Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-09-27


Autos N° 21.932 (11° CIVIL - N° 117.651), caratulados: "OLIVERA Estela Zulma y Otros C/ Olivera Héctor Dante y Otra s/ Acción de Simulación" En la ciudad de San Juan, a 27 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente, Dr. JUAN JOSE VICTORIA y el señor Vocal, Dr. GILBERTO RIVEROS, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera por el actor, a fojas 252 vta., contra la sentencia de fs. 205/209 recaída en autos N° 21.932 (11° CIVIL - N° 117.651), caratulados: "OLIVERA ESTELA ZULMA Y OTROS C/ OLIVERA HECTOR DANTE Y OTRA S/ACCIÓN DE SIMULACIÓN", dictada en fecha trece de marzo de dos mi doce, obrante a fs. 205/209 de estos autos originarios del Décimo Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido a fs. 253, se han fijado ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. JUAN JOSE VICTORIA, dijo:

El a quo, en la parte de la resolución apelada de fecha 13 de marzo de 2012, cuya copia obra agregada a fs. 205/209, dispuso:"Hacer lugar a la excepción de arraigo. Fijar el monto del arraigo en la suma de $40.000 que debe prestar la actora en el término de diez días, bajo apercibimiento de tenerla por desistida del proceso, imponiéndole las costas y reguló los honorarios profesionales".

La actora Sra. Estela Zulma Olivera por medio de su apoderado, interpuso recurso de apelación a fs. 252 vta. Se agravió en primer término por cuanto la sentencia apelada no tuvo en cuenta el carácter restrictivo del arraigo, el que importa una restricción del acceso a la jurisdicción.

Destaca que, debido al fuero de atracción que ejerce el proceso sucesorio de la Sra. Juana María Pastor, su parte se vio obligada a interponer la demanda ante el Noveno Juzgado Civil, es decir ante un órgano judicial ajeno a su domicilio, debiendo acudir a la justicia de la Provincia de San Juan.

Agrega que la carga de la prueba a fin de demostrar los hechos configurativos de esta medida incumbe a los demandados, quienes no cumplieron con ella, demostrando que la actora era insolvente.

Además, resalta que de los tratados internacionales de jerarquía constitucional, surge que el arraigo es improcedente entre nacionales de un mismo estado y de un estado extranjero (conforme la "Convención sobre Procedimientos Civil aprobada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", Ley 23.502 y del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional den Materia Civil, Comercial Laboral y Administrativa, de octubre de 1995 -Ley 24.578).

Se agravia también del importe de la caución, el que considera desproporcionado, teniendo en cuenta el objeto del juicio y que los demandados no han demostrado su capacidad económica para responder. Solicita se revoque la sentencia apelada y que las costas se impongan por su orden o a la demandada por haber dado lugar a la promoción del proceso.

Los agravios son contestados por el demandado a fs. 260/263.

Cuestión previa: De los certificados de elevación de fs. 319 y de fs. 354, consta la existencia de un recurso de apelación contra la resolución de fs. 205/209 y de fs. 231/232 de fechas 13/03/12 y 31/10/12. Tal certificado resulta erróneo por cuanto no condice con las constancias del expediente ya que la resolución de fecha 31/10/12 se encuentra glosada a fs. 251/252 y no ha sido apelada por las partes; y el recurso de apelación contra la sentencia de fs. 231/232, ha sido declarado desierto conforme las constancias de fs. 246 de autos.

Aclarado ello, corresponde avocarme al análisis del recurso interpuesto contra la sentencia de fs. 205/206.

Tratamiento de los agravios:

El arraigo constituye una carga exigible al actor de prestar una caución destinada a garantizar el pago de los gastos del proceso frente a la eventualidad de resultar vencido.

El artículo 310 del código procesal contempla dos recaudos cuya concurrencia simultánea es necesaria a efectos de la admisión de la aludida excepción: uno, que el actor no cuente con domicilio en la provincia y otro, que carezca de bienes inmuebles en ella.

De tal manera, la excepción de arraigo -enmarcada dentro de las llamadas defensas dilatorias-, pone en juego el derecho que asiste al demandante de acceder a la jurisdicción, por lo que su procedencia debe, por ende, ser interpretada con criterio restrictivo.

En tal sentido este Tribunal ha dicho: "Toda la doctrina que trata la defensa del arraigo es unánime en sostener como principio general que es de interpretación restrictiva" (cfr. L. de A. T° 57 F° 179/182, 30/11/1982 -Autos "Goffman Mario Alberto y Otro C/ Nydia Carolina Rocha de Moreno y Otro S/Ds. y Ps.) "Tal interpretación guarda consonancia con la evolución del derecho convencional que se orienta a suprimir los obstáculos que dificulten el acceso a la justicia, tendencia que fuera destacada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Plenkovich, Liliana Esther c/ Salvia, Mercedes y otros"; señalando incluso que dicha institución no debe sujetarse a un rígido formalismo, tal como corresponde a su naturaleza de medida cautelar y a la finalidad que persigue en nuestro tiempo (fallos 324:1107; Esta sala, 5.7.12, en "Mann, Armando Adalberto c/ Aldeax SA y Otros s/Ordinario"; Colombo, Carlos Kiper, Claudio "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", La Ley, Buenos Aires, 2006, tº III, pág. 703/6, Jurisp de la Nación Lex Doctor 9.1).

En materia procesal, el arraigo es una carga que se le puede imponer al actor, siendo facultativa, pues si la demandada no la peticiona no es un requisito de admisibilidad de la pretensión. (cf. Velert F. Pagés Roberto Velert G. "Cód. proc. Civ y Com de la Prov de san Juan, T° 2-B, pág. 622).

La carga de la prueba con relación a este impedimento procesal recae sobre quien lo deduce, en el caso de estudio, sobre el demandado. Basta que no se verifique uno de los dos presupuestos del art. 310 del C.P.C., para que el impedimento procesal en cuestión, no sea viable. De la presentación del demandado Sr. Héctor Dante Olivera fs. 141/145, surge que funda la excepción en el hecho de que los actores no tienen domicilio en la provincia. En ningún momento alude a la falta o inexistencia de bienes inmuebles de los actores en la Provincia que sean suficientes a fines de satisfacer la eventual responsabilidad de los actores en caso de condenación en costas. El demandado, a los fines de la viabilidad de la excepción debió alegar y probar dicha circunstancia, lo que ha omitido hacer, incumpliendo con la carga de la prueba que sobre él pesa. En consecuencia, estando en juego las garantías constitucionales de defensa en juicio y de igualdad de las partes ante la ley, propicio su rechazo por cuanto dicho impedimento restringe y limita el acceso a la jurisdicción de los actores para hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales.

Este Tribunal ha sostenido que: "Los hechos configurativos del arraigo deben ser acreditados por quien lo plantea. Regla que reconoce su fundamento no sólo en los principios generales que rigen en materia probatoria, sino además porque no median razones válidas para imponer al actor la carga de alegar hechos respecto de una cuestión cuyo planteamiento es facultativo del demandado y autorizado por la ley en el exclusivo beneficio de éste" Cuando se trata de establecer la procedencia del arraigo, instituto procesal en vías de desaparecer, siempre habrá de interpretarse con juicio muy estricto y restrictivo, especialmente cuando el demandante se ve impelido a ocurrir a un juez de determinada jurisdicción (cfr. Autos nº 15.446 "DE LA TORRE, RAÚL JULIÁN C/ GUARDIA DE MONLA, BLANCA AURORA-ACCIÓN DE NULIDAD" L. de A. Tº 102 - Fº 55/56 - Fecha: 10-05-99).

Además del motivo expuesto, considero que corresponde desestimar la excepción de arraigo opuesta, toda vez que los actores, residentes dos en Estados Unidos y una en la Provincia de San Luis, a fin de iniciar la acción de nulidad de escritura y simulación, incoada en esta causa, se vieron obligados a demandar ante un juez determinado, que no es el de sus respectivos domicilios, sometiéndose a una determinada jurisdicción que les ha sido impuesta por la ley (art. 3284 inc. 1° del CC- Ley 340).

Por aplicación de tal principio se decidió que resulta improcedente el arraigo cuando el demandante se vio impelido a ocurrir ante un juez determinado, o por la sujeción a cierta jurisdicción impuesta por el Código Civil. "Si la competencia de los Tribunales de la República surge exclusivamente en virtud del fuero de atracción de los procesos universales, deviene infundado el arraigo". (cfr. Morello A. Cód. Proc. Civ y Com de la Nación, T° IV-B, pág. 440).

No resulta aplicable al caso, las normas de derecho internacional invocadas por la actora, por cuanto Estados Unidos, país donde residen dos de los actores, no es signatario de la referida "Convención sobre Procedimientos Civil aprobada por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado", a la que nuestro país adhirió por Ley 23.502. Sin perjuicio de ello, considero que la solución arribada está en consonancia con los numerosos cambios introducidos por el nuevo Código Civil y Comercial en materia de derecho internacional privado, ya que el art. 2610 del C.C. y Com. -Ley 26.394, fija el principio de igualdad de trato para los ciudadanos y residentes en el extranjero, otorgándoles el derecho al libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes en la Argentina. Así establece, que ninguna caución o depósito puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente de otro Estado. En mérito de lo expuesto propongo admitir el recurso de apelación interpuesto por la actora, revocar la parte de la sentencia apelada rechazando la excepción de arraigo. Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado por revestir el carácter de vencido. Adecuar los honorarios de primera instancia de conformidad con lo dispuesto por el art. 264 del C.P.C. Regular los honorarios profesionales por sus respectivas actuaciones en primera instancia, al Dr. César Santiago Oropel, en la suma de pesos dos mil ($2.000) y al Dr. Hernán Benítez en la suma de pesos mil doscientos ($1.200), de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 56-O. Regular los honorarios por la actuación profesional en segunda instancia conforme al resultado del recurso arribado, al Dr. César Santiago Oropel en la suma de pesos mil ($1.000) y al Dr. Andrés Alejandro Noguera, en la suma de pesos Quinientos ($500) (art. 13 Ley 56-O). Así voto.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por las razones expuestas, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. JUAN JOSÉ VICTORIA, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: 1- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora. Revocar la parte de la resolución apelada de fs. 205/209. En consecuencia, rechazar la excepción de arraigo opuesta por el demandado. Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado. 2-Regular los honorarios profesionales por sus respectivas actuaciones en primera instancia, al Dr. Cesar Santiago Oropel, en la suma de pesos dos mil ($2.000) y al Dr. Hernán Benítez en la suma de pesos mil doscientos ($1.200), de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 56-O. Regular los honorarios por la actuación profesional en segunda instancia conforme al resultado del recurso arribado, al Dr. Cesar Santiago Oropel en la suma de pesos mil ($1.000) equivalente al 50% del importe fijado para sus honorarios de primera instancia y al Dr. Andrés Alejandro Noguera, en la suma de pesos Quinientos ($500)(art. 13 Ley 56-O).

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales motivos, voto en igual sentido.

Por ello, SE RESUELVE:

1- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora. Revocar la parte de la resolución apelada de fs. 205/209. En consecuencia, rechazar la excepción de arraigo opuesta por el demandado. Imponer las costas de primera y segunda instancia al demandado.

2-Regular los honorarios profesionales por sus respectivas actuaciones en primera instancia, al Dr. Cesar Santiago Oropel, en la suma de pesos dos mil ($2.000) y al Dr. Hernán Benítez en la suma de pesos mil doscientos ($1.200), de conformidad con lo dispuesto por el art. 13 de la ley 56-O. Regular los honorarios por la actuación profesional en segunda instancia conforme al resultado del recurso arribado, al Dr. Cesar Santiago Oropel en la suma de pesos mil ($1.000) equivalente al 50% del importe fijado para sus honorarios de primera instancia y al Dr. Andrés Alejandro Noguera, en la suma de pesos Quinientos ($500)(art. 13 Ley 56-O). Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° II-2016; F° 98/102; FECHA:27 de septiembre de 2016 DRES.VICTORIA-RIVEROS