Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-12-22


N° _306__/ RESISTENCIA, 22 de diciembre de 2014.

Y VISTOS:

Para resolver en estos autos: "GUIDINI, GERMAN ENRIQUE Y GUIDINI, GUIDO SEBASTIAN C/ QUIEN RESULTE OCUPANTE DE LOS INMUEBLES EMPLAZADOS EN CALLE AYACUCHO 2561 Y 2551 S/ DESALOJO", Expte. Nº 14975/02-1-C, año 2014, y CONSIDERANDO:

1º) Que arribó la presente causa en virtud del recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 280/287 por la parte demandada, contra el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 256/261. A fs. 288 y vta. se lo declaró admisible y se corrió traslado a la contraria por el término de ley, el que a fs. 305/307 vta. fue contestado por la recurrida. A fs. 308 y vta. se concedió el mencionado remedio. Elevada la causa, la misma se radicó a fs. 312 ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, y se llamó autos a fs. 314, quedando la cuestión en estado de ser resuelta.

2º) Que siendo este Tribunal el juez de los recursos extraordinarios ante él intentados corresponde que, con independencia del control ejercido por el tribunal apelado, nos expidamos previamente sobre la concurrencia de los extremos que hacen a la admisibilidad formal del remedio interpuesto, en un todo de conformidad a los arts. 10 y 11 de la ley 6997.

3º) En ese cometido, constatamos un obstáculo a su procedencia, cual es el incumplimiento de reglas establecidas por la Resolución N° 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia y su anexo. Así, observamos que la parte recurrente: a) citó erróneamente las normas legales que confieren jurisdicción a esta Sala, para intervenir en el caso (art. 2, inc. j). Así surge que, vigente la ley 6997 al tiempo de la interposición del remedio en trato, la quejosa refirió al decreto ley Nº 1407/62, siendo que el art. 43 de aquélla normativa expresamente lo derogó; b) no satisfizo lo dispuesto por el inciso c), puntos I, II, III y IV del art. 3º de la aludida resolución, en cuanto carece de un relato preciso de todas las circunstancias relevantes de la causa, y de allí que el recurso no se basta a sí mismo, en tanto su análisis no resulta idóneo para la comprensión del caso. Asimismo omitió demostrar que media una relación directa e inmediata entre las normas constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en la controversia, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas, o incurre en una hipótesis de arbitrariedad.

4º) De esta manera, introduciéndonos en el contenido del pronunciamiento cuestionado, se advierte que se dio una serie de argumentos para declarar desierto el recurso de apelación deducido por los codemandados de autos, y en consecuencia quedó confirmada la sentencia de grado por la que se hizo lugar a la demanda de desalojo promovida por la parte actora.

A tales fines, se puntualizó que: 1) en ejercicio de las facultades propias de la Alzada, se verificó la falta de cumplimiento de las prescripciones del art. 260 del CPCC, por cuanto del escrito recursivo no surgía la refutación de los argumentos sentenciales; 2) en contraposición a ello, los recurrentes introdujeron planteos que no habían sido invocados ni probados por los mismos en la oportunidad procesal pertinente, pese a encontrarse debidamente notificados de autos; 3) el tribunal por tanto halla sus límites de revisión en lo que constituye materia de decisión del juez de grado (art. 275 del CPCC); 4) la parte impugnante se abstuvo de rebatir los fundamentos de aquél último.

Sin embargo, frente a tan precisas motivaciones, los recurrentes no abordan ninguna de ellas, omitiendo nuevamente su refutación, siendo que las mismas son esenciales para la solución arribada. Contrariamente a ello, se limita a enumerar diversas causales de arbitrariedad de sentencia, pero sin ninguna relación con los argumentos sentenciales precedentemente aludidos. Dicha circunstancia pone en evidencia la manifiesta insuficiencia técnica del escrito recursivo en trato, y lo que revela en definitiva el incumplimiento de las exigencias referidas en el punto precedente.

5º) Consideración aparte cabe hacerse respecto a la pertinente intervención asumida a fs. 313 por la Asesora de Menores Nº 1, por lo que conforme lo dictaminado a fs. 278, ordenamos a la señora Juez de Primera Instancia que de cumplimiento con las medidas solicitadas por dicha funcionaria, previo a la efectivización de la sentencia de desocupación de los inmuebles objetos de desalojo, a efectos de proteger el derecho de habitación de los niños/as que se encuentren viviendo en el mismo al tiempo de su concreción.

6º) En consecuencia, no habiendo satisfecho el recurrente los recaudos prescriptos por el anexo de la Resolución Nº 1197/07, deviene declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada (art. 11, de la ley 6997), siguiéndose el criterio sustentado por esta Sala en Resoluciones N°s. 311/12, 237/13, 76/14, 88/14, entre otras.

7º) Por todo ello, resulta procedente declarar inoficiosa la presentación en trato, de conformidad a lo establecido en el 2º párrafo del art. 11 de la Resolución Nº 1.197/07 del Superior Tribunal de Justicia, atento las notorias insuficiencias técnicas advertidas en el escrito que abriera esta vía de excepción.

8º) Costas. Dado el resultado que propiciamos y lo dispuesto por el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco, las correspondientes a esta instancia extraordinaria se imponen a la parte recurrente, en su calidad de vencida.

9º) Honorarios. De consuno con la forma en que se imponen las costas y en virtud de declararse inoficiosa la presentación de fs. 280/287 por la parte demandada, no cabe regular honorarios al abogado J. P. M. (M.P. Nº 4211).

Por la presentación de fs. 305/307 vta. de la recurrida que contestó el traslado, corresponde regular honorarios a la abogada L. S. G. (M.P. Nº 1267) de conformidad a las pautas establecidas por los arts. 3, 5, 6, 11 y 23 de la ley 2011 (t.o.) y modificatoria ley 5532, tomando como base el salario mínimo vital y móvil y la labor efectivamente cumplida, los que se estiman en las sumas que se consignan en la parte dispositiva.

Por las razones expuestas, esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de inconstitucionalidad deducido a fs. 280/287 por la parte demandada, contra el pronunciamiento dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que obra a fs. 256/261.

II.- IMPONER las costas a la parte recurrente vencida.

III.- DECLARAR INOFICIOSA la presentación de fs. 280/287, no regulándose honorarios al abogado J. P. M. (M.P. Nº 4211).

IV.- REGULAR los honorarios profesionales de la abogada L. S. G. (M.P. Nº 1267) como patrocinante en la suma de . y como apoderada en la suma de .

V.- ORDENAR a la señora Juez de grado interviniente, adopte las medidas referidas en el considerando 5º).

VI.- REGISTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmente o por cédula. Remítase oportunamente la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad y a la señora Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

ALBERTO MARIO MODI-RAMÓN RUBÉN ÁVALOS, sec: FERNANDO ADRIÁN HEÑIN