marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, menores, responsabilidad de los padres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llamazares, Jorge A. c/ Ferreira, Susana H. y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El art. 1114 del C.C. alude a dos responsabilidades distintas: la de los progenitores y la del hijo mayor de 10 años, la simple lectura de los siguientes dos artículos (1115 y 1116) lo muestra, cuando señalan circunstancias que eximen de responsabilidad a los padres pero no al hijo. Por ello, demandar a la "madre" invocando la disposición en análisis no implica demandar al hijo. Esta interpretación resulta también avalada por lo dispuesto en el art.

1122 del mismo Código, aplicable al caso.
Despido, legitimación pasiva, unión transitoria
Materia: LABORAL
Carátula: TORRICO, EFRAIN CARLOS c/ SIGMA UTE SALUD OCUPACIONAL Y/O; GUSTAVO ALBERTO MALDONADO Y AGUSTIN FEDERICO GARCIA MONTERO U.T.E. Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-23

El agravio del apelante en torno a la valoración de la naturaleza jurídica de la UTE, resulta procedente, y la condena a su parte dispuesta por el Aquo debe revocarse, pues la Unión Transitoria de Empresas no reviste calidad de persona jurídica.

La UTE tiene que constar inscrita también en el Registro Mercantil, pero esta inscripción no le otorga personalidad jurídica propia y la responsabilidad de la unión temporal de empresas recae solidaria e ilimitadamente sobre los socios integrantes de la UTE. Este punto es importante y diferenciador sobre las agrupaciones de interese económico, que son estructuras jurídicas similares que sí gozan de personalidad jurídica propia.

Tal lo prescribe el art. 377 de ley 19.550, no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en el art. 379, consecuentemente la UTE como tal no puede ser condenada.
Enfermedad profesional, prueba, pericia médica, apreciación de la prueba, enfermedades inculpables, falta de examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Benítez Susana Ester c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-05

En el caso, estamos ante enfermedades que no son profesionales sino inculpables, ya que todas la dolencias constatadas en la actora referidas supra, son ajenas al trabajo, y responden como base de las mismas, o tienen como hecho generador, a cuestiones independientes. De todo ello, da cuenta el perito médico con apoyo en la clínica, el anamnesis y los estudios practicados a la accionante. Ante la evidencia médica, no se encuentran en autos elementos para apartarse de tal contundente informe. Es que el auxiliar médico dio razón científica de los procedimientos a través de los cuales arribó a las conclusiones asentadas en el informe, el cual aparece irrefutable a la luz de la sana crítica (Voto Romero. Adhesión Welp)
Costas, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: MIINO, LUIS ALBERTO c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-25

Si bien es cierto que la materia de costas no es, en principio, susceptible de impugnación con alcance constitucional según criterio reiteradamente expuesto por esta Corte, y que la Corte nacional, sobre este tópico, tiene dicho que la cuestión de costas implica una materia procesal, de hecho y de derecho no federal, accesoria, extraña al fin para el cual ha sido instituida la instancia extraordinaria; también lo es que dicha regla no es absoluta, dado que ambos Tribunales han afirmado que reconoce excepción en aquellos casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto mediante un claro apartamiento normativo o con manifiesta arbitrariedad; lo que sucede en el caso de autos, en el que lleva razón la recurrente cuando reprocha que al imponer costas a la actora vencedora en el incidente de revisión, el Tribunal a quo prescindió de la norma vigente directamente aplicable (art. 251, C.P.C.C.; por remisión del artículo 278 de la ley concursal a las normas procesales locales).
Proceso penal, actos y diligencias procesales, prueba, trámites judiciales, competencia, recurso de casación penal
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SAAVEDRA, JOSE A. s/ PRUEBA - INSTRUMENTO PUBLICO - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1979-06-25

Para recibir la prueba relativa a la presunta falsedad del acto procesal impugnado por el recurrente, es competente, como excepción a la regla general civil, el tribunal cuya jurisdicción alcanza, simultáneamente a la decisión del artículo, a la del recurso mismo.

Por otra parte, aunque el impugnante hubiera presentado con el recurso la prueba relativa a la falsedad denunciada -lo que era posible por depender su admisión y recepción del procedimiento propuesto- la Cámara a quo carecía de jurisdicción para decidir al respecto.

Por ello, corresponde abrir a prueba el incidente por el término de veinte días hábiles para recibir la que ofrecía el recurrente, que ha de admitirse en cuanto por derecho corresponda y para que ofrezca nuevas pruebas.
Leyes, interpretación de la ley, ley laboral, orden público, justicia social
Materia: LABORAL
Carátula: CUERPO  DE  EJECUCION EN AUTOS: VALLES ENRIQUE ALBERTO C/ AUXICORD  S A.  - DEMANDA s/ LEY - CREDITOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-03-11

A los fines de la interpretación de la ley es misión judicial la indagación de su sentido teleológico y su aplicación concreta al caso, en un análisis de razonabilidad que en definitiva es de lo que se trata. Si ello es así cabe retomar dos características esenciales de las leyes laborales tanto sean la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20744), Convenios Colectivos de Trabajo, demás leyes especiales (jornada de trabajo, trabajo insalubre, trabajo de mujeres, menores, etc.) y Ley 9688; Leyes 23643 y 24028 sobre enfermedades y accidentes de trabajo. La primera de ellas es que se trata de leyes de orden público, y lo son porque señalan principios de orden superior, que la Constitución Nacional ha consagrado (art. 5 y 14 bis) y a los que las leyes deben adecuarse. La Ley 20744 indudablemente ha consolidado estos principios y garantías de orden superior en los arts. 1, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 259, 261 a 277 y concordantes; Ley 9688 reformada por Ley 23643 art. 13, 13 bis, 23, 27; Ley 24028 art. 13 y sus concordantes y como segunda característica debe resaltarse el contenido del art. 4 de la Ley 20744 cuando se refiere al concepto de trabajo y lo define en su segunda parte diciendo que el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. El art. 11 que establece los principios de la justicia social, como pauta general del derecho del trabajo, equidad y buena fe a los fines de interpretación y aplicación de la ley y el art.

276 que refiere a los créditos laborales que serán actualizados cuando sean afectados por la depreciación monetaria. Los arts. 13 y 13 bis de las leyes de enfermedad y accidentes de trabajo (9688/23643) establecen los privilegios a los créditos derivados de indemnización por accidente de trabajo y les da el carácter alimentario, el 23 y 24 declara nulos los acuerdos de partes que altere el sentido y alcance de la Ley, el 27 establece el beneficio de pobreza, lo que se repite en el art. 13 de la Ley 24028 y el art.

9 de dicha Ley establece la actualización supeditada a la Ley 23928.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, banco central, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Orfina  S.A. c/ Resolución Nro. 428/85  BCRA s/ Suspensión.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Para poder decidir la revocación para funcionar u ordenar la liquidación de una entidad financiera el B.C.R.A. no se encuentra obligado a la formación de sumario previo.
Beneficio de litigar sin gastos, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Stoffregen    de  Schreyer,  Friedericke  Caroline  Minna  Margarethe c/ González Dazzori, Edgardo José y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Cuando no existen presunciones que inclinen a pensar que será denegado, el beneficio previsional de litigar sin gastos comprende el derecho a obtener la traba de medidas cautelares sin el previo otorgamiento de la caución, si de las circunstancias fácticas se desprende que tal medida no puede esperar el dictado de la resolución definitiva sin grave peligro para la efectividad de la defensa.
Seguros, prescripción, plazo, cómputo del plazo
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Pérez, Damian Alfredo  c/ Seguros Sura SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-14

Corresponde desestimar el planteo recursivo incoado por el actor sustentado en base a una supuesta contradicción incurrida por el Tribunal en admitir la relación de consumo y la aplicación del plazo de caducidad de la acción conforme la ley de seguros; ello en razón que la propia demandante baso su pretensión pura y exclusivamente en el contrato de seguro, motivo por el cual es de aplicación el plazo de prescripción fijado en ese dispositivo legal y no el correspondiente a la ley general.
Juicio de apremio, cuestión constitucional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Sociedad Anónima Expreso Sudoeste s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-26

Por vía de principio general y como quiera que no encuentra ubicación en el "numerus clausus" del art. 6 del decreto ley 9122 /78, es inadmisible la defensa de inconstitucionalidad en el juicio de apremio, ya que alude a un vicio que presuntamente padece la norma legal. Dicha restricción, no significa de ningún modo negar a la demandada la posibilidad de discutir la ley en que se base el reclamo, si la acción puede ser ejercida en el respectivo juicio de conocimiento o en el de repetición de las sumas que hubieren sido pagadas(arts. 18 dec.ley 9122-78, 551 Cód. Procesal).
Prefectura Naval, Chubut, trabajadores marítimos, patrón de pesca costera, culpa civil, negligencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Galano, Adan y Otro c/ Prefectura Naval Arg. -Resol. DASJ, SJI nº 226 "A"/94
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La conducta del patrón de pesca sancionado no puede ser tachada de carente de diligencia dado que no procuró con su obrar eludir intencionalmente sus obligaciones atentando contra la normativa vigente -y en virtud de la cual se calificaba de zona de veda Isla Escondida- sino que, contrariamente, operó dentro de los límites de la autorización oportunamente acordada por la provincia de Chubut, de la que tuvo conocimiento oficial el organismo de aplicación -Prefectura Naval Arg.-, sin cuestionamiento alguno de su parte.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios. Quiroz de Tellier en nombre propio y en representación de sus hijos c/ Sánchez, Manuel Angel y Empresa de Transporte Público: La Internacional y/o contra Titular y/o propietario y/o usufructuario s/ Indemnización de daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-02-15|1994-02-15

La vida humana configura un bien susceptible de valoración económica, cuya pérdida, es necesario resarcir. Pero ese valor económico, no lo tiene per-se, sino en función del detrimento patrimonial que puede significar para quien reclama la reparación.

Queda librado al prudente arbitrario judicial, la determinación del monto del perjuicio, atendiendo a las circunstancias propias de cada caso, tales como edad, sexo, profesión, educación, lapso de vida útil, grado de parentesco con quien reclama, ingresos.
Excarcelación, portación de armas, encubrimiento
Materia: PENAL
Carátula: Vigne, Mario Ezequiel y otro s/ Portación de armas de guerra y encubrimiento simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-06-05

El pedido de excarcelación solicitado por la defensa del imputado es improcedente, habida cuenta que la conducta endilgada ha sido prima facie calificada como constitutiva de los delitos de encubrimiento simple y portación ilegítima de arma de guerra, ya que fue encontrado llevando consigo una pistola semiautomática con munición colocada y su numeración registral suprimida y la escala penal prevista en abstracto para la imputación que pesa sobre el causante excede la pauta objetiva prevista por el art. 169 del CPPBA para la excarcelación que se solicita. Máxime la actitud elusiva del incuso al momento de su aprehensión lo que a la luz de lo normado por el art. 148 del citado ordenamiento legal demuestra que existiría un peligro cierto de elusión procesal en caso de concederse la soltura del imputado.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Catz, Uble s/ Incidente de rendición de cuentas y partición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-29

Si bien en muchas oportunidades la verosimilitud del derecho surge en forma clara, por la existencia de documentación, rebeldía del demandado, confesión de éste, etc. en otras, el derecho invocado requiere ser comprobado, debiéndose transitar para ello la totalidad o la casi totalidad de las etapas procesales anteriores al dictado de la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Asociaciones civiles, sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos, facultades del juez, interpretación de mérito
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: White Pueyrredón, Marcelo Carlos c/ Jockey Club Argentino.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

No es del resorte de los jueces juzgar sobre el mérito o conveniencia de la voluntad disciplinaria de la comisión directiva de un club quien no ha venido a juzgar en sí misma las quejas del asociado, sino el modo impropio con que ellas fueron vertidas, con ajuste a los criterios de convivencia que dicha asociación tiene incorporados en sus normas y que exigen su previa y libre aceptación por parte de los postulantes que pretenden ser incorporados en su seno.
Daños y perjuicios, falta de prueba, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINEZ RAMON RUBEN c/ BARLET FELICINDA Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-04-22

Asentada la exigencia de la prueba del daño en el principio consagrado en el art. 1067 del Código Civil, según el cual no habrá ilícito punible si no hubiese daño causado, debe rechazarse la procedencia de la reparación indemnizatoria porque el juez no puede basar la misma sobre daños no asentados en datos reales.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, cuestión federal, Derecho laboral, descanso semanal, códigos de fondo, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-04

Lo discutido en esta litis puso en juego valores constitucionales significativos y su vía legal para hacerlos efectivos, los que por su naturaleza y trascendencia entrañan cuestión constitucional suficiente para considerar prudente, razonable y conveniente posibilitar el acceso a la instancia extraordinaria a fin de que el Máximo Tribunal de la Nación emita un juicio definitivo sobre la cuestión federal en juego -esto es, la incompatibilidad o no de la normativa específica sobre apertura y cierre de establecimientos comerciales y su ordenanza de adhesión respecto de las facultades delegadas en el Congreso de la Nación Argentina para regular la materia de los Códigos de fondo- lo cual, a su vez, supondrá resolver también los planteos concernientes a la inteligencia que corresponde a las normas federales aplicables al caso, y a las tachas de arbitrariedad esgrimidas; máxime a partir de que la cuestión comprometida en la causa se traslada a otros litigios y adquiere significación social al superar el interés particular de las partes proyectándose a toda la comunidad santafesina en general. (De la disidencia de los Dres. Erbetta y Falistocco) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículos 75, inciso 18 y 125; Ley 13441; Ordenanza de la Municipalidad de Rosario 9516/16. - Jurisprudencia concordante con Coto, AyS T 285, p 76/91, sumario J0044421
Empleados públicos, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vampa, Martha Ethel c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Obra Médico Asistencial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

El pago del adicional constituye una compensación por la pérdida total o parcial del ejercicio profesional cuya valoración resulta igual para todos los agentes, siendo su pago independiente de la situación de revista.
Recurso de casación, expresión de agravios, sentencia extra petita
Materia: CIVIL
Carátula: CEJAS SILVIA FIDELIA c/ GALLARDO MIGUEL A. Y OTROS s/ COBRO DE MEJORAS - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-09-11

Los agravios del recurrente, vinculados a la extralimitación de la competencia apelada en que habría incurrido la Cámara actuante al resolver sobre un planteo que no habría sido concretamente propuesto al Juez de Primera Instancia, desde que -según dice el apelante-, la petición de sustitución del derecho de retención no había sido formulada por la demanda al contestar la demanda, ni por vía incidental, es materia que, en principio y como regla, resulta ajena a la instancia extraordinaria del Recurso de Casación.
Cuestiones de competencia, medidas de seguridad curativas, sentencia no firme, jurisprudencia aplicable, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lemos, Heldo Ramón s/ recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-25

Ni las cuestiones de competencia, ni la declaración de que un recurso de casación ha sido mal concedido, constituyen sentencia definitiva en los términos del artículo 11 de la ley 24.050. Los precedentes materia del presente recurso de inaplicabilidad de ley, además, carecen de afinidad axiológica dado que la Sala IV se expidió -in re "Abdian"- sobre un conflico negativo de competencia, lo que no implica entrar en conocimiento de un medio de impugnación casatorio, sino que se refiere a una cuestión a resolver de plano, sin trámite alguno; en cambio la Sala II -in re "Lemos"- denegó la admisibilidad conferida al recurso de casación por el a quo. En este último supuesto no se ha pronunciado el Tribunal acerca de la competencia funcional para decidir el lugar de cumplimiento de la medida curativa, sino sobre la admisibilidad del recurso de casación dirigido a impugnar ese punto de la decisión recurrida, en ese caso tomada por el tribunal oral interviniente. (Voto de la Dra. Catucci).
Competencia contencioso administrativa, juicios contra el Estado, legitimación procesal, litisconsorcio activo, objeto de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: NO.RU.ZI c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-22

Ab initio corresponde decidir la legitimación procesal activa del fallido para interponer la presente demanda de reconocimiento y pago de derechos creditorios que estima debidos por la accionada. Al respecto, la ley adjetiva contempla esta situación procesal del fallido en el Art. 110, 2da.parte, ". Puede, sin embargo, solicitar medidas conservatorias judiciales hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudiciales en omisión del síndico".

Es decir, el fallido conserva la legitimación procesal hasta que el síndico se apersone, ejerciendo derechos y oponiendo defensas para su conversación.

La doctrina expresa que "cuando el concurso es demandante, no demandado, las acciones deberán ser iniciadas por el síndico ante los jueces que correspondan, ya que en estos casos no funciona el fuero de atracción" (Conf: Nedel Oscar, "Ley de concursos y quiebra 24.522-26.086-26.684 p.557).

Por su parte la jurisprudencia en sentido concordante manifiesta: "El fuero de atracción en la quiebra funciona en forma pasiva" (CS, agosto 10-995. Banco Español del Río de La Plata Ltdo. C Pérez Roberto y otro).

De lo que se infiere que, habiendo tomado debida intervención en autos la sindicatura de la quiebra, que expresa su aquiescencia a la promoción de la acción para el hipotético recupero del crédito, cuyas consideraciones se dan por reproducidas in extenso, no existen objeciones para reconocer entre el fallido y el síndico de la causa un litis consorcio activo, revistiendo la calidad de legitimados activos en la pretensión instaurada y desarrollo del proceso, por cuanto la acción tiende al recupero de créditos que, en caso de prosperar, pasarían a integrar los bienes de la quiebra en beneficio de la masa de acreedores, cuyo remanente permanecería en cabeza del fallido.

Analizada la materia que involucra la pretensión se infiere que la misma se trata de una relación regida por normas de derecho administrativo, se impugna un acto ficto de denegatoria tácita emitido por la autoridad administrativa de última instancia que causa estado, conforme documentación que se adjunta, habiéndose interpuesto la acción en tiempo hábil, todo de conformidad a lo previsto en los Arts. 1, 5, 7 y 13 CCA., por lo que corresponde declarar la admisibilidad prima facie de la acción en los términos del Art.3 de igual plexo normativo.
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia, beneficios previsionales, derechos y garantías constitucionales, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: GRAFFI, OMAR EMIR c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-11

La caducidad es una sanción o pena administrativa que se aplica al particular cuando no ha cumplido con las obligaciones a su cargo (cfr. Hutchinson, "Régimen de procedimientos administrativos", pág. 147). Tal figura -en principio y salvo voluntad expresa del legislador- resultaría inoperante dentro del campo previsional por resultar los derechos que las leyes crean en tal disciplina personalísimos, intransferibles, inalienables e irrenunciables (cfr.

art. 14 bis C.N.; art. 82 ley 18.037; art. 14 ley 24.241; Bidart Campos, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T.

I, pág. 429; Goñi Moreno, "Derecho de la Previsión Social", T. II, pág. 489; Brito Peret y Jaime, "Régimen Previsional", pág. 150). No puede, en consecuencia, tal defensa oponerse a la pretensión del justiciable que solicita la rectificación de su haber de pasividad, ya que el mismo puede ser mal liquidado por múltiples cuestiones (error administrativo, desidia del ente obligado, reajuste mal practicado) y si un trabajador advierte que, en principio, su haber de pasividad está mal liquidado, no existe otro límite a su derecho que el establecido por el instituto de la prescripción liberatoria en los términos y en las condiciones del art. 82 de la ley 18.037, sin que pueda jugar la figura del art. 25 de la ley 19.549.