Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-08


Expte. nro. 2434 "Partido Afirmación para una República Igualitaria y otros c/ GCBA s/ nulidad" Buenos Aires, de junio de 2004 Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1.Los apoderados de los partidos Afirmación para una República Igualitaria, Socialista, Memoria y Movilización Social, y Frente Grande -integrantes de la Alianza Fuerza Porteña- y los diputados/as Delia Beatriz Bisutti, Roy Cortina, Juliana Isabel Marino y Marcelo Edmundo Vensentini promueven acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 113, inc. 2º, CCBA) contra la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 46/69).

Los actores solicitan la declaración de nulidad absoluta de la Resolución nro. 82/03 de la Legislatura -por la cual se designó a los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad- por considerarla violatoria del régimen de mayorías y de proporcionalidad establecido por el art. 136 de la CCBA. Asimismo, pretenden que se condene a la Legislatura a elegir, conforme a derecho, a los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad. En forma subsidiaria -para el caso de que el Tribunal entendiere que no se habría violado el régimen de mayorías y declarase la nulidad parcial de la resolución impugnada- los accionantes piden se condene a designar un auditor más, que deberá ser elegido entre los candidatos postulados por la Alianza Fuerza Porteña.

Las pretensiones deducidas están fundadas en: los vicios del acto administrativo cuestionado, tanto en la trasgresión al régimen de mayorías especiales para la designación de los miembros de la Auditoria General, cuanto en la vulneración al principio de proporcionalidad para designar a los miembros de aquél organismo -exceptuado el presidente-; y en la violación del art. 136 de la CCBA. La actora trae en apoyo de su posición lo resuelto por el Tribunal in re "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ nulidad" (en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. I, ps. 155 y siguientes). Justifican su legitimación para accionar y la competencia del Tribunal para resolver la demanda.

Según los demandantes no existió, al momento del dictado de la Resolución nro. 82/03, la mayoría absoluta exigida por el art. 136 de la CCBA. Ello, porque en la sesión especial del 01/07/03, en la cual fue dictada aquella resolución, se incorporó al cuerpo el Diputado Fabián Valle; incorporación que recién debió haber ocurrido en la sesión ordinaria del 03/07/03. De manera tal que uno de los votos imprescindibles para sancionar la Resolución nro. 82/03 habría sido emitido por quien no podría haber votado y que no era integrante del cuerpo. A partir de la interpretación que formulan del Reglamento de la Legislatura de la Ciudad, de antecedentes legislativos que citan, y de la crítica al despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aprobara la incorporación del diputado Valle, los actores buscan dar sustento a su posición.

En cuanto a la supuesta vulneración del principio de proporcionalidad (art. 136 de la CCBA), los accionantes consideran que no se respetó la conformación por bloques de partidos y/o alianzas existentes en la Legislatura al momento de elegirse a los auditores generales. El bloque Fuerza Porteña integrado, según declaran, por catorce diputados y diputadas, no fue reconocido para la asignación de cargos de auditores generales y, con ello, se habría violado el art. 136 de la CCBA. A estar a la demanda, desde la comunicación de ampliación de ese bloque a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, el bloque Fuerza Porteña contó con 14 diputados; y esa comunicación habría satisfecho lo dispuesto por el art. 104, segundo párrafo del Reglamento de la Legislatura.

2.A fs. 73/108, la actora solicita que la acción incoada sea considerada como acción de nulidad y funda la competencia del Tribunal en el art. 113 inc. 6º de la CCBA.

3.El Tribunal, por resolución del 10/09/03 obrante a fs. 110/112, se declaró competente (art. 113, inc. 6º, CCBA); tuvo por debidamente legitimados a los presentados; definió el procedimiento aplicable; ordenó el traslado de la demanda a la Procuración General de la Ciudad; dispuso hacer saber la existencia del proceso a la Legislatura y que, por intermedio de la Sra. Presidenta de ese Cuerpo, se extendiera este conocimiento a todos los legisladores para que, en caso de considerarse interesados, tomasen en el proceso la intervención que correspondiera; y, con la finalidad de integrar debidamente la litis, dio traslado de la demanda a los auditores generales Matías Barroetaveña, Alicia Margarita Juana Boero, Josefa Arminda Prada, Antonio Rubén Campos, José Luis Giusti, Nicolás Corradini y Vicente Brusca.

4.A fs. 330/343 la Legislatura contesta demanda. Afirma que su Reglamento no prescribe, en ningún punto, que el temario de la sesión especial sea exclusivamente el incluido en el acto de convocatoria; y que la jura de un diputado, que hace a la integración plena del cuerpo, no puede postergarse a partir de la distinción entre "temarios específicos" y "temarios no específicos"; que la incorporación de nuevos diputados es un deber constitucional de la Legislatura. Por fin, detalla antecedentes parlamentarios que muestran que otros diputados habrían sido incorporados en la primera sesión convocada.

Respecto a la violación de la proporcionalidad reglada en el art. 136 de la CCBA, sostiene la necesidad de adoptar un criterio que tenga en cuenta la conformación originaria -partidos o alianzas que hubieran obtenido bancas- con los cambios -aparición de nuevos bloques, división de los ya conformados, etc.- propios de la dinámica de la actividad política con las garantías necesarias para la transparencia, claridad, publicidad , organización y funcionamiento del cuerpo. En este punto, afirma, que es adecuada la regulación de los arts. 103 a 105 del Reglamento de la Legislatura. Estas normas prevén que para conformar, adherir o abandonar un bloque existente basta con satisfacer mínimas formalidades que obedecen a razones de transparencia, claridad, publicidad, organización y funcionamiento.

La demandada defiende el criterio utilizado en la sesión del 01/07/03 por respetar, a su juicio, el art. 136 de la CCBA. Agrega que la nota presentada ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura no satisface los recaudos formales exigidos por el Reglamento para la configuración de un bloque parlamentario y solicita el rechazo de la demanda.

5.En su carácter de auditores, los señores José Luis Giusti y Antonio Rubén Campos (fs. 244/266), Vicente Mario Brusca (fs. 267/270), Matías Barroetaveña, Alicia Boero y Josefa Prada (fs. 529/548), contestaron demanda y solicitaron el rechazo de la acción intentada.

6.En su carácter de legisladores, los señores José Palmiotti (fs. 378/385) y Cristian Cayetano Caram (fs. 509/522), contestaron demanda y solicitaron el rechazo de la acción intentada.

7.A fs. 558, la Procuración General de la Ciudad adhirió a la contestación de demanda efectuada por la Legislatura en atención a que ésta asumió su propia defensa.

8.El Sr. Fiscal General, Dr. Mandalunis, dictamina que la demanda debe rechazarse (fs. 588/593).

9. El día 17/03/04 se celebró la la audiencia prevista en el art. 6 de la ley 402 en donde fueron ratificadas las posiciones de los intervinientes y del Ministerio Público Fiscal (fs. 665/667) Fundamentos:

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1.La actora plantea la nulidad absoluta e insanable de la Resolución nro. 82/03 por violar el régimen de mayorías y el principio de proporcionalidad precriptos en el art 136 de la CCBA.

Las dos cuestiones que introduce la demanda y las diversas razones en las que se funda la impugnación a la resolución indicada serán analizadas en los apartados que siguen.

2.Violación al régimen de mayorías: invalidez de la sesión en la que fue incorporado el diputado Valle.

La accionante afirma que la Legislatura no debió incorporar al diputado Valle en la sesión del día 01/07/02. Con esa incorporación ocurrida en una sesión especial, el órgano legislativo habría afectado el principio de representación de los partidos políticos y el régimen de mayorías del art. 136 de la CCBA y normas reglamentarias.

Los argumentos expresados no resultan atendibles.

a)La Legislatura tiene el deber constitucional de incorporar a los nuevos diputados de la manera más expeditiva. El sistema de gobierno representativo (art. 1, CCBA), en el caso del cuerpo legislativo, adopta el sistema proporcional (arts. 68 y 69, CCBA) y define la integración de ese cuerpo con 60 diputados (art. 68, CCBA). El constituyente consideró que ese era el número mínimo para que el régimen proporcional funcionara adecuadamente, al punto de que si la población se incrementara, está prevista la posibilidad de aumentar el número de legisladores (art. 68, CCBA). El poder legislativo local debe, entonces, funcionar con ese número de integrantes, por debajo del cual el sistema de proporcionalidad se altera porque "la Legislatura se compone de sesenta diputados o diputadas" no de menos. Siempre debe haber 60 diputados en ejercicio y con posibilidades de asistir a una sesión, lo cual no impide que la Legislatura cuente con algunas sesiones con menos diputados o diputadas (vrg. ausencias, licencias, etcétera). La incorporación inmediata de sus miembros, incluso en sesiones especiales, es una práctica de la labor parlamentaria -como surge de los antecedentes que menciona la Legislatura en su contestación- que la actora no logró cuestionar en la audiencia. De acuerdo con la documentación recibida (10/03/04), la Comisión de Asuntos Constitucionales se había expedido favorablemente el 30/06/03 respecto de la incorporación del diputado Valle en lugar de la diputada Oyhanarte, no hay constancias de que hubieran sido formuladas objeciones posteriores a aquella fecha, y se advierte que firman el despacho de comisión algunos de los diputados (Marino, Puy, Bellomo) que, por sí o a través de sus partidos, interpusieron esta demanda. No se observa en el Reglamento de la Legislatura, ninguna disposición que obste a esta interpretación, que parece la más adecuada a la efectiva vigencia de los principios constitucionales que están reiteradamente invocados en la demanda, pero cuya afectación no se demuestra.

b)Resulta contradictorio que la actora afirme, por un lado, la preeminencia del sistema representativo proporcional y, por el otro, denuncie la nulidad de la sesión especial del 01/07/03 por la integración del diputado Valle, con la cual se satisfacía la exigencia constitucional respecto a la composición de la Legislatura, en el número de sesenta diputados. La contradicción señalada es más significativa ya que no se prueba que la incorporación de Valle lesione principios constitucionales o perjudique al sistema democrático y representativo de gobierno, o al régimen proporcional o de mayorías fijados por la CCBA.

c)La invalidez que la actora atribuye a la incorporación de Valle, la lleva a sostener que la votación, que definió quiénes eran los nuevos Auditores Generales, no contó con mayoría absoluta que exige el art. 136 de la CCBA. En tanto la aprobación del pliego de Valle fue válida, esta conclusión queda desvirtuada y no requiere mayor tratamiento.

d)La falta de consistencia de la argumentación de la actora alcanza al agravio fundado en la supuesta renuncia tardía del diputado Srur que fuera introducido en la audiencia del 17/03/04 por la letrada patrocinante. El art. 73, CCBA, menciona "el ejercicio de cualquier empleo o función pública" como presupuesto de hecho para establecer la incompatibilidad con el cargo de legislador. En el caso, no medió ese ejercicio simultáneo con el cargo de diputado. En efecto, Srur votó la resolución cuestionada y renunció al finalizar la sesión, renuncia que no fue objetada por el cuerpo. Aceptar el nombramiento y asumir las funciones en el PAMI eran decisiones que sólo competían al diputado saliente quien, mientras no renunciara a la banca, conservaba los derechos y obligaciones de todo legislador.

3.Violación al principio de proporcionalidad.

a)La actora impugna por inconstitucional la falta de reconocimiento del Bloque Fuerza Porteña integrado, según declara, por catorce diputados y diputadas y la consecuente asignación de cargos de auditores generales en violación del art. 136, CCBA.

b)La Legislatura define los bloques o alianzas a considerar en la integración de la Auditoría, según lo dispuesto por su Reglamento en el Título VIII "De los Bloques Parlamentarios".

c)El art. 103 dice que los diputados y diputadas pueden organizarse en bloques de acuerdo a sus afinidades políticas, en cualquier momento del año parlamentario y sin número mínimo de integrantes. El art. 104 indica que los Bloques "quedan constituidos cuando le comunican a la Presidencia de la Legislatura, mediante nota firmada por todos sus integrantes, su denominación, composición y autoridades. La constitución de cada Bloque será formalmente notificada por la Presidencia de la Legislatura al Cuerpo, en la primera sesión subsiguiente", y agrega que la actualización de la información referiada a la integración de todos los bloques parlamentarios en el sitio de Internet de la Legislatura será ordenada por la Vicepresidencia 1ª dentro de los quince días a partir de su constitución y/o modificación formal. Como la conformación de un Bloque tiene consecuencias administrativas (art. 105) a más de las de naturaleza política, los requisitos formales del art. 104 permiten establecer desde qué momento un bloque tiene existencia como tal y quiénes pertenecen a él.

d)El día 02/04/03, el Bloque Alianza Fuerza Porteña quedó constituido formalmente con cinco diputados y diputadas (Moresi, Dosch, Vensentini, Bellomo y Campolongo), como lo acredita la nota dirigida a la Presidencia de la Legislatura, nota que fue leida en sus términos originales en la sesión del 02/04/03, con lo cual dicha lectura en nada modificó la integración del bloque.

En la sesión del 01/07/03, los actores sostienen que otros diputados, que no habían suscripto la nota del 2/4/03, se han sumado al Bloque Fuerza Porteña. Arguyen que habían comunicado esa ampliación a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, y que esa notificación satisface la prescripción del párrafo segundo del art. 104 del Reglamento. Sin embargo, la Junta es un órgano distinto de la Presidencia de la Legislatura y por lo tanto posee otras competencias, ninguna de las cuales refiere a la constitución, notificación y publicidad de la conformación de bloques. Además la presentación aludida ni siquiera lleva la firma de los diputados interesados en integrar el Bloque Fuerza Porteña, sino la de terceras personas.

e)La noción de alianza o bloque defendida por la Legislatura es más amplia que la incluida en la Ley Orgánica de Partidos Políticos (art 10), contempla la posibilidad de cambios en el agrupamiento de los legisladores como consecuencia de su actuación en el parlamento, y prevé un mecanismo que permite conocer el estado de situación al tiempo de votar. Las previsiones de los arts. 103 a 105 del Reglamento tienden a hacer más transparente el mapa de acuerdos o coincidencias políticas al interior de la Legislatura, y a facilitar su reconocimiento cuando éste es relevante para garantizar disposiciones constitucionales (como sucede en el caso de la designación de los auditores generales).

Los demandantes, en cambio, apelan a dos criterios incompatibles entre sí, para individualizar las alianzas o bloques de la Legislatura existentes al tiempo de dictarse la resolución nro. 82/03. Admiten que todos los bloques o alianzas son definidos de conformidad con lo establecido por el Reglamento, pero exceptúan al que dicen haber conformado. En efecto, pese a que el Bloque Alianza Fuerza Porteña no había cumplido con los requisitos de los arts 103 a 105, afirman su existencia y pretenden que la omisión de la notificación a la Presidencia es sustituible por la nota dirigida a la Junta de de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura.

Se trata, en fin, de razones ad hoc o de conyuntura que, elevadas a criterios generales garantizan menos que el procedimiento reglamentario, la publicidad de la conformación de bloques, y que restan significación a una cierta permanencia y estabilidad de las alianzas, condición implícita en los arts 103 a 105, para su reconocimiento.

Por último, es importante destacar que el sometimiento de la constitución de alianzas parlamentarias cuya mutabilidad es frecuente, a ciertas formas preestablecidas, es una manera de asegurar la aplicación igualitaria de reglas a la actividad parlamentaria. Y, más aún, de controlar si la Legislatura da efectiva realización a principios constitucionales como el de representación, en situaciones del tipo de las que están regladas por el art 136, CCBA.

4.El análisis contenido en los apartados anteriores determina el rechazo de la demanda. En cuanto a las costas, la trascendencia institucional del conflicto planteado vinculado con la integración de un organismo de control establecido en la Constitución local, justifican su imposición por el orden causado. Así voto.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Adhiero al voto de la Sra. jueza de trámite, en los siguientes términos sintéticos:

I Sobre la incorporación intempestiva de un legislador a la Legislatura El planteo de nulidad está centrado en la supuesta prohibición para la Legislatura de tratar en una sesión especial -convocada originariamente a otros efectos- la aprobación del pliego de un diputado que ingresa a ella por renuncia del titular. La interpretación de la procedencia de una nulidad es de carácter restrictivo, en especial cuando el acto en cuestión sea susceptible de saneamiento (ver, por ejemplo, Alberto M. Binder, El incumplimiento de las formas procesales, Ad Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 98-116). En el caso, resulta claro que la alegación sobre la invalidez del acto de marras no se dirige contra la calidad del título del diputado, sino sólo contra la oportunidad de su designación. Razones de economía procesal aconsejarían desde ya, sin mayor examen, confirmar un acto saneable y, en todo caso, ya saneado.

Pero contra la impugnación militan aún razones de mayor peso. No existe en el reglamento prohibición alguna de convocar a reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria antes de una sesión especial (el segundo párrafo del art. 107 del Reglamento inclina más bien la interpretación en favor de la necesidad de reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria antes de cualquier sesión). Tampoco existe prohibición alguna para que la Comisión de Labor Parlamentaria incluya temas en la sesión especial (el encabezado del artículo 108 y su inciso 1° sugieren más bien la existencia de una facultad al respecto, mientras no se deje de lado el objeto de convocatoria de la sesión especial). Anular un acto sobre la base de una pretendida prohibición de carácter implícito importa una interpretación expansiva del régimen de nulidades, diametralmente opuesta a la regla de interpretación restrictiva ya señalada.

Por último, cabe conceder deferencia al órgano natural de interpretación del Reglamento Interno de la Legislatura, que es la propia Legislatura. La intervención judicial sobre el funcionamiento ordinario de los demás poderes del Estado importa el riesgo de afectar el principio de división de poderes y requiere, por ende, prudencia. Se trata de un criterio universalmente reconocido en los regímenes jurídico-políticos que recogen ese principio de organización estatal: "Que la Constitución asigne en la división de poderes ámbitos funcionales para la acción y la decisión autónomas al parlamento, al gobierno, a la Administración y a la jurisdicción ordinaria que debe respetar el Tribunal Constitucional [alemán] es algo expresado en múltiples ocasiones en su jurisprudencia. Mientras no se oponga a mandatos o prohibiciones constitucionales, el parlamento es libre en el empleo de sus facultades legislativas de configuración, en la determinación de prioridades y en el recurso a medios presupuestarios" (Helmut Simon, "La jurisdicción constitucional", en E. Benda, W. Maihofer, J. Vogel, K. Hesse y W. Heyde, Manual de Derecho Constitucional, IVAP-Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 851).

Los actores no logran articular vínculo alguno entre la supuesta prohibición de tratar un pliego en sesión especial convocada originalmente a otro efecto y reglas o principios de la Constitución local. Antes bien, la rápida incorporación de un miembro de la Legislatura apenas producida una vacante, amén de constituir una práctica parlamentaria habitual, resulta avalada por el respeto del principio representativo de gobierno, que constituye el fundamento de la integración plural del cuerpo. Impugnar la interpretación de una norma interna, que en modo alguno afecta reglas o principios constitucionales, supone para los actores la carga de demostrar la completa irrazonabilidad de la interpretación hecha por el cuerpo, sin que baste la mera diferencia de opinión o la posibilidad de una interpretación distinta. Los actores distan de haber cumplido con esa carga y los elementos de prueba arrimados son, antes bien, contrarios a ellos.

Por ende, como el legislador resulta correctamente incorporado, la proporción necesaria para elegir a los auditores resulta tambièn correcta y el planteo de nulidad debe ser rechazado.

II Sobre la lesión al principio de proporcionalidad La segunda cuestión importa revisar si la interpretación que ha hecho la Legislatura sobre el término "alianza" empleado por el art. 136 de la CCBA es razonable o, por lo contrario, si debe ser reemplazada por la que proponen los demandantes. El estándar hermenéutico aplicable impone también aquí deferencia hacia la interpretación hecha por la Legislatura, salvo que los actores logren demostrar la lesión evidente de un principio o regla constitucional, o la irracionalidad de esa interpretación según reglas generales del mismo tipo.

La Legislatura ha elegido interpretar el término "alianza" en consonancia con la noción de "bloque parlamentario" definida en los artículos 103 a 105 de su Reglamento Interno. Esta interpretación amplía la noción de "alianza" establecida en el art. 10 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (ley nacional nro. 23.298, con las modificaciones introducidas por las leyes nacionales nro. 23.476 y 25.611) -norma aplicada localmente por remisión al Código Electoral Nacional mientras la Ciudad carezca de ley específica sobre la materia-. Los demandantes no han demostrado que esta interpretación sea irrazonable. Ellos sólo pretenden sustituirla por su propia interpretación del término. La regla hermenéutica de deferencia hacia la decisión de la Legislatura bastaría para rechazar la impugnación.

Si aún se pretendiera evaluar la razonabilidad de la interpretación hecha por la Legislatura, cabe reconocer que ella resulta notoriamente más ajustada a la trascendencia del acto que se cuestiona que la propuesta por los demandantes. Parece razonable subordinar el acto de constitución de una alianza al cumplimiento de requisitos que demuestren su vocación de permanencia, cuando lo que se pretende es distribuir proporcionalmente cargos de un organismo de control de jerarquía constitucional a través de un acto destinado a prolongar sus efectos durante un período de cuatro años. La remisión al procedimiento de formación de bloques parlamentarios establecido por el Reglamento Interno de la Legislatura cumple con este fin de modo más cabal que el método de constitución de la alianza postulado por los actores -que, en comparación, ofrece mucha menor publicidad y menor certeza sobre el carácter permanente del grupo así constituido-. En resumen, los impugnantes no acercan razones para preferir su interpretación por sobre la efectuada por la Legislatura.

Por ambas razones, la acción de nulidad impetrada debe ser rechazada.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Adhiero al voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz por sus fundamentos y conclusiones.

Simplemente deseo poner de resalto que, más allá de que ninguna disposición reglamentaria impida a la Legislatura de la Ciudad aprobar en una sesión especial el pliego de un diputado que a ella ingresa -para cubrir una vacante-, la observancia de la forma representativa de gobierno consagrada en el art. 1° de la CCBA, aconseja -por regla-integrar el cuerpo de legisladores en la primera oportunidad posible. Por lo demás, tal modalidad constituye una práctica parlamentaria habitual.

Es claro que el reglamento interno de la Legislatura no debe vulnerar principios, derechos o garantías reconocidos en la Carta Magna local y el poder judicial resulta habilitado para ejercer el control de su constitucionalidad. Sin embargo, en este caso concreto, los accionantes sólo proponen una interpretación posible del conjunto de reglas que rige la cuestión, sin lograr demostrar la irrazonabilidad del criterio sostenido por la propia Legislatura.

Así lo voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. Como lo han señalado mis colegas, dos son básicamente las cuestiones sobre las que transita el debate en este proceso. La primera de ellas, vinculada con la regularidad de la incorporación de un diputado a la Legislatura y la segunda, con el criterio de distribución proporcional empleado para la elección de los miembros de la Auditoría General.

2. Es la propia Legislatura el Juez de los títulos de los diputados que la integran y, en mérito a los límites que establece el delicado equilibrio del sistema de división de poderes, a los jueces sólo nos corresponde conocer en tal decisión cuando se invoca una violación de los procedimientos establecidos para ello.

De acuerdo a lo expuesto por los accionantes, habría existido una violación de los procedimientos que condujeron a la incorporación del diputado Valle y ella consistiría en que su admisión al Cuerpo se produjo en una sesión especial, convocada con un objeto concreto, y no en una sesión ordinaria, como habría sucedido en otras oportunidades, que detallan.

Con relación a ello, caben dos consideraciones básicas. La primera, de mayor peso en el balance de la decisión a adoptar, es que ni la Constitución ni las normas que gobiernan el funcionamiento de la Legislatura exigen que la incorporación de los diputados deba efectuarse en una sesión de naturaleza ordinaria.

¿La incorporación en una sesión especial vulnera algún principio o garantía del sistema constitucional? Por el contrario, es claro que según el artículo 68 de la Constitución de la Ciudad, el Poder Legislativo es ejercicio por una legislatura compuesta por sesenta diputados, así como que ese cuerpo no entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros [art. 74], por lo que es relevante que en todo momento se encuentre conformada por el máximo de legisladores posible. De lo contrario existiría un déficit objetivo en la posibilidad de alcanzar el piso mayoritario exigido por la Constitución, en detrimento de los intereses de los habitantes de la Ciudad, que deben ser debatidos en el seno del órgano deliberativo. Ello debe ser así ante cada debate que se presenta, se produzca éste, o no, en el marco de una sesión ordinaria.

Entonces, la incorporación de un diputado en el marco de una sesión especial no sólo no vulnera la Constitución, sino que satisface adecuadamente los principios que sustentan al sistema representativo. Esta consideración se ve claramente reforzada si a ello sumamos, como circunstancia relevante, que lo que se iba a debatir y votar en esa reunión era la integración de la Auditoría General, un órgano de control para cuya conformación, por disposición de la norma máxima local [art. 136], debe tenerse en cuenta la "representación numérica" de las distintas fuerzas en el cuerpo, ponderación que se vería alterada en perjuicio de la representación del electorado de no convalidarse la incorporación del representante electo por los habitantes de la Ciudad.

Por ello, una vez que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura verifica los títulos de un diputado, lo lógico, desde el punto de vista del óptimo funcionamiento del sistema representativo, es que éste se incorpore en la primera sesión que se celebre, cualquiera sea su naturaleza.

Como segunda consideración, cabe exponer que el hecho de verificar -como se postula en el escrito de inicio- que otros legisladores sustitutos fueron designados en sesiones ordinarias, nada aporta al debate; pues ello no enerva lo anteriormente expuesto y, por otra parte, no consta en la causa que en esos casos, en el ínterin entre la verificación de los títulos por la Comisión y la sesión en la que se produjo la incorporación, haya habido una sesión especial en la que no se efectuó la designación, esperando a la ordinaria. Lo lógico, como ha ocurrido en este caso, es que la incorporación del representante popular se haga en la primera oportunidad posible, pues ello es lo que mejor se condice con la efectiva vigencia del sistema representativo y republicano.

El de inmediatez posible debe ser el criterio que debe regir la incorporación de los legisladores y ha sido, claramente, el que sustentaron los redactores del Reglamento de la Legislatura, de conformidad a lo que se desprende de los artículos 29, 33, 87 y disposiciones concordantes de ese cuerpo normativo.

El acuerdo constitucional en virtud del que hemos establecido que "...el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes..." [art. 22 de la Constitución Nacional] exige, para no ser desvirtuado, que en todo momento se cuente con el máximo de representación posible.

3. Con relación a la segunda cuestión planteada en la demanda, los actores discrepan con la manera en que fue aplicado el art. 136 CABA, en cuanto establece que los miembros de la Auditoría deben ser designados según las propuestas efectuadas por los "partidos políticos y alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad". En concreto, se encuentra cuestionado el alcance atribuido a la expresión "alianza de la legislatura" y si debía habérsele reconocido este carácter al "interbloque" constituido por los legisladores demandantes.

a) Con anterioridad a esta causa, sostuve -al votar en forma conjunta con los Dres. Muñoz y Casás- que " El constituyente reguló expresamente todo lo vinculado a la integración de la Auditoría General: estableció mayorías especiales para la designación de sus miembros, asignó la presidencia a una minoría determinada y previó la proporcionalidad para designar a los restantes miembros. Ello demuestra que, entre generar un espacio de libertad de decisión política o establecer una regla jurídica, optó por la segunda " (autos "Partido Justicialista y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Legislatura)" -expte. nro. 50/99, sentencia del 14 de julio de 1999).

El art. 136 CABA dispone: "La Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su Presidente o Presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad" .

La proporcionalidad que exige la norma podía ser satisfecha de diversos modos, pues ella no establece un criterio determinado. En la sesión del 1/7/03 se adoptó uno de esos criterios, con el que discreparan -debatiendo la cuestión en el momento- los actores en este proceso. En función de la acción de nulidad interpuesta, lo que cabe determinar es si el criterio elegido vulneró disposiciones constitucionales, resultó irrazonable u obvió algún procedimiento preestablecido por el Cuerpo.

La proporcionalidad valorada en la sesión que motivara la resolución cuestionada se estableció en función de la cantidad de diputados que integraban cada bloque reconocido según el procedimiento establecidos en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Cuerpo; disposiciones en orden a las cuáles, para que la actuación conjunta de los legisladores fuera reconocida y validada como tal por la Legislatura, ellos debían constituirse en "bloques parlamentarios".

Expresa claramente el art. 103 que "Los diputados y diputadas pueden organizarse en bloques parlamentarios, de acuerdo con sus afinidades políticas...". y el art. 104 prevé que "...Los bloques parlamentarios quedan constituidos cuando le comunican a la Presidencia de la Legislatura, mediante nota firmada por todos sus integrantes, su denominación, composición y autoridades...".

La sujeción a la pauta reglamentaria puede haber resultado más o menos favorable para el cómputo final de votos del sector político integrado por los actores, pero no aparece como inconstitucional o irrazonable. De hecho, los demandantes no han logrado demostrar ante estos estrados que lo actuado y decidido violara algún procedimiento o disposición de máxima jerarquía normativa.

b) De las constancias obrantes en el expediente surge que el día 2 de abril de 2003, con cinco diputados, se constituyó el Bloque Fuerza Porteña. Lo hizo mediante nota remitida a la Presidenta de la Legislatura, firmada por los legisladores que lo integraban, con especificación de la distribución interna de cargos, de acuerdo con lo previsto en el art. 104 del reglamento (fs. 273).

Los actores, con fecha 30/6/2003, remitieron una nota a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control haciéndole saber la constitución de la Alianza Fuerza Porteña con 14 diputados y solicitando que ella fuera leída en la audiencia pública prevista con miras a la designación de auditores, pretendiendo, de esa forma, que la "alianza" tomara estado público y solicitando que se aclarara que a esta agrupación le correspondía la designación de dos auditores. Dicha nota fue contestada por cuatro de los miembros de la Junta, quienes respondieron que no le correspondía a ese órgano "dictaminar acerca de la cantidad de auditores que le corresponden a cada partido o alianza con representación en la legislatura" y que la proporcionalidad a la que hace referencia el art. 136 CABA "...debe ser establecida por el pleno de la legislatura como cuestión previa al tratamiento de los candidatos a designar..." ( escrito de demanda, fs. 93/94).

Durante la sesión del día 1/7/03, en la cual se designaron los miembros que integrarían la Auditoría, se debatió ampliamente el tema de la proporcionalidad, el alcance de la expresión "alianza de la Legislatura" y la naturaleza de la coalición formada por los actores (versión taquigráfica de la sesión del 1/7/03, fs. 286/324), lo que resultó reconocido por la propia accionante diputada Marino, quien agradeció las interrupciones y señaló que "...estamos discutiendo esta cuestión muy a fondo..." (fs. 310 vta.).

De la lectura del debate producido, surge, con carácter relevante que la diputada Marino reconoció expresamente que la Alianza Fuerza Porteña no era un bloque, sino un interbloque, y que "... si no hemos enviado una nota a la Presidencia fue porque la categoría interbloque no figura en el reglamento" (fs. 309 vta.). Seguidamente, y como resultado del cuestionamiento que recibió la pretensión de Fuerza Porteña en cuanto a su reconocimiento como alianza, la misma diputada dice "Sr. Presidente: con el aval de todos mis compañeros, pongo en su conocimiento y en el de este Cuerpo que hace más de un mes nos hemos constituido en el interbloque Fuerza Porteña, y que le vamos a alcanzar el número de integrantes -somos 14 o 15- a la brevedad. De esta manera damos por constituido el interbloque Fuerza Porteña" (fs. 310 vta.).

Sin embargo, este "anuncio formal de constitución" -que pone en evidencia la falta de anoticiamiento regular previo al Cuerpo-, no fue aceptado por el resto de los diputados, ni tampoco fue consentida la actuación válida del interbloque. Tal como lo señaló el diputado Ponsa Gandulfo, la Legislatura no sabía de la conformación de este interbloque desde hacía un mes, ni le quedaba claro cuántos diputados lo integrarían, y agregó que "Esto no es un capricho. Al buscar los consensos con las distintas fuerzas políticas en el recinto para ver la proporcionalidad de la que estuvimos hablando toda la tarde, se tomó a Fuerza Porteña con el número oficial; ella pretende que un interbloque supla la alianza. También hay un problema terminológico; el eje de la argumentación de la posición de Fuerza Porteña pasó por la alianza y lo acaba de describir la diputada Marino: es un interbloque, no una alianza. La cuestión terminológica termina confundiendo a todos los diputados y me incluyo" (fs. 311).

Resulta claro entonces, que en el caso, los actores no formaron una alianza bajo los recaudos previstos en el Reglamento como requisitos necesarios para actuar en forma conjunta en la Legislatura en supuestos como el que nos ocupa, bloque parlamentario. Como se señaló precedentemente, en la sesión del 1/7/03 la diputada Marino afirmó que la Alianza Porteña era un "interbloque" (fs. 309 vta.), categoría de agrupación no prevista en el reglamento y, por lo tanto, carente de entidad para validar su actuación en conjunto frente al órgano legislativo.

El encauzamiento del debate y de los procedimientos de conformidad a pautas reglamentariamente preestablecidas es vital para el adecuado funcionamiento de los cuerpos colegiados. De ahí que, en el ámbito parlamentario, se prevea la formación de coaliciones estables para evitar la mera asociación coyuntural que desvirtúe los fines que tiene en miras la representación popular en el parlamento. Por otra parte, es claro que los bloques y alianzas deben encontrarse establecidos -denunciados ante la autoridad reglamentariamente designada a tal efecto- con anterioridad a la celebración de la sesión de que se trate, para asegurar así la adecuada transparencia republicana del proceso deliberativo.

El criterio que sostienen los legisladores demandantes para conformar la representación prevista en el art. 136 CABA no sólo no encuentra sustento en la norma constitucional sino que contraviene expresamente lo dispuesto en el Reglamento del Cuerpo, cuya inconstitucionalidad no ha sido alegada en estas actuaciones. Se trata de una norma preestablecida que fija un procedimiento para ser aplicado en la generalidad de los casos y no sólo en la oportunidad que motivara el planteo sustentado en este proceso.

Por los argumentos expuestos, voto por rechazar la acción de nulidad interpuesta.

El juez Carlos F. Balbín dijo:

I.- Entiendo que, a efectos de resolver la contienda suscitada en el sub exámine, resulta necesario, en primer lugar, delimitar los planteos centrales que efectúa la parte accionante como sustento de su pretensión nulificatoria. Ello, a fin de proceder, a continuación, a su tratamiento por separado.

En primer lugar, la actora sostiene que la Resolución Nº 82/2003 de la Legislatura -a través de la cual se designó a los integrantes del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires- resulta nula, por cuanto no contó para su dictado con los votos exigidos en el artículo 136 de la CCABA. Expresa que, en caso de renuncia de un legislador, la incorporación de su reemplazante debe efectuarse en la siguiente sesión ordinaria de la Legislatura y no así en una sesión especial, por cuanto en este tipo de reuniones sólo pueden tratarse los temas establecidos en la convocatoria. Así las cosas, la sesión del 1º de julio de 2003 -en cuyo transcurso se votó y dictó la resolución Nº 82/2003- fue especial y en el acto de convocatoria solamente se incluyó en el temario la designación de los auditores. En consecuencia, la incorporación al órgano legislativo del Diputado Valle -que se produjo en dicha oportunidad- no ha de considerarse válida, así como tampoco su voto posterior en favor del dictado de la resolución que se impugna.

Con respecto a esta cuestión, corresponde destacar que el Reglamento de la Legislatura solamente ha establecido en forma expresa la oportunidad temporal para la incorporación de los legisladores cuando se trata de la renovación total o parcial del cuerpo, en cuyo caso la norma establece que ésta debe realizarse durante las sesiones preparatorias (Capítulo I del Título I del citado Reglamento). En cambio, ninguna previsión existe en el citado Reglamento cuando la incorporación de un legislador encuentra sustento en una vacancia, como ocurrió en el caso de autos, a consecuencia de la renuncia de la Diputada Oyhanarte.

En tal caso, en ausencia de una norma que haya previsto expresamente la cuestión de autos, estimo pertinente recurrir a los principios y normas constitucionales que rigen el funcionamiento y composición de la Legislatura, a fin de determinar cuál es la solución que, de conformidad con tales criterios rectores y de acuerdo con el sistema institucional adoptado en la Ciudad de Buenos Aires, resuelve la controversia planteada en el sub examine.

En esta inteligencia, considero que corresponde tener en cuenta el artículo 1º de la Carta Magna local, en cuanto establece para la Ciudad un sistema de gobierno democrático y participativo, caracterizado por la intervención de todos los habitantes de la Ciudad en la gestión de gobierno, ya sea en forma directa por intermedio de los mecanismos institucionales previstos a tal efecto, o bien a través de sus representantes. A su vez, esta norma se vincula con el Artículo 68 de la CCABA, en cuanto establece que "El Poder Legislativo es ejercido por una legislatura compuesta por sesenta diputados o diputadas...".

Así las cosas, la interpretación armónica y sistemática de ambos preceptos constitucionales permite afirmar que, estando el órgano legislativo integrado por los representantes directos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires elegidos por el voto popular (artículo 69 CCABA) y, habiendo establecido expresamente el texto constitucional que éste está formado por 60 legisladores (artículo 68 CCABA), a falta de una norma expresa que disponga un curso de acción diferente corresponde que, en caso de producirse una vacancia, el diputado reemplazante se incorpore en forma inmediata a la Legislatura, de manera que ésta funcione con la plenitud de sus integrantes en el menor tiempo posible.

En consecuencia, entiendo que es razonable interpretar que, en caso de renuncia de un legislador, su reemplazante debe incorporarse en la primera oportunidad posible, esto es, en la primera sesión posterior a la dimisión, ya sea esta ordinaria o especial.

De esta forma, la toma de juramento de un nuevo legislador en una sesión especial resulta legítima, por cuanto se adecua a los principios democráticos y representativos que rigen la organización institucional de la Ciudad.

A todo ello cabe agregar que la solución adoptada coincide con la práctica parlamentaria que evidencian los antecedentes similares. En efecto, tal como ha demostrado la accionada -prueba que no ha sido eficazmente rebatida por su contraparte-, en todos los casos anteriores de renuncias de legisladores, la incorporación de sus reemplazantes se produjo en forma inmediata, ya sea en la misma sesión y, si tal curso de acción no resultó plausible por no contar el cuerpo legislativo con los títulos de los diputados entrantes, en la sesión subsiguiente, ya sea ésta ordinaria o especial.

Así las cosas, toda vez que, tal como ha quedado debidamente acreditado en el sub examine, en forma previa a la celebración de la sesión especial del 1º de julio de 2003 la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó la incorporación del Diputado Valle a la Legislatura en reemplazo de la Diputada Oyhanarte y, a su vez, no se produjo ninguna impugnación o cuestionamiento respecto de su ingreso al cuerpo, la toma de juramento ocurrida en la referida sesión especial -la primera posterior a la renuncia de la Legisladora Oyhanarte- resulta válida y, en consecuencia, corresponde considerar igualmente válido al voto emitido para aprobar la Resolución Nº 82/03.

II.- En lo que respecta al cuestionamiento de la supuesta renuncia tardía del Diputado Srur, adelanto mi opinión en cuanto a que tampoco habrá de tener favorable acogida.

La accionante argumenta que, si bien el Sr. Jorge Srur fue designado en el PAMI con funciones de Gerente General el día 23 de junio de 2003, no se notificó de la referida resolución hasta después de la sesión especial del día 1º de julio de 2003, situación que le resulta "altamente llamativa", ante la crisis que atravesaba el PAMI y que motivó su intervención.

Ahora bien, la situación descripta por la accionante no constituye ninguna irregularidad, por cuanto para que se configure un caso de incompatibilidad entre las funciones de legislador y el ejercicio de cualquier empleo o función pública -vedada por el artículo 73 de la CCABA-, es necesario que ambos cargos se desempeñen en forma simultánea, supuesto de hecho que la propia actora reconoce que no ha ocurrido en autos.

En efecto, ha quedado debidamente acreditado que el Diputado Srur no aceptó su designación en el PAMI hasta después de haber votado en la sesión especial del 1º de julio de 2003 y, a su vez, luego de haber presentado su renuncia como legislador.

Así las cosas, el argumento ensayado en relación con este punto tampoco puede prosperar.

III.- La actora también cuestiona la interpretación que la Legislatura ha hecho del término "alianzas", previsto en el artículo 136 de la CCABA, a los efectos de determinar la forma en que se designó a los integrantes del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, la parte accionante considera que, a efectos de designar a los referidos funcionarios, deben considerarse como "alianzas" a las unidades políticas que confluyen en torno a un proyecto político y no a los bloques parlamentarios que se forman en el seno de la Legislatura, tal como pretende la demandada.

En consecuencia, los accionantes afirman que, de haberse adoptado el criterio que consideran correcto para determinar la composición de las alianzas con facultades para proponer a los auditores, a la Alianza Fuerza Porteña le hubiera correspondido, en razón de estar conformada por 14 legisladores, postular a dos integrantes del Colegio de Auditores y no solamente a uno, como ocurrió en los hechos.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 136 de la CCABA establece que "La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires se compone de siete miembros designados por mayoría absoluta de la Legislatura. Su presidente o presidenta es designado a propuesta de los legisladores del partido político o alianza opositora con mayor representación numérica en el Cuerpo. Los restantes miembros serán designados a propuesta de los legisladores de los partidos políticos o alianzas de la Legislatura, respetando su proporcionalidad" (énfasis agregado).

En este contexto, es evidente que el término "alianzas" que la norma utiliza para identificar a las fuerzas políticas que, por imperio constitucional, están habilitadas para postular a los integrantes del Colegio de Auditores, es susceptible de diversas interpretaciones.

Así, tal como pone de resalto la parte demandanda, el vocablo alianzas puede ser entendido como equiparable a las agrupaciones que los legisladores forman a través de su mera expresión de voluntad en favor de un proyecto político común -tal el criterio que sostiene la parte actora-, o bien identificado con los bloques parlamentarios que se conforman en el seno del cuerpo -esta es la posición de la demandada-.

Ahora bien, dentro de estas posiblidades, a efectos de la elección de los auditores, la demandada optó por equiparar las alianzas con los bloques parlamentarios, cuyo funcionamiento ha sido objeto de expresa regulación en el Reglamento de la Legislatura -artículos 103 a 105-. Al respecto, el artículo 103 dispone que los diputados y diputadas pueden organizarse en bloques, de acuerdo a sus afinidades políticas, en cualquier momento del año parlamentario y sin ningún límite en cuanto al número de integrantes. A su vez, el artículo 104 impone el cumplimiento de ciertos requisitos formales para la constitución de un bloque.

Como fundamento del criterio elegido, la accionada expresó en su contestación de demanda que la identificación de las alianzas con los bloques "refleja las evoluciones del mapa político interno del cuerpo con mucha mayor fidelidad y dinamismo que la afiliación formal a partidos políticos", a la vez que las formalidades exigidas para su constitución "encuentran sentido en la necesidad de comunicar fehacientemente al resto de los integrantes del Poder Legislativo cuál es el agrupamiento político que los diputados han decidido constituir".

En consecuencia, entiendo que el criterio adoptado por la Legislatura, dentro de las interpretaciones plausibles que pueden asignarse al término "alianza" es, sin dudas, el más razonable. Ello así, por un doble orden de fundamentos, a saber; por un lado, porque conforme a la interpretación elegida por la demandada la constitución y posterior modificación de la composición de las alianzas, al estar sujetas al cumplimiento de ciertos requisitos, establece un marco de publicidad mucho mayor que si se adopta la postura que sostienen los demandantes.

Por el otro lado porque, a mi entender, no ha sido intención del legislador constituyente promover la formación transitoria y precaria de grupos de legisladores cuyo único objetivo sea formar una mayoría circunstancial para elegir un mayor número de auditores sino, por el contrario, reflejar en la elección de los referidos funcionarios la real composición política de la Legislatura -órgano que, como ya se dijo, representa directamente a los ciudadanos-, conclusión que se refuerza si se tiene en cuenta las trascendentes funciones de contralor institucional que se asignan a la Auditoría General de la Ciudad, cuyo órgano máximo de conducción es, precisamente, el Colegio de Auditores.

En este contexto, los actores no han logrado demostrar adecuadamente que el criterio empleado por la Legislatura, consistente en considerar como alianzas electorales a los bloques parlamentarios debidamente constituidos como tales, resulte arbitraria o irrazonable sino que, por el contrario, esta interpretación aparece a mi criterio como la más razonable, de acuerdo con lo que ya he señalado supra.

En virtud de estas consideraciones, entiendo que tampoco este argumento habrá de prosperar.

IV.- Teniendo en cuenta lo expresado en los considerandos precedentes, solamente resta determinar si, de conformidad con lo establecido en el Reglamento en relación con la constitución y funcionamiento de los bloques parlamentarios, al momento de celebrarse la sesión especial del 1º de julio de 2003 la alianza/bloque "Fuerza Porteña" contaba con catorce diputados y, en consecuencia, le correspondía proponer la designación de dos Auditores, o bien le asiste razón a la demandada y, en esa oportunidad, dicha alianza/bloque solamente estaba compuesta por seis legisladores y, en consecuencia, solamente debió proponer a un integrante del Colegio de Auditores, tal como ocurrió en los hechos.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que el artículo 104 del Reglamento de la Legislatura determina que los bloques "quedan constituidos cuando le comunican a la Presidencia de la Legislatura, mediante nota firmada por todos sus integrantes, su denominación, composición y autoridades. La constitución de cada Bloque será formalmente notificada por la presidencia de la Legislatura del Cuerpo, en la primera sesión subsiguiente". El fundamento de dicha comunicación es que los restantes miembros de la Legislatura y, la sociedad en general, conozcan la existencia y composición del nuevo bloque.

Tal como surge de las constancias aportadas al sub lite, en cumplimiento de lo establecido en el artículo transcripto los Diputados Moresi, Dosch, Vensentini, Bellomo y Campolongo dirigieron el 02/04/03 una nota a la Presidencia de la Legislatura en la cual manifestaron su intención de conformar un bloque denominado "Fuerza Porteña" (fs. 505). A su vez, dicha nota fue puesta en conocimiento del resto del cuerpo en la sesión que se desarrolló ese mismo día.

Los actores sostienen que, con posterioridad, otros diputados se habrían sumado al Bloque Fuerza Porteña hasta llegar al número de catorce legisladores y que dicho cambio en la composición del referido bloque fue debidamente comunicada a la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura.

Sin embargo, los actores no han podido demostrar fehacientemente que la modificación del bloque Fuerza Porteña que invocan fue adecuadamente comunicado al órgano competente, esto es, la Presidencia de la Legislatura, en los términos exigidos por el artículo 104 del Reglamento. Es evidente que, a efectos de otorgar virtualidad a la eventual modificación en la composición del Bloque Fuerza Porteña, la referida comunicación no puede ser reemplazada por la nota que los actores presentaron ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, toda vez que se trata de órganos distintos.

A ello se suma que, como surge de la versión taquigráfica de la sesión ocurrida el 1/07/2003, la mencionada nota no estaría firmada por los catorce legisladores que, según la parte actora, habrían decidido integrarse en dicho bloque.

Así las cosas, ante la falta de cumplimiento de los presupuestos exigidos reglamentariamente para que hubiera resultado viable una modificación en la composición del bloque Fuerza Porteña, resulta ajustado a derecho que, al momento de celebrarse la audiencia especial del día 1º de julio de 2003, la Legislatura haya considerado que dicho Bloque estaba integrado por seis legisladores -de acuerdo con lo expresado en la nota presentada por dichos diputados a la Presidencia con fecha 02/04/03- y, en consecuencia, le haya correspondido postular un integrante del Colegio de Auditores.

Por ello, y de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar la demanda de nulidad de la resolución nro. 82/03 de la Legislatura planteada por los actores.

2. Imponer las costas por el orden causado.

3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se archive.