Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-28


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte codemandada en autos: "Quiroga, Néstor Omar vs. Monfort, José Luis y otro s/ Cobros".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La codemandada "La Sevillanita SRL", plantea recurso de casación (cfr. fs. 423/433), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 19 de abril de 2004, obrante a fs. 405/409 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 07 de septiembre de 2004 (cfr. fs. 452). Ambas partes, según surge del informe actuarial de fs. 476, presentaron la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la referente a la admisibilidad del recurso extraordinario local.

De las constancias obrantes en autos surge que la sentencia impugnada reviste el carácter de definitiva; el recurso ha sido incoado tempestivamente, conforme surge de la notificación practicada a fs. 435 y de cargo inserto a fs. 433; habiéndose dado cumplimiento con el afianzamiento que prevé el artículo 133 (fs. 446/450) y si bien se invoca infracción a normas de derecho, la presentación solo se basta parcialmente a sí misma. Ello así, el recurso deviene parcialmente admisible, lo que quedará demostrado al analizar los distintos agravios.

III.- Sostiene la codemandada La Sevillanita SRL, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, resulta arbitrario y contradictorio con las probanzas rendidas en autos, en mérito a las argumentaciones que, en lo pertinente, serán examinadas al tratar las cuestiones, materia de agravios.

IV.- La sentencia, en lo que es objeto del recurso casatorio, no hace lugar al planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 LCT, interpuesto por La Sevillanita y hace lugar a la demanda del actor condenando solidariamente a José Luis Monfort y Transportes La Sevillanita, al pago de la suma de $149.060,30, en concepto de antigüedad, indemnización por falta de preaviso, mes de despido e integración de mes de despido, SAC 1er semestre/2000, vacaciones proporcionales/2000 no gozadas, indemnización artículo 15 Ley N° 24.013, vacaciones año 1999, SAC 1º y 2º semestre/98, SAC 1º y 2º semestre/99 y diferencias salariales (marzo/98 a enero/2000). Absuelve a la demandada y codemandada por los rubros indemnización artículo 8 Ley N° 24.013 y vacaciones 1998.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 LCT, el fallo, con cita de jurisprudencia, sostiene que su aplicación por los jueces se encuentra supeditada a la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos que dicha disposición prevé y que la descalificación judicial de una norma legal por irrazonable limitación de los derechos y garantías constitucionales debe ser acreditada de una manera tal que el vicio resulte manifiesto, indudable, y de significativa gravedad; caso contrario, so pretexto de este remedio excepcionalísimo, los jueces sustituirían al órgano institucionalmente habilitado para sancionar la ley, conculcando el principio sillar de la distribución de las funciones estatales esenciales que la Constitución organiza.

Luego de explicitar la ratio iuris de la norma y compartiendo el criterio de la Fiscalía de Cámara al respecto, rechaza el planteo de inconstitucionalidad del mentado artículo 30 LCT realizado por La Sevillanita.

Respecto a las pretensiones de cobro de pesos, objeto de la demanda, con fundamento en las constancias obrantes en los cuadernos nº III y IV del actor (intimaciones al demandado y al codemandado para la presentación de documentación a tenor de los artículos 61 y 91 CPT y 55 LCT, sin que ninguno haya dado cumplimiento), tiene por ciertas las afirmaciones del actor en cuanto a las circunstancias que debían constar en tales libros, destacando que esta conclusión es corroborada por la respuesta tardía del demandado, en las condiciones que transcribe la sentencia, por lo que concluye que entre el actor y el señor Monfort existió relación de trabajo en los términos del artículo 21 y sig. LCT, desde el 01-4-86 hasta el despido indirecto ocurrido el 27-3-2000, con explicación puntual de los rubros por los que procede la demanda y por cuales no. Idéntico apercibimiento (artículos 61 y 91 del CPT) hizo extensivo a la codemandada La Sevillanita, en miras a lo previsto por el artículo 30 de la LCT.

Asimismo el actor ofreció comprobantes de carga con membrete de la empresa, los que fueron objeto de peritaje caligráficos, concluyendo a fs. 296 que las firmas pertenecen al actor. La impugnación de la codemandada (fs. 303) aduciendo que en el responde se negó dicha documentación al contestar demanda, fue rechazada porque cuando el actor ofreció prueba instrumental en el cuaderno nº 1 (fs. 170), no observó ni impugnó la prueba ofrecida.

Con cita de jurisprudencia, donde se observan las directrices y lineamientos establecidos para una correcta exégesis de la norma laboral, considera que el artículo 30 LCT contempla la hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento.

Concluye que para que exista responsabilidad solidaria de una empresa por obligaciones laborales de otra en los términos del artículo 30 LCT, es menester que aquella empresa contrate o sub contrate servicios que se complementen o completen su actividad normal, debiendo existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al artículo 6 del mismo ordenamiento laboral. Consecuentemente, considera que en el caso corresponde extender la responsabilidad solidaria a la codemandada La Sevillanita.

A los montos de condena, dispone adicionarle la tasa pasiva del BCRA desde el 27-3-2000 hasta la fecha de la sentencia.

V.- De la reseña realizada surge la existencia de las siguientes cuestiones en debate: a) la supuesta falta de fundamentación en el rechazo sentencial del planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 LCT; b) en caso negativo, la existencia de solidaridad entre las codemandadas a tenor del artículo 30 LCT; c) agravios referidos al apercibimiento a la recurrente ante el incumplimiento a la intimación efectuada a tenor de los artículo 61 y 91 del CPT y 55 LCT; a la fecha de ingreso del actor el 01-4-86; a la presunta omisión de valorar adecuadamente la impugnación a la pericial caligráfica, efectuada sobre comprobantes de precintos de cargas completas y compartidas, con membrete de la empresa; y d) sistema para el cálculo de los intereses de los montos de la condena.

V.1.- Se agravia la recurrente porque las sentencia rechaza el planteo de inconstitucionalidad del artículo 30 LCT, con escuetos y endebles argumentos.

De la atenta lectura del fallo surge que si bien es cierto que los fundamentos son breves, los mismos resultan suficientes para abonar debidamente el rechazo del planteo.

En efecto, la sentencia en base a jurisprudencia que cita considera que el artículo 30 LCT constituye una norma cuya aplicación requiere una comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos que contempla la citada disposición, siguiendo sobre el particular una de las directrices jurisprudenciales del más Alto Tribunal de la Nación.

Igualmente sostiene que la descalificación judicial de una norma legal por irrazonable y limitativa de derechos y garantías constitucionales, debe ser demostrada de manera tal que el vicio resulte manifiesto, indubitable y de significativa gravedad, a fin de evitar que los jueces, so pretexto de este remedio excepcional, sustituyan al legislador.

Estima que la norma impugnada tiende a evitar el fraude laboral y hace suyo el criterio de la Fiscalía de Cámara.

En suma, conforme el criterio a que remite, los jueces deben ser extremadamente cuidadosos con el control de constitucionalidad, lo que exige del requirente la acabada demostración de que existe una insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, que no podría ser reparada de ninguna otra forma que con la declaración de inconstitucionalidad, circunstancia que no se avizora en este caso.

En razón de todo ello, si la norma es pasible de ser interpretada ajustándose a la verdadera intención del legislador, de tal modo que no surja la lesión constitucional, ante la facultad de los jueces de interpretar la ley, es improcedente la declaración de inconstitucionalidad, que es la última solución a la que debe apelarse cuando no surge otra posibilidad de garantizar al peticionante el ejercicio de sus derechos constitucionales.

¿Asiste razón al Tribunal a quo, al rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la codemandada, Empresa de Transporte La Sevillanita"? Considero que la solidaridad que instituye el artículo 30 (LCT), no es en sí misma inconstitucional, por integrar proporcionada y racionalmente el sistema jurídico protectorio de los derechos e intereses legítimos del trabajador.

Como destaca la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su sentencia de fecha 15 de abril de 1993, pronunciada en autos: "Rodríguez, Juan Ramón c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (parágrafo 8 de su considerando), la razón que confiere plena juridicidad a su institución, es la finalidad que, con la disposición normativa de marras, persigue el legislador que no es otra que la de "...evitar la interposición de 'hombres de paja' entre un trabajador y su verdadero empleador y realizar los ponderables fines tuitivos del ordenamiento laboral (confr. antecedentes parlamentarios de la ley 20.744, opinión del senador Pennisi, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, año 1974, T. I, págs. 480/481)".

No menos cierto es que la adecuada satisfacción de esa finalidad debe conjugarse armónica y sistemática con el prolijo análisis del cumplimiento de todos los presupuestos fácticos establecidos en la proposición normativa en cuestión, atento a "...las gravísimas consecuencias que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos. (...) Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma -o de su interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los artículos 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el art. 17 de la Constitución Nacional." (cfr. CSJN, punto 8° del considerando del fallo precedentemente citado).

En la especie, como ya lo expresara, la decisión en examen exhibe una adecuada y suficiente fundamentación, que la recurrente no rebate, limitándose a afirmar, que el fallo rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la norma con fundamentos escuetos y endebles, como asimismo que la norma impugnada afecta su derecho de propiedad, pero no demuestra que tal lesión resulte manifiesta, indubitable y de significativa gravedad, ni la existencia de insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, la cual no podría ser reparada de ninguna otra forma que no fuera con la declaración de inconstitucionalidad.

En suma, ante la insuficiencia del planteo recursivo en lo que a este agravio se refiere, el recurso resulta inadmisible.

V.2.- Respecto al agravio, formulado en subsidio de no prosperar el planteo de inconstitucionalidad, que atento a la conclusión a la que arribé precedentemente sobre éste, aquél adquiere actualidad, por lo que corresponde afrontar a esta Corte Suprema de Justicia, por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, en esta instancia extraordinaria local, la cuestión jurídica de interpretar, atendiendo a los presupuestos fácticos acreditados en autos, el alcance que corresponde conferir a la solidaridad que prevé el artículo 30 de la LCT que, en lo pertinente, la atribuye a "quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento..." por las obligaciones laborales del contratista o subcontratista.

Como sostiene Antonio Vázquez Vialard ("La extensión de la responsabilidad laboral del empleador a un tercero", Boletín de La Ley del 11-5-04, pág 1/2), "...La disposición refiere a dos situaciones distintas; una corresponde a la cesión total o parcial del establecimiento o explotación y la otra, sin alcanzar esa dimensión, consiste en delegar aspectos propios de la gestión de dicho establecimiento o explotación. Se encarga, delega, encomienda a un tercero que complete o complemente, a través de su actividad, los procesos necesarios para alcanzar el logro de la gestión emprendida." "...El primer dispositivo (cesión de establecimiento), no lleva a mayores complicaciones, en cuanto se refiere a su interpretación, ya que la norma es clara al respecto; se trata de la cesión total o parcial de la gestión del establecimiento. En cambio, la segunda situación plantea mayores dificultades, ya que se trata de la delegación de operativos que integran la referida explotación que el comitente continúa realizando por sí. La norma hace referencia a que las mismas correspondan "a la actividad normal y específica propia del establecimiento" (art. 30, párrafo 1º, LCT). Si no se cumple ese presupuesto, lo que debe ser resuelto respecto a cada caso concreto, no se genera ese tipo de débito." "...La mayor parte de las situaciones jurídicas que ha tratado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), se refieren a la segunda situación, o sea cuando el gestor del negocio que mantiene la explotación del establecimiento en su totalidad, le ha encomendado a otro (para lo que contrata operarios) parte de la gestión. Al efecto, delega determinados aspectos, por lo que la ley lo responsabiliza por las obligaciones laborales del otro, aunque, insistimos no lo considera empleador." "...Dado el efecto propio de la técnica receptada por el art. 30, LCT; transferir a un tercero las consecuencias propias de la responsabilidad que asume el empleador de una relación laboral, adquiere singular importancia el análisis de los casos en que opera ese procedimiento de excepción. Al respecto, como lo ha destacado la CSJN, el juez debe proceder con cautela en la interpretación de los hechos, a fin de que la aplicación de esa norma no resulte lesiva al interés general que podría verse afectado cuando se altera el necesario sistema de pesos y contrapesos propios de todo ordenamiento jurídico." Reitero que en el caso de autos, la cuestión jurídica referida, debe examinarse con la cautela que, al respecto, previene el más Alto Tribunal de la Nación, por las razones que expresa en el fallo al que aludiera en el punto V.1. de este considerando y en otros pronunciamientos al extremo de poder afirmarse que, sobre el particular, constituye una verdadera doctrina de la CSJN. Es que una hermenéutica demasiado lata del alcance de la solidaridad instituida por la norma en consideración, podría poner en peligro la realización de ciertos procesos de producción y comercialización, estrictamente necesarios, que no consisten en ningún fraude y que, por otra parte, también pone en juego otros derechos garantizados constitucionalmente, en tanto se debilite la confianza en el régimen legal como en el sistema de contrapesos destinados a otorgar seguridad en las relaciones económicas.

Ahora bien, el problema interpretativo aludido, a mi juicio, atendiendo a los presupuestos fácticos que configura la controversia suscitada en autos, se vincula fundamentalmente con lo que debe entenderse por "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento" para que exista solidaridad entre cedente y cesionario, contratistas o sub contratistas, por obligaciones laborales contraídas por el primero.

Al respecto, María del Pilar Mancini y Ramón Daniel Pizarro ("Algunas reflexiones en torno a las obligaciones solidarias en el Derecho del Trabajo", Revista de Derecho Laboral, Edit. Rubinzal-Culzoni, "La solidaridad en el contrato de trabajo", 2001-I, pág. 86) sostienen que "Entienden por actividad "normal y específica" de una empresa, aquella que conforme al curso normal y ordinario de las cosas es habitual y permanente del establecimiento, o lo que es igual, relacionada con la unidad técnica de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa. Se trata de la contratación de prestaciones que completan o complementan la actividad propia del establecimiento. Ello supone que la asignación de responsabilidad solidaria deba ser determinada caso por caso, atendiendo a las particularidades de la vinculación y a la asunción de riesgos empresariales." En tal sentido la CSJN, en un intento por establecer pautas claras y unificar la jurisprudencia, ha sostenido que la norma "...comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos en los que se contrata prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, 'la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones' (art. 6 de la Ley de Contrato de Trabajo)" cfr. en fallo ya citado, punto 10 de su considerando y, más recientemente, in re "Encinas, Marcelino c/ Francisco Ballester y otro s/ indemnización", 25-8-98).

De ese modo, la CSJN considera que se dan las circunstancias a las que refiere el artículo 30 LCT, en cuanto se trata de "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito." Al efecto estima que no se configura tal situación, cuando se trata de la operación de venta de un producto o de un servicio, aún necesario para la tarea, pero no ligado estrictamente al proceso técnico de producción y el cedente se desliga de todas las gestiones posteriores al caso.

Igualmente la CSJN ha sostenido, reiteradamente, que no corresponde la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo toda vez que un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Este efecto se logra en la práctica comercial por contratos de concesión, distribución, franquicia y otros que permiten a los fabricantes o, en su caso, a los concedentes de una franquicia comercial, vincularse exclusivamente con una empresa determinada sin contraer riesgo crediticio alguno por las actividades de esta última, que actúa en nombre propio y a su riesgo. Esta finalidad económica de la referida contratación comercial se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicio para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones, en contratos de este tipo (cfr. "Rodríguez, Juan R. c/ Cía. Embotelladora Argentina SA y otro", punto 9° del considerando).

En autos "Luna, Antonio R. c/Agencia Marítima Rigel SA y otros" (CSJN, 2-7-93, D.T. 1993-B-1407), la CSJN sostuvo. "...debe tenerse en cuenta que la regulación legal no implica que todo empresario deba responder por todas las relaciones laborales que tengan todos aquellos otros empresarios con quienes establecen contratos que hacen a la cadena de comercialización (...). La asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la sola noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvimiento empresario. Si tanta amplitud fuera admitida mediante interpretación judicial, caería en letra muerta no sólo el texto legal sino la posibilidad cierta de que más empresas asuman los riesgos propios del desarrollo económico".

Ahora bien, en el caso de autos, el actor, se autodespidió con causa y demanda diferencias salariales e indemnizaciones para lo cual invocó la existencia de relación laboral con José Luis Monfort, para quien había laborado como conductor de larga distancia y a Transportes La Sevillanita SRL, a tenor del artículo 30 LCT.

Sostuvo que si bien la codemandada es una empresa de transporte de gran envergadura, sin embargo contrata fleteros para cubrir sus necesidades, y así es que contrató con Monfort para efectuar tareas de transporte de cargas, por lo cual el accionante desempeñó su labor transportando cargas entre las distintas sucursales que La Sevillanita tiene en distintos puntos del país.

Se ha demostrado en autos (con comprobantes de precintos, cargas completas y compartidas, con la pericial caligráfica cuya impugnación por la codemandada ha sido rechazada por la sentencia, atento a las aclaraciones formuladas por el perito, sin que en ello se advierta apartamiento de las reglas de la sana crítica; con la absolución de posiciones de Monfort, respuesta a pregunta nº 8 ) y la propia codemandada lo ha reconocido en el responde, aunque en forma ocasional o eventual y no exclusiva, el trabajo del actor transportando cargas de Transporte La Sevillanita SRL.

Evidentemente, habiendo trabajado el actor para el demandado como conductor de larga distancia y siendo el objeto de Transportes La Sevillanita S.R.L. el transporte de carga, la contratación por esta última del fletero Monfort, importa una delegación parcial de operativos que integran la referida explotación que el comitente continúa realizando por sí. La norma hace referencia a que las mismas correspondan a "trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito", situación fáctica que se configura en este caso, ya que el transporte efectuado por el contratista Monfort completa la actividad del establecimiento (La Sevillanita), comprendida dentro de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de sus fines (artículo 6 LCT).

Por todo lo expresado, y en lo que a este agravio se refiere, el recurso casatorio incoado por la codemandada resulta improcedente y debe ser rechazado.

V.3.- En cuanto a los agravios referidos al apercibimiento aplicado a la recurrente ante el incumplimiento a la intimación efectuada a tenor de los artículo 61 y 91 del CPT y 55 LCT, atento a la conclusión a la que arribo en el parágrafo que antecede, se torna improcedente, por ser jurídicamente irrelevante. Es que en la especie, es en virtud de la solidaridad que medió entre ambos codemandados, instituida por lo norma del artículo 30 de la LCT, y no porque a "Transporte La Sevillanita S.R.L." le sea imputable el carácter de empleadora del actor, que también esta última sea condenada al pago de las sumas que adeuda el codemandado José Luis Monfort.

En efecto, en el caso, la solidaridad surge del encargo, delegación o encomienda a un tercero (José Luis Monfort - para lo que contrata trabajadores) parte de la gestión o para que complete o complemente, a través de su actividad, los procesos necesarios para alcanzar el logro de la gestión emprendida por Transporte La Sevillanita S.R.L., quien continúa realizándola por sí. En virtud de ello, la ley la responsabiliza por las obligaciones laborales del otro, pero dicha consecuencia jurídica instituida por el artículo 30 de la LCT en absoluto conlleva, como corolario, la imputación legal de calidad de empleador del actor Néstor Omar Quiroga.

Similar consideración cabe realizar con relación al agravio referido a la fecha de ingreso del actor, pues habiendo quedado firme la sentencia con relación al empleador José Luis Monfort, al igual que los rubros y montos por los que resulta condenado y teniendo en cuenta que la responsabilidad de la recurrente lo es a título de solidaridad y no como empleador, el planteo resulta improcedente.

En consecuencia, también en lo que a estos agravios se refiere, la presentación recursiva debe ser rechazada.

V.4.- Por el contrario, sí resulta atendible el agravio de la codemandada con relación al sistema de cálculo de los intereses conforme tasa pasiva del BCRA, porque como bien expresa el planteo casatorio la aplicación del procedimiento de liquidación de intereses establecido en el fallo resulta confiscatorio, desproporcionado, y por ende atenta contra el derecho de propiedad.

Tiene dicho esta Corte, en autos "Gallettini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L s/ Indemnizaciones" (sentencia N° 443 del 15-6-2004), que durante el año 2001, la fuerte expectativa de la salida del plan de convertibilidad produjo un masivo retiro de fondos depositados en el sistema financiero que desembocó en el llamado "corralito" del mes de diciembre de 2001. Este factor alteró el comportamiento de los valores ofrecidos por los Bancos llevando los intereses pasivos a valores inusuales en una época de alta recesión y de deflación. Ello motivó una fuerte distorsión en los valores de las series de tasa pasiva que publicaba en Banco Central y con las que se liquidaban los intereses moratorios en las sentencias. Además, se destacó que durante el período transcurrido desde la fecha del dictado por esta Corte de la sentencia Nº 756/96 hasta el año 2001, habían acaecido alteraciones económicas significativas que justificaban la variación de criterio, resultando prudente y equitativo modificar la doctrina del citado precedente, ya que mantener el mismo implicaría producir un enriquecimiento sin causa al acreedor, que sin razón jurídica alguna y por el solo hecho de aplicarse tasas de interés con componentes extraños y distorsionados, se vería indebidamente beneficiado con un procedimiento que alterara sustancialmente el sentido y alcance de los intereses moratorios que prevé el artículo 622 del Código Civil.

Al respecto, se argumentaba que dicho procedimiento, consistente en restar valores de la serie de tasas, por las variaciones reseñadas, devino un sistema que, al calcular los intereses, se tornaba cada vez más gravoso sin justificación real alguna, distorsionando la naturaleza de los intereses moratorios.

Por el contrario, aplicando el Comunicado "A" Nº 14.290 del BCRA, se establece un procedimiento de cálculo de los intereses que resulta más adecuado a la realidad a partir del 7 de enero de 2002 -fecha en que se sanciona la Ley N° 25.661 de "Emergencia pública y régimen cambiario", debiéndose utilizar la fórmula para el cálculo de intereses contenida en la Comunicación "B" Nº 5014 del BCRA del 12-8-92, sentándose como doctrina legal que para el cálculo de los intereses resarcitorios, corresponde aplicarse el sistema establecido en el precedente contenido en sentencia N° 756 del 25-10-96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"); y desde el 07-01-2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" N° 14.290 del BCRA, y su reglamentario "B" N° 5014, hasta su efectivo pago.

Las circunstancias fácticas aludidas por esta Corte, no fueron advertidas por el tribunal en su pronunciamiento dictado dos meses antes de la sentencia precedentemente referida. Sin dar fundamento alguno al respecto, ha aplicado el sistema de la "resta" para el cálculo de las tasas pasivas para todo el período temporal transcurrido desde que los créditos, cuyos respectivos pagos condena, fueron devengados.

Antecedentes Fecha de ingreso: 1/04/86 Fecha despido indirecto: 27/03/2000 - antigüedad: 13 años;11 meses;26 ds Remuneración base s/CCT 40/89 Sueldo básico chofer larga distancia426,56 Hs.extraordinarias /km.recorrido:0,03199 x 12.000 km383,88 Item 4.2.4. Viáticos 0,03199 x 12.000 km383,88 Item 4.2.6. Control de descarga $23,05 x 8 jornales184,40 Item 6.1.5. Adicional por antigüedad: 0,5% por año96,46 totales1475,18 Base sin item viáticos para indemnización por antigüedad1091,30 PLANILLA DE CAPITAL E INTERESES 1.- Indemnización por antigüedad (art.245 LCT) 14 años x 1.091,3015278,00 2.- Indemnización por falta de preaviso dos meses x 1.475,182950,36 3.- Mes de despido -marzo- con integración 3 días1475,18 4.- SAC 2000 -1ºsemestre proporcional 1.475,18 / 12 x 3 m.368,80 5.- Vacaciones proporc.2000 no gozadas 1.475,18 / 25 x 28 ds x 87 /360399,28 6.- Indemnización Ley 24013 - art.15 - 15.278.- + 2.950,36 :18228,36 7.- Vacaciones año 1999 1.475,18 / 25 x 28 ds1652,20 Totales al 27/03/200040352,18 Intereses tasa pasiva promedio BCRA Período 27-03-2000 al 6-01-02 149,55 - 110,68738,86%15680,86 Período 7/01/02 al 30/04/2005 ((100+263,2707)/(100+149,55)-1)x10045,57%18388,49 Totales al 30/04/200574421,53 8.- Haberes y aguinaldos impagos PerìodoImportesTasa Pasiva%tasa pasivaImporte al 6/01/027/1/02-30/04/05Intereses SAC 1º/98730,7261,7745,57 784,35 SAC 2º/98730,7255,5445,57 738,83 SAC 1º/99734,1749,4045,57 697,24 SAC 2º/99734,1742,1045,57 643,64 feb-001475,1835,3945,57 1.194,31 Totales4404,95 4.058,37 Capital e intereses al 30/04/058.463,32 9.- Diferencias salariales PeríodoCorrespondePercibióDiferencias mar-981454,55800,00654,55 abr-981461,44800,00661,44 may-981461,44800,00661,44 jun-981461,44800,00661,44 jul-981461,44800,00661,44 ago-981461,44800,00661,44 sep-981461,44800,00661,44 oct-981461,44800,00661,44 nov-981461,44800,00661,44 dic-981461,44800,00661,44 ene-991461,44800,00661,44 feb-991461,44800,00661,44 mar-991461,44800,00661,44 abr-991468,33800,00668,33 may-991468,33800,00668,33 jun-991468,33800,00668,33 jul-991468,33800,00668,33 ago-991468,33800,00668,33 sep-991468,33800,00668,33 oct-991468,33800,00668,33 nov-991468,33800,00668,33 dic-991468,33800,00668,33 ene-001468,33800,00668,33 Totales15275,13 PeríodoDiferencias%tasa Pasiva%tasa pasivaImporte al 6/01/027/1/02-30/04/05Intereses mar-98654,55 64,37 45,57 719,61 abr-98661,44 63,52 45,57 721,56 may-98661,44 62,64 45,57 715,74 jun-98661,44 61,77 45,57 709,99 jul-98661,44 60,88 45,57 704,10 ago-98661,44 59,99 45,57 698,22 sep-98661,44 58,81 45,57 690,41 oct-98661,44 57,63 45,57 682,61 nov-98661,44 56,58 45,57 675,66 dic-98661,44 55,54 45,57 668,78 ene-99661,44 54,37 45,57 661,04 feb-99661,44 53,33 45,57 654,16 mar-99661,44 52,32 45,57 647,48 abr-99668,33 51,42 45,57 648,21 may-99668,33 50,51 45,57 642,13 jun-99668,33 49,40 45,57 634,71 jul-99668,33 48,21 45,57 626,76 ago-99668,33 47,10 45,57 619,34 sep-99668,33 46,02 45,57 612,12 oct-99668,33 44,74 45,57 603,57 nov-99668,33 43,48 45,57 595,15 dic-99668,33 42,10 45,57 585,92 ene-00668,33 40,92 45,57 578,04 Totales15275,13 15.095,34 Capital más intereses al 30/04/0530.370,47 RESUMEN DE LA CONDENA CapitalInteresesTotales 1. Rubros indemnizatorios y SAC prop.40352,1834069,3574421,53 2. Haberes y aguinaldos impagos4404,954058,378463,32 3. Diferencias salariales15275,1315095,3430370,47 Total condena al 30/04/0560032,2653223,06113255,32 Por lo tanto, en el sub-examine, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación incoado por la parte codemandada, dejando sin efecto parcialmente el punto II, y en su consecuencia el punto V, ambos de su parte resolutiva, en cuanto se relaciona con el monto de la condena y el monto de los honorarios regulados, conforme a la siguiente doctrina legal: "Atento a las peculiares circunstancias de la causa, resulta arreglado a derecho liquidar los intereses del monto condenado, de la siguiente forma: desde que son debidos hasta el 06/01/2002, por el procedimiento establecido en el precedente contenido en sentencia Nº 756 del 25/10/96 (in re: "Navarro, Lidia Orlanda vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios. Impugnación de planilla"); y desde el 07/01/2002 con el procedimiento sugerido por el comunicado "A" Nº 14.290 del BCRA y su reglamentario "B" Nº 5.014, hasta su efectivo pago." En cuanto a la nueva regulación de honorarios, teniendo en cuenta las concretas circunstancias de autos, en que el recurso de casación de la codemandada sólo prospera con relación a la determinación de intereses aplicables a la suma de pesos por la que prospera la demanda ($113.255 al 30-4-2005) y que la regulación de honorarios profesionales devengados en instancia única no ha sido impugnada en casación, corresponde que en la sustitutiva, esta Corte proceda a tal regulación, aplicando los porcentajes fijados por la Cámara en sentencia del 19-4-04 (fs. 405/409 vta.) respecto a la nueva base regulatoria, resultante de la modificación de intereses.

Dictar como sustitutiva: "I) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Néstor Omar Quiroga, contra José Luis Monfort y Transportes La Sevillanita S.R.L., a quienes se condena en forma solidaria al pago de la suma de $113.255 (pesos ciento trece mil doscientos cincuenta y cinco) en concepto de: indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso mes de despido (marzo) e integración de mes de despido, SAC 1º semestre/2000, vacaciones proporcionales/2000 no gozadas, indemnización artículo 15 Ley N° 24.013, vacaciones año 1999, SAC 1º y 2º semestre/98; SAC 1º y 2º semestre/99 y diferencias salariales (marzo/98 a enero/2000). El pago de la referida suma deberá efectuarse en un plazo de 10 días , bajo apercibimiento de ley." "IV.- REGULAR HONORARIOS: Por el principal: a los señores profesionales intervinientes en el presente proceso, doctor José Francisco Sonzogni, en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas en la suma de $22.821 (pesos veintidós mil ochocientos veintiuno); doctor Enrique López Domínguez, en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas en la suma de $12.288 (pesos doce mil doscientos ochenta y ocho); doctor Alejandro Torres, por la codemandada en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas, la suma de $12.288 (pesos doce mil doscientos ochenta y ocho) y perito calígrafo Gustavo Javier Caffarena, la suma de $4.530 (pesos cuatro mil quinientos treinta). Por el Incidente: resuelto a fs.105/106 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma de $3.423 (pesos tres mil cuatrocientos veintitrés) y al doctor Enrique López Domínguez, la suma de $2.282 (pesos dos mil doscientos ochenta y dos). Por el incidente resuelto a fs. 116 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma de $856 (pesos ochocientos cincuenta y seis) y al doctor Enrique López Domínguez la suma de $1.200 (pesos mil doscientos). Finalmente, por el incidente resuelto a fs. 155 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma $300 (pesos trescientos), al doctor Enrique López Domínguez, la suma de $300 (pesos trescientos) y al doctor Alejandro Torres la suma de $300 (pesos trescientos)." VI.- Atento al resultado al que se arriba, se resuelve imponer las costas de esta instancia casatoria del siguiente modo: a la codemandada Transporte La Sevillanita S.R.L. el 100% de las propias y el 70% de las de la actora y, a la actora, el 30 % de las propias, atento al vencimiento recíproco (doctrina artículos 49 del CPT y 109 del CPC y C).

VII.- Corresponde en esta oportunidad regular honorarios por las actuaciones cumplidas en relación al recurso de casación.

Tomando en cuenta los valores económicos en juego, el carácter en que actúan los profesionales, calidad de los escritos presentados, materia motivo del recurso de casación, resultados obtenidos y demás pautas que contemplan los artículos 15, 16, 39, 40, 42 y 52 de la Ley N° 5480, se regulan honorarios a los letrados apoderados doctores José Francisco Sonzogni en la suma de $3.071 (pesos tres mil setenta y uno) y Alejandro Torres en la suma de $6.319 (pesos seis mil trescientos diecinueve), respectivamente El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Adhiero al voto del doctor René Mario Goane, dejando a salvo mi opinión sobre el modo de calcular los intereses que expresé en el fallo N° 443 dictado el 15/6/2004 en los autos: "Galletini, Francisco vs. Empresa Gutiérrez S.R.L. s/ Indemnizaciones".

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación interpuesto por Transportes La Sevillanita S.R.L. contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala VI, de fecha 19 de abril de 2004, obrante a fs. 405/409 vta. de autos, en lo que se relaciona con el punto V.1. del considerando. NO HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la recurrente, contra la misma, por improcedente, conforme a lo expresado en los puntos V.2. y V.3 del considerando; en lo restante, HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso interpuesto por la codemandada, de acuerdo a lo expresado en el punto V.4. del considerando. En consecuencia, CASAR PARCIALMENTE la misma, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando, dejando sin efecto parcialmente los puntos II y IV de su parte resolutiva, en cuanto se relaciona con el monto de la condena y el monto de los honorarios regulados. Dictar como SUSTITUTIVA: "II) HACER LUGAR a la demanda interpuesta por Néstor Omar Quiroga, contra José Luis Monfort y Transportes La Sevillanita S.R.L., a quienes se condena en forma solidaria al pago de la suma de $113.255 (pesos ciento trece mil doscientos cincuenta y cinco) en concepto de: indemnización por antigüedad, indemnización por falta de preaviso mes de despido (marzo) e integración de mes de despido, SAC 1º semestre/2000, vacaciones proporcionales/2000 no gozadas, indemnización artículo 15 Ley N° 24.013, vacaciones año 1999, SAC 1º y 2º semestre/98; SAC 1º y 2º semestre/99 y diferencias salariales (marzo/98 a enero/2000). El pago de la referida suma deberá efectuarse en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de ley." "IV.- REGULAR HONORARIOS: Por el principal: a los señores profesionales intervinientes en el presente proceso, doctor José Francisco Sonzogni, en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas en la suma de $22.821 (pesos veintidós mil ochocientos veintiuno); doctor Enrique López Domínguez, en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas en la suma de $12.288 (pesos doce mil doscientos ochenta y ocho); doctor Alejandro Torres, por la codemandada en su doble carácter (letrado apoderado) y actuando en tres etapas, la suma de $12.288 (pesos doce mil doscientos ochenta y ocho) y perito calígrafo Gustavo Javier Caffarena, la suma de $4.530 (pesos cuatro mil quinientos treinta). Por el Incidente: resuelto a fs.105/106 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma de $3.423 (pesos tres mil cuatrocientos veintitrés) y al doctor Enrique López Domínguez, la suma de $2.282 (pesos dos mil doscientos ochenta y dos). Por el incidente resuelto a fs. 116 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma de $856 (pesos ochocientos cincuenta y seis) y al doctor Enrique López Domínguez la suma de $1.200 (pesos mil doscientos). Finalmente, por el incidente resuelto a fs. 155 regular al doctor José Francisco Sonzogni la suma de $300 (pesos trescientos), al doctor Enrique López Domínguez, la suma de $300 (pesos trescientos) y al doctor Alejandro Torres la suma de $300 (pesos trescientos)." II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-REGULAR por las actuaciones cumplidas en relación al recurso de casación, y conforme a lo considerado, a los letrados apoderados doctor José Francisco Sonzogni en la suma de $3.071 (pesos tres mil setenta y uno) y doctor Alejandro Torres en la suma de $6.319 (pesos seis mil trescientos diecinueve) respectivamente.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR (con su voto) ANTE MI:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA