Enriquecimiento ilícito de funcionario público, doctrina de los actos propios, carga de la prueba, constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: MINUE, Emilio Romeo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-29

En virtud de la teoría de los "actos propios" se puede sostener que el voluntario sometimiento a un régimen jurídico y a una determinada jurisdicción comporta un inequívoco acatamiento a sus normas y, por ende, determina la improcedencia de una impugnación ulterior con base constitucional.

Más allá del ámbito de aplicación , la "renuncia" a los derechos es aceptada en el ordenamiento jurídico vigente.

En esta materia se debe considerar la restricción de ciertos derechos de los funcionarios como contrapartida de la posición de poder que gozan .

La figura en estudio resulta un delito de omisión, la violación del deber de informar sobre la evolución de su patrimonio, que pesa sobre todo funcionario o empleado público.

A los efectos de que dicha presunción de ilicitud no se convierta en una inversión de la carga de la prueba, inaceptable a la luz del art. 18 C.N., los sujetos activos de la figura tienen el deber positivo de informar sobre la evolución de sus patrimonios personales, obligación extraordinaria que deriva del cargo o empleo público que ejercen.

El art. 268 del C.P. no reprime el incremento patrimonial apreciable sino la omisión de justificar debidamente su origen.

No puede sostenerse dogmáticamente que el art. 268 del C.P. encierre un tipo omisivo, ya que no cabe duda alguna de que se trata de un delito doloso, cuyo tipo está conformado por una faz cognitiva y otra volitiva.

El funcionario debe conocer la obligación que tiene de justificar los incrementos apreciables que registre su patrimonio y el carácter delictivo de su incumplimiento pero, además, debe tener la voluntad de incumplir con su deber de justificar .

Para poder incumplir voluntariamente, el funcionario debe tener la posibilidad fáctica de cumplir, de justificar pero no hacerlo porque no quiere. De resultarle fácticamente imposible hacerlo se estaría frente a un incumplimiento forzoso en el que faltaría la faz volitiva del dolo y el hecho resultaría atípico. Ello en tanto, justificar significaría probar que los ingresos proceden de una causa legítima.

La interpretación del artículo en cuestión debe partir de la letra de la ley, con fundamento en el principio de legalidad . Surge en modo evidente en los antecedentes de la norma, que el eje de la cuestión pasa por los actos de acrecentamiento patrimonial y no por el incumplimiento de un deber de informar. El objeto de este ilícito es el incremento patrimonial originado en un ingreso ilegítimo y no basta con informar a la autoridad requirente el origen del mismo, sino que al hacer referencia la ley al verbo "justificar" se requiere que el agente demuestre que el incremento se basa en ingresos legítimos.

No puede sostenerse que por ello, se trata de un delito sin acción, en tanto no obstante el incremento patrimonial es un hecho, ello es consecuencia de un acto humano.

La ley crea una presunción de ilegitimidad del incremento al exigir que éste sea "apreciable", lo cual habilita la sanción penal. No es una inversión de la carga de la prueba , sino que se refiere a la tasación legal de la prueba requerida para acreditar una determinada conducta. La ley no obliga a l imputado a probar su inocencia dada cierta circunstancia, sino que le impone a los órganos de persecución penal el deber de reunir determinados elementos y, compilados éstos, tiene por acreditada la realización de una conducta determinada . Así no se viola la presunción de inocencia, en tanto es el Estado el obligado a probar la responsabilidad del funcionario imputado y será él quien, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, podrá desvirtuar la imputación que la ley considera acreditados.

Este tipo de técnica legislativa no afecta "la garantía de la defensa en juicio, en tanto las circunstancias fácticas contempladas por la ley sustenten razonablemente la presunción de la existencia del acto ilícito y siempre que se acuerde al procesado la oportunidad de audiencia y prueba".

Debe concluirse que el supuesto conflicto entre la norma y la Constitución Nacional no existe, dado que al asumir un empleo o cargo público, el sujeto autolimita su ámbito de privacidad tutelado en el art. 19 C.N., ya que el régimen jurídico del servicio público así lo exige.

El sujeto voluntariamente se impone parámetros de rectitud mayores que el resto de los individuos y acepta libremente conducirse con mayor dignidad y decoro en su vida de relación .

Por tanto, corresponde el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 268 del C.P., planteado por la defensa.