Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-31


SENT.DEF.Nº 19133	EXPTE.Nº 10.198/10 (27964) JUZGADO Nº 27	SALA X AUTOS: "PERALTA RAUL ROGELIO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENINA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO".

Buenos Aires, 31/10/2011	El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

I- La Sra. Juez "a quo" entendió que correspondía hacer lugar a la demanda iniciada en autos por el señor Peralta Raúl Rogelio contra Peugeot Citroen Argentina S.A y Pertenecer S.R.L y, en consecuencia, condenó solidariamente a las accionadas al pago de la indemnización por despido, diferencias salariales y los resarcimientos previstos en los Arts. 8º y 15 de la Ley 24.013, art. 2º Ley 25.323 y art. 80 L.C.T (conf. art. 45 Ley 25.345).

Disconforme con tal pronunciamiento acude a esta instancia revisora Pertenecer S.R.L (fs. 422/5), quien expresa agravios. Entiende que Peralta no era empleado de Peugeot por lo que no le era aplicable a dicha empresa la solidaridad entendida en el art. 29 L.C.T (to); asimismo, se queja de la admisión en grado de los demás asertos del a quo que justificaron el despido indirecto y la admisión de las multas reseñadas ut supra.

También apela y expresa agravios Peugeot Citroen Argentina S.A (427/434). Manifiesta, al igual que Pertenecer S.R.L, que el actor no fue empleado suyo y, en consecuencia, no le es extendible la responsabilidad solidaria enmarcada en el art. 29 L.C.T (to). Se queja, además, de la liquidación practicada en grado y de la admisión de la multa prevista en el art. 80 L.C.T (conf. art 45 Ley 25.345) Por otra parte, merecen réplica de la accionante los agravios mencionados ut supra (fs. 438/440 y 445/447). Por último, el experto contable apela sus emolumentos por considerarlos reducidos.

II- Cabe referirse, en primer lugar, por una razón de estricto orden metodológico, a los agravios vertidos por la codemandada Pertenecer S.R.L, y, al respecto, debo señalar que la misma será considerada desierta casi en su totalidad. Los agravios en cuestión no reúnen, siquiera remotamente los requisitos que establece el art. 116 de la LO, en tanto no advierto que los mismos sean una crítica concreta y razonada de los fundamentos del sentenciante de grado. La quejosa se limita a expresar su disconformidad con el fallo utilizando, a los efectos de formular agravios, la cita de jurisprudencia relacionada la cual no reviste, por sí sola, impulso suficiente para lograr rebatir los fundamentos de la Dra. Russo. La crítica concreta y razonada debe contener, punto por punto, la demostración de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido la juzgadora, con la indicación de pruebas y normas jurídicas que el recurrente estime le asisten.

Sólo reúnen las características antes citadas los agravios que refieren a la aplicación de la multa prevista en el art. 80 L.C.T (conf. art. 45 ley 25.345) y la apelación de la regulación de honorarios por considerarlos elevados. Sobre tal base, corresponde tratar el agravio referido a la multa en cuestión, y sobre este punto cabe confirmar lo decidido en grado.

Digo esto porque si bien el reclamante inobservó lo dispuesto por el art. 3 del dec. 146/01, lo cierto es que nunca existió, dentro del plazo legal, una efectiva puesta a disposición del trabajador de tales constancias, porque reclamadas por ésta su entrega (ver fs. 50), recién la empleadora extendió las certificaciones el 30/4/10 (ver fs. 56), cuando el distracto se produjo el 1/4/09.

Por las razones expuestas corresponde desestimar este segmento de la queja.

III- Corresponde ahora tratar la queja de Peugeot Citroen Argentina S.A en relación a la decisión de la magistrada que me precede de extenderle la responsabilidad solidaria en virtud de lo dispuesto en el art. 29 L.C.T (to) y, en este sentido, anticipo que cabe confirmar lo decidido en grado.

Me explico. Los testimonios son claros, categóricos, amplios y no dejan dudas respecto a que Peralta prestó su fuerza de trabajo para Peugeot Citroen Argentina S.A.. No quiero soslayar que, los deponentes tienen juicio pendiente con las demandadas, pero este hecho no permite deshabilitar por sí sus declaraciones, las cuales deben ser ponderadas con severo rigor crítico; sobre esta situación cabe destacar que todos los deponentes coincidieron en que las tareas del actor en el sector Chapistería de la mencionada demandada consistían en la limpieza técnica de dispositivos de soldaduras, trabajo este que realizaba para y en beneficio de Peugeot, con herramientas que pertenecen a esta. Dichas tareas requerían una especialización que obviamente no revestían en Peralta las características de un empleado de limpieza común. Reitero que las declaraciones no dan lugar a dudas respecto a las tareas del actor, porque los testigos expusieron acerca de las modalidades del trabajo por haber percibido directamente las situaciones relatadas en su condición de compañeros de trabajo.

De acuerdo con lo dicho propongo la confirmación de este segmento de la queja.

IV- Ahora bien, respecto del agravio referido a la liquidación practicada en grado considero que tampoco será receptado.

IV- a) Así lo entiendo porque, en primer lugar, los rubros "Tickets" y "TRC", al igual que la sentenciante de grado, los considero de naturaleza remuneratoria. Ciertamente no dejo de reconocer las dificultades, y si se quiere, hasta cierta carencia de oportunidad para juzgar o someter a revisión, varios años después, la política salarial acordada por las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo nº 260/75, ni discutir la legitimidad del actor para cuestionar lo allí acordado en el marco de la ley 14.250 (to), oportunamente homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; pero a la luz de lo allí actuado, y en tanto lo que se discute (y es materia de reclamo aquí) es la afectación de tales cláusulas al contrato de trabajo del actor, no se advierte inconveniente para -en ese acotado marco- elucidar si resulta inconstitucional el art. 103 bis, incs. b y c L.C.T. (to), y en su caso si corresponde también atribuirle naturaleza salarial a las sumas abonadas bajo la denominación acordada por las partes signatarias del aludido convenio colectivo, como no remunerativas.

En punto al primero de los reclamos, la discusión no amerita mayor debate después de lo resuelto por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A. s/recurso de hecho" (P. 1911.XLII, del 1/9/09), en orden a "Que el art. 14 bis, al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio: "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes", y al señalar la serie de derechos y libertades que estas últimas "asegurarán al trabajador", refiere al salario, retribución o remuneración, de manera directa: "retribución justa", "salario mínimo vital", "igual remuneración por igual tarea".En lo relativo a los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22, segundo párrafo), el salario ha ocupado plaza en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 23), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, arts. 6 y 7), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5 inc. e) y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc. 1º.d).." (Cons. 3º), y de "Que la evolución progresiva de la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios se inserta, en lo inmediato, en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido, entre sus propósitos fundamentales, la protección de la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral subordinado. Y si bien esto último, a su vez, puede entenderse inmerso, mediatamente, en el desarrollo de la protección y realización de los derechos humanos en general, es notorio que los avances internacionales en el terreno laboral, principalmente provenientes del ámbito de la OIT, resultaron -tanto en la faz sustancial de los derechos cuanto en la creación de regímenes internacionales de control- pioneros y modelos para el aludido desarrollo general de los derechos de la persona en el plano universal." (Cons. 4º), al aludir a los arts. 6 y 7 del PIDESC, explicó que "el primer precepto dispone que el derecho a trabajar "comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo.y el segundo califica, cuando dicha oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como "salario" o "remuneración" la prestación debida por el empleador al empleado, es necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible que caiga fuera del alcance de estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios en cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente, una "ganancia" y que, con no menor transparencia, sólo encontró motivo o resultó consecuencia del mentado contrato o relación de empleo. Llamar a dichos vales, en el caso, "beneficios sociales", "prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas"; mutar al trabajador en beneficiario y al empleador en beneficiador; suplantar como causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a este último; introducir un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de prestación gratuita por parte de éstas, el empleador traduce una calificación que, por repetir los términos de un precedente que guarda con el sub discussio un estrecho grado de vinculación, resulta "poco afortunada, carente de contenido, y un evidente contrasentido" (Piccirilli c/ Estado Nacional", Fallos: 312:296, 300, asimismo: Fallos: 323:1866, 1872).

Agregó, posteriormente, que "La naturaleza jurídica de una institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que el legislador, o los particulares, le atribuyan (doctrina de "Inta Industria Textil Argentina S.A. s/apelación", Fallos: 303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional (Fallos: 329:3680). Y, como ha sido visto, el art. 103 bis inc. c no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste. Tampoco ello surge de las alegaciones de la demandada ni de las circunstancias del proceso. El distingo, en suma y por insistir en lo antedicho, es sólo "ropaje" (Cons. 5to). Que por lo demás, atento a que la noción de remuneración que ha sido enunciada en manera alguna podría entenderse de alcances menores que la acuñada en el art. 1º del Convenio nº 95 sobre la protección del salario, es oportuno hacer cita de las observaciones dirigidas a la República por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, vale decir, el órgano instituido por resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su octava reunión (1926), destinado a ejercer el control regular de la observancia de los Estados Miembros de las obligaciones derivadas de los convenios que han ratificado (Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Sección VI). En efecto, a propósito del Convenio nº 95 dicha Comisión, con expresa referencia al art. 103 bis, le recordó a la Argentina el párrafo 64 del "Estudio general sobre protección del salario", de 2.003, en cuanto a que el art. 1º del citado convenio, si bien "no tiene el propósito de elaborar un modelo vinculante de definición del término salario, si tiene como objeto "garantizar que las remuneraciones reales de los trabajadores, independientemente de su denominación o cálculo, serán protegidas íntegramente en virtud de la legislación nacional, respecto de las cuestiones que tratan los artículos 3 a 15 del Convenio". Acotando que, "como lo demuestra la experiencia reciente, en particular con respecto a las políticas de "desalarización", practicadas en algunos países, las obligaciones derivadas del Convenio en materia de protección de los salarios de los trabajadores, no pueden eludirse mediante la utilización de subterfugios terminológicos". Por el contrario, "es necesario que la legislación nacional proteja la remuneración del trabajo, cualquiera sea la forma que adopte, de manera amplia y buena fe" (Conferencia Internacional del Trabajo, 97ª reunión, 2.008. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución) Tercer Punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones Informe III (Parte IA) Informe General y observaciones referidas a ciertos países, 2.008, p. 595). Cuadra subrayar que esta observación, en sustancia, no hizo más que reiterar lo sostenido por la Comisión en 1.998.1999.2000.2002.y 2.003 ("Observación individual sobre el Convenio núm. 95, Protección del salario, 1.949 Argentina (ratificación: 1.956) Publicación: 2.003").

"Más todavía; con todo ello, el órgano internacional, en rigor, persistía o deba seguimiento a las censuras que había dirigido, en 1.995, a los beneficios no remuneratorios de los decretos 1477 y 1478 de 1989, y 333 de 1993, "destinados a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia", al concluir en "la existencia de un vínculo entre los beneficios dirigidos a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia, y el trabajo realizado o el servicio prestado, en virtud del contrato de trabajo. Estos "beneficios" -añadió- cualquiera sea el nombre que se le pueda dar (primas, prestaciones complementarias, etc.), son elementos de la remuneración en el sentido del artículo 1 del Convenio. Por consiguiente, deben ser objeto de las medidas previstas en los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 del Convenio". Por ende, solicitó "al Gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las prestaciones otorgadas en virtud de los decretos núms. 1.477/89 y 1.478/89, son objeto de la protección prevista en el Capítulo IV del título IV, del régimen de contrato de trabajo" (Observación individual sobre el Convenio núm. 95, Protección del salario, 1.949 Argentina (ratificación: 1956) Publicación: 1.995)..para posteriormente, expresar el órgano internacional que "lamentaba observar esta nueva legislación (art. 103 bis LCT, según el texto de la ley 24.700) retrotraer a la situación de discrepancia con las disposiciones del Convenio", que ya había puntualizado repetidamente." (Cons. 8vo.).

"Que, en conclusión, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 103 bis inc. c de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 24.700), relativo a los vales alimentarios, en cuanto niega a éstos naturaleza salarial".

Agrego a lo dicho, que la ley 26.341 derogó los incisos b) y c) del art. 103 L.C.T. (to), precisamente para garantizar el pleno cumplimiento de las exigencias del Convenio nº 95 de la OIT (conf. fundamentos que acompañaron el proyecto de ley expuestos por los Diputados Nacionales Recalde y Martínez), cuyo art. 1º especifica que "el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar".

En tales condiciones, los hoy derogados incisos del art. 103 bis L.C.T. (to), estaban en pugna con las normas de rango superior y violaban los principios constitucionales protectorios del salario, por lo que su aplicación, al contrato de trabajo del actor, resultó inconstitucional, independientemente de que respondiera a una negociación paritaria, porque esta no debe contener cláusulas que resulten violatorias de normas de orden público (conf. arts. 4 y 7 ley 14.250 to), como ocurrió en este caso, al afectar la intangibilidad de la remuneración.

Conforme lo que llevo dicho, el accionante tenía derecho, por el período objeto de reclamo a que se compute, como parte de su remuneración, las sumas que percibieron como vales alimentarios y sumas no remunerativas, y como consecuencia de ello, se las considere para el cálculo de los distintos conceptos.

IV- b) Respecto al cálculo del preaviso y la integración, tal como manifestó la Dra. Russo, la suma tomada como base salarial luce ajustada a los efectos de establecer dichos rubros y a mi entender ha sido tomado en cuenta en base al criterio de la normalidad próxima.

IV- c) Distinta es la situación en lo que hace al segmento de la queja orientado a refutar la decisión de la sentenciante a quo respecto de la procedencia de la multa que impone el art. 8 de la Ley 24.013.

Lo entiendo así, en el caso concreto de autos, porque no se trató de una relación de trabajo no registrada, sino todo lo contrario (ver pericial contable a fs. 260, pto. b) e informe de la AFIP a fs. 148/160); además la codemandada Pertenecer S.R.L no es una empresa de servicios eventuales, como para que la indemnización sea aplicable a Peugeot Citroen Argentina S.A según las previsiones del art. 13 dec. 1694/06.

Así lo afirmo porque, durante el período que va desde el 1/10/07 hasta el 30/2/09 quien registró a Peralta como dependiente y efectuó, respecto de la misma, la totalidad de los aportes previsionales y de seguridad social (aspecto no controvertido), fue Pertenecer S.R.L, mientras que el planteo de la parte actora, a propósito de la normativa de la ley 24.013, apuntó a extender la responsabilidad a Peugeot Citroen Argentina S.A. por considerarlo el verdadero empleador, pero el hecho que, como usuaria del servicio, la ley la califique como empleadora directa del trabajador, como un modo o herramienta para evitar situaciones que puedan dar lugar a fraudes, no habilita una doble registración del trabajador como dependiente de dos empresas diferentes, por un mismo trabajo, con doble carga tributaria o aportes. Es más, habría que concluir que, en todo caso, lo que se verificó fue un único contrato de trabajo con un empleador principal y otro secundario (que fue quien lo registró y le abonó el sueldo), enmarcado en el supuesto previsto por el art. 26 L.C.T (unicidad de contrato en pluralidad de empleadores). De modo que la registración de cualquiera de ellos es válida a los efectos legales, independientemente de la responsabilidad que , como coempleadoras, tengan frente al trabajador. Aclaro que es una situación diferente a la contemplada en el Plenario " Vazquez Maria Laura c/ Telefónica de Argentina S.A y otro s/ despido" (Acta Nº 2.552 del 30/06/2010), porque no se trata aquí de una empresa de servicios eventuales, en la cual la usuaria tenía una obligación registral impuesta por el art. 13 del dec. 1694/06.

IV- d) Ahora bien, como es sabido, el dictado de un pronunciamiento judicial no es constitutivo de derechos sino declarativo de los mismos y, por lo tanto, contrariamente a lo pretendido por la demandada, corresponde mantener la condena del incremento previsto en el art. 2° de la ley 25.323. Digo así, por cuanto en la especie se verifican los requisitos necesarios para su procedencia, esto es: a) la existencia de obligación indemnizatoria en los términos de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T., b) el no pago de dichas indemnizaciones en tiempo oportuno (la mora es automática a partir del distracto), c) intimación fehaciente emplazando a su cancelación, y d) que el dependiente se vea obligado a "iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas".

V- El agravio dirigido a cuestionar la condena a entregar los certificados de trabajo del art. 80 L.C.T (to) tampoco tendrá favorable acogida.

Me explico. La norma resulta, en este caso, a mi modo de ver, procedente a consecuencia de la omisión de la empleadora directa (Peugeot Argentina S.A.) -conf. art. 29, 1er. párrafo L.C.T. to- de extenderle, frente a la intimación que le cursó la reclamante, en cumplimiento del art. 3 del dec. 146/01, el certificado de trabajo con indicación del tiempo de servicio a sus órdenes, naturaleza de éstos, remuneración percibida y calificación profesional obtenida, pues tales datos, además, no le resultaban ajenos.

VI- En definitiva, de acuerdo a lo expuesto y a la modificación realizada, la acción prosperará por la suma total de $ 67.454,92 que deberá ser abonado por las codemandadas con más los intereses conforme lo expuesto en la anterior instancia. VII- Sin perjuicio de la modificación que sugiero (art. 279 CPCCN), respecto de la imposición de costas y la regulación de honorarios, corresponde mantener lo decidido en grado por resultar ajustada la forma en que resolviera la cuestión debatida y a la labor desempeñada por los profesionales intervinientes (conf. art. 68 CPCCN, art. 38 L.O y cctes. Ley arancelaria y arts. 3º y 12º decreto ley 16.638/57).

Imponer las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN), regulándose los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora, demandada Peugeot Citroen Argentina S.A Y demandada Pertenecer S.R.L en el 20 % a cada una respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

VIII- En definitiva, y por las razones expuestas, de prosperar mi voto correspondería: 1) Modificar parcialmente la sentencia y, consecuentemente, reducir el monto de condena a la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ( $67.454,92) que deberá ser abonado por las codemandadas con más los intereses dispuestos en la instancia anterior; 2) Condenar a Peugeot Citroen Argentina S.A a entregar a Peralta, Raul Rogelio la certificación de remuneraciones y servicios a la que alude el punto V) dentro del plazo previsto y bajo el apercibimiento dispuesto en la sentencia de grado; 3)Confirmar la sentencia en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 4) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de las demandadas vencidas; 5) Regular los honorarios de la representación letrada de la actora y de las demandadas por su actuación en esta instancia en el 20 %, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia.

El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

1°) Adhiero al voto que antecede en lo principal que decide, con excepción de lo resuelto en relación con el resarcimiento previsto por el art. 8º de la ley 24.013.

En efecto, en lo atinente a la viabilidad o no de la precitada indemnización, considero que la cuestión ha sido zanjada con el dictado del fallo plenario Nº 323 del 30/6/2010 en autos "Vázquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina S.A. y otro" en el cual se resolvió que "Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria" (el subrayado me pertenece).

La precitada doctrina plenaria, de acatamiento obligatorio (conf. art. 303 del CPCCN), no resulta aplicable exclusivamente a las empresas de servicios eventuales, sino también a las "intermediarias" en general, posean o no aquél carácter. Dicha circunstancia surge no solo de los términos de la resolución de Cámara Nº 13 del 18 de mayo de 2009, sino de los votos emitidos por los integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo al emitir sus respectivos votos en el precitado fallo plenario.	Sobre dicha base, sugiero confirmar el fallo apelado en el aspecto analizado.

2º) En lo concerniente a la apelación de la demandada en cuanto entiende elevados los honorarios regulados a la representación letrada del actor, de las demandadas y del perito contador, como así también la apelación del mentado perito por estimar reducidos los que le fueron asignados (fs. 425 y 415), considero que los porcentajes allí fijados resultan equitativos y acordes con el mérito, importancia y extensión de las respectivas labores profesionales realizadas en función del valor litigioso (art. 38 ley orgánica; arts. 3 y l2 dec. ley 16.638/57).	De prosperar mi voto, entonces, correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios. 2) Costas de alzada a cargo de la demandada al resultar vencida (art. 68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 422/425, 427/434 y 438/440 en el 25 % a cada uno de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).	El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir sus fundamentos, en cuanto es materia de disidencia, adhiero al voto del Dr. Stortini.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo cuanto ha sido materia de recursos y agravios. 2) Costas de alzada a cargo de la demandada al resultar vencida (art. 68 primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de los firmantes de fs. 422/425, 427/434 y 438/440 en el 25 % a cada uno de lo que les corresponda percibir por su actuación en la instancia procesal anterior (art. 14 ley arancelaria).. Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.