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Recurso de revisión (procesal), resoluciones recurribles, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, inhabilidad de título, Municipalidad, certificado de deuda, notificación, acto administrativo, inexistencia del acto jurídico
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SANZONE Y DIGON S.R.L. c/ EDUARDO VACA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-04-24

Frente al certificado de deuda por contribución de mejoras expedido por la autoridad administrativa, la defensa de inhabilidad de título puede trascender el instrumento que ha habilitado el despacho de la ejecución, para incursionar en el proceso de gestión del título. Ello no para evaluar la legitimidad causal de la obligación -cuestión invalorable en el juicio ejecutivo- sino para verificar el cumplimiento de las formalidades que regulan la formación del título. Esta incursión defensiva más allá del instrumento invocado como título ejecutivo, no es un fenómeno excepcional, sino que se admite toda vez que la validez formal del título o su ejecutoriedad están condicionadas por elementos que no constan en él. El instrumento con firmas certificadas por escribano público, por ejemplo, puede ser cuestionado por irregularidades de la actuación cumplida en el libro de Registro de Intervenciones a que se refiere el art. 13 de la Ley 4.183; frente a la liquidación de costas judiciales prevista en el art. 918, inc. 2°, Ley 1.419 y modif., se admite sin discusiones la excepción fundada en que dicha liquidación no está notificada o ha sido recurrida, para lo cual obviamente la investigación se dirige al expediente en el cual la liquidación ha sido formulada. Del mismo modo, cabe cuestionar el certificado de deuda por contribución de mejoras, cuando se invoca el incumplimiento de las formalidades esenciales que hacen a su otorgamiento o exigibilidad. (VOTO DEL DR. FERRER, POR SUS FUNDAMENTOS)
Emergencia económica, ejecución de alquileres, mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Zanoni, Amalia Nelly c/ Villadeamigo, Valeria Mariana s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-11-07

La normativa de emergencia - relativa a la pesificación -no se aplica a todas las obligaciones dinerarias, sino solo a los contratos celebrados con anterioridad, que no se encuentren en mora, y con prestaciones pendientes de ejecución, porque el artículo 11 de la ley 25561 establece que la pesificación se aplicará a las obligaciones exigibles a partir del 6 de enero del 2002.

Resulta insostenible que el decreto 214 haya derogado la ley 25561 porque las leyes no se derogan sino por ley, y además porque el decreto 320 en su artículo 1ro hace expresa mención a que la aplicación del decreto 214 del 3 de febrero del 2002 se refieren a las reestructuradas por la ley 25.561.

Por otra parte el poder legislativo expresamente limitó las facultades de reglamentación del ejecutivo en cuanto al impacto de la pesificación para aquellas situaciones que surjan de los contratos en curso de ejecución aunque el decreto 214 fue dictado como Decreto de Necesidad y Urgencia no pudo haber avanzado mas allá de las facultades que le fueron expresamente delegadas en el artículo 1ro de la ley 25.561. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Exacciones ilegales, personal policial
Materia: PENAL
Carátula: Zurita Gosen, Daniel Fernando y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-27

Corresponde confirmar las condenas, en orden al delito de exacciones ilegales, a ex funcionarios policiales dado que, según dichos de testigos, los mismos ingresaban en diversos establecimientos comerciales con el supuesto propósito de controlar irregularidades y, en ese marco, solicitaban a sus dueños una "cuota mensual" a los efectos de garantizarles protección sobre futuros y eventuales procedimientos de ese tipo que pudieran volver a tener lugar. En consecuencia, la reiteración de estos ilícitos, los que eran cometidos por los mismos funcionarios con idéntica modalidad, revela la evidencia de que se trató de un plan previamente concertado por los policías.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Losinno, María de las Mercedes contra Antonelli, Marta Beatriz y otro. Pérdida de vocación hereditaria c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-07-10

Quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo. La frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor.(doctor Genoud, sin disidencia)
Indemnización, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Muñoz, Alfredo Víctor c/ Saez, Julio Argentino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-15

El "daño psíquico debe ser considerado -desde que no comporta un daño autónomo- tanto en la órbita del daño económico -sea como incapacidad o ya fuere como lucro cesante, según el caso- cuanto en la espera del daño moral...".
Contratos de adhesión, cláusulas leoninas, tarjeta de crédito, interpretación del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Mayo Cooperativo limitado c/ Olivares, Hugo Néstor s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

La cláusula predispuesta por la cual el banco emisor de la tarjeta de crédito quede liberado de la carga procesal de exhibir los documentos que pudieren obrar en su poder, y que se deriva del art.

386 de la legislación adjetiva carece de eficacia por estar en pugna con la regla moral, el principio de buena fe y, en suma con el debido proceso legal (arts. 18, Constitución Nacional; 953, 1198, C.

Civil; 34 inc. 5°, "c" y "d", C. Procesal).
Jubilación ordinaria, docentes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Albelo, Blanca Ignacia c/ A.N.Se.S. s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-11

Tratándose de una jubilación ordinaria de docente provincial (en el caso, de San Luis), cesada con posterioridad al traspaso de los afiliados activos al ámbito nacional, la titular quedó incluida en el régimen previsional especial para esa actividad regulado por la ley 24.016, que en el art. 4 dispone que "el haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese, o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiere desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a 24 meses, ya sea como titular, interino o suplente .", aun cuando limitó esa cuantía al 70% sólo "por excepción y por el lapso de 5 años, a partir de la promulgación ." (cfr. doctrina sentada por la C.S.J.N. a propósito de otro régimen transferido -se tra-taba del dispuesto por el Dec. 1044/83 para funcionarios de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- in re "Arrúes, Abraham David Segismundo", sent. del 30.05.06).
Prescripción, suspensión de la prescripción, interpelación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cornes, Guillermo Juan José c/ Massuh  SA.  -División Adamas-. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

No existe razón suficiente, con apoyo en lo dispuesto en el art. 845 del Código de Comercio, para excluir a las interpelaciones extrajudiciales (art. 3986, segunda parte, del Código Civil) de los alcances de la remisión genérica consagrada en el art. 844 del Código de Comercio y no considerarlas como una de aquellas manifestaciones de la actividad del acreedor, consentidas por el legislador mercantil, susceptibles de incidir en el curso de los plazos.
Daños y perjuicios, valor vida, herederos forzosos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Roncero de Donnamaría, Lucía S. c/ Rodríguez, Emilse Noemí s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-12

La circunstancia que la actora -cónyuge de la víctima-, pueda conseguir pensión o indemnización de la empleadora de su esposo no incide en la fijación del importe resarcitorio, porque la indemnización se establece siguiendo las reglas establecidas por el Código Civil no por las leyes previsionales o por la de accidentes de trabajo (art. 1109, C. Civil).
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir, seguro de responsabilidad civil, asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scicolone, Manuel c/ Prantera, Omar Alberto y otro s/ Indemnización por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

Si el demandado no apeló de la sentencia que lo condenaba a endosar una póliza de seguro, la aseguradora carece de legitimación para oponerse al fallo.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, privación de justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JORGE RAFAEL VIDELA s/ CAUSA  ORIGINARIAMENTE  INSTRUIDA  POR EL CONSEJO SUPREMO DE LAS  F.A.  EN CUMPLIMIENTO DEL DEC. NRO. 158/83 DEL P.E.N
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-27

Postergar sine die la resolución de cualquier caso importa privación de justicia, porque si las instancias pudieran diferir sin término previsible la decisión referente al caso controvertido, con grave e injustificado perjuicio para quienes lo invocan. Ello así, pues si bien la realización en tiempo adecuado es siempre importante para los negocios humanos hay supuestos en que aquélla adquiere caracteres de urgencias sea por el carácter de la cuestión en debate, sea por la premura que las particularidades específicas del caso imponen a su solución.
Facultades legislativas, poderes del Estado, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA s/ amparo s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-26

La competencia de la Ciudad para reglamentar cuestiones relativas al ejercicio profesional, fomento del empleo y policía del trabajo en el ámbito de su jurisdicción (arts. 129, CN; 80, inc. 2°, ap. D, CCBA) es una potestad constitucional en virtud de la cual la Legislatura ha dictado ya normas reglamentarias de ciertas actividades profesionales (la función notarial, el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal; la actividad de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, de los profesionales en Ciencias Económicas, entre otras). (Del voto de las juezas Ana María Conde, Alicia E. C. Ruiz e Inés M. Weinberg).
Desaparecidos, declaración de incompetencia, juzgados federales, competencia por conexidad, falta de prueba, Operación Cóndor
Materia: DERECHOS HUMANOS-PENAL
Carátula: G. P. I. y otro c/  s/ incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde confirmar la declaración de incompetencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, para entender en una causa originada por una denuncia efectuada ante un Juzgado Federal de la Provincia de Misiones que le había sido remitida por razones de conexidad, en relación a la desaparición forzada del padre de los denunciantes, ocurrida presuntamente en el marco del denominado "Plan Cóndor", a raíz de una operación conjunta entre las fuerzas de seguridad argentinas y la policía de Paraguay, habida cuenta que, sin perjuicio de que los denunciantes afirman que las personas involucradas en el secuestro de su padre habrían formado parte de aquel operativo, ello no encuentra respaldo en ningún elemento probatorio. Además, la única medida de prueba llevada a cabo fue la de oficiar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que informó las denuncias y causas en trámite respecto a la desaparición forzada denunciada, lo cual resulta insuficiente para demostrar la presunta vinculación entre ambos procesos.
Relación de causalidad, causalidad adecuada
Materia: CIVIL
Carátula: N., A. C. c/ T. F. P. S.R.L. y P. A. de R. del T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

Las algias son síntomas de muchos morbos, pero el fenómeno no es sinónimo de causación de la dolencia por el trabajo. La labor no opera en esos supuestos como causante, sino que sólo brinda oportunidad para que el síntoma doloroso se haga presente.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Juan Carlos c/ Club Unión Eléctrica de la Sociedad Mutual Social y Deportiva de Trabajadores de EPEC s/ ordinario - daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2015-09-16

Las derivaciones dañosas consumadas del hecho pretérito descripto en la plataforma fáctica de la demanda, ocurrido varios años antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo resarcimiento persigue el actor, no pueden ser alcanzadas por la nueva ley sin incurrir en retroactividad.
Recurso contencioso administrativo, solve et repete
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: PRIMER CENTRO DISTRIBUCION DE COMESTIBLES CASSINERIO SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ REVOCATORIA     RECURSO  CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 142-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-09-29

El Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa Fe (ley 4106), consagra el principio "solve et repete" en su artículo 8 como un presupuesto de admisibilidad, pues, no lo contempla como excepción procesal en el artículo 37.
Indemnización por accidente de trabajo, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Sandoval Luis David c/ Mapfre Art S.A. s/ Accidente de Trabajo - Casación Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2019-12-27

No corresponde aplicar las mejoras introducidas por la ley 27.348 al sistema tarifario, a los casos de accidentes o enfermedades cuya primera manifestación invalidante se produzca con anterioridad a su entrada en vigencia. El art. 20 de esta ley es lo suficientemente claro, y no corresponde formular ninguna interpretación que desvirtúe la letra de dicha norma.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, estafa, tercero demandado, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, responsabilidad del banco
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-CIVIL
Carátula: G., D. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL ACTOR CIVIL-  ESTAFA - DOS HECHOS- Y ESTAFA AGRAVADA COMETIDA EN PERJUICIO DE UN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-17

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el representante del actor civil contra la sentencia que- si bien condenó tanto civil como penalmente al imputado por estafa agravada cometida en perjuicio de un incapaz- rechazó la demanda promovida contra el banco como tercero civilmente demandado, por cuanto no luce arbitrario que el tribunal a quo haya sostenido que el acervo probatorio rendido acreditaba que el condenado le administraba la fábrica a la víctima, manejaba su comercio y también la cuenta corriente, para luego concluir que dicha coyuntura ponía en claro que la actividad desarrollada por el condenado -con relación a los intereses del actor civil- era totalmente ajena a su función de gerente de cuentas corrientes de la Sucursal del Banco y, por ende, se apartaba de la relación laboral entre empleador y empleado, desapareciendo con ello la obligación patronal de garantizar la conducta de sus dependientes.

Es que la crítica central apunta a que el A quo incurrió en absurdo al tener por incumplidas las condiciones para el funcionamiento del factor de atribución de responsabilidad contenido en el artículo 1113, primera parte del Código Civil.

Es que, en rigor de verdad, los argumentos que brinda en torno al factor de atribución de responsabilidad que cabía imputarle -contractual o extracontractual-ninguna conducencia ostentan para derrumbar el nexo causal requerido entre el daño y la función para habilitar la aplicación de la responsabilidad indirecta o refleja, no configurándose, entonces, cuestión constitucional en los términos del artículo 1 de la ley 7055.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Corones, Gladys María. c/ Marval y O'Farrell Sociedad Civil. s/ recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-03

Por la vía de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de casación, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Peña, Mario Ernesto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1999-12-09

Al Tribunal de Casación le incumbe en esta instancia, además del análisis de los requisitos formales relativo al tiempo de interposición, naturaleza de la resolución recurrible y legitimidad del recurrente, el examen del encuadramiento de los motivos invocados por éste en los que son objeto de descripción taxativa en el artículo 466 del Código Procesal Penal, y la verificación de la suficiencia de los agravios en razón de las exigencias contenidas en su artículo 472. Ello, con el objeto de que el uso de la vía revisora no sirva para canalizar simples discrepancias en una segunda instancia, desnaturalizando el carácter extraordinario del recurso. Por evidentes motivaciones de economía procesal entonces, corresponde que dicha evaluación, que constituye un reaseguro respecto de la apreciación que hiciera el tribunal de mérito en el momento de la concesión, la efectúe esta Corte de Justicia en la etapa liminar de la tramitación del recurso. El impugnante omite adecuarse a las exigencias de fundamentación que la ley procesal establece para el recurso de casación si, aún conteniendo la presentación un discurso genérico con citas de doctrina y jurisprudencia, no efectúa mención alguna de normas que impongan inevitablemente una determinada situación que dice incumplida. Ello debe considerarse como un incumplimiento de la carga procesal de citar concretamente las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, impuestas por el artículo 472 del Código Procesal Penal, y tal defecto de fundamentación del recurso se hace más evidente en la medida que, en él, se ha silenciado toda mención a las normas procesales que autorizan expresamente el procedimiento por el que se agravia. No resulta atendible en casación el planteo de cuestiones vinculadas a supuestas violaciones de normas procesales para las cuales la ley haya previsto una sanción de invalidez, máxime cuando en los fundamentos del recurso contienen citas de normas procesales y de fondo impertinentes, relativas a situaciones esencialmente diferentes de aquella que motiva el agravio.
Prueba testimonial, valor probatorio, principio de adquisición
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez, Sergio A. y otros s/ Hurto simple reiterado y defraudación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-18

No se puede sostener que la declaración de testigos, casuales o compelidos, que escucharon la conversación entre policía y detenido signifique incorporar por vía oblicua una declaración indagatoria policial. Aún llamando a los estrados judiciales a tal policía y tales testigos solo se podrá obtener, al margen de las supuestas intenciones policiales, un simple y único indicio de aquellos previstos en el art. 258 del C.P.P., cuyo número y particularidades son infinitos. Nunca una indagatoria ni una confesión. Los testigos ocasionales o casuales podrán merecer más fe que los vinculados a la policía, pero ésta tampoco es una verdad absoluta. Puede que sí, puede que no. Por tanto nada prohibe a un policía requerir la presencia de testigos que observen su accionar. El valor de sus declaraciones es de exclusiva apreciación del magistrado y no apriorísticamente sino luego de producidas.-
Concursos, verificación de créditos, proceso de verificación, demanda de verificación, obligaciones eventuales
Materia: COMERCIAL
Carátula: OBRA  SOCIAL (UOM) s/ CONCURSO PREV. S/ INC. DE REVISION POR AMROBANK NV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-28

Los sujetos activos de obligaciones eventuales tienen la carga de insinuar sus acreencias ante la sindicatura en los términos de la ley 24522 art. 32 y ss., con la ventaja que ello clarificaría la situación económica y financiera de la concursada, en beneficio de los restantes acreedores y del propio tribunal concursal.
Acto administrativo, empleados públicos, estabilidad del empleado público, nulidad absoluta, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALEZ PALICIO, VICTOR ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 214-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-07-03

Adolece de los vicios de "ilegalidad y desviación de poder" el decreto fundado en presupuestos fácticos contrarios a las circunstancias reales o que interprete las mismas arbitrariamente y esté orientado a la violación de la garantía de la estabilidad".

Tratándose de una "nulidad absoluta", la facultad de "revocar" un acto administrativo es imprescriptible.
Homicidio, agravantes de la pena, parricidio, atenuantes de la pena, emoción violenta, circunstancias extraordinarias de atenuación
Materia: PENAL
Carátula: C., L. s/ Homicidio calificado (Expte Nº174-96, Resolución Nº58, Tomo 3,  Folio 123)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-12

Debe tratarse por separado el componente relativo a que las circunstancias han de ser "extraordinarias" y el que hace a su operatividad como factor de atenuación. Extraordinario es lo que se halla fuera de la regla común. Aplicando esto a las relaciones familiares, deberíamos decir que circunstancias extraordinarias son las que se apartan de lo que comúnmente, ordinariamente, sucede en esas relaciones. Las patologías afectivas, la conmiseración ante dolores o agravios fuera de los comunes que sufre un familiar amado, el desamor, las preferencias que impliquen menosprecio para otros integrantes del núcleo, las injurias persistentes o moralmente denigrantes provenientes de un marco familiar, y los malos tratos físicos, superarían en cambio aquél marco de normalidad y podrían pretender el rótulo de extraordinarias. Como factores de atenuación han de entenderse aquellos que aconsejen una menor respuesta punitiva, lo que en un esquema penal estructurado sobre la idea de culpabilidad y finalidad preventivo especial de la pena, como el nuestro, supone una menor culpabilidad con reflejo sobre una menor necesidad de la pena. Lo que ocurre con el agente influenciado por circunstancias extraordinarias, es que su capacidad de motivarse en el respeto a la norma se halla particularmente debilitado, porque razones ligadas a lo que debió ser una sana relación afectiva, o bien disminuyen la intensidad de la comprensión, o bien lo impulsan hacia el cometimiento del hecho.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, uso de estupefacientes en lugar público
Materia: PENAL
Carátula: YAÑEZ ALVAREZ, M. s/ ESTUPEFACIENTES - CONCURSO DELITOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-07-03

Si bien usar un estupefaciente en lugar público -art. 7, inc. c), ley 20.771- supone, efectivamente, tener la droga que se está usando, es también exacto que, cuando menos, la tenencia simultánea de estupefacientes que no se están usando, constituye un delito independiente del otro.