Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-24


--- En la ciudad de Trelew, a los días de abril del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., H. c/ L. C. ART S.A. s/ accidente de trabajo (sistémico)" (Expte. Nº 54 - año 2012 CAT.), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 103.-------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, dijo el Dr. Carlos D. Ferrari: I. A través del fallo definitivo de primera instancia (fs. 77/83) se declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/2009 y se hizo lugar a la pretensión entablada, acogiendo la demanda por la suma de $ 54.349.85 con más sus intereses y costas del juicio.-------------------------------- II. El decisorio es apelada por la representación letrada de L. C. ART S.A. a tenor de la pieza glosada a fs. 87/99 que contiene, en síntesis, los siguientes motivos de agravio: 1) aplicación retroactiva del Decreto PEN 1649/09: causa gravamen a la apelante la aplicación al caso del art. 16 del Decreto 1694/2009 por cuanto el accidente del actor ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia del citado Decreto, contraviniendo la norma de irretroactividad de la ley establecida en el art. 3 del Código Civil. Afirma que las declaraciones de inconstitucionalidad no deben efectuarse "en abstracto" sino dentro de un caso concreto cuya resolución genere una evidente contradicción constitucional, violatoria de los derechos y garantías allí amparados, y que no admita otra solución viable más que dicha resolución. Cita jurisprudencia en tal sentido. 1.a) Constitucionalidad del art. 14, inc. 2 de la L.R.T.: afirma la recurrente que las consideraciones efectuadas por el a quo con fundamento en que las primas abonadas por los empleadores en los últimos años han sido efectuadas sobre salarios actualizados, mientras que las pautas para la liquidación de siniestros según el Decreto del año 2000 estaban totalmente desactualizadas, resultan carentes de sustento. Argumenta que al Poder Judicial no le está permitido discutir la conveniencia de las reglamentaciones dictadas, ya que se trata de un ámbito político exento de revisión, y que, en el caso, la fecha del accidente establece la responsabilidad y los límites de las prestaciones de la L.R.T. Sostiene la demandada que se ha obligado en la medida del seguro pactado con el empleador hasta el monto de las prestaciones dinerarias que deben calcularse según lo normado en el art. 14 de la L.R.T., norma que se encuentra plenamente vigente y nada refiere el juzgador en la resolución apelada. Cita doctrina y jurisprudencia. 2) Inconstitucionalidad LRT. Falta de fundamento de la declaración: Al agraviarse por la declaración de inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto PEN 1694/09, la apelante señala que las leyes argentinas gozan de presunción de validez y, en consecuencia, su declaración de inconstitucionalidad solo se admite cuando la incompatibilidad con la Constitución es absoluta y evidente. Cita doctrina y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asevera que dentro del sistema estructurado por la ley 24.557 debe evaluarse si en su conjunto existe un equilibrio y beneficios razonablemente compensados, tanto para los trabajadores cuanto para los empresarios y luego, recién podrá decidirse si la ley en su conjunto o algunos de sus artículos merecen la tacha de inconstitucionalidad. Agrega que no se advierte en la ley citada una inconstitucionalidad que permita considerarla contraria a derechos o garantías que acuerda la Constitución Nacional, por lo que la declaración efectuada implica no solo la arbitrariedad de la sentencia, sino lisa y llanamente su nulidad. 3) Costas e intereses: finalmente le causa gravamen la imposición de las costas a su parte así como la tasa de interés aplicada, por resultar arbitraria y confiscatoria.---------- Hace reserva del caso federal y solicita la revocación del fallo, con costas a la parte actora.------ III. Considero que, pese al loable esfuerzo del profesional actuante en esta sede, las argumentaciones vertidas no logran superar el juicio lógico que da fundamento al fallo apelado.---- IV. En efecto, el sentenciante de grado anterior tuvo en consideración las siguientes circunstancias y elementos de ponderación: A) el actor sufrió un infortunio laboral -reconocido como tal por la ART aquí demandada- el 01/09/2009, que motivó la necesidad de someterse a tres intervenciones quirúrgicas; que recibió el alta definitiva el 17/11/2010 dejándole como saldo una minusvalía laboral tasada en el 15,49%, de tipo parcial y permanente; B) al liquidársele la prestación dineraria conforme a lo normado en el art 14, inc. 2 - a) de la ley 24.557 se le abonó una suma de $ 27.882 por cuanto la aplicación de los coeficientes respectivos arrojaba un importe de $ 82.231,95, superior al tope establecido en dicha norma; C) el Decreto 1694/09 del PEN, que elevó los montos de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) respectivamente, estableció en su art. 16 que sus disposiciones entrarían en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha; D) ante el planteo actoral, el a quo, tras constatar las notables diferencias entre el monto que correspondería abonar según el régimen anterior y el actual, consideró relevante que el citado Decr. 1694/09 constituía una actualización del mismo régimen establecido por la ley 24.557; que las aseguradoras de riesgos de trabajo hace años viene percibiendo de los empleadores primas con valores actualizados conforme a los aumentos salariales, mientras las liquidaciones de los siniestros se realizan con las pautas totalmente actualizadas del decreto dictado en el año 2000; que ello afecta el derecho de propiedad del trabajador accidentado, pues mientras las primas se actualizaron a lo largo de los años, las reparaciones se mantuvieron ancladas a los topes y proporciones establecidos mediante el Decr. 1278/2000; que la doctrina y jurisprudencia se han estado pronunciando por la inconstitucionalidad del art. 16 ya referido, por contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajador dependiente (arts. 14, 14 bis y 17, C.N.); que ello no implica un aplicación retroactiva de la norma, en razón de que se trata de la actualización de un mismo régimen (art. 3 del Código Civil), y si bien el infortunio que dio origen a la incapacidad fue anterior al dictado del Decreto 1694, los efectos del mismo cayeron bajo la órbita de esta disposición legal con posterioridad, pues ni la incapacidad ni el pago habían sido efectuados al tiempo en que se efectuó el pago en cuestión; y que ello no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras, por las razones ya expuestas. A mérito de dichas consideraciones, el juzgador declaró la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/2009, haciendo lugar a la pretensión entablada.- V. Como puede apreciarse, para comenzar, el juzgador no declaró "en abstracto" la inconstitucionalidad de la norma cuestionada -según lo aduce el recurrente-, sino atendiendo a las particularidades objetivas y concretas que surgen de la causa.-------------- VI. En segundo lugar, tampoco puede prosperar la crítica referida a que le estaría vedado a la magistratura pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/04 a mérito de su "conveniencia", por tratarse de un aspecto "político" y, por tanto "exento de revisión" judicial. De sostenerse esta aserción en forma dogmática e inflexible, la mayoría de las veces el camino a una posible declaración de inconstitucionalidad de un decreto se vería clausurada, ya que la actividad reglamentaria comporta, de ordinario, la necesidad de alguna valoración política; esta ponderación es natural y legítima, en tanto y en cuanto la reglamentación se conforme con la jerarquía normativa, adecuándose a los principios, garantías y reglas establecidas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.------------------------- En la especie, empero, debe puntualizarse que el sentenciante no juzgó razones "políticas", de "conveniencia" o de "oportunidad", sino que efectuó un cotejo entre la limitación establecida en el art. 16 del Decreto 1649/2009 y el efecto negativo que implicaría aplicar ese límite temporal al caso bajo examen, en tanto con ello se consagraría una solución injusta, al afectar el derecho de propiedad del actor y contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo dependiente, con citas de los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.- VII. Tampoco considero atendible la argumentación fundada en que "el monto de las prestaciones dinerarias que deben calcularse según lo normado en el art. 14 inc. 2 de la L.R.T., norma que se encuentra plenamente vigente", puesto que ese artículo es el aplicado al caso por el sentenciante, mas en su actual redacción, precisamente en virtud de la inconstitucionalidad declarada respecto de la vigencia de la derogación de los topes, siendo que el art. 16 reducía los alcances del Decreto 1694/2009 solo a los casos "cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la entrada en vigencia". A este fin, el a quo tuvo en consideración que tanto la determinación médica del grado de minusvalía (dictamen médico del 21/03/2011 - fs. 1/5 de la documental reservada en caja de seguridad) cuanto la liquidación de la compensación respectiva (mayo de 2011 - fs. 22/23 de la documental reservada en caja de seguridad) tuvieron lugar cuando dicho Decreto 1694/2009 ya había entrado en vigencia.---------------------------- VIII. El agravio de la apelante referido a una indebida valoración y falta de fundamento para la declaración de nulidad, afirmando que dentro del sistema estructurado por la ley 24.557 debe evaluarse si en su conjunto existe un equilibrio y beneficios razonablemente compensados, tanto para los trabajadores cuanto para los empresarios y luego, recién podrá decidirse si la ley en su conjunto o algunos de sus artículos merecen la tacha de inconstitucionalidad, es el único que enfila, a mi criterio, un crítica concreta acerca de la fundamentación del fallo, aunque, como ya se ha visto, dicho argumento contiene la refutación en su propia formulación. Es que, precisamente ese y no otro fue el análisis y ponderación efectuados por el juzgador para formar su decisión acerca del tema controvertido. Al evaluar las circunstancias de hecho que informaban el caso, el a quo tuvo en mira el resultado disvalioso de una solución que contemplara estrictamente la vigencia temporal de la norma que derogó los topes de las prestaciones de la ley 24.557; consideró que ello no implicaba una aplicación retroactiva de la ley, por cuanto se trataba de una modificación dentro del mismo régimen legal; evaluó la ecuación patrimonial que resultaba del aporte de primas sobre sueldos actualizados para luego abonarse compensaciones sobre bases históricas (del año 2000) y desactualizadas, y en ese marco, juzgó que la limitación temporal del art. 16 era inequitativa, por lesionar el derecho de propiedad del actor y contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo dependiente, con citas de los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.------ IX. En síntesis, comparto plenamente el criterio aplicado por el sentenciante, que además se compadece con la doctrina sentada por la Corte Suprema Nacional en el caso "Arcuri", en el que el Alto Tribunal sostuvo que "la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia. Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado." (CSJN - 03/11/2009 - A. 514 XL. - "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS" -- elDial.com - AA58FA).-------------------------- La jurisprudencia nacional también se ha pronunciado en este mismo sentido al juzgar casos análogos, sosteniéndose que aunque el accidente haya acaecido con anterioridad a la vigencia del Decreto 1694/2009 por el que se dispuso mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, ello no impide que pueda aplicárselo a la litis y así declarar la inconstitucionalidad del tope del art. 11 4. a) de la L.R.T. (conf. CNTrab., Sala VII, S.D. 43671 del 30/06/2011 Expte. N° 47968/09 "Berazza, Leonardo Andrés c/MAPFRE Argentina ART SA s/accidente-ley especial" - elDial.com - AL380A- id. CNTrab., Sala VII - S.D. 42.875 del 19/08/2010 Expte. N° 18.642/09 "Ojeda, Anabela Vanesa p/si y en representación de sus hijos menores Alan Nahuel y Lucas Manuel Sturla c/ART Interacción SA s/acción de amparo" - elDial.com - AL33C8; id. CNTrab. - Sala X - 30/06/2011 - SD 18688 - Expte. 37.664/07 (26.730) - "Masia Gastón, Alberto Ramón c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente - ley especial" - elDial.com - AA6E18; entre otras).- En postura concordante, la sala "B" de esta Cámara ha decidido asimismo que deben aplicarse las mejoras a las prestaciones dinerarias y eliminación de topes fijados en el Decreto a las indemnizaciones devengadas con anterioridad, pero no canceladas a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1694/09, sin que ello configure un supuesto de aplicación retroactiva de la ley (conf. S.D.L. N° 03/11 dictada en autos: "C., R. M. s/Acción de Amparo" - Expte. N° 26/11 - voto del Dr. Vergara).----------- --- X. Agravio sobre costas e intereses: ------------------------- El cuestionamiento sobre estos rubros no contiene en verdad una crítica concreta y razonada, con el grado de exigencia técnica y requisitos previstos en el art. 268 -antes 265- del C.P.C.C.------------------------------- Así, ha de recordarse que la carga en costas es la normal consecuencia del principio objetivo de la derrota vigente en esta materia, tanto en el fuero civil como laboral (art. 69 -antes 68- del C.P.C.C.; arts. 57, Ley XIV N° 1) y no concurre en la especie ningún elemento objetivo que permita siquiera considerar la posibilidad de una excepción a esta regla. No lo es, por cierto, la mera circunstancia de que el litigante obre con buena fe y se considere correctamente apegado a un determinado "orden legal vigente". El solo convencimiento de considerarse con razón y ajustado a derecho no exime al perdidoso de cargar con este accesorio.- En cuanto a la tasa de interés seleccionada por el sentenciante de primera instancia, se trata de la dispuesta usualmente en casos análogos, por lo que no se advierte atítulo de qué fundamento podría calificarse de "arbitraria y confiscatoria", como lo sostiene la parte recurrente. En consecuencia, opino que la queja sobre ambos tópicos debe ser desestimada.--------------------------------- --- XI. Conclusiones: ------------------------ Como síntesis de todo lo expuesto, opino que deberá confirmarse el fallo en todo cuanto ha sido materia de recurso, con costas a la parte apelante (art. 57, Ley XIV N° 1). De compartirse esta solución, propongo fijar los honorarios del letrado actuante en esta alzada, Dr. G. L. C., en el 3% del monto del proceso debidamente liquidado, siempre que el monto resultante no sea inferior a ocho (8) jus, en cuyo caso deberá elevarse hasta el equivalente a este último mínimo legal (arts. 5, 6, 6 bis, 7, 8, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII nros. 3 y 15). Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.------ --- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

--- Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el distinguido colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Ferrari. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión de esta Sala.-------------------------------------- --- Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas, he de abordar el cuestionamiento relativo a que, el a quo declaró en abstracto la inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/2009.----------- --- El agravio no es atinado. Basta ver el desarrollo hecho sobre el punto por el juez de grado para concluir que la declaración de inconstitucionalidad referida se hizo luego de un desarrollo adecuado a las circunstancias del caso y de acuerdo a las particularidades concretas de la causa.------------------------- --- De la lectura de su fallo surge claro que el a quo para dictar la inconstitucionalidad consideró los siguientes aspectos: 1) el actor sufrió un infortunio laboral, que fue reconocido como tal por la ART el 01/09/2009, lo que motivó la necesidad de someter al actor a tres intervenciones quirúrgicas; 2) éste recibió el alta definitiva el 17/11/2010, quedándole al alta una minusvalía laboral del 15,49%, de tipo permanente; 3) al liquidársele la reparación prevista por el art 14, inc. 2 - a) de la ley 24.557 se le abonó una suma de $ 27.882; 4) la aplicación de los coeficientes respectivos arrojaba un importe de $ 82.231,95, que era superior al tope establecido en dicha norma; 5) el Decreto 1694/09 del PEN, que elevó los montos de las compensaciones entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicó a los accidentes posteriores a ese momento; 6) frente al reclamo del actor el juez de grado, tomó en cuenta que la demandada percibía primas a valores actualizados, en tanto las liquidaciones de los siniestros se realizaban a valores históricos, lo que contradice los fines sociales y protectorios que amparan al trabajador dependiente (arts. 14, 14 bis y 17, C.N.).-- Si bien el a quo efectuó otras consideraciones, ellas bastan para dar cuenta de que la declaración de inconstitucionalidad no se produjo en abstracto, sino teniendo en cuenta las particularidades del caso concreto, lo que alcanza ya para el rechazo del agravio.----- El argumento intentado en el segundo agravio, relativo a que la magistratura no estaría habilitada para pronunciarse sobre el planteo de inconstitucionalidad del art. 16 del Decreto 1694/04, porque ello involucra decisiones de "conveniencia", por tratarse de un aspecto "político" y, por tanto "exento de revisión" judicial, es sencillamente disparatado.----------------------------------- --- Lo que el apelante propone es volver a los tiempos en que el Poder Judicial tenía vedada cualquier revisión de un acto que siquiera roce alguna decisión de oportunidad, mérito y conveniencia. Eran los tiempos en que Napoleón encorsetó a la magistratura en un rol de boca que repite las palabras de la ley, sin alterarlas jamás, privando a los jueces de analizar o revisar cualquier decisión oficial.------- --- Lo que sostiene el apelante atrasa décadas en la historia judicial del país y es inaceptable conceptualmente. De hecho, baste ver los leading cases de la Corte en materia de amparo, para sacar la rápida conclusión de que varios de ellos han analizado no la conveniencia, pero sí la proporción entre el objetivo buscado y los medios empleados, que es lo que aquí se analiza: la proporción de afectación de los derechos del trabajador por la aplicación del tope, en comparación con la seguridad buscada.

--- Y es conceptualmente diferente analizar la proporción, en vez de la conveniencia, ya que la proporción es objetiva y la conveniencia no, al apreciarse muchas veces subjetivamente.------------------------------ --- El agravio es descaminado y no se sostiene argumentalmente, lo que lleva sin más a su rechazo.------------------------------------ --- Resulta igualmente inatendible el agravio relativo a que el monto de las prestaciones dinerarias debe calcularse según lo normado en el art. 14 inc. 2 de la L.R.T.---------------- --- Es que, el a quo calculó la reparación según esa norma, solo que neutralizando la decisión de la misma en cuanto a su entrada en vigencia -art. 16- y tornándola operativa desde antes de lo que la norma declarada inconstitucional disponía.-------------- --- No hay un problema de errónea interpretación de la ley, entonces, sino de aplicación ex ante de una norma, lo que no ha cuestionado debidamente el apelante y por conducto de este artículo no lo hace, sino que equivoca el planteo.---------------------------- --- En cuanto al agravio relativo a que el a quo ha errado al no evaluar si la ley 24.557, en su conjunto, establece un equilibrio y beneficios razonablemente compensados, tanto para los trabajadores cuanto para los empresarios, pudiendo decidir solo entonces si esa ley en su conjunto o algunos de sus artículos merecen la tacha de inconstitucionalidad, tampoco habrá de prosperar, aunque es el más firme que ensayara el apelante.------------------------------------ --- Y no habrá de prosperar, porque carece de razón el apelante, ya que, como se viera supra, el a quo ha efectuado ese análisis, llegando a la conclusión de que el cercenamiento al actor de un segmento importante de su acreencia resulta de una manifiesta inequidad, justamente porque las ART perciben sus primas en moneda actualizada y pagan a los trabajadores en base a un tope no actualizado, lo que implica un desfasaje notorio entre cargas y derechos de las ART.----- Si se analiza lo que el actor percibió de la aseguradora extrajudicialmente y lo que le correspondía si no se aplicara el tope, el actor cobró menos de un tercio de la suma que le hubiera correspondido sin tope.------ --- El a quo analizó todas estas circunstancias y llegó a la conclusión de que en el caso concreto la aplicación estricta de la norma generaba una solución injusta, por lo que quitó los obstáculos para que el actor recibiera una indemnización justa, sin hacer aplicación retroactiva de la ley en su criterio, al tratarse de una modificación dentro del mismo régimen legal.----------------------- --- Si hay una cosa que evaluó atinadamente y en detalle el a quo es el balance de la aplicación de la Ley 24557 al caso, llegando a la conclusión de que la limitación temporal del art. 16 era injusta, al lesionar el derecho de propiedad del actor y contradecir los fines sociales y protectorios que amparan al trabajo dependiente, con citas de los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.- Por otra parte, la decisión de grado se amolda a los precedentes de la Corte Suprema, específicamente el caso "Arcuri" (cfr. elDial.com - AA58FA), que constituye doctrina legal vigente, lo que implica que la postura del apelante es solo su opinión personal y argumentos similares a los suyos ya han sido rechazados por la Corte Suprema en el caso citado.--------------- --- Yendo al siguiente cuestionamiento, versa éste sobre intereses y costas.---------------- --- El ataque referido a las costas naufraga irremediablemente en la latitud de las generalizaciones que realiza el apelante, que no brinda un solo argumento que convenza de la sinrazón de que en este caso las costas de impongan al vencido.--------- --- Se afirma que la parte accionada no ha incumplido ninguna norma, sino ajustado su conducta a derecho, por lo que sería injusta la condena en costas a su parte. Se trata de un sensible error, ya que con ese criterio en todos los casos de declaraciones de inconstitucionalidad, no se podrían imponer costas a los demandados, ya que -hasta la declaración de inconstitucionalidad- habían cumplido cabalmente con la ley.---------------- --- Pero el principio de supremacía constitucional -esbozada por vez primera en el célebre leading case americano "Marbury vs. Madison" y corporizado en toda la doctrina jurisprudencial de Occidente desde entonces- hace que las normas deban amoldarse a las garantías constitucionales, por lo que cuando ello no ocurre, quien actúa de acuerdo a una ley inconstitucional no queda a salvo de la aplicación de costas, pues la inconstitucionalidad lo transforma en perdidoso y, ello objetivamente, lleva aparejada la imposición de costas, aún sin reprochabilidad alguna a su parte.-------------- --- Es que, la imposición de costas no es una sanción, sino la correspondencia natural de la derrota en el proceso.------------------ Bien se ha dicho que las costas no se imponen como sanción o castigo, fundada en una presunción de culpa, sino que tiene como finalidad el resarcimiento de los gastos que se le ocasionaron al vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, con prescindencia de la buena o mala fe con que pueda haber actuado la parte vencida durante la tramitación del juicio (C. Fed. Mar del Plata, 30/04/1997, "García, Rubén R. v. Administración Nacional de Seguridad Social", JA 2000-III-síntesis).--------------------------- --- Por último, el cuestionamiento de la tasa de interés aplicada, tampoco habrá de ser acogido, ya que la utilizada es la que viene empleando esta Cámara desde antiguo, sin que el apelante haya demostrado que la misma produce en el caso concreto resultados irrazonables o lesivos y confiscatorios.

--- Su opinión desnuda en sentido contrario no puede lograr el apartamiento de la doctrina legal vigente, por lo que el agravio viene destinado al fracaso, correspondiendo disponer su rechazo.----------------------- --- Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Ferrari de confirmar el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (art. 57, Ley XIV N° 1).------ --- También propiciaré la regulación de los emolumentos del Dr. G. L. C., en el 3% del monto del proceso que se establezca en la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución o la suma correspondiente al valor de ocho (8) Jus, la que sea mayor (arts. 5, 6, 6 bis, 7, 8, 13, 18, 46 y conc., Ley XIII nros. 3 y 15).------------------------- --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.-------------------------------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Carlos D. Ferrari expresó: -------------------------------- En vista del acuerdo alcanzado precedentemente, corresponderá por tanto: I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso. II) Con costas a la parte apelante, fijándose los honorarios del letrado actuante en esta alzada, Dr. G. L. C., en el 3% del monto del proceso debidamente liquidado, siempre que el monto resultante no sea inferior a ocho (8) jus, en cuyo caso deberá elevarse hasta el equivalente a este último mínimo legal.------------------ Así lo voto.--------------------------------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: ------------------------------ --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Ferrari en su voto a esta cuestión.------------------------------- --- Tal mi voto.-------------------------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17).- ----- --- Trelew, de abril de 2012.------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:--------- S E N T E N C I A: ------- I) CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso.----------------- II) IMPONER las costas a la parte apelante, fijándose los honorarios del letrado actuante en esta alzada, Dr. G. L. C., en el 3% del monto del proceso debidamente liquidado, siempre que el monto resultante no sea inferior a ocho (8) jus, en cuyo caso deberá elevarse hasta el equivalente a este último mínimo legal.------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.----------------------- MARCELO J. LOPEZ MESA CARLOS DANTE FERRARI JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDL.- Conste.- JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.