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Procedimiento administrativo, informalismo a favor del administrado, recurso jerárquico, plazos administrativos, suspensión del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuello de García, Nelly Elisa c/ Estado Provincial s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 457/459, Nº 178) Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción  (L.A. Nº 44, Fº 457/459, Nº 178)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-07-07

El principio del informalismo que prevalece en materia administrativa no puede ser llevado a extremos en donde la omisión de un pronunciamiento administrativo sobre el correcto pedido de suspensión de plazos, no puede dar sustento a una extemporaneidad que no se compadece con la diligencia evidenciada por el actor y - por ende - con su derecho a articular el recurso jerárquico una vez que contara con la posibilidad de acceder al expediente.-
Convenios colectivos de trabajo, ropa de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: ROMERO, Claudio Ariel c/ García, Daniel Anibal y DAPA S.R.L. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-07-02

En caso de que dichas prendas sean de uso obligatorio, serán provistas por el empleador a su exclusivo cargo. En el caso de ropa de trabajo, serán provistas por el empleador a su exclusivo cargo. En el caso de ropa de trabajo, si su uso es obligatorio el empleador proveerá 2 equipos por año (conforme C.C.).

Que de la interpretación casi textual de dicha norma resulta, que si el actor reclama equipos de trabajo, necesariamente debe probar el hecho o causa de la pretensión, esto es: que su uso fue impuesto por el empleador.

De lo contrario, se estaría imponiendo al demandado la acreditación de un hecho negativo, es decir que no impuso obligatoriamente determinado equipo de trabajo, lo que contraría el principio de la carga probatoria regulada en el art. 361 del CPC, de aplicación supletoria, art. 161 CPL.
Inconstitucionalidad, interpretación de normas y actos locales, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Consejo  Profesional  de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia de Río Negro s/ demanda de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La genérica impugnación de inconstitucionalidad de la ley 2176 de la Provincia de Río Negro y su reglamentación, no basta para que la Corte Suprema ejerza la atribución que reiteradamente ha calificado como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia configurando un acto de suma gravedad que debe considerarse como "ultima ratio" del orden jurídico.
Seguros, seguro colectivo, principios generales del Derecho, beneficiario del seguro, seguro de vida obligatorio, monto adicional, jubilaciones, prima, plazo, trámites judiciales, muerte, cónyuge, rechazo del reclamo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Milic, Juan Emilio c/ Provincia Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-23

2 - En ese marco, cabe señalar que el demandante reviste el carácter de consumidor, y en tanto nos encontramos dentro de una relación de consumo (CCCN 1092; LDC 1), juega en la especie la norma contenida en la LDC 53 (t.o. por ley 26361), que impone al proveedor un deber de colaboración en relación a la prueba, y que no fue cumplido por la demandada, ya que no adjuntó las condiciones generales ni particulares, ni planillas, ni demás documentación pertinente.
Delitos contra el honor, formalidades procesales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bressi, Roberto E. s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-19

Si bien el nuevo Código Procesal penal no prevé expresamente la posibilidad para el juez de examinar los términos de la querella presentada en orden a los delitos de acción privada, se impone en estos casos la necesidad de evitar el desgaste jurisdiccional que acarrearía la tramitación de un juicio cuya sentencia declarará en definitiva la atipicidad de la conducta atribuida al querellado. (Voto del Dr. David).
Servicio penitenciario provincial, libertad sindical, policía federal, Policía Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Rearte, Adriana Sandra y otro c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-13

En virtud de ley 8231 de la Provincia de Córdoba los agentes activos y pasivos del servicio penitenciario están sometidos a un "estado penitenciario", esto es, una situación jurídica que resulta de un conjunto de derechos y obligaciones entre los que se destacan: a) el agrupamiento en escalas jerárquicas -individualizadas en grados-, b) la organización en cuerpos y escalafones bajo la primacía de una superioridad, c) el sometimiento a un régimen disciplinario, d) el ejercicio de potestades de mando y disciplinarias, y e) el uso de uniforme; lo que resulta prácticamente idéntico a la actividad policial tanto en el orden federal como en el provincial.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación suficiente, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sili, Luis Héctor y otros c/ Gas del Estado. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

Procede el recurso extraordinario cuando lo decidido se sustenta en afirmaciones dogmáticas, que brindan a lo resuelto un fundamento insuficiente para satisfacer la condición a la que está supeditado el ejercicio de la facultad excepcional contemplada en el segundo párrafo del art. 38 de la ley n. 18.345.
Adicionales de remuneración, premio por producción
Materia: LABORAL
Carátula: OCAMPO, GUILLERMO c/ FRIGORIFICO EL CONDOR SA. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-28

El plus "premio a la producción" fijado convencionalmente en los artículos 9/11 CCT. 56/75 no conforma el salario básico de convenio, que es aquél que ha sido establecido con carácter normativo general para todos los trabajadores que se desempeñan en las respectivas categorías profesionales de la actividad en las condiciones fijadas en el convenio, sin los aditamentos, adicionales o plus que poseen una fórmula de cálculo distinta y cumplen una finalidad distinta.

(SCPBA., en autos: "Abruzzese, Domingo c/ Celulosa Argentina SA.", del 24 de abril de 1979).
Juicio de árbitros, honorarios del árbitro, regulación de honorarios, remuneración del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Rocca, J. C. c/ Consultara S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-31

La función desempeñada por los profesionales designados como árbitros es asimilable a la de un magistrado de la Nación, criterio que debe tenerse en cuenta al momento de fijarse la remuneración a fin de evitar regulaciones excesivas que podrían resultar de aplicarse el arancel de abogados (Voto de los Dres. Julio S.

Nazareno y Carlos S. Fayt).
Derecho procesal, partes del proceso, tercerías, tercería de mejor derecho, bienes inmuebles, boleto de compraventa, certificación notarial, prueba, pago, levantamiento del embargo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Rubli, Sergio y otro c/ Rossi, José y otros s/ medida precautoria s/incidente de terceria de mejor derecho c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-04

No obsta para decidir del modo adelantado las disposiciones de la ley 25345 a fin de restar eficacia probatoria a la mención del pago incluida en el boleto, puesto que dicha normativa se encuentra orientada a prevenir la evasión impositiva y el lavado de dinero y no a decretar la inoponibilidad per se de los efectos del pago entre contratantes, por lo que no cabe mas que interpretar que dicha norma no modificó los principios de la legislación de fondo referidos a la extinción de las obligaciones mediante el pago debidamente comprobado (CNCom, Sala D in re "Patane, Salvador s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de revisión promovido por Chentonze, Antonio Andrés", del 21/05/13).
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles, Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gras, Ester Beatriz Czopowski de y otros c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 654-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-09-15

Debe considerarse admisible el recurso contencioso administrativo de Plena Jurisdicción por el que los actores postulan el directo cumplimiento de una norma de contenido administrativo, cual es el decreto 11/94 de la Municipalidad de Santa Fe, con fundamento en que ostentan idéntica categoría administrativa que los Directores a los que se les reconoció el derecho a percibir la suma fija remunerativa no bonificable establecida por el artículo 1 del citado decreto. Ello es así por cuanto lo que se trae a conocimiento de la Corte es la revisión jurisdiccional de la conducta de la Administración de no contemplar a los recurrentes dentro del ámbito de aplicación de tal norma por considerar tal actitud desajustada al orden jurídico y lesiva de un derecho subjetivo de carácter administrativo.
Ejército, empleo público, viáticos
Materia: LABORAL
Carátula: "RODRÍGUEZ,  CARLOS  ALFREDO c/ E.N. - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-24

A la luz de los lineamientos dados por la C.S.J.N. al fallar en autos "Guida, Liliana" (sent. del 02.06.00) con referencia a la relación de empleo público, y de acuerdo a las constancias de autos, se advierte en forma clara que lo percibido por el titular (en el caso, como integrante del Batallón del Ejército Argentino 7 desplegado en Croacia) no integra el haber mensual, sino que se trata de la compensación de gastos originados por circunstanciales y transitorias necesidades que se entienden cubiertas con lo abonado.

Además, al aludir a variables de índole personal como es la percepción de viáticos, resulta evidente que su monto puede estar sujeto a la incidencia del art. 11 del Dec. 280/95
Trabajadores rurales, categoría laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez, Héctor Bernabé c/ La Rufina S.A. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

Si bien las tareas que cumplía el actor (mantenimiento general, sembrar, disquear, arreglos, limpieza o plantar algún que otro árbol) no escapan a las propias de un peón general, el concepto de autonomía no está referido a la forma de cumplir las mismas (en las que sí existe cierta discrecionalidad), sino a las facultades con las que desarrolla sus labores que puedan llegar a comprometer u obligar normal y habitualmente al patrón, circunstancias que el demandante no solo que no acredito en autos, sino que por el contrario existe prueba que desarticula tal posición, como lo son todos los informes venidos de las consignatarias, cooperativas, empresas agrícolas, que dan cuenta de que el accionante jamás actuó o se presentó como encargado del demandado (Voto Romero. Adhesión Welp)
Encomienda interceptada, transporte de estupefacientes, delitos federales
Materia: PENAL
Carátula: Miranda Vargas, Cristian Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-12

Corresponde rechazar el planteo de nulidad esgrimido por la defensa en relación a la apertura de la encomienda por un empleado del SENASA sin orden judicial, toda vez que las constancias de la causa, permiten concluir que los funcionarios involucrados en el procedimiento cuestionado, desde el personal en representación de SENASA que escaneó y abrió la encomienda, hasta los agentes de la Delegación de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal que intervino cuando su hubo advertido que se trataba de la comisión de un delito- actuaron conforme la normativa que regula su accionar sin evidenciar un comportamiento excesivo irrazonable, ni alejado del derecho vigente.La interceptación de una encomienda no se identifica ni es análoga a la interceptación de una correspondencia en los términos de los arts. 234 y 235 del C.P.P.N, pues la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y de los papeles privados es una forma de libertad personal que protege la esfera de intimidad o reserva del individuo, manteniendo el secreto de toda expresión privada, y que, por tanto, no puede considerarse "correspondencia" a cualquier pieza enviada por correo, sino que dicho concepto -en lo que a la tutela constitucional se refiere- comprende sólo la comunicación de ideas, sentimientos. propósitos o noticias de una persona hacia otra u otras personas determinadas por un medio apto para fijar, transmitir o recibir la expresión del pensamiento.La conducta relativa a la autoría del encausado en el transporte de estupefacientes que se tuvo por acreditada no ha logrado ser desvirtuada por las críticas formuladas ante esta sede, motivo por el cual, corresponde el rechazo de este segmento de la impugnación, toda vez que el tribunal consignó los argumentos que determinaron la resolución de manera que fuera controlable el iter lógico seguido para arribar a la conclusión, evidenciando así que realizó una apreciación de las pruebas que en el recurso interpuesto no se comparte pero que se halla exenta de la tacha de ilogicidad e incluso a resguardo de la arbitrariedad de sentencias.Dres. Hornos, Gemignani y Borinsky.
Acción contencioso administrativa, resoluciones recurribles, acto administrativo, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR GENERAL MOSCONI SRL c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.    CSJ EXPTE NRO 15-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-03-12

No existiendo una vinculación de la pretensión con respecto a una eventual modificación del ordenamiento preexistente (el que supuestamente violado abra el camino para la reacción jurídica del hipotético afectado), se advierte entonces una fundamental y primera limitación a la admisión del recurso de ilegitimidad intentado.

En el caso, se advierte sí en cambio, la voluntad declarada de alterar por esta vía -aun parcialmente- un contrato al que el recurrente es ajeno.

Del voto del Dr. Barraguirre.
Honorarios del abogado, aportes previsionales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., R. O. y M. N. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-21

Si las costas se imponen en el orden causado, los honorarios de los letrados intervinientes serán abonados por sus respectivos clientes, como secuentemente, a los fines de obtener el libramiento de oficios y testimonio de la sentencia basta con que el litigante cumpla con los aportes de su abogado (art. 20 de la ley 6716), pues no puede supeditarse la inscripción al previo cumplimiento de una obligación que no pesa sobre el mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción, secuela de juicio
Materia: PENAL
Carátula: Aragón, Aldo Fabrizio s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La acción penal no tiene su punto de partida en el plenario, sino mucho antes; hay "acción" y "juicio" con anterioridad a la acusación fiscal, durante el trámite de la instrucción. (Minoría u opinión personal)
Suspensión del juicio a prueba, lesiones graves, violencia de género
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: López, Mario Alberto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-02-19

Está debidamente fundada la oposición del MPF a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, si valoró las circunstancias y gravedad del caso -luego de una discusión el imputado le propinó un golpe de puño a la víctima en la nariz, ocasionándole lesiones graves- y también las características personales del imputado, apoyándose en criterios de política criminal concretos y fundados, ya que, pese a verse cumplidos los requisitos objetivos de procedibilidad previstos en el CPPN para el otorgamiento del beneficio, obsta a ello el compromiso internacional asumido por el Estado Argentino de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; por lo tanto, no resulta viable la probation cuando el delito investigado implica un caso de violencia de género, el tratarse de supuestos en los cuales la normativa involucrada en la cuestión impone la realización del plenario. (Dres. Gemignani, Cabral y Figueroa).
Sentencia, despido indirecto
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: FESTA RICARDO ALBERTO c/ CRITERIO  S.A. s/ RECURSO DE CASACION - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-11

La parte actora afirma en su demanda y lo ratifica por telegrama expresando que la causa por la que se colocó en situación de despido indirecto fue la falta de respuesta a sus emplazamientos. La Juzgadora consideró como hechos que motivaron el despido lo referido por el accionante en dichos emplazamientos, ésto es persecusión por actividad gremial e impedimento a retomar tareas.

Frente a la falta de prueba de dichos extremos se rechazó la demanda. Para concluir de ese modo analizó las constancias del telegrama, en el que el demandante introduce el verdadero motivo de su injuria que nace justamente por no contestar la demandada a sus emplazamientos más allá de que estos fueran o no reales. Asimismo omite la Sala a quo valorar el colacionado que la patronal remitiera al actor a un domicilio distinto del que denunciara oportunamente;

mientras que el telegrama de que se trata fue enviado a otro anterior. Esta circunstancia indicaba la voluntad rescisoria de la accionada, imputándole un delito del que luego fue sobreseído, puso fin al contrato de trabajo que la uniera con el actor luego de treinta años de labor. Por lo que debe hacerse lugar al recurso deducido por la parte actora.-
Medida de no innovar, leyes, Constitución Nacional, universidades
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS SERRA Y OTROS c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-21

Cuando la prohibición de innovar enerva las consecuencias de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de sus poderes de promover la ilustración del país y la regulación de las universidades nacionales (art. 67, inc. 16 de la Constitución Nacional) se impone una estricta apreciación de las circunstancias del caso en relación al peligro de la demora.
Daños y perjuicios, indemnización, daño material
Materia: CIVIL
Carátula: Solís, Mario Alberto y Otros c/ Gabalachis, Néstor Fabián s/ Daños y Perjuicios y Daño Moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-24

...el daño patrimonial debe ser comprobado como cierto para poder recién entonces evaluar su envergadura y cuantía en la reparación.
Facultades ordenatorias, facultades instructorias
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ N.N. s/ Div. Vinc. - Inc. De Alimentos p/ La Conyuge Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-05-30

Las medidas decretadas en uso de las facultades ordenatorias o instructorias de los jueces previstas por el art. 36 del ritual, son en principio irrecurribles, en virtud de responder al ejercicio de atribuciones privativas del órgano jurisdiccional, no siendo susceptibles de engendrar un gravamen irreparable, presupuesto liminar de todo recurso.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, revocación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: HOLDER, ACAN s/ ESTUPEFACIENTES - TENENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-10-21

Conforme la opinión del Sr. Fiscal de Cámara, debe revocarse la sentencia apelada y condenarse al procesado por el delito de tenencia de estupefacientes, por cuanto éste artículo no requiere límite alguno en la cantidad de estupefacientes para poder ser aplicado.

Por otra parte el mencionado delito es de peligro, por lo que no puede admitirse el criterio que el art. 6 de la ley 20.771 no menciona el "uso personal y privado".
Pago de tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, hecho imponible, locación de inmuebles, compraventa inmobiliaria, exenciones impositivas, sociedades comerciales
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Rohe S.R.L. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Recurso de Apelación judicial Recurso de Apelación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-19

El régimen de ingresos brutos no dispensa un tratamiento distinto a los ingresos por venta de inmuebles según hayan sido construidos con el objeto de alquiler o sólo para la venta. Allí donde se verifica la actividad onerosa y habitual -en este caso el comercio, el oficio, el negocio o la profesión inmobiliaria-, existe hecho imponible (conf. art. 119 Código Fiscal). La empresa recurrente es una inversora en el rubro inmobiliario. Aporta capitales para la construcción de inmuebles y obtiene ingresos y rentas tanto por alquiler como por ventas de aquellos. En la especie, devengó ingresos por alquiler de cuatro inmuebles durante un largo período, y luego los enajenó. Los ingresos devengados por tal concepto reconocen como materia imponible la actividad comercial de venta de inmuebles. El aparente destino exclusivo u objeto único, específico y excluyente del alquiler con el que habrían sido construidos los inmuebles no surge de elemento fehaciente alguno obrante en la causa, aunque si por vía de hipótesis se aceptara, como pretende la recurrente, que los inmuebles tuvieron un destino originario y excluyente, consistente en su locación, nada indicaría que ello deba traer aparejado la exención de tributar por sus ventas, cuando tales actos forman parte de su declarada y explícita actividad comercial (art. 126, inc. 11, ap. a del Código Fiscal).

El régimen de Ingresos Brutos grava los obtenidos de la venta de inmuebles cuando ello fuere de habitualidad o realizadas por una empresa o sociedad. La recurrente es una empresa cuyo objeto comercial es -en general- la construcción para venta o alquiler de inmuebles, y la afectación de los inmuebles a este último objeto comercial, por el tiempo que fuere, no excluye la posibilidad de su posterior venta, cuyos ingresos también deben considerarse gravados toda vez que son atribuibles a su giro comercial.