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Cuestiones de competencia, Superior Tribunal de Justicia, Superior Tribunal de la Causa, juez de distrito, juez de circuito
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Agropecuaria Visentin S.R.L. c/ Crespi, Raul R. o Crespi, Raul s/ Conflicto negativo de competencia-Medidas preparatorias (Expte. CSJ   N  394-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-21

La norma del artículo 111 inciso 1) de la Ley 10.160 atribuye competencia material a los Juzgados de Circuito en "todo asunto referente a la locación de inmuebles urbanos y rurales" y no en relación a una clase determinada de acciones. De allí que, si el sustrato de la presente causa resulta un contrato de arrendamiento rural -que más allá de sus posibles vicios o irregularidades, es el acto jurídico básico del conflicto, lo que se demuestra con su inclusión como única documentación fundante de la demanda-, la competencia, en mérito a lo dispuesto en la norma transcripta y en el inciso "h" del artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial, debe asignarse al Juzgado de Primera Instancia de Circuito.
Cuestiones de competencia, servicio telefónico
Materia: PROCESAL
Carátula: Maggi, Marcos Raúl c/ Telefónica Móviles Argentina SA s/ sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-26

Corresponde atribuir competencia a la justicia civil y comercial federal respecto de un proceso de incumplimiento de un contrato vinculado con la prestación del servicio de telefonía celular toda vez que la cuestión versa sobre la naturaleza de dicho servicio y las normas legislativas y reglamentarias que lo regulan fueron dictadas por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo en ejercicio de las facultades conferidas por la ley 19.798
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, código aduanero, moneda, depreciación monetaria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: FORD MOTOR ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA c/ ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANA s/ REPETICION DE IMPUESTOS.    REGIMEN DE PROMOCION INDUSTRIAL.    CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-25

No puede prosperar la tacha de inconstitucionalidad del artículo 813 del Código Aduanero, en tanto la exigencia legal que subordina a la promoción de un reclamo administrativo el comienzo del curso de la actualización monetaria de ingresos indebidos efectuados espontáneamente, no limita la integridad del resarcimiento del acreedor sino en la medida en que su propia conducta no se traduzca en la presentación de una solicitud tendiente a obtener el reintegro de las sumas respectivas, máxime que no se invoca la existencia de normas que impongan límites temporales al ejercicio de tal derecho
Solidaridad previsional, costas en el orden causado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Leopoldo Mario c/ ANSeS s/ incidente de costas y honorarios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

La derogación del régimen especial establecido respecto de las costas en el art. 49 de la ley 24.241, resulta del espíritu de la ley 24.463 de comprenderlo en el régimen general posterior del art. 21, sin que quepa discriminar en esta temática según el objeto del reclamo, cuando se trata de la utilización de vías ordinarias para cuestionar decisiones que deniegan derechos atinentes a la seguridad social y las partes contendientes son el peticionario del beneficio y el organismo previsional.
Compraventa mercantil, cobro de sumas de dinero, factura
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Agrosuma, S.R.L. c/ De Meter, S.R.L.  s/ cobro de pesos p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-24

En una demanda de cobro de pesos por crédito instrumentado en facturas y notas de débito corresponde aplicar el plazo genérico o residual contenido en la ley de fondo (art. 849 C.COM.), el cual en el caso pone en funcionamiento las reglas establecidas por la norma transitoria del art. 2537 C.C. y C., en tanto la nueva legislación en su art. 2560 C.C. y C. lo ha reducido a cinco años, por cuanto no ha previsto un plazo especial para el caso de compraventas con o sin "cuentas aceptadas", como antes lo hacía el art. 847 del C. Com. -ver arts. 2561/2564 C.C. y C. -.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, actuación de oficio, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cuello, Maglio José c/ Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. s/ Apelación resoluciones del 31.8.93 y 18.9.95. Queja por denegación   del Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 437- 97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-11-26

La Corte Suprema de Justicia puede analizar de oficio inclusive cuestiones donde pueda estar comprometida la competencia que el artículo 93, inciso 2), de la Constitución Provincial le atribuye.

Tal criterio resulta de aplicación en los casos en que se plantearía la alternativa entre dicha competencia y la que corresponde a los jueces comunes conforme lo dispuesto en el artículo 74 de la ley 10160. La decisión de la justicia ordinaria, en pro de la segunda alternativa, encuadra en el artículo 1 de la ley 7055 y justifica la admisión del recurso a los fines de determinar, en definitiva, cuál es el órgano judicial competente.
Notificación, domicilio procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguilera, Eduardo Rubén c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Daños y perjuicios-Cuaderno de pruebas de la parte actora  s/Incidente de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-06

No se puede dar por notificada tácitamente a la contraria del domicilio procesal constituido en el expediente principal respecto de notificaciones realizadas en un cuaderno de prueba y con anterioridad a la notificación por cédula del nuevo domicilio constituido.
Inimputabilidad, medidas de seguridad curativas, internación, cese de la internación, dictamen pericial, dictámenes disímiles
Materia: PENAL
Carátula: HUANG, H. s/ MEDIDAS SEGURIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-15

1) Debe declararse el cese de la INTERNACION del procesado, no obstante la contradicción existente entre los dictámenes médicos respecto a si desapareció o no la peligrosidad, ya que para mantener internada a una persona luego de 15 años, en virtud de lo dispuesto en el art. 34 inc. 1 C.P. no es suficiente la teórica y genérica posibilidad de la amenaza o del riesgo a protagonizar conjeturalmente por el recluso, sino que se precisa algo más específico y palpable, máxime si aquél observó en el instituto una conducta irreprochable, que es de pensar se acrecentará y conservará en un ambiente de libertad, mucho más propicio que el que le brinda su actual alojamiento.

2) La soltura debe hacerse lugar sin que pueda aplicársele un REGIMEN DE SOLTURA "A PRUEBA", no sólo por oponerse a ello una conocida jurisprudencia del Tribunal, sino principalmente porque se carece de comprobaciones que permitan sostener con un mínimo de evidencia que persiste en el encausado el peligro de dañarse a sí mismo o a los demás.
Sanciones disciplinarias, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pugliese de Zanlongo, María del Carmen s/ Rec. Ley 9671, Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la  Provincia de Buenos Aires
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-20

En los procesos disciplinarios no puede entenderse que las partes corren con la carga de la prueba, porque no hay partes. Estamos en un proceso correccional en el cual no pueden aplicarse las reglas del proceso civil, donde prevalece el criterio de las partes y son éstas quienes motorizan el trámite, en lo correctivo, en cambio, el interés es otro, fijado por la protección del bien común y dentro de éste por la ética de las distintas profesiones, la acción, por la finalidad aludida, debe impulsarla el Estado por la entidad en la cual haya el mismo delegado esa función.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, empleados públicos, sanciones disciplinarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOYANO, MARIO HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 199-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-23

La motivación de un acto que dispone la sanción de un agente, responde a la necesidad, como garantía de justicia, de que la Administración valore realmente los hechos, sea para determinar su existencia y naturaleza, sea para establecer la responsabilidad del inculpado y la adecuada sanción que le corresponde.
Incapacidad laboral, cambio de tareas, incapacidad relativa
Materia: LABORAL
Carátula: Vázquez Cerdá, Trasladín c/ Roman Marítima S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-23

Si el trabajador no se halla imposibilitado de realizar otra tarea remunerada y que por la índole de la tarea hasta entonces desempeñada deja un amplísimo margen para realizar otras, y no se demuestra por prueba concluyente que se halla privado de esa posibilidad laborativa, la incapacidad no es absoluta sino relativa y debe estarse a los guarismos que en punto a la incapacidad genérica se establezca por prueba específica sin perjuicio de su ponderación por la jurisdicción conforme las circunstancias de cada caso concreto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, acción de amparo, bien jurídico protegido, derecho de propiedad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ACEDO FERNANDO Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE E IAPOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -AMPARO (EXPTE.: C.S.J NRO. 229 AÑO 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-29

Si bien es cierto que la regla de que las cuestiones referentes a la regulación de honorarios son ajenas al recurso extraordinario debe ceder cuando lo resuelto supone un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o cuando media una decisiva carencia de fundamentos. Pero no es menos cierto que las impugnantes no han aportado argumento alguno que persuada a este Tribunal de la concurrencia de tales extremos. En el caso, a la hora de determinar los honorarios profesionales del apoderado de los actores, los jueces entendieron razonablemente que, en primer lugar, se trataba de un litigio susceptible de apreciación pecuniaria sometido en cuanto tal a las normas que rigen la retribución del trabajo de los profesionales en causas de ese tipo, sin que fuese obstáculo para ello la circunstancia de tratarse de un juicio de amparo, atento a la ampliación que experimentó el referido remedio desde el plano sustancial a partir de la Reforma Constitucional de 1994, superando las restricciones impuestas por el constituyente local; y, en segundo lugar, que cabía acoger la pretensión articulada en el sentido de que para la determinación de la base regulatoria de los honorarios también debían tenerse en cuenta los montos correspondientes a los descuentos que no se les efectuarían a los actores en lo futuro -consecuencia necesaria de la demanda instaurada en autos-, cuantificando los mismos en función de la expectativa de vida de los amparistas precisada estadísticamente, criterio éste cuya adopción -más allá de que se comparta o no- permanece dentro del ámbito de las antes referidas facultades propias de los jueces de la causa.
Detención sin orden, requisa del automotor, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pini, Luis Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Lo alegado en cuanto a que la posibilidad de requisa de un automóvil es "fugaz" porque se puede mover rápidamente, no refuta los argumentos expuestos por la sentencia respecto de la falta de cumplimiento de los requisitos que la ley procesal exige a las fuerzas de seguridad para proceder sin autorización judicial.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad civil, dolo
Materia: CIVIL
Carátula: SILVA, RAUL ANTONIO c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-05

Habiéndose admitido la responsabilidad civil del Estado, ninguna importancia tiene establecer si fue más o menos grave. Habla el demandante de "dolo", que se debe desestimar de plano, porque no ha mediado la ejecución "a sabiendas y con intención de dañar" que exige el art. 1072 del Código Civil, y en todo caso de "culpa gravísima", calificación que nuestro ordenamiento ha descartado como principio a los efectos de regular la extensión del resarcimiento.
Empleados públicos, cesación de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bontempo, Héctor Horacio c/ Provincia de Buenos Aires (Cámara de Diputados) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-10-01

Aun conscientes de la ilegal interrupción de la relación de empleo que trajera aparejada la injustificada caída de los salarios a que tenían derecho las accionantes hasta nuestros días, ese ejercicio de confrontación entre lo que dejó de entrar y lo que dejó de sus patrimonios, nos permite acotar con mayor justeza la entidad del menoscabo sufrido y, paralelamente, nos aleja de la indebida posibilidad de que el damnificado lucre con el daño. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Homicidio culposo, accidente de tránsito, recurso de casación, condena condicional
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Moreno, Rodolfo Sebastián s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. René F. Contreras en contra de Sentencia Nº 112/12 de Expte. Nº 060/08 - Moreno, Rodolfo Sebastián - Homicidio Culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-11

El Juzgado Correccional declaró culpable al imputado R. S. M. de circunstancias personales relacionadas en el principal, como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, condenándolo a sufrir la pena de prisión por dos años y cuatro meses, y de inhabilitación para conducir vehículos automotores, por siete años.

Contra dicha resolución, el defensor del imputado interpone este recurso de casación.

En cuanto a la pena impuesta, constato en la sentencia que, contra lo que pretende el recurrente, el tribunal a quo sí tuvo en consideración la falta de antecedentes penales del imputado y el buen concepto del que goza en su medio según el Informe socio ambiental, y que esas circunstancias, además de la relativa a la culpa de la víctima, fueron específicamente invocadas en la sentencia como fundamento de la afirmada innecesariedad del cumplimiento efectivo de la pena de prisión prevista para el delito de que se trata y para el discernimiento de ésta en 2 años y 4 meses, apenas superior a los 2 años indicados como mínimo en la escala de aplicación (art. 84 del Código Penal).

Por otra parte, en la sentencia puesta en crisis, la cuantificación de la pena no aparece vinculada con la apreciación de la prueba testimonial. Por ende, carecen de fundamento los agravios sobre el punto e idéntico juicio merecen los relativos a las circunstancias de lugar, tiempo y modo del hecho en tanto el recurrente no precisa sus objeciones con la indicación de las que denuncia como indebidamente omitidas de consideración en la sentencia.

En las condiciones referidas, el recurrente no demuestra el exceso que predica de la respuesta punitiva que contiene la sentencia.

Por las razones dadas, el agravio no puede ser recibido y corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.
Vicios redhibitorios, acción quanti minoris
Materia: CIVIL
Carátula: MARRON JOSE Y OTRO c/ MARINOZZI NORMA NOEMI s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-26

Los vicios que otorgan sustento a la acción redhibitoria o "quantis minoris", se refieren a la materialidad de la cosa vendida, son defectos, anomalías o imperfecciones ocultos de la cosa misma.

No se está ante dicho vicio si lo que se debate es el incumplimiento imputado a la vendedora del compromiso asumido para hacer efectiva la transmisión de la titularidad de la línea telefónica a favor de los adquirentes, incumplimiento que una vez verificado faculta a éstos para ejercer las acciones de ejecución forzada, indirecta o por equivalente, en la medida que se ha tornado imposible la ejecución de la prestación (conf. art. 505 incs. 2 y 3 del Cód.

Civil).
Juicio ejecutivo, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Credicoop Limitado c/ Kljenak de Vidacovich, Matilde s/ Cobro ejecutivo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

Si bien, en principio, las resoluciones recaídas en un juicio ejecutivo no revisten carácter definitivo en el concepto de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la decisión impugnada que entendió inaplicables al caso las disposiciones de la ley 24.240 en la que funda sus planteos la ejecutada, debe considerarse equiparable a una sentencia definitiva, en tanto podría generar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (art. 292, CPCC).
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba, culpa civil
Materia: PENAL
Carátula: GUIDO FAUSTINO ADOLFO s/ e.p. DE ARCE ARIEL s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO -  CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-29

Se ha considerado como cuestiones de hecho y por ende irrevisables por el tribunal de casación la culpabilidad.
Prescripción, cómputo del plazo, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ ZALAZAR ROMERO DANIEL Y OTROS s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-27

Conviene recordar que el artículo 3989 del Código Civil, dispone "La prescripción es interrumpida por el reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho de aquél contra quien prescribía". A su vez, en la nota al referido artículo, Vélez Sársfield cita como fuentes las Partidas, el artículo 2248 del código civil francés, el artículo 2154 del código napolitano y el artículo 2019 del código holandés. Luego explica que el reconocimiento tácito resulta de todo hecho que implica la confesión de la existencia del derecho del acreedor o del propietario, como el pago de intereses o parte del principal de una deuda. Finalmente, indica las obras de Vazeilles y de Troplong donde pueden encontrarse ejemplos de reconocimiento tácito. A partir del texto legal, se advierte que resulta imposible determinar a priori todos los supuestos de reconocimiento tácito de la deuda, por el contrario, serán las circunstancias particulares que informan a cada caso las que determinarán la virtualidad para configurar un reconocimiento tácito de la deuda y, con ello, provocar la interrupción de la prescripción liberatoria. Sobre el particular, calificados tribunales judiciales interpretaron que "El reconocimiento tácito como causal de interrupción del curso de la prescripción exige que la conducta del deudor sea clara, unívoca y precisa, sin que sean necesarias deducciones o razonamientos lógico-gramaticales para interpretarla", y agrega "interesa recordar que Argañaraz define el reconocimiento tácito como el que resulta de 'hechos del obligado que implican inequívocamente la confesión de la existencia del derecho de aquel contra el cual corr e la prescripción' (Argañaraz, Manuel, La prescripción extintiva, Bs. As., Tea, 1966, p. 118, N° 134)" (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, Sala Iº, in re "Nunes Da Costa vs. Municipalidad de Mendoza", de fecha 23/04/2001, publicado en LLGran Cuyo 2001, 633). En la especie, y como interpreta la Cámara en el pronunciamiento impugnado, la deducción de un planteo de caducidad de instancia no importa la confesión de la existencia del derecho, ni puede interpretarse como la voluntad de los demandados de mantener viva la obligación, por lo que el agravio tendiente a cuestionar el razonamiento sentencial de la Cámara, debe ser rechazado.
Recurso de inconstitucionalidad, abuso sexual calificado por acceso carnal, doble instancia, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL
Carátula: C/C P., M. Y T.G. (M) por abuso sexual agravado por el número de participantes y la intervención de un menor de edad, en perjuicio de S.V. (m) c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-24

La negativa a un control amplio de la primera condena, por la sola circunstancia de ser pronunciada por el Tribunal de Impugnación, reflejaría una violación del principio de igualdad ante la ley toda vez que el condenado por un tribunal o juez de juicio -de primera instancia- se encontraría en una mejor posición, al asegurársele -a éste último- el derecho al recurso en términos más amplios que aquél. Asimismo, el titular de la acción penal gozaría de mejores herramientas procesales para revertir una absolución del imputado, a la par de que se le negaría a éste la posibilidad de cuestionar, por primera vez, un pronunciamiento contradictorio, arribando a la paradójica conclusión de que un remedio legal -inicialmente previsto a su favor- le terminará perjudicando. Conforme lo expresado, en situaciones como la de estos autos, el bloque convencional y constitucional, como la jurisprudencia citada, impelen a esta Corte a constituirse como tribunal de revisión, flexibilizando las reglas del recurso de inconstitucionalidad a fin de efectuar una revisión amplia, comprensiva no sólo de las garantías constitucionales, sino también de las cuestiones de hecho y derecho sometidas a consideración, agotando el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, con la amplitud acordada por el art. 539 del Código Procesal Penal. (Del voto del Dr. Vittar)
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rispoli, Luis Jorge c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios Rispoli, Luis Jorge c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-21|2010-10-21

La justeza y equidad que emana del precedente Badaro (Fallos 329:3089 y 330:4866) fue reconocido por la propia A.N.Se.S., como lo evidencia la Res. 955/08, que autorizó a consentir las movilidades dispuestas por las sentencias con ajuste a la doctrina sentada por el Superior Tribunal en dicho fallo. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Contestación de la demanda, negación de los hechos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: ALESANCO, ROMAN c/ BONAFIDE  S.A.I.C. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-15

Aún cuando el juez esté habilitado para tener por reconocidos los hechos que no fueron objeto de negativa específica en el responde, art. 356 inc. 1 CPCCN, esa consecuencia es susceptible de ser desplazada cuando el dato no satisface las exigencias mínimas para tornar aplicable la norma en cuestión.
Sucesiones, transmisión del dominio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Parra Antonio s/ Sucesión Ab-Intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Es factible la inscripción en el Registro respectivo del automotor erigido en el único bien integrante del acervo hereditario y a nombre del tercero adquirente- según boleto adjuntado- previa autorización de tal venta por el juzgador. Tal es el procedimiento idóneo y no el utilizado por los herederos, quiénes peticionaron directamente la inscripción a nombre de aquél, sin transitar por el mencionado recaudo.- (Minoría u opinión personal)