marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interposición laboral, fraude laboral, telemarketer
Materia: LABORAL
Carátula: Woloj Karina Valeria c/ Servicios Diplomat SA y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-16

Resulta nulo el contrato celebrado entre las partes conforme lo dispuesto por el art. 14 L.C.T., ya que medió interposición fraudulenta de la empresa que brindó los servicios de telemarketer a través de la actora y BBVA Francés S.A., por haber laborado ésta en forma directa para este último (art. 29 L.C.T.). En apariencia, la trabajadora se desempeñaba directamente para el Banco Francés sin necesidad de tener conocimiento de que existía otra empresa que desarrollaba la venta de seguros -los que ella concertaba- de manera autónoma, dadas las particularidades de esta relación. Ambas empresas se beneficiaban con la actividad comercial desarrollada por la actora. El Banco Francés prestaba su renombre para respaldar los servicios de seguro que promocionaba para otra empresa entablando una relación comercial con indisimulable fin lucrativo. La actora debía aclarar en las llamadas en las que ofrecía los seguros que trabajaba para BBVA Francés, lo que parecía indicar que, al fin y al cabo, su real empleadora era el banco codemandado.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Morales, María Luján c/ Rostiburu, Rubén Horacio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

No es necesaria la prueba concreta de que la víctima ha sufrido un daño moral; es una prueba "in re ipsa". Al responsable del hecho dañoso es a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un dolor moral ya que basta la certeza de que ha existido ese daño.
Policía, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: La Palma, Oscar Pedro Ignacio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-11

Del texto del art. 116 del dec.ley 9550/80 (t.o. por dec. 1068/95) surge que la retribución del personal policial se compone de los siguientes rubros: a) Sueldo: determinado en un monto según el grado o cargo; b) Suplementos: adicionales por antiguedad, riesgo profesional o especial, por permanencia en el grado, riesgo profesional secreto, dedicación exclusiva, título secundario o universitario; c) Asignaciones familiares; d) compensaciones por gastos y e) indemnizaciones.
Pena, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Martínez Trujillo, Augusto Raúl s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra de Sentencia Nº 21/09 recaída en causa Expte. Nº 06/08 Martínez Trujillo, Augusto Raúl - s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal - Belén - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-05-14

Contra la sentencia que condenó al imputado, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (arts. 119 Tercer Párrafo en función del Primer Párrafo del mismo artículo y 45 del C. Penal) a sufrir la pena de catorce años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal), declarándolo reincidente por segunda vez (art. 50 del C. Penal), comparece el asistente técnico e interpone recurso de casación, acusando la inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3 del C.P.P.).

La facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, del 21/09/09; S. n 6, del 25/03/09, entre otros) y que tal vicio -arbitrariedad-, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Es que, al momento de individualizar la pena, el juez detenta un margen de discrecionalidad que le otorga el sistema legal vigente, con las limitaciones derivadas de la obligatoriedad de fijarla dentro de los límites que marca la ley y de mensurarla razonablemente, tomando en cuenta las circunstancias particulares que la determinaron. Por ello, la observancia de tales recaudos legales en la cuantificación de la pena, veda la posibilidad de su revisión en esta sede.

En autos, debe descartarse la crítica formulada en cuanto a que otro sería el encuadre jurídico si hubiese resultado un grave daño en la salud física o mental de la víctima, porque en este caso, lo que el tribunal ponderó es la extensión del daño causado a consecuencia del hecho, más allá de la lesión a la integridad sexual de la menor, que afectó también su normal desarrollo psíquico y sus relaciones familiares y sociales, mas no concluyó que como consecuencia del hecho se produjo un grave daño en la salud física o mental de la víctima, en donde allí sí, otra hubiese sido seguramente la calificación jurídica impuesta.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.

(Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría)
Cuestión abstracta, conflicto interno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Intendente De La Municipalidad De Cmte. Luis Piedra Buena -Sr. José Ramón Bodlovic- c/ Honorable Concejo Deliberante De Cmte. Luis Piedra Buena s/ Conflicto De Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-10-09

Corresponde declarar abstracta la cuestión planteada por el intendente municipal tendiente a obtener la anulación de la Resolución 92/12-HCD, dictada por el concejo deliberante local, en tanto dicha disposición fue anulada en todas sus partes a través de la Ordenanza Municipal 492/13-HCD, promulgada por Decreto Municipal 491/13, lo que implica que han cesado los efectos de la resolución impugnada.
Competencia, competencia por la materia, competencia comercial, daños y perjuicios, entidades financieras, bancos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ZUFFINETTI,  CARLOS c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ ORDINARIO S/ INC. DE APELACION ART. 250 CPCC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-10

Del Dictamen Fiscal 99590: Resulta competente la justicia comercial para entender en una acción en la que se persigue de una entidad bancaria y de una empresa de informes comerciales el resarcimiento de los daños que le fueran ocasionados con motivo de la denegatoria de la solicitud de un crédito gestionado ante otro banco, en virtud de un informe de la mentada empresa en el que se encuentra calificado en riesgo 5 -situación irrecuperable- por una presunta deuda con el banco codefendido. Ello pues, la descripta circunstancia esta referida a la responsabilidad que les cupo a los accionados en virtud del presunto mal desempeño en el marco de sus respectivas actividades, hipótesis que torna procedente la intervención de un juez de comercio para su dilucidación. En tal sentido cabe precisar, que la prestación de servicios de información sobre morosidad, destinados a su circulación en el ámbito de actividades comerciales y crediticias (ley 25326 art. 26), constituye una materia que suscita la intervención de los jueces comerciales, en razón de su carácter típicamente mercantil (art. 7, del código de comercio; conf. "Cotonat, Cesar c/ Organización Veraz S.A. s/ Amparo", Sala C, 15.2.02). Asimismo es de destacar, que la entidad bancaria coreclamada, se encuentra estructurada bajo la forma de una sociedad anónima, tipo legal cuya adopción consagra su comercialidad, haciendo que la situación también encuadre en el ámbito mercantil en razón de lo dispuesto por el Ccom, 5, 6, 7 y 8 inc. 6 (conf. Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino", t. i, pag. 164).
Incidente de nulidad, recurso de nulidad, defectos del procedimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCHOA AGUSTIN Y ARVAS ROSA s/ SUCESION
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-02

El remedio para impugnar vicios ocurridos en el transcurso del proceso, no es precisamente el recurso de apelación, sino el incidente de nulidad previsto por los arts. 169 y siguientes del Cód. Procesal, debiéndose promover el mismo en la misma instancia donde se considera que aquéllos se concretaron.-
Recurso de nulidad, omisión de pronunciamiento
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: BERNETTI, JORGE s/ RECURSO DE NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-07

La alegada omisión de pronunciamiento acerca de la cuestión constitucional planteada en el escrito inicial no acarrea nulidad alguna pues es sabido que la falta de decisión sobre una cuestión federal correctamente introducida importa una denegatoria tácita, corregible por ende a través de la apelación.
Pensiones militares, hijos, interpretación de la ley, aplicación de la ley previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bourlot, Roberto Antonio c/ Estado Nacional (Estado Mayor General de la Armada) s/ retiro militar y fuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

El reconocimiento de la pensión militar al hijo nacido con posterioridad a la destitución de su progenitor no violenta la enumeración taxativa impuesta por el art. 82 de la ley 19.101 ya que no se aumentan las categorías de beneficiarios contempladas por el legislador (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Carlos S. Fayt y Guillermo A. F. López).
Derecho procesal, partes, costas, honorarios, regla de prorrata, mediador
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Mansilla, José Daniel  c/ Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Es que, en nada incide que la actuación de aquellos haya tenido lugar previo a la interposición de la demanda, dado que la letra de la ley refiere a "la responsabilidad por el pago de las costas", por lo que integrado esos estipendios a tal categoría, su inclusión en el prorrateo resulta imperativa.
Honorarios del abogado, monto mínimo, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Francisco Baudilio Lobos c/ Eduardo Mariano Iturbe s/ Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. B-56001/1/01. Incidente de cesación de astreintes solicitado por la Comisión Municipal de Yala en el Expte. NºB- 56.000/00 Incidente de ejecución de sentencia.L.A. N 44 F 1239/1242 N 542 Recurso de Inconstitucionalidad int. en Expte. B-56001/1/01. Incidente de cesación de astreintes solicitado por la Comisión Municipal de Yala en el Expte. NºB- 56.000/00 Incidente de ejecución de sentencia.L.A. N 44 F 1239/1242 N 542
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-11-21

El monto mínimo de honorarios fijado oportunamente, esto es $450, resulta ser la suma menor que puede regularse por la actividad profesional cumplida por los abogados cuando -como se estableció en la doctrina legal de Argentores c/ Video Bar Luisiño y otros, L.A. Nº 39, Fº994/996, Nº382- se trate de todas las etapas de un juicio, en el doble carácter y en su caso de un recurso. A partir de dicho monto -$450- corresponde continuar aplicando la ley arancelaria local, es decir que deben tenerse en cuenta las pautas y reglas establecidas en dicha normativa, y aplicarse al monto mínimo ya fijado, o en su caso, teniéndolo en cuenta como base de regulación. Esto quiere decir que, si por ejemplo se trata de un juicio ejecutivo, una vez regulados los cuatrocientos cincuenta pesos, para la estimación de los honorarios de la ejecución de sentencia, deberán regularse $150, porque es eso y no otra cosa lo que establece el art. 23 al momento de fijar el porcentaje que corresponde a ese tipo de procedimiento, el tercio de la escala del art. 6. Para los incidentes, deberá hacerse aplicación del art. 26 del mismo cuerpo legal, es decir regularse de un 5% a un 20% de la escala del art. 6º, que en el caso son los $450, de forma que como máximo para los incidentes podrá regularse la de $90, que es exactamente el 20% de 450.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Toloza o Tolosa, Oscar s/ Robo calificado por empleo de armas en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-05

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo se refiere a la portación de armas, descuidando que esa circunstancia no agota las posibilidades de tipificar el hecho como infracción al art. 166 inc. 2 del C.P., desde que en el mismo intervinieron varias personas.
Sociedad anónima, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Síndico de la quiebra I.M.E. de Pehuajó S.A. y otros c/ Aristizabal, A. y otros s/ Acciones de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Todos los terceros siempre conservan su acción individual (art. 279 de la L.S.); incluso en caso de concurso de la sociedad anónima, por los derechos propios que hubieran sido lesionados por el director.-
Hecho diverso, acusación fiscal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: URBANO HUGO CELINO s/ CASACION PENAL - HECHO ACREDITADO - HECHO DIVERSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-14

No es un supuesto de hecho diverso si la cámara estableció que no se podía probar con certeza que el imputado hubiera participado en los apoderamientos ilegítimos que le atribuía la acusación fiscal originaria pero, que en el curso del debate quedo demostrado que tenía en su poder objetos que podrían ser el fruto de otras tantas sustracciones. Estas nuevas hipótesis fácticas no estructuran los mismos hechos que componían el objeto de la acusación, ni representan una continuación o un agravamiento de ellos, sino que constituirían otros delitos perseguibles de oficio, por los que correspondería la remisión de antecedentes al ministerio fiscal, previo dictar una resolución de fondo de la cuestión.
Daños y perjuicios, daño moral, abuso sexual, perspectiva de género, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: C., D. c/ Q., M. J. y otro s/ interrupción de prescripción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

La apreciación de casos de abuso sexual debe encararse desde una perspectiva de género, concepción que responde a la necesidad de hacer efectivas, en la realidad de los casos judiciales, las mandas de las convenciones internacionales, puesto que juzgar con perspectiva de género es hacer realidad el derecho fundamental a la igualdad.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Santiago del Estero, Provincia de c/ Estado Nacional s/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

No resulta admisible asignar a una ley la inteligencia que importe prescindir de su texto si no media debate y declaración de inconstitucionalidad, pues su exégesis, aún con el fin de adecuación a los principios y garantías constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu.
Cuenta corriente bancaria, títulos ejecutivos, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Suquía S. A. c/ Selva, Graciela  S. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

Sólo las cuentas corrientes bancarias regularmente operativas pueden generar títulos ejecutivos, cuya creación depende exclusivamente de la voluntad del acreedor, quien ha resultado privilegiado por el legislador para expedirlos, con lo cual lo mínimo que puede exigirse es que su creación surja conforme con la ley y que no se extiendan los efectos del contrato de cuenta corriente a otros contratos bancarios que, aunque revistan las formas exteriores de aquellos, son sustancialmente diferentes.
Títulos ejecutivos, cheque
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ORTEGA ROBERTO c/ ESTHER LOZANO DE MENGUAL s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-12-10

Si bien el cheque por su naturaleza y finalidad no está destinado a instrumentar deudas de dinero, en la realidad de los hechos un cheque perjudicado por falta de algún requisito a por no haber sido presentado en término, demuestra no obstante su deficiencia, la existencia de un crédito a favor de su tenedor. Por otra parte contiene todos los elementos del título ejecutivo, por lo que parece injusto no acordarle fuerza ejecutiva.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BINNER, SEBASTIAN RICARDO c/  s/ HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO-RECURSO BINNER, SEBASTIAN RICARDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-24

Con respecto a la alegada lesión a la garantía de plazo razonable, del pronunciamiento impugnado surge que la Alzada formuló esa labor al tratar de manera pormenorizada el planteo de la Defensa, es decir, en confrontación con las constancias de la causa, mediante la concatenación de sus singularidades, señalando que no existía un plazo tasado en abstracto para determinar la razonabilidad en la duración de un proceso penal y que debía apelarse a diferentes aspectos -circunstancias objetivas, actividad de las partes y de las autoridades judiciales-, y luego contextualizó esos principios, aludiendo a sus particularidades: la gravedad de los hechos; las postulaciones de la Defensa -que incluían tres suspensiones del proceso a prueba denegadas con recursos ante la Alzada e incluso ante esta Corte-, las demoras por la transición entre sistemas procesales -con un cambio de radicación-, transitándolo siempre en estado de libertad, y el interés social en la investigación y sanción de delitos, y concluyendo entonces que no había concurrido una afectación a la garantía invocada que determinara acoger sus agravios. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROAS CONSTRUCCIONES SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 186-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

Es obligación de la contratista adoptar los recaudos necesarios para el cobro de trabajos cuya medición posterior ha de resultar imposible o dificultosa. La empresa contratista debe obrar, durante la ejecución de los trabajos, con pleno conocimiento de las cosas, puesto que la magnitud de toda obra pública y de los intereses en ella en juego le imponen actuar de modo tal de prever cualquier eventualidad que pudiera incidir negativamente sobre sus derechos, adoptando a esos efectos las diligencias apropiadas que exigen las circunstancias de persona, tiempo y lugar.
Reincidencia, cómputo de la pena, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: PERLA, ALBERTO s/ REINCIDENCIA. EXCARCELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-19

1) El art. 50 del Cód. Penal en su 4to. y último párrafo fija una precisa y clara regla para establecer cuándo una primera condena no se computará a los fines de la reincidencia: Al quántum de esa condena debe sumarse otro igual no inferior en ningún caso a 5 años, pero que no podrá exceder de 10, o sea que sólo vencido el segundo, la primera condena no se tomará en cuenta a los fines de la reincidencia.

2) No es posible que la parte final de esa norma: que nunca excederá de 10 años, ni será inferior a 5, se aplique a la primera condena, pues en tal caso se daría el absurdo de que una condena a 25 años de reclusión no se computará a los fines de la reincidencia cuando sólo hubiesen transcurrido, como máximo, 10 años de la misma.

En consecuencia, por no haber desaparecido la calidad de reincidente del procesado, no puede hacerse lugar a la excarcelación solicitada.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de las formas procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: C., C.A. de P. c/A. SA s/Medida Cautelar s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-05

"La garantía constitucional del juicio previo supone el respeto a las formalidades legales para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, y a las propias de la sentencia misma, consideradas imprescindibles para que ésta sea legítima". ..."Por ello es que la ley ha establecido entre los motivos de la casación: el quebrantamiento de las normas procesales. En tanto y en cuanto a las formas consagradas por la ley, su inobservancia constituye también una errónea aplicación del derecho. Es distinta, pues, la posición que asume el Juez, frente al derecho procesal, de aquella en que se encuentra frente al derecho sustantivo. Las normas del derecho procesal establecen reglas a las cuales el Juez y las partes deben subordinar su actividad; la norma sustancial establece el derecho que al término de esa actividad ha de aplicar el Juez con relación a las pretensiones de las partes. Para que la Corte pueda declarar el error en la aplicación de una norma procesal debe encontrar vicios procesales de actividad en la motivación de la sentencia en la cual aparezca violada, por ello la norma procesal que exige su debida fundamentación. Esta es una norma procesal cuya infracción es siempre un vicio "in procedendo", porque no señala al juez el sentido de su decisión, sino el modo de su actuación y la errónea aplicación que se haga de esas normas al cumplir la actividad de modo distinto, es revisable en casación.
Acción civil en el proceso penal, sentencia absolutoria, responsabilidad civil
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sandler, Ileana Mónica s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-20

Siendo absolutoria la sentencia penal anterior, la posterior sentencia civil no está ligada a ella si la absolución se fundó en la falta de culpa penal del imputado reconociendo que en muchos supuestos la responsabilidad civil puede ser más extensa que la penal por requerir ésta mayores presupuestos de procedencia, podemos concluir que, en caso de absolución penal, si bien el juez civil no podrá partir del reconocimiento de un hecho que la sentencia penal ha negado, nada obsta a que, en otros aspectos, pueda reconocer la responsabilidad civil del agente absuelto, por el daño que se originó en el hecho cuya existencia reconoció el juez penal pero que desechó como fundamento de la responsabilidad penal. (Voto del Dr. Hornos).
Empleados públicos, salarios caídos, empleo público, remuneración, sumario administrativo, docentes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MONCHAMP, MIREYA EDEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 230-78
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-08-26

Corresponde el pago de los sueldos no percibidos durante el tiempo de su alejamiento de las funciones, por causa de una resolución administrativa que luego fue dejada sin efecto al reincorporar a la agente al servicio, si la actora fue suspendida durante la sustanciación de un sumario administrativo, vale decir, con carácter preventivo o precautorio, manteniéndose la relación de empleo.