Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2009-09-21


Posadas, septiembre 21 de 2009.

El doctor Roberto Rubén Uset dijo:

Por Resolución Nº 153-STJ-2009, de fecha 05 de mayo de 2009, se declaró formalmente admisible el Recurso de Casación interpuesto por la Defensora Oficial del imputado, vuelven los autos a este Superior Tribunal de Justicia a los fines del dictado de la sentencia.

Manifiesta la recurrente, que entiende, que no puede subsumirse la conducta de su defendido en la norma del art. 166, inciso segundo del C.P., sino que corresponde hacerlo en la norma invocada por el Sr. Fiscal del Tribunal Penal, en forma subsidiaria, esto es, el art. 172 del C.P., "delito de petardismo", disintiendo también con el Sr. Fiscal en que se pueda atribuir a su defendido el delito de lesiones leves, y establecerse en consecuencia un concurso real.

Continúa manifestando que, no niega que el hecho pudiera haber ocurrido, pero consecuente al relato del denunciante y a las pruebas colectadas, nunca podrá subsumirse en la figura del art. 166 inciso segundo del C.P., en tanto existe una insuficiencia probatoria para ello, por lo que con el presente recurso objeta la segunda de las cuestiones expuestas en el mencionado fallo (qué delito se cometió). Sostiene que lo único realmente probado es que un sujeto utilizó los servicios de transporte -remís- a sabiendas de que no lo iba a abonar y simulando una situación de solvencia y apariencia de bienes, que impulsó al sujeto pasivo a emprender el viaje y a concluirlo, sin que en definitiva reciba el pago por el mismo, provocándole esta situación un perjuicio patrimonial, por lo que la conducta del sujeto encuadra en la figura de estafa (art. 172 C.P. en la modalidad de petardismo). Se denominan a estos -dice- engaños implícitos en donde ciertas conductas, de acuerdo a los usos sociales (implícitamente) demuestran la voluntad de realizar la contraprestación correspondiente o de someterse a una determinada obligación, con lo cual considera que estamos ante un delito de estafa.

Manifiesta que disiente con el Sr. Fiscal en su solicitud de condena subsidiaria cuando expresa que la figura de estafa concurre realmente con el delito de lesiones por cuanto entiende -la recurrente- que no surge acreditado que éstas se produjeron en el evento, ya que no hallan en el plexo probatorio incorporado legalmente al debate, un grado de certeza que permita afirmar tal concurrencia del delito.

Ahora bien, sin perjuicio de considerar que he propiciado la admisión formal del recurso de casación interpuesto, realizando un reexamen de la cuestión, se advierte que, respecto a las cuestiones planteadas por el recurrente en el remedio recursivo, el mismo no reúne la autosuficiencia necesaria requerida para poner a la sentencia atacada en crisis. Esto es así toda vez que, so pretexto de errónea aplicación de la ley sustantiva y vicios in iudicando, pretende que se revalúen las pruebas rendidas en la causa y los hechos fijados por el Tribunal inferior, lo que es inadmisible en esta instancia, salvo el caso de absurdo o arbitrariedad, que no se vislumbra en autos.

Así, de la Sentencia obrante a fs. 137/146, se desprende con meridiana claridad que los Magistrados, respecto a la autoría del imputado en el hecho, han determinado perfectamente las pruebas de donde resulta acreditada la autoría de éste. En este sentido, debe destacarse que han valorado las pruebas rendidas y los actos desarrollados durante el debate, aplicando las reglas de la sana crítica racional en todas las cuestiones que han sido objeto del juicio.

A fs. 137 y sgtes., el Juez preopinante establece los hechos como se desarrollaron para arribar al desenlace. Expresamente indica las pruebas de que se vale y aprecia para llegar a dichas conclusiones. Se refiere y evalúa lo siguiente: la denuncia obrante a fs. 1/2 y su ampliación de fs. 9, el certificado médico de fs. 3, las respectivas actuaciones policiales como lo son la inspección ocular de fs. 5 y vta. y 6 que dan cuenta del recorrido efectuado por la víctima y victimario, el croquis ilustrativo que refiere al lugar donde sufriera la agresión física la víctima y fundamentalmente el reconocimiento en rueda de personas efectuado oportunamente y que obra a fs. 40, entre muchas otras; determinando finalmente el Ad Quem "Que conforme lo expuesto hasta aquí, y poniendo en la balanza las pruebas incorporadas y las volcadas en el debate, y más aún tomando especialmente en cuenta que no existen elementos lógicos que nos lleven a presumir siquiera que el denunciante pudiera haber 'inventado el hecho, y así pretender involucrar al procesado'... toda vez que la víctima era propietaria del vehículo que conducía, por ende a nadie tenía que rendir cuenta de su recaudación diaria, y menos aún pretender ocultarla, por otra parte ha quedado debidamente acreditado que no conocía ni siquiera de vista al incoado ni a su entorno familiar, todo ello más lo expresado, pruebas citadas y analizadas en el tratamiento de la presente cuestión me llevan a dar por plenamente acreditado el hecho tal cual fuera denunciado, y a tener por autor del mismo al imputado" (ver fs. 144 y vta.).

Este razonamiento lógico jurídico ha quedado incólume, que si bien fue rebatido por parte de los recurrentes, no logró conmover el argumento dado por los sentenciantes. Así, la apreciación de la prueba constituye, como ya lo he manifestado en otras oportunidades, facultad exclusiva de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, a menos que de las circunstancias particulares del caso concreto, se vislumbre arbitrariedad manifiesta en la fundamentación de la sentencia, que constituya una derivación irracional del derecho vigente, en relación a las circunstancias comprobadas de la causa. La conclusión a la que arribaron los sentenciantes, no contiene vicio que se contraponga al principio de razón suficiente, toda vez que derivara lógicamente de pruebas y testimonios preliminares que fueron contestes.

Concluyo que existe absoluta congruencia entre el derecho aplicado en la sentencia con los hechos fijados y probados durante el debate, que por su cantidad y calidad y en base a la sana crítica racional, autorizaron a concluir con absoluta certeza que el imputado A. P. fue el autor del hecho que nos convoca, y como consecuencia de ello considero que la sentencia atacada no está incursa en los vicios denunciados por la recurrente, debiendo por ello desestimarse la casación planteada.

Por todo lo expuesto, voto porque se rechace el Recurso de Casación interpuesto y se confirme en todas sus partes la sentencia recurrida.

Los doctores Ramona Beatriz Velázquez, Humberto Augusto Schiavoni, Manuel Augusto Márquez Palacios y Jorge Antonio Rojas, dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Por Secretaría se deja constancia que no emiten opinión los doctores Mario Dei Castelli y Cristina Irene Leiva, por encontrarse ambos en uso de licencia al momento del pase (Art. 18 de la Ley 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley 2441, modif. por Ley 2819); el Superior Tribunal de Justicia Resuelve: I) Rechazar el recurso de casación planteado en autos, y en su mérito confirmar la sentencia recurrida en todas sus partes, por los fundamentos expuestos en los considerandos. - Manuel Augusto Márquez Palacios. - Jorge Antonio Rojas. - Humberto A. Schiavoni. - Ramona Beatriz Velázquez. Roberto Rubén Uset.