marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, obligaciones del médico, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: GARRIDO ESPINOSA DE LEON, Margarita del Carmen c/ OBRA SOCIAL PERSONAL IND. DEL CALZADO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-18

Es primordial obligación de los médicos la confección, conservación y aporte de la historia clínica, lo que incluye el parte del anestesista, en su caso. Luego, ante su falta o deficiencias, es carga de los accionados demostrar que el proceder médico fue correcto, que se extremaron todos los recaudos y que el resultado ocurrió como un riesgo ordinario que se corre en la práctica de que se trate. Debe repararse en que se trata de prueba que sólo los facultativos se encuentran en condiciones de brindar, la cual no puede puede ser suplida por el mero testimonio de parte del equipo médico, más aún cuando existen serias contradicciones entre los relatos de los distintos involucrados.-
Oposición de defensas, excepción de prescripción, oportunidad procesal, voluntad del legislador
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS c/ STAPLER DE NAVARRO MARIA LUISA Y OTROS s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

La prescripción no puede ser suplida de oficio (art. 3964, Código Civil) y debe ser opuesta al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga quien intente oponerla (it.

art. 3962). Esta normativa responde al propósito de la ley de dejar librada a la decisión individual de cada uno de los deudores el aprovecharse de la prescripción corrida (F. A. Trigo Represas y P. N.

Cazeaux, Derecho de las obligaciones, La Plata, 1975, T. 3, pág. 615), por tratarse, como ha dicho Vélez Sarsfield, de una cuestión de "conciencia" (ver nota al cit. art. 3964), pues no debe ser impuesta al deudor si sus escrúpulos o el sentido estricto del compromiso contraído, lo determina a no hacer valer el transcurso del tiempo para excusarse del cumplimiento de su obligación.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, poder de policía, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kasdorf SA. c/ Jujuy, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

La provincia debe reparar los perjuicios derivados de la falta y disminución de la venta del producto lácteo que fabrica la actora, si sus dependientes, empleados de un hospital, incurrieron en una conducta negligente al suministrar a lactantes el producto que se había contaminado con un plaguicida durante su transporte, si posteriormente excedió los límites razonables del ejercicio de su poder de policía cuando prohibió comercializar el producto.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Vera Duarte, Leoncio y otro s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-20

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que expresa que una presunción fue estructurada sin elaborar "el razonamiento lógico" que se fundaría en el hecho así invocado, pero omite señalar cuál sería la transgresión legal en que así habría incurrido el juzgador.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

El criterio restrictivo que debe seguirse en la aplicación del instituto de la caducidad de instancia, es útil y necesario cuando existen dudas sobre la inactividad que se aduce, pero no cuando aquélla resulta en forma manifiesta.
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, penas contravencionales, instrucciones especiales, cumplimiento de la pena, oficios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N, R. E s/ articulo 74
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-17

En el caso, la cuestión se centra en especificar si el retiro del oficio del juzgado de primera instancia dirigido a Alcohólicos Anónimos (lugar determinado a los efectos del cumplimiento de las instrucciones especiales) por parte del condenado, debe considerarse como acto inicial del cumplimiento de la condena, para establecer si posteriormente ha ocurrido un quebrantamiento de la pena; circunstancia ésta, que influirá sobre el cómputo a realizar a los fines de resolver sobre la prescripción de la pena.

Efectivamente, en caso de que el condenado hubiera comenzado a cumplir la pena y la quebrantara, es decir, dejara de cumplirla, comenzará a correr nuevamente el plazo íntegro desde el día en que ello ocurrió -artículo 32 del Código Contravencional-.

Ello así, no constituye un acto iniciativo el retiro del oficio, pues si bien constituye un acto específico tendiente a la ejecución de las instrucciones especiales, no puede sostenerse que dicha acción implique el comienzo de la ejecución misma, la que -por otra parte-nunca comenzó, tal como surge de la información brindada por Alcohólicos Anónimos al Secretario de Juzgado, por ende, estamos frente una falta de comienzo de ejecución de una pena, y si su cumplimiento no se inició mal podemos hablar de un "quebrantamiento". (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, liquidación de entidades financieras, responsabilidad del banco, declaración jurada
Materia: COMERCIAL
Carátula: EIRAS, RAUL c/ CAJA DE CREDITO VERSAILLES COOP. LTDA. Y (B.C.R.A.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

Resulta improcedente la acción judicial promovida por un cliente de una entidad financiera contra ésta y el banco central (en su carácter de liquidador de la misma) por cumplimiento de la garantía legal de los depósitos a plazo fijo efectuados en la citada entidad si -como en el caso-, se verifica que la carga que la ley 21526: 56 impone al ahorrista a los fines de la garantía, la que aparece circunscripta a la declaración jurada que deben presentar los beneficiarios de la cobertura, fue incumplida por el pretensor. En tal situación, el B.C.R.A está habilitado a rechazar la pretensión de pago del ahorrista. De modo que la exigencia para percibir los depósitos amparados por la garantía de referencia, no constituye un mero recaudo formal sino, que supone la asunción por parte de los pretendientes al beneficio de la garantía de una especial responsabilidad; particularmente exigible cuando de la prueba rendida no surge con claridad la autenticidad del depósito invocado.
Salario básico de convenio, aumento salarial
Materia: LABORAL
Carátula: KIEZEL, CARLOS c/ SA PRODUCTORA AVICOLA SAPRA s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-03

El fallo plenario nº 287 del 5/9/96 "in re" "Goncalvez Machado, Luis C/ SA Productora Avícola SAPRA S/ dif de salarios" expresó que el art 24 de la CCT 31/89 al disponer que "las empresas que tuvieren salarios superiores a los básicos establecidos en este convenio al tiempo de su homologación deberán mantenerlos", no obliga a las empresas en esas condiciones a incrementar las remuneraciones que efectivamente pagaban, en la misma proporción en que fueron aumentados los salarios básicos.
Falsificación de documentos, receta médica falsa, delitos contra la salud pública, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Filippus de Lancioni, Sonia s/ denuncia de hurto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

El art. 29 de la ley 23.737, al sancionar a quien falsificare recetas médicas no hace más que tutelar el bien jurídico salud pública.
Medidas cautelares, gastos de medidas cautelares, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENTRO BANCO (PANAMA) SA c/ ANTONIO JORGE s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Es carga de quien solicita una medida cautelar tomar todos los recaudos necesarios para evitar que un tercero, ajeno a la litis, se vea perjudicado por la traba de un embargo decretado contra el demandado. Los gastos que la situación irrogue a dicho tercero, serán soportados por el solicitante de la medida aún cuando no exista fundamento para colegir que hubiere actuado de mala fe.
Partes del proceso, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: CORONEL HÉCTOR H. c/ CARATE NICOLÁS Y OTRO s/ REIVINDICACIÓN - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-10-28

La acreditación de la legitimación es esencial a los fines de la procedencia de cualquier acción. La investigación de la legitimatio ad causam, por tratarse de un elemento o presupuesto de la acción, se torna imperiosa para el dictado de una sentencia válida por estar comprometido el orden público procesal, por lo cual el juzgador debe abordarla aún de oficio (doct. art. 339 inc.3 del C. P. C. y C.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: García, Diana Beatriz c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-25

El art. 2° de la ley 27.426 dispuso que "La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente, se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018". Por lo tanto, al derogar el anterior método de movilidad establecida por la ley 26.417, dejó sin efecto el ajuste que ésta contemplaba y ordenó aplicar un nuevo cálculo de movilidad a períodos abarcados por la anterior ley, con carácter retroactivo, pudiendo alterar con ello el alcance jurídico de las consecuencias de los actos o hechos realizados en su momento bajo el anterior régimen legal. Por tanto, por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación puede interpretarse que a la relación ya constituida se le aplicará la nueva norma, para regir las instancias que aún no se hayan cumplido. Las instancias ya cumplimentadas serán regidas por la ley anterior. Es decir, los efectos ya producidos al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley son regidos por la vieja ley. (Disidencia del Dr. Russo).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: Carranza, Juan Ramón y Acosta, Mercedes s/ Robo calificado por el uso de armas reiterado (2 hechos) y violación  calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-23

Es ineficaz el agravio dirigido a cuestionar la habilidad, credibilidad y valoración del testimonio de la víctima si se omite relacionar tales reclamos con el contenido de las normas de la prueba testimonial, a fin de evidenciar de qué modo éstas habrían resultado vulneradas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, cuestión no constitucional, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUSSIN, JORGE ALEXIS c/  s/ HOMICIDIO CRIMINIS CAUSA Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-03-10

Si bien el recurrente insiste en sus críticas a la ponderación que se hiciera de un testigo de identidad reservada, de la lectura del fallo de Cámara y del auto denegatorio de la presente vía surge que en realidad en este proceso no hubo ninguna persona a quien se le asigne tal calidad, denominando la presentante de ese modo a quien diera datos de los autores del delito al padre de la víctima sin revelarle su identidad, habiendo sido éste quien depuso en el juicio como testigo de oídas.
Desistimiento, oportunidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: CASTELLON MIGUEL Y OTROS S.D. ROBO CALIFICADO, ENCUBRIMIENTO, ROBO SIMPLE, ETC.E.P. DE EXEQUIEL HERNANDEZ s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-19

En cualquier etapa del proceso el recurrente tiene derecho a desistir del mismo, mientras no se haya dictado fallo definitivo, siendo este derecho común a todos los procesos.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema, división de poderes, sistema de gobierno, sistema republicano
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Corresponde admitir la intervención del Tribunal aun cuando se trata de cuestiones de orden local ajenas a la competencia de la Corte Suprema cuando se alega la violación del principio de la separación de los poderes del Estado y consecuentemente se afecta el régimen republicano de gobierno al que deben ajustarse los estados provinciales (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Marcas, uso indebido de marca o designación, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: 5  AL  DIA  POR  EL  CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS ASOC. CIV. c/ CENCOSUD S.A. S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15

Me parece inaceptable el criterio de tomar un porcentaje sobre los ingresos del infractor. Advierto que la actora ha fundado su pretensión en sus necesidades como asociación civil sin fines de lucro, que conforma su patrimonio a través de membresías, donaciones y adhesiones. En tal sentido, repetidamente invocó como daño el hecho de no haber podido suscribir distintos convenios con sociedades comerciales puesto que las sociedades en plaza interpretaban que el uso de la marca y eslogan de la actora era libre, dado que lo utilizaba Cencosud S.A. en sus locales. Sin embargo, sólo se ha demostrado que hubo conversaciones y ningún acuerdo con Cencosud S.A. y no hay constancias fehacientes respecto de otros comerciantes. En este sentido, el acuerdo con Molinos Río de la Plata S.A. y otros sujetos similares (Anexo "H") pueden dar ciertos indicios de escaso valor comparativo. Ante el agravio de la parte actora que cuestiona por exigua la estimación de daños efectuada por el señor juez a-quo, mi posición es que el daño está representado por el monto que la actora dejó de percibir por "autorización de uso de marca" por parte de Cencosud S.A. desde marzo de 2007 a diciembre de 2007 o al 2 de enero de 2008. Si tomo como práctica la fijación de una membresía mensual, estimo que el monto del resarcimiento evaluado en los términos del art. 165 del Código Procesal, debe ascender a un capital de $ 36.000, puesto que transcurrieron nueve meses hasta el cese del uso de la marca ajena que se juzgó ilegal. Este capital generará intereses a la tasa dispuesta por el juez de primera instancia, desde la primera audiencia de mediación y hasta el efectivo pago.
Menores, competencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Juez Correccional y de Menores Nº 1, Tercera Circunscripción Judicial. s/ Plantea cuestión de incompetencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-08-29

Del art. 412 del Código Procesal Penal, se desprende que son los jueces de menores los que tienen la facultad de instruir como así también la de juzgar y resolver las actuaciones en las que estén comprometidos menores como sujetos de un hecho delictivo.

Y del art. 25, se desprende que el mismo está haciendo referencia a los jueces correccionales, soslayando que la ley asignó también a estos la competencia sobre menores y que a la luz de las normas citadas (art 412), son los encargados de la investigación y juzgamiento de los delitos en que están involucrados menores de edad. En el convencimiento de que el criterio expuesto es el que mejor se ajusta a una interpretación integral y armónica de las normas vigentes, expido mi voto declarando la competencia del Juez Correccional de Menores, para investigar y juzgar en el caso.
Divorcio, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.B., A. M. y otro s/ Divorcio (art. 67 bis)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-04

La acción de divorcio y tenencia, por ser de valor indeterminado, determina que se aplique el art. 9, ap. I del decreto ley 8904/77.

En cambio, respecto de la de liquidación de la sociedad conyugal, rigen las disposiciones de los arts. 45 y 38 del citado decreto ley.
Concurso preventivo, quiebra, calificación de conducta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SZCZECH NESTOR JUAN c/ QUIEBRA s/ INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-06-14

Otro aspecto a considerar es que la conducta del fallido a tener en cuenta para considerar procedente su calificación es la verificada antes de la falencia y sólo la relacionada con ella, lo que descarta ab-initio la consideración de cuestiones posteriores señaladas por la Sindicatura.
Seguros, seguro colectivo, principios procesales, beneficiario del seguro, trabajador, incapacidad total, incapacidad permanente, rechazo del reclamo, improcedencia del recurso, interés asegurado, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MIGUEZ PABLO FERNANDO C/ CAJA DE SEGUROS SA S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

En consecuencia, en la medida que la exclusión de cobertura que la aseguradora pretendió hacer valer para declinar el siniestro no fue oportunamente notificada al actor por medio alguno, pese que así lo establecía la propia póliza, la misma es inoponible al asegurado (arg. conf. Stiglitz, Rubén S., "Temas sobre el contrato de Seguro colectivo de vida", publicado en Revista del Derecho Comercial, 2011-B año 44, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 645). Sentado ello y no habiendo duda alguna respecto a que efectivamente el accionante padece una incapacidad total y permanente (conforme informe pericial médico) corresponderá admitir la demanda. Toda vez que el seguro colectivo se celebra entre el asegurador y el tomador, el asegurado, a pesar de su condición de destinatario final de la prestación a cargo del primero, no participa ni le es factible influir en el contenido contractual de las condiciones particulares ya que, obviamente, dada la formación del contrato de seguro, jamás participará en la creación de las condiciones generales ni podrá influir en su texto. Ello significa que son ajenas a la discusión sobre el alcance de la cobertura, su determinación, su delimitación y, por consiguiente, las eventuales exclusiones. Lo expresado pone de manifiesto que el deber de información cobra, en la especie, una importancia decisiva. Ello no sólo surge de la LDC 4 y del CCCN 1100, sino que se trata de un deber genérico de proceder de buena fe en la esfera contractual (CCIV 1198 hoy CCCN 961) y el más específico consiste en adecuar el comportamiento al estándar del CCIV 902 (hoy CCCN 1725)
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MARTINEZ, NORMA c/ GIANNI, ROBERTO s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-26

Determinar si las partes se hallaban -o no- vinculadas por un contrato de trabajo a plazo fijo, constituye una cuestión de hecho reservada al grado y ajena -en principio- a la instancia extraordinaria, en tanto su consideración remite al examen de las probanzas incorporadas a la causa.-
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI, archivo del expediente
Materia: PENAL
Carátula: MANUTEXTIL S.R.L. s/ Régimen Penal Tributario, Causa: 37880.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

1 - Corresponde revocar la resolución que ordenó el archivo de las actuaciones por no poderse proseguir con la investigación que fuera fundada en que a raíz del resultado negativo de las medidas practicadas no es posible contar con la documentación contable necesaria para la confección del informe técnico.- 2 - El informe que la ley establece sólo supone que la Dirección General Impositiva aporte al juez los elementos que obraren en su poder y las conclusiones que hubiera podido alcanzar. Se sobreentiende, por lo tanto, que si la autoridad administrativa no posee ningún elemento probatorio ni ha arribado a ninguna conclusión, nada tiene que informar.- 3 - La sola circunstancia de la carencia de informes del organismo administrativo, no es razón para cerrar el caso cuando el Ministerio Público insiste en llevar adelante la investigación.
Litisconsorcio facultativo, representación procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Colegio San Jorge c/ Dirección de Enseñanza Pública y otros s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-10-31

Lo que caracteriza a la conformación de un litisconsorcio facultativo es ".. la independencia y autonomía subjetiva, de donde cada litisconsorte es libre de disponer de la pretensión ejercida, y ello es válido para el litisconsorte activo o el pasivo sin perjuicio de la actitud de su compañero de ruta."( Martínez, Procesos con sujetos múltiples t. 1, pág.46).

En esa inteligencia, la independencia entre los integrantes de un litisconsorcio facultativo tiene por efecto que los actos de uno no puedan perjudicar al otro.

En consecuencia, el defecto en la representación procesal imputable a una de las personas que integraban el litis consorcio -que invocara la calidad de gestor- solo pudo producir como consecuencia la escisión del consorcio y no la nulidad del proceso. Dicha escisión produce el cierre del proceso respecto de aquél que no subsanó la deficiencia o no cumplió los presupuestos procesales, pero que en modo alguno afecta la situación del otro integrante respecto del cual el trámite debe continuar. (Del voto del Dr. Cáceres-Por la Mayoría)
Sociedad de hecho, personería jurídica, Ley de Sociedades Comerciales
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESCRICH MANEROR c/ BCO. SOCIAL DE CORDOBA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-19

Si en la realidad nada obsta a que la ley reconozca a las sociedades de hecho como sujetos de derecho, no cabe negarles "personalidad" y consiguientemente, todas las obligaciones inherentes a las mismas, establecidas para las demás sociedades comerciales. Todo ello sin perjuicio de reconocer su carácter "precario" y "limitado"; precario, en cuanto la sociedad puede ser disuelta cuando cualquiera de los socios así lo solicita, y limitado, tal lo denomina la propia exposición de motivos de la ley 19.550, porque dicha personalidad no producirá la plenitud de sus efectos normales.
Insuficiencia del agravio, calificación legal, tenencia de estupefacientes, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: PIZARRO RUNCIMAN, Francisco Javier y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

Corresponde rechazar el agravio cuestionado la calificación legal toda vez que /en las circunstancias de la especie, el encuadre legal en la figura de tenencia simple de estupefacientes trasunta su ajuste a derecho, pues no es el resultado de un estado de duda respecto a la posibilidad de tenencia para consumo, sino precisamente esta posibilidad más beneficiosa ha sido descartada en razón de las constancias de la causa que quedaran incorporadas al juicio y que revelan una cantidad que lejos está de ser considera escasa cuando supera en poco más de los 1000 grs de material estupefaciente -cannabis sativa- y equivalente conforme la experticia de su especialidad a dos mil dosis umbrales, circunstancia esta última que, vale destacar, la defensa no ha alcanzado a poner en disputa en su intento de vencer la condena de su pupilo.