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Cheque sin fondos, interpelación, plazo, convocatoria de acreedores
Materia: PENAL
Carátula: ASTARIZ, LILIANA MARIA s/ Cheque sin fondos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

1- Para que se produzcan los efectos establecidos en el art. 302 inc. 1), última parte, del Código Penal, el tenedor de un cheque debe formular la interpelación documentada dentro de los plazos previstos en el art. 25 de decr. ley 4776/63 (Cf. WALAS, Valentín s/302 del CP, del 28/11/68, ED 26:36), término que empezará a correr desde la fecha insertada en el cartular (Cf. HIDALGO DEL CASTILLO s/302 del CP del 20/12/68 ED 26:52). El requisito se refiere -obviamente-al acto de la interpelación, no a las diligencias preparatorias.- 2- La presentación en convocatoria del librador de cheques sin provisión de fondos concretada con posterioridad a la emisión de los mismos, en modo alguno lo exime de cumplir con el deber legal de pago emergente de aquella interpelación documentada, toda vez que si conforme lo preceptuado por el art. 34 inc. 6) del decr.ley 4776/63, el banco girado está obligado a pagar los cheques emitidos con anterioridad a la declaración de quiebra, idéntica obligación pesa sobre el librador, cuando no habiendo sido satisfechos sus importes por falta de cobertura, le son reclamados en el tiempo y forma prevista por la norma a cuya luz se analizan las conductas de autos- art. 302 inc. 1 del CP-(Cf. Bergel, Salvador Darío, "Convocatoria de acreedores y delito de cheque sin provisión de fondos", ED del día 24/10/70 y Sala 3, Reg. 356/84, 295/88 y Sala 2, Reg. 102/87).
Menores, graduación de la pena, condiciones personales
Materia: PENAL
Carátula: P. S., O. E. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-07

La posibilidad que la ley le otorga al juez de aplicación de una pena reducida o la no imposición de pena a un menor de entre 16 y 18 años, no puede ser interpretada como una regla que determine que la pena máxima a imponer a los menores sea la contenida en el art. 44 del CP. En el caso la necesidad de pena constituyó el resultado de un análisis integral y conglobado de la situación concreta del menor, sus actitudes dentro de las instituciones en las que estuvo alojado durante el período que duró el tratamiento tutelar antes de obtener la libertad y durante el transcurso de ésta, del que se ha observado una palmaria falta de colaboración, la conflictiva situación familiar desde temprana edad, la falta de adquisición de hábitos laborales, la falta de concurrencia a las entrevistas con el equipo interdisciplinario, a lo que se adunó la gravedad del hecho que se le imputó, por lo que la aplicación de la pena que excede en apenas dos meses del mínimo legal, dadas las particulares circunstancias del caso, no aparece en modo alguno irrazonable. El voto concurrente agregó que la reducción de la escala punitiva prevista por el art. 4 de la ley 22.278 resulta obligatoria. (Dres. Hornos, Diez Ojeda -según su voto-y González Palazzo).
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Duckart, María y ots. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios e inc. de presc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-27

Establece el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial.

Teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, es que se ha interpretado la norma con criterio restrictivo, favorable al recurrente, en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 del CPCC). Sobre la base de lo precedentemente establecido y analizando el contenido del escrito de fundamentación del recurso de la actora, corresponde desestimar el pedido formulado por la demandada en tanto cuestiona la suficiencia de los agravios expuestos por la contraria (art. 260 del CPCC).
Medidas cautelares, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GUZMÁN LUCIA A. C c/ PRETEL, FRANCISCO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-28

Ha sostenido el Máximo Tribunal Nacional: El régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser examinado con particular estrictez, pues la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos por la ley es condición indispensable para el funcionamiento regular del Estado, y son improcedentes las medidas cautelares decretadas contra la Dirección General Impositiva, en tanto obsta a la configuración del peligro en la demora exigido por el art. 230 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación la circunstancia de que la materia que se encuentra en discusión es de estricto carácter patrimonial y nada impide que el contribuyente pueda obtener del Estado el reintegro de las sumas que eventualmente resultare obligado a desembolsar (Cfr. CS Fallos 321-I- p. 695/696).
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Uberman, Felisa c/ Escuela Hebrea Integral D.E.N.O. número 1091 s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Apreciar los efectos de la confesión ficta es cuestión de hecho, desde que al absolvente se lo tendrá por confeso teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la causa, lo que permite un amplio margen de discrecionalidad.
Medidas cautelares, conflicto de poderes, licitación pública
Materia: PROCESAL
Carátula: Presidente Del Honorable Concejo Deliberante De Puerto San Julian -Sr. Christian Rodríguez Gasset- c/ Departamento Ejecutivo Municipal De Puerto San Julián s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-18

Corresponde rechazar una medida cautelar planteada por el concejo deliberante municipal, en el marco de una acción contencioso-administrativa de conflicto de poderes, tendiente a que se ordene la suspensión del llamado a licitación pública dispuesto por el ejecutivo local, pues de los elementos probatorios aportados por el demandante puede advertirse, "prima facie", que las argumentaciones aparecen desposeídas de la presunción de verosimilitud suficiente como para enervar los efectos de la medida cuya anulación se persigue.
Intervención de terceros, litisconsorcio pasivo
Materia: PROCESAL
Carátula: BUITRAGO, JOSE MARIA c/ CONS. PROP. DR. LUIS AGOTE 2388 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-17

Si la intervención del tercero fue requerida por el propio actor en el escrito de demanda, solicitando su eventual condena en forma solidaria con el Consorcio de Propietarios demandado, se está frente a un litisconsorcio pasivo necesario, desde que en esta hipótesis el tercero asume el carácter de parte con las mismas atribuciones que ellas tienen dentro del proceso y en los términos de los arts. 90, inc. 2, y 91, párrafo 2, del Código Procesal. Se trata de una situación de excepción en que el tercero se convierte en parte principal en la que la sentencia lo afecta en igual medida que a ésta.
Pena, ejecución de la pena, individualización de la pena, graduación de la pena, falta de fundamentación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lugones, Ignacio Ezequiel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-04

Las expresiones genéricas utilizadas por el Juez de Ejecución para reducir la pena impuesta al imputado no satisfacen el requisito de motivación, y ello así por cuanto se ha limitado a enunciar circunstancias generales cuya aplicación al caso concreto no especifica y que por lo tanto resultan insuficientes para tener un acabado conocimiento de los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la sanción del modo en que se lo hizo. El voto concurrente agregó que se debió considerar los efectos que la nueva pena tendrá en función del principio de resocialización respecto a la sanción que ya se encuentra cumpliendo y que corresponde devolver los actuados para que se dicte una nueva resolución, previa intervención de las partes a fin de que se expidan sobre el monto de pena a imponer. (Dres. Riggi, Ledesma -por su voto-, Tragant).
Costas, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: BLANCO ROBERTO R. SCIGLINO JUAN Y RUTIGLIANI ANA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-20

La Suprema Corte de Justicia Provincial siguiendo el pensamiento chiovendano consagra la teoría objetiva de la condena en costas, atribuyendo a estas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar, para obtener el reconocimiento de su pretensión jurídica (Chiovenda, La condena en costas, Madrid, 1928, p. 232).
Competencia contencioso administrativa, ejecución de sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ, Marta Alicia s/ Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-05-17

Que este Superior Tribunal, siguiendo el criterio sostenido por el señor Procurador General, se ha pronunciado en autos "Bco. Río de la Plata S.A. c/ Provincia de La Pampa y/o quien resulte responsable s/ demanda contencioso administrativa", expte. 318/98, letra d.o., reg. Sala A, S.T.J.

Allí se sostuvo que no es esta instancia competente para entender en trámites de ejecución de sentencia, fuera de aquellos supuestos que expresamente consigna la Ley 952 (arts. 58 y siguientes) y que se compadece con la materia cuyo conocimiento asigna la Constitución Provincial, no resultando de aplicación lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial, cuyas normas son supletoriamente válidas y aplicables en tanto no se "desvirtúe o contradiga las decisiones del presente." (art. 71 C.P.C.A.).-
Sobreseimiento, prescripción
Materia: PENAL
Carátula: R.H.R. s/ DEFRAUDACION POR ABUSO DE CONFIANZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-10-25

Sin perjuicio de las fundadas razones esgrimidas por el celoso defensor y sin entrar a ponderar la particularidad de este alongado proceso, donde finalmente ha quedado incriminado el último eslabón de la escala de mando de los cuadros que se habían visto involucrados, lo cierto es que si nos detenemos en la fecha en que habría ocurrido el hecho -13/09/96- conforme surge de la intimación en la indagatoria y de la descripción del objeto procesal del auto puesto en crisis, debemos convenir que la acción penal está prescripta. Que ello es así toda vez que a la fecha han transcurrido más de seis años desde aquella acción que se imputaba al procesado. Por lo que, atendiendo entonces a la pena máxima que el tipo penal le otorga y a las previsiones del art. 62 inc. 2º del Cód. Penal, sólo cabe proceder conforme lo prevé el art. 335 inc. 1º del C.P.P. y disponer el sobreseimiento del imputado.
Intereses, tasa activa, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Argentino c/ Bustamante s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Algunos autores ven en la aplicación de la tasa que financieramente se la conoce como "tasa activa", un intento para que el acreedor insatisfecho pueda procurarse -de un tercero- un mutuo de igual cantidad a la que debió recibir del deudor en su momento, con lo que el perjuicio sufrido se circunscribiría a los intereses que tuviera que pagar por el préstamo obtenido. Pero a no dudar que esta tasa no sólo está integrada por la renta sino que también se ve alcanzada por la depreciación monetaria siempre ocurrida y, por el exagerado costo generado por la intermediación financiera así como por el factor impositivo.
Imputado, defensor, defensa en juicio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ASTUDILLO, DOMINGO NARCISO s/ IMPUTADO - DEFENSOR - DERECHO DE DEFENSA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1959-04-24

Es un derecho autónomo, en cuanto proclama que es totalmente independiente de la voluntad del propio imputado: es el letrado quien resuelve por sí, al margen de la opinión del afectado a su asistencia, si corresponde o no estar presente en el acto de interrogar.

En todos los casos, sin excepción, no sólo la asistencia letrada sino también posibilidad concreta de la presencia efectiva de esa asistencia en cualquier interrogatorio que no sea el de identificación. Va de suyo que la naturaleza de este derecho impone al juez la obligación de resolver la suspensión del interrogatorio a que se refiere el art. 247 C.P.P., si en esa ocasión manifiesta el imputado su decisión de nombrar defensor,hasta tanto el abogado sea notificado de la designación y exprese si hará o no uso de su derecho a estar presente en la indagatoria.

Aunque la observancia de esta conducta dificultaría, especialmente, en los medios rurales de nuestra provincia, la celeridad de ciertos actos procesales, ese problema debe tener remedios, ya que el sacrificio de una garantía procesal de orden constitucional, no tiene por qué declinar a medida que la investigación de los delitos se elija de los centros judiciales.-
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: BARRESI, JORGE OSMAR s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS Barresi, Jorge Osmar s/ Homicidio y lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21|1995-12-21

"Si transitaba con su vehículo por el centro de la calle invadiendo levemente la contramano, como hemos concluido, su conducta resulta violatoria de las reglas de conducción de los automotores que emergen de los artículos 66 y 70 del Código de Tránsito ( Ley N° 5.800 vigente en el momento del hecho ), que señalaban que debía ceñirse estrictamente a la derecha, en especial cuando se producía el cruce con otro vehículo o cuando por los lugares en que se transita, podía ello acontecer"
Contrato de obra pública, trabajos adicionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CACIC S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Inst. Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

Si bien la contratista renunció por convenio a reclamar adicionales sobre los trabajos originalmente contratados, tal renuncia no puede extenderse genéricamente a aquellos adicionales sobre trabajos no contenidos en los Pliegos y Bases y Condiciones de la Obra, pues la intención de renunciar no se presume (art. 874, C.Civil).
Acumulación de acciones, juicio de desalojo, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cascio, Luis Jose c/ Stella Walter Dario Y Otros s/ Desalojo (Excepto Por Falta De Pago)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Es improcedente la acumulación en el proceso especial de desalojo de la pretensión de daños y perjuicios por la retención indebida de la cosa, pues mientras ésta última es una acción sobre responsabilidad contractual, que sólo puede ventilarse por el carril que contempla el principio genérico del juicio ordinario; el desalojo remite a las reglas propias de los procesos plenarios abreviados, entendiendo además que tal acumulación no sólo esta en pugna con uno de los presupuestos liminares de la acumulación objetiva, a saber, que las mismas puedan sustanciarse por los mismos trámites -art. 87, in. 3, Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires- sino con la naturaleza especial del proceso de desalojo que margina que un juicio de este tipo puedan anidarse otras litis.
Medidas autosatisfactivas, publicación o reproducción de ofensas, redes sociales, libertad de prensa, libertad de expresión, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P. R. R. L. c/ Facebook Argentina SRL y otro s/ medida autosatisfactiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-07-06

Corresponde rechazar la medida autosatisfactiva solicitada por el actor, consistente en que la demandada se abstenga de efectuar publicaciones en redes sociales que pudieran resultar lesivas a sus derechos personalísimos, dado que la pretensión de evitar publicaciones futuras que eventualmente pudieran afectar los derechos del peticionario, no resulta admisible, puesto que la determinación del carácter lesivo de la publicación entraña una valoración de su contenido y además implica una restricción general y para el futuro, que podría comprometer la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas, derecho garantizado por la Constitución Nacional y por la Ley 26.032, y, además, resulta incompatible con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios", del 28/10/2014.
Responsabilidad del funcionario público, responsabilidad civil, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Tramite personal -denuncia -Aires Jorge Carlos s/ denuncia contra oficial notificador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-20

La responsabilidad civil de los agentes públicos se produce cuando cierta actividad de ellos ocasiona un daño, sea a los administrados, a otros funcionarios o al propio Estado, supuesto específicamente contemplado en el art. 1112 del Código Civil.
Competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, sentencia arbitraria, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Waroquiers, Juan Pedro y otros s/ medidas cautelares, incidentes de apelación del art. 250 CPCC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Si bien incumbe exclusivamente a la Corte juzgar sobre la existencia o no de un supuesto de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales llamados a dictar pronunciamientos de la naturaleza antes indicada, de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de conocida doctrina del Tribunal, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de la arbitrariedad (Disidencia del Dr.

Carlos S. Fayt).
Sucesiones, administrador de la herencia, designación del administrador de la herencia, terceros
Materia: CIVIL
Carátula: MALENKY LEON s/ SUCESION (ADMINISTRACION)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-02

La designación de administrador en un juicio sucesorio debe recaer sobre uno de los herederos y con preferencia el cónyuge supérstite. Sólo excepcionalmente, cuando median motivos serios que hagan inconveniente la designación de aquéllos, puede acudirse a un tercero para ejercer dichas funciones.

La existencia de un juicio de colación y las imputaciones que en él se hacen justifican designar a un tercero debido a los intereses contrapuestos y serias discrepancias que pueden producir conflictos entre ellos.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, tareas de vigilancia, Telefónica de Argentina
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Jorge Daniel c/ DUQUE SEGURIDAD S.A. y otros s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-18

El concepto central sobre el que gira el dispositivo del art. 30 de la L.C.T., es el de establecimiento, unidad técnica o de ejecución de la realización del proceso productivo -en sentido amplio, comprensivo de la elaboración de bienes y de la prestación de servicios-, que constituye el objeto de la empresa (artículo 6to. L.C.T.). Es esta unidad el objeto de la transferencia o cesión; son los trabajos que en ella se realizan o los servicios que en ella se prestan los susceptibles de contratación o subcontratación. En el marco de una demanda contra una empresa de seguridad, el presupuesto de la extensión de responsabilidad a Telefónica de Argentina S.A. como codemandada, sería la caracterización de ésta como empresa de seguridad privada, que es el objeto de la explotación de la demandada Duque Seguridad S.A.. El actor afirma que cumplía tareas relacionadas con la vigilancia; lo que implica diversidad de objetos entre ambas demandadas. La mera circunstancia de que Telefónica de Argentina S.A. haya decidido, discrecionalmente, contratar los servicios de una empresa de seguridad privada, -decisión plenamente lícita, ya que no es una empresa de seguridad-, obsta a la tesis de que habría contratado con los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del propio establecimiento.
Impugnación de la pericia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M. M. y C. SRL c/ M.M.SA y Otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-25

La falta de impugnación u observación del dictamen pericial al momento de contestar el traslado conferido, impide por extemporánea la observación efectuada en el recurso de apelación.
Locación de inmuebles, obligaciones en moneda extranjera, medidas cautelares, reajuste de alquileres, teoría de la imprevisión, depreciación monetaria, emergencia sanitaria, coronavirus, hecho notorio
Materia: CIVIL
Carátula: Hospital Británico de Buenos Aires c/ Zicarelli Group S.A. s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-08

Cabe destacar que al tiempo de celebrar el contrato de locación pactado en moneda extranjera no era previsible un desequilibrio tan severo en la prestación, al no poder presagiar la devaluación de nuestra moneda nacional en relación con el dólar estadounidense, en razón de las abruptas subas que acaecieron desde la firma del contrato; como así también la grave incidencia y alteraciones que provocado la pandemia del Covid -19 en las relaciones contractuales, que constituyen circunstancias que no puede ser ignoradas, dada su categoría de hechos notorios.
Extinción de la acción penal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: L., J. A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- TENTATIVA DE ESTAFA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 396 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-18

La extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente, de tal suerte que debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa, en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo y corre y se opera en relación a cada delito aun cuando exista concurso de ellos.
Régimen jubilatorio, jubilación de magistrados, secretario de gobernación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOMBARDICH, LORENZO JOSE s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-31

El decreto 470/75 que extiende los beneficios del régimen previsional para magistrados y funcionarios judiciales a los ministros, secretarios de estado y subsecretarios mencionados en el artículo 21 de la ley 20524, no alcanza al secretario de una gobernación, entidad política de rango inferior en nuestro régimen institucional.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, recurso de apelación (procesal), deserción del recurso, expresión de agravios, fundamentación insuficiente
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO DE PROPIETARIOS SARMIENTO 1401 ESQUINA URUGUAY 304 c/ BABBIANI, AROSTO s/ CONTRATO LOCACION DE OBRAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-04

La simple disconformidad o desistimiento con lo resuelto por el "a quo" sin fundamentar la oposición o sin dar las bases jurídicas no importa crítica concreta y razonada exigida a la expresión de agravios.
Síndico del concurso, remoción del síndico del concurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.I.R.A. S.R.L. s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-07-11

Resulta erróneo aplicar las sanciones contempladas en el art. 255 de la Ley 24.522 a quien se desempeñara como síndico de un concurso cuya conclusión se había declarado con anterioridad.