marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, acción de amparo, Universidad de Buenos Aires, resolución administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno Lisandro c/ Universidad de Buenos Aires -Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

Es a los juzgados de primera instancia a los que corresponde conocer del presente amparo, en donde los padres, en representación de su hijo menor -alumno regular de la Facultad de Ciencias Médicas de la U.B.A.- lo promueven en los términos del art. 43 de la C.N., respecto de la Resol. nº 2314/95 del Consejo Superior de la U.B.A., -art. 4º primer párrafo de la ley 16.986, (confr. esta Sala, in re "Frigorífico Río Platense S.A. c/Junta Nac. de Carnes s/ amparo", del 5/9/91, "Luciano Beatriz E. y Otro c/Mº de Econ. -Sec. de Transporte- s/ amparo", de 4/11/93, "M.S.B. Construcciones S.R.L. c/ Enargas s/ amparo", del 22/2/94).
Recurso de apelación (procesal), sentencia condenatoria, unificación de penas, revocación de la condena condicional, reformatio in pejus
Materia: PENAL
Carátula: SERGIO, ROBERTO s/ UNIFICACION  PENA.  CONDENA  CONDICIONAL. OMISION REVOCACION. RECURSO  APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-09-01

En el caso de autos debió el Sr. Juez a-quo haber revocado el carácter condicional de la condena que registra el procesado y debió también unificar ambas condenas, como lo prevé el art. 58 del C.P., lo que no se hizo.

Pero, teniendo en cuenta que en la alzada sólo se cuenta con el recurso defensista, no puede dejarse sin efecto la pena suspendida y unificarla consecuentemente con la del "sub-lite", por cuanto ello entrañaría una sanción más gravosa que la atacada por recurso, a lo que empece la prohibición de la "reformatio in pejus", tuitiva del derecho de defensa en juicio con sustento constitucional.
Fecha de ingreso, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: WENDLER NESTOR FABIAN c/ WENDLER HUGO AGUSTIN s/ LABORAL - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-06-18

Intimado el empleador a que establezca fecha real de ingreso, con sustento en la relación anterior y con el objeto de determinar en forma correcta el período de preaviso que correspondía conceder así como el monto de las indemnizaciones a liquidar, no podía negar la fecha del primer ingreso desconociendo lo determinado por el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. Corresponde en consecuencia hacer lugar a la indemnización contemplada en el artículo 9 de la ley de empleo.
Suspensión del juicio a prueba, nulidad procesal, vista de las actuaciones, vista al fiscal, falta de vista al fiscal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: SIMIELE, Antonio s/ Causa 32.893
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-29

La omisión de correr vista previa al representante del Ministerio Público torna írrito el pronunciamiento de suspensión del juicio a prueba, pues su opinión es condición necesaria para su sustanciación, conforme surge de la correcta exégesis del art. 76 bis del C.P.
Lealtad comercial, tribunal administrativo, multa, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "DITECAR S.A. c/ DNCI-DISP. 161/11 (EXPTE SOl:179108/10)". s/ apelación de resolución de la ComisiónNacional de Defensa de la Competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-07

La jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la graduación de las sanciones pertenecen al ámbito de las facultades discrecionales del Tribunal Administrativo, en cuyo ejercicio éste no debe ser sustituido por los jueces, a quienes sólo cabe revisarlas en caso de irrazonabilidad o arbitrariedad manifiesta (C.S.J.N. "Fallos": 303:1029; 304:1033; 306:1792; 307:1282; esta Sala, "Suarez", 5/7/84; "Gorrini", 17/10/96; "Cochlar", 27/5/97; "Obra Social Bancaria Argentina", 6/3/07; "Auchan Argentina", 26/3/07; "Compañía Industrializadora de Carnes SACI", 11/5/07, "Basteiro, Emilio David" del 23/5/07, entre otros).
Nulidad del acto jurídico, nulidad de la escritura pública, litisconsorcio pasivo, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: MIRONOW TOMAS c/ GALLEGO DE SANTOS MARTA OFELIA s/ NULIDAD DE ACTO JURIDICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-06

No puede decretarse la nulidad total de un negocio jurídico ni de la escritura pública que lo instrumenta si falta integrar el proceso con todos los partícipes, ya que la acción de nulidad de un acto plurilateral da lugar a un litisconsorcio pasivo necesario.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Ecohábitat SA Emepa SA Unión Transitoria de Empresas (Resol 170/E/2014) c/ Ente Regulador de los Servicios Públicos CABA s/ recurso directo s/ resoluciones del Ente Único Regulador de Servicios Públicos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-08

Las normas aplicables a la regulación de honorarios prevén que el patrocinio letrado del recurso de inconstitucionalidad se remunera con un mínimo de 20 UMA, al que eventualmente se le agregan 5 UMA para retribuir la interposición de una queja contra su denegatoria, lo que arroja un total de 25 UMA, si debió interponerse queja ante el TSJ. Ese sería el máximo de honorarios a distribuir entre los letrados patrocinantes, más el 50% correspondiente a la representación. Si los letrados que intervinieron en las distintas presentaciones no fueron los mismos, corresponde regular los honorarios de acuerdo al carácter en que intervinieron. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi. Voto coincidente del juez Luis Francisco Lozano).
División de poderes, distribución de competencias, Poder Ejecutivo, facultades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Lo atinente al gobierno, administración de la hacienda y patrimonios públicos, y las políticas respectivas, son materia propia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Mientras que al Poder Judicial le compete, en punto a los actos dictados en esas materias, decidir en casos judiciales acerca de su legalidad, especialmente en cuanto concierne a su confrontación con la Constitución Nacional, pero no de su acierto, oportunidad y conveniencia (Voto de los Dres. Moliné O'Connor, Guillermo A. F.

López y Adolfo Roberto Vázquez).
Voto de los jueces, voto en mayoría
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Scaglione, Mariano Enrique s/ Infr. art(s) 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC- s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y su acumulado, expte. n° 8849 "Ministerio Público -Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 2- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Scaglione, Mariano Enrique s/ inf. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes -CC-'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-20

Tratándose de una mayoría absoluta, la Cámara debía reunir el consenso de la mitad más uno de sus integrantes para conformar una decisión válida; lo que no sucedió en el presente caso, situación que no se modificó con la intervención del Presidente y de otro juez, desde que, si bien con respecto a la probation hubo coincidencia entre los tres jueces en confirmar su otorgamiento, lo cierto es que sólo uno de ellos ratificó todas las reglas adoptadas por el juez de primera instancia. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de apelación (procesal), falta de agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: ANTORCHA CIA. ARG. DE SEGUROS c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. BQ. JOANA BONITA s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-17

El recurso de apelación, contemplado por los arts. 242 y ss del C Procesal, exige entre sus requisitos subjetivos: a) que los sujetos estén legitimados para apelar es decir en principio que revistan la calidad de parte. Va de suyo que también comprende a sus representantes, b) que media agravio o perjuicio personal, es decir la necesidad de que la resolución que se impugnan, cause al recurrente un gravamen cierto y concreto. Este recaudo encuentra fundamento en el principio general según el cual sin interés no hay acción con derecho y c) órgano competente para conceder el recurso.

El principal de los recaudos señalados, tal es el del perjuicio real y concreto que la decisión que se recurre causa al interesado, no se configura. No se advierte cual es el agravio que le causa que las costas generadas por su actuación queden a cargo de una u otra de las partes, siendo que en definitiva no es a ella a quien corresponde efectuar la erogación, máxime cuando la propia interesada AGP, ha consentido la sentencia condenatoria de primera instancia.
Dictamen pericial, médico forense, apreciación de la prueba, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Marin Enrique Nazareno c/ Kischner Carlos Alberto s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-27

Cuando en el caso se analizan cuestiones de carácter técnico el Juzgador debe estar -como principio- a los dictámenes emanados de los organismos técnicos correspondientes, salvo que sean irrazonables y arbitrarios. El propio STJER ha señalado que no es posible sustituir -sin más- el conocimiento científico que justificadamente se presume aportado por el perito, por el 'conocimiento común', máxime en el caso, en que la intervención del médico forense oficial, aporta un plus de fiabilidad de sus conclusiones por la fuerte presunción de imparcialidad desde la que desarrolla su función (Welp. Adhesión Romero)
Falsa denuncia, calumnias, administración fraudulenta, dirigente deportivo
Materia: PENAL
Carátula: DE SANTIS, G. s/ FALSA DENUNCIA - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-13

1) Si bien ha quedado actualmente desincriminada la denuncia calumniosa, es decir, el denunciar ante la autoridad pública un delito imputándoselo directamente a una persona; en cambio tiene adecuación legal la figura de falsa denuncia del art. 245 C.P., que requiere como presupuesto típico que no se trate de una atribución a persona determinada, ya que si ello se da se podrá estar en un supuesto de calumnia judicial que queda incluido en el art. 109.

Habiéndose probado en el caso de autos que el procesado concurrió a la policía a denunciar la sustracción de documentos que luego el otro coprocesado comercializó, queda configurado el delito de falsa denuncia.

2) En la figura de administración fraudulenta existen dos tipos delictivos: el del abuso y el de quebrantamiento de fidelidad. La acción abusiva, que sería la del caso de autos -consistente la imputación en haber formado ciertos directivos del club una sociedad, obteniendo, a raíz del abuso del cargo, un beneficio, librando documentos por deudas inexistente- se da cuando el autor, violando sus deberes disponga patrimonialmente, u obligue con exceso, al titular de los intereses patrimoniales que se le han confiado, extremos no probados en autos, dado que el accionar de los nombrados aparece más como una administración negligente que dolosa.

No ha podido demostrarse, con la certeza que exige una sentencia condenatoria, que los procesados, más allá de una desacertada gestión de negocios hayan tipificado el delito en cuestión.
Resoluciones equiparables a definitiva, jurisdicción, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: PROCESAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

La equiparación a sentencia definitiva sólo se justifica cuando la decisión recurrida sustrae definitivamente la causa de la jurisdicción local, supuesto que no se cumple cuando la sentencia cuestionada declara que la justicia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad es competente para entender en el proceso. (Voto en disidencia de la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Julio B. J. Maier).
Principio de irrenunciabilidad, improrrogabilidad de la competencia
Materia: LABORAL
Carátula: Albornoz, Ramón Alberto c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ Accidente de Trabajo (Por incompetencia)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-24

En el derecho procesal del trabajo, el principio de la autonomía de la voluntad se encuentra restringido, las normas son de orden público y por lo tanto campea sobre la materia el principio de irrenunciabilidad. La improrrogabilidad de la competencia es una derivación de estas ideas basales: protege al trabajador de consentir tramitaciones en lugares inconvenientes o en fueros que no son los propios que le corresponden a la índole de los derechos sociales en juego. La competencia de los tribunales del trabajo es especial y de orden público. (Voto Welp. Adhesión Romero)
Reajuste jubilatorio, responsabilidad del Estado
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GRANATA, JOSÉ c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-09

En la causa "Badaro, Adolfo Valentín" (sent. del 08.08.06) se advierte que la C.S.J.N., con apropiado activismo, impulsa la realización por parte del Estado de las políticas públicas necesarias para evitar que prosiga la lesión a los derechos tutelados (cfr. R. Gil Lavedra, "Independencia judicial: Una cuestión prioritaria", pub. en Realidad Judicial, pág. 2, del 25/08/06).

Pero en el ínterin, no pueden los Tribunales posponer la resolución de las causas sometidas a decisión (arts. 15 y 16 Cód. Civil; art. 34, inc. 3 C.P.C.C.). (Del voto de la mayoría, argumento del Dr. Díaz. La Dra. Maffei votó en disidencia).
Declaración testimonial, forma ad solemnitatem
Materia: PENAL
Carátula: Dirección General de Servicios Públicos s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-05-14

La ley penal ha sido tan rigurosa que ha dado una forma al acto de la declaración que obliga a que se lo incluya en la calificación de acto jurídico solemne "ad solemnitatem", actos en los que el no cumplimiento de alguno de sus requisitos necesarios acarrea su nulidad absoluta.
Compraventa de automotores, indemnización, daño emergente, lucro cesante, daño al interés negativo
Materia: CIVIL
Carátula: VALENTIN ZERPA Y CLEMENTE GERONIMO c/ HECTOR OMAR ABUD s/ ORDINARIO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DAñOS Y PERJUICIOS s/ ORDINARIO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - DAñOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1987-11-11

Si los compradores de un vehículo, cuyo contrato se resuelve, reclaman la indemnización del daño que sufrieron por la privación del uso del mismo, lo reclamado es la reparación del daño al interés negativo cuyo contenido se integra tanto con el daño emergente, como por el lucro cesante.

El daño emergente está constituido por los gastos realizados en razón del negocio resuelto, quedando incluido en este rubro el alquiler del vehículo que reemplazó al perdido. El lucro cesante, representado por las ganancias que la parte perjudicada dejó de hacer en razón de la resolución, está constituido por los intereses que -se presume- hubiese reportado el dinero pagado como precio durante el tiempo que estuvo en poder del vendedor después que los compradores sufrieran la desposesión del vehículo, y por las utilidades que el uso de ese vehículo hubiese significado para quienes lo trabajaban.
Quiebra, clausura por falta de activo, detención del fallido, presunciones, inconstitucionalidad, fraude
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARGARATE, ROLANDO s/ QUIEBRA POR EXTENSION - CLAUSURA - INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-16

Dadas las circunstancias que prevé el art. 234 L.C., la clausura del procedimiento concursal por falta de activo, deviene irremisible el efecto que marca dicha norma, tal "detención del fallido y su remisión a la justicia en lo penal para la instrucción del sumario correspondiente".

Ello se da así por la presunción de fraude que impone el mismo dispositivo legal citado por sobre cualquier apreciación subjetiva del caso por parte del Juez de la quiebra, quien no tiene competencia para juzgar sobre el supuesto delito, como que precisamente lo deriva para ese fin a la justicia penal, y el arresto es una mera medida preventiva.

Las críticas (a lege-ferenda) que se efectúan a la ley no pertenecen a este ámbito jurisdiccional, sino a la cátedra y al legislador en tanto la vigente es categórica e imperativa en algo que no es novedoso sino que viene reiterándose desde vieja data en sucesivos ordenamientos legales patrios y extranjeros de la materia concursal.

Por lo tanto, el Judicante tendría no más que cumplir la norma imperante, pero, habida cuenta de que el fuero represivo, a través de la justicia federal por la índole de la cuestión, ha tomado ya intervención incluso en relación al aquí fallido,según surge de los elementos obrantes en autos, cabe dejar sin efecto el Punto III de la resolución impugnada (orden de detención).-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, costas, leyes, interpretación de la ley, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Rico, Adriana Scuccimarra de c/ Meitar Aparatos S.A. y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario (Expte. CSJ Nº 60- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-03

El principio de que las cuestiones referentes a la imposición de costas son insusceptibles de impugnación en la instancia extraordinaria que regula la ley 7055, debe ceder cuando lo resuelto supone un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o cuando media una decisiva carencia de fundamentos.

En el caso, y más allá de la "revocación parcial" del fallo de baja instancia -en cuanto declaraba la nulidad por simulación de una asamblea general extraordinaria y ordenaba (entre otros extremos) el reintegro del status societario a la actora-, lo cierto es que la demanda prosperó en definitiva, haciéndose lugar a una de las pretensiones instauradas a través de la misma -la de fraude-, todo lo cual evidencia la falta de fundamentación del pronunciamiento cuando impuso las costas en un 20% a la actora y en un 80% a la demandada refiriéndose solamente al "éxito obtenido en la valoración de pretensiones", apreciación que carece de toda justificación ante la indiscutible realidad de que la impugnante revistió efectivamente la calidad de "vencedora" en el juicio.
Sobreseimiento, trata de personas, explotación laboral, legitimación activa
Materia: PENAL
Carátula: Ferreira, Alicia Andrea c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-08-25

Resulta prematuro el sobreseimiento dictado respecto de los hechos que fueron calificados como trata de personas con fines de explotación laboral, ya que resta profundizar la investigación en cuanto a las familias que habrían ingresado a trabajar en las granjas avícolas y recepcionarles las correspondientes declaraciones, sin que se hayan analizado suficientemente los informes efectuados por las integrantes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y de los inspectores de la Delegación Regional San Martín del Ministerio de Trabajo -en cuanto a la nacionalidad de las víctimas, la falta de documentación personal, el cobro del sueldo en "negro", la falta de acceso a obra social, la deuda de los trabajadores por compra de equipamientos para el hogar, la falta de cumplimiento de los francos establecidos, la extensión del horario de trabajo, la minoridad de algunos trabajadores, la falta de higiene, la posible comisión del delito previsto en los arts. 116 y 117 ley 25.871-, todo lo cual exhibe la falta de certeza negativa para sobreseer a una persona con respecto a determinado hecho.La expresión "particularmente ofendido" (art. 82 CPPN) abarca tanto al titular del bien jurídico que resulta lesionado por el obrar investigado -sujeto pasivo del delito-, como así también a quien resulte damnificado, por haber sufrido un perjuicio real y concreto que lo habilita para accionar.
Contrato de agencia, transporte aéreo, agente de comercio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodysa  S.A. c/ Dansas Argentinas  S.A. s/ Cobro dólares (u$s40.404)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-22

del propio conocimiento de la demandada surge que actuó como agente de comercio, auxiliar autónomo, cuya figura no ha sido receptada por el Código de Comercio. Esta figura no impide la existencia de contrataciones, fundada en la autonomía de la voluntad de las partes. Así, este contrato de agencia, configura generalmente una locación de obra, con facultades otorgadas al agente para concluir el negocio, lo cual le da connotaciones de un mandato o una comisión, que en ningún caso los libera del cumplimiento del "opus" contratado ni lo libera de la obligación de rendir cuentas ni de responder por el correcto cumplimiento de su cometido.

La responsabilidad "in concreto" de la demandada deviene de no haber impuesto como condición del embarque aéreo, que éste debería inexorablemente efectuarse antes del 25/7/87. Si no obstante tales instrucciones ello se hizo en contra de las órdenes del comitente, la demandada debe responder, y su intento de liberarse de su responsabilidad, mediante la demostrada argumentación de que transmitió constantemente tanto a Dansas SAE , cuanto a Donato Gonsález Cortéz, y éstos a su vez a Iberia, la insistencia de que el embarque se hiciera antes de la fecha indicada, podrá darle derecho a un eventual resarcimiento de estos últimos, pero no la libera frente a la actora, pues esta última contrató exclusivamente con la accionada, quien no incluyó en sus transmisiones la condición de no embarcar la mercadería si no existía seguridad respecto del plazo.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, robo calificado, robo con perforación o fractura, lugar no habitado
Materia: PENAL
Carátula: Quintero Marcelo Alejandro s/ Robo Calificado en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2002-03-15

El cuestionamiento sobre la ocupación o no de la vivienda al momento en que se perpetró el hecho ilícito, reviste el análisis de los aspectos fáctico y probatorio, cuya competencia compete exclusivamente a los magistrados presentes en el juicio, en observancia del principio de inmediación que rige el proceso oral, por consiguiente, en principio su tratamiento se encuentra vedado a esta instancia extraordinaria, salvo absurdo o arbitrariedad, que en la especie no se alegan ni se aprecian. Que, no obstante ello, este Alto Cuerpo debe destacar que la ausencia temporal de la vivienda violentada, por su propietaria, aún cuando "...viaja constantemente...", en modo alguno empece a la aplicación de la agravante, pues las defensas forzadas por el sujeto activo estaban destinadas a proteger un lugar permanentemente habitado en la práctica, -la damnificada deja la casa cada tanto por uno o dos meses, la deja totalmente amueblada y cuando ella regresa de esos viajes vive en esa casa. Resultaría un grave precedente aceptar la postura desincriminante de la defensa, aduciendo la inaplicabilidad de la agravante por la ausencia temporaria de su propietaria.