Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


SASIAN, Luis Alberto C. contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 199 p 106-109.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos "SASIAN, Luis Alberto C. contra PROVINCIA DE SANTA FE - Juicio Ordinario- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 22, Año 2004).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿que resolución corresponde dictar?.

Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Vigo, Spuler y Netri.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

1. En la presente causa, en la que el actor reclamó el cobro del 12% de las sumas percibidas por la Provincia de Santa Fe a raíz de las gestiones o ejecuciones realizadas con intervención de su parte (art. 10, dec. 3623/84 y su modificatorio 5070/89), la señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Décima Nominación de esta ciudad, al dictar sentencia, no acogió la excepción de incompetencia planteada por la accionada, la que sostuvo la jurisdicción contencioso administrativa -cuestionando la naturaleza del vínculo entablado entre las partes-, e hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a ésta al pago de lo solicitado, con más sus intereses, los que se computarían desde la promoción de la misma a la tasa activa del Banco Nación Argentina prevista para operaciones de descuentos de documentos -en cuanto no excediera el tope del 36% anual- hasta la fecha de su efectivo pago (fs. 330/335).

Impugnada tal decisión por ambas partes, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, mediante acuerdo del 1.10.2003, resolvió: declarar desierto el recurso de nulidad y desestimar el de apelación articulado por la demandada; admitir la apelación propuesta por el actor revocando la parte impugnada del decisorio en cuanto a los intereses, los que correrían a partir de los respectivos vencimientos y hasta su efectivo pago (fs. 369/371).

Contra dicho pronunciamiento, dedujo la Provincia de Santa Fe recurso de inconstitucionalidad aduciendo que si bien el rechazo de una excepción de incompetencia no es formalmente sentencia definitiva o auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación, conforme a la hermenéutica del artículo 1 de la ley 7.055, el principio cede cuando está en juego la propia competencia de la Corte Provincial en materia contencioso administrativa y, ahora, de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo.

Postuló, a continuación, la arbitrariedad de la sentencia impugnada, invocando su falta de fundamentación por no haberse pronunciado en torno al grueso error de análisis que emergía de la sentencia de primera instancia y que había llevado a la magistrada inferior a dictar una resolución equivocada, consistente en entender que ciertamente se trataba de una locación de servicios del derecho privado. A su criterio, nada estaba más alejado de la realidad.

Sostuvo que el conocimiento de este caso correspondía a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, por vía del recurso respectivo.

Aseguró que había notas definitorias en esta relación de naturaleza contractual que permitían concluir en que el conflicto debía resolverse por la vía prevista en la ley 11.330.

Detalló que tanto por su objeto, por el marco normativo exorbitante, por el contenido, como por la pretensión ejercida, correspondía entender al Tribunal con competencia en lo contencioso administrativo.

A ese respecto, recalcó que era esencial tener en cuenta que los ejecutores fiscales eran designados por decreto del Poder Ejecutivo para ejercitar la función administrativa tendente a atender los fines de la Provincia.

Reforzó dicha inteligencia destacando -como ejemplo de la apuntada exorbitancia y sujeción a reglamentos- la subordinación del contrato como instrumentación de una designación anterior por decreto del Poder Ejecutivo, y la subordinación de la gestión y percepción de honorarios a una norma reglamentaria no contractual.

Se agravió, en otro orden, de que no fueron examinados los hechos por los cuales su parte había alegado incumplimiento (culpa grave) por el actor de los deberes previstos en el artículo 4to. del decreto 3623/84, modificado por el decreto 5076/89, lo que descartaba el pretendido derecho a exigir la retribución pactada.

Por último, indicó en el punto 5 del memorial recursivo, que lo resuelto violaba el artículo 93, inciso 2do.), de la Constitución provincial y las normas de la ley 11.330 al asignar competencia a los Tribunales en lo Civil y Comercial en una cuestión que los excedía totalmente (fs. 373/380).

Contestado que fuera el traslado que prescribe el artículo 4 de la ley 7.055 (fs. 383/391), el A quo resolvió conceder el remedio extraordinario interpuesto por entender que, como reiteradamente tenía resuelto ese Tribunal, "... cuando un pronunciamiento resuelve sobre la excepción de incompetencia, se toma partida y se decide entre la originaria asignada a la Corte y la de la Justicia Ordinaria (...) deberá permitirse, en aras al principio de economía procesal (...) que la propia Corte pueda tutelar su competencia, ya sea cuando se pretenda adjudicar o restársele la misma ..." (fs. 393/393 vto.).

2. En el examen de admisibilidad que dispone el artículo 11 de la citada ley, he de postular un criterio discordante con el sostenido por la Sala en el auto de foja 393, no obstante lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 399/400).

Sabido es que los pronunciamientos que resuelven excepciones de incompetencia no son -en principio- sentencias definitivas ni equiparables, conforme lo exige el artículo 1ro., de la ley 7055; como así también que esta Corte ha establecido que tal regla debe ceder cuando está en juego la competencia contenciosa administrativa prevista en la Constitución y en la ley 11.330 (cfr. "Bozzi" A. y S. T. 184, pág. 333).

Sin embargo, no se advierte que el presente caso -en donde la impugnante se agravia, esencialmente, porque los jueces de las instancias ordinarias no acogieron favorablemente su planteo de incompetencia de la justicia civil y comercial para entender en el reclamo tendente al cobro del 12% en concepto de retribución del actor como consecuencia de su gestión profesional como ejecutor fiscal- pueda ser encuadrado en dicha excepción.

En efecto, a pesar de invocar arbitrariedad por falta de fundamentación y afirmar que el conocimiento de este conflicto corresponde a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, violando lo resuelto el artículo 93, inc. 2, de la Constitución provincial y la ley 11.330, sus alegaciones al respecto no logran persuadir de que en verdad estemos ante un caso que autorice a superar el limitado campo del remedio previsto en la ley 7.055.

De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Sala, en ejercicio de funciones propias, al resolver sobre la cuestión de competencia tuvo en cuenta las concretas circunstancias del caso, concluyendo -luego de valorar la naturaleza del vínculo jurídico fuente del reclamo a la luz de las normas aplicables y la ausencia en autos de cualquier cuestión contencioso administrativa a resolver- que el contrato celebrado por el actor escapaba a la competencia material establecida en el artículo 93, inciso 2do.), de la Constitución provincial y refería a cuestión civil.

Por lo demás, el criterio consagrado por la Sala resulta concordante con el adoptado por este Cuerpo en la causa "Lusardi, Juan José contra Provincia de Santa Fe sobre Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad" (A. y S. T. 195, pág. 219, del 10.03.2004, voto de la mayoría) y mantenido en casos posteriores (cfr. "Callegari", A. y S. T. 197, p. 93; "Echaniz", A. y S. T. 197, p. 98; "Cueto", A. y S. T. 197, p. 138).

Frente a ello, la recurrente se empeña en insistir con sus genéricos planteos de arbitrariedad y violación de normas constitucionales, mas sin aportar elementos suficientes ni argumentos idóneos que autoricen a descalificar constitucionalmente lo resuelto por los juzgadores al respecto. No se advierte, pues, que estemos ante un caso que justifique la intervención de este Tribunal como custodio último de la ley y de la Constitución.

En cuanto a la supuesta omisión de valorar los hechos que demostrarían la existencia de una culpa grave en el cumplimiento de sus obligaciones por el actor, cabe señalar que ello en modo alguno se ha configurado en el sub lite, toda vez que dicha cuestión no quedó sometida a consideración y decisión de la Alzada, al no haber sido propuesta por la demandada en su memorial de expresión de agravios (vide fs. 357/359) Por las razones expuestas, voto por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Spuler y Netri expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde pronunciarse sobre ésta.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Spuler y Netri expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo:

Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida (art. 12, ley 7.055).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Spuler y Netri dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el Ministro doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: declarar inadmisible el recurso interpuesto, con costas a la vencida.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GUTIERREZ-NETRI-SPULER- Fernández Riestra (Secretaria)