Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07


Reg.: A y S t 283 p 488/493.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, bajo la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "AGUIRRE, ROBERTO - QUIEBRA - S/ RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO POR A.F.I.P. - D.G.I. - (EXPTE. 157/13 CUIJ 21-04965794-0) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-04965794-0). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Netri, Gastaldi, Falistocco, Erbetta, Gutiérrez y Spuler.

A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

Mediante resolución registrada en A. y S. T. 279, págs. 12/13, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la incidentista contra el acuerdo 123 de fecha 6 de julio de 2015 dictado por la Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, por entender que la postulación de la compareciente contaba -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad planteos que podían configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar aquella conclusión, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Falistocco y Erbetta, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

1. Sucintamente, el caso, en lo que resulta de interés para su resolución:

1.1. En el marco de la quiebra de Roberto Antonio Aguirre y en la oportunidad prevista en el artículo 36 de la ley 24522, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 12 de la ciudad de Rosario declaró inadmisibles los créditos insinuados por la Administración Federal de Ingresos Públicos -A.F.I.P.- en concepto de aportes y contribuciones al régimen nacional de trabajadores autónomos, por los períodos 04/2000 hasta 01/2006 y sus intereses -al juzgarlos, atendiendo a las observaciones formuladas por la Sindicatura en el informe individual, prescriptos con arreglo al artículo 4027 del Código Civil y a la doctrina de la Corte nacional en "Filcrosa" (Fallos:326:3899)-; y declaró verificados solamente los períodos 02/2006 a 02/2007 con sus respectivos intereses.

1.2. La A.F.I.P. promovió incidente de revisión con respecto a los créditos declarados inadmisibles.

En sustento de la revisión solicitada, el Fisco postuló la inaplicabilidad al caso del artículo 4027 del Código Civil, señalando que en materia de deudas previsionales rige la prescripción decenal del artículo 16 de la ley 14236; precisó que dicho plazo debe computarse de conformidad con lo establecido por el artículo 57 de la ley 11683; añadió que, de acuerdo con el régimen de regularización dispuesto por ley 26476 del año 2008, había operado en el "sub examine" la suspensión por un año del curso de la prescripción; de modo que -concluyó- ninguno de los períodos reclamados estaba prescripto.

1.3. El Juez de baja instancia hizo lugar parcialmente al incidente de revisión.

Para así decidir expuso que, atento la naturaleza previsional de los créditos en cuestión, resultaba de aplicación al caso la prescripción decenal del artículo 16 de la ley 14236; y que en cuanto al modo de computar dicho plazo así como en materia de suspensión e interrupción, correspondía remitirse al Código Civil ante la ausencia de normas específicas; en tal sentido descartó que el término de prescripción de la acción para exigir el pago hubiese comenzado a correr conforme lo previsto en el artículo 57 de la ley 11683, por considerarlo referido exclusivamente a la prescripción de impuestos; de modo que -continuó- cabía contar el plazo desde el devengamiento de cada período, con ajuste al artículo 3956 del Código Civil; por último, rechazó que en autos hubiese operado la suspensión prevista en el artículo 44 de la ley 26476, indicando que el artículo 41 de la misma ley excluye de sus disposiciones a las personas declaradas en quiebra.

Juzgó, en síntesis, que habiéndose declarado la quiebra del deudor en fecha 28.02.2011 e insinuado el crédito en mayo de 2011, se hallaban prescriptos los períodos correspondientes al año 2000 así como los períodos 01 a 04 de 2001; y que, por el contrario, resultaban exigibles las deudas devengadas desde mayo de 2001 hasta febrero de 2007, haciendo lugar a la revisión en tal sentido e imponiendo las costas por su orden.

1.4. La sentencia fue apelada por el organismo recaudador, que insistió sobre la operatividad de la suspensión de la prescripción por un año establecida en el artículo 44 de la ley 26476; se agravió también por la distribución de las costas.

1.5. La Sala Tercera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario desestimó la apelación, con costas a cargo de la recurrente.

Sobre la invocada suspensión de la prescripción, la Alzada expuso que la exclusión del deudor del ámbito de aplicación de la ley 26476 resultaba de su estado falencial, a tenor del artículo 41 de la citada normativa; añadió que el régimen "general" de la ley 26476 resultaba desplazado por la norma especial del artículo 16 de la ley 14236 en lo que hacía a la materia específica de su tratamiento.

Y en cuanto al agravio relativo a las costas, el A quo expresó que no existían motivos para afirmar que la Sindicatura hubiese resultado perdidosa en los términos del artículo 251 del Código Procesal.

2. Contra el pronunciamiento de Cámara interpone la A.F.I.P. recurso de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 1 inciso 3) de la ley 7055.

Argumenta que la sentencia impugnada resulta arbitraria y violatoria del derecho de defensa, del debido proceso, del derecho a la jurisdicción y del derecho de propiedad.

En lo sustancial, aduce que el fallo en crisis no satisface los niveles mínimos que resguardan el derecho a la jurisdicción, por apartamiento de las normas aplicables de derecho tributario y de los principios vigentes en esta materia que tienden a tutelar los recursos fiscales, el interés general de la comunidad en su preservación y el interés público fiscal.

En sustento de su postura afirma que el caso resulta alcanzado por el artículo 44 de la ley 26476, que dispuso la suspensión con carácter general del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Resalta que tal suspensión de la prescripción fue dispuesta con carácter universal, sin distinciones o limitaciones, conforme surge del propio texto de la ley y su reglamentación.

En razón de ello, entiende que resulta irrazonable la hermeneusis sentencial en cuanto tuvo al estado falencial como óbice para la aplicación de la ley.

Finalmente, manifiesta que el fallo ha prescindido de las constancias de la causa y de la normativa aplicable al rechazar su planteo respecto de la distribución de las costas de primera instancia y al imponerle las de alzada.

3. La Sala denegó la concesión del remedio extraordinario interpuesto, lo que motivó la presentación directa de la impugnante ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a esta instancia excepcional, tal como se mencionó al tratar la cuestión anterior.

4. El detenido estudio de los autos me convence de que el remedio interpuesto debe prosperar, pues si bien los reproches de la recurrente conducen al examen de materias propias de los jueces de la causa y por ende ajenas como regla a la instancia extraordinaria, dicho principio debe ceder cuando lo resuelto importe agravio constitucional, sea porque medie arbitrariedad o por generar una restricción indebida al derecho de defensa (A. y S., T. 224, págs. 72/80; T. 92, pág. 221, entre otros), tal como acontece en el "sub iudice".

Ello por cuanto lucen demostradas en forma suficiente las tachas de la recurrente dirigidas contra la argumentación brindada por la Sala en orden a excluir al fallido del ámbito de aplicación de la ley 26476, que descalifican al pronunciamiento desde la óptica constitucional.

En efecto, el "thema decidendum" llevado a consideración de la Alzada consistía en determinar si la suspensión del plazo prescriptivo dispuesta por el artículo 44 de la ley 26476 resultaba aplicable al caso o no, dado el estado falencial del deudor.

Es que, por un lado, el artículo 44 de la ley 26476 -régimen de regularización de impuestos y recursos de la seguridad social, regularización del empleo no registrado y promoción y protección del empleo registrado, y exteriorización de tenencia de bienes en el país y en el exterior- establece que se suspende "...con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos...".

Y por otro lado, el artículo 41 de esa misma norma expresa que "Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las Leyes 19551 y sus modificaciones, o 24522 o 25284, según corresponda".

Ello denota, con suficiente grado de nitidez, que al entrar en vigencia la ley 26476, sus preceptos -entre ellos el relativo a la suspensión de la prescripción del citado artículo 44- no devinieron aplicables a deudores que se encontraban en estado de falencia decretada.

Ahora bien, en el particular caso de autos, la declaración en quiebra de Aguirre -de fecha 28.02.2011- es bien posterior a la norma que dispuso la suspensión del plazo prescriptivo (art. 44, ley 26476), de modo que ésta, de hecho, alcanzó al deudor cuando el mismo se hallaba "in bonis".

Nótese que, según su artículo 50, la ley 26476, de orden público, entró en vigencia el día de su publicación (B.O. del 24.12.2008); asimismo, mediante la reglamentación por resolución general 2650/2009 de la A.F.I.P. (B.O. del 05.08.2009) se ha establecido (art. 86) que el término de un año de suspensión del curso de la prescripción a que se refiere el artículo 44 de aquella ley debe computarse desde el 24.12.2008 inclusive (esto es, desde más de dos años antes de decretarse la quiebra de Aguirre).

Por consiguiente, si bien en autos el deudor fue declarado en quiebra, solo con prescindencia de las constancias relevantes de la causa o bien mediante una interpretación irrazonable de las normas en juego podría sostenerse que su estado falencial -sobreviniente- llegó a constituirse -retroactivamente- en causal de exclusión del régimen de la ley 26476 (en similar sentido, v. C.N.Com., Sala D, 14.05.2013, "Compañía Gráfica Internacional S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de revisión por DGI-AFIP").

Lo dicho hasta aquí basta para descalificar el pronunciamiento impugnado con base en la ley 7055 (art. 1, inc. 3), desde que las deficiencias apuntadas resultan suficientes para evidenciar que lo decidido no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial (art. 95).

Por lo demás, siendo que las consideraciones precedentes -en tanto determinan la necesaria anulación de la sentencia y el reenvío de la causa al tribunal subrogante que corresponda para que la misma sea nuevamente juzgada- pueden tener una directa incidencia sobre la decisión final a adoptar en el juicio, y con ello, sobre la cuestión accesoria de las costas de las instancias ordinarias, deviene innecesario el examen de los cuestionamientos de la recurrente atinentes a las mismas.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Falistocco y Erbetta, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Netri y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Netri dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Con costas al vencido (artículo 12, ley 7055).

Así voto.

A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Falistocco y Erbetta, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Netri y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que dicte nuevo pronunciamiento. Costas al vencido.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA).

Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario -Sala Tercera integrada-.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial N° 12 de Rosario.