marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Secuestro de estupefacientes, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: Ruben, Jorge Ariel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-07

En su presentación recursiva la defensa sugiere que los hechos acontecidos el 24 de enero de 2018 -requisa y secuestro de estupefaciente en poder del imputado- son consecuencia de un suceso que habría tenido lugar unos días antes, concretamente el 20 de enero - altercado entre el procesado con agentes penitenciarios-. Esta afirmación no encuentra respaldo en las constancias del juicio y tampoco se arrimaron otros elementos que permitan sostener la vinculación de estos sucesos. En efecto, para arribar a la conclusión cuestionada, el tribunal de la instancia anterior valoró el conjunto de pruebas rendidas e incorporadas a lo largo del debate. Tal como lo expresó el tribunal, surge de las actuaciones que el 24 de enero de 2018, el imputado se encontraba en el Sector N° 1 de Admisión del Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer, proveniente del Pabellón N° 12 y con dirección al Sector Alcaidía. En esas circunstancias el agente efectuó la requisa del nombrado, hallando dentro del televisor que llevaba consigo el material estupefaciente que luego fue secuestrado. Tampoco puede prosperar el agravio vinculado con la arbitrariedad en la valoración de la prueba testifical. En cuanto a este aspecto, no se observa que la ponderación que el tribunal efectuó de la declaración del agente penitenciario sea contradictoria con las leyes del razonamiento o que haya excedido los límites de la sana crítica racional, aun considerando el hecho de que aquél no recordaba el lugar exacto donde se practicó la requisa. Al respecto, la jueza, que lideró el acuerdo, expresó que esa declaración desvirtuaba lo alegado por la defensa durante el debate, respecto de que el televisor no pertenecía al imputado, que el suyo se había roto en el 2017 y que, además no era posible ingresar a la Unidad N° 32 con tal objeto: "(e)l agente penitenciario fue quien efectuó la requisa en el Sector de Admisión N° 1 al imputado y a su televisor, quien hizo una descripción de como tuvo que desarmarlo para encontrar la sustancia estupefaciente, fue claro en afirmar que el televisor lo llevaba el encausado, al momento del procedimiento". No hay ambigüedades o discrepancias entre los testigos, quienes coincidieron en manifestar que era el imputado quien trasladaba el televisor donde se produjo el hallazgo de la sustancia. De otra parte, en relación con la omisión de secuestrar la televisión, que la defensa calificó como "llamativa", corresponde señalar que conforme surge del acta de procedimiento, su secuestro no fue ordenado por el juez de instrucción y la defensa no ha cuestionado la veracidad de las manifestaciones allí asentadas; circunstancia que deja carente de sustento el planteo por ausencia de gravamen.
Poder Legislativo, facultades del Poder Legislativo, funcionarios legislativos, accidentes de trabajo, fondo de garantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Asociación  Mutual  del Personal Legislativo c/ Honorable Cámarade Diputados de la Nación Disp. 99/02 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-11-01

Conforme lo previsto por el art. 59 de la ley 24.600, que confiere a los presidentes de ambas Cámaras del Congreso Nacional la facultad de aprobar las normas reglamentarias, complementarias y de aplicación del estatuto del empleado legislativo, se dictó la resolución n° 735/96 mediante la cual se aprobó la reglamentación del art. 30, entre otros, de la ley 24.600, estableciendo ciertos requisitos para las entidades que efectuaran descuentos a los empleados legislativos no surgiendo en forma manifiesta la ilegalidad o arbitrariedad de los mismos. La reglamentación no prohibe los descuentos a los empleados legislativos -lo que sin duda desnaturalizaría lo dispuesto por el art. 30 de la ley 24.600- sino que los aujeta al cumplimiento de determinados requisitos, en el caso en fondo a la garantía (Cons. V).
Intereses, cómputo de intereses
Materia: CIVIL
Carátula: NUÑEZ, Carlos Dante c/ EMPRESA CONSTRUCTORA ALDO PEREYRA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1994-05-24

Los intereses posteriores al 31-03-91 se aplicarán sobre el capital actualizado únicamente, sin añadir los intereses que hasta entonces se hubieran devengado. No existe razón legal para sumar el interés puro al capital y a partir de allí, al importe resultante, aplicarle desde el uno de abril de 1991, los intereses bancarios. Se opone a ello el art. 623 del Código Civil.-
Daños y perjuicios, monto indeterminado, fijación judicial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ozorio, Dora c/ Turismo La Plata s/ Daños y perjuicios Blanco, diego c/ Toscani, Jorge s/ Daños y perjuicios Violini, Carlos c/ Obras Sanitarias de la Provincia s/ Daños y perjuicios Vera Fleitas, Julio c/ Iarraguirre, Juan s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-20|1999-07-08|1999-11-04|2001-10-02

En la determinación de los daños, la prudencia de los jueces viene sostenida por la preocupación constante de dar a cada uno lo suyo evitando que de otra forma, la pretensión indemnizatoria se transforme en una fuente de enriquecimiento indebido. Sobre esa base, la "estimación judicial" debe valorarse para cada supuesto dado conforme las circunstancias fácticas antecedentes que particularizan el mismo, de forma tal que la conclusión económica dada en un proceso difícilmente resulte aplicable a otro.
Concursos, conclusión del acuerdo preventivo, recurso de apelación (procesal), efecto suspensivo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: PETROQUIMICA CUYO S.A.I. Y C. c/ PASADENA S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -QUIEBRA- VERIFICACION DE CREDITO- PROMUEVE CONCURSO ESPECIAL (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 12 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-04-11

En lo que concierne a la finalización del concurso, la apelación que interpusiera algún acreedor a quien no se hubiera satisfecho su crédito, será concedida con efecto suspensivo (art. 296, inc. 4 ), lo cual implica la postergación de la ejecución de las medidas emergentes de aquella resolución y que evidentemente la publicación de edictos es a los fines de la notificación.
Responsabilidad penal, culpabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: R., M. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1971-03-19

En general, debe declararse responsable dolosamente, a quien comete delitos en estado de ebriedad voluntaria y completa.
Honorarios del abogado, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Jara, Ricardo Héctor c/ Zucca, Silvano y otro s/ ejecutivo - incidente de ejecución de honorarios ( Dra. Saá ) -
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-21

No habiendo ejercido la parte solicitante la opción del art. 54 de la ley 8904, los intereses sobre honorarios regulados en autos, hasta su efectivo pago, deben liquidarse a tenor de la tasa que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento ( art. 622 C.C., art. 54 inc. b ley 8904 ) . (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuidado personal compartido, interés superior del niño
Materia: CIVIL
Carátula: G.M.F. c/ R.E.E. s/ TENENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-10-01

El interés del menor exige en el caso una solución que implique una estabilidad -aunque no inmutabilidad- que posibilite su buen desarrollo integral. Cualquier desequilibrio en este sistema exige una nueva adaptación por parte del niño y esta alternativa necesariamente debe ser mucho mejor que la anterior, a fin de evitar que el menor se perjudique. Debido a la importancia fundamental que este equilibrio supone en la vida de un niño, su entorno no debe ser modificado a menos que existieran poderosas razones que lo hicieran necesario.

En definitiva, se trata de preservar la estabilidad del niño para posibilitarle un desarrollo armónico de su personalidad, sin grandes cambios que puedan resultarle nocivos. En consecuencia, en lo posible, se trata de no alterar las condiciones de hecho en las que vive el menor. Sobre todo si no se anotan graves perjuicios o que existan poderosas razones.

En el caso, para lograr el bienestar del menor y la estabilidad necesaria para su normal crecimiento, corresponde que la madre continúe ejerciendo la tenencia, sin perjuicio de que el padre ejerza sus deberes y facultades en el marco del régimen de visitas ya concedido, pues no median motivos que aconsejen un cambio de tenencia, en tanto el recurrente no ha probado que el menor esté expuesto a situaciones de peligro material o moral en virtud de la tenencia que la madre viene ejerciendo, ni demostró los beneficios del cambio de tenencia.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, daños y perjuicios, daño moral, prensa
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., S. J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otra. s/ daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Corresponde descalificar el pronunciamiento en cuanto al monto del resarcimiento concedido en concepto de daño moral pues la suma fijada ostenta, por su manifiesta insuficiencia, una calidad nominalmente sancionatoria, a la vez ofende el sentido de justicia de la sociedad al no atender a la gravedad de la falta cometida por el medio de prensa que suministró los datos que permitieron la identificación de una menor que había sido víctima de un delito contra la honestidad (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, defensa en juicio, jubilaciones, recurso de inaplicabilidad de ley
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PATLIS, LEON. s/ JUBILACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-26

Adolece de un injustificado rigor formal, incompatible con el derecho de defensa en juicio, el pronunciamiento que desestimó el recurso del art. 14 de la ley 14.236, por entender que el peticionario no demostró la inaplicabilidad de ley o doctrina legal ni error o arbitrariedad en lo resuelto si en su presentación aquél efectuó un relato claro de los hechos de la causa e impugnó con argumentos bastantes la decisión que fijó como fecha inicial de pago de sus haberes la de su presentación ante la Caja de Autónomos, sin examinar los reiterados reclamos que efectuó para que se respetara la correspondiente a la primera solicitud presentada ante la Caja.
Representación procesal, acreditación de la personería
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Arado, Pascual y Arado, Rogelio David y Ponce de Arado, Eulogia s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-02

No obstante no haberse acreditado en el expediente sucesorio la personería invocada por el letrado interviniente en los términos del art. 48, C.P.C.C., debe tenerse por justificada la misma con el poder acompañado al incidente de administración, vinculado con el expediente principal, puesto que de lo contrario se configuraría un evidente exceso ritual.
Mutuo comercial, mutuo hipotecario, reajuste del contrato, intereses
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

No corresponde reajustar la tasa de interés pactada en un mutuo hipotecario en pesos, destinado a la adquisición de una vivienda familiar, pagadero en 180 cuotas, toda vez que si bien en dicho contrato se fijó un interés compensatorio, variable mensualmente por disposición del acreedor hasta un máximo que no supere el 200% de la tasa de interés para operaciones de crédito a empresas de primera línea a 30 días de plazo que pública diariamente el Banco Central sin embargo, la mayor tasa aplicada fue del 22,4% anual -según pericia contable obrante en la causa por lo que ni siquiera alcanzó ese máximo estipulado; ello así, y considerando: a) que no corresponde apartarse de los intereses pactados (Cód. civil art. 1197), salvo que resulten excesivos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres de manera que quede habilitada su morigeración judicial (Cód. civil art. 656); b) que, la tasa máxima admitida en la hipótesis, los jueces deben fijarla, y ha de estar referida a la que cobran los bancos públicos, con un limite de hasta dos veces y medio por todo concepto (Cód. comercial art. 565 y Cód. Civil art. 622; esta sala, 3.4.96, "Federal SA c/ Humanes, Daniel y otro s/ Ejec. Prend."; id. 17.4.01, "Miljiker, Marta c/ Tekno Arg. SRL s/ Ord."); y c) que por aplicación del plenario "SA La Razón s/ Quiebra s/ Inc. de Pago de los profesionales" del 27.10.94, la tasa a ponderar será la activa ordinaria vencida que para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días que percibe el Banco Nación, con el tope aludido, cabe concluir que, la tasa cobrada por el banco accionado no superó el limite referido e incluso -según contestación del Banco Central y prueba pericial- estuvo por debajo de la tasa testigo, de manera que no puede estimársela lesiva a la moral y buenas costumbres y no devino en excesiva; además estaba acordado que el interés seria variable mensualmente y adicionado a la amortización del capital por aplicación del sistema francés, lo que no afecta ninguna disposición legal, por lo que cabe desestimar el pedido de reducción.
Superintendencia de Servicios de Salud, Régimen Nacional de Obras Sociales, obras sociales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CENEFHA  S.R.L. c/ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL HOTELERO GASTRONOMICOS/ s/ NCUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE OBRA SOCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-12

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación -según norma reglamentaria del gerenciamiento de Obras Sociales- define al gerenciador como "aquella persona física o jurídica a quien se le encomienda la administración total o parcial de la Obra Social en su nombre y representación" (res. SSS 235/99, art. 1° Anexo II). El gerenciador administra y contrata en nombre y representación de la obra social y por tanto cabe hacerla responsable como lo hace el Juez en la sentencia apelada de la obligación incumplida. La Obra Social no puede permanecer ajena a la deuda contraída por el intermediario en beneficio de sus afiliados, pues el gerenciamiento configura propiamente un contrato de mandato (ver: "D'Aiello, Nora Celia c/ OSPLAD y otro s/ cobro de pesos", expte. 50.949/95, 15.6.2000; "Clínica Privada San Jorge S.A. c/ Obra Social del Personal de la Industria de Fábricas de Pinturas s/ cobro de pesos", expte. 4087/1999, 21.05.2002, publicado en La Ley, 2003-A, 411).
Indemnización por despido, ley de empleo, indemnización sustitutiva de preaviso
Materia: LABORAL
Carátula: URQUIZA, CARLOS c/ SANCHI FERRUCCIO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Cuando no se otorga el preaviso, la indemnización sustitutiva es de aquellas que le corresponden al trabajador como consecuencia del despido, por lo que corresponde su duplicación en virtud de lo dispuesto por el art 15 de la LNE.
Resoluciones equiparables a definitiva, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: ROMANO DANIEL ISIDRO, ROMANO JESUS DAMINGI, SANTILLAN RAFAEL FELICIANO S.D. HOMICIDIO E. P ROGER MATEO FELIPE s/ QUEJA POR CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-09-29

El auto de procesamiento del imputado, resolución venida en casación, es una decisión asimilable a definitiva en cuanto es susceptible de ocasionar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, puesto que, debido al encuadre jurídico dado por el Juez de Instrucción al ilícito supuestamente cometido por el imputado, éste continuará privado de su libertad ambulatoria, afectación que surge como palmaria consecuencia de lo decidido, aunque no haya sido motivo de agravio para el casacionista.
Sociedad anónima, aportes societarios, integración del capital social, prescripción, cómputo del plazo, excepción de prescripción, facultades del síndico del concurso, legitimación activa
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: RUCAROD SA. s/ QUIEBRA S/ INC. DE INTEGRACION DE APORTES.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-07

Si el síndico concursal reclama la integración de aportes societarios a los socios de una SA fallida, resulta improcedente hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por estos con fundamento en encontrarse vencido el plazo de tres años establecido por el CCom: 848-1º. Ello así, pues al no establecerse un plazo para la integración del capital, para los terceros ese plazo comienza a partir de la fecha en que se dispuso la disolución del ente. (En el caso, la disolución se produjo el día en que se decretó su quiebra (conf. Ley 19551: 94-6º). Por ende, estando vencido el deber de integración del aporte, su exigencia es inmediata y el síndico de la fallida esta legitimado para ejercer la acción que en definitiva podía haber ejercido la sociedad in bonis.
Delegación legislativa, decretos, modificación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS, MARIO Y OTROS c/ EN - MINISTERIO DE EDUC. Y JUSTICIA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

Si la demandada se excedió en la delegación otorgada por el Poder Legislativo, modificando por decreto el espíritu de una norma superior, debe declararse la inconstitucionalidad del dec. 3516/84, en cuanto a los actores se refiere.
Acta policial, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: S.C.F.A. s/ Robo calificado y Portación de arma uso civil s/autorización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-22

El hecho que documenta el acta se encuentra fehacientemente acreditado y el error que cometiera el oficial instructor al consignar un lugar diferente de labrado, no es causal de nulidad de la misma. Ello así, por cuanto en nuestro sistema procesal, los actos procesales sólo serán nulos cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo tal sanción (art. 169 CPP) y conforme lo dispuesto por el art. 145 del mismo cuerpo, la que presenta el acta de autos no es de las contempladas en esa norma. Debe agregarse que obsta a la pretensión del apelante la naturaleza del acto cuestionado: "La actividad prevencional es insusceptible de ser declarada nula, porque la sanción procesal sólo es procedente contra decisiones jurisdiccionales, calidad de la que no participan las actuaciones referidas" Cfr.S.T.J., Sala Penal, in rebus Martinez J.A., 13/09/91".
Recurso de apelación (procesal), fundamentación de la resolución, estafa procesal, idoneidad de la falsificación, delitos, usura
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLALIGÜE, Gabriela Fernanda c/ RAMÍREZ, Miguel Fabián s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-05

Contrariamente a lo afirmado por el Juez A quo, la estafa procesal no exige necesariamente la utilización de documentación falsa sino que puede actualizarse también cuando se pretende cobrar una deuda ya pagada y, en tal caso, se ejecuta un documento auténtico pero que ha perdido eficacia (conf. C. A. Tozzini en La calidad de autos en la estafa procesal, Revista de Derecho Penal, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2000-1, pag.142).

Tal sería el supuesto denunciado en nuestro caso. Ahora, que la deudora en el juicio civil pueda demostrar la cancelación del mutuo documentado en el pagaré que se ejecuta, o que el Ministerio Fiscal (o el Querellante conjunto si fuere el caso) puedan aportar la prueba de la pretendida Estafa procesal o su tentativa, son cuestiones de futuro y ajenas al tipo penal.

Lo mismo ocurre con aquellas circunstancias objetivas y subjetivas relativas a la presunta Usura señaladas por el Sr. Juez de la causa como excluyentes de tipicidad penal. Tanto la desproporción de las prestaciones como el estado de necesidad de la víctima, su ligereza o inexperiencia y el aprovechamiento por parte del prestamista, son cuestiones de hecho y prueba a ser valoradas al final de la etapa instructoria.
Concursos, reglas procesales, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: TIBERINA SA s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ QUEJA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-03

La decisión del juez a quo de diferir la efectivización del apercibimiento dispuesto, esto es, el decreto de quiebra de la concursada, a que se constituya el Comité Definitivo de Acreedores, escapa al marco de inapelabilidad del art. 273, inc. 3°, por lo que cabe admitir la queja en tanto se verifica en la especie un caso de daño grave y además, no altera la secuela regular del proceso.
Comercialización ilegal de estupefacientes, exención de depósito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos rodriguez caballa, jean carlos arturo sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción /tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-02

En cuanto al pago del depósito, corresponde su exención cuando el recurso procede de la defensa oficial. (Del voto en disidencia parcial de la jueza Alicia E. C. Ruiz, por remisión a los fundamentos brindados en: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Feng Chen Chih s/ art. 40 CC -apelación-'", expte. n° 2212, resolución del 11/06/03; entre muchos otros).
Prescripción adquisitiva, acciones reales, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Molisani, Carmen Lidia c/ Melgarejo, Martín P. s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-11

La norma del art. 2384 del Código Civil, únicamente contiene una presunción de que ellos reflejan una posesión y no una tenencia, por estimarse que la duda se inclina en favor de quien los ejecuta sobre el bien que detenta, la que admite prueba en contrario.

Demandada la reivindicación de un inmueble y opuesta la defensa de prescripción adquisitiva por parte del accionado, impide la procedencia de ésta el reconocimiento efectuado por el ocupante, en un juicio anterior sobre desalojo seguido entre las mismas partes, donde al absolver posiciones admitió que en reiteradas oportunidades prometió que desocuparía el bien cuando se lo pidieran, lo que demuestra la falta de "animus domini".
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL
Carátula: SANCHEZ TORANZO CARLOS O c/ GUAGLIANONE ALBERTO EDGARDO s/ DERECHO PROCESAL COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-11

La eximición de costas procede excepcionalmente ante cuestiones dudosas de derecho que fueron resueltas anteriormente, por tratarse de situaciones excesivamente complejas, recogidas por legislación muy reciente o con referencias jurisprudenciales contradictorias, siendo facultativo del magistrado proceder a dicha eximición.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, admisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: TAMOLA, LUCIO s/ Contrabando
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-29

Si bien la Corte Suprema de Justicia ha creado y desarrollado la doctrina de las sentencias arbitrarias, en tales casos no corresponde que el Tribunal se pronuncie sobre su procedencia formal, ya que solo el propio Alto Tribunal tiene facultades para decidir sobre ello.