marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Extinción del contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, indemnización por accidente de trabajo, pago a cuenta
Materia: LABORAL
Carátula: ETCHEVERRY, LUIS c/ TELEFONICA DE ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

No corresponde hacer lugar al reclamo del actor si de la lectura integral de la cláusula 4ta. del acuerdo suscripto entre las partes, que puso fin a la relación laboral, surge claramente que en lo que no hay renuncia, cesión, transacción o disminución, sino pago a cuenta de una eventual acción, es un área específica, puntual y perfectamente delimitada de las normas de la ley 9688 y sus modificatorias y/o art. 1113 del C.Civil, ergo, cualquier otro reclamo ajeno a esta normativa, resulta alcanzada por la doctrina del plenario "Lafalce", toda vez que ha sido objeto de conciliación debidamente homologada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contrato de agencia, incumplimiento del contrato, desviación de poder, pago, improcedencia del recurso, comisiones
Materia: COMERCIAL
Carátula: Digital Voice SA c/Telecom Personal SA s/ordinario. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-10

Ello así, pues la empresa actora adujo que el abuso de la posición dominante consistió en que la demandada le pagaba las comisiones con demora y retrasaba la aprobación de las operaciones comerciales. Sin embargo, el plazo de pago de las retribuciones fue conocido y aceptado por el agente. Además, la accionada dio una explicación comercial para ese lapso de pago; en particular, el "bono por calidad de venta" funciona como a una especie de premio por fidelidad de las líneas gestionadas por el agente, y su comprobación requiere necesariamente el paso del tiempo.
Delito de peligro abstracto, tenencia ilegítima de documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: SALVATORE, CARLOS A. s/ REC.  DE  NULIDAD  Y APELACION INTERPUESTO POR EL DR. NATANSON POR LA  PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-15

El delito previsto y reprimido por la ley 20.974, art. 33 inc.

"c", es de peligro abstracto y efecto permanente, castigándose al que tuviere en su poder un documento de identidad ajeno, con prescindencia de la finalidad que persiga.
Trabajador autónomo, jugador de fútbol
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Tojo, Miguel Angel c/ A.N.Se.S. s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-13

La Ley 24.622 (B.O. 18.01.96, SIJP Jugadores de futbol - Incorporación al régimen), determinó que se encuentran obligatoriamente incluidos en el SIJP y, sujetos a las disposiciones que sobre afiliación establece la Ley 24.241 y sus normas reglamentarias, categorizando como trabajadores autónomos a los jugadores de fútbol profesional, de los torneos organizados por la AFA, a los directores técnicos, auxiliares y a los cuerpos médicos que atiendan planteles de fútbol profesional, y a los jurados, árbitros, jueces principales de línea, veedores y comisarios deportivos que participen en los partidos de fútbol profesional o amateur y que perciban una retribución por el desarrollo de la actividad, estableciendo en el art. 3 de dicha norma que no afecta a los contratos de trabajo, vigentes o futuros, regulados por la Ley 20.160 o por los Convenios Colectivos de Trabajo relacionados con las otras ramas de la actividad futbolística.
Procedimiento administrativo, prueba, medios de prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: LENCINAS, BERTA c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Debe distinguirse la noción de prueba en sentido estricto de la noción de medios de prueba. Por pruebas procesales o procedimentales deben entenderse las razones o motivos que sirven para llevarle al juez o funcionario administrativo la certeza sobre los hechos, y por medio de prueba los elementos o instrumentos utilizados por el particular o por el órgano administrativo, que suministran esas razones o esos motivos. Puede existir un medio de prueba que no contenga prueba de nada, porque de él no se obtiene ningún motivo de certeza (cfr. Hutchinson, "Breve análisis de los principios de la prueba en el procedimiento administrativo", E.D., T. 125, pág. 853).
Doctrina de los actos propios, recurso de apelación (procesal), principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

Si admitimos que la citada en garantía, so pena de violar la teoría de los actos propios, no podía válidamente agraviarse de la aplicación de una metodología de cálculo que ella misma había propuesto; que tal circunstancia había sido expuesta por la parte actora en la contestación de agravios; que el Tribunal de grado omitió considerar tales cuestiones; se concluye -como argumentara la recurrente-, que el fallo atacado ha incurrido también en la violación del principio de congruencia.
Competencia contencioso administrativa, juicio de desalojo, ejecutoriedad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA contra Sr. propietario y ocupantes inmueble calle Salta n° 1585 PB sobre desalojo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-01

Corresponde declarar la competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, ya que la pretensión encuadra en un pedido de respaldo judicial para ejecutar un acto administrativo en los términos del art. 12 del Decreto n° 1510/97, subsumiéndose en el supuesto previsto en el art. 2 del CCAyT. La pretensión del GCBA no se dirige a obtener una sanción contra el propietario por la presunta violación de la clausura preventiva, ni se orienta a concretar el cumplimiento de tareas propias de una investigación en curso o para lograr la fiscalización de posibles infracciones, sino que el desalojo del inmueble busca proteger la integridad de los residentes y habitantes de la CABA que no estarían directamente involucrados en la comisión de ningún delito, contravención o falta. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano y Marcela De Langhe, por remisión al dictamen fiscal).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MENDEZ VATTA MARIO c/ BYRON LOUIS LONG Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1995-12-14

El damnificado reclama el resarcimiento pleno e integral de todas las secuelas dañosas con motivo del siniestro. Cuantificando el menoscabo patrimonial que ha sufrido y la desvalorización monetaria.

Si bien no ha determinado el momento en que se realizaron los gastos, la referencia temporal del perjuicio debe buscarse en la fecha del presupuesto base de la reclamación que brinda el importe resarcitorio. Esta última es la fecha a partir de la cual deberá actualizarse la suma adeudada.
Acción de amparo, inexistencia de otras vías, gravamen irreparable
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: García, Carlos J. c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-08

Es necesario acreditar la ineficacia de los procedimientos ordinarios y un agravio irreparable derivado de su utilización, para que la vía excepcional del amparo sea admisible.
Mandato, cumplimiento del mandato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KALMUS LEOPOLDO JORGE c/ ARCO IRIS  S.R.L.  Y/O SR. FERNANDO CASAL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-05-02

Para compeler el actor a la otra parte el cumplimiento de una prestación contractual debió demostrarse el cumplimiento de su parte de las obligaciones que él debía ejecutar, cual era en la especie, la representación ejercida. El derecho del "mandatario" o "comisionista" de exigir a su mandante el pago de una comisión se apoya en el "trabajo" por él realizado (conf. art. 274 del Código de Comercio) más, si las operaciones comerciales fueron realizadas entre mandante y el tercero directamente, sin intervención alguna del mandatario carece del derecho al reclamo pretendido.
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA, reglamentos, adjudicatario, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mollar, Guillermo Luis y Giménez, María Teresa c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 386-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-22

El artículo 55 del Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso para Programas Habitacionales FONAVI establece la prohibición para los prestatarios de arrendar o subarrendar total o parcialmente la vivienda (inciso "a"); de transferir o ceder por cualquier título sus derechos y obligaciones a terceros (inciso "b"); y de hacer abandono del inmueble dejando en su lugar a otras personas ajenas al grupo familiar adjudicatario (inciso "d"). Por su parte, el artículo 57 de dicho cuerpo legal dispone que la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, previa fundamentación y estudio del caso, podrá autorizar la excepción a alguna de las situaciones previstas en los artículos anteriores, siendo obligación de los adjudicatarios solicitar el permiso correspondiente antes de caer en incumplimiento.

Y no alcanzan para concluir en la ilegitimidad de la desadjudicación de la vivienda de un plan FONAVI, las gestiones efectuadas por los recurrentes dando cuenta de su traslado cuando el incumplimiento de solicitar la autorización para desocupar la vivienda ya se había configurado.
Actos ilícitos, delito civil
Materia: CIVIL
Carátula: U., E.M. c/ B. y Cía. SA s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-23

Por el art. 1.072 del Código Civil se define al "delito civil", como "el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro". Cuando la ley refiere que el acto sea ejecutado "a sabiendas" está requiriendo que se trate de un obrar (u omisión) llevado a cabo con conocimiento y aceptación por parte del agente de las consecuencias, con previsión del resultado. Cuando reclama la existencia de la "intención de dañar", como sostiene Llambías, es necesario observar que no es indispensable que la intención de dañar haya sido el único motivo o propósito que tuvo el agente al obrar: "ella puede ir acompañada de otras intenciones, aún lícitas, de las que aquélla serviría sólo de medio"
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cavazzutti, Mario B. y ot. c/ Gerez, Juan Carlos y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-23

Encontrándose los autos en estado de dictar sentencia resulta de aplicación lo previsto por el inc. 3 del artículo 313 del Código Procesal Civil: no se producirá la caducidad cuando los procesos estuviesen pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuese imputable al Tribunal.
Recurso extraordinario, defraudación, fraude a la Administración Pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Del'Olio,  Edgardo  Luis,  Del'Olio,  Juan Carlos s/ defraudación por administración fraudulenta.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El recurso extraordinario contra la sentencia que resolvió condenar por el delito de defraudación por administración fraudulenta es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de la Dra. Carmen M. Argibay).
Acción de amparo, tratados internacionales, jerarquía de los Tratados Internacionales, normas programáticas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gamboa Carlos Alfredo c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

Las normas previstas en los tratados internacionales en los que la Nación Argentina es parte, no sólo constituyen derecho supranacional, sino también derecho interno vigente, operativo y aplicable de pleno derecho a los casos en que proceda encuadrar sus disposiciones, siempre y cuando éstas no tengan un contenido manifiesta e indiscutiblemente programático.
Derecho penal, niños, niñas y adolescentes, culpabilidad, inimputabilidad, menor procesado, pena privativa de la libertad, escala penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: P., J. P. s/ infr. art. 189 bis CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22

La Ley Nro. 22.278 es clara en que, por un lado, se ha hecho una exclusión del ámbito penal de menores de 16 años de edad, y por otro se quiso atribuir en un escalón superior de responsabilidad a los menores entre 16 y 18 años, a los que se beneficia con una serie de tratamientos especiales, puesto que no los alcanzan los delitos de acción privada, o castigados con multa o inhabilitación y los de acción pública que estén reprimidos "con pena privativa de libertad que no exceda de dos años".
Cámara de Apelaciones, competencia criminal, competencia correccional, Capital Federal, excusación, excusación por amistad, privación de justicia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GOMEZ, SALVADOR MARIA ELENA Y OTROS s/ SU DENUNCIA POR INFRACCION ART. 248 CP.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-15

Corresponde aceptar la excusación formulada por uno de los vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en razón de la amistad íntima con alguno de los miembros de la Cámara denunciada; y atento la designación de dos nuevos integrantes del referido tribunal, deberá remitírseles las actuaciones a fin de que se proceda a integrar Sala con ellos, recomendando que en lo sucesivo se traten de obviar demoras en la resolución definitiva de la incidencia planteada, a fin de evitar la posible configuración de un supuesto de privación de justicia.
Obras sociales, asistencia médica, falta de atención médica
Materia: CIVIL
Carátula: BLANCO  ALICIA  SUSANA c/ OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNIONDEL  PERSONAL  CIVIL DE LA NACION S/ s/ NCUMPLIMIENTO DE PRESTACIONDE OBRA SOCIAL/MEDICINA PREPAGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-22

Toda vez que la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación no brindó a la enferma, como debió hacerlo, la prestación que le fue reclamada conforme ha quedado acreditado en autos, la peticionaria de la cobertura quedó habilitada para procurarse la prestación acudiendo a un tercero por cuenta del incumplidor -art. 505, inc. 2°, del Código Civil (conf. esta Sala, doctr. de la causa.737/99 del 19.4.11). Y es que ante el peligro real y la angustia del momento, no habiendo obtenido la prestación a pesar de innumerables gestiones, resulta aceptable y comprensible la conducta de la señora Blanco que requirió los servicios de una institución especializada ajena al vínculo que la une con la demandada.
Trámites judiciales, procedimiento laboral, vista de las actuaciones
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Rastrilla Emiliano y otro en j: Lamata Cisneros Manuel y otro c/ Emiliano Rastrilla Hnos. s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad - Casación (Libro: S064-235)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-04-04

La ley 2144 procesal laboral, no impone la obligación de realizar la vista de la causa y pronunciar veredicto en un solo día, sino en el mismo acto o audiencia (art. 69 inc. "e"), y este último puede sufrir interrupciones por un tiempo no superior a quince días (art.

72). Cabe suspender el acto para producir algún elemento probatorio.
Sentencia firme, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: N., C. c/ C. A. d. A. s/ Ordinario por Nulidad de Proceso
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-01

La cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y ello no es susceptible de alteración ni aún por vía de invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida que constituyen un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica es también exigencia del orden público con jerarquía superior.
Municipalidad, ley provincial
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: RIVADEMAR, ANGELA DIGNA BALBINA MARTINEZ GALVAN DE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-21

La necesaria existencia de un régimen municipal impuesta por el art. 5x de la Constitución Nacional determina que las leyes provinciales no sólo puedan legítimamente omitir establecerlos, sino que tampoco puedan privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, entre las cuales resulta esencial la de fijar la planta de su personal, designarlo y removerlo.
Instrumentos privados, certificación de firma, plena fe
Materia: CIVIL
Carátula: BROSIO, MARIA DEL ROSARIO c/ CACERES, EDELMIRA NOEMI s/ HOMOLOGACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

La certificación extendida por un escribano al pie de un instrumento privado dando fe de la autenticidad de las firmas de quienes lo suscriben, acto cumplido en ejercicio de las atribuciones que la ley le confiere, art. 12 ley 12990, constituye en sí mismo instrumento público en los términos del art. 979,inc. 2 del C.Civil y, por tanto, hace plena fe de los hechos que el oficial público enuncia como que han pasado en su presencia, art. 933 cód. citado.

La negación de firma carece de toda virtualidad, cuando no se redarguye de falso el instrumento suscripto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, vocal del Tribunal, excusación, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Son o no procedentes las excusaciones de los jueces, que intervienen  en juicios en los que resulta ser parte la provincia de Santa Fe, y  motivadas en su condición de ser accionantes amparistas y   considerar que tienen al respecto "pleito pendiente" (artículo 10   inciso 2 del Código Procesal Civil) (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-06-17

El hecho de que se resuelva que los Vocales no pueden excusarse invocando una determinada causal no significa que ello vincule y por ello prohíba la auto exclusión del Vocal, sino que el Pleno está dirigido como criterio a regir futuras decisiones del Tribunal que resuelva precisamente la cuestión. Es decir, el Pleno vincularía al Tribunal Ad-Hoc, no al Vocal que estime hallarse en una causal de excusación. (Del Voto del Dr. Donati).
Seguro de retiro, empleados de comercio, despido
Materia: LABORAL
Carátula: TARIDE HORACIO ALBERTO c/ LUCIANA HOGAR S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-06-26

El seguro "la estrella" previsto en el convenio 130/75 para empleados de comercio es de carácter obligatorio, y fue originado para que, cuando el empleado adquiera su beneficio jubilatorio, perciba además los aportes efectuados al seguro. Tiene el funcionamiento de una jubilación paralela, pero con la diferencia de que sólo se sustenta con las contribuciones patronales, sin aportes de los trabajadores. De forma que no es descontado del sueldo, por lo que no figura ni debe figurar en el mismo, sino que es depositado aparte. Asimismo constituye un beneficio que pueden cobrar los empleados comprendidos en el convenio colectivo de trabajo mencionado que cesan sus relaciones laborales por cualquier motivo, ya sea por despido, renuncia, jubilación o fallecimiento.
Recurso de casación, inconstitucionalidad, debido proceso
Materia: PROCESAL PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GANDUR, HUGO AMADO s/ INCUMPLIMIENTO  DE  LOS  DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR - RECURSO DE  CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-11-22

Con el límite objetivo previsto en el art. 472 inc. 2do. del C.P.P.

se ha privilegiado irrazonablemente evitar el recargo del Tribunal debido a la pequeña importancia de ciertos asuntos, por sobre el legítimo derecho de la persona inculpada de delitos de recurrir una resolución que le causa agravio y, en su virtud, importa una violación a la garantía del debido proceso (Const. Nac. arts. 18, 28; Convención Americana de Derechos Humanos, 8, inc. 2do., ap. h) tanto en su faz adjetiva cuanto sustantiva.

Tiene jerarquía constitucional, de conformidad al art. 75 inc. 22 de 1994, la citada Convención que establece que toda persona "tiene derecho a recurrir el fallo ante el Juez o Tribunal Superior".

Por ello es inconstitucional el art. 472, inc. 2do. del C.P.P. toda vez que imposibilita el control jurisdiccional de la sentencia, a través de la impugnación interpuesta.
Recurso de casación laboral, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: NASIF FADEL c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS PROVIDENCIA S.A. s/ CASACION LABORAL - SENTENCIA DEFINITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-03-28

No reúne la condición de sentencia definitiva en los términos del art. 93 LPT, la decisión por la cual se le impusieron al impugnante las costas del incidente originado en la excepción de incompetencia que articulara como de previo y especial pronunciamiento admitida por la cámara a quo), en razón de que la primera es accesoria del incidente sobre competencia y esta no tiene el carácter referido. Tampoco constituye la ultima decisión que podría dictarse sobre el fondo del asunto, respecto de la que este tribunal ha admitido excepcionalmente el recurso, aunque formalmente no revistiera la forma de sentencia, ya que la relación entre las partes podrá ser controvertida ante los tribunales competentes.
Fianza solidaria, codeudor solidario
Materia: CIVIL
Carátula: ARES MARTINEZ MANUEL c/ FERNANDEZ ROBERTO PAULINO s/ EJECUCION DE ALQUILERES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-09

Por oposición a la fianza simple -que goza de los beneficios de excusión y división- las partes pueden estipular que la fianza tenga carácter solidario, o bien, que le fiador renuncie a aquellos beneficios. Trátase, en definitiva, de una solidaridad imperfecta, que lo distingue de la solidaridad pasiva, tratándose de codeudores u obligación solidaria. En tanto el "principal pagador" o "liso y llano pagador" es un codeudor solidario (art. 2005 del Cód. Civil) y su obligación no es, por tanto, atinente al contrato de fianza. Es que el principal pagador no asume una obligación accesoria y subsidiaria, sino las relativas al codeudor solidario. Siendo una u otra cosa, tienen en común el carácter excepcional de la solidaridad (art. 701 del Cód. Civil), en virtud del cual no hay solidaridad tácita o inducida por analogía, requiriéndose para admitirla una voluntad explícita de las partes o una decisión inequívoca de la ley: toda duda al respecto implica ausencia de solidaridad. De allí que no cuadre inducir por vía inferencial que la obligación sea solidaria. La renuncia al beneficio de excusión exige una declaración de voluntad directa. Es que el negocio de fianza es riesgoso y, por eso, la ley quiere llamar la atención al fiador simple para que no renuncie a la prerrogativa de exigir la previa excusión de los bienes del deudor principal. Por ello no procede en nuestro derecho la doctrina de que la renuncia del fiador al beneficio de excusión pueda ocurrir en forma indirecta o tácita, lo cual es muy conforme con la naturaleza subsidiaria de la fianza.
Escritos judiciales, copias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Signorello, Domingo c/ Haick, Hugo s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

La exigibilidad del art. 120 del C.P.C. tiene por finalidad que cada litigante cuente con un duplicado de las piezas del expediente que le permitan un mejor ejercicio del derecho de defensa, no agotándose, por consiguiente, en la necesidad de contestar un traslado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)