Decomiso, juicio abreviado, remisión del expediente, facultades jurisdiccionales, pena accesoria, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Nwabuife Aleozo, Alex Chukwuemeka c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-17

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa oficial del imputado Nwabuife Aleozo, anular el punto dispositivo 3° de la sentencia (que dispuso el decomiso del dinero incautado en poder del nombrado) y devolver las actuaciones al a quo para que, previa vista al Fiscal y a la defensa, resuelva nuevamente la cuestión. Asiste razón al recurrente en cuanto a que no correspondía el decomiso ordenado por el tribunal a quo dado que no integró ni formó parte del acuerdo de juicio abreviado suscripto por el representante del Ministerio Público Fiscal y el imputado -acompañado por su defensa-. Por el contrario, previo a disponerse el mismo, y de considerarlo adecuado, lo correcto hubiera sido correr traslado a ambas partes para que se expidan en consecuencia y así habilitar la jurisdicción. En efecto, resulta de aplicación en estos casos el criterio establecido por la CSJN en el fallo "Romano" (Fallos 331:2343) en punto a que es el Ministerio Público Fiscal el que debe, al momento de acordar en los términos del art. 431 bis del CPPN, requerir todas las consecuencias jurídicas concretas que corresponderán al condenado, pues en caso de no hacerlo, la defensa bien puede confiar en que esas consecuencias jurídicas no se producirán o que, al menos, ello no sucedería sin que mediara previa vista. En el caso no puede asumirse la posición del Ministerio Público Fiscal acerca del decomiso de esa suma dineraria en cuestión, resaltándose al respecto que pese a solicitar el Fiscal General que se impongan las accesorias previstas en los incisos "d", "e", "f" y "h" del art. 876 del Código Aduanero, no lo hizo así en relación a aquélla que dispone el decomiso de los instrumentos empleados para la comisión del delito -en concreto la estipulada en el inciso "b"-. De esa manera, imponer la pena accesoria que no fue solicitada expresamente por el acusador público en el marco del acuerdo de juicio abreviado incurre en un déficit de sustanciación, desnaturaliza por completo el fin de este juicio especial y viola el derecho de defensa del acusado por no brindarle la posibilidad de expresar las consideraciones que considere pertinentes. Si bien es cierto que el comiso de los bienes es una consecuencia accesoria de la pena principal, también lo es que la ley autoriza la medida cuando aquellos bienes en cuestión hayan sido empleados para cometer el ilícito, o sean resultado del beneficio económico obtenido del mismo. Es decir que para ordenar el decomiso de los objetos secuestrados corresponde analizar cada caso en particular según las características del mismo. Sin abrir juicio sobre el acierto o error de la decisión cuestionada, el Tribunal incurrió en un exceso de jurisdicción al fallar más allá de lo acordado en el marco del juicio abreviado y sin haber oído a las partes al respecto. La disidencia entendió que por ser el decomiso una consecuencia accesoria a una pena principal, de carácter retributivo, constituye un efecto de la sentencia condenatoria que procede por imperativo legal cuando estén presentes las condiciones previstas en el artículo 23 del Código Penal y, en consecuencia, ajeno a la negociación de las partes -en el caso, ajeno al acuerdo de juicio abreviado-. Por otra parte, el decisorio impugnado cuenta con motivación suficiente, sin que se adviertan defectos lógicos en el razonamiento. Agregó, que los baremos tenidos en cuenta por el a quo aparecen como idóneos y aptos para el fin y conducen a concluir que el dinero -en diversas monedas- que le fue secuestrado al imputado al momento de ser detenido queda comprendido dentro del concepto "instrumentos empleados para la comisión del delito", que el artículo 876 inc. b) del Código Aduanero autoriza a comisar, si resultaron el medio necesario e indispensable para poder cumplir y llevar a cabo la intentada maniobra de contrabando. Por último agregó que, en tanto el delito por el que fue condenado es el de tráfico internacional de estupefacientes en tentativa, existen obligaciones internacionales que atender en cuanto a la adopción de medidas útiles y eficaces para evitar que se usufructúe el provecho obtenido de tales conductas, como también su financiamiento, obligaciones asumidas mediante la aprobación de la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" y la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional". Dres. Figueroa -en disidencia-, Petrone y Barroetaveña (voto concurrente).