Tribunal: CAMARA EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-10-24


S. M. de Tucumán, 24 de octubre de 2017 Sentencia Nro. 382 Y VISTO El recurso de apelación concedido en autos al actor MENTZ, LUIS FERNANDO contra la Sentencia de fs. 122 que declaró la nulidad de la cesión de las acciones y derechos aquí discutidos plasmada en Escritura Pública nº 26 e invocada por esa parte como cedente y su letrado patrocinante Jose María Martínez Marconi como cesionario y;

CONSIDERANDO Que a fs. 130 el apelante expresa agravios contra la sentencia reseñada señalando que la errónea interpretación de los arts. 1362 y 1442 del Cód. Civ. lleva a considerar que las prohibiciones allí previstas determinan una nulidad absoluta. Cita doctrina y jurisprudencia para sustentar que la nulidad es relativa y que los actos cumplidos así, son confirmables por las partes interesadas si no los consideran lesivos a sus intereses. Conforme lo expuesto entiende que si cuando mucho la cesión es susceptible de nulidad relativa, el nulidiscente carece de legitimación para entablar el planteo de nulidad, máxime cuando ni siquiera ha podido justificar su interés en tal planteo. Destaca que su parte ha confirmado explícitamente su voluntad de seguir adelante con la cesión, estando ésto asentado en la carta documento del 10 / 11 / 12 y solicitando asimismo sirva esta presentación como una formal expresión de voluntad de confirmarla. Recuerda que la nulidad relativa parte de un vicio o irregularidad que solo afecta al autor del acto jurídico; que no hay un interés lesionado como en la nulidad absoluta y que por ello será el perjudicado el único que podrá intentar la acción de nulidad. Agrega que siendo relativa, tampoco corresponde declararla de oficio (art. 1048 C.C.) y por tanto, sería necesario que el nulidiscente exprese y pruebe el perjuicio que sufre a causa de la cesión, para poder constituirse como legitimado activo y así solicitar su nulidad. Pero que como dijo, el demandado ni siquiera ha intentado esgrimir motivo alguno por el cual la cesión pudiera afectar intereses suyos jurídicamente tutelables. Culmina señalando que siendo evidente que aquí no juegan otra cosa que intereses privados, la resolución apelada debe ser revocada, con expresa imposición de costas la nulidicente.

A fs. 135 contestó la parte ejecutada, solicitando el rechazo de los agravios vertidos y la confirmación de la sentencia recurrida con expresa imposición de costas por las razones de hecho y derecho que allí expuso y que serán consideradas al tratar cada uno de los agravios vertidos por el apelante.

A fs. 144 se expidió la sra. Fiscal de Cámara respecto a la nulidad declarada, concluyendo que de conformidad con las consideraciones de hecho y derecho que allí vertió, el recurso resulta improcedente y corresponde su rechazo.

Ahora bien, al analizar la cuestión planteada recordaremos que a fs. 28 el actor ejecutante Luis Fernando Mentz y su letrado patrocinante en esta causa, Jose María Martínez Marconi adjuntaron escritura pública nº 558 (copia a fs. 26) manifestando que el actor Mentz ha cedido la totalidad de los derechos y acciones litigiosos de la presente Litis a su abogado patrocinante y que ello fue notificado a la contraria por Carta Documento de fecha 10-11-12.

Corrido traslado al accionado de la cesión de acciones y derechos litigiosos de autos, Castaño la contestó oponiéndose a la misma a tenor de lo dispuesto en el art. 59 del C.P.C.y C.. solicitando además la nulidad absoluta de la cesión por encontrarse prohibida según el art. 1361 inc. 6) del C.C.

Pues bien, tal como señalara la sra. Jueza el art. 1361 del antiguo C. C. establecía que "...Es prohibida la compra, aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona .1), 2), 3), 4), 5), 6) a los jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, escribanos y tasadores, de los bienes que estuvieren en litigio ante el juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen o hubiesen ejercido su respectivo ministerio...".

Y el art. 1442 del mismo cuerpo legal establecía que "...Tampoco puede haber cesión a los administradores de establecimientos públicos, de corporaciones civiles y religiosas, de créditos contra estos establecimientos ni a los administradores particulares o comisionados de créditos de sus mandantes o comitentes; ni se puede hacer cesión a los abogados o procuradores judiciales de acciones de cualquier naturaleza deducidas en los procesos en que ejercieren o hubiesen ejercido sus oficios, ni a los demás funcionarios de la administración de justicia de acciones judiciales de cualquier naturaleza que fuesen de la competencia del juzgado o tribunal en que sirviesen...".

Como se advierte, el encuadramiento legal de la cuestión a resolver es claro y ha sido aplicado correctamente por el fallo en revisión, puesto que el acto cuestionado fue celebrado bajo la vigencia del anterior Código Civil (26 / 10 / 12).

En lo que refiere a las consecuencias de un acto celebrado en contra de tales prohibiciones, - y pese a las opiniones doctrinarias enunciadas por el recurrente -, debemos recordar que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia en Sentencia Nº 747 del 01 / 10 / 10, dictada en la causa "Ingenio Aguilares SA S/ Quiebra" dijo que : "...Las prohibiciones sobre compra y cesión establecidas en el art. 1361 y 1442 del Cód. Civil determinan una nulidad absoluta, la que puede ser declarada de oficio. Que para que un derecho sea litigioso basta que sea de naturaleza tal que pueda ser contestado con algún fundamento, no siendo necesario que se haya deducido ya una contestación sobre el fondo del derecho. Que son bienes litigiosos, tanto los pertenecientes a una testamentaría como los de un juicio contradictorio, con tal que existan bienes o derechos en litigio, desde que en uno y otro caso militan los mismos principios de orden público que fundamentan la prohibición legal (LL, T. 14, 691, ver también Jur. de Tucumán, t. 9, p. 197, núm. 2866). En igual sentido se pronunció el Dr. Spota según lo visto en el punto anterior...".

Este fallo de nuestro más Alto Tribunal provincial reiteró la doctrina establecida en el precedente "Zelarayán de Serrano, Josefa contra Gutiérrez Armando" del 21 / 6 / 1938, expresado que no obstante las décadas transcurridas debía mantenerse y reiterarse la solución allí propuesta pues "... La sentencia de esta CSJTuc ut supra citada (LL T. 14, 691) expresó además que la nulidad es absoluta sin distinguir entre jueces y auxiliares de la justicia. Que los que sustentan la nulidad relativa (Segovia, Machado) olvidan ese fundamento de la norma legal -razones de moral judicial y por ende de orden público- : Los magistrados judiciales y demás funcionarios judiciales "deben -decía Goyena- tranquilizar a las familias por sus luces y virtudes, no alarmarlas con negociaciones hostiles e interesadas", no deben aprovechar del "estado miserable del vendedor", estado que, por razón de sus funciones "pueden conocer más a fondo". Y lo que se dice de esos magistrados y funcionarios también corresponde aseverarlo con respecto a abogados, procuradores, peritos, inventariadores, poniéndose así como a abusos repudiables. Que la tesis intermedia que distingue entre jueces, fiscales, etc. y los abogados, procuradores, etc. por la otra parte, no tiene en cuenta que la justicia para que resulte rectamente administrada no sólo requiere que la magistratura judicial esté libre de toda sospecha sobre la corrección de los actos sino que también ello ocurre con los auxiliares de la justicia. Que no sólo está comprendido en interés privado sino el general. Con igual criterio, se dijo que: "Las prohibiciones establecidas en los arts. 1442 y 1361 inc. 6° del Cód. Civil, y las restantes de ambos preceptos, apuntan a preservar la rectitud en el desempeño de las actividades vinculadas con el manejo de los intereses ajenos, evitando la tentación del aprovechamiento ilegítimo que la confianza y los conocimientos sobre determinados asuntos confieren a quienes representan o patrocinan intereses de otros. La prohibición alcanza a toda clase de asuntos judiciales en tanto se trate de acciones ya iniciadas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y la virtualidad del proceso en que se intentan, sea voluntario o contencioso, ordinario, sumario, sucesorio o ejecutivo y sean o no litigiosos los derechos involucrados" (cfr. Borda, "Tratado de Derecho Civil-Contratos", t. I, pág. 385, Ed. Perrot, 1974; ídem, Salvat, "Tratado...Contratos", t. I, núms. 644 y sigts.; ídem, Rezzónico, "Contratos", t. l, pág. 539, Ed. Depalma, 1967, etc.) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, en sentencia de fecha 22/4/1991; Loioco, Eduardo A. c. Kozameh, José O., LL 1991-D, 481 - DJ 1991-2, pág. 830)...".

Tal como resaltara nuestro máximo Tribunal, "...Se trata de una incapacidad de derecho que trae aparejada una hipótesis de nulidad absoluta, que puede y debe ser declarada de oficio aún cuando no medie petición del supuesto afectado dados los fundamentos que determinan la consagración de la invalidez -arts. 1043 y 1047 del Cód. Civil- (cfr. Llambías, "Código Civil anotado", t. III-B, pág. 34, Ed. Perrot, 1985; ídem LA LEY, 34-728; etc.)...".

Y como dijimos, puesto que el caso bajo análisis enmarca perfectamente en las normas citadas, el resultado solo podía ser la nulidad absoluta declarada por la a-quo.

Por todo ello, se rechazará la apelación interpuesta confirmando la resolución apelada e imponiéndole las costas generadas en esta Instancia al recurrente vencido (Arts. 105 / 107 CPCC).

Por ello, RESOLVEMOS I ) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por MENTZ, LUIS FERNANDO contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2016 (fs.122) la que se confirma.- II ) COSTAS: las de esta instancia se imponen al actor apelante, atento al resultado del recurso.- III ) RESERVAR honorarios para su oportunidad.- HÁGASE SABER CARLOS E. COURTADE MYRIAM GISELA FÁTIMA FAJRE