Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-02-16


SENT Nº 28 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Febrero de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Figueroa Segundo Hilario vs. Junta Electoral del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Tucumán s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Claudia Beatriz Sbdar, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a fs. 269/287vta. por la parte demandada contra la sentencia del 10/6/2009 (fs. 263/264) de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo. El recurso fue concedido por resolución de fecha 26/4/2011 (fs. 338 y vta.) y del informe actuarial de fs. 347 surge que ninguna de las partes presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPT.

El pronunciamiento recurrido dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (cfr. sentencia aclaratoria del 03/7/2009, fs. 265) y confirmar la sentencia del juez a quo que, a su turno, admitió la acción de amparo promovida por Segundo Hilario Figueroa y declaró la nulidad del proceso electoral, ordenando convocar a nuevas elecciones en un plazo de 10 días de quedar firme dicho fallo.

2.- Denuncia el recurrente la infracción de normas constitucionales (arts. 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22), así como de la preceptiva de los arts. 34, 40, 272 del CPCC.

Se agravia de que la Cámara haya introducido una cuestión que no fue objeto de la litis; esto es, la posibilidad de la declaración de nulidad de un acto administrativo vía una acción de amparo. Afirma, por otra parte, que "en estas actuaciones no existen actos administrativos que sean objeto del proceso de amparo. Se trata de actos realizados por la Junta Electoral en un proceso eleccionario de una asociación sindical". Expresa que el Sindicato de Diarios y Revistas es una persona jurídica y no un organismo del Estado, por lo que "estamos en presencia de actos jurídicos privados que hacen a la relación interna entre los afiliados y el sindicato".

Se agravia de que la Cámara admita la concurrencia de los presupuestos del amparo contenidos en el art. 43 de la Constitución Nacional, pues considera que esta conclusión carece de todo fundamento. Desarrolla conceptos vinculados a la admisibilidad del amparo y al criterio con el que, en su opinión, debe juzgarse la idoneidad de la vía procesal analizada. Concluye que este análisis no ha sido practicado por el tribunal sentenciante, apartándose de la recta interpretación de la preceptiva constitucional y legal aplicable.

Afirma que en autos se debate sobre un conflicto suscitado entre la asociación sindical y afiliados asociados a la misma, por lo que las partes debían agotar en forma previa la vía asociacional para recién luego iniciar el procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y pretender, eventualmente, su revisión por ante el tribunal competente (la Cámara Nacional del Trabajo). Cita en respaldo de su posición, la preceptiva de los arts. 56, 57, 60, 61 y 62 de la Ley de Asociaciones Sindicales, Nº 23.551. Menciona que la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional ha hecho aplicación estricta de la citada normativa.

Señala que la acción del art. 47 de la LAS ha sido estatuido por el legislador para cubrir "todas aquellas situaciones jurídicas que no presentan en el citado régimen legal otro modo expresamente previsto para alcanzar el mismo fin de protección de los derechos" y que "por tal razón están excluídas del ámbito de aplicación del amparo del art. 47 LAS, las violaciones a la estabilidad de los representantes gremiales tuteladas con los recaudos de los arts. 40, 41, 48, 50 y 52". Agrega que "lo mismo puede decirse de los actos sindicales o de la administración respecto de los cuales están previstos los pertinentes recursos por ante la Cámara Nacional del Trabajo en los arts. 59 y 60 de la ley sindical".

Alega que otro motivo que justifica plenamente la no aplicación de los arts. 47, 52 y 63 de la Ley Nº 23.551 es la circunstancia de que idéntico conflicto se debate por ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, entonces se puede dar el supuesto de que exista resoluciones contradichas.".

Se agravia de que no se haya resuelto el planteo de inconstitucionalidad del art. 68 del CPC que justifica la competencia del fuero provincial, planteado por su parte. Sostiene que el citado precepto legal, al "habilitar la vía del amparo para cuestiones vinculadas a los derechos electorales en elecciones gremiales", contraría expresas disposiciones de la Ley Nº 23.551 de Asociaciones Sindicales y su Decreto Reglamentario Nº 467/88, que contienen normas relativas a la competencia que deben ser observadas. Transcribe los arts. 59, 60 y 62 de la LAS y el art. 15 del mencionado decreto reglamentario para concluir que la competencia allí establecida (del Ministerio de Trabajo de la Nación, que agota la instancia administrativa y de la Cámara Nacional del Trabajo, revisora de las decisiones de aquélla) no puede ser desconocida por normas provinciales.

Menciona omitido igualmente, el planteo de inconstitucionalidad del art. 6 del CPT deducido por su parte, que al establecer la competencia del fuero laboral para entender en materia de derecho colectivo, merece las mismas observaciones que motivaron la tacha de inconstitucionalidad antes mencionada.

Denuncia arbitrariedad de sentencia por entender que la omisión en el tratamiento y resolución de los planteos citados, vicia de nulidad el pronunciamiento recurrido.

Cuestiona que la Cámara haya confirmado la nulidad del proceso eleccionario y la nueva convocatoria a elecciones resuelta por la señora Juez de Conciliación y Trámite. Se agravia de que el tribunal no haya indicado "cuáles son los fundamentos tomados en consideración para sostener que la publicación (de la convocatoria a elecciones) no era la adecuada" para así justificar la nulidad declarada en autos. Expresa que el fin impuesto a la publicación se encontraba cumplido y que ello "se acredita con la cantidad de votantes sobre el padrón electoral" (328 votantes sobre un total de 422 electores) que equivale a un porcentual del 70%. Señala que se observó el plazo legal y que "la autoridad de aplicación estuvo presente". Insiste en que la Cámara sostuvo que la publicación debió hacerse por medios idóneos sin explicitar las razones por las que entendió que ello no se había cumplido en el caso de autos.

Alega que la Junta Electoral cumplió con las previsiones estatutarias (que no imponen una publicación de la convocatoria en 3 medios periodísticos), que la finalidad de la publicidad fue alcanzada, que la lista impugnante fue notificada de la oficialización de los padrones, "reservó colores, propuso candidatos y se notificó del pedido de sustitución" y que no hubo por tanto perjuicio alguno que justifique la nulidad del proceso electoral.

Señala que los padrones fueron oficializados de conformidad a las disposiciones estatutarias vigentes, que ni la Lista Rosa ni la Celeste plantearon observaciones invocando falta de exhibición de padrones y que "compitieron en el comicio con absoluta normalidad". Niega que los padrones no hayan sido exhibidos en legal forma y sostiene que la actora no ha arrimado prueba que acredite lo contrario. Niega que el acta notarial acompañada respalde esa alegación. Manifiesta que la escribana interviniente no ingresó al domicilio de SIVENDIA por lo que no constató la referida falta de exhibición sino que hace constar los dichos del actor al respecto. Niega que la restante prueba instrumental permita tener por demostrado aquel extremo. Agrega que el propio Figueroa se notificó de la oficialización de los padrones, "generándose así un consentimiento pleno del mismo".

Cuestiona "los fundamentos referidos al supuesto vicio consistente en la falta de oficialización de la lista". Alega que si bien "la resolución es un instrumento sin fecha", también lo es que "especifica la fecha en que recibió el mismo" la actora, por lo que "la fecha es de pleno conocimiento" del accionante.

Expresa que se notificó del requerimiento de sustitución de candidatos respecto de aquéllos que no reunían los requisitos para ser considerados tales, cosa que nunca se hizo. Afirma que al ser notificados de este requerimiento pudieron ejercer su derecho de defensa, insistiendo con las candidaturas observadas o bien sustituyéndolas.

Se agravia de la afirmación conforme la cual "se agotó la vía asociacional". Señala que ésta nunca fue iniciada pues "la demandante materializó el mismo argumento y pretensión en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en este Juzgado.".

Desarrolla extensas consideraciones referidas a la arbitrariedad de sentencia como motivo del recurso extraordinario local, con cita de doctrina y jurisprudencia que estima de aplicación al caso.

Con base en las alegaciones precedentemente reseñadas, pide se admita la procedencia del recurso de casación interpuesto, propone doctrina legal y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

3.- El recurso es admisible desde que ha sido deducido en término contra una sentencia definitiva, el requisito del afianzamiento no resulta exigible, invoca sustancialmente arbitrariedad en la valoración de los antecedentes y prueba de la causa y se basta a si mismo (arts. 130/132 del CPT).

4.- Vistos los argumentos en que se sustenta el recurso y confrontados con los fundamentos del pronunciamiento impugnado y constancias de la causa, se advierte que el recurso no puede prosperar.

4.1.- El agravio referido a la omisión en el tratamiento y decisión de planteos de inconstitucionalidad oportunamente deducidos por la demandada, que significarían ignorar la alegada incompetencia del juez interviniente, asignando preeminencia a normas provinciales que desplazarían injustificadamente lo establecido por una ley nacional (la Ley de Asociaciones Sindiciales N° 23.551), no puede ser atendido.

El análisis de las constancias de la causa revela que la alegada omisión por parte del órgano jurisdiccional no es tal.

Al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido contra el mismo pronunciamiento que motiva la casación en examen, la Cámara expresó que "si bien es cierto que la demandada introdujo, antes de contestar la demanda, planteos relativos a la inconstitucionalidad de los arts. 11, 28 y 68, segundo párrafo, del CPC y 6 del CPL, por reputarlos contrarios a los arts. 19 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución Provincial, 18 de la Constitución Nacional, 31, 75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional, y 31 de la Constitución Nacional, respectivamente; también lo es que dichos planteos fueron resueltos por la Sra. Juez a quo con anterioridad al dictado de la sentencia de fondo, tal como surge de las constancias de fs. 91 y 97 de autos" (cfr. sentencia del 20/4/2010, fs. 312/315).

Efectivamente, a fs. 91 la jueza resolvió respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 11 del CPC, estar a lo resuelto en decreto de fs. 64, por el cual se dispuso declarar de oficio la inconstitucionalidad de dicha preceptiva; y a fs. 97 dictó resolución de fecha 07/7/2008 por la que dispuso rechazar los planteos de inconstitucionalidad del art. 6 del CPT y de los arts. 28 y 68 del CPC.

Se advierte que la referida sentencia del 23/3/2009 (fs. 237/240) dictada por la jueza de conciliación y trámite, hace constar que con carácter previo rechazó los mencionados planteos de inconstitucionalidad, por lo que seguidamente correspondía analizar el planteo de incompetencia del fuero del trabajo para entender en la presente causa (por encontrarse interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación en el conflicto de marras), la admisibilidad de la vía de amparo y, en su caso, la procedencia de la acción intentada (cfr. sentencia del 23/3/2009, fs. 237/240).

Al abordar el planteo vinculado a la competencia del fuero laboral, el fallo de I° Instancia expresó que "la Ley N° 23.551 ha hecho una distribución de competencias de acuerdo a la naturaleza de sus conflictos: las de los arts. 59 a 62 a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; y la del art. 63 a la Justicia Ordinaria local. Y ni el art. 68 CPC ni el 6 del CPL han modificado dichas disposiciones, sino que han establecido las normas por las que se regirán aquellos procesos y los Jueces locales que resultarán competentes, en los supuestos en que la misma Ley de Asociaciones Sindicales prevé la intervención de nuestra Justicia Ordinaria, por lo que corresponde el rechazo del planteo de inconstitucionalidad interpuesto, conforme se expusiera en su oportunidad (fs. 97)".

Al resolver el recurso de apelación, la Cámara señaló que "el amparo sindical encuentra fundamento en los arts. 47 y 52 de la Ley de Organización de Asociaciones Sindicales N° 23.551", puntualizando que "en su art. 63 expresamente determina que los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en las acciones previstas en el artículo 52 mencionado". Concluyó que "conforme a las disposiciones de los arts. 47 y 63 de la ley 23.551, los jueces laborales tienen competencia suficiente para entender en las acciones de amparo, conforme el procedimiento establecido en los códigos procesales provinciales. Ello, para garantizar el ejercicio pleno de la libertad sindical comprensiva, entre otros supuestos, del derecho de los trabajadores y asociaciones de elegir a sus representantes, ser elegido y postular candidatos.".

Lo expresado permite concluir que la omisión denunciada no es tal pues, como se dijo, los planteos de inconstitucionalidad fueron oportunamente analizados y resueltos. A ello cabe agregar que el rechazo de estos planteamiento (fs. 97) no mereció impugnación alguna por la demandada y que siendo así, permanece indemostrado el déficit de falta de tratamiento de cuestiones propuestas al debate de la causa.

4.2.- Idéntica conclusión merecen las alegaciones encaminadas a cuestionar lo decidido en relación a la competencia del fuero. De la reseña de los fundamentos ut supra desarrollada surge que el tribunal enmarcó el conflicto de autos en la preceptiva legal aplicable (art. 47 de la LAS), justificando su competencia para entender en los presentes actuados (art. 63 de la misma ley).

El citado art. 47 establece que "Todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente, conforme al procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles provinciales, a fin de que éste disponga, si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical". Por su parte, el art. 63 dispone que "1º -Los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán en: .c) En las acciones previstas en el artículo 47".

El recurrente no ofrece razones que justifiquen excluir a este conflicto intrasindical suscitado entre los trabajadores y la asociación sindical, previsto en el art. 47 de la Ley Nº 23.551, de la competencia asignada por el art. 63 de la citada ley a la Justicia Ordinaria de las respectivas jurisdicciones, y que recae, en el caso, en el fuero del trabajo. Oportuno es recordar que en los autos "Quinteros Raúl Humberto vs. Asociación de la Sanidad Argentina de Tucumán s/ Amparo" del 07/3/2000, que guardan relación con el presente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo de la IIª Nominación de la Provincia.

El argumento conforme el cual el actor dedujo impugnación en sede administrativa que se encuentra a conocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, con riesgo de que la indebida injerencia del órgano jurisdiccional derive en resoluciones contradictorias, tampoco puede ser atendido.

Tal como lo señalara el pronunciamiento de Iª Instancia (fs. 237/240), del informe producido por la Dirección de Asociaciones Sindicales del MTEySS del 25/11/2008 (fs. 207) surge que en el Expte. 1-236-632.213/2008, la autoridad administrativa ". no se ha expedido por cuanto ha tomado conocimiento de la iniciación de la causa judicial." donde se debaten denuncias e impugnaciones similares. Consta asimismo que en el informe del 02/02/2009 (fs. 223) se menciona que es doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, que "Estando la cuestión originaria sometida en la actualidad a la decisión de un órgano judicial, sería inadecuado emitir una nueva opinión sobre el expediente radicado en los Tribunales, por encontrarse reservada en forma exclusiva y excluyente al Poder Judicial de la Nación, su tramitación exige que los restantes poderes del estado eviten verter apreciaciones que hagan a la decisión de aquella".

4.3.- Las objeciones planteadas respecto de la admisibilidad de la vía procesal transitada por el actor, del acogimiento de la acción por la jueza de Iº Instancia y de la confirmación de este pronunciamiento por el tribunal de alzada, tampoco lucen justificadas.

La Cámara, luego de formular consideraciones generales en relación a los presupuestos del amparo previstos en el art. 43 de la Constitución Nacional y 37 de la Constitución Provincial, así como los requisitos establecidos por el art. 50 del CPC, dispuso confirmar lo decidido por la jueza a quo por entender configurados dichos extremos. Consideró la Cámara que el pronunciamiento de Iª Instancia se ajustaba a derecho y que en mérito a ello, correspondía rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionada.

Expresó que "no resiste el menor análisis" sostener que en el marco de un proceso de amparo no pueda declararse la nulidad del acto lesivo pues "es por demás frecuente que el acogimiento de dicha acción se traduzca en una declaración de este tipo", ya que la invalidación del acto viciado "es una de las formas posibles de resguardar derechos y garantías reconocidos por la constitución" cuando "por un acto u omisión de autoridad pública o de particulares, en forma actual o inminente, se encuentren afectados de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta". Ratificó que "ningún impedimento existe a que la sentencia de amparo declare la nulidad de un acto, mientras concurran los requisitos a que hice alusión con anterioridad, que se derivan de las respectivas proposiciones normativas de los arts. 43 de la constitución nacional, 37 de la carta magna local, y 50 del CPC".

La Cámara destacó que "si bien la normativa legal y estatuaria no indican los medios a través de los cuales debe difundirse la convocatoria a elecciones, lo cierto es que, a fin de garantizar los principios de libertad y de democracia sindical, la publicidad debe concretarse por medios idóneos, a fin de llegar a la mayor cantidad posible de trabajadores, y con una anticipación no menor de 45 días a la fecha fijada para realizar el acto eleccionario". Sostuvo que "se considerará idóneo aquel que asegure el conocimiento masivo del acto electoral, que permita el control por parte de los afiliados, de la autoridad administrativa del trabajo y, en última instancia, del Poder Judicial, respecto del plazo de anticipación exigido".

Las alegaciones referidas a que el fin impuesto a la publicación de la convocatoria a elecciones se encontraba cumplido y que ello "se acredita con la cantidad de votantes sobre el padrón electoral" (328 votantes sobre un total de 422 electores), no logran demostrar el absurdo o arbitrariedad del criterio, conforme al cual la publicación debía concretarse por un medio que garantizara el mayor alcance y participación de los afiliados en el proceso eleccionario. Tampoco logran descalificar el pronunciamiento, los argumentos referidos a que se observó el plazo legal y que "la autoridad de aplicación estuvo presente". La fundamentación sentencial desarrollada para justificar la confirmación del criterio adoptado por la jueza de Iª Instancia es escueta pero suficiente para respaldar lo decidido en autos. El recurrente puede no compartir el criterio adoptado pero en modo alguno puede admitirse que la nulidad declarada en autos carece de la fundamentación que la sustente.

En autos el actor peticionó la declaración de nulidad del proceso eleccionario a partir de la publicación del cronograma realizada el día 24/4/2008 en el diario "El Tribuno", solicitando se ordenara a la Junta Electoral disponer la convocatoria a nuevas elecciones, de conformidad a las prescripciones legales estatutarias y constitucionales. En el escrito de demanda se alegó que la Junta Electoral incurrió en sucesivas irregularidades, al no cumplir con el punto 2º de su propia resolución, que disponía que la convocatoria a elecciones debía publicarse en los diarios La Gaceta, El Siglo y El Tribuno, concretándose sólo en este último medio periodístico. El actor también denunció que los padrones provisorios no fueron exhibidos en la sede sindical a partir del 24/4/2008, como lo imponía el art. 4 del Estatuto, y que cuando quiso dejar constancia de esta irregularidad, se le impidió el ingreso a la asociación sindical a la candidata a Secretaria General y a la escribana interviniente (el 08/5/2008). Se invocó asimismo, que los padrones definitivos fueron impugnados por su parte mediante carta documento y que dicha impugnación fue rechazada sin justificación alguna. Invocó también que la Junta Electoral le notificó la oficialización de las otras dos listas participantes, y en el mismo acto le requirió la sustitución de candidatos de la lista Roja y Blanca que el actor representaba, sin precisar los nombres de las personas observadas y los motivos que justifican aquel requerimiento, otorgándole un plazo arbitrario para su cumplimiento. En esa oportunidad procesal expresó que esa resolución carecía de elementos esenciales como la fecha, que nunca se corrió vista del pedido de sustitución formulado por la Lista Rosa a fin de hacer su descargo, que impugnó esa resolución mediante carta documento del 13/5/2008 y que esa impugnación fue también desestimada sin fundamento alguno.

Según lo dispuesto en el art. 69 del Estatuto del Sindicato, la Junta Electoral es quien debe disponer la publicación de la convocatoria a elecciones, delegándose a la misma la facultad para decidir las modalidades de su ejecución. Consta en autos que al resolver dicha convocatoria (resolución cuya copia fue publicada en el diario El Tribuno, fs. 35), la Junta Electoral dispuso que la misma debía publicarse en tres diarios (La Gaceta, El Siglo y El Tribuno, conforme punto 2 de la resolutiva), concretándose sólo en este último. Consecuentemente el alegado cumplimiento de las disposiciones estatutarias y concordantes no exhibe fundamentos probatorios y jurídicos suficientes. Así lo entendió la jueza de Iº instancia y la nulidad declarada con dicho fundamento fue confirmada por el tribunal de alzada, sin que en esta instancia los argumentos esgrimidos logren enervar aquella conclusión.

La alegada inexistencia de perjuicio no constituye argumentación eficaz para descalificar la nulidad del acto eleccionario, fundada en la inobservancia de las directivas referidas a la publicación de la convocatoria a elecciones. Que hayan podido participar del comicio las dos listas oficializadas y que haya habido una concurrencia del 70 % del padrón de afiliados resulta insuficiente para rebatir el criterio conforme el cual el vicio formal señalado afectó el derecho de los candidatos y de la Lista que quedó excluída, impidiendo su participación en el comicio.

Tampoco pueden admitirse los argumentos referidos a que el padrón fue conformado y aprobado de acuerdo a las disposiciones estatutarias, sin que se acreditaran irregularidades en la exhibición del mismo. Aún cuando la escribana interviniente no puede dar fe de que el padrón no se exhibía en la sede del sindicato, el acta notarial mencionada permite tener por acreditado que se impidió a la candidata a Secretaria General de la Lista Roja y Blanca ingresar a la asociación sindical y proceder a dicha constatación. Este extremo ha sido mencionado por la jueza de Iª Instancia al señalar que ello importabana restringir el ejercicio de los derechos amparados por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de rango iusfundamental (art. 8.1.a Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 8.c del Convenio 87 OIT sobre Libertad Sindical) y el art. 1 de la Ley N° 23.551.

Consta asimismo, que contrariamente a lo expresado por la recurrente, el actor cuestionó oportunamente este procedimiento de la Junta Electoral, sin respuesta alguna.

Tampoco luce eficaz la alegación vinculada a que la Lista del actor fue notificada de la resolución que oficializaba a las otras dos listas y le requería la sustitución de sus candidatos, sin que impugnara esta decisión ni cumpliera con el mencionado requerimiento.

No es un hecho discutido que la resolución por la que se intimó a la Lista Roja y Blanca a sustituir candidatos carece de fecha ni que la misma omite mencionar quiénes eran las personas que debían ser reemplazadas, limitándose a señalar que se trataba de aquellos candidatos que no reunían los requisitos estatutarios. Parece razonable entender que si bien el Estatuto no prevé un procedimiento para el caso de impugnación de un candidato, el trámite a adoptar debe dejar a resguardo el derecho de defensa mínimo a fin de poder impugnar las observaciones en debida forma, ofrecer un descargo circunstanciado y, eventualmente, cumplir satisfactoriamente con el requerimiento formulado. Por otra parte y contrariamente a lo alegado por el recurrente, la parte actora impugnó oportunamente el requerimiento de sustitución de candidatos (carta documento que glosa a fs. 46).

Pese al esfuerzo argumental desplegado por el recurrente permanece indemostrada la tacha de arbitrariedad formulada contra el decisorio impugnado, toda vez que la prueba arrimada a la causa respalda el criterio según el cual se constataron irregularidades en el proceso electoral cuestionado, afectándose derechos y garantías de rango constitucional con entidad bastante para declarar la nulidad del mismo.

De conformidad a todo lo expresado, se concluye en que la crítica recursiva solo expresa un criterio diferente respecto del juicio valorativo del tribunal sentenciante, pero no logra evidenciar los vicios asignados, por lo que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto.

5.- Las costas deberán ser soportadas por la parte recurrente vencida, conforme los principios generales sobre la materia (arts. 105 del CPCC y 49 del CPT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 268 y 287vta.); el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; no resultando necesario el depósito exigido por la ley de rito; el escrito se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto se invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos. Siendo objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Corte Suprema de Justicia la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-, por todo ello el recurso en estudio es admisible, por ende, a este Tribunal le queda expedita la competencia jurisdiccional para ingresar al analizar la procedencia del recurso de marras.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 10/6/2009 (fs. 263/264) de la Sala I de la Excma. Cámara del Trabajo.

II.- COSTAS, conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN	(con su voto) RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	(con su voto) ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00031042-02.