marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Apreciación de la prueba, derecho a la intimidad, grabaciones, medios de prueba, querella, recurso de casación penal, videofilmación
Materia: PROCESAL-CIVIL-CULTURA-EDUCACION-PENAL
Carátula: Querella formulada por Daniel Gervasoni por injurias  c/ Luis Meritello y Ricardo Meritello s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-02-28

Como los particulares no son los sujetos referidos o abarcados por la norma procesal respecto a la ilicitud o no del medio de prueba, en principio, son valorables, con la limitación para casos extremos de violación de los derechos humanos; creemos que si se obtiene una grabación admitiendo un hecho determinado bajo tortura, o se realizan filmaciones o fotografías que afecten, por ejemplo, la intimidad, y bajo coacción con uso de armas, verbigracia, o cualquier otro medio comisivo grave, serían la excepción a esta regla. Si se valoraran positivamente las pruebas por los órganos de investigación o persecución, cometerían una nueva violación independiente de los derechos humanos ya violados por el particular al obtener la prueba.
Empleo público, carrera administrativa, reescalafonamiento, facultades de la administración, facultades discrecionales, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Filipi, Beatriz c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Empleo Publico s/ Empleo Publico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

Las potestades discrecionales importan la inclusión en el proceso aplicativo de la ley de una estimación subjetiva de la propia administración, con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la atribución. La norma que establece la potestad discrecional remite parcialmente, para completar el cuadro regulativo de la potestad y de sus condiciones de ejercicio, a una estimación subjetiva administrativa. No caben dudas de que no es éste el caso del reencasillamiento dispuesto por la Ordenanza Nro. 45.199 y los decretos dictados en su consecuencia.

El legislador ha establecido, a través del Título V de la norma referida, el deber de la administración de proceder al reencasillamiento de los profesionales que al 1 de abril de 1992 prestaban funciones en la Subsecretaría de Acción Social, sin necesidad de concurso, determinando asimismo, las condiciones que los agentes debían reunir para acceder al nuevo escalafón. De esta forma, en caso de que un agente cumpliese con los presupuestos previstos en la citada Ordenanza para ser incluido en la carrera de Profesionales de Acción Social, la administración está obligada a proceder a su reencasillamiento, por imperativo legal expreso.

En consecuencia, la norma sobre reencasillamiento no dejó librada al ámbito de la discrecionalidad administrativa su implementación sino que, por el contrario, instituyó una obligación legal, expresamente reglada. Por ello, es competencia del órgano judicial verificar si, en cumplimiento de tal deber y ante solicitud expresa de parte legitimada en el marco de un proceso, la Administración ha procedido a reencasillar al agente que se encontraba en condiciones de acceder a nuevo escalafón.
Sentencia, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: OCHOA RAMON s/ CASACION PENAL - JUICIO DE REENVIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-12-24

Si el tribunal ad quem no anuló el primigenio decreto de citación a juicio, este paso en autoridad de cosa juzgada. De este modo, cuando la cámara en lo criminal volvió a citar a juicio, interpretando la sentencia de la sala penal del tribunal superior la justicia, al hacerlo sin competencia, produjo un acto nulo declarable de oficio (art. 18 CN), por lo que el ofrecimiento de prueba hecho por el fiscal es extemporáneo respecto del único decreto válido de citación a juicio y la pericia que de su aceptación por el tribunal ad quem surgió, resulta carente de todo efecto jurídico. Cierto resulta entonces que esa pericia, por ser ilegalmente obtenida, no debió ser introducida al debate (art. 417, Inc. 3° CPP) y por ello la sentencia que en ella se fundó de modo decisivo resulta ilegalmente motivada, en el extremo referido a la circunstancia calificante del apoderamiento violento cometido por el imputado, esto es, "con armas" (que para ser tales, cuando son de fuego, deben tener capacidad operativa).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Paoli, Héctor Antonio s/ Homicidio en ocasión de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se omite denunciar -en juicio oral- el art. 286 del Código de Procedimiento Penal, pues ésta resulta la norma regulatoria de la prueba en esta clase de juicios (art. 355, C.P.P.).
Caducidad de instancia, indivisibilidad de la instancia, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ILLANES Roberto Santiago y Otra c/ Toledo Juan Carlos y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-03-31

La indivisibilidad de la instancia se da en todos los casos y que el art. 296 no hace ninguna distinción al respecto. El artículo 296 de nuestro Código Procesal: ". . .La norma se inspira en el principio de que la existencia de partes múltiples no altera la unidad del proceso ni, por lo tanto, la de la instancia, que es insusceptible de fraccionarse sobre la base del número de sujetos que actúan en una misma posición de parte (supre, N 255). [. . . ] La indivisibilidad de la instancia funciona con independencia del tipo de litisconsorcio de que se trate (necesario, cuasi necesario o voluntario) y de la naturaleza del derecho invocado como fundamento de la pretensión. [. . .] Por otra parte, aunque aparentemente el art. 312 CPN pareciera contemplar solamente el caso de litisconsorcio activo, el principio de la indivisibilidad de la instancia determina también su aplicabilidad a los supuestos de existir pluralidad de sujetos demandados.

Mediando litisconsorcio pasivo, por lo tanto, los actos de impulso ejecutados contra uno o varios de los demandados revisten suficiente virtualidad para interrumpir el curso de la caducidad con relación a los restante".
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OLIVA, JESUS ALBERTO c/  s/ DELITO CONTRA LA LIBERTAD, PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, AMENAZAS CALIFICADAS, DELITO CONTRA LA PROPIEDAD, ROBO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-17

En torno a la supuesta arbitrariedad en el modo de aplicar la pena, la quejosa se conforma con abstractas referencias de afectación al principio de readaptación social y al plazo razonable, mas no se hace cargo de rebatir la respuesta dada por los Magistrados en la selección de la pena a aplicar, con fundamento en las pautas mensurativas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal como así también justificando su modalidad de cumplimiento; y los mismos, podrán ser compartidos o no por la compareciente, pero lo cierto es que no alcanza con sus genéricas alegaciones -en las que ni siquiera explica concretamente las razones por las que estima que la reducción debió ser mayor- a convencer de que lo decidido carezca de suficientes motivos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por lo que los planteos no habilitan la apertura de esta instancia de excepción. - CITAS: CSJN: Fallos 312:551; 315:807 y 324:4170; CSJStaFe: AyS T 204, p 224; T 219, p 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41.
Accidentes de trabajo, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Bustos Lara, Héctor Hernán c/ Didier García Asociados y otra s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-04-02

En toda reparación de daños, los datos para determinar el quántum del acto jurisdiccional están a la mano del juzgador conforme a expresas líneas directrices de dicho ordenamiento, sean substanciales, adjetivas, jurisprudenciales, doctrinarias o de la costumbre, cuando es autorizada, e invariablemente pasan por el cálculo, por el sistema de signos y las expresiones o fórmulas del mismo obtenidas por medio de las reglas de formulación. Nada resuelve ni aporta, un abstracto planteo o mera oposición sin contenido, que en estas cuestiones se conducen jurídicamente por el sendero de la aplicación de las matemáticas como ciencia integradora e incuestionablemente complementaria. Nada agrega al derecho, meros cuestionamientos sobre el uso o no uso de fórmulas polinómicas, porque cálculo y fórmula son el mismo ente abstracto. Basta conque el modo de arribar al monto resarcible contenga los conceptos fundamentales de: consistencia, completividad, decidibilidad e independencia
Astreintes, legitimación pasiva, Estado Nacional
Materia: CIVIL
Carátula: MACIEL, GREGORIO c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-06

Sanciones como las astreintes son, por principio, ineficaces cuando el sujeto pasivo se vincula con el Estado, cuya solvencia patrimonial se entiende como absoluta, de modo que no puede resultar comprometido de esta forma. Se requiere -asimismo- una conducta del deudor que de cuenta de un ánimo doloso o de una actitud negligente.
Administración Pública, interpelación, juicio de apremio, costas, expropiación, sentencia
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ MUGUERZA Y MORANDO Y OTROS s/ EXPROPIACION.    INCIDENTE DE APREMIO REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 12-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-17

Corresponde imponer las costas en el orden causado en un juicio de apremio, si éste fue interpuesto antes de cumplido el plazo de intimación previa por sesenta días que exige la ley 7234, pero en definitiva fue admitido porque el título se consolidó por el transcurso del tiempo; y la objeción planteada por la demandada se rechazó por haber errado ésta, -al interponer la revocatoria prevista por el artículo 17 de la ley orgánica de los tribunales-, la vía para oponerse a su procedencia.
Daños y perjuicios, valor vida, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: FARRE ANTONIO RODOLFO Y OTROS c/ DISCO  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

En el tratamiento del daño moral no puede atribuirse a la vida humana un valor en sí misma, aspecto que incide para la consideración de lesiones no mortales debiendo resarcirse sólo el daño moral que causa a aquéllos que resultaron afectados por las lesiones sufridas por un pariente, ponderando además, a los efectos indemnizatorios, el grado de parentesco, circunstancias personales de la víctima, constancias económicas, etc. La vida humana tiene un valor en sí mismo. Aún admitiendo, que el resarcimiento del daño moral reviste un carácter ejemplarizador y no punitivo, esta postura no da lugar al rechazo de atribuir valor a la vida humana. (Del voto de la mayoría).
Usurpación de inmueble, despojo, cambio de cerradura
Materia: PENAL
Carátula: TRAMONTI, A. s/ USURPACION DE INMUEBLE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-23

La actividad desplegada por la procesada, al haber cambiado la cerradura del departamento usurpado, al margen de haber impedido los exámenes correspondientes sobre la originalmente colocada, significa tanto como oponer obstáculos rotundos a la posesión del propietario y recayó sobre un objeto que indica la resistencia a la ocupación del inmueble por intrusos; siendo ese acto significativo de la violencia requerida por el tipo penal.
Accidentes de trabajo, prueba testimonial
Materia: LABORAL
Carátula: Carabajal Enrique M. por su hijo Rubén Carabajal. c/ Guillermo A. Yulans. s/ Laboral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-03-31

Se agravia el demandante porque el Juez tiene en cuenta las testimoniales ofrecidas por la demandada,hago notar que los mismos no fueron cuestionados,temporariamente(art.100 ley 2383),en lo que sí coincido es que todos son de relativa importancia,pues son posteriores al hecho en sí que no presenciaron,pero ello no deriva en tener por cierto que el accidente haya ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo.
Juicio, trámites judiciales, formalidades procesales, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS c/ GIROLAMI, JOSE D. Y/U OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- EJECUCION FISCAL (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 166 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

El proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte.
Concursos, efectos de la apertura, intervención de terceros, intervención obligada, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA VIVIENDA, CRED. Y CONSUMO DIELMAR LTDA. c/ TIA SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

Si la accionada en un proceso ordinario, solicito la citación de un tercero en los términos del cpr 94, la posterior declaración de falencia del citado, no torna operativo el fuero de atracción previsto por la LC 21. Ello, pues se trata de la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva y, la condena que eventualmente pudiera dictarse en la causa, no podrá ser ejecutada contra el tercero -en el caso, el citado concursado-. La regla del cpr 96, por la cual la sentencia lo afecta como a los litigantes originales, no significa que pueda recaer condena sobre el sino que, para la hipótesis de que esta fuera condenatoria constituye un antecedente favorable respecto de la pretensión de regreso que se le interponga, toda vez que el citado como tercero por el demandado no es un nuevo demandado. Por ende, al no tratarse de una acción ejercida contra el tercero que ha sido citado, no resulta operativo el instituto del fuero de atracción (LC 21-1º), toda vez que no se configura uno de los presupuestos fácticos esenciales, es decir, que este dirigida contra el concursado.
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Consorcio prop. Edificio Sta. Teresita c/ Zicaro, Carlos s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-27

Importa por parte del actor el correcto ejercicio del derecho de opción que en razón de su domicilio la ley acuerda, al ocurrir al Juzgado Civil y Comercial en turno, en vez de hacerlo ante el Juzgado de Paz. Nada obsta la declaración de incompetencia por parte de aquél y el consentimiento del propio actor por cuanto ello equivaldría a una renuncia no formulada, y en su caso, prohibida (art. 3ro. inc. 6to. Dec-Ley 9229/78, texto según Ley 10.571).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, declaración de oficio, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Rolon, Orlando S. c/ Jefe del E.M.G.E. s/ diligencia preliminar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-05

Para declarar la caducidad de oficio corresponde efectuar una sucinta fundamentación y exponer desde cuando rige la inactividad procesal y cual ha sido la última actuación impulsora del procedimiento, pues de lo contrario la resolución es nula (conf. Fassi, S.C. -Yañez, C.D. "Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado", T. 2, pág. 688 y su cita de jurisprudencia en nota 10).
Suspensión del juicio a prueba, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: Campos, Luis alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30

La garantía constitucional de la presunción de inocencia reclama que sólo puede otorgarse el trato de "condenado" cuando existe una sentencia condenatoria en contra del imputado; por ello, para que la comisión de un nuevo delito opere como causal de revocación de la suspensión del juicio a prueba, no basta con atenerse a la mera fecha de comisión del nuevo hecho criminal, sino que es necesario además, que una resolución judicial -pasada en autoridad de cosa juzgada- efectivamente determine la responsabilidad penal del encartado. La disidencia sostuvo que -sin considerar de ninguna manera culpable al justiciable- resulta razonable reclamar para tener por acaecida la hipótesis "comisión de un nuevo delito", que en relación al mismo exista un auto de mérito que imponga la exigencia de desechar la existencia de una mera falsa denuncia y ello resultará presente toda vez que en relación al hecho se hubiere dictado, al menos, auto de procesamiento; pues de otra manera se tornaría de imposible aplicación la revocatoria del beneficio por la comisión de otro delito.
Actualización monetaria, pautas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dignani, Nazareno Luis c/ Consorcio Torre Moreno y otros s/ Cobro de australes y revisión de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

El juez puede recurrir a las "máximas de experiencia" para adecuar el reajuste de un crédito.
Competencia contencioso administrativa, habilitación de instancia, preclusión, debido proceso
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Carena de Crippa, María Teresa c/ Municipalidad de Córdoba. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-12

Si el juicio fue sustanciado sin que la demandada opusiera como excepción o como defensa la falta de agotamiento de la vía administrativa, la resolución que rechazó la demanda porque no había cumplido tal recaudo, vedó a la actora la posibilidad de efectuar el descargo correspondiente y desbarató una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión, en desmedro del debido proceso de la recurrente, que vio clausurada la posibilidad de obtener una decisión sobre el fondo de la cuestión.
Derecho procesal, orden de allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: García, Julio Cesar y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-30

Aun cuando el juez en persona conduzca la diligencia, ello debe haber sido dispuesto por escrito y sólo así puede prescindir del mandamiento. Este documento, sin embargo es obligatorio cuando el magistrado ha dejado en manos de otro el cumplimiento operativo del registro (Voto del Dr. Tragant).
Recurso de casación penal, duración del proceso, derecho a la sentencia, resoluciones equiparables a definitiva, tratados internacionales, procedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: AL KASSAR, Monzer s/ excp. de falta de acción...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-01

Si bien las decisiones cuya consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso criminal no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales, se han admitido como excepción, los casos en que se haya alegado la afectación a la garantía constitucional de ser juzgado en plazo razonable -art.

18 de la Constitución Nacional y arts. 7, inciso 5 y 8 inciso 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y quepa presumir que hasta la sentencia final pueda transcurrir un lapso tan prolongado que, por si solo, irrogue un perjuicio que no podrá ser ulteriormente reparado (C.S.J.N. "BARRA, Roberto T.

s/defraudación del 9.3.2004 con remisión a los votos en disidencia de los Jueces Petracci y Boggiani y Fayt y Bossert en Fallos 322:360 y Fallos 301:197; 306:1688; 316:1328 y 323:982.).
Usurpación, orden de captura, proporcionalidad de la pena
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Leiva Medina, Freddy Martín y Otros c/  s/ Art. 181, inc. 1° del C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-15

La orden de captura resulta improcedente en la causa donde se imputa a los encartados de la comisión de delito de usurpación pues, en el peor de los casos, la ejecución de la condena que recaiga sobre los mismos no sería de cumplimiento efectivo dado que el mínimo de la escala penal -6 meses de prisión- permitiría aplicar en el caso penas alternativas -art. 35 y 50 de la Ley 24.660-, de modo que dicha orden vulneraría el principio de proporcionalidad.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frigorifico San Telmo SACIAFIF s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

No revistiendo el peticionante calidad de acreedor del fallido, ni contando con un crédito verificado que le autorice a cobrar suma alguna de bienes del patrimonio de este último, y resultando la solicitud de ejercicio de un derecho que le es inherente, ajena a estos actuados, se estima que, mas allá de las acciones que por la vía pertinente pueda en el caso de ser necesario articular, su petición no merece andamiento en la quiebra.
Prescripción, plazo, compraventa mercantil, cuentas de venta
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO REGIONAL DEL SALADO SA c/ VERNA, JORGE s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-16

Cuando se trata del reclamo de cobro de deudas justificadas por cuentas de venta liquidadas o que se presumen liquidadas, corresponde aplicar el termino de prescripción de cuatro años mentado por el ccom 847.
ECUADOR, presidente de la corte interamericana, admisibilidad de la prueba, reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso García Ibarra y familiares Vs. Ecuador S/ Resolución del Presidente de la Corte Interamericana c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2014-12-10

Conforme las atribuciones otorgadas por el Reglamento de la Corte Interamericana, corresponde a su Presidente examinar la admisibilidad de los peritajes ofrecidos por los representantes de la presunta víctima -en el caso que se pretende la declaración de responsabilidad internacional del Ecuador por el asesinato de un adolescente a manos de un agente de la Policía Nacional, condenado en sede interna casi una década después y a una pena exigua en relación a los hechos probados-, la admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana, la solicitud de formulación de preguntas a los peritos ofrecidos por el Estado, la modalidad bajo la cual se recibirán las declaraciones y dictámenes periciales y los alegatos, observaciones finales y escritos.
Régimen de consolidación de deudas, regulación de honorarios, títulos públicos, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Hermida Oscar y otros c/ E.N. -Mº de Ed. y Justicia s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-10

Habiéndose fijado en el auto regulatorio la fecha a la cual se ha considerado el monto de los honorarios, es a partir de esa fecha que el capital de la deuda en tal concepto, devengará los intereses correspondientes, pero no antes, en razón del carácter esencialmente indemnizatorio de la privación temporaria de aquél que poseen los intereses. Por consiguiente, al cancelarse la deuda con títulos públicos que incluyen renta generada con anterioridad a la fecha de la regulación, procede aplicar el valor técnico de esos bonos correspondientes a la aludida fecha posterior para evitar así el pago de intereses no adeudados.
Prescripción, responsabilidad contractual, daño moral, prescripción decenal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FARMACIA RINCON c/ I.O.S.  Y OTROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-10

Por tratarse de un daño moral fundado en la responsabilidad contractual, resulta aplicable la prescripción decenal.
Desprocesado, declaración indagatoria
Materia: PENAL
Carátula: GRASSI, LEONARDO. s/ DESPROCESAMIENTO - NULIDAD PROCESAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-08

Quien ha sido desvinculado del proceso en virtud del instituto del desprocesamiento, no puede ser introducido nuevamente al juicio si no se invoca el estado de sospecha que prevé el art. 236 del C.P.C.