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Hábeas corpus, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, revisión judicial de actos administrativos, control de legalidad, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, orden de detención, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: GILARDI NOVARO, E. s/ HABEAS CORPUS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-01

a) El arresto decretado por el PEN respecto al peticionante de la acción se decretó en el margen de las atribuciones previstas por el art. 86 inc. 19 de la Constitución Nacional y siendo el Presidente de la Nación, quien firmara el decreto Nro. 2069/85, debe concluirse que la decisión emanó del funcionario que posee expresa competencia para el acto y que este último fue ejercido en las condiciones y con las formalidades de ley, no percibiéndose pues, en el decreto 2069/85 ni vicios formales, ni incompetencia del órgano, ni indicios de exceso en la razonable aplicación del del art. 23 CN.

b) En el caso de autos, en que el accionante se agravia por estimar que la orden de arresto carece de razonabilidad porque E.G.N. se encuentra fuera del país, de manera que no pudo participar de los actos de violencia, colocación de artefactos explosivos, amenazas e intimidaciones que menciona el decreto 2070/85, hay que distinguir dos aspectos. En primer lugar, la razonabilidad política relativa a la decisión de declarar el estado de sitio es de exclusiva incumbencia de los restantes poderes. En segundo lugar, la razonabilidad jurídica, en la que el Poder Judicial no sólo puede, sino que debe hacer un examen prudente de la relación que debe mediar entre el Estado de sitio y la garantía constitucional afectada, así como la proporcionalidad entre la libertad restringida y los objetivos tenidos en cuenta para adoptar la medida de excepción.

En este segundo aspecto, es de destacar que el PEN a través de los decretos 2049, 2069 y 2070/85 ha señalado que, frente a la perturbación de la paz pública y con el fin de evitar la pérdida de confianza en los órganos del Estado, frente a los recientes hechos de violencia causados por sectores minoritarios de la población y dirigidos a acentuar diferencias entre la civilidad y las Fuerzas Armadas, ha debido asumir sus atribuciones constitucionales. Por cuanto el respeto de la libertad individual no excluye el derecho de la sociedad para adoptar las medidas de protección necesarias, resulta evidente que el Poder Ejecutivo Nacional debió ejercer las atribuciones del art. 23 de la Constitución Nacional.

Limitada en el tiempo la detención del recurrente, se encuentra fundamentada en las razones explicitadas en los correspondientes informes del PEN, que demuestran los motivos determinantes de tan excepcional medida, no percibiéndose ninguna extralimitación del PEN, ni que se hubiera incurrido en una manifiesta y arbitraria decisión, sino que por el contrario se concluye que en el caso se han ejercido razonablemente las facultades constitucionales del art.

23 CN. Se rechazó la acción de Habeas Corpus, con costas en el orden causado.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz, Alejandro Silvano y otro s/ Robo agravado por el uso de armas, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

La ley se refiere al arma en cuanto debe aparecer y exhibirse como un instrumento susceptible de producir un daño físico, pero lo prioritario es el efecto intimidatorio que genera en la víctima la utilización de cualquier elemento de aquellas características que se presente idóneamente a tal efecto. Eso es precisamente un arma. En cuanto a su diversidad de contenidos posibles, ya que la misma puede asumir múltiples formalidades variables según las circunstancias de modo, tiempo, lugar y persona, está receptada en la fórmula plural que utiliza la norma del art. 166 inc. 2º del Código Penal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deudas impositivas, ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: "Asociación de Trabajadores de la Sanidad -A.T.S.A.- c/ Sistema Provincial de Salud -Siprosalud- de la Provincia delChubut s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-12-17

El facultamiento legislativo para la emisión de títulos ejecutivos de créditos, habilitantes del trámite de ejecución fiscal, constituye una excepción al principio general de cobro de las acreencias, en caso de incumplimiento por parte de los deudores, por la vía del juicio de conocimiento, amplio o restringido, que regulan los artículos 319, 320 y concordantes del C.P.C.C..
Contratos de adhesión, plan de ahorro previo, depreciación monetaria, hiperinflación
Materia: COMERCIAL
Carátula: CHOMIAK IBAN ESTEBAN Y OTRO c/ BANCO HIPOTECARIO NACIONAL s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-10

La circunstancia de que los actores hayan suscripto un contrato de adhesión, en atención a las particularidades del período hiperinflacionario, inserto dentro de las cuotas adeudadas, no significa que de aquello se siga que deban, soportar las consecuencias de una situación no prevista. En un sistema de circuito cerrado de ahorro y préstamo en caso de proceso hiperinflacionario, el equilibrio del sistema no se vería afectado, si las condiciones del mismo en cuanto a cobro de cuotas, licitaciones, etc. no hubieran sido alteradas. El único perjuicio real que se presentaría, dado que se ajusta con un índice desfasado en dos meses, sería para el adherente adjudicado durante los meses de hiperinflación, ya que con la suma que éste percibiría, no le sería posible adquirir los bienes objetos de su adhesión. El problema que se produjo fue que en los meses de hiperinflación, donde los valores de las cuotas y préstamos no se encuentran ajustados correctamente, se permitió a los adherentes la cancelación anticipada de sus cuotas pendientes, rompiendo de esta manera el equilibrio de sus cuotas pendientes, rompiendo de esta manera el equilibrio existente en el sistema. El intento de persuadir al Tribunal, de que en el caso de autos, actualizando hasta el mes inmediatamente anterior a los meses críticos, significa que la actualización del capital a devolver haya sido correcta, no tiene andamiento. Y ello es así, porque justamente en los meses críticos, lo que en definitiva intentaba hacer, era devolver las cuotas a valores históricos, lo cual no fue admitido por este Tribunal a través de la sala II.
Escribanos públicos, registro de la propiedad inmueble, inscripción registral, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Pinto, Ernesto H. c/ Bs. As. Prov. de s/ inconst., y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La exigencia de que un notario local efectúe la inscripción registral de los títulos públicos provenientes de otra jurisdicción para que surtan efectos en el ámbito provincial, como que se tome a su cargo la determinación de las obligaciones fiscales, su visación y verificación del pago (art. 1° del decreto 406/87; art. 1° de la ley 10.542, sustituivo del art. 185 del decreto-ley 9020/78 de la provincia de Buenos Aires) importa crear un requisito notarial impuesto al instrumento proveniente de una jurisdicción extraña, desconociéndole los alcances que cabe atribuirle sobre la base de lo dispuesto por el art. 7° de la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, accidentes de trabajo
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Vazquez Rosas, Cristóbal c/ Mansilla  Vda.  de  Garbers,  María  E.  y  Sucesión  Rómulo  Garbers s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-04-05

Determinar en un accidente de trabajo si el hecho generador de la incapacidad sobreviniente del trabajador ha acontecido o no durante el tiempo de laboreo, o si ha sido o no en el lugar de trabajo en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, son cuestiones de prueba ajenas al recurso de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo.-
Banco Central de la República Argentina, liquidación de entidades financieras, órgano liquidador, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO INTEGRADO DEPARTAMENTAL (BID) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-03

Los dos requisitos básicos para que el Banco Central se encontrara habilitado para otorgar redescuentos o adelantos al ex Banco Integrado Departamental eran que los préstamos debían ser otorgados a entidades financieras con problemas de liquidez (y no de solvencia) y que dichos adelantos o préstamos debían ser otorgados con un intervalo de 45 días entre la devolución del anterior y otorgamiento de un nuevo préstamo, resultando este plazo -que no fue derogado tácita ni implícitamente con la sanción del decreto 290/95- una herramienta de cumplimiento inobjetable para el otorgamiento del privilegio (De la disidencia de los Dres. Erbetta y Abele).
Leyes, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G.N.H. s/ Adopcion Plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

El artículo 3º del Código Civil, consagra la aplicación inmediata de la nueva ley, la que ha de regir los hechos que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y los que tienen por finalidad delimitar las aptitudes personales para la titularidad o el ejercicio de un derecho, o que establecen el régimen que corresponda a determinadas condiciones o situaciones jurídicas como sucede con las disposiciones referidas al estado y capacidad de las personas (S.C.B.A, Ac.37392 S 27-10-87) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daño material, daño moral, daño resarcible, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: BRAMATI OMAR HECTOR c/ GOMEZ MARIA DEL CARMEN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-09-08

Conforme lo ha puesto de manifiesto la a quo, y más allá de la aparición de los llamados nuevos daños (a la vida de relación, estético, etc.), en nuestro régimen jurídico el daño que se sufre como consecuencia de un hecho dañoso puede ser patrimonial o extrapatrimonial; y todo perjuicio ha de ser reducido a alguna de estas dos categorías, ya que o produce afectación de la capacidad de ganancia, o produce afección de los intereses espirituales (arts. 519, 522, 1086, 1087, 1098, 1099, Código Civil).A efectos de valorar la reparación por la incapacidad física sobreviniente, en realidad no inciden en la capacidad de ganancia del afectado sino que tocan su esfera espiritual, en tanto producen padecimientos de índole moral por limitación de aspectos de la vida que se vinculan con los gozos y satisfacciones derivadas del esparcimiento. Consecuentemente, ellos han de ser tenidos en cuenta en oportunidad de abordar la queja por la cuantía del daño moral.
Interpretación de la ley, tasa de justicia, interpretación restrictiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bedne, Darío Oscar s/ declaración de causahabientes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La interpretación de la ley 23.898 debe ser realizada con criterio estricto.
Derechos humanos, tratados internacionales, acceso a la justicia, debido proceso
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

El proceso para procurar el derecho a la verdad en una tutela judicial efectiva tiene que ser "debido"; en otras palabras, tiene que respetar las formas esenciales de acusación, defensa, prueba y sentencia. Comprende entonces los derechos: 1) a ser oído dentro de un plazo razonable; 2) a que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida de modo expreso, razonado y congruente, en una resolución de fondo, sobre los derechos de toda persona que interponga una acción o un recurso; 3) a que el proceso se desarrolle sobre la base del principio de "igualdad de armas" (arts. 8.1. y 24); 4) a que el Estado adopte las medidas procesales compensatorias, para dar cumplimiento, en el marco del debido proceso, al principio de igualdad y no discriminación de la Convención Americana; 5) a ser informado; 6) a tener un proceso público; 7) a ser juzgado por un juez ordinario predeterminado por la ley que sea imparcial; 8) a que el proceso no sufra dilaciones indebidas, y 9) a gozar de la presunción de inocencia. Como se advierte, el juicio por la verdad que se propicia depende de la regulación internacional de los derechos humanos y el tema formal de sus trámites - resguardados los rasgos mencionados - deja de ser un tópico trascedente o rígido.
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: LABORAL
Carátula: Martínez, Edgardo A. c/ Municipalidad de Avellaneda s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

El personal de planta temporaria (agentes mensualizados y jornalizados) de la comuna se halla incorporado a un sistema de excepción previsto en el art. 96 de la Ordenanza 7412 -planta temporaria (Estatuto para el Personal Municipal)- que lo aparta de las reglas generales de los agentes públicos permanentes, todos regidos por el mismo Estatuto, no teniendo el agente más estabilidad en el empleo que la que surge del propio acto de designación careciendo de acción para reclamar la reinstalación en su puesto de trabajo sin estabilidad, con sustento en la ley sindical, pues la ley 23.551, no puede tener el efecto mágico de transformar un vínculo jurídico de empleado municipal público de planta temporaria en agente de planta permanente.
Sucesiones, investidura de la calidad de heredero
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zanotti s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-02-26

Tal como establece el art.6 del Decreto Ley 6582/58 (texto según ley 22.977) es obligatoria la inscripción de dominio en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de todos los automotores comprendidos en los enunciados del art.5. No siendo posible la inscripción de un automóvil adquirido en vida por el causante, es indudable que a sus herederos les cabe el derecho a solicitar que se inscriba primero a nombre de aquel y simultáneamente a nombre de ellos, de acuerdo a la declaratoria de herederos (arts.3279, 3410, 3418, 3421 y conc.del Cód.Civil y art.15 del Decreto Ley mencionado), sin perjuicio de lo establecido en el art.9 del Decreto Ley 6582/58. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pérez de Dominguez, Maximiliano s/ Inhabilitación (art. 152 inc. 2, Código Civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

La imposición de costas, derive o no del principio general del vencimiento, supone necesariamente el concepto de parte (art. 68, CPCC).
Querellante, rol de querellante
Materia: PENAL
Carátula: Viggiano, Rosa s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

no reviste calidad de querellante, por faltar la lesión a un bien jurídicamente protegido y haberse descartado la producción de un daño directo, un empleado del ANSeS que denunció irregularidades en el trámite de expedientes vinculados a la restitución de sumas dinerarias a ese organismo por parte de las AFJP y compañías de seguros de retiro, y que, en su calidad de afiliado al sistema previsional de reparto, alegaba resultar perjudicado por las maniobras ilícitas respecto de fondos que habrían sido defraudados, ya que dicha supuesta defraudación constituye un derecho en expectativa de los afiliados y no puede decirse que su patrimonio se viera afectado de forma directa. (Dres. Diez Ojeda, Hornos y González Palazzo).
Costas, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: MARONESE, SEBASTIAN E HIJOS SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.    IMPOSICION DE COSTAS.   CSJ EXPTE NRO 266-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-05

Mediando la posibilidad de que la recurrente intente la vía de hecho ante la no concesión del remedio extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es criterio de la Corte local pronunciarse sobre la imposición de costas en dicho recurso, una vez firme la resolución denegatoria del mismo.
Ius variandi, cambio de lugar de trabajo, uso de vivienda
Materia: LABORAL
Carátula: ROCHA, OSVALDO c/ PLASTOTAL SAIC. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-29

Constituye uso abusivo de la facultad patronal del 'ius variandi', el cambio de lugar de trabajo del dependiente dispuesto por su empleador, toda vez que el mismo signifique la supresión de su vivienda (proporcionada por su empleador), la que formaba parte de su remuneración.
Derecho internacional público, terrorismo, imprescriptibilidad
Materia: PENAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Lariz Iriondo, Jesús María s/ Solicitud de Extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-10

No puede considerarse la vigencia de un derecho internacional consuetudinario consagratorio de la tipicidad e imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo si hasta el presente no se ha logrado acuerdo entre los estados sobre su definición (Voto de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.E.F.A. c/ C.M.M. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-26

En los juicios de divorcio se aplican con elasticidad las reglas que gobiernan la constitución de la "litis contestatio", por lo que en ciertos supuestos, algunos hechos probados -susceptibles de encuadrar en la causal culpable de injurias graves- pueden llegar a resultar pertinentes pese a haberse omitido taxativa afirmación de cada uno de ellos en la demanda, por ello no autoriza a no afirmar ninguno, convirtiendo el período probatorio en una caja de sorpresas para el adversario, privado de la posibilidad de ofertar pruebas en descargo de imputaciones que no se le hizo oportunamente por el acto sino tardíamente por los testigos. El proceso contencioso no es un campo de batalla en que sean permitidos todos los medios útiles para triunfar, sino un trámite legal, y los hechos que invoca ahora el apelante podrían haber sido decisivos para establecer las responsabilidades del fracaso matrimonial, por lo que no pudieron ser materia de prueba al resultar concienzudamente omitidos en la demanda, privando así a la demandada de su derecho primordial de organizar la defensa (arts.34 inc. 4º, 165 inc.6º, 330 inc.4º, 354, 362, 375, 376 y concds.del CPCC).
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Felipis de Ciurlanti, María Elena c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

El plazo de prescripción aplicable al caso en que se reclaman haberes previsionales devengados a partir del 6-XI-70, es el de cinco años establecido por la ley 5425, no sólo por su vigencia a la fecha del reclamo idóneo, sino porque, además, es la ley a cuyo amparo fue otorgado el beneficio por encontrarse vigente a la época del fallecimiento del causante.
Responsabilidad del despachante de aduana, permiso de embarque, sanciones administrativas, principio de legalidad
Materia: ADUANERO
Carátula: Escudero Enrique c/ Dir.Gral. de Aduanas -Resol. S.H. Nº 495/97-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-16

Según la normativa vigente, la responsabilidad en cuanto a la asignación de un canal de selectividad a un permiso de embarque corresponde al agente aduanero, en tanto que no se hace referencia a la obligación del control del canal asignado por dicho agente que la aduana entiende cabe al despachante. De modo tal que, no existe norma que prescriba que el despachante deba cotejar la asignación del canal efectuada por el agente aduanero, razón por la cual y en virtud del principio de legalidad no resulta ajustado a derecho sancionar al imputado por una conducta que no está tipificada legalmente.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado detentativa -causa N° 1681
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

Existe cuestión federal suficiente si se debate el alcance otorgado al derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria consagrada por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Constitución Nacional, a partir de su inclusión en el art. 75, inc. 22 y si hallándose cuestionado el alcance de una garantía de jerarquía de derecho internacional, cuya omisión en su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional.
Sentencia definitiva, alimentos
Materia: PROCESAL
Carátula: REUSSI BRAGA, CARLOS s/ QUEJA EN:'CALVO, MARIA DEL CARMEN C/REUSSI BRAGA, CARLOS  S/ALIMENTOS'
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-03-05

La revisibilidad de la sentencia de alimentos y la circunstancia de que no cause estado, dadas por la posibilidad de que la cuota alimentaria sea modificada a través de un procedimiento que puede ser iniciado en un futuro inmediato, restan carácter definitivo al pronunciamiento que se pretende conmover.-
Emergencia administrativa, reforma del Estado, servicio público, privatizaciones, derechos del trabajador, beneficios sociales, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: PLACENTI, CARLOS c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Si los beneficios derivados de un CCT, que en virtud de un contrato individual, se incorporaron al patrimonio del trabajador en su relación con el empleador, forman parte del derecho constitucional de propiedad inviolable, nada impide que durante una emergencia sufran fuerte restricción razonable y transitoria, pero no que se los suprima o reduzca. Por lo tanto, si la facultad transferida por la ley del congreso al ejecutivo tenía por fin privatizar lo público o mejorar un servicio privado, art. 10 de la ley 23696, no se puede dejar sin efecto, por decreto, cláusulas convencionales vigentes, hasta tanto no se formalicen nuevos convenios, porque esto estaría en pugna con la telesis de la ley y exhorbitaría las facultades que le confiere al PEN el art. 86 inc. 2 de la CN.
Tope regulatorio, prestaciones complementarias, inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bustamante, Horacio Antonio c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-21

Si bien en reiterados precedentes se ha propiciado la declaración de inconstitucionalidad del art. 26 de la ley 24.241, en el entendimiento que su aplicación importaría una reducción del beneficio jubilatorio considerada confiscatoria de acuerdo a numerosos precedentes del Alto Tribunal (Fallos 323:4216, entre otros), al carecerse -en el caso de autos- de prueba concluyente acerca de aplicación de los citados límites y su incidencia en el haber, máxime frente a la modificación de las pautas de actualización de las remuneraciones consideradas a los fines de determinar el haber inicial y su posterior movilidad dispuesta en los considerandos, resulta apropiado diferir el examen del planteo de inconstitucionalidad para la etapa de ejecución, pues sólo a partir de ese momento se tendrá precisión respecto de la cuantía y razonabilidad de la quita (cfr. Fallos 327:3251). (Disidencia de la Dra. Dorado).