Proceso penal, violencia de género, tratados internacionales
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: L., M.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Eugenio Despouy Santoro en causa Expte. Nº 010/06: L., M.C. p.s.a. Homicidio Simple - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-31

Los instrumentos internacionales, a partir de la reforma de 1994, conforman nuestro bloque constitucional en relación al tema que nos ocupa -prevenir y erradicar la violencia de género- y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías enumerados en la Primera Parte de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22).

En esta dirección, encontramos la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de Naciones Unidas, firmada y ratificada por Argentina en 1980 y 1985, respectivamente.

Esta Convención pone de resalto que a pesar de los esfuerzos de los instrumentos internacionales por garantizar al hombre y a la mujer igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos; se ha comprobado que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.

Resalta que la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.

La Convención define la expresión "discriminación contra la mujer", como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera" (art. 1).

En su artículo 2, inc. a) establece que los Estados partes se comprometen a ".

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio.

En su artículo 15 dispone que: "Los Estados partes reconocerán la igualdad con el hombre ante la ley."; y en el artículo 16, establece que: "Los Estado partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer".

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará - que fue firmada el 9 de Junio de 1994 e incorporada al bloque constitucional mediante Ley 24.632, publicada con fecha 09 de abril de 1996-. Establece las obligaciones del Estado respecto de la erradicación de la violencia de género. Es el único tratado multilateral de derechos humanos que trata solamente sobre la violencia de género. Esta Convención, reconoce que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; como así, ha sido reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales.

Afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

Reconoce que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Establece que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Define la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (art. 1).

Asimismo, dispone que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo; así como, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (art. 2).

(Del voto del Dr. Cippitelli, por la mayoría)