Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95583 SALA II Expediente Nº 29.005/2005 (Juzg. Nº 39) AUTOS: "ORELLANA HUGO ROLANDO C/ BARTER GROUP S.A. Y OTRO S/ LEY 22.250" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 29 de febrero de 2008, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Angel Maza dijo:

I. La Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar mediante la sentencia de fs. 356/61 a la demanda incoada por el Sr.

Orellana, sobre la base de la falta de contestación de la demanda por parte de BARTNER GROUP S.A y ante lo dispuesto por el art. 71 LO.

Además, condenó a Radiotrónica de Argentina S.A. en forma solidaria, fundando la decisión en lo dispuesto por los arts.

32 de la ley 22.250 y 17 de la ley 25.013 y contra tal aspecto de la sentencia se alza dicha empresa, merced al memorial de fs. 369/371 sin que tal recurso fuera replicado.

La perito contadora a fs. 366/vta apela sus honorarios por considerarlos reducidos.

II. Se queja la apelante, en apretada síntesis, de que se le haya hecho extensiva la condena porque se habría verificado un supuesto de incumplimiento de las cargas impuestas en los términos del art. 30 de la LCT y asevera acreditó el cumplimiento de los deberes de control, así como arguye que ha actuado con la mayor diligencia posible sin provocar una injerencia injustificada en la esfera privada de la firma Barter Group S.A. Aduce que el mero incumplimiento de los deberes de control no autoriza a concluir que haya ignorado sus obligaciones de ley siendo necesario demostrar la idoneidad de los medios de control utilizados, situación que no se habría acreditado en los presentes obrados, y que de tal forma vería vulnerando así su derecho de defensa y de propiedad.

El tratamiento de los agravios dirigidos a cuestionar que se haya responsabilizado a la recurrente con fundamento en el art.30 de la LCT hace necesario efectuar el correcto encuadramiento de los hechos en el derecho aplicable porque, a mi entender, en el decisorio recurrido se ha soslayado la aplicación de la norma estatutaria a cuyo régimen de solidaridad está condicionada la posibilidad de que se apliquen las previsiones el art.30 LCT.

Demás está decir que el incorrecto encuadramiento jurídico efectuado en la anterior instancia no es una cuestión susceptible de ser confirmada e impone al Tribunal establecer el derecho aplicable -iura novit curia- en orden al tratamiento de los agravios mediante los cuales se cuestiona la decisión de extender a la recurrente la responsabilidad de la empleadora directa.

Desde esa perspectiva, estimo que la pretensión recursiva debe tener favorable acogida ya que, a mi modo de ver, el párrafo final que la ley 25.013 le añadió al art. 30 LCT no implica que esta norma sea directamente aplicable al personal regido por la ley 22.250, desplazando el régimen específico del art. 32 del Estatuto, tal como esta Sala lo ha resuelto in re "Coria, Aníbal C/ Construcsur SRL y otro S/ Ley 22.250" (SD Nº 95.044 del 14-6-07), mediante el voto del Dr.

Pirolo al que adherí por compartir este criterio.

En tal ocasión, mi distinguido colega Miguel Angel Pirolo destacó lo siguiente:

"Tal como lo sostuve en distintos pronunciamientos anteriores, en mi carácter de titular del Juzgado Nacional del Trabajo de Primera Instancia Nº 20, (vgr. Expte.Nº 16.373/00 "Lorenzo, Walter c/ Distell SA y otro", en sentencia confirmada por la CNAT, Sala X, 30-10-01, S.D. Nº 10.090) y lo expuse en "Legislación Sistematizada del Trabajo", (Ed.Astrea, 2001, pág.327), el párrafo incorporado por la ley 25.013 al art.30 de la LCT no desplaza el régimen de solidaridad previsto por el art.32 de la ley 22.250 ni opera en forma "paralela" a éste ni, por lo tanto, desplaza la operatividad de la doctrina que emerge del Ac.Pl.Nº 265. De acuerdo con esa directiva plenaria, el art.30 de la LCT no es aplicable a las relaciones regidas por la ley 22.250, ya que ésta contiene una norma que contempla específicamente la cuestión (arg.art.2 LCT). Aunque la modificación introducida por la ley 25.013 parecería contraponerse a ese criterio, si se lee detenidamente el último párrafo incorporado al art.30 LCT, podrá advertirse que no existe tal contradicción con los términos de la doctrina plenaria. En efecto, según el párrafo mencionado, las disposiciones insertas en el citado art.30 de la LCT "...resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el art.32 de la ley 22.250", que no es lo mismo que decir que resultan aplicables a los contratos regidos por el régimen estatutario mencionado. En otras palabras, la nueva disposición no establece que sus normas sean aplicables a las relaciones regidas por el estatuto de la construcción independientemente de lo establecido por el art.32 de la ley 22.250; sino que, por el contrario, ello sólo es posible dentro del marco de solidaridad específico previsto por el citado art.32 del estatuto. La cuestión tiene significativa importancia porque el art. 30 exige que exista coincidencia entre la actividad de la contratista y la normal y específica propia del establecimiento del contratante principal; en tanto que el art.32 de la ley 22.250 sólo prevé la posibilidad de extender solidariamente la responsabilidad contemplada en la norma a los empresarios, propietarios y profesionales cuando éstos se desempeñen "como constructores de obra". Por lo tanto, en el esquema previsto por el art.32 de la ley 22.250 -dentro de cuyo marco específico de regulación pueden considerarse aplicables las disposiciones del art.30 LCT- sólo es posible extender la responsabilidad en forma solidaria al contratante principal, en la medida que éste despliegue una actividad comprendida en el ámbito de la industria de la construcción..

Como anticipé, en dicha resolución hice mío tal criterio interpretativo, y adheri al voto precedentemente sumariado afirmando: "Participo de la tesis que mi colega Pirolo expone en su voto acerca de que el párrafo final que la ley 25.013 le añadió al art. 30 LCT no implica que sus normas sean directamente aplicables al personal regido por la ley 22.250 desplazando el régimen específico del art. 32. Pienso, como él, que el añadido legal respeta esa especificidad estatutaria de manera que las reglas generales del art. 30 LCT se tornan aplicables en el ámbito del estatuto de la construcción cuando sea operativa la solidaridad del peculiar régimen del art. 32 de la ley 22.250".

Así, pues, es opinión de este Tribunal que las reglas generales del art. 30 LCT se tornan aplicables en el ámbito del Estatuto de la Industria de la Construcción cuando, como primer paso, resulta operativa la solidaridad del peculiar régimen del art. 32 de la ley 22.250.

Y bien, el informe de fs. 175 evidencia que la codemandada Barter Group SA se encuentra inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción, por lo que, a mi juicio, en el presente caso no es aplicable a dicha empresa la solidaridad prevista en el art. 32 del Estatuto por lo que, conforme el criterio judicial precedentemente citado, el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no resulta de posible aplicación.

A mi juicio, y en este punto discrepo respetuosamente con la distinguida sentenciante de la anterior instancia, el incumplimiento de los deberes de control establecidos por el art. 30 LCT no habilita la solidaridad del régimen estatutario, así tampoco, por si sólo, la del régimen general de la LCT.

Por un lado, las reglas del art. 30 LCT sobre controles a efectuar por el contratante no son aplicables al caso ya que no se da el supuesto de solidaridad del art. 32 de la ley 22.250.

Pero, por añadidura, entiendo que el sólo incumplimiento de las reglas de control introducidas por la ley 25.013 en el art. 30 LCT no activa la responsabilidad vicaria puesto que para ello se requiere la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el primer párrafo.

Tal como lo he señalado al comentar dicho precepto (Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Editorial La Ley SA, Buenos Aires, 2006, págs. 66 y stes.), la ley 25.013 no aprovechó la ocasión legislativa para terminar con las discrepancias interpretativas que rodean al precepto y, en cambio, introdujo un nuevo problema en torno a este punto.

La duda la genera el párrafo cuarto en cuanto dispone que el incumplimiento de algunos de los recaudos de control hace responsable solidariamente al principal cedente o contratante por las obligaciones de los cesionarios, contratistas y subcontratistas respecto del personal ocupado en la prestación de los trabajos o servicios respectivos.

A mi manera de ver, la intención del legislador no fue condicionar la solidaridad a que se produzcan estos incumplimientos ni crear una fuente adicional de responsabilidad solidaria, sino que meramente buscó establecer con claridad el rol vigilante que le cabe al empresario principal (cedente y/o contratante) que cede su establecimiento o parte de éste o bien delega actividades que forman parte de su objeto específico, así como darle derechos para defenderse ante la posible responsabilidad vicaria o en garantía que podría tener que asumir luego.

III. Por todo ello, propicio modificar este aspecto de la sentencia apelada, rechazando totalmente la demanda respecto de Radiotrónica de Argentina SA, con costas, en este aspecto, por su orden en ambas instancias ya que entiendo que por la naturaleza opinable de la cuestión resuelta el actor tuvo motivos objetivos para considerarse asistido de derecho a traer a juicio al contratante de su exempleadora (art. 68 CPCCN).

La solución que propongo torna abstractos los restantes agravios de la recurrente.

Propondré, consecuentemente, fijar los honorarios de la representación letrada de Radiotrónica de Argentina SA por sus labores en la instancia anterior en el 15% del monto demandado, teniendo en cuenta la importancia y extensión de las labores realizadas, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 39 y conctes. de la ley 21.839 y 38 de la L.O.

Por las labores de la Alzada, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de dicha codemandada en el 30% de los que deba percibir por el trabajo de la anterior instancia, en base a similares pautas (conf. art. 14 ley 21.839).

IV. La codemandada Radiotrónica de Argentina SA cuestiona los honorarios regulados a la perito contadora por creerlos elevados, mientras que la perito los cuestiona por considerarlos reducidos. Pues bien, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados por la perito y a las reglas arancelarias derivadas del decreto-ley 16.638/57, estimo que el porcentaje fijado en primera instancia -6% del monto de condena con intereses- no es elevado sino reducido, por lo que propongo aumentarlo al 7% de igual base.

V. En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. Nº 6/05 (modificada por Acordada C.S.J.N. Nº 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

El Dr. Miguel Angel Pirolo dijo: Por análogos fundamentos adhiero a las conclusiones del voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125, segunda parte, ley 18345), el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada con relación a la acción dirigida contra la codemandada Radiotrónica de Argentina S.A., desestimando totalmente la demanda a su respecto; 2) Imponer las costas de la acción dirigida por el actor contra Radiotrónica de Argentina SA por su orden en ambas instancias;

3) Regular los honorarios de la representación de la codemandada Radiotrónica de Argentina SA por las labores de primera instancia en el quince por ciento (15%) del monto reclamado; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la codemandada Radiotrónica de Argentina S.A por las taras realizadas en esta instancia en el treinta por ciento (30%) de lo que deba percibir por sus tareas en la anterior sede; 5) Elevar los honorarios de la perito contadora el siete por ciento (7%) del monto de condena con intereses; 6) Hacer saber a las partes y sus letrados la vigencia de la Acordada C.S.J.N. nro.6/05 (modificada por Acordada 19/05) y que deberán proceder con arreglo a lo establecido en el considerando pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.