Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-03-26


SENTENCIA NÚMERO: ONCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil catorce, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 119/13, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Jonathan Cristian Rasjido en contra de la Sentencia Nº 52/13 referente al penado Salinas, Guillermo Alberto - Robo calificado por el uso de armas - robo" se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas en los Hechos Nominados Primero y Segundo? 2º) ¿Es nula la sentencia por haber aplicado erróneamente el art. 166 inc. 2º -primer supuesto y último párrafo- del C.P., en relación al Hecho Nominado Primero? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 52/2013, dictada en los autos principales, reúne mínimamente los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 11, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 52/13, dictada el 22/10/2013, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: I) Declarar culpable a Guillermo Alberto Salinas, de condiciones personales ya mencionadas en la causa, como autor penalmente responsable de los delitos de Robo Agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar (hecho nominado primero), previsto y penado por los arts. 166 inc. 2º -primer supuesto- y último párrafo y 45 del Código Penal y Robo simple (hecho nominado segundo), previsto y penado por los arts. 164 y 45 del Código Penal, todo ello en concurso real (art. 55 del Código Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo con más accesorias de ley (arts. 12, 40 y 41 del Código Penal y 410 del C.P.P.). Con costas (arts. 407, 536 y c.c. del CPP) (.)".

II. Contra la citada resolución, el defensor del imputado interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Refiriéndose al Hecho Nominado Primero, pese a haber entremezclado sus fundamentos, se advierte que cuestiona la valoración que hizo el tribunal a quo del material probatorio obrante en la causa. Sostiene que en los dos hechos endilgados a su defendido se tuvo en cuenta solamente el acta de reconocimiento en rueda de personas para condenarlo, dejando de lado otras pruebas. Refiere que las filmaciones oportunamente secuestradas no fueron incorporadas como prueba, ni tampoco se realizó una visualización del contenido del video, por medio de lo cual se podría haber dilucidado perfectamente al autor del hecho. Argumenta que lo declarado en debate por Salinas encuentra sustento en lo manifestado por el testigo Espeche, quien dijo que a esa el imputado estaba realizando tareas por encargo de él, insistiendo en su inocencia al enfatizar que Salinas se encontraba realizando tareas para Espeche en el horario de comisión de ambos hechos.

A continuación, refiriéndose al Hecho Nominado Segundo, pone en tela de juicio lo manifestado por la testigo González, víctima del hecho, insinuando que pudo haberse confundido al reconocer a Salinas debido a la crisis de nervios que padeció. Considera que no se encuentra probado este hecho por la mala investigación que -a su entender- existió, y que no alcanza con sólo un reconocimiento de persona.

II. b. Desde otro ángulo, el recurrente cuestiona la calificación legal atribuida al imputado Salinas en el Hecho Nominado Primero. Sostiene que la agravante por el uso de arma queda desvirtuada al no haberse encontrado el arma de fuego a la que se hace referencia.

Finaliza solicitando se revoque la sentencia y se conceda la libertad de su asistido.

III. Antes de ingresar al tratamiento de las cuestiones traídas a estudio, no puedo dejar de resaltar que el recurrente ha omitido fundar correctamente los motivos de casación en los que centra su embate, no ha mencionado en qué incisos encuadran los agravios que denuncia, limitándose sólo a manifestar que la "sentencia presenta una serie de motivos y contradicciones con respecto a la errónea aplicación de la ley sustantiva, a la errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas".

Esta Corte ya se ha expedido en numerosos precedentes en el sentido de que la fundamentación debe ser inteligible, autónoma y por tanto, bastarse a sí misma. Es por ello, que no es fundado el recurso de casación que en brevísimo escrito no cumple con la carga que pesa sobre el recurrente de expresar clara, concreta y separadamente en qué consisten las violaciones que denuncia, demostrar el vicio o error, el modo que influyó en el dispositivo y cómo y por qué debe variar. De tal modo, en el mismo escrito deben constar, debidamente expuestos, los motivos que configuran los agravios, de manera que, por su sola lectura sean aprehensibles sin necesidad de acudir a otros documentos para integrarlos, lo que no sucede en la presentación efectuada.

A pesar del yerro señalado, la lectura del recurso permite encuadrar el agravio en el marco normativo previsto en el inciso 1º del art. 454 del C.P.P., esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (Hecho Nominado Primero) y en el inciso 2º, es decir, inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (Hechos Nominados Primero y Segundo). En razón de ello, más allá de las advertidas particularidades de esta deficiente presentación, con el único fin de salvaguardar las garantías constituciones y procesales del imputado, ingresaré al tratamiento del recurso, haciendo saber al letrado que en presentaciones futuras deberá cumplimentar lo estatuido en el art. 460 del C.P.P.

Sentado lo anterior, ingresaré al tratamiento de la cuestión traída a estudio.

Adelanto que las críticas expuestas no resultan eficaces para conmover la decisión puesta en crisis. Digo ello, porque el recurrente dirige su agravio reiterando idénticos argumentos a los vertidos al momento de formular sus alegatos (fs. 148 vta., 149/149 vta.), los que fueron considerados y recibieron respuesta concreta por parte de la jurisdicción, no advirtiéndose nuevos fundamentos que demuestren el manifiesto error en la valoración de los Hechos Nominados Primero y Segundo efectuada por el tribunal a quo.

Y es que, el recurrente pretende desvincular a su asistido del Hecho Nominado Primero argumentando que Salinas refirió en debate que ese día estuvo trabajando todo el día en la Plaza del Aborigen (Valle Viejo), y que ello se encuentra corroborado -asevera- con lo manifestado en la audiencia por el testigo José Luis Espeche (testigo nuevo ofrecido por la defensa).

Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, observo que el tribunal, al ponderar lo manifestado por el referido testigo, concluyó que lo expuesto por éste, en relación a lo que ocurrió el día 22 de Mayo de 2013, no coincide con los horarios ni lugares en que Salinas dice que trabajaron en esa fecha (el imputado dijo que el día del hecho estuvo trabajando en la Plaza del Indio, vendiendo ropa con Espeche, quién lo dejó allí a las 19:00 hs., que éste se fue a trabajar a la Plaza de Choya, buscándolo a Salinas las 22:00 hs. de la Plaza del Indio), poniendo en crisis el argumento defensivo intentado por el imputado y reiterado ahora, por su defensa. En efecto, Espeche textualmente dijo que: ".Desde el 20 de mayo hasta el 25 salíamos en el horario de la mañana tipo nueve y volvíamos a las dieciocho o diecinueve o diecinueve y treinta de trabajar. A veces lo buscaba en Valle Viejo, otras en las quinientas viviendas. El día 22 de mayo estuvimos trabajando por el lado de las quinientas viviendas y como me tenía que ir a Chumbicha a un festejo en la casa de un amigo lo deje de regreso en la casa de su abuela tipo 19:30, ese día estuvimos todo el día juntos, uno por una zona y otro por otra".

En razón de lo expuesto, el tribunal concluyó que este testigo ha desvirtuado la defensa del imputado, toda vez que el mismo brinda fecha, horarios y lugares que en nada coinciden con lo esgrimido por Salinas, y que confrontada esta declaración con los restantes elementos probatorios colectados durante el proceso, surge sin lugar a dudas la conducta antijurídica de Salinas.

Desde otro ángulo, aunque refiriéndose también al Hecho Nominado Primero, la defensa se agravia al sostener que las filmaciones oportunamente secuestradas no fueron incorporadas como prueba, y que tampoco se realizó una visualización del contenido del video, por lo que se podría haber dilucidado perfectamente al autor del hecho.

Al respecto debo decir que de las constancias obrantes en la causa no surge ningún Acta de Secuestro que constate las aseveraciones de la defensa, razón por la cual, estos errados cuestionamientos, en modo alguno pueden tener acogida favorable en esta instancia.

De igual manera, advierto que tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que Salinas sólo fue condenado por el contenido de un Acta de Reconocimiento y que no encuentra apoyatura en otra prueba. Con ello intenta tardíamente poner en duda la percepción de la víctima para logar reconocer a su asistido.

En efecto, esta afirmación se desvanece ante la simple lectura de los fundamentos brindados por el sentenciante que puntualmente destacó que la víctima del Hecho Nominado Primero, Norma Graciela Soto, describió en debate las circunstancias de tiempo, modo y lugar del violento hecho que le tocó padecer, sino que además aclaró que: ". le veía claramente la cara al señor, sin bien venía con un casco de moto, el casco le era grande, la cara le vi bien, lo vi dos veces, él estaba parado a la altura de la ventana . se le veía toda la cara, hay otras personas que se agachan para poder pagar pero a él se le veía toda la cara, las dos veces que llegó fue con el casco puesto, del reconocimiento que hice estoy segura que era él porque lo vi dos veces".

Sumado a ello, el tribunal también ponderó lo constatado en el Acta de Inspección Ocular obrante a fs. 03/03 vta., la que no sólo describe el lugar del hecho sino que específicamente detalla la posición en que se encontraba la víctima y el imputado al momento del evento, corroborando así, la proximidad relatada por Soto en la audiencia de debate.

Completa el cuadro de convicción, la individualización del imputado por parte de la víctima, la cual ha quedado plenamente acreditada mediante Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas (fs. 24/24 vta.), material probatorio debidamente incorporado al debate. Allí, Soto puntualmente indicó: ".que respecto al sujeto que describí previamente, se encuentra ubicado en el tercer lugar entre los individuos de izquierda a derecha, estoy segura."; siendo esa la ubicación de Guillermo Alberto Salinas.

Por ello, concluyó que este reconocimiento en rueda de personas practicado por la víctima, unido a su sincero testimonio expresado en debate -inmediación-, en el que quedó claramente demostrado no sólo la legalidad del mismo sino su alta eficacia probatoria; sumado a lo constatado en el acta de inspección ocular y al testimonio vertido por Espeche, el cual echa por tierra la ensayada exposición exculpatoria intentada por el imputado; ninguna duda cabe de la certera participación del acusado en el Hecho Nominado Primero.

Sentado lo anterior, corresponde ahora examinar la procedencia del cuestionamiento realizado en relación al Hecho Nominado Segundo. En tal sentido, se agravia la defensa al sostener que la víctima se pudo haber confundido cuando reconoció a Salinas debido a la crisis de nervios que padeció.

Este embate tampoco puede prosperar, porque lo sostenido por el recurrente no encuentra correlato alguno en el desarrollo argumental efectuado por el tribunal en el fallo cuestionado.

En tal sentido, cabe destacar que el tribunal a quo, percibió en debate -inmediación- el testimonio brindado por María José González, víctima del hecho, quien en lo pertinente refirió: ".A la persona que me agarró sí le veía bien la cara, a pesar de que me toma, cuando yo me doy vuelta el me mira y yo lo miré. Esa fue la única vez que lo pude ver.". Asimismo ponderó el reconocimiento positivo efectuado por la víctima (fs. 45/45 vta.), acto procesal que se llevó a cabo cumplimentando las formalidades previstas en el art. 260 del C.P.P. En tal dirección, cabe destacar que el acta de reconocimiento en rueda de personas no sólo evidencia el cumplimiento de todos los recaudos legales (arts. 259, 260, 261 del C.P.P.), sino además, que dichos actos procesales han sido llevados a cabo en presencia de la defensa técnica del imputado, quien no formuló oportunamente oposición ni interpuso recurso alguno, lo cual implica que las partes han consentido libremente los efectos del acto, el que, como se dijo, se llevó a cabo en legal forma y con pleno respeto de los principios de contradicción y bilateralidad.

De esta manera, el juzgador concluyó que la víctima demostró en debate contundencia al evacuar varias preguntas sobre cómo ocurrió el hecho, siendo sus expresiones, verosímiles; resaltando al respecto, que tales manifestaciones evidencian sin lugar a dudas la proximidad que tuvo María José González con el imputado Salinas en el momento del atraco.

Vemos, entonces, que la conclusión condenatoria a la cual arriba el sentenciante surge de una sensata y correcta derivación de la prueba colectada, manteniéndose incólume frente a la crítica del recurrente. Ello, por cuanto la construcción impugnativa se ha efectuado con un análisis desintegrativo de la prueba obrante en autos, y ello conlleva su rechazo.

Considero que los débiles y reiterativos argumentos expuestos por la defensa del acusado no logran desestabilizar en lo más mínimo las conclusiones arribadas por el tribunal en el fallo en cuestión, quien ha dado correcta solución al hecho investigado, al atribuir su coautoría al imputado Guillermo Alberto Salinas, en tanto ha valorado integralmente la prueba reunida, dando expreso tratamiento a los puntos que aparecían más débiles. Es que, en lo que respecta a la fundamentación probatoria, compete a esta Corte verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto", con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación" (CSJN 20-09-05, "Casal"; S. C.J.Cat. Nº 44, 21/10/2013; Nº 43, 29/08/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otras)). Ahora bien; si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 201 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo meritado, y en función de éste, a su vez, evidenciar la decisividad del vicio que se denuncia (art. 408 inc. 4° C.P.P.). De allí, que resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contenta sólo con reproches aislados que no atienden al marco probatorio o que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio.

Consecuentemente con lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El problema a resolver estriba en brindar el correcto encuadre jurídico al Hecho Nominado Primero atribuido al imputado Guillermo Alberto Salinas. Concretamente, debe indagarse si resulta adecuado haber subsumido su conducta, como lo hizo el tribunal de juicio, en el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (arts. 166 inc. 2º, primer supuesto y último párrafo del C. P.) (Hecho Nominado Primero).

Adelanto que, en lo que a este tópico se refiere, seguiré el criterio sentado en el precedente "Hernández" (S. Nº 09/03/2012l), puesto que allí esta Corte ya se ha expedido en relación a la cuestión traída a estudio.

Como punto de partida, advierto que el sentenciante tuvo como fehacientemente comprobado que "El día 22 de Mayo de 2013, a horas 20:10 aproximadamente, en circunstancias que Norma Graciela Soto se encontraba en el interior de una oficia del motel Tu y Yo, sito en Pje. Mendoza esquina Avda. Colón de esta Ciudad Capital, Salinas se presentó en el lugar y previo esgrimir un arma de fuego de color gris oscuro a través de la ventanilla por la que se atiende al público apuntó con el arma a Norma Graciela Soto solicitándole la recaudación del día, entregándole la suma de trescientos pesos en efectivo ($ 300), para luego retirarse hacia la calle en donde lo esperaba un masculino no individualizado, y ambos a bordo de una motocicleta huyeron del lugar".

En segundo lugar, cabe referir que, si bien es cierto que no se incautó el arma de fuego, como sostiene el recurrente, ello no impide que se condene al imputado como autor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, pues ello es precisamente una de las hipótesis abarcada por la figura típica seleccionada. Asimismo, resáltese que la utilización del arma en el desapoderamiento puede acreditarse por cualquier medio de prueba, máxime cuando el testimonio de la víctima resulta terminante en el sentido de describir la existencia de un arma en el desapoderamiento, como así, describir y exponer que dicha arma le fue apuntada cuando le solicitaba el dinero de la recaudación.

En idéntica dirección, destáquese que la nueva redacción de la norma analizada, ha deslindado los supuestos en que el robo se agrava en razón de verse facilitada su perpetración por la intimidación que provoca en la víctima el empleo de un arma de fuego no apta o de -incluso- un objeto con apariencia de serlo, de aquellos otros en que la razón de la agravante radica en el mayor peligro al que se vería expuesta la víctima al ser intimidada con un arma apta para producir disparos. Es decir, que a diferencia del robo con armas y del robo con arma de fuego -donde la razón de la agravante obedece tanto al mayor peligro corrido por el sujeto pasivo como a la mayor intimidación que sufre-, cuando el autor emplea un arma inapta para el disparo -descargada o con algún defecto de mecanismo- existe una mayor intimidación que en el robo simple, pero ningún peligro para la vida o la integridad física de la persona; por ello, aquí la pena es menor que la del robo con armas "básico".

En este caso, el juzgador entendió probado que Guillermo Alberto Salinas se apoderó ilegítimamente de dinero totalmente ajeno ejerciendo intimidación mediante la utilización de un arma de fuego, aclarando que la misma no pudo ser hallada por la instrucción. En consecuencia, acertadamente concluyó que la conducta del imputado debe necesariamente quedar atrapada bajo las previsiones del art. 166 inc. 2º primer supuesto y último párrafo del C. Penal, esto es, robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en calidad de autor en los términos del art. 45 C.P.

Por lo expuesto, entiendo que la conducta de Guillermo Alberto Salinas ha sido correctamente encuadrada por el tribunal de juicio conforme las previsiones del art. 166 inc. 2º -primer supuesto- y último párrafo del Código Penal, resultando la solución del Tribunal ajustada a derecho.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/04 vta., por el Dr. Jonathan Cristian Rasjido, en su carácter de asistente técnico del imputado Guillermo Alberto Salinas. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/04 vta., por el Dr. Jonathan Cristian Rasjido, en su carácter de asistente técnico del imputado Guillermo Alberto Salinas.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.