Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-11-16


2º Instancia.- Resistencia, noviembre 16 de 2010.

Considerando:I. Que, la parte actora promueve acción de amparo contra el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -Sucursal Formosa- y el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que se le restituya (en dólares o la cantidad de pesos necesaria para adquirir la divisa en el mercado libre) la suma depositada en el Plazo Fijo en dólares Nº 7213762 (por u$s 36.529,97); impugnando asimismo el bloque normativo conformado por el "corralito financiero", "la reprogramación" de la devolución de los depósitos y "la pesificación" de ahorros en moneda extranjera en tanto importan -dice- una clara violación del derecho de propiedad garantizado por la Carta Magna (Arts. 14 y 17).

A fs. 50/53 y 58/68 obran glosados los informes circunstanciados evacuados por las codemandadas, en orden a lo normado por el art. 8 de la Ley 16.986.

II. A efectos de que se ordene al Banco demandado la restitución de los fondos depositados solicita Medida Cautelar; la cual es decretada parcialmente por el Juez de grado a fs. 23, ordenando al Banco de Galicia que entregue a la actora la suma de u$s 20.000 depositada en el Plazo Fijo en cuestión Nº 7213762.

Tal medida -según constancia de fs. 44- fue cumplimentada por la entidad bancaria.

III. A fs. 73/78 el a quo resuelve hacer lugar a la acción de amparo incoada, declarar la inconstitucionalidad del plexo normativo cuestionado y, por ende, ordenar al Banco de Galicia que restituya al actor el saldo impago de la suma impuesta en el depósito de referencia. Asimismo, impone las costas a las accionadas, conforme al principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN) y regula los honorarios profesionales de conformidad a los postulados de los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432.

Disconformes con tal decisión interponen recurso de apelación a fs. 81/82 la entidad bancaria demandada, y a fs. 83/87 el Estado Nacional.

Liminarmente, el Banco de Galicia expone sus agravios alegando que el a quo no tuvo en cuenta la grave situación por la que atravesaba la República Argentina; ni tampoco que el Decreto 214/02 preveía una forma justa y equitativa de resolver la cuestión, razón por la cual se queja porque el Juez ordena la restitución del depósito en dólares o pesos al cambio libre. Asimismo, se agravia por considerar altos los estipendios fijados en la sentencia y porque al regular sus honorarios -dice- el a quo no respetó la proporción arancelaria establecida en el art. 7 de la ley 21.389.

Por su parte, el Estado Nacional sostiene, en defensa del plexo normativo cuestionado, la razonabilidad y la presunción de legitimidad de que goza tal normativa, como así también las cuestiones de emergencia que determinaron su dictado. Agraviándose -además- por considerar altos los honorarios regulados en tanto correspondía -entiende- la aplicación de lo normado por el art. 13 de la ley 24.432.

Tales agravios obtuvieron réplica de la accionante a fs. 90.

IV. Ahora bien, sobre el fondo de la cuestión que trae los autos a conocimiento del Tribunal cabe puntualizar que habiéndose pronunciado la Corte Suprema en el caso "Massa" (1) y posteriormente in re: "Kujarchuk" (2) y "Wainhaus" (3), ha quedado claramente fijado el criterio a seguir sobre las cuestiones debatidas en casos como el "sub examine"; dando el Alto Tribunal una respuesta institucional como cabeza del Poder Judicial de la Nación, en aras de poner fin a litigios como el presente de indudable trascendencia institucional y social (4).

Y atento que las cuestiones de hecho planteadas en las presentes actuaciones -acogidas favorablemente por el a quo- son sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas por la Corte Suprema, se estima oportuno y conveniente adoptar en la especie el criterio doctrinal sentado en los mentados precedentes por el Alto Cuerpo, toda vez que tal solución resguarda la sustancia del derecho patrimonial de los depositantes en tanto les permite obtener una suma expresada en pesos que cubre íntegramente el valor de los dólares depositados.

V. En mérito a ello, según surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema, corresponderá declarar el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria demandada el reintegro de sus depósitos (incluyendo los intereses pactados con la limitación temporal determinada in re: "Massa") convertidos a pesos, a la relación de $ 1,40 por cada dólar, ajustado por el CER hasta el momento de su pago, con más la aplicación sobre el monto así obtenido, de los intereses compensatorios calculados a la tasa del 4 % anual -no capitalizable- también hasta el efectivo pago; debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que -con relación a dichos depósitos- hubiese abonado la entidad bancaria demandada a lo largo del pleito en cumplimiento de medidas cautelares; y si lo entregado hubiese sido el total del monto depositado, en dólares o su equivalente en pesos, deberá considerarse que la obligación ha sido íntegramente cancelada.

Señalándose -asimismo- que el reconocimiento de tal derecho a los fines de determinar el monto a percibir, no podrá ser superior al valor de los depósitos originales reclamados conforme la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios -tipo vendedor-, a la fecha del efectivo pago (5).

VI. En tal inteligencia, analizadas las constancias de la causa se advierte que la suma impuesta en el Plazo Fijo en dólares Nº 7213762 (u$s 36.529,97) fue parcialmente abonada por el Banco de Galicia pues (según constancias de fs. 44) sólo restituyó a la accionante la cantidad de u$s 20.000 del depósito de marras, en cumplimiento de la medida cautelar decretada a fs. 23. En consecuencia, cabrá concluir que tal percepción deberá ser imputada como pago a cuenta del depósito en cuestión.

Sentado lo cual, con el propósito de evitar que el modo de efectuar el cómputo del referido pago parcial pueda dar lugar a nuevas controversias en la etapa de liquidación, se estima conveniente especificar el mecanismo de cálculo correspondiente.

Ello así, tratándose del depósito en el Plazo Fijo en dólares Nº 7213762 por u$s 36.529,97, del cual el Banco de Galicia pagó u$s 20.000, aunque lo haya hecho en pesos, deberá considerarse que efectuó un pago a cuenta del 54,7 % aproximadamente, de lo adeudado por tal imposición.

Por lo tanto, una vez determinado el importe en pesos del depósito bancario en cuestión (Plazo Fijo Nº 7213762, según la fórmula establecida por la CSJN in re "Massa"), del mismo se deberá descontar el porcentaje (54,7 %) correspondiente al respectivo pago a cuenta, asistiéndole derecho a la parte actora a percibir de la entidad bancaria demandada el pertinente saldo impago, esto es, el 45,3 % restante, en pesos.

VII. Finalmente, ambas recurrentes se agravian por considerar altos los honorarios profesionales regulados por el a quo, y (el letrado de la entidad bancaria) se queja por no respetar -dice- la proporción arancelaria establecida en el art. 7 de la ley 21.389.

Así planteada la cuestión y analizada la regulación en crisis se advierte que si bien el a quo señala que regulará los honorarios profesionales ejerciendo las atribuciones conferidas por los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432; sin embargo al momento de fijarlos no aplica la normativa que anuncia cuando, a criterio de este Tribunal en su actual composición, el ejercicio de la facultad atribuida por el art.13 del referido texto legal para fijar los emolumentos profesionales por debajo de los mínimos arancelarios hubiera sido lo correcto, en atención a los fundamentos dados para su ejercicio, esto es, mantener una razonable proporción entre el monto de los honorarios a regular y la labor profesional efectivamente realizada.

En tal sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "Sain, Juan C." (6), considerando razonable utilizar el dispositivo del artículo 13 de la Ley 24.432 al advertir una desproporción entre el monto resultante de la aplicación estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en la ley arancelaria y la labor desarrollada. Y -en este marco- ha establecido recientemente que "La regulación -de honorarios- no depende exclusivamente del monto del juicio o de las escalas pertinentes, sino de todo un conjunto de pautas previstas en los regímenes respectivos, que pueden ser evaluados por los jueces con un amplio margen de discrecionalidad, entre las que se encuentran la naturaleza y complejidad del asunto, el mérito de la causa, la calidad, eficacia y extensión del trabajo" (7).

Sentado lo cual, a fin de arribar a una solución justa y mensurada acorde con las circunstancias particulares del caso corresponderá acoger favorablemente los agravios del Banco de Galicia y el Estado Nacional sobre el punto en análisis y, en consecuencia, fijar nuevamente los emolumentos de los profesionales intervinientes por su actuación en la instancia de grado, en el marco de las atribuciones conferidas por los arts.10 y 13 de la Ley 24.432 -anunciada y no aplicada por el a quo-, toda vez que la materia objeto de la presente litis se inserta en el marco de la masiva litigiosidad a que dan origen planteos que se caracterizan por la identidad del objeto procesal y la casi nula actividad probatoria que implica su definición.

En este marco, tomando en consideración las particulares circunstancias del caso y el mérito y extensión de los trabajos realizados, se estima suficientemente justipreciada la labor técnica desarrollada en la especie por la patrocinante de la parte actora (Dr. C. A. M.), fijando sus honorarios en la suma de $ 5.245; y para los letrados intervinientes en representación de los codemandados, (Dr. L. H. P. por la entidad bancaria demandada, y Dra. L. E. N. A. por el PEN), en la de $ 3.670 para cada uno de ellos.

VIII. por los fundamentos expuestos, corresponderá acoger la queja de los co-demandados (el Estado Nacional y el Banco de Galicia) por altos los honorarios fijados en la sentencia, revocar los emolumentos profesionales regulados por el a quo a fs. 78 vta, y por ende establecerlos nuevamente conforme lo normado por los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432, respetando -asimismo- la proporción arancelaria que debe existir entre los honorarios regulados a los letrados de las partes vencedora y vencida (según pautas del art. 7 de la Ley 21.839), en las siguientes cantidades de pesos: para el Dr. C. A. M. (letrado patrocinante de la parte actora), en la suma de $ 5.245; y para los letrados intervinientes en representación de las codemandadas, el Dr. L. H. P. (por la el Banco de Galicia), y la Dra. L. E. N. A. (por el PEN), en la de $ 3.670 para cada uno de ellos.

IX. Costas:

Dada la forma en que concluye la litis, deberán adecuarse a este pronunciamiento las costas devengadas en la anterior instancia, conforme lo normado por el art. 279 del CPCCN.

1. En tal sentido, por considerar que la accionante tenía motivos suficientes para litigar y la acción de amparo promovida todas las posibilidades de resultar viable cuando se dedujo en virtud de la excepcional situación suscitada en esta clase de causas -se entiende- atento la forma en que se resuelve el presente litigio, que implica el éxito sustancial de la actora en sus pretensiones, corresponderá mantener la imposición de costas conforme el principio vencedor-vencido (art. 68 del CPCCN) y en este marco, disponer que las devengadas por la actora se impondrán por partes iguales a las codemandadas, y que éstas (el Banco de Galicia y el PEN) deberán hacerse cargo de las propias (conf. Art. 279 CPCCN).

2. En cuanto a las devengadas ante esta Alzada, en atención a los fundamentos de la presente y al cambio de jurisprudencia (CSJN Fallos: "Smith", "Provincia de San Luis", "Bustos", "Massa", y "Kujarchuk"), procederá que las mismas se distribuyan en el orden causado (art. 68, segunda parte, del CPCCN).

X. Los emolumentos por la labor desarrollada ante esta Cámara, se regularán atento al mérito, extensión y resultado de sus respectivas labores profesionales, siguiendo las pautas de los arts.14 y concordantes de la Ley Arancelaria vigente, fijándolos para el Dr. C. A. M. (por la parte actora), en la cantidad de $ 1.312; para el Dr. L. H. P. (representante del Banco de Galicia), en la de $ 917; y para la Dra. L. E. N. A. (por el Estado Nacional), también en la cantidad de $ 917; esto es, en el 25 % de lo regulado por la representación técnica que les cupo a cada profesional en la instancia de grado.

Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, se resuelve: 1. Declarar procedentes los recursos de apelación interpuestos a fs. 81/82 por el Banco de Galicia y Buenos Aires (Sucursal Formosa), y a fs. 83/87 por el Estado Nacional, respecto de la validez constitucional de la normativa impugnada. 2. Sin perjuicio de lo cual, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y de conformidad con el criterio sustentado por la Corte Suprema in re: "Massa", se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria demandada el reintegro de su depósito identificado como Plazo Fijo en dólares Nº 7213762 convertido a pesos, según la fórmula establecida en el considerando V de la presente. 3. Convalidar el pago parcial efectuado por el Banco de Galicia en relación al depósito de referencia (Plazo Fijo en dólares Nº 7213762) a fs. 44, en cumplimiento de la medida cautelar decretada a fs. 23. 4. Establecer, para computar el referido pago a cuenta (siguiendo el criterio de la CSJN in re "Kujarchuk") que, una vez determinado el importe en pesos del depósito bancario de marras, según la fórmula establecida precedentemente en el considerando V, del mismo se deberá descontar el porcentaje (54,7 %) correspondiente al pago a cuenta efectuado por el Banco a fs. 44, asistiéndole derecho a la parte actora a percibir de la entidad bancaria demandada el saldo impago pertinente, esto es, el 45,3 % restante del Plazo Fijo Nº 7213762, en pesos. 5. Señalándose -asimismo- que el reconocimiento de tal derecho a los fines de determinar el monto a percibir, no podrá ser superior al valor del depósito original reclamado conforme la cotización de la divisa extranjera en el mercado libre de cambios -tipo vendedor-, a la fecha del efectivo pago. 6. Adecuar las costas de primera instancia (art. 279 CPCCN), manteniéndose la imposición conforme el principio vencedor-vencido (art. 68 del CPCCN), del modo explicitado en el considerando IX.1. del presente. 7. Acoger la queja de los co-demandados (el Estado Nacional y el Banco de Galicia) por altos los honorarios fijados en la sentencia, revocar los emolumentos profesionales regulados por el a quo a fs. 78 vta, y por ende establecerlos nuevamente conforme lo normado por los arts. 10 y 13 de la Ley 24.432, y las pautas del art. 7 de la Ley 21.839, en las siguientes cantidades de pesos: para el Dr. C. A. M. (letrado patrocinante de la parte actora), en la suma de pesos cinco mil doscientos cuarenta y cinco ($ 5.245); y para los letrados intervinientes en representación de las codemandadas, el Dr. L. H. P. (por la el Banco de Galicia), y la Dra. L. E. N. A. (por el PEN), en la de tres mil seiscientos setenta ($ 3.670) para cada uno de ellos. 8. Imponer las costas de esta instancia, por su orden (art. 68, segunda parte, del CPCCN).9. Al efecto, fijar los emolumentos profesionales por la labor desarrollada ante esta Cámara, en las siguientes cantidades de pesos: para el Dr. C. A. M. (por la parte actora), en la cantidad de un mil trescientos doce ($ 1.312); para el Dr. L. H. P. (representante del Banco de Galicia), en la de novecientos diecisiete ($ 917); y para la Dra. L. E. N. A. (por el Estado Nacional), también en la cantidad de novecientos diecisiete ($ 917); esto es, en el 25 % de lo regulado por la representación técnica que les cupo a cada profesional en la instancia de grado. Nota: De haberse dictado el Acuerdo precedente por los Sres. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Decreto Ley 1285/58 y art. 109 Reg. Jus. Nac.), por encontrarse vacante una Vocalía.- José L. A. Aguilar.- Ana V. Order.

(1) "Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo Nacional - Dto.1570/01 y otro s/amparo" C.S.M.2771.XLI. (27.12.06).

(2) "Kujarchuk, Pablo F. v. PEN ley 25,561 dtos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo ley 16.986", CSJN 28/08/07, Jurisprudencia on line Lexis Nexis.

(3) "Wainhaus, Mario y otro c/PEN - ley 25.561, dtos. 1570/01 y 214/02 (BBVA) s/ proceso de conocimiento (ley 25.561)", CSJN W. 33. XLIII (18/09/07).

(4) Conf. Caso "Massa", consid. 8º del voto que encabeza la sentencia.

(5) De conformidad con lo resuelto por la CSJN in re: "Massa" (M.2773.XLI, considerando 23º); "Kujarchuk" (K.90.XLIII, considerando 7º), "Marta, Luis A." M.363.XLII, considerando 5º); entre muchos otros.

(6) CSJN "Sain, Juan C. v. Tanque Argentino Mediano S.E. y otro", LA LEY, 2007-D, 288.

(7) Fallo: CSJN 315:1620 "Siderman, José y otros c. Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios", 13/08/92.