marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: PENAL
Carátula: Fazio, María Catalina s/ Defraudación Zalazar, Blas s/ Corrupción de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27|1994-02-08

La parte final del art. 357, nuevo supuesto incorporado por ley 10.358, admite en calidad de sentencia definitiva, a los efectos de la procedencia del recurso, la que, aun cuando declare la nulidad de los procedimientos de primera instancia, o del fallo pronunciado en la misma, contravenga lo dispuesto en el art. 314, que prohibe la reformatio in pejus sin apelación del fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, accidente de tránsito, servicios de vigilancia, semovientes, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Sarro, Antonio y otros c/ OCA S.R.L. y otros (Buenos Aires, Provincia de) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

La provincia no es responsable por el accidente causado por vacunos sueltos en una ruta.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, acto administrativo, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL
Carátula: GENARO GARCIA LIMITADA SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ REGULACION DE HONORARIOS. RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE   PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 126-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

A los fines de practicar regulación de honorarios profesionales, según sean las características de la demanda declarativa en examen, habrá de ser considerada susceptible de apreciación pecuniaria o no, en la medida en que pueda apreciarse la existencia de utilidades directamente derivadas de la declaración que se haga mediante la sentencia; y de ello depende, naturalmente, la selección de la norma arancelaria aplicable. En la especie, se pretendió la declaración de nulidad del acto administrativo de la Municipalidad de Rosario mediante el cual el ente territorial exigió a la actora la presentación de los planos de demolición de la parte siniestrada del elevador de granos de su propiedad levantado en el Puerto de Rosario bajo apercibimiento de clausurar la planta, aplicando, además, una multa. Como se advierte, con la salvedad de la multa impuesta, ninguna pretensión patrimonial integró la demanda y, los daños y perjuicios que podrían haberse generado como consecuencia de la supuesta ilegitimidad del acto, en absoluto fueron materia de proposición ni discusión en esta causa, por lo que mal pueden considerarse como "los valores, bienes o intereses comprometidos" a que hace referencia el artículo 8 de la ley 6767, desde que no constituyen la consecuencia directa de la pretendida ilegitimidad.
Esfuerzo compartido, tipo de cambio, dólares, moneda de curso legal, costo financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fernández Héctor Osvaldo c/ San Francisco Agropecuaria S.A.  s/ proceso ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-06-07

La operatividad del art. 520, tercer párrafo, del anterior CPCC, hoy art. 524 del actual CPCC, hace que hallándose el deudor en mora, el momento del efectivo pago o el más cercano determine la cotización a considerar, porque la sociedad ejecutada es deudora de una obligación en dólares estadounidenses, razón por la cual el reajuste debe ser efectuado respecto de la obligación originaria. Con lo cual, el monto equivalente a "pesos" por el que se despachó la ejecución como aquel por el que se decretó la medida revestían carácter provisorio, no es el monto del juicio que, como se dijo, sigue siendo el estipulado en moneda extranjera. Además ambos montos respondían a la cotización de la moneda extranjera vigente a ese momento procesal según el tipo de cambio vigente, que dista del actual, de acuerdo a la reseña efectuada. (Del voto del Dr. Curatola)
Modalidades del contrato de trabajo, contrato de tiempo parcial
Materia: LABORAL
Carátula: NICOLOFF, MARTA c/ HSBC SERVICIOS FINANCIEROS PERSONALES ARGENTINA S.A. s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-31

El contrato de trabajo a tiempo parcial es una modalidad excepcional de contratación que prevé el art 92 ter de la LCT, y por ello, el empleador que alega una contratación en esos términos debe probar los presupuestos condicionantes de su procedencia (art. 377 del CPCCN). Pero si la actora no tenía horario fijo habitual para comercializar los productos de la demandada, ello no necesariamente puede llevar a la conclusión que estaba vinculada por la aludida modalidad de contratación, cuando la norma fija un módulo específico para la procedencia de la misma.
Facultades del Poder Judicial, tasa de justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de Chos Malal y otros c/ Provincia de Neuquén s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-12-22

Sólo cabe al Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de órgano máximo del Poder Judicial provincial, ejercer aquellas facultades que anteriormente se encontraban en cabeza de la Dirección General de Rentas, esto es, dictar la reglamentación pertinente con la finalidad de propiciar una correcta determinación, percepción, contralor y ejecución de este recurso propio (tasa de justicia), así como impartir las normativas generales interpretativas necesarias para una adecuada actuación en la recaudación.
Vivienda única, protección de la vivienda, aplicación de la ley, embargo, levantamiento del embargo, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Monllau, Nelly Hortensia Vega de c/ Clerici, Rolando Gerardo y otro s/ EJECUTIVO-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-10-23

El agravio del casacionista fundado en la errónea interpretación que el Tribunal de grado hace respecto del art. 1 de la ley 4.809, que confirmó el embargo ordenado en Primera Instancia respecto del inmueble que constituye su única vivienda, no es de recibo. En efecto, si bien el legislador ha querido generar un resguardo, una protección más eficaz para el que tiene un solo bien, ese bien debe reunir los requisitos necesarios que surgen de la normativa referente y vinculada al bien de familia y por cierto, más allá que el bien los reúna llegado el momento, él o los interesados deben probarlo, ya que no vale la sola invocación de una vivienda única para considerarla automáticamente inscripta como bien de familia.

Resulta ineludible la concurrencia de su carácter de única al resto de los requisitos que el régimen legal obliga.

Sin duda que la ley, en base a las garantías constitucionales relacionadas a la vivienda, ha querido comprar a este sector de propietarios que han omitido el trámite de la inscripción, pero para gozar de este beneficio la vivienda no inscripta debe encontrarse en condiciones de estarlo; allí sí se considera la inscripción automática de pleno derecho. Asignarle otra inteligencia a la norma controvierte el orden de prelación y jerarquía de las leyes, determinado en la C.N. al instituir un régimen opuesto al establecido por la ley 14.394. (Del voto del Dr. Oviedo).
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, agotamiento de la instancia administrativa, SECLO, habilitación de instancia, ley vigente, sentencia arbitraria
Materia: LABORAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Ballesteros, Gabriela Verónica c/ Experta ART S.A. s/ accidente - ley especial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Es arbitraria la sentencia que insta a la demandante a transitar una nueva instancia administrativa ante las comisiones médicas, sin ponderar que ya había agotado el procedimiento ante el SECLO y tenía expedita la vía judicial, incurre en un exceso de rigor formal que no guarda relación con las constancias de la causa y la normativa aplicable, en tanto la administración, a través de resoluciones -298/17 de la SRT y 463-E/2017 del MTEySS-, decidió que el nuevo procedimiento será aplicable a las actuaciones administrativas iniciadas a partir del 1 de marzo de 2017 y reconoció que la culminación de los trámites iniciados ante el SECLO con anterioridad a esa fecha, agotan la instancia administrativa. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Declaración de incompetencia, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Promociones Valleloza SL y Otros c/ IG Pampeña SL y Otras s/ Solicita disolución de sociedad, etc. (ordinario)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-27

Un juez incompetente tiene la facultad de decretar una medida cautelar siempre que se reúnan los requisitos exigidos en el código procesal, sólo antes de declarar su incompetencia y siempre que ésta no fuere manifiesta, ya que una vez declarada ésta carece de jurisdicción para dictar ex post una medida de esa naturaleza
Prueba, prueba pericial, planteo en segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: OSWALD, VICTORIA c/ LALOR (S.A.) s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

En virtud de la inapelabilidad de las medidas dictadas en materia probatoria (CPR 379), se permite el replanteo en la alzada, cuando el expediente es elevado por los recursos deducidos contra la sentencia definitiva (CPR 379, 385 in fine y 260-2. y 5.). Dicha facultad tiene por objeto inmediato evitar una injusticia, cuando arbitrariamente les ha sido denegada a las partes la producción de una prueba, salvando así la mencionada inapelabilidad, o posibilitar la revisión de la o las negligencias declaradas o caducidad mal decretadas en la instancia originaria (en el caso, resultó improcedente la pretensión de practicar en segunda instancia una nueva peritación, pues tal petición no constituye un supuesto que encuadre dentro de las previsiones de las normas citadas, puesto que se encuentra reservada al juez a quo la facultad de disponer que se efectúe una nueva pericia, o se perfeccione o amplíe la anterior por el mismo perito u otro de su elección (CPR 473, 4. párr.).
Daños y perjuicios, deber de vigilancia, transporte de carga, fuerza mayor, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fortunato Bonelli & Cía.S.A. y otra c/ Transporte Ciudad de María y otro s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-14

Si se ha dejado el equipo automotriz transportador (y a su carga) sin custodia, en lugar abierto al público y sin otra previsión que la de cerrar con llave las puertas de la cabina del chasis, sin requerir siquiera -así fuere como gesto benevolente- al personal de la estación que se observara el camión o que no se permitiera a nadie aproximarse al mismo, no se ha cumplido con los deberes de vigilancia de la cosa (art.162 Código de Comercio) y exhibe ello manifiesta culpa en el dependiente, instalándose la responsabilidad en cabeza del principal (art.1113 del Código Civil)sin que pueda alegarse la existencia de un supuesto de fuerza mayor.
Sucesiones, administrador de la herencia
Materia: CIVIL
Carátula: CORONAS, CONSUELO S-SUC. c/ ESQUILLACE DE DIEGUEZ, MARTA NELIDA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

Aunque el administrador necesita autorización unánime de los herederos para demandar a terceros o contestar demandas en nombre de la sucesión, tal principio cede cuando la acción tiene un propósito meramente conservatorio como sucede en las acciones de desalojo y en los interdictos de conservar y recobrar la posesión.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Moraga, Enrique Antonio c/ Transportes Comodoro S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-15

Las regulaciones de honorarios devengados en las instancias ordinarias así como la determinación de las bases computables a tal efecto y la interpretación de las normas arancelarias son, como principio, en razón del carácter fáctico procesal de tales cuestiones, insusceptibles de tratamiento en la instancia extraordinaria de casación.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Morinico, Angel D. y otra c/ Saldaña, Mario y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-09-08

La presunción consagrada por el artículo 26 inciso b) de la G.T.L.

queda enervada si de la mecánica del accidente se desprende que el impacto se produce en la parte trasera del otro vehículo, cuando éste ya había traspuesto practicamente la boca de registro.-
Personal de casas particulares, cuidador de enfermos, locación de servicios, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: "Furnari, Encarnación c/ Nader, Graciela s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

No medió una relación de trabajo subordinado en el caso que la actora cuidaba a una anciana, ya fallecida, prestando tareas de higiene, aplicación de inyecciones, control de presión arterial y suministro de medicamentos, toda vez que no puede considerarse a los accionados como titulares de una organización de medios instrumentales destinados a la producción de bienes ni a la prestación de servicios, en la que pueda subsumirse el aporte personal de la actora. La situación descripta no puede estar amparada por la LCT, en tanto no existe lucro o beneficio económico por parte de quien la contrató. Si bien la legislación laboral deja un estrecho espacio para la regulación específica de la locación de servicios contemplada en el C. Civil, debe interpretarse que se está en ese campo " por las circunstancias, las relaciones o las causas que lo motivan" cuando se demostrase que no existió un contrato de trabajo (art. 23 LCT), y en el caso, la naturaleza de las prestaciones, así como el objeto de la relación, llevan a la convicción de que se está en presencia de una locación de servicios (art. 1623 y conc. del C. Civil).
Ministros de la Corte Suprema, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Rizzo Romano, Alfredo Héctor y otros c/ Estado Nacional (Corte Suprema de Justicia de la Nación). s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

Las recusaciones de los jueces de la Corte relativas al ejercicio de sus funciones legales resultan manifiestamente improcedentes.
Pago de la remuneración, prueba del pago, recibo
Materia: PROCESAL
Carátula: VACCARI, OSCAR ROQUE c/ SANTOS, BEATRIZ s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-25

El reconocimiento del trabajador de las firmas impuestas al pie de de los recibos de pago de salarios, importe también reconocer el contenido del documento (conforme Sala II, 19 de marzo de 1982, 'Díaz, Tomás c/ Meoni SA. Pablo A.', DT. 1982-A, 722).
Ejercicio profesional, facultades reglamentarias, interpretación de la ley, poder de policía, desregulación económica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Baca Castex, Raúl Alejo c/ C.P.A.C.F. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-01

El dictado de los decretos 2284/91 (art. 12) y 2293/92, muestra una clara voluntad del gobierno federal de alterar el modo de ejercicio del poder de policía profesional tal como se lo conoce hasta ahora, y dicha voluntad armoniza con la creciente liberalización de la prestación de los servicios en el espacio integrado por los países signatarios de los acuerdos del Mercosur, implicando, necesariamente, la atenuación progresiva -y en algunos casos, la eliminación lisa y llana- de las restricciones administrativas y económicas que, en cada país adherente, afectan el ejercicio de las profesiones liberales (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Presentación extemporánea, daños y perjuicios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Caffaro, Norberto José y otros c/  s/ Daños y perjuicios. Por responsabilidad del Estado por sus agentes o función
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

No puede admitirse una argumentación cuando resulta novedosa en la sede extraordinaria, en tanto no fue propuesta en la etapa en que debió plantearse (arg. art. 272, C.P.C.C.).(doctora Kogan, sin disidencia)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, doctrina de la arbitrariedad, daños y perjuicios, daño físico, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ORTEGA, NESTOR c/ CARISIMO, MARCOS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Si bien lo relativo a la determinación de los montos indemnizatorios en supuestos de responsabilidad por daños -en el caso, daño físico- constituye una materia que, en razón de remitir al examen de cuestiones de hecho y prueba, se encuentra reservada a los jueces de la causa, siendo ajena como regla a la órbita del recurso extraordinario, corresponde excepcionar tal principio cuando la determinación del resarcimiento se ha efectuado a partir de meras afirmaciones dogmáticas, sin indicación de pautas objetivas, omitiendo la consideración de cuestiones relevantes y su incidencia para el adecuado resultado final al que se arriba; y en el presente, el Tribunal ha conferido un tratamiento irrazonable al punto debatido, adoptando una solución teñida de arbitrariedad al apartarse de los cánones de motivación y fundamentación exigibles y, por ende, de la correcta resolución de la causa, con afectación de los principios y garantías constitucionales que asisten al recurrente, resultando tal deficiencia decisiva para restarle validez a lo fallado desde una óptica constitucional. (Del voto del Dr. Gutiérrez, al que adhieren los Dres. Spuler, Barucca y Ríos. En disidencia: Dra. Gastaldi y Dres. Falistocco y Erbetta) - CITAS: CSJN: Fallos 312:683; 317:640; 318:2299; entre muchos otros y esta Corte en A. y S. T. 160, pág. 68; T. 243, pág. 480; 301:472; 302:195 y 1033; 304:278 y 629; 305:953; 306:647; 307:158 y 2027, 311:2120; 316:379; 333:1273; CSJStaFe: Di Martino, AyS T 192, p 238; Valpondi, T 277, p 472; T 228, p 263.
Concursos, nulidad de la subasta, precio, precio vil
Materia: COMERCIAL
Carátula: PARTEL, DORA HAYDEE s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-21

Resulta improcedente que el fallido postule la nulidad de subasta, reprochando el precio obtenido cuando, -como en el caso-, surge que el remate se formalizó superando el precio la base establecida en el expediente. Máxime, si no hay evidencia de irregularidades que permita acoger el planteo, ni se justifica la nulidad por la variación de las condiciones económicas por situaciones coyunturales del mercado.
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CODEGA, CARLOS A. c/ PEREZ,ROBERTO E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

La resolución del caso en función de la responsabilidad objetiva prevista por el art. 1113 del Cód. Civil no se ve obstaculizada porque los interesados hayan enancado su pretensión en la culpabilidad del accionado. Es que ni la acción, para el decir de algunos, ni la pretensión, en el hablar de otros, resultan deformadas por el motivo de que si no cabe ver la razón del resarcimiento en el proceder del conductor del vehículo, pueda con parecido alcance encontrársela en la circunstancia de su calidad de dueño o guardián de la máquina con que tuviera lugar el atropello.
Derecho laboral, despido, discriminación laboral, cuestiones procesales, improcedencia del recurso, reinstalación en el puesto de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: González Mario Ramón c/ Obra Social de los Trabajadores de la carne y afines de la República Argentina s/ Cuadernillo Apelación ART. 247 C.P.C.C. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-09

Es evidente en autos la existencia de una conflictividad de intereses entre la empleadora, las instituciones sindicales involucradas y el accionar del propio trabajador involucrado que, desde mi óptica, obstan a la reinstalación por él interesada porque diluyen la verosimilitud de un despido discriminatorio por razones, sería en el caso, puramente sindicales (Voto Welp. Adhesión Ronconi)
Defraudación, administración fraudulenta, delito penal, agencia de turismo, responsabilidad de la agencia de viajes, bienes de terceros
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: Fernández, María C. s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-21

Configura el delito de administración fraudulenta -art. 173, inc.

7 del C.P.- el accionar de la procesada, empleada administrativa de una agencia de viajes, que desvió en beneficio propio diversas sumas de dinero que tenía en su poder, para realizar pagos de los servicios contratados por varios clientes, ya que, aunque se entendiera que no poseía la administración propiamente dicha de los fondos, sí estaba frente al manejo de ellos, y en esa condición abusó, al comprometer a la empresa por quien estaba actuando, y fue infiel, al quedarse con el dinero ajeno.
Querella, audiencia de conciliación, patrocinio letrado
Materia: PENAL
Carátula: Páez, Dolores Inés s/ Querella por injurias y calumnias calumnias
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1998-02-05

El asesoramiento letrado de la persona querellada con motivo de concurrir a la audiencia conciliatoria que prevé el art. 391 del C.P.P., no es necesaria, puesto que como lo expresa la regla del artículo antes citado, la concurrencia de los defensores no es obligatoria, desde que la retractación o conciliación es un acto personalísimo cuya decisión compete personalmente a la querellada. Por otra parte, la posibilidad de retractación o conciliación no ha sido cerrada, ya que el art. 392 del C.P.P. admite la conciliación en cualquier estado posterior al Juicio y la retractación al contestar la querella.
Trabajadores metalúrgicos, gastos de traslado, carácter remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: AMATO, NICOLAS Y O. c/ SEVEL ARGENTINA SA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-18

La 'indemnización por transporte' no constituye un reintegro de gastos, pues se trata de erogaciones que corresponden al propio trabajador dentro del deber de diligencia que debe adoptar para dar cumplimiento a su débito laboral. (Conforme Sala III, sentencia 48523, 'Alba, Héctor O. c/ Sevel Argentina SA.'). El concepto de 'gastos de transporte' contemplado en el artículo 14 de la CCT.

número 13/75 'E' reviste naturaleza salarial.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia, fundamentación suficiente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODEO SRL Y OTROS c/ CONSORCIO CORRIENTES Y CORDOBA Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 298-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-16

La exigencia constitucional de que los fallos se motiven, no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga por sí misma, como pronunciamiento razonable y objetivo, o lo que es lo mismo, no aparezca como para afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial. No siendo necesario a tal efecto, que el Tribunal se haga cargo de todas y cada una de las alegaciones de las partes, como tampoco que explícitamente se desechen argumentos baladíes.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA OCON CARLOS RAFAEL c/ A.P.E. EMERGENCIAS MEDICAS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-11

El requisito de la comunicación escrita de las causas del despido no tiene carácter "ad solemnitatem", en consecuencia, el requisito de la expresión clara e indudable de la causa del despido en la comunicación del mismo puede, excepcionalmente, ser obviado, cuando el destinatario, razonada y justificadamente, no puede ignorar las causas del mismo conforme la situación de hecho planteada, es decir que al destinatario no le cabe duda alguna respecto del motivo que se invoca.