Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-14


______Salta, 14 de junio de 2011.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "LOPEZ, SANDRA ESTER c/ DE LA MERCED, FABIO ANDRES, ORDINARIO", EXP Nº 17.805/ 7; originario del Juzgado de 1ª Instancia 2ª Nominación, para resolver las apelaciones interpuestas a fs. 182/183 vta. y a fs. 188/190 vta., y ___________________C O N S I D E R A N D O El Dr. Cabrera dijo: Vienen estos autos a fin de resolver las apelaciones interpuestas a fs.182/183 vta. y a fs. 188/190 vta., por la actora y la demandada, respectivamente.

A) Apelación de la actora de fs. 182/183 vta.: La misma se formula en contra del apartado II) del decisorio de la instancia. Se agravia del rechazo de los siguientes rubros: Indemnizaciones previstas en el art. 2º de la ley 25.323 y en el art. 80 de la LCT.

En relación al reclamo del art. 2º de la Ley 25.323, considera incorrecto su rechazo toda vez que -dice- su parte dio cumplimiento con los requisitos previstos por la norma, los que señala. Sostiene que ello surge del tenor de la misiva en la que concretó el autodespido, pues en ella intimó el pago de las indemnizaciones previstas en los arts. 245, 232 y 233 de la LCT y que, además, se vio obligada a iniciar esta acción a los fines del pago de las indemnizaciones citadas. Cita doctrina y jurisprudencia y peticiona su revocación, con costas.____________________________________________ Respecto del segundo agravio, expresa que la sentenciante resolvió rechazar el pedido de la indemnización del art. 80 de la LCT, fundando el mismo en la falta de intimación a la patronal respecto de la documentación laboral prevista en el citado artículo, cuando su parte concretó tal reclamo mediante CD 84143281 de fecha 13-04-07. Agrega que para el caso de que el a-quo sostenga la aplicación del art. 3º del Dec. Nac. 146/01 y, en consecuencia, la obligatoriedad de la intimación luego de transcurrido el término de 30 días de finalizada la relación laboral, manifiesta que dicha requisitoria es un exceso reglamentario en relación a la norma del art. 80 de la LCT, siendo suficiente la intimación cursada al momento del distracto. Cita jurisprudencia y peticiona la revocación, con costas, de la sentencia.

A fs. 194 y vta. obra responde de la contraria solicitando el rechazo, con costas, de la apelación deducida.

B) Apelación de la demandada de fs. 188/190 vta.: Se agravia, en primer término, de que una de las causales que se alega en la sentencia para justificar el autodespido, fue la negativa de las diferencias salariales. Afirma que la falta de pago de las mismas no puede por sí solas configurar injuria, no sólo porque no se adeudan sino porque aún en la hipótesis de que así lo fuera, su falta de pago no justifica el autodespido, en tanto la actora pudo reclamarlas como salarios caídos, sin necesidad de extinguir el vínculo laboral._________ De igual manera, se agravia que en el fallo se justifique el autodespido por la negativa de la fecha de ingreso. Sostiene que la actora se autodespidió sin esperar que transcurrieran los 30 días que establece de plazo la ley 24013, para que se regularice cualquier situación defectuosa, por lo que el distracto deviene ilegítimo. Que el sentenciante no debe suplir el planteo efectuado por la actora pues si ésta intimó por el plazo citado y no esperó ese tiempo, el autodespido deviene injustificado.

El tercer agravio refiere a la valoración de las testimoniales efectuadas en la sentencia. Afirma que el fallo concluye que con las testimoniales de los allí nombrados, se probó el ingreso de la actora en el año 1997 y su prestación de jornada completa. Analiza cada uno de los testimonios, señalando contradicciones y confusiones de los testigos y concluye afirmando que ellos no pueden prevalecer sobre la documentación contable y laboral llevada en legal forma, conforme se concluye en la pericia contable de fs. 151/154. Que, ante la imprecisión y sospechosas declaraciones de los testigos, no puede arribarse a lo resuelto y que, en consecuencia, no deberían haber procedido las diferencias salariales ni la indemnización por registración defectuosa (art. 1 de la ley 25.323).

En el apartado VII) efectúa un análisis del autodespido, reitera argumentos ya expuestos y concluye afirmando que el mismo no resultó legítimo por cuanto no hubo injuria que lo justifique. Que lo mismo sucede con las horas extras y la falta de entrega de comprobantes de aportes previsionales y de obra social, respecto de los cuales alega que vienen siendo abonados en planes de pago, como lo refiriera la contadora a fs. 151/154.

Expresa que la supuesta defectuosa registración, no es tal, en tanto la fecha de ingreso y los salarios asentados en la documentación laboral, son los correctos, sin que la actora lo haya desvirtuado con prueba alguna. Reitera que ésta se autodespidió antes de que transcurrieran los 30 días que establece la ley 24013 para que se regularice cualquier registración defectuosa. Que, en consecuencia, injustificado el autodespido, no pueden proceder las indemnizaciones por falta de preaviso, antigüedad e integración y, por ende, las indemnizaciones del art. 16 de la ley 25561, art. 2 de la ley 25323 y ley 25345._ Sostiene que, en relación a las indemnizaciones del art. 245 LCT y a las nombradas, la sentenciante no consideró que tampoco pueden prosperar toda vez que la actora reclamó montos genéricos y globales, sin detallar cómo obtuvo las sumas demandadas ni indicar cómo llegó a las operaciones que realizó para arribar a ellas, lo que afectó su derecho de defensa al impedírsele su control. Expresa que, de igual modo, la indemnización del art. 1 de la ley 25323 no puede prosperar en tanto la actora fue correctamente registrada y que, asimismo, el monto de la planilla de demanda ($18.648,95), resulta exagerado y antojadizo, sin poder verificarse cómo se obtuvo dicha cantidad._ Agrega que tampoco pueden prosperar los reclamos por SAC y VAC prop./07 por haberse omitido especificar cómo se obtuvieron las sumas que reclama, resultando cantidades genéricas y globales. Que no se detallaron los supuestos adicionales del CCT 108/75 que reclamaba, por lo que tampoco pueden prosperar.

Por último, se agravia de que no se haya condenado en costas a la actora cuando se rechazaron las indemnizaciones del art. 2 de la ley 25323 y 43 de la ley 25345, en tanto los argumentos de la contestación de demanda coinciden con los de la sentencia y porque la inexistencia de jurisprudencia unánime sólo se da en el primer caso y no en el segundo. Señala que no corresponde el pago de la segunda indemnización, la que se agrega al art. 132 bis de la LCT, no sólo porque su parte no ha retenido aportes ni contribuciones destinadas al sistema de seguridad social, sino porque la actora no ha cumplido con la intimación previa de 30 días establecida en el art. 1 del Dec.146/01 y que la del último párrafo del art. 80 de la LCT, tampoco puede prosperar toda vez que la actora no ha intimado fehacientemente la entrega del certificado de trabajo y certificación de servicios y remuneraciones luego de transcurridos los 30 días de extinguida la relación laboral, conforme lo dispone el art. 3 del Dec. 146/01. Que la actora no sólo no ha acompañado prueba que acredite el cumplimiento de las intimaciones que exigen los arts. 1 y 3 del Dec. 146/01 al respecto, sino que ni siquiera ha alegado su cumplimiento.

Formula reserva de los recursos extraordinarios local y federal para el supuesto de confirmación del fallo de primera instancia.

A fs. 197/202 contesta la contraria solicitando su rechazo y formulando reserva de la cuestión constitucional.

Entrando al análisis de los recursos interpuestos, corresponde analizar en primer término al deducido por la demandada en atención a la naturaleza de lo planteado.

Los diversos agravios que constituyen el recurso, se originan en la valoración del autodespido efectuada por la Juez a-quo quien lo califica como basado en justa causa y emite resolución condenatoria a su parte.

De la compulsa de la documentación reservada, se comprueba que la intimación cursada por la ahora actora a la patronal, mediante TCL 69172822 del 9-04-07 presenta dos párrafos, el primero tiene por objeto intimarla para que en el plazo de dos días deposite las diferencias que reclama y allí explicita como así los recibos de ley correspondientes a los haberes adeudados y los comprobantes de pago de aportes sociales y previsionales, todo bajo apercibimiento de considerarse despedida. En el segundo, intima por el plazo de ley 24.013 y de conformidad a los arts. 7 a 15, su correcta registración aportando los datos referentes, también bajo apercibimiento de considerarse despedida e iniciar denuncia ante la AFIP, ANSES y Organismos del Trabajo.

Puede comprobarse que la apelante se agravia de que una de las causales que se alega en la sentencia para justificar el despido, fue la negativa de las diferencias salariales y entiende que la falta de pago de las mismas no puede por sí sola configurar injuria y también de que en el fallo se justifique el autodespido por la negativa de la fecha de ingreso y que la actora se autodespidió sin esperar que transcurrieran los 30 días que establece como plazo la normativa de la ley 24.013, pero en realidad si bien es cierto que el autodespido se concretó 13-04-07 (TCL 69172533), es decir antes de los treinta días que marca la ley, no resultó prematuro -como lo afirma la apelante- teniendo en cuenta que siendo varias las causales indicadas, la intimación contenida en el primer párrafo lo fue por dos días y centrada en la cuestión de las diferencias salariales y no en la relativa a la registración; de modo que, probada aquella causal, el autodespido se concretó dentro del plazo concedido. Entiendo le asiste razón a la sentenciante cuando afirma que con las testimoniales producidas se probó que la actora comenzó a trabajar en 1997 y en jornada completa, desvirtuando así los datos que surgen de la prueba instrumental pues si bien el fallo es sintético en su fundamento y sólo enumera las testimoniales que conducen a su decisión, no resulta infundado.Al respecto, pese a lo argumentado por la recurrente, coincido con la evaluación que de ellas hizo la Juez pues, aunque no lo indica, la testigo Flores que trabajó por dieciséis años en un laboratorio cercano la veía entrar a la Sra. López, tanto a la mañana como a la tarde desde 1997 y comprueba que trabajaba allí cuando en el 2000 concurre como paciente del Dr. De la Merced (fs. 104 vta. y 105 y vta.). La testigo Puertas (108 vta/109) declara que dejó de trabajar en el Dr. De la Merced en Noviembre de 1997 y que "yo la dejé ahí justamente, reemplazándome..." y que tenía su mismo horario (8,30 hasta 13,30/14,00 y 15,30/16,00 hasta 21,30, más o menos) y que luego la siguió viendo porque frecuentaba el consultorio a fin de que el profesional le pagara el saldo que le debía. También el portero Zapana (fs. 106 vta./107) que trabajó como tal entre los años 1994/1999, afirma que el Dr. trabajaba a la mañana y a la tarde y que la veía llegar a la actora, desde 1997 más o menos y que "iba mañana y tarde" y, por último el testigo Oviedo (110/112), si bien en complejas explicaciones, señala que vive en el edificio desde fines de 2006 pero que se fue a estudiar a Córdoba y que volvió en el 97 y que realizaba tareas en el laboratorio de su padre y por ello iba al consultorio del demandado a entregar trabajos o a cobrar y la veía allí a la actora, tanto a la mañana como a la tarde, el día completo y que ella lo atendía.

Por otra parte, obra reservada -y tengo a la vista- documentación remitida por la AFIP (fs.71) en la que constan los aportes retenidos e ingresados como los retenidos y no ingresados por el demandado en su relación con la actora. Se suma a ello, lo expuesto por la perito contadora en su informe pericial (fs. 151/154) al responder sobre el cumplimiento de la demandada en lo concerniente a su obligación de ingresar los fondos de la Seguridad Social, Obra Sociales, Sindicales, en su condición de agente de retención y señala la existencia de diferentes planes y facilidades de pago, lo que demuestra que le asistía razón a la actora en su reclamo pues esta obligación fue cumplida de modo fluctuante, existiendo importantes períodos sin aportes.

Quedó también demostrado en autos la falta de pago del mes Marzo/07 adeudado y reclamado, ante la ausencia de prueba de su pago por parte de la empleadora.

Lo expuesto pone de manifiesto que, pese a lo argumentado por el recurrente, que el autodespido resultó legítimo pues existió injuria suficiente para sustentarlo.

Por otra parte, es de señalar que los datos aportados en la planilla que acompaña la demanda si bien no detallan como se arribó a cada suma, como lo afirma la accionada ya en su contestación de demanda, no puede considerarse -como lo sostiene- que se formularon montos genéricos y globales ya que resultan suficientes para explicitar la cuantificación de la pretensión y le han permitido a la contraria efectuar su responde, el que más bien se centra en sostener la improcedencia del reclamo y la correcta registración que en impugnar la planilla en cuestión. La queja en este sentido, debe desestimarse._ El último agravio referido a la falta de condena en costas a la actora por el rechazo de las indemnizaciones del art. 2 de la ley 25323 y 43 de la 25345, será merituado seguidamente al analizar la apelación de la actora, la que se centra en el rechazo de tales rubros.

Apelación de la actora de fs. 182/183 vta.: El primer agravio que formula la parte refiere al rechazo de la indemnización correspondiente al art. 2º de la ley 25.323. Al respecto, reiteramos lo ya expuesto al tratar este tema en el caso "FERNANDEZ, CARMEN LUISA VS. ASOCIACION MUTUAL MARTIN MIGUEL DE GUEMES DE LOS TRABAJADORES DE TELECOMUNICACION ENCOTEL Y OTRO - ORDINARIO -", Expte. Nº CAM - 13154 / 5, de fecha 8-05-06, en los cuales se sostuvo que, teniendo en cuenta que la finalidad de la norma es indemnizar los perjuicios que sufre el trabajador como consecuencia de la falta de pago en tiempo oportuno de las reparaciones consagradas en la LCT y por la 24.013 (DT, 1991-B, 2333), y que ante la intimación y la falta de pago en el plazo otorgado no se concretó el pago de las indemnizaciones emergentes del despido, debiendo promover la pertinente demanda; se torna viable el agravamiento indemnizatorio contenido en la norma. Debe advertirse que ésta no establece plazo alguno, sino que para que la sanción resulte procedente sólo "es necesario e insoslayable que exista intimación fehaciente que debe ser previa a toda acción judicial o reclamo administrativo" (CNTrab., Sala X, "Roble c. Sistemas Médicos Integrados y otros", 20-11-03; Pose Carlos, DT, 2004-A, pág. 645 y sig.), tal como ya lo sostuviéramos en el precedente de esta Sala "Suárez c. Asoc. Mutualista de Jubilados retirados y pensionados y otros", Expte. Nº 9731/4, 9-08-04, donde ya señalamos que la única exigencia que contiene el art. 2º de la ley 25.323 es la intimación fehaciente por el trabajador, sin plazo alguno siempre que se efectúe antes de la promoción de la demanda, pues la norma tiende a sancionar al empleador que obliga a su dependiente a la instancia judicial.____________ Tal es la situación de autos, pudiéndose comprobar que la misiva que contiene el autodespido por parte de la trabajadora (TCL 69172533, de fecha 13-04-07) intima, para que en el plazo de dos días, se depositen las indemnizaciones correspondientes y expresamente indicando el apercibimiento de lo dispuesto por el art. 2 de la norma en cuestión, de modo que interpuesta la presente demanda el 20-04-07 y no existiendo prueba del pago de tales indemnizaciones, corresponde ahora el pago de la indemnización agravada del artículo de referencia. Debe hacerse lugar a la apelación en este sentido, revocando la sentencia y condenado a la demandada al pago de la suma de $9.324,47, reclamada en la demanda (20-04-07), por la indemnización correspondiente al art. 2º de la ley 25.323, con más sus intereses a tasa pasiva hasta el 20-08-07 y activa desde el 21-08-07 hasta el efectivo pago, conforme jurisprudencia de esta Sala (caso "Yapura", Expte 9.393/4, 8-07-04 y "García Bes",Expte.16.907/6,21-08-07). Costas a la demandada en ambas instancias.

______Lo expuesto determina el resultado de la apelación de la contraria en el sentido de las costas, correspondiendo su rechazo.

Pasando ahora a la merituación del originado en el rechazo de la indemnización del art. 80 de la LCT, debemos señalar que lo decidido por el sentenciante se ajusta a derecho y a las constancias de la causa, correspondiendo su confirmación. Como lo expresáramos en el precedente "Roiger c. Droguería San Pablo SRL", (Esta Sala, Expte. Nº 15574/06, 12-06-07), el último párrafo del art. 80 de la LCT fue reglamentado por el Dec. 146/01 en su art. 3º, (sin planteo de inconstitucionalidad en el presente), el que resulta claro al establecer el momento (treinta días de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo) en el que el trabajador queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente, en el supuesto caso en que el empleador no hubiera hecho entrega del certificado previsto en el apartado 2º y 3º del citado art. 80. De la prueba producida, puede comprobarse que no existió tal intimación por parte de la ahora accionante, el TLC que concreta el despido indirecto de fecha 13-04-07, sólo contiene intimación para que en el plazo de dos días la empleadora ponga a su disposición certificación de servicios y remuneraciones y certificado de trabajo. No existe constancia alguna de intimación que evidencie el incumplimiento de la patronal una vez transcurridos los 30 días establecidos por la norma y tampoco obra en el proceso otra constancia que lo haga, de modo que -reitero- debe rechazarse el agravio formulado por la actora apelante. Es dable también señalar que la Juez ha eximido de costas por este rechazo ante la falta de jurisprudencia uniforme al respecto y, compartiendo este fundamento, considero debe confirmarse lo decidido y asimismo eximirse de las mismas a la actora en esta instancia (art. 67, 2º párr. del CPCC).

Por todo lo expuesto corresponde rechazar la apelación interpuesta por la demandada, con costas. (art. 67 del CPCC) y hacer lugar parcialmente a la deducida por la actora en contra del apartado II del decisorio de la instancia y, en su mérito a): revocar la sentencia conforme lo expuesto supra en lo atinente al rubro indemnización por el art. 2º Ley 25323 como así la eximición de costas, las que imponen a la demandada en ambas instancias (art. 67 del CPCC) y b): rechazar la apelación, confirmando la sentencia respecto del rubro indemnización correspondiente al art. 80 LCT y la eximición de costas allí establecida, imponiéndolas de igual modo en esta instancia (art. 67, 2º párr. del CPCC). Voto en tal sentido y porque se tenga presente la reserva de los recursos extraordinarios formulada por ambas partes, reservándose la regulación de honorarios para su oportunidad.

El Dr. Figueroa adhiere al voto precedente.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I ___________________________F A L L A__________________________ I) Rechazando la apelación interpuesta por la demandada, con costas. (art. 67 del CPCC).______________________________________________ .II) Haciendo lugar parcialmente a la apelación deducida por la actora en contra del apartado II del decisorio de la instancia y, en su mérito a): revocando la sentencia como así la imposición de costas decidida y condenado a la demandada al pago de la suma de $9.324,47, reclamada en la demanda (20-04-07), por la indemnización correspondiente al art. 2º de la ley 25.323, con más sus intereses a tasa pasiva hasta el 20-08-07 y activa desde el 21-08-07 hasta el efectivo pago, conforme considerandos. Costas a la demandada en ambas instancias (art. 67 del CPCC) y b): rechazando la apelación y confirmando la sentencia respecto del rubro indemnización correspondiente al art. 80 LCT como así la eximición de costas allí establecida e imponiéndolas de igual modo en esta instancia (art. 67, 2º párr. del CPCC)._______________ III) Teniendo presente la reserva de los recursos extraordinarios formulada por ambas partes y reservando la regulación de honorarios para su oportunidad.

IV) Ordenando se copie, registre, notifique y bajar los autos al Juzgado de origen.-