Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-28


SENT Nº 58	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Gómez José Tomás vs. Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 487/490 por la parte demandada, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia del 10/11/2009 (fs. 367/370) de la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 05/8/2011 (fs. 519) y del informe actuarial de fs. 526 surge que las partes no presentaron la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido en casación dispuso hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta en autos, condenando a la accionada a pagar la suma de $ 31.292,01 por los rubros allí establecidos.

2.- La recurrente explica que el señor José Tomás Gómez se desempeñaba como responsable de su agencia UNSTA y fue despedido por graves faltas y omisiones en los controles y el cumplimiento de las tareas encomendadas, en relación a catorce operaciones de crédito, que se realizaron con documentación adulterada referida a las identidades y actividades laborales de los clientes, falsificándose firmas y sellos del gerente zonal (que aparece autorizando esas operaciones), o bien con omisión de la firma del gerente de la Sucursal Tucumán que debía aprobarlas, que ocasionaron a la entidad bancaria un perjuicio de $ 151.050. Señala que las faltas y el daño mencionados fueron acreditados mediante una pericia caligráfica extrajudicial y una auditoría interna. Destaca que la citada pericia caligráfica fue ratificada por la perito Nelda Esperanza Yanicelli mediante declaración judicial que glosa a fs. 261 y que la auditoría interna lo fue mediante declaración de su autor (Agustín Cucharese) a fs. 262; actuaciones que fueron puestas a la oficina (fs. 264) sin que fueran objeto de cuestionamiento alguno por el actor. Expresa que la causal de despido invocada por la empleadora fue acreditada mediante una pericia contable (fs. 158/161) de la que surge que Gómez violó los deberes a su cargo inobservando las normas administrativas que regulan su prestación de servicios.

Expone que la Sala IIª de la Excma. Cámara oportunamente, dictó sentencia de fondo admitiendo la procedencia de la demanda interpuesta en autos, por considerar que la pericia caligráfica mencionada era insuficiente para acreditar la causa de despido invocada -por carecer del recaudo de bilateralidad y control de parte- y que la pericia contable se fundaba en dictámenes de la propia empleadora. Destaca que el mencionado pronunciamiento fue anulado por esta Corte con motivo del recurso de casación deducido por su parte (sent. 722 del 06/8/2007), atento a que se entendió que el tribunal de grado había omitido considerar prueba conducente para la resolución de la controversia de autos.

Sostiene que el tribunal de reenvío "repite en el fallo objeto del presente recurso" el mismo déficit que motivó la nulidad del primer pronunciamiento y que ello "asume particular gravedad" pues la Cámara ha ignorado las precisas directivas impartida por este Superior Tribunal. Señala que allí se dijo que la testimonial de los peritos Cucharese y Yanicelli debió ser considerada como prueba válidamente aportada al proceso y ponderada con los restantes elementos probatorios, mencionándose expresamente a la pericial contable oportunamente omitida. Señala que con fundamento en la omisión de "pruebas válidamente aportadas al proceso, conducentes para la solución del caso", se entendió configurado el supuesto de arbitrariedad de sentencia que justificaba la nulidad del decisorio impugnado.

Alega que "la sentencia en recurso ignoró absolutamente ambos elementos probatorios, desde que 1.- La pericia caligráfica de la señora Yanicelli ni siquiera ha sido mencionada; 2.- No se ha analizado o ponderado en modo alguno la auditoría interna ni tampoco la prueba pericial contable en tanto sólo se las menciona tangencialmente para señalar que la accionada despide al trabajador antes de tener las conclusiones finales de dicho informe, para luego concluir que el plexo probatorio analizado.resulta insuficiente para sostener la legitimidad y magnitud del despido.".

Afirma que "es de toda evidencia que poco le importaron al tribunal las directivas de V.E. .que escamoteó escandalosamente la debida consideración de la auditoría y de la prueba pericial contable, relevante y esencial para la dilucidación de la causa en tanto de ella se concluye que: -se localizaron 18 legajos de crédito correspondientes a préstamos otorgados con documentación apócrifa de características similares, a saber: en 17 casos, las copias del DNI de los titulares revelan síntomas de falta de autenticidad verificándose la adulteración de datos básico; en 17 casos, los comprobantes que respaldan los ingresos de los clientes son apócrifos existiendo certificados de empleos con membrete falso; en 15 casos coincide la empresa empleadora (Minera Alumbrera) y el firmante de la certificación laboral (señor Alberto Barrionuevo) sin embargo los clientes no fueron ingresados al sistema como empleados de la empresa referida sino como profesionales independientes (médicos, arquitectos, etc.); en 16 casos se reconocen como apócrifos los comprobantes (factura de EDET, servicios eléctricos, Telecom, etc.), tenidos en cuenta para asignar los crédito; sobre 18 legajos detectados se observaron maniobras dolosas contra la institución que ascienden a la suma inicial de $ 151.050.".

Se agravia de que la Cámara haya expresado que la prueba aportada no justificaba la causal de despido invocada por la empleadora y que correspondía por tanto admitir la procedencia de la demanda incoada en su contra. Niega que el despido se haya dispuesto antes de tener las conclusiones finales de la auditoría interna. Señala que la entidad contó con las conclusiones de esa investigación pues le fueron anticipadas por quien la llevó adelante, que las invocó para justificar la extinción de la relación laboral y que el resultado de la auditoría fue volcado luego por escrito. Destaca que tanto la auditoría interna como la pericia caligráfica fueron aportadas a la causa sin que el actor las impugnara, y que de dichas pruebas surge de modo incuestionable la falsificación de documentación para el otorgamiento de créditos irregulares y un perjuicio económico al banco demandado. Afirma que la prueba es reveladora de graves faltas al deber de fidelidad y buena fe que justificaban el despido dispuesto por la empleadora.

Considera "otro dislate pretender que tal falta debía ser sancionada con una sanción menor" pues ello "denota palmaria ausencia de razonabilidad en la estimación o valoraciones de las probanzas de la causa".

De conformidad a las alegaciones reseñadas, propone doctrina legal, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso formula reserva del caso federal.

3.- El recurso es admisible desde que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el requisito del afianzamiento se encuentra cumplido (fs. 382) y se invoca con fundamentos suficientes, arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y prueba de la causa (arts. 130/132 del CPT).

4.- Vistos los agravios del recurrente y confrontados con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y constancias de la causa, se advierte que el recurso debe prosperar.

La Cámara concluyó que la prueba aportada era insuficiente para justificar los hechos en los que la demandada funda la causal de despido invocada, por lo que correspondía admitir el reclamo indemnizatorio de autos conforme los términos del art. 245 de la LCT.

El pronunciamiento señala que al analizar la conducta de Gómez (punto 4 del cuestionario propuesto), la pericia contable informa que "se detectaron once casos de préstamos cuyos montos superan los límites crediticios asignados al actor." (fs. 158). Sin embargo, el tribunal resta eficacia probatoria al citado dictamen, afirmando que "el mayor soporte de este informe son las auditorias internas (fs. 49 a 56), documentación aportada por la accionada.que a criterio de esta Vocalía no poseen el valor probatorio que se le pretende asignar". Menciona que conforme consta en la "introducción" del citado dictamen dicha "revisión de índole integral efectuada en las agencias de referencia" se realizó "entre los días 08/05/2000 al 12/05/2000" y consideró que habiéndose concretado el despido el día 10/5/2000, la empleadora dispuso la extinción de la relación laboral "antes de tener las conclusiones finales de dicho informe" recurriendo a "la medida más severa como es la denuncia del contrato de trabajo pudiendo haber aplicado otras sanciones desde un apercibimiento hasta suspensiones por un periodo prolongado".

Asiste razón al recurrente cuando alega que la conclusión sentencial, referida a la insuficiencia de la prueba producida por la demandada para justificar la causal de despido invocada, tal como ha sido desarrollada en el pronunciamiento analizado, se sustenta en una valoración parcializada de los elementos de prueba aportados a la causa.

La Cámara menciona el informe de la auditoria interna pero omite un análisis pormenorizado y minucioso del mismo. En efecto, se advierte que reseña una frase aislada de su "introducción" y que al sintetizar las "conclusiones", omite una consideración integral de las mismas, de la documentación compulsada y de los fundamentos que le sirven de soporte. Prescinde asimismo el tribunal, de las constancias que emergen de la pericia caligráfica, que sólo es mencionada por la referencia que de ella se hace en la pericia contable. A ello cabe añadir que no se ha valorado tampoco la testimonial de Cucharese y Yanicelli que ratificaron en sede judicial lo expresado en sus respectivos informes (de auditoría interna y en la pericia caligráfica, respectivamente).

Cabe recordar que en ocasión de anular el pronunciamiento de fondo dictado oportunamente en la presente causa, esta Corte expresó que "la prueba testimonial del CPN Cucharese y la Sra. Yanicelli, debió ser considerada como prueba válidamente aportada al proceso, y valorada en conjunción con los restantes elementos probatorios" y que "también se debió haber analizado la prueba pericial contable" injustificadamente omitida por el tribunal de grado (sent. 722 del 06/8/2007, fs. 336/338). En esa oportunidad, se entendió que la Cámara había omitido valorar "prueba válida y conducente para la solución del caso", lo que determinó la anulación del decisorio impugnado.

El tribunal de reenvío reitera el déficit apuntado, toda vez que la decisión adoptada, tener por no acreditado el hecho en que se funda la causal de despido invocada por la empleadora, no luce respaldada en un análisis completo e integral de las pruebas aportadas a la causa. Esta reseña y ponderación parcializada de los medios probatorios obrantes en autos priva de sustento al decisorio impugnado, descalificándolo como acto jurisdiccional válido.

En las concretas circunstancias del caso, las consideraciones referidas al sobreseimiento del actor en la causa penal oportunamente tramitada por ante la Fiscalía de Instrucción de la VIIª Nominación resultan insuficientes per se para fundar lo resuelto en autos. Tampoco aporta sustento serio a la decisión, la valoración subjetiva que el tribunal hace de los dichos del señor Fiscal de Cámara, doctor Carlos Castellanos, que al solicitar su inhibición en la mencionada causa penal, se refirió al actor con un sentimiento de "profundo agradecimiento" por "un trato deferente" hacia su persona y uno de sus hijos y porque le permitió "ante una circunstancia personal de urgencia la obtención de créditos personales" acceder al mismo "con claridad y diligencia".

La decisión acerca de la configuración de la causal de despido invocada o su rechazo, necesariamente requieren de un análisis circunstanciado de la prueba aportada a la causa para así justificar el criterio adoptado en relación al punto. La pericia contable, el informe de la auditoria interna y la pericia caligráfica, así como los testimonios rendidos por Cucharese y Yanicelli, producidos en autos, resultan de consideración insoslayable. Su omisión tiñe de arbitrariedad el pronunciamiento y motiva su nulidad (conf. arts. 33, 40, 263, 264 y 265 inc. 4 y 6 del CPCC).

Por las razones expresadas, corresponde casar la sentencia recurrida en base a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que omite una valoración integral de pruebas conducentes para la solución de la controversia". Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo fallo.

Lo resuelto en esta instancia en modo alguno supone orientar el sentido del pronunciamiento a dictarse. El tribunal de reenvío decidirá la suerte de la acción interpuesta de conformidad a los antecedentes y pruebas de la causa, a la luz de la preceptiva legal vigente.

5.- Atento a que la nulidad del pronunciamiento se funda en un déficit imputable al órgano jurisdiccional, se imponen las costas por el orden causado (art. 105 inc. 1° CPCC, art. 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Adherimos al voto de la señora vocal preopinante doctora Claudia Beatriz Sbdar, manifestando que siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero provincial de la ponderación del referido material -ponderación ésta del a quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por lo que el recurso en examen resulta admisible y que, en virtud de ello, queda habilitada la competencia de este Tribunal para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en que se funda la impugnación de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 10/11/2009 dictada por la Sala IVª de la Excma. Cámara del Trabajo. Consecuentemente, CASAR la misma en base en la doctrina legal precedentemente expuesta y REMITIR los autos a la Excma. Cámara a fin de que la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00031065-01.