Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-03-23


SENTENCIA NUMERO: DOCE En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil diez, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia del Valle Sesto de Leiva, para entender en el Recurso de Casación deducido por el Dr. Fernando Ramón Ávila, abogado defensor del imputado Ricardo Héctor Moreno, en estos autos, Expte. Corte Nº 65/09, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Fernando Ramón Avila por la defensa del imputado Ricardo Héctor Moreno en contra de la Sentencia Número Diecinueve/2009 recaída en Causa Expte. Nro. 153/99 caratulado: 'Moreno, Ricardo Héctor y otros - ss.as. Peculado reiterado, etc. - Capital - Catamarca'", contra la sentencia Nº 19/09, dictada con fecha trece de agosto de dos mil nueve por la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es admisible formalmente el recurso. ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 57, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero: el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.- A la Primera Cuestión el Dr. Cáceres, dijo:

I. En principio, el recurso resulta admisible toda vez que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por quien estaba legitimado para recurrir, se dirige contra una sentencia definitiva (arts. 454, 458, 460 del Cód. Proc. Penal), y se encuentran suficientemente explicitados los motivos de agravio, los que constituyen el marco jurisdiccional de este Tribunal a fin de garantizar al condenado el derecho que tiene a que su condena sea revisada, en forma integral, a los fines de legitimar el poder punitivo estatal (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 8.2.h de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).- II. En lo que aquí interesa, por la impugnada sentencia Nº 19/09, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación resolvió lo siguiente: Punto I): "Rechazar por unanimidad el planteo de insubsistencia de la acción penal articulado por la defensa técnica del encartado Ricardo Héctor Moreno. Declarar culpable a Ricardo Héctor Moreno de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en forma continuada (arts. 261 primera parte, 45 y 55 a contrario sensu del C. Penal) por los Hechos Nominados: Setenta y siete, setenta y nueve, ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, cien, ciento uno, ciento dos, ciento tres, ciento cuatro, ciento cinco, ciento seis, ciento siete y ciento ocho, (veintinueve hechos). Condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de seis años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas, (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P ). Absolver a Ricardo Héctor Moreno de condiciones personales relacionadas en la causa como coautor penalmente responsable de los delitos de peculado en concurso real (arts. 261 primer párrafo, 55 del C. Penal) por los Hechos Nominados veintiocho, treinta y uno, treinta y cinco, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta y uno, cuarenta y tres, cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, sesenta y ocho, sesenta y nueve, setenta y ocho, ochenta, noventa y nueve, ciento nueve, ciento diez, ciento once y ciento doce por los que venía incriminado. Sin costas, arts. 536 y concordantes del C.P.P.- (...)". Punto VII): "Como consecuencia de lo resuelto en los acápites que anteceden hacer lugar parcialmente a la querella particular oportunamente entablada. Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C. P.P.)". Punto VIII): "Rechazar las Excepciones de Defecto legal articuladas por las defensas de Ricardo Héctor Moreno, de Norma del Valle Barroso y de Jorge Anselmo Nieva". Punto IX) "Hacer lugar parcialmente a la acción civil instaurada por la parte actora civil, Estado Provincial, en contra de Ricardo Héctor Moreno por resarcimiento del daño material que surge de los respectivos montos correspondientes a los delitos por los cuales fuera condenado conforme acápite I del presente resolutorio desde el día de comisión de cada de uno de ellos con más los intereses correspondientes a tasa pasiva para operaciones de redescuento del Banco Nación Argentina hasta la fecha del efectivo pago conforme a liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 1068, 1069, 1072, 1077 y concordantes del C. Civil y arts. 29 y correlativos del C. Penal). Imponer las costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora ( arts. 68 y concordantes del C. P.C.)".- III. Sobre los agravios que dice que le causa la resolución reseñada, en el punto III de su memorial (fs.1/37), el recurrente desarrolla, separadamente, fundamentos relativos a la cuestión penal (IIIa) y a la cuestión civil (IIIb).

En cuanto a la cuestión penal, como primer motivo de casación (III.a.I.) dice: "La Sentencia es nula por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y de normas constitucionales y supranacionales causando gravamen irreparable al ser consecuencia de una violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable (art. 454 inc. 1º del Códo. Proc. Penal de Catamarca, art. 18 Const. Nac.)".

Como segundo motivo de casación (III.a.II.) manifiesta que: "La Sentencia es nula por Inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de pruebas de valor decisivo causando gravamen irreparable (arts. 408 Inc. 3ro. en función del art. 186 inc. 3º y 187º, y art. 454 inc. 2º del Cód. Proc. Penal de Catamarca, art. 18 Const. Nac.)".

Como tercer motivo de casación (III.a.III.) expresa que: "La Sentencia es nula por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva causando gravamen irreparable (art. 454 inc. 1º del Cód. Proc. Penal de Catamarca, art. 18 Const. Nac.)".

Como cuarto motivo de casación (III.a.IV.) señala que: "La Sentencia es nula por inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena causando gravamen irreparable (art. 454 inc. 3º del Cód. Proc. Penal de Catamarca, art. 18 Const. Nac.)".

Sobre la cuestión civil (III.b., fs. 18 vta.) desarrolla argumentos bajo los siguientes tres títulos: III.b.I Nulidad de la sentencia por 1) Ausencia de pronunciamiento previo del Tribunal de Cuentas; 2) Prescripción; y 3) Costas, por I) Apartamiento del principio objetivo de la derrota; II) Distribución de costas; III) Base regulatoria de costas; y IV) Pluspetición; III.b.II Sin Daño no hay indemnización; y III.b.III Defecto legal.

En el Punto IV del memorial (fs.30) dice el recurrente que la sentencia impugnada es arbitraria y hace consideraciones sobre las sentencias arbitrarias por falta de fundamentación o fundamentación aparente, en el Punto V; manifiesta que la sentencia también es arbitraria por no haber tratado una cuestión defensiva esencial planteada por esa parte, el estado de necesidad del imputado; en el Punto VI sostiene que se ha violado el derecho del imputado a ser oído, por no haberse evacuado sus citas; en el Punto VII argumenta sobre el beneficio de la duda y el onus probandi; en el Punto VIII se refiere a su postura sobre la ejecutoriedad de la sentencia; el Punto IX hace reserva del caso federal; en el X del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Punto XI expresa su Petitorio para que se tenga al recurso como interpuesto en tiempo y forma; se lo declare formalmente procedente; se haga lugar al mismo, con costas; y se tenga presente la reserva efectuada.- III. a. Seguidamente, a fin de establecer si corresponde, o no, hacer lugar al recurso con los alcances pretendidos, analizaré si la resolución impugnada tiene los defectos que le atribuye el recurrente, manteniendo en el tratamiento de los agravios el orden en que fueron expuestos y las nominaciones o títulos del memorial, aunque tal modo obligue a reiterar argumentos sobre planteos repetidos en acápites diferentes y bajo distintos títulos.- CUESTION PENAL PRIMER MOTIVO DE CASACION Cuestiona el recurrente la decisión del tribunal de juicio en cuanto no hizo lugar a su planteo, basado en lo dispuesto en el art. 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de insubsistencia de la acción penal por el vencimiento del plazo razonable para que el tribunal de juicio defina la situación legal del imputado Moreno, y expresa como motivo de agravio que esa decisión no está debidamente fundada.

Sin embargo, de la resolución atacada surge evidente que la temática ha sido abordada por los jueces intervinientes.

Así, el Dr. Mazzucco, emisor del primer voto, memoró que el planteo era reiteración de uno anterior y se refirió al tratamiento que había tenido y a las resoluciones dictadas al respecto. Destacó que entonces él se había pronunciado por su rechazo pero que, por mayoría, la Cámara lo había acogido aunque, finalmente, al resolver los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público y el querellante, por Auto Interlocutorio Nº 07/09, esta Corte había revocado la decisión de la Cámara y ordenado la continuación del trámite de la causa, circunstancia que consideró justificación suficiente para rechazar el nuevo -pero idéntico al anterior- planteo articulado.

Sobre la reiteración del planteo, el Dr. Álvarez Morales dejó sentada su posición en sentido afirmativo, con lo que ratificó el criterio que había expresado al concurrir a dictar la mencionada resolución de ese tribunal, revocada después por esta Corte.

Por su parte, el Dr. Roselló consideró que el planteo formulado "ex novo" debía ser rechazado y, previo dejar a salvo su criterio favorable a éste, fundamentó su decisión en la revocación por esta Corte de la resolución de esa Cámara que, por mayoría que integró, había acogido el idéntico planteo anterior efectuado por el defensor del imputado Moreno.

La reseña efectuada evidencia que, aunque brevemente, el tribunal emisor del fallo atacado trató la cuestión y dio razones suficientes de su decisión contraria a la pretensión por lo que cabe concluir que el agravio sólo expresa discrepancia con lo resuelto y no el apartamiento que se denuncia de la obligación legal de los magistrados de fundamentar sus decisiones jurisdiccionales.

Por otra parte, como surge del memorial, el planteo fue reiterado reeditando alegaciones anteriores, sin ofrecer nuevos argumentos o elementos de juicio susceptibles de conmover lo resuelto al respecto por esta Corte en el auto Nº 08/09. Por ende, dado que, en esos términos, el planteo no comprometía la vigencia de los fundamentos de dicho pronunciamiento, no estaba obligado el tribunal a quo a una mayor profundización sobre la cuestión.

Del mismo modo, en esta instancia, los escasos argumentos vertidos para cuestionar dicha resolución no resultan idóneos para descalificarla toda vez que su escueta fundamentación no constituye obstáculo para convalidarla como acto jurisdiccional ajustado a Derecho.

Es que, aunque el recurrente dice no tener interés en reiterar argumentos sobre la cuestión, de hecho, así lo hace, y reedita argumentos que, como admite en su memorial, ya fueron atendidos y rechazados por esta Corte en su anterior intervención, sin ofrecer ahora nuevos e idóneos argumentos que demuestren la sinrazón de la decisión sustentada en la convicción sobre la subsistencia de la potestad jurisdiccional para juzgar los hechos de la causa, atento el estado del trámite de ésta, entre los múltiples fundamentos dados en el fallo.

Por otra parte, el recurrente no satisface la exigencia de autosuficiencia del recurso con la mera aserción de que el fallecimiento de al menos cinco testigos citados, la mudanza de otros a distintas provincias sin conocerse su paradero, y la falta de memoria y la enfermedad por la edad de otros, habrían consolidado el mal que habían anunciado por la afectación al derecho de defensa derivado del paso del tiempo Así lo considero puesto que el recurrente no nombra a los supuestos ausentes, no precisa con al menos referencias a las constancias pertinentes del expediente que esa parte haya pedido las citaciones de aquellos, ni dice cómo el testimonio de los mismos hubiera podido favorecer al imputado. Que la acreditación de ese invocado perjuicio se imponía, además, considerando que del fallo surge que, contrariamente a lo que dice el recurrente, al menos con relación a trece de los dieciocho hechos por los que fue absuelto Moreno, éste resultó beneficiado con la ausencia en el debate de Julio Antonio Maidana, de Aldo Rubén Ferreyra y de otros beneficiarios de cheques, cuyos montos se tenían como sustraídos por Moreno.

Por las razones dadas, en lo que fue motivo de agravio en este Punto, estimo que el recurso es improcedente.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN A modo de introducción, el recurrente manifiesta que los magistrados de la mayoría que arribaron a la condena que impugna se basaron en un análisis sesgado de la prueba, inaceptable por su parcialidad y porque han desvirtuado elementos fundamentales mediante argumentos falaces y claramente errados; que la resolución atacada es arbitraria y contiene una fundamentación sólo aparente en tanto destina más de 400 fojas a copiar y transcribir testimonios y pericias pero carece de un razonamiento que amalgame todos ellos y permita entender los motivos por los que se ha llegado a esa conclusión.

Anticipo que el agravio no puede tener acogida favorable. Es que, contrariamente a lo que dice el recurrente, del examen del pronunciamiento apelado surge que las cuestiones esenciales que ahora plantea, fueron consideradas y resueltas en el marco probatorio del juicio, tanto para determinar la responsabilidad del imputado, como para subsumir legalmente la conducta en la norma y figura penal adecuada a los hechos comprobados en la causa, y también al fijar la pena, de modo tal que se presenta como un acto jurisdiccional válido y expresa, como reclama la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la "(...) conclusión razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa" ( Cfr. Fallos, 238:550), sin que aparezca procedente su descalificación atento a que sus fundamentos no han sido desvirtuados por el recurrente en esta presentación.- Sobre este agravio desarrolla argumentos sobre los siguientes cuatro títulos:

1-Sobre los testimonios de los proveedores Vázquez, Bustos y Silvia Montoya de Hashiguchi En este titulo critica el recurrente la valoración efectuada por el Juez Mazzucco de los testimonios de los nombrados proveedores quienes sostuvieron que en muchas oportunidades se cobraba en efectivo, por lo que considera que mal pueden desvirtuarse sus expresiones sólo porque no reconocieron cheques que fueron utilizados para extraer fondos y pagarles sus proveedurías, o porque de una de las auditorías surge que sus proveedurías se pagaban con fondos con otros destinos y no en efectivo sino con cheques. Considera que esos testimonios impiden concluir, con la certeza requerida para condenar, que las extracciones de fondos de las cuentas de sueldos no fueron destinadas a un fin público y, también, que ese extremo no ha sido desvirtuado por los jueces de la mayoría, quienes se limitaron a sostener que, con la certeza requerida, había quedado acreditada la sustracción de fondos con fines no públicos, sin amalgamar esa conclusión con aquellas pruebas. Estima que el Dr. Roselló analizó la cuestión con precisión y simpleza y transcribe un párrafo de su voto. Dice que los testimonios referidos demuestran que el dinero extraído a partir de cheques a nombres de la Administración o de empleados de la misma era efectivamente utilizado para el pago de proveedores con lo que, el desconocimiento del destino dado a los fondos y por ende la sustracción peculadora no tendrían asidero.

Estimo que la critica al voto del Dr. Mazzucco en este punto, no puede prosperar en tanto los jueces tienen plena libertad para escoger entre la prueba producida la que aprecien como más creíble. En el caso, así lo ha hecho dicho magistrado, quien, como correspondía, interpretó dichos testimonios con arreglo al resto de la prueba producida para concluir que no acreditaban lo que pretendía esa parte justificar, esto es que los créditos de dichos proveedores habían sido pagados con fondos de las cuentas bancarias del Ministerio de Educación y Cultura provincial, la Nº 2267/01 en pesos y la Nº 80466/05 en títulos públicos o bonos, destinadas al pago de haberes docentes -a las que me referiré en adelante simplemente como "cuenta sueldos"-, mediante cheques y órdenes de entrega, respectivamente. Por su parte, el recurrente no logra demostrar que el razonamiento expuesto por el referido Juez exhiba incongruencia o defecto que por su gravedad sea susceptible de afectar su validez. Por lo tanto, en este aspecto, el recurso sólo trasunta una mera discrepancia con el criterio al respecto de dicho magistrado, el que luce congruente con las constancias de autos.

Es que, aunque esos proveedores declararon en el juicio que en algunas oportunidades sus créditos fueron satisfechos en efectivo, el Dr. Mazzucco no le creyó a Moreno cuando dijo que había cambiado cheques (u órdenes de entrega de títulos públicos) de las cuentas "Sueldos" para pagarles a dichos proveedores. Y no le creyó atento a que, como admite el recurrente, un informe de las auditorías realizadas, debidamente incorporado al debate, reveló que esos créditos debían ser pagados con fondos de la cuentas "Fondo Permanente". Por ello, sin tildar de mendaces a los testigos ni propiciar la formación de causa contra ellos por falso testimonio, concluyó el Juez que dichos testimonios nada acreditaban con relación a los fondos de las cuentas "Sueldos". De lo que se sigue, interpretando su voto como corresponde, de buena fe, que dicho magistrado estimó que los créditos de aquellos proveedores habían sido pagados con fondos de la otra cuenta, con cheques o con el efectivo proveniente de esos cheques, pero de la otra cuenta.

Sobre la cuestión, sin descreer tampoco de los testimonios de los nombrados proveedores que dicen haber cobrado algunas veces en efectivo, bien puede afirmarse que, como sostuvo el Dr. Mazzucco, en dichas oportunidades fueron pagados con los fondos destinados a esos gastos, lógicamente, previo "cambiar" los valores por dinero en efectivo, como era de práctica en esa Administración. Es que Moreno había declarado también que sus superiores le habían dicho que no había plata para esos gastos y que tenía autorización de los mismos para pagar esos créditos con fondos de la cuenta sueldos. Por ello, si como pretende Moreno, al tiempo de aquellos pagos no había plata para esos gastos y estaba autorizado a pagarlos con fondos de las cuentas sueldos, así lo hubiera hecho librando los cheques directamente a nombre de dichos proveedores, como efectivamente lo había hecho en otras oportunidades (según informe de la primera Auditoría). Y si la intención era pagarles en efectivo, hubiera seguido la práctica que dijo haber adoptado para pagarle en efectivo a los docentes: hubiera librado el cheque a la orden conjunta de éstos y de algún empleado de esa Administración para que en el Banco lo presentara y cobrara éste último y Moreno les pagara a los primeros con ese efectivo que admitió recibir de cada empleado comisionado informalmente por él mismo a esos fines. De haber existido la autorización invocada, Moreno no hubiera omitido, como lo hizo, la constancia respectiva en los talones de los cheques librados a tales supuestos fines. Y tampoco hubiera reservado separadamente la documentación respectiva para "cruzarla" después con los cheques de la cuenta "Fondo Permanente", destinada a esos gastos, como lo hizo creer al dar explicaciones sobre la falta de documentación respaldatoria de las extracciones de fondos de las cuentas sueldos, argumento que en esta instancia reitera el recurrente.

Por las razones dadas aprecio que, acertadamente, el Dr. Mazzucco ha concluido que, confrontadas con los informes de las auditorías practicadas, las declaraciones de dichos testigos (convocados a pedido de la defensa de Moreno), no han logrado confirmar, en lo esencial, la versión de éste sobre el "circuito de los cheques" y el "cruzamiento" de documentación, compleja estrategia defensiva que ha quedado irremediablemente desbaratada en el juicio.

Por otra parte, tampoco descalifica el criterio sostenido por el Dr. Mazzucco que el Dr. Roselló haya expresado sobre la cuestión una opinión distinta en su voto en disidencia en tanto ambas son interpretaciones jurídicamente admisibles en el marco de las libres convicciones.- 2. Sobre el faltante de documentación y el tipo penal Bajo este título pretende el recurrente que el tribunal acudió al faltante de documentación como elemento que determinaba la imposibilidad de acreditar el destino dado a los fondos y así tipificar el libramiento de los cheques como peculado.

Estimo que tampoco pueden admitirse las protestas efectuadas en este acápite en tanto se aparta el recurrente de las constancias de la causa y de los hechos establecidos por el tribunal en tanto surge del fallo que, aunque la referencia a esa carencia de documentación sobre el destino de los fondos de las cuentas sueldos resultaba ineludible dado su valor ilustrativo del accionar ilícito desarrollado, lo resuelto encuentra suficiente fundamento en la prueba testimonial y documental que pusieron en evidencia la mala justificación ensayada por el imputado.

Las conclusiones del recurrente se basan en una interpretación desacertada de la sentencia en relación con el hecho nominado setenta y dos y con los hechos que involucran a los cheques 00901842 y 00901841.

Señala el recurrente que, aunque no existía documentación respaldatoria, con los dichos de una testigo, el Tribunal tuvo por conocido el destino público de los fondos y tipificó como malversación de caudales el hecho 72º, atribuido a los imputados Brizuela y Delgado.

Sobre el punto corresponde precisar que el Fiscal de Cámara enmarcó dicho hecho en el delito de malversación de caudales públicos y, atento el tiempo transcurrido desde su ocurrencia, pidió el sobreseimiento por prescripción de la acción penal y de los votos de los jueces Mazzucco y Álvarez Morales surge indubitable que dictaron la absolución del imputado a instancias del Fiscal. Lo que no podía ser de otra manera en el marco del debido proceso y el respeto a las formas sustanciales de éste: acusación, defensa, prueba y sentencia. Así, dado que la inexistencia de acusación fiscal constituye un obstáculo insalvable al ejercicio de la jurisdicción, so pena de afectarse el "debido proceso" y el "derecho de defensa en juicio", el tribunal debía absolver al imputado. Y así lo hizo, sin profundizar en las circunstancias señaladas por el recurrente, relacionadas con la documentación respaldatoria del cheque o del destino de los fondos. Por ende, sin que implique juzgar sobre el acierto del requerimiento fiscal o de la decisión al respecto del tribunal, lo cierto es que, en lo que aquí interesa, no dijo el tribunal lo que el recurrente sugiere y tal comprobación priva a su queja de sustento.

Con respecto a los cheques 00901842 y 00901841 critica el recurrente la labor de las auditoras y que, por ejemplo, nada hayan encontrado relacionado con dichos cheques utilizados para pagar reintegros a docentes, con la modalidad explicada por Moreno, en efectivo y en la Administración. Dijo que fueron librados para retirar fondos en efectivo de las cuentas de sueldos para luego pagar en efectivo, pero que no fueron considerados delito porque existía documentación respaldatoria que acreditaba tal pago, por lo que considera que se ha condenado por peculado por desconocer el destino dado a los fondos retirados del Banco, pero sin demostrar que esos fondos no tuvieron una finalidad pública.

En este punto el argumento del recurso luce insuficiente atento a que se trata en esta instancia de dar razones del cuestionamiento al sentido y fundamento de la decisión recurrida. Por ende, dada la cantidad de cheques involucrados en la causa, el recurrente debía precisar su embate con la indispensable referencia a la nominación, en la sentencia, de los hechos a los que corresponden dichos cartulares. Sin embargo, del examen del fallo y demás constancias de autos, surge que mal podía ser satisfecha esa carga debido a que dichos valores no fueron motivo del juicio porque no estuvieron incluidos en el Requerimiento Fiscal de elevación de la Causa a Juicio. Como consecuencia lógica, la decisión que invoca el recurrente no integra la sentencia objetada. Por otra parte, no observo, ni demuestra el impugnante que de algún modo haya sido considerada por el a quo. Por lo tanto, estimo que los argumentos expuestos con relación al punto no pueden ser atendidos en esta instancia dado que la cuestión planteada es ajena a la que fue debatida y resuelta en el juicio.

Destaca también el recurrente que en el enriquecimiento ilícito la carga de la prueba se invierte y que en esa oportunidad Moreno demostró que no utilizó en beneficio propio los fondos en cuestión, y reitera y profundiza este argumento al expresar agravios sobre la falta de perjuicio ocasionado al erario público, por lo que al tratar dicho planteo me referiré al tema.

Manifiesta el apelante que los proveedores declararon que era habitual el cobro en efectivo y que el pago lo realizaba Moreno; y también dice que Mirta Santillán, Leguizamón, Brizuela y Moreno dijeron que los cheques se libraban con la documentación respaldatoria a la vista.

Sin embargo, contrariamente a lo que pretende, los empleados de esa Administración, Mirta Santillán y Sergio Leguizamón, nada dijeron sobre pago a proveedores con cheques de las cuentas sueldos. Así, Mirtha Santillán reconoció haber confeccionado algunos de los cheques que se le exhibieron (fs.332/332vta.) y dijo que eran para reintegros de sueldos para gente del interior, y aclaró que la documentación que respaldaba esa confección era el recibo de sueldo para percibir el haber correspondiente. También dijo la testigo que Salcedo (otro empleado de esa Administración) había cobrado esos cheques y le había entregado el dinero a ella y ella, a su vez, a Moreno, con el recibo para la firma del supuesto beneficiario a quien supuestamente le pagaría Moreno, sin recordar la testigo si existían los recibos firmados por los beneficiarios pero sí que, en varias oportunidades, cuando ella le reclamaba esa documentación, Moreno respondía que todavía no había llegado la gente del interior para hacerle efectivo el pago y también memoró la testigo que Moreno se molestaba ante sus reiterados requerimientos, dichos éstos indudablemente valorados por el Dr. Álvarez Morales, quien en su voto se refirió a la preocupación que había manifestado el personal subalterno por la falta de documentación respaldatoria de las libranzas que se realizaban, circunstancia que a Moreno no le preocupaba. Y, por su parte, el empleado Leguizamón tampoco se refirió a pago a los proveedores con cheques de la cuenta sueldos que invoca Moreno. Así, no obstante las contradicciones que exhibió su testimonio y que fueron resaltadas por el Dr. Mazzucco, cuando en el juicio este empleado admitió haber confeccionado la orden de entrega de títulos públicos por $37.075 (Hecho Nº 108), sin recordar concepto de ese pago, dijo que por ventanilla de Tesorería del Consejo de Educación sólo se hacían pagos al personal administrativo del Consejo, en concepto de diferencias de haberes y aguinaldo. Así las cosas, no observo, ni acredita el recurrente, la violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de dichos testimonios.- 3. Sobre la pericia contable y las auditorías Dice el recurrente que las auditoras sostuvieron que no podían afirmar que no existiera la documentación respaldatoria, que explicaron que había mucha documentación en cajas y que ellas no la analizaron en su totalidad, ni buscaron en todas las cajas.

Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, así como no encontraron, porque no existían, comprobantes con relación a los cheques correspondientes a los hechos octogésimo octavo y octogésimo noveno, librados a la orden de Moreno, en concepto de anticipo de haberes y de reintegro de gastos que él había hecho en beneficio de la Administración -según dijo-, las auditoras tampoco encontraron, porque no existía, la documentación relacionada con el supuesto pago a proveedores, como Vázquez, o a docentes como Raúl Rufino Villacorta. Así, la testigo propuesta por esa parte, Vázquez, empleada de la proveedora de esa Administración, admitió que podía ser que en alguna oportunidad, por la hora, no haya firmado recibo por pagos efectuados por Moreno en efectivo. Esa acotación acreditó la ligereza de Moreno en el manejo del patrimonio público y, además, neutralizó el insistente argumento de éste con relación a que cada operación tenía documentación respaldatoria y que las auditoras no la encontraron porque no la buscaron. Por otra parte, con relación al hecho Nº 106, el Dr. Mazzucco consideró que el nombrado Villacorta, no obstante ser docente, no había percibido el cheque librado a su orden, ni en el banco, ni en efectivo, y fundó debidamente su convicción en el testimonio de dicho docente. Es que Villacorta, que en aquella época prestaba servicio en el departamento Belén, claramente dijo en el debate que cobraba sus haberes por ventanilla en el Banco de Belén, que nunca cobró sus haberes en esta Ciudad, ni reintegros ni en efectivo. Indudablemente, este testimonio echó por tierra los argumentos defensivos del imputado Moreno, cuyas explicaciones resultaron corroboradas sólo en parte por la empleada Mirtha Santillán. Así, Santillán reconoció haber confeccionado el cheque a nombre de Villacorta, como también los correspondientes a los hechos 104, 105 y 107; explicó que, según Moreno, se debían solucionar en forma inmediata los haberes adeudados a las personas para las cuales fueron emitidos; que esos cheques tenían documentación respaldatoria; que el agregado del nombre del empleado Manuel Salcedo como beneficiario se realizó con posterioridad, a pedido de Moreno; que Salcedo le había entregado el dinero a ella y ella, a su vez, a Moreno, con el recibo para la firma del supuesto beneficiario a quien supuestamente debía pagarle Moreno. Pero dijo también Santillán no recordar si existían los recibos firmados por esos beneficiarios y que, en varias oportunidades, cuando ella le reclamaba esa documentación, Moreno respondía que todavía no había llegado la gente del interior para hacerle efectivo el pago. En el caso, en su voto, el Dr. Mazzucco razonó que el recibo firmado por Villacorta no existía porque Villacorta nunca lo firmó y no lo firmó porque nunca lo cobró. Con dicho testimonio quedaron desvirtuadas las explicaciones de Moreno con relación a que la documentación respaldatoria existía, que estaba en esa Administración y que las auditoras no la encontraron cuando hicieron la Auditoría, o que maliciosamente algún empleado infiel la había ocultado o no se las había suministrado, pero que existía y fue ubicada después por el interventor Montenegro y presentada al Tribunal de Cuentas con la correspondiente rendición. El contundente testimonio de Villacorta dejó sin sustento todos esos argumentos de Moreno y acreditó categóricamente que los fondos fueron sustraídos por el mismo Moreno. Es por ello que considero que tampoco se verifica en el caso la denunciada violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la referida prueba documental cuyas constancias han quedado, además, suficientemente corroboradas con la prueba testimonial reseñada.

Por otra parte, sostiene el recurrente que, si bien puede discutirse la prejudicialidad, indudablemente era necesaria la intervención del Tribunal de Cuentas dada la falta de precisión sobre la existencia de faltantes de fondos o no, teniendo en cuenta que las auditoras reconocieron no haber podido trabajar adecuadamente debido a la cantidad de papeles. Y destaca que en el debate el Contador Montenegro dijo que hasta el año 2004, aproximadamente, fueron realizando las rendiciones de cuentas sobre la gestión de Moreno, en unos casos, con toda la documentación respaldatoria, en otros, con alguna.

Sin embargo, las supuestas rendiciones de cuentas de la gestión de Moreno, que dijo haber efectuado o que fueron efectuadas por el interventor Montenegro no tienen la relevancia que el recurrente le asigna. Así lo considero atento a que no obsta a la consumación delictiva acreditada en la causa, la posterior devolución de los fondos sustraídos, la que, por otra parte, no consta y, atento a esa irrelevancia, no resultaba exigible establecer. Por otra parte, aunque también era irrelevante a los fines del proceso penal, que hayan sido presentadas las rendiciones atrasadas no significa que hayan sido aprobadas. El valor relativo de esas posteriores rendiciones de cuentas a los fines de juzgar sobre la existencia de la consumación delictiva surge además de los mismos dichos del interventor Montenegro quien manifestó en el juicio haberlas efectuado con lo que había, con documentación y sin documentación respaldatoria, con simple nómina de los supuestos beneficiarios de los cheques, según lo acordado con el Tribunal de Cuentas, o sea con o sin recibos firmados por los supuestos beneficiarios.

Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, más que en desconocer el destino dado a los fondos retirados de las cuentas de sueldos, la condena descansa en la convicción, fundada en la prueba rendida en el juicio, de que esos fondos fueron sustraídos y no se aplicaron a pagar haberes, como correspondía hacerlo con los cheques y órdenes de entrega de las cuentas sueldos.

Dice el apelante que las auditoras reconocieron en el debate que no habían abierto todas las cajas que contenían documentación y que a partir de una muestra y sólo con proyecciones fue estimado el faltante económico.

Sin embargo, el voto del Dr. Álvarez Morales evidencia el error en que incurre el recurrente. Es que, como reseña dicho magistrado, la Contadora Argerich había explicado claramente que el faltante fue calculado con datos ciertos suministrados por el Banco de Catamarca que, mensualmente, entregaba a la Dirección de Administración una carpeta con la nómina de las personas que no se habían presentado a cobrar. Por ello, hicieron su estimación basándose en la precisa información de esas carpetas, para usar los exactos términos de la testigo, "sumando toda esa plata", abarcando el periodo comprendido entre enero de 1994 a marzo de 1996, y establecieron que en ese período el Banco había devuelto a esa Administración la suma de $ 4.000.000, aproximadamente. En el mismo voto, se refirió también el Dr. Álvarez Morales a los dichos de la Contadora Olmos, la otra auditora, según la cual, por mes, los remanentes ascendían a $150.000, aproximadamente, además de destacar que ese saldo debía estar en la cuenta pero que el dinero no estaba. Por otra parte, no observo, ni señala el agraviado, la relevancia del punto atento a que la condena civil no remite a esa estimación sino a la específica suma de los montos de los cheques que se tuvieron por sustraídos. Como consecuencia, estimo que deben rechazarse las objeciones planteadas en este apartado.

Considera también el apelante que la prueba basal es endeble y anterior a la causa penal pero que no pudo ser confrontada ni controlada por el imputado al habérselo apartado de la Administración, prohibiéndosele el acceso y contacto con los papeles que se encontraban en las cajas.

Esta queja, por ser extraña al fallo cuestionado, ninguna consideración merece en esta instancia. No precisa el recurrente la actuación judicial, ni administrativa, contraria a pedimento concreto de esa parte en el sentido que refiere, ni menciona haber formulado la correspondiente reserva para presentar la protesta en esta instancia. Como consecuencia, además de insuficiente, el planteo es notoriamente extemporáneo por haberse operado la preclusión con relación a la cuestión, instituto que impide retrotraer el proceso a etapas pretéritas so pena de incurrir en violación a los principios de progresividad, celeridad, adquisición procesal y, en definitiva, de seguridad jurídica.- 4. La pericia caligráfica Critica el recurrente que los jueces no hayan dado los motivos por los que se apartaron de las conclusiones de la pericia caligráfica según la cual los siete cheques peritados eran falsificados, y absolvieron a Moreno sólo por los hechos 78º y 80º.

Este agravio tampoco puede ser acogido. Así lo considero atento a que el recurrente sólo manifiesta su disconformidad con lo resuelto sin oponer argumentos contra los fundamentos que sustentan la resolución del a quo sobre el punto. Es que el tribunal consideró que se habían peritado sólo dos cheques, los individualizados en los hechos 78º y 80º, por lo que entendió que las conclusiones del perito, referidas a todos los cheques peritados, no alcanzaban más que a dichos cheques. Y, en otras palabras, el tribunal de mérito entendió también que eran auténticas las firmas desconocidas como suyas por el imputado Moreno, insertas en los otros cinco cheques referidos por el recurrente, correspondientes a los hechos 77º, 79º, 84º, 86º y 87º. El tribunal dio razones para concluir en ese sentido y, sin que implique compartirlas, observo que el recurrente no se hizo cargo de esas razones. No cuestionó ni expuso argumento alguno tendiente a demostrar que se habían peritado siete cheques, como él dice, y no sólo dos, como sostiene el tribunal. Tampoco criticó razonadamente los motivos por los que el tribunal concluyó que fueron librados por Moreno, teniendo en cuenta que habían superado el control bancario. De tal modo, el recurso se presenta insuficiente en tanto no demuestra la violación que invoca a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial, por lo que considero que resulta en este punto también inadmisible.- TERCER MOTIVO DE CASACIÓN Cuestiona la calificación legal dada a los hechos Manifiesta el recurrente que el tipo penal ha sido aplicado erróneamente y que el verbo sustraer del delito previsto en el art. 261 del CP es confuso y ha sido interpretado como equiparable al apoderamiento propio del hurto, como una retención indebida o apropiación, y hasta como la mera acción de separar los bienes administrados de la esfera de la actividad patrimonial de la administración pública, con ánimo de apropiación para sí o para un tercero. Cita doctrina y jurisprudencia. Dice que, en el caso, los fondos remanentes posteriores al pago de sueldos fueron utilizados para pagar sueldos de docentes, sueldos de administrativos del área y servicios o productos de proveedores, un fin público distinto al que tenían asignado, que fueron utilizados arbitrariamente pero no sustraídos del control o custodia administrativa, y que los jueces que integran la mayoría no explicaron cómo ni cuándo se produjo la sustracción y a dónde fueron a parar los fondos sustraídos. Critica que el Dr. Mazzucco haya tenido por acreditada la existencia de faltantes con las auditorías y pericia contables que parten de proyecciones y estimaciones, y resalta que las auditoras y la Fiscal de Estado sólo señalaron irregularidades y que esta última dijo, además, que no se había podido determinar la aplicación a un fin público de los fondos, por lo que se pregunta el recurrente cómo es que la sentencia tiene por acreditada la sustracción peculadora si tampoco se pudo determinar la aplicación de esos fondos a un fin privado. Y, para terminar, dice que el daño no probado, sumado al desconocimiento del destino dado a los fondos y a la absolución de su defendido en la causa por enriquecimiento ilícito, impiden afirmar que el mismo haya sustraído los fondos públicos de la esfera de custodia que tenían asignados. Entiendo que tampoco en este punto la crítica puede ser acogida en atención a las siguientes razones:

En el sub júdice el Tribunal, por mayoría de votos, tuvo por acreditado en el juicio, con certeza, el quebranto a la seguridad legal que la administración pública requiere para resguardar los caudales públicos, producido por Moreno, mediante la acción efectiva de separar los fondos de que se trata, de la esfera de custodia que tenían asignada por la ley, poniéndolos en peligro, y también el regular desenvolvimiento de las actividades de ese sector de la Administración Pública. Por otra parte, tuvo por probada la calidad de funcionario público del imputado y de administrador de los fondos de que se trata, el carácter de caudales públicos de éstos y que los hechos se produjeron en ocasión del ejercicio de la función pública encomendada a aquél, extremos no cuestionados por el recurrente. Asimismo, concluyó que la violación de sus deberes por parte de Moreno, como encargado de la custodia de los fondos referidos, encuadra en el tipo legal del peculado.

Se refirieron los jueces al sentido y alcance del verbo típico "sustraer" y, con citas doctrinarias y jurisprudenciales pertinentes, precisaron que significa apartar, separar y extraer de la esfera de custodia. Con arreglo a la prueba producida, que analizaron y valoraron suficientemente, tuvieron por acreditado ese proceder con la disposición de esos caudales de modo perjudicial para la Administración, mediante el libramiento de cheques y órdenes de entrega de títulos públicos, sin causa legal justificante, a la orden de ellos mismos, de empleados del área o de terceros ajenos a la Administración, cuyos montos eran formalmente percibidos por éstos, sin que norma legal alguna autorizara tal proceder habida cuenta que no era ese el objeto al que estaban destinados, con plena conciencia por parte de Moreno de que su accionar era contrario a derecho.

Examinadas las conclusiones del pronunciamiento apelado en este punto, a la luz del cuadro probatorio invocado para sustentarlas, encuentro que el a quo ha ponderado adecuadamente los elementos de juicio incorporados al debate y que, con referencias a reconocidas posiciones doctrinarias recogidas por la jurisprudencia, ha juzgado, acertadamente, con el grado de certeza exigido en la instancia del juicio, como verificados los requisitos exigidos por el art. 261 del Código Penal.

Es que, no obstante las objeciones apuntadas por el recurrente, las auditorías y pericias contables que fueron practicadas reflejan claramente el efectivo apartamiento de los fondos de que se trata de los fines que tenían asignados, y no sólo el -acaso deliberado- manejo desprolijo de los fondos confiados al imputado.

Sobre el punto, conviene recordar que los fundamentos del fallo remiten también a la declaración del imputado Moreno, quien había admitido tal circunstancia aunque, para menguar su responsabilidad, había dicho que con esos fondos se cancelaron otras obligaciones a cargo de la misma Administración. También el recurrente alega que no hubo "sustracción" por cuanto con los fondos en cuestión, de la cuenta sueldos, se hicieron pagos legítimos de la Administración, como viáticos, combustible, papel, etc, que debían ser solventados con dinero de otra cuenta.

Sin embargo esas explicaciones no fueron aceptadas por el Tribunal a quo. A mi criterio, acertadamente, atento a que la posición exculpatoria del imputado no encontró eco en la prueba rendida.

Por otra parte, el beneficio personal del administrador derivado del manejo discrecional de los fondos públicos, no es requisito del tipo en tratamiento, por lo que el reproche no descansa en la apropiación de esos fondos por Moreno sino en haberlos colocado en una objetiva situación de riesgo que el dinero público no tiene porque correr (conf. Buompadre en Delitos contra la Administración Pública, pág.252 en cita al fallo de la C.F. San Martín, Sala II, in re "Zitto Soria, Miguel A.", JA, nº6061, 29/10/97, p.48). Por ende, atento a que no empece a la tipificación del delito de peculado la circunstancia de que el incuso no se haya enriquecido personalmente, tampoco interesaba en esta causa el sobreseimiento por el delito de enriquecimiento ilícito que invoca el apelante.

En el caso, se endilgó al imputado haber sustraído ilegalmente los fondos públicos cuya administración detentaba por acto de autoridad, y tal accionar fue comprobado en el juicio y con éste el perjuicio irrogado a la administración pública por el quebrantamiento de la tutela y control público de esos caudales.

De la administración de los fondos por el imputado, como si fueran suyos, con desprecio del procedimiento contable previsto para asegurar los fines a que estaban destinados y de la transparencia de su administración, dan cuenta acabada tanto los testimonios recibidos como las auditorías y pericias contables practicadas, no obstante las objeciones a tales actos formuladas por el recurrente. Esas pruebas producidas en el juicio y valoradas en la sentencia dejaron en evidencia ese manejo discrecional de los fondos públicos, los que el imputado distrajo de su destino predeterminado por las normas administrativas, por fuera de la propia Administración Pública, conforme el concepto que corresponde asignar al verbo típico "sustraer", con lo que, además, vulneró el procedimiento administrativo legalmente instituido para el control de legitimidad del gasto público.

Como consecuencia, estimo que el recurso no compromete la estabilidad de la sentencia que, con arreglo a la prueba rendida, concluyó, fundadamente, que los hechos comprobados constituían el delito de peculado, en los términos de la acusación formulada, asignación legal que considero acertada dado que ha sido verificada la acción típica del peculado, cuya configuración sólo reclama que el funcionario público comprometa los bienes confiados a su gestión y que los extraiga de la esfera de custodia de carácter público, con perjuicio para el bien jurídico institucional, que no requiere disminución patrimonial (aunque en este caso sí la hubo) y se consuma con el perjuicio a la buena marcha de la Administración, dado que más que el patrimonio estatal, se tutela la administración de éste, más que su integridad, el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado; y la probidad de los funcionarios públicos como encargados de velar por el mismo, por lo que no obsta a la configuración del delito ni siquiera la posterior devolución de los fondos por el funcionario infiel.- CUARTO MOTIVO DE CASACION Sostiene el recurrente en este punto que la sentencia es nula por inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena causando gravamen irreparable (art. 454 inc. 3º del Código de Procedimientos en materia Penal de la Provincia, art. 18 de la Constitución Nacional).

Critica que en su voto, el Dr. Mazzucco sólo haya considerado las circunstancias agravantes, sin decir nada de las atenuantes, sobre el transcurso del tiempo, el monto peculado ni la falta de acreditación de la finalidad de lucro.

Lo agravia también que el fundamento del voto del Dr. Álvarez Morales haya remitido a la finalidad de prevención general de la pena cuando había previamente reconocido que, entre otros parámetros, el buen comportamiento de Moreno y la falta de antecedentes penales hacían estéril pensar en una pena destinada a su resocialización. Afirma que aquella finalidad puede tenerse en cuenta y utilizarse como prevención especial, sólo para morigerar o agravar la pena por imperativos sociales, y no antes o sin que sea necesaria la pena. Cita doctrina y jurisprudencia referida a la mayor efectividad de la pena, desde el punto de vista de la prevención general o especial, cuando menor es la distancia entre el hecho y la condena, y también con relación a que la excesiva duración del proceso debe ser atendida en la individualización de la pena como una circunstancia posterior que compensa parcialmente la culpabilidad del autor. Afirma que este magistrado realizó una indebida doble valoración de la calidad de públicos de los fondos utilizados dado que esa condición había sido considerada para calificar legalmente al hecho. Cita jurisprudencia que estima pertinente.

Sostiene que ambos jueces han violado el principio de igualdad ante la ley toda vez que para fijar la pena a Barroso han considerado como atenuante su condena anterior por enriquecimiento ilícito por entender que se trata de un delito ocasionado por los mismos hechos pero que la absolución de Moreno por aquél delito no ha sido tenida en cuenta.

Aduce que también se ha violado ese principio dado que, aunque se ha dicho que la magnitud del daño se encuentra dada por los montos sustraídos, se ha condenado a los imputados Moreno y Barroso con la misma cantidad de pena, sin considerar que al primero le atribuyeron cuarenta hechos y a Barroso ochenta, y aún cuando la suma de los montos de los cheques involucrados es de ciento siete mil pesos en el caso de Moreno y más de un millón de pesos en el caso de Barroso.

Asimismo, que lo agravia la sentencia en cuanto valora como un elemento agravante al daño causado, sin que éste haya quedado demostrado, y por considerar que el mínimo legal previsto para el delito, la falta de antecedentes penales del imputado y los principios invocados respecto de la finalidad de la pena y su inutilidad en caso de primera condena deberían llevar a aplicar, de ser necesario, una pena de ejecución condicional, por lo que solicita se revoque la sentencia y se mensure correctamente la pena.

Con relación a los agravios precedentes, estimo que el recurso no puede prosperar por cuanto la pena cuestionada encuentra suficiente sustento en los motivos expuestos en la sentencia y, además, porque su monto resulta razonable con arreglo a la escala penal prevista para el delito de peculado (Art. 261 del C. Penal) por el que ha sido condenado y las pautas mencionadas en el art. 41 del Código Penal.

Considero que tampoco puede ser acogido el planteo sobre la indebida doble valoración de la calidad de los fondos utilizados toda vez que, si bien -como dice el recurrente- el peculado sólo puede realizarse sobre fondos públicos, en rigor, el agravamiento de la pena se funda en que esos fondos estaban destinados a la enseñanza escolar primaria y secundaria, como expresamente lo dice el Dr. Álvarez Morales. Así, por una parte, el destino predeterminado legalmente de esos fondos no autorizaba otra aplicación o su sustracción, aunque fueran remanentes de los destinados al pago de sueldos de docentes. De ahí que, por haber sido acreditada la sustracción de esos fondos, la sentencia tuvo por configurado el delito de peculado. Por otra parte, la enumeración meramente enunciativa del art. 41 del Código Penal, no excluye la consideración de circunstancia alguna relativa a la persona o al hecho, que permita evaluar la mayor o menor gravedad del hecho o peligrosidad del agente. Por ende, si bien, por definición, todos los fondos públicos tienen finalidades públicas, dicho magistrado consideró el destino específico que en el caso de autos tenían asignados los fondos sustraídos, como dato revelador de la mayor gravedad del hecho o, en palabras del mismo magistrado, como determinante de la "singular importancia y gran magnitud del bien lesionado", y con arreglo a dichas pautas, estimó el cuantum del reproche. En el primer caso, hizo una valoración cualitativa del carácter de los fondos sustraídos para definir legalmente los hechos y tenerlos como típicos en el marco previsto en abstracto por el legislador; en el segundo, realizó una valoración cuantitativa y consideró una particular circunstancia del hecho, que de no haber existido no hubiera impedido tener por cometido el delito porque no es un elemento constitutivo de éste, pero que influye en la "cantidad" de delito. En este segundo caso, no se trata de una nueva desvalorización, sino de una particularización del grado de desvalor de una única desvalorización o grado del desvalor (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, V, Ediar, pág.333). Primero tuvo en cuenta la afectación del bien jurídico protegido como elemento del tipo penal a los fines de juzgar como cometido el delito de peculado; después el grado de afectación a ese bien genérico o la medida del injusto, a los fines de ponderar la pena.

Tampoco advierto que se haya verificado la violación al principio de igualdad que denuncia el recurrente. Por una parte, la condena se refiere a un solo delito -según la creación pretoriana del delito continuado-, no a un concurso real de delitos, por lo que la cantidad de más o menos hechos integrantes de ese concurso en principio endilgado no tiene la relevancia que se le asigna en el memorial. Por otra parte, aunque el monto de la condena es el mismo, el deber de garante de Moreno del bien jurídico lesionado, justifica el solamente aparente mayor reproche a éste en comparación con Barroso, por la mayor jerarquía de Moreno en el gobierno de la cosa pública, y en atención a que su función era justamente la de administrador, por lo que estaba más obligado que ella respecto de los fondos en cuestión y, además, porque por su profesión de Contador tenía mayor capacidad para reconocer la antijuridicidad del hecho y actuar en consecuencia. Por ende, dada la legal incidencia, de conformidad con el art. 41 inc. 2º del Código Penal, de las condiciones personales del imputado para determinar la gravedad de la infracción penal concretamente cometida, graduar su culpabilidad y con arreglo a éstas la pena, el agravio deviene improcedente pues la pena impuesta, de la que se acusa rigor, aparece como razonable a la luz de la gravedad del hecho, la jerarquía de Moreno en la Administración, su educación universitaria y demás parámetros considerados para su determinación.- CUESTION CIVIL El recurrente cuestiona también los fundamentos de la sentencia relativos a la cuestión civil y dice que la sentencia es nula porque ha omitido considerar los planteos referidos a la ausencia de pronunciamiento previo del Tribunal de Cuentas, a la excepción de prescripción respecto de ciertos hechos imputados a Moreno; y, además, acusa defectos de la sentencia con relación a las costas impuestas, a su distribución, a la base considerada para su ponderación y a la pluspetición.

NULIDAD DE LA SENTENCIA 1) Ausencia de Informe del Tribunal de Cuentas Dice el recurrente que la intervención del Tribunal de Cuentas era imprescindible para demostrar la existencia del daño y que, sin considerarla como prejudicial, sólo el Dr. Roselló le ha dado a la cuestión la importancia que tiene al fundar su voto negativo a la pretensión resarcitoria en la ausencia del informe respectivo de dicho Tribunal, como único Órgano de Control habilitado constitucionalmente para avalar la existencia del perjuicio invocado por la demandante. Transcribe, en lo pertinente, el Voto de dicho magistrado y concluye que la mora o desorden en la rendición de cuentas no se traduce necesariamente en perjuicio fiscal y que los "faltantes injustificados" referidos en la causa no implican que el dinero haya salido de la órbita de control de los funcionarios involucrados y derivado en usos que produjeran daño.

Al respecto, estimo necesario recordar que la prejudicialidad requiere de un pronunciamiento jurisdiccional en otro proceso no penal, y que en ese sentido se ha dicho lo siguiente: "Para el proceso penal es cuestión prejudicial la expresamente prevista en la ley con la exigencia de que sea resuelta por el juez no penal, y cuya decisión causa estado con respecto a la existencia o inexistencia del elemento del delito al cual se refiere...." (conf. Clariá Olmedo en su obra Derecho Procesal Penal, T. I, pág.181). Por ello, considero que el agravio ha sido correctamente respondido por el Juez emisor del primer voto.

Sin dudas, como dice el recurrente, de suma utilidad hubiera resultado en el caso el informe del Tribunal de Cuentas sobre el manejo y destino de los fondos de que se trata, en la época de los hechos de la causa. Sin embargo, la falta de éste no tiene la relevancia que le asigna el impugnante dado que esos extremos fueron constatados suficientemente en la auditoría contable practicada y el mismo imputado, libremente, reconoció el manejo irregular de esos fondos con relación al legalmente impuesto, declaración adecuadamente valorada por el Dr. Mazzucco, quien se explayó sobre su mérito como confesión calificada a la luz de jurisprudencia pertinente que reseñó. Por otra parte, del modo de esa administración, dieron suficiente cuenta también la pericia contable, los testimonios de las auditoras intervinientes, de proveedores, de empleados de esa Administración y de extraños a ésta. Que tales elementos de juicio fueron suficientemente considerados por el Tribunal para tener por acreditado el hecho y por consumado el delito de peculado.

Del fallo resulta asimismo que fue merituado el testimonio del Contador Francisco Montenegro, quien había sucedido a Moreno en la Dirección de Administración del Ministerio de Educación y Cultura, desde agosto de 1996 hasta diciembre de 2003, como Interventor, designado por el Gobernador para regularizar la administración y actualizar las rendiciones de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, refiriéndose en el debate al desorden contable y administrativo en el área entonces a cargo de Moreno. El Dr. Mazzucco destacó que Montenegro había establecido atrasos en las rendiciones de cuentas y había manifestado también que se hicieron rendiciones con fallas dado que faltaba documentación, como también que se tomaba como cierto que se le había pagado a docentes pero sin documentación respaldatoria, y que, a raíz de los atrasos en las rendiciones de cuentas, había perdido regularidad la función administrativa.

Asimismo, el Dr. Mazzucco consideró el testimonio que había prestado en el debate Ana Soledad Pais, ex Fiscal de Estado y denunciante en las presentes, refiriéndose al desorden administrativo constatado en las auditorías practicadas en aquella Dirección de Administración, a las más de 300 intimaciones del Tribunal de Cuentas para que se rindieran las de esa dependencia, como también a que dicho Tribunal no pudo en el caso cumplir con su función, y que "hubo reclamos de los sectores docentes formulados al Ministerio de Cultura y Educación, mientras se sustanciaban los sumarios administrativos". Entendió dicho magistrado que esa declaración no ofrecía fisuras ni motivos de sospecha de mendacidad por lo que, atento a su coincidencia con las prestadas por los Contadores que estuvieron a cargo de las auditorías contables y de la Intervención del organismo, acertadamente, la valoró como prueba de cargo.

Quedó así suficientemente probado el daño, cuya efectiva existencia pone en tela de juicio el recurrente, ocasionado por el discrecional accionar de Moreno, dado que, principalmente, como lo sostuve al referirme a la calificación legal, éste se produce cuando se afecta el regular desenvolvimiento de la actividad patrimonial de la administración pública y, por ende, la fe o la confianza pública depositada en el funcionario a cargo de la custodia de los caudales públicos. Sin que sea necesario el efectivo menoscabo al patrimonio, aunque en este caso sí lo hubo y así quedó acreditado en el juicio y lo sostuvo el tribunal a quo en su sentencia. Sobre el punto válido es recordar que los fondos fueron sustraídos de remanentes existentes después de satisfechos los pagos debidos a los docentes, pero eran del Estado y como remanentes debían volver a la Tesorería provincial. Por lo que, aún si no hubieran existido reclamos del sector -que sí los hubo, según la Fiscal de Estado-, su sustracción constituía delito por lo que así fue considerada por el sentenciante.

Por otra parte, según el testigo Montenegro, se rendían cuentas previa consulta con el Tribunal de Cuentas, dichos que permiten inferir que ese organismo de fiscalización de las cuentas públicas estaba al tanto de esa irregular administración y se conformaba con lo poco que pudieran meramente decirle, sin prueba alguna, sobre la aplicación de los fondos administrados por Moreno. Por lo tanto, aprecio que la valoración de dicho testimonio como prueba de cargo contesta suficientemente el agravio al poner en evidencia que no era necesario el informe del Tribunal de Cuentas para establecer el perjuicio producido por el hecho reprochado ni para mensurar éste, y avala suficientemente la conclusión del Dr. Mazzucco según la cual ese irregular proceder administrativo fue "malintencionado" y "preconstituído" para "ocultar la conducta delictuosa" atribuida.

Además, del pronunciamiento apelado resulta de toda evidencia que el perjuicio económico ha quedado categóricamente precisado en tanto el tribunal ha tenido por suficientemente acreditado que los fondos públicos fueron sustraídos por Moreno, en cantidad equivalente a la suma de los montos de los cheques individualizados en los hechos por los que fue condenado. En esos términos, resultaban absolutamente prescindibles las conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre dichos cartulares sin que el recurrente haya logrado demostrar el carácter dirimente de esta prueba, por lo que considero que sus protestas al respecto tampoco pueden ser acogidas.- 2) Prescripción Sostiene el recurrente que se encuentra prescripta la acción penal en torno a los hechos nominados 88º, de fecha 10 de marzo de 1995; el 90º, de fecha 4 de marzo de 1994 y el 108º, de fecha 4 de marzo de 1994. Denuncia ausencia de mayoría para el rechazo de su planteo en el juicio porque dice que sólo fue tratado por el Dr. Mazzucco. Y, a modo de crítica a los fundamentos dados por éste, recuerda que la acción prescribe a los dos años, desde el día del hecho o desde que éste llegó a conocimiento de la víctima y que, en el caso, el Tribunal de Cuentas había realizado intimaciones relacionadas con irregularidades durante la gestión del Contador Moreno por lo que conocía de la existencia de dichas irregularidades. Y dice también que el proceso penal suspende la prescripción de la acción civil sólo en caso de haberse promovido una querella, no bastando la simple denuncia.

Considero que, por las siguientes razones, el agravio no puede prosperar. No resultan de recibo los cuestionamientos relacionados con la supuesta omisión de tratamiento de la cuestión por parte de los restantes integrantes del tribunal atento a que, expresamente y brevitatis causae, se remitió el Dr. Álvarez Morales a los fundamentos dados por el Dr. Mazzucco. Esa remisión la hizo en cuanto a la valoración de la prueba de cargo sobre la existencia de los hechos ventilados para arribar al resultado condenatorio que propugnó -con el alcance que también específicamente precisó-. Y, también expresamente y sin limitación alguna, hizo extensiva la remisión a los fundamentos del Dr. Mazzucco en cuanto a la evaluación efectuada por dicho magistrado sobre la responsabilidad de los acusados. En esas condiciones, dado que esa responsabilidad de los acusados indudablemente comprendía la responsabilidad civil de los mismos y la subsistencia de la acción en tanto dichas cuestiones eran de tratamiento ineludible, la adhesión a los fundamentos del Dr. Mazzucco por parte del Dr. Álvarez Morales satisface el efectivo y particular pronunciamiento exigible de éste sobre el asunto. Por lo tanto, estimo que debe ser rechazado el agravio referido a la supuesta ausencia de mayoría en el pronunciamiento relativo al planteo de prescripción.

En lo demás, el recurso carece de la necesaria autosuficiencia en tanto no dice cuáles fueron los fundamentos expuestos por el Dr. Mazzucco para rechazar su planteo, ni critica razonadamente éstos. No obstante ello, atento el máximo esfuerzo de revisión que requiere la instancia, ingresaré al tratamiento de la cuestión. Así, observo que los fundamentos expuestos por el Dr, Mazzucco, con acertada cita de doctrina y jurisprudencia, se vinculan con la suspensión y con la interrupción del término de prescripción de la acción penal deducida en autos, aunque la instancia de constitución de actor civil haya sido en principio desestimada por cuestiones formales. Esos fundamentos dados para considerar que la acción no estaba prescripta no han sido contrariados debidamente por el recurrente quien, aunque dice que pueden ser discutidos, en definitiva no lo hace. Considero que son acertados los conceptos vertidos sobre el instituto por dicho magistrado y a ellos me remito en honor a la brevedad. Sólo agregaré que al respecto, el recurrente se limita a recordar que el proceso penal suspende la prescripción de la acción civil sólo en caso de haberse promovido una querella, no bastando la simple denuncia, sin relacionar adecuadamente el concepto con las conclusiones del fallo o con la decisión que pretende. Por ende tampoco puede atenderse su crítica sobre la falta de tratamiento del planteo por el tribunal de grado. Primero, porque no están obligados los jueces a seguir a las partes en todos sus planteos, salvo que sean de utilidad para resolver el conflicto, y éste, cierta y ostensiblemente no lo era atento a su notoria extemporaneidad.

LAS COSTAS Manifiesta el recurrente que el Tribunal omitió resolver adecuadamente la imposición de las costas y desarrolla argumentos sobre los siguientes cuatro ítems:

1. Apartamiento del principio objetivo de la derrota Luego de transcribir, en lo pertinente, el voto del Dr. Roselló, quien impuso las costas por su orden por entender que, conforme con las constancias de autos, el denunciante tuvo razones de litigar, el recurrente dice que, de ese modo, dicho magistrado se apartó del principio objetivo de la derrota.

El agravio es inaceptable en tanto la crítica se dirige al voto de la minoría que, justamente por serlo, no concurrió a la decisión sobre el punto por lo que resulta abstracta su consideración. Como consecuencia, propongo su rechazo.- 2. Distribución de las costas Cuestiona el recurrente la imposición de las costas en un ochenta por ciento a la parte demandada y en un veinte por ciento a la parte actora, por considerar que esa distribución es contraria a la equidad dado que el actor pretendía $19.029.966,75 pero Moreno fue condenado sólo por $107.542,58, por lo que el actor triunfó sólo en un 0,5% de su pretensión y, al menos cuantitativamente, Moreno es la parte gananciosa de la demanda. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

El tema propuesto fue materia de consideración y decisión por este Tribunal en los autos identificados como Expte. Corte Nº 64/09, caratulados "Recurso de Casación interpuesto por los Dres. Denett y Tomás Hugo Aibar en su carácter de representantes por la parte Actora Civil y Querellante Particular en contra de la sentencia de Nº 19/09 recaída en causa Expte.Nº 153/09 caratulada "Moreno, Ricardo Héctor y Otros p.ss.aa. Peculado reiterado, etc. Capital-Catamarca". En dicha oportunidad, dije lo siguiente: "(.) Sobre las costas estimo preciso recordar que tienden a resarcir al vencedor de los gastos en que debió incurrir y que deben ser reembolsados por el vencido, con prescindencia de la buena o mala fe de los litigantes, dado que no constituyen un castigo al perdedor sino una reparación patrimonial a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho o bien para realizar la defensa de sus derechos frente a una demanda injusta. Asimismo, que en una acción de daños y perjuicios las costas integran el resarcimiento; que el principio general en la materia, como fundamento de la imposición de costas, es el criterio objetivo de la derrota y que el carácter de vencido se configura si la acción prospera, aun cuando sea en mínima parte, por lo que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por análisis aritmético de pretensiones y resultados. En ese sentido se ha dicho lo siguiente: que "Las circunstancias de que se desestimen algunos rubros, no le cambia al actor la calidad de victorioso ni a la demandada la de vencida" (SCBuenos Aires, dic 20-980 Gómez Carlos c Swif SAJ DJBA 138-1680). Pero el principio sobre la imposición de las costas al vencido no es absoluto. Por ello se ha sostenido que puede ceder cuando la solución del conflicto presente serias dificultades, ya sea por su complejidad o por tratarse de temas cuya interpretación encuentra seriamente divididos a la doctrina y la jurisprudencia, o en caso de razonable duda sobre las pretensiones ejercidas. Por mi parte, en oportunidad de expresar los fundamentos de mi voto en la sentencia Nº Diecisiete, dictada con fecha 12 de junio de dos mil nueve, en autos Corte Nº 61/06 "Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios -s/Recurso de Casación", señalé también que podía ser revisado dicho principio si la víctima había concurrido a causar el perjuicio cuya reparación reclamaba, porque no parecía justo cargar al demandado con la responsabilidad del damnificado y que, verificada la culpa concurrente de los protagonistas, cada uno debía soportar las costas en la medida en que se hubiera declarado su responsabilidad en el evento. En la misma ocasión, sostuve que también debía ser revisado dicho principio en caso de reconvención, si se verificaban vencimientos parciales y mutuos, por el acogimiento parcial tanto de la demanda como de la reconvención, en cuyo caso, con arreglo a lo dispuesto en el art. 71 del CPC los jueces podían distribuir las costas en proporción con el éxito de cada pretensión deducida. Ahora bien, ninguno de esos supuestos se presenta en el caso de autos. La actora no ha sido responsabilizada en medida alguna por el daño cuya reparación había demandado. Tampoco hubo reconvención. En el caso, sólo los demandados fueron responsabilizados por el daño cuyo resarcimiento les había sido reclamado, de lo que se sigue que los demandados en la causa resultaron los únicos vencidos en el juicio. Es por ello que, de conformidad con las pautas precedentes y con arreglo a lo dispuesto en el art. 68 del CPC, en principio, sólo éstos deberían cargar con el peso de las costas, aunque no hayan prosperado todos los rubros que formaron parte de la pretensión deducida -objeto inmediato- o la totalidad del monto reclamado -objeto mediato-. No obstante, considero que también cabe apartarse prudencialmente del principio general del art. 68 del CPC que impone las costas a la vencida, en juicios por daños y perjuicios en los que, como en éste, considerando la suma reclamada y el monto por el que prospera la demanda, éste resulta exiguo y prácticamente se rechaza la pretensión resarcitoria. En ese marco de prudente discrecionalidad, encuentro que la imposición de las costas en los porcentajes dispuestos en la sentencia impugnada son acordes con los fundamentos expresados para sustentarlos, los que impiden tener como arbitraria la distribución practicada dado que no han sido desvirtuados por los recurrentes toda vez que, aunque no por exageradas o injustificadas fueron rechazadas varias de las exigencias resarcitorias deducidas, cierto es también que los términos de la condena civil impuesta distan en mucho de los reclamados, y por ello, encuentro justo y razonable lo decidido sobre el punto por ajustado a la equity invocada por el Dr. Álvarez Morales." .

Por las razones reseñadas, aun cuando según los cálculos del memorial, Moreno haya logrado una reducción importante del monto pretendido y por ello el recurrente lo considere, "al menos cuantitativamente, como la parte gananciosa de la demanda", estimo que el agravio no es de recibo y debe rechazarse el recurso también en este punto.

Así lo considero atento el carácter de vencedora de la actora y dado que el recurrente no ha logrado demostrar que haya sido injusta la demanda y que por serlo sea absurda o perjudicial para esa parte, de modo intolerable, por repugnante a Derecho, la distribución de las costas practicada en el fallo. Por ende, dado el resultado del proceso y el carácter de vencido del demandado, con arreglo al principio según el cual "El peso de las costas debe ser soportado por quien provocó el proceso, colocando al otro en la obligación de litigar", estimo razonable lo resuelto sobre el punto por el Tribunal, poniendo a cargo del demandado Moreno el 80 % de las costas. Como consecuencia, propongo que se rechace el recurso en este punto.- 3. Base regulatoria de las costas Dice el recurrente que choca contra las reglas de la lógica que sobre su petición para que las costas se valúen tomando como base el monto demandado por el actor civil sólo se haya pronunciado el Dr. Mazzucco para decir que correspondía eximir a la parte actora de las costas por la diferencia entre el monto de la demanda y el que debía ser efectivamente soportado por Moreno y, como apoyo de su crítica, cita doctrina y conceptos del Dr. Augusto César Belluscio en el plenario "Multiflex S.A. v. Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 2257/59 de la Cám Nac. Civil 30/9/1975- D, 297; y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Dodero S.A. v. Provincia de Buenos Aires", 22/12/1975, LL, 1976-B, 317.

Sin embargo, aunque funda suficientemente su postura contraria a la sustentada en el fallo, no demuestra el recurrente que sea absurda o arbitraria la de dicho magistrado la que, por otra parte, es la que sostiene esta Corte, como claramente surge de la sentencia aludida en el punto anterior, Nº diecisiete, dictada con fecha 12 de junio de dos mil nueve, en autos Corte Nº 61/06 "Bulacios, Indiana del Valle Muñiz de y otros c/Estado Provincial s/ Daños y Perjuicios -s/Recurso de Casación", y también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos posteriores al invocado por el recurrente, al decir lo siguiente: "(.), en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que en las causas en que esta Corte interviene con plena jurisdicción ha adoptado, a partir del precedente H. 65. XXII. "Hacendados de La Pampa S.A. c. Provincia de Buenos Aires s/ daños y perjuicios", sentencia del 22 de setiembre de 1992, el criterio con arreglo al cual, en principio, el monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de la condena." (H. 45. XXIV .H.E.M.A.R.S.A. S.A.C.I.F.I. c/Dirección Nacional de Vialidad s/nulidad de resolución. Buenos Aires, 27 de octubre de 1994.).

En atención a las razones expresadas, estimo que no puede ser acogido el agravio.- 4. Pluspetición Afirma el recurrente que si se considera que Moreno fue condenado sólo por 28 de los 47 hechos que se le atribuían y se suma uno por uno el monto de esos hechos se llega a un total de $143.978.74, lo que significa que la pretensión resarcitoria excedió en 18.885.988,01; que en la causa no sólo hubo una reducción del 95,5% del monto reclamado, sino que desde el inicio, antes de resolver cosa alguna, podía advertirse que la pretensión era cuantiosamente excesiva a una escala que hacía evidente que se sobrepasaba cualquier función de reparación; y que no sancionar esa pluspetición inexcusable prevista en el art. 72 del Código Procesal sería fomentar la impunidad de este tipo de abuso en la litigación. Que los jueces omitieron pronunciarse respecto a la cuestión planteada por lo que solicita en este punto la revocación del decisorio atacado por su evidente nulidad, y el rechazo de la demanda interpuesta.

Sobre el Punto, considerando que según el recurrente la pluspetición era evidente desde la interposición de la demanda, el reclamo en esta instancia resulta inadmisible en tanto no observo, ni dice el recurrente, que haya sido presentado al Tribunal de grado.

Estimo pertinente, además, precisar que sólo se verifica pluspetición si, con arreglo a las circunstancias de la causa, resulta irrazonable el quantum del reclamo. En este sentido, se ha dicho lo siguiente: "La plus petición inexcusable que autoriza a imponer las costas en forma solidaria entre la parte y el profesional actuante, consiste en reclamar un derecho sin sustento legal, o con fundamento en una norma sobre la cual se efectúa un grave error en cuanto a su interpretación, es decir que, mediante una conducta culpable o maliciosa, se haya exagerado torpemente el reclamo, al punto que resulta injustificable el mismo".(Superior Tribunal de Justicia, Paraná, Entre Ríos Sala 03, en c. Regner, Omar José y otros 19 actores c/ Sagemüller S.A. s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley sentencia, 2793 del 28 de setiembre de 2005). Es por ello que considero que no es esa la situación que se presenta en el caso dado que la pretensión civil deducida había sido suficientemente justificada en tanto remitía al faltante que había sido constatado por las auditorías contables y la pericia contable, circunstancia que indudablemente excluye el supuesto de torpe exageración que autoriza la sanción que reclama el recurrente.

Por las razones expresadas, considero que no pueden acogerse los reclamos relativos a las costas.- III b II Sin Daño no hay indemnización Dice el recurrente que no se ha comprobado el daño, como condición de procedencia de la acción resarcitoria, el que debe ser cierto, actual y subsistente. Que la cuantificación del perjuicio fiscal se basó en la pericia contable que interpretó la auditoría contable pero que ésta no determina el daño de manera cierta y precisa sino que realiza una proyección del mismo; que no puede pretenderse que los imputados deban el dinero que figura en 1996 como no rendido dado que el contador Montenegro declaró que se fueron depositando montos posteriormente y el Contador Moreno dijo que esos montos ascendieron en el año 1999 acerca de $3.000.000, lo que arremete contra el requisito de la subsistencia del daño, el que no debe haber desaparecido en el momento en que debe ser resarcido. Sostiene que los peritos no tuvieron la prudencia de pedir un informe a la Tesorería General de la Provincia y que la falta de pronunciamiento del Tribunal de Cuentas torna imposible precisar la real existencia del daño, y que jamás existió reclamo salarial docente alguno, ni de proveedores por falta de pago, por lo que dinero no faltó. Que se habla de falta de rendiciones de cuentas en tiempo, de libramientos de cheques sin documentación y de otras infracciones administrativas; se pregunta si el daño fue rendir cuentas tardíamente o no rendirlas, y afirma que esos pueden ser incumplimientos pero jamás daño. Por lo que solicitan la revocación del fallo en este punto y el rechazo de la demanda.

Considero que la queja no es audible. Contrariamente a lo que dice el recurrente, el daño se ha probado, y es cierto y subsistente, en tanto se ha acreditado la comisión delictiva investigada, referida a la sustracción -en los términos de la figura penal endilgada- de cantidad determinada de dinero del erario con lo que, con certeza, ha quedado establecido el perjuicio patrimonial derivado del quebrantamiento de la relación de confianza depositada en el imputado como encargado de la administración de los fondos del Estado, ponderándose el daño en la medida de la cuantía de cada uno de los hechos sobre los que ha recaído la condena, la que remite a los montos específicos de los cheques y títulos respectivos. El daño y su cuantía resultan así debidamente precisados por lo que devienen inadmisibles las objeciones del recurrente pretendiendo que el daño no está determinado. Por otra parte, como es de práctica, las conclusiones de las auditorías se basaron sólo en una "muestra" y no en todos los cheques emitidos en el periodo analizado, y esa muestra alcanzó únicamente a los cheques individualizados en los informes respectivos, los que les fueron suministrados por el banco girado. Y, de conformidad con la declaración que prestaron las auditoras en el debate, en todo caso, la "proyección" del daño que agravia al recurrente, se refiere, concretamente, a los montos de aquellos valores y a los informes bancarios sobre los remanentes mensuales que el Banco le remitía a Moreno y éste debía devolver a la Tesorería provincial y no lo hacía. Remanentes de los que hubo una sola devolución de un mes, en dos años. Y que ascendían, aproximadamente, a $150.000 y al equivalente a $ 35.000 por mes, en las cuentas de pesos y de títulos públicos, respectivamente. Así quedó acreditado en el juicio. Por ende, esa proyección ningún detrimento ha ocasionado a Moreno en tanto no era óbice para tener por cierto y concreto el daño que se ordenó resarcir, derivado -repito una vez más- de la sustracción por el mismo de los caudales públicos, por la certeza alcanzada al respecto, y sólo en la medida de la cuantía de los valores descritos en los hechos alcanzados por la condena que por cierto no abarcó todos los individualizados en la auditoría ni en la pieza acusatoria. De lo que se sigue que el daño ocasionado pudo ser aún mayor que el efectivamente constatado en las auditorías, que el reclamado por la actora y que aquél cuya reparación ordenó la sentencia impugnada.

Y tampoco puede acogerse el agravio considerando que el demandado no ha probado su aserto sobre la insubsistencia del daño dado que, por una parte, no ha acreditado que con posterioridad se haya depositado el monto que dice como tampoco que las posteriores rendiciones de cuentas aludidas por el Contador Montenegro se refieran a los cheques individualizados en la demanda y alcanzados por la condena, omisiones éstas que privan de eficacia a la protesta.

Por las razones dadas, considero que las quejas del recurrente sobre la cuestión no pueden ser admitidas.- III b III Defecto Legal Dice el recurrente que la demanda resultó inentendible debido a la ambigüedad, vaguedad y oscuridad en el modo en que fue articulada la pretensión; que no especificó la razón del reclamo como tampoco ningún tipo de individualización entre los cientos de hechos que forman parte de la demanda, el 70% ajenos a su defendido; y que sobre el monto de la demanda se remitió simplemente a la pericia contable, la que engloba conceptos ajenos a la acción y a su pupilo; que no explica el criterio utilizado para estimar el importe reclamado, y que la imprecisión y reclamo de un monto genérico absolutamente inadecuado, excesivo e improcedente señala un comportamiento negligente en el modo de proponer la demanda. Manifiesta que el Dr. Roselló, quien se pronunció por el rechazo de la pretensión resarcitoria, se refirió brevemente a la cuestión como "la imperfecta formulación demandante, lindante con la conceptualización de la excepción de defecto legal o libelo oscuro". Critica el voto del Dr. Mazzucco diciendo que para rechazar la excepción que había interpuesto esa parte, consideró dicho magistrado que se habían precisado las sumas demandadas y los distintos conceptos, con lo que disiente el recurrente por entender que la demanda no expresa qué tipo de daño o rubro justificaba la suma exigida, si lucro cesante, daño emergente, daño moral. También critica el voto del Dr. Álvarez Morales por considerar que es contradictorio dado que, por una parte, dicho magistrado apunta numerosas deficiencias de la demanda pero finalmente se expide por el rechazo de la excepción. Considera el recurrente que el actor realizó una suma aritmética de los montos de innumerables cuentas y cuestiones que excedían de los hechos demandados sin explicar contingencia alguna que rodeaba cada uno de esos hechos.

Considero que el agravio no es atendible toda vez que, como surge de los fundamentos dados por los jueces para rechazar la excepción -y sin que implique contradicción-, no obstante sus imperfecciones, la demanda contiene los datos indispensables para asegurar el ejercicio de la defensa en juicio. De la simple lectura del acta de debate resulta que fue demandado el resarcimiento integral de los daños y perjuicios causados al Estado Provincial y solicitada -en lo que aquí interesa- la condenación al demandado Ricardo Héctor Moreno, en forma solidaria con la coimputada Norma del Valle Barroso, al pago de una cantidad determinada de pesos, en concepto de daño material, actualizada al 31 de diciembre de 2005 a tasa pasiva, pidiendo su actualización desde entonces hasta el momento de su efectivo pago, o lo que en más o menos estimara prudente y razonable el Tribunal. En la misma oportunidad, la actora dio los fundamentos de hecho y de derecho en los que basó su pretensión con relación a cada uno de los hechos enunciados en el Requerimiento Fiscal y realizó una pormenorizada discriminación de los diferentes ítems que componían la responsabilidad patrimonial del demandado Moreno (y de la también demandada Norma Barroso) por los hechos mencionados y también por el daño integral ocasionado al Estado en los términos que consideró acreditados en la causa, de conformidad con las conclusiones de los informes técnicos de las auditorías y pericia contables, la que consideró procedente en atención a la condición de Director de Administración que al tiempo de los hechos revestía Moreno, memorando que el mismo había sido designado por decreto VFH Nº 1318 del 10 de setiembre de 1991. Dijeron los actores que la demanda se basaba en las auditorías contables y en la Pericia Contable dispuesta por el Tribunal y practicada con el contralor del Contador Acosta, propuesto por el imputado Moreno. Discriminaron en la demanda los puntos que estimaron más importantes de la labor pericial como los referidos a los cheques comprendidos en el Procesamiento y a los faltantes en las distintas Cuentas a cargo de esa Administración y, por ende, de Moreno, con la identificación exhaustiva de esas cuentas, por nombres y números, expedientes, montos e intereses respectivos, aclarando que así arriban al total del perjuicio económico producido como daño material, por el monto reclamado, especificando el monto del capital histórico a la fecha de los hechos y su actualización. Y fundaron en Derecho su pretensión con cita de los preceptos legales que estimaron de aplicación, del Código Civil (arts. 1072, 1068, 1069) y de la Constitución Provincial, como también de la Ley de Contabilidad. Por otra parte, el agravio referido a que la demanda engloba conceptos ajenos a la acción carece de actualidad y por ende de eficacia dado que la condena sólo se refiere, y parcialmente, a los hechos formalmente atribuidos al imputado, y fue rechazada la demanda en cuanto a los faltantes constatados en las otras cuentas a cargo de esa Administración.

Asimismo, la queja no resulta atendible en tanto no concreta el embate con referencia específica a punto determinado de la demanda que no haya podido entender y refutar adecuadamente, y que le haya ocasionado un concreto perjuicio por haber sido motivo de condena o de consideración por el Tribunal para juzgar sobre la responsabilidad de Moreno.- IV Sobre Nulidad de la Sentencia por arbitrariedad por carencia de fundamentación o fundamentación aparente Bajo este título dice el recurrente que la sentencia no refleja el trabajo intelectual de los jueces quienes deben realizar un estudio crítico de los planteos, pruebas y alegatos; que los jueces de la mayoría se han extendido en la reproducción literal de las piezas probatorias sin demostrar los caminos seguidos para concluir en la certeza necesaria de condena por lo que considera que es sólo aparente su fundamentación y como tal violenta la garantía de la defensa en juicio y nulifica la sentencia.

Estimo que este agravio tampoco puede ser aceptado. Considero que ha quedado evidenciado en los acápites precedentes que las distintas cuestiones abordadas en la sentencia fueron decididas con arreglo a la prueba introducida legalmente al juicio y al derecho aplicable, por lo que cuentan con el necesario respaldo fáctico y jurídico, encontrándose justificadas las respectivas decisiones con suficientes razonamientos de hecho y de derecho. Por otra parte, no observo, ni señala el recurrente, vicios en el razonamiento expresado por los jueces o en la relación lógica entre los elementos de juicio meritados y las conclusiones fácticas y jurídicas a las que arribaron los mismos. Por ende, estimo que la queja sólo expresa discrepancia con el criterio sostenido por el tribunal a quo y como tal no puede ser admitida.- V Manifiesta el recurrente que la sentencia es arbitraria porque no ha tratado una cuestión defensiva esencial, el estado de necesidad justificante previsto en el art. 34 inc. 3 del Código Penal No corresponde hacer lugar al planteo formulado bajo este título atento a que sobre el punto el recurso es insuficiente en tanto no expresa los argumentos que dice el recurrente haber presentado en el juicio y que fueron ignorados por el Tribunal de sentencia. Es que, como surge de los fallos que el recurrente reseña en el memorial, los magistrados no están obligados a analizar todas las articulaciones de las partes, sino las conducentes, y deben dar cuenta de las razones por las que no las analizan, sólo si son aptas para hacer variar el resultado del juicio. Así, el cumplimiento de esa carga procesal era indispensable para permitir a esta Corte examinar si los argumentos propuestos eran conducentes para la solución del litigio y, por lo tanto, si la omisión por el a quo de la consideración de esos argumentos invalidaba su sentencia. Así las cosas, la respuesta al agravio no puede ser otra que su rechazo que, en tanto determinado por esa omisión del recurrente, no es causante del perjuicio que invoca por la privación al imputado de la posibilidad de obtener un doble conforme respecto del tema propuesto.

No obstante, con el fin de agotar la capacidad revisora de este Tribunal, analizaré la sentencia a la luz de las constancias del acta del juicio sobre las postulaciones formuladas al respecto por la ahora parte recurrente. En ese afán, observo que el a quo, por mayoría de votos, ha tenido por acreditada la sustracción de los fondos públicos de que se trata, no la malversación de éstos. Y esa conclusión a la que arribó el Tribunal, lo eximía del tratamiento de la temática propuesta por el recurrente, por ser ajena a la figura del Peculado. Así lo considero atento a que con la invocación del estado de necesidad esa parte pretendía justificar la conducta que durante el juicio sostuvo haber desarrollado con relación a los fondos cuya sustracción se le endilga, esto es haber aplicado los fondos remanentes de las cuentas "sueldos" al pago de bienes y servicios que debían ser satisfechos con fondos de otra Cuenta. Por otra parte, con ese objeto, no acreditó esa parte la necesidad invocada por la mora en el pago de los acreedores. No probó que existieran intimaciones de pago por parte de éstos ni que Vázquez o Bustos hayan amenazado de algún modo a Moreno con dejar de proveer combustible o fotocopias a esa Administración, o con paralizar o afectar de modo alguno el funcionamiento de ese Ministerio. Tampoco expuso argumentos útiles sobre la falta de responsabilidad de Moreno con respecto a las supuestas necesidades o urgencias funcionales invocadas (fotocopias, combustibles, viáticos), argumentos que, en ese caso se imponían considerando que también había quedado acreditado en el juicio que los fondos destinados a ese tipo de gastos (Fondo Permanente) no eran repuestos por la Tesorería de la provincia debido a que Moreno, quien justamente debía garantizar la solvencia de esa cuenta tampoco rendía cuentas de su administración. Así planteada, la justificación invocada no era atendible tampoco con relación al delito de malversación de caudales públicos que admite Moreno haber cometido en desmedro de la transparencia en el manejo de la cosa pública.

De tal modo, las excusas expuestas, de dudosa idoneidad para incidir en la consideración de la antijuricidad de la conducta que reconoce Moreno haber desarrollado con relación a los mencionados fondos, resultaban absolutamente ajenas al peculado juzgado como ocurrido por el Tribunal y, por ende, incuestionablemente ineficaces para justificar la sustracción reprochada.

Por lo tanto, dado que la cuestión resultaba a todas luces inconducente para la solución del litigio, no estaba obligado el Tribunal a considerarla, ni a dar razón de su temperamento. Sin embargo, sobre los que llamó justificativos deslizados por la defensa, se refirió el Dr. Álvarez Morales con remisión -que aprecio como pertinente- a conceptos del fallo dictado por la Sala II de la Cámara del Crimen de Paraná en causa "Ferrari, César Adolfo s/ peculado reiterado", cuya aplicación al caso no ha cuestionado el recurrente, omisión que también priva de suficiencia a su reclamo y lo torna inaudible.- VI Violación al derecho a ser oído Bajo este título el recurrente se queja de que no fueron evacuadas por la Instrucción las siguientes citas del imputado realizadas en su declaración prestada en el año 1996: la enorme envergadura de la administración a su cargo; los motivos por los que les pagaba a docentes y a proveedores en efectivo, las falsificaciones de su firma en varios cheques, que el Ministro del área había autorizado sus vacaciones y que éste sabía que se estaban malversando fondos. Afirma que las firmas falsas fueron determinadas a instancias de esa defensa recién en el año 1999; que la Instrucción no citó a proveedores como Vázquez, Bustos, Isí o Franceschini para que dijeran si habían cobrado en efectivo; que la Instrucción, ni la Fiscalía de Cámara consultaron a Tesorería General o al Tribunal de Cuentas si faltaba dinero o si el mismo había ingresado posteriormente ni citaron a los ex funcionarios de Educación para que confirmaran los dichos de Moreno. Agrega el recurrente que, en el debate, Moreno declaró que concluida su gestión se rindieron cuentas de ésta y que en el año 1999 ingresaron a Tesorería General de la Provincia más de tres millones de pesos pero que sus dichos no fueron tenidos en cuenta.

Estimo que por las siguientes razones la presente queja no puede ser acogida. Primero, porque para su admisibilidad debe ser oportuna, ante la denegatoria -circunstancia que el recurrente no acredita-, el silencio o la inactividad del Tribunal al respecto, y no recién después de concluido el juicio y atento el resultado desfavorable obtenido en éste. También porque la omisión de evacuar citas resulta irrelevante en la medida que la defensa tuvo, antes de ésta, oportunidades sobradas para gestionar toda la prueba que su estrategia aconsejara realizar, y procurar los informes o la comparecencia en la audiencia de los testigos de su interés, como de hecho lo hizo, por ejemplo, en el Ofrecimiento de Prueba solicitando la citación de los proveedores nombrados, como también la de los entonces funcionarios a los que alude. Por ende, el planteo en esta instancia resulta incompatible con esa inactividad y actividad discrecional anterior de esa defensa e impide tener por afectados -como denuncia- los derechos del imputado a ser oído y de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional.). Igual criterio ha sostenido la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en causa Nº 1661, caratulada "M. M. D. s/ recurso de Casación", por lo que comparte esta Corte los fundamentos y conclusiones de dicho fallo.

Asimismo, es improcedente el agravio, dado que no es legalmente imperativa la evacuación de citas. Así como no es obligación de los jueces seguir a las partes en todas sus alegaciones, tampoco están obligados a verificar todos los extremos expuestos por el imputado en su acto de defensa material e investigar todos los hechos y circunstancias a que el imputado se haya referido. Sólo deben ser necesariamente corroboradas las circunstancias relevantes mencionadas por el imputado al prestar declaración, y su potestad de proponer prueba, sólo exige al juez a diligenciar la que estime pertinente y útil.

En el caso, la consumación del delito atribuido no requiere disminución patrimonial y se verifica aunque con posterioridad se presente la correspondiente rendición de cuentas o se devuelvan de los caudales sustraídos. Es por ello que el no diligenciamiento que agravia al recurrente de los informes del Tribunal de Cuentas o de Tesorería General de la Provincia ningún perjuicio ha ocasionado al imputado toda vez que aunque hubieran hecho saber sobre posteriores rendiciones de cuenta y sobre la restitución a la Tesorería de la Provincia de al menos parte de los fondos en cuestión, no hubieran logrado desvirtuar la comprobada existencia material de la sustracción de los fondos y la consiguiente configuración del delito de peculado, por lo que sería abstracto el resultado de esa prueba.

Tampoco puede acogerse la protesta por la falta de citación a ex funcionarios quienes, según el recurrente, hubieran confirmado que, como había declarado Moreno, el procedimiento de apartamiento de los fondos de su destino "era debido a la enorme envergadura de la administración a su cargo"; que el Ministro del área conocía de esas malversaciones; y que sus vacaciones las había autorizado el mismo Ministro. Y así lo considero dado que, de conformidad con los conceptos fijados al tratar la calificación legal, la eventual corroboración de dichas circunstancias hubiera resultado absolutamente ineficaz como eximente de la responsabilidad penal de Moreno y de la extensión de esa responsabilidad en los términos de la condena.

Además, estimo pertinente destacar que Raúl E. Giné, por aquella época Ministro de Hacienda y Finanzas, compareció a la audiencia a la que fue citado en oportunidad del juicio (fs. 3018 vta.) y la defensa del imputado Moreno renunció a esa prueba. Y en la misma oportunidad, la defensa de Moreno también renunció al testimonio de Luis A. Varela Dalla Lasta, entonces Ministro de Educación y Cultura. Por ello, las protestas formuladas en este apartado resultan incompatibles también con esa postura anterior -desistimientos- sostenida por esa parte en el debate, y por serlo no merecen ser atendidas.

En resumen, no se evidencia, ni lo evidencia el recurrente, el beneficio que le hubiera acarreado al imputado la evacuación de las citas que señala el apelante y, por el contrario, se observa que ningún perjuicio atendible le ha causado, por lo que la falta de vinculación de los extremos referidos con la condena impuesta a Moreno determina la ineficacia del planteo.

VII Beneficio de la duda y onus probandi Manifiesta el recurrente que la causa se ha construido a partir de una duda, el desconocimiento del destino dado a los fondos; que ese desconocimiento ha llevado a concluir que se había quebrado la esfera patrimonial del Estado, por lo que en los casos en que se pudo acreditar el destino de los fondos se consideró que ese quiebre no se había producido; que no es el imputado quien debe probar su inocencia sino que es a cargo del Estado la prueba fehaciente de la culpabilidad del imputado y que si ésta no puede ser acreditada el imputado debe ser absuelto. Invoca preceptos de la Constitución Nacional y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y cita doctrina y conceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, cuestiona la condena por considerar que el Estado no pudo demostrar, al menos por indicios, el destino de los fondos y si éste fue ilícito o privado.

Sobre el punto cabe decir que no observo, ni ha demostrado el recurrente, que se haya vulnerado el principio de inocencia. Contrariamente a lo que éste sostiene, del análisis de la sentencia a la luz de las constancias del acta del juicio y de la prueba incorporada al debate resulta que, sin dudas, los jueces tuvieron por confirmada la sospecha que, en grado de probabilidad, había llevado al imputado al juicio, y dieron fundamento suficiente de su convicción en ese sentido, sustentándola en los elementos de juicio que invocaron y valoraron adecuadamente en sus respectivos votos, razón por la que ut supra consideré que no se había verificado la violación a las reglas de la sana crítica racional denunciada por el recurrente. Es que el cuadro probatorio reseñado en la sentencia es suficiente para concluir, como lo hicieron los jueces, con el grado de certeza requerido para condenar, que los hechos investigados efectivamente se habían consumado, en los términos que quedaron fehacientemente establecidos en el juicio. Y esos extremos legitiman la condena impuesta atento a que las objeciones opuestas por el recurrente no logran desvirtuar el mérito efectuado en el fallo.

No se ha condenado al imputado por desconocerse el destino que le ha dado a los fondos que tenía bajo su administración sino por haberse establecido, con certeza, que esos fondos fueron sustraídos por el mismo -repito, con el alcance que cabe asignarle en el caso al término sustraer-. La condena descansa en esa certeza. Los jueces no tuvieron dudas al respecto y ninguna razón había para que las tuvieran. Es que, como también lo dije antes, en las auditorías realizadas en esa Administración a cargo del ahora condenado Moreno, había sido constatada la emisión por éste de los cheques y de las órdenes de entrega descritos en la sentencia, librados contra las cuentas corrientes de "Sueldos", destinadas al pago de haberes de docentes, cheques y órdenes que, sin embargo, no tenían a éstos como beneficiarios. Los hechos fueron debidamente comprobados con los cheques remitidos por el Banco Nación a pedido de las auditoras, los que obran en la documentación adjunta a estos autos y en los que constan que fueron percibidos por el mismo Moreno. Esa circunstancia fue constatada también por la pericia contable practicada por orden judicial con la intervención del controlador designado a propuesta del imputado Moreno. Los informes técnicos de esas auditoría, la pericia, los cheques y órdenes referidos proporcionan la prueba irrefutable del accionar descrito, que supera la mera irregularidad administrativa para constituir propiamente el peculado atribuido a Moreno. Habida cuenta que su maniobra había sido descubierta, el reconocimiento posterior de Moreno, no puede ser tenido sino como espontáneo y oportuno para ensayar su defensa. Y la indagación judicial posterior al respecto se inscribe en el marco de la evacuación de citas, sin que quepa inferir de tal temperamento que, como pretende el recurrente, como no se comprobaron las explicaciones de Moreno, existen dudas sobre el destino de los fondos y no obstante esas dudas el imputado fue condenado. Por el contrario, la condena se funda en la certeza sobre la sustracción de los fondos por Moreno.

Como consecuencia, considero que no puede hacerse lugar a este agravio.

VIII Sobre la ejecutoriedad de la sentencia En este punto del memorial se refiere el recurrente a su postura sobre la ejecutoriedad de la sentencia, sin expresar agravios, por lo que entiendo que en este marco jurisdiccional no corresponde el tratamiento de la temática atento a que cualquier pronunciamiento al respecto sería abstracto en el caso.

Por las razones expuestas, dado que con el tratamiento exhaustivo de todas las alegaciones del recurrente, se ha asegurado el ejercicio del derecho que consagran los artículos 8.2.h de la Convención Americana sobre derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y, de tal modo, la vigencia del derecho de defensa y al debido proceso del imputado, considero agotada la competencia revisora de este Tribunal pronunciándome en forma negativa al recurso interpuesto.- A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión el Dr. Cáceres, dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/37 vta., por el Dr. Fernando Ramón Avila, en su carácter de defensor del imputado Ricardo Héctor Moreno. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presentes las reservas formuladas en los Puntos IX y X del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- A la segunda cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.- A la segunda cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.- Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA;

RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 01/37 vta., por el Dr. Fernando Ramón Avila, en su carácter de defensor del imputado Ricardo Héctor Moreno.- 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.- 3º) Con costas (arts. 536 y 5378 del C.P.P.).- 4º) Tener presentes las reservas formuladas en los Puntos IX y X del caso federal y del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 5º) Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.- FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente- José Ricardo Cáceres - Amelia del V. Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.