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Fianza, extinción de la acción, improcedencia del recurso, actos u omisiones de particulares, deudor, efectos entre partes
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cooperativa Crédito Inverfin Ltda. c/ Blanco, Etel Hebe s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

Procede confirmar la resolución mediante la cual el juez de grado rechazó el planteo de la accionada, de extinción de la obligación principal afianzada y, por ende, del derecho sustancial reconocido por la sentencia dictada. Ello por cuanto, en este caso, ya existe una sentencia firme que condena a la demandada al pago de la obligación aquí reclamada, y la sola circunstancia de que el crédito de la actora no se encuentre verificado en el concurso del obligado principal, ello a raíz de la caducidad de instancia decretada en el incidente que promovió a dichos fines, no necesariamente conlleva la inexistencia de la obligación principal.- Repárese, en apoyo de esta conclusión que la ley falimentaria prevé que los efectos del acuerdo homologado no causan la extinción de las obligaciones del fiador, ni las de los deudores solidarios (LCQ 55 in fine) y que, en caso de quiebra, el garante del fallido que paga después de la quiebra queda subrogado en los derechos del acreedor, hasta el monto del crédito cancelado y accesorios derivados del derecho de repetición (LCQ 135, segundo párrafo). A su vez, el coobligado o fiador del fallido garantizado con prenda o hipoteca sobre bienes de éste, para asegurar su derecho de repetir, concurre a la quiebra por la suma pagada antes de su declaración o por la que tuviese privilegio, si ésta fuere mayor (LCQ 137).Asimismo, el fiador, frente al concurso del deudor principal, se encuentra habilitado para insinuar la obligación debida por el concursado como crédito condicional y en la condición de "garante" prevista en la LCQ 32, crédito que nacerá efectivamente cuando pague la obligación debida por el concursado (arg. LCQ 32; esta CNCom, Sala D, 22/9/08, "Scagliusi Lorenzo s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión promovido por HSBC Bank Argentina").
Daños y perjuicios, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COMERCI SANTIAGO. c/ AVALOS PEDRO DAMIAN Y OTROS. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-19

La reparación por daño moral no debe guardar forzosamente relación con los importes fijados por otros rubros.
Facultades del juez, multa procesal, temeridad o malicia, monto de la demanda
Materia: COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ,  DANIEL  RUBEN c/ ASOCIACION MUTUAL ESLOVENA TRIGLAV s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-15

Cabe calificar de temeraria la conducta de quien enderezo su acción por un monto que sabia que era desmesurado, y que decidió mantenerlo aun luego que la tasación efectuada en la causa, demostró su manifiesta exageración; y por otro lado, no podía ignorar que su pretensión carecía de sustento legal; en razón de ello corresponde fijar una multa procesal en favor de la accionada, que será soportada en forma conjunta por el accionante y el letrado patrocinante que suscribió el reclamo (C.P.C.C. art. 45), más ella se establecerá en la suma de $10000, pues la aplicación estricta de las pautas previstas en el C.P.C.C. art.45, llevaría a fijar una suma desproporcionada que no guarda relación con la falta cometida por el accionante, y colisionaría con el principio de equidad que informa nuestro ordenamiento jurídico (cfr. arg. CCIV art. 907, 954 y 1069).

(en el caso se reclamo el pago de la suma de $386.318.871,30 en concepto del valor actualizado de sus partes indivisas, respecto de bienes que mantiene el reclamante en condominio con la demandada, cuando el peritaje de tasación efectuado en la causa revelo que el valor actualizado de dichos bienes ascendía a la suma de $63277; además el reclamo carecía de sustento legal pues el condómino solo puede solicitar la división de la cosa común (CCIV art. 2692) -lo que aun no se había solicitado ni alegado que los bienes se encontraran afectados a algún supuesto de indivisión forzosa-, pero no puede obligar al otro comunero a adquirir su parte indivisa).
Registro de marca, litisconsorcio, oposición al registro de marca
Materia: PROCESAL
Carátula: BLUM, JAIME c/ BIGIO, JACOBO DANIEL s/ NULIDAD DE MARCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-17

Por existir en la presente causa una acumulación subjetiva de acciones -acción judicial para obtener el retiro de la oposición al registro y la nulidad de la solicitud de marca-, no es apropiado aplicar el criterio ortodoxo previsto en el art.17 de la ley 22362, que establece la iniciación en sede administrativa para la primera de las acciones, máxime cuando dicha norma se refiere a las formalidades y trámites de registro y que puede suplirse tal recaudo -en la hipótesis- informando a la DNPI. de tal circunstancia.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo, homologación del acuerdo laboral, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: LABORAL
Carátula: TADEO DE ALDERETE, CLARA c/ CASFEC s/ DIFERENCIAS INDEMNIZATORIAS POR RETIRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-31

Si en el acuerdo celebrado por las partes para poner fin a la relación laboral, intervinieron representantes de la autoridad de aplicación, art. 15 TORCT, la resolución administrativa homologatoria del mismo constituye un acto jurídico que no sólo tiene virtualidad, sino que goza de una presunción de legitimidad que le acuerda el art. 12 de la ley 19349. Como tal puede ser cuestionado por la va prevista por la ley de Procedimiento Administrativo pero es jurídicamente inadmisible que se prescinda del acuerdo homologado y dejando de lado la cláusula de renuncia eventual, se demanden diferencias en base a hechos que no fueron considerados al pactar.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prisión preventiva, presunción de inocencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Alonso, Jorge Francisco s/ recurso de casación -causa nº 1813-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-19

Corresponde que la Corte Suprema, que en la esfera de sus atribuciones representa la "soberanía nacional", rechace de plano el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que -sin hacer referencias concretas a las variadas particularidades de la causa- concluyó que el Estado argentino era responsable por violaciones al derecho a la libertad personal de los procesados, al derecho a ser oídos y a la presunción de inocencia (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Despido, intimación al empleador, plazo, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: CAMPOS, CARLOS ANTONIO c/ TRANSPORTES VILLA ADELINA  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-22

Habiéndose respetado el plazo dispuesto en la ley para hacer efectiva la intimación (artículo 57 Ley de Contrato de Trabajo), la circunstancia de que en el telegrama se haya consignado un plazo de:24 horas en lugar de 48 horas no es causa para que no opere la presunción dispuesta en contra del empleador ante su silencio, ya que ello sería caer en un ritualismo formal no querido por la ley, cuando de hecho se ha respetado el principio de buena fe que debe observarse en toda relación laboral.
Fundamentación insuficiente, contrabando, control aduanero
Materia: PENAL
Carátula: Samsung Etectronics Argentina S.A. c/  s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-23

La disidencia sostuvo que el recurrente no controvirtió los fundamentos de la resolución cuestionada en cuanto sostuvo que en el caso del delito de contrabando, por el cual se lesionan las funciones del servicio aduanero con relación a la importación y a la exportación de mercaderías, el damnificado por el ilícito sólo sería la AFIP-DGA, sin que se adviertan en el caso, elementos que permitan apartarse de la regla general. Dres. Petrone, Barroetaveña, Figueroa -disidencia-.
Recurso extraordinario de nulidad, falta de cita legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillejo, Gomez Jacinto c/ Rua, Hugo Manuel s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-09

Resulta infundado el recurso extraordinario de nulidad que no plantea la concurrencia de ninguno de los supuestos previstos por los arts.156 y 159 de la Constitución de la Provincia, dedicándose a efectuar impugnaciones propias de otro recurso extraordinario.
Accidentes de trabajo, actuaciones administrativas
Materia: LABORAL
Carátula: Gauna, Eduardo Antonio c/ Municipalidad de Bovril s/ Cobro de Indemnización por Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-05-13

El texto de la ley sólo exige la denuncia del accidente de trabajo y nada más que ello es lo introducido en la modificación a la ley 24.028. No puede de ninguna forma volver a exigirse el inicio de otra actuación administrativa que evidentemente ha fracasado. El accionante cumplimentó acabadamente el requisito del artículo 49 de la ley 24.557.
Juicio, alegato, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RODEO SRL Y OTROS c/ CONSORCIO CORRIENTES Y CORDOBA Y OTROS s/ TERCERIA DE DOMINIO. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 298-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-03-16

No existe unanimidad de opiniones respecto a la nulidad que puede determinar la privación del derecho de alegar, para algunos no determina la nulidad, si no se invoca y acredita el perjuicio; para otros, la privación de este derecho origina nulidad, por más que después, en la expresión de agravios, pueden volcarse todas las razones que no pudieron exponerse en el alegato impedido, pues de lo que se trata es de que también ante el juez inferior se goce de plena audiencia.
Excusación por prejuzgamiento, jueces
Materia: PENAL
Carátula: MALINOFF, José s/ EXCUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-04

Es procedente la excusación del Juez que ha intervenido en el proceso como fiscal, solicitando medidas de prueba impulsoras del procedimiento, y deduciendo apelación contra el auto que sobreseía prrovisionalmente en la causa y declaraba una incompetencia parcial.
Recusación, juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: P, A C y O s/ Incidente por recusación - Artículo 15 CPC y C en autos: Incidente de  Reducción de cuota alimentaria en autos: "P, A. C. y otro s/  Divorcio vincular Expte 439-97" Expte Nro. 446-01 (Expte Nro. 154-02,  Resolución Nro. 255, Tomo 9, Folio 228)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-30

No son recusables los jueces en los incidentes (art. 17, inc. 7, C.P.C.).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, juicios en que es parte una provincia, distinta vecindad
Materia: PROCESAL
Carátula: Compañía  de  Recreativos  Arg.  S.A. (Ex Codere) c/ Provincia deSantiago  del  Estero s/ acc.  declarativa  de certeza y medida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-05

Si no se trata de una causa civil, no concierne al Tribunal expedirse sobre la distinta vecindad. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Luis Ramón s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuyas críticas dirigidas a las declaraciones testimoniales no conmueven el valor de convicción que han merecido para la Cámara y pretendiendo su descalificación con la exigencia de que cada testigo lo sea de una secuencia íntegra.
Régimen de consolidación de deudas, aplicación de la ley
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Catelli, María Cristina c/ Andrata, Gustavo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

La finalidad de la ley 24.307 art. 11 -cuando faculta a la Secretaría de Hacienda a ofrecer el pago de bonos de deuda que tengan por causa o título posterior al 1-4-91-, no ha sido la de extender el plazo de la consolidación en el tiempo o modificar la ley de convertibilidad sino la de facultar a la Secretaría de Hacienda que pague en bonos dentro del presupuesto del año 1994- y siempre que ello sea aceptado por el accipiens, probablemente para agilizar o abreviar el trámite de liquidación de algunas entidades privatizadas y entes residuales.

Además, las leyes de presupuesto tienen fuerza obligatoria por el período tributario al cual se refieren, y el art. 11 de la ley 24.307 (de presupuesto general para el ejercicio 1994) no constituye una excepción a tal regla; por ende, no puede imponerse por sobre las claras disposiciones del art. 27 de la ley 24.764, que es una ley de presupuesto posterior.
Demanda, obligaciones de dar sumas de dinero, monto de la demanda, defensa en juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez Ricardo Miguel y otros c/ E.N. -Mº de Economía Obras y Serv.Públicos -Dir. Gral. de Fabr.Militares s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

Cuando se demanda el cobro de una suma de dinero, la indicación siquiera aproximada de la cantidad que se pretende resulta indispensable a fin de permitir al demandado ejercer adecuadamente su derecho de defensa (conf. art. 330, inc. 6º y último párrafo del C.P.C.C.N.).
Consejo de la Magistratura, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guridi, Mónica c/ Provincia de Buenos Aires (Consejo de la Magistratura) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El procedimiento de selección para acceder a la magistratura es de indudable naturaleza pública, de orden constitucional y legal y que, por tanto, la participación en él no puede sino generar una situación jurídica, cuya tutela judicial por la vía ordinaria no ofrece dudas (arts. 15, Const. Prov. y 1 y 28 CPCA)
Intereses, liquidación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de Entre Ríos S.A. c/ Estancia de Fierro S.A. s/ Sumario por Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-04-19

Es criterio del Tribunal que el tratamiento de la cuestión vinculada a los intereses debe ser realizado en oportunidad de conocer en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia y cuando la estimación de los accesorios no dependa de cálculos complejos, ni exija recurrir a índices financieros o bancarios de difícil verificación. No obstante, la existencia de circunstancias justificativas -como en la especie- aconsejan apartarse de tal criterio, pues al practicarse la liquidación definitiva del juicio y conforme a las pautas de la sentencia -condena al pago del capital, con más los intereses pactados- los accesorios convenidos y así liquidados, aparecen exorbitantes y afectan el orden público, la moral y las buenas costumbres y es, en ésta etapa del proceso, cuando se aprecia la real incidencia que tales accesorios tienen en el total del crédito reclamado.
Certificado de saldo deudor, cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Francés S.A. c/ Gallo, Anastasio R. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-10-24

Se debitaron en la cuenta corriente del ejecutado sumas correspondientes por el uso de las Tarjetas Visa y Mastercard, con la evidente intención de otorgar fuerza ejecutiva a dichos importes y conforme a instrumentos que no la tienen, desnaturalizando aquélla y abúsandose la entidad bancaria de los beneficios que le otorga el artículo 793 del Cód. de Comercio al incorporar dichos importes a la luz del último párrafo de la precitada disposición según Ley 24.452, razón por la cual corresponde declarar procedente la excepción de inhabilidad de título revocando la interlocutoria recurrida. Se trata de una cuenta no operativa.
Derecho de enseñar y aprender, igualdad ante la ley, extranjeros, pena privativa de la libertad, documento nacional de identidad, Universidad de Buenos Aires
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

El derecho de aprender que la Constitución y los pactos internacionales amparan no sufre privación alguna por el hecho de que una razonable reglamentación condicione su disfrute a la observancia de pautas de estudio y de conducta a las que el titular de aquel debe someterse. Específicamente en lo que al caso interesa, se debe tener en consideración que el requisito impuesto por las autoridades universitarias en función del marco normativo vinculado a la acreditación de la identidad -y que implica un cierto grado de arraigo- no parece desproporcionado ni un recaudo injustificado si se tiene en cuenta que lo que se halla en disputa es el acceso a ofertas educativas que permitan a los aspirantes formarse, capacitarse y obtener el título universitario que los habilite para ejercer una profesión.
BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, recursos administrativos, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: QUINTO, NESTOR GABRIEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 314-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-08-23

El decreto 1409/52 reglamenta la ley 4141 sobre el personal del Banco Provincial de Santa Fe, normando lo relativo a los derechos fundamentales del personal, las condiciones de ingreso, la clasificación jerárquica y ascensos, el horario y regímenes de licencia, las medidas disciplinarias, la Comisión Asesora, etc. Con relación a ésta, establece que le incumbe conocer en grado de apelación contra cualquier resolución del Banco que los interesados consideren violatorias de sus derechos, debiendo mediar previamente el recurso de reconsideración ante el Directorio (que deberá deducirse dentro de los cinco días) y la apelación será interpuesta posteriormente. Por Acta del Directorio se decide después, mantener las normas del decreto en forma provisoria y hasta tanto se dicte el nuevo Estatuto, con excepción de las relativas a la Comisión Asesora, que quedan excluidas, pero es evidente que esa exclusión no puede alcanzar al término con que cuentan los agentes para interponer un recurso ante un órgano distinto de la Comisión Asesora, puesto que tal norma no es relativa, esto es, conectada o que guarde correspondencia con dicha Comisión.
Concursos, calificación de conducta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jiménez, Iván y otro s/ Incidente de Verificación tardía en maripez s/ quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

La posibilidad de reclamar la indemnización plena no se ha extinguido por la desaparición del instituto de la calificación de conducta pues estamos ante una reforma sustantiva, ya que se atribuye al juez del concurso la determinación de la imputabilidad o no de las causas de la quiebra del empleador a los efectos indemnizatorios; si bien se deroga la calificación de conducta, ésta sobrevive en varios institutos de los cuales el art. 251 de la L.C.T., según la modificación del art. 294 de la ley 24.522, es una muestra.
Queja por apelación denegada, fundamentación del recurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Viggiano, Carlos Alberto s/ Recurso de queja por apelación denegada. apelación denegada.
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-03-24

Aunque la ley no establece expresamente, la naturaleza del recurso directo o de hecho, conduce a la carga procesal de que el recurrente suministre al tribunal, las razones por las cuales considera erróneo el criterio que informa a la resolución denegatoria. Dicho en otros términos, la queja debe ser fundada, trayendo los argumentos enderezados a la demostración de que el recurso es procedente.
Competencia por el territorio, prórroga de la competencia
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ, Aníbal Horacio c/ ERIDAY U.T.E. s/ Cobro de Pesos (Acc.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-31

La competencia de los tribunales del trabajo, aún la territorial, es improrrogable -artículo 4 del Código Procesal Laboral-, pudiendo los jueces declararla de oficio en oportunidad de la sentencia definitiva cuando las circunstancias de las que aquélla habría de resultar, debían ser materia de prueba.
Ejecución de órdenes, responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

La consecuente responsabilidad del ejecutor material de la orden, y la valoración de la libertad que está implícita en esa asignación de responsabilidad -circunstancia que el arsenal de cualquier sistema imputativo estipulará como condición-, imponen descartar la valoración de su aporte al hecho, como mero "engranaje fungible" del plan de ejecución global, ello así, aún cuando efectivamente la ejecución de la orden haya resultado posible merced a la sustitución del ejecutor que se negara a proceder, toda vez que la responsabilidad del hombre de atrás no puede fundarse a costa de la libertad del hombre de adelante.
Declaración de insania, elevación en consulta, tribunal de alzada, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: V., E.P. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-04

La función de la Alzada en la declaración de insanía es examinar si se han observado las formalidades esenciales para la validez del proceso y, luego, la justicia de la resolución según las pericias médicas producidas.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, impuesto inmobiliario, Municipalidad, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LABORDE, MARIA RAQUEL c/ MUNICIPALIDAD DE FUNES s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-11

Los Sentenciantes consideraron que surgía de las constancias de autos y de lo expresamente reconocido por las partes que el municipio reguló la tasa general de inmuebles -en el artículo 71 del Código Fiscal de Funes- en clara contraposición con lo dispuesto en la ley provincial 8173 ya que estableció una base distinta para el cálculo de aquélla, teniendo como referencia la superficie del terreno, es decir, los metros cuadrados, en contraposición con lo sostenido por el artículo 72 de la ley 8173, que -juzgaron- constituía la ley marco a la cual debían -y deben- adecuar su normativa impositiva las municipalidades y comunas provinciales. Frente a ello, las alegaciones de la recurrente lucen insuficientes para tener por configurado algún agravio con entidad como para variar la suerte de la litis a su favor, quedando así reducidas sus argumentaciones a meros cuestionamientos carentes de idoneidad para lograr la descalificación -desde el punto de vista constitucional- de la motivación brindada por la Cámara al acoger la demanda incoada y declarar la inconstitucionalidad del artículo 71 del Código Fiscal de Funes y la Ordenanza general Tributaria 78/98 en lo que hace a la base imponible de la Tasa General de Inmuebles (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco).