marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, cuestiones procesales, sentencia, sentencia definitiva, gravamen irreparable, querella
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G M, E  Y  F, A s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Querella   (Expte CSJ Nº 761-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-04-07

El recurso de inconstitucionalidad, vía impugnatoria de carácter extraordinario, sólo es admisible en las hipótesis de sentencias definitivas dictadas en juicio que no admita otro ulterior sobre el mismo objeto, o autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación (artículo primero, ley 7055), o en situaciones excepcionales, cuando lo resuelto pueda provocar un daño irreparable. De acuerdo a los lineamientos apuntados, cabe señalar que, conforme a su naturaleza, la resolución del Juez Correccional que desestima "in límine" la querella promovida , no reúne el requisito de ser sentencia definitiva ni es interlocutorio con las características prescriptas en el artículo primero de la ley 7055.

Sin embargo, si de acuerdo a los argumentos que expone el recurrente, dicho decisorio le causaría un gravamen irreparable, al resultar vulnerado su derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, ello determinaría su descalificación como acto jurisdiccional, lo que aconseja hacer excepción a tal recaudo de admisibilidad y disponer la apertura de la queja, por haberse perfilado -prima facie- una cuestión con proyección constitucional.

(En Disidencia los Señores Ministros Dres. Iribarren y Ulla)
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, banco de datos personales, fuerzas de seguridad, policía federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Beliz,  Gustavo  O.  y  otro c/ P.E.N. (Mº del Interior) s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-17

No puede obviarse que tratándose de archivos que -por las características de la dependencia que los reúnen (Policía Federal)- podrían encontrarse, eventualmente, vinculados a cuestiones atinentes a la defensa de la Nación y del orden o la seguridad pública o a la protección de los derechos de terceros, se encontrarían, en principio, fuera de los alcances de la acción intentada conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal y lo receptado en la ley 25.326. Ante dicha eventualidad, no parece apropiado otorgar al interesado un acceso irrestricto a dichos archivos. Se trata, en el caso, de mantener el delicado equilibrio entre los derechos de aquél -reconocidos constitucionalmente- y los que hacen a la seguridad o la defensa de la Nación. Para ello, debe evitarse cualquier tipo de solución dogmática que, so pretexto de la defensa del superior interés de la comunidad, implique -en los hechos vaciar de contenido a la acción receptada en el art. 43 de la C.N. Debe descartarse cualquier decisión que, con la intención de garantizar el derecho de los particulares pueda comprometer el funcionamiento normal, y ajustado a derecho, de los organismos de defensa y seguridad de la Nación, afectando de esa manera el interés público.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RIERA JUAN JOSE s/ SUCESION AB INTESTATO-RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO POR LA DRA MIRTA  ELIANA MUTIO".-
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-05-23

La denegatoria de herederos fundamentales en certificados expedidos por la dependencia de la Dirección General del Registro Civil, de las inscripciones registradas en los libros constituye sentencia definitiva toda vez que a la recurrente se le ha agotado totalmente la acción intentada, más aún si se valora que el único fundamento de la denegatoria a dictar la declaratoria se encuentra en considerar ineficacia tales asientos registrales los cuales no aparecen impugnados.
Daños y perjuicios, conscriptos, actos de servicio, incapacidad laboral, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiakosky, Julio César c/ Gobierno  Nacional  -  Ministerio  de  Defensa,  Ejército Argentino - s/ accidentes en el ámbito militar y fuerzas de seguridad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Los conscriptos que, al ser dados de baja y como consecuencia de actos de servicio presenten una disminución menor del 66 % para el trabajo en la vida civil, tendrán derecho a una indemnización de acuerdo a lo dispuesto por el art. 76, inc. 3°, ap. c) de la ley 19 101 modificada por la ley 22.511, que excluye a cualquier otra reparación prevista en el derecho común.
Contrato de trabajo, tareas de vigilancia, playas de estacionamiento, supermercado, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Arias Angel Oscar c/ Segurcita SRL y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-31

No cabe extender a COTO CIC SA la responsabilidad solidaria en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la empresa de seguridad contratada para actuar en el ámbito de la playa de estacionamiento. La extensión de la responsabilidad a dicho supermercado sería la caracterización de éste como empresa de seguridad privada, que es el objeto de la explotación de la empresa de seguridad demandada. La circunstancia de que COTO CIC SA haya decidido, discrecionalmente, contratar los servicios de una empresa de seguridad privada, -decisión plenamente lícita, ya que no es una empresa de seguridad-, obsta a la tesis de que habría contratado con los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Administración Pública, personal suplente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SANTUCHO EDID NORA c/ MUNICIPALIDAD DE LAS TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-02-04

Si bien la Ordenanza establece el derecho de los agentes a la carrera y dispone que el personal permanente tiene derecho a igualdad de oportunidades para la cobertura de vacantes, ello no implica que la designación interina de un agente en un cargo le confiera una situación exclusiva y excluyente para pretender ser nombrado en forma definitiva en dicho cargo.
Responsabilidad civil, responsabilidad concurrente, responsabilidad extracontractual del Estado, responsabilidad del escribano
Materia: CIVIL
Carátula: Reydol  S.A. c/ Estado    Nacional    Argentina  (Ministerio  de  Educ.  y  Justicia) s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La condena se debe dictar contra ambos demandados, quienes tienen una responsabilidad indistinta por el monto global de la indemnización que se fije. Se trata de un supuesto en que concurre la responsabilidad contractual del escribano y la extracontractual del Estado, en condiciones tales que cualquiera de ellas ha tenido la virtualidad de producir el daño y, por lo tanto, cabe aplicar el régimen de responsabilidad concurrente, indistinta, convergente o "insolidum". Esto significa que el crédito del actor puede ser reclamado indistintamente a cualquiera de los demandados, pero si alguno de éstos pagara más de la mitad de su deuda, tendrá derecho para repetirla del otro en la medida en que exceda de esa mitad, pues en la reacción de los demandados entre sí no existe motivo para que se distribuya de una forma distinta, en tanto no existen elementos de juicio que justifiquen achacar más responsabilidad a uno de los demandados.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, abogados, multa, jueces, recusación maliciosa
Materia: PROCESAL
Carátula: Becerra Julio César y María Trinidad Fierro.- s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

El cuestionamiento de los recurrentes se reduce a una simple discrepancias subjetiva, omitiendo toda consideración objetiva que tienda a menoscabar las premisas firmes y consentidas substanciales y en virtud de las cuales el a-quo establece categóricamente que: "Consecuentemente dado que los razonamientos y la interpretación restrictiva que exige el instituto en cuestión, como se trata de un acto de singular gravedad por el respeto que merece la investidura de los magistrados y advirtiéndose que el escrito con que se articula la recusación no contiene una argumentación sólida y seria y que ni siquiera se intentó probar, pues fue el tribunal el que requirió la resolución, todo lo cual denota que ha obrado con ligereza y desconsideración, por lo que corresponde calificar de maliciosa la recusación e imponer una multa (art. 29 del C.P.C.) de $ 20 a los recusantes".

La impugnación solo trata de justificar el exceso verbal y literal en que se incurriera, recurriendo al arbitrio de destacar los antecedentes de los profesionales involucrados, particularidades subjetivas, carentes de sustento científico y jurídico.
Inconstitucionalidad, ley orgánica del Poder Judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Velasco, Ariel Aldo c/ Municipalidad de General Pico s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-10-22

Se aprecia con certeza, que el caso es de aquellos regidos por el art. 97, inc. 2, ap. d. de la Constitución Provincial, de modo que le corresponde al Excmo. Superior Tribunal de Justicia una jurisdicción originaria y exclusiva que es nuestro deber respetar.

Es evidente que si la Constitución acordó al Superior Tribunal ese tipo de competencia, la Ley 1675 no puede quitársela.-
Caducidad de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: HEREDIA OSCAR MANUEL s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-20

En efecto, resulta de una claridad meridiana el art. 210 del CPCCT en cuanto afirma que el plazo de caducidad comenzará a computarse desde "la última petición de parte que tenga por objeto activar el curso del proceso"; que en dicho plazo se computarán los días inhábiles excepto las ferias judiciales y que el plazo previsto para la hipótesis de autos es de seis meses.

De allí que el "dies a quo", en la especie, está dado por la providencia del 30 de julio de 2002 y, desde esa fecha hasta el día 10 de marzo de 2003 en que se plantea la caducidad, descontando, tal como manda el artículo aplicable al caso, la feria judicial de enero, ha transcurrido el tiempo legal sin que se observe actividad jurídicamente idónea para suspender o interrumpir, durante tal período, el curso de la caducidad toda vez que no se ha impulsado el procedimiento por acto de parte o judicial alguno. Por lo demás, el art. 210 CPCC no exige como presupuesto del acto del órgano jurisdiccional que el mismo se encuentre firme.
Concesión comercial, obligaciones del concesionario (administrativo)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASINOS DEL SOL c/ MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-02-22

En todo contrato de concesión que realiza el estado con los particulares está implicada, como un cálculo, la honesta equivalencia entre lo que se concede al concesionario y lo que se le exige, es decir lo que se denomina la equivalencia comercial o la ecuación financiera del contrato de concesión, y que las partes han tenido en vista al contratar.Consecuentemente, al estado le asiste el derecho de poder exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.El pago del canon constituye nada menos que la contraprestación del derecho que le asiste al adjudicatario de la concesión.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, menores
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A., M. A. y M., V. Y. A. s/ art. 10, ley 10.067. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La decisión de la Cámara confirmatoria de la del Tribunal de Menores que declaró el estado de abandono de una menor ordenando medidas relacionadas con la guarda de la misma, no es susceptible de ser recurrida por la vía del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues no produce el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal cambiario, liquidación de divisas, deber de obrar con prudencia
Materia: PENAL
Carátula: SURREY S.A. s/ Régimen penal cambiario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-08

1- La obligatoriedad de ingresar al país el contravalor de toda exportación (Art. 1 Decr. 2581/64) se refiere a la obligación que se tiene con relación al cobro real del crédito, no pudiendo sostenerse que sea aplicable cuando la falta de ingreso se produce por el incumplimiento de las obligaciones del deudor que impide cumplir al exportador, a su vez, sus deberes al respecto; en tal caso, sería responsabilizarse por la actividad de un tercero ajeno a su voluntad. (Del voto del Dr. Sustaíta).- 2- El reproche de falta de diligencia, habiéndose acreditado la existencia de tramitaciones para solucionar el problema, resulta ser vago e impreciso para fundar una condena. La mayor o menor diligencia resulta ser un concepto subjetivo de valor ante una condena, librado a la debida valoración de las circunstancias del caso y a la absoluta discrecionalidad del que lo aprecia. Esas apreciaciones subjetivas no respaldadas por norma alguna y ajenas al raciocinio jurídico que se debe desarrollar en toda sentencia, por ser tales, son insusceptibles de confirmación o refutación, y ello torna ilusorio el derecho de defensa. De la invocada inversión de la carga de la prueba no puede inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de cualquier imputación que se le haga cuando las defensas que se alegan tiene visos de seriedad suficientes para desvirtuar la presunción legal, y en ese caso, la sanción debe estar basada en hechos que corresponde probar a la parte acusadora. (Del voto del Dr. Sustaíta).
Culpa, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Margaria de Rabaza, Irma María c/ Bogino, Rubén Luis s/ Proceso Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-10-28

Por la presuncion hominis de culpa que pesa sobre el embistente, debe estimarse que si no pudo detener a tiempo el automotor para evitar la colisión, ello fue así porque "...marchaba a exceso de velocidad, o no actuaba con la atención debida o por carecer de frenos en buenas condiciones u otras circunstancias similares, demostrativas todas, en principio, de su responsabilidad".
Asociaciones sindicales, convocatoria a elecciones, inadmisibilidad del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Fusco, Carlos Alberto c/ Sindicato del Seguro de la República Argentina s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-29

Dado que en primera instancia se desestimó in limine la acción fundada en el art. 47 de la ley 23.551 que materializaba una petición autosatisfactiva para obtener una convocatoria a elección de delegados, en el marco de una empresa determinada y, si bien podría ser reprochable la interpretación efectuada en la anterior instancia acerca de la prevalencia de los arts. 59 y 60 de LAS, lo cierto es que, en el caso concreto, el propio demandante instó la actuación administrativa. Desde esta perspectiva, resulta inadmisible la existencia de dos instancias simultáneas sobre una misma faceta en supuestos en los cuales sería factible una actuación sucesiva de control jurisdiccional, pero nunca contemporánea, en especial, en el supuesto como el presente en el cual, la petición, por su estructura, excedería lo meramente precautorio (Del Dictamen FG N° 47.977 del 23/3/2009, Dr. Álvarez, al que adhiere la Sala).
Seguro de automotores, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, asegurador, obligaciones del asegurador, daño material, daño cierto, valor del bien, compensación económica
Materia: COMERCIAL
Carátula: VILLALBA HECTOR CESAR c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO (CNAS) s/ COBRO DE SEGURO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

En los daños parciales la situación no cambia, aun cuando dichos daños superen el propio valor del vehículo o se sitúen mas o menos en una suma equivalente. Y ello es así porque el valor asegurable (concepto distinto de valor asegurado) no puede superar, técnicamente, cuando de daños parciales se trata, el valor del vehículo como totalidad; en caso contrario, si lo excediera se habría vulnerado el principio del daño efectivamente sufrido, que es uno de los pilares del seguro de daños. El asegurador no está obligado a pagar mas de lo que el vehículo vale (cualquiera fuese el precio de las reparaciones), porque, en ultima instancia, el máximo daño experimentado por el asegurado es -por su propia naturaleza de daño parcial- inferior a la perdida total. Y si esto es así, el damnificado ve satisfecho su interés -supuesta la inaplicabilidad de la regla de proporciones- con el cobro del valor del automóvil. No es legítimo, en consecuencia, que por la vía del seguro pretenda enriquecerse percibiendo el precio de su automotor sin abdicar el dominio de los restos en favor de la aseguradora. De admitirse semejante tesis quedaría hecho añicos el sistema asegurativo, pues el asegurador se vería obligado a resarcir un daño superior al efectivamente sufrido por el asegurado (arts. 65 y 68, ley de seguros; causa 4362/92 del 18.4.95 -mi voto-).
Extinción por quiebra o concurso del empleador, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: MARIN, EDGAR ELPIDIO c/ PEDRO HNOS.  S.A.  SU QUIEBRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

En los casos en que el contrato de trabajo se extinga a causa de la quiebra fraudulenta del empleador, éste deberá abonar la indemnización sustitutiva del preaviso ya que de lo contrario se estaría premiando su inadecuado proceder, colocándolo en mejor situación que si hubiera dispuesto prescindir de parte de su personal como medida prudente para posibilitar mediante un adecuado redimensionamiento la conservación de la empresa.
Demanda, monto de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ARCADIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. "DUARQUE" s/ ORDINARIO - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-16

Resulta muy clara la intención de la aseguradora y la consignataria de reclamar una indemnización "integral"; y en cuanto a la estimación concretada en la demanda -más allá de la referencia a "la prueba a producirse"- carecía ciertamente de alcances limitativos, por cuanto se expresaba que el monto "no era menor" a esa cifra (ergo, bien podía ser mayor).

Cuadra recordar asimismo que toda limitación, en cuanto importa renuncia de un derecho, debe ser interpretada restrictivamente. Y aunque, como principio, pueda ser sostenido que el consignatario debe conocer el valor de su mercadería, oscilaciones del nivel del 10% -como aquí ocurre- y aún un poco mayores, resultan perfectamente admisibles y aceptables.
Suspensión del proceso judicial, plan para la vivienda, hipoteca
Materia: COMERCIAL
Carátula: TECNOFORMA S.A. c/ POZO E. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-18

Si el obligado principal demandó la suspensión del proceso en el que se le sigue ejecución, con base en lo normado por la ley 23.370, tal beneficio alcanza también a los garantes de aquél. Ello, pues constituiría un formalismo inconducente exigir de todos los obligados un requerimiento independiente cuando lo buscado es la revisión del mismo contrato.
Mandato, poder general, representación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STECK DAVID c/ PONBOS RICARDO FABIAN Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

Si el profesional beneficiario del poder general para estar en juicio en el escrito introductorio de la acción, se ha presentado en calidad de letrada patrocinante, justificando debidamente su condición de abogado y su inscripción en la matrícula de colegiación, y no como apoderado, debe entenderse que, no bastando el otorgamiento del poder sino que hace falta la aceptación expresa o tácita del mandatario, en este último caso ejerciendo la representación conferida (arts. 1869, 1876 y sgtes. del Código Civil), debiendo declararse de oficio la falta de personería.-
Sociedad de hecho, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FRIAS, CARLOS ALBERTO Y OTROS c/ CARABAJAL OCTAVIO Y OTROS s/ LIQUIDACION SOC., PAGO DE GANANCIAS Y DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-11-10

Al liquidarse una sociedad de hecho, los socios solo tienen derecho a pedir: a)Restitución de lo que hubieren aportado a la Sociedad; b) Liquidación de las operaciones en común; c) Participación de las ganancias y adquisiciones hechas en común.
Accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, apreciación de la prueba, cuerpo médico forense
Materia: LABORAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Sotto, Franco Leonel  c/ Prevencion ART S.A.  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-15

En general aunque no siempre, debe otorgarse primacía al informe de los integrantes del cuerpo médico forense por sobre los demás peritos, dada su autoridad científica y ya que se trata de un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y generales que amparan la actuación de los funcionarios judiciales. Cuando en el caso se analizan cuestiones de carácter técnico el Juzgador debe estar -como principio- a los dictámenes emanados de los organismos técnicos correspondientes, salvo que sean irrazonables y arbitrarios. Ante la discordancia entre las conclusiones del dictamen del Cuerpo Médico Forense y las del perito, deben prevalecer las primeras pues aquél es un cuerpo especialmente elegido y entrenado para colaborar con el juez. No es posible sustituir -sin más- el conocimiento científico que justificadamente se presume aportado por el perito, por el conocimiento común, máxime en el caso, en que la intervención del médico forense oficial, aporta un plus de fiabilidad de sus conclusiones por la fuerte presunción de imparcialidad desde la que desarrolla su función (Voto Stettler. Adhesión Arnolfi)
Contrato de trabajo, delegado gremial, intimación a jubilarse, exclusión de la tutela sindical, acción de amparo
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ  OLGA MARIA c/ C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DEBUENOS AIRES s/ JUICIO                                                 SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-30

Cabe hacer lugar al amparo interpuesto por la Delagada del Personal en el Departamento Fuentes Hidroeléctricas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante la intimación que se le cursara para el inicio de sus trámites jubilatorios. Ello así, en tanto haberse encontrado amparada la trabajadora por la tutela sindical, de acuerdo a lo diseñado por los arts. 48 y 52 de la ley 23551, y la empleadora no haber cumplido con el procedimiento de exclusión de tutela.
Procedimiento tributario, Tribunal Fiscal de la Nación, IVA
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Saneamiento   y   Urbanización   S.A.   (T.F.  13.263-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Debe confirmarse el pronunciamiento del Tribunal Fiscal que revocó la resolución de la D.G.I. que determinó la obligación de la firma actora en el impuesto al valor agregado, cuando la actividad que realiza la actora es el relleno sanitario utilizando como método la disposición final de los residuos.