marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, absurdo, medicina prepaga, cobertura médica
Materia: COMERCIAL
Carátula: M., G. B. c/ Germed S.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-16

Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley en que la impugnante no cuestiona las conclusiones en que el a quo resolvió puntos integrantes de la litis, rechazando la solicitada cobertura, por la medicina prepaga, de un neuroestimulador, ni demuestra la absurdidad del decisorio al evaluar la prueba de autos en la que se basó para tener por no acreditados los beneficios que tal prestación reportaría (art. 279, C.P.C.C.) (doctor SORIA, sin disidencia).
Accidentes de trabajo, acción civil, cosa riesgosa, culpa de la víctima, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos  José Manuel c/ Inca Industria de conglomerados y aislantesS.A. y otro s/ accidente Acción Civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-07

En el supuesto de enfermedades laborales no enlistadas en la reglamentación de la ley especial y que, en consecuencia, no generan el derecho a las prestaciones que allí se establecen, -en el caso, la espondilolistesis agravada por el accidente no figura en el listado de afecciones resarcibles- no funciona la exención de responsabilidad civil del empleador, la cual resulta admisible sin necesidad de declaración alguna de inconstitucionalidad. De allí que, la ausencia de un reproche constitucional contra el art. 39.1 de la L.R.T. no resulta óbice para el acogimiento de la pretensión indemnizatoria incoada contra la demandada Inca S.A. con fundamento en la normativa civil.
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: GIMENEZ ZAPIOLA VIVIENDAS  S.A. c/ CARLOS FERNANDEZ s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-18

Para determinar el límite pecuniario de apelabilidad establecido por el CPR 242 corresponde atenerse al valor cuestionado en el recurso. La inteligencia acordada a la citada norma se sustenta en que la ratio legis de su dictado procura limitar las intervenciones de la alzada a aquellas cuestiones económicamente trascendentes.

Por otra parte, al ponderarse en una incidencia un valor distinto a ésta -monto de la demanda- se afectaría implícitamente la premisa de que el agravio es el límite de conocimiento por el tribunal de revisión (CPR 271), pues se admitiría un recurso por una base pecuniaria no controvertida ni materia de agravios: una necesaria y presumible coherencia legislativa indica pues que ésa no pudo ser la intención del legislador.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: CIVIL
Carátula: ZURITA CARLOS ROBERTO c/ EDITORIAL EL LIBERAL S.R.L Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-11-24

Todo acto de impulso procesal que realice cualquiera de las partes o el tribunal puede servir para que la instancia quede subsanada y si estos son realizados luego de vencido el plazo de caducidad es necesario el consentimiento de la parte interesada en la perención para que la subsanación produzca sus efectos.
Rebeldía, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coto, Eloy Alberto y otro c/ Paz, Osvaldo René y-u otra s/ Daños y Perjuicios. Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-10

La condición de "rebelde" no importa de por sí la suerte favorable de la acción intentada, convirtiendo al juzgador en un autómata que deba dictar sentencia en tal sentido. Para que juegue la presunción legal, las afirmaciones contenidas en la demanda no han de ser desvirtuadas por la prueba, o como se entiende en este caso, por la responsabilidad no desvirtuada del embistiente. Consecuentemente, la rebeldía no obliga a dictar una sentencia de condena contra el rebelde, ya que el Juez debe fallar según el mérito de la causa.
Crímenes de lesa humanidad, salidas transitorias, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Kalinec, Eduardo Emilio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-27

Corresponde declarar la nulidad de la incorporación al régimen de salidas transitorias al condenado por delitos de lesa humanidad -privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado- cometidos en centros de detención clandestinos durante la última dictadura militar, dado que dicha decisión genera una controversia que no sólo incluye a sus víctimas directas, sino que atraviesa también a la sociedad en general en virtud de la indeleble impresión en la memoria colectiva que significaron los hechos por los cuales el imputado fue juzgado y condenado y, en consecuencia, la concesión del beneficio se apartó sin fundamento alguno de las disposiciones de la denominada Ley de Víctimas (Ley 27.372)
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Kuryluk, Guillermo Leonardo s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

No existe omisión de cuestión esencial si una de las que se denuncia omitida fue implícitamente tratada por la Cámara y la restante quedó desplazada por el contenido de lo decidido en la sentencia.
Juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COLAZO DE VERGARA CELIA c/ ROJAS JULIA Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-10-01

Si se acciona por vencimiento de término de la locación y falta de pago, debe probarse fehacientemente la locación, aunque sea verbal, ante la negativa de los accionados en reconocer dicha vinculación contractual.

Aunque los demandados no han probado su afirmación de que son poseedores por adquisición del inmueble que ocupan, ésta falencia no determina su desahucio.

El demandado con sólo negar la locación y quedarse quieto triunfa por cuanto le corresponde al actor la carga de la prueba del contrato en base al cual reclama la restitución.-
Ministerio Público de la Defensa, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: W., P.C. c/ D., A.A. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

La designación de Defensor Oficial tiende al cumplimiento de la garantía constitucional de la defensa del ausente, no restringiéndose a la simple vigilancia del procedimiento. Debe tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio, lo que implica la posibilidad de solicitar las medidas tendientes a la ubicación del accionado, sin necesidad de la suspensión del trámite de las actuaciones.-
Procedimiento administrativo, amparo por mora, interés simple (administrativo), falta de legitimación para obrar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VERLOY S.A. c/ E.N. (M° de Relaciones Exteriores) s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-19

Quien sólo puede invocar un interés simple, no es "parte" en el procedimiento administrativo y, por consiguiente, no se encuentra habilitado para activar el dispositivo del art. 28 de la ley 19.549.
Concursos, verificación de créditos, incidente de revisión, fiador
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Manfico SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito por tienda christian.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

Procede revocar la resolución que desestimó el incidente de revisión. Ello por cuanto, a verificar el crédito están legitimados los garantes por la ley 24522: 32. Bajo el término "garantes" utilizado por dicha norma debe incluirse los fiadores, avalistas o terceros que hubieran prestado una garantía prendaria o hipotecaria en favor del contratante que resultó acreedor del concursado; y éstos pueden pedir la verificación del crédito aunque no hayan pagado la obligación del concursado porque eventualmente estarán constreñidos a hacerlo (Heredia, Pablo D; "Tratado Exegético de Derecho Concursal", tomo I, pág. 670, año 2000). En este contexto, ante la falta de constancia sobre la cancelación del crédito hipotecario, dado que no está cuestionada la legitimidad de la cesión de derechos, la solución acorde a la previsión legal es la admisibilidad del crédito con carácter de condicional y no su rechazo definitivo
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, derecho de voto, acreedores del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTIMAR  SA  / CONCURSO PREVENTIVO s/ INCIDENTE (DE EXCLUSION DEVOTO DEL ACREEDOR JORGE HUGO MARCECA).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-23

Procede revocar la resolución mediante la cual el a quo consideró como "una prueba vehemente y concluyente del ejercicio abusivo del derecho de voto que confiere la ley" al acreedor, el voto negativo a una propuesta que se presenta como inmejorable, en atención a que no contempla quita ni espera y prevé el pago de la totalidad de los intereses devengados, de lo que dedujo que la negativa sistemática a aceptar cada uno de los concordatos propuestos encuentra fundamento en razones que exceden el mero derecho a recuperar su crédito. Ello en tanto, no aparece acreditado que de la conducta reprochada al quejoso se derive un perjuicio para los restantes acreedores en el sentido de sacrificar las respectivas acreencias ni tampoco para la comunidad en general con motivo de la eventual frustración de una unidad productiva con la consiguiente pérdida de numerosos puestos de trabajo. Ello así, es importante hacer hincapié en que no es cuestionable per se que el acreedor confronte exacerbadamente con su deudor concursado en defensa de sus derechos, tampoco que rechace una propuesta que le resulta inconveniente a sus intereses aún a costa de mandar a la quiebra a su deudor, no obstante que ese rechazo encuentre fundamento, no en la propuesta misma, sino en otros motivos. Es que -en el caso- la negativa del acreedor a votar favorablemente la propuesta en las particulares circunstancias que se dan constituye un ejercicio disfuncional o irregular del derecho de ese acreedor a no aceptarla y, por lo tanto, esa conducta no puede ser calificada como ilegítima. Cabe agregar que en el marco de las particularidades del caso, en el que si bien los términos de la propuesta aparecen ventajosos, por otro lado, no pueden ignorarse las especiales circunstancias que restan seriedad al planteo de la deudora en punto a calificar como antijurídica la falta de conformidad prestada por el acreedor.

(En el caso, cabe señalar el tiempo transcurrido desde el nacimiento de la obligación adeudada -1994-, los motivos que habrían determinado la presentación concursal, teniendo especialmente en cuenta la incidencia del crédito del apelante en el pasivo concursal -97,28 %- y la escasa relevancia de las otras acreencias -2,72 %-, como así también el monto del pasivo concursal -$ 566.879,82- con relación al valor estimado del activo -$ 5.180.050,24-. Finalmente, tampoco cabe desatender, a la hora de evaluar el perjuicio que se derivaría para el interés general de la quiebra de la deudora, la naturaleza de la actividad que aquélla desarrolla (alquiler de inmuebles de su propiedad) y que sus ingresos provenienen exclusivamente del cobro de los cánones locativo).
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: BERTONE Edgardo s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-29

La omisión del cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5to. de la Ley Nro. 22.117, que impone a los jueces penales -antes de dictar sentencia- requerir al Registro Nacional de Reincidencia y a Jefatura de Policía, la información sobre los antecedentes penales de los procesados, constituye una falencia procedimental insubsanable que acarrea la nulidad de la sentencia y lo actuado en consecuencia, debiéndose dictar nuevo pronunciamiento.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-12


SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nºááá 26084áááá SALA V. AUTOS: "PATERNOSTER JORGE FELIX C/ LA MARTINE SA Y OTROS S/ DESPIDO" (JUZGAGO Nº 43) á Buenos Aires,áááá 12áááááá deá noviembre de 2009.

á á El recurso interpuesto por la parte demandada a fs. 216 contra la resolución dictada a fs. 213, que rechazó la solicitud de citación en carácter de tercero de Asociart ART por los fundamentos que allí esgrime.

Que se accede a la apertura de esta instancia revisora en aras de preservar el derecho a la defensa en juicio, pero no sin señalar que la presentación recursiva bordea la deserción en tanto no rebate ninguno de los fundamentos en los cuales la sentenciante fundó su decisión.

La solicitud de citación de un terceroá presupone la existencia de una controversia común (conf. art. 94 del CPCCN), siendo viable en consecuencia, cuando una de las partes de ser vencida se halle habilitada para intentar una acción de regreso contra quien se pretende venga al proceso.

ááááááááááááááááááááááá Ninguno de los supuestos mencionados en los párrafos precedentes se da en el caso de autos, no sólo por la orfandad de la solicitud articulada a fs. 104, sino porque además se advierte que en autos se reclama con fundamento en el Régimen de Contrato de Trabajo (art. 208 y sstes.) y la vinculación entre la demandada y aquella a la cual se pretende traer a juicio está dada por un contrato de afiliación en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

ááááááááááááááááááááááá Por ello, el : Confirmar la resolución de fs.213, con costas a la demandada vencida (conf. arts. 68 y 69 CPCCN), difiriéndose la regulación de honorarios para la sentencia definitiva. Reg., not. y dev.. Conste que la vocalía tercera se encuentra vacante (art. 109 RJN).

MMV á á á ááááááááááááááá Oscar Zasáááááááááááááááááááááááááááááááááááá áááááááááááMaría C. García Margalejo ááááááááááá Juez de Cámaraááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Juez de Cámara
Robo con armas, arma defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: CARRIZO, H. C. s/ ROBO. ARMA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-10-07

Configúrase el delito de robo agravado por el uso de armas, aunque el arma exhiba cierta anomalía, si esto no ha perjudicado su aptitud para el disparo.
Robo, participación secundaria, consumación del delito, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: AVILA, O. s/ ROBO - PARTICIPACION - COMPLICE SECUNDARIO - HECHO UNICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

Tratándose de un hecho único y habiendo escapado el otro sujeto con parte del botín, no puede dividirse el delito, teniéndolo por consumado para aquél y tentado para el actual procesado, por cuyo motivo debe ser condenado por ser cómplice secundario en el delito de robo.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: LABORAL
Carátula: RAGO, MIGUEL A. c/ IAPS DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-09

La sentencia de Cámara debe dejarse sin efecto toda vez que el sentenciante en el caso no ha analizado una cuestión esencial;

entendiendo por tales las que, según las modalidades del caso, resultan necesarias. Para la correcta solución del pleito, las que están constituidas por puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento, las que por su naturaleza influyen realmente en el fallo, y las vinculadas a las dimensiones cuantitativas del objeto mediato de la pretensión.

(Conf. SCBA Se. del 14-10-80,"FLORIO, Joaquín").-
Poderes del Estado, división de poderes, Poder Ejecutivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Pinedo  Federico  -Inc.  Med. (8-1-10) y otros c/ EN Dto. 2010/09 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-01-22

Los constituyentes de 1994 no han eliminado el sistema de separación de las funciones de gobierno, que constituye uno de los contenidos esenciales de la forma republicana prevista en el art. 1° de la Constitución Nacional. En este sentido los arts.

23, 76 y 99 revelan la preocupación del poder constituyente por mantener intangible como principio un esquema que, si bien completado con la doctrina de los controles recíprocos que los diversos órganos ejercen, constituye uno de los pilares de la organización de la Nación, por cuanto proviene de abusos gestados en la concentración de poder. La reforma fue fruto de la voluntad tendiente a lograr, entre otros objetivos, la atenuación del sistema presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. El art. 99 inc. 3°, segundo párrafo contiene la regla general que expresa que en principio en términos categóricos:

"el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo" (C.S.J.N. "Verrocchi Enzo Daniel c/PEN -ANA s/acción de amparo", 19/08/99) (Cons. IX).
Honorarios, peritos, perito de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: ARROYO  PEDRO  Y  OTROS c/ CAJA  NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO ENLIQUIDAC. s/ cobro de seguro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12

La diferente retribución del perito y del consultor técnico, gravita en la distinta calidad y responsabilidad que asumen en el proceso. El consultor constituye, bien que referido al aspecto concreto de su actuación, una figura sutancialmente análoga a la del abogado y, por consiguiente, las razones que puede exponer tienen efecto como si proviniesen de la parte misma (F. Carnelutti, Instituciones del Proceso Civil, traduc. Española, Bs. As. 1973, números 109 y 111; Sala I, causa 2633/96 del 10-9-96 y sus citas; Corte Suprema, sentencia del 23-5-95, en la causa "Magdalena de León I. c/ Osplad", publicada en E.D. 166-411, f. 47.003). La tarea que compete a los consultores técnicos no es igual a la de los peritos, ya que su responsabilidad y cargo resultan diferentes (conf. arts. 458, 459, 461 y codtes. del C.P.C.C.N.). Y, si bien su retribución debe guardar una razonable proporción con la de los peritos, la calidad de asistentes de las partes impide que se les otorgue un trato regulatorio similar al de aquéllos auxiliares de la justicia.
Facultades discrecionales, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tilli, Antonio E. c/ Municipalidad de Mercedes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-03

La cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal consistente en la reconsideración de una categoría o revisión de una situación de revista o reubicación por ser propia del ejercicio de facultades discrecionales del órgano administrativo escapa de la revisión judicial de acuerdo a lo prescripto por el art.29, inc.1 del C.P.C.A. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Abandono de la querella, sobreseimiento definitivo, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: GUERRERO LECONTE, Victor A. s/ QUERELLA. CALUMNIAS E INJURIAS QUIROZ, Mariano. s/ PRUEBA DE CONFESION. DEFRAUDACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-21|1985-11-21

En los casos de abandono de la querella (art. 174 C. P. C.) procede sobreseer definitivamente en la causa, resolución que se impone por cuanto entre los dos intereses en juego: el del imputado que tiene derecho a lograr resolución sobre el caso, derecho que se ve conculcado por la inactividad del perseguidor, y el de éste a obtener reparación a su honor sin que meros formalismos obstruyan el curso de su acción, debe prevalecer el del imputado porque si no el derecho de éste a obtener un pronunciamiento, quedaría supeditado al arbitrio del querellante.

La solución adoptada -sobreseimiento definitivo- en nada afecta la garantía constitucional de la defensa en juicio, ya que nada impidió al querellante instar el procedimiento en término, habiendo éste gozado de la oportunidad de que carece el imputado pese a su derecho a obtener una definición.

Se citaron: C. N. Crim. "Fallos", T. V, pág. 548 y T. I, pág. 315;

J. P. B. A., T. 20, pág. 42, fallo nro 2731 y T. 40, pág. 91, fallo nro 8264; L. L., T. 82, pág. 735 y T. 73, pág. 376; C. S. , 272:

188.
Lealtad comercial, derechos del consumidor
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: PROCTER & GAMBLE ARGENTINA SRL c/ DNCI s/ DEFENSA DEL CONSUMIDOR- LEY 26361-ART 35
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-26

El fin que persigue la ley 22.802 de Lealtad Comercial, es evitar que los consumidores, mediante indicaciones poco claras y engañosas, o inexactitudes, sean inducidos a error o falsedad en la adquisición de productos, mercaderías o en la contratación de servicios, protegiéndose de este modo el derecho de aquéllos a una información adecuada, completa y veraz en relación al consumo.
Prescripción, plazo
Materia: CIVIL
Carátula: CARDOZO DE GIMENEZ, BLANCA ROSA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-09-10

El plazo de la prescripción comienza a correr dies a-quo, o sea desde que la deuda es exigible. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia comercial, seguro por accidente de trabajo
Materia: CIVIL
Carátula: MAULEM JOSE c/ LA CENTRAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS s/ COBRO DE PESOS - ACCIDENTES DE TRABAJO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1925-08-21

Es de la exclusiva competencia de la Justicia Comercial el conocimiento de las acciones emergentes de un contrato de seguro por accidentes del trabajo.

Corresponde a la jurisdicción mercantil el conocimiento de la acción contra el asegurador, fundada en el accidente de trabajo, sea que emane del obrero, de sus sucesores o del empresario.
Ejecución fiscal, litispendencia, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Secretaría   de   Recursos  Naturales  y  Ambiente  Humano c/ Automóvil  Club Argentino (Córdoba) s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-03

La excepción de litispendencia en los procesos ejecutivos no permite su admisibilidad si se funda en la existencia de otro juicio ordinario, como ocurre en autos, ya que la ejecutada aduce la existencia de la causa Automóvil Club Arg. c/ Sec.

de Recursos Naturales y Ambiente Humano s/ impugnación-proceso de conocimiento ; puesto que el objeto que se persigue y los efectos de la sentencia por dictar en cada uno de los pleitos difieren. Además, esta defensa no puede fundarse en un proceso de conocimiento iniciado por la deudora, pues de admitirlo, se pondría en manos de ésta impedir el ejercicio de la acción ejecutiva.
Trabajador extranjero, deuda previsional, aplicación de tratados internacionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: EDESUR S.A. c/ D.G.I
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-21

Debe entenderse como un exceso de rigor formal improcedente la consideración por la que el organismo desestimó el pedido de aplicación del Convenio celebrado por nuestro país con la República de Chile (aprobado por ley 19.522), según el cual el cargo formulado no es alcanzado por la exención en que se ampara la parte actora porque, a la luz de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.241 y Res. S.S.S. 684/86, la misma regirá -una vez otorgada- a partir del día de su solicitud, sólo para las cotizaciones devengadas desde entonces, quedando sujetas a aportes y contribuciones las devengadas con anterioridad. Dicha argumentación obligaría a que el pedido de eximición fuera efectuado, para surtir plenos efectos, el mismo día en que el trabajador extranjero comienza a prestar servicios en el país, lo que no surge de disposición legal alguna. (Del voto del Dr.

Fasciolo)