marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, jubilaciones, reajuste jubilatorio, ordenanzas municipales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: POIRE, EDY MARIA FELISA. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la pretensión de que se reajustaran los haberes jubilatorios conforme con la ordenanza municipal 31.382, sólo por los períodos en que la aplicación del decreto 434/81 hubiera ocasionado una disminución de la prestación superior al 30%. Ello así, pues frente al agravio referido a que el a quo convalidó la aplicación aun en forma parcial de un "tope" jubilatorio fijado con posterioridad al cese de servicios y a la adquisición del estado de jubilada que disminuye en forma irrazonable y desproporcionada su haber previsional, otorgado de acuerdo a un régimen de movilidad de porcentaje fijo y "sin limitación máxima", resulta necesario revisar los porcentajes en que podrían reducirse las prestaciones jubilatorias sin destruir la razonable proporcionalidad.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: García Maglione, L. A. - García Maglione, C. - Gesusmaría, J. C. s/ Administración fraudulenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-15

El aprovechamiento de circunstancias favorables para el manejo societario sin contralor -en el caso trátase de una sociedad familiar, en la que se incumplían las obligaciones formales por parte del directorio y estaba a punto de escindirse- constituye agravante a fin de graduar la pena por el delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del C.P.).
Contrato de trabajo, cargadores, prueba, relación de dependencia, contrato de trabajo eventual
Materia: LABORAL
Carátula: LLIVARA, Miguel c/ FERRARO, María s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Aún cuando en la mayoría de los casos las relaciones de carácter eventual se dan para satisfacer exigencias extraordinarias del empleador, los servicios transitorios pueden tener lugar para atender a necesidades permanentes de esta último, tal el caso de cualquier changarín que es contratado en un mercado cualesquiera, por un día o a veces por unas horas parea realizar tareas - vgr. descarga de mercadería- que hacen a necesidades que en modo alguno pueden considerarse transitorias. Pero si ha quedado probado que con respecto a la demandada el vínculo se prolongó durante un tiempo más que prudencial - dos décadas - es dable acoger las espectativas del trabajador y considerar que esa relación tenía vocación de permanencia aún cuando las prestaciones fueran discontinuas.
Incapacidad laboral, indemnización por incapacidad, acumulación de indemnizaciones
Materia: LABORAL
Carátula: FASIANICH, NICOLAS c/ SEGBA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-12-28

El beneficio concedido al trabajador por el artículo 212 RCT. (to ), es acumulable a cualquier otro, tenga el mismo o distinto fundamento. (Conforme Sala IV, sentencia número 44218 del 28 de noviembre de 1975: "Alonso Raúl c/ EFA.").
Daños y perjuicios, responsabilidad médica, sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romang Ciuza Ramona c/ Graziosi Luis Enrique y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Habiéndose concluido en sede penal que no constituía deber del médico cirujano continuar personalmente con el control del post operatorio del paciente, ello conforma un hecho u obligación que, así desechado, se erige en obstáculo insalvable para adentrarse en sede civil en el análisis de la responsabilidad del profesional a partir de tal circunstancia fáctica (art.1103 Código Civil).
Pedido de quiebra, cheque de pago diferido
Materia: COMERCIAL
Carátula: BROLITE SA s/ PEDIDO DE QUIEBRA MARPAQ SA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-18

Procede rechazar un pedido de quiebra sustentado en cheques de pago diferido, cuando -como en el caso- fueron creados antes de la petición de concursamiento del accionado. Ello pues, la cuestión suscitada por el portador de tales cheques cuya presentación al cobro debe formularse luego de la petición de concursamiento de la libradora, resulta dirimible mediante las normas concursales aplicables a otros similares títulos de crédito. (Cerdeaba, "Los Cheques de Pago Diferido y la Presentación en Concurso Preventivo del Deudor", J.A, 21.4.99., N. 6138, pág. 1/12). De modo pues, que la regla de la LC 21 art. 3 comprende a tal hipótesis, pues los cheques de pago diferido que fundan la petición aparecen formalmente librados "antes" de la presentación en concurso. A mas, deviene inferible que la fuente obligacional de los cheques sea necesariamente anterior a esos libramientos precedentes al concursamiento del cuentacorrentista (Galindez, "Verificación de Créditos", pág. 112, Ed. Astrea, bs. As., 1990).
Poder Legislativo, Convención Constituyente, reforma de la constitución, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Las normas que imponen la aceptación o el rechazo total de determinadas disposiciones y la sanción de nulidad para el supuesto en que ello no ocurra, exceden las facultades que corresponden al Congreso, para sustituir lo que es atribución exclusiva de la Convención Constituyente, de acuerdo al art. 30 de la Constitución Nacional.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acuña, Hilda Erminia y otros c/ Salafia, Roque Vicente y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-04-12

La doctrina posibilita relevar de la carga probatoria en supuestos en que aparece razonable que la persona lesionada (o, en su caso, sus familiares) no haya podido munirse de los elementos que justifiquen los gastos realizados en virtud de la urgencia y lo imprevisto de la situación.
Control de medicamentos, expendio de medicamentos, competencia en lo penal económico
Materia: PROCESAL
Carátula: Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F. c/ Ministerio de Salud y Acción Social s/ Juicio de Con. en Gral.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-20

Así como la ley 16.463 somete a las drogas y productos utilizados en medicina humana a un régimen específico para la contención y disminución de los precios, la ley 16.463 somete a determinado contralor la producción, comercialización, importación o exportación de iguales bienes no sólo en salvaguardia de la salud pública sino también en salvaguardia de la economía del consumidor.

Por consiguiente si en el art. 23 de la ley 16.463 prevé la competencia de la justicia en lo Penal Económico a los fines de la ejecución de las multas firmes, ninguna explicación tendría esa disposición si la procedencia sustantiva de las sanciones aplicables quedasen diferidas a otro fuero, siendo que, por lo demás no le afecta criterio alguno de especialización.
Administración Pública, Estado Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gazzara, Daniel José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Caducidad   de instancia (Expte. CSJ Nº 554-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-03-08

El reconocimiento de una pretensión particular que eventualmente pueda haber formulado un órgano dependiente del Poder Ejecutivo provincial -en el caso la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social- carece totalmente de relevancia procesal, en un trámite en que la Provincia, representada por los órganos que el ordenamiento -constitucional en el caso- predispone para su defensa, sostiene la legitimidad del acto impugnado.
Administrador judicial, honorarios
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALIMA  S.A.  SAN MARCO AUTOMOTORES GUSTAVO VICENTE LUJAN LAURIA s/ INCIDENTE DE ADMINISTRACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-29

La fijación de los honorarios de un administrador judicial debe hacerse en base a lo prescripto por el art. 421 del C.P.M.P. .

Cuando no sea posible determinar el producto líquido, los honorarios deben fijarse teniendo en cuenta el valor de los caudales administrados o "importancia de los bienes", computada la actualización por la depreciación monetaria, la utilidad de las gestiones; el resultado obtenido; lapso de desempeño y naturaleza de los mismos.

La función del administrador, o en su caso del interventor judicial, tiene por objeto la adopción de medidas conservatorias de los patrimonios de las empresas que administren o intervengan, frente al peligro que ellos pudieran correr.
Divorcio, allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORRADINI ANGEL GUIDO c/ WITSCHI ANA MARIA s/ ORDINARIO POR DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-25

El allanamiento para unos,implica el reconocimiento de la pretensión de la actora y la conformidad con las alegaciones jurídicas y de hecho,lo que excluye la existencia de otros distintos:para una segunda postura significa el reconocimiento liso y llano a la pretensión del actor;y por último,para una tercera tesitura,en la que se enrolan los autores citados,se trata de un acto o declaración de voluntad de someterse a la pretensión del accionante,que no importa necesariamente el reconocimiento de la exactitud de los hechos ni del fundamento de derecho.En cualquiera de las posturas aludidas el objeto de la decisión seguirá siendo la pretensión del actor .(Dictamen del Fiscal incorporado al fallo ).
Incumplimiento de resolución judicial, funcionarios públicos
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fernández, Lidia Mabel y otros  c/ Comisión de Fomento de Siete Palmas  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-03-22

La sanción pecuniaria solicitada en el caso (sanción conminatoria) no tiene como sujeto destinatario el Estado sino la persona del funcionario público en cuyo ámbito competencial debe satisfacerse la orden judicial.

Es por ello que corresponde se impongan las mismas, en forma personal, al funcionario del organismo municipal que incurrió en la inobservancia, debiendo ser soportadas a su costa y no por las arcas públicas de la Comisión de Fomento a fin de evitar que se continúe eludiendo el cumplimiento del mandato contenido en la sentencia y sin dar razón alguna de su desobediencia judicial.
Certificado médico, junta médica
Materia: LABORAL
Carátula: FLORES, AMERICO ELEAZAR c/ ZURZI Y BISCOSSO S.A. s/ ORDINARIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-05-15

Si en los certificados médicos presentados por el empleado a la empresa no se consigna la existencia de dolencia de algún tipo, como tampoco se detalla un diagnóstico determinado, mal puede éste, so protesto de evitar ser despedido, argumentar que la patronal debió solicitar junta médica, puesto que no era necesario, pues en tal caso no hay discrepancia sobre la existencia de determinada dolencia o enfermedad, ya que al respecto, nada consignan los certificados presentados a la patronal por el empleado.
Ley penal más benigna, leyes, retroactividad de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Héctor Fabián s/ Cómputo de prisión por ley 24.390 en causa nro. 31.260/IIa. Gómez, Jorge Eduardo; Romano, Hugo Alberto y otro s/ Privación ilegal de la libertad, robo automotor, robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17|1997-05-27

La situación de los que ya eran condenados antes de la vigencia de la ley 24.390 resulta captada por las reglas establecidas en los arts. 2 y 3 del Código Penal, ya que no cabe duda sobre la expresión "si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley" -art. 2- y su relación con el texto del art. 3: "En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado". Los arts. 24 del Código Penal y 7° y 8° de la ley 24.390 se ocupan del cómputo de la prisión preventiva. En nada gravitan sobre lo expuesto la parte final del art. 8° de la ley 24.390 y el art. 9° de la misma, pues ellos no desplazan la aplicación de las normas constitucionales y legales antes mencionadas.
Validez del acto administrativo, división de poderes, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: A. O. & G. I. I. S.A. y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-12-11

La presunción de validez del acto administrativo amerita el carácter distintivo del régimen de nulidades de los actos administrativos, sea este unilateral o bilateral, en tanto uno de los sujetos intervinientes es siempre la Administración Pública. La actividad de ese sujeto, queda especialmente amparada por el principio de división de los poderes, de modo tal que el juzgamiento de la validez de los actos administrativos se ajusta a criterios específicos, fundamentalmente porque en aquellos predomina el interés público.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PENAL
Carátula: Abraham, Juan José s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-06

Del régimen legal de los recursos (arts. 342 y concs., C.P.P.) resulta que la apelación que, en función del art. 314, abre la posibilidad de que se modifique la sentencia recurrida "en un sentido desfavorable al procesado" la abre en la medida de tal apelación.
Accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Luna, Alfredo Roberto c/ Corlli, Hugo César s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-07-11

En el caso de la colisión entre dos vehículos, no queda excluida la aplicación de lo dispuesto por el 2º párrafo del artículo 1113 del Código Civil que regula lo atinente a la responsabilidad por el hecho de las cosas. Esto implica que, sean cuales fueren las circunstancias del accidente, si hubo actuación en él de una cosa riesgosa, responden de los daños causados tanto el dueño como su guardián, salvo que se haya acreditado que la víctima, mediante su comportamiento, hubiere causado su propio daño.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Gauna, José Alfredo s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

No hay omisión de cuestión esencial cuando el tema aparece tratado por el juzgador, más allá de la brevedad o acierto con que lo haya sido.
Libertad de prensa, personas públicas, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Patitó, José Ángel y otro c/ Diario La Nación y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

Cuando las opiniones versan sobre materias de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas, la tensión entre los distintos derechos en juego -el de buscar, dar, recibir y difundir informaciones u opiniones y el derecho al honor, a la dignidad y a la intimidad de las personas- debe resolverse en el sentido de asignar un mayor sacrificio a quienes tienen en sus manos el manejo de la cosa pública, pues las personalidades públicas tiene un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar las falsas imputaciones y se han expuesto a un mayor riesgo de sufrir perjuicio por noticias difamatorias (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Mediador, honorarios, honorarios del mediador
Materia: CIVIL
Carátula: GENERALI  CORPORATE  CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ TRANSPORTELA INDEPENDENCIA S.A. (LISA)y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

Los honorarios del mediador se devengan por el cumplimiento de su labor profesional que concluye con la firma del acta de cierre de la mediación. Por lo tanto, sus honorarios deben establecerse con sujeción a la escala vigente al momento de celebrarse la audiencia de mediación, oportunidad en la cual se cierra la relación entre el mediador y las partes y nace el derecho al cobro de la retribución que la ley le reconoce, asó como la consecuente obligación de quien haya de resultar condenado en costas en el proceso judicial. Es que, la regulación judicial de los honorarios solo supone la cuantificación de un derecho preexistente a la retribución del trabajo profesional.

(Sumario N°18977 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alfredo L. Vacari y Cia. CILSA c/ Vadelco SACIF y otro s/ Cobro de pesos ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-24

Si la titularidad del inmueble embargado se encontraba registralmente en cabeza de ambos cónyuges y el crédito del actor había nacido con anterioridad al fallecimiento del demandado, el remate respecto del aludido inmueble únicamente podrá efectuarse sobre el cincuenta por ciento indiviso del que era titular el demandado, quedando marginado el restante cincuenta por ciento propiedad de la cónyuge supérstite (art. 1276 Código Civil).
Acción autónoma de nulidad, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: Pinos, José c/ Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. Trelew s/ Acción Autónoma de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-30

"Con su mayor amplitud de prueba y debate es el juicio ordinario el que más garantiza los derechos del ciudadano. Con más razón cuando se esgrime la acción autónoma de nulidad."
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, armas
Materia: PENAL
Carátula: Bustos, Juan Carlos s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-21

Constituye una circunstancia agravante que debe ser valorada en tal carácter el haberse empleado en el hecho un arma aún desconociéndose si efectivamente es apta (art. 41 inc. 1 , C.P.) por la seria intimidación que produce su empleo.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, comercialización ilegal de estupefacientes, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Braghiroli, Gustavo Eduardo  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en braghiroli, gustavo eduardo contra consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de buenos aires sobre otras causas con trámite directo ante la cámara de apelaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-12

Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad porque de la lectura atenta del voto de la mayoría de los jueces de la Sala en la sentencia que se impugna, acierta la defensa cuando califica de arbitraria una resolución que soslaya el texto legal en su insistencia en llamar "ordenatorio" a un plazo expresamente perentorio. No obstante, el mandato contenido en las normas que regulan el plazo disponible para llevar adelante una investigación, tiene por finalidad la realización del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y es la propia ley la que establece que el cumplimiento del plazo previsto tiene como consecuencia la culminación del proceso a través del archivo de las actuaciones. No estamos, por lo tanto, ante una simple pauta de razonabilidad, sino que el mero transcurso del tiempo agota la voluntad estatal persecutoria. El carácter fatal del plazo queda confirmado porque la norma que regula su duración contempla la posibilidad de que el fiscal del caso solicite una prórroga, previsión que sería absurda si el plazo fuera "meramente" ordenatorio. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Quiebra, tasa de justicia, plazo, prescripción, deberes y facultades del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROUCO SUEYRO, JOSE s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-09

Corresponde hacer lugar a la prescripción de la tasa de justicia esgrimida por el síndico, toda vez que en caso de quiebra, dicha tasa debía ser abonada antes de cualquier pago o distribución de fondos, debiendo en ese caso el funcionario liquidarla antes de proyectar el estado de distribución de fondos (Ley 21859 art. 10-e, vigente en ese momento y mantenido en la Ley 23898 art. 9-b), correspondiendo a partir de esa fecha computar el plazo de prescripción -más allá de que la suma no se encontrara liquidada-, de manera que, en el caso -la última distribución de fondos databa de agosto de 1984-, el plazo se encuentra ampliamente vencido; no obsta a tal conclusión, que el planteo haya sido articulado por el síndico, cuya obligación legal constituye el pago de justicia, pues si su incumplimiento le impidiera tal articulación, ello importaría considerar que los créditos del fisco contra la masa resultarían imprescriptibles, ya que nadie estaría en condiciones de articular la prescripción; ello así, sin desconocer las implicancias que la omisión de integrar dicho tributo pudiera tener en la valoración de la conducta del síndico concursal, la que podrá eventualmente ser considerada por la vía pertinente.
Mandato, ejecución de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nardelli, Sergio Marcos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/Tupiz S.A. s/ejecución fiscal - ABL
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

Los agravios del recurrente remiten a analizar la inteligencia asignada al art. 460 del CCAyT sin demostrar que la interpretación formulada en la sentencia recurrida resulte insostenible pues si bien, la parte recurrente invoca menoscabo de su derecho de propiedad, nunca acreditó que el contrato que lo vinculó al GCBA como mandatario le hubiera permitido adquirir el derecho al cobro en las condiciones que pretende y al margen de la regla normativa ya citada. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paterno de Tassano, Silvia Mabel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Los certificados médicos particulares con que se intenta justificar el rechazo de las órdenes impartidas - sin guardar contemporaneidad con las fechas de las inasistencias reprochadas, tal como adujo en el caso la demandada- , no autorizan al agente en modo alguno a incumplir tales directivas.
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yarza, José Antonio y otros c/ Banco Edificador de Trenque Lauquen S.A. s/ Adecuación índice de ajuste - Revisión negocio jurídico - Lesión  subjetiva y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-28

La condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento a tal principio sólo debe acordarse cuando median razones muy fundadas pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo.-
Recurso extraordinario, cuestión federal, jurisdicción y competencia, excepción de incompetencia, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Blasco,  Juan  Roberto s/ p.s.a. de lesiones culposas -causa nº19/95  "B"-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar a la excepción de incompetencia al existir cuestión federal pues se discute el alcance de normas esencialmente federales -arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional; leyes 48 y 13.998- y la decisión apelada ha sido resuelta en forma contraria a la pretensión que el apelante funda en ellas (Disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Cheque de pago diferido, desnaturalización del cheque
Materia: PENAL
Carátula: Pinto, Jaime Víctor s/ defraudación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-16

La entrega de cheques postdatados en pago de mercadería adquirida en ese acto, los que fueron rechazados por cuenta cerrada, encuadra en el art. 302 del Código Penal.