marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fundamentación de sentencias, deberes del juez, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Novaro de Calvo, Miriam S. y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-15

Se advierte que los fundamentos desarrollados por los magistrados en su decisorio se limitan de forma escueta y endeble a confirmar el pronunciamiento de la anterior instancia afirmando que "El tribunal comparte la decisión conclusiva adoptada por el juez a quo toda vez que de la lectura de las presentes actuaciones no se advierte la existencia de un hecho delictivo en torno al deceso". Del examen del párrafo transcripto se aprecia en términos generales un insuficiente análisis reflexivo y la omisión de expresar las cuestiones de hecho y de derecho que llevaron al tribunal a concluir del modo en que lo hizo es decir, que no explicitó debidamente las razones por las cuales descartó la eventual existencia de un hecho delictivo vinculado con el fallecimiento. Estos defectos, impiden determinar cuáles son los motivos y cuál es el verdadero fundamento del razonamiento seguido por el tribunal de origen, incumpliendo así un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente por que lo han sido. (Voto del Dr. Tragant).
Recurso de apelación (procesal), fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA GRAL. FABRIL FINANCIERA S.A c/ ESTADO NACIONAL A.N.A. Y OTRO", A.380.XXVI, DEL 5.3.96; ENTRE MUCHAS OTRAS).MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION DE LA NACION Y OTRO s/ QUIEBRAINCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-14

Es jurisprudencia reiterada del alto tribunal que el recurso ordinario de apelación funciona restrictivamente, tan solo respecto de sentencias definitivas, o sea de aquellas que ponen fin al pleito o impiden su continuación (cfr. Fallos 249:1636; 311:2063; 312:1017;

315:47; entre otros), debiéndose apreciar tal carácter en forma mas estricta que en el supuesto del art. 14 de la ley 48 (cfr. Fallos:

303:870; 306:1728; 310:1856; 311:2034; 312:745; entre otros).
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivera Villate, Raúl Alejandro c/ Otatti Mármol, José Miguel s/ Cobro hipotecario Criado, Martín Carlos c/ Krell, Enrique y otros s/ Indemnización de daños y perjuicios Distribuidora Ringuelet de Garritano y Villalba, sociedad colectiva comercial c/ Bernardez, Roberto A. s/ Resolucion de contrato y daños y perjuicios Bounamasa de Burei, Stella c/ Club Atlético Sarandí Argentino s/ Cobro ordinario de pesos - daños y perjuicios Carpinetti de Goicochea, Nélida s/ Pedido de su propia quiebra Herbin de Dammig, Elvira Paulina c/ Dammig, Omar Alberto s/ Cobro arrendamientos Kikel de Chiesa y otros c/ Mastromauro, José Américo s/ Petición de herencia Arias, José S. c/ Sindicato de Trab. Municipales s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17|1993-04-06|1987-06-09|1988-06-07|1995-11-07|1998-09-29|1999-08-24|2001-09-12

Resulta ajena al recurso extraordinario de nulidad la denuncia de errores in iudicando.
Control de constitucionalidad, jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Oberto, Pedro Osvaldo c/ Municipalidad de la ciudad de Ushuaia s/ Acción de Inconstitucionalidad - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2003-10-07

Del art. 31 de la Constitución Nacional deriva la facultad de los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía nacionales o provinciales para efectuar esa labor, ya que " es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución Nacional para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella ....; el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Molina,  Hernán  Darío  y  otro c/ Administración Nacional de la Seguridad Social. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

En tanto el derecho al acceso a la justicia es uno de aquellos que resultan operativos con su sola invocación, e irrestricto en su ejercicio, cualquier condicionamiento del trámite judicial tal como el que se deriva de la falta de abono del depósito del art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resulta violatorio de esa garantía constitucional (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Servicio público, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Usuarios y Consumidores Unidos c/ Secretaría de Energía de la Nación y otros s/ ley de Defensa del Consumidor c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-23

Las actividades o servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación; se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos. -Del precedente "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad" (Fallos: 339:1077) al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: Alconada Magliano,, s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

La resolución de la Cámara que en un habeas corpus rechaza la prescripción de la acción contravencional, reviste carácter definitivo en los términos del art. 357 del Código de Procedimiento Penal. (Minoría u opinión personal)
Contrato de obra, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GIACCIO MARIO ARNOLDO JESUS c/ MARTINEZ ROBERTO OSCAR Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-03-06

El contrato de locación de obra es un contrato consensual, sinalagmático, oneroso y conmutativo -artículos 1138 y 1493 del Código Civil-, de modo que no se exige forma especial para su celebración, rigiendo el principio de la libertad consagrado en el artículo 974 del mismo cuerpo legal, y si bien dicho contrato está sometido a la limitación del derecho común en cuanto a la prueba testimonial -artículo 1193-, dicha prohibición no es absoluta cuando se trata de probar -como en el caso-, no el contrato mismo sino los hechos que al exteriorizar la actuación de las partes ponen de manifiesto que ha existido un acuerdo de voluntades, en cuyo caso todos los medios de prueba son admisibles, tal como acertadamente valorara el a quo al asignarle eficacia probatoria al silencio del demandado ante la intimación efectuada y el convenio.
Procedimiento administrativo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ, MARIA ANGELICA c/ INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-01

El argumento esgrimido por la demandada constituye formalmente, en acto administrativo en cuanto fue dictado por el Presidente de la Comisión Nacional Normalizadora del órgano accionado, y en donde este funcionario presta su conformidad a la adhesión efectuada a su vez, por el Señor Gerente General respecto a lo aconsejado por el Sr. Sub-Gerente General de asistencia jurídica en el informe que luce agregado en los actos administrativos. Las particularidades éstas llevan todas fecha anterior a la oportunidad de la presentación del informe previsto por la ley 16.986. En consecuencia debe entenderse como denegatoria, la decisión adoptada por la Administración respecto del pedido formulado en su momento por quien aquí acciona.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, sentencia arbitraria, apreciación de la prueba, seguros, robo, investigación del siniestro
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-PENAL
Carátula: Frylinsztein, Isaac Daniel c/ Arcadia Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

Es arbitraria la sentencia que consideró acreditado el siniestro con la mención a la causa penal si prescindió de examinar la idoneidad de los elementos aportados por el recurrente a fin de acreditar que el robo no había tenido lugar en el local asegurado sino en otro local del actor.
Transporte aéreo, transporte de pasajeros, prueba, presunciones
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Beiroa, Rodolfo Roberto. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

No resulta ociosa la calificación irregular de la conducta de la demandada es decir su determinación a los fines de establecer la extensión del resarcimiento debido por la accionada, toda vez que dicha práctica resulta por lo menos temeraria y negligente en cuanto constituye una inobservancia de los deberes inherentes a una conducta comercial responsable y respetuosa de los derechos de los pasajeros, así como de sus legítimos intereses personales y patrimoniales. Sentada la validez del billete de pasaje, existe dos causas probables por las cuales se ha incumplido el contrato de transporte: un error en la registración de la reserva o bien la sobreventa, hipótesis ésta que cuenta con un cuadro de presunciones coadyuvantes, como son la época del año que coincide con la temporada alta y la consecuente saturación de los vuelos por la gran demanda de pasajes. Lo manifestado por la accionada en el sentido de que los actores perdieron el vuelo por haber llegado tarde a la estación aérea, carece de seriedad a tenor de las probanzas de estos actuados; así pues corresponde otorgarle un mayor grado de probabilidad a la sobreventa, atento a las razones expuestas y a las consideración de que en la operación de reservas el error humano debe estar necesariamente previsto mediante el mecanismo de control computarizados. Por otro lado, la posibilidad del error no ha sido alegada por la accionada. Lo hasta aquí expuesto autoriza a presumir un supuesto de "overbooking" o sobreventa de pasajes, circunstancia que cabe señalar como un agravante del incumplimiento contractual verificado.
Acciones reales, acción reivindicatoria, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TREMSAL DE MOCAYAR AMANDA c/ JULIAN FERNANDEZ Y OT. s/ Reivindicación (LIBRO: S069 - 124)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-12-28

El art. 1051 CCI actúa en casos de transmisiones nulas o anulables, es decir cuando el propietario ha intervenido efectivamente en el acto aunque en dicha intervención pueda estar viciada.

En cambio los arts. 2777 y 2778 son aplicables en caso de que no medie intervención o participación alguna del propietario, por lo cual suele reputarse a estos actos como inexistentes.
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, nombramiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

El art. 136 de la CCBA dispone una fórmula mixta: respecto del presidente de la Auditoría, el texto constitucional es claro e impone una solución, consistente en que la Presidencia le corresponde al candidato que propone el partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo; y con relación a los restantes auditores, la Legislatura resulta habilitada para elegirlos -a propuesta de sus legisladores agrupados en partidos políticos o "alianzas de la legislatura"-, siempre que se respete la pauta establecida en la norma que es el principio de proporcionalidad. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Ana María Conde).
Régimen de garantía de los depósitos, banco central, decreto reglamentario, aplicación de la ley, etapas del proceso, recursos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Menzaghi, Darío y otro c/ Banco Central de la República Argentina s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-14

No queda comprendido en el ámbito del decreto 2076/93 el caso en el que, habiéndose admitido la demanda contra el Banco Central por el cumplimiento de la garantía de los depósitos establecida en el art. 56 de la ley 21.526, se invocó su aplicación estando pendiente un recurso extraordinario, pues la norma exige que se "constate" el efectivo ingreso de los fondos impuestos, que los depositantes "exhiban" títulos válidos y que "justifiquen" el origen y disponibilidad de las sumas depositadas, expresiones éstas que traducen la necesidad de un proceso judicial en el que sea posible debatir y probar el cumplimiento de tales requisitos.
Impugnación de deuda impositiva, docentes, transferencia del personal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PROVINCIA DE MENDOZA  c/ A.F.I.P.  s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-14

Con la sanción de la ley provincial N° 5.896 (B.O.14/09/1993) y la ley nacional 24.049, por las que se transfirieron a la provincia de Mendoza los servicios educativos nacionales ubicados en su territorio, como así también las facultades y obligaciones derivadas de tales servicios. Según la cláusula 18 de la mencionada ley N° 5896 el personal transferido que estuviere afiliado a OSPLAD tenía un plazo de 60 días a fin de ejercer la opción de permanecer en esa obra social. Pues, solo los docentes que ejercitaron dicha opción, continuarían revistando como personal del Gobierno de la Provincia de Mendoza pero afiliados a la obra social "OSPLAD" pudiendo, esta última, reclamar el pago de cotizaciones al régimen de la ley 23.660 por el personal que permaneciera bajo su égida. Cabe aclarar que es dicha obra social la que necesariamente cuenta con la nómina del personal residual que decidió seguir aportando a ella.
Resoluciones apelables, secuestro de bienes, automotor secuestrado, restitución del automotor
Materia: COMERCIAL
Carátula: Bernardo Delgado e Hijos S.R.L. s/ Concurso Preventivo  Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-19

La apelación ha sido rechazada por la Juez a quo, con fundamento en la regla general de inapelabilidad contenida en art. 296 inc.3° de LC; argumento cuestionado por la quejosa, que sostiene la procedencia del recurso con base en el art. 25 "in fine" del referido cuerpo legal.

La norma citada en último término, prevé la apelabilidad de la resolución que suspende la subasta y las medidas precautorias que impidan el uso por el deudor de la cosa gravada, en la ejecución de créditos con garantía prendaria o hipotecaria; quedando comprendido en ella el caso de autos, ya que el recurso estuvo dirigido contra la decisión que ordena la restitución a la concursada, de unos vehículos oportunamente secuestrados por el acreedor prendario -lo que significa modificar dicha medida cautelar-.
Delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: PENAL
Carátula: Etchecolatz,  Miguel  Osvaldo  Roberto s/ recursos  de casación einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

En relación a los planteos dirigidos contra la declaración de nulidad de las leyes 23.492 y 23.521, cabe señalar que la cuestión ya ha sido dirimida por la Corte Suprema en oportunidad de resolver en la causa "Simón", sin que en esta oportunidad se aporten argumentos nuevos que permitan apartarse de la doctrina del precedente mencionado. Cabe añadir que la aplicación de la imprescriptibilidad tiene fundamentos en el derecho de gentes. Habiéndose determinado que las conductas por las que se juzga al imputado -homicidio calificado, privación ilegal de la libertad calificada y aplicación de tormentos- , constituyen crímenes de lesa humanidad, resultan aplicables las consecuencias jurídicas inherentes a delitos de tal naturaleza que establecen que no pueden existir obstáculos en el derecho interno de los Estados que arroje como resultado la impunidad de estos delitos. (Voto del Dr. Madueño, adhiere la Dra. Catucci según su voto, adhiere el Dr. Mitchell).
Excarcelación, pena máxima eventual, graduación de la pena
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SALGADO, HECTOR C. s/ PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-04

El pronóstico de la pena eventualmente aplicable puede realizarse de acuerdo a las reglas del artículo 41 del Código Penal, que establecen, entre otros criterios para la graduación de la sanción, el de la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y a la extensión del daño y del peligro causado.

En base a tal criterio, no están presentes los supuestos para un eventual dictado de una condena de ejecución condicional y en consecuencia, resulta inaplicable el artículo 379 inciso 1 del C.P.M P. cuando las condiciones personales del encartado se presentan como marcadamente disvaliosas ya que se habría valido de sus conocimientos en la materia y de su poder económico para fundar un conglomerado que, aprovechando beneficios que el estado ya ha establecido para favorecer el desarrollo de economías regionales postergadas, habría ejecutado durante varios años diversas maniobras fraudulentas, con un grado de reiteración demostrativo de un prolongado y decidido afán de provecho personal.

En cuanto a la gravedad de los hechos, y la extensión del daño causado, tales pautas están presentes si de acuerdo a las estimaciones efectuadas por el Juez, éste alcanzaría a una suma varias veces millonaria.
Prueba confesional, retractación
Materia: PENAL
Carátula: OLIVERA, JUAN CARLOS - ALVEZ, ARIEL RAFAEL s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-19

"Las respectivas rectificaciones de los prevenidos,en su orfandad probatoria,no es susceptible de ser evaluada.Ilustrativo resulta al respecto el criterio sentado por la S.C.B.A, en un fallo donde expresamente afirmaba que: "Para el supuesto de violencias o amenazas en la confesión,la ley organiza un procedimiento consistente en el incidente de retractación,en el que la carga de la prueba de esos extremos incumbe a la defensa, sin perjuicio de formar causa para investigar tales supuestos que constituyen delitos de acción pública." -agregando que "La promoción de dicho incidente no puede suplirse con la sola rectificación de la confesión;y no habiéndose hecho uso del derecho que determinan los arts. 237 y 238 del Cód.de Proced.Penal(arts.240 y 241 según texto actualizado),quedan sin apoyaturas las simples aseveraciones esgrimidas por el imputado"(S.C.B.A.P.34617 del 28/12/90, E.D.Tom.

143 pág.365-A y S. 1990 IV pág. 663 y D.J.B.A. Tom. 141 pág. 123, y P.40421 del 1/12/92)"
Proceso penal, resoluciones judiciales, sentencia condenatoria, condena penal, revisión judicial, tribunal de alzada, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Los artículos 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen la revisión de todo aquello que el Tribunal esté en condiciones de revisar.

La Dra. Carmen Argibay ha dicho, en términos tan claros y contundentes que basta la transcripción de los mismos, a los que adhiero, que: "si un individuo que ha sido condenado penalmente tiene un derecho constitucional a que la sentencia sea revisada o controlada por un tribunal superior, dicha revisión tendría que comprender todos aquellos argumentos en los que se ha sustentado la condena, es decir, aquellas premisas cuya modificación tienen aptitud para alterar la condena o la pena a favor del recurrente.

En consecuencia, ese carácter total que debe tener el derecho de revisión de la condena vedará, en principio, que puedan realizarse distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre, por ejemplo, con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho" (CS, in re "Casal, Matías E. y otro" 20/9/05, JA. 2005-IV. Fascículo 10).

Su afirmación respecto a que la revisión del fallo condenatorio implica que todo examen solicitado por la defensa al tribunal de alzada, si resulta posible, debe ser llevada a cabo, es la que se ha de realizar.
Derechos de exportación, nomenclatura común del Mercosur, inconstitucionalidad, derecho a la privacidad, delegación de facultades a la Administración
Materia: ADUANERO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-15

La resolución 11/20 -que estableció derechos de exportación del 10% y el 5% sobre las mercaderías que indica comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur- tenía un defecto de origen y resultaba írrita del principio de reserva legal, al contradecir los arts. 4°, 17, 52, 75, incs. 1° y 2° y 99, inc. 3° de la Carta Magna, toda vez que en relación al mecanismo de la delegación legislativa, cabía concluir en que el Poder Ejecutivo no podía establecer los elementos estructurales del tributo, pues era un área en la que el Congreso debía adoptar decisiones precisas y completas, fijando una "clara política legislativa" a fin de que el Poder Ejecutivo reglamente los pormenores de la ley en cuestión. -Voto del juez Zaffaroni-.