Litisconsorcio necesario, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: PLANTIE MARCELO RICARDO c/ TALARICO IRMA SUSANA s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-06

Tratándose de un litisconsorcio necesario, tanto la parte actora como la demandada deben procurar la correcta integración de la litis y en caso contrario es el juez quien se encuentra obligado a disponerla oportunamente; no puede ser otra la comprensión de la inflexión "ordenará" que emplea el art. 89 del Código Procesal, indicativa del deber y no de la mera facultad de ordenar tal integración.

No sólo cuando está comprometido el orden público el juez debe proceder de oficio, pues el orden público puede servir sólo como criterio concurrente de la investigación, en el sentido que, cuando una circunstancia lo afecta, normalmente no se confía a la iniciativa del demandado hacerla valer en el proceso, y por lo tanto el juez debe valorarla de oficio.

Es tan significativo el deber del juez imponer la integración de la litis que lo demuestran algunas reflexiones de la doctrina que extiende el lapso durante el cual debe hacerse efectivo ese derecho deber judicial hasta la oportunidad del llamamiento de autos para sentencia. A diferencia de algunos códigos provinciales, el C.P.N.

fija un límite temporal para disponer la integración de la litis, pero dicho límite representa una directiva de orden que, en presencia del objetivo a que responde el litisconsorcio necesario y de los principios generales que informan a aquél ordenamiento, particularmente en materia de economía procesal (v.gr. arts. 34, inc. 5to., apartado b) y a) 172, etc.), no puede considerarse infranqueable.

Ante la alternativa de rechazar una acción por no haberse integrado la litis o intentar subsanarlo incluso después de quedar firme la providencia del llamamiento de autos cabe inclinarse decididamente por la segunda de las posibilidades. Si se propicia superar el rigor del vallado temporal del art. 89 del Código Procesal, es más valiosa la directiva de propender al saneamiento procesal, que someterse al automatismo de rechazar la acción por esa falencia. La limitación de miras del art. 89 del Código Procesal no es suficiente como para perder de vista la fecundidad normativa del art. 34 del Código citado cuando en su inciso b) obliga al juez a señalar, antes de dar trámite a cualquier petición los defectos u omisiones de que adolezca ordenando que subsanen dentro del plazo que fija, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades, o en el inciso e) lo constriñe a vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal, la que sin duda queda comprometida al frustrarse la decisión del fondo de la cuestión por defectos procesales, ya que esa economicidad conduciría a sanearlos.

Pero además del deber de integrar debidamente la litis que la ley impone al juez, el art. 89 hace factible que ella sobrevenga a solicitud de cualquiera de las partes, de allí que no quepa pensar que la carga de esa integración pesa exclusivamente sobre la parte accionante pues también la accionada debió instarla ya que los deberes de lealtad y buena fe alcanzan indistintamente a ambas partes del proceso (arg. art. 34, inc. d), del Código Procesal).-