Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-09-03


---- Trelew, 03 de septiembre de 2008.- ---- Reunidos los integrantes de la Sala B, Dres. Aldo Luis De Cunto, Sergio Rubén Lucero y Marcelo López Mesa, este último en virtud de la integración dispuesta a fs. 41, para dictar sentencia interlocutoria en los autos "S., E. s/ Acción de Amparo" (Expte. N° 22.944) con motivo del recurso de apelación interpuesto y fundado por el pretenso amparista a fs. 35/38 en contra de la sentencia de fs. 33/34, resuelven plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿ es admisible la vía de amparo contra decisiones adoptadas en el trámite de un juicio político?; en su caso, SEGUNDA ¿ es procedente el recurso de apelación interpuesto en el presente proceso de amparo en contra la declaración de inadmisibilidad formal decidida en primera instancia ?.- ---- A la PRIMERA CUESTIÓN el Señor Juez Doctor Aldo Luis DE CUNTO, dijo:------- ---- I.- A fs. 33/34 el Sentenciante de Grado resuelve rechazar in límine la presente acción de amparo deducida por el Dr. E. S.. Funda lo resuelto en que: 1) la Sala de Juzgar destituyó de su cargo al actor y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos, motivo por el cual considera abstracta la cuestión planteada, ello sin perjuicio de la acción que pueda intentar el actor para revisar la decisión de dicha Sala por ante la jurisdicción competente; 2) el reclamo salarial por el tiempo que duró el juicio político resulta una cuestión inescindible al de la suspensión del cargo, por lo que sigue su suerte, más allá de lo cual la vía para efectuar el reconocimiento del derecho y su cobro resulta ser la ordinaria y no la excepcional del amparo; 3) la vía del amparo es de naturaleza excepcional, reservada para situaciones extremas en la que la carencia de otras vías legales aptas pueda afectar derechos constitucionales, exigiendo además la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta evidenciable con nitidez en el curso de un breve debate. Concluye que no se da en la actualidad, ante lo consumado del proceso iniciado contra el actor, la existencia de una razón de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata y de excepción como lo es el proceso de amparo para evitar un perjuicio inminente o daño cierto.----------------------- ---- A fs. 35/38 el Dr. A. S., letrado apoderado de la parte actora, apela lo resuelto. Invoca que el 'a quo' afirma dogmáticamente que la demanda no cumple con los requisitos establecidos para este tipo de proceso, sin señalar qué exigencias son las que se encuentran incumplidas. Puntualiza la relevancia de que las sentencias sean debidamente fundadas. Cuestiona el declarado estado de abstracción que habría alcanzado la situación planteada. Argumenta que el planteo interpuesto, tanto en la decisión infundada de suspender al Procurador General en su cargo, como en la decisión de que dicha suspensión lo sea sin goce de haberes, debe ser resuelto por el período transcurrido desde el 21/07/08 hasta el 20/08/08. Con cita de doctrina señala que la cuestión no será abstracta si el peticionario conserva un interés espiritual o moral para que se reconozca el derecho efectivamente vulnerado e insusceptible de reparación material. Valora que la reforma de la CN de 1994 incorporó la potestad de accionar contra tratados y leyes y de declarar la inconstitucionalidad en este tipo de procesos. Cita doctrina que analiza la finalidad y el valor de la vía escogida. En lo que respecta a la valorada ausencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, puntualiza la ausencia absoluta de fundamentos en la Resolución N° 2 de la Sala de Acusar de la Legislatura Provincial. Argumenta que como la Sala de Acusar no explica cuáles son los fundamentos de la decisión adoptada para ejercer esa alternativa (la de suspender o no), el acto encuadra holgadamente en el supuesto de nulidad por carencia de uno de los elementos esenciales, cual es la motivación. Afirma que sostener que en dicho acto no se advierte una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta implica conferirle una estabilidad de la que carece, proveyendo en el análisis de la decisión recurrida una estructura que no tiene, y forzando a la adopción de vías que terminan por negar la existencia misma del instituto procesal del amparo. Peticiona se revoque la resolución recurrida y se declare la admisibilidad del amparo interpuesto.----- ---- A fs. 9/14 el Dr. A. M. S., invocando el carácter de letrado apoderado del Dr. E. S. promueve "acción de amparo contra la Resolución N° 02 dictada el 21 de Julio de 2008 por la Sala de Acusar de la Legislatura de la Provincia del Chubut, en cuanto dispone suspender al actor en el ejercicio de las funciones de Procurador General de la Provincia del Chubut, sin goce de sueldo". Peticiona se decrete la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 2 del 21/07/2008. Plantea, además la inconstitucionalidad del art. 203 de la Constitución de la Provincia del Chubut.------ ---- En síntesis, la acción promovida tiene por objeto acusar la nulidad de la Resolución N° 2/08 de la Sala de Acusar de la Legislatura de la Provincia del Chubut y la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el art. 203 de la Constitución Provincial.----------------------- ---- Ello así, previo a ingresar en el análisis de los argumentos que diera el 'a quo' para rechazar in límine la presente acción de amparo, rechazo que fundara en lo dispuesto por los arts. 3 y 7 de la ley 4572, corresponde establecer si es admisible la vía del amparo contra decisiones adoptadas en el trámite de un juicio político, presupuesto anterior al examen del cumplimiento de los requisitos exigidos para plantear dicha acción.------------ ---- II.- Planteada como fuera la cuestión presentada, es de decir, siguiendo a Badeni (conf. aut. cit.: "Tratado de Derecho Constitucional", Ed. La Ley, 2006, Tº II, pág. 1618), que en el proceso del juicio político, las etapas inquisitorias anteriores a la acusación y la propia acusación, son por naturaleza una función judicial que la Constitución asignó al Congreso, por lo cual debe ser ejercida preservando los derechos y garantías de tipo jurisdiccional que tanto la Constitución como los tratados internacionales reconocen meridianamente. En ese orden de ideas, Sánchez Viamonte enseñaba que el juicio político aplicado a los magistrados judiciales es "una institución judicial para quienes ejercen el poder jurídico mediante la aplicación de la ley" (conf. aut. cit.: "Manual de Derecho Constitucional Argentino, Ed. Kapelusz, 1958, pág. 278). Dicha referencia se extiende a todo el procedimiento del juicio político que -a nivel federal- se inicia cuando la Comisión de Juicio Político resuelve abrir la instancia instructoria, y que en el ámbito de nuestra provincia comienza con la investigación que atribuye el art. 201 de la Const. Provincial a la comisión de la Sala acusadora mentada en dicha norma (conf. Badeni, op. cit., ídem). Bidart Campos reafirma el carácter jurisdiccional del juicio político señalando que "El vocabulario de la constitución acude a favor de la respuesta afirmativa del carácter jurisdiccional, porque usa los vocablos "causa", "juicio (público)", "fallo", a más del verbo "juzgar". Todo ello en los arts. 53, 59 y 60" (conf. aut. cit.: "Manual de la Constitución Reformada", Ed. Ediar, 2001, Tº III, pág. 195). En el ámbito provincial son de aplicación los mismos conceptos si nos atenemos a los términos "acusación", "juzgar", "prueba", "defensa", "fallo condenatorio", "juicio", "acusado", "sentencia", contenidos en los arts. 200, 204 y 205 de la Const. Provincial).----- ---- En sentido concordante María Angélica Gelli es de la opinión que el hecho que el juicio público de la Constitución Nacional reciba usualmente la denominación de político -en nuestro ordenamiento local dicha denominación la recibe expresamente en la Sección IV del Título I de la Parte Segunda-"no significa que en el desarrollo de la causa pueda tolerarse la ausencia de la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, ni que permita arbitrariedad alguna en la acreditación de los hechos configurativos de mal desempeño" (conf. aut. cit.: "Constitución de la Nación Argentina", Ed. La Ley, 2001, pág. 398). Todo lo dicho hasta aquí reafirma que el procedimiento del juicio político revista carácter jurisdiccional y no meramente político y por ende las Cámaras del Congreso -en nuestro caso ambas Salas de la Legislatura- carecen de potestades absolutas, arbitrarias, discriminatorias o discrecionales en orden a sus efectos (conf. Badeni, op. cit., Tº II, pág. 1621).-------- ---- III.- Ahora bien, habiendo quedado aclarado que el proceso de juicio político es desde su inicio, es decir desde las etapas inquisitoriales, de naturaleza jurisdiccional y que en su desarrollo debe observarse el principio del debido proceso legal con respeto a los derechos y garantías constitucionales, se deduce de ello que el mismo es pasible de control judicial. Al respecto la postura jurisprudencial de la Corte Suprema Federal y de la doctrina en general entiende que la sentencia del Senado puede ser recurrida por vía del recurso extraordinario, particularmente porque no se cumplieron las reglas del debido proceso legal en cualquiera de las instancias del juicio político, comenzando con las desarrolladas ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados (conf. Badeni, op. cit., Tº II, pág. 1626).-------- ---- Concretamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la resolución, en el caso del Senado Nacional, que suspendió al actor -juez sometido a juicio político- sin goce de haberes, sólo puede ser objeto del recurso extraordinario de la ley 48 y, por ende, no es pasible de ser impugnada a través de la acción de amparo interpuesta ante los jueces de grado (CSJN, 25/09/1997, "Trovato, Francisco M. A. c. Honorable Cámara de Senadores de la Nación", Fallos 320:1931). En tal ocasión, en su voto el Dr. Belluscio puntualizó que a partir de la causa de Fallos: 316:2940, la Corte ha considerado que -sin mengua del aspecto político del enjuiciamiento previsto en el art. 45 de la Constitución Nacional (numeración anterior a la reforma de 1994)- en los juicios políticos el H. Senado de la Nación constituye un órgano equiparable a los tribunales de justicia (considerando 5° del voto de la mayoría y 6° del voto concurrente de los jueces Levene (h.) y Belluscio). En consecuencia, la acción de amparo no puede constituir una vía adecuada para discutir la procedencia de las medidas adoptadas por la mencionada cámara cuando actúa como tribunal, pues lo contrario implicaría que un tribunal se inmiscuyese en la actividad de otro, lo que sería tanto más grave en casos como el presente, en cuanto las decisiones de órganos de uno de los poderes del gobierno afectarían el libre desenvolvimiento de la actividad propia de uno de los que integran otro de dichos poderes (Fallos 320:1931).--- ---- En los Fallos que cita, 316:2940, la Corte a su vez señaló que cualquiera fuese el contenido que pueda dársele al llamado aspecto "político" del enjuiciamiento previsto en el art. 45 cit. y concs. (CN), no cabe duda alguna de que se trata de un proceso orientado a administrar justicia, esto es, a dar a cada uno su derecho -sea a la Cámara de Diputados, en cuanto le asista el de obtener la remoción del magistrado, sea a éste, en cuanto le asista el de permanecer en sus funciones-. Ese juicio, asimismo, se encuentra reglamentado por expresas normas de procedimiento -que prevén un acusador y una acusación, un acusado y su defensa, el ofrecimiento y producción de pruebas, la formulación de alegatos, etc.-, y, a su término, es dictada una decisión -"fallo"- por parte de un órgano -"Senado"- constituido en "tribunal" (en nuestro caso la Sala de Juzgar conforme los arts. 205 a 207 de la Constitución Provincial). Concluyó entonces que nada hay, por ende, desde el punto de vista sustancial, que obste a que el Senado de la Nación constituido en "tribunal", sea equiparado a "tribunal de justicia", a los fines del recurso extraordinario (CSJN, 09/12/1993, "Nicosia, Alberto Oscar s/ recurso de queja", Fallos 316:2940).--------- ---- En suma, dicho órgano legislativo queda investido del carácter de superior tribunal de la causa a los fines de la impugnación por vía del recurso extraordinario, y siendo que en el caso, se trata de una jurisdicción local, la Corte Suprema supedita la admisibilidad del remedio federal al requisito de que los planteos impugnatorios sean previamente sometidos al órgano máximo de la respectiva estructura judicial local (conf. Tribiño, Carlos R.: "El requisito del superior tribunal en el recurso extraordinario federal. Regulación legislativa y evolución jurisprudencial", Lexis Nº 0003/012838, con cita de Fallos 311:881; 313:114 y 315:781).----------------------------------- ---- Es cierto que en la especie no se trata de la impugnación de la sentencia de destitución, sino de la resolución de suspensión de acuerdo a lo normado por el art. 203 de la Const. Provincial, sin embargo es de recordar que en un caso análogo referido al pronunciamiento relativo a la suspensión sin goce de haberes que se había dispuesto contra el ex ministro de la Corte Eduardo Moliné O' Connor, el máximo tribunal federal -integrado con conjueces- sostuvo que si bien podría postularse que la cuestión relativa a la suspensión de un ministro de la Corte Suprema carece de objeto actual por haber sido ulteriormente destituido -al igual que en la especie-, la resolución de la suspensión sin goce de haberes, importa una sanción con entidad suficiente para poner en marcha el control de validez constitucional. A ello se agregó que en el leading case "Nicosia" (Fallos: 316:2940), el Tribunal ha enfatizado, y reiterado in re "Brusa", que el control judicial de los procesos de enjuiciamiento político de los magistrados queda reservado para las decisiones finales que destituyan a los enjuiciados y para aquellas otras que, por sus efectos sean equiparables a definitiva, entrando la suspensión referida en el concepto de decisión equiparable a definitiva (conf. CSJN, 09/06/04, in re: "Moliné O'Connor, Eduardo s/ recurso de queja", MI-JU-M-3092-AR/12560/MJJ3092).-------------------------- ---- En base a lo reseñado concluyo que no resulta procedente la vía del amparo para cuestionar decisiones adoptadas en el trámite del juicio político, por cuanto las mismas poseen carácter jurisdiccional. Y en el caso concreto de la suspensión aquí atacada, siendo equiparable a una decisión definitiva -de hecho se dicta por la Sala acusadora al aprobar la acusación (conf. art. 203 de la Const. Provincial)- resulta impugnable por medio de los recursos previstos a tales fines, en el caso del recurso extraordinario de casación por ante el Superior Tribunal, paso previo ineludible a fin de habilitar el recurso extraordinario federal. Ello es así, tanto por la remisión del art. 48 de la ley 4457 -en tanto remite a los recursos del Código de Procedimiento Penales de la provincia, dado que resulta equiparable a una decisión definitiva-, como por la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal que se citara "ut supra".- En consecuencia, habrá de confirmarse -si bien por diversos fundamentos-, la sentencia apelada en cuanto resuelve rechazar "in limine" la acción de amparo promovida, por no resultar admisible la vía del amparo contra decisiones adoptadas en el trámite de un juicio político.-------------------------- ---- Las costas se imponen al actor vencido (conf. art. 17 de la ley 4572), regulándose los honorarios del letrado apoderado del amparista, Dr. A. M. S., en un 25% de lo establecido por sus tareas en la primera instancia, con más el IVA pertinente (conf. arts. 6 y 14 de la ley 2200, y leyes 23349 y 23871).---- ---- A la PRIMERA CUESTIÓN el Señor Juez Doctor Sergio Rubén LUCERO, dijo:----- ---- Habiendo sido ya reseñados los fundamentos de la resolución apelada y el contenido de los agravios expuestos, ingreso directamente al tratamiento de la primera de las cuestiones planteadas.----- ---- La presente cuestión reúne la novedad consistente en que tratándose del juzgamiento político del Sr. Procurador General de la Provincia, Sr. E. S., el segundo en la historia institucional del Chubut, no se cuenta con antecedentes estrictamente de aplicación al supuesto bajo análisis de este Cuerpo.--- ---- Se añade a ello que el régimen legal reglamentario del juicio político (ley N° 4457/99 y sus modificatorias y complementarias) es posterior al referido único antecedente de juicio político que se registra en la Provincia del Chubut.--- ---- Lo dicho tiene trascendencia para el caso, toda vez que explica -quizás- diversos vacíos e interrogantes que surgen del marco de regulación del proceso de juicio político en nuestra provincia y que se vinculan específicamente a la textual remisión genérica: "en cuanto fuere compatible con el juicio político, se aplicarán analógicamente las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Chubut (ley N° 3355) ..." (sic). Es claro que con tal remisión, hoy no se asegura un método de debate claro y con certezas, al menos, en relación al orden impugnativo que es viable ejercer en el desarrollo, al menos, en lo que refiere a su etapa de investigación. Es que de lo trascripto, emana una remisión a una norma ya derogada merced a la reforma al procedimiento penal de la Provincia del Chubut por ley 5478, por la cual se muta de un sistema mixto a un sistema acusatorio puro que suprime los tribunales de instrucción, reformulando la etapa investigativa a cargo de los fiscales, bajo el control de los jueces de garantía y bajo un sistema impugnatorio ordinario que salvo contadas excepciones tramita por ante el llamado colegio de jueces. Tal situación describe una realidad diametralmente distinta a la que contemplaba el anterior Código de Procedimientos Penales al que remite la ley 4457, dado que en aquélla el tribunal de apelación instructoria para todo lo actuado en la etapa de investigación era atendido por las Cámaras de Apelaciones.--------------------- ---- Esta diferencia que apunto ya pone bajo duda cuáles son los medios de impugnación (ordinarios o extraordinarios) de los que se dispone ante el acto de suspensión que motiva el presente amparo y sobre todo cuál es el tribunal que ha de entender en el mismo.-------------- ---- Refiero a los medios de impugnación toda vez que evidentemente la denominación genérica de los recursos que hoy rige (Libro III, Tít. II, art. 363 y ssgts.), excluye las tipologías o categorías de medios de impugnación que la anterior ley sí contemplaba en el Título II, cap. II, III, IV, V, VI y VII de la ley 3.155 y sus modificatorias.--------- ---- Y digo del interrogante que genera la nueva reglamentación del procedimiento penal de la Provincia en relación al tribunal que ha de conocer en la eventual impugnación que se tuviera, puesto que según la naturaleza de las cuestiones que motivan la impugnación sería distinto el tribunal de revisión al que se le asigna la aptitud para conocer y decidir en ellas.----------- ---- Pongo de resalto, en esta misma línea de análisis relacionada a la incertidumbre que provoca la remisión prevista por el artículo 48° de la ley 4457, en cuanto a la específica faz recursiva, en tanto se indica: "En cuanto fuere compatible con el juicio político, se aplicarán analógicamente las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Chubut (Ley 3.155)...Especialmente, serán de aplicación las normas referentes a las garantías durante el proceso, ..., a las impugnaciones y resoluciones durante el debate..."(sic). Esto es, evidentemente la puntualización que realiza dicha remisión a las impugnaciones habilitadas en el trámite del debate que preveía dicha norma procesal ya derogada y con vigencia solo en los trámites denominado "residuales", se vincula inescindiblemente a que el tribunal de juicio o sentencia era la Cámara del Crimen, tribunal colegiado de única instancia, cuyos pronunciamientos eran susceptibles de ser atacados por ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por vía de impugnación casatoria. Ello es hoy ya historia, puesto que en vías de resguardar la necesaria adecuación de las normas procesales penales al Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos) en el actual Código Procesal Penal vigente se resguarda la doble audiencia que requiere dicho Pacto de los Estados signatarios a través de una Cámara de Apelación Penal. Es de recordar que por motivos de organización y adecuación paulatina de la faz organizacional todavía tales tribunales de alzada con competencia en el fuero penal aún no han sido puestos en funciones.

---- Todas estas observaciones que se vinculan a la remisión genérica del citado art. 48 de la ley 4457, dan pie a considerar como razonables las dudas que desde el comienzo del examen se han planteado a los fines de establecer cuál es la vía de impugnación que podría considerarse idónea a los fines de ser utilizada por quién se considere perjudicado por decisiones que se adopten por la Sala de Acusar en la etapa de la investigación y que, en el caso, se trata de la suspensión dispuesta sin goce de haberes, del entonces Procurador General de la provincia, Dr. S., actor en estos actuados.---- ---- Y destaco el contenido de tal decisión que se ataca por esta vía residual del amparo, puesto que resulta de una trascendencia institucional extrema, en tanto avanza sobre las garantías constitucionales del cargo, cual son, la inamovilidad e intangibilidad salarial y máxime cuando la pretensión deducida en la especie pone en el tapete el alcance y límite de la atribución reconocida a la sala de juzgar en el art. 203 de la Constitución de la provincia y el art. 19, último párrafo de la ley 4457. Ello, allende de la denunciada inconstitucionalidad de tales normas que también fue planteada por el escrito de inicio del presente proceso de amparo.- ---- El proceso es un conjunto de actos coligados para el fin común de la actuación de la ley, es decir, se trata de una sucesión de actuaciones que tienen por finalidad poner al juez en aptitud de pronunciarse sobre las pretensiones deducidas. Claro es que todas estas actividades deben estar sujetas a determinadas reglas concernientes a su modo de expresión, su contenido, tiempo y lugar, que se siguen según un orden preestablecido, y cuya observancia debe ser cierta e indubitable so riesgo de afectar la defensa en juicio. En ello se encuentra interesado el debido proceso legal, enunciación ésta que no teniendo registro normativo tiene reconocimiento y origen básicamente como un connatural instituto de seguridad y razonabilidad del trámite procesal a seguir en cada supuesto en aras de realización del derecho de defensa en juicio.--------------------------------------- ---- Ya el maestro uruguayo Eduardo Couture con la claridad que lo caracterizaba sostenía, en cuanto al reconocimiento de la necesidad de tutela de la persona humana mediante la justicia, que ésta solo se aseguraba mediante el debido proceso. Y puntualizaba que el mismo se satisface a partir de saber qué mínimos elementos jurídicos se requieren para que exista proceso y qué cúmulo de elementos se deben reunir para que éste sea debido. Así, expresaba, hacerlo supone la responsabilidad de indagar sobre el significado compatible con el debido proceso de nociones tales como: "un proceso", "plena igualdad", "ser oído públicamente", "un recurso", entre otras. A su criterio, entonces, la tutela constitucional del proceso debe fijar los fundamentos y las soluciones que permitan establecer, frente a cada caso particular, pero a través de un criterio de validez general, si un proceso proyectado o regulado por la ley, es o no idóneo y apto para cumplir con los fines de justicia, seguridad y orden que instituye la Constitución (Conf: aut. Cit., "El debido proceso como tutela de los derecho humanos", en L.L., T. 72, secc. Doctr., pág. 803; id. Bertolino, Pedro J., "Marco Constitucional del derecho al debido proceso", E.D. 124-853; id. Bourguignon, Marcelo "El debido proceso. Garantía constitucional", L.L: 1983-D-1144).------------------ ---- No soslayo que en el ámbito de sus respectivas competencias cada órgano del poder del Estado ha de ejercer autónomamente y sin ingerencia de otro sus funciones. En la especie, sin duda que el Poder Legislativo cuenta con la competencia jurisdiccional atribuida por la Constitución Provincial a los fines del juzgamiento político de los funcionarios enunciados en el art. 198 de la Secc. IV, Cap. I, de la Constitución Provincial de 1994. Pero ello, dado los interrogantes suscitados con motivo de la reciente reforma procesal penal a la cual se aludiera implicaría, de denegar la vía del amparo, propiciar la indefensión de quien se viera afectado por decisiones adoptadas durante el trámite de la instancia de investigación producida por la Sala de Acusar dentro del proceso de juicio político. Esto último lo digo restringiendo solo tal perspectiva al trámite por ante la Sala de Acusar, por cuanto no cabe duda, en cambio, respecto al medio de impugnación que se habilita para atacar los actos cumplidos durante el proceso de juzgamiento propiamente dicho, y en particular la decisión final, en cuyo caso es el regulado anteriormente como recurso de casación y que hoy es denominado derechamente impugnación extraordinaria.------- ---- Presto atención también a la naturaleza intrínsecamente política del juicio político sustentada en poner de relieve su finalidad acotada a examinar la responsabilidad política del funcionario al que se le endilga una causal de destitución de su cargo. Ahora bien, este carácter político de la responsabilidad que se intenta apreciar en un proceso de remoción de un magistrado, no lo coloca a dicho proceso al margen o más allá del derecho. Aludiendo a esta dimensión jurídica de la responsabilidad política, ha señalado Aragón Reyes: "En el control político, el derecho, sin serlo todo, tiene reservado un papel importante. No caracteriza el canon de valoración, ni los agentes de control, ni muchas veces el propio resultado, pero regula su procedimiento, es decir, formaliza, institucionaliza jurídicamente los instrumentos a través de los cuales el control se efectúa. No es un control jurídico, pero es un control que tiene normativizada su tramitación y, en ese sentido garantizado su ejercicio por el propio derecho...en otras palabras, en el Estado constitucional democrático el control político, sin dejar de ser político, ha de ser concebido y garantizado como derecho"(sic)(Aut. Cit., "Constitución y control del poder", Ed. Ciudad Argentina, ed. año 1995, pág. 200/201).- ---- Insisto, tengo muy presente que en materias propias de los otros poderes, como lo es en el sub examine la del enjuiciamiento político que es competencia específica atribuida al Poder Legislativo Provincial, no compete al judicial decidir acerca de su acierto, oportunidad y conveniencia, empero ante la sola visualización de un potencial menoscabo del adecuado y pleno ejercicio del derecho de defensa en juicio, merced a la existencia de las dudas antes enunciadas respecto a cuáles serían las vías de impugnación con las que disponía el actor respecto a la decisión de suspenderlo sin goce de haberes adoptada por la Sala de Acusar, que es la materia que sustenta el presente amparo, y en el marco interpretativo que determinan los arts. 8° y 25° de la Convención Americana sobre Derecho Humanos incorporada con rango constitucional según el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, entiendo que debe preferirse por habilitar la vía del amparo antes que denegarla.---- ---- Solo añadiré a título "obiter dictum", que en cuanto se predica que el poder legislativo en la realización del juicio político, con la actuación de sus salas de acusar y juzgar, es equiparable a un órgano de justicia, y de allí que no puede constituir la acción de amparo una vía adecuada para discutir la procedencia de las medidas adoptadas por dicho tribunal pues de lo contrario implicaría que un tribunal se inmiscuyese en la actividad de otro; y, sin desconocer que dicho posicionamiento cuenta con respaldo en criterios que en el mismo sentido se registran en fallos de la Corte Federal, cabe tener presente lo siguiente, salvando las distancias existentes entre el marco político, social e institucional del antecedente que traeré a colación con las circunstancias que rodean el presente caso, pero que no quitan validez a lo que quiero destacar. El informe 30/97 de la Comisión Interamericana que trató una denuncia de un ex Juez de la provincia del Chubut, removido del cargo en 1976 por el gobierno militar, que presentó una demanda judicial ante el Poder Judicial provincial solicitando la anulación del decreto que dispuso su destitución. El Superior Tribunal de la provincia consideró que el caso era "no justiciable" por entender que los tribunales no eran competentes para pronunciarse en torno a la justicia, prudencia o eficiencia de las medidas ordenadas para la remoción de magistrados, dado que las mismas constituyeron actos eminentemente políticos de un gobierno de facto. La Corte Suprema Argentina rechazó el recurso extraordinario al entender que no se habían presentado argumentos nuevos que permitieran examinar los criterios sostenidos por el Superior Tribunal de Chubut en relación con la falta de competencia del Poder Judicial para resolver materias de tal naturaleza. La Comisión fundó su posición contraria a la sostenida por el Superior Tribunal de Chubut y concluyó que la demanda judicial no contenía la pretensión de examen de las llamadas cuestiones políticas. Pero más allá de la consideración específica del antecedente de mención el que meramente rememoro para acentuar la pertinencia institucional de que, ante la existencia de oscuridades o dudas en relación al modo de instrumentar el resguardo del derecho de impugnar, debe preferirse la opción "in dubio pro actione". Esto es, lo que interesa al caso es la interpretación de la Comisión sobre el art. 8° de la Convención Americana que impone a los Estados la existencia de "debidas garantías" durante el proceso, al sostener que "...el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Entre aquellas garantías que deben respetarse y cumplirse para asegurar una adecuada defensa están las que imponen la intervención de un órgano judicial competente, independiente e imparcial para determinar la legalidad del reclamo. El derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 25° no se agota con el libre acceso y desarrollo del recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial"(sic)(Informe citado por Eduardo Oteiza, "El debido proceso -evolución de la garantía y autismo procesal-" en obra de ponencias generales presentadas en el XXII Congreso Nacional de Derecho Procesal realizado en la provincia de Entre Ríos en al año 2003, "El debido proceso", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, pág.16 y su fuente cit. en nota n° 19).-------------------- ---- En tal tesitura se expuso que originariamente el debido proceso fue interpretado sólo como una garantía procesal de la libertad en sentido lato, que impide que ninguna persona sea privada de sus derechos individuales sin tener la oportunidad razonable de ser oído, de defenderse y ofrecer pruebas en un procedimiento regular, conforme a las formalidades establecidas por la ley y sustanciado ante un tribunal con jurisdicción para intervenir en la causa. Luego la jurisprudencia norteamericana amplió su alcance, extendiendo la garantía del debido proceso al aspecto sustantivo, como un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, que permite a los jueces verificar la validez constitucional de los actos legislativos, que para ser válidos requieren que el legislador, al reglamentar los derechos reconocidos por la Constitución, no haya actuado en forma arbitraria sino dentro de un marco de razonabilidad. O sea que la Corte Suprema estadounidense reconoce actualmente un doble aspecto de la garantía del due process of law: a) Un aspecto adjetivo o procesal, que exige un procedimiento legal, ante un tribunal competente, en el que se asegure a las partes la posibilidad razonable de defender sus derechos individuales; b) Un aspecto sustantivo o de fondo, que permite controlar la validez de las leyes y de los actos administrativos en base a su razonabilidad, de acuerdo a los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución (Ver: Chichizola, Mario I., "El debido proceso como garantía constitucional", L.L., 1983-C-910; Ver también: "El Debido Proceso", Ed. Rubinzal Culzoni, año 2004).------------------------------ ---- Tal reseña con cita de su autor la efectúo para preguntarme y dejar planteado el siguiente interrogante: ¿es factible que por vía del recurso de casación al que remite el sufragante en primer término sea tratado y decidido el planteo de inconstitucionalidad formulado en el escrito de inicio del presente amparo?.- ---- Desde esta óptica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que la garantía del juez natural involucra también la posibilidad de recurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia (Conf.: C.S.J.N., Fallos, t. 193, pág. 135; y t. 247, pág. 646; id., ver: L.L: T. 100-63).-------- ---- Por eso, Germán J. Bidart Campos afirma que en nuestra Constitución existe un verdadero derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a provocar una decisión de los órganos estatales acerca de una pretensión jurídica (Conf.: aut. Cit. "El derecho a la jurisdicción en la Argentina", en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, pág. 611, N° 4, año 1964; cit. por Chichizola, op. Cit., pag.914, not. N° 12).---------------------------------- ---- En síntesis, habida cuenta que el derecho a ser oído constituye un componente fundamental del derecho de defensa y se erige en derecho humano esencial y por tanto, elemento visceral de un justo proceso constitucional en el cual se inserta indiscutiblemente el derecho a recurrir de un modo sencillo y eficaz al que alude el arts. 8°, inc. 2, acápite "h" y 25 de la Convención Americana sobre Dereco Humanos; y, habida cuenta que en el supuesto planteado en autos se encuentra afectado por razonables dudas sobre cuál es el procedimiento recursivo a seguir según a la remisión legal de la norma reglamentaria del juicio político (ley 4457), es que prefiero la admisión la vía de amparo elegida antes que su desestimación como la vía idónea para cuestionar el acto que decidiera la suspensión sin goce de haberes del pretenso amparista, Dr. S.. Y de tal manera lo dejo expuesta mi disidencia a la opinión expresada por el Dr. De Cunto.--------------------------- ---- A la PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:- ---- Me toca intervenir en estos autos, en virtud de la disidencia de criterios existente entre los dos vocales preopinantes, lo que me coloca en la disyuntiva de formar mayoría con uno de ellos y zanjar la paridad existente, para dar resolución a esta causa.-------------- ---- Analizadas las constancias de esta litis y los votos de los colegas que antes expusieran su criterio, debo decir que comparto sustancialmente el abordaje realizado por el Dr. De Cunto de la temática traída a revisión de esta Alzada y que mi voto se orientará en el sentido de su propuesta, bien que agregando a sus desarrollos diversos argumentos que creo militan también en pro del rechazo del recurso.------------------- ---- Al requerirse constitucional y legalmente mi voto individual (arts. 169 de la Const. Prov., 9 de la ley 1.130 y 271 C.P.C.C., conforme ley 4.550), en lo que sigue sustentaré individualmente mi aporte al Acuerdo.---------------------- ---- La plataforma fáctica del caso ya ha sido suficientemente reseñada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y en aras de la brevedad me remitiré al relato de los hechos por él efectuado, yendo directamente a la consideración jurídica del sub lite.

---- Sí recordaré que la acción promovida por el Dr. E. S. tiene por objeto obtener la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución N° 2/08 de la Sala de Acusar de la Legislatura de la Provincia del Chubut, así como lograr la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto por el art. 203 de la Constitución Provincial (cfr. fs. 9 de esta causa).------------------------------- ---- Y previo a analizar si el reclamo encauzado en el amparo se ha vuelto abstracto, como sostiene el Sr. Conjuez en la instancia de grado, creo útil y pertinente analizar si este cauce procesal en que me pronuncio es idóneo para llevar adelante un debate como el que pretende el amparista. Anticipo, y lo fundaré infra en diversas razones, que en mi concepto la vía del amparo es radicalmente inidónea para cuestionar decisiones adoptadas en el marco de un proceso de destitución tramitado a través de un juicio político. Y también anticipo que en mi opinión no se cumplen en el caso que nos ocupa diversos requisitos del amparo.-------------------------- ---- Coincido con el Dr. De Cunto sobre que el procedimiento del juicio político reviste carácter jurisdiccional y no meramente político y que en su desarrollo debe observarse el principio del debido proceso legal con respeto a los derechos y garantías constitucionales, siendo el mismo pasible de control judicial.------ ---- En el Considerando Nro. 10 de la sentencia de la CSJN en el caso "Nicosia", se dijo con toda claridad que "la Corte ha reconocido la justiciabilidad de los enjuiciamientos políticos cuando se alega que en éstos se ha producido una real violación del derecho de defensa en juicio.Pero, cabe acotarlo, la aplicación e interpretación de dicho derecho deben ser llevadas a cabo a la luz de la naturaleza del "juicio" de que se trate" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9/12/1993, "Nicosia, Alberto O.", Fallos 316:2940).-- ---- Y en el Considerando 18 de la misma sentencia se declaró que ". si la Corte declarara la invalidez de lo decidido, con base en el quebrantamiento de las formalidades que deben ceñir al enjuiciamiento político, sería indudable que no reemplazaría al Senado en su alta función de juzgar al acusado. Una decisión como la apuntada ni siquiera rozaría la esencia de este instituto, ya que no abriría juicio sobre el desempeño o la conducta del acusado. Puesto en el lugar que, según el Tribunal, le corresponde, el pronunciamiento descalificatorio se sustentaría en el exclusivo hecho de que la atribución no habría sido ejercida de conformidad con los requerimientos a que la Constitución la condicionó para ser irrevisable; en otras palabras, que dicho ejercicio, por ausencia de alguno de sus recaudos imprescindibles, no podría ser reconocido como fruto de la atribución de que se trate".------------- ---- La Corte Suprema más adelante en el tiempo en el caso "Trovato" (considerando Nro. 6) resolvió que "El Senado de la Nación constituye un órgano equiparable a un tribunal de justicia a los efectos de la admisibilidad del recurso extraordinario y que --sin menoscabo del aspecto político del enjuiciamiento previsto en el art. 45 y concs.-- corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, en proceso que culmina con su fallo (Fallos:316:2940)" (CSJN, 25/8/98, "Trovato, Francisco M. c. Honorable Cámara de Senadores de la Nación", LA LEY 1999-C, 268, ED 181- 1163 y Fallos 321:2339).---------- ---- Por si alguna duda pudiera caber sobre la esencia o naturaleza de "juicio" del enjuiciamiento polìtico, la Corte la disipa en el Considerando 19 del caso "Nicosia", donde recuerda nuestra mejor doctrina, exponiendo que ". con respecto al "juicio" que exige el art. 45 cit., del escaso material que ofrecen las deliberaciones del Congreso General Constituyente de 1853, pueden recogerse las palabras de Benjamín Gorostiaga, a propósito de la necesidad de que, en caso de acusarse al Presidente de la Nación, el Senado debía ser presidido por el Presidente de la Corte Suprema: es "evidente que el presidente de la cámara de justicia -afirmó- prestaría mayores servicios, por la analogía de las funciones ordinarias de su cargo" (sesión del 27 de abril de 1853...). También las de Regis Martínez, acerca de que el juicio político "es administrativo en sus resultados y judicial en las formas" (sesión del 26 de abril de 1853)".----- ---- Agrega luego la Corte Suprema que "Asimismo, entre los comentarios más tempranos sobre el juicio político, cabe mencionar el de Lucio V. López, de 1891: Dicho juicio es "una acusación solemne y específica... formulada de una manera clara..., participa de la naturaleza de la acusación, existiendo, como existe tan sólo 'prima facie' la evidencia de culpabilidad, suficientemente explicada..." ("Curso de Derecho Constitucional", Bs. As., 1891, ps. 162, 163 y 164).También son de provecho las consideraciones de Joaquín V. González, de 1897, acerca de que "la libertad de la defensa es garantida a los acusados" ("Manual de la Constitución Nacional", Bs. As., 1897, p. 549); y las de Estrada, de 1895: "la Constitución actual ha tomado precauciones serias y eficaces", entre ellas, "la libertad de la defensa, que garante, hasta cierto punto, al acusado, contra la posibilidad de que sea juzgado sin conocimiento completo del asunto y parcialmente" ("Curso de Derecho Constitucional, Federal y Administrativo", Bs. As., 1895, p. 485; y "Curso de Derecho Constitucional", Bs. As., 1902, III, ps. 269)" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 9/12/1993, "Nicosia, Alberto O.", Fallos 316:2940, considerando Nro. 19).-------- ---- De lo anterior surge manifiesto que si el Senado es equiparable a un tribunal de justicia y contra su decisión procede el recurso extraordinario y si el enjuiciamiento político, magüer su carácter político, es un "juicio" ello implica que es aplicable a este caso el mismo criterio respecto de la Honorable Legislatura provincial y sus Salas, de Acusar y Juzgar. ------------- ---- Coincido con el Dr. De Cunto en que se aplica a este caso el criterio sentado por la Corte Suprema en diversos precedentes respecto de que la resolución, en el caso del Senado Nacional, que suspendió al actor -juez sometido a juicio político- sin goce de haberes, sólo puede ser objeto del recurso extraordinario de la ley 48 y, por ende, no es pasible de ser impugnada a través de la acción de amparo interpuesta ante los jueces de grado (CSJN, 25/09/1997, "Trovato, Francisco M. A. c. Honorable Cámara de Senadores de la Nación", Fallos 320:1931).------------------------------------- ---- En tal situación, mutatis mutandis -como hiciera la Corte, pero en sentido inverso en el caso "Nicosia"- es dable interpretar que las Salas de la Honorable Legislatura provincial de Acusar y Juzgar (la primera respecto de la suspensión y la segunda en lo relativo a la remoción de un funcionario o magistrado) quedan investidas del carácter de superior tribunal de la causa a los fines de la impugnación de la decisión de suspensión o remoción - que parafraseando al convencional de 1853 Regis Martínez, es judicial en su esencia- por vía del recurso extraordinario.- ---- Pero es sabido que la Corte Suprema de Justicia desde mediados de la década de 1980, luego de los conocidos casos "Strada" y "Di Mascio" exige para habilitar el recurso extraordinario federal el agotamiento de las jurisdicciones provinciales, con lo que la Corte federal supedita la admisibilidad del remedio federal al requisito de que los planteos impugnatorios sean previamente sometidos al órgano máximo de la respectiva estructura judicial local (CSJN, 18/6/08, "Basile, Dante y otros c. Estado Nacional - Ministerio de Justicia", DJ 2008-II, 1233; ídem, 18/6/08, "Alonso, Alberto y otros c. Estado Nacional - Ministerio de Justicia - Poder Judicial de la Nación", DJ 2008-II, 1011).-- ---- En los casos "Strada" y "Di Mascio" dijo la Corte que "Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia..." (CSJN, 8/4/86, "Strada, Juan L. c. Ocupantes del Perímetro Ubicado Entre las Calles Deán Funes, Saavedra, Barra y Cullen", LA LEY 1986-B, 476 y ED 117- 589).----------------- ---- Cierto es que en la especie no se trata de la impugnación de la sentencia de destitución, sino de una resolución de suspensión conforme lo normado por el art. 203 de la Const. Provincial, sin embargo en cuanto a sus efectos ella es equiparable a una sentencia definitiva, alcanzándole el mismo criterio.------- ---- Como bien recuerda el Dr. De Cunto, en un caso análogo respecto de la suspensión sin goce de haberes del ex ministro de la propia Corte Dr. Eduardo Moliné O' Connor, el Máximo Tribunal federal -integrado con conjueces- sostuvo que si bien podría postularse que la cuestión relativa a la suspensión de un ministro de la Corte Suprema carece de objeto actual por haber sido ulteriormente destituido -al igual que en la especie-, la resolución de la suspensión sin goce de haberes, importa una sanción con entidad suficiente para poner en marcha el control de validez constitucional (CSJN, integrada por conjueces, 9/6/2004, "Moliné O'Connor, Eduardo", DJ 2004-2, 1115 y Fallos 327:2205).---------------------- ---- En el caso "Moliné" la Corte recordó que "en el leading case "Nicosia" de Fallos: 316:2940 el Tribunal ha enfatizado, y reiterado recientemente "in re": "Brusa", que el control judicial de los procesos de enjuiciamiento político de los magistrados queda reservado para las decisiones finales que destituyan a los enjuiciados y para aquellas otras que, por sus efectos, sean equiparables a definitivas" (CSJN, integrada por conjueces, 9/6/2004, "Moliné O'Connor, Eduardo", DJ 2004-2, 1115 y Fallos 327:2205, Considerando 6º in fine).------ ---- Y si la suspensión y -también la remoción- debatida en autos son decisorios equiparables a sentencias judiciales, resulta de aplicación al caso el criterio inveterado de nuestros tribunales de que el amparo no puede ser utilizado como medio de revisión de otros actos jurisdiccionales (CNCom., sala D, 17/12/07, "Transportes Automotores Chevalier S.A.", en La Ley Online; Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, sala I de procedimientos constitucionales y penal, 6/6/07, "Ava, Adolfo Humberto y otros c. Juzgado de Instrucción Federal", La Ley Online; Cám. Apels. en lo Civil, Comercial y Minas Nro. 2 de San Luis, 30/11/05, "Ponce, Walter c. Estado Provincial", LLGran Cuyo 2006 (mayo), 555; Corte de Justicia de la Provincia de Salta, 19/3/02, "Córdoba, Noemí G. c. Nallar, Abraham", LLNOA 2003 (marzo), 167).----------------- ---- En tal situación, no es el proceso de amparo el continente procesal idóneo para impugnar la decisión de suspensión debatida en autos, la que debería haberse cuestionado en su caso por la vía ordinaria. Coincido con el Dr. De Cunto que dicha vía era el recurso extraordinario de casación por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, dado que siendo la suspensión del actor equiparable a una decisión definitiva -que dicta la Sala de Acusar al aprobar la acusación (conf. art. 203 de la Const. Provincial)- resultaba impugnable por medio de los recursos previstos a tales fines, que en el caso se trataba del recurso extraordinario de casación por ante el Superior Tribunal, como paso previo ineludible a fin de habilitar el recurso extraordinario federal.------------------------- ---- Tal criterio surge de la remisión que hace el art. 48 de la ley 4457 -en tanto remite a los recursos del Código de Procedimientos Penales de la provincia, dado que resulta equiparable a una decisión definitiva-, siendo reforzado el criterio, si alguna duda pudiera quedar, que no queda, por la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional ya citada.-------------------------- ---- Pero además de tal argumento -que ya podría justificar el rechazo del recurso en análisis- creo que existen otros argumentos tan buenos como éste y concordantes con él. Dichos argumentos se extraen de un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de esta Provincia, el que con motivo de un amparo ambiental, dejo trazadas importantes líneas doctrinales sobre el proceso de amparo en general -las que son de necesaria aplicación a este caso-.----------- ---- El Superior Tribunal de Justicia del Chubut, con fecha 28/12/2001, en sentencia dictada en los autos caratulados: ""G., E. L. del V. c/Municipalidad de Trelew y/o quien resulte responsable s/Acción de Amparo" (registrada bajo el Nº 26 S.R.E.), declaró a través del primer voto del Dr. Royer que: "Esta cuestión -sin embargo- que no ha escapado a las controversias de opiniones- entronca con el carácter principal o subsidiario, excepcional u ordinario, que ha de otorgarse al amparo en el marco de la reforma constitucional. Mi opinión ya ha sido dada en SD Nº 14/SRE/01 - transcripta en 6.1 con cita de QUIROGA LAVIÉ: la excepcionalidad y la subsidiariedad, continúan siendo connaturales al Amparo. En esta postura se enrolan otros autores de renombre, especialistas en materia de Amparo, RIVAS (Pautas para el nuevo Amparo Constitucional - XVIII Congreso de Derecho Procesal - STA. FE - Junio de 1955 - pág. 595) y SAGÜES (Acción de Amparo - pág. 667) entre otros. Así surge -señalan Patricio SANMARTINO y Fabián CANDA , que también comparten este criterio- de la propia norma constitucional. "El enfático condicionamiento prescripto, al tiempo que consagra un criterio rector de admisibilidad amparista, fijando, correlativamente, una pauta de exclusión: el amparo no será el medio procesal adecuado si existen otros procesos que aseguren una útil y efectiva tutela judicial..." y acota: si existe ese medio, la vía excepcional del amparo queda automáticamente cerrada".------------ ---- Siguió diciendo el juez de primer voto que "Por cierto que estos autores se inquieren sobre cuáles son los parámetros para decidir si existe o no vía más apta... "cómo" se determina el "cuándo"... y considera que la respuesta tiene anclaje en la presunción de eficacia garantizadora del sistema procesal vigente, ya que el constituyente con toda lógica entendió que los remedios procesales comunes ofrecen garantías suficientes y adecuada para tutelar en forma efectiva los derechos, ya que lo contrario -opina- sería "una ilogicidad meridiana, toda vez que dicho postulado, ab-initio, descalificaría a las leyes procesales como injustas y a todo el sistema procesal como irrazonable, por ende más que el imperio de la ley, regiría, desde esta línea argumentativa, el imperio de la inseguridad jurídica. En este contexto, la constitucionalización del amparo adviene como un implícito reconocimiento de que, sólo ocasionalmente, ante situaciones extraordinarias, los medios judiciales comunes -cuya eficacia se presume- resultan insuficientes para conferir una auténtica tutela judicial efectiva en los términos del art. 18 CN".---------------- ---- Indicó luego el Dr. Royer que "Así es que, el "cuándo" del amparo, está sujeto a la confluencia de requisitos, íntimamente relacionados entre sí: - que el amparista logre destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común. -que el amparista acredite la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata ... Urgencia que se relaciona con "inmediatez" con que se debe conferir la tutela e "irreparabilidad" o imposibilidad de restituir, restablecer o salvaguardar -preservar- in natura el derecho de rango privilegiado que se denuncia violentado. - que el amparista logre demostrar que la vía del amparo es un factor de evitación del daño cierto, grave e irreparable que sobrevendría previsiblemente si el caso se ventilara por las vías comunes".---- ---- Sostuvo luego el mencionado magistrado que "la presunción de eficacia del sistema procesal exime de prueba a la parte a quien favorece -esto es, la demandada-. Por lo tanto, la prueba que destruya dicha proposición competerá al amparista, quien tendrá la carga procesal de demostrar que el amparo incoado no persigue eludir las normas generales, sino que fue interpuesta atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para tutelar en forma efectiva el derecho que dice violentado". Todo ello significa que el juzgador "in concreto" debe efectuar un pronóstico objetivo y razonable de probabilidad en torno de la relación causal que se cierne entre la remisión a los procedimientos judiciales y el daño grave e irreparable que dicha remisión provocaría en los derechos que se intentan tutelar. Si de este pronóstico surge que el uso de los remedios comunes no provoca daño irreparable, deviene claro que no se da la relación causal antedicha y por ende no quedará constitucionalmente justificada la utilización de la vía del amparo. (El Amparo Constitucional y sus relaciones con los demás cauces formales de tutela. (El "núcleo vital" del Amparo en la Constitución reformada) - JA 1996-IV-827). Tal la postura asimismo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Ballesteros..." del 4/10/94, en "Louzán..." del 17/11/94, y en "Prodelco..." de 7/5/96 - en particular el voto del Dr. FAYT (LL 1998 - C- 574)".----- ---- El desarrollo del voto lo lleva luego a exponer que "De más está el aclarar que esta inteligencia en modo alguno violenta -sino por el contrario se ajusta- al art. 54 de la Constitución Provincial. Y, en cuanto al art. 5º de la Ley Nº 4572, habrá de analizarse en idéntico contexto, partiendo de los presupuestos enunciados en la Constitución Nacional, y que reitera su propio art. 3º.- Una inteligencia contraria conduciría a admitir esta acción siempre y en todos los casos que se planteen ante la justicia, porque siempre -en mayor o menor medida- un derecho constitucional está en juego, subyacente en la concreta pretensión".--------------------------- ---- Sigue diciendo que "Relacionada -parcialmente- la apelante la cuestión de la vía más idónea con la necesidad de un mayor debate y prueba. No es excepción este recaudo a la situación controversial antes enunciada con respecto a la consideración del Amparo después de la reforma constitucional. GOZAÍNI, considera a ésta una causa de improcedencia que subsiste, pues si el admitir o no el amparo se supedita a la existencia de conducta de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, y a la ausencia de otra vía más apta, resulta evidente que no queda habilitado para cuestiones que requieran de tal amplitud, aunque deberá confrontarse si los trámites ordinarios que planifican una dimensión superior de conocimiento son idóneas para cubrir la expectativa de protección que se espera, atendiendo al objeto material solicitado, y a las facultades de actuación que tenga la magistratura para obrar con la expeditividad y rapidez que necesite el caso. (En Revista de Derecho Procesal Nº4 - pág. 71/72)2.------------------ ---- Concluye el Dr. ROYER que "a mi juicio ni ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común, ni ha acreditado suficientemente la exigencia de una tutela judicial inmediata -el fallo mismo lo demuestra- ni el daño sobreviniente si el caso se hubiera ventilado por las vías comunes".------------- ---- También el voto del Dr. TORREJÓN tiene interesantes aristas que son de aplicación en este caso; recordó el mencionado Vocal que: "Ha expuesto el Dr. ROYER, que entre los llamados presupuestos del Amparo, algunos derivan directamente de la norma constitucional - art. 43 CN - y provinciales consecuentes - art. 3 de Ley Nº 4572 - y otras han sido impuestas, o emergen, de normas rituales impuestas por las Provincias de acuerdo las facultades no delegadas que le asisten. Así lo destaca CASSAGNE, quien afirma que las Provincias tienen una suerte de poder legislativo "complementario" para reglamentar la legislación básica nacional dada por la Constitución, cuyo marco normativo y principios no pueden ser alterados por las leyes provinciales. Así como a su vez, las normas reglamentarias que dicte la Nación no deben alterar las "jurisdicciones locales" (Sobre la protección ambiental - LL 1995-E-1217). ..."----------- ---- Sostuvo luego que "Por otra parte, debo adherir sin hesitación ninguna, a la afirmación del Dr. ROYER de "encadenamiento" de todos los presupuestos de la Acción de Amparo entre sí..., como compatible absolutamente con los establecidos directamente por la norma constitucional. En particular con la expeditividad o prontitud de esta vía que tiene como circunstancia de hecho operativa la urgencia, y con el carácter excepcional y subsidiario de la misma, relacionado a su vez con la "vía más idónea".--------- ---- Luego el Dr. Torrejón expuso su adhesión "a la tesis de que esta vía es de carácter excepcional y subsidiario... y que de existir otras más aptas, debe ser desdeñada para evitar su "ordinarización". Criterio del que -como señala el preponente- se hace eco la mayoría de los tribunales (vg. Cám. Civ. Com. Rosario - Sala II - 2/8/96 "S...", CTrab. Rosario - Sala II - 25/6/97 "Z...", CCiv. Com. M J (Cba.) 3/7/97 "R..", Cám. 3º Civ.Com... Mendoza - 25/9/97 "UPCN...").- ---- Por último, el voto del Dr. PASUTTI, también resulta de interés para la correcta resolución de esta litis. Dijo, en lo que aquí interesa el mencionado Vocal que "Atenderé también a la evidente relación -expuesta por SAGÜÉS y ya anticipada- entre la "urgencia" que justifica y habilita la acción y la "inminencia" que se requiere del daño para su procedencia, con la referencia que señalan los prevotantes de estos presupuestos, con la "naturaleza" de la acción y su relación con la "vía más idónea". -------------------------------------- ---- Agregó después. "que el Amparo es un medio procesal excepcional, y no ha debilitado la reforma esa característica, surge de mi voto en SD Nº 14/SRE/01 (punto 4). Así también lo ha resuelto la jurisprudencia: "Las pautas jurisprudenciales que informan acerca de los recaudos de la acción de amparo no han variado, en términos generales, con el actual texto del art. 43 CN, de modo tal que las características de esta acción como vía de excepción se mantienen en el texto constitucional" (CNFral. Cont. Adm. Sala I - 18/4/96 "M..."). Es ilustrativa al respecto la publicación de Fernando GARCÍA PULLÉS (en LL 1995-A-861), que alude al tratamiento del art. 43 en el Plenario de la Convención Constituyente para la reforma, y en la Comisión de redacción. En esta última CAFIERO y BARCESAT propusieron la exclusión de la frase "siempre que no exista otro medio judicial más idóneo", a fin de "quitarle" su carácter residual; este último inclusive, sugirió retirar el recaudo de la "...arbitrariedad e ilegalidad manifiestas..". La posición fue resistida por los convencionales CARRIÓ, LÓPEZ de ZAVALÍA, y GARCÍA LEMA. El segundo recordó el principio de validez de los actos públicos, y la circunstancia de que una amplitud excesiva pudiera paralizar la actividad administrativa. GARCÍA LEMA insistió en mantener estos conceptos por ser "...el amparo una vía sumarísima excepcional, un remedio previsto para circunstancias excepcionales..." ( -"Vías procesales en la protección de los derechos del ambiente"-).------------- ---- Y luego expuso el Dr. Pasutti que "A este punto de partida, no comparto la "ordinarización" del trámite so pretexto de la operatividad constitucional. Que ésta ha "aguzado" el arma para hacer efectivos los derechos y garantías que tutela -ambiente incluido- no significa que haya dado vía libre a la posibilidad de acudir a este medio expeditivo en todo y cualquier caso. Lo ha hecho para los supuestos que enuncia, de afectación manifiestamente ilegal o arbitraria, con resultado de daño -efectivo o posible- grave e inminente. ... La "inminencia" debe ser siempre objeto de ponderación (CNFral. Cont. Adm. Sala I - "B, C..." del 22/2/01 - Voto del Dr. Coviello)".-------------------------- ---- Y, por si quedara alguna duda, dice luego el mismo que "El propio art. 43 lo enuncia: Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo...- Lo repite el art. 3º de Ley Nº 4572.- SAGÜÉS enuncia: "...los procesos ordinarios son generalmente más idóneos que el amparo para custodiar un derecho constitucional vulnerado, desde el momento en que en ellos se estudia cualquier tipo de lesión (manifiesta o no) con un aparato probatorio más amplio" (Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la reforma constitucional - LL 1994-D-1191). En igual sentido se manifiesta BUSTAMANTE ALSINA: "La idoneidad de esta acción comparativamente con otras como la ordinaria, radicaría en su simplificada sustanciación, aunque va de suyo que la ordinaria es más apropiada, aún dentro de la complejidad del trámite, para allegar al proceso los elementos cabalmente demostrativos de la lesión constitucional" (Derecho Ambiental - pág. 80).------------------------------------ ---- Recuerda el Dr. Pasutti luego que "la jurisprudencia sigue la misma orientación. En una posición extrema, el Superior Tribunal de Jujuy falla "...no constituye un medio de procurar solución jurisdiccional a una gama indiscriminada de conflictos, máxime cuando existen remedios judiciales o administrativos que no han sido tentados por los accionantes. En consecuencia, un ensanchamiento indebido de su cauce provocará su desnaturalización con la consecuente afección al principio del debido proceso por la cognición limitada que implica su trámite y descalabro de todo el mecanismo jurisdiccional...- El amparo no tiene por finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales previstos legalmente o reglamentariamente para el logro del resultado que con él se procura, ni resulta apto para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a la jurisdicción conferida, alterando el normal juego de las instituciones vigentes" ("S.." 16/8/96 - LL NOA 3/3/97). Más moderadamente, se ha sostenido que esta acción "...no autoriza a atribuir al constituyente la intención de ordinarizar un trámite procesal tradicionalmente sumario y de excepción, cambiando las pautas jurisprudenciales seguidas en el país hasta el presente.... Su mayor o menor idoneidad comparativamente con otras vías judiciales, no puede ser sólo evaluada en función de su presunta mayor celeridad -pues llevaría a reconocer su procedencia para la protección de cualquier derecho de raigambre constitucional o legal; también se debe tener en cuenta la finalidad perseguida, o sea la tutela judicial efectiva de los derechos concretos que se alegan como conculcados" (CNFral. Cont. Adm. Sala I - 24/11/97 "M..." LL Supl. Der. Adm. pág. 8).- ".no está pensada para alterar las instituciones adjetivas vigentes, ni faculta a los jueces a sustituir los trámites pertinentes por otros más convenientes, cuando los remedios ordinarios no aparecen cuestionados como una forma de acceso oportuno e idóneo a la jurisdicción..."(CNTrab. - Sala V - 18/11/96 - DJ 1997-I-878)".--- ---- Sigue diciendo luego que "este último fallo encara también la cuestión de mayor debate y prueba, y decide que "si la cuestión en debate transita por complejas facetas de hecho y prueba relacionadas con la esencia de los vínculos que exceden el prieto marco de cognición de la acción de amparo, no procede la aplicación de tal figura de excepción". La SC de Mendoza, desaconseja y determina la inaplicabilidad de la vía amparista "en aquellas cuestiones dudosas o complejas que para una correcta administración de la justicia, requieren de un marco amplio para el desarrollo del debate y el ofrecimiento y producción de pruebas" (10/6/97 - "Cons. Surballe-Sadofschi..." LL Supl. Der. Adm. del 16/2/97, pág. 57 - Idem CNFral. Cont. Adm. Sala II - 22/8/95 "La P...", Sala III - 16/2/95 - "V.." - LL 1995-E-498, Sala IV - 15/11/95 "E..." LL 1996-D-76)".- ---- Y que "La vía ágil, eficaz y sencilla del amparo se halla estrechamente relacionada con la plataforma fáctica de la pretensión intentada y la naturaleza del derecho que la sustenta. Así, si lo pretendido por esta acción requiere un ámbito de cognición judicial extenso, con profundidad en la etapa probatoria, el camino del amparo ya no es el medio procesal adecuado para la protección del derecho. Por el contrario, sí será la senda correcta una acción de conocimiento, donde la presencia de medidas precautorias pueden resultar aptas para cautelar el reconocimiento del derecho vulnerado, en el tránsito a la sentencia definitiva" (S P de C -El rechazo "in límine" de la acción de amparo - LL 1997-B-419).-------------------- ---- Y luego el Dr. Pasutti recuerda el voto de dos jueces en un fallo de la Corte Suprema dice que "... ambos se refirieron también a la carga de demostrar la procedencia de este proceso de excepción, no puede sino recaer en cabeza de quien así lo invoca: "...la posible lesión -actual o inminente- a tales derechos debe ser satisfactoriamente demostrada por los demandantes". (Fallos 323:1261 - específicamente pág. 1276)". (STJ Chubut, 28/12/2001, in re "G., E. L. del V. c/Municipalidad de Trelew y/o quien resulte responsable s/Acción de Amparo" (registrada bajo el Nº 26 S.R.E.), -- ---- Pasando en limpio estas máximas orientadoras y llevándolas al plano de los hechos de esta causa, surgen de esta transpolación importantes consecuencias, que terminan por descolocar la pretensión del aquí recurrente.--- ---- 1) Conforme jurisprudencia del STJ del Chubut y la opinión de prestigiosos autores, la excepcionalidad y la subsidiariedad continúan siendo connaturales al Amparo, pese a la reforma constitucional de 1994. Por ende, habiendo dispuesto el actor de una vía procesal como la casación, como ha sido demostrado supra, el amparo aquí intentado no era desde un comienzo el medio procesal adecuado..--------------------- ---- Y personalmente entiendo que no es óbice para tener en cuenta la existencia de otros procesos ordinarios, más idóneos que el amparo, el hecho de que éstos no hubiesen sido ejercidos temporáneamente por el amparista y que ya no pudiera ejercerlos luego, pues si hipotéticamente se pensara lo contrario, bastaría con que un amparista dejara vencer el plazo de las acciones ordinarias para que dispusiera de una acción de amparo expedita -que originalmente no lo habría sido-, lo que implicaría admitir el contransentido de que la demora en ejercer una acción, mejoraría las chances en otra, criterio de dudosa regularidad a mi juicio.--------------------------------- ---- 2) Acoger el planteo de autos implica en este caso "ordinarizar" el amparo al tornarlo una vía directa, principal, ilimitada, de cuestionar -en este caso peor aún, actos jurisdiccionales-, lo que implica una ampliación de su natural objeto hasta llevarlo a convertirse en una vía indirecta de revisión por un juez de los criterios de juzgadores que han intervenido en la cuestión anteriormente. Ello, en nuestro concepto, no procede.----------------------------- ---- En palabras de Sagües, "la doctrina del amparo como vía ordinaria, que fue lo no querido y rechazado por la constituyente, obliga a meditar seriamente sobre la inflación y consecuente devaluación que puede producir esta acción" (SAGÚES, Néstor P., "Nuevamente sobre el rol directo subsidiario", en La Ley, 1995-D-1520/1).--- ---- 3) El amparista en autos no ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común. En rigor, ni siquiera lo ha intentado, puesto que de su escrito surge que a fs. 9vta., el amparista afirma que "el presente resulta el medio más adecuado para la más pronta reparación de los actos de autoridad pública que en forma actual restringen, alteran, y lesionan con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos o garantías reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución nacional" (cfr. Fs. 9, punto 3) de autos).----------------- ---- Pero amén de esa manifestación no se aprecian en su escrito el desarrollo ni fundamentación de dicha afirmación inicial. Por ende, el amparista no ha dado cumplimiento a otra de las exigencias que el STJ del Chubut sentara en su fallo de la causa "Gérez" ya citada: el amparista no ha cumplido "la carga procesal de demostrar que el amparo incoado no persigue eludir las normas generales, sino que fue interpuesto atendiendo a la previsible inutilidad de los remedios comunes para tutelar en forma efectiva el derecho que dice violentado".- ---- Es obvio que tal demostración requería un adecuado tratamiento y argumentación del punto, lo que no se aprecia en el escrito inicial de autos.--- ---- Realizado el "pronóstico" que exige el STJ en "Gérez", surge de él que el empleo por el aquí amparista de los remedios comunes no le hubiera provocado a éste un daño irreparable, deviniendo por ende claro que no queda entonces constitucionalmente justificada la utilización de la vía del amparo en este caso.--------------------------- ---- 4) Tampoco el amparista acredita la existencia de una situación de urgencia que haga necesario, objetivamente, conferir una tutela judicial inmediata ... Urgencia que se relaciona con "inmediatez" con que se debe conferir la tutela e "irreparabilidad" o imposibilidad de restituir, restablecer o salvaguardar -preservar- in natura el derecho de rango privilegiado que se denuncia violentado, en palabras del STJ en el caso "Gérez". Si se piensa un poco el daño alegado por el amparista no puede ser evitado por este medio, dado que la suspensión primero -y luego la destitución- ya se han producido. Y no parece que el tema salarial sea el más importante, ni que sea tan urgente para él, como que no ha solicitado medidas cautelares a su respecto. En tal situación no veo en el caso que se resuelve aquí dónde estaba la urgencia extrema justificatoria de recurrir al amparo. Y, en consecuencia, ello refuerza mi determinación de que no es el amparo el medio idóneo para tramitar esta litis.----------- ---- De tal manera el amparista no ha logrado demostrar que la vía del amparo era un factor de evitación del daño cierto, grave e irreparable que hubiera sobrevenido previsiblemente si el caso se hubiera ventilado por las vías comunes, conforme la exigencia del STJ en el caso "Gérez". Si se piensa un poco, todos los requisitos exigidos como presupuesto de admisibilidad del amparo por el STJ del Chubut en el ya muy citado caso "Gérez", no se cumplen en este caso. Y tanto en el voto del Dr. Royer, como en el del Dr. Torrejón, se sostuvo la necesaria "confluencia" de tales requisitos, con lo que bastaría que no se cumpliera uno, para que el amparo fuera inadmisible. Y en este caso hemos visto que más de uno, si no todos, no se cumplen.------------- ---- 5) Además considero que las cuestiones planteadas en autos, la inconstitucionalidad de una norma de la Constitución local y la nulidad e inconstitucionalidad de la suspensión del Procurador General del STJ- son cuestiones de trascendencia institucional, que ameritan y exigen un mayor debate y prueba que el que un amparo puede producir y, a la par, creo que la trascendencia de ambas cuestiones es incompatible con la resolución de ellas por un conjuez que actúa como juez de primera instancia en el marco de un proceso excepcional, limitado, acotado.---- ---- Resuenan en mis oídos las palabras del maestro Augusto C. Belluscio sobre que "la acción de amparo no puede constituir una vía adecuada para discutir la procedencia de las medidas adoptadas por la mencionada cámara cuando actúa como tribunal, pues lo contrario implicaría que un tribunal se inmiscuyese en la actividad de otro, lo que sería tanto más grave en casos como el presente, en cuanto las decisiones de órganos de uno de los poderes del gobierno afectarían el libre desenvolvimiento de la actividad propia de uno de los que integran otro de dichos poderes (Fallos 320:1931, voto del Dr. Belluscio).--- ---- Y, llevando este agudo criterio al extremo, de admitirse la acción de amparo en autos, ello implicaría en los hechos que la decisión de una Sala de la Legislatura, tomada por una mayoría calificada de dos tercios de representantes elegidos directamente por la población, sería sometida al control de un juez de primera instancia -conjuez a la sazón, además por la excusación de la magistratura local de primera instancia completa-, quien en un proceso signado por la premura y de limitado conocimiento se expediría sobre cuestiones de gran complejidad y amplia trascendencia institucional en esta Provincia. No parece razonable. Creo no lo es. ------------------------------- ---- En mi concepto esta es una de esas cuestiones que debería resolver el Máximo Tribunal de la Provincia, en ejercicio de su jurisdicción casatoria y no un conjuez de primera instancia por la vía de un procedimiento excepcional, como el que aquí se intentara.- ---- El amparo inicial de esta causa creo, ante estos argumentos, languidece.-- ---- 6) Duda y amparo son conceptos incompatibles. El amparo no es una flor que crezca en un terreno sembrado de dudas. Si existe duda sobre la violación de los derechos constitucionales, el amparo no procede, porque éste exige la arbitrariedad o inconstitucionalidad manifiesta, y si hay duda, justamente no hay una violación patente, manifiesta, incontestable. Tampoco procede el amparo si hay duda sobre cuál sería la vía procesal más idónea, justamente porque para que proceda el amparo, el amparista debe haber desvirtuaado la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común. Si subsisten dudas es porque no ha logrado desvirtuar esta presunción. ----------- ---- 7) El derecho del amparista de autos puede ser digno de tutela, si éste prueba los extremos de hechos que alegara; pero deben ponerse las cosas en perspectiva y, entonces, surge de aplicación al caso la teoría de las limitaciones inmanentes de los derechos, en virtud de la cual "los derechos y libertades por reconocerse en el interior del ordenamiento jurídico, han de conciliarse con otros bienes que el ordenamiento protege y no pueden hacerse valer de modo absoluto frente a éstos" (cfr. Lorenzo MARTIN-RETORTILLO e Ignacio DE OTTO Y PARDO, "Derechos fundamentales y constitución", Ed. Cívitas, Madrid, 1992, p. 110), que lleva a pensar que no estamos ante un derecho que amerite la concesión de la vía más expeditiva con que el derecho cuenta, reservada para situaciones de una urgencia tal que no quepa aguardar los tiempos de las vías ordinarias. No veo que ese sea el caso aquí.- ---- Bien ha recordado el maestro JOSSERAND que ""Los conocimientos del espíritu más simples y más seguros, no son siempre aquellos que encuentran el mayor crédito en la conciencia universal, ni siquiera en la conciencia jurídica: mientras que sofismas especiosos resisten indefinidamente la acción del tiempo y de la crítica, hay verdades eternas, "ideas-fuerzas", o para hablar con frase anglosajona, "Standards" fundamentales, que aunque representan el armazón de todas las legislaciones en todas las épocas y en todos los países, se encuentran periódica o constantemente sujetas a discusión y aun a negación: de este número es el concepto de la relatividad, y consiguientemente, del abuso de los derechos, que constituye una de las piezas principales de los sistemas jurídicos de todos los países civilizados, o más bien, la atmósfera, el elemento mismo en que estos sistemas se desenvuelven y se realizan" (JOSSERAND, Louis, "El espíritu de los derechos y su relatividad", trad. de Eligio Sánchez Larios y José M. Cajica Jr., Ed. José M. Cajica Jr., México, 1946, p. 7).------------------------------------ ---- En una sociedad que ha pretendido hacer del amparo -extralimitando el radio de giro de las normas aplicables e incluso forzándolas muchas veces- una regla, en vez de una excepción, y en el que se cree vulgarmente que el amparo es una suerte de panquimagogo o triaca máxima que todo lo cura y restaña, algunos dudarán del acierto de cuanto aquí he postulado.--------------- ---- Sin embargo, tengo para mí que dar curso a un amparo en circunstancias como las del caso de autos implicaría -además de todo lo antes expuesto- correr el serio riesgo de la inseguridad jurídica, poniendo en tela de juicio a través de una vía procesal inidónea, una decisión institucional tomada por amplia mayoría de representantes populares, la que podría quedar sometida a decisiones apresuradas, tomadas sin toda la reflexión necesaria para juzgar temáticas complejas y no tan acuciantes como para pagar ese alto costo.------- ---- La extrema latitud de las alegaciones del amparista y de las normas que cita en su favor, hace recordar aquella severa advertencia del maestro DE ÁNGEL sobre que "Es evidente el riesgo que corre la "certeza del Derecho' cuando se justifica o "ampara" una solución jurídica en la legalidad constitucional, sin el "filtro' del desarrollo legislativo de esa legalidad. Por otro lado, no es menos claro que cuanto mayor sea la generalidad en la descripción del supuesto de hecho de una norma jurídica, también corre mayor peligro la seguridad jurídica. Con razón se ha hablado de los peligros que entraña la "huída a la cláusula general", en la traducción legislativa o jurisprudencial de las reglas y de los principios constitucionales" (DE ÁNGEL YAGÚEZ, Ricardo, "Algunas consideraciones previas sobre constitución y derecho privado", en "Neoconstitucionalismo y derecho privado. El debate", edic. de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008, pp. 124/125).- ---- Lo expuesto hasta aquí me lleva a concluir que el amparista ni ha intentado ni -menos aún- ha logrado destruir la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común, ni ha acreditado suficientemente la urgencia de recurrir a este procedimiento, ni la idoneidad del amparo para canalizar su pretensión, ni el daño que sobrevendría a su parte si su caso se hubiera ventilado por las vías comunes. Creo que con la saga de excusaciones producidas en esta causa, a lo mejor hasta hubiera ahorrado tiempo o quedado a la par si hubiera tomado la vías procesales ordinarias.-------------------------- ---- Dada la forma en que me pronuncio, la inidoneidad de este proceso y la falta de cumplimiento de requisitos de admisibilidad del amparo por parte del recurrente, carece de trascendencia analizar aquí si el cuestionamiento de la suspensión del aquí actor devino o no abstracta ante su destitución por la Sala de Juzgar de la Honorable Legislatura provincial; consecuentemente no ingresaré al análisis de ese tópico.------------ ---- Llegado este punto, sólo me restaría realizar dos aclaraciones; la primera, con motivo del extenso obiter dicta que introdujera el Dr. Lucero en su voto trazando una comparación entre el criterio de que "en cuanto se predica que el poder legislativo en la realización del juicio político, con la actuación de sus salas de acusar y juzgar, es equiparable a un órgano de justicia, y de allí que no puede constituir la acción de amparo una vía adecuada para discutir la procedencia de las medidas adoptadas por dicho tribunal pues de lo contrario implicaría que un tribunal se inmiscuyese en la actividad de otro" con la actuación del STJ de esta provincia durante el último interregno militar. Personalmente creo que se trata de un giro de argumentación emotiva, que nada suma al debate en esta causa y que, bien apreciado, hasta podría resultar peligroso si no se hiciera una aclaración: dicha comparación es inaplicable aquí, porque en este momento este país vive bajo un sistema democrático, donde el estado de derecho impera y los particulares tienen disponibles todas las garantías para el ejercicio de sus derechos, lo que no implica que el amparo deba ser considerado admisible y procedente en todos los casos.------ ---- Y la segunda, para recordar el sempiterno criterio de la Corte Suprema, que hiciera suyo el Máximo Tribunal provincial en una sentencia de hace dos años a través de un voto del Dr. Pasutti: "...desde antiguo se ha considerado que la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones pues es el judicial el llamado a hacer observar la Constitución Nacional, y de ahí que su avance en desmedro de otras facultades revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público (Fallos, 155:248; 311:2580; 324:2315, entre otros)" (STJ Chubut, 8/11/2006, in re "ASESOR CIVIL DE FAMILIA c/ ESTADO PROVINCIAL- SECRETARIA DE SALUD DE LA PCIA. DEL CHUBUT s/ Acción de Amparo" (registrada bajo el N° 18/S.R.E./06.).-------- ---- Máxime cuando resulta de aplicación aquí una máxima sentada por la Corte Suprema en el recordado caso "Nicosia", en cuyo Considerando Nro. 10 declaró el Alto Tribunal que se impone en casos como el que aquí resolvemos y el que la Corte resolviera allì ". un criterio de revisión que, dada la especificidad del juicio político, debe ser francamente riguroso. Sólo patentes violaciones a aspectos esenciales del derecho de defensa podrían tener acogida ante estos estrados, y siempre y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la reparación del perjuicio es conducente para variar la suerte del proceso (Fallos: 276:364; 291:259; 292:157, entre muchos otros). Preservadas formalmente las exigencias para que tal derecho pueda ser considerado bajo resguardo en el juicio político, sólo la demostración por parte del interesado de que aquellas formalidades resultan aparentes y encubren un real desconocimiento de dichos requisitos, habilitaría esta instancia" (CSJN, 9/12/1993, "Nicosia, Alberto O.", Fallos 316:2940).--- ---- Luego, en el Considerando 12, en la misma causa "Nicosia" declaró la Corte Suprema respecto de esta materia del enjuiciamiento de funcionarios que ".. Hay en todo esto muestra del delicado equilibrio de la arquitectura republicana buscado por la Constitución, mediante el clásico principio de "frenos y contrapesos", de controles recíprocos entre los diferentes órganos del gobierno, que pide por una prudente consideración a riesgo de mortificar un balance asentado tanto en una racionalidad técnica, como en una axiológica por su relación definitiva con los valores de libertad y seguridad jurídica".----- ---- Balance entre libertad y seguridad jurídica. Proporcionalidad. Conducencia de la acción intentada para variar la suerte del proceso. Prudencia. División de poderes. Creo que se trata de valores y conceptos cuya aplicación a casos como este no genera duda alguna.----------------------- ---- Creo que en este caso particular y concreto las reglas de prudencia anteriormente expuestas devienen especialmente aplicables, máxime cuando no advierto que se cumplan los presupuestos de admisibilidad del amparo intentado, en especial cuando el amparista no ha demostrado la ineficacia de las acciones ordinarias para tutelar su derecho, cuando no ha demostrado argumentalmente el cumplimiento en su caso de los presupuestos de admisibilidad del amparo y, peor aún, cuando acceder a su solicitud no volvería atrás la situación, al haberse transformado su suspensión provisoria -que aquí cuestiona- en remoción por la H. Legislatura Provincial.------------- ---- En virtud de los diversos y concordantes argumentos expuestos hasta aquí participo del criterio de que no resulta procedente la vía del amparo en esta causa, motivo por el cual corresponde, aunque con otra fundamentación, confirmar en cuanto ha sido materia de recurso y agravios la sentencia de fs. 33/34, que rechazara "in limine" la acción de amparo promovida en estos autos.--------- ---- En virtud de la forma en que se resuelve corresponde también imponer las costas de esta instancia al actor vencido (cfr art. 17, Ley 4572), regulándose los honorarios del letrado apoderado del amparista, Dr. A. M. S., en un 25% de lo establecido por sus tareas en la primera instancia, con más el IVA pertinente (conf. arts. 6 y 14 de la ley 2200, y leyes 23349 y 23871).---- ---- A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Aldo Luis DE CUNTO, dijo:------- ---- La conclusión a la que se arriba descarta el tratamiento de la segunda de las cuestiones propuestas, por cuanto descartada la vía del amparo contra decisiones adoptadas en el trámite de un juicio político, deviene abstracto examinar dicho tratamiento.------------------- ---- A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Sergio Rubén LUCERO, dijo:----- ---- Atento al modo en que concluyo en la cuestión anterior, advierto que el primer y central de los fundamentos por los que el 'a quo' rechazó in límine la acción intentada refiere al carácter abstracto de la cuestión planteada. Discrepo con tal apreciación por cuanto, tal como lo afirma el apelante en su presentación de fs. 35/38, el objeto de la acción deducida, tanto en cuanto ataca de nula la suspensión resuelta por la Sala de Acusar de la Legislatura del Chubut mediante Resolución N° 02/08 (fs. 6), como en cuanto plantea la inconstitucionalidad del art. 203 de la Constitución de la Provincia del Chubut, mantiene su vigencia por el período en el que tuviera lugar dicha suspensión, más allá y con independencia de la posterior destitución del actor, esto es entre el 21/07/08 y el 20/08/08 (ver fs. 35vta.).-------------------- ---- Descartado el carácter abstracto de la cuestión planteada, en el sub exámine, no surge la presencia de otro remedio potencialmente más apto para considerar y tutelar el derecho afectado, a lo que se suma que se encuentra cuestionada la Resolución N° 02/08 de la Sala de Acusar de la Legislatura del Chubut por considerársela manifiestamente arbitraria por carecer de fundamentación.--- ---- Ello así, destaca la doctrina el carácter restrictivo de la facultad que se pone a disposición del juez en esta etapa de análisis preliminar de la acción, sosteniendo que si la improponibilidad de la demanda no resulta manifiesta ni objetivamente inatendible o injustificada, habrá de transitar, inevitablemente, por las fases de la proposición actora, oposición de la demandada y de la prueba. Por ello es que se postula el principio "in dubio pro amparo", restringido sólo a la etapa inicial de admisibilidad, posibilitando antes que limitando, el escrutinio judicial del acto u omisión cuestionado (esta Sala, SIC 136/04, con cita de Augusto M. Morello, Carlos A. Vallefín, "El Régimen procesal del amparo", Librería Editora Platense, Buenos Aires, 2000, pág. 75 y ssgts.).---- ---- Por lo expuesto, propicio la revocación de la resolución de fs. 33/34 para declarar la admisibilidad preliminar del amparo deducido por el Sr. E. S., debiendo el Sentenciante de Grado proveer el trámite de la acción incoada (art. 7 y concs., ley 4572). Así lo voto.--------------------------------- ---- En su mérito, propongo al acuerdo se resuelva del siguiente modo, a saber: 1) REVOCAR la resolución de fs. 33/34 para declarar la admisibilidad preliminar del amparo deducido por el Sr. E. S., debiendo el Sentenciante de Grado proveer el trámite de la acción incoada. 2) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. A. M. S., letrado apoderado del amparista, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido en la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150) (arts. 6, 9, 33 y concs., ley 2.200 y modif.).------------ ---- A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo:- ---- Que dada la forma en que me pronuncio respecto de la primera cuestión deviene abstracto el tratamiento de la segunda, pues al expedirme en contra de la admisibilidad del amparo en esta causa, carece de efectos prácticos el tratamiento de la cuestión de si el recurso de apelación interpuesto en el presente proceso es procedente contra la declaración de inadmisibilidad formal del amparo decidida en la instancia anterior.------------------------------- ---- Así lo voto.----- ---- En su mérito, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de Trelew, por mayoría, RESUELVE:-------------------------------------- ---- CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto resuelve rechazar in límine la acción de amparo promovida, por no resultar admisible la vía del amparo contra decisiones adoptadas en el trámite de un juicio político.------------------ ---- IMPONER las costas al actor vencido (art. 17, ley 4572).------------------- ---- REGULAR los honorarios profesionales del Dr. A. M. S., letrado apoderado del amparista, en mérito a la extensión, calidad, eficacia de la labor profesional cumplida y al resultado obtenido en un 25 % de los que a su favor han sido establecidos por su actuación en primera instancia (arts. 6, 14, ley 2.200 y modif.), con más el IVA pertinente.------------------------------ ---- Regístrese, notifíquese y devuélvase.--- Fdo: ALDO LUIS DE CUNTO - MARCELO J. LOPEZ MESA - SERGIO RUBEN LUCERO (en disidencia) REGISTRADA BAJO EL Nº 163 DE 2008 - SIC.- CONSTE.-