marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad de sentencia, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: TEZZA, Antonio y otros c/ E.N. (Min. de Economía) s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-23

Debe declararse la nulidad de la sentencia (conf. art. 34, inc. 4) del Código Procesal) y ordenarse la remisión de las actuaciones a primera instancia para que se proceda a dictar un nuevo pronunciamiento toda vez que lo decidido por el a quo no encuentra apoyo en los antecedentes del juicio (C.S.J.N. Fallos:

295:417, 296:481).
Cheque, títulos de crédito, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RAED, LUIS EMILIO c/ AVILA, DOMINGO F. Y OTRA s/ MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO-COBRO DE PESOS CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO-COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-01

La presentación al pago es una carga cambiaria sustancial que la ley pone en cabeza del portador del cheque, carga que debe ser satisfecha oportunamente y en forma. Tales extremos se satisfacen cuando el cheque es presentado al pago ante el banco girado o es depositado para su cobro en el banco depositario en el cual opera el portador y ello se lleva a cabo en los plazos que prevÚ el art. 25 de la Ley de Cheques N° 24.452. Si así no se hace, el cheque caduca como título de crÚdito, quedando degradado a la condición de un simple documento quirógrafo, con reducida eficacia probatoria en atención a su condición de instrumento de pago. Debido a ello, su cobro judicial sólo se puede intentar iniciando un juicio de conocimiento, en el cual el ex cheque será una prueba documental más que integre el probatorio que deberá rendir el actor de ese proceso para acreditar la relación fundamental que originó el libramiento del cheque caduco.
Allanamiento domiciliario, acta judicial, firma del juez, falta de firma
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ESPAÑOL,  MAURICIO. s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 911
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-11

Si consta que presenciaron el diligenciamiento el juez y su secretario, no quedan compelidos por ello a firmar el acta, puesto que no hay disposición legal que así lo ordene, solamente ello habrá que tenerlo en cuenta a los efectos de verificar si se ha respetado la inviolabilidad del domicilio que prescribe nuestra carta magna. (Voto del Dr. Madueño).
Cuestiones de competencia, competencia federal, violación de correspondencia, redes sociales
Materia: PENAL
Carátula: C. G. L. c/  s/ Denuncia violación de correspondencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-25

Corresponde que entienda el fuero nacional en lo criminal y correccional federal en la causa originada por la denuncia de un usuario de la una red social, en la cual el damnificado refirió que en reiteradas ocasiones habrían ingresado ilegítimamente a su cuenta asociada a la dirección de su correo electrónico, dado que el acceso ilegítimo a una "comunicación electrónica" o "dato informático de acceso restringido" -en los términos de los arts. 153 y 153 bis del Código Penal, según Ley 26.388-, a los que sólo es posible ingresar a través de un medio que por sus características se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones que son de interés de la Nación (arts. 2 y 3 de la Ley 19.798), debe ser investigado por la justicia federal. (Del dictamen de la Procuración general al que adhirió la Corte)
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, normas operativas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Urdiales, Susana Magdalena c/ Cossarini, Franco y otro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-08

Cuando la Constitución Nacional reconoce una serie de derechos individuales esenciales y (ya sea en forma expresa o implícita) para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, e instrumenta al propio tiempo diversas garantías como medios a través de los cuales poder reclamar el respeto de tales derechos si son lesionados o desconocidos, lo hace en la inteligencia de que se trata de derechos operativos que, por tanto, pueden ser ejercidos por el individuo con su sola invocación y sin dependencia del cumplimiento de requisito previo alguno (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, homologación del acuerdo preventivo, acreedor quirografario
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: American Tracer SA  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-14

Cabe confirmar la resolución que, a instancias de los planteos introducidos por la AFIP y ARBA, dejó sin efecto la homologación del acuerdo dictado. Ello pues si bien la concursada había obtenido la doble mayoría en la categoría de acreedores quirografarios comunes, debió haberse contemplado también la categoría de acreedores fiscales, dada la categorización de oficio efectuada por el Tribunal, que en su oportunidad fue confirmada por esta Alzada. Es que esta Sala estableció que únicamente obteniendo la adhesión de ese acreedor en la categoría respectiva podría juzgarse alcanzada la existencia de acuerdo en estas actuaciones en los términos de la LCQ 49
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ferreyra,  Víctor  Daniel y Ferreyra, Ramón c/ V.I.C.O.V. S.A. s/ daños y perjuicios. Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.V.C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21|2006-03-21

La doctrina de la arbitrariedad no resulta apta para atender las discrepancias de las partes respecto de los fundamentos de hecho, prueba y derecho común y procesal, que constituyeron el basamento de la decisión de los jueces, en el ámbito del ejercicio de su jurisdicción excluyente (Voto del Dr. E. Raúl Zaffaroni).
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosa, Héctor R. c/ Cingolani, Alfredo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

A los fines de la repotenciación de una suma de dinero, el Juzgador debe efectuar la mínima fundamentación pertinente, de forma tal que el justiciable pueda efectuar un adecuado contralor de esas pautas que le permitieron arribar a la resultante, a efectos de que puede discriminar si la misma constituye el ejercicio del prudente arbitrio o por el contrario, una decisión arbitraria.
Contratos civiles, interpretación del contrato, buena fe, interpretación literal
Materia: CIVIL
Carátula: GIGLIO, Horacio R. c/ COOPERATIVA  DE  VIVIENDA  PRODUCCION Y CONSUMO "22 DE ABRIL" Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25

En la interpretación de los contratos ha de desentrañarse de buena fe (art. 1198, 1a. parte, del Código Civil), lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, sin atender a una o varias cláusulas aisladas, sino a todo el contexto del convenio, indagando más en su espíritu que en las palabras empleadas. El literal, aun cuando es el primero de los métodos, no es siempre el más eficaz para lograr ese objetivo (art.

218, incs. 1 y 2 del Código de Comercio).
Impuestos, régimen penal tributario, denuncia, fiscales, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: VITOLO, DANIEL s/ Régimen Penal Tributario Causa 36
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

La omisión por parte del Juez "a quo" de dar intervención al Ministerio Público en la causa iniciada por prevención policial, determina la nulidad de lo actuado. (Del voto del Dr. Cortelezzi).
Contrato de distribución, plazo, plazo incierto, rescisión del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BACCI, ALBERTO (SEMILLERA SAN ISIDRO) c/ ALINSA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-18

Si por falta de instrumentación aparece incierto el plazo de vigencia de un contrato de distribución, queda entendido que por tratarse de un contrato de duración puede ser rescindido por las partes en cualquier momento, independiente de la existencia o no de justa causa.
Incapacidad, honorarios
Materia: LABORAL -PROCESAL
Carátula: LIBERDI ANGEL c/ TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA MEDITERRANEA  S.A. s/ HONORARIOS - INCAPACIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-30

No puede corresponder una retribución mayor a base de posibles cálculos que efectúan las recurrentes, cuando el actor en su demanda omitió toda referencia a su grado de incapacidad y difirió su determinación a la pericia de autos, la que concluyó asignándole una incapacidad cero. Es cierto que dentro de sus expectativas debió estar que se le asignara un cierto grado de incapacidad, atento las distintas afecciones que denuncia en su demanda, pero, a la hora de concretar sus pretensiones no reclamó suma alguna y se avino a lo que se le fijase parcialmente, mas los expertos concluyeron que carecía de incapacidad atribuible al trabajo. La labor efectuada, pues por las letradas debe ser retribuida, pero tal como lo hizo la a quo, en un mínimo legal.
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ANNA, MARTA ADELINA c/ MARGARITA ANAHUATE DE BATULE s/ REDUCCION DE PRECIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-03

El art. 505 del Código Civil determina que los honorarios no pueden exceder del 25% del capital que se condena, pero las normas legales aplicables deben interpretarse en forma coordinada de tal manera que resguarde los derechos de todas las partes intervinientes.
Derecho constitucional, ley reglamentaria, vivienda única, bienes inembargables
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NOLINA, FLORINDA NICOLASA - QUIEBRA PROPIA s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-04-08

El art. 58 de la nueva Constitución de la provincia, dispone, en la parte final del primer párrafo, "la vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley". Esto significa dos cosas: primero, que la inembargabilidad de la vivienda no es absoluta, sino que es un derecho que está sujeto a determinadas condiciones: y segundo, que esas condiciones debe establecerlas el legislador, por lo que no puede discutirse seriamente la necesidad de una ley reglamentaria.

Siendo esto así, no puede alegarse que la garantía de la inembargabilidad es de aplicación inmediata, porque el art. 22 de la Constitución establece que los derechos y garantías reconocidos en ese ordenamiento no son de aplicación operativa cuando sea imprescindible su reglamentación legal.

Consecuentemente, como no ha sido dictada la ley reglamentaria, que es indispensable en este caso, la norma del art. 58 de la Constitución resulta inoperante actualmente, porque su aplicación concreta requiere la determinación de las condiciones en las cuales la vivienda única es inembargable. No se puede pretender que los Jueces apliquen directamente ese artículo prescindiendo de su reglamentación, porque eso significaría reconocerle un derecho absoluto a la inembargabilidad que el texto constitucional no le acuerda, y que no podría acordarle en semejante extensión sin violar el principio -de superior jerarquía puesto que está implícito en varias disposiciones del Código Civil (art. 31 Const. Nac.) - de que patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores. El art. 12 de la Constitución Provincial establece que en ausencia de reglamentación y hasta tanto se dicten las leyes necesarias, subsisten los actuales regímenes legales, de modo que está prohibido a los jueces complementar por sí mismos los preceptos constitucionales cuya aplicación requiere que se dicte previamente la norma reglamentaria.
Hurto simple, retención indebida
Materia: PENAL
Carátula: OLMEDO, Juan s/ DEFRAUDACION.    APROPIACION    INDEBIDA.    HURTO.  FALSA  DENUNCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

1) La sustracción del dinero transportado, aún con la colaboración de uno de los portadores, no constituye el delito de defraudación por apropiación indebida, sino el de hurto, dado que a los empleados de la financiera damnificada que llevaban el cheque les fue encomendado un mero traslado material del dinero, desde la institución bancaria hasta la sede de aquélla, ocasión en la que funcionarían como un receptáculo adecuado para lo que transportaban, pero sin más que un 'gobierno precario' del dinero que llevaban a su empleadora y constituyéndose en 'mantenedores de la tenencia ajena', que correspondía a la entidad finalmente damnificada.

2) Si bien la conducta del art. 276 ter, -el que ante la autoridad afirmara falsamente que se ha cometido un delito de acción pública- está aprehendido en la actual figura de falsa denuncia, -art. 245 CP- que reprime al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad, en el caso falta la exigencia de espontaneidad, ya que el procesado no concurrió por propia iniciativa a la policía a efectuar la denuncia, sino a requerimiento de la autoridad y en forma testimonial.

Por otra parte en el caso, no se denunció falsamente un delito, ya que éste tuvo efectiva y real concreción, omitiendo el actual encausado, el verdadero papel que le cupo en el episodio, pero en su calidad de testigo no estaba obligado a declarar contra si mismo.
Juicio ejecutivo, litispendencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lamas de Bejarano, Zulema c/ Banco Río de La Plata s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-05-06

Una acción ordinaria, ya fuese iniciada antes o después del juicio ejecutivo por el deudor no puede paralizar la ejecución pues, de admitírselo, sería fácil para el obligado frustrar cualquier ejecución que se le dirija. No puede mediar contradicción entre esos procesos y el ordinario posterior, atendiendo a la diversidad de ámbitos en la materia que es inherente al conocimiento de cada uno de ello.
Despido con causa, deber de fidelidad
Materia: LABORAL
Carátula: Zeniquel Ricardo c/ Lorenzo S.A.I.C.A. s/ Indemnización por antigüedad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-09-26

Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que no hizo lugar al despido con causa. Ello así, ya que si bien la demandada estaba en mora con respecto a pagos remuneratorios y entrega de ropa de trabajo, los trabajadores no agotaron las vías de una conciliación, en los términos de la Ley 14786, que establece una instancia obligatoria de conciliación en los conflictos de trabajo, que impidiera tomar medidas como las utilizadas, que no solo significaron merma en la producción con lógica pérdida económica, por la imposibilidad de entrega de la mercadería, sino sabotaje, como rotura de envases e ingredientes, conducta igualmente reñida con los deberes de un buen trabajador, como no dejar trabajar, jugar y provocar a sus compañeros en horarios de trabajo, violando el derecho de éstos a hacerlo.
Pueblos originarios, derechos del aborigen, organismos del Estado, obligaciones, responsabilidad del Estado, lesión subjetiva, usurpación, fiscal de Estado
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

El art. 13 de la Ley N* 2287 establece un procedimiento y en consonancia con el artículo anterior "in fine" pone en cabeza del CODECI., de la DIRECCION DE TIERRAS Y COLONIZACION y de la FISCALIA DE ESTADO determinadas responsabilidades, cuando dice: "...Artículo 13.- En los casos que luego del análisis a que se hace referencia en el artículo anterior se detectaran situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas y/o sus pobladores, el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado a los fines de la promoción inmediata de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan, y cuando fuera necesario se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la expropiación....". En tal sentido, las conclusiones de fs., en particular los dichos del tercer párrafo de fs., distan de estar a la altura de las circunstancias en cuanto a los deberes funcionales reglados. Idem en relación al deber de cumplimiento del art. 16 y ss. del Decreto N* 1693/90.
Acto administrativo, normas operativas
Materia: PROCESAL
Carátula: Inspección General de Justicia c/ Crowdium SRL s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Cabe observar, a todo evento, que el desarrollo argumental de la recurrente no niega el carácter administrativo del acto que recurre, de modo tal que, la inferencia lógica que se sigue de esa aceptada premisa, no puede ser distinta de la indicada, salvo que se niegue la operatividad de la ley 19549: 12 lo que es inadmisible (conf. CNCom, Sala C, in re "Inspección General de Justicia c/ Luarán SA s/ recurso de queja", del 15/04/21).
Plazos procesales, libro de asistencia, interrupción del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BRAGLIA DE BERTINI, NERIDA c/ SIT SOCIEDAD INDUSTRIAL TEXTIL SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-31

Si bien el hecho de que el expediente no este visible afecta el derecho de defensa, la interrupción de los plazos no es automática y no se produce por la anotación en el libro de asistencia, sino que hace falta una petición expresa del interesado en tal sentido.
Jurisdicción, menores, relaciones de familia
Materia: PENAL
Carátula: LUCIA JUAREZ VILLEGAS c/ LUIS ALBERTO JUAREZ VILLEGAS s/ ABUSO SEXUAL-DENUNCIA FORMULADA POR MARTA EUGENIA GARAY DE DURANGO  EN REPRESENTACION DE MARTA SUSANA GARAY
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-09-18

La importancia y trascendencia de los intereses que se ventilan en la jurisdicción de menores y de familia, exigen la actuación de órganos dinámicos, respecto de los cuales las normas procesales comunes resultan insuficientes, requiriéndose investigación de oficio, reglas especiales de interpretación, verdad real, preclusión, orden público, oralidad, inmediación, concentración, responsabilidad de las decisiones, etc.
Tribunal Fiscal de la Nación, cuestiones de hecho y prueba, apreciación de la prueba, tribunal de alzada, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: La Rueca Porteña S.A. (T.F. 9861-I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-27

La valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara a menos que se pruebe que el Tribunal a quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (art. 86, ley 11.683, t.o. 1978 y sus modif.).
Competencia, competencia por la materia, depósito de sumas de dinero, depósito irregular, corredor, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: COCA, DELIA VAZQUEZ DE c/ QUINTANA, CARLOS s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-12

En tanto lo depositado sea un genero mercantil -dinero-, y además el deudor sea agente auxiliar del comercio -corredor-, el débito de reintegro del referido depósito esta sujeto a leyes mercantiles (ccom 558) y al juicio de los magistrados del fuero comercial (dec.

Ley 1285/58: 43 bis).
Daño moral, indemnización, lesiones culposas, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: HERRERA LUIS ALBERTO s/ DAÑO MORAL - LESIONES CULPOSAS - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-06-12

Para fijar el monto del daño moral se debe valorar las siguientes pautas: que la víctima permaneció internada 120 días, las características de las lesiones, la edad de la víctima, su sexo y la etapa de la vida -adolescencia- en que se vio enfrentada a tal infeliz experiencia, que su carácter cambió luego del hecho, que era una joven que antes daba importancia a su físico, haciendo mucha gimnasia, que padece una incapacidad laboral importante (60%), lo que le impedirá, con el consecuente desasosiego interior, aplicarse en plenitud a una actividad que dignifica. El monto se fija en la suma de australes doscientos cincuenta millones.
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: ABAURRE, JESUS ADRIANO c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1994-03-18

La medida en dinero del sufrimiento físico o moral de una persona, careciéndose de un patrón o punto comparativo de referencia, lleva ínsito un pronunciado en inevitable subjetivismo. Este subjetivismo no es suplible con las pautas jurisprudenciales de que la reparación no debe funcionar como fuente de enriquecimiento o que debe valorarse en su gravedad objetiva, o su proporcionalidad con el monto del daño material o la posición económica de las partes.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, delitos, robo calificado, robo de automotor, robo con armas, pena, razonabilidad, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, J. M. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Robo calificado de automotor (Expte.  CSJ Nº 187-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-12-15

En la jurisprudencia sostenida por la Corte Nacional en su anterior integración, el artículo 38 del decreto ley 6582/58 se había reputado inconstitucional, expresándose en la causa "Martínez" que si bien no parece objetable prima facie que el legislador contemple el mayor valor económico de los bienes a los fines de otorgarle una protección especial, sí lo es el de haber circunscripto ese trato preferencial al caso de los automóviles, excluyéndose irrazonable y arbitrariamente de la figura agravada a otros obvios e innumerables objetos que poseen igual y aún mayor valor económico que aquéllos, sin que surja de la exposición de motivos de la norma impugnada cuál sería la razón que habría conducido a dicha exclusión. La norma cuestionada ha tenido como resultado que al acusado se le haya aplicado una sanción penal que parte de una mínima que no sólo excede notoriamente a la correspondiente a igual delito perpetrado sobre todos los demás objetos muebles (artículo 166, Código Penal) sino que llega a ser más grave que la pena mínima establecida para el homicidio simple (artículo 79, Código Penal), debiéndose tomar en cuenta la jerarquía del bien jurídico protegido en este último caso, ya que la vida humana constituye una condición necesaria para el goce de todos los otros derechos garantizados por la Constitución y las leyes. Tales circunstancias ponen de relieve un ostensible e irrazonable desconocimiento del derecho constitucional, fundado en los artículos 28 y 33 de la Ley Fundamental, a ser sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito cometido y al bien jurídico tutelado. (Del Voto del Dr. Ulla).
Concurso preventivo, proceso de verificación, verificación de créditos, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUDAMTEX  TEXTIL  SOCIEDAD  ANONIMA  -  OBRAS SANITARIAS DE LA NACION s/ CONCURSO - INCIDENTE DE VERIFICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

La aplicación de las leyes específicas (en el caso, O.S.N. demanda el cálculo de los ajustes, recargos e intereses conforme las leyes 13.577, 11.683 y 20.324) resulta procedente si el cálculo de intereses y recargos según sus pautas corresponde al período anterior a la presentación en concurso.

No existe en el caso colisión entre tales normas y las de naturaleza concursal que garantizan tratamiento igualitario a los acreedores, ya que dicha normativa sólo conduce a determinar el monto de lo adeudado al tiempo del concursamiento del deudor.