marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Desindexación, Ley de desindexación, aplicación de la ley, valor real
Materia: COMERCIAL
Carátula: CODESA SACIFI c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. BOW CECIL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

Puesto que el resultado indemnizatorio ha sido el fruto de la aplicación de indicadores de variaciones de precios o, dicho en otros términos, de mecanismos indexatorios, es aplicable la ley 24.283, y si bien es cierto que, en el caso, el reajuste monetario no tiene características exorbitantes, estas no son requisito para el límite de la mencionada ley, que se atiene -clara y objetivamente-al valor real y actual de la cosa, bien o prestación al momento del pago.
Cheque sin fondos, inexistencia de delito
Materia: PENAL
Carátula: MIRENSKY, JORGE s/ Cheque sin fondos Causa 32983
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-27

Si el monto de los cartulares librados es superior al límite establecido por el art. 56, última parte, del Decr. Ley 4776/63 texto según Ley 23549 y al entrar en la circulación comercial carecían del nombre del beneficiario, que es uno de los elementos esenciales requeridos por la ley para ser considerado cheque, al no poder valer como tal, no puede configurarse el delito del art. 302 del Código Penal.
Municipalidad, personal contratado, nombramiento, acto administrativo, consentimiento, Administración Pública, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALMIRON, ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción(Expte.:  C.S.J. Nº. 620 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-09

De ninguna manera puede acordarse a la relación que vinculó originariamente a las partes un carácter que evidentemente no surge de la letra del acto, ni estuvo en la intención de aquéllas al momento de su concreción. Además, si el accionante tenía dudas acerca del alcance de su designación debió haber solicitado aclaración cuando la relación fue establecida. Sin embargo, la aceptación del contrato temporal veda al actor el reconocimiento de los derechos emergentes de la estabilidad en el empleo, dado que, de otro modo, se violentaría el principio que impide venir contra los propios actos.
Empleo público, lealtad laboral, facultades discrecionales, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NOWACKI, HECTOR c/ INSTITUTO MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-14

Puede darse el caso de un comprobarse la existencia de un delito penal, y no obstante existir en los actos o en la conducta del empleado una actitud configurativa de falta o faltas en el desempeño de sus funciones específicas, que importen una clara vulneración del principio de fidelidad que debe observar todo funcionario respecto del Estado y que haga perder la confianza del Superior Jerárquico, en cuyo supuesto la sanción expulsiva se ajusta a derecho y debe ser respetada por el Poder Judicial, por tratarse de una decisión tomada por otro Poder de estado en ejercicio de facultades administrativas que le son privativas.
Tribunal de cuentas, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fregonese, Rodolfo Néstor c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

El tiempo que haya insumido el estudio de las cuentas por el Tribunal, no puede resultar económicamente perjudicial para los responsables, cuando lo que se pretende es no transgredir la identidad de las prestaciones al restituir igual cosa que la adeudada.
Sociedades comerciales, contratos de colaboración empresaria, joint venture
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRODUCTORES  DE  FRUTAS  Y HORTALIZAS SA c/ AKZO NOBEL FUNCTIONALCHEMICALS  SA  Y  OTRO  S/ s/ ORDINARIO  -  PRODUCTORES  DE  FRUTASARGENTINAS  COOPERATIVA  DE  SEGUROS C/ M DODERO COMPAÑIA GENERALDE  SERVICIOS  S/  ORDINARIO  - M  DODERO  COMPAÑÍA  GENERAL  DESERVICIOS SA C/ AKZO NOBEL FUNCTIONAL CHEMICALS SA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-18

Podrá hablarse de un contrato de "joint venture" cuando existiese una inversión conjunta que anima a las partes a efectuar una participación en común, mediante las diversas figuras contractuales (asociativas o no), sobre la base de un acuerdo que refleje la voluntad de los contratantes de llevar a cabo un objetivo de interés común, por medio de la integración de recursos y actividad (conf. Farina, Juan M.; "Contratos comerciales modernos"; Ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pág.

785/6). En la misma línea, ha sido dicho que el "joint venture" no es otra cosa que un contrato de agrupación que establece la coparticipación de dos (2) o más sociedades en operaciones civiles o comerciales, con división de trabajo y responsabilidades (conf. Zaldivar-Manovil-Ragazzi; "Contratos de colaboración empresaria"; Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1997, página 21).
Leyes, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

La valoración de la razonabilidad o irrazonabilidad de la selección de la ley, necesita comparar por lo menos dos normas distintas en cada una de las cuales a ciertos hechos o ciertos entuertos se les imputan como debidas, determinadas prestaciones o sanciones. Si los hechos son estimados como desiguales y lo son efectivamente, se dará una valoración positiva de razonabilidad de la selección. Si los hechos son iguales y pese a ello se les imputa una distinta prestación, habrá irrazonabilidad de la selección.
Trabajadores de la salud, enfermeros, encuadramiento sindical, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: QUINTEROS, LERIDA c/ CLINICA EMANU-EL  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

La trabajadora que pretende encuadrar sus funciones en las señaladas en el artículo 7 inciso 10 del C.C.T. 122/75, debe aportar los elementos probatorios necesarios para demostrar que esa tarea es la que absorbe la mayor parte de su tiempo laboral, con independencia de la denominación que se dé a la función. (Conforme artículo 8 C.C.T. citado).
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuber, Blanca E. c/ Municipalidad de Ensenada s/ Indemnización por despido indebido -cuestión de competencia art.6º  C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-19

Si el vínculo se dio por finalizado en los términos de normas de derecho público local (ley 11184 incorporada al ámbito de la Municipalidad demandada por adhesión) y la actora aceptó la indemnización allí prevista que le fuera abonada, se advierte que el planteo jurídico que ahora intenta, aunque accione por "indemnización por despido" y afirme que no pretende impugnar ningún decreto o resolución administrativa, supone la ilegitimidad de la cesantía -por inaplicabilidad a su caso de la ley 11184- es decir, un análisis de la decisión de la autoridad respecto de una vinculación regida y extinguida en el marco del derecho administrativo local, que solamente puede abordarse en la instancia contencioso administrativa. Además de ello, aún cuando de tal examen resultara que la Administración no resolvió en la especie conforme a derecho, tal conclusión no tendría la virtud de tornar aplicables las disposiciones laborales que se mencionan en la demanda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia federal, lavado de activos, declaración de incompetencia, denegatoria del fuero federal
Materia: PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada, Trelew c/  s/ infracción art. 303 y art. 304 CP
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-13

Luego de la sanción de la ley 26.683 es competente la justicia federal para conocer en los casos en los que se investiga la posible comisión del delito de lavado de dinero previsto en el art. 303 del Código Penal, por lo que la decisión del juez federal de declarar su incompetencia importó una denegatoria del fuero federal al rehusarse arbitrariamente a ejercer su jurisdicción pese al carácter definitivo de lo resuelto y a la índole de la cuestión en debate. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.

Fuente del sumario: SAIJ
Relación de consumo, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: Valsagna, Monica Beatriz c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-11-04

Luego de la modificación del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, la prescripción de acciones derivadas de relaciones de consumo, no pueden contar con un plazo menor de tres años, por cuanto ello implicaría una solución regresiva, que disminuiría el nivel de protección y sería contraria al principio pro-homine y pro-consumidor, menos aun podría reducirse a un año conforme al art. 58 de la Ley de Seguros.
Resoluciones inapelables, sentencia de trance y remate, títulos de deuda pública, honorarios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FERREÑO, RICARDO MANUEL c/ A.N.Se.S. s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-12

Resulta ajustada a derecho la decisión del a quo que, en atención a lo dispuesto por el art. 560 del C.P.C.C. -que establece el principio de la inapelabilidad por el ejecutado de las resoluciones que se dictaren durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate-, denegó el recurso interpuesto con la finalidad de revocar el auto que intimó al organismo a poner al pago las sumas que detalla, en concepto de conversión de bonos y honorarios.
Querellante, administrador judicial, administrador judicial provisorio, curatela
Materia: PENAL
Carátula: SENILLOSA, R s/ QUERELLA - ADMINISTRADOR PROVISORIO INCAPAZ
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Si el Juez Civil que tiene a su cargo la curatela de un incapaz, le ha designado un administrador provisorio y lo ha autorizado para presentarse como querellante en el proceso penal en el que aquélla resultó directamente damnificada, corresponde que el mencionado administrador sea tenido por parte querellante, aunque la resolución que declara a la nombrada inhábil se encuentre apelada.
Interpretación de la ley, decomiso, derecho de propiedad
Materia: PENAL
Carátula: Salvatierra, Karina c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-27

El voto concurrente agregó que el a quo al disponer el decomiso del vehículo no ha efectuado una correcta interpretación de la normativa aplicable al caso (arts. 23 del C.P. y 30 de la ley 23.737), ni ha realizado un razonable estudio de los diferentes elementos del caso, por lo que la resolución recurrida exhibe una errónea fundamentación en los términos de los arts. 123 y 404, inc. 2° del C.P.P.N. El ordenamiento sustantivo prescribe las condiciones en las cuales la condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que serán decomisados, a no ser que pertenecieren a un tercero no responsable (arts. 23 del C.P. y 30 de la ley 23.737) y ello en virtud de tratarse de una excepción a la garantía constitucional del derecho de propiedad contemplada en el artículo 17 de la Carta Magna que reza en su primera parte que: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley". Específicamente el art. 30, último párrafo, de la ley 23.737 dispone que: "se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso o elementos objetivos acreditaren que no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio económico obtenido por el delito" (el resaltado me corresponde). A partir de una correcta interpretación de las normas referidas se desprende que en caso de recaer sentencia condenatoria serán decomisados los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que se den dos circunstancias: 1) que la titularidad del bien recaiga sobre un tercero ajeno al hecho; y 2) que las circunstancias den cuenta que el titular no pudo conocer su empleo ilícito. Dres. Figueroa -voto concurrente-, Petrone y Barroetaveña.
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Parraguez Araño s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

Es nula la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional colegiado, cuando una de las cuestiones planteadas aparece votada sólo por uno de sus integrantes.
Poder Judicial, remuneración
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Carlos Francisco RUIZ VARGAS y otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ RECURSO   EXTRAORDINARIO  -  CUESTION  FEDERAL  -  PODER  JUDICIAL  -  REMUNERACIONES  -  DERECHO PUBLICO LOCAL - INTERPRETACION DE LA LEY - RECUSACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Sólo corresponde el pago de la compensación funcional (acordada 38/85 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) a aquellos magistrados y funcionarios nacionales que posean los títulos a que se refiere el decreto 4107/84 además de la incompatibilidad absoluta, lo que evidencia que los requisitos exigidos para su otorgamiento están relacionados con determinadas condiciones personales del sujeto y mayores exigencias de la función desempeñada.
Pagaré, lugar de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Laguandos, Pedro Cecilio s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-30

Como principio general, la competencia territorial en las acciones personales está dada por el lugar del cumplimiento de la obligación, que en el caso sub-examen, expresamente ha sido fijado en el pagaré, título base de la acción, y solo como excepción se establecen en el lugar del contrato o el domicilio del deudor.
Daños y perjuicios, indemnización, daño cierto, daño futuro
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ, ISABEL c/ HERMIDA, JOSE s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-09

Cuando el daño consiste en la frustración de una esperanza o perdida de una chance, coexisten un elemento de certeza y otro de incerteza. Certeza de que de no mediar el evento dañoso -tratase de un hecho o acto ilícito o de un incumplimiento contractual- el damnificado había mantenido la esperanza en el futuro que le permitiría obtener una ganancia o evitar una perdida patrimonial. pero, a la par, incertidumbre. (En la especie, se otorgo en concepto de chance la suma de $ 2000. A tal fin, se considero que la pretensora tenia 57 años de edad al tiempo del accidente, escasos recursos económicos, antecedentes de enfermedad de chagas, cargas de familia).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Ministerio Público, funcionarios públicos, intangibilidad de la remuneración, equiparación salarial, Poder Judicial, SANTA FE
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALVAREZ ENRIQUE RAMON Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 524 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-21

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la provincia contra la resolución de Alzada - confirmatoria de la del inferior- que hizo lugar al amparo promovido por los funcionarios del Ministerio Público por cuanto se ha omitido tratar cuestiones decisivas para la solución de la litis y, por dicho carril, se ha arribado a una interpretación de las normas en juego ilógica e irrazonable, importando, en el caso, decidir en contra o con prescindencia de sus términos.

En efecto, la profunda y sustancial transformación operada en el Ministerio Público que tiene su punto de partida con la Constitución nacional (art. 120) y se consolida definitivamente con la sanción de la ley 24946, no podía dejar de ser considerada por el A quo a la hora de juzgar la pretensión de los amparistas fundada -básicamente- en la equiparación establecida en el artículo 12, inciso d) de ese ordenamiento legal.

En primer lugar, porque si bien es cierto que la sanción de la ley 11196 es posterior a la reforma constitucional de 1994, no es menos cierto que ella es anterior al dictado de la Ley Orgánica de Ministerio Público (ley 24946), por lo cual el legislador provincial nunca pudo tener en miras, en el trazado de la equivalencia en cuestión, las particulares aristas con que el legislador nacional iba a plasmar reglamentariamente el nuevo diseño constitucional del órgano (por ejemplo, otorgándole la misma remuneración que a los jueces de primera instancia).

Y en segundo lugar, porque trasladar mecánicamente -en el caso- la equiparación operada por el artículo 12, inciso d) de la ley 24946 ("los fiscales ante los jueces de primera instancia percibirán una retribución equivalente a la del juez de primera instancia") al ámbito de la justicia provincial implica prescindir que esos nuevos cambios constitucionales y legales han fracturado el criterio objetivo con que la ley 11196 estableció las equivalencias previstas en su artículo 2 respecto del Fiscal y demás funcionarios detallados a continuación.
Elevación a juicio, clausura de la instrucción
Materia: PENAL
Carátula: NELIA F. MARCOS Y OTROS c/ DIAZ JUAN CARLOS, DIAZ VICTOR HUGO Y OTROS s/ ROBO SIMPLE, ROBO CALIFICADO ETC. -CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-11-12

El efecto propio del pronunciamiento de remisión a juicio, es el de clausurar definitivamente la etapa instructoria del proceso, vinculando al tribunal del plenario, en cuanto a la apertura del juicio, por ello el tribunal de juicio puede declarar la nulidad del pronunciamiento; tal declaración acaecerá cuando se haya incurrido en omisiones relativas a los requisitos necesarios para su validez.
Seguridad pública, Poder Legislativo Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Galaburri, Tadeo c/ Yancis, Zacarías s/ competencia - cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-09-10

Su administración y gobierno corresponde al congreso, cuando está empleada en el servicio activo de la nación, a las órdenes del presidente de la República. No siendo así, y antes de ser movilizada, los gobiernos de provincia son competentes para administrarla y gobernarla.
Testigos, pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RAMIREZ, ROBERTO JOSE. s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS. COMPUTO DE INHABILITACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-11

El sistema sancionatorio del derecho penal argentino, permite afirmar que implica la perdida de bienes impuesta a la persona como retribución por el delito cometido, que tiene como finalidad que en el futuro dicho autor no cometa nuevos delitos, al tiempo que sirve como amenaza a quienes no han delinquido, para que no los cometan. - ello implica que, para que exista sanción penal propiamente dicha, con la fuerza y ejecutividad Que la constitución le otorga, debe haberse tramitado un juicio o proceso, de resultas del cual, y una vez finalizado y firme, pueda comenzarse a ejecutar, según las condiciones que el tribunal ha puesto en el fallo, sin que exista presunción o autorización para que las partes o terceros puedan adelantarse a la decisión, estimándola por propia voluntad, pues ello seria contrario a los principios constitucionales, y mas en el campo penal, en que el ejercicio del poder sancionador queda exclusivamente en manos del estado. - entre las penas, aparece obviamente la de inhabilitación, que puede ser impuesta por la norma delictiva en particular o concreto, o en caso de estimarlo el tribunal, en ciertos y determinados casos en que se haga referencia en la comisión delictiva, a incompetencia o abuso en el ejercicio de un cargo, empleo, o de una actividad que depende a de una habilitación, licencia o autorización del poder publico. - allí también se advierte que, a mas de la inhabilitación absoluta, el ordenamiento penal prevé la inhabilitación especial, limitada a un hecho, actividad o capacidad determinada, que se impone cuando el delito constituye por lo menos una violación de los deberes de conducta o actuación. -
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba crítica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., G. E. c/  s/ abuso sexual agravado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-08-30

La Alzada insistió con que los comportamientos del menor y su enojo/rencor para con su padre sólo podían tener como causa la existencia del abuso sexual; sin embargo, la representación técnica del imputado esbozó otras justificaciones atendibles al respecto, las que, al menos, debieron ser ponderadas y, en su caso, descartadas por las Juezas con debida fundamentación, mas ello no ocurrió, dado que dogmáticamente y desantendiendo las constancias de la causa, las Sentenciantes afirmaron que tales actitudes no encontraban en el universo probatorio ninguna otra explicación. (De la disidencia del Dr. Erbetta, a la que adhiere el Dr. Netri).
Delitos contra el honor, ofensa en telegrama, juicio por delitos de acción privada, prueba documental, ofensa escrita
Materia: PENAL
Carátula: PANICHETTI, A. s/ CALUMNIAS    E  INJURIAS.  PRINCIPIOS COMUNES.  REQUISITO  QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-20

No corresponde dar curso a la querella por no haberse dado cumplimiento a la norma del art. 594 C.P.C. ya que las expresiones que se reputan ofensivas habrían sido vertidas en un telegrama que obra reservado en fotocopia simple (fallo plenario consignado en C.C C. T.III pág./23).
Municipalidad, personal municipal, remuneración, adicional por subrogancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saba, Mónica Alicia c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. nro. 187 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

No ha de admitirse el suplemento por subrogancia reclamado por la recurrente, desde que el art. 56 (anexo II) de la Ley 9286, reglamentario del derecho reconocido por esa misma ley en el art. 20 de su Anexo I, enumera una serie de requisitos para tener derecho al pago de diferencias salariales provenientes de ese suplemento; y, de la lectura de las actuaciones, se desprende que no concurren en el caso los presupuestos estatuidos en el derecho objetivo para el reconocimiento del suplemento en cuestión. De dicha disposición, puede extraerse la intención de someter el reconocimiento de diferencias salariales del desempeño de subrogancias al cumplimiento de estrictas exigencias. De allí, que -en el caso- no pueda pretenderse sustituir la resolución del Intendente por una disposición del Director de Policía de Tránsito que excede los límites que se pautaron; tampoco se ha demostrado la vacancia de un cargo de superior jerarquía o la ausencia del titular de éste, antes bien, la Administración expresamente destacó que el cargo ni siquiera existía. Y, más allá de la existencia o no del cargo, no se encuentra probado por el actor que hubiera sido la reemplazante natural, lo que no es dable suponer respecto de quien revistaba -según los términos del propios reclamo - en una categoría 13, circunstancia ésta que, a su vez, demuestra que no ostentaba el nivel inmediato inferior.