidas que afecten los derechos humanos y las libertades fundamentales, muy en especial el derecho a la libertad y seguridad personales, el derecho al debido proceso y el principio de non refoulement para el arresto, la detención y el procesamiento o extradición de personas sospechadas de acciones terroristas.
Concesión errónea del recurso, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad formal, jurisdicción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: BANCO DE CORRIENTES  S.A. c/ SUCESORES DE CHAVEZ, CATALINA Y CHAVEZ, CONCEPCION MARIA ITATI s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-09-18

Resulta mal concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte actora, puesto que no reúne la totalidad de los requisitos establecidos en la Resolución Nº 1197/07 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco y su anexo, y a ello debe adicionarse otro déficit que torna inadmisible el remedio en trato, cual es la incorrecta identificación de la norma que confiere jurisdicción al Superior Tribunal Justicia, en el caso la ley 6997 de la Provincia de Chaco, cuya vigencia es anterioridad a la fecha de presentación del recurso sub exámine.
Concursos, medidas cautelares, medida de no innovar, caducidad de medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: MENDIZABAL, HECTOR s/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-11

Resulta inadmisible el planteo de caducidad de la prohibición de innovar, por cuanto -como en el caso- esa medida fue decretada en el marco de un proceso universal de eminente naturaleza ius publicística. Repárese en que la normativa concursal se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin ordena el ejercicio de las pretensiones contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados (cfr. Cámara, Héctor, "El Concurso Preventivo y la Quiebra", T° I, p. 232 y ss.; Lorente, Javier Armando, "Ley de Concursos y Quiebras. Comentada y Anotada.", T° I, p. 82 y ss.; CSJN, 15.04.04, in re "Florio y Compañía I.C.S.A. s. Concurso Preventivo s. inc. de Verificación de Crédito por Niz, Adolfo Ramón", T° 327, F° 1002).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Milanes, Ernesto c/ Tobetma S.A.F.I.C. y A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-24

No media violación del art. 156 de la Constitución de la Provincia si del fallo resulta claramente que en él se han decidido la totalidad de las reclamaciones impetradas.
Personal militar, matrimonio contrario a los reglamentos militares, autorización para contraer matrimonio
Materia: CIVIL - MILITAR
Carátula: Gabrielli, Mario Carlos c/ Estado Nacional s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-05

Existe desobediencia si el militar solicitó la autorización reglamentaria para casarse, que le fue denegada y, sin esperar resolución definitiva, contrajo matrimonio y no ejercitó los medios que el ordenamiento militar le ofrecía para impugnar la irrazonabilidad de la medida (Voto del Dr. Julio Víctor Reboredo).
Consejo de la Magistratura, enjuiciamiento de magistrados, tribunal de enjuiciamiento, lectura de la sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. José Raúl Velazco s/ Recurso de queja por casación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-08-26

No resulta atendible la referencia a la falta de lectura de la sentencia en audiencia pública, en tanto dicha disposición del Cód. Procesal Penal no resulta aplicable al enjuiciamiento de magistrados. En efecto la ley de procedimientos penales prevé que finalizada la audiencia el Tribunal del juicio debe pasar a deliberar, emitir su veredicto y puede diferir la lectura de los fundamentos de la sentencia por un plazo de cinco días, lo que debe hacerse en audiencia pública bajo sanción de nulidad. En este punto la Ley 210 se ha separado de la norma supletoria al reglar expresamente en su art. 25 que la resolución será dictada en un término no mayor de diez (10) días; como se ve, establece un procedimiento distinto de elaboración de la sentencia y no exige su lectura en audiencia. Y así fue explicitado a las partes cuando finalizó el debate según surge del acta del juicio: Se da por cerrado el debate. Las actuaciones pasan para resolución del Consejo de la Magistratura por el tiempo máximo que establece el art. 25 de la ley 210. Preguntado por la Defensa si el Consejo fijará audiencia de lectura se responde que no, que el Consejo dictará resolución y se le notificará a las partes. Con lo que terminó el acto... (del voto del Dr. González Godoy).
Declaración en sede administrativa, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: NOGUES, JORGE ARTURO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION JACOBS, GRACIELA SUSANA c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION DOMINGUEZ, JUAN CARLOS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ ACCION DE PLENA JURISDICCION Y ANULACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-08-27|2007-08-27|2007-08-27

En el caso, corresponde determinar los efectos que produce el Decreto que se intenta impugnar mediante el cual , por un lado, se declara la "nulidad" de la resolución que le concede al actor el derecho subjetivo-adjudicación de parcelas- que invoca como fundamento de la demanda de escrituración y, por el otro, se instruye a Fiscalía de Estado a fin de que promueva la acción de lesividad.

En tal sentido, la interposición de la demanda judicial de nulidad-acción de lesividad-por parte de la administración supone, como presupuesto lógico-jurídico de su deducción, la existencia de una decisión administrativa, cuyo objeto reside en la valoración de nulidad del acto a extinguir.

Esa decisión administrativa incumbe al ejercicio de la actividad de contralor que ejerce la Administración, que tiene como misión mantener la legalidad en el obrar de los órganos administrativos, restableciéndola cuando se la quebranta, para lograr el máximo de eficiencia en la actividad administrativa latu sensu.

El Decreto analizado es de aquellos actos con eficacia "ad-intra", ya que está destinado a la propia organización o funcionamiento de la Administración, e importa en los hechos una auténtica orden o instrucción dirigida al Fiscal de Estado de promover la acción de lesividad, atento a que el acto supuestamente lesivo a los intereses públicos está firme y consentido y ha generado derechos subjetivos que se están cumpliendo. En esa inteligencia, si la declaración de nulidad ocurrida en sede administrativa a través del Decreto, solo procede a los fines de que luego la Administración solicite la convalidación de esa decisión ante la justicia, infiero que, en el caso, no hay intereses ni bienes de terceros que puedan verse afectados por el acto administrativo examinado, de allí que no haya procedimiento que deba seguir el administrado en sede administrativa, pues no hay un sujeto legitimado para ello.

"Pues es un acto que no puede servir de base a una pretensión administrativa, así los actos internos de la administración, como serían las circulares y las ordenes de servicios, los actos dictados en ejercicio de la actividad administrativa consultiva, los pareceres facultativos ni los obligatorios de los órganos consultivos ya que en ambos supuestos no se afectarán los derechos de los particulares, puesto que por sí mismos estos pareceres no producen efectos jurídicos entre la administración y el particular". (Manuel Maria Diez- Derecho Administrativo- T VI ,pág 115).

En conclusión deber rechazarse la acción contencioso administrativa deducida por carecer el recurrente de legitimación activa.

(Del voto del Dr. Cáceres- En Disidencia)
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: Valle Po Sociedad Cooperativa Agropecuaria c/ Pampa Store SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-10

Procede confirmar la resolución que denegó el embargo preventivo solicitado por el demandante. Ello por cuanto es cierto que a mayor verosimilitud del derecho, menor exigencia en la acreditación de la gravedad e inminencia del daño y viceversa, pero no implica, sin más, que la parte que pide una medida se encuentre eximida de acreditar alguno de los recaudos establecidos de un modo absoluto. La alegación soló referida al contexto económico por el que atraviesa el país trasunta un simple temor del solicitante de la medida cautelar, la que resulta inidónea para tener por configurado el recaudo de "peligro en la demora". Avalar dicha posición implicaría sostener que en todo juicio de conocimiento instado contra una empresa local procedería, en virtud del contexto económico del país, la traba de medidas cautelares, lo cual desvirtuaría el carácter restrictivo que debe imperara al dictarlas. Por tanto y al no existir un peligro concreto, no se justifica el adelanto de jurisdicción, ya que, por más verosímil que sea el derecho, corresponderá que el proceso siga su curso natural hasta llegar al reconocimiento que corresponda efectuar en la sentencia.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad (decreto 2227).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

En la determinación de las retribuciones que corresponden por la prestación de servicios no debe soslayarse el cotejo sobre si compensaciones equivalentes a las pretendidas, son susceptibles de ser obtenidas por otros miembros de la comunidad - en el ámbito público o privado, aun en las más altas responsabilidades o en las especialidades de mayor complejidad y con las mejores contraprestaciones - mediante la realización de alguna actividad socialmente útil.
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, cheque, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Gasaurio, Claudia Vanina c/ Vcre Gráfica SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-14

Cabe confirmar la resolución que difirió la sentencia de trance y remate al resultado que arrojara la búsqueda de los cheques que se pretenden ejecutar. Así se juzga toda vez que, al despachar la ejecución, la primera sentenciante aclaró que resultaba necesario contar con los originales de los cheques. Además, ese temperamento fue ratificado con motivo del pedido de que se dictara sentencia de trance y remate respecto del codemandado que no había sido desistido. En ese marco, la pretensión actual importa un intento de revisar ese temperamento anterior que se encontraba consentido, lo cual es inadmisible.
Recurso de inconstitucionalidad, Cámara de Apelaciones, sala del tribunal, recusación, recusación con causa, recusación por enemistad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DR.  MAJUL ATTME, JORGE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN  "INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS EN AUTOS "REQUERIMIENTO DEL  FISCAL EN ACTUACIONES BANCO PROV. SANTA FE" (EXPTE.: C.S.J. NRO. 155   AÑO 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-18

El planteo recusatorio no puede exceder los límites con que la cuestión en que se lo funda quedó circunscripta en las instancias ordinarias. Por tanto, corresponde declarar inadmisible el agravio articulado ante la vía extraordinaria en torno al rechazo de la recusación por enemistad de uno de los Vocales intervinientes, cuando la prescindencia de prueba decisiva que se endilga al a quo -en definitiva, sólo la oposición del curial a que el magistrado recusado pudiera ser eventualmente designado ministro de la Corte Suprema de la Provincia-, luce como mero efugio para lograr el avocamiento de la Corte, ya que en el fondo su planteo tiende al acogimiento de su pretensión a través de la revisión de criterio propios de los jueces de la causa.-
Despido por maternidad, vencimiento del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Sosa Verónica Guadalupe c/ Screpis Rosa Raquel s/ Apelación de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-05-05

El despido incausado de la demandante, ocurrió vencido el plazo en que se presume -salvo prueba en contrario- que obedece al embarazo artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo).

No es posible, como pretende la apelante, que la circunstancia de ser la ruptura efectuada sin invocación de motivos y a escasos días del vencimiento señalado, invierta la carga probatoria poniendo en cabeza de la empleadora acreditar que el despido no responde a maternidad de la apelante, puesto que ello equivale contrariar el claro texto legal, extendiendo presunción "iuris tantum" a un supuesto distinto al previsto.
Acto administrativo, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DÉCIMA JUAN ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RÍO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN MONTESINOS, HUGO ORLANDO c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-04-22|2009-04-29

En virtud de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de que gozan los actos administrativos, el recaudo de la verosimilitud del derecho invocado a fin de solicitar la cautelar de suspensión de los efectos del mismo, debe ser apreciado con mayor estrictez.
Jueces, secuestro de automotor, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: AHUMADA DE CASTELLANOS SUSANA CARLOTA c/ ORLY S.A. Y OTRO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO-DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-27

La orden de secuestro del automóvil de un Magistrado, por un supuesto incumplimiento, asume cierta gravedad que amerita un importante resarcimiento. En su determinación se debe tener en cuenta que la actora, desempeñaba la función de Juez Civil y Comercial de 1ra. instancia, por tanto debe observar una conducta transparente en todos los actos de la vida, tanto pública como privada y al ser inculpada de falta de pago de cuotas de un compromiso contractual asumido, a punto tal que se ordene el secuestro del bien objeto de la relación contractual, tal hecho no se compadece con el comportamiento que exigen el Reglamento Interno del Poder Judicial, ni el Código de Etica para Magistrados y Funcionarios de esta provincia. Ello, sin duda alguna causó una gran aflicción, molestias, impotencia, vergüenza y en fin mortificaciones que de un modo u otro alteran el ánimo de una persona, por los comentarios adversos a su condición de Magistrada, tanto por empleados como por sus colegas, ante el oficio de secuestro de su rodado, ingresado en un Juzgado de esta ciudad.
Servicio público, concesión de servicio público, permiso precario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALMACENAJES DEL PLATA  S.A. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ ACTO ADMINISTRATIVO - REVOCACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

La figura del servicio público no excluye, necesariamente, la idea de precario ni impide que su explotación se otorgue a través de permisos, autorizaciones u actos de simple tolerancia. Además, el otorgamiento de una concesión con cláusula de precario y la paralela fijación de un término de duración no implican contradicción alguna.

Se trata de dos conceptos con significación jurídica propia que no se contraponen, porque no afecta a la precariedad el que el otorgamiento tenga un límite de vigencia.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, incongruencia, recurso de apelación (procesal), extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telias, Leandra c/ Escobar Santa Fe S.A.C.I.F.I. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-14

Asiste razón a la recurrente en cuanto a la arbitrariedad e incongruencia que le achacó a la Sentenciante, desde que el Tribunal partió su decisión de la premisa consistente en que había llegado firme a la Alzada que la extinción del contrato carece de justa causa y se ha devengado el pago de la indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; y luce nítida la controversia mantenida por ambas partes al tramitar sus recursos apelatorios, dirigidos esencialmente a la legitimidad y modalidad de la extinción contractual y, por ende, sus efectos indemnizatorios. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 245
Acción de amparo, tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: Ariza, Melisa Natalia c/ Unión Personal s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

En la causa obran los correspondientes certificados médicos que requieren la medicación NATALIZUMAB, la negativa de la demandada a otorgarla -debido a que no está aprobada por la Superintendencia de Servicios de Salud- y la indicación médica correspondiente, que sugiere el tratamiento con la medicación solicitada debido a las recaídas y aumento de la discapacidad de la amparista. La demandada manifestó: "...Unión Personal no se responsabiliza por la inefectividad, efectos adversos, secundarios y/o iatrogénicos que pueda producir la aplicación de la droga NATALIZUMAB...". Al respecto corresponde aclarar que para hacerse efectiva la pretensión de la actora, ésta deberá renunciar expresamente a reclamar, eventualmente, daños y perjuicios por mala praxis médica contra la demandada, por la responsabilidad que supone el control de las obras sociales sobre los prestadores médicos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Agostini, Nora B. c/ Industrias Amai S.A. y ot. s/ Enfermedad. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

No se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto por el art. 55 de la ley 11.653 en el sentido y con el alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando se denuncia la violación de doctrina legal de este Tribunal pero en realidad la impugnación se refiere a cuestiones de hecho y prueba como lo es determinar si existió relación causal entre la enfermedad de la actora y las características del trabajo y además el precedente invocado alude a presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Demanda, notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL
Carátula: GALEANO CECILIA c/ ROZAS JORGE s/ DERECHO PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-10

El posible desconocimiento de un acto esencial del proceso, como lo es la notificación de la demanda conduce a apreciar con amplitud la obligación de expresar el perjuicio de que deriva el interés en obtener la declaración de nulidad (art.172 2do párrafo C.Procesal), pues tal interés surgiría de la privación del derecho de defensa.

Sin embargo, el incidentista no queda relevado de destacar, al menos en lo sustancial, la naturaleza y alcances de la oposición que hubiere podido articular ante la pretensión de la contraria.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, automotores, incumplimiento del contrato, gestión de bienes
Materia: CIVIL
Carátula: Arnedo Albarracin, Cristian Esteban c/ Villarroel, Fernando Fabián s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

1. Resulta procedente el reclamo incoado contra un gestor por el adquirente de un automóvil en reclamo de indemnización por el daño moral sufrido a causa de la falta de entrega del vehículo adquirido. Ello así pues luego del primer desembolso, el actor no tuvo más que respuestas evasivas y promesas que lo llevaron a aumentar las erogaciones sin ningún resultado positivo. Su última comunicación ni siquiera fue contestada por el demandado, sumiendo al actor, presumiblemente, en un profundo estado de incertidumbre sobre el destino de los fondos y la posibilidad de adquirir el vehículo. 2. No puede desconocerse que el reclamante, cuyo carácter de consumidor (en los términos de la ley 24240) no fue discutido, tenía en miras la adquisición de un rodado y para ello confió en los servicios de quién se presentó como profesional en la materia. Asimismo, suscribió una "solicitud de reserva de unidad", siendo esperable la pronta entrega del vehículo. Sin embargo, de las probanzas de autos surge que el accionado no intentó absolutamente ninguna de las gestiones que admitió haberse comprometido a realizar. Este obrar antijurídico seguramente repercutió en las legítimas expectativas del accionante, importando mortificaciones de resultados disvaliosos para su espíritu, un sufrimiento y también un estado de impotencia.