Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-05


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

1. La Superintendencia de Seguros de la Nación le aplicó al productor asesor de seguros Guillermo Mora la cancelación de la inscripción de su matricula en el Registro de Productores Asesores (fs. 61/5).

El ente de control decidió así, tras comprobar la gerencia de control que el imputado facilitó la intermediación de seguros realizada por Ercila Giovannini, quien no se encontraba debidamente inscripto. Asimismo se comprobó que el productor tenía un convenio de rendición de primas que infringía la normativa vigente y que tenía atrasos e irregularidades en sus registraciones.

La Superintendencia de Seguros consideró que Mora lesionó los arts. 10, inc. 1. ap. d, f, g y 1, 7 y 12 de la ley 22.400 y 59 de la ley 20.091.

2. El acto fue impugnado por Mora. Expresó agravios a fs. 72/6.

Manifestó que la falta de cobertura por parte de Fata Seguros al siniestro sufrido por el denunciante, Corbalán, se debió a que el asegurado no pagó en tiempo y forma las primas correspondientes. Sostuve que creía que Ercila Giovanni era un productor matriculado y que como éste no trabajaba para Fata y tenía clientes que querían contratar seguros de dicha compañía, aceptó llevar a cabo la intermediación en forma conjunta con Giovannini. Agregó que dicha operatoria está permitida por el art. 20 de la ley 22.400. Señaló que la causa del perjuicio sufrido por Corbalán es su falta de pago y no las conductas que se le reprochan.

3. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el mediador mas importante en la relación aseguradora es el productor - asesor de seguros, que, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, constituye un auxiliar de comercio con características profesionales propias.

La responsabilidad de su ejercicio profesional emerge de los arts. 1109 y 1113 del Cód. Civil y su participación en la gestión representa un factor de garantía para las partes contratantes, en tanto coadyuva a que las relaciones que se establezcan entre ellas sean de buena fe, equidad y justicia.

Además, su actividad debe ser diligente tanto en la etapa previa a la formación del contrato, como en sus momentos posteriores, dado las variaciones a que está expuesto continuamente el riesgo, el que eventualmente puede derivar en la ocurrencia del siniestro (Cfr. Alfano, Orlando H. "El Control de Seguros y Reaseguros (Naturaleza y Alcance)", Buenos Aires, Ed. LA LEY, 2000, p. 211 y sigtes.).

Asimismo, debe tenerse presente que el productor asesor es un comerciante calificado, al que la es aplicable el art. 902 del CC que establece que "Cuando mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos." 4. De la póliza de seguros obrante a fs. 3 surge que el recurrente solicitó a Fata Seguros SA la extensión de una cobertura a favor de Corbalán, quien efectuó la denuncia que diera inicios a estas actuaciones.

Por otro lado, de los dichos y pruebas aportadas por Corbalán, así como de los recibos de pago aportados por el mismo que obran a fs. 4/5, surge que el denunciante contrató con Ercila Giovannini la concertación de dicho seguro y éste le cobraba el monto de las primas correspondiente a la mencionada cobertura.

Del informe obrante a fs. 7 surge que Ercila Giovannini nunca estuvo inscripto en el Registro de Productores Asesores de Seguros.

Asimismo, a fs. 11/2 el recurrente reconoció que la póliza en cuestión fue intermediada por él, no obstante Ercila Giovannini fue quien consiguió el cliente, realizó todas las gestiones y cobró las primas. Afirmó el recurrente que el mencionado Giovannini "utilizó mi matrícula con mi consentimiento". El apelante agregó en dicha ocasión que se trataba de una operatoria habitual que realizaba con Giovannini, por la cual este último conseguía los clientes, se hacia cargo de todas las gestiones necesarias, cobraba las primas y, a cambio, se quedaba con una parte de la comisión. Por su parte, el apelante se encargaba de concertar las coberturas con la aseguradora. En el caso de la cobertura de Corbalán, manifestó que ni siquiera conocía al asegurado.

Con respecto a la alegación del recurrente de que no sabía que Ercila Giovannini no estaba matriculado, Cabe destacar que ello se contradice con sus dichos de fs. 10/11 -donde afirmó que dicha persona utilizaba su matrícula- y que, aun cuando no lo hubiera sabido, era su deber cerciorarse de que se trataba de un productor asegurado. Cabe destacar que el apelante debió actuar diligentemente de acuerdo a su posición de comerciante calificado (conf. art. 902, Código Civil). Un actuar diligente hubiera consistido en verificar la matrícula de Ercila Giovannini con el que realizaba operaciones en forma conjunta.

Sin embargo, aun cuando el apelante no hubiera conocido de la falta de matriculación, cabe destacar que la operatoria realizada por el apelante y Ercila Giovannini no se encuentra autorizada por la ley 22.400. La ley especifica en su art. 2 las únicas modalidades de actuación en la intermediación de seguros -productor asesor directo y productor asesor organizador- y en el art. 20 autoriza la constitución de sociedades por parte de los productores asesores, siempre que tengan por objeto exclusivo las actividades de intermediación de contratos de seguros.

Estas limitaciones establecidas por la ley 22.400 tiene en miras la transparencia que debe operar en el mercado asegurativo en satisfacción del interés general.

En efecto, el apelante no ha demostrado haber constituido una sociedad junto con Ercila Giovannini a los efectos de intermediar en el mercado de seguros. Por el contrario, de las actuaciones surge que el apelante actuaba como un productor asesor directo y que la operatoria realizada con Giovannini, por la cual éste se contactaba con las asegurados y actuaba ante ellos como si fuera el productor, ha causado una falta transparencia y ha sido capaz de inducir a error a los asegurados sobre quién era el productor.

La falta de relación y contacto de Mora con los asegurados le impedía a éste llevar a cabo las obligaciones que, según el art. 10, inc. 1, de la ley 22.400, tiene con los asegurados, entre ellas, la de asesorar con idoneidad, conocimiento, lealtad, diligencia y buena fe a los asegurados. La falta de control por parte del apelante impedía a éste proteger a los asegurados tal como le prevé la ley.

5. Tampoco puede prosperar la defensa planteada con respecto a que la falta de pago de las primas por parte de Corbalán, y no las conductas imputadas al recurrente, provocó la falta de cobertura.

Cabe destacar que es inconducente la inexistencia de perjuicio alguno para los asegurados y para las aseguradoras. Es que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas. La existencia del daño no constituye un presupuesto de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de deber que generó un riesgo, desconectado en principio de sus consecuencias. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (v. "Derecho Administrativo Sancionador", Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, p. 37/38).

6. Sin embargo, consideró que la pena debe ser atemperada en tanto que no hay pruebas suficientes en autos que demuestren el volumen de la operatoria realizada por el apelante y Ercila Giovannini, sino que la sanción está fundada principalmente en los propios dichos del apelante efectuados a raíz de una inspección, en dónde no se le hizo saber a Mora que se lo estaba investigando por una eventual infracción cometida por él. En atención de ello, no hay constancias suficientes para saber si se trató de una operación aislada o de una operatoria habitual ni cuál era fue la cantidad de los seguros concertados de este modo.

Por otro lado, tampoco se ha probado suficientemente si el apelante sabía que Ercila Giovannini no tenía matrícula. Como afirmé para aplicar la pena basta con el deber que recaía sobre el apelante de cerciorarse ese dato; sin embargo, a los efectos de graduar la pena es importante si el actor obró con dolo o culpa. En este sentido, tampoco se ha mostrado que Ercila Giovannini utilizaba la matrícula del apelante, más allá de sus dichos en otro contexto, dado que de la documentación acompañada surge que utilizaba otra matrícula.

Por ello, opino que la sanción debe ser disminuida a tres años de inhabilitación.

7. Con el alcance expuesto, opino que debe hacerse lugar al recurso y revocarse el acto recurrido imponiéndole a Mora una sanción de tres años de inhabilitación. - Junio 15 de 2005. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 5 de 2005.

Considerando: 1) El productor asesor de seguros sancionado -Guillermo Mora- apeló la resolución dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación a fs. 61/65, que dispuso cancelar su inscripción en el Registro de Productores Asesores de Seguros. La infracción reprochada consistiría en facilitar la intermediación de seguros a otra persona que no se encontraba debidamente inscripta, en tener un convenio de rendición de primas que infringía la normativa vigente y en incurrir en atrasos e irregularidades en sus registraciones.

El memorial de fs. 72/81 fue respondido por el organismo superintendencial a fs. 82/7.

2) Los fundamentos del dictamen fiscal, compartidos por este tribunal, son adecuados para desestimar el recurso con los alcances decididos infra.

3) El deber-facultad de imponer sanciones, que corresponde al organismo de control y supervisión, está previsto en cumplimiento del cometido de fiscalización que cabe a la Superintendencia de Seguros de la Nación, según lo dispuesto por el art. 64 de la ley 20.091 (CNCom., esta sala, "Superintendencia de Seguros de la Nación c. Gimenez Angel Roberto sobre presunta violación ley 22.400", del 24-5-01).

La conducta reprochada al recurrente importó transgresión de los arts. 7º, 10, inc. 1 ap. d), f) g) y l) y art. 12 de la ley 22.400 y art. 55 de la ley 20.091, a los que debe sumisión el productor asesor de seguros en los términos del art. 2º de la ley 22.400.

Teniendo en cuenta los antecedentes que exhibe el caso, referidos en el dictamen Fiscal, corresponde confirmar la sanción impuesta mas con la morigeración de la pena que se establece en el presente, de conformidad con el art. 59 de la ley 20.091.

4) Se aprecia que en el caso procede reducir la sanción por la que la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la cancelación de la inscripción en el registro pertinente por la de inhabilitación por cinco años.

Ello así en tanto a fin de imponer una sanción corresponde tener en cuenta los antecedentes que exhibe el caso y la proporcionalidad que debe mediar entre la falta reprochada y la sanción (en igual sentido, CMCom., esta sala, in re: Superintendencia de Seguros de la Nación c. Portilla, Horacio Raúl s/ Posible infracción a la ley 22.400 y su reglamentación", del 17.3.03").

En autos, si bien el productor de seguros incurrió en serias irregularidades en el desempeño de sus funciones, la cancelación de su inscripción en la matrícula de asesores productores de seguros se aprecia como excesiva pues no debe perderse de vista que de conformidad con el art. 59 de la ley 20.091 la pena debe graduarse de acuerdo con las funciones del infractor, la gravedad de la falta y la reincidencia.

Los antecedentes de la causa no informan una conducta irregular reiterada, ni reincidencia, ni existencia de delito penal, y aun cuando la transgresión colocó en riesgo de daño a los asegurados no existen constancias que el perjuicio se haya producido. Por lo tanto, la suspensión de cinco años en el ejercicio de la actividad es la sanción adecuada.

5) Se confirma la resolución de fs. 61/65 de la Superintendencia de Seguros de la Nación con los alcances decididos supra. El doctor Butty no interviene por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). - Ana I. Piaggi. - María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.