marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, exceso ritual manifiesto
Materia: CIVIL
Carátula: Romero. Romualdo Francisco c/ Banco Hipotecario Nacional. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-12

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el apego a la letra no desnaturalice la finalidad que ha inspirado su sanción.
Recurso extraordinario de nulidad, argumentos de las partes
Materia: PENAL
Carátula: Ezcurra, Marcelo s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia violación del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial si el fallo abordó la cuestión esencial que se dice omitida y lo que se invoca es, en realidad, la omisión de tratamiento de argumentos esgrimidos en oportunidad de expresar agravios.
BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANÓNIMA, cuerpo de abogados del Estado, relación de dependencia, honorarios, Administración Pública, interés público, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Reggiardo, Juan Alberto c/ Banco de Santa Fe SA s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Apremio por honorarios (Expte. CSJ   Nº 431-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Dejando de lado la polémica sobre la naturaleza jurídica del Banco de Santa Fe S.A., es forzoso reconocer la presencia de fuertes notas iuspublicísticas en la relación jurídica banco- empleado, que se materializan a través de la influencia de normas y principios de derecho público, aplicables como consecuencia de la "estatalidad" del ente en cuestión, respecto del cual subsiste un marcado interés estatal que se manifiesta, en cuanto a la relación con los empleados, en las numerosas disposiciones referidas al tratamiento del personal del Banco de Santa Fe a partir de la privatización dispuesta por la ley 11387, donde incluso se ha previsto la reubicación de agentes "en el ámbito de los tres poderes del Estado" (artículo 6 de la ley y decretos 309/97; 820/97, entre otros), o, por ejemplo, en la afiliación obligatoria de los mismos a la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado (artículo 2, ley 9816). Se advierte así la concurrencia de condiciones que habilitan a sostener válidamente la concreta operatividad de aquellos principios de orden público que prohíben a los profesionales a sueldo de la Administración percibir honorarios cuando éstos deban ser desembolsados por el erario público en cualquiera de sus manifestaciones institucionales y jurídicas, pautas que deben ser consideradas como inherentes al status en el cual se encuentran los referidos empleados y funcionarios, con el carácter de norma de policía tendiente a asegurar el mejor cumplimiento de los deberes propios de la función que ocupan.
Representación procesal, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Saig, María c/ Maggi, Gladys Ana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-16

La nulidad que contempla el art. 48 del ordenamiento ritual no es de la índole de las que consideran los arts. 169 y sgts. del Código Procesal, porque mientras que para el régimen de las nulidades procesales el transcurso del tiempo es susceptible de convalidar el vicio, para el supuesto de falta de acreditación del poder o ausencia de ratificación, es precisamente el cumplimiento del plazo el que acarrea la sanción de ineficacia. Ineficacia que se opera automáticamente, lo que descarta la posibilidad de que desaparezca por el consentimiento expreso o tácito de la otra parte (SCBA., Ac.

y Sent. 1986-III-407).
Participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS MIGUEL ESTEBAN s/ PARTICIPACION CRIMINAL - COMPLICES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1981-07-17

La contribución de cada partícipe no es necesario que sea en si misma delictuosa; lo ser a si su aporte constituye de por s i un hecho delictivo. Pero si así no ocurre cada aporte tornase delictuoso por su referencia al hecho com un.-
Personal no permanente, personal transitorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J., G.D. c/ Instituto de Asistencia Social s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-11-03

En principio, la Administración Pública, de la cual forman parte los entes autárquicos como lo es el Instituto de Asistencia Social, no es una empleadora regida por el régimen de Contrato de Trabajo y que cabe reconocerle que cuenta con suficiente margen de discrecionalidad para hacer frente a las exigencias estacionales o excepcionales, en cantidad o calidad, incorporando agentes que no integran los cuadros estables de la organización.

Asimismo, que la mayor o menor conveniencia de recurrir a la creación de cargos de agentes transitorios constituye una decisión de política administrativa no revisable, "prima facie" en sede judicial, y que a todo evento el posible control jurisdiccional de los actos administrativos se limita a los aspectos vinculados con su legitimidad.
Prueba documental, competencia penal, prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guilleron, Osvaldo Marcelo c/ Expreso City Bell y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-09

Las sospechas que la tardía presentación de un testigo en la causa penal ofrecida como prueba despiertan a una parte, no sirven para desmerecer totalmente sus dichos, si aquellas sospechas no se acreditan por una crítica probada a la personalidad de este testigo o la veracidad y credibilidad de su narración sobre la ocurrencia del hecho que, en el particular, no aparece desvirtuada o desmentida por prueba alguna, ni se muestra improbable o inverosímil o en contradicción con la "razón" que, a sus dichos, atribuye el mismo testigo (arts. 384, 456 del CPCC).
Responsabilidad médica, mala praxis, obligaciones del médico, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: Gallardo, Domingo c/ Obra Social s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-29

La falta de éxito de una intervención de cirugía no constituye "mala praxis" si aquélla se realizó mediante una técnica adecuada, pero se produce la responsabilidad cuando la incapacidad provocada es atribuible al erróneo enfoque de la operación, cuyo riesgo es afrontado por el enfermo y no por el médico, puesto que la obligación de éste es de medios y no de resultados pero siempre que el tratamiento sea el correcto, de acuerdo a los principios médico - científicos aceptados.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, notificación, notificación en secretaría, caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Batallán, José Lorenzo c/ Suc. de Herrera, María Candelaria s/ Prescripción veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-04-26

Si bien, en principio y por aplicación del art. 135 última parte del C.P.C., corresponde la notificación en los despachos de los funcionarios judiciales se ha entendido que tal expresión no es abarcativa de los Defensores Oficiales que actúan en representación de las partes, ya que les cabe la obligación de concurrir a la Secretaría del Tribunal a tomar conocimiento de las providencias que se dictan. Es decir, no rige para los defensores judiciales, la última parte del art. mencionado por no estar comprendidos dentro del enunciado "funcionarios judiciales".

El presente recurso de apelación es articulado por la Defensoría Oficial, quien actúa en representación del demandado ausente. La obligación de la parte apelante de impulsar el proceso, nace en el momento mismo en que se concede la apelación, siendo obligación de la Defensora Oficial en el caso, concurrir a la Secretaría a tomar conocimiento de las providencias judiciales. La misma no sólo no cumplió con esta carga sino que tampoco notificó al adversario de la radicación de la causa en esta Alzada, por lo que se estima atento el tiempo transcurrido desde que se concedió la apelación - 1999- ha pasado holgadamente el plazo establecido en el art. 310 inc. 2 del C.P.C., deviniendo por ello, procedente el pedido de caducidad de la instancia.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL
Carátula: SKULETICH NICOLAS c/ SKULETICH ALEJANDRO Y OTRO S/INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN s/ QUEJA POR CASACIÓN DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-08-29

Procede el recurso de casación contra la sentencia de la Cámara Civil que hace lugar al interdicto de recobrar la posesión por revestir ésta, para el demandado simple poseedor, el carácter de sentencia definitiva, ya que el mismo al no ser propietario carece de acción real y al no reunir el tiempo legal en la posesión, tampoco puede adquirir el dominio por medio de prescripción adquisitiva no contando tampoco con acciones posesorias, conforme lo establecido por el art. 615 del código de rito.
Condómino, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: MENDEZ RAMONA CRISTINA c/ MENDEZ MARIA LUISA s/ DETERMINACION Y COBRO DE COMPENSACION POR USO EXCLUSIVO DE BIEN  COMUN - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

El comunero privado del uso de la cosa en favor de otro, al no poder obtener beneficios de ella, se encuentra legitimado a exigir al usuario el pago de un alquiler proporcional a su cuota, mientras dure dicho estado de situación y desde que el condómino excluido del uso, exteriorice su voluntad en dicho sentido.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CATTANEO, RAMIRO c/ CLUB ATLETICO NEWELLS OLD BOYS (CANOB) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Corresponde rechazar la queja interpuesta, desde que el compareciente, al centrar su planteo en la razonabilidad del plazo de cuatro días otorgado para que el actor plantee su defensa y ofrezca prueba, no logra rebatir lo sostenido por la Sala al considerar que -atento a la magnitud y cantidad de hechos que se le imputaban al asociado- dicho término impedía garantizar su derecho de defensa, como asimismo tampoco se advierte de sus alegaciones una causal de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción por cuya vía se tiende a reparar agravios que impliquen un grosero desconocimiento del derecho a la jurisdicción, mas no a sustituir a los jueces en la apreciación de las circunstancias fácticas o la interpretación del derecho.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Kurtz, Camilo; Fernández, G. y Trovamala, L. s/ Asoc.ilícita. Robos... García Vizcarra, Luis s/ Lesiones. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-28|1997-10-28

Si bien se interpone recurso extraordinario de nulidad alegando violación de los arts.156 y 159 de la Constitución provincial, ninguno de los agravios que se expresan están referidos al contenido normativo de los mismos, sino que se pretende traer a examen de este Tribunal el supuesto incumplimiento por parte de la Cámara de lo dispuesto en el art. 8 del Código de Procedimiento Penal, así como violación del derecho de defensa en juicio, temas todos éstos que constituyen supuestos errores de juzgamiento y que, como tales, son ajenos a esta vía recursiva. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión abstracta
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Debe rechazarse la denuncia de transgresión de los arts. 238 y 239 del Código de Procedimiento Penal, sosteniendo que la Cámara ha dividido erróneamente la confesión del procesado a efectos de acreditar el poder ofensivo del arma, si de cualquier manera, aunque fuere exitoso media plena presuncional del cuestionado poder ofensivo (art. 359, C.P.P.).
Ley de emergencia económica, Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, exceso en las facultades reglamentarias
Materia: LABORAL
Carátula: ASOCIACION PERSONAL AERONAUTICO c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-27

El dec. 1757/90 excedió las facultades reglamentarias de las leyes 23696 y 23697 que el mismo se atribuye en sus considerandos.

El exceso en las facultades reglamentarias no puede encontrar justificación en la teoría de los reglamentos de necesidad y urgencia cuando no es invocada en los considerandos del decreto, éste fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso y, en última instancia, tampoco recibió la ratificación o aprobación ulterior del Parlamento, de lo que dependía su eficacia.
Sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos, defensa en juicio, doble instancia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Gandera, Diego Javier c/  s/ plantea recurso de queja por apelación en expte. nº 2248/12 reg. D.G.R.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-05

Si el régimen normativo cumple con el resguardo relativo a que la decisión de los órganos administrativos debe estar sujeta a un control judicial amplio y suficiente, entonces no cabe predicar afectación alguna a la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, ni menoscabo a la efectiva tutela jurisdiccional de los derechos en los términos del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo indiferente, a tales fines, que la regulación aplicada carezca de una doble instancia judicial de revisión. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Pericia médica, monto de la indemnización, indemnización por accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: ROJAS ESTELA c/ EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS KO KO S.R.L Y OTROS s/ D. Y P. DERIVADOS DEL USO DE AUTOMOTORES (CON LESION O MUERTE)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-25

[...] evaluar la pericia médica como uno de los puntos de referencia para la cuantificación, considerando por otra parte las condiciones personales de la actora, entre ellas la edad de la víctima al momento del ilícito. "...la edad que tienen las personas mayores no puede ser obstáculo para indemnizar el daño que se ocasione, pues las disminuciones naturales y progresivas que produce inexorablemente el paso de la vida, en cuanto no han determinado una incapacidad absoluta y preexistente, no son óbice para resarcir la lesión, máxime que a mayor edad existe mayor necesidad de encontrarse en mejores condiciones para soportar los avatares y achaques propios de los años..." (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario -Responsabilidad Civil. Cuantificación del daño, Roberto Vazquez Ferreyra, tomo I, pág. 84. Editorial La Ley) y el resto de las ya valoradas por el juez de la instancia anterior.
Improcedencia del recurso, confirmación de sentencia, retiro transitorio por invalidez, seguro colectivo, protección de consumidores y usuarios, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: Aparicio Manuel Oscar c/ Alico Cia. de Seguros SA y/o Metlife Seguros SA y/o Alpargatas SAIC s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-15

Procede no hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, y en consecuencia, confirmar la sentencia que admitió la demanda de daños y perjuicios planteada por el actor -que con el tiempo y a raíz de las características o modalidades de las labores desplegadas, estuvo expuesto a agentes causantes de enfermedades profesionales que le provocaron una invalidez de 74,03%-. Cabe señalar que la relación contractual base de la demanda es un seguro de vida colectivo contratado por el actor, reuniendo las condiciones exigidas para el beneficio de retiro transitorio por invalidez. Las normas y principios de defensa de los consumidores y usuarios son aplicables a las relaciones generadas por un contrato de seguros, por lo tanto, su contenido debe ser analizado a la luz de las disposiciones de la LDC (especialmente los arts. 38 y 39), así como las normas y principios del Derecho común (especialmente arts. 18, 21, 953, 954, 1038, 1039, 1066, 1071 y 1198 del Código Civil, y los actuales arts. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial vigente). Por ello, frente a una relación de consumo, que es irrenunciable y aplicable de oficio por el juez el régimen tuitivo, la controversia en la que la aseguradora demandada se niega a cumplir con la prestación a su cargo derivada de un contrato colectivo de vida e incapacidad, con el argumento de que la acción está prescripta por aplicación del plazo anual previsto por el art. 58 de la Ley 17418, debe considerarse aprehendida en los términos que establece el art. 50 de la Ley 24240 conforme la modificación introducida en el año 2008 por la Ley 26361. A partir de que el actor tomó conocimiento de su incapacidad, debe computarse el plazo de tres años de la ley consumeril; atento a la vigencia de dicha normativa y hasta la interposición de la demanda no ha transcurrido el plazo de prescripción, ello, teniendo presente el principio del favor consumidor, que en el caso es especialmente relevante por la naturaleza del seguro colectivo de incapacidad.
Fianza, notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frysberg de Guelman María c/ Ucceli María Cristina y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-11

El fiador constituido como codeudor y fiador solidario, liso y llano pagador, está legitimado para deducir la nulidad en base a los defectos en la notificación de la deudora remisa, que ha dejado indeterminada la deuda cuya ejecución se persigue, siendo que, a la postre, el reclamo de esa deuda ha de recaer sobre su patrimonio.
Empleados públicos, prescindibilidad, acto administrativo, nulidad absoluta, vicios de forma
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Miquelarena, Rodolfo Abel c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-09-25

El actor fue declarado prescindible por una causal grave sin respetar el debido proceso, es decir sin pruebas, sin oirlo y sin sumario alguno. La prescindibilidad así decretada es nula de pleno derecho.

La ley de procedimientos administrativos es terminante sobre el particular, puesto que dispone que los actos de la Administración son nulos de pleno derecho cuando fueren dictados omitiendo el procedimiento establecido para ello.
Daños y perjuicios, prescripción
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado Nacional y otros s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Como regla general el punto de arranque del curso de la prescripción debe ubicarse a partir del hecho ilícito que origina la responsabilidad. En ese momento nace la consiguiente acción para hacerla valer (art. 3958 del Código Civil). Pero, excepcionalmente, puede determinarse un momento diferente, ya sea porque el daño aparece después o bien porque no puede ser apropiadamente apreciado hasta el cese de una conducta ilícita continuada.
Derechos sindicales, tutela sindical, exclusión de la tutela sindical, cesantía ilegítima, indemnización
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: DOMÍNGUEZ ABEL c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2011-08-31

En el caso de autos la cesantía se realizó ilegalmente. La consecuencia de prescindir del procedimiento previo debió ser la nulidad de la resolución que lo deja cesante. En este contexto, corresponde la indemnización solicitada por el tiempo de tutela sindical que le quedaba pendiente al actor, la cual se calculará tomando como base la remuneración que le hubiere correspondido durante ese período.

Estas sumas devengarán intereses a tasa pasiva del BCRA desde la fecha en que son debidas hasta su efectivo pago, dentro de los diez (10) días de aprobada la liquidación por la instancia de grado (art. 99, ley 1444), con costas a la demandada vencida (art. 68 del CPC y C).-
Protección de los glaciares, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Cabe revocar la medida cautelar dictada por un juez federal a fin de suspender la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15 de la ley 26.639- Protección de los glaciares y el ambiente periglacial-, pues los fundamentos dados por el magistrado que previno para tener por acreditado el requisito de verosimilitud del derecho, resultan dogmáticos y no son suficientes para tornar procedente la medida, ya que, teniendo en cuenta la preunción de legitimidad de que gozan los actos legislativos, no basta para sustentar la verosimilitud del derecho la mera argumentación de que la norma impugnada afectaría los derechos de la actora sin demostrar claramente de qué modo se produciría un gravamen en el caso concreto, siendo insuficiente la mera alegación de un perjuicio cuando todavía no se conoce si la actividad se desarrolla en el ámbito del recurso protegido por la ley.

-En igual sentido: M 185 XLVII "Minera Argentina Gold S.A c/ Estado Nacional" y A 138 47 "Asociación Obrera Minera (A.O.M.A) y otras c/ Estado Nacional", sentencias de la fecha.
Superior Tribunal de Justicia, superintendencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Santolini, Hector Santos s/ Recurso de inconstitucionalidad - Agente del Poder Judicial solicitud  De junta médica (Expte.: C.S.J. Nro. 294 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-06-27

En razón del esquema diseñado por el constituyente de 1962 -y más allá de las polémicas existentes al respecto- resulta inconveniente desde el punto de vista institucional que el "control judicial suficiente" se garantice por vía de recurso ante los jueces e primera instancia, cámaras con competencia en lo contencioso administrativo u otros tribunales inferiores, pues ello importaría admitir que los mismos revisen lo decidido por la Corte en materia de superintendencia, produciendo un desplazamiento en el ejercicio de facultades de gobierno que resulta incompatible con la unidad de poder que debe presidir dicho ejercicio, y que menoscaba la condició n de cabeza del Poder Judicial local que inviste el Alto Cuerpo; lo mismo cabe sostener respecto de una circunstancial integración "ad-hoc" del mismo, que también supondría que el poder de superintendencia, de raíz constitucional, quedase sujeto -en definitiva- al juicio de quienes no revisten el carácter de miembros naturales del Organo Superior del Poder Judicial de la Provincia, con violencia del espíritu de nuestra Carta Magna.
Libros de comercio, valor probatorio, presunciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE SAN JUAN SA c/ MACRI, STELLA MARIS Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

En un litigio entre el dueño de los libros y un no comerciante, se ha considerado en general que nadie puede preconstituir prueba en su propia ventaja, por lo que en un pleito contra un no comerciante los libros de comercio de su contrario carecen de fuerza probatoria en favor de su dueño. Sin perjuicio de ello, pueden ser valorados, como un principio de prueba indiciaria que sirve de base a presunciones, las que el juez evaluará para formar su convicción para fallar sobre el caso. De manera que, su eficacia probatoria dependerá de las circunstancias del caso y de los demás medios probatorios arrimados al proceso (CNCom, Sala A, 20.9.96, "Banco Shaw SA, c/ Duva, Miguel A., s/ ord.; Sala C, 16.11.98, "Diners Club Arg. c/ Blasco, Reinaldo s/ ord.",íd., 6.7.94, "American Express Argentina SA, c/ Eliosoff de Luckemberg Dora, s/ sumario").