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Procedimiento administrativo, agotamiento de la instancia administrativa, recurso de reconsideración
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pau, Gabriel Dante c/ Cámara de Diputados y Estado Provincial s/ Acción contencioso administrativa de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-04-20

La codemandada-Cámara de Diputados- interpone como de previo y especial pronunciamiento excepción de incompetencia, por considerarque la actora no agotó la vía administrativa previa para habilitar la instancia contencioso administrativa, recurriendo el decreto que por esta demanda se impugna conforme lo prescribe el art. 120 del CPA .

En relación a la exigencia del recurso de reconsideración respecto del acto administrativo dictado por autoridad de última instancia, se plantean dos supuestos cuya resolución difiere según haya existido o no reclamo administrativo previo al dictado de ese acto.

En efecto, cuando el administrado ha efectuado reclamo previo, no se requiere la interposición del recurso de reconsideración para tener por agotada la vía administrativa. (autos Corte Nro. 21/93; Nro.173/94entre otros).

Ahora bien, cuando el acto se dicta de oficio y por autoridad de última instancia, el administrado desconforme deberá articular recurso de reconsideración para dejar expedita la vía judicial, porque debe darse a la administración la oportunidad de revisar el acto, en la medida que este recurso es la única posibilidad que posee el administrado para ser oído respecto de resoluciones que, por vía de principio, excluyen toda intervención de particulares por ser producto de la actividad interna del Estado.

En el caso, el administrado efectuó varios reclamos que motivaron el dictado del decreto que se impugna por la presente demanda, por lo tanto la Administración como autoridad de última instancia ha tenido la oportunidad de merituar los fundamentos del reclamo, con lo cual exigirle al actor recurso de reconsideración configuraría un ritualismo inútil.

En conclusión, corresponde rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada.
Contrato de trabajo, prueba, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Lanatti, Jorge Daniel c/ Ildarraz S.A.C.I.F.I.A. y de M. y otro s/ Sueldos, S.A.C., indemnización y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-07-01

Del examen de los hechos y de la valoración de la prueba surge el verdadero encuadramiento del actor y el hecho de que la demandada pretenda probar con recibos el pago como "gerente general", en concepto de honorarios, es una maniobra tendiente a evadir específicas normas de derecho laboral.
Competencia, cobro de sumas de dinero, factura, flete, acción civil
Materia: PROCESAL
Carátula: TRANSPORTE MORANO S.R.L. c/ SOLLAZZO HNOS. S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-28

En el caso, la parte actora inicia juicio de cobro sumario de pesos, señalando que la suma reclamada es adeudada en virtud del incumplimiento por parte de la demandada de una factura vencida por la realización de fletes de mercadería.

En el caso de autos, la relación jurídica base de la demanda tiene caracteres propios que impiden su encuadramiento en las previsiones del inc. a) del art. 62 de la LOTJ.

El vínculo jurídico establecido por las partes, excepción al fuero civil en documentos y locaciones por aplicación del inc. b) última parte de la citada norma, determina su conocimiento por el juez civil y comercial común, conforme a la competencia residual asignada por el art. 61 inc. a) LOPJ.
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, imputado, apremios ilegales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARCILAZO, LEONARDO GABRIEL c/  s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN CONCURSO REAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25

En el presente caso, tanto el Juez de Primera Instancia como la Cámara de Apelaciones desecharon de plano la existencia de apremios ilegales mediante el argumento de que las lesiones constatadas fueron provocadas en el marco de la resistencia a la autoridad y de la colisión con el automóvil que conducía el imputado y que precedió a la detención del mismo; mas existiendo una denuncia de apremios y un informe médico que corrobora tales dichos, aparece incumplida la exigencia de una investigación diligente por parte de las autoridades, extremo necesario para poder valorar cualquier declaración incriminante brindada en sede policial. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhiere el Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Netri y Spuler)
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Barone, Gustavo Daniel c/ Torres Morón s/ Despido injustificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

El tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes; en razón de ello no me parece válido el argumento de una proposición tardía.
Medianería, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO FITZ ROY 2486/92 c/ CONSORCIO SANTA FE 4910 s/ MEDIANERIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-18

En caso de invasión del terreno lindero la reparación consiste en el valor de la superficie invadida.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Parma, Inés Angélica y ot. c/ Cusato, Norberto Raúl s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

El mero respeto pasivo de las ordenanzas no basta en oportunidades para configurar una conducción vial no negligente. El tránsito no es un mecanismo matemático que pueda ser pre-diagramado y proyectado en el desempeño total de cada uno de sus componentes, y -correlativamente- no admite una prognosis póstuma según un juicio matemático. En ese orden de ideas, una luz verde a favor, no desvincula a quién conduce de toda la "circunstancia" por la que atraviesa. Tampoco la regla "derecha vence izquierda" es de compartir en todos los casos. (Art. 456, CPCC).
Suspensión del plazo, plazos procesales
Materia: LABORAL
Carátula: TELLECHEA LUIS ARMANDO c/ MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAY Y/U OTRO s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-03-26

De conformidad con lo establecido en el art. 24 del CPL y en virtud del principio de celeridad todos los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición expresa de la ley o acuerdo de partes por una sola vez, cualquiera sea el acto procesal de que se trate.
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Getino, Oscar A. c/ Estancia El Rocío y/o Pascual Serrago y/o José Ibañez s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-10-30

Si se admite que el automotor en movimiento es una cosa riesgosa cuando lesiona a una persona o afecta a otro automotor detenido -lo que comparte la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia actual- no se alcanza a advertir la razón de excluir los efectos de esa calificación, cuando son dos o más automotores en movimiento los que resultan dañados en un suceso. Y donde la ley no distingue, no debemos distinguir.-
Recurso contencioso administrativo, prueba, notificación, oportunidad procesal, plazo, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: MANASSERO, OSCAR RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA     EXPTE NRO 575-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-11

Debe prosperar el recurso de revocatoria interpuesto respecto a la impugnación por extemporaneidad de la prueba informativa ofrecida. Ello es así puesto que, habiendo sido notificada la apertura a prueba el 26-12-90, por aplicación de las disposiciones pertinentes (artículo 45, ley 4106; 5, de la ley 7234, modificada por ley 9040; y 70 y 145 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable) el actor contó con tiempo hábil para proponerla hasta el 25-02-91 y sin embargo, recién la ofreció el 25 03-91, es decir, fuera de los límites temporales mencionados, perdiendo entonces la posibilidad de valerse de ella (artículo 70, Código Procesal Civil y Comercial, aplicable).
Pago, aceptación sin reserva, actualización monetaria, pago parcial
Materia: CIVIL
Carátula: TRAMEC ELECTRONICA  S.R.L. c/ ESTADO NACIONAL (SEC. DE ESTADO DE COMUNICACIONES) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Esta Sala tiene dicho que la falta de reserva no constituye obstáculo en la procedencia del cobro perseguido, toda vez que el aumento del monto nominal de un crédito en virtud de la depreciación monetaria no importa, en definitiva, un indebido beneficio para el acreedor, ni un perjuicio para el deudor, ya que mantiene el valor económico de aquel, motivo por el cual el pago de la suma adeudada, sin el reajuste correspondiente, lo conviene en parcial.
Daños y perjuicios, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, adjudicación del plan, responsabilidad contractual, incumplimiento del contrato, automotor discontinuado, pretensión resarcitoria
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: LABORATORIOS  ORTOPEDICOS  DEL SUR c/ CIRCULO DE INVERSORES SA DEAHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO. INVERSORES SA DEAHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-30

Procede la acción en la que el suscriptor de un plan de ahorro para la adquisición de un automotor, persigue el cobro de cierta suma de dinero por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual atribuido a la administradora del plan y a la terminal automotriz cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) luego de la suscripción del pertinente contrato, el pretensor optó por cambiar de modelo abonando la diferencia; b) cancelada la totalidad de las cuotas pactadas, solicitó la entrega del vehículo; c) posteriormente la administradora le notifica la adjudicación de la unidad y lo invita a elegir color y abonar la adjudicación; d) luego el accionante recibe comunicación de que la unidad adjudicada fue discontinuada ofreciéndose en su reemplazo un rodado de menor valor al abonado; y e) el reclamante rechazó el ofrecimiento.

Ello asi, toda vez que no medió justificación idónea de la administradora de la omisión de entregar el bien adjudicado dentro del plazo contractual fijado. a mas, la eventualidad de un cambio en la producción del automóvil, debió ser verificada por aquella antes de la adjudicación, es decir, debió haber arbitrado los medios para asegurar al suscriptor la entrega exacta y oportuna del modelo y variante solicitados al tiempo de la mentada adjudicación.
Representación procesal, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lojo, Claudio Marcelo c/ Hospital Zonal General de Agudos de Quilmes y otro s/ Pretensión indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-02-24

La circunstancia de que el abogado, sin invocación del art. 48 del Código Procesal Civil y Comercial, no haya acreditado su personería, no puede determinar que se declare mal concedido el recurso. Ello así, en razón de que el art. 47 del mismo código no prevé sanciones para el caso de presentaciones defectuosas. En consecuencia, corresponde intimar al presentante a subsanar la omisión en que incurriera.(del voto del doctor Negri)
Elecciones provinciales, gobernador, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, interpretación de normas y actos locales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Movimiento Viable c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12

No corresponden a la competencia originaria de la Corte las actuaciones tendientes a que se declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 2355/13 por medio del cual el gobernador de la Provincia de Santiago del Estero fijó la fecha para llevar a cabo las elecciones de gobernador y vicegobernador de la provincia si el planteamiento no resulta exclusivamente federal puesto que involucra otra cuestión de orden local, ya que sostiene que el art. 52 bis del Código Electoral provincial no es sólo contrario a la Constitución Nacional (arts. 76 y 99, inc. 3°), sino que también conculca los arts. 7°, 44, 137 y 161 de la propia Constitución Provincial e involucra el examen, análisis e interpretación de actos de autoridad local, puesto que el Tribunal Electoral de la provincia ya fijó el cronograma electoral en concordancia con la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para la realización del acto eleccionario. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Estado Provincial, territorio provincial, servicio telefónico, medidor de pulso telefónico, facultades del gobierno provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Telefónica de Argentina S.A. s/ acción de inconstitucionalidad ley 2813.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El art. 42 de la Constitución Nacional no contiene elemento alguno que permita inferir que el Poder Legislativo de una provincia tiene competencia para ordenar, a empresas que ofrecen servicios telefónicos interprovinciales la instalación, en el territorio local, de medidores domiciliarios de pulsos telefónicos (Voto de los Dres.

Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Extradición, Estado requerido, culpabilidad
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL
Carátula: Wilhelm Weibgarber, (José Matuz) s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

Al tribunal requerido le está vedado conocer del fondo del asunto, y en especial, sobre la culpabilidad o inculpabilidad de la persona reclamada.
Competencia, prórroga de la competencia, seguros, cláusulas del contrato, consentimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AGUERO PEDRO EN J: AGUERO PEDRO c/ ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS s/ Ordinario (LIBRO: S276 - 068)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-12-09

Cuando el actor, al momento de suscribirse el contrato o convenio de seguros no tuvo participación en el mismo, no ha prestado conformidad expresa a la prórroga de jurisdicción prevista en las condiciones generales de la póliza, por que no se dan las pautas consagradas en el art. 2 del C.P.C.C.N. para la eficacia de la cláusula de prórroga de jurisdicción.-
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valiente, Antonio c/ Benitez, Luis s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-16

El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad objetiva. La exisgencia formal solo se convierte en patología del proceso que daña el adecuado servicio de justicia, si conspira contra el citado esencial objetivo procesal.
Contrato de obra pública, certificados de obra, cómputo de la actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NICOLAS DAZEN  S.A.C.C.I.F.I. c/ ESTADO NACIONAL (M.A.S.) s/ COBRO DE PESOS - OBRA PUBLICA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

El magistrado a-quo entendió que los importes reconocidos por Resolución 312, según el régimen de la ley 21.392 deben actualizarse desde la fecha de cada reclamo, hasta la fecha de pago.

El pago ya realizado se imputará a la deuda y el saldo que resulte se actualizará y devengará intereses al 5% conforme el régimen de la ley 21.392 hasta los 30 días antes del efectivo pago (depósito judicial).

No es posible extender el criterio del art. 624 a la diferencia que reclama la actora en autos, toda vez que conforme con esta norma se extingue la obligación respecto de los intereses en la situación que ella prevé y ahora se trata, en cambio, de una actualización monetaria que nada tiene que ver con ellos y sí, por el contrario, con la adaptación de las primigenias cifras de origen al curso inflacionario, sin alterar por ello el capital, o, como ahora ocurre, un interés capitalizado.

Cuadra decir a este respecto que no se presume la renuncia de los derechos sin norma expresa que así lo consagró, como ocurre con la previsión del artículo recién mencionado.

En la actualidad el que paga tarde debe hacerlo con el reajuste correspondiente para cubrir el emérito causado por la desvalorización de la moneda conservando de ese modo la integridad patrimonial del acreedor.

El reajuste procede, obvio es decirlo, no sólo respecto de créditos alcanzados expresamente por la ley 21.392, sino también acerca de los configurados con anterioridad a ella. Siendo ello así nada obsta a proceder como lo ha hecho el sentenciado aplicando al caso las previsiones de dicho ordenamiento legal.

La decisión del sentenciante acerca de la fecha en que debe comenzar la actualización aceptada en el caso de autos, introduce un período interruptivo que debe desaparecer, haciendo arrancar aquélla de la fecha en que se abonó a la actora el monto parcial reconocido a su favor por la demandada.

En punto a intereses, ellos deben correr como lo decide el a-quo a partir de la fecha de cada reclamo, en la que la demandada quedó puesta en mora, ceñidos a la tasa del 5% anual.
Derechos y garantías constitucionales, recursos, agravio concreto, sentencia definitiva, doble instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Mallmann,  Arturo  Julio  y  otro c/ Estado Nacional (Mo. del Interior) s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-05

La recurribilidad de una decisión depende de la existencia de un agravio, que se configura no por los fundamentos del fallo, sino por lo que éste dispone en definitiva, por lo cual si se considerase que la decisión del tribunal ad quem, que resuelve por fundamentos distintos a los del a quo, fuera la "primera instancia", ello conduciría prácticamente a una cadena infinita de recursos y se presenta como una solución inadmisible.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COCCIA NICOLAS c/ GUALDI LUIS ADRIAN s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La expresión de agravios debe contener un análisis crítico y razonado de la sentencia que la motiva, señalando y demostrando punto por punto los errores en que ha incurrido o las causas por las el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho.-
Excepciones procesales, prescripción, diferencias salariales
Materia: LABORAL
Carátula: Perez  Porta  Sergio c/ Telefónica Móviles Argentina SA y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-22

La causa fuente de una obligación de tracto sucesivo no puede valorarse con prescindencia del momento a partir del cual se produce la exigibilidad de la prestación correspondiente a cada período mensual. Por ello corresponde ubicar el punto de partida de la prescripción referida a las diferencias salariales que pudieron haberse originado en cada período, en el momento en el que resulta exigible el crédito reclamado (transcurridos cuatro días en función del plazo con el que cuenta el empleador para pagarlos de acuerdo con el art. 128 de la LCT) que es aquél en el cual el derecho respectivo puede hacerse valer, porque los créditos reclamados se vinculan a diferencias retributivas que se generan a partir de una prestación laboral periódica.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, juicio oral, sentencia condenatoria, prescripción de la acción penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: KOVALEVSKI, OSCAR OSVALDO c/  s/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

La pretensión defensiva dirigida contra la decisión de la Alzada de rechazar los planteos de insubsistencia de la acción penal y nulidad de la acusación fiscal en la etapa intermedia se ha disipado, toda vez que en el caso recayó sentencia condenatoria en orden a los hechos investigados, tras la realización de un juicio oral y público, por lo que ninguna actualidad revisten hoy sus agravios contra la motivación expuesta por el A quo en el fallo aquí atacado para desestimar las peticiones aludidas, demostrándose, en tales condiciones, la inoficiosidad del dictado de una sentencia de mérito; y verificada así la concurrencia de un obstáculo insalvable para el ejercicio de la jurisdicción por parte de esta Corte, corresponde declarar que se ha operado en el presente caso la sustracción de la materia litigiosa por falta de agravio actual, lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores.
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALIANI, MARIO FRANCISCO Y OTROS s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-12-27

La inadmisibilidad de volver contra los propios actos se funda en los arts. 1071 y 1198 del Cód.Civil, por cuanto la teoría de los actos propios deriva del principio general de la buena fe, y la contradicción con una conducta anterior constituye, en la mayoría de los casos, una infracción al principio general de la buena fe. Cada uno es responsable de sus propios actos y de sus efectos. Desde la época romana, el acto propio del sujeto de toda convención obliga a sus consecuencias, ya que no es lícito ir contra actos propios procedentes de pactos, ya que cada cual debe sufrir la ley que él mismo se hizo con sus actos o con sus contratos, recobrando plena vigencia, al antiguo adagio:"Factum cuique sum, non adversario nocere debet".
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ AUTOMOTORES PIRANI DIAZ SOCIEDAD ANONIMA s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-22

El título ejecutivo ha sido concebido como la constancia de una obligación exigible de dar cierta suma de dinero (Bustos Berrondo, Horacio, Juicio Ejecutivo, Líbrería Editora Platense, La Plata, 1981, p.7), cuya idoneidad a los fines de dar sustento a la especialidad del proceso radica en la presunción de autenticidad que la ley le otorga (Morello, Augusto M. Juicios Sumarios, v. I, p.70); presunción cuya vigencia requiere como presupuesto la observancia de las formalidades externas exigibles (Bustos Berrondo, ob.cit.,p.22, art. 290, primer párrafo in fine, del Código Fiscal t.o. 2000).

Reunidos los recaudos extrínsecos el título debidamente integrado es autónomo, se basta a sí mismo y goza de fuerza ejecutiva.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa, vía recursiva, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Paredes, Alfonso Roberto c/ Municipalidad de Capayán y otro s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2004-09-28

La sentencia emanada de éste Tribunal que, en razón de la materia contencioso administrativa y por expreso mandato constitucional (Art.204 C.P.) interviene con competencia originaria y decide en juicio pleno y única instancia en la acción de amparo rechazada por improcedente, es insusceptible de ser revisada mediante los remedios intentados por el carácter definitivo y final del pronunciamiento, siendo el recurso extraordinario federal la única vía para ponerlo en crisis.

Sin perjuicio de ello resulta conveniente destacar que las vías de impugnación deben estar expresamente previstas en las normas de procedimiento, caso contrario se estaría violentando el ordenamiento jurídico, y cuando la ley de amparo en su Art. 15 establece que las sentencias definitivas pueden ser apeladas, constituye una cuestión de lógica deducir que se encuentran tácitamente excluidos de dicha previsión los amparos en materia contencioso administrativa pues ya no habría Tribunal de Alzada. Por lo expuesto corresponde rechazar por inadmisibilidad formal los recursos intentados por la parte actora.