Tribunal: CAMARA DE PAZ LETRADA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-26


Autos Nº 4.468 (J.P.L. de Zonda Nº 1.600/12), caratulados: "ROSAS, María Elena c/ CTI Compañía de Teléfonos del Interior, Hoy AMX Argentina S.A. - Medidas Preliminares".

--------- San Juan, 26 de junio de dos mil trece.

--------- Y Vistos: --------------------------------------------- --------- Para resolver el recurso de apelación deducido en subsidio al de reposición a fs. 15/17 por la actora, quien actúa por medio de su letrado apoderado, contra el decreto de fs. 14 vta. --------------------------------------------------- --------- A fs. 17 vta. el a quo rechazó la reposición articulada y concedió el recurso de apelación con efecto suspensivo por providencia de fs. 21, conforme a lo dispuesto por el art. 250, inc. 1°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037. ------------------------------------------------ --------- Y Considerando: ------------------------------------ --------- I. Que en el decreto impugnado el a quo decidió que, atento al principio de relatividad en materia de prorrogabilidad territorial (arts. 1 y 2 del C.P.C. vigente) y dado que del contrato de locación obrante en copia a fs. 2/5 surge de la cláusula 18a que las partes mediante convenio escrito han elegido el juez que debe conocer en los litigios que se susciten entre ellos (art. 101 del Código Civil), sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Capital Federal, la accionante debía ocurrir al órgano competente, por lo que la jueza se inhibió de entender en la causa. ------ --------- Contra dicho pronunciamiento se alzó la recurrente con la presentación obrante a fs. 15/17 donde fundamentó la reposición, la que debe tomarse como sustento del recurso de apelación, puesto que el escrito presentado a ese fin hace de sostén de la misma cuando el primero ha sido desestimado. En virtud de ello no se analizará el escrito de fs. 25/28. ------------------------------------------- --------- La recurrente, en síntesis, manifestó: -------------- Que la resolución por la cual el a quo se declara incompetente para entender en la causa debe ser revocada, ya que el objeto del proceso tiende a preparar el proceso monitorio para llevar adelante el desalojo del inmueble ocupado por la parte demandada. -------------- Que en la presente acción nada tiene que ver el contrato [de locación] el que no se cuestiona y que, además, se encuentra vencido. ----------------------------------------- Que en el decreto de fs. 17 vta. la Inferior realiza una interpretación equivocada de las normas de competencia establecidas en el C.P.C. de San Juan. Señala que conforme a lo dispuesto por los arts. 5, inc. 15, del Código ritual y 81 de la Ley Prov. N° 5.854, en materia de desalojo la competencia se encuentra regulada en la ley, por ello -en su opinión- no es prorrogable mediante acuerdo de partes. ------------------------------------------ Que la cláusula 18 del contrato no está vigente, al haberse producido el vencimiento del mismo; además, resulta inválida por oponerse a las normas anteriormente transcriptas. ------------------------------------------------- Que la empresa demandada es AMX ARGENTINA S.A. (conocida bajo el nombre comercial de 'CLARO'), por lo que los derechos de usuarios y consumidores son plenamente vigentes y aplicables al caso. Cita jurisprudencia referida a la declaración de invalidez de cláusulas de prórroga de competencia en contratos de adhesión, con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor. ----------------------------------------------- Por último, reitera que el contrato de locación había vencido el 30 de junio de 2009 (cláusula 2da), por lo que al día de instaurar las medidas preliminares el referido contrato no tenía vigencia ni efectos. --------------------- --------- A fs. 29 se dispuso la elevación del expediente a la Alzada, donde se decidió remitirlo nuevamente al Juzgado de origen dado que se omitió acompañar certificado de elevación, además se solicitó el envío de la documentación original reservada; cumplido lo cual se reenviaron a la Cámara (ver providencia de fs. 32). -------------------------- --------- En este ámbito se dictó -previa determinación de que el Tribunal en pleno intervendría en el análisis del recurso (fs. 39)- el pase de los autos a resolver (fs. 43); decreto que se encuentra firme y consentido. --------------- --------- Frente al planteo de incompetencia articulado por la Jueza de primera instancia, por Presidencia se dispuso correr vista a la Fiscalía de Cámara e intertanto suspender la resolución del recurso (fs. 44). ----------------------------- --------- A fs. 46 y vta. obra el dictamen de la Titular de la Fiscalía de Cámara Nº 2, Dra. Leticia Ferrón de Rago, quien opina que en el sub exámine se impone el rechazo del recurso de apelación, citando jurisprudencia relativa a la procedencia de la prórroga de jurisdicción. ------------------- --------- A fs. 47 se tuvo por contestada la vista y se dispuso reanudar el llamamiento de autos a resolver, que fuera oportunamente suspendido (fs. 44), decisión que se encuentra firme conforme surge de las constancias de la cédula de fs. 48 y vta. Posteriormente, se procedió al sorteo del expediente y a la adjudicación a estudio (fs. 50). --------- II. Comenzando con el análisis del recurso traído a examen y luego de inspeccionar sus fundamentos, adelantamos la procedencia del mismo, aunque no en función de los argumentos vertidos por la apelante, sino por los fundamentos que a continuación expondremos: -------- --------- 1. En primer lugar, cabe poner de resalto que en el sub exámine se inician medidas preparatorias a fin de promover acción de desalojo bajo las reglas del proceso monitorio, en cuyo caso y conforme lo preceptúa el art. 6, inc. 5°, del C.P.C., T.O. por Ley Prov. N° 8.037, resulta juez competente el que deba conocer en el proceso principal. --- --------- Asimismo, cabe puntualizar que de la lectura del contrato de locación -obrante en copia a fs. 2/5 y cuyo original hemos tenido a la vista- se observa que no se trata de un contrato de adhesión sino de un convenio de locación cuyas cláusulas fueron acordadas por las partes. ----------- --------- El llamado contrato `de adhesión´ con cláusulas predispuestas o `condiciones negociales generales´, es la estipulación, cláusula o conjunto de ellas, reguladoras de materia contractual, preformuladas y establecidas por el estipulante sin negociación particular, concebidas con caracteres de generalidad, abstracción, uniformidad y tipicidad, determinando respecto del conjunto de posibles adherentes una pluralidad de relaciones, con independencia de su extensión y características formales de estructura y ubicación. Tales perfiles no se presentan en el contrato de fs. 2/5, con lo cual carecen de sentido las referencias formuladas por la apelante en su intento de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. ------------------------------ --------- 2. Mientras las reglas atributivas de competencia por razón de la materia, el valor y el grado propenden fundamentalmente a asegurar la eficiencia de la administración de justicia, y se basan por lo tanto en consideraciones de interés general, las reglas que fijan la competencia por razón del territorio atienden ante todo a facilitar la actuación procesal de las partes y se hallan establecidas en el presunto interés individual de éstas (Palacio, Lino Enrique, "Derecho Procesal Civil", AbeledoPerrot, Buenos Aires, 3ª reimpresión, 1987, Tº II, pág. 370, nº 162, ap. `a´). ----------------------- --------- Sigue diciendo el autor ut supra citado que, cuando se trata, en cambio, de la competencia por razón del territorio, el órgano judicial se halla vinculado al poder dispositivo de las partes o peticionarios, quienes pueden renunciar, expresa o tácitamente, a la aplicación de las reglas correspondientes, sometiéndose a la competencia de un juez distinto del previsto por éstas. De allí que la competencia por razón del territorio sea prorrogable, y relativa la incompetencia del órgano judicial al cual las partes voluntariamente se someten. -------------------------- --------- La prórroga expresa requiere el concurso de la voluntad de ambas partes -pactum de foro prorrogando-, exteriorizada a través de un contrato o de declaraciones unilaterales de un mismo contenido, de las que surja la intención inequívoca de someterse a los órganos judiciales de una determinada circunscripción. De esta forma se prorroga la competencia territorial que pudiera corresponder en razón del domicilio o del lugar del cumplimiento de la obligación. -------------------------------- --------- En el caso bajo estudio, la Sra. Juez subrogante se declara de oficio incompetente para entender en la litis, habida cuenta de que las partes de común acuerdo establecieron en la cláusula 18a del contrato de locación (fs. 2/5) que se someterían a la competencia de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles. ----------------------------------------------- --------- De modo tempestivo, el apoderado de la accionante se alza contra el decisorio, argumentando esencialmente la posibilidad de declarar inválidos los pactos de prórroga de competencia territorial en las cuestiones patrimoniales; por ende, concluye que el a quo no tiene facultades para declararse incompetente de oficio. ---------- --------- Efectivamente, la inhibición oficiosa del órgano judicial se halla sujeta a una limitación, ya que no procede en el supuesto de resultar afectada alguna regla atributiva de competencia por razón del territorio, pues ésta, como hemos visto, puede ser objeto de prórroga. Queda en este sentido vinculada la magistrada interviniente al poder dispositivo de las partes o los peticionarios, quienes pueden renunciar expresa o tácitamente a la aplicación de las reglas correspondientes. --------------------------------------- --------- Es que si la prórroga depende -como en el caso- de la voluntad de las partes, la incompetencia sólo se podrá declarar si la demandada la opone en la respectiva oportunidad procesal, esto es, al deducir excepciones. Reiteramos, en tales casos la juzgadora no puede declararse incompetente de oficio al recibir la demanda o petición, sino que debe esperar a que la accionada articule la declinatoria. -------------------------------------------------- --------- En sentido concordante al expuesto, y mutatis mutandi, la jurisprudencia ha sostenido que "según lo dispone el art. 1, del C.P.N. [ídem. art. 1, C.P.C. local] la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales, podrá ser prorrogada por acuerdo de partes. En tales asuntos, por consiguiente, el juez no podrá declarar la incompetencia territorial por su propia iniciativa, sino -en su caso- a instancia de parte, ya que hasta que no se conteste la demanda no estará en condiciones de conocer si el accionado acepta o no su competencia territorial, la que recién entonces podrá o no quedar tácita o expresamente prorrogada. Lo primero si se contesta la demanda sin oponer la excepción pertinente, y lo segundo, cuando expresamente así lo manifieste" (Cám. Nac. Civ., Sala A, 28-05-79, La Ley, 1980-A-633, 35.366-S). ------------------------------ --------- Concordantemente se ha dicho que "tratándose en el caso de autos, de la competencia territorial, que es de carácter relativo y renunciable, ésta puede ser prorrogada en forma expresa o tácita por las partes, en las acciones reales, o personales como la presente, dado que no se opone a ello principio alguno de orden público [arts. 1, 2 y ccdts. del C.P.B.A.]. En consecuencia, no habiéndose planteado el impedimento procesal de incompetencia por medio de la excepción respectiva, no resulta viable la declaración ex officio" (Jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, Civil y Comercial, "Pietraccone Oscar c/ Mendoza, Francisca s/ Ejecutivo", RCC0001 QL 2221 RSI-185-98I, 10-11-98, Mag. votantes: Busteros - Celesia - Señaris; Fuente: Lex Doctor, versión 9.0). ---------------------------------------------- --------- III. En conclusión, corresponde admitir el recurso de apelación subsidiario deducido por la accionante contra el decreto obrante a fs. 14 vta. En consecuencia, se revoca el mismo y se ordena que el a quo provea lo pertinente conforme al estado de las actuaciones. ----------------------- --------- Por todo lo expuesto, normas legales, doctrina y jurisprudencia citadas, Se Resuelve: ------ --------- I. Admitir el recurso de apelación subsidiario deducido por la accionante contra el decreto obrante a fs. 14 vta., el que en consecuencia se revoca, ordenándose al a quo que provea lo pertinente conforme al estado de las actuaciones. ------------------ --------- II. Regístrese, agréguese copia a los autos, notifíquese y oportunamente bajen, previa reposición de sellado si así correspondiere. -------------------------- Fdo: MARÍA ESTHELA TONELLI-VÍCTOR BAZÁN-ALICIA R. DE BUSTOS CANO PROTOCOLIZADO: 26 DE JUNIO DE 2012 - T° 83 DE AUTOS, fs. 30/34.