Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-10


VEGA MILESI, Francisco Rafael contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 195 p 187-190. Santa Fe, 10 de marzo del año 2.004. VISTOS: los autos "VEGA MILESI, Francisco Rafael contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. Nro. 231, año 1.987); para resolver el recurso extraordinario interpuesto a fojas 429/442; y, CONSIDERANDO:

1. Contra la resolución de fecha 27.03.2002 (A. y S., T. 178, págs. 19/25) por la que este Tribunal resolvió "Hacer lugar a la impugnación de la liquidación de fojas 216/220 y ordenar se practique una nueva con sujeción a lo dispuesto en los considerandos precedentes", dedujo la parte actora recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresó que el recurso resulta admisible por cuanto se interpone en tiempo, por parte legitimada al efecto, destacando que la sentencia ha sido dictada por el superior tribunal de la causa y que es equiparable a sentencia definitiva por cuanto hace lugar a la impugnación de la liquidación planteada por la demandada después de fenecido el pleito.

Aseveró que ello lesiona derechos constitucionales oportunamente introducidos al pleito y que le genera un agravio actual porque la resolución recurrida priva al actor de sus derechos adquiridos definitivamente incorporados a su patrimonio. Tras relatar pormenorizadamente los hechos de la causa y de manera casi literal la impugnación de la liquidación, su contestación y la resolución que ahora ataca, expresó que ésta lo agravia porque: viola el principio de seguridad jurídica, por cuanto en aras de la "simple clarificación del 'cuantum' de la condena" modifica los efectos jurídicos de actos procesales pasados en autoridad de cosa juzgada, para lo cual admite la posibilidad de revisar liquidaciones no sólo aprobadas sino pagadas.

Dijo que no es cierto que lo que ha pasado en autoridad de cosa juzgada es el fallo de los autos principales; que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se cuantificó y se cobró a través de un proceso legítimo, por lo que, contrariamente a lo que sostiene el fallo "lo percibido por Vega Milesi es la cosa que se juzgó". Asimismo, afirmó que los "... efectos de irrevisibilidad de la cosa juzgada, una vez terminado el juicio mediante la ejecución forzada de un juicio de apremio ... alcanzan también a las aprobaciones de liquidaciones", sentenciando que "Si esos actos no adquieren nunca firmeza, en realidad la cosa juzgada ya no existe".

Como segunda causal endilgó al fallo violar el artículo 17 de la Constitución nacional. Ello así porque "... el bien reconocido por sentencia firme y definitivamente incorporado al patrimonio de Vega Milesi pretende ser discutido -no se dice bien con qué alcance, si discursivo, si doctrinario o va en pos de su reivindicación judicial- sin sentencia fundada en ley. Agregó que "Lo que se ha incorporado al patrimonio de Vega Milesi son todos los efectos producto de un juicio terminado. Una vez satisfecho el capital, el Tribunal no está facultado para revisar ninguno de los efectos ya cumplidos en el proceso judicial, porque esos efectos (tanto la sentencia como los haberes cobrados, como los actos procesales firmes reconocedores de esos efectos) se han incorporado definitivamente a su patrimonio.

En tercer lugar dijo que el fallo cuestionado es inconstitucional porque ha violado la regla del debido proceso. Ello le resulta palmario pues habiendo el actor cobrado íntegramente el capital el 15.10.98 puede, en el año 2.001, la ejecutada pretender la impugnación de la liquidación aprobada en el principal en el año 1.995 en base a un criterio jurisprudencial nacido en el año 1.996. Adujo que viola el derecho de defensa el fallo cuando simula reducir los alcances de su decisorio a la clarificación del cuantum de la cosa juzgada, "porque si bien sobre la devolución peticionada expresamente ... afirma que 'no es el caso pronunciarse sobre ello en este momento' lo cierto es que acaba de determinar que la liquidación cobrada excedió el importe que ahora entiende -según un criterio posterior- correspondió y manda practicar una nueva conforme las nuevas pautas reductoras.

Lo cual no puede entenderse que tenga por objeto la mera contemplación de la verdad y la belleza" En cuarto lugar, manifestó que el fallo también es inconstitucional por arbitrario, pues no se funda en norma procesal o constitucional alguna. "La realidad - expresó- es que este fallo se funda en la nuda voluntad" En quinto lugar alegó la arbitrariedad del fallo porque fue planteada la falta de jurisdicción del Tribunal para revisar el juicio y siendo ésta una causal para anular este fallo, no fue considerada. Por último agregó que también lo es por prescindir de circunstancias comprobadas de la causa, al tratar la impugnación de la liquidación como si fuese la de una no cumplida, e incurre en afirmaciones dogmáticas, al expresar que no es óbice para la revisión de la liquidación el hecho del pago.

2. Corrido el pertinente traslado, lo contestó la demandada a fojas 445/456 solicitando el rechazo del recurso intentado tanto por sus aspectos formales como sustanciales. 3. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la admisibilidad a fin de conceder o no -según corresponda- el recurso federal intentado. Adviértase que el referido juicio ha de estar dotado de un razonable mínimo de fundamentación, no bastando fórmulas estereotipadas o genéricas, desprovistas de una concreta referencia a las circunstancias del litigio y a los agravios del recurrente (Cfr. en tal sentido, Guastavino, Elias P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", T. I, p. 189).

Con esa inteligencia, debe advertirse que obstan a la concesión del recurso intentado dos razones fundamentales: la falta de definitividad de la resolución y la ausencia de agravio actual. En efecto, el pronunciamiento atacado por el recurso en análisis versa sobre la rectificación de la planilla oportunamente aprobada y tenida por base de la ejecución; siendo ello así, obstan a la concesión del recurso la circunstancia de que una liquidación como acto propio de la ejecución de una sentencia no resulta definitiva ni equiparable a ella a menos que, con la mera fachada de acto de ejecución, no tienda a hacer efectiva la sentencia o lo haga de manera irrazonable o con arbitrariedad (ver Sagües, Néstor P., "Recurso extraordinario", Ed. Astrea, Bs. As. 1992, T. I, pág. 375).

En el caso, esta Corte no hizo más que -ante la impugnación de la demandada y previa sustanciación- ponderar si la liquidación que se había practicado resultando base de la ejecución era la que más fiel y legalmente interpretaba el pronunciamiento de fondo dictado en la causa y arribó a una conclusión negativa.

En efecto, este Cuerpo tan sólo reconoció los errores de cálculo que se evidenciaron en dicha planilla, precisando lo que correspondía conforme a la sentencia dictada. Tal carácter de mera corrección o rectificación de errores no se desvirtúa por el hecho de que se identificara con un precedente en que se consideró una situación similar, el que no importó un nuevo criterio jurisprudencial. El recurrente no refuta el fundamento de este Tribunal al sustentar que una liquidación ha de ser la traducción matemática de la cosa juzgada, por lo cual entendió que no cabe el mantenimiento de una liquidación errónea so pretexto de óbices formales a su revisión.

Esta circunstancia fáctica -de la originaria incorrección de los cálculos, exteriorizada en la planilla de fs. 371/377- no ha sido objetada por la recurrente, patentizando con ello, la falta del perjuicio en concreto. Además tampoco demuestra ni fundamenta la actualidad del agravio, sin cuya concurrencia no cabe admitir la vía extraordinaria. Es que el pronunciamiento respecto del cual el recurrente plantea su recuso extraordinario no tiene otra trascendencia jurídica que la de precisar si las operaciones de la liquidación se ajustaron a los términos de la sentencia dictada y consecuentemente declarar el verdadero alcance económico de la condena.

Cierto es que la impugnante manifiesta que esa decisión "...no puede entenderse que tenga por objeto la mera contemplación de la verdad y la belleza". No obstante, más allá de tales calificativos, el Tribunal aclaró expresa y determinadamente que ese pronunciamiento no tenía otro alcance que no fuera "la verdad" en cuanto al justiprecio económico de la condena, sin emitir juicio alguno sobre la eventualidad de una repetición, refiriendo puntual y concretamente a que "los demás cuestionamientos formulados responderían, en realidad, a una pretensión distinta a la aquí esgrimida (v. gr., la repetición de lo abonado), por lo que no es el caso pronunciarse sobre ellos en este momento".

En conclusión, la resolución atacada carece del atributo de definitividad necesario para ser objeto del recurso extraordinario intentado y no ha demostrado la impugnante que le ocasione un agravio actual y concreto, todo lo cual sella de manera definitiva la suerte adversa del juicio de admisibilidad que está llamado a formular esta Corte. Por todo lo expuesto y los dispuesto en el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE:

denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas. Regístrese y hágase saber. Fdo.:FALISTOCCO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)