Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-03-13


2º Instancia. - Mercedes, marzo 13 de 2007.

1º Se ajusta a derecho la sentencia "única" obrante a fs. 839-883vta., en cuanto es materia de apelación y agravios? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - El doctor Marchió dijo:

I. La señora jueza de primera instancia dictó sentencia "única", repeliendo tanto la acción de nulidad del acto escriturario cursada en las presentes actuaciones, como la de redargución de falsedad que es propia del expediente "acumulado" (ver certificación de fs. 150 de éste), en ambos casos con costas a la parte actora. Es ésta la que en los dos apela, glosando en ambas idénticas expresiones de agravios; las que, de su lado, también merecieron idénticas réplicas de sus contrincantes. Luego del firme llamamiento de "autos para sentencia", en ambos expedientes, quedaron ellos en condiciones de ser votados, cosa que -obviamente- se aborda en este también "único" pronunciamiento.

II. Los planteos de la parte actora.

Raúl Anselmo y Anselmo Martín Enrique Sáenz Valiente, en este expediente principal interponen demanda por nulidad de acto jurídico escriturario contra Norberto José Valentini y el escribano Luis Darío Laplacette, con respecto a la escritura (cuya fotocopia obra agregada a fs. 10-16) nº31 del 27 de abril de 1994, por ante el Registro Notarial de San Antonio de Areco, del cual es titular el escribano codemandado. El primero es hijo y el segundo nieto (hijo de un hermano fallecido de aquél) de don Anselmo Francisco Sáenz Valiente, quien aparece como vendedor transmitente en la escritura que impugnan, en la cual luce como comprador el señor Valentini. Señalan que el coactor Raúl y el padre del otro postulante de la instancia (fallecido a la fecha de iniciación de esta demanda), ambos en su calidad de hijos promovieron con anterioridad el juicio sobre inhabilitación de su padre don Anselmo Francisco (vendedor en el acto que impugnan), el cual corre agregado por cuerda; y formularon denuncia contra Delia Irigaray (hoy fallecida) y María del Carmen Erika de Compte (también agregado por cuerda). Dicen que mediante la escritura que apostrofan (y de la cual analizan detalles) se trasmitió la propiedad de un campo de (lo digo aproximadamente, con un número "redondo") 290 hectáreas ubicado en San Antonio de Areco; por la suma de cuatrocientos mil dólares estadounidenses (U$S400.000.) "... importe que el vendedor manifiesta recibir íntegramente en billetes dólar del comprador, sirviendo el presente instrumento de suficiente recibo y carta de pago en forma ...". Agregan que en la escritura se lee que no surgiendo deudas de los certificados, se responsabiliza el vendedor por la que pudiere surgir eximiendo de responsabilidad al escribano; que el comprador recibe la posesión por tradición efectuada en la fecha; y que el vendedor manifiesta que corresponde la retención del impuesto a la transmisión de bienes, que depositará oportunamente. Agregan que su padre y abuelo se divorció alrededor de veinticinco años antes de otorgar la escritura de venta; que desde esa época comenzó a convivir con la señora Delia Irigaray (hoy fallecida); y que en 1984 otorgó la administración a María del Carmen Erika de Compte, también de esa ciudad. Sostienen que habiéndose vendido el inmueble el 27 de abril y promovido la inhabilitación el 10 de mayo (en ambos casos, del año 1994); ambos hechos resultan contemporáneos; que el 29 de julio del mismo año, su padre y abuelo sufrió un infarto cerebral que determinó su internación (relatan y especifican los sucesivos nosocomios en los cuales fue internado, en todos los casos, por medio de la obra social PAMI). En uno de ellos fue en el cual tomó contacto con el paciente el señor perito médico oficial designado en el expediente sobre inhabilitación, y acompañan copia del dictamen del Dr. Z., el 24 de noviembre de 1994; y trasladado posteriormente a otro hospital, fallece el tres de enero de 1995 (recala en detalles del dictamen siquiátrico del Dr. Z. y de la historia clínica del hospital en el cual se hallaba -Zerboni- cuando lo examinó este perito). Más adelante, enfáticamente sostienen que no existió dinero alguno, al momento del acto escriturario, pormenorizando en detalles fácticos concernientes a ello, aludiendo también no sólo al deficiente estado mental de su padre y abuelo, sino también a la sordera casi total del mismo (en orden a la fórmula notarial de que le fue "leída" la escritura); destacando, asimismo, que pese a que el expediente sobre inhabilitación se hallaba en estado de dictar sentencia, no se llegó a ello a raíz del fallecimiento del señor Anselmo Sáenz Valiente (padre y abuelo de los coactores). Esto que reseño es un extracto de los incuestionados "resultandos" de la sentencia en crisis.

III. Los mismos coactores promueven en el expediente "acumulado" incidente de redargución de falsedad contra el doctor Alberto Ricardo Almada, con respecto a los certificados médicos que extendió con fechas 13, 22 y 27 de abril de 1994, acompañados como "documental" por el escribano Laplacette al contestar el traslado de la demanda en el juicio "principal" e incorporados al protocolo del notario con relación a la escritura cuya nulidad es motivo del juicio "principal". Siempre según la inatacada reseña de la "a qua", surge de la misma que estos certificados se atacan por falsedad ideológica de su contenido; no por su falsedad "instrumental".

IV. La sentencia en recurso.

La sentencia en recurso tiene una extensión poco común, y en la misma la juzgadora ha detallado con minuciosidad lo que surge de los elementos de prueba que compulsó; dejando sentado, además, las dudas que la cuestión suscitó en su espíritu. Trataré de reseñar lo más sintéticamente que pueda, lo esencial de su pronunciamiento, en los términos siguientes. a) Pese a que a fs. 80 del incidente "acumulado", el Dr. Agüero se presenta como "perito de parte", ese escrito no puede ser estimado como una "pericia", ni tampoco una prueba testifical; razón por la cual su valor es el de corroborar que la documentación de fs. 36-37 fue ordenada por un médico neurólogo que en 1986 atendió a Sáenz Valiente. Pero nada de lo demás que en dicho escrito se dice, debe ser computado para enervar la presunción de capacidad del "vendedor"; sino tan sólo un "indicio" que debiera ser corroborado por otros (fs.863 "in fine" y vta.). b) Siempre con referencia al incidente acumulado, con los dichos de los testigos Alonso e Irizar (propuestos por el allí demandado) y las absoluciones de posiciones de éste y del coactor Sáenz Valiente, a la postre tiene por acreditado que el Dr. Almada podía conocer bien el cuadro de salud del señor Sáenz Valiente (vendedor), pues era el médico que lo controlaba (fs. 863vta.864). c) Ya en el ámbito de este expediente principal, en base al pleno valor probatorio que le asigna a la confesión expresa, con las absoluciones del señor Valentini y del fallecido escribano Laplacette, tiene por acreditado que la ex-administradora del "vendedor", señora Carmen Erika Compte trabajó con el "comprador" señor Valentini con anterioridad a la firma de la escritura cuya nulidad se impetra; y que: el mencionado notario conocía a dicha señora también con anterioridad a la fecha de la escritura; y que luego de suscripta ésta, el escribano se enteró que el "vendedor" padeció serios trastornos vasculares, con pérdida de sus facultades mentales (fs. 866 y vta.). d) Tras analizar las diversas pericias médicas, la "a qua" se inclina finalmente por la del Dr. Florián; experto que concluye señalando que no existían evidencias clínicas objetivas, neurológicas o siquiátricas, o de estudios complementarios, indicativos de que Anselmo Francisco Sáenz Valiente presentase una disminución importante en sus facultades mentales (p. ej. que comporten incapacidad o inhabilidad) a la fecha de la realización del acto jurídico escriturario motivo de la litis (fs. 870vta.871). e) Toma en cuenta los dichos de los testigos Almada, Marchi y María del Carmen Erika (cfr.: fs. 408-411), para cimentar su aserto de que el "vendedor", a pesar de su edad y de que tenía algunos problemas de salud, no tenía afectada su capacidad (fs. 871vta.872). f) Tras mencionar la prueba informativa ofrecida por el señor Valentini, concluye que éste demostró con la misma, que con la venta de bienes y el otorgamiento de créditos, estaba en condiciones de desembolsar la suma de dinero que aparece entregando en el momento de la escritura cuestionada "... y demás presupuestos que pretendiera en su contestación de demanda..." (sic; (fs. 872-873). g) Con la prueba testifical que analiza y califica de "...abundante, y en cuanto a mi ánimo convincente..." (sic), llega a la conclusión de que el "comprador" acreditó que el valor del campo era bastante aproximado al que pagó (fs. 873-875vta.). h) al absolver posiciones, el coactor Raúl Sáenz Valiente reconoció que el señor Valentini tiene solvencia económica y moral; y que el campo, al momento que éste lo compró, estaba en muy mal estado de conservación (fs. 875vta., XIV). i) Con respecto al incidente de redargución de falsedad motivo del expte. "acumulado", la "a qua" dice que de la totalidad de la prueba producida en los expedientes que mencionó, surge que el Dr. Almada atendió como facultativo general al "vendedor" en los últimos años de su vida; y que, como tal y dentro de su alcance, emitió la referida documentación (certs. médicos de los días 13, 22 y 27-4-'94); aunque no es muy creíble su afirmación de que ignoraba el destino de la misma. Pero de todos modos, con respecto a dicha documentación (como lo explica el citado galeno al deponer como testigo) no se ha demostrado que no se correspondiera con el estado de un hombre de edad avanzada y con problemas de salud, pero que no alteraban la comprensión de sus actos. Por estos motivos rechaza el incidente (fs.876, XV).

V. j) Ya sumergiéndose en el marco jurídico de la acción traída, en su ponderable sentencia por la laboriosidad puesta en su elaboración, la señora jueza de primera instancia la subsume en el art. 474 del cód. civil, desplazando expresamente la aplicación del art. 473. k) Ello porque estamos, dice, ante el caso de una impugnación posterior a su muerte, del acto de una persona no interdicta celebrado antes de la promoción de su juicio de inhabilitación (no de insania), en el cual -de todas maneras, dice- no hubo sentencia a raíz de su fallecimiento pendiente el mismo. l) En tal puntual marco normativo descarta, en primer lugar, que la nulidad surja del acto mismo discurriendo sobre circunstancias connotativas de que el precio de la compraventa que se impugna no es vil ridículo; son irrelevantes los errores formales que se le achacan a la escritura; y los actores no han esgrimido ni probado que la firma fuera falsa. ll) En orden a la "buena fe" de Valentini, comienza dejando sentado que acreditó los soportes de su defensa y en especial que estaba en condiciones de desembolsar el precio que pagó, y que para desentrañar si obró o no con buena fe, es preciso determinar primeramente, si la pretensa incapacidad de Sáenz Valiente existía o no en el preciso momento del acto que se impugna. m) Para esta específica finalidad, descarta lo que pudiera extraerse de la pericia del Dr. Z., afirmando que la misma no puede serle opuesta al "comprador", y los coactores desistieron de la prueba testifical del mencionado galeno, la cual le habría permitido a Valentini controlarla; en cuanto al aporte del Dr. Ag¹ero, aunque se aceptaran sus dichos al margen de las objeciones formales ya analizadas antes, ellos no podrían prevalecer por encima de los certificados médicos del Dr. Almada, los cuales han superado los embates que se le enfilaron en el expediente "acumulado", en el cual se rechazó el incidente allí promovido. n) Confiesa la juzgadora anterior haber tenido "dudas", enraizadas en las siguientes circunstancias: a) en el informe del Dr. Z., así como en la pericia del Dr. Montes de fs. 328 (propuesto éste como perito por el codemandado Laplacette; b) la testifical de Estévez y Mangieri; c) la testifical "in artículo mortis" de la concubina del "vendedor", señora Delia Irigaray; d) que, al parecer, la importante suma de dinero "...cuya no existencia no se ha probado fehacientemente, haya tenido un destino incierto, que los principales protagonistas se han llevado a la tumba con excepción de Valentini y la señora María del Carmen Erika de Compte, cuya responsabilidad penal no ha podido probarse sin embargo, no obstante su estrecho conocimiento, que he considerado probado, tanto con Laplacette como con Valentini" (sic). o) Pero afirma finalmente, tales dudas han sido disipadas con la pericia del Dr. Luis Florián de fs. 489-493, quien la ha persuadido de que no existían evidencias clínicas objetivables de que el "vendedor" presentase una disminución importante de sus facultades mentales a la fecha de realización del acto jurídico escriturario que es motivo de la litis (fs. 876-879). Todo lo cual, en el marco del art. 474 del c. civ. la lleva a descartar la "mala fe" de Valentini.

VI. Los agravios.

Paso a reseñar lo esencial de los agravios de la parte actora. a') La primera crítica se centra en el método utilizado por la "a qua" al adentrarse primeramente en el incidente sobre redargución de falsedad; en tanto el mismo la ha llevado a ceñirse al certificado del Dr. Almada, en vez de analizar la totalidad de la prueba connotativa de todo el universo fáctico configurativo de la acción principal traída. Dice estarse refiriendo concretamente, a la no existencia -al momento del acto escriturario- de la importante cantidad de dinero, consistente en la suma de cuatrocientos mil dólares estadounidenses (U$S400.000.); carencia que es un tema central a decidir. Señala, asimismo, la omisión del tratamiento de elementos convictivos obrantes en los diversos expedientes agregados por cuerda. b') En la segunda crítica afirma que el único dinero existente en el acto escriturario, fue el necesario para pagar impuestos y tasas adeudados, y gastos de escrituración; adjudica a ello la frase empleada por el notario en la escritura, en orden a que el vendedor manifiesta recibir el dinero en ese acto. c') La tercera crítica está referida a la apreciación de la prueba testifical que la "a qua" hace en el cap. trece (XIII) de sus considerandos, con respecto a los deponentes propuestos por el señor Valentini, afirmando no sólo que son amigos de éste que intentan favorecerlo con sus dichos; sino que, además, no se expiden sobre hechos, sino que se limitan a volcar "opiniones". Asimismo, aquí objeta la extensión indebida (a su juicio) que la juzgadora anterior le ha dado a sus absoluciones relativas a la solvencia moral y económica de Valentini, y al mal estado del campo. d') En la que denomina "cuarta crítica", comienza compartiendo los conceptos de la "a qua" en lo relativo a que mediando mala fe del contratante, no rigen las cortapisas del art. 474 del C. Civ.; pero insiste en que su erróneo método la ha llevado a omitir lo esencial: la no existencia de los cuatrocientos mil dólares estadounidenses ya aludida; y por este andarivel llega a preguntarse qué podrían haber hecho con semejante suma de dinero dos ancianos enfermos (el "vendedor" y su concubina), sin siquiera haber tomado el mínimo recaudo de seguridad de haberla depositado en un Banco; y cómo es posible que un anciano postrado y sordo, no haya podido gastar la mínima parte de dicho dinero para hacerse atender en una clínica privada y con especialistas, en vez de tener que manejarse exclusivamente con la obra social del PAMI, apenas sesenta días después de haberla cobrado. e') En lo tocante al aserto relativo a que no le es oponible a la parte demandada la pericia del Dr. Z. y a que la recurrente desisitió de hacerlo declarar como testigo para que su contrincante pudiera ejercer el contralor pertinente; señala que ello no es así, ya que trató por todos los medios de hacerlo declarar, y lo sucedido fue que a pedido del apoderado del demandado en el incidente de redargución de falsedad, fue tenida la actora por desistida de la prueba testifical del Dr. Z. Por todo ello, pide que le sea oponible a la demandada la pericia de este médico-f') En el capítulo III que comienza a fs. 896 dice la actora emprender la crítica de la sentencia, la cual centrará en tres hechos de idéntica dimensión: 1) el estado de salud mental y síquica del "vendedor" al momento de la escritura; 2) la existencia o no en poder del "comprador" de los U$S400.000., y el desarrollo del acto escriturario del 27-4-'94; 3) El ulterior deterioro de la salud del "vendedor" y la inexistencia de dinero para atender sus graves dolencias. Señalo a esta altura, que en los siguientes párrafos de su protesta, la actora aborda con seriedad y enjundia todo lo atinente a este trípode argumental, internándose así en la parte más sustancial de su expresión de agravios (fs. 896-909vta.). Omito reseñarla, en obsequio a la brevedad; ya que -de todos modos- recalaré luego en todos los aspectos que estime dirimentes de esta parcela de la pieza expositora de agravios, cuya global fisonomía queda trazada con lo que hasta aquí vengo pormenorizando.

VII. El incidente "acumulado" sobre redargucion de falsedad.

La señora jueza de primera instancia lo rechazó, con costas, por los motivos que se extraen de la reseña que he efectuado de su decisión; los cuales conducen a que el rechazo del incidente lleve inexorablemente a tener por correcto lo que surge de los certificados del Dr. A., anexados al protocolo con relación al acto escriturario que es motivo de estas actuaciones "principales". Este enfoque jurídico de la "a qua" -equivocado--, la ha llevado -de una u otra manera, y como bien lo afirma la recurrente- a parcelar inadecuadamente el análisis de la realidad y de los elementos convictivos que la traslucen.

VIII. De todos modos y en definitiva, se equivocaron la apelante al promover el incidente, y la "a qua" al resolverlo enfocándolo en la forma en que lo enfocó. Ello porque -aunque no con la precisión apetecible-, ya adelanté que del escrito de promoción de este incidente surge que los certificados médicos en cuestión se atacan no por falsedad material o instrumental; sino por su contenido ideológico. Con alguna diferencia de matiz que en el caso resulta irrelevante (relativa a que el art. 393 de la ley adjetiva, en todos los casos veda la vía incidental para toda redargución de falsedad de los instrumentos privados (cfr.: Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos..., ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2º. ed., t.V-A, pág. 459), es unánime el criterio doctrinario según el cual la norma recién citada veda la vía incidental para redargüir de ideológicamente falso a un instrumento privado, ya que para ello basta la prueba en contrario en el expediente principal (Palacio, "Derecho Procesal civil", ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aire, 1977, t.IV, pág.456 pto. 433 párr. final; ALSINA, "Tratado...", ed. Ediar, Buenos Aires, 2º. Ed., t.III, pág. 450; De Santo, "El proceso civil", ed. Universidad, Buenos Aires, 1983, t. III, pág.495; etcétera). Por supuesto que esta postura jurídica también conduce a repeler la vía incidental en tratamiento; pero con una diferencia esencial, cual es la de que al así decidirlo la decisión se agota en el terreno formal, quedando intacto el valor probatorio que pueda asignársele -o no- a los certificados médicos cuestionados, evaluándolos conjuntamente con la totalidad de la prueba computable, a la luz de la "sana crítica" (doct. art. 384 del rito).

IX. De tal manera -pero por los fundamentos recién expuestos, y no por los de la "a qua" (doct. arts. 163 inc. 6 y 164 del CPC; "iura novit curia")--, corresponde confirmar el rechazo del incidente de redargución de falsedad, con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 del ritual).

X. Acción de nulidad de acto escriturario.

Es la cursada en estas actuaciones "principales". En la especie han fallecido: el vendedor, su concubina, el notario actuante, y hasta quien fue el asesor letrado del comprador. Sólo están vivos el comprador señor Valentini, y la ex-administradora del vendedor señora Erika de Compte. La declaración "in articuli mortis" de la concubina del vendedor (fs. 178 del dicho expte. pen.); a mi modo de ver exhibe una generalidad que le resta vigor convictivo -no porque haya que dudar de la sincera intención de esta declarante-; sino porque se atribuye inexplicablemente el rol de "víctima" de la maniobra que denuncia ("... han influido en mí, abusando de mi confianza y la de mi concubino..."; el subrayado de los reflexivos me pertenece), sin asumir expresamente que con ello estaría connotando que habría sido parte del concilio fraudulento que denuncia, y dejando en la penumbra por qué se habría decidido a formar parte del mismo y por qué decidió luego denunciarlo ( doct. arts. 384 y 456 del rito). Todo ello, por cierto, genera dudas, interrogantes, en vez de certeza; en el confrontamiento de estas postreras afirmaciones, con lo que dijo antes a fs. 116-118 del mismo expte. penal, donde dijo no saber nada de la venta ni si Erika de Compte le había rendido cuentas de ella a su concubino; y que ese día el señor Anselmo Franscisco Sáenz Valiente (su concubino) estaba totalmente lúcido al momento de la escrituración (respaldando esto en un hecho puntual que allí detalla).

XI. Vaya lo dicho en el párrafo anterior, simplemente como una muestra de por qué comparto -pero de la manera recién expresada- la duda de la judicante anterior, con respecto a esta declaración "in articulis mortis". Pero con la aclaración de que tal duda no se extiende a la solución confirmatoria que habré de proponer a mis colegas, la cual de "iure conditio" reputo ineludidble, en mérito a la insoslayable subsunción legal del caso.

XII. Subsunción legal. Reza textualmente el art.474 del C. Civ. (sin el agregado de la reforma del año 1968): "Después que la persona haya fallecido, no podrán ser impugnados sus actos entre vivos, por causa de incapacidad, a no ser que ésta resulte de los mismos actos, o que se hayan consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad". La ley 17.711 le agregó como segundo párrafo lo siguiente: "Esta disposición no rige si se demostrare la mala fe de quien contrató con el fallecido".

XIII. El principio general, pues, es el de que los actos otorgados por una persona fallecida que en vida no fue declarada incapaz - como acá sucede-, son inimpugnables después de su muerte, por causa de incapacidad (Llambías, "Código civil anotado", ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, t. I, pág. 1197, pto. 2 ap. a). Las excepciones -que, en tanto tales, son de interpretación restrictiva- son dos: a) que la demencia resulte del acto mismo; b) que el acto haya sido posterior a la demanda de interdicción, o sea, cuando el denunciado demente ha fallecido durante el juicio de insania. Es coincidente la doctrina, en que este artículo contiene una excepción a lo normado en el art. 1045 del mismo código, cuya "ratio" reconoce motivaciones diversas, en la cuales reputo innecesario recalar (cfr.: Zannoni, "Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos", ed. Astrea, Buenos Aires, 1986, pág. 255). Con el agregado de la reforma, resulta que las limitaciones del art. 474 no rigen si se demostrase la mala fe de quien contrató, con el incapaz; la cual consistirá, según este autor, en el conocimiento de la existencia de la causa de interdicción en el puntual momento de celebrar el acto (no basta con probar que existía a la "época" del mismo), lo que equivale a sostener que, en definitiva, la anulabilidad del acto estará sujeta a la prueba de la carencia de discernimiento al momento de celebrar el acto (íb. íd). No importa tanto la "notariedad" o "publicidad" de la demencia, sino en la medida en que la misma sirva para perfilar la "mala fe" de quien contrató cosa que puede suceder en la mayoría de los casos, aunque no inexorablemente (cfr.: Kemelmajer de Carlucci, "La demencia como base de las nulidades en el código civil", en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", ed. Rubibzal-Colzoni, t. 8, págs. 32-33, 37, 60).

XIV. El comprador disponía del dinero que afirma haber abonado. Coincido con la apelante, en que despejar la incógnita relativa a si el señor Valentini tenía o no a su disposición la suma de U$S400.000. a la fecha de la escrituración (27-4-'94), es un punto crucial a decidir. Porque si quedare demostrado que en modo alguno podía disponer de esa importante cantidad de dólares estadounidenses; palmaria resultaría su mala fe, y por ende, ocioso sería internarse en el análisis de las cortapisas del art. 474, ya que regirían los principios generales (doct. arts. 921, 1045 y concs. del C. Civ.). En primer lugar, debo destacar que por sobre el concepto de "carga probatoria", prevalece el de "adquisición procesal", según el cual las pruebas se adquieren para el proceso, con independencia de si resultan favorables o no la parte que las produjo, porque lo contrario envolvería algo así como una renuncia consciente a la primacía de la realidad. El concepto de "carga probatoria"-para tornarse operativo-requiere como pedestal lógico la carencia o insuficiencia de elementos convictivos, porque habrá de ser el señalador de cuál de las partes soportará las adversas consecuencias de tal falencia. Modernamente, la doctrina procesal ha evolucionado hacia una rotación dináminca de las cargas probatorias, poniendo en cabeza de quien está en mejores condiciones para producir determinada prueba, las adversas consecuencias de no haber satisfecho ese así llamado "imperativo del propio interés".

XV. Dada la abundante prueba producida (prolijamente reseñada por la "a qua"), no resulta ocioso -aunque es elemental- dejar explicitado que el juez no está compelido a abordar todos los elementos convictivos; sino tan solo aquéllos que repute dirimentes para la solución del litigio. Y que no le está dado al magistrado pronunciarse sobre la bondad o lo disvaliosa que pueda parecerle la solución de la ley; sino aplicarla tal cual es, a partir de sus propios términos, y brindando la versión técnicamente elaborada de la misma. Va dicho esto último, a propósito de la astringencia del art. 474 del C. Civ., para permitir a los herederos del otorgante fallecido que no fue interdicto, atacar sus actos onerosos entre vivos a causa de su pretensa incapacidad al otorgarlos. Mediando un contratante de buena fe, unánimemente señala la doctrina que la ley ha sacrificado los intereses de dichos herederos, en aras de la seguridad jurídica, propendiendo a la estabilidad y firmeza de los actos jurídicos.

XVI. Ya entrando en el análisis concreto de la prueba producida, siguiendo el hilo conductor de los agravios de fs. 909 y sigtes., enlazados con la réplica del señor Valentini a partir de fs. 920, replicaré a aquéllos analizando el material protorio ("documental e informativa") aportado por el propio "comprador" codemandado. Para este análisis he requerido la colaboración de la señora perito contadora oficial de este Departamento, señora Verónica Bereterbide; cuya asistencia técnica no sólo me ha facilitado la compulsa, sino que me ha infundido mayor certeza en cuanto a la exactitud de lo que estimo surge de las pruebas referidas, en orden al hecho de que el "comprador", a la fecha de la escrituración, bien pudo haber dispuesto de la suma de cuatrocientos mil pesos o dólares estadounidenses.

XVII. La primera escritura, del año 1991 (venta de 300 hás.), no viene al caso, porque el mismo señor Valentini dice haber aplicado el dinero obtenido de esa venta, a la compra de 181 hás. en San Antonio de Areco. El detalle del último párr. de fs. 929vta. luce viable, en tanto con los importes obtenidos que allí figuran, se llega a la suma de pesos o dólares estadounidenses trescientos ochenta y siete mil ochocientos ($ o U$S387.800.), cantidad muy próxima a los U$S400.000 necesarios para la compra en cuestión en estos obrados. En efecto, $45.000. son producto de la venta de 101 hás. en Entre Ríos (escritura nº 293 del 6-7-'93: fs. 696-698); $100.000. son percibidos por la venta de fs. 706-710 de 239 hás. (101/138) en Entre Ríos (escritura nº 39 del 4-3-'94). De los informes de fs. 711 y 779 del Banco de la Nación, surge que pidió dos préstamos: a) uno el 3-1-'94 por $43.800., con garantía prendaria sobre su hacienda, pagadero a cuatro años en seis cuotas semestrales; b) y otro de $60.000. que fue otorgado el 2-5-'94 a sola firma (y no como dice la apelante para compra de hacienda, prenda c/reg.), pagadero en dos cuotas semestrales. De estos informes surge que al día 2-5-'94 (es decir, apenas cinco días después de la fecha de la escritura), el señor Valentini contaba con los $103.800. provenientes de ambos créditos; de manera que es factible y creíble lo que afirma (doct. art. 384 del rito), que por tan corto lapso amigos o parientes le hayan facilitado ese dinero (cfr.: fs. 929vta. últ. párr.). Por último, restan los $139.000, los cuales surgen acreditados del extracto bancario del Deutsche Bank (luego Bank Boston), a fs. 647, donde aparece que el señor Valentini, precisamente el día de la escrituración (27-4-'94), hizo la extracción de esos $139.000., dejando un saldo de $210,12.

XVIII. Los doce mil doscientos pesos que faltarían acreditar, son una suma poco importante ante los $400.000. que debía desembolsar (porque creíble es también la demora del Banco de la Nación en otorgarle el préstamo ya referenciado de $60.000.); habida cuenta de las hectáreas en explotación que tuvo a su disposición Valentini hasta la fecha de la escrituración cuestionada acá. Del conjunto de las escrituras obrantes en autos, surge que el señor Valentini en los años 1990/91 llegó a tener alrededor de un mil trescientas cincuenta hectáreas de campo, que fue vendiendo, si, sucesivamente; pero que al 27-4'94 le quedaban todavía en su poder setecientas diez hectáreas, que recién enajenó "a posteriori" en mayo de 1994, y que a la luz de las "máximas de la experiencia" (art. 384 del rito), no son poca cosa como para con cualquier tipo de explotación o arrendamiento de ellas, ahorrar los $12.200. restantes. Desde luego (por si algo faltare decir) que es inconsistente el ataque a la copia simple de escritura que efectúa la apelante, ya que la misma está autenticada por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos (fs.710).

XIX. Lo que surge del puntual análisis efectuado precedentemente, se compagina perfectamente con dos "indicios" que robustecen tanto la circunstancia de que el señor Valentini al momento de la escrituración disponía de una suma muy próxima a la total que debió desembolsar para la compra del campo del señor Sáenz Valiente; como la de que amigos o parientes, pudieron facilitarle por escasos días el relativamente escaso faltante (si es que no lo tenía él mismo guardado en efectivo, lo cual tampoco dejaría de ser otra probabilidad potable, también genéricamente deslizada en su réplica). a) El primero de ellos es su genérica solvencia patrimonial y moral (esta última en orden a la confiabilidad de la ulterior devolución sin sobresaltos, de un préstamo "amistoso" como el ponderado); a partir de haber sido favorecido en dos oportunidades por la diosa fortuna, y el buen uso que hizo del dinero así obtenido, adquiriendo inmuebles rurales (esto surge de la prueba testifical que la "a qua" en el considerando decimotercero -XIII- desde fs. 843 a fs. 845vta., a cuya lectura sin más renito; de la propia absolución del coactor Anselmo Raúl Sáenz Valiente, a fs. 789-791, a tenor del pliego de fs. 788; y de las constancias notariales recién analizadas en este voto (doct. arts. 384, 421, 456 y concs. del rito). b) El otro está en relación con lo que el señor Valentini manifiesta a través de su apoderado letrado Dr. M. B., a fs. 930 últ. párr., con respecto a la quinta posición ampliatoria de fs. 275 que la parte actora formuló en estos términos al señor Valentini: "para que jure como es cierto que contó el dinero antes de entregárselo al señor Sáenz Valiente". No es aceptable aplicar a rajatablas (como lo pretende el "comprador") lo normado en el art. 409 segundo párr. de la ley adjetiva ("Cada posición implicará para el ponente el reconocimiento del hecho a que se refiere"), porque el principio de "adquisición procesal" (ya aludido en este voto) en el cual se inspira, no llega a extremos irrazonables. En efecto, se sostiene que no debe aplicarse dicha norma cuando -como en el caso, se trata de una afirmación esporádica y que es consecuencia de las propias respuestas que se fueron dando a las posiciones anteriores (Morello-Sosa-Berizonce, ob. cit., t. V-B, pág. 55, con cita de un fallo en tal sentido, de la Excma. SCBA). Pero esto, en la especie, en modo alguno impide que tal posición formulada por la actora, configure otro "indicio" concordante con el anterior (doct. de los ya cits. arts. 163 inc. 5 segundo párr. y 164 del CPC).

XX. No existe prueba categórica de la "mala fe" del comprador. Ya dije que en el marco del art. 474 del C.Civ., la "notoriedad" o no de la pretensa demencia del "vendedor", interesa en tanto su existencia podría connotar la "mala fe" del otro contratante, porque la misma se presumiría a partir del hecho de que éste no podría ignorar lo que es público o notorio. Cosa ésta perfectamente aplicable al caso, ya que ambos contratantes vivían en San Antonio de Areco, que es una de esas ciudades del interior de esta Provincia en que la "inmediación" adquiere más subidos contornos en orden (al menos) a la comunicabilidad o anoticiamiento de los hechos notorios entre sus habitantes. La prueba de esta "notoriedad" debe ser categórica, clara, decisiva, en cuanto a que era conocida por la generalidad de las personas a través de una simple observación, ante la claridad de sus manifestaciones (cfr.: Kemelmajer de Carlucci, trab. cit., págs. 33-34).

XXI. La prueba testifical que ha reseñado la "a qua", de la cual a guisa de ejemplo aludo a los dichos del señor Marchi, quien alquiló el campo hasta el día de su venta y dijo que le pagaba los alquileres al finado señor "vendedor", quien estaba perfectamente lúcido (cfr.: 410 y 871vta.); así como las propias palabras del Dr. A. (amén de los certificados por éste expedidos), que reseña la juzgadora anterior (cfr.: fs.408-409 y 871) y la señora María del Carmen Erika (íd.: fs. 411 y 871vta.) aunque a estos dos últimos los comprendan las generales de la ley (consider. X "in fine" a fs. 872).

XXII. También carece de "univocidad" en orden a la pretensa "mala fe" del comprador -y por ende, a mérito de normas rituales ya tantas veces citadas-, no vale como "indicio", la circunstancia de que el comprador haya requerido los certificados médicos que extendió el Dr. A. y fueron anexados al protocolo con relación a la escritura que acá se pretende anular. En general no es un recaudo que llame la atención "per se", tratándose de una persona de avanzada edad y con achaques; a lo cual cabe agregar lo que bien señala la juzgadora, en punto a que Valentini sabía de los enfrentamientos entre el "vendedor" y su concubina con sus hijos.

XXIII. La nulidad, no surge "del acto mismo". Siempre sobre la base del art. 474 del C. Civ., al requisito de que la falta de discernimiento debe probarse que existía en el momento mismo de otorgarse el acto impugnado, se agrega inescindiblemente el recaudo de que tal prueba debe surgir "del acto mismo". La doctrina afirma que esta norma proscribe la prueba "extraña", aunque se admite que tal recaudo no queda ceñido al "contenido" del acto, sino que también puede extenderse a otros elementos integrantes del mismo. Pero en este último supuesto, es preciso que del acto surjan elementos que actúen a la manera de una llave maestra que le permita al juez internarse en los restantes elementos probatorios obrantes en el proceso (Kemelmajer de Carlucci, trab. cit., págs. 54-55, quien cita las palabras de Mosset Iturraspe).

XXIV. No surge de la escritura que se impugna (ni, p. ej. con referencia al monto del precio o demás condiciones pactadas de la venta), cláusula alguna de la cual pueda extraerse que el "vendedor" actuara sin discernimiento o intención (doct. arts. 921, 1045 y concs. del c. civ.); ni tampoco la actora, pese a la laboriosidad que connotan sus censuras, aporta nada en concreto al respecto. Nada relacionado con la circunstancia de que el dinero entregado al vendedor, ulteriormente no haya aparecido por ningún lado (al menos en forma acorde con su magnitud; porque la actora no niega la parte destinada a impuestos, tasas, gastos de escrituración, y una "pequeña suma" entregada a la concubina del "vendedor", según dice). A la sazón, el "vendedor" estaba acompañado por su concubina, su administradora (esto, al menos en algunos momentos concomitantes al de la puntual entrega del dinero), y su escribano de "confianza" y además vecino a la casa de su concubina, en la cual vivía y se otorgó la escritura (cfr.: absoluc. del Sr. Valentini a fs. 274); es pertinente señalar que el destino que pudo haber tenido dicho dinero, es un acto obviamente ulterior -y por ende separable al de su recepción, que en las circunstancias referidas carece de "univocidad" para connotar -así fuera como mero "indicio"- que Valentini no haya entregado el precio pactado. Máxime cuando, por otra parte y mediante elementos directos de convicción ha quedado acreditado no sólo que disponía de esa suma, sino hasta que el mismo día de la escrituración retiró una suma importante del Banco donde la tenía depositada (cfr.: párr. decimoséptimo -XVII- parte final, de este voto).

XXV. No empecen a la conclusión que antecede, ciertas características del acto escriturario, a las cuales alude la actora en su protesta. Ya he aludido a la sugestiva existencia de tres certificados requeridos por el señor Valentini, fechados los días 13, 22 y 27 de abril de 1994 y anexados al protocolo con relación a la escritura que nos ocupa (cfr.: declaración del notario codemandado, obrante a fs. 134-136 del expte. pen. agreg. por cuerda floja, según correcta referencia de la "a qua" a fs. 855vta.856); así como a la razonable explicación que ello podría tener. El galeno que los extendió, al absolver posiciones en el incidente "acumulado" (fs. 103-105 del mismo), dice que los certificados le fueron requeridos por el propio señor Sáenz Valiente, lo que está connotando, en amalgama con lo anterior, tratándose de un médico "personal" del vendedor, que fue éste quien canalizó el pedido del "comprador", lo cual por cierto que en modo alguno abona su esgrimida ineptitud para otorgar el acto en cuestión, máxime cuando el médico explicita las razones por las cuales le fueron requeridos los certificados.

XXVI. La fórmula empleada por el notario en la escritura, relativa a la entrega del dinero por parte del comprador: "... importe que el vendedor manifiesta recibir íntegramente en billetes dólar del comprador en este acto..." (cláusula séptima de la escritura a fs. 75 del expte. s/ inhabilitación; el subrayado me pertenece), enlazada con las declaraciones del notario a fs. 135-136 del expte. penal, connotan su extraneidad en lo tocante a ser este oficial público quien habría contado el dinero, para entregárselo al vendedor tras recibirlo de manos del señor Valentini. Pero es de hacer notar que el mismo escribano hoy fallecido declara que el señor Sáenz Valiente recibió el dinero, y que parte del precio fue destinada al pago de impuestos y tasas adeudados (o sea, que no quedó en poder del vendedor (así surge de plurales constancias y declaraciones testificales, y lo admite -por lo demás- la actora). Todo ello, en este marco, no pasa de configurar cierta desprolijidad en la confección del documento (porque, además, seguramente los impuestos y tasas adeudados no se pagaron con dólares billetes estadounidenses), pero en modo alguno tiene el rango de un indicio "unívoco" de la no existencia del pago pactado.

XXVII. La demanda de inhabilitación, en la especie no configura la segunda excepción prevista por el art. 474 del cód. civil. Ya adelanté el principio general de derecho, según el cual las "excepciones" son de interpretación restrictiva. La ley claramente alude a que el actor que se objeta "... se haya consumado después de interpuesta la demanda de incapacidad". El acto -entre las partes- se consumó el mismo día de su realización, o sea el 27-4-'94; la demanda fue por "inhabilitación" y en los términos del art. 152bis incs. 2 y 3 del C. Civil luce interpuesta el 10 de mayo de 1994 (ver cargo de fs. 18vta. del respectivo incidente agreg. por cuerda floja); y si bien en el mismo está el dictamen del señor perito médico siquiatra oficial Dr. Z. (íd., fs. 63-67vta.); nunca llegó a dictarse sentencia, a raíz del fallecimiento del "vendedor" señor Sáenz Valiente, el día 3-1-'95 (cfr.: fs. 98 del mismo).

XXVIII. Subrayo que son sensibles las diferencias entre una demanda de interdicción y otra de "inhabilitación" como la intentada por la parte actora; y en dichas diferencias resulta ocioso recalar (ver, al respecto: Tobías, Jorge en "Código civil...", de Bueres-Highton, ed. Hammurabí, t. l, págs. 744 y sigtes.). Que la que intenta hacer valer la apelante como excepción a la astringencia de la norma del art. 474 del c. civ., fue interpuesta después de consumada la venta que objetan. Y que nunca llegó a dictarse sentencia, por la muerte del denunciado.

XXIX. Es verdad que en algún caso se le ha dado cierta amplitud a esta excepción (cfr.: el fallo de la Sala C de la Cám. Nac.Civ. que se difunde en "El Derecho" t. 71 pág. 207, según cita de Kemelmajer de Carlucci, en su trabajo ya cit., págs. 56-57 nota 141 al pié de esta últ.). Pero ello lo fue en circunstancias bien diversas. Léase el escrito inicial con el cual la parte actora pide la "inhabilitación" en el expediente agregado por cuerda (fs. 15-18vta. del mismo). Dicen que el denunciado en el año 1926 (por muerte de su padre) recibió el 50% del muy importante patrimonio que detallan; y el otro 50% en el año 1952 (al fallecer la madre). Dicen allí que de todo ese inmenso patrimonio, en la actualidad sólo quedan el inmueble cuya venta cuestionan, y unos lotes en Pilar; resaltando una deuda con el Fisco de alrededor de $180.000., según allí dicen. Afirman que en el año 1985 (nótese que estamos hablando de nueve años antes de interponer la demanda por inhabilitación), el "vendedor" perdió una importante propiedad en la calle Warnes de la Capital Federal: "... a raíz de la no contestación de una cédula de notificación referente a un juicio de posesión veinteañal se pierde toda posibilidad de reivindicar dicho inmueble para el patrimonio familiar" (sic). Tildan de ruinosa la administración de Erika de Compte a través del tiempo, aludiendo a que durante la misma aumentó la deuda con el Fisco y alquiló el campo "El Rodeo" en condiciones "ruinosas" que condujeron a la destrucción de todas las mejoras que había en el mismo; pero resulta que acompañan el poder de administración otorgado a la misma por el señor Sáenz Valiente, el cual data del mes de junio de 1984. Nueve años tardaron los herederos del "vendedor", en accionar por "inhabilitación" para preservar un patrimonio familiar que, -por su magnitud- obviamente no pudo dispendiarse de un día para el otro. Tal demora no parece ser el mejor título para impetrar en su favor la interpretación amplia de una excepción legal, y menos todavía cuando con ella se conculcaría lo que claramente surge de los propios términos de la ley. Porque, a la postre, navegaríamos a contramano del derrotero legal de brindar seguridad al tráfico jurídico hasta por sobre los intereses del incapaz, en determinadas circunstancias. Con el agregado de que, en la especie, ni siquiera se trataría de los intereses del pretenso incapaz, sino del de sus sucesores (arg. arts. 473, 474, 3295, 3430 y concs. del c. civ.).

XXX. A propósito de esto último, me interesa rescatar (de los plurales fundamentos de diversa índole que inspiran al sesgo altamente restrictivo del art. 474 del c. civ.), aquél de carácter "sancionatorio" que menciona Kemelmajer de Carlucci, por ser una "... reacción legal frente al heredero que no cumple su deber" (sic), y que explicita en estos términos: "Los parientes tienen no sólo el derecho de pedir la declaración de insania sino al deber de asistir al enfermo; en esa asistencia va incluido el deber de protegerlo, mediante el nombramiento de un representante, contra las consecuencias de su estado de enfermedad. Por eso, se afirma, la acción deducida para atacar actos entre vivos, después de la muerte, es sospechosa por tardía" (trab. cit., pág. 51).

XXXI. En el mismo trabajo que vengo citando, en páginas anteriores, la distinguida jurista mendocina hace referencia a la tensión entre la justicia (favorecedora del incapaz) y la seguridad jurídica (esta última con la vista puesta en los terceros y en la estabilidad del tráfico jurídico), desembocando en un párrafo que (desde luego, sin calificar así a la conducta de la parte actora), estimo de ineludible transcripción: "En torno a un interés patrimonial entran en conflicto el incapaz -con mayor frecuencia sus familiares- y la persona que con él contrató. Así situado el problema, parece que la enunciación del criterio favorable al incapaz, pierde algo de su inicial prestancia: en el análisis y valoración del conflicto hay que tener en cuenta que el círculo de los allegados al incapaz, posiblemente descuidó el deber de proceder a su incapacitación y, en todo caso, el de dar a la incapacidad la publicidad adecuada, mientras que el que contrató con el incapaz actuó, por hipótesis, con la diligencia exigible. Una visión generalizante, muestra que los supuestos más frecuentemente fallados son los planteados por herederos que impugnan actos del causante no declarado demente: 'Tratando de proteger al pobre insano, en realidad se ha venido protegiendo a sus codiciosos parientes a quienes el Código Civil había sancionado con la condición de indignos' (esta última frase, según la nota 28 al pié de la pág. 16 de su cit. trabajo, es transcripción de las palabras vertidas por el Dr. Vernengo Prack que en su voto de fecha 30-11-'79, el cual, entre otras, se difunde en "La Ley" 1980-I-654; agrego, por mi parte, que dicha frase del renombrado camarista capitalino, a mi modo de ver tiene fundamento en doctrina fluyente del art. 3295 del c. civ., citado junto a otros al final del párrafo anterior de este voto).

XXXII. Algunas breves reflexiones sobre el papel del juez ante una ley clara. Es añeja la doctrina legal de la Excma. SCBA, según la cual, cuando una ley es clara y expresa debe aplicársela tal como surge de sus propias palabras, estándole vedado a los jueces expedirse sobre la conveniencia o inconveniencia de una determinada solución de la ley (SCBA en causas Ac. nºs. 23. 411 del 19-12-'78, y 16.790 del 23-3-'71, entre muchas; esta Sala en expte.nº 5687 del 30-4-'85, entre otros). He recordado también en alguna otra lejana oportunidad, las palabras del insigne maestro cordobés desaparecido Dr. Alfredo ORGAZ, cuando incluso más allá de la opinabilidad del tema con ocasión del cual fueron vertidas, encierran un mensaje trascendente y perdurable para el juzgador. Dijo el ilustre ex-Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se trata de que el juez renuncie a fallar con justicia, sino que para el juzgador la justicia está en lo que -según su leal criterio- es la observancia de la ley, que es la única garantía de la libertad (en su trabajo: "Los jueces y las leyes injustas (a propósito de las deudas de dinero)", en "El Derecho" t. 75, cap. VIII, pág. 763 segundo párr.).

XXXIII. Tampoco quiero dejar de recordar el preciosismo expresivo del inolvidable procesalista uruguayo tempranamente desaparecido hace ya años Dr. Eduardo Couture cuando nos legó la imperecedera enseñanza de que: "la sentencia es, sin duda, una emanación directa de la ley y del sistema general de las normas que imponen fallar según el derecho preestablecido. El juez de poderes discrecionales y el del derecho libre, no sólo representan una 'contraditio in adiecto' con la esencia misma del derecho, sino que son la amarga negación de un proceso histórico por el cual se han hecho tantas revoluciones... La sentencia no es, pues, la ley del caso concreto, sino la justicia del caso concreto, dictada de acuerdo con las previsiones naturales de la ley.

En mayor o menor medida, el juez es fiel al programa legislativo y el orden jurídico presente no tolera, por razones de política muy claras, que el juez se emancipe de las soluciones de la ley y se lance con su programa legislativo propio. El juez de la Constitución no es un 'Rechtsfinding', sino un juez que vivifica la ley en la justa medida en que al sistema de la Constitución corresponde" (en su trabajo: "Las garantías constitucionales en el proceso civil", en "Estudios de Derecho Procesal en honor de Hugo Alsina", ed. Ediar, Buenos Aires, 1946, pág. 200). Todas estas enseñanzas, lo reitero, ya las he vertido en lejanos precedentes de esta Sala (cfr.: exptes. nºs.13.984 del año 1993 y 18.060 del año 1999).

XXXIV. A manera de colofón. Estamos ante un acto entre vivos y a título oneroso, cuestionado por los herederos de un vendedor pretensamente incapaz, quien en vida no fue declarado interdicto; cuya demencia, por lo demás, tampoco ha podido reputarse "notoria" en orden a desplazar la "buena fe" -que debe presumirse- del otro contratante, la cual no aparece categórica y concretamente cancelada en la especie. La pretensa demencia no surge "del mismo acto"; ni tampoco éste fue consumado "después de interpuesta la demanda de incapacidad". Todo ello, desde ya, desde el vértice normativo del art. 474 del cód. civil y su doctrina, en los cuales he subsumido el "thema decidendum".

XXXV. Con estricto ajuste al orden jurídico -apartarse del mismo, sería violentarlo-, acá debe terminar el asunto, para propiciar la confirmación de la sentencia en cuanto al rechazo de la acción "principal"; por encima de las cavilaciones subjetivas que fuera del marco legal, se hubieran podido tener. Por encima, también, de la valiosa pericia médica del distinguido señor Perito Siquiatra Oficial Departamental, Dr. J.Z.. Y esto, más allá de la rica temática de las pruebas "trasladadas" y de la "prueba difícil" (magníficamente abordadas en el XIIº Congreso Nacional de Derecho Procesal, llevado a cabo en Paraná los días 12, 13 y 14 de junio de 2003); así como de otras alternativas y vicisitudes probatorias -que, con la subsunción legal adoptada, y a esta altura- configuraría una demasía decisoria abordar.

XXXVI. Por expresa veda legal, ni la seriedad de la pericia del Dr. Z., ni ninguno de los otros elementos que suscitaron las dudas de la "a qua" -amén de no resultar, en definitiva, contundentes e irrefutables para tener por acreditada la demencia del vendedor al "momento" de otorgar la pertinente escritura-; son jurídicamente potables para evadir una veda legal tan enfática. Una pericia médica producida en un expediente de "inhabilitación" -no de interdicción-, parsimoniosamente iniciado con tardanza por los herederos que durante nueve años contemplaron cómo se iba volatilizando el patrimonio del "vendedor"; no puede obrar, ahora, a favor de sus intereses, a la manera de un "deus ex machina" del teatro antiguo.

XXXVII. Costas de Alzada. La sentencia debe confirmarse, también en cuanto al rechazo de la acción motivo de este expediente "principal", con costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del rito).

Voto por la afirmativa.

Los doctores Bagattin y Nolfi, aduciendo análogas razones, dieron sus votos también por la afirmativa.

2º cuestión. - El doctor Marchió dijo:

En mérito al resultado de la votación que antecede, el pronunciamiento que corresponde dictar es:

1º. Confirmar íntegramente la sentencia "única" de fs. 839-883vta.; aclarándose que el rechazo del "incidente" se mantiene por las razones exteriorizadas en esta sentencia, no por las dadas por la señora jueza de primera instancia.

2º. Imponer las costas de Alzada a la actora apelante, tanto en este expediente "principal" como en el incidente "acumulado".

3º. Glosar fotocopia íntegra de este pronunciamiento de Cámara, debidamente autenticada por Secretaría, en el incidente "acumulado".

Así lo voto.

Los doctores Bagattin y Nolfi, aduciendo análogas razones, dieron sus votos en el mismo sentido.

Que en el acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado establecido: que la sentencia "única" de fs. 839-883vta., se ajusta a derecho, por las razones exteriorizadas en esta sentencia, por lo que debe ser confirmada.

Por ello y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede se resuelve: 1º. Confirmar íntegramente la sentencia "única" de fs. 839-883vta.; aclarándose que el rechazo del "incidente" se mantiene por las razones exteriorizadas en esta sentencia, no por las dadas por la señora jueza de primera instancia.

2º. Imponer las costas de Alzada a la actora apelante, tanto en este expediente "principal" como en el incidente "acumulado". - Luis T. Marchio. - Roberto A. Bagattin. - Luis María Nolfi.