marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sobreseimiento, tipo penal, falsificación de marca o designación
Materia: PENAL
Carátula: Ba, Ipraima s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-02

No determina la configuración del tipo penal el posible o imposible engaño al consumidor, más allá de ese error jurídico, la escasa prueba recogida no puede tomarse como conducente para descartar un delito marcario. La disidencia sostuvo que la conducta realizada por el encartado no constituye una infracción a la ley de marcas, pues para dar acreditada la comisión del delito, se requiere que se ponga en venta, venda o de otra manera se comercialice, productos o servicios con una marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, y la figura requiere una imitación idónea, es decir, que haya alcanzado un grado de réplica suficiente para que un número indeterminado de personas la acepte como verdadera. (Dres. Catucci, Riggi y Madueño -en disidencia-).
Recurso extraordinario, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Santiso, Eduardo c/ Productos Roche, S.A.Q. e I. s/ Accidente. Recurso de queja Urueña, Juan Carlos c/ AGIP Arg. S.A. s/ Indemnización daños. Recurso de queja Bogado Sánchez Negrette, Antonio c/ Saiar de Aceros Rheem y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31|2002-02-06|2001-10-03

Los plazos establecidos por la ley para el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de los recursos extraordinarios son perentorios e improrrogables. (Minoría u opinión personal)
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: D., J.L. s/ Incidente -Nulidad de Notificación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-07-05

Este Tribunal reiteradamente ha manifestado que el fallo no es susceptible de ser impugnado mediante el recurso de casación, cuando carece de las notas distintivas necesarias para ser considerada sentencia definitiva que, conforme las describe la Suprema Corte de Justicia de la Nación han de ser aquellas que ponen fin al pleito, impiden su continuación, o causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Aguirre, Juan Angel Alberto c/ Gobierno de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1991-03-06

Los actos administrativos no son absolutamente reglados, como absolutamente discrecionales, sino más o menos reglados o más o menos discrecionales, de acuerdo a la Constitución y las Leyes, ya que siempre los actos de la Administración Pública deben estar conforme a reglas del derecho, la Administración Pública debe manejarse a tenor Constitucional o legal, y no arbitrariamente.
Impuestos, traslación de impuestos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Compañía General de Combustibles  S.A s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-16

Si bien la traslación impositiva es un fenómeno regido por las leyes de la economía, existen casos en los que es posible y además necesario reconocer trascendencia jurídica a los efectos económicos de los impuestos para arribar a una solución que resulte armónica con los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional y con el ordenamiento jurídico vigente.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiszman, Jorge Boris c/ Carranza, Teofilo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-17

No existe interés legal ni recursivo que justifique la ampliación de la condena a los titulares del inmueble fallecidos por cuanto habiendo el acreedor aceptado al heredero como deudor, éste continúa la persona del difunto y es propietario acreedor o deudor de todo lo que el difunto era propietario acreedor o deudor, gozando el acreedor contra el heredero de los mismos medios de ejecución que tenía contra el difunto.
Recurso de casación, plazo perentorio
Materia: PROCESAL
Carátula: CORTE Nº 02/06 "DR. MARIO ROMEO DEL VALLE MAYORGA" s/ EN AUTOS EXPTE. CAMARA 315/04 NIEVA, CARLOS OMAR C/ BRUNELLO, MARCELA ADRIANA S/ EJECUTIVO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-02-28

El plazo para interponer el recurso de casación es perentorio de manera que su transcurso por sí solo hace perder el derecho de apelar sin necesidad de que medie declaración Judicial al respecto.
Policía del trabajo, infracciones laborales, sanciones laborales, ejecución forzada, multa laboral, conversión de penas
Materia: LABORAL
Carátula: Ministerio de Trabajo c/ Frigorífico Ciento tres S.A. s/ Salario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-26

La derogación de la ley 18.694 y su sustitución por el régimen uniforme de sanciones establecido en la ley 25.212, no implica modificar la facultad de convertir la multa en arresto, que subsiste en el art 2 inc j) de la ley 18.693. Dicha ley se encuentra vigente y establece que la ejecución forzada puede efectuarse ya sea mediante la conversión de la multa en arresto o persiguiendo su cobro por vía ejecutiva o como crédito fiscal, disposición ésta que se corresponde con las previsiones del art 12 de la ley 18.395 y, en cuanto resulta supletoriamente aplicable, el art 21 segundo párrafo del C. Penal.
Régimen penal de la minoridad, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: A., W. E. s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-20

Conforme la propia redacción del art. 4° de la ley 22.278, las características o "modalidades" del hecho se encuentran en un primer orden de consideración, de manera que el análisis vinculado a la gravedad relativa del o de los hechos enjuiciados se antepone al de los restantes parámetros contenidos en la ley. Esto va en línea, a su vez, con una interpretación armónica de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su art. 37 "b" declara que la pena privativa de libertad a menores debe aplicarse como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda, en conjunción con las previsiones de las "Reglas de Beijing", que en su art. 17 establece que una sanción de esa naturaleza debe quedar reservada para las infracciones más severas, en las que haya concurrido violencia contra las personas. De esta manera, si se descarta la gravedad relativa del hecho a la luz de los parámetros reseñados, cualquier otro análisis vinculado con las restantes pautas enumeradas en el art. 4° de la ley n° 22.278 se puede volver superfluo (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, proceso penal, non bis in ídem, sentencia absolutoria, reenvío, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: B., L. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO Y REITERADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-06-08

En relación a la violación de la prohibición de ne bis in idem por haberse admitido por la Alzada la apelación del Fiscal interpuesta contra la absolución del imputado, revocando y ordenando el reenvío para el dictado de nuevo fallo, cabe señalar que el cuestionamiento es la reiteración del que trajera la defensa en oportunidad de impugnar el pronunciamiento referido, en el que esta Corte, remitiendo a precedentes donde ya se habían evaluado y rechazado planteos en similar sentido, concluyó que no puede en abstracto y de modo general suponerse una lesión a la garantía del ne bis in idem por la existencia de un doble grado de conocimiento dentro del mismo proceso, más aún cuando, como en este caso, la anulación del fallo por la Cámara no determinó el sometimiento del imputado a un nuevo juicio, ni implicó por ende la reedición de actos procesales regularmente cumplidos, sino tan sólo el dictado de una nueva sentencia que deberá valorar nuevamente las pruebas ya producidas, doctrina conteste con la sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el precedente "Mohamed vs. Argentina". - CITAS: CIDH: Mohamed vs. Argentina, sentencia del 23.11.2012, párrafos 120/126; CSJStaFe: "R.", AyS T 246, p 308, punto 2 de la segunda cuestión del voto del señor Ministro doctor Erbetta; B., L. A., AyS T 275, p 294.
Teoría del delito, antijuridicidad, causas de justificación
Materia: PENAL
Carátula: Honorable Concejo Deliberante Trelew s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-06

El derecho penal selecciona por medio de la tipicidad, una parte de los comportamientos antijurídicos, generalmente los que más gravemente lesionan bienes y esos hechos generan sospecha de antijuridicidad.Por otra parte existe una antijuridicidad formal -contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico- y una material -reflejado en la ofensa al bien jurídico-, que son dos aspectos del mismo fenómeno. Por lo tanto, una contradicción puramente formal entre acción y norma no puede ser antijurídica... .

Al ser la esencia de la antijuridicidad la ofensa de un bien jurídico, en la medida en que no se dé esa ofensa, porque se antepone la defensa de otro bien, no puede hablarse de antijuridicidad y ahí se encuentra el fundamento de la existencia de la causal de justificación.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, pluralidad de intervinientes
Materia: PENAL
Carátula: Urueña, Carlos Alberto y otros s/ Robo calificado por el uso de armas y tentativa de robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-22

Constituye agravante la mayor peligrosidad evidenciada mediante la pluralidad concertada de autores (art. 41 inc. 2° del C.P.), como también lo son la pluralidad de víctimas en tanto denota una repetición de decisiones delictuales y la circunstancia de tratarse el lugar de comisión del hecho de un transporte público de pasajeros.
Sentencia, defensa en juicio, organismos previsionales, procedimiento administrativo, intereses
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANDRES, FERNANDO JULIO G. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

Lesiona la garantía de la defensa en juicio la sentencia que, al conocer del recurso deducido contra la decisión de un organismo previsional, se declara incompetente para decidir sobre los intereses reclamados sobre la base que el tema no fue propuesto en sede administrativa, en la cual no es aconsejable un excesivo rigor en la observancia de las formas procedimentales, pudiendo aquéllos considerarse incluidos en el importe de la obligación cuyo cumplimiento es reclamado (art. 622 del Código Civil).
Recurso extraordinario, concursos, liquidación de entidades financieras, Ley de Concursos, Ley de Entidades Financieras, privilegios (comercial), honorarios, banco central, pago
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Nuevo Banco Santurce s/ quiebra s/incidente de verificación y pronto pago por Falcón  Eleonora S.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

En el caso en que se confirma el fallo apelado en cuanto establece que el crédito por honorarios - que goza de la preferencia del art. 264, inc. 4°, de la ley 19.551 - no resulta pospuesto por el privilegio del art. 54 de la ley 21.526 - según ley 22.529 - y se lo revoca en cuanto condena al Banco Central a efectuar el pago en forma inmediata, se torna abstracta la cuestión relativa a la aplicación del decreto 2075/93, desde que la graduación de los créditos deberá ser efectuada por los jueces atendiendo al privilegio que les corresponda y a la eventual preferencia para su cobro, sobre los fondos de la quiebra (Voto de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F. López).
Sociedad anónima, acciones nominativas, carga de la prueba, calidad de accionista, canje de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTRO, AMELIA AIDA c/ TRANSPETRO SA s/ SUMARIO. (LL 9.4.03, Fº 105.337).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18

Corresponde condenar a una sociedad anónima a nominativizar las acciones de que es titular la accionista reclamante o, en caso de haber emitido nuevas acciones, le sean canjeadas por los nuevos títulos nominativizados, ya que no obstante haber negado la sociedad accionada, la autenticidad de las acciones en cuestión así como la calidad de accionista de la peticionante, por contradecirse con sus registraciones, alegando que las acciones aparecen emitidas tres años antes de que el libro de registro de acciones obtuviera su rúbrica legal, no aportó las pruebas concluyentes para sostener sus negativas; pues en tanto, para la accionante la fuente de su legitimación esta dada con la presentación de los títulos, la sociedad accionada debía probar sus aseveraciones presentando las registraciones que le exige la Ley 19550 en su condición de ente regularmente constituido, pues mas allá del principio establecido por C.P.C.C. art.377, es la que en mejores condiciones esta de producir las pruebas que lleven al tribunal a la convicción de la verdad de cuanto dice; además, independientemente de la fecha de rúbrica del mencionado registro, según constancias de la causa, la sociedad fue constituída el mes anterior a la fecha de emisión de las acciones, y la accionante asistió a todas las asambleas realizadas por la sociedad en su calidad de accionista; no surgen sin embargo constancias que permitan seguir el curso de la conversión de las acciones de los restantes socios, conforme a lo establecido por la Ley 24587, reglamentada por Decreto 259/96, y que títulos entregaron a la sociedad para efectivizar el canje, cuya comparación con los presentados por la accionante permitirían determinar su autenticidad.
Empleo público, cesantía, delito penal, facultades de la administración, razonabilidad tributaria, proporcionalidad de la pena, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-17

La facultad para declarar cesante a un empleado público por haber éste cometido un delito doloso sobre el que ha recaído sentencia judicial firme sólo se adecuaría al standard de razonabilidad del acto administrativo si la conducta que ha sido merecedora de reproche penal tiene suficiente y adecuada vinculación con el cargo público o las tareas que el agente desarrolla.

Así, tal circunstancia se daría si, por ejemplo, la sanción punitiva se origina en la inobservancia de los deberes inherentes a su calidad de empleado público, o bien se trata de un delito cometido en ejercicio o en ocasión de las funciones que le han sido encomendadas o valiéndose de las cosas o bienes a los que tiene acceso en tal carácter o, asimismo, cuando el ilícito ha sido perpetrado en perjuicio de la Administración.

En todos los casos señalados -enumeración ejemplificativa y obviamente no taxativa- el criterio de proporcionalidad entre el medio empleado -la posibilidad de declarar cesante al agente- y la finalidad perseguida -tutelar el buen funcionamiento de la organización estatal- resulta adecuadamente satisfecho.

Este es el criterio que ha expresamente adoptado el legislador constituyente local en el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

No resultaría razonable, en cambio, interpretar que el artículo 48 inc. f) de la Ley Nro. 471 -en cuanto reglamentación de la norma constitucional antes transcripta- obliga a la Administración a aplicar dicha sanción frente a todo delito doloso penado, con prescindencia de su vinculación al cargo o funciones que el agente titulariza (vgr. estafa no perpetrada contra la administración, lesiones leves no causadas a otro empleado público, etc.).
Recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: VILLAGRA, GISELLA ANGELICA DEL VALLE c/ RIO, PABLO ESTEBAN s/ Recurso Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-06-28

El recurso basado en el instituto de la oposición por pedido de sobreseimiento debe ser rechazado, si la defensa no señaló nuevas pruebas posteriores al procesamiento que permitan cambio alguno en dicho decisorio y menos aún que justifiquen el dictado de sobreseimiento, el que dable es recordar tiene que sustentarse necesariamente en un grado de certeza negativo en cuanto a que el hecho no ha sido cometido por el imputado.
Intereses, convertibilidad
Materia: LABORAL
Carátula: LLANOS ADRIANA DEL VALLE c/ PORCEL DE PERALTA Y OTRO  S.A s/ INDEMNIZACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-04-24

El capital correspondiente al lucro cesante futuro y la indemnización por daño moral, como se trata de un crédito que, nace ajustado a valores vigente a la fecha de la sentencia, sólo devengará intereses si no es abonado en tiempo propio, si ello ocurriese el capital sólo generará un interés del quince por ciento anual que resulta adecuado por su uso a moneda constante en circunstancias como las actuales que compensará adecuadamente su uso en las condiciones de estabilidad que prevé la Ley 23928 y su decreto reglamentario 520/91).
Locación, mora, multa civil, reducción de la multa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DEBUS, PEDRO c/ ASCONA, JORGE HUMBERTO Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-30

No resulta dudosa la facultad del Juez para morigerar la multa convenida -en el caso, por mora en el pago de los alquileres-. La tasa convenida en un momento de marcada inflación resulta altamente lesiva en el contexto actual de una economía estable. El Tribunal fija la tasa en dos veces y media la activa del Banco Nación, en sus operaciones de descuento a 30 días.
Declaración indagatoria, videoconferencias, detención en el extranjero, extradición
Materia: PENAL
Carátula: Gutiérrez Sanabria, D. C. c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-11

Las diligencias practicadas por medio del Ministerio Público Fiscal de la Nación fueron admitidas por el Estado requerido -que permitió la concreción del acto-, de modo que, en el caso de considerarse que el procedimiento que se intentaba celebrar carecía de marco legal, la República de Colombia no hubiese accedido a la materialización de la declaración indagatoria de la imputada.
Proceso judicial, acumulación de acciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gonzalez   Sasso,   Federico   José c/ E.N. s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El art. 188 del C.P.C.C. determina que procederá la acumulación de procesos cuando hubiere sido admisible la acumulación subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto por el art. 88 y, en general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere producir efectos de cosa juzgada en otro u otros, requiriéndose además: 1) que los procesos se encuentren en la misma instancia; 2) que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente en razón de la materia; 3) que puedan sustanciarse por los mismos trámites; 4) que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta, sin producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los que estuviesen más avanzados (confr. arts. 188 y 190, in fine).
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, daño moral, competencia contencioso administrativa, competencia federal
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ RUIZ, MARIO B. c/ ESTADO NACIONAL (MIN. DEL INTERIOR) s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Compete al Juez en lo Contencioso Administrativo Federal la demanda por indemnización del daño moral causado por el delito de incumplimiento de funciones del personal policial, cuestión que remite al examen de normas y principios Juspublicísticos.
Sentencia, fundamentación de sentencias, relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra, Mario Alberto c/ Asociación Cordobesa de Futbol s/ Sentencia - Recurso directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-08-13

La sentencia carece de fundamentación, si las circunstancias analizadas por la a quo para sustentar la existencia de relación laboral, no conducen necesariamente a ella. No consta la valoración jurídica, expresa y clara de los hechos que resultaron fijados, dirigida a dar base al encuadramiento legal. En primer lugar, la a quo no menciona de manera completa la prueba receptada, lo cual impide efectuar el control de logicidad de sus conclusiones. Sólo transcribe la que avala el juicio expresado, pero no vierte la apreciación que hizo de ella. Tiene por cierto que la demandada admitió la prestación de servicios -en los términos del art. 23 Ley 20744- a su favor lo que colige de la respuesta afirmativa a la posición primera del pliego. Sin embargo, no justifica por qué extrae tal conclusión de los términos de dicho aserto (reconocimiento de la demandada relativo a que el actor arbitraba en los partidos de fútbol que ella organizaba), cuando justamente se había negado la relación de dependencia. De tal modo, la prestación de servicios supuestamente admitida debía ser justificada de manera congruente con la postura defensiva adoptada.

No explica, tampoco, por qué la circunstancia de que la demandada organice el fútbol cordobés implica que el arbitraje se hace a su favor y no en beneficio de todos los sectores que participan en la actividad.

La falta de justificación en las conclusiones se advierte cuando sostiene, para descalificar la libertad de que dispone el árbitro para inscribirse o no en la lista para los sorteos, que se trata de una mayor flexibilidad en lo relativo al momento en que se presta el servicio, con base en que "no podrá dejar de hacerlo para siempre, porque ello implicaría su retiro". No fundamenta que de tal afirmación surja una característica típica de la relación de dependencia laboral. Nótese que esa consecuencia no es propia de este ámbito, donde en todo caso, el trabajador que se sustrae al cumplimiento de la prestación, incurre en abandono de trabajo, y justifica que el patrón denuncie el contrato.
Daños y perjuicios, compraventa inmobiliaria, registro de la propiedad inmueble, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Brunero, Jorge  Horacio c/ Buenos Aires, Provincia de s/ cobro depesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios contra la demandada causados por la venta de un inmueble si fue la propia conducta de los compradores la que generó el perjuicio económico que alegan, pues mostraron una negligente indiferencia en la comprobación de extremos relacionados con el inmueble que pretendían adquirir.
Concursos, efectos de la apertura, homologación del acuerdo, cuota concordataria, emergencia sanitaria, cuarentena, refinanciación de deudas, plazo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alvarez, Romina Julieta c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

3 - No se soslaya que en este estadio procesal el bien jurídico tutelable recae sustancialmente en los intereses de los acreedores y trabajadores, empero esos intereses parecerían más afectados ante un eventual decreto de falencia, que ante un diferimiento en el pago de sus acreencias. La solución que se adopta es temporal y podrá ser revisada frente a cualquier cambio que sobrevenga en la implementación del mencionado decreto PEN 290/20.