Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de septiembre de 2006, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Dra. Marta Paz dijo:

Y VISTOS:

La sentencia de 1ª Instancia por la cual se resolvió condenar a Carmen Quirino a la pena de quince días de arresto, con mas la inhabilitación por el término de cinco años para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar, promover, explotar o comerciar sorteos, apuestas o juegos, por infracción a lo dispuesto en os arts. 116 y 117 del Código Contravencional, y a Daniela Paula Rita D´Elio a la pena de diez días de arresto, con cumplimiento en suspenso, por infracción a lo dispuesto en el art. 117 del Código Contravencional. (fs. 278/288).

El recurso de apelación deducido contra la sentencia de 1ª Instancia por el defensor de Carmen Quirino y Daniela Paula Rita D´Elio. (fs. 290/292).

La presentación de Fiscalía de Cámara obrante a fs. 300/303 de autos.

Y CONSIDERANDO:

1. El recurso de apelación ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2. Las presentes actuaciones se iniciaron el 17 de mayo de 2005 siendo aproximadamente las 16.50 hs. cuando el oficial Gálvez detuvo la marcha de una persona que identificó como Raúl Rosito, en momentos en que salía de un local de revelado de fotografías ubicado en calle Campana ..."emplazado entre el Nº 2797 y 2785... con un papel en su mano, a quien le preguntó si había realizado alguna jugada de quiniela, a lo que habría respondido afirmativamente, labrando acta de infracción a los arts. 116 y 117 del C.C. identificándose a la Sra. Carmen Quirino de D`Elio como encargada del local y secuestrándose un (1) ticket computarizado con anotaciones alfanuméricas (fs. 1).

El 29 de julio de 2005 el oficial Néstor Allegrini quien había sido designado para realizar tareas de inteligencia sobre el local habría observado el egreso de una persona que identificó como María Cristina Sce quien entregó en forma voluntaria cuatro (4) tickets computarizados con anotaciones de quiniela no oficial, con distintas fechas por lo que ingresó al local identificando a quien se encontraba como encargada: Sra. Daniela Paula Rita D`Elio (fs. 81 vta.) procediendo a la clausura del local (fs 93), medida que fue confirmada por el Sr. Juez a quo el 2 de agosto de 2005 (fs. 96) quien dispuso librar orden de allanamiento y, una vez secuestrada la documentación y demás elementos que resultaren de utilidad, el levantamiento de la medida cautelar.

Se secuestró una computadora personal, una impresora, un monitor y una C.P.U. no encontrándose otros elementos de interés para la presente causa. (fs. 106).

La sentencia consideró probado que Carmen Quirino organizaba, explotaba, promovía, comerciaba y ofertaba apuestas y sorteos correspondientes al juego La Quiniela en el local sito en la calle Campana 2795 de esta Ciudad, no contando con habilitación para hacerlo, y que la Sra. Daniela Paula Rita D´Elio promovía, comercializaba y ofertaba apuestas y sorteos correspondientes al juego La Quiniela en el mismo local.

3. Françoise Gorphe enseña que "la prueba testimonial suele ser la más importante en materia penal...`Los testigos -decía Bentahm- son los ojos y los oídos de la justicia`: instrumentos precisos, aunque con frecuencia falaces, han de ser utilizados con gran sentimiento crítico. Prueba relativamente sencilla y fácil de recibir, pero casi siempre muy delicada de apreciar; fuente de numerosos errores judiciales, que podrían haber sido evitados" ("Apreciación judicial de las pruebas" pág. 288. Editorial Temis, Bogotá, 2004).

Es abundante la prueba testimonial producida en la causa.

El Subinspector Antonio Gálvez reconoció las firmas del acta de fs. 4, su letra y el ticket de fs. 7 pero, al mismo tiempo, manifestó -durante el juicio- que `no recordaba el hecho concreto´ (fs. 256 vta.) El testigo Rosito declaró que el día del hecho fue al local a comprar dos jabones. Que la policía lo paró y le pidieron el papel que llevaba. Cree que el papel era sobre jabones que había comprado. Que el local, cree que vende cosas de fotografía no recuerda bien. Que no vende productos de limpieza. Y los dos jabones los compró en ese local... Que no recuerda si hay productos de limpieza exhibidos, le parece que no. Por la compra de los jabones le entregaron un comprobante, que es el que le dió a la policía. (fs. 255, el subrayado me pertenece).

La testigo Sce expresó que había ido al local para comprar pilas. Que el muchacho le dijo que era policía, ella no le creía y no le interesaba al policía que ella llevara pilas.. . . que ella tenía un ticket y las pilas en el bolsillo. Que ella les mostró las pilas a los policías. (fs. 256, el subrayado me pertenece).

La testigo Gómez declaró que: ella vende productos naturales, que cada quince o veinte días pasa por los negocios del barrio...Como conoce a las imputadas, va cada veinte días al negocio...el día del hecho, aparte de dejar el libro, estaba con un estuche de maquillaje y entró la policía...la Srta. D`Elio era la que se estaba probando el maquillaje...no sabe de dónde salieron los tickets que le exhibieron... (fs. 272 vta.) Battaglia dijo que el oficial le mostró un ticket , pero no lo recordaba, cree que era de pilas. Dice que si le muestran el ticket no lo podría reconocer. . .Se le exhibe el ticket de fs. 7 y no reconoce su firma allí. Que no sabe de donde salió ese ticket ni quien lo tenía antes en su poder (fs. 255).

El Fiscal advierte la falta de prueba cuando señala que a pesar de los avatares del debate, en el entendimiento que dos personas se sentaron a mentirle a S.S. el Sr. Rosito y la Sra. Sce, iba a mantener la imputación (fs. 272 vta.).

4. En la sentencia se afirma que Rosito se contradijo, sin embargo, su afirmación respecto de la compra de jabones que habría hecho en el local y que estos no estarían a la vista en el comercio no ha sido desvirtuada en la causa. Refiriéndose a la declaración de María Sce señala que es dable destacar que los precios que surgen de los cuatro tickets son inconcordantes en relación a los valores reales de las pilas (fs. 283), afirmación que no encuentra sustento toda vez que los tickets se refieren literalmente a pilas, y no se ha acreditado por ningún medio de prueba que el valor consignado en los mismos esté alejado de la realidad, ni resulta a simple vista un valor irreal, y aún si fuera irreal o simulado no se ha acreditado que fueran montos de apuestas.

Expresa que tuvo en cuenta la declaración de la Sra. María Isabel Gómez, quien afirmó que concurre al local en cuestión cada quince o veinte días para venderles productos naturales a las encartadas.

Gálvez que fue el oficial de policía que confeccionó el acta contravencional de fs. 4 en la audiencia expresó que no recordaba el procedimiento, lo que no es un dato menor porque hace a la prueba producida en el juicio.

Allegrini que confeccionó el acta de fs. 84 tampoco recordó en la audiencia de juicio oral haber intervenido en el procedimiento contravencional aunque la sentencia lo meritúa como prueba de cargo Tuve en cuenta la declaración testimonial del Principal Néstor Hugo Allegrini, quien si bien en la audiencia manifestó no recordar el hecho, reconoció su firma en el acta de fs. 84. (fs. 283, el subrayado me pertenece).

No hubo testimonios incriminatorios en juicio, tomándose como tales los dichos de los preventores en el sumario. La doctrina procesal considera que sí varias deposiciones se contradicen entre sí se neutralizan ("Tratado de la prueba" Enrique Falcón. T.II, . 375. Ed. Astrea, 2003). En el mismo sentido se expide Peyrano ("La neutralización de los testimonios antagónicos en sede civil" L.L. 2000-E, 1258). Un tema es la divergencia parcial de los testimonios que se puede comprender y hasta resulta lógica, y otra es la total contradicción. En la causa no puede señalarse siquiera la contradicción de los testimonios porque la referencia es a actuaciones previas al juicio.

5. La prueba documental consiste en los tickets obrantes en autos respecto de los que no se puede señalar que pertenezcan a las operaciones que tiene por ciertas el Sr. Juez a quo.

La sentencia señala que con esos elementos de juicio, tuve por probado los hechos del requerimiento, toda vez que, en mi criterio . . . queda claro que los tickets incautados no son otra cosa que una mera pantalla para justificar y acreditar la jugada; sus códigos, valores y letras, condicen plenamente con la jugada correspondiente.

Esta inferencia coincide con la afirmación del Fiscal acerca de que Quirino se presentó ante la L.N.S.E., lo que demuestra que es una conocedora de la normativa que rige el juego y que Quirino se presenta ante la L.N.S.E. para pedir habilitación ...no cabe duda que se encontraba comercializando juego clandestino.

No existe prueba acerca de cómo se llega a la conclusión que los tickets son una pantalla de la supuesta jugada de quiniela ilegal.

La afirmación acerca de que los comprobantes de fs. 92 corresponden a apuestas efectuadas a la quiniela no concuerda con los mismos que corresponden, literalmente, a la compra de pilas, lo que ratifican los testigos.

6. Las probanzas traídas al proceso no son suficientes para fundar el reproche contra las imputadas ya que todos los testigos civiles sostuvieron que el ticket de fs. 7 correspondía a un comprobante de compra de pilas que literalmente es lo que señala, y los preventores en juicio no recordaron el procedimiento.

La CSJN ha señalado que la doctrina de la arbitrariedad procura asegurar la garantía de la defensa en juicio y el debido proceso exigiendo, justamente, que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Cfr.: Fallos: 308:640).- Si el Juez no es fiel con los hechos que definen el meollo de la causa, o si yerra en su emplazamiento, los desinterpreta o, irrazonablemente los toma y hace actuar con mengua de su verdadera significación, o alcance singular, incurre en un error profundo que cae en los vicios de arbitrariedad o absurdo... (Morello, Augusto Mario, Prueba, Incongruencia, Defensa en juicio, Ed. Abeledo Perrot, 1977, pág. 112).

En la motivación de la sentencia se debe expresar cuáles son las razones que, surgidas sólo de las pruebas determinan la decisión adoptada, indicando cual fue el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión y no sólo el resultado de la operación mental.

Aristóteles enseñaba que es sabido que a las partes intervinientes en un juicio no les compete nada mas que demostrar si un determinado hecho ocurrió o no ocurrió, o sea, si fue o no fue, si es o no es, si es grande o es pequeño; si es justo o injusto; y que, tal demostración, se basa en el material probatorio colectado a lo largo del Proceso. (Caerio S. Palacio, El sistema de la sana critica racional en el proceso penal, diario L.L. 30/6/06 con cita de Gorphe Françoise, La apreciación judicial de las pruebas, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1968, pág. 18/19).

La certeza puede definirse como "la firme convicción de estar en posesión de la verdad". En el camino que recorre el intelecto para arribar a la certeza, hay estados intelectuales intermedios como la "duda", "probabilidad" e "improbabilidad", siendo que la ley subordina el dictado de las decisiones judiciales que determinan el inicio, avance o conclusión del proceso a la concurrencia de esos distintos estados intelectuales del juez en relación con la verdad que se pretende descubrir... En torno al principio "in dubio pro reo", en la etapa que aquí se analiza, la "improbabilidad" y la "duda stricto sensu" impedirán el dictado de sentencia de condena. (confr. José I. Cafferata Nores, "La Prueba en el Proceso Penal", 2da. Edición, Buenos Aires, 1994, págs. 5 y siguientes).- 7. El art. 123 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad, y el art. 404 inc. 2 del mismo texto legal dispone que la sentencia será nula si faltare o fuese contradictoria la fundamentación.

La motivación es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión; debe ser derivada, lo que implica el respeto del principio de razón suficiente y su conformación por elementos aptos para llevar a un razonable convencimiento sobre el hecho y el derecho aplicados.

Es así que la sentencia deberá proponer una comunicación persuasiva, por vía de los argumentos que lleven al convencimiento de que se ha cumplido un examen razonado y fiable. La regla consiste en narrar el desarrollo de la investigación y sus conclusiones de tal modo que el relato demuestre que se obtuvo la certeza, en virtud de un procedimiento racional y controlable.

El razonamiento que concluye con la sentencia de condena de las imputadas Quirino y D´Elio, contradice las probanzas de la causa, se aparta del principio de inmediatez y no recepta el principio constitucional in dubio pro reo, lo que torna inadmisible su confirmación, resultando aplicable lo dispuesto en el art. 10 del C.C.: En caso de duda debe estarse siempre a lo que sea mas favorable al contraventor, lo que es derivación del art. 18 de la CN.

Sólo la certeza sobre la culpabilidad del imputado autorizaría una condena en su contra (artículo 3, "a contrario sensu", del C.P.P.N.), pues gozando éste de un estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido (Art. 18 de la C.N.) y legalmente reglamentado (art. 1 del C.P.P.N.), únicamente podría ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido, no ya la probabilidad, sino la más plena convicción del tribunal al respecto. Y en tal aspecto, este Tribunal está autorizado y debe verificar si la sentencia logró la certeza necesaria para dictar sentencia de condena en virtud del control de logicidad de la motivación (arts. 404, inc. 2°), en función del articulo 398, del C.P.P.N. aplicable en virtud del art. 6º LPC). Ello en virtud del sistema de la sana critica racional que, a diferencia de lo que ocurre con el de la íntima convicción exige que las conclusiones a que se llegue sean el fruto racional de las pruebas en que se las apoye, lo que no ha ocurrido en autos.

8. Por todo lo expuesto, y oída la Sra. Fiscal de Cámara que solicitó en su presentación se declare procedente el recurso interpuesto por la defensa, corresponde:

1) REVOCAR la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso.

2) ABSOLVER de culpa y cargo a Carmen Quirino y Daniela Paula Rita D´Elio.

Así lo voto.

El Dr. Jorge Franza dijo:

1. Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto de la Dra. Paz, sin perjuicio de lo cual, diré que la prueba producida a lo largo del debate oral ha sido contradictoria e insuficiente y por tanto, carente de aptitud probatoria. Y si bien la convicción judicial puede formarse a través de indicios, sólo el unívoco podrá producir certeza, mientras que el anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá fundarse solamente en aquél: éste último permitirá, a lo sumo, basar en él un auto de procesamiento, o la elevación de la causa a juicio (confr. Cafferata Nores, La prueba en el Proceso Penal, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1986, pág. 205/206).

Cabe destacar que, como dice Núñez, una sentencia que funde la convicción del tribunal en elementos de significación probatoria dubitativa es ciertamente arbitraria, porque es arbitraria la conclusión única que se extrae de lo dubitativo, por numerosos que sean los elementos de juicio dubitativos. (Inobservancia de las reglas de la sana crítica racional, Com. y Just., t. IV) (confr. Cafferata Nores, ob.cit, pág. 207, cita nº 13).

2. El principio de inocencia tiene jerarquía constitucional a través de la incorporación de los tratados de derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN). Y ello, tiene dos efectos principales; por un lado, el de la introducción expresa en el derecho positivo argentino de máxima jerarquía del principio de inocencia, el que hasta entonces sólo podía deducirse de la Constitución Nacional (si nadie puede ser penado sin juicio previo, antes de que éste termine debe ser tratado como no penable); por otro lado, el de una formulación sumamente precisa de su contenido garantizador, al punto de que bien puede enunciarse diciendo que todo acusado es inocente (art. XXVI, DADDH) mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (art. 8.2, CADH), lo que ocurriría sólo cuando se pruebe (art. 14.2, PIDCP) que es culpable (art. XXVI, DADDH), en las condiciones que se establecen. Quizás el principal impacto de la normativa supranacional sea el de dejar sentado, expresamente, cómo se debe hacer para establecer la no inocencia: habrá que probar la culpabilidad (art. 14.2, PIDCP) más allá de cualquier duda razonable (...), conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa (art. 11.1, Declaración Universal de Derechos Humanos - DUDH-) (confr. José I. Cafferata Nores, Proceso penal y derechos humanos. La influencia de la normativa supranacional sobre derechos humanos de nivel constitucional en el proceso penal argentino, Editores del Puerto, Buenos aires, 2000, pág. 70/71).

3. Por todo lo expuesto considero que corresponde REVOCAR la sentencia apelada y, en consecuencia, ABSOLVER a CARMEN QUIRINO y DANIELA PAULA RITA D´ELIO (arts. 116 y 117 ley 1472; art. 123 CPPN y arts. 50 y 51 LPC).

Así lo voto.

La Dra. Silvina Manes dijo:

1. En primer lugar, he de dejar sentado que adhiero a los votos de mis colegas preopinantes, adelantando mi postura respecto a la revocación de la sentencia puesta en crisis, considerando pertinente efectuar las siguientes consideraciones.

2. Tal como sostuviera en el expediente nº 469-007CC/2006 in re Alcaraz, Héctor, Juan Ramón o Ríos, Ramón Alberto s/ infr. art. 189 bis del CP - Apelación, corresponde en primer lugar justipreciar los agravios vinculados a la valoración de prueba producida en la audiencia de juicio oral y público desarrollada sin la presencia del suscripto.

Si bien el recurso previsto en el art. 61 de la LPC es un remedio limitado, este Tribunal de Alzada se encuentra facultado para llevar a cabo una revisión amplia de los hechos y las pruebas, como único modo de efectivizar la garantía del doble conforme. En este sentido, la doctrina emanada del fallo Casal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sienta las bases para garantizar la doble instancia dentro de los lineamientos instituidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es de resaltar la completividad del acta de debate labrada en las presentes actuaciones obrante a fs. 254/257 y 272/274-, por lo que este Tribunal ha podido efectuar sin inconvenientes el control y valoración de la prueba practicada en el juicio oral.

3. Delineada ya mi posición con respecto al alcance de las materias revisables por este tribunal de alzada, corresponde evaluar si las pruebas rendidas en la audiencia de juicio, analizadas en su conjunto en virtud de las reglas de la sana crítica, permiten tener por acreditada con el grado de certeza necesario las conductas imputadas a CARMEN QUIRINO y DANIELA PAULA RITA D´ELIO en las circunstancias especificadas por el Sr. Fiscal de Primera Instancia a fs. 155/160.

4. Brevemente (pues mi colega preopinante ya ha hecho un pormenorizado análisis de los diferentes testimonios y pruebas cargosas) se desprende del acta de debate que: 1) el oficial Gálvez no recordaba el hecho; 2) Battaglia iba caminando y un oficial se identificó y fueron a un negocio, donde aparentemente se levantaba quiniela y le mostraron una boleta de compra, cree que eran pilas; 3) Rosito fue al local a comprar jabones y que cree que el papel era sobre jabones, que cree que el local vende cosas de fotografía, 4) Allegrini no recordaba el hecho; 5) Gómez vende productos naturales y cada quince días pasa por el negocio; 6) Sce dijo que fue a comprar pilas y que tenía un ticket y las pilas en el bolsillo; 7) los comprobantes de fs. 7 y 92 por la compra de pilas; 8) el informe de fs. 48/71 de que el local no estaba habilitado por Lotería Nacional; 9) el contrato de locación cuyo destino era la comercialización de lotería provincial; 10) el informe de fs. 125/127 que indica que el local estaba habilitado como Agencia de Lotería Provincial por la DGVH-GCBA.

Si al fallar el juez refirió que los testigos Gálvez y Allegrini no recordaban el hecho, que Rosito y Sce fueron mendaces, que Battaglia sólo dijo creer que en el negocio se levantaba quiniela y que Gómez sólo pudo describir como vendía maquillaje a las encartadas, ignora la suscripta como el magistrado arribó a la convicción de cargo suficiente para condenar a las imputadas, cuando ninguno de los testigos dio cuenta de la existencia o posible participación de Quirino y D´Elio en la conducta reprimida por los arts. 116 y 117 de la ley 1472.

La prueba documental tampoco logra sustentar el reproche, pues al poco de analizarla surge que, la circunstancia que el local estuviera habilitado administrativamente y por el locador para vender loterías provinciales sin tener habilitación por parte de Lotería Nacional, no permite concluir per se y con el absoluto grado de certeza requerido que Quirino organizaba, explotaba, promovía, comerciaba y ofertaba apuestas.

Los tickets incorporados representan la venta de pilas. Ahora bien, el juez a quo razona de la siguiente forma: como aquellos no son comprobantes oficiales de Lotería Nacional, ello demostraría que son de apuestas de juego de quiniela clandestina, toda vez que los valores que se encuentran allí impresos no se condicen con el valor real de las cosas que se habrían adquirido.

Sin embargo, Rosito, titular del ticket obrante a fs. 7 explicó que fue a comprar jabones (y su testimonio fue tachado de mendaz) y por otra parte a fs. 92 obran cuatro tickets y no uno, no habiéndose especificado cual de ellos sería el perteneciente a Sce (testimonio también tachado de mendaz), quien además en el debate refirió que fue a comprar pilas.

5. Existen dos modelos de proceso penal, a saber: A) el proceso penal garantista o de estricta jurisdiccionalidad (cognoscitivo), que se orienta a la averiguación de una verdad procesal empíricamente controlable y controlada aunque necesariamente reducida y relativa. Este criterio está informado por el principio de taxatividad al exigir la formulación unívoca y rigurosa de los hechos empíricos calificados como delito: un proceso penal entendido como refutación empírica de las hipótesis acusatorias o verificación de éstas, que asegura la obtención de la verdad mínima en orden a los presupuestos de la sanción, pero garantizada gracias al carácter empírico de las hipótesis acusatoria, por cánones de conocimiento como la presunción de inocencia, la carga de la prueba en la acusación, el principio del in dubio pro reo, el principio de contradicción y el derecho de defensa mediante la refutación de la acusación. El fin de este modelo está legitimado por los medios, de allí que se entiende que las garantías procesales son también garantías de verdad: una verdad más reducida pero ciertamente más controlada que la verdad sustancial más o menos apriorísticamente intuída por el juez. Este modelo cognoscitivo del proceso penal (que deriva de nuestra Constitución local y Nacional) debe estar fundado en el principio contradictorio: esto es proposiciones asertivas susceptibles de verificación y refutación, mediante un procedimiento de control de prueba y refutación que sólo un proceso de partes fundado en el conflicto acusación y defensa puede garantizar. B) El modelo de mera jurisdiccionalidad o decisionista que est á dirigido al descubrimiento de una verdad sustancial y global fundada esencialmente sobre valoraciones. Este es el modelo típicamente inquisitivo, que apunta en todo caso a la búsqueda de la verdad sustancial, que se configura como verdad máxima, perseguida sin ningún límite normativo en cuanto a los medios de adquisición de las pruebas y al mismo tiempo discrecional, aunque sólo fuera por el carácter valorativo de las hipótesis de la acusación, más que pruebas, juicios de valor no refutables por la defensa. En este modelo, el fin (la obtención de la verdad sea cual fuere) justifica los medios (cualquier procedimiento): el principio de legitimación está constituido por juicios de valor: el sentido de valor como fiabilidad del órgano juzgador (soberano, Dios, pueblo, sabios) y en el sentido de valoraciones adoptadas por ellos como fundamento de su decisión (sabiduría, interés nacional, seguridad, etc.): esto acompaña con frecuencia al método inquisitivo: es justo que el que juzga sea un órgano activo en la in vestigación de la verdad sustancial, informada por criterios discrecionales: el papel de la defensa resulta irrelevante o peor todavía se considera un obstáculo para la buena marcha del juicio: el objeto privilegiado del proceso no es el hecho-delito sino la personalidad criminal del reo. (confr. Luigi Ferrajoli, Razón y Derecho, Ed. Trotta 1998, pág. 33 a 45).

La condena impuesta en la presente causa, a tenor de la endebles de los elementos de prueba en los que se basa, no satisface la exigencia de la mínima actividad probatoria, y por ello, impide arribar al grado de certeza necesario para sustentar la decisión.

No se ha logrado quebrantar la presunción de inocencia que goza toda persona involucrada en un proceso penal, toda vez que resulta imposible, con el grado de certeza que toda sentencia condenatoria exige, aseverar que la Sra. Carmen Quirino organizaba, explotaba, promovía, comerciaba y ofertaba apuestas y sorteos correspondientes al juego La Quiniela en el local sito en la calle Campana 2795 de esta Ciudad, no contando con habilitación para hacerlo; y que la Sra. Daniela Paula Rita D´Elio promovía, comercializaba y ofertaba apuestas y sorteos correspondientes al juego La Quiniela en el mismo local, colocándonos en la necesidad de aplicar el principio "in dubio pro reo" por existir una duda razonable.

Explica Bacigalupo que ese principio, en su dimensión normativa se manifiesta en la existencia de una norma que impone a los jueces la obligación de absolver cuando no se hayan podido convencer de la culpabilidad del acusado o de condenar por la hipótesis más favorable al mismo y ...el Tribunal no puede fundamentar su certeza en la duda o la mera sospecha de los testigos o de los policías, y si en estas condiciones ha condenado habrá infringido el principio in dubio pro reo, en tanto norma sustantiva que debe observar en la aplicación de la ley penal (conf. Bacigalupo, Enrique, La impugnación de los hechos probados en el recurso de casación penal y otros estudios , Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 1994 pág. 69/70).

6. El art. 61 inc. 3º LPC contempla la posibilidad de recurrir la sentencia definitiva en el supuesto de arbitrariedad en virtud de un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha esbozado conceptos genéricamente definitorios de arbitrariedad en el sentido que cuadrarían dentro de aquella hipótesis las sentencias que aparecen determinadas por la sola voluntad del juez (fallo 238-23), adolecen de manifiesta irrazonabilidad (fallo 238-566) o de desacierto total (fallo 242-179) o exhiben una ausencia palmaria de fundamentos (fallo 296-177).

Asimismo, en razón de que ese tipo de anomalías es incompatible con la garantía de la defensa en juicio, ese tribunal superior tiene dicho que la exigencia de que las sentencias judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional (fallos 236-27; 240-160), agregando que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos configuren derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa (fallos 238-550; 244-521 y 523), descalificando como arbitrarios a los pronunciamientos que no reúnen esa condición. (Lino Enrique Palacio, El recurso extraordinario federal Teoría y Técnica, Ed. Abeledo- Perrot, 2º edición, Buenos Aires, 1997, pág. 228).

La sentencia recurrida resulta arbitraria ya que no es una derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias de la causa.

Justamente, de la valoración de los testimonios hecha por el juez sentenciante surge la ausencia de la certeza necesaria para sostener sin hesitación la imputación en cabeza de las imputadas 7. Por todo lo expuesto considero que corresponde REVOCAR la sentencia apelada, y en consecuencia ABSOLVER a CARMEN QUIRINO y DANIELA PAULA RITA D´ELIO (arts. 116 y 117 ley 1472; art. 123 CPPN y arts. 50 y 51 LPC).

Así lo voto.

Por todo lo expuesto, atento el mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

REVOCAR la sentencia apelada, y en consecuencia ABSOLVER a CARMEN QUIRINO y DANIELA PAULA RITA D´ELIO (arts. 116 y 117 ley 1472; art. 123 CPPN y arts. 50 y 51 LPC).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Juzgado de primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

Endede 2006 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Conste.

Endede 2006 se libró una cédula. Conste.

Endede 2006 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2006 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 18. Conste.