Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-27


2º Instancia.- Buenos Aires, octubre 27 de 2008.

¿La sentencia apelada es arreglada a derecho? El doctor Racimo dijo:

El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por Orlando Armentano contra Pablo Alfredo Gómez y Julio César Stati por los daños y perjuicios causados en un accidente de tránsito que fueron establecidos en la suma de $ 3.192. La condena se hizo extensiva a la empresa aseguradora del propietario del vehículo Provincia Seguros Sociedad Anónima en los términos del art. 118 de la ley 17.418 disponiéndose, además, que los intereses se devengarán a la tasa pasiva de acuerdo con lo dispuesto por los fallos plenarios dictados en "Vázquez Claudia Angélica c/Bilbao Walter y otros s/daños y perjuicios" del 2-8-93 y "Alaniz Ramona Evelia y otros c/Transportes 123 S.A.C.I. interno 200 s/daños y perjuicios" del 23-4-04 (La Ley, 1993-E, 126;2004-C, 36).

La empresa aseguradora interpuso recurso de apelación a fs. 288 que sustentó con la expresión de agravios de fs. 311/320 que fue respondida por la actora a fs. 325/326 quien, a su vez, había apelado a fs. 293 fundando su recurso con el memorial de fs. 324 contestado por la aseguradora a fs. 331/332.

Examinaré en primer lugar el planteo de la aseguradora quien sostiene que no se le puede hacer extensiva la condena ya que se presentó un supuesto de "no seguro" o "inexistencia de seguro" atento a que según la "cláusula de cobranza de premio" se ha producido la mora automática del pago del premio mensual lo que determina en forma automática la "no cobertura siniestral".

El a quo entendió que la defensa de no seguro quedaba descartada en el caso con el informe pericial contable obrante a fs. 251 donde el experto había informado que la póliza estaba vigente a la fecha del siniestro lo que no mereció observación alguna por parte de la aseguradora. Agregó el juzgador que la circunstancia de que el asegurado no hubiere efectuado la denuncia del siniestro es una cuestión que hace a las relaciones de cobertura entre asegurado y aseguradora no pudiendo resultarle oponible al tercero afectado por el siniestro.

En realidad, existen dos planteos de la citada en garantía que deben ser examinados por separado.

La primera queja se sustenta en una supuesta mora automática del asegurado por incumplimiento de las cuotas devengadas al momento del accidente -22 de septiembre de 2004- lo que se le habría hecho saber a aquél mediante carta documento remitida el 17 de noviembre y recibida el 19 de noviembre de 2004. En realidad, el planteo supone una lectura incompleta de las conclusiones del dictamen pericial de fs. 241/44. Efectivamente, el experto señaló en su oportunidad que a fs. 47 de las presentes actuaciones obra fotocopia de la boleta de pago correspondiente a la cuota 2 de la póliza respectiva "que fue efectuado el día 21, en lugar del día 22, de septiembre de 2004 como figura en la documentación de la aseguradora citada en garantía" (ver fs. 242 punto f). La actora solicitó explicaciones al perito a fs. 246 ante las dudas que suscitaba tal afirmación las que fueron respondidas por el experto con su presentación de fs. 251 en la que señaló expresamente que "al haber abonado el demandado Pablo A. Gómez la cuota correspondiente al día 21 de diciembre de 2004, en razón de lo indicado precedentemente, la Póliza de autos se encontraba vigente a la fecha del siniestro aludido, es decir el 22 de diciembre de 2004".

La aseguradora guardó silencio ante el dictamen primitivo del perito y su pedido de explicaciones respecto de la ampliación de fs. 251 fue presentada fuera del plazo legal pertinente (ver providencia de fs. 255) de modo que ha consentido las conclusiones del dictamen respectivo.

Corresponde tener en cuenta, además, que la aseguradora había reiterado en su contestación de demanda las manifestaciones formuladas en su carta documento remitida el 17 de noviembre de 2004 (ver fs. 83), pero jamás desconoció el recibo acompañado a fs. 47 por el demandado que debe tenerse por admitido como auténtico según así lo dispone el art. 356, inc. 1º, del Código Procesal, sin que sea válido al respecto la alegación genérica y condicionada formulada a fs. 98 vta., punto d).

Sólo se alude, sin mayores precisiones a un supuesto "pago rehabilitador" que no tendría consecuencias en el caso. Es de suponer que la referencia a tal pago corresponde al recibo emitido con fecha 21 de septiembre de 2004 y la rehabilitación a la que allí se alude no puede ser otra que la que surge de la póliza respectiva que autoriza ese mecanismo propio del seguro que surte efectos desde la hora cero (0) al día siguiente en que la aseguradora recibe el pago del importe vencido (conf. art. 2 del anexo A 2 del cálculo de cobranza del premio para el seguro de vehículos automotores y/o remolcados y peritaje contable de fs. 251).

Destaco, además, que la aseguradora ofreció la producción de prueba informativa dirigida a Provincia Seguros S.A. para que se remitieran todos los recibos de los pagos de las primas o premios abonados por el demandado Pablo Gómez en el año 2004 (ver fs. 98, punto b.1) sin que haya impulsado esa medida lo que llevó a la declaración de negligencia de fs. 262, circunstancia que entiendo relevante ya que habría permitido conocer el origen del recibo agregado a fs. 47 sobre el que no se expidió adecuadamente la aseguradora.

La segunda queja de la aseguradora se refiere a la tardía notificación del siniestro en cuestión del cual se habría enterado, a estar a los dichos de la apelante, en la audiencia de mediación celebrada el 27 de octubre de 2004 habiendo incumplido el asegurado con las cargas impuestas en la póliza respectiva conforme lo dispone el art. 46 de la ley 17.418.

Ha señalado la doctrina que si bien el efecto que trae aparejado el incumplimiento de la denuncia de siniestro es el previsto por el art. 47 de la norma mencionada, en el sentido que decae el derecho del asegurado, tal consecuencia solo es así en la relación jurídica sustancial. Ello significa que tratándose, como lo es, de una defensa posterior al siniestro, pues la carga de denunciarlo obviamente sucede cronológicamente al riesgo realizado, no es oponible al tercero que, en el marco del seguro contra la responsabilidad civil, cite al asegurador en garantía, postura que también ha sido mantenida por la jurisprudencia (Rubén S. Stiglitz, "Derecho de Seguros", 4a. ed. Buenos Aires, 2005, t. II, pág. 268, nº 768 y también nota 277 y los fallos citados al respecto por Isaac Halperín y Nicolás H. Barbato, "Seguros", Buenos Aires, 3a. ed., 2003, pág. 504). Por otra parte, tal es el criterio de esta Sala -ver voto del Dr. Dupuis en c. 135.640 del 24-2-1994- que ha entendido -del mismo modo que el a quo- que frente al damnificado habrá de responder la aseguradora, más allá de las relaciones entre las partes del contrato de seguro que no es materia de debate en este pleito.

Plantea la aseguradora que el monto establecido en la sentencia por desvalorización venal resulta excesivo teniendo en cuenta que se trata de un automóvil que data de más de 30 años de antigüedad, lo que hace extensivo a los restantes rubros y especialmente al reclamo por privación de uso.

El reclamo formulado no cumple con los recaudos exigidos por el art. 265 del Código Procesal. En tal sentido, conforme reiterada jurisprudencia, la crítica razonada y concreta que debe contener el memorial de agravios ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo y, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la resolución adversa, no hay críticas válidas que atender en la alzada (conf., entre muchas otras, CNCiv. esta sala, causas 161.621 del 5 de diciembre de 1994, 165.639 del 6 de marzo de 1995 y 233.079 del 28 de diciembre de 1997). No obstante, en aras al principio de la defensa en juicio habré de interpretar con amplitud dicha preceptiva, por lo que me avocaré al examen del recurso.

De todos modos no resulta admisible el agravio relativo a la supuesta exorbitancia de las sumas establecidas en la sentencia si se tiene en cuenta que el monto por desvalorización del rodado alcanzó a $ 450 y el correspondiente a privación de uso por la suma de $ 510.

La actora se agravia de la forma de cómputo de los intereses establecida en la sentencia respecto al rubro correspondiente a reparaciones del rodado que el juez mandó calcular desde el 5 de septiembre de 2006 al entender que la declaración del titular del Taller San Cristóbal, al reconocer haber hecho los arreglos, fue el primer elemento que permitió constatar su efectiva reparación. Sostiene la apelante que debió aplicarse la doctrina y la jurisprudencia que el curso de los intereses debe computarse desde que se produjo el perjuicio independientemente de que se hayan hecho los arreglos al vehículo dañado, de modo que el cálculo de los réditos debió haberse mandado efectuar desde el 22 de septiembre de 2004.

Asiste razón a la actora en la crítica relacionada con el comienzo del curso de los intereses en el ítem por reparación del rodado. Es que, conforme lo ha decidido reiteradamente el Tribunal los intereses se devengan desde el momento mismo en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación (conf. CNCiv. en pleno en LA LEY, 93-667), puesto que la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados se adeuda desde el día en que el hecho ilícito o sus consecuencias dañosas se produjeron, ya que el responsable incurre en mora, a todos los efectos legales, desde el momento mismo de la comisión del hecho (conf. CNCiv. Sala "C", voto del Dr. Belluscio, en E.D. 57-505 y sus citas: Colmo, "Obligaciones", nº 94; Lafaille, "Tratado de las Obligaciones", nº 163; Salvat y Galli, "Obligaciones en General", t. I, nº 106; Busso, "Código Civil Anotado", t. III, art. 509 nº 127; Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones", t. I, pág. 137 nº 7; Cazeaux y Trigo Represas, "Derecho de las Obligaciones", t. 1, pág. 161). Y se adeudan sea que los daños hayan sido reparados o no (conf. CNCiv. Sala "C", voto del Dr. Belluscio recién citado; esta Sala, causas 82.736 del 10-4-91, 120.233 del 27-11-92 y 164.231 del 21-3-95, entre muchas otras).

Por todo ello propicio que se confirme la decisión en lo principal y se la modifique exclusivamente en cuanto al cómputo de los intereses por reparación del rodado que empezarán a correr desde el momento del hecho imponiéndose las costas de la alzada a la aseguradora vencida (art. 68 del Código Procesal).

Los doctores Calatayud y Dupuis por análogas razones a las expuestas por el Dr. Racimo, votaron en el mismo sentido.

Atento a lo que resulta de la votación de que da cuenta el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 282/287 modificándola en lo referente al cómputo de los intereses respecto al rubro reparación del rodado que se considerarán desde la fecha en que se produjo el hecho. Con costas a la aseguradora vencida (art. 68 del Código Procesal). Regulados que sean los honorarios por la actuación en primera instancia, se fijarán los correspondientes a la Alzada.- Mario P. Calatayud.- Juan C. G. Dupuis.- Fernando M. Racimo.