Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL (GUALEGUAYCHU)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-10-28


Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral AUTOS:-"Pultrone Elena Beatriz S/ Pedido De Quiebra Solicitado Por Benetti Marcelo Maria S/ Quiebra". Expte. Nº 4123/C.

Juzgado Primera Instancia Civil y Comercial Nº 1. Gualeguaychú.- GUALEGUAYCHU, 28 de octubre de 2013.

V I S T O Y C O N S I D E R A N D O:- I.- Apeló en diligencia la fallida a fs. 241 la resolución de fs. 240/240 vta., mediante la cual la a quo rechazó el pedido de nulidad de subasta que articulara a fs. 232/233.

II.- Al fundar su disconformidad (fs. 243/244 vta.), cuestiona que la judicante de grado haya dado prevalencia a la ley de quiebras sobre una norma de orden público que proteje la vivienda familiar y única, que prorroga las ejecuciones, aludiendo también a las leyes provinciales que, en igual sentido se han ido sucediendo desde el 4 de enero de 2002. Objeta asimismo que no se haya mandado a producir la prueba ofrecida, interesando se lo admita por esta alzada y se la mande a producir.

III.- Reseñados del modo expuesto los antecedentes del ca- so, corresponde dar tratamiento a las impugnaciones vertidas.

En dicho cometido y respecto al replanteo de prueba formu- lado, es dable advertir que al tratarse de un recurso concedido "en relación" (cfr. fs. 242), de conformidad con lo preceptuado por el art. 267 del CPCyC, tal petición resulta inadmisible (LOUTAYF RANEA, "El recurso ordinario de ape- lación en el proceso civil", Tomo 2, pág. 208162 y sigts., 2ª edición actualizada y ampliada, Astrea, 2009; PALACIO, "Derecho Procesal Civil", Tomo V, pág. 298, tercera reimpresión, Abeledo-Perrot, 1990); correspon- diendo por ende su rechazo sin más.

Tocante a la no aplicación del procedimiento de refinan- ciación previsto por las Leyes 25.798 y 28.908, además de haberse prescindido de efectuar una crítica concreta y razonada a los fundamentos medulares que sustentan la decisión de la a quo para desestimar la nulidad impetrada, suficiente de por sí para desechar el recurso articulado (arg. art. 257 CPCyC), cabe señalar que aquél resulta incompatible con el estado falencial del deudor, pues al haberse decretado la quiebra del deudor, que implica un previo estado de cesación de pagos, tal decisión conlleva el desapoderamiento de sus bienes (art. 107 LCQ), así como también de la ineficacia de los pagos que eventualmente realizare (párrafo segundo art. 109 LCQ).

Es claro que como consecuencia del desapoderamiento previsto por el art. 107 LCQ, el fallido ha perdido la administración y disponibilidad de su patrimonio, y no puede eficazmente cumplir actos jurídicos idóneos para alterar su composición. "Puede decirse, pues, que el art. 107 junto con el art. 109 LC, tiende a la cristalización del patrimonio afectado por la quiebra de su titular, razón por demás clara para concluir en el sentido que el procedimiento de refinanciación hipotecaria resulta inaplicable con el estado falencial del deudor, ya que su actividad jurídica cuya ineficacia sanciona el art. 109, L.C.Q, debe ser entendida en sentido amplio, pues no sólo se refiere a los actos negociales, sino que abarca igualmente a cualquier acto o hecho jurídico" (CNCom, Sala A, "Menehem, Abdel M. s/ quiebra s/ conc. especial promovido por: Monti, Jorge y otro", 13/2/2007, LL 15/6/2007, 7; LL 2007-F, 734, con nota de Néstor E. Solari).

Por último resulta que el decreto de subasta no escapa de la norma general contenida en el art. 273 inc. 5º) LCQ, siguiéndose de ello la innecesariedad de la notificación por cédula reclamada, apareciendo la publicidad de la subasta debidamente satisfecha mediante los edictos cuyos ejemplares lucen a fs. 221/222.

En atención a las argumentaciones precedentes y por apare- cer la resolución cuestionada ajustada a derecho y a las constancias obrantes en la causa, se impone como corolario el rechazo del recurso.

Por último, conforme a principios de economía y celeridad procesal, se dejarán fijados los honorarios de esta instancia para que los calcule la juez de grado al estimar los de primera instancia.

Por ello, S E R E S U E L V E:- 1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto en dili- gencia a fs. 241 contra la interlocutoria de fs. 240/240 vta., la que se confirma en todas sus partes.

2.- ESTABLECER los honorarios por la labor profesional cumplida en esta instancia en un 20% del 40% del importe que correspondería a la regulación de primera instancia, calculado sobre el valor cuestionado en el recurso (art. 64 Ley 7046), encomendando su cuantificación a la Señora juez a quo para cuando estime los estipendios oportunamente diferidos.- REGISTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.- GUSTAVO A. BRITOS-ANA CLARA PAULETTI-GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, ante mí:- DANIELA A. BADARACCO-Secretaria En .../.../2013 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.-DANIELA A. BADARACCO-Secretaria