Juicio correccional, concurso real, doctrina de la arbitrariedad, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Roque Luis s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Luis A. Gandini en contra de Sentencia Nº 30/11 de Expte. Nº 001/11: Romero, Roque Luis - Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2011-09-19

El Juzgado Correccional declaró culpable a R.,R.L. como autor penalmente responsable del delito de Amenazas simples (2 hechos) en concurso real, por el que viene incriminado, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Contra esta resolución, recurre en casación el asistente técnico del imputado, e interpone recurso de casación.

Subsidiariamente, el recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3º C.P.P.).

En tal sentido, argumenta que la pena de cumplimiento efectivo de dos años de prisión es enorme. Sostiene que no se tuvieron en cuenta las reales motivaciones de la individualización de la pena y que no es razonable agravar la sanción y tener presente antecedentes de condena de un pasado muy lejano.

Agrega que no se acreditaron las consecuencias que la señora D. dice haber padecido, y que sólo ella ve a R. como a una persona peligrosa, ya que todos los vecinos tienen una buena imagen suya, por lo que solicita al Tribunal que se reduzca la pena aplicada a su defendido al mínimo legal de seis meses, y que se dé por cumplida con el tiempo de detención.

A fin de dar respuesta al cuestionamiento que antecede, cabe recordar lo sostenido por esta Corte en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09; S. 8, 30/04/08 entre muchos otros), en donde se dijo que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.

En tal sintonía, también se ha destacado que la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable, por cuanto tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial.

Consecuentemente, adelanto mi respuesta negativa, siguiendo lo sostenido por esta Corte distintos precedentes (S. 21, del 13/07/11; S. 47, del 30/12/10), en donde se dijo que tales agravios resultan improcedentes, pues el criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena de las circunstancias atenuantes y agravantes tenidas en cuenta por el tribunal, no implica violación legal alguna.

Repárese además, que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08).

Concretamente, el yerro del casacionista consiste en la omisión de demostrar a través de la vía recursiva intentada de qué manera hubiese impactado favorablemente, en la determinación final del quantum de la condena, la consideración de las atenuantes cuya ponderación se pretende.

En tal sentido, corresponde también aclarar que lo manifestado por la defensa en cuanto a que no se acreditaron las consecuencias que la víctima dice haber padecido, no encuentra sustento en las constancias de autos.

Digo ello, porque el Informe Socio Ambiental realizado a la víctima, el cual además fuera solicitado como prueba por la defensa del acusado, constata el cambio de domicilio que la víctima tuvo que realizar a raíz de los hechos denunciados, con todas las consecuencias que ello implica para una familia, las que han sido detalladamente expuestas por aquella al declarar en debate, conforme surge de las constancias obrantes en el acta respectiva.

Otro de los argumentos esgrimidos por el recurrente radica en afirmar que no es razonable agravar la sanción en base a antecedentes de condena. A delanto que este embate tampoco puede tener acogida favorable, puesto que la comisión de nuevos delitos por parte del imputado se valora como revelador de su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche, cuyo alcance ya conoce (CS, Fallos: 308:1938).

En consecuencia, ese desprecio por la pena anterior refleja una mayor culpabilidad que autoriza una reacción más intensa frente al nuevo hecho. Esta es la interpretación seguida por el a quo al puntualizar que las sentencias condenatorias registradas por el acusado evidencian inequívocamente una suerte de desprecio y/o desinterés del incuso en orden a los pronunciamientos de la justicia y a su negativa reinserción social.

Sumado a ello, e íntimamente relacionado con este agravio, el tribunal consideró que las palabras finales del imputado en el debate han sido de una inusitada soberbia e irrespetuosidad para con la justicia, lo que refleja su perfil violento y de singular peligrosidad, interpretando que el acusado ha pretendido erigirse en una especie de justiciero por mano propia.

En razón de lo expuesto, estimo ajustada a derecho la imposición de la pena atribuida, puesto que la misma ha sido fijada respetando los límites impuestos por la escala.

Adviértase además que, las expresiones utilizadas por el tribunal de grado para sustentar la cuantificación de la condena impuesta al imputado, satisfacen el requisito de motivación que exige la decisión atacada, fundando los motivos que se tuvieron en cuenta para graduar la pena, evaluándose correctamente las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por este agravio.