Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, declaración de incompetencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: HSBC  BANK  ARGENTINA  SA c/ BARTOLINA  CELIA  MABEL  LURDES s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-04

Procede revocar la resolución por la que el Sr. Juez de Grado decidió, de oficio no asumir jurisdicción en el proceso con base en que, estando en juego una relación de consumo entre la actora y el demandado, corresponde estar a la competencia del juez del domicilio del deudor, conforme lo dispuesto por la nueva redacción del art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).

Ello así, cabe señalar:.

1) Que el proceso tiene por objeto el trámite instituido por el artículo 39 de la ley de prenda, vulgarmente conocido como secuestro prendario, el cual, por su naturaleza y finalidad, tiende exclusivamente a poner a disposición de determinados personas jurídicas (entidades financieras o bancarias autorizadas por el BCRA y/ode carácter internacional), como así también el Estado y sus reparticiones autárquicas, los bienes objeto de un contrato de prenda con el único objetivo de posibilitar el remate extrajudicial del artículo 585 del Código de Comercio, revistiendo por ello dicho trámite carácter esencialmente ejecutivo.

2) El trámite particular instado se caracteriza por una actividad jurisdiccional limitada a la mera comprobación de los recaudos de admisibilidad de la medida y su diligenciamiento, pues sólo se trata de la apertura de una vía judicial voluntaria para obtener la orden de secuestro impartida por juez competente, agotándose precisamente su objeto procesal con la entrega del bien pignorado al acreedor prendario.

3) El secuestro previsto por la Ley 12962: 39 se cumple sin que medie contradictorio con el deudor prendario, a quien tampoco se le admite, en el marco de este trámite, recurso alguno para enervar el ejercicio del derecho que le asiste a su acreedor. Despréndese de ello que no es dable examinar en este tipo de trámite otra cuestión que no sean aquellas atinentes a la eficacia y realización del secuestro.

4) Siendo el único objeto de este tipo de procesos brindar apoyo jurisdiccional al acreedor prendario para apoderarse del bien prendado sin que se halle previsto en su trámite intervención del deudor, no se advierte cual sería el sentido de analizar si la relación jurídica que dio origen al otorgamiento del contrato prendario constituye o no una relación de consumo a los efectos de la Ley de Defensa de Consumidor. El motivo por el cual el régimen de defensa del consumidor determina la competencia por el "domicilio real" del consumidor -artículo 36, último párrafo, texto según Ley 26631- en materia de reclamos por créditos originados en operaciones para el consumo se funda en preservar el derecho a la defensa en juicio del consumidor en la inteligencia de que el ejercicio de ese derecho no se vea obstruido si la causa judicial se aleja de los jueces del domicilio de la parte presuntamente débil en una relación negocial -arg. artículos 36 y 37, LDC; pues bien, en un proceso de esta índole donde el deudor-consumidor no debería tener que defenderse, no se advierte cual sería el sentido de mandar tramitar el secuestro al juez del domicilio del deudor ya que el trámite no prevé intervención alguna de este último dentro de dicho proceso.

En consideración a lo expuesto, la competencia debe resolverse a la luz de los criterios atributivos de jurisdicción de base legal contenidos en las específicas reglas aplicables al caso previstas en el artículo 28 de la Ley de Prenda con Registro (Decreto Ley 15348/46), Síguese de ello que no existe óbice legal alguno para que el magistrado mercantil sorteado asuma el conocimiento en los presentes obrados.