marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Distribuidora NORTE SRL. c/ COPAN Cooperativa de Seguros Grales. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-15

El art. 207 de la ley 10620, en modo alguno observa la pauta que los honorarios de los peritos deben adecuarse, además del mérito, la importancia y naturaleza de la labor cumplida, al monto del juicio y a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa, y por ende genera una irritante desigualdad respecto de los honorarios de los demás profesionales intervinientes en el proceso, resultando violatorio de la norma constitucional de igualdad ante la ley (arts. 16, Const. Nac. y 10 Const. Prov. Bs. As.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Balance o informes falsos, estafa
Materia: PENAL
Carátula: Besa, Sandra y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Si la querella denunció en autos la supuesta disminución del patrimonio de la sociedad lograda en base a un balance que señalara como falso, lo que como consecuencia implicaría un demérito en el valor de las acciones cuyo reembolso persigue en sede comercial, y ante la eventualidad que finalmente se determine la existencia de los hechos conforme fueran descriptos en la denuncia y en el requerimiento fiscal de instrucción, tales acontecimientos podrían significar un detrimento patrimonial para el denunciante. Y en nada empece a tal conclusión la circunstancia que el denunciante pretendiera hacer valer en el proceso comercial un balance distinto al que califica de espúreo, pues en la medida que el balance sospechado de falsedad haya sido incorporado al proceso -y en consecuencia sea sometido a consideración del Magistrado competente, quien incluso podría receptarlo como idóneo a los efectos de la determinación de la deuda de la sociedad con el denunciante- no puede descartarse la existencia de un accionar estafatorio contra el nombrado. Ello lleva a discrepar con las afirmaciones dogmáticas que presenta el pronunciamiento recurrido en cuanto a la ausencia en el caso de un perjuicio directo que afecte al pretenso querellante, si no media ni se ha brindado fundamento alguno que pudiera sustentar ad initio la ausencia del delito. (Voto del Dr. Riggi).
Juicio ejecutivo, ejecución de alquileres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Emilton Enrique Ramón c/ Stagnaro, Jorge Luis y otro s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

En las hipótesis en que se pretende el cobro de arriendos, por la vía ejecutiva, más allá de la fecha de vencimiento del respectivo contrato de alquiler, debe considerarse que el mismo mantiene su idoneidad como título hábil para reclamar los aludidos alquileres como tales (art. 521 del Cód. Procesal Civil) mientras el locatario no cuestione su permanencia en el inmueble, pues esto implica el reconocimiento de su ocupación en calidad de inquilino con posterioridad al referido vencimiento (art. 523 del Cód. Procesal Civil; art. 1622 del Cód. Civil).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Abuin de Lacasia, Alicia A. c/ Bourras, Héctor E. y otro s/ Cobro de mejoras
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08

Es manifiestamente insuficiente el agravio que pretende limitar el alcance del pedimento formulado en la demanda con relación a lo resuelto en el fallo, sin denuncia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso ni de transgresión del precepto legal que regula la congruencia de la decisión (art. 279, C.P.C.C.).
Acción de amparo, diputados nacionales, cargos vacantes, lista de candidatos, igualdad de género, interpretación de la ley
Materia: ELECTORAL
Carátula: Miras Trabalón Diaz, María Asunción de la Esperanza c/ Poder Legislativo Nacional H. Cámara de Diputados de la Nación s/ amparo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-31

El art. 164 del Código Electoral Nacional, en su redacción reformada por el art. 3 de la Ley 27.412, de Paridad de Género, dispone que "en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as titulares de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido". Es decir que el legislador previó de manera clara y precisa la forma en que deben efectuarse los reemplazos en la Cámara de Diputados de la Nación, ante la renuncia de alguno de sus miembros.
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Suárez Galván c/ Munic. de Esteban Echeverría s/ Desp. y cobro (cod. 17) -cuestión de competencia art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-22

Es propio de la competencia originaria de la Suprema Corte en materia contencioso administrativa entender en el cobro de la indemnización por despido a que el actor se considera con derecho por su desempeño en tareas de zanjeo, barrido, desmalezado y cuneteo de calles. Ello es así, al tratarse de una controversia que se suscita en el marco de la relación de empleo público. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deber de imparcialidad, recusación, derechos y garantías constitucionales, debido proceso, control de constitucionalidad, prórroga del plazo, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-09

Si bien busca traer una cuestión que presenta como relacionada con la imparcialidad del juez -garantía constitucional que podría ser sólo susceptible de tutela inmediata en algunos supuestos-, no ha logrado demostrar que deba equipararse a definitiva la decisión de la Cámara de rechazar el pedido de recusación del juez de primera instancia. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces José O. Casás y Ana María Conde).
Acción de nulidad, trámites judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Córdoba, Juan Carlos en autos "Colla, Hugo Alejandro c-Córdoba,Juan Carlos s-Ejecutivo" s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-17

La acción de nulidad debe darse a falta de otra vía y en situaciones en que aparezca conculcado el derecho de defensa, máxima garantía que debe ser establecida en el proceso. En consecuencia, no procede para un vicio que debió corregirse en el mismo proceso por vía de incidente de nulidad. No puede cubrir la negligencia de la parte en plantear sus recursos ni la alegación de la propia torpeza. Tampoco es procedente para repetir, ex novo, un juicio o para obtener un nuevo pronunciamiento.
Prueba pericial, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mensi, Luis Antonio c/ Garigali, Pedro Salvador s/ Daños y Perjuicios Moreira Da Cruz, María Elena c/ Moreira Da Cruz, José Manuel y otros s/ Lesión subjetiva y abuso de derecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23|1994-11-08

La prueba pericial adquiere prioridad sobre otras pruebas, y muy especialmente sobre la testimonial que en materia técnica deviene impertinente.
Recurso de casación, juicio ejecutivo, sentencia definitiva, juicio ordinario posterior, títulos ejecutivos, ejecución de honorarios, inhabilidad de título, costas, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Birgi Silvia c/ Renault Argentina S.A. s/ Ejecutivo - Recurso Directo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-03-27

1- Constituye requisito insoslayable de admisibilidad formal para la impugnación casatoria intentada por la vía del inc. 1 del art. 383, C. de P.C., que la resolución cuyo ataque se pretende ostente el carácter de sentencia definitiva o interlocutoria equiparable a ella (arg. art. 384, C.de P.C.). El carácter "definitivo" de la resolución no resulta de la calidad de irrevocable de que goza todo acto firme y ejecutoriado, sino de su función procesal. Es tal sólo la que compone el litigio o concluye el pleito haciendo imposible su continuación, aunque hubiera recaído en un incidente; aquella decide cuestiones planteadas, agotando total o parcialmente el conflicto de intereses, ésta impide el desarrollo del proceso imponiendo su conclusión.

2- Las sentencias recaídas en procesos compulsorios sólo hacen cosa juzgada formal, es dable concluir que las mismas no revisten -en principio y salvo supuestos de excepción- carácter definitivo pues, cualquiera fuese el resultado obtenido en la instancia de ejecución, queda siempre a salvo el derecho de las partes a promover el juicio declarativo que corresponda, a cuyo marco queda diferido el debate sobre la existencia misma de la relación jurídico-sustancial que diera origen al titulo (arg. art. 557, C. de P.C.).

3- La provisionalidad de la decisión objeto de ataque se torna aún más evidente si se repara en que el acogimiento de la excepción de inhabilidad de título se fundó en que la regulación no se encontraba "firme" a la fecha en que se promoviera la ejecución. Y dado que el "título" base de la acción no es el certificado a que refiere el art. 119, C.A., sino la propia resolución que fija el monto y cargo del crédito arancelario, nada obstaría a que, en el futuro y encontrándose ésta firme y ejecutoriada, la beneficiaria de los estipendios intente nuevamente su cobro por la vía célere.
Declaración testimonial, juramento y promesa de decir verdad, declaración autoincriminante, causa propia, falso testimonio
Materia: PENAL
Carátula: F., R. R. s/ Tortura seguida de muerte, severidades y vejaciones; S., J. B. y Otro s/ Severidades y vejaciones; T., M. E. y Otro s/ Severidades y vejaciones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2011-07-28

En efecto, según el precedente de este Cuerpo citado, "una declaración prestada bajo juramento de decir verdad no puede volverse en contra de quien la prestó" y "[] quien declara como testigo bajo juramento en causa propia y luego resulta encausado en el mismo expediente: no puede ser enjuiciado por el delito de falso testimonio toda vez que la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo lo protege].

Esta postura fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia, en concordancia con "Juan Esteban Cicciarno (quien) expresa: '. Tampoco ofrece hesitaciones el caso de quien miente al declarar como testigo bajo juramento en causa propia y luego resulta encausado en el mismo expediente: no puede ser enjuiciado por el delito de falso testimonio toda vez que la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo lo protege.

En este sentido, sólo puede ser considerado «testigo» y por tanto pasible de las penas previstas en el artículo 275 C.P. quien presta declaración en «causa ajena».', por lo que lo sostenido por R.F.P. no podría traerle perjuicio alguno.
Capacidad laboral, responsabilidad del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Maricoy, Ignacio c/ Iglis y Consur S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-02-02

El legislador estableció una presunción "iuris tantum" de responsabilidad empresaria por minoración de capacidad laborativa, salvo que "el empleador demuestre" su plena portación por el operario al ingreso de trabajo. Concurriendo las circunstancias de la norma, se desplaza automáticamente al "onus probandi".
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO, SEGUNDO c/ LO BRUNO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ COBRO DE AUSTRALES. DAÑOS Y PERJUICIOS. RECURSO DE CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1990-04-26

Si se ha observado en la sentencia la motivación en el plano fáctico, no ha rebasado los límites impuestos por la sana crítica racional, cayendo en la ilogicidad. Asimismo, si no ha faltado la prudencia y la conciencia jurídica que requiere la ley al juzgador, debe descartarse también de plano la existencia de una sentencia arbitraria, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.-
Mediación penal, sentencia no firme
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Valdez, Julio César s/ inf. art. 150, violación de domicilio, CP (p/l 2303)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

El recurrente no ha demostrado que la decisión que confirmó la denegatoria de una solicitud de mediación de la defensa una vez formulado el requerimiento de juicio, pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos, ni ha logrado conectarla con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal. (Voto de Sr. Juez José O. Casás; en sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Vásquez de Ojeda, Juana c/ Elsa Elisa Cabrera Vda. de Taborda y/o Taborda, José Ricardo y/o resp. y/o prop. Automotor Renault 12 -Dominio 040811- s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-10-20

En el sub lite al cuantificar el daño material se tuvo en cuenta la incapacidad sufrida por la actora, la que contemplaba la marcha despareja (por acortamiento de miembro inferior izquierdo) y el impacto estético negativo de la zona de extremo proximal interno de pierna izquierda, por lo que ahora cabe considerar la repercusión de tal situación en el daño moral, por las mortificaciones que ello necesariamente debe provocar en la víctima del accidente. Sentado lo expuesto, lo esencial y determinante del mismo es el resultado de la violación del derecho y de la frustración del interés vinculado al bien protegido: las derivaciones anímicamente perjudiciales de un hecho que engendra responsabilidad civil. De tal modo el daño moral es definible como "una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona, diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial. Resulta acreditado el largo y doloroso tratamiento que debió sufrir el recurrente, con varias intervenciones quirúrgicas que no pudieron reparar totalmente los daños causados a su integridad, quedándole lesiones psicofísicas permanentes y visibles, a la par que dolorosas. Englobando ambos conceptos, se propone elevar el daño moral, comprendiendo el estético.
Contravenciones, trámites judiciales
Materia: PENAL
Carátula: R., R.A. s/ infracción art. 72 dec. ley 8031/73
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-14

Aun cuando el decreto-ley 8031 / 73 no prevé expresamente la actuación del Ministerio Público Fiscal en expedientes de faltas y contravenciones provinciales, la remisión que efectúa en su art. 3 para los casos no previstos expresamente por dicho cuerpo normativo, autoriza a aplicar al respecto el Código de Procedimiento en lo Penal vigente ( arts. 65, 67, 213, 221, 223 y cdts. C.P.P. - ley 3589 - ), a ése respecto desatendido por el Código de Faltas ( t.o.

Dec. 181/87 ). (Minoría u opinión personal)
Presupuesto municipal, facultades del Poder Legislativo, conflicto de poderes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Farroni, Daniel Oscar (Fiscal de la Municipalidad de Andalgalá) s/ Acción de Inconstitucionalidad (ordenanza 048/04)
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-09-12

En relación a determinar cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto, si es un acto aprobatorio de un acto administrativo-elevación del presupuesto por el Poder Ejecutivo- o una ley en el sentido estricto del término, sin ninguna connotación que la distinga de otras leyes, cabe afirmar, siguiendo a González Calderón, Juan A. en su obra "Derecho constitucional argentino", T III, Pág. 105 que "el Congreso recibe un proyecto de presupuesto y lo acepta, lo modifica o lo rechaza, en todo o en parte, sin restricción alguna.

No es un acto aprobatorio que pasa a integrar un acto administrativo; es acción legislativa normal y primordial aun cuando la iniciativa corresponda al Poder Ejecutivo, que es el responsable de la administración general del país (Art. 99 inc. 1 CN.) ...".- En efecto, si el Congreso aprueba el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo, éste no puede posteriormente ser modificado ni alterado, y la reasignación de partidas únicamente pueden hacerla los poderes o reparticiones que la misma ley de presupuesto estipula, salvo que el Poder Ejecutivo propicie la sanción de leyes que impliquen aumentar los gastos previstos en el presupuesto aprobado.

En el caso, ante el conflicto de poderes municipal suscitado, debe declararse la inaplicabilidad del Art.13 y de las modificaciones introducidas a los Arts. 7 y 10 de la Ord. 048/04 por el Consejo Deliberante, con lo cual el presupuesto general para el ejercicio 2005 -elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal- aprobado mediante aquélla conserva plena vigencia, con las salvedades apuntadas en el Dictamen Nro. 80/05 del Sr. Procurador General de la Corte de Justicia. Del voto del Dr. Cáceres.
Regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Dulcemar  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Repetición
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

Es procedente la inclusión de los intereses en la base computable a los fines regulatorios.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pisano, Francisco c/ Fisco de la Provincia de Bs.As. s/ Expropiación -inc. art. 17 ley 8904-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Al momento de procederse a la regulación definitiva de honorarios, debe descontarse lo que anticipadamente se hubiere fijado en concepto de honorarios provisorios en los términos del art. 17 del dec. ley 8904/77. sin embargo, esa detracción -cálculo negativo- se ubica en la antesala del auto regulatorio en sí, es decir dentro de la necesaria operación aritmética que procede a su dictado, ya que no resulta lógico incluir en el numeral definitivo, lo que se sabe habrá de quedar inmediatamente excluido (arts. 17 y 53 del dec. ley 8904/77 y sus doctr.).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Zubarán, Néstor Hugo s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-05-03

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyos disensos se vinculan directamente con la calificación de los hechos que relata el acusado, pero no denuncia la errónea aplicación de ninguna norma del C.P., limitando su agravio a los arts. 238 y 239 del ritual, sin acompañar siquiera su intento con algún desarrollo vinculado a la forma en que el primero -de complejo contenido y siete incisos- habría sido infringido.
Juicio ejecutivo, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Seguir S.R.L. c/ Lezcano, Antonio Omar s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-13

Teniendo en cuenta que el art. 529 inc. 2 del CPCC autoriza a practicar embargo sobre bienes del deudor aún cuando éste no estuviera presente, y no exige como requisito para practicar la intimación de pago y citación para la defensa, la comparecencia personal del ejecutado, cabe entender que dicho requerimiento puede hacerse a las personas que menciona el art. 141 del ordenamiento procesal, siendo válida la diligencia cuando el Oficial de justicia entrega copia del mandamiento y de la documentación acompañada a quien se reconoce como una persona de la casa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrabando, contrabando de mercadería prohibida, moneda extranjera, ocultación de mercadería al control aduanero, egreso de divisas
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: CHIOCCARELLO, ANITA MARIA GIACOMINA s/ Contrabando, incidente de apelación del procesamiento de la imputada.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-06-05

1 - Corresponde confirmar el procesamiento de la imputada como autora del delito previsto por el Art. 863 y 864 inc. d) y 871 del CA toda vez que el dinero secuestrado (dólares estadounidenses) habría sido colocado en paquetes envueltos y embolsados en envases de nylon en una prenda que la imputada llevaba debajo de sus ropas de manera de eludir el debido control aduanero en cuanto a la exportación de mercaderías y ello constituiría el ardid suficiente previsto por el Art. 863 del CA, sin que tampoco pueda tener recepción favorable el agravio relacionado con la supuesta falta de idoneidad del ocultamiento del dinero en la forma en que lo transportaba la imputada ya que, con independencia de las razones por las cuales los fajos de billetes habían sido recubiertos con envoltorios de papel metalizado y de los motivos por los cuales había declarado que se trataban de documentos o diccionarios, lo cierto es que la imputada, al llegar al aeropuerto y antes traspasar el control de la Policía Aeronáutica, podría haber declarado el dinero a los funcionarios aduaneros, circunstancia que no se verificó.- 2 - No corresponde la calificación del hecho investigado según las prescripciones del Art. 865, inc. g, del CA dado que el Art. 3 del decreto del Poder Ejecutivo N° 1606/01 dispone: "Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y previamente autorizadas por el BCRA, o sea inferior a diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000)...", por lo que se advierte que la prohibición no sería absoluta, y ello es así puesto que si son absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación o la exportación de mercadería determinada (Art. 611 del CA), aquella sería una prohibición relativa (Art. 612 del CA) en atención a las excepciones establecidas en el Decr. 1606/01.
Prescripción adquisitiva, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Makintok, Sara Haydee y ot. c/ Municipalidad de La Plata s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

La singularidad de la "prueba compuesta" en materia de usucapión consiste en que el sentenciante no puede fundar su sentencia con apoyo exclusivo en la prueba testimonial. El art. 24 inc. c de la ley 14159 -art. 679 inc. 1º del CPCC- exige que dicha prueba sea integrada por evidencias de otro tipo recíprocamente corroborantes.

Esta exigencia de la ley 14159, viene a solucionar aquel temor que señalaba el maestro uruguayo E. Couture, cuando escribía que, era menester evitar que por la vía del proceso de usucapión se abrieran las puertas a la legitimación del despojo para adquirir la propiedad a espaldas del verdadero dueño.
Encubrimiento real con receptación, encubrimiento real con receptación de cosas de procedencia sospechosa, dolo
Materia: PENAL
Carátula: BAIER, D.A. Y OTROS s/ ENCUBRIMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-15

1) La tipicidad de la figura del ART. 278 del C. Penal debe ceñirse a la actuación con DOLO ESPECIFICO, habida cuenta que la redacción legal no deja resquicios de hermenéutica al respecto: la previsión envuelve pura y exclusivamente en su mandato, al que SABE CON CERTEZA que lo que adquiere, recibe u oculta proviene de un delito, excluyendo de la estructura normativa a quien tan sólo malicia o duda sobre el antecedente ilegal igualmente actúe.

2) El precepto contenido en el art. 278 BIS del C.P. reprime a quien se conduzca con un grado mayor en la escala volitiva de la intencionalidad; aquel que, bajo sospecha cierta, se representa la posibilidad de proveniencia ilícita del bien y no obstante ello lo acoge, (fin de lucro mediante), operando con DOLO EVENTUAL.