Juicio correccional, lesiones culposas, acción civil en el proceso penal, prueba pericial, denegatoria del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tejerina, Félix Ariel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Edgardo Teme en Expte. 88/08: Tejerina, Félix Ariel s/ Lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-11-30

Luego de hacer lugar a la acción civil instaurada en representación de la víctima del hecho delictivo investigado -Lesiones culposas agravadas p/conducción imprudente de vehículo automotor-, el Juez Correccional hizo extensiva, en los términos y con los alcances previstos en los arts. 117 y 118 de la Ley de Seguros 17.418, a la aseguradora, hasta el tope de la póliza de $ 30.000, la condena civil por daño material y moral impuesta a los civilmente demandados (F. A. T. y O. F. T, este último, en adelante, el asegurado).

Contra esa decisión, en tiempo oportuno, el recurrente, en representación de la aseguradora condenada, interpone este recurso de casación.

Surge de la sentencia que, aunque el Juzgado le había solicitado los libros correspondientes al periodo mayo-diciembre de 2006, la aseguradora no los presentó y, en su lugar remitió fotocopias certificadas de la póliza que la vinculaba con el asegurado, y otras (detalladas en el fallo, algunas con partes no legibles) de sus libros, con información insuficiente y poco clara, según el perito, que en ellas no encontró respuesta a todas las cuestiones planteadas.

Como surge de las citas doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas en la sentencia, aunque bien llevados los libros de comercio, sus asientos pueden ser invocados por el comerciante y admitidos en su favor como principio de prueba por escrito.

En el caso, si la aseguradora pretendía que al tiempo del siniestro estaba suspendida la cobertura por falta de pago, debía acreditar categóricamente tal aserto con las constancias de sus libros correspondientes a la época de los vencimientos impagos y por todo el periodo previo al siniestro que permitía la rehabilitación de la cobertura en los términos del art. 2 del Anexo III de las Condiciones Generales de la póliza; o, al menos, hasta la rescisión del contrato prevista en el art. 3 del mismo Anexo.

Sin embargo, no fueron remitidos todos los registros solicitados sino sólo copias de los que fueron estimados como pertinentes y útiles a los fines dispuestos en la pericia, con los que la aseguradora no logró demostrar ni hacer verosímil el pretendido incumplimiento del asegurado.

Al respecto, no cabe admitir la pretensión del recurrente según la cual si le parecía insuficiente la documentación presentada por la aseguradora, el a quo debería haber requerido la que estimaba necesaria, en tanto no le es dado a los tribunales suplir las aparentes negligencias de las partes en la producción de la prueba que les incumbe, como tampoco aceptar que tenga que cargar con ellas la víctima del siniestro.

Por ello, esas negligencias deberán ser soportadas por la propia aseguradora, a la que, por la trascendencia social de su lucrativa actividad y las importantes consecuencias jurídicas que se derivan de la misma, cabe exigir adecuada diligencia en sus registros y en la comprobación de los extremos que pretende hacer valer como causa de exclusión de la garantía que motivó su citación al juicio.

Por ello, corresponde rechazar el recurso interpuesto.