Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10


Causa Nº Causa Nº 29576-00/CC/2006, "Cardozo, Pedro Juan s/infracción art. 83 Ley 1472- Apelación.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 10días del mes de abril de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Que la Defensora Oficial, Patricia B. López, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 44 y vta. que convalida los secuestros efectuados en autos -v. fs. 3 y vta.; 10 y vta.-.

Que a fs. 55/57 y vta. el magistrado de grado no hizo lugar a la reposición incoada y concede el recurso de apelación.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 64/65 y vta. y la Defensa Oficial a fs. 67/70, pasen los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión:

Admisibilidad del recurso 2) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y art. 450 del C.P.P.N. y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

Segunda Cuestión:

De los agravios 3) En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, adelanto que confirmaré la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondré a continuación.

4) Se agravia la defensa en primer término de la violación de los principios de preclusión y progresividad, ya que en su opinión lo resuelto por este Tribunal en cuanto anula la convalidación efectuada oportunamente por el magistrado interviniente (confr. fs. 35/40), impide en esta instancia procesal reeditar la verificación de los recaudos procesales de la medida cautelar en cuestión.

Como primera cuestión, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo "...no es menos cierto que el principio de la progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad " (causa Mattei, Angel, Fallos 272 : 188).

Trasladando estos conceptos a la causa en examen y teniendo en cuenta que a fs. 35/40 se declaró la nulidad de la resolución de fs. 14/15 en cuanto convalida los secuestros efectuados -por estar motivada en forma aparente y ser contradictoria-, la intervención del a quo y consiguiente acto de convalidación en los términos del art. 21 de la ley 12, no ha precluido.

Contrariamente a lo sostenido por la Defensa, el momento para discutir sobre la validez de la medida cautelar adoptada se actualizó como consecuencia de la nulidad decretada pues esa etapa del proceso no se encuentra superada.

Correctamente la defensa técnica ha definido, citando diversos autores -conf. fs. 47 vta.- los principios de progresividad y preclusión, sin embargo los confunde con elementales reglas de saneamiento procesal, vinculadas al dictado de medidas cautelares, cuya nota sobresaliente es la provisionalidad.

En este sentido, la anulación de una resolución vinculada a una medida cautelar por su autocontradicción, decretada en la etapa de la instrucción preliminar, bajo ningún concepto provoca la imposibilidad jurídica de su reproducción o renovación, ya que se trata de una medida complementaria que tiende a garantizar el éxito de una pretensión.

5) En segundo término se agravia la López en la ausencia de control inmediato por parte del órgano jurisdiccional expresando que si bien en ambos casos la prevención ha efectuado la correspondiente consulta al agente Fiscal en turno, la medida cautelar no puede ser mantenida pues la intervención del órgano jurisdiccional ha sido tardía.

Cabe recordar que los secuestros fueron efectuados el día 18 y 19 de octubre de 2006, y convalidados por el magistrado de grado el 24 de octubre de 2006, habiendo sido dicha resolución anulada por este Tribunal.

El día 22 de febrero del corriente la causa fue remitida al Juzgado Contravencional y de Faltas nº 21 (confr. fs. 43), y el nuevo juez interviniente dictó resolución convalidando los secuestros efectuados (v. fs. 44 y vta.).

Tal como sostuviéramos in re nº 10097-01/CC/2006, "Valenzuela, Juan Carlos s/inf. art. 83, ley 1472 - Apelación", la finalidad del art. 21 de la L.P.C. es que el fiscal tome conocimiento del secuestro practicado por personal policial preventor en el preciso momento que se incautan los bienes (ver fs.3 y vta. y 10 y vta..), y que el Juez de grado convalide tal acto.

Al referirnos a la "inmediatez" (art. 21 L.P.C.), debemos apelar a la sana crítica del juez, quien debe hacer un análisis de qué es razonable a luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.

Como bien señala el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal Superior de Justicia se ha expedido en relación al concepto de inmediatez. En efecto, cabe mencionar que "la "inmediata" comunicación de las medidas adoptadas por la prevención sólo debe efectuarse con respecto al fiscal, y si él decidiera mantenerla "da[rá] intervención al juez". Cualquiera que sea la interpretación del término "inmediatez", resulta indudable que, si la policía consultó al fiscal desde el lugar, la comunicación cumplió holgadamente el mandato legal. Sin embargo el control jurisdiccional no se encuentra sujeto a dicha exigencia, al menos, en lo que respecta al "secuestro de bienes susceptibles de comiso". Es sencillo, el legislador local no ha optado por rodear la actuación del juez con la misma celeridad que reclama al fiscal, toda vez que cuando pretendió aligerar su intervención lo hizo expresamente, por ejemplo, en los supuestos de "aprehensión" en el ámbito contravencional (art. 24º, ibidem); o inclusive, y cuando consideró necesaria la participación de otros sujetos, reguló que la prevención debía anoticiar "de inmediato al Fiscal, al Juez, (...) y al Defensor Oficial" la aprehensión en materia penal (art. 57.2º, del mismo código)" (TSJ, Expte. 4852, caratulada "Ministerio Público - Defensoria Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 - s/queja por recurso de apelación denegado en Avalos, Evaristo s/inf. art. 83 del CC", rta. 18/12/2006, del voto de la Ana Maria Conde).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el plazo razonable "depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años" (Fallo Barra, Roberto Eugenio, causa Nº 2053-W-31 rta. 9/3/04).

Conforme lo expuesto, los plazos transcurridos y las circunstancias de la causa me llevan a concluir en forma palmaria que no se ha afectado garantía constitucional alguna, ante la pronta intervención del órgano jurisdiccional.

6) Como tercer agravio sostiene la esforzada defensa que hay ausencia de los presupuestos para mantener una medida cautelar, que la conducta que se imputa a su asistido es atípica, que estamos en presencia de baratijas o artículos similares, que se trata claramente de venta de mera subsistencia y que hay ausencia de perjuicio para el comercio.

Mediante los planteos descriptos ut supra, se intenta introducir nuevamente en autos cuestiones ya resueltas por este Tribunal.

En efecto en la resolución obrante a fs. 35/40, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causa, este Tribunal sostuvo que se había efectuado una prematura desincriminación de la conducta endilgada al Sr. Cardozo.

Asimismo esta Alzada expresó que la consideración de la mercancía incautada como "de bagatela", que surge de la resolución impugnada en cuanto el Sr. Juez a quo refirió que "de la calidad y cantidad de los elementos secuestrados (panes chipa) se desprende su insignificante afectación del bien jurídico tutelado en el art. 83 CC", no ha estado precedida mínimamente de un informe respecto de su valor y escasa sustancia.

Por otra parte de las constancias de autos no surge de modo indubitable que estemos frente una venta de mera subsistencia ya sea que se la considere como un elemento negativo del tipo penal o una causa de justificación.

7) Por todo lo expuesto propongo al acuerdo, CONFIRMAR la resolución de fs. 44 y vta. en cuanto fuera materia de recurso y tener presente la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así voto.

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pedro Juan Cardozo, contra la resolución del 22 de febrero de 2007 en que se dispuso: convalidar los secuestros efectuados los días 18 y 19/10/2006 (una caja de cartón y 46 chipas y otra caja y 40 chipas, fs. 7 vta.).

1) El recurso ha sido interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2) El 18 y 19 de octubre de 2006 se labraron sendas actas contravencionales por presunta infracción a lo dispuesto por el art. 83 del C.C., secuestrándose 40 y 46 chipas, además de 2 cajas.

El juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 13 dispuso convalidar el secuestro y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

El fiscal apeló ese decisorio, lo que motivó que este tribunal en decisión unánime anulara la resolución que convalidó los secuestros referidos.

Asimismo, por mayoría, el tribunal resolvió apartar al juez a quo interviniente, lo que provocó que la presente causa recayera para continuar su trámite en el Juzgado en lo contravencional y de faltas nº 21.

En su primer intervención con fecha 22/2/07 la jueza a cargo de dicho juzgado dispuso convalidar los secuestros cuya anulación había resuelto este tribunal.

3) La defensa se agravia de dicha resolución, por la violación de los principios de preclusión y progresividad de las actuaciones, por la falta de control inmediato conforme lo dispone el art. 21 de la LPC y por la ausencia de los presupuestos necesarios para el dictado de la cautelar.

Pide se revoque la resolución impugnada y se declare la nulidad del secuestro efectuado. Formula reserva para ocurrir ante el TSJ y de caso federal.

4) El fiscal de cámara pide que sea rechazado el recurso impetrado por la defensa, fundado en que los principios de preclusión y progresividad no pueden ser utilizados en la investigación preliminar en el proceso acusatorio; sostiene que la inmediatez se cumplió consultando al fiscal y que resulta prematuro desincriminar la conducta del imputado.

5) Asiste razón a la defensa en relación a su primer agravio, lo que tornará innecesario analizar los restantes.

Habiendo tenido intervención la Alzada, ninguna duda cabe que los actos en que intervino no son pasibles de ser revisados, en la instancia de grado.

El proceso debió continuar y a tal fin fue desinsaculado un nuevo juzgado; la decisión recurrida implica entonces el desconocimiento del fallo unánime de este tribunal.

La alegación del fiscal de cámara, solo puede referir a las actuaciones que tengan lugar ante ese ministerio público, no resultando aplicables a las llevadas a cabo desde que en éstas tiene intervención el juez.

Consecuentemente y atento que no corresponde retrotraer el proceso a etapas precluídas, lo que vulneraría los principios de preclusión y progresividad del mismo y conllevaría la afectación de la garantía de defensa en juicio, debe hacerse lugar al recurso.

Sostiene Oderigo que la preclusión consiste en la firmeza acordada a cada una de las etapas o grados alcanzados por el proceso en su progresivo desarrollo, y que se traduce en la imposibilidad jurídica de:.."Reproducir actos procesales ya cumplidos...En función del principio del progreso, las normas procesales regulan el cumplimiento de los distintos actos que integrarán el proceso, sometiéndolos a un orden gradual y lógico, que asegure el mas completo conocimiento del objeto procesal, llevándolo por el ya mencionado camino de lo imperfecto hacia lo mejor posible...", (Mario A. Oderigo, Derecho Procesal Penal, Depalma, Ed. 1978, pág. 86).

En este sentido el Máximo Tribunal ha dicho que "La garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Sólo en los casos en que se omitan o se violen estas formas es posible retrogradar el proceso haciendo excepción a los principios de progresividad y preclusión. Estos principios, que atienden a la seguridad jurídica y a la necesidad de lograr una justicia rápida, se vinculan con el respeto a la dignidad humana, que incluye el derecho a un pronunciamiento definitivo. El justiciable no debe sufrir las consecuencias de actos ajenos a su responsabilidad que importen la vuelta hacia atrás del proceso. La garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado. Deben conciliarse el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito con el del individuo sometido a proceso" (Fallos 272:188). Estos conceptos fueron ratificados recientemente en el caso "Barra" (CSJN causa Nº 2053-W-31, rta. 9/03/04).

También ha sostenido la CSJN que "...el principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas ya superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales. Dicho principio, como el de preclusión, reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre su situación frente a la ley penal..." (CS. Diciembre 14-1989.- "F., E.S.; A.J. s/Robo en grado de tentativa", en ED., Tomo 137, págs. 101/102).

6) Por lo expuesto corresponde:

1. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pedro Juan Cardozo.

2. REVOCAR la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio.Así lo voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto de la Silvina Manes.

Así voto.

Por todo lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución de fs. 44 y vta. en cuanto fuera materia de recurso.

II. TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

En de abril de 2007 se notificó al Sr. Fiscal . Conste.

Ende abril de 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

En de abril de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 13. Conste.

, Cardozo, Pedro Juan s/infracción art. 83 Ley 1472- Apelación.

En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 10días del mes de abril de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Que la Defensora Oficial, Patricia B. López, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio contra la resolución de fs. 44 y vta. que convalida los secuestros efectuados en autos -v. fs. 3 y vta.; 10 y vta.-.

Que a fs. 55/57 y vta. el magistrado de grado no hizo lugar a la reposición incoada y concede el recurso de apelación.

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 64/65 y vta. y la Defensa Oficial a fs. 67/70, pasen los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión:

Admisibilidad del recurso 2) En primer término, cabe mencionar que el recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 de la ley nº 12 y art. 450 del C.P.P.N. y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

Segunda Cuestión:

De los agravios 3) En lo relativo a la cuestión de fondo traída a estudio de esta Alzada, adelanto que confirmaré la decisión recurrida, conforme las consideraciones que expondré a continuación.

4) Se agravia la defensa en primer término de la violación de los principios de preclusión y progresividad, ya que en su opinión lo resuelto por este Tribunal en cuanto anula la convalidación efectuada oportunamente por el magistrado interviniente (confr. fs. 35/40), impide en esta instancia procesal reeditar la verificación de los recaudos procesales de la medida cautelar en cuestión.

Como primera cuestión, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo "...no es menos cierto que el principio de la progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque también debe considerarse axiomático que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad " (causa Mattei, Angel, Fallos 272 : 188).

Trasladando estos conceptos a la causa en examen y teniendo en cuenta que a fs. 35/40 se declaró la nulidad de la resolución de fs. 14/15 en cuanto convalida los secuestros efectuados -por estar motivada en forma aparente y ser contradictoria-, la intervención del a quo y consiguiente acto de convalidación en los términos del art. 21 de la ley 12, no ha precluido.

Contrariamente a lo sostenido por la Defensa, el momento para discutir sobre la validez de la medida cautelar adoptada se actualizó como consecuencia de la nulidad decretada pues esa etapa del proceso no se encuentra superada.

Correctamente la defensa técnica ha definido, citando diversos autores -conf. fs. 47 vta.- los principios de progresividad y preclusión, sin embargo los confunde con elementales reglas de saneamiento procesal, vinculadas al dictado de medidas cautelares, cuya nota sobresaliente es la provisionalidad.

En este sentido, la anulación de una resolución vinculada a una medida cautelar por su autocontradicción, decretada en la etapa de la instrucción preliminar, bajo ningún concepto provoca la imposibilidad jurídica de su reproducción o renovación, ya que se trata de una medida complementaria que tiende a garantizar el éxito de una pretensión.

5) En segundo término se agravia la López en la ausencia de control inmediato por parte del órgano jurisdiccional expresando que si bien en ambos casos la prevención ha efectuado la correspondiente consulta al agente Fiscal en turno, la medida cautelar no puede ser mantenida pues la intervención del órgano jurisdiccional ha sido tardía.

Cabe recordar que los secuestros fueron efectuados el día 18 y 19 de octubre de 2006, y convalidados por el magistrado de grado el 24 de octubre de 2006, habiendo sido dicha resolución anulada por este Tribunal.

El día 22 de febrero del corriente la causa fue remitida al Juzgado Contravencional y de Faltas nº 21 (confr. fs. 43), y el nuevo juez interviniente dictó resolución convalidando los secuestros efectuados (v. fs. 44 y vta.).

Tal como sostuviéramos in re nº 10097-01/CC/2006, "Valenzuela, Juan Carlos s/inf. art. 83, ley 1472 - Apelación", la finalidad del art. 21 de la L.P.C. es que el fiscal tome conocimiento del secuestro practicado por personal policial preventor en el preciso momento que se incautan los bienes (ver fs.3 y vta. y 10 y vta..), y que el Juez de grado convalide tal acto.

Al referirnos a la "inmediatez" (art. 21 L.P.C.), debemos apelar a la sana crítica del juez, quien debe hacer un análisis de qué es razonable a luz de los hechos específicos correspondientes a cada caso.

Como bien señala el Sr. Fiscal de Cámara, el Tribunal Superior de Justicia se ha expedido en relación al concepto de inmediatez. En efecto, cabe mencionar que "la "inmediata" comunicación de las medidas adoptadas por la prevención sólo debe efectuarse con respecto al fiscal, y si él decidiera mantenerla "da[rá] intervención al juez". Cualquiera que sea la interpretación del término "inmediatez", resulta indudable que, si la policía consultó al fiscal desde el lugar, la comunicación cumplió holgadamente el mandato legal. Sin embargo el control jurisdiccional no se encuentra sujeto a dicha exigencia, al menos, en lo que respecta al "secuestro de bienes susceptibles de comiso". Es sencillo, el legislador local no ha optado por rodear la actuación del juez con la misma celeridad que reclama al fiscal, toda vez que cuando pretendió aligerar su intervención lo hizo expresamente, por ejemplo, en los supuestos de "aprehensión" en el ámbito contravencional (art. 24º, ibidem); o inclusive, y cuando consideró necesaria la participación de otros sujetos, reguló que la prevención debía anoticiar "de inmediato al Fiscal, al Juez, (...) y al Defensor Oficial" la aprehensión en materia penal (art. 57.2º, del mismo código)" (TSJ, Expte. 4852, caratulada "Ministerio Público - Defensoria Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 4 - s/queja po r recurso de apelación denegado en Avalos, Evaristo s/inf. art. 83 del CC", rta. 18/12/2006, del voto de la Ana Maria Conde).

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el plazo razonable "depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años" (Fallo Barra, Roberto Eugenio, causa Nº 2053-W-31 rta. 9/3/04).

Conforme lo expuesto, los plazos transcurridos y las circunstancias de la causa me llevan a concluir en forma palmaria que no se ha afectado garantía constitucional alguna, ante la pronta intervención del órgano jurisdiccional.

6) Como tercer agravio sostiene la esforzada defensa que hay ausencia de los presupuestos para mantener una medida cautelar, que la conducta que se imputa a su asistido es atípica, que estamos en presencia de baratijas o artículos similares, que se trata claramente de venta de mera subsistencia y que hay ausencia de perjuicio para el comercio.

Mediante los planteos descriptos ut supra, se intenta introducir nuevamente en autos cuestiones ya resueltas por este Tribunal.

En efecto en la resolución obrante a fs. 35/40, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causa, este Tribunal sostuvo que se había efectuado una prematura desincriminación de la conducta endilgada al Sr. Cardozo.

Asimismo esta Alzada expresó que la consideración de la mercancía incautada como "de bagatela", que surge de la resolución impugnada en cuanto el Sr. Juez a quo refirió que "de la calidad y cantidad de los elementos secuestrados (panes chipa) se desprende su insignificante afectación del bien jurídico tutelado en el art. 83 CC", no ha estado precedida mínimamente de un informe respecto de su valor y escasa sustancia.

Por otra parte de las constancias de autos no surge de modo indubitable que estemos frente una venta de mera subsistencia ya sea que se la considere como un elemento negativo del tipo penal o una causa de justificación.

7) Por todo lo expuesto propongo al acuerdo, CONFIRMAR la resolución de fs. 44 y vta. en cuanto fuera materia de recurso y tener presente la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Así voto.

La Marta Paz dijo:

Vienen los autos a conocimiento de este tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pedro Juan Cardozo, contra la resolución del 22 de febrero de 2007 en que se dispuso: convalidar los secuestros efectuados los días 18 y 19/10/2006 (una caja de cartón y 46 chipas y otra caja y 40 chipas, fs. 7 vta.).

1) El recurso ha sido interpuesto por quien se encontraba legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

2) El 18 y 19 de octubre de 2006 se labraron sendas actas contravencionales por presunta infracción a lo dispuesto por el art. 83 del C.C., secuestrándose 40 y 46 chipas, además de 2 cajas.

El juez a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas nº 13 dispuso convalidar el secuestro y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

El fiscal apeló ese decisorio, lo que motivó que este tribunal en decisión unánime anulara la resolución que convalidó los secuestros referidos.

Asimismo, por mayoría, el tribunal resolvió apartar al juez a quo interviniente, lo que provocó que la presente causa recayera para continuar su trámite en el Juzgado en lo contravencional y de faltas nº 21.

En su primer intervención con fecha 22/2/07 la jueza a cargo de dicho juzgado dispuso convalidar los secuestros cuya anulación había resuelto este tribunal.

3) La defensa se agravia de dicha resolución, por la violación de los principios de preclusión y progresividad de las actuaciones, por la falta de control inmediato conforme lo dispone el art. 21 de la LPC y por la ausencia de los presupuestos necesarios para el dictado de la cautelar.

Pide se revoque la resolución impugnada y se declare la nulidad del secuestro efectuado. Formula reserva para ocurrir ante el TSJ y de caso federal.

4) El fiscal de cámara pide que sea rechazado el recurso impetrado por la defensa, fundado en que los principios de preclusión y progresividad no pueden ser utilizados en la investigación preliminar en el proceso acusatorio; sostiene que la inmediatez se cumplió consultando al fiscal y que resulta prematuro desincriminar la conducta del imputado.

5) Asiste razón a la defensa en relación a su primer agravio, lo que tornará innecesario analizar los restantes.

Habiendo tenido intervención la Alzada, ninguna duda cabe que los actos en que intervino no son pasibles de ser revisados, en la instancia de grado.

El proceso debió continuar y a tal fin fue desinsaculado un nuevo juzgado; la decisión recurrida implica entonces el desconocimiento del fallo unánime de este tribunal.

La alegación del fiscal de cámara, solo puede referir a las actuaciones que tengan lugar ante ese ministerio público, no resultando aplicables a las llevadas a cabo desde que en éstas tiene intervención el juez.

Consecuentemente y atento que no corresponde retrotraer el proceso a etapas precluídas, lo que vulneraría los principios de preclusión y progresividad del mismo y conllevaría la afectación de la garantía de defensa en juicio, debe hacerse lugar al recurso.

Sostiene Oderigo que la preclusión consiste en la firmeza acordada a cada una de las etapas o grados alcanzados por el proceso en su progresivo desarrollo, y que se traduce en la imposibilidad jurídica de:.."Reproducir actos procesales ya cumplidos...En función del principio del progreso, las normas procesales regulan el cumplimiento de los distintos actos que integrarán el proceso, sometiéndolos a un orden gradual y lógico, que asegure el mas completo conocimiento del objeto procesal, llevándolo por el ya mencionado camino de lo imperfecto hacia lo mejor posible...", (Mario A. Oderigo, Derecho Procesal Penal, Depalma, Ed. 1978, pág. 86).

En este sentido el Máximo Tribunal ha dicho que "La garantía de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia. Sólo en los casos en que se omitan o se violen estas formas es posible retrogradar el proceso haciendo excepción a los principios de progresividad y preclusión. Estos principios, que atienden a la seguridad jurídica y a la necesidad de lograr una justicia rápida, se vinculan con el respeto a la dignidad humana, que incluye el derecho a un pronunciamiento definitivo. El justiciable no debe sufrir las consecuencias de actos ajenos a su responsabilidad que importen la vuelta hacia atrás del proceso. La garantía del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado. Deben conciliarse el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito con el del individuo sometido a proceso" (Fallos 272:188). Estos conceptos fueron ratificados recientemente en el caso "Barra" (CSJN causa Nº 2053-W-31, rta. 9/03/04).

También ha sostenido la CSJN que "...el principio de progresividad impide que el juicio criminal se retrotraiga a etapas ya superadas, pues los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas legales. Dicho principio, como el de preclusión, reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero además obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a librarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre su situación frente a la ley penal..." (CS. Diciembre 14-1989.- "F., E.S.; A.J. s/Robo en grado de tentativa", en ED., Tomo 137, págs. 101/102).

6) Por lo expuesto corresponde:

1. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pedro Juan Cardozo.

2. REVOCAR la resolución apelada en cuanto fue materia de agravio.Así lo voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Me adhiero a los fundamentos y conclusiones del voto de la Silvina Manes.

Así voto.

Por todo lo expuesto, en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución de fs. 44 y vta. en cuanto fuera materia de recurso.

II. TENER PRESENTE la reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Regístrese, notifíquese al Sr. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvase a primera instancia a sus efectos.

Ante mí:

En de abril de 2007 se notificó al Sr. Fiscal . Conste.

Ende abril de 2007 se notificó a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

En de abril de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 13. Conste.