Competencia, facultades jurisdiccionales, acción de amparo, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: C., F.J. c/  s/ revisión de sentencia Amparos Constitucionales contra Bramed S.R.L., solicitado por T., B. N. c/  s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-19|2019-11-21

Si bien se ha sostenido, de manera uniforme, que el amparo tiene por fin una efectiva protección de derechos constitucionales antes que una ordenación o resguardo de la competencia y que, conforme el art. 87 de la Constitución Provincial, todo juez letrado es competente para entender en la acción y que su acogimiento no queda sujeto a las leyes que regulan las competencias de los jueces, también es cierto que la competencia federal en razón de la materia es improrrogable, excluyente de las jurisdicciones provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para derogar esos principios.

Si bien la materia debatida es propia de la justicia federal, el reenvío de la causa a dicho fuero importaría someter cuestiones ya consideradas y decididas en el ámbito del tribunal "a quo", situación que significaría generar un retardo injustificado en el trámite de las actuaciones que va en desmedro del principio de seguridad jurídica y economía procesal pudiendo configurarse además, en el caso, una privación de tutela judicial efectiva del amparista, así como un supuesto de desprotección de su derecho a la salud, con grave menoscabo de ésta. Al encontrarse los autos con sentencia definitiva y considerando la cuestión traída a revisión, esto es, la imposición de costas, profundiza aún más el razonamiento seguido por el Tribunal, por lo que resulta conveniente mantener la competencia para el caso.

Al haber consentido la accionante la tramitación de estas actuaciones ante el fuero provincial. Es dable recordar que en relación al régimen de costas en el amparo, el art. 87 de la Constitución Provincial nada ha previsto, por lo que es de aplicación el noveno apartado de ese precepto, en cuanto expresa que "todas las contingencias procesales no previstas en este artículo son resueltas por el juez del amparo con arreglo a una interpretación de esta Constitución".

Tratándose el amparo de un trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte actora y otra demandada, aquella facultad de los jueces interpretada rectamente como dice la Constitución, lleva a aplicar, en materia de costas, la regla procesal moderna del art. 67 del C.P.C.C. -principio receptado también en el art. 618 del Código Procesal Penal, tomado en cuenta por el señor juez "a quo"- que las hace soportar al perdedor, siguiendo el principio objetivo de la derrota, no en calidad de sanción sino como reconocimiento de los gastos que se ha visto obligado a afrontar el vencedor.

El apartamiento del principio general es de carácter excepcional, por lo que se aplica únicamente cuando existan razones fundadas para ello.

Aun cuando la demandada se hubiera avenido a otorgar la práctica médica requerida antes de recibir la demanda, ello no resulta óbice para concluir el carácter de vencida en el proceso, puesto que la pretensión de la amparista ha prosperado, precisamente, en cuanto al reconocimiento del lugar donde peticionaba la realización del tratamiento en cuestión. En consecuencia, la recurrente resultó efectivamente vencida en el pleito, de lo que se sigue como adecuada la decisión sobre las costas.

Cabe confirmar, aun en caso de que se aplicara la norma invocada -art. 14 de la Ley 16986-, el principio general de la derrota prescripto en su primer apartado en cuanto dispone que las costas se impongan al