marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Arias, Alejo Jesús c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Catamarca s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-08-06

Adhiero a la relación de causa de los Sres. Ministros que inauguran el acto. No obstante ello, en orden a la admisibilidad formal de la pretensión -apartado 4-, disiento con el voto precedente, ya que debe tenerse presente que la acción de amparo, por su excepcionalidad como remedio constitucional, sólo es viable contra actos u omisiones de autoridad pública que lesionen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución. En ese sentido, del Art.2 de la Ley 4642 se desprende como requisito de admisibilidad que la determinación de la eventual invalidez del acto surja patente en un análisis prima facie, y no requiera para su dilucidación de una mayor amplitud de debate y prueba, hipótesis de excepción que se configura en autos, en tanto del análisis de la causa resultaría la aparente legalidad de la decisión administrativa que le impone ejercer la opción de cargo, a fin de evitar la incompatibilidad contemplada en normas legales vigentes.

En los argumentos expresados por el recurrente, merituados dentro del marco normativo y constitucional involucrados y la realidad fáctica que ha derivado en la presente causa, se advierte que la cuestión traída a consideración encierra un complejo conflicto de intereses, que excede el marco cognoscitivo de la acción, requiriendo mayor amplitud de debate dada la característica breve del trámite que tiene asignado la acción urgente. Por lo tanto, la vía procesal elegida no se muestra apta para dilucidar aspectos controvertidos pero que no configuran los vicios que en forma manifiesta requiere el Art.1 de la ley de rito, correspondiendo, en consecuencia, no hacer lugar a la acción intentada, con costas. (Del voto de la Dra. Sesto de Leiva, en disidencia)
Recurso de casación, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: Anchubidart  o  Auchubidart  o  Auchuvidart  de  Ibar,  María Paulina s/ SUCESIóN S/RENDICIóN DE CUENTAS S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-06-08

No procede el recurso de casación interpuesto por el Administrador Judicial de una Sucesión -cuentadante- contra la sentencia que, como en el caso, hizo lugar a todas las impugnaciones efectuadas contra la rendición de cuentas realizadas por aquel fijando el monto de las mismas. Ello, en tanto, 1ro.) no cabe admitir la sola invocación -por parte del cuentadante- de la existencia de gastos e inversiones sin la debida documentación; 2do ) la pretensión de la condena a una suma de dinero integró expresamente la litis -ya que al impugnarse las cuentas se solicitó en forma expresa la condena al pago de los importes no justificados y no reconocidos- y 3ro.) si el cuentadante actuó en calidad de Administrador de la Sucesión, -pese a que se procuró sustentar a título de "defensa ex novo" la condición de coheredero art. 3503 del CC-, la normativa vigente -art.713 del CPC- como así también los principios de las reglas generales del mandato, imponen en forma expresa y por plazos periódicos la obligación de rendir cuentas, no resultando aminorada por su condición de coheredero.
Escribanos públicos, ejercicio profesional, allanamiento, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuartas de Camaño, Lía Matilde c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad decreto ley 9020/78
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-26

9. Las costas deberán ser impuestas a la accionada, toda vez que su conducta, en el caso de autos, encuadra en los términos de la última parte del inc. 1 del art. 70 del Código Procesal Civil y Comercial, pues ha omitido adoptar, desde que el precepto del art. 32 inc. 1° del dec. ley 9020/78 fuera declarado inconstitucional, las medidas tendientes a remover el obstáculo legal que obligó a la actora a promover la presente acción.(del voto del doctor Negri)
Procedimiento administrativo, plazo de gracia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lardani, Haydeé María c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-10

De la sustancial semejanza que existe entre los plazos del proceso judicial y los recursivos del procedimiento administrativo, en tanto ambos se caracterizan por ser perentorios resulta la aplicación por analogía del art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial, solución que lejos de resultar incompatible es la que más armoniza con las reglas, principios y finalidades de dicho procedimiento. Si en el proceso judicial, sujeto a reglas rigurosas en materia de preclusión y perentoriedad de plazos (art. 155 y concs. del C.P.C.C.) -dado el principio de igualdad que lo rige-, el legislador ha contemplado expresamente el denominado "plazo de gracia", con mayor razón esta solución puede ser aplicada a un procedimiento sujeto a reglas no rigurosas. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, prueba, prueba testimonial, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: DROGHETTI, ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PRESCRIPCION ADQUISITIVA (CSJ  EXPTE N 264-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-11

Si bien es cierto que por desconfianza en la prueba testimonial, la ley exige que se presenten otras pruebas corroborantes, aquélla seguirá siendo fundamental en este tipo de juicios -Prescripción adquisitiva- dada la naturaleza de los hechos a probar, ya que los actos puramente posesorios no siempre se pueden documentar. El método más seguro y confiable para desentrañar la existencia o no de actos posesorios realizados a título de dueño, es, precisamente, la comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos ventilados en la causa. Así, en el caso, las testimoniales rendidas, ensambladas entre sí e integradas con otros elementos (la mensura hecha para el juicio, la inspección ocular, el haber efectuado mejoras o construcciones sobre el terreno y la constancias documentales referidas a la actividad agropecuaria desempeñada por el actor) poseen una fuerza de persuasión que arbitrariamente el Tribunal a-quo ha omitido valorar por haber juzgado cada elemento probatorio en un compartimiento estanco, desvinculado del resto del material fáctico de la causa, razón por la que resulta procedente el recurso interpuesto.
Menores, guarda del menor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: N.N.B., J.J. s/ Art. 10 ley 10.067 Frappa Guillermo c/ Cooperativa Agraria Ltda. s/ Pronto pago
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-07|2000-12-20

El haber dejado la madre al bebé con el padre de ella, si éste estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, que la madre padezca un retraso mental leve, su analfabetismo, su situación socio cultural y económica, y el haber tenido hijos con otras parejas que han quedado con sus respectivos abuelos, no son razones suficientes para decidir su definitiva separación del hijo. La circunstancia de que el abuelo se emborrache y su amigo mienta en la Sala Municipal hospitalaria en la que fue dejado el niño, no puede imputársele a la madre por lo que debió ésta recuperar de inmediato al niño, ordenándose la inscripción registral para obtener la documentación del niño. Las razones que determinaron al Tribunal a disponer definitivamente del menor y orientarlo en guarda con fines de adopción, no se condicen con la realidad que este Tribunal advirtió en la audiencia en la que la madre biológica manifestó claramente su voluntad de recuperar al hijo que no había abandonado, insistiendo en su constante petición desde el día siguiente al que el niño fue entregado en la Sala médica, y se inicia el procedimiento asistencial en virtud de la falsedad del dicho de un tercero. La posibilidad de que el niño viva con su madre biológica, queriéndolo ésta, es un derecho esencial e inalterable del ser humano al cual se orienta tanto el derecho de Familia cuanto el de la Minoridad y que se efectiviza primero en las normas comprendidas en los arts. 14bis de la C.N. y 36 de la de la Pcia. Bs. As., 25, 26 Declaración Internacional de los Derechos.

Humanos (Pacto de San José de Costa Rica y 9-1 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y art. 75 inc. 22 de la C.N., por lo que debe restituirse el menor a su madre biológica, debiendo ésta recibir asistencia y orientación psicológica y control periódico por parte del equipo especializado para asegurar el bienestar del menor y el afianzamiento del vínculo filial materno.
Recurso de inaplicabilidad de ley, asegurador, gratuidad del procedimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-22

Si bien las compañías de seguros, no obstante su naturaleza comercial, no estaban obligadas a efectuar el depósito que exige el art. 286 del C.P.C.C. , cuando son citadas en garantía en aquellos juicios que se tramitan por la Ley de Procedimiento Laboral N° 2884 (art. 18), atento al carácter de su intervención obligada, adhesiva, accesoria y subordinada en que se efectúan su comparecencia (art. 94 del C.P.C.C. y ccdtes.), en el caso particular de autos, considero que el Instituto Provincial del Seguro no se encuentra exceptuado de acompañar el depósito exigido, toda vez que habiendo concluido el proceso laboral en sentido estricto, deja de funcionar la norma contenida en el referido art. 18 del ordenamiento legal mencionado y por ende el beneficio de gratuidad contemplado en el mismo. (Dr.

Dionisi: Según su voto).
Causas de justificación, legítima defensa, exceso en la legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: M. B., L.E. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-18

Quedando excluida la legítima defensa no es dable puntualizar sobre el exceso de la misma.
Relación de dependencia, prueba del contrato de trabajo, instrumentos privados, cartas misivas
Materia: CIVIL LABORAL
Carátula: Uad, Jorge c/ Caminos y CIA s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-10

Respecto a la carta, el caso es aplicación cabal del art. 1029 del Código Civil y su doctrina. Tal como citan Belluscio y Zannoni en "Código Civil...", reconocido el documento privado, la prueba que de él emana es indivisible y por lo tanto el documento probará tanto en favor como en contra del reconociente, y a la vez también probará tanto a favor como en contra de aquella parte que pretendió su reconocimiento...

Y si así debe considerarse el valor integral y global de dicha misiva, de la misma se desprende indudablemente que el actor no había ingresado a "trabajar" para la demandada, sino que por el contrario había obtenido la autorización para "mirar lanas", lo que concuerda con la prueba testimonial, y que había pretendido ingresar a trabajar en la empresa y que, por circunstancias que no aparecen configuradas totalmente en autos, se le denegó terminantemente tal ingreso.
Cuestiones prejudiciales, responsabilidad del Estado, vacío legal, responsabilidad civil, responsabilidad penal, acción contencioso administrativa, acción penal, aplicación de la ley, código civil, principios generales del Derecho, acceso a la justicia, facultades jurisdiccionales
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNANDEZ MARIA ELENA Y OTROS c/ GCBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-22

En el caso, en que se solicita suspender el trámite de este juicio hasta tanto se culmine la etapa instructoria en sede penal, no se verifican los presupuestos que autorizan a aplicar las normas de derecho común a una situación regida por el derecho público local -ausencia de una norma o principio general propio del derecho público que permita dar adecuada respuesta a determinado supuesto de hecho (caso no previsto), y la necesidad, en tal caso, de integrar la laguna recurriendo a otras ramas del derecho- En efecto, la existencia del principio de tutela judicial efectiva que impone rechazar el artículo 1101 del Código Civil y aplicar el criterio de la independencia entre la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad del Estado y la acción penal Cabe mencionar, a título de ejemplo, que en el ámbito del derecho público local existe el artículo 53 de Ley Nro. 471, de relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad que -aunque no se refiere a la responsabilidad del Estado sino al ejercicio de la potestad disciplinaria en el marco del empleo público- sigue un criterio similar al expuesto precedentemente.

La norma establece, en principio, la no dependencia entre el procedimiento disciplinario administrativo, por un lado, y la acción penal, por el otro. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Carlos f. Balbín).
Caducidad, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Escobar, Daniel Esteban y otros c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-07-31

Corresponde declarar la caducidad de instancia de la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad si el letrado patrocinante satisfizo solo parcialmente el requerimiento de copias efectuado por el Tribunal y ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad de 30 días previsto en el art. 23 de la ley n° 2145, sin que mediare acto impulsorio del proceso por parte del recurrente. Voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz y Ana María Conde.
Acción contencioso administrativa, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOTTI  S.A.C.C.I.F. y A. c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-DEMANDA DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-02

Corresponde establecer básicamente si el Decreto atacado es ilegítimo, por vicios en algunos de los elementos esenciales del acto administrativo, fundamentalmente la causa objeto, el motivo y las formas del mismo, concluyéndose que existe congruencia entre los fundamentos esgrimidos en la petición administrativa (ante la quiebra de la ecuación económica requieren la aplicación de la Ley Provincial 2193). con los fundamentos y el resolutorio del Decreto atacado (rechazo de la pretensión por no ser de aplicación en el ámbito municipal lo normado por la Ley 2193, debido a la falta de adhesión por los órganos municipales a la referida ley. VOTO: DR.

BALARDINI
Juicio ejecutivo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Presa Ruben Dario c/ Giannelli Ruben Tulio s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La admisibilidad de la prueba en el juicio ejecutivo encuentra abrigo normativo en las disposiciones del artículo 547 del ordenamiento ritual el cual faculta al juez a resolver la cuestión como de puro derecho cuando estimare manifiestamente inadmisibles, meramente dilatorios o carentes de utilidad los medios probatorios propuestos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Estupefacientes, encubrimiento, lavado de activos, secuestro de bienes, derecho de propiedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "SALVIA, Ernesto s/ rechazo nulidad e inconstitucionalidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-29

La Medidas de reaseguramiento de bienes (Art. 30. de la Ley 23.737) revisten naturaleza cautelar y buscan su preservación, a diferencia de lo que ocurre con el decomiso que significa la pérdida de los bienes por parte de aquél que fue condenado. Por ende no hay privación del derecho de propiedad sino tan solo una limitación en su ejercicio frente a la sospecha que sobre ellos se cierne y justificada en los fines del proceso.
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Casella, Norberto Mario c/ Vallejos, Ignacio s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-10-23

La notificación de los honorarios a los letrados, no se produce ministerio legis, sino se rige por la norma específica del art. 28 de la ley 7046 y debe ser expresa.
Derecho procesal, partes del proceso, muerte, incapacidad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Chevrolet SA de Ahorro para fines determinados  c/ Altamiranda, Ramón de Jesús s/ ejecución prendaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar in limine la ejecución prendaria iniciada contra una persona ya fallecida con anterioridad a la promoción de la demanda. Ello es así, en tanto antes de iniciar un juicio el accionante debe asegurarse de la existencia del sujeto contra el cual pretende ejercer su derecho, siendo improcedente la promoción de una demanda contra una persona fallecida.

Tampoco puede aplicarse el procedimiento que prevé el CPR 43, pues ello resulta procedente cuando una persona fallece durante el proceso, pero no es posible trasladarlo al caso en que ya estaba fallecida antes del inicio del juicio (CNCom, Sala B, in re "HSBC Bank Argentina SA c/ Leyenda Osvaldo s/ ejecutivo", del 08/04/09; ídem, "Advance Plastics SA c/ Di Santo José Domingo y otro s/ ejecutivo" del 18/12/19; ídem, "Rowing SA c/ Samanna Gustavo Emilio s/ ejecutivo", del 10/11/22; Sala D, in re "Rodríguez María Ofelia y otro c/ Sawyer Julián Bernabe s/ ejecutivo", del 28/09/17, entre otros).
Allanamiento ilegal, secuestro de bienes, nulidad procesal, estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: LEZCANO, RUBEN s/ ESTUPEFACIENTES. TENENCIA. ACTA SECUESTRO. NULIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-27

La realización en orden al delito de tenencia de estupefacientes de un secuestro sin los recaudos legales, trae como consecuencia su nulidad, no existiendo por lo tanto cuerpo del delito, razón por la cual no tiene relevancia en el caso entrar a considerar otra argumentación en torno al art. 6 de la ley 20.771, debiendo absolverse al procesado por el hecho mencionado.
Aluvión, adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL
Carátula: La Celina S.A. Agrícola Ganadera e Industrial c/ Buenos Aires, Provincia de s/ usucapión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

El dominio del aluvión se adquiere de pleno derecho, no requiere acto alguno de toma de posesión o de aceptación por parte del titular del fundo beneficiado; el factor que determina la accesión y permite adquirir el dominio es la adherencia material permanente y una vez que se ha producido la unión definitiva no es necesario que el ribereño, para devenir propietario, realice acto posesorio alguno sobre la porción de tierra que ha acrecido a su inmueble.
Trabajador en relación de dependencia, haber jubilatorio, inembargabilidad del haber previsional, cuota alimentaria, litisexpensas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHOL, PEDRO JUAN C. c/ EN (MINISTERIO DEL INTERIOR) s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-24

El art. 44 inc. c) de la ley 18037 establece que las jubilaciones y pensiones correspondientes a trabajadores que hayan prestado servicios en relación de dependencia son inembargables con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas.
Nulidad de sentencia, nombre de los litisconsortes
Materia: PROCESAL
Carátula: SIMIAN, PATRICIA LAURA c/ TEXOTEX SA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-30

El hecho de que la sentencia omita la mención del nombre completo de todas las partes y que considere las cuestiones planteadas en conjunto, no es causal para declararla nula, en atención a lo normado por el artículo 169 de CPCC.; ya que el acto procesal cumplió su finalidad y cualquier agravio puede ser reparado ante la Alzada. (Conforme C.N.Civil, Sala A, sentencia del 19 de septiembre de 1974, 'Astro Cooperativa de Seguros c/ Sigal, Pablo M ').
Inexistencia de cuestión federal suficiente, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) y su acumulado expte. n° 12018/15 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

La alusión genérica a la afectación de normas de la Constitución Nacional o la vulneración de pautas previstas por leyes federales desvinculadas de parámetros concretos acreditados en la causa no pueden resultar suficientes per se para verificar una cuestión federal. La CSJN ha establecido que la relación directa que la ley exige sólo se acredita cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto constitucional puesto en crisis. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: GARNICA JUAN B. c/ CORDOBA SEGUNDO Y OTROS s/ COBRO DE PESOS POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-06-28

No corresponde aplicar la tasa activa en los procesos civiles, puesto que de otro modo produciría en el acreedor un incremento de su capital injustificado, ya que como se dijo anteriormente, ésta además de contener a la tasa pasiva contempla conceptos como ganancia efectiva de la entidad financiera más otros rubros, lo que produciría sin lugar a dudas un incremento injusto que recaería sobre el deudor, puesto, que este tipo de tasas atiende más al costo del dinero como mercancía que a la justicia de los resarcimientos.-
Contratos, prueba del contrato, carga de la prueba, principios procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: EXPTE. N° 37987 ALOISIO BRAVO S.A. c/ CLUB SOCIAL LUJÁN s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-04-20

Ante una demanda que se basa en la existencia de un vínculo contractual entre actor y demandado, y éste último niega el mismo; dicha negativa particular y específica (Art. 168 del C.P.C.) hace que ese hecho, de fundamental importancia para la decisión del caso, tenga que ser probado por la actora. Es decir, quien debe probar el contrato es la actora; no la accionada.
Recurso de apelación (procesal), interposición del recurso, plazos procesales, cómputo del plazo, retiro de copias
Materia: PROCESAL
Carátula: CARRINO, Antonio Luis c/ ALVAREZ, Gustavo Sebastián s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Corresponde computar la fecha de retiro de la copia de la resolución por parte del letrado patrocinante, a los efectos del plazo para interponer el recurso de apelación. Es que tal acto importa la notificación tácita de su patrocinado, puesto que el profesional asume la responsabilidad en la dirección del pleito, razón por la cual su notificación vincula a la parte como una consecuencia natural que emana de la ley ritual y ello no se altera por la posterior presentación de la cédula en secretaría, a efectos de notificar la resolución a la parte contraria.
Defensa en juicio, partes, deber de colaboración
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: UNLIMITED SERVICES SRL c/ NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-08

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad por cuanto lesiona el debido proceso constitucional -en un recorrido procesal plagado de desavenencias entre todos los intervinientes en los actos periciales, acusando falta de colaboración recíprocas, con todo el esfuerzo de recursos humanos y materiales que ello supone, sumado al tiempo empleado- la falta de respuesta jurisdiccional en torno a si el actor tuvo sin cortapisas el derecho a probar o por el contrario se le negó esa posibilidad mediante una conducta procesal encuadrable en lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial.