Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-25


Autos N° 10.102 - RICHARD, Marcelo Alejandro C/ San Juan Mayorista S.R.L. S/ Apelación de Sentencia" // la ciudad de San Juan, a los 25 días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Julio Rolando Coll, Lucía E. Daroni de Pontoriero con integración del Dr. Germán Parra, por inhibición del Dr. Miguel Ernesto Novoa, bajo la presidencia a cargo del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación deducido en "Autos N° 10.102 - Richard, Marcelo Alejandro c/ San Juan Mayoristas S.R.L. s/ Apelación de sentencia", de cuyas constancias:

RESULTA:

Que por sentencia dictada a fs. 789/814 por el Sr. Juez del Primer Juzgado Laboral, se resolvió: 1°) Hacer lugar a la demanda en el modo expuesto precedentemente, condenando a la codemandada San Juan Mayorista SRL, a pagar en el término de diez días de quedar ejecutoriada la presente a Marcelo Alejandro Richard, la suma emergente de la liquidación a practicarse conforme a las pautas dadas en los considerandos precedentes. Las costas en cuanto a ésta acción, se imponen a la codemandada (SAN JUAN MAYORISTA SRL). 2°) Rechazar la demanda dirigida contra el codemandado Sr. Jorge Icazati, conforme los fundamentos esgrimidos en los considerandos, imponiéndose la costas respecto de ésta acción, a la actora vencida. 3°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Mario Arancibia, en doble carácter, en el 13%, Humberto Vargas, en doble carácter, todos por la acción dirigida contra SAN JUAN MAYORISTA SRL. Al Dr. Mario Arancibia, en el 7% y al Dr. Humberto Vargas, en doble carácter, en el 9%, por la acción dirigida contra el codemandado Sr. Jorge Icazati. Dichos porcentajes se calcularán conforme al monto de la condena, dejándose constancia que la regulación no incluye IVA. (cfr. arts. 188, 189, y cc de la ley 2150; 125 del CPL y 70 del CPC).

Contra dicho fallo se alza la parte remanadada deduciendo recurso de apelación a fs. 817, concedido a fs. 818, y que funda a fs. 819/823. A fs. 828/830 vta. obra contestación del memorial por la contraria. A fs. 841/842 obra dictamen emitido por Fiscalía de Cámara. A fs.853 se llama autos para resolver, practicándose a fs. 854 el sorteo para la emisión de votos de los Sres. Camaristas, el que arrojó el siguiente resultado: 1)- Dr. Coll; 2)- Dra. Daroni y 3) Dr. Parra.

CONTINUACIÓN EL TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: Es procedente el recurso de apelación deducido por la parte demandada? Segunda cuestión: Costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. JULIO ROLANDO COLL DIJO:

Vienen a resolución de esta sala, los agravios traídos por la demandada, que contestados que fueren por la actora, propondré su resolución, teniendo a estos últimos en consideración, sin transcribirlos en razón de la brevedad de la causa, en un todo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1°) a.- Se agravia la apelante porque el a-quo erradamente afirma que su mandante efectuó descuentos ilegítimos en los salarios del actor, con lo que justifica el despido indirecto. Afirma, que tal conclusión es forzada, que no se corresponde con las probanzas de autos, ni constituye una derivación razonada y lógica del derecho aplicable, constituyendo a la sentencia en injusta y arbitraria y lesiona el derecho de propiedad y debido proceso (arts. 17 y 18 CN). Sostiene que el núcleo argumental del sentenciante de grado deriva del informe del Banco Citibank (fs. 597/599), del que resulta, al ser comparados con los recibos de sueldo del actor, que no se le efectuaron los depósitos de los sueldos del actor, lo que le permite inferir que son reales las alegaciones del accionante, respecto de que se le efectuaron descuentos ilegítimos en sus haberes y cita el ejemplo del mes de enero de 2008, que no figura depositada en el informe del Citibank. Afirma el apelante, que ese mes y otros, no le fueron depositados al actor, porque percibió sus haberes en dinero en efectivo en forma simultánea a la suscripción de los recibos de sueldo, en efectivo y en mano, lo que era solicitado por los propios empleados y cita art. 124 LCT como asiento legal de tal proceder. Cita el art. 124 LCT y seguidamente la Resolución del Ministerio del Trabajo y Seg. Soc. N° 644/97, art. 1°, que al pago bancario lo hace exigible solamente para empresas que tengan más de cien trabajadores, que no es su caso. Que algunas veces se pagaba una parte en efectivo y otra se depositaba y en estos casos el grueso del sueldo siempre se abonaba en efectivo. Afirma que del informe del Citibank (fs.599), surgen 10 acreditaciones de haberes u otros conceptos salariales -cuyo detalle no informa el banco- en el período que va de la apertura de la cuenta (28-09-2006), hasta la extinción del vínculo contractual (30-05-2008), siendo ello prueba suficiente de que la mayoría de las veces el actor percibió sus salarios en dinero en efectivo, al momento de firmar el recibo de sueldo. Afirma que siempre se le abonó la remuneración conforme lo exige la LCT y las deducciones que se le hicieron fueron legítimas y conforme a la legislación vigente, ya sea por adelantos de sueldo (art.130 LCT) o por embargos judiciales (oficios fs. 771/778), pero nunca esas deducciones fueron por "rotura o vencimiento de mercadería". Prueba inequívoca son los libros de sueldos y jornales que en copia certificada obran a fs. 503/524 y los recibos de sueldo obrantes a fs. 730/745, cuyas firmas fueron reconocidas por el actor (ver absolución de posiciones de fs. 204). Cita art. 1028 Cód. Civ. .Afirma que el recibo de sueldo es el único medio de acreditar el pago de la remuneración (conf. art. 138 de la LCT) y cita doc. y Jurisp. - Sostiene que este es el único instrumento que refleja y prueba el desplazamiento del dinero del empleador al trabajador y ello surge evidente de la prueba rendida en autos. De allí que el apelante entienda que le resulte ilógica la afirmación del a-quo de "que ninguna importancia tiene la existencia de recibos firmados por el trabajador", pues ello importaría por vía pretoriana, dejar sin efecto la aplicación del art. 138 LCT. Afirma en su crítica a la sentencia del a-quo, que surge de la prueba testimonial -obviada por el Juez- que su mandante nunca dedujo al actor de sus haberes importes en concepto de mercadería vencida o rota y cita a los Srs. Avalos (fs.259), respuesta a la repregunta novena; Sr. Recabarren, repregunta 8va. del interrogatorio de fs. 279) y Sr. Reinoso, repregunta 6ta. (fs. 281), que en todos los casos responden que la responsabilidad por la mercadería rota o vencida la asumía la empresa. Entonces, por lo expuesto, el análisis del juez a-quo, resulta arbitrario. b.- También en su crítica el apelante refiere al acta de inspección labrada por el SEC que obra a fs. 488/490 y de la cuál surge -según el a-quo- que el actor no percibió salarios porque se le hicieron descuentos indebidos, lo que le causa agravio. Sostiene que el acta referida nada tiene que ver con las cuestiones discutidas en la causa, que en ella se consigna textualmente: "que se habría observado el no pago del presentismo sobre la suma fija abril de 2008. También figura en los recibos días descontados por enfermedad..." Afirma que no ha sido remitido el expediente donde consta el acta que fue impugnada por su parte y que dichos datos fueron rectificados por el sindicato y solo se abonó una suma ínfima. Que el acta versa sobre asuntos que escapan en forma manifiesta al tema que venimos analizando -si se hicieron o no descuentos al actor por mercadería vencida o rota-. Sostiene además que del acta no surge que el actor hubiere estado entre los empleados que fueron relevados, porque no trabajaba en la fecha en que fue confeccionada; porque se realizó en un local distinto al que el Sr. Richard prestaba labores, circunstancia que fue pasada por alto por el sentenciante de grado, por lo que las aseveraciones de conductas antijurídicas o maniobras ilegítimas urdidas con dolo, solo pueden sustentarse con pruebas contundentes al respecto y como ha quedado demostrado su parte no tuvo un actuar contrario a derecho con el actor.

Planteados en estos términos los agravios y luego de un exhaustivo análisis de los contenidos de las sentencia puesta en crisis colijo, al igual que el actor, que: a) El demandado no se hace cargo del argumento principal del sentenciante de grado que sostiene que al actor se le efectuaban descuentos salariales ilegales y por ende que resultaba acreedor de ellos, lo que se constituye en una injuria grave, afirmando que ellos surgen indubitable del cotejo de los resúmenes de la cuenta salario del actor con los recibos de sueldo, en forma evidente y persistente. La apelante sostiene que las diferencias fueron abonadas en efectivo al momento de la suscripción de los recibos. Del análisis de la prueba resulta la existencia del informe del "Citibank" -fs. 599- (no impugnado), en el que se comunica que la fecha de apertura de la cuenta de acreditación de haberes del actor -cuenta sueldo- lo fue el 28-09-2006, existiendo depósitos en concepto de acreditación de haberes durante los meses de octubre y noviembre de 2006, marzo, abril, mayo, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2007 y abril 2008. A la luz de dicho informe y el reconocimiento expreso que realizan actora y demandada (ver demanda y contestación) de que esa era la forma de pago, más los recibos de sueldo adjuntados por ambas partes en los que se lee "Banco de depósito": "Banco Citibank", colijo con total certeza, que la materialización del pago de haberes del actor se encontraba bancarizado y que la entidad bancaria a través de la cuál el accionante percibía su remuneración, era el Banco Citibank. Ahora bien, de las resultas del comparativo de los recibos de sueldo (fs.725-724) y del informe de dicha entidad correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2006, emerge que le correspondía percibir con los descuentos de ley el importe neto de $1231,24 y $1077,05 respectivamente, habiéndose bancarizado o depositado los importes de $574,38 y $600,70, (fs.599) resultando a favor del actor las diferencias de $656.76 y $476,35, cuya percepción no obra acreditada en autos. Con relación a el año 2007, mes de marzo, debió percibir, $1480,51 (fs.719) y se le depositó la suma de $461,06 (fs.599), resultando a favor del actor la suma de $1.019,45; mes de abril, debió percibir la suma de $1.153 (fs.718), y se le depositó 512,26 (fs.599), resultando a favor del actor la suma de $641,06; mes de mayo, debió percibir la suma de $1221,67 (fs.717), y se le depositó la suma de $31,11(fs. 599), resultando a favor del actor la suma de $1190,56; mes de setiembre, debió percibir $1.382,79 (fs.630), y se le depositó la suma de $164,64 (fs.599), resultando a favor del actor la suma de $1.218,15; mes de octubre, debió percibir la suma de $1569,14 (fs. 632), y se le depositó la suma de $315,39 (fs.599), resultando a favor del actor la suma de $1253,75; mes de noviembre, debió percibir la suma de $1644,69 (fs. 638) y se le depositó $46,70 (fs. 599), resultando a favor del actor la suma de $1597,99 y en el mes de diciembre debió percibir la suma de $1637,86 (fs. 712) y se le depositó la suma de $357,13 (fs. 599), resultando a favor del actor la suma de $1.280,73; en el mes de abril del año 2.008, debió percibir la suma de $1698,23 (fs. 707) y se le depositó la suma de $724,53 (fs.599), resultando a favor del actor la suma de $973,70. En todos los casos no existe acreditación del pago de las diferencias resultantes. De los meses no mencionados desde la fecha que se abrió la cuenta sueldo en el City Bank a favor del actor, no figuran depósitos, no existiendo regularmente conforme a la ley constancia de pago alguno, que se relacione en forma directa con el sistema bancarizado elegido como forma pago. Tampoco existe recibos conforme a la ley en los que consten abonadas las diferencias que se han explicitado precedentemente, lo que indudablemente ratifica la decisión del sentenciante de grado, el que luego de un exhaustivo análisis de la forma de pago acordada (cuenta sueldo), los recibos existentes y los principios que gobiernan la relación laboral -primacía de la realidad, orden público e irrenunciabilidad, otorga prevalencia al resumen de cuenta emitido por la entidad bancaria, de donde surge la falta de cobro, (connatural de la falta de depósito) de la remuneración, por sobre los recibos de haberes firmados por el trabajador (fs. 797,vta., 798 y sts), criterio, para el caso de autos, como lo vengo sosteniendo, es compartido por esta vocalía.

b) Sin perjuicio de lo sostenido precedentemente y en el devenir del análisis de la documentación acompañada y en consideración la forma de pago elegida y lo sostenido por la demandada respecto a que se le realizaban, entre otros, descuentos por embargos judiciales, los que constan en los recibos de sueldo de fs. 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 721 y 724, que reflejan, luego de su descuento, el neto que debió haber percibido por depósito bancario y como ya se ha descripto precedentemente, no obra acreditado que tal "neto" haya sido depositado en la cuenta sueldo que nos ocupa. La apelante afirma en su agravio, que siempre se le abonó la remuneración conforme lo exige la LCT y las deducciones que se le hicieron fueron legítimas y conforme a la legislación vigente, ya sea por adelantos de sueldo (art.130 LCT) o por embargos judiciales (oficios fs. 771/778), pero nunca esas deducciones fueron por "rotura o vencimiento de mercadería". Ahora bien, con relación a las deducciones por adelantos de sueldo, que afirma la apelante se le habrían realizado, en un primer análisis, del repaso de los recibos de sueldo (fs.707 a 729; fs. 730 a 745 y 622 a 660), no emerge constancia alguna de que hubieren quedado registrado en ellos, como tampoco obra en autos recibos con las formalidades de ley (conf. art. 130 últ. párrafo, 132 inc. a y 131 LCT), tampoco tales supuestas deducciones por adelantos salariales se reflejan en los depósitos obrantes en la cuenta sueldo del Citybank (fs. 599). Por otra parte de las constancias de los 25 folios acompañados por la actora, que individualiza en la prueba documental apartado e), como retiro o adelanto de fondos, los que en realidad rotula como "descuentos ilegales" (fs.79) y que obran entre fs. 606 y 620 de autos, impugnados por la demandada por carecer de firma de la accionada o no tener firma (fs. 127 vta. y 128), salvo cinco de ellos, autorizados por la accionada y suscriptos por representante autorizado, según su propia expresión confesional (fs.127 vta.), que individualizados resultan los de fs. 621 de fecha 21-01-2008, por $11,76; fs. 623, de fecha 17-01-2007, por $423,40; fs.624, de fecha 12-01-2008, por la suma de $32,20; fecha 10-01-2008, por la suma de 504,63 y; fecha 03-01-2008, por la suma de $500, 19. Ellos expresan autorizaciones para el retiro de fondos y en ellos se dice: "...que será debitado de su sueldo." Ahora bien, del análisis comparativo con los recibos de sueldos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2008 (fs. 637, 709 y 710); enero y febrero de 2007 (fs.720 y 721), no emerge reflejado débito alguno relativo a la autorización de retiro. Consecuentemente emerge contundentemente que los recibos de sueldo no resultan el reflejo de la realidad objetiva en la que se desenvolvía la relación laboral en cuanto al pago del salario y los descuentos que acusa, irregularmente se le efectuaban al actor. Que además para arribar a esta conclusión, no solo tengo en cuenta la referencia precedente, sino también emerge del resto de los instrumentos acompañados, impugnados, la presunción grave, precisa y concordante de que dichos descuentos existían, a más del análisis efectuado relativo a la "cuenta sueldo" del actor en el City Bank. Obsérvese que los recibos reconocidos por la demandada (cinco) en los que se autoriza retiro de dinero al actor y el consecuente descuento del salario, no reúnen los requisitos dispuestos por la ley sustantiva para este tipo de recibos de anticipo o adelantos (conf. art. 130 últ. parte), como tampoco se ven reflejados en las constancias de los recibos de ley acompañados por las partes y antes individualizados, lo que resulta a más de una prueba directa de las aseveraciones del actor, la concreción de la base indiciaria para interpretar que los otros recibos acompañados materializan y dan certeza a la presunción que surge de ellos respecto de los descuentos efectuados irregularmente, como afirma el actor. En este sentido se ha dicho: "Un hecho, una cosa, una actitud, se transforman en indicios en cuanto indican la existencia de una relación mediante la cual puede presumirse la existencia de otro hecho del que es un atributo. Presunción es la operación mental en la que, por aplicación de esa relación, puede llegarse al conocimiento de ese hecho" (Cám. Civ. Com y Min. de San Juan, Sala 3a., "Marcos, Laura Liliana c/ Berenguer Francisco Santos s/ ordinario", 15/07/96.). De las constancias probatorias descriptas a lo largo de esta parte del resolutorio, con base en la sana crítica como eje del análisis de la prueba documental, informativa y de reconocimiento descripta, como de la aplicación del art. 442 del CPC (conf. art. 161 CPC), según se expresara precedentemente, emerge claramente la insuficiencia de la crítica del apelante para conmover las sentencia del a-quo, en tanto describe con claridad y precisión las normas del orden público laboral violadas por la patronal en el desenvolvimiento de la relación de dependencia, y en particular en el pago del salario, descuentos efectuados, su falta de figuración reflejada tanto en los recibos de sueldo, libros de sueldos y jornales (móviles), como también la inexistencia de acreditación de dichos descuentos -que afirma la demandada haber efectuado por adelantos salariales- en recibos conforme a la ley. Tampoco ello surge de la materialización de los pagos efectuados en la "cuenta sueldo del actor". No cabe ninguna duda que este es un caso evidente de violación del principio de integridad del salario, atento a que no se han respetado los arts. 130, 131, 121 inc. a, y 133 de la LCT. y aún considerando la formalidad de los recibos de ley adjuntados a la causa y ya analizados, por aplicación del principio de la realidad y de protección del salario del trabajador, no obra acreditado como se ha dicho, que se haya efectivizado el pago del salario conforme a lo cánones legales y contractuales, por lo que resulta legítimo que el sentenciante de grado haya otorgado primacía o prevalencia al resumen de la entidad bancaria (City Bank) de la cuenta sueldo del actor, no impugnada, respecto a los contenidos de los recibos de sueldo en cuanto al efectivo pago del salario que de ellos resulta, a más como se ha dicho, sin perjuicio del precedente indicado, que en los recibos de sueldo "no aparecen individualizados", los supuestos adelantos salariales reconocidos por la demandada. Tampoco existe recibo alguno de que haya percibido el salario por ventanilla, como afirma el apelante, con los descuentos de los adelantos. Consecuente con los argumentos vertidos, emergentes de los hechos, documental, indicios y presunciones descriptos, como de los fundamentos normativos alegados, propugno el rechazo del recurso en este agravio, bastando afirmar que las declaraciones testimoniales que cita el apelante, resultan de carácter general, sin demostrar un conocimiento directo sobre los hechos traídos aquí como fundamento de la apelación, toda vez que no indican en forma directa que al actor no se le hubieren realizado descuentos por mercaderías vencidas o por otra razón. Respecto de la generalidad sobre la que responden y que alega la apelante, no explican como lo saben, circunstancias que en modo alguno pueden modificar los contenidos descriptos en el resolutorio, emergentes de la documentación analizada.

c) En otro orden y con relación a la crítica que efectúa el apelante respecto del acta de inspección labrada por el Sindicato de empleados de Comercio que obra a fs. 488/490 y que el sentenciante de grado ha considerado como un elemento tenido en cuenta para valorar la conducta de la demandada (fs.798 vta. y sts.), atento a que existe una disociación "...entre los libros de sueldos y jornales, recibos de haberes y planillas de asistencia de los períodos en que aún trabajaba el actor, en los que detecta el no pago del presentismo y suma fija de abril de 2008. También figuran los días descontados por enfermedad y otros con suspensión y en las planillas de asistencia se encuentra en su totalidad firmado, concluyendo que es coincidente con la forma de proceder observado en el caso de autos." De tales contenidos, se desprende con absoluta claridad, que tal circunstancia es tenida en cuenta por el a-quo de manera referencial, en cuanto a la conducta o proceder de la demandada, que resulta coincidente con el tipo de conducta mostrado en el análisis del agravio precedente, por lo que la crítica respecto a la relación de tal acta con la no presencia del actor en el lugar del relevamiento y la fecha en que fue confeccionada (posterior al distracto), carecen de asidero, por lo que huelga la no realización de un mayor análisis sobre sus contenidos, considerando adecuada su desestimación. 2°) En cuanto a este segundo agravio, relativo a que el juez de grado ha tenido por no acreditada la suspensión de diez días impuesta al actor en fecha 14/05/2008. Afirma el apelante que existe prueba contundente que acredita lo contrario. Afirma que tal suspensión fue reconocida y aceptada expresamente por el actor, firmando al pie de la comunicación, que reza: "responsabilizándose de lo manifestado". Luego en sede judicial reconoce la firma (absolución de posiciones de fs. 204), pero no reconoce el contenido. Afirma que al haber reconocido la firma, también quedó reconocido el cuerpo o texto del documento y cita el art. 1.028 del Cód. Civ. Que debió haber iniciado el incidente de redargución de falsedad (art. 358 del CPC). Cita a los testigos Avalos (fs. 258 vta.), respuesta a la pregunta 6; Recabarren (fs. 278 vta.), respuesta a la pregunta 7° y; Reinoso (fs.280), respuesta a la pregunta 8., declaraciones de las que se desprenden que "Richard tenía suspensiones o llamados de atención por mercadería vencida", en particular la última de ellas en las que el testigo afirma que se le detectó "un montón de mercadería" vencida o rota. Cita las suspensiones por faltas al cumplimiento de sus obligaciones -legajo-. Sobre tal base correspondía tener por probada la grave medida disciplinaria de fecha 14-05-2008.

Ahora bien, el sentenciante de grado (fs. 803), afirma en la integralidad de su razonamiento que: "la suspensión impuesta por la empleadora de 10 días por encontrar mercaderías vencidas o con roturas que habían sido controladas debidamente por el actor, devino improcedente e incausada, toda vez que, mas allá de las consideraciones expuestas supra en orden a la legitimidad de las deducciones al salario del actor, la causa de esta última suspensión de 10 días no fue debidamente acreditada por la accionada en autos". Más afirma que "la persistencia de ... San Juan Mayorista SRL en su actitud, luego de la impugnación de la medida que realizara la actora mediante telegrama de fecha 22/05/08, que luce a fs. 691, hace procedente el rubro reclamado por la actora ..." Planteado el agravio en los términos de referencia y, en consideración a los contenidos fundantes de la actora en su contestación, que no transcribiré en razón de la brevedad de la causa (fs. 628 vta. y 629), pero que tendré en consideración, procedo a su resolución, no sin antes expresar que por la forma en que se resuelve el primer agravio, el presente en modo alguno puede modificar el resolutivo final del sentenciante de grado. Sin perjuicio de ello, corresponde en un primer análisis y conforme al art. 67 de la LCT, revisar la temporaneidad de la impugnación de la suspensión impuesta al actor en fecha 14-05-2008 ( fs. 746) e impugnada en fecha 22/05/2008 (fs. 691). Siendo ello así, resulta procedente la impugnación en cuanto al parámetro temporal impuesto por la normativa de fondo citada (30 días). En este sentido la jurisprudencia tiene dicho: "... es la justicia quien, en última instancia y ante la impugnación de una medida disciplinaria por el trabajador, tiene la potestad de revisarla y disponer su supresión, sustitución o limitación según sea el caso (art. 67 RCT). Se trata de una manifestación de garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18 de la CN) C.Nac. Trab., sala 2a. 29-04-1986, "Salum de Reitano, Josefa D. v. Consorcio Fray Justo Santa María de Oro 2622", JA 1986-IV-Síntesis. En orden a dicha impugnación efectuada temporalmente por el actor, la jurisprudencia tiene dicho: "El art. 67, LCT, determina que dentro de los treinta días corridos de notificada la medida disciplinaria, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de ésta. ... Vale decir que lo que la ley pretende que haga el trabajador es no consentir la sanción, o sea, una manifestación clara y concreta de voluntad que implique disenso y con lo cual preserve sus derechos". Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2a., 1/6/1993, "Torres Roa, Mariluz en Torres Roa, Mariluz v. Fernández y Otin s/ susp. casación", Mendoza 51781. Entonces bien, formulada la impugnación pertinente, correspondía a esta jurisdicción resolver sobre la procedencia de la sanción impuesta y en ese derrotero, alega la apelante que la sanción ha sido reconocida y consentida por la actora al notificarse asumiendo la responsabilidad de lo manifestado en los contenidos de la notificación de la suspensión; redacción no efectuada por la actora, sino por la patronal, por lo que mal se puede tenerse por confeso o reconocido los contenidos de la notificación de la suspensión, existiendo su impugnación conforme a derecho y dentro del parámetro de legalidad y temporal impuesto por la ley sustantiva de fondo en la materia laboral que rige la relación que nos ocupa y que resulta de orden público. Lo cierto es que la sanción fue oportunamente impugnada y marcada la conducta en el sentido de su cumplimiento dentro del parámetro de sus obligaciones laborales y en este sentido se ha dicho: "En el ámbito del derecho del trabajo, la teoría de los actos propios debe merituarse con suma estrictez, por cuanto la manifestación de consentimiento del dependiente hay que analizarla a la luz del principio protectorio y de la irrenunciabilidad de derechos" C.Nac. Trab, sala 6a., 15-07-2003, "Artigas, José K. v. Curtiembres Fonseca SA u otro - Abeledo perrot, pág. 42. LCT - M.H.Mark. Siendo ello así, corresponde considerar improcedente la pretensión de la apelante, de la confesión que pretende por vía del reconocimiento de la firma efectuada en sede judicial de la notificación de la sanción -oportunamente impugnada por la actora- y de las conductas incumplientes que allí se le endilgan (a manera de confesión y conforme al art. 1028 de la ley civil). Ya hemos dicho, que la jurisdicción para resolver las sanciones impuestas a modo de suspensión, corresponde a la justicia y así lo ha entendido el sentenciante de grado, al expresar en su sentencia que las causas alegadas como causales de la suspensión impuesta al actor, no han sido probadas en sede judicial y respecto de ellas, solo menciona la declaración testimonial de los Srs. Avalos (fs. 258 vta., respuesta a la pregunta 6a.), Recabarren (fs. 278 vta., respuesta a la pregunta 7°) y Reinoso (fs. 280, respuesta a la pregunta 7° y 8°) y en todos los casos refieren a generalidades relativas al control de mercaderías vencidas o rotas con respecto al actor, pero ninguno de ellos expresa en su declaración sobre si en la fecha de la suspensión se detectó mercadería en dichas condiciones, y tales respuestas no pueden ser consideradas como prueba de la sanción impuesta el 14-5-2008 al actor por la patronal demandada, razones más que suficientes para mantener la resolución del sentenciante de grado sobre este agravio. 3°) Con relación al tercer agravio (fs.822 vta.), refiere a que éste resulta una derivación de los agravios anteriores, toda vez que declaró la procedencia de los rubros indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, diferencias salariales por descuentos ilegales, remuneración proporcional mes de mayo de 2008 e incremento indemnizatorio del art. 2°, Ley 25.323. A fs. 833, obra la contestación del agravio por la actora, cuyos contenidos serán considerados en este resolutorio y que no transcribiré en razón de la brevedad de la causa.

Atento a que el mismo apelante afirma que este agravio resulta una derivación de los agravios anteriores y teniendo en consideración que ellos han sido rechazados, corresponde en consecuencia decir la improcedencia del presente, lo que así propugno y voto.

Por los fundamentos vertidos precedentemente, propugno el rechazo del recurso traído por la demandada y así lo voto. SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. JULIO ROLANDO COLL DIJO: En cuanto a las costas de esta instancia y atento al resultado de la apelación, propugno que teniendo en cuenta el principio objetivo de la derrota y lo dispuesto por los arts. 800 inc. 10 de la Ley 8.037 y los arts. 187,189, 190 y 196 de la Ley 2150 - Hoy 56 O-, se impongan en su totalidad a la demandada apelante y vencida, regulándose los honorarios profesionales de los Dres. Humberto F. Vargas B., por la demandada y Mario Daniel Arancibia, por la actora, ambos en doble carácter, en el 30% y 40% respectivamente, de lo que se les hubiere regulado para primera instancia.

LA DRA. LUCIA DARONI DE PONTORIERO DIJO: Que pasados los presentes autos a fin de emitir el voto correspondiente; y luego de analizados los términos de la litis, pruebas producidas, fundamentos expuestos por el Sr. Juez de Primera Instancia, los argumentos recursivos, y la exposición y decisión propiciada por el vocal preopinante, me permito disentir con la solución a que ambos arriban, atento razones que seguidamente expongo, por considerar que corresponde acoger favorablemente el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en tanto entiendo que la crítica que formula resulta apta para conmover el decisorio en cuestión.

I- Considero necesario en forma previa, realizar una síntesis de los fundamentos del fallo atacado, como igualmente de los agravios referidos por el apelante. Sostuvo el A quo que correspondía acoger la demanda interpuesta por el actor, condenando a la demandada San Juan Mayorista SRL a abonar al mismo la suma que surja de la sentencia. Fundamentó su decisión, sosteniendo: 1)- Que el distracto se produjo por despido indirecto decidido por el actor, por lo que la prueba del hecho que determinó la ruptura recae en el mismo. 2)- Que surge de las misivas, que fueron múltiples las causales alegadas por el mismo para considerarse despedido; básicamente: supuesta falta de registración de la real fecha de ingreso, en tanto la actora sostiene que fue el día 28/04/05 y no el 29 -mismo mes y año; la categoría o función realizada; suspensiones por roturas o vencimientos de mercadería, categoría distinta de la registrada, diferencias salariales derivada de descuentos ilegítimos, y finalmente, la última suspensión dispuesta por la empresa, que alega lo fue sin justificación. Aclarando seguidamente, que basta que una sola quede probada para que proceda el reclamo. 3)- Que considera que la causal relativa a los descuentos ilegales ha sido acreditada; en tanto de los recibos de haberes surge un importe neto a cobrar que difiere todos los meses del depósito efectuado en la cuenta referida; como igualmente, si bien constan descuentos por embargos, el neto no condice con lo informado por el Citibank en la prueba incorporada a fs. 597/599, surgiendo que incluso algunos meses no se realizó depósito alguno. Que de dicha prueba surge la veracidad de la versión fáctica descripta por la actora como causa de su pretensión, pues los recibos de sueldos no reflejan desplazamiento de dinero alguno. Por lo que, sin perjuicio de lo establecido en la LCT (en cuanto a que el recibo es el medio idóneo de prueba, y por cuanto dicha norma fue sancionada cuando aún no se hacía efectivo el fenómeno de la bancarización), si del resumen de cuenta emitido por la entidad bancaria -a la que el Juez otorga pleno valor probatorio- surgen evidentes disminuciones del haber devengado, en violación a la integralidad, inalterabilidad e intangibilidad del salario, concluye que el trabajador no ha percibido su remuneración y ninguna importancia tiene la existencia de recibos firmados por el mismo que contradigan tal situación. Por lo que le otorga mayor prevalencia al resumen de cuenta bancario que a los recibos suscriptos por el trabajador y demás documentación de la empresa. 4)- Que robustece tal afirmación, el acta de Inspección labrada por el Sindicato de Empleados de Comercio; que si bien lo fue posterior al despido, constata el no pago de presentismo sobre la suma del mes de abril/08; días descontados por enfermedad y otros con suspensión y en las planillas de asistencia se encuentra la totalidad firmado; coincidente con el proceder de la empresa denunciado en autos. 5)- Que por ello, resulta atendible la injuria invocada como causal del despido indirecto, atento caracteres de la remuneración, que debe ser íntegra, inalterable e intangible, aclarando que aunque fuera cierto la existencia de los adelantos alegados por la demandada (que obviamente no respondería según su óptica a sanciones encubiertas), los mismos se habrían efectivizado en violación al art. 130 de la LCT. Que tampoco las deducciones se justifican con las supuestas roturas o vencimientos de mercaderías. 6)- Que por tales razones, también estima que la suspensión impuesta por la empleadora de 10 días por encontrar mercaderías vencidas o con roturas que habían sido controladas por el actor, devino improcedente e incausada, toda vez que la causa de la suspensión no fue debidamente acreditada por la demandada; y su persistencia a pesar de la impugnación del actor, hacen procedente el rubro reclamado como remuneración mayo/08. 7)- Que corresponde desestimar el resto de injurias denunciadas por el actor, referidas a categoría, fecha de ingreso, etc., en tanto no ha controvertido con prueba contundente las constancias registrales llevadas en debida forma por el empleador; expresando que las testimoniales declaran en sentido corroborantes de la misma. 8)- Que proceden por tanto, las indemnizaciones derivadas del despido injustificado, las diferencias salariales por descuentos ilegales entre los meses de sept/06 a abril/08; remuneración proporcional de mayo/08; SAC proporc./08 1° cuota; incremento art. 2° ley 25.323, e incremento salarial no remunerativo Res. 209/08.

II- Contra este fallo se alza la demandada en su recurso de apelación, por considerar que le agravia: a)- La conclusión del A quo de que su parte le hiciera descuentos ilegales al actor en sus salarios y por ende considere justificado el despido. Expresa que el Juez toma de ejemplo el mes de enero/08 en que no figura suma depositada en la cuenta del actor, afirmando que no sólo ese mes no le fue depositado bancariamente, sino varios otros por la sencilla razón de que el actor percibió sus haberes en dinero en efectivo en forma simultánea con la firma del recibo correspondiente; modalidad en que usualmente lo hacía la empresa a solicitud de los propios empleados. Medio de pago permitido por el art. 124 de la LCT, que dispone incluso que en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo. Aclara que la res. 644/97 del MTSS sólo exige el pago por depósito a empresas de más de 100 trabajadores, situación que no es la de la demandada. Es decir, no era obligatorio para ésta abonar sólo en cuenta bancaria; así algunos meses abonaba todo en efectivo, otras por depósito y en ocasiones por pedido de los trabajadores, una parte en efectivo y otra por depósito. Que es más, surge del informe aportado por Citibank sólo 10 acreditaciones en un período que va desde el mes 09/06 al 05/08; prueba indubitable de que el actor la mayoría de las veces percibió su salario en efectivo al firmar el recibo. Con el razonamiento del Juez, se debería concluir, que en un lapso de 21 meses, el actor sólo cobro 10, lo que lógicamente es imposible, pues obviamente el actor hubiera requerido el pago desde un primer momento. Es más, habría reclamado tales meses y no fue pretendido en la demanda. Expresa que las deducciones que se hicieron fueron legítimas, pero nunca lo fueron en concepto de "rotura o vencimiento de mercadería" como lo expresa el actor. Prueba inequívoca son los libros de sueldos y jornales y recibos de haberes firmados y reconocidos en su firma por el actor, llevados en forma; documentos éstos que reflejan el desplazamiento del dinero del empleador al trabajador; resultando ilógica la afirmación del juez. Que también surge de la testimonial que su mandante nunca le dedujo al actor de sus haberes importes en concepto de mercadería vencida o rota; señala las partes pertinentes de las declaraciones rendidas. Que en cuanto al acta de Inspección citada por el Juez, expresa que lo allí consignado nada tiene que ver con el reclamo de autos; a más de que ni siquiera dentro de los empleados nombrados estaba el actor y se hizo en el local de calle Boulogne y no en la sucursal en que el mismo prestó sus funciones. Por lo que no advierte la conclusión del Juez de que tal prueba refrenda los descuentos ilegales reclamados. b)- Que haya tenido por no acreditada la suspensión por diez días impuesta al actor en fecha 14/05/08. Expresa que su parte hizo uso legítimo del poder disciplinario; todo lo que fue aceptado y reconocido expresamente por el actor, quien firmó al pie de la misma; firma reconocida en la audiencia de absolución aunque desconociera el contenido. Aclara que no dedujo ningún incidente de redargución de falsedad en autos; lo que demuestra que reconoce también su texto. Que los testigos declararon que el actor tenía suspensiones o llamados de atención por mercadería vencida, y ello también surge del legajo. Sin embargo el Juez se aparta injustificadamente de la solución legal prevista para el caso. c)- Que se haya declarado la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados, en base a premisas falsas y prueba inexistente. Concluye en que no acreditados los descuentos ilegales ni que la suspensión fuera injustificada, el despido el actor debe considerarse sin derecho a las prestaciones indemnizatorias. Formula finalmente, reserva de derechos.

III- La contraria responde los agravios, y se opone a su procedencia, exponiendo fundamentos en favor de la confirmación del decisorio, mencionando entre ellos y en forma sucinta no obstante tenerlos presente a la hora de resolver, que la res. 360/01 MTSS extendió la obligación de pagar los salarios mediante depósito bancario a todos los empleadores, en función del orden público legal y a fin de evitar fraudes; que la demandada no ha probado la indisciplina del actor; que si bien se notificó, la impugnó en tiempo; que los testimonios resultan ambiguos y fueron impugnados, por lo que solicita se desestime el recurso y se confirme el decisorio apelado. Formula también reserva de derechos.

IV- Expuestos sucintamente los antecedentes de la causa, y tal como expuse previamente, luego del análisis de los hechos denunciados y de las probanzas aportadas, y a la luz de las normas legales de aplicación, me permito apartar de las conclusiones del voto precedente, por entender que los agravios deben tener acogida.

IV. 1- Con respecto al primer punto impugnatorio; esto es, el referido a los descuentos ilegales denunciados por el accionante y tenidos por ciertos por el sentenciante, advierto que asiste razón al recurrente, en cuanto la conclusión arribada en el fallo, en relación a que del informe de acreditaciones bancarias aportado por el Citibank a fs. 597/599 surge la veracidad de la versión fáctica descripta por la actora como causa de su pretensión pues los recibos de sueldos no reflejan desplazamiento de dinero alguno, no resulta a mi entender, una valoración ajustada a la sana crítica racional. En efecto, otorgar al informe del banco pleno valor probatorio, por sobre los recibos de haberes y constancias registrales -llevadas en forma tal como lo reconoce el propio Aquo en la sentencia- y debidamente suscriptas por el trabajador -aún cuando hubiese impugnado el contenido-, sin prueba suficiente que justifique tal decisión, resulta un agravio procedente, teniendo en cuenta que:

a- Que conforme ha dicho reiteradamente este Tribunal, los recibos de sueldos, suscriptos por el trabajador, si bien son instrumentos privados, adquieren la certeza de un instrumento público, cuya fuerza probatoria sólo podría ser desvirtuada por prueba en contrario clara e inequívoca. "Respecto de los recibos de sueldos acompañados por ambas partes, cabe decir que los mismos constituyen instrumentos privados que, como tales, una vez reconocidos, o declarado o producido su reconocimiento tácito por ausencia de tacha de falsedad, adquieren el carácter de auténticos y tienen el mismo valor que una escritura pública, respecto de los que aparecen como autores, siendo ésta la solución adoptada por nuestro código civil en sus arts. 1026, 1028 y conc.". (Autos N° 8265: "Escobar Victoria Beatriz c/ Servicios Federales de Salud S.A. s/ Apel. de Sentencia, del 08/04/2010"). Máxime, cuando tales instrumentos revisten las formalidades legales; se encuentran corroborados con las constancias del libro de sueldos y jornales, también suscriptos por el trabajador, y dan cuenta del desplazamiento de dinero en favor del mismo. Por lo que, que para privar de todo valor probatorio a los mismos, debió la parte actora aportar prueba clara y contundente en contrario; lo que no se advierte en autos, siendo a todas luces insuficiente, la tenida en cuenta por el sentenciante a tales efectos, tal como se expone en el voto.

b- Por otra parte, como bien lo expone el apelante, el art. 124 de la LCT contempla que las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria ("cuenta sueldo" según denominación que adopta luego la reforma del artículo dispuesta por ley 26.590 en el año 2010); previendo incluso in fine que "En todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración le sea abonada en efectivo" (texto este último, que fue reiterado en la nueva redacción del art. 124 luego de la reforma aludida; aclarándose que si bien no estuvo vigente a la fecha del distracto, reviste importancia a la hora de la evaluación). Es decir, que la norma prevé tres modalidades de pago válidas: efectivo, cheque y acreditación bancaria tal como se expuso, siendo un derecho del trabajador, expresamente reconocido, el de cobrar sus salarios en todos los casos en efectivo. Con lo que la posición asumida por la demandada, en cuanto manifiesta que la mayoría de las veces por pedido del trabajador, le abonó la remuneración total o parcialmente en efectivo -al igual que al resto de trabajadores-, bajo firma de recibo de ley, de modo alguno resulta contraria a la ley. Lo que por otra parte, también guarda correlación con lo dispuesto por el art. 138 de la LCT, y en tanto el recibo de sueldo constituye, por antonomasia, el documento que acredita la debida cancelación de los créditos laborales (Carlos Pose -Ley de Contrato de Trabajo anotada, comentada y concordada, pág. 399). Quitar total valor probatorio a los recibos de haberes y a la documentación laboral respaldatoria, firmada por el dependiente, con firma reconocida y sin prueba suficiente de su falsedad intelectual, con el sólo argumento de que los montos netos que ellos indican no se reflejan en el informe bancario, no aparece como un argumento válido, legal ni razonable; al menos mientras la legislación reconozca el derecho del trabajador contenido en el art. 124 de la LCT in fine..

c- Que además, -y en cierta forma viene a corroborar lo antes dicho- como lo expresa la recurrente y surge del informe de fs. 599, la cuenta abierta a nombre del trabajador en el mes 09/06 hasta la fecha del distracto en mayo del 2008 sólo registró diez acreditaciones, con lo que la afirmación del sentenciante llevaría a una conclusión que no luce racional, pues conduciría a suponer que el trabajador no cobró durante algo de diez meses ningún monto en concepto de remuneración, e incluso que lo habría hecho en algunos meses por una suma irrisoria de $ 31 o de $ 46, entre otros, (ver fs. 599); cuando resulta una premisa lógica que el trabajo no se presume gratuito. No es lógico ni razonable pensar que el trabajador prestó sus servicios durante casi dos años, sin percibir remuneración en algo de diez meses o haciéndolo en otros por sumas irrisorias; menos aún, que no hubiera requerido el pago de las sumas adeudadas en alguna oportunidad previo a ser sancionado y a darse por despedido. De modo alguno, la necesidad de conservar el empleo, podría justificar la aceptación de no percibir remuneración, pues ésta es la principal ventaja o beneficio que recibe a cambio de su prestación; y en todo caso, sería lo que justifica aquello; pues de nada le serviría conservar su empleo por tanto tiempo si no puede satisfacer las necesidades propias o familiares, aún cuando, como manifiesta, en tales meses subsistía con lo que percibía su cónyuge. Es decir, no encuentro justificación a que el trabajador hubiera seguido trabajando de tal manera, sin siquiera haber formalizado requerimiento o intimación al pago de los meses que se iban según su versión, dejando de abonar desde bastante tiempo atrás, es decir, sin recibir pacíficamente la principal contraprestación de la relación en forma pacífica. Igual que a la inversa, no se entendería que una empleadora abonara remuneraciones durante un tiempo considerable, a quienes no presten sin justificación su servicio.

d- Por otro lado, tampoco surge de la prueba testimonial aportada que ese fuera el obrar normal o usual de la demandada para con sus empleados; ninguno de los testigos refiere a que fuera conducta habitual de la demandada no pagarles algunos meses, abonarles montos insignificantes, o descontarles por rotura o vencimiento de mercadería. El único testigo que declara que la mercadería vencida o rota la pagaba el empleado, es el declarante de fs. 213/214, más su testimonio, no resulta corroborado con otra declaración más que la de fs. 270 vta. -que sólo conoce el tema por comentarios-, ni prueba alguna producida en autos, y además aparece teñido de subjetividad, pues tal como él mismo lo expresa fue despedido porque se lo acusó de robar mercadería, con lo que es de pensar que guarda cierta animosidad en contra de su ex empleadora. Por el contrario, el testigo de fs. 258/259, Sr. Avalos, expresó en relación a ello, que "...la pierde el negocio" (resp. a preg. 9°); el de fs. 279 Sr. Recabarren, respondió "...la termina perdiendo la empresa"; y el de fs. 280 "...la misma empresa, como pérdida del negocio"; testigos éstos, que si bien fueron impugnados por la contraria por pertenecer a la empresa, no cabe prescindir de su testimonio por tal razón, pues no advierto que hayan prestado declaraciones tendenciosas; aún analizando los mismos con mayor estrictez.

e- Tampoco considero prueba corroborante de la versión propiciada por la actora, el acta labrada por el Sindicato de Empleados de Comercio, conforme lo expone el sentenciante. Pues, como afirma la demandada en su apelación, lo allí constatado nada tiene que ver con los descuentos ilegales denunciados por el actor; a más que lo fue en una época posterior al despido y en una distinta sucursal. Además, por cuanto el incumplimiento que allí consta no resulta extensible a los hechos invocados por el actor, y menos aún, podría presumirse de ellos, que varios meses ni siquiera el actor cobraba su salario; conclusión que como se dijo, no resulta lógica, y tiñe en ese aspecto su reclamo.

f- Con respecto a los vales aportados por el actor (fs. 595/630), algunos firmados por él y otros sin firma alguna, que refieren a retiros de dinero o mercaderías, resultan de ningún valor, en tanto -como se dijo- algunos no contienen firma alguna; otros están firmados sólo por el actor, sin existir constancia o prueba de que tal documentación hubiera sido expedida por la contraria, a más que fueron oportunamente impugnados y desconocidos por ésta.

g- Finalmente debo destacar, que en nada empece a las conclusiones aludidas, lo dispuesto por las Resoluciones del MTSS en ejercicio de la facultad que les confirió la propia LCT en el art. 124, ni lo dispuesto por la ley antievasión 25.345 en relación a las transacciones en efectivo. Con respecto a la Res. 360/01, que dispuso generalizar el régimen de pago de las remuneraciones en cuentas abiertas a nombre de cada trabajador, si bien es cierto que la administración llevó a cabo una facultad expresamente delegada por el legislador en el art. 124, resulta cuestionable que haya exorbitado su contenido, pues esta norma faculta en su última parte expresamente al trabajador a exigir el pago de su remuneración en dinero efectivo en todos los casos. Es más, tal normativa, aún luego de la posterior reforma dispuesta por la ley 26.590, mantiene tal modalidad de pago en efectivo; y si bien dicha modificación fue posterior al despido, y por ende inaplicable al caso, lo cierto es que la modalidad de pago en efectivo siempre conservó su vigencia y validez; por lo que no puede negarse esa facultad legal por una resolución ministerial.

Con respecto a la ley 25.345, cabe resaltar que al momento de su sanción nada estableció con respecto a la vigencia del art. 124 de la LCT; pese a que alteró algunas de las previsiones de tal cuerpo legal; sin embargo, tal normativa debe ceder, y no puede aplicarse en autos, en tanto el principio de especialidad del derecho laboral desplaza tal normativa general; además que el art. 124 aún después de una modificación posterior a tal ley mantuvo y ratificó la vigencia de la modalidad de pago en efectivo; y finalmente, por cuanto según se ha sostenido, la causa-fin de la mencionada ley antievasión no apunta a combatir la evasión tributaria por el pago de créditos laborales alimentarios por parte de los deudores del Fisco; normalmente, según indica el sentido común, no se evade dinero al Fisco pagando a los trabajadores lo que se les debe (Cita de Alejandro, Sergio, La Ley 25345 de Prevención de la Evasión Fiscal y otras medidas adicionales -CAT, en D.T. 2001-B-1118 -Cita de Ojeda Ley de Contrato de Trabajo Ctda y concordada, 2° ed. actualizada, T.II, pág. 124).

En el sentido expuesto, existe Jurisprudencia que sostiene "Del art. 124 LCT surge claramente la posibilidad del pago en efectivo, y más aún el párrafo final reconoce la facultad de exigir por parte del trabajador esa modalidad de pago, sin sujetar su ejercicio a requisito alguno, ni a expresar sus motivos. Del ejercicio de ese derecho propio no puede derivarse un perjuicio para el empleador, salvo caso de fraude, circunstancia que no ha sido alegada ni acreditada en el caso". CNAT Sala VI Expte Nº 3.207/2013 Sent. Int. Nº 35.655 del 24/05/2013 "Ministerio de Trabajo c/ Red de Multiservicios SA s/sumario". (Fernández Madrid - Raffaghelli).

De acuerdo a todo lo expuesto, considero que debe acogerse favorablemente el primer agravio, y desestimar el rubro de diferencias salariales por descuentos indebidos, reclamados por el actor, pues los que aparecen en los recibos presentados como adelantos de haberes y embargos judiciales, encuentran justificación en la prueba de fs. 582/583, suscripta por el trabajador -aún en disconformidad- pues no aportó prueba en contrario alguna; y en la de fs. 771/778 glosada a autos.

IV. 2- Con respecto al segundo punto impugnatorio, tampoco comparto la decisión del fallo atacado, confirmada por el vocal preopinante, pues a diferencia de lo allí sostenido, considero que la demandada sí ha acreditado las faltas disciplinarias por las cuales suspendió al actor. En efecto, ha aportado prueba documental suficiente, obrando a fs. 746 acta de notificación de la suspensión y de las causas por las cuales se tomó tal medida disciplinaria, la que es suscripta al pie por el trabajador. Y si bien este último ha reconocido la firma allí estampada pero impugnado el contenido, y en legal término la sanción -por misiva de fs. 747-, el mismo no ha acreditado la falsedad alegada con prueba alguna en la causa, cuando sobre él pesaba la carga de desvirtuar aquélla documental. En nada empece entonces, que de la prueba testimonial no surjan acreditados los hechos que motivaron la medida, pues los mismos constan en la notificación de la suspensión, conforme se expuso previamente; suscripta por el trabajador, reconocida en firma, y no desvirtuado su contenido, aún cuando hubiese sido impugnada -pues no produjo prueba de la insinceridad denunciada-. Con lo que tampoco resulta correcto el razonamiento del sentenciante de que la persistencia de la medida luego de ser impugnada por el trabajador, hace procedente el rubro indemnizatorio reclamado. Por lo demás, cabe agregar, que la demandada no despidió al trabajador con motivo de los hechos referidos, sino que sólo aplicó una medida disciplinaria; sino que fue el trabajador, quien se dio por despedido por considerar que tal sanción fue injustificada; con lo que, tal como lo expresa el sentenciante, era este último quien tenía la carga de acreditar los hechos en que sustentó la ruptura de la relación, lo que conlleva, haber probado que la suspensión era improcedente. Lo que no se advierte cumplimentado en la causa, como se expuso previamente.

Propicio que también se acoja favorablemente este agravio.

IV. 3- Finalmente, el último punto, debe seguir la suerte de los anteriores; pues, no acreditada la justa causa del despido indirecto dispuesto por el trabajador y así tenida por el sentenciante; es decir, la existencia de descuentos ilegales por rotura o vencimiento de mercadería, como igualmente que la sanción de suspensión fuera injustificada, no cabe más que desestimar las indemnizaciones reclamadas en la demanda; a saber, indemnización por antigüedad, preaviso e integración mes de despido; remuneración proporcional mes de mayo/08 e indemnización art. 2° ley 25323.

Se deja constancia que se mantiene la sentencia en cuanto manda a abonar el SAC proporcional/08 1° cuota y el incremento salarial no remunerativo Res. 209/08, en tanto sobre los mismos no medio agravio alguno.

V- En cuanto a las costas de ambas instancias, deberán ser soportadas en el 90% por la actora, y en el 10% restante por la demandada, atento resultado del juicio y lo dispuesto por el art. 125 del CPL; regulándose los honorarios de primera instancia en la acción dirigida contra la recurrente, de los Dres. Mario Arancibia y Humberto Vargas, en el 11% y 13% respectivamente, del monto del juicio; y para la segunda instancia, en el 30% y 35% respectivamente de tales valores (conforme normativa citada en el fallo atacado, y art. 33 ley 56-O).

EL DR. GERMÁN PARRA DIJO: Que por compartir los argumentos expuestos por la Dra. Daroni de Pontoriero en su voto en disidencia, adhiero en todas sus partes al mismo.

Por todo ello el Tribunal, por mayoría.- RESUELVE:

1°) Hacer parcialmente lugar al recurso de apelación traído por la demandada, por los fundamentos expuestos en el voto en mayoría.

2°) Imponer las costas y regular los honorarios de esta instancia, conforme a lo resuelto al tratar la segunda cuestión del voto en mayoría.

3°) Tener presente las reservas de derecho efectuadas.

4°) Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.