Tribunal: JUZGADO PENAL DEL CRIMEN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1984-08-02


1º Instancia. - San Miguel de Tucumán, agosto 2 de 1984.

Considerando: Fundamenta su pedido en la circunstancia de que la confesión prestada por su defendido habría sido en violación a lo dispuesto en el art. 446 del Cód. Proc. Penal.

Aduce además, que la condición psíquica y física -al momento de prestarla- no era óptima por haber sido víctima de apremios ilegales y otra clase de presiones ejercidas por los policías que intervinieron en el sumario de prevención.

Posteriormente el procesado proporciona una versión totalmente distinta de los hechos sucedidos con motivo del robo agravado de que fuera víctima Zulema I. Aráoz de González y asimismo, niega haber cometido los diversos hechos que se atribuye en su relato confesorio.

Eficacia procesal de la retractación. La eficacia jurídico-procesal del acto retractatorio de la confesión sólo puede fructificar o prosperar siempre que se asiente en la regla demostrativa -concluyente, decisiva y clara que le fue extraída por medios ilegítimos-.

Este concepto surge de la imperiosa necesidad de mantener incólume el principio de su irrevocabilidad.

Su valor probatorio no debe sufrir menoscabo -por tanto- mientras no se acredite que el procesado la prestó forzándose su libertad física o moral. Y -para la demostración intrínseca de la falsedad de la anteriormente proporcionada- el incidentista debe necesariamente adjuntar alguna prueba de mérito que avale el porqué y las causas de orden fáctico emergentes de su nuevo y, a la vez distinto relato.

La cuestión -conforme lo manifestado- no se agota en aducir que le fue extraída ilegítima- mente. Ella no radica, desde luego, en circunscribir su versión descalificadora sin concurrencia (desprovista) de otros elementos de apreciación.

Si admitiéramos su eficacia -sobre la base de la simple afirmación retractatoria- estaríamos aceptando instruir automáticamente un sumario sobre el presunto delito cometido por los agentes de la autoridad policial que participaron, como auxiliares de la justicia, en el sumario de prevención.

La hipótesis resultaría -en definitiva- totalmente insólita dado que estos últimos estarían prácticamente obligados a demostrar la mendacidad de los asertos del procesado y, lo que aún es más grave, expuestos potencialmente a una sanción penal ulterior.

Es verdad que el encartado sufrió lesiones de diversa índole.

Así lo constata el informe practicado por la Dirección de Sanidad el día siguiente de producido el hecho principal del que se le acusa.

Pero no podemos olvidar que también las tuvo la víctima.

Y ello crea un estado de credibilidad al relato de la denunciante, de que hubo -al momento de suceder el hecho- acometimiento entre ambos.

Si las lesiones sufridas -con motivo de la defensa opuesta por la víctima y su esposo- luego fueron acrecentadas por mediar apremios ilegales, para extorcarle la confesión de la autoría de otros hechos, constituye un aspecto fáctico no probado.

La retractación debe ser desestimada. De allí que la retractación debe ser desestimada -rechazando su admisibilidad- por no haberse acreditado debidamente las exigencias legales de que el encausado fue prácticamente agobiado por medios violentos, y bajo amenaza de reiterarlos posteriormente, si la hubiese rectificado ante el juez instructor.

Lo que sí debe quedar puntualizado, para evitar equívocos ulteriores, es que la desestimatoria no es óbice -ni tampoco podría serlo- para que, al dictarse sentencia, se analice con rigor en qué orden y medida puede tenérselo como autor material de los múltiples hechos delictivos que "espontáneamente" se autoatribuyó.

Una cuestión -es mi concepto- no resulta excluyente de otra.

Aptitud procesal de las autoinculpaciones. Es que en principio, y sin que ello importe prejuzgamiento, esas autoinculpaciones podrían carecer de entidad o aptitud procesal -por advertirse que son desnudas y desprovistas de otros elementos corroborantes (falta de concurrencia, denuncias e individualización de las supuestas víctimas)- para elaborar un juicio de reproche penal.

Puede tratarse -además- de auto inculpaciones falsas que, si bien se presumen verídicas en abstracto, no resulten tales por haber respondido a causas extraordinarias que -obrando en su ánimo al momento de la versión- fueron carentes de sinceridad o impuestas por un estado psíquico especial.

Esas circunstancias, de llegar a receptarlas, se convertirían en índice desplazatorio suficiente de su grado o alcance de criminalidad que haría variar la sanción a imponer en relación de proporcionalidad -razonable y equitativa- en orden al grado de culpabilidad que pueda acreditársele.

En definitiva -para resolver la situación planteada y sin perjuicio de lo antes señalado- es improcedente tener por verosímil, lisa y llanamente, la retractación de una confesión cuando el inculpado -al momento de introducirla en la indagatoria- no proporciona ni ofrece alguna razón de peso que añada a su relato poder de convicción.

Tampoco resulta procedente si se advierte -simultáneamente y "prima facie"- que su desdecir está desprovisto de aceptable motivación que abra compuertas, al sentido jurídico y común, para acogerla declarándola admisible.

Ausentes estos aspectos, la retractación no inspira confianza ni disipa la idea de haber sido formulada con la exclusiva finalidad de liberarse de las comprometedoras ataduras a las que lo tiene acosado el proceso penal.

Es que ese nivel retractatorio debe conceptuárselo -al decir de Gorphe- como "un simple medio reflexionado de defensa" que no puede tener, consecuentemente, identidad desplazatoria de su primitivo relato.

Por todo lo expuesto precedentemente, resuelvo desestimar -por inadmisible- la retractación de la confesión judicial prestada por el procesado Rafael A, Chávez y sustanciada en el presente incidente (arts. 446/447, Cód. Procesal Penal), - Salvador A. Ferrari. Ante mí: Alberto D. Granara.