Derechos reales, automotores, radicación de automotores, pago de tributos
Materia: CIVIL
Carátula: PROV. SAN JUAN c/ Mario Goldstein s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-20

Analizando el articulado del Código Tributario, el que sustenta la presente ejecución, podemos decir en primer lugar que el art. 295 establece que se pagará un impuesto anual por la radicación de los vehículos automotores en la Provincia de San Juan.

En segundo lugar el art. 306 del mismo cuerpo normativo establece que serán contribuyentes los propietarios de los vehículos automotores.

Y agrega "son responsables directos del pago del tributo quienes figuren como titulares del dominio en los registros de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y Registros Prendarios por el impuesto devengado durante la vigencia de dicha titularidad, y con anterioridad." Por ende no sería contribuyente para nuestro sistema tributario. No figura como titular en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y por último, las patentes devengadas y reclamadas en autos, son posteriores al periodo de titularidad correspondiente al demandado de autos.

Es innecesario continuar con el análisis del artículo ya que su segunda parte hace referencia a la solidaridad entre adquirente y vendedor por deudas de impuesto existentes al momento de la inscripción. ....Ahora bien, de más está decirlo que nuestro sistema registral reviste el carácter de constitutivo.

Esto significa que desde la fecha de inscripción en el Registro de Propiedad del Automotor la transmisión del dominio surte efecto entre las partes y respecto de terceros. Dado que la Dirección General de Rentas reviste el carácter de tercero en dicha transmisión, la inscripción en el Registro debe serle oponible no pudiendo reclamar patentes devengadas con posterioridad a esa transmisión a quien no figura ya como titular.

Debemos recordar también la naturaleza jurídica atribuida por la jurisprudencia al impuesto de patente del automotor ". . . no es un impuesto, sino concretamente una tasa, una retribución de un servicio que las municipalidades (en el caso la Provincia) prestan." Sólo puede retribuir un servicio quien es receptor del mismo y por consiguiente sólo el propietario actual del automotor podría serlo.

También tiene dicho la Jurisprudencia que la utilización de un automotor conlleva la mínima obligación de pago del impuesto, siendo requisito indispensable para la circulación del mismo. Por lo tanto, sólo puede ser deudor de este tributo quien se sirve del rodado, situación en la que no incurre el demandado de autos".

Consideramos que aunque el demandado incurrió en la omisión de comunicar a la D.G.R. el cambio de la situación frente al tributo que se reclama, el enfoque de la situación debe hacerse desde una óptica más amplia para poder arribar a una solución justa; y no sólo poner fin a la situación con el incumplimiento al art. 27 del Código Tributario, como pretende la apelante.

El demandado ha actuado conforme a nuestro régimen jurídico del automotor que establece: "En los Registros Seccionales se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes." La comunicación del art. 27 a la que hace alusión el apelante toma real importancia en los casos en que todavía no se ha efectivizado la debida transferencia del automotor.

Así el art. 307 del Cód. Tributario consagra la solidaridad ante el tributo que se adeuda entre adquirente y propietario cuando no se ha efectuado la transferencia. Luego establece que para eximirse de tal responsabilidad el propietario debe primero poner en conocimiento la tradición del automotor ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y luego la constancia de dicha comunicación ponerla en conocimiento de la D.G.R..

Así todo, y en los casos de simple denuncia, la ley 25.232 incorporó al art. 27 de la ley 22.977: Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, el siguiente párrafo: "Además los Registros Seccionales del lugar de radicación del vehículo notificarán a las distintas reparticiones oficiales provinciales y/o municipales la denuncia de la tradición del automotor, a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente.

De modo que encontrándose legislado por ley específica los efectos de la denuncia de venta de automotor, donde se establece expresamente que queda desobligado el denunciante del pago de los tributos provinciales y municipales desde la fecha de la denuncia, debiendo sustituirse el sujeto obligado al tributo, es ésta la disposición aplicable al caso (art. 31 de la Constitución Nacional).

Entonces, si en los casos de simple denuncia de venta le compete a los registros seccionales la notificación del cambio de situación a las distintas reparticiones; sería no sólo injusto sino también incongruente el condenar al demandado por la falta de comunicación cuando ha cumplido con la debida transferencia impuesta en nuestro régimen del automotor.