marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión esencial, contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barrios, Juan Carlos c/ Gas Brill Sociedad Anónima s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-04-01

Las cuestiones relativas a la detención del trabajador que eventualmente justificaría sus ausencias, la falta de recepción por parte del mismo de las intimaciones a retomar las tareas y la de despido, así como la posibilidad de percibir el importe de la liquidación sin que ello implique acatamiento al despido, son todas cuestiones esenciales para la solución del conflicto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Salidas transitorias, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: A, R. V. s/ Salida transitoria denegada (EXPTE. Nº 60-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-09-26

Es incuestionable que el pedido de salidas transitorias previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley nacional 24660, puede ser canalizado por medio de la vía que le permite el artículo 550 del Código Procesal Penal al interesado o a su defensor para plantear la incidencia ante el Juzgado de Ejecución Penal, quien tiene la competencia para el caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 105 inciso 1º de la ley 10160, ya que el régimen de salidas transitorias es una forma de definir la ejecución de las penas privativas de libertad.
Rendición de cuentas, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Larrea, Eduardo s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-08

Cualquier interesado en la sucesión puede solicitar la rendición de cuentas, lo que descarta que el pedido formulado por un heredero pueda ocasionar una lesión a los intereses del administrador.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Superior Tribunal de Justicia, competencia, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Daperno, Lorenzo A. c/ Astengo, Enrique s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cumplimiento de contrato de   arrendamiento y daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº 725-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-15

Si se entendiera que la demora en gestarse el conflicto de competencia, en la forma que lo dispone el artículo 8 del Código Procesal Civil y Comercial, genera un agravio irreparable, tal decisión importaría, en la práctica, la anulación de uno de los supuestos en que esta Corte resulta competente (artículo 93, inciso 5 Constitución Provincial) y ello iría en desmedro del sistema que el Constituyente y el Legislador han predispuesto para hacer efectiva esa vía, por cuanto las cuestiones se resolverían sin oírse la postura del indicado como competente que, vale la pena aclararlo, puede incluso coincidir con ese pronunciamiento. Ese es el criterio que inspiró el fallo de la Corte dictado, con distinta integración, en la causa "Lozardy Sa Pereira", donde se precisó que la Corte no puede resolver una cuestión de competencia entre jueces de la Provincia que no tienen un superior común, por la vía del recurso de inconstitucionalidad.
Cuestiones de competencia, competencia contencioso administrativa y tributaria, deudas impositivas, alumbrado, barrido y limpieza
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Belotta, Oscar O. s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Es de competencia de la justicia contencioso administrativa y tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -y no el juzgado en el que tramitó el sucesorio- la acción ejecutiva promovida por el incumplimiento de deudas tributarias -alumbrado, barrido y limpieza- posteriores al fallecimiento del causante toda vez que la acción resulta excluida del fuero de atracción del art. 3284, inciso 4°, del Código Civil. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Honorarios del abogado, prescripción bienal, cese del patrocinio
Materia: CIVIL
Carátula: Beker, Sofia s/ Sucesión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

Aunque se trate de juicio no terminado, es aplicable el plazo de prescripción bienal y no el quincenal con respecto a la obligación de pagar los honorarios de los abogados y procuradores, si el trámite no fue continuado por los mismos profesionales, situación esta que hubiere permitido que eventualmente tuvieran motivos justificables para no solicitar el pago de los servicios prestados.
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, delitos cometidos por medio de la prensa, delitos contra el honor, lugar del hecho
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gallardo, Jorge Javier c/ Trenes de Buenos Aires s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Los delitos de calumnias e injurias deben considerarse cometidos en el lugar en el que se exteriorizan los términos presuntamente agraviantes, y cuando ellos son reproducidos por la prensa, corresponde atribuir la competencia al magistrado del lugar donde se realizó la impresión de las expresiones cuestionadas.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Carlos Angel s/ Robo Morales, Miguel Alberto s/ Robo Godoy, Marcela Adriana s/ Robo Chara, AmÚrico Lucio y otro s/ Robo calificado Pisani, Martín Gustavo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10|2000-06-07|2001-02-07|2000-12-13|2001-02-07

La utilización del arma resulta agravante del robo al cual sirve por el temor que genera a aquel que se encuentra frente a la misma de sufrir un daño físico, lo que debe previsiblemente incidir para que el sujeto pasivo no oponga las resistencias que podría presentar de otro modo. No cualquier daño, sino un daño físico. Es decir que se debe tratar de un arma susceptible de llevar al ánimo y convicción del agredido la posibilidad cierta de sufrirlo en caso de resistirse. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, honorarios del médico, intereses moratorios
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Bengolea, Abel c/ Tempel de Bennewitz, Margarita s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-21

La liquidez de la deuda por honorarios médicos en razón de la atención brindada al causante, al tiempo de efectuarse el reclamo de legítimo abono en la sucesión, por tratarse de una deuda cierta, no impide el curso de los intereses moratorios, ya que la liquidez no es exigida por la ley, pero además porque aunque la suma a pagar no haya estado definida, siempre puede el deudor consignar en pago la cifra que él entiende adeudar, a fin de eximirse del aditamento de los intereses, sin perjuicio de completar el pago, luego, si en sede judicial se estimase que la consignación era insuficiente.
Regímenes jubilatorios especiales, funcionarios legislativos, jubilaciones, otorgamiento del beneficio, adicional por antigüedad, cómputo de servicios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: AVELLANEDA, FELIZ ADOLFO c/ Caja Nacional de Previsión del Personal del Estado y Servicios Públicos s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-30

Resulta inapropiado reconocer efectos parciales a los servicios últimamente prestados, aunque de distinta índole, si fueron estos por los que permitieron acceder al interesado al régimen de excepción en el que se encuentra. En consecuencia, habiendo obtenido el peticionante el beneficio de jubilación por aplicación de la ley 21.124 en razón de los servicios prestados en el Congreso de la Nación, corresponde revocar la resolución que, ante la solicitud del titular del adicional por antigüedad, limitó el cómputo de los servicios hasta el momento del cese en el régimen especial.
Notificación, procesado
Materia: PENAL
Carátula: Zapata, A.N.; Pacheco, M.G. s/ Privación de la libertad - Falsificación de documento - Defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-23

No corresponde la notificación al procesado del auto que limita el recurso, puesto que el código no lo determina expresamente, ni está contemplado entre las prescripciones del art.456 del Código de Procedimiento Penal.
Prescripción adquisitiva, cesión de derechos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Veronesi Gabriel Eduardo y Otra s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-11

La ley 14159 no ha tenido por finalidad modificar el régimen de la prescripción del Código Civil, sino solamente establecer las reglas procesales a que debe sujetarse la consecución del documento que acredita la adquisición del dominio; el artículo 24 inciso a) de la referida norma, es por demás explícito -al igual según sostiene el apelante que el artículo 669 inciso 2 del Código ritual- en cuanto dispone que "deberá entenderse con quien resulte titular del dominio de acuerdo con las constancias del catastro, Registro de la Propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda; que la promoviente -en inicio- ha dado cumplimiento cabal a tales requisitos, habiéndose acreditado quien resulta titular del dominio, con significativo lapso anterior a la cesión. Más allá de haberse instrumentado la cesión por la vía de la escritura pública, la defensa de los derechos que eventualmente pudieren asistirle a los cedentes, queda abierta a través de la citación por edictos que prevé el artículo 669 en su inciso 3 del Código Procesal Civil y Comercial.
Acción contencioso administrativa, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B., M.A. c/ M. P.M. s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-07-31

Si se tratan éstas de acciones, el plazo es judicial. Y así se ha considerado: "el plazo otorgado... para la interposición de los recursos contencioso- administrativos es de naturaleza procesal judicial porque es el espacio de tiempo dentro del cual debe ajustarse un acto procesal... No importa que por una particularidad de lo contencioso-administrativo, ese plazo corra desde la notificación de la resolución denegatoria del derecho postulado en sede administrativa, o sea desde antes de iniciarse la actuación judicial por la presentación del recurso. De cualquier modo, es el plazo dentro del cual debe ejecutarse este acto procesal.
Privación ilegal de la libertad, pasajero de colectivo, transporte de pasajeros, chofer de colectivos
Materia: PENAL
Carátula: LUCERO, Angel C. s/ PRIVACION ILEGAL LIBERTAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-10-30

Configura el delito de privación ilegal de la libertad, la acción del procesado -conductor de un colectivo- que impidió deliberadamente que pasajeros descendieran en la parada que debían hacerlo, permitiéndoles hacerlo donde él quiso.

Para la existencia del mencionado delito basta que se haya producido la violación del derecho de la persona para actuar físicamente y ello con independencia de la mayor o menor duración de la privación, de sus caracteres de permanencia y de los medios empleados. Trátase de un delito material que se consuma tan pronto como el impedimento de la acción o locomoción de la víctima alcanza categoría suficiente para demostrar la intención del autor, entidad que se halla presente en la conducta del procesado, por mínima que pueda entenderse la privación de libertad sufridas por las víctimas que se vieron impedidas durante aproximadamente un trayecto de siete a nueve cuadras de descender del rodado.
Subasta judicial, transmisión de las obligaciones, obligaciones propter rem, tasas
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO MERCANTIL ARGENTINO S.A. c/ MAIELLARO, PABLO A. Y OTROS s/ HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-29

El ejecutante y comprador del inmueble en la subasta, como consecuencia de este acto jurídico deviene deudor de las obligaciones reales ambulatorias, tales como las tasas de O.S.N.

Estas obligaciones acompañan al inmueble y se transmiten de un titular de dominio a otro, cuando hubiere mediado un traspaso de la propiedad. Por ende -y sin perjuicio de la confusión operada- no puede el comprador esgrimir su condición de acreedor hipotecario para eximirse del pago de tales tasas ya que ello importaría pretender una solución sin fundamento legal y en desmedro de una legítima acreedora.
Registro de Juicios Universales, pedido de quiebra, hábeas data
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Matimport S.A. s/ medida precautoria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El asiento en el Registro de Juicios Universales de la existencia de un pedido de quiebra, con la especificación de que fue rechazado, bajo ningún punto de vista podría ser considerado discriminatorio por sí mismo, en la medida en que no implica juicio de valor alguno ni permite derivar de él conclusión racional alguna acerca de la situación patrimonial de la empresa requerida (Voto del Dr.

Enrique Santiago Petracchi).
Establecimientos educacionales, responsabilidad objetiva, obligación de seguridad, eximentes de responsabilidad, caso fortuito, indemnización, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: OSORIO, ISMAEL GERARDO. c/ CONSEJO PROV. DE EDUCACION. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-11-24

Si el accidente ocurre dentro de la escuela, su acaecimiento demuestra el incumplimiento del deber de seguridad por parte de quienes estaban a cargo de los alumnos, sin que obste a ello la ausencia de culpa por parte del propietario del establecimiento o de sus dependientes (cfr.

Cám. Nac. Apel. Civil, Sala M, 1/11/2005, "Noriega c/ Ciudad Autónoma de Buenos Aires", LL on line, AR/JUR/6582/2005).
Notificación por cédula, domicilio
Materia: PROCESAL
Carátula: KRAFT GUILLERMO c/ DONO JOSE HUGO s/ ACCION DECLARATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

No tiene validez la notificación de la demanda cuando la diligencia se practica en el domicilio constituido en un boleto de compraventa inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en los términos de la ley 14.005. La inscripción prevista por dicho cuerpo legal no tiene la virtud de transformar un instrumento privado en público, ya que no se trata de la protocolización legislada por el art. 984 y 1003, última parte, del Código Civil, que exigen la orden judicial, precedida del reconocimiento de sus firmas por quienes suscriben el documento.

Ni la ley 14.005, ni los decretos 22.652/49 y 6446/51 de la Pcia. de Buenos Aires -que reglamentan allí su funcionamiento- requieren que se acredite la autenticidad de las firmas del boleto para su inscripción o que sea presentado a ese fin por el comprador, lo que daría certeza sobre la veracidad de la suya.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, facultades del Poder Legislativo, política salarial, Superior Tribunal de Justicia, facultades jurisdiccionales, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Royer, Carlos Alberto; Torre, Stella Mario; Sánchez, Susana Graciela y Beguelin, Celia María del Rosario c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción -   Revocatoria (Expte. C.S.J. Nro. 647 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-27

Atento a que la resolución del caso podría afectar la facultad de autoadministración financiera del Poder Legislativo - desde que la determinación del régimen retributivo de su personal compromete el manejo presupuestario de las Cámaras, y éste constituye una atribución privativa que las mismas tienen acordada constitucionalmente (inciso 24 del artículo 55 de la Constitución provincial)-, el órgano jurisdiccional no podría sustituirlo en la apreciación de la conveniencia mérito u oportunidad de aplicar un determinado régimen salarial.
Cuestiones de competencia, control de medicamentos, sanciones administrativas, contienda negativa de competencia, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SAINT JULIEN S.A.; LOZA JUSTO, A. FERNANDO s/ Ley de  Medicamentos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-28

1 - Los Jueces en lo Penal Económico conocen como Tribunal de Alzada en la apelaciones deducidas contra las sanciones impuestas por el organismo dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social por aplicación de la ley 16463.- 2 - En el conflicto de competencia suscitado entre un Juzgado en lo Penal Económico y un Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo deberá ser dirimido por la Corte Suprema.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, acreditación de la personería, falta de documentación, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: COOPERATIVA 25 DE MAYO LTDA. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-16

La desestimación de la impugnación decidida con base en la Resolución A.N.Se.S. 877/92 por falta de acreditación de personería, resulta arbitraria y violatoria de la garantía de defensa en juicio. Ello resulta evidente, a poco que se advierta que la aplicación de la disposición citada conduce a impedir toda posibilidad de revisión judicial de lo decidido por el organismo administrativo, en claro ejercicio de funciones jurisdiccionales, condición inexcusable de legitimidad de ese actuar en un área-en principio-ajena a sus atribuciones (cfr. Bidart Campos, "Tratado de Derecho Constitucional", T.II, pág. 313/4).
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-29


SENT Nro. 706 San Miguel de Tucumán, 29 DE SEPTIEMBRE de 2003.- Y VISTO: El recurso de queja por casación denegada interpuesto por Ricardo Antonio Bravo en el incidente de litigar sin gastos, en autos: "Quinteros, Lorena del Valle vs. Fer-Gon de Bravo, Ricardo Antonio s/Indemnización por despido y otro"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Contra la sentencia nro. 50 de fecha 23 de abril del año en curso (cfr. copia de fs. 19), que declara inadmisible el recurso de casación que incoara contra la sentencia nro. 103 del 20-5-2002 (cfr. copia de fs. 9/17 vta.), la parte demandada interpone recurso de queja, por casación denegada, ante esta Corte Suprema de Justicia (cfr. fs. 34/41 vta.).

De la diligencia que da cuenta la copia de fs. 20 y el cargo actuarial de fs. 42, surge que el recurso de queja ha sido incoado tempestivamente, habiéndose asimismo acompañado las copias previstas en el artículo 141 del CPT.

2.- De las constancias obrantes en estos actuados surge que contra la sentencia definitiva nro. 103 del 20-5-2002, la parte demandada planteó recurso de casación, en el cual, bajo el título AFIANZAMIENTO, expresa: "Conforme se desprende del escrito que acompaña esta presentación, nuestro mandante solicitó el otorgamiento del correspondiente beneficio de litigar sin gastos, con lo cual se acredita la excepción prevista en el art. 135 L.C.T., al afianzamiento exigido."(cfr. fs. 24 vta.).

Asimismo, del escrito que documenta el recurso de queja, motivo de la presente, surge que por sentencia nro. 263 del 30-10-02, la Cámara denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado por la demandada, decisión que tras las vicisitudes procesales que allí se referencian quedó firme en virtud de la sentencia nro. 324 del 13-5-03 por la cual esta Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso de queja que, por casación denegada, promoviera la demandada en el mencionado incidente.

3.- En el marco de los antecedentes señalados, advirtiendo que lo atinente a la excepción del afianzamiento por insolvencia acreditada por carta de pobreza está específicamente regulado, en los procesos laborales, por la norma contenida en el artículo 135 del CPT excluyéndose así la aplicación supletoria de lo previsto en el artículo 268 del CPC y C y, finalmente, compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 43/45 de estos actuados, al que nos remitimos en homenaje a la brevedad, corresponde no hacer lugar al recurso de queja incoado por la parte demandada.

Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 45, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja que, por casación denegada, promueve Ricardo Antonio Bravo en lo autos "Quinteros, Lorena del Valle vs. Fer-Gon de Bravo, Ricardo Antonio s/ Indemnización por despido y otro".

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO
Violación de las formas procesales, querellante particular, desistimiento de la acción, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Romero, Sabino Francisco- Injurias s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-05-28

Se rechaza el recurso de casación penal cuando se lo intenta por el inc. 3º del art. 495 del C.P.P., y se consideran violentados los arts. 453 y siguientes del C.P.P., es decir que el querellante no instó el procedimiento durante dos meses, lo que importa desistimiento de la acción; cuando, habiéndose planteado incidente, el mismo se trató y fue rechazado en pronunciamiento firme en base al argumento de que todo lo que hace a la vida de la acción (incluso su extinción) es propio de la legislación de fondo; su tratamiento por un Código Procesal Penal Provincial, invade las facultades delegadas al Congreso de la Nación. Muy distinto sería si los artículos citados hablaran de desistimiento del proceso, porque lo procesal pertenece al ámbito regulatorio de las provincias, y la extinción de un proceso no impide reeditarlo si se conserva el interés y la prescripción de la acción aún no ha operado.
Compensación tributaria, acción meramente declarativa, peligro en la demora, medida de no innovar
Materia: TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: Orbis Mertig SAIC c/ AFIP -D.G.I.- s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-30

Si el contribuyente encauza su pretensión por la vía de la acción de mera certeza, no podría tenerse por configurado el requisito del "peligro en la demora" ya que, por su índole, la vía intentada se agotaría con la declaración del derecho, circunstancia que obstaría -en principio- a que pueda configurarse el requisito previsto en el art. 230, inc. 2º del Código Procesal.
Acción de amparo, habilitación de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: FUENTES ALICIA MABEL c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-19

Si bien el art. 2, inc. a), de la ley 16.986 establece la inadmisibilidad de la acción de amparo si el recurrente, antes de iniciarlo, no agotó previamente los recursos administrativos, la jurisprudencia ha entendido que tal requisito no resulta inexcusable cuando la remisión a tales vías necesariamente produzca un gravamen serio e irreparable. Al ser el amparo un remedio eficaz para evitar daños inmediatos, cuando no es posible lograr ese objeto por otras vías legales más lentas, es indudable que el afectado debe contar con un recurso de esta especie, para poder soslayar de modo eficaz aquel detrimento, sin necesidad de tener que recurrir a trámites administrativos (conf. C.S.J.N. E.D. 22-133; íd E.D. 31-14; C.N.Civ.

Sala D, E.D. 23-427; Sala F, E.D. 29-455, Sala E, c. 14.165 del 3-5 85). En función de dicha interpretación y si se trata de una medida administrativa que dispone la clausura de lo que sería el domicilio particular de la accionante no es dable exigir que se agote la vía administrativa, por lo que corresponde dar curso a la acción de amparo.