marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, prescripción adquisitiva, acervo sucesorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CASTILLO JUAN ERNESTO Y OTROS c/ HEREDEROS DE MARTINEZ JULIA MANUELA Y DE CASTILLO JOSE GENUARIO Y PROV s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-10-14

En la especie nos encontramos ante un proceso que se promueve frente a la Provincia de Tucumán, como demandada, por prescripción adquisitiva de un inmueble que integra un acervo hereditario reputado vacante. Se trata, entonces, de un supuesto de situación jurídica de la Provincia, propia de su actuación en el ámbito del derecho privado. La conclusión precedente torna de aplicación, en la especie, lo normado por el art. 18.1.a de la LOPJ y art. 20 de la Constitución de la Provincia; ello así, corresponde declarar la competencia originaria de esta Corte Suprema de Justicia para conocer y decidir en el sub examine (CSJTuc, sentencias N° 36 del 18/02/1999; N° 821 del 28/10/1998; N° 419 del 04/6/1998, Nº 1188 del 12/12/2006; N° 87 del 27/02/1996; entre muchas otras), en tanto que las normas recién citadas atribuyen a este Tribunal competencia originaria y exclusiva en los casos en que la provincia sea demandada en causa civil (CSJTuc, sentencia Nº 670 del 28/8/2000; Nº 116 del 12/3/1999; Nº 694 del 10/9/1998; entre otras) lo que se verifica en el sub lite. Ciertamente, ya ha tenido oportunidad de expedirse esta Corte en procesos de análoga pretensión (usucapión contra el Estado Provincial), en los que se ha resuelto la competencia de este Tribunal (CSJTuc, sentencia Nº 1072 del 19/11/2009, en "Villalva Amalia vs. Provincia de Tucumán s/ Prescripción adquisitiva"). La analogía de los supuestos fácticos contenido en dicho antecedente -con el presente caso- resultan justificativos de la solución competencial anticipada, sin que obste a lo concluido la sola circunstancia de que no surja de las constancias de autos la efectiva apropiación por parte de la Provincia de los bienes del acervo vacante, ya que la legitimación que detenta el Estado por la reputación de herencia vacante justifica la presente solución; lo que se comprueba con la copia del decreto (proveniente del juicio sucesorio Castillo José Genuario y otros s/ Sucesión que tramita ante el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Iª Nominación) -acompañado por la accionante-, en el que se ordena correr vista al Fiscal de Estado.
Robo calificado, robo en banda
Materia: PENAL
Carátula: V., C. y Otros s/ Robo en Poblado y en Banda
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-03-17

Una banda se configura no por el simple agrupamiento de 3 o más personas, sino que es necesario que los integrantes del grupo actuaran en una clara y precisa división de funciones en la ejecución de un plan pre-establecido.
Ejecución de sentencia, Estado Provincial
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kolomiejec, Carlos Enrique. s/ Ejecución de sentencia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-02-29

La norma contenida en el art. 3 de la Ley Provincial 3331, pone en cabeza del acreedor la obligación de efectuar las gestiones administrativas frente a los entes públicos, a fin de que estos arbitren los recursos y medios para afrontar los pagos por sentencias judiciales, cuando son trámites privativos del organismo obligado al pago que involucra un procedimiento que cae en la esfera de un poder distinto al jurisdiccional y de desconocimiento para el acreedor, no pudiendo pretenderse que la ejecutante-trabajador asuma una carga procesal que la ley no impone.-
Recurso de casación, sentencia interlocutoria, cuestiones procesales
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ, JOSE INOCENCIO c/ U.T.E. TRANSPORTE DE LA CIUDAD S.R.L. Y OTROS s/ SALARIOS CAIDOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTA  POR DR. MARTIN GALLARDO MANUEL JULIO c/ U.T.E. Transporte de la Ciudad S.R.L. y otros s/ SALARIOS CAIDOS-RECURSO DE QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTO  POR EL DR. MARTIN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-04-15|2003-07-31

Es ajena a la instancia extraordinaria casatoria, si el fallo contra el que se plantea la casación reviste el carácter de sentencia interlocutoria, las que por versar sobre cuestiones procesales en principio, no constituyen pronunciamientos definitivos.

Excepcionalmente, el Máximo Tribunal se ha apartado de esa regla cuando el pronunciamiento es susceptible de causar un gravamen de insuficiente, tardía o imposible reparación ulterior.
Denegatoria del recurso, asesor de menores, revocación de la prisión preventiva, arresto domiciliario, inexistencia de cuestión federal suficiente, insuficiencia del agravio, interés superior del niño
Materia: PENAL
Carátula: MACIEL, Romina c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-14

Corresponde rechazar el recurso de queja interpuesto por la asesora de menores contra la sentencia que resolvió denegar el cese de la prisión preventiva y el arresto domiciliario de la encausada, toda vez que no logra demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, y sólo expone su discrepancia sobre la interpretación de los elementos del caso que la Cámara de mérito consideró relevantes, lo que demuestra la existencia de una fundamentación que no se comparte, pero no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:262 y 314:451) o en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), supuestos que habilitarían la jurisdicción revisora de esta Alzada como tribunal intermedio, tal como lo estableciera la CSJN in re "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108). Asimismo, no puede dejar de mencionarse que han recaído pronunciamientos concordantes del juez instructor y la cámara respectiva, que han verificado la inconveniencia de hacer lugar a la morigeración de detención solicitada. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde encomendar que en casos como el presente se dé intervención a la víctima conforme a lo normado por el art. 5, inciso k), de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y teniendo en cuenta que conforme se desprende de las actuaciones digitales la causa principal se encuentra en etapa plenaria, resulta prudente encomendar al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de San Martín que disponga la realización y actualización periódica de los informes de rigor sobre la situación en que se encuentran los menores, en resguardo de su interés superior.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Cledón, Armando José s/ Tentativa de homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

Resulta inatendible el cuestionamiento a la valoración de un elemento probatorio si, habiendo sido valorado el mismo en la sentencia de primera instancia, no fue oportunamente impugnado en la expresión de agravios (art. 342, C.P.P. -según ley 3589 y sus modif.

-).
Prescripción, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: LANFRANQUI OSVALDO A. Y OTROS c/ BANCO DE ENTRE RIOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-12-17

No se han cumplido los dos años que requiere la ley para que puedan considerarse prescriptos los créditos laborales reclamados, y aquí hay que distinguir, según se trate de una acción por despido en donde el plazo de la prescripción comienza a correr o, debe ser computado desde la fecha de la rescición del contrato y, en cuanto a las diferencias salariales, como el caso del pago del beneficio en donde existen diferencias en el pago de las gratificaciones, que debe ser comenzado a computar desde que éstas se produjeron.
Contestación de la demanda, thema decidendum, juicio, integración de la litis, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Yuquich, Emilio Milivoy c/ Palta S.A. o Mazza Vera, Benjamin Primitivo s/ Recurso de inconstitucionalidad - Juicio ordinario - Rescisión de  contrato y daños y perjuicios (Expte.: C.S.J. Nro. 70 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-21

Incumbe exclusivamente a los jueces de la causa determinar cuáles son los puntos que quedan comprendidos en la litis- contestación.

Ello por cuanto se trata de una cuestión de derecho común ajena, en principio, a la órbita del recurso de inconstitucionalidad. Esa regla general obliga al recurrente a extremar los recaudos a efectos de demostrar que el sentenciante de grado ha alterado los términos esenciales del debate incurriendo, por exceso, en un déficit de correspondencia entre lo decidido y aquello que fue materia principal de litigio entre las partes. (Del Voto de la Mayoría, en Disidencia los Dres. Gutiérrez y Spuler)
Derecho penal, imputado, sujetos del proceso penal, deberes del imputado, situación del imputado, Derecho procesal, principio de congruencia, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Nancy Gladis Portal (f) c/ FLORES; Adriana Virginia s/ NULIDAD del Requerimiento Fiscal de Elevación a Juicio
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-15

Cualquier omisión o defectuoso cumplimiento de los requisitos de la acusación es sancionado con la nulidad, debiendo cumplirse nuevamente dicho acto por el mismo fiscal que incurrió en aquellos. Se trata de una nulidad de carácter absoluto si se omite circunscribir el objeto procesal porque la "relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos" fija el ámbito del debate y cumple con el principio de congruencia al cual debe ceñirse la decisión final para respetar la inviolabilidad de la defensa.

Por lo expuesto y entendiendo que el requerimiento de elevación a juicio es el que fija de manera específica el objeto del debate, constituyendo una imputación formal contra el procesado y significa la concreción de la acusación, debe declararse su nulidad y los actos procesales que de él dependen conforme a lo establecido por los arts. 161, 163, 167, 341 del C.P.P.
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cortés de Juan, Gabriela Fernanda y otro c/ Paradela, Héctor Camilo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-26

Cualquiera haya sido la manera como el tercero interviniere en el proceso (espontáneamente o citado por la parte) la sentencia lo afectará igual que a los litigantes principales.
Multa, depreciación monetaria, actualización monetaria, pena, delitos, principio de legalidad, leyes, ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: D DE G, A M s/ FALSA DENUNCIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 656-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-14

Si la ley vigente con anterioridad al hecho punible no prevé la posibilidad de actualizar monetariamente la pena de multa establecida en pesos, el principio de legalidad impide reajustar los montos de la escala penal fijada para el delito respectivo.
Contratos, locación, contrato de servicios, derechos de las partes, obligaciones de las partes, plazo indeterminado, cláusulas del contrato, sindicatos, costo laboral, acción de reducción, rescisión del contrato
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Argensat SRL c/ Directv Argentina SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

Corresponde admitir la demanda promovida por una empresa prestadora de servicios técnicos e instalación de equipos contra una empresa de televisión satelital, con motivo de la rescisión intempestiva (sin preaviso) del contrato de locación de servicios con cláusula de exclusividad que unía a las partes.
Compraventa, obligación de escriturar
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Albo, Juan A. c/ Campanaro, Jorge A. y otro s/ Escrituración-Daños y perjuicios-BLSG
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-09

Hay una necesaria distinción que debe hacerse entre el mero retardo en el cumplimiento de la obligación -que es sólo el hecho constitutivo o elemento material de la mora, derivado del vencimiento de un plazo expresamente convenido o, no existiendo éste, de la interpelación del acreedor- y el estado de mora propiamente dicho, noción compleja congregante del retardo aludido, de su imputabilidad al deudor a título de dolo o culpa y de la ausencia de factores impeditivos de aquel estado.
Arbitraje cambiario, obligaciones en moneda extranjera, tipo de cambio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Multicambio  S.A. s/ recurso de apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

La expresión contenida en la última parte del inciso b), del art. 6., de la ley 18.526, no puede entenderse en un sentido que resulte excluyente de aquellos arbitrajes que tengan lugar entre dos especies de una misma moneda extranjera, sino, antes bien, debe considerarse como indicativa del rasgo fundamental de dicho instituto: la ausencia de valores expresados en moneda argentina en las respectivas transacciones.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, jueces
Materia: LABORAL
Carátula: MORES HUGO AMERICO c/ HERRERA HUGO CESAR s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2000-12-29

EL juez del trabajo goza de un margen de discrecionalidad en la apreciación de la prueba, que es ajena al cuestionamiento casatorio mientras no se adviertan arbitrariedades .
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concurso preventivo, síndico del concurso, crédito verificado, trámites judiciales, verificación tardía, honorarios, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Dirección Provincial de Rentas s/ Primera ¿Cuáles normas se aplican para regular honorarios en la   verificación concursal -tempestiva y tardía- de créditos?. Segunda   ¿Corresponde regular honorarios al síndico y/o su letrado patrocinante, distinguiendo según aquel sea contador o abogado y   según se impongan o no las costas al tercero verificante?. Tercera   ¿Cuál es la base regulatoria? ¿Se computa la desvalorización   monetaria y los intereses? Cuarta ¿Corresponde reducir la escala   arancelaria en función del trámite seguido y de las etapas cumplidas?   Auto sprint sobre quiebra. Incidente verificación crédito (Expte.   Nro. 128-87) -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-06-12

Así como en las verificaciones tempestivas no corresponde regular honorarios al síndico cuando el informe no es impugnado, igual criterio debe seguirse en las verificaciones tardías. En tales casos no existe una mayor tarea que merezca una regulación fuera de la prevista por el artículo 288 de la ley de Concursos, pues es obvio que la contestación de la vista que se le corre al síndico suple el informe individual que en relación a cada crédito debe hacerse cuando el pedido es tempestivo. En cambio, merece una retribución especial la mayor tarea que para el funcionario significa la impugnación a su informe, ya sea que se trate de una verificación tempestiva o tardía y los consiguientes dictámenes que debe realizar en las etapas posteriores; siendo ello independiente de la imposición de las costas, pero con la aclaración que cuando éstas deban ser soportadas por el concurso, no pueden sobrepasarse los límites impuestos por los artículos 289 (modificado por la Ley 22917) y 290 de la Ley de Concursos. (De los Fundamentos del Dr. Crespo -En Disidencia Parcial-).
Pérdida de la chance, daños y perjuicios, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Lezcano, Daniela c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto res. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-03

La pérdida de chance consiste en la frustración de una oportunidad de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo de índole patrimonial o espiritual, medido como la probabilidad objetiva de lograr o de evitar algo que razonablemente habría -o no habría- ocurrido de no mediar el incumplimiento o ilícito. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhieren las juezas Alicia E. C. Ruiz y Silvina Manes).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, honorarios, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ Reinaldo Luis AGUIRRE y otra s/ HONORARIOS - DEPRECIACION MONETARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que si bien hizo lugar al pedido de corrección de la base monetaria para el cálculo de la retribución de un profesional, efectuó la actualización sólo en forma parcial, tomando como base índices correspondientes a períodos anteriores al del pronunciamiento impugnado, de lo que resulta una sensible merma del honorario.
Sanciones disciplinarias, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ortiz, Jorge Antonio c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Ferreira, Mario Alcides c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa Makaruk, Elena c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. y Cult. y Educ.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24|1999-12-15|2000-05-17

La deficiencia de motivación del acto sancionatorio torna irrazonable al acto e invalida la sanción impuesta.
Recursos, facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: R., R.C. y Otros c/ B.Ch. SA (Asamblea de Accionistas y Otros) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-11

La Alzada debe examinar si se encuentran presentes los recaudos que habilitan el ejercicio de su competencia, pues, en particular, si el recurso es inadmisible por ausencia de alguno de ellos debe rechazarlo.

A este fin, como expresa la doctrina, corresponde examinar liminarmente si concurren los requisitos de tiempo, lugar y forma del recurso, si el impugnante goza de legitimación, de personería, de interés procesal específico y si el intento recursito es idóneo y jurídicamente posible.

Frente a esto, si el recurrente no satisface los requisitos necesarios, el tribunal "ad quem" quedará eximido de toda otra tarea de cognición.
Prueba testimonial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Villalón, María del Carmen c/ Irazábal, Susana Emilia s/ Cobro de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

La circunstancia de que algunos deponentes se encuentren vinculados con las partes, de por sí no desmerece el valor de sus declaraciones, porque es verdad conocida la de que tal hecho no significa que los testigos se encuentren dispuestos a establecer un plan de mentiras (art. 456, CPCC)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Errecarte, Osvaldo Marcial c/ Zambón, Edgardo s/ Cumplimiento de contrato Lucesoli, Herminio c/ Calou, Juan Pedro s/ Daños y perjuicios Lenguas Vivas S.R.L. c/ Giadas de Cerutti, Magdalena Edith Elmira s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-12|1988-08-09|1996-09-03

La distribución de costas no admite revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se discuta la calidad de vencido.
Accidentes de trabajo, relación de causalidad, incapacidad laboral, incapacidad total
Materia: LABORAL
Carátula: ALMAZAN, Cirilo Salvador c/ Ingenio y Refineria San Martín del Tabacal S.A. y/o La Continental Cia. de Seguros General s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-04-24

La circunstancia que el actor haya percibido de la demandada la indemnización por incapacidad absoluta, no prueba que la misma es producto del accidente laboral ya que la ley exige el pago de aquella aunque la incapacidad sea producto de un accidente o enfermedad inculpable. La relación de causalidad de la dolencia con el trabajo debe ser acreditada por la actora. En igual sentido el otorgamiento de la jubilación por invalidez no demuestra que la incapacidad absoluta sea ocasionada por un accidente de trabajo.-
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acción individual de responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOLDADLER SEBASTIAN c/ BLACHER ANGEL Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1- La acción individual de responsabilidad, cuyo ejercicio corresponde al accionista ministerio legis (art. 279 LS), tiende a reparar los daños que él hubiera padecido personalmente, esto es, no se trata de un perjuicio que haya sufrido indirectamente, como consecuencia de un daño mayor que soporta la sociedad y de la misma naturaleza que la de todos los demás accionistas (Isaac Halperín, Curso de derecho comercial, t. II, sociedades, Depalma, 1977, p. 332). En otras palabras, ha de tratarse de un daño directo y personal al accionista no derivado de una lesión corporativa a sus intereses como socio (Carlos Augusto Vanasco, Sociedades comerciales, t. 2, Astrea, 2006, p. 650).

2- En tanto esta acción individual se rige por los mismos principios que gobiernan la responsabilidad del derecho común, el accionista no sólo debe mencionar y demostrar los hechos que revelen las faltas en que hubieran incurrido los administradores en el desempeño de sus cargos, su actuación en violación de la ley o del estatuto, sino también los daños que ese proceder irregular le habría causado en forma personal.
Nulidad de matrimonio, gravamen irreparable, doctrina de la arbitrariedad, resoluciones equiparables a definitiva, recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Pereyra, Valentín Daniel; Pereyra, Pablo Fernando c/ Flores, Gustavo Fabián s/ sumario: daños y perjuicios por accidente de tránsito F. B., G. N. c/ Z., M. V. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-31|2019-12-18

Resulta arbitraria la decisión del tribunal "a quo" consistente en dejar sin efecto la medida preliminar antes ordenada y firme, toda vez que la presentación del tercero no lo exime de efectuar el pertinente análisis de la normativa canónica allí invocada teniendo presente la naturaleza de persona jurídica de la Iglesia Católica -cfr. art. 146 inc. c) del Código Civil y Comercial-, y tal como lo exige el art. 2595 del referido código de fondo, armonizando los distintos derechos en juego (inc. c), para determinar si la postura adoptada por la autoridad eclesiástica resulta ajustada a derecho. La posible afectación de la intimidad del tercero, que invoca ahora la Cámara, ya era conocida cuando admitió la diligencia preliminar. Por lo tanto, no resulta un argumento válido para modificar su decisión. En el caso se pudieron haber tomado los recaudos necesarios para resguardar la intimidad del tercero, más aún si se tiene en cuenta que el actor sólo pretende conocer los estudios y el diagnóstico referido únicamente a la aquí demandada. Así, en lugar de denegar la medida y contradecir una decisión anterior, el "a quo" pudo haber ordenado que se envíe el expediente requerido, mandando testar o tachar todo lo vinculado al tercero, que pudiera afectar su intimidad. De esa manera se habría compatibilizado el derecho del actor de producir prueba relativa a una cuestión que lo vincula a la demandada, con el derecho a la intimidad del tercero.