marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleados públicos, transferencia del personal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVILA LUCIO ARCANGEL c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y CONSEJO GENERALDE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO - APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-29

La afectación temporaria a otra función del agente público sometido a sumario administrativo no implica una sanción encubierta, si tal medida se toma para facilitar la instrucción del sumario y no produce menoscabo alguno en la situación del agente, el que sigue percibiendo sus haberes por su desempeño temporario en otra función. -
Competencia, prórroga del plazo, competencia contencioso administrativa, preclusión, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sosa, Gregorio c/ Provincia de Río Negro s/ DEMANDA INCONSTITUCIONALIDAD S/ CASACIóN. Ituarte de Kozakzuk, Jorgelina c/ Provincia de Río Negro s/ ORDINARIO S/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-03-16|1988-05-16

El principio de que la competencia en razón de la materia es improrrogable, significa tan solo que el Juez puede y debe inhibirse de oficio apenas recibida la demanda y hasta desestimarla in límine cuando no se ajuste a las reglas. Pero si -como en el caso- el juez no se inhibió oficiosamente en la oportunidad del art. 4 CPCC., ni en ninguna otra y la demandada no opuso excepción de incompetencia, se operó preclusión procesal al respecto, principio también este de orden público. En autos se trataba claramente de un contencioso administrativo que debió haber sido radicado originariamente ante este STJ.
Medidas cautelares, embargo, caducidad
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: 'BANCO ISRAELITA DE CORDOBA' S.A. c/ SCHUMIACHKIN MARCOS s/ MEDIDAS CAUTELARES - EMBARGO PREVENTIVO -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-26

Cabe reconocer, al menos como principio, que iniciadas las medidas preparatorias de la vía ejecutiva, la caducidad del embargo no se produce a menos que el acreedor incurra en negligencia en el desarrollo de ese trámite, en cuyo caso, pasado el tiempo que el juez estime razonable, la cautelar deberá caer como si la preparación de la vía ejecutiva no hubiese sido iniciada. Esta es la única forma de conciliar los derechos de ambas partes y de obtener soluciones justas cada vez que se presenta el problema de la caducidad del embargo preventivo.
Estado Provincial, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MEDINA, CLAUDIO c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-08

El poder de policía corresponde a las provincias, quienes, por tanto, dentro de ese ámbito jurídico pueden legislar estableciendo qué supuestos constituyen contravenciones, infracciones o faltas policiales.-
Prueba compuesta, confesión extrajudicial
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Jorge Antonio y otro s/ Asociación ilícita, robos reiterados y tentativa de violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

La locución "confesión extrajudicial" contenida en el nuevo precepto (art. 259 "in fine") debe ser interpretada en función del contexto del Código procesal en que se halla incorporada. Y en este campo legal aquella expresión no puede comprender de ningún modo a una declaración autoinculpatoria proveniente de una indagatoria policial en virtud de que su art. 434 inc. 5º veda a los funcionarios de Policía recibir la declaración indagatoria. La confesión extrajudicial vertida en una indagatoria policial no tiene cabida en el Código de Procedimiento reformado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

El principio de división de poderes no se ve vulnerado por la ley 25.779, dado que el Congreso no ha excedido el marco de sus atribuciones legislativas, como lo hubiese hecho si indiscriminadamente se atribuyese la potestad de anular sus propias leyes, sino que se ha limitado a sancionar una ley cuyos efectos se imponen por mandato internacional y que pone en juego la esencia misma de la Constitución Nacional y la dignidad de la Nación Argentina, según ha sostenido nuestro máximo tribunal. (del voto del Dr. Gustavo M. Hornos)
Malversación de caudales públicos, competencia
Materia: PENAL
Carátula: Manzi, Carlos Alberto c/ Eliaschev, Luis s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Cuando se investiga la comisión del delito previsto por el art. 263 último párrafo del C.P., la competencia se determina por el lugar en que se encuentran los bienes embargados. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho laboral, crédito laboral, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: ACKERMAN, PEDRO Y OTROS c/ FRIGORIFICO MACIEL SA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LABORAL (CSJ EXPTE N. 216-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-05-08

La repotenciación del capital adeudado, prevista por el art 276 de la Ley de Contrato de Trabajo resulta inaplicable mas allá del 31 3-1991, por imperio de la ley 23928, que derogó todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria a partir de su entrada en vigencia.
Procesos de conocimiento, juicio ordinario, excepciones procesales, oportunidad procesal, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: VELISCHEC, DELMA c/ EDIFICIO URIARTE SRL s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-04

No existiendo norma procesal que obligue a los jueces a expedirse liminarmente sobre la legitimación del actor, resulta oportuno su tratamiento al momento de dictar sentencia; además en tanto las pretensiones deducidas en el juicio deben ser dilucidadas con arreglo al derecho vigente (CPCCN art. 163-6), los jueces se hallan habilitados para examinar oficiosamente al tiempo de la sentencia si la accionante tiene la acción que ejerció en la causa.
Ley penal, delitos, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: RETAMAR, JOSE LUIS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-06-04

En los objetivos enunciados por el Proyecto de 1917, que modifica el artículo 41 del Código Penal se introduce la audiencia de visu con la intención práctica de evitar la delegación de funciones en la determinación de la pena, garantizando un mínimo de inmediación para esa etapa. Resultan esclarecedoras las expresiones de la Comisión redactora cuando señalara haber tenido en cuenta que "entre nosotros es frecuente la delegación de funciones, lo que da lugar que se condene a penas graves a un sujeto sin que el juez de instrucción o de sentencia haya tenido la oportunidad de verlo porque se deja obrar a la policía, a la secretaria y a los empleados inferiores", creyéndose oportuno exigir la acción directa y personal del Magistrado. Así en la última parte del artículo 41 del Código Penal, se establece que el Juez deber tomar conocimiento directo y de visu, tanto "del sujeto", como "de la víctima" y "de las circunstancias, en la medida requerida para cada caso". Esta modificación implicó un giro significativo, permitiendo "identificar el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción", con el fin de que "exista un momento dentro del proceso cuya función exclusiva sea procesar en forma racional la multiplicidad de datos que pueden ser relevantes para resolver cuál es la reacción penal más adecuada", y cuya comprobación pueda resultar de peso desde el punto de vista de la prevención especial. (DE LA DISIDENCIA DE LA DRA. GASTALDI).
Honorarios del abogado, excepción de prescripción, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: POLITICO
Carátula: Díaz Russo, Gabriel Eduardo c/ Banco Hipotecario S.A. s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-02-05

Conforme lo señala la doctrina, la prescripción de la acción para hacer efectivos los honorarios profesionales presenta dos supuestos nítidamente distinguibles: la acción para que los honorarios se regulen prescribe a los dos años y, una vez regulados, la acción para cobrarlos prescribe a los diez años.

La resolución regulatoria no tiene el carácter de una sentencia de condena, sino el de una sentencia determinativa del monto del honorario. Luego y en cuanto a la oportunidad para oponer la prescripción bianual, se ha afirmado que tal defensa puede ser planteada aún en la etapa de ejecución de los honorarios.
Accidente de tránsito, cuestiones prejudiciales, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: LIFISCHITZ BENITO c/ Ttes. POMPEYA S.A. LINEA COLECTIVO 44 s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-29

Si bien puede no existir delito penal en atención al rigorismo propio del examen que debe efectuarse en sede criminal y a la finalidad de dicha condena, nada obsta que exista culpa civil y, por ende condena en esa jurisdicción, por acción u omisión, imprudencia o negligencia, en virtud de las cuales el agente esté obligado a resarcir las consecuencias de su obrar (art. 1109 del Cód. Civil).
Derecho laboral, personal de casas particulares, extinción del contrato de trabajo, despido por muerte del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Parada María Angélica c/ Wirth Mariana s/ Cobro de pesos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-12-03

La demandante, que invocó como norma fundante de su pretensión el inc. e) del artículo 46 de la Ley 26.844, no acreditó los hechos que el precepto contempla (la facti specie): esto es que luego de la muerte de su patrona su labor en el domus de calle Ituzaingó 1610 prosiguió. Menos que menos acreditó que el invocado cuidado, limpieza y mantenimiento de esa casa habría proseguido cumpliendo las instrucciones de su única hija viva, como afirmó (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Aborto, fallo plenario, participación criminal, secreto profesional, responsabilidad médica, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: A., G. Y. s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-13

No corresponde hacer lugar al agravio del Ministerio Público Fiscal que, de acuerdo con la invocación del plenario "Natividad Frías" no se debía cerrar toda posibilidad de continuar el proceso penal en contra de otras personas que no fueran la mujer que acudió al hospital a causa de una infección provocada por un aborto inducido pues no existe un cauce alternativo de investigación, ya que no puede considerarse como independiente y válida para habilitar la investigación la información que pudiera haber brindado la pareja de la imputada, dado que esa información no puede ser separada del acto de atención médica, contexto en el que se conoció el dato respecto de la práctica del aborto por parte de la imputada sobreseída. Si el proceso tuvo su origen en la denuncia que realizara un profesional que se encontraba obligado por el secreto médico a no revelar la información dada por quien acudió al hospital para acceder a un servicio de salud, la nulidad se funda en la afectación del derecho a la intimidad de la paciente y debe alcanzar a todos los actos procesales que tengan como antecedente necesario esa denuncia. Aceptar que la detección de abortos consumados sea justa causa para relevar el profesional de la salud del deber de guardar secreto, implica valorar la persecución penal por encima de la salud y la vida no solamente de la mujer sino de la confianza de la población en que recibirán un trato digno y respetuoso por parte de los servicios médicos. Permitir la continuación de un proceso originado en infracción a los derechos de la mujer, aun si se limitara a la obligación de comparecer como testigo, sería contrario a la obligación del estado argentino de prevenir, investigar y sancionar los hechos de violencia contra las mujeres (art. 7.b de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por ley 24.632). El voto concurrente agregó que por el cambio de paradigma operado, toda violencia contra las mujeres es considerada violación de los derechos humanos, con jerarquía constitucional. (Dres. Slokar, Ledesma y Figueroa -voto concurrente-).
Deuda previsional, procedimiento laboral, conciliación, homologación judicial, medios de prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "SALVADOR MARINARO E HIJOS S.R.L. c/ A.F.I.P. - D.G.I.". s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-06

Corresponde dejar sin efecto la resolución por la que el organismo procedió a determinar la deuda, tomando como único fundamento la circunstancia de que en el convenio homologado en un juicio laboral, el empleador se comprometió a abonar a un ex dependiente un porcentaje del total reclamado en la demanda, y en base a ello le reclamó la deuda por aportes y contribuciones sobre el rubro "diferencias salariales" en el mismo porcentual comprometido en el acuerdo transaccional, sin haber siquiera dispuesto la producción de ninguna medida de prueba a fin de acreditar los extremos invocados en la demanda, pese a que de los términos de la conciliación surge que ningún derecho ni crédito ha sido reconocido por una de las parte en favor de la otra. Ello así, porque hubiere correspondido a la administración llevar adelante una actividad fiscalizadora eficiente para poder acreditar la procedencia del reclamo por las referidas diferencias -en cuyo sustento cabría la obligación de efectuar aportes y contribuciones omitidos-; puesto que en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a dicha autoridad dirigir el procedimiento, y ordenar que se practique toda diligencia que sea conducente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada (cfr. Hutchinson, Tomás, "Régimen de Procedimientos Administrativos Ley 19.549", pág. 29 y ss.).
Remuneración, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: Kaulinis, Juan Alfonso c/ Antonio Barillari S.A.C.I.F.I.A. s/ Haberes, indemnización, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-16

Pactado el haber mensual del trabajador en el equivalente en australes de quinientos dólares estadounidenses, las remuneraciones pendientes del año 1989 deben ser fijadas en australes y luego aplicar el procedimiento previsto por el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo hasta el 31-III-91.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frenta de Bruno Isabel y otro c/ Piccolo Victor s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-12-18

No debe perderse de mira que la mayoría de los conflictos de la índole aludida - perturbaciones síquicas- reconocen como antecedente una conjunción de circunstancias (verb. pedologías preexistentes), que a los fines de una indemnización deben ser valorados dentro del marco de la causalidad adecuada y la razonabilidad según la regulación de los artículos 901, 904, 905 y conc. del Código Civil.
Elecciones, recurso de nulidad, domicilio legal, Inspección General de Personas Jurídicas, cámara de apelación en lo civil y comercial, Superior Tribunal de Justicia, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DALLA SANTINA, RODOLFO O c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD      CSJ EXPTE NRO 443-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia es incompetente para pronunciarse sobre la ilegitimidad del acto del Poder Ejecutivo que resolvió el recurso que planteaba la nulidad del acto eleccionario del Colegio de Médicos Veterinarios, en virtud de que por resolución 869-86 las impugnaciones al acto eleccionario recaen sobre el organismo Inspección General de Personas Jurídicas, y la ley que rige dicha repartición, establece como órgano de control judicial de sus decisiones, a "la Sala de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial que corresponda según el domicilio de la sociedad" (artículo 7, ley 6926).
Honorarios, interventor judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SOSA LUCIA EN J: 105048 MORRIELLO C/G. PONS s/ Embargo Preventivo (LIBRO: A152 - 034)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-06-26

Siendo de mayor importancia la tarea del Administrador Judicial que la del Interventor, hay que tener en cuenta lo que emerge de la ultima parte del art. 120 del C.P.C., relacionado con el art. 119 in fine del C.P.C. La remuneracion no puede exceder del 10 porciento producido neto de los bienes administrados.

Se modifica la regulacion.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Garone, Jorge Horacio s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que contiene denuncias de "arbitrariedad" que constan de generalidades que no han sido relacionadas, al formularlas, con norma positiva alguna, salvo en cuanto se cita el art.224 del C.P.P. pero sin explicar de qué manera se habría transgredido.
Transporte ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, actos ilícitos, culpa de terceros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBORNOZ, Carlos Manuel y otro c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-31

La circunstancia de que el hecho ilícito suceda en inmuebles o bienes de propiedad del ferrocarril no alcanza, exclusivamente por ella, para determinar la responsabilidad civil de la empresa, que se suscita sólo si se trata de consecuencias relativas al transporte. Las piedras que se arrojen contra medios de transporte, no sólo el ferroviario sino también contra automotores públicos o privados, al igual que el homicidio que suceda durante el viaje, o la sustracción de la billetera en el colectivo, son inhábiles para incluir al transportador en la reparación civil correspondiente, dado que no configura el tercero por quien se deba responder.

La inconducta social que significa arrojar piedras es materia pública que excede la naturaleza contractual del transporte, de suerte que no cabe extender la responsabilidad del transportador, en relación a la garantía de integridad del pasajero, a extremos tales que lo obliguen a un control de seguridad social.
Acciones reales, acción reivindicatoria, titularidad del dominio, título de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Gómez, Francisco Solano s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1986-08-26

Resulta erróneo el criterio sostenido por el voto de la minoría al otorgarle prevalencia al título que emana de la sentencia recaída en el "juicio de Reposición de Títulos", por el sólo hecho de ser el más antiguo (1898), sin reparar que el "jus posidendi" del actor está justificado por un título cuya jerarquía jurídica no admite parangón al no dejar dudas sobre el verdadero propietario del inmueble objeto de la acción real.
Concursos, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROBERTO SCHNEIDER s/ CONCURSO  PREVENTIVO  (HOY  QUIEBRA)-INCIDENTE DE IMPUGNACION-INFORME  FECHA CASACION DE PAGOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-04-12

Conforme a lo dispuesto por el artículo 41 Ley de concursos, es facultad concedida al deudor y a quienes hayan solicitado verificación, el presentar observaciones al informe general del síndico, pero la mencionada norma no prevé trámite alguno a ellas, las que se deben agregar sin sustanciación y no provocan resolución o decisión alguna del juez, quedando solo a disposición de los interesados, para su consulta (artículo citado primer párrafo).

La circunstancia de que erróneamente se le haya impreso trámite incidental, no habilita la apertura de la alzada.
Embargo, ofrecimiento de bienes a embargo
Materia: LABORAL
Carátula: SOTO, ANTONIO Y OTROS c/ CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO -FILIAL CONCORDIA s/ SALARIOS, INDEMNIZACION, ASIGNACIONES FAM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-09-13

Aún cuando sea poco común, el deudor puede anticiparse al acreedor para ofrecer una garantía a su derecho, que resultaría una sustitución anticipada; es decir, la sustitución de una medida cautelar posible. Esto sin perjuicio de que, a su vez, el acreedor pida la ampliación o sustitución de esa medida. Ver Podetti, "Tratado de las medidas cautelares", Nº 49, pág. 174).
Pacto comisorio expreso, notificación al deudor, mora del deudor, resolución del contrato
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mathieu y Cía. S.A. c/ Oscar Rufino Campos y Ot. s/ Ordinario (LIBRO: S141 - 071)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-02-12

Ante la presencia de un pacto comisorio expreso, estando en mora el deudor, el acreedor puede,no obstante, exigir el cumplimiento de las obligaciones incumplidas, produciéndose la resolución recién cuando el acreedor le comunique clara, precisa y fehacientemente al deudor y éste reciba tal comunicación, que optó por resolver el contrato
Seguridad social, ejecución de sentencia, régimen de consolidación de deudas, control de razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "DELLA   SAVIA,   HAYDEE  IOLANDA c/ A.N.Se.S. s/ Reajuste  pormovilidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-22

La emisión por parte del Estado Nacional de dos medios de pago de diferente valor respecto de la misma deuda consolidada, con sustento en una condición asaz irrazonable -como lo representa el hecho que la deuda fuese reconocida en sede administrativa o judicial antes o después del 31 de diciembre de 2001-, deviene irrazonable (pues hace depender la cuantía del cobro de la deuda del buen o mal funcionamiento del juzgado que le tocó en suerte, o de la mucha o poca contracción al trabajo del juez a cargo del mismo), menoscaba el principio de igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la garantía de la defensa en juicio, y es claramente discriminatoria en perjucio de un sector de actores que recibe por parte del Estado deudor un trato desigual con relación a otro grupo de actores con el cual comparte idéntica situación jurídica (Fallos: 313:1638). En consecuencia, corresponde confirmar la decisión del "a quo" que declaró la inconstitucionalidad del los arts. 64, párrafo 2do., y 66 inc. b) de la ley 25.827. (Del voto del Dr. Herrero).
Valor vida, indemnización por muerte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Herrera Ramón Gregorio y otro c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura y otro s/ Juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

La vida humana no tiene valor económico "per se", sino en consideración a lo que produce o puede producir. La supresión de una vida, aparte de los efectos de índole afectivo, ocasiona otros de orden patrimonial, lo que se mide en signos económicos son las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes. Es decir que la valoración de la vida humana es la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto produciría desde el instante en que esta fuente de ingreso se extingue (C.S.J.N. "Fernandez Alba c/ Ballejo Julio y pcia. de Bs. As. s/ sumario" del 11/5/1993, "Furnier Patricia c/ Pcia. de Bs.As." del 27/9/1994, entre otros). (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VI).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, juicio oral
Materia: PENAL
Carátula: Ceresole, Héctor Domingo; González, María Alejandra; Cristóbal, Walter Eliseo s/ Homicidio calificado. Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia quebrantamiento del art. 286 del Código de Procedimiento Penal si el recurrente analiza aisladamente los elementos probatorios utilizados, sin lograr evidenciar que la Cámara no haya desarrollado lógica y razonadamente su convicción.