Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-10


Comodoro Rivadavia, diez de noviembre de 2004.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C. M. A. c/ H., H. y Otro s/ EMBARGO PREVENTIVO", Expte. Nº 14.509/2004, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería Nº 1 (Expte. Nº 284/04), por haber interpuesto la parte actora, a fs.29, recurso de apelación contra la resolución de fs. 28, habiéndose concedido el mismo a fs. 30.- Que se agravia la recurrente contra la denegatoria de la medida cautelar por considerar que acreditó los extremos invocados para solicitarla, es decir la falta de contratación del seguro por responsabilidad civil previsto en el art. 210 inc. 5) del CPCCCH, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Alega que por tratarse de una cuestión de puro derecho el requisito de la verosimilitud del derecho se encuentra satisfecho en la exposición realizada por los actores en su escrito de demanda. Sostiene que tanto del acta de choque nro. 75/03 de la policía como del acta de entrega del automotor de fs.11 no surge que sobre el rodado identificado como Fiat 1 dominio ******* hubiera seguro de responsabilidad civil, como consecuencia que al momento de la entrega se manifiesta que la póliza se encontraba en trámite.

Que en el ámbito del juicio de probabilidades es al órgano jurisdiccional a quien compete evaluar todas las circunstancias que el asunto presente para disponer lo concerniente a medidas precautorias, teniendo en cuenta la mayor o menor verosimilitud del derecho.- Que en este contexto se ha precisado en numerosas ocasiones que las medidas cautelares no deben interpretarse en forma restrictiva, teniendo como finalidad el proceso cautelar asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso. Es decir, que se decretan sobre la base de una apariencia del derecho que se pretende tutelar, pues en ese momento del proceso todavía no se sabe si el derecho garantizado existe, pero responde a la necesidad efectiva y actual de alejar el temor de un daño jurídico. ( CSJN,24-7-91 "Estado Nacional c/Prov. Río Negro s/ Solicitud medidas cautelares". CNCCEsp.,4ta ,29-6-87 " Vallino c/ Tanus". Revista de Derecho Procesal. Medidas Cautelares T I Editorial Rubinzal Culzoni. págs. 418/419. Ed 1998).

Que en autos el peticionante ha invocado la falta de contratación del seguro por responsabilidad civil por parte del demandado sobre el vehículo que conducía al momento del accidente, fundando pretensión en lo dispuesto por el art. 210 inc. 5) del CPCCCH. Mantiene que el presupuesto legal se haya probado con las constancias obrantes en el expediente a fs.11/12/13/14/15.

Se ha dicho que es procedente el embargo preventivo siempre que se encuentren acreditados los requisitos de admisibilidad propios de cualquier medida cautelar, no limitando al juez el encuadre legal efectuado por la parte, como consecuencia de las facultades que le asisten al juzgador para dirimir cuestiones litigiosas según el derecho vigente, calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas que la rigen, con prescindencia de los fundamentos que enuncien las partes.(CcivCom Fed 1."Manfre Gustavo Gabriel c. Viajes Omvesa S.R.L. s/ Daños y perjuicios" 24/02/00 ). Que conforme lo dispone el art. 210 inc. 5) del CPr., las personas que accionen por daños y perjuicios derivados de eventos dañosos en que los presuntos responsables no contaren con el seguro de responsabilidad civil establecido por imperativo legal podrán pedir embargo preventivo sobre los bienes de los mismos. Dado que se trata de un supuesto legal, acreditado dicho extremo, se acredita la verosimilitud del derecho. Se ha dicho que la verosimilitud del derecho a los efectos del otorgamiento de una medida cautelar no requiere una prueba terminante y plena del mismo sino que la posibilidad razonable del derecho exista. En el presente, atento que no surge de las constancias de autos la contratación del seguro de responsabilidad civil exigido por la reglamentación vigente como consecuencia que al momento del hecho dañoso la póliza estaba en trámite, no estando acreditado su otorgamiento efectivo por parte de la compañía de seguros, es viable el agravio del actor.

Por ello y en consideración de las demás circunstancias del caso sin que signifique pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo surge que se ha acreditado la verosimilitud del derecho invocada por el apelante así como el peligro en la demora ante la probabilidad que la tutela de los derechos pretendidos por el actor se vean frustrados por el transcurso del tiempo que el mismo trámite del proceso pudiera llevar, debiendo el mismo previamente prestar caución juratoria. Que atento las consideraciones expuestas corresponde declarar procedentes los agravios expresados y, en consecuencia, hacer lugar al el recurso de apelación interpuesto a fs. 29. Ante la falta de controversia las costas se imponen por su orden.(arts. 68 y 69 del C.P.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios por los trabajos realizados en esta instancia se tendrá en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y las pautas de los arts. 6,7 y 33 del Dto-Ley 2200 y su modificatoria la Ley 4335.- Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1).- Declarar procedente el recurso de apelación interpuesto por la actora fs. 29 y, en con-secuencia, revocar la providencia de fs.28.- 2).- Hacer lugar al embargo preventivo solicitado por el actor D. A. C. a fs. 16 previa caución juratoria.

3).- Costas por su orden .Regúlanse los honorarios profesionales del Dr. G. I. R. en la suma de PESOS CIEN ($ 100,00).

4).- Regístrese, notifíquese, devuélvase.- La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Juez de Cámara, Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fernando Nahuelanca -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 229 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS