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Derecho laboral, contrato de trabajo, empleo público, ministerios, personal transitorio, despido, estabilidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Ozan, Virginia Lorena  c/ Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-25

Se agravia la accionada Estado Nacional por la responsabilidad atribuida en origen por la relación laboral que la accionante mantuvo con el ente cooperador conformado por ACARA en convenio marco con el Ministerio de Justicia y que consideró ilegítima la desvinculación de la trabajadora. Surge de la prueba pericial contable y de los recibos de sueldo relevados por la perito que la accionante tenía una antigüedad de 13 años. Sostener que la actora no contaba con estabilidad en su puesto por cuanto fue contratada como agente transitoria, y que en tal contexto se hallaba implícita la facultad de la Administración de proceder a su revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, no se condice con la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. De Defensa-A.R.A) s/ indemnización por despido", pues surge claro que el comportamiento del Estado Nacional, en cuanto a la renovación de las designaciones de la actora durante siete años en forma ininterrumpida, resultó apto para generar una expectativa legítima de permanencia y estabilidad laboral y que las labores de la accionante resultaban ser normales y habituales del cargo al que fue asignada e idénticas a las que hubiese realizado de ganar el concurso al que la demandada aduce estar sujeta su confirmación. Así entonces, resultó manifiestamente desajustada a derecho y antijurídica, en tanto que, en las condiciones acreditadas, la trabajadora merecía la protección que estatuye el art. 14 bis CN. El Estado Nacional incurrió en una seria irregularidad, toda vez que la accionante se desempeñó sin solución de continuidad para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en funciones propias del personal permanente de la repartición estatal y su actividad no ha quedado comprendida en el régimen de la ley 25.164. Cabe confirmar el decisorio de la anterior instancia.
Telefónica de Argentina, servicio telefónico, interrupción del servicio, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GENS, LIA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-10

Esta sala ha fijado jurisprudencia declarando la competencia contenciosoadministrativa para conocer en las causas donde se solicita una medida cautelar a fin que Telefónica de Argentina S.A se abstenga de interrumpir o afectar el servicio.
Marcas, registro de marca, oposición al registro de marca, superposición de clases del nomenclador
Materia: COMERCIAL
Carátula: DESUP  S.R.L. c/ COLUMBIA COMPAÑIA FINANCIERA  S.A. s/ OPOSICION REGISTRO DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-10

Por sustentarse la oposición en un registro constituido para proteger servicios de la clase 36 referida a seguros y finanzas es de aplicación al caso el principio de especialidad marcaria conforme con el cual la demandada no tiene derecho para oponerse en la clase 38 (Comunicaciones). Reiterada jurisprudencia ha dicho que la oposición deducida con fundamento en un registro obtenido en clase distinta de aquélla para la cual se solicita una marca es admisible sólo respecto de aquellos artículos, actividades o servicios en los que concurra superposición o interferencia, cuestión que debe apreciarse con criterio de prudente razonabilidad y procurando que la protección marcaria otorgada en una clase no sea entendida de modo que, en definitiva, termine por cubrir diversas clases del nomenclador; incumbiendo la prueba de tal superposición, como principio, a quien la invoca.
Robo en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: Juárez, Marcelo Fabián y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-10

A los efectos de la aplicación del agravante del art. 167 inc. 2° CP, para que un robo se cometa en "banda" es suficiente que en la ejecución del hecho hayan tomado parte tres o más personas, actuando de manera organizada, de acuerdo a un plan común preordenado, sin que sea necesario que dichos sujetos activos integren, a su vez, una asociación ilícita en los términos del art. 210 CP. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y Catucci).
Recurso extraordinario, indefensión, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, deberes y facultades del defensor oficial
Materia: PENAL
Carátula: Loyola, Edmundo Alberto s/ Robo. Jofré, Raúl Ernesto s/ Privación ilegal de la libertad - Robos reiterados - Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-06|1985-10-08

Adolece de nulidad la presentación efectuada a la Cámara por el defensor de pobres y ausentes mediante un escrito que sólo contiene su propia opinión en favor de la sentencia y un desnudo pedido de casación, carente de las notas propias del concepto mismo de recurso, pues tal situación debe equipararse a una negativa a recurrir, que paraliza el único procedimiento mediante el cual aparecería viable la interposición del o los recursos posibles, y que priva al procesado, que expresó su voluntad de recurrir ante la Corte, de su derecho a un debido proceso en la instancia extraordinaria.
Procedimiento tributario, impuestos, pago, mora, intereses, tasas de interés, derechos y garantías constitucionales
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Badulati, Luis s/ Rec. de Apelación  I.V.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-24

El fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del estado, justifica la elevación de las tasas de interés más allá de lo normal. En ese orden de ideas, corresponde poner de resalto que es de toda lógica que los intereses que perciba el estado por la mora en el pago de los impuestos sean superiores a aquéllos por los que sea posible a los particulares obtener créditos en el mercado financiero, pues de no ser ello así los contribuyentes podrían contemplar la alternativa - claramente perniciosa para el bien común - de obtener financiamiento por vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias. Así, el marco con el que el legislador autorizó a la administración a fijar los intereses del art. 42 de la Ley 11.683 y Resolución 908 del Ministerio de Economía, resulta razonable y no puede sostenerse en principio que de ese modo se transgredan derechos o garantías constitucionales.
Recurso extraordinario, aclaratoria (procesal), preclusión
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Agustín MINGRONE y otros s/ RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  INTERPOSICION  -  PLAZO  -  ACLARATORIA -  PRECLUSION - CONTRADICCION - HONORARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

La invocación de las normas locales que otorgan efecto suspensivo a la interposición de la aclaratoria no impide el efecto preclusivo emergente de la ausencia de interposición oportuna del recurso extraordinario -dentro del plazo de diez días desde la notificación de la sentencia- toda vez que lo relativo al tiempo y a las formas procesales del remedio federal incoado está determinado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no consagra tal excepción a la regla contenida en su artículo 257.
Regímenes jubilatorios especiales, ingenieros, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Maltz, Lázaro c/ Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29

De las disposiciones de la ley 5920 no surge la obligación para la autoridad de aplicación de prorratear entre distintos períodos el monto de los aportes registrados durante un año calendario para tener por acreditado el ejercicio contínuo y permanente de la profesión. La interpretación efectuada en tal sentido por el Asesor Letrado - que no obliga al Directorio en la aplicación de la normativa específica (art. l5 ley 5920) - se basó en la aplicación analógica del reglamento de moratoria para el pago de aportes adeudados, que no puede imponerse como norma para la imputación anual de los aportes ya abonados desde que , en este caso, la regla es su afectación al año en que ingresó (art. 25, ley 5920).
Cosa juzgada, preclusión, despido sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: OCHOA VICTOR HUGO C c/ PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DE SAN LUIS Y/O GOB. DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS s/ COBRO DE PESOS- PRUEBA ANTICIPADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-18

En la sentencia mediante la cual este Tribunal hizo lugar a la demanda, se aludió, únicamente, a los rubros indemnizatorios ref. al despido incausado- habiéndose omitido toda consideración tanto en los fundamentos como en su parte dispositiva- acerca de la legitimidad del reclamo del actor por el reintegro de las sumas retenidas por la empleadora imputadas a gastos por medicamentos.

Este pronunciamiento fue consentido por el actor, de tal modo que, ahora, su pretensión recursiva aparece formalmente extemporánea y, además, extraña a la cuestión que debió resolver el tribunal de la causa -en la sentencia- en cumplimiento de lo dispuesto por esta Cámara.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CISMONDI, EDUARDO c/ RAMON CASIANO ALONSO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1991-09-09

No puede estimarse culposa la conducta del demandado al requerir protección jurisdiccional, procediendo de buena fe al denunciar en sede penal al actor basándose en la existencia de "causa probable", definida ésta, como la convicción razonable y fundada en los hechos llegados a conocimiento del acusador, respecto de la culpabilidad de la persona acusada o denunciada.
Excusación por interés en el pleito, conjueces, competencia, incidentes, principio de accesoriedad
Materia: PROCESAL
Carátula: SAEZ CAPEL JOSE Y OTROS c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-14

El Tribunal de Segunda Instancia, compuesto por Conjueces, está constituido para resolver el tema tratado en una "causa", ya sea en los incidentes o en la causa principal porque no es procedente pretender que en los incidentes entienda en grado de apelación un Tribunal y en el principal otro.

En todo incidente se debate una cuestión o controversia vinculada directa o indirectamente con el objeto principal del proceso.
Daños y perjuicios, compraventa de automotores, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Hojobar SA c/ Volkswagen Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-09

Cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, en el marco de una subasta privada de un automotor, en el cual fue puesto a la venta por cuenta y orden de la demandada, pero que esta última lo desaprobó posteriormente, en ejercicio de cierta condición publicitada que el actor consideró abusiva. Es que la mecánica común de los remates es la de adjudicar el bien a quien haga una postura que excede la base, sin que en tal caso ninguno de los contratantes pueda unilateralmente pretender dejar sin efecto esa adjudicación que perfecciona el contrato. Empero, no fue tal el caso sub examine pues, cuando el vendedor se reserva la libertad de aprobar o no la perfección del contrato con la mejor de las posturas presentadas, el dato del establecimiento de un precio de base deja de importar. Es que esta hipótesis lo relevante es, fundamental y excluyentemente, la presencia de una intención de no obligarse por parte del vendedor sino mediante una ulterior aprobación suya; intención primaria que, claro está, no puede transformarse en obligación de aceptar el perfeccionamiento del contrato bajo el exclusivo argumento de la existencia de una base (que solamente determina el llamado "precio de salida") y sin considerar que lo que se pretende resguardar con la cláusula ad referéndum, sin compromiso, sujeta a confirmación o análoga es, en rigor, la posibilidad de alcanzar un "precio de estimación" aceptable por parte del vendedor.
Jueces, iura novit curia
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Silvano c/ Ferrocarriles Argentinos s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

La determinación del derecho aplicable no se extiende a la admisión de defensas o excepciones no esgrimidas ni autorizadas a apartarse de lo que resulte tácitamente de los términos de la litis.
Poder de policía, daños y perjuicios, derecho de propiedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MILTON ENRIQUE JUILLERAT c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

La obligación legal de no edificar a mayor altura que la señalada por la autoridad administrativa, fundada en motivos de interés general, constituye, sin duda, una mera restricción impuesta a la propiedad privada que encuentra justificación jurídica en el poder de policía local y no es indemnizable, ya que se trata simplemente de una carga general impuesta a todos los propietarios por razones de planeamiento urbano.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piñero, Claudia andrea c/ Boiko, Orlando Simón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-30

Los porcentajes de minusvalía sufridos como consecuencia de un evento dañoso estimados por los peritos sólo constituyen elementos referenciales indiciarios y meramente orientadores, pero nunca vinculantes para el tribunal.
Cuestiones de competencia, competencia por conexidad, delitos federales, delitos comunes, competencia penal, competencia ordinaria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MARTINEZ, Sergio y otro s/ sobr. Causa nro. 27.717
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-17

Siendo posible escindir el juzgamiento de los delitos de naturaleza federal de los de índole común, es conveniente hacer jugar la excepción a las reglas de conexión y, en consecuencia, poner en conocimiento del mismo a la Justicia Penal Ordinaria de la Capital Federal para su juzgamiento.
Doble instancia, facultades del juez, recurso de apelación (procesal), auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FARRAY, Jorge Luis. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

Si media recurso acusatorio habilitante, la alzada se encuentra con facultades suficientes como para agravar la situación procesal del imputado, en tanto la garantía de la doble instancia consiste en el derecho a recurrir un fallo condenatorio y no uno provisorio.

Por ello, corresponde revocar el auto de falta de mérito dictado y decretar el procesamiento del imputado (del voto del Dr.

Gerome).

Si media recurso, la Cámara posee atribuciones para el dictado del auto de procesamiento (*) (del voto del Dr. Barbarosch).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, fallos de la Corte Suprema, apartamiento de la doctrina de la corte
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fernández Propato, Enrique c/ La  Fraternidad  Sociedad del  Personal  Ferroviario de Locomotoras. s/ Recurso de hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

No suscita cuestión federal la discrepancia de la sentencia con lo decidido por la Corte en una causa distinta.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Veizaga, Jorge y otros s/ ejecución fiscal - ABL c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-11

Aun cuando una cédula no pueda ser diligenciada -salvo que no sea error, sino artimaña-, lo cierto es que presentarla muestra voluntad de continuar los trámites del proceso. De allí que el a quo no pudo desconocer el efecto interruptor a la cédula entregada a fin de confrontar su contenido con el expediente, sin que ello importe desplazar la regla aplicable al caso, puesto que ella, en tanto buscaba notificar a la ejecutada la intimación de pago, constituía una conducta que tenía como fin instar el proceso. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Compraventa inmobiliaria, entrega de la posesión, mora del vendedor, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: MATARASSO JOSE Y OTRO c/ VACAS CARUSO Y FRANCESCHI  S.R.L. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-07

Si se admite que la sola privación del uso y goce de una cosa es daño resarcible cuando se tenía de ella la posesión, esto es, cuando se ha violado o desconocido un derecho de índole real, la misma privación lo va a ser cuando lo transgredido es un derecho de naturaleza personal, si se reúnen el nexo causal y los requisitos del art. 520 del Código Civil, es decir, se trata de consecuencia inmediata y necesaria, cuando media demora en la entrega de la posesión, el daño no esta dado por haberse frustrado la posibilidad de locar el inmueble, sino porque en el patrimonio del acreedor esa utilidad -expresada con el término "valor locativo del inmueble"- no fue incorporada por la actitud morosa de la deudora, y éste es daño cierto.

La mera privación, sin añadir prueba de la utilización actual productiva de la cosa (contrato de arrendamiento, v. gr.), constituye daño cierto.

La falta de entrega del inmueble adquirido en la fecha estipulada en el contrato, otorga al comprador el derecho a ser indemnizado, aún cuando no haya acreditado que, en razón de tal incumplimiento, ha debido alquilar otra vivienda o realizar erogaciones especiales de alojamiento (c. 286.101 del 20/5/83; c. 611 del 18/10/83; c. 2454 del 6/12/83; c. 3307 del 17/2/84 y c. 19.986 del 2/4/86).
Daño ambiental, evaluación del impacto ambiental, aeropuertos, Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Administración Nacional de Aviación Civil
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Recurso de hecho deducido por Leandro Marisi en la causa Marisi, Leandro y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - PEN - Ministerio de Transporte de la Nación y otro s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-30

Conforme al reparto de competencias denunciado por el Estado Nacional en la causa el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y la Administración Nacional de Aviación Civil resultan los órganos encargados de emitir una declaración de impacto ambiental aprobando o rechazando el estudio de impacto ambiental (artículo 12 de la ley 25.675) de la totalidad de las obras y de la actividad aerocomercial que se realicen en todas las etapas proyectadas en el Aeropuerto El Palomar, es decir, el estudio de impacto ambiental integral -de todas y cada una de las obras y actividades, en todas las etapas- debe ser evaluado por las autoridades competentes señaladas y, posteriormente, aprobado o rechazado mediante una declaración de impacto ambiental.
División de condominio, costas
Materia: CIVIL
Carátula: GÓMEZ DE CURI MARÍA ESTHER c/ CURI VICTOR ALEJANDRO Y OTROS s/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-21

En el juicio de división de condominio que culmina en este objetivo, en principio, todos los condóminos son vencedores, en el sentido de que simultánea y recíprocamente satisfacen su interés en la partición y aún en caso de allanamiento, dadas las características de este proceso, no autoriza a distribuir las costas por su orden. Ello, pues, los condóminos revisten al mismo tiempo las calidades inescindibles de actores y demandados, y lo que cualquiera de ellos haga, si conduce a la división de la cosa, no tiene por qué ser costeado exclusivamente por el promotor, sino por todos, en proporción a la medida del interés económico de cada uno en el bien común. De lo contrario, se configuraría un enriquecimiento injustificado, pues una de las partes se beneficiaría con actos cumplidos también en su interés, sin contribuir a su pago. A la inversa... el actor no tiene por qué sufragar exclusivamente los gastos inherentes a la demanda, si ésta aprovecha igualmente al adversario: por sobre la fuente material del acto (de quien emana) prevalece entonces su significación y teleología jurídica (a quien beneficia).
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Almada, Josefina c/ Provincia del Chubut y-o quien resulte Responsable s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-07-30

...el momento en que se conoce con certeza absoluta el grado de minusvalía, suele coincidir con aquél en que un experto médico lo determina, ello no es óbice, para que la sana crítica del juzgador, merituando las circunstancias de la causa, establezca otro, si así resultare de las constancias arrimadas.
Amparo por mora, AFIP, devolución del reintegro impositivo, plazo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Fichter, Lautaro c/ EN- AFIP- DGI s/ amparo por mora
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-10-08

Procede la acción de amparo por mora promovida contra la AFIP, Dirección General Impositiva, a fin de que resuelva los reclamos que efectuó el actor respecto de la devolución de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias en los términos de la Resolución General N° 3420/2012, pues no obstante haber cumplido con la información complementaria solicitada por el Fisco Nacional, ha transcurrido un plazo que excede lo razonable sin que éste emita dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requirió el interesado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, desbaratamiento de derechos acordados, bien jurídico protegido, derechos creditorios
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Martino, Cándido s/ defraudación (Causa 17143).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-28

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró que un crédito no constituye un bien y que sólo son objeto de protección por el inc. 11 del art. 173 del Código Penal los derechos acordados sobre cosas muebles o inmuebles, pues tal distinción no fue efectuada por el legislador.
Concursos, acuerdo preventivo, prórroga del plazo, emergencia sanitaria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: BUSTELO REGATEIRO c/ AGUIRRE, JORGE s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

No corresponde prorrogar el cumplimiento de un acuerdo con fundamento en la emergencia sanitaria nacional, prorrogada por la ley 25972 hasta el 31.12.05, pues la ley 26077 que prorrogó la emergencia pública y sanitaria hasta el 31.12.06, excluyo expresamente de su normativa a la ejecución de sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada (art. 2-1 parr. in fine) y, la exigencia del cumplimiento de las cuotas concordatarias caídas o del pago de los créditos privilegiados excluídos del acuerdo, debe ser asimilado a la ejecución de una sentencia, pues, en definitiva, importa la ejecución de la resolución homologatoria del acuerdo que se encuentra firme.