marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sociedad conyugal, deudas de los cónyuges
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SAYAGO, LUIS ALBERTO c/ BOGLIONE, JOSE LUIS s/ COBRO DE PESOS-DISOLUCION Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE HECHO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-11-12

El interés del tema de las deudas comunes conyugales, es la naturaleza del deber jurídico del cónyuge no contratante, y consecuentemente la posibilidad de excusión de los bienes del cónyuge que contrajo la deuda para que puede exigírsela al otro consorte. Puede interpretarse que de la redacción de los artículos 5 y 6 de la ley 11.357, derivan dos puntos de apoyo: la deuda puede exigirse por su totalidad a uno u otro consorte y la causa de la obligación es distinta para uno u otro. La determinación de qué bienes pueden ser embargados y eventualmente objeto de ejecución, depende de que el demandado sea o no sea el cónyuge contratante o aquél sobre quien recayó la deuda y de la etapa del desenvolvimiento de la sociedad conyugal en que procede.
Declaración indagatoria, recurso de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: x c/ Pietkiewiecz,Vanesa E. s/ Lesiones art.94 C.P. C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-09-02

Deviene improcedente la nulidad de la declaración indagatoria de la imputada por haber previamente declarado como testigo bajo juramento, por tratarse de dos actos diferentes y no habiendo sido este último valorado o considerado para dictar el resolutorio atacado; habiéndosele además advertido en ocasión de ser indagada, del derecho que le asistía para abstenerse de declarar, sin que su silencio implicara presunción de culpabilidad.
Allanamiento, ausencia de testigos, sana crítica racional, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Aranaga Rodríguez, Diego Fernando y Otros c/  s/ Infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-28

Así entonces, la circunstancia de que los testigos del acta de allanamiento no hayan estado presentes en el momento de la materialización del procedimiento cuestionado, no puede erigirse en la causal de nulidad contenida en la disposición aludida. Sobre el punto, corresponde recordar que cuando de procedimientos cumplidos por funcionarios policiales o por las fuerzas de seguridad se trata, el artículo 138 del C.P.P.N. requiere que éstos sean asistidos por dos testigos en el acta que levantarán -con las formalidades del art. 139 de ese texto- para dar fe de los actos por ellos realizados o celebrados en su presencia, mas no se refiere específicamente a que éstos se encuentren presentes y den fe del desarrollo del mismo, sino sólo del acta que reproduce el resultado del proceder preventor. Que con tales resguardos, "las actas así confeccionadas son instrumentos públicos (Código Civil art. 979, incs. 1°y 4°) y hacen plena fe, en tanto no sean argüidas de falsas por acción civil o criminal, de la real ocurrencia de los hechos que el tribunal, juez o funcionario, exprese como cumplidos en su presencia (art. 993 del C.C.)". Ello, sin perjuicio de la valoración que el tribunal de mérito realice sobre la fuerza convictiva de los sucesos de tal suerte narrados. De allí entonces que el análisis de la correspondencia del relato de los hechos allí narrados con la realidad fáctica de lo acontecido, en su valor probatorio, compete, desde la perspectiva de la sana crítica racional, al sentenciante.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión resuelta
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Sergio Gabriel s/ Lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se denuncia violación del art. 156 -n.a.- de la Constitución provincial en tanto no se habría resuelto lo referente a si el procesado "actuó o no con culpa" respecto de su inimputabilidad por inconsciencia alcohólica (art. 34 inc. 1º, C.P.), si sobre ello la Cámara expresó que el hecho de que la ebriedad haya sido voluntaria nada agrega ni quita, no tratándose de la llamada por la doctrina "preordenada".
Jornada de trabajo, trabajo nocturno
Materia: LABORAL
Carátula: LUNA, BELINDO c/ VANGUARDIA  S.A.  Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-02

Si el actor, comprendido en el convenio 15/75 cumplía una jornada de trabajo superior a las 7 horas establecidas por los arts. 2 de la ley 11544 y 9 del dec. 16115/33, la octava hora de labor nocturna debió ser remunerada con los recargos que preveé el art. 201 de la LCT.
Caducidad de instancia, segunda instancia, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, impulso procesal, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: V. de R.E. c/ R.J.C.M. s/ DIVORCIO Y TENENCIA DE HIJOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-05

La parte interesada en el recurso de apelación concedido, debe preocuparse por mantener viva la instancia inaugurada con la concesión del recurso, bajo riesgo de que se produzca la caducidad de la segunda instancia abierta con dicha concesión del recurso.
Contrato de trabajo eventual, contrato de trabajo por obra determinada, preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: TORTUL, OMAR ATILIO Y OTRO c/ ARGELITE  S.A.I.C.  Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

La indemnización por omisión del preaviso no es compatible con la naturaleza del contrato eventual, salvo que el trabajador fuese despedido antes de alcanzarse el resultado previsto en el contrato (conforme Sala IV, sentencia número 44229, 10 de noviembre de 1979, 'Ovejero, Luz C. c/ Frigorífico Alberdi S.A. ').
Concursos, actos ineficaces, efectos entre partes, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Marchegiani Roberto Pablo Séptimo c/  s/ quiebra c/ Catrich Eduardo Nicolás y otros y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-29

Corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa incoada contra la resolución que declaró la ineficacia de pleno derecho de la venta de ciertos inmuebles de la fallida que fueron vendidos sin autorización judicial mientras la deudora se encontraba tramitando su concurso preventivo. Ello así, pues al resultar de imposible cumplimiento la inscripción de la ineficacia por las sucesivas trasferencias de dominio, la prestación primigenia mutó en obligación de pagar daños e intereses (CCIV 889). En ese marco, decretada la ineficacia de pleno derecho, la resolución judicial respectiva constituye título para perseguir el cumplimiento coactivo (conf. Junyent Bas, Francisco y Molina Sandoval, Carlos, "Sistema de ineficacia concursal", Rubunzal - Culzoni, Buenos Aires, 2002, pág. 166). Coincidentemente, se señaló que si no fuere factible la restitución del bien, cabrá estarse a las indemnizaciones correspondientes (conf. Martorell, Ernesto, "Ley de concursos y quiebras comentada", La Ley, Buenos Aires, 2012, T. III, pág. 244).

La LCQ 182 pone a cargo de la sindicatura el cobro de los créditos adeudados al fallido y la promoción de los juicios necesarios para su percepción y para la defensa de los intereses del concurso, sin necesidad de autorización especial (CNCom, Sala B, "Geografías del Sur SA s/ quiebra c/ Pellegrini Fernando Javier José y otros s/ ordinario", del 9-5-17).

Una interpretación diversa importaría soslayar y restringir la facultad-deber de la sindicatura de procurar el cobro de créditos adeudados a la masa utilizando un instituto de interpretación restrictiva, lo que es inadmisible (CNCom, Sala B, "Massera SA s/ quiebra c/ Frigorifico Panda SRL y otro s/ ordinario", del 30-11-16). Ergo, se rechaza el agravio relativo a la legitimación de la sindicatura.
Declaración indagatoria, asistencia del defensor, valor probatorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Ortiz Cofré, Luis D. s/ HOMICIDIO CULPOSO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1989-12-06

Procede el recurso de casación penal cuando -como en el caso- la sentencia se basa exclusivamente en la interpretación que el mérito efectuó de la declaración indagatoria del imputado prestada con ajuste a la ley procesal de ese momento, es decir sin la presencia de su abogado defensor, dado que ante tal circunstancia y la total ausencia de otro elemento probatorio incriminante no es dable usar en su contra los dichos prestados por el procesado. Ello en tanto, si bien la declaración indagatoria conserva su validez, debe ser apreciada a la luz de la nueva disposición constitucional -art. 22-.
Declaración de inconstitucionalidad, confiscatoriedad, razonabilidad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Legajo de ejecución de Carro Córdoba, Cristian Ramón c/ s/ Intra, Manuel Ulises c/ AFIP s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2020-07-21|2022-08-08

Corresponde declarar la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular, de la Ley 27.605 y normativa reglamentaria, que exige el pago del aporte solidario y extraordinario por resultar violatoria del derecho de propiedad, principio de no confiscatoriedad, principio de razonabilidad y principio de capacidad contributiva, pues la alícuota efectiva del aporte solidario sobre la renta del año 2020 del actor sería del 118.658,78%, a lo que debe sumarse lo debe abonar en concepto de Impuesto sobre Bienes Personales, por lo que el aporte solidario y extraordinario provocaría una manifiesta inadmisible absorción de la renta y del patrimonio, ya gravados por Bienes Personales y Ganancias, excediendo los límites razonables de imposición y resultando confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad a la luz de la doctrina emanada de la CSJN; y más allá de la finalidad perseguida por la ley, de protección de la salud de la población en función de la crisis sanitaria, económica y social generada por la pandemia, en el caso concreto la aplicación de la ley resultaría irrazonable por desnaturalizar el derecho de propiedad, toda vez que no se respetan los estándares constitucionales y convencionales establecidos.
Recurso de casación, inconducta procesal, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: GUAMAN VDA. DE GOMEZ MARÍA EUGENIA c/ GRIGUOLI ANITA ISABEL s/ COBRO DE PESOS - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-02-16

Carece de fundamento suficiente y constituye una seria ofensa a la garantía de la defensa en juicio, la decisión que, al imponer una multa al letrado de la demandada, se sustentó en la inconducencia de los argumentos desarrollados al expresar agravios, pues sólo configura un reproche por haber apelado la sentencia de primera instancia.
Ejecución de sentencia, liquidación, haber jubilatorio, aportes previsionales, carga de la prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "HEUSSER,    OSVALDO    FRANCISCO c/ A.N.Se.S. s/ Ejecuciónprevisional".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-16

Es un despropósito pretender que el actor acompañe certificaciones de los haberes en actividad de cada uno de los meses que integran el período liquidado, habida cuenta que siendo el organismo quien alega la pretensión de un haber mensual que superaría el último haber de actividad, el es quien debe acreditarlo; máxime teniendo en cuenta que en la etapa de conocimiento previo al dictado de la sentencia cuya ejecución se persigue, no produjo prueba alguna tendiente a contradecir las remuneraciones verificadas por el ex empleador, que lucen agregadas al expediente administrativo.
Recurso extraordinario, planteo oportuno, sentencia definitiva, recurso contencioso administrativo, recurso de reposición (procesal), control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Werffeli, Guillermo Carlos A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación (Expte. CSJ Nro. 966-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-11

Obsta a la concesión del recurso extraordinario federal deducido la circunstancia de que no se ha agotado idóneamente la instancia local, al no haberse interpuesto oportunamente el citado remedio excepcional contra el auto equiparable a sentencia definitiva proveniente del Superior Tribunal de la causa. En efecto, contra la decisión de la Corte local que rechazó la revocatoria deducida contra la resolución por la cual la Presidencia del Cuerpo declaró inadmisible el recurso interpuesto, el actor interpone el recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley local 7055, que es declarado inadmisible. Teniendo en cuenta que el rechazo del recurso de inconstitucionalidad local se fundamentó en que dicho remedio está previsto para ser interpuesto contra resoluciones de los tribunales inferiores (artículo 93, inciso 1º, Constitución Provincial), la decisión por la que se rechazó la revocatoria interpuesta contra la resolución que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto en estos autos adquirió firmeza a efectos de provocar la apertura de la instancia extraordinaria prevista en el artículo 14 de la ley 48.
Hecho diverso, proceso penal, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso, oportunidad procesal, recurso de casación, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Pinto-Vega Aciar-Avellaneda en causa 117/94 Luque, Guillermo D. y Tula, Luis R.-Homicidio preterintencional s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-05-29

Las garantías constitucionales del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio han sido rigurosamente preservadas en el caso de autos desde el momento en que, ante las objeciones efectuadas por los recurrentes al planteo del Sr. Fiscal, como así también al procedimiento seguido por la Presidencia, el Tribunal resolvió no hacer lugar "por ahora" a la calificación de hecho diverso formulada por el Ministerio Público, dejando subsistente la información efectuada a los defensores y al Fiscal respecto de su derecho para pedir la suspensión del debate. Asimismo, el imputado y sus defensores tuvieron cabal conocimiento del nuevo hecho atribuido y la posibilidad de defenderse que exige el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto fue admitido y aceptado por el recurrente a tal punto que solicitó la suspensión del debate con la finalidad de ofrecer nuevas pruebas relacionadas con el nuevo hecho, participando activamente en la puesta en acto del instituto cuya aplicación ahora cuestiona -inválidamente, por cierto- como uno de los fundamentos de su recurso el que, en consecuencia, debe ser considerado insuficiente como tal para motivar agravio.
AFIP DGA, importaciones, exportaciones, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Tratamientos Térmicos Nitrogás S.A. (T.F. 6332-A) s/ Resolución apelación de la A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-16

La Administración Nacional de Aduanas es el organismo administrativo encargado de la aplicación de la legislación relativa a la importación y la exportación de mercaderías (art. 17 C.Ad.) y se le ha encomendado la facultad de "aplicar, liquidar, percibir, devolver y fiscalizar los tributos cuya aplicación, liquidación, devolución y fiscalización le están o le fueren encomendadas" (art. 23 inc. c) del C.Ad.), tributos que no son otros que los que gravan la importación y la exportación de mercaderías, tal como resulta de la norma arriba citada.
Despido, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: Rojas Vargas, José H. y otros c/ Mellor Goodwin S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-09

A la base para el cálculo de la indemnización por antigüedad debe adicionársele la parte proporcional del sueldo anual complementario, en razón de tratarse de un salario diferido.
Derecho contravencional, suspensión del juicio a prueba, decomiso
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Daniel Omar s/ Infr. art. 83 CC- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-18

El deber de abandonar los bienes en favor del estado regulado en el artículo 45 Código Contravencional (Ley Nro. 1472) resulta ser una condición de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, de forma tal que para poder concederla ineludiblemente el imputado deberá realizar tal renuncia (Gustavo L. Vitale, Suspensión del proceso penal a prueba", Editores del Puerto S.R.L., año 1996, Buenos Aires, págs. 121/127).
Responsabilidad médica, obligaciones del médico
Materia: CIVIL
Carátula: Benci, Mario Rubén c/ Centro Gallegos de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

En el aspecto de la responsabilidad de los médicos, la intervención entre los artículos 512 y 902 del Código Civil no debe hacerse en forma rígida, desatendiendo las particularidades de cada caso. La naturaleza del deber médico es variada, la previsibilidad fluctuante y las circunstancias varían en cada supuesto de hecho, aparte de que debe aplicarse la directiva del artículo 909 del código citado aunque el deber de previsión sea en este caso más riguroso al estar de por medio la salud, vida e integridad del individuo, y que el ejercicio de la profesión exija particular celo, no corresponde apartarse de la individualización de la culpa.
Suspensión del juicio a prueba, cómputo de la pena, escala penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CORDOBA , Diego M. s/ SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

No procede la suspensión del juicio a prueba en aquellos casos donde la escala penal °en abstracto° del delito que se le imputa, supera el máximo de tres años de prisión, por lo que no resultaría procedente la concesión del beneficio.

Asimismo la aquiescencia prestada por el fiscal no conlleva 'per se' el otorgamiento del mentado beneficio, por cuanto la jurisprudencia tiene expresado que sus dictámenes se encuentran sujetos al control de legalidad y fundamentación. Al no presentarse los requisitos fijados por el legislador para su concesión, la fiscalía al prestar ese asentimiento, se apartó del texto legal.

(Disidencia del Dr. Gerome)
Daños y perjuicios, daño causado por animales, responsabilidad civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Luis y otra c/ Camino del Atlántico s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-22

Respecto de la responsabilidad por animales sueltos en la ruta, si bien resulta aplicable el art. 1124 del C.Civil, en cuanto a la responsabilidad del dueño o guardián del animal, ella de ningún modo excluye la de la empresa concesionaria, fundada precisamente en las obligaciones que le caben como tal. En todo caso la responsabilidad sería compartida con el dueño, pero de ningún modo excluyente.
Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, ley más favorable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PEREZ, Enrique Marcelo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

La reforma legislativa en materia de prescripción, que modificó el art. 67 del C.P. por ley 25.990, resulta la ley penal más benigna (art. 2 del C.P.).

La benignidad debe ser interpretada ampliamente, es decir, debe ser aplicada aquella ley que, al tiempo de juzgamiento, sea más favorable en sus efectos para el justiciable.

Mediante la comparación íntegra o "en bloque" de ambas legislaciones, el texto del modificado art. 67 del C.P., que establecía que la prescripción se interrumpía por la comisión de otro delito o por la secuela de juicio y dejaba en manos del juzgador la tarea de señalar aquellos actos que poseían tal virtualidad es más gravosa que la nueva redacción, que limita los actos interruptivos y los describe taxativamente.

Es por ello que deben excluirse las peticiones de la querella para que se considere como tales a la concesión del recurso de apelación y el fallo de la Sala donde se revoca el sobreseimiento de los imputados, al no estar contempladas en la ley.

Por tanto, si desde el llamado a indagatoria, único acto con virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la prescripción (párrafo 4°, ap. "b", del art. 67 del C.P.), ha transcurrido el plazo requerido respecto de la penalidad máxima prevista para la conducta endilgada, debe declararse prescripta la acción penal.
Obligaciones en moneda extranjera, subasta de inmuebles, saldo de precio, pesificación, tipo de cambio oficial, código civil y comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Fideicomiso de Recuperación Crediticia c/ Yoma, Emir Fuad y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-19

Corresponde determinar que el saldo restante de la compra en subasta de un inmueble cuyo valor fue fijado en dólares estadounidenses, sea abonado en pesos convirtiendo el monto adeudado en moneda extranjera al tipo de cambio oficial conocido como dólar solidario (art.35, Ley 27451), sin la percepción adicional del treinta y cinco por ciento a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, habida cuenta que, al no ser la moneda extranjera considerada como dinero en nuestro país, sino simple cantidad de cosas fungibles, a dicha clase de deudas les resulta aplicable la disposición especial receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que admite para el deudor la posibilidad de desobligarse dando el equivalente en moneda de curso legal al tiempo del vencimiento de la obligación.
Concursos, quiebra, síndico del concurso, multa, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: Perri, Enrique Ernesto c/  s/ pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-04

El síndico tiene facultades necesarias para intimar a los herederos para que procedan a la confección del inventario y avalúo, y demás medidas previstas en el art. 2321 CCC (art. 3366 CC).
Transporte ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: OCAMPO DE JIANIK, CATALINA c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS  E.F.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16

Amén del deber genérico de brindar seguridad que al ferrocarril incumbe respecto de sus pasajeros, los dependientes encargados de la conducción del tren tienen también específica obligación de "aprovechar cuanta oportunidad se les presente para revisar el tren a su cargo", así como el deber de "no aceptar en las estaciones o en los trenes, o expulsar de ellos, a las personas que con su conducta ofenden el orden, el decoro o las buenas costumbres, lleven armas de fuego, o no quieran sujetarse a los reglamentos", a cuyo efecto pueden recurrir inclusive al auxilio de la fuerza pública.
Simulación relativa, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: CRUZ VILLAGRAN, María Elena c/ CRUZ DE ALEMAN, Mercedes; VACA, Epifania s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-02-07

El conocimiento al que se alude en la norma respecto del acto simulado, debe ser efectivo, pleno y cabal, no bastando la simple sospecha a los fines de que comience el curso de la prescripción.

Por ser trascendente el conocimiento del acto y a los efectos de la prueba de la acción que se intenta, debe resultar de pruebas concretas e incontrovertidas.-
Administración de la herencia, remoción del administrador de la herencia, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: F., E.C. y R., D.A. s/ Sucesiones ab intestato s/Inc. de Remoción de Administradora Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-26

La falta de presentación de las cuentas no configura por sí sola la causal de remoción, si no fue intimado a hacerlo por los herederos; es decir que es necesario un requerimiento expreso por parte de los coherederos y un incumplimiento por parte de quien administra el caudal relicto.

Por otro lado, la remoción es excepcional y se funda en causas graves que se traduzcan en un perjuicio serio para los bienes administrados. El pedido de remoción del administrador debe tramitar por vía incidental y resulta ineludible que se corra traslado de la petición a todos los interesados.