Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-01-06


Nro. de Sentencia: 001 COMODORO RIVADAVIA, seis de enero de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados:"S., J. L. s/Denuncia", Expediente Nro. 14481 año 2004, venidos del Juzgado de Instrucción Nro.1 (Expediente Nro. 569 año 1998).- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 1457/1463 vta., por el doctor J. M. F. C., por propio derecho, contra la resolución de fojas 1455/1456 que no hace lugar al pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción efectuado por el nombrado.- Que si bien dicho pedido fue presentado ante el Excmo. S.T.J. (fs. 1416/1417 vta.), éste resolvió que el mismo debía ser resuelto por el Tribunal de origen (fs.1427), lo que en definitiva ocurrió.- Que a fojas 1437/1447 el Ministerio Público Fiscal contesta la vista dispuesta por el Magistrado actuante, destacando en primer lugar que a pesar de la reforma del art. 67 introducida por Ley 25,990, lo expuesto por ese Ministerio a fojas 1219/1230 respecto a la prescripción de la acción penal por los delitos investigados y en la forma de participación atribuida, no ha variado en absoluto ni contrapone con lo allí dictaminado. Luego de un pormenorizado análisis de los hechos, concluye que las demandas civiles en lo que se ha pretendido hace valer la pretensión fraudulenta, han proseguido su curso con la activa presentación del imputado, debiendo resaltarse que dicha persistencia se ha evidenciado aún fuera de dichos expedientes en las sucesiva presentaciones en el presente sumario penal. Tenemos entonces, agrega, que el comienzo de ejecución del delito imputado se ha producido durante el año 1993 con la presentación de las demandas contra el Municipio local por diferencias tarifarías sustentadas en el documento público adulterado. Que esta situación continuó ejecutándose, merced a las sucesivas presentaciones en dichos expedientes y el inicio de nuevas demandas cuyas pretensiones se sustentaban en la misma documental apócrifa -que se produjeron hasta el año 1999-. Que la actividad desarrollada en dichas presentaciones demuestran inequívocamente que se ha insistido en la maniobra fraudulenta en cada actuación posterior a su presentación en dichos juicios, pudiendo computarse recién como fecha en que ha cesado de cometerse la tentativa la última actuación evidenciada en el Expte. 255/99 en trámite por ante el Juzgado Civil Nro. Dos Secretaria Nro.4.- Continua el Ministerio Fiscal, expresando que sin perjuicio de posteriores presentaciones que ese Ministerio pueda desconocer en este acto, es claro que dicha expresión de agravios exterioriza la persistencia hasta ese momento por lo menos de obtener un provecho patrimonial merced al engaño causado al juzgado mediante la utilización de una documental falsa. Sentado lo expuesto se advierte claramente que desde la fecha citada -a partir de la cual debe comenzar a computarse el término de la prescripción, cese de la actividad criminosa-, al presente, no ha trascurrido el término de seis años y que resulta aplicable para contabilizar la prescripción de la acción penal en la presente causa.- Que el señor Juez a-quo a fojas 1455/1456 en concordancia con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, no hace lugar al pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal por prescripción planteado por el Dr. J. M. F. C..- Que el letrado apelante manifiesta que la decisión recurrida sostiene erróneamente que la acción penal por el hecho endilgado al compareciente no se encuentra prescripta pues se trata de un hecho único atrapado por dos disposiciones penales con lo que configuraría concurso ideal e incurre en arbitrariedad al no considerar la argumentación en contra de ese criterio desarrollada por su parte con fundamento suficiente, respaldada en hechos de la causa que tampoco fueron contemplados por el a-quo, con lo que el decisorio deviene sostenido solo por su voluntad y no en consecuencia razonada de las actuaciones. Que oportunamente al solicitar el sobreseimiento, invocó la Ley 25.990 que modificara los párrafos cuarto y quinto del artículo 67 del Código Penal. Que el pronunciamiento que impetra está en línea con lo ya resuelto por este Tribunal respecto a los inculpados S. M. M. y J. J. E. y que allí se consideró que no había elementos que vincularan a los nombrados con el uso judicial del documento en entredicho por lo que no podía endilgárseles la imputación de un delito continuado y lo cierto es que la prescripción se declaró respecto de la falsificación de instrumento público y que esa decisión está firme. Tal circunstancia significa que, ante la inexistencia de una acción civil que procure una declaración de invalidez a su respecto, la autenticidad del Anexo Único del convenio aprobado por la Ordenanza 3884/92 no esta ya en entredicho y si ello es así, y si la autenticidad de ese documento no está ya en entredicho judicial la imputación por el fraude a la administración pública en la modalidad de estafa procesal, por su uso judicial, ha devenido en cuestión abstracta. En ese caso corresponde se dicte sobreseimiento definitivo de la causa y de ahí que así lo impetre. Sostiene también la defensa que la sentencia en recurso incurre en arbitrariedad al no considerar la argumentación en contra de su afirmación de que existe hecho único en concurso ideal, desarrollada por mi parte con fundamento suficiente, respaldada en hechos de la causa que tampoco fueron contemplados por el a-quo con lo que el decisorio deviene sostenido solo por su voluntad y no en consecuencia razonada de las actuaciones. Hace reserva de caso federal.- 1) Efectuada la reseña que antecede resulta que la cuestión sobre la que debe expedirse este Tribunal es la relativa a la prescripción de la acción por el hecho imputado al agraviado. En este sen-tido estamos en condiciones de adelantar que deberá prosperar la postura asumida por el Ministerio Público Fiscal y por ende corresponderá confirmar la resolución del Sr. Juez de Instrucción. Damos fundamentos.

La controversia planteada se centra principalmente en la calificación que se brinda a los hechos que se endilgan al apelante, es decir: Falsedad Ideológica de Documento Público en concurso ideal con Fraude a una Administración Pública en la modalidad de Estafa Procesal en la modalidad de delito continuado (arts.292, 54, 174 inc. 5 y 172 CP). En este contexto típico la Fiscalía y el Sr. Juez a quo seleccionaron la concurrencia formal de la falsedad ideológica de do-cumento público con el fraude a la administración, en-tendiendo que la falsificación integró el ardid estafa-torio y, de esta suerte, se trata de una sola maniobra criminal que violenta más de un tipo penal.

Hemos dicho que coincidimos con esta aseveración y citaremos entonces el marco teórico que avala la postura: "Debe tenerse en cuenta que en los casos de concurso ideal. la superposición no se advierte a nivel abstracto de los tipos, sino que sólo la conducta concreta da lugar a la interferencia o concurrencia de tipos. ¿Por qué razón la superposición (parcial) de la conducta en tipos objetivamente diferentes da lugar a la consecuencia de la imputación penal única y excluye la múltiple? Porque está prohibida la doble valoración del mismo hecho penal para fijar aditivamente la punibilidad y esa fracción del hecho total que ya ha sido desvalorada y prohibida como conducta por uno e los tipos no puede serlo nuevamente por el otro, ya que el aprovechamiento de una zona típica superpuesta que origine la acumulación de dos o mas penas (art.55), en su detrimento de su absorción por la mayor (art.54), violaría la regla de la garantía ne bis in idem, de nivel constitucional, que bajo su expresión más estricta impide la doble persecución (e imputación) penal por el mismo hecho y podría ser conculcada por una manipulación abusiva de las disposiciones del concurso." (Código Penal y Normas Complementarias, Análisis Doctrinario y Jurispru-dencial, Tomo I, Dir. Baigún - Zaffaroni, AA.VV., Editorial Hammurabi, año 2002; "Concurso de delitos", Carlos S. Caramutti, pag.326/327).

Así, se advierte que la selección del concurso ideal para la calificación de una misma conducta que transgrede más de una norma atiende a la imposibilidad de la doble desvaloración penal y, en el caso que nos ocupa, podemos agregar que se verifica lo que se ha dado en llamar el "concurso ideal por engan-che" y que se define en estos términos: "Hemos visto que, para que exista concurso ideal, basta la con-vergencia de los tipos (más de uno) sobre una fracción parcial de una conducta común. Como consecuencia de ello, se discute la posibilidad de los que se denomina "concurso ideal por enganche.al que Maurach llama "efecto abrazamiento".y Jakobs "efecto enlace".Este fenómeno tendría lugar cuando dos hechos (o conductas), en sí independientes, concurren idealmente con un tercero, con el que cada uno tiene una fracción parcial común respecto de un mismo hecho. Este fenómeno suele ocurrir en los casos de delitos permanentes o conti-nuados. Ejemplo de lo primero es lo que ocurriría con las lesiones, sin uso de armas, que se producen al consumar un secuestro.; de lo segundo es una estafa continuada en la cual uno de los actos parciales se identifica con uso de un documento falso, otro con un libramiento de cheques sin fondos.o con cualquier otro ardid que implique tipicidad distinta, concurrente en forma ideal con la estafa." (mismo Aut. y Ob. cit., pag.332). En este ejemplo, el "efecto enlace" se produce al haber sido utilizada la falsificación documental y el libramiento de cheque sin fondos como medios ardidosos posibilitando la estafa, esto nos ubica sin duda en la hipótesis que se ventila en estos obrados y autoriza a coincidir con la calificación seleccionada, desechando la propuesta del concurso real que efectúa el apelante. Abundamos pues con la siguiente Jurisprudencia: "El concurso entre el delito de estafa y el de falsificación es el "ideal" ya que las falsedades tenían por objeto concretar defini-tivamente el engaño en que se asentaban los procesos del fuero comercial, promovidos sobre instrumentos privados que recién adquirían carácter de públicos al ser agregados oficialmente en el expediente judicial" (CNCrim. y Corr., Sala V, 26/8/80, "Aguilar, Zubelzu", BCNCyC, 1980-IX-181) (Obra citada, pag.378 in fine, cita jurisprudencial nro.63).

2) Sin perjuicio de considerar, como se dijo, que no se trata aquí de un concurso real, efec-tuaremos una breve consideración ya que ese ha sido el argumento del apelante y corresponde responder al mis-mo. En este orden -y sosteniendo el concurso real-, el Dr. F. C. analizó la prescripción de las conductas que se le endilgan invocando la tesis dominante del paralelismo para la prescripción de los casos de concurrencia material.. En este sentido, entendemos que la conclusión arribada no es la correcta toda vez que, si bien los plazos prescriptivos en la concurrencia material corren paralelamente, separadamente para cada delito, lo hacen a partir de una fecha común que no es otra que la fecha del último acto criminal y, en este caso, esa fecha no es aquélla en la que se presentó el Convenio y Anexo ante la justicia, sino la fecha en que se efectuó el último acto procesal que exhibió la intención de mantener viva la intención fraudulenta que no es otra que el día 1 de noviembre de 2000, en el expediente 255/99 (ver fs. 1043/1049), tal como lo señala la señora Fiscal y el señor Juez y surge del expediente mencionado que se tiene a la vista.- En otras palabras, aún cuando con-sideráramos que se trata de un concurso real entre la falsificación y la estafa, la acción penal no se encon-traría prescripta ya que existieron sucesivas conductas que, en tanto calificadas como delictivas, han tenido la potencialidad de interrumpir el plazo prescriptivo de las anteriores (art.67 inc.1 CP) manteniendo vivo aún el término que habilita la persecución estatal. En esta dirección y al sólo fin ilustrativo resulta conve-niente decir que en materia de prescripción, concurso real y comisión de un nuevo delito se ha sostenido que: "...En el supuesto de existir procesos pendientes que pudieren culminar en condena por el delito que inte-rrumpe la prescripción, es conveniente no declararla, para evitar sentencias contradictorias, La prescrip-ción de la acción penal de cada uno de los delitos corre en forma independiente -tesis del "paralelismo"-. (Obra citada, "Extinción de acciones y penas", Carlos Julio Lascano (h), pag.664).

3) Ahora bien, si atendemos y adheri-mos a la calificación seleccionada por la Fiscalía y al Sr. Juez de la primera instancia, diremos que no han transcurrido los seis años de la pena mayor conforme art.172 y 54 con relación al art.62 CP y que ese lapso debe computarse a partir de la fecha en la que se veri-ficó la última actuación en sede civil. En coinciden-cia con este criterio se ha resuelto que "La unidad de delito y su consecuencia, la unidad de acción penal, impiden que tratándose de un concurso ideal, se pres-cinda de la escala penal y se admitan tantas pres-cripciones distintas como calificaciones concurren, reguladas cada una por las penas particulares corres-pondientes a estas calificaciones.A un hecho delictuoso único (aún cuando haya doble calificación respecto de ese mismo hecho) le sigue la unidad de pena -la pena mayor- y la prescripción referida a esta." (Cám. 2da. Crim. Mercedes, San Luis, 23/5/80, "C., A. E.", JA, 1981-IV-399) (Citado en Obra ya mencionada, pag.387, punto 117).

A este respecto, pareciera surgir del libelo del quejoso que la prescripción declarada por esta Sala respecto de los Dres. M. y E., le alcanza y beneficia sin más. Esta conclusión ha obviado que en el caso de los nombrados, se sostuvo con claridad que lo único que se daba por acreditado era que ".el Dr. E. certificó las copias fotostáticas del Convenio y el Anexo Único y que el Dr. M. las presentó para su homologación judicial en el mes de noviembre de 1992, los hechos posteriores -consistentes en acciones judiciales en contra del Municipio por diferencias tarifarias- no se advierten vinculadas con aquéllas conductas de 1992.ni se advierte participación alguna de los sospechados en el delito de esta procesal de tentativa permanente supuestamente verificado en las sucesivas demandas judiciales.".

Como se ve, en aquél pronunciamiento se recortó la actividad de los abogados a la imputación por Falsificación de Documento Público en la medida que no surgía actividad ulterior que pudiera reprochárseles; así, sostuvimos: ".¿puede afirmarse a partir del plexo probatorio reunido que los agraviados renovaron su supuesto designio criminal desde el primer acto que se les endilga -1992- y posteriormente en cada una de las actuaciones judiciales -promovidas por otros- y acaecidas entre los años 1993 y 1999?. La respuesta es no, y si así ha sido, el extremo no se ha probado ya que nada vincula a M. y E. con el quehacer forense de otros letrados, ora de las empresas transportistas, ora del municipio". El distingo es claro y, en el caso del hoy apelante, no puede utilizarse idéntico criterio ya que él sí intervino en las sucesivas demandas judiciales.

En cuanto al efecto erga omnes de la prescripción que pretende en su favor, no resulta un argumento válido ya que considera al instituto en cuestión como una causal extintiva de la acción, objetiva e independiente de la situación de cada imputado y esto no es correcto, a este respecto se ha dicho que: "La prescripción como causa de extinción de la acción penal no tiene carácter objetivo e impersonal, como la amnistía, que extiende sus beneficios a todos los sujetos activos que han intervenido en el proceso ejecutivo de los hechos comprendidos en la medida. Por el contrario, la prescripción es de carácter personal. Toda vez que elimina la punibilidad sólo en relación a los partícipes a quienes beneficia, dejándola subsistente para los demás." (Ob. Cit., "Extinciones de Acciones y de Penas", Carlos Julio Lascano (h), pag.656).

Concluyendo pues, y como se ha sostenido reiteradamente en este pronunciamiento, la conducta que se reprocha al apelante se vincula con una modalidad delictiva que trasciende la adulteración de un instrumento público y se prolonga en el tiempo a través de su utilización para el perfeccionamiento de otras maniobras hasta aquí consideradas criminosas. Así, la calificación correcta de los hechos por los cuales se mantiene su sometimiento a proceso es la que relaciona idealmente la Falsificación de Instrumento Público con el Fraude en contra de una Administración pública, en la modalidad de estafa procesal, en la modalidad de delito continuado hechos que no se encuentran prescriptos e imponen confirmar la decisión atacada.- Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia:

R E S U E L V E:

1º).- Confirmar la resolución de fojas 1455/1456 que no hace lugar al pedido de sobreseimiento por extinción de la acción penal efectuado por el doctor J. M. F. C.- 2°).- Tener presente la reserva del caso Federal efectuada a fojas 1463.- 3º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos Jueces de Cámara en virtud de encontrarse haciendo uso de la Feria Anual/2006 el Doctor José Rago y haber concordado en la solución del caso (Arts. 1,2,3 y 5 Ley 4550 -modif. Ley 1130).- MARTA SUSANA REYNOSO DE ROBERTS - Presidente VIRGINIA EMMA - Juez de Cámara Subrogante REGISTRADA BAJO EL NRO. 1 AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS