Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-02-09


En la ciudad de Trelew, a los 09 días de febrero del año dos mil nueve, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Alberto Velázquez y Marcelo J. López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "N. , L. A. c/ El Diario de M. S.A. y otra s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 69 - año: 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?, SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 217.--------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Sr. Juez Dr. López Mesa dijo: ------------------------------- Que a fs. 177/182 la Sra. Juez de grado hizo lugar a la demanda en forma parcial, condenando a los demandados Diario de M. y la Sra. M. R. , en forma solidaria a abonar al actor la suma de Pesos DOS MIL ($ 2000) con más intereses, regulando los honorarios profesionales del Dr. L. A. N. , en la suma de Pesos MIL QUINIENTOS ($ 1.500) y los de los Dres. M. D. G. L. y T. R. en conjunto y proporción en la de Pesos MIL DOSCIENTOS ($ 1.200).--------- Que a fs. 185 dicho decisorio es apelado por la parte actora, siendo concedido el recurso a fs. 186 y fundado a fs. 198/205.-------------------------------------------------------------- Se agravia la parte actora del rechazo de la demanda respecto de la responsabilidad de las demandadas por la nota aparecida el día 24 de Mayo de 2004 en el períodico "El Diario de M. ". Se agravia también por el exiguo monto de condena por la violación de la ley 11723 art. 31. Finalmente, solicita por la vía del art. 278 CPCyC se aclare que la condena alcanza a la sociedad "El Diario de M. ". Con pie en tales agravios, solicita se revoque la sentencia apelada y se eleve el monto de condena, con costas.---- Que a fs. 187 dicho decisorio es apelado por la codemandada M. R. por sí y a fs. 192 en representación de la restante codemandada, siendo concedidos ambos recursos a fs. 193 y fundado a fs. 207/209.------------------------------------------------------------ Se agravian las codemandadas de la cita parcial del art. 31 de la ley 11723 efectuada en la demanda. También se agravian las accionadas de la cita de fallos inaplicables al caso, expresando que el fallo es desacertado porque no ha advertido que es libre la publicación de un retrato cuando se relaciona con hechos de interés público o que se hubieren desarrollado en un lugar público. Citan doctrina en su apoyo y tildan de autocontradictoria a la sentencia de grado, solicitando su revocación, con costas.--------- Que corrido traslado de los agravios de la actora a sus contrarias a fs. 206, no son contestados por éstas.-------------------------------------------------------------------------- ------------- Que corrido traslado de los agravios de las accionadas a la actora a fs. 210, son contestados por ésta a fs. 211/214 solicitando el actor el rechazo del recurso de sus contrarias y el acogimiento de la demanda en todas sus partes. -------------------------------- Ingresando al tratamiento de los agravios traídos debo advertir liminarmente que el cuestionamiento del fallo de grado por todas las partes actuantes lo torna pasible de ser revisado in totum, lo que haré seguidamente.--------------------------------------------------------- Sentado ello debo decir que coinciden las partes apelantes en un punto central, que puede servir de primera premisa indudable, bien que extrayendo cada una luego diferentes consecuencias de la primera premisa. Los apelantes están de acuerdo sobre que el fallo de grado no constituye un acto jurisdiccional válido. Así lo expresa la actora a fs. 199 segundo párrafo y las demandadas -bien que menos enfáticamente- a fs. 207, asignando todos los recurrentes el carácter de arbitrario al pronunciamiento y de artificial la distinción que éste introduce entre el texto de la nota y la foto del mismo. Cuestionan todos los apelantes que resulta irregular rechazar el resarcimiento reclamado por el texto de la nota y concederlo por la foto que la acompaña. Claro que luego de esta primera coincidencia, cada parte pide la satisfacción de su pretensión las que, al ser incompatibles, obligan a analizar con particular detenimiento el fondo del asunto debatido.----------------------------------------------------------------------- ------------------------ Coincido totalmente con que no constituye un pronunciamiento válido el que reviso, pues la distinción que en él se traza entre el texto de la nota -que no encuentra antijurídico- y la foto, cuya publicación sí juzga abusiva, constituye una cabal sofistería en el caso que nos acupa.-------------------------------------------------------------------------- -------- El juez de grado considerando que el art. 31 de la ley 11723 impide el empleo comercial de una fotografía sin su consentimiento y con citas de diversa laya -todas inaplicables al caso que nos ocupa- llega a la conclusión de que "en el supuesto de autos nos encontramos que no se puede encuadrar la publicación en lo que se denomina el interés general o comunitario "el hecho es antijurídico si la reproducción de la imagen era innecesaria para el fin general de se trate" (Matilde ZAVALA de GONZALEZ, ob. cit. P. 190)".-------------------------------------------------------------------------- ---- Debo decir que pocas veces he visto decisorios judiciales tan desenfocados como el que reviso. En él, el Juez de grado, cuando no omite, yerra. Omite parte del texto del art. 31 de la ley 11723. Precisamente omite el último párrafo que era el directamente aplicable al caso y que dispone: "Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público". La frase "o acontecimientos que se hubieran desarrollado en público" quita toda antijuridicidad a la publicación de la foto glosada a fs. 5 del diario reservado como documental en autos.-------------------------------------------------------------------------- -------------- En dicha fotografía se observa a dos personas de traje, las que no están en una situación indigna ni desdorosa, que están en el frente de los tribunales de Puerto M. , dialogando. No alcanza a entender cuál sería la antijuridicidad de publicar una foto de una persona tomada en un lugar público y en una situación distendida, en una pose trivial. -------------------------------------------------------------------------------- --------------------- Se ha desinterpretado el art. 31 de la ley citada, al punto de prescindir de parte de su texto, el in fine del mismo, nada menos, que sienta la regla directamente aplicable a este caso.--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- En tal situación, no hace falta citar jurisprudencia, ni hacer citas dilatadas, pues la propia norma citada expresa -en lo que aquí interesa- con toda claridad que es libre la publicación del retrato cuando se relacione con hechos o acontecimientos que se hubieran desarrollado en público; en este caso la conversación entre los dos abogados que muestra la foto publicada en la página 5 ya citada.----------------------------------------- Como bien dice el maestro Philippe le Tourneau "el carácter informativo de la imagen es la condición de la divulgación sin autorización: la imagen debe ser una ilustración pertinente del sujeto sobre el que trata el artículo" (LE TOURNEAU, Philippe, "Droit de la responsabilité et des contrats", Edit. Dalloz, París, 2006, p. 446, Nro. 1640). Y agrega mi querido maestro posteriomente que "es libre... la publicación de una fotografía...de un evento de actualidad en el cual la persona se ha visto involucrada en razón de su vida profesional o de todo otro motivo" (LE TOURNEAU, Philippe, "Droit de la responsabilité et des contrats", cit, p. 446, Nro. 1640, con cita de fallos de la Corte de Casación francesa, Sala 1ª, del 25/1/00, publicado en Dalloz, 2000, sec. Sommaires commentés, p. 270, con nota de Christophe Caron; ídem, 4/7/05, en Dalloz 2005, 1965; de la Corte de Apelaciones de París, 1ª Sala, 26/6/00, publicada en "Gazzette du Palais" t. 2000-2, sumario 2806). Es encuadrable en tales precedentes el caso de autos, sin duda alguna.------------------------------------------------------------------------- ------------- No acierto a comprender qué significado da al concepto de antijuridicidad el Sr. Juez de grado, pues en mi opinión una actuación antijurídica es aquella que -infringiendo un deber legal u obligación contractual- causa un daño a otro, sin que medie una causa de justificación de ese daño (cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo - PASARÍN; Carolina, "El territorio de la antijuridicidad en la "Provincia de la responsabilidad civil" (Profundizando algunas ideas sobre la antijuridicidad como presupuesto (inexcusable) de la responsabilidad civil), publicado en el-Dial).----------------------------------------------------------- Y como dije supra el in fine del art. 31 de la ley de propiedad intelectual autoriza expresamente la publicación de una foto de una persona tomada en un evento público, lo que implica que la conducta imputada a las demandadas no estaba prohibida sino autorizada, con lo que se borra cualquier posible antijuridicidad.----------------------------- Bien se ha dicho que la antijuridicidad es "un juicio negativo de valor que recae sobre un comportamiento humano y que indica que ese comportamiento es contrario a las exigencias del ordenamiento jurídico" (MUÑOZ CONDE, Francisco - GARCÍA ARÁN, Mercedes, "Derecho Penal. Parte general", 2ª edición revisada, Edit. Tirant lo Blanc, Valencia, 1996, p. 269).--------------------------------------------------------------------------- ------- Como dije no hallo antijuridicidad alguna en la publicación de la fotografía de fs. 5 y además, no acierto a descubrir qué daño moral -tasado en dos mil pesos- puede haber generado a un letrado el hecho de ser fotografiado parado a la salida de los tribunales, vestido correctamente en una pose no ridícula ni agraviante conversando con un colega.------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Evidentemente el Sr. Juez de grado utiliza la expresión "antijuridicidad" con un alcance ajeno a su significación corriente y mayoritariamente aceptada, lo que no cabe convalidar aquí, debiendo revocarse la condena que sobre la base de sus particulares criterios y con citas legales truncas fundara.----------------------------------------------------------- El juez a quo ha soslayado en esta materia un dato central para la correcta resolución del caso: la antijuridicidad es una noción consustancial a la responsabilidad civil (cfr. art. 1066 del Código Civil y LÓPEZ MESA, Marcelo - PASARÍN; Carolina, "El territorio de la antijuridicidad en la "Provincia de la responsabilidad civil" (Profundizando algunas ideas sobre la antijuridicidad como presupuesto (inexcusable) de la responsabilidad civil), publicado en el-Dial). Por ello, sin antijuridicidad no existe responsabilidad civil, lo que ocurre en autos, respecto de la publicación de la fotografía.- Bien se ha resuelto que la posibilidad de publicar fotografías de personas que refieren a hechos o acontecimientos de interés público o que se hayan desarrollado en público, de acuerdo a lo establecido en el art. 31 de la ley 11.723, requiere de la existencia de una cuestión que provoque un notable interés informativo, serio, importante y útil para la sociedad (C. Nac. Civ., sala F, 11/10/99, "V., J. c. Editorial Perfil", en LÓPEZ MESA, Marcelo, "Código Civil y leyes complementarias. Anotados con jurisprudencia", Edit. Lexis Nexis SA, Buenos Aires, 2008, t. V, p. 90, punto 3.c).---- En el caso existe el notable interés periodístico e informativo y la utilidad para la sociedad, pues debatiéndose en la nota que acompañaba a la fotografía acerca de un posible hecho delictivo en el ámbito tribunalicio, la sociedad tiene interés en conocer el rostro de los posibles involucrados. No existe entonces antijuridicidad en la difusión de la fotografía por la que se ha concedido resarcimiento en primera instancia, en infracción al art. 31 de la ley 11723, que autoriza tal publicación en casos como el que nos ocupa.-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Propongo en consecuencia al Acuerdo, la revocación de la sentencia apelada respecto de la concesión de resarcimiento al actor por daño moral, derivado de la publicación de una fotografía suya intrascedente, en una situación casual en un lugar público.------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- En segundo lugar, debe analizarse si la sentencia apelada ha sido regular en cuanto al rechazo de resarcimiento por la información vertida en el artículo que acompañara la foto.--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- El juez de grado expone en su decisorio que "...la forma de utilización del verbo más la existencia de una base fáctica real -existencia de la investigación- constituye causa de justificación eficiente a los fines de aventar un posible perjuicio al actor. De esto no se permite concluir en la existencia de una conducta lesiva que sea generadora de lesión, susceptible de reclamo, al no haber la demandada emitido opinión ni juicio respecto a la conducta del actor. (arts. 1066, 1067, 1068 C.C.)". Ante ello reacciona el actor cuestionando el uso de verbos potenciales y citando doctrina de mi autoría respecto de que el uso de potenciales no justifica sin más la comunicación efectuada.--- Efectivamente, en mi obra -citada en el recurso de la actora sostengo, y aún hoy pienso así- coincidiendo con el Prof. Ramón Daniel PIZARRO, que ".la sola utilización de un tiempo de verbo potencial, no respaldada en una base fáctica que razonablemente pueda sustentar la publicación, no debería constituir inexorablemente una causa de justificación.. La mera utilización de tiempo de verbo potencial . puede ser tan agraviante como la efectuada en términos asertivos.." (TRIGO REPRESAS, Félix - LÓPEZ MESA, Marcelo, "Tratado de la responsabilidad civil", Edit. La Ley, Bs. As., 2004, T. IV, p. 241; con cita de PIZARRO, Ramón D., Responsabilidad de los medios de prensa - Acerca de la denominada doctrina "Campillay", LL 1998-D-1306).---- Pero ello no cambia la cuestión en autos. Es que mis reflexiones sobre el tiempo de verbo potencial y las otras causales de justificación apuntan a supuestos distintos del que aquí nos convoca, lo que parece haber omitido considerar el actor recurrente.-------- La doctrina del caso "Campillay" y otros similares más modernos se aplica a comunicaciones periodísticas inexactas en grado sumo, falsas o gravemente erróneas; ningún rol tiene esa doctrina respecto de la comunicación de hechos verdaderos, aún cuando algún detalle de la comunicación no sea exacto.------------------------------------------- Dicho en palabras llanas, la prensa responde de afirmaciones falsas realizadas culpablemente, con mengua de la honra, el honor o la intimidad de una persona. Ahora que, si lo que se comunica es sustancialmente cierto, o no se ha actuado con culpa al difundir o no se ha causado una mengua al honor, no existe responsabilidad del medio de prensa.------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Y en el caso que nos ocupa, mal que le pese al actor, no existe responsabilidad del medio de prensa. Veremos por qué. La esencia de la noticia de página 5 del 25 de Mayo de 2004 es esta: -------------------------------------------------------------------------------- ------ 1)	un expediente que todavía no ha trascendido públicamente es analizado actualmente en su etapa de instrucción por abogados tanto del Juzgado como de la Fiscalía. -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 2)	"C. c/ A. " habría sido el sumario detonante de la investigación. ------- 3)	Nadie sabe a quien alcanzará finalmente.---------------------------------------------------------- 4)	"Por una presunta irregularidad detectada en esa causa "C. c/ A. " estarían actualmente sospechados los Dres. L. N. y M. I. V. , el primero es el abogado representante de la firma C. y la segunda es la jueza del juzgado en lo Civil y Comercial de esta Ciudad".----------------------------------------------------- 5)	"La investigación sería en torno a la presunta comisión de "estafa procesal"de parte del letrado particular y a la figura del prevaricato por parte de la jueza".----------------------- 6)	"Aparentemente, según lo que surge del expediente, el abogado habría presentado una documentación fotocopiada que le habría servido para sostener una postura cuya autenticidad ahora estaría cuestionada ...".------------------------------------------------------------ El resto de la noticia ya no se relaciona con el actor sino con otros abogados y funcionarios trazando una serie de relaciones entre ellos, que no atañen al actor de autos.-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- El caso es que, analizando los expedientes apiolados al presente, encuentro que esos seis aspectos de la información suministrada por el diario atinente al actor no son -en sustancia- falsos ni groseramente inexactos. Tienen ligeras diferencias, si es que las tienen, con la realidad, pero en su sustancialidad el diario no ha informado hechos falsos, ni gravemente inexactos. ------------------------------------------------------------------------- Puebras al canto. En el expediente caratulado "Rocca, Carlos Alberto s/ denuncia estafa" (Expte. 20265, F. 80, Año 2005), se presenta a fs. 1/10 denunciando la existencia de una estafa procesal, mencionando entre otras la causa "C. c/ A. " y cuestionando la intervención entre otros del Dr. N. y la Juez Villafañe.- ---A fs. 155/156 de dicha causa se presenta nuevamente el Sr. Rocca y luego de diversas manifestaciones sindica nuevamente y, con mayor asertividad todavía, indicando las pruebas que apoyarían sus asertos al Dr. Luis N. y a las autoridades de C. SA como los intervinientes en una maniobra "engañosa" (ardid).------------ A fs. 157/158 el Procurador Fiscal actuante, Dr. Menghini, solicita una serie de medidas de instrucción.-------------------------------------------------------------------- ------------------ A fs. 161/168 se presenta otra denunciante, la Sra. L. G. que vuelve a mencionar el asunto de "C. c / A. ", exponiendo luego una serie de hechos, entre ellos la presunta falsificación de un documento por parte de la empresa C. SA, práctica destinada a vaciar el acervo hereditario de ella y sus hijos. En esta presentación no se imputó personalmente al actor de ningún ilícito.------------------- También apiolado a autos se halla el incidente de nulidad (exptediente identificado como Nro. 7, Año 2007). Allí, a fs. 21, el funcionario de Fiscalía -el hoy juez Dr. Horacio Daniel Yangüela- asevera expresamente respecto de una determinada causa judicial pedida en préstamo que "...en breve será solicitada la causa o las piezas certificadas, ya que se han detectado documentación que acredita ilícitos que imputar, encontrándonos avocados a producir el Requerimiento de instrucción".---------------------- Todas las actuaciones anteriormente referidas me llevan a pensar que el diario demandado no publicó una noticia falsa, sino una correcta: se estaba investigando a diversas personas por la utilización de un documento falsificado en los autos "C. c/ A. " y otros. Entre ellas se había imputado al aquí actor, existiendo funcionarios de Fiscalía que habían puesto por escrito que entendían que se habían acreditado ilícitos y que se hallaban confeccionando el requerimiento de instrucción. Creo que todos estos detalles muestran una noticia sustancialmente correcta, que puede tener algún detalle distinto de la realidad. Pero el diario no mintió, no imputó delitos sino refirió que se estaba investigando, etc.-------------------------------------------------- No encuentro que la actuación del diario demandado haya sido antijurídica, al limitarse a reproducir información sobre la existencia de una causa judicial. Que ella después no haya fructificado ni halla llevado a la imposición de una pena al actor, no tiene relevancia en relación a la responsabilidad civil del diario demandado.-------------- Es que, los diarios y medios de prensa no están obligados a certificar la procedencia de una determinada acción judicial.Con ese criterio los periódicos solo podrían informar sobre sentencias firmes, dado que solamente ellas poseen certeza de su resultado. Y no debe soslayarse que aún ellas pueden ser objeto de ataque por la vía de la acción autónoma de nulidad y la denuncia de cosa juzgada írrita.---------------------------------------- En tal situación, la pretensión del actor revela una excesiva susceptibilidad, no habiendo acreditado el mismo que exista una factor de atribución de responsabilidad al diario demandado ni a la persona física demandada. No existe culpa en la difusión de la noticia en autos, precisamente porque en su sustancia lo aseverado surgía de la existencia de una causa judicial en trámite. Con lo referido supra de esa causa alcanza, a mi entender, para validar la comunicación cumplida por el diario, sin que deba recurrirse a ninguna tangencialidad, como erróneamente creyera el juez de grado.-------- Pero además de ello, no debe perderse de vista otras características de este caso: se trata de una caso donde se ventilaba una presunta causa de corrupción que involucraba -en hipótesis- a magistrados y abogados. No se trata de un supuesto de intrusión en la intimidad de un pacífico ciudadano, sino de la difusión de una denuncia interpuesta por dos interesados diferentes, en un expediente judicial, firmando la denuncia con nombre y apellido y no anónima y acompañando prueba.-------------------- ¿Qué más se le podía pedir al diario accionado? ¿Que otro chequeo debía hacer? ¿En qué radicaría su culpa al difundir la noticia? No he hallado buenas respuestas a estas preguntas ni en la demanda ni en los agravios del actor.----------------------------------- Tengo para mí que en este caso resulta de aplicación, además de lo ya dicho, un fallo del Tribunal Supremo de España, que resolvió: la libertad de expresión, como el derecho al honor poseen rango constitucional, pero a ninguno de dichos derechos puede concederse carácter absoluto o prevalencia, haciéndose preciso en cada supuesto de colisión de los mismos la fijación de los respectivos límites de cada uno, para determinar si el ejercicio de la primera a través de la manifestación de opiniones afecta o no a la dignidad personal del sujeto aludido. A tal fin deben ser ponderadas tanto las circunstancias concurrentes, como la posible calidad de persona de proyección pública del sujeto pasivo, pues en ese último supuesto experimenta disminución su derecho al honor" (Trib. Supremo de España, Sala 1ª, 1/10/02, sent. Nº 913/2002, ponente: Sr. Almagro Nosete, en sist. Inform. El Derecho (Esp.), caso 2002/37154, citado en mi "Tratado de responsabilidad civil", op y loc cit).----------------------------------- Se agregó en dicho fallo que no podía olvidarse que "la libertad de expresión nunca puede ser invocada para legitimar un pretendido derecho al insulto, que sería incompatible con la dignidad de la persona que proclama el artículo 10-1 de la Constitución Española y d) para que pueda concederse prevalencia a aquella libertad sobre el derecho a la protección del honor han de concurrir dos ineludibles requisitos: que la información transmitida verse sobre hechos de interés general -ya sea político, social o económico- y que la misma sea veraz o que al menos aparezca observado diligentemente el deber de comprobar o contrastar su veracidad a través de datos objetivos, si bien éste segundo punto se exige con mayor rigor en la libertad de información que en la de expresión".--------------------------------------------------------------------- Bajo estas pautas, no encuentro que la actuación de las demandadas sea pasible de ningún reproche a titulo de culpa o dolo. Y como no acompaño a autores como Pizarro que consideran que los medios de prensa deben ser imputados a título objetivo de responsabilidad, era a mi juicio imprescindible en autos acreditar la culpa o el dolo de la comunicación periodística. Ninguno de los dos están configurados en este caso, según surge de esta causa y sus acumulados. Y además se trata de un asunto de especiales circunstancias, donde cualquier pequeña diferencia en la difusión, respecto de la realidad, queda bonificada por el interés social de desenmascarar hechos de corrupción presunta o eventualmente cometidos, para lo cual es menester que los hechos denunciados sean conocidos y difundidos, sobre todo porque la difusión por la prensa es una salvaguarda contra la impunidad. -------------------------------------------------------------- Como dije, no encuentro entonces que exista ni dolo ni culpa en la difusión de la noticia de página 5 del diario ya referido, no siendo a mi juicio tampoco antijurídica la comunicación efectuada. En tal situación no se dan -al menos- dos de los cuatro presupuestos de la responsabilidad civil (daño causado, antijuridicidad de la conducta que lo causara, factor de atribución de responsabilidad y relación causal adecuada entre la actuación antijurídica del dañador y el daño causado).---------------------------------- Y sin que concurran los cuatro presupuestos indicados no puede existir ni éste ni ningún otro caso de responsabilidad civil, género del que el presente es una especie.- Finalmente, por si quedara alguna duda, aunque no me parece que ello ocurra, es dable destacar que la pretensión indemnizatoria del actor en este caso choca contra la doctrina judicial existente en esta Provincia en esta materia.---------------------------------- En el fallo de la causa "L. , E. G. c/ S. , R. s/ Querella" (Expte. 19.279-L-2003) de fecha 14/5/04, el STJ de Chubut, a través de un voto del Dr. Daniel Luis Caneo dijo que "Lo único que la ley reprime es el abuso de la libertad de prensa, es decir, el servirse de los medios de difusión de la palabra oral, escrita o filmada para cometer delitos (civiles o penales) de injurias o calumnias, o para hacer la apología del delito, o para hacer escarnio del honor o de la dignidad de los particulares, o para propalar revisiones falsas o mentirosas sobre actos de los particulares a sabiendas de la propia falsedad o para irrumpir de manera arbitraria en el fuero íntimo de una persona, sin requerir su consentimiento y con grave violación de la zona de reserva de la intimidad garantizada por el art. 19 de la Constitución Nacional".. ------------ No se ha comprobado en este caso ni la existencia de falsedad de la noticia, ni la de comisión de un delito penal en la difusión, ni la intrusión en la intimidad de una persona, por lo que en este caso no existe daño resarcible en cabeza del actor. ----------------------- Además de lo expuesto, es dable recordar que el STJ de Chubut falló una causa -por mayoría- aplicando criterios muy estrictos en materia de responsabilidad de los medios de prensa. En la causa caratulada "C. , J. I. c/Diario El C. y/o Impresora C. S.R.L. y/o quien resulte propietario s/Daños y Perjuicios" (Expte. 15.068-C-1994), en sentencia del 8/11/96, la mayoría del Tribunal integrada por el actualmente Vocal de la Sala Penal -Dr. Daniel Alejandro Rebagliati Russell- y el Dr.Roberto Rubén Portela y con la disidencia del Dr. Raúl Bissio, a través de un primer voto del Dr. Rebagliatti, resolvió que "...una información es objetivamente inexacta cuando no responde, en su contenido a la verdad de los hechos, de ahí que la verdad es un límite interno del derecho de informar, de carácter objetivo, tal límite se conjuga con la referencia subjetiva, esto es, la actitud del informador hacia la verdad, de tal manera que le sea dado probar que ha tratado de encontrar la verdad de los hechos, de manera diligente y razonable, agotando las fuentes disponibles, con insistencia suficiente, para que un profesional honesto pueda llegar a la razonable convicción de que lo que publica es verdad".------------------------------------------------------------------------ ----- Siguió diciendo allí que "he de destacar que la doctrina judicial a partir del conocido pronunciamiento de la corte Suprema de los Estados Unidos, en la causa "New York Times v. Sullivan de 1964, en razón del distingo entre personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés general y personas particulares, o aludidas en relación a hechos de la vida privada, ha consagrado un principio operativo en punto a las reclamaciones sobre libelo relativo al factor de atribución de la responsabilidad de los medios de información que incide, también, respecto a la carga de la prueba de quien demanda. El distingo es el siguiente: quien demanda por difamación, atribuyendo al medio la difusión de la noticia falsa, en el primer caso, sólo podrá una reparación si prueba que dicho medio obró con dolo o con negligencia -o culpa- grave. Literalmente, se alude a la malicia real o efectiva (actual malice), que implica conocimiento cabal de la falsedad de la noticia, o a una "descuidada desinformación acerca de si era falsa o no", actuar negligente, desconsiderado".--------------------------------------------------------------- Que "...las personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de comunicación, por el sólo hecho de probar que la información difundida es inexacta. Deben probar que la información inexacta es falsa y que fue deliberadamente difundida con conocimiento de su falsedad".---------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Que "La Corte Suprema de Justicia, en la causa "V. , J. A. c/E. La U. S.A. y otros ha coincidido en este modo de razonar. CSJN 19-11-91, ED, suplemento del 10-3-92 fallo 44024 "La doctrina de la real malicia - se lee en el considerando 11º del voto de los jueces Fayt y Barra - elaborada por la Suprema Corte de los Estados Unidos procura un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieren sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas, o aún a particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público objeto de la información y la crónica".---------------------------- Asimismo expresó que "Si la libertad de informar es, además de un derecho individual, una libertad, una función una garantía de pervivencia del sistema democrático, tiene que estar necesariamente más protegida cuando se usa en relación a personas o negocios públicos, ya que el honor de las personas se transforma -cuando aquellas ocupan posiciones de relevancia pública- en un límite externo de la libertad de información más difícil que cuando se enfrenta a informaciones relativas a personas privadas".---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- Luego resaltó el citado votante que "aún en la duda, (que no es el caso de autos) la solución ha de ser en favor de la libertad, principio esencial del ordenamiento constitucional argentino. La libertad de prensa no es prerrogativa de la industria y la profesión periodística, sino derecho del pueblo. Derecho en parte consistente en el acceso activo a los órganos de difusión, dentro de las naturales limitaciones impuestas por las condiciones materiales y técnicas de la que todos somos tributarios".---------------- Y que "la protección legal de la actividad periodística tiene en mira, fundamentalmente, asegurar la independencia de los instrumentos indispensables para la máxima efectividad posible del derecho del público, tanto de informar, como de ser informado. Considero que tiene base constitucional el principio conforme el cual la persona que publica y dirige un diario, no puede ni debe ser responsable, por la única circunstancia de que siéndole posible optar entre difundir o no una publicación que reviste interés público, dice lo primero por entender que sirve mejor e imparcialmente la función que corresponde a la prensa libre, como vehículo de información y opinión de la comunidad. Si la mera inserción en un diario o periódico de un artículo o de una noticia, sin tomar partido y sin agregarle la fuerza de convicción que pudiera emanar de la propia opinión y responsabilidad, lo sometiere al riesgo de una condena, conspiraría contra la libertad de prensa con parecido alcance que si mediara restricción anticipada de una publicación, con la consiguiente frustración del sustancial principio de la libertad de prensa que consagran expresamente los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional y al que también se refieren los arts. 1, 6 y 33 de la Constitución. Pues si bien es cierto que la protección constitucional no debe cubrir la conducta injuriosa de los diarios, ella sí debe imponer con manejo especialmente cuidadoso de las normas y circunstancias relevantes para impedir la obstrucción o entorpecimiento de la prensa libre y sus funciones". A dicho voto adhirió el Dr. Portela, conformando mayoría.------------------------- No desconozco las manifestaciones que el Dr. Royer hiciera en su voto vertido en la causa caratulada "D. , C. c/ Editorial J. .A y/u otro s/Daños y Perjuicios" (Expte. N° 18.508-D-2001), respecto de la doctrina de la real malicia, pero ellas no constituyen doctrina legal ni son vinculantes para los magistrados inferiores al STJ de Chubut, dado que aclaró el juez votante en primer término allí que lo expresado era "sin que lo expuesto implique adoptar actitud alguna en la resolución del caso y al único efecto de demostrar la existencia de alternativas dispares mas igualmente válidas a la hora de resolver el litigio..." (sentencia registrada bajo el Nº 23 S.R.E.).----------------- Visto lo anterior y dado que el hecho referido en la página 5 de la edición del día 25 de Mayo de 2004 del "Diario de M. " no es sustancialmente falso, siendo las inexactitudes que alega el demandante insustanciales como para generar un resarcimiento por daño moral y teniendo en cuenta que encuadrado este caso dentro de la doctrina de la real malicia sería absolutamente inviable la procedencia de la demanda, es menester concluir sin asomo de duda que la demanda promovida en autos no podía prosperar, al no darse los presupuestos para su andamiento.------------------------ En tal situación, procede el rechazo de la demanda base de autos en todas sus partes, con costas a la actora en ambas instancias, debiendo dejarse sin efecto la condena pronunciada en la instancia de origen a consecuencia de la publicación de la fotografía del actor a la salida de los tribunales, lo que propongo al acuerdo.------------- Por las razones expuestas, considero que -pese a los yerros de fundamentación en que ella incurriera- la sentencia apelada se ajusta -en cuanto al rechazo de la indemnización reclamada por el actor- a derecho y que los agravios del apelante traducen sólo una opinión distinta y parcializada de la cuestión que, además, contradice la legislación aplicable y la jurisprudencia vigente en la materia, motivo por el cual no ha logrado conmover el actor apelante el decisorio en crisis, procediendo por tanto el rechazo del recurso de fs. 198/205, con costas al apelante. Téngase presente la reserva de caso federal realizada allí. ----------------------------------------------------------------------------- Por lo anteriormente expuesto, considerando que es justa la sentencia apelada y VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA A LA PRIMERA CUESTIÓN.--------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------------------------------------------------- I. Dado que en su voto el Dr. López Mesa ya ha reseñado en lo esencial los detalles del caso, así como los motivos de agravio expuestos por ambos apelantes, me pronunciaré sin más sobre los aspectos traídos a decisión de esta Alzada.------------------ II. La noticia difundida y su contenido: ---------------------------------------------------------- La publicación que diera lugar a la pretensión entablada consistió en un artículo publicado en el Diario de M. el día 25/05/2004 bajo los siguientes títulos: "Impredecibles derivaciones de polémico expediente - Amistades que inhabilitan" acompañado de una fotografía con las imágenes del actor y de su abogado defensor a la salida de los tribunales de Puerto M. . La nota daba cuenta de la existencia de un expediente judicial en trámite ("C. c/A. ") en el que -a tenor de la redacción empleada en dicho artículo- se habría detectado una "presunta irregularidad" respecto de la cual "estarían actualmente sospechados los doctores L. N. y M. I. V. , el primero es el abogado representante de la firma C. y la segunda es la Jueza del Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad" (diario cit. - pág. 5 - conf. documental reservada en la caja de seguridad del tribunal que en este acto tengo ante mi vista). La información añadía que "La investigación sería en torno a la presunta comisión de ´estafa procesal´ de parte del letrado particular, y a la figura de ´prevaricato´ por parte de la jueza". El artículo incursionaba luego en una síntesis de los hechos, con referencias acerca de quiénes eran las personas involucradas, los cargos ocupados y/o calidades investidas en cada caso, las relaciones de amistad y/o acuerdos existentes entre algunos de ellos, para terminar expresando: "Las amistades no son indicativo de nada, pero una de las ´generales de la ley´ que inhabilita en determinados actos jurídicos es la amistad manifiesta. Finalmente, la relación existente en este presunto ´contubernio´ judicial que ya trasciende los pasillos de los Tribunales, permitiría, en próximos escalones, a Ricardo Basílico alcanzar su máxima aspiración, ocupar el sillón de Procurador General de la Provincia, hoy ocupado por Eduardo Samamé".------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- Con motivo de esta nota, se promovió esta pretensión resarcitoria con base en que el diario demandado había difundido una noticia inexacta y una toma fotográfica obtenida de manera oculta, sin la más mínima preocupación en establecer la verdad de la información, lo cual lesionaba la intimidad, la privacidad, la dignidad, el honor e integridad del actor, tornando responsables a los demandados por el daño infringido, por lo que solicitó una sentencia que imponga a los mismos una "ejemplar sanción" (conf. demanda, fs. 14/17).------------------------------------------------------------------------- -------- III. La responsabilidad civil atribuida a la parte demandada: ---------------------------- 1) A título preliminar debo decir que la doctrina de la "sanción ejemplar" en materia de responsabilidad civil por daño moral a la que alude el apelante, de raigambre francesa (Ripert, Demogue, Savatier) -y de minoritario predicamento- ha sido abandonada desde hace décadas para dar paso hoy, en forma unánime, a la doctrina de la reparación integral de los daños y perjuicios causados. Esa compensación para el daño extrapatrimonial es pecuniaria por cuanto, conforme a la doctrina de Ihering, el dinero permite compensar por vía sucedánea los perjuicios sufridos (conf. Borda, G.A. - "Tratado..." - Obligaciones, t. I - p.188 y ss. - Ed. Perrot, 1989; id. Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil" - 2da. ed., p 289 y ss. - Astrea, 1987; entre otros) y no debe responder a un propósito punitivo, sino que ha de adecuarse a la entidad del sufrimiento causado.------------------------------------------------------------------------ ----------------- 2) Hecha esta salvedad inicial, abordaré ahora el agravio de la parte actora por el rechazo de la reparación solicitada respecto del contenido de la nota en cuestión.--------- En su pieza recursiva, insiste el apelante en destacar la falsedad de la noticia difundida, afirmando que la misma tuvo como única intención dañar el honor del demandante, dejando de lado el resguardo con el que cuenta todo medio periodístico serio, como lo es la indicación de la fuente de la información o la reserva de la identidad de la persona en la noticia. Aduce además que la indemnización concedida en concepto de daño moral no guarda correspondencia con el derecho personalísimo afectado, ni aún tratando de manera divorciada a la noticia periodística de la fotografía que la acompaña, tal como se hizo en el decisorio. Sostiene, en síntesis, que los términos de la sentencia muestran que no se ha valorado objetivamente el abuso en el cual incurrieron las demandadas ni la dimensión de la lesión infligida, solicitando se haga lugar a la reparación reclamada, revocándose el fallo en tal sentido.------------------- 3) Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfocado esta problemática desde ángulos diversos, lo cual torna difícil extraer de los sucesivos precedentes una doctrina con caracteres nítidos, sistemáticos y uniformes, puede considerarse, como bien lo señala Emilio Ibarlucía en un interesante trabajo ("Nuevas precisiones sobre las reglas de las doctrinas "Campillay" y de la real malicia" - La Ley, 2008-F, 304) que en la actualidad existe consenso acerca de ciertas pautas y principios liminares establecidos por el más alto tribunal de la Nación en referencia a la responsabilidad civil de los medios de prensa.------------------------------------------------------------------------- ------------------- En primer lugar, cabe señalar que mientras la llamada "doctrina Campillay" se vincula con la antijuridicidad de las conductas en cuestión, la doctrina de la "real malicia", en cambio, dirige su enfoque sobre el factor de atribución (autor y nota cit.). Esta disquisición es, a mi criterio, de suma importancia, por cuanto resulta evidente que si la conducta atribuida al medio periodístico no puede ser calificada como antijurídica, carecería de objeto juzgar el caso bajo la óptica de la "real malicia" por cuanto, sencillamente, no existiría un hecho susceptible de imputación subjetiva.--------------------- A su vez, la "doctrina Campillay", en puridad, está referida a la difusión de hechos y no a la expresión de opiniones sobre ellos, si bien hay que admitir que en la mayoría de los casos las notas periodísticas suelen contener ambos elementos entremezclados, tornando muy difícil escindirlos a la hora de juzgar acerca del reproche de responsabilidad por los eventuales daños causados con la divulgación de una determinada noticia.------------------------------------------------------------------------ ------------------ En base a los precedentes de la C.S.J.N., esta doctrina establece la exención de responsabilidad a los medios de prensa si, básicamente, se cumple alguna de estas tres condiciones: 1) cuando se ha atribuido la noticia a una fuente claramente identificada, haciendo una transcripción sustancialmente idéntica o fiel; 2) cuando se ha reservado la identidad del sindicado como responsable, sin proporcionar datos que permitan su fácil identificación; 3) cuando se ha utilizado el modo potencial, si el sentido completo del discurso es conjetural y no asertivo (autor y nota cit.).---------------------------- A partir de estas premisas, un correcto abordaje de la cuestión planteada indica la necesidad de despejar, como primer interrogante, si la nota ya reseñada ha incurrido en antijuridicidad, y sólo en caso afirmativo procederá examinar entonces si se presentan o no los caracteres para la aplicación de la doctrina "Campillay" en la determinación acerca de la existencia o inexistencia de la responsabilidad endilgada por el actor a las codemandadas.------------------------------------------------------------------- ----------------------------- En esta dirección, puedo desde ya adelantar, concordando con el Dr. López Mesa, que la nota en cuestión no puede calificarse de antijurídica. Me explicaré.-------------------- Sabido es que, básicamente y en sentido amplio, la antijuridicidad se manifiesta en la contradicción entre una conducta y el derecho positivo considerado como ordenamiento integral (conf. Zavala de González, Matilde, Reflexiones en torno a la ilicitud, J.A., 1981-IV- 734). En punto a la responsabilidad civil, constituye uno de los requisitos para su procedencia. A su respecto, se ha dicho que "Antijuridicidad e ilicitud son términos sinónimos, y es ilícito todo acto contrario al ordenamiento jurídico, considerado éste en su totalidad, aludiéndose al principio de la unidad del ordenamiento jurídico, que hace que cada norma no pueda ser considerada como una individualidad estanca o aislada, sino, muy por el contrario, como un elemento conceptualmente inseparable de un complejo jurídico pleno o integral. De ahí que sólo sea ilícito lo contrario al ordenamiento jurídico todo y no lo opuesto a una norma aislada, en cuyo supuesto la violación podría estar justificada por otra regla que prevalezca y el del signo de la licitud; así por ejemplo el homicidio no siempre comporta un ilícito, desde que en ciertas circunstancias, como verbigracia la legítima defensa, el propio ordenamiento jurídico lo justifica (31). Se trata pues de un proceder que infringe un deber jurídico preestablecido en una norma o regla de derecho y que causa daño a otro, obligando a su reparación a quién resulte responsable en virtud de una imputación o atribución legal del perjuicio. El comportamiento humano que contraría al ordenamiento jurídico configura el substratum del hecho ilícito, y constituye a la vez el elemento material u objetivo imprescindible para que nazca la responsabilidad civil (conf. Trigo Represas, Félix A. - "Los presupuestos de la responsabilidad civil en el proyecto de 1998" - Acad.Nac. de Derecho 2000, 334 - La Ley Online). En análogo sentido se expresa Zannoni al sostener que no hay responsabilidad jurídica civil sin daño producido en razón de un acto antijurídico ("Zannoni, E.A., "El daño en la responsabilidad civil" - 2da. ed., p1 y ss. - Astrea, 1987).-------------------------------------------------------------------------- ---------------------- Pues bien: una lectura de los hechos referidos en el suelto periodístico cuestionado permiten comprobar que a esa fecha los mismos eran objetivamente reales. Recuérdese que en esta materia el examen de veracidad debe ser efectuado "ex ante", esto es, al momento de la publicación y no "ex post", ya que el curso de los acontecimientos posteriores puede demostrar, a la postre, una derivación diferente de la situación conocida al momento de difundirse la nota. En este sentido, el Procurador General de la Corte en el caso "Patitó, José Ángel y otro c/Diario la Nación y otros -CSJN - 24/06/2008 - LA LEY, 14/07/2008, 11), con citas de precedentes estadounidenses y del Tribunal Constitucional alemán (cit. en BverfGe 43,130) puntualizó -a mi juicio, con todo acierto- que las consideraciones acerca del contenido del artículo deben realizarse por parte del tribunal teniendo en cuenta cuál era el grado de conocimiento que razonablemente podía tener el órgano de prensa al momento de emitir la noticia, por cuanto "la verdad, al momento en que se produce la expresión, es con frecuencia insegura". Desde esa perspectiva, apunta el Dr. Righi, es como se protege realmente un ámbito del libertad en materia de prensa (conf. dictamen cit.).------ Bajo esta óptica, puede observarse que, en lo que atañe a la persona del actor, como bien lo ha señalado en su reseña el colega preopinante, las referencias del artículo publicado en el Diario de M. acerca de la existencia de una causa en trámite por ante la justicia local se ajustan en términos generales a la verdad de los hechos conocidos hasta ese momento. Esto es lo que surge de las probanzas aportadas a la causa (conf. Expte. 4155 - F° 2240 - Año 2004; Expte. 20265 - F° 180 - Año 2005; Expte. 7 - Año 2004; agregados por cuerda a estos actuados).La circunstancia de que una posterior investigación judicial del caso haya culminado en el sobreseimiento definitivo del aquí actor (conf. Expte. 20265 ya cit., fs. 265/266) no hace variar esta conclusión, ya que ello implicaría ingresar en un indebido análisis ex post acerca del contenido de aquella publicación, que daba cuenta de los sucesos conocidos hasta ese momento. Por otra parte, es preciso destacar que la redacción del diario empleó en todo momento el modo potencial, relatando las elucubraciones y trascendidos que se entretejían públicamente acerca de la noticia, sin efectuar aseveraciones a título propio acerca de la hipotéticas conductas reprochadas al Dr. N. .------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- Se presenta así, por tanto, una ausencia de antijuridicidad en punto a esos hechos aludidos en la nota en cuestión, ya que no hubo un falseamiento objetivo acerca de los datos conocidos hasta ese momento respecto del asunto que se comenzaba a ventilar en los tribunales de M. . En consecuencia, al no existir hecho ilícito a su respecto, carece de objeto analizar un posible factor de atribución a título de culpa o dolo.----------- Luego, en lo que atañe a las irregularidades que en grado hipotético se le atribuían al aquí demandante, si bien a la postre se descartó su responsabilidad penal, siendo sobreseído en forma definitiva, opino que tampoco puede reprocharse al medio periodístico demandado una conducta culposa ni dolosa, ya que en el suelto se empleó en todo momento el modo potencial a su respecto, imprimiéndole a las versiones recogidas un sentido puramente conjetural. Por consiguiente, de considerarse que las mismas pudieran rozar en alguna medida el buen nombre y honor del Dr. N. , se presentaría así una de las tres posibles variantes que -conforme ya lo he reseñado con anterioridad- informan la doctrina "Campillay", tornando aplicable en la especie, a todo evento, la exoneración de responsabilidad sentada por la Corte Suprema de la Nación en situaciones análogas.----------------------------------------------------------------------- ------------- 4) Acerca de la publicación de la imagen del actor, anticipo también desde ya mi total concordancia con los conceptos sustentados por el magistrado que me ha precedido en el voto, pues tampoco puede reprocharse antijuridicidad a la publicación de la fotografía en la que se observa al actor y a su letrado defensor en actitud de conversar frente a pórtico del edificio de tribunales de Puerto M. .-------------------------------------------------- A mi modo de ver, la inclusión de dicha placa no puede considerarse ajena a la nota en cuestión; por el contrario, guarda directa relación lógica y temática con la misma, puesto que ilustra la presencia del aquí actor y su letrado en la sede tribunalicia donde se ventilaba la nueva causa en la que el primero de ellos se hallaba imputado. Además de la relación existente entre la información proporcionada y el retrato difundido, la toma fotográfica muestra en un espacio público a una de las personas vinculadas a los acontecimientos de interés general narrados en dicho artículo. En suma, se trató de una fotografía que ilustraba una nota de las hoy clasificables dentro del denominado "periodismo de investigación", tornando aplicable en forma supletoria lo dispuesto por el art. 31 de la ley 11.723, ya que se trataba de un acontecimiento de interés público y de una imagen captada en un ámbito público, encuadrando por tanto en la regla de excepción del art. 31 in fine de la ley 11.723. En el contexto en que fue publicada, es evidente que la difusión de la fotografía del actor no respondía a un interés puramente comercial, sino que estaba concretamente ligada a la noticia de interés público, por lo que no puede considerarse que medió un uso abusivo de su imagen. Al respecto y en referencia a la protección de la imagen, se ha dicho que: "Algo distinto ocurre si se aísla la imagen personal del acontecimiento público donde se obtuvo, con un fin que no responde a un interés general, y mucho menos si se trata de una explotación comercial de la imagen. En otros términos, no es suficiente que se haya captado la figura como integrante de un acontecimiento público; es menester, además, que se la muestre como tal, dentro de dicho suceso, y no con referencia a cualquier otro, real o fantasioso" (conf. Matilde Zavala de Menéndez, " Resarcimiento de daños", t.2d - p. 196 - Hammurabi, 1996).-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Por lo demás, tampoco se advierte que la publicación de dicha imagen pueda haber producido -tal como lo sostuvo el actor- una invasión a la privacidad del aquí actor, ni menos aun que se haya visto avasallada su personalidad a raíz de la misma. Se trató de una imagen directamente ligada a la noticia de interés público, entendido como un "legítimo interés colectivo en la información" (ver Hooft, Irene, "La protección de la imagen", en "Honor, imagen e intimidad", p. 362 y sus citas - Rubinzal-Culzoni, 2006-2), en tanto se vinculaba a la actividad profesional y pública del actor y a los hechos que motivaban la promoción de una causa penal recién iniciada, por lo que considero que debe descartarse el reproche de ilicitud efectuado, revocándose el fallo en tal sentido.--- IV. Conclusiones: -------------------------------------------------------------------------------- ------- Como corolario de todo lo expresado, comparto la solución propuesta por el Dr. López Mesa en el sentido de confirmar parcialmente el fallo, esto es, en lo que respecta al rechazo de la demanda y revocarlo en cuanto acogiera el reclamo indemnizatorio por daño moral, debiendo desestimarse, en suma, la pretensión entablada en todas sus partes, con costas en ambas instancias al actor (art. 68, C.P.C.C.).---------------------------- Concuerdo asimismo con la adecuación de los honorarios de primera instancia para los letrados de la parte demandada, Dres. Mario D. Gómez Lozano y T. R. , así como respecto de las regulaciones propuestas para dichos letrados en ambas sedes en mérito a la extensión, calidad y eficacia de las labores cumplidas y al resultado obtenido -las que doy aquí por reproducidas, brevitatis causae- sin que corresponda regular estipendios al Dr. L. A. N. por actuar como letrado en causa propia y atento a haber resultado vencido en esta contienda (arts. 68, 279,C.P.C.C.; arts. 6, 7, 9, 14, 19, 39, 47 y conc., Dec. Ley 2.200).----------------------------------------------------------------- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.----------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. López Mesa dijo: ---------------------------------------- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, de ser compartidos por los colegas, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 198/205 y del acogimiento del recurso de fs. 207/209.---------------------------------------------- Por ende, procede la confirmación de la sentencia de fs. 177/182 en cuanto al rechazo de la demanda y su modificación en cuanto al reclamo indemnizatorio receptado allí, el que debe dejarse sin efecto, al ser procedente en autos el rechazo total de la demanda, el que aquí se de declara, imponiendo las costas de ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCyC).-------------------------------------------------------- Dada la forma en que se resuelve en esta instancia, debe procederse a la adecuación de la regulación de honorarios practicada en la instancia anterior en favor de los Dres. M. D. G. L. y T. R. , letrados de las accionadas, los que se elevan a la suma de pesos dos mil en conjunto, adecuándose al nuevo resultado del pleito aquí dispuesto (art. 47, Ley 2200).--------------------------------------------- Dada la imposición de costas al actor aquí dispuesta, déjase sin efecto la regulacion de honorarios realizada a fs. 182, en favor del Dr. L. N. , al haberse extinguido dicha obligación por confusión (arts. 724 y 862 C.C.).---------------------------------------------- Disponer no regular honorarios al letrado del actor en atención a la forma en que se imponen las costas, al ser éste condenada en costas y actuar como letrado en causa propia (art. 862 C.C.).-------------------------------------------------------------------------- -------------- Procede asimismo regular los honorarios de los Dres. M. D. G. L. y T. R. , letrados de las accionadas, correspondientes a esta instancia, en el 35% del monto de los honorarios determinados por sus labores de grado (arts. 6,7, 14, 19, y cctes, Ley 2200), lo que así propongo al Acuerdo.-------------------------------------------- Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: ------------------------------------------ Tal como ya lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el colega preopinante en todos sus términos, votando en sentido idéntico.-------------------------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haberse logrado la mayoría (art. 9 Ley 1130, To. Ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- ------------------ Trelew, de febrero de 2009.------------------------------------------------------------------ En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la ciudad de Trelew, pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ------- S E N T E N C I A: ---------------------------------------------------------------------------- Confirmar la sentencia de fs. 177/182 en cuanto al rechazo de la demanda y su modificación en cuanto al reclamo indemnizatorio receptado allí, el que debe dejarse sin efecto, al ser procedente en autos el rechazo total de la demanda, el que aquí se de declara, imponiendo las costas de ambas instancias al actor vencido (art. 68 CPCyC).

Dada la forma en que se resuelve en esta instancia, debe procederse a la adecuación de la regulación de honorarios practicada en la instancia anterior en favor de los Dres. M. D. G. L. y T. R. , letrados de las accionadas, los que se elevan a la suma de pesos dos mil en conjunto, adecuándose al nuevo resultado del pleito aquí dispuesto (art. 47, Ley 2200).--------------------------------------------- Dada la imposición de costas al actor aquí dispuesta, déjase sin efecto la regulacion de honorarios realizada a fs. 182, en favor del Dr. Luis N. , al haberse extinguido dicha obligación por confusión (arts. 724 y 862 C.C.).---------------------------------------------- Disponer no regular honorarios al letrado del actor en atención a la forma en que se imponen las costas, al ser éste condenada en costas y actuar como letrado en causa propia (art. 862 C.C.).-------------------------------------------------------------------------- -------------- Procede asimismo regular los honorarios de los Dres. M. D. G. L. y T. R. , letrados de las accionadas, correspondientes a esta instancia, en el 35% del monto de los honorarios determinados por sus labores de grado (arts. 6,7, 14, 19, y cctes, Ley 2200), lo que así propongo al Acuerdo.-------------------------------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL Nº 01 DE 2.009 - SDC.- Conste.-