marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, derecho a la integridad física
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salas, Mercedes c/ Fernández, Carlos María s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El daño a la integridad del individuo debe ser resarcido, pues trátase de una lesión al uso debido del propio cuerpo, a la salud con prescindencia de que la víctima ejecute o no actividad lucrativa, de allí que la incapacidad no debe merituarse solamente en el aspecto laboral sino como disminución de la genérica aptitud del individuo, correspondiendo -en pro de una determinación prudente mediante arbitrio judicial- analizarse las reales lesiones sufridas y su proyección de vida (arts. 1068, 1069, 1083 C. Civil).
Consumidores, acción judicial, aplicación de la ley, recurso de inaplicabilidad de ley, competencia, fallo plenario, competencia comercial
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Asociación de Beneficencia Dotal San Jorge c/ Cardinali, Claudio Ezequiel s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

Procede revocar la resolución mediante la cual el juez de grado se declaró incompetente de oficio, fundado en el fallo plenario del 29.6.11 in re "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores". Ello por cuanto, en el caso, las partes no están vinculadas por una mera relación financiera o de crédito, sino por un contrato de servicio educativo, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto en último párrafo de la ley 24240: 36 - texto según ley 26361 que prevé la competencia imperativa de los jueces correspondientes al domicilio real del consumidor (v. en este mismo sentido, esta Sala "Organización de Escuelas Israelitas Scholem Aleijem c/ Messer Valeria Tamara y otro s/ ejecutivo", del 25.10.13).
Defensa del consumidor, sujetos obligados, personas jurídicas, participación del consumidor, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gestar Asistencia SRL c/ Energit Electrónica de Potencia SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-20

Procede revocar la sentencia que rechazó la demanda por considerar que la actora no podía ser considerada una consumidora en los términos de la LDC 1, por ser una persona jurídica que adquirió cierto equipo para integrarlo y mejorar los servicios que prestaba. Ello por cuanto, el criterio para detectar la realización de un acto de consumo impone atender al destino final del bien o servicio adquirido, lo cual sucederá cuando no haya reventa y, por ende, la adquiriente aparezca siendo su destinataria final, al no ponerlo nuevamente dentro del circuito de comercialización que le es propio, del que salió al ser adquirido (Grossi Jorge, "Derecho del consumidor: ámbito de aplicación, documento de venta y garantía legal a la luz de la reforma de la ley 26361, en "La reforma del régimen de defensa del consumidor por la ley 26261", obra coordinada por Ariel Ariza). Lo que importa es que el sujeto adquiera los bienes o servicios, no para renegociarlos, sino para quedarse con ellos (Farina Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, pág. 48, Ed. Astrea, año 2004), supuesto en el cual, cualquiera que sea el sujeto, debe considerarse consumidor.
Falta de personería, sociedad anónima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caffe, Luisa c/ Meroni s/ Fij. judicial de plaza
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-19

El impedimento procesal de falta de personería respecto a la representación invocada por el vicepresidente de la sociedad anónima demandante no puede prosperar, toda vez que si estatutariamente no existe determinación en que caso el vicepresidente asume la representación de la sociedad y que, aunque se especificara concretamente el caso o los casos, esas circunstancias de hecho permanecerán en general desconocidas para los terceros, en protección de la seguridad debe considerarse que el vicepresidente tiene las mismas facultades presidenciales y las puede ejercer indistintamente con aquél, sin necesidad de publicación ni de inscripción; siendo imputable a la sociedad los actos realizados por el vicepresidente en todos los casos, ya que debe considerarse como un verdadero representante legal de la misma. Ello así, porque el representante que, de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley, tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social art. 58 ley 19550) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTANDER RAMIREZ JOVINO c/ GONZALEZ JUAN s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1996-11-13

Cualquiera sea la opinión personal que pueda tener sobre el tema, la doctrina legal debe ser respetada inexorablemente, desde que esto hace a la jerarquía constitucional del Superior Tribunal de Justicia, y que debe respetarse en cualquier circunstancia por los tribunales inferiores. Los tribunales y jueces inferiores, como así también los funcionarios, deben acatar y respetar la doctrina de ese Tribunal, para aplicarla estrictamente, cualquiera sea la opinión personal de éstos, la que podrá dejarse a salvo. Pero lo que no pueden hacer, es alzarse contra esa doctrina, pues cualquier disidencia no puede expresarse por esa vía. De lo contrario, se estaría favoreciendo el caos, la inestabilidad y con ello, la falta de seguridad jurídica.
Declaración indagatoria, deberes del juez, situación del imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PECORARO, GRACIELA s/ CONFLICTO. Causa 709
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

El ordenamiento de rito establece que luego de recibida la declaración indagatoria al imputado, el juez debe resolver su situación procesal, ya sea dictando auto de procesamiento, falta de mérito o incluso sobreseimiento respecto del incusado.
Legislación tributaria provincial, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema, fallos del Superior Tribunal, código civil, plazo
Materia: CIVIL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Administración General de Rentas c/ Fincas de Catamarca S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-22

Como los jueces no pueden pronunciarse en abstracto sobre un problema tan delicado como es la invalidez constitucional de las leyes y siendo el motivo del recurso el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el demandado en una ejecución fiscal, corresponde establecer primero el régimen normativo de prescripción aplicable para finalmente poder determinar si los Impuestos de Sellos e Ingresos Brutos objeto de ejecución se encuentran o no prescriptos.

La cuestión anunciada tuvo ya pronunciamiento unánime de este Tribunal en la causa "Estado Provincial c/Olivares Mediterráneos S.A. -Ejecución Fiscal-". Se dejó en claro la adopción de la postura sentada por el más alto Tribunal de la Nación en el caso Filcrosa S.A., que el máximo Tribunal mantiene actualmente incólume.

Ahora bien, en el caso sub examen, siguiendo la posición admitida en la causa Olivares S.A., cabe concluir que, por la sujeción debida al Código Civil, la prescripción debe ser en la provincia y municipalidades de cinco años (art. 4027 inc. 3); ese plazo debe comenzar a ser computado desde la fecha de la obligación (art. 3956); las causales de interrupción son el reconocimiento del deudor (art. 3989) o la demanda judicial (art. 3986, primer párrafo), y la suspensión, por un año y por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica (art. 3986 segundo párrafo).
Ius variandi, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: SALARIATO, EDUARDO ALEJANDRO Y OTRO c/ TALLERES METALURGICOS  P.A.S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-29

La determinación del momento en que se vulneran los derechos del dependiente por el uso del poder de dirección que tiene el empleador, es una cuestión que debe ser resuelta conforme a las particularidades del caso y en relación a la premisa de no ocasionar al trabajador una lesión irrazonable a sus intereses morales y materiales.
Régimen de consolidación de deudas, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: ECONOMIA
Carátula: Mejail, Miguel Naief s/ sucesión c/ Estado Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-29

Las disposiciones de las leyes de consolidación revisten carácter de orden público y resultan aplicables a los pronunciamientos no cumplidos si se trata de deudas pasibles de ser consolidadas, debiendo los interesados ajustarse a sus disposiciones y mecanismos administrativos a fin de percibir sus acreencia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Proceso penal, imputado, libertad provisional, revocación de la libertad condicional
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: D., J. M. s/ Hurto calificado - Excarcelación (Resolución Nro.  283, Tomo 57, Folio  286)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-07

Resulta ajustada a derecho la denegación de la libertad provisional, conforme la clara disposición de la norma 350 párrafo 2 del C.P.P. si en autos consta fehacientemente la conculcación de las obligaciones inherentes al mantenimiento de la libertad provisional bajo promesa jurada que fuera concedida, toda vez que el art. 341 C.P.P. establece puntualmente el estado de disponibilidad que el imputado debe sostener respecto de los requerimientos del tribunal.

La circunstancia de ausentarse del lugar de residencia establecido en la causa y el incumplimiento de comparecencia ante la justicia, sin recabar autorización al efecto, implica un soslayamiento del espíritu de la norma adjetiva reveladora de inconducta ante los órganos tutelares de las garantías procesales, que fuerza a denegar la libertad provisional oportunamente concedida.
Competencia contencioso administrativa, recurso de reposición (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Montivero, Héctor Orlando c/ Estado Provincial s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-11-21

La parte actora interpone recurso de reposición en contra de la Sentencia Interlocutoria Nro. 175/06, dictada por esta Corte de Justicia, que resuelve declarar formalmente inadmisible la demanda contencioso administrativa deducida.

Sostiene el recurrente que el pronunciamiento que impugna desconoce los efectos interruptivos de la demanda, estima no producida la caducidad del derecho y que se mantiene incólume su facultad de intentar una nueva acción en iguales términos, no obstante reconocer la naturaleza perentoria del art. 7 del CCA-Ley Nro. 2403-.

Resulta imperativo entonces comprender que, la acción procesal administrativa no puede producir idénticos efectos que la acción civil como se pretende, por tratarse la civil de una contienda privada que produce efectos entre particulares, regidos por principios propios del ordenamiento civil que, por su naturaleza, resultan ajenos al proceso administrativo.

En consecuencia, no resulta aplicable el instituto de la prescripción como lo entiende la recurrente a los fines del cómputo del plazo para la interposición de la acción contencioso administrativa, por cuanto en este proceso dicho plazo es un término de caducidad, objetivo, ritual y perentorio.

En efecto, la Administración Pública al dictar el acto que es objeto de impugnación crea un estado de derecho, una situación jurídica definida, que por ejercicio en tiempo propio de las acciones procesales se somete a la jurisdicción revisora para la verificación de su legalidad.

En esa inteligencia, los actos de los poderes públicos, ante la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de que gozan, no pueden quedar sujetos a las contingencias propias del actuar de los particulares.

En conclusión, corresponde rechazar el recurso de reposición deducido con costas.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, derechos y garantías constitucionales, inapelabilidad en razón del monto
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA  FINANCIERA  ARGENTINA  SA c/ VAZQUEZ, JUAN s/ EJECUTIVOS/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Corresponde en las particulares circunstancias del caso, admitir la presentación directa a fin de examinar el recurso denegado, toda vez que la resolución cuya impugnación se trata es susceptible de causar gravamen irreparable al recurrente, encontrándose involucradas las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio que invoca en su queja, todo lo cual trasciende el límite cuantitativo establecido en el C.P.C.C.N art. 242. Disidencia del Dr. Monti.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, prescripción de la acción penal, principio de legalidad, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

La regulación de la prescripción es una cuestión que pertenece a los presupuestos de la penalidad, por lo que de acuerdo con lo que dispone el principio de legalidad no puede modificarse retroactivamente en perjuicio del reo (Disidencias de los Dres. Augusto César Belluscio y Carlos S. Fayt).
Novación subjetiva, expromisión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lanera María c/ Rubén Elespe y Ot. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S143 - 179)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-08-25

La novación es la transformación de una obligación en otra (art. 801 C.Civ.), extinguiéndose la originaria por la creación de otra destinada a reemplazarla y que difiere de la primera por algún elemento nuevo. Cuando el cambio se produce en la persona del deudor, no por una orden recibida por el deudor originario (delegación pasiva), sino espontáneamente o a instancias del acreedor, se da la figura denominada "expromisión" (art. 815 C. Civ.), en cuyo caso no es necesario el concurso de la voluntad del deudor primitivo. Si es necesario en cambio, para que la expromisión no sea imperfecta o acumulativa y produzca la liberación del deudor originario, que el acreedor desobligue expresamente a aquel, a través de una manifestación de voluntad, que si bien no puede ser tácita, no requiere de términos sacramentales o determinadas solemnidades, sino simplemente de signos inequívocos
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

Nada incorrecto se advierte en la asignación de la atribución exclusiva y privativa que le asigna el art. 64 de la Constitución Nacional a la Cámara de Diputados de la Nación, porque la interpretación sistemática permite advertir que, por imperio del principio de división de poderes, ha establecido esta facultad de un modo similar para el juicio político, en cuanto establece para este procedimiento una fase de acusación de la Cámara referida a los funcionarios mencionados en el art. 53 e impone al Senado la facultad para "juzgar en juicio público" a aquéllos (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Alimentos, cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: M. de T., L.R. c/ T., O.H. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

La mera invocación de la insuficiencia de los recursos del alimentante no puede tener virtualidad bastante como para relevarlo, sin más, de su obligación, ni tampoco para aliviarla, pues a él corresponde arbitrar los medios conducentes a la satisfacción de los deberes adquiridos con el matrimonio y el nacimiento de la prole.

Por lo tanto el esposo y padre se encuentra constreñido a trabajar de modo de procurarse los recursos necesarios, y es sobre dicha base que corresponde fijar la cuota alimentaria.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falta de mérito, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, ROBERTO s/ Contrabando, Incidente de apelación de falta de mérito de Alejandro  Formigo y Miguel Mión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-17

1 - La declaración de falta de mérito no implica un sobreseimiento y no impide que se prosiga con la investigación.- 2 - La sola sospecha que surge de conversaciones telefónicas interceptadas no alcanza para estimar reunidos los elementos que requiere el procesamiento.
Improcedencia del recurso, sobreseimiento, suspensión del proceso judicial, salud del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Milone, Juan Carlos c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-09

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra el sobreseimiento definitivo dictado en el caso en que -revisadas las opiniones médicas a tenor de la hipótesis contemplada en el art. 77 CPPN- la suspensión del proceso respecto del enjuiciado no era discutible, ya que frente al estado de deterioro cognitivo progresivo e irreversible que, según los múltiples profesionales intervinientes -incluyendo el Cuerpo Médico Forense-, presenta el imputado, sumado a que en la actualidad tiene 96 años, el sobreseimiento definitivo por los delitos por lo que fue elevada la causa a juicio, aparece razonable y concorde con el derecho del enjuiciado a que su situación no permanezca sin resolver y con lo prescripto por la ley 26.378, que incorporó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Dres. Catucci, Riggi, Mahiques.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA, SERGIO ORLANDO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-15

El resarcimiento por incapacidad procura reparar no sólo la merma de los ingresos laborales sino la reducción que sufre el accidentado en otras actividades igualmente importantes de su vida (práctica de deportes, baile, vinculaciones con el sexo opuesto, etc.). A lo que cabe agregar que la modesta condición socio-económica torna más importante la integridad física que para otras personas que pueden desempeñar con cierta facilidad empleos sedentarios. Asimismo, es obvio que las inversiones de la indemnización fijada por el a quo susceptible de producir una renta mensual superior al salario mínimo a que hace referencia la demandada implican un riesgo, que no puede obligarse a asumir a quien debe depender para su subsistencia de ese capital, y por otro lado, es notorio que la inflación impide hablar con la certeza que lo hace dicha parte de que el monto acordado permanecerá intangible.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, demanda, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Volkswagen Argentina S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Impugnación de Actos administrativos Buenos Aires s/ Impugnación de Actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-31

Toda vez que el plazo del artículo 7 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra regulado en un código de naturaleza procesal, destinado a regir contiendas de naturaleza judicial entre los administrados y las autoridades administrativas, resulta indudable que su cómputo debe realizarse en días hábiles judiciales.

Corrobora tal aseveración una interpretación armónica de la citada disposición con el resto de las normas previstas en el cuerpo legal citado en el que ésta se inserta. A tal efecto, resulta relevante lo dispuesto en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y Tributario que evidencia que los plazos previstos en el Código, incluyendo el del artículo 8, son de naturaleza judicial y de esa forma, consecuentemente, deben computarse.
Responsabilidad del banco, defensa del consumidor, información al consumidor, trato digno, hostigamiento o maltrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: Redelico, Guido Augusto  c/ Banco Supervielle S.A. y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-10

Corresponde condenar a un banco y a un estudio de cobranzas a indemnizar a un consumidor por incumplir el deber de información y no brindarle un trato digno al hostigarlo para cobrarle una deuda, habida cuenta que, si bien las accionadas entregaron el certificado de libre deuda al contestar demanda, no brindaron la información debida porque el consumidor nunca pudo saber cómo estaba compuesta la deuda y, en cuanto al hostigamiento, pudo comprobarse que el actor recibió alrededor de ciento cincuenta llamadas en un lapso de nueve meses, algo incompatible con el trato digno que merecen los usuarios y consumidores.
Sucesión testamentaria, inscripción de testamento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Latorre, Pablo Alberto y otra s/ Testamento e inscripción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15

Según la propia letra del texto de los arts. 179 y 180 de la ley 9020, la inscripción de testamentos que se concreta en el registro sólo tiene por efecto la toma de conocimiento de los mismos, con la limitación en el accionar registral de hacer constar el nombre y apellido del otorgante y demás datos personales que tienden a su mejor individualización, el lugar y la fecha de otorgamiento, número y folio de la escritura, el registro notarial, nombre del autorizante o depositario y lugar donde se encuentra el documento, pudiéndose expedir certificaciones sólo sobre esas circunstancias (art. 182 ley 9020).

Esas inscripciones no están otorgando eficacia necesaria o perfeccionamiento a esos actos testamentarios, sino que tan solo ese procedimiento establece una registración ordenada y pública respecto a los mismos con el objeto del conocimiento a "posteriori" de la muerte de su otorgante, como así de la valoración de posibles y distintas expresiones de voluntad de sus otorgantes a los fines de la apreciación de eventuales revocaciones.
Agencia de turismo, daño moral
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONTARINO, LORENA LILIANA Y OTROS C/ATRAPALO SRL S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-08

Por lo tanto, la agencia codemandada actuó sólo como representante de la empresa de transporte aéreo citada como tercero (conf. Calais - Auloy, Jean y Temple, Henri, "Droit de la consommation", Dalloz, Paris, 2010, p. 308, n° 246; Folchi, M., "Problemas jurídicos y económicos del agente de viajes en la relación con el transporte aéreo", en la obra compilada por Folchi, M. y Cosentino, E., "Cuestiones actuales de derecho aeronáutico", Buenos Aires, 1968, p. 56; CNFed. Civ. Com., Sala II, causa n° 6217, del 03/04/79; CNFed. Civ. Com., Sala III, in re "González de Catelli", del 13/11/89, Doct. Jud.,1990-II-537). Ahora bien, ninguna de tales diferentes connotaciones, ni el hecho de que el incumplimiento no sobreviniera en el curso de un viaje ya iniciado o que se está desarrollando, incide negativamente en la admisión del resarcimiento extrapatrimonial de que se trata.