Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-02


NEUQUEN, 2 de julio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BONINO MENDEZ CARLOS RAUL C/ COOPERATIVA A.D.O.S. LTDA. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES" (EXP Nº 415606/10) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. Contra la sentencia que rechaza la demanda en todas sus partes, a fs. 222/225 apela el actor.

En primer lugar, se agravia en punto a la valoración de la prueba.

Sostiene que se vinculó a la demandada, por medio de una relación laboral desde el año 1988; que ADOS atravesó un concurso preventivo, luego una quiebra y que, actualmente, se desenvuelve como cooperativa, siendo entonces aplicables las disposiciones de los artículos 30 y 31 de la ley de contrato de trabajo.

Expresa que hubo una clara omisión de valorar los hechos en su conjunto, puesto que nada hace presumir que se haya cambiado el carácter de la relación.

Dice que por aplicación del artículo 23, debe hacerse lugar a la demanda, puesto que fue demostrada la prestación de servicios.

Agrega que la conducta posterior al despido no puede cuestionársele a su parte, puesto que es lega y debió recurrir a asesorarse de sus derechos laborales. Entiende que el hecho de no haber percibido haberes durante nueve meses sólo muestra la gravedad de la conducta de la demandada y que si bien prestó servicios en otros nosocomios, se vio privado de su sustento básico, tal el sueldo que percibía de la cooperativa.

Dice que aún cuando los testigos ofrecidos por su parte dejaron de tener vinculación con la demandada en el año 2002, dan cuenta de que por entonces existía una relación laboral.

Efectúa luego un análisis de los testimonios de Salinas, Sandoval, Faundez y manifiesta que tiene íntima convicción que de las pruebas reunidas puede determinarse que existía una vinculación de naturaleza laboral.

En segundo lugar se agravia de que no se haya aplicado el derecho vigente y agrega que en el caso son plenamente aplicables las soluciones brindadas en los casos Aebert y Echenique.

Sostiene que la habitualidad y la permanencia de la prestación, el pago mensual y regular, la obligación de asistencia y el cumplimiento de horarios, la falta de asunción de riesgos, la inserción en una organización ajena, la actividad tendiente a cumplir con el fin de la empresa son todos elementos que permiten determinar la existencia de una vinculación laboral.

Transcribe parte del pronunciamiento dictado en la causa Aebert.

Por último se agravia con relación a las costas, ya que sostiene que su parte tuvo razones para creerse con derecho para litigar, rigiendo además el principio in dubio pro operario. Solicita que, en el hipotético caso de confirmarse el pronunciamiento de grado, se lo exima de las mismas.

A fs. 228/229 la demandada contesta, solicitando se rechace el recurso y se confirme la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

II. Así planteados los agravios, efectuado el cotejo de las constancias probatorias reunidas en la causa y analizados los fundamentos de la decisión del magistrado de grado, es claro que la sentencia dictada se constituye en una derivación razonada del derecho vigente con anclaje en los hechos probados.

En efecto: en primer lugar cabe señalar que los agravios vertidos escasamente cumplimentan la carga establecida por el artículo 265 del C.P.C.C., en tanto es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la Instancia anterior, a cuyo fin debe proveer, a la Instancia revisora, de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento que -en el caso específico- se atribuye al juez.

Y estas críticas deben ser concretas, precisas y claras; deben definirse punto por punto tales déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).

Se exige al apelante una exposición sistemática de los errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuye al fallo recurrido, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las cuales se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia: debe seleccionarse del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esta labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara, a su entender, al desacierto ulterior concretado en la sentencia (conf. Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, LA LEY, 1985-A, 309).

Sin embargo, en este caso, las críticas no cumplen con ese recaudo, limitándose el recurrente a disentir con la solución y a afirmar, dogmáticamente, que de las pruebas rendidas se desprende la presencia de las notas tipificantes de una relación laboral.

No obstante estas afirmaciones no logra revertir el argumento central de decisión, cual es que, justamente, las notas tipificantes no están presentes, conclusión que el magistrado extrae de los siguientes elementos:

a) testimonial de Salinas, quien declara que el actor facturaba, pero que no lo hacía todos los meses, ya que dependía de las interconsultas efectuadas. En el mismo sentido declara Sandoval, diciendo que el actor hacía pocas intervenciones y que las facturaciones se hacían a nombre de la Fundación de Neurocirugía del Sur. El demandado se circunscribe a decir que, poca o mucha, la actividad existía, a esto se limita su crítica; nada dice de la falta de habitualidad en la prestación que de estas declaraciones se desprende. b) el testigo Faundez declara que el actor era "dueño" de la Fundación y presentó un proyecto para hacer un convenio, el que es acompañado por la demandada y no fue desconocido por el actor. Ninguna crítica realiza sino que se limita a decir, sin dar mayores explicaciones, que él no cobraba sueldo como vicepresidente y que llevaba a cabo por sí las intervenciones quirúrgicas.

En cuanto a la existencia del convenio y los términos del mismo, de los cuales emerge que el personal que prestara servicios "será por cuenta y riesgo del Servicio de Neurocirugía", lo que excluye que las prestaciones efectuadas por el actor fueran producto de una relación directa con la demandada, tampoco fueron oportunamente refutados. El actor guardó silencio y no introdujo ninguna explicación en primera instancia, limitándose a señalar ante esta Alzada que dicho acuerdo no se concretó y que carece de entidad para desestimar la existencia de una relación laboral. c) el actor verificó su crédito en el concurso de Ados, como honorarios profesionales, no invocándose entonces una relación laboral. Esto resta entidad al argumento de la continuidad de la relación laboral y, sin embargo, no merece crítica concreta alguna en el recurso.

Lo cierto es que, además, de los testimonios de Salinas (fs. 98), Sandoval (fs. 99) y Faundez (fs. 100) no surge ningún elemento que permita determinar la existencia de las notas tipificantes de un contrato de trabajo; de hecho son contestes en que no les consta que haya efectuado consultorio en esa institución. Tampoco es determinante en este punto lo declarado por la testigo Romano, más allá de que sus dichos datan de fechas anteriores al 2002. La testigo Gutierrez también se refiere a dicho período.

En este sentido se ha indicado: ".No cabe tener por configurada una efectiva relación subordinada, encuadrada en los arts. 21 y 23 de la ley de contrato de trabajo (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175), si el demandante no prestaba servicios como médico en establecimiento propio de la demandada, si ésta no ejercía sobre él poder disciplinario alguno y si, el rechazar o no la asignación de ciertas visitas domiciliarias no le traía consecuencia alguna.." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala VII, Krysnki, Roberto c. Agrupación Médica 09/03/1987 Publicado en: DT 1987-B, 1431 DJ 1987-2-1038) En definitiva: aun cuando se dejara de lado la dependencia técnica, tampoco obran elementos en autos que permitan determinar la existencia de una dependencia jurídica o económica y ello así, en tanto, en rigor, no se ha efectuado una crítica concreta y razonada de los fundamentos que dan base a la sentencia de primera instancia.

Por el contrario, de las probanzas se desprende su independencia en cuanto prestaba sus servicios en diferentes instituciones sanatoriales y no hay elementos que permitan establecer que comprometía sus tiempos laborales con la demandada bajo su dirección y organización.

Insisto, no encuentro que en el caso fuera acreditado que el trabajo profesional se hubiera prestado bajo una relación de subordinación ni una situación de necesidad que fuera aprovechada por el ente de la salud, o que éste hubiera tratado de disfrazar la verdadera relación de corte laboral.

Desde esta perspectiva, el pronunciamiento debe ser confirmado, imponiéndose las costas de ambas instancias al accionante vencido, en tanto no advierto que existan elementos para apartarse del principio objetivo de la derrota.

Cuadra apuntar que la eximición de costas al perdidoso es de carácter excepcional y restrictiva (CSJN, Fallos 325:3467), con lo cual la regla es la condena en costas y la excepción es su dispensa, resultando ésta procedente solamente cuando median razones fundadas y objetivas para relevar al litigante vencido. Así se ha señalado: "En lo que respecta a las costas, que fueron recurridas por la demandada, tengo en cuenta que el art. 68 del Cód. Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota como fundamento de su imposición. Éstas deben ser reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe, de su mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario. Vale decir que la condena en costas es la regla y su dispensa la excepción, de modo que el apartamiento de tal principio solo debe acordarse cuando median razones muy fundadas, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo.

Para que proceda la exención de costas a la parte vencida, la razón probable para litigar debe estar avalada por elementos objetivos de apreciación de los que se infiera la misma sin lugar a dudas, esto es, cuando por las particularidades del caso pueda estimarse que el litigante vencido actuó sobre la base de una convicción razonable, la que no debe consistir en la creencia meramente subjetiva acerca de la razonabilidad de su postura.

Con tal base y atendiendo a los argumentos por los que se dispuso el rechazo de la acción, considero que no existen razones atendibles para eximir de costas a la parte actora vencida, por lo que deberá revocarse lo decidido en origen en este aspecto e imponerse las mismas al accionante." (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala I, Campos, Oscar Sabino y otros c. E.F.A. Empresa Ferrocarriles Argentinos y otro 18/02/2008 Publicado en: La Ley OnlineCita online: AR/JUR/1091/2008). TAL MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto, esta Sala I RESUELVE:

1.- Confirmar la sentencia de fs. 213/218 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17 Ley Nº 921).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.