Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-26


2º Instancia.- Buenos Aires, agosto 26 de 2009.

La doctora Ferreirós dijo:

I. A fs. 4/12 se presenta Oscar Alberto Escudero e inicia demanda contra Karina Gabriela Tucci y contra Jorge Alberto Ferraro en procura del cobro de unas sumas y rubros a los que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.

Manifiesta que ingresó a trabajar bajo las órdenes del codemandado Ferraro el 4 de octubre de 2000 con la categoría de empleado y cumpliendo tareas de ayudante del panadero en la realización del pan, las facturas, etc.; llevando a cabo sus labores en el establecimiento sito en la calle Lisandro de La Torre 330 de esta Capital Federal.

Refiere que cumplía un horario de trabajo de domingos a viernes de 06 a 14 horas por más que en reiteradas oportunidades debía quedarse después de hora para culminar con las labores que quedaran pendientes.

Señala que el demandado se dedica al rubro de panadería.

Afirma que su salario ascendía a $ 991 mensuales sin incluirse ningún adicional.

Aclara que durante el transcurso de la relación laboral, el demandado incurrió en reiterados incumplimientos, como por ejemplo, sin perjuicio de emitir recibos de sueldos, los aportes descontados de los haberes no eran debidamente integrados.

Asegura que el 31 de agosto de 2005 se lo obliga a suscribir una cesión de contrato de trabajo por el cual ahora se unía laboralmente al actor con la codemandada Karina Tucci (ello bajo pena de perder el trabajo si no lo firmaba).

Manifiesta que en la cláusula 3º de este contrato, se hace referencia a la aplicabilidad del art. 229 LCT (es decir a las normas referentes a la cesión de personal).

Refiere que el último salario íntegro por él percibido fue el correspondiente al mes de mayo de 2006 ya que a partir de esa fecha, nada más fue percibido por él en concepto alguno.

Sostiene que ante tales circunstancias, el 15 de julio de 2006, envió una carta documento a sus empleadores a fin de que regularizaran su situación laboral, le abonaran los haberes adeudados y depositaran las sumas descontadas oportunamente de sus haberes en concepto de aportes al sistema de previsión y seguridad social.

Señala que como consecuencia de su accionar, la demandada le negó el ingreso a su trabajo, agrediéndolo físicamente delante de testigos y despidiéndolo verbalmente.

Es por tal motivo que el 17 de julio de 2006 envía una nueva misiva intimando a sus empleadores a regularizar su situación laboral, bajo apercibimiento de considerarse despedido.

Ante el silencio guardado por los mismos el 24 de julio de 2006 se considera despedido por exclusiva culpa de la empleadora.

Practica liquidación y reclama las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.

Solicita la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la LCT y se condene solidariamente a ambos demandados en los términos de los arts. 228 y 229 LCT.

A fs. 84/90 contesta la acción el codemandado Jorge Alberto Ferraro quien niega todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de inicio.

Admite que el actor trabajó para él desde el 4 de octubre de 2000 y hasta el 31 de agosto de 2005 como dependiente en la panadería, de martes a domingos de 06 a 13 horas.

Refiere haber cumplido con todas y cada una de las obligaciones patronales a su cargo.

Impugna la liquidación y solicita el rechazo de la acción.

Opone defensa de falta de acción toda vez que la relación para con el actor había finalizado en la fecha precedentemente referida no existiendo deuda alguna para con el accionante al momento de producirse la transmisión del contrato.

A fs. 92 se tiene a la codemandada Karina Gabriela Tucci por incursa en la situación prevista en el art. 71 de la L.O.

A fs. 339I/343I, obra la sentencia de primera instancia. En ella, la "a quo", luego de analizar los elementos de juicio obrantes en la causa, decide hacer lugar a la demanda incoada por el actor contra la codemandada Tucci y rechazarla contra el accionado Ferraro.

II. El recurso a tratar llega interpuesto por la parte actora(fs. 350I/352I), cuya réplica obra a fs. 357I/360I.

También hay apelación del perito contador y de los letrados apoderados de la parte actora -Dres. D. Z. y N. Z.-, quienes estiman exiguos los honorarios que les han sido regulados (fs. 344I y 348 I respectivamente).

III. Por una cuestión de orden, trataré en primer término los agravios de la parte actora.

Agravia a la apelante en líneas generales, que la "a quo" haya rechazado la demanda contra el codemandado Ferraro.

Sostiene que ello se debió a una incorrecta valoración de la prueba instrumental y documental aportada, dado que del análisis de la misma surgiría debidamente acreditado en autos que, al momento del despido del actor existían incumplimientos que eran anteriores a la transferencia del establecimiento, por lo que el coaccionado Ferraro debe responder solidariamente en los términos del art. 229 LCT.

A fin de dilucidar la presente cuestión, considero fundamental el análisis de la prueba aportada en autos, sobre todo de aquella brindada por la parte actora (parte esta sobre quien recaía la carga probatoria -conf. art. 377 CPCCN-).

Veamos:

Respecto de la prueba instrumental:

A fs. 202 y 207, obran los informes presentados tanto por la Obra Social del Personal de Panadería como por la Unión de Personal de Panaderías y Afines, en ellos, dichas entidades han señalado que a la fecha de producirse la transferencia del establecimiento (31/8/05) el codemandado Ferraro no mantenía deuda alguna para con ellas.

Asimismo, a fs. 269/277, la ANSES informó en su presentación que, si bien al 24 de julio de 2006 existían aportes pendientes por el período de septiembre de 2004 (período atribuible al codemandado Ferraro), al día 7 de mayo de 2008, dicho período ya figuraba como aportado, con lo cual no existiría deuda alguna de dicho accionado con esta entidad.

Deseo destacar que ninguno de estos informes a merecido impugnación alguna de las partes.

En lo atinente a la prueba contable:

El experto en su informe de fs. 332/335 sostuvo que de los libros presentados por el codemandado Ferraro surgiría que éste ha efectuado todos los aportes previsionales al actor, no adeudándole nada (v. constancias de fs. 333).

Finalmente, en cuanto a la prueba testifical ofrecida por el accionante:

He de aclarar que el testimonio de Rojas (fs. 223) nada ha podido clarificar sobre el incumplimiento de referencia, dado que sólo trabajó en la panadería durante 3 o 4 meses en el año 2006. Mientras que el testigo Unrein (fs. 224), si bien trabajó en la panadería desde el año 2000, desempeñándose tanto a las órdenes de Ferraro como posteriormente a las de Tucci, señaló que "cree" que al actor no le efectuaban aportes, y aclara que "ello lo sabe por comentarios que le formulara el propio actor", mas no puede asegurarlo. A su vez añadió que "al momento de venderse la panadería, el Sr. Ferraro nada debía a nadie, los dejó al día".

Atento lo señalado precedentemente, considero que la prueba testifical de autos es inidónea para el fin que persigue (arts. 90 L.O. y 386 y 456 CPCCN).

A mayor abundamiento, no quisiera pasar por alto el hecho de que el planteo efectuado por el actor en su escrito de apelación resulta genérico, incurriendo casi en la deserción; dado que no sugiere -siquiera- cuáles serían los meses en los cuales el demandado Ferraro habría omitido efectuar los aportes o al menos, cuántos meses son los impagos, cuestión ésta que sería el verdadero interés de su recurso.

En virtud de todo lo que he venido señalando hasta el momento, no encuentro razones para modificar lo decidido en origen acerca de la responsabilidad solidaria del codemandado Ferraro y por ello propongo confirmar el rechazo de demanda efectuado en grado respecto de este accionado.

IV. Respecto a los honorarios que han sido regulados tanto al perito contador como a los letrados apoderados de la parte actora (apelados por ellos por considerarlos exiguos), opino que los mismos han sido regulados en forma equitativa, sobre la base del mérito y extensión de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados (art. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).

V. De compartir mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la parte actora vencida (art. 68 CPCCN) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte actora (en forma conjunta) y de la demandada en el 25% respectivamente y para cada una de ellas de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).

El doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Juan Carlos Eugenio Morando: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).

Por lo que resulta del acuerdo que precede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el fallo de primera instancia en todo cuanto ha sido materia de agravios. 2) Confirmar los honorarios regulados en la instancia anterior a los letrados de la parte actora y al perito contador. 3) Imponer las costas de alzada a la parte actora vencida. 4) Fijar los emolumentos de esta instancia a favor de las representaciones y patrocinios letrados de las partes actora (en forma conjunta) y del codemandado Ferraro intervinientes en el 25% (veinticinco por ciento) respectivamente de lo regulado a favor de cada una de ellas, por su actuación en la instancia anterior.- Estela Milagros Ferreirós.- Néstor Miguel Rodríguez Brunengo.-