Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-03-17


Mendoza, marzo 17 de 2005.

1º ¿Es procedente el recurso interpuesto? 2º En su caso ¿qué solución corresponde? Costas: Pronunciamiento sobre costas.

1º cuestión.- El doctor Böhm dijo:

Que a fs. 382/410, la defensa de L. R. P. y L. N. S., interpone recurso de casación en contra de la sentencia de fs. 360 y vta., y sus fundamentos de fs. 365/377 y vta., en tanto la misma condena al primero de los nombrados, a la pena de seis meses de prisión con los beneficios de la condenación condicional, por resultar autor penalmente responsable del delito de Usurpación (arts. 181, inc. 1º, 40, 41 y 26 del Código Penal) que se le atribuye en los autos Nº 10.614 y al segundo de los nombrados a la pena de siete meses de prisión con los beneficios de la condenación condicional, por resultar autor penalmente responsable del delito de Usurpación y Desobediencia en concurso real, que se le atribuyen en los autos Nº 10.614 y 11.417 respectivamente ( arts. 181, inc. 1º, 239, 55, 41, 40 y 26 del Código Penal). Fallo pronunciado por el Segundo Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial.

I. Recurso de Casación:

Basa la censura en el art. 474, inc. 1º y 2º del CPP (ley 6730 y sus modificatorias).

I. A. Vicios in procedendo causas Nº 10.614 y 11.417:

Denuncia los siguientes motivos de agravio: 1º) Aduce nulidad del requerimiento de citación a juicio de fs. 208 (recurso, fs. 385), por resultar incompetente el magistrado interviniente en razón de la materia. Hace referencia a los arts. 383 del rito penal (ley 1908) y al art. 358 (ley 6730 y sus modificatorias), y a las exigencias requeridas por dichas mandas respecto del requerimiento, entiende en tal sentido que "Cuando la acusación es subjetivamente compleja, deberá individualizarse separadamente a cada encartado, atribuyéndoles específicamente los hechos en los cuales se estima han participado; el grado de esta participación, y describirse el "factum" en forma clara, completa, circunstanciada y específica" (recurso, fs. 385 vta.).

Agrega que se ha armado una hipótesis delictiva "que no sólo no discrimina el rol que a cada encartado le incumbe, sino que está estructurado con fragmentos de diversas denuncias (...) y uniendo una "clandestinidad" que no se compadece con el alcance que le da la ley civil, con una "violencia" denunciada por L. S. y S. M. R., (...) "integró" una usurpación, un despojo con violencia y clandestinidad, que indiscriminadamente le imputa a los encartados (...) calificando el hecho en forma genérica" (recurso, fs. 387); 2) Alega la violación del principio del juez natural y del debido proceso constitucional (recurso, fs. 387 vta.), sostiene que habiendo incidentado de nulidad, "el a quo decide equivocadamente, que la articulación es extemporánea en cuanto a la nulidad, y abstracta en cuanto a la incompetencia" (recurso, fs. 388). Funda su pedimento en los arts. 31 y 32 del CPP (ley 1908) y por lo tanto, predica que la nulidad es de carácter absoluta, y por tanto puede y debe ser declarada en cualquier grado y estado del proceso. (recurso, fs. 388). Agrega que "lo grave (...) es que hay denuncias por amenazas con arma, denuncia por daño, etc., que por la ceguera del Ministerio Fiscal -al tratar todo este cúmulo como "actuaciones" meramente "complementarias"- hoy pueden todavía ser investigadas" (recurso, fs. 388 vta.); 3º) Denuncia violación del principio de incongruencia (recurso, fs. 389). "una lectura rápida a ambos actos procesales permite advertir enseguida que, entre la actividad requirente -sustento de la actividad judicativa- y esta última, se han producido indudablemente, mutaciones de carácter esencial que conducen al acto sentencial al ámbito nulificante de la incongruencia" (recurso, fs. 389 vta.).; 4º) Indebida inversión de la carga probatoria (recurso, fs. 390/390 vta.), vicios que se verifica además, en la ponderación que efectúa el juzgador de la indagatoria de Leoncio Noé Sosa, (recurso, fs. 390 vta./391); 5º) Aduce exclusión de prueba esencial y omisión por parte del Juzgador de valoración de la misma, (recurso, fs. 391 vta./393) lo que le permite calificar de arbitraria a la sentencia cuya impugnación pretende; 6º) Inobservancia del principio de razón suficiente e ilegítima presunción del dolo (recurso, fs. 395/398 y vta.).

I. B. Causa Nº 11.417. Vicios Formales.

Aduce arbitrariedad (recurso, fs. 399 vta./401).

I. C.1 Vicios in iudicando:

Aduce los siguientes vicios sustantivos: 1) La no aplicación del art. 2553 del Código Civil (recurso, fs. 401 vta.); cita precedentes de la Corte Federal, que en relación al artículo de referencia, no aplicado por el juzgador, la Corte Federal ha dicho "que nadie puede cambiar por sí mismo ni por el mero transcurso del tiempo la causa de la posesión -inmutabilidad de la causa de la relación real- y quien ha comenzado a poseer por otro, se presume que continúa poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario" (recurso, fs. 402). Agrega que no fueron aplicados los siguientes arts. del Código Civil: art. 2458, 2369, por tanto "si R., como heredera de H. -comodatario y no "poseedor"- realizó actos posesorios según lo afirma el a quo, sólo pudo hacerlo a través de una interversión del título, en forma subrepticia y aprovechando la ausencia del domine, que la convierte en la autora del delito que, indebidamente y por no aplicar la ley civil enunciada, el Juzgador endilga a mis pupilos" (recurso, fs. 402 vta.); 2º) Inobservancia del art. 34, inc. 4º del Código Penal (recurso, fs. 403); refiere que resulta errónea la aplicación del art. 181, inc. 1º del Código Penal, "pues la usurpadora es quien intervirtió el título, y en todo caso el comodato dado por el doctor R. a L. N. S. comporta un acto de legítimo ejercicio del derecho dominial que aquél ostenta según la prueba documental aportada y no merituada por el juzgador" (recurso, fs. 403); 3º) Errónea aplicación del art. 2384, en tal sentido arguye que "La renuncia consciente a la verdad ha llevado al Juzgador, a una errónea actuación del art. 2384, CC para considerar actos posesorios a hechos, que, de haber existido, no tienen ya tutela jurídica como "posesión", por falta de continuidad" (recurso, fs. 404 vta.); 4º) Errónea aplicación del concepto de clandestinidad, (recurso, fs. 405) sostiene que existe acuerdo doctrinal, en que la clandestinidad, como medio comisivo de la usurpación, debe ser interpretada al tenor del art. 2369, CC (recurso, 405); y que por tanto "Siendo este el medio de comisión que el Juzgador imputado a mis defendidos, es insoslayable el análisis de ley sustantiva para determinar el grado de acierto o error de tal premisa de la condena impuesta" (recurso, fs. 405), además que la inobservancia del art. 2369 del CC ha conducido al Juzgador a la errónea aplicación del art. 181, inc. 1º del Código Penal, subsumiendo en éste un hecho carente de tipicidad, por carencia de medio comisivo, el despojo sólo conforma usurpación cuando se perpetua mediante alguno de los medios taxativamente enumerados por la ley penal; una toma de posesión, aún ilegítima, si carece de ellos, podrá habilitar el ejercicio de acciones posesorias petitorias o reivindicatorias, pero no convertir en delito un suceso atípico...salvo, claro está que por dar un indebido manto a Ruiz, se entiende que es delito todo lo que a ella le afecte (recurso, fs. 406 vta.).

Finalmente como vicio sustantivo, en relación a la causa Nº 11.417, entiende que no existe desobediencia cuando con la orden se afecta un interés personal. Además el fiscal correccional carecía de facultades procesales para disponer una medida definitiva e irreproductible.

Formula reserva de caso federal.

II. Dictamen del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia:

A fs. 415/417 y vta., corre agregado el dictamen del Procurador General, quién se expide por la procedencia de los vicios formales denunciados en los autos Nº 10.614, en relación al requerimiento fiscal de citación a juicio, desde que "ese acto carece de desarrollo explicativo suficiente sobre el hecho imputado para valer como instrumento de intimación y apertura de la etapa plenaria de juicio" (dictamen, fs. 415 vta.); el mismo resulta insuficiente "en la medida que omite expresar concretamente la fecha de comisión del presunto hecho y la mecánica de comisión del evento investigado" (dictamen, fs. 416); así las cosas, refiere el Sr. Procurador que las carencias en el acto cuestionado, conduce a sostener la inobservancia de los requisitos esenciales propios del acto cuestionado, que por padecer tales defectos, "violenta el derecho de defensa e imposibilita la debida correlación entre acusación y sentencia" (dictamen, fs. 416 vta.). De lo que se colige que corresponde revocar la sentencia atacada (dictamen, fs. 417).

Respecto de la causa Nº 11.417, infiere la ausencia de razones válidas para agraviarse por las cuestiones procesales y sustanciales que integran la sentencia" (dictamen, fs. 417). Aduce que "la orden del fiscal correccional se encuadra en las previsiones vigentes de la ley procedimental: en función de evitar que los delitos presuntamente "cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores" (dictamen, fs. 417 vta.) por lo que concluye "que se debe rechazar formalmente por resultar sustancialmente improcedente la queja incoada en los autos Nº 11.417" (dictamen, fs. 417 vta.).

III. La solución del caso:

Propicio la procedencia del recurso de casación intentando, en relación a la causa Nº 10.614 y su acumulada Nº 11.417 desde que el acto jurisdiccional atacado, adolece de vicios, que lo descalifican como tal. Paso a explicar.

Cabe acotar que este Cuerpo, ha sostenido reiteradamente el criterio según el cual, es atribución del tribunal de casación tratar el motivo casatorio que más convenga a la solución del caso, en razón de que la ley adjetiva no establece un orden de precedencia que imperativamente deba seguirse en el examen de las causales de impugnación extraordinarias, si se impugna -como en el subjuditio- por ambos motivos (L.S. 183-188; 202-001; 269-234, entre otros). Es por ello que principiaré con el análisis del vicio formal denunciado por el recurrente, motivo en el que estimo, se encuentra entronizado el "thema decidendum" y que de prosperar conduce a la anulación de la resolución cuestionada por este remedio casatorio a tenor de lo normado por el art. 416, inc. 4º y 486 del CPP (ley 6730 y sus modificatorias).

Siendo ello así, voy a basar la solución al caso bajo análisis, en el vicio argüido por el Defensor, en tanto impetra la nulidad del acto sentencial, por violación de normas prescriptas bajo pena de nulidad, la que emerge de modo absoluto, y que se encuentra circunscripta a la falta de enunciación del hecho contenida en la requisitoria fiscal.

Tal vicio, me impone la transcripción de la requisitoria que rola a fs. 208, la cual reza: "que el día 19 de agosto de 2001, en horas de la tarde y en circunstancias en que S. M. R., se dirige al campo de su propiedad denominado "Las Chacras de Orsini", ubicado al norte de Ruta Nac. 07, a la altura del km 899, y a unos siete kilómetros aproximados al norte de la arteria antes mencionada, observa la rotura de cadenas, candados y una tranquera, con lo que se la despojaba totalmente de la posesión, procediendo a la ocupación del puesto en forma violenta y clandestina. Constatándose en la presente instrucción que los autores del despojo en mención serían los aquí imputados S., R. y D.; quienes aprovechando las facilidades que le otorgaba el hecho de que el cuidador del campo no vivía en el puesto, consumaron el despojo en la manera relatada".

Para continuar el examen, debo verificar si en el caso que nos ocupa, la requisitoria transcripta cumple con los presupuestos exigidos por la normativa procesal pertinente.

Al respecto, el art. 361 del código de rito (ley 1908) exige bajo pena de nulidad que el Requerimiento de Elevación a juicio contenga las condiciones personales del imputado, una relación circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda"; a su vez, y en el ámbito del art. 358 del CPP (ley 6730 y sus modificatorias); se demanda que dicho requerimiento contenga "bajo pena de nulidad, los datos personales del imputado o, si se ignoraren, los que sirvan para identificarlo, una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho, los fundamentos de la acusación y la calificación legal".

En comento de la primera de las normas glosadas, R. W. A., expresa "el incumplimiento de las exigencias del artículo, está conminada con pena de nulidad, que debemos entender como absoluta, por cuanto constituyen uno de los presupuestos procesales para el dictado de una sentencia válida. La requisitoria fiscal no satisface las exigencias de la norma procesal, si consiste en el relato de un modo de actuar impreciso e indeterminado (....) debe contener bajo pena de nulidad absoluta, una relación circunstanciada de esos hechos. De lo contrario, el tribunal de casación no tiene posibilidad de establecer si existe o no la concordancia necesaria, entre los hechos que sustentan la acusación y los que fundan la sentencia" (autor citado, "Derecho Procesal Penal, t. III, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 292).

Estos presupuestos procesales contenidos en las normas transcriptas, deben vincularse con el art. 416 del CPP (ley 6730 y sus modificatorias), que en lo pertinente, declama la nulidad de la sentencia cuando "faltare la enunciación del hecho que fuera objeto de la acusación o la determinación circunstanciada del que el tribunal estimare acreditada". Ello es así, pues "si la base del juicio es la acusación, el hecho que la motiva debe consignarse en la sentencia". Pero además, cabe acotar que de la lectura detenida del inc. 4º del art. 416 del código de formas, se exige no solo la enunciación del hecho objeto de la acusación sino que debe determinarse en la sentencia, circunstanciadamente el hecho que el estima acreditado.

José Cafferata Nores y Aída Tarditti, comentando el numeral 413 de la ley 8123, que resulta ser norma concordante de nuestro art. 416 refieren: "La falta de determinación del hecho acreditado en la sentencia condenatoria supone que el tribunal no cumplimente esa exigencia si quiera por medio de la remisión a la acusación -en caso de identidad- ni puede extraerse con claridad, a través de la fundamentación probatoria, las conclusiones sobre la existencia de los aspectos fácticos relevantes (tanto objetivos como subjetivos). La falta de determinación circunstanciada del hecho acreditado, se produce cuando el relato carece de claridad en relación con la individualización del tiempo, lugar o modalidad del hecho, incertidumbre que puede versar sobre aspectos centrales de aquel, afecta las garantías constitucionales imbricadas". (Autores citados, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Comentado" Editorial Mediterránea, t. 2, ps. 285/ 286).

Si he afirmado que la acusación constituye la imputación formal y fundada respecto de una persona determinada, y que los hechos enunciados en ella deben ajustarse a una descripción clara, precisa y circunstanciada de los mismos, tengo para mí, sin duda alguna que en la especie, la requisitoria fiscal de elevación a juicio (fs. 208), no cumple con tales exigencias, puesto que no aparece en la forma indicada el hecho objeto del plenario; a ello ha de sumarse, que la imputación resulta plural, desde que se formula a los imputados S., R. y D., sin indicar detalladamente la conducta reprochada a cada uno de ellos.

Resultando decisivo el vicio esgrimido por el Defensor, no me adentraré en el tratamiento de los restantes agravios.

Solución causa Nº 11.417. Vicios In Procedendo -Vicios In Iudicando:

Propicio idéntica solución para la causa Nº 11.417. Ello es así, por tratarse de causas estrictamente relacionadas, y ante la posible omisión de valoración de prueba decisiva, me inclino por la anulación de la sentencia puesta en crisis.

Por las razones expuestas y opinión concordante del Procurador (causa Nº 10.614), corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto, debiéndose anular las actuaciones a partir del requerimiento de elevación a juicio de fs. 208 y los actos que sean su consecuencia y remitir al Sr. Fiscal Correccional interviniente doctor Y., y en caso de corresponder formule la acusación de conformidad a las normas vigentes, y remitir los presentes obrados al subrogante legal, a los efectos de la sustanciación de un nuevo debate. (conf. arts. 486, 202 y 203 del CPP ley 6730 y sus modificatorias).

Así voto.

Los doctores Salvini y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

2º cuestión.- El doctor Böhm dijo:

De conformidad a lo votado en la cuestión anterior, corresponde anular los dispositivos 1, 2 y 4, de la sentencia Nº 808 de fs. 360, debiéndose anular las actuaciones a partir de la requisitoria de elevación a juicio de fs. 208 y los actos que sean su consecuencia y remitir al Fiscal Correccional interviniente doctor Y., y en caso de corresponder formule la acusación de conformidad a las normas vigentes, y remitir los presentes obrados al subrogante legal, a los efectos de la sustanciación de un nuevo debate. (conf. arts. 486, 202 y203 del CPP ley 6730 y sus modificatorias). (arts. 486, 202 y 203 del CPP, ley 6730 y sus modif.).

Así voto.

Los doctores Salvini y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

3º cuestión.- El doctor Böhm dijo:

Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, se deben imponer las costas por su orden (art. 558 y concordantes del CPP), correspondiendo regular los honorarios profesionales del doctor O. D. A., conforme a su labor desarrollada en esta etapa extraordinaria, las cuestiones debatidas, y al resultado obtenido, en la suma de Pesos Cuatrocientos ($400), (arts. 557, 558, 560 y concordantes del CPP, ley 6730 y sus modificatorias), a cargo de sus defendidos L. N. S. y L. R. P..

Así voto.

Los doctores Salvini y Llorente adhieren por sus fundamentos al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,resuelve:1) Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 382/410 por la defensa de Lucio Román Palacios y Leoncio Noé Sosa.2) Anular el dispositivo 1, 2 y 4 de la sentencia Nº 808 de fs. 360, la requisitoria de elevación a juicio de fs. 208 y las actuaciones que sean su consecuencia, debiendo remitir los presentes obrados al Fiscal Correccional, doctor Y., a fin de dar cumplimiento al acto anulado de conformidad a la previsiones legales vigentes y en caso de corresponder, remitir las actuaciones al subrogante legal, a fin de la sustanciación de un nuevo debate.3) Imponer las costas a la parte recurrente y regular los honorarios profesionales del doctor O. D. A., por su labor desarrollada en esta etapa extraordinaria, en la suma de Pesos Cuatrocientos ($400) a cargo de sus defendidos, L. N. S. y L. R. P. (arts. 557, 558, 560 y concordantes del CPP, ley 6730 y sus modificatorias). Se deja constancia que la presente resolución no es suscripta por el doctor Llorente, por cuestiones particulares (art. 13 de la Ley Orgánica de Tribunales). - Carlos Böhm. - Hermán Amilton Salvini