marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Mobbing, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: VEIRA MONICA PATRICIA c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

El Código Civil establece que el deber de respetar los derechos y libertades de los demás no se agota en la mera abstención de ejecutar una voluntad dañina (artículo 1072 del Código Civil), sino que se extiende al deber de guardar cierto cuidado o prudencia en los comportamientos para evitar la expansión innecesaria del riesgo al que, con nuestros actos, exponemos a las demás personas (artículo 1109 del Código Civil). En tal entendimiento, todos tenemos derecho a un cierto cuidado por parte de los demás o a demandar una indemnización por la omisión de ese deber (artículos 1077, 1078 y 1109 del Código Civil). La C.S.J.N. ha decidido que "quizás no resulte evidente la conexión entre la libertad individual negativa, consagrada en nuestra Constitución histórica y el derecho a obtener un resarcimiento de los daños sufridos por la acción ilícita de otro. Sin embargo, esta vinculación es poderosa; si el daño ha sido una interferencia ilícita en la libertad (o integridad física) de la víctima y la ausencia de derecho a la reparación obliga a que esa víctima soporte las consecuencias económicas del acto que la daña, el ordenamiento jurídico que aquí lo consagra no está en realidad prohibiendo la interferencia legal, sino subsidiándola." (CSJN, en autos "Díaz, Timoteo F. C/ Vaspia S.A." del 7.3.06, pub. en La Ley, 18.9.06, B) - pub. SAIJ Sumario A0067886) (Sumario confeccionado por el Saij)
Medidas cautelares, obras sociales, Obra Social Bancaria Argentina, contribuciones a obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: BankBoston National Association -Incidente- c/ OSBA -Obra Social Bancaria Arg.- Dto.915/96 s/ amparo proc.sumarísimo (art. 321, inc. 2 C.P.C.C.N.)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-04

Debe hacerse lugar a la medida cautelar solicitada por la actora ordenando a la Obra Social Bancaria Argentina que deberá abstenerse de ejecutar la deuda, en concepto de contribución del inc. f) del art. 17 de la ley 19.322, determinada de oficio a la accionante. (Ver, idem esta Sala in re "Banco Bansud S.A. -Inc. II", causa n? 21.777/98, del 11/8/98).
Proceso contravencional, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, penas contravencionales, obligación de realizar trabajos comunitarios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Croci, Leonardo s/ Infracción Artículo 83 Ley 1472
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-15

En el caso, el fiscal impugna la resolución del juez a quo que impone como regla de conducta la realización de tareas comunitarias a desarrollarse en la Provincia de Buenos Aires en la proximidad del domicilio del imputado, sostiene que habiéndose cometido la contravención el ámbito de esta metrópolis, corresponde que las tareas comunitarias impuestas, surtan sus efectos en esta ciudad que se había visto afectada por la violación a sus normas.

Ahora bien, entendemos que , lo reglado en el articulo 28 de la Ley Nro. 1472 es de aplicación únicamente en el caso del trabajo de utilidad pública como sanción y no a las reglas de conducta previstas para el instituto de la suspensión de juicio a prueba.

Ello, en virtud de la diferente naturaleza jurídica de ambos institutos, ya que el primero de ellos efectivamente busca reestablecer el equilibrio social que la contravención quebró, por ello se justifica que a los efectos de reparar el daño causado a través de la violación, el contraventor deba efectuar alguna tarea que beneficie a la sociedad afectada.

Mientras tanto, la suspensión del proceso a prueba busca, entre otros objetivos y en lo que hace concretamente el tema en estudio, la internalización de pautas de conducta positivas que permitan mantener cierta cuota de integración social de los imputados.

Ello así, no causa agravio alguno la regla de conducta impuesta por el judicante.
Trámites judiciales, oficios, embargo, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, Banco Central de la República Argentina, procedencia del recurso
Materia: BANCARIO-PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra López Lezcano, Norma de las sobre ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-17

La decisión de la jueza de primera instancia que rechazó el libramiento de oficio de embargo preventivo al BCRA mediante el Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), organizado por la Comunicación "A" 6606/18 es la del tribunal superior de la causa, porque es inapelable por el monto (cfr. artículos 456 del CCAyT y 1° de la resolución CM n° 18/2017). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, escribanos públicos, sanciones disciplinarias administrativas, destitución
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  del  Libro  de Registro de Firmas, escribano Jorge Luis  Campobassi.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

Es inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial) contra la decisión que resolvió aplicar a un escribano la sanción de destitución.
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, convocatoria judicial, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Fernández, María Gimena  c/ Clínica Noguera SA s/ convocatoria a asamblea s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

El pedido de convocatoria judicial de asamblea no contiene, por su propia naturaleza y de acuerdo a la estrecha vía procesal que transita, una cuestión de fondo a resolver. Por lo tanto cuando, como en el caso, tal solicitud es admitida judicialmente, el pronunciamiento en cuestión resulta inapelable (conf. CNCom, Sala D, in re "Sívori, Elina c/ Cetec Sudamericana SA s/ medida precautoria", del 26/04/06; ídem, "Harguinteguy, Juan Cruz s/ diligencia preliminar", del 26/02/09; ídem, "Inspección General de Justicia c/ Establecimiento El Tropero SA s/ organismos externos", del 24/10/11).
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, sentencia condenatoria, abuso sexual de menores, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la querella en la causa G., G. E.  c/  s/ abuso sexual agravado por la convivencia y el parentesco causa nro. 19837/14
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de la condena por abuso sexual en perjuicio de un menor con sustento en que se incumplió el procedimiento de deliberación y decisión previsto en el Código Procesal de Tucumán, pues si bien luego de anular la sentencia y el debate exhortó a los jueces a realizar el nuevo juicio de manera urgente y sin dilaciones indebidas, evitando llevar a cabo cualquier medida revictimizante que pueda poner en riesgo la salud psico-física y emocional del menor víctima, olvidó que como todo tribunal del país también estaba obligado a aplicar el principio del interés superior del niño, el cual no fue objeto de consideración alguna en su decisión. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Nulidad procesal, instrucción, falta de requerimiento de instrucción, intervención fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SOCRATE, Edgar s/ archivo Causa nro. 28.094
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-31

Al haberse prescindido del correspondiente requerimiento de instrucción, el juez de grado violó normas esenciales del procedimiento, de conformidad con la máxima "en procedat judex ex officio", dado que la intervención del Señor Fiscal resulta imprescindible e irremplazable ya que es el titular de la acción penal pública.
Prescripción adquisitiva, prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gard Leopoldo Antonio s/ Posesión veinteañal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-24

Si bien el art. 679,inc.1º del Código Procesal no exige que la prueba no testifical cubra todo el plazo señalado por el art.4015 del Código Civil, sino que tan sólo que el fallo no se base exclusivamente en la prueba de testigos, si esta prueba resulta vigorosa el rigor valorativo de las restantes piezas podría amenguarse; caso contrario la valoración de estos medios corroborantes deberá verificarse con severidad. Principio aplicable aún en aquellos casos de propietario desconocido o cuando no se acreditare la existencia de otra efectiva ocupación, pues tratándose de un medio de adquisición del dominio, dada su trascendencia económico-social, la prueba de los hechos en que se funda debe ser siempre concluyente.
Ahorro obligatorio, restitución de sumas de dinero, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Impresora Internacional de Valores S.A. c/ D.G.I. s/ Repetición D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El suscripto ha analizado la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del instituto creado por la ley 23.256 al resolver esta Sala los autos "Argal" (expte. 17.740), el 14/4/92, y con respecto al régimen creado por la ley 23.549 en autos "Los dos Chinos S.A. s/ res.apel. D.G.I.", del 22/9/94: "Pacífico Cicciolli S.A.C.I.A.G.I.

s/ res. apel. D.G.I.", del 29/4/93 (entre otros). En cuanto al sistema de devolución previsto por la ley 23.256, se pronunció al emitir su voto en las causas "Volkswagen Argentina S.A. c/ D.G.I. s/ repetición", el 29/9/92 y "Metalúrgica Constitución", del 19/11/92.

No obstante, por razones de economía procesal, considera que debe aplicarse en autos la jurisprudencia de la C.S.J.N., sentada al resolver el 24/8/95, los autos "American Express Argentina c/ E.N.

(D.G.I.) s/ inconstitucionalidad y cobro repetición" y "Chies, Juan C. c/ D.G.I. s/ repetición", dejando a salvo su opinión respecto a la inconstitucionalidad del sistema de reintegro, expuesta en los pronunciamientos indicados. (Del voto del juez Damarco, consid. 4 y 5).
Contrato de trabajo, indemnización por despido, indemnización agravada, multa laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Cabral  de  Jesus  Ceferino c/ Transporte Automotores La EstrellaS.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-22

El pago insuficiente de la liquidación por despido no es un supuesto que esté previsto en la indemnización del art. 2º de la Ley 25323, que sólo se aplica para el caso en que no se abonaren las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley 20744 (en igual sentido: "Mazzino Horacio c/ Siembra AFJP S.A.", Expte. 22746/01, SD 31371, 18/07/03).
Daño material, indemnización
Materia: PENAL
Carátula: JUAREZ ESCOBARM, JULIO CESAR s/ QUEJA EN:"JUAREZ, DAMIAN H. S/ HOMICIDIO CULPOSO".
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-06-17

En cuanto al monto indemnizable por daño material, éste está representado por la capacidad productiva de la víctima, actual o futura.
Falta de acción, inhabilidad de título
Materia: COMERCIAL
Carátula: CNAS c/ BUSTOS ALVAREZ HUGO EDSON WILLY s/ EJECUCION HIPOTECARIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-17

La excepción de falta de acción -no obstante no estar incluida en la enumeración del artículo 597 de la ley ritual-, es admisible en esta clase de procesos, si se refiere a la investigación de la calidad de quien intenta la acción y no a la averiguación de si la deuda es exigible o no (cfr. C.E. Fenochietto-r. Arazi, Bs. As., 1983, T. 3, Ps. 120/21). Desde este punto de vista, la defensa opuesta debía ser examinada, como excepción de inhabilidad de título."
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Balza, R.H.; Lupis, R. s/ Robo agravado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05

Es ineficaz el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que en su propuesta dirigida a cuestionar la integración de la rueda de personas en las diligencias de reconocimiento no ha logrado evidenciar que el razonamiento de la Cámara, en cuanto sentó que las deficiencias en su instrumentación no eran de tal entidad como para desnaturalizarla, contraríe las reglas lógicas que lo rigen.
Procedencia parcial, acción de amparo, suspensión de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldin, Marcela Irene c/  GCBA y otros s/ amparo - suspensión de obras
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-15

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de inconstitucionalidad ya que la sentencia recurrida no trató un tramo de la pretensión de la parte actora, aquel consistente en ver reparado el interés por no perder la luz solar que recibe su inmueble, que las reglas del CPU resguardan -de no mediar la compensación excepcionalmente dispuesta por la Administración-. Ello torna legítimo el interés invocado, y la obra, tal como ha sido autorizada, afectaría. Tratarlo, suponía examinar, como mínimo, la motivación de ese acto administrativo a fin de establecer si tiene como causa una evaluación de la existencia y alcance de esa afectación, su relación causal con la compensación volumétrica admitida y el impacto de dicha compensación en el interés legítimo de la actora. Esa pretensión, no abordada por los jueces, no constituye un problema de carácter ambiental. El interés planteado es en no perder la luminosidad que recibe el inmueble de la actora como consecuencia de la excepción al régimen del CPU que la Administración le reconoció a la sociedad demandada. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Crédito prendario, automotor secuestrado
Materia: CIVIL
Carátula: I.C.B.C. BANK (Industrial And Commercial Bank Of China Argentina S.A.) c/ Bazán, Ernesto Raúl s/ Secuestro prendario
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-09-08

Deviene nulo el secuestro de un automotor de propiedad del demandado fallecido en un siniestro, que contaba con un seguro de vida que opera cancelando el crédito prendario, toda vez que no se configura el supuesto de hecho - caducidad del seguro de vida pactado - invocado por la entidad bancaria, dado que el crédito se encontraba al día al momento del fallecimiento del accionado y en consecuencia el saldo queda cancelado y la deuda deviene inexistente, todo ello conforme surge en forma manifiesta y objetiva tanto de los propios dichos del accionante como de la documentación respaldatoria del crédito y de los pagos informados, por lo que el presupuesto de hecho del secuestro pretendido no encuentra fundamento ni en los hechos ni el derecho.
Acción contencioso administrativa, sentencia, cosa juzgada, interés legítimo, interés público
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: ROITBARG DE MORENO DIAZ, LILIANA RAQUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CSJ EXPTE NRO 32-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-06-13

En el recurso contencioso administrativo de anulación, si el acto impugnado se anula, la administración debe considerarlo inexistente, por lo que, siendo los efectos erga omnes, pueden invocar la cosa juzgada todos los que estén en la situación contemplada y decidida en el fallo. Ello se fundamenta en que el objeto de este recurso no es la protección de un derecho subjetivo, ni aun exclusivamente de un interés legítimo (aunque ese interés sea requisito indispensable para promover el recurso), sino el imperio de la ley (de ahí que el recurso sea objetivo) en defensa de la recta administración.
Seguros, seguro de automotores, obligaciones del asegurador, falta de título de propiedad
Materia: COMERCIAL
Carátula: MEDINA, PEDRO c/ EL SOL ARGENTINO CIA. DE SEGUROS GRALES. SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

Si la aseguradora contrato un seguro con quien se presentó como poseedor del vehículo y no exigió en ese momento que el tomador fuera el titular dominial del automotor y percibió la prima correspondiente, no puede luego supeditar el pago de la indemnización, ante el acaecimiento del siniestro, exigiendo del asegurado un recaudo (documentación a nombre del actor) que no estimó necesario al tiempo de contratar.
Derecho procesal, recusación, recusación sin causa, improcedencia del recurso, designación de jueces
Materia: PROCESAL
Carátula: Automóviles Saavedra SA c/ Peugeot Citroen Argentina SA  s/ ordinario s/ incidente de ejecución de sentencia s/ incidente de recusación con causa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-19

No corresponde tener por válida la pretensión del peticionario de crear a su voluntad y artificialmente situaciones que, aparentemente, encuadren en una causal de recusación (CSJN, Fallos: 326:581 y su cita; 345:208, considerando 6°); y que nada supone que el legislador haya admitido que, mediante un acto puramente voluntario de practicar una denuncia eventualmente privada de todo sustento, el litigante pueda "elegir" qué magistrado aparta y con cuál se queda, ya que ninguna norma puede ser interpretada de un modo tal que conduzca a consecuencias por completo disociadas del sistema en el que esa norma se halla inmersa (conf. CNCom, Sala C, 22/11/22, "Inspección General de Justicia c/ Arte Inmobiliario SA s/ organismos externos").
Constitución Nacional, competencia, ley de orden público, fallos de la Corte Suprema, jueces naturales, tratados internacionales, jerarquía de las leyes, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MURUJOSA, JOSE ALBERTO c/ A.N.Se.S. s/ CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-09

No obstante la claridad del precepto del art. 18 de la C.N., la C.S.J.N. al sostener desde antiguo que las leyes sobre competencia de los tribunales judiciales son de orden público y se aplican aun a los juicios pendientes, admite que después del hecho de la causa una ley otorgue competencia a un tribunal que antes no la tenía para entender en esa causa, reconociendo como única limitación a esa regla la referida a las causas "radicadas" ante un tribunal. Esa circunstancia, para Bidart Campos (cfr. "La Corte Suprema - El Tribunal de Garantías Constitucionales"), no es suficiente para colmar las exigencias de la garantía del juez natural, toda vez que "si el hecho que la suscita es anterior a esa ley, esta no puede a posteriori innovar la competencia, y si lo hace sustrae o saca al justiciable de su juez natural" con lo cual, naturalmente, viola este recaudo. Al respecto, Miguel A.

Ekmekdjian, señala que la Corte ha interpretado en forma tan restringida el alcance de la norma que ha quedado reducida a casi nada más que la prohibición de ser juzgado por "comisiones especiales", convirtiendo en letra muerta el resto de la cláusula (cfr. "Tratado de Derecho Constitucional"). Pese a todo ello, debe entenderse que la Reforma Constitucional de 1994 ha vuelto las cosa a su quicio, pues al otorgarse jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales (art. 75, inc. 22, C.N.), la indemnidad de la garantía del juez natural ha sido restañada a través del Pacto de San José de Costa Rica. (Del voto del Dr. Herrero).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, declaración de puro derecho, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

Cuando un Tribunal interpreta con carácter vinculante una cuestión de derecho, no puede sólo afirmarse que tal interpretación operará "en abstracto" respecto de casos futuros en que se ventile similar cuestión sino que, en rigor de verdad, ha establecido una norma de carácter general, equiparable a la ley, y que constituye precisamente el motivo por el que, con razón o no, han sido tachados de inconstitucionales los acuerdos plenarios. Por otra parte, la existencia de casos futuros asimilables es sólo hipotética, en cuanto la sola sanción de las leyes no supone por sí misma lesión de derechos que pueden requerir el amparo del poder judicial. Y de lo hipotético, inadmisible en la doctrina constitucional, no pueden extraerse fundamentos validantes de una actuación que resulta en sí misma deslegitimada. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Juicio de desalojo, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) c/ Coria José Manuel y/o otro ocupante s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

En la medida en que no se haya propuesto el análisis de circunstancias que hagan a la relación laboral de los ex dependientes de la empresa, sino meramente la obligación de restituir la vivienda a partir de normas estrictamente civil, queda excluida al respecto la competencia laboral. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, facultades del juez, error numérico, error material, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Casa Jonte  S.R.L. c/ Cap.  y/o Arm. y/o Prop. Bq. "Lanín" y/o Cía. Argentina de Navegación Intercontinental  S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

Los errores puramente materiales deben ser subsanados conforme y en la oportunidad establecidos por el artículo 166, incisos 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial, pueden ser rectificados en la alzada aunque no se haya pedido aclaratoria, si la sentencia no ha sido consentida por las partes.
Recurso de apelación (procesal), delitos, robo, delitos contra la propiedad, robo calificado, robo con armas, tentativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Pablo Bernabe c/ BUSTAMANTE, Marcelo David s/ RECURSO DE APELACION (PROCESAL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-08-23

Para que concurra la agravante en el robo, el arma debe haber sido empleada para cometer el hecho. Debe partirse de la figura básica del Robo del Art. 164 del C.P., que en su última parte sostiene: "...sea que la violencia tenga lugar antes del Robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad"; es decir la violencia debe desplegarse por el imputado en el momento de la comisión del hecho.

De lo manifestado en el párrafo precedente, resulta oportuna la cita efectuada en distintos fallos de la Cámara Nacional de Casación Penal en la obra "Código Penal Comentado y Anotado" de Andrés José D'Alessio (Director), Ed. LL, Avellaneda (Prov. Bs.As.) Abril de 2006, en la que sostiene: "la modalidad comisiva 'uso de armas' que especializa la figura básica agravará el Robo cuando su utilización se produzca en cualquiera de los tramos del 'iter criminis' contemplado en la figura simple (art. 164), es decir, antes del hecho, durante o después de cometido para lograr la impunidad...(de lo contrario) no se aplicaría nunca la expresión contenida en la norma genérica 'después de cometido' (o sea después de consumado)...No empece a ello la circunstancia que el art. 166, inc. 2, Cód. Penal, diga 'si el robo se cometiere con armas', pues por comisión deben entenderse todas las hipótesis del 164- antes, durante y después"