marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Martillero, título profesional
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sacabas, Carlos Adalberto c/ Comisión Examinadora para el cargo de Auditor Municipal de la Municipalidad de Tinogasta s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-02-15

En el caso, la cuestión gira en torno a si el título expedido por el Colegio Nacional de Monserrat tiene validez y puede asimilárselo al titulo universitario que el sistema normativo vigente impone como condición habilitante para ser martillero. Dicha cuestión concierne al tratamiento de aquellas situaciones o relaciones jurídicas que han nacido y consolidado sus efectos bajo el amparo de un régimen jurídico que ha mutado con el transcurso del tiempo.

La ley 25.028 en el último párrafo de su art. 3 complementa el proceso de transición de un régimen de habilitación profesional a otro al fijar que: "a partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios".

La situación que la norma quiso captar es precisamente la de aquellas personas que hayan obtenido la certificación habilitante(certificado de idoneidad o en algunas provincias, título de nivel terciario conforme al régimen anterior), los que deben ser equiparados por imperio de la ley a quienes obtienen un título universitario. Del voto del Dr. Cáceres, por la Mayoría.
Competencia contencioso administrativa, bonificación anual por eficiencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hoffman de Cherby, Elvira I. c/ Estado Provincial s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-09-21

La actora -agente de la ex D.E.Ca.- y actualmente jubilada, interpone acción contencioso administrativa de ilegitimidad y plena jurisdicción en contra del Estado Provincial, peticionando la nulidad del Decreto Nº 1687/06 que no hiciera lugar al recurso de reconsideración en contra del Decreto Nº 1978/05 que rechazara oportunamente la solicitud de la ocurrente de incorporar en el cálculo de su haber jubilatorio el adicional designado como "bonificación anual por eficiencia" y el pago de la diferencia de haberes.

Sostiene que ambos decretos son insanablemente nulos porque le deniegan derechos que ya le habían sido reconocidos por el decreto originario Nº 1398/94, acto administrativo que se encontraba firme y consentido y no podía ser revocado en sede administrativa Ingresando al meollo de la cuestión debatida, cabe exponer que el actor, en su reclamo originario, peticionó ante la administración la readecuación de su haber jubilatorio de acuerdo a lo dispuesto por el CCT Nº 28/58 y así lo ordenó el Decreto Nº 1398/94-.

Recién con posterioridad la accionante modificó su reclamo, pidiendo la inclusión del adicional BAE, sin parar mientes en que tal adicional deriva y se encuentra legislado en el CCT Nº 36/75 -según consta en la certificación de servicios expedida por la Dirección de Recursos Humanos-.

De ello resulta, entonces, que la resolución del I.P.S.S. Nº 308/95, que efectivamente reajustó los haberes, lo hizo en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº 1398/94, acto administrativo al que por otra parte la actora reconoce como firme y consentido en su demanda, no habiéndose de ninguna manera y dentro de esos límites, tergiversado el sentido y alcance del reconocimiento jurídico producido por el decreto de mención, que al mismo tiempo daba respuesta positiva y plena al reclamo originario de la actora.

Entenderlo de otra manera supondría una violación flagrante de la traba de la litis y, en consecuencia, de los límites que las propias partes establecieron para la controversia de que se trata.

En consecuencia, no habiéndose solicitado originariamente en sede administrativa la aplicación del C.C.T Nº 36/75, y siendo la competencia de esta Corte de Justicia en materia Contencioso Administrativa, esencialmente revisora, corresponde no hacer lugar a la acción intentada.

Del voto de la Dra.Sesto de Leiva, en disidencia
Recurso de reposición (procesal), cancelación de deudas, deudas impositivas, tasas de interés, capitalización de intereses
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Banco de la Provincia de Tierra del Fuego s/ incumplimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Cabe admitir el recurso de revocatoria interpuesto contra la sentencia que condenó al demandado a pagar al Fisco una determinada suma con intereses, dadas las excepcionalísimas circunstancias del caso en las que la tasa de interés fijada implica el despojo del deudor, por lo que corresponde morigerar dicha tasa y disponer que el total de la deuda sea calculada según el criterio seguido por las partes en los convenios posteriores, es decir, aplicando las tasas de interés a que remite el art. 52 de la ley 11.683, con la capitalización allí pactada.
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HOTEL INTERNACIONAL IGUAZU  S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/ CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS  - LICITACION PUBLICA - PLIEGO SILENCIO DE  LA ADMINISTRACION - PRESUNCIONES  -  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  RECURSO  EXTRAORDINARIO - IMPROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-22

Es improcedente el recurso extraordinario que no contiene un preciso relato de los hechos de la causa, de la materia federal en debate y de la vinculación existente entre ésta y aquéllos, con una crítica prolija y circunstanciada de todos y cada uno de los argumentos en que la decisión se apoya para arribar a las conclusiones que motivan los agravios.
Filiación, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: G.M.N. c/ B.J.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-10-29

Debe tenerse por acreditado el perjuicio por la sola comisión del hecho antijurídico, que surge de los hechos mismos. Si así no fuera, no haría falta mayor esfuerzo probatorio para acreditar lo que es obvio y notorio: el transitar por la vida sin más apellido que el materno, sin poder alegar la paternidad, causa en cualquier persona un daño psíquico marcado. (Fundamento de la Dra. Elsa Cabrera de Dri)
Fallos de la Corte Suprema, secreto profesional, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

De los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación expuestos en el caso "Zambrana Daza" no se deriva, sin más, que los profesionales que presten servicios en instituciones privadas estén siempre exentos del deber de denunciar los hechos ilícitos que pudieran llegar a tener conocimiento. Ello así, por cuanto además de la normativa adjetiva, que les impone tal comportamiento -artículo 180, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Provincia, sin perjuicio de considerar la excepción prevista en la última parte del referido inciso-, se ven compelidos a efectuar la denuncia no sólo por lo previsto en el Código Penal, artículo 277, sino también, por las leyes específicas que regulan el ejercicio de las ramas del arte de curar en nuestro país y en nuestra provincia. Por lo tanto, la argumentación basada en una posible discriminación social, llevaría no solo a desincriminar al médico y a la paciente de un hospital público por su distinta responsabilidad penal, sino que paradójicamente también está anunciando idéntica desincriminación si tales conductas ocurriesen en el ámbito de un sanatorio privado. (Citas: CSJN Fallos, "Zambrana Daza" del 12-8-1997). (Del Voto del Dr. Falistocco)
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, tareas de limpieza, comedor
Materia: LABORAL
Carátula: Artaza,  Isolina  del  Valle c/ Garcia,  Raúl Alfredo y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-26

El hecho de que la actora hubiese prestado servicios en tareas propias de limpieza no constituye un elemento fáctico o jurídico que impida considerar aplicable la presunción contenida en el art. 23 LCT.. La prestación de servicios hace presumir "iuris tantum" que la obligación de prestarlos reconoce su fuente en un contrato de trabajo, aún cuando se hubiesen utilizado figuras no laborales para caracterizar la relación. Si la demandada admite la existencia de prestación de servicios de limpieza en el buffet que explota y no aporta las pruebas tendientes a acreditar que la prestación de servicios de limpieza respondió a una situación excepcional, es válido concluir que la relación se tradujo en la incorporación efectiva de la trabajadora a una empresa total o parcialmente ajena y que recibía por sus labores una suma determinada o indeterminada de dinero o una prestación tal como la oportunidad de obtener ganancias.
Prueba, policía judicial
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: PEREYRA ENRIQUE GERMAN s/ PRUEBA  -  PERICIA  JUDICIAL  -  INFORME  TECNICO  POLICIAL - POLICIA  JUDICIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-12-19

Los informes técnicos policiales no son, ciertamente, dictamenes periciales, puesto que los peritos sólo pueden ser nombrados por el juez y, justamente por eso, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, no es uno de los supuestos -el de los exámenes técnicos policiales-en que la ley exige, ineludiblemente, la intervención del acusado, por cuanto sólo el órgano jurisdiccional, que es el competente para ordenar pericias (C.P.P. 255) es, a la vez, el único facultado para garantizar el derecho de las partes y del Ministerio fiscal (C.P.P. 260 y 261). Por consiguiente, los informes técnicos llevados a cabo por la policía judicial no gozan de las garantías especiales que constituyen el régimen jurídico propio de las pericias y esto significa que la ley no exige para la realización de estas operaciones, salvo en lo posible, la observancia de las normas de la instrucción judicial, ni su ejecución debe ser notificada al imputado y a su defensor.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Gaddi, Néstor A. s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-29

Es insuficiente el agravio en el que se cuestiona lo decidido en cuanto a la velocidad que circulaba el procesado determinada en base a prueba pericial, si no se impugnan las respectivas conclusiones del sentenciante con el debido apoyo normativo; no siendo útil a tal fin la cita del art. 431 del Código de Procedimiento Penal (ley 3589 y sus modif.) desde que no se demuestra la concurrencia de duda en sentido legal.
Tratados internacionales, biodiversidad, impacto ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La Ley N* 24375, de aplicación y evaluación ineludible en cualquier estudio de impacto ambiental (EIA, así como la ley 25743 de Protección de Patrimonio Arq. y Paleontológico), está referida al Convenio sobre la diversidad biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil el 05-06-92 (Aprobación).

Su Artículo 1* aprueba el convenio sobre la diversidad biológica, adoptado y abierto a la firma en Río de Janeiro (República Federativa del Brasil) el 5 de junio de 1992, que consta de cuarenta y dos (42) artículos y dos (2) anexos.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Yedro Héctor Oscar c/ Panal Construcciones y/u otro y/o quien resulte responsable s/ Haberes impagos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-28

Para que las declaraciones testimoniales tengan suficiente fuerza legal convictiva, conforme a las reglas de la sana crítica, deben proporcionar elementos suficientes, ínfimas circunstancias, porque es mediante tales antecedentes que el tribunal podrá tener por acreditada una condición indispensable para su admisión, la presencia del declarante en el lugar y momento en que acaecieron los hechos. Para juzgar la validez y eficacia, deben valorarse a más de los factores subjetivos de idoneidad, aquellos otros objetivos que dimanan del testimonio mismo en su relación interna y externa con los hechos, por su verosimilitud y coherencia no dejando dudas en el ánimo del juzgador.
Accidente de tránsito, intereses, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: GUEVARA, Bautista Abenamar y otros c/ I.P.V. y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-10-04

Los intereses se deben desde la fecha del acaecimiento del infortunio, ya que desde esta fecha también se adeuda la indemnización. si bien el Tribunal tiene facultad para fijar una suma global a la fecha de la sentencia -donde los intereses estarían computados-, al optar por esa forma o metodología en el fallo que dicte al respecto, debe quedar claramente establecido por un lado, el monto que se reconoce en concepto de intereses y por otro, el procedimiento adoptado para el cálculo, caso contrario, se violaría el derecho de defensa de la parte actora, impidiéndolo el debido contralor del monto que se reconoce en concepto de capital y cual es la cantidad que corresponde a los intereses.
Dementes, declaración de insania, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: S. S. D. s/ Insania
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-07

No obstante que en los procesos de insania el dictamen médico constituye la prueba esencial, lo cierto es que la calificación jurídica de cada caso particular incumbe exclusivamente al juzgador quien, una vez verificada por los peritos médicos la existencia de la enfermedad y sus alcances en la vida de relación del enfermo, será quien determine si la persona contra quien se sigue el proceso requiere protección jurídica y, en su caso, en que medida (conforme Cámara Nacional Civil Sala F, c.94l del 10/9/84).-
Aplicación temporal de la ley, convenios colectivos de trabajo, resoluciones, encuadramiento sindical
Materia: LABORAL
Carátula: OGAS, VICENTE c/ ISOCOR  S.A. s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-15

Cualquiera sean los alcances temporales que es adecuado atribuir a la resolución de encuadramiento sindical, así como su incidencia en la aplicabilidad de una u otra convención colectiva de trabajo, si se pretende extraer de ella consecuencias patrimoniales por lapsos anteriores a la fecha en la que en virtud de la resolución en cuestión se aplicaba la celebrada por el candidato cuya representatividad había sido excluída, es menester efectuar una comparación global de ambos instrumentos. No es procedente atomizarlos a efectos de invocar aquellas cláusulas que favorecen de la que se aplicó, sin retroactividad, en virtud del encuadramiento al tiempo que se conservan otras del anterior.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Indutec S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación irregular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-10

No hay ganancia sino indemnidad patrimonial del expropiado cuando le es enjugado el desmedro que por la expropiación ineluctablemente se le ocasiona; la indemnización puede comprender varios rubros, especialmente en materia de perjuicios consecuentes a la desposesión.
Costas, costas en el orden causado, división de condominio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: SPOTA, Alberto Gaspar Mario c/ SUCESION DE SPOTA, Gaspar Alberto Eugenio s/ DIVISION DE CONDOMINIO - SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-23

El proceso sobre división de condominio se sustenta en un derecho indiscutible que poseen los condóminos otorgado por la ley, no requiriéndose de manera indispensable para su ejercicio la intervención del órgano jurisdiccional. Por ello, como regla general, corresponde imponer las costas en el orden causado y atendiendo a la porción de cada condómino. Además, también debe apreciarse la actitud asumida por las partes con anterioridad a la interposición de la demanda y la asumida en el proceso, por cuanto la posibilidad que tienen los condóminos de evitar el pronunciamiento judicial debe armonizarse con la circunstancia de que el accionante debe acreditar haber intentado arribar a un acuerdo privado y su resultado negativo (art. 377 del Código Procesal).
Empleados públicos, derechos de los agentes de la administración pública, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Quiroga Lavié, Humberto c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

Los derechos de los empleados nacen desde la toma de posesión y comienzo del ejercicio de sus funciones, siendo uno de aquéllos sino el más importante el de percibir una suma de dinero como contraprestación por su trabajo en el desempeño de la función, suma de dinero denominada usualmente sueldo que constituye la retribución que se abona periódicamente al funcionario por la tarea que se le ha encomendado (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Circunstancias sobrevinientes, extinción del derecho, considerandos de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: JUAREZ, EMILIO c/ INSAURRALDE, RICARDO s/ ORDINARIO (DESALOJO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-07-29

La última parte del art. 275 del C.P.C.C. de la Provincia de Formosa contempla la causa superveniens, permitiendo que el juez considere los hechos que, sin variar las pretensiones deducidas en el juicio, han consolidado o extinguido el derecho a ellos aplicable, es decir, los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio.
Tercería de dominio, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CURTIEMBRES FLORES S.A c/ MIGUEL ANGEL PONS Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO - EMBARGO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-16

No es suficiente para acreditar el dominio, un recibo o contrato, sino que es necesario acreditar fehacientemente tener la posesión del bien. Más aún, tratándose de bienes muebles entra en juego la presunción del art. 2412 del C.C.. El hecho que la parte tercerista haya adquirido el bien no significa de por sí que sea la propietaria del mismo. Para así titularse debe demostrar fehacientemente que no solo tiene el título sino que goza de la posesión. El fundamento de la tercería radica en el derecho que tiene el propietario de un bien embargado a que se deje sin efecto la traba; va de suyo que para el éxito de la acción se requiere la demostración cabal del dominio invocado, (título y posesión) sobre el bien.
Recurso contencioso administrativo, beneficio de litigar sin gastos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: CASTILLO, CARLOS CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXCEPCION DE ARRAIGO      EXPTE NRO 228-88 CASTILLO, CARLOS CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     EXCEPCION DE ARRAIGO      EXPTE NRO 694-88 LOZA, MARIA MYRNA c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ REVOCATORIA. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIO  N (CSJ EXPTE Nº 712-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-05-30|1990-05-30|1993-05-12

Es innegable que el artículo 22 de la Ley 4106 -beneficio de pobreza para los funcionarios y empleados de la Administración Pública para demandar el reconocimiento al pago del sueldo, de la indemnización o de la remuneración del servicio- no puede ser entendido con el restringido alcance que surge de su texto, pues es clara la intención del constituyente de asegurar el derecho a la jurisdicción (artículo 7 de la Constitución Provincial) facilitando el acceso a la justicia, lo que hace imprescindible acordar el beneficio de litigar sin gastos a quienes por su condición de trabajadores, ha de presumirse económicamente débiles frente a los entes públicos empleadores.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, nombramiento, Derecho laboral, trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Mendoza, Marcos Francisco c/ Instituto Frigorífico Municipal s/ Laboral (Expte Nro. 62-93) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-05-02

El agente administrativo difiere del trabajador que forma parte de un contrato de trabajo ya que, en el primer caso, aquél no es designado por contrato sino por un acto jurídico unilateral de la Administración Pública, acto administrativo, sometido a condición suspensiva de aceptación, colocándose, el agente, no en una relación contractual, sino un acto condición que lo coloca en una situación reglamentaria, objetiva, y de derecho público, debiendo recordarse que la Ley de Contrato de Trabajo excluye al agente administrativo salvo norma legal o disposición de convención colectiva de trabajo que disponga lo contrario, o por acto expreso se lo incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. (De los Fundamentos del Dr. Sánchez Gambino). En el caso la cuestión a resolver es: ¿Es competente la Justicia del Trabajo para dilucidar los conflictos de naturaleza laborativa suscitados entre el Instituto Frigorífico Municipal de la ciudad de Santa Fe y sus dependientes?
Acción de amparo, acto administrativo, Municipalidad, recursos administrativos, instancia administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BACCHETTA, MARCELO LUIS DARIO Y OTRO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ RECURSO DE AMPARO. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   227-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-11-19

No resulta comprometido un derecho de libertad que habilite la vía del amparo, por el acto que dispone la clausura de un local invocándose el ejercicio de los poderes de policía municipales, es decir, en ejercicio de una típica función administrativa, por cuanto importa una decisión que sólo provisoria e indirectamente afectaría el derecho a ejercer una industria lícita (ya que lo que se exigía -en el sub judice- era el cumplimiento de los requisitos indispensables para el regular ejercicio de la actividad, en vistas, además, de indudables razones de interés público). Y tal derecho debe hacerse valer por las vías administrativas (recursos administrativos) y jurisdiccionales (recurso contencioso administrativo) pertinentes. (Del voto del Dr. Ulla).
Jubilación de magistrados, edad mínima para jubilarse, declaración de inconstitucionalidad, voluntad del legislador
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Colombo, Claudio Julio c/ Estado Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros y otro s/ acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-14

La sucesión contenida en el art. 15 de la Ley 27.546 no refleja el propósito legislativo de no menoscabar el derecho de los magistrados y funcionarios a los que les distaba poco tiempo para obtener su prestación jubilatoria, de acuerdo al régimen anterior, ante la modificación de la edad requerida, puesto que la escala de progresividad así establecida hace ilusorio acceder al derecho pretendido, toda vez que el magistrado o funcionario nunca alcanzará la edad requerida por la norma hasta cumplir efectivamente los 65 años de edad, porque cada año necesitará uno más para llegar. Así, la escala de graduación resulta impracticable e importa el uso de una técnica legislativa errónea que no se compadece con la inteligencia que el legislador pretendió asignarle.