Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-06-29


AUTOS Nº 133094 (9º JUZ. CIVIL) (SALA III Nº 12021) "MERCADO Andrea Belén C/ Agüero Daniel Alberto - Ordinario" ///En la ciudad de San Juan, a 29 días del mes de Junio de dos mil dieciocho, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Dr. Daniel Olivares Yapur y Dr. Luis Alberto Recio, para conocer sobre el recurso de apelación deducido por la aseguradora citada en garantía, concedido a fs. 312, contra la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016, obrante a fs. 296/309.

EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, dijo:

La Señora Juez del Noveno Juzgado Civil en sentencia definitiva dijo: I) Hacer lugar parcialmente a la demanda condenando al Sr. Daniel Alberto Agüero y Escudo Seguros S.A. en forma "in solidum" a pagar a la actora, Sra. Andrea Belén Mercado, la suma de pesos Ciento once mil quinientos ($ 111.500), con mas los intereses que se devenguen hasta su efectivo pago (Ley LP 9-O) dentro el plazo de diez días de quedar firme o consentida la presente. Costas a la vencida. II) Regular los honorarios de la Dra. Mariela Ivana Rojas, por su actuación profesional, en doble carácter, como vencedora en tres etapas del proceso, en el 21.4% de la base regulatoria que a tal fín se apruebe. Regúlanse los honorarios del Dr. Juan de la Cruz Córdoba por su actuación en doble carácter como vencido, por tres etapas del proceso, en el 15.4 %s de la base firme. Regular los honorarios de los peritos Sra. Laura Soledad Contreras, Dr. Raúl Alberto Centeno y Lic. Tomás Las Peñas Vallejo, en el 1,2% de la base fime a cada uno."	Contra tal pronunciamiento se alza en recurso la aseguradora citada en garantía, a fs. 311, el que es concedido a fs. 312, expresando agravios a fs. 314/318. La contestación obra a fs. 320/324.

Sin perjuicio de la relación de hechos que formula la Sra. Juez de la causa, a los fines de darle una razonable autonomía al presente, referiré brevemente los mismos.

La acción se origina con la demanda de daños y perjuicios que inicia la Srta. Andrea Belén Mercado reclamando la suma de pesos ciento sesenta y tres mil mas intereses, al señor Daniel Alberto Castro y al titular registral del rodado dominio . Relata que el día 7 de noviembre de 2011 se desplazaba por Ignacio de la Roza en dirección oeste este por el carril sur y al llegar a la intersección de esta con calle proyectada del Barrio Cesap, se estaciona un colectivo de la empresa La Positiva, hecho que la obliga a cruzarse al carril norte a fin de seguir su marcha, encontrándose con el automóvil Corsa conducido por Agüero quien salía intempestivamente de calle Proyectada accediendo a la Avenida nombrada para dirigirse hacia el oeste. Ante tal maniobra, lo colisiona en el guardabarro trasero izquierdo, salta por encima del rodado, parte trasera y cae al pavimento boca abajo. Es socorrida y trasladada por SIFEME al Hospital Rawson. Le diagnostican politraumatismo en pierna izquierda y mano derecha, trauma cerrado de abdomen, pasa a cirugía y el día 8-11-11 le extrajeron el bazo. Atribuye la responsabilidad objetiva al conductor del vehículo, quien accedió antireglamentariamente a la avenida, sin control ni dominio del mismo. Reclama gastos médicos, indemnización por incapacidad sobreviniente, daño estético y biológico, daño psíquico, daño moral y lucro cesante.

El accionado comparece y cita en garantía a la aseguradora Escudo Seguros S.A., quien asume la defensa a fs 46/57. Dando su versión sobre los hechos expresa que al llegar por calle Proyectada a Ignacio de la Roza advierte que un colectivo que circulaba de oeste a este se detiene. Al ver que nadie circulaba comienza a avanzar lentamente para acceder al oeste atravezando el boulevard que separa la avenida y ve aparecer a gran velocidad desde atrás del colectivo, zigzagueando, la motocicleta conducida por la actora quien impacta el vehículo de Agüero en su parte trasera, sin siquiera atinar a frenar o esquivarlo. Rechaza toda atribución de responsabilidad, atribuyéndola a la actora. Producida la prueba, se dicta sentencia definitiva a fs. 296/309, en fecha 31 de agosto de 2016.

Contra tal pronunciamiento se alza la aseguradora a fs. 311, expresando agravios a fs. 314/319, los que se sintetizan de la siguiente forma.

Primero) Cuestiona la atribución de responsabilidad exclusiva en el accidente al demandado, condenándolo "in solidum" con la aseguradora, a pesar de que ha quedado demostrado en autos y en el sumario penal que la conductora circulaba a velocidad excesiva, 50km por hora, siendo la permitida solo 20 Km/h, considerando la zona cercana a universidades y la hora en que se produjo el accidente , sin control del ciclomotor y sin licencia de conducir, contraviniendo en todo a la Ley de Tránsito. El fallo ha obviado evaluar el incumplimiento a la norma del art 48 de la ley que prohíbe realizar maniobras zigzagueantes e intempestivas, que es precisamente lo que hizo la actora, debiendo asumir el porcentaje de responsabilidad que le cabe por ello. Como así también el exceso de velocidad ya que de haber conducido a 20Km/h hubiera podido la actora esquivar el impacto. La Sra. Juez no ha evaluado que la actora ha contribuído en gran medida al acaecimiento del accidente, basando la condena en la evaluación realizada por el juez penal sin analizar y verificar la responsabilidad en materia civil, habiendo sido el accionar de Mercado decisivo para la ocurrencia del hecho. Segundo) Respecto del dictamen pericial médico de fs 140/142, si bien es detallado y fundado, ha omitido explicitar el fundamento del porcentaje de incapacidad otorgado del 30%, que resulta ser el máximo para el caso de extirpación del bazo ni ha explicitado en que consiste la incapacidad de la actora, ya que no se ha demostrado que ésta hiciera actividad alguna que demande gran esfuerzo ni necesidad de adaptación lo que quita rigor científico a las conclusiones. Debe por ello reducirse el porcentaje atribuído a la situación real de la víctima. Tercero) Cuestiona la procedencia y cuantificación del daño moral atento la cuota de responsabilidad que le cabe a la actora en el accidente al menos en forma concurrente con el demandado al igual que los rubros de condena los que deben adecuarse proporcionalmente a tal responsabilidad. Cuarto) Le agravia la condena a pagar intereses respecto del daño emergente (daño al ciclomotor) y daño personal, desde la fecha del accidente cuando debió ser a la fecha de la efectiva erogación fectuada. Lo contrario sería un enriquecimiento indebido. Cuarto) Respecto de costas y honorarios deberán ser readecuados conforme prosperen los agravios expresados. Las costas deben ser impuestas en la medida en que han prosperado la pretensiones, que conforme el monto de condena resulta que ha sido rechazado un 32 por ciento del reclamo. La actora contesta agravios a fs. 320/324.

TRATAMIENTO DEL RECURSO	Primer Agravio	Cuestiona el recurrente la atribución de responsabilidad en el accidente de autos en forma exclusiva a los accionados decidida por la sentenciante, sin considerar la incidencia que tuvo en el mismo la conducta antireglamentaria de la víctima a quien pretende se atribuya culpa concurrente con la del demandado.

A fín de dejar definida la posición del Tribunal en materia de atribución de responsabilidad civil, en forma previa al necesario análisis de la prueba producida en el proceso en función del agravio propuesto, cito fallo donde se expresa al respecto "En el derecho privado Argentino los presupuestos postulados por la doctrina mayoritaria que comparto son a- daño, b- factor de atribución, c- nexo de causalidad e ilicitud, e- imputabilidad.

Respecto de cada uno de ellos he de dejar sentado muy brevemente lo siguiente; el daño es un menoscabo que, a consecuencia del acaecimiento de un evento determinado, sufre una persona en algunos de sus bienes y que puede tener una estimación económica trascendente, el Código Civil determina claramente en su artículo Art. 1.068. "Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades".

El factor de atribución constituye el elemento axiológico o valorativo, en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone la imputación de las consecuencias dañosas del incumplimiento obligacional o de un hecho ilícito stricto sensu a una determinada persona nuestro corpus civil artículo 1.067 prescribe " No habrá acto ilícito punible para los efectos de este código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa o negligencia" En idéntico sentido se refiere al factor subjetivo de atribución el artículo 1.109 "Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil." El factor de atribución puede resultar objetivo y en este sentido resulta de aplicación lo normado por el artículo 1.113 del citado cuerpo legal "La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable." Es decir, que estaremos ante un factor objetivo de atribución objetiva de responsabilidad toda vez que se encuentren causales tales como el riesgo creado riesgo, abuso del derecho, garantía etc.

Ahora bien, respecto del nexo causal he de seguir la opinión de Pizarro-Vallespinos cuando indican es nexo causal suficiente "la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido, lo cual se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución.". Es decir, estos autores entienden que existen las cadenas causales únicamente cuando existe acción humana. Por su parte los autores Trigo Represas y López Mesa señalan que de modo uniforme se admite para que deba responderse por un daño es necesario que el mismo haya sido "causado" mediante acción u omisión, por su autor. Como se puede apreciar, en la conceptualización dada por estos autores, la idea de nexo de causalidad contiene un hecho precedente y un resultado consecuente (daño) unidos, justamente, por la relación de causa-efecto y naturalmente mediante tal significación queda claramente establecido el alcance del presupuesto en estudio.

Finalmente la imputabilidad importa el corolario de la valoración efectuada por el sentenciante de todos los hechos y presunciones acreditados mediante prueba idónea que permita alcanzar la convicción suficiente y que deben quedar perfectamente determinados y plasmados en el pronunciamiento, mediante el cual se le atribuye el grado eficiente de causalidad en el obrar o en la omisión al sujeto determinado imputándosele responsabilidad rezarcitoria respecto del daño ocasionado por el mismo, esta Sala III antes que ahora ha dicho que "en términos generales la imputabilidad es la aptitud necesaria para que un determinado hecho o acto jurídico (acción u omisión) pueda ser atribuido a una persona. Vale decir pues que no es otra cosa que la operación intelectiva de atribuir determinada consecuencia jurídica a un hecho antecedente del que aquella deriva (nexo causal)" in re N° 36534 (4° JUZ. CIVIL) (SALA III 9964) SUMARIO - II CPO."PROT. DE SENT. T° II F° 386/392 AÑO 2010 29-07-10). Y fallo emitido en AUTOS Nº 100677 (1° JUZ. CIVIL) (SALA III 11026) Caratulados "LISI HUGO GABRIEL C/ GONZALEZ RAMON ARMANDO - DAÑOS Y PERJUICIOS" de fecha 8 de mayo de 2013.

Cabe agregar que aún cuando la presente se analiza a la luz del C.Civil, atento la fecha en que se produjo el hecho dañoso, el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26994- vigente al momento en que expido el presente voto, utiliza en el art. 1721 el término factores de atribución, utilizado desde hace décadas por la doctrina pacífica del País, dando cabida a los factores de atribución subjetivos (dolo y culpa) y objetivos (riesgo por las cosas y por las actividades). Estableciendo que ante la inexistencia de norma expresa, el factor de atribución es la culpa. Por su parte, el art. 1726 prevé que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño y que, excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Es decir, en cuanto al presupuesto de la responsabilidad civil conocido como nexo causal, el nuevo código clasifica las consecuencias de los hechos de manera similar al Código Civil que reemplaza, imponiendo como regla general a cargo de quien la alega, la prueba de la relación causal.

En la especie, tal como lo afirma la Juez A-quo ha sido determinante para la conclusión arribada en la sentencia recurrida, las constancias del Sumario Penal N° 1435/14 "c/ Agüero Daniel Alberto P/ Lesiones culposas en perjuicio de Mercado Andrea Belén" del Tercer Juzgado Correccional en los que por sentencia definitiva que obra en copia a fs. 278/280 se condena Daniel Alberto Agüero por el delito de lesiones culposas por resultar autor del delito de Lesiones graves culposas (art. 94 2do párrafo del C.P.) en perjuicio de Andrea Belén Mercado.

Cabe recordar que la condena penal no impide al Juez Civil juzgar la incidencia que el actuar de la víctima o de un tercero puedan haber tenido en la producción del hecho dañoso y decir así, de su corresponsabilidad con aquel condenado en sede penal. Este Tribunal ha expresado reiteradamente "Siendo que el demandado fue condenado en sede penal por haber sido considerado autor penalmente responsable del delito de lesiones graves calificadas por la conducción antireglamentaria de un rodado en perjuicio del actor, frente a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la víctima contra el conductor del automotor y contra el titular registral del mismo vehículo, por imperio de lo dispuesto por el art. 1102, Código Civil, aquél pronunciamiento penal condenatorio hace cosa juzgada en sede civil en cuanto a la existencia del hecho, a la autoría y culpabilidad del condenado penalmente. Ello implica que el juez civil al analizar la dinámica del accidente y en definitiva, al momento de decidir sobre la responsabilidad civil de las consecuencia dañosas que provocó el siniestro, no podrá desconocer el hecho como no realizado, es decir no puede afirmar que el accidente de tránsito no ocurrió, como tampoco puede decidir que el imputado y condenado penalmente, no tuvo culpa en la producción del siniestro. Pero el efecto de la cosa juzgada penal respecto de la culpabilidad del condenado penalmente, no significa que el juez civil necesariamente deba concluir y decidir que el accidente ocurrió exclusivamente por la culpa del imputado y condenado penalmente. En sede civil no existe obstáculo y nada impide al juez decidir que en la producción del siniestro existió culpa concurrente de la víctima." (art. 1111,Código Civil) (B.M.G y otro vs Vezzone Alberto Nicolás s. Daños y Perjuicios. Cámara de Apelac. en lo Civil, Comercial laboral y Minería, General Pico, La Pampa, 18-10-13, Rubinzal Online RC J 384/14). (PROT. DE SENT. T° I-F° 153/165-AÑO 2014).

Precisamente sostiene el recurrente y constituye materia de éste agravio en estudio la supuesta omisión del sentenciante de analizar y valorar el grado de responsabilidad que le cupo a la víctima en el acaecimiento del hecho dañoso, al considerar solo las conclusiones del Juez Penal en la sentencia de condena sin analizar desde el punto de vista de la responsabilidad civil, la conducta antireglamentaria de aquella que permita atribuir concurrencia de culpa con el demandado.

Con la limitación impuesta por el art. 1102 del C. Civil, analizando la prueba obrante en autos, constancias de Sumario Policial y pericia accidentológica obrante a fs. 220/238, dentro del contexto de lo resuelto en la sentencia penal, considero que el agravio en estudio resulta admisible en tanto existen elementos probatorios objetivos que acreditan la conducta antireglamentaria de la víctima que en alguna proporción incidió en el resultado dañoso.

Sostiene la sentenciante transcribiendo lo expresado por el Juez penal que "la causa determinante del accidente fue la conducción insensata de Agüero, quien omitió la prohibición de cruzar de un carril a otro por sobre los separadores que delimitan ambas calzadas, sin precaver la aparición del ciclomotor por el costado del colectivo como efectivamente ocurrió resultando un obstáculo insuperable para la conductora de la moto en el impacto contra el vehículo, con el resultado y las consecuencias ya descriptas y en consecuencia surgiendo palmario el nexo de causalidad tal como a continuación se sigue desarrollando". Y continúa, " la prueba documental y pericial (en particular planos y fotos) resultan ilustrativas de la mecánica del accidente coincidiendo con la declaración testimonial de la damnificada por cuanto ésta manifiesta que en la intersección de las arterias en cuestión se hallaba detenido un ómnibus de pasajeros y que delante de este colectivo salió desaprensivamente el conductor Agüero ocasionando el resultado conocido"-. Para concluir el sentenciante en que "existe relación causal entre el accionar imprudente del demandado y los daños sufridos por la actora y ésta no ha probado eximente de responsabilidad, por lo que resulta civilmente responsable del accidente tanto por su calidad de conductor (art. 1113. C. Civil").

Sostiene la aseguradora recurrente que no ha sido debidamente valorada por el sentenciante la velocidad con que circulaba la actora en su ciclomotor al momento del accidente, 50 Km / h en zona urbana cercana a dos universidades a media tarde y en forma zigzagueante, extremos que demuestran claramente la conducta antireglamentaria de la misma quien debe asumir la cuota de responsabilidad que le cabe en el hecho dañoso.

Si bien comparto la conclusión a la que arriba la Juez A-quo en el análisis de la responsabilidad que le cupo al demandado dentro del límite que impone en tal evaluación la valla del art. 1102 C. Civil invocado precedentemente, juzgo que en el análisis correspondiente a la conducta de la víctima existen probados elementos no suficientemente valorados cual es la velocidad de circulación conforme pericial accidentológica de fs. 220/238 y la falta de cuidado y prevención, cual ha sido la conducción del ciclomor a una velocidad imprudente de 50 Km/h que no condice con las normas de la ley de tránsito, atendiendo el lugar y hora del hecho dañoso, llevando a la actora, a no controlar el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

Si la actora hubiera conducido el ciclomotor a velocidad prudente, entre 20 y 40 km/h en el horario y lugar en que se produjo el accidente, al efectuar una maniobra de sobrepaso de un colectivo que al demandar reconoce que se había detenido en el carril sur de la Avenida Ignacio de la Roza, cercana a la desembocadura de la calle proyectada, hubiera podido intentar una maniobra de esquive ante el obstáculo con el que se encontró. Sin embargo la alta velocidad con que circulaba y posiblemente su impericia, teniendo en cuenta que no contaba con carnet habilitante para conducir, impidió el debido control de su motocicleta, impactando en la parte trasera izquierda del vehículo de Agüero, con los resultados dañosos conocidos.

Existe culpa concurrente cuando el daño es el resultado de la conducta de ambas partes. Tal conducta debe trasuntar un quehacer o una comisión de entidad acorde con el resultado dañoso que se pretende resarcir. A nadie le es permitido excusarse por desatender el riesgo concreto implicado de antemano en su acción, sobre la base que ésta ha dañado en definitiva a quien no cumplió con otra norma destinada a neutralizar el mismo riesgo (Daray Hernán, Derecho de Daños en Acc. de Tránsito, pág. 175, Tº I, ed. 2001). "Para la existencia de culpa recíproca es necesario que tanto el conductor como la víctima hayan tenido activa participación en el mismo (concausa) como que el daño sea el resultado de una conducta asumida por ambas partes y haber sido cada una de ellas, condición indispensable para la producción del perjuicio procreando esa concurrencia. Es menester que el hecho de la víctima sea a su vez ilícito, imprudente o antirreglamentario o sea haber causado el daño en cierta medida y ser culpable de ello"-CALZ, Sala I.reg.Sent.Def. 15/87 177/97. Rev. de Derecho de Daños Determinación Judicial del Daño - Rubinzal - Culzoni- Tomo I. Pág. 284).

Conforme tal tesitura, que comparto, entiendo que la conducta antireglamentaria y un tanto temeraria de la actora se transformó en factor concausal del accidente en un porcentaje que evalúo en un treinta por ciento en la producción del mismo, porcentaje que deberá asumir la propia víctima. Por lo que propicio, admitiendo el agravio en estudio, revocar en este sentido la sentencia en crisis en cuanto atribuye la culpa exclusiva del demandado conductor del vehículo dominio en el accidente de autos y en su lugar decretar la concurrencia de culpa entre los partícipes atribuyendo la responsabilidad por las consecuencias dañosas del mismo en un treinta por ciento a cargo de la actora y en un setenta por ciento a cargo de los accionados.

Segundo agravio	Cuestiona el recurrente la atribución de una incapacidad del 30% parcial y permanente a la actora como consecuencia de las lesiones sufridas, evaluación que considera sin fundamento científico suficiente.

El perito médico al producir su labor pericial de fs. 142/144, dictamina una incapacidad del 30% parcial y permanente, expresando como consecuencia del accidente sufrido en la vía pública el 7 de noviembre de 2011, ingresa al Servicio de Urgencia del Hospital Rawson siendo diagnosticada como "Politraumatismo con traumatismo cerrado de abdomen", decidiendo en su momento un tratamiento de preservación esplénica en intento de salvar el bazo. Sin embargo ante un aumento acelerado de hemorragia interna se decide realizar un "Esplenectomia". Expresando que el mayor riesgo de esa condición clínica (pacientes sin bazo) son las infecciones graves causados por las bacterias encapsuladas. Presentándose ese riesgo en los primeros años luego de la esplenectomia, con 30% de los diagnósticos en el primer año de cirugía, y aproximadamente la mitad durante los dos primeros años. Y el mayor riesgo de sepsis o septicemia por esplenectomía se produce en un 68% por ciento de las muertes dentro del las 24 horas y 80 por ciento, en 48 horas de la operación de extirpación. Explicita además que al determinar la incapacidad por la pérdida del bazo hay que tener en cuenta el papel que desempeña el mismo junto con los ganglios linfáticos y la médula osea en el equilibrio del sistema inmunológico. Y si bien este órgano no es imprescindible para la vida con suma cautela deben evaluarse las complicaciones inmediatas. Concluye en que al extirpar el bazo debe inmunizarse al paciente por dos años con vacuna neumocócica para aquellas cepas que se han podido aislar y si bien el paciente conserva la vida, presenta un deterioro inmunológico frente a las agresiones microbianas con riesgo permanente, por lo cual debe asignarse una incapacidad con criterio exclusivamente funcional, que determina en el caso en el 30%. Las secuelas posibles son la propensión a las infecciones por inmunodeficiencia que requerirá vigilancia periódica por infectologo. Describiendo por último las secuelas cicatrizales que presenta por escoriación traumática en muslo izquierdo, y en interior de abdomen, cicatriz quirúrgica tipo queloide hiperpigmentada.

La prueba rendida en el proceso debe merituarse conforme las reglas de la sana crítica. Esta sala ha expresado al respecto que si bien ellas no se encuentran definidas en la normativa procesal, implican la existencia de determinados principios generales bajo los cuales corresponde apreciar la prueba, excluyendo de esta forma la discrecionalidad absoluta del sentenciante, con total acierto se ha dicho que " las reglas de la sana crítica son garantía de idónea reflexión". (Del dictamen del Procurador General SCBA, nov. 9-982-Morón,Emilio c./Gioachini Emilio REDED 20-B-1128). El juez tiene plena facultad de establecer el valor probatorio de la pericia. Si no fuese así el fallo lo darían indirectamente los peritos, quedando limitado el contenido de la sentencia a una suerte de homologación". (AUTOS N° 74520 3° CIVIL N° 11023 DAÑOS Y PERJUICIOS" PROT. DE SENT. T° II F° 313/323 AÑO 2013 09-08-13 PRUE 145).	La función de los peritos es asesorar a los jueces sobre materia ajena a su propia función, por lo que resulta indispensable que en esa tarea den suficientes fundamentos científicos con apoyo doctrinario a los fines de clarificar sobre aquello que escapa al conocimiento de los magistrados. Y en este sentido advierto que ante la descripción y acreditación de las lesiones sufridas por la actora como consecuencia del accidente, descriptas al demandar y que surgen de la historia clínica incorporada a la causa, resulta que el dictámen médico pericial analizado resulta clarificador en cuanto a las lesiones sufridas que llevaron a la necesidad de extirpar quirúrgicamente el bazo a la paciente, función de ese órgano y las limitaciones funcionales que puede provocar tal practica quirúrgica. Afirmaciones que llevan al experto a atribuirle una incapacidad parcial y permanente del 30%.

Advierto que tales conclusiones no son abstracciones ni hipótesis como lo sostiene el impugnante sino que el experto afirma como consecuencia del análisis científico del órgano en cuestión, su función en el sistema inmunológico del paciente y las consecuencias de su extirpación, la existencia de una incapacidad funcional de la actora que evalúa en tal porcentaje, producto de la esplenectomía a la que fuera sometida.

Esta sala ha sostenido reiteradamente que no basta que el perito adquiera convicción sobre lo que es materia de su dictamen, sino que debe suministrar los antecedentes y explicaciones que la justifiquen, para cumplir con su función de asesoramiento a los jueces, que es a quienes corresponde valorar en definitiva el acierto de las conclusiones expuestas en el informe pericial y decidir la cuestión en litigio. (SALA III PROT. DE SENT. Tº III Fº 560/575 AÑO 2003-5-12-03 ACCID123 PROT. DE SENT. T° I F° 63/83 AÑO 2012 - 7-03-12).

Y en este sentido, atento la claridad de las descripciones, fundamento científico aportado tanto al explicitar la función del órgano extirpado como las consecuencias de tal práctica quirúrgica en la salud de la paciente, extremos que permiten otorgarle pleno valor probatorio a la pericia analizada, propicio desestimar el agravio en estudio, avalando lo resuelto por la Sra. Juez a-quo en cuanto reconoce en la actora una incapacidad sobreviniente del 30% parcial y permanente.

Tercer agravio	Le agravia al recurrente el reconocimiento del sentenciante a la procedencia de la indemnización por daño moral y la cuantificación del mismo, entendiendo que resulta elevado considerando la incidencia de la responsabilidad que le cupo a la actora en el accidente. Como así también considera que en su mérito deben modificarse los montos reconocidos en los distintos rubros. Entiendo que el recurrente sólo expresa un disenso con la decisión del sentenciante al reconocer la pertinencia del reclamo, sin aportar fundamento alguno que logre conmover la misma.

El daño moral es definido por Bustamante Alsina como "la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria" (Tratado General de la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208).

La naturaleza resarcitoria del daño moral, ha sido consagrada en la doctrina de la Corte de Justicia de la Nación cuando juzgó que "la reparación del daño tiene carácter resarcitorio" ( (CSJN,24-08-95. P 263 XXVIII "Perez Fredy Fernando c./ Empresa Ferrocarriles Argentinos- Sumario" T. 318. P 1598) precisando posteriormente " a los fines de la fijación del cuantum del daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de éste rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste" (CSJN ,11-07-06 ,B 853 XXXVI "Bustos RR c./ la Pampa Provincia de y otro-daños y Perjuicios" 29-11-05.T 329 P.).

No resulta necesario destacar el estado de vulnerabilidad e inseguridad de la actora ante el acaecimiento del accidente de tránsito sufrido en el que las lesiones provocadas motivaron su internación y posterior intervención quirúrgica sufriendo la extirpación de un órgano que, ya ha sido descripto, cumple una función importante en el sistema inmunológico del paciente, circunstancias debidamente valoradas por la Juez al resolver sobre la procedencia de la indemnización analizada.

En cuanto a su cuantificación, se ha dicho que exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento, sería desconocer la naturaleza del daño moral, ignorar la especial situación en la cual se encuentra el juez cuando debe liquidar esa clase de indemnización y, en un último análisis, habilitar una causa de impugnación abierta hasta el infinito, frente a la cual ninguna sentencia estaría libre de censuras" (C7º Civ. y Com. Cba. 28-4-94.H. de P.C.A. c/ Científica Efraín Amuchastegui SRL, LLC 19o95-176.Rep.LL,1995 "Resarcimiento del daño Moral Civil, Comercial y Laboral". Gabriel A. Stiglitz- Ana Gandolfo de Stiglitz.pa. 209.	En mérito a tales consideraciones que comparto, entiendo que el agravio analizado no ha logrado conmover lo resuelto por la Sra. Juez A-quo en tanto la decisión y valoración expresados en la sentencia resultan comprensivos del daño sufrido como consecuencia directa del accidente. No surgiendo objetivamente el yerro en cuanto a la cuantificación del daño moral ni se observa desproporción entre lo aquí resuelto y el mérito efectuado por el sentenciante, postulo la confirmación del fallo en crisis también en éste punto, desestimando este agravio en estudio.

Cabe agregar que si bien el recurrente en forma genérica cuestiona los montos determinados en la sentencia al ordenar la procedencia de los distintos rubros reclamados, la falta de argumentos que expresen un criterio jurídico discrepante con el sostenido con el sentenciante impide su tratamiento. En este sentido cabe recordar que la expresión de agravios para ser idónea debe efectuarse con un mínimo de técnica recursiva en la que se marque con incisiva precisión los aspectos del decisorio que el apelante considera equivocados, indicándose los errores y omisiones de los que adolezca, como así también los fundamentos que lo inducen a sostener una opinión opuesta. La falta de argumentación destinada a modificar la recepción y cuantificación de los distintos rubros receptados en la sentencia me llevan a desestimar también en este punto el agravio analizado.

Cuarto Agravio	Le agravia al apelante la imposición de intereses desde la fecha del accidente, pretendiendo sean aplicados en el caso de daños emergentes- daño del ciclomotor- a partir de la fecha del efectivo pago de la reparación al igual que en el supuesto de daños personales en que deberán ser calculados desde la fecha en que se hubieren abonado. El mismo no puede prosperar.

La jurisprudencia local y nacional en materia de derecho de daños es uniforme en sostener que los intereses moratorios se deben aplicar desde la ocurrencia del evento dañoso, es decir desde el mismo momento en que se generó el daño porque se retrotrae la obligación de indemnizar a la víctima y con ello de mantenerla incólume, generándose pues la adición del interés resarcitorio desde aquel preciso momento.

Resulta útil en este punto citar fallo dictado por ésta Sala respecto de la imposición de intereses en materia de daños. "De igual modo viene juzgando invariablemente esta Cámara Civil en función de la doctrina expuesta vástamente por este Tribunal ad quem deben ser impuestos desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago (L. de S. Tº 71 F 125/151 - Nov/1997; L. de S. Tº 70 Fº 64/73 - 24/4/1997). No cabe duda que la tasa aplicable hasta su pago cierto es la definida por la Corte de Justicia en Pleno en el caso "Huaquinchay...", es decir la tasa activa establecida en la Ley 4119. Así se dijo en autos N° 16.548 caratulados "Videla de Tejada, Edith Marcela c/ Municipalidad de San Juan y otra - Daños y perjuicios" (27/3/2002 L. de s. Tº 82 Fº 13/27) sosteniendo que "respecto de la aplicación de los intereses en los casos de indemnización de daños y perjuicios es reiterada y constante la jurisprudencia de que, cuando son solicitados, deben ser impuestos desde el momento de acaecimiento del hecho dañoso..."A su vez, en el caso Nº 15.131 "Vargas, Isidro Alberto c/ F.G.H. - Daños y Perjuicios - Sumario", (15/3/1999, Libro de Sentencia Tº 74 Fº 86/96) ha opinado que "...la sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse ilíquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios. Es decir, la iliquidez de la deuda no impide que ésta devengue intereses moratorios, siempre que sea cierta en cuanto a la existencia y legitimidad de la obligación (Wayar, Ernesto Clemente, ob. cit., pág. 303, Belluscio, Augusto C. - Zannoni, Eduardo A., "Código Civil y Leyes complementarias" (Ed. Astrea) pág. 127, entre otros autores.). Además de ello, se debe tener en cuenta que durante el tiempo acaecido entre la producción del daño y su resarcimiento, el deudor responsable de indemnizar el menoscabo retiene en su patrimonio la suma establecida para resarcir, lo cual presume que la misma generaba en su favor intereses cuando tenía la posibilidad de hacerlo, en detrimento del acreedor perjudicado. Por esas razones, el momento de la determinación de la cuantía rezarcitoria es irrelevante a los efectos de determinar la procedencia de los intereses por el retraso en abonar la suma dineraria fijada como indemnización...." .AUTOS N° 54252 (5° JUZ. CIVIL) (SALA III 10309) "PRIEGO RICARDO HORACIO C/ASOCIACION DE PILOTOS VALLISTAS Y OTRO - DS. Y PS. - SUMARIO" PROT. DE SENT. T° I F° 34/48 AÑO 2014-31-03-14-INT36.

Por tales fundamentos opino debe rechazarse también éste cuarto agravio confirmando la sentencia apelada en cuanto impone a la condena resarcitoria, los intereses previstos en la ley 4119 (LP9- O) desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago.

Quinto agravio.

Referido a la imposición de costas, conforme lo resuelto en el presente y solución propiciada, de conformidad al art. 66 y 264 del CPC cabe la admisión del presente agravio en tanto corresponde readecuar la imposición de costas conforme ha prosperado el recurso, imponiendo las costas en la medida en que ha sido atribuida la responsabilidad en el accidente, en un 70% a los accionados y en un 30% a la actora. "Si al momento de fijar la indemnización por un accidente de tránsito se tuvo en cuenta la existencia de culpa concurrente, la distribución de las costas debe adecuarse al porcentual establecido en relación con la medida de la responsabilidad de las partes en el evento dañoso; ello así, las costas del proceso serán soportadas en un 50 % por cada una de las partes en litigio, de modo de quedar debidamente trasladado al campo de los gastos causídicos del proceso la proporción en que fueron admitidas las pretensiones esgrimidas por las partes a lo largo del litigio (cpr: 71 y 68). (en el caso, se fijo la responsabilidad en un 50% para cada una de las partes). Kölliker Frers - Uzal - Miguez. AIB 3 Zuccarelli, Roberto c/ Transportes Metropolitanos Belgrano Sur SA s/ Ordinario. 03/10/2006 Cámara Comercial) L-D-9.1.

En cuanto a los honorarios fijados, atento la labor desarrollada por los profesionales, carácter de la actuación, etapas y eficacia y mérito de la gestión, corresponde confirmar la regulación practicada a favor de la Dra. Mariela Ivana Rojas correspondiendo elevar la regulación practicada por la actuación desarrollada por el Dr. Juan de la Cruz Córdoba en representación de la Aseguradora citada en garantía, fijándola en el 16% de la base oportunamente a practicarse. (Arts. 10,12,14,19 de la ley 56-O).	COSTAS DE LA INSTANCIA	Atento el resultado obtenido por las partes recurrentes en la solución de las cuestiones sometidas a estudio, de conformidad al criterio objetivo de la derrota previsto por el art. 66 del CPC se imponen en el recurso deducido por la Aseguradora, en un 50 % a la actora y un 50% a los accionados. Fijando los honorarios de los profesionales actuantes en el recurso, al Dr. Juan de la Cruz Córdoba por su actuación en doble carácter por la Aseguradora Escudo Seguros S.A. en el 40% de la suma que se fije por su actuación en primera instancia y a la Dra. Mariela Ivana Rojas, por su actuación en doble carácter por la actora, en el 30% de la suma fijada por su actuación en primera instancia. ( arts 16 y 21 de la ley 56-O y 800 inc. 10 del CPC).

EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO, dijo: Por sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Daniel G. Olivares Yapur.

POR ELLO, normas legales y jurisprudencia, SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Citada en Garantía a fs. 311, concedido a fs. 312, revocando la sentencia de fecha 31 de agosto de 2016 obrante a fs. 296/309, en cuanto atribuye la responsabilidad exclusiva en el accidente de autos a los accionados, decidiendo que el mismo se produjo por culpa concurrente de las partes, atribuyendo la responsabilidad en el mismo en un 30% a la actora y en un 70% a la demandada.

II) Modificar la imposición de costas, las que se imponen para primera instancia en la medida de la atribución de responsabilidad decidida en los considerandos que preceden, elevando la regulación de honorarios correspondientes a la actuación del Dr. Juan de la Cruz Córdoba en el porcentaje indicado en considerando respectivo.

III) Costas de esta Instancia se imponen en la forma indicada en el considerando respectivo, fijando los honorarios en la forma y porcentajes indicados en el mismo. (art. 66 del C.P.C.).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada y bajen los autos. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 257 del C.P.C..FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA- PROT. SENT. T° I F° 127/139 AÑO 2018