Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-15


Salta, 15 de febrero de 2005 AUTOS Y VISTO: Este Expte. Nº 19.745/05 de la Cámara de Acusación, Sala II, originario Nº 61.704/04 del Juzgado de Instrucción 1º Nom. Metan, caratulado ¨ ROQUE, SEBASTIÁN GUILLERMO por Tentativa de homicidio ¨ Y, _ CONSIDERANDO El Dr. ENRIQUE GRANATA dijo:

Llegan las actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación impetrado por la defensa contra el auto de fs.262/265 que procesa a Sebastián Guillermo Roque por los delitos de homicidio en grado de tentativa y amenazas reiteradas (cinco hechos), todo en concurso real. Habiéndose cumplimentado el trámite de rigor en debido tiempo y con los recaudos de ley se encuentra expedita la vía para pasar a tratar la cuestión de fondo propuesta en revisión.

La defensa ofrece memorial de agravios a fs.277, manifestando su disconformidad con el decisorio puesto en crisis por cuanto en su entendimiento median errores in procedendo que ameritan su declaración de nulidad, mencionando los siguientes: 1º) falta de revisación medica del imputado previo a la indagatoria 2º) a fs. 118 se le deniega la eximición, consignándose erróneamente la norma que tipifica provisoriamente el delito así como el monto de pena establecido, 3º) la pericia psicológica ordenada por el Aquo a fs. 106 no es notificada a la defensa, 4) el imputado es detenido en la mañana del día 24 /11/04 por lo que debió hacerse conocer la orden detención el mismo día, 5) no se le hizo conocer la denuncia de Silvia Leonor Albaizeta al momento de ser indagado y 6) el Juez omitió decretar careo solicitado por la defensa ya que el imputado se encontraba en Salta para la realización de exámenes desde el día 6/12/04 al día 24/12/04.

Subsidiariamente para el caso que no prosperen las nulidades planteadas invoca que faltan elementos de convicción suficientes para el procesamiento de su pupilo procesal, especialmente respecto a la tentativa de homicidio asignada, señalando la existencia de diligencias probatorias pendientes de producción como lo son careos entre el imputado y sus denunciantes, pericias medicas y requerimiento de informes a la ciudad de Río Segundo de la provincia de Córdoba. De allí que peticiona la revocatoria del auto atacado y en su reemplazo se dicte a favor de Roque auto de falta de mérito, sugiriendo en ese caso algunas limitaciones a su libertad.

Considero conveniente abordar el análisis de las cuestiones planteadas en el orden expuesto precedentemente puesto que los errores in procedendo que tornen nulo el decisorio puesto en crisis implicarán inútil y abstracto el tratamiento de las especificaciones críticas enumeradas a posteriori.

Con relación al primigenio déficit inicial propuesto, esto es la revisación medica previa a la indagatoria entendemos que la constitución provincial prevé tal requisito como garantía de que el imputado declare libremente sin coacción física ni psicológica. Al respecto cabe tener presente que Roque fue aprehendido en Joaquín V. González cabecera del departamento de Anta, a su vez dependiente del distrito judicial del sur con asiento en la ciudad de Metan, obviamente que al haber sido detenido, el examen no pudo ser practicado por el medico legista sino por el medico de policía, situación que el propio indagado reconoce a fs.103 cuando aclara que "en primer lugar ya fue revisado por el medico de tribunales", asimismo obra a fs.2 vta. informe del Dr. Manuel Villagra, medico de policía, donde constata el estado físico que presentaba el sospechado al momento de su detención, de suerte que surge clara la improcedencia del vicio denunciado, máxime aun cuando a la par no aclara que acto pretende nulidificar con tal observación, tampoco se invoca que el encartado haya sufrido apremio alguno o afectación a la salud, ni demuestra un interés justificable para nulidificar el acto, dentro del concepto de debido proceso que garantiza el ejercicio del derecho de defensa, por lo tanto no existe nulidad por la nulidad misma. Tampoco se vincula el supuesto déficit de la falta de revisación medica en orden a la validez del auto de procesamiento.

En el punto segundo subraya un supuesto error en la cita de la norma legal aplicable en función al encuadramiento penal y a la determinación de la escala penal arriesgada por el Aquo para denegar la petición de eximición. En ese sentido baste señalar que tal pronunciamiento no fue oportunamente recurrido, por lo que al convertirse la detención de Roque en prisión preventiva conforme lo dispone el punto 2º del auto de fs. 265, dicho pronunciamiento deviene en irrelevante a los fines de su declaración de nulidad en la medida que nos encontramos ante una instancia precluida y entonces el tema de la libertad solo cabe analizarse su tratamiento por las vías pertinentes, esto es por la revocatoria según el modo que propone el art. 300 CPP o como consecuencia derivada de la aplicación del instituto del art. 298 CPP, que en definitiva persigue el apelante al momento de expresar agravios, mas de ninguna manera se puede reeditar el inoficioso análisis que propone la Defensa con sustento en el art. 305 del CPP.

En el ítem tercero argumenta el letrado que la pericia medica no le fue notificada como manda el art. 244 del CPP. Se ha sostenido reiteradamente que: "Las necropsias, informes de laboratorios forenses sobre alcoholemia, informes de los médicos de Policía y Tribunales, etc., no son pericias en el sentido que les asigna nuestro sistema procesal penal en el capítulo V del título III del Código respectivo, sino informes técnicos de funcionarios oficiales que prestaron juramento cuando asumieron sus respectivos cargos y a los cuales se recurre en la diaria labor jurisdiccional, en especial en el fuero penal, sin que ello implique que las partes no puedan, oportunamente, pedir ampliación, aclaración, etc. de las mismas. Si se aceptara la tesitura defensiva y otorgásemos a los informes oficiales un carácter o naturaleza jurídica que no poseen (pericias), se destruiría como medio de prueba una pléyade de elementos procesales, de sustancial valor probatorio, que han sido hechos por funcionarios técnicos a los que con frecuencia se requiere opinión tanto de parte de los funcionarios de la prevención como de los jurisdiccionales". Debe desecharse la argumentación del recurrente ya que este Tribunal tiene dicho reiteradamente que tales informes técnicos son solamente eso y no pericias y tienen valor probatorio puesto que son realizadas por la autoridad de prevención dentro de sus facultades legales -arts. 189 del Código de rito- y como tal pueden ser considerados y evaluados como toda otra probanza conforme a las normas vigentes y dentro del plexo probatorio arrimado a la causa.

Respecto al conocimiento de la causa de detención, debe recordar la defensa que se trata de un acto preprocesal practicado por la policía y no de un acto juridiscional del juez, único susceptible de provocar su invalidez. De cualquier manera, surge de los antecedentes que la intervención policial se encuentra legitimada en virtud de la denuncia recibida en la prevención policial de una localidad distante del asiento jurisdiccional del juez. Lo que explica que la autoridad policial de inmediato se disponga a realizar las medidas necesarias, como fue la recepción de la denuncia con la consiguiente actividad de prevención con la aprehensión del sospechado, instantes inmediatos de haber cometido el hecho en circunstancias reveladoras de cierta peligrosidad. Tramite este que hasta que se puso en conocimiento del instructor no demando un tiempo mayor de 24 hs., como consta en preventivo de fs.8 y en informe de fs. 1 vta. Se observa que se comunica al juez el mismo día del hecho y al siguiente se le hace conocer la causa de detención al encartado. Tal procedimiento no afecta ningún derecho o garantía del imputado, ni tampoco tiene influencia alguna en el resultado del pronunciamiento cuestionado. Cuando la detención se realiza por parte de la prevención policial, las garantías constitucionales en juego se resguardan mediante la regularidad del procedimiento cumplido, según el examen de todas las circunstancias que lo rodearon conforme a las constancias de autos y la comunicación inmediata al juez ( art.182 del Código de Procedimientos en Materia Penal).

Toca ahora analizar la queja respecto a que Roque no fue indagado por la denuncia de Silvia Leonor Albaizeta, baste leer la segunda indagatoria labrada como consecuencia de la acumulación de la causa Nº 61.702/04, precisamente conteniendo el anoticimiento policial de esta señora, para observar que ello no es así. En efecto el imputado manifiesta a fs.103 "que a lo que se refiere por la denuncia en su contra declara que es totalmente falso que haya amenazado a los denunciantes".

Por ultimo cabe referirse a la falta de un careo entre Roque y los denunciantes, peticionado por la defensa y que no fuera decretado por el Aquo. El careo responde a una medida de prueba que como bien reconoce el propio letrado no se pudo efectivizar en su oportunidad por las razones allí apuntadas. De manera que aun cuando se trate de una solicitud que asiste al imputado, tal acto puede realizarse en cualquier momento, toda vez que el dictado del procesamiento no significa el agotamiento de la etapa instructoria que recién se clausura con la vista fiscal para elevación a juicio. Por otra parte no podemos asignarle valor previo a un posible careo en donde se desconoce el resultado que podría tener. Por lo demás en esta etapa del proceso, cuando el juez estima que existen elementos suficientes para pronunciarse sobre la situación del encartado no queda supeditado a la realización de todas las medidas probatorias que las partes reputen de necesaria producción porque en todo caso la misma podrá ser demandada en la etapa de juicio.

En consecuencia corresponde rechazar la queja nulificatoria de los actos enumerados y de todos los actos que sean su consecuencia, si de la lectura del expediente surge que no hay violación al derecho de defensa toda vez que el imputado declaró con todas las garantías de la ley y con pleno conocimiento de los hechos que se le atribuían. Ello porque aceptar nulidades con excesivo acento formalista obstaculiza fundamentalmente el camino que conduce encontrar un sentido valioso o disvalioso de la conducta humana. En la práctica se traduciría en la invalidación de gran cantidad de procesos en los cuales, sin estar afectado una garantía esencial por el exclusivo argumento de que existen falencias in procedendo con el menoscabo que implicaría la búsqueda de la verdad real a consecuencia de la frustración por un simple error o la involuntaria omisión.

Entrando propiamente en el análisis de los errores in iudicando anunciados, interpretamos que parcialmente le asiste razón a la defensa ya que según la interpretación que el Aquo hace del hecho entendemos que es inadecuada, toda vez que de las constancias probatorias deviene claro que el imputado no tuvo la posibilidad concreta de causar la muerte de Natalia Acosta, ya que aquel no logro penetrar en la casa donde se encontraba la victima y además esta logra escapar, pudiendo refugiarse en la casa de un vecino, advirtiendo a la policía de lo acontecido. Quedando solo rastros de daños en la ventana del fondo de la vivienda y como consecuencia de ello lesiones en la mano del sospechado.

Es que la calificación de tentativa de homicidio (C.P., arts. 42 y 79) descansa mas en el elemento subjetivo del delito que en el objetivo, pues actos materiales idénticos pueden juzgarse diversamente según las circunstancias. Se exige que el proceder se encamine exclusivamente hacia la muerte del sujeto pasivo, es decir, cuando la idea homicida se presenta claramente al espíritu del reo, prefiriéndola a la de las simples lesiones. La intención de matar no cabe deducirla de presunciones insuficientemente precisas y además equívocas, exigiéndose prueba categórica, es decir, circunstancias externas y materiales que demuestren el inequívoco deseo de matar y lleven al ánimo judicial la certidumbre del propósito perseguido. La tentativa de homicidio se ha deducido, en ocasiones de la naturaleza del medio empleado y, en otras del modo de actuar. Si el Aquo sostiene que tal tentativa de homicidio se fundamenta a partir de las reiteradas amenazas telefónicas y la subsiguiente persecución para intimidar a la victima, a quien amenaza intentando introducirse a su vivienda con armas, a causa de lo cual la damnificada se da a la fuga, no existiendo una acción ejecutiva dirigida a la integridad física de la victima, cabe deducir que tal calificacion excede las reales circunstancias del hecho acontecido. Por ello entendemos que el acusado debe responder por el delito de amenazas con armas, de acuerdo a la credibilidad de los dichos denunciativos de fs. 5 y fundamentalmente a los cuchillos (tipo comando) secuestrados en poder de Roque instantes inmediatos posteriores al hecho (fs. 4), de acuerdo a lo que prescribe él párrafo 2º del articulo 149 bis. El que establece que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Ello es así por cuanto en realidad no existió comienzo de ejecución de otro delito, como lo afirma el Aquo, tampoco se explica porque no se consumo el delito, ni que circunstancia ajena lo impidió, elementos propios de la tentativa.

El autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, debe obrar con la intención de causar la muerte bajo la forma de dolo directo, con exclusión de toda otra forma de culpabilidad. Nuestro código penal no contiene ninguna norma que permita inferir dicha intención, por lo que el problema surge cuando no se ha llegado atentar contra la integridad física de una persona, ni tampoco se presenta manifiesto el propósito de matar. Frente a tal hipótesis nuestra jurisprudencia ha sostenido correctamente que la muerte, como fin perseguido por el delincuente, debe aparecer claramente definida para que una agresión pueda merecer la calificación de tentativa de homicidio. Cuando el propósito deliberado de matar no esté confesado, será preciso que esa intención resulte de circunstancias que pongan de manifiesto la idea homicida del reo, de tal manera que se pueda afirmar que su obrar constituye comienzo de ejecución del delito de homicidio y que el mismo no se consuma por causas ajenas a su voluntad. Si en el caso, el acusado dirigiéndose a la víctima expresó "te voy a cagar matando", se acercó por el fondo de la casa y trato de abrir la ventana, ocasión que fue aprovechada por la victima para darse a la fuga con su hijita hasta la vivienda de un vecino, desde donde procedieron a llamar a la policía, no encontramos que se den las circunstancias típicas del homicidio tentado.

En consecuencia el imputado Roque debe responder por el delito de amenazas con arma y daño. Ello porque las circunstancias de amenazar intentando entrar a la vivienda, no alcanzan para revelar exclusivamente la intención homicida del acusado, sino más bien la de atemorizar a la victima. Por lo tanto corresponde, respecto a este hecho, modificar la calificacion jurídica de tentativa de Homicidio por Amenazas agravadas en concurso real con Daños (articulo 183 del CP), el cual pena con prisión de quince días a un año, el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, como se desprende del croquis y fotografía de fs. 162/163. Confirmando a su vez las restantes amenazas (cinco hechos), las que fueron adecuadamente verificadas para esta etapa del proceso.

Consecuente demostrada la improcedencia de la falta de merito peticionada no corresponde disponer la libertad del imputado que prevé el art. 298 CPP. Tampoco cabe entrar a evaluar sobre la correspondencia o no de la prisión preventiva ya que no ha sido concretamente planteada por el agraviado y por lo tanto no puede ser considerada.

Ahora bien la defensa ha señalado la necesidad de un examen psicológico de su defendido, sin relacionar cual es el sentido de su petición, en esta instancia prescindimos de analizar que tal medida guarde connotación con una posible declaración de inimputabilidad por no comprender la criminalidad del acto, causal prevista en el art. 34 del CP, ya que la defensa en ningún momento a invocado la alteración psíquica del imputado como razón suficiente para inducir el sobreseimiento enumerado en el art. 324 del CPP. Declaración que por otra parte acarrearía una definición sobre la correlativa medida de seguridad. Tampoco él medico de tribunales, que practica el examen mental, dictamina sobre la inimputabilidad, lo que en principio presupone la aptitud del sospechado para ser sometido a proceso tal cual fuera considerado por el Aquo al concederle la condición de sujeto imputado, recepcionándole indagatoria, responsabilizándolo en grado de probabilidad según el auto de procesamiento en cuestión y ordenar su privación de la libertad en forma preventiva. En otros términos al examen mental, el Dr. Flores no admite trastorno psíquico para ser considerado inimputable, tanto en ese momento como en aquel en que sucedieron los hechos.

Ahora bien a este tribunal le preocupa los antecedentes existentes en Córdoba según que Roque registra diversas causas penales en la ciudad de Río Segundo, en una de las cuales (Expte. R/09/2004) el fiscal habría solicitado su sobreseimiento en virtud de no haber comprendido la criminalidad del acto conforme pericia siquiátrica efectuada, y encontrándose con tratamiento ambulatorio, no se presenta para la realización de una nueva pericia. En otra causa (Expte. R/26/2004) donde el encausado es sospechado por incendio, se solicita su captura. Causas originadas por hechos que guardan relación con los aquí investigados, demostrativos de cierta obstinación delictiva en contra de la victima y sus allegados.

Interpretación que hace necesaria la realización de prueba pericial en cotejo con las efectuadas en Córdoba, las cuales deberán ser solicitadas para determinar el real estado psíquico actual y al momento del hecho del imputado, toda vez que mientras allí es considerado inimputable con medida de seguridad en curso, en nuestra jurisdicción es tenido por imputable. No obstante cual sea su resultado deberán arbitrarse los medios para comunicar al tribunal de Río Segundo que se encuentra a su disposición dadas las medidas de seguridad que se habían dispuesto y la orden de captura vigente. El Dr. LUIS FELIX COSTAS dijo:

Que se adhiere al voto del Juez preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito al acuerdo que antecede la Sala II de la Cámara de Acusación, RESUELVE I) HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación impetrado a fs. 277 y en su merito, modificar el encuadramiento efectuado en el punto 1 del auto de fs.262/266, el que quedara redactado de la siguiente manera: DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO en contra de Sebastián Guillermo Roque, de las condiciones personales obrantes en autos, por considerárselo presunto autor de los delitos de Amenazas con armas en concurso real con Daños (art. 149 bis, 2º párrafo; 183 y 55 del CP), ello tambien en concurso real con Amenazas reiteradas (cinco hechos) (Art. 149 bis, 1º párrafo y 55 del CP).

II) REGISTRESE, PROTOCOLICESE, NOTIFÍQUESE y bajen los autos al Juzgado de Origen.