marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, medidas cautelares, procedencia del recurso, juicio ejecutivo, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: CARRANZA, GRACIELA SILVIA c/ MPC DESARROLLOS INMOBILIARIOS E INVERSIONES SRL s/  EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-23

Procede revocar el pronunciamiento en el que la jueza de grado denegó el pedido de que las medidas cautelares ordenadas en autos se inscribiesen mediante Deox suscriptos por el secretario del juzgado. Ello por cuanto, las normas administrativas dictadas al efecto por órgano competente -Disposición Técnica Registral (DTR) 5/21 emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y DTR 8/21- otorgan dos vías alternativas para inscribir la medida cautelar, siendo una de ellas la pretendida por la ejecutante. En este contexto, entiende este tribunal que la elección de la vía conveniente para inscribir la medida es, a priori, facultad del acreedor embargante; máxime cuando en el sub lite la jueza interviniente no esbozó motivo que justifique el rechazo de la petición.
Beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., J. c/ F., P. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-12

La circunstancia de litigar con el beneficio de no pagar los gastos no significa que, si resulta vencido en la litis, no se le impongan las costas. Las costas se imponen igual, -art. 68 del C.Proc.-. Lo que ocurre, en virtud el beneficio, que el así condenado estará exento de su pago, hasta que mejore de fortuna, -art. 83 del cód. procesal-. Esta norma se enhebra en su finalidad con las contenidas en los arts. 799 y 800 del cód. civil.-
Quiebra, fuero de atracción, rendición de cuentas, banco central
Materia: COMERCIAL
Carátula: DISTRIBUIDORA  DE  PRODUCTOS DE MAR  S.C.A.  C/ B.C.R.A.  S/INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD s/ INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-05

El fuero de atracción es inoperante cuando se demanda al B.C.R.A por rendición de cuentas por la gestión que le cupo como liquidador de una entidad bancaria, pues en tal caso el sujeto demandado difiere del que de halla en estado de liquidación.

Sin embargo, como la demanda guarda estrecha vinculación con aquel desempeño, por razones de conexidad es aconsejable radicar el juicio en el juzgado del concurso.
Pagaré, pago, juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albertarrio Nancy c/ Graci Jorge Omar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-09

Si no surge del título el pago y no media restitución de éste, aquél sólo puede ser acreditado en el proceso ejecutivo mediante recibo emanado del ejecutante, que refiera de modo claro y concreto a la obligación que se ejecuta. Tratándose de un pagaré, el medio normal de probar el pago consiste en la entrega del mismo al deudor con la constancia de que aquél se ha hecho (art. 42 decreto ley 5965/63), ya que la permanencia del título en poder del acreedor hace presumir que dicho pago no se ha cumplido.-
Exclusión del hogar, facultades de saneamiento, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
Materia: CIVIL
Carátula: F. R. E. s/ medida cautelar de exclusion del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-14

La aplicación del art. 324 CPCC debe tener en miras el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en el art.65 de la Constitución Provincial (la eficaz prestación de los servicios de justicia según el art.114, párr..3, ap.6 CN), que no solo es un derecho fundamental sino uno de los más trascendentes, por constituir el derecho a hacer valer los propios derechos, y el derecho constitucional y supra legal de acción y el de acceso irrestricto a la jurisdicción (arts.14 CN, 17 y 18 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, 65 CProv.), por los cuales, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8, ap.1 del Pacto de San José de Costa Rica), y que todos esos derechos realzan la función esencial del Juez en el proceso, y el uso de sus facultades y deberes que le vienen impuestos, en particular y en lo que interesa a este pleito, los que emanan del art. 31 del ritual, cuyo inc.5b), le ordena (debe) "señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije".
Régimen penal aduanero, contrabando, infracciones aduaneras, pena accesoria, procedimiento aduanero, aplicación de la ley, prescripción
Materia: ADUANERO-PENAL-PROCESAL
Carátula: Mazal, Carlos Isaac por apelación demanda c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Si -de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 890 y 861 del Código Aduanero y 67 del Código Penal- la Aduana debe aguardar la sentencia condenatoria firme recaída en el proceso judicial para ejercer las facultades que le confiere el código de la materia respecto de las sanciones accesorias, no es posible sostener que entre tanto corra el plazo de prescripción.
Marcas, marca de hecho, uso efectivo de marca, marcas confundibles, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: VARN PRODUCTS COMPANY INC s/ MEDIDAS PRELIMINARES Y DE PRUEBA ANTICIPADA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-05

El carácter atributivo de la Ley de Marcas, no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal, que prive a las no registradas de la protección que surge de los principios generales del derecho, sea para evitar prácticas ilegales, o ya fuere para tutelar el derecho a una clientela formada por una actividad lícita cumplida durante años (cfr.

Sala II, Causa 5.221 del 9.10.87). En este sentido, pese a lo dispuesto en los artículos 38 y 41 de la ley 22.362, en orden a que es el titular de una marca registrada quien puede solicitar la realización de medidas precautorias, en cantidad de casos se ha reconocido valor a la marca usada; y ésta no carece de protección frente a un tercero que, aprovechando el prestigio ajeno, puede inducir a error al público por su confusión con otra marca.
Regímenes jubilatorios especiales, empleados de banco, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carames, José Jorge c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Donnarumma, Enrique c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Fontana, Julio César c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06|1994-04-12|1995-12-19

La asignación "no remunerativa para gastos de representación", luego llamada "distinción no remunerativa", en la medida en que de acuerdo con los fundamentos expuestos para establecerla, tuvo como finalidad reestructurar el nivel de ingresos de los funcionarios a los que se asignaron mayores responsabilidades y los actos que la regularon no contuvieron disposición expresa en relación a los aportes, integra el concepto de remuneración a los fines del cálculo del haber jubilatorio.
Caducidad de instancia, resoluciones inapelables, falta de notificación
Materia: CIVIL
Carátula: DESTEFANIS, CANDIDO c/ LEBRERO, RICARDO HORACIO s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1955-06-09

Que mediando sentencia inapelable no notificada procede la perención de la instancia.
Cobro de sumas de dinero, entrega del certificado de trabajo, principio dispositivo
Materia: LABORAL
Carátula: Valbusa Enrique Salvador  c/ Ahibe Rosa Y Otros s/ cobro de pesos y entrega de certificacion laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-08-23

Si bien como derivado del principio dispositivo que informa nuestro rito procesal, la sentencia que dicta esta Alzada nunca debe expedirse sobre cuestiones de hecho y de derecho no sometidas a la decisión del juez de primera instancia (art. 269 cpcc al que remite el art. 133 cpl), y tampoco respecto de aquellas que no hubiesen sido materia de agravios, en relación a las que si encuadran en tal delimitación, la Cámara deviene revestida de la plenitud de jurisdicción y queda, respecto del substracto fáctico jurídico puesto a su consideración, en la misma situación en que en su momento se encontraba el juez de grado pudiendo valorar aspectos que este último no mencionara en su sentencia, sin nada que obste a la consideración de los extremos fácticos de la causa (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Contrato de trabajo, despido, acuerdo de partes
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA     GERONIMO     ANTONIO c/ CAMARA    ARGENTINA    DECOMERCIOS/ s/ SPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

Mediando un despido directo la relación laboral sólo puede renacer mediante un nuevo acto jurídico bilateral en el cual se restablezca el vínculo laboral antes extinguido. Este es el principio que establece el art. 234 LCT, cuando expresa que el despido "no podrá ser retractado, salvo acuerdo de partes".
Principios generales del Derecho, honorarios del abogado, buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: C., C. F. s/Incidente de Ejecución de Honorarios en autos: B. C. S.A. c/ T. S.A. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-14

Si es tarea primordial del juzgador lograr una exégesis valiosa de las leyes evitando en todo momento la aplicación de soluciones injustas, es dable concluir que los abogados tienen derecho a percibir los honorarios profesionales por su trabajo, pero cuando gozan de estabilidad en la percepción de una remuneración periódica y continua, esta circunstancia cubre cualquier eventualidad.

"Si el abogado pretende cobrar a su cliente, además de este importe el derivado de los honorarios regulados a la contraria, incurriría en un pago sin causa porque las obligaciones que estacionan en cabeza del abogado reposan en los arts. 1.908 y 1.952 del Cód. Civil, de manera que el letrado se somete a la regla del interés principal. Inmediatamente observamos que, de efectuarse el reclamo al cliente, tampoco tiene el profesional causa válida, porque ésta es contraria a las leyes que rigen específicamente la situación (v. gr. art. 18, ley 3.904; arts. 203 y 274, ley orgánica de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, entre otras). Tampoco puede tolerarse una actitud que postergue la confianza que deposita el empleador, donde la buena fe es la principal causa que moviliza la relación entre ellos...".
Concursos, proceso de verificación, demanda de verificación, indicación de la causa, impuestos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: TARSHOP SA c/ VILLAFAÑE, ANDREA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-08

Cabe hacer lugar a la verificación de un crédito con origen en cierto impuesto (ingresos brutos), toda vez que si bien la actividad desarrollada por la concursada se encuentra exenta del pago del mismo, no se encuentra fehacientemente acreditado que la deudora haya tramitado tal beneficio y obtenido la resolución administrativa que le conferiría tal derecho, ya que de conformidad con la normativa que rige la materia, las exenciones allí reguladas son otorgadas a solicitud del contribuyente y previo cotejo del cumplimiento de ciertos requisitos.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada, límites del pronunciamiento
Materia: PENAL
Carátula: HORACIO A. LENCINA s/ INC.DE APELACION AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISION PREVENTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-07-17

Sin perjuicio de parecer aún faltar la pericial técnica tendiente a determinar la real operatividad del arma empleada para cometer el hecho, no puede perderse de vista la gravedad del hecho en sí mismo, que conlleva la utilización de un arma de fuego con alto poder intimidante y que su posible utilización acarrea un plus de violencia que en la etapa instructoria aparece correctamente ponderada, sin perjuicio de que, ulteriormente, en la etapa del plenario y donde el menor atisbo de duda ha de jugar en favor de los inculpados, razón por la cual cabe confirmar el auto de procesamiento y prisión preventiva apelados.-
Temeridad o malicia, prueba documental, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Mavizaq SRL. c/ Gas del Estado  -  Sociedad  del Estado y San Juan(art. 94 CP.) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

No corresponde efectuar la declaración solicitada por la actora en el caso en que, si bien ambas partes se han conducido con escasa diligencia en lo referente a la prueba documental, no se advierte que la demandada hubiera actuado en forma temeraria o maliciosa.
Nulidad de sentencia, llamamiento de autos, confirmación del acto jurídico, defectos del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: CANEPUCCIA FRANCISCO CESAR Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SA s/ PERDIDA DE EQUIPAJE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Si bien el desglose y la omisión de agregar el alegato, comportó un defecto procesal grave, pues -no obstante el hecho de que fue presentado en término y el carácter optativo que reviste dicha etapa- quedaría desoída la reseña y final solicitud hecha al juez por quien ha de sujetarse a la inminente sentencia, ese, como otros defectos procesales, deben estimarse saneados una vez operado el consentimiento de la providencia llamando autos para sentencia, oportunidad última en la que las partes han de señalar ante el juez de origen los defectos o vicios que pudieren generar la nulidad procesal (cfr. Morello-Sosa -Berizonce, "Códigos procesales en lo civil y comercial de la provincia de Buenos Aires y de la nación, comentados y anotados", t. II-c, p. 355). Toda vez que el nulidicente consintió tanto el auto anterior como la providencia que llamó "autos para sentencia", el vicio procesal invocado quedó purgado, no pudiendo plantearse la nulidad de la sentencia.
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARLAZARA, ALCIRO RUBEN c/ FERNANDEZ OSCAR Y EMPRESA EL RAPIDO S.A.- s/ SUMARIO POR INDEMNIZACION DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-24

La irreplicada querella, deja sin satisfacer el recaudo esencial previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial.

La expresión de agravios requiere la formulación de una crítica frontal razonada, concreta y puntual del fallo atacado. La memoria carece de contenido. No muestra un análisis que revele la existencia de una demostración razonable de los motivos que sustentan el alzamiento, por tanto, se impone declarar desierto el recurso de apelación. Tal frustración, además conlleva a declarar -también- inoficiosa la actuación letrada cumplida en esta instancia.
Doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: C. D. V. c/ O. A. M. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-23

El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el "venire contra factum proprium", según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada... La buena fe, se enseña, implica un deber de comportamiento, 'que consiste en la necesidad de observar en el futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever'.
Aportes y contribuciones previsionales, determinación de deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo, depósito previo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IMPORT - EXPORT S.R.L. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-13

En el ámbito previsional, el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechaza la impugnación de una determinación de deuda por aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social tiene efecto "suspensivo", toda vez que la deuda sólo se puede ejecutar si el recurso se desestima -a través de una decisión fundada- por incumplimiento del depósito previo, pero no cuando éste se efectúa en tiempo y forma, o cuando el Tribunal exime al obligado por imposibilidad de pago. En estos supuestos, la posibilidad de ejecutar el crédito queda supeditado a la suerte que le depara la sentencia al remedio instaurado. Ello lo diferencia del recurso que autoriza el art. 174 de la ley de Procedimiento Tributario contra una sentencia del Tribunal Fiscal, que se concede en "ambos efectos", lo cual importa -entre otras cosas- dejar exepedita la vía judicial al Fisco para ejecutar la deuda.
Derecho a ser oído, interés superior del niño, asesor de menores, debido proceso
Materia: PROCESAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Pando, María Fátima (Asesora de Menores e Incapaces de Cámara) s/recurso de queja c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-04-18

El interés superior del niño es el principio que debe guiarnos a que nuestros esfuerzos tengan la finalidad de lograr la mayor participación en los procesos en que son parte, más aún en el presente caso, donde nos encontramos con un menor víctima de un supuesto abuso sexual. Entonces, si su representante legal, el Asesor de Menores, se ve vedado de recurrir una sentencia, estamos incumpliendo ese objetivo y como bien se dice en la bibliografía "Redefiniendo el rol del Asesor de Menores" - Monografías seleccionadas en el Concurso realizado en las XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos 2009 -Eudeba-, Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, "debe aplicarse el principio pro homine, que manda acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos" (ob. cit., pág. 95). "Es indudable que las leyes de protección instalan en la superficie la necesidad de armonizar la legislación de niñez en materia de capacidad, representación y actuación procesal, con la doctrina de la protección integral de derechos." (ob. cit., pág. 109). En conclusión, es el Asesor de Menores, en su carácter de representante promiscuo, a quien debe dársele intervención y actuación amplia en los asuntos judiciales y extrajudiciales en que un menor sea parte y es quien va a velar por ese interés superior del niño y por el cumplimiento del debido proceso legal. Disidencia del Dr. Alucín.
Derecho contravencional, representación en la participación contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, J.J. s/ Artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-16

A esta altura del desarrollo de la dogmática penal, no cabe ninguna duda que es imposible que exista responsabilidad sin culpa, esto es, sin que pueda dirigirse a alguien un juicio de reproche en función de una conducta deliberadamente dirigida a contrariar una norma. Al respecto es preciso recordar que es autor quien lleva a cabo la acción típica descripta en la norma contravencional.

De las pruebas agregadas a la causa se abre un abanico de dudas acerca de quien fue en realidad el responsable de los ruidos molestos ocasionados por los motores de los equipos de aire acondicionado y de extracción de aire.

Si bien el imputado coordinaba los trabajos realizados en la obra y atendió a los vecinos afectados por los ruidos de los motores, dado que por la actividad se encontraba con asiduidad en el lugar, dicha circunstancia no lo convierte en autor de la contravención en examen.

En el caso, no se advierte una actuación del imputado que implique en los hechos representar a otra persona, atento a que el menester del encartado no puede sin más ser asimilado o equiparado a las funciones de quienes planificaron la obra, decidiendo la utilización de los equipos cuestionados; al respecto, est claro que el imputado no tuvo el mas mínimo poder de decisión, no dándose tampoco el "actuar por el otro" que es requisito ineludible para la operatividad del artículo 27 Código Contravencional. (Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Sentencia no firme, inconstitucionalidad, presentación extemporánea, desaparecidos, principio de legalidad, excepción de cosa juzgada, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL
Carátula: Menéndez, Luciano Benjamín
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-05

La decisión que rechaza las excepciones de previo y especial pronunciamiento no constituye sentencia definitiva en tanto no pone término al pleito, ni impide su continuación. Sin embargo, la C.S. amplió aquel criterio en los supuestos en los que la resolución impugnada guarda nexo directo e inmediato con garantías constitucionales. En relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.779 las argumentaciones son genéricas y no señalan expresamente cuáles son los derechos constitucionales que pone en jaque la normativa. La resolución impugnada cuenta con fundamentos suficientes al haberse efectuado un estudio crítico de las cuestiones planteadas, sus pruebas y alegatos, y dado respuesta concreta a los planteos de competencia, prescripción de la acción penal, cosa juzgada, amnistías generales y la nulidad e inconstitucionalidad de la ley 25.779, sin que la discrepancia del recurrente con lo resuelto ataque los enunciados en que se cimentó el pronunciamiento. Corresponde rechazar la nulidad planteada por la defensa respecto de que no se le corrió vista de las querellas toda vez que el momento oportuno del traslado de la pretensión de la querella es la declaración indagatoria, situación que acaeció en las actuaciones. Habiéndose declarado la validez constitucional de la ley 25.779, por medio de la cual el Congreso de la Nación había declarado insanablemente nulas las leyes de punto final y obediencia debida, cualquier pretensión fundada en dichas leyes, carece de sustento legal. Los hechos denunciados -desaparición forzada de personas- no pueden constituir actos de servicio comprendidos en la jurisdicción militar, ya que los actos de servicio son conexos con el ámbito de su función y no con el ataque a la vida o a la libertad de las personas. El art. IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas excluye la competencia militar y determina que la intervención de la justicia civil para los procesos seguidos por la desaparición forzada de personas corresponde al compromiso asumido por el Estado argentino al incorporarla a su ordenamiento constitucional. No se afecta el principio de legalidad en tanto las conductas investigadas - violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita- no sólo constituyen crímenes para la ley internacional sino que estaban expresamente contempladas en el ordenamiento de fondo. La excepción de cosa juzgada no puede prosperar si no existe concordancia entre los hechos imputados y los pronunciamientos invocados por el recurrente. El voto concurrente recordó que el deber de acatamiento de los fallos de la Corte Suprema radica en la presunción de verdad y justicia que revisten sus pronunciamientos. Dres. Ledesma, Riggi y Tragant -según su voto-
Tratados internacionales, extradición, sentencia condenatoria, ausencia del imputado
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Meli, José Osvaldo s/ infracción ley 1612.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

En caso de una condena "in absentia" si el país requirente -República de Italia- ofrece garantía suficiente de que el requerido será sometido a un nuevo juicio en su presencia, deberá en el marco de lo dispuesto por el art.13 del acuerdo aprobado por la ley 23.719 hacer saber que subsiste su interés en la entrega, acompañando en el plazo de 45 días toda la documentación que ajuste el pedido a la condición señalada (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).