Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-11-13


SENTENCIA NUMERO: VEINTITRES En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los trece días del mes de noviembre de dos mil nueve, se reune en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, Amelia del Valle Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 59/08, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el DR. VICTOR Manuel Pinto en causa Nº 154/07-"Robledo, Hugo Martín-Lesiones Graves-Las Juntas-Dpto. Ambato", contra el Auto Interlocutorio de fecha seis de agosto de dos mil ocho, dictado por la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación -sala unipersonal del Dr. Fernando Damián Esteban-.- El Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1º) ¿Ha inobservado la decisión aludida lo dispuesto por el arts. 76 bis del C.P.? 2º- En su caso, ¿que resolución corresponde adoptar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 18, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: Primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y en tercer termino, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- El recurso de casación interpuesto en contra del Auto Interlocutorio de fecha 06/08/08, dictado en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P..- A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I) El Dr. Víctor Manuel Pinto, ejerciendo la asistencia técnica de Hugo Martín Robledo, interpone recurso de casación contra el auto interlocutorio de fecha 6 de agosto de 2008 que no hace lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada.

Desarrolla la censura, fundando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, prevista en el primer inciso del art. 454 del C.P.P., aunque omitió mencionar el mismo.

Cuestiona que la decisión jurisdiccional que recurre rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba únicamente por entender que la ausencia del consentimiento de fiscal es determinante para otorgarlo.

De ello deriva los dos agravios que expone. En primer lugar, menciona que la decisión del a quo es nula porque al poner en cabeza del ministerio público la decisión de suspender o no el proceso a prueba, deja de lado aspectos básicos del sistema acusatorio y desplaza la potestad jurisdiccional hacia una de las partes. De todas maneras, dice que la opinión contraria del fiscal, no debe ser un obstáculo para que se revise la correcta fundamentación y lógica empleada en la decisión.

Como segundo punto de cuestionamiento, dice que la decisión del fiscal es arbitraria, porque sin mayores consideraciones sostiene su rechazo en que la calificación de lesiones graves podría variar a gravísimas de acuerdo a circunstancias que no fueron agregadas a la causa, por lo que, en caso de condena, la misma será de cumplimiento efectivo. Tilda tal razonamiento de ser una predicción sin asidero fáctico, que afecta el derecho de defensa del imputado.

Finaliza solicitando que se revoque la sentencia y se declare procedente la suspensión del proceso a pruebas de Hugo Martín Robledo, haciendo expresa reserva del caso federal (arts. 14 y 15 Ley 48) y de los recursos contenidos en el art. 2, apartado 3 inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.- II) Previo a ingresar al tratamiento de esta primera cuestión, corresponde considerar, en lo que hace al tratamiento de la procedencia del recurso interpuesto, que el mismo es admisible formalmente en tanto satisface los requisitos mencionados en el art. 460 del C.P.P.; y particularmente en lo que se refiere a la calidad de sentencia definitiva del auto que se recurre, cabe remitirse a lo resuelto por esta Corte de Justicia, aunque con distinta integración, en oportunidad de dictar la Sentencia Nº Cuatro/08 en autos Expte. Corte Nº 74/07, donde se concluyó que el auto que deniega la suspensión del juicio a prueba debía ser equiparado a sentencia definitiva. En esa ocasión se dijo que: ".también la jurisprudencia ha equiparado a los autos que pongan fin a la pena, o que hagan imposible que continúen, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, las resoluciones que deciden sobre la suspensión del juicio a prueba, porque el concederlo tiende a extinguir la acción y con ella la pena; mientras que al rechazarlo se priva al imputado del derecho de evitar la pena, provocándole un agravio irreparable.".

II) a) Ahora bien, el art. 76 bis del Código Penal, en lo que al caso interesa, establece lo siguiente:

"El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.

En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.

Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.".

b) La suspensión del juicio a prueba fue denegada, previa realización de la audiencia prevista por el art. 355 del C.P.P.(fs. 140/141) por considerar el a-quo que el dictamen del fiscal era determinante para la concesión del mismo.

La falta de consentimiento del representante del ministerio público se basó en que, a pesar de la doctrina sentada en el caso "Acosta, Alejandro Esteban" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el presente caso no corresponde hacer lugar al pedido, en virtud de que la calificación dada al hecho -Lesiones Graves- podría variar a la de Lesiones Gravísimas, teniendo en cuenta el daño producido, la evolución y continuidad del mismo, por lo que realizó un pronostico de prisión efectiva.

III) En primer lugar, advierto que la resolución que se recurre, no está sustentada solamente en la gravedad del monto de pena con la que en abstracto se encuentra reprimido el delito en contenido en la requisitoria de elevación a juicio, sino fundamentalmente en el carácter vinculante de la negativa del fiscal de Cámara en cuanto a la concesión de la suspensión del juicio a prueba (fs. 142/143).

En relación al punto, sostengo que el dictamen favorable del fiscal es condición necesaria para la admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba en los casos previstos en el cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P.. Es decir, que el consentimiento para la viabilidad de la probation debe verificarse en los casos, como en el presente, en que al imputado se le endilgue un delito cuyo máximo supere los tres años de prisión, pero resulte procedente, de acuerdo a las circunstancias, la aplicación de una condena de ejecución condicional.

En el caso, fácil es advertir que la opinión negativa del fiscal, se encuentra fundada en la no concurrencia de uno de los requisitos de admisibilidad del mentado beneficio, este es, que la pena que en concreto podría aplicarse al imputado, en caso de recaer condena, no va a ser de ejecución condicional, teniendo en cuenta que la atribución del delito de lesiones graves, podría variar a la de lesiones gravísimas por la importancia del daño producido.

Es que, tal cual lo sostuvo la Cámara Nacional de Casación Penal, el carácter vinculante de la oposición del fiscal deriva del mandato constitucional que atribuye al ministerio público la promoción y el ejercicio de la acción penal (art. 120, Constitución Nacional); y como tal, cuando expresa su oposición a la suspensión del proceso no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. Y, puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión de ese ejercicio de la acción penal, el tribunal carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio y tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio. Por ello depende de la expresa conformidad fiscal, cuya opinión adversa constituye un impedimento para el otorgamiento del beneficio, habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (conf. Sala I, 31/5/96, "in re": "Dyke", elDial.com - AD400; "in re": "Bertolini", 12/08/96, elDial.com - AD458; "in re": "Orlando", 29/10/1996; elDial.com - AD56B).

Entonces, la falta de consentimiento del Fiscal de Cámara, con fundamento en la gravedad del hecho que se investiga y la concreta posibilidad de ampliarse la acusación en contra del acusado, con la posibilidad de solicitar el cumplimiento de pena efectiva de acuerdo a las resultas del debate; ha sido considerada en la sentencia como una motivación suficiente que la propia ley señala como relacionada a la posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y destacando que es la parte acusadora quien debe ponderar esta regla.

De esta manera, el Tribunal ha interpretado de manera correcta que el Fiscal ha actuado de conformidad con su obligación de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, tal como disponen los art. 120 de la Constitución Nacional y el inc. 3 del art. 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante y coincido con la solución propuesta por lo que voto en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: 1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto a fs. 1/8. 2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto contra el auto interlocutorio que deniega la suspensión del juicio a prueba solicitada por el Dr. Víctor Manuel Pinto a favor de Hugo Martín Robledo. 3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de San José de Costa Rica.- A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Adhiero a las razones que fundamentan el voto del Sr. Ministro preopinante y coincido con la solución propuesta por lo que voto en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución vertida por el Sr. Ministro emisor del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia en igual sentido.-	Por ello, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto a fs. 1/8.- 2º) No hacer lugar al Recurso de Casación interpuesto contra el auto interlocutorio que deniega la suspensión del juicio a prueba solicitada por el Dr. Víctor Manuel Pinto a favor de Hugo Martín Robledo.- 3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).- 4º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada y la de los recursos contenidos en el Art. 2, apartado 3ro., inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de San José de Costa Rica.- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- Amelia del V. Sesto de Leiva y José Ricardo Cáceres ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Conste.