Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-09


SENT Nro. 979 San Miguel de Tucumán, 09 DE DICIEMBRE de 2003.- Y VISTO: La cuestión de competencia suscitada entre la Sala Ia. de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común y la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en autos: "Brito, Isabel Teresa vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán s/Cumplimiento de contrato"; y C O N S I D E R A N D O :

Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el conflicto negativo de competencia para entender en la presente causa suscitado entre la Sala Ia. de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común y la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo.

La actora reclamó contra la Caja Popular de Ahorros de la Provincia el cumplimiento de los contratos de seguros colectivos de vida obligatorio y adicional invocando su carácter de beneficiaria, obteniendo sentencia favorable a su pretensión en fecha 19/3/2002 (fs. 147/149).

Con motivo del recurso de apelación incoado contra el fallo dictado en primera instancia, los autos fueron elevados a la Sala Ia. de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común, que se declaró incompetente argumentando que la obligación reclamada en autos deriva de la actuación del Estado Municipal en el ámbito del derecho público, en relación a un contrato de empleo público, de donde concluye que la cuestión planteada es competencia del fuero en lo Contencioso Administrativo.

Radicada la causa ante dicho Tribunal, el mismo se declaró incompetente con fundamento en que el acto constitutivo de la pretensión ejercitada es un contrato de seguro que no se inscribe en la materia contencioso administrativa, ya que las controversias suscitadas por los beneficiarios para obtener su pago son de naturaleza comercial, añadiendo que no podría revisar la sentencia dictada por un Juez de primera instancia perteneciente a otro fuero, y que el recurso de apelación debe resolverse por la Cámara del fuero al que pertenece el juez que dictó la sentencia apelada.

Esta Corte Suprema de Justicia ha dicho reiteradamente que para determinar la competencia en razón de la materia debe estarse a los hechos expuestos en el escrito de la demanda, alegados en sustento de la acción que se promueve, siendo lo relevante a tal efecto la naturaleza o índole intrínseca del hecho o acto jurídico constitutivo de la pretensión, y sin perjuicio de ser resuelta la causa en su oportunidad, conforme las defensas opuestas por el demandado (CSJTuc., in re: "Montoya, Juan Gerónimo vs. Abraham, Juan Sale s/Cobro ejecutivo de pesos", sent. del 23/12/93, entre otros).

Conforme a ello, de los términos del escrito de demanda surge que el acto jurídico constitutivo de la pretensión lo constituye un seguro colectivo de vida que la Municipalidad de Tafí Viejo tendría pactado para sus empleados con el Departamento de Seguros de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia, en el cual el Sr. Héctor Félix Andan habría sido incluido en forma obligatoria con motivo de la relación de trabajo mantenida con el mencionado municipio, como así también un seguro adicional por el que se habría optado conforme a la facultad conferida por la póliza, afirmando la actora que resulta legitimada para demandar la indemnización en su condición de beneficiaria expresamente instituida Conforme a ello, y entrando ahora al análisis de la cuestión, cabe destacar, preliminarmente, que el juicio sub examine se promueve por un particular contra una entidad aseguradora estatal, con motivo de una actuación de ésta última reglada por el derecho privado.

En efecto, se advierte que la pretensión incoada tiene por objeto el cumplimiento de un seguro de vida contratado con una entidad aseguradora estatal, por lo que el acto constitutivo de aquélla es una relación de naturaleza comercial y serán los principios propios del pertinente régimen legal de derecho común los que habrán de ser tenidos en cuenta para dirimir la controversia a que dé lugar el presente caso.

En definitiva, de los términos de la pretensión articulada surge que el hecho constitutivo de la acción incoada configura una actuación de las partes en el ámbito del derecho privado, por lo que, según ha sido planteada la presente acción, la cuestión debe dilucidarse por ante la Sala Ia., de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común (art. 61, inciso a LOPJ).

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 del CPC y C y artículo 61, inciso a de la LOPJ, la competencia para conocer y decidir en esta causa corresponde al fuero en lo civil y comercial común.

Por ello, y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 187, se R E S U E L V E :

DECLARAR LA COMPETENCIA de la Cámara Civil y Comercial Común, Sala Ia., para que continúe en tendiendo en la presente causa, atento al estado de la misma.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA