Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-05


2º Instancia. - Mar del Plata, diciembre 5 de 2012.

1º ¿Es justa la sentencia de fs. 133/137? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión. - La doctora Nélida I. Zampini dijo:

I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar el pedido de conversión de quiebra en concurso preventivo.

Para así decidir consideró que habiendo tenido el fallido en miras al solicitar la apertura de la quiebra la suspensión de la subasta decretada en los autos "Banco Hipotecario S.A. c/ Santeiro, Raúl Oscar y otro s/ejecución hipotecarias", de trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil Nº 34 y no habiendo justificado, en la oportunidad de solicitar el pedido de conversión, las circunstancias por las cuales podría ahora negociar con sus acreedores y concluir en un acuerdo con ellos, dicho pedido resulta antifuncional y abusivo.

II)Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 138/140 por el Dr. C. G. T., invocando el art. 48 del C.P.C. por la parte fallida, fundando su recurso en el mismo escrito.

III) Agravia al recurrente que el a quo rechace el pedido de conversión en concurso preventivo por considerar que el mismo resulta un abuso de derecho.

En particular señala, que el Juez de grado no solo resuelve en forma contraria a lo que dispones el texto de la ley 24.522, sino que además lo hace sin valorar el dictamen efectuado por la sindicatura actuante. Sostiene que habiendo cumplimentado la fallida los requisitos establecidos por el art. 93 de la L.C.Q. el juez tendría que haber dejado sin efecto la sentencia de quiebra y dictado la sentencia de apertura de concurso preventivo conforme lo normado en los arts. 13 y 14 de la mencionada ley.

Cita doctrina en apoyo a su tesitura y argumenta que "... si el deudor dio cumplimiento a los requisitos del art. 11, donde así lo aconseja la sindicatura, no corresponde otra solución que la de revocar el auto y dictar sentencia de conversión".

IV) Antecedentes de la causa:

Antes de abordar el tratamiento de los agravios desarrollados por el recurrente considero conveniente hacer una breve referencia a los antecedentes de la causa. De ese modo, a mi entender, se aporta mayor claridad expositiva a lo que, en definitiva, debe resolverse A fs. 56/60 se presentó el Sr. Raúl Oscar Santeiro, con el patrocinio letrado del Dr. C. G. T., promoviendo la declaración de su propia quiebra.

Relata, que se es empleado de la carne, separado y con hijos, y que cuando se encontraba casado con la Sra. Fontana adquirieron la que es la única vivienda de ocupación permanente, financiando el saldo del precio de adquisición a través del Banco Hipotecario.

Señaló que a medida que la recesión avanzaba se quedo sin trabajo, no pudiendo por ello afrontar el pago de la hipoteca, lo que conllevó a que le aplicaran un sistema de amortización usurario y contrario a la moral y las buenas costumbres. Asimismo, relató que su esposa lo abandonó, convirtiéndose en el único sostén de su familia, desempeñándose como empleado en distintos frigoríficos y carnicerías en forma eventual.

Manifestó que dicha situación derivo en un proceso judicial ante el juzgado nacional de primera instancia en lo civil Nº 34 de Capital Federal bajo la carátula "Banco Hipotecario S.A. c/ Santeiro, Raúl Oscar y otro s/ejecución Hipotecaria" (Expte. Nº 33294/05), con fecha de subasta designada para el día 7 de julio de 2012.

Relata que como se encontraba imposibilitado de acceder al crédito, por encontrarse incluido en la base de datos de riesgo debió recurrir para subsistir al sistema parafinanciero lo que lo llevo a endeudarse a mayores tasas y peores condiciones, ante lo cual debió recurrir al remedio falencial para proteger su patrimonio y el interés de sus acreedores.

Cumple con los requisitos formales para la petición de la quiebra solicitada por el propio deudor establecidos por los arts. 79, 86 y 11 de la ley 24.522.

Finalmente, solicita la suspensión de la subasta ordenada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 34 y la inmediata remisión de los autos "Banco Hipotecario S.A. c/ Santeiro, Raúl Oscar y otro s/ejecución Hipotecaria" (Expte. Nº 33294/05).

A fs. 61/63 el Juez de grado decreta la quiebra del Sr. Raúl Oscar Santeiro.

A fs. 68/69 la CPN S. A. A. acepta el cargo de síndico por el cual fue desinculada e informa sobre los horarios de atención para la verificación de los créditos que se insinúen en el presente proceso.

A fs. 128/132 se presenta el Sr. Raúl Oscar Santeiro, con el patrocinio del Dr. C. G. T., solicita la conversión de la quiebra en concurso preventivo, conforme a lo normado por el art. 90 de la ley 24.552. Da cumplimiento a lo dispuesto en el art. 92 de la L.C.Q. señalando que solicita la conversión atento a que su panorama económico a futuro ha mejorado en forma circunstancial, atento a que parientes cercanos al fallido le han dado trabajo (reparto de alimentos) que le permiten un ingreso extra por sobre los gastos diarios con cuyo excedente podría conformar un serio, sustentable y beneficioso acuerdo preventivo para todos los acreedores que resulten con derecho.

IV) Pasaré a analizar el agravio planteado: pedido de conversión en concurso preventivo abusivo.

A los fines del proceso concursal -como bien señala Rivera-, lo que ha importado con la puesta en funcionamiento del instituto de la conversión, es dar al fallido la posibilidad de que, a través de este remedio, pueda reordenar la actividad para así, con las deudas paralizadas en su exigibilidad y los intereses suspendidos en su devengamiento, pueda ofrecer a los acreedores una propuesta de pago y la forma en que se propone cumplirla (cfr. Rivera, Julio C., Instituciones de Derecho Consursal, T. I., pág. 87 y ss.).

Ahora bien, en la práctica se observa que el mencionado instituto, normado por los arts. 90 a 93 de la ley 24.522, ha sido desvirtuado, siendo utilizado, en reiterada oportunidades, con el único propósito de dilatar los actos de ejecución forzada.

Ello conlleva a sostener que la circunstancias de que la solicitud de la quiebra encuadre formalmente en la letra de los normas que rigen el instituto (arts. 11, 90, 93 y ccds. de la L.C.Q.) no importa necesariamente su aceptación jurisdiccional si con ella se convalida un obrar abusivo o antifuncional (argto. jurisp. Cám. Nac. Com., Sala I, in re "Presenza, Hilda s/quiebra" del 27/8/99, pub. en LLLitoral 2000-684).

En tal sentido Rivera-Roitman-Vítolo sostienen que "La circunstancia de que la solicitud de conversión de la quiebra encuadre formalmente en la letra de las normas que rigen el instituto no importa necesariamente su aceptación jurisdiccional si con ella se convalida un obrar abusivo o antifuncional..." (Rivera, J. - Roitman, H. - Vítolo, D.; Ley de Concursos y quiebras. Tercera edición actualizada, T. II, Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2005, pág. 351; en el mismo sentido: Baracat, Edgar J.; Derecho Procesal Concursal; Edit. Nova Tesis, Bs. As., 2004, pág. 87 y ssgtes.; Malbran, Germán Wetzler; Una nueva categoría de sujetos en el ámbito del derecho concursal: los fallidos por conveniencia, pub. en E.D. 181-1283).

A esta altura considero trascendente establecer los alcances de que debe entenderse por obrar abusivo o abuso de derecho. En mi opinión es aquella conducta que parece ser congruente con la norma de derecho, un comportamiento que no contradice el enunciado formal de la regla jurídica y que, sin embargo, quebranta y contraría el espíritu y el propósito de los derechos ejercidos, de manera que su actualización no es ya una acción válida y legítima sino un acto ilícito (cfr. Ruzafa, Beatriz, El abuso del derecho y la conducta procesal abusiva;en obra: Abuso Procesal, dirigida por: Peyrano, Jorge; Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe., 2001, pág. 248).

La jurisprudencia nacional ha sostenido que "... el abuso de derecho constituye la instrumentación normativa de un principio general que inspira el sistema legislativo, afirma la preeminencia de la regla moral y tiene aplicación en todos los ámbitos del ordenamiento, en planos funcionales y éticos..."(Cám. 5ta. Civ. y Com. de Córdoba, in re " Dal Poggeto c/ Banco Río de la Plata" del 9/11/87, cit. en Abuso procesal, obra cit., págs. 144/45); por lo cual debemos entender que el proceso concursal no se encuentra excluido de este mandato (cfr. art. 1071 del Cód. Civil).

Es de destacar que el ordenamiento jurídico es un todo y, por ende, una petición que formalmente encuadra en la letra de ciertas disposiciones concursales no puede, sin embargo conducir a que se la acepte jurisdiccionalmente si ello importa la convalidación de un obrar abusivo o antifuncional, debiendo recordarse que el preámbulo de la Constitución Nacional proclama la necesidad de "afianzar la justicia", objetivo al cual los jueces no pueden renunciar actuando como autómatas en la mera aplicación aislada de disposiciones procesales concursales.

Ahora bien trasladando estos conceptos al supuesto de autos, observo que de las constancias de autos, surge que la secuencia concursal del Sr. Santeiro, es la siguiente: se presentó solicitando su propia quiebra (fs. 56/60) y le fue decretada (ver fs. 61/63), con lo que consiguió la suspensión de la subasta ordenada en los autos "Banco Hipotecario S.A. c/ Santeiro, Raúl Oscar y otro s/ejecución Hipotecaria" (Expte. Nº 33294/05)de trámite ante el Juzgado Nacional de 1era. Inst. Civil Nº 34; publicados los edictos de ley, dentro del plazo establecido por el art. 90 de la L.C.Q. solicita el acceso al proceso preventivo concursal por vía de conversión de la falencia (ver fs. 128/132).

Al solicitar la conversión de la quiebra la fallida expone, como único argumento, a fin de demostrar que la situación económica ha mejorado desde el pedido de apertura de la falencia que "... el panorama económico a futuro a mejorado en forma circunstancial, atento que parientes cercanos me han dado trabajo (reparto de alimentos) que permiten un ingreso extra por encima de los gastos que insume la canasta familiar básica...", sin acompañar elemento de prueba alguno que demuestre su nuevo trabajo y los ingresos que obtiene por el mismo (argto. arts. 375, 384 y ccds. del C.P.C.).

Ello me convence de que el Sr. Santeiro al solicitar el cambio de actuación no ha brindado razones fundadas y fácilmente comprobables de que su situación patrimonial haya cambiado de manera sustancial, como para lograr una solución negociada con sus acreedores, quedando en evidencia que pretende utilizar el instituto de la conversión con el único propósito de dilatar la subasta.

A partir de ello, tengo por cierto -como muy bien lo ha destacado el Juez de grado- que la pretensión de la fallida importa un actuar subsumible en la figura del abuso del derecho definido por el Art. 1071 del Cód. Civil.

En tal sentido esta Cámara ha expresado que "... es posible impedir al propio deudor la conversión cuando se acreditara que tuvo fines espurios, como detener subasta, o que sólo puede admitirse en la medida que el peticionante demuestre que su situación ha mejorado..." agregando que se le debe exigir al deudor "... acreditar cuáles son los motivos que ameritan el cambio de la quiebra por el concurso, demostrando una modificación en las circunstancias fácticas que justificaron el pedido original de quiebra, ofreciéndolo como un cambio más favorable a los intereses de los acreedores..."(Esta Cámara, Sala II, causa Nro. 144.048, RSD 817/09 del 21/9/2009; en sentido similar Sala I, causa Nro. 120.084, RSD 36/3 del 4/3/2003).

Asimismo, y valorando como hipótesis de razonamiento que la fallida no quiso afectar la buena fe, igualmente el ejercicio irregular, abusivo y antifuncional de un derecho -en la especie de una posibilidad procesal concursal- no puede ser jurisdiccionalmente aceptada por expresa prescripción de lo dispuesto por el art. 1071 del Cód. Civil, el que debe ser aplicado en los procesos concursales aunque no esté expresamente mencionado en la ley 24.522, pues como he señala precedentemente el plexo normativo positivo es un todo y debe interpretarse y aplicarse de manera integrada, armónica y no segmentada.

En tal sentido nuestro alto tribunal Nacional, en reiteradas oportunidades, ha sostenido que "Es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante..." (C.S.J.N., in re "Villar Ezequiel" del 8/6/1993, entre muchos otros).

Finalmente, no debemos olvidar que el magistrado a quien se solicitó la conversión era (es) juez de una quiebra abierta y en trámite, con todos los poderes inquisitoriales que ello importa y con todos los deberes y responsabilidades que acarrea (arts. 274 y concds. de la ley 24.522), que, de ordinario, a la hora de decidir una apertura concursal preventiva -vía conversión-, la labor jurisdiccional se limite a la apreciación de meros recaudos formales, no quita que ese juez no pueda (mejor:deba) apreciar y evaluar otras circunstancias -como las de autos- para denegar la conversión con base en la aplicación de normas sustantivas como las referidas precedentemente (argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, Sala I, in re "Presenza, Hilda" del 27/8/1999, pub. en LLLitoral, 2000-685, pág. 2000, cita online: AR/JUR/2146/1999, con comentario de: Micelli, María; "Conversión de la quiebra: cuando la sanción se convirtió en el premio" y Truffat, Eduardo; Conversión de la quiebra: fin de fiesta).

A lo que cabe agregar, como otra circunstancia configurativa del abuso del derecho, que el solicitante de la quiebra tenía a su disposición remedios idóneos, que no utilizó, para evitar llegar al extremo de que su vivienda única y de ocupación permanente -ver fs. 56/60- sea subastada.

En efecto, siendo que la exigibilidad del mutuo hipotecario acaeció con anterioridad al mes de enero de 2002 bien pudo éste solicitar la pesificación de su crédito o, en su caso, ingresar al sistema de refinanciación hipotecaria (art. 1º, 8º y ccdtes. del decreto ley 214; art. 11 y ccdtes. de la ley 25.561; Ley 25.798; Ley 26.167).

Por último, y a fin de dar respuesta al argumento sostenido por la fallida en cuanto a que el Juez de grado al rechazar la conversión ha dejado de lado el dictamen favorable de la sindicatura, debo señalar que la misión del sindico como auxiliar del director del proceso concursal (Juez) es el de emitir dictámenes surgidos desde una valoración técnica y objetiva no vinculante(argto. arts. 254, 275 y ccdts. de la ley 24.522).

En tal sentido, aun siendo de trascendental importancia el dictamen del síndico, el mismo carece de fuerza vinculante para el juez, quien puede -y debe- apartarse de la opinión del funcionario, pues no puede soslayarse que la propia ley 24.522 lo obliga como director del proceso a decidir siempre (argto. arts. 274 y ccds. de la L.C.Q.; argro. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com. San Nicolás, causa Nro. 8.854, RSD 65/8 del 15/5/2008).

Para terminar, debo señalar que el obrar abusivo desarrollado por el profesional actuante en el sub lite es reiterativo (ver causas Nº 152.380 "Evangelista", Nº 152.055 "Torti") y es una forma de labor que no se condice con los fines del proceso concursal, habiendo puesto a la persona física en la situación gravosa de encontrarse fallido, lo que conlleva a que debe soportar el desapoderamiento y liquidación de todos sus bienes, medidas cautelares a su persona, designación de un síndico y la carga de todas las costas del proceso.

Además, el único activo es un inmueble ubicado en la calle Magallanes Nº 6582 de esta ciudad que tiene una hipoteca, que como señale precedentemente hubiera podido ser incluido en las leyes de emergencia económica.

Es decir ha empeorado notablemente la situación judicial y económica del Sr. Raúl Santeiro.

Aquí también debe valorarse que la situación en la que se encuentra el fallido, es lo que la doctrina y jurisprudencia denomina sobreendeudamiento del consumidor, definido por el Máximo Tribunal Nacional como la imposibilidad del deudor de buena fe de afrontar el conjunto de deudas exigibles, y la implicancia que conlleva al sobreendeudamiento familiar (conf. CSJN in re "Rinaldi Francisco Augusto y otro c/ Guzmán Toledo Ronal Constante y otra s/ ejecución hipotecaria", R. 320. XLII. RHE del 15/03/2007; Ricardo L. Lorenzetti - Claudia Lima Marques, "Contratos de servicios a los consumidores", Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 2005, pág. 393; Elvira Méndez Pinedo, "La protección de consumidores en la Unión Europea", Ed. Marcial Pons, Madrid - España, 1998).

En las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en el año 2011 en la ciudad de Tucumán se analizó este cuestión, al considerar que el sobreendeudamiento del consumidor ha llevado a desligar distintos créditos: el crédito "prime" común corriente, el crédito "superprime" de alta tasa y el crédito "predatorio" que produce un grave daño y que tiene por objetivo el consumo sin preocuparse por la capacidad económica de las personas (conf. Comisión Octava, pág. 160; directiva 2008/48 del Parlamento Europeo y del Consejo; argto. doct. Hugo Anchaval, "Insolvencia de consumidores", Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2011).

Es también preocupación del Congreso Nacional la cuestión planteada toda vez que adquirió media sanción en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, el denominado proyecto de "Ley de prevención de sobreendeudamiento personal y familiar"(actualmente llamado "Régimen de sobreendeudamiento de personas físicas"), presentado por la senadora nacional Liliana Negre de Alonso, como consecuencia de que "el endeudamiento de las familias argentinas ha alcanzado un máximo en estos últimos tres años donde, por ejemplo, según la Consultora abeceb.com el stock de préstamos al consumo llega a representar un volumen promedio en torno al 22% de los salarios totales en la economía" (v. fundamentos del proyecto de "Ley de prevención de sobreendeudamiento personal y familiar").

Ello conlleva a que el proceso concursal resulte una opción disvaliosa para el consumidor "sobreendeudado". Antes de proponerse soluciones concursales específicas (como en autos: la quiebra) o generales, podría haberse evaluado si el costo de dicho proceso liquidativo no empeora aún más su situación patrimonial. Repárese que el proceso falencial implica afrontar honorarios de la sindicatura y eventualmente de otros funcionarios o auxiliares (vgr. Inventariador, tasador, etc.), como así también abonar los gastos de publicación de edictos, etc. En definitiva, lo que pudo avizorarse como "solución", en rigor, resulta más "aparente" que "real", desde que continúa profundizando el endeudamiento (Carrasco Perera A. "Sobreendeudamiento del consumidor y concurso de acreedores", ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano y Argentino de Derecho Concursal, Mendoza, octubre de 2009). En este marco, y al margen de las variables que podría haber analizado conjuntamente o con la asistencia de su letrado patrocinante para conjurar el riesgo de la pérdida inmediata de su vivienda (vgr. invocación de leyes de emergencia que habilitan pedidos de suspensión de subastas de inmuebles que constituyen vivienda única de ocupación permanente), se optó por un carril que, si bien se encuentra dentro del abanico de propuestas aceptadas formalmente por la ley, luce "contrario" a la télesis que inspiró su sanción y, a su vez, muy gravoso desde el punto de vista patrimonial para el propio deudor.

En definitiva, entiendo que se debe rechazar el agravio propuesto, y en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto rechaza el pedido de conversión de quiebra en concurso preventivo (arts. 1071 del Cód. Civil; 5, 90, 93, 254, 274, 275 y ccds. de la L.C.Q.) Finalmente, resta señalar, que se ha celebrado audiencia ante este tribunal a tenor de lo dispuesto por el art. 102 de la LCQ, allí el Sr. Raúl Oscar Santeiro expuso, en lo sustancial que; "... su anterior abogado Dr. G. T. si bien le dijo que la deuda podía pesificarse no le informó acerca de las leyes que suspendían las ejecuciones en los casos de las viviendas únicas y permanentes. Refiere que desconocía que su anterior letrado Dr. G. T. pediría su propia quiebra y que firmó el escrito donde se pidió la quiebra sin leerlo (...) al consultar a su anterior letrado todavía no se encontraba la ejecución seguida por el Banco Hipotecario en la etapa de remate, es decir que concurrió a consultarlo con tres o cuatro años de anticipación a la fecha en que se decretó el remate. Indica que no conoce a los acreedores denunciados en el escrito de inicio de la quiebra Sres. Juan José Canzani y Sr. Ricardo Hugo Negri y que nunca suscribió con ellos préstamos o reconocimientos de deuda. Admite que la única deuda real que poseía al momento del inicio del proceso de quiebra era con el Banco Hipotecario. Relata que en octubre del año 2011 el Dr. T. le pidió cinco mil pesos para empezar a "sujetar" el problema con el Banco Hipotecario, los cuales abonó contando con un recibo de ello y luego al pasar dos o tres meses el letrado les pidió diez mil pesos más y cuotas de dos mil pesos por veinticuatro meses para cancelar la deuda con el Banco y ante su pregunta si debían a ir a abonarlo al Banco el Dr. T. les dijo que no, que debían abonarlo en el estudio jurídico.Manifiesta que con el argumento de hacer trámites administrativos el Dr. T. le requería pagos de pesos seiscientos y cuatrocientos los que fueron abonados por su parte contando con los recibos pertinentes..."(ver fs. 214).

Sumado a lo dicho, observo que el Dr. T. ha seguido en los autos Nº152.380 "Evangelista" y Nº 152.055 "Torti" el mismo proceder, en cuanto a la denuncia de créditos que luego fueron desconocidos y en lo referente a utilizar al proceso concursal como primer alternativa cuando existían modos de proteger la vivienda única del deudor, llevándome ello a proponer que se comunique tal circunstancia al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el Dr. C. G. T. en la presente causa y en los expedientes antes citados se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión (arts. 19 inc. 3, 24, 25 y ccdtes. de la ley 5177).

Así lo voto.

El doctor Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

2º cuestión. - La doctora Nélida I. Zampini dijo:

Corresponde: I) Rechazar los agravios traídos a esta instancia por el apelante de fs. 138/140 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Imponer las costas al recurrente vencida (art. 68 del C.P.C). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). IV) Comunicar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental el accionar desplegado por el Dr. C. G. T. en la presente causa y en las causas "Torti, Carlos Antonio s/ Conversión de quiebra en concurso preventivo" y "Evangelista, Dora Josefina s/ quiebra" a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el citado profesional se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión.

Así lo voto.

El doctor Rubén D. Geréz votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por el apelante de fs. 138/140 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida. II) Se imponen las costas al recurrente vencida (art. 68 del C.P.C). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). IV) Se ordena comunicar al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados Departamental el accionar desplegado por el Dr. C. G. T. en la presente causa y en las causas "Torti, Carlos Antonio s/ Conversión de quiebra en concurso preventivo" y "Evangelista, Dora Josefina s/ quiebra" a fin de que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 24 de la ley 5177 analice si el comportamiento adoptado por el citado profesional se corresponde con el correcto ejercicio de la función de abogado, adoptando al efecto el impulso oficioso necesario para la correcta y eficaz dilucidación de la cuestión. Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C). - Nélida I. Zampini. - Rubén D. Gérez.