Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-30


2a instancia. Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembrede 2009.

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia absolvió de la demanda a Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA), Banca Nazionale del Lavoro SA (BNL), Ricardo Alberto Tomasevich y a Jorge Arnaldo Kosac y condenó a Firme Seguridad S.A. a satisfacer diversos créditos de naturaleza laboral. Viene apelada por la parte actora, quien cuestiona la exoneración de aquellos demandados.

II.- El agravio relacionado con la eximición de responsabilidad de los demandados Ricardo Alberto Tomasevich y de Jorge Arnaldo Kosac debe ser considerado desierto (artículo 116 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345). El planteo, se limita a señalar -con cierto desorden y profusa repetición- la verosimilitud de variadas y disímiles cuestiones de hecho que no son dirigidas hacia un resultado determinado de propuesta.. En definitiva, las sugerencias del apelante parten de premisas conjeturales que no acceden a la calidad de agravio en sentido técnico-jurídico. Tampoco critica razonadamente los fundamentos y las conclusiones centrales de ese aspecto del decisorio. Los variados hechos que cita en el memorial nada tienen que ver con los presupuestos de hechos diseñados en los artículos 59, 274 y 279 de la Ley 19550, cuya operatividad solicita. Estrictamente, la pretensión ha sido introducida con marcada inconsistencia, ya que la demanda, sobre el punto, no supera el examen de suficiencia previsto en el artículo 65 incisos 3, 4 y 6 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18345.- A mayor abundamiento, el artículo 274 de la Ley 19550, que regula la responsabilidad por daños de los directores de sociedades anónimas, se integra con las reglas comunes de los artículos 1066 y ss. del Código Civil. El administrador de la sociedad incurre en responsabilidad, frente a los terceros, respecto de los daños que se encuentran en una relación de causalidad adecuada con el acto u omisión que se le reprocha (artículos 901/906 del Código Civil). El artículo 274 no la extiende a todos los supuestos en los que se verifica una responsabilidad de la sociedad respecto de terceros -o, dicho de otra manera, no le imputa directamente las consecuencias de actos de la sociedad, efecto del allanamiento de la personalidad societaria, según, aquí sí, el artículo 54-. La operatividad de la norma requiere la individualización del daño concreto. El planteo del pretensor adolece de un defecto común, según la experiencia, a la generalidad, si no a la totalidad, de los emprendimientos similares: la omisión de especificación de los alcances de la responsabilidad de los directores y gerentes en el sistema del artículo 274. El tema fue introducido genéricamente - "extrema negligencia en el manejo empresario y por lo fraudulento de sus actitudes" "...un comportamiento antijurídico, la existencia de un daño y el desempeño absolutamente irresponsable"- sin suficiente articulación de los presupuestos de hecho de la norma citada que establecería ese efecto. Excede los límites del sistema extender esa responsabilidad a créditos que no se relacionan directamente con el acto u omisión evasivos, como las indemnizaciones por despido y sus recargos, que es lo único que fue materia de debate.

Si bien el demandado Ricardo Alberto Tomasevich ha tenido participación en los negocios del grupo o de alguna de las empresas que lo integran, no ha sido presidente ni director, de ninguna de ellas, por lo que no puede ser incluido en el ámbito de responsabilidad del artículo 274 de la ley de sociedades ( esta Sala en Zanatta, Juan José y otros c. Servicio Electrónico de Pago S.A. y otros s. Despido, sentencia 36. 313 del 30 de junio de 2009).- En lo concerniente a la exoneración de responsabilidad de Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA), Banca Nazionale del Lavoro SA (BNL), cabe concluir en igual sentido que la sentenciante de grado.

Bastaría a esta altura, con la remisión al precedente "Rodríguez, Juan R. V. Cia. Embotelladora Arg. S.A.", en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver un recurso deducido en un proceso incoado por un fletero, desestimó las interpretaciones laxas del artículo 30 L.C.T.- No obstante, cabe apuntar que, reiteradamente he sostenido que el concepto central sobre el que gira el dispositivo diseñado en el artículo 30 L.C.T. es el de establecimiento, unidad técnica o de ejecución de la realización del proceso productivo -en sentido amplio, comprensivo de la elaboración de bienes y de la prestación de servicios-, que constituye el objeto de la empresa (artículo 6º L.C.T.). Es esta unidad el objeto de la transferencia o cesión; son los trabajos que en ella se realizan o los servicios que en ella se prestan los susceptibles de contratación o subcontratación. En ese marco, el presupuesto de la extensión de responsabilidad a dichas sociedades sería la caracterización de éstas como empresas de vigilancia, que es el objeto de la explotación de Firme Seguridad S.A. De la demanda surge que los actores se desempeñaron como "choferes con firma" "portavalor" lo que implica diversidad de objetos entre las demandadas. La mera circunstancia de que Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA) y la Banca Nazionale del Lavoro SA (BNL), hayan decidido, discrecionalmente, contratar los servicios de una empresa de seguridad -decisión plenamente lícita, ya que no son empresas que desarrolla esa actividad-, obsta a la tesis de que habría contratado con los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del propio establecimiento (en similar sentido "Ledesma, Luis Alberto c. FIRME SEGURIDAD S.A. y otros s. Despido", sentencia 34864 del 26.03.08).

En lo concerniente a la multa del artículo 2º de la Ley 25323, el sistema de la norma presupone la intimación de pago del trabajador de las indemnizaciones por despido. La misma articulación de la parte sugiere que no intimó, omisión que no puede ser cubierta por el requerimiento del pago de indemnizaciones entre los rubros enunciados en el acta de cierre del proceso conciliatorio, en cuanto éste tiene lugar como diligencia prejudicial, que supone la preexistencia de las obligaciones cuya satisfacción se demanda. Tal omisión impone la desestimación de la multa.

III.- La Banca Nazionale del Lavoro SA (BNL) y Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA) cuestionan la imposición de las costas por el orden causado. La situación ambigua planteada sugiere que los actores pudieron razonablemente considerarse asistidos de mejor derecho para litigar en su contra, por lo que cabe confirmar lo resuelto en este aspecto del decisorio.

IV.- Por lo expuesto, y en lo pertinente, argumentos propios, que se dan por reproducidos, de la sentencia de primera instancia, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de agravios; inclusive las razonables regulaciones de honorarios, adecuadas a las pautas de la Ley 21839 y 3º del D.L. 16638/57; se impongan las costas de alzada a la actora y se regulen los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los asignados en la instancia anterior (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la Ley 21839).- EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

Un nuevo estudio de la cuestión respecto de la extensión de responsabilidad de Puente Hnos. Turismo Pasajes y Cambio S.A., Servicio Electrónico de Pagos S.A. (SEPSA) y de la Banca Nazionale del Lavoro SA (BNL) me conduce a adherir a los fundamentos de mi distinguido colega el Dr. Morando.

LA DOCTORA GABRIELA A. VAZQUEZ no vota (artículo 125 del ordenamiento procesal aprobado por la Ley 18.345).- Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios;

2)Imponer las costas de alzada a la parte actora;

3)Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 25% de los asignados en la instancia anterior. JUAN CARLOS E. MORANDO. LUIS ALBERTO CATARDO á