Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-12


Causa nº 33.766 "Schlenker, William s/ excarcelación" Sala IV. Juzgado de Instrucción nº 11, Sec. nº 133.

Buenos Aires, 12 de febrero de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que este incidente llega a estudio del tribunal con motivo de la apelación interpuesta por la defensa a fs. 76/77 contra el auto de fs. 69/72vta. que no hace lugar a la excarcelación de William Schlenker bajo cualquier tipo de caución.

Que el margen punitivo previsto para el delito en orden al cual se dictara el procesamiento -aun no firme- del nombrado -homicidio agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas, en carácter de coautor [causa nº33.789, en trámite por ante este tribunal)-, torna improcedente su excarcelación. Ello por no adecuarse su situación procesal a ninguna de las hipótesis liberatorias contempladas en el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación.

Hemos sostenido con anterioridad que la gravedad de la imputación, reflejada en su penalidad, implica que en caso de recaer condena en este proceso, su cumplimiento será efectivo (in re causas nº 28.751 "Abregú, Miguel Angel", rta. 27/2/2006; 29.148 "Aquino, Arnaldo Andrés", rta. 17/4/2006, entre otras). Tal circunstancia, conforma una presunción legal de fuga (peligro procesal) en los términos del artículo 319 del C.P.P.N.

Consideramos, pues, que la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son factores a tener en cuenta cuando se evalúa la posibilidad de que eluda la acción de la justicia - si bien no son suficientes, luego de cierto plazo, para sustentar la continuidad de la prisión preventiva - (en tal sentido, informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, punto 28 "peligro de fuga").

Evaluamos la magnitud de la pena en expectativa a la luz del principio de proporcionalidad que exige, según la doctrina mayoritaria más moderna, que "...la violencia que se ejerce como medida de coerción (encarcelamiento preventivo) nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión" (Bovino, Alberto, "Contra la inocencia" en "Justicia Penal y Derechos Humanos", Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, p. 100, citado en el voto del Doctor Carlos Alberto González de la causa nº 26.437 de la Sala IV, "Rímolo, Mónica Cristina María s/excarcelación, rta. 2/5/2005).

En el caso particular no se verifica el exceso que tornaría arbitraria la detención del imputado, tomando en cuenta la grave penalidad que prevé el delito que se le imputa y, en consecuencia, no disminuye el potencial riesgo de fuga.

En orden a los agravios vinculados con la interpretación del artículo 316 del código de forma, a la luz de la disposiciones de la Constitución Nacional, tiene dicho este tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional. Ello por cuanto las leyes que son sancionadas y promulgadas de conformidad con los mecanismos previstos en la Constitución Nacional, gozan de una presunción de legitimidad. De tal manera la atribución en cuestión debe ser ejercida con sobriedad y prudencia. Por ello consideramos que tal declaración únicamente procede cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, extremo que aquí no se presenta.

A lo señalado cabe añadir que el artículo 18 de la Constitución Nacional autoriza el arresto mediando orden escrita de autoridad competente, que es la judicial.

En cuanto a ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación también indicó que "el derecho consistente en gozar de libertad hasta el momento en que se dicte sentencia de condena no constituye una salvaguardia contra el arresto, detención y prisión preventiva, medidas cautelares éstas cuentan con respaldo constitucional" (C.S.J.N., rta. 4/08/1983, autos "Legumbres S.A.C.I.F.I.A. y otros s/ contrabando", Fallos T.305, P. 1022).

Del mismo modo se sostuvo que: "El respeto a la libertad individual no puede excluir el legítimo derecho de la sociedad a adoptar todas las medidas de precaución que sean necesarias no sólo para asegurar el éxito de la investigación sino también para garantizar, en casos graves, que no se siga delinquiendo y que no se frustre la ejecución de la eventual condena por la incomparecencia del reo..." (C.S. Fallos 280:297).

Y con motivo de la interpretación de las pautas que obstaculizan la soltura durante el proceso, previstas en el artículo 319 del código de rito, se ha precisado que "parece razonable a tal fin atender a la cuantía de la posible condena según los criterios señalados en los artículos 316, párrafo segundo y 317" (cfr. Código Procesal Penal, Anotado. Comentado. Concordado." por Francisco J. D'Albora, 5° edición corregida, ampliada y actualizada, Editorial LexisNexis, Abeldo Perrot, 15 de mayo de 2002, página 681).

En igual sentido, "...resulta una pauta lógica para pronosticar la actitud que podría asumir el procesado, que es admitida doctrinariamente por Cafferata Nores..." (cfr. Solimine, Marcelo A. "Tratado sobre las causales de excarcelación y prisión preventiva en el Código Procesal Penal de la Nación", página 94, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, diciembre de 2003). Dicho autor reproduce en su obra, el voto del Dr. Petracchi en la causa "Gómez Alberto", rta. El 3/5/1988, que sustenta el razonamiento posteriormente realizado por la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, en la causa 8968 "Jardín L.M.", rta. 4/1/1994 y en la causa "Green" del 4/6/1998 dónde se indicó "el monto de la pena de la futura condena es fundamento válido para denegar la excarcelación, si permite presumir que tras la libertad, el imputado intentará eludir la acción de la justicia", con cita de precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la consideración 8°, apart. b) del precedente "Firmenich", la Comisión Interamericana indicó "la Comisión estima que las características de los hechos (punibles) que forman la cabeza de estos procesos y las penas que podrían corresponder al acusado hacen presunción fundada de que es necesario cautelar que la justicia no sea evadida siendo, por tanto, la excarcelación improcedente".

Refiere también el autor, que esta pauta fue consagrada por el párrafo 2°, punto c) de la resolución 17 del Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente - aludiendo a la "índole y gravedad del presunto ilícito" y a la "pena que cabría aplicar" - y legitimada desde los órganos internacionales de derechos humanos (cfr. Solimine, ob. cit. páginas 94 y 95), ( in re Causa nº 33.771 "De Mora, Juan s/Excarcelación", rta. el 6/02/2008).

Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en atención a las pautas objetivas con las que cuenta nuestra legislación nacional, destacó que "...cabría analizar la eventual constitucionalidad de la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires en materia excarcelatoria, que prima facie parece alejarse del estándar trazado por el derecho internacional que sigue la legislación nacional...cabe que [esta Corte] exhorte a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires a que adecuen la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares mínimos internacionales que, a modo de ejemplo, recepta la legislación procesal penal de la Nación" (C.S.J.N.; "Recurso de hecho interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)"; de fecha 3 de mayo del año 2005, considerando 58). Ello despeja cualquier agravio vinculado con la constitucionalidad de los parámetros establecidos a nivel nacional respecto de los supuestos en los que no procede la excarcelación. (Causa nº 33.160, "Nunes Belo, William M. s/Excarcelación", rta. el 31/10/07).

Así las cosas, en virtud de lo señalado, entendemos que se impone la restricción de libertad del imputado en los términos del art. 319 del C.P.P. por la posible frustración de los fines del proceso debido al peligro cierto de elusión que se deducen de sus condiciones personales.

Por ello, habremos de confirmar el.auto recurrido.

Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

I. No hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad intentado a fs. 76/77.- II. Confirmar el auto de fs. 69/77vta., en todo cuanto fuera materia de recurso.

Devuélvase al juzgado de origen, dónde deberán efectuarse las notificaciones pertinentes, y sirva lo proveído de atenta nota.

Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Carlos Alberto González.

Ante mí: Hugo Sergio Barros, Secretario de Cámara.