Tribunal: JUZGADO FEDERAL Nº 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14


1º Instancia. - Mar del Plata, septiembre 14 de 2010.

Autos y Vistos: Para resolver en los presentes actuados Nº 1, caratulados: "Actuaciones relacionadas a la causa 15988 Molina Gregorio s/inf. art. 80, incs. 2 y 6 y arts. 119 y 122 del CP", de trámite por ante la Secretaría de Actuación, traídos a despacho para resolver sobre las oposición a la elevación a juicio postuladas por las defensas técnicas de los imputados Roberto Atilio Bocalandro, Nicolás Caffarello, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina, Leandro Edgard Marquiegui, Aldo Carlos Máspero, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco; en tanto los defensores de Jorge Luis Toccalino y Ernesto Alejandro Agustoni, no dedujeron oposición alguna.

Y Considerando: I. Que la presente investigación, se inicia a raíz de las actuaciones relacionadas a la causa Nro. 15.988 caratulada "Molina, Gregorio Rafael s/ Inf. Art. 80 incs. 2 y 6 y arts. 119 y 120 del C.P." de trámite por ante la Secretaría Nro. 2 de este Juzgado, la que se inicia en razón de que el Excmo. Tribunal Oral Federal en el marco de la causa Nro. 890 caratulada "Colegio de Abogados de Mar del Plata y otros s/ denuncia s/desaparición forzada de personas", con fecha 27 de septiembre de 2.004 ordenó la detención del Coronel Alberto Pedro Barda y del General de Brigada Alfredo Arrillaga y que los mismos sean puestos a disposición del entonces Juez Federal Subrogante a cargo de este Juzgado, Dr. Rafael Julián, medida que fuera dejada sin efecto a fs. 87/88vta.

II. Que mediante los pertinentes requerimientos fiscales de instrucción, se impulso la acción penal en aras de aventar la investigación en el marco de las presentes actuaciones la presunta participación del Coronel Alberto Pedro Barda en la comisión de los delitos de homicidio calificado del que resultaran víctimas Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, los que habrían tenido lugar con posterioridad a los días 6 de julio de 1977 -respecto de las dos primeras víctimas- y del 8 de julio del mismo año respecto al matrimonio Fresneda.

También, la probable intervención del General de Brigada Alfredo Arrillaga en los homicidios calificados de los que resultaran víctimas Jorge Roberto Candeloro -probablemente acaecido el 28 de junio de 1977-, Norberto O. Centeno -presumiblemente ocurrido con posterioridad al 6 de julio de 1977-, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (fs. 91/2).

De igual modo, debe investigarse la participación de Gregorio Rafael Molina en la desaparición forzada de Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Hugo Alais y Salvador Arestín, dada su condición de guardia en el centro clandestino de detención "La Cueva", donde las víctimas, aparentemente, fueron vistas con vida por última vez, como además, las desapariciones forzadas de Rubén Santiago Starita, Jorge Toledo, Mercedes Longh, María Carolina Jacué Guitián, Susana Rosa Jacué Guitián, Eduardo Martínez Delfino, Alicia Nora Peralta, Jorge Máximo Vázquez y Roberto Allamanda, todas ellas vistas, presumiblemente, por última vez con vida en el centro clandestino de detención que funcionara en el ex radar de la Fuerza Aérea.

Y, la concurrencia que le cupo al reiterado Molina en la privación ilegítima de la libertad y en la aplicación de tormentos al Dr. Camilo Ricci, Rafael Adolfo Molina, Carlos Bozzi, Eduardo Martínez Delfino, Alicia Nora Peralta, Jorge Máximo Vázquez y Roberto Allamanda, agrega que corresponde imputar inicialmente al nombrado las privaciones ilegítimas de libertad de Alfredo Battaglia y Víctor Lencinas (fs. 534/536).

En idéntico sentido, el Sr. Fiscal manifiesta que, además de los hechos por los cuales ya se encuentran investigados el Coronel Pedro Alberto Barda y el General de Brigada Alfredo Arrillaga -que fueran mencionados en párrafos precedentes- resulta procedente investigar además la responsabilidad de los nombrados en la privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos de Marta Haydee García de Candeloro, Luis Rafaghelli, Martín Garamendy, Luis Serna, Julio César D`Auro, María Luisa Bidegain, Margarita Ferre, María Eugenia Vallejo, Marita Otero, Jorge Florencio Porthe, María Inés Martínez Tecco, Virginia Piantoni, Angel Cirelli, Alejandro Canaves, José Fardín, Guillermo Gómez, Gustavo Soprano, Eduardo Miranda, Marcelo Garrote López, Lucía Beatriz Martín, Luis Alberto Demare, Cristóbal Domínguez, Néstor Rodolfo Facio, Rubén Alberto Yansen, Ramón Fleitas, Rubén Darío Rodríguez, Carmen Leda Barreiro de Muñoz, Alberto Muñoz, Dr. Ricci, Rafael Molina, Tomás Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda, Hugo Alais, Salvador Arestín, Rubén Santiago Starita, Jorge Toledo, Mercedes Longh, María Carolina Jacué Guitián, Susana Rosa Jacué Guitián, Eduardo Martínez Delfino, Alicia Nora Peralta, Jorge Máximo Vázquez y Roberto Allamanda, solicitando también se investigue la responsabilidad de Barda y Arrillaga en la desaparición forzada de las siguientes personas: Rubén Santiago Starita, Jorge Toledo, Mercedes Longh, María Carolina Jacué Guitián, Susana Rosa Jacué Guitián, Eduardo Martínez Delfino, Alicia Nora Peralta, Jorge Máximo Vázquez y Roberto Allamanda, todas ellas vistas, aparentemente, por última vez con vida en el centro clandestino de detención que funcionara en el ex radar de la Fuerza Aérea. En este caso, también considera que debe ampliarse la instrucción en relación a la responsabilidad que pudo caberles a los nombrados en las privaciones ilegítimas de libertad sufridas por Alfredo Battaglia y Víctor Lencinas.

El Ministerio Público Fiscal, amplia los sendos requerimiento de instrucción ya aludidos, en razón de tomar conocimiento de nuevos hechos que se habrían cometido en el centro clandestino de detención "La Cueva", propiciando una concisa e integral investigación de los casos cuyo número de prelación que allí se le asigna, se respetara de aquí en más en el siguiente orden: 1) Jorge Roberto Candeloro; 2) Marta Haydee García de Candeloro; 3) Norberto Centeno; 4) Tomás Fresneda; 5) Mercedes Argañaraz de Fresneda; 6) Carlos Bozzi; 7) Hugo Alais; 8) Camilo Ricci; 9) Salvador Arestín; 10) Carmen Ledda Barreiro de Muñoz; 11) Alberto Muñoz; 12) Eduardo Salerno; 13) Luis Rafaghelli; 14) Luis Serra; 15) Alfredo Battaglia; 16) Víctor Lencinas; 17) Julio César D`Auro; 18) Eduardo Félix Miranda; 19) Lucía Beatriz Martín; 20) Luis Alberto Demare; 21) Gustavo Soprano; 22) Marcelo Garrote López; 23) Guillermo Gómez; 24) Rafael Molina; 25) María Luisa Bidegain; 26) Marita Otero; 27) Angel Cirelli; 28) Virginia Piantoni; 29) Rubén Santiago Starita; 30) Eduardo Martínez Delfino; 31) Roberto Allamanda; 32) José Fardín; 33) Alicia Nora Peralta; 34) Jorge Máximo Vázquez; 35) María Carolina Jacué Guitián; 36) Mercedes Longh; 37) Alejandro Canaves; 38) Rubén Darío Rodríguez; 39) Néstor Rodolfo Facio; 40) Rubén Alberto Yansen; 41) Máximo Remigio Fleitas; 42) Jorge Toledo; 43) Cristóbal Domínguez; 44) Margarita Ferre; 45) María Eugenia Vallejo; 46) Jorge Florencio Porthe; 47) María Inés Martínez Tecco; 48) María Esther Vázquez de García; 49) Néstor Enrique García Mantica; 50) Héctor Gómez; 51) Juan Roger Peña; 52) Alejandro Dondas; 53) Angel Haurie; 54) Federico Guillermo Báez; 55) Pedro Daniel Espiño; 56) Pablo Alejandro Vega; 57) Jorge Horacio Medina; 58) Domingo Luis Cacciamani Cicconi; 59) Mirta Giménez; 60) Héctor Elpidio Giménez y Oscar Baltasar Rico (v. requerimiento de fecha 04/02/08).

Y, solicita la recepción de declaración indagatoria de Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgar Marquiegui, Jorge Luis Toccalino, Aldo Carlos, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina y Nicolás Caffarello, en orden a los hechos y delitos que allí concretamente se le endilgan.

III. Que valoradas que fueron las constancias acopiadas a la instrucción, y, considerando el tenor de los requerimientos fiscales de instrucción descriptos someramente en el apartado anterior, el suscripto entiende que existen motivos de sospecha suficientes como para sospechar que las conductas de Alfredo Manuel Arrillaga, Leandro Edgard Marquiegui, Aldo Carlos Máspero, Eduardo Jorge Blanco, Roberto Atilio Boccalandro, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina, Nicolás Caffarello, se encontrarían incursos "prima facie" en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada (arts. 144 bis inc. 1º en función del art. 142 inc. 1º del C.P. según ley 14.616), imposición de tormentos agravada (art. 144 ter párrafos primero y segundo del C.P., según ley 14.616) y homicidio calificado (art. 80 inc. 2º del C.P.), disponiéndose el llamado a indagatoria de los antes nombrados en los términos del art. 294 del C.P.P.N. (v. fs. 2819/2835).

El acta de la declaración indagatoria de José Carmen Beccio obra a fs. 3223/3224vta., la de Gregorio Rafael Molina a fs. 3225/3226vta., la de Alfredo Manuel Arrillaga a fs. 3227/3230vta., la de Jorge Luis Toccalino a fs. 3231/3233vta., la de Aldo Carlos Máspero a fs. 3234/3236vta., la de Eduardo Jorge Blanco a fs. 3237/3239, la de Roberto Atilio Boccalandro a fs. 3240/3242vta., la de Leandro Edgard Marquiegui a fs. 3243/3244vta., la de Ernesto Alejandro Agustoni a fs. 3259/3262vta., y, la de Nicolás Cafferello a fs. 3283/3288vta., 3290/3296 y 3338 y vta.

Que la situación procesal de los indagados, fue resuelta en el interlocutorio dictado en fecha 01 de octubre de 2008, oportunidad en la que se dicto el procesamiento con prisión preventiva de todos ellos, en orden a los hechos y delitos que en el particular se indica en los acápites I/X de su parte dispositiva, en orden a los motivos que en razón a la brevedad me remito -v. fs. 3403/3549-.

El mentado procesamiento fue puesto en crisis mediante la interposición de un recurso de apelación y confirmado por el Superior en sentencia de fojas 5540/5554 vta., oportunidad en la que se dispone que los procesados sean nuevamente indagados "... en orden a las figuras penales relacionadas con los delitos contra la vida...", cuando, "... aquellas víctimas donde se cuenta con una declaración de fallecimiento presunta, con elementos probatorios que acrediten la privación de la libertad en un momento determinado, la ausencia extremadamente prolongada en el tiempo desde aquélla comisión delictiva, el cuadro situacional de la época en que la misma se produjo, los motivos que habrían sido determinantes para su sustracción, y la operatoria y modalidad impuesta por quienes pudieron ser autores de tal conducta...".

Es así, que el suscripto, adecua el llamado a indagatoria de acuerdo a lo ordenado por el Superior, y dispone: "[...] escuchar en declaración indagatoria a [...] Alfredo Manuel Arrillaga; Leandro Edgard Marquiegui; Aldo Carlos Máspero; Eduardo Jorge Blanco; Roberto Atilio Bocalandro; Jorge Luis Toccalino; Ernesto Alejandro Agustoni; José Carmen Beccio; Gregorio Rafael Molina; [...] y Nicolás Caffarello -ya filiados en marras-, por la perpetración de hechos de desaparición forzada respecto de las víctimas que en cada caso se indicarán, bajo la figura de los delitos contra la vida, lo que se sigue que en razón de las características modales en que habrían tenido lugar, cabe subsumirlos en el tipo de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos más personas (art. 80 inc. 6 del C.P.)..." (v. 6030/35 vta.).

Y, una vez que fueron indagados nuevamente los encartados, se resolvió modificar la calificación legal impuesta respecto de los hechos enrostrados de desaparición forzada de personas a la de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o mas personas, todo ello, conforme surge del interlocutorio dictado en fecha 11 de noviembre próximo pasado, al que en honor a la brevedad lo tengo aquí por reproducidos (V. Ptos. I/VIII de fs. 6221/6237). En tanto a Roberto Atilio Bocalandro y Gregorio Rafael Molina, su situación procesal le es resulta a fojas 6690/6705.

IV. Ahora bien, en oportunidad de considerar completa la instrucción se corren sendas vistas a las partes querellantes, y luego, al Ministerio Público Fiscal.

En tal orden, Sara Derotier de Cobacho en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires formula sus conclusiones a fojas 6950/7049; Gloria del Carmen León por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a fojas 7061/74, al cual se adhiere Eva Centeno; Juan Carlos Wlasic por la Asamblea Permanentes de Derechos Humanos lo hace a fojas 7132/7312, con la adhesión del Colegio de Abogados de Mar del Plata (fs. 7131).

El Sr. Fiscal Federal Subrogante Dr. G. R., formula a fojas 7890/8034, un requerimiento de elevación a juicio respecto Leandro Edgard Marquiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Maspero, Roberto Atilio Bocalandro, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Ernesto Alejandro Agustoni, José Carmen Beccio, Gregorio Rafael Molina y Nicolás Miguel Caffarello, en orden a los motivos allí expuestos los que en honor a la brevedad aquí me remito.

V. Notificados que fueron los defensores de los imputados respecto de las conclusiones arribadas, el Dr. H. I. defensor de Roberto Atilio Bocalandro, se opone a la elevación a juicio instando el sobreseimiento de su asistido, en base a considerar que la acción se encuentra prescripta, interpone también la falta de acción por haber sido los hechos imputados amnistiados y se opone a la elevación a juicio, por requerirse sobre hechos por los cuáles su asistido no fue procesado (v. fs. 8082/92).

El Dr. A. B. Ch., asistente de Nicolás Caffarello, solicita su sobreseimiento, por considerar que su asistido es ajeno a los hechos que se le endilgan, y que las pruebas reunidas como elementos en su contra no resultan contundentes para acreditar la participación de Caffarello en los eventos reprochados (v. fs. 8095/8114).

José Carmen Beccio y Gregorio Rafael Molina, auxiliados en su defensa material por la Sra. Defensora Oficial Dra. P. S. M., también se oponen a la elevación de la causa a juicio, planteando por una parte, una excepción de falta de acción por prescripción, por tanto y en cuanto la "Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad" a la fecha de la comisión de los hechos dicha normativa no existía, siendo que además viola lo dispuesto por el art. 63 del Código Penal, ya que en este punto no ha sido modificado por ninguna disposición de los tratados con jerarquía constitucional.

También solicita la nulidad de las piezas procesales emanadas de las querellas, ya que éstas a su entender no cuentan con la fundamentación exigida por el art. 123 del C.P.P.N., y, discrepa con los requerimientos formulados por los acusadores, básicamente, en la selección dogmática efectuada para fundar la adjudicación de responsabilidad, la capacidad de rendimiento de los elementos probatorios enumerados, y, la valoración de la prueba cabalmente ilegal, como resulta ser la producida en la audiencia del juicio por la verdad.

El Defensor Oficial Dr. M. B., en representación de su ahijado procesal Leandro Edgard Marquiegui, sostiene que no se ha descripto en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, cuales habrían sido las acciones típicas desplegadas por su defendido, cuestión que hubiere develado la ajenidad del mismo en los hechos requeridos.

También apunta, que durante los períodos en los cuales habría ocurrido el hecho que se le imputa, Marquiegui se encontraba fuera de la esta Ciudad, por lo tanto materialmente no podría haber cometido ningún crimen.

Supletoriamente, formula oposición e insta el sobreseimiento de Marquiegui, por considerar a su entender se pretende imputar a su asistido, por presuntos hechos cometidos en el ámbito de la Base Aérea, cuestión que carece de andamiaje crediticio, y, finalmente solicita un cambio de grado en la participación al de coautor (v. fs. 8120/26).

El Dr. C. H. M., abogado defensor de Aldo Carlos Máspero, Alfredo Manuel Arrillaga y Eduardo Jorge Blanco, funda su oposición a la elevación a juicio, señalando que la sola circunstancia de que se desempeñaran como Jefes del ADA 601 y Subjefe del GADA 601, premisa que además carece de respaldo probatorio en la causa, los que sumado a la ausencia de elementos que acrediten la existencia de la organización, la actuación y dominio del hombre, convalidaría una suerte de responsabilidad objetiva no permitida por la doctrina penal.

Por otra parte, critica al requerimiento fiscal de elevación a juicio, porque no efectúa una clara mención de la participación que tuvo cada uno de ellos en los hechos y la responsabilidad que se le achaca deriva sólo de haber ejercido una Jefatura.

Finalmente entiende que las requisitorias postuladas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no cumple con lo previsto en el art. 347 del C.P.P.N. y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, propone el enjuiciamiento a Aldo Carlos Máspero, por hechos en los que no estuvo como Jefe del ADA 601 (v. fs. 8127/28).

VI.1 Teniendo en cuenta la pluralidad de planteos esgrimidos en los términos del art. 349 del ritual, así como la identidad sustantiva que varios de ellos presentan, a efectos de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde efectuar un tratamiento agrupado de los distintos tópicos, atento la unidad de decisión que respecto de ellos cabe acometer.

Sin perjuicio de ello, es dable igualmente poner de relieve que si bien los planteos de las excepciones y nulidades articuladas en autos normalmente serían objeto de tratamiento por vía incidental, la manifiesta improcedencia formal y material de las cuestiones articuladas, atento el estadio procesal en que las mismas son deducidas, imponen rechazar "in limine" su tratamiento. Ello así, incluso considerando el ropaje jurídico de "falta de acción" bajo el que se pretende disfrazar las articulaciones deducidas, pues en todos los casos se trata de la reedición de cuestiones ya tratadas y resueltas por el suscripto, deviniendo entonces en una suerte de impugnaciones extemporáneas que se traducen en una articulación claramente dilatoria que, además, resulta sustancialmente inadmisible.

2. En efecto, adviértase que los planteos prescriptivos articulados por las defensas de los imputados Boccalandro, Beccio y Molina, así como la invocación de las leyes de Obediencia debida y Punto final, fueron objeto de una particular consideración del suscripto en el auto que determinó el sometimiento a proceso de los nombrados (v. puntos I)a.1 y I)a.2); extremo al que se suma la supuesta falta de procesamiento por las desapariciones forzadas que finalmente se subsumieron bajo la calificación legal de delitos de homicidio -planteado la defensa de Bocalandro-, pues también este tópico fue oportuna y debidamente tratado en los resolutorios de fs. 3403, 6221 y 6690.

En esas condiciones y ante la falta de un tempestivo cuestionamiento de tales decisorios en lo que hace a la materia allí tratada, forzoso es concluir que su reedición en esta etapa importa una articulación tardía, que incluso reedita tópicos que fueron objeto de consideración oportuna por parte de la Alzada -sea de oficio o ante planteos recursivos de los concausa-, como resulta de los resolutorios de fs. 5540 y 6879, provocando entonces aquí un dispendio jurisdiccional que sólo aparece justificado en la velada intención de demorar el debate y desconocer el carácter meramente preparatorio que esta etapa supone respecto de aquel.

3. Similar consideración cabe formular en relación a las nulidades predicadas por la defensa de Marquiegui -respecto del requerimiento fiscal- y por las de Beccio, Molina, Máspero, Arrillaga y Blanco -con relación a los requerimientos de elevación a juicio de las querellas-.

Ello así, por cuanto la crítica nulidicente desarrollada respecto del dictamen fiscal ataca una supuesta falta de descripción de las concretas conductas atribuidas y la adjudicación de responsabilidad funcional allí delineada, extremos que no aparecen defectuosos en el requerimiento y que claramente fueron objeto de adecuado y particular tratamiento en oportunidad de decidirse el sometimiento a proceso de los encartados, siendo además blanco de articulaciones recursivas desechadas por la Alzada (v. fs. 3403 y 5540). Y en lo que atañe al cuestionamiento desarrollado en punto a la fecha de los hechos y la condición de revista de los encartados en esa época, cabe decir que tal cuestión constituye un tópico que necesariamente debe ser objeto de análisis en la etapa de debate, a la luz de la prueba que las partes puedan allí producir.

Por otro lado, en cuanto al achaque de nulidad que se predica con relación a la actuación requirente de las querellas, es dable puntualizar que la invocación hecha del art. 123 CPPN para sustentar tal cuestionamiento, importa confundir tales actos con las decisiones jurisdiccionales -sean sentencias, autos o decretos-, que son las únicas alcanzadas por la norma en cuestión. Y si bien no escapa al análisis del suscripto la particular invocación del derecho de defensa sobre el que se pretende cuestionar la presunta falta de concreción del planteo acusador, no puede pasarse por alto que la actuación querellante no es autónoma -sino adhesiva-, que en general no existe en las piezas en análisis una pretensión acusatoria o punitiva que exceda de la petición fiscal -a excepción de lo que acontece con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en referencia a Máspero-, y que incluso en este último caso tal cuestionamiento encuentra debida respuesta procesal en el dictado del auto al que me encuentro abocado, en tanto constituye obligación del suscripto en esta contingencia verificar que los requerimientos se ajusten -en términos de congruencia- a los hechos por los cuales los imputados fueron oportunamente intimados y sometidos a proceso. Asimismo, en orden al aludido ejercicio del derecho de defensa, es dable puntualizar que la requisitoria fiscal -principal y primordial acto acusatorio- proporciona una base de sustentación ciertamente sólida, congruente y clara, contra la cual las defensas pueden desarrollar su actuación en plenitud, resultando de ello como consecuencia lógica la inexistencia de todo agravio que permita dar razón a los impugnantes.

Por lo demás, no puede pasarse por alto que no es en esta instancia en la que se desarrolla la defensa contra la acusación de la contraparte y que el traslado del art. 349 no constituye propiamente la oportunidad de desarrollar el contradictorio a su respecto.

En efecto, con la salvedad de las excepciones expresamente admitidas por el art. 349 del CPPN -igualmente limitadas al análisis de cuestiones obstativas del desarrollo de un acto jurisdiccional válido-, sólo se trata de la última intervención en la instrucción en la que se puede persuadir al magistrado interviniente acerca de la conformación de un cuadro de certeza negativa respecto del acaecimiento del hecho, la participación del imputado o la atipicidad del enrostre punitivo, a partir de la corroboración lograda durante esta etapa de alguno de los extremos habilitantes del dictado de un sobreseimiento en los términos del art. 336 del CPPN; pues de lo contrario se estaría dando una suerte de anticipación del debate, con una disputa impropia de esta etapa.

Prueba de tal criterio lo constituye la propia hermenéutica jurisprudencial de la Alzada del circuito, en cuanto ha decidido que "la defensa solamente puede, en dicha oportunidad procesal, sostener dos planteos: En primer lugar deducir excepciones no interpuestas con anterioridad y/o, en segundo término, oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento, se entiende, por alguna de las causales taxativamente previstas por el artículo 336 del CPP. La interposición de una nulidad fuera del los casos previstos por el segundo párrafo del artículo 168 del CPP, en la oportunidad otorgada por el artículo 349, resulta improcedente a la luz de los recaudos estrictamente señalados por el inciso 1ro. del artículo 170 del ordenamiento ritual. Y ello así ya que si las nulidades producidas durante la instrucción solamente pueden ser planteadas durante esta, habiéndose considerado que esta se encuentra completa, tanto por el Juez como por el agente Fiscal (arts. 346 y 347 inc. 1ro. del CPP), queda únicamente la posibilidad de plantearlas durante el término de citación a juicio y ante el órgano jurisdiccional con competencia en dicha etapa procesal. La crítica instructoria, en los términos utilizados por el autor Claria Olmedo (Derecho Procesal Penal, T. III, Ed. Lerner), habilitada por los artículos 346 y 347 citados, impide introducir en la discusión, por parte de la defensa, cuestiones distintas a las previstas expresamente por el artículo 349 incisos 1ro y 2do del CPP. El obstáculo procesal apuntado, enerva pues la posibilidad de que esta Cámara se expida respecto de la nulidad articulada por la defensa, circunstancia que por cierto debió haber sido observada por el "a quo", rechazando en dichos términos el mentado cuestionamiento.- (...) I) Revocar la resolución obrante a fs. 7 y vta. por la que no se hace lugar a la nulidad articulada por la defensa. II) Declarar improcedente el planteo nulidicente esgrimido por la defensa a fs. 1/4, para la etapa procesal en que se encuentra la causa principal, parte que deberá, si así lo considera pertinente, ocurrir por ante el órgano jurisdiccional respectivo. Con costas" (Registrado bajo el nro. 1254, To. III, Fo. 08).

La resolución antes transcripta inhibe de mayores comentarios, al propio tiempo que impone al suscripto rechazar "in limine" las nulidades propuestas -al igual que las excepciones antes señaladas-, atento su manifiesta improcedencia.

4. Por lo que resta, esto es, las concretas oposiciones deducidas con relación a la elevación juicio -tanto subsidiarias como principales-, cabe igualmente anticipar que habrán de ser desestimadas.

Tal temperamento se impone no sólo por la ausencia de una convicción que habilite el dictado del sobreseimiento que el ordenamiento ritual exige como requisito para que prospere la oposición deducida, sino también por la inadmisible articulación en la que se pretende sostener la postura opositora, que sustancialmente se asienta en planteos valorativos propios de la etapa de juicio.

En efecto, sea que se considere el cuestionamiento a la suficiencia probatoria -tanto del acaecimiento de los hechos como de la participación criminal atribuida-, o bien, el ataque a la propia selección dogmática efectuada para fundar la adjudicación de responsabilidad, la atribución funcional de autoría o el grado de participación, resulta claro que en todos los supuestos se trata de cuestiones ajenas al concreto análisis que incumbe efectuar en esta etapa, procurando imponer al suscripto la realización de un análisis propio de la instancia de juicio -y luego de producida toda la prueba que las partes vayan a ofrecer-, cuando no, intentando articular una suerte de inadmisible revisión de los criterios ya plasmados en el auto de mérito que dispuso el sometimiento a proceso de los imputados.

En cualquier caso, es dable poner de resalto que todo ello es procurado sin asidero en prueba alguna -desde que casi ninguna fue ofrecida en la instrucción y directamente ninguna es invocada en la contingencia- y que el planteo en sí se sustenta invariablemente en una mera crítica al supuesto "rendimiento" de la prueba de cargo, así como de su fuente.

Pero incluso en esa inteligencia, he de adelantar que no puedo más que disentir con el argumento esbozado por las defensas, habida cuenta que de la lectura del requerimiento de elevación a juicio se desprende que el Representante del Ministerio Público Fiscal no sólo ha tenido en cuenta la jerarquía y cargos ostentados por los encartados al momento de acontecer los hechos investigados, sino que ha evaluado la normativa aplicable en aquella época, los testimonios de las víctimas y los dichos efectuados por los imputados que hayan optado en ejercer su defensa material. Cabe destacar que el Sr. Procurador Fiscal ha dedicado acápites separado a efectos de brindar un específico y acabado tratamiento respecto de la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados respecto de los hechos enrostrados. Corolario de lo expuesto entiendo que el Fiscal ha fundado debida y razonadamente el requerimiento cuestionado, lo que satisface los parámetros exigidos por la ley (art. 69 del CPPN), a lo que se suma el carácter restrictivo en punto a la invalidez de los actos procesales. Párrafo aparte merece el cuestionamiento defensista referente a las declaraciones extraídas de las audiencias del llamado Juicio por la Verdad. En primer lugar, no podemos soslayar que el Fiscal, al detallar la prueba de la que ha de valerse en la instancia de juicio, ha referido diversas testimoniales que han sido prestadas en sede judicial. Asimismo, entiendo atinado subrayar que en varias de las testimoniales efectuadas ante estos estrados, así como también ante otras Agencias Judiciales, las víctimas han ratificado los dichos esbozados ante el Tribunal Oral Federal de esta ciudad en el marco del conocido "Juicio por la Verdad". Sin desmedro de ello, no podemos eludir que al momento de pasar el legajo a su estadio posterior, léase el debate o juicio oral, podrán reeditarse la totalidad de las pruebas que se estime corresponder, salvaguardando principios que hacen al debido proceso, como son los de inmediatez y contradicción. A más de lo expresado, es dable poner de resalto que la valoración de la prueba no puede prescindir de las particulares circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se perpetraron los hechos investigados, ni de la consideración de las personas que habrían participado en la comisión de dichos ilícitos. Corresponde, a su vez, tener presente lo dicho por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata respecto que "... una de las injusticias más importantes derivadas de la impunidad, es la múltiple victimización a que son sometidos los testigos convocados. Revivir el dolor de los padecimientos sufridos, tanto en las víctimas directas de estos hechos en juzgamiento como de aquéllas que lo son por resultar parientes o seres queridos de aquéllas o bien, por haber compartido cautiverio con las víctimas de autos, no puede pasar inadvertido para el Tribunal y el Estado debe elaborar alguna respuesta adecuada... Uno de los mayores aliados de la impunidad es el paso del tiempo. Testigos que mueren, testigos que no están en condiciones de volver a relatar el horror, testigos que no se sienten con la seguridad de poder hacerlo... Se trata de un verdadero cambio de paradigmas que obliga a repensar métodos, prácticas y fundamentalmente razonamientos no sólo respecto del verdadero contexto en el que se produjeron los hechos aquí juzgados, sino además respecto de aquellas personas que el sistema judicial cita æmecánicamenteÆ y muchas veces sin tener en cuenta en su justa dimensión el grado de sufrimiento que su comparecencia les puede ocasionar" (TOCF Nro. 1 de La Plata, sentencia en causa Nro. 2251/06 del 26/09/06). En suma, no resulta prudente, ni humano, revictimizar a los testigos, haciéndolos narrar en reiteradas oportunidades todos los flagelos a los que han sido sometidos, con el consecuente padecimiento que ello provoca y la flagrante violación a la normativa aplicable que así se configuraría (ver art. 79 del CPPN y Tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestra Carta Magna a través del art. 75 inc. 22).

En lo que respecta al cuestionamiento referente a la valoración de los testimonios, me permito traer a colación palabras de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en cuanto ha sostenido que el sistema de valoración de la prueba adoptado por nuestro Código Procesal Penal no exige determinadas cantidades o calidades de prueba para acreditar ninguno de los extremos del delito, sino que reclama la existencia de elementos de convicción suficientes, establecidos a partir de una motivación lógica y razonada, sustentada en los elementos probatorios incorporados a la causa. En consecuencia, el testimonio único de la víctima puede configurar un elemento de convicción suficiente, en cuanto se lo someta a una crítica rigurosa ("Molina, Gregorio s/ inf. art. 80 incs. 2 y 6 y art. 119 y 120 del C.P.", Registro nro. 6962, Tomo XXXII, Folio 345). A lo dicho debe sumarse la jurisprudencia más reciente del Superior, quien al expedirse en causas de similar objeto procesal, ha sentado el criterio de valoración del testimonio de las víctimas sobre la base "... de no requerir corroboración, siguiendo las reglas probatorias del derecho penal internacional para esta clase de crímenes, y el sistema de valoración de la sana crítica racional, previsto en nuestro Código de Procedimientos" (causa caratulada "Malugani Juan Carlos, Pertusio Roberto L. s/ Av. Homicidio calificado", Registro nº 7274, Tomo XXXIV, Folio nº 26 de la CFAMdP). Ajustado parece mencionar los criterios delineados por la Cámara Criminal Federal de Capital en las reiteradamente nombradas causas "13" y "44", en punto a que "la declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejen rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios" y "el valor persuasorio de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran", circunstancia claramente concurrente en la especie, puesto que "es un hecho notorio que en el período que comprenden los hechos imputados desaparecían personas, existían lugares clandestinos de detención dependientes de las Fuerzas Armadas, personal uniformado efectuaba permanentes æprocedimientosÆ de detención, allanamientos y requisas, sin que luego se tuviera noticias acerca de la suerte corrida por los afectados" (cfr. pág. 294 de la sentencia dictada en la causa 13, publicada por la Imprenta del Congreso Nacional). También la doctrina se ha abocado con profundidad al análisis de la importancia de las declaraciones testimoniales en un proceso penal. Así, Jorge A. Clariá Olmedo enseña que "la versión traída al proceso por las personas conocedoras de algún elemento útil para el descubrimiento de la verdad mediante su dicho consciente, con fines de prueba, es de trascendental significación desde el punto de vista probatorio. Esto nos ubica dentro de la concepción amplia del testigo, cuyo tratamiento ocupa el primer lugar en el análisis de los colaboradores del proceso penal en lo que respecta a la adquisición de las pruebas (...) En este sentido amplio y generalizante, puede llamarse testigo a toda persona informada de cualquier manera de los hechos o circunstancias que se investigan en una determinada causa penal y cuya declaración es considerada útil para el descubrimiento de la verdad (...) El testigo desempeña un servicio de carácter público en la administración de la justicia. En materia penal es el colaborador más importante para la adquisición de la prueba, por cuya razón su intervención en el proceso se impone con las menores restricciones posibles" (Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo IV pág. 256 y sig. Ediar S.A: Editores, 1963). Por su parte, Raul W. Ábalos refiere que "el testigo debe adquirir su conocimiento por haberlo obtenido por percepción directa y personal, y no por lo que le relataron terceras personas, ya que de esa manera no se trae una prueba directa, sino que se trae algo percibido por otro, quien, en realidad, tendría el carácter de testigo en sentido propio. No es prueba directa de un hecho una emanada de un testigo que no lo presenció (T.S.Cba. 1959; B.J.C. II-24). Para que el testimonio sea directo, no es necesario que la persona haya visto efectivamente cómo han sucedido los hechos; basta la percepción parcial o total por cualquiera de sus sentidos. Piénsese en aquél que escucha determinados números de disparos en la noche. Este tipo de testigo trae elementos corroborantes respecto de lo que puede saber otro testigo presencial. Además, luego del ensamble que el Juez debe hacer de las declaraciones de varios testigos que conozcan parcialmente un hecho, puede lograrse la reconstrucción del mismo. Estas verdades parciales, aisladamente consideradas podrían no tener ningún valor; sin embargo, unidas pueden producir la plena convicción del Juez respecto de cómo y cuándo fue cometido el ilícito" (Derecho Procesal Penal, pág. 573, Ed. Jurídicas Cuyo. Ed. 1994). Asimismo, ha señalado el Dr. Eduardo M. Jauchen que "Con relación a la cantidad de testigos cabe recordar los términos de Bentham: ælos testimonios se pesan, no se cuentanÆ. En verdad las cualidades y capacidades del testigo deben predominar sobre la cantidad de ellos a los efectos de su valoración. Cabe destacar que en la práctica es improbable que se presente un caso donde el único medio probatorio sea un testimonio; siempre existen en todo cuerpo del delito, o en los rastros, o huellas, objetos constitutivos de materiales, o el más ínfimo elemento que habrá de capitalizarse a ese único testimonio, de todo lo cual se elaborarán las inferencias indiciarias correspondientes que permitirán cotejar en alguna medida la eficacia de tal testimonio". A mayor abundamiento, el precitado jurista menciona que "... el antiguo principio de que un solo testigo era terminantemente ineficaz ha perdido modernamente toda vigencia. El vetusto testis unus, testis nullus fue propio de los sistemas de la tabulación, o sistema de pruebas tasadas ya erradicado en todas las legislaciones. El sistema de la libre convicción para valorar las pruebas y el principio de la verdad real e histórica, no comulgan con tan tajante atadura al análisis de los jueces. No obstante, lo que ante la moderna concepción del sistema de valoración resulta incompatible, es concebir una presunción que sin admitir prueba en contrario imponga al juzgador a considerar ineficaz al testigo único" (Tratado de la prueba en materia penal, Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 373). A mayor abundamiento, Cafferatta Nores ha dicho que "Elemento de prueba" o "prueba" propiamente dicha, "es todo dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva". Continúa afirmando que "para que un dato sea prueba, deberá poseer indiscutiblemente aptitud conviccional potencial o hipotética per se para provocar conocimiento de acuerdo con las reglas de la lógica, de las ciencias, y de la experiencia común, con prescindencia de que así lo logre en el proceso en el que se quiere hacer vale como tal" ("La prueba en el proceso Penal", Lexis Nexis, Depalma, quinta edición, pág. 16). Bajo el presente cuadro situacional, deviene inevitable poner de resalto que al sistema de valoración de la sana crítica racional, previsto en nuestro ordenamiento adjetivo, deben añadirse en el sub lite las reglas probatorias provistas por las diversas intervenciones que en la materia tuvieron los organismos internacionales de derechos humanos. Cabe traer a colación el pronunciamiento emitido por la CIDH en el caso "Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, donde siguiendo el temperamento de la Comisión señaló æ... que una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero propósito el encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma. Cuando la existencia de tal práctica o política haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta, o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que esta última tenga con la práctica general" (parágr. 124). En esa dirección, ha dicho que "La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas" (parágr. 131). También la Corte desechó contundentemente los ataques de parcialidad dirigidos contra los testigos, destacando que "Algunas circunstancias pueden, ciertamente, condicionar el apego a la verdad de un testigo. El Gobierno, sin embargo, no demostró con hechos concretos que los testigos hubieran faltado a la verdad, sino que se limitó a hacer observaciones de carácter general sobre la supuesta falta de idoneidad o imparcialidad de los mismos, que no son suficientes para desvirtuar testimonios coincidentes y contestes en lo fundamental, por lo cual el juzgador no puede desecharlos" (parágr. 143).

La contemporaneidad de los sucesos allí juzgados -acaecidos entre 1981 y 1984- permite trazar un paralelo temporal como base adicional para la formación de convicción respecto de una práctica estandarizada en la región latinoamericana, de la que indudablemente no resultaba ajena la realidad nacional de aquella época y por lo cual cabe asignar al pronunciamiento de la Corte Interamericana un valor preponderante a los fines de orientar el criterio de ponderación de la prueba en este proceso.

En el sublite un aspecto a destacar de la racionalidad está dado por la coherencia y concordancia de las declaraciones testimoniales, en cuanto del análisis de ellas no se evidencian contradicciones entre las manifestaciones de los testigos, quienes coinciden en aspectos fundamentales como la identificación del lugar de cautiverio, la modalidad con que se llevaban a cabo los procedimientos de secuestros y, en su caso, las formas en que eran tratados y hasta llevados a otros centros para ser torturados e interrogados.

Súmase a lo expuesto precedentemente que en nuestro ordenamiento jurídico rige el sistema de valoración de la prueba de la sana crítica racional, por el cual se faculta a los jueces a merituar libremente las piezas probatorias de acuerdo a su sincera convicción y a las reglas de la lógica, la experiencia y el sentido común. De ello se desprende que el grado de convicción que cada testigo provoque en los jueces configura una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley a los magistrados, quienes son los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, por lo que sólo sería posible invalidar, por vía casatoria, dichas impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador cuando se demuestre la contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que rigen el entendimiento humano. En rigor, la coherencia, claridad, precisión y unidireccionalidad de los testimonios adunados a la causa de marras, en su apreciación conglobada, dan fe del acaecimiento de los hechos aquí investigados; surgiendo ello de la contraposición y análisis de la totalidad de las declaraciones que resultan idóneas para sustentar la materialidad de los acontecimientos investigados en el sublite; máxime cuando por su concordancia y pluralidad resultan inequívocos y contundentes. No he de adentrarme en el análisis del método de valoración de los testimonios toda vez que este tópico ya ha sido examinado precedentemente, pero sí entiendo conveniente efectuar un particular agregado en punto al razonamiento que pretende desvirtuar la participación de los imputados en los sucesos que fueran objeto de investigación en estos autos. Así las cosas, corresponde resaltar que el afán defensista parece pasar por alto la naturaleza y características de los delitos en cuestión y la consecuente dificultad en la reconstrucción histórica que debe enfrentar el órgano jurisdiccional. En efecto, en el modus operandi utilizado, la manera en que se encaró la represión en el marco de un sistema clandestino, la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en el cual procuraron escudarse sus autores, confiere a este tipo de ilícitos una dificultad probatoria ineludible.

Al respecto, es dable señalar lo manifestado por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en la causa "Delgado Federico y Cafarello Nicolás s/ pres. comisión de delitos contra el derecho de gentes", que al expedirse acerca del funcionamiento del sistema clandestino de represión militar instaurado durante la última dictadura, esgrimió que "... a pesar de todo el andamiaje legal, profundamente antidemocrático y ajeno a los principios y normas de la Constitución Nacional vigente por aquel tiempo y que claramente, permitiera el funcionamiento represivo del Estado acompañado por la legalidad que imponían las normas de la época, en la superficie poco sucedió; más los motivos que hubieron impulsado a quienes ejercían el control político y militar por aquellos tiempos, han de ser tan feroces que, además de encontrarse capacitados para montar la represión estatal sobre normas por ellos creadas, encontraron espacio para engendrar un sistema de represión ilegal, clandestino, que culminó por dejar un saldo de miles de personas desaparecidas y centros clandestinos de detención en donde se practicaban torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, absolutamente incompatibles con el mínimo de dignidad y respeto que se ha de reconocer a la persona humana" (Registro nº 4844, Tomo XXI, Folio 200). A su vez, en la conocida sentencia, pronunciada el 09 de diciembre de 1985, en la denominada "causa 13", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en pleno sostuvo que "En suma, puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de su libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio" (causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Nacional). A más de ello, la misma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en fecha 02 de marzo de 1987, en la causa nº 450/86, afirmó que en el periodo de facto coexistieron dos sistemas jurídicos: un orden normativo que cubría formalmente la adecuación de las fuerzas y, un orden predominantemente verbal, secreto y en el que sólo se observaba parcialmente el orden formal. En este último, todo lo referente al tratamiento de personas sospechosas respondía a directivas que consistían en detener y mantener ocultas a dichas personas, torturarlas básicamente para obtener información y eventualmente matarlas haciendo desaparecer el cadáver o bien fraguar enfrentamientos armados como medio para justificar dichas muertes. Resultando, en consecuencia, que los hechos sub examine presentan todas las características de la metodología utilizada por el sistema clandestino de represión instaurado por la Junta Militar que asumiera el poder en nuestro país a partir de marzo de 1976; tal como fuera establecido por la causa 13, la causa 44, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (informe que primigeniamente diera a conocer a la comunidad internacional todas las violaciones a los derechos y garantías esenciales del hombre que por aquella época acaecían en nuestro país) y el Informe producido por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Comisión creada por el Decreto 187, del 15 de diciembre de 1983, B.O. 19/12/83, teniendo en cuenta que, a diferencia del informe de la CIDH, abarca todo el lapso 1976-1983), entre otros muchos antecedentes a mencionar. En consecuencia, no podemos soslayar que estas cuestiones podrán reeditarse al momento de elevarse la presente causa a juicio, momento en que podrá hacer valer esta y otras defensas. En rigor, se vislumbra que en las oposiciones efectuada por los defensores no se han incorporado alegaciones, argumentaciones o nuevos elementos de convicción que faculten, aunque sea de manera exigua, a erradicar o desechar el provisorio grado de probabilidad alcanzado. En definitiva, no habiéndose controvertido los elementos copiosos que le fueron oportunamente impuestos como pruebas en su contra, y siendo que además, desde el momento en que el auto de procesamiento dictado con relación a los imputados adquirió firmeza hasta la presente etapa, no resultaron enervadas de manera alguna las pruebas que obran en su contra; bajo el entendimiento de que la valoración de los medios probatorios desde la perspectiva pretendida por la defensa técnica en su escrito de oposición, resulta potestad propia del Tribunal de Juicio y no de la instancia por la que tramita la pesquisa, puesto que aquí basta contar con cuadro de presuncional semejante a la semiplena prueba para tener acreditada la participación del imputado en un hecho criminal, corresponde rechazar el sobreseimiento solicitado por las respectivas defensas y la oposición dirigida con tal objeto, declarando clausurada la instrucción.

Sentado ello, cabe destacar que encuentro mérito suficiente para elevar las presentes actuaciones a su estadio posterior, léase el debate o juicio oral; ello atendiendo al valor otorgado a los elementos adunados a estos autos, los que conforman el plexo probatorio, pudiendo inferir de los mismo que los hechos imputados que fueran referenciados se encuentran suficientemente acreditados, con el grado de precariedad que exige esta etapa procesal en la que nos encontramos, bastando, por consiguiente, con un juicio de probabilidad sobre la existencia de la materialidad de los hechos enrostrados y de la responsabilidad que como autor y/o partícipe le corresponde a cada uno de los encartados.

VII. Una consideración adicional cabe efectuar con relación a la situación del encartado Bocalandro, puesto que si bien ha sido denunciado en autos su deceso y se ha conformado un incidente de extinción de la acción a su respecto, la petición formulada por la defensa en tal sentido no fue acompañada de los instrumentos acreditativos de los extremos alegados y hasta el momento las gestiones oficiosas no han permitido integrar los mismos a la causa, de modo que ante la opinión fiscal vertidas a fojas 8110 y la imperatividad de los términos procesales del ritual, se me impone resolver en la contingencia con relación a las cuestiones articuladas por su defensa y atender al requerimiento de elevación a juicio impulsado por el Fiscal, sin perjuicio de lo que en definitiva pueda proveer el Tribunal de juicio en relación a su persona.

Ello así, pues si bien no escapa a conocimiento del suscripto la circunstancia informada en orden al presunto deceso antes aludido, no puede perderse de vista que en la contingencia el suscripto se encuentra compelido a resolver en alguno de los dos sentidos que constituyen la disyuntiva que se presente en esta instancia; esto es, proveer a la elevación o decretar el sobreseimiento del imputado, circunstancia esta última que no es susceptible de ser decidida en la especie, toda vez que no concurre en autos, los extremos a los cuáles el agente fiscal supeditó cualquier declaración que en tal sentido pretenda efectuarse en la causa de marras.

En esas condiciones, forzoso es concluir que no es posible considera operada en la especie un supuesto de extinción de la acción, lo que determinó la continuidad de la causa según su estado respecto del incuso en cuestión, debiendo proveerse en consecuencia conforme a la condición de sujeto a proceso que hasta el momento cabe continuar adjudicándole.

Por lo expresado y de acuerdo con las normas legales citadas, Resuelvo: I. Desestimar "in limine" las excepciones y nulidades articuladas por las defensas de José Carmen Beccio, Gregorio Rafale Molina Molina, Roberto Atilio Bocalandro, Leandro Edgard Marquiegui, Nicolás Miguel Caffarello, Aldo Carlos Máspero, Afedo, Manuel Arrillaga y Eduardo Jorge Blanco, por su manifiesta improcedencia y su evidente intencionalidad dilatoria. II. Declarar clausurada la instrucción de la presente causa y disponer su elevación al Tribunal Oral Federal de este medio, para que se sustancie en un juicio oral y público, un debate donde se juzgue la participación que cabría reprocharles en los eventos criminosos a: 1) Leandro Edgard Marquiegui, argentino, DNI Nro. ..., de 81 años de edad, nacido en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, el día 13 de marzo de 1929, casado, hijo de... y ..., casado, con domicilio en calle Ingeniero Antonio Arcos 2563 piso 1º "B" de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delito de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616), cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24) (5 hechos) en concurso real (CP art. 55); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (22 hechos) que concurren materialmente entre sí (C.P. art. 55); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, art. 80 incs. 2º y 6º) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) en concurso real (C.P. art. 55); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Mercedes Lohn (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60 ); que concurren materialmente entre sí (17 hechos) y coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42); concurriendo todas las conductas reprochadas materialmente entre sí (art. 55 del C.P.); 2) Alfredo Manuel Arrillaga, argentino, L.E. Nro..., de 77 años de edad, nacido el 2 de junio de 1933, en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, hijo de Alfredo Alejandro (fallecido) y de Juana Secundina Saldias (fallecida), casado, con domicilio en calle Arcos Nro. 2145, piso 6º "B", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24) -5 hechos-; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (22 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc, 2 y 6) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) que concurren en forma real (CP art. 55); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (17 hechos) y coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42).- Todas las conductas reprochadas concurren materialmente en los términos del art. 55 del C.P.; 3) Aldo Carlos Maspero, argentino, D.N.I. Nro..., de 80 años de edad, nacido el 8 de enero de1930, en Sandford, provincia de Santa Fe, hijo de Luis (fallecido) y de Lucía Dogliani (fallecida), casado, con domicilio principal en la calle Gallo Nro. 606, Torre II, piso 4 dpto. 2 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas Carmen Ledda Barreiro (Caso Nº 10), Alberto Muñoz (Caso Nº 11) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de María Carolina Jacué Guitián (Caso Nº 35), en concurso real (art. 55 del C.P.); 4) Roberto Atilio Bocalandro, argentino, L.E Nro..., de 78 años de edad, nacido en Capital Federal, el 15 de mayo de 1932, hijo de Atilio y Atilia, casado, con domicilio en calle Luis María Campos 1364 1º B, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí; COAUTOR de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Carmen Ledda Barreiro (Caso Nº 10), Alberto Muñoz (Caso Nº 11), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52) y Pablo Alejandro Vega (Caso 56) (9 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 2 y 6) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí y coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); María Carolina Jacué Guitián (Caso Nº 35); Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Angel Haurie (Caso Nº 53); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (12 hechos), concurriendo materialmente todas las conductas reprochadas en los términos del art. 55 del Código Penal; 5) Eduardo Jorge Blanco, argentino, L.E. Nro. 4.833.413, de 76 años de edad, nacido en Castilla (Provincia de Buenos Aires), el 8 de abril de 1934, hijo de Paulino y Delia Lidia Moreno, casado, con domicilio en calle Bravo Nº 682, Barrio Trapiche, Godoy Cruz, Mendoza, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24) (3 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Angel Haurie (Caso 53); Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (21 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de: Rubén Starita (Caso Nº 29); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); que concurren materialmente entre sí (6 hechos) y coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42); todas las conductas reprochadas concurren materialmente en los términos del art. 55 del C.P.; 6) Jorge Luis Toccalino, argentino, L.E. Nro. ..., 77 años de edad, nacido en Capital Federal, el 19 de agosto de 1933, hijo de Fernando Horacio y María Antonia Mazzoli, casado, con domicilio en calle Junín 1452 piso 3º "A" de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como COAUTOR de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24). (5 hechos); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Carmen Ledda Barreiro (Caso Nº 10), Alberto Muñoz (Caso Nº 11), Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (24 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 2 y 6) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); María Carolina Jacué Guitián (Caso Nº 35); Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (18 hechos) y coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42), concurriendo todas las figuras reprochadas materialmente en los términos del art. 55 del C.P.; 7) Ernesto Alejandro Agustoni, argentino, L.E. Nro. ..., de 85 años de edad, nacido en Rufino (Provincia de Santa Fe), el 8 de mayo de 1925, hijo de José Pascual y Amanda María Perazzo, viudo, con domicilio en calle Lafinur 2991 piso 4º "B" de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24). (5 hechos); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (22 hechos) que concurren materialmente entre sí; COAUTOR de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc, 2 y 6) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (17 hechos) y coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42). Todas las conductas reprochadas concurren materialmente en los términos del art. 55 del C.P.; 8) José Carmen Beccio, argentino, D.N.I. Nro. ..., de 76 años de edad, nacido en Tres Arroyos (Pcia. de Buenos Aires), el 20 de julio de 1934, hijo de Cándido y Magdalena Larocca, casado, con domicilio en calle Azcuénaga 1057 piso 1º Depto. "B" de la ciudad autónoma de Buenos Aires, como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso Nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24). (5 hechos); coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Marta Haydeé García de Candeloro (Caso Nº 2), Eduardo Salerno (Caso Nº 12), Julio César DÆauro (Caso Nº 17), Eduardo Félix Miranda (Caso Nº 18), Lucía Beatriz Martín (Caso Nº 19), Luis Demare (Caso Nº 20), Gustavo Soprano (Caso Nº 21), Marcelo Garrote López (Caso Nº 22), Guillermo Gómez (Caso Nº 23), Myrtha Luisa Bidegain (Caso Nº 25), María Ester Otero (Caso Nº 26), Angel Cirelli (Caso Nº 27), Roberto Allamanda (Caso Nº 31), Néstor Rodolfo Facio (Caso Nº 39), Margarita Ferre (Caso Nº 44), Jorge Florencio Porthé (Caso Nº 46), María Esther Martínez Tecco (Caso Nº 47), Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (22 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio doblemente calificado (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 2 y 6) en relación con las víctimas Jorge Candeloro (Caso Nº 1) y Norberto Centeno (Caso Nº 3) (2 hechos) que concurren materialmente entre sí; coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29); Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); Máximo Remigio Fleitas (Caso Nº 41); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (17 hechos) y coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42). Todas las conductas reprochadas concurren materialmente en los términos del art. 55 del C.P.; 9) Gregorio Rafael Molina, argentino, L.E. ..., 66 años de edad, nacido en Chilecito (Pcia. de La Rioja), el 2 de abril de 1944, hijo de Néstor Molina y Margarita Rosa Gómez, casado, con domicilio en Figueroa Alcorta 447, Barrio Poluyán, Alta Gracia, provincia de Córdoba, como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., según ley 14.616) cometida en perjuicio de Carlos Bozzi (Caso Nº 6), Camilo Ricci (Caso nº 8), Alfredo Battaglia (Caso Nº 15), Víctor Lencina (Caso Nº 16) y Rafael Molina (Caso Nº 24) (5 hechos) que concurren materialmente entre sí; autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia y la imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616) de las que resultaran víctimas: Roberto Allamanda (Caso Nº 31); Héctor Gómez (Caso Nº 50), Alejandro Dondas (Caso Nº 52), Pedro Daniel Espiño (Caso Nº 55), Pablo Alejandro Vega (Caso 56) y Jorge Horacio Medina (Caso Nº 57) (6 hechos) que concurren materialmente entre sí; autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas (art. 144 bis inc. 1ro. en función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, Art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Eduardo Martínez Delfino (Caso Nº 30); Alicia Nora Peralta (Caso Nº 33); Jorge Máximo Vázquez (Caso Nº 34); Juan Roger Peña (Caso Nº 51); Angel Haurie (Caso Nº 53); Federico Guillermo Báez (Caso Nº 54); Domingo Luis Cacciamani Cicconi (Caso Nº 58); Mirta Giménez (Caso Nº 59) y Héctor Elpidio Giménez (Caso Nº 60); que concurren materialmente entre sí (9 hechos) y coautor de los delitos de homicidio calificados por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6) cometidos en perjuicio de Tomás Fresneda (Caso Nº 4); Mercedes Argañaraz de Fresneda (Caso Nº 5), Raúl Hugo Alais (Caso Nº 7); Salvador Arestín (Caso Nº 9); Rubén Starita (Caso Nº 29; Mercedes Lonhg (Caso Nº 36); Rubén Darío Rodríguez (Caso Nº 38); y Jorge Toledo (Caso Nº 42); que concurren materialmente entre sí (8 hechos). La concursalidad real deriva (C.P. art. 55), en todos los casos tratados precedentemente, de la multiplicidad de víctimas y de la circunstancia de configurar cada delito un suceso independiente; y, 10) Nicolás Miguel Caffarello, de apodo "Nico", argentino, D.N.I. Nro. ..., de 56 años de edad, nacido en Capital Federal, el 12 de julio de 1954, hijo de Nicolás Miguel y Elena D┤ella Rocca, casado, con domicilio en calle Sagastizabal 6319, como coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionario público y por mediar violencia, imposición de tormentos agravada por haber sido cometida en perjuicio de perseguidos políticos, lesiones y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 144 bis inc. 1ro. En función del art. 142 inc. 1 del C.P., art. 144 ter. párrafo 2º del C.P., según ley 14.616, 90, Art. 80 inc. 6 del C.P.) de los que resultara víctima Jorge Toledo (Caso Nº 42).

Hechos, que ocurrieran en el Centro Clandestino de Detención "La Cueva", que funcionara en el ex radar de la Base Aérea Militar de Mar del Plata bajo el control operacional del Ejército (Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 a cargo de la Subzona Militar 15) y de la Fuerza Aérea Argentina; lugar donde fueron alojados las personas detenidas ilegítimamente por motivos de persecución políticas, sobre las que en cada caso en particular se ha individualizado en el presente resolutorio y que fueran perpetrados dentro del lapso temporal comprendido entre los años 1976 y 1978, dentro de las especiales circunstancias de modo, reseñadas por el Ministerio Público Fiscal, en su requerimiento de elevación a juicio de fojas 7890/8034, en oportunidad de que los imputados marras cumplieran distintas funciones dentro de los roles que se les asignaron, todo ello, en la forma concretamente planeada. III. Disponer que se anote a exclusiva disposición del Tribunal Oral Federal de este medio a los encartados referidos en apartado anterior debiéndose librar, los respectivos oficios a los lugares donde se encuentren alojados aquéllos que estén cumpliendo la prisión preventiva de marras en algún establecimiento carcelario, en tanto al Patronato de Liberados, con relación a los que se les ha concedido arresto domiciliario. IV. Cúmplase con lo dispuesto en el párrafo tercer del proveído de fojas 8134. -Daniel Rubén Dario Vázquez