marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, empleados públicos, relación de dependencia, Derecho laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ROMITI, MAFALDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  56-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

La circunstancia de que el derecho a las indemnizaciones derivadas de la ley de accidentes de trabajo esté expresamente contemplado en algunos estatutos que, en la Provincia de Santa Fe, rigen la relación de empleo público (vgr. ley 8525, art. 35; ley 9286, art. 30; ley 10023, art. 33), resulta inoficiosa a los fines de la aplicabilidad "directa" de la ley 9688, puesto que es evidente que de no existir tal consagración expresa en los estatutos respectivos, el derecho de los agentes del Estado siempre estaría bajo la tutela de la ley de accidentes de trabajo, esto es, comprendido en todo un ordenamiento jurídico nacido y desarrollado por el influjo de la legislación, jurisprudencia y doctrina laborales, y aplicable por igual -según se ha visto- a un vastísimo ámbito personal que recibe la consiguiente protección sólo por ser trabajadores, al margen de su condición de públicos o privados. VOTO DE LA MAYORIA. EN DISIDENCIA DR. BARRAGUIRRE.
Competencia por la materia, daños y perjuicios, daño moral, muerte de la madre, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ c/ HOSPITAL SIRIO LIBANES s/ JURISDICCION  Y  COMPETENCIA. DAÑOS Y PERJUICIOS- INDEMNIZACION- DAÑO  MORAL.   RESPONSABILIDAD    CONTRACTUAL    Y    EXTRACONTRACTUAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-06

Corresponde a la justicia nacional en lo civil entender en la causa promovido por la actora, por cobro de indemnización del daño moral sufrido como consecuencia de los padecimientos y posterior muerte de su madre. Ello es así, pues teniendo en cuenta que el art.

46, inc. a), del decreto-ley 1285-58 comprende hipótesis de responsabilidad contractual y puesto que el art. 43 de aquél conserva para la justicia nacional en lo civil la competencia genérica para conocer en los casos de responsabilidad aquiliana, no cabe estimar que la competencia del fuero especial en lo civil y comercial puede extenderse a supuestos como el de autos en el que resulta claramente que la deducida es extracontractual.
Emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

Si bien la devaluación de la moneda esta relacionada con las medidas relativas a la emergencia económica, sus efectos la exceden. Y no puede considerársela inscripta en el ámbito de la emergencia, porque cesada la misma, el peso no tendrá el valor de conversión que estableció la ley 23.928.

El carácter definitivo del fenómeno hace que no pueda calificárselo como simple emergencia y sí la necesidad de referirlo a la bancarrota del Estado, lo cuál es mucho más que una emergencia. Las devastadoras consecuencias de la crisis actual y la devaluación de la moneda son circunstancias que exceden los efectos de la mora del deudor y no guardan relación con la misma (arts.508, 513 del CC).

Es que si bien el deudor está en mora, la excesiva onerosidad proveniente y originada por la crisis actual y la consecuente devaluación de la moneda- no es causada por dicha circunstancia, la cual resulta al efecto irrelevante: la incidencia de la inflación, como factor general de pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sucede con independencia de la actitud del sujeto contractual singular y, por lo tanto, es ajena a él. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, ley federal, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Servicios  de  Transporte  Marítimo  Argentina  - Brasil c/ FiscoNacional (D.G.I.) s/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-22

Encontrándose en discusión el alcance que cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prescripción, suspensión de la prescripción, interpelación, compraventa de acciones, sociedad anónima, pasivo societario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inversiones y Servicios  S.A. c/ Estado  Nacional  Argentino s/ cumplimiento de contrato.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-19

Debe acordarse efecto suspensivo a la intimación - efectuada por el Estado Nacional después de recibir la tradición de las acciones - para que la actora se hiciera cargo de los "pasivos ocultos" (Voto de los Dres. Carlos S. Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Deberes del juez, restitución de menores, medidas cautelares, medidas urgentes, interés superior del niño, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 26/2017 - Medida cautelar No. 356-16 - Niño A.R. respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2017-07-27

Deberá la autoridad judicial argentina realizar una valoración nueva, acorde, actualizada e interdisciplinaria de la situación del niño cuya restitución internacional hacia los Estados Unidos fue ordenada hace casi 7 años -Sentencia del 21 de diciembre de 2010; Fallos 333: 2396-, y que vive con su madre en Buenos Aires desde los cuatro meses de nacido -quien tendría vedado el ingreso a aquél país en base a las denuncias efectuadas por el padre del menor-, pues es deber del Estado evitar que sus derechos se vean afectados en forma irreparable en tanto se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia atento su vulnerabilidad, atendiendo muy especialmente a lo que el niño exprese y la opinión de los médicos y sicólogos intervinientes.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: DIAZ GERARDO HORACIO c/ TABORDA EDUARDO Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-11-13

El recurso planteado con fundamento en la causal del art. 94 en función del art. 65 de la entonces vigente ley 4.163 carece de fundamentación. Se afirma que en la parte dispositiva el Tribunal desestimó en forma expresa la excepción de falta de acción deducida lo cual carece de sustento real por cuanto el decisorio se limita a admitir parcialmente la demanda en contra de los dos codemandados en forma solidaria, de donde en todo caso pudo existir una omisión de pronunciamiento sobre un extremo de la cuestión, denunciable en el régimen de la ley 4.163 por la vía que señala el art. 95 inc. 2do.

de dicha normativa, lo que no hizo el impugnante.-
Sistema interamericano de Derechos Humanos, grupos vulnerables, derechos reproductivos, derechos sexuales, derechos de la mujer, derechos de las niñas, niños y adolescentes, consentimiento informado, derechos de los pueblos indígenas, protección internacional de los derechos humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 32/2021 - Medidas cautelares No. 216-21 - Siete mujeres embarazadas de la etnia Wichi respecto de Argentina c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2021-04-16

Conforme los estándares interamericanos desarrollados sobre la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, con especial atención a las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, cabe resaltar que en el caso de las mujeres indígenas poseen una herencia ancestral invalorable y, por lo tanto, la violencia contra ellas tiene repercusiones tanto a nivel individual como colectivo, lo que impone mayores cuidados al momento de obtener el consentimiento previo, libre y plenamente informado previo a la realización de cualquier procedimiento médico, lo que exige personal médico calificado que proporcione información adecuada, completa, fiable, comprensible y accesible sin amenazas ni coacciones de ningún tipo, presentada en su propio idioma y de manera culturalmente apropiada, conforme sus tradiciones y creencias.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Constitución Nacional, Constitución Provincial
Materia: PENAL
Carátula: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN O TRANSITAN EN LA JURISDICCION DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DOLORES  c/  s/ recurso de queja (Art. 433 del C.P.P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-09-15

"... a la luz del corpus juris internacional de protección de los derechos de la infancia, respaldado por la jurisprudencia emanada de la CIDH, como también de la propia normativa constitucional, nacional y local -que adecúa sus alcances de acuerdo con los estándares convencionalmente fijados-, [...] el artículo 15 inciso "c" de la ley 13.482 resulta inaplicable a los niños, niñas y adolescentes."
Prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lorenti, César Orlando c/ Storino, Orlando Luis s/ Daños y perjuicios Cáceres, Victor Alejandro y otros c/ Copolla, Sebastián Santiago y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-09-06|2006-03-04

En la valoración de las pruebas, como en la de dar preferencia a determinados elementos de juicio respecto de otros, gozan los jueces de facultades propias, y -como tales- exentas de censura en tanto no medien errores graves y manifiestos, lo cual no se patentiza por la mera exposición de un criterio discordante por alguna de las partes, como aquí ocurre, donde se alega tan sólo que la prueba escogida por el sentenciante es la más perjudicial a los intereses de aquel que fue condenado.-
Excarcelación, funcionarios públicos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: DIAZ, JUAN RAMON s/ EXCARCELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1976-10-26

Si el imputado fue procesado por malversación de caudales públicos (C.P., art. 260) y registra una imputación por el delito de peculado (C.P., art. 268), en función del material justiciable y su escala represiva,la índole de los hechos y sus modalidades (todos engarzados a su condición funcional y aprovechando la misma) permite presumir que se trata de un individuo proclive al delito, de modo que no es procedente aceptar lo beneficie la medida del art. 26 del C.P., por lo que la excarcelación es improcedente (C.P., art.315, a contrario sensu, ley 5154).-,.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: José Antonio Gutierrez s/ interpone recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-31

Cuando la causa vincula a un particular con una provincia y la materia del juicio tiene un manifiesto contenido federal, el caso se revela como de aquéllos reservados a la jurisdicción originaria de la Corte.
Embargo de buque, interdicción de salida, daños y perjuicios, cauciones
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: NAVIJET  S.A. s/ EMBARGO E INTERDICCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-05

El art. 538 de la ley de la navegación prevé la constitución de una caución suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar el embargo y la consecuente interdicción de salida del buque cuando se trata de créditos privilegiados. A tal fin dispone dicha norma que deberán ser tenidas en cuenta las particularidades de cada situación procurando que "la caución exigida no implique convertir en ilusorio el derecho del solicitante". Esa disposición legal, no altera sustancialmente el régimen genérico de las medidas cautelares que legisla el Código adjetivo dentro del cual se establece específicamente que la medida precautoria sólo podrá ser decretada bajo la responsabilidad de la parte que la solicitare, "quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho".
Libertad condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: Fiscal c/ Corvalán, Primitivo s/ Robo y lesiones a Esteban Llautan Espinosa - Casación (Libro: S057-  156)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1954-10-20

Una correcta interpretación de los arts. 15 y 16 del Código Penal inclina el juicio en el sentido de que la libertad condicional sólo es revocable cuando el nuevo delito es cometido antes de la que se concedió.
Competencia, tribunales arbitrales, pago por consignación, fideicomiso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ATUEL   FIDEICOMISOS   SA c/ FONDO  SOLIDARIO  PARA  EMPLEADOS ASOCIACION CIVIL S/ s/ SUMARIO. (LL 24.12.02, Fº 104.947).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-16

Del dictamen fiscal 90401:

Es competente el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio para entender en la demanda de pago por consignación, interpuesta en los términos del CCIV: art.757-1, contra cierto fondo solidario, con base en un contrato de fideicomiso, conforme a lo allí pactado y admitido por las partes; pues siendo la jurisdicción arbitral de excepción, las cláusulas que someten los conflictos a ella deben interpretarse en forma restrictiva, toda vez que implican una renuncia a la jurisdicción judicial; sin que obste a ello, la comparecencia del accionado a la audiencia a la que fue citado a comparecer conforme lo normado por el Decreto 91/98, que reglamenta la Ley 24573, cuyo artículo 1 instituye la mediación obligatoria como trámite previo a la iniciación de todo juicio, ya que ésta no configura una instancia judicial, por lo que mal pudo en ella oponer la excepción de incompetencia, de manera que tal comparecencia, no puede entenderse como un consentimiento de la vía judicial para dirimir el conflicto, ni la tácita renuncia a la jurisdicción arbitral, máxime considerando que la declinación de un derecho es de aplicación restrictiva (CIV .art. 814).
Pago, intereses, tasas de interés, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ JOSE c/ ANA LOPEZ Y OT. s/ Daños Perjuicios (LIBRO: S068 - 134)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-05-14

El DEC PEN 529/91 (reforma 941/91) contiene una norma potestativa, al establecer que los jueces "podrán" disponer que se aplique la tasa de interés pasiva promedio que publicará el Banco Central.

Con ello se deja a resguardo la competencia exclusiva de las Provincias, y por lo tanto, la "opción" contemplada en la ley 3939, que encuadra perfectamente dentro del esquema de la ley 23928, la cual solo contempla la evolución de la tasa de interés de plaza (art. 11).-
Empleados públicos, cargo de mayor jerarquía, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA, MARIA ZULEMA c/ U.N.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

El rechazo del derecho a percibir diferencias de sueldos por parte de agentes irregularmente designados para desempeñar funciones de mayor jerarquía que las correspondientes a su situación escalafonaria declarado en varios precedentes jurisprudenciales, no puede sostenerse en términos absolutos, ya que podría conducir a situaciones injustas cuando, sin pretender encubrir una promoción o un nombramiento indebidos, el empleado se hubiera visto obligado a cumplir un reemplazo que le demandara mayor dedicación, esfuerzo y hasta gastos.
Accidente de tránsito, prueba, culpa concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LOPEZ RAUL c/ ORLINDA T.L. MANGIAFICO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-07

Partiendo del art. 1113 C.C., 2do. párrafo, al colisionar dos automóviles en movimiento,cada propietario y conductor responde por los daños sufridos en el otro, salvo que demuestre que la culpa fue de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Si la actora no probó la culpa de la demandada, en tanto no se probó la alta velocidad que imputaba y no habiendo embestimiento neto de parte de los automotores (ambos de costado) y correspondiendo a la demandada la prioridad de paso, sin que se demostrara la pérdida de ese derecho, por el contrario de las fotografías se observa que el impacto se produce cuando el automotor de la accionada ya llegaba al final del cruce de la bocacalle, no hubo arribo simultáneo y por lo tanto no prospera la defensa. Pero, por otro lado, la "demandada-reconviniente" tampoco probó la culpa de la actora, pues yendo como fueron, a velocidad reducida, la accionada con aplicar los frenos impedía el choque, lo que evidencia la falta de dominio de su vehículo y pudiéndose determinar en que proporción surge la culpa de ambas, es correcto aplicar sin más la regla del art. 1113 del C. Civil ( es decir,cada uno paga el daño del otro).-
Transporte de estupefacientes, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Capadona, Alejandro Nicolás s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-05

Si al inicio de la instrucción el encartado fue imputado por transporte de estupefacientes y luego la cámara de apelaciones modificó tal calificación legal en virtud de que las pruebas no fueron suficientes para demostrar ese tramo de la conducta, ello no constituye afectación al debido proceso y la defensa en juicio, ya que, al circunscribirse la imputación al momento de su hallazgo en poder del encartado, no significó un cambio sustancial sino sólo un recorte del hecho inicialmente imputado.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: F., G. y Otra c/ HEREDEROS DE D. L. y Otra s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-11-16

"Si se da un supuesto de vencimiento parcial y mutuo en los términos del art. 71 de la ley de forma, las costas deben ser distribuidas en forma prudencial, en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes."
Acción penal, Ley de Punto Final
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ DELITOS EN LA REPRESION DE LA SUBVERSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-23

A los efectos de computar el plazo del art. 1 de la ley 23.492 debe tenerse presente la suspensión dispuesta en el art. 4, segundo párrafo, es decir, el tiempo comprendido entre la fecha de notificación al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -o los juzgados de instrucción militar que tramitaban los expedientes por disposición del Consejo- del requerimiento de la cámara federal competente en el caso del art. 2 y la fecha de recepción de la causa por ésta.
Acción de revisión, hechos nuevos, leyes, interpretación de la ley, in dubio pro reo, prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: POLIDORO DE MUZZI, MIRTA JORGELINA s/ HOMICIDIO CALIFICADO.    RECURSO DE REVISION PENAL.     CSJ EXPTE NRO 9-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Existen distintos criterios en la doctrina y jurisprudencia respecto a la correcta interpretación del inciso 4 del artículo 489 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe: que varía desde una posición nacida de una interpretación apegada al texto de la ley -que habla de evidencia- y que exigiría para que prospere la acción revisora que la contundencia de los nuevos hechos sobrevinientes hagan indubitable que no hubo delito o bien que aquél no fue cometido por quien sufriera la sanción represiva; hasta el criterio que toleraría que aun sin evidencia, la seria duda sobre la autoría admita la anulación del fallo condenatorio pero con ulterior reenvío a un nuevo juicio con las características que en este juicio posterior, la insuficiencia o el carácter de inconcluyentes de las nuevas pruebas aportadas no permitirían al juez del reenvío la absolución (es decir, que el principio "in dubio pro reo" jugaría para hacer prosperar la revisión, pero no para el juicio ulterior, exigiéndose la evidencia).
Seguro de vida, actualización monetaria
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BARASSI DE PACHECO LAURA c/ CAJA MUTUAL DE SEGUROS DE SUPERVIVENCIA, VIDA E INVALIDEZ s/ COBRO DE AUSTRALES-ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-08-09

Se justifica plenamente la actuación correspondiente al importe devengado en concepto de seguro de vida en época de proceso inflacionario; aún cuando fuera pagado dentro del plazo legal prescripto por el art. 37 de la Ley 1834, toda vez que lo abonado (en dos cuotas ) sin su correspondiente actualización, ocasiona un perjuicio a la parte actora y un beneficio a la demandada, situación que se patentiza en los meses de creciente inflación.
Recurso extraordinario, Superior Tribunal de Justicia, Estado Provincial, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Cantos, José María c/ Velloso Colombres, Pedro Alberto s/ Juicio político
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Resulta imprescindible transitar exhaustivamente las instancias existentes en el orden local como recaudo de admisibilidad del remedio federal.
Libertad de prensa, censura previa, libertad de expresión, Comunicaciones, programa de televisión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

La garantía constitucional que ampara la libertad de expresarse por la prensa también tutela las manifestaciones de esa índole vertidas en programas de corte humorístico.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, vendedores de diarios y revistas, canillitas
Materia: PROCESAL
Carátula: Brito, Ignacio A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-09

Corresponde desestimar los recursos si, más allá de genéricas alegaciones, no informan con precisión, qué daño ocasionaría a los reclamantes la vigencia del decreto 1025/00, ni surge con la claridad que es menester cuál sería el detrimento económico que sufrirían, ni cómo estiman afectada los recurrentes su actividad laboral o de qué manera se traduciría el perjuicio a los derechos de trabajo y tampoco se ha manifestado cómo se cristaliza en los hechos la violación a la libertad de trabajar, de expresión e información ni se explica claramente cuáles son las condiciones de trabajo y el salario del canillita y con qué alcance concreto se verían alterados los conceptos de estabilidad y devolución. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Derecho procesal, procesos especiales, juicio ordinario, prueba, prueba pericial, perito de parte, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: FDT Construcciones SRL c/ Unión Tranviarios Automotor s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-26

La función del consultor técnico está bien determinada en nuestro ordenamiento procesal y constituye una figura de carácter auxiliar y facultativo, que obra en interés y defensa de la parte que lo designa (Palacio, Lino E., Manual de Derecho Procesal Civil, t. I, Bs. As., 1983, pág. 591). Su actuación, por tanto, está limitada en esencia a: 1) presenciar las operaciones técnicas que realice el perito y formular las observaciones que considere pertinentes (CPR 471, 2° párr.);
Concursos, privilegios (comercial), crédito laboral, actualización monetaria, pago
Materia: COMERCIAL
Carátula: Alvarez Emilia M. y otro c/ Electro Aislante Sociedad Anónima s/ Incidente de verificación de crédito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-09

Es procedente el privilegio de los capitales laborales reajustados hasta el momento de su pago, siendo el dies ad quem de los réditos el decreto de falencia, conforme lo prescripto por la ley 19551 20 (conforme considerando 8 del fallo 'Complejo Textil Bernalesa' de la C.S.J.N.).