Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-04-01


C A S A C I Ë N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 01 DE ABRIL de dos mil cuatro, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado común de la parte actora en autos: "Gerez, Fernando y otra vs. ┴lvarez, José Miguel y otro s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación planteado a fs. 184/190, por el apoderado común de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 17/6/2003 dictada por la Sala II¬ de la Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el accionado, revocando la sentencia de I¬ instancia que oportunamente rechazó la caducidad de instancia articulada por su parte.

A fs. 193/194 la parte demandada contestó el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

El remedio articulado fue declarado admisible por la Sala a quo, conforme surge del auto de fecha 15/8/2003, que corre agregado a fs. 196; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al juicio de admisibilidad, debemos decir que estamos frente a una temporánea interposición, contra una sentencia que si bien no es definitiva, resulta así para el recurrente, en tanto la declaración de caducidad de la instancia pone fin al pleito, impidiendo su continuación (CSJTuc., sentencia nº 308 del 09/6/94). Asimismo, se ha acompañado boleta que acredita el depósito de ley.

III.- Con relación al recaudo previsto por el art. 815, el recurrente plantea la infracción a los arts. 33, 34, 40, 128, 132, 167, 210 y 211 de la ley 6904 y, en lo sustantivo, a los arts. 16, 17 y 18 CN..

Efectúa un relato de lo acontecido en la causa desde fs. 82; expresa que en fecha 14 de junio de 2001 retira oficios el Dr. Sonzogni y que, a pesar de que no se encuentra refrendado por cargo y firma de Secretaría que da fe del acto cumplido, no caben dudas de que los oficios fueron retirados e incluso diligenciados como se verifica a fs. 83/85, 90/95. Relata que el día 24/7/2001 el expediente es puesto a la oficina con el decreto de fs. 85 que agregaba el oficio diligenciado; que ese mismo día el Dr. Sonzogni dialoga con el encargo de remitir las cédulas Sr. Cáceres del Juzgado CCC de la VII Nominación y en forma personal abrocha los bonos a las cédulas y las deja para ser enviadas, dejando constancia de la entrega de los bonos a fs. 82 vta., determinando el día con la firma del letrado y su aclaración. Que le sorprende la nota de Secretaría en donde se determinaba que no se enviaban las cédulas por falta de bonos de movilidad. Que el letrado antes citado se dirige al encargado de confeccionar y remitir las cédulas y le pregunta qué había ocurrido a lo que le responde que desconocía y que aparentemente habían sido extraviadas de su cajón o traspapeladas. Que aquél confecciona personalmente las cédulas de fs. 86 y 87 dejando nuevamente dos bonos de movilidad cuya diligencia consta a fs. 85 vta. la que tampoco es refrendada por Secretaría y las Cédulas son enviadas. Continúa detallando lo transcurrido en el incidente de caducidad presentado luego por la demandada.

Considera que es de importancia el informe de fs. 150 vta. en donde surge la corrección en la foliación (fs. 66 bis, fs. 88, 88 vta., 89 y vta., 96, 109 y vta. en donde faltan firmas de funcionarios que no se desempeñan en el Juzgado proveyente). Alega entonces que ninguno de esos actos cumplidos sería válido porque no se hicieron en base a los arts. 131 y 132 CPCC, en tanto no consta en ellos la firma de Secretaría ni del Juez, ni tendrían fecha cierta. Sigue detallando otros actos y analizándolos desde este punto de vista.

Cita al art. 128 y sostiene que esta norma fue inobservada en la sentencia pues su parte al dejar dos bonos de movilidad en fs. 82 vta. firmando el letrado disponiendo la fecha de la diligencia es correcto en base al art. citado que faculta al letrado a dejar bonos con su simple constancia en el expediente y que ello sucede así en la práctica.

Expresa que el hecho de que Secretaría no haya refrendado tal nota, como omite hacerlo en los actos que arriba se expuso, no significa que pueda responsabilizar a la actora y castigarla con la caducidad. Cita jurisprudencia. Manifiesta que su parte dio cumplimiento con el acto impulsorio y correspondía al Juzgado la obligación posterior de poner el cargo. Que la simple diligencia de acompañar bonos trasunta el interés de la accionante de continuar con el juicio, que es lo determinante para decretar la caducidad; luego, no puede imputársele responsabilidad si no se puso el cargo, porque como se observa en el expediente, casi ningún acto tiene el cargo en forma correcta, ni siquiera firma de los funcionarios obligados a hacerlo.

Expresa finalmente que la sentencia es arbitraria pues ha valorado las pruebas y constancias de autos en clara transgresión a las reglas de la sana crítica. Que es arbitrario sostener que la actora debió pedir copia del escrito (que no existe) como lo determina el art. 131 CPCC; que es desconocer la realidad del expediente, no aplicar los elementos del juicio, la experiencia común, o respetar el principio de congruencia. puesto que ningún escrito tiene cargo y firma de Secretaría o del Juez castigándose sobre la base de esa única constancia cuando casi todas las diligencias tienen igual característica, con lo que se viola el art. 16, 17 y 18 CN.

Manifiesta que en la duda debe estarse por la impulsividad de la diligencia; que el informe de la actuaria de fs. 167 sostiene que existen dudas de las diligencias cumplidas a fs. 82 vta. y 85 vta. y que puede presumir que esos actos se cumplieron. Se viola entonces, dice, el art. 210 procesal. También el art. 211 en la medida en que la presentación de bonos es un acto impulsorio al margen si después existió error del juzgado de poner o no el cargo, más aún si se tiene en cuenta que antes de ello había diligenciado los oficios para litigar sin gastos lo que denota su voluntad de mantener vivo el proceso	Le causa gravamen, asimismo, que la Cámara haya convalidado actos inexistentes en virtud de lo que emerge del informe de fs. 150 vta.; que el mismo planteo de caducidad carece de firma de secretaria, empleado o juez incurriendo en infracción al art. 132 procesal, como tampoco tiene firma del Juez el decreto de fs. 109 vta.. Sostiene que se trata de vicios insubsanables que debieron ser decretados de oficio en la sentencia. Peticiona se considera inexistente la petición de fs. 105/109 y como corolario de ello, nulo todo lo actuado desde esa fecha.

Propone doctrina legal; y solicita se haga lugar a lo peticionado, con costas.

IV.- La sentencia en crisis considera que, de la compulsa de las actuaciones, especialmente del informe actuarial producido a fs. 167, surge que no se ha acreditado la existencia de actos impulsivos del procedimiento que interrumpieran la caducidad, y por lo tanto corresponde su declaración. Sostiene que la simple leyenda escrita por el letrado del actor afirmando que acompaña bonos de movilidad a fs. 82 vta. no es suficiente para acreditar que ese acto ha sido cumplido y menos aún para probar la fecha cierta en que los bonos se habrían acompañado. Para ello era necesario que la Sra. Secretaria del Juzgado de fe del cumplimiento de ese acto, ya sea por medio de la firma inserta en la nota respectiva o informando que ese acto ha sido cumplido y le consta la certeza de la fecha consignada en el expediente. Que por tal motivo la Fiscalía de Cámara solicitó informe actuarial sobre tales circunstancias, ante lo que la Sra. Secretaria, en su informe de fs. 167, no da fe del cumplimiento de tales actos, no siendo suficiente a los fines de la debida acreditación de estos lo que la funcionaria presume por los hechos que en su informe reseña.

Cita al art. 131 procesal que regla la protección de los derechos del litigante que efectúa una presentación escrita al juez, facultándolo a pedir el recibo y/o copia auténtica, o con indicación del día y hora de su presentación. Tal recibo debe ser expedido por el secretario o prosecretario a pedido de parte. Por ello, estima que el accionante no puede pretender que se den por cierto los actos cumplidos desatendiéndose el precepto legal, que tiene justamente por finalidad el amparo de sus derechos. Cita precedentes de esta Corte en el sentido de que los escritos deben adecuarse a las formalidades exigidas por el Cód. de Procedimientos, en orden a la necesidad de la firma del Secretario, dirimente para su validez y por lo tanto para analizar su aptitud interruptiva; que sin la existencia del cargo legalmente adecuado, demostración del escrito proveído, el mismo contenido, aparece en casi todos ellos como de dudosa impulsoriedad, que interrumpa el curso de la caducidad operada, sin necesidad alguna de intentar un nuevo cómputo de los términos. Por otro lado, señala que argumentar en base a praxis viciosa (en el caso, la pretensa confección del cargo con posterioridad a la efectiva presentación del escrito) que desatiende el precepto legal, no resulta admisible jurídicamente, máxime cuando no existen en nuestro ámbito judicial provincial obstáculos insuperables que excusen la observancia legal a la hora de pretender el amparo de derechos que se invocan.

Concluye entonces en que la falta de previsión del litigante que no solicitó en debida forma la acreditación del acto cumplido impide tener por realmente efectuado aquél y por ende no se ha interrumpido el curso de caducidad. Sobre la base de que ha transcurrido con exceso el plazo de seis meses y no consintiendo el accionado el acto impulsivo cumplido tardíamente, declara la caducidad de la instancia (art. 210 inc. 1º procesal); revoca la sentencia apelada haciendo lugar al incidente de perención de instancia. Las costas las impone a la parte actora en ambas instancias (arts. 107, 108 y 219 in fine del CPCC).

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso no puede prosperar.

En efecto, corresponde en primer término examinar el agravio fundado en la no consideración de la diligencia obrante a fs. 82 vta., a la que el recurrente asigna aptitud interruptiva idónea para evitar la declaración de caducidad. En la misma, el letrado asentó que "En 24/07/01 dejo 2 bonos de movilidad"; luego firma y aclara su firma. Esta diligencia, como bien lo observa la Cámara, no ha sido refrendada por el Secretario del Juzgado o funcionario habilitado a tal efecto, con lo que carece de fecha cierta; a lo que se añade que no consta en autos que esta nota -invocada como interruptiva del curso de la perención- diera lugar a trámite alguno dirigido a concretar la notificación pendiente, sino que recién lo hace la diligencia de fs. 85 vta..

Al respecto, esta Corte ha expresado -en palabras que se aplican al sub lite- que, conforme a lo dispuesto por el art. 210, tercer parágrafo del CPCC, los plazos de caducidad de la instancia corren a partir de la fecha de la última petición de las partes o acto del órgano jurisdiccional que tenga por objeto activar el curso del proceso. El acto interruptivo debe ser particularmente idóneo para promover la marcha del proceso, es decir, para hacerlo avanzar de una a otra de las distintas etapas que lo integran. Desde esta perspectiva, no puede soslayarse que el expediente es una secuencia de actos cumplidos por las partes, el juez, sus auxiliares y terceros. El acto jurídico procesal lo es en el sentido de que el derecho ha establecido anticipadamente su forma, caracteres, modalidades, circunstancias de tiempo, lugar y oportunidad (cfr. Fenochietto, Código Procesal Civil de la Nación, Vol. 1, pg. 402 y sig.). Los que realizan las partes se cumplen ante el Juez, y su forma es ordenada como una necesidad de certeza. Que si bien la ley adjetiva autoriza a insertar peticiones de mero trámite mediante simple anotación en el expediente, firmada por el solicitante (arg. art. 128, tercer parágrafo del CPCC), su eventual consideración como acto interruptivo de la caducidad de la instancia requiere inexcusablemente que cuente con fecha cierta. De otro modo, el Tribunal se ve impedido de valorar su eficacia, al carecer de elementos que permitan sostener su ingreso al proceso en tiempo útil a tal efecto (que es lo postulado en el sublite). Que en el proceso judicial prevalece el sistema de legalidad de las formas que el ordenamiento procesal predetermina, y a las que deben ajustarse las partes. Los actos procesales deben realizarse de manera sucesiva y preclusiva, "pues siendo el proceso un método de debate, se trata de que los actos que componen su curso avancen y se incorporen en el orden previsto y sin retrocesos, de modo que sus efectos queden fijados de un modo irrevocable y puedan valer de sustento de futuras actuaciones" (CNCiv., Sala C, 29/10/75, ED, 68-205). En el caso del art. 128 in fine, la anotación de peticiones en el expediente significa incorporar un mecanismo compatible con el principio de celeridad, que facilita la actuación de las partes al eximirlas de la presentación de escritos, cuando se solicita el dictado de providencias de mero trámite. Mas ellas carecen de fecha cierta, en tanto no conste el cargo pertinente suscripto por el funcionario habilitado a tal efecto, u otra actuación posterior que permita inferirla (cnf. CSJT, sent. nº 804 del 11/9/2002).

Es oportuno recordar que el cargo judicial es un acto en virtud del cual el funcionario que la ley designa al efecto, deja constancia, al pie de todo escrito presentado o comunicación dirigida al Tribunal, del día, año y hora en que se produjo la presentación o recepción. Su objeto principal es dar fecha cierta a las presentaciones de los litigantes y auxiliares de la justicia. "La función del cargo consiste, fundamentalmente, en determinar si el acto procesal ha sido realizado a tiempo, adquiriendo singular importancia por la perentoriedad de los términos judiciales" (cfr. Fenochietto, ob. cit., pg. 421). El funcionario, entonces, actúa como verdadero fedatario, quien además debe dejar constancia de la entrega de las copias que se dicen acompañadas; lo que no ha acontecido en la especie.

En consecuencia, el recurso basado en reproches hacia el órgano jurisdiccional -en tanto, dice el recurrente, se lo responsabilizaría por una actividad que compete a Secretaría realizar y no lo hizo- no puede prosperar; pues tiene dicho esta Corte Suprema de Justicia, que "el sistema procesal civil de la Provincia de Tucumán no contempla entre los casos de improcedencia de la perención a aquél en que la prosecución del trámite depende de una actividad impuesta a cargo del Juzgado" (cfr. CSJTuc., sentencia nº 731 del 11/9/2000, en autos "Collante, Segundo Martín vs. La Buenos Aires Cía. de Seguros s/cobro de seguros"). Igualmente, ha señalado que en el sistema legal, en principio, el impulso procesal se encuentra a cargo de las partes (cfr. CSJTuc., sentencia del 05/8/99 en autos "Valdez, Teófilo A. vs. Frigorífico Calchaquí S.A. s/indemnizaciones"). En efecto, era al recurrente a quien correspondía la carga procesal de instar las medidas necesarias para la prosecución del trámite; que en el caso refieren puntualmente a asegurarse de que la diligencia que asienta a fs. 82 vta. fuera eficaz en ese sentido. Se trata de un imperativo del propio interés, en torno al cual esta Corte ha señalado reiteradamente que es deber del accionante, provocar que el Juzgado realice las notificaciones pertinentes, ya que su omisión posibilita que comience a correr el término de la perención; y la falta de diligencia hace viable la declaración de caducidad (cfr. CSJTuc., sentencia nº 38 del 04/3/92; nº 489/96; 579/96).

Asimismo, y conforme lo señalado por el tribunal de alzada, las constancias de la causa tampoco permiten inferir con certidumbre la fecha en que dicha nota ha sido insertada en el expediente. Al respecto, la Cámara considera que la presunción emergente del informe de la Secretaria obrante a fs. 167 no es suficiente a los efectos de la acreditación del acto pretensamente interruptivo. Tal conclusión debe mantenerse si, además, se tiene en cuenta que la presunción a que alude la Cámara y que emanaría de dicho informe se aplica a la diligencia de fs. 85 vta., y no a la de fs. 82 vta. -diligencia sometida a discusión-. En efecto, respecto a esta última, dice la funcionaria que "en relación a la atestación de fs. 82 vta. no me consta si dicho bonos fueron dejados o no...". Es decir que la conclusión que efectúa la Cámara respecto a que el informe de Secretaría es insuficiente para acreditar el acto procesal supuestamente interruptivo, resulta correcta.

A su vez, los motivos expuestos en el libelo casatorio referidos a que se habló con el encargado de remitir cédulas, a que se abrocharon los bonos de movilidad a las cédulas, etc., se refieren a cuestiones fácticas -ajenas al recurso tentado- que, por lo demás, no tienen acreditación en autos. Tampoco puede el recurrente alegar en base a similares vicios que contendrían otros escritos judiciales (en donde no constan cargo o firma de los funcionarios competentes) toda vez que no es ésta la etapa ni la vía oportuna para su examen, a la par que no puede pretender ampararse el impugnante en prácticas viciosas para sostener válidamente su gravamen. Los vicios en que se pudiere haber incurrido de ningún modo podrían "convalidar" o "purgar" el que se ventila en el presente.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que el art. 131 C.P.C.C. regla la protección de los derechos del litigante que efectúa una presentación escrita al juez, facultándolo a pedir el recibo y/o copia auténtica en papel simple, con indicación del día y hora de su presentación, y tal recibo debe ser expedido por el secretario o prosecretario a pedido de parte. De allí que argumentar en base a una praxis viciosa que desatiende el precepto legal, no resulta admisible jurídicamente, máxime que no existen en nuestro ámbito judicial provincial obstáculos o dificultades insuperables que excusen la observancia legal a la hora de pretender el amparo de derechos (conf. sent. nº 132 del 15/3/2002 y sus citas); fallo que fuera citado correctamente por la Cámara. Este precedente es aplicable al caso, más allá de que la diligencia de fs. 82 vta. no haya sido presentada por escrito independiente -como sostiene el recurrente-, pues el deber de solicitar e impulsar la colocación del cargo, sigue siendo exigible en el sentido arriba expuesto. En definitiva, el acto procesal impulsivo para activar el procedimiento según el estadio procesal del juicio -y su debida acreditación- pesaba sobre el recurrente; a quien se exige una conducta que enmarca dentro de lo razonable y que indica el sentido común.

Se concluye que la decisión de la Cámara, declarativa de la caducidad de instancia, es ajustada a derecho. Acertadamente, el tribunal señaló como término a quo para el cómputo del curso de la caducidad, el 10/4/2001 en que se ordena el traslado de la demanda, sin que se verifiquen actos con idoneidad interruptiva hasta la fecha en que se produjo el acuse de caducidad; esto es, el 19/11/2001 en que se remitieron las cédulas a aquel fin; cuando ya había vencido el término establecido en el art. 210, inc. 1º del CPCC.

VI.- El restante planteo del impugnante -que aduce que la falta de cargo en el escrito de interposición de incidente de caducidad torna al acto inexistente y por lo tanto, debe declararse la nulidad de oficio de todo lo actuado a partir de allí- es también ineficaz para el progreso del recurso en examen.

En efecto, liminarmente cabe efectuar una aclaración. El escrito incidental de fs. 105 no es inexistente toda vez que cuenta con la firma del letrado apoderado de parte. Es el cargo el que carece de firma del Secretario. Ahora bien, como se recordó "ut supra" el cargo es el acto en cuya virtud el funcionario judicial que la ley designa al efecto deja constancia, al pie de todo escrito presentado o comunicación dirigida al juzgado o tribunal, del día, año y hora en que se verificó la presentación o recepción. Otorga, por tanto, fecha cierta a tales escritos y comunicaciones, tendiendo fundamentalmente, por un lado, a determinar si un acto procesal se ha cumplido o no dentro del plazo que le corresponde y, por otro lado, a señalar el comienzo de los plazos que la ley confiere a los órganos judiciales para dictar cierto tipo de resoluciones. Reviste las características propias de un instrumento público (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. IV, pág. 120/103).

Como bien se advierte, la materia litigiosa traída a conocimiento de esta Corte no tiene relación con los efectos susodichos del cargo puesto que no es la fecha de la presentación del incidente de caducidad lo que está en cuestión; antes bien, es la carencia de fecha cierta del acto que el recurrente dice interruptivo de la caducidad así planteada.

A su turno, el escrito incidental -cuyo cargo no contiene firma del Secretario- ha sido adquirido para el proceso y se ha visto debidamente incorporado al expediente al ser objeto del correspondiente decreto debidamente firmado por el Juez (conf. fs. 123) que ordena su traslado de ley. Este traslado ha sido contestado por la recurrente sin que, en tal oportunidad, haya advertido o cuestionado en forma alguna la circunstancia que ahora invoca. Ello así, si el Juez no ordena subsanarla y las partes consintieron el procedimiento, se operó la preclusión procesal que obsta a una posterior impugnación.

Por lo demás, no se da en autos los supuestos de nulidades declarables de oficio e insubsanable desde que la falta de firma en el cargo del escrito de fs. 105 no atañe a la constitución del órgano jurisdiccional, no altera la estructura esencial del proceso y tampoco se trata del tercer supuesto del art. 167 procesal (acto que haya sido impuesto por la ley para garantizar derechos de terceros) toda vez que, en la especie, el demandado pudo contestar oportunamente el incidente planteado y ejercer todas las defensas que tuviere sin que se hayan visto afectados, por la carencia de firma en el cargo, ninguno de sus derechos constitucionales.

Por ello, cabe concluir en que la falta de firma en el cargo, conforme a las particulares circunstancias de la causa, no produce la invalidez del escrito de fs. 105 ni de todo lo actuado, pues tal nulidad dista de ser absoluta, insubsanable y declarable de oficio como lo pretende el recurrente; siendo en cambio, relativa, convalidable y subsanable, como aconteció en la causa, en el que son plenamente aplicable los principios de instrumentalidad de las formas y convalidación.

VII.- A mérito de lo considerado, procede rechazar el presente recurso, con pérdida del depósito de ley. Las costas se imponen al recurrente vencido, por ser de ley expresa (art. 106 del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido	Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, al recurso de casación interpuesto por el apoderado común de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 17/6/2003 dictada por la Sala IIa. de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, conforme a lo considerado, con pérdida del depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

H┴GASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA