marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, individualización del demandado, notificación en el domicilio
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Lisandro de la Torre 792 c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ejecución fiscal. Buenos Aires s/ Ejecución fiscal.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-23

El artículo 269 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario enumera entre los requisitos de la demanda la "mención de la parte demandada y su domicilio o sede".

Sostuvo Palacio -al examinar el requisito previsto en el artículo 330 inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sustancialmente análogo al examinado en el caso- que es suficiente que la persona demandada sea susceptible de identificación de acuerdo con las circunstancias que el actor suministre a su respecto. De ahí que, por ejemplo, no adolezca de deficiencias el escrito que menciona al demandado como sucesor de determinada persona o como propietario de cierto inmueble, siempre, desde luego, que resulte correcto el domicilio en el cual se practica la notificación del traslado de la demanda. Del Voto de los Dres. Inés M. Weinberg de Roca y Carlos F. Balbín.
Improcedencia del recurso, sentencia no firme, impugnabilidad objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Lagomarsino, Diego Ángel c/  s/ recurso de casación reg. 1087
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-24

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa contra la decisión de la Cámara de Apelaciones, que confirmó el rechazo del pedido de nulidad del dictamen fiscal solicitada por el recurrente toda vez que la decisión recurrida en casación, no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el Tribunal a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo.(Dres. Borinsky y Hornos).
Declaración de incompetencia, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de cese de prisión solicitada por el Dr. Juan Angel Cabezas Hametti a favor de C., H. E. en Expte. Ppal. Nº 16/16 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-09

Cabe declarar la incompetencia de la Cámara de Casación habilitada, conforme lo preceptuado por el art. 446 del Código Procesal Penal, pues la interposición del recurso según lo dispone el art. 443, tiene efecto suspensivo implicando que la resolución no puede ser ejecutada y ninguna de las partes cambia su situación procesal, por lo que al no encontrarse firme la sentencia dictada por el a quo -la detención que viene cumpliendo el imputado es la prisión preventiva-, resulta más que claro que la competencia de este Tribunal se ciñe a los agravios esgrimidos en oportunidad de la presentación del recurso, no pudiendo tratar otros motivos que no fueran los planteados en dicha ocasión.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, domicilio, allanamiento, prueba, competencia federal, tribunal de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Torres, Oscar Claudio y Rasuk, Eduardo Marcelo s/ ley 20.771 -Causa Nx 37.252-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-19

Si la juez de faltas no expresó las razones por las cuales consideró procedente la penetración en el domicilio, ni se remitió a ningún elemento objetivo de la causa (que pudiera fundar una mínima sospecha razonable de que en el lugar podrían encontrarse elementos que probasen la comisión de una infracción penal); ni la orden de allanamiento ni los objetos que fueron secuestrados en virtud de ella pudieron ser tenidos en cuenta para la iniciación de un proceso por el juez federal.

A0020236
Empleados públicos, transferencia del personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVILA LUCIO ARCANGEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y CONSEJO GENERALDE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

Es ilegítimo y arbitrario el traslado de un Rector Interino que afecta su función docente sin que el sumario administrativo al que fuera sometido esté terminado, no asignanándole tareas acordes a su jerarquía adquirida por concurso, y realizado mediante una resolución carente de motivación suficiente, sin establecerce los alcances de la medida al consignarse la expresión: "hasta nueva disposición", sin cita alguna que lo legitime.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Materia: PROCESAL
Carátula: MALLEA, JOSE FORTUNATO s/ SUCESORIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-06-20

Las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas son irrecurribles, excepto en lo que se refiere a los plazos de ofrecimiento y producción de la totalidad de las pruebas y la resolución que no hace lugar a la producción de la totalidad de la prueba.
Recurso extraordinario, gravedad institucional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Theaux de D`Intino, Clara c/ Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-08-15

La "gravedad institucional" es una calificación de por sí imprecisa, pues la aceptación de su existencia está determinado por circunstancias que además de cambiantes son difíciles de evaluar con criterios exclusivamente objetivos.

No se configura la hipótesis de "gravedad institucional" si el litigio no trasciende el interés personal de las partes, o bien, no compromete principios de orden social ni se proyecta sobre la buena marcha de las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno.

Resulta improcedente la causal de gravedad institucional si el recurrente no efectúa un serio y concreto razonamiento, a través del cual procure demostrar de manera indubitable la concurrencia de tal circunstancia. La intervención del máximo Tribunal de la Nación no debe tener otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte.
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Gatti, Rubén s/ Apremios ilegales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-15

Aún cuando la técnica del fallo pueda resultar objetable no es menos cierto que constituiría un evidente exceso ritual anularlo por infracción al art. 171 de la Constitución provincial por el solo hecho de no seguir la secuencia habitual de los pronunciamientos, desde que el "a quo" en rigor aborda los aspectos cuestionados por la defensa al desarrollar el capítulo que titula como relativo a la autoría responsable del procesado en un ilícito -apremios ilegales- en el cual determinados aspectos de la materialidad resultan inescindiblemente ligados con la actividad desplegada. Tal tratamiento conjunto -aunque desaconsejable- no está prohibido por la ley ni podría acarrear en el caso las consecuencias invalidantes pretendidas.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Price M. c/ Empresa Línea 276 s/ Daños Y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-26

Además de la independencia del daño en virtud de sus condición resarcitoria, ha de tenerse en cuenta que la mayor edad de las víctimas puede ser un agravamiento. Así, a mayor edad más intenso es el sufrimiento o alteración disvaliosa de los estados de ánimo, mientras que los más jóvenes tienen mayor capacidad de reacción.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Barbeito Horacio Alberto s/ Ejecución Prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-08-16

En principio las sentencias dictadas en juicios ejecutivo no son definitivas y por tanto devienen inabordables en casación. No obstante ello, cabe otorgar dicho carácter al veredicto impugnado toda vez que al decidir sobre la interpretación de la normativa de la legislación de Prenda con Registro, ha concluído el debate sobre esta cuestión, la que no podrá ser replanteada en este u otro juicio y atento a la irreparabilidad del perjuicio que la decisión provoca para quien recurre,que como consecuencia de dicha interpretación se deja firme un privilegio contra la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, y que la demandada solicitó la apertura de su concurso preventivo.
Proceso penal, conmutación de penas
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Jorge Abel s/ Planteamiento sobre el caso de Videla en Miraflores
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-11-19

Ante la conmutación de pena solicitada por el interno R. ante la Secretaria General de la Gobernación, se requiere el informe respectivo de esta Corte de Justicia, conforme lo manda la Constitución Provincial. En el art. 149 se establecen las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8º).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, a las modalidades del hecho delictivo y la personalidad del condenado, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

En el presente, el Juzgado de Ejecución Penal informó que R. fue condenado a la pena de prisión perpetua. Podrá acceder al beneficio de salida laboral y/ o salidas transitorias a partir del día 21/06/2022 y a la libertad condicional a partir del 21/11/2040. Se encuentra detenido desde el día 21/10/2005 y alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según lo plasmado en la Planilla de Antecedentes, el interno R. llevaba cumplidos seis años, diez meses y ocho días de la condena -al 22/08/2012-; no posee ninguna rebaja ni beneficio; posee conducta y concepto ejemplares.

Como reiteradamente se sostiene, las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley Nº 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

El tratamiento programado y particularizado a implementarse en la institución penitenciaria procurará, siempre con el control del Juez de Ejecución, la resocialización del interno, respetando el cumplimiento de normas constitucionales y tratados internacionales, en cuanto prevén que "toda pena privativa de libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación de los condenados (art. 5to, inciso 6to de la CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10 inciso 3ro del PIDCP)".	Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A., E.A. s/ Querella
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-03-03

"La inobservancia y la errónea aplicación de la ley sustantiva requieren, por un lado, que el Tribunal de Casación, para juzgar si existe inobservancia o errónea aplicación de la ley, se atenga a los hechos del proceso definitivamente fijados por el Tribunal de Juicio -...-. La alteración o la discusión de los hechos de la causa fijados por el Tribunal de juicio, vuelve inadmisible -o formalmente improcedente- el recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva."
Resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: LABORAL
Carátula: Chamorro, Victoriano c/ SOMISA s/ Indemnización por incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-16

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo en cuanto declara improcedente el pedido de regulación de los letrados de la actora por trabajos en sede administrativa, reviste carácter definitivo en los términos del art. 296 del Código Procesal Civil y Comercial.

(Minoría u opinión personal)
Trabajadores de la construcción, categoría laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: MUÑOZ, HORACIO ALBERTO. c/ TIEMROTH, VICTOR MARCELO. s/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-23

Cabe rechazar la categoría laboral invocada por el trabajador de oficial de la construcción, pues de la causa no hay elementos de prueba suficiente que persuadan tal reconocimiento. En primer lugar, la documentación adjuntada (recibo de haberes y libro de hojas móviles) indican que la categoría de revista del actor era la de ayudante y por otra parte, no se encuentra fuerza convictiva en los testimonios rendidos a fin de modificar la categoría que obra en la documentación indicada.
Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ekmekdjian, Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Al Pacto de San José de Costa Rica le resulta aplicable la presunción de operatividad de sus normas, sin necesidad de disposición legislativa alguna.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, poder de policía, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ, RUBEN DARIO c/ PREFECTURA NAVAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-24

Tiene decidido la Corte Suprema que la realización de las actividades requeridas para el correcto desempeño de las funciones estatales atinentes al poder de policía, para el resguardo de la vida, la salud, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes, si bien es lícita, no impide la responsabilidad del Estado si con aquéllas se priva a un tercero de su propiedad o se lesiona sus atributos. En otras palabras que, sin el cumplimiento del deber primario de aquél de velar por la seguridad de las personas y la preservación de los aludidos bienes, se crea un riesgo serio y dicho riesgo se concreta en un daño, es justo que sea toda la comunidad, en cuyo beneficio se encuentra organizado el servicio de las armas, la que contribuya a su reparación; y el criterio de que el Estado resulta responsable por los daños que causa su accionar, aún lícito, puede considerarse generalizado en la actualidad, siendo su responsabilidad directa y no refleja (cfr. CS, doctrina de Fallos: 253:316; 258:345; 259:398;

274:432; 301:404; 306:2080; 310:1826; Causa "Lozano Gómez c/Provincia de Buenos Aires" del 7.2.95, entre otras; esta Sala, Causas 4978 del 21.7.78; 566 del 26.11.81; 3846 del 19.11.85; 6022 del 26.8.88; etc.; Marienhoff, M. S., "Tratado de Derecho Administrativo" de 1973, T. IV, N. 1636 y siguientes; y "Responsabilidad Extracontractual del Estado por las Consecuencias Dañosas de su Actividad Lícita", en LL, supl. diario del 16.11.93).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, cuestión abstracta, prisión preventiva, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OCHOA, LEANDRO FEDERICO c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-20

El Máximo Tribunal nacional ha asignado fundamental trascendencia a la efectiva comprobación de que la actualidad del interés se conserve, sobre todo en consideración a las transformaciones fácticas que pueden operar sobre la realidad, control que el Sentenciante está llamado a realizar aun de oficio. En esa línea de análisis, con posterioridad al fallo emitido por esta Corte, conforme surge del Sistema Informático de la Oficina de Gestión Judicial, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces condenó al recurrente como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego a la pena de prisión perpetua, con más las accesorias legales de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. De ese modo, habiendo variado las circunstancias existentes al momento del dictado de la resolución emitida por esta Corte, los agravios vertidos por su defensa técnica respecto a la alegada vulneración al plazo razonable por la prisión preventiva que estaba cumpliendo, se han disipado, puesto que su actual privación de libertad no es consecuencia de la cuestionada prórroga de la prisión preventiva oportunamente dispuesta, y por ende, el caso aparece estrictamente abstracto, careciendo la impugnante de interés jurídico actual en el mantenimiento del recurso extraordinario interp esto.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, pequeños contribuyentes, regulación de honorarios, ley arancelaria
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: Valera, Cecilia Laura S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA Contra Orman Moisés Sobre Ejecución Fiscal - ABL - Pequeños Contribuyentes c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-12

Si en el marco de una regulación de honorarios, para justificar el apartamiento del mínimo legal establecido en la ley arancelaria la Cámara invocó el art. 730 del Código Civil y Comercial -y consecuentemente fijó los emolumentos de los letrados de la parte vencedora en un 25 % del monto de la demanda-, la sentencia debe ser revocada. Ello así en tanto el artículo 730 del Código Civil y Comercial no es aplicable para la regulación de honorarios por debajo del mínimo. Ello, debido a que todo indica que busca poner un techo a la responsabilidad por costas que puede ser impuesta al vencido, cuando éstas son calculadas en función de la suma establecida en la sentencia, y no perforar el piso que las leyes locales fijan, en defensa de la abogacía, cuando el monto de la sentencia no es tomado en consideración como base para la regulación, por no ser representativo del trabajo desarrollado (de conformidad con mi voto in re "VALERA, CECILIA LAURA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA CONTRA MAZALOSA SA SOBRE EJECUCIÓN FISCAL - RADICACIÓN DE VEHÍCULOS" expediente n° 50080/2019-1, sentencia del 12/10/2022). (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Honorarios, base regulatoria, ley arancelaria, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Romero, Emilio Daniel c/ Prisma Medios de Pago SA y otros s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-14

Por disposición de la ley 27423 correspondería aplicar al perito en informática el art. 25-c) para fijar sus honorarios profesionales, tomando como base regulatoria el monto demandado con actualización e intereses, siendo inoponible el acuerdo al perito que no intervino en el mismo. Sin embargo, el decreto 1077/17 -de promulgación de la ley arancelaria vigente- observó dicho artículo, lo que conlleva a una falta de norma concreta, en la materia a los efectos regulatorios. En consecuencia, y a fin de fijar la retribución de los mismos la Sala mantendrá el criterio que venía sosteniendo respecto a la base regulatoria, con la aplicación, en este caso, de la ley 27423: 61. El criterio de este tribunal, bajo la normativa de la ley 24432 era que la transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios aun a profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo (v. esta Sala "Sanatorio Otamendi y Miroli SA", del 24/04/07), ello en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia (v. "Coronel Martín Fernando c/ Villafañe Carlos Agustín y Universidad Nacional de Tucumán", del 11/04/06). Solamente cabe apartarse de esta regla frente a un contexto de palmaria desproporción entre el monto de la acción y el de la transacción que provoque una presunción de que el acuerdo fuera fraudulento o destinado a burlar los intereses de los profesionales (v. esta Sala, "Industrias Termoplásticas Rider SRL c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA y otro s/ ordinario", del 18/11/09, íd. "Monsanto Argentina SAIC c/ Escarpatri SA s/ Ordinario", del 29/06/12). Pero ello no se presenta en el sub lite, ni fue invocado por el recurrente.
Asistencia y salvamento, salario de asistencia y salvamento
Materia: NAVEGACION
Carátula: Salvemini Donato y otro c/ Bq. "D" Zukita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-12

Se puede aceptar que en el momento mismo de la varadura se originara un cierto desorden y desconcierto en la tripulación, pero lo que importa es que al momento de pedir la ayuda, esta se requirió como una forma de remolque y sin alterar su trámite propio, pues si el caso hubiera ofrecido los ribetes de una situación peligrosa, el patrón del remolcador no habría supeditado su ayuda a la previa consulta de la empresa armadora, sino que la habría prestado inmediatamente para socorrer a quien se encontraba en una situación comprometida.
Beneficios previsionales, divorcio, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palermo, Odosinda Haydee c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: E. Urquiaga s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-16

La prestación alimentaria y el derecho de asistencia no cesan por la disolución del vínculo matrimonial del que derivan, sino por la eventual producción de algunos de los supuestos previstos legalmente; de modo tal que no cabe distinguir, para negar el derecho de pensión, entre el divorcio vincular y aquel otro decretado en base a las disposiciones del art. 67 bis de la ley 2393 que permitía a la viuda a obtener el citado beneficio cuando hubiese efectuado reserva alimentaria.
Encubrimiento real con receptación, donación
Materia: PENAL
Carátula: ORTIZ, N. s/ ENCUBRIMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-13

El accionar de la procesada que recibió en carácter de DONACION, parte del dinero obtenido con la venta de dólares que una amiga había sustraído en el domicilio de su ex-empleador, no configura el delito de encubrimiento, pues para que se de este delito, la receptación debe recaer directamente sobre los bienes objeto del delito, sin encontrarse comprendidos los efectos sustituidos;

debiéndose tener especialmente en cuenta que el delito mencionado constituye una infracción contra la administración de justicia.
Honorarios del perito, perito traductor, regulación de honorarios, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Marchetti, S. s/ Reg. de honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Para la regulación de honorarios de los peritos traductores debe estarse a lo dispuesto en la Ley 20.305.

Las tarifas elaboradas según extensión del trabajo e idioma o documento traducido resultan meras pautas orientadoras, máxime cuando en la actualidad dicha actividad está desregulada.
Recurso de casación penal, cuestiones de hecho y prueba, in dubio pro reo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CORNEJO, ADRIANO s/ ROBO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO S/ CASACION LLANQUINAO, RAMON MARCELO s/ ROBO POR ESCALAMIENTO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-08-04|1993-08-04

El principio "in dubio pro reo" al constituir una regla procesal atinente a la comprobación del delito y a la participación del imputado, corresponde en la crítica apreciación, al juicio de la libre convicción del tribunal en la valoración de las pruebas, por lo que se encuentra excluido del control de casación.-