Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-05


Medina, Elbio D. c/ Mercurio Papainni SA y otro. Cámara Nacional del Trabajo, Sala X.

Buenos Aires, 5/7/2002.

El doctor Héctor J. Scotti, dijo:

- Llegan los autos a conocimiento de esta Alzada a propósito de los agravios vertidos contra la sentencia dictada a fojas 428/34, por la codemandada Vanguscar, por la actora y su representación letrada y por el experto contable, a mérito de los memoriales obrantes a fojas 437/40, fojas 443/6 y fojas 447, respectivamente, habiendo merecido los dos primeros réplica de sus contrarias a fojas 457/59 vta. y fojas 452/3.

La accionada se agravia a raíz de que el señor juez de grado entendió que entre las codemandadas existió un conjunto económico en los términos del artículo 31 de la LCT y, en base a ello, extendió la condena en forma solidaria a Vanguscar SA a pesar de que -a criterio de la apelante- no se acreditó la configuración de fraude laboral alguno. La demandante, por su parte, recurre por el rechazo de la indemnización agravada por matrimonio y por la tasa de interés aplicada en la sentencia en crisis. Finalmente, tanto el representante letrado de la accionante como el idóneo contable apelan los estipendios que les fueran regulados por considerarlos exiguos.

- Me ocuparé, en primer lugar, de la queja incoada por la actora que versa sobre la indemnización normada por el artículo 182 de la LCT., con respecto a lo cual adelanto mi opinión en el sentido que la misma no debe ser acogida.

Lo entiendo de ese modo porque aun en el mejor supuesto para la recurrente, es decir aun cuando consideráramos que efectivamente su empleadora se hallaba debidamente notificada del matrimonio, igualmente en el caso de marras corresponde rechazar la pretensión en análisis habida cuenta que sabido es que la doctrina emergente del plenario 272 dictado en autos "Drewes c/Coselec" no ampara al contrayente varón en la presunción contenida en el artículo 181 de la LCT (conf. ya lo expusiera en autos "Koopmann, Fabián c/Deutsche Bank s/despido", en la SD 319 dictada el 14/4/1997, entre otros).

En tal sentido, la jurisprudencia ha manifestado que para que sea procedente el resarcimiento especial dispuesto por el artículo 182 de la normativa citada con respecto a un empleado varón no basta con demostrar que el despido se produjo dentro de los dos meses posteriores al matrimonio, teniendo el principal conocimiento de ello por notificación fehaciente. Es necesario acreditar, en forma directa y terminante, que el despido obedeció a esta específica circunstancia. De no ser así -es decir, si fuera posible apelar a la presunción del artículo 181 LCT- se equipararía la situación de la mujer y del varón (CNAT, Sala IV, SD 55911 del 30/4/1986, "Chavetta, Carlos c/ Monobra SRL") y si bien en el fallo plenario citado "ut supra" se ha sentado doctrina acerca de que el trabajador varón tiene derecho a la indemnización especial cuando su cesantía se debe al hecho de haber contraído matrimonio, ello no implica acordarle la protección amplia que se le reconoce a la mujer en el Título VII de la LCT.

En el supuesto del trabajador varón debe ser juzgado con criterio restrictivo y éste debe probar que la cesantía tuvo relación con el matrimonio (CNAT, Sala VI, SD 36912 del 14/5/1992 "in re", "Fulop, Juan c/Edit. Atlántida SA s/despido").

En el caso de marras no solamente el accionante no ha cumplido con la carga de acreditar el extremo referido -en el memorial recursivo ni siquiera se invoca prueba alguna- sino que, muy por el contrario y como ya lo explicó el sentenciante de grado, de las probanzas rendidas en las actuaciones surgiría que el despido del actor se debió a una medida general que alcanzó a varios trabajadores y no a una causa individual; de manera tal que sugiero confirmar este aspecto del pronunciamiento en crisis.

III - Distinta será la suerte que correrá el agravio impetrado por la codemandada Vanguscar ya que considero que le asiste razón a la apelante.

En tal sentido, la jurisprudencia ha expuesto en reiteradas oportunidades que aun cuando las empresas demandadas se encontraran íntimamente relacionadas de tal forma de constituir ante terceros un conjunto económico (como no cabe duda que es el supuesto de autos), ello no basta para responsabilizar solidariamente a quien no era la principal cuando no se ha demostrado la existencia de maniobras fraudulentas o una conducción temeraria que permitiese aplicar las prescripciones del artículo 31 LCT (CNAT, Sala V, 19/10/1987, "Chaile, Miriam c/Baletos SA y otro", en TySS T. 1988 - pág. 151) y, sin perjuicio de aclarar que coincido con la doctrina y la jurisprudencia según la cual no es necesario probar el dolo o propósito fraudulento de los involucrados, considero que las constancias de autos no autorizan a tener por configurado el presupuesto fáctico aludido.

De manera tal que a fin de considerar cumplida la condición a la que se subordina la extensión de la responsabilidad se requiere la prueba asertiva de una situación concreta que pueda ser calificada como sustracción a las normas laborales, con intención o sin ella (CNAT, Sala II, SD 69143 del 20 de noviembre de 1991, dictada en autos "Andrada, Carlos c/Establecimientos Gráfico"; ya que defraudar es justamente eso: sustraerse de la ley.

En el "sub lite" no sólo no se ha probado conducta alguna por parte de las accionadas que pudiera llegar a constituir una maniobra fraudulenta (vgr. los llamados "pagos en negro") sino que -en rigor de verdad- ello ni siquiera ha sido alegado (ver escrito de demanda), ya que de ninguna manera puede entenderse que un despido (que es el objeto de la demanda que no ocupa), por más que sea incausado, constituya una evasión de la ley laboral o, dicho de otra manera, el tipo de accionar que deriva en un fraude a dicha legislación, que es requisito inexcusable para la aplicación de las disposiciones plasmadas en el artículo 31 de la LCT.

Por estas razones no resulta de aplicación al caso de autos lo expuesto por este Tribunal en el pronunciamiento citado en el escrito de contestación de agravios, dictado en autos "Meneses Gutiérrez, Ornar c/Brugastro SA y otros"; ya que la causa mencionada guardaba aristas diferentes a la presente, habida cuenta que se había acreditado cabalmente ese obrar fraudulento.

De manera tal que si el demandante, sin perjuicio de haber invocado la existencia de un conjunto económico, no alegó la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas ni, por otro lado, demostró la supuesta carencia de patrimonio o insolvencia de su principal causada por un "vaciamiento" (para observar lo contrario basta con remitirse a la experticia contable, a fs. 321 vta. ptos. 24 y sgtes., donde se informa que Mercurio Papaianni SA posee maquinarias por un valor superior al millón de pesos y obtuvo resultados favorables en los ejercicios de los años '98 y !99) -a mi juicio- debe rechazarse la demanda interpuesta contra quien no era su empleadora directa; por lo que propicio la revocación de lo decidido en la sede a quo con respecto a la acción instaurada contra la codemandada Vanguscar SA.

IV - Debe acogerse también, el agravio vertido por la demandante relativo a la tasa de interés del 12% anual fijada en la sede de origen, la que entiendo debe ser revisada en parte.

En efecto, de conformidad con el criterio expuesto por la Cámara en pleno en el acta 2357 del 7/5/2002, debe mantenerse dicha alícuota hasta el 31/12/2001 pero a partir del 1/1/2002 corresponde aplicar la que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara desde el 1/1/2002. Para las fracciones del período mensual que se encuentre en curso se aplicará el promedio del mes anterior.

V.a - A la luz de lo expuesto en el Capítulo III del presente y en base a lo normado por el artículo 279 del C.P.C.C.N. corresponde dejar sin efecto lo dispuesto en materia de costas en lo que hace a la acción entablada contra la codemandada Vanguscar SA y los honorarios correspondientes a la representación letrada de la mentada coaccionada.

En consecuencia, propongo imponer las primeras a cargo de la actora vencida (art. 68 C.P.C.C.N.) y, asimismo, regular los emolumentos de la representación letrada de la codemandada Vanguscar SA, por las labores desarrolladas en la instancia de grado en la suma de $ 504, a valores actuales (art. 38 L.O.).

V.b - En cuanto a los estipendios fijados a la representación letrada de la actora y del perito contador, de acuerdo al mérito y extensión de las labores desarrolladas, las pautas arancelarias vigentes y las facultades otorgadas por el artículo 38 de la L.O., considero que los mismos lucen equitativos y ajustados a derecho por lo que propicio su confirmación.

V.c - Finalmente, sugiero imponer las costas de Alzada a la actora vencida en lo principal (art. 68 C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de la codemandada Vanguscar SA, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% - respectivamente- de los que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior (art. 38 L.O.).

VI - Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente el fallo apelado y, en consecuencia, rechazar la acción entablada contra la codemandada Vanguscar SA, imponiendo las costas de la misma a la actora vencida y regulando los honorarios correspondientes a la instancia de grado de la representación letrada de la codemandada vencedora en la suma de pesos quinientos cuatro ($ 504); 2) Asimismo, dejar sin efecto la tasa de interés fijada en la sede de origen y aplicar al monto diferido a condena, desde que cada suma es debida hasta el 31/12/2001 una tasa del 12% anual y a partir del 1/1/2002 corresponde aplicar la que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara desde el 1/1/2002 y para las fracciones del período mensual que se encuentre en curso se aplicará el promedio del mes anterior; 3) Confirmar la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 4) Imponer las costas de Alzada a la actora vencida en lo principal; 5) Regular los emolumentos de la representación letrada de la actora y de la codemandada Vanguscar SA, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de los que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.

El doctor Julio C. Simón, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El doctor Gregorio Corach, no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

MODIFICAR PARCIALMENTE el fallo apelado y, en consecuencia, rechazar la acción entablada contra la codemandada Vanguscar SA, imponiendo las costas de la misma a la actora vencida y regulando los honorarios correspondientes a la instancia de grado de la representación letrada de la codemandada vencedora en la suma de pesos quinientos cuatro ($ 504).

Asimismo, DEJAR SIN EFECTO la tasa de interés fijada en la sede de origen y APLICAR al monto diferido a condena, desde que cada suma es debida hasta el 31/12/2001 una tasa del 12% anual y a partir del 1/1/2002 corresponde aplicar la que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara desde el 1/1/2002 y para las fracciones del período mensual que se encuentre en curso se aplicará el promedio del mes anterior.

CONFIRMAR la sentencia atacada en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios.

IMPONER las costas de Alzada a la actora vencida en lo principal.

REGULAR los emolumentos de la representación letrada de la actora y de la codemandada Vanguscar SA, por las tareas cumplidas en esta instancia, en el 25% -respectivamente- de los que les corresponda percibir por los trabajos realizados en la instancia anterior.