Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05


SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 100600 SALA II Expediente Nro.: 13812/2009 (Juzg. Nº 65 ) AUTOS: "GONZALEZ MIGUEL RAMIRO C/ DE Y DE DESOBSTRUCCIONES Y DESAGOTES S.A. S/ DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el	5/6/12	, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia rechazó parcialmente las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial. A fin de que sea revisada esa decisión por este tribunal de Alzada, interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y la parte demandada, en los términos y con los alcances que explicitan en sus respectivas expresiones de agravios (fs.545/556 y fs 544). A su vez a fs. 543 la letrada apoderada de la parte demandada y a fs 556 el letrado apoderado de la parte actora, por derecho propio, apelan sus honorarios por considerarlos reducidos.

Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque el juez a quo reputó justificado el despido dispuesto por la demandada en los términos de la notificación de fs 17 y rechazó la demanda -a su entender- sin considerar los argumentos esgrimidos por su parte en el escrito de inicio y sin valorar la prueba producida en autos que, a su juicio, probaría la inexistencia de una causal de violación del deber de concurrencia y pérdida de confianza como la alegada por la demandada como justificativa de la extinción del vínculo.

Seguidamente, me he de abocar al análisis de cada uno de los agravios expresados por el recurrente.

En primer término se agravia el accionante en cuanto el decisorio de grado tuvo por reconocida la documental obrante en el sobre Nro. 2573. En apoyo de su postura el recurrente señala que desconoció la totalidad de la prueba documental aportada por la demandada.

Las partes deben reconocer o negar categóricamente la autenticidad de los documentos agregados que se les atribuyen y la recepción de las cartas y telegramas que se les hubieren dirigido, cuyas copias se acompañen (conf. art. 82 L.O.). El incumplimiento de estas disposiciones, determina que se tenga por reconocida o recibida tal documentación.

En el caso, observo que a fs 129 se intimó a la parte actora para que reconozca o desconozca la documental aportada por la demandada, providencia que fue notificada según cédula obrante a fs 154. A fs 135 la parte actora dentro del plazo que otorga el art. 71 L.O. desconoció categóricamente la totalidad de los documentos agregados con la contestación de demanda, por lo que cabe tener por desconocidos -entre otros documentos- el certificado de garantía Nro. 257039 y el folleto de publicidad "JG" (art. 82 LO).

El actor se agravia porque el sentenciante concluyó que el despido decidido por la empleadora resultó justificado; y, sostiene que, a su modo de ver, la prueba producida no habría sido correctamente merituada. Discrepa con la conclusión del a quo y dice que, a su juicio, quedó demostrado a través de la prueba testimonial producida en la especie que el actor solo indicó a García de Mendaglia a su real saber y entender de acuerdo a la actividad que desarrollaba que era lo que se debía hacer y el supuesto monto que implicaba el cambio de la pieza dañada.

Los términos en que fueran expuestos los agravios imponen memorar que, la demandada despidió al actor mediante telegrama del 21/9/07 del siguiente modo: ".ha llegado a conocimiento de nuestra parte que, en un certificado de garantía que extiende su empleadora a sus clientes, y que es entregado por los empleados que efectúan las tareas respectivas una vez finalizados los trabajos correspondiente, Ud. al momento de entregar dicho certificado Nº 257039, correspondiente a la unidad funcional Nro. 3 del piso PB del Consorcio de Copropietarios de la calle Juana Azurduy 2449 le ha indicado al propietario de dicha unidad que frente a cualquier inconveniente debía comunicarse con un teléfono celular (1550474930) que no corresponde al de su empleadora, procediendo a escribir el número de su puño y letra indicando además su nombre y apellido....Dicho teléfono celular coincide con el indicado en un volante de propaganda que obra en nuestro poder y que ofrece los servicios prestados por su empleadora con el nombre de fantasía JG, y que es distribuido como publicidad en los consorcios donde su empleadora presta servicios y que constituye una competencia abierta con la actividad desarrollada por su empleador. En dicho volante, además del celular por Ud. indicado en el certificado de garantía ...figura un número de teléfono (4715.3664) que se encuentra a su nombre y cuya línea se encuentra habilitada en su domicilio particular... Su conducta es abiertamente violatoria de los deberes de fidelidad y no concurrencia establecidos en los arts 87 y 88 LCT habiendo incumplido con su obligación de trabajador de no ejecutar acto alguno que pueda redundar en perjuicio de los intereses del empleado. Su deslealtad puesta de manifiesto en su accionar constituye una injuria de tal gravedad y magnitud que impide la prosecución del vínculo laboral por su exclusiva culpa, motivado en el incumplimiento de los mas elementales deberes a su cargo, que aparejan la perdida de confianza esencial en las relaciones laborales. En consecuencia y por los hechos expuestos y la grave injuria sufrida se le notifica que a partir del día de la fecha queda Ud. despedido....".

En tales condiciones, en el marco de los agravios traídos a conocimiento de este Tribunal, cabe aquí analizar si están acreditadas las irregularidades que se invocaron en sustento de la extinción dispuesta por la demandada, y si justifican el despido del actor.

Sin perjuicio de que el actor desconoció los documentos acompañados por la demandada en el sobre Anexo Nro. 2753, por los motivos que he de explicar a continuación, entiendo que, de todos modos, existe evidencia suficiente de los incumplimientos invocados por la demandada en la comunicación extintiva (fs 17).

En efecto, García de Medaglia (fs 510) propietaria de la unidad funcional Nro. 3 del piso PB del Consorcio de Copropietarios de la calle Juana Azurduy 2449 manifestó que el actor es la persona que vino a hacer el trabajo de plomería en la mencionada unidad y que, una vez finalizado, le entregó un certificado de garantía. Puesto a reconocimiento de la testigo el Nº 257039 obrante en el Anexo 2573 reconoció haberlo firmado. Dijo que en ese documento el actor -delante de la testigo- escribió un teléfono celular; y que le manifestó que el "sifón" era de mala calidad y que, en caso de desperfecto, llamara a ese número y le informó el costo que le irrogaría el cambio de la pieza "sifón". Agregó que, al día siguiente, el "sifón" se desprendió, por lo que llamó a la empresa demandada y ese mismo día vino un supervisor quien luego de constatar que el "sifón" había sido mal instalado, procedió a colocarlo en forma adecuada.

El testigo Felix Fernández (fs 328) dijo que concurrió al domicilio de García de Medaglia para subsanar el desperfecto que tenía el "sifón", ocasión en la cual ésta le entregó el certificado de garantía que le había entregado el actor el día anterior en el que figuraba en letra manuscrita un número de celular. Puesto a reconocimiento del testigo el documento que lleva el Nº 257039 en el Anexo Nº 2573 lo reconoce como aquel que le entregó la Sra. García de Medaglia.

Benítez (fs 417) señaló que trabaja para la demandada y que un compañero le entregó un volante de propaganda idéntico al que obra agregado a fs 67. Señaló que los términos de la propaganda eran similares a los que empleaba la demandada para promocionar su servicio, aunque con un logo diferente, razón por la cual decidió entregarlo a su supervisor.

Jan (fs 512) refiere ser apoderado de la empresa demandada y señaló que el Sr. Felix Fernández ( quien declaró a fs 328) le acercó el certificado de garantía Nro. 257039 que le habría facilitado García de Medaglia en ocasión de supervisar el trabajo realizado por el actor en el domicilio de ésta. Agregó que procedió a confrontar el número de celular que figuraba en forma manuscrita en dicho documento con el que figuraba en el volante obrante a fs 67, y que pudo comprobar que era el mismo. Señaló que en el volante, además, figuraba otro teléfono de línea y que, por vía internet, pudo comprobar que estaba a nombre del actor.	Ahora bien, más allá que el certificado de garantía Nro. 257039, obrante en el sobre que corre por cuerda y el volante agregado a fs 67, carecen de eficacia probatoria plena (pues fueron desconocidos por el actor a fs 135), son elementos que, valorados a la luz de la testimonial precedentemente reseñada, generan una muy seria presunción en favor de las invocaciones de la demandada (arg. art. 163, inc. 5 CPCCN).

En efecto, la testigo García de Medaglia (fs 510), reconoció su firma inserta en el certificado de garantía Nº 257039, obrante en el sobre Nº 2573 que le fue exhibido y, además, señaló que en ese certificado el actor anotó el número de su celular. El testigo Benítez (fs 417) reconoció el volante obrante a fs 67 en el que figura impreso el mismo número de celular que García de Medaglia dijo que el actor anotó en el certificado de garantía y un número de línea fijo : 4715-3664. Según se desprende de los informes obrantes a fs 310/311, fs 491 y fs 496, ambos números de teléfono pertenecen al actor. En tal contexto, la circunstancia que en el certificado de garantía el actor hubiera omitido anotar el último número de su celular, no es elemento suficiente para enervar la presunción que generan tales constancias, corroboradas por el reconocimiento de García de Medaglia (fs 510), Fernández (fs 328) y Benitez (fs 417) en favor de las alegaciones efectuadas por la demandada en torno a que el actor, personalmente o por medio de publicidad, ofrecía servicios similares a los de la actividad desplegada por su propia empleadora, incluso a una clienta de ésta (García Medaglia).

Valoradas los testimonios y las presunciones que emanan de los documentos obrantes en el Anexo Nro. 2573, precedentemente analizados en conjunto y a la luz de las reglas de la sana crítica (conf. art. 163 inc. 5 y 386 del ÇCPCCN y 90 LO) cabe concluir que está suficientemente acreditada que el actor ha incurrido en "concurrencia desleal" pues ofrecía por cuenta propia servicios que constituyen el objeto de la actividad empresaria desplegada por la demandada y captaba clientela de ésta en provecho propio.

Fernández Madrid en su obra Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, (3era. Edición, Buenos Aires, La Ley S.A., Tomo II, pág.1134, cita 26) señala que las partes deben actuar de acuerdo con principios impuestos por una recíproca lealtad de conducta (situación objetiva) y con la creencia de que se respetan dichos principios (situación subjetiva), tratando de no frustrar con su proceder las expectativas de la otra parte acerca de su prestación.

Krotoschin "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo" T. I pág. 213 dice que debe concurrir una verdadera competencia o por lo menos la posibilidad de que dicha actividad redunde en perjuicio para el patrono.

Livellara Carlos A, en la "Ley de Contrato de Trabajo" Jorge Rodriguez Mancini (dir.) Tomo II pag. 1134/1135 señala que la concurrencia desleal presupone la existencia de actividades laborales por parte del trabajador, idénticas o análogas a las que cumple para el empleador, de la misma rama industrial, comercial o de servicios, que generen intereses contradictorios con los de la empresa. La obligación de abstenerse abarca tanto los actos propios de concurrencia (por cuenta propia), como los actos de colaboración a terceros (por cuenta ajena), que ejerzan competencia al empleador, hacia quien debe fidelidad el trabajador (conf. SC Buenos Aires, 13/7/776 "Thome, Miguel c/ Emp. Telenuee SA", T YSDS, III-579, Sala VII 3//9/96, "Vujosevich, Gustavo A. c/ Banco Supervielle Societe Genérale S.A. DT. 1997 .A, 36).

Por otra parte, el deber de no concurrencia o de no competencia desleal está comprendido dentro del más amplio deber de fidelidad (conf . Torres, Roberto E. "Aspectos referidos a los deberes de fidelidad y no concurrencia Pub. DT 1995-B, 1598; Amanda B. Caubet "Deber de no concurrencia" Pub. Errepar XXIII pág. 623 6/2009). Para el Dr. Carlos Etala el deber de no concurrencia tiene relación con el deber de fidelidad. Señala que la actividad desplegada por el trabajador infiel debe ser "una verdadera competencia" o, por lo menos, la posibilidad de que esa actividad redunde en perjuicio para el empleador afectando sus intereses. (conf. Etala Carlos "Ley de Contrato Comentada" Quinta Edición, Editorial Astrea, año 2005, pág. 267). Miguel A. Sardegna también correlaciona el deber de no concurrencia con el deber de fidelidad, pero entiende que es una consecuencia del principio de buena fe (conf. Sardegna Miguel "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Edit. Universidad, Décima Edición, pág. 235, 2007).

En efecto, los deberes que imponen los arts. 62 y 63 de la L.C.T y en especial el deber de fidelidad y no concurrencia cuyo cumplimiento exigen el art. 85 y el 88 L.C.T tienen un contenido ético y patrimonial. Con relación al primer aspecto, la ruptura por pérdida de confianza debe derivar de un hecho que conculque las expectativas acerca de una conducta leal y acorde con dichos deberes creadas con el devenir del vinculo, frustrado a raíz de uno o mas sucesos que llevan a la convicción de que el trabajador ya no es confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas similares; y estimo que, en el caso, la conducta del actor no se patentiza acorde el cumplimiento de dichos deberes (ver esta Sala S.D. Nº 94865 del 20/03/07 "Bustos Ariel Leonardo c/ UPS SCP Argentina SRL s/ despido", S.D. Nº 97274 del 22/10/09 " Farias Enrique Jorge c/ Novartis Argentina S.A s/ despido"). Desde esa perspectiva y analizada la cuestión en el marco de las obligaciones que emanan de un contrato de trabajo, estimo que los hechos en los que aparece involucrado el accionante, constituyeron un incumplimiento de los deberes que imponen los arts. 62,63, 85, 88 LCT objetivamente determinante de la pérdida de confianza invocada como configurativa de una injuria que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT). En tales condiciones, dejo propiciada la confirmación de la decisión adoptada en la instancia anterior en cuanto rechaza las pretensiones indemnizatorias que derivan del despido ( conf. art. 499 Código Civil).

Se agravia la demandada en cuanto el pronunciamiento de grado impuso las costas de primera instancia a su cargo en una proporción del 10%.	Reiteradamente se ha sostenido que, en los supuestos en los que, como en el caso de autos, la demanda prospera parcialmente, las costas deben ser distribuidas en la forma que prevé el art. 71 del CPCCN, ya que aún cuando pueda considerarse que el demandante se vio obligado a litigar, ello es exacto únicamente en relación con la porción admitida de sus reclamos, por lo que no habría fundamento para que quien sólo en parte es vencedor resulte eximido de las costas y éstas sean íntegramente soportadas por quien también obtuvo una victoria parcial (cfr. ésta Sala, sentencia Nº 72160 del 26.10.93 in re "Soria, Carlos D. c/ Butomi S.R.L."). Cabe añadir que su fijación no es una cuestión meramente matemática, pues los jueces, no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan (o no) los créditos sino, esencialmente, los motivos por los cuales se llega al litigio, cuáles son las pretensiones principales que han progresado y cuáles son las que fueron desestimadas. En esa inteligencia, habida cuenta del resultado del litigio, estimo adecuada la distribución de las costas de primera instancia dispuesta en el decisorio de grado, por lo que debe confirmarse la sentencia también en este aspecto.

De acuerdo con el resultado que se ha dejado propuesto, estimo que las costas de Alzada deben ser impuestas a cargo del recurrente (art. 68 CPCCN).

En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada durante el tramite de primera instancia, al monto razonablemente involucrado en ese pleito (conf. C.S.J.N. 31/10/06 Romero S.A. s/quiebra R. 528.XXXVII), y el mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes por la representación y patrocinio de la parte actora y de la parte demandada, son reducidos, por lo que propicio elevar los honorarios regulados por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada a las sumas de $ 2.800 y $ 3.500, respectivamente.

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado del recurrente y de la parte demandada, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en el 25% y 30%, respectivamente, de la suma que corresponde a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior. El Dr. Miguel Ángel Maza dijo: Que adhiere a las conclusiones del voto de Miguel Ángel Pirolo, por análogos fundamentos.	Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y en cuanto a la imposición de costas; 2°) Imponer las costas de alzada a la parte recurrente vencida; 3º) Elevar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la representación y patrocinio letrado de la parte demandada por lo actuado en primera instancia a las sumas de de $ 2.800 y $ 3.500 respectivamente; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la demandada por los trabajos de Alzada en el 25 % y 30% respectivamente de lo que cada representación letrada deba percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza Miguel Ángel Pirolo Juez de Cámara Juez de Cámara