Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06


Causa N° 366-00-CC/2005, caratulada "GIRALDO, Aurelio s/ inf. art. 83 (ley 1472) -Apelación-".

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Fernando Bosch y Marcela De Langhe, para resolver la presente causa.

Y VISTOS:

Los autos se inician como consecuencia del labrado de acta contravencional el día 8 de marzo del corriente año por personal de la Comisaría 7ª de PFA al Sr. Aurelio Giraldo por presunta infracción al art. 83 de la ley 1472, procediéndose en consecuencia al secuestro de una estructura metálica tipo reja de 1.20 x 0.90 mts. aproximadamente y cuarenta y dos (42) fundas para celular, realizándose "consulta con la fiscalía aprobando lo actuado" (acta de fs. 2).

Mantenida la cautelar el día 11 de marzo por el Adrián Martín, de la Fiscalía Nº 3, es confirmada posteriormente por la "a-quo" con fecha 17 del mismo mes (fs. 4 y 6).

Celebrada la audiencia prevista en el art. 41 LPC (fs. 13/vta.) y luego de efectuado un nuevo análisis sobre el hecho materia de investigación, la cotitular de la Fiscalía Nº 3, Solano, concluyó que de las pruebas colectadas y en atención al tiempo transcurrido sin otras nuevas, no podía aseverarse que los elementos en cuestión poseyeran entidad suficiente para requerir la realización de un juicio en el cual imputar contravencionalmente la acción típica del art. 83 CC, en especial después de que ésta Cámara de Apelaciones del fuero, sentara criterio respecto del ámbito de aplicación de la norma (fs. 16 vta.). Sin embargo, de las constancias de autos era dable "...advertir la posible violación al régimen de faltas (art. 4.1.2 de la ley nº 451)..." -fs. 17 "in fine".- por lo que decidió remitir la causa y los efectos secuestrados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas, previa notificación al juzgado, a fin de que se investiguen los hechos denunciados.

La Sra. Juez a cargo del Juzgado N° 3, previo expedirse, corre vista a la defensa por el término de ley (fs. 19).

La titular de la Defensoría Oficial N° 6, Marcela Paz, se presenta y solicita en su escrito de fs. 20/23 que: 1) se declare la nulidad del secuestro por falta de consulta inmediata con el fiscal y por intervención tardía del juez, ya que el transcurso de 3 y 9 días respectivamente, desde el procedimiento vulnera el requisito de inmediatez exigido por el art. 21 LPC; y 2) para el hipotético caso de no hacerse lugar al planteo nulificante, se ordene el cese de la cautelar impuesta y se disponga la devolución de los efectos a quien le fueran secuestrados con fundamento en que en el regimen de faltas sólo pueden adoptar dichas medidas los órganos administrativos y no la autoridad preventora y que la remisión efectuada por la fiscalía tiene únicamente la finalidad de poner en conocimiento el hecho (notitia criminis).

El magistrado subrogante, Alfredo Durante, sin correr vista a la fiscalía, rechaza, en primer lugar, la nulidad por entender que en el caso se cumplió con el principio de inmediatez que requiere la normativa aplicable tanto para la intervención del acusador como para la del judicante y, en segundo lugar, la solicitud de devolución de los bienes ya que el art. 7 de la ley 1217 inc. a) prevé el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción y el Título III de la ley 451 contempla el decomiso como sanción principal, por lo tanto, si hiciera lugar a ese pedido se podría ver obstaculizado el efectivo cumplimiento de la sentencia en caso de recaer condena en sede administrativa (fs. 24/27).

Contra dicha resolución la defensa interpone recurso de apelación (fs. 34/41 y vta.) reeditando los argumentos de su anterior presentación y formulando reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y de caso federal.

Oportunamente, al dictaminar a fs. 46/vta., la Sra. Fiscal de Cámara, Guagnino, postula que el remedio intentado sea declarado inadmisible por razones que no invoca, a la vez que solicita la nulidad de la disposición fiscal de fs. 16/17 y vta., y de todo lo actuado en consecuencia, por entender que dicho acto adolece de serias irregularidades que afectan las formas sustanciales del proceso.

Al expedirse en los términos del art. 51 de la LPC, la Paz mantiene sus fundamentos, y si bien comparte el planteo nulificante de la Guagnino, al que adhiere, solicita expresamente el tratamiento por parte de la Alzada de los agravios planteados con anterioridad en relación a la nulidad del procedimiento que culminara con el labrado del acta contravencional (fs. 1/2) y devolución de efectos, puesto que al dictaminar, la Fiscal ante la instancia nada dijo al respecto y requirió, en cambio, la nulidad a partir de fs. 16 de los presentes actuados (fs. 52/53).

Cumplidos los pasos y plazos pertinentes, se encuentran los autos en condiciones de ser resueltos.

Causa N° 366-00-CC/2005, Sala II.

Y CONSIDERANDO:

I.- El examen de admisibilidad encaminado a determinar la existencia de los recaudos de procedencia de la vía intentada ha sido superado, toda vez que la apelación fue interpuesta dentro del plazo legal, por quien tiene legitimación procesal para hacerlo y ante el juez que dictó el pronunciamiento recurrido, cumpliendo de este modo con el requisito de impugnabilidad subjetiva; así también está dirigido contra una resolución que, si bien no reviste el carácter de sentencia definitiva, podría causar al recurrente un agravio de tardía o imposible reparación ulterior (art. 449 CPPN).

Esta sala ha establecido en numerosos precedentes que la resolución que deniega una nulidad es susceptible de producir, en abstracto, un perjuicio de imposible reparación ulterior, habilitando la vía recursiva en los términos del art. 50 de la ley 12, por aplicación supletoria de los arts. 432 primera parte y 449 "in fine" del Código Procesal Penal de la Nación que prevé el art. 6 LPC (ver, entre otras, causas nros. 0031-00-CC/04 rta. 24/3/04; 085-01-CC/04 rta. 11/6/04; 208-01-CC/04 rta. 3/9/04; 104-01-CC/05 rta. 20/5/05 y 049-01-CC/05 rta. 31/5/05).

II.- Abierta la jursidicción, corresponde entonces analizar el embate principal de la accionante, centrado justamente en la inobservancia de la obligada consulta inmediata al fiscal en punto al secuestro practicado por los preventores en los términos del art. 18 de la LPC sumado al tardío control jurisdiccional (art. 21 ídem).

Recordemos que cuestiones como las aquí debatidas han merecido reiterados pronunciamientos de esta alzada, donde se señalaron los presupuestos que hacen a la validez de las medidas de coerción realizadas en el marco de un proceso contravencional a fin de que no se vean vulnerados los derechos de la persona sometida a éste. Así, se ha establecido que la ley exige un doble control: en primer lugar por parte del fiscal, quien dirige el procedimiento y se encuentra en estrecha comunicación con las fuerzas de seguridad y, en segundo término, el del juez, que deberá revisar (reexaminar) la actividad cumplida a través del test de legalidad y razonabilidad -control jurisdiccional- (conf. causas nros. 085-01-CC/04 rta. 11/06/04;

335-01-CC/04, rta. 23/11/04; 344-01-CC/04, rta. 30/12/04; 104-00-CC/05 rta. 16/08/05; 368-00-CC/2005 rta. 13/12/2005, entre muchas otras).

A su vez, sostuvimos que la mera mención por parte de la autoridad policial de que: "Se realizó consulta con la fiscalía aprobando lo actuado" (ver acta de fs. 2), sin especificar siquiera a quién se le efectuó y quién la evacuó, en manera alguna puede ser entendida como cumplimiento del control judicial inmediato por parte del representante del Ministerio Público. Ciertamente el incumplimiento de aquella manda legal en tiempo oportuno habrá de fulminar lo actuado mediante la declaración de la nulidad pertinente (conf. causas nros. 318-01-CC/04 rta. 22/11/04, 071-00-CC/05 rta. 20/05/05 y 053-01-CC/05 rta. 31/05/05; 368-00-CC/2005 rta. 13/12/2005, entre otras).

Es más, sin perjuicio de que se mencione a la Solano, cuando el Adrián Martín despachó la causa tres días después de la incautación, señaló que correspondía "adoptar" la medida establecida en el art. 21 de la LPC considerando oportuno mantener la cautelar impuesta en autos (fs. 4), lo que da cuenta de que evidentemente no había existido ninguna comunicación previa por parte del personal policial.

También hemos dicho que cuando las actuaciones se hubieren originado en procedimientos por presuntas infracciones contravencionales y el fiscal decidiera mantener las medidas restrictivas de derechos implementadas por el personal policial, debe igualmente cumplirse con el trámite previsto en el art. 21 LPC aunque con posterioridad el acusador decida la remisión a la UACF (conf. causa 251-01-CC/04 rta. 04/11/04).

Por lo tanto, se advierte que en el presente caso nos encontramos ante una falencia determinante de una nulidad de orden general, de conformidad con lo previsto en el art. 167 inc. 2° y ss. del CPPN -de aplicación supletoria conforme lo establecido en el art. 6 de la LPC-, por haberse violado disposiciones concernientes a la intervención del Ministerio Fiscal en los actos en que ella sea obligatoria.

En función de lo que se resolverá, tanto el planteo subsidiario de devolución de efectos como las reservas formuladas por la Sra. Defensora Oficial devienen abstractos.

Por último, no puede pasar inadvertida la pretensa tacha nulificante impetrada por la Sra. Fiscal de Cámara en su dictamen de fs. 46/vta.. Al respecto tenemos que decir, sencillamente, que dicho planteo no puede ser casado por esta alzada por resultar extraño a aquél introducido primigeniamente por la partes, y que abrió nuestra jurisdicción. Tampoco se advierte que las irregularidades atribuídas al auto obrante a fs. 16/17 y vta. comporten uno de los supuestos de los arts. 167 y 168 CPPN que habilite una declaración de nulidad de oficio. Ello por cuanto, de existir, los vicios denunciados serían de carácter relativo, por ende subsanables en cualquier estado y grado del proceso. Por lo demás, resta señalar que no se observa, y al menos tampoco lo demuestra la fiscal ante la instancia, cual sería el efectivo perjuicio que Causa N° 366-00-CC/2005, Sala II.

irrogan los defectos que, a su juicio, presenta el aludido acto. De todo ello, cabe deducir que no compete al tribunal abocarse al tratamiento de dichas cuestiones.

Por todo lo expuesto y habiendo concluido el presente Acuerdo, el Tribunal RESUELVE:

DECLARAR LA NULIDAD del secuestro practicado en autos, el día 8 de marzo de este año y confirmado a fs. 6 y disponer la inmediata devolución de los efectos incautados, detallados en el acta obrante a fs. 2 (arts. 167, inc. 2º, 168, 172 y cc. del C.P.P.N.).

Tómese razón, notifíquese por nota a la Sra. Fiscal de Cámara y devuélvase a la primera instancia, la que deberá practicar las notificaciones restantes. Sirva lo proveído de muy atenta nota de remisión.

Ante mí:

Nota: Déjase constancia que el Pablo Bacigalupo no firma la presente por hallarse en uso de licencia.Conste.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas