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Prescripción de la acción penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, declaración indagatoria, feria judicial
Materia: PENAL
Carátula: F., J. s/ Prescripción. Defraudación. Inst. 20/162.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-17

Debe confirmarse la sentencia que no hizo lugar al pedido de prescripción de la acción penal en relación al delito de defraudación por administración fraudulenta dado que la decisión por la que se dispuso recibir declaración indagatoria al imputado surte efecto interruptivo del curso de la acción penal en los términos del artículo 67, inc. "b", del Código Penal, a pesar de no haber podido llevarse a cabo por la proximidad de la mencionada convocatoria con la feria judicial y por la sustanciación de planteos de prescripción por parte de la defensa. (Del voto de la mayoría. - Sumario confeccionado por el SAIJ)
Acción de amparo, legitimación procesal, derechos de incidencia colectiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La CSJN el 07-05-98 en "Prodelco v. Poder Ejecutivo Nacional s/amparo" señaló que "El nuevo art. 43 CN. reconoce legitimación para promover la acciones de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.

Pero de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal no se sigue la aptitud para demandar sin que exista cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción.

De otro modo, admitir la legitimación en un grado que la identifique con el `generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los poderes del gobierno, deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares'".

2. "La comprobación de que existe un `caso', constituye un recaudo básico e ineludible, de neta raigambre constitucional, que tiene su origen en la división poderes. Así el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio - la afectación de un interés jurídicamente protegido - de orden personal, particularizado, concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial.

Que esa tarea exige un cuidadoso estudio de las cuestiones propuestas, para decidir si ellas se ubican dentro de las facultades otorgadas con exclusividad a alguno de los poderes públicos y si han sido ejercitadas dentro de los límites que la Constitución les impone"...

4. La incorporación de intereses generales o difusos de protección constitucional en nada enerva la exigencia de exponer cómo tales derechos se ven lesionados por acto ilegítimo o por qué existe seria amenaza de que ello suceda, a efectos de viabilizar la acción de amparo. Los demandantes deben demostrar que la norma impugnada les causa un perjuicio directo, real y concreto -actual o en ciernes-, que transforme la cuestión en justiciable".
Reclamo administrativo previo, entes autárquicos, acto administrativo, recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Toledo, Juan Carlos s/ Contencioso Administrativo de plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-10-28

No existe otro camino o vía procesal susceptible de habilitar el proceso contencioso administrativo, sin antes haber ocurrido ante la Función Ejecutiva. Entonces, resultando imprescindible que ésta se expida, no cabe otra posibilidad para el interesado que llegar ante la Función Judicial, en caso de desestimación previa, actuando obviamente contra la autoridad que la produjo. Esta no puede por ende alegar su falta de legitimación pasiva, ya que debe defender la validez de un acto propio, que por imperio de la ley estaba obligada a dictar (si para ello fue instada).

No es admisible un recurso contencioso administrativo de Plena Jurisdicción contra un acto propio de entes autárquicos en cuyo caso cabría la eventualidad de que los mismos puedan ser demandados directamente (pero en un ámbito de competencia por la materia diferente), sin necesidad de cumplir con el requisito de la reclamación administrativa previa. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Encuadramiento sindical, colegio profesional, representación sindical
Materia: LABORAL
Carátula: CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA, GEOLOGIA E ING. NQN. c/ BASCUÑAN, MORA HORACIO SEGUNDO Y OTRA. s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03

Corresponde revocar el resolutorio apelado, declarando que no resulta de aplicación al personal del Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería de la Provincia del Neuquén ni el CCT n° 130/75 - quedó firme el resolutorio de autos en cuanto a la inaplicabilidad a dicho personal - ni el CCT n° 462/2006, debiendo regirse las relaciones laborales por la Ley de Contrato de Trabajo hasta tanto se cuente con una norma convencional que las incluya. Ello así, ya que la actora no se encontró representada en la negociación del CCT n° 462/2006, por lo que no está obligada a aplicar dicha convención.
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Dalmacio Lamolla, Ricardo Antonio s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-19

Ni las consecuencias del suceso sobre la salud de la víctima y su estado espiritual ni la supuesta condición de "invertido sexual" que le atribuye el recurrente -aunque resultara esta corroborante de la versión del imputado en ese aspecto- obstan a la valoración de su testimonio como hábil, pues tales factores no conducen a concebir una animosidad en aquella capaz de traducirse en el deseo de perjudicar injustamente a alguien, imputándole un hecho inexistente.
Estado de familia, acciones de estado, litisconsorcio necesario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16

La omisión de constituir litisconsorcio necesario en materia filiatoria en nuestro criterio acarrea severas consecuencias en punto a la conculcación del derecho de defensa del litisconsorte omitido con gravamen de la garantía contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional, por una parte, y de igual derecho y otros de no menor jerarquía consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, respecto del menor cuya filiación se encuentra en discusión. (Minoría u opinión personal)
Despido, invariabilidad de la causa
Materia: LABORAL
Carátula: Riccione, Angel c/ Tula, Rubén s/ Indemnización,haberes,etc. Castro, Oscar Antonio c/ Pesquera Atlántica S.R.L. y otro s/ Indemnización por despido y otro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-15|1992-12-22

Transgrede el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo el fallo que no se ajusta a las causales de despido invocadas por la empleadora.
Contratos administrativos, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Francisco Natino e hijos y otra c/ Municipalidad de San Martín s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Las especiales previsiones contempladas en las normas del pliego de bases y condiciones, constituyen ley para las partes. Dichas reglas se complementan con las obligaciones que las partes asumen en la ejecución contractual a través de los convenios que instrumentan las "actas" en las que las empresas y el municipio acuerdan la totalidad de sus diferencias.
Interdicto de retener, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL
Carátula: SELL CESAR c/ IBARRA DE GALVAN ROSA s/ INTERDICTO DE RETENER-QUEJA POR CASACION DENEGADA INTERPUESTA POR  DRA. GALVAN DE MANANICCI ASTRADA ROSARIO c/ MANSUR JORGE Y SANCHEZ REMO Y/U OTROS s/ INTERDICTO DE RETENER LA POSESION - QUEJA POR CASACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-18|2007-08-22

EL dispositivo sentencial recaído en un juicio de interdicto no puede considerarse definitivo.Ello así pues el Art. 614 del C.P.C.C. otorga un remedio más, permitiendo el ejercicio posterior de la correspondiente acción real.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, costas, costas al vencido, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: M.,  J. c/ F., B. s/ Sumario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-06-05

Se debe reiterar -una vez más- la excepcionalidad del tratamiento de las costas por vía del recurso extraordinario por cuanto, en principio, su imposición y distribución es facultad exclusiva del grado. Sólo cabe su examen cuando lo que se pone en entredicho es -como en el caso de autos-, la calidad de vencido. A su vez, por tal particularidad, el análisis de este último tema muchas veces no podrá resultar ajeno a la casuística, sin que ello implique el apartamiento de los principios esenciales que informan a la noción conceptual de vencimiento en lo referido a la imposición de costas. En tal sentido, se ha dicho que: "La variada gama de situaciones posibles, de circunstancias distintas y de aspectos a considerar en procesos de esta naturaleza, torna desaconsejable sentar reglas rígidas." Cabe, señalar que a través de diferentes fallos, citados algunos de ellos en in re: "Sáez, c/Murchison S.A.", del 14.08.00, se ha ido perfilando y/o dilucidando la inteligencia de los arts. 68 y 71 del CPCyC
Acción de amparo, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMARA DE GESTORES DEL AUTOMOTOR DE SAN JUAN c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2005-05-12

En los dos tipos de amparo que incorpora el art. 43 de la Const. Nacional, es necesario hablar de legitimación para promover la acción. En el amparo individual, el sujeto, legitimado es toda persona susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones (art. 30, C.C.); es decir, todos los entes con capacidad de derecho.

Mientras, en el amparo colectivo, se reserva la legitimación para quienes estén afectados en sus derechos de protección del medio ambiente, " así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la Ley". ( art. 43 C.N.).

La pertenencia de los llamados derechos colectivos o difusos esta claramente señalada por la legitimación de tres sujetos en particular: el defensor del pueblo y las asociaciones de defensa de aquellos fines.
Administración Pública, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Demidovich, Andrés Pablo c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-03-10

Dentro de su ámbito discrecional de decisión, la administración pública posee plenas atribuciones para disponer tanto el nombramiento cuanto la remoción del personal que reviste la categoría de funcionario o empleado o fuera de nivel, sin obligación de dar mas explicación o justificación para una decisión al respecto que cuestiones de oportunidad, mérito o conveniencia.
Sucesiones, administrador judicial, acervo sucesorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LAPROVITOLA Gladys Aida c/  s/ Sucesorio (Reconstrucción)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-05-30

Al designar un administrador de la sucesión se lo hace para que administre la masa de bienes que integran el patrimonio que se trasmite y la actuación se cumple en nombre y representación de los herederos que son sus propietarios en el estado de indivisión. De allí la obligación de rendir cuentas que surge expresamente de la ley ritual y que contrae el administrador desde que acepta el cargo. Sin embargo, en la especie aún considerando que hubiere sido designado administrador de la sucesión en fecha 31 de marzo de 2004, aceptado el cargo y puesto en funciones, extremos estos últimos no acreditados, tal designación sería a los fines de la administración de los bienes que integran el patrimonio que se trasmite, circunstancia de acaecimiento imposible en tanto a esa fecha, el camión ya había sido vendido y los inmuebles que dan cuenta las escrituras de donación se encontraban en poder de la coheredera incidentista, tal como se infiere de las constancias.

En definitiva, siendo condición esencial para la existencia y exigibilidad de la obligación de rendir cuenta, la existencia de un acto que genere tal obligación, en la especie, la efectiva designación de administrador, la aceptación del cargo y la toma de posesión de los bienes hereditarios con el fin de realizar actos y gestiones en nombre y por cuenta de los herederos, la falta de acreditación de tales extremos obsta a la pretensión de la incidentista. Resulta acreditada la falta de legitimación del incidentado para ser demandado por rendición de cuentas de un cargo que no ha ejercido.

Fuente del sumario: OFICIAL
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bardelas Clarencio c/ Salmena de Ianelli Lucrecia Noemí s/ Escrituración. Rec. de queja c/ Cámara de Morón
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

Las decisiones recaídas en la etapa de ejecución de sentencia no son definitivas a los fines de la admisibilidad de los recursos extraordinarios, ello es así en la medida de que la decisión no altere el contenido de la sentencia firme. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acto administrativo, acción de lesividad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, recurso contencioso administrativo, competencia de la Corte Suprema
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA s/ SOLICITA  SE  DECLARE  LA ILEGITIMIDAD DEL DECRETO 509 QUE DISPONE LA  DESIGNACION EN LA ESTRUCTURA  AL SR.BARBONA S- RECURSO DE REVOCATORIA  C- AUTO DE PRESIDENCIA (CSJ EXPTE Nº 256-88)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-12-30

El artículo 72 inciso 18 y 93 inciso 2 de la Constitución Provincial limita la competencia de la Corte a los Recursos Contencioso Administrativos en lo que hace a la tutela de los administrados contra los actos ilegales de las autoridades administrativas, en el orden administrativo y jurisdiccional, por lo que la Corte de la Provincia no podría conocer de "acciones" de lesividad y otras similares.
Tributos, código tributario municipal, facultades tributarias, hecho imponible, tasas, acción de inconstitucionalidad
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Empresa de Distribución  de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-04-08

El hecho imponible en virtud del cual se formularon las intimaciones de pago no grava el uso diferenciado del dominio público, sino que se trata de un gravamen cuyo hecho imponible se integra con una efectiva actividad estatal. (Del voto del Dr. Vittar)
Transferencia de establecimientos asistenciales, cesión del establecimiento, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Fierro, Paula Cecilia c/ Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura y Acción Social y Otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-12

Cuando existe una cesión del establecimiento cada empleador debe certificar únicamente la etapa durante la cual el dependiente prestó servicios a su favor, ya que excede la facultad y obligación de todo principal autenticar hechos ocurridos con anterioridad y posterioridad, sin perjuicio de que el sucesor debe hacer constar en tales certificaciones los hechos del contrato de trabajo que le fue transferido con el establecimiento que le consten, tales como la antigüedad generada para el titular de la explotación que lo precedió y demás elementos de juicio que surjan de la documentación en su poder.
Guerra de Malvinas, daños y perjuicios, facultades del Poder Legislativo, subsidio para excombatientes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: MIÑONES  CARRION JOSE ALBERTO s/ EJERCITO ARGENTINO MINISTERIO DEDEFENSA ESTADO NACIONAL S/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

En "Azzetti", la Corte señaló que en razón de que la cantidad de sujetos eventualmente dañados por el hecho de guerra es extensa, ello determina que una posible compensación sólo pueda ser dispuesta, con fundamento en la solidaridad, por el Poder Legislativo. Tal es lo que ha acontecido en nuestro país y en el extranjero en diversas oportunidades (conforme leyes 14.414, 22.674 y 24.652, entre otras). A la luz de la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, el reclamo formulado por el actor no puede ser admitido. El actor en su expresión de agravios menciona que su cuadro se agravó como consecuencia de nuevos episodios producidos en ocasión del servicio pero luego indica también que "la permanencia por veinte años en esas condiciones no es objeto de mi reclamo". Es decir, que no se ha planteado claramente en estas actuaciones -y por lo tanto no se ha acreditado- que los daños sufridos como consecuencia del hecho bélico, se hubieran agravado por la conducta del ejército mientras continuó en la fuerza.
Tasa de justicia, ejecución fiscal, error excusable, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: FISCO NACIONAL c/ MANGIATERRA Y ELCA  S.R.L. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

El carácter excusable del error invocado por el apoderado fiscal, que inició la ejecución por deudas impagas de tasa de justicia en base a un certificado expedido por la autoridad judicial, no es razón para eximir de las costas a la Nación, que emitió un título de deuda errónea por medio de otros de sus órganos, por lo que no cabe apartarse del principio general del art. 558 del Cód. Procesal.
AFIP, reglamentos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gianola, Raúl Alberto y otros c/ Estado Nacional y otros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

La aclaración que introduce el decreto 1390/01, adoptada por el órgano ejecutivo, no aparece en contradicción evidente y palmaria con la finalidad recaudatoria de la ley que reglamenta. Máxime cuando también constituye una medida de organización administrativa y de distribución del trabajo, es decir, incursiona en ámbitos propios del poder administrador (Voto de la mayoría, al que no adhirió la Dra. Carmen M. Argibay). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recusación, ministros de la Corte Suprema, juicio político
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Díaz, Jorge Luis c/ Banco de la Nación Argentina.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

Son improcedentes las recusaciones contra los ministros de la Corte Suprema fundadas en el juicio político que el recurrente invoca haber solicitado, pues según el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la causal de recusación queda configurada cuando, al menos, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados formula despacho favorable al pedido.
Nulidad de sentencia, litisconsorcio necesario
Materia: PROCESAL
Carátula: Calvo, María del Carmen c/ Reussi Braga, Carlos s/ Ordinario s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-11-19

Tratándose de un litisconsorte necesario, la falta de integración de la litis con todas las partes interesadas, constituye un defecto procesal que obsta a la posibilidad de pronunciar una sentencia.
Derecho penal, suspensión del juicio a prueba, dictamen fiscal, carácter vinculante, facultades del juez, control de legalidad, control de razonabilidad, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: Sanchez, Ruben Gerardo s/ s/ art. 189 bis CP -Apelación- -Apelación-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-09

La falta de consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal para la concesión de la suspensión del juicio a prueba debe encontrarse debidamente motivada. De este modo, una disconformidad fiscal infundada -o no fundada en la inexistencia de un presupuesto legal de procedencia- no puede, en ningún caso, impedir la suspensión del proceso a prueba. (conf, Vitale, Gustavo, ob. cit., p. 190; en igual sentido, se expide, entre otros, Edwards, Carlos, La probation en el Código Penal Argentino, ley 24.316, 2da. edición actualizada, ed. Marcos Lerner, 1997, p. 57/58).

Como es dable de advertir, lo expuesto no significa en modo alguno que los jueces deban adoptar ciegamente la posición escogida por los representantes de la vindicta pública, sino que, muy por el contrario, siempre conservan la facultad de controlar la legalidad y razonabilidad de aquellos dictámenes; función que deben ejercer en todos los casos de forma ineludible, a fin de garantizar el respeto por el debido proceso legal.
Periodistas, trabajadores de la industria gráfica, indemnización por despido, personal de dirección y vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ DE PONTE, MERCEDES c/ LA NACION ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1966-09-26

"La indemnización por despido correspondiente a los jefes de sección o departamento de los talleres gráficos de empresas periodísticas que desempeñan tareas de dirección y vigilancia debe calcularse de conformidad a lo dispuesto por el decreto Ley número 13839/46, sobre la base de toda la antigüuedad computada en la empresa donde prestó servicios".
Empleador, obligación de seguridad, accidentes de trabajo, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra, Alejandro c/ Busti, Héctor e hijo y la Previsión s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es ajustado a derecho el fallo que fundamenta la responsabilidad del empleador en la violación de su deber de indemnidad para con el trabajador, no por violación a norma alguna de seguridad, sino por falta de adopción de las medidas necesarias que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean idóneas para tutelar la integridad psicofísica del trabajador, es decir por la violación del deber más amplio y genérico de no dañar a otro (art. 1109, C.C. y 75 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, responsabilidad de la Municipalidad
Materia: LABORAL
Carátula: CAPORALE, SUSANA c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ ART. 1113 C.CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-22

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires es responsable, en los términos del art. 1113 C.Civil de la indemnización solicitada por la viuda del dependiente que falleció a consecuencia de un choque entre el camión recolector en el que viajaba colgado de uno de sus estribos y otro estacionado. Si bien no se hallaba cumpliendo sus tareas ni en horario de trabajo habituales, dicha responsabilidad surge a partir de que el camión era el medio que la comuna ponía a su disposición para el desempeño de la labor encomendada, y uno de sus dependientes, el que conducía, incurrió en abuso de sus funciones violando deberes de conducta que de no estar normalmente impuestos, resultan implícitos por la afectación del bien a un servicio público.