marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Conflicto de poderes, conflicto interno municipal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Soria, Adolfo Omar (Presidente del Concejo Deliberante de Huillapima) c/ Concejo Deliberante de Huillapima s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-23

En el presente conflicto de poderes se presenta el apoderado de un miembro del concejo deliberante demandado, poniendo en conocimiento del Tribunal el incumplimiento de las sentencias dictadas en autos por parte del actor, en su carácter de presidente restituido al solo efecto de que cumpla la manda judicial de convocar en el plazo de cinco días a una nueva sesión preparatoria a fin de elegir las nuevas autoridades del Cuerpo, contenida en la Sentencia Interlocutoria Nro. 82/08.

Este Superior Tribunal Provincial, en uso de facultades constitucionales y legales propias, contenidas en los Arts. 205 de la Constitución Provincial y 166 del CPCC, se encuentra investido de imperio para hacer cumplir sus sentencias. Conforme a ello, se ordena oficiar al Sr. Juez de Paz de local a efectos de que notifique al actor que debe dar estricto cumplimiento a la sentencia dictada en autos, que ordena convocar en el plazo estipulado a una sesión preparatoria a fin de elegir las nuevas autoridades del cuerpo.

Asimismo deberá comunicar sendos actos -convocatoria y resultado de la sesión con mención de las autoridades electas- de manera inmediata a este Tribunal, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de esta orden judicial, se remitirán las actuaciones a la justicia penal a efectos de que se apliquen las sanciones previstas en los Arts.239, 249 y concordantes del Código Penal.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interposición del recurso, circunstancias sobrevinientes, Dirección Nacional de Vialidad, resoluciones
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Dos Arroyos  SCA c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ nulidad de acto.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-28

Si al tiempo en que la Corte debe pronunciarse se ha modificado la resolución 4633/83 de la Dirección Nacional de Vialidad tornando discrecional para la administración la exigencia de acreditar los elementos demostrativos de la distorsión operada, corresponde reenviar la causa a la Dirección Nacional de Vialidad a efecto de que resuelva el reclamo a la luz de las nuevas normas.
Honorarios del síndico del concurso, honorarios del abogado, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DGI EN J: DEPOSITO CUYO S.A.C.I.A. s/ Concurso Preventivo Incidente Verificación Tardia (LIBRO: A134 - 214)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-09-12

Deben regularse separadamente, pues en primer lugar el Síndico no actúa como parte sino como órgano del proceso y está legitimado para actuar en juicio, activa y pasivamente, en cumplimiento de su función. En el caso de autos, al contestar un incidente de verificación tardía tiene legitimación propia como representante de la masa de acreedores. Tal calidad no puede quedar asimilada y subsumida en la actuación y participación que le cabe a la fallida a la cual también se le corrió traslado del incidente de verificación tardía, lo que motivó su contestación, actividad que obviamente genera honorarios que debe soportar el condenado en costas.
Administración Pública, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grubert Alejandro Crisologa y Otra c/ Estado Provincial por Acto de su Honorable Camara de Senadores s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-05-02

La sanción aplicada ostenta carácter personalísimo y solo podría ser personalmente recurrida por el amonestado y no por la parte que éste representa en el proceso.
Recurso extraordinario federal, sentencia, defectos del procedimiento
Materia: LABORAL
Carátula: CACERES ROJAS CARLOS c/ EMPRESA LABORATORIOS ANDROMACO S.A. s/ INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD INCULPABLE, ETC.-RECURSO EXTRAORDINARIO  INTERPUESTO POR DRA. CAMUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-04

Los vicios in procedendo no habilitan el cuestionamiento de la sentencia por vía del remedio federal, cuando lo actuado ha sido consentido, al no haberse introducido la cuestión mediante la vía incidental pertinente, en razón de que los mencionados vicios son de carácter relativo y pasibles de subsanarse por el mero transcurso del tiempo.
Pesificación, importaciones, interpretación de la ley, decreto de necesidad y urgencia, inconstitucionalidad
Materia: ECONOMIA-CONSTITUCIONAL
Carátula: Alfacar S.A. s/ concurso preventivo - incidente de revisión por H.S.B.C. Bank Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-13

Corresponde confirmar la sentencia que consideró que el decreto 410/02 exceptúa razonablemente de la "pesificación" a las operaciones de financiación de importaciones concretadas por entidades financieras ya que la dogmática y genérica alegación de inconstitucionalidad no basta para fundar la pretensión de que la Corte resuelva con prescindencia de un acto público como lo es dicho decreto, puesto que se halla desprovista de la rigurosa carga argumentativa y justificatoria con arreglo a la cual el impugnante debe realizar una "demostración concluyente" de la discordancia "substancial" de la norma impugnada con respecto de la Constitución Nacional.
Beneficios previsionales, prescripción, ausencia con presunción de fallecimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Escanes, Selva María Alejandra c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Bonaerense s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-07

La ignorancia de la actora, tanto de su condición de hija del causante como de la circunstancia de si este se encontraba o no con vida, constituye indudablemente una dificultad o imposibilidad de hecho que obstó el ejercicio de la acción, por lo que, llegado el caso, en este supuesto cabría liberarla de la prescripción cumplida, ya que según las constancias de autos y del expediente administrativo, solicitó la pensión dentro de los tres meses de haber tomado conocimiento de que su padre la había reconocido (art.

3980, Cód Civil).
Revocación de sentencia, caución real, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excarcelación de L. R., V. D. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

En aquellos dictados en las Causas Nº 80.896/19 "P.", Nº 80.939/19 "R." ambos del 25 de noviembre y Nº 81.189/19 "C." del 28 de noviembre, Carlos Alberto González e Ignacio Rodríguez Varela revocaron las resoluciones y ordenaron la libertad de los imputados. En el caso del primero con la imposición de una caución de tipo real de $ 5000 más la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado; en el segundo con la imposición de una caución de tipo real de $ 7000 y la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal de la causa y en el tercer caso con la imposición de una caución real de $ 10.000, el control de uno de los miembros de su familia y la obligación de presentarse ante el Tribunal cada quince días. En cada fallo se analizó por qué no estaba justificada la medida de coerción (art. 210 inc. "k" del CPPF), cuáles eran las presunciones vinculadas con el peligro de fuga que se hallaban presentes o no en cada caso (art. 221 del CPPF) y cuáles los indicadores de peligro de entorpecimiento que fueron descartados en las tres situaciones (art. 222 del CPPF) para finalmente concluir qué medidas alternativas menos gravosas correspondía imponer (art. 210 del CPPF).
Cuestión constitucional, control difuso
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Lapatovski, Susana y otros c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-06

La recurrente ha logrado exponer una cuestión constitucional, al confrontar de modo concreto y suficiente la decisión de la Cámara con las previsiones de los artículos 106 y 14, CCABA, por cuanto señala una extralimitación jurisdiccional por parte de los magistrados actuantes que dictaron una sentencia declarando la inconstitucionalidad de una norma en abstracto, es decir, sin que se hubiera configurado un "caso", "causa" o "controversia judicial". (Voto del Dr. José O. Casás).
Contrato de trabajo, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda, Jorge Antonio c/ Taller Elechap y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-20

"El contrato de trabajo es un contrato-realidad. El principio de la primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir a lo que sucede en el terreno de los hechos".
Contrato de trabajo, indemnización por despido, empleo no registrado, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Valdebenito,   Alejandro c/ Chadsport  SA  y  otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-19

El art. 1 de la ley 25323 ha tenido como finalidad alentar el blanqueo de las relaciones laborales sumergidas en la clandestinidad. Por ello, cabe aplicar dicha sanción ante el caso en que la demandada hizo figurar el contrato de trabajo del actor como de tiempo parcial, aunque en los hechos el accionante probó haber cumplido una jornada completa. Dicha actitud de la empleadora no solamente produjo una reducción de los costos salariales -abonando un salario por jornada redudida cuando contaba con la puesta a disposición a tiempo completo- sino, que ello también trajo aparejada una disminución de las sumas que en concepto de aportes y contribuciones debió ingresar al Sistema de Seguridad Social. La utilización de la modalidad prevista en el art. 92 ter L.C.T. cubrió una conducta elisiva de la accionada, que de esa forma evitó cumplir en toda la extensión debida con las normas del sistema de Seguridad Social.
Contestación de la demanda, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ RAMON G. c/ S.E.G.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Desde un punto de vista procesal, suspender implica privar temporariamente de efectos a un plazo sin comprometer la aptitud del tiempo transcurrido, en tanto que interrumpirlo implica cortar un plazo haciendo ineficaz el lapso que transcurrió, lo que coincide con idénticos conceptos en el derecho civil (conf. arts. 3983 y 3998, Código Civil).

Si se suspende el plazo para contestar demanda por deficiencias de la cédula, cursada nueva notificación continuará rigiendo el plazo suspendido ya que, por no ser un caso de interrupción, no debe computarse la totalidad del plazo acordado para dicho responde.
Recurso extraordinario, falta de acción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE DE FALTA DE ACCION s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-27

La resolución adoptada por el Tribunal, en cuanto confirma el rechazo de la excepción de falta de acción interpuesta oportunamente por el recurrente, no es susceptible de ser revisada por vía extraordinaria. Ello así, por cuanto no constituye sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley N. 48, ni tampoco equiparable, habida cuenta de que no causa al recurrente gravamen insusceptible de reparación ulterior, pues no es tal la obligación de seguir sometido a un proceso criminal, en tanto exista la posibilidad de obtener un pronunciamiento final que remedie la situación.
Prueba del contrato, principio de prueba por escrito
Materia: CIVIL
Carátula: M., R. E. c/ MUNICIPALIDAD DE TRELEW y otro s/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DAÑOS Y PERJUICIOS (SUMARIO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-13

En la doctrina legal vigente en esta materia, principio de prueba por escrito son solamente los documentos y no las fotocopias de ellos. Es que, si como bien dice el Dr. Velázquez en su voto citado, el principio de prueba por escrito debe ser la expresión de la voluntad consciente de la parte a quien se oponen, claramente una fotocopia no llena ese rol, máxime cuando la propia firma del contrato fue negada.
Contadores públicos, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Moreno, Ricardo Héctor s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Nº 19/09 recaída en causa Expte. Nº 153/99 caratulado Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23

La defensa del imputado plantea Recurso de Casación contra la sentencia que lo declaró culpable como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada -veintinueve hechos.

Sostiene que los jueces que conforman la mayoría han violado el principio de igualdad ante la ley, toda vez que para fijar la pena a la coimputada han considerado como atenuante su condena anterior por enriquecimiento ilícito, por entender que se trata de un delito ocasionado por los mismos hechos, pero que la absolución de su defendido por aquel delito no ha sido tenida en cuenta.

Aduce que también se ha violado ese principio dado que, aunque se ha dicho que la magnitud del daño se encuentra dada por los montos sustraídos, se ha condenado a los dos imputados con la misma cantidad de pena, sin considerar que al primero le atribuyeron cuarenta hechos y a la segunda ochenta, y aún cuando la suma de los montos de los cheques involucrados es de ciento siete mil pesos en el caso de su defendido y más de un millón de pesos en el caso de la coimputada.

No advierto que se haya verificado la violación al principio de igualdad que denuncia el recurrente. Por una parte, la condena se refiere a un solo delito -según la creación pretoriana del delito continuado-, no a un concurso real de delitos, por lo que la cantidad de más o menos hechos integrantes de ese concurso en principio endilgado no tiene la relevancia que se le asigna en el memorial.

Por otra parte, aunque el monto de la condena es el mismo, el deber del imputado de garante del bien jurídico lesionado justifica el solamente aparente mayor reproche a éste en comparación con la coimputada, por la mayor jerarquía de aquél en el gobierno de la cosa pública, y en atención a que su función era justamente la de administrador, por lo que estaba más obligado que ella respecto de los fondos en cuestión y, además, porque por su profesión de contador tenía mayor capacidad para reconocer la antijuridicidad del hecho y actuar en consecuencia.

Por ende, dada la legal incidencia, de conformidad con el art. 41 inc. 2 del Código Penal, de las condiciones personales del imputado para determinar la gravedad de la infracción penal concretamente cometida, graduar su culpabilidad y con arreglo a éstas la pena, el agravio deviene improcedente pues la pena impuesta, de la que se acusa rigor, aparece como razonable a la luz de la gravedad del hecho, la jerarquía del imputado en la Administración, su educación universitaria y demás parámetros considerados para su determinación.

Por las razones dadas, en lo que fue motivo de agravio en este punto, el recurso es improcedente.
Sentencia condenatoria, pago, depósito judicial, juicio, conducta de las partes, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, VICENTA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-09-09

De las constancias de los autos principales -requeridos "ad effectum videndi"-, resulta que la demandada -compareció acompañando "comprobante de depósito judicial efectuado en la cuenta judicial en cumplimiento de la sentencia y planilla aprobada, la que da en pago en favor de la actora y de sus letrados, guardando en dicho escrito absoluto silencio respecto a la preservación de su derecho a la prosecución del trámite del recurso directo previamente interpuesto.

Por ello, atento al efecto extintivo del pago respecto de la obligación derivada de la condena impuesta (artículos 725, 505 y concordantes del Código Civil), habrá de colegirse que la conducta asumida por la recurrente en el proceso deviene francamente incompatible con el mantenimiento del remedio deducido por su parte.
Proceso penal, recusación, Ley de Defensa de la Democracia, Código Procesal Penal de la Nación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Gorriarán Merlo, Enrique s/ recusación - Causa N° 1141 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

El planteo recusatorio formulado en un proceso que tramita con arreglo a la ley 23.077 debe regirse por el régimen previsto en la ley 2372, que determina un procedimiento específico en sus arts. 90 y 91 - según modificaciones de las leyes 14.467, 21.628 y 22.199 - (Votos del Dr. Augusto César Belluscio y del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, oportunidad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Balbi, Angel Antonio y otros s/ robo calificado -causa Nx 18.588-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-05

La circunstancia de que al momento de interponerse el recurso extraordinario, no existiese ningún pronunciamiento de la Corte sobre la cuestión de constitucionalidad que se pretende someter a su conocimiento, no exime a las partes de promover y someter a los tribunales de la causa las cuestiones federales que puedan ser decisivas para la resolución del pleito.
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, fundamentación de sentencias, aplicación de la ley, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: PORJOLOVSKY, Claudio y otro s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Se rechazará el recurso de casación interpuesto por la querella en virtud de que no se dan los supuestos previstos en el art. 456, C.P.P., pues los argumentos introducidos por el recurrente se limitan a cuestiones de hecho ya debatidas con anterioridad, poseyendo además la resolución, suficiente fundamentación como para descalificar lo manifestado por el impugnante, en el sentido de que se habría aplicado erróneamente la ley sustantiva, ya que la normativa comercial atinente a las diferencias existentes entre el contrato de locación de obra, administración por cuenta de terceros y el derecho de retención.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lozano, Raúl F. y otro c/ Autoplat S.A.C.I.F. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

Calificar el mérito de una expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales ordinarios de apelación, sólo revisable en casación por vía del absurdo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, culpa, cosa riesgosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ABLO  S.A. c/ BIANCO EMILIO LORENZO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-10

Los daños causados por la acción o reacción propia del animal, están comprendidos en los arts. 1124 a 1131, pero si el animal aparece como una cosa porque el hecho no resulta causado por la actividad instintiva de la bestia; la responsabilidad del dueño o custodio de los animales deberá regirse a tenor de lo dispuesto por el art. 1113, segundo párrafo del C. Civil.

Los animales sueltos en el camino deben considerarse como cosas peligrosas, ya que por si mismos entrañan riesgo para las personas y el tráfico en general. Por lo tanto, demostrado que el hecho se produjo con la intervención de cosas peligrosas, la responsabilidad civil sólo puede ceder si se diera alguna de las eximentes legales: culpa de la víctima o de un tercero.

Dentro de los principios de nuestro Código, la presunción de culpa deriva del propio texto de la ley, pero esta presunción es más enérgica o severa que en el caso de las cosas inanimadas: en cuanto a los animales, en efecto, la ausencia de culpa como causa de cesación de responsabilidad no se admite con carácter general, sino solo en los casos que la ley concretamente ha contemplado (arts. 1125, 1127 y 1128 C. Civil); en cuanto a las cosas inanimadas, por el contrario, la responsabilidad existe si el dueño no prueba que no hubo culpa de su parte (art. 1113 C. Civil), cualquiera sea la causa de su inexistencia.
Médicos, médico cirujano, responsabilidad médica, auxiliares de la medicina
Materia: CIVIL
Carátula: Méndez, Fernando Gabriel c/ Jager, Emilio y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La órbita legal de fiscalización del cirujano, y por ende su responsabilidad, se limita a los actos de su personal auxiliar art. 19, inc. 9°, ley 17.132 -.
Astreintes, intereses moratorios
Materia: PROCESAL
Carátula: PARRILLA, Francisco c/ M° de Salúd y Acción Social de la Nación s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-07

No corresponde la aplicación de intereses moratorios a una deuda en concepto de astreintes. En primera instancia se consideró que tratándose las astreintes de una obligación dineraria impuesta a una conducta que justifica la sanción, la situación de mora acaecía en el momento listo de la configuración de la responsabilidad y, en consecuencia, la mora se remontaba a la data del incumplimiento esgrimido como causa de la acción.
Defraudación, estafa, idoneidad del ardid
Materia: PENAL
Carátula: C., C.M. s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-18

La idoneidad o eficacia del medio empleado para cometer la estafa lo determina precisamente el éxito de la maquinación.
Contratos comerciales, liberación del deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: LAURINO, HUGO c/ FASANELLI, ALBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-07

El convenio que contiene una promesa de liberación de deudas de uno de los contratantes, implica el compromiso de su liberación, en consecuencia, se obliga el promitente respecto del deudor; a diferencia de lo que ocurre en la asunción de deudas, pues en esta última media obligación respecto del acreedor. Así el accipiens ni aún aceptando la liberación de su deudor, adquiriría acción contra el tercero promitente.

Ello es así, pues en la promesa de liberación no existe transmisión de deudas ni incorporación del tercero a la obligación; y siendo el tercero promitente ajeno a la obligación primordial, el acreedor carece de acción contra él.

La obligación convenida no es accesoria, sino distinta e independiente, resultando ser una convención paralela.