Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-25


Salta, 25 de febrero de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "SALOMÓN, ERNESTO VS. MUNICI-PALIDAD DE EMBARCACIÓN - QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO" (Expte. Nº CJS 26.853/04), _CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 35/38 la demandada interpone queja contra el pronunciamiento de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, cuya copia se agrega a fs 33 y vta., que le denegó el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la sentencia corriente en copia a fs. 25/27.

Sostiene que los agravios expuestos como fundamento del recurso de inconstitu-cionalidad no se sustentan en discrepancias interpretativas -como concluye la resolución denegatoria- sino en la arbitrariedad del pronunciamiento, al no haber considerado -dice- que el acta de traspaso de gestión, en la cual el anterior Intendente no denunció la deuda que ahora se ejecuta, impide condenar a su parte al pago de una obligación que se indica como contraída durante la anterior administración.

En el recurso de inconstitucionalidad afirma que el fallo de la alzada vulneró el derecho constitucional de propiedad y el principio de legalidad al omitir valorar prueba conducente regularmente incorporada al litigio y condenar a su parte al pago de una suma de dinero con fundamento en dos declaraciones testimoniales. Entiende que en cuanto a las costas, se debieron imponer por el orden causado, en virtud de la frágil prueba acompañada en el juicio lo que evidenció -dice- que le asistió a su parte razón suficiente para liti-gar.

2º) Que cabe señalar, en primer término, la postura reiterada de esta Corte en cuan-to a la excepcionalidad de la vía extraordinaria. En materia de arbitrariedad, la vía propues-ta no debe constituir la apertura de una tercera instancia donde se intente reproducir el de-bate ordinario acerca de los hechos considerados anteriormente. Por ello, y para que los agravios referidos a cuestiones fácticas hagan procedente la vía extraordinaria, la decisión recurrida debe presentar serios y graves defectos de fundamentación, traducidos a su vez, en evidente menoscabo de derechos constitucionales (esta Corte, Tomo 55:59; 57:543; 59:519; 73:845; 76:165).

3º) Que no basta para demostrar la existencia de una situación de inconstituciona-lidad, sostener la vulneración de derechos constitucionales si, como en el caso, no se prueba la afectación puntual de los derechos invocados (esta Corte, Tomo 63:803; 67:585; 69:639, entre otros).

En la impugnación deducida, los argumentos de la recurrente sólo revelan una disímil interpretación con la valoración de cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, que fueron tratadas con fundamentos suficientes para sustentar la solución impug-nada y que la impugnante no logra desvirtuar.

En efecto, al confirmar la sentencia anterior, la Cámara consideró acreditada la existencia de la deuda reclamada en autos con el reconocimiento efectuado por el ex - In-tendente respecto de la extracción de las fotocopias, con la declaración testimonial del ex - Secretario de Gobierno Sr. Juan Carlos Lostia y con el vale por las 10.330 fotocopias, reco-nocido por quien lo firmó. Señaló también que con el instrumento público presentado por la demandada solamente se demostró que, en ocasión del traspaso del cargo, el anterior fun-cionario no denunció que se adeudaba la suma reclamada estimándolo insuficiente para demostrar la improcedencia del reclamo, por tratarse de una manifestación unilateral que luego fue desvirtuada por la misma persona que la efectuó, en ocasión de declarar en los autos principales.

Tales motivaciones no fueron eficazmente controvertidas por la recurrente, quien podrá o no coincidir con la solución a la que se arriba en el fallo, mas los fundamentos del mismo excluyen un supuesto de arbitrariedad. Ha dicho esta Corte que si el apelante no controvierte de manera eficaz la totalidad de los razonamientos en que se apoyan las con-clusiones del tribunal "a quo", es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria (Tomo 59:1151; 60:233; 66:797; 77:29).

Cabe precisar que si bien la impugnante se agravia por el efecto atribuido por el tribunal "a quo" al acta de traspaso de la gestión municipal, tal decisión resulta acorde con lo normado por los arts. 994 y 995 del Código Civil que establecen que el instrumento pú-blico es medio de prueba frente a las partes y frente a terceros de los hechos documentados y no del efecto del acto jurídico instrumentado (cfr. Llambías, "Tratado de Derecho Civil Parte General" Tomo II, Edit. Perrot, 1970, pág. 458). Al ser ello así, el documento presen-tado por la demandada solamente demuestra que la deuda reclamada en autos no fue de-nunciada por el Intendente anterior pero no resulta prueba irrefutable de su inexistencia.

4º) Que, como se ha dicho reiteradamente, la vía elegida, por su excepcionalidad, resulta improcedente cuando se la dirige contra sentencias en las cuales se resuelven cues-tiones de hecho, prueba o derecho común; como así tampoco resulta procedente en los su-puestos de discrepancia con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas en la sentencia por los jueces, ya que el recurso de inconstitucionalidad sólo opera en casos de sentencias arbitrarias, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifi-quen como pronunciamientos judiciales (cfr. esta Corte, Tomo 43: 991, 1195; 45:405; 55:583; 62:419; 89:095, entre muchos o- tros).

5º) Que en cuanto al planteo de la demandada respecto a que las costas debieron imponerse por el orden causado, cabe destacar que se trata de una cuestión no sometida a consideración de los jueces de la causa ya que, recién se formuló en oportunidad de inter-poner el recurso de inconstitucionalidad, por lo que resulta una reflexión tardía, inatendible en esta instancia. Ello no obsta a precisar que, sin arbitrariedad, la Cámara impuso las cos-tas a cargo de la demandada por aplicación del principio general de la derrota establecido en el art. 67 del C.P.C.C. que las establece como corolario del vencimiento.

La Corte Suprema Nacional indica que la rigidez de la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad es particularmente más intensa en orden a la imposición de costas (Fallos, 311:1950, entre otros). De modo que no resulta procedente tratar la alegación de arbitrarie-dad formulada para corregir un pronunciamiento que se estime equivocado (esta Corte, Tomo 42:555; 54:463; 74:759; 76:521), atento a la naturaleza fáctica y procesal de la cues-tión que, en principio, la excluye del ámbito del remedio extraordinario (esta Corte, Tomo 75: 523; 89:449), máxime si, como en el caso, lo decidido se encuentra fundado en lo ex-presamente establecido por la normativa procesal, sin que la impugnante haya brindado razones suficientes para apartarse del principio general.

6º) Que, en tales condiciones, corresponde desestimar la queja deducida.

Por ello;

LA CORTE DE JUSTICIA, RESUELVE:

I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 35/38 de autos.

II. MANDAR se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas, Edgardo Vicente, María Cristina Garros Martínez, An-tonio Omar Silisque -Jueces de Corte-