Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 262/265. Santa Fe, 14 de febrero del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la resolución de fecha 02 de junio de 2016, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, en autos "L., C. contra S., R. - Aumento de cuota alimentaria - (CUIJ 21-04975486-5)" (Expte. CSJ CUIJ: 21-00511299-8); y, CONSIDERANDO: 1. En la presente causa la Cámara resolvió declarar procedente el recurso de apelación extraordinaria interpuesto por la parte demandada por la causal de apartamiento de las formas sustanciales establecidas para la solución de la materia incidental (artículo 42, inciso 1°, ley 10160), concluyendo que correspondía declarar la inoponibilidad de la notificación al accionado por no haberse realizado la misma en el domicilio especial que consideró subsistente. Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recurso de inconstitucionalidad (artículo 1°, inciso 3), ley 7055), por considerarlo arbitrario. Sostiene que la resolución impugnada se aparta inequívocamente de la solución prevista en la ley, a partir de una interpretación absurda, gravemente infiel y contraria a la norma aplicable. Tras relatar los antecedentes de la causa y enunciar los distintos derechos constitucionales y convencionales que asisten a los menores de edad, afirma que el fallo impugnado contiene un vicio descalificador que se traduce en un agravio irrazonable a los derechos de propiedad, debido proceso, igualdad ante la ley y a la jurisdicción. Recuerda que el domicilio al que se refiere el Acuerdo atacado es el domicilio legal constituido en los autos "L., C. c/ S., R. s/ Divorcio por mutuo acuerdo", cuyo trámite terminó el día 11 de agosto del año 2010. Critica, en consecuencia, que la Sala haya pasado por alto los requisitos exigidos para que un domicilio legal constituido subsista, establecidos en los artículos 38 y 62, inciso 3° del Código Procesal Civil y Comercial. Señala que el tiempo para la caducidad del proceso ha transcurrido holgadamente, razón por la cual correspondía que la notificación se practique en el domicilio real -que, según estima, era el único subsistente- y no en el legal, pues su constitución había expirado. Insiste en que la claridad de las disposiciones del Código de rito no requiere mucho análisis, en tanto el domicilio procesal pierde vigencia transcurrido el término para la caducidad de la instancia, debiendo notificarse por cédula al domicilio real la primera providencia que se dicte luego de que el expediente haya estado paralizado por más de seis meses. Indica que el fundamento normativo de la decisión impugnada es contrario a lo que establece el texto legal vigente, por lo que se ha colocado a la accionante en una situación de indefensión irreversible, privándola de derechos que hacen a la supervivencia y correcto desarrollo de sus hijos menores. Pone de relieve que los juicios de alimentos no causan estado, razón por la cual si el demandado no estaba de acuerdo con el hipotético aumento resuelto por el Tribunal Colegiado de Familia, contaba con todos los recursos establecidos por ley para que el mismo no quede firme. Entiende que los únicos derechos afectados con la arbitraria decisión de la Alzada son los de los menores, a pesar de que en teoría, el fin último debería ser el interés superior de los niños. Aduce que la Cámara ha omitido inequívocamente la valoración de prueba conducente para la solución del pleito, tal como el testimonio ofrecido por la hija mayor del demandado que afirmó que su padre se encontraba en su domicilio de calle Mendoza el día 18 de agosto de 2013 con motivo de la celebración del día del niño, como así también los propios dichos del accionado, quien admitió que su domicilio real es aquel en el que recibió la notificación. Agrega que también se ha soslayado el análisis de los informes del Oficial Notificador y de la trabajadora social que consignó que el demandado dormía con sus hijos cuatro noches al mes. Por otro lado, critica que la Sala haya otorgado entidad a los tickets de compra de diferentes comercios de Santiago del Estero, recibos de nafta y peajes, prueba documental acompañada por el accionado que nunca fue sometida a reconocimiento, por lo cual no debería haber sido valorada por el Tribunal. Finalmente, considera que la resolución en crisis es autocontradictoria, pues se cita en apoyo del fallo adoptado un precedente del cual se desprende la postura que propicia la recurrente, en el sentido de que la notificación debía realizarse en el domicilio real, atento haberse cumplido las condiciones establecidas en los artículos 38 y 62 inciso 3° del Código de rito. 2. La Cámara denegó la concesión del recurso por auto de fecha 18 de mayo de 2017 (fs. 30/32), por considerar que la crítica esgrimida por la compareciente no traducía más que su mera discrepancia con lo decidido, lo que motivó su presentación directa ante esta Corte, de conformidad al artículo 8 de la ley 7055. 3. La necesaria revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad intentado evidencia que el pronunciamiento impugnado carece de la definitividad requerida por el artículo 1° de la ley 7055 para el franqueamiento de esta instancia de excepción. En ese sentido, ha dicho reiteradamente este Cuerpo que el referido canon limita la apertura del recurso de inconstitucionalidad a los casos en que se impugnan "...sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación...". Por su naturaleza, la decisión en crisis -recaída en un juicio de alimentos- no reviste el carácter reseñado precedentemente, en la medida en que se limita a declarar la inoponibilidad de la notificación cursada al demandado por no haberse realizado en el domicilio especial subsistente. En consecuencia, el perjuicio irrogado a la recurrente, en el peor de los casos y a modo de hipótesis, implicaría un detrimento en sus posibilidades de obtener una resolución favorable respecto de la pretendida modificación de la cuota alimentaria, la que de todas maneras no tendría fuerza de cosa juzgada sustancial, ya que podrá ser objeto de revisión. Esto es, la obligación alimentaria podría modificarse o cesar -por vía incidental-, en caso de demostrarse la aparición de situaciones sobrevinientes que lo justifiquen. Así las cosas, resulta aplicable al sub lite la doctrina sentada jurisprudencialmente acerca de que las resoluciones dictadas en materia de índole alimentaria, por regla, no constituyen sentencias definitivas a los fines del presente recurso, en tanto dejan abierta la posibilidad de revisar el criterio con el cual se las ha establecido cada vez que así se aconseje (Cfr. "Resconi", A. y S. T. 132, P. 266: "Chiarelli", A. y S. T. 139, p. 280; "Riva", A. y S. T. 154, p. 76, "Castellani", A. y S. T. 167, p. 162, entre otros). Ello por cuanto, aunque aquí no se ha impugnado directamente la resolución que decide la fijación o modificación de la cuota, con mayor razón dicha doctrina debe ser mantenida cuando lo que se discute es una cuestión de índole procesal, en el marco de un juicio alimentario. Y si bien tal principio admite excepción cuando el pronunciamiento impugnado resulte lesivo de garantías constitucionales o cause un gravamen irreparable, tal situación no se verifica en el caso, toda vez que la recurrente no logra demostrar que se configure algún supuesto que permita excepcionalmente franquear la instancia extraordinaria. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta (artículo 8, ley 7055). Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. Fdo.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de Origen: Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala Cuarta -integrada-. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Colegiado de Familia N° 5 de la ciudad de Rosario.