Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-20


RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA n° 116 NEUQUÉN, 20 de noviembre de 2014.

VISTOS: Estos autos caratulados: "VARGAS EDGAR EDUARDO - JARA ARIEL MARCELO - TARIFEÑO LUIS MIGUEL - PAFIAN JORGE BENEDICTO S/ VEJACIONES 'IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA'" (Expte. n° 100/14), del registro de la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, venidos a conocimiento de la Sala para resolver, y CONSIDERANDO:

I.- Que el Tribunal de Impugnación, integrado en la oportunidad por los magistrados Fernando Zvilling, Florencia María Martini y Gladys Mabel Folone, resolvieron: ".II.- RECHAZAR la IMPUGNACION ORDINARIA impetrada por la Defensa contra la sentencia del 11 de abril de 2014 dictada por la Dra. Lupica Cristo, integrante del Colegio de Jueces del Interior. III.- Imponer las costas al impugnante." (fs. 404/414 vta.).

Que en contra de lo resuelto, el imputado Edgar Eduardo Vargas, con la defensa técnica del Dr. Omar Nahuel Urra y el Dr. Alejandro Casas, interpusieron impugnación extraordinaria expresando que la sentencia recurrida les causa un evidente y gravísimo perjuicio por la inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva; paralela omisión y errónea valoración probatoria, lo que tacha a dicha resolución de arbitraria.

Afirman que el decisorio en crisis, carece de fundamentación o tiene una fundamentación tan solo aparente e ilógica, que rebasa los límites impuestos por la sana crítica racional.

Bajo el título "III) TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD-ERRONEA APLICACIÓN DE LA LEY", afirma que la sentencia en crisis "viola la garantía del debido proceso establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la convención Americana de Derechos Humanos al dictar un fallo 'expres', omitiendo groseramente la valoración de toda la información probatoria y alejada de los hechos planteados por esa defensa, y omitiendo la correcta interpretación de Ley de fondo.

Ello así, el Tribunal de impugnación ha prescindido de una valoración integral del cuadro probatorio en grave afectación al derecho de defensa. Concretamente no se sospesó debidamente la información aportada por la propia víctima y galenos, Dr. Nieto y Sacaraboti.

En primer lugar, el propicio reconocimiento de LUCIANO MUÑOZ 'víctima' de interferir y obstaculizar de alguna forma el accionar de los funcionarios, hizo y dio la justificación en el marco de la ley 2081, de adoptar las medidas necesarias a los fines de mantener el orden público y la paz social, decidió el 'Subcomisario Vargas' demorarlo.' Y es allí, donde esta persona ofrece resistencia física 'que el mismo reconoce y de hecho le fue imposible colocarle los elementos de sujeción' a lo que se sumaba que el grupo de jóvenes, contra los funcionarios policiales, donde MUÑOZ LUCIANO, intenta morder a VARGAS, ante su fallido, le da un cabezazo.' hecho este que ven todos los testigos.' dicen ver, sin especificar mayores detalles que el nombre de quien resulta condenado" (fs. 418).

Luego sostiene que la sentencia del a quo, tiene una fundamentación en la probabilidad, grieta que no es salvada y fundada en lo más mínimo, con lo cual es solo aparente, porque carece de la fundamentación que avalen la autoría por el delito de vejaciones, que constituyan la conclusión derivada al derecho vigente con aplicación a las circunstancias del caso, no valiéndose de la sana crítica, sino de apreciaciones subjetivas del propio juzgador.

Agrega que la arbitrariedad radica en la existencia de la duda respecto del golpe con la cabeza por parte del Crio. Vargas, que éste denunció como agresión física, y que los testimonios que surgen de la audiencia (amigos de la víctima y policías) queda demostrado una resistencia y oposición del grupo, que en el momento de los incidentes los funcionarios se ven desbordados y superados, y son llevados contra el móvil. Afirma, existe una errónea aplicación de la ley sustantiva, toda vez que se consideran reunidos los elementos típicos del delito previsto por el art. 144 bis inc. 2 del C.P., pero no se logró acreditar en ningún momento la existencia de la humillación y menoscabo a la dignidad humana de Muñoz, ni el dolo directo como lo requiere el delito de vejación.

De ello es, en definitiva, de lo que se afligen.

II.- Sentado así el motivo de la impugnación extraordinaria, se impone el estudio de los recaudos mínimos de procedencia.

La fijación de una exigencia formal semejante se justifica en la necesidad de impedir que, bajo la aparente cobertura de esta nueva fórmula impugnativa, se hagan valer otras alejadas del significado jurídico que es propio de un recurso extraordinario como éste.

En efecto: el Código Procesal Penal vigente en la Provincia (L. 2784) ha establecido un sistema de impugnación amplio y eficaz, capaz de garantizar el derecho al recurso que le asiste a toda persona imputada de delito (arts. 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica y 14.5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos). Dicha tarea está en cabeza del Tribunal de Impugnación y se regula por las disposiciones establecidas en los arts. 242 y ss. de dicho Cuerpo Legal. A su vez, en este diseño sistemático, se previó la competencia del Tribunal Superior local como instancia apelada sólo para casos excepcionales y taxativamente establecidos. Y si bien tales hipótesis están englobadas en un solo artículo, esos supuestos resultan no sólo de carácter limitado, sino también diferentes entre sí en cuanto a su objeto o pretensión.

Para una mayor claridad en este punto resulta oportuno transcribir la norma procesal a la que nos referimos en su totalidad:

Artículo 248. Procedencia y motivos: La impugnación extraordinaria procederá contra las sentencias dictadas por el Tribunal de Impugnación, en los siguientes casos:

Cuando se cuestione la validez de una ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y la decisión sea contraria a las pretensiones del impugnante.

En los supuestos que correspondiere la interposición del recurso extraordinario federal.

Cuando la sentencia del Tribunal de Impugnación resulte contradictoria con la doctrina sentada en fallo anterior del mismo tribunal o del Tribunal Superior de Justicia sobre la misma cuestión.

Como se aprecia, el primero de los supuestos se vincula con lo que antiguamente se denominaba "Recurso de Inconstitucionalidad", y que era viable frente al agravio proveniente de la forma de interpretar la Constitución, dando preferencia a una ley, ordenanza, decreto o reglamento en perjuicio de un derecho que aquélla estableció y que se ha desconocido (cfr. art. 432 del C.P.P., en su versión anterior).

El segundo andarivel recursivo tiene por objeto someter a la instancia local aspectos vinculados a cuestiones federales que luego podrían articularse ante el Máximo Tribunal Nacional por vía del Recurso Extraordinario Federal.

Con ello, no sólo se asegura el planteo tempestivo de los agravios de pretensa naturaleza federal, sino también la indelegable intervención del tribunal superior de la causa, exigencias que no solo derivan de la propia ley, sino también de copiosa jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional (cfr. Imaz, Esteban y Rey, Ricardo "El Recurso Extraordinario", 2° Ed., Nerva, Bs. As., págs. 219, 223 y ss).

Por su fin y naturaleza, se sabe que el recurso extraordinario referenciado en la norma bajo análisis es excepcional y de aplicación restrictiva, por la gravedad de la función que, por esa vía pudiera cumplir luego la Corte en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la Ley 48. Y por otra parte, es bueno recordar que el objeto del recurso extraordinario federal es el mantenimiento de la supremacía constitucional y no la sumisión a la Corte de cualquier causa en que pueda existir agravio o injusticia, ya que no se propone rectificar toda injusticia que pueda existir del fallo apelado, sino mantener la supremacía nacional.

Por último, el objeto de la última hipótesis del artículo 248 del C.P.P.N., se ciñe a algo bien diferente de los anteriores: la necesidad de interpretar las normas de forma unitaria, fortaleciendo de este modo el principio fijado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ello así en tanto, la uniformidad de la jurisprudencia, sea en la Justicia nacional o dentro de un Estado provincial, asegura un tratamiento similar frente a la ley penal por parte de los jueces, favoreciendo así la vigencia del principio de igualdad ante la ley.

Como puede verse con claridad, aun cuando todos estos medios de impugnación queden abarcados en una misma norma y bajo el rótulo de "impugnación extraordinaria" poseen objetos diferentes y no pueden ser confundidos entre sí.

De ahí que es obligación de quien recurre una mínima precisión de porqué insta y cuál es su real pretensión al momento de articular la impugnación. Y este elemental recaudo "(...) no es puro preciosismo lingüístico sino eje fundamental de todo el sistema procesal [...] Si así no fuere, es obvio que estaríamos entronizando la arbitrariedad judicial a la cual tanto se le teme desde antaño.

Que es exactamente lo que ocurre cuando alguna doctrina postula terminar para siempre con las formas del proceso y reemplazar todo el andamiaje impugnativo con lo que se ha dado en llamar el recurso indiferente, mediante el cual se afecta groseramente el derecho de defensa en juicio de los particulares..." (cfr. Alvarado Velloso, Adolfo "Introducción al Estudio del Derecho Procesal. Tercera Parte", Rubinzal- Culzoni Editores, Sta. Fe, 2008, pág. 247).

En ello radica la importancia de que esta Sala controle esos presupuestos procesales.

Bajo estas coordenadas, se aprecia que el recurrente no ha indicado de forma mínima por cuál de los carriles pretende encauzar la impugnación extraordinaria, omisión que no se compadece con la trascendencia de los valores para cuya tutela se ha instituido este remedio de excepción y que exige, de parte de quien lo articula, un mínimo de responsabilidad en su uso.

Esta exigencia elemental, por lo demás, no resulta frustratoria del derecho de defensa en juicio, en tanto, como se explicó supra, el apelante ha transitado por un carril impugnativo específicamente diseñado para garantizar la revisión íntegra del fallo condenatorio (arts. 242 y ctes. del C.P.P.N., en función de los arts. 8.2.h. CADH y art. 75 inc. 22 C.N.).

De todas formas, un ingreso oficioso por parte de esta Sala Penal al tema que confusamente -por lo que se dirá infra- se propone (como forma de otorgar una completa respuesta y asegurar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 58 de la Constitución Provincial) no permite concebir su incardinación en alguna de las vías previstas por el Legislador para una apelación de este tenor. Veamos:

a) La primera hipótesis del artículo 248 del Código Procesal actual debe descartarse, en tanto los letrados defensores, si bien en un punto III, titulan el tema como inconstitucionalidad, de todo su escrito no surge que hayan tachado de inconstitucionales las normas que rigen el caso.

b) El segundo supuesto tampoco lo habilitaría, en tanto el tema traído a la Sala remite a cuestiones de derecho común.

Obsérvese en este aspecto que toda su crítica, y conforme a la transcripción efectuada más arriba, reposa en la inteligencia asignable al delito de vejaciones, en cuanto a sus elementos típicos (art. 144 bis, inc. 2 del C.P.), lo que es ajeno, por regla general, a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Ley 48).

Por lo demás, si bien el escrito parece proponer un caso de arbitrariedad de sentencia capaz de habilitar el remedio federal, tal hipótesis -que resulta en extremo restrictiva- debe demostrarse para no convertirlo en llave de una tercera instancia ordinaria (C.S.J.N., Fallos, 289:113, 295:420 y 618; 302:1564; 304:375 y 267; 306:94, 262 y 391; 307:1037 y 1368; 308:641 y 2263, entre muchos otros).

Y desde luego, para que este cauce proceda debe invocarse y probarse fehacientemente por el interesado, lo que no ha ocurrido en autos, sin perjuicio de mencionar alguna prueba producida en el juicio (declaraciones de la víctima, testigos), que en concreto no analiza, llevarían a concluir sobre la duda en la configuración del tipo investigado.

En definitiva, toda la argumentación de la Defensa -conforme a lo transcripto más arriba-, se sustenta en afirmar que el accionar de Vargas se hallaría justificado en la actitud de la víctima (Muñoz) cuando pretendía demorarlo.

Esta circunstancia, fue tratada no solo en la sentencia de condena (fs. 356 vta./358) sino también por el Tribunal de Impugnación, que consideró y analizó largamente la cuestión (fs. 410/413 vta.).

Es decir que el tema de crítica se remitía al hecho 1) de la imputación (recordemos que eran cuatro, conforme fs. 354/vta.), y se descartó con sobrados fundamentos los argumentos de la defensa, que ahora se reiteran.

c) Por último, el escrito no sugiere (ni ha hecho una reclamación en tal sentido), que hubiere jurisprudencia contradictoria, que esta Sala debiera uniformar conforme a última situación normada en el Código Adjetivo.

Por todo ello, esta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia; RESUELVE:

I.- Declarar IMPROCEDENTE la impugnación extraordinaria concretada por el imputado Edgar Eduardo Vargas, con los señores Defensores, Dres. Omar Nahuel Urra y Alejandro Casas y dirigida contra la sentencia N° 109/2014, del Tribunal de Impugnación de fecha 24 de septiembre de 2014.

II.- Notifíquese, regístrese y hágase saber de ello a la Oficina Judicial a los fines pertinentes.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. LELIA GRACIELA MARTINEZ Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.