Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-05


2º Instancia. Buenos Aires, diciembre 5 de 2008.

¿Es justa la sentencia apelada? El doctor Bellucci dijo:

I. La propietaria de un criadero de perros de la raza "Yorkshire Terrier", achacó a los veterinarios que dijo haber contratado a fines del año 1998, negligencia en la atención de esos animales, a consecuencia de lo cual una hembra murió, y el resto contrajo "moquillo".

Asienta su reclamo e indemnización en el incumplimiento del contrato con ellos celebrado, en cuyo mérito los galenos debían hacerse cargo de la salud del plantel, durante todo el año, concurriendo al establecimiento "Casa Real" al menos dos veces a la semana y cuando alguna urgencia se presentara. Todo ello con la contraprestación de abonarles una cierta suma de dinero mensual y consecutiva, obligación que ella cumplió.

Arguye que en el mes de enero de 2004 los demandados no fueron a visitar el criadero y no cumplieron con el régimen de vacunas.

Como los canes enfermaron y los veterinarios no fueron a verlos, sino que los medicaron por teléfono, y los medicamentos no eran los adecuados para tratar tal dolencia, les imputó "inscitia", y pretendió de ellos una indemnización monetaria.

Los emplazados negaron substancialmente la modalidad contractual mencionada por la peticionaria; la existencia de culpa, y adujeron la ausencia de relación causal adecuada entre su accionar profesional y el menoscabo que la actora dijo padecido.

II. Finiquitadas sendas etapas de cognición y debate, a fs.458/68 recayó sentencia desestimatoria porque la sra. jueza "a-quo" consideró que la contrata, en los términos invocados por la accionante, no surgía de las probanzas de autos; y tampoco la mala praxis endilgada, ya que el peritaje realizado y analizado adocenó acerca de que la medicación indicada era la adecuada para tratar las complicaciones bacterianas del "moquillo".

Impuso costas a la demandante, y reguló honorarios a los sres. profesionales que dieron asistencia en la lid. No fijó el plazo en el que éstos debían ser honrados.

III. Protesta la peticionaria porque entiende que el contrato base de su reclamo, que la "iudex" no encontró demostrado, sí lo está merced a lo que surge de la ampliación de posiciones puestas al co-demandado Pires Apolonia; del informe del perito Dr. Saban que en el punto 1 señala que los demandados trataban a los perros de ese criadero ya para prevenir ya para curarlos de las enfermedades que les pudieran aquejar; y que el informe del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios no le alcanza a ella, sino sólo a dichos profesionales. Agrega en su pieza de fs.503/507 vta. (sin respuesta) que otros medios probatorios soslayados acreditan la atención por parte de los demandados en el establecimiento. Aduce comprobada la relación causal mediante pruebas que señala, así como el abandono de los canes por parte de los facultativos, para epilogar señalando que el brote de "moquillo" se debió a un actuar negligente de los veterinarios en cuestión, y que la medicación por éstos aconsejada, no fue apta para eliminar ese brote. Remata enhastíandose de la carga causídica a ella impuesta, ya que refiere que le asistía el derecho a pleitear.

Concluye solicitando la revocatoria del fallo que le es adverso, y se estime la demanda en todas sus partes, con costas a los emplazados.

IV. He resumido las quejas vertidas, merced a lo substancial de ellas, y seguidamente las trataré en ese mismo orden.

Con relación al primer bastión probatorio en el que la disidente finca la demostración del contrato, en los términos y alcances referidos en su escrito inaugural, es decir la confesión de uno de los veterinarios, (conf. rendida en reapertura a fs.243/44), en modo alguno surge que admitiera siquiera la modalidad y alcances de su relación profesional. Por el contrario, puso el acento en que su actuación axial se daba en su consultorio y que los medicamentos que recetó, no los adquirió él sino la clienta, y no los aplicó tampoco él.

Que admitan haber atendido los perros de la ponente, no implica que lo haya sido del modo y con el alcance que ésta pretendió al demandarlos. Basta con referir que no negaron los absolventes atender los que le fueran llevados a su veterinaria.

El perito Saban es categórico al adocenar a fs.350 vta., punto I), que no hay datos en autos como para afirmar que todos los perros no estaban debidamente revacunados; y agregó que sólo se conoce la secuencia vacunatoria de dos perros que sí lo estaban. También, (punto k) de la misma foja), que los cuatro antibióticos recetados eran adecuados para combatir las bacterias oportunistas que se desarrollan a partir de la inmunodepresión o baja de defensas que apareja el virus del "moquillo".También ilustró acerca que conforme recetas y certificados de vacunación emitidos por los compelidos, éstos trataban a los integrantes del mentado criadero en varias oportunidades, tanto en prevención como en curación (ver respuesta punto l) misma foja). (Arts. 477 y cc. del rito).

Pero es definitorio para la suerte adversa de este agravio abrevar en las explicaciones que el experto brinda a fs. 384/385 a la actora, en el sentido categórico que las primeras vacunas las aplicaba la propia accionante o alguien de su equipo, pero no los demandados, y con suficiente respaldo documental que se indica a fs.384/vta. (puntos 2 y 3), concluir que las muertes se producen por una deficiente vacunación.

No acompaño la extrapolación y sacada de contexto que hace la quejosa respecto de lo adocenado por el sr. perito, porque tal modo de argumentar, es desacertado y para nada convincente.

No mucho cacumen es necesario para concluir entonces, que si la actora vacunaba primigeniamente a sus cachorros, nada puede enrostrarle a los veterinarios en cuestión sobre el particular. (Arts. 163, 386, 477 y cc. de la ley de forma).

No resiste el menor análisis afirmar que lo informado por el Consejo de profesionales Médico Veterinarios (a fs. 203) no le alcance a la apelante, ya que de él se desprende que según apartado b), en sus registros no surge contrato alguno -del cariz del enunciado al demandar agrego yo- entre la actora y los aquí demandados. (Arts. 386, 398, 403 y cc. de la ley formal).

De tal guisa, la no demostración de la relación vincular patrimonial en la forma y con la extensión que fracasadamente intentó darle la peticionaria, hace que caiga al vacío su segundo dardo crítico, es decir, la falta de concurrencia habitual y con cierta frecuencia de los demandados al criadero, enarbolada como causa adecuada de la propagación del "moquillo". (Arts. 330, 377 y cc. del rito; 906 y cc. de la ley de fondo).

Síguese de lo meritado que en materia contractual, el resarcimiento es sólo un sucedáneo de la obligación primaria, de la prometida, es decir, en el caso en examen, la de atender la consulta correspondiente, mas no la descripta en la demanda, que por no demostrada, permite colegir la improcedencia de hacer responsables a los emplazados de una omisión que no se acreditó por oquedad probatoria en el sentido y alcances que pretendió darle la recurrente.

En otras palabras, ante la demostración de atenciones profesionales en consultorio y no de sistemática tipo pre-pagas, no juega en la especie la presunción legal de culpa , porque sencillamente, no se probó incumplimiento en el sentido pretextado. (Arts. 512, 514 y cc. de la ley fondal).

Ello arrastra a la sinrazón del así denominado tercer agravio, puesto que la vacunación en el criadero, no estaba a cargo de los demandados; antes bien, por lo escrutado, fue realizada por la disconforme directa o indirectamente. En esto, concurro con las atinadas reflexiones realizadas por la colega de grado en torno a la omnímoda meritación de las testificales rendidas, de las que se desprende, en lo pertinente, que los demandados atendían y preservaban la salud de los perros cuando éstos eran llevados a su consultorio. (Arts. 386, 456 y cc. de la ley adjetiva).

Ello sustenta también la inexistencia de "abandono en el cuidado y prevención de los animales", parche inocuo sobre el que baten también las diatribas al fallo.

Al cobijo de lo dicho, quedan fuera de contexto y hasta interpoladas de modo anómalo por la quejosa, las docentes respuestas del sr. perito desinsaculado.

No debe olvidar la parte apelante que el magistrado es soberano en la apreciación probatoria según su sano juicio, por lo que la que hace en su soflama recursivo, por muy respetable que sea, no corroe la de la sra. juez, ni se aviene a lo dispuesto por el artículo 386 de la mentada ley de forma. Y no existe arbitrariedad en tal apreciación que plenamente comparto.

Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las de la experiencia del juzgador. Unas y otras coadyuvan de igual manera a que la "iudex" -como lo ha hecho- analice las probanzas con arreglo a su sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.

Y, tal como acaeció, no advierto abstracciones de mero orden intelectual, y sí sana higiene mental como pivote de un certero y eficaz razonamiento que las "cuitas" no logran desmerecer ni socavar.

Por último, tampoco tiene sustento el último rezongo a propósito de la carga causídica, toda vez que la sentenciadora de grado se sujetó a la regla "mater" en esta cuestión que trae el artículo 68 de la ley adjetiva, sin que la exoración de haberse creído con derecho a litigar, sea suficiente sustento para variarla, ya que, de ser así, todo litigante que demanda debería suponérselo con ese derecho creencia, de tal suerte que aquel principio rector que indiqué, en la práctica, quedaría huero de contenido.

Sabe la apelante que las costas no son sanción, sino que representan las erogaciones que debió afrontar su contraria para repeler en justicia una pretensión infundada; y se aplican por encima y con desapego de la poca o mucha razón que creyó tener al poner en movimiento todo el órgano jurisdiccional.

Por éstas, y las bien fundadas razones dadas en el fallo en crisis, respondo afirmativamente al interrogante copete de este acuerdo.

Invito a confirmar el correcto y justo epiquerema de grado, sin costas de alzada toda vez que el discurso revisor se frustró y no fue respondido.

Tal es mi parecer y así lo voto.

Los doctores Areán y Carranza Casares votaron en igual sentido y por análogas razones a las expresadas en su voto por el Doctor Bellucci.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se resuelve: I. Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decidió y fue materia de inanes quejas, sin costas de alzada. II. En atención a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada en este proceso, al monto del proceso señalado por la juez "a-quo" que no fue materia de agravio y surge de la suma reclamada a fs. 149, a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada, resultado obtenido, etapas cumplidas y lo que disponen los arts. 6, 7 ,9 y14 de la ley 21.839, por los trabajos realizados en esta instancia se establecen los honorarios de la letrada patrocinante de la parte actora Dra. Rosana Beatriz Lore en la suma de pesos doscientos cincuenta ($250).

En atención a la calidad, mérito y eficacia de las labores periciales desarrolladas en autos; a lo normado por los arts. 10, 13 y conc. de la ley 24.432 y a la adecuada proporción que deben guardar los honorarios de los expertos con los de los letrados intervinientes (Fallos: 314 : 1873; 320: 2349; 325: 2119, entre otros) se elevan los honorarios del contador E. A. S. a la suma de pesos trescientos ($300) y del psiquiatra E. O. S. a pesos ciento cincuenta ($150). Fíjase el plazo de diez (10) días para abonar todos los emolumentos regulados. Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el artículo 164, segundo párrafo del Código Procesal.- Carlos Alfredo Bellucci. - Beatriz Areán. - Carlos A. Carranza Casares.