Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-02


SENT Nro. 973 C A S A C I O N San Miguel de Tucumán, 02 DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: Llega a conocimiento y resolución de esta Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, presidida por el doctor Antonio Gandur, el recurso de casación interpuesto por la defensa de Sebastián Carlos Darío Suárez en contra de la sentencia dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara Penal, del 06/8/2003 obrante a fs. 321/326, el que es concedido por el referido tribunal mediante auto interlocutorio del 03/8/2003 (cfr. fs. 308 y vta.). En esta sede, no se presentó memoria casatoria, mientras que el señor Ministro Fiscal se expide por el rechazo del recurso que se intenta (fs. 394/398). Pasada la causa a estudio de los señores vocales y establecidas las cuestiones a dilucidar, de conformidad con el sorteo practicado el orden de votación será el siguiente: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur. Luego de la pertinente deliberación, se procede a redactar la sentencia.

Las cuestiones propuestas son las siguientes: ¿ Es admisible el recurso ?; en su caso, ¿ es procedente ?.

A las cuestiones propuestas el señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

1.- Llega a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 328/384 por la defensa de Sebastián Carlos Darío Suárez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 06/8/2003, que condenó al imputado a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas procesales, por ser autor responsable de los delitos de robo en perjuicio de Martín Ariel Gallo; privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Martín Ariel Gallo y Viviana Noemí López y abuso deshonesto calificado en perjuicio de Viviana Noemí López, todo en concurso real.

1.1.- Alega que el Tribunal a quo omitió analizar su cuestionamiento al resultado del dosaje alcohólico (fs. 64), dada la incorrecta aplicación de la fórmula respectiva, habida cuenta de la diferencia entre la hora probable del hecho y la informada a Sanidad para su cálculo teórico. Señala que la cuestión se vincula a la capacidad del sujeto para delinquir; y en el caso de autos, lo correcto sería calificar la ebriedad como voluntaria o moderada, que según la doctrina y la jurisprudencia debe entenderse comprendida en el art. 34, inc. 1º del Cód. Penal, aun cuando la norma no la contemple.

Tampoco habrían considerado los jueces de mérito, la pericia realizada a la Srta. López en la Maternidad (fs. 46), y su contradicción con otras pericias agregadas en autos; para concluir que no existirían elementos que permitan inculpar a Suárez, dadas las dudas existentes en este punto.

1.2.- De otra parte, invoca violación de la ley sustantiva en la calificación o subsunción legal de los hechos de la causa, al aplicar las reglas del concurso real, cuando correspondían las del concurso ideal, de acuerdo a las reglas del art. 54, CP. Luego de explayarse sobre la teoría del delito, cuestiona el criterio meramente causalista que habría adoptado la sentenciante. Reclama se considere la voluntad final del sujeto, relacionada con el dolo del autor; ya que a su entender, el suceso histórico fijado -que es el descripto en la requisitoria fiscal-, no da cuenta de hechos independientes entre sí, sino de un hecho único, comprensivo de las conductas anteriores y posteriores. Enfatiza que en este caso el imputado quiso violar o abusar sexualmente, y no estaba en su mente robar o privar ilegítimamente de libertad a su víctima. Esto, porque para mantener el acceso carnal Suárez tenía que conducirse en la motocicleta de Gallo, lo cual no significaría apoderamiento. Insiste en que toda violación implica privación de libertad de la víctima, implícita en el modo de comisión del ilícito; y que por ende se da un concurso aparente de leyes. Que la unidad de conducta antes señalada sería comprensiva del apoderamiento posterior del rodado, realizado con finalidad de fuga. Cita doctrina de esta Corte Suprema de Justicia (sentencia Nº 639/2001 en autos "Barrionuevo de Juárez, J.T. s/Calumnias"), y reclama en definitiva se considere como encuadre jurídico en concurso ideal descripto en el art. 54 del CP, dada la errónea aplicación d el art. 55 del mismo cuerpo legal; lo cual incide en la pena aplicada a su asistido.

1.3.- Afirma además que se han violado disposiciones contenidas en la ley adjetiva, con cita de lo normado en el art. 413, inc. 4º del CPP y art. 18 de la Constitución Nacional., por inobservancia de las reglas de la sana crítica racional respecto de elementos probatorios de valor decisivo.

Sostiene que Suárez ha sido condenado en base al testimonio único de la víctima, sin que existan otras pruebas que permitan arribar al grado de certeza requerido por la ley. Así, se habrían omitido valorar las múltiples irregularidades de procedimiento; la falta de coincidencia de los objetos secuestrados con los que el Tribunal a quo da por incautados, y la omisión en practicar examen de ADN al semen encontrado en prendas de la víctima, que permita establecer la autoría del ilícito.

Pone de relieve la ausencia de acta de secuestro, demostrativa de que Suárez desapoderó a Gallo de su billetera con dinero y papeles varios, entre ellos carnet de manejo. Al respecto, destaca que el acta de fs. 1 -labrada con motivo de un accidente de tránsito-, da cuenta del secuestro de un arma (de juguete) y de una motocicleta; y ante la inmediatez con que se produjo la detención de Suárez, sólo cabría concluir que el nombrado nunca tuvo en su poder los elementos mencionados. Reclama la falta de identificación del testigo supuestamente presente en ese acto; expresando que se trataría de Silvio Usandivaras, quien no estuvo en la provincia cuando se realizó la audiencia de debate.

También impugna la aptitud conviccional de las periciales practicadas en autos. A más de reiterar las presuntas contradicciones entre el informe cuestionado (fs. 55) y el de la Maternidad (fs. 46), sostiene que en todo caso, sólo se prueba el acceso carnal, mas no la autoría de Suárez; destacando que su asistido no presentó ningún tipo de lesión o situación que permita creer en la imputación. Añade que el informe médico de fs. 60 y 62 -omitido por la sentenciante- no constató lesiones compatibles con el grado de violencia física ejercitada, pese a que tuvo lugar a pocas horas de sucedido el hecho.

Respecto a las testimoniales, reclama por ausencia de valoración objetiva individual de cada declaración, conforme a las reglas de la sana crítica racional; y su cotejo con las restantes pruebas reunidas. A su entender, las presuntas víctimas Gallo y López incurrieron en contradicciones que transcribe; lo cual excluye que hayan sido contestes, según apreciara la Sala a quo. Destaca además que la víctima se refirió a varios objetos como sustraídos, y dijo haberlos visto en la Comisaría; cuando el presunto secuestro no consta en autos.

Tales déficit afectarían el principio de razón suficiente; por lo que solicita que esta Corte reexamine las deducciones lógico-jurídicas contenidas en el pronunciamiento impugnado, y la correspondencia entre premisas y conclusiones.

1.4.- Sostiene que en la etapa instructoria han sido violados los art. 266, 267 del CPP y art. 18 de la Constitución Nacional. Destaca que se trata de normas procesales con directa incidencia en la intervención, asistencia y representación del imputado, en violación a normas constitucionales; con lo que se habría configurado una hipótesis de nulidad absoluta, declarable de oficio por el Tribunal aún a falta de la reserva prevista en el art. 468, inc. 2º del CPP. Por ende, considera que en el caso no es aplicable lo dispuesto por el art. 387 de CPP, como sostuvo la Cámara de Apelaciones en el fallo de fs. 150/151.

Puntualiza que en un primer momento, su asistido se abstuvo de declarar; y cuando quiso hacerlo en dos oportunidades, la Fiscalía instructora dispuso el previo cumplimiento de las obligaciones tributarias, y con posterioridad se cumplimente con un oficio, para en forma inmediata dictar la requisitoria fiscal, sin que Suárez sea escuchado en su defensa material. Pone de relieve que la etapa plenaria no es la propicia para la investigación de citas del imputado; y que durante la audiencia de debate no fue atendido su planteo de permitir la declaración testimonial de la persona nombrada por Suárez, que lo habría colocado en un remise para que fuera a encontrarse con Gallo y López, en total estado de ebriedad. Enfatiza que ninguna de las postulaciones de la defensa ha sido atendida por los jueces de mérito; y que las irregulares actuaciones de la Fiscalía, totalmente parciales, habrían sido convalidadas debido a la difusión periodística e impacto social del ilícito.

A modo de conclusión, reclama se valoren las cuestiones planteadas por la defensa, y que a su entender generarían duda sobre la autoría y la certeza de la no valoración de la totalidad de las probanzas, en violación a las reglas de la sana crítica racional. Que tampoco se habría valorado la conducta de Suárez en el penal, y su falta de antecedentes.

Por los motivos expuestos, reclama la absolución de su defendido o la aplicación del beneficio de la duda, ante la ausencia del grado de certeza necesario para arribar a un pronunciamiento de condena. En tal sentido, manifiesta que es controlable en casación el grado de convencimiento expresado por los jueces; ya que la duda o mera probabilidad operan a favor del acusado. Insiste que en autos se ha violado el deber de motivación de la sentencia, garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional, a tenor del cual el condenado tiene derecho a un juicio justo. Propone doctrina legal acorde a los agravios así expuestos, y expresa reserva del caso federal conforme a lo previsto en el art. 14 de la ley 48.

2.- Procede en primer término examinar el planteo de nulidad absoluta, fundado en la pretensa violación de los arts. 266, 267 del CPP y art. 18 de la Constitución Nacional, por haberse impedido a Suárez ejercer su defensa material en la etapa instructoria.

El agravio de la recurrente se sustenta en los mismos fundamentos esgrimidos por el anterior defensor del imputado, en oportunidad de plantear la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio obrante a fs. 118/121. La Sra. Juez en lo Penal de Instrucción hizo lugar al planteo, y este pronunciamiento fue apelado por el Ministerio Público y por la querella. La Sala Ia. de la Excma. Cámara Penal revocó tal declaración de invalidez, haciendo mérito -entre otras consideraciones- de que la petición de la defensa no había sido denegada, sino que la instrucción mandó cumplir previamente con las cargas tributarias obligatorias de ley; y tal recaudo sólo fue sido satisfecho luego de la notificación prevista en el art. 356 del CPP, y en oportunidad de plantear la nulidad de la requisitoria fiscal. Añadió el Tribunal que este acto procesal reúne los requisitos legales de validez, y que el derecho contemplado en el art. 266 del mismo cuerpo legal puede hacerse valer aún en la etapa plenaria, lo cual excluye un perjuicio concreto hacia el imputado (cfr. sentencia del 25/4/2002, fs. 150). A su vez, del acta de debate resulta que Suárez declaró al inicio de la audiencia (cfr. fs. 314 vta.); y a su pedido la amplió en la jornada siguiente (cfr. fs. 316). Ello demuestra que tuvo efectiva o portunidad de ejercer su defensa material en este proceso, según lo advirtiera la Sala Ia. del Tribunal a quo.

Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia que, no admitida la nulidad por la nulidad misma, ella sólo puede ser pronunciada cuando el incumplimiento de las formas traduce un efectivo menoscabo a los intereses de la defensa. En tal sentido, cabe recordar que la declaración indagatoria constituye esencialmente un medio de defensa del imputado, por lo que carece de valor probatorio decisivo. Aún existiendo un eventual reconocimiento de los hechos atribuidos, ello no dispensa al juez penal del deber de proseguir la causa para investigar la verdad real. De allí que la declaración de validez formal del acto tampoco implica juzgamiento sobre su contenido y eficacia probatoria (CSJTuc., causa: "Ruiz, José Andrés s/violación agravada", sentencia Nro. 771 del 5/9/2002) En la especie, la irregularidad del acto se predica a partir de la alegada omisión en tomar ampliación de la declaración indagatoria requerida por la anterior defensa en la etapa instructoria. La recurrente reitera en esta sede una cuestión que ha sido ya resuelta en la instancia de mérito, en contra de la nulidad articulada; con lo que, como principio, se trata de una cuestión precluida que no puede reeditarse en esta instancia extraordinaria local. Cabe advertir que la defensa reclama su tratamiento en esta instancia casatoria, al amparo de lo dispuesto por el art. 188, inc. 3º del CPP; mas sus agravios no evidencian violación de garantías constitucionales del acusado, que autoricen la declaración de nulidad pretendida, en cualquier etapa o instancia del proceso.

Aceptar nulidades con excesivo acento formalista, obstaculiza el camino que conduce a encontrar un sentido valioso o disvalioso de la conducta humana. En la práctica, se traduciría en muchos casos en la invalidación de gran cantidad de procesos en los cuales, sin estar afectada una garantía esencial, la búsqueda de la verdad real se frustraría por un simple error o una involuntaria omisión (cfr. Desimoni, Luis M., "La prueba y su apreciación en el nuevo proceso penal", pg. 53). Agrega este autor que "admitir tal sistema implicaría una involución que nos retrotraería al procedimiento formal de las legis actios, que el derecho romano reservaba exclusivamente a los latinos y se ajustaba a un severo formalismo, no exento de ritos, soslayando de ese modo que los tiempos modernos se inclinan hacia un procedimiento ágil donde los principios de inmediatez, celeridad y economía procesal encuentren una clara respuesta". "Tal es el sentido del nuevo proceso -la obtención de agilidad y celeridad- para que, quienes aspiren a alcanzar la verdad real, no encuentren el camino hacia la misma plagado de laberintos procesales que conviertan al proceso penal en una verdadera entelequia" (cfr. Desimoni, L.M., ob.cit.).

Cabe tener presente que en la estructura del proceso penal instaurada por la ley procesal vigente, el plenario constituye la etapa central del juicio propiamente dicho, donde se debaten en amplitud los aspectos conducentes para la dilucidación de la causa. Como señalara la Sala Ia. en la sentencia del 25/4/2002, el imputado podía declarar nuevamente, ofrecer y producir las pruebas que crea convenientes, o cuestionar la aptitud conviccional de los elementos ya incorporados en la etapa preliminar. De hecho, ello ha acontecido en el sublite; pues según emerge de la reseña precedente, Suárez ejerció en dos oportunidades su defensa material durante la audiencia de debate. A ello se añade que el testigo Silvio Usandivaras, cuya comparencia reclama la recurrente, fue efectivamente citado por el Tribunal junto a su hermana Susana Usandivaras, a pedido del Ministerio Público y con la adhesión de la querella y de la defensa (cfr. acta de debate, fs. 314). Continuada la audiencia, el Tribunal tuvo por desistidos estos testimonios, "ante la imposibilidad material de notificarlo a pesar de que se extremaron todos los medios necesarios para tal fin". A renglón seguido, y sin manifestar oposición, la defens a expresó que era voluntad de Suárez ampliar su declaración, que fue recibida por el Tribunal.

La posible invalidez de los actos procesales debe en todo caso examinarse en función de la trascendencia que el pretenso vicio presentare respecto a la garantía de la defensa en juicio. La nulidad de los actos procesales -atento al principio de la instrumentalidad de las formas- requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual incompatible con el buen servicio de justicia (cfr. CSJNac., causa "Fiscal c/S., W. R. y otros", del 11/8/88). La aplicación estricta del régimen de nulidades tiende al aseguramiento de los fines del proceso; siendo oportuno recordar que los preceptos sobre nulidades deben interpretarse restrictivamente, pues de lo contrario puede llegar a desvirtuarse el régimen legal mediante una interpretaciones extensivas o analógicas. La trascendencia de la nulidad excluye argumentaciones meramente formales, cuando -como en la especie- no se advierte el perjuicio a los derechos del imputado.

El planteo en análisis ha sido deducido fuera de las oportunidades previstas en el art. 188 del CPP; por lo que su declaración sólo procederá cuando se advierten vicios cuya entidad autorice a tener por configurado el supuesto que describe el art. 185, inc. 3º del mismo cuerpo legal; lo que no ha sido puesto en evidencia en el sublite. Por lo contrario, se aprecia que el imputado tuvo efectiva oportunidad de declarar y ofrecer pruebas en este proceso, rodeado de las garantías esenciales que aseguran la libertad y espontaneidad de su declaración; lo cual excluye la afectación a su derecho de defensa o al debido proceso legal.

3.- Los restantes planteos, fundados en la alegada violación de normas adjetivas por inobservancia a las reglas de la sana crítica racional, remiten en rigor a cuestiones de hecho ajenas, como principio, al recurso extraordinario de la casación.

La lectura de la sentencia impugnada revela que el Tribunal a quo determinó, en base a un análisis integral y detallado del cuadro probatorio producido en autos, que los hechos existieron y el imputado ha sido el autor. La defensa cuestiona la base fáctica del proceso, a partir de una diferente valoración de la aptitud conviccional de las pruebas existentes; intentando demostrar que ellas serían ineficaces para arribar a una decisión de condena, con el necesario grado de certeza.

En el presente análisis de admisibilidad, y en orden a la errónea valoración de la prueba invocada por la defensa, no se advierte que los elementos apreciados por el Tribunal carezcan de idoneidad para sustentar el pronunciamiento. En tal sentido, las alegaciones de la impugnante son insuficientes para la revisión del fallo en la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad, que excepcionalmente permite el reexamen los hechos de la causa. Las razones expuestas en el memorial casatorio no bastan para demostrar violación a las reglas de la sana crítica racional, que descalifique el pronunciamiento como acto jurisdiccional.

3.1.- La postulación de la defensa en torno al resultado del dosaje alcohólico es ineficaz, por sí, para aplicar la causal de inimputabilidad prevista en el art. 34, inc. 1º del Cód. Penal, según reclama la defensa.

No se ha demostrado en autos, ni surge de los argumentos de la defensa, que la ebriedad de Suárez tuvo el alcance de sumirlo en un estado de inconsciencia. Por lo contrario, la descripción de los sucesos contenida en el pronunciamiento muestran una actividad consciente, que requiere del ejercicio de facultades psíquicas indispensables; lo cual excluye la falta total de comprensión de la criminalidad del acto, o de capacidad para dirigir sus acciones. De otra parte, el estado de inconsciencia es causa de inimputabilidad cuando no es atribuible al agente; sin que conste en autos lo contrario.

Es del caso señalar que aún en la hipótesis que invoca la defensa -esto es, erróneo cálculo del grado de alcoholemia-, la significación del resultado de la ingesta de alcohol en el sujeto depende además de un conjunto de factores o circunstancias, como lo son la resistencia individual y situaciones concomitantes. En suma, debe ser suficiente, en relación al imputado, para provocar la obnubilación de la conciencia y la supresión de los frenos inhibitorios, con el alcance de afectar su capacidad de comprensión. Por ello, se ha dicho que el dosaje de alcohol no es de por sí suficiente para establecer un grado de inconsciencia que impida comprender la criminalidad del acto o dirigir las acciones, ya que no puede seguirse un criterio puramente objetivo en base al contenido de alcohol en sangre, puesto que de un organismo a otro se dan notorias diferencias de reacción al alcohol, siendo incluso distinta la capacidad de oxidación que muestra cada individuo, por lo que es necesario recurrir a otros elementos que permitan llegar a una conclusión". (CPenal Santa Fe, Sala II, causa P., A.J., sentencia del 23/10/79. Zeus, 19-200).

En suma, no se ha puesto en evidencia, con apoyo en el plexo probatorio reunido, el estado de inconsciencia que la defensa deriva de la ingesta de alcohol; debiendo señalarse que el alcoholismo no elimina necesariamente la capacidad de comprensión y dirección de las acciones. Para descalificar el pronunciamiento por omisión en aplicar la normativa contenida en el art. 34 inc. 1º del Cód. Penal, no basta su mera invocación en esta instancia casatoria; pues debe probarse que efectivamente medió inconsciencia por ebriedad, como causal de inimputabilidad. La ebriedad del sujeto debe presentar una entidad tal que le impida comprender la criminalidad del hecho o dirigir sus acciones; ya que por sí misma no es causal de inimputabilidad. Su relevancia está dada por los efectos que ella suscite en la conciencia del individuo, lo cual debe ser probado; y ello no ha acontecido en el sublite.

3.2.- Las pretensas irregularidades de procedimiento invocadas, tampoco adquieren la entidad que la defensa les asigna para revertir la decisión de condena. Así, los cuestionamientos en torno a los objetos secuestrados, de ningún modo desvirtúan la consumación del delito de robo que el Tribunal a quo tuvo por demostrada. Ha quedado definitivamente establecido en la instancia de mérito que al momento de ser aprehendido, Suárez circulaba caminando, y que empujaba la motocicleta de propiedad de la víctima Gallo, sin que pudiera explicar su procedencia (cfr. acta de procedimiento de fs. 1; y de entrega al propietario en calidad de depositario judicial, fs. 84). En estas condiciones, la versión de que la misma sólo fue utilizada con fines de fuga carece de apoyo en los hechos de la causa; y la conclusión de la sentenciante en este punto no se presenta arbitraria o contraria a las reglas de la sana crítica racional.

3.3.- En relación a las presuntas contradicciones asignadas a los informes médicos, es oportuno reiterar que los jueces de mérito son soberanos en la selección y valoración de las pruebas; y a ellos corresponde apreciar su grado de aptitud conviccional. Al respecto, se advierte que en oportunidad de valorar el examen físico practicado a la víctima, la Sala a quo puso de relieve que del mismo puede extraerse el grado de violencia ejercida, que en este tipo de delitos deja marcas o huellas tanto de agresión como de repulsión. Señaló que en el caso se encuentran marcas de repulsión concretas en el informe de fs. 55; cuya ubicación se explica en el modo en que fue agredida Viviana López, según su descripción sobre la posición en que se encontraba. A su vez, sus dichos coinciden con las lesiones descriptas a fs. 56, "referidas a los desgarros en ano y sutura posterior"; a la vez que demuestran la resistencia de la víctima a ser accedida por esta vía (cfr. fs. 324 y vta.).

El informe de la Maternidad invocado por la defensa, que obra a fs. 46 de autos, de ninguna manera se opone a las conclusiones de la sentenciante. Basta señalar que del mismo se desprenden secuelas de la violación, como las descriptas en "pliegue interglúteo que se dirige hacia el ano". Consta además que se practicó sutura; y ello coincide con la indicación dada el día anterior en la Dirección de Sanidad (cfr. fs. 55: "se indica traslado a una maternidad para sutura"). Es así que las pruebas valoradas por el Tribunal, contundentes para acreditar que Viviana López fue violada, no se oponen sino que se ven corroboradas con el referido informe del Instituto de Maternidad.

3.4.- En lo atinente a las testimoniales, tampoco se logra evidenciar la falta de concordancia sustancial entre los relatos de ambas víctimas, que permita descalificar el pronunciamiento por violación de las reglas de la sana crítica racional. Por lo contrario, se verifica que en distintas oportunidades durante este proceso, tanto Gallo como Viviana López declararon en sentido coincidente en torno al núcleo central de los hechos y sus circunstancias. Se ha dicho en tal sentido que "Dado que la prueba testifical, como la prueba de peritos y el valor de sus conclusiones, o la existencia de indicios, han tenido su ámbito de producción en el juicio oral y han sido percibidos directa e inmediatamente por los magistrados, el papel que a ellos se les ha asignado no puede ser controlado por la vía casatoria, toda vez que ha tenido origen en un conjunto de circunstancias sólo apreciables por el tribunal de mérito en su oportunidad" (CNCasación Penal, Sala III, causa P., M. C. y otros, sentencia del 09/05/95, ED, 163-166).

Al respecto, cabe poner de relieve que en oportunidad de juzgar la autoría atribuida al acusado, el Tribunal a quo expresó que los casos de violación se centran generalmente al amparo de las circunstancias que facilitan su comisión y hasta a veces favorecen su impunidad, dado que sólo interviene el sujeto activo y pasivo, lo que torna difícil la colección de pruebas..., en este caso concreto se cuenta con el testimonio de Martín Gallo, cuya declaración "luce coincidente con la de la víctima; coherente con los hechos sucedidos en sus distintas circunstancias de tiempo, lugar y modo: verosímil, si se tiene en cuenta que en todo momento estuvieron intimidados por el arma (símil verdadera). Y no se demostró en autos, ningún motivo que permita inferir en Gallo la intención de perjudicar a Suárez mediante la incriminación del hecho en cuestión, como tampoco conseguir ventajas de dinero como argumentó Suárez, más aún cuando en las conclusiones finales y abrogando por la absolución, se alegó su incapacidad económica. Muy por el contrario, en la audiencia de debate oral se recreó la secuela que dejó este hecho en la psiquis de Gallo y en su estado anímico aun cuando él no fuera el sujeto pasivo del delito" (cfr. fs. 323 vta.). Más adelante, la sentenciante precisó que la secuela del hecho en Martín Gallo deviene de su condición de novio de Viviana.

A estas valoraciones sumó la contundencia de los exámenes psíquicos y físicos, pormenorizadamente analizados; y que a más de demostrar la resistencia de la víctima, coinciden con la versión expuesta por Gallo y López. Esta conclusión de mérito encuentra, como se dijo, apoyo en las constancias de la causa, sin que la defensa logre demostrar la arbitrariedad denunciada.

4.- Se concluye que los jueces de grado arribaron a la certeza inequívoca de autoría y responsabilidad penal atribuida a Suárez; certeza que excluye el reclamo sustentado en el in dubio pro reo, pues ninguna duda ha expresado el Tribunal para arribar a su decisión de condena. La exposición de su propia interpretación sobre los informes médicos obrantes en autos -que no se compadece con su contenido-; o acerca de la aptitud conviccional que puedan merecer los dichos de las víctimas, no basta para eliminarlas como prueba de cargo; toda vez que el Tribunal ha dado razones de su fallo, y las mismas se presentan idóneas para fundar la sentencia en recurso. Tampoco logra demostrar que el análisis del plexo probatorio en su conjunto impida arribar a un juicio de condena; advirtiéndose que las dudas insinuadas sobre la autoría de su asistido, carecen de aptitud para desvirtuar el cúmulo de elementos examinados por la sentenciante para concluir positivamente al respecto.

La tesis de la defensa es inaceptable, en cuanto sugiere ausencia de pruebas objetivas para incriminar a Suárez. No cabe perder de vista las circunstancias que rodearon al hecho, y las características propias de esta clase de ilícitos, donde no suelen existir pruebas directas ni testigos presenciales; lo cual ha sido destacado por el Tribunal a quo en el fallo recurrido, y también por esta Corte en pronunciamientos anteriores. En los delitos de violación, realizados solitariamente y con aprovechamiento del aislamiento circunstancial de la víctima, las exigencias procesales deben hacerse jugar con realismo, apreciando en su conjunto todas las constancias de la causa, según las reglas de la sana crítica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que "La prueba de los delitos contra la honestidad -en el caso, violación- resulta de difícil recolección, no sólo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia criminis al tribunal. Sin embargo, ello no significa que resulten de imposible investigación, ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en conjunto lo tiene. Por el contrario, deben valorarse las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados" (cfr. CSJNac., sentencia del 15/07/97 en autos "Vera Rojas, Rolando", LL, 1998-A, 312).

En suma, la prueba integrada por los peritajes médicos, secuestro de prendas, exámenes psicológico y de laboratorio; a las que se suma la contundente imputación de la víctima y su acompañante, efectuada en rueda de personas, y la aprehensión de Suárez con la moto de Gallo en su poder, es idónea en conjunto para tener al procesado como autor penalmente responsable del delito de violación que se le atribuye; por lo que no se advierte déficit de motivación, que descalifique al pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Conforme a lo considerado, permanecen incólumes elementos que poseen aptitud para fundar la sentencia en recurso. La discrepancia con el Tribunal, en torno al grado de certeza de sus conclusiones, carece de todo sustento ante el juicio categórico y contundente expresando por aquél al tratar cada una de las cuestiones propuestas. Si el decisorio cuenta con elementos suficientes para motivarlo, el recurso sustentado en una diferente interpretación de las hechos de la causa y de algunas de las pruebas colectadas, resulta inadmisible.

Esta Corte Suprema de Justicia reitera que el cuadro fáctico fijado por el Tribunal de juicio es inconmovible en casación, aunque pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para fijarlos. La pretensión de una nueva valoración de la prueba se halla al margen de los motivos de la casación, pues la instancia extraordinaria local en relación a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Por tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o la arbitrariedad deben ser apreciados con un criterio restrictivo; pues pertenece a los poderes discrecionales del tribunal de mérito, la selección y valoración de la prueba que concurre a formar su convicción.

La ley procesal local sienta como principio básico que la determinación de los hechos y la valoración de la prueba corresponden a los jueces de mérito; y la casación no constituye un medio ordinario para revisar el acierto o error de las decisiones de los Tribunales inferiores vinculadas al material histórico del proceso (cfr. CSJTuc., sentencia del 15/02/95 en autos "Solórzano, P.R. s/lesiones culposas). Ha destacado esta Corte Suprema de Justicia que este recurso presenta una dificultad adicional en el procedimiento penal vigente, dada la característica de oralidad del juicio de mérito, donde la producción de la prueba importa una vivencia difícil de reproducir ante el tribunal de casación. La tarea valorativa de los jueces se desenvuelve en un marco de inmediación y concentración, con la percepción directa y personal de los magistrados, y su control se ve restringido a lo que se registra en las actas incorporadas al expediente (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 783 del 09/12/94).

La descalificación del fallo por arbitrariedad implica un grave desvío de las reglas de la sana crítica, lo que no acontece en este caso, donde el pronunciamiento cuenta con fundamentos suficientes para sustentarlo, sin que se verifique el quebrantamiento de las reglas de la lógica invocado por el recurrente. Según pacífica y constante doctrina de esta Sala Civil y Penal, el reexamen de los hechos y de las pruebas excede el ámbito propio del recurso de casación; pues de otro modo, la sola alegación de arbitrariedad o de haberse conculcado las reglas de la sana crítica racional, bastaría para habilitar el remedio extraordinario local, convirtiéndolo en una instancia revisora de los aspectos fácticos del juzgamiento (cfr. CSJTuc., "Pedernera, E. E. s/Robo agravado en seis oportunidades", del 30/10/96; "Solórzano, P.R. s/lesiones culposas", antes citado; "Gómez, L. H. y/o. s/lesiones gravísimas" -Recurso de queja-, del 09/12/94, entre muchos otros). Las meras discrepancias del impugnante no alcanzan para acreditar el error de derecho denunciado, o la violación de principios lógicos o de sentido común en el razonamiento sentencial.

Se concluye que los fundamentos casatorios analizados supra no exceden la mera discrepancia de la defensa con la valoración de los hechos de la causa, que condujo a condenar al imputado como autor responsable del ilícito investigado. La consideración de los agravios expuestos en el memorial recursivo exigiría una diferente calificación de los hechos, para emitir un juicio de valor sobre la aptitud conviccional de las pruebas colectadas; tarea que resulta extraña a la labor casatoria.

5.- Finalmente, procede examinar el agravio fundado en la errónea aplicación de las reglas sobre concurso de delitos, contenidas en el Cód. Penal. En lo sustancial, la recurrente reclama se modifique la sentencia, estableciendo que ha mediado concurso ideal de delitos, con la consecuente atenuación de la pena impuesta.

5.1.- En lo atinente a la privación ilegítima de libertad, cabe advertir que a criterio de la defensa, ello ha respondido al tipo de delito -violación-; que requiere de tal privación para su consumación. A más de que, por hipótesis, tal aserto cabría sólo en relación a la víctima de la violación y no a su acompañante -también privado de su libertad, según emerge de la plataforma fáctica establecida en la instancia de mérito-, se soslaya que en el sublite, tal como han sido fijados los hechos de la causa, dicha privación de libertad habría excedido lo necesario para la consumación de este ilícito respecto de Viviana López. Sostuvo el Tribunal a quo que de las propias declaraciones del acusado resulta que primero se trasladaron desde la plaza de calle España hacia el pub "Coyote" ; y ello coincide con los dichos de las víctimas, excepto en cuanto a que no lo hicieron por su propia voluntad, sino con el arma símil verdadera con la cual los amenazaba. Que en la versión de estas últimas, primero fueron por la Avda. Presidente Perón, y por indicación del acusado se desviaron hacia el lugar donde se consumó la violación (cfr. fs. 322).

La secuencia de los hechos así descripta impide considerar el único hecho invocado por la defensa; pues si bien es verdad que la privación de la libertad del sujeto violado puede ser tenida como elemento constitutivo del tipo, cuando la inmovilización a que necesariamente queda reducida la víctima del delito de violación se extiende más allá de lo indispensable para la ejecución material del mismo, este delito y la privación de la libertad concurren en la forma prevista en el art. 55 del Cód. Penal. Se ha de tener presente que la privación de la libertad que absorbe el delito de violación es aquella concomitante con los actos de abuso sexual, necesaria para obtener la sujeción del cuerpo de la víctima a los fines del acceso carnal o los tocamientos impúdicos, no abarcando aquellos actos anteriores privativos de libertad con miras deshonestas, que importen el traslado de la víctima al lugar en que se espera realizar el acometimiento sexual (cfr. TSCórdoba, Sala Penal, sentencia del 01/3/99 en autos "Martínez, Néstor F.", LLC, 2000-813).

De otra parte, las razones expresadas en los considerandos precedentes, excluyen también el pretenso concurso ideal de los delitos de violación y robo. De acuerdo a la base fáctica establecida, al momento de ser aprehendido Suárez caminaba empujando la motocicleta de propiedad de Gallo; y este proceder no se ajusta a la versión de la defensa, cuyo agravio se basa en la pretensa utilización del vehículo con fines de huida.

En consecuencia, tampoco se advierte errónea aplicación de las normas que regulan el concurso de delitos; por lo que los agravios fundados en errónea aplicación de la ley sustantiva deben ser igualmente desestimados.

A mérito de las razones expresadas, corresponde desestimar el recurso de casación en examen.

A las cuestiones propuestas los señores vocales Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, en cuanto a las cuestiones propuestas, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto a fs. 328/384 por la defensa de Sebastián Carlos Darío Suárez, contra la sentencia de la Excma. Cámara Penal, Sala IIIa. del 06/8/2003.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ANTE MI:

MARIA C. RACEDO ARAGON DE LUNA BEF