Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-22


Juzg. 5, Secr. 10 Causa N° 14.590/2003/CA2 "S. A. J. C. y otro c/ Estado Nacional Ministerio de	Defensa Ejército Argentino y otro s/ daños y perjuicios" Buenos Aires, 22 de mayo de 2014.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 1008 contra la resolución de fs. 995, fundado a fs. 1024/31vta., cuyo traslado no fue contestado (ver fs. 1015, 1021 y1032), y CONSIDERANDO:

1. El Estado Nacional (Ejército Argentino) se agravia por cuanto el a quo rechazó el pedido de fs. 974/80, mediante el cual solicitó el levantamiento de los embargos decretados a fs. 937/vta. y a fs. 961 sobre los fondos depositados en el Banco de la Nación Argentina (BNA).

Para decidir de ese modo, el señor juez hizo mérito de que el demandado no incluyó los créditos adeudados en el presupuesto 2013 como estaba obligado legalmente. Asimismo, desestimó la aplicación de la ley 26.854 invocada por el Estado, con fundamento en que el embargo tiene su origen en una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada y en disposiciones procesales que rigen su ejecución.

2. El recurrente sostiene que efectuó la previsión presupuestaria para el ejercicio 2014 de acuerdo con el procedimiento del art. 22 de la ley 23.982 y en la ley 24.624. Destaca que dicha norma es de orden público y excluye las disposiciones del Código Procesal sobre ejecución de sentencias (arts. 505 y siguientes). Invoca el carácter declarativo de las sentencias que condenan al Estado Nacional, el fallo de la Corte Suprema in re "La Austral" (Fallos 321:3384) y la ley 26.854 en cuanto prohíbe a los jueces decretar medidas cautelares que afecten, obstaculicen, comprometan o distraigan de su destino o de cualquier forma perturben recursos propios del Estado.

Sobre esa base, solicita que se levanten los embargos decretados a fs. 937 y 961, conforme con lo establecido en el art. 220 del Código Procesal.

3. En primer término, corresponde precisar que, con motivo del desistimiento parcial de fs. 1040 (ver 1052vta.), el recurso de apelación quedó circunscripto al embargo decretado a fs. 961 por los honorarios regulados al consultor técnico de la actora en la sentencia definitiva de fs. 817/21, que confirmó la condena -por las sumas fijadas por este Tribunal en ese fallo- y le impuso las costas de primera instancia a los demandados.

Dicha sentencia quedó firme con el rechazo del recurso extraordinario deducido por el Estado Nacional, resolución que le fue notificada el 18 de noviembre de 2011 (ver fs. 844/vta.).

El art. 22 de la ley 23.982, invocado por el recurrente, prescribe que el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1° de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento, y que el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo.

Sobre esa base, la Corte Suprema ha decidido que procede la ejecución de las sentencias contra el Estado Nacional en las condiciones descriptas en la citada norma o que encuadren en la hipótesis del art. 20, primera parte, de la ley 24.624, pues en el primer caso el acreedor está legitimado para ejecutar su crédito en virtud de una habilitación expresa de la ley, en tanto que en el segundo supuesto cuenta con una partida presupuestaria afectada al cumplimiento de la sentencia (in re "Giovagnoli", del 16-9-99, Fallos 322:2132). Asimismo, precisó que si el Poder Ejecutivo nacional no cumple con el deber que le impone el referido art. 22, el acreedor está facultado, de todos modos, a ejecutar la condena dineraria en los términos previstos por la norma, pues no es admisible que el Estado Nacional demore el acatamiento de un fallo judicial mediante el incumplimiento de un deber legal.

Ahora bien, para decidir si en este caso concreto el demandado ajustó su conducta a dicho régimen normativo -como se sostiene en el memorial-, es necesario remitirse al art. 132 de la ley 11.672 (t.o. según decr. 1110/05), en el cual se prevé que los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado Nacional al pago de una suma de dinero deben ser satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas Jurisdicciones y Entidades del Presupuesto General de la Administración Nacional, sin perjuicio del régimen de las leyes 23.982 y 25.344. Y, asimismo, establece que en el caso de que el Presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las Jurisdicciones y Entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo remitir al Ministerio de Economía, con anterioridad al 31 de agosto del mismo año, el detalle de las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto (cfr. Corte Suprema, in re "Fernández, Abel y otros c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ cobro de seguro", F.301.XLI, del 26-2-2008; esta Sala, causa 10.171/01 del 4-7-2013 y sus citas).

Desde esa perspectiva, el embargo cuestionado debe ser mantenido, habida cuenta de que el Estado Nacional quedó notificado el 10 de junio de 2011 de la sentencia que fijó los honorarios del profesional (ver fs. 817/21 y fs. 829/vta.), la cual -como se dijo- quedó firme con el rechazo del recurso extraordinario notificado el 18 de noviembre de 2011 (fs. 842/vta. y 844/vta.), fecha a partir de la cual se encontraba en condiciones de efectuar la previsión en el presupuesto de 2013 para proceder a su pago, de acuerdo con las normas citadas en los párrafos anteriores.

4. El demandado comunicó la previsión presupuestaria de la suma regulada al consultor técnico para el ejercicio 2014 (fs. 910 y 913) y se opuso a los embargos decretados a fs. 937 y 961 con el argumento de que a partir de la notificación del auto aprobatorio de la liquidación, ocurrida en agosto de 2012, estaba en condiciones de efectuar la previsión (fs. 974/vta.).

Empero, la liquidación que invocó el Estado Nacional se limitó al crédito de la actora y a los honorarios de su letrado (fs. 851/vta., 862 y 863/vta.). La intimación del consultor técnico fue por la suma fijada en la sentencia definitiva (ver fs. 821, 854/vta., 869/vta. y 870/vta.), por lo cual ese argumento no es aplicable al referido crédito.

Por lo demás, la previsión presupuestaria se debe hacer, en principio, en base a los reconocimientos administrativos o judiciales firmes (art. 22 de la ley 23.982 y art. 132 de la ley 11.672) y no de liquidaciones aprobadas; y en forma suficiente para cancelar en forma íntegra el crédito que de ellos resulte, cuando su contenido establece el monto del capital y las pautas para el cómputo de los intereses, extremos que permiten al deudor efectuar la previsión, siempre y cuando obre con diligencia y sin el propósito de demorar el pago que es debido (esta Sala, causas 7186/92 del 4-5-2006, 8257/04 del 19-9-2007 y 9902/02 del 22-10-2013; Sala 1, causas 3478/93 del 8-11-2001, 2271/06 del 16-5-2006 y 3394/92 del 25-6-2009; Sala 2, causas 1109/98 del 6-7-1999 y 5562/98 del 28-6-2000).

5. En síntesis, como el demandado no obró de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen sobre el cumplimiento de las sentencias condenatorias del Estado Nacional, el profesional se encontraba habilitado para solicitar el embargo -como lo hizo a fs. 959/60-, a fin de proceder a la ejecución judicial de su crédito (Corte Suprema, "Giovagnoli", Fallos 322:2132), por lo que no se puede admitir el agravio fundado en la ley 24.624 y en el precedente "La Austral c. LADE" (Fallos 321:3384).

En ese último fallo, la Corte Suprema precisó los alcances de la doctrina fijada en la mencionada causa "Giovagnoli", al destacar que la aplicación mecánica y generalizada del art. 19 de la ley 24.624 sin consideración alguna a lo que prevén el art. 22 de la ley 23.982 y el art. 20 de la ley 24.624, conduciría a la frustración de los derechos de los particulares que se encuentren en condiciones de ejecutar las sentencias con arreglo a estas dos últimas normas lo que no condice con la intención del legislador (Fallos 297:142; 299:93; 301:460); y que, semejante criterio hermenéutico debe ser desechado con fundamento en la doctrina de Fallos 258:75; 301:460 y 307:518 -considerando 10 y sus citas-, porque implica que el órgano competente para fijar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional (art. 75, inc. 8, de la Constitución Nacional) ha legislado contradictoriamente sobre un mismo tema autorizando, por una parte, a ciertos acreedores a cobrarse sobre el producto de la venta de los bienes embargados (art. 22, in fine de la ley 23.982 y art. 20, primera parte, de la ley 24.624) y disponiendo, por la otra, el levantamiento de los embargos que tornan posible tales ejecuciones.

Asimismo, agregó que la finalidad perseguida con la sanción del art. 19 de la ley 24.624 fue la de evitar que se afectaran fondos destinados a la ejecución del presupuesto general de gastos y recursos; y que de ello cabía concluir en que esa disposición no obstaba a la ejecución de las sentencias que estuvieran en las condiciones descriptas en el art. 22, in fine, de la ley 23.982 o que encuadren en la hipótesis del art. 20, primera parte, de la ley 24.624.

Tal inteligencia del régimen normativo en cuestión, conduce a desestimar, igualmente, el agravio sustentado en la improcedencia del embargo con arreglo a las disposiciones de la ley 26.854. A lo cual cabe añadir que el recurso no contiene, en ese punto, una crítica concreta y razonada de la decisión del a quo, quien rechazó con acierto el planteo por el carácter ejecutorio del embargo decretado, en tanto que el recurrente se limita a invocar la aplicación de un régimen que dispone sobre las medidas o pretensiones cautelares en las que es parte el Estado Nacional (ver art. 1°).

6. A los fundamentos expuestos, cabe agregar que iniciado el ejercicio presupuestario de 2014, no hay constancia en el expediente de que el Estado Nacional hubiera cancelado el crédito del consultor técnico ni siquiera informado con precisión la fecha en que lo haría, lo cual lleva a desestimar el recurso interpuesto, máxime cuando en 2013 dio en pago al actor y a su letrado las sumas embargadas (fs. 1040/vta.).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios, con costas (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

No se regulan honorarios en atención a lo dispuesto en el art. 2 de la ley 21.839 y a que no se respondió el traslado del recurso.	Hágase saber a los letrados la vigencia de las Acordadas CSJN N° 31/11 y 38/13 (B.O. del 17-10-2013).

El Dr. Guillermo Alberto Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo Graciela Medina