Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-18


SENT Nro. 139 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 18 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por la parte actora y la parte demandada en autos: "Abregú Ernesto Ignacio vs. Cuozzo Roberto Marcos s/Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala Va. de la Excma. Cámara del Trabajo el 10/10/2001 (fs. 197/201 vta.), la parte actora y la demandada dedujeron sendos recursos de casación (fs. 222/228 vta. y 211/213 vta.), que fueron concedidos respectivamente el 15/5/2002 (fs. 241) y el 19/6/2002 (fs. 249). Unicamente el actor ha presentado el memorial facultativo del art. 137 CPTT, según consta en informe actuarial glosado a fs. 257 de autos.

2.- La Cámara consideró que esta Excma. Corte en sentencia nº 260 del 16/4/2001 (fs. 186/187) remitió a la aplicación del artículo 11 apartado 2 cuarto párrafo de la ley 24.028, cuyas disposiciones indican que los pagos que los empleadores o aseguradores hicieran directamente al trabajador por incapacidad permanente serán ineficaces para cancelar las obligaciones impuestas por los incisos 'b' y 'c' del artículo 8 de dicha ley.

Seguidamente, declaró de oficio la inconstitucionalidad del párrafo IV, apartado 2do. del artículo 11 de la Ley nº 24.028, en cuanto niega valor cancelatorio al pago directo realizado por el empleador en este caso. Considera que afecta la garantía constitucional que declara que la propiedad privada es inviolable, y refiere que está probado en este juicio el pago al deudor, con debido proceso legal, garantizándose a ambas partes la defensa de la persona y sus derechos en las diversas etapas del procedimiento, arts. 17, 18 y 31 CN.

Partiendo de la base de la inconstitucionalidad declarada, la Cámara considera válido el pago realizado al actor, hace suyos y transcribe los fundamentos expuestos en el fallo del 11/9/2000 como parte integrativa de la sentencia, y finalmente admite la defensa de fondo de falta de acción y de pago total opuesta por la accionada, rechazando íntegramente la demanda.

3.1.- El escrito recursivo del actor denuncia que se desobedeció la doctrina legal fijada para el presente caso. Considera que la sentencia de la Corte estableció que el fallo a dictarse en autos debe aplicar necesariamente el régimen legal establecido por el art. 11 de la ley 24.028, no obstante lo cual la Excma. Cámara declara la validez de los pagos, pero no en función de la normativa que obligatoriamente debía aplicar, sino en base a la declaración de oficio de inconstitucionalidad de la misma.

Señala que si la parte no alega la inconstitucionalidad, el Tribunal no la puede incluir en la decisión sin incurrir en el vicio de extra petita. Argumenta en torno al principio dispositivo, y expone que ello implica que la demandada debe articular en su responde todas las defensas a que se considere con derecho, incluido el planteo de inconstitucionalidad del régimen aplicable al caso, interpretándose sus silencio como consentimiento a su eventual aplicación.

Sostiene que la norma anulada por la Cámara impone una única forma de pago tendiente a evitar fraudes, que es precisamente lo que se intenta consumar en autos en donde la demandada abusa de firma en blanco, e indica que la tacha de inconstitucionalidad de dicha norma convalida un pago en fraude a la ley, al abusar la demandada de la firma de recibos en blanco.

Afirma que el fallo es inmotivado porque elude el análisis de dos aspectos básicos que surgen de la traba de la litis, y que son la invalidez del recibo firmado en blanco y la ineficacia legal del pago directo.

Señala que la sentencia reconoce la existencia del recibo firmado en blanco, y contradiciendo la letra del art. 60 LCT, otorga validez a lo que la doctrina y jurisprudencia tachan de un acto ilícito en el derecho laboral.

3.2.- El demandado denuncia que la sentencia rechazó íntegramente la demanda y absolvió a su parte del pago de la indemnización por accidente de trabajo, no obstante lo cual, resolvió en el punto imponer el pago de las costas al empleador por considerarlo responsable del desgaste jurisdiccional.

Entiende que con ese criterio, también es responsable el actor del desgaste jurisdiccional, quien pese a haber percibido la indemnización, pretendió -amparándose en el tecnicismo legal- percibirla nuevamente. Asevera que existió una violación del derecho adjetivo que consagra el principio de la derrota como fundamento de la imposición de costas, y que tampoco se encuentra debidamente fundada la eximición de costas al actor vencido en autos.

4.- El recurso deducido por la parte actora ha sido interpuesto en término; contra sentencia definitiva; la cuestión planteada es jurídica; y no es exigible el afianzamiento previsto por el art. 133 del CPTT, toda vez que la recurrida no es sentencia de condena.

5.- Examinadas las constancias de autos, se advierte que la Cámara ha declarado de oficio la inconstitucionalidad del cuarto párrafo, apartado segundo, del artículo 11 de la ley 24.028, inobservando las formas legales exigidas por el Código Procesal Constitucional (ley 6944) para la declaración judicial de inconstitucionalidad de oficio.

En efecto; el artículo 5 del mencionado cuerpo legal, inserto dentro del Título I que contempla los principios generales en la materia, habilita a los jueces a declarar de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de normas o actos contrarios a la constitución, imponiéndoles el deber de escuchar previamente a las partes y al Ministerio Público.

A su turno, el artículo 88, regulatorio de la intervención oficiosa de la autoridad judicial en el control de constitucionalidad, expresa textualmente en su tercer párrafo que "cuando el magistrado interviniente estime que la norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional, previa a la decisión, corre traslado a las partes por un plazo de diez días hábiles. El traslado de sobre esta cuestión será corrido en cualquier estado de la causa y no implica prejuzgamiento. Se da intervención al Ministerio Público".

Asimismo, esta Corte tiene dicho al respecto que "El actual Código Procesal Constitucional de Tucumán autoriza a los jueces a declarar de oficio, en el caso concreto, la inconstitucionalidad de normas o actos contrarios a la Constitución, debiendo escuchar previamente a las partes y al Ministerio Público" (CSJTuc., in re "Courel Carlos S.A. s/ calumnias e injurias", sent. nº 861 del 17/10/2001. En idéntico sentido, CSJTuc., sent. nº 1036 dictada en autos "Pepe Miguel Angel y otros vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ contencioso administrativo", del 07/12/2001).

A la luz de lo dispuesto por las normas y la jurisprudencia referidas en los párrafos precedentes, se advierte que la Cámara ha inobservado el trámite que los arts. 5 y 88 de le ley 6944 le exigen cumplir con carácter previo a la declaración de oficio de inconstitucionalidad de una norma, pues no ha corrido traslado a las partes ni ha dado intervención al Ministerio Público con anterioridad al dictado de la sentencia del 10/10/2001 (fs. 197/201 vta.), en la que declaró la inconstitucionalidad parcial del art. 11 de la ley 24.028.

La infracción a los artículos 5 y 88 del Código Procesal Constitucional, en lo que regula en forma específica el trámite previo que debe contener la declaración de inconstitucionalidad de una norma dispuesta de oficio por el Juez, y en cuanto perjudica el derecho de las partes a ser oídas, configura una causal de nulidad que altera la estructura esencial del procedimiento en los términos del art. 167 del CPCC, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto por el art. 23 del CPTT, la que es insubsanable y puede ser declarada de oficio y sin sustanciación si la referida nulidad es, como en el caso, manifiesta.

Consecuentemente, corresponde declarar la nulidad de oficio de la sentencia del 10/10/2001, de fs. 197/201 vta. de autos, debiéndose remitir la causa a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo fallo, imprimiendo el trámite que prevén los arts. 5 y 88 tercer párrafo del Código Procesal Constitucional, si llegara a considerar que la norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional.

6.- El recurso de casación deducido por la demandada deviene de inoficioso tratamiento, atento a la nulidad oficiosamente dispuesta de la sentencia atacada.

7.- Corresponde imponer las costas de ambos recursos de casación por el orden causado, por cuanto el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional (art. 49 CPTT y 106 inc. l° CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y compartiendo lo dictaminado por el Sr. Ministro Fiscal a fs. 259/260, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR la nulidad de oficio de la sentencia de fecha 10/10/2001 (fs. 197/201 vta.), debiéndose remitir la causa a la Excma. Cámara del Trabajo, para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo fallo, imprimiendo el trámite que prevén los arts. 5 y 88 tercer párrafo del Código Procesal Constitucional, si llegara a considerar que la norma que debe aplicar puede adolecer de alguna objeción constitucional.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO