Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-04


RAWSON, 4 de Mayo de 2007.- VISTOS: - Estos autos caratulados: "D, S H y otros s/ Ejecución de Honorarios en autos: "A, J J y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda de Nulidad e Inconstitucionalidad - Diferencias Saláriales (expte. Nº 16.729-A-1999)" (Expte. Nº 18.714-D-2002)".

DE LOS QUE RESULTA:

Que a fs. 254/261 y vta. se presenta el Dr. M G. F acreditando mediante "Nota Poder" que adjunta, haber sido facultado por el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia del Chubut, para que en su nombre y representación, y en defensa de los intereses de la misma, tome intervención en estos autos, de conformidad a lo establecido en los arts. 1°, 7° y 10° de la Ley N° 5117.- Invoca además, su carácter de Apoderado de los Dres. S H D, J E R F, M C D y M AG, y en ejercicio de esa representación, manifiesta en el Apartado II del escrito obrante a fs. 261 que conforme surge de las constancias de autos, el monto por el que oportunamente se trabó embargo preventivo sobre los ///haberes de los ejecutados H O C y C M F ha sido satisfecho.- Que en consecuencia, practica liquidación al 31.08.05 del saldo adeudado por los nombrados, aclarando que ha imputado cada importe mensual de embargo de haberes a la cancelación de intereses devengados en el período y a capital, arrojando a esa fecha los saldos de PESOS SEIS MIL QUINIETOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 6.577,80) y DOS MIL CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.046,98), respectivamente.

En el Apartado V del mismo escrito, expresa que en relación al ejecutado J J A también estimó el saldo adeudado por cuanto a la brevedad agotará el importe por el que se trabó embargo.-- Que a fs. 262 se ordena correr traslado a los ejecutados, agregándose a fs. 370 y 371 -debidamente diligenciadas- las comunicaciones cursadas a los Sres. J J A y C M F respectivamente, quienes nada alegaron en el tiempo procesal oportuno.- En tanto, a fs. 391/400 y vta. el Sr. H O C cuya notificación consta a fs. 411 vta., se presenta a impugnar la liquidación practicada por los ejecutantes.-- Que preliminarmente, se agravia el nombrado de la personería invocada por el Dr. M F.

En este sentido, expresa que no se le ha corrido traslado de que el profesional mencionado posea el carácter de Apoderado de los Dres. S H D, J E R F, M C D y M Á G; por ello ante dicha omisión y al no haber justificado el letrado que actúa en calidad de gestor de los nombrados -alega- solicita se ///decrete la nulidad de todo lo actuado por reflexionar que "...solamente tienen derecho a practicar liquidación de los honorarios que les fue regulados en el principal...los abogados que participaron y actuaron en el juicio, que es a quienes se les regularon y no a quienes no lo hicieron, ya que los honorarios tienen el carácter alimentario por lo que son "intuito persona".

En consecuencia concluye, no puede intervenir en la ejecución de los mismos la Fiscalía de Estado de la Provincia sino -itera- únicamente los letrados.

Que en relación a la liquidación realizada por los ejecutantes, destaca que se le corrió traslado de la misma con copia compuesta de siete hojas, aún cuando la cédula de notificación consigna que se acompañan ocho fojas, entonces -añade- la planilla que le correspondería no detalla su nombre como lo hacen las otras indicando a qué persona pertenece.- Además acusa que en las mismas, se ha incurrido en "anatocismo" al calcular intereses sobre intereses ya liquidados.- Esto es, sobre la suma de intereses y capital- sin especificar -dice- su monto original, se aplica el descuento de las sumas depositadas, luego se vuelven a liquidar intereses, se los capitaliza y sobre el total nuevamente se descuenta el depósito efectuado, y así sucesivamente, modalidad ésta -aduce- que no es la permitida por la ley, sino un método que perjudica al deudor y que genera -a su criterio- un enriquecimiento indebido para el acreedor.

Dicha metodología -estima C- no se encuentra autorizada por la sentencia, ni existe acuerdo de partes para practicar anatocismo como lo establece el art. 623° del Código Civil, por lo que -sostiene- la pretensión de los ///ejecutantes de que los intereses resarcitorios por falta de pago de los honorarios regulados se conviertan en "capital en mora" desde el mismo momento en que fue liquidado o determinado, independizándose de su fuente para producir nuevos intereses mensuales y con anatocismo retroactivo, implica -según su criterio- una mutación de la naturaleza de la deuda, inaceptable por la inexistencia de norma específica que lo admita.

Subraya que además en el sub-lite no hubo acuerdo entre las partes en ese sentido, ni -reitera- mandato judicial.

Dice que si bien en autos se especificó el monto de los honorarios con más intereses presupuestados provisoriamente en oportunidad de trabar el embargo, al no estar liquidados los intereses -considera- no existía la mora que habilita el anatocismo al que se refiere la norma del Código de fondo mencionada.-- Que los letrados ejecutantes debieron -opina- fijar el monto en pesos del capital, aplicar sobre ellos de una sola vez el total de la tasa de interés mensual hasta la fecha de cada depósito, restar la suma depositada de los intereses liquidados hasta esa fecha primero, y el remanente descontarlo del capital.- Liquidar -añade- intereses del saldo de capital restante y calcular intereses hasta la fecha del siguiente depósito, y así sucesivamente.

Con ello -destaca- el saldo disminuye por sumas más importantes que por "cada pago parcial con el anatocismo".- Que -afirma- la tasa de interés que se aplicó no es la que corresponde a la sentencia de condena, pues en la liquidación se impone a un capital global que - según los dichos del ejecutado- "no se sabe si corresponde a los honorarios de todos los letrados o de uno de ellos" con más la Tasa Activa que informa el B del C S.A. para ///sus operaciones de descuento de documentos en mora, y no - alega- la Tasa Pasiva que informa el Banco Central como entiende establece la sentencia.

Reitera los cálculos que se consignaron en la planilla de liquidación y concluye diciendo -en relación a ella- que la impugna por cuanto no fue practicada por la suma de capital adeudada a cada letrado, y porque además omitió -aprecia- establecer a qué actor condenado en costas en forma proporcional corresponde la liquidación "defectuosamente practicada".- Que en el Apartado 4° del escrito impugnatorio, el Sr. C aclara que la Fiscalía de Estado no puede intervenir en estos autos pues los honorarios -señala- son personales y alimentarios de los letrados que intervinieron en los autos principales y a ellos corresponde la ejecución y cobro de los mismos.

Funda este criterio, recordando el ejecutante que el proceso principal comenzó en el año 1999 y finalizó a mediados del año 2002, y agrega : la condena en costas es anterior por lo que "existen derechos y obligaciones adquiridos por mi parte a pagarle los honorarios solamente a los letrados citados en la sentencia y no al resto de los letrados de la Fiscalía de Estado" que no participaron del proceso ni -añade- a los que ingresaron con posterioridad a un cargo en ese Organismo del Estado.

Convenir esa pretensión -sostiene-implicaría acordarles un enriquecimiento ilícito en su perjuicio, convalidando que futuros letrados de la Fiscalía de Estado "reclamen honorarios por el mismo concepto".-- Que a más, el ejecutante hace reserva de cuestión federal, ya que considera que la liquidación que impugna le causa un gravamen de imposible reparación ulterior, y se encuentran en juego -sostiene- por vía de interpretación errónea derechos consagrados en los arts. 17°, 19°, 28°, 33° y concordantes de la Constitución Nacional y los arts. 3° y 623° del Código Civil.-- Que finalmente, realiza el petitorio de estilo, mencionando en el Punto 3) "se tenga por impugnada ...la liquidación practicada y se tenga por acompañada la cédula de notificación y las siete fojas abrochadas a la misma" expresando - sorpresivamente, pues no hay suficiente fundamento para ello ni petición previa expresa- "...y por aducida la nulidad...".

Que a fs. 408 se ordena correr traslado a los ejecutantes de la impugnación incoada y a fs. 412/413 y vta. se presentan el Sr. Fiscal de Estado -Dr. Jorge Luis MIQUELARENA- y el Dr. Ma F -en su carácter de Apoderado de los Dres. S D, J E F, M D y M G- a contestar en tiempo y forma el traslado conferido.

Expresan que el planteo deducido en relación a la personería de los letrados resulta improcedente, fundamentando que la representación fue otorgada mediante Poder General para Juicios que se encuentra anexado a fs. 237/238 de autos.-- Que en respuesta a las presuntas deficiencias que el impugnante esgrime en relación a la notificación oportunamente realizada, expresan que la misma fue llevada a cabo por un Oficial Notificador -acompañan ///la cédula diligenciada que se agrega a fs. 411- por lo que consideran reviste el carácter de instrumento público gozando de plena fe, en consecuencia niegan y desconocen que la notificación de traslado hubiese sido hecha de modo deficiente o incompleto.

Añaden que, en el caso de haber sido así, la contraria podría haber solicitado la suspensión del plazo hasta que se subsanara ello, o haber acudido al expediente a fin de verificar la liquidación de la que se le corrió traslado.

La omisión de esa solicitud -derivan- implica que "...la contraria está consintiendo cualquier eventual deficiencia en las copias entregadas"...

Que contestando los dichos del ejecutado, manifiestan que no es cierto que en la liquidación cuestionada se haya practicado anatocismo; definen el instituto siguiendo a TRIGO REPRESAS, y explican luego que para la fijación del monto del proceso se tuvo en cuenta la prueba pericial aportada en autos, excluyendo de la misma el cálculo de los intereses.

Es decir -aclaran- se tomó el monto determinado en el punto 2° de la Sentencia 03/SCA/02 del 18.02.2002 que ordenaba el embargo de haberes.

Que además indican que en la planilla obrante a fs. 254 referida al impugnante, se tomó la suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 14.696,80), y se calcularon -explican- los intereses aplicando la tasa pasiva -Uso de Justicia- Comunicado 14290 del B.C.R.A. sobre dichas sumas, deduciendo los intereses devengados entre un período y otro, y los pagos efectuados en virtud del embargo oportunamente trabado sobre ///los haberes de quien hoy impugna.

Manifiestan los ejecutantes que en la planilla de fs. 255 no consta el monto sobre el que se calcula el interés porque el mismo figura en la foja anterior.

Que -señalan- los intereses se calcularon a la Tasa Activa para descuento de documentos comerciales del B del C S.A. conforme lo dispuesto por la Ley N° 5086 sobre los saldos de capital correspondientes, en tanto -agregan- por los pagos efectuados por el embargo trabado sobre sus haberes, el monto de capital adeudado fue disminuyendo.

De ello infieren que es erróneo el planteo del ejecutado porque la capitalización de intereses que menciona -entienden- no existió, sino que se calcularon intereses devengados entre una fecha de pago y otra, calculados sobre los saldos de capital de deuda.

También manifiestan que la liquidación se practicó conforme el procedimiento mencionado por C en el tercer párrafo del punto 2° de su impugnación, por ello -destacan- la misma no puede prosperar.- Que estiman improcedente además lo dicho por el opugnante cuando se refiere a la legitimación de la Fiscalía de Estado para la ejecución, con fundamento en la jurisprudencia de este Cuerpo que transcriben.- Seguidamente, califican el punto 2do. del libelo del ejecutado C como de "difícil comprensión" y razonan que solo contestarán que tanto la Fiscalía de Estado como los Dres. D, D y G (omitieron mencionar al Dr. F) tienen honorarios regulados en las sentencias dictadas en autos, y por ese motivo -concluyen- se los incluyó en la liquidación.

Asimismo, rechazan el argumento esgrimido por el Sr. C en cuanto a la aplicación retroactiva de norma alguna, y señalan además que la reserva de caso federal efectuada es vacua e inconducente.-- CONSIDERANDO : -- I.- Que la impugnación efectuada por el ejecutado Sr. H C cuestionando la legitimación activa de la Fiscalía de Estado para ejecutar honorarios, ha de rechazarse de plano, pues este Tribunal tiene dicho que en el marco de Ley N° 72 -hoy derogada por Ley N° 5117, vigente al momento de regularse honorarios en autos- cuyo artículo 22° establecía que los emolumentos a cargo del vencido que devengara cualquier representación judicial por sentencias consagratorias por derechos invocados por el Fisco, se distribuiría en un cincuenta por ciento al gestor directo del juicio, y el cincuenta restante sería afectado a la formación de la biblioteca jurídica de la Fiscalía de Estado, " la legitimación activa para el trámite de liquidación compete indistintamente a cada letrado por el 100% de su regulación, o de ambos: Fiscalía y abogado, sea cada uno por su porcentual o conjuntamente por el total" (SI N° 161/SCA/95 y 26/SCA/06).-- Que por otra parte, yerra el impugnante al cuestionar la distribución de los honorarios que detallan los letrados ejecutantes, porque oportunamente (22.08.02) fue notificado de la determinación del monto del proceso correspondiente a cada actor, como así también de la traba del embargo preventivo -dispuesto en la Sentencia Interlocutoria N° 3/SCA/02- en la que se determinó que éste era decretado a favor de la Fiscalía de Estado y de los profesionales que se individualizaron como mandantes del Dr. F, según el instrumento que corre agregado a fs. 36 de autos.

A más la aludida representación ///otorgada por éstos -Dres. D, F, D y G - fue glosada en el Expediente al inicio de este Incidente (fs. 3 y 4) por lo que no puede en esta oportunidad procesal alegar su desconocimiento habiendo precluido toda oportunidad de controvertir al respecto.

Que se agravia el ejecutado de que no se anexaron a la cédula de notificación la totalidad de las copias que ésta menciona.- La pieza fue acompañada por la impugnada a fs. 411, observándose que en el reverso el Oficial Notificador informa que "pese a insistentes y reiterados llamados no se hizo presente persona alguna, causa por la cual procedí a fijar una copia de igual tenor y copia de detalladas a fs. frente en la puerta del domicilio del destinatario"(lo destacado se agrega).- Ahora bien, sabido es que las cédulas en las que el Oficial Notificador da cuenta de la diligencia poseen la condición de instrumentos públicos en la categoría del art. 979° inc.2 del Código Civil.- Ese rango de la ley de fondo determina que los Oficiales de Justicia y Notificadores compartan con los Notarios la capacidad de otorgar plena fe respecto a los actos jurídicos en que intervienen en forma directa, diferenciándose aquéllos de éstos -profesionales liberales a cargo de un Registro Público- por ser agentes del Poder Judicial, ejecutores de la jurisdicción, circunscribiendo su actuación a las órdenes expresas que los Jueces les dan en el marco de un proceso.(Conc. José Máximo LEONARDO -"Notificaciones y Mandatos Procesales - El diligenciamiento de cédulas y Mandamientos"- Ed. Jurídica Nova Tesis - 2001 - pág.176).

Entonces, véase que cuando el notificador diligencia una cédula lo hace en el carácter de oficial público, por lo que sus manifestaciones -como bien lo señala la ///incidentada- hacen plena fe, con los alcances previstos en el art. 993° del Código Civil, en tanto no se declare la falsedad del instrumento que las consigna. (CNCom., 22.11.95, JA., t. 1996-II); ".tratándose la cédula de notificación de un instrumento público, las atestaciones efectuadas por el notificador en ejercicio de sus funciones llevan implícita la verdad de lo que en ellas se afirma y hacen plena fe en tanto no sean argüidas de falsedad.

De ahí que si no se promueve el incidente respectivo, debe tenerse por cierto lo expresado en el diligenciamiento de aquélla.(CNCiv., Sala C, 18.6.92, LL, t.1992 -E, pág. 571)" "...en razón de que las ...constancias asentadas por el oficial notificador constituyen instrumentos públicos... ello lleva implícito la veracidad... mientras no sean atacadas por la vía correspondiente.

Más aún, en caso de duda debe estarse a la validez de las constancias de la cédula"...(CNCiv. Sala K, 24.08.89, LL, t. A-pág.305).

Que en el sub-judice, el ejecutado refiere tangencialmente a nulidad sin promover incidente formal, y a más a pesar de sus alegaciones y queja en cuanto a la falta de determinación del monto que adeuda a los letrados expresando que faltaría un ejemplar de la planilla que contiene dicho cálculo, ello no le impidió -en ejercicio de los derechos que le asisten- presentarse en el ad-litem a impugnar la liquidación cuya comunicación cuestiona.- Por tal motivo resulta procedente rechazar el acuse de nulidad que pretende esbozar H C, desde que sus argumentos no resultan aptos para desvirtuar la actuación del Oficial de Notificador, conforme lo expuesto en los párrafos anteriores, de conformidad con el art.149, 2º párrafo CPCC.- Que ahora bien, analizadas exhaustivamente las planillas de cálculos confeccionadas por el Dr. F, referidas a los Sres. C, F y A, dable es señalar en primer término que, la Sentencia Definitiva N° 13/SCA/00 desestimó la acción intentada por los nombrados imponiéndoles las costas en proporción al interés que cada uno de ellos tuvo en el pleito y reguló en porcentuales los honorarios de los ejecutantes sobre el monto del proceso a determinarse en etapa de ejecución.- Iniciada ésta, la S.I. N° 03/SCA/02 determinó el monto del proceso por cada actor.

Ello significa, que en tanto la sentencia fue desestimativa, no existió capital de condena que devengara intereses a fijar por aquélla.- Por tal motivo, resultó de aplicación primero, el art. 62 de Ley Nº 2200 modif. por Ley Nº 4335 -hasta el mes de Diciembre de 2003- que determina la Tasa Pasiva Promedio Mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina, "...a la que debe sujetarse toda actualización de deudas por honorarios..." (S.I. N° 39/SCA/01).

Con posterioridad a la data referida, el citado art. 62 fue modificado por Ley N° 5086 (publicada en el Boletín Oficial del 18.12.03), que impuso el principio de que las deudas de honorarios cuando hubiere mora del deudor devengan un interés equivalente a la misma tasa fijada judicialmente para el capital en ejecución -inexistente en el caso, como se dijo- y añadió que "En los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, estas deudas devengarán un interés equivalente a la Tasa Activa que cobra mensualmente el B del C S.A. en sus operaciones comunes de descuento...", situación que se entendió análoga a la de los supuestos como el de autos, en que no hay capital de condena.- Tal fue el criterio aplicado por la impugnada en la liquidación ///que se cuestiona, por lo que la controversia que de la tasa utilizada despliega el Sr. C también debe ser desestimada.

Que en cambio, le asiste razón al impugnante cuando se agravia del modo en que fueron realizados los cálculos contenidos en las planillas cuestionadas.

Advierte este Cuerpo que no especifica el Dr. F cómo estimó cada período liquidado, ni tampoco porqué toma las fechas indicadas, pues verificados esos datos no coinciden con la data de los depósitos respectivos.

Usualmente, los cálculos han sido confeccionados como lo detalla el ejecutado C, esto es, corresponde aplicar sobre el capital de una sola vez el total de la tasa de interés mensual hasta la fecha de cada depósito, restar la suma depositada de los intereses liquidados hasta esa fecha primero, y el remanente descontarlo del capital, liquidar -añade- intereses del saldo de capital restante y practicar intereses hasta la fecha del siguiente depósito, y así sucesivamente.- Que asimismo, deberá tener presente el Dr. F para efectuar la liquidación respectiva, que habiendo sido notificados los ejecutados C, F y A de la Sentencia Interlocutoria Nº 03/SCA/02, los días 22.08.02 el primero de ellos, mientras que los mencionados en último término recepcionaron tal comunicación el 10.02.02 (según constancias obrantes a fs. 254, 370 y 371, respectivamente), estas datas determinaran la constitución en mora de cada uno de los ejecutados.

Inveteradamente este Cuerpo ha dicho, desde el año 1995 interpretando el art. 50º del Dto. Ley Nº 2.200 que ///".los obligados al pago no pueden considerarse en mora hasta tanto no les sea notificada la aprobación de la liquidación correspondiente" (Conf.: SCBA 28.04.94 - SRI Nº 351/94).

Mora que -según la modificación introducida por la Ley Nº 4335 al Dto. Ley Nº 2.200- se produce automáticamente a los 10 días de producida la notificación. (Conf.: S.I. Nº 29/SCA/06).

Además, "son estos lo únicos intereses sobre honorarios que admite la norma arancelaria -art.62º- pues es evidente que no cabe hacer recaer sobre aquéllos las demoras de los favorecidos con la regulación para practicar sus respectivas liquidaciones" (conf.: S.I. Nº 60/SCA/01, entre otras).

Que estas consideraciones determinan el rechazo de las liquidaciones propuestas a fs. 254/259, debiendo el ejecutante -al presentar una nueva- efectuar los cálculos conforme lo indicado, especificando montos, fecha hasta la que corresponde actualizarlo, individualizando los porcentajes calculados, deduciendo los valores percibidos y el capital al que vaya a aplicarse, todo ello para facilitar el control previo a la aprobación.- Que se imponen en el presente incidente, de conformidad a lo prescripto en el artículo 71° del C.P.C.C. las costas por su orden.

Así ocurre porque se entiende que ninguna de las dos partes ha triunfado totalmente en su pretensión, por un principio de Justicia distributiva.

Que el art. 33 del Dto. Ley N° 2200, se refiere a los incidentes que guarden relación con el objeto principal del proceso, que no es el caso de autos en que la controversia versa sobre la liquidación de honorarios, y dado que la jurisprudencia ha resuelto que los incidentes suscitados durante el trámite de ejecución motivan una regulación autónoma, cuya ///cuantía está dada por los intereses económicos en juego, debe calcularse en primer lugar el estipendio del art. 7° de la Ley -labor judicial- y obtenida esa cantidad tomarse de un 10% a un 20% de la misma por el incidente que se resuelve (Conf. LL 1980-A-472 - núm. 78077, 1988-D-492 - núm. 86.860).- Así es que corresponde regular por éste los honorarios Dr. M F -exceptuando la labor profesional ejercida en la representación de la Fiscalía de Estado- en el 0,66% (1/2 de 1,32% (12% del 11%) y a la Dra. S M en el 1,32% (12% del 11%) del monto de los intereses por honorarios que se liquidaron como débito del incidenstista -Sr. C- atenta la envergadura y eficacia de las labores desplegadas (art. 6, 7, 9 y 33 Dto. Ley 2.200 T.O. Dto. N° 138/99).- No corresponde regular honorarios a la representación de la Fiscalía en el incidente, según se imponen las costas (art. 20 - Ley Nº 5117).- Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;

-- R E S U E L V E :

1°) ADMITIR PARCIALMENTE la impugnación que impetra el ejecutado Sr. H O C que corre agregada a fs. 391/400 y vta., según los fundamentos de la presente.

2°) DESESTIMAR la liquidación propuesta por el Dr. M F a fs. 254/259.- 3°) COSTAS por su orden (art. 71° del CPCC).- 4°) REGULAR por este incidente los honorarios del Dr. M F -exceptuando la labor profesional ejercida en la representación de la Fiscalía de Estado- en el 0,66 (1/2 de 1,32% (12% del 11%) y a la Dra. S M 1,32% (12% del 11%) del monto de los intereses por honorarios que se calcularon como débito del incidentista (arts. 6, 7, 9, 33 Dto. Ley N° 2.200, T.O. Dto. N° 138/99).

5°) REGÍSTRESE y notifíquese.-- La presente se firma con dos miembros de la Sala Civil, en virtud de la excusación formulada por el Dr. José Luis Pasutti a fs. 169 del Expediente Principal.-- Fdo. Dres. CANEO y ROYER.- Recibida y registrada por Secretaría el 07/05/07 bajo el N° 33/SCA/07