marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesión testamentaria, testamentos, nulidad del acto jurídico, nulidad de testamento, carga de la prueba, capacidad para testar
Materia: CIVIL
Carátula: OGANDO, EULOGIO c/ OGANDO, FRANCISCO s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-25

A quien pide la nulidad del testamento le incumbe probar que el testador no se hallaba en completa razón al tiempo de testar, carga cuyo fundamento se encuentra en un doble orden de razones: porque es demandante y, como tal afirma (art. 377 del Código Procesal), y porque, además, afirma un hecho contrario a la presunción legal y ésta se asienta, a su vez, en la naturaleza, desde que el hombre es, en general, "sano de espíritu" y la demencia una excepción (arg.

art. 3616 del Código Civil).

Si el testador no estaba interdicto, ni sujeto al régimen del art.

152 bis del Código Civil, ni estuvo en estado habitual de demencia era carga del accionante que demanda la nulidad del testamento demostrar en forma clara, concreta y concluyente, en contra de la presunción legal que lo tiene por capaz.
Recurso de casación, recurso extraordinario, gravedad institucional, recurso extraordinario local, recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ciriacci, Octavio s/ Retención indebida - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-08-29

La actitud dolosa o culposa constituye hechos y en la sentencia, tanto al fijar el hecho acreditado cuanto al efectuar la calificación jurídica, dicho aspecto ha quedado definitivamente fijado. Así ha sucedido en el caso, toda vez que -so pretexto de una errónea aplicación del art. 33 de la Ley 23184- la impugnante ingresa a la fáctico, para introducir allí la actitud culposa de la víctima. Tal enfoque resulta ajeno a la debida fundamentación de un agravio en lo sustancial, puesto que por constituir una cuestión de hecho, se encuentra vedado a esta vía extraordinaria y torna al recurso formalmente inadmisible. Un mero error material en la cita de una disposición legal no puede constituir un supuesto de "gravedad institucional". Esta requiere que el litigio se desarrolle en un clima de conmoción de la sociedad o de sectores relevantes que afecta a las instituciones federales, de modo tal que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aspectos que en modo alguno procura siquiera demostrar el recurrente. Desde que el impugnante se limita a reproducir los fundamentos denegatorios por los cuales no se habilitó el recurso de casación en razón de una defectuosa interposición, circunscribiéndose a negar que ello haya sido así, el escrito carece de las condiciones mínimas exigibles por el recurso extraordinario federal. Ello así, porque en principio la interpretación de normas procesales referidas a la habilitación de un recurso extraordinario local, resulta ajena al recurso interpuesto si no se demuestra arbitrariedad alguna. Por el contrario, el impugnante vuelve a incursionar en los hechos Derecho Procesal Penal, t. II, pgs. 249/251).
Caducidad de instancia, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: MONTES Nicolasa Maria del Carmen c/ Francisco Monstes Sacif s/ Nulidad de Asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-02

Si la ley procesal nos habla de "prescripción" en el inc.4 del art.290 del C.P.C., de modo alguno se puede excluir la "caducidad, que conforme surge de lo expresado precedentemente, tiene una sanción de mayor entidad jurídica.- Es decir, que si la ley otorga un plazo para el ejercicio de una acción, sea este de prescripción o caducidad, si éste resulta menor que el término previsto por la Ley Procesal para que se opera la caducidad de instancia, va de suyo que ese es también el plazo de la perención procesal.
Costas al vencido, recurso extraordinario
Materia: PENAL
Carátula: GODOY SILVIA CRISTINA c/ ANSES s/ PENSIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-05-09

Conforme surge del art. 68 del C.P.C.C.N., la parte que infructíferamente planteo el recurso extraordinario debe soportar las costas generadas por el mismo. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Reparación integral, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: E., B. N. c/ Provincia del Chubut s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-04-29

En materia de daños derivados de un hecho ilícito impera el principio de reparación integral y por este motivo, la indemnización incluye el pago de intereses, que previene los perjuicios ocasionados por la demora en obtenerla; y comienzan a correr a partir de la fecha en que aquél tuvo lugar. Sólo así, se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que hubiera estado al recibir la reparación en el momento en que sufrió el daño.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jurscahn, Juan E. c/ Bellano, Nora s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-29

El mandamiento de embargo sin que exista en autos constancia de actividad judicial o extrajudicial por parte de la actora tendiente a asegurar el resultado de la diligencia, no es un acto propulsor del procedimiento. Las peticiones ceñidas a medidas cautelares y a su trámite son ineficaces como medio interruptivo del curso de la caducidad de instancia por cuanto ellas no significan instar el proceso, entendiendo esto último en el sentido de llegar al pronunciamiento de la sentencia.
Gravamen irreparable, excepción de incompetencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Rodo Hogar S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-12-23

No provoca gravamen irreparable la resolución que rechaza la excepción de incompetencia porque el derecho de fondo permanece incólume, pudiendo ejercitarse en el momento oportuno -contra la sentencia- los recursos que el C.P.C. establece en favor del casacionista para el caso de un resultado adverso a sus pretensiones. El fallo objeto de la casación ha rechazado la excepción de incompetencia, pero ha declinado pronunciarse sobre el fondo del asunto. Ello deja intacto para el quejoso las posibilidades de recurrir la sentencia que deberá dictarse en autos, si ella en definitiva acoge la demanda planteada. (Del voto del Dr.

José Carlos Grimaux.)
Contrato de obra pública, modificación de las condiciones del pliego
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: POLLEDO  S.A.I.C. Y F.  Y OTRAS c/ CONICET s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

Si bien en el contrato de obra pública sus previsiones no pueden alterar o derogar las normas contenidas en los pliegos y en los documentos que rigieron el procedimiento de selección, esta reflexión debe ser relativizada por la eventual concurrencia de circunstancias que puedan generar una modificación de las condiciones en que se formuló la oferta, ya sea antes de celebrarse el contrato o sobrevinientes a su formalización.
Derecho procesal, procesos de ejecución, ejecución de sentencia, liquidación, actualización monetaria, intereses, anatocismo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Patagonia SA c/ Prieto, Jorge Horacio s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Procede confirmar la resolución que rechazó la impugnación del banco actor a las cuentas practicadas por su contraria. Ello por cuanto, en el caso, no se ha dispuesto dejar sin efecto la capitalización de los réditos (solución adoptada por esta Sala en varias ocasiones siguiendo la directriz del Alto Tribunal in re: "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cohen Rafael y otro s/ejecutivo" del 12/6/12) sino que expresamente se ha permitido su utilización, en la medida que su resultado no exceda el límite de dos veces y media la TABN. Admitida entonces la potestad de expurgar los intereses excesivos cuando en el caso concreto se verifique un marco de desproporción que torna necesario recomponerlo en términos de justicia, no se advierte idónea la crítica ensayada por el apelante (arg. CPR 265) al abordarse desde una premisa lógica errónea, tal la supresión de la capitalización o la modificación de la cosa juzgada.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, costas, ley procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BANCO BISEL S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-11

Cabe rechazar el planteo que expone el compareciente en relación a la imposición causídica pues, más allá de su consideración sobre la arbitrariedad del mismo, no puede entenderse que desmerezca al fallo como acto jurisdiccional válido de modo que permita la habilitación de esta instancia excepcional, máxime teniendo en cuenta que la Sala, para decidir sobre dicha materia, aplicó el artículo 251 del Código Procesal Civil y Comercial local, que el interesado no cuestiona; debiendo tenerse en cuenta, por lo demás, que las cuestiones referentes a la imposición de costas constituyen como regla materia reservada a los jueces de la causa, resultando insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria que regula la ley 7055, en atención a la naturaleza procesal y accesoria que las mismas exhiben. - CITAS: CSJN: Fallos 240:28; 303:1009; 305:706; 306:1658 y 1787; 307:90; 308:1076 y 1917; CSJStaFe: AyS T 26, p 8; T 44, p 349; T 47, p 387; T 58, p 230; T 81, p 273 y 348; T 82, p 151; T 112, p 107; T 161, p 131; T 171, p 454; T 293, p 109. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Civil y Comercial, artículo 251
Regulación de honorarios, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: FRIAS, ERNESTO RICARDO c/ COMETARSA CONSTRUCCIONES METALICAS ARGENTINAS  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL SANTILLAN, LUIS c/ OBRA SOCIAL DE PERIODISTAS DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-07-31|1986-11-28

El esfuerzo del profesional abogado, corrientemente, se centra en obtener el reconocimiento o declaración del derecho en orden a la obligación principal, pero al hacerlo así queda involucrado todo lo que como fruto accesorio seguirá la suerte del pronunciamiento de la existencia de una obligación principal -artículo 523, Código Civil- (Conforme Cámara en lo Comercial, Sala C, sentencia del 15 de diciembre de 1983, 'Mezza, Adolfo c/ Grandes Sederías Dalí').

(En el caso se dispuso que los honorarios se calculen sobre el monto final de la condena, incluyendo los intereses.)
Recurso de casación, improcedencia del recurso, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NUÑEZ, DOMINGO S. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-06

La discrepancia con el modo de valoración de la prueba por parte del tribunal de mérito resulta ajena a esta instancia extraordinaria.
Instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: PAPETTA JORGE DANIEL Y OTRO c/ GALEANO JULIO MARCELINO s/ REIVINDICACION-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-03-01

Si bien el posible error de un número del documento de identidad en el que se hubiera incurrido en una escritura pública no implica de por sí una falsedad del instrumento público, sí constituye un vicio de nulidad relativa, que únicamente puede ser salvado por el oficial público actuante, ya sea en el mismo acto antes de su otorgamiento; o posteriormente, mediante otra escritura rectificatoria de la misma, por lo que, si al tiempo de su presentación en causa judicial, dicho error se encuentra manifiesto y no se han efectuado las correcciones por los procedimientos pertinentes, si bien el acto en sí no pierde su eficacia, puede válidamente provocar, en cuanto a las cuestiones que se generen en el proceso, que se torne insuficiente para lograr su finalidad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Coronel, Juan Horacio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-02

Resulta legítimo presumir que en caso de recuperar la libertad, el acusado intentará eludir la acción de la justicia, atendiendo al grado de presunción de culpabilidad y la verosimilitud con relación a los hechos que se le reprochan, el tiempo que lleva privado de libertad que no excede de lo razonable y el avanzado estado de las actuaciones, la existencia de vínculos con terceros relacionadas con el delito que se investiga y la especial gravedad del delito, reconocida por el Estado Argentino al asumir compromisos internacionales por medio de la ley 24.072. La disidencia consideró que lo resuelto no analizó adecuadamente los riesgos procesales de elusión y frustración del proceso, ni aludió a las condiciones personales del imputado, sino que se fundó en la pena en expectativa prevista. (Dres. Riggi, Tragant, Ledesma -en disidencia-).
Acción de amparo, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia por la persona, Constitución Nacional, Constitución de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Tanus, Silvia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la competencia de los tribunales locales está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (Ley Nro. 7), cuyo artículo 48, concordantemente con el artículo 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario del la Ciudad de Buenos Aires, establece que la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario entiende en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. Cierto es que, tradicionalmente, la competencia contencioso administrativa se ha determinado, fundamentalmente, en razón de la materia sobre la que versa el litigio, sin embargo, fue otro el criterio seguido por el legislador local al momento de delimitar la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. La atribución de competencia que queda así establecida, es perfectamente compatible con las disposiciones de los artículos 81 incisos 2 y 106 de la Constitución de la Ciudad, y con las facultades propias de legislación y jurisdicción que el artículo 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad de Buenos Aires. (Del voto de los Dres. Weinberg de Roca y Centanaro).
Proceso penal, competencia, convenio de transferencia progresiva de competencias penales, escala penal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de excepción de falta de competencia en autos VASCONCEL, Paulino Salvador s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-18

Corresponde descartar el argumento en cuanto a que la transferencia de competencias penales a la Ciudad estuvo pensada estrictamente para hechos leves o delitos de menor cuantía.

En efecto si tenemos en cuenta el segundo convenio suscripto el 1 de junio de 2004 -aunque aún no entrado en vigencia-, el cual amplía la competencia y transfiere delitos tales como los previstos en los artículos 95 (homicidio y lesiones en riña), 106 y 107 (abandono de personas), entre muchos otros; cuando éstos se cometieren en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Y ello así por cuanto, en este documento, con mayor precisión y en forma expresa, se transfiere la competencia de una amplia y variada nómina de figuras penales al fuero local, sin que haya obstado a ello el monto de la sanción fijada para tales conductas que, en algunos casos, resultan conminadas con penas de igual o mayor gravedad que la del tipo legal aquí cuestionado (art. 189 bis, (2), último párrafo CP).
Medidas cautelares, medicina prepaga, planes de cobertura médica, Programa Médico Obligatorio
Materia: CIVIL
Carátula: CRESPO RICARDO CARLOS JORGE c/ GALENO ARGENTINA s/ sumarísimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-13

De las constancias de la causa surgen los siguientes hechos no controvertidos en relación al accionante, a saber: 1) su edad -ochenta y cinco años-; 2) su discapacidad, padece "secuela de enfermedad cerobrovascular" (conf. certificado de discapacidad y certificados médicos); 3) su afiliación a GALENO (cfr. fotocopia de carné); 4) el asistente domiciliario que le fue prescripto (ver certificado médicos); 5) la conducta de GALENO consistente en considerar que la prestación requerida no reviste el carácter de médica. La ley 26.682 (sancionada el 4 de mayo de 2011 y promulgada el 16 de mayo de 2011, B.O. nº 32151 del 17 de mayo de 2011) dispone en su artículo 7 que las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencial, el Programa Médico Obligatorio vigente según Resolución del Ministerio de Salud de la Nación y el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad prevista en el ley 24.901 y sus modificatorias.
Representación procesal, legitimación activa, simple damnificado
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: IRIGOYEN, RAUL E. s/ QUERELLANTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

No pueden ser legitimados activamente quienes no resulten particularmente ofendidos por el delito. Es improcedente que se otorgue ese carácter a quien demuestre interés directo en ejercer la pretensión punitiva respecto de hechos "prima facie" delictuosos, aun cuando no resulte directamente afectado por el daño o el peligro que aquéllos comporten, desde que en nuestra legislación no está prevista la acción popular.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Blanco, Eduardo Luis c/ Banco Popular Argentino  S.A . s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

Es inadmisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley por considerar que el apelante no había cumplido con la carga de impugnación establecida en las normas locales (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Derecho procesal, competencia, competencia por la materia, competencia comercial, honorarios del mediador, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: WISBROT, MIRTA c/ S.G.S. ARG s/ EJEC
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-08

Es competente el fuero comercial para intervenir en la causa en virtud de la cual se persigue el cobro de los honorarios del mediador, por la actuación ejercida en los términos de la ley 24573, no correspondiendo al fuero civil entender en tal ejecución, toda vez que la cuestión planteada ha sido resuelta conforme lo prescripto por el dec. Regl. de la ley de Mediación nº 91 del 26.1 98, publicado en el BO el 29.1.98, por lo que el citado precepto derogó los decretos 1021/95 y 477/96, y en su art. 21, atribuyo competencia en las mediaciones oficiales al juez sorteado en su oportunidad -en la especie, el juez comercial, conf. Formulario anejado a la causa-. (En igual sentido: sala b, 3.4.98, "Barragan, Alicia c/ Verdura, Osvaldo s/ Ejec." -Dict. Fiscal 78692-).
Despido, indemnización por despido, abandono de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rivero de López,Liliana N. c/ Asociación Empleados P.S.I. de la Nación Seg.Resistencia y/o quien resulte responsable. s/ Diferencia de haberes.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-09-28

No probada la existencia del despido invocado y dada la pasividad de la patronal, el vínculo de la relación laboral subsistió hasta la intimación al reintegro, sea cual fuere la causa de la ausencia al lugar de trabajo de la actora -empleada-. La actitud rupturista de ésta que reconoce no haber obedecido a la intimación al reintegro, hace concluir sin lugar a dudas que el distracto se produce por la voluntad de abandono, no pudiendo por ello condenarse al pago de indemnización por despido a la demandada.
Prueba pericial, jueces, facultades del juez, incapacidad, porcentaje de incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Carballo, Daniel A. c/ SCIMACA S.R.L. s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 97-00, Resol. Nro. 213, Tomo 24, Folio  457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-15

La pericia médica no es vinculante para el magistrado. La incapacidad laboral al igual que la relación de causalidad entre el daño y el trabajo, no son conceptos netamente médicos sino también jurídicos, en los cuales interviene el criterio del sentenciante tomado a la luz de todas las constancias de la causa. Teniendo en cuenta el valor meramente indicativo de los baremos de incapacidad, el juez puede apartarse de sus indicaciones considerando para medir la disminución física que el trabajador es un todo orgánico funcional, es decir, que debe indemnizarse el grado de potencia funcional perdida y no la lesión en forma aislada, teniendo especialmente en cuenta la profesión habitual del trabajador, sin que obste que por reeducación o adecuación a otras formas de proveer a su sustento pueda en cualquier tiempo acudir a otras fuentes de desempeño en las que el defecto incapacitante pierda incidencia o no se note.
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apreciación de la prueba, presidente de la corte interamericana, admisibilidad de la prueba, reglas de la sana crítica, competencia contenciosa de la Corte Interamericana
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Furlan y Familiares c/ Argentina s/ resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2012-01-24

Tanto el ofrecimiento como la admisión de la prueba y la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 42.2, 46.1, 50, 57 y 58 del Reglamento de la Corte Interamericana, correspondiendo a su Presidencia el considerar la conveniencia o no de recabar la prueba y apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y conforme las reglas de la sana crítica.
Responsabilidad solidaria, incumplimiento del contrato, costas, daño punitivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: MULLER VILLARREAL FABIAN A Y OTROS C/ FIDUS S. A. Y OTROS S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-10-13

En lo concerniente al agravio de los demandantes por la ausencia de condena de los administradores de las sociedades, es dable puntualizar que en las respectivas sociedades sus funcionarios han omitido cumplir diligentemente con un conjunto de obligaciones y derechamente han hecho caso omiso de otras -derivadas tanto del estatuto, como de la ley y el contrato-. Consiguientemente, se concluye que incurrieron en mal desempeño de su cargo, que engendra el deber de responder solidariamente con sus respectivos patrimonios por las obligaciones contenidas en la condena asociada a la conclusión de las obras de infraestructura pendientes y si así permaneciera firme -en virtud del abordaje del punto siguiente-, por imposición del daño punitivo, con imposición de costas (arts. 59 y 274, LGS).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Cipriano Oscar s/ Quebrantamiento de pena en concurso real con privación ilegal de la  libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

Siendo aplicable la norma del art. 142 inc. 1 del C.P. desde que el procesado reconoce haber ejecutado la acción en ella descripta y restringiéndose el agravio sólo a dicha cuestión la Suprema Corte no puede conocer respecto de si entre el robo y la privación de la libertad existió concurso ideal (art. 54 C.P.) o real (art. 55, C.P.) de delitos.