Proceso penal, recurso de casación, insuficiencia del agravio, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Espinosa Diego Sebastián s/ RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en contra del Auto Interlocutorio Nº 28/10 en relación al ex-pediente "E" Nº 030/10 Espinosa Diego Sebastián
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-11-12

El Presidente de la Cámara Criminal, en ejercicio de la jurisdicción unipersonal, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba.

Contra dicho pronunciamiento, la Defensa interpone este recurso de casación, en el que invoca lo dispuesto en el art. 456 inc.1º del Código de Procedimientos Penales y dice que el Tribunal efectuó una errónea aplicación de la ley sustantiva, refiriéndose con ésta al art. 76 bis, última parte del Código Penal.

Critica el recurrente el fundamento de lo decidido, que remite a la oposición del Ministerio Público y a las circunstancias del hecho y su calificación legal, por considerar el a quo que la oposición fiscal es vinculante, y que por la entidad del hecho de que se trata, no será condicional la eventual condena.

Después de examinar el recurso, se advierte que omite el apelante referirse a los motivos expresados por el Fiscal para oponerse a la concesión del pedido de suspensión del juicio a prueba.

No obstante, de su discurso surge de modo indubitable que la oposición del Ministerio Público fue motivada, lo que traduce el cumplimiento por éste del mandato legal que le exige presentar fundadamente sus conclusiones.

El agravio del recurrente se focaliza en la omisión de ponderación judicial de los motivos de oposición expresados en el dictamen fiscal, y en la omisión del consiguiente juicio decisivo de legalidad y razonabilidad de esos motivos.

Sin embargo, en tanto el recurrente no cuestiona las razones del dictamen fiscal, carece de fundamento su oposición a la simple adhesión al mismo que le atribuye al fallo impugnado. Así corresponde considerar, en tanto, aun si constatara el Tribunal que el acto presenta efectivamente el señalado defecto formal, con su mera indicación, desprovista de refutación suficiente, el recurrente no justifica la revocación que de la resolución impugnada solicita.

Con ese déficit, el recurso es inadmisible, puesto que, con arreglo a los principios de progresividad, preclusión, celeridad y economía procesal, resulta improcedente retrogradar el proceso sólo para satisfacer pruritos formales si, como en el caso, no resulta evidente que del denunciado incumplimiento judicial de los requisitos exigidos por la ley se haya derivado vulneración alguna a los derechos de las partes en tanto, en esta oportunidad legal -que es la primera oportunidad otorgada en el caso al recurrente para cuestionar la oposición fiscal, que constituye el pilar fundamental de la decisión impugnada- no demuestra el recurrente la existencia de arbitrariedad o defecto alguno del dictamen que, a su juicio, debería haber atendido el a quo y en el que debería haber encontrado éste causa suficiente de autorización para prescindir del mismo.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.