Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-06


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 6 de 2008.

La doctora Areán dijo:

I. La sentencia de fs. 224/229 hizo lugar a la demanda promovida por Jorge Antonio Tortella y Sandra Verónica Echevarne contra Walter Norman Bray y Patricia Elizabeth Encina. En consecuencia, declaró resuelto por culpa de estos últimos el contrato de compraventa suscripto entre las partes el 5 de marzo de 1999, con relación al inmueble inscripto en la Matrícula Nº 21.224 del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, los condenó a abonar a los primeros la suma adeudada en concepto de restitución de lo pagado a cuenta y de indemnización convenida con más sus intereses calculados desde la fecha de notificación de la demanda a la tasa pasiva promedio. Difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron los demandados a fs. 231 y el coactor Tortella a fs. 235, siendo concedidos los respectivos recursos a fs. 239 y fs. 236.

Este último expresó agravios a fs. 286/287, los que no merecieron respuesta. Centra sus quejas en la fecha fijada por el sentenciante para el inicio del curso de los intereses, pues entiende que ellos deben correr desde aquella en que consideró resuelto el boleto de compraventa e intimó la restitución de las sumas adeudadas. Califica como errónea la apreciación del juez a-quo al negar valor probatorio a la carta documento remitida, en virtud de la respuesta dada por el Correo Argentino al respectivo informe. Cuestiona también la aplicación de la tasa de interés pasiva, entendiendo debió optarse por la tasa activa promedio que cobra el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento.

A fs. 260 se declaró desierto el recurso interpuesto por los demandados.

II. Antes de entrar en el análisis concreto de los agravios vertidos por el único apelante, diré que en el caso se ha configurado un litisconsorcio activo necesario.

Frente a la sentencia, cada litisconsorte puede adoptar diferentes actitudes, es decir, es posible que uno la consienta, mientras que otro la recurra.

Sin embargo, los recursos interpuestos por cualquiera de los litisconsortes favorecen eventualmente a los demás, a condición de que la resolución cuestionada verse sobre temas comunes, porque si se refiere a una petición estrictamente personal de uno de los litisconsortes, es obvio que el consentimiento de éste no puede suplirse a través del recurso de otro (Conf. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", Tomo III, pág. 217).

A diferencia de lo que ocurre en el litisconsorcio facultativo, la revocación del decisorio de primera instancia obtenida en virtud del recurso interpuesto por uno solo de los litisconsortes beneficia al resto. Por supuesto que también puede presentarse la situación contraria, ya que en definitiva, los efectos del recurso favorecen o perjudican a todos, pudiendo beneficiarse quien no apeló o a la inversa.

Como en el caso es evidente que los agravios recaen sobre un tema común a ambos litisconsortes, carece de trascendencia que el decisorio haya sido consentido por Sandra Verónica Echevarne, por lo que lo que aquí se resuelva habrá de alcanzarla (C.S.J.N. "in re" "Atri, B y otro c. Mirchuk, J. E. y otro" A.1025.XLII, del 6/11/207).

III. Entrando al examen del primer agravio, comienzo por advertir que a fs. 50, en oportunidad de contestar la demanda, los accionados desconocieron expresamente las cartas documento del 4 de setiembre de 2000 y del 31 de agosto del mismo año, por no constarles la recepción ni haberse acompañado aviso de recibo debidamente suscripto.

A fs. 107 informa el Correo Argentino que no le resulta posible aportar mayores datos sobre los envíos por los que fuera requerido, dado que la documentación respectiva fue destruida por vencimiento del plazo reglamentario de guarda. Agrega que, no obstante ello, vistas las características de las copias aportadas y teniendo en cuenta sus sellos, formularios, indicaciones de servicio, etcétera, podrían considerarse auténticas.

Sostiene el apelante que el magistrado de grado no ha analizado debidamente esta segunda parte del informe, el que además no fue cuestionado por los interesados.

No le asiste razón, pues la circunstancia de haber hecho saber que las piezas podrían considerarse auténticas, por sus características, sellos, formularios, etcétera, podría hacer presumir en el mejor de los casos que la carta documento fue enviada pero no que fue recibida por el destinatario.

Sin embargo, más allá del resultado de la aludida prueba informativa y del desconocimiento de fs. 50, lo cierto es que los accionados a fs. 49, tercer párrafo, al responder a la demanda, aluden expresamente a la resolución unilateral y formulan ciertas apreciaciones acerca de la conducta observada por los compradores, la que "fuera puesta en evidencia en la C. D. 34.698.371 0 de 28 de agosto de 2000 cursada por nuestra parte en responde a su improcedente misiva".

Están aludiendo sin lugar a la más mínima duda a la pieza de fs. 105 y en ella se rechaza la CD 33.037.403 5 AR, que no es otra que la carta documento remitida el 23 de agosto de 2000, lo que demuestra en forma inequívoca su recepción por los destinatarios y el debido conocimiento de su contenido.

Es así que en esa pieza los actores comunican a los demandados que, haciendo efectivo el apercibimiento contenido en la cláusula séptima, apartado b) del boleto, lo declaran resuelto y los intiman en el plazo de cuarenta y ocho horas a la restitución de la suma entregada a cuenta de precio y al pago de la indemnización convenida, individualizando ambos importes.

IV. Los intereses moratorios se originan en la mora del deudor, y por tanto sólo corren desde ese momento.

La interpelación del acreedor, como cualquier declaración de voluntad, puede hacerse bajo cualquier forma, pero lo único necesario es que exista una manifestación positiva de esa voluntad tendiente a la obtención del cumplimiento de la prestación debida. Por lo tanto, para que la interpelación cause la mora del deudor ha de consistir en la exigencia categórica e indudable del cumplimiento de la obligación (Conf. Llambías, Jorge J. - Raffo Benegas, Patricio J. (Actualizador), "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", 2005, LexisNexis Lexis Nº 7006/001847).

La carta documento remitida el 23 de agosto de 2000, cuya autenticidad y recepción por los interesados, he tenido por acreditada, reúne esos requisitos, por lo que es indudable que cumplió con su finalidad de constituir en mora a los deudores.

Como no se conoce el día exacto en que fue recibida y como en ella se les daba un plazo de cuarenta y ocho horas para hacer efectivo el pago, considero razonable que los réditos comiencen a correr desde el 28 de agosto de 2000 hasta el momento del efectivo pago.

V. En cuanto al segundo agravio, no habrá de tener acogida, por cuanto en el contrato no se pactaron intereses para el caso de optar por la resolución, de modo que, tal como lo hizo el juez de grado, no cabe sino aplicar la tasa pasiva que ha fijado la sentencia recurrida, en virtud de lo establecido en el fallo plenario "Vázquez, Claudia Angélica c. Bilbao, Walter y otros s/daños y perjuicios" del 2 de agosto de 1993, mantenido en el similar "Alaniz, Ramona Evelia y otro c. Transportes 123 SACI interno 200 s/daños y perjuicios" del 11 de noviembre de 2003 (LA LEY, 1993-E, 126; 2004-C, 36) y de lo dispuesto por el art. 303 del Código Procesal que establece su aplicación obligatoria, que sólo podrá modificarse por medio de una nueva sentencia plenaria (Conf. CNCiv., esta sala, L.475.325, del 7/5/07; L. 491.339 del 5/12/07).

VI. Las costas de alzada se imponen en el orden causado atento el éxito parcial del recurso y por no haber mediado contradicción (arts. 68 y 71 del Código Procesal).

Los doctores Bellucci y Carranza Casares votaron en igual sentido por análogas razones a las expresadas en su voto por la Dra. Areán, dejando a salvo el primero su opinión acompañando el voto de la minoría en el fallo plenario citado en último término.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se resuelve: I. Modificar la sentencia apelada disponiendo que los intereses se devengarán desde la fecha indicada en el Considerando IV. II. Confirmarla en todo lo demás que decidió y fuera motivo de no atendibles agravios, con costas en esta alzada en el orden causado. III. Vueltos los autos, se arbitrará lo conducente para el logro del ingreso del tributo de justicia, y se recuerda la personal responsabilidad que impone la ley 23.898. Los honorarios de los profesionales intervinientes serán regulados una vez fijados los de primera instancia. - Beatriz A. Areán. - Carlos Alfredo Bellucci. - Carlos A. Carranza Casares.