Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2010-12-13


La Rioja, trece de diciembre 13 de 2010.

El Dr. Ángel Roberto Ávila dijo:

I) Que a fs.277/300 de autos, comparecen los Sres. María Graciela Dáscola, Lucía Concepción del Valle Ávila, Eugenia Torres Cortés, Mariana Solorza, Natalia María Brizuela, Lucía Maraga, Verónica Patricia Castro, Victoria Cárdenas Macor y Miguel Marcos, con patrocinio letrado, interponiendo Acción de Amparo colectivo y medida cautelar innovativa, contra el Poder Ejecutivo provincial y Municipalidad del Departamento Capital, solicitando de manera urgente el inmediato cese de las obras que se realizan sobre el edificio histórico de la Escuela Normal "Pedro Ignacio de Castro Barros", en base a los fundamentos que a continuación exponen.

Denuncian inicialmente contraparte, formulan recusación con causa y establecen las condiciones formales de procedencia de la acción instaurada. Exponen que es el medio más expedito y eficaz para impedir la destrucción o modificación del patrimonio histórico provincial, que es procedente porque la situación denunciada es padecida por la comunidad toda y tiende a evitar el aniquilamiento de la identidad popular. Justifican su legitimación para promover la acción instaurada en la normativa constitucional invocada, por tratarse de una pretensión de objetivo colectivo que puede ser ejercida por cualquier persona. Que la actividad del Estado y la inacción del gobierno municipal lesionan un derecho difuso, que es a la identidad del pueblo riojano, invocando citas jurisprudenciales que consideran proclives a su reclamo. Establecen la competencia de este Alto Cuerpo para decidir sobre la acción articulada y en lo concerniente al plazo de la presentación, exponen como su momento inicial el comienzo de las tareas de demolición de la reja perimetral del edificio, el día 02/08/2010.

Ingresan en la fundamentación de la procedencia sustancial del recurso, transcribiendo publicaciones periodísticas aparecidas en medios nacionales, que cuestionan la decisión gubernamental de ejecutar una obra tendiente a modificar el estado actual del edificio de la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros, individualizado como "Proyecto Ramírez", afectando el patrimonio histórico y cultural provincial. Relata las explicaciones oficiales dadas a las críticas efectuadas y luego de otras consideraciones, exponen que el accionar del P.E. produce una amenaza cierta, actual e inminente a los derechos contenidos en el Art.41 de la Constitución Nacional, Arts. 52, 53 y 58 de la Constitución Provincial y preceptos de la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico, ratificado por Ley Nº 25.568. Que también infringe las leyes provinciales Nº 7380, 8510 y ley nacional 12.665.

Agregan que la cuestionada conducta del P.E. permite concluir sobre su patente ilegitimidad y arbitrariedad, que otorga verosimilitud a los derechos pretensamente conculcados, que el peligro en la demora resulta de la situación actual del edificio y solicitan se les exima de rendir contracautela. Seguidamente, requieren medida cautelar innovativa, tendiente a suspender todos los trabajos de destrucción de la Escuela Normal y restaurar su edificio a su estado anterior. Solicitan exención de costas para el caso de pronunciamiento contrario a su pretensión y luego de otras consideraciones dadas a fs.384 /386 en valía de su pretensión, a cuyo contenido remito y doy por reproducido en honor a la brevedad que la naturaleza jurídica de la acción instaurada impone en esta instancia decisoria, citan derecho, formula reserva, ofrecen prueba y concretan su petitorio.

II) Que luego de resueltas las alternativas procesales vinculadas a la recusación de los integrantes de este tribunal, a fs.391/392 tomó intervención y emitió dictamen el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, Dr. Claudio José Ana, quien consideró improcedente la acción de amparo intentada, por haber sido objeto de análisis y resolución en los autos Expte. Nº 1651 "M" 2009, caratulados:"Muñoz Genoveva y Otros - Amparo", quedando en definitiva la causa en estado de resolver, conforme providencia de fs.392 vta.

Y Considerando:I) Que iniciando la decisión de la Acción de Amparo intentada por el ocurrente, corresponde pronunciarse liminarmente sobre la procedencia formal de la acción deducida, verificando el cumplimiento de los recaudos previstos por la normativa del Art.381 y 382 del C.P. C.

II) En ese cometido, tengo para mí que el Art. 382 Inc.1º del C.P.C. exige la verificación de la temporalidad de la presentación; es decir, si la demanda se ajusta a la exigencia del Art.381 del C.P.C. en lo concerniente al plazo de interposición, que debe ser de quince días hábiles de ocurrido el acto u omisión que se impugna. Este término tiene carácter de plazo de caducidad y su finalidad es la de otorgar firmeza a los actos y asegurar la consolidación jurídica con su consecuente vigencia; en definitiva, es un tema que interesa a la seguridad jurídica. (Cfr. Gozaíni Osvaldo A. - "El Derecho de Amparo", Ed. Depalma, Bs. As. 1995, p. 46).

III) Que en el presente caso, el amparo instaurado se dirige en contra de actos o conductas de la autoridad, encarnada en las instituciones demandadas, que restringen o violan derechos reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial, al ocasionar;en la perspectiva de los accionantes, la destrucción del patrimonio cultural provincial con las obras y trabajos que se encuentran realizando en el edificio histórico de la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros de esta ciudad.

Que según lo exponen las amparistas, al argumentar sobre el plazo para la presentación previsto por el Art.381 del C.P.C., han tomado como punto de partida para su cómputo, el momento del inicio de las tareas de demolición de la reja perimetral del edificio histórico escolar, hecho que expresan acontecido el 02/08/2010.

Que de los antecedentes compulsados, verifico que los requirentes establecieron tal circunstancia fáctica, sin acreditación alguna de dicho extremo temporal. En efecto, de su extenso planteo, no surge elemento de convicción alguno que permita establecer de manera fehaciente la aparición temporal del accionar lesivo e ilegítima restricción invocados por los amparistas, siendo que por el contrario, resulta un hecho de público y notorio conocimiento que las tareas de refacción en el edificio histórico de la Escuela Normal datan de una época anterior, pretérita al lapso señalado por los actores, que recién parecen haber advertido el desarrollo de la obra en su última etapa, cuando se prepara para su exteriorización y puesta en servicio para su utilización por la comunidad toda.

Que conforme lo exige la normativa del Art. 381 del C.P.C., la acción de amparo debe plantearse dentro del término de quince días, que se cuenta a partir de la fecha en la que el accionante ha tenido conocimiento del acto lesivo. Dicho plazo, como lo sostuve precedentemente, adquiere el carácter de un término de caducidad, es decir, que conlleva aparejada la pérdida o extinción de un derecho como consecuencia de la inacción de su titular, dentro de un lapso perentorio o por incumplimiento de los recaudos legales.

Que la vigencia del plazo de caducidad de la acción de amparo; al ser un requisito de admisibilidad de la acción, impone su demostración por cuenta de la parte actora, quien debe proporcionar la prueba necesaria para desvirtuar la convalidación del acto por el transcurso del tiempo.

En el cometido denunciado y a los efectos previstos por el Art. 382 Inc.1º del C.P.C., no existe constancia alguna, instrumental, documental, informativa o de cualquier naturaleza, que la parte haya postulado como prueba para relacionarla con el aspecto puntual de la demostración del momento de inicio del plazo.

En el supuesto en examen, resulta inadmisible estimar temporalmente que los ocurrentes recién tomaron conocimiento del acto lesivo cuando se procedió a demoler la reja perimetral del edificio escolar, esencialmente porque los trabajos de refacción iniciaron mucho tiempo atrás, siendo un hecho de público y notorio conocimiento para la sociedad riojana toda. Que a la par de ello, de la propia prueba documental que anexan los amparistas, se puede establecer la existencia de un conocimiento general de la obra en cuestión que denota vasta anterioridad al día 02/08/2010, propuesto como inicio del cómputo del plazo legal. Para el caso, tampoco formalizaron invocación alguna de la doctrina de la ilegalidad continua del acto lesivo.

Que por otra parte, este Alto Cuerpo emitió pronunciamiento en causas anteriores cuyo objeto se relaciona con el contenido en los presentes autos, a saber; Expte. Nº 1651 - "M" - 2009, caratulados:"Muñoz Genoveva y Otros -Amparo", con fecha de iniciación 23/09/2009, también Expte. Nº 1711 - "G" - 2010, caratulados:"Guzmán Diana y Otros - Amparo", iniciado el 15/04/2010, conforme constancias de Secretaría Originaria, que permiten establecer fehacientemente la notoriedad pública de los acontecimientos que motivan la presente acción, con evidente anterioridad al momento del inicio del cómputo del plazo para la interposición del amparo que fijan los ocurrentes.

Que consecuente con los conceptos enunciados, no habiéndose mínimamente acreditado en autos por la parte actora el momento u oportunidad en que aparece plasmado el acto o la actividad lesiva denunciada, que permita relacionarlo con la fecha cierta de interposición de la demanda instaurada en los presentes, corresponde tener por incumplido el recaudo formal de exigencia previsto por el Art.382 inc.1º del C.P.C., resultando extemporánea su interposición a la luz de los argumentos fácticos expuestos, circunstancia que motiva su rechazo.

IV) Que en consecuencia, y por los fundamentos precedentemente expuestos, corresponde declarar la improcedencia formal de la acción de amparo incoada por extemporánea, de conformidad a la normativa de los Arts. 381 y 382 Inc.1º del C.P.C.

Así voto.

El Dr. José Nelson Luna Corzo dijo: Que por sus fundamentos, adhiero al voto precedente.

El Dr. Carlos María Quiroga dijo: Que adhiero a la solución que propician los magistrados preopinantes.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, resuelve: I) Declarar inadmisible la acción de amparo articulada, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos. - Angel Roberto Avila. - José N. Luna Corzo. - Carlos María Quiroga.