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Recurso de casación, economía procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Silva, Jorge Antonio s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Roberto Díaz en contra de la Sentencia recaída en autos Expte. Letra "S" Nº 95/09 Silva, Jorge Antonio s>/ Abuso Sexual con Acceso Carnal
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-06-17

Contra la sentencia que condenó al imputado como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal (Art. 119 tercer párrafo y 45 del Código Penal a la pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo, recurre en casación el asistente técnico, invocando como motivos de casación los previstos en los incisos primero y segundo del art. 454 del C.P.P.

Pese a haberse cumplido con los recaudos de tiempo, como así con los requisitos de impugnabilidad, tanto en el plano objetivo como subjetivo, puesto que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia definitiva que dirime la cuestión planteada en juicio (art. 455 C.P.P.) y que el defensor del imputado se encuentra legitimado en función de lo prescripto por el art. 458 inc. 1 del C.P.P., este medio impugnaticio adolece de diversos vicios de forma.

Ello se refleja en la simple lectura del escrito recursivo, en el cual se evidencia que el impetrante ha inobservado las prescripciones contenidas en el art. 460 de la ley de rito. En esta disposición se regulan algunas de las condiciones de procedencia formal del recurso de casación, reglamentándose así lo que concierne al tribunal en donde se debe presentar el plazo y las condiciones de forma del acto de interposición.

La norma exige la individualización del agravio y del motivo, puesto que el recurso de casación procede por motivos bien diferenciados, así en el escrito se debe indicar si se recurre por uno o por varios. En este último caso, se deberán exponer separadamente cada uno de ellos, con sus respectivos agravios y fundamentos, lo que se justifica en razón de que el recurso debe resultar comprensible.

Tales exigencias han sido omitidas en el sub lite, puesto que el recurrente ha estructurado su escrito de una forma completamente desordenada y confusa, porque invoca los motivos previstos en los incisos 1 y 2 del art. 456 del C.P.P., sin embargo, éstos en nada se condicen con los fundamentos que intenta brindar, los que a su vez entremezcla.

No obstante lo expresado supra, en pos de garantizar al máximo el derecho de defensa del imputado y a fin de evitar que un exceso ritual resulte incompatible con el debido proceso, sumado a que la argumentación del impugnante se corresponde con dos de las causales de casación previstas en nuestra ley de forma, las mencionadas razones, a las que se le adicionan las de economía procesal, imponen ingresar al tratamiento de los agravios impetrados, los que serán analizados a la luz de los correctos motivos casatorios.
Pacto de San José de Costa Rica, interpretación de tratados internacionales, derecho a la salud
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Caso Suárez Peralta c/ Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas Ecuador s/ Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-05-21

Las implicaciones del derecho a la salud exigen una revaluación interpretativa del Artículo 26 de la Convención Americana, única norma de dicho Pacto que se refiere "a los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americana, reformada por el Protocolo de Buenos Aires", partiendo de que el Tribunal Interamericano ejerce una jurisdicción plena sobre todos sus artículos y disposiciones, entre los cuales se encuentra dicha disposición convencional (Del voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot).
Trabajador, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal, Octavio Juan c/ Nati Soc. Colec. y/o prop. y/o resp. s/ Sueldos impagos, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-02-12

El pago insuficiente queda como valor a cuenta de la suma mayor adeudada, sin perjuicio del curso de los intereses y otros accesorios por el monto de la deuda (art. 260 LCT). La recepción del pago insuficiente por parte del trabajador no implica renuncia alguna de derechos, y deja expedita la acción judicial por el tiempo de la prescripción (dos años).
Recurso de casación, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Nieva, Miguel Angel c/ Centro de Enfermedades Renales y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-08

La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y su aplicación no tiene por objeto corregir en una tercera instancia pronunciamientos equivocados o que el recurrente considere como tales. Tampoco cubre las discrepancias planteadas respecto de la valoración y selección de la prueba efectuada por el tribunal de la causa, ni autoriza a suplir el criterio de los jueces en cuestiones que por su propia naturaleza les son propias, si la sentencia expone argumentos suficientes para sustentarla.
Daños y perjuicios, cancelación de vuelo, responsabilidad del transportador aéreo, fuerza mayor, paro de actividades, defensa del consumidor, transporte internacional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Miller, Rubén Eduardo y otro c/ Latam Airlines Group SA s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-08

Cabe confirmar la sentencia que condenó a una línea aérea a indemnizar a una familia por la falta de respuesta para reprogramar los tickets de un vuelo internacional con destino a nuestro país, que fue cancelado por una huelga general, que la circunstancia de que la cancelación del vuelo haya tenido causa en un hecho de fuerza mayor no conduce a una solución distinta, puesto que el reproche que mereció la accionada no se funda estrictamente en la cancelación de los vuelos sino en el comportamiento que observó frente a los consumidores.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, pagaré, endoso, títulos ejecutivos, concurso preventivo, verificación de créditos, prueba, carga de la prueba, LEY DE CONCURSOS, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MICHELINI VDA. DE BERNARDI, CLELIA MARIA ROSA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE   REVISION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 582 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-04

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que la sentencia atacada -en cuanto declara admisible el crédito insinuado por el incidentista -,en tanto arriba a esa solución apartándose de exigencias legales y de pautas jurisprudenciales de ineludible consideración al entender que al acreedor, como portador mediato del pagaré le basta con identificar al endosante que le transmitiera la cartular, que la sola existencia de un juicio ejecutivo despeja toda duda acerca de la existencia del concilium fraudis, y que por esa sola razón no cabía exigir mayor prueba que la aportada respecto de la causa.

Ello así no sólo por la exigencia derivada del artículo 32 de la ley concursal que procura asegurar la "real existencia del crédito" insinuado -estableciéndose claramente a tales fines un onus probandi en cabeza del acreedor y que, por ello, la cuestión del concilium fraudis no se erige como la ratio exclusiva y excluyente de dicha exigencia-, sino además porque la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que el juzgador que "ante la sola existencia de una sentencia recaída en el proceso ejecutivo, considera a la misma como elemento suficiente para la verificación del crédito"..."no atiende a la naturaleza del proceso concursal y del procedimiento establecido en la ley 24522 a los fines de la verificación de los créditos, que según pacífica doctrina se entiende como una acción causal y de conocimiento pleno tendiente a demostrar la legitimidad de la acreencia pretendida, circunstancia, que como el nítido no cubre la decisión recaída en el proceso ejecutivo, de limitado margen cognoscitivo y que sólo involucra a las partes de dicho procedimiento y no a los terceros, como son los restantes acreedores que en demanda de verificación tienen participación decisiva, ya sea de modo individual o con la representación promiscua de la sindicatura" (causa "Collon Cura S.A." del 3.12.2002)
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, culpa civil, responsabilidad del peatón, imprudencia
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO  VDA.  DE MARTINEZ, ELVIA A. c/ MORALES DIAZ DE VIVAR, ENRIQUE s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-23

Aunque los arts. 64 y 85 de la ley 5.800 y los correlativos de, la ley nacional 13.893, requieren del conductor el pleno dominio del vehículo y el máximo de la atención y prudencia, la causa del accidente debe ser buscada no tanto en los reproches que pudieren formularse a la conducta de éste sino fundamentalmente a la propia víctima al probarse que no trepidó en arrojarse prácticamente en la autopista, a la carrera, sin preocuparse siquiera en observar la proximidad del automóvil, por lo que corresponde rechazar la demanda de daños y perjuicios que iniciara. La víctima en su alocada marcha, adoptó una actitud casi suicida, asumiendo indudablemente los riesgos que importaba para su seguridad corporal al pretender atravesar esa vía rápida de circulación, en lugar no autorizado para hacerlo. No es el caso del peatón distraído o meramente imprudente, sino de uno que se dispuso a jugar una competencia en plena autopista corriendo en forma oblicua, de espaldas al tránsito para alcanzar la columna del medio, en un desenfreno propio de los designios de un enajenado, que no desistió siquiera cuando el atribulado conductor procuró disuadirlo con la bocina.

Quien, en el afán de ganar una competencia puso también en peligro la seguridad y la vida de otras personas, con las graves consecuencias que podrían haberse derivado si el tránsito le hubiera impedido al accionado realizar la maniobra que concretó, no puede valerse de su propia torpeza para pretender el resarcimiento de los daños que sufrió.

La presunción en contra del embistente del art. 1113 del Código Civil, se neutraliza con la que consagra la norma específica de tránsito antes citada, configurándose un supuesto enmarcado en el art. 1111 del código citado en que el hecho que ha causado el daño deriva de falta imputable a la víctima. Los caracteres de imprevisibilidad e inevitabilidad que reúne la conducta del demandante permite romper el nexo de causalidad entre la acción del imputado y su resultado.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pullac, Mabel Edith y otro c/ Provincia de Buenos Aires y/o Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/ Daños y perjuicios Tartaglio, Sergio Roque y otra c/ Rivero, Roberto y otro s/ Daños y perjuicios Flores, José Martín y Corral, Silvia Mabel c/ Lucio V. López S.A. y Romaniuk, Alejandro s/ Cobro de pesos por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-10-31|2005-04-20|2007-07-18

Uno de los requisitos para que el daño sea resarcible radica en que sea cierto, esto es, no meramente hipotético o conjetural sino real y efectivo corriendo su prueba por cuenta del que lo reclama, quien debe demostrarlo de manera fehaciente, siendo ineficaz la mera posibilidad de producción de ese perjuicio.
Depósito, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios, juicios contra el Estado
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: HOTELERA RIO DE LA PLATA S.A.C.I. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ HECHOS ILICITOS DE MAGISTRADOS.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.   PRESCRIPCION- CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Las objeciones de la provincia demandada -a raíz de los daños producidos por una comunicación judicial irregular- relativas a la realización del depósito en Bonos Externos; en lugar de dinero nacional, carecen de eficacia frente a la resolución referida a que el art. 280 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires autoriza a sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, accidente de tránsito, destrucción total del automotor, prueba insuficiente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Martínez, Norberto Miguel  c/ Avanzini, Héctor Hugo y otros  s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-02-28

Corresponde no hacer lugar al recurso de apelación incoado por el actor contra la sentencia que rechazó la demanda de daños y perjuicios interpuesta por la destrucción que sufrió su vehículo como consecuencia de un accidente de tránsito, dado que los argumentos centrales que sustentan el fallo resultan inobjetables y no han sido debidamente criticados por el recurrente. Vale decir que no luce probada la destrucción total alegada -en virtud de la prueba recolectada-, pues pese a la magnitud de los daños que ilustran las fotografías y a la existencia de un detalle de piezas afectadas, ello no permite concluir que se trata de un daño total o de reparación antieconómica.
Presunciones, competencia criminal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Criminal c/ Rom, Carlos s/ delito de rebelión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1868-12-01

Es un principio en materia criminal, que las presunciones favorables aprovechan al acusado.
Defensa del consumidor, medida de no innovar, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, pedido de informes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sprayette S.A. -Incidente c/ Dir.Nac. Comercio Interior -Mº de Economía s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02

Debe confirmarse el decisorio que desestimó la medida de no innovar para que la Dirección Nacional de Comercio Interior se abstenga de solicitar la información requerida -que la empresa considera confidencial- o de obtenerla por otro medio, de continuar con las actuaciones administrativas y ordenar su archivo y hacer efectivo el apercibimiento. (De enviar las actuaciones a la justicia penal en caso de incumplimiento).
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, alquileres, falta de pago, intimación previa
Materia: CIVIL
Carátula: CASTELLA ALBERTO c/ LUIS JUAN s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-17

Si la intimación previa al desalojo por falta de pago no reúne los requisitos establecidos por el art. 5to. de la ley 23.091, el demandado puede entender que le asiste razón para oponerse a la demanda, por lo que cabe imponer las costas del juicio por su orden.
Caducidad de instancia, recursos, incidentes, legitimación procesal, partes del proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: SUCESION DE ISABEL CONSTANCIA NAVARRO s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1993-06-30

En relación a los incidentes y recursos, partes son el incidentista y el incidentado, el recurrente y el recurrido, y quienes tienen legitimación para oponer la caducidad de la instancia, son el incidentado y el recurrido.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL
Carátula: "Petrobras  Argentina S.A. c/ EN - AFIPDGI - Resol 2/11 (DV RECU) s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-31

La verosimilitud del derecho debe referirse únicamente a la cuestión vinculada con la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución 2/11, por medio de la cual el Jefe de la División Recaudación de la División de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva intimó a Petrobras Argentina S.A. para que ingrese en el término de 15 días una suma de pesos en concepto de impuesto a los combustibles líquidos y el gas natural correspondiente a los períodos enero de 2006 a agosto de 2011 y en concepto de intereses.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallos de la Corte Suprema, sentencia consentida, restitución internacional de menores
Materia: PROCESAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Defensor  Oficial  ante  la  Corte Suprema de Justicia de la Nación y Procurador General. s/ presentaciones  en  autos:  "Wilner,  Eduardo Mario c/ Osswald, María  Gabriela".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Debe rechazarse la petición del Defensor Oficial tendiente a que se suspendan los efectos de la sentencia de la Corte que confirmó la decisión que hizo lugar al pedido del padre de un niño de restitución internacional del menor, si en su oportunidad consintió la sentencia que resultó confirmada.
Pago, pago por consignación, acumulación de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: SANATORIO SAN JOSE  S.R.L. c/ EQUIPAMIENTOS RADIOLOGICOS  S.A. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-12

Nada obsta a que se acumulen las acciones de pago por consignación y la pretensión sobre la contraprestación a la que corresponde el pago: por una acción se pretende pagar en tanto que por la otra se persigue la determinación de la cosa -o conjunto de cosas- que se paga.
Recurso contencioso administrativo, auto de Presidencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BIANCO, VIRGILIO LUJAN Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 500-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-04-03

El acogimiento del recurso contencioso administrativo en su aspecto formal, hecho en la ocasión prevista por el articulo 25 de la ley 4106, no impide volver sobre la cuestión en el acuerdo definitivo por cuanto el examen de admisibilidad que la Presidencia de la Corte efectúa en dicha oportunidad es solo un pre-juicio, preliminar y provisional tendiente a eliminar "in limine" los recursos de patente improcedencia formal. Por otra parte, aquel pre juicio solo esta a cargo del Presidente del Tribunal, que ha apreciado el caso con los escasos elementos aportados hasta entonces y sin audiencia de la contraparte ni intervención del cuerpo que preside.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: SEGOVIA S.A. c/ COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A. s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. CASACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-04-21

Es insuficiente el recurso de casación que no satisface las cargas de cumplir con las exigencias mínimas para darle atedibilidad procesal, que sólo exhibe discrepancia subjetiva con el juzgador en lo que atañe a la interpretación de los hechos sin denucniar la infracción de los preceptos legales que rigen la apreciación de la prueba, normas de la "sana crítica" y "reglas de la experiencia"y además, los preceptos que particularmente regulan el medio de preuba de que se trate.-
Tarjeta de crédito, prescripción, extinción de las obligaciones, plazo, prescripción trienal
Materia: COMERCIAL
Carátula: EXPTE. Nro. 37279 REIG S.A. c/ ENCINA, ANGEL ESTEBAN Y OTS. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-05-05

Si la demanda de cobro de pesos originada por una obligación surgida de una tarjeta de crédito o de compra (ambas asimiladas), se interpone después de la en-trada en vigencia de la ley 25.065 que fue sancionada el 7 de diciembre de 1998, promulgada parcialmente el 9 de enero de 1999 y publicada el 14 de enero de 1.999, conforme a su normativa, el plazo de prescripción es el trienal previsto.
Falsificación de cheque, libramiento de cheque en formulario ajeno, firma extraña
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ, OMAR E. s/ FALSIFICACION CHEQUE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-05-15

el plenario Seltzer (C.C.C. Fallos VII, pág. 431), declaró que la suscripción de cheque con una firma desconocida para el banco girado, por inexistencia de la respectiva cuenta corriente, constituye el delito de falsificación de cheque. No obsta a esta solución la ulterior reforma del Cód. Penal, donde se incluyó el inc. 4to. del art. 302 pues los supuestos son diversos.

La falsedad -no dirigida contra el Banco, en cuyo caso existiría la posibilidad de tentativa de un delito imposible, sino contra simples particulares- surtió efecto de medio para determinar a numerosos comerciantes a entregar mercaderías por montos considerables, amén de obtener dinero efectivo por canje de algunas órdenes de pago. Con ello, además de afectarse patrimonialmente a los damnificados, se lesionó la fe pública que acompaña a los cheques como elementos sustitutivos de la moneda.
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, calumnias, injurias, querella, acusación de la querella, calificación legal, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Acuña, Carlos M. s/ c. 25.787
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-08

Aún tratándose de delitos de acción privada, no puede basarse la absolución de un imputado en la errónea calificación que haya hecho el querellante en su pieza acusatoria (que requirió la aplicación del art. 110 del C.P.), pues más allá del principio "iure novit curia", tal decisión del Juez, (que entendió tipificada la figura en el art. 113 del C.P.) representa una excesiva rigidez respecto del principio de la titularidad de la acción en ese tipo de delitos.

Nunca la calificación dada por el querellante, ni aún la del fiscal en los delitos de acción pública, pueden obligar al magistrado, ya que éste es el sumo intérprete del derecho y a quien corresponde aplicar la norma que se ajusta a los hechos que conforman el objeto del proceso penal. "El error en la imputación es irrelevante", ya que "los requisitos mínimos para que pueda considerarse válida una acusación son: que sea un acto procesal autosuficiente, es decir, que contenga la imputación razonada e individualizada del o de los hechos que son objeto del proceso contra persona determinada, y el requerimiento de condena".