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Venta de inmuebles fraccionados en lotes, apertura de calles, Municipalidad, poder de policía, responsabilidad del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIDAL, SANDRA MONICA c/ AEV S.A.; LOTEO PLAZA S.A. Y MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

La Alzada comenzó por puntualizar que la ordenanza 2588 de la Municipalidad demandada, sobre nuevos fraccionamientos de tierras -urbanizaciones, loteos-, impone a los loteadores la obligación de presentar el proyecto respectivo para su visación previa; así como la obligación de abrir a su exclusivo cargo las calles, pasajes o avenidas de carácter público del fraccionamiento, las que deberán respetar la continuidad de las existentes, y demás obras de infraestructura; asimismo precisó que recién después de cumplidas las obligaciones fijadas y de donadas al municipio las calles, espacios verdes o de uso comunitario, el loteo podrá obtener aprobación final; y en ese marco normativo destacó que, en el caso, no había constancias de que el loteador hubiese traspasado al municipio los terrenos destinados a calles, avenidas o espacios verdes sino que, a tenor de lo informado por la Municipalidad, el sitio donde tuvo lugar el accidente motociclístico padecido por la actora era en aquel entonces de propiedad privada; por lo que concluyó que a la Municipalidad no le cabía responsabilidad alguna, ni por acción ni por omisión, desde que no le correspondía ejercer el poder de policía vial -mediante la colocación de carteles señalizadores- en predios de propiedad de particulares; agregando que el camino allí existente -donde se emplazaría en el futuro una calle pública- no estaba formalmente abierto al tránsito público, de manera que tampoco le cabía al municipio exigir de los propietarios de la tierra la señalización de cualquier obstáculo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ordenanza 2588 de la Municipalidad de Rafaela.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Villegas c/ Angelón, Germán y otro s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

La determinación judicial de la indemnización de vida al expropiado, fijada por un monto mayor al que surgiría de actualizar la suma pretendida por él mismo, no implica apartamiento de la regla del art. 35 de la ley 5708, porque un tema es que la indemnización no pueda ser superior a la estimada por el propietario y otro que se impida a éste remitirse en definitiva a lo que resulte de la prueba, situación que conceptualmente parece la más acertada.-
Recurso contencioso administrativo, Municipalidad, personal municipal, muerte, indemnización, concubinato, legitimación procesal, prueba, empleados públicos, empleo público, accidentes de trabajo, carga de la prueba, relación de causalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Palavecino, Ramona c/ Municipalidad de Tostado s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 39-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

Resulta improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto ante la inexistencia de confirmación de aspectos indisolublemente unidos, tales como la existencia de un causante -en el caso con derecho a indemnización por accidente o enfermedad laboral- y de causahabiente -en la causa conviviente- con legitimación activa; los que atento al concreto encuadre de la causa no se logran acreditar. Ello en tanto que -si aún por vía de hipótesis- se considerara que la actora hubiera persuadido de tener acreditada la legitimación activa que invoca (concubina del causante) -soslayándose la debilidad e insuficiencia probatoria-, aun así no se supera el análisis de la existencia de relación de empleo público de la que dependería la pretensión, desde que ningún elemento confirmatorio documental del carácter de agente municipal del causante luce incorporado a los autos. Ello en función del carácter eminentemente formal y documentado de la relación de empleo público.
Acción de amparo, cambio de tareas, facultades discrecionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERRARI, Roque Ramón s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1984-02-24

El cambio de ámbito de desempeño de tareas dentro de la Administración Pública, no provoca una fractura de la relación laboral pues depende de la discrecionalidad del funcionario u organismo que lo determine. En el supuesto que el empleado municipal se sintiere agraviado por dicho cambio, deberá cuestionar previamente en la esfera administrativa la razonabilidad del mismo, la determinación de sus efectos o la fijación de límites establecidos por el organismo.
Recurso de inconstitucionalidad, deber de imparcialidad, proceso penal, sustitución de la prisión preventiva, interés superior del niño
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., G. E. s/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO -INCIDENTE DE RECUSACION-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-11

En autos se configura una cuestión constitucional que habilita la apertura de esta instancia, toda vez que la decisión del Juez de ordenar medidas restrictivas de la libertad -impuestas como alternativas a la prisión preventiva- podría haber importado la emisión de consideraciones de mérito que resultarían suficientes para poner en duda la imparcialidad del Juzgador, máxime cuando el Sentenciante hizo hincapié para fundar su resolución en el interés superior del niño comprometido en la especie -siendo que se trata de una causa por abuso sexual de un niño cuya autoría se imputa al padre- y en que no se habían modificado las circunstancias por las cuales se había denegado con anterioridad el cese de las restricciones (De la disidencia del Dr. Erbetta)
Espectáculos públicos, venta de bebidas alcohólicas, tipo penal, caso concreto
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, Ariel Ricardo s/ inf. ART. 104 C.C. (ley 1472) -  Apelación .
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-23

La norma del artículo 104 del Código Contravencional no puede ser aplicada en abstracto, sino que cada caso debe apreciarse conforme a las particularidades que ostenta a fin de determinar la presencia del elemento "adyacencia", ya que no será lo mismo considerar un metraje de ese tipo respecto de un evento de menor concurrencia que hacerlo en relación a uno que potencialmente convoque un público masivo.

Resulta difícil arribar a la desincriminación de la conducta con sustento en una unidad métrica fija aplicable a cualquier tipo de espectáculo.
Defensa en juicio, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALARCON OMAR c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-11-28

La vigencia efectiva del derecho de defensa tutelado en el art. 18 de la Constitución Nacional y concordantes de la Constitución de la Provincia, y art. 8. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, imponen una garantía insoslayable de vasto contenido, que exige inexcusablemente que en todo trámite destinado a comprobar la existencia de una falta administrativa, el poder administrador respete el derecho del ciudadano a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y obtener una decisión fundada, lo que implica, además, el conocimiento de la acusación, la formulación de los hechos considerados punibles y de la participación del agente en ellos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación penal, revisión judicial, sentencia arbitraria, debido proceso, interpretación de tratados internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Antonio Horacio s/ lesiones culposas -causa nº 1885/10-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, al circunscribir el planteo casatorio a aspectos que, al clasificarse como estrictamente vinculados a la materia civil, se consideraron fuera del control invocado y sin atender al agravio dirigido a cuestionar la errónea subsunción legal dada a los hechos que conformaron la condena y cuya modificación entendió la defensa implicaría su atipicidad, restringió el derecho del imputado a obtener una revisión amplia de la sentencia mediante la utilización de una fórmula dogmática que impidió un examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior en los términos asegurados por el art. 8.2.h de la Convención americana. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -La jueza Argibay, en disidencia, consideró que el apelante no había dado cumplimiento a los recaudos establecidos en los arts. 4° y 7°, inc. c. del reglamento aprobado por la acordada 4/2007-.
Sentencia, sentencia condenatoria, obligaciones de hacer, obligación de escriturar
Materia: CIVIL
Carátula: DÍAZ CARRASCO, Nora c/ LCC S.A. s/ ESCRITURACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-23

1- Cuando la condena consiste en una obligación de hacer el deudor debe cumplirla en forma voluntaria y si no puede o no quiere el acreedor podrá exigir la ejecución forzada, salvo que se trate de prestaciones que sólo puede efectuar el obligado. A su vez, lo debido tiene que ejecutarse en tiempo propio y del modo que fue convenido sin que el deudor pueda exonerar el cumplimiento ofreciendo satisfacer perjuicios e intereses, porque no se trata de una obligación alternativa donde se pueda imponer al acreedor la recepción en pago de una prestación distinta a la debida. Tampoco puede el acreedor optar por la indemnización si el acreedor quiere cumplir y se hace cargo de la demora en la ejecución, salvo que esa mora torne carente de interés al pago tardío y le dé derecho a resolver el contrato. 2- Con este enfoque, si en una sentencia firme de primera instancia se condenó al deudor a escriturar -como obligación de hacer- pero pese a lo solicitado por el acreedor no se establecieron la obras de infraestructura convenidas en el boleto de compraventa y a cargo del complejo urbanístico vendedor, el tribunal de alzada puede subsanar el déficit en tanto el art. 278 del Código Procesal lo faculta para decidir sobre los aspectos omitidos. En este sentido cabe disponer que en la etapa de ejecución de la sentencia el magistrado determina con toda precisión las obras a ejecutar según el boleto de compraventa, discriminando las que nunca se realizaron de las que se hicieron en forma deficiente o parcial. También corresponde que se cumplan las disposiciones del art. 513 del Código Procesal pautando en otras el plazo de ejecución según la importancia, variedad, complejidad y pluralidad de las obras a ejecutar. (Sumario N°20326 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Daños y perjuicios, responsabilidad objetiva, daño por vicio o riesgo de la cosa, relación de causalidad, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: NIVEIROS, María Luisa c/ RAGNO, Luis y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-12

Dentro de los campos de la responsabilidad objetiva demarcados por el art. 1113 del Código Civil, cabe al demandado propietario o guardián de las cosas cuyos riesgos o vicios causen el daño, acreditar algún actuar de la víctima o de un tercero que tuviera idoneidad interruptiva de dicho nexo causal objetivo. Si ello no acontece y la causa del daño quedó ignorada, la concepción objetiva muestra entonces su verdadera trascendencia e identidad. En tal contexto, la determinación de si el mero hecho de la víctima o de un tercero es suficiente. o no, para liberar a quien la ley adjudica responsabilidad, con una presunción de causalidad a nivel de autoría, incursiona en el área de la política jurídica. Al respecto y tratando el tema del "fait non fautife" de la víctima, aceptar la eficiencia de ese mero hecho va directamente contra toda la evolución del derecho de la responsabilidad civil, que está orientado, evidentemente, hacia la protección de las personas dañadas.-
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, interés legítimo, juicio, consentimiento
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MONTIQUIN, HUGO Y CIA SCC c/ CARDINALLI Y MARANI SRL s/ COBRO DE PESOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 50-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-07

Es circunstancia impeditiva de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, la falta de gravamen ante la ausencia de interés jurídico de la recurrente, quien consintió el llamamiento de autos para sentencia sin cuestionar la supuesta falta de personería que alega recién al recurrir por vía del recurso de inconstitucionalidad.
Depreciación monetaria, remuneración, despido sin causa, periodistas
Materia: LABORAL - ECONOMIA - FINANZAS
Carátula: García Lupo, Rogelio Juan Miguel c/ Ediciones La Urraca S.A. s/ Recurso de Hecho Urraca S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

El cómputo de la retribución de cada mes del semestre a valores nominales a los fines de calcular el salario por el despido de un periodista, lejos de responder a la realidad de la suma percibida por el dependiente a la época de cada pago, impide que se satisfaga el propósito que el legislador tuvo en mira - fijar una indemnización equitativa a la fecha en que se produce el despido injustificado - debido a que los montos nominales perdieron su significado económico en razón del proceso inflacionario.
Cheque sin fondos, imposibilidad legal de pago
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ CARRIO, JUAN ANTONIO s/ Cheque sin fondos, Causa: 34926.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Si la fecha de libramiento ha sido enmendada y el documento habría sido entregado antes del cierre de la cuenta corriente, cabe presumir que fue entregado antes del conocimiento de dicho cierre (en el caso, criterio que se funda con lo sostenido por el mismo denunciante), de donde el librador no lo hizo "a sabiendas" de que al tiempo de la presentación al cobro el documento no podría ser pagado, elemento subjetivo éste con el que se integra la figura del Art. 302, inc. 2) del CP y que debe ser acreditado.
Recurso contencioso administrativo, contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.I. c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Excepciones  de defecto legal y falta de personaría (Expte. CSJ Nro. 388-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

No puede prosperar el endilgado defecto legal en el modo de proponer la demanda, desde que si bien existen en el escrito introductorio del recurso contencioso administrativo deficiencias expositivas, también lo es que al ampliar el mismo, la actora cuantifica sus pretensiones y surge el monto reclamado por los rubros "adecuación de sistemas de variaciones de costos" y "desajuste financiero", disminuyendo, además, los intereses, y reduciendo las pretensiones reclamadas en sede administrativa. En efecto, surge de la demanda, que propone la aplicación del método seguido por la Dirección Provincial de Vialidad, o la formula polinómica modificada como solución moderada ya explicitada en sede administrativa, para el reconocimiento y pago de variaciones de costos, señalando que las sumas son estimativas y que deja librado al Tribunal su determinación final conforme a las pruebas a producirse en autos.
Prueba confesional, confesión ficta, apreciación de la prueba, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: David Bursztyn  S.R.L. c/ Patrón, Carlos s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-13

Al tiempo de dictar la sentencia es la oportunidad en la cual el juzgador se encuentra facultado para evaluar el alcance de la presunta confesión ficta, la que puede ser desvirtuada teniendo en cuenta las demás circunstancias de prueba de la causa, vale decir valorando la prueba en contrario producida por el absolvente.
Jueces, facultades disciplinarias, facultades ordenatorias, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Herederos de Miguel Angel Busaniche c/ Juana Estela Bustos s/ Homologación  de  Convenio  - Recurso de Queja por Apelación Denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-02-14

La testación de expresiones del letrado se encuentra prevista en el art. 35 del C.P.C.C. dentro de las facultades disciplinarias de los magistrados, siendo que las facultades ordenatorias que alega haber aplicado el "a-quo" están previstas por el art. 36 del citado cuerpo legal.

Encuadrando la cuestión planteada dentro de la consideración de sanciones disciplinarias, resulta apelable, por lo que corresponde hacer lugar a la queja deducida.
Concursos, conclusión de la quiebra, pago total
Materia: COMERCIAL
Carátula: SEMINO, DANIEL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

Cabe rechazar el reclamo efectuado por el fallido a fin de que se le restituya el importe de la "reserva" efectuada a favor de los intereses devengados por el crédito privilegiado de una entidad bancaria, con fundamento en que dicha entidad no había insinuado ese crédito; toda vez que, mas allá de la calificación efectuada por el funcionario concursal, y a la litigiosidad respecto de la tasa aplicable y el plazo durante el cual debían devengarse, esos intereses sólo comportan un accesorio del crédito verificado con carácter firme y, por ende, no requerían de una nueva insinuación, sino que representaban parte del dividendo asignado al acreedor privilegiado (ley 24522: 241-4°, 232-2° y 228); ello así, resulta inadmisible la pretensión de que se "desafecte" esa "reserva" y se le entregue el remanente, por haber concluido la quiebra por pago total; pues, habiéndose determinado por decisorio firme cual habría de ser el importe total que correspondía reconocer al acreedor por dicha causa, nada impide considerar que, la mentada "reserva" se transforme directamente en "dividendo", pues admitido el crédito en la resolución verificatoria, sólo quedaba por establecer su cuantificación final ante la existencia de remanente que permitió distribuir incluso los réditos que habían quedado suspendidos a la fecha de la declaración de quiebra.
Acordadas, amicus curiae, competencia de la Corte Suprema, deber de imparcialidad
Materia: CIVIL
Carátula: Juplast S.A. c/ Estado Nacional y AFIP s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-31

Resulta improcedente la presentación efectuada en una causa que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocando el carácter de Amigos del Tribunal - intervención creada mediante la acordada 28/2004-, cuando la petición tiene como objeto que el litigio sea resuelto en un determinado sentido y que se establezca así un precedente aplicable a casos análogos -iniciados o por promoverse-, en los cuales los presentantes o sus representados sean parte u ostenten un interés de carácter pecuniario comprometido en el resultado.
Prueba, carga de la prueba, facultades del juez, indemnización, gastos médicos
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: M., M. P. J. c/ Z., A. G. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-04

Al resolver acerca de la procedencia y cuantía del rubro gastos médicos, ya la Sala ha tenido ocasión de señalar que si bien no se desconocen las dificultades que a veces se presentan para obtener la totalidad de la documentación por las erogaciones realizadas por estos conceptos, dicho reclamo no deja de estar regido por las reglas generales en materia de carga probatoria (art. 381 -antes 377- del C.P.C.C.).

En ese contexto, a falta de probanzas idóneas y fehacientes y constatada la necesidad evidente de afrontar estas erogaciones durante cierto período, puede el magistrado en forma excepcional realizar una prudente estimación de dichos gastos presumibles y no documentados, en ejercicio de la facultad concedida por la norma procesal ya citada para fijar la indemnización por dicho perjuicio.
Competencia, competencia por conexidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goñi, Delia Inés c/ Acobel S.A. y Newman, Teodoro s/ Incidente de tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-11-04

Habiéndose intentado una tercería de dominio respecto de bienes embargados en el juicio ejecutivo principal que tramita ante un Juzgado de Paz, obvio resulta señalar que atento a la conexidad existente entre ambos procesos, debe la tercería tramitar ante el mismo Juez. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo con armas, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ahumada, Darío E. y otro s/ Recurso Extraordinario interpuesto por el Dr. Cerezo, Juan Mariano en Expte. Corte Nº 24/12 - Rec. de Casación de Sentencia Nº 09/12 (...) - Ahumada, Darío E. y otro - p.ss.aa. Robo Calificado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-02

La Cámara en lo Criminal, sala unipersonal, resolvió declarar culpable al imputado como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por ser cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por cuya violencia resultaron las lesiones previstas en el art. 90 del C. Penal, condenándolo a sufrir la pena de nueve años de prisión.

Contra esa resolución, el abogado defensor del imputado interpuso Recurso de Casación al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el defensor interpone el presente remedio federal.

No cabe admitir el agravio por la supuesta doble valoración prohibida en la determinación de la pena, de circunstancias comprendidas en el tipo penal endilgado: el empleo de armas de fuego y las lesiones ocasionadas a las víctimas.

Por una parte, debido a que el tema no fue planteado como correspondía en la carátula que precede el recurso, lo que obsta a su tratamiento por la Corte Suprema (art. 2º i de su Acordada Nº 04/2007).

Por otra, debido a que la crítica carece de fundamento, puesto que en la sentencia condenatoria esas circunstancias no fueron mencionadas en el capítulo pertinente entre las circunstancias que específicamente anotó el tribunal en contra del condenado.

Asimismo, en tanto la cuestionada referencia a dichas armas fue realizada por el tribunal para ilustrar el contexto en que ellas fueron empleadas: de noche; para golpear a las víctimas, de 70 años una y 67 años la otra; cuando éstas ingresaban a su vivienda, la que se encuentra alejada de otras (a 1000 m de cada vecino, dijo el damnificado); sin computar en el cálculo de la pena impuesta que el hecho haya sido cometido con armas -como requiere la calificación legal que le fue asignada-, sino la cantidad de injusto que en las circunstancias indicadas representaba el uso que fue hecho de ellas.

Así, la mención cuestionada no es una nueva desvalorización, sino una particularización del grado de desvalor de una única desvalorización o grado del desvalor (Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, Parte General, V, Ediar, pág.333).

En las condiciones referidas, esta Corte considera que el recurso carece de fundamento suficiente en los términos del art. 15 de la Ley 48, lo que obsta a su concesión.
Recurso extraordinario de nulidad, error judicial
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Jorge Ignacio y otro s/ Asociación ilícita - Robos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-27

Es atingente al recurso de inaplicabilidad de ley y ajeno al de nulidad el supuesto incumplimiento de lo requerido en el art. 351 (n.a.) del C.P.P..