Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-21


Nro. de Sentencia: 014 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de las señoras Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"B., R. A. c/ S. I. L. A. S.A. s/ DEMANDA LABORAL", Expte. No. 15.461/05, venidos del Juzgado de Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. No. 6107/99), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 1129), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 1072/1093? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 1072/1093, hizo lugar a la demanda instaurada por el Sr. R. B. contra S. I. L. A. S.A., condenándola a abonar la suma de pesos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y seis con seis centavos con más los intereses calculados a la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina, calculados desde la fecha del distracto hasta su efectivo pago.

La demandada apeló este pronunciamiento a fs. 494; el recurso fue concedido a fs. 1121, los agravios expresados a fs. 1095/1107.

En su memoria, efectuó el recurrente un largo relato de los hechos relevantes de la causa -puntos 1 a 52- para luego afirmar genéricamente que todas estas probanzas y entendimientos, analizados en su conjunto, llevan a tener por cierto el hecho alegado por la empresa como causal de despido.

Esto, negligencia en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones que generaron el accidente en el que falleció uno de los operarios de la empresa. Consideran configurada la negligencia por la carencia de debido contralor -por parte del actor- del correcto funcionamiento de los equipos y cuyo ejercicio corresponde al cargo de jefe de campo que era el desempeñado por éste. Asimismo se le imputa no haber adoptado las medidas necesarias para impedir el trabajo de operarios fuera de las normas de seguridad.

Señala luego, la definición de la injuria para luego reiterar las funciones del actor como jefe de campo y concluir que éste incurrió en una falta grave por las consecuencias que de la misma se derivaron: muerte del operario y "perjuicio económico de la empresa ya que el pozo quedó parado".

Esgrime como elemento coadyuvante, a los efectos de la configuración de la causal, la jerarquía del cargo del actor y la antigüedad en éste.

Reitera sus afirmaciones respecto a la falta de adopción por parte de B. de las medidas de seguridad pertinentes. Manifiesta que la valoración efectuada por la juez de grado fue parcial ya que debió merituar que la demandada es una sociedad anónima y que obra a través de sus directivos y personal jerárquico que tienen a cargo las responsabilidades y las obligaciones emergentes de la alta investidura que ostentan.

Reproduce el voto en disidencia en la causa "G., R. c/ Cía. de P. R. C." Y sostiene que sus consideraciones son aplicables al sublite. Agrega que el jefe de campo tiene facultades otorgadas por la empresa para paralizar las operaciones si lo cree necesario y disponer el traslado del equipo a la base o realizar las reparaciones necesarias en el campo.

Por lo expuesto, concluye que la falta de adopción de las medidas de seguridad lo hace responsable de los resultados puesto que está designado por la empresa para cumplir tales funciones; pide -en consecuencia- la revocación del fallo en lo que ha sido materia de agravio. Hace reserva del caso federal.

2. Tratamiento de los agravios.

La reseña efectuada precedentemente demuestra que el quid de la cuestión a resolver es la configuración o no de la causal invocada para el despido. Esto es, el incumplimiento de órdenes e instrucciones de la empresa, falta de diligencia y colaboración vinculado al accidente de trabajo ocurrido el 21 de mayo de 1998.

La juez de grado, previo precisar los alcances de la prueba rendida en autos, sostiene que el funcionamiento defectuoso del equipo y el proceder de los operarios fuera de las normas de seguridad preestablecidas era una situación conocida por la empleadora. Por ello, concluye que no puede la demandada en esta instancia endilgar responsabilidad por tal situación al actor, a título personal.

Esta premisa básica en la que se funda la decisión apelada no ha sido refutada en forma concreta por la recurrente. En efecto, sus apreciaciones son genéricas y dogmáticas; se ha limitado a transcribir dichos de los testigos, las contestaciones del actor a las posiciones, el dictamen pericial y el voto en disidencia de la causa "G. R. c/ Cía. de P. R. C.S.A. s/ Laboral", Expte. nº 12.686, que obra agregada por cuerda a la presente, que guarda vinculación con el accidente.

Es decir, no ha refutado el razonamiento fundante del pronunciamiento al que he hecho referencia; menos aún ha demostrado a través de una crítica concreta y razonada la procedencia de la revisión.

Sin perjuicio de lo expuesto, y partiendo del criterio amplio que impera en la materia, en orden a la valoración de los fundamentos del recurso, he de proceder a su tratamiento.

Adelanto que la queja no ha de prosperar.

En primer lugar, es dable señalar que tal como resulta de la contestación de la demanda, la empresa dispuso el despido del actor por los motivos invocados al comunicar el distracto, en estricta vinculación con el accidente de trabajo acaecido el día 8 de mayo de 1998, en la locación del pozo CG.117, en oportunidad en que operaba el equipo 4044 de la demandada.

Por lo tanto, corresponde el análisis del accionar del actor en tal marco fáctico, tal como lo han propuesto las partes y lo ha realizado el juez de grado.

En este orden de ideas, señalo que los hechos probados de la causa no autorizan a tener por configurada la casual invocada.

En relación al funcionamiento del equipo, la aseveración de la juez de grado acerca del conocimiento de la empresa sobre su deficiente estado encuentra respaldo por el conjunto de las pruebas colectadas en autos y que por ella han sido correcta y puntualmente individualizadas y valoradas.

Reafirmando las consideraciones de la juez, corresponde destacar los alcances del informe técnico agregado por la empresa Yxx -fs. 291/336- con los antecedentes del accidente de trabajo. Del mismo resultan como conclusiones la existencia de mal mantenimiento del equipo -ver fs. 332- demostrado por la falta de resortes antagónicos en el carro guía, la deformación del mecanismo de la traba (barra de regulación) del carro guía, la deformación de los peldaños y el estado de la slinga.

Se indica, luego, la existencia de procedimientos inadecuados, dado que los defectos observados en el equipo llevaron a la empresa a adoptar prácticas operativas que compensen las falencia.

Este dictamen da sustento a los fundamentos dados por la juez de grado en la sentencia. Esto es, el funcionamiento defectuoso del equipo se prolongó en el tiempo, a punto tal que se generaron prácticas laborales para adaptarse a tales anomalías y por lo tanto no podía la empresa desconocer su estado y menos aun atribuir la responsabilidad que del mismo se derivó a uno o alguno de sus operarios.

Los testimonios brindados en autos corroboran lo expuesto respecto del conocimiento empresarial. Son elocuentes, en tal sentido, las declaraciones testimoniales citadas por el propio recurrente. De los dichos de J. A. M. -citado en el punto 32 de la memoria- resulta que la empresa conocía que el equipo presentaba deficiencias técnicas dado que tal extremo le fue informado oportunamente por el personal jerárquico.

Luego -punto 39-, se citan las declaraciones de S.O. quien, en forma concordante con el anterior testimonio, expresó que los partes con las deficiencias que presentaba el equipo eran entregados en la empresa para ser elevados a la superioridad. A tales testimonios se suman los de J. F. M. -fs. 512 y vta.-, N. A. B. -fs. 522/523-, L. N. L. -fs. 561/562-, L. N. B. -fs. 563/564-, W. E.N. -fs. 671 vta.-, que, en forma coincidente, ilustran acercan de las deficiencias ya señaladas del equipo, del problema de seguridad que ello implicaba y del conocimiento de tal anomalía por parte de la empresa. Ello tal como lo ha precisado la juez de grado a fs. 1084 vta./1085, conclusiones -en definitiva- no refutadas por el recurrente, conforme ya lo he expuesto.

Es indudable la responsabilidad empresa-ria, respecto del mantenimiento del equipo y las prácticas operativas generadas para compensar los defectos de mantenimiento y/o funcionamiento del carro guía. Es que, tal como lo preceptúa el artículo 5 de la LCT, la organización instrumental de los medios personales, materiales e inmateriales está a cargo del empresario, quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas -tal el supuesto de autos-.

No hay dudas que la actividad productiva de la demandada se ordenó a través de una organización empresarial de envergadura y en tal marco se desenvolvió la relación de trabajo del actor. Reafirman lo expuesto los dichos de diferentes testigos que dan cuenta de la existencia de tres superintendencias en esta lo-calización o área espacial de trabajo de la empresa: perforación, mantenimiento e intendencia de la base. En este contexto es absolutamente improcedente responsabilizar al jefe de campo por las deficiencias técnicas del equipo, conocidas y tratadas por todos los sectores de la empresa, tal como resulta de los dichos de todos los testigos.

No empece a esta conclusión el carácter de personal jerárquico que se le atribuye y revestía como "jefe de campo" el actor, es que tal calidad no le quita el carácter de trabajador dependiente y si bien en el orden jerarquizado de la empresa tenía el carácter de "jefe", representando al empleador en un grado menor y frente al personal a su cargo, no dependía de él la organización empresarial a cargo de las superintendencia creadas a tal fin.

Corroboran lo expuesto los siguientes extremos probados de la causa: primero, por disposición de la empresa, el día del accidente el Sr. B. no se encontraba cumpliendo funciones operativas en la zona de localización del equipo en el que se produjo el accidente. En tal fecha asistía, por orden de sus superiores, a una charla de seguridad programada y diseñada por la empresa, de carácter obligatorio, conforme dan cuenta los testimonios brindados en autos.

Por lo demás, no resulta de autos que haya sido B. quien autorizó la realización de tareas de mayor función por parte de los operarios que se encontraban trabajando el día del accidente. En efecto es contundente la declaración del Sr. N. en tal sentido -fs. 272/275-, cuando sostiene que la orden de cumplimiento de mayor función fue comunicada al declarante por la oficina de personal de Truncado.

Los extremos reseñados, interpretados en el marco de la organización empresarial a la que vengo haciendo referencia, demuestran la inexistencia de desobediencia y/o negligencia en el accionar del actor.

En base a lo expuesto se desprende la falta de sustento fáctico y jurídico de las imputaciones efectuadas por la empleadora al momento del distracto. No corresponde, por lo tanto, hacer lugar a los agravios y así lo propongo.

3. Costas y honorarios. Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Los honorarios se fijarán de conformidad con las pautas generales establecidas en el artículo 6 de la ley 4335 y por aplicación de la escala específica prevista en el artículo 14 del mismo ordenamiento; de modo tal que corresponde su cuantificación en la suma de pesos tres mil ($3.000,00). A la segunda cuestión la Dra. S. N. Alonso de Ariet dijo:

Atento el modo en que propongo sean resueltas las cuestiones sometidas a revisión, corresponde la siguiente fórmula decisoria:

1º) Rechazar el recurso de apelación in-terpuesto por la parte demandada a fs. 1094 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia obrante a fs. 1072/1093.

2º) Costas de la segunda instancia al recurrente vencido. Regular los honorarios profesionales correspondientes a la Alzada, a favor de los Dres. G. B. S. y E.V., en forma conjunta, en la suma de pesos tres mil.

3º) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 1107 y vta.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento para decidir en segundo orden, el presente pleito cuya sentencia definitiva proveniente del juzgado letrado en lo laboral de la jurisdicción fuera apelada por la demandada (fs.1072/1093, fs.1094). La sentencia definitiva nro. 130/2005 hizo lugar a la demanda incoada por R. A. B. condenando a la demandada S. I. L. A. S.A. a pagarle la suma de $24.466,06 con más intereses y costas del proceso.

Fueron descriptos los motivos por los cuales esta Alzada se avoca al conocimiento del presente pleito por la Sra. Camarista que me precedió haciendo reseña de los agravios de la demandada, eximiéndome de realizar nuevamente dicha labor teniendo por cumplimentada la carga procesal y no encontrándose comprendida la hipótesis en la prescripción constitucional (Art. 169 Const. Prov. y Art. 160 del CPCCCh).

En consecuencia reduzco el thema deci-dendi en esta instancia a la comprobación de la causal invocada, valoración y gravedad de la conducta injuriante del actor como para considerarla de gravedad suficiente y motivante del despido con causa.

El memorial (fs. 1095/1107) se asienta en las afirmaciones generales de la demandada -descriptas las pruebas producidas que contrarían el análisis de la Aquo- y arribando el quejoso a la conclusión que el accidente ocurrido se produjo por la negligencia en el cumplimiento de las funciones por parte del actor, que incurrió en una ausencia de contralor del funcionamiento de un equipo, y no impedir el trabajo de los operarios fuera de las normas de seguridad y el consecuente perjuicio económico.

En efecto el accidente que produjo el fallecimiento de un trabajador el 8 de mayo de 1998, fue un hecho incontrovertido en este pleito, pero que el mismo se haya producido por la falta de adopción de las medidas de seguridad y preventivas por parte de B. (el actor), es una situación diversa que comprende dos aspectos diversos:

el primero de ellos, una responsabilidad extralaboral en una esfera que está fuera de este pleito y el segundo, la negligencia acusada en la notificación de despido, la falta de adopción de medidas, comprendiendo en consecuencia verificar si el accionante sujetó su conducta y proceder a las disposiciones empresarias, o si por el contrario no lo hizo. Es en este aspecto que he de coincidir con la Aquo respecto de la imprecisión de la notificación de la causal del despido y el análisis efectuado en la sentencia que no resulta conmovido por los argumentos del apelante.

A ese respecto en oportunidades anteriores tuve la posibilidad de expedirme con un criterio similar al resuelto por el juzgado de origen, sosteniendo concordando con copiosa doctrina y jurisprudencia, que la valoración de la injuria laboral justificadora del despido debe ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración el carácter de las relaciones, las modalidades y circunstancias personales derivadas del contrato de trabajo en cada caso, lo que los doctrinarios denominan pautas que involucran tener a un despido por justa causa, que deben merituarse en cada caso en particular ligadas a la contemporaneidad, proporcionalidad y causalidad (Cfr. Meilij, "Contrato de Trabajo", T.II, pág.462).

Si bien es cierto que la violación al deber de diligencia y colaboración a cargo del trabajador previsto en la LCT importan un hecho injurioso, que según las características justifica el despido, aunque de él no se siga un daño cierto susceptible de apreciación pecuniaria, tales como la realización de tareas manifiestamente defectuosas o equivocadas (Enrique Herrera, "Extinción de la relación de trabajo", Ed. Astrea, 1986, pág. 337/9, cita a Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", T.1, entre otros).

No es menos cierto que debe acreditarse tal circunstancia y en la especie las afirmaciones de la sociedad comercial demandada de inobservancia de normas de seguridad, en síntesis la negligencia endilgada.

Sobre estas bases, cabe afirmar respecto de la modalidad y circunstancias derivadas del contrato de trabajo, que fue probado en autos que el actor cumplió con lo dispuesto por la empresa; lejos está la hipótesis de la negligencia cuando concurrió a las reuniones de los viernes obligatorias, tal y como detallan los testimonios citados tanto por la Aquo como por quien me precedió, y que recuerdo -fs. 272/75, fs. 988/vta. entre otros-, y el incumplimiento que se menciona en la CD nro. 29327724 0AR que notifica el distracto al actor.

No se excluye de este análisis la cir-cunstancia que fue probado que el equipo era deficiente desde el punto de vista de su estructura mecánico-funcional, que tenía fallas y que debía accionarse de una determina manera que no se correspondía con lo establecido por las normas de seguridad ni con lo previsto para esos "aparatos", de lo cual tenía conocimiento la gerencia quien debía haber adoptado los medios para solucionar las cosas y que el equipo se ajustara a las prescripciones, y no haber permitido que se continuara, con usos y costumbres laborales impropias, según informes y testimonios de fs. 272/5, fs. 998, fs. 1079 con detalle de fs. 291/336 y conclusiones de fs. 966/9, a lo que se agrega y está estrechamente vinculado con las características personales, modalidades, circunstancias y existencia misma de la causal invocada -elementos para valorar- que la empresa no puede calificarse de pequeña sino que contaba con una estructura de división de trabajos y de roles, de sectores varios, constituyendo supervisiones en distintos grados de ingerencia en el quehacer laboral.

Por lo cual considero que no resulta admisible pensar en una responsabilidad por el mal funcionamiento de las maquinarias al jefe de campo, cuando habían sido informados los superiores en orden jerárquico de lo que ocurría -fs. 1086, fs. 852/4, fs. 1088-.

Todo lo dicho me induce a la convicción que no se probaron las causales invocadas para sustentar la injuria laboral; considero que el empleador debió haber merituado en forma previa todas estas situaciones que eran de su conocimiento previo y no adoptar medidas expulsivas directamente tal y como lo hizo sobre quien acatando órdenes concurrió a la reunión de trabajo obligatoria y había denunciado por otra parte las deficiencias del equipo y no había dispuesto en forma personal la distribución del trabajo el día del accidente de un operario.

Estimo que debió haberse merituado con mayor seriedad la decisión adoptada, toda vez que la sanción expurgatoria es la máxima facultad del empleador, de allí que su aplicación sea restrictiva pues disuelve el vínculo que es aquello que debe priorizarse, demostrando concluyentemente la existencia de la falta atribuida (Art. 10, Art. 243 y concs. de la LCT).

La ley exige la demostración de la falta, ocurrido ello, que ésta revista gravedad tal que no consienta la prosecución del vínculo laboral, y la variedad de situaciones hace que esa valoración deba hacerse con sujeción al caso concreto, por lo cual y bajo esta óptica, no considero inadecuada ni desacertada la decisión de la primera sentenciante (doctrina en la materia Vázquez Vialard, "Tratado de Derecho del Trabajo", t.5, pág. 379/82, Ed. Astrea-84).

Del examen extenso de la causa efectuado en la instancia de grado, la demandada no brindó satisfactoria contradicción a las conclusiones, por tales motivos, encuentro que no existen argumentos que fundamenten un fallo diverso, por lo cual propicio rechazar los agravios confirmando la sentencia venida en apelación, por todo lo expuesto, en coincidencia con la Dra. Alonso y sus argumentos, que a mayor precisión también hago propios.

Igual suerte corren las costas que, conforme principio objetivo de la derrota, se imponen a la recurrente vencida (Art.68 del CPCCCh) difiriendo la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

Esta vocalía, por coincidir, da por reproducida la fórmula postulatoria de la magistrada prevotante.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 1094 y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia obrante a fs. 1072/1093.

2) Costas de la segunda instancia al recurrente vencido. Regular los honorarios profesionales correspondientes a la Alzada, a favor de los Dres. G. B. S. y E. V., en forma conjunta, en la suma de TRES MIL PESOS ($3.000).

3) Tener presente la reserva del caso federal efectuada a fs. 1107 y vta.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 14 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS