Delitos contra la humanidad, torturas, imprescriptibilidad, derecho de gentes, Ley de Punto Final, responsabilidad internacional del Estado, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Arrillaga, Alfredo M. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-14

El principio de legalidad contenido en la ley 26.200 no obsta a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma, pues las reglas de prescripción de la acción penal previstas en el ordenamiento jurídico interno quedan desplazadas por el derecho internacional consuetudinario y los agravios planteados no lograron rebatir lo expuesto en la doctrina de la Corte Suprema y la CFCP. La circunstancia de que estuviera en trámite un recurso de queja ante la CS no tiene entidad para suspender los efectos de la sentencia impugnada, sin que la alegación de que la negativa a diferir el veredicto no es la solución más garantizadora del principio de inocencia demuestre la existencia de un efectivo perjuicio del imputado. Para que la regla de exclusión cobre operatividad, la prueba que se pretenda excluir debe reconocer un origen irregular o ilícito -sin cauce de investigación independiente- circunstancia que no se registra respecto de las constancias provenientes del juicio por la verdad, que tienen su génesis en el compromiso celebrado por el Estado Argentino ante la Comisión ADH y fueron llevados a cabo sin respuesta represiva y al sólo efecto de obtener una solución declarativa. No corresponde la exclusión de la prueba que no está conformada por las declaraciones brindadas en los juicios por la verdad sino por las que efectuaron en el debate oral, que pudieron ser controladas por la defensa. La circunstancia de que dos testigos -madres de las víctimas- estuvieran presentes en las jornadas del juicio en las que se analizaron hechos sobre los que ellas concurrían como testigos no operó en detrimento de los imputados, si tales testimonios no fueron incluidos como prueba de cargo. Aunque las fuerzas armadas, en el marco de la "guerra contra la subversión", resolvieran operar clandestinamente, sus integrantes no actuaron por propia iniciativa ni organizándose libremente de modo informal, sino como institución, representando la fuerza a la que pertenecían y bajo el amparo de la misma. Es correcta la subsunción de los hechos imputados a los dos jefes de la fuerza que, en atención a sus funciones en la Armada, con jurisdicción en el lugar, fueron responsables de la planificación y supervisión de los operativos que culminaron con la captura de las víctimas, como así también de los tormentos sufridos por éstas y el posterior homicidio, delimitando su grado de intervención en tales conductas de conformidad con la teoría del dominio funcional del hecho. Resulta dogmático el agravio relativo a la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable si la defensa no fundó ni demostró en qué consiste la demora o dilación en que se incurrió, sin que tampoco reparara en que el tiempo en que los imputados quedaron sometidos jurisdiccionalmente al proceso se vincula a la sanción de la ley 25.779, que declaró nulas las leyes de punto final y obediencia debida, que se alzaban contra la judicialización de estos eventos. No pueden prosperar los agravios que se basan en un análisis aislado de la evidencia relacionada con los sucesos imputados, sin contactarlos con otros casos estrechamente vinculados ni atender al contexto en que tuvieron lugar. Habiéndose acreditado la intervención del imputado en la planificación del operativo que culminó con la captura de las víctimas, la circunstancia de que no se conozca el momento exacto de su muerte no lo libra de la responsabilidad penal por los asesinatos. La circunstancia de que la desaparición de la víctima se haya producido en el marco del plan implementado por el gobierno de facto, permite sin lugar a hesitación alguna tener por cierta la muerte. La pena de prisión perpetua en nuestro país, pese a su severidad, no puede ser encuadrada como inhumana o degradante ya que la ley 24.660 consagra normas que aseguran al interno asistencia espiritual y médica, derecho a comunicarse con su familia y allegados, el derecho a aprender y establece penas para quien ordene, realice o tolere excesos. La disidencia parcial sostuvo que el pretendido hilo conductor entre el secuestro, supuesto alojamiento y aplicación de tormentos en el centro clandestino, no abarca indescindiblemente el homicidio, pues ello no sólo evidencia un silogismo falaz sino que cercena el derecho de defensa en juicio del imputado. (Dres. Borinsky, Hornos y Gemignani -disidencia parcial-).