Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-12-06


Comodoro Rivadavia, seis de diciembre de 2006.- VISTOS Y CONSIDERANDO Estos autos caratulados: "L. A. y otros c/ MUNICIPALIDAD de Alto Río Senguer s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", Expte. N° 14.184/04.- I) Que a fs. 234/270, en el escrito de contestación de demanda, la accionada opone como cuestión previa la falta de jurisdicción y competencia de esta Cámara de Apelaciones.- Funda su defensa en la previsión del art. 129 inciso b) de la ley 3098 que impide que se impugnen mediante esta acción actos que no sean administrativos y que las ordenanzas no revisten tal carácter.- Luego, señala que aun cuando se considerase superado el anterior extremo, afirma que la actora no demanda la inconstitucionalidad de las ordenanzas, sino que se agravia por la violación de la garantía de igualdad prevista por el art. 16 de la C.N.

Sostiene que en el caso concurren las hipótesis previstas en "b" del mentado art. 129, toda vez que la situación jurídica que se pretende impugnar ha sido reproducción de otra anterior que ha causado estado, de haber reglado sus derechos y obligaciones por el término de un año y medio. Dice que esa situación no puede ser desconocida por la actora, dado que previamente ha consentido normas que disponen y regulan la adjudicación en venta de las tierras fiscales, y por tanto, aduce la demandada, las providencias consentidas y firmes son inimpugnables.- Expresa que las ordenanzas cuestionadas por la contraria estaban vigentes al momento de dictarse los actos administrativos cuestionados y están citadas en la Resolución Nº 07/01, emanada de la intendencia que aprobó el texto de los contratos de venta , uno de los cuales celebró la actora Arguye que a través de la suscripción (con fecha 15 de mayo de 2002) del instrumento de contratación de adjudicación en venta de los terrenos, en un todo de acuerdo con la Ord. Nº 191/01, 164/01 Resolución nº 07/01 y su anexo 1, se otorga firmeza a los derechos adquiridos y se tornan inimpugnables los actos administrativos dictados a su amparo.- Afirma que al atacar la accionante la resolución Nº 14/03, confirmatoria de las ordenanzas antes mencionadas, reedita solapadamente lo que ya planteara con fecha 22 de marzo de 2002 (mediante reservas formuladas a las ordenanzas) y que luego consintiera el 15 de mayo de 2002, sin hacer reserva alguna, lo cual conduce a la excepcionante a afirmar que no existe acto administrativo que cause estado en los términos requeridos para incoar acción contencioso administrativa.- En el mismo sentido argumenta que la impugnación a la Resolución Nº 14/03 es contraria a los propios actos de la actora, siendo que tal resolución fue dictada en aplicación y en amparo de las Ord. Nº 191/2001, 164/2001, Resolución Nº 07/2001 y su Anexo I y tales normas habían sido consentidas por la misma parte el 15 de mayo de 2002, concluye que no existe acto administrativo que cause estado, señalando que el acto que causa estado no es aquel que cuenta con la anuencia y conformidad del administrado.- Señala por otra parte la falta de identidad entre el reclamo administrativo y la acción contenciosa, como obstáculo a la procedencia de la acción, toda vez que mediante el primero solicita a la Municipalidad que oportunamente adopte las medidas para evitar un conflicto de intereses entre la Municipalidad y los concesionarios y mediante el último, es decir el recurso contencioso administrativo, afirma la demandada que si se analizan con mayor profundidad los motivos por los que impugna la Resolución nº 14/2003 , se introduce una nueva cuestión al sostener que ese acto limita el derecho de su parte a efectuar la mensura en una forma no pactada con anterioridad y como consecuencia de ello, sostiene la actora su derecho a elegir el área o ubicación de las tierras adjudicadas.- Al contestar el traslado conferido de la cuestión preliminar el actor destaca que la resolución cuestionada Nº 14/2003 es un acto de carácter administrativo y no legislativo como se pretende. Asimismo en el caso particular afirma que ha de estarse a la realidad de los hechos y que en el caso el Concejo Deliberante se comporta como órgano integrador del trámite meramente administrativo.- En cuanto a la pretendida improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad de un acto administrativo en el marco del procedimiento contencioso, ante la ausencia de plexo normativo que obste al trámite por tal vía procesal, aduce que el argumento aparece como mera opinión de la contraria .- Respecto del consentimiento al acto administrativo cuestionado, la actora sostiene que el que prestara inicialmente queda anulado cuando en forma sorpresiva se dicta la Resolución Nº 14/2003 en la que se tergiversa lo hecho con el fin de regularizar las tenencias de tierra fiscal.- Por último, en cuanto a la alegada falta de acto administrativo que cause estado para configurar el recaudo que exige la procedencia del recurso contencioso, niega la veracidad de dicha afirmación, enumerando las consecuencias acarreadas por la resolución Nº 14/2003, señalando que se alteró sustancialmente el sistema normativo desarrollado hasta ese momento para plasmar la pretendida regularización de las tierras fiscales decidiendo unilateralmente sobre la superficie adjudicada a su parte.- II) Adentrándonos al análisis de la cuestión preliminar, debe señalarse que esta Cámara sigue la doctrina sentada por el S.T.J. en tanto sostiene que para discernir la competencia debe analizarse el contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico procesal así como la naturaleza de las normas de fondo aplicables y la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda (S.I. 118/91, 84/95 del S.T.J. Ch).- En este entendimiento resulta oportuno señalar sobre el punto, que un litigio es de competencia contencioso-administrativa, cuando importa el juzgamiento de una operación administrativa, esto es de un acto, conducta, omisión, imputable a la Administración, en cuanto ejerce actividad administrativa siendo relevante la cuestión sustancial, es decir la naturaleza administrativa del acto en cuestión.- El primer argumento del demandado relativo a la inimpugnabilidad de las ordenanzas municipales por vía contencioso administrativa no ha de prosperar. Es doctrina del S.T.J. que la admisibilidad de la vía contencioso-administrativa no esta vedada en los casos que sean materia de impugnación las ordenanzas municipales; sean estas de contenido individual o general y abstracto. El fundamento de esta postura se encuentra en que la propia ley 3098 las incluye cuando se refiere a las decisiones de las "corporaciones municipales" (art. 127/128 de la mentada ley) y específicamente cuando hace alusión a "Concejos Deliberantes" (art. 130) y por lo tanto pueden atacarse por la vía procesal contencioso administrativa cuando se impugnan actos concretos que le dieron aplicación.- (S.T.J.Ch. "A. T. C. C/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ ORDINARIO Expte. Nº 16045 A 1997 Sent. Reg. Nº 3/1998).- Idéntico criterio hemos de adoptar respecto de la objeción planteada por la demandada que alude a la improcedencia de tratamiento de la inconstitucionalidad del acto por vía del recurso contencioso administrativo. Corresponde señalar sobre el punto que no resulta óbice la vía procesal intentada para esgrimir tales defensas, dado que la posibilidad del planteo de tal cuestión por vía contenciosa liminarmente no encuentra obstáculos para su admisibilidad formal.- En el mismo sentido ha dicho la jurisprudencia: "Se puede traer como única pretensión por vía de la acción contencioso administrativa que se decrete la inconstitucionalidad de la ley, decreto, ordenanza o reglamento sobre el cual se fundamentó el acto administrativo particular, siempre que se cumplan los restantes presupuestos de admisibilidad de la acción contenciosa administrativa como así también, que el planteo de inconstitucionalidad sea formulado en la primera oportunidad procesal viable al efecto" (SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LA PLATA, BUENOS AIRES, S.I. 16/02/2000 Sum. SAIJ B0088596).- Resta examinar la alegada existencia de consentimiento por parte de los accionantes de los presupuestos normativos que configuran al acto administrativo cuestionado, a fin de determinar si la conducta de la actora se enmarca en los presupuestos del art. 129 inc. a) de la Ley 3098.- Para ello, por razones de orden metodológico, debemos realizar una breve reseña de los antecedentes de la interposición de la acción contenciosa administrativa.- Se desprende del cotejo de las constancias agregadas a la causa que: Con fecha 22 de marzo de 2002, el Sr. A. L., por derecho propio, con patrocinio letrado y en representación de otros concesionarios, presenta un escrito ante la Sra. Intendente Municipal, Sra. Graciela Vidal, mediante el cual se notifica de la Ord. Nº 164/01, Ord. Nº 191/2001. Formula reserva de derechos y acciones para cuestionar la legitimidad del precio fijado para las tierras rurales destinadas a la actividad turística y limitación de acceso a solo 110 de 4000 Has. ocupadas. Expresa reserva contra la legitimidad del art. 11 inc. a de la Ord. 71/91 y propone acuerdo con la Municipalidad en torno a los puntos señalados.(Ver documental acompañada por el accionante a fs. 63/65).- Luego, en el Anexo I de la Resolución 07/01, de fecha 15 de mayo de 2002, cuyas copias certificadas obran a fs. 223/225, se observa que la adjudicataria firma el contrato de adjudicación en venta sin realizar objeción ni reserva alguna.- Va de suyo que dicho acto comporta un claro sometimiento el régimen jurídico contenido en las ordenanzas que ahora se pretende impugnar por esta vía.- El texto del referido Anexo 1 de la Resolución Nº 07/01 es confirmatorio del marco legal otorgado por las Ordenanzas dictadas previamente de modo tal que configura como hemos dicho el sometimiento voluntario y sin reservas al marco regulatorio que prevén las ordenanzas que hoy se pretenden impugnar como antecedentes de la resolución nº 14/03.- Tampoco puede sostenerse que la Res.14/04 señalada, modificó situaciones precedentes o de afectación de normas de mayor rango, desde que se limitó a hacer saber que no se había adjudicado en venta ninguna superficie sobre el Lote .., Fracción .., Secc. ..-.., punto que se ajusta a la Ordenanza N° 191/01 H.C.D. a la que se refiere.- Por lo tanto se configura en la especie el presupuesto previsto por el inciso a) de la ley 129. Repárese incluso que los agravios vinculados con la desigualdad de tratamiento no se vinculan con la prohibición contenida en el artículo 1º de la misma, ni con la previsión del segundo artículo sino que guardan estricta relación con una situación jurídica ya consolidada con la firma del contrato de adjudicación al cual hemos hecho referencia.- Luego, a través de los argumentos relativos a la ilegitimidad de la nulidad de la resolución se pretende desvirtuar el marco jurídico anteriormente descripto sosteniendo la inclusión de las 100 has dentro del lote .. -pto. 29, fs. 96-. Va de suyo que tal pretensión contradice actos anteriores jurídicamente relevantes para el actor a partir -como se ha dicho- de la firma sin reservas de un contrato de adjudicación de tierras circunscripto al lote .. .- El deber de interpretar el último acto administrativo impugnado en el marco jurídico en el que se inserta ha sido sustentada por el S.T.J., en los términos que se siguen: "Si la motivación del acto -ha dicho la jurisprudencia- es insuficiente, ello permite acudir para su perfeccionamiento a las actuaciones anteriores, que deben considerarse en su totalidad ... las actuaciones previas al acto y con él relacionadas "deben considerarse en su totalidad y no aisladamente, y como parte integrante de un procedimiento son interdependientes y conexas entre sí..." (Procuración del Tesoro - Dictamen N° 256/91) - (SD Nº 31/2004 -STJ chubut, 11 de setiembre de 2004)".- Por todo lo dicho anteriormente, se concluye que acierta la demandada al plantear la cuestión preliminar introducida, desde que no resulta admisible el recurso por no concurrir uno de los presupuestos del art. 129 inc. a) de la ley 3098. Corresponde señalar que al proceder a la apertura del recurso interpuesto se sostuvo que "en el marco de las previsiones del art.128, ley 3098 es restrictivo el rechazo in límine la presentación recursiva, pues ello implicaría la aplicación de un excesivo rigorismo formal que atenta contra principios mismos del derecho administrativo tales como el de informalismo a favor del administrado y el de interpretación favorable al accionante (v. Tomás Hutchinson, Ley Nacional de Procedimientos administrativos, T.1, p.28,)".- Al bilateralizar el trámite, oída la demandada, ésta planteó diversas cuestiones previas, algunas fueron rechazadas y otra -la falta de los recaudos esenciales previstos legalmente para la admisión de la acción- es admitida. En orden a la posibilidad de resolver tales cuestiones en este estadio procesal, es dable recordar que el Superior Tribunal de Justicia ha dicho que corresponde dar un tratamiento previo a las defensas aun cuando el ordenamiento no lo contemple expresamente con fundamento "en el principio de ahorro procesal, a fin de evitar que se tramite la causa hasta arribar a su conclusión, para decidir a la postre que no existe jurisdicción, con el consiguiente dispendio que ello implica" (D.H., L.A. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa -Interlocutorio del 15 de noviembre de 2005 - Sum. SAIJ Q0016954)".- El avance del proceso entre fs. 277/283 deviene en improcedente y nulo que ya que los actos carecían de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad (art. 169 CPCCCh, 2° párrafo).- Lo expuesto alcanza al recurso de apelación planteado por el actor a fs. 314 y por lo que debe rechazarse por carencia de materia.- Las costas se regulan al vencido, atento el principio general que establece el art. 68 del C.Pr. Se regulan los honorarios de los profesionales intervinientes teniendo en cuenta el mérito de la labor desempeñada, la etapa del juicio, éxito obtenido y situación económica del obligado al pago y demás pautas valorativas de la ley de aranceles, (arts. 6, 7, 8, 33, 47 ley 4335).- Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, áááááá R E S U E L V E:

áááááá1).- Hacer lugar a la presentaciones de fs. 234/270 y fs. 290/304 por parte de la Municipalidad de Alto Río Senguer, con los alcances de los puntos siguientes.- 2).- Declarar la nulidad de lo actuado a fs. 277/283.- 3).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 314 conforme lo señalado en el considerando respectivo.- 4).- Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto a fs. 84/100 por los accionantes A. L., E. M., E. N. M., A. A., y C. S..- 5).- Imponer las costas al vencido. En atención al estado del proceso, corresponde la regulación. Regúlanse los honorarios de la Dra. D. S. y Dr. D. T. conjuntamente en la suma de pesos ocho mil ($8.000) y los del Dr. J. M. F. d. l. C. en la suma de pesos seis mil ($6.000).- 6).- Tener presente las reservas del caso federal efectuada por la actora a fs. 99 vta. y por la demandada a fs. 304.- 7).- Regístrese y notifíquese.- Fernando Nahuelanca -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Nélida Susana Melero -Juez de Cámara-.- REGISTRADA BAJO EL N° 244 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS