Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-29


AUTOS 88.229 (C.C.Nº19.521) DEL NOVENO JUZGADO CIVIL, CARATULADOS: "CAJA PREVISIONAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS C/ LOZADA JOSUE ALBERTO - EJECUTIVO".- PROTOCOLIZADO: L. de Sent.- Año 2008- del Tº I- Fº176/178.- San Juan, 29 de abril de 2.008.- VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 33 contra la sentencia de fs. 25/27 vuelta.

CONSIDERANDO:

En la aludida sentencia se resuelve: desestimar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 6352, con costas a la vencida; rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado y, en consecuencia, ordenar continuar la ejecución por todos sus trámites hasta hacer trance o remate en bienes del deudor y con su producido íntegro pago al acreedor de la suma de Pesos: Cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro con sesenta y dos centavos ($ 5.474,62), con más los intereses reglamentarios hasta el efectivo pago y las costas.

Para rechazar la inconstitucionalidad de la ley 6.352 dice la a-quo en la sentencia, que tal planteo es improcedente en el juicio ejecutivo, por cuanto no está provisto dentro de las excepciones taxativamente enumeradas en la ley adjetiva, siendo congruente esta limitación con la estructura de estos procesos. Expresa, luego de reseñar las características de un título ejecutivo, que en estos procesos el marco cognoscitivo está limitado a las formas extrínsecas del título, encontrándose vedado el análisis de la relación causal. Estas consideraciones -sigue diciendo- obstan al tratamiento de las cuestiones vinculadas a la causa, como es un planteo de base constitucional, que por su trascendencia requiere un ámbito de conocimiento más amplio y mayor debate. Si bien es cierto que la Constitución debe acatarse siempre, cualquiera sea el procedimiento empleado y corresponde declarar la inconstitucionalidad cuando algún hecho o acto esté en pugna con la Ley Fundamental, no es menos cierto que debe hacerse en la oportunidad debida y ella no es otra que la establecida por los códigos procesales. Trae luego una cita doctrinaria de Rodriguez, L., "Tratado de la Ejecución", Tº II - B - 605, que dice: "Debe desestimarse la defensa de inconstitucionalidad opuesta en el juicio ejecutivo ya que ello es congruente con la estructura de este proceso, que concluye con una sentencia que no goza de la cosa juzgada material, sin que pueda argüirse restricción a la defensa en juicio, porque queda reservada al proceso ordinario posterior que enmienda cualquier posible lesión". Finalmente dice en este punto, que si bien algunos tribunales la han admitido en casos excepcionales, como los de gravedad institucional, gravamen irreparable, tardía o insuficiente reparación, cuando se refiere a la normativa procesal, cuando el juicio es anómalo o cuando la violación a la constitución es manifiesta, el caso en estudio no aparece comprendido en ninguno de estos supuestos. Luego con respecto a la excepción de inhabilidad de título por no estar comprendida en la enumeración del art. 508 del C.P.C., dice que la misma es procedente cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título, sea porque no figura entre los mencionados por la ley o porque no reúne los requisitos a que ésta condiciona su fuerza ejecutiva, cantidad líquida y exigibilidad, o porque el ejecutante o ejecutado carecen de legitimación procesal suficiente en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor. En el sub examine, el certificado de deuda en que se funda la ejecución, está previsto y cumple con los requisitos exigidos por la ley 6.352 y su reglamento. Del mismo surge el número de matrícula y nombre del deudor, naturaleza del crédito, expresada en forma clara y precisa, importe de la deuda discriminado por concepto, lugar, fecha y domicilio del deudor y se encuentra suscripto por el Presidente y el Gerente de la Caja actora. Por tanto, el certificado de deuda resulta título suficiente que trae aparejada ejecución de acuerdo con lo que surge del art. 13 de la ley: ". . . el certificado del órgano administrativo de la Caja constituirá título ejecutivo para el cobro de los rubros adeudados, contenidos en el mismo". Las costas se imponen a la demandada.

Contra la sentencia referida se alza la demandada quien se agravia del rechazo de la inconstitucionalidad planteada, de la excepción de inhabilidad de título y de la imposición de las costas.

Respecto a los dos primeros motivos de agravio, la apelación debe rechazarse por no lograr conmover los fundamentos dados por la a-quo para rechazar la inconstitucionalidad alegada y excepción de inhabilidad de título, fundamentos que se han transcripto in extenso y que el tribunal comparte. Los agravios expuestos por la recurrente son una reiteración de lo manifestado al excepcionar, importan una opinión discrepante con las motivaciones de la sentencia pero no llegan a constituir una crítica concreta y razonada con aptitud para conmoverlo, es decir, demostrativa de que está errado.

En cuanto al agravio referido a la condenación en costas, pretendiendo que deben imponerse en el orden causado por así preverlo expresamente la ley 7210, que es de orden público, estimamos que tampoco es atendible. Ello en atención a que resulta evidente que la ley 7210 se refiere a procesos judiciales con entes previsionales del Sistema Público Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Sistema de Reparto), desde que la esta ley tiene como antecedente la Ley de Solidaridad Previsional nº 24.463. Esas situaciones nada tienen que con los procesos de ejecución de aportes previsionales, como el presente, y que tienen plena autonomía respecto del derecho previsional del afiliado.

Las costas en este proceso, en consecuencia, se rigen por el principio general (art. 74 del C.P.C.) y específico del proceso ejecutivo (art. 543 del C.P.C.).

En definitiva, entonces, corresponde rechazar el recurso propuesto en todas sus partes, con costas.

Por todo ello, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 33 contra la sentencia de fs. 25/27 vta., que queda firme, II- Imponer las costas de alzada a la vencida, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. MOISES MOYA;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.