Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-24


Esquel, 24 de octubre de 2006.- VISTO:

Los recursos de casación interpuestos a fs. 168/173 por el actor, Sr. H A R, y a fs. 175/179 vta. -por derecho propio- por los Dres. R T G L y M E I M, contra la sentencia obrante a fs. 155/163 vta., que fuera dictada por esta Excma. Cámara de Apelaciones; y- CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad a lo dispuesto por el art. 290 del CPCC, corresponde a este Tribunal examinar la admisibilidad formal del recurso, mandando dicha norma que la falta de alguno de los requisitos establecidos por los artículos que le preceden sella la suerte adversa del mismo, por inadmisible.- 2. Que de los escritos recursivos se desprende que los recurrentes pretenden la habilitación de la extraordinaria vía de la casación por las causales previstas por los incs. a) y e) del art. 288 del CPCC, tanto por la cuestión principal como por los honorarios que se les regulara a los citados profesionales.

En efecto, en el acápite III del recurso interpuesto por el actor, Sr. H A R (fs. 170 vta.) el mismo sostiene que ataca la sentencia porque: "a) Viola flagrantemente el art. 1110 del Código Civil, (toda vez que, repito, yerra en su interpretación y por ende aplica esta norma en forma incorrecta) y, por lo tanto, el art. 19 de la Constitución Nacional..." al exigirle "...una calidad diversa a la establecida en la referida norma para poder demandar". Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Y "b) Incurre en arbitrariedad al contener una exégesis e interpretación irrazonable de la norma aplicada, que la desvirtúa y conduce a un apartamiento inequívoco de la finalidad perseguida mediante su sanción...".

Asimismo, a fs. 177 vta., del recurso planteado por los Dres. R T G L y M E I M surge que atacan los emolumentos que se les fijaran porque: "a) Viola flagrantemente el art. 8° del Dto. Ley n° 2.200 (toda vez que, repito adecua los honorarios de primera instancia por debajo del mínimo legal, utilizando para ello una norma -art. 1627 del Código Civil- que deviene inaplicable por el principio de especialidad)". Citan jurisprudencia. Y "b) Incurre en arbitrariedad ya que se aparta de la solución normativa prevista para el caso, prescindiendo de lo dispuesto en la ley arancelaria y regulando los honorarios por debajo del mínimo legal...".

3. Que cabe advertir que "En el caso que el justiciable se sienta agraviado por una decisión judicial, puede -casi siempre- atacarla mediante un recurso, pero para que esta vía impugnativa tenga éxito la pretensión debe cumplir dos requisitos, uno de carácter formal y otro sustancial. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia: si cualquiera de ellos falta, la vía resulta frustrada, por devenir inadmisible o por ser improcedente. Los requisitos de admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación, y su ausencia hará que el recurso se desestime por inadmisible." (ARAZI, Roland y De los SANTOS, Mabel; "Recursos ordinarios y extraordinarios"; Rubinzal Culzoni Ed.; Santa fe; 2005; p. 41). Con base en dicha doctrina, que resulta de aplicación en el sub iudice por imperio del art. 290 del ritual provincial, corresponde adentrarnos en el análisis de los argumentos expuestos en los recursos en análisis.- 4. Que con respecto a la primera de las causales invocadas, este Tribunal entiende, como lo expresara con distinta composición, que corresponde declarar inadmisibles los recursos, ya que -en ambos- si bien se invoca una pretendida violación a la ley no se ha dado cumplimiento con las previsiones de los arts. 288, inc. a) y 289, inc. b) del CPCC (SIC N° 65/04 CANO, entre otras).

5. Sentado ello, corresponde pasar al estudio de la segunda causal esgrimida por los recurrentes contra la sentencia definitiva en crisis. Así, como en reiteradas oportunidades lo ha resuelto este Cuerpo -con otra integración-, la arbitrariedad es una de las típicas causales que habilitarían la extraordinaria vía recursiva de la casación en los términos del art. 288, inc. e) del CPCC; sin embargo, no basta la simple disconformidad con el derecho aplicado para que se configure la misma, sino que en el decisorio en crisis debe existir una efectiva alteración de los hechos o del objeto procesal, o un pronunciamiento sobre capítulos no propuestos (v. gr., excepciones o defensas) al inferior en grado, todo lo cual evidentemente en el caso no sucedió.

Desde esta perspectiva, en autos la parte demandada opuso defensa de falta de legitimación activa a tenor de lo dispuesto por el art. 1110 del Código Civil, defensa que no fuera acogida por la sentencia de primera instancia (fs. 119/123), decisión que, previa calificación jurídica de los hechos (v. gr.: calidad de propietario, poseedor, usuario, usufructuario, tenedor, etc.), fue revocada por esta Alzada.

"Señala Couture que en la aplicación del derecho, no hay limitación alguna y el juez es libre de elegir el derecho que cree aplicable, según su ciencia y conciencia. El aforismo iura novit curia (que lo define como el derecho lo sabe el juez) significa, pura y simplemente, que el tribunal no se halle atado por los errores o las omisiones de las partes; y en la búsqueda del derecho todos los caminos se hallan abiertos ante él. Guasp destaca que ningún inconveniente existe, y legal y teóricamente se admite, que, con respecto a las normas de derecho, el juzgador puede desempeñar un papel activo, es decir, utilizar como instrumento de su fallo, en cuanto motivación jurídica, preceptos que ninguna de las partes haya invocado o que hayan sido manejados errónea o defectuosamente por ellas: iura novit curia; narra mihi factum, dabo tibi ius.- "La limitaciones impuestas al juez, en cuanto a los hechos, no rigen tratándose del derecho, porque aunque las partes no lo invoquen o lo hagan en forma errónea, al juez corresponde calificar la relación sustancial en litis y determinar la norma jurídica que rige" (LOUTAYF RANEA, Roberto G., "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", t. 1, p. 188, Astrea, Bs. As., 1989).

En conclusión, no estando de acuerdo los recurrentes con el derecho aplicado, debieron limitar su impugnación a la causal "violación a la ley o doctrina legal" con sustento en lo dispuesto por el inc. a) del art. 288 del CPCC y no invocar una inexistente arbitrariedad, supuesto contemplado por el inc. e) del citado artículo. De idéntica manera, no surge de autos haberse dado cumplimiento con los requisitos exigidos por el referido inc. a) del art. 288 ni por el art. 289, inc. b) del CPCC (SIC N° 82/04 CANO, entre otras).

6. Que -también- los Dres. R T G L y M I M atacan la regulación de sus honorarios por resultar a todas luces arbitraria, ya que viola abiertamente el texto de la ley arancelaria al no respetar los claros términos del art. 8 del Dto. Ley 2.200 que fija los honorarios mínimos para los procesos de conocimiento (v. fs. 177 y ss).

Asimismo, manifiestan que esta decisión afecta el derecho de la justa retribución de los profesionales, lo cual lejos de jerarquizar la labor profesional, hace todo lo contrario: la bastardea, la denigra, olvidando que, como auxiliares de la justicia, los abogados tienen la misma dignidad que los jueces (art. 45 CN), y que "...así como a ellos no les reducen sus sueldos cada vez que les revocan o le declaran nula una sentencia, a aquéllos no pueden regulárseles honorarios menores al mínimo legal porque no hayan podido lograr el objetivo esperado".- Este Cuerpo entiende que, para que se habilite la extraordinaria vía de la casación en los términos de art. 288, inc. e) del CPCC y contra los honorarios regulados, no basta con la simple disconformidad de los recurrentes con el derecho aplicado, por cuanto es una facultad privativa de los jueces la interpretación y aplicación de las normas arancelarias. En consecuencia, no es audible dicho planteamiento por la vía intentada, salvo que se demuestre el desvío del razonamiento lógico o el error palmario y fundamental, constitutivos del absurdo (SIC N° 70/05 CANO).- En base a ello, es de señalar que la decisión recaída respecto de los emolumentos atacados no resulta ser arbitraria ni carente del fundamento que amerite -por esa sola circunstancia- la concesión del recurso.

Sobre el particular, nuestro Excmo. Superior Tribunal de Justicia ha dicho: "Corresponde en orden lógico de razonamiento, comenzar puntualizando que lo atinente a las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias así como la determinación de las bases computables a tal efecto y la interpretación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria de casación. En el mismo sentido reiteradamente se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo ha de recordarse que la tacha de arbitrariedad es de aplicación especialmente restringida en materia de honorarios y que ella no tiene como finalidad enmendar en tercera instancia los errores que pudieran atribuirse a las resoluciones de los jueces de grado en cuestiones que les están reservadas soberanamente, según la conocida doctrina de la Corte Nacional permanentemente seguida por este Tribunal" (Sumario Nº Q0001054, SAIJ, STJ RAWSON).

Consecuentemente, los recursos de casación intentados deben ser denegados por inadmisibles.- Por ello, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut,- R E S U E L V E 1°) DENEGAR, por inadmisibles, los recursos de casación interpuestos a fs. 168/173 por el actor, Sr. H A R, y a fs. 175/179 vta. -por derecho propio- por los Dres. R T G L y M E I M.- 2°) ORDENAR la devolución de los depósitos efectuados por los recurrentes (art. 297, CPCC).

3°) TENER presente la reserva del denominado Caso Federal, efectuada en ambos recursos.

4°) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.- La presente resolución es dictada por dos Sres. Jueces de Cámara por encontrarse en uso de licencia el Dr. Günther Enrique Flass y existir conformidad de opiniones (arts. 8 y 9 de la Ley N° 1.130, texto según Ley N° 4.550).

BENJAMÍN MOISÁ JORGE LUIS FRÜCHTENICHIT REGISTRADA BAJO EL N° 153 DEL AÑO 2006. CONSTE.-Fdo. Irma Alicia Carbó-secretaria.-