Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-10


SENTENCIA DEFINITIVA Nº 73591 SALA V. AUTOS: "VAVALA PASCUAL Y OTRO C/ AUTOMOTORES ARMANDO S.A. Y OTRO S/ DESPIDO" (JUZGADO Nº 50).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 10 días del mes de noviembre de 2011, se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 386/389 se alza la parte actora conforme la presentación de fs. 403/411. Los agravios vertidos son contestados a fs. 413/416. A su vez, la representación letrada de la parte demandada (por su propio derecho) y el perito contador apelan a fs. 392/401 y 402, respectivamente, la regulación de sus honorarios profesionales por estimarlos reducidos.

II. Los primeros dos agravios de la queja principal se dirigen a cuestionar la evaluación de las declaraciones testimoniales y la falta de análisis del resto de la prueba producida. Por otra parte, se siente agraviada también la parte actora porque la magistrada de grado no tuvo en cuenta los expresos reconocimientos efectuados por Armando Automotores S.A. en su contestación de demanda (fs. 79/86) y que los actores fueron despedidos alegando una causa que no fue probada.

Ahora bien, tal como se señala a fs. 387, a 139 se tuvo a la parte actora por desistida de la acción respecto de la demandada Armando Automotores S.A. quedando esta pues, fuera de la litis. Resta solo como parte accionada Volkswagen Argentina S.A.

En tal ilación, y aunque no se coincida con la totalidad de los argumentos expuestos a fs. 388 por la magistrada, y aunque, solo por vía de hipótesis, quisiera entenderse que existen rubros pendientes de los cuales son acreedores los accionantes en virtud de la relación laboral que los uniera a Armando Automotores S.A. y que denun-ciaron a fs. 24 vta., de cualquier modo debería confirmarse el rechazo de la demanda en relación a la empresa automotriz mencionada en el párrafo anterior -única accionada en autos- pues de acuerdo con las defensas que opusiera en oportunidad de su responde (fs. 95/101) es mi opinión que no es aplicable a su respecto -y en cuanto a la vinculación laboral invocada en el inicio- la responsabilidad del art. 30 L.C.T. a que se refiere la apelación (fs. 406 vta./409; los fallos que se indican a fs. 27 vta. están referidos a dicha disposición legal), y porque es claro que no trabajaron los reclamantes bajo su depen-dencia ni en su establecimiento.

De los términos de fs. 24 vta. (demanda) surge claramente invocado que los Sres. Vavala ingresaron a trabajar bajo la dependencia de "Armando Automotores SACIF" en las fechas que indican a fs. 24, y que preparaban y reparaban rodados O km. entregados por la fábrica Volkswagen a Armando Automotores. Es claro pues, que se invocó expresamente el trabajo para una concesionaria de automotores. Y está admitido que existió entre ambas firmas un contrato comercial de concesión (fs. 96).

En tales condiciones, y como he propuesto resolver antes de ahora (entre otros casos "Castro Paucar, Fredy Leandro c/ Fiore S.A. y otros s/ Despido", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.417 del 23-12-2004), lo que existió entre la concesionaria y la fábrica automotriz fue un contrato de concesión respecto de determinados productos, que no encuadra en lo dispuesto por aquella norma legal al no tratarse de la actividad normal y específica propia de la fábrica de automóviles. Y ello lo ratifico por mi parte, más allá de que se haya dejado de lado la doctrina que sentara la C.S.J.N. en el caso "Rodríguez, Juan R. c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" (D.T. 1993-A, pág. 753), y sin perjuicio de lo decidido por el Alto Tribunal en "Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros" (sentencia del 22-12-2009), pues en este último caso se decidió la "inconveniencia" de mantener la ratio decidendi de "Rodrí-guez" para habilitar la instancia extraordinaria, pero se aclaró que se dejaba sin efecto la sentencia del allí a quo en tanto no se apoyaba en un criterio propio sobre la interpreta-ción y alcances del art. 30 L.C.T., sino que se reducía a un estricto apego a la doctrina mayoritaria de "Rodríguez"; incluso el considerando 6º del voto de la mayoría en "Benítez" dejó aclarado que la cuestión debía ser resuelta nuevamente ". en la plenitud jurisdiccional que le es propia a los jueces de la causa. Este resultado por cierto, no abre juicio sobre la decisión definitiva que amerite el tema sub discussio (artículo 16, primer parte, de la ley 48).. " En tal sentido, en este caso he de formular mi propia apreciación al respecto, contraria a la solidaridad de la demandada.

Así lo digo pues es claro a partir de la propia demanda e incluso de las declaraciones testimoniales (ver fs. 166/167, 168, 161-I/162-I) que los demandantes siempre laboraron en la concesionaria Armando Automotores domiciliada en la Av. La Plata 2941 como se indicó a fs. 24/vta. y que era esta quien realizaba en forma directa las ventas respectivas (fs. 168). El testigo Serra aclaró que la concesionaria poseía talleres donde se hacía el "servicio al cliente" sin perjuicio de la garantía de la fábrica; en este sentido aclaro que el solo hecho de que una fábrica extienda una garantía temporal sobre el producto (es normal en electrodomésticos por ejemplo) la cual a veces es ampliada por la empresa vendedora, no implica por si solo que el fabricante del producto sea responsable por los empleados del vendedor. El testigo Núñez indicó que Armando Automotores se dedicaba a la venta de autos; e incluso el declarante Sánchez expresó que en Armando Automotores había otra boca de ventas que era de Ford, y agregó que después de cierto kilometraje de garantía, Armando Automotores se seguía haciendo cargo de algunos automóviles (fs. 161-I/162-I).

Trátase en el caso de la demandada pues, de un industrial que vende a un comerciante los productos que fabrica y este último a su vez, coloca la producción adquirida entre su clientela, no pudiendo identificarse el control que ejerce el concedente sobre el concesionario -nota típica de la concesión- con la subordinación técnica, económica o jurídica requerida por el art. 30 de la ley 20.744 sin perjuicio de que el fabricante aparezca, ante el público, identificado con el concesionario, lo que es bien diferente. Así se señaló también en el fallo dictado por la Sala VI de esta Cámara en la causa "Laurens, Adriana M. c/ Maldonado Automotores S.A. y otro" (sentencia del 5-9-2003, diario La Ley del miércoles 24 de setiembre de 2003, pág. 14), precedente en el que puede apreciarse asimismo, un interesante y detallado análisis del concepto de concesión (voto del Dr. Fernández Madrid), a lo que me remito por razones de brevedad.

Los Sres. Vavala no laboraron en la unidad técnica propia de Volkswagen Argentina, no prestaron servicios en su establecimiento, ni la actividad efectivamente cumplida por Armando Automotores forma parte del establecimiento de la hoy deman-dada.

Como he dicho también antes de ahora, nadie en principio fabrica productos con la sola finalidad de almacenarlos en un stock sin destino sino que, por el contrario, los elabora para venderlos y hacerlos llegar a otros (el público en general en los casos de productos de consumo masivo o para venta minorista para lo cual pueden utilizarse distintos canales de distribución, o bien a otros empresarios en los casos -por ejemplo- de insumos que utilizan a su vez otros fabricantes) mas tal circunstancia no puede derivar razonablemente en mi opinión, en la consecuencia de que siempre, forzosamente, la distribución o comercialización de la mercadería fabricada constituya el objeto normal y específico propio del establecimiento.

Reitero que de las declaraciones testimoniales de Serra, Núñez y Sánchez ya referidas, se sigue que los actores trabajaron en el establecimiento y bajo la dependen-cia de Armando Automotores S.A. y no de Volkswagen Argentina S.A. y que en tales condiciones no puede considerarse razonablemente -a mi entender- que haya existido propiamente unidad técnica de ejecución alguna.

Es mi opinión entonces que correspondería confirmar la sentencia que rechaza la acción instaurada contra Volkswagen Argentina S.A.

III. Con lo expuesto resulta abstacto expedirse sobre el cuarto agravio de fs. 409/411.

IV. Finalmente, hay apelaciones por honorarios (fs. 392/394, 402, 403) fijados en $ 4.000 (letrados parte actora), $ 7.000 (ídem parte demandada) y $ 2.000 (perito). El monto total de reclamo fue de $ 279.968 (fs. 26 vta.). Y desde tal óptica, considerando el mérito e importancia de las labores cumplidas y normas arancelarias de aplicación (ley 21.839 y decreto-ley 16.638/57) los estipendios no son altos -apelación de fs. 403-.

Por lo demás, es de recordar que a estos efectos, cabe tener en considera-ción que, además de la normativa de la ley 21.839 y el decreto-ley 16.638/57, debe tenerse en cuenta el art. 13 de la ley 24.432 que obliga a que las regulaciones de honorarios guarden una adecuada proporción con las labores efectivamente cumplidas.

Desde otro ángulo, la regulación de estipendios profesionales no depende exclusivamente del monto del juicio y de las escalas dispuestas en las normas arancela-rias, sino de un conjunto de pautas precisas previstas en los regímenes respectivos que deben ser evaluadas por los jueces y entre las que se encuentran la naturaleza y comple-jidad del asunto, la índole, extensión, calidad y eficacia de los trabajos realizados, y la manera de arribar a una solución justa y mesurada acorde con las circunstancias particulares de cada caso. Y, por otra parte -en lo que respecta al perito-, el art. 3 del decreto-ley 16.638/57 no establece que la escala allí prevista se aplique derechamente sobre el monto de la demanda, sino que en su inciso b prescribe que se considerará monto del juicio la cantidad fijada en la sentencia o transacción (en el caso no hay monto alguno) y, para el caso en que esta última no alcance al 75% de lo pretendido en el inicio, determina que el juez podrá fijar los honorarios teniendo en cuenta un porciento mayor al que corresponda según la cantidad establecida en la sentencia.

Establecer los honorarios profesionales mediante la aplicación automática de los porcentuales fijados en la ley, aun del mínimo establecido, puede dar por resultado subas o bajas exorbitantes y desproporcionadas en relación con las constancias de la causa, no compatibles con los fines perseguidos por el legislador al sancionar la ley ni con los intereses involucrados en el caso. En la cuestión de regulación de honorarios es de aplicación el principio elaborado por nuestro más Alto Tribunal, según el cual la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de los textos legales, sino que requiere del intérprete la búsqueda de la significación jurídica o de los preceptos legales aplicables que consagre la versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu, debiendo desecharse las soluciones notoriamente injustas que no se avienen con el fin propio de la investigación judicial de determinar los principios acertados para el reconocimiento de los derechos de los litigantes (Fallos 253:267 entre otros - C.S.J.N., D. 163 XXXVII. R.O., 14-2-2006 "D.N.R.P. c/ Vidal de Docampo, Clara Aurora" en especial considerandos 10, 11, 12 y 13 del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Carlos Maqueda).

Por todo ello, los estipendios no resultan reducidos y propicio se los confirme.

V. Las costas de alzada, considerando que en la cuestión fundamental aquí tratada existen diferentes criterios doctrinarios y jurisprudenciales, deberían declararse por su orden (art. 68 2ª parte C.P.C.C.N.), regulándose a los Dres. Ricardo Ruggiero y Luis María Casares (h) las sumas de $ 1.300 y $ 1.800 respectivamente conforme resultado de la apelación y mérito e importancia de sus trabajos (art. 14 L.A.).

EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.- Disiento, respetuosamente, de la solución propuesta por mi distinguida colega preopinante con respecto a la responsabilidad solidaria que le cabe a la demandada Volkswagen Argentina S.A en los términos del art. 30 de la LCT.

Ello es así, pues considero que las pruebas producidas en la causa revelan que los actores desarrollaron para su ex empleadora, Automotores Armando S.A., tareas relacionadas con la comercialización de los automotores fabricados por Vokswagen Argentina SA.

Sobre el punto objeto de análisis resulta pertinente memorar que el artículo 30 de la LCT establece que en todos los casos, subcontratista y contratista principal son solidariamente responsables de las obligaciones laborales y previsionales contraídas durante el vínculo entre ambos o al tiempo de su extinción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la ley de contra-to de trabajo impone la solidaridad a las empresas -organización y gestión propia que asume los riesgos, obligaciones y responsabilidades- que, teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por sí en todo o en parte, sino encargar a otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso atendiendo al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares que se hayan acreditado (CSJN 14-3-95, "Gauna, Tolentino y otros C/ Agencia Marítima Rigel SA y otros", 25-6-96, "Vuoto, Vicente C/ Cía. Embote-lladora Argentina SA").

Sentado ello, observo que la prueba pericial contable producida (ver fojas 330/2) determina que el concesionario se encuentra obligado frente a Volkswagen Argentina SA a: 1) "Desarrollar su negocio teniendo en cuenta las informaciones que le suministrará la Compañía, lo que lo ilustrarán sobre su política de ventas a desarrollar, así como también sobre otros temas relacionados con sus actividades comerciales, administra-tivas y técnicas"; 2) "Mantener en todo tiempo un local adecuado con un salón de exposición y un taller de reparaciones bien equipado. El local deberá contar con la aprobación de la Compañía, debiendo exhibirse letreros aprobados por la Compañía. En Sección Repuestos deberán instalarse estanterías modernas aprobadas por la Compañía. El taller de reparaciones deberá contar con instalaciones, equipos y herramientas recomenda-dos por la Compañía y también con la unidad de auxilio-remolque. Las dependencias del taller deberán mantenerse limpias y bien presentadas, deberán emplearse vendedores y mecánicos competentes"; 3) "Instalar y emplear sistema contable uniforme indicado por la Compañía, debiendo suministrar a la Compañía estados económicos exactos. También deberá el Concesionario suministrar a la Compañía informes técnicos de existencias y de ventas o de otra índole que se les requieran"; 4) "Seguir las directivas y programas que la Compañía establezca para la mejor atención y servicios de los clientes y unidades, y cumplimentará los planes de acción tendientes a la mejora de la calidad de atención y servicio"; 5) "Hacer reparaciones a los automóviles de pasajeros, vehículos comerciales y demás productos de la Compañía, ya sea vendidos por él o por otro Concesionario, y a prestar el servicio a que tiene derecho el comprador de tales productos del Concesionario o bien de otros Concesionarios autorizados, y a efectuar esos trabajos y/o prestar ese servicio con prontitud y esmero, y no retirará o alterará ni autorizará o permitirán que se quite o altere la chapa o cualquier otro elemento con la marca de la Compañía, número del motor ni otros números o marcas colocadas en los automóviles"; 6) "No formular representación o garantía alguna respecto de Productos de la Compañía en nombre de la misma, sino a remitirse para con los compradores de la Garantía establecido por la Compañía para el producto particular de que se trate"; 7) "Evitar en toda forma, aquellas prácticas que puedan ser perjudiciales al buen nombre de la Compañía"; 8) "No vender otros productos que los indicados por la Compañía, salvo autorización expresa y escrita. El Concesionario no podrá hacerse cargo de servicio mecánico oficial de vehículo de otras marcas"; 9) "Cumplir con la política publicitaria que fije la Compañía" (ver fs. 330 vta./331). Observo que tales términos del contrato que existiera entre la demandada y la concesionaria no han sido objeto de impugnación (arts. 386, CPCCN y 155, L.O.).

Lo expuesto revela que el concesionario debía cumplir con obligaciones propias y específicas de Volkswagen Argentina SA, y que para el desenvolvimiento de su giro empresario estaba sujeta a lo que ésta determine, lo que comprendía no sólo la exclusividad en la comercialización de los productos, sino también en lo atinente a pautas de atención al público, mobiliario, organización empresarial, publicidad, sistema de contabilidad, e incluso debía asumir la reparación de automóviles en garantía producidos por la demandada que hubiesen sido comercializados por otras concesionarias; hallándose en todo momento supeditada a las inspecciones y controles que pudiera efectuar la "Compañía".

En el caso resulta incuestionable que la actividad de comercialización de vehículos que realizaba el concesionario Armando Automotores S.A. y la actividad comercial de la demandada, se encuentran estrechamente vinculadas y están insertas en un sistema de organización interna (artículo 6 de la LCT) implementado por el concedente en cuestión para hacer posible el cumplimiento de su finalidad, que es proveer al mejor desenvolvimiento y consecución de los fines económicos que persigue y permitir el desarrollo de su objeto principal.

Lo expuesto no implica que la responsabilidad solidaria en los términos de-finidos por el art. 30 de la LCT resulte necesariamente aplicable a todos los contratos de concesión como generaliza la accionada en el responde (ver fs. 97), ni que -como allí señala- deban distinguirse los supuestos en los cuales el fabricante de un determinado producto decide desligarse de su venta directa al consumidor, al sostener que éstos pueden ser vendidos ".A TRAVÉS DE UN CONCESIONARIO, QUE ES UN COMERCIAN-TE INDEPENDIENTE QUE PROMUEVE NEGOCIOS DE MANERA AUTÓNOMA, VENDIENDO, SIN NINGUNA EXCLUSIVIDAD, BIENES QUE PRODUCE OTRO" (textual, fs. 96 vta., 3er. párr.). Mas débese convenir que el supuesto que ejemplifica la accionada no es el del caso de autos, en el que se verifica precisamente todo lo contrario, pues, amén del tipo formal del contrato elegido (concesión), de los términos antes reseñados de éste se desprende que el concesionario de ninguna manera promovía y ejecutaba sus negocios en forma "autónoma" y menos aun sin "ninguna exclusividad", pues la automotriz demanda tenía una fuerte injerencia en todas las etapas de la comercia-lización de los productos, a punto tal que fijaba hasta cómo debía ser efectuada la atención al público y el mobiliario del local comercial y del taller, en el cual debía incluso brindarse servicios a los automóviles en garantía vendidos a través de otras concesionarias.

Similares consideraciones merecen lo sostenido por la accionada en cuanto a que ".no corresponde la aplicación del art. 30 LCT toda vez que un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución." (fs. 97 vta., penúlt. párr.). Ello así por cuanto en el caso, aun cuando potencialmente resulte factible que la automotriz demandada pueda desligarse de cubrir toda la cadena de comercialización vendiendo los productos que fabrica a otro empresario, ha sido la propia accionada quien, evidentemente, decidió no desprenderse de dicha actividad, ya que si bien optó por efectuar la etapa final de venta de los automotores fabricados a través de concesionarios, conservó para sí numerosas potestades para dirigir dicha actividad, a cuyo efecto basta con remitirse a la reseña efectuada.

Todas estas circunstancias determinan que se encuentran configurados los presupuestos que prevé la normativa en cuestión y por ello propongo revocar lo decidido acerca de dicho punto en la sentencia apelada.

III.- Como consecuencia de lo anterior, toda vez que la accionada es res-ponsable solidaria de los créditos que pudieren emerger de los contratos de trabajo que mantuvieran los actores con Automotores Armando S.A., corresponde ahora abordar los agravios de la parte actora contra el rechazo de los reclamos salariales e indemnizatorios formulados en la demanda.

En virtud de ello, se impone previamente dar tratamiento a la excepción de prescripción que fuera opuesta oportunamente por la accionada. A tal efecto aprecio que el curso de la prescripción respecto de los créditos salariales aquí reclamados fue suspendido por el término de un año en los términos previstos por el art. 3986 del Código Civil como consecuencia de la interpelación al pago de dichos rubros que fue cursada mediante telegramas de fecha 7 de mayo de 2002, recibida al día siguiente (ver informe de fs. 190). Por otra parte, las actuaciones ante el SECLO también suspendieron el cómputo del plazo de prescripción por el término de seis meses contados a partir del 5 de noviembre de 2002 en que éstas fueron iniciadas (ver fs. 52/3), de acuerdo a la doctrina fijada por el Fallo Plenario nº 312 de esta CNAT en autos "Martínez, Alberto c/ YPF S.A.". No obstante, cabe aclarar que dicho período (que finalizó en fecha 4/5/03) queda comprendido en el de un año en los términos del art. 3986 (que expiró el 6/5/03).

Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada en fecha 25 de agosto de 2004 (ver cargo inserto a fs. 29 vta.), se encuentra prescripto cualquier crédito salarial devengado con anterioridad al 25 de agosto de 2001, lo que comprende, teniendo en cuenta los reclamos de la demanda, el s.a.c. correspondiente al primer semestre de 2001, el que corresponde declarar prescripto. Así lo dejo propuesto.

IV. En la sentencia apelada se concluyó que ".no existe ninguna otra pro-banza que permita siquiera suponer con quien y/o quienes fue realmente la vinculación del actor." (fs. 388, 2º párr. in fine), lo que cuestiona la recurrente al argumentar que la plataforma fáctica de la demanda se encuentra probada mediante los testimonios y la prueba instrumental producida en autos. Adelanto que, en mi opinión, asiste razón a la recurrente.

Los testigos que declararon a propuesta de la parte actora (Serra, fs. 166/7; Nuñez, fs. 160; y Sánchez, fs. 161I) manifestaron haber trabajado para Automotores Armando S.A. junto a los actores y observo que estos testimonios no merecieron impugna-ción de la accionada (arts. 90 LO y 386 CPCCN). Asimismo, del informe suministrado por la Administración Federal de Ingresos Públicos surge que dicha sociedad comercial efectuó aportes en el carácter de empleador de ambos actores (ver fs. 225/40), el cual no mereció impugnación de la accionada (art. 403 CPCCN). Cabe agregar que, no obstante el reconocimiento efectuado del intercambio telegráfico por Automotores Armando S.A., el Correo Argentino se expidió a fs. 190 acerca de las piezas postales allí acompañadas.

Por último cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 30 de la LCT, respecto de cuya aplicación al caso ya me he expedido, la demandada Volkswagen Argentina S.A. se encontraba obligada al control del cumplimiento de las obligaciones de los contratos de trabajo mantenidos por su contratista (Automotores Armando S.A.) entre los cuales se encuentra probado que se encontraban los actores. Al no haber invocado -y menos demostrado- haber satisfecho tales obligaciones a su cargo, considero que dicho incumplimiento constituye, a mi modo de ver, un indicio a favor de la parte actora acerca de lo aseverado en el escrito inicial respecto de las obligaciones en cuestión (art. 163 inc. 5º CPCCN).

En virtud de todo lo expuesto, como adelantara, considero demostrada la existencia de los contratos de trabajo de los actores de acuerdo a la fecha de ingreso y remuneración invocada en el escrito inicial, que fue reconocida en juicio por la ex empleadora de éstos (arts. 377 y 386 CPCCN).

V. Consecuentemente, teniendo presente que la accionada no demostró la causal que fuera invocada por la ex empleadora al despedir a cada uno de los actores en las respectivas cartas documento de fecha 3 de mayo de 2002, son procedentes las indemnizaciones reclamadas con sustento en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

En atención a la fecha en que se produjeron los distractos, también son viables los incrementos resarcitorios requeridos con fundamento en el art. 16 de la ley 25.561. Ello así por cuanto considero que corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad que al respecto formula la parte demandada (ver fs. 99 vta./100), por cuanto débese recordar que es facultad del legislador regular las normas que resulten menester para garantizar la adecuada protección al trabajador contra el despido arbitrario que resguarda el art. 14 bis de la Constitución Nacional, sin que en el caso se avizore que la normativa cuestionada avasalle otros derechos resguardados por la Carta Magna como asevera -aunque sin fundamentos concretos- el apelante. Nótese, a todo evento, que el hecho de que mediante la normativa examinada se haya incrementado la reparación tarifada por despido obedece a la situación de emergencia pública que motivara su sanción (conf. art. 1º, ley cit.), por lo que tal decisión se presenta razonable atendiendo a que en tal coyuntura luce objetivamente asequible que el despido provoque mayores perjuicios a los trabajadores dependientes.

Asimismo corresponde hacer lugar a los salarios adeudados de febrero, marzo, abril y días de mayo de 2002, s.a.c. del 2º semestre de 2001, y proporcional del 1er. semestre de 2002, y vacaciones proporcionales de 2002, toda vez que la accionada no demostró el pago de dichos rubros mediante recibos (art. 138 LCT) u otro medio de prueba.

En cambio, corresponde desestimar los salarios posteriores al distracto y hasta junio de 2002 pues, más allá de la evidente contradicción que encierra el devengamiento de salarios posteriores a la fecha del despido, observo que los actores no demostraron que hayan concurrido a prestar tareas con posterioridad al despido durante la tramitación del procedimiento de conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo como se sostuvo en la demanda (art. 499 Cód. civil).

Tampoco hallo viables las reclamaciones que figuran en la liquidación practicada en la demanda en concepto de "APORTES IMPAGOS", "130 HORAS IMPAGAS" y "LEY 24.013" toda vez que la parte actora omite explicar en forma concreta y detallada los fundamentos de hecho y de derecho en base a los que formula éstos y, por añadidura, tampoco surge de los extremos fácticos expuestos en la demanda ni de la prueba rendida en autos, la existencia de horas trabajadas que no hayan sido abonadas, sin contar -claro está- los últimos meses de salarios que se hallan impagos. Por otra parte, los actores -en principio- carecen de derecho a reclamar "aportes" (art. 499 ya cit.). Por similares argumentos, también corresponde desechar el reclamo efectuado en concepto de vacaciones de 2001, toda vez que -a todo evento- éstas no son compensables en dinero (art. 162 LCT).

VI. A fin de establecer los montos de los créditos de condena, tendré presente los datos denunciados en la demanda respecto de las fechas de ingreso al empleo de los actores Pascual Vavala y Carmelo Vavala (6/4/1968 y 1/7/1963, respecti-vamente) y la remuneración mensual percibida (ambos $1.432) los cuales, conforme al análisis efectuado, he tenido por acreditados.

Sobre dicha base, corresponden a los actores los siguientes rubros y montos de condena:

PASCUAL VAVALA: Indemnización art. 245 LCT, $48.688 ($1.432 x 34 pe-ríodos resarcibles); la indemnización sustitutiva del preaviso, incluyendo la incidencia del s.a.c., $3.102,67 ($1.432 x 2= $2.864 más su dozava parte); integración del mes de despido (28 días) con más el s.a.c. respectivo, $1.401,21; incremento del art. 16 de la ley 25.561, $48.688; salarios de febrero, marzo y abril de 2005, $4.296 ($1.432 cada período); remuneración por días de mayo de 2005 (3), $138,58; s.a.c. 2º semestre de 2001, $716; s.a.c. proporcional 1er. semestre de 2002, $488,88; y vacaciones proporcio-nales de 2002 (12 días) con inclusión del s.a.c., $744,64. Total: $108.263,98.

CARMELO VAVALA: Indemnización art. 245 LCT, $55.848 ($1.432 x 39 pe-ríodos resarcibles); la indemnización sustitutiva del preaviso, incluyendo la incidencia del s.a.c., $3.102,67 ($1.432 x 2= $2.864 más su dozava parte); integración del mes de despido (28 días) con más el s.a.c. respectivo, $1.401,21; incremento del art. 16 de la ley 25.561, $55.848; salarios de febrero, marzo y abril de 2005, $4.296 ($1.432 cada período); remuneración por días de mayo de 2005 (3), $138,58; s.a.c. 2º semestre de 2001, $716; s.a.c. proporcional 1er. semestre de 2002, $488,88; y vacaciones proporcio-nales de 2002 (12 días) con inclusión del s.a.c., $744,64. Total: $122.583,98.

VII. De acuerdo a mi propuesta, los montos totales de condena a favor de los actores Pascual Vavala y Carmelo Vavala deberían fijarse en las sumas de PESOS CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($108.263,98) y PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL QUI-NIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($122.583,98), respectivamente, las cuales devengarán intereses a partir desde la que cada una de ellas es debida y hasta el momento del efectivo pago, a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (art. 622, código civil), de conformidad con lo resuelto por la C.N.A.T. mediante acta 2357 de fecha 7-5-2002 (aclarada por resolución nº 8 del 30/5/02).

VIII. Como consecuencia de la revocatoria propugnada, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios, y adecuarlos al nuevo resultado del litigio (conf. art. 279 cód. procesal), resultando abstractos los recursos interpuestos al respecto. De acuerdo a la solución propuesta, correspondería imponer las primeras a la demandada vencida en lo sustancial de la contienda (art. 68 C.P.C.C.N.). Sugiero asimismo regular los honorarios de la representación letrada de los accionantes (no se registra alegato) en el 15,50%, los de la representación letrada de la demandada (esta parte cumplió la etapa de alegar a fs. 375/82) en 12%, y los del perito contador en 6%. Estos porcentajes deben calcularse sobre el capital de condena más intereses y han sido fijados teniendo en cuenta el mérito e importancia de las labores y el resultado del pleito en relación con cada parte (conf. arts. 38 L.O., 1, 6, 7, 9, 19, 39 y cc. ley 21.839/24.432 y dto. ley 16.638/57).

IX. En atención a la suerte que he propiciado al recurso, las costas de alzada deberían imponerse a la parte demandada (conf. arts 68 cód. proc.); mociono regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos de fs. 403/11 (Dr. Ricardo Ruggiero) y de fs. 413/16 (Dr. Luis María Casares) en el 35% y 30% de lo que respecti-vamente les corresponda percibir a los abogados actuantes por las partes actora y demandada por las tareas desarrolladas en la instancia anterior (art. 14 ley arancelaria).

EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

Por las razones expuestas, adhiero al voto del Dr. Zas.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE: 1º) Revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda, condenando a VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. a pagar a los actores PASCUAL VAVALA y CARMELO VAVALA las sumas de PESOS CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTA-VOS ($108.263,98) y PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($122.583,98), respectivamente, con más los intereses determinados en el punto VII del segundo voto de este acuerdo. 2º) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios. Fijarlas conforme a los términos que surgen del punto VIII del segundo voto. 3º) Imponer las costas de alzada y regular los honorarios correspondientes de acuerdo al punto IX del segundo voto. 4º) Reg., not. y dev.. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MLF María C. García Margalejo Oscar Zas Juez de Cámara Juez de Cámara Enrique Néstor Arias Gibert Juez de Cámara