marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARDINI, OSCAR JOSE MIGUEL c/ FONTENLA, JUAN CARLOS s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD     RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE  LA NACION      CSJ EXPTE NRO 380-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-31

No puede acogerse el recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si del desarrollo de los fundamentos de la queja, en su confrontación con la sentencia impugnada, surge la falta de caso constitucional, no obstante la invocación de arbitrariedad o violación del derecho a la jurisdicción, pues no basta aludir al mismo o hacer una mínima formulación del tema, sino que éste debe ser expuesto de modo inequívoco, en demostración de la procedencia de la impugnación extraordinaria.
Enfermedad accidente, acción civil por accidente de trabajo, higiene y seguridad del trabajo, ambiente de trabajo ruidoso, protectores auditivos, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: PALLA, JOSE c/ OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

La responsabilidad del empleador no se limita a suministrar protectores auditivos, sino que debe instruir a sus operarios acerca de su uso y exigirles su utilización, ejercitando la potestad disciplinaria de que está investido en caso de incumplimiento. Por ello no cabe hacer recaer sobre el obrero la responsabilidad por la no utilización de protectores, si el principal no cumplió con las obligaciones a su cargo.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Amado, Ana María c/ Cané y Belaustegui, Miguel Ramón y otro s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2012-07-30

Procede la demanda por prescripción adquisitiva, pues la actora ha aportado medios probatorios suficientes - prueba testimonial, acta de constatación judicial, recibos de pagos de impuestos - que acreditan la posesión del inmueble con animus domini por un período superior a los veinte años (del voto del Dr. Pérez Ballester).
Transacción, efectos con relación a terceros, base regulatoria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

La sentencia de Primera Instancia, estableciendo monto de la condena: si bien el proceso termina por transacción, ello no es óbice para considerar la suma en la sentencia como parámetro a tomar en cuenta en virtud de las circunstancias particulares de la causa. Como los impugnantes no intervinieron en la transacción rige la regla general que no puede considerarse como base arancelaria, porque a tenor de lo dispuesto por el art. 850 del Cod. Civil, para las partes tiene la autoridad de cosa juzgada, inoponible a terceros en virtud del art. 851. La hermenéutica del caso, también se desprende de la normativa de los arts. 1195 y 1199 del mismo ordenamiento legal.

(Dra. Catella: Según su voto).
Segunda instancia, caducidad de instancia, cómputo del plazo, demora en la elevación de los autos
Materia: PROCESAL
Carátula: CH. DE DEL C.M. Y OTROS c/ DEL C.E.A. s/ DIVORCIO - TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-25

El supuesto previsto por el art. 313 inc. 3, del Código Procesal sólo puede configurarse cuando la falta de elevación de las actuaciones obedezca, en forma exclusiva, a la omisión por su parte de trámites que le son propios al oficial primero; circunstancia que no se da si hubo tramitaciones de las partes que impidieron la elevación.
Daños y perjuicios, carga de la prueba, mala praxis, responsabilidad profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Bogao Mario Gustavo c/ Hospital San Martin y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-11-18

Debe admitirse la demanda de daños y perjuicios deducida por un joven que quedó parapléjico luego de la cirugía realizada en un hospital, pues si la víctima ingresó a la intervención quirúrgica caminando, se le aplicó una peridural sin tener registro de cómo fue tal aplicación y estando contestes las partes que la defectuosa ejecución de esa inyección puede provocar una lesión en la médula espinal a nivel dorsal, lo único que cabe concluir es que no ha existido una buena praxis de la analgesia, máxime cuando lo único que ha sostenido el accionado es que la lesión tuvo origen en la patología de base del actor -cáncer- causa que ha sido desestimada por quien fuera la médica tratante.
Accidente de tránsito, valor venal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ PEDRO c/ HAMILTON ALEJANDRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-30

El daño resarcible debe ser cierto y no meramente posible. Las particularidades características (automóvil con varios años de uso) no permiten afirman que se haya producido un daño por depreciación del automotor, determinable actualmente en su existencia aunque no es su importancia económica, único supuesto en que cabe derivar la determinación del monto indemnizatorio a la ejecución de sentencia (arts. 354/355 C.P.C.). Es cierto que en algunos casos de excepción puede presumirse razonablemente que luego de la reparación de un automotor afectado en sus partes estructurales, quedará reducido su valor de reventa, pero en este caso depende del tipo de reparación del daño que se haga y que debe resolverse en la etapa de ejecución.

Si se admitiera que es posible por ejemplo reparar el automotor con el cambio del casco completo, no habría una depreciación, con mayor razón si se trata de un modelo del año 1973 lo que implica que tiene varios años de circulación a la fecha. Más bien tendría un mayor valor. Por otra parte, no puede descartarse tampoco la posibilidad de que se limite la indemnización en función del valor de un vehículo similar en plaza en buen estado, supuesto en el que la depreciación carecería de significación y no existiría como daño, ya que se partiría de la idea de que la reparación resulta económicamente inconveniente.
Proceso penal, interés público, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Villegas, Angel Ariel y otros s/ infracción ley 23.737 - causa n° 9160.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-05

En el procedimiento penal tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio, ya que aquél no es sino el medio para alcanzar los valores más altos: la verdad y la justicia (Disidencia de los Dres.

Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, confirmación de sentencia, prisión, abuso sexual calificado por acceso carnal, menores, in dubio pro reo, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: C., O. A. c/  s/ Recurso de Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2020-04-17

Resulta improcedente el recurso de impugnación incoado por la defensa del imputado, por lo que se confirma la sentencia que lo condenó a la pena de prisión de efectivo cumplimiento, por ser autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido contra una menor de tres años, con acceso carnal y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con la víctima, como delito continuado -arts. 119 primer párr., primer supuesto, tercer párr. en relación con el inc. f) del cuarto párr., 54 "a contrario sensu" y 45 todos del CP-, hechos que han sido valorados en el marco de la Ley 26485 y la Ley 26061. La falta de precisión en cuanto a la fecha en que hubieran ocurrido los abusos, el lugar y el modo de comisión, ocasiona que las garantías constitucionales propias de un Estado democrático de Derecho terminen siendo meras entelequias, máxime cuando con las pruebas reunidas no se ha activado quebrantar el principio de inocencia del ahora recurrente. En relación a este agravio -que el a quo debería haber aplicado el principio "in dubio pro reo"-, este Tribunal en reiteradas oportunidades ha dejado sentado su criterio en relación a dicha aplicación, por lo que siendo una facultad del juzgador, solamente se puede entrar a analizar su aplicación si la prueba producida contra el imputado resulta ser claramente contradictoria respecto a su culpabilidad, lo que no ocurre en el caso, toda vez que la conclusión a que arriba el a quo respecto de la autoridad por parte del imputado se ajusta con precisión al Derecho.

De análisis efectuado de la sentencia atacada surge claramente que no existe vulneración a derechos y garantías del orden convencional constitucional, tal como alega por la parte recurrente, en consecuencia este agravio tampoco puede prosperar. Se ha cumplido con todos los derechos que por ley deben ser tenidos en cuenta a efectos de asegurar al imputado un justo y debido proceso.
Contratos, interpretación del contrato, contratos internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: STANDARD   BANK   LONDON   LTD. c/ ADMINISTRACION  NACIONAL  DECOMBUSTIBLES ALCOHOL Y POR. S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-07

En los contratos internacionales, la autonomía material de las partes al incorporar las normas que rigen el negocio, no solo tiene virtualidad derogatoria de las normas dispositivas y coactivas del derecho legal del juez (lex fori), sino incluso de las normas coactivas del derecho estatal que resultarían aplicables de funcionar las normas de conflicto del derecho internacional privado argentino. Es decir, pueden derogar las normas coactivas y de policía que eligen como aplicables, pues en este caso las partes incorporan materialmente el derecho, pero expurgándolo de aquellas normas ("treviso, pablo SA c/ banco argentino de comercio", del 31.8.76, primera instancia firme, ED 77-437).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, trabajador, adicionales de remuneración, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BASANO, MARCELO LUIS y OTRO c/ BANCO DE GALICIA Y BS. AS. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-LABORAL  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 376 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-22

Resultan inidóneas para revertir lo decidido las quejas que achacan al Juzgador haber desconocido que las diferencias salariales pretendidas apuntaban a las contenidas en la C.C.T. 18/75 y en realidad, los actores cobraban montos mayores por los anticipos voluntarios a cuenta de futuros aumentos que otorgaba la empleadora. Y es que, la Sala entendió que "...los adicionales propios de la política remuneratoria del empleador, por su habitualidad devinieron en un derecho adquirido por el dependiente que superaba el acuerdo salarial vigente..." y que "...ascender de categoría a un trabajador sin variar su remuneración, por lo mismo que lo haría percibir menor remuneración que aquellos que venían desempeñándose en igual categoría que la ascendida, infringiría el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea..." y que por tanto los actores resultaban acreedores al pago del adicional correspondiente a la categoría de ayudante de firma con más el adicional que hubieran estado percibiendo los empleados con desempeño en la categoría ayudante de firma.

Dichas razones evidencian que en el caso de autos la Cámara analizó las circunstancias fácticas concretas , optando por un criterio exegético que no se advierte pueda ser tildado de inconstitucional ni de haber desbordado las posibilidades interpretativas aceptables que ofrecían las disposiciones en cuestión, en relación a las circunstancias probadas de la causa.
Evasión fiscal, elemento subjetivo, presunciones
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: Müller, Carlos Eusebio s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-22

El elemento subjetivo que requiere el art. 6° de la ley 24.769 está presente en la conducta del enjuiciado, porque si bien se exige que la operación de retención o percepción sea real, se debe interpretar que su "registración, documentación o contabilización constituye una presunción en tal sentido. Tal presunción traslada el cargo de la prueba al acusado y éste aquí no la ha asumido. En autos, por todos los medios posibles fueron acreditadas las retenciones y posteriores apropiaciones indebidas, sin que la defensa hubiera alegado estado de necesidad u otra circunstancia justificante o exculpante, cuya "carga probatoria se encuentra en cabeza del imputado", por lo que no se "trata de 'prisión por deudas' en este supuesto". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha descartado implícitamente la pretendida oposición del art. 6° de la Ley Penal Tributaria con la Constitución Nacional al definir a la conducta prevista por dicho artículo como de omisión, de carácter instantáneo, que se consuma en su faz material u objetiva, en el momento en el que el acto omitido debería haberse ejecutado. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Igualdad ante la ley, actuaciones administrativas
Materia: CIVIL
Carátula: FERREYRA, JUAN BAUTISTA ROLANDO c/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PROVINCIA (I.S.S.P.) s/ RECURSO DE AMPARO-APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-08

Peticionar ante el órgano administrativo una igualación subjetiva por medio de una interpretación lege lata, cuando la norma no lo permite, no sólo implica el absurdo jurídico de requerir una arbitrariedad, extremo disvalioso en el que fenece el derecho y que justamente, la vigencia del principio de igualdad constitucional, intenta conjurar.
Riesgos del trabajo, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ, SILVIO MIGUEL c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS A.R.T. s/ Indemnización por Accidente de Trabajo-Apelación de Sentencia  -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-08

El reciente fallo de la C.S.J.N. en la causa "Aquino" mantiene la doctrina ya sentada en el precedente "Gorosito", en cuanto a que la peticionada inconstitucionalidad de la norma no puede ser declarada en forma abstracta ni en términos generales, resultando indispensable la demostración (en el caso concreto) que la indemnización tarifada conduzca a soluciones injustas o inequitativas, violatorias de elementales principios constitucionales como los contenidos en el art. 14 bis de la Constitucion Nacional y normas concordantes.
Derecho de enseñar y aprender, universidades, gratuidad de la enseñanza, responsabilidad del Estado, educación superior
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de  Cultura  y Educación de la Nación) formula observación estatutos UNC - art. 34 ley 24.521 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La Ley de Educación Superior, al reglamentar el inc. 19 del art.

75 de la Constitución Nacional, receptó los principios de gratuidad y equidad y aquellos que ya habían sido expresados en la Ley Federal de Educación sentando como principio general la responsabilidad principal e indelegable del Estado en la prestación del servicio educativo, estando a su cargo, en lo principal, el aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias con el fin de asegurar la educación superior.
Nulidad procesal, firma falsa
Materia: PROCESAL
Carátula: L. A. L. c/ T. S. G. s/ TENENCIAS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-18

Como ya lo he sostenido y es doctrina mayoritaria, cuando se cuestiona la autenticidad de una firma estampada en un escrito judicial y la firma cuestionada es reconocida como que le pertenece a la parte impugnada, corresponde al que impugna ofrecer prueba pericial a fin de determinar si es auténtica del que la reconoce, resolviendo su producción, como es el caso de autos. Realizado el sorteo del perito y fijada la audiencia a comparecer por la impugnada a formar cuerpo de escritura, no comparece ante reiteradas notificaciones. La demandada siendo consecuente con su postura, reconocimiento debía acreditar que era veraz y cierta la firma reconocida por medio del perito calígrafo y evacuando cualquier sospecha sobre la certeza de la firma dubitada.

Así lo sostuvo la Corte Suprema de la Nación en el caso Moreira E. vs. Caja Nac. de Previsión (M 856 XXIV) cuando declaró la ineficacia jurídica de recursos extraordinarios suscriptos con firma apócrifa, reiterando una postura ya clara en la materia. Tambien la Corte Suprena de Justicia de Mendoza por sentencia del 09/07/09 en los autos "Fontana Carlos vs. Desacom y otros "...a la luz de la normativa y jurisprudencia citada, corresponde hacer lugar a la nulidad, toda vez que no pertenece al Sr. Ricardo A. Velardez la firma inserta al pie de la presentaciòn judicial glosada a fs. 236/237..." lo que surge de las conclusiones de la prueba pericial.En consecuencia si se ofrece prueba pericial y se insta a su producción la parte que afirma que le pertenece su firma debe comparecer a formar cuerpo de escritura y demostrar la autenticidad de su reconocimiento. Por lo que corresponde hacer lugar a la inexistencia del acto (art. 1012). (DEL VOTO EN DISIDENCIA DE LA DRA. PAZ DE CENTURION).
Deuda previsional, depósito previo, defensa en juicio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-14

Nada empece obviar la regla del depósito previo cuando las circunstancias de la causa y situación del litigante lleven al convencimiento del juzgador que no se ha querido violar el precepto jurídico (art. 15, ley 18.820), y que el rechazo "a priori" del remedio procesal intentado sería una decisión arbitraria, atentatoria del derecho de defensa del justiciable, principio consagrado en nuestra Constitución Nacional.
Cesión de derechos, buques, deuda exigible, sentencia firme, recurso de reposición (procesal), improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: CAVALLO, VICENTE c/ PENNISI SRL s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

Dado que la cesionaria se obliga a abonar todo "crédito exigible" cuya causa fuese anterior a la cesión, la "exigibilidad" del crédito de la actora, recién se adquiere con la sentencia judicial firme que así lo reconoce.

En consecuencia, no existiendo a la fecha de transmisión de la propiedad del buque, un verdadero crédito exigible sino sólo una expectativa del mismo, ni tampoco la traba de un embargo preventivo sobre el buque pesquero en cuestión, este Tribunal entiende que la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho y por ende, no ha de prosperar el remedio excepcionalísimo intentado.
Concesión de servicio público, transporte de pasajeros, nulidad del acto administrativo, regulación de honorarios, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTIN FIERRO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- REGULACION  DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 220 AÑO 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-17

Según sean las características de la demanda declarativa en examen, habrá de ser considerada susceptible de apreciación pecuniaria o no, en la medida en que pueda apreciarse la existencia de utilidades directamente derivadas de la declaración que se haga mediante la sentencia; y de ello depende, naturalmente, la selección de la norma arancelaria aplicable.

Si en el caso la actora pretendía la declaración de invalidez de actos administrativos por los que la Municipalidad dispuso la caducidad de la concesión del servicio de transporte automotor de pasajeros, no integrando la demanda ninguna pretensión patrimonial y los daños y perjuicios que podrían haberse generado como consecuencia de la supuesta ilegitimidad del acto no fueron materia de proposición ni discusión en la causa, la causa es de aquéllas "insusceptibles de apreciación pecuniaria".

Ahora bien, esa cualidad no autoriza sin más a prescindir del artículo 5 de la ley 6767, especialmente, para el caso, la trascendencia que reviste la cuestión debatida, determina que la regulación no quede sujeta a lo normado por el artículo 12, último párrafo, de la citada ley, correspondiendo conformar el justiprecio de los emolumentos profesionales atento a la verdadera dimensión del presente litigio.
Fundamentación de sentencias, voto de los jueces, validez de los actos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Elba c/ Rieb, Héctor R. s/ División conyugal (sumario) s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-05-08

El fallo venido en recurso no puede ser impugnado por la hipotética ausencia de coincidencia conceptual y jurídica entre los preopinantes. El seguimiento del texto del segundo voto permite concluir que no se adhirió a ninguna tesis, ni enunció una postura distinta a la del primer votante. Simplemente enunció la cuestión -límites de los convenios del art. 236 frente al sistema de orden público- y reprochó al apelante no haber abordado el tema. Esa ausencia de agravio impidió examinar puntualmente la cuestión en la instancia y mantuvo en pie la articulación central del fallo de primera instancia ("el fundamento final del decisorio").
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CARRERA DE R. Y MELLA DE C.CREMILDA c/ BOWEN, ROLANDO Y OTRO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1986-02-04

LA PRESUNCION DEL ART.26 DEC. 6582/58 LO ES "JURIS TANTUM", SUSCEPTIBLE DE DESVIRTUARSE POR PRUEBA EN CONTRARIO, POR LO QUE NO PUEDE HACERSE CARGAR CON LAS CONSECUENCIAS CIVILES DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO CUANDO HAY PRUEBA SUFICIENTE DE QUE LOS DUE8OS SE DESVINCULARON DE SU GUARDA; YA QUE LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD NO REPOSA EN LA NO PROPIEDAD, SINO EN HABERSE DESPRENDIDO DE LA GUARDA JURIDICA CON EL PROPOSITO DE QUE PASARA LA POSESION A MANOS DE QUIEN LO ADQUIERA.
Funcionarios judiciales, prosecretario administrativo, adicionales de remuneración, acordada de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Barraza, Alejandro César y otros c/ EN -CSJN- Acs. 75/93 y 37/94 s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-01

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que admitió el reclamo tendiente a que se compute el tiempo en que los actores se desempeñaron en cargos equivalentes al de prosecretario administrativo, a los fines de percibir los suplementos creados por las acordadas 75/93 y 37/94 de la Corte Suprema de Justicia para aquellos que contaran con diez años de antigüedad si de las mismas se desprende con claridad que la voluntad del Tribunal no fue la de acordar el suplemento mencionado también a quienes se desempeñaron en cargos equivalentes a prosecretario administrativo antes de julio de 1986 -momento en que se produjo la conversión-, pues si se atiende al texto expreso de dichas acordadas -que omiten toda referencia a tales situaciones- y al alcance que surge de la resolución 183/95 de Superintendencia, sólo puede interpretarse que ello traduce una negativa a extender el beneficio a otros casos no previstos por las normas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Suárez, Héctor Horacio c/ D'Alegio, Fabio y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Cada posición constituye la afirmación de un hecho por el ponente, pues de lo contrario el absolvente no estaría en la obligación de contestarla y no podría aplicársele ninguna sanción si se negare a ello o lo hiciere de forma evasiva (art. 409, C.P.C.C.).