marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, apertura a prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SECRETARIA DE TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO c/ FLUVIALCO NAVEGACION S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Atendiendo principalmente a la facultad reservada por la ejecutada en el convenio homologado en autos y sobre cuya base se promueva la ejecución y a la circunstancia de que frente al traslado conferido, la ejecutante no desconoció los hechos afirmados por su contraria en punto a las mejores condiciones que habría obtenido la firma "Toba" en su negociación con la misma acreedora, corresponde disponer la apertura a prueba de las presentes actuaciones.

Ello no importa en el caso la ordinarización del presente proceso ejecutivo, sino, más bien, su enmarcamiento dentro de los concretos límites dados por las propias partes. Esto así, pues si en el propio título sobre cuya base se acciona ejecutivamente se previó la facultad de la deudora de ampararse en los términos de un convenio económicamente más beneficioso (lo cual lisa y llanamente no significa otra cosa que la posibilidad de lograr una reducción de la deuda cuyo cobro se persigue), no es dable interpretar luego que esa facultad debe ser ejercitada en un posterior juicio ordinario, si esto último no fue asimismo previsto en dicha ocasión.

La facultad de "denunciar el convenio" se debe considerar implícita en la cláusula que otorga a la apelante la posibilidad de invocar un convenio más favorable frente a la pretensión de cobro deducida por la acreedora. De lo contrario, tanto la reserva contenida en el instrumento de marras, se convertirían en letra muerta, dado la imposibilidad de actualizarlas, lo cual se torna inadmisible.
Daños y perjuicios, daño resarcible, lucro cesante, ama de casa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREYRA DE CABEZA c/ R. SOSA s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S061 - 413)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-19

El reclamo de "lucro cesante" por la actividad de la víctima lesionada, de "ama de casa", no es procedente, ya que no es "utilidad dejada de percibir" (arts. 1069 y 1068 Cod.Civil), sino un "daño emergente", sujeto también a la prueba respectiva. La indemnización consistirá en el pago de todas las ganancias que ésta dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento (art. 1086), referida a la incapacidad transitoria para el trabajo, provocada por las lesiones, que dura lo que el proceso de curación y restablecimiento, y desaparece con la vuelta a la salud.
Proceso penal, recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso, tipo penal, ley supletoria, aplicación de la ley, jurisprudencia contradictoria
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Gabriel Alejandro s/ art. 189 bis C.P. -Apelación- recurso de inaplicabilidad de ley -Apelación- recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-10

El recurso de inaplicabilidad de ley no ha sido previsto por el legislador de la ciudad en materia de delitos, cuya competencia fuera transferida por la Nación al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sí lo ha hecho en materia contravencional (art. 52, LPC); instituto que ha sido reglamentado por la Disposición Transitoria nro. 3 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. nro. 152/99 del Consejo de la Magistratura de la CABA).

En efecto, la Ley Nro. 1287 y sus modificaciones introducidas por la Ley Nro. 1330, regularon el procedimiento especial para el juzgamiento de delitos en el ámbito de esta ciudad, que fue incorporado como anexo al Código adjetivo local. Así, a partir del artículo 55 de la Ley de Procedimiento Contravencional se instrumenta el régimen en materia penal, disponiéndose la aplicación supletoria del Código Procesal Penal de la Nación en todo lo que no se encuentre expresamente previsto y no contraríe las normas establecidas en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora bien, toda vez que la unificación de la jurisprudencia es una herramienta que hace a la seguridad jurídica, debe efectuarse una interpretación sistemática de las leyes, a fin de determinar la vía a través de la cual resulta posible materializar aquel derecho.

Siendo así, frente a este supuesto no previsto en el ámbito de la ciudad, la Ley Nro. 24.050, complementaria, a su vez, del Código Procesal Penal de la Nación (art. 539, CPPN), prevé el recurso de inaplicabilidad de ley en su artículo 11, que resulta similar al instaurado por el legislador local en el artículo 52 ya citado.

De este modo, no puede concluirse que el recurso bajo estudio no encuentre aplicación en el ámbito local en materia penal y tampoco que la omisión del legislador porteño, acerca de quien, según la secular y vigente expresión, no cabe presumir inconsecuencia o imprevisión, decidió privar a los actores del proceso penal -sea que se trate del Ministerio Público Fiscal o la Defensa-, de una herramienta que sí le otorgó en materia contravencional.

A lo expuesto se aduna el hecho de que el Reglamento para la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas (Res. 870/05 del Consejo de la Magistratura de la CABA) prevé expresamente la posibilidad de que la Cámara se reúna en pleno para unificar jurisprudencia, sin efectuar distingo alguno con relación a la materia de que se trate -sea penal, contravencional o de faltas- (art. 8 y ss.) y que la misma posibilidad legal existe en cabeza de los Tribunales Nacionales -ordinarios o federales- (arts. 10 y 11, ley 24.050).
Patrocinante, firma del letrado
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CARBAJAL, Ángel Remigio s/ Sucesión Testamentaria - Incidente de Impugnación y Redargución de Falsedad de Testamento
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-27

Del escrito del incidente se advierte que los ut supra nombrados se presentan por derecho propio, denuncian domicilio real y constituyen el procesal, y al pie del escrito constan sus firmas y la respectiva aclaración de ellas, y en el costado derecho obra la rúbrica del Dr.

E. F., con el pertinente sello aclaratorio e indicación de la M.P.

Con la aludida firma al pie del escrito se cumple con el recaudo procesal vigente; porque la normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia no exigen como requisito de validez para que se acredite el patrocinio letrado que el nombre del abogado figure en el encabezamiento de las presentaciones judiciales.

La firma autógrafa de quien los presenta es, sin duda, el requisito más importante que trae la mencionada norma, pues tiene por objeto individualizar al signatario y expresar la conformidad con el contenido del instrumento, tanto se trate de la parte o de su abogado.
Depreciación monetaria, honorarios
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad del decreto 2227/80 del Poder Ejecutivo Nacional.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

Corresponde actualizar lo adeudado por honorarios desde la regulación hasta el libramiento del pertinente cheque, descontar lo percibido por el interesado, y al saldo resultante se lo debe reajustar hasta su efectivo pago.
Quiebra, calificación de conducta, fallido, terceros, responsabilidad del síndico del concurso, período de sospecha
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARGEMMODA  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE CALIFICACION DE CONDUCTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Siendo que el síndico ceso en sus funciones con anterioridad al período de sospecha, conforme a las actas de asamblea, ello lo releva de responsabilidad por las conductas reprochadas, no resultando óbice la circunstancia de que dicha decisión no haya sido inscripta en el registro respectivo, pues en tal situación y a los efectos de analizar la calificación de conducta de los encargados y su desvinculación de la sociedad, la inscripción que prescribe la LS: 60 es de carácter meramente declarativo, sin perjuicio de las consecuencias que dicha omisión pueda haber producido, conforme a los que determina la ley de sociedades respecto de terceros perjudicados que la invoquen.
Prueba pericial, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MEDICI, MÓNICA LILIANA c/ ANSES s/ PRESTACIONES VARIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-14

La mera discordancia entre el dictamen del perito y la opinión de una de las partes -cuando se trata de una simple impugnación de la pericia y sus conclusiones- sin argumentos científicos aptos para desvirtuarlas, no resulta atendible. La sana crítica aconseja, como principio, la aprobación del parecer del experto, conclusión que adquiere mayor firmeza cuando se trata de uno de los auxiliares de la justicia previstos en el art. 53 del decreto ley 1285/58, y cuyo asesoramiento pueden requerir los magistrados cuando circunstancias particulares del caso así lo hagan necesario (art. 63, inc. c, in fine, del decreto-ley citado).
Concesión errónea del recurso, acción de amparo, personas con discapacidad
Materia: SALUD PUBLICA
Carátula: AAI c/ FACOEP SE s/ amparo - salud-medicamentos y tratamientos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde declarar mal concedido el recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la sentencia de la Cámara que confirmó la de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a FACOEP que otorgara al actor - persona declarada incapaz con padecimientos del síndrome psicoorgánico-, la cobertura del 100 % de los insumos y prestaciones de acuerdo con su estado de salud, en tanto no cumple con la carga de fundamentación adecuada. Ello así, debido a la vaguedad, generalidad y el carácter contradictorio de los argumentos que intenta desarrollar. Esto impide adentrarse en el análisis ya que no es posible colegir qué aspectos concretos de la condena cuestiona ni con qué fundamentos constitucionales lo hace. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Viajantes de comercio, promotor de ventas
Materia: LABORAL
Carátula: BEER, SAUL GERARDO c/ LAMSON PARANGON  S.A.I.C. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Está comprendido en las disposiciones de la ley 14546 el trabajador que concierta negocios para la empresa que fabrica formularios continuos con las modalidades de color, formato, diseño leyendas, etcétera, que indique el cliente según el destino que éste le asigne, ello constituye una venta a futuro (artículo 1327 Código Civil) y no una locación de obra.
Accidente de tránsito, prioridad de paso, avenida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: WINGORD RODOLFO ARTURO c/ JOSE MARIA BRITOS MONTOYA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1990-09-06

La prioridad de paso desde la derecha se aplica en todo caso y atendiendo, por ende, a cada sentido de circulación, cualquiera sea la circunstancia en que se verifique; es decir, la prioridad de paso desde la derecha debe respetarse también dentro de la calle de doble mano de suerte que aun el vehículo que ingresó en ésta con prioridad, la pierde no obstante con relación a los automotores que avanzan a la derecha en la mano siguiente.
Derecho bancario, cheque, cheque en blanco, responsabilidad del banco
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAPDEVIELLE  KAY  Y  CIA. SACFM c/ SA DEL ATLANTICO CF Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-16

Si constituye operatoria habitual de una entidad financiera erigirse en mandataria de sus "clientes" en orden a la cobranza de cheques (empleando incluso la apertura de cajas de ahorro en la cual se depositaban los valores), y constituir esa habitual actividad ciertamente lucrativa, comportaba inexcusable cometido de la entidad constatar la regularidad formal de los cheques destinados a ser depositados para su ulterior percepción. De modo pues, que lo decisivo reside en que la ausencia de contralor de la regularidad formal de los títulos habidos para su percepción, aparece exigible al banco desde la perspectiva fluyente del CCIV art.902, por haber ocurrido esa omisión en el marco de la actividad habitual de la entidad, que es colocable por ende en la orbita de la responsabilidad agravada con la cual cuadra juzgar a la titular de una hacienda especializada.
Competencia de la Corte Suprema, declaración de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Rosza, Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Si bien la Corte no olvida los límites y la gravedad que conlleva una declaración de inconstitucionalidad, tampoco soslaya que tiene el imperioso deber de hacerla efectiva cuando la norma no supera el denominado "test" de legitimidad (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Daños y perjuicios, facultades jurisdiccionales, responsabilidad del Estado, error judicial, cosa juzgada, seguridad jurídica
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robles, Ramón Cayetano c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-18

El Estado sólo puede ser responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error; lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, ya que la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley.
Desagio, intereses, inflación, mutuo, moneda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guerrero, Juan Carlos León c/ Sociedad Militar Seguro de Vida. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Si bien el contrato de mutuo implicó la obligación de dar una suma de dinero expresada en pesos argentinos cuyo curso se inició antes del dictado del decreto 1096/85 y venció después, ello no supone que el capital cuyo reembolso debia llevar a cabo el depositario contenía expectativa inflacionaria alguna que haga aplicable la disposición del art. 4x del citado decreto, ya que se trata de devolver una suma de dinero que permaneció invariable en su expresión nominal hasta el término de la imposición y, en todo caso, la expectativa sólo podría estar contemplada en los intereses.
Debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: RABAIOTTI HECTOR c/ MEDINA RAMON Y OTROS s/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS-CASACION RABAIOTTI HECTOR c/ MEDINA RAMON Y OTROS s/ HOMICIDIO CULPOSO Y OTROS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-04-21|1997-04-21

Todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio de defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el Art. 18 de la Const.Nacional, sea que actúa como acusador o acusado... (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor, daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ranchilio, Juan Carlos c/ Bianchi, Horacio Antonio y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Si el actor no logró acreditar el uso que daba su vehículo, ya que lo único probado es que, al momento del accidente lo manejaba su esposa, transportando algunos niños, y si admite ser dueño de otro automóvil, resulta justo reducir el importe fijado en la sentencia de primera instancia (art. 165, CPCC.).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: Charra, Miguel R. c/ Fontana, Giuseppe s/ Haberes adeudados
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

La decisión que rechaza la prescripción extintiva opuesta como excepción previa (art.31 in fine dec.ley 7.718/71 y art.344 segundo párrafo C.P.C.C.), reviste el carácter de sentencia definitiva en los términos del art.278 del C.P.C.C., porque trata sobre un medio extintivo del derecho creditorio o de la acción que lo protege y declara con efecto definitivo, que ese derecho no se encuentra afectado y mantiene toda su virtualidad; en ese sentido pone fin a la litis y hace imposible su continuación porque no se puede volver a plantear la extinción del derecho creditorio invocado por efecto de la prescripción.
Alimentos, alimentante de escasos recursos, obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: T.C.E. c/ F.A.P. s/ Alimentos - Tenencia- Actuaciones para Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-08-14

La cuota fijada es mínima si se tiene en cuenta que es para alimento, vestido y asistencia de cuatro niños de 3, 5, 6 y 11 años y representa menos de la mitad de un salario mínimo.

No obsta a lo dicho que se trate de una cuota provisoria fijada sin haberse receptado toda la prueba y que la actividad a la que se dedica el padre alimentante le produzca entradas muy reducidas, ello en atención, por un lado, a que como decimos se trata de una cuota evidentemente mínima para la atención de cuatro niños y, por otro, porque la obligación alimentaria de los padres no queda dispensada por la insuficiencia de recursos provenientes del trabajo para el que tengan vocación y habitualmente hagan, desde que en tal caso, si tienen salud y son jóvenes, tendrán que dedicarse a trabajar con mayor intensidad o en otra actividad más productiva que le permita alimentar a los hijos que han tenido.
Recurso de inconstitucionalidad, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MENARA CONSTRUCCIONES S.A. c/ VIGNOLO, GUSTAVO MODESTO Y/O VIGNOLO, JAVIER MARCOS Y/O ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 394 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-10

La interpretación de normas procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva, que es concorde con el adecuado servicio de justicia y compatible con la garantía del art. 18 de la Constitución nacional.
Juicio de apremio, embargo de la remuneración, identificación del imputado, documento nacional de identidad, responsabilidad del empleador, acción de reintegro, daño moral
Materia: PROCESAL
Carátula: Novoa, Jorgelina Vanessa c/ Provincia del Neuquén s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-08-11

La demandada deberá reintegrale a la actora las sumas descontadas en sus haberes como consecuencia de un embargo dispuesto en el marco de un juicio de apremio por cobro de patentes, ya que al estar acreditado que en forma oportuna la accionante advirtió a la empleadora que el DNI no se correspondía con el suyo y que, frente a ello, la Administración procedió a trabar igualmente el embargo sin adoptar las diligencias debidas para constatar que se trataba de la persona involucrada en la medida (mediante la debida comunicación al Juez embargante) todo lleva a estimar que existe causa suficiente para comprometer la responsabilidad de la Provincia demandada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: BANCO DE LONDRES Y AMERICA DEL SUD c/ GOZAIN, EMILIO Y OTROS s/ ORDINARIO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 483-88 GRASSO, SALVADOR s/ SUCESORIO     INCIDENTE DE PETICION DE HERENCIA     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 384-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-01|1989-11-23

La cuestión constitucional ya aparece con el fallo de primera instancia si la sentencia de segunda instancia no sólo es confirmatoria de la inferior, sino sustancialmente coincidente en su fundamentación con aquélla.
Hipoteca, ejecución hipotecaria, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: Banco de la Provincia de Córdoba c/ Blanchard, Mirta Gladys y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-09-20

Tratándose de una escritura de cuyos términos no surgen obligaciones personales y directas respecto de las garantes hipotecarias, la sola manifestación unilateral de parte interesada (acreedor) no es suficiente para comprobar fehacientemente el incumplimiento del deudor, y consecuentemente la existencia de una obligación líquida y exigible respecto de aquéllas.

Lo esencial para la viabilidad de la acción dirigida exclusivamente contra el acreedor hipotecario es determinar fehacientemente que al tiempo de promoverse la demanda la deuda garantizada es exigible respecto del deudor.

No establecida dicha circunstancia, la escritura hipotecaria es formalmente inhábil como título ejecutivo por no concurrir un presupuesto básico del proceso de ejecución: la exigibilidad de la deuda.

La accesoriedad condicionante del derecho real de hipoteca, determina que para el funcionamiento de tal "garantía" se cumplan determinados requisitos debido a que el garante no se obliga con el acreedor en forma mediata y directa, como un mero codeudor; de allí la necesidad de que al "garante" le conste el incumplimiento de quien se obligó personalmente ya que no son asimilables la situación de este último y la de aquel frente al acreedor. (Voto de la mayoría Dres. Soria López y Magín Aguirre Bustos).
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, motín carcelario, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: AGUERO, JUAN GILBERTO c/ GOBIERNO DE LA PROV.DE MZA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2015-05-04

Corresponde hacer lugar a la demanda promovida contra la Provincia de Mendoza por los daños que sufriera el actor en ocasión de haber sido rehén en el motín carcelario producido en la Penitenciaría local en oportunidad en la cual el accionante había concurrido a dicho establecimiento como integrante de un grupo musical que fue invitado a participar de un espectáculo vendimial que allí se desarrollaba, en tanto se advierte que los artistas fueron rehenes de los reclusos amotinados durante aproximadamente cuarenta y cinco horas, lo que sin duda los afectó espiritualmente, tanto por la privación de la libertad como así también por el entorno en que la misma se dio y por la amenaza creíble de que la vida de cada uno estaba seriamente en juego.
Jurisdicción y competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia originaria, Constitución Nacional, sistema republicano, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Amerisse, Alfredo Ricardo c/ Salta, Provincia de s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-18

Cuando se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, en el sentido que da al término la Ley Fundamental, y que constituye uno de los pilares del edificio por ella construido con el fin irrenunciable de afianzar la justicia, no puede verse en la intervención de la Corte Suprema una intromisión ni un avasallamiento de las autonomías provinciales, sino la perfección de su funcionamiento, asegurando el acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional.