Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, aplicación de la ley laboral, medida cautelar genérica, contracautela, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ PASTOR c/ TERUEL CESAR ADOLFO - VILLALBA CARINA DEL ROSARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-30

El plazo para recurrir el embargo comienza a correr a partir de su notificación o desde su traba, si el interesado estuvo presente en el acto de ejecución de la medida. Esto depara para el afectado el conocimiento de la medida cautelar. Ciertamente, el conocimiento de la medida cautelar debe ser apreciado con prudencia y en forma restrictiva.

Si se advierte que el demandado no estuvo presente en el diligenciamiento de la medida y tampoco fue notificado por cédula o en forma personal del embargo, ello amerita hacer lugar al recurso planteado toda vez que afecta el derecho de defensa y debido proceso.

Si bien es cierto que, la Ley de Contrato de Trabajo consagra principios y derechos que complementados con las presunciones le otorgan a las medidas cautelares un matiz especial ya que se establecen criterios interpretativos de mayor amplitud; ello, bajo ningún concepto significa que, en cada caso particular, no deba verificarse la satisfacción de los recaudos de admisibilidad de la medida solicitada.

El art. 27 del Código Procesal Laboral articula la posibilidad de ordenar medidas cautelares, antes o después de instaurada la demanda. Conjuntamente, fija como criterio normativo una pauta genérica, consistente en la existencia de elementos de convicción -previamente valorados- que se resumen en la imperativa frase: "y según el mérito que arrojen los autos".

Con esa valoración debe verificarse la posible existencia de una relación laboral y de un crédito cierto a favor del trabajador. De adoptarse un criterio diferente, toda demanda laboral debería ir acompañada siempre de un embargo.

El primer recaudo de la medida preventiva "verosimilitud del derecho" no requiere de certeza del derecho invocado, resulta suficiente que la acreditación resulte "prima facie" bastando la mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. La cognición cautelar debe finiquitarse, cuando para acceder a una medida deba abrirse opinión sobre el fondo de la cuestión debatida; pues aquella tiene como límite el prejuzgamiento.

El pronunciamiento cautelar nunca valora el fondo de las cosas, sino su aparente atendibilidad (Así se lo ha entendido esta Sala en Asociación Bancaria de Empleados de Banco Secc Salta vs. EN JA SA CAM 5989/03 - 4/12/03). El grado de apariencia del derecho invocado si bien debe apreciarse con criterio amplio queda librado al sano criterio judicial. Por su parte, el requisito del peligro en la demora, consistente en el interés jurídico que justifica la medida para disipar un temor de daño inminente, " no alcanza a ser configurado por la sola opinión personal del reclamante o por su temor, aprensión, recelo, apreciación subjetiva o mero pesimismo, sino que debe provenir de hechos que puedan ser apreciados en sus consecuencias aún por terceros, quedando evidente que existe fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir un perjuicio inminente o irreparable " (Cf. De Lázzari Eduardo, "Medidas Cautelares", T. 1, pág. 37, 583).	En relación a este recaudo de la cautelar, la Sala ha señalado "La mera opinión personal del reclamante, o el temor, el recelo, la aprensión, una apreciación subjetiva o el pesimismo, no son suficientes para considerar presente el peligro en la demora, ya que de lo contrario, toda acción debería ir acompañada de una medida cautelar" (autos López c. Caratoni, 13/2/02).

"Si bien es cierto a mayor verosimilitud es dable disminuir la exigencia del peligro en la demora, no puede serlo hasta desaparecer, por lo que las conjeturas que formule el peticionante en torno de los riesgos, son insuficientes, pudiendo de todas maneras pedir nuevamente la medida, apenas compruebe lo que temía" (Di Pauli c. Sanatorio El Carmen, 8/4/03 y López c. Taxitel, 22/6/06).