Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-02-12


Salta, 12 de Febrero de 2016.

Y VISTO: Estos Autos caratulados: "RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS "ARANDA, TOMAS; MARIN, ROBERTO; ARAMAYO, PAOLA JACQUELINE POR ESTELIONATO A CALVO MOSCOSO, PATRICIA", Expte. Nº 71041/8 del Juzgado de Instrucción en Transición de 3ª Nominación, del Distrito Judicial del Centro, causa Nº F01 71041/8 de la Sala II del Tribunal de Impugnación y, CONSIDERANDO El Dr. Edgardo Francisco Albarracín dijo:

1) Que a fs. 734/741 el Dr. Vidal Villalba Samaniego, en ejercicio de la defensa técnica de Paola Jacqueline Aramayo y Roberto Marín Tomás Aranda, imputado que también suscribe la presentación por derecho propio, solicitan la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia de fs. 718 dictada por esta Alzada.

Posteriormente, a fs. 746/769 los nombrados interponen recurso de inconstitucionalidad contra la resolución dictada por este Tribunal Ad-quem a fs. 726/729, a fin que se habilite la instancia extraordinaria ante la Corte de Justicia local. 2) Con relación al planteo nulificante, en apretada síntesis, fundado en la supuesta omisión de dar intervención al Sr. Fiscal de Impugnación, pese a estar ordenada mediante providencia de fs. 718, impidiendo que el mismo analice la procedencia del reclamo apelativo incoado por esa parte y, asimismo, que controle la actuación de su par de primera instancia ante una serie de errores cometidos en la instrucción, a los que hacen mención en su presentación, encuadrando esta circunstancia en el art. 221, inciso b) del C.P.P. Como otros vicios aducen el haber tenido por cumplida la participación del órgano del Ministerio Público con la constancia de fs. 719 y, segundo, la cédula de notificación dirigida al Dr. Néstor Rubén Heredia en otra causa, agregada a fs. 720, totalmente extraña a estas actuaciones.

3) Respecto al recurso de inconstitucionalidad estiman, medularmente, que por el auto cuestionado se vulneraron los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, de la prohibición de la analogía denominada "in malam partem", del "in dubio pro reo" y de defensa, omitiéndose hacer lugar a la excusa absolutoria solicitada a favor del causante Aranda.

Afirman en ese sentido que, mediante la resolución puesta en crisis, analógicamente se aplicó la retroactividad instituida por el derecho civil, que sólo tiene efectos patrimoniales entre los cónyuges -disolviendo la sociedad conyugal- pero no afecta la existencia del vínculo entre ellos, el que se mantiene vigente hasta que la sentencia de divorcio quede firme; criterio que significó empeorar la situación del imputado nombrado al declararse la inaplicabilidad de las disposiciones contenidas en el art. 185 del C.P. Añaden, finalmente, distintas citas jurisprudenciales en abono de su postura, desarrollando otras consideraciones a las que cabe remitirse en honor a la brevedad.

4) Mediante el resolutorio atacado de fecha 27/08/15, obrante a fs. 729/729, esta Alzada dispuso no hacer lugar al recurso de apelación articulado por la defensa, confirmando el auto que dispusiera rechazar la procedencia de la excusa absolutoria a favor del encartado Roberto Marín Tomas Aranda y la oposición al pedido de elevación a juicio.

5) Ingresando en primer orden al tratamiento de la pretensión invalidante, sin mayor esfuerzo se advierte que la sanción propiciada deviene absolutamente infundada, ya que el supuesto defecto endilgado, el cual residiría en la falta de intervención de Fiscalía de Impugnación en el trámite del proceso durante la instancia apelativa es absolutamente inexistente, extremo que se verifica de la simple compulsa de las constancias glosadas a fs. 718 vta. y 719, reconocido en un segundo momento por los mismos nulidiscentes quienes, al margen de esta auto-contradicción en la que incurren, añaden como otro gravamen la hipotética formulación de un dictamen del que se habrían visto privados, deslizando como posibilidad su incorporación por error a otra causa, interpretación a todas luces errada al olvidar que no siempre el mencionado órgano emite opiniones en los términos pretendidos deduciéndose, por otro lado, que el control de legalidad de las actuaciones sí fue ejercido al tener a la vista el expediente que fue recibido por esa dependencia, conforme se desprende del cargo registrado a fs. 718 vta., razones por las cuales al descartarse la configuración de algún perjuicio para la defensa en el pedido de nulidad, en consecuencia, resulta manifiestamente inatendible y, por ende, no puede prosperar.

En lo referido a la cédula de notificación incorporada a fs. 720, dirigida al Dr. Néstor Rubén Heredia, por resultar ajena a los presentes actuados corresponde que por Mesa de Entradas de este Tribunal se proceda a su desglose y se agregue correctamente al Expte. F01 74541/12. 6) Ahora bien, que habiéndose interpuesto recurso de inconstitucionalidad contra una resolución dictada por este Tribunal, resulta aplicable el inciso "c" del art. 4º de la ley 7797, que establece la aplicación de los arts. 554 del CPP (texto según ley 7690 y modificatorias) y 36 de la ley 7716 en todas las causas, sin importar el momento de presentación. Además esa última disposición determina, en lo que a esta instancia compete, lo concerniente al examen que debe realizarse a efectos de conceder o no la impugnativa.

A ese respecto, encontrándose satisfecha la garantía a obtener un pronunciamiento en segunda instancia, en atención a la naturaleza extraordinaria de la vía ahora intentada y en virtud de la acotada esfera de causales que habilitan la revisión ante la Corte de Justicia, resultan aplicables al presente las conocidas y cuantiosas doctrinas sobre "cuestión constitucional" y "arbitrariedad" que han elaborado tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el máximo Tribunal Local.

Por ende, si bien a este Tribunal no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamado a decidir sobre la concesión o denegación del recurso de inconstitucionalidad tiene el deber de examinar, a la par de los extremos formales, si cuenta "prima facie" con fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional (cfr. CSJN, Fallos 308:490; 310:1790; CJS, Tomo 189:73 entre otros). 7) Que siendo ello así, en primer lugar debe destacarse que el recurso ha sido interpuesto en término y por parte legitimada. Sin embargo, los motivos y agravios propuestos por el recurrente no revelan la concurrencia de ninguna de las taxativas causales que poseen entidad para viabilizar la vía extraordinaria instada.

En efecto, no se avizora que la decisión impugnada pueda violentar directa o indirectamente algún derecho de esa especie, ni tampoco surge que éste haya sorprendido por arbitrariedad las expectativas de los recurrentes, siendo que la existencia de alguno de esos extremos resulta la base misma sobre la que debe sustentarse la admisibilidad de la presentación impetrada (cfr. CSJN, Fallos 148:62; 306:1740; 307:129; CJS, Tomo 176:1069; 192:855, entre otros).

En particular, al dictar la resolución impugnada este Tribunal ejerció su competencia de Alzada, a tenor de lo normado por los arts. 24, inc. 1º, 459 y conc. del C.P.P. (texto según Ley Nº 6.345 y modificatorias) y resolvió en el marco de los motivos y agravios presentados por un sujeto procesal con un interés concreto (arts. 443, 455 y conc. del mismo ordenamiento adjetivo).

En efecto, con independencia de las motivaciones que fueran expuesta en el auto recurrido, debe subrayarse, en cuanto a los agravios de naturaleza constitucional aquí planteados, que en esa oportunidad se entendió razonablemente que la conducta enrostrada al encausado Aranda no encuadraba en la excusa absolutoria prevista por el art. 185 inciso 1°) del C.P., al haber desaparecido el contexto de unión familiar que ligaba originariamente a la víctima con el acusado, el ámbito de intimidad propio de la vida doméstica y la comunidad de bienes que ambos poseían (Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, parte especial, Tomo II B, Santa Fe, 2.007, pag. 860), con anterioridad a la maniobra supuestamente defraudatoria, presupuestos cuya subsistencia es requerido por el ordenamiento penal para la viabilidad de esa eximente punitiva en casos de lesiones de naturaleza netamente patrimonial -como la atribuida- ello al margen de las consecuencias o efectos regulados exclusivamente por el derecho privado.

Por otro lado, no se verifica desconocimiento alguno a los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, de la prohibición de la analogía denominada "in malam partem", del "in dubio pro reo" y de defensa en juicio, violaciones que habrían teñido de arbitrariedad al fallo censurado, reproche que carece de asidero si se pone el acento en las motivaciones expuestas, las que demuestran que el mismo no obedeció al capricho o mera voluntad de los Sres. Jueces firmantes. En ese contexto los motivos esgrimidos por los recurrentes, escapan a la órbita extraordinaria de la inconstitucionalidad local.

Además constituye una carga procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la invocada cuestión constitucional (cfr. CSJN, Fallos, 300:443; 301:116; 303:2012; 306:947), extremo que no se satisface con la simple alegación de que el resolutorio atacado lesiona determinadas garantías de la Constitución, al no precisarse ni demostrarse en concreto cómo ha operado tal violación en la resolución (cfr. CJS, Tomo 157:651).

Que en ese marco, cabe por último recordar que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto abrir una instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la competencia específica de la Corte ni corregir fallos que se consideren equivocados, cuando -como en el caso- no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga, en esos aspectos, violación a normas constitucionales o graves defectos de fundamentación y razonamiento que lo hagan inválido como acto jurisdiccional (cfr. CSJN, Fallos n313:946; 323:3139; CJS, Tomo 189:149, entre otros).

Para concluir viene al caso recordar lo sostenido por nuestra Corte de Justicia local en los autos: "c/c ROCHA, Ricardo Rodolfo - Casación, Expte. nº CJS 36717/13, perfectamente aplicable a todos los recursos que son motivo de análisis y resolución en estos autos, en los que, entre otros importantes conceptos dijo: "?En efecto, el referido Código y su correspondiente Ley Orgánica -7716- han definido la segunda instancia que consagran normas de jerarquía constitucional (arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), mediante dos vías impugnativas ordinarias -que versan sobre cuestiones de hecho y derecho- a cargo de un nuevo órgano jurisdiccional -Tribunal de Impugnación- que, sin afectar la naturaleza de los recursos, resuelve en forma unipersonal o colegiada. Así, la apelación y la casación se establecen de modo imperativo y de manera progresiva en el proceso; la primera puede interponerse contra resoluciones de la etapa preparatoria, reservando la segunda a la sentencia y los autos dictados en etapa de juicio que causen gravamen irreparable (arts. 534, 539 y cc. del C.P.P.).

A su vez, contra las resoluciones de aquel órgano de segunda instancia -tanto las de competencia apelativa como casatoria- sólo procede el recurso de inconstitucionalidad, es decir, ahora existe otra instancia en el orden local que, como tal, es de carácter extraordinario y de competencia de esta Corte. Por eso, dicho medio impugnativo ha sido ampliado a las causales de arbitrariedad, en absoluta conformidad al art. 153, ap. III, inc. a) de la Constitución Provincial (art. 554 del C.P.P.)." Por los argumentos mencionados y normas legales citadas corresponde rechazar la petición de nulidad formulada a fs. 734/741 y denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 746/769 de estas actuaciones. Así voto.

El Dr. Luciano I. Martini, dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, LA SALA II DEL TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN, RESUELVE I) RECHAZAR el planteo de nulidad formulado a fs. 734/741.

II) ORDENAR que por Mesa de Entradas de este Tribunal se proceda al desglose de la cédula de notificación incorporada a fs. 720 y su posterior incorporación al Expte. F01 74541/12.

III) DENEGAR el recurso de inconstitucionalidad articulado a fs. 746/769 de estas actuaciones.

IV) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y bajen, oportunamente, los autos al Juzgado de origen.