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Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-17


2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 17 de 2010.

Y Vistos:

I.- Viene apelada por la fallida la resolución de fs. 502/3 que dispuso clausurar el procedimiento falimental por distribución final.

El recurrente se agravia por cuanto considera que debía decretarse la conclusión por pago total, ya que fueron abonados los créditos verificados y los gastos causídicos, no existiendo deudas ni créditos pendientes de pago.

II.- Liminarmente, cabe señalar que la ley concursal distingue la conclusión de la quiebra de su clausura. La primera puede producirse por pago total, sólo cuando el activo falencial resulta suficiente a los efectos de solventar la totalidad de los créditos verificados y los gastos causídicos (cfr. doc. art. 228, L.C.Q.).

Por el contrario, la clausura del procedimiento, por distribución final (cfr. doc. art. 218, concord. arts. 230 y 231, L.C.Q.), implica que, aprobada la distribución final, no existen más bienes para realizar, siendo éstos insuficientes para cubrir la totalidad de los créditos verificados y los gastos causídicos (en ese sentido CNCom. Sala A, en "Liggin"s S.R.L. s/ quiebra", del 18/03/08). Esto es lo que acontece en la causa.

Se trata de una medida provisional que puede verse modificada en el futuro si varían las condiciones fácticas ponderadas al decretársela (v. Fassi-Gebhardt, "Concursos y Quiebras", Ed. Astrea, p. 526). Es decir: cabe la posibilidad de ordenarse la reapertura del procedimiento en el supuesto de encontrarse nuevos bienes susceptibles de ser realizados (art. 231, cit.).

III.- En tal marco, no procede la conclusión de la quiebra por pago total, sino, como fue sentenciado, la clausura por distribución final. Así cabe considerarlo pues el activo liquidado en esta causa, según el proyecto de distribución aprobado (v. fs. 429 y fs. 447), sólo alcanzó para satisfacer parcialmente los gastos y costas del concurso, mas no su totalidad.

En esas condiciones, no es posible afirmar que no existen deudas ni créditos pendientes de pago y, por ende, no cabe acceder a la conclusión de la quiebra solicitada.

IV.- Por ello, se resuelve: rechazar el recurso de apelación deducido por la fallida y, por consiguiente, confirmar la resolución apelada con costas a esta última (cfr. doc. art. 68, Código Procesal).

Devuélvase al juzgado interviniente, encomendándose al magistrado actuante cursar las notificaciones del caso.

El Dr. José Luis Monti suscribe la presente en virtud de lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09.

El Dr. Alfredo A. Kölliker Frers actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara nº 26/10 del 27.4.10. -Juan R. Garibotto. -José Luis Monti. -Alfredo A. Kölliker Frers.
Encargados de casas de renta, cómputo de servicios, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: BUENAR, INES c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-31

Cabe computar la antiguedad por los años que el trabajador laboró para el propietario del edificio en el que luego se constituyó el consorcio demandado, pues el término establecimiento que se usa en los arts. 225 y siguientes de la LCT comprende a los consorcios, edificios de propiedad horizontal e inclusive las casas de rentas.

Además, el art. 6 segundo párrafo de la ley 12981 prevé expresamente que en caso de fallecimiento del propietario o venta del edificio, quedarán a cargo de los herederos o del comprador en su caso, las obligaciones del titular.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, poder, plazo de gracia, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BETON CONSTRUCCIONES c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 266-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-04-29

El agravio del recurrente cuyos fundamentos no trasuntan otra cosa que la particular interpretación respecto de normas comunes y procesales que rigen el caso, opuesta al enfoque sostenido por la Corte, en ejercicio de funciones propias respecto de los alcances, efectos y oportunidad que otorga a una circunstancia procesal -acto de subsanamiento de la deficiencia de poder- de resultas de lo cual concluyó en que debió ser realizado antes del llamado día de gracia, en el cual solamente podía presentarse y en consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en la referida intimación, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado, es del resorte exclusivo del Tribunal, que independientemente del acierto o error del análisis y sus conclusiones, escapa a la órbita de la revisión federal.

(Cr Fallos 302:554, entre otros).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, honorarios del abogado, medida de no innovar, sentencia arbitraria, derecho a la justa retribución, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Waroquiers, Juan Pedro y otros s/ medidas cautelares, incidentes de apelación del art. 250 CPCC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-29

Es arbitrario el pronunciamiento que, mediante la mera invocación de que en el proceso se había demandado una medida de no innovar insusceptible de apreciación económica, desatendió indebidamente la relevancia -puesta de relieve en la fijación legal de una escala arancelaria- atribuida por el legislador a esa pauta, con lo que arribó a una remuneración de los letrados que, por resultar desproporcionada con los intereses por ellos defendidos, menoscaba sus derechos constitucionales.
Partidos políticos, personería jurídica, facultades del juez
Materia: ELECTORAL
Carátula: Partido de la Recuperación s/ solicita reconocimiento de personería jurídico política
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-27

En virtud de la importancia que reviste el requisito sustancial exigido por el artículo 7º inciso a) de la ley 23.298 y su correlato procesal, es decir, la verificación de la autenticidad de las firmas de los adherentes, es que resultan apropiadas, las ratificaciones dispuestas por el juez de grado, en tanto con ellas no se desvirtúa la posibilidad para la agrupación presentante de constituirse en partido político. Por el contrario, se cumple razonablemente -en el ámbito que le corresponde al señor juez federal con competencia electoral-, con una de las condiciones para acceder al reconocimiento de la personalidad jurídico política, en tanto existe adecuada proporcionalidad entre el fin perseguido y los medios dispuestos para conseguirlo. Máxime si se tiene en cuenta que del cotejo parcial de firmas que ordenó el magistrado, surgió que sólo existiría similitud en un porcentaje del 8% de las firmas, siendo las restantes diametralmente distintas.

No es óbice a lo expuesto la circunstancia de que al partido le resulte dificultoso el mecanismo previsto por el a quo, pues en cuanto a la sencillez del trámite, tal ponderable propósito debe ceder frente a exigencias que encuentran razonable fundamento en la necesidad de garantizar la veracidad de las adhesiones.
Garantía a ser juzgado en un plazo razonable, defensa en juicio, producción de la prueba
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Kompel, Felipe s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-16

Resulta indiscutible la complejidad de los actuados, que no sólo se traduce por la cantidad de imputados, sino por las características intrincadas y dificultosas de la maniobra investigada, que requirió la producción de muchísimas medidas probatorias. No debe soslayarse que si bien la actividad procesal del aquí interesado no se advierte como excesivamente dilatoria. Lo cierto es que sí han existido numerosos planteos de algunas de las partes que han coadyuvado a incrementar el tiempo que hasta ahora lleva la causa en trámite, y sin perjuicio que no pueda achacársele este extremo a Kompel, no puede negarse que elípticamente se vio afectado o favorecido con tales incidencias. Del estudio del proceso a la luz de los principios que rigen la garantía en cuestión y de los cuestionamientos específicamente realizados por los recurrentes, surge, que en el sub lite no se excedió el plazo razonable de tramitación. El voto concurrente agregó que la consideración de los múltiples planteos e incidentes realizados por alguna de las partes en este proceso, no implica desconocer el uso regular que esa parte pueda haber hecho de sus facultades procesales, en tanto, en principio, la utilización de los remedios procesales previstos por la ley, constituye su legítimo ejercicio del derecho de defensa en juicio; sino, antes bien, que no puede perderse de vista en este análisis que la conducta de esa parte debe también ser tomada en cuenta a los fines de determinar la razonabilidad de la duración del proceso, en la lógica consideración de que la multiplicidad de incidentes planteados por las partes, en este caso por la defensa, pueden convertir un caso en complejo.

(Dres. Gemignani, Hornos -voto concurrente-, Borinsky).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, juicio de árbitros, juicio ordinario, jueces, facultades del juez, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: SCARABOSIO DE ZALBA, EVA H I c/ SCARABOSIO, ALEJANDRO s/ ESCRITURACION     CONSIGNACION     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 731-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-04-19

Resulta inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado, si el recurrente no logra desvirtuar la base del auto denegatorio, cual es la relativa a que al fundarse en equidad el pronunciamiento de la Sala, que entendió debía conocer del asunto con sujeción a las prescripciones del juicio arbitral, adoptando dicho procedimiento por tratarse de un litigio entre hermanos, en modo alguno ha variado la competencia ordinaria -y no arbitral- correspondiente a este proceso.
Recusación, recusación sin causa
Materia: PROCESAL
Carátula: INC. DE RECUSACION EN AUTOS: SOL PETROLEO S.A. c/ E.N. s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

La recusación sin causa es de interpretación restrictiva y el derecho a ejercerla no renace por la designación de un nuevo juez para integrar un tribunal colegiado (conf. Palacio, Dcho. Proc. Civ.

, T. II, p. 310; Fassi, Cód. Proc. , T. I, p. 99, N. 202, 2 ed.

1978; Podetti, Tratado de la Competencia , p. 580, 2 ed.; Alsina, Tratado ... , T. II, p. 290 ap. f); Fernández, Cód. de Proc. , p.

256 in fine y 257, ed. 1932, citados por Miras y Díaz Cordero en L.

L. 1982-C-1986 y sgts.; Fenochietto-Arazi, T. I., pág. 100; doctrina coincidente con la de la Sala III in re Presecndo , del 26-9-91 y F.

N. c/Capocotta , del 5-11-91).
REPÚBLICA ARGENTINA, MENDOZA, detenido, establecimientos penitenciarios, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, notificación, deber de información, medidas de seguridad y protección
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso de las Penitenciarías de Mendoza. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de Derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas Provisionales respecto de la República Argentina #INSTANCIA: S #TIPO_TRIBUNAL: DH c/  s/ Corte Interamericana de derechos Humanos s/ Solicitud de Medidas provisionales respecto de la República Argentina. c/  s/ Mendoza y en la unidad Gustavo André, de Lavalle, al igual que todas las personas que ingresan a tales centros carcelarios, entre ellos los empleados y funcionarios que prestan servicio en dichos lugares. c/ Rep. Argentina s/ Solicitud de medidas provisionales presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Argentina.
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2004-11-22

La Corte interamericana resuelve que la República Argentina, luego de haber dado cumplimiento al deber de informar de las medidas provisionales adoptadas en protección de la situación de los internos de la Penitenciaría de Mendoza dentro de los siete días siguientes a la notificación de la resolución emitida por el Tribunal, continúe haciéndolo cada dos meses ante la Corte Interamericana, debiendo también los representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana presentar sus observaciones dentro de un plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la notificación de los informes del Estado Argentino.
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta de Carmisciano, Victoria c/ Rey, Elida s/ Incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

A diferencia de lo que sucede con los hechos, en que el silencio, las respuestas evasivas, o negativas meramente general pueden estimarse como un reconocimiento de los mismos, tratándose de los documentos éstos deben ser admitidos o negados expresamente y, en consecuencia, la respuesta ambigua o reticente, o la negativa genérica de los mismos lleva imperativamente a tenerlos por reconocidos o recibidos.-
Proceso penal, condena condicional, sentencia firme
Materia: PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ GRANTHON, JULIO ANDRES c/  s/ QUEBRANTAMIENTO DE INHABILITACION JUDICIALMENTE IMPUESTA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-05-17

El único modo de establecer que el condenado ha cometido un delito y que lo ha hecho durante el tiempo que establece el artículo 27 del Código Penal es mediante una sentencia judicial firme; mas la circunstancia de que al momento de la expiración del referido plazo no se hubiese dictado aún una sentencia de condena por un delito cometido dentro de él, no tiene ninguna consecuencia extintiva de la posibilidad de ejecución de la condena suspendida, precisamente por su efecto declarativo, resultando necesario distinguir entre el hecho que constituye la condición para la ejecución de la pena de prisión suspendida, y el modo en que se prueba la existencia de ese hecho, no siendo la sentencia condenatoria firme -que constata la existencia del nuevo delito- la que condiciona la ejecución, sino que es la comisión del nuevo delito el hecho que constituye la condición para la ejecución de la primera condena. (Del voto del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 27
Reordenamiento del sistema financiero, medidas cautelares, conversión de la deuda, tipo de cambio, sentencia definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: "Di  Francesca  Marcelo  y  otro c/ PEN -Ley 25.561 Dtos. 1570/01214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-17

No procede la medida cautelar solicitada en un requerimiento de la diferencia de tipo de cambio entre lo pesificado y la cotización del mercado libre de cambios, lo cual importa una cuestión que deberá decidirse con la sentencia definitiva (cfr.

esta Sala, "Granar S.A. Com. y Fin. c/PEN Ley 25.561 Dto.

1570/01 y 214/02 s/amparo ley 16.986", del 17/2/03).
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lyford, Pyke Frederic Emilio c/ Dandlen, Elisa A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

"Cuando al demandar alguien diga que es dueño de una cosa, por implicancia está afirmando que es poseedor, que es usufructuario, que es usuario de la cosa, y en consecuencia se halla amparado por el derecho que otorga el art. 1110 del cód. civil" y "acreditado que al momento del accidente el demandante tenía la posesión del automóvil dañado, se halla legitimado para accionar conforme a lo establecido por los arts. 1109 y 1110 del cód. civil, ejerciendo -con el alcance que determinan los arts. 1094 y 1095 del mismo- el derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios ocasionados al vehículo que poseía".-
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, recurso extraordinario federal, base regulatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en barbieri, favio ariel y otros contra gcba sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales s/ otros procesos incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

La abogada ha solicitado que se regulen sus honorarios por su actuación como apoderada y patrocinante de la parte actora en la contestación del recurso extraordinario federal interpuesto por el GCBA. Dicho recurso, que dio lugar a la mencionada contestación, pretendía llevar a conocimiento de la CSJN una discusión generada en torno a la liquidación presentada en la etapa de ejecución. Ello así, la base de regulación que debe tomar este Tribunal surge de deducir de la regulación que hizo la Cámara por los trabajos realizados en general (en los que se encuentran incluidos los que surgieron de la discusión en derredor de la liquidación), el porcentaje que corresponde a los trabajos complementarios o posteriores a las etapas judiciales del proceso ordinario, mencionados en el artículo 29, inc. a) de la ley n° 5134. Esto así, toda vez que la ley manda a (i) dividir el proceso en etapas, (ii) valorar por separado del proceso principal los trabajos cuya regulación se pretende y (iii) fijar un techo a esta regulación. En el caso, resulta apropiado regular esos trabajos, por su índole y calidad, en un 35 % de la mencionada base (cf. el art. 30 de la ley n° 5134). (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Situación de vulnerabilidad, explotación sexual, coautoría, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: CACERES Mariana Soledad y GUILLEMET GASTON c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-21

La imputada era oriunda del mismo pueblo del que provenían las tres víctimas, poseía los mismos rasgos de vulnerabilidad y había atravesado la pobreza y la explotación sexual, la relación con el coimputado estaba marcada por la desigualdad y la violencia.
Mutuo comercial, mutuo hipotecario, nulidad del acto jurídico, tasas de interés, aplicación de la ley, defensa del consumidor
Materia: COMERCIAL
Carátula: RUIZ   IRIGOIN  MANUEL  IGNACIO c/ SCOTIABANK  QUILMES  SA  (ENLIQUIDACION) S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-21

Del Voto del Dr. Heredia:. 1. Resulta improcedente declarar la nulidad parcial de un mutuo bancario garantizado con hipoteca, en el que se pactó la aplicación de "tasas de interés variables", con fundamento -según la exposición de la demanda- en que ese tipo de accesorios hace indeterminado el monto del préstamo, incumpliéndose así lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 24240 (texto anterior a la reforma instrumentada por la Ley 26361 aplicable en la especie) cuando prescribe que en las operaciones de crédito para el consumo debe consignarse, bajo pena de nulidad, el saldo de deuda, los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva mensual y la forma de amortización de tales accesorios. Ello así, pues la utilización de tasas variables en nuestro país es una práctica común desde ya hace varios años, que se ha extendido a múltiples contratos bancarios. 2. En ese orden, las reglamentaciones del BCRA (Comunicación A 4621 y A 4637) han sido dictadas para reglamentar, precisamente, aspectos con indudable incidencia en el marco de lo regulado por el artículo 36 de la Ley 24240, por manera que no es dable presumir incompatibilidades. En su caso, si las hubiera, para su dilucidación debió ser ello objeto del correspondiente planteo de inconstitucionalidad, lo que no ha ocurrido en el caso de autos. 3. Asimismo, cabe agregar que la entidad bancaria mutuante no se reservó la facultad de fijar por sí la tasa de interés variable, sino que remitió a una "muestra" representativa de lo que cobran otras entidades del sistema, que elabora el Banco Central de la República Argentina, lo que da cabal cuenta de un criterio generalizado, objetivo y oficializado. 4. Finalmente, cabe señalar que el consumidor fue correctamente informado de las condiciones de pago a las que se sometía. Ello así, cumpliendo con el anterior texto del art. 36, en cuanto imponía consignar ".el saldo de precio.", ".el total de los intereses a pagar.", y ".el monto total financiado a pagar.", en tanto la escritura hipotecaria claramente indicó el "costo financiero total" (15,25 % anual), así como los conceptos referidos a gastos comisiones e impuestos. Asimismo, contuvo previsiones relacionadas con el costo del seguro de vida e incapacidad por saldo deudor, seguro de incendio del inmueble hipotecado. Es decir, visto el conjunto de tales cláusulas e indicaciones, no cabe afirmar seriamente que hubo omisión informativa con aptitud para poner en tela de juicio la validez del mutuo hipotecario o de alguna de sus previsiones.
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-06-10

Invocar la aplicación del art. 18, inc. a) de la Ley de Aranceles N.607, tomando dicha norma aislada de los restantes artículos de la ley puede llevar a la injusticia señalada en la doctrina legal emanada del Alto Cuerpo. De ahí que resulta imprescindible dejar sentado como principio regulatorio en las causas como la presente, el del monto de condena y no el de las pretensiones de los litigantes. El art. 18, inc.a) de la Ley 607 no es inconstitucional en sí mismo, pudiendo en su aplicación afectar garantías y derechos constitucionales y por tal motivo ser inaplicable.
Sueldo anual complementario, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Velázquez, María del Rosario c/ Estado Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-12-11

No empece la conclusión lo normado por el Decreto Nro. 2272 MHOSP en cuento establece en el art. 2 que el sueldo anual complementario se abonará en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir del mes siguiente al de la finalización del semestre, ya que si sostenemos que lo que rige tal obligación legal es lo que emerge del art. 3 de la Ley 7709, la misma sólo puede ser modificada por otro producto legislativo de igual jerarquía. No se ha sancionada una norma de análoga jerarquía que modifique lo establecido en la citada ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Exención de depósito, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos lencina, claudio exequiel y otros sobre 189 bis (2) - tenencia de arma de fuego de uso civil
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Corresponde eximir del pago de la queja cuando el recurso procede de la defensa oficial. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Proceso judicial, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Videla Eve M. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Coady.: Acerbi de Rojas, Celica M. s/ Demanda contencioso administrativa Parlov, María Rosa y otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa (cuaderno de prueba actora)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|2000-04-12

Del principio de que a la parte incumbe urgir para que la prueba se produzca dentro del término respectivo resulta que incurre en negligencia quien, cuando exista algún impedimento que obstaculice o dilate su producción, no efectúa en tiempo oportuno las diligencias tendientes a subsanarlo. (Minoría u opinión personal)