marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Propiedad horizontal, actividades molestas, juicio sumarísimo, detención
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: ARAUZ, Juan Carlos y otros c/ MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA CIENTIFICA s/ CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-30

Si iniciada una acción en los términos del art. 15 de la ley 13.512, el proceso acelerado se ha transformado en la práctica en uno de conocimiento y se ha frustrado la eficacia perseguida por la referida norma -conseguir el rápido y eficaz cumplimiento de las finalidades del art. 6-, aplicar sanciones luego, operaría antes que un modo de realizar el objetivo principal de rapidez, una especie de represalia tardía que no preveería el resultado que en el tiempo de promoverse el sumarísimo se perseguía.
Locación, locatario, locador, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: LIPCEN, FELIPE Y OTRA c/ VIOLA, LUIS RAMON s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-22

Si las partes pactaron el arrendamiento de un terreno baldío, con obligación del locatario de construir determinados metros cuadrados de superficie cubierta, el inquilino no debía recibir pago alguno por la construcción . Hasta allí resulta de aplicación el art. 1539 del Código civil. Pero si luego el arrendatario del terreno baldío edificó más metros cubiertos a la vista y paciencia de los locadores, la norma jurídica que encuadra a esa construcción no contemplada en el contrato es el art. 1535 del Código civil. En este caso no caben dudas que lo construido en más es una mejora útil. En este caso no sería equitativo que el locador, al término del contrato pretendiese quedarse con ellas sin compensación para quien los hizo. Su conducta debe considerarse como una autorización que lo obliga a pagar el mayor valor con que el bien raíz baldío se ha beneficiado. De seguirse otra tesis contraria a la norma jurídica precitada, y se consagraría un enriquecimiento sin causa a favor de los locadores, sobre los metros cubiertos construidos aparte de los expresamente convenidos en el contrato.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones de hecho y prueba, jueces, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ríos, Amalia c/ Morales, Juan Alberto y Empresa de Transporte Godoy S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ Nº   1954-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-03-10

Incurre en el vicio de arbitrariedad en la apreciación de los hechos y la prueba, el Tribunal a-quo que no valoró adecuadamente una serie de circunstancias que surgían del expediente penal, que apreciadas en conjunto y en un contexto integrador, adquirían especial relevancia para la solución del caso, ya que, si bien los jueces no están obligados a ponderar exhaustivamente todas las pruebas agregadas, no pueden descartar o prescindir de examinar aquellas conducentes a efectos de lograr una diversa decisión final del pleito, aunque más no sea en forma parcial. Y si bien no le concierne a la Corte indicar a los Tribunales de la causa el concreto mérito que tienen las probanzas de autos, ni mucho menos imponerles el dictado de una resolución, si le atañe, por imperio constitucional y legal, exigirles una suficiente fundamentación de las aserciones que se efectúen en el fallo, aspecto que, por todo lo dicho, en la especie no aparece adecuadamente satisfecho.
Empleo público, renuncia al empleo, actos consentidos, nulidad del acto administrativo, falta de impugnación, acción contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieva, Lucía Leonor c/ Provincia de Catamarca s/ Acción de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-12-19

El primer decreto 820/99, por el que se acepta la renuncia a la actora y cuya nulidad se solicita, no resulta revisable por haberse obviado los pasos y los tiempos establecidos por la ley de rito en la materia que permiten habilitar esta instancia judicial, habiendo por ende adquirido el carácter de firme y consentido.

Ahora bien, en relación al decreto 1191/01, en virtud del cual se rechaza el pedido de nulidad del decreto 820/99, con fundamento en la firmeza que ha adquirido ese acto, estimo que no revela las objeciones que le endilga la actora puesto que la firmeza del acto es indiscutible, no obstante aseverar la interesada que nunca fue consentido en base a su actividad desplegada. Pero la firmeza del acto se configura por el transcurso del tiempo, al haber omitido la actora continuar en término con los pasos procesales administrativos correspondientes, los que, vencidos, convierten irremediablemente al acto en firme.

Frente a ello, en virtud de las facultades revisoras que tiene este Tribunal sobre este tipo de actos de gobierno, estimo que no existe motivo que justifique modificación alguna de lo sometido a control, mucho menos un cambio de resultado. En conclusión, debe rechazarse la acción de ilegitimidad y plena jurisdicción interpuesta, con costas.

Del voto del Dr. Oviedo- Según su Fundamento
Derechos adquiridos, derecho de propiedad
Materia: LABORAL
Carátula: ARGAÑARAZ NICASIO RUVEN c/ CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PCIA. DE SGO. DEL ESTERO s/ RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA SUPERIOR, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-12

Cuando un particular ha cumplido con todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos por una ley para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido, aunque falte la declaración formal de un acto administrativo. En ese caso, la situación jurídica general creada por la ley se transforma en una situación concreta e individual en cabeza del sujeto que, como tal, se hace inalterable y no puede ser suprimida sin agravio del derecho de propiedad que consagra la Constitución Provincial y la Constitución Nacional. Es decir, la noción de derecho adquirido debe ser apreciado como comprensivo o abarcativo de la idea de "derecho a una situación jurídica consolidada".
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Taboada, Sergio Orlando s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se denuncian como violados los arts. 255 y 256 inc. 7º del Código de Procedimiento Penal, sin explicarse por que razón ello así sería y sin relacionar la afirmación con el contenido de las normas reguladores de la prueba presuncional, que sólo se citan.
Sentencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Nuñez, Fabio Ricardo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-13

No corresponde anular de oficio la sentencia que se refirió al grado de intervención del procesado en el delito como autor, coautor y partícipe pues la naturaleza de la autoría es la misma que la de la coautoría, ambas se diferencian por la circunstancia de ser uno o más de uno los autores de un hecho. Y en cuanto a la expresión "partícipe" no parece haber sido usada, en este caso, en sentido normativo sino descriptivo; el procesado "participó" con otros en la comisión del hecho.
Tasa de justicia, base imponible, monto del juicio
Materia: COMERCIAL
Carátula: CASTIA, JORGE c/ GMAC DE ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-04

La tasa de justicia que debe ingresar la demandada, a cuyo cargo se encuentra la obligación de solventar el referido tributo, es la que resulta del monto que efectivamente definió la condena y no el que se reclamó en el escrito de inicio. De seguirse la postura inversa, se llegaría a una imposición confiscatoria por la cual el deudor del impuesto se veria obligado a pagar por ese concepto un monto que trasciende la extensión de su obligación, temperamento este que se muestra manifiestamente inequitativo si la demanda prosperó por un porcentaje sustancialmente inferior al solicitado "ab-initio". (cnciv, sala a, 18.4.94, in re "Pozzebon, Rene c/ Paez, Antonio Miguel y otro s/ daños y perjuicios"). Ello sin desmedro que lo pagado en su oportunidad que lo pagado en su oportunidad sea considerado un pago a cuenta.
Contratos innominados, contrato de hospedaje, hoteles, responsabilidad de los dueños de hoteles, obligación de seguridad
Materia: COMERCIAL
Carátula: ONORATO  VIVIANA  ANTONIA  Y  OTRO c/ LLAO  LLAO  RESORTS SA s/ ORDINARIO (LL 26.4.12; Fº 116247).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-03

En el marco de un contrato de hospedaje, cabe señalar que, respecto a la responsabilidad del hotelero por los daños producidos a las cosas del viajero (hurto, pérdida o destrucción) en casi todos los códigos civiles se estableció un régimen que no requiere la culpa del responsable (CNCom., esta Sala F, voto del Dr. Ojea Quintana en "Orzenchowicz Mario Jaime c/ Estancia La Mora s/ sumario", del 04.08.11). Y con relación a la responsabilidad del hotelero por los daños causados a la persona del viajero, aquél asume una obligación contractual de seguridad con respecto a la persona de su cliente. Ello pues se obliga no sólo a suministrarle una habitación y una cama, sino también lo que es complemento indispensable de ello: la tranquilidad, y, con mayor razón, la seguridad. Así, admitido que el hotelero está obligado a procurar que el pasajero no sufra daños en su persona mientras permanece en su establecimiento, no puede dudarse en afirmar que su responsabilidad es contractual también en este supuesto (Mayo, Jorge A., "Sobre las denominadas "obligaciones de seguridad", LL 1984-B, 949). De modo que durante el desarrollo de la prestación, el deudor garantiza que ningún daño recaerá sobre las personas o eventualmente los bienes del cocontratante. La obligación de seguridad importa así una cláusula implícita de indemnidad, ínsita en toda relación contractual que integra la prestación principal, aun cuando las partes no lo hubieran previsto expresamente. Y ello tiene adecuado fundamento en el principio de buena fe contenido en el artículo 1198 del Código Civil
Comisión Nacional de Valores, fallo de tribunal arbitral, sociedades comerciales, acciones que cotizan en bolsa, fijación de precios, titularidad de las acciones, accionistas, impugnación de decisión asamblearia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Candoni, Ernesto Alfredo c/ Pampa Energía SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-10

1 - Corresponde revocar el laudo parcial del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio que, en el marco de un contrato de transferencia de acciones que produjo la fusión de dos sociedades anónimas, decidió que a los fines de impugnar el precio de canje de las acciones que debían ser puestas a disposición de los accionistas que no aceptaron la oferta, correspondía acudir a la vía de impugnación prevista por la ley 26831: 96 y no a la LGS 252. 2 - Ello así, pues tratándose de un precio de canje derivado de una fusión y fijado en el seno de una Asamblea de socios de una sociedad de la cual el actor de este proceso era accionista, la vía pertinente para cuestionar ese precio debe ser la de impugnación de asamblea prevista por la LGS 251.

3 - La acción de impugnación asamblearia, era la vía correcta, pues además la situación de los accionantes -que no abandonaron la sociedad- no puede equipararse a la de quienes vendieron sus acciones en la anterior operación de Adquisición y carecen por ello de las acciones societarias que poseen quienes detentan la calidad de socios.

4 - Tratándose de una fusión que la propia normativa societaria regula, decidir de otro modo, importaría tanto como habilitar, elípticamente, una nueva vía de cuestionamiento de decisiones asamblearias, lo que resulta inadmisible.

Disidencia de la Dra. Ballerini:. Toda vez que la LGS 251 establece una acción social en interés de la sociedad, y no es admisible en la hipótesis de lesión referida exclusivamente a un derecho particular del socio (como es el caso), resulta clara la procedencia de la vía de la ley 26831: 96 elegida por los actores, sin que ello predique respecto de la cuestión de fondo que debería decidirse en la oportunidad correspondiente.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garré, Roberto c/ Bonta Garcés Castella, Paula María y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-12-28

En un accidente automovilístico, embestir no equivale a plena prueba de la culpa del embistente cuando el otro conductor por un acto imprudente le obliga al primero a hacer una maniobra que conduce inevitablemente al choque. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, sentencia, ejecución de sentencia, leyes, interpretación de la ley, Municipalidad, bienes, embargo, jurisprudencia aplicable
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUILAR, MARIA JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Corresponde rechazar la queja desde que no se rebate adecuadamente el argumento dado por el A quo al denegar el recurso de inconstitucionalidad en el sentido de que, tomando en consideración el nuevo marco normativo provisto por la ley 25973 (que incluye los entes locales en la ley nacional 24624) y la ley provincial 12036 (modificatoria de la 7234), "...de ninguna manera resulta que entre las facultades del deudor esté la de postergar indefinidamente el pago de la acreencia con más la de hacerlo, luego, en una cantidad también indefinida de cuotas.

Dichas normas, en un todo de acuerdo con el espíritu de los fallos de la C.S.J.N., de la C.S.J.S.F. y de esta Cámara, reciben el principio de previsión hacendal de las erogaciones como límite al posible 'arrebato' de los fondos públicos por vía de ejecuciones individuales.

En suma, reconoce el derecho del ente público a ordenar sus pagos". Por lo demás, tampoco ha probado suficientemente, que la ejecución de la sentencia en la forma dispuesta por el A quo afecte de manera intolerable el funcionamiento del Ente público condenado.
Socios, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Espoz, Marcelo Humberto c/ Estación de Servicio Quarks S.R.L y/o Aranda, Carlos Roberto s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-07-07

Si el propio actor demanda a una S.R.L. y a un socio no puede pretender que por aplicación de la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo,se ignore la existencia de ls Sociedad Responsabilidad Limitada,denunciados por él mismo;incurre así en una conducta contraria a la doctrina del propio acto.-
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Segundo Pacífico s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

No corresponde declarar la nulidad de oficio de la sentencia de la Cámara que presenta deficiencias tales como no definir la naturaleza probatoria que se atribuye a cada uno de los ingredientes de la prueba compuesta -etapa lógica y jurídica indispensable para el control de legalidad- si el recurso interpuesto al analizar todos los extremos y fundarlos suficientemente, autoriza a la Corte a introducirse en el examen de los hechos.
Despido por maternidad, aborto espontáneo
Materia: LABORAL-PENAL
Carátula: Pérez Portillo, Analía c/ Donn SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-22

Al producirse la interrupción del embarazo de la trabajadora por un aborto espontáneo, cesan las razones tenidas en cuenta por el legislador para evitar que por su mayor labilidad laboral la empleada sea despedida, por lo que cesa también la protección especial por despido del art. 178 L.C.T.. Aún cuando se ha expresado doctrinariamente que la ley no distingue entre parto con vida o sin vida, no es este el caso de la actora pues lo acontecido de ninguna manera puede asimilarse al parto sin vida.
Ley formal, cuestiones procesales, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Cerro, Francisco Eduardo c/ Banco Central de la República Argentina. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Las formas a que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación con el fin último al que éstos se enderezan, el que consiste en la efectiva realización del derecho, y para ello debe atenderse antes que a un criterio formalista, a la vigencia de los principios que ampara la Constitución Nacional.
Robo con armas, desapoderamiento, disparo de arma, prueba, eximición de prisión
Materia: PENAL
Carátula: ALVAREZ, Diego. s/ EXCEPCION DE PRISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Resulta adecuado en principio, el encuadre legal previsto en el art. 166, inc. 2°, C.P., a la conducta llevada a cabo por los incusos, pues permite considerar hipotéticamente que el arma fue utilizada en el desapoderamiento, resultando indiferente la incautación de ésta ya que se comprobó, mediante el disparo, el empleo del arma. En consecuencia, corresponde la denegación de prisión en favor de los incusos.

Disidencia del Dr. Elbert: La existencias de causas en trámite no obsta a la posibilidad de la exención de prisión respecto de los incusos, toda vez que el procesamiento implica un juicio de culpabilidad provisorio.
Derecho a la vivienda digna, acción de amparo, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, emergencia habitacional, situación de vulnerabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GML Y OTROS c/ GCBA  s/ AMPARO - HABITACIONALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-24

El artículo 31 de la CCABA consagra el derecho a la vivienda, en consonancia con diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, y fija el marco de políticas públicas cuya adopción corresponde a la Ciudad en pos de satisfacerlo. Esta reglamentación se encuentra comprendida, principalmente, en la ley n° 4036, cuyo objeto es la protección integral de los derechos sociales para los ciudadanos de la Ciudad, priorizando que aquellos en estado de vulnerabilidad social y/o emergencia accedan a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el Gobierno de la Ciudad (conf. artículo 1, texto consolidado por ley n° 6017). (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Procesos de conocimiento, contenido de la demanda, objeto de la demanda, principio de congruencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: COSENTINO,  OSVALDO  ALBERTO  Y  OTRO c/ HSBC BANCO ROBERTS SA s/ RECTIFICACION DE SALDO DE LA CUENTA CORRIENTE. (ED 12.5.03, Fº 52017).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-03

Voto del Dr. Peirano:

El C.P.C.C. art. 330-1° establece que la cosa demandada debe ser designada con toda exactitud, permitiendo de tal forma una defensa eficaz por parte del defendido. Y si bien siempre ha de observarse una interpretación razonable del escrito de demanda -como de su respectiva contestación- acorde con el principio de flexibilidad de las formas en mira al mejor rendimiento de la función judicial, no se debe olvidar, al examinarlos, que la cuestión se relaciona con la doctrina de la substanciación. En consecuencia, una buena técnica en la redacción del escrito inaugural como así de su contestación, conduce a que se requiera una mínima argumentación al respecto en cumplimiento del aludido precepto del ordenamiento adjetivo a fin de posibilitar a los jueces respetar el "principio de congruencia" (C.P.C.C.art. 34-4°  y 163-6°) que les impide considerar otras cuestiones que las incluidas en la relación procesal, como pronunciarse sobre pretensiones no deducidas ni cosas que no fueran pedidas y alegadas.
Incapacidad laboral, costas al vencido
Materia: PROCESAL
Carátula: OCAMICA, RODOLFO c/ SILOS ARENEROS BUENOS AIRES  S.A. s/ ACCIDENTE - 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

Si la actora triunfó en lo sustancial, aunque el grado de incapacidad determinado no resulte igual al estimado originariamente, la demandada no pierde por ello su condición de vencida y, por lo tanto, queda obligada a cargar con las costas.
Secretario de Estado, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Agostini, Eugenio Ricardo c/ INPS - Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Son improcedentes las argumentaciones referentes a la equivalencia funcional entre la Secretaría General creada por el decreto 15.803/60 y la regulada por la ley 23.023, si la discusión en torno a ese punto tuvo lugar durante el proceso administrativo y la decisión quedó firme.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vincennau de Segura, Rosa c/ Plachesi Claudio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

El hecho principal que prevé el art.1103 C.C. para la sentencia absolutoria lo integran los hechos descriptos exactamente en la figura delictiva a lo que se ha dado en llamar delito tipo con todos sus elementos.
Daños y perjuicios, prescripción, establecimientos educacionales
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fundación Wellspring c/ Lo Iacono, Osvaldo s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-05-18

Siguiendo el criterio de este Tribunal, para los servicios educacionales correspondientes al año 2001, el término anual prescriptivo que contempla el art. 4035 inc. 2 del Código Civil, comenzó a correr el 1 de enero de 2002, de suerte que, articulada la demanda el 26 de diciembre de 2002, la prescripción anual invocada no ha operado al momento de interposición de la demanda.

Y aún en caso de duda ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción, debiendo estimarse que no se ha cumplido el plazo prescriptivo y que el derecho subsiste en plenitud.
Regímenes jubilatorios especiales, docentes, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Kitzis, Arnoldo c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-10

Los servicios reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos no son útiles para acreditar que el actor se desempeñó como personal docente en el sentido que confiere a la expresión el art. 33 inc. "b" de la ley 8587, en tanto, la ausencia de título habilitante para el dictado de la materia respecto a la cual versó el reconocimiento de servicios autónomos, impide equiparar su situación con la de aquellos que han ejercido la docencia en el ámbito público provincial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba testimonial, testigos
Materia: PROCESAL
Carátula: I., J. C. c/ P. y C. S.A. s/ Cobro de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-10-15

El hecho o circunstancia de que el testigo sea empleado de la demandada no empece a la posible virtud probatoria de sus dichos si su testimonio aparece suficiente, convincente, concordante con otros elementos de prueba aportados al proceso y no existe ninguna prueba idónea que lo contradiga. La aceptación del dicho de un testigo requiere menor análisis y exposición que los necesarios para desecharlo. Esto ocurre porque, en definitiva, el juzgador se apoya en la evidencia común de que los testigos no mienten, tanto por existir un punición legal (y antes moral) para la mentira, cuanto porque el método de interrogación judicial cumplido con su intervención y la de las partes pondría, en principio, de resalto la mendacidad en que hubiere podido incurrir el testigo. Por último, señalo que la buena fe se presume en todos los ámbitos del Derecho. Este principio es extensivo para apreciar el valor de la declaración del testigo, cuya imparcialidad es puesta en duda solo por ostentar la calidad de dependiente de la empleadora demandada.