marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), cuestiones de competencia
Materia: LABORAL
Carátula: LEIVA LUIS ALBERTO Y OTROS c/ MINICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-09-13

Tratándose de una cuestión de competencia, resuelta por el Juez a - quo, por vía de excepción de especial pronunciamiento (art. 55 de la Ley 1.444) y como tal de orden público, corresponde conceder el recurso deducido con efecto inmediato, a lo que no empece el diferimiento previsto para las apelaciones anteriores a la sentencia en el art. 84 de la ley citada, toda vez que la generalidad de la regla allí consagrada, está sometida a un límite conceptual abarcando en rigor sólo las cuestiones cuya naturaleza no impone el examen, inmediato por la Cámara, pero haciendo excepción a ella los casos como el sub - lite, en que dicho examen el "ad - quem" no puede demorarse para evitar que por la exclusiva virtualidad del diferimiento de la resolución de la apelación, ocasione un desgaste jurisdiccional inútil al tener que sustanciarse todo el procedimiento laboral para resolverse la competencia apelada recién en la oportunidad prevista por el art. 91 de la misma, al elevarse los autos a la Alzada para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva.
Medida de no innovar, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL-ELECTORAL
Carátula: FELPETO CARLOS ALBERTO s/ MUNICIPALIDAD DE CARLOS PAZ - ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2010-12-30

En cuanto a la Medida Cautelar de No Innovar peticionada, debemos destacar que, en principio, la sola circunstancia de tratarse de una acción declarativa de certeza no excluye su procedencia en tanto se den los demás requisitos necesarios para su admisión: a) verosimilitud del derecho invocado; b) peligro en la demora; c) que la cautelar no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria y d) contracautela (art. 483 y cc. C.P.C. y C.), en cuya ponderación los razonamientos lógicos no deben someterse a un rigorismo tal que las haga inadmisibles en la práctica. En reiterados precedentes jurisprudenciales el máximo tribunal superior ha acogido esa doctrina.
Compraventa inmobiliaria, accesión, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: LEONE EDUARDO c/ SEGOCIA DE SABATTINI JUANA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-16

Todos los inmuebles por accesión lo son hasta tanto desaparezca la adhesión física o moral que le otorgaba ese carácter. La inmovilización de la cosa mueble termina al cesar la causa que la produjo: en la física, desde el momento que las cosas adheridas al inmueble hayan sido separadas de él y en la moral, cuando las cosas inmovilizadas fuesen sacadas del edificio. El art. 2322 del Código Civil se refiere a los muebles adheridos en mira de la profesión del propietario o de una manera temporaria.

Si un placard se hallaba adherido al inmueble se trata de un bien que hace a las comodidades del edificio destinado a habitación no de una manera temporaria sino permanente, en los términos del art. 2315 del código citado (carácter de perpetuidad), aunque por accesión moral (puesta por el propietario intencionalmente como accesorio del inmueble: art. 2316). Las circunstancias de que se haya cortado la alfombra en el espacio que ocupaba un placard, que no se hubiera empapelado y, por sobre todo, que la moldura perimetral del cielorraso en su encuentro con las paredes se halle cortado tanto en los muros como en el cielorraso del espacio ocupado por el placard revelan suficientemente que era intención de la vendedora que el placard accediera de modo permanente al inmueble, razón por la cual, la remoción después de celebrada la venta privó al adquirente de una cosa que debía transmitirse por efecto del contrato por lo que corresponde admitir su resarcimiento.
Accidentes de trabajo, culpa de la víctima, daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA ALBERTO c/ E.A.C.S.A.S.A Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION"EXPTE. N 7089/90
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1994-08-02

Conforme al derecho común, basta la existencia de culpa caracterizada por el art. 512, C.Civil) aunque no sea grave, de modo que apreciándola, los Tribunales puedan eximir en todo o en parte al empleador de las consecuencias del infortunio.
Daño moral, reglas de la sana crítica, medios de prueba, residuos cloacales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Quiroga Romina Daniela - Quiroga Enzo Leonardo - Quiroga Verónica Belén - Quiroga Edgardo Dionisio y Estrada Marcela Andrea  c/ Agua y Saneamiento Mendoza S.A. y Ente Provincial de Agua y Saneamiento s/ Proceso de consumo p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-05-02

Según la sana crítica racional resulta innecesario que se acredite por medio de pruebas específicas el padecimiento espiritual que cualquier persona haya sufrido dado: a) treinta inundaciones de líquidos cloacales a lo largo de una década en su vivienda familiar; b) ha visto amenazada su salubridad; c) ha sacrificado su comodidad; d) ha perdido algunos bienes de los que disfrutaba y e) ha sufrido el esperable y profundo malestar propio de verse constantemente rodeada de fluidos riesgosos para su salud y de la naturaleza más nauseabunda que se pueda imaginar.
Tribunales arbitrales, honorarios, ley arancelaria, honorarios del abogado, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales - Empresa del estado s/ varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-06

La Corte Suprema ha expresado que "... el criterio seguido por los jueces de la causa al regular los honorarios de los profesionales intervinientes en calidad de árbitros con base en las pautas fijadas por la ley 21.839 lleva a la aplicación de una ley extraña a la índole de las funciones desempeñadas, en grave desmedro de los intereses patrimoniales de las partes y de los objetivos perseguidos por el legislador al regular, en nuestro ordenamiento juridico, la materia arbitral que, a criterio de este Tribunal, no existe fundamento jurídico para considerar aplicables las leyes arancelarias de abogados y procuradores a los profesionales que han intervenido en un juicio arbitral... Que, ante la falta de previsión legal expresa, resulta necesario determinar cuales han de ser las pautas a tener en cuenta para la fijación de honorarios en esta clase de juicios. Y, en tal sentido, parece razonable adoptar como pauta orientadora las escalas previstas en el Reglamento de Conciliación Facultativa y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, por ser el ordenamiento que prevé expresa y detalladamente el régimen de remuneraciones de los árbitros en ejercicio de una actividad análoga a la desarrollada en autos... Que este Tribunal entiende que la adopción del criterio expuesto tiende a evitar soluciones injustas pues, en atención a las particularidades que presentan los procesos arbitrales, la aplicación de la ley de aranceles de abogados y procuradores podría generar regulaciones excesivamente desproporcionadas. (cons V).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, vocal del Tribunal, sufragio, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, RAMIRO PEHUEL c/  s/ HOMICIDIO SIMPLE-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Los cuestionamientos a la conformación de la mayoría en el fallo de Cámara no pueden prosperar, desde que el razonamiento de la Alzada no luce reñido con ningún postulado constitucional, ya que no se verifica que el fallo cuestionado se hubiera constituido sobre la base de votos irreconciliables o contradictorios -como sostiene la impugnante-, toda vez que el Vocal preopinante expresó sus argumentos en orden a la confirmación del decisorio de primera instancia, la Camarista que votó en segundo término adhirió expresamente a dichos fundamentos y finalmente la otra Magistrada fundamentó su disidencia, no advirtiéndose ningún gravamen que pueda derivarse de la circunstancia de que un juez comparta fundamentos y decisión con otro en el marco de un acuerdo de un Tribunal colegiado, temperamento que es conteste con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con la jurisprudencia de esta Corte. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 10160, artículo 26. - Jurisprudencia vinculada: Murzyla, AyS T 167, p 106/110, sumario J00 6751.
Costas, exención de costas
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RITO DE BAEZ, Antonia L. c/ CLINICA ESPAÑA - DOUSSET, Julio J. s/ EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1990-10-26

Aunque se rechace la demanda contra el equipo médico que intervino quirúrgicamente a la actora, existe mérito para eximir de costas a la vencida, cuando la culpabilidad del accidente era una cuestión a dirimir entre el equipo médico y la clínica donde se llevó a cabo la operación y ello surgiría de la controversia judicial, no antes, por tratarse de pormenores ajenos al conocimiento de la víctima, que es un tercero.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, seguros, cobertura, transporte de pasajeros, prueba pericial
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUELDO, MARIA Y ZAPATA, ANA MARIA c/ D'AMICO, JOSE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 125 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-12-23

Es inadmisible la queja interpuesta por la aseguradora citada en garantía desde que sólo expone un criterio discrepante con la interpretación de las pruebas de la causa y de las normas de derecho común que la Alzada juzgó aplicable al sub lite, pues mientras el recurso debía enderezarse a fulminar la resolución desde el prisma constitucional, en rigor, ni siquiera controvirtió los ejes centrale s del fallo.

Concretamente, respecto de la invocada preterición de la prueba pericial acompañada con posterioridad al dictado de la sentencia de grado tendente a demostrar que el contrato de seguro cubría los siniestros ocurridos en el territorio de la República Argentina afirmó que la quejosa no rebate argumentos esenciales de la resolución, tales, el informe de Gendarmería Nacional que da cuenta que es requisito indispensable para el ingreso o egreso del país del transporte público de pasajeros contar con un seguro internacional vigente y que, en el caso, el vehículo de propiedad del demandado que protagonizó el accidente egresó del territorio nacional con destino a la República Oriental del Uruguay exhibiendo el certificado de póliza de seguro internacional vigente; que dicho informe no fue cuestionado por la aseguradora, quien tampoco intentó ensayar una explicación plausible sobre cómo el asegurado podría haber logrado traspasar la frontera para ingresar a la República Oriental del Uruguay sin la constancia de seguro.
Jubilaciones, funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, jubilación ordinaria, jubilación de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quadri Ricardo Pedro c/ Estado Nacional (Ministerio de Rel. Ext. y Culto) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

El Régimen Jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación -establecido en la ley 22.731-, enumera en el art. 3º los requisitos que debe acreditar el funcionario con derecho al haber de jubilación ordinaria. Ellos son: tener cumplida la edad de sesenta años y computar treinta años de servicios de los cuales, quince continuos o veinte discontinuos como mínimo fueren prestados en forma efectiva como funcionario del Servicio Exterior. La citada norma dispone también que los funcionarios del Cuerpo Permanente Activo del Servicio Exterior de la Nación que sin alcanzar los límites de edad previstos en el inciso g) del art. 18, estén en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, podrán ser jubilados de oficio. (Del voto del juez Damarco, cons. 5).
Emergencia administrativa, Municipalidad, facultades del intendente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Koleff, Jorge c/ Municipalidad de Pila s/ Demanda contencioso administrativa Balboa, Héctor D. y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07|2001-11-07

La ley 11.685 declara de interés provincial la reorganización de las estructuras, la racionalización y el ordenamiento eficaz de los recursos humanos de las Municipalidades (art. 1), estableciendo en el capítulo I, que las disposiciones del mismo "ponen en ejercicio el poder de policía en la emergencia, propendiendo al mejoramiento de la organización administrativa municipal y regirán hasta el 31 XII-96".
Tercería de mejor derecho, levantamiento del embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Cazon, Miriam; Boiko, Héctor Aleksandro c/ Dorado, Héctor Eduardo; Martinez, Karina Irene s/ tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2020-06-22

Nuestro Código Procesal Civil y Comercial prevé tres tipos de tercerías: de dominio, de derecho preferente y de mejor derecho. Así el artículo 97 -modificado por la Ley 7.566- establece que las tercerías podrán fundarse en el dominio de los bienes embargados o en un derecho preferente sobre ellos o en el derecho que el tercero tuviera de ser pagado con prelación al embargante. Siendo ello así, en la causa se equivoca el quejose al entender que la a quo reencuadró la acción en una tercería mejor derecho - de ser pagado con preferencia. En consecuencia, y atento el análisis de las pruebas producidas, se comparte el criterio seguido por la magistrada, entiendiendo el preferente derecho del adquiriente por boleto de buena fe sobre el derecho de los terceros embargantes.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Z., E.J. s/ Incidente cesación de alimentos en autos:B.,S.C. c/Z.,E.J. s  /alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-12

Si se dispuso la cesación del derecho alimentario de la cónyuge, sin otro aditamento, va de suyo, entonces, que la cesación de la pensión alimentaria habrá de tener efecto desde que el pronunciamiento quede firme, ya que se trataría de una sentencia constitutiva carente -por principio- de efectos retroactivos (doct. art. 647 del Cód. Proc.).-
Inadmisibilidad del recurso, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: De Luna Rodríguez, Rubén c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-26

Es inadmisible la queja por denegatoria del recurso de casación contra el pronunciamiento que no hizo lugar a la designación del recurrente como defensor del imputado respecto de quien se ordenó captura internacional e inmediata detención, pues el recurso no logró controvertir los fundamentos de la resolución, la decisión impugnada no constituye sentencia definitiva y no se ha logrado acreditar la existencia de cuestión federal. El imputado que voluntariamente se sustrae a la jurisdicción de sus jueces, carece de derecho para impetrar el resguardo de garantías ante la autoridad que ha desconocido. Dres. Hornos, Mahiques, Figueroa.
Deberes de los agentes de la administración pública, remuneración, Policía Provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: V.M.E c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-06-05

El salario de los agentes públicos puede sufrir variaciones en distintas etapas de su relación jurídica con el Estado empleador. Habrá que estar a las normas y reglamentaciones correspondientes al régimen estatutario vigente -o bien al contrato predeterminado por cláusulas estatutarias, según la posición desde que se analice. En el caso bajo examen, la "especialidad" de la función policial, está contemplada por las normas que la rigen, que en la mayoría de los supuestos, a más de imponer deberes y derechos específicos, cargas y hasta procedimientos en concordancia con la índole de la función, influyen en el sistema salarial. El Estatuto Policial es la Ley XIX N° 8.
Violencia de género, emergencia sanitaria, mobbing, competencia laboral, renuncia al empleo
Materia: DERECHOS HUMANOS-LABORAL
Carátula: M. A. A. c/ A. (a) "C." s/ violencia de genero
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-04-16

En las denuncias de acoso en el ámbito laboral, la competencia para entender en el asunto recae sobre el fuero de ese ámbito, sin que sea obstáculo para ello, el hecho de que la denunciante haya renunciado a su trabajo. Los derechos -eventualmente- conculcados deben ser reforzados y tuitivamente resguardados por quienes llevan competencia especifica toda vez que la renuncia a la fuente de trabajo no fue libre, sino condicionada y determinada por el temor al acoso sufrido.
Recurso de casación, caducidad de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Fisco De La Provincia De Cordoba c/ Lujan Guillermo Cesar s/ Ejecutivo Fiscal (Expte. Sac N° 593649)
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-10-16

La declaración de caducidad de la instancia es per se susceptible de controlarse en casación en concepto de violación de las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento en los términos del inciso 1º del art. 383 del Código de Procedimientos de Córdoba, pues el Tribunal de Casación, como guardián de las formas procesales, puede revisar la corrección intrínseca de la decisión adoptada a fin de verificar si concurren en el caso los presupuestos condicionantes de la perención.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, plan de parentalidad, impedimento de contacto del menor con el padre no conviviente
Materia: POLITICO-CIVIL-PENAL
Carátula: DMJD  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos spv sobre 1 1er párr.- impedimento de contacto de menor de edad con su padre no conviviente
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-30

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia de la Cámara que revocó la condena por el delito de impedimento de contacto agravado (art. 1, segundo párrafo de la ley n° 24270), absolvió a la acusada y declaró abstracto el recurso de apelación de la querella. Ello así, toda vez que la recurrente no ha logrado demostrar la configuración de una cuestión constitucional o federal, ni que lo recurrido sea descalificable por la doctrina de la arbitrariedad (arts. 27 y 33 de la ley n° 402). Resulta aplicable al caso, en definitiva, el criterio establecido por este Tribunal, según el cual esta clase de controversias remite a cuestiones de hecho, prueba o interpretación infraconstitucional que, salvo casos excepcionales debidamente acreditados, no suscita la competencia extraordinaria, y quedan reservados a la decisión de los jueces de mérito. En efecto, quedó sin demostrar que la decisión impugnada no constituyese una derivación lógica y razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa. Y, la discrepancia de la recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara, no significa que la sentencia devenga infundada y por ende, arbitraria (TSJ, expte. n° 16616/19, "Cervantes Sánchez", resolución del 25/09/2019, y expte. n° 16324/19, "CVH", resolución del 14/05/2020, entre otros). (Del voto del juez Santiago Otamendi).
Proceso penal, recurso de casación, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Solohaga, Lucio Reynaldo s/ Recurso de Queja por Casación denegada deducido en Expte. "R" Nº 75/08 "Solohaga, Lucio Reynaldo - Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor M. Pinto c/ Auto Interlocutorio Nº 64/08
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-20

La defensa técnica del condenado interpuso recurso de queja contra el Auto Interlocutorio dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, por el que declaró formalmente inadmisible el recurso de Casación interpuesto.

El art. 455 del Código Procesal Penal, menciona los supuestos de resoluciones recurribles en casación. Prescribe que: "Además de los casos especialmente previstos por la ley, y con las limitaciones establecidas en los artículos siguientes, sólo podrá deducirse este recurso contra las sentencias definitivas o los autos que pongan fin a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

En consonancia con ello, es oportuno señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal, no reúnen, por regla, el requisito de sentencia definitiva a los efectos del artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 308:1667; 310:195; 313:1491, entre otros).

Lo que caracteriza a las decisiones recurribles por vía de casación es que tienen el efecto de poner término al proceso; el criterio para determinar este concepto se funda, más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones, que en el contenido de aquélla.

En este caso, la decisión cuestionada implica para el imputado la obligación de seguir vinculado al proceso; por lo tanto, no reviste el carácter de sentencia definitiva o de decisión equiparable a ésta, en los términos del art. 455 del C.P.P.

Por ello, corresponde no nacer lugar al recurso de Queja interpuesto.
Representación procesal, personería, acreditación de la personería, poder general
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, OSVALDO DANIEL A. c/ CHETTI, MARIA LUISA s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

De acuerdo con el cpr 47, cuando se invoca un poder general, la personería se acreditara con la agregación de una copia integra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado, quedando con ello, satisfechos los requerimientos legales, máxime habiendo declarado bajo juramento que es copia fiel del original y que se encuentra vigente.
Enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso de García, Elsa Elena c/ D.E.B.A. s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-11-17

Para que una dolencia sea considerada como enfermedad accidente, requiere al menos una relación de concausalidad con las labores desempeñadas por el dependiente, sin que importe -cuando se reclama, como en el caso, por la ley 9688- en qué grado y medida ha participado el trabajo.
Asociaciones civiles, suspensión de la elección, entidades deportivas
Materia: CIVIL
Carátula: Ibarra, Andrés Horacio c/ Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-28

Corresponde decretar la suspensión del acto de elección de autoridades de la asociación civil -club de futbol-, hasta tanto se defina judicialmente la situación de irregularidades detectadas, prima facie, en el padrón de socios mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes, para lo cual deberán dar constancia de su inicio, habida cuenta que aparece un número por demás significativo de irregularidades que no podrían ubicarse bajo el paraguas de decisiones de resorte propio y discrecional de la Comisión Directiva, que importaría un proceder ajeno a las normas estatutarias en cuanto implica, por ejemplo, nombrar adherentes y trasladar esos mismos socios a la categoría de activos, lo cual aparece concretado todo en un mismo día, en un número por demás considerable, lo que podría llegar a afectar un acto como el de renovación de autoridades.
Medidas para mejor proveer, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perosio, Norberto y ot. c/ Babenco, Norberto y ot. s/ Ejec. Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Si la medida para mejor proveer alteró la igualdad de las partes en el proceso supliendo una prueba de la contraria, resulta plenamente apelable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)