marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: CIPRIANO, DERMINIO. c/ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-09

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que -sin tener en cuenta que el fallo de primera instancia se pronunció sobre el reclamo aunque con criterio adverso a las pretensiones del actor, lo que fue materia de apelación- desestimó, como ajeno al debate, el planteo referente al monto de la indemnización prevista en el art.

212 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Improcedencia del recurso, queja por casación denegada, extinción de la acción penal, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Máximo Lanusse c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

No corresponde hacer lugar a la queja por denegación del recurso de casación contra el pronunciamiento que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por aplicación del art. 59, inc. 6º CP -reparación integral-, promovido por la defensa, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva o equiparable a tal, y el recurrente no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos.
Jueces, competencia, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: FERRARI CARLOS ALBERTO c/ ACIAR MARTHA Y CODO NORMA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-24

El art. 11 del C. de P.C. tiene como fundamento jurídico al forum connexitatis y consagra una excepción al principio general, admitiendo un desplazamiento de la competencia. Mediante su aplicación, son llevadas a conocimiento de un mismo Juez, cuestiones que pudieran ser de la competencia de otros jueces. Pero, para que ese desplazamiento resulte ajustado a derecho, debe darse, la triple identidad de sujetos, cosa pedida u objeto y causa jurídica de la petición.

Así, si el accionado en un Tribunal resulta ahora actor en contra de quienes fueron sus asesores jurídicos en aquel;la causa del nuevo juicio no es la misma,ya que se imputa a ellos negligencia en el desempeño de la defensa en juicio o sea un accionar culpable en el contrato que se suele denominar de "servicios profesionales".En cuanto al objeto,el ahora actor pretende una indemnización de daños y perjuicios por aquel desempeño.El presente es un nuevo litigio distinto y sin conexidad alguna con el que se tramita por ante otro Tribunal y donde el ahora actor fue demandado.No hay fundamento alguno para el desplazamiento de la competencia que dispone el art 11 del Código de rito. Por ende,el Juez competente es el que se hallaba en turno al momento de presentarse la demanda entablada por el actor contra sus abogados
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, precio, presunción juris tantum
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Dopkin, Samuel c/ Casado, María Cristina e Irastorza J. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

Respecto a los cuestionamientos relativos a las supuestas inferencias de los estados de inferioridad a partir de la desproporción del precio, amerita poner de relieve que los sentenciantes tuvieron por acreditadas dichas circunstancias amén de la presunción iuris tantum contenida en el artículo 954 del Código Civil -ficción que sí emplearon para asumir el aprovechamiento de la parte demandada-, debiendo adicionársele a ello que las críticas vertidas en torno al alcance de dicha suposición legal no podrían deparar -en principio- cuestión constitucional, en razón de que esto no se configura cuando una decisión en una temática de naturaleza opinable, se alista en una de las corrientes jurisprudenciales y doctrinarias posibles. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 272, p 186. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 954
Contrato de trabajo, despido del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS c/ SALVIA, ELSA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-23

La condición de delegado impone a la empleadora la carga de requerir la exclusión de tutela con carácter previo a la intimación del art. 252 L.C.T.. Esta norma establece una forma de extinción con causa objetiva, en tanto se corresponde con la directriz consagrada para la conclusión del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, de acuerdo con el art. 91 de la misma ley. En el caso, la decisión del PAMI de despedir a la actora, delegada gremial, no tuvo carácter discriminatorio toda vez que abarcó a 31 agentes del PAMI, de los cuales la gran mayoría (28) no ostentaban cargos gremiales. Por lo tanto el PAMI estaba autorizado a extinguir el contrato de trabajo con la demandada, en los términos del art. 252 L.C.T. luego de haber cumplimentado con el juicio sumarísimo de exclusión de tutela. El ejercicio de la acción de exclusión de tutela es una facultad que el ordenamiento le acuerda al empleador para acreditar que la extinción del contrato de trabajo del representante sindical no conlleva una finalidad antisindical. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, quiebra, recurso de inaplicabilidad de ley, concesión errónea del recurso
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Custodia Compañía Financiera Sociedad Anónima s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró mal concedido el recurso de inaplicabilidad de ley, por entender que el pronunciamiento apelado no revestía el carácter de una decisión definitiva, toda vez que del hecho que el mismo haya sido dictado con posterioridad a la sentencia que declaró la quiebra, no puede extraerse esa conclusión, sino en desmedro de una adecuada hermenéutica de las normas en juego.
Terrorismo, terrorismo de Estado, prescripción de la acción penal, imprescriptibilidad, Derechos humanos, corte interamericana de derechos humanos
Materia: PENAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Lariz Iriondo, Jesús María s/ Solicitud de Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-10

El criterio establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la inadmisibilidad de las disposiciones de derecho interno -entre ellas las atinentes a la prescripción que impidan la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos para el caso de terrorismo de estado, también es aplicable respecto de todo acto de terrorismo equiparable a aquél (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Banco Regional del Norte Argentino SA. c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las decisiones del tribunal a quo que no hayan sido objeto de agravio expreso por parte del recurrente han de considerarse firmes e insusceptibles de revisión en la instancia extraordinaria.
Recurso de queja (procesal), procedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Paniagua, Ricardo Alberto s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

El recurso de queja ante la Corte (art. 282 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), requiere, para su deducción válida, que se haya interpuesto y denegado una apelación - ordinaria o extraordinaria - para ante el Tribunal.
Individualización de la pena, atenuantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: I., F.J. s/ Homicidio Simple y Robo Agravado en Poblado y en Banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-05-16

En el campo del derecho penal, nadie puede prevalerse de una eximente o minorante si no ha sido ajeno a la creación de esa situación, porque lo contrario importaría el absurdo de conceder un beneficio a quien deliberadamente se ha puesto en situación de obtenerlo.
Suspensión del juicio a prueba, pago de la multa
Materia: PENAL
Carátula: Riveiro Rivas, Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-22

Debe exigirse el pago mínimo de la multa previo a otorgarse el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, pues la acción penal por el delito de contrabando es única y las penas de prisión y las accesorias como la multa, son penas que pertenecen a la misma y única acción penal con independencia de la peculiar organización de los procedimientos para la aplicación de sanciones, ello implica que la suspensión del ejercicio de la acción penal también constituye un obstáculo procesal para la tramitación del procedimiento ante la administración, dependiente del resultado del proceso judicial, para la determinación de la multa. La disidencia sostuvo que el pago del mínimo de la multa al que alude el art. 76 bis CP no resulta de aplicación a casos en que la imposición y determinación de la multa -art. 876 inc. b CA- tiene ámbito de sustanciación en sede administrativa -art. 1026 inc. b CA-, sin perjuicio del eventual control judicial, y nada obsta a que el querellante pueda eventualmente exigir su pago en el ámbito que corresponda. (Dres. Madueño -en disidencia-, Rodríguez Basavilbaso y Fégoli).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, concurso preventivo, quiebra
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE DE REGULAC. DE HONORARIOS DE LA DRA. TERESA G. LAVALLE DE ORIAEN AUTOS: ASUNCION S.C.A. c/ CABRERA NORBERTO s/ QUIEBRA"EXPTE. N 10061/94
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1998-03-10

La labor tarifada por la sentencia recurrida es la que los abogados del declarado fallido cumplieron no tan solo para obtener la revocación del decreto de falencia sino, además, al impugnar el crédito que por un monto de $ 681.441, la peticionaria de la quiebra sometió a verificación. Entonces y por virtud de mandato legal, que los sentenciantes declararan la ausencia de contenido patrimonial en el asunto no les impedía, sino antes bien, los obligaba a considerar esa suma, como uno de los índices o pautas para la justa retribución, en tanto implica el "valor o eficacia de la defensa" o, si se prefiere, "el interés del caso" (ver arts. 12 inc.a y 13 de la Ley 4122 mod. por la ley 4188)
Extinción del contrato de trabajo, cesión del establecimiento, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Iglesias,  Omar  Lorenzo c/ Aluar  Aluminio  Argentino  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28

La sola transferencia de la unidad productiva no extingue el contrato ni autoriza "per se" al trabajador a considerarse despedido. Lo que avala que éste formule la correspondiente denuncia extintiva, es el hecho de que se mute sustancialmente la relación de tal manera que se le infiera un perjuicio que, valorado con ajuste al art. 242 L.C.T., justifique la resolución. El ordenamiento sustantivo aspira a "establecer cierto equilibrio entre el derecho del trabajador a oponerse a la transferencia y el carácter no personal de la relación de trabajo respecto del empleador, y la protección de la subsistencia del establecimiento como unidad de producción" (Tosto, Gabriel A., en "Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada", Ed. La Ley, Bs. As., 2007, Tomo IV, pág 158/159, en glosa al art. 226). Toq. 1236.
Sustitución del defensor, audiencia
Materia: PROCESAL
Carátula: P., A. D. c/  s/ Lesiones Leves y Amenazas, C. D. M. y otros p. s.a. Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2022-04-22

Corresponde autorizar la sustitución del Defensor General por el Defensor General alterno y/o Secretario Penal de la Defensoría General en las audiencias fijadas -Constitución de la Provincia de Chubut, art. 179 inc. 1.6-, en virtud de que debe asistir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la reunión del Consejo Federal de Defensa Pública.
Concesión de servicio público, Derecho administrativo, entes reguladores, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. c/ ENTE PROVINCIAL REGULADOR EFLUENTES - E.P.R.E. s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-04-06

La ley 7187 en su art. 3 ha ratificado la subsistencia de la Competencia del ente regula-dor, otorgada por ley 6497 art. 54 inc. "c" en lo atinente a la regulación de los aspectos técnicos de la prestación del servicio público en tanto no resulten incompatibles con el procedimiento de renegociación emprendido con el Poder Ejecutivo de la Provincia.
Seguros, obligaciones del asegurador, indemnización, daño emergente, lucro cesante
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: MAGNERES, VICENTE c/ APOLO CIA. ARG. DE SEGUROS  S.A. s/ SEGUROS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-13

La prestación del asegurador no guarda relación directa con el valor de la cosa o bien asegurable, sino con el objeto del contrato, esto es el interés asegurable que puede o no coincidir con aquel.

Por otra parte, debe recordarse que tal resarcimiento consiste en reparación de tipo dinerario pero entendiéndose siempre que la prestación del asegurador no importa ni puede importar motivo de enriquecimiento para el asegurado.

El asegurador debe, en caso de mora, reparar los mayores daños sufridos por el asegurado como consecuencia de la inejecución de la obligación a su debido tiempo.

En relación con el lucro cesante, el daño debe ser cierto, no se presume y debe ser positivamente acreditado con elementos de convicción que exterioricen un efectivo perjuicio, vale decir, se exige la prueba efectiva de los daños provocados que debe ser completa y suficiente y no mediante meras circunstancias indiciarias (cpr:163 - 5 y 396).
Incapacidad sobreviniente, compensación económica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PUNTANO, FRANCISCO A. c/ EMPRESA DE TRANSPORTES LA UNION COOPERATIVA LIMITADA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-10-19

A fin de establecer el resarcimiento debido en concepto de incapacidad sobreviniente, las secuelas del accidente deben ponderarse en tanto representen indirectamente un perjuicio patrimonial para la víctima (art. 1.078 Código Civil), o sea, en cuanto impliquen una minusvalía que comprometa sus aptitudes laborales y la vida de relación en general y, de ese modo, frustren posibilidades económicas o incrementen sus gastos futuros, lo cual debe valorarse atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquella.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ROSALES DE GALVAN NORA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-11

Al probarse la existencia de una relación contractual en materia de responsabilidad del principal y el dependiente se aplica lo dispuesto por el código civil, por cuanto la responsabilidad del principal -Municipalidad- reposa en una presunción de culpa en la vigilancia del dependiente -contratista- como en la culpa en la elección- culpa in eligendo.
Costas, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rinaldi Rubens c/ Natalio Chalub y Ots. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 093)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-24

No habiendo dejado librado el actor-apelado, ningún monto indemnizatorio, ni a prueba alguna, ni al prudente arbitrio judicial, sino por el contrario, pretende se mantengan los montos mandados a pagar por el sentenciante de la instancia anterior, vencido el actor-apelado, por la diferencia entre ambos importe, debe por ello y conforme a la doctrina chiovendana de la derrota receptada por la Ley de forma, cargar con las costas
Procedimiento administrativo, defensa en juicio, debido proceso adjetivo, omisiones administrativas, resolución administrativa
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KARIBIAN DE AGOSPIAN, LUCINE c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-28

La omisión del organismo administrativo de dictar resolución sobre las peticiones formuladas por el titular, implica violación del derecho de defensa y del debido proceso adjetivo en los términos del art. 1, inc. f) de la ley 19.549, correspondiendo en consecuencia, se le ordene que se pronuncie expresamente sobre las mismas; y, en caso de incumplimiento, se le imponga una multa diaria por un monto determinado a favor del titular, desde la fecha que la sentencia indique y en tanto se prolongue la actitud renuente del organismo en dictar la resolución pertinente (cfr. arts. 11,ley 23.473 y 37 del C.P.C.C.).
Recurso de queja (procesal), depósito previo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aldeca  S.A c/ Ayerbe, Francisco Enrique. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-09

Dentro de la delegación de atribuciones a la Corte, efectuada por el art. 8 de la ley 23.853, se encuentra la posibilidad de adecuar el monto - proporcional o fijo - de las quejas establecido en el art. 286 del Código Procesal.
Cobro de sumas de dinero, transporte de pasajeros, tasa municipal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rotonda Group S.A C/ Empresa San José S.A s/ cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-08

Las Ordenanzas N°s. 12.092/16 y 12.102/17 que fijan la tasa por el uso de andén de la terminal municipal, no resultan inconstitucionales por cuanto no colisionan con atribuciones nacionales y normativa federal establecida por la Ley 12.346 y Decreto Ley 2407/02 - transporte de pasajeros de carácter interprovincial-, ni tampoco con cláusulas constitucionales.

La fijación de la tasa por el uso de andén de la terminal municipal a través de las Ordenanzas N°s. 12.092/16 y 12.102/17 -causa fuente de la condena- hace a la esencia del sistema Federal que nos rige donde la Constitución Nacional es la que otorga y concede la facultad a las provincias del dictado de sus Constituciones Provinciales y dentro de las mismas el respeto de sus Municipios -arts. 5 y 123 CN- y en el caso, de suyo, determina su constitucionalidad. No se aprecia una ilegalidad al respecto, en tanto el cobro de dicha tasa se encuentra dentro de la esfera y órbita propia de competencia y atribuciones del municipio.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, firma
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Lazarte, Domingo Adolfo c/ Paraná S.A. Compañía de Seguros s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-12-17

El recurso de apelación no puede ser concedido si el escrito mediante el cual se lo interpuso fue firmado únicamente por el letrado sin la firma del actor patrocinado, pues conforme surge de la doctrina del art. 60 del C.P.C.C. de la Provincia de Tucumán el letrado patrocinante no tiene postulación para hablar por la actora y un requisito de eficacia de los escritos judiciales es que los mismos sean suscriptos por el presentante o quien lo representa.
Sentencia arbitraria, interpretación literal, indemnización por accidente de trabajo, lugar de trabajo, monto adicional, interpretación y aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y otro s/ indemnización por fallecimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-09-27

Resulta descalificable por arbitraria la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que en el marco de una demanda por accidente in itinere y a los fines de determinar la indemnización, aplicó el artículo 3° de la ley 26.773 -que establece un monto adicional cuando el daño se produce en el lugar de trabajo-, extendiendo el amparo normativo sobre la base de que se trataría de una redacción confusa, pues la mera literalidad del precepto -primer criterio de interpretación aplicable-, da cuenta que la clara intención legislativa ha sido circunscribir el beneficio a los infortunios laborales acaecidos dentro del establecimiento laboral, dejando fuera los que el a quo, inconsistentemente, pretendió incluir.
Concursos, verificación de créditos, crédito hipotecario
Materia: COMERCIAL
Carátula: ADROGUE  CHICO  SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INC. DE REVISION POROLIVARES MEDITERRANEOS SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

Cabe verificar a favor del incidentista, en su caracter de cesionario, el crédito con garantia especial hipotecaria fundado en una acreencia garantizada por la concursada, quien se habría constituído en obligada solidaria y principal pagadora, constituyendo luego hipotecas en primer y segundo grado a favor de la importadora, cedente, sobre su único bien inmueble; y en consecuencia, desestimar la queja de la insolvente, quien -con fundamento en la ley 19550: 58, que responsabiliza a la sociedad por toda actuación de su representante legal, siempre que no sea notoriamente extraña a su objeto social- alega que tanto la fianza como la garantía hipotecaria no le eran oponibles, en virtud de que fueron suscriptas por su presidente en infracción al estatuto -que según alega limita tal facultad y ejecutando un acto que era notoriamente extraño al objeto social -importación y exportación-; toda vez que:

Si bien la ls: 58 deriva de la llamada "teoría de la apariencia", la cual se endereza a brindar cierta seguridad a quien contrata con una sociedad, no obstante, tal principio no releva al tercero a adoptar los recaudos mínimos o normales para verificar que quien dice representar a la sociedad posea facultades suficientes, tanto más cuando el negocio es instrumentado en escritura pública con la necesaria presencia de un profesional (escribano), que tiene obligación de verificar la regularidad del acto.

En tanto de las escrituras hipotecarias -acompañadas a la causa-, resulta que quien compareció por la concursada en aquel acto, en su calidad de presidente (titularidad expresamente reconocida por la quejosa, amén que verificada por el notario), lo hizo munido en ambos casos de actas de directorio que lo autorizaban para cada acto.

Estas expresas autorizaciones del directorio, unido a lo dispuesto por la ls: 58, permite resistir los embates de la concursada en punto a la regularidad y oponibilidad de sendas hipotecas, ya que el directorio por unanimidad autorizó la constitución del gravamen, lo cual por lógica consecuencia, importó consentir el afianzamiento anterior.