marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, accidentes de trabajo, denuncia del accidente de trabajo, reclamo administrativo previo, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, comisiones médicas
Materia: PROCESAL
Carátula: Gimenez, Isidro s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-06-08

Si el fallo impugnado confirma la incompetencia declarada en Primera Instancia, remitiendo al actor a las vías que considera procedentes para la atención de su derecho, siendo éstas las que prescriben el art. 49 de la Ley 24.557 y el Decreto 84/96, en orden a la intervención administrativa previa a la judicial, como así de las Comisiones Médicas de la Ley 24.241. El hecho de que el recurrente presuma que éstas se inhibirán de intervenir, constituye un agravio prematuro y conjetural que no puede ser atendido en Justicia, sobre todo si no se alega pérdida del derecho de fondo por alguna causa como la prescripción. Lo que resulta evidente, es que no se niega el acceso a la jurisdicción al quejoso, sino que se condiciona el mismo a las previsiones de la Ley 24.557, cuya interpretación y aplicación al caso de autos, no resulta absurda ni arbitraria. En tal situación, el decisorio recurrido carece del requisito de "definitividad", impidiendo ello el acceso a la casación.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, economía procesal, plazos procesales, plazo de gracia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Es aplicable el plazo de gracia previsto en el artículo 70 del   Código Procesal Civil a los procesos que versan sobre materia  concursal y prendaria? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1982-10-01

En procesos que -conforme los plazos mínimos que la propia ley establece- duran un promedio de dos o tres años, no significa atentar contra la economía y celeridad el permitir que pocos actos fundamentales -como los recursivos o la contestación de traslados- se puedan cumplir en horas de oficina del día siguiente al de vencimiento del respectivo plazo. No puede llegar a preocupar que se añadan 10 o 15 días a un proceso que demora legalmente tres años en componer un litigio. (Del Voto del Dr. Alvarado Velloso).
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Chiarello, Jose Francisco contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público-diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Corresponde rechazar la queja porque la recurrente no logra articular una crítica desarrollada y fundada destinada a rebatir argumentativamente los motivos por los cuales la Cámara resolvió no conceder el recurso que se intenta defender: ausencia de sentencia definitiva o equiparable a tal y adecuado planteo de un caso constitucional que habilite la instancia extraordinaria. Por ello resulta aplicable la reiterada jurisprudencia del Tribunal en autos "Guglielmone, Maria Dolores s/ queja por retardo, privación o denegación de justicia en/ Guglielmone Maria Dolores s/ art 74", expte. SAO n° 291/00, sentencia del 22-03-2000 y "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en/ Fantuzzi José Roberto y otro s/ art. 57 bis Causa 665-CC-2000", expte. SAPCyF n° 865/01, sentencia del 09-04-2001, entre muchos otros. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Régimen penal tributario, delitos tributarios, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, agentes de retención, aportes previsionales, pago, pago extemporáneo, extinción de la acción penal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: BARBARA ROXANA y otra s/ sobreseimiento, Causa nro. 11.621
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Siendo que el delito imputado en autos se perfecciona cuando no se depositan los aportes, una vez vencido el plazo en que el agente debió ingresarlos, los pagos efectuados con posterioridad a ello carecen de relevancia, al menos en tanto no se invoque la aplicación del instituto de la extinción de la acción penal previsto en el artículo 14 de la ley 23.771.
Ley derogada, Poder Legislativo, control de constitucionalidad, seguridad jurídica, jubilaciones, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

No puede admitirse el agravio del recurrente consistente en que la sentencia recurrida "conculca el principio de seguridad jurídica y legítima a la ley 9429 que también lo viola", toda vez que la legitimación que tiene el legislador para rechazar la normativa de facto "en su origen", erradicándola ex tunc, -en el caso, decreto 9214, ley 9214 dictada por gobierno de facto-, lejos de afectar el referido principio, que tiene protección constitucional, lo confirma, haciendo que la Constitución prevalezca sobre los gobiernos de facto que la violan.
Deberes procesales, temeridad o malicia, seguros, prueba del contrato, pericia contable
Materia: PROCESAL
Carátula: AVILA, ESTEBAN MARCIAL c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO  C.N.A.S. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-17

La demandada incurre en evidente mala fe procesal al negar la existencia misma del seguro. En la contestación de demanda se dice que "revisando las constancias de mi parte se ha determinado la inexistencia de seguro a favor del actor...", afirmación que resultó falsa según surge de la pericia contable, y obligó a un notable dispendio de actividad procesal, cuando es evidente que la demandada no podía desconocer la existencia de las pólizas de seguro. Por lo tanto, corresponde que se declare que la demandada y su apoderado han incurrido en malicia y mala fe procesal y se les aplique conjuntamente una multa.
Delitos contra la humanidad, responsabilidad internacional del Estado, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Girbone, Héctor Salvador c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-24

Frente a los crímenes de lesa humanidad, el Estado tiene obligaciones internacionales: no puede amnistiar, no puede indultar, no puede aplicar la cosa juzgada fraudulenta o penas irrisorias, y tampoco hacer reducciones que impliquen, en la práctica, un beneficio equiparable a la conmutación de la pena, como pretende la defensa en este caso.
Falsificación de instrumento público, falsificación de instrumento privado, Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios públicos, credenciales falsas
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: BLANCO, ROBERTO s/ FALSIFICACION - INSTRUMENTO PUBLICO - INSTRUMENTO PRIVADO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-15

No constituye un instrumento público, la credencial del bloque de un partido dado que sólo son o tienen ese carácter, aquellos enumerados por el art. 979 del C.C.

La Credencial supuestamente otorgada por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires no puede ser considerada instrumento público, al no haberse probado que fue emitida por un funcionario público "en las formas que las leyes hubieran determinado" (art.

979, inc. 2 C.C.), debiéndose entender por "leyes" las que emanan del Congreso, tanto en su actividad Nacional como en la local, salvo incurrir en una indebida extensión analógica del tipo penal.

Al no constatarse la autenticidad de la firma estampada en la credencial, tampoco puede catalogarse al documento privado, pues es esencial en esta categoría de documentos, la falsificación de la firma.

Tampoco constituye un documento privado, porque no porta en sí esa fe pública que puede definirse como la que pueden tener terceros indeterminados con respecto al instrumento en sí, para ligarse jurídicamente con él por lo que expresa y por las formas y destinos que le ha otorgado el Estado en cuanto autoridad legisferante de las relaciones civiles.

Dicha credencial que acreditaría un cargo funcional de una persona, no puede interesar a ningún tercero - como sí interesaría un cheque, una letra, un warrant, una carta de porte, etc., para vincularse con ella por su contenido y su destino, garantizados por una ley del Estado que reglamenta su emisión y su transmisión -; sólo puede servir como medio para los delitos de estafa, extorsión y similares, en los que pueda tener relieve sustancial, y para un tercero en particular, una supuesta calidad personal del agente.
Recurso extraordinario local, interposición del recurso
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: DIEZ, SANTIAGO s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-12-06

A los fines de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o sentencia arbitraria, el tribunal ordinario de la causa ha de merituar sólo la concurrencia de los extremos formales que hacen a su procedencia, debiendo -en cuanto al fondo- limitar su exámen a la apreciación de la seriedad del planteo y la suficiencia técnica del escrito recursivo en punto a su procedibilidad no siéndole dable -por ende- reexaminar su propio fallo para determinar la existencia o no de la arbitrariedad alegada, ya que ello hace a la admisibilidad del recurso y es materia propia del juez mismo.
Sentencia extra petita, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio, Luis A. y Otro c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Juicio Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1980-10-06

Cuando el fallo otorga más de lo pedido no hay causal de nulidad sino vicio subsanable por la vía de la apelación.
Recurso extraordinario federal, sentencia arbitraria, facultades de la alzada, límites del pronunciamiento, procedencia del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Complejo Agroindustrial San Juan S.A. s/ inf. ley 19.359.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Si el recurso extraordinario tiene dos fundamentos, y uno de ellos radica en la arbitrariedad del fallo apelado, corresponde considerar a éste en primer término, pues de configurarse tal causal no habría sentencia propiamente dicha (Disidencia del Dr.

Antonio Boggiano).
Inadmisibilidad del recurso, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Fernando Hernán c/  s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-17

Es inadmisible el RE deducido contra el pronunciamiento que hizo lugar al recurso de casación interpuesto contra la resolución que -al declarar la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable- sobreseyó a los imputados, pues lo resuelto no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal ni la configuración de arbitrariedad. (Dres. Gemignani, Hornos y Borinsky).
Derechos humanos, estado de derecho
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

En la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Prueba testimonial, idoneidad del testigo, oportunidad procesal, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: VIVAS, MARIA AURORA c/ DOCIMO DE SABATINO, MARIA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-12

Las observaciones vinculadas con la supuesta falta de idoneidad de algunos testigos es inoportuna si recién es introducida en la expresión de agravios, máxime si se omitió ejercer el debido control en el estadio procesal correspondiente.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fernandez, Hector c/ Baltran, Fernando s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

La sentencia debe considerar "las cuestiones que constituyen el objeto del juicio", debiendo recaer la decisión "de conformidad con las pretensiones deducidas", se comprende que el juez ha excedido el reclamo cuando resuelve una cuestión no sometida a su tratamiento, violando así el principio de congruencia.
Régimen de garantía de los depósitos, depósito a plazo fijo, restitución de sumas de dinero, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARBO, MIGUEL ANGEL Y OTRO. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. s/ COBRO DE PESOS - BANCO CENTRAL - RESPONSABILIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Aunque se interprete que los 30 días durante los cuales el Banco Central no incurre en mora para hacer efectiva la garantía de los depósitos (ley 22051), excluyen que ésta sea recargada con intereses de ningún tipo, ello no se extendería a otros períodos, al menos cuando fue el propio garante quien, como interventor en la entidad deudora, demoró el pago, pues en tal supuesto los 30 días de exención de intereses corren desde el vencimiento de los depósitos, y no desde la liquidación de la depositaria.
Cese de oposición al registro de marca, igualdad de trato, monto de la caución
Materia: PENAL
Carátula: Marvel Characters INC c/ Gándara  Celestino s/ Cese de oposición al Registro de Marcas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-07-12

El art. 2610 del nuevo Código Civil y Comercial establece la igualdad de trato para los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero, quienes gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en la Argentina. La norma dispone que ninguna caución o depósito, cualquiera sea su denominación, puede ser impuesto en razón de la calidad de ciudadano o residente permanente en otro Estado. Considerando que a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 7 del Código citado), y teniendo en cuenta que la demandada ha cuestionado únicamente el monto de la caución por considerarla insuficiente, corresponde confirmar la resolución apelada.
Medidas para mejor proveer, jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maltagliati, José s/ Incidente de Red. de Falsedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-21

La función judicial no se agota en la letra de la ley con olvido de la efectiva y eficaz realización del derecho, pues la justicia es una virtud al servicio de la verdad y debe prevalecer sobre los excesos rituales. De ahí, que si a través del contenido de la declaración de un testigo surge una individualización de unos autos que han tramitado en otro fuero, que pueden servir para esclarecer la verdad, cabe entender que el juzgante pudo ejercitar la potestad de requerir dicho expediente judicial en ocasión de dictar sentencia.
Asignaciones familiares, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: AYENDEZ JULIO ROBERTO c/ FRIGORIFICO ARENALES CIACSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-06-09

Pesa sobre el empleador la obligación de recabar las declaraciones juradas tendientes a esclarecer su estado familiar y que la falta de acreditación de este recaudo autoriza a presumir que el personal cumplió con la presentación de los documentos. El empleador tiene que asegurarse de que el trabajador le haga entrega de la documentación que acredite sus cargas de familia, para que pueda gozar después íntegramente de las prestaciones del sistema de asignaciones familiares y de obras sociales. Así y de acuerdo con el último párrafo del artículo frente a una reclamación judicial, el empleador no podrá excepcionarse si no demuestra que requirió oportunamente al dependiente la entrega de la documentación correspondiente y que además ha pagado con puntualidad sus contribuciones al sistema de la caja correspondiente. Ello quiere decir que el empleador enfrentado a dicha demanda tendrá que probar que ha notificado o emplazado al trabajador a que le eleve las copias de las actas de matrimonio y nacimiento necesarias y que ha depositado sus contribuciones en el momento debido.
Constitución Nacional, reforma de la constitución, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Trujillo Nuñez Filiberto c/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. 3490/96
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Aun cuando el derecho de defensa en juicio, como todo derecho reconocido en el texto constitucional, no es absoluto, sino relativo y sujeto a las leyes que lo reglamenten, éstas deben ser razonables, es decir, no más restrictivas que lo requerido por el fin de la reglamentación (Fallos: 238:18). (Del voto del juez Galli).
Contrato de trabajo, celebración del contrato, remuneración, trabajo en el exterior
Materia: LABORAL
Carátula: AZNAREZ CHIANA, CARLOS c/ EDITORIAL PERFIL S.A. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-08

El dependiente que prestaba servicios en el exterior, y había pactado su remuneración en dólares, con la empresa demandada tiene derecho a que sus créditos se establezcan en dicha moneda, pues es la que fijaron las partes al momento de celebración del contrato, en la inteligencia de que los gastos se producirían en el exterior. Esto sin perjuicio de la polémica que podría proyectarse sobre las normas imperativas de pesificación, que debería materializarse en la sentencia de origen, en el momento procesal oportuno y con el debate pleno de las partes. (Del dictamen del Fiscal general nº 34160 al que adhiere la Sala).
Ejecución fiscal, ejecución de sentencia, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL  D.G.I.  - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA c/ LA IMPRESORA  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

La inapelabilidad de la sentencia de ejecución (art. 92, ley 11 683, texto según ley 23.658) no alcanza a cuestiones constitucionales que según la jurisprudencia habilitan el recurso extraordinario; las que deben ser resueltas por el tribunal superior previsto por el art. 6 de la ley 4.055 antes de poder elevárselas a la Corte por dicho medio.
Honorarios, actualización monetaria, cómputo de la actualización, primera instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL
Carátula: NIZ MARIANO ANDRES c/ TRANSPORTE 270 S.A s/ DERECHO PROCESAL. HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

Corresponde actualizar los honorarios profesionales por el tiempo entre los pronunciamientos de primera y segunda instancia, cuando habiendo sido apelados exclusivamente por la parte obligada al pago y consentidos por el beneficiario, el tribunal de alzada los confirma.
Cosa juzgada, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Malzof Samuel Roberto c/ S.E.G.B.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-10

La cosa juzgada está íntimamente ligada a la seguridad jurídica, representa una exigencia vital del orden público, tiene jerarquía constitucional y es uno de los presupuestos del ordenamiento social, cuya ausencia o debilitamiento pondría en crisis a la íntegra juridicidad del sistema. La autoridad de la cosa juzgada, una vez consentido el fallo, obliga incluso a quienes lo dictaron.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: LABORAL
Carátula: Capra, Nilda Noemí c/ Clínica Pueyrredón S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-18

No cumple con la carga del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no formula una adecuada impugnación del fundamento esencial del fallo.
Contratos, compraventa inmobiliaria, teoría de la frustración, responsabilidad del martillero, acción de restitución, procedencia del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dozoretz, Pablo c/ Montesano, Jorge Luis s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda por restitución de cierta suma de dólares estadounidenses abonados al demandado en concepto de reserva por la compra de un inmueble en el cual éste intervino en calidad de martillero, cuya operación se frustró. Ello por cuanto, en el caso, el demandante es informado (presuntamente por una empleada del martillero, según lo que consta en su carta documento) de que el metraje ofertado no coincidía con los planos originales de la propiedad, razón por la cual, el actor procedió a constatar con personas idóneas en la materia, que la cocina del bien se encontraba en situación irregular, todo lo cual, lo llevó a rescindir unilateralmente el contrato del sub examine, y citar a mediación al martillero demandado, a quien había entregado la suma reclamada. Asimismo, ha quedado demostrado a través de la prueba pericial presentada por el arquitecto experto y demás constancias de autos, que el vendedor había incumplido lo exigido por el Reglamento de Copropiedad al no pedir autorización a los demás copropietarios para la reforma introducida en el inmueble. Por otro lado, también ha sido probado en las presentes actuaciones que el accionado no dio cumplimiento desde un principio a su obligación de informar debidamente al comprador sobre las circunstancias reales del inmueble y que, como consecuencia de ello, éste debería afrontar los costos de regularizar esa situación anormal. Con todo ello, se estima claro que el corredor debe responder frente al actor por su actuar negligente en las presentes actuaciones, con base en la falta de una debida información al comprador acerca de las características del inmueble objeto de la compraventa en cuestión y condenarlo a reintegrar la suma reclamada.
Prescripción, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Astilleros Del Norte SA c/ Cosena Seguros SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-20

Entablada una demanda de daños y perjuicios motivada en la indebida traba de una medida cautelar, vinculada a una demanda fundada en documentos apócrifos, resulta aplicable el plazo bienal de prescripción establecido en el CCIV 4037. Ello es así, pues al no existir relación contractual entre las partes, los daños irrogados por el embargante deben analizarse en el ámbito de la responsabilidad aquiliana.