Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-03


SENT Nº 122	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Tres (03) de Abril de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse -por encontrarse en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane-, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte la parte demandada en autos: "Ruiz Rosa del Valle vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Antonio Daniel Estofán, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- El demandado en autos, Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (en adelante IPSST) plantea recurso de casación (fs. 147/156) contra la sentencia Nº 183 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de marzo de 2012 (fs. 140/144), cuya concesión fuera denegada por dicho tribunal a través de la resolución Nº 353 del 17 de mayo de 2012 (fs. 163) y posteriormente admitida por esta Corte al hacer lugar al recurso de queja respectivo mediante sentencia Nº 690 del 16 de agosto de 2.012.

II.- Dado que al resolver la queja ya se ha juzgado sobre la admisibilidad de la impugnación casatoria intentada, en esta oportunidad corresponde pasar directamente a considerar su procedencia.

III.- En la sentencia atacada se hace lugar a la demanda de amparo promovida por Rosa del Valle Ruiz en contra del IPSST y, consecuentemente, se ordena a dicho ente a que reincorpore a la actora como beneficiaria del Subsidio de Salud, en la condición de adherente de su hija María del Carmen Juárez, quien es afiliada titular a la mentada obra social.

Basándose en el informe evacuado en la causa por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilados y Pensionados (INSSJP), en el cual se señala que la señora Ruiz no se encuentra afiliada a la obra social PAMI, el A quo concluye que mal puede predicarse a la amparista como incluida en el supuesto de exclusión previsto por el artículo 30 inciso d) del Decreto Nº 4.143/21 MAS, y que, por ende, la baja dispuesta a su respecto por el IPSST resulta a todas luces arbitraria y vulnera el derecho a la salud de la actora.

IV.- El quejoso sostiene que la sentencia en crisis ignora, y con de ese modo violenta, un principio cardinal de la Seguridad Social, cual es la obligatoriedad establecida, con carácter de orden público, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. En este sentido dice que el acto jurisdiccional impugnado confunde afiliación forzosa con el trámite administrativo de identificación e incorporación del afiliado al listado de la obra social respectiva; trámite, este último, que, conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, nadie puede ser obligado a realizar.

Expresa que en la práctica el goce efectivo de los beneficios de la Seguridad Social depende, en última instancia, de un acto voluntario del beneficiario, mas de ello no cabe concluir que el beneficio reviste naturaleza optativa o voluntaria, ya que en cualquier caso, de los haberes respectivos, se habrán de deducir, retener y transferir los aportes correspondientes a la afiliación forzosa a la obra social.

Asevera que una cosa es la instrumentación de la adhesión a la obra social, de modo que permita a las autoridades de ésta conocer y anticipar la necesidad de otorgar cobertura a la persona de que se trata, y otra, muy distinta, es el sometimiento general y uniforme de todo trabajador activo o pasivo a los regímenes de seguridad social, en los términos del aludido artículo 14 bis de la Ley Suprema.

Alega que consta en autos un informe proporcionado en fecha 04/10/2011 por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), no cuestionado por la demandante, que precisa que la señora Rosa del Valle Ruiz es titular de un beneficio de jubilación Nº 15-0-3840817-0 desde el mes de noviembre de 2008 y que sobre sus haberes se le practica la retención con destino al INSSJP, bajo el código 318008. En razón ello, sostiene que la actora tiene a su disposición los servicios y cobertura médico asistencial que brinda el mencionado ente nacional, lo que la coloca en el supuesto de exclusión que contempla el artículo 30 inciso d) apartado 1º del Decreto Nº 4.143/21 MAS.

Aduce que, de mantenerse el razonamiento del fallo atacado, el carácter forzoso de la afiliación a los beneficios del la Seguridad Social se habrá sustituido por un instituto legalmente inexistente, cual es la posibilidad de optar por permanecer como beneficiario gratuito del Subsidio de Salud mientras se ingresan aportes a otra obra social y se cuentan con los beneficios que esta última brinda.

Resumiendo, le atribuye a la sentencia en cuestión violación al principio de obligatoriedad de afiliación a los beneficios de la seguridad social, establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; a los artículos 1º, 8º, 9º y concordantes de la Ley Nº 19.032; como así también a las disposiciones nacionales que regulan la opción de cambio entre obras sociales nacionales, en particular, las relativas a los afiliados forzosos al PAMI.

V.- ¿Asiste razón al recurrente? Del artículo 30 inciso d) del Decreto Nº 4.143/21 MAS se desprende que los afiliados podrán incorporar en el carácter de "adherente" del Subsidio de Salud a los padres que no pertenezcan a otro régimen de asistencia o previsión y que no posean ingresos superiores al mínimo vital y móvil.

De acuerdo con los términos en que se encuentra redactada la mentada disposición, el incumplimiento de cualquiera de las dos condiciones que allí se mencionan -unidas mediante la conjunción copulativa "y"- determina la incompatibilidad del progenitor para erigirse en "adherente" de su hijo, afiliado a la obra social provincial.

En lo que aquí interesa, debe establecerse si la señora Ruiz reúne alguno de los referidos requisitos, concretamente -por constituir el eje de la cuestión de autos- si pertenece a otro régimen de asistencia o previsión, de modo que pueda reputársela incluida o no en el supuesto de incompatibilidad de marras.

No constituye un hecho contradicho en autos que Rosa del Valle Ruiz integra el plantel de beneficiarios del Subsidio de Salud en calidad de "adherente" de su hija María del Carmen Juárez, afiliada titular a dicha obra social. Así se encuentra consignado en la sentencia y no ha sido discutido por ninguna de las partes.

Asimismo debe tenerse por cierta la afirmación del recurrente relativa a que, desde el mes de noviembre del año 1998, la amparista es titular de un beneficio de jubilación otorgado por la ANSES y de su haber se le descuenta un porcentaje para el aporte a la correspondiente obra social. Esto se encuentra acreditado en la causa con el informe evacuado por el mencionado organismo nacional a fs. 132, donde se detalla que sobre los haberes previsionales de la señora Ruiz "se le practica retención con destino al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (PAMI) bajo el código 318-008 concepto OBRA SOCIAL 3% SOBRE HABERES" (sic).

La confrontación de ambas informaciones permite corroborar el yerro que el quejoso le achaca al acto jurisdiccional en cuestión, en tanto éste ha descartado la aplicación, al caso de la demandante, del supuesto de exclusión que consagra el artículo 30 inciso d) del Decreto Nº 4.143/21 MAS sobre la base de un mero informe negativo de afiliación emitido por el INSSJP, soslayando de ese modo las implicancias que, en materia asistencial, supone la condición de jubilada nacional que reviste la señora Ruiz.

En ese sentido cabe observar que, de acuerdo régimen legal respectivo, es el INSSJP quien tiene como objeto "otorgar -por sí o por terceros- a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas y equitativas, tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, organizadas en un modelo prestacional que se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia, que respondan al mayor nivel de calidad disponible para todos los beneficiarios del Instituto, atendiendo a las particularidades e idiosincrasia propias de las diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones del país" (cfr. art. 2º Ley Nº 19.032 y su modificatoria Ley Nº 25.615). Tales prestaciones se consideran "servicios de interés público", encontrándose prohibido, de modo expreso y bajo pena de nulidad absoluta, la delegación, cesión o transferencia de las funciones asignadas (cfr. art. 2º Ley Nº 19.032 y su modificatoria Ley Nº 25.615).

Asimismo, hay que apuntar que entre los recursos con los que cuenta el ente nacional para el cumplimiento de su cometido, figuran, precisamente, los aportes de "los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (cfr. art. 8º Ley Nº 19.032 y su modificatoria Ley Nº 25.615), los que serán deducidos por la ANSES de los haberes de los beneficiarios y "transferidos al Instituto en forma directa y automática" (cfr. art. 9º Ley Nº 19.032 y su modificatoria Ley Nº 25.615).

La obligación legal de aportar al INSSJP que tienen los beneficiarios de una jubilación nacional, el interés público comprometido en los servicios que dicho ente brinda y el carácter indelegable de la competencia asignada, determinan, inexorablemente, la pertenencia de la actora en autos al "modelo prestacional" que pergeña la Ley Nº 19.032 y su modificatoria.

El viso de indisponibilidad que, en función de ello, es predicable de la cuestión de autos -derivado natural de su pertenencia a la materia de la seguridad social- conlleva, a su vez, a descartar de plano la posibilidad de que la mera voluntad del particular adquiera entidad suficiente como para contrariar la finalidad pública o necesidad colectiva que se busca satisfacer a través del régimen asistencial de marras. Ergo, la circunstancia de que la actora no haya concretado el trámite de afiliación al PAMI, en modo alguno determina su exclusión del sistema, toda vez que la señora Ruiz, en tanto titular de beneficio previsional otorgado por la ANSES, tiene el incontrastable derecho a completar los requisitos formales que la reglamentación pertinente requiere para el efectivo goce de los servicios que brinda la obra social del INSSJP.

Esta Corte ya se ha pronunciado en un sentido similar cuando apuntó que si una persona goza de un beneficio jubilatorio, en virtud del cual se encuentra en condiciones de requerir la prestación de los servicios asistenciales del PAMI, queda aprehendida en el supuesto de exclusión del Decreto Nº 4.143/21 MAS en tanto pertenece, por su condición de jubilada, "a otro régimen de asistencia" del cual ella misma es titular (cfr. CSJT, 25/11/2011, "Gallardo de Cerda Olga Felisa y otro vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán - Subsidio de Salud s/ Amparo", Sentencia Nº 912).

La baja dispuesta por el IPSST lejos está, entonces, de constituir una conculcación manifiestamente arbitraria o ilegítima a derecho alguno de la señora Ruiz, en la medida que su permanencia como beneficiaria (adherente) del Subsidio de Salud constituye una clara infracción a la reglamentación de la obra social. Sobre el particular este Tribunal Supremo tiene dicho que no es lícito vedarle a la Administración la posibilidad de proceder de oficio a la corrección de las irregularidades que detecta en su ámbito interno (cfr. arg. a contrario art. 51 Ley 4.537), que atentan contra el normal desenvolvimiento de la función que les es propia, condenándola a soportar impávida circunstancias violatorias del ordenamiento jurídico objetivo y que han de mantenerse como tales mientras se mantenga incólume la vigencia de la norma infringida (cfr. CSJT: 03/11/2011, "Molina Carola y otra vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Amparo", sentencia Nº 854).

Así las cosas, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el IPSST sobre la base de la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, desconociendo los términos de la Ley Nº 19.032, condena al IPSST se abstenga de disponer la baja o inhabilitación definitiva de una beneficiaria cuya permanencia como adherente de su hija, afiliada al Subsidio de Salud, resulta contraria al artículo 30 inciso d) del Decreto Nº 4.143/21 MAS dado el carácter de aportadora forzosa al INSSJP que la madre reviste por su condición de jubilada nacional".

En consecuencia se casa la sentencia Nº 183 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de marzo de 2012, dejando sin efecto la condena dispuesta en el punto I como así también la consecuente imposición de costas efectuada en el considerando, a la que remite el punto II de dicho acto jurisdiccional, y se dicta como sustitutiva la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR a la demanda de amparo promovida por Rosa del Valle Ruiz y Pamela Elizabeth Juárez en contra del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. II.- COSTAS por el orden causado (cfr. art. 26 del CPC)...".

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, cabe imponerlas por su orden, habida cuenta que se está ante un proceso de amparo donde rige lo dispuesto por el artículo 26 del CPC, que prevé tal modalidad de imposición cuando se rechaza la acción, que es lo que en definitiva acontece en la especie al acogerse el recurso de la demandada.

En los precedentes antes citados (CSJT: sentencia N° 854 del 03/11/2011 y sentencia N° 912 del 25/11/2011), se ha remarcado que el apartamiento del principio objetivo de la derrota que la norma procesal de marras consagra en beneficio de los actores en el amparo, constituye una medida que, juntamente con la gratuidad del proceso, tiende a resguardar una garantía de orden superior, al facilitar el acceso a la justicia en caso como el de autos, evitando que el temor a afrontar una pesada carga económica ante una eventual sentencia adversa conspire contra la tutela efectiva de los derechos fundamentales en juego (cfr. arts. 14, 18, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el IPSST, demandado en autos. En consecuencia CASAR los puntos I y II de la sentencia Nº 183 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de marzo de 2012, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando de la presente, y dictar como sustitutiva la siguiente: "I.- NO HACER LUGAR a la demanda de amparo promovida por Rosa del Valle Ruiz y Pamela Elizabeth Juárez en contra del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán. II.- COSTAS por el orden causado (art. 26 del CPC)...".

II.- COSTAS como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN CLAUDIA BEATRIZ SBDAR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.