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Derechos patrimoniales, limitación de la responsabilidad aérea, orden público, intereses, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: AERONAUTICO
Carátula: J.C. S.R.L. c/ CAP Y/O ARM Y/O PROP BQ "GLACIAR PERITO MORENO" s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARIT.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-30

Tratándose de derechos patrimoniales, no encontrándose comprometido el orden público, es apropiado acoger las quejas de la demandada, tanto relativamente al límite de responsabilidad en el que se ampara (200 libras esterlinas oro, equivalentes a u$s 16.490), sobre el cual se habrá de calcular los intereses establecidos por el juez hasta el 1.4.91. de allí en adelante corresponderá sujetarse, en punto a estos accesorios, a lo dispuesto en la ley 23.982 y su decreto reglamentario -N° 2140/91-.
Alimentos, cuota alimentaria, reducción de cuota alimentaria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: B., R. F. c/ M., M. P. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

La pretensión del alimentante de obtener la disminución de la cuota que se comprometió, por convenio, a aportar, necesariamente importa un compromiso probatorio mayor que lo común, ya que deben acreditarse debidamente los cambios en su situación económica que hagan viable el objetivo perseguido, llevando al juzgador la convicción acerca de la situación precaria alegada.

A fin de tener un panorama claro de la situación patrimonial de quien solicita la reducción de la cuota alimentaria, no basta considerar sus ingresos fijos, fácilmente acreditables, sino que resulta relevante el nivel de vida y actividades complementarias que desarrolla, lo cual permitirá inferir el nivel total de ingresos patrimoniales, que en el caso de quienes desempeñan profesiones liberales, no está sujeto a parámetros estáticos.
Inmunidad de jurisdicción, Estados extranjeros
Materia: PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Vallarino, Edelmiro Osvaldo c/ Embajada del Japón.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

La inmunidad absoluta de jurisdicción no constituye una norma de derecho internacional general, porque no se practica de modo uniforme, ni hay convicción jurídica de su obligatoriedad.
Cláusula penal, principio de inmutabilidad, actualización monetaria, cómputo de la actualización
Materia: CIVIL
Carátula: SAGARI HORACIO ALFREDO c/ BOLOGNA FILOMENA MARIA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

El principio de inmutabilidad de la cláusula penal (arts. 522, 655 y 656 del Código Civil), no es absoluto y la revalorización de su importe para neutralizar la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario no implica la incorporación de un nuevo capítulo resarcitorio a la indemnización ya tasada por los contratantes, sino adecuar aquél el valor actual de la moneda, siendo su incremento puramente nominal.

La actualización no podrá realizarse en forma puramente matemática, puesto que el propio art. 656 del código autoriza, por razones de equidad, a reducirla cuando su monto resulte desproporcionado a la gravedad de la falta que sanciona, teniendo en cuenta el valor de las prestaciones y las demás circunstancias del caso.
Igualdad ante la ley, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallan en una razonable paridad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple de manera distinta situaciones que considere diferentes, en la medida en que dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal o clase, ni importen ilegítima persecución de personas o grupos de ellas (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, mora del vendedor, obligaciones recíprocas, edificio a construir
Materia: CIVIL
Carátula: MONTERO Luis y otro c/ PELAEZ DE BASAVILBASO Emma y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-30

Si los enajenantes se encontraban desde un comienzo en situación de incumplimiento respecto de las obligaciones que les imponía la ley 19.724, las que se hallaban sujetas a plazo esencial, que determinaba que la falta de adecuación al régimen de la prehorizontalidad los colocara automáticamente en mora, ello vedaba la posibilidad de atribuir esa situación jurídica frente al incumplimiento de los adquirentes (art. 510 del Código Civil) e impide el ejercicio de las acciones tendientes al cumplimiento o resolución de dicho vínculo (conf. C.N.Civ. en pleno "Cotton, Moisés D. y otros c/Tutudjiam", E.D. 82-142).

El contrato no se encuentra excluido de aquella normativa por caer dentro de las hipótesis que contempla la ley 20.276, cuando no se trata de un supuesto de construcción por consorcio. Ese sistema se asienta sobre la idea fundamental de la existencia previa de un condominio sobre el terreno donde se edificará, en el cual los comuneros son los futuros dueños en propiedad horizontal. Este concepto inicial permite inferir que en esta relación está exenta la idea de comercialización de las futuras unidades a construir. Los condóminos convienen que la edificación en propiedad horizontal será el destino del inmueble, lo que presupone también un acuerdo anticipado sobre la partición en especie del condominio, con adjudicación de las respectivas unidades en propiedad horizontal (conf. Gatti-Alterini, J.H. "Prehorizontalidad y boleto de compraventa", p. 69/70).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), voto en disidencia, sentencia no firme, acción penal, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., J. L. c/  s/ EXHIBICIONES OBSCENAS, LESIONES LEVES-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-20

En cuanto a los agravios vertidos por la impugnante en el remedio de inconstitucionalidad referidos a la decisión de la Cámara de no admitir la queja por apelación denegada respecto al rechazo de la postulación de prescripción efectuada por su parte, cabe señalar que el rechazo de un pedido de extinción de la acción penal resulta equiparable a definitivo por causar un gravamen de imposible o insuficiente reparación posterior. (De la disidencia parcial del Dr. Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 249, p 54.
Concursos, honorarios, aplicación de la ley, quiebra
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Carpenter SAIC c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Con relación a los parámetros que gobiernan la determinación de los estipendios, debe señalarse que por ser la ley 24522 una ley de fondo sancionada en ejercicio de las facultades conferidas a la Nación (CN 75-12°), reviste el carácter de ley uniforme con ámbito de aplicación en todo el país. De allí que al establecer en materia de concursos y quiebras un sistema completo de normas sustantivas, adjetivas y arancelarias no cabe -en principio- apartarse de la misma para aplicar dispositivos provinciales o locales. Siendo que la propia LCQ dispone expresamente que para el cálculo de las regulaciones previstas en los arts. 265 a 270 no se aplican las disposiciones de leyes locales (art. 271, párrafo 1), resulta imperativo lo dispuesto en orden a la justipreciación de los trabajos de los intervinientes en procesos de tal naturaleza.
Ley procesal, procedimiento administrativo, defensa en juicio, organismos previsionales, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Señorans Eva Cristina c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-30

Haber denegado la iniciación bajo insistencia de trámite administrativo, sin requerir los elementos esenciales, atenta contra el derecho de defensa, si de las actuaciones administrativas digitalizadas, no surgen constancias de intimación alguna a la parte actora, a ejercer su derecho de defensa. Pues, el organismo administrativo debió haber cooperado con la peticionante, asegurándole su derecho a ofrecer prueba y que ella se produzca, como así también requerir los informes necesarios para esclarecer los hechos y la verdad jurídica objetiva, tal como lo dispone el art. 1° inc. f), párr. 2 de la ley 19.549.
Personal municipal, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CANTEROS OLEGARIO c/ MUNICIPALIDAD DE SALADAS s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA"EXPTE. N9092/93
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-11-27

Habiendo presentado el agente certificado médico el día 1/4/93 iniciando sus inasistencias desde esa fecha, la Administración resuelve no justificarlas y sanciona su cesantía pero no cumple con el procedimiento sumarial previo, ni da intervención al Organo de Asesoramiento Jurídico Permanente. Evidentemente el empleado tenía derecho a ser oído previamente. El Municipio debió informarle del rechazo de la justificación médica, el mismo día de su presentación, e intimarlo a trabajar bajo apercibimiento de dejarlo cesante, dándole la oportunidad de exponer sus razones o ampliar la fundamentación médica si poseía suficientes antecedentes para hacerlo, o en su caso presentarse a trabajar, supuesto este en que solo cabría la sanción del descuento pero no del cese de la relación laboral.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, sentencia condenatoria, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: AURY, ALEJANDRO RUBEN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

Frente a la prolija articulación de razonamientos sustentados en el análisis de la prueba reunida en el proceso expuesta en la sentencia atacada, el impugnante desliza una serie de agravios que no logran persuadir que la Cámara, al reconstruir lo sucedido, hubiera soslayado la aplicación de las reglas de la sana crítica o hecho una aplicación incorrecta de sus principios al explicitar los motivos por los que consideró que el imputado había sido el autor material del homicidio, por lo que sus postulaciones deben ser desechadas. Sin perjuicio de ello, se advierte la irregularidad de no encontrarse acreditada, de acuerdo a las constancias de la causa, la realización por parte de la Alzada de la "audiencia de visu", tal como lo prescribe el artículo 41, inciso 2 "in fine" del Código Penal, audiencia que -tal como lo sostuviera en "Mordini" (A. y S. T. 245, p gs. 251/274)- resulta ineludible, en una interpretación constitucional del sistema procesal escrito que rige en nuestra Provincia -en gran parte todavía vigente, si bien en tránsito hacia un modelo oral- conjugandolo con el artículo 41 del Código Penal, y que permita asegurar que el órgano que efectúa la mensura de la pena cumpla con el estándar mínimo de apreciación personal para poder decidir en función de las premisas dispuestas en el artículo 41 y concordantes del código de fondo. El vicio apuntado no puede ser soslayado por la circunstancia de que la defensa del imputado no lo haya planteado como agravio, ya que se torna necesario que este Tribunal, en una ampliación interpretativa progresiva del ámbito de dicha garantía, como último control de constitucionalidad de la Provincia, y en el rol institucional que tal situación conlleva, efectúe una hermenéutica clarificadora de la norma, que resulte útil a los operadores del derecho, a la par de resguardar tal garantía para la totalidad de los imputados en el ámbito del proceso escrito en nuestra Provincia, todavía en gran parte vigente. (DE LA DISIDENCIA PARCIAL DEL DR. FALISTOCCO) .
Daños y perjuicios, valor vida, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Maidana, Dora Beatriz c/ Fisco de la Porvincia de Bs. As. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-14

La ley civil establece la existencia de un daño legal presunto producido por el homicidio de una persona, es decir, sienta una presunción legal de daño sufrido por la viuda e hijos del difunto, a quienes se les debe indemnizar en función de esa previsión legal por la privación de lo necesario para su subsistencia (arts. 1084 - 2da. parte- y 1085 -2da. parte- Cód. Civil. Así, el art. 1084 establece que es lo que corresponde resarcir y el 1085 determina las personas que pueden reclamar esa indemnización, por lo cual tienen derecho a ampararse en la presunción de daño ocasionado por el deceso, al que se refiere la segunda parte del art. 1084 del Cód. Civil, el cónyuge sobreviviente y los herederos necesarios de la víctima (art. 161 inc. 3, ap. "a", Constitución Provincial).
Conducta procesal, doctrina de los actos propios
Materia: LABORAL
Carátula: CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE LA BANDA c/ JOSE ALBERTO SARQUIZ E HIJOS S.R.L. s/ COBRO DE APORTES DE CUOTA SINDICAL Toloza, Elsa c/ Miranda, Mirta y/u otros s/ Diferencias de sueldos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-10-15|2000-10-04

La teoría de los propios actos torna inadmisible la conducta que coloca a la parte en contradicción con su comportamiento anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Ello a fin de resguardar la buena fe que debe observarse en la conducta procesal que constituye la médula de dicha teoría.
Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: KASIH DE NASSER, Hadui c/ FERREIRA, Juan Ramón; SARAVIA, Josefina Rita s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-18

Cabe destacar que La Ley 21.452 ha venido a reformar el art. 20 de la ley 13.246, al señalar que: "vencido el término legal o al término pactado, si éste último fuera mayor, el arrendatario deberá restituir el predio sin derecho a ningún plazo suplementario para el desalojo y entrega libre de ocupantes".	De los términos de la disposición legal citada, surge que la legislación de la materia no acepta la tácita reconducción, es así que la continuación del arrendatario por un período dado, no es sino la condescendencia del propietario que no hace uso de su derecho.
Constitución Nacional, jerarquía constitucional, ley provincial, procedimiento laboral, recursos, depósito previo
Materia: PROCESAL-LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos S.R.L. s/ Juicio laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

El art. 57 de la ley 7718 de Procedimiento Laboral (t.o. por decreto 4444/93) en la medida que dispone que "en caso de sentencia condenatoria los recursos se concederán únicamente previo depósito de capital, intereses y costas ...", resulta palmariamente contrario a las disposiciones contenidas en el texto de la Constitución Nacional que por su superior jerarquía deben prevalecer (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Pacheco, Julio Cesar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-28

Si bien la negativa del a quo y la oposición del fiscal se basaron exclusivamente en la pretendida extemporaneidad del pedido, deben considerarse todos los requisitos que hacen a la procedencia del instituto, tanto más cuanto que ellos han sido motivo de pronunciamiento plenario, no afectado en este sentido por fallos posteriores de la CS, que modificaron su alcance en otros aspectos. No puede accederse a la pretensión de suspender el juicio a prueba encontrándose el delito imputado incriminado con pena de inhabilitación. (Dres. Yacobucci, Mitchell, García).
Juicio ejecutivo, recurso extraordinario, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION c/ Red Celeste y Blanca S.A. s/ EJECUCIÓN FISCAL S.A. s/ EJECUCIÓN FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

Resultan inadmisibles, por principio, los remedios fundados en el art. 14 de la ley 48, si la sentencia que se pretende llevar a conocimiento del Alto Tribunal refiere a juicios ejecutivos o de apremio. Sólo se ha admitido cuando se encuentra en juego algún supuesto de gravedad institucional o cuando lo resuelto pudiere conducir a la frustración de un derecho federal , hipótesis que se ha aceptado en los casos en que lo decidido conduzca a que progrese la acción ejecutiva pese a la ausencia de uno de sus requisitos básicos, como es la existencia de deuda exigible y que ello resulte manifiesto de autos, en forma de conferir seriedad a la impugnación que con esa base se hubiese intentado.
Prescripción, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAN ISIDRO S.E.C.P.A. c/ MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA s/ Ordinario (LIBRO: S150 - 310)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-04-03

La existencia de actuaciones administrativas no se pueden considerar como eficaces para interrumpir el curso del plazo de prescripción.- Para ser interruptiva, debe concretarse en actividad judicial. El inicio del plazo de prescripción comienza desde la comisión del hecho, que da nacimiento a la responsabilidad civil.- Debe aplicarse la prescripción decenal a los casos que derivan del incumplimiento de un contrato, situación que no se da en el presente caso, que al no haber contrato, la prescripción a regir es la del art. 4037 C.C., es decir la bienal.- por responsabilidad extracontractual.-
Huelga, suspensión del derecho de huelga, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-06

Es irrazonable aplicar la prohibición que imponían las leyes 21.261 y 21.400 al cese de actividades en el que participaron los trabajadores del Frigorífico Swift-Armour de La Plata y al posterior despido de los mismos en el mes de noviembre de 1979, cuando habían transcurrido más de tres años de la sanción de la norma dictada transitoriamente por la 'dramática situación que atravesaba el país' en ese entonces según sus fundamentos -y aunque persista el estado de sitio- porque las circunstancias diferentes que imperaban a la época de las cesantías no encuadraban en ninguno de los supuestos que se contemplaban en el régimen legal de emergencia.
Responsabilidad del corredor, daños y perjuicios, compraventa inmobiliaria
Materia: CIVIL
Carátula: Granda María Natalia y otro c/ Divitto Sergio A. y otros s/ escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-11-01

Es responsable el corredor que intervino en una operación de compraventa de un inmueble, por los daños y perjuicios ocasionados al comprador, derivados de la imposibilidad de obtener la escrituración del mismo, pues al no verificar que el bien enajenado no era de titularidad del vendedor, resulta solidariamente responsable con éste.
Quiebra, desapoderamiento, legitimación procesal, fallido, incidentes, obligaciones facultativas
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Antonio Barillari SA c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por gastaldi martin y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

No cabe atribuir a la intervención del fallido prevista en la LCQ 110 el carácter de parte necesaria en el incidente y que, cuando éste ejercer la facultad de que se le reconozca legitimación para intervenir, lo hace en el estado en el que el incidente se encuentre y sin retrotraer el procedimiento. En efecto, la representación necesaria está en cabeza de la sindicatura y la legitimación del fallido para participar en los incidentes de revisión es facultativa de conformidad con lo previsto en aquella norma (v. esta Sala, "Massuh Héctor s/ Quiebra s/ Incidente de Revisión promovido por ARBA", del 3/05/13).
Daños y perjuicios, establecimientos asistenciales, responsabilidad médica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Silva, Elvio c/ Sanatorio San José s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Constituye culpa por acción el obrar del cirujano interviniente -y por ende debe responder el sanatorio accionado- si ha quedado demostrado que ha fracasado la hemostasia definitiva (detención espontánea o artificial del flujo sanguíneo o hemorragia) provocando sangrado y consecuente formación de un hematoma disecante causante de la necrosis hemorrágica del testículo derecho del actor, que obligó posteriormente a su extirpación mediante una segunda intervención quirúrgica.-
Efectos de la sentencia penal en sede administrativa, sentencia absolutoria, non bis in ídem
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Noriega, Juan Carlos c/ Provincia de Catamarca y/o O.S.E.P s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-12-23

La actora alega violación del principio non bis in ídem, por no haberse tomado en cuenta en sede administrativa la absolución dictada en sede penal.

En relación a la autonomía de los ámbitos penal y administrativo en materia de responsabilidad, esta Corte ha sostenido que ambas jurisdicciones son autónomas en sus procedimientos, en las conductas tipificadas como reprochables, en sus pautas de interpretación fáctico-jurídicas y en las sanciones aplicables, y ese carácter deriva lógicamente de la diferente naturaleza de los parámetros enjuiciadores de la conducta en cada una de ellas y de la diferencia cualitativa de las sanciones previstas por los diversos órdenes jurídicos que las rigen, por lo que pueden subsistir responsabilidades de carácter administrativo aún cuando obrare sentencia absolutoria en sede penal.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, sentencia condenatoria, prisión perpetua, accesorias legales, costas, homicidio criminis causa, femicidio, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: R., D. V.  c/  s/ Homicidio r/víctima s/ impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-27

Cabe rechazar la impugnación ordinaria deducida por la Defensa, y en consecuencia, confirmar la sentencia que condenó al imputado a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas -arts. 5, 12 y 29 inc. 3° del CP-, en orden al delito de homicidio criminis causa en concurso ideal con femicidio en carácter de autor -arts. 80 inc. 7 y 11, 54 y 45 del CP-, dado que el a quo en forma motivada y concordante concatenó la prueba de cargo, no tratándose de meros indicios anfibológicos que hayan llevado a una conclusión forzada de cómo ocurrieron los hechos, tal como postula la Defensa que sólo se limita a tildar de inconsistencias y contradicciones sin sustento alguno, calificativos que por sí solos no consiguen desvirtuar el correcto mérito que hicieron las judicantes al tener por acreditado que el acusado fue autor penalmente responsable de la muerte de la víctima.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la fundamentación normativa, seguros
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Collado de Veiras, Julia c/ El Porvenir Coop. de Seguros Limitada. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, considerando que pese a que la aseguradora dejó vencer los plazos para solicitar mayores informes y eventualmente negar su cobertura, el asegurado la habría inducido a un entendimiento falaz de los hechos, hizo prosperar la demanda por la mitad del monto reclamado, omitiendo aplicar los arts. 46, 51 y 56 de la ley 17418.