Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03


MENDOZA, Genaro contra FABRICA DE MOSAICOS CRAVERO S.R.L.

Reg.: A y S t 208 p 371-374. Santa Fe, 3 de agosto del año 2005. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra la sentencia nro. 112 del 28.11.2002 dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario, en autos "MENDOZA, Genaro contra FABRICA DE MOSAICOS CRAVERO S.R.L. -Cobro de Australes- (Expte. 177/98)" (Expte. C.S.J. nro. 490, año 2004); y, CONSIDERANDO:

Contra el fallo cuestionado, el que resolvió "...desechar el recurso de nulidad, receptar parcialmente la apelación incoada, modificando solamente el resolutorio venido en revisión en cuanto a la condena en costas a la demandada por la participación en el proceso de Dallaverde, las que serán soportadas por su orden, quedando firme en lo demás...", deduce el compareciente recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3 de la ley 7055, por juzgarlo lesivo de las garantías constitucionales de debido proceso legal y defensa en juicio y del derecho de propiedad y derecho a aportar pruebas al proceso.

En sustento de su impugnación, aduce que los juzgadores han resuelto arbitraria e inconstitucionalmente, en abierta violación al derecho de defensa, en cuanto han dispuesto un procedimiento especial -no previsto legalmente- para el proceso de extensión de condenas de sentencias laborales dictadas contra la sociedad a los socios, administradores y continuadores de la explotación comercial.

Bajo la causal de arbitrariedad normativa, expresa que ni el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe ni el Código Procesal Laboral exigen como requisito de la demanda que el actor consigne obligatoriamente el procedimiento a seguir (artículos 130 y 128, respectivamente).

Cuestiona así, en definitiva, el trámite impreso al proceso: incidental (sumarísimo), invocando el desconocimiento en que ha incurrido la Alzada respecto del orden de prelación consignado en el ordenamiento jurídico (juicio ordinario, en su caso, sumario y en última instancia sumarísimo).

Califica de 'contra legem' e injusta la decisión impugnada, en tanto revoca el decreto que dispuso la apertura a prueba de la causa. Le imputa a la sentencia carecer de suficiente motivación al seguir la línea de razonamiento trazada por el juez inferior.

Entiende que el decreto que ordena un simple traslado no implica 'per se' que la cuestión introducida deba ser calificada como incidente, aduciendo que en el caso de autos, la falta de apertura a prueba le irroga un gravamen, un grave perjuicio.

Expresa que la Cámara soslayó tratar su planteo atinente "a suplir la actividad probatoria", como así los cuestionamientos relacionados con ciertas pruebas testimoniales rendidas por Falcón, Aguirre, Bernaba; la directa intervención de las demandadas; la invocada primacía de la realidad (por sobre las construcciones jurídicas legales) y la seguridad jurídica.

Tal decisión, dice, afecta seriamente los derechos de defensa en juicio y debido proceso legal. Considera que el fallo incurre en un excesivo rigor formal y arriba a una solución manifiestamente injusta e inequitativa, en razón que privilegia "seudo requisitos formales", los que no encuentran consagración legislativa alguna, vulnerando severamente el valor justicia al dejar a su parte en un total estado de indefensión probatoria al revocar el decreto que disponía la apertura de la causa a prueba. Bajo la tacha de arbitrariedad fáctica, sostiene que la Alzada ha omitido prueba decisiva y ponderado, apriorística y parcialmente, prueba existente. Al respecto, señala que los sentenciantes han soslayado considerar los fundamentos sobre la viabilidad de la extensión de condena a las socias administradoras de la firma Cravero y Cía S.R.L., señoras Nivia y Cristina Cravero de Bernaba, siendo que su parte ha descripto la prueba instrumental colectada en el proceso (el que lleva más de diez años de duración), con la participación de las mismas durante el trámite.

Agrega que señaló: la falta de regularidad en la administración social, la que surgía del contrato social agregado por la propia parte demandada; la falta de denuncia de bienes en el sucesorio de don Atilio Cravero (padre) acerca de la existencia de la sociedad Cravero y Cía S.R.L.; la mutación operada por la condenada Cravero y Cía. S.R.L., sociedad en principio regular, a la situación de irregularidad, por ciertos sucesos, como el deceso del titular mayoritario (70%); la falta de incorporación de herederos a la misma, en el caso, de Atilio Cravero (hijo del causante), entre otras situaciones.

Insiste en que se ha cercenado su derecho a producir pruebas, afirmando que en el proceso se ha ponderado parcializadamente el plexo probatorio. La Sala a quo, mediante auto nro. 89 del 12.10.2004 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa del recurrente ante esta sede.

2. Aún cuando se estimaran cumplidos los recaudos formales juzgados insatisfechos por la Cámara, el presente recurso de hecho igualmente no ha de prosperar pues del desarrollo de los agravios en su confrontación con los fundamentos de la sentencia impugnada, surge que no obstante la arbitrariedad (normativa y fáctica) invocada, en los planteos del quejoso prima el mero disenso con lo resuelto por los juzgadores de grado en ejercicio de funciones propias, ámbito éste que resulta extraño al recurso extraordinario deducido.

Ello así, por cuanto bajo los diversos reproches endilgados al pronunciamiento (exigencias de requerimientos no fijados por ley; fundamentación insuficiente del fallo; excesivo rigor formal; solución manifiestamente injusta e inequitativa; omisión de prueba decisiva; ponderación apriorística y parcializada del plexo probatorio), el recurrente cuestiona concretamente el trámite procedimental que la Alzada imprimió a la demanda de extensión de condena que promoviera el actor, el que afirma, le prohijó un grave estado de indefensión probatoria, en razón que los sentenciantes han revocado el decreto que dispusiera la apertura de la causa a prueba, como así, la ausencia de pronunciamiento sobre la viabilidad de extensión de la condena a las socias administradoras de la firma Cravero y Cía. S.R.L.

En efecto, la Sala infirió que del escrito de fs. 147/149 la extensión de la condena solicitada fue realizada en forma incidental, entendiendo en consecuencia que el trámite que correspondía imprimirle al mismo era el juicio sumarísimo (artículo 387 inciso "c" y ss. del C.P.C. y C.), atento que no tiene establecido una tramitación propia.

Y en tal tesitura, la Alzada consideró que el actor debió ofrecer toda la prueba en la acción incidental (artículo 413, código citado) -lo que en modo alguno ocurrió-, deviniendo inhábil el decreto de f. 196, razón por la que se acogió la revocatoria deducida. Señaló además que resulta irrelevante e improcedente la afirmación de que nunca se tomó la audiencia de vista de causa, pues nunca se llegó a dicho estadio procesal, habida cuenta la reposición efectuada contra el mencionado decreto, el que implicó una paralización del trámite incidental.

Asimismo observó que la decisión del a quo contó con sobrados fundamentos, en tanto expresó que el trámite a imprimirse al simple y llano traslado de la cuestión introducida por la parte actora era el previsto por el artículo 387 inciso "c" del C.P.C. y C., como incidente.

Y en otro orden de ideas, advirtió la Cámara que no incide en la extensión de condena promovida la circunstancia de estar en presencia de una sociedad familiar, por cuanto entendió que lo relevante no es la calidad de las personas que la componen sino el tipo societario, "sociedad de responsabilidad limitada", la que precisamente está sujeta a las disposiciones legales pertinentes y dentro de éstas, aquella característica no tiene un rol significativo, aclarando que la cláusula octava del contrato social de Cravero y Cía. S.R.L. no tiene ninguna aplicación en autos, en razón que la misma refiere a la incorporación de los herederos de los socios.

En autos, señala, el señor Atilio Cravero (hijo del socio Atilio Cravero) no era socio de la empresa, según se desprende de los términos del contrato social.

Frente a ello, el compareciente se empeña en hacer prevalecer su propio enfoque del caso, no sólo en cuanto al trámite que la Alzada debió imprimirle a la demanda de extensión de condena sino también que insiste en que la misma debió brindar sólidos fundamentos sobre la viabilidad de extensión a las socias administradoras de la sociedad condenada, mas sin lograr acreditar con sus genéricas alegaciones que se hubieran frustrado los derechos constitucionales que invoca, ni que se perfilen con suficiente claridad los agravios constitucionales que la decisión sobre este tema le causa, no advirtiéndose, en definitiva, que se lesionara el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal ni que se incurriera en un estado de indefensión probatoria, pues los sentenciantes han resuelto en forma coherente, lógica y razonable al sostener que si la demanda se promovió incidentalmente, la misma debía tramitarse vía sumarísima, por lo que todas las pruebas debían acompañarse con la pertinente deducción de la acción incidental; ni se ha incurrido en omisión de pronunciamiento sobre ciertas cuestiones fácticas.

En fin, el quejoso no demuestra una restricción sustancial a sus derechos, de tal suerte que se afecte irremediablemente el derecho de defensa en juicio sobre la base de un injustificado ritualismo. 'Obiter dictum', cabe señalar que la cuestión que en esencia se encuentra en discusión, es de índole procesal, pues se circunscribe fundamentalmente al alcance que corresponde asignar a disposiciones de ese carácter, lo que constituye materia ajena al recurso de inconstitucionalidad.

Y si bien debe hacerse excepción a esa regla cuando de la inteligencia de normas constitucionales pueda derivarse frustración a la garantía de defensa en juicio, lo cierto es que el quejoso no logra demostrar que ello haya ocurrido en el caso (cfr. "Mendoza" del 7.5.86; "Betón Construcciones" del 29.4.87; "Ramos" del 29.7.92; "Epis" del 11.11.92; entre muchos). Las razones expuestas, determinan sin más, la inadmisibilidad del recurso. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria).