Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-13


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: Trece.- San Fernando del Valle de Catamarca, 13 de agosto de 2012.- Y VISTOS:

Estos autos Corte Nº 005/2012: "ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE EL ALTO - s/ Acción de Amparo", llamándose autos para Sentencia a fs.93.- En este estado el Tribunal se plantea la siguiente cuestión a resolver:

1) Es procedente la acción de amparo interpuesta? En su caso ¿Qué pronunciamiento corresponde?.- 2) Costas.- Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs.94, dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, LUIS RAÚL CIPPITELLI y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. Cáceres dijo:

A fs.25/36 la apoderada de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE- y de las Sras. Maria Isabel Luna, Maria Elena Luna, y de Reina Beatriz Mansilla, promueve acción de amparo en contra del Municipio de El Alto, persiguiendo se declare la nulidad del Decreto 105/2011, y la reinstalación de sus representadas en sus lugares de trabajo.- En lo que hace al relato de los hechos, manifiesta que las actoras fueron contratadas el día 01/06/2011, que cumplidos los 6 meses de antigüedad, y percibiendo oportunamente sus haberes, el día 17/11/2011 el titular del Ejecutivo Municipal emite el Decreto Nº067/11 por el cual se las incorpora a planta permanente, y que el Concejo Deliberante a través de una ordenanza homologa dicha designación; la que luego fue vetada por el Decreto Nº105/2011 de fecha 15/12/2011 por el nuevo Intendente del Municipio. De este modo aduce que la medida dispuesta afecta derechos constitucionales pues produce un despido sin razones que lo justifiquen, y por ello carece de legalidad, siendo arbitraria además por que no todos los trabajadores designados en planta permanente han sido dados de baja, sino que han continuado trabajando algunos de ellos, dejando entrever que el argumento de la falta de presupuesto invocado como causa, es falso, pues la medida tendría que haber afectado a todos los trabajadores sin discriminar a nadie. Por ello, y sin perjuicio de solicitar la nulidad del acto administrativo impugnado, peticionan como medida cautelar se ordene al Municipio la reinstalación de sus representadas en los cargos con los salarios dejados de percibir. Finalmente formula reserva del caso federal, y ofrece prueba documental e informativa.- A fs.52/53 se agrega dictamen del Sr. Procurador General de la Corte.- A fs.54/55 la Corte de Justicia resuelve declarar la procedencia formal de la acción interpuesta, no hacer lugar a la medida cautelar solicitada y requerir al Titular de la Municipalidad de El Alto, el informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos relacionados con el Decreto Nº105/2011.- A fs.74/92 los apoderados de la Municipalidad de EL Alto contestan el requerimiento formulado, en el que enumeran los presupuestos que se encuentran incumplidos en la presente acción de amparo, y que determinan su rechazo. Sin perjuicio de ello, expresan que el derecho a veto fue ejercido razonablemente por el Titular del Departamento Ejecutivo a través del Decreto Nº105/2011 contando con todos los presupuestos necesarios para su validez, y en pleno ejercicio de facultades discrecionales. De ese modo, aducen que se dejó sin efecto la ilegal designación de personal en planta permanente que no cumplía las exigencias legales, pues a los cinco meses y diecisiete días de celebrados los contratos de locación de servicios se dicta el Decreto Nº067/2011 por el cual se las designa en planta permanente a partir del 01/12/2011. De allí, que sea falso el argumento de que las empleadas tengan los seis meses de antigüedad a la fecha en que se emite el Decreto que las designa -el día 17/11/2011- si se considera que los contratos fueron suscriptos el 01/06/2011, y que en el caso tampoco hubo informe del superior que certifique sobre la idoneidad de las mismas, ni examen psicofísico. Aducen también, que los nombramientos eran innecesarios porque no existían vacantes, como tampoco fueron previstos en el presupuesto, que todas estas irregularidades lo tornan nulo de nulidad absoluta. Señalan asimismo, que al no haberse notificado el decreto de designación, no pudo entrar en vigencia, por lo que no ha generado derechos subjetivos. Por otra parte, aducen que la Ordenanza Nº412/2011 que homologó el Decreto de designación fue vetada por el Ejecutivo Municipal por medio del Decreto Nº105/2011 el día 15/12/2011. De ese modo la Ordenanza que homologó el Decreto, al ser vetada no generó consecuencias jurídicas para ninguna de las partes, y el Decreto tampoco produjo efectos porque necesitaba completar su trámite con la homologación, de allí también, que no haya tenido estabilidad ni ejecutoriedad. Alegan, que el día 15/12/2011 el Ejecutivo Municipal dicta el Decreto Nº106/2011, por el cual revoca el Decreto de designación, que todo este proceder fue realizado en función del correcto funcionamiento del Estado Municipal, rectificando errores administrativos del anterior Intendente, por lo que la facultad revocatoria ejercida en Sede Administrativa resulta legítima al revocarse un acto que no se encontraba firme ni consentido ni ha generado derechos subjetivos. Agrega a mayor abundamiento que esta facultad también procede en el supuesto en que el administrado haya conocido el vicio, supuesto que se da en autos, pues las recurrentes sabían que no tenían los seis meses de servicio efectivo. Finalmente ofrecen prueba documental e informativa, hacen reserva del caso federal, y solicitan por éstas y otras consideraciones a las que me remito, el rechazo de la acción interpuesta, con costas.- A fs.93 obra el llamamiento de autos, con lo que la causa queda en estado de ser resuelta.- Siendo ello así, he de comenzar recordando que A través de la presente acción de amparo las recurrentes solicitan se declare la nulidad del Decreto Nº105/2011 que revocó el Decreto Nº670/2011 a través de cual fueron designadas en planta permanente.

Se advierte que en el caso se cuestiona la facultad ejercida por el Titular del Ejecutivo Municipal de revocar en su propia sede el Decreto de designación en planta permanente de las recurrentes. Para así decidir la autoridad administrativa valoró que en el caso no estaban cumplidos los presupuestos para pasar a planta permanente a las recurrentes, dado que faltaba la partida presupuestaria suficiente para proceder a tal designación.

Como bien recuerdan los representantes del Municipio demandado, en oportunidad de votar en la causa Corte Nº 004/08 "Rasguido, Maria Verónica y Otros c/Municipalidad de Santa Rosa- s/Acción de Amparo" he fijado mi postura de considerar "que durante el período de prueba el agente no goza del derecho a la estabilidad, en consecuencia el derecho nacido del acto en cuestión (decreto de designación) no tiene el carácter de derecho perfecto; de derecho subjetivo. Dato que no puede dejar de ponderarse debidamente, pues la índole precaria de la relación durante dicho período, impide al administrado cuestionar la valoración de las condiciones de idoneidad que realiza la Administración, cuando decide la cancelación de la designación, pues aquélla es precisamente la razón de ser de dicho período".

De la cita efectuada puede inferirse que la situación de las recurrentes en principio, cabe perfectamente en ella, dado que según las constancias que obran en la cusa, se las designa en planta permanente a partir del 1 de diciembre de 2011 y, a los quince días de la designación, el nuevo Intendente decide revocar tales nombramientos, aduciendo la falta de partida presupuestaria suficiente; con lo que la Administración habría ejercido durante el transcurso del período de prueba la facultad discrecional que lo habilita a cancelar las designaciones.

Como he dicho, durante el período de prueba lo que se valora son las condiciones de idoneidad del administrado, pues ésta es la razón de ser de dicho período. En tal sentido cabe considerar que el Art.14 de la Ley 3276 establece que "El nombramiento del personal permanente tendrá carácter provisional durante los seis primeros meses de servicio efectivo, al término de los cuales se transformará automáticamente en definitivo, siempre y cuando el agente haya demostrado idoneidad y condiciones para la función conferida, según informe fundado de su superior". De allí entonces que el agente adquiere la estabilidad cuando se acrediten condiciones de idoneidad, y "que la facultad que se confiere a la Autoridad Administrativa para cancelar las designaciones durante el período de prueba, conducen a pensar que el objeto de tal potestad es la de brindar la posibilidad a la Administración para que evalúe la idoneidad del agente" (C.S.J.N "Schnaiderman, Ernesto Horacio c. Estado Nacional- Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación. 08/04/2008).

Como podrán ir advirtiendo el tema traído a resolver merece especial consideración, porque, más allá de comprobarse en el caso que la cancelación fue realizada en el tiempo durante el cual la Administración podía hacerlo, un análisis más profundo de la cuestión me lleva a detectar los graves defectos que tuvo el proceso de formación de la voluntad administrativa.

Con ello quiero decir, que este nuevo acto administrativo, dictado en ejercicio de una potestad que le es propia y que se fundamenta en la satisfacción directa e inmediata del interés público, debió reunir todos los requisitos propios de un acto administrativo, pues este acto que avanza sobre los intereses y/o derechos de los particulares, debe ser respetuoso del principio de legalidad y del debido procedimiento previo, debiendo concurrir sin vicios, para su validez con todos los elementos que surgen de los Arts. 27 y 28 del Código de Procedimientos Administrativos.- Principio elemental de esta disciplina, que nuestro Máximo Tribunal tuvo que recordar en los autos "Micheli, Julieta Ethel c/ EN-M Justicia y DD.HH. -Resol 313/00- s/empleo público" cuando sostuvo que la cancelación de una designación en planta permanente dentro del período de prueba constituye una facultad discrecional, pero ello no exime a la Administración de respetar los recaudos que el Decreto-Ley 19.549/72 exige para la validez de los actos administrativos, ni tampoco puede justificar una decisión arbitraria, irrazonable o discriminatoria.- Aclarado este principio, encuentro entonces, que en el sub-examine, la Administración ha hecho uso de una potestad que le compete, de revocar en su propia sede el decreto de designación, y que ello ha sido ejercido durante el período de prueba en que el agente no goza de estabilidad, empero ello, también advierto que el acto administrativo traído a revisión, no tiene en cuenta precisamente esa circunstancia, ya que según se lee de sus considerandos la falta de partida presupuestaria determina y expresa la causa de la revocación de los nombramientos.- En la causa "Rasguido" como "Quipildor", he finalizado mi voto diciendo que ".si el resultado de las evaluaciones realizadas en las condiciones personales de los dependientes no conformaba a la Administración, y si ellas han sido en efecto los presupuestos de hecho del acto impugnado, ninguna objeción cabe formular.pues la cancelación de las designaciones se había dispuesto antes de cumplir los seis meses de servicio efectivo".- Situación diferente a la que se ventila en autos, donde se invocan como presupuestos de hechos cuestiones presupuestarias, que nada tienen que ver con las condiciones de idoneidad de las recurrentes.-	De allí, la discordancia entre la facultad -limitada- que es concedida a la Administración para cancelar la designación durante el período de prueba y la finalidad de la norma. Y así la notoria incongruencia entre uno y otro extremo, dejan entrever que el acto administrativo que revoca sin considerar la idoneidad, presenta un vicio en su finalidad, ya que el ejercicio de la potestad ha sido empleado para un fin distinto. Así se dice la finalidad como elemento del acto administrativo debe ser el cumplimiento de las previsiones contenidas en la norma que le sirve de causa.- A mayor abundamiento, es del caso también decir que el motivo genérico que se emplea para justificar la medida, revela solo una fundamentación aparente, pues en forma ambigua y confusa, y sin exponer un detalle mínimo aunque preciso de informes que avalen la decisión adoptada, a los cinco días de asumir el nuevo Intendente, sin darle ninguna participación a los interesados se dispone la revocación de las designaciones. Oportuno es recordar que en el ejercicio de facultades discrecionales la necesidad de motivación se profundiza, ya que la motivacion es el resguardo frente a la arbitrariedad.- En conclusión, entiendo que el ejercicio de la potestad revocatoria impone la observancia de determinados recaudos legales, ya que la sola circunstancia de que se la ejerza en tiempo oportuno, no es suficiente para otorgarle validez al acto.- En base a tales premisas, propongo si mi voto resultare compartido, hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, y revocar por las razones dadas, el Decreto Nº105/2011 en cuanto dispuso vetar la Ordenanza que homologó la designación de las recurrentes. Así emito mi voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Comparto en un todo las consideraciones formuladas por el Sr. Ministro que inaugura el acto y adhiero a la solución final propuesta, por lo que me pronuncio en idéntico sentido.- A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que examinada la causa en estudio y compartiendo el criterio y el alcance del análisis efectuado por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, me inclinan a la adhesión de su razonamiento y resolución, votando en igual sentido. Así voto.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo: Conforme a lo resuelto en la primera cuestión planteada, las costas corresponden a la vencida.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cippitelli dijo:

Que adhiero a las conclusiones expuestas por el Sr. Ministro, Dr. Cáceres, votando en igual sentido.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Con costas a la demandada que resulta vencida.- Por ello y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, ordenando revocar el Decreto Nº105/2011 que dispuso vetar la Ordenanza Nº412/2012, homologatoria de la designación de las recurrentes, y en consecuencia reincorporar a las actoras a sus lugares de trabajo y pagar los salarios caídos, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS de quedar firme esta sentencia.- 2) Con costas a la demandada que resulta vencida.- 3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente archívense.- Fdo: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva (Presidente), José Ricardo Cáceres (Ministro), Luis Raúl Cippitelli (Ministro) y Esc. Elsa Lucrecia Arce (Secretaria - Corte de Justicia).-