Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-12-16


------En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los días del mes de diciembre del año dos mil diez, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia del Dr. Jorge Luis Früchtenicht y la asistencia del Sr. Juez de Cámara Dr. Günther Enrique Flass, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "A.. A. C. R. c/ S., J. s/ Ordinario por cobro de pesos" (Expte. N° 156/10 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.--- ------Practicado a fs. 348 el sorteo establecido por el art. 271 de la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico provincial, antes Ley 2203, correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FLASS - FRÜCHTENICHT.- ------Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 313/316? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

------A la PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:

------A fs. 42/47 A.., a través de su apoderado el Dr. I. O. B., con el patrocinio letrado del Dr. G. A. S. inician cobro ordinario de pesos contra el Sr. J. A. S., titular de la explotación comercial de "H. A.". El actor pretende el cobro de los aranceles dispuestos en la Resolución nº 100/89 Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, desde el 1 de junio de 1998 y los que en su futuro se devengasen hasta la sentencia. También pretende se obligue a la demandada a entregar las planillas previstas en el art. 40 del decreto 41.233/34 o una indemnización sustitutiva en caso de incumplimiento.

------A fs. 65/66 vta. contesta la demandada a través de su apoderada la Dra. M. C. M., allanándose al cobro de algunos de los aranceles, oponiéndose a otros y manifestando que la obligación de elaborar las planillas previstas en el art. 40 del decreto 41.233/34, resultan de cumplimiento imposible.

------A fs. 313/316 se dicta sentencia nº 31/2010 del 3 de Junio de 2010 conforme a la cual: 1) Se condena al demandado al pago de los aranceles previstos en el rubro 5 res. 100/89 Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha en que la res. 100/89 es reemplazada por la nº 390/2005. 2) Se condena al demandado al pago de los aranceles previstos en el rubro 20 res. 100/89 Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación que fueran devengados entre el 30 de agosto de 1999 hasta noviembre del mismo año. 3) En cuanto a la obligación de confeccionar planillas la considera de cumplimiento imposible y exonera al demandado. 4) Las costas se imponen al demandado regulándose honorarios en $2.140 para los Dres. B. y S.; $1.070 para los Dres. A. y V.; $1.500 para la Dra. M.; $230 para el Perito Contador B. y $230 para el perito contador S. M..

------Contra el citado decisorio se alzan por derecho propio los Dres. V. y A. quienes a fs. 324 apelan por bajos sus honorarios; a fs. 325 también apelan en el mismo carácter los Dres. B. y S. quienes igualmente estiman demasiado exiguos sus emolumentos; por último, a fs. 233 apela el actor expresando agravios a fs. 334/340 siendo sus principales quejas las siguientes: 1) Sostiene, respecto al rubro 5 res. 100/89 que la condena debió incluir los aranceles devengados hasta el momento de la sentencia y no sólo hasta el 31 de diciembre de 2005. 2) Impugna el cálculo de los aranceles adeudados conforme al rubro n°5 res.100/89 y solicita se designe perito. 3) Impugna el cálculo de los aranceles adeudados conforme el rubro 20 res. 100/89 y solicita se designe perito. 4) Impugna la apreciación de la prueba que realiza el a quo. - ------Corresponde ahora analizar los agravios expresados y su procedencia.

------1-Períodos incluidos en la sentencia:------ ------El a quo limitó su condena a los períodos anteriores y posteriores a la traba de la litis pero sólo hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha en que la resolución 100/89 es sustituida por la n° 390/2005.

------Se agravia de ello el recurrente pues entiende que una nueva tabla arancelaria no puede limitar la pretensión incoada en la demanda. Discurre sobre la importancia que tiene para los artistas el régimen de licencia legal; sostiene que si el demandado continuó propalando música después de la vigencia de la nueva resolución, debe entenderse que voluntariamente se acogió al nuevo régimen. Concluye citando jurisprudencia referida a la factibilidad de extender la demanda a períodos devengados después de la traba de la litis.--- ------Debo comenzar diciendo que la cita jurisprudencial y la referencia a la importancia que tiene para los artistas el sistema arancelario establecido, resultan superfluas, pues no está en discusión la conveniencia de la norma ni la posibilidad de incluir en la demanda deudas posteriores devengadas por la misma causa, de hecho el Sr. Juez de la anterior instancia las incluyó aunque no en la magnitud pretendida por el actor. También resulta superfluo analizar si el continuar propalando música implica o no adhesión tácita al nuevo régimen arancelario y sobre ello volveré mas adelante.

------El razonamiento que el recurrente debió rebatir -por ser fundante de la sentencia atacada- es aquel según el cual, producida la derogación o sustitución de la norma que dio pábilo a la acción, no pueden considerarse incluidos en la pretensión originaria los periodos posteriores a tal mutación y respecto a ello, solo encuentro una muy aislada y lacónica frase cuando el recurrente dice ".La existencia de una nueva tabla o resolución arancelaria, de forma alguna alguna limita la pretensión de autos.". Esto no pasa de ser una mera disconformidad con los resuelto por el a quo y como tal deviene insuficiente para fundar agravio.- ------Decía anteriormente que la consideración efectuada por el recurrente en el sexto párrafo de fs. 335 vta. era inocua y ello en atención a que el Sr. Juez de la anterior instancia no se expidió sobre si el hecho de propalar música implica adhesión tácita al régimen arancelario vigente -cuestión que podría ser tratada en una acción posterior- sino sobre si tales períodos pueden considerase o no incluidos en la acción originaria incoada con anterioridad a tal mutación normativa. Dicho de otro modo, no está en discusión la posibilidad de extender la demanda a aranceles todavía no devengados al momento de trabar la litis -de hecho el a quo se los concedió- sino si tal extensión a futuro debe persistir aun después de modificada la norma que los sustentó y que constituye el título de la obligación reclamada ------Es claro para mi que la queja del recurrente no alcanza a superar un test de admisibilidad mínimo para tenérsela por una verdadera y fundada expresión de agravio, pues ni siquiera intenta rebatir el razonamiento central del cual el recurrente extrae su conclusión. No obstante, dado el criterio amplio que este Tribunal viene sosteniendo y a fin de dar efectivo cumplimiento a la garantía constitucional de acceso a la justicia así como también al espíritu que inspira la Carta de los Derechos del Ciudadano ante la Justicia voy a proceder igualmente a revisar el fallo en cuestión para expedirme sobre su acierto o no.------ ------El actor pidió en su demanda que se consideraran incluidos los aranceles que se devenguen en el futuro (fs. 46 séptimo párrafo) pero bien se encarga de aclarar (fs. 45 séptimo párrafo) que por "aranceles", han de entenderse los establecidos en la res. 100/89 S.P.yD de la Presidencia de la Nación. En concreto, la pretensión ejercida en la acción debe considerase abarcativa de los períodos anteriores a la traba de la litis y los posteriores derivados de la res. 100/89, no mas allá de ahí. A partir de diciembre de 2005 dichos aranceles quedan sin efecto y son sustituidos por otros (los derivados de la res. 390/2005 S.P.yD de la Presidencia de la Nación). Quizás la situación hubiera sido distinta si el actor, al momento de demandar, habría efectuado alguna salvedad para el caso de cambio de régimen, mas nada de eso hizo. Entiendo que si el Sr. Juez de la anterior instancia hubiera extendido su sentencia a los períodos posteriores a la vigencia de la res. 100/89, habría incurrido en ultra petita. ---- ------Además si el actor hubiese considerado que, a pesar de haberse derogado la norma en la cual fundaba su pretensión, quedaban subsistentes los elementos constitutivos de la pretensión, debió invocarlo oportunamente como un hecho nuevo, toda vez que "el dictado de una ley posterior a la traba de la litis, que modifica el régimen jurídico vigente a la iniciación del pleito, es un hecho nuevo de los contemplados en esta norma" (CNFed. III Cont. Adm., 6/7/81 ED 105-482 conf. cit. De Giangrrasso, Antonio José "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Anotado. Depalma. Buenos Aires 1989, pág. 492).

------Por último, el art. 2º de la Res. 390/2005 es claro al decir que viene a sustituir el régimen anterior y que será exigible a partir del mes siguiente al de su publicación ------Todo lo expuesto me lleva a proponer al Pleno el rechazo del agravio bajo análisis y así lo voto.

------El monto calculado por arancel rubro 5 Res. 100/98:----- ------La sentencia calcula el rubro bajo análisis en $3.633,41 y contra ello se alza el actor invocando dos argumentos recursivos: En primer lugar sostiene que el a quo se apartó de la pericia de fs. 116 y 298/vta (sic). En segundo lugar dice que en lo períodos anteriores a los incluidos en la demanda, se pagó una suma mayor, entendiendo que ello es "ilógico".

------Analizando el primero de los argumentos recursivos invocados voy a comenzar diciendo que el recurrente se equivoca pues a fs. 116 no obra ninguna pericia sino una cédula dirigida al Sr. O. C. pero aun soslayando este error, tampoco asiste razón al quejoso. En efecto conforme a la pericia obrante a fs. 208/209, las sumas adeudadas desde julio de 1999 a enero de 2005, por el rubro en cuestión, asciende a $2.212,69. A fs. 292, el Sr. Juez de la anterior instancia cita a audiencia al perito para que calcule el monto de los aranceles devengados desde febrero de 2005 hasta diciembre del mismo año, todo lo cual fue cumplido a fs. 298 informando una deuda de $1.420,72.

------La suma de lo calculado a fs. 208/209 ($2.212,69) y lo informado a fs. 298 ($1.420,72) arroja un resultado de $3.633,41 que es precisamente lo que la sentencia manda pagar. No logra entenderse donde está el apartamiento aducido por el recurrente.

------Tampoco puede recibirse favorablemente el segundo de los argumentos equivocados, pues tratándose el arancel, de un porcentaje sobre los ingresos brutos, nada de "ilógico" hay en el hecho de que los períodos posteriores sean inferiores a los anteriores ya que bien pudo haber una disminución en los ingresos del demandado. De todas formas, si el actor consideraba ilógica la apreciación del experto, debió pedir aclaraciones en forma oportuna. Nada de eso hizo sino que por el contrario guardó silencio aceptando tácitamente las conclusiones del perito a las que hoy no puede ya rebatir válidamente.- ------Va de suyo que tampoco resulta admisible la pretensión de designar nuevo perito pues no estamos ante ninguno de los supuestos excepcionales donde la ley de rito autoriza la apertura a prueba en segunda instancia (art. 263 Ley XIII nº5 D.J.P., antes Ley 2203).-------- ------Por lo expuesto propongo al pleno el rechazo del agravio en cuestión. - ------El monto calculado por arancel rubro 20 Res. 100/98:--- ------El Sr. Juez a quo tiene por cierto que el demandado cobró entradas desde la fecha de interposición de demanda (30 de agosto de 1999) hasta el 30 de noviembre de dicho año, todo ello en base a las declaraciones claras y contundentes de los testigos Sres. A. A. A. (fs. 126/127) y E. D. C. (fs. 122/123). Dentro de dicho período, consideró también acreditada la concurrencia de aproximadamente 150 personas por noche y que el valor de la entrada era de cuatro pesos. En base a esos datos calcula la deuda en $1.296.--- ------Se alza el actor y con muy confusa argumentación sostiene que el demandado nunca probó haber cesado el cobro de entradas hasta la actualidad, en consecuencia el cálculo del arancel debería extenderse desde el 1º de junio de 1998 hasta la fecha de la sentencia lo cual estima en $83.200.

------Voy a comenzar señalando un grave error en que incurre el recurrente y es el de creer que cuenta con un privilegio probatorio conforme al cual sería el demandado quien tendría la carga de acreditar que no cobraba entrada o que cesó de hacerlo. Nada más alejado de la realidad. Cuando alguien pretende el cobro de una deuda debe probarla en toda su extensión. No basta la sola invocación de una obligación para que el demandado se vea compelido a probar su inexistencia.------ ------Ahora, entrando ya a analizar las quejas expresadas por el actor, encuentro que este no explica, ni tan siquiera mínimamente porqué habría de tenerse por probado que el demandado comenzó a cobrar entradas el 1º de junio de 1998 incurriendo así en una nueva causa de deserción salvo que con una extrema amplitud de criterio tengamos por fundamentado el agravio con lo dicho en el apartado "C" de fs. 338 donde alude al informe de SADAIC de fs. 125 (que erróneamente consigna como fs. 36). Ahora bien, de dicho informe no surge ni siquiera remotamente que el demandado hubiera comenzado a cobrar entradas el día 1º de junio de 1998 como sostiene el actor.

------Quedó probado en autos que el Sr. S., en algún momento cobró entradas pero no sabemos desde cuando pues el actor ninguna prueba produjo al respecto siendo su carga hacerlo. Adviértase que al formular las preguntas depuestas por sus propios testigos a fs. 122/123 y 126/127 no interrogó sobre la fecha de inicio del cobro en cuestión. Tampoco procedió a repreguntar en las audiencias de fecha 21 de septiembre y 5 de octubre de 2000. Esta omisión técnica sólo puede serle perjudicial.

------En conclusión, el recurrente ni explica ni demuestra porqué el a quo debió tener por cierto que las entradas comenzaron a cobrarse el 1º de junio de 1998 y no el 30 de agosto de 1999 como dice la sentencia.--- ------En cuanto a la fecha de cese en el cobro de entradas, ella si fue contundentemente demostrada en autos, tal como dice el a quo pues el Sr. A. A. A. fue claro al responder (cuestión 5 fs. 126 vta.) que las entradas sólo se cobraron hasta noviembre de 1999 y el Sr. C. (cuestión 6 fs. 122/vta.) resulta coincidente al afirmar que a partir de diciembre ya no le cobraron mas entrada.

------El recurrente omite toda referencia a dichos testimonios cuando ellos fueron fundamento expreso de la demanda incurriendo así en una nueva causal de deserción. -- ------Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno el rechazo del agravio bajo análisis. ---- ------Evaluación de prueba de informes:-------- ------Como agravio "C" el recurrente se queja de que el a quo "solo hace referencia a las pruebas testimoniales y no a la prueba informativa".- ------Es unánime la opinión doctrinaria y jurisprudencial conforme a la cual el Juez al dictar sentencia no tiene el deber de referirse a toda la prueba producida en autos sino solamente a aquella que le hubiera servido para formar convicción.

------El agravio en cuestión no resiste mayor análisis y debe ser desestimado sin mas. Así lo voto.

------Los honorarios de los Dres. V., A., B. y S.:

------Los Dres. V. y A. impugnan por bajos sus honorarios a fs. 324 y a fs. 325 hacen lo propio los Drs. B. y S..

------El Sr. Juez a quo estimó los emolumentos profesionales en $2.140 para los Dres. B. y S.; $1.070 para los Dres. A. y V., y en base a las disposiciones de los arts. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36, 37 y 46 de la Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200.

------Que analizada la labor desarrollada por los citados profesionales, en especial en base a las pautas mensurativas de los arts. 5 y 7 de la citada ley, teniendo en cuenta las etapas cumplidas, conforme lo determinan sus arts. 36 y 37, graduada dicha labor con la escala de su art. 6 y efectuados los cálculos pertinentes en base al monto reclamado con más sus intereses, entiendo que no les asiste razón a los recurrentes en virtud de que los emolumentos fijados son ajustados a derecho y deben ser confirmados. Resta referirme a las costas de la presente instancia las cuales deben imponerse al recurrente vencido conforme principio objetivo de la derrota (art. 69 Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203) y regularse los honorarios de los profesionales actuantes en esta Instancia, en base a lo establecido por el art. 13 de la Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200.- ------A la MISMA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:----- ------1. Llegan los presentes autos a esta Alzada, en virtud de sendos recursos de apelación deducidos: por la actora a fs. 323 y por sus letrados, por derecho propio, a fs. 324 y a fs. 325 por estimar bajos los honorarios regulados a favor de cada uno de ellos, todos concedidos a fs. 326 y enderezados todos también contra la sentencia definitiva de la instancia inferior que luce agregada a fs. 313/316 y que en lo sustancial decidió: I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda por cobro de pesos entablada por A..-C.. A. C. R. contra el Sr. J. A. J. S., y en su consecuencia, condenó a este último a abonar a la actora las sumas que indica; II.- Rechazar la solicitud de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 40 del Decreto Nº 41.233/34 modificado por el Decreto Nº 1679/74; III.- Imponer las costas del proceso al demandado vencido y reguló los honorarios de los profesionales que asistieron a las partes.

------Los agravios de la parte la actora lucen en la pieza procesal de fs. 334/340 y conforme al traslado ordenado por Presidencia de este Cuerpo a fs. 342, no merecieron la réplica de la contraria.

------2. Al deducir sus quejas el actor apelante de fs. 323, en lo sustancial se agravia en orden a tres cuestiones que prolijamente identifica: a) Períodos reclamados (v. fs. 335/336vta.); b) Montos reclamados (v. fs. 336vta./338); y c) Evaluación de la prueba de informes (v. fs. 338/339vta.), para culminar haciendo reserva del denominado caso federal (v. fs. 339vta.), habiendo sido tales agravios suficientemente referenciados por el vocal que me precedió en el voto, por lo que en homenaje a la brevedad procesal, a tales referencias me remito, anticipando que ponderaré las quejas en el orden en que fueron propuestas.

------3. Así, y en ocasión de alzarse contra la resolución que ataca, el apelante se agravia porque el sentenciante limita el período reclamado hasta el 31 de diciembre de 2005, ello -según los dichos del propio a quo - en atención a lo dispuesto por la Resolución 390/05 de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. Sostiene el quejoso, "El monto de la retribución a pagar, al estar publicada en el Boletín Oficial, se presume conocido por todos y, en consecuencia, si el demandado, luego del 1 de enero de 2006, voluntariamente continuó con la comunicación al público de música fonograbada, también voluntariamente continuó acogiéndose al régimen de licencia legal impuesto por la ley, y debe las retribuciones reclamadas desde tal fecha, independientemente bajo que resolución arancelaria deban ser calculados." (v. fs. 335vta. 6to. párr.).

------4. Su segundo agravio sobreviene -entiendo- en orden al cálculo realizado por el Sr. Juez apelado de los aranceles adeudados conforme al rubro Nº 5 de la Resolución 100/89 (hoy rubro 01 de la Res. 390/05), solicitando se designe perito.

------5. Por último, su tercer agravio se deriva de la evaluación realizada por el Sr. Juez apelado acerca de la prueba de informes (v. fs. 338/339vta.), sosteniendo el apelante que aquél ".sólo hace referencia a las pruebas testimoniales y no a la prueba informativa que surge de agregados en autos a fs. Contestación de Oficio de SADAIC (fs. 36). (SIC)". -- ------6. Anticipando que comparto el criterio vertido por el vocal preopinante, entiendo se impone advertir algunas cuestiones esencialmente procesales que sostienen aquel acompañamiento.-------- ------En tal sentido, tengo para mí que la demanda, como acto de petición, debe indicar al juez con precisión: la cosa pretendida (art. 333 inc. 3ro. de la Ley XIII N° 5 del Digesto Jurídico Provincial, antes Ley Nro. 2203, en adelante, CPCC) y aquella petición en términos claros y positivos (art. cit. inc. 6to, CPCC). En su función, en el escrito inaugural de la instancia la parte actora debe individualizar con precisión lo que se reclama, pues tal precisión de la cosa demandada hace al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que permite una defensa eficaz del demandado. Al indicarse la cosa demandada -en nuestro caso, dinero-, también debe concretarse la causa por la que se la pide (causa petendi), es decir, el hecho jurídico (art. 896 del Código Civil) que se invoca como fundamento de la pretensión, es decir, aquel fundamento inmediato del derecho que se ejerce.----- ------La exigencia procesal de indicar la petición en términos claros y positivos, no responde a un exagerado ritualismo, sino, y más bien, a la necesidad de un pronunciamiento del juez por medio del acto jurisdiccional por excelencia -la sentencia- declarando fundada o infundada la demanda (art. 165 inc. 6to. del CPCC) y que exige como presupuesto lógico aquella petición realizada en términos claros, positivos y precisos.

------En la inteligencia descripta, entiendo que lo hasta aquí expuesto constituye una verdadera carga procesal, tal y como fuese delineada por Couture, cuando sostuvo que: "La carga procesal puede definirse como una situación jurídica instituida por la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él." (v. COUTURE, Eduardo J.; "Fundamentos del Derecho Procesal Civil"; Ed. BdeF; Bs. As.; 2005; p. 173).

------En consonancia con lo dicho hasta aquí, me permito afirmar que la carga procesal de individualizar la cosa demandada (art. 333 inc. 3ro.) y la de concretar la petición en términos claros y positivos, se erigen así, y como toda carga procesal, en un imperativo del propio interés, y su incumplimiento por parte del sujeto procesal que se trate, lo expondrá al riesgo de una sentencia desfavorable, toda vez que aparece como ineludible para el juez contar con tales cargas suficientemente cumplidas a fin de permitir un pronunciamiento que no violente la exigencia de identidad entre lo postulado y lo resuelto (congruencia, art. 34 inc. 4to, todos del CPCC), principio -éste último- que reconoce entre sus orígenes las bases del principio dispositivo.------ ------Así las cosas, de la lectura del escrito que inauguró la instancia que abrió la instancia, advierto que la actora, en ocasión de indicar el objeto de su demanda, textualmente indicó que: ".vengo a demandar a J. A. S., titular de la explotación comercial del local denominado "H. A." con domicilio real en calle X *** de esta ciudad de Esquel, por cobro de aranceles derivados de comunicaciones al público de grabaciones fonográficas, por monto indeterminado, más los aranceles que se devenguen durante la tramitación del proceso. Reclamo también el cumplimiento de una obligación de hacer consistente en formular y entregar las planillas previstas en el art. 40 del decreto 41.233/34, modificado por el decreto 1.670/74. Pido indemnización sustitutiva, para caso de incumplimiento. Todo ello, con intereses y costas." (v. pto. 1.2. OBJETO de fs. 42; las negritas y el subrayado se corresponden con el original y las cursivas me pertenecen).

------Al indicar a que aranceles refiere, puntualmente indica que: "En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 4º del decreto No. 1671/74, con fecha 18 de septiembre de 1989, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación dicto la resolución 100/89 (sustituyendo el anterior listado arancelario dictado por resolución 894/0200/75), en la que establece detalladamente los aranceles a pagar por los usuarios. (.)" (v. pto. 2.5. ARANCELES EN VIGOR de fs. 45). Nótese, así también, que la demanda de fs. 42/47 fue articulada en fecha 30.08.99. En atención a las circunstancias señaladas, entiendo que la actora no se hace cargo de desarticular los argumentos de suficiente solidez ni los detallados fundamentos legales dados por el sentenciante para explicar la decisión adoptada al fallar y que se hallan expuestos y suficientemente desarrollados en el Considerando único del decisorio puesto en crisis y su crítica ha consistido en una discrepancia con el razonamiento desarrollado por el sjudicante que no alcanza la entidad necesaria que habilite su viabilidad impugnaticia en esta instancia, por lo que su agravio no puede tener lugar en esta alzada. Así lo voto.

------Se ha afirmado que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del judicante, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a su personal conclusión distinta de la contenida en el fallo, sin detenerse a fijar la crítica puntualizada y concreta de aquél, solicitando su revocación, corresponde declarar desierto el recurso (cfr. DE SANTO, V.; "Tratado de los recursos"; Ed. Universidad; 1999; p. 335 y ss.).------ ------7. Conforme lo sostenido al tratar la primera queja del apelante, entiendo abstracto abordar el tratamiento de su segundo agravio. Así lo voto. ------ ------8. En orden a su tercer agravio, debo advertir que nuestro máximo tribunal nacional y en relación con materias como las del sub exámine, ha resuelto en numerosos precedentes que: "Los jueces no están obligados a ponderar una por una todas las pruebas. No existe arbitrariedad si la sentencia merita con claridad los elementos de juicio que estima relevantes para la solución del pleito." (C.S.J.N., sala I, 21-6-90, causa 47.051, Schmid, José D. en j.: "Schmid, José D. c/Daniel Tarifa p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 215-411; íd., 28-6-90, causa 47.695, Espósito, Manuel y otro en j.: "Valverde, José y otros c/Adán A. Acevedo p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 216-28; íd., 26-8-91, causa 48.377, Caja Nacional de Ahorro y Seguro en j.: "Sini, Nancy Edith c/Dante Capitanelli y otros s/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 222-419; íd., 22-6-92, causa 50.239, Giovarruscio, María E. en j.: "Giovarruscio, María E. c/Carlos Alberto Zocco Guatelli p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 228-192; íd., 18-3-93, causa 51.145, Benavídez, María y otro en j.: "Benavídez, María y ot. c/Ricardo Blanco p/su hijo menor p/Sumario s/Inconstitucionalidad", L. S. 235-345; íd., 11-4-96, causa 54.359, Inca S. A. Compañía de Seguros en j.: "Borda Ballara, Casimiro c/Hugo Bordón Gómez y otro p/Daños y perjuicios s/Inconstitucionalidad", L. S. 264-95). Así, su queja no podrá tener andamiento en esta sede, y así lo voto.

------9. Con respecto a la apelación deducida, por derecho propio, por los letrados actuantes por el actor, entiendo que los mismos deben ser confirmados.

------Que ello es así, por cuanto analizada la labor desarrollada por los citados profesionales, en base a las pautas de los arts. 5, 6 y 7 de la Ley XIII N° 4 DJP (antes Dto. Ley 2200), teniendo en cuenta las etapas cumplidas (art. 36 y 37 de la citada ley) y efectuados los cálculos pertinentes en base al monto reclamado con más sus intereses los emolumentos fijados son ajustados a derecho.

------10. Tal y como propondré al Pleno se resuelvan las cuestiones aquí tratadas, entiendo que las costas de esta instancia deben aplicarse al apelante vencido (art. 69 de la Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203) y corresponde regular los honorarios de los profesionales actuantes en esta Alzada (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200). Así lo voto. ------ ------A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. FLASS dijo:Conforme a lo expuesto al analizar la primera cuestión voy a votar por: 1) CONFIRMAR, en cuanto ha sido materia de recurso, la sentencia nº 31/2010 del 3 de junio de 2010. 2) IMPONER las costas de la presente instancia al recurrente vencido (art. 69 Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203). 3) REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. A. A. A. y G. V., en conjunto y proporción ley, en la suma de $450, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200). ---- ------A IDÉNTICA CUESTIÓN, el Dr. FRÜCHTENICHT dijo:---- ------Por todo lo expuesto en ocasión de votar a la primera cuestión, propongo al Acuerdo: I.- CONFIRMAR la sentencia apelada; II.- IMPONER las costas de esta Alzada (art. 69 de la Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203) al apelante vencido; y III.- REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. A. A. A. y G. V., en conjunto y proporción ley, en la suma de $450, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200).

------Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

------S E N T E N C I A-- ------Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:-- ------1.- CONFIRMAR, en cuanto ha sido materia de recurso, la sentencia nº 31/2010, del 3 de junio de 2010 y que ogra a fs. 313/316.-- ------2.- IMPONER las costas de la presente instancia al recurrente vencido (art. 69 Ley XIII N° 5 DJP, antes Ley 2203).- ------3.- REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. A. A. Ale y G. V., en conjunto y proporción ley, en la suma de $450, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 13 Ley XIII N° 4 DJP, antes Dto. Ley 2200).

------3) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.---- ------La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 7 y 8 de la Ley V N° 17 del Digesto Jurídico de la provincia) y encontrarse recusado de actuar el Dr. Claudio A. Petris.

JORGE LUIS FRÜCHTENICHT GÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL N° CANO DEL LIBRO DE SENTENCIA DEFINITIVAS DEL AÑO 2010. CONSTE.