marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ablación de órganos, implante de órganos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F. V. N. s/ Sumarísimo- Ley 24.193
Jurisdicción: Federal — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-07-04

Fuera de los casos previstos en el artículo 15 de la ley 24.193, el pedido de autorización de una ablación e implantación de órganos entre sujetos vivos debe ser tratada en sede judicial siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Sentencia, nulidad de sentencia, convenios colectivos de trabajo, transporte automotor, cargadores, doctrina legal
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Vega Carlos Dante c/ Expreso Bisonte S.R.L. s/ Cobros
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-23

"Viola las disposiciones de la convención colectiva 40/89, la sentencia que condena al pago de los ítems 4.2.3 y 4.2.4 íntegramente a más de un conductor por unidad simultáneamente".
Admisibilidad formal, derechos y garantías constitucionales, procedencia del recurso, queja por recurso denegado, sentencia firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: T.F.M. c/  s/ Abuso sexual s/ Queja por Recurso Denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2021-08-10

Para que sea admisible el recurso extraordinario, es necesario que la decisión recurrida tenga tal entidad que impida su replanteo idóneo y efectivo en una instancia ordinaria posterior, y la invocación de la arbitrariedad, la gravedad institucional o el desconocimiento de garantías constitucionales no autoriza a prescindir del requisito de sentencia definitiva. Un auto interlocutorio que no ha puesto fin a la cuestión de fondo ni ha producido enervamiento ostensible de garantías constitucionales, carece del requisito de definitividad, encontrándose por ende excluido de la categoría de autos recurribles.
Declaración de rebeldía, ejecución de la pena, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: J., A. s/suspensión del juicio a prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-03

uan Esteban Cicciaro explicó que si bien la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal brindó su conformidad para dar por cumplidas las reglas de conducta, el imputado no cumplió con las mismas pues no concurrió a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal a tal efecto y ni siquiera pudo ser localizado, siendo inclusive declarado rebelde durante el período de control en una causa paralela. Precisó que más allá de lo dictaminado por la aludida Unidad Fiscal, la actividad del MPF no se rige exclusivamente por el principio de unidad de actuación sino también por el de jerarquía y el Fiscal General es su superior jerárquico. Agregó que según el artículo 4 del Decreto 807/2004 que reglamenta el artículo 174 de la ley 24660 de ejecución penal, es el representante del MPF ante "el tribunal que otorgó el beneficio" quien emite opinión "sobre la extinción de la acción o la reanudación del proceso". Analizó que lo resuelto por el magistrado de ejecución implicaría premiar el incumplimiento y resulta violatorio de las condiciones del propio auto que concedió el beneficio en el cual se estableció que el plazo de la probation se computaría a partir del momento en que el imputado "efectivamente comience" a dar cumplimiento a las condiciones impuestas. Finalmente indicó que cumplir con las reglas de conducta es una obligación que surge del propio texto del Código Penal (artículo 76 ter cuarto párrafo) en conexión con las facultades de revocación del artículo 27 bis in fine del mismo, revocación que podrá disponerse aún fuera del plazo de supervisión (tal como se señaló en la causa N° 162853/16 "R., A." rta.21/3/19, entre otras).
Rebeldía, legitimación pasiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: RIVADAVIA DE VERA LEONOR c/ GAUNA HECTOR PRUDENCIO s/ DERECHO PROCESAL-LOCACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-16

La rebeldía no es un mecanismo procesal que sirva para suplir cualquier prueba, máxime cuando por la índole de la pretensión existen elementos de conocimiento y derecho que es necesario acreditar y que no pueden ser suplidos por el mero silencio del emplazado desde que constituyen verdaderos presupuestos de su legitimación pasiva.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: De Santis, Sergio Darío s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-23

No se aprecia fundada la oposición fiscal que se refiere solamente a la falta de acuerdo entre uno de los damnificados y el imputado en lo que respecta a la reparación económica, pues no es exigible la reparación integral como requisito sine qua non para su procedencia. (Dres. Madueño, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Concurso preventivo, medidas autosatisfactivas, intervención de sociedades, expropiación
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: NN c/  s/ Su presentación ante el Tribunal de Conducta Vicentin S.A.I.C. c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-10|2020-06-19

Procede disponer, con carácter de medida autosatisfactiva, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la ultima Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma y declarar la incompetencia para entender en la demanda declarativa de inconstitucionalidad por falta de conexidad concursal, toda vez que la intervención del órgano de administración dispuesta por el Estado Nacional en el marco de un DNU produce una situación disruptiva que ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse que amenaza con afectar negativamente el giro comercial y la actividad industrial, con el consiguiente riesgo de una paralización de las actividades, lo que amerita una actuación judicial efectiva cuyo objetivo es brindar certeza y seguridad jurídica para la concursada, sus acreedores, proveedores y empleados, a los fines de transitar virtuosamente este período transicional, hasta tanto sea dirimida la cuestión constitucional o se reconfigure el rol de los distintos actores actualmente en disputa.
Cheque, caducidad, pago diferido, presentación extemporánea del cheque
Materia: COMERCIAL
Carátula: Insaurralde Roberto c/ Mambrín, Raúl s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-08-18

Rodolfo Fontanarrosa ha señalado, comentando el art. 38 in fine, de la ley de Cheque que "una cuestión importante aquí, se vincula con la caducidad de la acción cambiaria por falta o tardía presentación, que la ley de cheque mantiene en el art. mencionado, último párrafo.

En efecto, en otros papeles de comercio, la caducidad de la acción cambiaria no necesariamente impide la subsistencia de un quirófano jurígenamente eficaz conforme éstos, la posición del obligado en el documento autorizase a imputar al suscriptor un reconocimiento de deuda que, de resultar autosuficiente en el término del CPCCN, art.520 y su doctrina, posibilitaría incluso preparar la vía ejecutiva (cód. cit. 525 y ccds.): es lo que sucede en el caso del librador del pagaré y la letra de cambio, o del aceptante en la última. Pero eso no tiene lugar en el cheque: estando éste sujeto a un término limitado de vigencia como título de crédito conforme la normativa comentada, la caducidad que padeciese por transcurso del término limitado de vigencia como título de crédito conforme la normativa comentada, la caducidad que padeciese por transcurso del término sin presentación al girado, impide juzgar remanente reconocimiento alguno de deuda aún conforme a los principios de derecho privado general dotado de utilidad autosuficiente a los fines de la preparación de la vía ejecutiva.

Ello sin perjuicio -desde luego- de la utilidad que el documento podrá presentar, en muchos casos, al menos como principio de prueba por escrito (art.1190, 91 y 92 del Cód. Civ. y 207 del C. Comercio I Tít. Prelim.) en el marco de procesos de plena cognición.
Graduación de la pena, escala penal, pena privativa de la libertad, homicidio, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: P.N.H., T.T.D. y SUAREZ, Daniel Alejandro c/  s/ homicilio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2018-06-13

Para graduar la pena a imponer en el homicidio con exceso en la legítima defensa, partimos de la escala penal conminada en abstracto que tiene un mínimo de dos años de pena privativa de libertad y un máximo de cinco años, en el caso como circunstancia agravante ha de ponderarse que el accionar linda con el abuso en la defensa, dado que frente a un agresor que estaba ostensiblemente alcoholizado y drogado y gatillaba sin que salgan los disparos, le infligió cuatro puñaladas cuando con una sola habría bastado, desplegó una acción cuya desproporción lo llevó al límite con el homicidio simple, las demás circunstancias que ponderamos le resultan favorables, pues el acusado es aún muy joven, es de extracción social muy humilde y exhibe conductas valiosas ya que pese al entorno en el que vive, no ha caído en la delincuencia y tiene medios lícitos de vida siendo el sostén material de su familia; asimismo se valora especialmente su confesión y que es primario en el delito, en razón de ello, resulta ajustado a Derecho aplicarle la pena de tres años de prisión.

Fuente del sumario: SAIJ
Acción de amparo, valuación del inmueble, valuación fiscal, facultades discrecionales, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Stepan, Francisco José c/ Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

No constituye fundamento válido para rechazar la acción de amparo promovida con el objeto primordial de que se deje sin efecto la retroactividad que la comuna asignó al nuevo valor fiscal de los inmuebles, la ponderación de las prerrogativas de la administración y de las facultades de las que goza el Gobierno de la Ciudad, porque una consideración de esa clase, formulada sin examinar si la conducta de la autoridad pública es manifiestamente ilegítima o arbitraria, lesiona derechos esenciales reconocidos por normas de superior jerarquía e importaría tornar inoperante el amparo como vía eficaz de impugnación de actos u omisiones de autoridades públicas que presenten tales vicios, en franca oposición a lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional.
Extinción del contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Garay, Pedro y otros c/ Frigorífico Norte S.R.L. s/ Reclamo laboral Reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-06-30

El empleador que pretende justificar los despidos esgrimiendo la causal de falta o disminución de trabajo, debe probar fehacientemente cuatro extremos: a) La existencia de falta o disminución de trabajo, que por la gravedad no consienta la prosecución de la relacion (art. 242 y 247 L.C.T.), b) Que la situación no les es imputable, c) El respecto al orden de antigüedad dentro de cada especialidad y d) Perdurabilidad.
Empleados públicos, ENCOTEL, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: REQUEJO, Dacio Vicente c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-28

El personal de Encotel (empresa estatal bajo la cual quedó englobado el personal que prestó servicios en "Correos y Telecomunicaciones"), no figura entre los sujetos contemplados por la ley 22.955 ni por la ley 23.682 por lo que "prima facie", no se advierte que haya existido voluntad legislativa de tutela para las personas que se desempeñaron en su oportunidad para "Correos y Telecomunicaciones", máxime cuando para éstas, en su momento se aplicó un régimen especial (ley 12.925).
Falta de acción, querellante, delitos contra la Administración Pública, simple damnificado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MON, MARIA.V. s/ FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

La condición de particularmente ofendido no coincide con la titularidad del bien jurídico afectado, permitiéndose la querella conjunta en delitos que agravian a la administración pública. Además es bastante con que el delito ofenda al particular. Por lo cual corresponde no hacer lugar a la excepción de falta de acción para querellar.
Gobierno de facto, actos del gobierno de facto, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Tiscornia, Agustín Ernesto s/ CAUSA N. 31.205.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

Si para excluir la aplicación de la ley 23062 la cámara sostuvo que los actos judiciales cumplidos por el peticionante en el lapso que ejerció la magistratura, fueron convalidantes del régimen integral del gobierno de facto que asumió el poder en 1966, resultaba innecesaria la enunciación concreta de actos de tal naturaleza atribuibles a él, pues bastaba señalar que continuó en el ejercicio de la magistratura luego de la ruptura constitucional producida
Derechos y garantías constitucionales, prisión por deudas, delitos contra el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "  Incidente  de inconstitucionalidad de Benito, Nicolás Edgardo ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

"Cuando la República Argentina ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ley 23.054) efectuó una reserva según la cual: "el artículo 7, inciso 7, debe interpretarse en el sentido que la prohibición de la ´detención por deudas´ no comporta vedar al Estado la posibilidad de supeditar la imposición de penas a la condición de que ciertas deudas no sean satisfechas, cuando la pena no se imponga por el incumplimiento mismo de la deuda sino por un hecho penalmente ilícito anterior independiente" (vid. reservas y declaraciones interpretativas hechas al ratificar la Convención, del 14/8/84)". "En función de esta reserva, la Cámara Nacional de Casación Penal ha sostenido que si bien algunos de los instrumentos internacionales del art.

75, inc. 22, C.N. prevén que las deudas no pueden generar la privación de la libertad personal, esta solución encuentra su límite cuando el incumplimiento dinerario es catalogado como delito por el código de fondo o una ley especial de contenido penal (ver en este sentido, Sala I, causa n° 5101 "Ghillione, Oscar Mauricio s/ recurso de casación", rta. el 18/12/03, reg.

n° 6418)". "Tampoco puede reputarse contraria a la Constitución Nacional la previsión de dicho incumplimiento como delito, pues la norma de valoración no tiende a garantizar el cumplimiento de contratos entre particulares sino principios del orden público laboral. En este mismo sentido, aunque en referencia al incumplimiento de aportes provisionales, la C.S.J.N. sostuvo:

"Que a los efectos de una adecuada hermenéutica de la ley debe tenerse presente que las normas fiscales no persiguen como única finalidad la recaudación pues exceden el mero propósito de mantener la integridad de la renta fiscal; ya que se inscriben en un marco jurídico general de amplio y reconocido contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales y normas tuteladas por los tipos penales constituye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes (arg. Fallos: 314:1376, considerando 9° entre otros)" ("Siagra S.R.L. s/ Ley 23.771", rta. el 25/9/97; vid., en sentido similar, CNCP, Sala III, c/n° 916, "Maitini, Delio Jorge s/ recurso de casación", rta. el 28/2/97, reg. N° 50/97)"."En una dirección similar, no puede pasarse por alto que en el mensaje de elevación del proyecto de ley que desembocó en la sanción de la norma objetada se expuso que:

"Según surge de los lineamientos generales expuestos, la L.R.T.

se inserta como un subsistema de la seguridad social que se integra armónicamente y complementariamente con otros institutos -fundamentalmente la legislación de higiene y seguridad en el trabajo y el sistema de jubilaciones y pensiones- con el objeto de proveer al trabajador una protección integral frente a los riesgos del trabajo" (LL-1996-A, "Antecedentes Parlamentarios", p. 412)".
Incapacidad absoluta, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Tellechea, Telma R. c/ Frigorífico Swift Armour S.A. Argentina s/ Cobro de pesos Morales, José G. c/ Indeco S.A.C.I. s/ Indemnización enfermedad accidente y art. 212 L.C.T. Pinilla, Mateo c/ F.I.A.S.A. s/ Indemnización por antigüedad, art. 212, Ley de Contrato de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-20|1997-07-01|1997-09-30

Acreditado el presupuesto a que se subordina la incapacidad absoluta contemplada en el art. 212 cuarto párrafo de la L.C.T. el vínculo laboral se extingue por imposibilidad de cumplimiento del objeto, con absoluta prescindencia de cualquier otra causal invocada a tal efecto.
Empleados públicos, salarios caídos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EXPOSITO, HECTOR RUBEN c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 21-82 DOMINGUEZ, GABRIEL ANDRES c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      CSJ EXPTE NRO 326-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-26|1989-12-06

La improcedencia del otorgamiento de reparaciones -haberes caídos- que no encuentran fundamento en perjuicios efectivamente probados en autos (tesis del resarcimiento), sólo se justifica en ausencia de textos legislativos de orden administrativo local que resuelvan la cuestión; porque ninguna duda cabrá acerca del derecho a percibir sueldo a pesar de que el empleado no haya cumplimentado la contraprestación a su cargo, cuando la ley expresamente lo reconozca, como ocurre normalmente en el caso de licencias, justificaciones y franquicias.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, facultades del Poder Judicial, facultades jurisdiccionales, Corte Suprema de Justicia de la Nación, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gómez Diez, Ricardo y otros c/ PEN  -  Congreso  de  la Nación s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Si para determinar la jurisdicción de la Corte y de los demás tribunales de la Nación no existiese la limitación derivada de la necesidad de un juicio, de una contienda entre partes, entendida ésta como un pleito o demanda en derecho instituida con arreglo a un curso regular de procedimiento, la Suprema Corte dispondría de una autoridad sin contralor sobre el gobierno de la República, y podría llegar el caso de que los demás poderes del Estado le quedaran supeditados con mengua de la letra y del espíritu de la Carta Fundamental.
Declaración indagatoria, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: BALOGLU, G. Y OTRO s/ NULIDAD PROCESAL. DECLARACION INDAGATORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-02-26

Es nula la resolución que tiene por "cumplida" la declaración indagatoria del procesado con la que prestará en el sumario del que se extrajeron los testimonios. Dicho acto, además de no reflejar una adecuada intimación de la imputación referente a la presente causa, ostenta una coetánea falencia derivada de la falta de exhibición de lo que se secuestrara en autos.

La mencionada nulidad debe declararse de oficio por hallarse comprometido el orden público, ya que la indagatoria instruccional es presupuesto ineludible del juicio y por tal virtud no caben concesiones como la referida.
Vinos, comercialización de productos agropecuarios, tributos, impuestos internos, sobretasas, exenciones impositivas, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bodegas y Viñedos Peñaflor S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ demanda contenciosa - repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

Si el expendio de vinos comunes estaba alcanzado por dos tributos - el impuesto interno al vino y la sobretasa - no existe razón para suponer que la exención del pago de uno de ellos importe asimismo la liberación del otro.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, honorarios, concurso preventivo, verificación de créditos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION SINDICAL DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASOEM) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-05-21

Corresponde admitir el recurso de inconstitucionalidad atento la oposición irreductible ante la que se encontraría el verificante con la alternativa que le presentan los Juzgadores: por una parte el Tribunal declara prescripto el crédito por haber transcurrido el plazo del artículo 56 y por otro lado, aduce que se trata de un crédito no verificable por aplicación del artículo 21 de la Ley de Concursos y Quiebras, en cuanto sólo prevé "juicios contra el concursado" y en el caso la concursada era parte actora, y por imperio del artículo 32 del mismo cuerpo legal, en el sentido de que no se trataba de un crédito verificable.

En otros términos, dicha lógica supondría en todos los casos un derrotero fatal para el acreedor, ya que éste, elija la vía que elija, vería frustrada la posibilidad de verificar su acreencia, intríngulis interpretativo consecuencia de la premisa de que el crédito en análisis ostentaría naturaleza post concursal, puesto que nació luego de la apertura del concurso con la condena en costas en la sentencia penal definitiva. (de la Disidencia del Dr. Falistocco).
Farmacéuticos, socio empleado, asignaciones familiares, obligaciones del empleador, deber de aportar
Materia: LABORAL
Carátula: MAPEMI  S.C.S.S. s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-31

La ley 17565 obliga a que el director técnico de una farmacia tenga título habilitante y que atienda el establecimiento en forma personal y efectiva lo que en otras palabras significa, trabajar.

Por ello, si éste trabaja y tiene escasa parte del capital societario debe considerárselo como un socio empleado de los descriptos en el artículo 27 Ley de Contrato de Trabajo y su empleador debe realizar los aportes a la caja de subsidios familiares correspondiente.