marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de insania, curador
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lara, Roberto del Carmen c/ Centol S.A. y otro s/ Daños y perjuicios. Beneficio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-15

Si no media designación de curador "ad bona", el curador "ad litem" puede pedir la adopción de medidas cautelares del patrimonio del presunto insano, y más aun realizar algunos actos de gestión patrimonial que sean indispensables para la protección de los derechos del presunto insano sobre su patrimonio (art. 147 del C. Civil.
Acción de amparo, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sistema electoral, profesionales de ciencias económicas, nombre, junta electoral, revisión judicial de actos administrativos, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agrupación Celeste y Blanca Compromiso y Participación c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ Amparo c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-20

De conformidad con el artículo 46 inciso d) de la Ley Nro. 466, las agrupaciones, para ser reconocidas y actuar ante la Junta Electoral, deben, entre otras cosas, indicar el nombre o lema bajo el cual lo harán, los que en ningún caso podrán inducir a confusión con los de otra agrupación.

Las normas aplicables, lejos de dejar un margen de discrecionalidad a la Junta, predeterminan estrictamente la conducta que ha de seguir. Así, si el nombre de la asociación puede inducir a confusión, deberá denegar el reconocimiento de la asociación, y si tal situación no se presenta -en la medida en que se cumplan los demás requisitos- deberá proceder a reconocerla, sin que tenga la posibilidad de optar libremente por una u otra alternativa.

En consecuencia, a juicio del Tribunal, el acto administrativo impugnado no reviste carácter discrecional. Lo cual no impide señalar que, aún si se sostuviera el carácter discrecional del acto de la Junta Electoral, procederá igualmente la revisión judicial del mismo, lo que descarta igualmente la supuesta irrevisibilidad de los hechos tenidos en cuenta por los miembros de la mencionada Junta para fundar su decisión.
Recurso de inconstitucionalidad, control de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GRASSELLI, ARCANGEL c/ COCCHIS, MIGUEL s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 156-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

La Corte Suprema de la Provincia -Tribunal competente para el trámite de los recursos de inconstitucionalidad- en lo que refiere a la procedencia del mismo, sólo debe analizar la adecuación del decisorio a las exigencias de legalidad de la sentencia. En primer lugar, es menester delimitar con meridiana estrictez el objeto del recurso debiendo circunscribirse a los agravios formulados por el impugnante a la sentencia del juez a quo, quedando fuera de tratamiento los vicios endilgados a la sentencia del juez inferior que no afloraron en la crítica realizada por el recurrente al pronunciamiento superior.
Derecho a la salud, Seguridad social, empleados públicos, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEINARDI, ENRIQUE FELIX c/ COMUNA DE FRANCK s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 565-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-09

Cabe tener en cuenta que la Provincia según lo señala el artículo 19 de la Constitución Provincial, tutela la salud como derecho fundamental del individuo; y en el artículo 21, 3er párrafo, se instituye un sistema de seguridad social... de carácter integral, ratificando la eminente dignidad ya reconocida a la persona humana en el artículo 7. Dichas cláusulas vinculan al legislador y al juez, y dan jerarquía (en ese nivel institucional de primer grado) a la indemnización por cesantía por incapacidad inculposa prevista en el artículo 23 inciso g) de la ley 9286.
Legítima defensa, agresión ilegítima
Materia: PENAL
Carátula: Van Dick, Gustavo Daniel s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-30

El derecho de defensa comienza con la agresión y concluye con ella;

si el agredido -mucho más joven y ágil que su atacante- logró despojar a éste del cuchillo, conjuró simultáneamente la situación de peligro grave y actual justificante de la repulsa; por tanto, no obró ya en legítima defensa cuando, utilizando la misma arma, infirió heridas mortales a su contrincante.
Tribunal colegiado, integración del tribunal, resoluciones judiciales, recurso de apelación (procesal), nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Santo, Miguel Angel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-25

Corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por los dos jueces que intervinieron en la audiencia del art. 454 CPPN y por el juez que se integró al cabo de su licencia, pues si bien en la decisión se ha abordado la cuestión propuesta por el apelante y se han considerado sus alegaciones, la sustanciación se ha llevado delante de un modo incompatible con reglas no sujetas a la disponibilidad de las partes, y con afectación de la integración del tribunal. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell).
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PESOA ISMAEL SALVADOR c/ EMPRESA SAN JOSE S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-22

Es evidente que el hecho denunciado es de una gravedad tal que por sí solo adquiere una dimensión de importancia y que precisamente corresponde al Juzgador analizarlos a la luz de las probanzas de autos, que no puede descalificarse tal análisis pretendiéndose una excusación basada en un error que por otro lado no se compadece con la actitud que habría asumido el accionante en la oportunidad de ocurrido el mismo.
Depreciación monetaria, índices de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Crotto Posse de Daireaux, Valeria y otro c/ Bs.As., Pcia. de s/ cobro sumario de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-17

La circunstancia de que el resarcimiento se ha fijado en valores vigentes a la fecha de la sentencia definitiva, no justifica apartarse del criterio según el cual corresponde aplicar el índice de precios mayoristas agropecuarios elaborado por el Indec.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, costas, daños y perjuicios, litisconsorcio pasivo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: E, P Y OTROS s/ TRIPLE HOMICIDIO CULPOSO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CJS EXPTE Nº 326-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-13

La materia de costas, por ser procesal, en principio, no admite el recurso de inconstitucionalidad, reconociendo como excepción los casos en que tal aspecto procesal ha sido resuelto con arbitrariedad, o lo decidido puede prohijar una restricción indebida al derecho de defensa. Tal situación de expresión no se verifica en el caso, en donde el quejoso se agravia de la resolución de la Alzada que el impone las costas de la defensa de la aseguradora de la propietaria del vehículo productor el hecho dañoso, habiendo la actora resultado vencedora respecto de los restantes codemandados;

ya que no logra demostrar la arbitrariedad del razonamiento de la Cámara que consideró que existía una pluralidad de demandadas -litisconsorcio pasivo- que actuaron en forma autónoma, independientes una de la otra, señalando que los actos de una no aprovechan ni perjudican a la otra, pues en el sub lite, la relación jurídica sustantiva no tiene previsto tal efecto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, Estado Provincial, bienes, embargo, emergencia económica
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: ¨Son aplicables a las causas resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno- resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno- resueltas por el   Fuero del Trabajo Los regímenes de emergencia que difieren la ejecución   De sentencia sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: Bajo   Qué condiciones? -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-05

La modificación que en relación a la doctrina sentada por esta Cámara en el precedente "Pantanelli, Liliana c. IAPOS s. Apelación del decreto del 28.6.99", Sentencia del 5.11.1999 deriva de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en la causa "Marozzi" radica en la consideración de que la legislación de emergencia permite coyunturalmente tener por probada como "hecho notorio" la circunstancia de que la ejecución de la sentencia traería aparejadas perturbaciones insuperables respecto del cumplimiento de los objetivos prioritarios del Estado conforme fueran delineados en el presupuesto de gastos y recursos, viniendo a conjurar aquélla la posibilidad de un "jaque" constante y asistemático sobre la hacienda pública. En el caso, la cuestión a resolver: ¿Son aplicables a las causas resueltas por el Fuero del Trabajo los regímenes de emergencia que difieren la ejecución de sentencias sobre bienes o fondos públicos?. En caso afirmativo: ¿bajo qué condiciones?
Pena, habeas corpus
Materia: PENAL
Carátula: F, R. L. y  F, C. E. por  R. L. F. s/ Habeas corpus preventivo (EXPTE. Nº 46-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-27

Si un organismo pese a ser llamado Tribunal o Juez, no es constitucionalmente "competente" -carece de jurisdicción- para imponer una pena, tampoco puede llevar adelante un proceso que tenga como objetivo la emisión de un juicio sobre dicha imposición y, por ende, no puede ser constitucional el otorgamiento al mismo de la facultad de hacer comparecer por la fuerza pública a quien sea indicado como imputado.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: Maza, Gabriela Miriam c/ Vadelux S.A.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-08

La reparación prevista en el art. 2 de la ley 25.323 resulta improcedente cuando la interpelación contemplada en dicha norma se efectúa contemporáneamente con la comunicación del despido. El artículo en cuestión exige, de manera clara, que la intimación debe ser realizada, cuanto menos, luego de producido el distracto, y si éste se produjo por despido "indirecto", el dependiente debe cursarla una vez disuelta la relación. Es que si el dispositivo aludido establece que dicho rubro resulta procedente cuando no se abonaren las indemnizaciones por despido, parece evidente que el requerimiento debe efectuarse una vez producida la extinción del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no se quiere aguardar al vencimiento del plazo contemplado en el art. 128 L.C.T. al que remite el 149 del mismo cuerpo legal) en que resultan exigibles los resarcimientos derivados del despido; parece evidente que mal podría intimarse el pago de una determinada acreencia cuando ésta, por el motivo que fuere, no se ha hecho aún exigible. (Del voto del Dr. Corach, en minoría).
Prescripción de la acción penal, contrabando, responsabilidad de las personas jurídicas
Materia: PENAL-ADUANERO-CIVIL
Carátula: Suitis SA s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-24

Si bien las personas jurídicas no son pasibles de ser sancionadas con penas privativas de la libertad, el contrabando se encuentra conminado con tal sanción y que, en función de ello, es posible afirmar que el grado de disvalor social atribuido a esa conducta no se desmerece por la imposibilidad fáctica de aplicar a los entes ideales el máximo rigor penal y que la prescripción de la acción penal se encuentra estructurada en función de la pena en abstracto y no de la pena que en concreto pudiera ser aplicada a quien resultare condenado. El voto concurrente, si bien postuló la imposibilidad de juzgamiento en sede penal de un ente ideal por la presunta comisión de un contrabando, por aplicación del art. 67 C.P. modificado por la ley 25.990, más benigna, coincidió con el vocal preopinante en que no se ha operado la prescripción de la acción penal, ya que desde la fecha de comisión de los delitos investigados hasta el primer llamado a prestar declaración indagatoria no ha transcurrido el máximo previsto como tope superior de la escala penal indicada en el art. 865 del Código Aduanero. La disidencia, por aplicación del principio pro homine, entendió más beneficiosa la antigua redacción del art. 67 C.P. en orden a que no puede interrumpirse el curso de la prescripción por actos del procedimiento y que, al no poder hablarse de "juicio" durante la etapa instructoria, debe considerarse prescripta la acción penal al haber transcurrido más de diez años desde la comisión de los hechos sin que se realizara el juicio oral y público. (Dres. Ledesma -en disidencia-, Riggi y Catucci).
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nomdedeu, José Francisco c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

La pretextada inobservancia de normas legales y reglamentarias por quienes precedieron en el cargo a un funcionario público no excusa el cumplimiento de las mismas.
Recurso directo, sentencia de quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONSTRUCCIONES MEIJIDE S.A.C.I. s/ QUIEBRA PEDIDA - RECURSO DIRECTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-09-04

La sentencia de quiebra solo puede cuestionarse por el fallido por "inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación del concurso" (art. 99 L.C.) De suerte que esta excluida toda impugnación por motivos formales, argumento que vale tanto para la primera cuanto para las ulteriores instancias, sin que pueda invocarse la restricción al derecho de defensa porque la propia ley no considera válida otra defensa que no sea la demostración de la falta de las condiciones esenciales de la quiebra.
Comerciante, conflicto de intereses, fallo de tribunal arbitral, aplicación de la ley, interpretación de la ley, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pérez Iturraspe, Teresa Manuela y otro c/ Aufiero, Jorge Félix s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-09

En efecto, la multa fijada no solo tiene sustento en lo pactado expresamente por las partes, sino que el Tribunal realizó una reducción relevante tras analizar la gravedad del incumplimiento y las circunstancias particulares del caso a fin de que la sanción guarde una proporción razonable con la infracción acreditada. De este modo, las explicaciones del recurrente sobre el supuesto carácter teórico y abstracto del incumplimiento fueron ponderados por el árbitro, a quien las partes confiaron la resolución de sus controversias, sin que la solución contraria a sus intereses pueda acreditar la vulneración del orden público.
Injuria laboral, apreciación del juez, contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Galvan, Antonio c/ Grafa S.A. s/ Preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-07-15

No todo incumplimiento constituye justa causa de denuncia del contrato de trabajo, sino sólo aquél que puede configurar injuria, es decir, un obrar contrario a derecho o incumplimiento que asuma una magnitud suficiente como para desplazar del primer plano el principio de conservación de la relación de trabajo regido por el art. 10 de la L.C.T.
Lealtad comercial, ejecución de sentencia, competencia en lo penal económico, multa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CENCOSUD S.A. s/ Lealtad Comercial, Ejecución fiscal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-25

Si bien la ley de lealtad comercial (22802) no ha determinado el Tribunal que deberá entender en la ejecución de las sentencias que se hayan dictado por aplicación de aquélla, por el Fallo Plenario 52 de esta Cámara se estableció que los Tribunales en lo Penal Económico de la Capital Federal conocerán en la ejecución de multas por infracción a las leyes que comprenden su competencia, aun cuando aquellas multas hayan sido aplicadas por la autoridad administrativa, sin intervención de aquellos tribunales.- Por otra parte, en atención a lo dispuesto por el art. 2 apartados 5 y 6 de la ley 48 y por el art. 19 de la ley 24050 es el Juzgado de Primera Instancia del Fuero quien deberá entender originariamente en este expediente, y no esta Cámara.
Despido sin causa, falta de preaviso, indemnización, falta de pago, indemnización agravada, encargados de casas de renta
Materia: LABORAL
Carátula: Torres,  Julio  Jorge c/ Consorcio de Propietarios del EdificioAyacucho 1415/17 s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16

La ley 25.323 se refiere exclusivamente a los casos de falta de pago de las indemnizaciones por despido injustificado y falta de preaviso establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo y en los hoy derogados arts. 6 y 7 de la ley 24.013, alcanzando a los regidos por estatutos profesionales sólo si sus regímenes de preaviso y despido sin justa causa remiten a esas reglas generales. Por ende, los resarcimientos específicos regulados para el supuesto de despido injusto y de falta de otorgamiento del preaviso en regímenes estatutarios como el de encargados de casas de renta, diferentes a los establecidos en las normas expresamente mencionadas en el art. 2 de la ley 25.323, no están alcanzados por el recargo dispuesto por esta última, por haber sido ésta la voluntad del Congreso Nacional. Toq. 1233.
Partidos políticos, asamblea partidaria, convocatoria a asamblea partidaria
Materia: ELECTORAL
Carátula: Unión Cívica Radical y otro c/ resol. Nº 01/14 Comité Central Prov. UCR s/ actos de autoridad partidaria - afiliada UCR Capli Benitez Nancy K. s/acción de amparo y medida cautelar Central Prov. UCR s/ actos de autoridad partidaria - afiliada UCR Capli Benitez Nancy K. s/acción de amparo y medida cautelar
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03

Debe declararse la nulidad de la resolución por la cual se disponía la convocatoria a sesión extraordinaria de la Convención Provincial partidaria, ya que no emanó del órgano habilitado para hacer esta convocatoria. En efecto, de la Carta Orgánica de la agrupación se desprende que los únicos órganos facultados para efectuar esta convocatoria son la Mesa Directiva de la Convención Provincial o el Comité Central Provincial -a solicitud del 20% de los convencionales titulares y deberá efectuarse con 10 días de anticipación con publicación por un día en un diario de circulación provincial- y en autos la misma fue dictada por el presidente del Comité Central Provincial.
Querella, acción privada, aplicación analógica de la ley, desestimación de la querella
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Mondino, Manuel A. s/ Querella, calumnias e injurias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-17

Sin perjuicio de lo resuelto por esta Alzada - en su anterior composición - en la causa Nro. 8821 "Kolon", rta. el 17/12/92, reg.

9317 - los suscriptos sostienen la posibilidad de desestimar por aplicación analógica del art. 180 del C.P.P. las querellas instauradas por delitos de ejercicio privado.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: BULUS, Alberto s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-07-02

No habiéndose agotado las posibilidades recursivas en el ámbito de la Justicia Provincial corresponde no hacer lugar a la concesión del recurso articulado. Tal lo que surge de los fallos de la C.S.J., Strada, Luis, 8/4/86 y Di Mascio, Juan R., 1/8/88 en los que se asienta el principio de que si bien la decisión del legislador plasmada en la ley 48 fue que todo pleito radicado ante la Justicia Provincial en el que se susciten cuestiones constitucionales pueda arribar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello sólo procederá después de fenecer ante el Organo máximo de la judicatura local, toda vez que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. En síntesis estos supuestos no pueden quedar excluidos del previo juzgamiento por el órgano judicial superior de la provincia.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAJA DE CREDITO BERMUDEZ  S.C.L. c/ BERMUDEZ COOP. DE VIVIENDA LIMITADA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

La inactividad procesal que puede dar lugar a que se opere la caducidad de la instancia en un juicio, ha de ser exclusivamente imputable a la parte sobre la que recae la carga del impulso de la causa. Si falta dicho extremo no es posible el decreto de caducidad, máxime cuando, ante cualquier duda, ha de estarse por la continuación del proceso, debido a que, frente a la finalidad del instituto de la caducidad, debe prevalecer el objetivo primordial de un juicio, que es arribar a la solución definitiva de la controversia que le dio origen y que es el que impone al juzgador la obligación de expedirse sobre aquella. Si la falta de impulso procesal en el que se fundó la caducidad dispuesta, no resulta imputable a la accionante recurrente, sino a circunstancias que tuvieron su origen exclusivamente en la disputa nacida entre dos magistrados que culminó con una resolución dictada por el Tribunal de Superintendencia corresponde revocar el pronunciamiento que decretó la caducidad.-
Responsabilidad del Estado por actos ilícitos, daños y perjuicios, bonos externos, intereses convencionales, depósito a plazo fijo
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: MOLFESE, Liliana Emilia c/ E.N. (Min. de Econ.) s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-02

Debe confirmarse la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda sustentada en la responsabilidad del estado por actos lícitos en donde se reclamaron los daños por la pérdida de capital derivada de la suma abonada en Bonex en valor nominal y por la pérdida de los intereses pactados respecto de un depósito a plazo fijo bancario que fue alcanzado por el decreto 36/90 (Plan Bonex) (Confr.Sala, in re Raffo , 7 de abril de 1994 y Barroso , del 4 de agosto de 1994).
Nulidad de sentencia, acusación, nulidad procesal, desdoblamiento del hecho, usurpación de inmueble, despojo, encargados de casas de renta
Materia: PENAL
Carátula: KEREICES, J. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

"Considero que tanto la pieza acusatoria como la sentencia en la cual se condena a J.R.K. por el delito de usurpación y se le absuelve en relación a la forzadura de la cerradura de la puerta de acceso a los sótanos del edificio y del precinto colocado por la empresa Gas del Estado, resultan ser nulas habida cuenta que engloba como hecho único dos conductas bien diferenciadas...".