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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, Corte Suprema de Justicia de la Nación, acción penal, prescripción, interrupción de la prescripción, secuela de juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: A., J. E. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Tentativa   de estafa (Expte. CSJ Nº 30-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-08-23

El más Alto Tribunal de la Nación tiene dicho que las cuestiones de prescripción de la acción penal son de hecho, prueba y derecho procesal y común, y por lo tanto, ajenas a la jurisdicción extraordinaria; y que la determinación de los actos procesales que constituyen secuela de juicio a los efectos de considerar interrumpida la extinción de la acción penal por prescripción, es materia de hecho y de derecho común, propia de los jueces de la causa y ajena, como principio, a la instancia extraordinaria.

Empero, ello no obsta a la intervención de la Corte cuando la Cámara ha fundado su decisión en una afirmación dogmática; o cuando el pronunciamiento recurrido carece de fundamentación suficiente para ser considerado un acto judicial válido. Sin embargo, y a tenor de tales lineamientos, en el caso no se advierte que la Cámara hubiese incurrido en tales vicios, cuando al analizar la "secuela de juicio" como eventual causal interruptiva de la acción penal, expuso fundadamente los motivos que la llevaron a concluir que hubo actos que debían considerarse impulsores de la acción penal, y que no había por ende transcurrido el tiempo establecido por el artículo 62 del Código Penal a la fecha del auto de procesamiento, razón por la cual no debía acogerse el pedimento del imputado en orden a la declaración de prescripción de la acción penal.
Ley de emergencia, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cortez Ramírez, Raúl Fernando c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

La subsidiariedad, o supletoriedad del Derecho Común, sólo podrá establecerse con el rigor restrictivo que el derecho excepcional de emergencia admita.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: x s/ Incidente de regulación de honorarios doctor Ungaro, Albor c.  Martínez, Enrique L. y Martínez Michelet S.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es innecesario considerar la circunstancia de que, no obstante no haber planteado el recurrente al expresar agravios que el contenido del proceso no fuese susceptible de apreciación pecuniaria, sin embargo la Excma. Cámara haya conocido en dicha cuestión, que no integraba el reclamo pues si se entendiera que tal cuestión formalmente previa -referida a cual era la competencia por el recurso a la Excma. Cámara- fue planteada en el recurso extraordinario, de todos modos ello lo habría sido con la insalvable insuficiencia de haberse omitido la legalmente indispensable cita de los textos legales supuestamente transgredidos.
Justicia militar, pena, reclusión perpetua
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INVERNIZZI, Hernán césar s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-14

En el Código de Justicia Militar la pena de reclusión no es susceptible de ser impuesta en forma perpetua. Cuando lo ha sido por tiempo indeterminado se otorga al condenado el derecho de requerir su libertad si ha cumplido 20 a/os de reclusión computable observando buena conducta y dando muestras de reforma.
Acto administrativo, validez del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: N., G. A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-17

La voluntad administrativa y sus posibles vicios no ha merecido tratamiento específico en la legislación provincial -tampoco en la Ordenanza Nº 485/76-: "ni como presupuesto, ni como elemento del acto.- Ha partido la norma de considerar el acto como voluntad ya objetivada.- Ello no induce sin embargo a desatender su influencia en el régimen de invalidez que postula, pues necesariamente el vicio éste de voluntad, se traducirá en alguno de los elementos objetivados en el régimen de invalidez de la ley".
Costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PLANETARIO S.R.L. c/ BLAS ALBERTO GALVEZ RUIZ s/ PAGO POR ONSIGNACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-30

El principio rector en materia de costas previsto por el art. 68 del Código de rito, prescribe que las costas debe ser impuestas al vencido, desde que no existen razones fundadas para eximirlas. Por lo tanto el vencido, debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, quien debe salir incólume del proceso.
Requisitoria fiscal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Cufré, Leopoldo s/ INFRACCIóN  ARTíCULOS  149  BIS,  150  Y  125  INCISO 2dO. DEL CP. S/  CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-09-11

La circunstancia de que en la requisitoria fiscal se haya omitido la hora aproximada en el ilícito habría tenido lugar, no configura una nulidad del orden público, cuando -como en el caso- no se trata de un dato esencial para ejercitar la defensa, máxime si ésta no opuso reparos en el momento oportuno.
Hechos nuevos, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SANTIBAÑEZ, EDUARDO A. c/ LORDI MARTIN JOSE Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-29

La facultad de denunciar hechos y documentos nuevos en segunda instancia, reconocida por el artículo 121 de la LO. reviste carácter excepcional y debe ser juzgada con criterio restringido, porque de otro modo podría llegar a aceptarse indirectamente requerimientos que transgreden la regla del artículo 277 del CPCCN.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Payné, Julio Omar s/ Violaciones reiteradas agravadas en concurso ideal con corrupción  agravada, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-09-12

Es insuficiente el agravio que se limita a la crítica de los elementos fundantes de las presunciones sin relacionarlo con las normas que gobiernan la prueba presuncional.
Seguros, seguro de caución, fianza, accesorias legales, prueba
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Alba Compañía Argentina de Seguros SA  c/ Uadel SRL y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-31

Corresponde admitir la demanda promovida por una compañía aseguradora contra una sociedad tomadora de un seguro de caución y sus fiadores, en reclamo de las correspondientes primas adeudadas, toda vez que ésta no acreditó haber cumplido íntegramente las prestaciones garantizadas en los contratos traídos al proceso restituyendo los mismos, y menos haber notificado a la aseguradora aquel extremo acompañando la necesaria comunicación fehaciente en tal sentido.
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, automotores, seguros, obligaciones conjuntas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bertaina, Matías c/ Compañía de Seguros La Mercantil Andina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Corresponde hacer lugar al reclamo de indemnización en concepto de daño moral, incoado por un cliente asegurado contra su aseguradora, en razón de la inusual demora en el cumplimiento de la obligación comprometida, ya que tardó un año en reparar el vehículo del actor. En el caso, los padecimientos del actor superaron las meras perturbaciones lógicas de un incumplimiento contractual, pues la aseguradora no mostró gran actividad para cumplir su prestación, al punto que una simple reparación de un rodado demoró, en el mejor de los casos para la demandada, un plazo de 9 meses. 2. Es evidente que una demora de esta extensión produce afecciones compatibles con el "daño moral" que como tales deben ser reparadas, ya que la única justificación que ensayó la demandada es que no era posible conseguir en el mercado una pieza vital para el vehículo, afirmación que no fue convalidada con la prueba; por el contrario, el perito ingeniero sostuvo que la misma podía ser obtenida en un plazo no mayor a los 45 días.
Daños y perjuicios, indemnización, valor venal, bienes inmuebles, autopistas
Materia: CIVIL
Carátula: COTOLI PEDRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-18

Si el inmueble donde se encuentra emplazada la unidad funcional del accionante ha quedado parcialmente afectado por la franja no edificable, delimitada por la línea de retiro obligatorio, y su otra porción se sitúa en la zona de altura limitada y todo el edificio se halla comprendido en el Distrito RUA y poco más de la mitad del mismo es atravesado por una línea longitudinal que separa esos dos sectores de diferente restricción, ello coloca al dueño del bien con menores posibilidades de comercialización y venta por su ubicación y deprecia su valor venal en relación al que tenía antes de la construcción de la autopista (conf. Mosset Iturraspe, "El valor venal de un departamento y la registración de su estado jurídico", L.L. t. 1985-A-116-117; C.N.Civ. Sala A, L.L. 1985-A-120 121; Sala F, L. 289.831 del 16-2-86 y L. 10.839 del 26-8-85), restricciones éstas que imponen un menoscabo cierto al valor de la propiedad del accionante, y si a ello se agrega el aumento del nivel de ruidos, el incremento de la polución ambiental generados por la toxicidad de los gases, la degradación del espacio urbano, etc.

corresponde hacer lugar a la reparación por el menor valor objetivo del bien.
Contratos, fideicomiso, efectos entre partes, derechos de las partes, obligaciones de las partes, obligaciones del fiduciario, rendición de cuentas
Materia: COMERCIAL
Carátula: TECHNOLOGY NET SA C/ ISIS AMBULANCIAS SRL S/ ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

Resulta improcedente que se condene a la accionada al pago de la cláusula penal prevista en el contrato de leasing vinculado a cierto rodado respecto del cual la actora es dadora y la accionada tomadora, con base en que esa multa resultaba aplicable por cuanto el referido contrato se encontraba resuelto y la tomadora no había procedido a la restitución del bien. Ello por cuanto, esta Sala confirmó la sentencia de primera instancia en la que se había ordenado la restitución a la dadora del referido rodado, y si bien no se encuentra acreditado que la apelante hubiese cumplido con la entrega en los términos impuestos en dicha sentencia que se encuentra firme, de ello no se sigue -al menos prima facie- que le asista sin más derecho a obtener el cobro de la aludida cláusula penal en los términos pretendidos (el doble del canon diario correspondiente al último canon devengado, más intereses calculados a dos veces y media la tasa activa del Banco de la Nación Argentina), ello puesto que, se juzgó que la falta de pago de dichos cánones no era susceptible de ser reprochada a la tomadora del leasing. En consecuencia y siendo que la emplazada no habría cumplido con la obligación de restituir el bien, se juzga razonable mantener el embargo sobre el rodado decretado en autos, aunque por un importe menor.
Sentencia, fundamentación de sentencias, omisión de considerar cuestión propuesta
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bolatti, Ricardo José c/ Comuna de Moises Ville s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ  Nº 316-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-06-16

La exigencia constitucional de que los fallos judiciales se motiven (artículo 95 de la Constitución Provincial), solo requiere una fundamentación razonablemente suficiente, no una fundamentación óptima por lo exhaustiva. La insuficiencia de motivación debe apreciarse con un enfoque mejor positivo que negativo; mas que a los tópicos que el tribunal omite, hay que atender a los asuntos que el tribunal considera. Si la sentencia demuestra que el tribunal estudio con seriedad el expediente, hay que dar por sobreentendidas que los juzgadores ponderaron con criterio totalizador el conjunto de las circunstancias del proceso.
Sentencia de trance y remate, trámites judiciales, resoluciones, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Rosa Esther c/ Pereyra, Ariel y otro s/ Cobro de alquiler-queja
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-11-18

Las resoluciones dictadas durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de remate son, en la mayoría de los casos, inapelables para el ejecutado, situación prevista en el articulo 576 del ordenamiento procesal. Sin embargo, hay criterios jurisprudenciales que han establecido excepciones a ese principio de irrecurribilidad que prevé la norma; las que incluso ya tienen acogida legal en el Código Procesal Nacional por las modificaciones introducidas por la ley 22434.
Licencia por maternidad, gestación por sustitución, notificación al empleador
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: T., J. c/ P.E.N. y otro s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

Se ha entendido que para que la notificación prevista en el art. 177 de la LCT cumpla con las exigencias establecidas, no resulta indispensable que se acompañe certificado médico, sino que basta con que se haya avisado al empleador poniendo a su disposición las certificaciones respectivas, por cuanto ambos tipos de maternidades ("biológica" y "por adopción") tienen el mismo valor y merecen la misma atención por parte de la ley, por lo que no cabe otra opción que otorgar a la trabajadora la protección prevista. Y, en consecuencia, no existe impedimento en extender la aplicación de esa doctrina a casos de subrogación de vientre.
Seguros, seguro de vida, seguro colectivo, incapacidad permanente, incapacidad total, prima
Materia: CIVIL Y COMERCIAL
Carátula: RIVAS, MARIA ELVIA c/ CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO s/ COBRO DE PESOS CNAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

A tenor de la póliza, el capital a tener en cuenta es el vigente al cese de la relación de dependencia. Aunque el empleador omitió descontar las primas de julio y agosto de 1989, el capital que debe ser computado es el del sueldo de agosto de 1989, porque ese es el sueldo que contempla la póliza, y no se ha alegado que la omisión del tomador altere los términos contractuales, y porque el computo del ultimo sueldo liquidado, aunque no fue pagado por razones de ausentismo, parece ser la solución que mejor se adecua a la finalidad tuitiva de estos seguros colectivos, la que no cabe desconocer sino con extrema cautela, puesto que de esta manera se toma como punto inicial valores actualizados a la fecha del siniestro, extremo de particular transcendencia en épocas de crónica inflación y con mayor razón cuando se esta frente a un siniestro producido en pleno pico hiperinflacionario. Así las cosas, la jurisprudencia de esta sala que relaciona la indemnización con el monto de las primas, habrá de jugar como reconocimiento del crédito la CNAS a compensar su débito con el importe actualizado de las primas omitidas. Con lo cual se salvaguarda el sinalagma contractual y la finalidad tutelar del seguro de que se trata.
Facultades del Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mansilla, Julián Corsino c/ Provincia de Formosa s/ Acción Procesal Administrativa Acción Procesal Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-19

Teniéndose en cuenta que la Administración (el Poder Ejecutivo) queda facultada "solo" gastar lo que la ley de presupuesto dispone, y si la actora en autos reconoce que los cargos para los cuales se postuló no estaban presupuestados, es obvio que no puede exigir el pago retroactivo de lo que l ley 790/88 expresamente prohibe, sino que tampoco el Poder Administrador puede pagar aquello para lo cual no estaba autorizado.
Juicios contra el Estado, reclamo administrativo previo, procedimiento administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS, JOSE ALBERTO c/ CAJA NAC. DE AHORRO Y SEGURO EN LIQUIDACION - PEN s/ INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Reg. 13.152)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-07

El equilibrio al que deben propender las relaciones que existen entre el particular y la Administración pública requiere un justo y eficaz sistema de garantías que compensen las situaciones de sujeción en que aquel se encuentra.

El principio de legalidad a la que se halla sujeta la actuación de la Administración, se encuentra vinculado con el de jerarquía normativa, cuya estructura piramidal determina la prevalencia de normas jurídicas sobre otras de menor jerarquía.

La Administración no puede apartarse del ordenamiento vigente, aunque un reglamento atribuya la potestad de actuar en la materia que regula, toda vez que dicho principio estriba en un fundamento de seguridad y justicia.

El procedimiento administrativo se rige por el principio de razonabilidad y justicia, que se funda en los arts. 28 y 99 inc. 2 de la C.N., al disponer que los derechos, no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, y que el Poder Ejecutivo tiene el deber de no modificar el espíritu o la esencia de la letra de las leyes con excepciones reglamentarias.

Entendido al procedimiento administrativo como una garantía para el particular es irrazonable la interpretación por la cual no es habilitada la instancia judicial pese a haberse configurado la mora de la administración.
Recurso de reposición (procesal), tribunal colegiado, voto de los jueces, presidencia del Tribunal, formalidades procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Montaperto, Carlos s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-04-15

Era el tribunal con la totalidad de sus integrantes, quien debió decidir la revocatoria, tal como reza el art. 253, in fine, del catálogo adjetivo y como lo expresa, el art. 60 inc. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando dispone que corresponde al Presidente dictar la providencia de trámites sin perjuicio del recurso de reposición por ante la Cámara.

Existe indudablemente, con la transgresión al art. 253 del C.P.C. y art. 60 inc. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ataque al debido proceso legal, art. 18 Constitución Provincial, al omitirse el cumplimiento de normas formales que hacen a la razonabilidad del procedimiento. Teniendo en cuenta que la resolución combatida ha omitido la participación del colegio, la decisión oficiosa de la presidencia engendra un manifiesto acto lesivo viciado por defecto de ilegalidad.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, derecho a la intimidad, tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., S. J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otra. s/ daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

El derecho a la intimidad aparece tutelado en los tratados de derechos humanos incorporados en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, en cuanto prescriben que nadie puede ser objeto de ataques abusivos o injerencias arbitrarias a su vida privada o familiar, y disponen que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Escobar, Antolin c/ Unitan S.A.I.C.A. y Cía. de Seguros "La Franco Argentina" s/ Demanda  por  indemnización  emergente  de enfermedad profesional y/o  accidente "La Franco Argentina" s/ Demanda  por  indemnización  emergente  de enfermedad profesional y/o  accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-04-11

En el derecho del trabajo, al no existir normas que dispongan lo contrario, el plazo prescriptivo comenzará a correr desde que el crédito sea exigible, siempre que la inacción sea voluntaria. Es que debe resultar que el vicio ejercido sobre la voluntad torna al acto involuntario (sea activo u omisivo) y en este sentido se habla entonces de conducta voluntaria.
Fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, delitos contra la humanidad, sistema republicano, desaparecidos, terrorismo de Estado, dictadura militar, proceso de reorganización nacional
Materia: PENAL
Carátula: Arias, Carlos A. y Zírpolo, Luis A. s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

Conforme lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Simón, Julio; Fallos:328:2056-, en relación al juzgamiento de los delitos considerados de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar acaecida en la República Argentina, el objeto de reproche está dado por la extrema desnaturalización de los principios básicos que dan origen a la organización republicana de gobierno, la ilicitud ínsita habida en el propósito de hacer desaparecer a miles de personas que piensan diferente y la de los medios utilizados, tales como la aniquilación, la tortura y el secuestro, dando lugar a una práctica de terrorismo de Estado que ninguna sociedad civilizada puede admitir.
Usurpación de inmueble, despojo, administrador del consorcio
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, H. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

Constituye el delito de usurpación, la conducta del procesado administrador de un edificio- que se negó a facilitar que una copropietaria pudiese abrir la puerta de acceso a una persona de su relación, desoyendo la reclamación de aquélla, quien carecía de la llave pertinente por haberse cambiado días antes la cerradura y, en ese sentido, al negarse a la petición de su mandante, turbó ilegítimamente el derecho posesorio de ésta.
Recurso de casación, incumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL
Carátula: Andrada Castillo, Walter Oscar y Otros c/ Total Servicios S.R.L. y otros s/ Beneficios Laborales - s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-03-13

El agravio referido a que el fallo realiza una errada interpretación de la doctrina legal no resulta de recibo, y no obstante que el cuestionamiento se refiere nuevamente a la extensión de responsabilidad a los socios por lo que en realidad quedaría sin materia, sin embargo cabe señalar que dicho agravio no podría tener cabida dado al errado concepto que su formulación vislumbra, toda vez que no son los pronunciamientos de otros tribunales por prestigiosos y respetables que sean las que conforman la doctrina legal de la Corte como causal del recurso de casación, sino los precedentes emanados de este Cuerpo. (Del voto del Dr. Cippitelli).