Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-05


Comodoro Rivadavia, cinco de abril de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "C. M. c/ H. H. y Otro s/ EMBARGO PREVENTIVO" Expte. Nº 14.509/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 (Expte. Nº 655/2005), por haber interpuesto la actora a fs. 93 y, el codemandado A F M a fs. 94, sendos recursos de apelación contra la resolución de fs. 88/90, que rechaza el levantamiento de embargo y limita el mismo al 50 % del monto por el que fuera trabado. Concedidos a fs. 95, se elevan los presentes a estudio de la Alzada.

Que se agravia la actora en su memoria de fs. 116/126, contra la limitación al 50 % del monto del embargo trabado en autos. Manifiesta que el Sr. D C es titular de la mitad indivisa del rodado siniestrado y posee poder de su hermano- M C- que le otorga la tenencia del bien, su administración y disposición. Agrega que conforme ello, puede embargar y demandar por el todo. Alega que en el caso debe prevalecer la tesis amplia, que admite reinvindicar toda la cosa. Insiste que no es aplicable la restricción del art. 2680 CC, atento el poder otorgado a favor del actor por su hermano. Continúa que su representado se encuentra habilitado para reclamar la totalidad de los daños sufridos por el vehículo siniestrado, sin que sea necesario limitarse al 50 % de su parte indivisa. Sostiene que la inhabilidad de título no procede en el presente, y que la misma sólo puede fundarse en las formas extrínsecas del documento y no en la legitimidad de la causa. Alega que, en todo caso hubiera correspondido oponer la falta de personería del actor y, el tribunal tendría que haber intimado la presentación de los documentos que acrediten la representación invocada (art. 34 inc. 5 b) del CPr). Menciona la diferencia conceptual entre falta de personería y falta de legitimación y, sostiene que el juez de grado se equivoca al limitar el monto del embargo. Insiste que es incongruente reducir el monto del embargo, cuando su parte tiene la tenencia de la totalidad del rodado. Sostiene que en el caso se está ante el supuesto de representación voluntaria, evidenciado por el mandato otorgado a favor del actor, y que la representación procesal o técnica se concreta con el patrocinio letrado. Insiste que no existe fundamento alguno para limitar la medida cautelar y solicita se revoque la resolución de grado.

A fs. 139/141, contesta la contraria los agravios, solicitando su rechazo. Aclara que su parte no interpuso excepción de inhabilidad de título, sino la falta de título habilitante de abogado para actuar en juicio en nombre de otro, cita de doctrina y jurisprudencia.

A fs. 97/101, expresa agravios el codemandado M, contra la resolución que deniega el levantamiento del embargo sobre sus bienes. Sostiene que se equivoca el a-quo al fundamentar el rechazo por entender que de acuerdo a la ley 22.177, la inscripción del dominio ante el Registro Automotor es constitutiva.

Insiste que el actor acompaña como prueba la denuncia de venta efectuada por su representado. Sostiene que ello implica un reconocimiento del actor equivalente a una confesión de parte, siendo la misma indivisible. Alega que los documentos agregados, cuya firmas se encuentran certificadas por escribano público, son instrumentos públicos, pasibles de atacarse sólo por redargución de falsedad. Continúa que los documentos adjuntos hacen prueba a favor o en contra, tanto de la parte que los presenta como de la contraria. Sostiene que el actor sabía que su representado al momento del accidente no era titular del vehículo que participó del siniestro, y tampoco tenía la posesión del mismo. Alega que como consecuencia de ello, no puede sostener el accionante la necesidad de la denuncia de venta o el carácter constitutivo de la inscripción registral de la transferencia de dominio. Invoca la aplicación de la teoría de los actos propios contra el actor . Insiste que por no ser su representado titular del automotor, no es responsable por los daños sufridos como consecuencia del accidente de m. Sostiene que es de aplicación las disposiciones del art. 1113 del Cód. Civil y que lo dispuesto por ley 22977, es una presunción iuris tantum. Solicita se revoque el fallo en crisis y se ordene el levantamiento del embargo trabado sobre bienes de su parte.

Contesta el actor a fs. 104 los agravios del codemandado, solicitando su total rechazo. Insiste que a la fecha del accidente el Sr M era el titular registral del automotor que intervino en el mismo. Agrega que la denuncia de venta del vehículo es posterior al siniestro. Sostiene que las denuncias de venta no tienen efecto retroactivo y son oponibles a terceros sólo desde la fecha de su presentación. Continúa que del informe de dominio histórico emitido por el registro, surge que el codemandado era el titular registral a la fecha del accidente, siendo responsable de los daños sufridos. Cita doctrina y jurisprudencia a favor de su postura. Insiste que su parte no ha realizado reconocimiento alguno y, que la certificación de firmas realizada por escribano público, no implica autenticidad del contenido del instrumento. Rechaza el argumento del codemandado de que éstos serían instrumentos públicos. Invoca a su vez, la aplicación de la teoría de los actos propios contra el co-demandado.

Delimitada así la cuestión fáctica, por razones de método, se analizará en primer lugar el recurso de la actora.

Como surge claramente de la resolución de grado de fs. 88/90, el señor D A. C, no se encontraba habilitado para actuar en juicio en nombre del señor M C, en virtud que el derecho de postulación sólo puede ser ejercido por los profesionales habilitados para ello, como es el caso de abogados o procuradores (art. 46 del CPr). Es por dicha razón, que la cautelar ha sido limitada en un 50% de su monto; dado que procede sólo la pretensión ejercida por el actor - D C- por derecho propio y con patrocinio letrado, no pudiendo éste ejercer facultad procesal alguna en nombre de otro por carecer de título de abogado y no, por el hecho de ser condómino como pretende alegar el recurrente. Dicha circunstancia no puede ser subsanada por la posterior presentación de poder para juicios a favor de un letrado, por ser cuestión ajena al recurso en virtud de lo dispuesto por el art. 277 del CPr.

El supuesto de autos, no encuadra dentro del de excepción de inhabilidad de título que prevé el código de rito, como pretende el recurrente; se trata del derecho de postulación procesal que se encuentra reglamentado por el artículo 46 del CPCCH y ley 4858, en virtud que como se sostiene mayoritariamente, en casos como el presente, la ley procesal de origen provincial debe privar sobre la legislación nacional, por ser materia reservada a las provincias (art. 67 inc. 11 Const. Nac.). La actora demuestra una conducta contradictoria en sus argumentos, al reconocer que correspondía en el caso alegar la falta de personería del actor, y el tribunal debía intimar a la presentación de los documentos que acreditaran la personería invocada, para luego sostener que está habilitado para representar procesalmente a su hermano. La crítica realizada con relación al punto no alcanza a conmover los fundamentos del fallo, pretendiendo introducir argumentos que no han sido los del juez de grado para llegar a la solución del caso. Por lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios del actor y la consecuente confirmación de la resolución en lo que ha sido materia de agravio.

Seguidamente, con relación a los agravios de la contraria, corresponde señalar que a través de los mismos se pretenden introducir cuestiones ajenas al ámbito propio de las medidas cautelares.

En efecto, no puede soslayarse que la verosimilitud del derecho como presupuesto básico de la medida cautelar se alcanza con la demostración de la inscripción del automóvil a nombre del demandado al momento del evento dañoso. En efecto, tal presupuesto se vincula con la posibilidad razonable de que el derecho exista. Entonces, el debate acerca de los alcances de la denuncia de venta presentada el día 2 de diciembre de 2003 y sus consecuencias en orden a la responsabilidad del demandado son cuestiones que escapan al conocimiento cautelar y son propias del debate de fondo. Y, tal esa así que justamente tales cuestiones han sido puntualmente introducidas por el recurrente al contestar la demanda -fs. 111/118 de los autos principales.

En este orden de ideas, se ha sostenido: "... que para decretar medidas precautorias no se requiera una prueba acabada de la verosimilitud del derecho debatido en el principal, extremo que solo puede ser alcanzado al tiempo de la sentencia, ni sea menester un examen exhaustivo de las relaciones que vinculen a las partes, bastando que a través de un estudio prudente -apropiado al estado del trámite- sea dado percibir un fumus boni iuris en el peticionario" (C.N.Fed. Civ. y Com., Sala II, 15/7/83, ED, T. 106, p. 500, JA, T. 1984-III, p. 418).

A mayor abundamiento, corresponde señalar además que la denuncia de venta se ha agregado en fotocopia simple. En consecuencia, hasta tanto dicho instrumento se complemente con el respectivo informe al Registro Automotor o con otras pruebas en la etapa procesal oportuna, no corresponde atribuirle un valor probatorio del que en sí mismo carece (art. 1012 CC. LL Litoral 1997-1,335. Código Civil Comentado. Hechos y Actos jurídicos. Art. 1012 pág 639. Ed Rubinzal Culzoni.) Por todo lo expuesto, corresponde el rechazo de los agravios del demandado y la confirmación del fallo en lo que ha sido materia de agravio.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 68 y 69 del CPr). Se regularán los honorarios de los profesionales intervinientes de acuerdo al éxito obtenido, naturaleza del proceso, demás pautas orientadoras de la ley de aranceles profesionales para abogados y por aplicación de la escala prevista para los supuestos de apelación (arts. 6,7, 8, 33, 14 y ss ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 93.

2).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el codemandado a fs. 94.

3).- Confirmar la resolución de fs. 88/90.

4).- Costas por su orden . Regular los honorarios profesionales del Dr. G I R, en la suma de pesos cincuenta ($50,00) y los del Dr. E V, en la suma de pesos cincuenta ($50,00).

5).- Regístrese, notifíquese y devuél-vase.- Fdo: Silvia N. Alonso de Ariet -Presidente-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-; Julio Antonio Alexandre -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 073 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS