Proceso penal, prisión preventiva, Ministerio de Menores, Defensoría de menores, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Sosa, Giselle Natalí c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-19

Corresponde rechazar el recurso de casación pues la decisión que no hizo lugar a la prisión domiciliaria de Sosa luce ajustada a derecho. Los magistrados consideraron que el caso no encuadraba dentro de lo previsto en el art. 10 inc. f) del CP y 32 inc. f) de la Ley 24.660 al valorar que del informe socioambiental de las menores J.V.G.S. y E.G.G.S, surgía que se encuentra protegido el interés superior del niño por no observarse ninguna situación de desamparo o vulnerabilidad (se encuentran al cuidado de su tía y de su hermana, respectivamente, y vinculadas familiarmente entre sí, sin padecimientos educativos, emocionales, habitacionales ni económicos). Con relación al reclamo por la falta de intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la anterior instancia, se señaló que la defensa podrá solicitar su intervención, cuando lo aprecie oportuno y la situación así lo amerite desde su posición, en pos de garantizar, en caso de encontrarse en pugna, el adecuado resguardo del derecho a ser oído del niño. Por otra parte, el a quo justipreció correctamente los riesgos procesales. Sosa fue requerida a juicio por el delito previsto por el art. 5, inc. c, agravado por el art. 11, inc. c de la ley 23.737; en cuanto al domicilio denunciado, además de ser el mismo que fue allanado mientras cumplía arresto domiciliario en el marco de otra causa por hechos vinculados al narcotráfico, no se pudo lograr referencias de posible arraigo. La prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para garantizar su sometimiento al accionar de la justicia y permitir el normal desarrollo del proceso a la vista del inminente inicio del debate oral y público. Tampoco se observa la existencia de una situación de riesgo a la salud actual o inminente en el marco de la pandemia de COVID-19 que justifique excepcionar los requisitos legales. El voto concurrente, con relación a la falta de intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en la instancia previa, señaló que ha sido subsanada por la posterior intervención conferida en esta instancia. Asimismo, destacó que el a quo tuvo en cuenta el comportamiento anterior de la encartada, quien habría aprovechado el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para incurrir en un nuevo delito de comercialización de estupefacientes, por lo que esta solicitud no aparece peticionada en beneficio de los menores. La disidencia consideró debía anularse la decisión por no haber tenido una efectiva y oportuna intervención la Defensoría Pública de Menores e Incapaces. Afirmó que resulta ineludible la intervención de ese órgano en el adecuado resguardo del derecho a ser oído de los niños en tanto la cuestionada intervención estatal los ha separado de su madre y el pedido es efectuado principalmente en su nombre (art. 12 de la C.D.N.). Asimismo, la sentencia impugnada debe analizarse también desde una perspectiva igualitaria y evolutiva de género, en consonancia con la VI Recomendación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias del año 2016. Dres. Carbajo, Borinsky -voto concurrente- y Hornos -en disidencia-.