marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sobreseimiento, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: Macua, Jorge Ricardo s/ Lesiones culposas y Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-15

Otro grave vicio también invalidante se observa en el auto de sobreseimiento, donde en forma insólita e infundada desincrimina definitivamente al inculpado, con una causal que solamente puede caber en la imaginación del a-quo. Sin más e invocando el inciso segundo del art. 335 del Cód. Procesal Penal, sobresee al imputado de los delitos de Lesiones culposas y Homicidio culposo.Los despropósitos jurídicos del auto en análisis no terminan allí toda vez que lo sobresee también del delito de Lesiones culposas, sin decir nada sobre el mismo, es decir lisa y llanamente omitió referirse a tal cuestión, pretendiendo cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso, con dicha medida. Sostiene el a-quo que el sobreseimiento "ha quedado firme porque el Fiscal no apeló, con lo cual parece ignorar la incorporación del Querellante y la víctima con rol protagónico en el proceso, incluida la facultad de apelar el sobreseimiento -como bien sostienen los impugnantes- lo que se tiende a subsanar la ausencia del fiscal con un rol protagónico en el proceso, impugnando aquellas resoluciones como la presente, que aparece tronchando una causa grave, con la pérdida de una vida y lesionada otra persona, virtualmente sin fundamentos, cuando se requiere un Estado de certeza negativa desincriminante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Medidas cautelares, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Falciglia, Miguel Angel c/ Tomas Hnos. y Cia. S.A. y otros s/ Levantamiento embargo sin tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

Cuando el embargante ha originado con su conducta procesal la necesidad de promover una tercería de dominio o el levantamiento de embargo sin tercería, por haberse trabado esa cautelar indebidamente sobre bienes que no eran del deudor, tal necesidad quita toda fuerza eximitoria al allanamiento (arts. 69 y 70 inc. 2do. cód. proc.).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: AUTOMOTORES CASAS S.A.C.I.F.I. c/ ALBERTO ENEAS FIGUEROA s/ EJECUCION PRENDARIA-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1995-08-30

La resolución del a-quo que decide sobre la nulidad de las sentencias dictadas en la instancia de mérito, por encontrarse pendiente de resolución la acción penal, carece de requisito de definitividad que exige el art. 4 de la Ley 2275, en tanto la misma no pone fin al pleito, ni impide que la cuestión pueda plantearse únicamente en otro proceso.
Nulidad procesal, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: R., A. s/ Daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-22

Si bien el art. 177 C.P.P. en función del 176 del mismo cuerpo normativo parece establecer la pena de nulidad únicamente para el caso de la prueba ser irreproducible, del juego armónico de ellos con el art. 227 idem resulta que, el único remedio posible es la nulidad, y deberá ordenarse nuevamente la realización del acto pericial.
Cuestiones de competencia, medidas cautelares, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "MAYO S.A.T.A. s/ medida de no innovar...".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-09-08

El juez penal carece de jurisdicción para dictar medidas cautelares en un proceso sobre el que no conoce y menos aún, cuando la medida que se pretende no está relacionada con el objeto procesal de la causa. Así ha sido declarado por este Tribunal en los precedentes "STAMPONE" del 11.12.90 y "DOMINGUE" del 9.3.2000.
Poder Ejecutivo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TOLOZA, PEDRO; HERRERA, CORSI Y OTROS c/ DCTO. SERIE "A" No.0335 DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-20

La facultad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover a sus empleados comprende la de otorgarles ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón, sin que el ejercicio de tales atribuciones pueda ser revisado por el Poder Judicial, salvo el caso de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos consagrados en la Constitución.
Elementos del acto administrativo, motivación del acto administrativo, control de legitimidad, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Para poder apreciar y valorar si se han vulnerado los límites de razonabilidad, desviación de poder y buena fe, debe exigirse el cumplimiento del requisito de la motivación del acto administrativo, ya que sin ello resultaría de cumplimiento imposible el control judicial que para efectivizarse requiere una manifestación de voluntad administrativa cierta y expresa, toda vez que lo intangible resulta de insusceptible revisión. (Del voto del juez Buján, cons.

IV.5)
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, concubinato
Materia: PENAL
Carátula: Loreto, Humberto Angel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-16

La relación concubinaria prolongada que el imputado del homicidio mantuvo con la víctima (más de quince años), en cuyo transcurso tuvieron cuatro hijos, tiene incidencia agravatoria en la pena a imponer.
Interdicto de recobrar, despojo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Llado, S. c/ Di Scala, Salvador s/ Interdicto de retener
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1977-03-10

Para que haya turbación tienen que mediar actos que sólo impliquen trabar o molestar el libre uso y goce de la posesión, pero si el bien es apropiado totalmente por un tercero, ello implica más que mera turbación -exclusión en rigor- y en consecuencia no se está frente a un interdicto de retener sino de recobrar.
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ RAUL JOAQUIN c/ GUZMAN JUAN MANUEL s/ COBRO DE PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-22

El valor probatorio asignado por los magistrados de la causa a un Acta Notarial como instrumento de constatación fehaciente de un acto jurídico de reconocimiento de deuda autorizado por un Escribano como hecho pasado en su presencia, es materia propia de los jueces de grado quedando sometido a su consideración y de tratamiento insusceptible por vía del Recurso de Casación salvo demostración de arbitrariedad.
Impuesto sobre los ingresos brutos, impuestos, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: THX Medios S.A. y otro c/ GCBA s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: THX Medios S.A. y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El Código Fiscal no trata la locación de las viviendas como actividad reveladora de una capacidad de contribuir sino como un modo de aprovechar un patrimonio ahorrado. Cuando las viviendas en alquiler son muchas o el alquiler no es de viviendas, la ley presume, razonablemente, que hay una organización que agrega valor a los alquileres y requiere empleados o tercerizar servicios, es decir, agrega valor. Cuando los bienes alquilados no son viviendas, se suma a ello la circunstancia de que se presume que quienes solventan, finalmente, el tributo no tienen por qué estar al abrigo de la carga mientras que quienes alquilan para vivir en el inmueble muestran menos capacidad de contribuir. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Intervención de terceros, audiencia de conciliación laboral, citación en garantía, plazos procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: STILLO  DE  RISO,  ENRIQUETA AGUSTINA POR SI Y POR SU HIJO MENOR JOSE LUIS RISO Y OTRO c/ SUDAMFOS  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

Solicitada la citación de garantía del asegurador dentro del tercer día de celebrada la audiencia del artículo 68 Ley Orgánica cabe considerar que dicho acto fue realizado en tiempo propio (conforme artículo 118 de la ley 17410 y 77 de la Ley Orgánica).
Administración fraudulenta, retención indebida, promotor de seguros
Materia: PENAL
Carátula: SUZANNE, O. s/ DEFRAUDACION - ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-14

La acción del procesado que en su condición de promotor de una compaÑía de seguros, en vez de entregar a la compaÑía aseguradora el dinero a él dado por un asegurado, se quedó con el mismo, no constituye el delito de retención indebida sino el de administración fraudulenta, pues al tratarse de dinero entregado en las condiciones del art. 2189 del Cód. Civil -depósito irregular-, lo que debía entregar a la compaÑía aseguradora, no era ese mismo dinero percibido de los clientes, sino una cantidad igual de ese género de bienes.

Que en el interregno, o sea entre el cobro del dinero y su liquidación, el encausado quedó al cuidado de intereses pecuniarios ajenos.
Diligencias preliminares, caducidad de instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillejo Gomez, Jacinto José c/ Serra, Angel Ricardo s/ Diligencias Preliminares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Por instancia debe entenderse el conjunto de actos procesales que se suceden a continuación del hito que marca la apertura de aquélla, esto es, demanda, o escrito de promoción del incidente que conformará una disputa cuyo destino natural será la sentencia que la dirima, lo que margina a las medidas preliminares que sólo operan a la manera de antesala de aquélla. Por lo que no procede declarar la caducidad de instancia de las mismas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Régimen de consolidación de deudas, interpretación de la ley, obligaciones accesorias
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, José Facundo c/ Ferrocarril General Belgrano. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-30

Cuando el art. 3°, último párrafo, del decreto 2140/91 - reglamentario de la ley 23.982 - alude a las obligaciones accesorias no ha consagrado excepción alguna al principio de la consolidación, pues se ha limitado a indicar que las obligaciones accesorias de una principal consolidada también están alcanzadas, sin que ello permita inferir la existencia de excepción alguna.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Ramb, Mercedes Azucena c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativo -Ordinario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-29

La dualidad de actitudes sobre un mismo asunta importa un "venire contra factum propium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Admisibilidad del recurso, agotamiento de la instancia administrativa, reajuste jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PUNIN, ALDO RUBEN c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2011-04-27

La acción de reajuste de haberes es inadmisible por no encontrarse agotada la vía administrativa, pues la máxima autoridad en este caso es el Poder Ejecutivo Provincial, quien en última instancia es quien resuelve la cuestión mediante la interposición de los recursos previstos por la Ley de la Provincia de Formosa Nº 571 en su artículo 75, entendiéndose que recién y luego de haberse interpuesto la apelación ante el citado Poder se tiene por agotada la vía referida. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Beneficios sociales, comedor, viáticos, remuneración en especie
Materia: LABORAL
Carátula: RIANI, LUIS H. c/ GENERAL MOTORS ARGENTINA (EN LIQUIDACION) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-22

Aun cuando una parte de los viáticos pueda ser considerada alimentación y comprendido en el concepto mas amplio, de pago en especie, solo cabe considerar alimentos a los que el empleador entrega al dependiente que vive en el lugar de trabajo como parte de su obligación contractual, debiendo diferenciarse de viáticos y pago en especie no solo conceptual sino jurídicamente desde que la normativa legal contempla estos conceptos separadamente - artículos 105, 106 y 107 del RCT. - .
Sociedades comerciales, responsabilidad del socio, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BARONE, OSVALDO A. c/ RALQUA, MIGUEL Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-31

El principio de la separación patrimonial de la sociedad respecto a sus integrantes debe mantenerse y respetarse en tanto no se violen reglas superiores del ordenamiento que hagan aplicable el criterio de funcionalidad sustentado por el artículo 2 de la ley 19550 (conforme CNCom. Sala A, sentencia del 13 de febrero de 1980, 'Cominar SA.' pub. La Ley 16 de febrero de 1980; Sala V, sentencia 33491, 16 de mayo de 1984, 'Artese, Horacio Norberto c/ Szanaileder, Norberto'). (En el caso, la queja resulta inatendible toda vez que no sólo se demandó a integrantes de la sociedad sino a quienes eran dependientes de la misma).
Recurso de casación, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Davies, Alberto. c/ Barria, Benito. s/ Inaplicabilidad de Ley. Fundamentación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1985-07-16

No es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley que no contiene una crítica razonada, objetiva y suficiente del fallo impugnado, que tratándose de una cuestión de derecho por demás compleja y opinable -en el caso de autos debía determinarse si se acreditaban las circunstancias para que uno de los codemandados fuera responsable en los términos del art. 30 LCT-, el recurrente no cumple en rebatir los claros argumentos del fallo ni demostrar que concurren efectivamente los presupuestos del art. 279 CPC.
Procedimiento contencioso administrativo y tributario, medidas cautelares, política ambiental, control de constitucionalidad, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brailovsky, Antonio Elio c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ Medida Cautelar Bs. As. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-19

En el caso, el actor solicita que se ordene medida cautelar no innovativa en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario a los efectos de que la Legislatura se abstenga de dar tratamiento al Documento Final del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad que se encuentra en pleno tratamiento para su aprobación en la Legislatura y que fuera formulado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (art. 104 inciso 22 CCBA). Relata que el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Ciudad debe tener un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación de la entidades académicas, profesionales y comunitarias. La falta de participación por parte de estas entidades en la redacción del Documento Final remitido por el Jefe de Gobierno a la Legislatura es, a criterio del actor, lo que conllevaría la nulidad de tal instrumento por lo que solicita una orden dirigida a la Legislatura para que se abstenga de tratarlo.

La petición cautelar en el sub examine se traduce en una mera disconformidad con el procedimiento seguido por los órganos constitucional y legalmente previstos para la formación del documento inicial para el posterior dictado de una ley, cuestión que no basta para poner en evidencia la violación constitucional que el actor cree encontrar en el procedimiento de elaboración.

Bajo la apariencia de plantear una supuesta inconstitucionalidad del procedimiento de formación de la ley, el apelante persigue que el Poder Judicial emita una orden dirigida a la Legislatura, impidiéndole desarrollar la tarea constitucionalmente encomendada, y manifieste en abstracto cuál es el grado de participación óptimo que en cada caso debe darse a los sujetos intervinientes, tarea indudablemente ajena a la facultad de resolver causas, invariablemente definidas como aquéllas en las que se persigue en concreto la determinación de un derecho debatido entre partes adversas. En síntesis, el demandante no pretende que el Poder Judicial ejerza el control de constitucionalidad que le es propio sino que solicita que actúe en reemplazo de la Legislatura, cuya gestión, aventura, no será ajustada a las normas vigentes.
Impuestos, tratados internacionales, Alemania, doble imposición, igualdad tributaria, interpretación de tratados internacionales
Materia: TRIBUTARIO - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Hoechst A.G. c/ D.G.I. s/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-21

Lo que persigue el Tratado en lo referente a la cláusula de no discriminación, es que, la nacionalidad, por si sola, no constituya una circunstancia que conduzca a un tratamiento tributario diferente o más oneroso. De tal modo, si median otras circunstancias que incidan para la fijación de la tasa, en este caso, de política económica tributaria y, como se tiene visto, atinente al domicilio, radicación o ubicación, éstas alcanzan tanto a los nacionales como a los extranjeros; por lo que no se da el presupuesto de discriminación contra nacionales alemanes, rechazado por el convenio internacional. No obsta a ello, cabe señalarlo, el esquema presuncional previsto en el aludido art. 14, Ley 21.281 desde que la construcción que realiza el legislador deviene prescindente de la nacionalidad de la persona ideal.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25


SENT Nro. 158 San Miguel de Tucumán 25 DE MARZO de 2003.- Y VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre el señor Juez en lo Civil y Comercial Común de la IIIa. Nominación y la señora Juez en Documentos y Locaciones de la IVa. Nominación en autos: "Piorno, Adrián Ismael vs. Salvador Oscar y otra s/Cumplimiento de obligación"; y C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el señor Juez en lo Civil y Comercial Común de la IIIa. Nominación (fs. 71, ratificada a fs. 75) y por la señora Juez en Documentos y Locaciones de la IVa. Nominación (fs. 74), para entender en la presente causa.

2.- A fs. 6/18 el actor inicia juicio por ante el fuero Civil y Comercial Común reclamando el cumplimiento de la cláusula décimo séptima del contrato oportunamente suscripto con los accionados y subsidiariamente, los daños y perjuicios sufridos por su parte. Adjuntan como instrumento base de la relación jurídica entre las partes, el contrato de locación en el cual se insertó la cláusula de opción de compra que se pretende hacer cumplir.

3.- Es principio reiterado por esta Corte que para determinar la competencia en razón de la materia, debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de demanda y alegados en sustento de la acción que se promueve. Lo relevante a tal efecto, será la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, con prescindencia del derecho invocado por el demandante (cfr. CSJTuc., sent. 487 del 8/8/96 in re "Embotelladora Noroeste S.A. vs. Miguel Martínez Ribó s/Cumplimiento de contrato", entre muchos otros).

En el caso de autos, el caso queda aprehendido por el art. 61 inc. a) de la LOPJ que determina la competencia residual de los jueces en lo Civil y Comercial Común en aquellos "asuntos regidos por el Código Civil, Código de Comercio, leyes complementarias y especiales, no asignados de modo expreso a la competencia de otros fueros civiles". Pese a que la cláusula cuyo cumplimiento se reclama resulta del contrato de locación oportunamente celebrado por el actor con los accionados, el objeto propio de aquél, no se discute en autos; circunstancia que impide el encuadramiento en las previsiones del inc. a) del art. 62 de la LOPJ que atribuye la competencia a los jueces civiles en documentos y locaciones.

Por ello, y compartiendo lo dictaminado por el señor Ministro Fiscal a fs. 78, se R E S U E L V E :

DECLARAR la competencia del señor Juez Civil y Comercial Común de la IIIa. Nominación para seguir entendiendo en la presente causa.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO ANTONIO GANDUR
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia, fundamentos suficientes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, acción de amparo, carácter excepcional, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MOLFINO, PATRICIA Y TESSIO, ROBERTO c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE s/ RECURSO EXTRAORDINARIO- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 222 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-03

La simple alegación de que un fallo vulnera determinados derechos reconocidos por la Ley Fundamental, no guarda relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto si el apelante no demuestra en concreto cómo se ha operado tal violación en la sentencia impugnada. En el caso, tal extremo no ha sido demostrado, ya que los amparistas se limitan a aseverar que este Tribunal, en su resolución, ha restringido en forma ilegítima el ámbito de aplicación de la garantía consagrada en el artículo 43 de la Constitución nacional, pero pasan por alto que este Cuerpo consideró especialmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación delineada en torno al amparo, remarcando la insistencia de dicho Máximo Tribunal -también luego de la reforma constitucional de 1994- "en la necesidad de que no existan otras vías 'legales' aptas o idóneas (...) destacando que la procedencia de este remedio excepcional está sujeta a la demostración de que un daño grave e irreparable se configuraría de modo claro y manifiesto en el supuesto de remitir el examen de la cuestión a los 'procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales'", pautas, éstas, que fueron seguidas, además, en sus propios pronunciamientos -fallados a la luz de dicha cláusula- y que sirvieron también de fundamento para la decisión de la Cámara.

Por lo demás, acoger la tesis de los recurrentes implicaría tanto como admitir que la sola invocación del aludido artículo 43 bastaría a los fines de habilitar la instancia extraordinaria federal, lo cual deviene inaceptable, so riesgo de privar indebidamente a la jurisdicción de la Corte nacional de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga su raíz y fundamento en la Constitución, aunque esté directa o indirectamente regido por el derecho común o local.
Honorarios del perito, ejecución de honorarios, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Chicco, Angel c/ Riffel, Alcides y otros s/ Ejecución de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-06-29

El derecho del perito de reclamar sus honorarios a cualquiera de las partes es independiente de lo que se haya resuelto en materia de costas, de manera que la calidad de obligados al pago de las partes es idéntica cualquiera sea la decisión adoptada sobre este tema.

El perito no tiene por que demandar al condenado antes que al no condenado pues esta es una cuestión ajena a su situación procesal.