Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-06-30


AUTOS N° 118553/CA (C.C. - SALA IV - Nº 623) DEL Juzgado Contencioso Administrativo, CARATULADOS "PROVINCIA DE SAN JUAN C/ Palacios Mario Guillermo - Ejecución Fiscal".

PROT.: L. DE AUTOS - T° II - F° 224/227 - AÑO 2015.- San Juan, a los treinta días del mes de Junio de dos mil quince.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante a fs. 49 contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014 obrante a fs. 43/47; que fuera concedido a fs. 50.

Y CONSIDERANDO: Mediante el pronunciamiento apelado la Sra. Juez hizo lugar al planteo de perención de instancia articulado por el ejecutado a fs. 21/25 vta.. Declaró abstracto el análisis de la excepción de prescripción y del pedido de inconstitucionalidad propuesto por el ejecutado. Impuso las costas de la incidencia a cargo de la actora vencida y las del proceso principal en el orden causado. Reguló los honorarios del Dr. Santiago J. Olguín, patrocinante del ejecutado, por su actuación en el incidente de perención en el que resultó vencedor en un 3% sobre la liquidación a la que alude el art. 197 de la Ley n° 2150 y por su actuación en el proceso principal, habiendo cumplido una etapa, en un 5%, calculable sobre el monto demandado. No reguló honorarios a la apoderada de la ejecutante, Dra. Mirta A. Flores, en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la Ley n° 5558.

Para arribar a dicha conclusión la Sentenciante, luego de efectuar una reseña de la causa, hizo referencia al fundamento y a los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de la perención de instancia.

Consideró que el punto de partida para el cómputo del plazo de perención es el de la resolución de fecha 24/11/10 por la cual se ordenó llevar adelante la ejecución contra el accionado (cfr. art. 275 inc. 1° C.P.C.). Adujo que con posterioridad a dicho pronunciamiento no existe ningún acto que tuviera por efecto directo impulsar el procedimiento.

Sostuvo que el mandamiento de requerimiento de pago y embargo de fs. 07/11 -informado por el Oficial de Justicia-, así como la denuncia de domicilio de fs. 13 y el decreto dictado en consecuencia a fs. 14 no constituyen actos interruptivos del plazo de perención al no tener virtualidad para hacer avanzar el proceso.

Expresó que recién avanzó el proceso con el diligenciamiento del segundo mandamiento de pago y embargo en fecha 01/09/11 (fs. 15/16 y fs. 28/29); habiéndose cumplido -entre una y otra fecha- el plazo de perención previsto por el art. 274 inc. 2° del C.P.C. y art. 102 del C.T.

Por los fundamentos expuestos, admitió el incidente de perención de instancia opuesto por el ejecutado.

Contra dicho fallo la ejecutante interpuso recurso de apelación a fs. 49, expresando agravios a fs. 53/56, los que serán subsumidos del siguiente modo: Le agravia que la Sra. juez haga lugar al planteo de perención de instancia articulado por el ejecutado en base a fundamentos que caen fuera de la órbita del proceso ejecutivo y sin tener en cuenta lo dispuesto por la normativa legal aplicable a la presente ejecución (C.P.C. y C.T.).

Ataca el fallo por cuanto la sentenciante considera que después del dictado de la sentencia monitoria de fecha 24/11/10 no existe ningún acto impulsorio del proceso.

Afirma que en el presente caso no están cumplidos los presupuestos procesales para la procedencia del planteo de perención ya que la Sra. juez omite considerar que con el dictado de la sentencia monitoria culmina la instancia.

Agrega que desde la fecha de la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia monitoria no ha transcurrido el plazo pertinente a los fines de tener por operada la perención. A todo evento señala que ni aun tomando la fecha que la Sra. juez consideró como punto inicial del cómputo de los plazos (24/11/10) ha perimido la instancia. Sostiene que no tuvo en cuenta el mandamiento de fs. 07/09 -que fue informado el día 27/12/10-, ni la denuncia de nuevo domicilio del accionado de fecha 03/05/11 (fs. 13), como tampoco la orden de libramiento de nuevo mandamiento de fecha 04/05/11 (fs. 14) que fue notificado el día 01/09/11 (fs. 15/16); actos éstos que la apelante sostiene que son impulsorios del proceso.

Agrega que la presentación del accionado se produce en la etapa de ejecución de sentencia por lo tanto resulta improcedente de acuerdo a lo dispuesto por el art. 277 inc. 3° del C.P.C.. Sostiene que la única perención que está admitida en el presente proceso es la que se encuentra contemplada en el art. 279 1° párrafo del C.P.C. respecto del actor contra la oposición que se haya deducido. Cita jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de su postura.

En definitiva solicita al Tribunal que haga lugar al recurso interpuesto, con costas. Para el caso de fallo adverso a sus pretensiones, formula expresa reserva para interponer los recursos extraordinarios de la Ley n° 2275 y del caso federal del art. 14 de la Ley N° 48.

Del memorial de agravios se ordenó correr traslado a la contraria (fs. 57) quien lo respondió a fs. 59/60 vta.. Por los argumentos expuestos en dicha presentación peticiona el rechazo del recurso, con costas.

Tratamiento de los agravios Ingresando al estudio de la cuestión sometida a consideración de este Tribunal estimamos oportuno destacar que esta Sala ya ha emitido pronunciamiento en casos semejantes al presente (v.gr. Autos n° 117871 - C.C. Sala IV nº 27 - caratulados "Provincia de San Juan C/ Brkic Ariel Walter - Ejecución Fiscal Monitoria" - Prot. de Autos T° I F° 43/48 año 2012; Autos n° 117640 - Sala IV n°457 - caratulados "Provincia de San Juan C/ Sirera Eduardo - Ejecución Fiscal Monitoria" - Prot. de Autos T° IV F° 634/638 año 2014; Autos n° 119884/CA - C.C. Sala IV nº 606 - caratulados "Provincia de San Juan D.G.R C/ Cocinero María Elizabeth s/ Ejecución Fiscal Monitoria" - Prot. de Autos - T°I - F° 176/179 año 2015), donde los argumentos que allí se expusieron resultan plenamente aplicables al caso de autos.

En tales procesos este Tribunal sostuvo, en relación a la naturaleza jurídica del procedimiento monitorio cuya perención se peticiona, que cabía señalar que en la exposición de motivos de la Ley n° 8037 (hoy Ley n° 988-O) se expresó: "En el Libro III, se ha incluido un tipo de procedimiento que es innovativo en materia procesal, y es tal vez la incorporación que más transforma el perfil de este código de procedimientos, nos referimos al proceso de estructura monitoria. Este procede en los supuestos expresamente mencionados en la normativa, con exigencias que hacen a la certidumbre del derecho, como es la presentación, para su admisión, de instrumento público o privado reconocido judicialmente, o con firma certificada por notario público. Con ello no se impide el contradictorio ni se vulnera el derecho de defensa en juicio, sino que se posterga la eventual oposición con posterioridad al dictado de la sentencia monitoria, donde el oponente tendrá la carga de la prueba, la que no podrá limitarse exclusivamente a la testimonial." (Poder Legislativo Provincial - Provincia de San Juan - Norma: Ley 7962 - Emisor: Poder Legislativo Provincial - Sumario: Código Procesal Civil, Comercial y de Minería - vigencia temporal - incorporación del art. 809 a la ley 7942 - alcance: general fecha de sanción: 22/12/2008 la ley online).

Sin lugar a dudas el legislador ha previsto, a través de la implementación de este tipo de procedimiento, que la intervención del demandado se produzca con posterioridad al dictado de la sentencia monitoria, es decir cuando la instancia ha concluido.

Esta unilateralidad en que tramita el procedimiento monitorio está orientada precisamente a evitar la perención de la instancia. La cuestión está dada por la naturaleza misma del procedimiento monitorio, pues como lo afirma Morahan Mariano: "Es que, si sostenemos que el sistema monitorio se inicia con la petición del acreedor y concluye directamente con el dictado de la sentencia monitoria; ateniéndonos entonces a la concepción clásica de que todo proceso de corte contencioso se inicia con la demanda y concluye con la sentencia definitiva previa sustanciación y consecuente respeto al principio de bilateralidad, advertimos entonces en la especie y en forma liminar, la inexistencia de la mentada bilateralidad en la estructura monitoria. Es por ello que, en rigor, afirmamos que no estamos en presencia de un proceso en el sentido estricto de su definición. Dicha conclusión se refuerza aún más a poco que advertimos que, de acuerdo al esquema monitorio, si al deudor le interesa oponerse, y pretende de esta manera ejercitar la garantía conferida por la Carta Magna de Defensa en Juicio, debe necesariamente promover el contradictorio, que se inicia propiamente con su oposición a la sentencia monitoria". (Voces: derecho comparado - proceso monitorio - celeridad procesal - tutela judicial efectiva - Doctrina de la Corte Suprema - debido proceso - Provincia de Entre Ríos - Economía procesal título: la hora del procedimiento monitorio - La bienvenida implementación en la Provincia de Entre Ríos de una estructura procesal con siglos de vigencia - Autor: Morahan, Mariano - fuente la ley online).

Cabe señalar que la facultad de oponerse a la sentencia monitoria no importa reconocer al demandado la posibilidad de solicitar la perención de la instancia, pues como bien se ha dicho, resulta indiscutible afirmar que con la sentencia monitoria concluye la instancia; tan es así que el artículo 279 del C.P.C. veda tal posibilidad al demandado.

No obsta a tal razonamiento lo expresado por el último párrafo del artículo en mención que está referido a los demás procesos judiciales con exclusión del procedimiento monitorio. Este razonamiento encuentra apoyo en la facultad acordada al actor, ante la oposición a la sentencia monitoria, de peticionar la perención de la incidencia planteada a los fines de consolidar la fuerza ejecutoria de la sentencia monitoria.

Es por ello que el artículo 282 inc. e) del C.P.C. determina como efecto jurídico de la perención de instancia dar fuerza de cosa juzgada a la sentencia monitoria.

"El apartado e) otorga la calidad de cosa juzgada a la sentencia monitoria. Esto es una consecuencia lógica, pues si la oposición a ella declina por perención, la sentencia monitoria, adquiere la cualidad de cosa juzgada, como también ocurrirá si no se plantea oposición a la misma". ("Código Procesal Civil, Comercial y Minería de San Juan" - comentado por los Dres. Jaime A. Velert F., Roberto Pagés Lloveras y Gustavo A. Velert B. - T° 2 "A" - Pág. 393 - Ed. Nuevo Enfoque).

Habiendo concluido la instancia con el dictado de la sentencia monitoria de fs. 06 y vta. devenía en improcedente -por los argumentos expuestos ut supra- el planteo de perención de instancia formulado por el ejecutado a fs. 21/22 vta.; el que debió ser rechazado por tal motivo.

Por todo lo expresado, se admite el recurso de apelación concedido a la ejecutante a fs. 50 contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014 obrante a fs. 43/47, la que se revoca en todas sus partes. En su lugar, se rechaza el planteo de perención formulado a fs. 21/22 vta. por el ejecutado, por improcedente; debiendo continuar la causa según su estado. Las costas de ambas instancias se imponen a cargo del ejecutado vencido (cfr. art. 100 Código Tributario). De conformidad a lo dispuesto por el art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la ley 2150 (hoy ley 56-O)- y al art. 196 inc. a -última parte- de dicha ley arancelaria, se regulan honorarios a favor de la Dra. Mirta A. Flores por la labor profesional desarrollada en esta instancia como apoderada de la ejecutante vencedora en el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que se le regulen por la actuación desplegada en la presente incidencia en primera instancia. Regular honorarios a favor del Dr. Santiago J. Olguín en su carácter de letrado patrocinante del ejecutado perdidoso, por la labor desempeñada en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios que se le regulen por la actuación desplegada por la presente incidencia en primera instancia (cfr. art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la ley 2150 (hoy ley 56-O)- y al art. 196 inc. a -primera parte- de dicha ley arancelaria).

La presente resolución se emite con dos firmas en virtud de lo establecido por el artículo 257 del C.P.C.

Por todo ello, se RESUELVE: I) Admitir el recurso de apelación concedido a la ejecutante a fs. 50 contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014 obrante a fs. 43/47, la que se revoca en todas sus partes por los argumentos expuestos en los considerandos de la presente. En su lugar, se rechaza el planteo de perención formulado a fs. 21/22 vta. por el ejecutado, por improcedente; debiendo continuar la causa según su estado. II) Imponer las costas de ambas instancias a cargo del ejecutado vencido (cfr. art. 100 Código Tributario). III) Regular honorarios a favor de la Dra. Mirta A. Flores por la labor profesional desarrollada en esta instancia como apoderada de la ejecutante vencedora en el cincuenta por ciento (50%) de los honorarios que se le regulen por la actuación desplegada en la presente incidencia en primera instancia (cfr. art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la ley 2150 (hoy ley 56-O)- y al art. 196 inc. a -última parte- de dicha ley arancelaria). Regular honorarios a favor del Dr. Santiago J. Olguín en su carácter de letrado patrocinante del ejecutado perdidoso, por la labor desempeñada en la Alzada, en el treinta por ciento (30%) de los honorarios que se le regulen por la actuación desplegada por la presente incidencia en primera instancia (cfr. art. 800 inc. 10 del C.P.C. -que sustituye al artículo 222 de la ley 2150 (hoy ley 56-O)- y al art. 196 inc. a -primera parte- de dicha ley arancelaria).

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.

FDO. DR. JUAN JESUS ROMERO. PRESIDENTE.- DRA. ESTELA ZORRILLA.- VOCAL.- ANTE MI: MARCELA CARRIZO - PROSECRETARIA.-