marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, incidente de verificación, procesos de conocimiento, carga de la prueba, verificación de créditos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BUNNY SA c/ COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE VILLA RUIZ LTDA. s/ CONCURSO PREV. INC. DE VERIF.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-14

Toda vez que los incidentes de verificación y los de revisión son procesos de conocimiento, con amplitud de debate y prueba, en los que se debe demostrar -o, según el caso, desvirtuar- la causa del crédito que se insinúa, el incidentista tiene la carga de probar el crédito que esgrime o cuya revisión pretende (ley 24522 art. 32), no pudiendo pretender que el simple reconocimiento del crédito por parte de la concursada lo relevaría de tal menester, máxime si la verificación fue rechazada; pues siendo esta una carga que tienen todos los acreedores aceptar tal postura implicaría afectar el principio de la par conditio creditorum.
Derechos del empleador, ius variandi, buena fe
Materia: LABORAL
Carátula: Reipillan Reipillan, María Emilia c/ Prosalud Austral y-u Otros s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnización de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-11-05

El principio del "ius variandi" debe considerarse y analizarse de vista al principio de buena fe que consagra el art. 63 de la LCT. En este entendimiento se ha sostenido que: "Ni la ley ni sus intérpretes pueden amparar la conducta abusiva de quien obra para quebrar el vínculo con proyecciones indemnizatorias en virtud de una injuria cuya gravedad no hacía imposible mantener el vínculo, aunque más no sea provisoriamente".
Concursos, reglas procesales, resoluciones inapelables, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: PEDRO HNOS. SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE VERIF. POR SERAFINO DOMINGO (R. DE Q.)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-13

La limitación recursiva establecida por el cpr 242 'in fine', es de estricta aplicación a los incidentes en procesos concursales, de conformidad con la remisión prevista por la LC 301.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, convocatoria a elecciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

El art. 2° del decreto 383/97 que convoca, sobre la base del art. 2° de la ley 24.620, al electorado de la Ciudad de Buenos Aires para que elija diputados de la ciudad, lesiona su autonomía, establecida por los constituyentes (Disidencia del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Daños y perjuicios, nulidad de sentencia, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, camión, rutas, vehículo detenido
Materia: CIVIL
Carátula: Ottoni,  Antonio  y  Sachetti  de  Ottoni,  Margarita  Cecilia c/ Alvarez, Ricardo Marcial y otros. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-04

Correponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, pues al atribuir responsabilidad al actor no ponderó debidamente el riesgo que importaba la detención de un camión sobre el carril semirrápido de una ruta y las dificultades que tenían los demás automovilistas para advertir la presencia de ese peligroso obstáculo, a poco que se advierta que el hecho ocurrió en horas de la noche, que la visibilidad era escasa y estaba lloviendo.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: P., G.E. s/ Incidente de Medidas Cautelares en autos "P., G.E. c/A., R.C. s/Divorcio Vincular".
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-04

"El carácter de propio o ganancial de los bienes, no proviene de lo que las partes acuerden o el Juez determine, sino de las disposiciones de la ley que establece el régimen de la sociedad conyugal y determina su carácter, siendo ello un régimen de orden público".
Concursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Plaza Cia. Financiera S.A..Quiebra s/ Incidente de reposicion. art. 98, ley de concursos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22

El recurso autorizado por el art. 98 de la Ley de Concursos sólo puede sustentarse en los supuestos del art. 99, quedando excluidos el fundamento basado en que no se encuentra firme la resolución del Banco Central de la República Argentina que dispuso la liquidación de la entidad financiera.
Jubilaciones, pensiones, concubinato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quiroga, Margarita del Carmen c/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia s/ Acción Procesal Administrativa (LIBRO: S265 - 121)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-23

Como las leyes jubilatorias deben interpretarse conforme al sentido y esencia de la institución en juego, basta con que se acredite debidamente la convivencia efectiva de la pareja en el concubinato, sin relación estricta con la perfección o legitimidad del estado civil en que se sustenta el reclamo.
Banco central, circulares del Poder Ejecutivo, operaciones financieras, leyes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunello, Asunción y Fernández, Bruno Isidro Mario c/ Banco de Coronel Dorrego y Trenque Lauquen S.A. s/ Ejecutivo s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-10-31

Si las circulares y otras comunicaciones emitidas por el Banco Central son de aplicación y cumplimiento obligatorio para quienes deban realizar negociaciones en el ámbito financiero, cambiario, de inversión, etc., es necesaria una norma legal que establezca dicha obligatoriedad.
Transporte marítimo, Convención de Bruselas, tratados internacionales
Materia: NAVEGACION
Carátula: AUTOTECNICA  S.A.  y otro c/ CAP Y/O PROP Y/O ARMADORES DEL BUQUE "RIO MARAPA" s/ INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-14

Estando indicadas las unidades transportadas (entendiendo "unidad" como singularidad en número o calidad) se encuentra satisfecho el requisito relativo al contenido del artefacto, en forma tal que impide considerar a este como un "bulto" o "unidad".
Recurso de inconstitucionalidad federal, improcedencia del recurso, recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: Procesal
Carátula: Vergara, José Bernardo c/ Compañía Naviera Perez Companc s/ Recurso Extraordinario Federal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-05-28

Este Superior Tribunal de Justicia al expedirse respecto del recurso de casación local lo desestimó por no haberse cumplido al deducirlo con las condiciones y los requisitos exigidos por la ley, por lo que sólo es imputable a la conducta discrecional de la parte la pérdida de una vía que ella consideró apta para reparar su gravamen, lo que determina en el caso la inadmisibilidad del remedio extraordinario intentado.
Privación ilegal de la libertad, sujeto pasivo
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez, Daniel E.; Mambrín, José Agustín s/ Homicidio con motivo u ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-09

No procede conocer en el reclamo efectuado por el recurrente en tanto solicita la aplicación del art. 142 bis del Código Penal pues tal texto legal es de competencia federal (art. 3 inc. 5º de la ley 48 según leyes 20.661 y 23.817).
Abuso sexual, víctima menor de edad, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: M., B. E. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-28

Exigir la absoluta determinación de la imputación en casos en los que se investiga el delito de abuso sexual de una persona menor de edad, no es realista y desatiende que la valoración probatoria difiere, caso a caso, de acuerdo a las características del delito, del autor, de la víctima o de las cosas y entes involucrados (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Llerena y Rimondi).
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COELHO, GUILLERMO IGNACIO c/ ESTADO NACIONAL ( M.O.S.P. ) s/ NULIDAD DE RESOLUCION - MEDIDAS CAUTELARES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Para el dictado de una medida de no innovar debe partirse de la base de que el acto administrativo se presume legítimo (art. 12, ley 19 549). A partir de ese presupuesto, el orden jurídico ha acotado una serie de supuestos de máxima gravedad a los que no alcanza la cobertura del interés público y a las que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad abosluta (art. 14 ley 19.549), que de este modo queda convertida en algo excepcional. Rige pues el principio del favor acti, en tanto no se demuestra, fehacientemente, que el acto contraria de una manera el orden jurídico.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, administración de la sociedad, representaciones comerciales, directorio, competencia comercial, cooperación comercial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Liliana del Carmen c/ Petrycom SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-12

1. Es deber del administrador ser leal y diligente, en tanto actúa administrando un patrimonio e intereses ajenos; motivo por el cual debe evidenciar una actitud de cooperación sobre la base de las expectativas que se tutelan en función del objeto social. 2. La responsabilidad del director de una sociedad anónima nace de la circunstancia de integrar el órgano de administración; de manera tal, que su conducta debe ponderarse en función de su actividad (u omisión) y aunque no actúe directamente en hechos que originan responsabilidades, es función de cualquier integrante del órgano de administración controlar la gestión empresaria (confr. CNCom, Sala B, del 26-3-91 in re "Only Plastic SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta"; idem in re, "Eugenio Izak SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta", del 7-12-94,; ídem Sala A in re, "Lucini y Cía. SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta" del 18-11 -93, ídem Sala C in re "Tucson SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta", del 28-2-94, ídem Sala D, in re, "Iuspa ER s/ quiebra", del 7-2-94, y Sala E, in re "Inmobiliaria Alonso SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta", del 27-5-94 entre otros).
Tasa de justicia, base imponible, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: VENITES SA c/ TAMSE s/ CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

De conformidad con lo preceptuado en el 3er. párr. del inc. i del art. 4 de la ley 23898 es deber del actor acompañar, en el momento de efectuar el pago de la tasa de justicia, la correspondiente liquidación detallada del monto imponible.
Accidentes de trabajo, apreciación de la prueba, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Rojo, Claudio Jose EN J 29019 Rojo Claudio Jose c/ Prevencion A.R.T. S.A. s/ enfermedad accidente p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-09-28

El Juez es libre en la selección y valoración de las pruebas que han de fundar su convencimiento y en la determinación de los hechos que con ellas se demuestran, sin que tenga el deber de justificar por qué da mayor o menor mérito a una prueba que a otra, de modo que respecto de ello no se encuentra sujeto a la observancia de reglas prefijadas. El dictamen de los peritos no es vinculante ni existe la obligación del juez de seguirlo en su totalidad, ya que éste puede apartarse de sus conclusiones sea total o parcialmente, efectuando la sana crítica racional en el caso de que no comparta su dictamen.
Interpretación de la ley, competencia, Cámara Federal de la Seguridad Social, caja complementaria, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VALENTE, CARMELO GERARDO c/ Caja Complementaria para la Actividad Docente s/ DOCENTES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La redacción del art. 26 de la ley 24.463 puede crear dificultades o controversias en las causas posteriores a la sanción de la misma, pero no basta para prescindir del texto y espíritu del art. 8 inc. a) de la ley 23.473. En consecuencia, corresponde mantener la competencia de la C.F.S.S para entender en las actuaciones donde la cuestión debatida se encuentre vinculada a la Caja Complementaria para la Actividad Docente. Ello es así porque el art. 24 de la ley 24.463 está relacionado con las causas en las que esté involucrada la A.N.Se.S. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Plazos procesales, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: MACCIO JULIA BEATRIZ Y OTROS c/ IOSEP Y OTRO s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-02

El art. 155 del Código Procesal establece que todos los plazos legales son perentorios. Ello implica una generalización comprensiva de todos los plazos legales o judiciales, afecte a quien afecte, con independencia de que sea o no parte en el proceso y cualquiera sea la naturaleza de éste. Se los califica también de preclusivos o fatales, toda vez que preclusión implica la pérdida o extinción del derecho a cumplir un acto procesal, operada a consecuencia del transcurso del tiempo y de la falta de ejercicio de la parte que tenía la carga de ejecutar el acto. Por lo tanto, cuando el plazo está vencido, opera la preclusión y cualquier trámite posterior resulta extemporáneo (Fenochietto- Arazi, "Código Procesal Civi y Comercial Federal de la Nacion", t. 1, pág. 580/2). A ello cabe agregar que los plazos perentorios son aquellos concluyentes que liquidan la posibilidad de la actividad procesal una vez cumplidos los términos. Por consiguiente, la perentoriedad de los plazos -una vez llegado el término- es fatal. En ese orden de ideas, cabe añadir que la seguridad jurídica es un aspecto de la noción de lo justo; de allí que el respeto de los actos procesales -perentorios- no es una noción meramente formal, sino que atiende a conducir el pleito en términos de estricta igualdad, en salvaguarda de la garantía constitucional respectiva (Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado, anotado y concordado", t. 1, pág. 749).
Ejercicio profesional, ley reglamentaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Beovide, Enrique Horacio s/ Demanda de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-12-11

Si bien las provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, carecen de atribuciones para enervar, alterar o menoscabar el derecho reconocido en un título otorgado por la autoridad nacional (art.32 Const.Nac.).
Duración del proceso, duración de la investigación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Gamboa, Juan Carlos s/ inf. art. 150 CP,  violación de domicilio'"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

El recurrente no ha demostrado que la decisión que confirmó el rechazo del archivo de la causa por vencimiento del plazo de la investigación penal preparatoria, pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, procedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Luna, Jorge Ricardo c/ Dinakron S.A. s/ Accidente González, Angel R. c/ Expreso Villa Galicia San José S.R.L. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-30|2000-08-09

El recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto resulta improcedente desde que el recurrente no lo sustenta en esta instancia en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, sino que alega la inconstitucionalidad de la sentencia misma en cuanto resultarían eventualmente conculcadas determinadas garantías constitucionales. (Minoría u opinión personal)
Ejecución fiscal, certificado de deuda
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Papaecononou, Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'.. inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-17

Los recaudos que debe reunir el título a que se refiere el art. 450 CCAyT para ser válido no vienen especificados de modo exhaustivo por norma local alguna, pero esa falta de regulación, según está reconocido de modo pacífico en doctrina y jurisprudencia, no conduce a admitir que los certificados de deuda puedan carecer de los requisitos indispensables para adquirir el efecto que la ley les asigna, de modo que la contracción del derecho de defensa del ejecutado resultará válida sólo cuando el título en que se apoya la ejecución brinde constancia fehaciente en torno a la existencia y exigibilidad de la deuda reclamada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Acción de amparo, medidas cautelares, carácter excepcional, pretensión
Materia: PROCESAL
Carátula: Segura Warein Esau c/ Ministerio de Salud s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

Tratándose de una pretensión cuyo objeto no se limita a una única prestación, el cumplimiento de la medida cautelar no lo agota ni, en consecuencia, torna abstracto el amparo (cfr. esta Sala, causas 8618/02 del 19-8-2004, 15.442/04 del 26-6-2006, 1650/06 del 19-6-2007 y 9940/06 del 14-11-2007). Habida cuenta el carácter provisional y accesorio de las medidas precautorias (arts. 202 y 207 del Código Procesal), la decisión que admitió la cautela requerida no tiene efecto de cosa juzgada material, por lo que de ningún modo torna abstracta la pretensión deducida. Es decir, para garantizar el derecho a la salud invocado por el actor mediante la cobertura integral del medicamento reclamado, resulta necesario el dictado de una sentencia definitiva que condene a la accionada en esos términos.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Martínez, Norma Loreta c/ De Stefano, Armando s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-30

La idea directriz entronizada en el art. 656, 2 ap. del Cód. Civil, es la del abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.
Empleo público, locación de servicios, vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: "BARANI  MONTES,  Mónica Edith c/ SIGEN - Resol. 112/05 s/ empleopúblico".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Si se tiene en cuenta que el primer contrato de locación de servicios consigna como inicio de la relación el 1/04/1995 y que el último contrato celebrado finalizó el 31/01/2000 (...), ello implicaría que la demandada contrata personal para que presten servicios en forma ininterrumpida, sin descanso, durante más de cuatro años. En tal contexto, la demandada no rebate las conclusiones de la a quo, más allá de su genérica discrepancia con los fundamentos del decisorio, sobre la base de su interpretación de que el silencio en los contratos a este respecto importa una denegación del derecho pretendido. Sin embargo, la fuerza expansiva de los principios constitucionales en materia laboral (en particular, los consagrados en el art. 14 bis CN) llevan a una conclusión opuesta. Por tal razón, el pago de una compensación en dinero sustitutiva de la licencia anual no gozada resulta ajustado a derecho, correspondiendo reconocer la suma indicada en el decisorio de grado, que se basa en los cálculos efectuados por el perito contador (...).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Prov. Buenos Aires c/ Jeanmaire, Néstor C. y otros y/o quien resulte propietario o propietarios s/ Constitución judicial de servidumbre de electroducto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

El valor del litigio, está dado, en el caso, por el monto que surge de la liquidación aprobada en autos más los honorarios regulados sobre los que se discute la aplicación de la ley 11.192. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleados públicos, abogados
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Varela, Fernando J.J. y otro c/ Municipalidad de La Plata s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

El estado jurídico de los agentes públicos (en el caso, abogados del Banco Municipal de La Plata) es consecuencia de la aplicación individual de lo que establecen los estatutos, por lo que, cada reforma que sufran éstos cambia la situación jurídica del estado de cada uno de los agentes incluidos en el ámbito normativo general, objetivo e igualitario que regla las relaciones ya establecidas.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Parra de Presto, Stella Maris s/ Inconstitucionalidad Ordenanza General 207/77
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La irrazonable brevedad del plazo establecido en el art. 89 de la Ordenanza 207/77 produce no sólo la lesión del derecho de defensa ante la Administración, sino la supresión de su ejercicio ante un órgano jurisdiccional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción meramente declarativa, facultades del juez, control de constitucionalidad, ley de servicios de comunicación audiovisual
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y Otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ Acción Meramente Declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

La facultad de los jueces de controlar la constitucionalidad de las leyes se sustenta en el artículo 28 de la Constitución Nacional que establece: "los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio". Ello comporta que, como consecuencia de la separación o distribución de los poderes que es principio fundamental de nuestra estructura política e institucional, corresponde a los tribunales de justicia y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como máximo tribunal federal e intérprete último de la Constitución, la esencial misión de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, normas y actos estatales, cuando se insta la jurisdicción en protección de los derechos constitucionales individuales de los justiciables o en conflictos que revisten un interés colectivo y no meramente individual (conf. Saggese Roberto M.A., El control de razonabilidad en el sistema constitucional argentino, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 110).