Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14


Causa Nº 472-00/CC/2005 caratulada "MORELLI, Mariana Cecilia s/ circular a mayor / menor velocidad - APELACION".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de marzo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS Activa la competencia de este Tribunal el recurso de apelación promovido a fs. 77/82vta. por la Sra. Mariana Cecilia Morelli contra la sentencia de fs. 75/76 -que conforma un único instrumento junto con el acta de audiencia de debate de fs. 74/75- suscripta por el Carlos A. Bentolila, titular del Juzgado de 1ª instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 2. Dicho resolutorio dispone declarar la valildez del acta J-13928644 y condenar a la encausada a la pena de cien pesos de multa, por la comisión de la falta de exceso de velocidad prevista y reprimida en el artículo 6.1.28 del Libro II de la Ley 451, por resultar más benigna, cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas.

El Magistrado, por un lado, desechó la pretensión de nulidad del acta volcada durante la audiencia y fundada en la ausencia de firma del oficial labrante. Sostuvo que la rúbrica es necesaria en los casos en que el documento imputativo fuese confeccionado por escrito y por el funcionario policial correspondiente, pero no cuando el acta es elaborada por un medio electrónico fílmico, en el que resulta imposible que el funcionario firme con anterioridad.

Por otra parte, y en relación al agravio consistente en la ausencia de "homologación" del equipo utilizado para constatar la materialidad infraccionaria, la pieza remite a los fundamentos vertidos por la Controladora al momento de decidir el rechazo de la pretensión en sede administrativa. Adunó a ello una nueva y última remisión, esta vez a lo sentado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el precedente "Arbitra S.A. y Otros contra GCBA sobre acción declarativa de nulidad". De este modo estructuró, por razones de brevedad, la motivación de su decisorio.

Se agravia la quejosa del carácter arbitrario de tal resolución. Funda esta impugnación, en primer lugar, en la ausencia de sustento argumental de que adolecería, por cuanto el no tratamiento por parte del a quo de la omisión del juez administrativo de considerar las razones vertidas por la peticionante en relación a la falta de firma del agente en el acta implicaría un rechazo inmotivado de su pretensión. Entiende conculcadas, por ello, las garantías de defensa en juicio y debido proceso adjetivo, y propugna la nulidad de la pieza decisoria.

Alega, asimismo, que la aseveración del sentenciante en relación a que la Controladora ha tenido a la vista el certificado de homologación del equipo deviene irrazonable, en tanto no expone el Magistrado individualización alguna del documento, ni autoridad que lo expidió ni la fecha de su confección. Tal instrumento no se encontraría siquiera agregado a la causa, a pesar de que, bajo la óptica de la presentante, ha servido de sustento a fin de rechazar legítima prueba por ella presentada y que obra en las presentes actuaciones.

Agrega a esta elaboración la pretensión de que, aun si se considerara que el certificado mencionado por el sentenciante pudiese tener la misma "entidad" que la prueba traída por la quejosa -dictamen del organismo competente para expedir el documento, en el que consta que el instrumento de medición carece de la legalidad otorgada por la Ley 19.511-, la sentencia devendría igualmente nula, por encontrarse vulnerado el "principio constitucional de 'in dubio pro reo' ".

Finalmente, estima que la sentencia ha sido dictada en apartamiento de las previsiones legales, pues se ha dado pleno valor probatorio a un documento en cuya confección intervino un aparato de medición que no cumplía con los requerimientos de la Ley Nacional de Metrología -la citada 19.511-, que entiende vigente en el ejido. Aduce que la potestad local de legislar sobre tránsito -que hace a la organización autónoma de la urbe- no implica facultad alguna de desconocimiento de lo dispuesto por la normativa nacional.

En el sentido apuntado, las decisiones recaídas en esta tramitación habrían sido concebidas sin observar una cabal sujeción a las normas vigentes. A juicio de la impugnante, convalidar tales resolutorios implicaría la inaceptable afirmación de que "quien tiene a su cargo velar por el cumplimiento de la ley [el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires] quede exceptuado de cumplir con la misma.

Causa Nº 472-00/CC/2005. Sala II.

Cumplidos los plazos y pasos procesales pertinentes, corresponde resolver la apelación planteada.

Y CONSIDERANDO 1.

En cuanto al cumplimiento de las demandas formales y sustanciales en el remedio impugnaticio articulado, conforme a lo establecido en los arts. 56 y 57 de la LPF, se observa que el recurso ha sido interpuesto contra una sentencia definitiva, por escrito fundado, dentro de los cinco días de notificada la resolución atacada, ante el Tribunal que la dictó y por quien tenía derecho a deducirlo. Asimismo, las quejas vertidas por el recurrente se relacionan con las causales de arbitrariedad y violación de la ley diseñadas en el citado art. 56, todo lo cual impone declarar superado el examen de admisibilidad de la vía intentada.

2.

A fs. 75 y vta. se da cuenta de la fundamentación del decisorio, desarrollada durante la audiencia de juzgamiento: "S.S manifiesta que no corresponde acoger favorablemente el planteo de nulidad basado en la ausencia de firma del oficial labrante del acta, ya que siendo ésta un medio electrónico fílmico, aquella (firma) es materialmente imposible de ser labrada con anterioridad, como si ocurre y es exigible cuando el acta de comprobación es labrada por escrito por el funcionario policial correspondiente. Asimismo S.S expone que la controladora administrativa ha tenido a la vista el certificado de Homologación del equipo de radar en cuestión y que comparte los planteos considerados por ella expuestos a fs 28 de las presentes, y que en homenaje a la brevedad a estas se remite y especialmente a lo dispuesto en el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, "Arbitra S.A. y Otros contra GCBA sobre acción declarativa de nulidad", por lo tanto no siendo suficientes las razones expuestas para desvirtuar el contenido del acta de comprobación, S.S. FALLA: ...". Estas dos oraciones describen la motivación con que el a quo sostuvo su decisión.

La primera de ellas hace referencia al planteo de la defensa relativo a la falta de firma del agente en el acta de comprobación (vid. fs. 53), y a cuyas consideraciones remitió la presunta infractora al hacer uso de la palabra durante la audiencia (fs.75). En aquel escrito -del que no obra constancia en relación a su incorporación por lectura-, centralmente la imputada resaltó que la presencia de una firma "digital" en el documento imputativo constituia un obstáculo insalvable para su validez como medio de prueba, en consonancia con lo dispuesto por los arts. 3º inc. g, 5º, 10º y 11º de la Ley 1.217. Por otra parte, y a través de una argumentación en la que propició un análisis integrado de las normas referidas, postuló que el funcionario labrante debía forzosamente haber estado presente al momento de la confección del acta, circunstancia que quedaría patentizada, a su entender, si ella luciera rubricada manualmente y no a través de una firma preimpresa o estampada mecánica o electrónicamente.

En forma independiente de la íntima impresión que pudo haber provocado en el proveyente el perfil de embate así delineado, lo cierto es que resultaba imperativo el adecuado tratamiento de la cuestión sometida a juzgamiento a la luz de la sana crítica racional. Ello no sólo por la general demanda de motivación suficiente de las sentencias, de raigambre constitucional, sino porque, además, la circunstancia de que no resultaba el Magistrado compelido al ámbito de debate propuesto por la encausada -por la propia naturaleza de su función jurisdiccional- no obstaba a la vigencia de la imposición -derivada aun de la captación primaria de la idea de "fundamentación"- de dotar de coherencia a su discurso, de modo de permitir que las partes involucradas por la próxima decisión que recaería en el legajo pudieran, con un mínimo de diligencia, ingresar en su esfera de conocimiento los parámetros que derivaron en la redacción del dispositivo resuelto y el andamiaje deductivo que desencadenó en la condena.

Nada de ello se surge del recorrido de la escueta manifestación con la que, en apariencia, se ensaya a fs. 75 la vindicación jurisprudencial de la firma digital obrante en el acta de comprobación, objeto de ataque por parte de la encartada. En efecto, más allá de los esfuerzos que demanda la peculiar sintaxis impresa a la expresión, de ella emerge que la razón del rechazo de la pretensión de nulidad del acta fundada en la ausencia de firma de la autoridad labrante es que se trata, en la especie, de un documento imputativo obtenido mediante un procedimiento fílmico de naturaleza electrónica, que torna imposible al funcionario estampar la firma antes de proceder a su confección, precedencia que sí se torna exigible en los casos en que las actas no son elaboradas por medios de procesamiento digital.

Causa Nº 472-00/CC/2005. Sala II.

De este modo, según la apreciación del Magistrado, deviene materialmente imposible para la autoridad rubricar manualmente el documento. Tal aseveración no se condice con la lógica racional y los datos obtenidos de la experiencia común: lo primero, porque la conclusión obtenida no encuentra asidero en las premisas en juego -de "el acta fue confeccionada electrónicamente" y "el sistema electrónico de confección no permite firmar manualmente el acta con anterioridad a su elaboración" no puede derivarse con validez que "resulta materialmente imposible firmar el acta", pues nada obsta a que ésta lo fuera después de conformada, por el mismo funcionario que estuvo presente en el lugar y el momento del hecho-. El carácter elíptico de la breve disertación, acentuado por la ausencia de otros datos descriptivos en relación a las particularidades del Sistema de Control Inteligente de Tránsito, tiñe así de sinrazón a la disquisición vertida. En cuanto a las mentadas reglas de la experiencia común, éstas resultan vulneradas en el párrafo en tratamiento, toda vez que no aparece necesario que el procedimiento de constatación de faltas imponga a los agentes verificadores la tarea de rubricar con anterioridad los instrumentos imputativos, ni tal apresuramiento es esperable de quien ejerce la actividad de inspección. Lo que, en último término, resultaría "exigible", sería la inclusión de la rúbrica una vez finalizado el llenado del formulario, a efectos de que el documento importe un acto administrativo legítimo.

De este modo, la primera oración que funda la resolución impugnada deviene carente de estructura racional y aparece desconectada de la realidad material, en tanto sólo se sustenta en un razonamiento inválido -que supone necesario lo contingente- y estima exigible una manifestación del poder local que la común percepción impone en sentido contrario.

La coherencia apuntada en el párrafo anterior se ve también mellada en cuanto el fallo prescinde de las constancias de la causa y se sustenta en expresiones dogmáticas que sólo encuentran un hipotético correlato fáctico en la sola expresión de quienes obraron de decisores en la presente. A tal afirmación contribuye la última de las dos oraciones que conforman el sustrato argumental de la parte dispositiva, de cuya lectura surge que el fallo debe entenderse fundado en las mismas razones expuestas por la Controladora en su resolución de fs. 28/30.

La remisión efectuada en homenaje a la brevedad no resultaría susceptible de reproche, siempre que -como en el caso-, la elaboración emanada de la autoridad administrativa no conculque elementales notas de validación que enerven el acto jurisdiccional en el que se inscribe. Ello sucede en la especie, toda vez que la jueza administrativa afirma tener "a la vista Certificado de Homologación del equipo de radar en cuestión, certificado de informe técnico de dicho equipo, figura en el acra el Nº de certificado de calibración y su fecha de vencimiento. Los certificados aludidos fueron expedidos, el primero por la Facultad de Ingeniería de la UBA, el segundo por el Instituto Nac. De Tecnología Industrial (INTI) (...), con lo cual se han cumplido los requisitos que hacen a la verisimilitud (sic) de las velocidades verificadas" (fs. 28). Tales documentos, sin embargo, no fueron agregados al expediente administrativo ni obran incorporados con posterioridad en el proceso judicial -omisión que cimenta el sendero de la arbitrariedad con que ha sido fallada la causa-.

En síntesis: la decisión adoptada en la primera instancia interviniente adolece de falta de fundamentación y debe ser desechada en su dimensión de acto jurisdiccional válido, por encontrarse afectada de vicios que comprometen la incolumnidad de la garantía del debido proceso.

Frente a este panorama, el tratamiento de los agravios formulados por la recurrente debe ceder, a favor del cumplimiento del liminar deber que incumbe al Tribunal de velar por la regularidad y legalidad del proceso, de modo que, una vez constatado un defecto sustancial que afecta fundamentales garantías que hacen a la esencia del sistema republicano, éstas encuentren un razonable canal de fulminación que impida su convalidación en instancias posteriores (conf. doctrina de Fallos 315:1580; 319:192; 319:1496; 320:854; 321:3498, entre otros, citada en causa nº 258-00-CC/2005, rta. el 22/09/2005).

Es que la exigencia de motivación de las sentencias informa la base misma de imputación normativa sobre la que armónicamente los poderes del Estado deben desplegar su actividad. En este sentido, la seguridad del justiciable de que no será "condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" del art. 18 de la Constitución Nacional, obra tanto de principio rector del desempeño de la actividad judicante como de elemento plurisubjetivo de confirmación del modelo adoptado -en tanto se dirige a los "habitantes", y, en su faz activa, a los órganos de "gobierno" en los términos del art. 1º del mismo cuerpo fundamental-. De este modo, el sistema de "revisión" de las respuestas del poder Causa Nº 472-00/CC/2005. Sala II.

que presenten déficits de observación a su respecto, debe traducirse en una herramienta de consecución de aquella pretendida armonía, y ello implica -siempre que ello resulte posible- la posibilidad de desechar aquellos actos que palmariamente se apartan de lo debido en función de los principios que determinan la dinámica estructurada.

3.

En cuanto a la forma en que se decidirá la continuación del trámite de la causa, si bien en otras materias en casos similares se resolvió la devolución del legajo a fin de que se dicte una resolución conforme a derecho, en el particular deberá zanjarse la cuestión en esta instancia y estarse a la absolución de la peticionante. Ello, porque la economía general del procedimiento de faltas tiene su origen en el carácter sintético de la reprochabilidad del injusto -cuya dimensión se da, en principio, en función del daño o puesta en peligro de la integridad de los bienes jurídicos en juego, relacionados todos con un orden políticamente determinado y en función de valores de dimensión axiológica sensiblemente inferior a los que infunden el esquema penal y aun el contravencional-. Frente a esta peculiaridad, la devolución de la causa y el dictado de una nueva sentencia implicaría en la especie hipertrofiar el procedimiento y exceder la intención misma que ha guiado al legislador en su camino de judicializar una materia primordialmente administrativa. Por otro lado, el nuevo pronunciamiento no podría corregir los vicios apuntados en su totalidad, frente a la imposibilidad en ese estadio del proceso de incorporar nuevos elementos probator ios, verbi gratia, los documentos referenciados por la Controladora que nunca fueron agregados a la causa.

Por todo lo expuesto, y en virtud de haber concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia obrante a fs. 75 y vta., en cuanto dispone declarar la validez del acta J-13928644 y condenar a la señora Mariana Cecilia Morelli, titular del D.N.I. 23.073.425, a la pena de cien pesos de multa por la comisión de la falta de "exceso de velocidad" prevista y reprimida en el artículo 6.1.28 del Libro II de la ley 451, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 32, Libro I de la mencionada ley, y por tener la imputada carácter de infractora primaria se dejan en suspenso -con costas- y ABSOLVER a la mencionada por la falta que ha sido materia de juzgamiento.

II.- SIN COSTAS (arts. 33 y 55 inc. h de la Ley 1.217).

Tómese razón y oportunamente devuélvase a la Primera Instancia interviniente, debiendo el Sr. Magistrado a quo practicar las notificaciones correspondientes.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Marcela De Langhe, Fernando Bosch, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas