marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, comisiones médicas, trámites administrativos
Materia: LABORAL
Carátula: Gagliardi, Carlos Alberto  c/ Experta Art. S.A. s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-06

La actora se agravia porque en la sentencia interlocutoria de primera instancia se declaró la incompetencia para entender en las presentes actuaciones ante el incumplimiento acabado de la instancia administrativa previa y obligatoria. Señala que la juzgadora omitió a la hora de resolver que en las actuaciones administrativas iniciadas por el derechohabiente ya había operado la caducidad del art. 3 de la ley 27.348. El poder administrador decidió invertir la carga probatoria que sustenta una presunción juris tantum, para imponer al supérstite la obligación de demostrar que la trabajadora a la fecha del contagio se encontraba efectivamente laborando, decidió además presuponer un posible escenario en el cual la trabajadora podría haberse contagiado la enfermedad por fuera del ámbito laboral. No se encuentra verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1° de la Resolución SRT N° 38/20 respecto de la trabajadora. Sin embargo conforme la norma del art. 2 de la res. SRT 38/2020, que reglamenta el procedimiento especial previsto para los casos de enfermedad por Covid-19. La denuncia se encontraba irrevocablemente admitida, ya que había transcurrido el plazo allí previsto de 48 horas para que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos se expidiera. Ante nuevas presentaciones de la actora, la Gerencia reconsideró la situación y admitió la denuncia formal de la enfermedad, notificando a las partes sin más actuaciones posteriores. Conforme el art. 3 de la resolución SRT 38/20, una vez admitida la denuncia los trabajadores o sus derechohabientes deben iniciar el trámite ante la CMJ para el reconocimiento del carácter laboral de la enfermedad en forma definitiva. La administración en forma contraria a las disposiciones normativas del DNU dictado en el marco de la emergencia sanitaria, impuso a la actora no sólo acreditar que la trabajadora estaba excluida de la dispensa legal por ASPO, sino también que la actividad a la que se dedicaba su "empleador" era esencial y estaba exceptuada de cumplir con el aislamiento obligatorio, pues de no hacerlo no podía receptarse la denuncia y por ende calificarse como laboral a la enfermedad contraída. Es a la ART a quien le corresponde acreditar la ruptura del nexo causal que presuntivamente impone la norma. Teniendo en cuenta la norma del art. 2 de la ley 27.348, el art. 3 de la ley 27.348 y el art. 6 de la res. SRT 38/20 corresponde revocar la decisión de la anterior instancia.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Rearte de Ayet, Nilda s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-12-20

La resolución que le agravia, declaración de inadmisibilidad formal del recurso de casación, ha sido tomada por la sala en base a serias razones legales, derivadas de la interpretación integral del sistema, respondiendo a una posición doctrinaria y jurisprudencial mayoritaria, por lo tanto la discrepancia en ese campo no resulta suficiente para enervar los efectos de un decisorio que resulta una derivación razonada y por ende lógica del caso sometido a su arbitrio.
Pago, efecto extintivo del pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Baltanas, Mirta Liliana c/ Monterrubianes, Roberto Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-13

La marcha de la depreciación y de los intereses sólo se detiene en el instante en que el acreedor puede razonablemente retirar los fondos, actuando con la debida prontitud.
Proceso penal, imputado, libertad, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: A, R.J. s/ Incumplimiento de los deberes de funcionario público reiterados.   Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 310-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-08-03

Las pautas sentadas por esta Corte, hacen aconsejable la apertura de esta instancia para efectuar el control que a esta Corte le compete por imperativo de la Carta Magna. En el antecedente citado se dijo: "El principio constitucional de la inviolabilidad de la libertad corporal conjugado con el de inocencia permite inferir la exigencia de que nadie sea considerado jurídicamente culpable mientras una sentencia así no lo declare (artículo 9 del Código Penal y 18 de la Constitución Nacional). En esa dialéctica entre poder y libertad, le cupo a la doctrina penal un denodado y eficaz esfuerzo clarificador orientado a distinguir la situación jurídica del imputado con la del culpable condenado, y a que no se conciba a la prisión preventiva como una medida ordinaria en el desarrollo del proceso".
Acción de amparo, oportunidad procesal, preclusión
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: YEBRA, SILVIA BEATRIZ Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-06-28

Quienes tienen a su cargo la administración de justicia no pueden renunciar al examen de los recaudos de admisibilidad formal del amparo y diferirlo para cuando se dicte sentencia, en tanto ello supondría alterar los órdenes normales de competencia asignados por la ley, además de comprometer la garantía de igualdad y afectar la seguridad jurídica En efecto, controlar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad formal está impuesto a este Tribunal por los arts. 1, 2 y 6 de la ley de amparo, y aún cuando ella nada diga respecto del momento en que tal examen debe ser realizado, resulta obvio y no puede, sino interpretarse que debe ser previo a la declaración de admisibilidad formal de la acción, la que una vez declarada hace precluir la posibilidad de que después -al dictarse sentencia definitiva- se aluda a la falta de satisfacción de requisitos de admisibilidad para decidir su improcedencia. Así lo impone el principio de legalidad que informa el ordenamiento jurídico. (Del voto del Dr. Lilljedahl)
Propietario de inmueble, cancelación de deudas, adjudicatario
Materia: CIVIL
Carátula: Molina, Juan Carlos y otra s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-11-21

Siendo una persona propietaria de una vivienda (otorgada por el I.P.V. y U.) cuyo precio canceló con anterioridad a su nueva postulación, y omite denunciar esta circunstancia en su declaración jurada presentada ante el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo, induciendo a error a las personas encargadas de evaluar su postulación, le cabe la sanción prevista en el art. 14 de la ley 21.581 (caducidad de la adjudicación por falseamiento de la información que sirvió de base para la respectiva selección y adjudicación).

A ello no empece que su esposo y coadjudicatario no haya sido parte en la primera adjudicación, por cuanto la caducidad de la adjudicación se extiende al grupo conviviente, por su dependencia de adjudicatario.
Personal policial, traslado, medida de no innovar, rechazo in límine
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Paz, Juan Rafael c/ Policía de la Provincia de Catamarca s/ Medida de no innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-20

En el sub lite se presenta el actor invocando su calidad de efectivo de la Policía de la Provincia y solicita bajo la denominación de "medida cautelar de no innovar" que inaudita parte se ordene al Jefe de Policía de la Provincia que suspenda el traslado dispuesto desde la localidad de Corral Quemado a esta ciudad Capital, hasta que se resuelvan sus reclamos administrativos o el juicio contencioso administrativo, por estimar que el acto administrativo ha sido emitido contra legem y que dicho traslado le ocasiona perjuicios económicos al no percibir adicionales reconocidos como agente en zona desfavorable.

Ab initio surge indubitable la deficiencia técnica del escrito postulatorio al no exponer las razones que justificarían que la petición sea tramitada bajo la forma de una "medida cautelar autónoma", y que deba prescindirse de la sustanciación previa de un proceso contencioso en el que exista espacio para el debate, mas aún cuando de las propias afirmaciones de parte surge que la medida ha sido cuestionada en sede administrativa y se encuentra pendiente de resolución.

Deficiencia extensiva a la omisión de tipificar pormenorizadamente cada de uno de los requisitos legales propios del proceso cautelar, más el interés público que se compromete con la disposición cuestionada, extremo exigido en esta instancia de excepción ante la presunción de legitimidad y ejecutoriedad que gozan los actos administrativos.

Lo que no se satisface con enunciaciones o manifestaciones genéricas desprovistas de basamento legal que justifiquen su concesión y persuadan al sentenciante de la urgencia enunciada que conlleve a conformar la estructura jurídica del pronunciamiento.

Por ello, se impone el rechazo in límine de la pretensión articulada.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Della Mora, Richard c/ GCBA s/ amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-18

La queja deducida por el GCBA ha sido interpuesta en tiempo y forma (art. 32 de la ley 402). Sin embargo, no puede prosperar y debe ser rechazada pues no logra rebatir los fundamentos por los cuales la Cámara de Apelaciones denegó su recurso de inconstitucionalidad: ausencia de sentencia definitiva, de caso constitucional y de sentencia arbitraria. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Cáceres o Aguilar Jorge Norberto s/ Robo - Privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que alega transgresión legal sin demostrar de qué manera la aplicación de la ley de fondo no se ajusta al cuadro de los hechos fijados por la sentencia.
Declaración indagatoria, derecho a conocer las pruebas en contra, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MORALES, CARLOS A. Y OTROS s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Corresponde declarar la nulidad de oficio de la indagatoria, por afectar el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N. y 168 del C.P.P. ) si el imputado no fue debidamente impuesto de las pruebas que existían en su contra, y menos aún, cuales eran las mismas, en oposición a lo establecido por el art. 298 del C.P.P. .

Tal omisión afecta el derecho de defensa del imputado, ya que siendo la declaración indagatoria la primer oportunidad para efectuar su descargo material, necesitaba saber que constancias del sumario lo involucraban en el hecho por el que era interrogado.
Créditos del fallido, rehabilitación del fallido, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: S.I. -Patrimonio en Liquidación BANADE c/ Dorfman, Daniel y Otro s/ Proceso de Ejecución
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-09

Dado que el crédito que se discute por vía ejecutiva es un crédito preconcursal que no fue denunciado por el deudor en su proceso de carácter universal y tampoco fue insinuado ni verificado por el acreedor en la quiebra decretada, que en este proceso de ejecución civil y comercial federal se desconocen las condiciones en las que sucedieron la clausura y cesación de la quiebra y que el demandado fue rehabilitado en forma automática por el mero transcurso del tiempo, corresponde al juez de la quiebra la decisión sobre los efectos de dicha rehabilitación.
Incumplimiento del contrato, derechos de autor, daños y perjuicios
Materia: PENAL
Carátula: Massut , Marcela Elisa y otro c/ Distal SRL s/ incumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-28

Los actores, invocando el carácter de herederos de la señora Petrona Carrizo de Massut, conocida popularmente como "Doña Petrona C. de Gandulfo", y titulares de la marca "Doña Petrona" en diversas clases del nomenclador, así como de todos los derechos de autor de las obras enunciadas en la constancia emitida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, demandaron a Distal SRL los daños y perjuicios derivados de ciertos incumplimientos relacionados con cuatro contratos de edición y comercialización de obras literarias. Persiguen el dictado de una sentencia que condene a la accionada a indemnizar los siguientes rubros: a) daño emergente por el uso no autorizado de la marca "Doña Petrona" y la edición sin permiso de sus obras; b) lucro cesante; c) pérdida de la chance de los negocios que podría haber llevado a cabo de no haber Distal infringido su derecho; d) daño infringido al derecho de autor; y e) regalías pendientes. Para fundar su pretensión invocaron, entre otras, las disposiciones de la ley de marcas 22.362, el Convenio de París aprobado por ley 17.011, el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley de propiedad intelectual 11.723.
Proceso penal, allanamiento domiciliario, derechos y garantías constitucionales, derechos individuales, derecho a la libertad, derecho a la intimidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., M. A. y S., J. C. s/ Secuestro extorsivo. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   235-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Cuando en un proceso se aportan elementos de prueba cuya licitud y admisibilidad se encuentran gravemente comprometidas a la luz de lo que impone el debido respeto a la garantía de la inviolabilidad del domicilio -que constituye una de las limitaciones constitucionales configuradoras del "due process of law" en materia penal, e importa una valla ante la cual debe retroceder, al menos relativamente, la investigación de la verdad que constituye el objetivo del procedimiento-, resulta obvio que la justa solución del caso coloca al juez ante un mandato insoslayable: el de ponderar razonadamente entre dos principios en tensión, como lo son el principio que manda respetar los derechos individuales (en el caso, los derechos a la libertad y a la intimidad) y el principio que impone al Estado -en defensa del interés de la comunidad- el deber de aplicar efectivamente la ley penal, investigando y castigando los delitos que se cometan. (Del Voto del Dr. Ulla, al que adhiere el Dr.

Barraguirre, y que queda en minoría).
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: SYCIC S.A.C.I.F. e I. c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION- REGULACION DE HONORARIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 303 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-10-31

Partiendo de que los litigantes no cuestionan que el presente es de aquellos procesos dotados de contenido patrimonial, lo que determinó la aplicación de los artículos 4, 6 y 8 de la ley 6767 y sujetándose la pretensión de "daños y perjuicios" al "importe que surja de la prueba" ofreciéndose en la etapa probatoria pericial contable a tales fines, al no existir en la demanda cantidad determinada, no cabe sino concluir que de acuerdo al artículo 8 de la ley 6767 tales rubros representan "los valores, bienes o intereses comprometidos" en el pleito.

Y ante ello, no puede pretender la accionante, una vez plasmado el resultado desfavorable del pleito, ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior, deliberadamente cumplida, jurídicamente relevante y plenamente eficaz y así sostener que solo parte de los importes a que arribó el perito integraron el reclamo patrimonial de autos.
Convertibilidad, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Ramires Ramón c/ Consorcio Urugua-i Sideco-Gade Iecsa Grupo Constructor Ute e Instituto Provincial del Seguro s/ Laboral por Accidente de Trabajo Gauto, Rodolfo Oscar c/ Galeteria La"Rueda" s/ Laboral Gonzales Hugo Orlando c/ Ortigoza Carlino y Otros s/ Laboral Santa Cruz de Insfrán c/ Federación de Cooperativas Agrícolas de Mnes. Ltda. y/o quien resulte responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-05|1994-10-20|1994-11-25|1994-11-30

Habiéndose expedido el S.T.J. de la Provincia de Misiones, por la aplicación de la tasa pasiva de interés que liquida el Banco de la Provincia de Misiones para sus operaciones de depósitos a treinta días, y teniendo como objetivo evitar un desgaste jurisdiccional, ya que, en caso que la resolución sobre este tópico sea favorable a la aplicación de la tasa activa, en la alzada - S.T.J. - tal postura será revocada, es que modifico mi postura, propiciando la aplicación de la tasa pasiva que liquida el Banco de la Provincia de Misiones para sus operaciones de depósitos a treinta días. (Dr. Muyal: según su voto).
Medidas cautelares, daños y perjuicios, inundación
Materia: PROCESAL
Carátula: Valle  Gonzalo,  Crescente  Carmelo c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Corresponde admitir la medida cautelar pedida y ordenar a la Provincia de Santa Fe que -a fin de superar, aun parcialmente las necesidades inmediatas derivadas de las inundaciones deposite el importe ofrecido en el marco de las actuaciones administrativas sin la imposición de renuncia, sin perjuicio de la calificación que se haga al momento de dictar sentencia (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Prioridad de paso, accidente de tránsito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: COCO, MAURO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-12-28

Los semáforos habilitan un principio de confianza, pero no es absoluto, no exime de toda precaución. la habilitación mecánica concreta es mucho mas que la prioridad de paso, pero no lleva a la exclusión de toda precaución. es una confianza que habilita a velocidad reglamentaria y con atención diligente, sin que pueda exigirse una disminución sensible como en una encrucijada sin semáforos, más sin autorizar a tomar como autopista lo que esta plagado de cruces transversales cada ciento veinte metros.
Costas, gastos del proceso, conciliación, efectos entre partes
Materia: PROCESAL
Carátula: Castell, Andrés Alejandro c/ Bustos, Juan Carlos y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-26

Acreditada la transacción o el cumplimiento de la prestación por uno de los codemandados, la cuestión respecto a los otros o codemandados se ha tornado abstracta, supuesto en que, como principio se deben imponer las costas en el orden causado, salvo que el asunto se encontrase debidamente sustanciado y fuera posible en análisis de la cuestión de fondo a los efectos de la distribución de las costas.
Concurso preventivo, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: LINEA BLANCA SA s/ QUIEBRA. INC. DE MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-03

Procede decretar el embargo solicitado por el síndico concursal sobre cierta marca de la fallida, cuya venta, cesión y transferencia había formalizado esta, mediante un contrato suscripto con un tercero, toda vez que tal contrato reuniría las condiciones para peticionar en el marco de lo dispuesto por la LC 119, y tal medida tiene por finalidad asegurar un eventual resultado favorable de la acción de ineficacia que aquel manifestó que promovería.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Junco Julio c/ Materia Hnos. S.A.C.I.F. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-10

Corresponde hacer lugar a la indemnización por daño psicológico cuando las pericias realizadas sobre el actor - quien fuera despedido de su trabajo por padecer el virus del HIV- muestran alteraciones, provocadas por la enfermedad y la pérdida laboral, que evidencian la necesidad de tratamiento psicoterapéutico.
Pago, libramiento del cheque
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: M., N.E. c/ Q. argentina A. SA s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-11

No debe perderse de vista que el libramiento de cheques, que es un providencia de mero trámite, no causa estado; como tampoco la aprobación de una liquidación rodea a ésta del atributo de la "cosa juzgada".
Ejecución de alquileres, pluspetición inexcusable
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBARRACIN JOSE c/ GUSTAVO DANIEL PANARIO s/ COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-02-12

Al ser práctica común el reclamo del monto de los alquileres posteriores al vencimiento del contrato de locación, en concepto de daños y perjuicios en los casos en que el locatario no hace entrega de la cosa una vez vencido el contrato, no puede sancionarse al actor por plus petición inexcusable.
Derecho electoral, sistema electoral, tribunal electoral, partidos políticos, cargos electivos, cupo femenino, discriminación de la mujer, recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL. ELECTORAL
Carátula: LANZA, MARIA E; LASSUS, RITA VILMA; COSGROVE, PATRICIA s/ RECLAMO CUPO FEMENINO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N° 882-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-07-02

Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta en tanto no resulta irrazonable, ni caprichosa la decisión del Tribunal Electoral, que rechazó las presentaciones de las quejosas a partir de lo dispuesto en la ley 10802, que en su artículo 1 establece que en toda lista de candidatos que presenten los Partidos Políticos para elecciones Provinciales, Municipales, Comunales y/o Convencionales Constituyentes, la tercera parte -como mínimo- estará compuesta por mujeres en forma intercalada y/o sucesiva, entendiéndose -en la totalidad de las candidaturas- a titulares y suplentes con posibilidad de resultar electas, cualquiera sea el sistema electoral que se aplicare, y lo decidió sin dejar de considerar explícitamente el principio de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, consagrado en el artículo 37, segundo párrafo, de la Constitución Nacional y respaldado por la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -también de raigambre constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 segunda parte-, y entendió que la exigencia legal es operativa al momento de confección de las listas de candidatos, obligando a los partidos políticos y sublemas y, en especial, al propio Tribunal Electoral, que no puede ni debe oficializar aquellas listas que no respeten el denominado "cupo femenino", conforme al artículo 2 de la propia ley 10802.