Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-28


Causa Nº 27800-00/CC/2006 caratulada "SEBASTIAN MARTINEZ S.A. S/ NO ADECUO LOS CARTELES DE MEDIO DE SALIDA Y OTRAS - APELACIÓN".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2007, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Pablo Bacigalupo, Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver la presente causa.

Y VISTOS El Sr. Sebastián Martínez, apoderado de la firma "Sebastián Martínez S.A.", interpone a fs. 54/55 recurso de apelación contra la sentencia de fs. 52vta./53 del Guillermo E. H. Morosi, Magistrado a cargo del Juzgado nº 13. En dicho resolutorio se dispone condenar a la mencionada sociedad a la sanción de multa de doscientos pesos ($200), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con costas, por considerarla responsable de la infracción consistente en no adecuar debidamente los carteles indicadores de medios de salida -cf. acta de comprobación nº 20888958-; todo ello, en virtud de los artículos 4, 18 inc. 1º, 19, 28, 32 y 2.2.14 de la Ley 451 en función del art. 4.7.1.4 del Código de la Edificación -O.M. 14.089, B.M. 6764-, y de los artículos 33 y 55 de la Ley 1.217.

Luego de sustanciada la audiencia de debate a fs. 52, el sentenciante declaró la validez del documento imputativo de fs. 6 y le reconoció el valor convictivo asignado por el art. 5º de la L.P.F., teniendo así por acreditado el hecho de que aquél da cuenta. Estimó que la actividad probatoria desplegada por el representante resultó insuficiente al efecto de revertir la acusación, en especial en lo que respecta a la tacha de inocuidad del instrumento. Entendió que, siendo de aplicación al caso el citado artículo del ordenamiento constructivo -por no hallarse reglamentada al momento de la inspección la Ley 1.346- quedaban desvirtuadas las alusiones de violación a los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional efectuadas por el mandatario en el descargo.

A continuación, consignó formalmente la adecuación típica del hecho en consonancia con la anterior elaboración y graduó la sanción teniendo en cuenta los parámetros del artículo 28 del R.F., particularmente la extensión del peligro creado y la falta de antecedentes de la firma, así como también la impresión causada por el apoderado y el hecho de que se haya sometido a la instancia administrativa y la hubiera agotado -fs. 52 vta.-.

El apelante niega que la materia objeto de juzgamiento se encuentre amparada por las previsiones del artículo 4.7.1.4 del C.E., pues los términos generales en que se estructura, a su criterio, obstarían a conocer con certeza cuál es la conducta debida y ello también lo eximiría de cubrir las exigencias probatorias a que hizo referencia el a quo en su decisorio -conforme puntos 3.1, 4 y 6 del escrito recursivo-, mucho más cuando no existirían otras menciones que la referida en relación a la necesidad de aprobación de los símbolos por "la Dirección", circunstancia que también haría inaplicable la norma por falta de reglamentación -puntos 3.2 y 3 in fine de fs. 54-. En razón de estas imprecisiones, el mandatario considera que la conducta que se le reprochó no se encuentra en verdad prevista por ninguna disposición, por lo que la sanción impuesta afectaría los principios consagrados en los artículos 18 y 19 de la C.N. -puntos 4 de fs. 54, 7.3 y 7.4 de fs. 55-.

Critica también la confección del acta, en tanto ella no señala la ubicación de los carteles que no fueron "adecuados", ni cuáles eran los que debió colocar, ni qué significa la expresión "no adecuó". Todo ello impondría desestimar el documento y decretar la absolución -puntos 3.2.1 al 3.2.3, último párrafo del acápite 3 de fs. 54 y punto 6 de fs. 55-. Al respecto, la previa intimación a la subsanación de los defectos impuesta por el Decreto 29/9/936 habría facilitado la cabal comprensión de las demandas cuyo incumplimiento originó la sanción ahora impugnada; tal emplazamiento constituiría una obligación de las autoridades preventoras, que no fue observada -punto 5 de fs. 55-.

Cumplidos los plazos y pasos procesales, corresponde resolver el presente recurso.

Y CONSIDERANDO 1.

El remedio cumple las demandas formales estatuidas en el artículo 57 de la Ley 1.217, en tanto ha sido presentado por escrito fundado, dentro de los cinco días de notificada la sentencia, por quien tenía derecho a hacerlo y ante el Juez que la dictó.

Causa Nº 27800-00/CC/2006. Sala II.

Respecto de los requisitos sustanciales de admisibilidad, si bien asiste razón al a quo en cuanto a que el presentante no invoca ninguna de las causales de procedencia del art. 56 del mismo cuerpo, lo cierto es que éste parece sostenerse en las pretensiones de resultar el resolutorio arbitrario -por haber fijado una pena en virtud del quebrantamiento de una obligación que la ley no impone, con basamento en un acta inválida- y dictado en violación de las formas sustanciales previstas para el trámite o decisión de la causa -en tanto, bajo la óptica del quejoso, debió haberse intimado con carácter previo a la confección del documento imputativo-.

Por consiguiente, debe meritarse superado el examen de procedencia de la vía ensayada.

2.

En lo que sigue, el análisis de los agravios sometidos a estudio se guiará por la especial naturaleza del proceso en que se halla inmerso el juzgamiento de las conductas que conforman su objeto presidido, como se dijo, en otros precedentes, por el valor probatorio legalmente asignado a las actas de comprobación -arts. 3º y 5º de la Ley 1.217- que impone a quien solicita el pase de las actuaciones al fuero la carga de revertir las acusaciones allí perfeccionadas, una vez declaradas ellas válidas. En este sentido, "...conforme el dispositivo legal que rige la materia las actas de infracción son consideradas prueba suficiente de la comisión de las mismas, salvo que se produzca en el expediente prueba en contrario, esto es que sean enervadas por demostraciones convincentes de quien resulte imputado" -causa nº 165-00-CC/2004. "Rueda, Oscar s/Exceso de velocidad y otras - Apelación", rta. el 07/07/2004-. Tal ha sido la tónica imperante en aquellas decisiones, de conformidad con el procedimiento escogido por el Legislador para judicializar una materia que reconoce génesis administrativa, fundada primariamente en las f acultades legiferantes y de contralor de quien tiene a su cargo el poder de policía sobre las actividades reseñadas en el artículo 1º del Régimen sustantivo -ver, al respecto, entre otras, causas nº 141-00-CC/2005, rta. el 05/07/2005; nº 283-00-CC/2005, rta. el 16/09/2005; nº 379-00-CC/2005, rta. el 17/11/2005 y 050-00/CC/2005, rta. el 23/05/2006-. La etapa procesal idónea para producir la prueba tendiente a desvirtuar el contenido del acta de comprobación es la audiencia de juzgamiento, de modo que, si nada allí se realizó al respecto, no sólo cabrá repeler la pretensión del recurrente referida a que la materialidad de los hechos no guarda relación con lo vertido en el acta por ostensible carencia argumental, sino también por encontrarse precluida la instancia prevista a tal efecto -conf. causa nº 411-00/CC/2005, "Local RITMO BAILANTERO SRL s/ falta de matafuego - APELACION", rta. el 16/12/2005-.

En este sentido, como bien advirtiera el sentenciante desde el inicio mismo de la motivación de su decisorio, el apoderado ha circunscripto su defensa al cuestionamiento de la normativa aplicable a partir de una particular interpretación que propone, sin observar intento alguno de desmentir la versión fáctica consignada en el instrumento de fs. 6 o dirigida a conmover de algún modo lo allí inscripto. Antes bien, son sus propios dichos los que permiten entrever que el mandatario tenía consciencia de la irregularidad del estado de hecho que se le endilgaba, en tanto manifestara que "luego de la inspección convocó a un profesional a fin de adecuar las salas a la normativa vigente" -fs. 52 in fine-, contradicción que parece quitar seriedad incluso al esforzado planteo crítico de la disposición que se estimó infringida.

En este sentido, el Magistrado debió dilucidar las farragosas elucubraciones normativas inclinándose, con buen criterio, por la vigencia del artículo 4.7.1.4 del Código de la Edificación -texto según Ley 962- y declarando la insuficiencia de las unilaterales protestas articuladas en el descargo de fs. 44/45. Es que, ya desde la presentación en sede ejecutiva a fs. 17/18, el cuestionamiento de derecho sustancial introducido lo fue a partir de una lectura parcial de aquella regla, sosteniéndose su pretensión absolutoria, como se verá, en una indebida conclusión de oscuridad.

Tanto en aquellas presentaciones como en el escrito recursivo de fs. 54/55, el impugnante ha efectuado tan sólo la transcripción del primero y cuarto párrafo de la norma de marras, omitiendo consignar las específicas mandas contenidas en el segundo y tercero, los que permiten sin duda alguna colegir la exigencia legal respecto de los carteles. Así, tratándose de un "cine-teatro" -que, por desarrollar su concreta actividad con la sala a oscuras o en penumbra, impide el "fácil discernimiento" del medio de salida en los términos del artículo- los primeros requisitos de las señales de dirección vienen dados por su clara colocación en cada nivel de piso, tanto en corredores largos como en superficies abiertas de piso cuanto en toda situación necesaria.

Causa Nº 27800-00/CC/2006. Sala II.

En los dos párrafos siguientes, la norma impone que las señales presenten: tamaño adecuado, contraste de color e indicación en caracteres Braille en los edificios privados con "asistencia masiva de personas" -párr. segundo-. Por otra parte, queda dispuesta la obligación de ubicar en la entrada, en puestos y mostradores de información y en los lugares donde la Autoridad de Aplicación juzgue necesario los planos en relieve destinados a la orientación de ciegos y disminuidos visuales -párr. tercero-. Como fácilmente se aprecia, las partes desechadas en esta peculiar elección selectiva son las que precisamente permiten colegir la conducta exigible.

Tampoco se vislumbra que, en razón de la "generalidad" de sus términos, la descripción legal devenga de una ambigüedad tal que no permita su cabal acatamiento. Aun en la construcción de normas formalmente penales, es dable admitir estructuras típicas elaboradas a partir de cierta vaguedad lingüística en su formulación, habida cuenta de que, de otro modo, resultaría imposible referenciar la totalidad de las hipótesis abarcadas por la prohibición a fin de cerrar explícitamente la figura. "Tratándose de un sistema de tipos legales -explica con suma claridad Eugenio R. Zaffaroni-, si bien el sistema puro es un ideal, no cabe duda de que el legislador está obligado a extremar los recaudos para avecinarse lo más posible a ese ideal. En el caso de la imaginaria ley que sancionase 'todas las conductas que afectan intereses comunes', es obvio que no se ha tenido el menor cuidado en intentar precisar ínfimamente las conductas que se quieren prohibir. En lugar, en el caso del art. 84 [del Código Penal] el número de variables de conductas que por violar un deber de cuidado pueden causar la muerte de alguien es inimaginable, siendo, por ende, imprevisibles para el legislador, por extremado que fuere el empeño puesto en la fajina de elaboración del tipo. De allí que en este último caso el tipo abierto sea constitucional" -autor citado: Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ed. Ediar; 5ª edición, pág. 375-.

A la luz de estas consideraciones, no resulta irrazonable que el artículo del C. E. contenga menciones del tipo "corredores largos", "toda situación necesaria", "tamaño adecuado", "contraste de color", "asistencia masiva de personas" y otras, en tanto ellas trasunten una referencia fáctica asequible al fin preventivo de la disposición. Se trata de expresiones que, "a riesgo del acotamiento referencial que demanda el rigor científico, nítidamente permiten conocer aun al lego cuál es el deber de cuidado que la prescripción exige y en qué circunstancias resulta punible su violación (...) por otra parte, la indemnidad del principio de legalidad no tolera que, a través de un análisis aislado y meramente gramatical de la ley, desconectado del espíritu que la informa y apartado de las circunstancias de la causa, devengan desincriminadas por vía interpretativa ciertas conductas que sin duda alguna aquélla ha calificado indeseables para el orden social pretendido.Ello, porque al sistema de ilicitudes subyace la evidencia respecto de cuáles fueron los valores sopesados y los disvalores asignados en la tarea de diseño normativo y a los que se ha dado cuerpo de protección y consecuente reflejo punitivo..." -causa "Local Ritmo Bailantero" citada supra-.

A la luz de lo precedentemente expuesto, es posible divisar que la "generalidad" de la disposición denunciada en el libelo en modo alguno la tiñe de las deficiencias allí señaladas, en tanto es posible deducir sin mayor esfuerzo tanto la conducta que se desvalora en el ordenamiento de fondo -infracción al Código de la Edificación- como la que se demanda en el texto que completa el tipo en blanco -adecuación a los estándares del art. 4.7.1.4-, en miras del bien que se pretendió resguardar, esto es, la seguridad de los asistentes a las funciones del "cine-teatro" inspeccionado, todo lo cual permite descartar la alegada afectación de principios constitucionales.

Sentada la parcialidad de análisis que el apelante imprimió a esta parte de su ensayo y que concluye en la carencia de sustento legal de la infracción endilgada, las tachas con ella relacionadas como especies de aquel embate principal -improcedencia del requerimiento de probar una realidad diferente de la consignada en el acta, inexistencia de la infracción, vulneración de la garantía del debido proceso y del artículo 19 de la Constitución Nacional- caen sin más, por aparecer sostenidas en una construcción silogística cuya premisa mayor no posee el valor de verdad que le asigna el oponente. De la misma forma devienen por ello inatendibles las menciones de vaguedad del acta, pues, con sólo recurrir al espectro de hipótesis preventivas obrante en los párrafos voluntariamente sustraídos de la discusión por el quejoso, surgirán con nitidez los requisitos que debió cumplimentar el inmueble inspeccionado.

En cuanto a lo que parece ser una disconformidad respecto de la ausencia de previa intimación a subsanar las faltas advertidas, si bien ella trasunta en la pieza de promoción, antes que un agravio, una opinión secundaria -relacionada conciertasdeclaracionesperiodísticasvertidas porunfuncionariodela Causa Nº 27800-00/CC/2006. Sala II.

Administración- lo cierto es que tampoco resulta suficiente a fin de conmover la decisión del a quo. Con anterioridad nos hemos expedido en un planteo similar, en el sentido de que: "el decreto 29/9/936 [invocado por el quejoso] está dirigido a normar exclusivamente los casos en que el "Cuerpo de Bomberos" -Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal- sea quien lleve a cabo la inspección, en ejercicio de sus funciones de contralor de las actividades realizadas en locales de espectáculos.Es clara la disposición referida a que tal "Cuerpo" debe otorgar un plazo a fin de que se efectúen las reparaciones correspondientes; con posterioridad, y dada la hipótesis de incumplimiento, la "Inspección de Teatros" intimará su efectiva realización. Por ello, en principio, debe desecharse el argumento opuesto por el impugnante con fundamento en la disposición tratada, pues su presupuesto de aplicación es aquel en que quien previno fue el personal de bomberos y no el funcionario administrativo encargado de la verificación de infracciones al Régimen de Faltas"; pues "...el labrado del acta constituye la regla en aquellos casos en que la actividad de verificación sea llevada a cabo por el órgano administrativo en ejercicio del poder de policía que ejerza el respectivo contralor, y sólo cuando éste, por normas específicas, sea desempeñado de un modo diverso o alternativo respecto de la normativa procedimental de base -esto es, en los casos en que corresponda-, de esa forma será exigible el accionar de los preventores, y sobre ese sustento se examinarán las constancias del legajo a fin de expedirse sobre su validez" -causa Nº 306-00-CC/2005, "Cía Exhibidora Cinematográfica 'Los Ángeles' S.R.L. s/ Cables expuestos y otros - APELACION", rta. el 16/12/2005-.

Bajo tal óptica, el preventor ha obrado correctamente dando lugar a la acción de carácter público que sigue a toda falta -art. 2º L.P.F.- no bien comprobó su comisión, a través del labrado de un acta -art. 3º-, como era su deber.

Frente a este panorama, tanto éste como los anteriores denuestos formulados contra la decisión del Sr. Juez de grado resultan ajenos a las causales previstas en el artículo 56 del mismo ceremonial. En consecuencia, no habiéndose acreditado que la decisión recaída en estos autos configure un caso de arbitrariedad o de violación de la ley, ni existiendo inobservancia manifiesta de las formas prescriptas para el trámite o decisión de la causa, la vía intentada no habrá de prosperar, lo que así se decidirá.

En virtud de lo expuesto, y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal RESUELVE I.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 52vta./53 en cuanto dispone condenar a la firma "SEBASTIÁN MARTINEZ S.A.", por considerarla responsable de la infracción consistente en no adecuar debidamente los carteles indicadores de medios de salida (cfr. acta de comprobación nro. 20888958), a la sanción de multa de doscientos pesos ($200), cuyo cumplimiento se deja en suspenso, con COSTAS (arts. 4, 18 inc. 1º, 19, 28, 32 y 2.2.14 de la ley 451 en función del art. 4.7.1.4 del Código de la Edificación -OM 14.089-, BM 6764); arts. 33 y 55 de la Ley 1.217.

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal estructurada en el punto 7 del escrito recursivo -fs. 55-.

Tómese razón y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen, debiendo el Sr. Magistrado a quo ordenar las notificaciones que correspondan.

Sirva lo aquí proveído de atenta nota de envío.

Fdo: Fernando Bosch, Marcela De Langhe, Pablo A. Bacigalupo. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.