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Audiencia de debate, sentencia, clasificación de delitos, delitos contra la integridad sexual, víctima del delito, garantías procesales, derechos y garantías constitucionales, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: LORENA ISABEL GUZMAN c/ VACA, NINO NORBERTO s/ AUDIENCIA DE DEBATE - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-03-21

Durante el desarrollo deL proceso oral, quedo evidenciado que los imputados se la llevaron a la victima, haciéndole ingerir alcohol, pero aún no presentaba ningún tipo de lesiones, llevando a la victima derecho al inmueble donde cometen el ilícito.

Con este análisis surge con claridad que la mujer sufrió esas lesiones por accionar de los acusados, para someterla sexualmente por lo que el imputado- que no se encuentra rebelde- debe ser condenado como coautor del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal agravado por la participación de tres personas.
Fallos de la Corte Suprema, extensión de los efectos de la sentencia, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Cortegozo, Basilio Orlando y otros s/ supuesto  fraude  a  la  Administración  Pública, asociación ilícita,  enriquecimiento    ilícito,  encubrimiento  peculado    y    cohecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Así como la Corte extendió los efectos de su sentencia aún respecto de quienes no interpusieron recurso extraordinario, la misma solución cabe adoptar en el caso en que medió una expresa e inequívoca voluntad de hacerlo.
Acompañamiento terapéutico, falta de reglamentación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Z. M. c/ Centro Medico Pueyrredón SA s/ Sumarísimo De Salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-24

La figura del acompañante terapéutico se incluye entre los dispositivos y actividades detallados en el Anexo I de la ley 25.421 (B.O. 3-5-01). Si bien las normas citadas -art. 39, inc, d) de la ley 24.901 incorporado por la ley 26.480 y la ley 25.421- no han sido aún reglamentadas, como afirma la recurrente -a pesar de que el plazo previsto en ambas está largamente vencido-, dicha omisión no puede redundar en perjuicio de la actora (conf. esta Sala, causas 6773/2007 del 16.3.10, 7247/10 del 30.11.10 y 1.599/13 del 9.8.13;

Sala III, causa 3102/11 del 1.12.11). El Alto Tribunal ha sostenido que la falta de reglamentación legislativa no obsta a la vigencia de ciertos derechos que, por su índole, pueden ser invocados, ejercidos y amparados sin el complemento de disposición legislativa alguna (conf. Fallos 321:2767).
Inadmisibilidad del recurso, presentación extemporánea, acción de amparo, decisiones administrativas
Materia: PROCESAL
Carátula: Gómez, Laura Fernanda c/ Municipalidad de Villa María - Secretaría de Gobierno y vinculación comunitaria s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2017-04-04

Corresponde declarar inadmisible -por extemporánea- la acción de amparo promovida, dado que el acto administrativo que se erige como objeto de acción, es un acto confirmatorio de otro que determina el dies a-quo para el cómputo del plazo de caducidad, por cuanto contiene la decisión administrativa que se pretende poner en conflicto, y que engastaría en aquellas conductas censurables descriptas en el art. 1º de la ley 4915, razón por la cual la mera invocación como acto cuestionado el decreto ulterior que termina por confirmarlo no innovando en ninguna materia, no es suficiente para computar el plazo desde el dictado de este último, sino que habrá de computarse desde que la actora tomó conocimiento de aquel primer decisorio administrativo.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: MONTE, RITA TERESA c/ REYNOSO, MARCIANO Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-07

La solidaridad del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo opera cuando se cede o contratan servicios o trabajos correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito; no debiendo entenderse por actividad normal y específica (como dice Justo López) sólo la actividad principal, en el sentido en que lo principal, en el sentido en que lo principal suele oponerse a lo accesorio, sino también aquéllas que pudieran ser calificadas como secundarias o accesorias con tal que estén integradas permanentemente al establecimiento.
Sentencia, voto de los jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Montiel, Estela Antonia c/ TIA S.A. s/ Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-06-07

La facultad prevista por el art. 271 del CPCC, en cuanto autoriza peticionar la fundamentación individual de los votos, constituye una alternativa de estricta excepcionalidad que debe ser entendida con carácter restrictivo. No constituye una modalidad que las partes puedan solicitar de manera inmotivada, habida cuenta que su alegación indiscriminada, ceñida al mero capricho del peticionante, atenta contra la celeridad procesal y el adecuado funcionamiento de los tribunales.
Sentencia arbitraria, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Este de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Taranco, Juan José s/ inf. art(s) 149 bis, amenazas, CP (p/ L 2303)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-22

En los supuestos donde los hechos delictivos por su especial modo de comisión no puedan ser corroborados por otros medios, no puede soslayarse o descalificarse el testimonio de la víctima, dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia (Del voto de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Robo de automotor, documentación del automotor, patente del automotor
Materia: PENAL
Carátula: ESPIÑEIRA, Gastón H.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-13

Queda reflejado el conocimiento del encartado, respecto al origen ilícito del automotor, dada la ausencia de chapa patente, la falta de correspondencia entre los datos del vehículo que figuran en el boleto de compraventa y en los documentos otorgados por el supuesto vendedor con los números de motor y chasis del rodado, aunado a que no surge de los instrumentos mencionados la calidad de propietario.
Sentencia condenatoria, individualización de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Núñez Carmona, José María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-25

El dictado de la sentencia condenatoria y la individualización de una pena de efectivo cumplimiento, aun cuando la misma no se encuentre firme, se presenta como una circunstancia jurídica, que debe ser evaluada por no constituir un parámetro exclusivo y autosuficiente en conjunto con las demás pautas objetivas y subjetivas que permiten el análisis de la existencia de los riesgos procesales.
Ley de emergencia, contratos civiles, teoría de la imprevisión, interpretación del contrato, actualización monetaria, realismo económico, obligaciones en moneda extranjera, pesificación, esfuerzo compartido, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

En un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, "Teruel, Santiago y otros v. Dalvian S.A. s/ inc. por Convalán Nanclares, Pablo y otros") del 24-11-03 (voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci)...b) Una interpretación sistemática que incluye no sólo textos sino principios, entre otros, el del realismo económico. El sistema de derecho privado es concebido hoy como un conjunto ordenado de principios, de forma tal que el núcleo que conforma la unidad del sistema no está constituido por artículos aislados.

Dentro de esos principios la búsqueda del realismo económico en los intercambios ocupa un lugar central; tal lo que surge del reconocimiento del principio de adecuación de los contratos al cambio de circunstancias (art. 1198 CCiv.); la corrección de las obligaciones cuando ellas llevan a resultados desajustados como consecuencia de la aplicación de índices de actualización (ley 24283, etc., Ariza, Ariel, "Emergencia y sistema de derecho privado" , en JA. 2003-II - 1259).

Ese realismo económico campea también en la legislación de emergencia para la contratación fuera del sistema financiero. Así, el art. 11 ley 25561 mandó, aún antes de su última reforma en noviembre de 2003:

(A) a las partes, pagar a cuenta con la relación 1 a 1 y reestructurar las obligaciones recíprocas procurando compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio;

(B) al Poder Ejecutivo, dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones específicas sustentadas en la doctrina del art. 1198 CCiv. y en el principio del esfuerzo compartido.
Acción de amparo, recurso contencioso administrativo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, avocación jurisdiccional, jurisprudencia no aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, María Angélica y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Avocación (artículo 2, ley 11330). Amparo jurisdiccional (Expte. CSJ   Nº 139-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-22

No se encuentran configuradas en el caso -donde agentes del Registro Civil promueven recurso de amparo para que se les reconozcan, liquiden y paguen diferencias salariales- las circunstancias consideradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Mases de Díaz Colodrero c- Estado de la Provincia de Corrientes s/amparo" (resuelta en 8.7.1997), dado que allí se encontraban en debate cuestiones vinculadas con remuneraciones de magistrados cuya intangibilidad tiene sustento constitucional. Por tanto, no cabe hacer lugar al planteo de la recurrente que, invoca dicha causa intentado la admisión de un criterio amplio sobre la viabilidad del amparo.
Violencia de género, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por E. M. D. G. en la causa Rivero, Alberto y otro c/  s/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo y violación según párrafo 4to. art. 119 inc. e
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Es arbitraria la sentencia que rechazó el recurso de casación deducido por la querella contra la sentencia que absolvió a los imputados en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, pues tanto el tribunal oral como el a quo pasaron por alto los criterios para la correcta valoración de la prueba en casos como el presente, en la medida en que cuestionaron la confiabilidad del testimonio de la víctima a partir de la diferencia que presentarían sus declaraciones acerca de la cantidad de veces que fue obligada a practicar sexo oral al acusado, por lo que tal proceder implicó, además, menospreciar lo declarado por aquélla sobre las oportunidades en que habría sido accedida carnalmente a pesar de que en este aspecto no existieron discrepancias en sus declaraciones. (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Martillero, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scunio, Anglade c/ Cittamar S.A. y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-17

Los arts. 69 de la ley 7021 y 578 del CPC. no establecen precisiones matemáticas para fijar los honorarios del martillero en caso de subasta suspendida sin su culpa, el tema debe resolverse en base a pautas de criterio, para lo cual el monto del asunto y los trámites efectuados para arribar a la subasta son meras pautas de apreciación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, plazo, plazo de gracia, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Provincia de Santa Fe (Fiscalía de Estado) s/ Apelación resolución de fecha 29.03.96. Recurso Extraordinario.   Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ   Nº 290-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-12

Para el recurso extraordinario federal rigen los plazos establecidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que se cuentan según las normas de ese ordenamiento. Por aplicación del artículo 124 del citado cuerpo legal, el tiempo para presentar el escrito introductorio fenece a las dos primeras horas del despacho, rigiéndose el punto de arranque de esas dos horas de gracia por la ley local que establece que es facultad de la Corte Suprema de Justicia, fijar el horario de las oficinas judiciales y el de su atención al público (Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 19 inciso 8). En uso de tales atribuciones, en acuerdo de fecha 21 de marzo de 1984, la Corte local resolvió modificar lo dispuesto en la acordada de fecha 27.7.76 punto 10 y establecer que el horario de atención al público se cumplimentará de 7,15 a 12,45 horas. Por tanto, en el sub-judice corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpuesto por la actora atacando el pronunciamiento de la Corte local, por cuanto el mismo fue presentado a las 11,25 horas del día inmediato posterior al día del vencimiento del plazo de 10 días establecido pro el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y el plazo de gracia expiraba a las 9,15 horas.
Recurso de casación, Derecho procesal, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Del Río, Juan Antonio s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1987-06-24

Cuando se recurre en casación esgrimiéndose la causal de violación de las formas procesales, es obligación que inexorablemente pesa sobre el quejoso, la de cumplir con los requisitos que la ley procesal exige para la promoción del incidente de nulidad.

Esto es, que se invoque el perjuicio sufrido y el interés que se procura subsanar con la nulidad denunciada, ya que no cumpliendo con esa carga el recurso debe ser rechazado.
Recurso de apelación (procesal), impulso procesal, carga
Materia: CIVIL
Carátula: ROBLES DE PIERINI VERONICA MABEL c/ MUNICIPALIDAD DE CLODOMIRA s/ AMPARO - APELACION DORADO, MARCELA ELIZABETH y CASASOLA, CLAUDIA ALEJENDRA c/ COLEGIO FARMACEUTICO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION CORVALAN, FANNY M. c/ SUPERO GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ AMPARO AMBIENTAL CONSTITUCIONALIZADO-CUADERNO DE APELACION DE MEDIDA  CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-11-08|2006-11-01|2007-06-05

El auto que concede el recurso de apelación produce la apertura de la segunda instancia y, en principio, desde entonces pesa sobre el recurrente la carga de urgir el procedimiento, realizando los trámites tendientes a que el órgano ad quem cumpla la función revisora.-
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, sentencia, daños y perjuicios, daño material, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LONEGRO, GUSTAVO c/ PEIMU S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Corresponde descalificar el pronunciamiento a tenor de la doctrina de la arbitrariedad, en razón de que el Tribunal convalida una solución que no supera el test de constitucionalidad previsto en el artículo 95 de la Constitución provincial, pues si bien el Colegiado dijo considerar los elementos particulares del caso a los fines de la cuantificación indemnizatoria (edad, trabajo del fallecido, nivel de ingreso, número de hijos menores de edad, asistencia efectiva que prestaba el causante, expectativa de vida, etc.), omitió explicitar adecuadamente por qué arribó a la suma fijada en concepto de daño material. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Erbetta, Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Sociedades comerciales, fusión de sociedades
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Pancallo D' Agostino M c/ Litormet S.R.L. y otros s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-01

Finalizando las diversas etapas del trámite de esta operación, el acuerdo definitivo de fusión se anotará en el Registro Público de Comercio para su plena eficacia: nuestro derecho, a igual que los demás países, no tolerará la fusión de hecho. La inscripción es un acto fundamental en la fusión.
Competencia contravencional y de faltas, delitos, ley penal, jerarquía de las leyes
Materia: PROCESAL
Carátula: B.,G.L. s/ Coacción (art. 149 bis) y coacción agravada (art. 149 ter inc. 2b)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Si la justicia nacional ha descartado que los hechos investigados constituyeron una conducta penal típica, corresponde que continúe interviniendo la justicia en lo contravencional y de faltas para que analice la posible configuración de una contravención en atención a la atribución de legislar sobre faltas y sancionarlas con penas de alcance puramente local, siempre y cuando esos hechos u omisiones no caigan en la órbita de la legislación nacional punitiva en razón de la preponderancia de la ley penal sobre la contravencional. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Sentencia arbitraria, absurdo
Materia: LABORAL
Carátula: Melgarejo, Gustavo G. c/ Forestal San José S.A. s/ Horas extras y otros-Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-08-06

No es incongruente ni puede ser tachada de absurdo evidente ni arbitrariedad manifiesta la sentencia de Cámara que confirma la sentencia del Juez de Primera Instancia aunque en ésta se haya omitido en la parte resolutoria uno de los rubros integrantes de la litis, si en los considerandos de la sentencia -que es la parte más importante- se expidió acabadamente sobre la cuestión. Se rechaza el recurso.
Obligaciones de dar sumas de dinero, convertibilidad, mora
Materia: CIVIL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro y Empresas Reunidas Impregislo Dumes y Asociados para Yacireta Unión Transitoria de Empresas (UTE) s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-17

Si la obligación es desde el origen una deuda de dinero, su cumplimiento tempestivo será regulado por el art. 619 del Código Civil y las normas de la ley 23.928. En caso de mora, regirá el art.

622 del Código Civil, exclusivamente, pues la ley 23.928 no legisla supuestos de mora en estas obligaciones. Si la deuda no es dinero, sino que su objeto es desde el origen de la obligación, una cosa o un hacer o una omisión, con valor en sí mismo, el deudor cumplirá oportunamente dando o haciendo u omitiendo (arts. 574 a 615 y 625 a 634 Cód. Civ.). Si el deudor incurre en mora, debería el "valor" o el "equivalente" del objeto o prestación debidos, mas los daños y perjuicios (arts. 519 a 522 Cód. Civil y sus aplicaciones, 579, 581, 595, 603, 606, 608, 613, 615, y 625 a 634). En el caso que el valor o el equivalente se haya determinado mediante índices, el resultado no podrá exceder al valor real del objeto al tiempo del pago (Ley 24.283). (Dr. Diblasi: según su voto).
Depósito bancario, restitución de sumas de dinero, acción de amparo, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CIRI, RODOLFO LUIS Y SPINELLI DE CIRI, O. ALICIA c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ AMPARO - DERECHO LESIONADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-05

El derecho de propiedad es susceptible de protección por vía de amparo cuando concurran los restantes requisitos de procedencia, y lo es en mayor grado, como derecho esencial de la persona, cuando se trata de la disponibilidad de pequeños ahorros de quienes no poseen poderío económico, pues en tal caso esos vienes se presume que resultan absolutamente indispensables para la autonomía personal y familiar y deben ser considerados como ampliación de la libertad humana.
Demandado, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanz, Cristian Hugo c/ Elizondo, Osvaldo y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-23

En la demanda ha de constar la concreta invocación del carácter en que se la deduce, explicando claramente el hecho de donde surgiría el mismo, de modo de proporcionar un conocimiento exacto de la legitimación que el demandante se atribuye, por tratarse de un requisito relativo al título de pedir de la pretensión. O sea que tal específico dato debe introducirse al proceso mediante la alegación del actor, pues dentro del sistema dispositivo y la teoría de la sustanciación a los que nuestra Ley de Enjuiciamiento adscribe, esa actividad corresponde exclusivamente a la parte, sin posibilidad alguna de modificación oficiosa de dicho elemento configurativo del fundamento o causa de pedir.
Presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: FIGUEROA, BLADIMIRO c/ ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS ESCORIHUELA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-25

Para desvirtuar la presunción de la existencia del contrato de trabajo (artículo 23 Ley de Contrato de Trabajo), la prueba respectiva está puesta por la ley a cargo del supuesto empleador y el pretendido empleado sólo debe probar el corpus de la prestación de servicios.
Obstrucción de la vía pública, dolo, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: S, R.O. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

El bien jurídico tutelado por el artículo 41 del Código Contravencional es la garantía de la Constitución Nacional vinculada con la libertad de transitar, pero esta contravención requiere que la atribución de responsabilidad del hecho sea a título de dolo. Conforme la definición clásica: "obra dolosamente quien hace lo que quiere y sabe lo que hace"; de modo que si el obrar del encartado no estuvo dirigido a impedir la circulación voluntariamente, no existe pues el elemento subjetivo del tipo.

No alcanza la representación posible de que se dificultará el paso peatonal colocando una cosa mueble o deteniéndose un grupo de personas con el propósito de conversar, para que se configure la acción típica que pone en peligro el derecho amparado por la norma contravencional. (Del voto en disidencia de la Dra.

Robledo)