Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-03-13


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de marzo del año dos mil doce, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Claudio Alejandro Petris y la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y Jorge Luis Früchtenicht, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "C., A. S. c/ F. A. S.A. de Ahorro para fines determinados y otra s/ Sumarísimo" (Expte. N ° 275/11 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.

Practicado a fs. 539 el sorteo establecido por el Art. 271 de la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico provincial, antes Ley 2203, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres. PETRIS - FRÜCHTENICHT - FLASS.--- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 487/493 vta.? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.----- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. PETRIS dijo:---- Llegan estos autos a conocimiento del Tribunal con motivo de las apelaciones interpuestas por ambas partes, la codemandada F. A. SA. lo hizo a fs. 496, la codemandada F. S.A. a fs. 500 y la actora Sra. C. a fs. 502, recursos que fueron concedidos a fs. 497 apartado primero, y 503, respectivamente, contra la sentencia definitiva dictada a fs. 487/493.

La sentencia rechazó en todos sus términos la demanda de daños y perjuicios fundada en la ley de defensa del consumidor interpuesta por la Sra. A. S. C. contra F. A. S.A. de A. P. F. D. y F. S.A. Impuso las costas por su orden y reguló estipendios profesionales.- Las codemandadas se agraviaron de la imposición de costas por su orden contenida en la sentencia objeto de apelación, expresando agravios a fs. 501 y vta F. A. S.A. sosteniendo que ello es incorrecto en virtud que el fundamento del sentenciante utilizado cual es la gratuidad de los procedimientos consumeriles no puede considerarse sinónimo de beneficio de litigar sin gastos que la actora no obtuvo y por otra parte de la prueba documental arrimada surge claramente que fue la actora la que otorgó el plazo adicional, conocía las condiciones generales de contratación e incumplió diversas cargas y obligaciones a su cargo, por lo que pide su modificación y la aplicación del principio general del Art. 69 del rito.--- La restante codemandada expresó agravios a fs. 504/505 en similares términos precisando que la gratuidad de los procedimientos del consumidor no es equivalente a la declaratoria de pobreza y no alcanza a las costas del proceso las que se imponen conforme a las reglas generales en la materia, deteniéndose luego en las conductas de las partes. Pide su revocación.- A su turno la actora expresó agravios mediante la pieza recursiva obrante a fs. 509/516 quejándose del rechazo de la demanda interpuesta, en esa tarea afirma correcto el encuadre del juzgador bajo los lineamientos de la ley de defensa del consumidor por encontrarnos frente a una relación de consumo, que luego de ello la sentencia es incongruente y autocontradictoria y viola las garantías constitucionales que proclama defender, que el plazo de entrega de 180 días computado por el juez "a quo" es abusivo, que el contrato aprobado por IGJ establece un plazo de 60 días y como límite excepcional 120 días, que no se invocaron dificultades objetivas en la fabricación o importación y tampoco comunicaron ello al adjudicatario como circunstancia que justifiquen la ampliación del plazo utilizado, que la prórroga tiene un momento particular para pactarse y lo es al tiempo de completarse la solicitud de pedido del bien por lo que las otorgadas con anterioridad no pueden ser válidas, que en el marco de la defensa del consumidor las prórrogas suscriptas por la actora no fueron válidas al desnaturalizar las obligaciones esenciales de la administradora que es procurar el bien objeto del acuerdo y entregarlo en tiempo y forma, que deberá declararse la nulidad de las prórrogas suscriptas y reconocidas no resultando admisible que el juez "a quo" señalara que no han sido cuestionadas ni por abusivas ni por nulas atentando tal premisa contra la esencia de la ley de defensa del consumidor y del orden público establecido por el Art. 65 de la ley, que el incumplimiento del contrato surge sin mayores esfuerzos interpretativos de la lectura del mismo.----- Se agravia también de la interpretación que efectuara el judex de los silencios de la actora y de las misivas habidas entre las partes, que no solo no es importante sino que resulta falaz lo consignado en la carta documento de fecha 8/10/09 al no indicar que requisitos faltaban adoleciendo la intimación de precisión y seriedad, que la actora expresó por carta documento el día 11 de febrero del año 2010 cuando aún no se le había entregado el vehículo cual era su voluntad al dejar sentado el incumplimiento del contrato por la demandada, el daño y la falta del deber de información adecuado y veraz, que en lugar de interpretarse a favor del consumidor como manda la ley de la materia el juez consideró que la accionante recibió el automotor de conformidad no ponderando la comunicación fehaciente de la demora ni la atribución de responsabilidad enrostrada, que ante ello se enerva cualquier intento de hacer valer la falta de reserva al retirar la unidad debiendo ser declarada nula la cláusula 7 in fine del contrato.- Por último se detiene en la primera falta gravitante de la empresa al omitir entregarle el contrato de adhesión lo que no le permitió a la accionante durante la relación contractual poder precisar cuales eran sus obligaciones y sus derechos, entre los que destaca el depósito en el B. G. suc. Bariloche a más de 300 km. de su residencia, solicitando la revocación del fallo en todos sus términos y el acogimiento de la demanda en todas sus partes con costas.- A fs. 518 la actora responde los agravios de la adversaria, y a fs. 520/522 hace lo propio la codemandada F. A. S.A.--- A fs. 538 se llama autos para dictar sentencia, providencia firme y consentida y practicado el sorteo de ley a fs. 539, desinsaculado a votar en primer término procedo a expedirme.--- Por una cuestión de método y lógica sentencial voy a tratar en primer lugar los agravios de la parte actora para luego y de acuerdo a lo que surja abordar los de las demandadas.

Adelanto que las quejas no resultan atendibles y así lo he de proponer al Pleno que integro. En efecto, fuera de debate se encuentra en el "sub case" que las partes de este proceso se hallaban vinculadas a través del contrato de adhesión que tengo a la vista y que pese a que el apelante sostuviera no haber contado con el ejemplar pertinente no ha probado la certeza de tal afirmación que contraría justamente la entrega que da cuenta el instrumento al final del mismo (doctrina arts. 1012, 1013 y concs. del Código Civil y 381 del C. P. C. C).-- El contrato de adhesión se compone de condiciones generales y condiciones particulares, las primeras tienen valor como cualquier contrato, más pese a que su uso se haya generalizado, su empleo en todos los contratos con todos los consumidores sea idéntica no poseen eficacia normativa propia, ni pueden ser equiparados a la ley ni a la costumbre ni a los usos comerciales, quedando su esfera circunscripta al contrato.

En este tipo de contrataciones se realiza por parte de la autoridad administrativa un control que juega en la especie como una homologación de los contratos y que es llevado a cabo por la Inspección General de Justicia (ver instrumento reservado y que tengo a la vista en este acto).

El quid a dirimir es entonces el famoso plazo de entrega que según la actora se encontraría vencido al tiempo de retirar la unidad adquirida y que según la accionada ello no ha sido así. Del juego armónico de los arts. 7 y 8 del referido acuerdo de adquisición se desprende sin lugar a dudas que ante la solicitud de un vehículo de mayor valor al primigeniamente comprado por la actora, facultada se encontraba la administradora para acordar con la adjudicataria un plazo de entrega adicional que no podía exceder de los 60 días adicionales sobre el plazo original, siendo éste último el fijado en las condiciones generales de contratación para el bien tipo.-- No se advierte que ese acuerdo ante la circunstancia apuntada de cambio de unidad que lógicamente implicó un cambio en la contratación introducido por la adquirente, dado que en definitiva se estaba modificando uno de los elementos esenciales de la compraventa cual es la cosa y el precio, torne abusiva la cláusula en cuestión y su operativización a través de la prórroga acordada y que lleve a su modificación en los términos del Art. 37 LDC.-- Las dificultades objetivas en la fabricación o importación del bien elegido como supuesto de ampliación del plazo se trata de otro supuesto de ampliación de plazo donde la administradora con causa aplica y no pacta con el adjudicatario (ver artículo 8 apartado segundo párrafo segundo).----- Conforme lo llevo dicho, hubo modificaciones del contrato original, si luego se altera la determinación de la cosa por entregar al cambiarse de modelo del vehículo adjudicado y se elige otro diferente, hasta podría llegar a decirse en sentido estricto otro contrato, con otro precio, que justifica plenamente la validez de la cláusula (Art. 1137 y 1198 del Código Civil). Para determinar si una cláusula es abusiva en el contexto de la ley de defensa del consumidor debe advertirse una ventaja exclusiva para el empresario, creando un desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, siempre que lo sea en un contrato de adhesión concluido entre aquél y el consumidor o bien cuando el empresario o proveedor aprovecha su dominio negocial para exonerarse de responsabilidad, o limitar sus consecuencias, para atenuar sus obligaciones o facilitar la ejecución a su cargo o desde el punto de vista del consumidor para agravar sus cargas, acentuar sus deberes, establecer plazos estrangulantes, etc. (Conf.: Picasso-Vázquez Ferreira, "Ley de Defensa del Consumidor", T. I, pág. 443).---- Nada de ello se advierte haya ocurrido en la especie para echar mano a la facultad morigeradora de la ley protectoria. Nótese que la concesionaria no consintió el cambio de las condiciones originales de contratación bajo la nueva realidad prevista, sino que acordó expresamente un nuevo plazo de entrega. Significó ello una modificación en el tiempo de la entrega bajo esta contratación nueva, perfectamente válida puesto que de lo contrario mal podría computarse un plazo originario cuando la cosa no está determinada aún.

Por otra parte en ningún pasaje del escrito de demanda se advierte que haya intentado plantear ni siquiera insinuar la pretensión de inexistencia o nulidad de cláusula alguna del contrato como para tener por no convenida las cláusulas 7 y 8 en lo que aquí interesa.

Intentar ahora introducir esa cuestión que no fue sometida a consideración del sentenciante de origen, juega al respecto el valladar del Art. 280 del C. P. C. C. y nada enerva ello la circunstancia de que la ley de defensa del consumidor sea de orden público lo que implica un conjunto de principios de orden superior -políticos, económicos o morales-, que limitan la autonomía de la voluntad y a ellos deben acomodarse las leyes y conducta de los particulares, más ello no significa de ninguna manera neutralizar el principio dispositivo que rige en la especie ante la omisión de pretensión jurisdiccional por parte del consumidor, máxime cuando conforme lo llevo dicho tampoco se advierte la existencia de cláusula abusiva alguna en lo que aquí interesa para resolver.----- El Art. 7 de la solicitud de adhesión fija a partir de que momento debe computarse el plazo de entrega de la unidad objeto de adquisición y esto es dentro de los 60 días corridos contados a partir de la fecha de recepción del formulario de pedido de unidad y siempre que el adjudicatario haya cumplido con los requisitos establecidos en las condiciones generales. Los requisitos se encuentran detallados en los incisos a) a k) consistentes en pagos de derecho de adjudicación, impuestos, presentación de formulario, pago por diferencia de modelo, pago de gastos, etc. El Art. 8 permitió ante el cambio de modelo la prórroga del plazo a 60 días más que así se convino, más en todos los casos los plazos de entrega se encontraban subordinados al cumplimiento efectivo de tales obligaciones asumidas por la adjudicataria.-- Es decir que debemos conjugar el plazo y el cumplimiento de las obligaciones contraídas, lo que juega en la especie como un supuesto válido de suspensión de la entrega de la unidad concreta puesta a disposición del adjudicatario a condición de satisfacer los requisitos a su cargo.- El formulario continente de la nota de pedido de la unidad con el nuevo modelo elegido fue recepcionada el día 24 de septiembre del año 2009 (fs. 114). A partir de ese momento debía computarse el plazo de 60 días originarios -Art. 7 del Contrato-, más la prórroga de 60 días adicionales por cambio de unidad (Art. 8 del Acuerdo). Los 120 días se cumplieron el 24 de enero del año 2010. Los pagos se realizaron el 2 de octubre de 2009 (fs. 10), hubo una nueva nota de pedido a fs. 118 en enero de 2010 (sin fecha) y se completaron los pagos de los gastos asumidos en el contrato el 19 de febrero del año 2010 día del retiro de la unidad (ver fs. 124 a 127) .

Aún cuando a esa data el plazo nominalmente considerado se encontraba vencido, conforme lo llevo dicho , el plazo no puede válidamente computarse por hallarse vinculado y subordinado al cumplimiento de las obligaciones del adquirente. No se trataban de meros formalismos, sino de obligaciones asumidas y supuesto de suspensión de la entrega de la unidad. También es cierto que no obran en autos constancias de intimaciones por parte de la administradora o concesionaria a que cumpla con las cargas asumidas por contrato, pero que ante los supuestos de mora automática concertados y la respuesta de fs. 13, hace presumir que hubo una comunicación de la concesionaria el día 6 de enero del año 2010 cuando el plazo aún no se encontraba cumplido, no se advierten incumplimientos o violación alguna de la demandada que justifique la pretensión de la actora, más allá de las modalidades de la contratación.-- Con acierto argumentó el sentenciante de origen que la actora se encontraba informada del estado de su plan de ahorro, del vehículo adquirido, del cambio de unidad, del precio, de los gastos previos, plazos de entrega, etc. (fs. 492 vta. apartado cuarto) y que la recurrente pasó por altos, sosteniendo otra postura distinta que no significa de ninguna manera expresar agravios ni dar cumplimiento con la técnica recursiva, no demostró tal como era su carga el desacierto sentencial exigido (Art. 268 del C. P. C. C.), no habiendo tampoco demostrado la imposibilidad de la transferencia bancaria que ahora afirma y antes callara al trasladarse a la ciudad de Bariloche para concretar el pago.

Tocante a las apelaciones de las codemandadas quienes se agravian de la imposición de costas por su orden contenido en la sentencia que rechazara la pretensión de la actora, tampoco han de prosperar.

Es que si bien es cierto que nada tiene que ver para argumentar esa forma de imposición en virtud que existen diferencias de concepto entre los términos "beneficio de justicia gratuita" que emplea la ley 26.361 y "beneficio de litigar sin gastos" en tanto que este último abarca desde el comienzo de las actuaciones judiciales -pago de tasa y sellados- hasta su finalización (eximición de costas), el término justicia gratuita refiere únicamente al acceso a la justicia que no debe ser conculcado por imposiciones económicas. De allí que una vez franqueado dicho acceso, el litigante quede sometido a los avatares del proceso, incluidas las costas, las que no son de resorte estatal, sino que constituyen una retribución al trabajo profesional de los letrados de carácter alimentario.----- No lo es menos que la manda del Art. 69 del C. P. C. C., autoriza al sentenciante a disponer la eximición parcial como ha ocurrido en el particular pese al rechazo de la demanda intentada siempre que dé razón suficiente para ello y que en la especie se comparten a lo que se agrega en refuerzo para sostenerla que efectivamente hubieron tres notas de pedido de unidad, una sin día exacto, cambio de unidad, de precio, nuevas modalidades de la contratación, interpretación de las cláusulas generales, se omitieron presentar comunicaciones o al menos callaron al respecto ambas partes, es decir, ambas partes entiendo fueron responsables de este entuerto por haber intervenido en la contratación de lo ocurrido, si dejar de valorar la naturaleza de contrato de adhesión analizado a lo largo de este voto que amerita tal forma de imposición, que significa no la liberación absoluta, sino que cada litigante soportará las suyas propias y las comunes si las hay por mitades (Doctrina Art. 68 del C. P. C. C.).- Costas de alzada en idéntica forma, en virtud del resultado habido a las apelaciones deducidas por todas las partes de este proceso (Art. 72 del C. P. C. C), debiendo regularse los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta Alzada, conforme lo establece el Art. 13 Ley XIII N º 4 DJP.

A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:--- 1. Llegan los presentes autos a esta Alzada, en virtud de sendos recursos de apelación intentados: por la codemandada F. A. S.A. a fs. 496 y concedido a fs. 497; por la otra codemandada F. S.A. a fs. 500 y concedido a fs. 503 y por la propia actora a fs. 502, también concedido a fs. 503, todos ellos enderezados contra la sentencia definitiva de la instancia inferior que luce agregada a fs. 487/493 y vta., la que en lo sustancial decidió: I.- Rechazar la demanda de cobro de pesos interpuesta por la Sra. A. S. C.; II.- Imponer las costas del proceso por su orden; y III.- Regular los honorarios de los profesionales que asistieron a las partes.- Los agravios de la codemandada F. A. S.A. fueron expresados en la pieza procesal de fs. 501 y vta., y conforme al traslado ordenado a fs. 503, no merecieron la réplica de la contraria.---- Los deducidos por la otra codemandada, F. S.A. fueron expresados a fs. 504/505 y vta., y según traslado dispuesto a fs. 506, fueron replicados por la actora a fs. 518 y vta.--- Las quejas de la parte actora fueron expresadas en el memorial de fs. 509/516, y conforme al traslado ordenado a fs. 517, merecieron la réplica de la codemandada F. A. S.A., la que luce agregada a fs. 520/522vta. de estos autos.-- 2. Anticipando que, por una cuestión de orden y método, invertiré el orden en que han sido planteadas las quejas y que referenciaré las quejas de manera previa a su tratamiento en cada caso puntual, me dispongo a tratar las de la actora, que se agregan en el memorial de fs. 509/516.- 2.1. Así, en ocasión de deducir sus agravios la actora apelante, alza su queja en primer término por el rechazo de la demanda articulada; sostiene que la sentencia es incongruente y auto contradictoria, violentando las garantías constitucionales que pretende proteger. Afirma que el plazo de entrega de 180 días ponderado por el a quo es abusivo por cuanto el contrato aprobado por la Inspección de Personas Jurídicas fija un plazo de sólo 60 días y prorrogable hasta los 120 días; refiere que la prórroga tiene un solo momento contractual para pactarse y esto es al tiempo de integrarse la solicitud de pedido del vehículo; indica que las sucesivas prórrogas suscriptas por la actora resultan ser inválidas por desnaturalizarse con ellas las obligaciones principales de la administradora; que debe declararse la nulidad de las prórrogas suscriptas por su parte, para finalmente aseverar que el incumplimiento del contrato aparece palmario.

Adelantando que comparto el criterio expuesto por el vocal preopinante en orden al agravio en tratamiento, se impone a mi juicio advertir que, efectivamente, nos hallamos frente a una relación de consumo que debe ponderarse a la luz del régimen previsto por la ley específica Nro. 24.240.-- En tal contexto, y por imperio de lo dispuesto en el Art. 37 inc. b) de la mencionada ley, las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte: "se tendrán por no convenidas". Ello significa que a los fines de impugnar una cláusula del convenio que liga a las partes, deberá ponderarse si tal renuncia o restricción implica una ampliación de los derechos del proveedor/empresario o implica una conducta abusiva por parte de este último que violenta el deber genérico de comportarse de buena fe en la ejecución de aquel convenio.---- De los elementos de convicción arrimados a estos autos (v. Solicitud de Adhesión de fs. 38/44; documental de fs. 5/8; Cartas Documento O. de fs. 9 y 11 no respondidas por la actora; comprobantes B. G. de fs. 10 correspondientes a cumplimiento Art. 7 del contrato en fecha 20.08.2010 y depósito por cambio de modelo de fecha 02.10.2009, todo ello con más las prórrogas convenidas y suscriptas por la actora de fs. 110 y 113) puede colegirse que la actora hoy apelante acordó reformular el contrato original, mudando de modelo y concediendo sucesivas prórrogas, lo que intuyo lo ha sido con discernimiento, intención y voluntad, toda vez que no se invocó vicio alguno de la voluntad, pudiendo estimarse que lo ha hecho en el marco de su libre determinación, no arrimando la apelante elementos de convicción que permitan variar lo resuelto por el judicante apelado, por lo que el agravio no puede prosperar, y así lo voto.- 2.2. En su segunda queja, la actora se agravia de la interpretación que realizara el judicante acerca de los silencios de la actora y de las misivas habidas entre las partes. El agravio ha sido ya suficientemente referenciado por el vocal que me precedió en el voto, remitiéndome a tales referencias en homenaje a la brevedad procesal.-- Entiendo que su queja no puede acogerse en esta sede. En efecto, el dato cierto es que existió silencio de la actora a las misivas que se agregan a fs. 9 y 11, y a esta ausencia de manifestación de la requerida en aquellas misivas, debe necesariamente sumarse las sucesivas prórrogas, voluntariamente consensuadas con el proveedor y que, como dije, jamás fueron observadas ni denunciadas.

Y para rechazar la queja, debo señalar además que frente al indicado silencio de la actora ante aquellas misivas, el sentenciante debe interpretar tal silencio de una manera que aparezca congruente con el desarrollo de los diferentes acontecimientos que derivan en el conflicto que aquí se ventila, con criterios de razonabilidad que aquél ha expuesto suficientemente en los considerandos de su decisorio. Tampoco ha omitido el Sr. Juez apelado ponderar adecuadamente la situación de la actora en el desarrollo de aquellos acontecimientos que mencioné, y en su consecuencia, el agravio que trato, tal y como fue planteado en el pertinente memorial, ha consistido en una discrepancia con el razonamiento desarrollado por el sentenciante que no alcanza la entidad necesaria que habilite su viabilidad impugnaticia en esta instancia, y en función de ello, el agravio tampoco puede prosperar, y así lo voto.- 2.3. El último agravio de la actora apelante refiere la omisión de la codemandada F. A. S.A. de entregarle el contrato de adhesión que suscribiera oportunamente, circunstancia que -según la propia apelante - le impidió conocer sus obligaciones y derechos.

Se impone señalar que el contrato de adhesión del que se da cuenta a fs. 38/44 y que se corresponde con el ejemplar suscripto por la actora, en su párrafo final puntualmente dice: "En este acto recibo copia de la presente solicitud de ahorro, de las condiciones generales de contratación y de los anexos de la misma." (v. fs. 44) y que resultarían ser los que se agregan a fs. 16/19vta.

A lo largo de este proceso, la actora no ha logrado contradecir lo señalado, y vengo desde antiguo sosteniendo que quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, se expone al riesgo de no formar la convicción del juez y a la perspectiva de una sentencia desfavorable. Y tal regla surge de la tradicional adscripción de nuestra ley de rito al sistema dispositivo con más lo dispuesto puntualmente en el Art. 381 del CPCC. En la inteligencia descripta, las reglas procésales referidas a la carga de la prueba permiten, en caso de no haberse acreditado los debidos extremos invocados en ocasión de trabarse la litis, saber cual de las partes será la que deba sufrir las consecuencias de aquella ausencia probatoria (cfr. CN Civ., Sala F; sent. 26.04.79, Rep. LL XLI, J-Z, 2392, Sum. Nro. 11).- En función de lo expuesto, su tercer agravio tampoco puede prosperar, y así lo voto también.

3. Que corresponde ahora tratar las quejas de las codemandadas apelantes, las que en ocasión de expresar sus agravios, ambas se agravian en orden a la imposición de las costas por su orden. Refieren que la gratuidad de la justicia dispuesta para el consumidor que surge de la Ley Nro. 26361 y el beneficio de litigar sin gastos que dispone el rito provincial constituyen institutos diferenciados, insistiendo en que, ante la ausencia de trámite judicial de aquel beneficio, la actora queda sometida a las reglas generales sobre costas.

Que compartiendo nuevamente el criterio sustentado por el vocal preopinante, entiendo que la morigeración en las costas dispuesta por el judicante, al amparo de lo dispuesto en el 2do. párrafo del Art. 69 CPCC, se corresponde con la facultad de morigeración en las costas que tal norma confiere al magistrado, imponiéndole la carga de fundar su decisión, bajo apercibimiento de nulidad.----- El sentenciante ha fundado sobradamente su decisión -la que comparto - en el cons. TERCERO de fs. 493, pudiendo sumar a tal argumentación que la actora pudo creerse con derecho a reclamar frente a un comportamiento "desprolijo" por parte de las accionadas. En atención a ello, ambas quejas deberán ser desestimadas en esta Alzada, y así lo voto.--- 4. Tal y como propondré al Pleno se resuelvan las cuestiones traídas al conocimiento de estas alzada, entiendo que las costas deben imponerse en el orden causado (Art. 69 2do. Párr. y 72 CPCC). Así lo voto.--- A la SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. PETRIS dijo:---- Atento a lo expresado al votar a la cuestión anterior, propongo: 1) se confirme la sentencia venida en recurso; 2) Se impongan las costas por su orden (Art. 69 2do Párr., y 72 del CPCC) y 3)se regulen los emolumentos del Dr. R. T. G. L. en la suma de $ 1370, los del Dr. B. N. en la de $ 1.370, y l0s del Dr. O. S. G. en la de $ 960, sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).----- A la MISMA CUESTIÓN el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:

En función de lo expuesto en ocasión de votar a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I.- CONFIRMAR en todas su partes la sentencia apelada; II.- IMPONER las costas de esta Alzada en el orden causado (Art. 69 2do. Párr. y 72 CPCC); y III.- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. R. T. G. L. en la suma de $ 1.370, los del Dr. B. N. en la de $ 1.370 y los del Dr. O. S. G. en la de $960, sumas con más el IVA correspondiente, por la tarea efectuada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

--S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:--- 1) CONFIRMAR la sentencia n º 105/2011, del 20 de octubre de 2011 y que obra a fs. 487/493 vta.---- 2) IMPONER las costas de esta Alzada por su orden (Art. 69 2do. Párr. y 72 del CPCC).

3) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. R. T. G. L. en la suma de $ 1370, los del Dr. B. N. en la de $ 1.370, y l0s del Dr. O. S. G. en la de $ 960, sumas con más el IVA pertinente, por la labor desarrrollada en esta Instancia. (art. 13 Ley XIII Nº 4 DJP).--- 4) TENER presente la Reserva del Caso Federal formulado.

5) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.----- La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N ° 17 del Digesto Jurídico de la provincia) y no haber hecho uso el Dr. Günther Enrique Flass de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el Art. 274, último parte, de la Ley XIII N ° 5 DJP (antes Ley 2203).

CLAUDIO A. PETRIS JORGE L. FRÜCHTENICHT REGISTRADA BAJO EL N ° 19 CANO DEL LIBRO DE SENTENCIA DEFINITIVAS DEL AÑO 2012. CONSTE.