Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-19


2º Instancia. Buenos Aires, diciembre 19 de 2008.

Considerando:

1.) Apeló la parte actora la resolución de fs. 79/82 que denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado.

Los fundamentos de la apelación obran desarrollados a fs.89/92, siendo contestados por el Sr. Representante del Fisco a fs. 95 y por la sindicatura a fs. 114.

La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 144, propiciando modificar el fallo recurrido en el sentido de conceder la franquicia a la accionante desde el 12.3.03, con la prevención de que los costos y costas devengados con anterioridad a esa fecha serían soportadas por su representación letrada (cfr. art. 4, ley 21.839).

Se agravió la recurrente sosteniendo que el a quo no había evaluado ni las probanzas producidas que darían cuenta de su imposibilidad para afrontar los gastos causídicos del proceso principal, ni el dictamen fiscal de primera instancia-ver fs. 57- que aconsejaba favorablemente la concesión del beneficio de litigar sin gastos.

2.) En las presentes actuaciones la peticionaria suscribió a favor de sus letrados, un pacto de cuota litis por el cual se reconocía a estos últimos el veinticinco (25) % de toda suma a percibir del juicio principal que por daños y perjuicios fue promovido contra la aquí demandada.

De las constancias de que se dispone en estas actuaciones, se aprecia, en primer lugar, que el beneficio fue denegado a fs. 48 por la magistrada civil previniente, con base en que al acordar la actora un pacto de cuota litis con una participación de sus letrados superior al veinte (20) % (véase fs.40), resultaba de aplicación el art. 4º, párr. 3º, de la ley 21.839, que carga al letrado los gastos que correspondieren a la defensa de su cliente y la responsabilidad de éste por las costas ante la inexistencia en la especie de convención en contrario.

Frente a ello, la requirente del beneficio solicitó nueva sentencia en su presentación de fs. 50/51 -cfr. art. 82, párr.2º, CPCC-, incorporando un segundo convenio de fecha 12.03.03 (véase fs.49, cláusula segunda), donde se consignó que los profesionales no serían responsables por los costos y costas que pudieran devengarse del proceso.

A raíz del concursamiento de la demandada, remitidas las actuaciones principales y este beneficio en su oportunidad al juzgado concursal, el a quo denegó la nueva requisitoria formulada -ver fs. 79/82-, al considerar que el nuevo pacto de cuota litis no podía redundar en perjuicio para el fisco en tanto, a ese tiempo, la tasa de justicia se había devengado. En función de todo ello, el juzgador ordenó a la actora afrontar los gastos, costos y costas del juicio devengados a partir de la fecha de celebración del nuevo convenio del 12.3.03, mientras que los acaecidos con anterioridad a esa fecha estarían a cargo de sus letrados.

De otro lado, puntualízase, además, que tanto el expediente principal como este beneficio de litigar sin gastos se encuentran nuevamente radicados por ante el juzgado civil que previno en ellos y, que el Tribunal de Alzada Civil por resolución de fs. 141 remitió estas últimas actuaciones a esta Sala, a fin de conocer en la materia recursiva de que aquí se trata por los fundamentos allí desarrollados.

3.) En cuanto a esta última cuestión, cabe aceptar el ofrecimiento de jurisdicción de la Excma. Cámara Nacional en lo Civil en razón de que el pronunciamiento aquí recurrido ha sido dictado por quien fuera Titular del Juzgado en lo Comercial nº 1. De tal modo pues, resulta éste el Tribunal de Alzada competente para entender en el recurso deducido contra la resolución supra indicada.

Al respecto, es dable recordar que esta Cámara Comercial ha dicho que, cuestionado el dictado de una decisión, es el Tribunal de Alzada de aquel Juez que dictó la resolución que motiva el alzamiento el que debe entender en la apelación pendiente. Una solución contraria implicaría crear "in factis" un nuevo fuero judicial, pues la Alzada de un fuero revisaría la sentencia de un tribunal de otra competencia (este Tribunal, in re "Perez Mariana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo" del 4.05.06; íd. Sala E, autos " Lequarre, Guy Fernando c/ Bankboston NA s/ amparo" del 13/09/2002; íd. , Sala D, 15.3.84, "Círculo de Inversores SCA c/ Racchianti, Victor s/ ejec."; íd. "Macena, Zoila c/ PEN s/ amparo s/ inc. art. 250 cpr" del 23/11/2004).

En igual sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia quien ha derivado la causa al Tribunal de apelaciones del Juez que dictó la decisión recurrida, a pesar de haber definido que la cuestión sustancial debía ser conocida en otro fuero (CSJN, 19.3.87, "Maria Cristina Danuzzo Bengolea c/ Maria Estrella Fernández Crespo de Borges"; Fallos 310:618; íd. CSJN, 16.8.2005, "Ranko S.A. c/ Banca Nazionale del Lavoro S.A. s/ medidas cautelares": id. "Pollo de Oro S.A. c/ Alvarez Thomas S.A." del 01/01/79 T. 301, p. 514.).

4.) Alcanzada esta conclusión, cabe analizar seguidamente si cabe o no otorgarle a la parte actora la concesión del beneficio de litigar sin gastos requerido en estos obrados, respecto de las costas del juicio principal.

Cabe señalar que la concesión del beneficio de litigar sin gastos permite que el solicitante se aparte del principio general de afrontar el pago, no sólo de la proporción inicial de la tasa de justicia, sino también de las costas que le pudieren corresponder en caso de ser vencido o en la distribución prevista por el CPCC: 71.

Tales alcances ilustran sobre la prudencia que debe observarse para su concesión en cada caso concreto (esta Sala, 13.10.89, "Llambay Jorge c/ Llambay Alí s/ beneficio de litigar sin gastos"), en tanto dicha concesión implica la desaparición del riesgo de pagar la deuda que pueda surgir en concepto de honorarios y gastos generales en caso de ser rechazada la demanda (Anaya J., "Sobre el abuso de litigar sin gastos", ED 132-140).

En tal inteligencia, tiénese dicho que no es requisito ineludible para su acuerdo la total carencia de bienes, sino la imposibilidad del peticionante de soportar los gastos del juicio con sus ingresos ordinarios, o dicho de otro modo, el notorio menoscabo que dichas erogaciones pueden provocar en el patrimonio del solicitante, quedando siempre reservado al correcto criterio judicial, de conformidad con las circunstancias concretas del caso, decidir si corresponde o no otorgarlo. En suma, no es la idea de pobreza en sí la que rige las reglas de este instituto, sino la imposibilidad de afrontar los gastos de justicia sin grave detrimento para la subsistencia del litigante que lo peticiona (cfr. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Concordado", T. I, p. 293 y ss).

Efectuadas estas precisiones conceptuales, las declaraciones testimoniales glosadas en fs. 7 y vta y fs. 23, predican sobre la carencia de recursos económicos propios de la accionante para afrontar las costas y gastos del proceso principal. Si a ello se suma el resultado de la prueba informativa de fs. 8/12 y fs. 15/18 que denota la inexistencia de bienes registrables a su nombre y visto, también, la ausencia de elementos probatorios que contrarresten los extremos invocados por aquélla respecto a que carece de recursos para afrontar los gastos del proceso -integrados no sólo por el tributo de la tasa de justicia sino por los gastos del proceso y honorarios de los profesionales-, habrá de admitirse la pretensión recursiva en este aspecto.

5.) En lo tocante a los gastos anteriores a la celebración del nuevo convenio de cuota litis del 12.03.03, impuestos a la representación letrada de la accionante, cabe señalar liminarmente que el devengamiento del impuesto de justicia había operado al tiempo en que estaba vigente aún el convenio original de fs. 40, en el que no se hizo salvedad alguna en cuanto a los alcances del pacto de cuota litis que superaba el tope del veinte (20) %, previsto por el art. 4, párr. 3º, ley 21.839.

Desde tal perspectiva, la circunstancia de que con posterioridad a la celebración del convenio agregado a fs.40, la actora y sus letrados acordaran la eximición de estos últimos del pago de las costas no reviste trascendencia a los fines pretendidos. En efecto, obsérvase que en las convenciones entre las partes rige el principio de relatividad, del cual resulta que los contratos no pueden perjudicar a terceros (art. 1195 in fine, Cód. Civil). Por ende, toda vez que la tasa justicia se encontraba devengada al tiempo de modificarse el convenio antedicho, no puede admitirse que una nueva estipulación afecte un derecho ya consolidado a favor del Fisco, pues, de adoptarse un criterio distinto al señalado, se estaría convalidando una interpretación que iría en contra de actuaciones alcanzadas por la preclusión procesal.

En función de los antecedentes explicitados, la pretensión recursiva no habrá de prosperar en este ítem.

6.) Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta sala resuelve: a) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto, modificar la resolución recurrida y conceder a la accionante la franquicia solicitada atento a lo expresado en el considerando 3); confirmándosela en punto a que los costos y costas devengados con anterioridad a la modificación del convenio de cuota litis -de fecha 12 de Marzo de 2003- serán soportados por su representación letrada. b) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento el derecho con que pudo creerse la accionante para actuar como lo hizo (arts. 68, párr. 2do, CPCC).- María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo Arturo Kölliker Frers.