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Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, tipo penal, robo con armas, arma impropia, arma descargada, simulada o defectuosa, intimidación, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

La finalidad del tipo penal "robo con armas" está en el despojo mediante esa intimidante, y no en las posibles consecuencias vulnerantes que se obtendrían de un eventual disparo de un arma utilizada como medio para lograrlo. Si el agente usa un arma de fuego, aún inapta, para lograr consumar el despojo previsto, es que libre, a plenitud de conciencia y voluntariedad, elige ese medio para lograr infundir un mayor temor e intimidación en el sujeto pasivo, que implica una notoria peligrosidad en el autor, que es la razón de la agravante a todas luces. Es que, va de suyo, que el sujeto pasivo del delito frente a ese cuadro intimidatorio no está en condiciones ni de determinar, ni tan siquiera dudar que esa arma, con la que se lo intimida, es apta o no.

Es que en ese caso, el agente busca voluntariamente un efecto psicológico cual es el que se causa en quién con el arma, aún inapta siente amenazada su vida o su integridad física, y la observación de tal instrumento, fijada en la mente del amenazado, predispuesto naturalmente por el instinto de conservación, lo inhibe de intentar una defensa -como haría en caso de no existir arma, eventualmente- como también de reflexionar adecuadamente, contribuyendo ello a la consumación del despojo. Ello ha sido y es la teleología de la Norma. (Del Voto Del Dr. Crippa García)
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, funcionarios públicos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BERON, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/  s/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Corresponde declarar admisible el recurso interpuesto, dado que aun cuando puedan compartirse algunas de las consideraciones efectuadas en abstracto respecto del segundo párrafo del artículo 67 del Código Penal, en relación a la decisión de no subsumir el caso en la previsión legal, puede concluirse que la sentencia recurrida se habría apartado de las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común, ya que pareciera irrazonable exigir a los fines de la operatividad de la causal suspensiva de la prescripción la demostración fehaciente de que los imputados se valieron de su cargo o de su vínculo para demorar la tramitación de la causa, dado que de requerirse una prueba de tal tenor, su aplicación devendría prácticamente imposible, contraviniéndose la voluntad del legislador que fue, sin dudas, que en casos como el presente, la acción no prescriba durante todo el término en que los funcionarios públicos sigan ejerciendo funciones y exista, por tanto, riesgo de interferencia. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 67, segundo párrafo
Locación de inmuebles, cláusula penal, intereses punitorios
Materia: CIVIL
Carátula: Afinco  S.A. c/ Sigal, M. s/ Ejecución de Alquileres
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-28

En los contratos de locación de inmuebles, pueden admitirse cláusulas penales que establezcan intereses punitorios hasta el equivalente al triple del alquiler pactado, sin que se consideren abusivos.
Trata de personas, inexistencia de delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Parun, Juan Antonio y otros s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-26

Corresponde dejar sin efecto la resolución que desestimó las actuaciones por considerar que no se daban las circunstancias previstas en la ley 26.634, art. 4, ni en el art. 145 bis CP, pues el tenor de las testimoniales de los trabajadores del aserradero móvil, a riesgo de cohonestar algún tipo de conducta delictual, amplió el marco probatorio en una etapa de juicio, ya que las condiciones de trabajo y de vida de los damnificados no resultan totalmente despejadas de irregularidad, razón por la cual la prueba a su respecto debe esclarecer las dudas subyacentes. El voto concurrente agregó que el Estado tiene la irrenunciable responsabilidad de hacer cesar y sancionar situaciones de abuso al que es sometido un ser humano inmerso en una situación de vulnerabilidad por parte de otro que se encuentra en relación de superioridad social, económica o cultural. (Dres. Catucci, Riggi y Figueroa -voto concurrente-).
Seguros, liquidación del asegurador, Superintendencia de Seguros de la Nación, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL LUCERO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ LIQUIDACION - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-20

Si una aseguradora dispone su liquidación voluntaria, y la superintendencia de seguros como autoridad de control, dicta resolución y en cumplimiento de la misma solicita al juez competente su designación como liquidadora (ley 20.091:50), tal proceder no agravia de modo definitivo a la aseguradora puesto que nada decide en cuanto a sus derechos de liquidarse voluntariamente; sólo estima tal proceder riesgoso para los asegurados y declararon a conocimiento judicial. En consecuencia debe declararse bien denegado por la superintendencia en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución mencionada precedentemente.
Prueba documental, telegrama, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERAL c/ FRIAS ECHENIQUE s/ VERBAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-10-27

Se debe considerar como acto interruptivo de la prescripción, todo acto auténtico que demuestre la voluntad del titular del derecho de ejercitarla. En cuanto al requerimiento por telegrama, en el cual se acompaña el acuse de recibo o recibo de entrega, si en este no consta la firma del destinatario, el telegrama no tiene validez de instrumento público. De todos modos, si se ha negado la recepción del requerimiento, no es aplicable la resolución establecida en el art. 166 del C.P.C., no hace falta, términos sacramentales para que surja del que responde la negativa; la negativa expresa debe serlo acerca de los hechos fundamentales o esenciales, sin necesidad de imponerle al accionado la formulación de un monótono rosario de negativas puramente sacramentales.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, providencia simple
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: YBARRA, TEODULFO ANTONIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA (INTERVENCION FEDERAL) s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-15

La providencia que hace saber el juez que va a entender en la causa al no tratarse de aquellas que tienen por objeto dar impulso al proceso no es interruptivo del plazo de caducidad.-
Suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PENAL
Carátula: Muro, Cristian Hernán s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-30

Corresponde al juez de ejecución controlar el debido cumplimiento de las pautas de conducta impuestas al concederse la probation y debe ser el tribunal de juicio el que se expida sobre el posible sobreseimiento por extinción de la acción penal o la convocatoria a debate. La disidencia parcial postuló declarar inadmisible el recurso de casación pues, al margen de coincidir con lo expuesto, no advertía perjuicio en el dictado del sobreseimiento por parte del juez de ejecución. (Dres. Riggi -en disidencia parcial-, Hornos y Borinsky).
Libertad de expresión, libertad de prensa, ofensas cometidas por medio de la prensa, daños y perjuicios, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Hurtig de Bártoli, Irene c/ Murray de Prilick, Susana.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la acción por daños sufridos como consecuencia de declaraciones periodísticas en las que se habría señalado como sospechosa de un delito a la actora si el quo pasó por alto la ponderación de los hallazgos adquiridos en la causa penal en la que se investiga el crimen y no tuvo en cuenta las actuaciones labradas en sede criminal ni efectuó una sola reflexión explícita para motivar mínimamente el destinterés que exhibe la sentencia respecto de las reglas interpretativas elaboradas por la Corte Suprema en punto a las libertades de expresión y prensa en tanto compitan con el derecho al honor, focalizándose en la óptica de la responsabilidad civil.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Expendio de medicamentos, sistema federal, autonomía provincial, poder de policía, Salud pública
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Farmacity S.A. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ pretensión anulatoria - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

El bienestar de los ciudadanos, el federalismo, la descentralización institucional, y la aplicación efectiva de los derechos del consumidor constituyen una estructura de principios suficiente para sustentar la competencia concurrente de la Nación y la Provincia; por lo que siendo una facultad compartida con la Nación por su objeto, la autoridad provincial ejerce la porción del poder estatal que le corresponde; el poder de policía en su ámbito propio implica reconocer a la provincia una atribución reglamentaria, cuya modelación para promover el bien común permite reconocer un grado de valoración estatal local con relación al fin especial que persigue, la protección de la salud y el modo en que lo hace debe ser respetado, salvo una incompatibilidad constitucional insalvable (Voto de los jueces Highton de Nolasco y Lorenzetti).
Notificación por cédula, entrega en portería, nulidad de la notificación, domicilio constituido
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SAVA S.A.I.C.F. y A. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-15

Si en la cédula figura el día y la hora en que se practicó la diligencia, y también consta que fue recibida por el encargado del edificio, quien firmó sin aclarar su nombre y apellido, resulta improcedente el planteo de nulidad intentado. Al respecto, la jurisprudencia ha establecido que tratándose de una cédula librada en un domicilio constituido, resulta irrelevante determinar la persona con quién se entendió la diligencia, en tanto haya sido cumplida en el domicilio indicado (cfr. C.N.Com., Sala E, sent. del 30.09.92, "INTA S.A. c/ M.C.S. Oficina Mecánica S.P.A.").
Pago, aceptación sin reserva, liberación del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: MARTIN Alberto Vicente c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-17

El art. 624 del Código Civil dispone que el recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses extingue la obligación del deudor de abonarlos, criterio que corresponde extender al monto que se pretenda en concepto de desvalorización monetaria (conf. C.N.Civ. Sala G, E.D. 100-604 y sus citas). Si la accionante retiró los fondos depositados por su contraria conforme a la liquidación practicada por la acreedora sin formular reserva acerca de la actualización y los réditos devengados desde la formulación de aquélla quedó así cancelada la obligación impuesta en la sentencia, por lo que el efecto liberatorio del pago importó para la deudora un derecho adquirido del que no se la puede privar sin afectar la garantía consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional (conf. C.N.Civ. Sala F,c.269.843 del 13/10/82 y sus citas;

íd. c.11946 del 17/4/85; íd. c. 7301 del 20/8/84; Cazeaux Trigo Represas, "Derecho de
Leyes, prueba confesional, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bauzá, Jorge en j: Bauzá, Jorge c/ Guillermo y Octavio Guiñazú s/ Cobro ordinario - Casación (Libro: S061-159)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1956-06-08

Rigen las disposiciones del nuevo código procesal civil a la absolución de posiciones postergada y realizada durante la vigencia de ésta, aunque dicha prueba haya sido ofrecida y admitida durante la vigencia del Código de Procedimientos Civiles anterior.
Recurso de queja (procesal), plazo, escritos judiciales, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: Vilches, Cecilio Guillermo c/ Estado Nacional y otros. s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

La perentoriedad de los plazos procesales (art. 155 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) no puede soslayarse por la imposibilidad de extraer copias, desde que su acompañamiento no constituye un requisito de admisibilidad del recurso, sino que su exigencia es facultad de la Corte Suprema.
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romano, Domingo y otra c/ Albanesi, Pedro Manuel s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-07

La mera infracción de los reglamentos de tránsito no determina de por sí la responsabilidad civil del infractor, pero ello no puede conducir a considerar que las normas reguladoras de tránsito constituyen letra muerta o que sólo sirven como material de estudio para el otorgamiento de la licencia de conductor. La inobservancia cotidiana de ellas, así como la impericia y negligencia han sido la causa directa de haber elevado a nuestro país al de aquéllos que se encuentran al tope de las estadísticas de víctimas fatales en accidentes de tránsito, relacionados con la población y parque automotor. Por lo tanto tales reglamentaciones locales no pueden ser soslayadas y deben ser consideradas junto con otras circunstancias, en oportunidad de calificar la conducta de la víctima o del tercero para determinar si ha ocurrido o no -y en su caso en qué extensión-, la situación prevista por la parte final del segundo apartado del art. 1113 del Cód. Civil.
Crédito naval, privilegios marítimos, interdicción de salida, caución real
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: ALLIANZ VERSICHERUNGS A.G. s/ INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

El art. 538 de la Ley 20.094 prevé, cuando se trata de créditos marítimos privilegiados, la posibilidad de exigir la constitución de una caución suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el embargo y la consecuente interdicción de salida del buque, a cuyo fin deberán ser tenidas en cuenta las particularidades de cada situación procurando que "la caución exigida no implique convertir en ilusorio el derecho del solicitante". Dicha disposición no altera sustancialmente el régimen genérico de las medidas cautelares que legisla el código de forma, dentro del cual se establece de modo expreso que la medida precautoria solo podrá ser decretada bajo la responsabilidad de la parte que le solicitare, "quien deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiera ocasionar en caso de haberla pedido sin derecho".
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, prioridad de paso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Godoy, Juan Adolfo c/ Herman Juan Scheelen s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-03-02

"Al entrar en zonas de peligro, todo conductor debe extremar las medidas de seguridad, previendo la impericia e imprudencia de otros, y no creer que la simple preferencia reglamentaria de cruce garantiza la indemnidad".
Despido, fuerza mayor
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo, Carlos Alberto c/ S.A. Talleres Metalúrgicos San Martín (TAMET) y/o quien resulte responsable s/ Diferencia de haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-09-07

Doctrina y Jurisprudencia son ciertamente estrictas en orden al concepto de ajenidad, por lo que se exige acreditar en qué modo la situación resulta extraña a la esfera de voluntad del empleador, tiene que advertirse un real y efectivo hecho objetivo cuyas consecuencias no resultan de un acto reprochable. Y así, no se consideran extraños los hechos normales que se suscitan en el propio movimiento empresario, como las fluctuaciones del mercado, iliquidez financiera, encarecimiento de costos, disminución de rentabilidad y otros de índole similar que razonablemente pueden ser previstos y que al no hacerlo se puede perfilar una conducta negligente en el origen mismo de la crisis.
Juicio ejecutivo, certificado de deuda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Barrera de Luque, Elsa c/ Erusalimski, Edgardo y otro ( luego Sconza, José ) s/ ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-24

La legitimación, en los juicios ejecutivos, debe surgir del título, con prescindencia de los verdaderos titulares de la relación en el documentada, es decir, de la llamada relación o negocio subyacente.

El pacto de la vía ejecutiva no basta para determinar, por sí solo, la existencia de un vínculo válido. Si bien es cierto que, en principio, la extensión de la acción ejecutiva al suministro eléctrico sería viable, ello no es aplicable en autos , por las falencias reseñadas. ( arts. 1578, 1581 C.C. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cheque sin fondos, interpelación
Materia: PENAL
Carátula: Charlon, Miguel Angel; Panizza, Juan Carlos s/ Infracción art. 302 del Código Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-08

De los términos en que está redactado el inc. 1º del art. 302 del Código Penal, al exigir la comunicación al librador por medio de la interpelación, se infiere que debe mediar un conocimiento directo de éste del rechazo del cheque para que su omisión de abonarlo en el plazo que se determina pueda incriminarlo.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia en lo penal económico, estafa, cheque sin fondos, cheque sin autorización para girar en descubierto
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ, H. s/ COMPETENCIA PENAL - ECONOMICO: CHEQUE SIN FONDOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-17

Si no es aplicable al caso la doctrina de la Corte recaída en "Marrone, Carlos A", del 25/3/82 (L.L. t. 1982-C, pág. 423, fallo 81 041), el conflicto de competencia suscitado, debe resolverse con arreglo a las disposiciones del decreto-ley 4933/63 y a la tradicional jurisprudencia de la Corte con arreglo a la cual si no existen en la causa elementos que permitan suponer que se ha cometido una estafa mediante la emisión de un cheque sin provisión de fondos o sin autorización para girar en descubierto; es competente para conocer del caso la magistratura nacional en lo penal económico.
Juicio sumario, excepción de pago, pago parcial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE ENTRE RIOS-SUCURSAL FEDERAL c/ MEDINA DE LEITES, EVA R.Y OTRAS s/ SUMARIO POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-20

La demandada sostiene que la prueba ofrecida, una vez producida, respaldaría la defensa de fondo articulada. La documental que agrega con el responde, acredita que sólo pagó una cuota de préstamo, de donde se observa consignado el saldo deudor, que coincide con el capital demandado. Si la actora dedujo el pago efectuado, la excepción carece de viabilidad y ello hace innecesaria la apertura a prueba del juicio, ya que los instrumentos obrantes fueron suficientes para resolver la litis, no conculcándose derecho alguno de la demandada.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, tenencia de estupefacientes, condena condicional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos A.N.F.F. sobre 14 1° párr. - tenencia de estupefacientes c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-07

Corresponde rechazar la queja destinada en último término a cuestionar la sentencia que confirmó la revocación de la condicionalidad de la condena y denegó la apelación dirigida contra la emisión de una orden de captura, debido a que no plantea una cuestión constitucional (arts. 26 y 32 de la ley n° 402). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe, al que adhiere la juez Inés M. Weinberg).
Desbaratamiento de derechos acordados, automotores, compraventa de automotores, comodato
Materia: PENAL
Carátula: GOUGUET, Raimundo A. s/ Causa 43.587
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-28

Constituye el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, la conducta del imputado que, luego de haber recibido un automóvil en comodato, mediante un acto jurídico posterior -promesa de venta del automotor a un tercero-, hace litigioso el derecho que sobre el mismo tenían sus legítimos dueños.
Condena condicional, plazo
Materia: PENAL
Carátula: Gaviglio, Sergio Gabriel s/ P.s.a. peculado reiterado, usurpación y falso testimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-03-17

Corresponde en el supuesto en análisis, unificar la presente pena con la condena de dos años de prisión en forma de ejecución condicional que le impusiera esta Cámara. En tal sentido, entiendo aplicable a nuestro supuesto la última parte del art. 27 que establece:"... En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter condicional de la condena, los plazos se computarán desde la fecha del pronunciamiento originario" pues la sentencia anterior fue recurrida, lo que obliga a computar los plazos desde la fecha del pronunciamiento originario.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: KALIMAN SOFIA c/ VICTOR MENAJOVSKY s/ ACCION DE RENDICION DE CUENTAS-QUEJA POR APELACION DENEGADA.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-04-11

Si se ordena la devolución de los escritos de revocatoria por contrario imperio, y de revocatoria con apelación en subsidio interpuestos contra el decreto que deniega la apelación, el efecto jurídico que produce es como si tal vía recursiva no ha sido impetrada dado que la devolución acarrea la inexistencia de la misma.