Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-20


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 20 de 2007.

El Dr. Kiper dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia (fs. 573/8), que hizo lugar a la demanda por la cual el actor reclamó que se tuviese por cancelado el préstamo con garantía hipotecaria otorgado por la demandada, ésta expresa agravios a fs. 616/21 y la actora lo hace a fs. 623/5. La primera contestó el traslado a fs. 627/8 y la segunda lo hizo a fs. 630/2.

La demandada se agravia, en primer lugar, de que no se haya hecho lugar a la excepción de prescripción. Sostiene que no es aplicable el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil, ya que lo que se reclama es la inaplicabilidad de la ley 24.143 y la nulidad de actos administrativos (v.gr.: Resolución BHN 365/95) que debieron previamente ser objeto de reclamo administrativo. Entiende aplicable el plazo de cinco años desde la celebración del acto previsto para el vicio de lesión. En subsidio, se agravia de que se haya aceptado que el crédito se encuentra pagado. Explica el sentido que tuvo el dictado de dicha ley, que fue recomponer contratos en los que originariamente estaba prevista la indexación, luego vedada por la ley de convertibilidad. Agrega que aplicó una tasa de interés razonable.

El actor, por su parte, cuestiona que no se haya hecho lugar al reclamo de devolución de las sumas pagadas en demasía, lo que surgiría del peritaje contable, ni a su pedido de indemnización del daño moral.

Es un hecho no controvertido que la actora y la demandada suscribieron el 28 de abril de 1986 un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. El dinero fue otorgado para la ampliación de la vivienda del actor, y sería reembolsado en el plazo de 14 años, contados a partir del primer mes subsiguiente al vencimiento del plazo de la obra. El primer vencimiento se produjo el 15 de enero de 1987, fecha a partir de la cual el actor pagó cuotas mensuales. Siguió pagando cuotas luego de transcurridos 14 años hasta junio de 2002, momento en que dejó de hacerlo por entender que ya no correspondía. El problema se suscitó porque el contrato sufrió modificaciones impuestas por la ley 24.143.

Examinaré en primer lugar los agravios vinculados a la excepción de prescripción. Coincido con la juez de primera instancia en que debe aplicarse el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil. En efecto, la actora demandó por cumplimiento de contrato y cancelación de hipoteca en el entendimiento de que cumplió con sus obligaciones, mientras que la otra parte no cumplió con las suyas. Además, también se aplica el plazo decenal cuando se pretende repetir un pago supuestamente indebido (conf. J. J. Llambías, Código Civil Anotado, t. II-A, p. 740; J. Bustamante Alsina, Repetición del pago de lo que no se debe, Ed. Abeledo Perrot, p. 76; CNCiv. y Com. Fed., sala 3º, 27/12/2001, Gómez, Miguel Angel c. Banco Hipotecario Nacional y otro s/cobro de pesos).

La demandada alega que en el caso se pretende la nulidad. Discrepo con esta apreciación ya que el actor no alegó en ningún momento la nulidad del contrato sino, por el contrario, que se lo respete y que, según su punto de vista, las obligaciones a su cargo habían sido cumplidas.

Se suma a lo expuesto que la pretensión final de la demanda es que se cancele la hipoteca. El deudor tiene derecho a la cancelación de la carga real una vez extinguido el crédito del que aquélla es accesoria. Al ser así, si el contrato debió concluir en diciembre de 2000, a partir de este momento nacería la acción para exigir la cancelación. Teniendo en cuenta que la demanda fue iniciada el 29 de diciembre de 2003 (ver cargo de fs. 272 vta), el plazo no se encuentra cumplido. Tampoco lo estaría el término de 5 años que la demandada dice que es el aplicable al caso de autos.

En lo que concierne a la falta de agotamiento de la instancia administrativa, cabe advertir, y sólo a mayor abundamiento, y aun cuando por vía de hipótesis se admita que la actora no agotó la vía administrativa y que ello fuera menester en este caso, que ello no es necesario cuando media una clara conducta de la administración que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando el reclamo en un ritualismo inútil (doctr. Fallos: 301:99; conf. Tawil, G., Administración y justicia, II, p. 156; Gonzalez Perez, J., La reforma de la legislación procesal administrativa, Madrid, 1992, p. 46).

Como señala Canosa, no es posible trabar el acceso a la justicia obligando al particular a transitar un camino que no tiene ningún sentido, decisión que debe quedar al prudente arbitrio de los jueces (Influencia del derecho a la tutela judicial efectiva en materia de agotamiento de la instancia administrativa, ED, 18/3/96).

Sentado lo anterior, corresponde examinar los agravios vertidos por las partes sobre la cuestión de fondo.

No puede soslayarse la finalidad tuitiva de que gozan aquellos bienes adquiridos con un crédito del Banco Hipotecario (art. 35 ley 22.232, modificado por la ley 24143), lo que se extiende más allá del pago total de la deuda contraída con ese banco. El fin de esa norma concuerda con el espíritu de normas análogas, como las que regulan el llamado "bien de familia", que hallan su soporte constitucional en el art. 14 bis Carta Magna, en cuanto tiende al afianzamiento de la vivienda, fruto del esfuerzo de los integrantes del grupo familiar. Además, es un hecho público y notorio que durante la llamada "década del 90" muchos valores permanecieron fijos, entre ellos los salarios.

Lo cierto es que el art. 7 de la ley 23928 (de Convertibilidad) dispuso que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor. A su vez, derogó las disposiciones legales y reglamentarias que se opusieran y consideró inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto. La ley 25561 (de Emergencia) ratificó este criterio y sólo admite excepciones para aquellos créditos que, pactados originariamente en dólares, hubiesen sido convertidos a pesos, situación que no es la examinada en este caso.

El art. 10 de dicha ley dispone que: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1/4/1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar" (texto según ley 25561).

También es útil recordar que la ley 23928 reformó al art. 623 CCiv. con el siguiente texto: "No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase a pagar la suma que resultare y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza".

La ley 24143 -denominada "de Cancelación de Créditos y Deudas Existentes entre el Banco Hipotecario Nacional, el Banco Central y la Secretaría de Hacienda", del 23/9/1992 (B.O. del 21/10/1992), dispone en su art. 4 que: "El Banco Hipotecario Nacional orientará su accionar como banco mayorista, para atender las necesidades de la población en materia de vivienda social única -y de uso permanente por el beneficiario según la reglamentación que dicte el banco- y desarrollo urbano".

A su vez, el art. 7 dispone que: "El Banco Hipotecario Nacional procederá a fijar en todas sus operaciones de préstamos individuales, para la vivienda, los saldos de deuda al 1/4/1991 conforme las condiciones que se establecen. A tal efecto, dentro de los trescientos sesenta días de la sanción de la presente, deberá dictar la reglamentación respectiva, la que preverá una disminución mínima de los saldos, no inferior al 10% de la deuda calculada a la fecha establecida, por los índices originales". Agrega el art. 8 que: "Los saldos de deuda de préstamos individuales provenientes de la operatoria HN 700 (reactivación variante II) y HE 311 serán recalculados sobre la base de tomar como precio de venta de las viviendas el valor básico de la operatoria incluido el coeficiente zonal, actualizado por variación del índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional al mes de marzo de 1991. Ese resultado será referencial y podrá ser disminuido, mediante resolución fundada, en función de las características de cada proyecto y del valor real de sus unidades. A ese efecto, el Banco Hipotecario Nacional queda autorizado a categorizar los distintos proyectos tomándose como categoría básica la correspondiente a las exigencias mínimas de la operatoria y determinando, conforme los mejores niveles constructivos, otras tres: media, buena y muy buena. Los nuevos saldos de deuda así determinados correspondientes a cada categoría resultarán de restar al precio de venta las amortizaciones ajustadas por igual índice". Agrega el art. 9 que: "Para el resto de los préstamos se recalcularán los saldos de deuda a partir del 1/8/1987. Los saldos al 1/4/1991 resultarán de aplicar a los desembolsos efectuados o al monto del contrato, en su caso, el índice del costo de la construcción del Banco Hipotecario Nacional, con deducción de las amortizaciones ajustadas por igual índice".

En cuanto a las nuevas condiciones de financiación dispone el art. 10 que "los saldos de deuda fijados conforme el título anterior devengarán un interés no inferior al 1% anual. Las tasas vigentes se ajustarán, en su caso, a partir del 1/4/1991. Cuando, a criterio del Banco Hipotecario Nacional, las condiciones económicas de los préstamos se vieran alteradas, podrá modificar la tasa de interés para preservar el valor de sus créditos, capitalizándolos total o parcialmente. En la relación de la entidad con el Banco Central de la República Argentina el porcentaje de interés capitalizado no se computará como interés aplicado". Agrega el art. 11 que: "El servicio de reembolso será establecido en función de los nuevos saldos de deuda, tasa de interés y plazo faltante. El banco queda facultado para ampliar los plazos de amortización hasta un máximo de cincuenta años a contar desde el inicio de la operación en los casos en que circunstancias especiales lo justifiquen, a cuyo fin el banco dictará la normativa pertinente. Hasta tanto se concrete el recálculo de los servicios de reembolsos, se mantendrán las cuotas en los valores vigentes. El recálculo de que se trate deberá concretarse dentro de los trescientos sesenta días de la sanción de la presente ley".

El art. 15 dispone que: "La normativa establecida en la presente, reemplaza a las condiciones de financiación anteriores contractualmente convenidas o fijadas por resoluciones internas del Banco Hipotecario Nacional".

Quiero también recordar que en mi voto del 2/10/2003, en la causa "Lamolina, Catalina I. c. Banco Hipotecario" (JA 2004-I, 154) acepté -aunque bajo ciertas condiciones- la aplicación de la ley 24.143. Es evidente que si el contrato original estaba sujeto a una cláusula de ajuste, y a una serie de reglamentaciones del Banco Central que incluían combinaciones de índices, al desaparecer todo este sistema otro debía reemplazarlo, y ese fue el sentido de dicha ley.

Lo que advertí también es que debía producirse un equilibrio entre las disposiciones vigentes, y que el recálculo de las cuotas debía efectuarse en función del espíritu del contrato, el que, como señalé, apunta a solucionar los problemas de vivienda de las personas más necesitadas; así como que en la interpretación de los contratos una pauta muy importante es la equivalencia de las prestaciones, esto es, que el contrato a título oneroso sea interpretado en el sentido de que realice la armonización equitativa de los intereses de las partes. Las III Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil (Junín, 1988) declararon que "la interpretación debe tender a resguardar la relación de cambio propia del negocio".

En un sentido similar a mi voto se expidió posteriormente la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de Viedma (3/2/2006, Del Hierro, José A. c. Banco Hipotecario, LLPatagonia, 2006-624; ver también: C Civil, Comercial y Minería de General Roca, 1/02/2006, Tormena, Raúl A. c. Banco Hipotecario, La Ley Online).

Si bien no comparto algunos de los razonamientos de la a quo, en especial a que la demandada no podía modificar los términos del contrato ya que, como señalé, había razones que lo justificaban al cambiar la política económica, entiendo que en el caso la decisión debe ser confirmada, pues debe respetarse la equivalencia de las prestaciones.

Surge del informe del perito contador que la demandada aplicó una tasa de interés del 9% anual, lo que no puedo objetar ya que nadie ignora que judicialmente se admitieron tasas superiores a ésa, especialmente en el período anterior a la ley de emergencia. Además, el contrato que unió a las partes facultó al Banco Hipotecario a aumentar la tasa de interés.

Pero también surge del peritaje que, a pesar del cumplimiento de la actora, las cuotas sufrieron aumentos elevados, que en algunos casos se ajustó el capital, se capitalizaron intereses y también se incrementó la cantidad de mensualidades previstas, de modo que la prestación a cargo de la actora se tornó más onerosa.

La Resolución de Directorio del Banco Hipotecario Nº 365/95, dispuso la existencia de dos tasas de interés, una de referencia y otra de liquidación. La tasa de referencia era la tasa real que devengaba el préstamo. La tasa de liquidación se utilizaba para calcular los intereses a incluir en la liquidación mensual con la que se abonaba la cuota. Como la tasa de referencia era del 9 % anual y la de referencia inicialmente era del 1 % anual, la diferencia (8 % inicialmente) no se incluía en la liquidación a abonar y se capitalizaba. La misma resolución dispuso que la tasa de interés de liquidación crecería al 2,50 % mensual de modo que en un plazo de 36 meses equipararía a la tasa del 9 % capitalizando intereses.

Es también ilustrativo el debate parlamentario habido en la Cámara de Diputados antes de la sanción de la ley 24.855: "Dictamen de la mayoría. Diputado Suárez (ND 13). "Finalmente, existe un Capítulo V que se refiere a los adjudicatarios de las viviendas. Durante la época de la hiperinflación, el mecanismo que aplicaba el banco era el de la indexación periódica, con lo cual el reloj del taxi funcionada a mil por hora. Así es como el banco colapsó. La ley 24.143 solucionó muchos problemas, pero también produjo efectos no deseados, como por ej., que el saldo de capital que figuraba en las liquidaciones fuera superior al valor real de la vivienda. Las personas que se encontraban en esa situación nunca iban a poder terminar de pagar el crédito...".

En tales condiciones, considero que debe ser confirmada la decisión de la juez de primera instancia, en tanto como admití en el precedente ya referido, cabe compensar deudas pendientes con sumas que fueron indexadas. Además, tengo especialmente en cuenta que los actores abonaron cuotas durante más de 15 años.

A mayor abundamiento puedo recordar que en el fuero comercial, no obstante la vigencia obligatoria de un fallo plenario, se resolvió que en materia de capitalización de intereses es inaplicable la doctrina del fallo "Uzal en S.A. c. Moreno" (LA LEY, 1991-E, 404) si en el caso particular su aplicación conlleva una consecuencia patrimonial inadmisible para el deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (CNCom., sala A, 28/4/2000, "Buzzo, Luis P. v. La Buenos Aires Cía. de Seguros"; ver también, de dicha sala, LA LEY, 2001-F, 535; ED 196-643). Además, dicho fallo plenario, favorable a la capitalización de los intereses, acaba de ser dejado sin efecto por otro (CNCom., en pleno, 25/8/2003, "Calle Guevara, Raúl", LA LEY, 2003-E, 783, con nota de Alejandro Drucaroff Aguiar).

En cambio, no puedo aceptar el reclamo de los actores de reintegro de las sumas supuestamente abonadas en demasía. En primer lugar, no surge claramente ello del peritaje que, en algunos tramos, da a entender que existiría todavía una deuda. El perito manifestó que había un saldo de deuda al mes de julio de 2002 de $3541 (fs. 445 vta). Por otra parte, como dije, procuro arribar a una solución equitativa, que contemple los intereses de ambas partes. En tercer lugar, no surge de las constancias de autos que los actores hubiesen formulado reserva alguna al momento de hacer los pagos, lo que impide también el reclamo.

Menos aún puedo aceptar el agravio vinculado a la indemnización del daño moral. Fuera de los escasos fundamentos del recurso, no hay que olvidar que el caso se resuelve aplicando pautas de equidad, lo que descartaría la existencia de un acto ilícito. La demandada se apoyó en el texto de una ley especial.

Además, es necesario para reclamar el resarcimiento del agravio moral la prueba electiva del daño que permita viabilizar la pretensión. En efecto, la amplitud de posibilidades emergentes de la ley en cuanto faculta al juez a condenar al responsable de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso (art. 522 CC.), se encuentra subordinada a la prueba fehaciente, a apreciar con criterio riguroso de que, por las circunstancias que rodearon la situación de quien formula el reclamo, debió experimentar una verdadera lesión espiritual y no las simples molestias que acompañan de ordinario un incumplimiento contractual. En el caso, tal prueba no se produjo.

Por las consideraciones expuestas, propongo que se confirme la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios; con costas de esta instancia en el orden causado, teniendo en cuenta que ninguno de los recursos prospera.

El Dr. Jorge Alberto Mayo y el Dr. Jorge A. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide:

Confirmar la sentencia apelada en lo que fue materia de agravios; con costas de esta instancia en el orden causado, teniendo en cuenta que ninguno de los recursos prospera (art. 68 del Cód. Procesal).

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. -Jorge Alberto Mayo. -Jorge A. Giardulli. -Claudio M. Kiper.