marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, injurias graves, malos tratos
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE B.L.E. c/ B.E. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

Al peticionarse el divorcio, por ejemplo, por injurias graves, no es indispensable señalar cada una de las ofensas recibidas y bastará señalar los hechos más significativos en tanto resulten representativos de la conducta injuriosa que se imputa; pero de esto se deduce que hay que, por lo menos, describir el tipo de conducta que se considere injuriosa y enunciar los hechos más significativos de esa índole, que permitirán entonces, una vez probados, admitir la prueba de otros hechos de similar naturaleza. En cambio, si ninguna enunciación se ha hecho, relativa a la conducta supuestamente agresiva de la esposa, incluyendo ataques físicos, ninguna, oportunidad se da a éste de rebatir tales afirmaciones al contestar la reconvención, ni de probar en contra de ello a lo largo del pleito, y se viola el principio de congruencia admitir como hecho que justifica la culpabilidad de la esposa en el divorcio, el mencionado incidente.
Allanamiento sin orden, consentimiento del morador, nulidad procesal, acta de secuestro
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MICHOS, Héctor R. s/ TENENCIA ILEGITIMA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-10

La autoridad policial no está facultada para realizar allanamientos sin autorización judicial, ni siquiera con el consentimiento de sus ocupantes, fuera de los casos contemplados en el art. 189 del C.P.M.P.

Resulta por tanto falsa la afirmación de que el legislador en los art. 400 y 401 del código de rito otorga al encargado un viso absoluto de legitimidad para posibilitar el ingreso a edificios públicos sin observar la salida o puesta del sol, equiparando a tal condición "...cualquier otro edificio que no esté destinado a la habitación o residencia particular, como pueden ser las oficinas de un procesado, al que ingresa personal policial a efectuar un secuestro merced a la autorización del secretario, pues el citado artículo se refiere a los jueces a cuyo cargo se encuentra normalmente la expedición de la orden de allanamiento, no pudiéndose extender a los funcionarios de policía. Por lo expuesto se declara nula el acta de secuestro.
Intereses punitorios, autonomía de la voluntad, pautas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: FISCO PROVINCIAL c/ DAVIDSON JUAN LIBORIO s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-20

En el contrato de mutuo, suscripto entre las partes, en su art. 4 se estableció expresamente "que la mora del tomador del crédito en el avance de la inversión conforme al proyecto, producirá la caducidad del mismo y lo hará exigible en su totalidad, quedando sin efecto la tasa pactada y exigiéndose la deuda con más los intereses punitorios según la tasa máxima que autoriza el Banco Central de la República Argentina.

Estando acreditada en autos tal cláusula y por aplicación del principio de autonomía de la voluntad consagrado por el art. 1197 del Código Civil, de que "las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma", el a-quo no pudo apartarse de lo acordado en el transcripto art. 4 del contrato respectivo, por lo que el recurso debe prosperar.
Encubrimiento real con receptación, automotor sustraído, ánimo de lucro
Materia: PENAL
Carátula: MIÑO, Héctor M. s/ Causa 32.679
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-07

Cometió el delito de encubrimiento quien fue detenido conduciendo un rodado ajeno, que por las particulares condiciones en que se encontraba (ausencia de documentación, llave de contacto limada, etc.), no podía desconocer su espuria procedencia, hallándose el fin de lucro requerido para dicha figura, en el hecho de haberlo utilizado y, por ende, consumido combustible.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: P., L.A. y Otra c/ I.S. "S.L.G." s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-12-09

La indemnización por daño moral que contempla el artículo 1078 C.C. a favor de los damnificados directos (y eventualmente, a favor de los herederos forzosos en caso de muerte de la víctima) de un hecho ilícito, procede cuando se causa una lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, "que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria".
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sosa, Roxana Mariela c/ Constanzo, Jorge Francisco s/ Sumario -Desalojo-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-04-24

"La acción de desalojo se da contra el locatario, el tenedor precario, el intruso y todo otro ocupante cuyo deber de restituir sea exigible, vale decir contra quienes son tenedores que reconocen en otro la titularidad del dominio, pero no contra quien posee animus domini".
Prescripción, plazo, recurso de casación
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA DE LEDESMA JOSEFINA LEONOR c/ HOTEL CASINO CENTER Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.- CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-28

El cómputo del plazo fijado para la prescripción de la indemnización por accidente de trabajo reclamada, representa una típica cuestión fáctica, propia de los jueces de la causa y ajena a la instancia casatoria.
Competencia, acción de amparo, derecho de propiedad, libertad de comercio e industria, acción civil
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR SAN CRISTOBAL c/ UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR Y OTROS s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27

En el caso, se promueve demanda de amparo en los términos del artículo 50 del Código Procesal Constitucional (Ley Nro. 6944) en contra de la Unión Tranviarios Automotor y los empleados de la actora que se encontraren frente al domicilio de aquélla, que deberán ser identificados en el precitado lugar, con el objeto que se ordene el cese de la conducta de los demandados que mediante piquetes de fuerza instalados al lado de los vehículos de propiedad de la accionante impedirían el normal funcionamiento de la Empresa demandante.

Es principio en la materia que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales debe determinarse con arreglo a la naturaleza de la pretensión y sus elementos, conforme los mismos se reseñan en el escrito de demanda.

Ello así, en la especie no se trata de una pretensión cuyo acto o hecho jurídico constitutivo sea de naturaleza administrativa o tributaria, ni tampoco que pueda ser subsumida en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 6 del CPT (Ley Nro. 6204 reformada), sino que tiene, por objeto, la tutela de los derechos de propiedad y libertad del ejercicio de industria lícita y comercio, regulados por el derecho privado, por lo que se está en presencia del supuesto previsto por el artículo 61, inciso a del CPCyC.

En razón de ello, el caso en examen difiere del planteado en autos "Bisdorff de Franco, María Beatriz vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de Amparo", resuelto por sentencia nro. 362 del 24-5-99 en el cual, se configuraba una flagrante contradicción entre los artículos 4, primer parágrafo, 15 y 57 de la Ley Nro. 6944, contradicción que no acontece en la especie, ya que en razón de la materia, resulta competente para conocer de la misma el tribunal de primera instancia, en lo civil y comercial común.
Daños y perjuicios, seguros, seguro de responsabilidad civil, oponibilidad a terceros, iura novit curia
Materia: CIVIL
Carátula: MORAN,  Savina  Rosa c/ GUTIÉRREZ, Daniel Orlando y otro s/ DAÑOSY PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-25

No obstante que es innecesario invocar una doctrina plenaria para que sea aplicada por el juez en virtud del principio "iura novit curia" y por la obligatoriedad que emana del art. 303 del Código Procesal, si la parte a la que favorece esa aplicación no manifestó -expresa o tácitamente- su voluntad en ese sentido, el magistrado no puede hacerlo de oficio, porque quebrantaría el principio de congruencia.

De tal manera cuando la damnificada no realizó ningún planteo en los momentos procesales oportunos (vg. audiencia del art. 360 del Código Procesal, traslado de la pericial contable o alegato) respecto de las limitación de cobertura que alegó la aseguradora en virtud de la franquicia pactada con su asegurado, su comportamiento implica un allanamiento tácito o una renuncia voluntaria a defenderse y en esos supuestos no corresponde aplicar la doctrina del plenario "Obarrio c/ Monsa".
Poseedor, bienes muebles, presunción legal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Lozano, Rodolfo Sebastián c/ Lozano, Oscar y Esnaola, Leticia s/ Tercería de dominio-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-12-26

El art. 2412 del C.C. establece no sólo una presunción irrefragable de propiedad en favor del poseedor de cosas muebles, sino también de la legitimidad de ella y de la buena fe del que posee, extremos que se presumen iuris tantum y pueden ser objeto de prueba en contrario. Por tanto, tratándose de esos bienes, es suficiente que el tercerista demuestre que al momento de la traba del embargo se encontraba en posesión de los mismos amparándose en la presunción legal, corriendo a cargo del embargante la prueba en contrario.
Libertad condicional, revocación de la libertad condicional, domicilio del imputado
Materia: PENAL
Carátula: S., B. D. c/  s/ libertad condicional
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-19

Corresponde anular la resolución que revocó la libertad condicional del condenado que se ausentó del domicilio declarado tras una pelea con su madre (con quien reside), puesto que se mantuvo en las cercanías de la vivienda y en ningún momento puso de manifiesto de modo inequívoco su definitiva intención de no regresar al mismo y de sustraerse al cumplimiento de la condición a la que se había comprometido. Para poder afirmar que una persona incorporada al régimen de libertad condicional ha violado la obligación de residencia, se debe verificar su ausencia del domicilio sin previo aviso durante un lapso temporal razonable y mínimamente considerable, lo que no ocurrió en el caso.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, lesiones en riña
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Antiñir,  Omar  Manuel  - Antiñir, Néstor Isidro - Parra Sánchez,Miguel  Alex s/ homicidio en riña y lesiones leves en riña y enconc. real.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

No es posible -al menos, sin menoscabar un sistema respetuoso de las garantías del derecho penal- justificar una condena sobre la base de que el resultado guarde "alguna" o "cierta" relación con la violencia ejercida (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Empleados públicos, accidentes de trabajo, competencia laboral
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO, IRINEO c/ SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIONES s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-12-03

'Cuando el accidentado se halla vinculado por un contrato de empleo público, la Justicia Nacional del Trabajo no es competente para conocer en demandas fundadas en la ley 9688, por hechos anteriores a la vigencia de la ley 18913'.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentos insuficientes, tribunal de disciplina, revisión judicial, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MANARIN, MARIA CECILIA c/  s/ SUSPENSION DE MATRICULA-RESOLUCION COLEGIO PROFESIONALES-APELACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

En relación al agravio de la excesiva punición traído por la recurrente -sin que esto implique una crítica a la cuantificación de la suspensión puesto que lo apuntado se dirige al Tribunal revisor y no al del Colegio Profesional- no se debe soslayar que la exigencia de fundamentación suficiente contenida en nuestra Constitución Provincial en su artículo 95, no se traduce en un examen limitado a la legalidad de lo decido, tal como lo afirma la Alzada al sostener que la sanción se encuentra prevista en la normativa aplicable, sino que para su verdadera concreción exige un test de razonabilidad de lo decidido; es decir, si está justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar el interés publico comprometido, sin perder de vista los fines o consecuencias que se procuran alcanzar con la sanción impuesta, de tal modo de coordinar el interés privado con el público y los derechos individuales con los de la sociedad. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhiere el Dr. Spuler)
Acta de secuestro, falta de firma, nulidad procesal, firma de testigos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SAVE, Leonardo Miguel s/ inf. artículo 189 bis del C.P. Causa nro. 27.639
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

"...La falta de firma de la procesada en el acta de secuestro no acarrea su nulidad, no obstante haber correspondido dejar constancia en el instrumento ante una eventual negativa a suscribirlo, sin perjuicio de ello, tal omisión puede suplirse con la rúbrica por parte de dos testigos según lo prescripto por el artículo 215 del Código de Procedimientos en Materia Penal, por lo que no se halla afectada la validez de la diligencia."
Contratos civiles, incumplimiento del contrato, resolución del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: NORTEXPRESS SA c/ BANCO BANSUD SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-08-13

Si bien no existen formulas establecidas para determinar cuando un incumplimiento tiene la suficiente trascendencia para justificar la resolución contractual; sin embargo, "...el pretender ejercer el derecho de resolver el contrato cuando el incumplimiento carezca de importancia, implicaría el ejercicio abusivo de ese derecho, por contrariar los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlo -el de preservar el sinalagma contractual- por exceder los limites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, como dice el art. 1071 del cod. civil." (Ramella A., "La resolución por incumplimiento", p. 55, ED. Astrea, 1979) quedando tal aspecto librado a la apreciación judicial (cfr. Ramella y López de Zavalia F., "Teoria de los contratos, parte general", p. 364); obviamente, la importancia del incumplimiento no necesariamente esta ligada al carácter principal o accesorio de la obligación y esta labor del juzgador exige un análisis sustantivo de la economía del negocio en los términos en que fue concebido.
Improcedencia del recurso, homicidio simple, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, testigos
Materia: PENAL
Carátula: SOTELO, Cristian Ezequiel c/  s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Debe rechazarse el recurso de casación articulado contra la decisión que condenó al imputado en orden al delito de homicidio simple si para arribar a tal conclusión, el a quo valoró la prueba recibida en el debate bajo estricto apego a la regla de la sana crítica y los principios que la regulan, alcanzando el grado de convicción necesario para tener por acreditado que, indefectiblemente, el imputado fue quien causó la muerte de la víctima. Es que el razonamiento del tribunal de mérito se ajusta a los parámetros aludidos (art. 398 CPPN), habida cuenta de que, conforme lo señaló correctamente: el hecho fue presenciado con claridad por más de un testigo, el imputado fue detenido en el mismo lugar en donde había sido visto por última vez luego de culminar la agresión; ante la llegada del personal policial no pudo responder asertivamente qué hacía allí; las características de su vestimenta fueron las mismas que aportaron los testigos al llamar al 911; y si bien, en un primer momento, estaba tranquilo, al entrar en escena el testigo presencial aquél comenzó a ponerse nervioso (voto del juez Rimondi a que adhirieron los jueces Bruzzone y Llerena).
Tribunal Fiscal de la Nación, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: "Pugliese Erminia (TF 12790-A) c/ DGA".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-30

La competencia del Tribunal Fiscal no alcanza a cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera por más compleja que ésta resulte, sino exclusivamente a aquéllas que resulten del texto de la ley de su creación (Sala IV del fuero "Micro Omnibus Gral San Martín S.A.C. -TT.F. 17.104-I) c/ D.G.I", del 3/7/01) (Del voto del juez Coviello, cons. 4°).
Sentencia definitiva, vencimiento del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: OVEJERO DONATO DEL VALLE c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECONOCIMIENTO DE CARGO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-08-10

La sentencia complementaria afecta también a la sentencia originaria, como acto jurisdiccional íntegro y formalmente perfecto, ya que pone de manifiesto el insanable error cometido. Lo señalado, por lo que una vez dictada una sentencia y notificada, vencido que sea el plazo del art. 124 del ordenamiento procesal del fuero, no puede volver a examinar y ampliar su propio pronunciamiento.
Costas, transacción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ENERGIA MENDOZA S.E. c/ MUNICIPALIDAD DE MAIPU s/ Apremio (LIBRO: A069 - 256)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-09-22

"... La existencia de la deuda liquida y de plazo vencido, promovido el pertinente juicio de apremio, deuda cuyo monto fue reducido a causa del convenio de pago homologado, no autoriza la exencion de cargar con las costas...".-
Contrato de trabajo, transferencia del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: V., W.H. c/ R., SA y Otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-06-14

Para ingresar al tema de la transferencia del artículo 225 ó de la solidaridad de los artículos 227 y 228 de la ley, elemento primordial es que estemos en presencia de un contrato o de una obligación existente y no de uno extinguido por alguno de los medios posibles de extinción que la LCT establece, o sin obligaciones pendientes.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: Gettas, José Roberto y Fiad, Elías c/ Estado Nacional s/ reivindicación de acciones del Ing. Bella Vista  S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-21

Es improcedente la apelación, en los términos del inc. 6x, a) del art. 24 del decreto-ley 1285/58, contra la sentencia que condena a rendir cuentas, si el valor disputado en último término es de momento indeterminado, pues quedará establecido en oportunidad en que se apruebe la liquidación final.
Declaración indagatoria, prueba
Materia: PENAL
Carátula: OSCAR ANTONIO MEDINA s/ ROBO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-02

Aún asimilando la naturaleza jurídica de una declaración informativa con los de la indagatoria, es sabido que si bien ésta es el medio de defensa por excelencia, puede ser también medio de prueba cuando la versión del imputado -libremente expresada- se corrobore con los demás elementos probatorios introducidos al contradictorio.-
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sosa Virginia c/ Germano de Petersen s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-08

Estando configurado de un modo inescindible la usucapión cumplida, tanto por la posesión efectiva como por el tiempo de permanencia en la misma que la ley requiere, resulta evidente que la aludida prueba compuesta es menester producirla en orden a los dos términos que conforman el instituto (ley 14159 art. 24; art. 679 inc. 1 Cód.

Proc.).
Quiebra, cesación de pagos, actos perjudiciales a los acreedores, terceros
Materia: COMERCIAL
Carátula: INTERNATIONAL EXPRESS SA c/ OBSTEIN, LUIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

No obstante encontrarse estructurado preponderantemente el sistema de la inoponibilidad sobre el dato cardinal del conocimiento que el tercero cocontratante tenia o debía tener, acerca del estado de cesación de pagos en que se encontraba el deudor posteriormente fallido -al tiempo de la celebración del negocio-, lo que ha de sellar la suerte de la estabilidad del acto en el sistema concursal, será en definitiva la presencia de la existencia o no de un "perjuicio a los acreedores concurrentes", lo que revista real gravitación, atento a su finalidad restitutoria tendiente a recomponer el patrimonio cesante, en tanto el acto atacado empobrezca la garantía común de sus acreedores. Perjuicio que, por otro lado, no cabe limitárselo a la esfera patrimonial del deudor común, pudiendo lesionar, además, a la propia igualdad de tratamiento de sus acreedores (pars conditio creditorum), lesión que se presume -iuris tantum- del aludido conocimiento que se le atribuya al tercero, aunque admitiéndole aportar prueba en contrario, según el texto del art. 119 con posterioridad a la reforma de la Ley 24522, aunque en el derecho nacional, tanto la doctrina como la jurisprudencia habían erigido a tal exigencia como necesaria, aún con anterioridad a la citada reforma.
Derecho contravencional y de faltas, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: F., C.E. s/ infracción al art. 7 del decrero 241/96 reglamentario de la ley  11.748
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-10

La declaración corroborada por prueba documental constituye una confesión calificada en los términos del art. 239 del C.P.P., desde que admite el hecho pero deslinda la responsabilidad que se le endilga, la que, estando probada en su aspecto excusatorio, debe prevalecer sobre el criterio formal con que el art. 134 del Código de Faltas ( dec. ley 8031/73 ) cataloga al acta de constatación como plena prueba de lo constatado.
Medicina prepaga, incumplimiento del contrato, intervención quirúrgica, reintegro de gastos, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: Jmelnitzky, Eduardo Gregorio c/ Swiss Medical SA s/ sumarisimo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-03

En el marco de una acción por incumplimiento del contrato de medicina prepaga, cabe hacer lugar al reintegro solicitado por el actor quien tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en forma privada ante la negativa de la accionada de afrontar dicho gasto. Más cabe señalar que sólo se reintegrará la porción inherente a los honorarios del médico interviniente, y se rechazará lo pretendido por lo abonado a la clínica interviniente. Ello en tanto fue abonada por una sociedad y no fue probado que el actor afrontó en definitiva los gastos careciendo del derecho para peticionar el reintegro.
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: D. L. V., L. B. y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-07-10

La jurisprudencia alude a las Cajas de Jubilaciones como entes "pagadores", precisamente analizando la legitimación pasiva ante pretensiones de pago de reajustes de pensiones y retiros.
Municipalidad, concejales, empleados públicos, remuneración, juicios contra el Estado, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: HERRERA RENE HUMBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LORETO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-02-16

Si en el caso se encuentra discutida la relación que uniría al actor con la Municipalidad accionada en el ejercicio de funciones públicas, y las consecuencias de dicha vinculación, la presente cuestión resulta de competencia de este Alto Tribunal por encontrarse comprometidas principalmente, normas que regulan una relación de derecho administrativo.