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Recurso de casación, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Irrera, Salvador. c/ González Méndez, Carlos. s/ Daños y perjuicios s/Incidente de nulidad s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-14

Si bien las cuestiones procesales no autorizan, en principio, la interpretación del recurso extraordinario, corresponde dejar sin efecto, por su rigorismo formal, que agravia la garantía de defensa, la sentencia que desestima la nulidad planteada por haberse notificado la demanda indebidamente, en atención a que no se habría indicado de qué defensas se vio privado el recurrente. (En disidencia: Dra.

Flores).
Propiedad horizontal, partes comunes, azoteas, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS FEDERICO LACROZE 3332/34/36 c/ DE FERIOLI s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-28

La azotea de un edificio en propiedad horizontal -respecto de la cual existe un condominio de indivisión forzosa en los términos del art. 2710 del Código Civil-, no es un bien susceptible de adquirir en propiedad exclusiva, mediante apoderamiento por el plazo legal para usucapir.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, domicilio del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: La Ganadera de Pedro SA c/ Arezzo SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-19

1 - Corresponde admitir la excepción de incompetencia opuesta por la demandada, en tanto no se encuentra controvertido en autos que se domicilia en la provincia de Córdoba, ni tampoco se acompañó documentación alguna que permita tener por realizado un pacto expreso sobre el lugar de cumplimiento de la obligación o del pago. En razón de ello, será el domicilio de la demandada el que determine la competencia del Juez que debe intervenir en estas actuaciones.

2 - Ello porque la regla general de competencia es el domicilio del deudor y sólo cede -además de los casos de fuero de atracción, causas conexas y litis consorcio- en las situaciones en que el lugar de cumplimiento del contrato se encuentra implícita o expresamente establecido, pero siempre y cuando esta circunstancia surja clara y evidente (CNCom, Sala B in re "Distribuidora de Revistas Bertran SAC c/ Arca Representaciones SRL s/ ordinario" del 17/06/99; ídem in re: "Banco Itau Buen Ayre SA c/ Cafora Carlos y otro s/ ejecutivo" del 15/12/06) supuesto que no se aprecia en el sub lite, donde el negocio de compraventa no tiene soporte documental alguno y las partes difieren en su relato en cuanto al domicilio de pago.
Acción de amparo, recurso extraordinario, inadmisibilidad formal, interposición del recurso, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTILLA DE BATTIAS, Nora c/ Obra Social de la Provincia y otra s/ Amparo - II Cpo. - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-04-09

La presentación del recurso de inconstitucionalidad es tardía desde dos puntos de vista. En primer lugar, porque, de acuerdo con el artículo 583 del nuevo CPC, en los procesos de amparo se consideran hábiles todos los días del año. La regla se aplica, como la última parte del artículo indica, a "la actuación en todas las instancias provinciales, ordinarias o extraordinarias", y sólo se excluyen: "los plazos fijados para contestar el informe del artículo 574 y para la interposición del recurso de apelación y su contestación".

Como consecuencia de ello, el plazo de diez días que el artículo 2 de la ley 2275 establece para plantear los recursos extraordinarios debe computarse en días corridos.

En segundo lugar, no es aplicable en los amparos la extensión de plazos que, para el planteo y contestación de los recursos extraordinarios, disponen los incisos j y k del artículo 19 de la ley 7675 (texto según ley 8236). Ello resulta del análisis del penúltimo párrafo del mismo artículo y de sus remisiones a los distintos casos contemplados en el artículo 3 de la misma 7675.
Ley de emergencia, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, coeficiente de estabilización de referencia, coeficiente de variación de salarios, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio, mutuo, mora del deudor, pesificación, esfuerzo compartido, reajuste de precios, derechos del acreedor
Materia: PROCESAL
Carátula: G. G., A. y Otra c/ C., A. y Otra s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-09-28

El art. 11 de la Ley 25561 (modificado por la ley 25820), establece la conversión a razón de un dólar estadounidense (U$S1) = un peso, disponiendo que es aplicable la normativa vigente en cuanto al CER. o al CVS.

En el caso de autos se está en presencia de un "mutuo" y el citado art. 11 modificado alude a que cuando el valor resultante de la prestación (conversión U$S más CER. o CVS.) fuere inferior al del momento de pago (en el caso la pauta la brinda el valor actual del dólar en el mercado libre de cambios), cualquiera podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. El aludido art. 11 está situado dentro de un capítulo dedicado a regular las obligaciones originadas en los contratos entre particulares no vinculados al sistema financiero, pero su letra y espíritu impregnan el reacomodamiento de todas las obligaciones jurídicas afectadas por la pesificación decretada.
Inspección ocular, notificación
Materia: PENAL
Carátula: MARIA ROSA GOLA DE CLARK c/ SAYAGO PEDRO ANTONIO s/ USURPACION DE PROPIEDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-13

Cuando la inspección ocular no reviste las características de definitiva o irreproductible, el juez no está obligado a notificar a las partes de su inspección, incluso estas en uso de sus facultades pueden solicitar su renovación.
Lucro cesante, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LOTO EMETERIO c/ CUPALEN S.R.L. Y/O RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-30

Cuando lo que se trata de evaluar es el lucro cesante, no es menester una certeza matemática, sino sólo un juicio de verosimilitud; el objeto de la prueba es la probabilidad de obtención de una ganancia frustrada. Como el hecho que se debe demostrar no ha sucedido en la realidad, ninguna prueba directa es posible, de suerte que la convicción de los jueces sólo puede formarse por medios indirectos, que revelen con cierta exactitud cuál hubiera sido el curso posible de los hechos.-
Seguros, denuncia del siniestro, exclusión de la cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELAFUENTE,  DIEGO c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOP. LTDA. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

La hipótesis de dolo en la producción del siniestro, sólo es oponible por el asegurador si la conducta reprochable es atribuida al beneficiario del seguro, y ha sido calificado como un supuesto de exclusión de cobertura cuando esta situación se comprueba, en cuyo caso tiene por efecto desplazar el hecho siniestral colocándolo fuera del amparo asegurativo (barbato, n., "exclusiones a la cobertura en el contrato de seguro", ED 136-561).
Secuela de juicio, impulso procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: C.C., L.V. s/ Lesiones Culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-07-03

Se entiende por secuela de juicio a aquellos actos que impulsan el procedimiento, otorgándole una dinámica evidente y que tienden a la prosecución de la causa, siempre dirigidos a una persona determinada.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, tasa de justicia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: INGECO S.A. c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública -Incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-27

Por controvertirse en autos la inteligencia y aplicación de la ley de tasas judiciales en un proceso sustanciado ante un tribunal federal, ser lo decidido adverso a las pretensiones del recurrente, y ocasionarle, por ende, un agravio insusceptible de reparación ulterior (conf. C.S.J.N. Fallos: 198:270, 202:513, 291:44, entre otros; y esta Sala in re "Vía Valrosa S.A." y sus citas), concédese el recurso extraordinario deducido.
Empleo público, Administración Pública, facultades discrecionales, catastro
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Nieto, Manuel Alejandro c/ Poder Ejecutivo s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-09-15

Me toca en el caso definir la suerte de la acción interpuesta, la que se dirige como bien lo exponen mis colegas, a cuestionar la decisión de la Administración que dispuso el desplazamiento del actor, de la Jefatura de Informática, designando en su reemplazo a una Ingeniera Agrimensora.

El núcleo central de la controversia, finca en determinar si puede la Administración reemplazar a un funcionario interino por otro interino, partiendo del principio de que el desempeño del cargo interino no otorga derecho a la estabilidad, y que la cobertura definitiva de dicho cargo debe ser mediante el llamado a concurso.

La cuestión se ha de desentrañar partiendo entonces de dicho principio que hace hincapié en la naturaleza del cargo interino y la transitoriedad que le es inherente, pero a su vez reconociendo también que la organización del personal administrativo y en particular la selección y promoción de los agentes es de competencia del poder administrador y como tal integra la zona de reserva de ese Poder del Estado.

Nos encontramos en la presente causa en la que se puede comprobar las distintas razones que tuvo en cuenta la Administración para decidir el reemplazo de un funcionario interino por otro. En especial me interesa destacar aquéllas que hacen referencia a la necesidad de implementar un sistema de información territorial (SIT), generar cartografía general y temática, procesar y administrar imágenes satelitales, y coordinar las tareas del área con los distintos departamentos del Organismo, las que deben ser controladas por un profesional que cuente con los conocimientos técnicos propios del catastro. Esta mención sirve para comparar este caso en el que hay una adecuada motivación, con otros resueltos por este Tribunal en los que con el empleo de formulas ambiguas y genéricas como era "la necesidad de reestructurar el servicio" se dejaba entrever una motivación aparente en la que se ocultaban los verdaderos móviles de la decisión.

La motivación que hace al contenido del acto y a la razonabilidad de la decisión, se torna así imprescindible y es lo que sucede en mi opinión en el caso de autos, donde la Administración logra demostrar las razones de por qué decide el reemplazo del recurrente, aduciendo argumentos reales que permiten sostener la legitimidad de la decisión, en un ámbito donde la discrecionalidad bien entendida no importa traspasar ciertos limites y donde la provisionalidad no equivale a la libre remoción.

Por lo expuesto adhiero al voto que se emite en segundo orden.

Del voto del Dr. Cáceres, por la mayoría
Teoría de la imprevisión, contrato de suministros
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Electro Misiones-Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia y Poder Ejecutivo Provincial s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-10-08

Para que la teoría de la imprevisión sea aplicable a un caso concreto deben concurrir simultáneamente diversos requisitos: 1) El hecho o acto determinante del deterioro o quebrantamiento de la ecuación económico - financiera del contrato debe responder a un álea "económico" y no a un álea "administrativa". 2) La relación jurídica que une a las partes, Estado y cocontratante debe consistir en un contrato administrativo. 3) El cocontratante no debe haber suspendido, por sí, la ejecución del contrato. 4) El acontecimiento que causa el deterioro económico del contrato, debe ser extraño o ajeno a la voluntad de las partes. 5) El acontecimiento que provoca el trastorno del contrato debe ser de efectos "temporarios" y en modo alguno "definitivos". 6) Debe tratarse de un contrato que ya esté en curso. 7) La ecuación económica - financiera del contrato debe haber sufrido un trastorno o quebranto con motivo del hecho o acto determinante del álea "económica". 8) El quebranto, trastorno o deterioro, ocasionado por el hecho o acto perturbador debe superar el álea "normal". 9) El acontecimiento perturbador, que determina los aumentos de costos o de precios no debe ser normalmente previsible.

10) La teoría de la imprevisión no sólo es aplicable tratándose de contratos de vigencia prolongada, o de tracto sucesivo, sino también en aquéllos donde la prestación del cocontratante es única, es también aplicable tratándose de contratos de cumplimiento inmediato, aunque no instantáneo con referencia al momento de su formalización.
Empleados públicos, suspensión preventiva, sanciones disciplinarias administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Cunto, Silvia Noemí c/ Municipalidad de Azul s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-28

La suspensión preventiva no implica prejuzgamiento y está destinada a mantener el agente en inactividad mientras dura la sospecha, siendo su esencia la de un alejamiento temporario, no implicando sino una separación provisoria, una solución de continuidad en el ejercicio del cargo. A diferencia de la sanción disciplinaria de suspensión, que tiene un plazo fijo y es terminante en sí misma ya que una vez dictada no puede variar, la suspensión preventiva puede ser ampliada si las circunstancias del caso lo requieren.
Medida cautelar genérica, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: Ercoreca, Jorge Alberto c/ Provincia del Chubut s/ Demanda contencioso-administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-25

En cuanto al requisito de la verosimilitud del derecho, ha de decirse que quien solicita la medida debe acreditar aún mínimamente la prueba de tal presupuesto. No implicando esto un examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra ajeno a la finalidad del instituto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Libertini, Franciso; Laboranti, Pedro O. s/ Falsificación de instrumento público
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-06

Es insuficiente el agravio fundado en la falta de consideración de diversas circunstancias atenuantes planteadas si no se logra demostrar -con apoyo en las normas sobre el régimen probatorio- que las circunstancias invocadas se hallen positivamente acreditadas, limitándose a oponer su propio criterio al de la Cámara sin evidenciar en definitiva la violación de las normas legales invocadas.
Inversiones mineras, derechos de exportación, permiso de embarque, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28.448-A) c/ DGA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-19

Cabe confirmar la sentencia que ratificó las resoluciones de la Aduana local que habían rechazado las impugnaciones efectuadas contra la liquidación de derechos de exportación correspondientes a tres permisos de embarques- que documentaban la exportación de sustancias minerales- a la alícuota del 10% del valor FOB, de acuerdo a la resolución Nº 11/2002 del Ministerio de Economía y Producción, pues no se advierte que exista conflicto alguno entre el régimen de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exportación cuestionados, puesto que, de acreditarse que de esa manera se produce finalmente un incremento de la carga tributaria total, será de aplicación el mecanismo para compensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezcan las normas pertinentes, es decir, el argumento en que se funda la actora resulta ineficaz para oponerse al pago de los aludidos derechos de exportación.
Insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, declaración indagatoria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: R. M., B. P. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Explicaron los vocales que no advertían que el imputado haya tenido una defensa ineficaz durante la instrucción debido a que se presentó en el expediente, constituyó domicilio y propuso como defensora a la letrada cuya actuación cuestiona, ésta aceptó el cargo en cuanto se la tuvo por designada, tomó vista de la causa y acompañó al imputado al tiempo de prestar declaración indagatoria, habiendo mantenido una entrevista previa. Precisaron que ".En este contexto, la circunstancia de que hubiere interpuesto un recurso de apelación fuera de término y sin motivación (...) no traduce necesariamente un accionar que acredite una defensa ineficaz, en tanto en este legajo en el cual no se encuentra detenido el imputado no se trasluce un perjuicio irreparable ya que el procesamiento se dictó sin ser acompañado de la medida de coerción personal -ver fs. (...)-. Cabe señalar, que el encartado cuenta con la posibilidad de plantear su explicación e hipótesis de defensa en el marco del artículo 349 del CPPN e instar el sobreseimiento -más allá de que también se expidió en los términos del art. 294 del CPPN-. Eventualmente, también podría declarar en el marco de un juicio oral. No se ha comprobado un proceder irrazonable de la defensa que tenga impacto en el legajo, por cuanto aún de considerarse que no ha recurrido en debida forma, lo cierto es que de evaluarse como irrazonable su actuación, no tiene efectivo daño en la defensa en juicio como se señaló. La defectuosa defensa alegada en tanto implique la ausencia de una defensa efectiva requiere que se compruebe un accionar deficiente que, en su caso, perjudique al imputado (fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos "Strickland vs Washington" 466 US 668 -(198) y su comentario en Allen and Stone, "Comprehensive Criminal Procedure", Aspen Casebook., P. 205 y sts.)..".
Estupefacientes, encomienda, interceptación de correspondencia, acta de secuestro, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " OUTEDA, Carlos A. y otro s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-06

No es nulo lo actuado por funcionarios policiales que, con autorización del juez interviniente por intermedio de su secretario de juzgado, inspeccionan a través de orificios, embalajes con destino al extranjero y a instancias del despachante de aduana a quien el remitente le encomendó esa operación cuyas características permiten considerarla sospechosa.No es nula la apertura de esos mismos embalajes ordenada por el juez interviniente de la manera expuesta anteriormente, si la inspección ordenada dio como resultado el hallazgo de sustancia estupefaciente.No es nulo el secuestro de la sustancia estupefacientes hallada de esa manera.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, prueba, apertura a prueba, ofrecimiento de la prueba, debido proceso adjetivo, defensa en juicio, declaración de puro derecho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Forte, Luis María c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Acción meramente declarativa Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-09-05

La recepción de los medios probatorios idóneos integra la garantía del debido proceso que, a su vez, constituye una manifestación del derecho de defensa en juicio amparado por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 13 inciso 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello, la apertura a prueba es la regla -por tratarse del trámite que mejor garantiza la defensa en juicio- y la declaración de puro derecho la excepción. En el sub lite, si bien se encuentran reconocidos los pagos invocados por la parte actora y el dominio del inmueble, resulta pertinente esclarecer el sustento fáctico de la adecuación del empadronamiento de la finca que motiva la pretensión de cobro cuestionada. En consecuencia, corresponde revocar la decisión recurrida, debiendo expedirse el señor juez a quo sobre la pertinencia y admisibilidad, en particular, de cada medio probatorio propuesto, en orden al esclarecimiento de la controversia planteada.
Derecho procesal, procesos especiales
Materia: CIVIL
Carátula: RIVERO EDUARDO ALBERTO c/  s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-09

En una sucesión no corresponde acordar medidas precautorias cuando los bienes se encuentre en poder de terceros -conforme sucede con el automotor de autos-, debiendo, en todo caso, los herederos iniciar las acciones tendientes a su restitución, siendo en el marco de estos últimos procesos que se pueden solicitar las medidas de seguridad que se entiendan pertinentes (cfr. Falcón, Enrique M., "Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2007, T. VII, pág. 57).
Empleados públicos, cesantía, aptitud psicofísica, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TORRESAN, ENRIQUE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 5-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-12-27

Es ilegítima la cesantía dispuesta por la Administración en base a ciertos hechos pero prescindiendo de otro posterior a éstos, que actuó como una suerte de saneamiento de la relación según había ésta transcurrido hasta ese momento, y que obligaba a las partes a una determinada conducta distinta a la seguida.

En el caso, el dictamen médico oficial, del que surgía una minusvalía comprobada, obligaba a la conservación del empleo, a la asignación de tareas compatibles con el estado de salud del empleado y, en su caso, al pago de indemnización.
Tenencia de armas, tipo penal, registro de armas, plazo legal, ley vigente, interpretación de la ley
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: ALDAO, Mauricio Ángel s/ s/inf. Art. 189 bis CP - Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

No se comparte la interpretación en la que se concluye que de acuerdo al temperamento adoptado por el legislador, desde la promulgación de la Ley Nro. 25.886 -4 de mayo de 2004- a la fecha, habiendo transcurrido casi dos años y dos meses, y hasta el momento en que el Registro Nacional de Armas -RENAR- concluya su campaña registral, el delito no entrará en vigencia.

No sólo ello no se ajusta a la voluntad del legislador al momento de sancionar la reforma penal, al texto ordenado, al verdadero contenido de las disposiciones administrativas adoptadas por el Poder Ejecutivo, sino que incluso resulta inaceptable el supeditar la vigencia de una conducta que se ha calificado como delictiva a la mayor o menor diligencia de la administración.
Leyes, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Busada, Claudio Alberto y otros s/ Inconstitucionalidad ley 11.685 Marino, María B. y ot. s/ Inconstitucionalidad art. 10 ley 11.685
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10|2000-06-21

Siendo el ordenamiento jurídico un sistema, la aplicación de la norma particular sólo es concebible en función de la armonía con las superiores y si, por el contrario, ambos niveles estuvieran en conflicto, el propio sistema impondría el predominio de las de mayor jerarquía. (Minoría u opinión personal)
Eximentes de responsabilidad penal, inimputabilidad, estado de necesidad
Materia: PENAL
Carátula: ANDREOTTI, Hugo A. s/ TENTATIVA-HURTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

El estado de necesidad sólo juega como eximente cuando es invocado por quien se encuentra en una situación angustiosa, de peligro inmediato y de la cual no puede salir sino a costa de sacrificar un bien extraño.