marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daño moral, prueba
Materia: PENAL
Carátula: C. A. T. C/C. N. Z. c/  s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2016-10-27

La mayoría de la jurisprudencia y de la doctrina al interpretar el art. 1078 C.C. (hoy art. 1741 CCyC), no exigen demostración terminante de la existencia del daño moral ante la comisión de un ilícito civil, ya que consideran que es una prueba que aflora por la fuerza de los hechos mismos (in re ipsa).
Daños y perjuicios, costas, culpa concurrente, recurso de casación, procedencia parcial, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/ Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-17

Como primer agravio, la demandada cuestiona la distribución de costas, las que le fueron aplicadas en su totalidad, aduciendo que de este modo se ha violado la doctrina legal de la Corte, conforme a lo resuelto en el fallo "Roncoroni y otros s/homicidio Culposo".

Si bien es reiterada la jurisprudencia que postula que, en los juicios de daños y perjuicios, las costas, por su naturaleza resarcitoria y por el principio de reparación integral, deben ser impuestas al responsable de la indemnización, aún cuando la demanda no prospere íntegramente, configura una excepción a esta regla el caso de acogimiento parcial de la demanda por distribución de responsabilidad.

En efecto, no parece razonable que determinada la culpa concurrente en el hecho dañoso, el demandado deba cargar con la totalidad de las costas, dejando de lado, sin más, la aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 71 del C.P.C.C.

Del voto del Dr. Cippitelli
Allanamiento, facultades jurisdiccionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORPUS CARLINA; COMÁN MIRTA Y OTRAS c/ MUNICIPALIDAD DE QUIMILÍ s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-18

La esencia de la función jurisdiccional consiste en la resolución de los conflictos de intereses que se suscitan en el seno de la sociedad, a fin de restablecer la paz social, condición necesaria para el desarrollo y progreso de la misma; sin embargo, como se ha sostenido con especial referencia al allanamiento: repugna al más elemental criterio jurídico que pueda el Juzgador compeler a las partes a mantener un conflicto que entre sí ya no tienen" y que conservan los contendientes, su potestad de disposición procesal por medio de allanamiento, desistimiento y transacción. Las partes tienen derecho de componer sus intereses litigiosos y de poner fin a los pleitos cuya terminación procuran en los términos que estiman convenientes para sus respectivos intereses.
Prueba pericial, dictámenes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Menconi c/ Bonsignores s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

Si las impugnaciones al dictamen pericial se formulan al contestar el traslado del art.473, corresponde correr nuevo traslado a la otra parte, pero no a los peritos, pues éstos no son alcanzados por el incidente que ha de resolverse en la sentencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Indemnización por accidente de trabajo, gratificaciones
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, Ernesto c/ GRANDES FABRICAS ARGENTINAS SA s/ accidente ley 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Si el principal abona una gratificación (que no es otra cosa que una retribución tendiente a recompensar o galardonar pecuniariamente un trabajo o servicio, expresamente regulada por la ley laboral: art.

104 LCT) parece evidente que no puede atribuírsele el efecto de cancelar, anticipadamente, lo que posteriormente se compruebe como adeudado en concepto de la indemnización prevista en las leyes de accidente. Más aun, de otorgársele esa condición, se daría la cruel paradoja que resultarían mejor "gratificados" aquellos trabajadores sanos que quienes por encontrarse disminuidos en su capacidad laborativa con motivo de la relación laboral formalizaran alguna acción en tal sentido.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lerner, Leonardo s/ Incidente s/nulidad de diligencia en autos: Rodriguez, Basigalup s/  incidente de ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Las providencias que imponen un llamado de atención a las partes y a los profesionales intervinientes en el juicio no son -en principio- apelables, pues constituyen nada más que una prevención.-
Delegado gremial, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: GIACOMELLI CRISTIAN ALDO c/ HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA s/ DEMANDA - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-11-15

La acción de exclusión es de carácter preventivo. Sólo persigue el desafuero de los trabajadores amparados por la estabilidad sindical.En ella no se discute la justicia o no de la sanción cuya aplicación se pretende, lo que tendrá lugar en juicio amplio posterior. Si, en el caso, tal proceso con las garantías debidas -amplitud de prueba y debate-se llevó a cabo, lo expuesto impide volver sobre la decisión recaída en el mismo, esto es, que la causa invocada por la demandada para rescindir el vínculo -el hecho configurante de la injuria era ejeno a la gestión gremial -fue acreditada, lo que determinó el rechazo de las indemnizaciones por despido incausado. Ello es así , porque la ley 23.551 protege la actividad sindical en el marco de la relación y no al dirigente como sujeto de un fuero especial.-
Prescripción adquisitiva, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Galdi Magda Elena c/ Sanchez Clotilde del Pilar s/ Reivindicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-28

Si bien es cierto que la Casación provincial ha relativizado - en cierta forma - la prueba del pago de impuestos, en la medida que existan otros medios de convicción fehacientes, también lo es que su cumplimiento no carece de absoluta relevancia a fin de exteriorizar el aludido animus.-
Subasta judicial, nulidad de la subasta, falta de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: A. DE E.C. c/ E.J.C. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-10

Para que corresponda declarar la nulidad de una subasta judicial es necesario, entre otros recaudos, que exista un vicio no imputable a quien plantea la invalidez del acto. Si ninguna de tales exigencias se tipifica ya que, ni siquiera se intentó probar, la afirmación de que el precio obtenido era bajo -tanto menos vil-, como era carga del nulidiscente, ello impide tener por acreditada la existencia del defecto invocado.

Aún admitiendo que no se realizó propaganda adicional si la concretada lo fue en medios de gran difusión y con un destacado aviso en la sección pertinente de uno de los diarios -Clarín- no está demostrada la necesidad de aquella, ni tampoco su influencia decisiva para obtener un precio mayor.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, carácter excepcional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: WALTER CADENA c/ EMPRESA GRAL. BELGRANO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1995-12-28

Para que la vía del amparo pueda ser practicable y como consecuencia procedente la protección requerida, la conducta u omisión lesiva debe ser ilegal o arbitraria y además mostrarse con una magnitud tal que pueda ser captada de una manera fácil e indudables. Es decir que tal virtualidad jurídica debe presentarse como manifiesta ya que el amparo permite una escasa amplitud de debate y prueba.

La acción de amparo es excepcional porque implica sacar la decisión del caso de sus autoridades naturales cuando está pendiente la vía previa o se interpone en reemplazo de la vía paralela o concurrente, lo cual resulta en principio improcedente. Por ello, no puede tener por finalidad obviar o urgir el trámite de los procedimientos administrativos o judiciales previstos legalmente o reglamentariamente para el logro del resultado que con él se procura, ni resulta apto para autorizar a los jueces irrumpir asuntos ajenos a la jurisdicción que por la ley tienen conferida alterando el normal juego de las instituciones.
Administración Pública, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Alba Quintana, Pablo c/ GCBA s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

Los jueces no pueden decidir directamente cómo afectar los recursos públicos, facultad esta última privativa del Poder Legislativo y, por ende, ajena al Poder Judicial, y menos aun hacerlo sin siquiera contar con elementos que muestren qué impacto puede tener esa resolución en el presupuesto. (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, procesamiento, falta de mérito, AFIP DGA
Materia: PENAL
Carátula: GENTILE, Oscar y otro s/ falta de mérito Causa nro. 26.739
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

Debe confirmarse la resolución favorable al funcionario público investigado por falta de mérito, pues el Sr. Juez a-quo no culmina su fundamentación simplemente en que las adquisiciones de bienes provenían de momentos anteriores a su desempeño como Secretario del Interior en la Administración Nacional de Aduanas -atento que el art.

268 del C.P. es claro en cuanto requiere simplemente la previa asunción del cargo-, sino que profundiza en la explicación de la justificación de cada uno de los bienes, observándose que la misma es lo suficientemente aceptable a esta altura de la investigación como para permitir el dictado del auto en los términos del art. 309 del Código Procesal Penal.
Prenda comercial, prenda con registro, nulidad del contrato, nulidad relativa
Materia: COMERCIAL
Carátula: PELUSO DE STOK, AMELIA c/ PELUSO, MARIO s/ INC. CPR 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-20

La violación de la norma de la ley 12962: 5 apareja una nulidad relativa (CCIV 1045), y como tal confirmable.
Requerimiento de instrucción, querellante, desestimación de la denuncia, impulso de parte
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " TISCORNIA, Guillermo s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-10

Tal como lo señalara esta misma Sala al resolver los autos n° 24.596 (Reg. n° 26.578, rta. el 27.3.07), "los derechos y facultades del particular ofendido como sujeto procesal hallan amparo en la garantía constitucional del "debido proceso", que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (C.S.J.N. Fallos 321:2021 "SANTILLÁN", rta. el 13.8.98). Ello, en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado de modo implícito en el artículo 18 de la Constitución Nacional y cuyo alcance como posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional en procura de Justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes, es coincidente con el que le otorgan los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". En este sentido es que la actuación de la parte querellante debe reconocerse en el ordenamiento ritual de forma independiente no adhesiva- al ejercicio de la acción pública por el Ministerio Público Fiscal (conf. de esta Sala, c. n° 23.277 "ALARCÓN", rta. el 27.12.05, reg. n° 24.664; c. n° 23.228 "SANTIBÁÑEZ", rta. 2.3.06, reg. n° 24.842; c. n° 23.433 "ARIC EXPRESS", rta. el 29.3.06, reg. n° 24.923; c. n° 23.476 "CAMPOS", rta. el 17.3.06, reg. n° 24.894; c. n° 23.445 "ESPÓSITO", rta. 4.4.06, reg. n° 24.945; c. n° 23.658 "PAPPALARDO", del 25.4.06, reg. 25.025; entre otras)". Se ha resuelto en esta línea de interpretación, que "el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal, o en la etapa de juicio, sin que sea necesario, a tal efecto, el acompañamiento del Ministerio Público", aún cuando la intervención del representante de la vindicta pública siga siendo indispensable, aunque más no sea para defender la legalidad y los intereses de la sociedad (C.N.C.P. Sala II, c. 5926 "Baza, Gustavo Daniel s/recurso de casación", reg. 8128.2, rta. 23.11.05; C.N.C.P. Sala I "LINARES, MARTÍN MAXIMILIANO S/RECURSO DE CASACIÓN", reg. 7721, rta. 6.6.05; con citas de C.S.J.N. Fallos 321:2021).
Acción de amparo, carácter excepcional, Ley de Amparo, aplicación de la ley, reforma de la constitución, reglamentación de la ley, falta de reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GUEZAMBURU, ISABEL c/ IOS s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-12

A mayor abundamiento, cuadra poner de manifiesto que la desafectación del ordenamiento jurídico de las limitaciones legales que impone la Ley 16.986 -en la medida que no sean incompatibles con el nuevo texto constitucional-desnaturalizarían ésta acción, habida cuenta que 1) los jueces -frente a la ausencia de previsión legal- se encontrarían facultados para sustituir los trámites pertinentes por otro más conveniente o expeditivo (negado en Fallos: 295:132, los allí citados, 300:688 y 302:503); 2) cualquier controversia de derecho podría eventualmente promoverse por esta vía, transformando al amparo en el procedimiento común, y al proceso ordinario en lo excepcional;

y 3) significaría olvidarse que la negación de la vía del amparo no importa cosa distinta que la situación común de toda persona de procurar el reconocimiento judicial de sus derechos por los procedimientos judiciales ordinarios (Fallos: 291:453, y ED, 114-705;

117-707). (Del voto en disidencia del Dr. de las Carreras).
Indemnización por muerte, pérdida de la chance, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: JACQUET, MIGUEL ALFREDO Y OTRO/A c/ BALMACEDA, CRISTIAN DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM.C/LES.O MUERTE (EXC.ESTADO) (99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-08-30

El valor de la vida en sí en términos económicos, es la indemnización a título de chance como ayuda económica del hijo a sus padres. De tal modo que los ascendientes, no obstante su calidad de herederos necesarios, no son titulares de la acción especial acordada por los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil pero están legitimados como terceros damnificados (art. 1079 del Cód. Civil) en la medida en que demuestren haber sufrido, como consecuencia del delito o cuasidelito que costó la vida del descendiente, un daño cierto.
Expropiación, declaración de inconstitucionalidad, bienes públicos del Estado, declaración de utilidad pública, parques nacionales
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Administración de Parques Nacionales c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-03

La ley V-0721-2010 de San Luis que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos previamente cedidos por la provincia al Estado Nacional sobre los inmuebles afectados al funcionamiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas es inconstitucional, pues la vía elegida por el legislador provincial implica una alteración del reparto de competencias que establece la Constitución en el artículo 75, inciso 30, en tanto desconoce el interés público que determinó la creación del establecimiento, el cual se ha mantenido en el tiempo al no haberse modificado su finalidad por parte del Congreso Nacional, único órgano constitucionalmente habilitado al efecto.
Alimentos, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cardozo, Susana A. c/ Galvani, Hector E. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-26

El derecho a las cuotas atrasadas sólo se pierde por prescripción, faltando una norma legal que autorice a declarar extinguido el derecho a cobrar cuotas de alimentos devengadas y no reclamadas en un tiempo razonable. Por el contrario, una decisión pretoriana que acoja tal solución, pugnaría con lo dispuesto por el artículo 4027 inciso 1 del Código Civil, según el cual la obligación de pagar los atrasos de pensiones alimentarias se prescribe por cinco años.
Cuestiones de competencia, competencia penal, competencia contencioso administrativa, inundación
Materia: ADMINISTRATIVO-AGUAS-CONTRAVENCIONAL-MEDIO AMBIENTE-PROCESAL-RECURSOS NATURALES
Carátula: Defensor Oficial de responsabilidad juvenil s/ diligencia preliminar - conflcito de competencia Art. 7 inc. 1 Ley 12.008
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-04-17

Es competente el fuero contencioso administrativo para entender en el pedido del Defensor Oficial ante el Fuero de Responsabilidad Juvenil, referente a que se diligencien con urgencia medidas de prueba anticipada para que se le brinde información pública ciudadana, en particular, respecto del número de víctimas fatales derivadas del temporal ocurrido en la ciudad, ya que existe una gran cantidad de denuncias sobre jóvenes y niños desaparecidos, y el reclamo de información adecuada frente a la administración pública, se relaciona con la actuación u omisión de órganos estatales en el ejercicio de funciones administrativas, todo ello sin perjuicio de que, la actividad desplegada en el marco de las actuaciones administrativas no podrá incursionar en torno de la comisión de presuntos delitos, lo cual es competencia exclusiva del fuero penal.
Inadmisibilidad del recurso, prescripción de la acción penal, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente, fraude, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: DE MARCHI, Dardo Luis José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde declarar inadmisible el recurso contra la resolución que no hizo lugar a la prescripción de la acción penal toda vez que, la decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni equiparable a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, tampoco se ha demostrado una cuestión o agravio de naturaleza federal Sin entrar en detalles para no emitir opinión sobre el fondo del asunto, corresponde señalar que la hipótesis delictiva propugnada por los acusadores (art. 303 del C.P. -lavado de activos-) no puede, de momento, ser descartada. Es decir, la hipótesis delictiva sostenida por la acusación, cuál es que el encausado aplicó, a sabiendas de su procedencia ilícita, fondos resultantes del fraude a los ahorristas del banco (bienes primigenios) para financiar el montaje, gestión y explotación comercial de la cadena de gimnasios -establecimientos que aún operan como tal en el mercado local- (bienes subrogantes), en modo alguno puede ser desechada. Con todo ello y ceñido a la doctrina que expresa que a los efectos de decretar la prescripción de la acción penal el magistrado debe circunscribir su análisis a la calificación legal más gravosa que razonablemente pueda corresponder a los hechos atribuidos, sumado al hecho de que el delito -al decir de la acusación- se vendría desarrollando desde el 6 de agosto de 1999 -fecha de constitución de la firma como sociedad anónima- ininterrumpidamente hasta la actualidad (delito permanente), queda en claro que la decisión que no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción se ajusta a derecho.
Medidas cautelares, caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Rauch c/ Molinuevo de Ascazuri Florentina E. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-15

Por vía de principio las providencias cautelares no interrumpen la caducidad, salvo supuestos en que instan la instancia (vgr. embargo en proceso hipotecario para su ejecución, secustro si tiende a la incautación del bien prendado para subastarlo). Esto es así, pues en general estos proveídos no tienen por objeto el impulso del procedimiento, solo tienden a otorgar seguridad a las pretensiones de una de las partes sin afectar el trámite específico de la causa.
Recusación, Superior Tribunal de Justicia, Municipalidad
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SALVIA, FRANCISCO VICTOR Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA     RECUSACION CON CAUSA DEL DR J ITURRASPE CSJ EXPTE NRO 208-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-10-26

Resulta gravemente temerario vincular el resentimiento del Magistrado -tomado como causal de recusación- a una determinada militancia política anterior de éste, de distinta afinidad partidaria que los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal, ya que con ello parece estar reconociéndose que la Municipalidad inviste un cierto color político intrínseco diferente al que alienta el Magistrado y pone en serias dudas la idoneidad funcional de éste, quien -a tenor del escrito donde se solicita el apartamiento- dictaría sus resoluciones por motivaciones políticas más que por razones jurídicas.
Responsabilidad médica, mala praxis, consentimiento informado, historia clínica
Materia: CIVIL
Carátula: Sosa, Soledad Estefania c/ Hospital Rio Uruguay y otro s/ ordinario daños y perjuicios (conexidad con beneficio)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-16

El hecho que el consentimiento no hubiere sido informado y libre no implica necesariamente que el médico hubiere incurrido en mala praxis. Para determinar esa circunstancia debe acudirse a la restante prueba.
Contrato de garaje, alquileres, falta de pago, ejecución de alquileres, derecho de retención, titular del automotor, conductor no titular
Materia: COMERCIAL
Carátula: TIEBOUT, JUAN CARLOS c/ APARICIO, JORGE HUMBERTO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-06

Procede que el propietario de un garage reclame judicialmente el pago de los alquileres mensuales que le eran debidos por la guarda de cierto automovil (a cuyo respecto expuso ejercer derecho de retención), no sólo contra el usuario del vehículo sino también contra su propietario, cuando -como en el caso- respecto de este coaccionado surge que el pretensor ignoraba que era titular del rodado que guardo en su garage. Ello pues, es notorio que según "el común acontecer de las cosas", los empresarios de garage no solicitan ni exigen que sus clientes demuestren su propiedad de los vehiculos que dejan en el establecimiento de que se trate, por lo que cabe presumir razonablemente que el accionante ignoraba que el usuario del automovil no era su propietario. Máxime, si el reclamante conoció el estado de dominio del bien a partir del momento en que solicitó informes sobre el mismo al registro de la propiedad del automotor, como consecuencia de la falta de pago de los citados alquileres. Por tanto, de tal circunstancia puede inferirse que al tiempo del perfeccionamiento contractual, cuanto al de su posterior cumplimiento por parte del actor e incumplimiento del usuario del automotor, el garagista ignoraba que este no era su dueño.
Transacción, cosa juzgada, aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: J. CHEDIAK SAICA c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE HABERES - MONEDA - DESAGIO-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-17

La transacción produce como efecto fundamental la extinción de los derechos y obligaciones que habían sido objeto de ella y tiene para con las partes la autoridad de cosa juzgada (art. 850 CC), por lo que la pretensión de que mediante la aplicación de normas posteriores - Decretos 1096-85 y 1725-85- se afecte la decisión que reviste aquel carácter importaría un desapoderamiento prohibido por la garantía constitucional de la propiedad.