marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, AFIP, resoluciones generales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Argentina de Colegios de Abogados c/ EN- AFIP- DGI s/ Inc. Apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

La jueza de primera instancia admitió formalmente la acción colectiva promovida por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, hizo lugar a la medida cautelar pretendida y ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General Impositiva que se abstuviera de aplicar la Resolución General N° 4838/20 ("régimen de información de planificaciones fiscales, a cargo de los contribuyentes y asesores fiscales") respecto de todos los abogados en el ejercicio profesional, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva. Los jueces Treacy y Alemany confirmaron la medida cautelar otorgada, con la vigencia de seis meses establecida en el artículo 5° de la Ley N° 26.854
Protección del medio ambiente, incumplimiento de los deberes del funcionario público, competencia provincial
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: N.N. s/ Infracción ley 24.051 (art. 55)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-16

Es la justicia provincial -y no la federal- competente para investigar la presunta infracción al artículo 248 del Código Penal si el presunto mal desempeño de las funciones públicas, por incumplimiento de la ley provincial de protección del medioambiente, se atribuye a un funcionario provincial.
Accidentes de trabajo, protectores auditivos, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: ORLAUSKAS, RUBEN c/ AUTOLATINA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

Los protectores auditivos actúan sólo a nivel de vía aérea, siempre y cuando el uso de los mismos sea adecuado, no presenten deterioros y sean correctos técnicamente en relación a las necesidades, pero no presentan ningún tipo de protección en relación al sonido transmitido por vía ósea, en forma de vibraciones que lesionan el órgano de Corti, originando de tal manera un cuadro de trauma acústico.
Cuestión constitucional, expropiación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rocca de Hermida, Silvia Amalia c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-09

La parte recurrente logra acreditar la existencia de una cuestión constitucional consistente en que el GCBA le habría expropiado un inmueble de su propiedad, sin que estuviesen dadas las condiciones que prevén para ello los arts. 12, inc. 5, de la CCBA y 17 de la CN. (Voto del Dr. Luis F. Lozano, al que adhieren los Dres. Ana María Conde y José O. Casás).
Medidas cautelares, bloqueo de sitios de Internet, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: G. P., Y. Y. c/ Google Inc. y Otro s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-20

La concesión de la medida cautelar que pretende bloquear sitios de internet resulta razonable sólo cuando armoniza los intereses en juego con un alcance proporcional con el fin perseguido, siendo suficiente para garantizar los derechos personalísimos sin bloquear resultados del buscador que no sean susceptibles de afectarlos, en el entendimiento de que la Constitución Nacional no reconoce derechos absolutos.
Enfermedad profesional, deberes del juez, prueba, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Lemes Estela Susana c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (I.A.P.S.E.R.) y otros s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-08

El tema en autos, es la determinación de secuelas actuales. Y esto no es una cuestión de deseos o slogans, sino de ciencia y estrictas pautas legales de las que los jueces somos esclavos. La confusión entre dos temas distintos (la exposición al riesgo y la determinación de un daño concreto) campea en partes del memorial. Que uno esté sometido a un riesgo no implica una inmediata materialización de las consecuencias. Toda incapacidad o daño resarcible, además de la prueba concreta, debe tener una característica ineludible y es que tenga actualidad. Además, la prueba de la existencia de una minusvalía indemnizable es requisito para la procedencia de un reclamo formulado por la vía sistémica. Y el momento que se considera para esta distinción es el del fallo (Voto Welp, en adhesión a Romero)
Bien jurídico protegido, entorpecimiento de los servicios públicos, amenaza telefónica, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: FA, ADRIANA ROSA s/ AMENAZAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-05

El bien jurídico tutelado por la norma del art. 194 del C.P. es, en el caso de teléfonos, el normal funcionamiento del servicio.

Los múltiples llamados alternativos a distintos abonados, con duración de segundos o minutos, para proferir insultos, amenazas o simplemente guardar silencio, que no llega a ligar las líneas o interrumpir el servicio, no constituye el delito previsto y penado por el art. 194 del C.P.
Concesión para la venta de automotores, sociedad anónima, incumplimiento del contrato, compraventa, DAÑOS Y PERJUICIOS, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: BG BPO SA y otro c/ Ford Argentina SCA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Tal venta no fue de cosa de la que la concesionaria fuera propietaria, por lo que, en rigor, la concesionaria se comportó como promitente de venta de una cosa ajena (la que debía fabricar la concedente y que la concesionaria debía comprar para después revender) con el efecto, en consecuencia, dado que dicha promesa bilateral de compraventa equivalió al contrato mismo con todos los efectos legales pertinentes (conf. CNCom., Sala B, in re "Inmobiliaria Sudamericana SRL c/ Iguña y Cía. SA", del 22/07/85), de quedar obligada a adquirirla y entregarla a la compradora en el tiempo pactado, so pena de daños y perjuicios (CCOM 453, tercer párrafo; Zavala Rodríguez, C., "Código de Comercio y leyes complementarias, comentados y concordados", Buenos Aires, 1966, t. II, ps. 39/40, n° 1157 y 1158). De ahí, entonces, su responsabilidad frente al incumplimiento de lo prometido.
Responsabilidad médica, mala praxis, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Irurzun, Elsa María c/ Escobar, Juan Carlos y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-03

No se invierte la carga de la prueba cuando se pone en manos del profesional médico demandado por una supuesta mala praxis, a título de deber de cooperación, la necesidad -ante lo incompleto de la historia clínica por él realizada- de aportar los datos faltantes de la misma pudiendo generar su incumplimiento una presunción de su conducta antiprofesional, ausencia de radiografías necesarias, para el esclarecimiento de su supuesto obrar diligente.
Verificación de créditos, verificación tardía, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parietti Juan José María s/ incidente verificación crédito en San Telmo s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-03

Respecto de los créditos laborales, la imposibilidad de la presentación en término para su verificación, en razón de no haber recaído sentencia en dicho fuero, torna inaplicable el régimen de costas a cargo del acreedor tardío.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, reajuste jubilatorio, denegatoria del beneficio, sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Echavarria Coll, Albino s/ jubilación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que confirmó la resolución administrativa que había denegado el reajuste del haber jubilatorio, si la Cámara omitió el tratamiento de cuestiones que fueron oportunamente propuestas a su consideración y que había sido materia de resolución en sede administrativa, sin dar al respecto razones valederas que lo justifiquen.
Derecho procesal, proceso penal, situación del imputado, sobreseimiento, prescripción, extinción de la acción
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SARAPURA OSCAR RODRIGO s/ Prescripcion Acción Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

El interés social de que los delitos cometidos sean perseguidos y castigados, y el respeto de las garantías individuales de los ciudadanos, entre las cuales se encuentran la de obtener justicia en un plazo razonable, del debido proceso legal, y de los principios de inocencia, legalidad, preclusión y progresividad que gobiernan el proceso penal, constituyen objetivos cuyo alcance debe reputarse indispensable para su correcto desenvolvimiento de la administración de justicia.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctrina de los actos propios, excepciones procesales
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua s/ Agotamiento de Recursos Internos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2000-02-01

La Corte Interamericana desestima por extemporánea la excepción de no agotamiento de los recursos internos interpuesta por Nicaragua, pues no sólo obvió plantearla en las primeras etapas del procedimiento, sino que insistió en ello mientras se encontraba -conforme expresó el Estado nicaragüense-, dando cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Comisión, por lo cual y, de acuerdo con el principio del "estoppel", está impedida de plantearla ahora.
Acción de amparo, contaminación de aguas, evaluación del impacto ambiental, Entidad Binacional Yacyretá
Materia: PROCESAL-MEDIO AMBIENTE
Carátula: Intendente de Ituzaingó y otro c/ Entidad Binacional Yacyretá (E.B.Y.) s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-23

Corresponde rechazar el amparo deducido contra la Entidad Binacional Yacyretá, tendiente a evitar que se eleve la cota del embalse hasta tanto no se aprueben los estudios de impacto ambiental, si el agravio es desmentido por la documentación agregada por los mismos interesados, cuyos propios dichos revelan ausencia de certeza -situación opuesta a la exigida por este tipo de procesos- al considerar que las explicaciones científicas no son coincidentes y la documental técnica revela la complejidad del tema.
Poder Legislativo, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

El artículo 29 de la Constitución Nacional resulta insoslayable para los legisladores provinciales aun cuando nada disponga el ordenamiento fundamental de la Provincia teniendo en cuenta la jerarquía de aquella norma (artículo 31, Constitución Nacional);

esta disposición es consecuencia de los hechos históricos acaecidos en nuestra Patria durante las décadas de 1840 y 1850, pero nunca se la hizo valer, salvo en una ocasión.
Prueba, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Capurro, Cristian J s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

Resulta ineficaz la denunciada transgresión al art. 434 inc. 5 del C.P.P. -texto según ley 3589 y sus modif..- si la recurrente no se refiere a la valoración de los dichos del procesado receptados por quienes no se encuentran legalmente autorizados para ello, sino a la validez de un procedimiento iniciado con el acta que da cuenta de los mismos, y respecto de ello la defensa omite cuestionar la decisión del a-quo -con cita del art. 309 del C.P.P. cit.- de tenerlo por válido, sin perjuicio de la legitimidad de tal incorporación ya que lo fue en función de lo estatuido en el art.

434 inc. 5 in fine del C.P.P. citado.
Personal municipal, discriminación, situación de vulnerabilidad, violencia de género
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Prieto, Irene Esther y otros c/ Municipalidad de Córdoba s/ plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-04-08

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto y confirmar el resolutorio que sanciona a tres agentes municipales que impidieron el ingreso de una ambulancia al nosocomio en el que trabajaban y se negaron a recibir a un paciente, lo agredieron verbalmente, lo discriminaron por su condición de indigente y evitaron que descendiera del vehículo la psicóloga que lo acompañaba, toda vez que la conducta de los infractores asumió contornos absolutamente repudiables por haber sido dirigida contra una persona en situación de grave vulnerabilidad social por carecer de hogar y estar afectada en su salud, lo cual se agravó por haber sido motivada por razones discriminatorias que fueron expresadas con saña al afectado con la evidente intención de lastimarlo moralmente y ultrajar sus sentimientos, máxime cuando la psicóloga que lo acompañaba fue víctima de la violencia; ya que no solo padeció agresiones físicas y verbales, sino que además fue impedida de desempeñar su labor, restringida en su libertad, desconocida y relativizada en sus afirmaciones.
Locación, derechos del locador, locatario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: LEGUIZAMON ALFONSO DELIBANO c/ ABDO CARLOS JORGE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-06

Es derecho del locatario el de usar y de gozar de la cosa por el tiempo convenido y de conformidad con su destino, mediando la garantía por parte del locador, de asegurar frente a terceros ese uso y goce de la cosa locada.
Competencia contravencional y de faltas, evasión
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Incompetencia en Autos Burgos, Matías Julián  c/  s/ Sobre 280 - Evasión de Pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para entender en una causa en la que se investiga el delito de evasión cometido en el ámbito territorial de la Ciudad, cuando el imputado se hallaba detenido a la orden de un juez nacional, que ejerce funciones como tribunal local (TSJ, "Baldo", expte. n° 13414/2020, sentencia del 13/04/2022). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal).
Jubilaciones, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ludueña de Miniki, Esther Elba c/ Provincia de Córdoba s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-10-23

El principio de igualdad no implica que en todos los casos se otorgue un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. Toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación, siempre que la diferencia de tratamiento esté justificada legal y constitucionalmente y no sea desproporcionada con el fin que se persiga. En definitiva, la protección del derecho de igualdad, del derecho constitucional a la no discriminación se apoya en dos elementos que han de ser objeto de análisis: si la diferencia de trato está dotada de una justificación objetiva y razonable, es decir si posee una justificación legal y constitucional suficiente;

y si existe la debida proporcionalidad entre la distinción de trato que se efectúa y los objetivos que con ella se persiguen.
Pena, excusas absolutorias, aplicación analógica de la ley, divorcio, sentencia, disolución de la sociedad conyugal
Materia: PENAL
Carátula: BUTORAC, Adriana M.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-15

No corresponde la aplicación del art. 1.306, C.C. en cuanto a retrotraer los efectos de la sentencia de divorcio al momento de la notificación de la demanda, lo que importaría la desaparición de la excusa absolutoria que impide punir la conducta de la imputada, pues se estaría violando el principio que prohibe la aplicación analógica en el derecho penal, de reconocida raigambre constitucional (art. 18, C.N.).
Pensiones, conviviente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CIVIL
Carátula: Aníbal Martín ETCHEVERRY s/ JUBILACION Y PENSION - CONCUBINATO - VIGENCIA DE LA LEY
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-08

Si bien la decisión que no hizo lugar al pedido de pensión que formuló la accionante sobre la base de la prolongada convivencia con el causante, de quien afirma haber tenido un hijo versa sobre materia no federal que impediría su revisión en la instancia excepcional del art. 14 de la ley 48, la sanción de la ley 23.226 impone que la situación planteada en autos sea valorada a la luz de la normativa ahora vigente y descalificar la sentencia a fin de no llegar al desconocimiento del derecho previsional.
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Landini de Ramos, Rosa Luisa c/ Caja de Seguridad Social para Odontólogos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-13

La sentencia que recae en una acción declarativa de validez de matrimonio no pertenece a la categoría de sentencias constitutivas que son aquéllas que crean un nuevo estado jurídico- sino que se ubica en la categoría de sentencias declarativas.
Daños y perjuicios, mora, intereses moratorios, cómputo de la mora
Materia: CIVIL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

En lo relativo al cómputo de intereses, cuando son moratorios, no vienen a compensar la desactualización del valor del rodado, sino que los mismos se deben en concepto de indemnización por el perjuicio que experimenta el acreedor por el retardo en que ha incurrido el deudor en la ejecución de su obligación. Y en el ámbito del derecho de daños, los intereses debidos son los moratorios, ya que cubren un perjuicio de esa naturaleza: el daño moratorio, es decir, el derivado de la falta de cumplimiento puntual de la obligación de indemnizar.

Es que nos encontramos ante la hipótesis prevista por el art. 508 del Código Civil: "El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación". En consecuencia, los intereses moratorios corren desde el día del hecho porque en la mayoría de los casos las consecuencias dañosas son coetáneas con el suceso que las engendra, si bien hay casos en que el perjuicio es posterior al hecho, y la mora sólo surge cuando él se causa.
Sociedades comerciales, intervención de sociedades, designación de veedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: MURCHISON, RENATA c/ MURCHISON ESTIBAJES Y CARGAS IND. Y COM. s/ INC. MED. CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-29

Si de los hechos relatados, y documentación acompañada se advierte que se ha cumplimentado el agotamiento de los remedios sociales en tanto se acredita que no se dió explicación satisfactoria en los términos de la LS: 294-6. A los requerimientos formulados por una accionista, a lo que cabe agregar un ejercicio de la mayoría en violación del interés social o de las reglas legales o estatutarias bajo las que se gobierna la sociedad y el comportamiento que se censura a los directores, configuran supuestos que sirven de sustento suficiente para la designación de un veedor, determinando en forma específica los alcances de la veeduría, ya que a tenor de lo dicho el peligro grave al que alude la LS: 113 surge de los hechos invocados con incidencia en el patrimonio social.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada
Materia: CONSTITUCIONAL-AGRARIO
Carátula: LUCERO, MARCELINO PEDRO c/ COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE MARIA SUSANA LTDA. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-12-03

El recurso intentado resulta inadmisible, pues pese al esfuerzo argumentativo del compareciente y no obstante el matiz constitucional que pretende otorgarle, sólo denota el desacuerdo con el criterio con que el Tribunal analizó los hechos según las constancias de autos y valoró las pruebas, entendiendo -en consonancia con lo concluido por el juez de grado- que habiendo reconocido ambos contendientes que existió una vinculación laboral regida por la ley 22248, el onus probandi sobre las características de tal prestación recae sobre el empleador, quien logró demostrar el carácter de "no permanente" de la prestación de servicios por parte del actor, a lo que agrega el hecho evidente de que ésta no aparece como efectuada en forma ocasional, no pudiéndose obviar que de los recibos de sueldo acompañados se desprende fácilmente que prestó servicios por un período de catorce años, lo que también fue confirmado por las testimoniales, lo que no ha sido controvertido con necesaria eficacia (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).
Derechos y garantías constitucionales, hábeas data, defensa del consumidor, banco de datos personales
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Orlando  Mario  Raúl c/ Organicaci3/4n  Veraz S.A. s/ Hábeas Data(Art. 43 CN).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-20

La ley de protección de los datos personales o habeas data tiene por objeto, entre otros, garantizar el acceso a la información que se registre sobre las personas, de conformidad con lo establecido en el art. 43, tercer párrafo, Constitución Nacional (conf. art. 1 de dicha ley). El contenido del derecho aludido está dado por el acceso a los 'datos' cuyo conocimiento hace al objeto de la garantía del habeas data (conf. CS.; doctrina de fallos: 321:2767). Y dicho objeto es precisamente lo que la disposición contenida en el art. 15, inc. 1, ley 25.326 tiende a concretar (conf. Quiroga Lavié, H., "Habeas Data", p. 101). En efecto, la utilización de códigos en la información suministrada al titular de los datos es susceptible de provocar a éste indudables dificultades -quizás hasta un grado insalvable- a la hora de la lectura y comprensión de la información cuyo conocimiento pretende lograr. De este modo, la inteligencia que debe guiar la interpretación de la cláusula examinada es aquella que logre asegurar en la práctica el efectivo y eficaz acceso a la información sobre él registrada por parte del titular de los datos (art. 14, inc. 1, ley 25.326. Es criterio que inspira el art. 4, ley 24.240 -de Defensa del Consumidor-). En tales condiciones la eventual existencia de explicaciones que acompañen la información -la norma prevé "en su caso", es decir cuando la naturaleza de los datos así lo imponga- no exime al responsable del archivo de cumplir legalmente con su obligación (art. 14, inc. 2), esto es la eliminación de los sistemas de codificación frente al requerimiento del titular de los datos.

Es el acceso real a una información clara y simple lo que, en definitiva, permitirá el pleno ejercicio del derecho de rectificación, actualización o supresión (art. 16, inc. 1, ley 25.326).