marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, costas
Materia: LABORAL
Carátula: LIBERDI ANGEL c/ TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELA MEDITERRANEA  S.A. s/ COMPAÑIA DE SEGUROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-04

En los supuestos traídos como contradictorios existe identidad fáctica y jurídica, en ambos se reclamó indemnización por enfermedad accidente con fundamento en la ley 9688, habiendo sido citadas en garantías por las respectivas demandadas, las aseguradoras vinculadas por contrato con cada una de ellas. La demanda fue desestimada y las costas aplicadas al actor en su totalidad, en su caso, y en el otro se impusieron "por su orden", con el argumento de que litigaron en su propio interés.

La diversa interpretación de ambos tribunales permite a la Sala Laboral expedirse sobre el problema a fin de unificar la jurisprudencia en los términos del entonces vigente art. 95 inc.

1ro. de la Ley 4163.-
Daños y perjuicios, lucro cesante, marcas confundibles
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: GONZALEZ  EUSEVI  AGUSTIN  IGNACIO c/ GLOBAL TECNOLOGY S.R.L. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-12

En la medida que se reclama los daños y perjuicios derivados del uso de la marca confundible, con fundamento en el enriquecimiento sin causa de la demandada, y se estiman en el 35% del valor de los servicios facturados por ésta, es dable concluir que tal petición se vincula con el lucro cesante (cfr. esta Sala, doctr. causa 1196/01 del 24.4.02).
Sociedades comerciales, sociedades de garantía recíproca, aplicación de la ley, contrato de garantía recíproca, ejecución del contrato, recurso de inaplicabilidad de ley, fiador
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Rena, Antonela s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Cuando, como en el caso, la vinculación que unió a la socia partícipe con la ejecutante se dio en los términos de la ley 24467, teniendo como objeto el contrato "...asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social"; en ese marco, a partir del destino de tales prestaciones dinerarias, orientado al ciclo productivo constitutivo de su objeto, no es posible verificar la configuración entre ambas de una relación de consumo, no siendo aplicable a su respecto el régimen protectorio de la ley 24240
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acceso a la información pública, ley vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Barreyro, Eduardo Daniel c/ GCBA  s/ acceso a la información (incluye ley 104 y ambiental)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-08

El acceso a la información es la clave para fomentar la transparencia gubernamental y fortalecer ciudadanías activas que puedan llevar adelante el control sobre la actividad de los funcionarios públicos, lo que constituye un presupuesto ineludible del régimen democrático. No es posible entonces escindir el desarrollo de una actividad pública de la generación de la información vinculada a ella. En efecto, no cabe sino entender que la información que refleja las acciones que la administración lleva adelante -o sea, la información vinculada con qué hace- queda abarcada dentro del concepto de información pública. En otras palabras, el ejercicio propio de las funciones y responsabilidades del gobierno genera información referida a la gestión pública la cual, por principio general, debe ser pública y transparente, y solo puede ser mantenida en reserva bajo criterios excepcionales previstos en la normativa vigente. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, por remisión a los argumentos expuestos in re: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Barreyro, Eduardo Daniel c/ GCBA s/ acceso a la información (incluye Ley 104 y ambiental)", expte. SACAyT n° 17691/19, sentencia del 17-03-2021).
Pacto de San José de Costa Rica, propiedad comunitaria de la tierra
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Estado de Nicaragua s/ Derecho a a la Propiedad Privada
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2001-08-31

El concepto comunal de la tierra y sus recursos naturales integran el derecho consuetudinario de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, hacen a su vida cotidiana conservando una tradición contraria a la privatización y a la comercialización y venta o alquiler de los recursos naturales y su explotación, pues el propio derecho a la propiedad comunal posee una dimensión cultural tal que el hábitat, es parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación (Del voto conjunto de los jueces Cancado Trinidade, Pacheco Gómez y Abreu Burelli).
Impuestos, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscal de Estado c/ Poder Ejecutivo Coadyuvante: Esso S.A. Petrolera Argentina s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Si bien la aplicación de una exención impositiva no debe hacerse con criterio restrictivo, desde que la ley impositiva, como todas aquéllas que rigen las relaciones del poder administrativo con los individuos, es una ley normal, general y, por tanto, sometida a las mismas reglas de interpretación que las otras leyes, es lo cierto que toda interpretación debe comenzar por la ley misma y cuando su texto es claro y expreso debe aplicársela estrictamente y en el sentido que resulte de sus propios términos, aún cuando pareciera injusta.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: CHAVES Sonia Myriam c/ Manrique Luis Felipe y otro s/ Simulación - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-12

El recurso resulta formalmente inadmisible por incumplimiento del recaudo establecido en el artículo 4, segundo párrafo de la ley 2275 desde que el agravio del recurrente se endereza a obtener la declaración de nulidad de la sentencia de primera instancia, por vicios del procedimiento anteriores a su dictado.

Dicho planteo debió efectuarlo al juez de primera instancia cuando tomó conocimiento del vicio -que se presume operado con la notificación de la sentencia definitiva-; al no hacerlo, purgó las falencias procedimentales con su consentimiento tácito, lo que obsta la apertura del remedio extraordinario.

No corresponde hacerse cargo en la instancia extraordinaria de cuestiones que -pudiendo serlo- no fueron sometidas a las instancias de mérito ni resueltas por ellos (conforme artículo 4 ley 2275).
Recurso extraordinario, tribunal de superintendencia notarial, escribanos públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Escribanos s/ Inspección del Protocolo del Registro Notarial N 323.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal de Superintendencia del Notariado que aplicó una sanción a un escribano : Artículo 280 del Código Procesal.
Procedimiento administrativo, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ MARIO E. Y JORGE FARES RUIZ Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-03-31

La perención es una pena al litigante. Cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y desisten tácitamente de la instancia lo que autoriza al estado a liberar a sus propios órganos de todas la obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal.
Matrimonio, interpretación de la ley, nulidad de matrimonio, impedimento de ligamen, tratados internacionales, defensa en juicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE DINAPOLI, AIDA. s/ PENSION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-11

Si no existe constancia del supuesto divorcio vincular, ni de la partida de matrimonio resulta que el contrayente se presentara como divorciado, se trata de una nulidad por impedimento de ligamen sujeta a la ley de celebración por el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, ratificado por decreto ley 7771/56, y el matrimonio invocado por la recurrente puede ser anulado por existir el referido impedimento en la ley uruguaya, pero no privado de efectos en la República Argentina; y y en caso de anulación, sus efectos -entre ellos los de buena fe de alguno de los contrayentes- estarían regidos por la ley del domicilio conyugal (art. 15, inc. c, del Tratado). La determinación de todo ello requiere la sustanciación ante el tribunal competente del debido proceso, cuya omisión violaría la garantía reconocida por el art. 18 de la Constitución.
Marcas, marcas confundibles
Materia: CIVIL
Carátula: Exelenthia  S.A. c/ Nerova S.A. s/ Cese de oposición al Registrode Marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-18

Se producirá en este caso lo que en la doctrina se ha denominado confusión indirecta, que a diferencia de la directa -que es más usual y lleva a adquirir un producto convencido de que se está adquiriendo otro- se da cuando el consumidor cree que los artículos tienen un origen común, vale decir un mismo fabricante. Esto último desde luego, agravado por la circunstancia de que las similitudes que las designaciones enfrentadas guardan entre sí, en función de que ambas tienen una palabra común (adviértase que la diferencia de una letra más, en el caso de la peticionada, puede resultar casi imperceptible y perjudicar al público consumidor, cuyo principal interés a no ser inducido a confusión también debe ser resguardado.
Regímenes de promoción, exportaciones, control aduanero, reintegros y reembolsos a la exportación, certificado de origen
Materia: ADUANERO
Carátula: Servicios Patagónicos S.R.L. (TF 8359-A) contra A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

El especial régimen estatuido en la ley 23.018 con el fin de promover la zona que se encuentra al sur del río Colorado tiene en consideración las particulares condiciones en que se encuentran esos territorios que requieren de una particular promoción. De ese modo se ha creado un régimen de reembolsos a través de un sistema en que se complementan la actuación de la Aduana y de las provincias interesadas. De esa manera, el régimen establecido lleva a la necesidad de que el organismo provincial certificante del origen de la mercadería deba, previo a la extensión de la acreditación oficial, controlar la mercadería a embarcar y ello con anterioridad a la oficialización del permiso en cuestión (esta Sala, 25-2-88, "Frigorífico Melino S.A."). Ello resulta no solo de la lógica necesidad de un necesario control por parte del Estado local para impedir que escondidos como productos originarios de su territorio se beneficien productos extraños en violación del privilegio que el Estado nacional le reconoció a sus industrias. Pero el carácter previo del control y certificación también se justifica en relación a la Aduana y a su obligación posterior de cumplir con el beneficio acordado. Así es que ha sostenido esta Sala, aunque referido a otro régimen promocional, que la presentación posterior al embarque de la mercadería de la certificación provincial del origen de la mercadería impide a la Aduana cumplir con la obligación de control impuesta en las disposiciones vigentes para permitir el reconocimiento del reembolso que pudiera corresponder (sent. cit.). (cons. III).
Protección de la vivienda, acción de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Frances S.A. c/ Ullua, María Celia s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-31

Corresponde declara de oficio la inconstitucionalidad de la ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires, en cuanto dispone la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente de manera automática, por tratarse de una materia delegada en los términos del art. 75 inc. 12 de la ley fundamental, y la norma impugnada difiere de la inmunidad "voluntaria" de la vivienda única contenida en la ley nacional de bien de familia, la que, a su vez, cumple con los estándares de la Carta Magna y de los instrumentos internacionales, los que si bien apuntan a proteger a la familia, obligando a que los Estados aseguren el acceso a la vivienda digna y adecuada, no imponen la conservación del derecho de propiedad del techo familiar.
Trabajadores de la construcción, declaración testimonial, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: ROJAS, RAIMUNDO c/ ENRIQUE COHEN Y COMPAÑIA SAICF. E I. Y OTROS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-02-27

Si los testigos individualizaron fácticamente el lugar de trabajo - obra en construcción - no puede tomarse en cuenta como circunstancia que reste credibilidad a sus dichos la confusión respecto de un nombre en idioma extranjero, dada la ocupación de los declarantes - empleados de la construcción -.
Astreintes, facultades jurisdiccionales, Constitución Provincial
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Olivero Oscar  c/ Anses  s/ ejecución de multas procesales/astreintes
Fecha: 2023-05-09

Las astreintes tienden a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido (Sup. Corte Bs. As., 8/3/2006, "Sociedad de Fomento Cariló v. Municipalidad de Pinamar s/amparo", Juba sumario B28240). Y vinculando el mecanismo con las normas constitucionales, se sostuvo que las sanciones conminatorias se emparentan con el derecho a la tutela judicial efectiva que tan explícitamente consagra nuestra Constitución Provincial (art. 15, Const. Prov. Bs. As.), resultando aplicable a todo tipo de obligaciones. La fijación de su monto depende del prudente arbitrio del juez y no se mide por la importancia del daño que causa la demora del obligado en cumplir la manda judicial sino por la fuerza de resistencia del obligado; siendo la prudencia del juez frente al deber que tiene de hacer cumplir sus resoluciones, lo que permitirá no incurrir en situaciones irrazonables, con lesión a la administración de justicia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, tipo penal, robo con armas, concepto de arma, arma descargada, simulada o defectuosa, doctrina, tesis objetiva, tesis subjetiva
Materia: PENAL
Carátula: LOPEZ, ERNESTO ANGEL s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LA DOCTRINA LEGAL (EXPTE: N 695 Año 2003) (TRIBUNAL PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Este Acuerdo Pleno refleja lo que tradicionalmente ha sido presentad o como el enfrentamiento de dos tesis contrapuestas en la cual la primera de ellas ante el tema propuesto a discusión exhibiendo una naturaleza marcadamente objetiva se inclina por sostener que arma de fuego, y por tanto configurativa de la agravante prevista en el artículo 166, inciso 2º del Código Penal, es solamente aquella que tiene un funcionamiento apto que la convierte, por ello, en un peligro real y efectivo para la vida o integridad personal de la victima de dicho ilícito punible.

Por su parte, el otro enfoque, teñido de subjetivismo, pone el énfasis más que en la aptitud real para el disparo, en el incuestionable poder intimidante y disuasivo que tiene para el sujeto pasivo del robo la circunstancia de serle mostrada un arma por el asaltante con indudable apariencia de tal, sea esta realmente idónea para cumplir con su fin vulnerante o no lo fuere en razón de tener algún defecto o porque se encuentre descargada. Dicha intimidación que enerva toda posible reacción y facilita la comisión del hecho, es el efecto directo de la mera exhibición de lo que para la víctima constituye un arma de fuego, sea ella capaz de disparar o no. (Del voto del Dr. Fierro). En el caso la cuestión a resolver es: "El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del Código Penal?".
Faltas, proceso de faltas, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gob. Cdad. Bs. As. c/ S, H. D. s/ Estacionamiento en lugar de ascenso y descenso de pasajeros. lugar de ascenso y descenso de pasajeros.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-20

Por el juego armónico de las Leyes Nro. 19.690 y 591, y la resolución CMCBA Nro. 185/01, el recurso al que alude el artículo 2 de la última norma citada debe ajustarse, en lo pertinente, a lo que establecen los artículos 26, 27 y 42 de la Ley 19.690 y el artículo 9 del Anexo de la Ley Nro. 591. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Piastrellini, Rubén Aldo y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causas en que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el valor disputado en el último término o sea, aquél por el que se pretende la modificación de la sentencia o monto del agravio, excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, de acuerdo con lo dispuesto por el art, 24, inc. 6, ap. a), del decreto-ley 1285/58, según las leyes 21.708 y 22.434.
Transporte de pasajeros, concesión de servicio público, cese del permiso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Microomnibus Seis S.A. de Transporte c/ Sec. de Transporte de la Nación -Resol. 434/97 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-20

Corresponde desestimar la apelación que rechazó la acción de amparo interpuesta para que se dejara sin efecto la resolución de la Secretaría de Transportes del Minsiterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que declaró caduca la autorización a la empresa para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, denegó el permiso solicitado para continuar con la explotación del servicio y dispuso que aquel pasara a cumplirse por terceros.
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, lesividad, contravención de peligro
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. F. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Hemos sostenido en reiteradas oportunidades, con fundamento en el bien jurídico protegido en el artículo 41 del Código Contravencional -que en este caso no es otro que el libre ejercicio del derecho a circular que posee todo habitante-garantía de raigambre constitucional, y en lo dispuesto expresamente en el artículo 1 del citado código, que la obstrucción de la vía pública configura un tipo de peligro concreto y no de resultado, teniendo en cuenta la lesividad que se requiere en la materia (Cfr. Causas Nro. 062-CC/99, Nro. 452-CC/00, entre muchas otras).
Competencia, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ORTEGA ALBA ZULEMAY OTRO c/ ATIA MIGUEL Y/O PROPIETARIO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL - CUESTION DE COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-06-25

En nuestra Ley Orgánica de Tribunales, el artículo 40, 1er. párrafo, establece que la competencia por turno de las Cámaras corresponderá del 1 al 15 de cada mes a la de Primera Nominación, y del 16 hasta fin de mes a la de Segunda Nominación -ello hasta la puesta en funcionamiento de la Cámara de Apelaciones CIVIL-COMERCIAL de Tercera Nominación-.
Facultades del juez, sanciones procesales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: MELHEM, Christian J. c/ SERAFINI Y CIA. S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-26

Si bien la aplicación de sanciones procesales debe realizarse con cautela o prudencia, debiendo primar un criterio restrictivo, a fin de que ellas no puedan convertirse en un elemento que impida a los interesados hacer valer adecuadamente su derecho de defensa en juicio; cuando resulta manifiesto el exceso en dicho ejercicio o evidente y manifiesto el propósito obstruccionista, el juez se encuentra plenamente facultado para sancionar la conducta contraria a los deberes de lealtad, probidad y buena fe procesal.
Pensiones, reajuste jubilatorio, trabajador autónomo, relación de dependencia, derecho de los beneficios de la seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Vergara, Alicia Estela c/ Administración Nacional de la Seguridad Social s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-03

Si el causante totalizó más de treinta y tres años de servicios - veintisiete años bajo relación de dependencia y el resto bajo el sistema autónomo-, excediendo lo necesario para el logro de una jubilación común, la aplicación literal del art. 97 de la ley 24.241 -que a fin de determinar el haber inicial de la pensión por fallecimiento de un afiliado en actividad, toma un ingreso base calculado sobre el promedio mensual de las remuneraciones y/o rentas imponibles declaradas dentro del período de cinco años anteriores al mes en que ocurra el fallecimiento del trabajador-, implica desconocer casi un 85% de la trayectoria laboral acreditada y prescindir de aportes muy superiores a los empleados para calcular el haber inicial, debiendo resolverse ponderando con amplitud el esfuerzo contributivo realizado, pues de otro modo se verían afectados el derecho a la protección integral del trabajo y el reconocimiento de los beneficios de la seguridad social (art. 14 bis CN).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, Superior Tribunal de la Causa, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N° 1681-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-20

El recurso extraordinario interpuesto resulta formalmente procedente, ya que la sentencia impugnada reviste carácter de definitiva y pone fin al pleito, proviene del tribunal superior de la causa -al impugnar el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Casación Penal- y suscita cuestión federal suficiente, toda vez que se debate el alcance otorgado al derecho del imputado a recurrir la sentencia condenatoria consagrada por el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Constitución Nacional, a partir de su inclusión en el art. 75 inc. 22