marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de ajuste, relación de dependencia, buques, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Quirós Mariano Felipe c/ Argenova SA s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-21

En los contratos de ajuste tanto la duración del vínculo laboral cuanto las demás condiciones de trabajo están determinadas por una base objetiva, esto es, los términos que hubiesen sido convenidos en cada uno de los contratos celebrados. Es decir, que cada contrato que se firma resulta ser un nuevo contrato de trabajo con nuevas características. Así, los tripulantes de los buques pesqueros se ajustan por marea, por lo que finalizada la contratación quedan legitimados para discutir las condiciones de un nuevo contrato. Por ello, resulta inadmisible la postura del recurrente, tendiente a sostener que la demandada habría incurrido en un ejercicio abusivo del ius variandi (art. 66 L.C.T.) al asignarle un buque distinto al que piloteaba habitualmente en el último lapso de la relación laboral.
Filiación, daño moral, reconocimiento en sede judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CORONEL MORALES GRACIELA ERMELINDA c/ DIAZ CARLOS ALFREDO s/ FILIACION DE LA MENOR LEYSA CECILIA CORONEL MORALES Y DAÑOS Y  PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-10

El reconocimiento de la filiación es un acto jurídico familiar voluntario y unilateral. Es indudable el derecho que desde su nacimiento tiene el hijo a ser reconocido por su progenitor, para de ese modo, obtener emplazamiento en el estado de familia que le corresponde, y consecuencia de ello es que se hallan tutelados los derechos extrapatrimoniales del menor vinculados a su emplazamiento en el estado de hijo; por tanto la violación de estos derechos permite accionar por resarcimiento del daño moral sufrido.
Contrato de trabajo, salarios adeudados, falta de prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: E., S.G. c/ F., W.M. y-o Q. Rte. Propietario y/o Resp. del ComercioDenominado "Z.L" s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-12-27

El pago de los salarios caídos durante el lapso en que un agente permanece separado de su cargo no corresponde, en razón de faltar su causa o sea la efectiva prestación de los servicios.
Daños y perjuicios, sentencia condenatoria, publicación de la sentencia, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Chiabrera, Norma c/ Diario El "Día" S.A. y/o editor responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios Chiabrera, Norma c/ Diario El "Día" S.A. y/o editor responsable s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26|1995-12-26

El pedido de publicación de la sentencia civil condenatoria no viene sustentada por norma alguna de nuestro derecho positivo vigente, ya que los arts. 14 de la convención Americana sobre Derechos Humanos y 1071 bis del Código Civil (texto según ley 21.173), se refieren a supuestos distintos al de autos: derecho de rectificación o respuesta, el primero; protección de la intimidad, el segundo).

Tampoco es el supuesto (ajeno a esta competencia) previsto por el artículo 114 del Código Penal (calumnias e injurias por medio de la prensa).
Derecho procesal, medidas cautelares, embargo preventivo, procedencia del recurso, sentencia, responsabilidad solidaria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA c/ Muelle Ocho SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-04

Cuando, como en el caso, la actora fue condenada solidariamente con la empleadora demandada en el marco de un reclamo efectuado por un trabajador en sede laboral, a esta última y que en el referido expediente se practicó liquidación y su parte dio en pago el total de la condena, sin que la aquí demandada le reintegrase suma alguna; en ese marco, procede hacer lugar al embargo preventivo sobre cierto buque -propiedad de la accionada-, por el monto reclamado, que se aprecia razonable en orden a que la sentencia laboral no estableció el porcentaje que debe afrontar cada codemandada del monto de condena, y desestimar la medida de no innovar respecto del permiso de pesca. Sucede que, de conformidad con lo previsto en el CPR 204, los jueces pueden limitar el alcance de las pretensiones cautelares con el fin de evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes cautelados; lo cual podría ocurrir si se afecta el permiso de pesca. Por ello, y como a priori nada indica que el buque no sea suficiente como para asegurar la eventual condena en este juicio, solamente se dispondrá el embargo solicitado. Es que a los fines de establecer la verosimilitud del derecho, al verificar la información que se desprende de la página de internet del Poder Judicial de la Nación en relación al juicio laboral, ya que no se tiene a la vista dicho expediente, si bien no se han cargado todas las actuaciones procesales, empero si se puede ver elementos esenciales que verifican la verosimilitud del reclamo. En cuanto al peligro en la demora, la actitud asumida por la empleadora en el expediente mencionado y la posibilidad de que se pueda ver frustrado por el transcurso del tiempo el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, permite tener por acreditado ese requisito.
Contienda negativa de competencia, juicios universales, sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alarcón, Matilde Luisa c/ Herederos de Chaume, Alberto y otra s/ Conflicto negativo de competencia - Cobro de pesos (Expte.: C.S.J.  Nro. 288 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

El fuero de atracción es aplicable en los casos en que la sucesión es demandada y respecto de las acciones personales contra el causante. Así se ha decidido al disponer que el juicio sucesorio atrae las acciones por deudas personales del difunto antes de la división de herencia sobre la base de que las normas que rigen el fuero de atracción de la sucesión son imperativas o de orden público. Estas disposiciones tienden a facilitar la liquidación del patrimonio hereditario tanto en beneficio de los acreedores como de la sucesión.
Seguros, monto del juicio, actualización monetaria, índices de actualización, convertibilidad, fallo plenario, apartamiento del plenario
Materia: COMERCIAL
Carátula: LISTA NOEMI RAQUEL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE SEGURO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-19

Respecto del agravio de la Caja le asiste la razón. En efecto, el Plenario "Agrocom" fue dictado en una época en la que no era posible conocer de manera inmediata el coeficiente correspondiente a la fecha de la sentencia, y esta situación ha cambiado con la sanción de la Ley de Convertibilidad (arts. 7 y 8 de la Ley 23.928 -Adla, l I-B, 1752-), de modo que no hay razón alguna para no aplicar los índices correspondientes al del mismo mes del cual arranca la actualización y el de marzo de 1991 (cfr. esta Sala, Causas N° 4199 del 8.6.94, 5184 del 12.10.94, 9379 del 27.10.94, 3036 y 8688 del 2.11.94, 560/94 del 2.12.94, entre otras).
Competencia, jurisdicción, administración fraudulenta, domicilio
Materia: PENAL
Carátula: MALLMANN, Francisco. s/ FALTA DE JURISDICCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-15

Si tanto las tratativas como el acuerdo celebrado entre las partes se realizó en esta ciudad y las entregas dinerarias y el recibo por parte del dinero entregado también se llevaron a cabo en el mismo ámbito, corresponde a la justicia argentina seguir entendiendo en estos actuados. Es competente el juez del domicilio de la administración, entendiéndose por tal aquel donde se cumplen las negociaciones encomendadas al mandatario (*). El delito de administración fraudulenta o infiel debe estimarse cometido en el lugar en el que se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación al deber y en caso de no conocerse ese lugar debe presumirse que éste se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración (**).
Allanamiento domiciliario, orden de allanamiento, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE  DE NULIDAD, PLANTEADO POR LA DEFENSA DE RAMONA SALVATIERRA s/ ALLANAMIENTO DOMICILIARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-01-17

La legislación argentina sostiene una serie de reglamentaciones a fin de salvaguardar la garantía de la inviolabilidad de domicilio, consagrado en el art. 18 de la C.N. -cual resulta la exigencia de la expresión de fundamentos para presumir que en un lugar determinado existen elementos pertenecientes a un delito, mas se trata de formas que deben observarse dentro de un marco de razonabilidad atento el criterio restrictivo que en materia de nulidades emerge del ordenamiento procesal en vigencia. Deben darse por cumplidos tales recaudos de fundamentación, si además de inferirse del auto que lo ordena la aceptación por parte del magistrado instructor de las razones que para el personal preventor imponían la medida, secuestro de droga, el testimonio rendido y la consulta promovida previamente al tribunal.
Ius variandi, horas extra
Materia: PROCESAL
Carátula: Paniagua Guillermo c/ Consorcio de Propietarios Av. Las Heras 2963/67 s/ diferencias salariales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-21

La labor en horas extraordinarias, es decir, las cumplidas más allá de los límites que establece la ley 11.544, a la luz de la facultad otorgada por el art. 66 de la L.C.T. al empleador, no constituye un elemento esencial del contrato de trabajo desde que no es una obligación, sino una facultad de aquel de otorgarlas o no, y tampoco reviste obligación del trabajador el cumplirlas, salvo -claro está- el supuesto al que refiere el art. 203 de la L.C.T. y, en todo caso, la excepción contemplada por el art. 3° de la ley antes citada. (Del voto del Dr. Perez al cual adhiere Perugini).
Transacción, ratificación del acto jurídico, mandato tácito
Materia: CIVIL
Carátula: VILLAFAÑE, LORENZO R. c/ MENDEZ CASTAÑO, LUIS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-01

Si bien para transigir derechos de terceros se necesita poder especial, su falta no necesariamente fulmina de nulidad al acto, puesto que dicho acto puede ser ulteriormente confirmado por el poderdante.

Si el actor, que reclama por los perjuicios sufridos en un accidente de tránsito, además de reconocer que había comisionado a su esposa para que efectuara el reclamo ante la aseguradora admitió haber recibido de la misma, por medio de la misma mandataria, una suma mediante un cheque, pese a que del instrumento respectivo se desprenda que la cónyuge celebró el acuerdo transaccional en nombre propio y en su carácter de titular del automóvil en cuestión lo cierto es que la nombrada actuó en calidad de mandataria tácita del accionante, en los términos del art. 1874 del Código Civil.

La recepción del cheque y su posterior depósito, implicó una ratificación de la gestión.-
Locación de inmuebles, destino de la locación, local comercial, interpretación del contrato, cláusulas especiales, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: VANNI ANTONIO c/ DLARRI JORGE s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-14

Es usual y corriente en nuestro medio que cuando se establece una opción de prorrogar el plazo de la relación locativa, se está aludiendo a una facultad unilateral, que depende de la voluntad del inquilino, máxime cuando nos encontramos ante la locación de un local para instalar un comercio en que casi siempre se establecen cláusulas de esta naturaleza.
Prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA c/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA ZAVERUCHA IVAN RAÚL PASCUAL s/ EJECUCIÓN FISCAL - ABL - PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

La interpretación del art. 2537 propuesta por la ejecutada -según la cual esa disposición sería de plena aplicación al caso, sin perjuicio de que la Ciudad es competente para regular el plazo de prescripción de sus tributos- viola la pauta hermenéutica según la cual las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando el que las concilie y deje a todas con valor y efectos. Una vez que el Congreso facultó a las jurisdicciones locales a regular la prescripción de las acciones fiscales, la pauta fijada por el Congreso en el art. 2537 rige las acciones y derechos que el Código Civil y Comercial regula, y no otros. La lectura contraria conduce al absurdo de que el Congreso hubiera puesto a cargo de los estados locales la regulación de la prescripción liberatoria de los tributos y dictado a la vez una norma que invade esa competencia. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Tabaco, multa, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: MIGUEL PASCUZZI S.A. s/ Ley de Tabaco Causa 31148-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

1- Ni la ley Nacional del Tabaco ni su decreto reglamentario, establecen un procedimiento para el ejercicio de las atribuciones que por este último se le confieren a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Tal omisión no autoriza a aplicar una sanción sin cumplimentar los recaudos mínimos que hacen a la garantía constitucional del debido proceso, entre ellos el respeto del derecho de defensa..

2- El derecho a ser oído y de efectuar los descargos que se considere pertinentes no es enervado por el hecho de tratarse de un proceso ante un organismo administrativo. La aplicación de una sanción de tipo penal como es la multa requiere la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. La naturaleza de la sanción impone la adecuada formulación de los cargos que se imputan, para que el derecho de defensa halle un sustrato material sobre el cual sea posible su ejercicio, y la obligación de una motivación suficiente en la decisión de la causa, vinculando los medios de prueba colectados con los cargos atribuidos. De ahí la inescindible vinculación de todas las etapas que constituyen la garantía del debido proceso.
Honorarios, rechazo de la demanda, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, SEGUNDO c/ CIA. DE SEG. LA FRANCO ARGENTINA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

A los fines regulatorios, cuando el reclamo se ha revelado caprichoso e inconsulto,no puede afirmarse seriamente que haya existido valor económico concreto en juego. No siempre puede identificarse el concepto "valor del litigio" con "monto reclamado", pues en ciertos casos la identificación resulta totalmente desajustada de la realidad. En esos casos no deben fijarse los honorarios de los peritos en relación al monto reclamado actualizado, sino que corresponde a los jueces su determinación teniendo presente las características del proceso laboral y la adecuada proporción entre la retribución y la colaboración prestada por el experto a la causa.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, abigeato, agravantes de la pena, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WEBER, RUBEN DOMINGO c/  s/ ABIGEATO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-05-05

Los planteos del compareciente no han de tener favorable acogida en esta instancia, toda vez que si bien circunscribe la línea argumental de sus reproches a la inconstitucionalidad de la escala penal prevista para el delito de abigeato agravado por el que se condenara al imputado (artículo 167 quáter incisos 2º y 4° del Código Penal) -con fundamento en la desproporción punitiva respecto de otros delitos que afectan bienes jurídicos de mayor relevancia social, resultando contrario al principio de razonabilidad que deben observar las leyes, y en concreto a la manda convencional que dispone que nadie será sometido a "penas crueles", postulando la perforación del mínimo legal para el caso-, el impugnante se limita a esbozar consideraciones generales, mas sin vincular la alegada desmesura punitiva con la pena aplicada en el caso, puesto que ni siquiera efectúa un mínimo relato de las circunstancias fácticas endilgadas sobre las que se afincara la responsabilidad penal del imputado, de las valoraciones que efectuaran los Sentenciantes al respecto y de los argumentos que esgrimieran para arribar a dicha sanción, a la par que -más allá de la comparación que realiza con otras escalas penales- tampoco aborda suficientemente los fundamentos que tuvo en cuenta el legislador para elevar la punición de las conductas descriptas en el tipo penal cuestionado, extremos que, atento el tenor de sus agravios, resultaban fundamentales a fin de demostrar la pretendida irrazonabilidad de la escala penal y la afectación a la dignidad humana en las circunstancias concretas y particulares del nombrado. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Responsabilidad extracontractual del Estado, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: GUSTAVINO, DIANA ESTELA c/ EN - MINISTERIO DEL INTERIOR s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-09

No discutida la detención ilegítima que padeció la demandante es indudable la existencia de un daño moral derivado de ella.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fuentes, Porfidio c/ Rodriguez, Fernando y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-28

Aún cuando la víctima de un accidente de tránsito haya sido atendida en un establecimiento asistencial público, debe incluirse en la indemnización una suma en concepto de gastos médicos y de farmacia, pues es notorio que existen gastos que deben ser solventados por el paciente. Y el resarcimiento debe guardar concordancia con la lesión, la afección o la enfermedad sufrida, sin que resulte indispensable que su importe se encuentre documentado.
Plan austral, decreto de necesidad y urgencia, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Aquino Miguel c/ E.N. -M° del Interior -Pol.Fed.Arg.- s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad (A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

El decreto 1096/85 es una norma que técnicamente constituye un "reglamento de necesidad y urgencia"; vale decir, un acto del Poder Ejecutivo Nacional por el que estatuye respecto de materias reservadas por la C.N. al poder legislativo, en razón de mediar circunstancias excepcionales que determinan la necesidad y la urgencia de legislar en ese aspecto.
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Enrique s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-16

La determinación de la pena implica el ejercicio de un poder discrecional del Tribunal de juicio y escapa al control casatorio, excepto cuando adolece de falta de fundamentación. Ello se advierte con la lectura de la parte pertinente de la sentencia, donde tras descartar causas de inculpabilidad, de justificación y de cualquier otra excluyente de la sanción, sólo se mencionan los artículos 40 y 41 del Código Penal (voto de la Dra. Catucci).
Sociedades comerciales, sociedad cooperativa, intervención judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-08-18|1994-08-18

Resulta justificada la medida decretada en autos -intervención judicial- cuando la finalidad de la Cooperativa se ve amenazada por los actos de administración del órgano directivo de la misma, lo que configura peligro grave. Para llegar a tal conclusión, no corresponde considerar cada acto en particular, aisladamente del resto. Por ello analizados todos ellos bajo la óptica de los fines de la Cooperativa, se desprende que en su conjunto han provocado la situación irregular que se denuncia en autos. De allí que en el caso, la falta de decisiones asamblearias, ya sea por la no realización de las asambleas reglamentarias o por la omisión de los requisitos legales y estatutarios en la convocatoria de las mismas, la ausencia de un registro de socios llevado conforme los rigorismos técnicos y legales; el cambio de denominación y fines para los que fue creada la Cooperativa sin que se hayan cumplido con los requisitos legales destinados a tal procedimiento, reviste entidad suficiente como para juzgar que existe prima facie, desquiciamiento del órgano de administración, por lo que la intervención judicial aparece plenamente justificada.
Costas, sustracción de materia
Materia: PROCESAL
Carátula: BENUZZI INMOBILIARIA S.A. c/ CONSULTORA ARCADIA S.A. y/o Sublocatario y/o Terceros Ocupantes s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- DESALOJO- REVOCATORIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 275 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

La temática de la imposición causídica cuando opera la sustracción de la materia a decidir ha generado disímiles posturas en la jurisprudencia y doctrina. Un intento de sistematización podría presentarse así: La "sustracción de materia" es un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes; no pudiendo el tribunal emitir un pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida y no habiend o vencedor ni vencido, las costas deben imponerse en el orden causado y las comunes por mitades. Se identifica la "sustracción de la materia" con el supuesto de hecho o derecho sobreviniente ("jus superveniens") y, de consiguiente, se imponen las costas conforme la situación jurídica imperante al momento de demandar. Esta hermenéutica trae el inconveniente de que la serie procedimental -en la mayoría de los casos- seguramente no estará completa, aspecto que "a priori" impedirá al juez determinar la razón o sin razón de la pretensiones y defensas deducidas.
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Toledo, Mirtha Isabel c/ Provincia del Chubut s/ Mandamiento de Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-10-10

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad subsidiariamente interpuesto, la expresión de la voluntad de impugnar una sentencia en sede extraordinaria debe asumir siempre jerarquía principal; los recursos extraordinarios tienen que deducirse en forma principal, nunca en subsidio de otro medio de corrección.
Compraventa mercantil, cláusulas del contrato, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: IMAR S.A. c/ LABORATORIOS LUAR S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

La nueva cláusula equivale a una simple propuesta que únicamente puede ser vinculante si es aceptada y esa aceptación ha llegado a conocimiento del proponente (código civil: 1144 y sig.).

El código de comercio: 474 impone la obligación de impugnar las facturas en un breve plazo, vencido el cual debe entenderse aceptadas en todos sus términos. El silencio debe ser considerado como una manifestación de voluntad de aceptación de las nuevas condiciones (Código Civil: 919). La no recepción de reclamo alguno por parte del vendedor implica para éste el conocimiento de la aceptación de su propuesta nueva.