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Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, Municipalidad, procedimiento tributario, recurso de reconsideración, efecto suspensivo, tributos, pago, crédito fiscal, juicio de apremio, inhabilidad de título, contribución de mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE SANTA FE c/ SOCIEDAD RURAL DE SANTA FE s/ APREMIO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-26

Habiéndose interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra la resolución de un Juez de Primera Instancia, que rechazó la excepción de inhabilidad de título interpuesta en un apremio, fundada en lo dispuesto por el artículo 54 del Código Tributario Municipal, que suspende la ejecución del pago del tributo en los supuestos de interposición del recurso de reconsideración; resulta aplicable el criterio por el cual se admite la vía extraordinaria cuando lo decidido, por proyectarse sobre la necesaria y oportuna recaudación de la renta fiscal, reviste interés institucional; en razón de debatirse en el caso aspectos vinculados a la ejecución por vía de apremio de obligaciones de esa índole.
Acción de amparo, costas al vencido
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Rabazza, Verónica Vanesa c/ OMINT s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-11-21

Corresponde confirmar el resolutorio que en el marco de una acción de amparo aplicó el principio general en materia de costas, toda vez que no se ha dado la hipótesis de la norma que habilita la exención en costas, conforme el art. 14 ley 16.986, ni tampoco se han sucedido circunstancias especiales que harían aplicable la dispensa dispuesta por la segunda parte del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación.
Insuficiencia del agravio, ley penal más benigna, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: GONZÁLEZ, Daniel Américo y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

Corresponde rechazar el agravio relacionado con la aplicación de la ley penal más benigna toda vez que para los delitos de consecuencias permanentes, la ley aplicable, esto es, la vigente al momento del hecho, es justamente la ley vigente hasta que las consecuencias desaparecen Entonces, aunque a priori el artículo 2 resultaría aplicable, por los motivos expuestos en el caso debe ser excepcionado, resultando entonces plenamente vigente los artículos 145 bis y ter del CP para los hechos del expediente por tratarse de un delito permanente que cesó de cometerse recién en noviembre de 2013 y por lo tanto la ley aplicable es la actualmente vigente.
Compraventa inmobiliaria, pacto comisorio expreso, restitución del inmueble, trámites judiciales, juicio de desalojo, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Montilla, José c/ Colaciuri, Alberto s/ Desalojo-Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-06-06

Resultan errados los sentenciantes al afirmar que lo que corresponde al actor es iniciar otro proceso en cual se ventile todo lo relacionado con el cumplimiento de la cláusula comisoria o la nulidad o rescisión del contrato. Dicho modo de resolver no tiene en cuenta que, precisamente, el inicio del juicio de desalojo busca lograr la restitución de lo entregado en virtud de un contrato que ha quedado resuelto de pleno derecho, resolución que no ha sido cuestionada por el demandado y que surge de las constancias de autos en forma palmaria y nítida. Por ello y a fin de no incurrir en negación de justicia, no resulta necesario obtener un pronunciamiento judicial que decrete la resolución del contrato que ya se ha operado en forma extrajudicial de pleno derecho por autoridad de la parte inocente, ya que ello implicaría que el actor deba iniciar un proceso en el cual se declarará que la resolución ya se produjo, pero de ninguna manera decretará una resolución ya consumada extrajudicialmente, lo que conllevaría que el actor que busca la restitución del objeto se vea obligado, luego de obtener la declaración judicial que tenga por resuelto el contrato, el correspondiente juicio de desalojo para recuperar el bien.

Conforme a lo previsto por el art. 2642 inc. 4 del C.C., debe ser reputado tenedor y eventualmente obligado a restituir el que continúa ocupando la cosa después de haber cesado el derecho de poseerla, ello es, extinguida la causa-fuente de la ocupación.

Como corolario de ello, resulta menester señalar que ni el actor carece de legitimación para intentar el desalojo ni el accionado está en condiciones de poseer luego de resuelto el contrato de compraventa.Por ello si están configurados los presupuestos de admisibilidad del juicio de desalojo,no es conveniente rechazarlo de plano, puesto que es la vía idónea para lograr la finalidad propuesta.

En consecuencia,el recurso de la actora debe prosperar por cuanto el fallo de grado ha aplicado e interpretado erróneamente la ley.

(Del voto del Dr. Cáceres: en disidencia)
Recurso de apelación (procesal), plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: R., F. E. c/ E., H. D. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-31

El plazo para apelar es perentorio (art. 155 CPC) y corre desde la notificación o desde que la parte revela en autos tener conocimiento del fallo del que se agravia (doct. art. 244 CPC).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Nulidad de sentencia, derechos de la víctima, interpretación de la ley, archivo del expediente, falta de prueba, establecimientos penitenciarios, responsabilidad del Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: NN c/  s/ averiguación de delito s/recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-06

La ley 27.372 sancionada el 21/06/2017 y promulgada el 11/07/2017, entre otros derechos y garantías que se confiere a las personas víctimas de delitos; dispone la modificación del art. 80 inciso h) del CPPN en cuanto refiere que las personas víctimas de delitos están habilitadas a solicitar la revisión de la desestimación o el archivo, aún si no hubiera intervenido en el procedimiento como querellante. De este modo, durante todo el proceso penal, el Estado garantizará a la víctima del delito los derechos reconocidos en la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. A tal fin, las disposiciones procesales del Código Procesal Penal deben ser interpretadas y ejecutadas del modo que mejor garantice los derechos reconocidos a la víctima. La decisión de disponer el archivo de las actuaciones por falta de pruebas resultó arbitraria y prematura. En casos como el de autos, -en que el interno denuncia que personal de la Unidad lo mantenía en celda a aislamiento sin motivo y que personal de requisa lo tenía amenazado, que le impedían comunicarse con su familia y le habrían dicho que lo "iban a ahorcar", identificando al encargado de las celdas de aislamiento y al encargado de Requisa- el Estado tiene el deber de investigar en todas las direcciones cuando se advierte como posible este tipo de violaciones a los Derechos Humanos, y ello implica que una decisión desincriminante esté mediada por cierto nivel de certeza con relación a la inexistencia de los hechos. Debe recordarse que en este legajo se investiga el accionar de funcionarios públicos que integran el Servicio Penitenciario Federal, institución encargada, por excelencia, del cuidado y vigilancia de las personas detenidas y que se encuentran en tal sentido a su cargo, por los hechos denunciados. En este escenario, entonces, la solución que corresponde adoptar como consecuencia de la interpretación armónica de la normativa vigente desde la Constitución Nacional, a la luz de la normativa internacional de rango constitucional que se encontraba vigente al momento del hecho, es la que se corresponde con el adecuado compromiso asumido por nuestra Nación Argentina en aras de evitar la tortura o penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes para los detenidos En definitiva, teniendo en cuenta que se dispuso una única medida de prueba (informe remitido por la Unidad Penitenciaria donde habrían ocurrido los hechos), ello de ningún modo puede considerarse suficiente, dadas las características del caso. por lo que corresponde, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia, anular la resolución recurrida. Dres. Hornos, Borinsky y Carbajo.
Recurso extraordinario, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-04

La necesidad de que la actora concurra primeramente ante los estrados de la justicia provincial responde a elementales principios del sistema federal que reservan para conocimiento de la justicia local la revisión de los actos de los gobiernos provinciales en aplicación del derecho público respectivo, y a la válida presunción de que como resultado del examen referido la demandante podría encontrar satisfacción a su pretensión en la jurisdicción provincial, sin necesidad de instar el recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: Tomás Guarino e Hijos S.A. Com. CIFI. y A. c/ Fuerza Aérea Argentina - Sec. de Hacienda de la Nación s/ amparo por mora.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

La Corte sólo puede ejercer sus atribuciones jurisdiccionales, cuando se somete a su decisión un caso concreto y no cuando este haya devenido abstracto
Marcas, cese de uso de marca, caución real, Ley de Marcas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROEMMERS SAICF c/ DUPOMAR SACIF ESPECIALIDADES MEDICINALES s/ CESE DE USO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-07

No deberían ser considerados en la fijación de la "caución suficiente" aquellos eventuales perjuicios o costos que no tienen relación directa y causal con el cumplimiento de la orden de suspensión de la explotación y embargo de los objetos en infracción, sino que son consecuencia de decisiones adoptadas en forma discrecional y unilateral por la afectada frente a la existencia de tal orden. Asimismo, en la fijación de tal "caución suficiente" no debe ser perdido de vista el derecho aparente de las partes (sin que ello llegue al extremo de un análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan o de las circunstancias "adjetivas" que enmarcan al pleito, impropio en el estado inicial en que se encuentra), como tampoco que lo establecido en el segundo párrafo del art. 35 de la Ley de Marcas, comporta una secuela del denominado incidente de explotación que tiene origen en la propia conducta del demandado, quien habiendo con anterioridad anticipado su voluntad de no interrumpir el uso de la marca y haber provocado con ello la fijación de una caución real para poder continuar con la explotación, finalmente no presta tal caución real, dando lugar a las medidas consiguientes.
Declaración indagatoria, hechos nuevos, defensa en juicio, ampliación de la declaración indagatoria, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "CANTARERO, EMILIO y otros s/ apelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-21

No se halla reglada exigencia legal alguna respecto a ampliar sucesivamente la declaración indagatoria a medida que se materializa la incorporación de nuevas probanzas o en el sentido de no producir prueba entre el descargo y el auto interlocutorio, máxime cuando la instrucción no ha sido secreta (cfr. art. 204 C.P.P.).

Sobre el punto, esta Cámara tiene dicho que: "Aún cuando se hayan colectado nuevos elementos probatorios de cargo en el transcurso que va desde la indagatoria hasta el procesamiento, de ningún modo se puede sostener la nulidad de este decisorio. Es que, desde el momento en que el imputado se integró a la causa como parte", éste coincide con el que "tomó conocimiento de los cargos formulados y las pruebas existentes en presencia de su defensor, contaba con la posibilidad, por sí o a través del letrado de confianza, de ejercer aquellos derechos que le asisten. Entre ellos:

examinar el sumario, proponer diligencias, efectuar declaraciones espontáneas y/o efectuar las presentaciones que considere convenientes para esclarecer los hechos" (Sala II, c. 20.986 "NAKA, Salomón y otros s/procesamiento", reg. 22.505 del 31/05/04).

Por otra parte, las ampliaciones a las que hace referencia la última parte del artículo 303 de la ley ritual, se relacionan con una facultad del juez -siempre que lo considere necesario-, la que no obsta a la comparecencia voluntaria del imputado -cuantas veces quiera-, alternativa relevante en tanto y en cuanto el auto atacado - procesamiento- es revocable aún de oficio. Por ello, no es nulo el auto de procesamiento que valoró pruebas que no formaron parte del interrogatorio por haber sido incorporadas con posterioridad. Mas aún cuando hubo ampliaciones de indagatorias que no fueron a pedido de las partes sino una iniciativa del propio instructor, en lo que se traduce como un reflejo de su preocupación en garantizar el ejercicio del derecho de defensa. El mismo precedente citado, "NAKA...", es hábil para conducir a la misma solución en lo que respecta al tenor de la prueba aún no cumplimentada cuando se produjo la convocatoria. Se dijo que: "Además, ello ocurre ( se refiere a la posibilidad de la defensa de ejercer los derechos que le asisten) desde que no surge que se hayan llevado a cabo pruebas que pudieran ser consideradas definitivas o irreproducibles, en las que los defensores cuentan con el derecho a su asistencia y cuya omisión de notificar acarrea la nulidad del acto".
Sentencia, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PARTIDO LIBERAL Y AUTONOMISTA s/ CONFLICTO DE PODERES Y ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD.DECRETO N  1935/96" EXPTE.N 13.214/96
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1997-09-01

El vicio de incongruencia por "omisión en el tratamiento de cuestión esencial" consiste en la omisión en la que un órgano jurisdiccional incurre por descuido o inadvertencia, y no la que deriva del hecho de que tal cuestión no puede o no debe ser considerada.-
Competencia, competencia por conexidad, juicio de desalojo
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GONTOVNIKAS,  Marcelo  Javier c/ LIGUORI,  José  Constantino s/ DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-02

Corresponde que un proceso por desalojo por vencimiento de contrato y otro promovido respecto de un contrato de locación de fecha posterior pero que concluyó por caducidad de instancia, tramiten en el juzgado que previno, toda vez que los juicios giran en torno a una misma relación locativa sobre el mismo bien, (art. 49 del Reglamento para la Justicia Nacional en lo Civil). (Sumario N°20239 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de casación penal, testimonio, sentencia, fundamentación de sentencias, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ALANIZ, PABLO Y OTRO s/ NULIDAD - IMPUTADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1957-12-26

Con arreglo al art. 493, inc. 2do., del C.P.P., resulta inoportuna la impugnación de las declaraciones de dos empleados de policía, fundada en que introducen confesiones policiales de los imputados, si esas declaraciones fueron aceptadas en el debate por el recurrente.

La ley procesal no excluye que los tribunales de juicio hagan mérito de las manifestaciones de los coimputados o de los imputados en hechos distintos, sin perjuicio de que -mediante una valoración que les está reservada- aprecien o no su fuerza de convicción Corresponde rechazar el recurso de casación fundado en la nulidad insubsanable de las indagatorias de la instrucción , si los imputados fueron interrogados en la oportunidad del art. 406 C.P.P., y si en la sentencia no consta que se introdujeran al debate las declaraciones que aquellos prestaron en la instrucción, pues en tal caso la condena no se funda en las declaraciones impugnadas ni existe interés en la declaración de aquella nulidad.

La posibilidad de una distinta actitud de los condenados -cuyo temperamento pudo ser diferente en el interrogatorio judicial si no hubieran existido las indagatorias nulas de la instrucción - no puede apreciarse como un interés que autorice la declaración de nulidad de esas indagatorias y de los actos ulteriores.-
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, omisión de considerar cuestión propuesta, depreciación monetaria, mora, precio, justicia conmutativa
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GIORGI, LUIS A c/ CONSTANTINI, JOSE s/ ESCRITURACION.   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 60-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-16

Siendo uno de los principios fundamentales del derecho patrimonial reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el de la equivalencia de las prestaciones, que no es otra cosa que la materialización de la justicia conmutativa, debe declararse procedente el recurso interpuesto si la sentencia omitió tratar el reajuste del saldo del precio, tema específicamente propuesto y sustanciado, y que pudo variar el sentido de lo decidido por el tribunal a quo.

En el caso, la Sala A quo omitió considerar el planteo del demandado consistente en que "con prescindencia de si incurrieron o no en mora, los compradores no pueden pretender la cancelación del saldo de precio con la consignación judicial del mismo, entregando indéntica cantidad de dinero a la que se habían obligado al contratar, puesto que al no respetarse el equilibrio de las prestaciones se comete un despojo, vulnerándose el principio de justicia conmutativa de raigambre constitucional".
Capacidad procesal, querellante particular, actor civil, falta de acción, disolución de sociedades, fusión de sociedades
Materia: PENAL
Carátula: ATHUEL ELECTRONICA S.A. s/ FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

Habida cuenta que la sociedad fue disuelta en atención al convenio de fusión suscripto, y que conlleva el fin de la persona jurídica, impedido queda a la sociedad incorporante querellar en nombre de la sociedad disuelta, toda vez que no reviste el carácter de titular del bien jurídico protegido afectado, pues la empresa fue adquirida con posterioridad a la comisión de los hechos objeto de la presente pesquisa y por ende no resultó directamente afectada por el supuesto delito (art. 82, C.P.P.N.). El carácter de particular ofendido no es transmisible y no deviene de una calidad patrimonial, sino de circunstancias taxativamente enunciadas en el ordenamiento de forma, distinguiéndose por ello, la lesión causada por el delito, del daño ocasionado por éste, el que sólo habilita a la reparación mediante la acción civil resarcitoria.
Honorarios, mediación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aizenberg, Ezequiel Alexis  c/ Banco Bbva Argentina SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

La tarea profesional desplegada por la mediadora debe ser remunerada aplicando las pautas contenidas en el decreto 2536/15 -reglamentario de la ley 26589-, normativa vigente al momento de realizarse las audiencias conciliatorias de las cuales dan cuenta las actas obrantes en autos (CNCom, Sala D, in re "Alonso, Vanesa Alejandra y otro c/ Francisco Osvaldo Díaz SA s/ ordinario", del 03/05/18).

La ley de mediación no contiene la obligatoriedad de expresar en el pronunciamiento regulatorio la cantidad de UHOM equivalente a la suma de pesos en que fueron expresados los honorarios; lo que significa que esa unidad de medida debe ser considerada a los efectos de la cuantificación de la retribución profesional, pero que la retribución será fijada únicamente en moneda de curso legal.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: E., O. A. s/ Homicidio y lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-08

La exigencia contenida en el art. 171 de la Constitución de la Provincia no se refiere a la sola parte dispositiva de la sentencia.
Ejecución de sentencia, incumplimiento del convenio, medidas cautelares, bienes embargables, procedencia del recurso
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ascenzi Tomas José Arnaldo c/ A.N.Se.S. s/ Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-12

Corresponde confirmar la resolución que decreta la embargabilidad de las cuentas que la demandada posea en el Banco de la Nación Argentina, si surge de las constancias de autos que el organismo previsional no ha dado cumplimiento a la sentencia que aquí se ejecuta. En atención al tiempo transcurrido desde el pronunciamiento que condenó a la demandada al pago de la obligación, la falta de voluntad de extinguirla que se infiere de autos, la edad del actor, la derogación del art. 23 de la ley 24.463 dispuesta por ley 26.153 y teniendo presente el carácter alimentario de la acreencia, resulta el embargo un trámite insoslayable del pronunciamiento de ejecución de sentencia (art. 502 y 561, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos 318:2660, considerando 8° y su cita; 321:3508 y 323:2954).
Convenios colectivos de trabajo, trabajadores marítimos, empresa, acuerdo de partes, aumento salarial, conciliación laboral, derechos individuales, sindicatos, representación colectiva, consentimiento
Materia: LABORAL
Carátula: TORRES, CARLOS c/ CIA. ARGENTINA DE TRANSPORTES MARITIMOS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Si el Sindicato Obreros Marítimos Unidos suscribió oportunamente con la empleadora un acuerdo de incrementos retributivos que ésta no cumplió, originando a posteriori la firma de otro convenio, existen dos actos jurídicos de naturaleza disímil. En efecto, el primer convenio es un acuerdo colectivo que da base a un derecho individual independiente, de ser remunerado con ciertos incrementos, mientras que el segundo es una conciliación en el conflicto de derechos plurindividuales que se produce al no abonarse lo dispuesto por una norma preexistente. En consecuencia, en este último caso, la entidad sindical carece de la representación colectiva abstracta a la que alude el art. 31 de la ley 23551, y es necesario acreditar el consentimiento expreso del trabajador individual en los términos del art. 22 del dec. 467/88.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo, despido
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Macchi, Marcelo Gustavo c/ Institutos Médicos  S.A.  y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-26

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que hizo lugar al reclamo de indemnización derivado de un despido injustificado, si el tribunal prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa.
Temeridad o malicia, maniobras dilatorias, sanciones procesales, multa procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: FONTAN, Vidal c/ GONZALEZ, Raúl Florencio s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

El recurso de apelación y el acto de sostenerlo, son resortes que la ley pone a disposición de los litigantes para la defensa de sus derechos. Pero, frente a la total carencia de argumentos mínimamente valederos, surge un medio desleal para dilatar el cumplimiento de la sentencia, lo que da lugar a imponer a los firmantes del recurso una multa, en los términos del art. 45 del Código Procesal.-