Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-04-15


Comodoro Rivadavia, Quince de abril de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "G.E.J c/ L.A.J s/ DEMANDA LABORAL", Expte. N° 14.874/2005, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (Expte. N° 5.153/1997).

I.- Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs. 3019 por la parte actora, contra la sentencia interlocutoria de fs.3015/3016.

A fs.3022/3028 expresa agravios, expone en primer término que existe falta de correlación entre los fundamentos esbozados en el resolutorio con relación a los planteos que sostienen su presentación tendiente a la repotenciación de la tasa de interés establecida en la sentencia definitiva recaída en autos, y aún incumplida por parte del accionado condenado en la misma, violándose así el principio de congruencia. Señala que en el caso el resolutorio cuestionado ha omitido considerar la totalidad de los elementos de hecho y de derecho que expusiere en orden al acogimiento de su pretensión, en especial lo atinente a la clara situación de inequidad suscitada frente a la desnaturalización del contenido de la Sentencia Definitiva recaída en autos, y la consecuente licuación de los créditos de naturaleza alimentaria que al día de la fecha el accionado ha hecho caso omiso de afrontar.

Que resulta público y notorio el proceso de desvalorización monetaria reiniciado a partir del dictado de la ley 25.561, que facultó al Poder Ejecutivo a establecer el sistema que determine la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pero que reafirmo la vigencia del art.7° de la ley 23.928 que prohibió todo mecanismo de actualización, cualquiera que éste fuera. La declaración de emergencia publica lo fue en todos los aspectos posibles y la prohibición de actualización monetaria y aplicación de cualquier índice de repotenciación no se desentiende de ese marco de emergencia y el interés público comprometido de evitar un espiral inflacionario.

Agrega que se ha verificado un incremento significativo de los precios internos a partir del mes de Enero del año 2002, más allá de los indicadores oficiales que resultan de significación. Que la variable de divisas no solo afectó a la estructura de precios internos mediante la incidencia de los componentes de origen importado, sino que también lo hizo a través de las que se han dado en llamar tarifas dolarizadas de las empresas de servicios públicos privatizados.

Reseña un cuadro de situación acerca de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, destacando que hoy existe la tensión entre el menor poder de cancelación de la moneda de curso legal frente a la prohibición de actualizar o repotenciar y ante una inflación constante que desde Enero a Septiembre de 2002 acumuló un incremento de más del 70% en la canasta básica total o más del 30% en el índice de precios de consumidor, concluyendo que la tasa de interés fijada en otro contexto social y económico no compensa en lo más mínimo el paso del tiempo entre la mora y el eventual y futuro pago.

Reitera que la aplicación de una tasa de interés como la estipulada en la Sentencia Definitiva recaída en autos provocaría no solo un desmedro patrimonial al declarado acreedor en dicho acto de poder jurisdiccional sino también el enriquecimiento incausado del deudor el Sr. L.

Señala que existe razonable discreción judicial predicada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para determinar un tipo de interés que tutele en forma adecuada el crédito.

Expone como segundo agravio, al considerar erróneo el argumento contenido en la sentencia interlocutoria de la inviolabilidad de la cosa juzgada material, toda vez que su planteo no implica violentar dicho principio fundamental, sino lo opuesto.

Destaca que la actualización del importe de la condena fijada en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuando la solución real adoptada por el juez en el fallo.

Hace reserva del caso federal.

II.- Corresponde realizar una breve reseña previa al examen de los agravios incoados por la actora.

Que a fs. 2757/2765vta. se dictó sentencia y se condenó a A.J.L. a pagar al Sr. E.J.G la suma de pesos $20.314,68.

A fs.2773 y vta. se practica liquidación, y se calculó con un interés igual a la tasa pasiva -Comunicación "A" 14.290- publicada por el Banco Central de la República Argentina, (desde el 31/05/97 al 20/09/99) arrojando al 23 de septiembre de 1999 la suma de pesos $23.390,32.

A fs.2777 el Juzgado aprueba la liquidación referida, y se intimó a la parte demandada para que deposite en autos la suma indicada conforme la liquidación practicada.

A fs.2786/2788vta. obran constancias de depósito y retiro de cheque *****, por la suma de pesos $1.047.12.

III.- Que entrando al estudio de la cuestión planteada cabe acotar que reiteradamente esta Cámara ha sostenido, siguiendo a Palacio en "Derecho procesal civil", T. VII, págs. 304/305 que "... en el proceso de ejecución de sentencia el Juez debe atenerse al contenido de ésta, pues de lo contrario implicaría desvirtuar la eficacia de la cosa juzgada que reviste el pronunciamiento y menoscabar el precepto constitucional que asegura la inviolabilidad de la propiedad..." (Sents. Ints. Nos. 234/91, 106/92, 110/92).

Que al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que los derechos emergentes de una sentencia firme se incorporan a la propiedad del beneficiario (Fallos:144:219 y más contemporáneamente 295:118 y 295:374) y que tal adquisición no puede ser conmovida porque está amparada por la autoridad de la cosa juzgada (Fallos: 200:411, 269:400, 267:417, 273: 312,278:85), cuya estabilidad "constituye un presupuesto de la seguridad jurídica", inscribiéndose en el ámbito del "orden público" (Fallos:291:423) y en tal sentido se ha pronunciado esta Cámara (Sent. Interl. Nos. 114/93,116/93 y 234/93).

Que de conformidad con las actuaciones precisadas en el punto II de la presente, en los que existe liquidación aprobada e intimada de pago, existencia de fondos depositados, no resultan de aplicación los precedentes alegados por la recurrente, toda vez que las liquidaciones efectuadas se sujetaron a las sentencias devenidas firmes y que previa intimación de pago se apercibió del monto, su capitalización y el tipo de interés a aplicarse.

En virtud de lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto a fs.3019 por la parte actora, y en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fs.3015/3016.

IV.- Costas de la Alzada a la recurrente vencida (arts.68 y cc del C.P.C.C.Ch.). A los fines de la regulación de honorarios del incidente se tendrá en cuenta el resultado obtenido, la trascendencia y eficacia de la labor profesional desarrollada en función de los porcentuales y mínimo previstos por el art.33 y pautas del art.14 del del Dto.-Ley 2200 y su modificatoria Ley 4335.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs.3019 por la parte actora, y en consecuencia se confirma la sentencia interlocutoria de fs.3015/3016.

2º).- Costas de la Alzada a la recurrente vencida (conf. Art. 68 y cc. del C.P.C.C.Ch.) Regúlanse los honorarios profesionales por los trabajos realizados en el tres por ciento (3%) de la suma a determinarse en la liquidación definitiva.

3º).- Regístrese, notifíquese, devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Señora Juez de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (artículos 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. de la Ley 1130).

Fdo: Nélida Susana Melero -Presidente.; Graciela Mercedes García Blanco -Juez de Cámara-.

REGISTRADA BAJO EL N° 065 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS