Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil once, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, Dres. Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y, Raúl R. Madueño y bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 14.462 caratulada:

"DE SANTANA CORONEL, Simone María s/recurso de casación", intervino el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara Nacional de Casación Penal, Dr. Javier Augusto De Luca, y ejerció la defensa de De Santana Coronel, el Dr.

Guillermo Lozano, Defensor Público Oficial ante esta sede.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctores Eduardo Rafael Riggi, Liliana Elena Catucci y Raúl R. Madueño.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

EL Sr. Juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

Llega la presente causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación deducido a fs. 11/24vta. por la Defensora Pública Oficial 'ad hoc' Patricia García, a cargo de la coordinación de la Unidad de Letrados Móviles ante los Jueces de Ejecución de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, contra el decisorio de fecha 31 de mayo de 2011 dictado por el magistrado del Tribunal Oral en lo Penal Económico n/ 1, a cargo de la Ejecución Penal, en cuanto dispuso "NO HACER LUGAR a la expulsión en forma anticipada de SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL por no encontrarse cumplidos la totalidad de los requisitos establecidos por el art. 64 de la ley 25.871.".

El recurso interpuesto fue concedido por el a quo a fs.

25/26 y mantenido en esta sede a fs.50.

Con invocación del inciso 2/ del artículo 456 de la ley adjetiva, considera la impugnante que ".la resolución recurrida es arbitraria, pues está desprovista del necesario fundamento que es condición indispensable de las sentencias judiciales (Fallos 317:1790). De esta forma, el decisorio posee un vicio procesal de carácter absoluto que lo descalifica como acto jurisdiccional válido,.".

Indica que contrariamente a lo afirmado en el decisorio en crisis "Basta solamente con compulsar el expediente para advertir que a fs. 556/7 se hallan agregados los certificados de nacimiento -expedidos por el Registro Civil de Cuiaba-Mato Grosso, debidamente legalizados y autenticados- de los dos hijos de la Sra. De Santana Coronel: I. H. D. S. C., nacido el 12/04/2003 y A. L. S. D. C., nacido el 18/06/2009.".

Entiende que consecuentemente ".la fundamentación esgrimida por el magistrado de ejecución deviene aparente, toda vez que se cuenta en el expediente con constancias -certificadas por el Dr. Andrés López- que debidamente acreditan la existencia de los dos niños menores de edad que son hijos de [De Santana Coronel] y .residen en su país natal (Brasil)."; y que "., la decisión judicial.ha soslayado el análisis y consideración de la documentación de los menores oportunamente acompañada por la defensa.".

Agrega que ".en el caso en modo alguno se ha producido prueba contraria a la presentada por la defensa -única situación en la que podía negarse la acreditación de los supuestos habilitantes- sino que por el contrario, V.E. ha omitido considerar la documentación agregada y asimismo optó por no disponer la realización de aquellas diligencias que, ., permitieran probar más allá de toda duda la situación. de los hijos de [De Santana Coronel] y el estado sanitario de su progenitora.".

Manifiesta que "De la lectura de la resolución atacada no se desprende el fundamento que dogmáticamente permitió al magistrado de ejecución concluir que la existencia de los menores no estaba acreditada.".

Afirma que el a quo ".en modo alguno podría.denegar la petición intentada argumentando que tal situación no se hallaba acreditada, máxime cuando en el caso había documentación respaldatoria de lo que se llamó '.dichos de la interna.'".

Alega "Arbitrariedad en el análisis del interés superior del niño en el caso concreto.".

En tal sentido, expresa que ".esta defensa demostró que la Constitución y la legislación inferior, consagran el interés superior del niño en relación al estado de detención de sus padres privados de la libertad de un modo amplísimo que incluye en situaciones extremas, una mengua importante en la rigurosidad del encierro. Es decir que cuando se verifica que hay un interés de un menor en juego, el Estado resigna parte del ejercicio de su poder punitivo, admitiendo una mengua en las condiciones en las que se ejecuta normalmente el encierro (establecimiento penitenciario), privilegiando la relación familiar entre padres e hijos."; que ".no existe razón...para sostener que dicha concepción tenga mayor intensidad en los internos nacionales que en los extranjeros por su condición de tales."; que ".el conflicto que presentaba el caso era evidente: la ley quiere que I. H. y A. L. estén con su madre y admite el encierro domiciliario hasta los 5 años de edad. Es así que A. L. tiene 2 años, destacando que el hecho de que resida en Brasil, impide.el acceso a la modalidad aludida,.,dejando al menor temporariamente a cargo de su abuela materna, quien se encuentra gravemente enferma, en vísperas de ser intervenida quirúrgicamente y sin ostentar la guarda legal del nombrado." ; y que ".la permanencia de [De Santana Coronel] en el país equivale, dadas las circunstancias apuntadas, a poner en riesgo el interés superior de su hijo, y que ello exigía el dictado urgente de una medida excepcional que evite tal situación, claramente contraria a nuestro ordenamiento legal supremo.".

Advierte que ".esta defensa planteó un conflicto y una solución concreta: la expulsión anticipada de la interna a fin de poder reencontrarse con sus hijos menores, quienes se encuentran en Brasil bajo la guarda material de su abuela. De este modo, V.E. debió resolver .por qué razones y con qué elementos entendió que la permanencia en el país de Simone María De Santana Coronel, satisfacía mejor el interés superior del niño, en lugar de permitir su expulsión anticipada." y que adoptó tal decisión ".soslayando que la situación de hecho existente respecto del cuidado de los menores corría riesgo serio de ser modificada no sólo ante la imposibilidad de la cuidadora de tramitar la guarda legal, sino también debido a la situación sanitaria en que la que se encuentra sumada a las características invasivas del tratamiento al que es sometida.".

Recuerda que ".la afectación del interés superior de los hijos de [De Santana Coronel] resulta consecuencia de la situación de privación de la libertad de su madre en una institución carcelaria ubicada en el territorio nacional y no del eventual domicilio que tengan los menores." y que en razón de la evidente circunstancia de que la encausada no se encuentra a disposición de las autoridades brasileras ".cualquier decisión que éstas pudieran adoptar no conduciría a garantizar la permanencia de los menores con su progenitora, tal como expresamente lo prevén las normas nacionales e internacionales que rigen la materia.".

Aduna que el a quo ".no ha merituado.que [De Santana Coronel] es madre de 2 niños que se encuentran exclusivamente al cuidado de su abuela materna que está gravemente enferma, que desde el momento de la detención de la nombrada no ha existido contacto 'personal y directo' con sus hijos y que tal situación perdurará por lo menos durante 9 meses más.".

Concluye que lo expuesto ".evidencia sin más la grave afectación de las garantías y derechos constitucionales tanto de [De Santana Coronel] como de sus niños, derivada de la situación de detención de la primera y convalidada por la negativa del magistrado de ejecución de resolver la expulsión anticipada.".

Aduce que "El fallo no advierte el conflicto de intereses Estatales con repercusión en principios y derechos de orden constitucional."; y en tal sentido indica que ".en este caso, esperar el cumplimiento del plazo previsto implicaría directamente soslayar las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (arts. 2.2, 3.1, 6, 24.1., 24.2 y 27), de modo que autorizar la expulsión anticipada se transforma en la decisión más adecuada para garantizar la vigencia de disposiciones de orden superior al requisito temporal previsto.".

Recuerda que ".el Estado ya resignó en el caso, toda pretensión resocializadora pues no pretende de ningún modo preparar ni reincorporar a Simone María De Santana Coronel a nuestro seno social.", y señala que "Esta falta de objetivo constitucional del encierro en el caso concreto, sumada a la clara afectación de las disposiciones mencionadas ..sin hesitación, inclinaba la solución a favor de autorizar la expulsión inmediata.".

Entiende que, consecuentemente ".el pronunciamiento carece de la fundamentación adecuada a la entidad y planteos llevados a estudio y debe ser anulado.".

Por último, plantea que ha existido en el caso "trasgresión al Derecho de la Defensa en correlato con el Principio de Contradicción.".

En ese orden indica que ".el art. 491 del C.P.P.N. señala que 'Los incidentes de ejecución podrán ser planteados por el ministerio fiscal, el interesado o su defensor y serán resueltos previa vista a la parte contraria, en el término de (5) días. La parte querellante no tendrá intervención. Contra la resolución sólo procederá el recurso de casación, pero éste no suspenderá la ejecución a menos que así lo disponga el tribunal."; que "En consecuencia el vicio in procedendo que se advierte radica en la vulneración de la norma citada que prevé expresamente que del planteo opuesto deberá correrse vista a los interesados y una vez cumplida la vista -quienes podrán contestar o hacer silencio-, el tribunal resolverá por auto." y que en razón de ello ".se han desconocido principios fundamentales tales como el principio de bilateralidad y de contradicción, que se ven asegurados con la vista que debió realizarse a las partes interesadas para que el trámite posea debida sustanciación.".

Sostiene en base a su postura que ".el decisorio importa el menoscabo de la intervención debida de la defensa en los términos de la norma del art. 167 inc.2 y 3 del Código Procesal Penal de la Nación en función de los arts. 3 y 4 de la Ley de Ejecución Penal Privativa de la Libertad (en orden a la intervención debida luego de la oposición del Sr. Fiscal a los efectos de refutar y/o efectuar consideraciones pertinentes).

Todo ello con afectación directa a los derechos de la Sra. De Santana Coronel,.".

Solicita en definitiva que ésta Cámara Nacional de Casación Penal "Oportunamente.resuelva favorablemente a los intereses de esta parte, reconociendo los derechos constitucionales afectados en el caso y el conflicto que éste presenta, anulando el decisorio y remitiéndolo al tribunal para su correcta sustanciación.".

Hace reserva del caso federal.

Durante el término de oficina previsto en los artículos 465 primera parte y 466 del código adjetivo, la defensa de Simone María Santana Coronel renunció a los plazos previstos en los citados artículos y a la celebración de la audiencia de informes.

Con la renuncia de las partes a los referidos pasos procesales, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

1.- Que más allá de los cuestionamientos introducidos por la defensa, advertimos que la resolución que aquí se impugna cuenta con la debida fundamentación, tornando al decisorio un acto jurisdiccional válido.

En ese sentido, cabe memorar que al comenzar a transitar los primeros recursos que invocaban, con razón o sin ella, esta causal de casación, es decir la fundamentación, hemos sostenido en numerosas oportunidades que "entre las formalidades que se exigen a las sentencias y autos, y en casos expresos a algunos decretos, se encuentra la motivación, requisito exigido bajo expresa sanción de nulidad (confr. art. 123 C.P.P.N.)" (cfr.

causas n/ 18 "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación" Reg. 41 del 18/10/93; n/ 25 "Zelickson, Silvia E. s/rec. de casación" Reg.

67 del 15/12/93; n/ 171 "Edelap s/rec. de casación" Reg.

92bis/94 del 11/8/94, n/ 135 "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec.

de casación" Reg. 142/94 del 18/10/94; n/ 190 "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación" Reg. 152/94 del 21/10/94; n/ 219 "Silva Leyes, Mario s/rec. de casación" Reg. 189/94 del 6/12/94, entre muchas otras).

"La motivación de las sentencias es, verdaderamente, una garantía grande de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente, como en un croquis tipográfico, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión; en tal caso, si la conclusión es equivocada, se puede fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió el juez la orientación. Es conveniente que el juez tenga también, aún en pequeño grado, algo de la habilidad del abogado; porque, al redactar la motivación, debe ser el defensor de la tesis fijada por su conciencia" (Calamandrei, Piero "Elogio de los jueces", pág.

175 y ss., Buenos Aires 1969; Carnelutti, Francesco "Lecciones sobre el proceso penal" T/III pág. 110, Buenos Aires 1950;

Alcalá Zamora y Castillo, Niceto-Levene, Ricardo (h) "Derecho Procesal Penal", T/II pág. 190, Buenos Aires 1945).

Concluimos en aquella oportunidad sosteniendo que "en síntesis, los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente por que lo han sido. Asimismo revisten singular importancia los motivos dados por los jueces en el decisorio, al ser el antecedente fundamental que tendrán los eventuales recurrentes para fundar sus agravios y así ejercer el debido control de la actividad jurisdiccional" (causa "Vitale, Rubén D." ya citada).

Que examinada la resolución puesta en crisis, apreciamos que la misma se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 123 del ordenamiento ritual y que el vicio alegado por el recurrente referido a la arbitrariedad del decisorio no es tal.

Tampoco se advierte en el análisis del fallo atacado defectos en el desarrollo de sus fundamentos ni contradicciones a los principios de la lógica y la experiencia que lo tornen inmotivado o arbitrario, brindando a nuestro juicio argumentos suficientes para fundamentar su conclusión.

En tal sentido, debemos destacar que si bien tal como señala la esforzada defensa el señor Juez a quo parte de la afirmación de que ".no se encuentra fehacientemente probada la existencia del niño, respecto del cual sólo contamos con dichos de la interna.", basándose a tal efecto exclusivamente en el informe social que cita y sin referirse a la concreta petición de la parte recurrente de que ".se tenga presente la documentación aportada.y remitida desde Brasil, que acredita la situación fáctica." (cfr. fs. 1/4), lo cierto es que da suficiente respuesta al planteo efectuado teniendo presente la posible existencia del menor.

En ese orden, acertadamente indica el magistrado de la anterior instancia que ".la pretensión de la Defensa de una expulsión anticipada es ajena al contenido de la ley 25.871,." y señala respecto al argumento de que ".si el niño existiese y se encontrara residiendo en el país surgiría la posibilidad de aplicar la norma del art. 32 de la ley 24.660" que "A todo evento el interés superior del niño,.corresponde que sea salvaguardado por el Estado donde el niño se encuentra residiendo.", afirmación que se ajusta a lo dispuesto en la Parte I, artículo 2, inciso 1. de la Convención Sobre los Derechos del Niño en cuanto regula expresamente que "Los Estados Partes en la presente Convención respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, etnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de su padres o de sus representantes legales."(el subrayado es nuestro).

En vinculación con ello, hemos de agregar que ".los propios instrumentos internacionales. que resguardan los derechos del niño conceptualizan y admiten la posibilidad de que éstos puedan ser separados de sus padres contra su voluntad, en aquellos casos -muy lamentables, por cierto- en que medie decisión de autoridad competente, adoptada de acuerdo a la ley y siguiendo los procedimientos aplicables al caso." y que ".existen múltiples mecanismos para el debido resguardo de los superiores intereses del niño en aquellos casos en que uno o ambos progenitores se encuentren privados de su libertad, sea como consecuencia de una medida cautelar de coerción personal, sea en virtud de una sentencia condenatoria firme." (cfr. causa n_ 13.412 caratulada: "GIMENEZ, María del Carmen s/recurso de casación", Reg. 715/2011, del 2/06/2011).

Lo antes señalado revela que la existencia de un menor de ningún modo se ha considerado per se suficiente para viabilizar las alternativas a las que analógicamente alude la defensa (vgr. detención domiciliaria).

En ese orden, atendiendo a las consideraciones expuestas, acierta el sentenciante cuando afirma que "No debe dejarse de lado que este interés que se invoca corresponde armonizarlo con el de la sociedad en su conjunto." y que ".el castigo que resulta de la sentencia condenatoria de DE SANTANA CORONEL se encuentra concebido como instrumento de reinserción social, lo cual, en definitiva, también redundará en beneficio de los menores, hijos de la interna, en tanto se logre dicha reinserción.".

Al respecto, al pronunciarse esta Sala por la validez constitucional de la ley 25.871 (causa n° 5740 "Flores Martínez, Osmar s/ recurso de inconstitucionalidad" reg. n° 537/05 del 29/6/05; causa n° 5821 "Rey Noceda, Cristian s/ recurso de inconstitucionalidad" reg. n° 634/05 del 10/8/05;

causa n° 5819 "Ríos Noceda, Juan Carlos s/ recurso de inconstitucionalidad" reg. n° 635/05 del 10/8/05 y causa n° 6095 "Vieira Santos, Ruy s/ recurso de inconstitucionalidad" reg. n° 869/05 del 17/10/05), se señaló con cita de la causa "Chukura O'Kasili, Nicholas s/ recurso de casación e inconstitucionalidad" reg. n° 7452, del 28/02/05 de la Sala I, que la disposición legal de la ley citada, no conculca ni el derecho de igualdad ante la ley (art. 16 C.N.) ni el principio de división de poderes (art. 1, idem); persigue hacer efectivo el derecho de resocialización de los condenados extranjeros "... y en pos de ello es que propugna que el extranjero sea devuelto a la sociedad que le es afín.", por lo que no se trata de que el Estado haya renunciado a toda pretensión resocializadora y consecuentemente a una falta de objetivo constitucional del encierro, antes bien, es justamente lo que la ley persigue, mediando el debido cumplimiento de los requisitos que en ella se disponen.

En conclusión, a la luz de todo lo indicado, conceptuamos que las argumentaciones del a quo no resultan ajenas a los recaudos que deben regir la materia y, más allá del esforzado argumento defensista, lo cierto es que en autos la situación no ha sido injustamente tratada en tanto, tal como se advierte en el decisorio impugnado ".no puede darse por vulnerado el interés superior del niño., por el sólo hecho de que su madre sea sometida al cumplimiento de la condena en las condiciones que resultan de la ley 25871.".

En definitiva, consideramos que el magistrado a cargo de la Ejecución Penal dejó asentados los motivos que lo condujeron a la solución del caso, a la que se arribó expresando en el contenido de la resolución cuáles eran los fundamentos de hecho y de derecho en los que cimentó su decisión; en consecuencia, la tacha que interpone la defensa no pasa de ser un mero disenso con la valoración de las circunstancias fácticas efectuada por el magistrado actuante, lo que impone el rechazo del planteo.

2.-Por lo demás, en lo atinente a la pretendida afectación al derecho de defensa, resulta de aplicación lo señalado al emitir nuestro voto en la causa 13596 "ZARATE, Claudio Darío s/recurso de casación",registo 946/2011 del 6/07/2011, con cita del voto del doctor González Palazzo en el marco de la causa de la Sala IV in re "Massan en cuanto a que ".el proceso.se ajustó a derecho. Y ello es así, porque la letra del art. 491, a la postre, la que rige el trámite que han de seguir los incidentes de ejecución, para nada ordena, cuando su génesis obedece a una petición proveniente de manos de la defensa, que ésta vuelva a participar con carácter previo a la decisión que solicita. La manda se circunscribe a que se corra vista a su contraparte, reducida al acusador público (.)", por lo que tampoco en este aspecto el recurso podrá tener favorable acogida.

Por todo lo expuesto, propiciamos al acuerdo y votamos por: RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto, con costas (artículos 456, 470 y 471 ambos a contrario sensu, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

La defensa oficial impugnó el rechazo de la expulsión anticipada de la condenada, sobre la base del interés superior de sus dos hijos menores, residentes en la República Federativa de Brasil, y anotando una desigualdad de trato respecto de quienes por tener a sus descendientes en Argentina podrían ser beneficiados con la prisión domiciliaria.

Trajo a colación en abono de su postura un precedente de la Sala I de esta Cámara ("Chukura O'Kasily, Nicholas s/ recurso de inconstitucionalidad", c. nº 5795, reg. nº 7452, rta. el 28 de febrero de 2005), suscripto por esta magistrada.

Ahora bien, la pretendida desigualdad ante la ley que la recurrente invoca está sólo basada en una conjetura acerca de su pensada decisión a cargo de eventuales órganos jurisdiccionales.

Esa desigualdad ante la ley que invocó está sacada del contexto del pronunciamiento "Chukura" que cita y aun de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en él citada.

En efecto, tiene dicho el Alto Tribunal que "La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, o de ilegítima persecución" (Fallos: 323:1566).

Tampoco el fallo "Chukura" es aplicable pues los extranjeros condenados en nuestro país tienen la posibilidad de que una vez cumplidos los supuestos de los acápites I y II del art. 17 de la ley 24.660 (en el caso bajo examen, la mitad de la condena, y no tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente), y ejecutado el extrañamiento, se les dén por cumplidas las penas impuestas originalmente por los tribunales competentes (art. 64, inc.

"a", de la ley nº 25.871 de Política Migratoria Argentina).

No se trata de entender desprotegido el interés de los hijos de la condenada sino de señalar que ese interés es extraño al instituto en cuestión y no puede con el pretexto de su alusión desatenderse el cumplimiento de una ley que por el momento le impide acceder al beneficio que pretende.

Por lo demás, precisamente nadie mejor que la madre hubo de proteger ese interés superior de sus hijos, a quienes dejó en un país extranjero para ir a delinquir a otro.

Por ello, y por los restantes argumentos del voto que antecede, a él me adhiero.

El señor juez doctor Raúl Madueño dijo:

Que adhiere a las conclusiones de los votos que preceden y se expide en idéntico sentido.

En mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, CON COSTAS(arts. 456, 470 y 471 ambos a contrario sensu, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, notifíquese y fecho, remítase al Tribunal de origen, sirviendo la presente como atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Raúl Madueño. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.