marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, monto mínimo
Materia: PROCESAL
Carátula: VULCANO CAROLINA c/ EDESUR SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-01

Una causa es susceptible de recurso por razón de su monto cuando el reclamo en la demanda supere el mínimo que prevé el art. 242 del Cód. Procesal (ley 23.850), con exclusión de sus accesorios. Pero la subsistencia de la apelabilidad requiere que, dictado el fallo, éste ocasione a alguna de las partes un agravio que supere el aludido mínimo y no que la contienda se vea reducida a un monto exiguo, circunstancia en la que por motivos sobreviniente -que el Tribunal necesariamente debe ponderar (art. 163, inc. 6° del ritual)- el conflicto queda sometido a un régimen de instancia única a todos los efectos, precisamente por la escasa entidad del debate que subsiste ( ver, esta Cámara, Sala II, causas 3.785/99 del 7.8.2001, 5.904/97 del 9.10.2001 y 433/01 del 21.6.2002; esta Sala, causas 10.187/00 del 24.9.2002 y 8.141/00 del 15.4.2003 y 420/02 del 22.10.2003).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Rodriguez, Heriberto s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Si bien para que se tipifique el delito reprimido por el art. 6 de la ley 20.771 la cantidad de estupefaciente no interesa cuando este es racionalmente aceptable en su volumen, no ocurre lo mismo cuando se trata de 0,1 grs. de material secuestrado que contenía cocaína con otros componentes que no fueron cuantificados -azúcares reductores-, pues tal cantidad de polvo no hubiera alcanzado siquiera a llegar a la base nasal (si era aspirado), se hubiese diluido por completo si era inyectado y disuelto entre la saliva si era degustado; ello, tomando en cuanta al único que podría haberlo usado, pues en ese contenido era tan difícil amenazar el bien jurídico salud de otro, como pretender compartir apenas dos gotas de agua.

El mero hecho de llevar entre las ropas un paquetito secuestrado con algo (no se sabe) de cocaína (en pequeñísima cantidad), aún cuando haya estado en un bar con otras personas, a las cuales nada se le encontró, hace que tal conducta sea de aquellas completamente atípicas pues se hallan dentro del amparo constitucional del art. 19 de la ley fundamental y en consecuencia inatrapables por el derecho penal.
Despido indirecto, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAGNINO, RUBEN DARIO c/ BUSH, ROBERTO ORLANDO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-31

Es insustituible la intimación previa por parte del trabajador denunciando la situación que considera injusta bajo apercibimiento de considerarse despedido; y luego si no es subsanada tal situación, recién darse por despedido denunciando los hechos que configurarían la injuria (artículos 242 y 246 LCT.).
Automotores, constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FERNANDEZ, CARLOS ALBERTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-27

Es constitucional el art. 38 del decreto ley 6582/58.
IVA, compraventa de automotores, plan de ahorro previo, cesión de derechos, sobreprecio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Francisco Osvaldo Díaz S.A. (TF 16.636 - I) c/ D.G.I.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Cabe confirmar el ajuste fiscal por el impuesto al valor agregado a abonar por la empresa concesionaria de automóviles, cuya operatoria consiste en comercializar vehículos de fábrica mediante la suscripción a su nombre y cargo de planes de ahorro previo que cede a sus clientes en oportunidad de adjudicarse las unidades, pues la apelante no sólo no ha logrado demostrar que realice dos operaciones diversas e independientes -la venta del automóvil por un lado y la cesión de un derecho cualquiera por el otro- que justifiquen su tratamiento fiscal individual y diferenciado, sino que tampoco ha refutado eficazmente el argumento de la sentencia apelada consistente en que la citada 'diferencia' constituye "un sobreprecio que paga el cliente a la actora por recibir el vehículo inmediatamente" lo que pone en evidencia la clara vinculación de los conceptos que integran el precio final de venta de los vehículos así comercializados.
Recurso extraordinario, cuestión federal, prisión preventiva, excarcelación, Derechos humanos, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, proceso penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Trusso,  Francisco Javier s/ incidente de excarcelación -causa nº91.833/51 T-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-12

Constituye una cuestión federal simple lo atinente a la aplicación del art. 1 de la ley 24.390, reglamentario de la garantía reconocida en el art. 7, inc. 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional).

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Caducidad de instancia, indivisibilidad de la instancia, litisconsorcio, impulso procesal, demanda, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: INDUSTRIAS DEL SALADO SA c/ CORPORACION DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-09

El litisconsorte que consiente un trámite, imposibilitando la caducidad a su respecto, impide automáticamente que la haya con referencia a los demás litisconsortes (cfr. S. C. Bs.As. del 8.5.79, ED, 84-703; Maurino, A. L., "Perención de la Instancia en el Proceso Civil", pág. 131, Bs. As. 1991). Y es con fundamento en este último criterio, que se ha decidido que la notificación de la demanda a uno de los codemandados y el consentimiento de este a dicho acto, tienen por efecto impulsar el procedimiento y perjudican al litisconsorte que con posterioridad acuso la perención de la instancia, cualquiera haya sido la morosidad del trámite anterior (cfr. CNCiv. Sala C, del 31.7.84, Rep. La ley, T. XLIV, pág. 1562, N° 98; S. C. Bs.As. del 8.5.79, ED, 84-703; Maurino, A. L., op. cit., loc. cit.; Loutayf Ranea-Ovejero López, "Caducidad de la Instancia", pág. 379, Bs. As., 1986).
Extradición, Convención Interamericana sobre Extradición de Montevideo, falsificación de documentos, traducción de documentos
Materia: PENAL
Carátula: Larrain Cruz, Carlos Alberto s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Conforme a la Convención de Montevideo de 1933, la falta de traducción de los documentos falsificados ("drafts") no afecta la extradición.
Locación de obra, precio
Materia: CIVIL
Carátula: Simia, Mario Rafael c/ Lieban, Claudio Mario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-17

Los materiales en cuanto estén acopiados en el obrador y fueron computados en el certificado de obra que pagó el locatario de obra, integran el patrimonio de ese locatario de obra y titular de fundo, y no del empresario. Cuando aún no media adherencia física, no se aplica el art. 2518 del Código Civil (extensión del dominio al suelo, vuelo y subsuelo), y por ello, ante el peligro de quiebra del empresario y salvo que medie la tradición y entrega de esos materiales y no simples anticipos sigue en vigencia la regla de oro:

pagar sólo por los materiales incrustados, o sea que formen un conjunto económico y técnico con el suelo mismo. Los anticipos no pueden tener la categoría de precio porque no hay compraventa de materiales. El contratista se obliga, provisoriamente, a acumular parte mayor o menor, o el total de las cosas que necesitará para ejecutar la obra contratada.
Nulidad procesal, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: N. D. A. c/ C. S. s/ FILIACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-10-30

El objetivo de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio. En efecto, una interpretación teleológica y axiológica de las formas procesales impone la declaración de invalidez de las actuaciones cumplidas irregularmente cuando existe restricción a la defensa en juicio, pues en tanto no se hubiere violado esta garantía constitucional, cualquiera fuere la irregularidad, no hay motivo para declarar la nulidad. De allí que las nulidades procesales son de interpretación restrictiva, reservándose la sanción frente a la exteriorización de una efectiva indefensión, y ello porque frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes sobre los que pueda consolidarse el proceso. En otras palabras, no existe la nulidad procesal en el solo beneficio de la ley, desde que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismas, sino que son tan sólo los instrumentos de que se vale el legislador para asegurar la defensa en juicio de las personas y de los derechos (cfr. Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales Comentados, II-C, pág. 317, Ed. Platense y Abeledo-Perrot, Bs. As. 1986). DRES.: SANTANA ALVARADO - AGUILAR DE LARRY.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, falta de autorización de los propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCONE, Fernando Mario y otro c/ CITTADINI, Paula s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-11

Llevar adelante una reforma sin pedir autorización del consorcio u obtenido conformidad de algún grupo de propietarios, resulta antijurídico y su convalidación por vía judicial no sólo crearía desorden en el régimen de propiedad horizontal, sino que premiaría al que presentara los hechos consumados, dejando la enseñanza de que sería conveniente proceder en contra de las normas jurídicas, por lo que no corresponde admitir esas conductas.-
Motivación del acto administrativo, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Marenco, Guillermo Julio c/ Estado Nacional - Min. de Acción Social y Salud Pública s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

Aparte de la observancia del principio cardinal de legalidad administrativa, la motivación traduce una exigencia fundada en conferir una mayor protecciòn a los derechos individuales, por lo que su cumplimiento depende de que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (Cám. Nac. Civ., Sala B, in re "Verzello", del 29/12/94), máxime cuando se trata de poner fin a una situación creada (Sala III, in re "Colombo Murúa, del 19/11/87, y "Guarrochena Crespo", del 5/4/88. Ver asimismo esta sala in re "Edelmann", del 11/4/97). (Del voto del juez Coviello, cons. 5).
Tasa de justicia, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Mildesa  S.A. c/ Sam Langenaver e hijos s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Con anterioridad al 1ro. de Abril de 1991, en que empezó a regir la ley 23.928 de convertibilidad del austral, el método indexatorio previsto por la ley de tasa era de plena vigencia, siendo por tanto ajustado a derecho el cálculo efectuado en tal sentido.
Accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, EDUARDO RICARDO Y OTRA c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO (ACCIDENTE DE TRANSITO)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-03

Dentro del concepto de incapacidad sobreviniente debe incluirse cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva de la víctima como aquella que se traduzca en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad.

A fin de establecer el "quantum" indemnizatorio debe atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también a la edad del damnificado, su estado civil y demás condiciones personales, como habrán aquellas de influir negativamente en las posibilidades de vida futura e igualmente, la específica disminución de las aptitudes para el trabajo.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, falta de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BARRA RODOLFO c/ T.A.T.A. S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-02

Aún cuando el reclamante no haya procedido a la reparación del rodado, optando por enajenarlo en el estado en que estaba, ello no constituye impedimento para que el responsable de los daños indemnice la suma que aquél hubiera tenido que desembolsar para efectuar los arreglos, debiendo tenerse en cuenta, a efectos de determinar su monto los elementos que integran la reparación de un automotor, o sea el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y el porcentaje de los gastos generales de la empresa y sobre la suma de estos elementos -costo total de la obra- debe computarse el beneficio que obtendría el tallerista.
Regímenes jubilatorios especiales, abogados, jus previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Brola, Sergio L. s/ Inconstitucionalidad leyes 6716 y 10268
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-07

Los aportes requeridos a los abogados por los arts. 2 y 3 de la ley 10268, modificatoria de la ley 6716, no constituyen una obligación que transgreda el requisito de la razonabilidad, límite al que se halla sometida para su validez constitucional todo ejercicio de la potestad pública, desde que no puede verse conculcada la propiedad privada por vía de la confiscatoriedad, si una mínima parte de ella es afectada al mantenimiento de un sistema previsional de que la actora misma es beneficiaria.
Seguros, seguro colectivo, reparación integral, responsabilidad solidaria, acción de repetición, empleador, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Asociart SA Aseguradora de Riesgo de Trabajo  c/ Coto Centro Integral de Comercialización SA y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-03

En ese marco, corresponde rechazar la reconvención deducida por una codemandada, en tanto sostiene que la negligencia defensiva de la aseguradora, configurada en su rebeldía, posibilitó la condena solidaria de las empleadoras en el proceso laboral. Ello así, pues la condena solidaria que en sede laboral se dictó tanto respecto de la actora como contra esta codemandada, fundada en el CCIV 1074, se encuentra actualmente pasada en autoridad de cosa juzgada.
Sentencia, fundamentación de sentencias, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MONTIEL, ESTANISLAO s/ IMPUTADO - POLICIA JUDICIAL - SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1958-04-25

El c.P.P.niega a los oficiales de policía, en su condición de encargados de la instrucción preliminar de la causa, la facultad de tomar indagatoria al sospechado de un delito. Cuando haya motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el art. 243 del C.P.P., ley 3831, le concede solo al juez (cuando es el caso de la instrucción sumaria)la facultad de "interrogarla", haciéndole conocer la imputación que pesa sobre ella, las pruebas e indicios que fundamentan e instándola a hacer los descargos y aclaraciones correspondientes (C.P.P., art. 248). Los oficiales de policía solo están facultados para proceder, en los casos de urgencia, al interrogatorio sumario del detenido (c.P.P., art. 192, inc. 7mo., ley 3831). Pero esta facultad, si no ha de confundirse con la de indagar, anulando así todas las garantías que procuran conferir los arts. 243 y ss., C.P p. (ley 3831), debe entenderse limitada en cuanto a la posibilidad de su ejercicio y a su contenido.-
Suspensión de la prescripción, actos ilícitos
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ JOSE MARIA c/ ROSELIA SALVADOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

La suspensión de la prescripción de la acción civil derivada de un hecho ilícito cesa cuando termina el proceso penal o sea cuando la sentencia queda firme porque ya no es susceptible de ser modificada por la interposición de recurso alguno.
Competencia correccional, instrucción, Cámara de Apelaciones, tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández, Jorge s/ Cámara  Nacional  de  Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la  Capital Federal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-02

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no es órgano jurisdiccional de Alzada en las causas correccionales que han superado la etapa instructoria.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Oliva, Isidro Mario s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Es improcedente el agravio que en lo referido al cumplimiento dispuesto por el a-quo de una sentencia anterior no demuestra que se hubiera transgredido el art. 314 del Código de Procedimiento Penal invocado, al resolver la aplicación del art. 27 del Código Penal, disposición legal que -por otra parte- no cita.
Excepciones procesales, excepciones dilatorias, falta de personería
Materia: PROCESAL
Carátula: CAPELLETTI CARLOS ALBERTO Y OTRO c/ BOLOGNA DIODORO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-18

Las omisiones que pudiera contener la transcripción de un poder no autorizan la excepción de falta de personería, cuando por su insignificante trascendencia pueden ser subsanadas incluso en el transcurso del juicio, con la debida contradicción y prueba (conf. C N.Civ. Sala B, 10-2-83, E.D. 106-654; C.N.Com. Sala B, C. 2da. CC Común Tucuman, 15-9-82, E.D. 18-497), máxime si en el mismo poder se consignan los datos personales del mandante, lo que no puede inducir a error.
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, juicio ejecutivo, concursado codemandado
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANTONIO SUOZZO c/ JUAN VAVARRO s/ CONCURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-08

La suspensión del procedimiento como consecuencia del concurso preventivo de un co-ejecutado no alcanza a los demás involucrados en la ejecución que requieren la continuación del trámite, pues la omisión del ejecutante de desistir del proceso contra el insolvente no enerva el derecho de aquellos de obtener pronunciamiento.
Auto de procesamiento, notificación, imputado, recurso de apelación (procesal), plazos procesales, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: GRANERO, Horacio R. s/ Causa 3.112
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-24

a) Si bien el art. 146 del C.P.P. exige sólo la notificación al defensor, la naturaleza del acto -auto de procesamiento- afecta directamente al imputado, lo que conlleva la necesidad de que sea también éste anoticiado de lo resuelto, toda vez que dicha excepcional notificación a ambas partes debe realizarse si el acto afecta o libera al imputado, en su faz ambulatoria o patrimonial.

b) El término para interponer el recurso de apelación contra el auto de procesamiento, debe computarse a partir de la fecha en la que el encartado fue impuesto del procesamiento dictado en su contra, aun cuando ya hubiese sido notificado su letrado defensor.
Extinción del mandato, muerte del mandante
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, HECTOR R. c/ TELAM SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-09-16

No es nulo el procedimiento seguido por los mandatarios luego de la muerte de su mandante, en desconocimiento de este hecho, ya que la caducidad del mandato por muerte del mandatario, no se produce desde el momento mismo de su fallecimiento, sino desde que este hecho llega a conocimiento del mandatario.
Conflicto de poderes, gobierno municipal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ostoich, Oscar Darío c/ Consejo Deliberante del Municipio de Capitán Sarmiento s/ Conflicto arts. 161 y 196 Const. Prov. y 261 y 264 L.O.M.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

No existe conflicto en los términos de los arts. 196 de la Const. de la Provincia y art. 261 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades, si las normas que se reputan inválidas por afectar la competencia del Departamento Ejecutivo no han recibido, de acuerdo a las constancias de autos, sanción definitiva (arts. 69, 108 inc. 2 y conc. del dec. ley 6769/58). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Beneficios previsionales, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: García, María Mercedes c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-22

Las situaciones jurídicas ocurridas con posterioridad a la vigencia de la nueva ley deben ser reguladas por ella en todos sus aspectos.

Los hechos "in fieri", o en curso de desarrollo son alcanzados por el nuevo régimen, por no tratarse de hechos cumplidos bajo la legislación anterior y por tanto, cuando se aplica la nueva ley no se incurre en retroactividad. De lo contrario, es decir, si se pretendiera aplicar la ley derogada para regir la subsistencia del beneficio pensionario ya concedido, se estaría consagrando la ultraactividad de la ley previsional, principio éste que no tiene sustento en disposición alguna de nuestro régimen positivo.
Declaración de reincidencia, condena anterior, período de prueba del condenado, readaptación del condenado
Materia: PENAL
Carátula: Machado Marcial, José Luis s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Para que la declaración de reincidencia proceda, el condenado debe haber cumplido en detención -en esa calidad- hasta haber llegado al período de prueba de su condena anterior. El cumplimiento parcial de la condena anterior, que resulta jurídicamente relevante a los fines del art. 50 CP, es aquel en el que el penado ha transitado el tratamiento ideado por el Estado para su resocialización, por lo menos hasta el estadio del período de prueba (voto del juez Bruzzone)
Recurso de apelación (procesal), intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: TOLEDO PEÑALOZA Luis Antonio c/ OSSE s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-08-11

La resolución atacada es inapelable en virtud de lo dispuesto por el art. 98, tercer párrafo, primera parte del C.P.C.- Este principio rige no sólo respecto a la intervención voluntaria, sino también y con mayor razón a los casos de intervención obligada o provocada.

La doctrina se ha pronunciado en forma reiterada sobre la inapelabilidad de la resolución que admita la intervención, en tanto la denegatoria lo es en efecto devolutivo. La resolución es inapelable en los procesos sumario y sumarísimos.

El citado no puede oponerse a la citación; si estima que la sentencia no puede afectarlos, le bastará con no intervenir.

Además de ser inapelable la resolución por la norma del art. 98 de nuestra ley ritual ya citado, por tratarse de un proceso sumario rige plenamente el art. 479 ibid aplicable al caso.
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sabbione, Ricardo Mario c/ Delias, Claudio Alberto y otros s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Ponderando la función económica social que el negocio locativo cumple en nuestra sociedad, es prudente reducir el monto de la cláusula penal que sanciona el incumplimiento de la obligación de restituir, a una multa diaria y proporcional equivalente al 1 (uno) por ciento del alquiler que correspondía pagar al tiempo del vencimiento del contrato y su prórroga. Ello podrá variar en cada caso conforme las características del bien locado y su precio en el mercado (art. 656, Cód. Civil).