Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-08-16


SENTENCIA NÚMERO: VEINTISIETE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 58/13, caratulados: "Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en contra de la Sentencia Nº 18/2013 referente a Expte. Letra "V" Nº 129/09 -Villafáñez, Oscar Rodolfo", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la sentencia por haber inobservado las normas que el Código Procesal Penal establece bajo pena de nulidad absoluta? 2º) ¿La resolución puesta en crisis ha inobservado o aplicado erróneamente de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? 3º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 16, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 18/13, dictada el 13/05/2013, la Cámara en lo Criminal de Tercera Nominación, en lo que aquí concierne, resolvió: Iº) No hacer lugar a la nulidad articulada por la defensa técnica del imputado Oscar Rodolfo Villafañez. IIº) Declarar culpable a Oscar Rodolfo Villafañez, de condiciones personales relacionadas en la causa, como autor penalmente responsable del delito de Encubrimiento agravado, previsto y penado por los arts. 277 inc. 3º, apartado "b" en función de los arts. 277 inc. 1º, apartado "e" y 45 del Código Penal, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo (arts. 40 y 41 del Código Penal), ordenándose en consecuencia su inmediata detención (.)".

El hecho por el que fue condenado es el siguiente: "Que el día 27 de Febrero de 2009, en circunstancias en que Roberto Carlos García recibe una llamada a su teléfono celular Nº 15584329, aproximadamente a horas 11:00 de una persona de sexo masculino que se identificó como "Ocaya", a la postre identificado como Oscar Rodolfo Villafañez, el cual le dio detalles de su motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, color roja, sin dominio, que había sido sustraída el día 25 de Febrero de 2009 aproximadamente a horas 21:30 en Virgen del Valle Norte en diagonal a la Plaza de Choya, hecho del cual no habría teniendo participación el mencionado Villafañez, solicitándole en dicha llamada la suma de pesos mil quinientos ($1500) para recuperar su motocicleta, ya caso contrario no la ve-ría más porque la vendería a otro, a lo cual García accedió, por lo que ese mismo día 27 de Febrero del 2009 aproximadamente a horas 17:00 recibió otra llamada telefónica supuestamente del mismo "Ocaya" e inmediatamente y sin compañía alguna se dirigió conforme lo requerido por aquel, a calle Vicario Segura antes de llegar al Cementerio de esta ciudad Capital, donde se hizo presente una persona que se identificó como Ocaya, luego identificado debidamente como Oscar Rodolfo Villafañez, quien actuando con ánimo de lucro procedió a recibir la suma de pesos mil quinientos ($1500) de manos de García, discriminados en quince billetes de cien pesos ($100,00) para luego ausentarse y regresar luego de unos minutos en la motocicleta sustraída haciéndole entrega de la misma a Roberto Carlos García, retirándose luego del lugar con la suma de dinero en su poder".

II. Contra dicha sentencia, el defensor del imputado interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 4º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Como primer agravio denuncia la nulidad absoluta del decreto de determinación del hecho y, consecuentemente, de todos los actos que de él dependen. Aclara que esta nulidad ya fue solicitada durante los alegatos -y rechazada en la sentencia-, pero que, al ser absoluta, puede plantearse en cualquier momento del proceso, incluso hasta podría ser declarada de oficio.

Sostiene que la referida nulidad ha vulnerado el derecho de defensa y el principio de congruencia. En tal sentido, refiere que no se ha identificado debidamente, por las características, el elemento sustraído el cual fue objeto de encubrimiento. Que según la testigo García, la moto sustraída era de color roja, mientras que la construcción acusatoria en contra de su defendido está basada sobre una motocicleta color azul, habiéndose intimado (fs. 41) en virtud de un decreto que tiene otras características del rodado (azul), lo cual ha colocado a su cliente en un estado de indefensión durante todo el proceso, ya que siempre se defendió por un hecho diferente al que determinó su condena.

Argumenta que el referido decreto ha violado las normas contenidas en los arts. 271 del CPP y 18 de la CN, en lo que respecta a las garantías del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, así como, al principio de congruencia. Cita jurisprudencia relacionada con la correspondencia que debe existir entre la acusación y la sentencia.

III. A fin de dar respuesta al planteo de nulidad absoluta solicitado por el recurrente, seguiré el criterio sentado en S. nº 43, 29/08/2012; S. nº 30, 29/06/2012 y S. nº 33, 14/09/2010, en donde sostuve que: "Para hacer efectiva la garantía procesal constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio (arts. 18, 75 inc. 22 C.N.; arts. XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 9 inc. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica-; art. Const. Pcial. arts. 25, 27 y 31; y art. 1° C.P.P.), se hace necesario que, "entre la acusación intimada (originaria o ampliada) y la sentencia, debe mediar una correlación esencial sobre el hecho, la que impide condenar al acusado por uno diverso del que fuera objeto de la imputación formulada (ne est iudex ultra petita partium)" (Vélez Mariconde, Alfredo "Derecho Procesal Penal", T. II, p. 233, ed. 3ra., primera reimpresión, actualizada por los Dres. Manuel N. Ayán y José I. Cafferata Nores, Lerner, Córdoba 1982; cfr. Clariá Olmedo, Jorge Andrés "Tratado de Derecho Procesal Penal", T. I, p. 507, Ediar, Bs. As. 1960). Ello por cuanto, de nada valdría afirmar que no hay juicio sin acusación, al igual que ésta debe ser correctamente intimada, si no se suma la exigencia que el Juez únicamente puede condenar al acusado como culpable del hecho sobre el que versó la actividad defensiva. De no ser así, se impone la nulidad absoluta de la sentencia por cuanto se afecta la defensa del imputado en lo que hace a su intervención y asistencia en el proceso penal (art. 186 inc. 3° y 187 segundo párrafo del C.P.P.), en virtud que se coarta la defensa material y técnica, las que tuvieron como referencia para su desarrollo el hecho contenido en la acusación.

Lo dicho precedentemente impone aclarar, que no toda diferencia menoscaba esta facultad del imputado; sólo concurre tal perjuicio, cuando la diversidad le restringe o cercena la factibilidad de presentar pruebas defensivas (NUÑEZ, Ricardo C., "Código Procesal Penal", Lerner, Córdoba, 1986, nota 1° al art. 414, pág. 385). Consecuentemente, se ha dicho, en relación a la conexión existente entre intimación y la garantía de defensa en juicio, que "para que la defensa sea un elemento efectivo del proceso y el imputado pueda negar o explicar el hecho que se le atribuye, o afirmar alguna circunstancia que excluya o atenúe su responsabilidad, u ofrecer pruebas de descargo, o argumentar en sentido contrario a la imputación, es necesario que ésta sea intimada, es decir, puesta en conocimiento de la persona contra la cual se dirige" (Vélez Mariconde, Alfredo, "Derecho Procesal Penal", T. II, Marcos Lerner Editora Córdoba, p. 221).

Asimismo, resulta de interés resaltar que, para la declaración de nulidad, no sólo es suficiente que esta sanción se encuentre conminada y que resguarde una garantía constitucional, sino que es necesario que con ella se beneficie aquél que lo pretende. Por ello, se ha sostenido que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado en lo que respecta a las nulidades que le atañen en los términos del art. 186 inc. 3º del C.P.P., tienen por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del principio del interés, en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando su declaración sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace. Ello en razón de que, nuestro sistema procesal no admite la declaración de nulidad de los actos procesales por la nulidad misma, sino sólo en cuanto lesiona el interés de las partes, para acoger sólo aquella que por su posible efecto corrector, tenga idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquél interés".

Lo expuesto, impone dar respuesta negativa al presente agravio, ya que en modo alguno se advierte vulneración al principio de congruencia ni al derecho de defensa en juicio. Como bien lo ha señalado el sentenciante, la sola imprecisión del color de la moto no pude considerarse, en este caso, como una dificultad en el ejercicio eficaz de la defensa en juicio. En tal sentido, puntualizó el fallo que, en la declaración recibida en audiencia el imputado fue informado detalladamente del hecho que se le atribuía, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, incluyéndose aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las pruebas existentes en su contra y las disposiciones penales que se consideraban aplicables.

De este modo, la sentencia destacó que, en el presente caso, más allá de la diferencia de color del rodado, tanto el imputado como su defensor sabían cuál era la participación que se le imputaba a Villafáñez, no advirtiéndose la variación sustancial del hecho imputado, como reclama el recurrente.

En efecto, contrariamente a lo sostenido por la defensa, el imputado conocía perfectamente el hecho punible atribuido, el cual no ha variado en su modalidad ni en las circunstancias de tiempo y lugar.

Y es que, en la señalada dirección, el tribunal puntualmente consideró que, el hecho de que la testigo haya manifestado otro color, no es suficiente para acarear la nulidad incoada, porque el objeto del ilícito sigue siendo el mismo -una motocicleta marca Yamaha, modelo Crypton, sin dominio-.

Concretamente, la defensa ha omitido demostrar en qué se afectó la garantía invocada, o la posibilidad de defenderse, probar y alegar sobre la acusación cuestionada, reiterando en esta instancia idénticos argumentos a los brindados en el debate, que ya fueron correctamente analizados por el tribunal a quo. En efecto, ha omitido demostrar a través de la vía extraordinaria intentada, en qué se afectó la garantía de la defensa en juicio, o la posibilidad en todo el proceso de defenderse, probar y alegar sobre la acusación cuestionada.

En resumen, en este caso no se evidencia que se haya violado el derecho de defensa en juicio, pues no hubo una condena sorpresiva sobre hechos y circunstancias de las que el procesado haya podido defenderse debidamente (Fallos: 284:54; 298:104 y 304), ni una variación brusca del objeto del proceso.

Por ello, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla, en tanto es concordante con la buena doctrina según la cual no corresponde declarar la nulidad por la nulidad misma sino tan sólo si, como consecuencia del supuesto vicio se ha producido un efectivo perjuicio a alguna de las partes y resulta indispensable remediarlo, lo que en el caso no ha ocurrido. Por consiguiente, en honor a la brevedad, adhiero a su voto y doy el mío en idéntico sentido.	A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Considero que el Dr. Cippitelli da las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión debido a que, como él señala, no se ha configurado perjuicio alguno para el imputado que justifique declarar la nulidad solicitada. Por ello, para evitar repeticiones innecesarias, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

IV. Subsidiariamente, el recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba (art. 454 inc. 2º C.P.P.). Considera que el tribunal ha valorado la prueba en forma errónea y parcializada.

Sostiene que hubo una actitud mendaz por parte del testigo principal de la causa, el que a su modo de ver, ha incurrido en numerosas contradicciones, lo que le permite concluir que se trata de un testimonio inverosímil y poco creíble. Manifiesta que no existen elementos probatorios que permitan considerar a Villafáñez como autor del hecho imputado, lo que torna en arbitraria la sentencia atacada. Agrega que el razonamiento efectuado en ésta se construyó sobre premisas erróneas y en violación al principio de inocencia.

Cita doctrina relacionada con la sana crítica racional, a fin de respaldar su postura.

IV. a. El examen del agravio subsidiariamente expuesto en el memorial recursivo permite adelantar que el mismo no puede tener acogida favorable en esta instancia. En efecto, la ponderación en conjunto del material probatorio debidamente incorporado a debate con la anuencia de las partes, descarta la pretendida falta de certera participación del imputado en la ejecución del hecho que se le endilga. Y es que, los argumentos defensivos en torno a los dichos mendaces y contradictorios aportados por el testigo Carlos García, intentando de este modo, desvincular al imputado del hecho en cuestión, evidencian una crítica descontextualizada del resto del material probatorio debidamente incorporado al debate.

Digo ello, porque la conclusión condenatoria a la cual arriba el sentenciante surge de una sensata y correcta derivación de la prueba colectada; manteniéndose incólume frente a la crítica del recurrente. Es que, en lo que respecta a la fundamentación probatoria, compete a esta Corte verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto", con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación" (CSJN 20-09-05, "Casal"). Ahora bien; si la obligación constitucional y legal de motivar la sentencia impone al Tribunal de mérito -entre otros recaudos- tomar en consideración todas las pruebas fundamentales legalmente incorporadas en el juicio y efectuar dicha ponderación conforme la sana crítica racional (art. 201 C.P.P.), resulta claro que el recurso que invoca la infracción a las reglas que la integran -lógica, psicología, experiencia- debe también contraponer un análisis de todo el cuadro convictivo, y en función de éste, a su vez, evidenciar lo decisivo del vicio que se denuncia (art. 408 inc. 4° C.P.P.). De allí, que resulta inconducente una argumentación impugnativa que se contenta sólo con reproches aislados que no atienden al marco probatorio o que esgrime un defecto carente de trascendencia en una apreciación integrada de aquél. En tales supuestos, al no efectuar un abordaje que agote las distintas premisas que sostienen la conclusión que causa agravio, la crítica no alcanza a enervarla y la decisión transita incólume el control casatorio.

En tal sentido, constato que el argumento que esgrime el recurrente en esta instancia, ya ha sido considerado y ha recibido respuesta concreta por parte de la jurisdicción, no advirtiéndose nuevos fundamentos que demuestren el manifiesto error en la valoración de la prueba.

En efecto, el sentenciante luego de escuchar los testimonios brindados por Jesica García y Roberto Carlos García (víctimas), -dando satisfacción al principio de inmediación (S. Nº 43, 29/08/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11; S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros)-, destacó que las víctimas demostraron en debate contundencia al evacuar varias preguntas sobre cómo ocurrieron los sucesos, que fueron creíbles en sus expresiones, las que marcan sin lugar a dudas, primero, la proximidad que tuvo García con el sujeto al momento de la entrega del dinero y el rodado, y segundo, en cuanto a la intervención de su amigo Moreno en la recuperación de la moto, siendo racional lo precisado por el testigo García en referencia al accionar de Moreno.

En esta línea de razonamiento, el tribunal también puso de resalto, luego de percibir los referidos testimonios, que en cuanto a lo ocurrido, específicamente cuando García reconoce (ver Acta de Reconocimiento en Rueda de Personas obrante a fs. 34/34 vta.) a Villafañez como la persona a quién le entregó la suma de dinero y luego de ello, éste le devolvió la moto, no le caben dudas al Tribunal que fue como en esencia lo relató, no existiendo razón alguna, para que el mismo inventara tan grave acusación, como intentó atribuirle la defensa, ya que García no conocía al imputado y su hermana denunció un hecho sin indicación de autores; siendo después de ello, que Roberto Carlos García, a través del reconocimiento en rueda de personas, identificó a la persona a quién le había entregado el dinero a cambio de recuperar su moto. Asimismo, también quedó acreditado con el testimonio de Jesica García, los diversos llamados telefónicos recibidos por su hermano para recuperar la moto. En este contexto, el tribunal a quo concluyó que no existe una única prueba que involucre a Villafañez, habiendo quedado probada su participación con la verosimilitud de las declaraciones de Roberto Carlos García, de Jesica Paula García y de Aldo Sebastián Luna, las que, a su vez, encuentran corroboración en lo constatado en el acta de inspección ocular (fs. 06), en el acta de reconocimiento en rueda de personas (fs. 34/34 vta.), en las fotocopias de los billetes entregados al imputado (fs. 14/17) y en los demás elementos probatorios meritados por el tribunal.

En atención a lo expuesto, la responsabilidad penal a título de autor fue acertadamente determinada por el tribunal a quo con base en el cúmulo probatorio que presenta la causa y en la correcta valoración de las comprobadas circunstancias que rodearon la ocurrencia del hecho.

Por lo tanto, dado que las conclusiones del juez a quo armonizan con el plexo probatorio cargoso invocado e interpretado en el fallo de conformidad con las reglas generales de la sana crítica racional, considero que el agravio expuesto no es de recibo.

Por ende, mi respuesta a la cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la valoración y fundamentos que da el señor Ministro Dr. Cippitelli en la presente cuestión, por lo que, adhiero a los mismos en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Por el modo en que fueron votadas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en representación del imputado Oscar Rodolfo Villafáñez. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Tercera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

En tanto se compadece con las postulaciones precedentes, estoy de acuerdo con la solución propuesta por el Señor Ministro preopinante. Por ello, adhiero a su voto, y me expido en igual sentido.

A la Tercera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Atento al modo en que fueron votadas las cuestiones precedentes, estimo que corresponde dictar la resolución propuesta por los Sres. jueces preopinantes.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por mayoría de votos, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Pedro Justiniano Vélez en representación del imputado Oscar Rodolfo Villafáñez.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3º, inciso "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.