Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-09


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 9 de 2010.

Estudiados los autos se planteó la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada? A la cuestión propuesta, la Señora Juez de Cámara Doctora Isabel Míguez dijo:

I.- Los Antecedentes del Litigio.

En la sentencia obrante a fs. 5369/80, la magistrada de grado admitió parcialmente la demanda de daños y perjuicios incoada por "Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L." contra "Zurich International Life Limited Sucursal Argentina", estableciendo que la rescisión sin causa perpetrada por la demandada del contrato de agencia que había vinculado a las partes, resultaba abusiva por haberse otorgado únicamente el exiguo plazo de quince días de preaviso, condenando, en consecuencia, a esta última a abonar a la primera la utilidad neta que ésta hubiera percibido de prolongarse dicho contrato por el plazo de quince días -además de los otorgados por preaviso- y a pagar las comisiones adeudadas conforme las pautas contractuales y considerando el plazo de quince días adicionado, rechazando, por otro lado, los restantes rubros indemnizatorios pretendidos.

Los hechos relevantes del caso sub examine han sido sintetizados en la resolución señalada en lo que la Sra. Juez a quo estimó razonable consignar, por lo que, a esa referencia cabe remitirse brevitatis causae.

II.- Los Recursos deducidos.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes en litigio, haciéndolo en primer lugar la parte actora mediante la apelación interpuesta a fs. 5356, la cual fue fundada con la expresión de agravios obrante a fs. 5408/23, presentación que fuera contestada por su contraria, a través del escrito de fs. 5450/67.

Idéntica actitud adoptó esta última parte mediante la apelación deducida a fs. 5354, la cual fue fundada a través de la expresión de agravios obrante a fs. 5430/40, cuyo traslado fuera contestado por la accionante con la presentación que luce agregada a fs. 5442/8.

1) Las quejas de la demandante.

i) En primer término, se agravió la recurrente, en torno a la omisión de consideración y tratamiento de la pretensión de cumplimiento de los efectos residuales del contrato de agencia que vinculara a las partes.

En ese sentido, aseveró que la juez a quo no se había pronunciado respecto de su solicitud de que se le abonen las denominadas comisiones "por renovación" y "por incremento automático", las cuales, alegó, se habían devengado al momento de la celebración de las pólizas contratadas por cada uno de los asegurados y cuyo pago se encontraba expresamente previsto en la cláusula "7.4." y concordantes del contrato de marras, agregando que este documento preveía expresamente que luego de operada la rescisión sin causa del contrato se debían abonar todas las comisiones que estuvieran pactadas contractualmente.

Añadió a los argumentos expuestos, que en caso de duda respecto a la inteligencia que debía darse a las cláusulas contractuales en cuestión, esas disposiciones debían ser interpretadas a su favor, ello debido a que era la parte más débil de la relación contractual, destacando además, que la interpretación sostenida podía corroborarse por el hecho de que luego de promovida la presente demanda su contraría había modificado la redacción de la cláusula de marras en los contratos suscriptos con los restantes agentes, negándoles a estos últimos el derecho a reclamar daños y perjuicios, resarcimiento o compensación de cualquier índole, en caso de rescisión incausada.

ii) En siguiente lugar, controvirtió el análisis efectuado por la sentenciante de la anterior instancia respecto del contrato que vinculó a las partes, señalando que dicho convenio debía considerarse un típico "contrato de adhesión" al cual su parte sólo le quedaba la opción de adherir.

iii) De otro lado, criticó el plazo de preaviso establecido por la Sra. Juez de grado, aseverando que al momento de su fijación no se había contemplado ni la duración que había tenido la vinculación, ni las características esenciales del contrato, ni tampoco que se había privado a su parte de las comisiones, de su "fuerza de venta" y de su clientela.

En ese sentido, adujo que no se le había otorgado un plazo prudencial para recomponer su actividad comercial y sustituir la fuente de sus ingresos u organizar algún negocio alternativo.

Asimismo, cuestionó que la sentenciante no hubiese considerado que a su parte no sólo se le había rescindido el contrato de marras, sino que además con la rescisión había perdido toda su clientela y se había visto despojada de la totalidad de su "fuerza de ventas", lo cual denotaba una conducta de la proponente claramente desleal y contraria a la buena fe, que podría ser calificada de dolosa.

Agregó, respecto de este punto, que tampoco se tuvo en cuenta al sentenciar que el accionar de la demandada anterior y posterior a la rescisión del contrato fue claramente abusivo.

iv) También se agravió esta recurrente de que la juzgadora no tuviese en consideración que, más allá de la inexistencia de un acuerdo escrito de exclusividad, la realidad indicaba que la accionante tenía una dedicación exclusiva para con la demandada en la zona de Tucumán.

v) Por otra parte, controvirtió la desestimación de la indemnización pretendida en concepto de "daño moral", afirmando que la hostilidad y la malicia del accionar de su contraria habían lesionado su imagen, su reputación y su honor.

Agregó respecto de esta queja, que no había sido considerado que también se encontraba debidamente acreditado el síndrome de fatiga crónica que padecía -y aún padece- la socia fundadora de la sociedad accionante, Cristina Novillo Corvalán de Nores, enfermedad que había sido motivada en el stress laboral producido por el tratamiento abusivo desplegado por la compañía demandada.

vi) Para finalizar, criticó la extensión del resarcimiento concedido por la sentenciante, señalando que no sólo correspondía el pago de la totalidad de las comisiones y la indemnización por "lucro cesante" fijada por la esta última, sino que también debía ser indemnizado el "daño emergente" causado.

En ese sentido, aseveró que se encontraban debidamente comprobados y, por ende, debían ser reconocidos, los siguientes perjuicios patrimoniale: a) indemnizaciones laborales por la suma de $12.676,50; b) gastos e inversiones en compra de bienes que ascendieron al importe de $68.403,94; y c) el valor de su "fuerza de ventas" y la capacitación de la misma, estimado en la cantidad de $52.500.

2) Los reproches de la demandada.

i) De su lado, la compañía aseguradora cuestionó, en primer lugar, que la Sra. Juez de grado hubiese desconocido la eficacia del acuerdo alcanzado entre las partes respecto del plazo de quince días de preaviso.

Adujo en ese sentido, que en el contrato celebrado entre las partes se pactó la posibilidad de rescindir sin expresión de causa con un plazo de preaviso que se fijó en quince días, destacando que su contraria no había aportado prueba alguna que acreditase que el plazo acordado fuera insuficiente.

Agregó, que tampoco se consideró que no se adjuntó ninguna probanza que acreditase que la actora se hubiese visto obligada a suscribir el contrato ahora cuestionado, destacando además que, al no existir pacto de exclusividad alguno, la accionante había podido en todo momento comercializar productos de otras compañías de seguros.

Para finalizar esta queja, sostuvo que no era perceptible un ejercicio abusivo o irrazonable de la cláusula en cuestión si se había cumplido con el plazo de preaviso fijado, enfatizando que cuando la "teoría del abuso del derecho" es utilizada para privar de efectos a una cláusula contractual -como acontece en autos- su uso debía ser restrictivo, razón por la cual, no debía ser aplicada.

ii) En segundo término, se agravió en torno al pago de comisiones en dólares estadounidenses dispuesto en la sentencia cuestionada. En ese sentido, alegó que la Ley 25.561 y el Decreto 214/02 establecieron la "pesificación" de toda obligación de dar suma de dinero expresada en dicha moneda existente al 06.01.2002, motivo por el cual, toda vez que la deuda reclamada databa de fines del año 1999, no existía ningún justificativo para omitir la aplicación de tal normativa.

iii) En tercer lugar, cuestionó que se hubiese omitido hacer lugar a la compensación prevista en nuestra normativa legal, siendo que la propia accionante había reconocido que adeudaba a su parte la suma de $21.250, en concepto de adelanto de comisiones.

iv) Continuó sus reproches, controvirtiendo la tasa de interés fijada por la a quo, alegando que la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días resultaba inaplicable para los montos que se expresan en dólares estadounidenses, tal como acontece en la especie.

v) Para finalizar, cuestionó la imposición de costas en el orden causado, afirmando que las mismas debían ser distribuidas en la proporción al resultado del proceso, enfatizando que únicamente había prosperado un monto ínfimo de lo reclamado en la demanda.

III. La Solución propuesta.

I. El tema a decidir.

Preliminarmente, se estima necesario establecer que no se ponderarán todas y cada una de las argumentaciones de las recurrentes sino sólo aquellas susceptibles de incidir en la decisión final conforme criterio avalado por la Corte Suprema de Justicia a estos efectos (conf. Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

Sentado ello y delineado del modo expuesto el cuadro de situación de la controversia a la luz de los agravios vertidos por ambas litigantes en esta instancia, la cuestión a decidir en esta Alzada ha quedado centrada, en primer termino, en determinar si resultó acertado concluir que el plazo de preaviso de quince días fijado en la cláusula "7.2." del contrato de marras resultaba abusivo, extendiendo el mismo a treinta días. Esclarecido dicho aspecto, la cuestión se traslada a decidir, en su caso, respecto de la procedencia y extensión de la indemnización pretendida. Por otro lado, también corresponde pronunciarse respecto de la solicitud de pago de las comisiones "por renovación" y "por incremento automático", más allá de analizar también la pretensión de compensación de deudas, la tasa de interés fijada y la forma en la que fueran impuestas las costas del litigio.

2) Antecedentes fácticos relevantes.

Liminarmente, cabe dejar sentado que no se encuentra controvertido que la Sra. Mar+ia Cristina Novillo Corvalán de Nores -socia fundadora de la sociedad actora- se había vinculado con "Eagle Star International Life Ltd." (actualmente "Zurich International Life Limited Sucursal Argentina"), en fecha 30 de junio de 1995 a través de un "contrato para la encomienda de funciones como productor asesor de seguros" (véase fs. 6/49).

Asimismo, tampoco se encuentra discutido en esta instancia que, posteriormente, continuaron la relación comercial a través de la constitución de la sociedad "Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L." firmando el pertinente contrato en fecha 3 de noviembre de 1998 (véase fs. 50/93).

Por otro lado, también se estima necesario señalar que resultan coincidentes las partes en que el referido contrato fue rescindido sin causa por la aquí demandada en fecha 23 de noviembre de 1999, mediante el envío de una carta documento, otorgándole a la accionante un plazo de preaviso de quince días corridos desde su recepción (véase fs. 276).

3) La rescisión unilateral del contrato que vinculó a las partes. La validez de la cláusula "7.2." inserta en dicho convenio. El plazo de preaviso razonable.

a) Características principales de la vinculación entre las partes. El contrato de agencia.

Tal como fuera supra expresado no se encuentra discutido que las partes se vincularon a través del "contrato para la encomienda de funciones como productor asesor de seguros", este convenio, más allá del nombre dado por las partes debe ser caracterizado como un "contrato de agencia".

Este tipo de contratos se encuentra incluido dentro de la categoría de "contratos de distribución" los cuales hacen referencia a un conjunto de relaciones, usuales en la actualidad, que encuentran su común denominador en constituir canales o vías de comercialización por medio de terceros que actúan sin relación de dependencia (conf. Farina, Juan M., "Contratos comerciales modernos", Astrea, Buenos Aires, 1999, Nº 274, págs. 412/413).

Trátase de formas de colaboración empresaria que tienden a la comercialización de bienes y servicios mediante variadas técnicas de colocación de productos y penetración en los mercados (conf. CNCom., Sala C, 30.12.2003, in re: "Marcolín, Carlos A. y otros c. Resero Sociedad Anónima Industrial Agropecuaria, Comercial y Financiera s/ordinario"). En este sentido, quedarían alcanzados por el término distribución propiamente dicha (conf. Kleidermacher, Jaime L., "Franchising", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, pág. 113 y ss.).

Ahora bien, el "contrato de agencia" ha sido definido como aquél en que una parte, denominada agente de comercio, asume de manera estable, actuando con autonomía, la tarea de promover por cuenta y en interés de otra parte -denominada proponente- sobre la base de una retribución, la realización de contratos, dentro de una zona asignada (conf. Farina, Juan M., "Contrato de Agencia", citado por Etcheverry, Raúl Anibal; en "Derecho Comercial Económico. Contratos. Parte Especial", pág. 365).

Las notas distintivas de este tipo contractual son las siguientes: a) es un contrato de duración, como contraprestación del contrato de ejecución instantánea; b) tiene por objeto la promoción o la conclusión de negocios encomendados por el concedente a la agencia; c) se celebra entre empresarios mercantiles; d) el agente debe cooperar en la ejecución de los contratos con terceros; e) tiene obligación de seguir las instrucciones del comitente; y f) debe informar a éste el resultado de sus gestiones, defendiendo sus intereses (conf. Farina, Juan M.; "Resolución del contrato en los sistemas de distribución"; Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 14/5).

Por otro lado, cabe acotar que se trata de una relación contractual entre dos empresas jurídicamente independientes, o sea entre dos organizaciones autónomas, que se distinguen claramente: una produce bienes o servicios y la otra se ocupa de comercializarlos asumiendo los riesgos propios de su actividad, ello sin que medie un vínculo societario o laboral, aunque pueda haber una sujeción técnica o económica (conf Argeri, Saúl, "Contrato de distribución", pág. 1042; Robledo - Iribas, "El contrato de distribución", LA LEY, 2000-F, 1348).

En efecto, el agente de comercio es un empresario independiente que monta una organización compleja y riesgosa al servicio de la difusión y colocación de productos del principal en una zona determinada. Su gran mérito es la captación de la clientela, que no puede desarrollar el fabricante ni aún en su propia zona de influencia (conf. Etcheverry, Raúl Aníbal; "Derecho..." obra supra citada, pág. 356).

Sentado ello, corresponde efectuar una breve reseña de las cláusulas relevantes de dicho contrato.

Ahora bien, en primer lugar cabe dejar sentado que la demandada encomendó a la actora la presentación de operaciones correspondientes a pólizas de seguro de vida que "Eagle Star International Life" tuviera aprobadas por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación (véase fs. 6, cláusula "1.1.").

Asimismo, la cláusula "7.1." de dicho contrato prevé que "salvo los casos previstos en este contrato, el mismo se considera de duración indefinida" (véase fs. 14).

No obstante lo expuesto, en el acápite siguiente se establece que, el contrato "podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin expresión de causa y previa notificación con 15 días de antelación, en cuyo caso la rescisión tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación, sin necesidad de interpelación alguna judicial o extrajudicial. La parte que disponga del contrato de esta manera no estará sujeta por ello a indemnización, resarcimiento o prestación alguna que no este prevista en el presente." (Véase fs. 14, cláusula "7.2.").

Luego de esta breve síntesis, cabe recordar que la cuestión litigiosa versa sobre la aplicación por parte de la demandada de esta última cláusula. Ahora bien, la juez de grado entendió que el plazo de quince días de preaviso establecido en esa cláusula resultaba abusivo, considerando como adecuado y razonable la fijación de un plazo de preaviso de treinta días.

La demandada, en su expresión de agravios, cuestionó que se hubiese desconocido la eficacia de la cláusula supra trascripta, alegando que no existía prueba de que la actora se hubiese visto obligada a suscribir el contrato en cuestión, ni tampoco que el plazo allí establecido fuese insuficiente, agregando que la "teoría del abuso del derecho" debía ser utilizada en forma restrictiva, no siendo aplicable al caso bajo examen.

De su lado, la accionante se agravió del plazo fijado por la sentenciante, cuestionando que esta última no hubiese considerado que se trataba de un "contrato de adhesión", no hubiese tenido en cuenta la duración que había tenido este contrato y la "exclusividad" de la vinculación, ni tampoco hubiese ponderado que se la había privado de las comisiones, de su "fuerza de ventas" y de su clientela.

b) La revisión de las cláusulas del contrato.

Delineadas las principales características del contrato y reseñadas las posturas de las partes, cabe comenzar por analizar, en primer término, si correspondió dejar sin efecto el plazo de preaviso fijado en el contrato de marras.

Es dable señalar que un contrato de las características del examinado se inscribe dentro de los llamados contratos "de duración", o "por tiempo indefinido", o "de prestaciones fluyentes" (conf. CNCom., esta Sala A, 12.12.2006, in re: "A.V.S. c. Asociación Civil Educativa Escocesa San Andrés"). Ello se desprende de la cláusula "7.1." del contrato supra transcripto, al establecer que el mismo es de "duración indefinida" (véase fs. 14).

Sabido es que mientras que los contratos de plazo determinado se rigen por lo acordado en cuanto a plazos de vigencia y de preaviso, salvo abuso, los contratos sin plazo pueden ser finalizados por las partes en cualquier momento, notificando fehacientemente la decisión con una antelación razonable, o en su defecto, indemnizando.

En rigor, en caso de indeterminación del plazo de vigencia del contrato, ninguna de las partes está autorizada para hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un casus le impusiera hacerlo o si hubiere acaecido una actividad francamente culpable o dolosa de la otra parte.

En consecuencia, no mediando plazo pactado, la ruptura unilateral en sí no configura un hecho ilícito sino el ejercicio de un derecho y la ilicitud dependerá, en su caso, de la intempestividad del distracto. Mediando plazo de preaviso -tal como aquí acontece- debe observarse ese plazo, salvo que el mismo resultare abusivo.

Así, esta Sala ha sostenido pacíficamente que para la procedencia de la rescisión unilateral de un contrato de esta índole, cabe exigir -entre otros recaudos- un preaviso otorgado con la prudente antelación, cumplido lo cual, la ruptura unilateral del mismo no puede reprocharse, toda vez que, salvo disposición expresa de la ley, nadie puede ser obligado a permanecer atado a una relación jurídica de modo indefinido (conf. CNCom, Sala A, 04.05.2007, in re: "Paradiso Trans S.R.L. c. Massalin Particulares S.A."; íd. id., 23.08.2007, in re: "Sobrero, Héctor c. Cerro Nevado S.A. y otros s/ordinario", entre otros).

Bajo esta óptica, esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, en ausencia de plazo cierto que fije un término de vencimiento de la relación contractual, debe entenderse que las partes han querido hacer durar el contrato por el tiempo que les resulte conveniente, no resultando admisible que ninguna de ellas quede vinculada sine die a la otra (conf. CNCom. esta Sala A, 14.12.2006, in re "Heregal S.R.L. c. Coca Cola Femsa de Buenos Aires S.A. s/ordinario"); sin perjuicio de lo cual el derecho implícito de denuncia que asiste a las partes del contrato no puede ser ejercido abusivamente o de mala fe, debiendo ejercerse en tiempo oportuno, es decir, una vez transcurrido el tiempo mínimo necesario para que la relación produzca los efectos económicos que le son propios o, en otros términos, una vez transcurrido un plazo razonable, que dependerá del ramo, envergadura del negocio y cuantía de la inversión realizada (conf. esta CNCom, esta Sala A, 04.05.2007, in re: "Paradiso Trans S.R.L...", cit. supra; en igual sentido, 23.12.1986, in re: "Beyer, Justo c. Alpargatas S.A.").

Sobre la base de lo hasta aquí expresado, a fin de determinar si correspondió dejar sin efecto el plazo de preaviso de quince días fijado por la cláusula "7.2.", es menester establecer si el mismo resultaba abusivo.

En ese cometido, corresponde tener en consideración la duración de la vinculación, las características de la relación -"exclusividad"- y si el tiempo otorgado resultaba razonable para que su contraria pudiese reorganizar su negocio.

c) La duración de la vinculación.

En atención a lo expuesto precedentemente es menester establecer, en primer lugar, la duración de la vinculación contractual.

A dicho fin cabe señalar que si bien ambas partes resultan coincidentes en que el primero de los contratos fue firmado en el año 1995, esto es cuando la sociedad demandada se radicó en el país, lo cierto es que la relación databa del año 1987.

En efecto, la accionante al promover demanda manifestó que "Eagle Star International Life Ltd." comenzó a operar en el país en el año 1987 a través de la sociedad uruguaya "Manresa S.A.", (posteriormente denominada "Nelcord S.A.") y que la Sra. Cristina Novillo Corvalán de Nores comenzó a trabajar desde ese momento como productora, juntamente con su madre, en exclusividad para la demandada, llegando a desempeñarse como "District Manager" dentro de la estructura de ventas de esta última (véase fs. 1710/1).

Si bien este extremo no fue reconocido expresamente por la accionada, lo cierto es que tampoco fue negado al contestar demanda, razón por la cual, cabe entender que desde el año 1987 que la Sra. Novillo Corvalán de Nores se vinculaba con la demandada, siendo posteriormente reemplazada por la sociedad por ésta constituida -"Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L."- continuando con la misma vinculación contractual.

Este conclusión se ve corroborada por el testimonio brindado por Andrés Simón Pryor -ex director comercial de la demandada- quien reconoció que las sociedades uruguayas mencionadas -"Manresa S.A." y "Nelcord S.A."- administraban las pólizas de seguro de "Eagle Star International Life Ltd." antes de que esta última sociedad se radicara en el país (véase fs. 2640, respuestas 3º, 6º y 7º) y que entre los que vendieron dichas pólizas se encontraba la Sra. Novillo Corvalán de Nores (véase fs. 2640, respuestas 8º y 12º).

Asimismo, la testigo Susana Maria Mayorga -productora de seguros de la demandada- también refirió que la Sra. de Nores desde el año 1987 en adelante se dedicó a la venta de planes de la compañía accionada (véase fs. 2660, respuesta 15º). Resultó coincidente con esa declaración, el testimonio de Esteban Spalding -productor de la demandada- quien afirmó que la Sra. Novillo Corvalán de Nores se dedicaba a la venta y comercialización de productos de la demandada desde el comienzo de las actividades de esta última (véase fs. 2758, respuestas 11º, 13º y 16º).

Por todo lo hasta aquí expuesto, resulta forzoso concluir que la relación contractual entre las partes se desarrolló desde el año 1987, hasta la rescisión del contrato operada en el año 1999, es decir durante doce años.

d) La existencia de "exclusividad".

Encontrándose determinada la extensión de la relación y a los fines de dilucidar si resultó razonable el plazo de preaviso fijado, también cabe establecer si existió una relación de "exclusividad" entre las partes.

En torno a este aspecto de la cuestión, liminarmente, se estima necesario señalar que, si bien es cierto que no existía en el contrato suscripto por las partes cláusula alguna que estableciera "exclusividad" para operar únicamente con las pólizas emitidas por la demandada, lo cierto es que, en rigor de verdad, durante todo el desarrollo de la vinculación contractual, las partes se comportaron como si existiese la relación de "exclusividad" alegada.

Este extremo fue expresamente reconocido por los testigos Andrés Simón Pryor (véase fs. 2641, respuestas 20º y 21º); Susana María Mayorga (véase fs. 2658, respuestas 23º, 25º y 26º); Fanny Mabel Baez -productora de la demandada- (véase fs. 2697, respuestas 15º y 16º); Daniel Jorge Valli -director de marketing de la accionada- (véase fs. 2712, respuesta 23º); Esteban Spalding (véase fs. 2760, respuestas 19º y 24º); Gabriela Paula Barrial -empleada de la compañía de seguros- (véase fs. 2797, respuestas 5º y 6º); Gustavo de Elizalde -ex productor de seguros de la accionada- (véase fs. 2849/50, respuestas 18º, 23º y 25º); Maria Josefina Colombres -ex empleada de la accionante- (véase fs. 3190, respuestas 25º y 26º) y José María Santamarina (véase fs. 3195, respuesta 31º).

En consecuencia, solo se impone concluir en que existió una relación de "exclusividad" de parte de la actora hacia la compañía aseguradora demandada.

e) El preaviso previsto en la cláusula "7.2.".

Determinados los extremos señalados en los acápites anteriores, se encuentran dadas las condiciones para analizar si el preaviso de quince días fijado en la cláusula "7.2." del contrato de marras resultaba razonable o, por el contrario, si resultaba abusivo y, por ende, correspondía así calificar a la rescisión operada.

Así las cosas, a pesar de que, tal como fuera expuesto en el considerando "b)", cualquiera de los contratantes se encontraba facultado para decidir, unilateralmente y sin causa, la rescisión del negocio, con un preaviso de quince días, el límite a dicha facultad estaba dado, conforme también fuera supra señalado, por la exigencia de que ella no sea ejercida, desconsiderada, ni abusivamente.

En ese sentido, la ausencia de un preaviso razonable constituye una vulneración de este límite, por lo que sólo mediando razones legítimas y graves, se justifica, sin más, que se imponga una interrupción repentina (conf. CNCom., Sala C, 22.11.1993, in re: "Servicios Especiales S.R.L.").

Ahora bien, considerando que la duración de la vinculación se extendió por el plazo de doce años, que durante la duración del contrato la accionante vendió en forma "exclusiva" las pólizas emitidas por la demandada y teniendo en cuenta la estructura del mercado de seguros de vida -en el cual los clientes se mantienen en la compañía aseguradora durante períodos muy prolongados- se advierte claramente que el plazo de quince días establecido en el contrato cuestionado resultaba insuficiente y, por ende, abusivo, impidiendo toda posibilidad de que la accionante reestructurase la actividad de productora de seguros llevada a cabo hasta ese momento.

Sobre la base de lo precedentemente expuesto, corresponde decidir el rechazo de la queja de la demandada en torno a la aplicación del plazo de preaviso fijado en el contrato de marras.

f) La extensión del resarcimiento por la falta de preaviso.

Encontrándose establecido que resultó acertada la decisión de la sentenciante de estimar abusivo el plazo de preaviso fijado en el contrato cuestionado, cabe ingresar en el tratamiento del reproche de la accionante en torno a que el período de preaviso fijado por la a quo también resultaba exiguo y no se correspondía con las circunstancias fácticas que rodearon la rescisión.

Ahora bien, tal como fuera precedentemente expuesto, a fin de establecer cual es el lapso razonable de preaviso que cabe reconocer en casos como el que nos ocupa han de merituarse, pues, las circunstancias que rodean el caso concreto, ponderándose en especial la naturaleza y particularidades de la relación que permitan al perjudicado paliar las consecuencias que se derivan de la ruptura, tendiendo a posibilitar la reestructuración de la actividad llevada a cabo hasta entonces, ya que la indemnización se sustenta en la necesidad de que el perjudicado por la resolución reorganice su empresa a fin de posibilitar el inicio de un nuevo emprendimiento comercial (conf. CNCom., esta Sala A, 03.05.2007, in re: "Paradiso Trans S.R.L. c. Massalin Particulares S.A. s/ordinario").

En ese sentido, cabe señalar que nuestros tribunales, de manera coincidente, han señalado que, como ya se dijo, es parámetro de referencia la antigüedad de la vinculación contractual habida entre las partes, para establecer cuál es el término que aparece necesario para facilitar el "reacomodamiento" de la operatoria comercial afectada, debiendo resarcirse las utilidades dejadas de percibir durante el segmento temporal equivalente al preaviso fijado (análogamente se ha expedido CNCom., Sala E, 30/03/89, in re: "Marriott Argentina S.A. c. Ciccone Hnos. y otra").

Por otro lado, repárese en que decisiones como la aquí cuestionada no se adoptan en la esfera empresarial "de un día para el otro", sino que se meditan y se debaten intensamente, debiendo ser comunicadas con razonable antelación a la contraparte, a los fines de que el cocontratante afectado cuente con la posibilidad de encontrar un nuevo nicho en el mercado -en idéntico rubro o en otro distinto- para llenar el vacío negocial creado por la primera, o -en el peor de los casos- para disponer su disolución y liquidación -con lo que todo ello implica en el ámbito de los intereses directa e indirectamente afectados- frente al evento de que la alternativa empresarial no resultase económicamente conveniente (o viable).

Dentro de tales parámetros, teniendo en cuenta lo señalado en el acápite "c)" en cuanto a que se encuentra acreditada en autos una relación contractual continuada de la actora con la demandada de -aproximadamente- doce años y ponderando la "exclusividad" con la que se desarrolló la relación, considero que la accionada debió haber otorgado a la actora, al menos, un razonable preaviso que se estima prudente fijar en tres (3) meses, atento a la índole de la relación bajo examen.

En cuanto al quantum de la indemnización por este concepto se estima que el mismo estará configurado por la utilidad neta que la accionante hubiese percibido de prolongarse la vinculación por el plazo precedentemente fijado.

En efecto, se coincide con el criterio que sostiene que, en casos como el del sub lite, es parámetro justo "el resarcimiento de las ganancias que la parte ha dejado de percibir como consecuencia de la ruptura del contrato, debiéndose calcular la utilidad neta mensual y multiplicarla por el período de tiempo de preaviso estimado pertinente" (conf. CNCom., Sala B, 30.06.1983, in re: "La Central de Tres Arroyos S.A. C. Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Grego S.A. y otros"; íd. Sala D, 20.03.1997, in re: "Ducusa Flet S.A. c. Editorial Atlántida S.A.").

Si bien la peritación contable producida en autos no brinda información precisa en relación a la utilidad neta de la actora en su relación con la demandada, lo cierto es que el experto estimó que el promedio de ingresos brutos mensuales de la actora durante los últimos tres años había ascendido a la suma de $17.580,31.

En consecuencia, sólo cabe de parte de este Tribunal realizar prudencialmente una estimación de la utilidad neta porcentual, sobre la utilidad bruta promedio aplicable al caso, como ganancia neta mensual promedio.

Ahora bien, es uso común en la actividad comercial admitir una utilidad con márgenes que van del 30% al 40%, razón por la cual, en la especie, considero que corresponde asumir, a falta de toda prueba, un determinado margen, en equidad, que estimo adecuado fijar en una utilidad neta del 40% sobre la utilidad bruta promedio, es decir, el importe de $7.032,12 mensuales, lo que equivale al importe de $17.580,31, por el período de "preaviso" no gozado, esto es, 2 meses y 15 días.

Huelga manifestar que el resarcimiento otorgado en concepto de preaviso deja fuera de discusión la consideración de la indemnización por "lucro cesante", toda vez que en los contratos de ejecución continuada y de plazo indeterminado este último se subsume en aquél.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expuesto, cabe pues hacer lugar parcialmente al agravio de la accionada y, en consecuencia, se deberá modificar parcialmente la sentencia cuestionada condenando a la demandada a abonar a la demandante una indemnización por falta de "preaviso" de la suma de $17.580,31.

4) Los restantes daños patrimoniales reclamados por la interrupción del contrato de agencia.

No obstante la indemnización fijada en el considerando precedente en concepto de "preaviso", lo cierto es que la accionante se agravió respecto de la falta de tratamiento por parte de la a quo de los restantes reclamos patrimoniales derivados de la rescisión sin causa del contrato, motivo por el cual, corresponde ingresar en su consideración.

a) Indemnizaciones laborales.

En primer lugar, corresponde analizar la procedencia del resarcimiento en concepto de "indemnizaciones laborales", en ese cometido, cabe señalar que la accionante reclamó por este concepto la suma de $12.676,50, ello motivado en la rescisión de los contratos laborales de sus ex dependientes Leonor Frías Silva y Laura Lis Jaime, despidos atribuidos a la interrupción del contrato que la vinculaba con la demandada.

Ahora bien, liminarmente se aprecia conducente señalar que el contrato de agencia de marras establece, en lo que aquí interesa, que "el productor organizará su propia actividad según su exclusivo criterio y se valdrá de los elementos personales y materiales que el mismo determine..." (véase fs. 11, cláusula "5.1.") y también que "el productor se declara responsable de todo gasto que origine su actividad, incluyendo expresamente los correspondientes al personal que ocupe, sea en concepto de remuneraciones, indemnizaciones por rescisión de los contratos de trabajo..." (véase fs. 11, cláusula "5.1.2.", el subrayado me pertenece).

Tal como puede advertirse de las cláusulas transcriptas era la accionante quien decidía si debía poseer o no personal dependiente y era quien debía hacerse cargo de todos los gastos derivados de la existencia de dicho personal, incluidas las indemnizaciones por despido.

En este punto, debe recordarse que conforme fuera supra expuesto, la agencia debe ocuparse de comercializar los productos del proponente, asumiendo los riesgos propios de la actividad y dentro de esos riesgos se encontraba el de la rescisión del contrato, toda vez que cualquiera de las contratantes se encontraba facultada para decidir, unilateralmente y sin causa, la rescisión del negocio, razón por lo cual, la apelante no puede agraviarse de que por el uso de dicha facultad hubiese tenido que despedir a su personal, cuando dicha posibilidad se encontraba prevista y era conocida por la accionante, encontrándose, por ende, dentro del riesgo asumido.

No obsta a la solución esbozada que en el considerando precedente se hubiese concluido que el preaviso otorgado había resultado abusivo, toda vez que el único rubro relativo a la "indemnización laboral" que resultaría procedente por ese accionar abusivo, es el relativo al "preaviso", ello debido a que la falta de un preaviso razonable por parte de la demandada para con la actora ocasiona que esta última se vea imposibilitada a su vez de otorgar dicho "preaviso" a sus dependientes, mas no provoca su despido, que, debe reiterarse, era un riesgo que debía ser asumido por la actora.

Sentado ello, cabe destacar que en el sub lite no resultará procedente indemnización alguna por dicho concepto, toda vez que, al efectuar el reclamo por "indemnizaciones laborales", la accionante no incluyó el rubro referido -"preaviso"-, limitándose a manifestar que correspondía el pago de la indemnización prevista por la LCT 247 o, en su caso, la prevista por la LCT 245 (véase fs. 1726 vta.), agréguese a ello, que en la prueba contable efectuada a fin de establecer la indemnización que le correspondía a cada una de sus dependientes, no se incluyó punto pericial alguno relativo a la procedencia de indemnización por "preaviso" (véase pericia contable, fs. 4137 vta., respuesta 31).

Si bien lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para decidir el rechazo del ítem bajo examen, a mayor abundamiento, cabe agregar a lo anterior, que de las constancias colectadas a lo largo del litigio no surge que la demandada hubiese desembolsado suma alguna por este concepto.

Sobre la base de todo lo hasta aquí expresado, solo corresponde rechazar la pretensión de resarcimiento por el concepto "indemnizaciones laborales".

b) Recompra o reconocimiento de bienes reutilizables.

En segundo término, cabe ingresar en la consideración de la pretensión de "recompra o reconocimiento de bienes reutilizables". Con relación a este rubro la demandante consideró acreditada la procedencia del reclamo por la suma de $68.403,94, considerando incluido en este reclamo los gastos efectuados en el equipamiento y compra de bienes para el funcionamiento de sus oficinas.

Ahora bien, tal como puede observarse del anexo XXII de la prueba pericial contable, el mobiliario y los bienes cuyo reconocimiento aquí se peticiona aparecen como necesarios para el desarrollo de la actividad que desarrollaba la actora (véase fs. 4118/9), razón por la cual, se encuentran incluidos en las previsiones de los puntos "5.1." y "5.1.2." del contrato precedentemente reseñados, que colocaban en cabeza de la actora todos los gastos que demandase su actividad.

En efecto, tal como fuera señalado en el acápite anterior, la demandante conocía la facultad de rescisión incausada existente en el contrato, razón por la cual, debía tener conocimiento que la inversión realizada en la adquisición de dichos muebles podía no resultar amortizada en el caso de utilizarse esa facultad, en consecuencia, sólo puede entenderse que el perjuicio ahora pretendido constituía un riesgo que se encontraba incluido dentro del alea propia del comercio, riesgo que debe ser soportado por la accionante.

Por otro lado, también cabe destacar que la mayoría de los bienes en cuestión, considerando el momento de su adquisición, se encontraban total o parcialmente amortizados al momento de la finalización del vínculo contractual (véase fs. 4260).

Asimismo, no puede dejar de ponderarse que, conforme informó el perito contador en su dictamen, la demandada había implementado un "fondo de desarrollo comercial" mediante el cual se le reintegraban a la accionante -y a las restantes agencias- algunos de los gastos realizados en reclutamiento, capacitación, infraestructura, mobiliario, publicidad, etc. (véase fs. 4133 vta., punto 16) y tal como puede observarse del anexo XVI de dicho informe, la adquisición de varios de los ítems ahora pretendidos habrían sido solventados por dicho fondo (véase fs. 4027, anexo XVI y fs. 4118/9, anexo XXII).

Para finalizar este punto, se aprecia conducente destacar además, que los bienes en cuestión pudieron continuar siendo utilizados por la accionante o, en su caso, también pudieron ser enajenados, razón por la cual, no se advierte la existencia de perjuicio alguno que debiera ser objeto de resarcimiento.

Sobre la base de todas las razones hasta aquí señaladas, sólo corresponde desestimar el rubro pretendido.

c) Gastos realizados en la capacitación de la "fuerza de ventas".

El último de los reclamos patrimoniales incluidos en la expresión de agravios es el relativo a la capacitación de la "fuerza de ventas".

En torno a esta cuestión, liminarmente, cabe dejar sentado que la demandante solicitó el importe de $52.500 por este concepto, considerando un valor de $3.500, por la capacitación de cada uno de los 15 productores que componían su "fuerza de ventas".

A fin de analizar este rubro, cabe comenzar por realizar una pequeña reseña respecto a como se encontraba organizada la estructura de ventas de la demandada.

Ahora bien, los distintos productores contratados por la entidad accionada se encontraban organizados en diversas categorías de acuerdo a su volumen de ventas y su propia estructura de comercialización, a saber: "Branch Manager"; "District Manager"; "Senior Consultant-Team Leader"; "Senior Consultant"; "Field Consultant-Team Leader"; "Field Consultant"; "Consultant"; "Assistant Consultant" y "Trainne Consultant" (véase contrato obrante a fs. 24). Asimismo, cada una de las categorías señaladas tenía prevista una comisión propia, siendo ésta mayor cuanto más cerca de la punta de la estructura se encontraba ubicado el productor (véase fs. 26).

Asimismo, si bien todos resultaban productores independientes cada "District Manager" se encontraba bajo la dirección de un "Branch Manager" y cada "Consultant" se encontraba bajo la dirección, de un "Branch Manager", de un "District Manager" o de un "Team Leader".

Sentado ello, cabe señalar que la accionante dentro de esa estructura ocupaba el escalafón de "District Manager" y dependía jerárquicamente del "Branch Manager" "C. del C. S.A."; también cabe destacar que la actora dependían jerárquicamente varios "Consultant" que son lo que se denomina "fuerza de ventas" (véase demanda fs. 1713). Ahora bien, los gastos derivados de la capacitación de esos "Consultants" es lo pretendido por la accionante en este ítem.

Cabe adelantar que dicha petición no podrá tener favorable acogida.

En efecto, en primer lugar, es menester dejar sentado que en la capacitación de los diferentes integrantes de la "fuerza de ventas" de la actora no sólo intervenía esta última, sino que también la compañía demandada participaba en ese proceso mediante el dictado de un curso de inducción y efectuando el pertinente examen que debía ser aprobado por el productor, quien luego de este proceso se incorporaba como productor independiente a la demandada, pero incluido en la "fuerza de ventas" del "Branch Manager" o del "District Manager" que lo había capacitado -en este caso la actora-, este extremo fue reconocido por la propia accionante (véase fs. 1713 vta.).

Por otra parte, cabe dejar aclarado que la capacitación a los diferentes productores no era una exigencia de la demandada para ser productor, sino que permitía al productor que efectuaba esa capacitación ascender en el esquema organizativo antes descripto (en el caso sub examine para ser "District Manager" se requería poseer una "fuerza de ventas" de un mínimo de ocho "consultant") y, por ende, le permitía cobrar mayores comisiones. Recuérdese que, como fuera expuesto anteriormente, el contrato preveía que cada productor organizaba su propia actividad de acuerdo a su exclusivo criterio (véase fs. 11, cláusula "5.1.").

Agréguese a ello, que los beneficios de la capacitación de los productores no sólo se traducían en un porcentaje mayor de comisiones por las ventas de pólizas debido al ascenso de categoría dentro del esquema reseñado, sino que una mayor cantidad de "fuerza de ventas" implicaba que cada póliza vendida por alguno de esos productores capacitados, generaba para el "District Manager" del cual dependía, la percepción de un porcentaje de la comisión que correspondía a esa venta.

Más allá de lo hasta aquí expresado, resulta suficiente para decidir la suerte adversa del reclamo, se estima necesario apreciar que la accionante no acreditó en forma alguna cuales fueron concretamente los gastos realizados en la capacitación de su "fuerza de ventas", limitándose a efectuar una estimación de la suma de $3.500 por cada uno de los productores que integraron dicha "fuerza de ventas", sin explicitar ni demostrar como arribaba a ese importe.

Por último, cabe señalar que conforme fuera expuesto en el acápite anterior la demandada había implementado un "fondo de desarrollo comercial", el cual financiaba, entre otros, los gastos realizados en la capacitación de productores (véase fs. 4133 vta., punto 16) y dentro de los reintegros de gastos otorgados a la accionante en dicho fondo figuran varios desembolsos atribuidos a gastos de capacitación, como por ejemplo, un reintegro de $1.236,81, del 23.04.1998, imputado a "Gastos de capacitación Salta", un reintegro de $694,50 del 26.11.1998, imputado a "Alojamiento y pasajes cursos de inducción" (véase anexo XVI, fs. 4027).

Sobre la base de lo hasta aquí expresado, no cabe sino decidir la desestimación del reclamo indemnizatorio por el rubro en cuestión.

d) Consideración final.

Para finalizar, resulta menester destacar que no se analizaran los restantes rubros patrimoniales solicitados en la demanda, a saber: "reintegro de gastos correspondientes al fondo de desarrollo comercial"; "bonus de persistencia"; "crecimiento de mercado"; "gastos de publicidad y promoción"; e "indemnizaciones por rescisión de los contratos de locación", toda vez que su desestimación no fue objeto de agravio alguno.

5) El "daño moral - daño a la imagen".

En punto al rubro solicitado, cabe dejar sentado que la accionante solicitó el resarcimiento del "daño a la imagen" sufrido por la sociedad, como un perjuicio extrapatrimonial, asimilándolo al "daño moral" y alegando que la rescisión del contrato había afectado la imagen, el honor y la reputación de la agencia.

Ahora bien, en primer término, es menester referir en relación al "daño a la imagen", que se ha establecido en otros casos la existencia de la posibilidad de resarcir daños infringidos a la imagen, a la reputación, al crédito y a la consideración pública.

Cabe observar sin embargo, que esos daños se aprecian más susceptibles de reflejarse en la pertinencia de un resarcimiento de contenido económico concreto, que bien cabría dentro del rubro "lucro cesante", si se acreditaran los extremos de menester para ello, tal el supuesto de "pérdida de chance", por ejemplo. Sin embargo, no se descarta tampoco la posibilidad de que quepa reconocer, ante un caso dado, la estimación de un perjuicio con ribetes imprecisos en su contenido y consecuencias, donde se hubiera demostrado la producción de daños de la índole de los caracterizados, sólo como "daño extrapatrimonial" y en los cuales correspondiese acoger el resarcimiento pedido, siempre, ante el perjuicio demostrado y sujeto a una prudente estimación judicial. (conf. esta CNCom. esta Sala A, 16.12.2008, in re "Abboud Leyla Patricia c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ordinario"; íd. íd. 20.11.2007, in re "Multipoint S.A. C. Banco Patagonia Sudameris S.A. S/Ordinario").

En el caso sub examine, dicho perjuicio no se encuentra debidamente acreditado como para entender procedente la indemnización pretendida.

En efecto, debe recordarse que la demandada se encontraba facultada a rescindir el contrato en forma incausada, razón por la cual, el uso de dicha facultad no podía generar perjuicio alguno de índole extrapatrimonal que no se encuentre incluido dentro de las previsibles alternativas de la vida comercial, es decir, dentro de los propios riesgos de la actividad, riesgos que debían ser soportados, como se dijo, por la actora.

No obsta a lo supra expuesto el hecho de que dicha facultad hubiese sido utilizada en forma abusiva al omitirse otorgar un preaviso razonable, ya que no se acreditó en forma alguna que dicho extremo -la falta de preaviso razonable- hubiese ocasionado un perjuicio de índole moral o que hubiese dañado la "imagen comercial" de la agencia.

Para finalizar este punto, cabe destacar que las probanzas realizadas en torno al supuesto síndrome de fatiga crónica padecido por Cristina Novillo Corvalán de Nores -extremo que es utilizado por la actora como argumento para sustentar la petición del "daño moral-daño a la imagen"-, no pueden ser tenidas en consideración para demostrar el perjuicio aquí reclamado, en tanto que la presente acción fue iniciada por la sociedad "Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L." y no por sus socios en forma personal.

Sobre la base de todo lo precedentemente expuesto, sólo cabe decidir el rechazo del rubro indemnizatorio "daño moral-daño a la imagen" solicitado por la demandante y, por ende, corresponde la confirmación de la sentencia cuestionada en lo que al aspecto de la cuestión tratada se refiere.

6) Los efectos residuales del contrato. La procedencia del reclamo por comisiones.

a) Consideraciones preliminares.

Más allá del reclamo por los daños y perjuicios derivados de la rescisión unilateral del contrato de agencia, lo cierto es que la accionante peticionó además, que se condene a la demandada al pago de las comisiones adeudadas al momento de la extinción del vínculo contractual, razón por la cual cabe ingresar en el tratamiento de dicha cuestión.

La juez de grado consideró que se encontraba acreditada la existencia de comisiones adeudadas, debido a que el experto contable había informado la existencia de comisiones "básicas" impagas por la suma de u$s 33.400 y $5.846,87, no obstante lo cual, no condenó al pago de una suma determinada, sino que encomendó al perito contador efectuar una nueva liquidación, en la cual confronte que todos los montos informados, debieran haber sido abonados a la actora por haberse producido el efectivo cobro de la prima por parte de la aseguradora, ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22.400:6.

La accionante cuestionó que la juez a quo no se pronunciase respecto de la procedencia del cobro de las comisiones "por renovación" y "por incremento automático". De su lado, la accionada se agravió respecto de que la sentencia cuestionada ordenara el pago de comisiones en dólares estadounidenses, sin disponer la aplicación de la "pesificación" prevista por la Ley 25.561 y, por otro parte, que no aplicase el instituto de la compensación, cuando existía una deuda reconocida por su contraria.

Sentado ello, cabe dejar sentado que no fue materia de agravios la procedencia del pago de las comisiones "básicas" (aquellas que la aseguradora reconoce por la contratación de nuevas pólizas) adeudadas hasta el 15.12.1999, señaladas por la a quo, ni que su determinación debía realizarla el perito de conformidad con las pautas dispuestas en la sentencia.

b) Las comisiones por "renovación" ("reconocimiento de gastos de cobranza") y por "incremento automático".

Ingresando en el tratamiento del reproche de la demandante, cabe señalar que esta última al interponer la presente acción, reclamó el pago de las comisiones por "incremento de prima" ("incremento automático) y por "comisión de renovación" ("reconocimiento de gastos de cobranza") que su parte debería percibir durante los años en los cuales las pólizas oportunamente contratadas se encontrasen vigentes.

En primer término, se aprecia necesario dejar sentado que la comisión "por renovación" o también denominada "reconocimiento de gastos de cobranza" es la comisión que perciben los productores como consecuencia de la renovación de las pólizas contratadas por parte de los respectivos asegurados y, por otro lado, la denominada comisión por "incremento automático" es una comisión especial que se percibe en aquellas pólizas en las que el asegurado pactó el incremento automático de la prima que paga cada año, consiste en el pago de una comisión "básica" por el monto del incrementó de la prima; cabe agregar que ambas comisiones se abonan en forma anual.

Sentado ello, señálase que ambas partes sustentan su postura en lo establecido en la cláusula "7.4." del contrato que las vinculaba, el cual, prevé "en los casos de rescisión de este contrato, el productor o sus derechohabientes, en su caso, tendrán derecho a percibir las comisiones o retribuciones devengadas con anterioridad a dicha rescisión, al momento de cumplirse los requisitos para adquirir ese derecho" (véase fs. 15, el resaltado me pertenece).

En efecto, sostiene la actora que las comisiones solicitadas se devengaron al momento de celebrarse la póliza y, por el contrario, la demandada aduce que esas comisiones se devengan al momento en que la prima correspondiente es pagada. En consecuencia, a fin de dilucidar la cuestión litigiosa corresponde determinar en que momento la comisión se devenga.

Pues bien, resulta menester destacar que no puede sostenerse la hipótesis esbozada por la accionante de que las comisiones se devengaron al momento de la celebración de cada una de las pólizas, toda vez que el pago de dichas comisiones se encontraba condicionado a que se produzca la renovación de la póliza en el primero de los casos -"comisión por renovación"- y a que se abone la prima con el incremento en el segundo -"comisión por incremento"-.

En ese sentido, el perito contador expresó, que a los "Branch Manager" y a los "District Manager" se les reconoce una comisión por mantenimiento o por renovación y "esta comisión se devenga con el pago de la prima por parte del cliente" (véase fs. 4128; el ...).

Por otro lado, véase que en el contrato suscripto entre las partes se establece que "la generación de retribución a favor del productor estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones: ...d) que el tomador de la póliza abone efectivamente la prima correspondiente mediante el ingreso de valores a Eagle Star" (véase fs. 9, cláusula "3.4.").

En esa misma línea, el artículo 6 de la Ley 22.400, que regula el régimen de los productores asesores de seguro, en lo que aquí interesa, dispone que "el derecho del productor asesor a cobrar la comisión se adquiere cuando la entidad aseguradora percibe efectivamente el importe de la prima o, proporcionalmente, al percibirse cada cuota en aquellos seguros que se contraten con esta modalidad...".

En consecuencia, sólo puede interpretarse que la comisión se "devenga" y que nace el derecho del productor a percibirla, al momento en que es pagada la prima por parte del asegurado a la compañía aseguradora.

Sobre la base de ello, resulta forzoso entender que únicamente correspondía a la actora el cobro de las comisiones devengadas hasta el momento de la rescisión contractual operada el 15.12.1999.

Para finalizar, cabe destacar que el experto contable informó que a la fecha de la extinción del vínculo contractual -15.12.1999- no se habían identificado "comisiones por renovación", ni "comisiones por incremento automático" pendientes de pago (véase fs. 4138, respuestas 37 y 38).

Sobre la base de lo precedentemente expuesto, resulta forzoso decidir que no corresponde reconocer a favor del demandante importe alguno en concepto de "comisión por renovación", ni tampoco de "comisión por incremento".

c) La aplicación de la normativa de emergencia a la condena de autos.

Con respecto al reproche de la parte demandada relativo a la condena en dólares estadounidenses, en primer término, cabe destacar que en ninguna parte de la sentencia cuestionada se ordena el pago de suma alguna en dólares estadounidenses.

En efecto, la sentenciante refirió que según la información brindada por el perito contador existía una deuda por comisiones "básicas" impagas de u$s 33.400 y de $5.846,87, pero considerando que en esa información se habían incluido además las deudas derivadas de pólizas celebradas que se encontraban pendientes de cobro, sin constatarse la efectiva percepción de la correspondiente prima (véase fs. 4450, punto 12), ordenó la realización de una nueva liquidación conforme las pautas de la sentencia, condenando al pago de la suma resultante de dicha liquidación.

No obstante lo expuesto, toda vez que no fue aclarado en la sentencia cuestionada, cabe agregar que al momento de efectuar el perito contador la liquidación ordenada por la a quo, en caso de la existencia de deudas expresadas en dólares estadounidenses, deberán aplicarse las disposiciones previstas en la normativa de emergencia.

d) La procedencia de la compensación de deudas.

Tras lo anterior, corresponde ingresar en el tratamiento del restante agravio de la accionada relativo a la falta de aplicación del instituto de la compensación en el caso sub examine.

En ese sentido, alegó que la propia demandante había reconocido adeudar la suma de $21.250, en concepto de adelanto de comisiones, razón por la cual, correspondía detraer del monto que liquidase el perito en concepto de comisión dicho importe.

Ahora bien, en primer lugar, cabe dejar sentado que en nuestra legislación el instituto de la compensación se encuentra normado por los artículos 818 a 831 del Código Civil; en el primero de los artículos citados se establece que "la compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda". Por otro lado, el artículo 819 del mismo cuerpo normativo establece que las deudas deben ser subsistentes civilmente, liquidas, exigibles y de plazo vencido, asimismo, el artículo 820 CCiv. expresa que ambas deudas deben consistir en cantidades de dinero.

Al establecer la compensación la ley se hace cargo de la inutilidad que resultaría de imponer a uno de los sujetos el cumplimiento de su propia obligación, para recibir, a su turno, el cumplimiento de la otra, disponiendo la extinción de las dos obligaciones recíprocas sin necesidad de que se cumplan ambas prestaciones, hasta la concurrencia del monto de la menor y subsistiendo el resto (conf. Belluscio, Augusto-Zannoni, Eduardo; "Código Civil y leyes complementarias." T. 3, Ed. Astrea, Buenos Aires 1988, pág. 682).

Ahora bien, en el sub lite, más allá de que la demandada no dedujo reconvención por la suma en cuestión, lo cierto es que al interponer la demanda la propia accionante afirmó su contraria le había otorgado varios créditos quedando un saldo impago de $21.250 (véase fs. 1714 vta.), razón por la cual, al tratarse de una deuda que resultaba liquida, exigible y de plazo vencido se encontraban cumplidos los requisitos para la procedencia de la compensación aludida, en consecuencia, correspondía acoger dicha pretensión.

e) Conclusión.

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, corresponderá rechazar el agravio sobre este punto deducido por la demandante, hacer lugar parcialmente al reproche de la accionada y modificar la sentencia cuestionada, ordenando que el perito contador al efectuar la liquidación dispuesta por la a quo del monto adeudado en concepto de comisiones "basicas", además de aplicar la normativa de emergencia, deberá detraer el monto de $21.250, debido por la accionante a la compañía aseguradora.

7) La tasa de interés aplicable.

Con relación al agravio de la demandada relativo a la tasa de interés aplicable, cabe destacar que, el argumento de la quejosa versa únicamente en torno a la inaplicabilidad de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días, sobre los montos expresados en dólares estadounidenses.

Ahora bien, considerando que en la resolución cuestionada no se dispuso el pago de suma alguna en dicha moneda, sólo corresponde decidir el rechazo del citado reproche.

8) Las costas del litigio.

Resuelta así la cuestión de fondo sólo resta, finalmente, tratar el recurso relativo a la imposición de las costas.

Más allá del agravio puntual de la accionada en torno a la imposición de costas, toda vez que lo hasta aquí expuesto, determina la modificación parcial de la sentencia de grado, tal circunstancia determina que haya quedado sin efecto la distribución de costas efectuada en la anterior instancia y, por ende, corresponde a este Tribunal expedirse sobre este particular, en orden a lo previsto por el artículo 279 del Código Procesal.

El principio general en esta materia es que la parte vencida en el juicio deba pagar todos los gastos de la contraria, pues éstos son corolario del vencimiento y se imponen no como sanción sino como resarcimiento de los gastos casuídicos que debe rembolsar el vencido (conf. CNCom, esta Sala A, 26.09.2007, in re: "Vila Mabel Alejandra c. Garantía Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario"; íd. id., 01.09.1987, in re: "Iglesias Enrique c. Pianotours S.R.L."; ídem, 28.04.1989 in re: "Servigas del Interior S.A. (en liquidación) c. Agip Argentina S.A. s / ordinario").

La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas oportunidades que el art. 68 CPCC consagra el principio del vencimiento como rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: de modo que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (conf. CSJN, Fallos, 312:889, entre muchos otros).

Sin embargo, si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Síguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (conf. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tº I, pág 491).

En la especie, aún cuando no hubiesen prosperado la totalidad de las pretensiones deducidas por la demandante, lo cierto es que la accionada resultó sustancialmente vencida en el pleito, razón por la cual, entiendo que no se verifican circunstancias especiales que autoricen excepcionalmente a apartarse de la regla general del vencimiento.

Ello así, por cuanto comparto el criterio jurisprudencial que propugna, en las acciones de daños y perjuicios, la imposición de costas a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio, de acuerdo a una apreciación global de la controversia y con independencia que las reclamaciones del perjudicado hayan progresado parcialmente con relación a la totalidad de los rubros o montos pretendidos, sin que quepa sujetarse en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos (conf. esta CNCom. esta Sala A, in re: "Navais c. Calveira s/ordinario" del 12.04.2007; ídem esta Sala, 04.04.2007, in re: "Berón, Carlos A. c. Banco de Galicia y Bs. As. S.A."; íd. 01.03.2007, "Boratti, María Magdalena c. Transportes Metropolitano General Roca S.A. s/ordinario"; íd. 01.03.2007, in re: "Cantarella Lidia Juana y otro c. Banco Itau Buen Ayre S.A. s/ordinario"; íd., 20.10.2006, in re: "Velásquez Victoria c. Transportes Metropolitano Gral. Roca s/ordinario"; íd, 06.10.1989, in re: "Cichelli, José c. Hilu Hnos. S.A."; íd., 31.03.1993, in re: "Pantano Ventura c. España y Rio de la Plata Cia. Argentina de Seguros s/sumario"; íd., 08.11.2002, in re: "Stagno, Carlos Alberto c. Banco Río de la Plata S.A. s/ordinario"; id., 16.06.1992, "Consevik S.A. c. Ventura, Sebastián s/ordinario"; íd. Sala C, 14.02.1991, in re: "Enrique R. Zenni y Cía. S.A. c. Madefor S. R. L. y Otro s/Ordinario"; íd. 22.12.1999, in re: "Burgueño, Walter Ricardo c. Banco Mercantil S. A. s/Ordinario"; íd. 12.12.2003, in re: "Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión c. Torneos y Competencias S.A. s/Ordinario"; íd. 30.12.2003, in re: "Marcolín Carlos Alberto c. Resero Sociedad Anónima Industrial, Agropecuaria, Comercial y Financiera s/Ordinario", entre muchos otros).

Por las razones expuestas, propicio al Acuerdo que las costas de primera instancia sean impuestas en su totalidad a la compañía aseguradora demandada, en su condición de sustancialmente vencida en la contienda (CPCCN: 68).

Con relación a las costas devengadas en esta Alzada, las mismas serán distribuidas en el orden causado atento el resultado de los recursos deducidos (CPCCN: 279 y 68).

IV.- Conclusión.

Por todo lo expuesto, propicio al Acuerdo:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la accionante.

2) Receptar también parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia;

3) Modificar la resolución cuestionada, condenando a "Zurich International Life Limited Sucursal Argentina" a abonar a "Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L.": a) la suma de pesos diecisiete mil quinientos ochenta con 31/100 ($17.580,31) en concepto de "preaviso" y b) las comisiones "básicas" adeudadas al 15.12.1999, cuya determinación deberá efectuar el perito contador designado en autos, de conformidad con las pautas establecidas en el considerando "6)"; ambos importes con más los intereses fijados en la sentencia de grado;

4) Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravios;

5) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la compañía aseguradora demandada y distribuir las costas devengadas en esta Alzada en el orden causado (CPCCN: 279 y 68).

Así expido mi voto.

Por análogas razones, el Señor Juez de Cámara doctor Alfredo Arturo Kölliker Frers adhiere al voto precedente.

Y vistos:

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve:

1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la accionante.

2) Receptar también parcialmente el recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia;

3) Modificar la resolución cuestionada, condenando a "Zurich International Life Limited Sucursal Argentina" a abonar a "Nores Novillo Corvalán & Asociados S.R.L.": a) la suma de pesos diecisiete mil quinientos ochenta con 31/100 ($17.580,31) en concepto de "preaviso" y b) las comisiones "basicas" adeudadas al 15.12.1999, cuya determinación deberá efectuar el perito contador designado en autos, de conformidad con las pautas establecidas en el considerando "6)"; ambos importes con más los intereses fijados en la sentencia de grado;

4) Confirmar la resolución recurrida en todo lo demás que decide y fue materia de agravios;

5) Imponer las costas de primera instancia a cargo de la compañía aseguradora demandada y distribuir las costas devengadas en esta Alzada en el orden causado (CPCCN: 279 y 68). La Señora Juez de Cámara, Doctora María Elsa Uzal no interviene en el presente Acuerdo por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional). - Alfredo Arturo Kölliker Frers - Isabel Miguez.