marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CEJAS RAMON JORGE c/ COSENTINO VICTOR HUGO Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-03-12

Son irrevisables por la vía de casación, los argumentos que remitan a temas de hecho y prueba propios de los jueces ordinarios de la causa, pero ajenos a la naturaleza extraordinaria de la instancia casatoria, salvo el caso de absurdo o arbitrariedad, la que "...se configura cuando existe un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista por la ley o una absoluta falta de fundamentación de la sentencia.
Derechos y garantías constitucionales, libertad de prensa, publicidad oficial, equidad, publicación periodística, Comunicaciones, acción de amparo, sociedad anónima, emisoras privadas de radio, emisoras de televisión privadas, radiodifusión, facultades discrecionales, facultades de la administración, límites a la discrecionalidad, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, sentencia arbitraria, revocación de sentencia, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estado Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: La Cornisa Producciones S.A. c/ EN - JGM - SC s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-14

Para determinar en cada caso concreto si la suspensión o disminución de publicidad oficial vulnera derechos constitucionales relacionados con la libertad de prensa - en el caso, una sociedad anónima productora de programas de radio y televisión apeló la sentencia que rechazó la acción de amparo, tachándola de arbitraria por desconocer la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-, debe atenderse a las disposiciones normativas que regulan la publicidad oficial y a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, a través de sus precedentes jurisprudenciales, ha considerado adecuada a la acción de amparo para dilucidar tales cuestiones.
Concursos, actos ineficaces
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Curtiduría Azul s/ Concurso preventivo - Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-13

Cuando el art.122 de la ley 19551 alude a la expresión "constitución" debe no obstante hacerse jugar todo el mecanismo previsto por la ley civil, pues así lo exige la coherencia con los postulados de la institución originaria; a la cual, cabe entender la legislación particular (ley de concursos), meramente alude, pero sin tener en su expresión semántica la pretensión sin más de modificar aquellos principios. Desde otro perfil; pues una solución contraria estaría en pugna precisamente con el "ley motiv" de la publicidad registral, frente justamente a los terceros, "los acreedores y aún más incidiendo negativamente en el pivote sobre el cual gira el derecho concursal, el de la: par condictio creditorum"
Competencia, prórroga del plazo, competencia por el territorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Haas, Fernando Daniel c/ Saliva, Juan Jorge s/ Desalojo por ocupación elegitima Joaquin Pennisi S.R.L. c/ Carlos Velazco e Hijos S.A. s/ Cobro de dolares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-15|1995-05-18

La competencia territorial, "ratione personae", ha sido determinada por la ley en vista del interés privado de los litigantes, teniendo en cuenta primordialmente su particular conveniencia o comodidad al margen de todo criterio que roce el orden público. Por consiguiente, es de carácter relativo y renunciable, y por eso, en cuestiones netamente patrimoniales puede ser prorrogada por las partes en forma expresa o tácita. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, falsa denuncia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valdivia Gregorio c/ Club Mendoza Regatas s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S088 - 459)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-23

La responsabilidad civil del denunciante, acusador o querellante, no puede derivarse de la mera absolución o sobreseimiento del imputado en sede penal; la responsabilidad civil sólo se genera cuando la acusación ha sido calumniosa o culpable. De lo que se trata no es cuestionar el hecho denunciado, sino que si el mismo podía justificar que el denunciante procediera como lo hizo. Por lo tanto, que la jueza penal haya dicho que el imputado no cometió el delito, no significa que necesariamente haya un obrar doloso o culposo de la parte denunciante; para ello habrá que indagar en sede civil acerca de su conducta y no la del denunciado.-
Sucesiones, administración de la herencia, aceptación con beneficio de inventario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Figliuolo, Juan Carlos s/ Incidente de cesación sobre el beneficio de inventario en Figliuolo,  Jorge s. Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-09-13

Establece expresamente el art. 3393 del Código Civil con relación a la disposición de bienes que el heredero beneficiario puede enajenar los muebles que no puedan conservarse y los que el difunto tenía para vender; pero no podrá hacerlo con los de otra clase sin licencia judicial y que la venta de los inmuebles sólo podrá verificarse en remate público. Cumplimiento éste de carácter insoslayable porque las formalidades prescriptas para la venta son de orden público, por preverse en beneficio de terceros, razón por la cual no puede ser dispensado de su cumplimiento por el testador, refiriéndose la ley a éstas en términos imperativos.
Despido, ley vigente, prueba
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Mendoza, Ricardo  c/ Tudda, Liliana Beatriz s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-08-01

En nuestro sistema legal vigente, la prueba del pago de las prestaciones dinerarias a cargo del empleador debe efectuarse con los recibos pertinentes (arts. 138 y 141, L.C.T.).
Revocación de sentencia, recusación, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín y otros c/  s/ incidente de recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Corresponde revocar la sentencia que resolvió la separación del juez recusado si éste no se habría expedido sobre la posible participación de los imputados ahora llamados a comparecer a juicio -lo que constituía el principal argumento utilizado para invalidar su intervención en el juicio oral previsto- y los que sí habían intervenido eran los integrantes de otra sala de la cámara. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-. -Los jueces Petracchi y Argibay, en disidencia, consideraron que los recursos extraordinarios eran inadmisibles (art. 280 CPCCN).-
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Oeste S.A. Quiebra. Inc. verif. de crédito. Doctor Musante s/ Inc. indisponibilidad de fondos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-03

En el caso, el pronunciamiento de la Cámara que rechaza la oposición al pago de los honorarios, no reviste carácter definitivo desde que se limita a disponer el cumplimiento de lo ya decidido y firme en autos en cuanto a la obligación de abonar los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen penal cambiario, recurso de apelación (procesal), sentencia definitiva, excepción de prescripción, gravamen irreparable, orden público, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: BOTTACHI S.A. s/ Régimen penal cambiario, Incidente de prescripción Causa 33062
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

1- El recurso de apelación sólo se otorgará respecto de las resoluciones definitivas y las que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles "salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable" (Cf. Ley 19359, Art. 8 inc. e).- 2- Diferir hasta el final de la causa el tratamiento del planteo de prescripción puede implicar un gravamen irreparable, desde el momento que de prosperar el planteo ello implicaría poner fin a la causa, con todas las consecuencias que traería aparejado en beneficio de los presuntos infractores, en tanto que una resolución contraria atentaría contra principios básicos de economía procesal, seguridad jurídica y los fundamentos básicos del instituto de la prescripción.- 3- La prescripción de la acción es de orden público y corresponde a los jueces declararla no sólo cuando es una articulación de las partes, sino también de oficio (Del voto de los Dres. Landaburu y Sustaita).
Homologación administrativa, homologación del acuerdo laboral, revisión judicial, contrato de trabajo, derechos del trabajador, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Salto, Luciana Beatriz y otras c/ Hogar Geriátrico Vida y/u otros s/ Diferencia de Sueldos - Recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

La homologación administrativa del acuerdo laboral conciliatorio, no resulta intangible, pues como acto de tal índole es revisable en esfera judicial, en tanto juegan en este sentido principios de orden superior que comprenden el orden público laboral, como ser la irrenunciabilidad de derechos y el pago insuficiente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Rosas, Carlos Alberto s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-22

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que impugna el pronunciamiento de la alzada por entender que no existió un concurso real sino un delito continuado, pero no cuestiona el aspecto decisivo de la sentencia en cuanto declaró inexistente la única resolución delictiva invocada por la defensa.
Juicio ejecutivo, procedimiento monitorio, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTAN Jorge Domingo c/ Esteybar Electromecánica S.A. y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-10-11

A mayor abundamiento sabemos que con esta excepción sólo se puede cuestionar la idoneidad jurídica del título si la misma afecta su fuerza ejecutiva, pero no así las cuestiones que excedan este análisis como por ejemplo la exigibilidad de las prestaciones como pretende el apelante. El debate sobre la ilegitimidad de la causa es improcedente; a menos que surja en forma palmaria de las mismas actuaciones. Lo que excede a las actuaciones es incompatible en este proceso. La única salvedad es la que dispone el art. 507 inc. 4 con su remisión al art. 468, salvedad taxativa en la materia; y que no ha sido cumplida por el apelante.
Cesantía ilegítima, indemnización, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moresino, Alberto Enrique c/ Municipalidad de San Vicente s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

El empleado público amparado por la garantía constitucional de la estabilidad a quien se le impone una cesantía ilegítima, sufre en forma inmediata un daño por la privación de su sueldo durante el tiempo que insuma la búsqueda de otra actividad remunerada, cuya presunción se impone con la consiguiente inversión de la carga probatoria; y que determina la separación en un porcentaje respecto de los salarios dejados de percibir, cuya fijación prudencial debe hacer el Tribunal, atendiendo a las circunstancias de la causa (arts.165 C.P.C. y C. y 25 C.P.C.A.).
Despido, despido con causa, lealtad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ENCINA, Marcelo Rubén c/ CARUSSO Y CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-03-30

Siendo el deber de fidelidad esencial para la configuración del contrato de trabajo, habiéndose comprobado que el actor efectuaba promociones de venta para otra empresa y la ilustraba sobre las modalidades de trabajo de la accionada, resulta legítima la decisión del empleador de poner fin al contrato de trabajo.
Régimen penal de la minoridad, medidas tutelares
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Horacio David Delgado s/ Incidente  de  cuesti"n  de juris. ref. regimen tutelar-causa 7543/85
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

La delegación autorizada por el art. 11 de la ley 22.278 debe entenderse referente a aquellas medidas tutelares enderezadas al efectivo cumplimiento de las disposiciones adoptadas en el incidente respectivo, y no a su tramitación.
Acciones de clase, personas jurídicas, objeto social, estatuto social
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CAICHA (Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines) c/ E.N. - Ley 27642 - Dto. 151/22  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-11

Las personas jurídicas son sujetos de derecho diferentes de las personas que las integran y se constituyen para satisfacer determinados intereses comunes de los socios o asociados plasmados en su estatuto, y la consecución de tales intereses conforma el objeto social de la persona jurídica definido en su estatuto social, el cual debe ser "preciso y determinado" (conf. artículos 156 y 195 del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 11, inciso 3, de la ley 19.550). Por lo tanto, cuando una persona jurídica actúa siguiendo las pautas fijadas en el estatuto en beneficio del interés social, está ejerciendo un derecho propio. En cambio, los intereses puramente individuales de los socios son diferentes al interés social definido estatutariamente, y su titularidad corresponde a cada uno de ellos y no a la asociación que integran. De allí, que el interés de la asociación no equivale a la sumatoria de los intereses individuales de cada uno de sus integrantes.
Despido, relación de dependencia, honorarios del médico, locación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires - Hospital Italiano s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

No resulta decisivo para determinar un genuino ejercicio del poder de dirección patronal, las restricciones impuestas a la actividad profesional del médico como producto de la fijación de honorarios para la atención de pacientes, del sometimiento a un cierto contralor y de la exigencia de cumplir con diversas reglas propias del ejercicio de la profesión pues, por las circunstancias del caso, dichas medidas pudieron haber sido consecuencia necesaria de la organización y funcionamiento del sistema médico asistencial en que el reclamante se había incorporado sin que por ello precisamente se altere la naturaleza autónoma de los servicios comprometidos (doctrina de Fallos:323:2314). -Voto del juez Lorenzetti-.
Despido, cooperativa de trabajo, principio protectorio
Materia: LABORAL
Carátula: Lovrincevich Walter Gerardo c/ Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-12

El caso más común de fraude que se puede enmascarar bajo la forma de "cooperativas de trabajo" se presenta cuando la única finalidad del ente consiste en proveer servicios a terceros. Los interesados recurren a la cooperativa (una suerte de agencia) a fin de obtener empleo, deben hacerse socios de ella y ésta, en tal carácter, los envía a terceros (clientes) que les asignan trabajo efectivo. A diferencia de lo que acontece en el derecho civil (en que no hay acción entre los copartícipes de la simulación ilícita, art. 959 del Cod. Civil) en este caso, sometidas las normas del derecho común a un examen de compatibilidad con los principios especiales de derecho de trabajo, tendremos que en virtud del principio protectorio se impone que se considere irrelevante jurídicamente la voluntad del trabajador dirigida a la evasión de las normas de derecho laboral de modo que siempre tendrá acción para poner en claro la simulación ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas normas. En este sentido la sanción del decreto 2.015/94 consideró al margen de la naturaleza propia de la institución cooperativa, a toda organización que se dirija a brindar servicios a terceros a través de la utilización por parte de éstos de la fuerza de trabajo de sus asociados, circunstancia receptada actualmente en el art. 40 de la ley 25.877.
Constitución Nacional, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como última ratio del orden jurídico, y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable o bien cuando se trate de una objeción constitucional palmaria.
Régimen de consolidación de deudas, obligación principal, obligaciones accesorias, obligaciones de dar sumas de dinero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Vialidad c/ Cervecería y Maltería Quilmes s/ expropiación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Siempre que existan dos obligaciones dinerarias a cargo del Estado Nacional, la obligación que resulte accesoria se consolidará si la principal se consolida y resultará excluida del régimen cuando la principal también lo estuviera.

Lo esencial a los fines de la consolidación es que ambas obligaciones sean dinerarias; en caso contrario no podría hablarse de "accesoriedad" en los términos de la ley 23.982 (Voto del Dr.

Antonio Boggiano).
Caducidad de instancia, cómputo del plazo, plazos procesales, suspensión del plazo, coronavirus
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Coronel Manuel Oscar  c/ Iza Carlos Enrique y otro s/ reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-02-13

Resuelve que, a los fines de contar los plazos, se debe tener presente las distintas acordadas emitidas por la Corte Suprema de Justicia a raíz de la Pandemia SARS-COVID 19, mediante las cuales se dispuso suspender los plazos procesales. Ésta suspensión trae aparejado la paralización del cómputo del plazo para que pueda operar la perención de instancia, siendo que los mismos se encontraron suspendidos, no se cumplió el plazo de seis meses necesario para la declaración de caducidad.
Concesión para la venta de automotores, incumplimiento del contrato, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Como regla, en el ámbito del incumplimiento obligacional, por virtud de la relatividad de los contratos, el titular de la acción resarcitoria es exclusivamente el acreedor, quedando excluidos los terceros que puedan haber sido dañados por la actitud del deudor (conf. Llambías, J., "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", Buenos Aires, 1973 t. I, p. 308, n° 247, nota n° 52; Belluscio, A. y Zannoni, E., "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Buenos Aires, 1984, t. 5, p. 121, n° 2).
Acción de amparo, plazo, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: SORIA ARNALDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S/ ACCION DE AMPARO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-31

No existe impedimento ni es irrazonable imponer legalmente un término de caducidad para el uso del amparo; ello porque esta vía está naturalmente vinculada con la necesidad de proteger y restituir rápidamente el derecho lesionado o amenazado y el transcurso del tiempo, sin requerir protección, puede hacer presumir el desinterés del afectado.
Costas, obligaciones solidarias, Estado Provincial, fiscal de Estado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAYANCA ERNESTO EMILIO s/ Administración (LIBRO: A130 - 471)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-14

Se destaca la imposibilidad jurídica de imponer las costas en forma solidaria a la Provincia y a la Fiscalía de Estado como órgano institución, porque la relación entre el ente y sus órganos -se reitera- no tiene carácter bilateral: se trata de una relación de identidad, de una relación entre el todo y sus partes. El Estado ha actuado por medio de su órgano Fiscalía, que es parte integrante de su estructura, por lo que frente a terceros, el Estado y Fiscalía no suponen una duplicidad de sujetos.-
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, cheque, delitos
Materia: PENAL
Carátula: B, R R I s/ Cuestión a resolver: Un cheque librado sin fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ¨Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71) fecha, rechazado por  Falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por  El tenedor denunciante, ­Es título apto para configurar el delito  Previsto por el artículo 302, inciso primero del Código Penal?  (Tribunal plenario) (Expte. Nro. 745-71)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-03-18

Quienes adhieren a la tesis de que el cheque sin fecha es título apto para configurar el delito del artículo 302 del Código Penal, acuden al artículo 23 del Decreto-Ley 4776/63, que obliga al pago de aquél aunque su fecha sea posterior. No se alcanza a percibir cómo es posible que se invalide el "pactum de non petendo" que importa la postdatación y que paralelamente no se considere como requisito de validez la consignación de la fecha de emisión. El validamiento de los cheques emitidos con la fecha en blanco no parece que sea posible efectuarlo por una aplicación extensiva de, en nuestro caso, el artículo 23, ya que éste se refiere a supuestos de completividad formal y de violación del régimen de pagabilidad a la vista, en tanto que en el supuesto que consideramos nos encontramos frente a un incumplimiento de las condiciones de regularidad de la emisión y que no pueden ser suplidas-válidamente- con posterioridad, porque o el cheque fue emitido sin fecha para ser colocada posteriormente por el tenedor como posterior a la efectiva emisión, lo que desnaturaliza la función de este instrumento o fue librado en tales condiciones para la posterior colocación por el tenedor de la efectiva fecha de libramiento, lo que sería un supuesto absurdo.

(Del Voto del Dr. Flores -En Disidencia-). En el caso, la cuestión a resolver era si un cheque librado sin fecha, rechazado por falta de fondos, completado con posterioridad a su libramiento por el tenedor denunciante, era o no título apto para configurar el delito previsto por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal.
Sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, demanda de escrituración, actualización monetaria, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Casco, Manuel Antonio c/ Torne, Osvaldo y otro. (C. 247). s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al hacer lugar a la demanda de escrituración, consideró que el reajuste del precio no había sido pedido por los enajenantes, sin tener en cuenta que había sido expresamente solicitado por uno de los codemandados en forma subsidiaria, y el restante lo había propuesto en términos que no podían ser desoídos sin incurrir en un excesivo rigor formal.
Excusación, sentencia, segunda instancia, jueces, deber de imparcialidad, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: FRAGA, Ricardo A. y otros. s/ RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

La posterior nulidad de una decisión de segunda instancia dictada en el momento procesal oportuno y dentro del marco de facultades conferidas justifica, para asegurar la necesaria imparcialidad del juzgador, la procedencia del pedido de inhibición planteado por la defensa oficial.