Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-14


En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Alejandro W.

Slokar, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el señor Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 14.182 caratulada: "Ortiz, Matías Fernando s/ recurso de casación", con la intervención del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara doctor Pedro Narvaiz, y de la doctora Graciela L. Galvan por la defensa del encartado.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Riggi y Slokar.

Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

PRIMERO:

Contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal n/ 8 que a fs. 154/155 no hizo lugar a la observación realizada al cómputo de pena a cumplir por Matías Fernando Ortiz, su defensa interpuso recurso de casación (fs. 158/164), que fue concedido a fs. 165 y mantenido a fs. 172.

REGISTRO n/: 1884/11 Puestos los autos en Secretaría por diez días a los fines dispuestos en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, y habiéndose celebrado la audiencia prevista por el art. 468 ibidem, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

La recurrente encarriló sus agravios en los términos del artículo 456 inciso 1/ Código Procesal Penal, argumentando que la errónea interpretación de los artículos 13 y 24 del Código Penal llevó a equivocar el cómputo de la pena impuesta al encausado.

Alegó que a tales efectos debió tomarse en cuenta el tiempo que Ortiz estuvo excarcelado en los términos del artículo 317 inciso 5/ del C.P.P.N., en el que se vio impedido de disponer libremente de sus acciones y estuvo sujeto a las obligaciones propias del mencionado instituto.

Agregó que en su defecto, debió incluirse en el mencionado cómputo el tiempo transcurrido desde la firmeza de la condena hasta la conversión de la excarcelación en libertad condicional.

Hizo reserva de caso federal.

TERCERO:

1- El 5 de febrero de 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal n/ 8 excarceló a Matías Fernando Ortiz en los términos del artículo 317 inciso 5/ del C.P.P.N. (cfr. fs. 148).

El 16 de febrero de 2011, el mencionado tribunal Cámara Nacional de Casación Penal condenó al mismo a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por el delito de robo agravado por el uso de arma cometido en grado de tentativa -arts. 42 y 166 inciso 2/ párrafo tercero del C.P.- (fs. 136/138).

El 8 de abril de 2011 se ordenó convertir en libertad condicional su excarcelación (fs. 143), lo que fue notificado mediante acta de estilo el 20 de abril del mismo año (fs. 147), y se practicó el cómputo de pena en el que se estableció el vecimiento de la misma para el 19 de agosto de 2013 (fs. 148).

2- Conforme he sostenido en reiteradas ocasiones, el tiempo transcurrido entre la concesión de la excarcelación y la fecha en la que recayó sentencia condenatoria no puede computarse por tratarse la mencionada medida cautelar de un instituto distinto al de la libertad condicional. El plazo que debe contabilizarse es sólo aquél en el que el encartado ha permanecido intramuros y no el que gozó de libertad (cfr. in re: "Rodríguez, Marcelo s/recurso de casación" -c/n/ 2063 reg.

N/ 2650, rta. el 17 de marzo de 1999-, "Olivera, María del Carmen s/recurso de casación" -c/n/ 5424, reg n/ 6991, rta. el 7 de septiembre de 2004- y "Albornoz, Rodolfo Miguel y Longo, Ariel José s/ recurso de casación" -c/n/ 5439, reg. n/ 7135, rta. el 28/10/2004-, todos ellos de la Sala I de la C.N.C.P.).

Sin embargo, ese mismo punto de partida como fundamento diferenciador de ambos institutos debe ser adecuado al caso de autos, en el que se aprecia una demora en el órgano jurisdiccional sobre el ajuste de la situación atinente a Matías Fernando Ortiz.

En efecto, la excarcelación de la que gozaba el nombrado no se correspondía con su estado de condenado. Lo pertienente era que al quedar firme el fallo condenatorio se convirtiera esa medida cuatelar en la apropiada para un condenado que no era otra que la libertad condicional.

Se impone al respecto el principio contenido en el artículo 2 del Código Procesal Penal en cuanto dispone que "Toda disposición legal que coarte la libertad personal [...] deberá ser interpretada restrictivamente.".

Según la interpretación que antecede, el cómputo efectuado a fs. 148 muestra una incorrección, pues debió tomarse como tiempo de cumplimiento de condena el transcurrido después del fallo firme.

La omisión de adecuar su excarcelación a la libertad condicional en el tiempo oportuno no puede operar en perjuicio del condenado.

Por consiguiente, ha de hacerse lugar al recurso de la defensa, sin costas, casar la resolución de fs. 154/155, y ordenar que se practique nuevo cómputo conforme a lo antes dicho.

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

Adherimos al voto emitido por la distinguida colega que lidera el presente acuerdo, ya que su postura resulta coincidente con la opinión que dieramos al votar en la causa n/ 5535 "Retamar, Alcides s/recurso de casación" reg. n/ 301/2005 rta. el 27 de abril de 2005, oportunidad en la que -al compartir los argumentos brindados por el doctor Tragant, voto Cámara Nacional de Casación Penal al cual adherimos- sostuvimos, en lo pertinente, -con expresa remisión a lo resuelto en los autos caratulados "Vino, Hugo Orlando s/recurso de casación", reg. 277/04 del 2/6/04- que "Si bien ambos [institutos -excarcelación y libertad condicional-] tienen una semejanza en cuanto a que orientan a la libertad del causante, se diferencian en cuanto a su naturaleza, son instituciones que no responden a los mismos principios ni tienen igual ámbito de aplicación. La primera, como medida contracautelar basada en el principio de economía procesal, sólo puede tener lugar cuando el proceso está en trámite y la sentencia condenatoria no se encuentra firme. La segunda, por ser una forma de cumplimiento de la pena privativa de libertad, presupone la existencia de una sentencia definitiva firme que la imponga y que se haya cumplido parte de la misma, pero su obtención depende además del estricto cumplimiento por el condenado, de ciertas condiciones enumeradas en el artículo 13 del Código Penal." Ello así, toda vez que "...no puede ser considerado como cumplimiento de pena, el tiempo en que el imputado estuvo excarcelado asimilando de esa manera el instituto de la excarcelación con la libertad condicional para los condenados -contemplada en el art. 13 del C.P.- habida cuenta que dicha equiparación resulta imposible precisamente en razón de la diferente naturaleza que tienen ambos institutos." No obstante ello, también coincidimos con la doctora Liliana Catucci en cuanto a que debió haberse computado como cumplimiento de la condena, el tiempo que transcurrió desde que el fallo adquirió firmeza.

Razón por la cual, la demora injustificada por parte del a quo en convertir la prisión preventiva de Ortiz en libertad condicional, no puede oponérsele a éste en su contra.

Por todo ello, proponemos que se haga lugar al recurso de la defensa, sin costas, y se case la resolución impugnada para que con arreglo a lo aquí sostenido se efectúe un nuevo cómputo.

Tal es nuestro voto.

El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

Sellada como se encuentra la suerte del recurso, considero que le asiste razón a la Defensa Pública aunque por motivos disímiles a los expuestos en los votos precedentes.

Como quedara expuesto en la reseña de agravios, el thema decidendum se ciñe a determinar si corresponde computar a tenor del art. 24 del Código Penal, el lapso que Matías Fernando Ortiz permaneció excarcelado en los términos del art.

317 inc. 5 del ritual.

Surge de la resolución recurrida que el imputado recuperó su libertad el 4 de febrero de 2011, previo a que el Tribunal dictara sentencia, mediante la que lo condenó a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haberlo considerado coautor de tentativa de robo en suspenso.

Ello fue posible pues el imputado había cumplido el requisito temporal previsto en el art. 13 del CP. (vid. fs. 154/155).

Mas allá del nomen iuris de los institutos que viabilizan la libertad de una persona y de su ubicación en Cámara Nacional de Casación Penal distintos cuerpos legales (excarcelación a tenor del art. 317 inc. 5 del CPPN y libertad condicional conf. art. 13 del CP), lo cierto es que en ambos supuestos se imponen para su otorgamiento un conjunto de requisitos expresos que en definitiva devienen en restricciones a la libertad ambulatoria del sujeto.

En tal orden de ideas, resulta plausible desde un punto de vista material (óntico) asimilar sendas limitaciones a la libertad de la persona y, como lógica consecuencia, es dable computar a los efectos del art. 24 del CP el tiempo que el imputado permaneció en libertad por haber sido excarcelado.

Por tanto, a fin de establecer el vencimiento de la pena impuesta a Ortiz no sólo se debe considerar el período en el que estuvo efectivamente detenido (art. 24 del CP) sino también aquel lapso en el que estuvo excarcelado de conformidad con el art. 317 inc. 5 del CPPN en función de las restricciones que con base en el art. 13 del C.P. se impusieran.

En tal intelección no resulta ocioso evocar que contra cualquier pretensión idealista se asume desde hace décadas que la prisión preventiva deviene pena anticipada (cfr.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, et. al. Derecho penal, parte general, segunda edición, Buenos Aires, 2003, p. 39) ".lo que es aplicable a los penados debe extenderse a los que cumplan pena sin condena, pues el encierro -en ambos casos- no sólo es equivalente en términos materiales (pena), sino que su identidad deriva del reconocimiento normativo del art. 11, por el cual se conceden al imputado los beneficios del condenado [......] lo que no implica otra cosa que el reconocimiento del principio de inocencia, desnaturalizado por leyes procesales de excarcelación que extienden la prisión preventiva a supuestos no abarcados por la coacción directa, convirtiendo el encierro del imputado en una verdadera pena anticipada, lo que obligó a la legislación procesal a reconocer el beneficio de la libertad condicional, en caso de sentencia condenatoria" (autores cit.

en ob. y loc. cit. p. 957).

Como corolario, "[...] el tiempo durante el cual hubiese cumplido las condiciones de la libertad condicional, deberá computarse como cumplimiento de pena [...]" (autores cit. en ob. y loc. cit. p. 959).

Habida cuenta de lo expuesto, es decir, si la libertad condicional es una forma de cumplimiento de pena y, acudiendo a una hermenéutica in bonam partem es posible pues, reputar el tiempo de excarcelación a tenor del art. 317 inc. 5 del CPPN como un supuesto de cumplimiento de encierro preventivo a los efectos del cómputo de pena previsto en el art. 24 del CP.

En consecuencia, en virtud de las consideraciones esbozadas propicio al acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensa Pública, sin costas, revocar y devolver los presentes actuados al Tribunal de origen para que practique el cómputo de detención conforme a la doctrina aquí sentada (arts. 471, 530 y 531 del CPPN).

Cámara Nacional de Casación Penal Tal es mi voto.

Por ello, en mérito a la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, SIN COSTAS, CASAR la resolución de fs. 154/155, y ordenar que se practique nuevo cómputo conforme lo aquí establecido (arts.

456, 470, 471, 530 y concordantes del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y remítanse las actuaciones al tribunal de origen, sirviendo de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana E. Catucci, Eduardo R. Riggi y Alejandro W.

Slokar. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.