Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-26


2º Instancia. - La Plata, junio 26 de 2007.

1º ¿Es justa la sentencia apelada? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Primera cuestión. - El Señor Juez Doctor Pérez Crocco dijo:

1. El Sr. Juez de Primera Instancia dictó sentencia a fs. 926/928 rechazando la demanda instaurada por el Síndico del concurso del Frigorífico "Yaguané S.A.C.I.F.A." contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires sobre expropiación inversa e imponiendo al perdidoso las costas del proceso.

Contra ese modo de decidir apela el funcionario de la quiebra a fs. 931, quien presenta memorial a fs. 938/964 (art. 33 de la ley 5708).

A fs. 978/1027 se cumplimentó la medida decretada a fs. 965, reanudándose el término para dictar sentencia a fs. 1028, providencia que se encuentra firme. Por ende, quedas estos obrados en condiciones de dictar la sentencia de segunda instancia.

2. La lectura y evaluación crítica de los argumentos que sostienen el memorial del recurrente, una vez confrontados con los esgrimidos por el Juez de grado, para resolver del modo que lo hizo, me persuade de un modo liminar y definitorio sobre la falta de razón que le asiste en torno a la cuestión principal objeto de debate; correlato de lo cual, he de proponer a mi distinguido colega que me sigue en el orden de votación la confirmación del rechazo de la acción de expropiación inversa y la modificación de la imposición de costas.

Doy a continuación las razones que abonan el sentido decisorio adelantado (arts. 171 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., 163 del CPCC).

A. Primero, los antecedentes:

A.1. Se demanda en este proceso la expropiación inversa a la Provincia en razón de haber dictado el Poder Legislativo la ley 12.688 (publicada en el B.O. el 8-6-2001) que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las instalaciones y maquinarias existentes destinadas a la actividad industrial del Frigorífico Yaguané S.A.C.I.F.A. a efectos de ser adjudicado a título de donación a la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.) INAES 17352, con cargo de ser los mismos destinados a la consecución de sus fines cooperativos (ver arts. 1º y 2º), lo que constituye un obstáculo insalvable para la realización de los bienes y distribución de su producido entre los acreedores del concurso. Circunstancia que es considerada por el actor como una restricción o turbación en su derecho de propiedad que habilita la acción que promueven de conformidad con el art. 41 inc. c de la ley 5708 (ver fs. 66/77).

El Fisco no contestó la demanda (ver fs. 234 y 236).

A.2. A fs. 365/366, se admite como hecho nuevo el denunciado a fs. 322 -o sea, el dictado de una nueva ley de expropiación: la 13.176 (B.O. 16-4-04)- que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los mismos bienes de la fallida enunciados anteriormente con la misma finalidad de donarlos a la Coo.Tra.Fri.Ya. (arts. 1º y 2º, redactados en idénticos términos que los mismos artículos de la ley anterior) y extiende el plazo del abandono previsto en el art. 47 de la Ley General de Expropiaciones a cuatro (4) años.

A.3. La sentencia del a-quo se asienta -en lo fundamental- en dos argumentos sobre los que basa el rechazo de la demanda por expropiación inversa. Ellos son los siguientes: a) no puede acogerse la acción porque no se daría en el sub-lite el requisito indispensable de que haya existido una ley que califique a los bienes como de utilidad pública, toda vez que si bien es cierto que esa calificación existió con la ley 12.688 (art. 1º) debía ser considerada "abandonada" por no haber iniciado la acción el expropiante en el plazo de dos (2) años, plazo que ya había transcurrido a la fecha de iniciación de la demanda (doct. art. 47 de la ley 5708); y b), por otra parte, tampoco se habría configurado en el caso el otro requisito de la expropiación irregular cual es la existencia de actos de desposesión o restricción al dominio por parte del Estado provincial, en razón de que la empresa funciona -aún en la actualidad- en manos de terceros -la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.)- de conformidad con los acuerdos suscriptos en los términos de los arts. 190 y siguientes de la Ley de Concursos nº 24.522 (art. 41 de la ley 5708).

B. Entrando ya en los temas traídos al debate de Alzada empiezo por señalar que en autos no resulta ser de aplicación la ley 21.499, sino la ley local 5708.

En el esquema de la ley provincial el Superior Tribunal de esta Provincia ha establecido como doctrina legal (art. 161, 3º, a, de la Const. Pcial.) que son requisitos de procedencia de la acción expropiatoria inversa: a) declaración de utilidad pública; b) desapoderamiento o vulneración definitiva del derecho de propiedad; c) inobservancia de los procedimientos expropiatorios regulares; d) ausencia de consentimiento por parte del titular de dominio (doct. art. 41 de la ley 5708; S.C.B.A. A y S 1988-I-262).B.1. Con relación al primero de los requisitos que exige la doctrina legal expuesta -el señalado con la letra a), la declaración de utilidad pública- cabe hacer una seria y meditada reflexión.

Comienzo por señalar que coincido con lo afirmado por el Juez a-quo sobre que la expropiación declarada por la ley 12.688 ha sido "abandonada" por el Estado toda vez que no promovió el juicio dentro de los dos años de vigencia de la misma (doct. art. 47 de la ley 5708). Ergo, a la hora de iniciar este proceso la "declaración de utilidad pública" que portaba la ley 12.688 estaba caduca por efecto de la presunción "juris et de jure" de abandono.

Dice Walter VILLEGAS, que en estos casos la caducidad opera de pleno derecho transcurrido el término fijado en la ley ("Régimen Jurídico de la Expropiación", Ed. Depalma, 1973, pág. 479, nº 374).

Me detengo aquí para destacar, que el fundamento del abandono radica en que la mera existencia de una ley que afecta el bien por causa de utilidad pública, no traduce un supuesto equiparable a la desposesión material que prive a su propietario de las prerrogativas del derecho de la propiedad y no crea un derecho en favor del propietario para obligar al Estado a hacerla efectiva, siendo facultad discrecional del expropiante elegir el momento para ello (conf. DROMI, "Derecho Administrativo", pág. 478; íd. CASAS-ROMERO VILLANUEVA, "Expropiación- Ley 21.499", pág. 145 y sgtes.). Correlato de lo cual, al fenecer el plazo previsto para el abandono -dos (2) años en nuestra legislación provincial, salvo disposición expresa de la ley especial- la declaración de utilidad pública o sea, la voluntad del legislador, es inexistente y los bienes no pueden ser desapoderados (doct. art. 47 de la ley 5708; conf. VILLEGAS W. ob. cit, pág. 480, nº 378; VILLEGAS BASAVILBASO, "Derecho Administrativo", t. VI- pág. 445, nº 890).

Bastaría lo expuesto para rechazar la demanda de expropiación inversa; pero sería desconocer la realidad jurídica objetiva y mantener el análisis en el nivel de las formas aparentes, contentarse con ello, cuando se haya acreditado en el expediente que el Estado provincial, luego de iniciado el pleito, dictó una nueva ley de expropiación -la 13.176-, que importó una suerte de ave Fénix o resurgimiento de la declaración de utilidad pública que en su momento había establecido la ley 12.688 (repárese que esta ley involucra a los mismos bienes enunciados en la ley que había caducado por abandono e invoca la misma finalidad de donarlos a la Coo.Tra.Fri.Ya. (arts. 1º y 2º, redactados en idénticos términos que los mismos artículos de la ley anterior) con la única diferencia que es aquella que extiende el plazo del abandono previsto en el art. 47 de la Ley General de Expropiaciones a cuatro (4) años.

Por ello, tengo para mí, aunque esta ley haya sido sancionada y traída al proceso después de trabada la litis en el mismo, que es imposible no ver en ella que la nueva declaración de utilidad pública se proyecta sobre las situaciones de hecho que se invocaran bajo la vigencia de la ley 12.688. Obvias razones de economía procesal se imponen para no caer en un nuevo juicio y realizar un inútil dispendio de actividad jurisdiccional (doct. art. 163 incs. 5º y 6º del CPCC).

Considero, pues, que el primero de los presupuestos exigidos para la procedencia de la expropiación inversa -la declaración de utilidad pública- existe efectivamente con la sanción y la vigencia de la ley 13.176.

Conclusión que me exime de tratar el agravio de la recurrente opuesto en séptimo lugar (punto 7º de fs. 961).

B.2. Pero no basta para la procedencia de la acción con considerar vigente y aplicable al caso la ley 13.176. En efecto, es menester distinguir entre la ley que califica de utilidad pública el bien a expropiar, y la facultad de concretar la expropiación, o acto ejecutorio.

BIELSA, luego de advertir que la ley que declara la utilidad pública no es, en rigor, creadora de derechos objetivos ni subjetivos, puesto que se limita a declarar que tal o cual cosa o bien puede ser adquirido por el Estado, abstracción hecha del consentimiento del propietario, agrega que si no se realiza la expropiación, es decir si no se ejecuta la ley, el propietario del bien que fue declarado de utilidad pública no puede exigir el cumplimiento de aquella (ver "Consideraciones sumarias sobre el carácter jurídico de la expropiación por utilidad pública. La cuestión de urgencia", en LA LEY, 42-979).

En el mismo sentido, la Corte Suprema de la Nación ha sostenido "... que la declaración por el Estado de que un inmueble se halla sujeto a expropiación no crea un derecho a favor del propietario para obligar a aquel a hacerla efectiva; es potestad del expropiante elegir el momento para ello salvo que medie ocupación del inmueble, privación de uso o restricción del dominio.

En el mismo sentido y acatando la doctrina explicitada, he sostenido en precedente similar al de autos "... que tanto la declaración de utilidad pública a través de una ley dictada por el Poder Legislativo, como la facultad de concretar en definitiva la expropiación por parte del Poder Ejecutivo, son facultades discrecionales del Estado, y, como tal, dicho juicio de valor (de concretar o no la expropiación) es propio del poder político y no del criterio -acertado o no- de los magistrados (mi voto integrando la Sala II de esta Cámara en la causa nº 247.400, RSD: 7/07).

Siempre la facultad de concretar la expropiación corresponde al poder administrador que decide la oportunidad en que puede hacerlo, mediante actos administrativos formales (decretos o resoluciones) o bien a través de la toma de posesión de los bienes dentro de los límites marcados por la declaración de utilidad pública genérica o actos, que por su naturaleza sean actos de turbación o restricción al dominio (art. 41, ley 5708).

B.3. Por ello, resulta prioritario decidir sobre la existencia o inexistencia de actos de ocupación, desposesión o restricción al dominio, debiéndose tener presente que los actos que afectan al derecho de dominio y que son considerados en los juicios expropiatorios no comprenden solamente los casos de pérdida de la posesión "stricto sensu", sino que abarcan también aquellos supuestos de ocupación que -sin darse esta última- existen, sin embargo, restricciones, limitaciones o menoscabos esenciales al derecho de propiedad (CSN Fallos: 266:34).

En el sub-lite, aún considerando la posibilidad que el establecimiento frigorífico (inmuebles, instalaciones, maquinarias, etc.) pueda quedar eventualmente afectado al destino que tuvo en vista el legislador al dictar, primero, la ley 12.688 y, luego, la vigente ley 13.176 (poner remedio al posible impacto negativo que el cierre del frigorífico tendría en las familias de 500 operarios desempleados y en los trabajadores relacionados indirectamente con la empresa (ver fundamentos de sendas leyes dictadas al efecto); lo cierto es que nunca el Estado provincial -desde la sanción de la primera ley hasta el presente- ha efectuado acto administrativo alguno (decreto o resolución) para concretar la finalidad declarada en la ley (traspaso del dominio de los bienes del frigorífico a la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.); art. 2º en sendos textos legales), al menos ello no está probado.

Como tampoco se ha probado que el Estado haya tomado la posesión de los bienes del establecimiento frigorífico o haya realizado actos que turben o restrinjan el dominio de esos bienes.

En efecto, de la prueba que el expediente exhibe, sólo surge que el Estado se ha limitado a través del Poder Legislativo al dictado de sendas leyes expropiatorias indicadas ut-supra; y en su obrar administrativo -Poder Ejecutivo- a cursar la comunicación al Registro de la Propiedad, para que lleve a cabo la pertinente anotación preventiva en el asiento concerniente al bien expropiado (art. 5, Ley 5.708).

Con ello, el Estado no ha generado un menoscabo en el derecho de los propietarios. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de la Nación, a la cual nosotros seguimos, cuando hemos sostenido "... que las turbaciones o restricciones en los derechos del propietario (art. 41 inc. c, ley 5708) no se producen, pues, por la mera existencia de una norma que califique de utilidad pública el bien o la correlativa anotación preventiva en el Registro de la Propiedad que manda cumplir el art. 5º de la ley 5798, no crean un menoscabo "jurídico" o una turbación o una restricción al derecho de los propietarios (C.S.N. Fallos, 310:1865 y sus citas, esta Sala causa nº 246.886 (Reg. 122/2006) in re: "Abinzano c. Fisco s/ Expropiación Inversa").

Es claro que, como lo advierte BIELSA, en el tiempo que transcurre entre la calificación de utilidad pública y la transmisión de la propiedad, el propietario sigue siendo tal, aunque no pueda ejercer su derecho en la amplitud reconocida por el Código Civil y, el bien queda fuera del comercio, en el sentido de "especulación"; de ahí que no pueda innovar, ni alterar o degradar la cosa, para que no se frustre el propósito que llevó a la afectación, pero esa relativa paralización del ejercicio del derecho, esto es, su "plena re potestas", no es arbitraria ni para él ni para el expropiante, y la paralización de aquél ejercicio no puede ser indeterminada o indefinida (ob. cit, cap. II y III).

En la legislación positiva de la Provincia esas características del instituto de la expropiación surgen claramente de diversas prescripciones legales. En primer lugar, del citado art. 47, ley 5708, que prevé el supuesto del abandono, al que me referí ut-supra; luego, del art. 13, que declara no indemnizable las mejoras realizadas dentro del año de dispuesta la expropiación por ley; en segundo lugar, cuando dispone que las anotaciones preventivas del art. 5 caducarán de pleno derecho a los 5 años; y del art. 15, que declara inválidos con respecto al expropiante los contratos celebrados por el expropiado con posterioridad al acto que declaró afectado al bien, todo lo cual supone distinguir entre la calificación por ley y el acto administrativo que pone en marcha el mecanismo de la expropiación (doct. art. 23, ley 5708).

C. Es por ello que no resulta aplicable a este caso el precedente de la Corte Suprema de la Nación "CIA. AZUCARERA TUCUMANA S.A. VS. ESTADO NACIONAL s/ EXPROPIACIÓN INVERSA" (21-9-1989, Fallos: 311:1725) que el recurrente transcribe en su memorial.

Fácilmente se puede advertir, que este precedente no guarda analogía con el que estamos tratando. En efecto, en él el Estado Nacional que declaró de utilidad pública las empresas que formaban parte de la Compañía Azucarera Argentina S.A. dispuso previamente por otra ley la intervención de la sociedad, la ocupó y se hizo cargo de la actividad industrial, asumiendo todas las facultades propias del Directorio y de la Asamblea, limitando la actividad de las autoridades anteriores a las derivadas del juicio expropiatorio, sin haber cumplido el pagado de la previa indemnización. O sea que, el Estado se apoderó de los bienes y se configuró en los hechos una forma expropiatoria. Por ende, resulta claramente incontrovertible que por obra del Gobierno Nacional la parte actora fue privada de la explotación de los ingenios y destilerías y que de ellos pasó a ocuparse exclusivamente el C.O.N.A.S.A. (S.A. creada al efecto por el Ministerio de Economía de la Nación, facultado por la ley 18.685). Es imposible no ver en esto una restricción al dominio de entidad más que suficiente para tener por configurada la desposesión, ocupación o menoscabo que constituye uno de los requisitos de la expropiación irregular (ver in extenso el voto del Dr. Carlos Fayt en ese fallo).

Mientras que, en este caso, el Estado provincial no ha ocupado el establecimiento y, como sostuvimos ut-supra, tampoco ha realizado acto alguno de menoscabo o restricción del derecho de los propietarios; por el contrario, se ha mantenido al margen de una retahíla de hechos relevantes acontecidos desde la toma del establecimiento frigorífico por los obreros frente al fantasma del cierre del establecimiento hasta llegar a este proceso. Veamos:

1º) Antes del dictado de la primera ley expropiatoria el establecimiento frigorífico de los actores -en crisis, presentado en concurso preventivo y frente a la posibilidad de un cierre definitivo- fue tomado por los obreros (TERCEROS, PARA ESTE PROCESO), quienes formaron la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.) y siguieron con la explotación del mismo.

2º) Luego del dictado de la ley 12.688, el 6-10-2002, es el propio Presidente de la Sociedad Anónima Frigorífico Yaguané quien realiza con la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.) el contrato de locación, cuya copia obra a fs. 895/987 y le traspasa el uso irrestricto y exclusivo del fondo de comercio -inmueble, instalaciones, maquinarias, etc.- (ver cláus. OCTAVA). Contrato que será declarado ineficaz de pleno derecho al decretarse la quiebra (ver fs. 1004/1005).

3º) El 18/3/2003, se decreta la quiebra del Frigorífico Yaguané S.A., con las consecuentes medidas de desapoderamiento de los bienes, interdicciones, prohibiciones, etc. (ver copia del decreto a fs. 1006/1011). O sea, que es el Juez del proceso concursal quien incauta los bienes de la fallida y se pronuncia por la continuación de la explotación a través de la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.), en cumplimiento de las previsiones de la ley falencial.

4º) El 20/3/03, el Síndico tomó posesión de la planta industrial de la fallida e incautó sus bienes (ver fs. 10017/1020), y a su vez presentó un proyecto de acuerdo con la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.) para que ésta siga explotando el frigorífico, que fue aprobado por el Juez de la quiebra el 30-10-2006, encuadrado en los términos de los arts. 190 y sgtes. de la ley 24.522, auto que actualmente se encuentra recurrido.

5º) La explotación del frigorífico por parte de la Cooperativa de Trabajo Yaguané Ltda. (Coo.Tra.Fri.Ya.) se mantiene hasta la actualidad, bajo el paraguas del instituto de la continuación de la empresa y el debido control judicial.

Con ello ha quedado acreditado que el traspaso efectivo de la explotación de la planta de la fallida a la Cooperativa fue realizado, primero, por el Presidente de la sociedad concursada y, luego, por el Síndico, en cumplimiento de instrucciones del Juez del concurso de acuerdo con normas expresas de la ley concursal, donde no le cupo intervención alguna al Estado provincial. Ergo, existió un traspaso convencional, que luego se convirtió en judicial; es decir, no hubo desposesión administrativa por acto o hecho alguno del Estado provincial.

D. Tampoco resulta ser de aplicación a estos obrados el precedente de la C.S.N. (Fallos: 236/34) citado por el recurrente a fs. 951 y vta., toda vez que de la documentación aportada por el Síndico y que se cita en el punto 3º desde fs. 949 a 951, no surge reconocimiento alguno del Estado provincial que pueda asimilarse a un desapoderamiento ni siquiera encubierto.

E. Por lo expuesto, resulta incorrecto el fundamento de la demanda que incoa el Síndico sobre la base de que la redacción del art. 2º de la ley 12.688 -y su similar art. 2º de la ley 13.176- por la finalidad que persigue, se levanta como un obstáculo insalvable que frustra la realización de los bienes en el proceso concursal en detrimento del derecho de los acreedores, constituyéndose así en una turbación del derecho de propiedad que amerita la habilitación de esta instancia (art. 41, ley 5708; ver fs. 66 vta. y sgtes. punto III. HECHOS) y se insiste en el memorial fundante con este argumento.

Reitero, el hecho de que en la ley se establezca que el bien a expropiar deba ser objeto de donación o traspaso a terceros y la administración no haya concretado esa finalidad, no tipifica un hecho administrativo de desposesión o turbación al dominio de los propietarios en términos del art. 41 inc. a) de la ley 5708 -como sostiene el Síndico apelante-; sino más bien tipifica una conducta omisiva del expropiante, que como enseña MARIENHOFF, excede el marco del juicio expropiatorio (ver ob. cit., pág. 369 y sgtes.).

En este sentido, CASAS Y ROMERO VILLANUEVA, claramente nos dicen que el abandono como hecho administrativo, supone una conducta material omisiva del expropiante, cuando -autorizado legalmente- deja transcurrir los plazos sin promover la acción legal, o sea que, teniendo la facultad expropiatoria, no la ha ejercido en el transcurso temporalmente habilitado para ello (ob. cit. pág. 146, nº 2).

Tengo para mí y así lo sostuve en el citado caso "Abinzano" que la vía correcta para dilucidar el tema que nos plantea la Sindicatura, es la del juicio ordinario de conocimiento, porque lo que debe juzgarse es la responsabilidad del Estado por la omisión de definirse sobre la concreción de la expropiación, siempre y cuando ese proceder haya producido un daño cierto y guarde relación causal con el mismo.

Al respecto, la Corte Suprema de la Nación ha sentado doctrina en el sentido de que si resulta indiscutible que como consecuencia del desestimiento del expropiante se ocasiona un perjuicio al propietario, éste tiene derecho a obtener el respectivo resarcimiento, siempre y cuando el daño fuera una consecuencia directa e inmediata de la expropiación y posterior desafectación del inmueble (Fallos: 291:587; La Ley 1975-C, 306).

F. Por último, nos queda el agravio sobre las costas que enarbola el apelante en el punto 8º del memorial (fs. 962 y sgtes.).

En este tema tengo que darle la razón al recurrente, toda vez que el resultado de este pleito no se debe a la oposición de la parte accionada -que ha sido declarada rebelde- sino a los argumentos esgrimidos por la jurisdicción.

Por ello, creo justo y equitativo que las costas se impongan en el orden causado (doct. arts. 60, última parte, y 68, segunda parte, del CPCC). Así lo dejo propuesto al Acuerdo.

G. En atención a lo resuelto precedentemente, el agravio noveno pierde virtualidad.

Por ello, con la salvedad hecha en el punto F) de los considerandos que preceden, voto por la AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión, el Señor Juez Doctor Lavié (h) dijo que adhería al precedente voto por aducir idénticos fundamentos.

Segunda cuestión. - El Señor Juez Doctor Pérez Crocco dijo:

Conseguido el necesario acuerdo en la primera cuestión, corresponde -y así lo dejo propuesto- confirmar la sentencia de fs. 926/928 vta., e imponer las costas en ambas instancia por su orden (arts. 60, última parte y 68, segunda parte, del C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la misma segunda cuestión, el Señor Juez Doctor Lavié (h) dijo que adhería al precedente voto por aducir idénticos fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente En el presente acuerdo ha quedado establecido, con la salvedad hecha en el punto F) de los considerandos que preceden, que la apelada sentencia en lo principal que decide se ajusta a derecho (ver citas legales, jurisprudenciales y doctrinarias hechas en los considerandos que anteceden). En consecuencia, se confirma la sentencia de fs. 926/928 vta., y se imponen costas en ambas instancias por su orden (art. 68, segunda parte, del C.P.C.C.). Los honorarios devengados en esta instancia se regularán oportunamente (art. 31, ley 8904). - Carlos Alberto Pérez Crocco. - Juan Manuel Lavié (h).