Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-28


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87743 CAUSA NRO. 12.591/11 AUTOS: "LUQUE ROLANDO BALTAZAR C/ SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA S/ DESPIDP" JUZGADO NRO. 18	SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs.76/80 apela la parte actora, presentando su memorial a fs.84/91. La representación letrada del actor y la de la demandada apelan sus honorarios a fs.92 y fs.83 respectivamente, por considerarlos reducidos.

II)- Se queja el actor porque se desestimó su reclamo tendiente a obtener declaración de nulidad del despido sin causa dispuesto por la demandada y la consiguiente reincorporación en su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios caídos. Insiste en los alcances de los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia in re "Madorrán" y "Aguerre", sobre cuyas citas y analogía con el presente caso se explaya en su memorial recursivo. Apela la imposición de las costas y los honorarios regulados a la totalidad de los profesionales intervinientes, por estimarlos elevados.

III)- Memoro que el actor explicó en el inicio (fs.4/7vta.) que comenzó a trabajar en calidad de auxiliar administrativo de seguridad e higiene laboral en el departamento de recursos humanos de la entidad demandada, a través de las suscripción de sucesivos contratos a plazo fijo que superaron los cinco años, ello desde el 25 de noviembre de 2004, que su relación fue encuadrada en las prescripciones de la Ley de Contrato de Trabajo pero que, atento al carácter de la sociedad demandada, se encuentra amparado por la estabilidad absoluta propia del empleo público, por lo que reputa inválido y nulo el despido sin causa notificado el 24 de septiembre de 2010, en virtud del cual percibiera la liquidación final -que comprende las indemnizaciones derivadas de ese despido conforme al régimen laboral privado, ver fs.46-, lo que sostuvo haber admitido en virtud de la situación por la que atravesaba.

La demandada, a su turno, explicó que constituye una sociedad del estado que se rige por la normativa societaria propia de las sociedades privadas -ley 19.550-, ello en función de lo estatuido en el art.2 de la ley 20.705, por lo que en virtud del diseño regulatorio al que alude a fs.35/36, el personal de ella dependiente se ha regido por la Ley de Contrato de Trabajo. Explicó a fs.37/38 que el dec.1252/07 incorporó el seno del dec.214/06 al personal que hasta ese entonces era "no convencionado" y pasó a regirse por el CCT homologado por este último decreto. Destaca que el art.16 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional prevé la estabilidad en la relación de empleo "siempre que revistare como personal permanente de acuerdo con el régimen previsto en la ley 25.164. Queda exceptuado de este principio, el personal que rige sus relaciones de trabajo por la Ley de Contrato de Trabajo". Explicita que esta última es la situación que se verifica en el sub-lite, donde el actor desde el inicio y hasta la desvinculación fue encuadrado en el régimen de la LCT, por lo que traza con este matiz la diferencia que media con lo resuelto por el Alto Tribunal en la causa "Madorrán c/Administración Nacional de Aduanas" (Fallos 330:1989), puesto que en este precedente había mediado una alteración en el status laboral del dependiente -en punto a la estabilidad del vínculo-. Destaco lo expuesto por la Corte en el considerando séptimo de su fallo, en el sentido de que ".se puede advertir que la llamada estabilidad propia resulta el medio que guarda la mejor correspondencia con los propósitos constitucionales últimamente recordados. Sustituir la reinstalación que pretende el agente injustificada o incausadamente segregado por una indemnización, dejaría intacta la eventual repetición de las prácticas que la reforma de 1957 quiso evitar, con sus notorios y contraproducentes efectos, e introduciría, a la vez, una evidente carga sobre la bolsa estatal. Dicha estabilidad, a su turno, concuerda con el art. 16 de la Constitución Nacional dado que, si ha sido respetada, como es debido, la condición de idoneidad que exige esta cláusula para la admisibilidad en los empleos, es razonable pensar que el propio Estado estará interesado en continuar teniendo a su disposición un agente salvo que, si de su conducta se trata, medien razones justificadas de cese..". En el considerando X señaló que ".Es sabido que la Constitución Nacional es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el sub examine, está en discusión un derecho humano, y la "estabilidad del empleado público" expresada por el art. 14 bis es cláusula operativa, según ya lo entendió esta Corte: "en su recto sentido la norma proscribe la ruptura discrecional del vínculo de empleo público y es, así, susceptible de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas" (Fallos: 269:230, 234, considerando 6°, y su cita). Asimismo, los derechos constitucionales, retomando los conceptos del párrafo anterior, tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse otro resultado no menos inadmisible y que, a la par, echaría por tierra el control de constitucionalidad confiado a la magistratura judicial: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último. Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, el objeto de estudio del intérprete constitucional. Todo ello explica, también, que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Estos principios, debe puntualizarse en la presente causa, son aplicables, mutatis mutandi, a la reglamentación derivada del régimen de convenciones colectivas. La Constitución Nacional es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo cual incluye, por ende, a la autonomía colectiva...la estabilidad propia puesta como contrapartida del ejercicio injustificado o incausado del poder de rescisión por parte de las autoridades, responde acabadamente a la protección del derecho a la "estabilidad" y al trabajo del agente en ocasión de tamañas medidas. Y, al obrar de tal modo, tutela, paralelamente, la dignidad, atributo inherente a toda persona, además de centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional (Fallos: 314:424, 441/442, considerando 8°; "Aquino" -LA LEY, 2005-A, 16- cit., ps. 3777/3778).". De acuerdo a esta doctrina, el art.16 inc. c) del régimen cuestionado colisiona con los preceptos constitucionales que examinara la Corte y que resultan aplicables en la especie, puesto que en definitiva, la consecuencia directa de la aplicación de la norma sobre la cual ensaya su defensa la demandada implica privar a su empleado de la estabilidad que garantiza el art.14 bis de la Constitución Nacional para quienes se desempeñan en el ámbito público.

Respecto de esto último, comparto lo expuesto por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara en su dictamen de fs.104/vta. en orden a destacar los alcances del dec.1252/07, en cuanto norma homologatoria de un acta acuerdo a tenor de la cual se incorporó al personal de la demandada como organismo descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Economía y Producción en el CCT de la Administración Pública, lo que inclina a admitir que estamos ante una relación "que se materializa en la esfera pública", tal como señala el Dr. Eduardo Álvarez, y que no altera la naturaleza de dicha relación el carácter de sociedad del Estado de la demandada.

Con respecto a la percepción por el dependiente de las indemnizaciones derivadas del despido, si bien en algunas ocasiones anteriores -con relación a solicitudes de reincorporación por motivos de discriminación- valoré ese hecho como una ratificación de la extinción del contrato, la copiosa jurisprudencia posterior emanada del Alto Tribunal (CSJN, "Alvarez, Maximiliano c/Cencosud SA", Fallos A. 1023. XLIII; "Pellicori, Liliana c/Colegio de Abogados", Fallos 334:1387) ) me inclinan a evaluar ese hecho como propone el dictamen fiscal, esto es, desde la perspectiva del carácter alimentario de los créditos de que se trata, con la consiguiente compensación de los importes percibidos con los salarios caídos que sean diferidos a condena.

En virtud de lo expuesto, propondré revocar la sentencia, declarar la nulidad de la cesantía dispuesta por la demandada el 24/9/2010, y ordenar la reinstalación del Sr. Luque Rolando Baltasar en su puesto de trabajo, conforme lo que se ordenará seguidamente, y condenar también a la demandada a abonar los salarios caídos desde la fecha de la extinción y hasta su efectiva reincorporación, previo descuento de la liquidación final abonada al trabajador -en punto a los rubros indemnización por despido, sustitutiva del preaviso, e integración del mes del despido, que totalizan un importe de $47.013,95 de acuerdo a la sumatoria del detalle de fs.46-, lo que deberá ser determinado por el perito contador que se designe en la etapa de ejecución (art.132, LO), quien deberá establecer el salario correspondiente, de acuerdo a lo peticionado en la demanda a fs.11vta. Dichas sumas devengarán intereses, desde ue son debidas y hasta su efectivo pago, conforme a lo resuelto por esta Cámara en el Acta Nro.2357 y Res. Nro.8/02.

IV)- En atención al nuevo resultado del pleito, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279, CPCCN).

En cuanto a las primeras, de conformidad con el resultado del juicio y el principio objetivo de derrota, propondré imponerlas, en ambas instancias, a cargo de la demandada vencida (art.68 CPCCN). Respecto de los honorarios, propongo se difieran las respectivas regulaciones hasta tanto se determine el importe del presente pleito, en la etapa del art.132 de la LO.

V)- En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: a)- Revocar la sentencia y ordenar la reinstalación de LUQUE ROLANDO BALTAZAR, en la entidad demandada, dentro del décimo día, bajo apercibimiento de astreintes para el caso de incumplimiento (art.666 bis, Código Civil), y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, al pago de los salarios caídos previo descuento de la suma indicada en el considerando III in fine, con más los intereses allí establecidos; b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279, CPCCN) y adoptar nuevo pronunciamiento, por ambas etapas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando IV) del presente; c)- Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad señalada en el considerando IV in fine.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a)- Revocar la sentencia y ordenar la reinstalación de LUQUE ROLANDO BALTAZAR, en la entidad demandada, dentro del décimo día, bajo apercibimiento de astreintes para el caso de incumplimiento (art.666 bis, Código Civil), y condenar a la demandada a abonar al actor, dentro del plazo de cinco días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, al pago de los salarios caídos previo descuento de la suma indicada en el considerando III in fine, con más los intereses allí establecidos; b)- Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios (art.279, CPCCN) y adoptar nuevo pronunciamiento, por ambas etapas, de conformidad con lo dispuesto en el considerando IV) del presente; c)- Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad señalada en el considerando IV in fine.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela	Gabriela Alejandra Vázquez Juez de Cámara	Jueza de Cámara Ante mí:

MG	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodriguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara