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Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestión no federal, Derecho de la navegación
Materia: PROCESAL - NAVEGACION
Carátula: La Buenos Aires Cía. Argentina de Seguros  SA c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. del Bq. "Esther Schulte" s/ Faltante y/o avería de carga transporte marítimo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Toda vez que la Ley 20.094 vino a reemplazar el articulado del Libro III del Cód. de Comercio - a cuyo cuerpo normativo se encuentra integrada de conformidad con lo previsto en su propio art.

622 - comporta, en lo sustancial, una norma de derecho común, que contiene algunas disposiciones de carácter federal, como lo es, entre otras, la contenida en el art. 614 (Fallos: 300:1145; entre otros, ver además, el precedente de Fallos: 302:751, consid. 3).

En tales condiciones, - y con arreglo a esta precisa jurisprudencia de la Corte Suprema, que importa una adecuada aplicación del art. 15 de Ley 48 - cabría concluir que el art. 264 de la ley 20.094 - en cuanto regla un aspecto de las relaciones comerciales entre el transportador marítimo y el consignatario de las mercaderías -, es una norma de derecho común y no federal, por lo que la circunstancia de que su interpretación se encuentre debatida en estos autos, no suscita cuestión de aquella naturaleza bastante a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley citada.

Empero, la CSJN , en fallos más recientes, ha señalado - aunque sin efectuar distinción alguna, ni tampoco expresando que se intentara variar su doctrina tradicional -, que la ley citada reviste carácter federal y que, versando la controversia sobre cuestiones de transporte marítimo, existe cuestión de esa naturaleza bastante a aquellos mismos fines (confr. G. 222. XXIII., in re: "Galicia y Río de la Plata Cía. de Seg. SA. c/ Capitán y/o Prop. y/o Armador Bq.

"Hawaii y ELMA y otra s/cobro de pesos", del 19/12/91).

En mérito a este último criterio - y al margen de su grado de acierto - y dado que la interpretación asignada en el pronunciamiento impugnado a la norma del art. 264 es diversa a la que le asigna el recurrente, corresponde conceder el recurso extraordinario deducido por la demandada, puesto que esta Cámara ha atribuido a las decisiones de la Corte en materia federal (tanto más las que se relaciona con su jurisdicción extraordinaria) una obligatoriedad de hecho, a fin de atender a buenas razones de economía procesal y por la jerarquía institucional que en el orden judicial cabe atribuir a su interpretación en esas cuestiones (confr. esta Cámara, en pleno, sentencias de 10/11/87, en la causa "Williams" y de 16/5/89, en la causa "Sampi").
Caducidad de instancia, suspensión del proceso judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: TOLEDO, DIONISIA c/ STEVANI, MARCOS s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-20

Resulta improcedente declarar ex officio la caducidad de la instancia, aún cuando -como en el caso- no existió decisión alguna -anterior a la caducidad- que permitiera inferir que el proceso se encontraba suspendido por la Ley 25563, puesto que puede suscitar duda razonable sobre la suspensión del trámite.
Caducidad de instancia, terminación del proceso, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Ramaditas S.A. c/ AFIP s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-07

Por ser la caducidad de instancia un modo anormal de terminación del proceso, y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio.
Medidas cautelares, levantamiento de medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mairal, Carlos c/ OCYME SRL s/ Cobro sumario art. 250 CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

El alegado incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del actor, no es una circunstancia novedosa que permita fundar una solicitud de levantamiento de embargo por haber variado la situación de hecho existente al momento de ordenarse la medida precautoria. En efecto, la alegada circunstancia no era desconocida por los recurrentes, desde que al contestar la demanda invocaron la violación, por parte del vendedor, del contrato de transferencia del fondo de comercio, ya que expresaron que existía una medida precautoria dictada en otro juicio respecto a la titularidad del fondo de comercio. De tal modo, el pretenso cambio fáctico que llevaron al otorgamiento de la medida cautelar no es tal, desde que los demandados conocían, con suficiente antelación al pedido de levantamiento del embargo, el eventual incumplimiento contractual de la actora. En tales condiciones, ello no permite sostener ahora, que han variado las circunstancias de hecho que llevaron a la juzgante al otorgamiento de la cautela (arts. 198 y 202 Código Procesal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Kunzel S.A. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1995-12-18

Por principio elemental de técnica procesal, lo que no fue materia de agravios en la apelación tampoco puede serlo por vía del recurso extraordinario; en el caso la queja referida a la insuficiencia de los montos indemnizatorios no fue sostenida expresamente en el alegato contra la sentencia de primera instancia razón por la cual devino firme la indemnización fijada.
Recurso de queja (procesal), obras sociales, cobertura médica, derecho a la salud
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CARRANZA, EVA DOLORES Y OTRA c/ I.A.P.O.S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 170 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-07-10

Corresponde admitir la queja interpuesta por la recurrente- amparista que pretende su mantenimiento como afiliada opcional a la Obra Social- teniendo en especial consideración la naturaleza del derecho que se halla en juego -derecho a la salud- y las particularísimas circunstancias de la causa- fundamentalmente el riesgo de vida invocado como "hecho nuevo".-
Interés superior del niño, asesor de menores, notificación
Materia: PENAL
Carátula: O. ,F. N. c/  s/ Abrigo s/ Recurso de queja por apelación denegada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-12-22

La función que cumple el Asesor de Incapaces en los procesos en que se encuentren afectados los derechos de personas en situación de vulnerabilidad, no puede ser asimilada, a los efectos de la aplicación del artículo 135 in fine del C.P.C.C., a la que ejerce el Defensor Oficial. Aquel no procura la defensa de los intereses personales o particulares de la parte asistida, sino que su representación de los menores, legítima y esencial, le impone promover su intervención en la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, tutelando los derechos de los niños aun cuando no deba inclinarse necesariamente por la posición más favorable a los concretos deseos de éstos o de sus representantes legales (conf. arts. 1, 38 y ccdtes., ley 14.442; en el mismo sentido, 27, dec. nac. 415/2006). Esta función le exige atender - bien que con subordinación al interés general, como norte al que debe orientarse la actuación de todo servidor público- al superior interés del menor, pauta insoslayable que rige su desempeño (arg. arts. 10, 18, 33, 75 inc. 22 y concs. Const. nacional; 2, 3, 4, 9, 12, 20, Convención sobre los Derechos del Niño; opinión Consultiva 17, Corte I.D.H.; 1, 11, 15 y concs., Const. provincial).(del voto del doctor Pettigiani)
Municipalidad, contratación directa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De Aduriz, Joaquín Ricardo c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07

La Municipalidad que sostiene la regularidad de la contratación efectuada con un tercero debe realizar las diligencias de comprobación imprescindibles para acreditar tanto la falta de personal especializado, como las especiales condiciones y aptitudes del beneficiario, cumpliendo con la carga del onus probandi.
Apreciación de la prueba, recurso de casación, principio de oralidad, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Munson, Gregory s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-24

Esta Cámara de Casación no tiene facultad para examinar la eficacia probatoria de los elementos de convicción utilizados por el inferior, por no ser un Tribunal de apelación ordinaria y por no haberse desarrollado ante sus ojos el funcionamiento individual y conjunto de las pruebas, por lo que no está en condiciones de apreciar su eficiencia conforme los principios de la oralidad. Sólo pueden revisarse en esta instancia este tipo de cuestiones y reemplazarse el criterio del tribunal de mérito, por lesivo, si se demuestra que constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado a las leyes del raciocinio, lo que debe ser apreciado con criterio restrictivo. La valoración de las pruebas y la determinación de las conclusiones inferidas de ellas, es potestad soberana del tribunal de mérito, y la casación sólo puede controlar si esas pruebas son legítimas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento (logicidad), y si la motivación así constituida es clara, completa y emitida con arreglo a las normas prescriptas (legal). Fuera de ese límite, el ejercicio de la libre convicción o sana crítica del juzgador está excluido del control de casación.
Prueba, apreciación del juez, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez, Izabelino Teodoro c/ CIBAFER S.R.L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-26

Gravita en tener por acreditado el saldo deudor que reclama la accionante la dispar importancia económica de las partes: la modestia del actor (insistentemente remarcada por la contraria) y el resultar la demandada una Sociedad de Responsabilidad Limitada que no pudo exhibir al perito contabilidad suficientemente clara (arts.

43, 44 y concds., Cód. Com).
Jubilación por invalidez, pérdida del beneficio, defensa en juicio, debido proceso adjetivo, haber jubilatorio, carácter alimentario, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: IOMMI, MIGUEL A. c/ ANSeS s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-26

El ejercicio de la facultad que le compete al organismo de revocar un beneficio de jubilación por invalidez (cuyo carácter transitorio no esta en duda), no puede ejercerse de forma tal que implique lesión alguna al derecho de defensa en juicio del titular, al debido proceso adjetivo, ni al carácter alimentario del haber previsional. La naturaleza tuitiva del derecho de la seguridad social exige extremar la prudencia en la interpretación de la ley supletoria (cfr. Dcto. 9101/72, inc. 23 ) a fin de que no se desnaturalice la letra y el espíritu de la C.N., por lo que la decisión que importe extinguir un derecho de naturaleza previsional solo produce efectos una vez firme y consentida por el interesado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Debe rechazarse el recurso si los argumentos expuestos en el memorial no refutan los fundamentos de hecho y de derecho dados por el a quo para arribar a la decisión impugnada.
Honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: ARIAS LUIS ARTEMIO Y OTROS c/ E.C.O.S.A. U.T.E. Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-13

Este Alto Cuerpo ha señalado en "Chávez Ramón c/ Loma Negra s/ Indemnización por Accidente de Trabajo, etc. Regulación de Honorarios - Casación" Resol. del 20/2/2006, entre otros, que la ley 5.607 (de honorarios para los profesionales de ciencias económicas)no es de orden público, y que en consecuencia los porcentajes y criterios (art. 19) en ella fijados no son de observancia obligatoria, quedando estos últimos sujetos a la valoración que el tribunal de mérito hiciera del respectivo trabajo profesional.
Legislación tributaria provincial, prescripción
Materia: PROCESAL-CIVIL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Provincial c/ Olivares Mediterráneos S.A. s/ Ejecución Fiscal s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-09-14

Conforme a lo dispuesto por la CSJN, las normas provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil resultan inválidas, es que, en ese orden, no presenta inconveniente el plazo quinquenal fijado por el Código Tributario al ser idéntico al dispuesto por la ley de fondo. En el caso, sin embargo, el problema se traslada al cómputo de la prescripción.

El Código Tributario prevé en el art. 83 para este caso que el plazo de prescripción comenzará a correr desde el primero de enero del año siguiente a aquel en que quede firme la resolución que determine la obligación tributaria. Mientras que el Código Civil dispone que es a partir de que la obligación se torna exigible. Conforme a lo dispuesto por el art. 3956 del Código Civil,la prescripción comienza a correr desde que el crédito existe y puede ser exigido, es decir desde el instante que el crédito está amparado por una pretensión demandable.

En ese sentido, comparto el criterio señalado por la jurisprudencia, en cuanto resulta procedente también, la declaración de inconstitucionalidad de las normas pertinentes de los Códigos Tributarios cuando los mismos establecen que el inicio del plazo de prescripción se traslada al 1 de enero siguiente al año en que el impuesto es exigible, pues se aparta de lo normado en el Código Civil, el que resulta aplicable, en la medida en que la extinción de las obligaciones es materia de derecho común, cuya creación es competencia exclusiva del Congreso Nacional.

Del voto del Dr. Cippitelli
Competencia penal, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Fernández,  Juan Manuel (Queja en: Fernández, Juan Manuel s/ Lesiones Leves). s/ Queja por Casación Penal Denegada. Lesiones Leves.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1987-02-20

Debe rechazarse el recurso de queja, en materia penal cuando como en el caso- no surge de las constancias agregadas ni es siquiera mencionado por el recurrente el tipo concreto de pena impuesta a su defendido que permita evaluar al Tribunal el cumplimiento del requisito insoslayable exigido por el artículo 2 de la Ley 1930 que limita la apertura del recurso a los casos que impongan una pena superior a tres años de prisión.
Proceso penal, debate
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: LOPEZ RAUL SALVADOR s/ CASACION PENAL - DEBATE -
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-22

El art. 378 CPP dispone que 'el debate continuara durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su terminación. Recepta de este modo el legislador lo que la doctrina denomina 'principio de continuidad o de concentración del debate, cuyo fundamento reside en que permite la actuación simultánea de todos los sujetos procesales y una valoración integral de las probanzas, alejando la posibilidad de que el juzgador desvíe la atención en otro sentido, olvide el resultado de los medios probatorios recibidos o los interprete de modo incorrecto. La regla del art. 378 No es absoluta, por cuanto se admiten causas de suspensión del debate y ellas son además de las enumeradas en esa norma, las que surgen de las situaciones contempladas en los arts.

78, 114 Párrafo 2do. Y 393, párrafo 2do., del código procesal penal.

Pero, no priva al debate de su continuidad -aunque se trate de un caso de suspensión autorizada-la existencia de un cuarto intermedio, como así tampoco que durante su transcurso el tribunal haya cumplido acto correspondientes a otro juicio, pues aun cuando se entienda que esa dispersión puede perjudicar el fundamento de la admisión de tal principio, lo cierto es que la ley no ha consagrado una prohibición de esta especie (CPP, 378 incs. 1 A 7 y 3er párrafo 'a contrario sensu'). Es que, aunque quepa la posibilidad de que los jueces no recuerden con absoluta fidelidad el resultado de los actos ya cumplidos, ello queda librado a la conciencia y al sentido de responsabilidad de las personas en cuyas virtudes confían el estado y la ley. Ese supuesto olvido -que, en definitiva, es una cuestión de hecho ajeno al control de la casación- resulta perfectamente compensable con el auxilio de otros medios distintos al esfuerzo mnemico. Destinar un cuarto intermedio a la breve atención de otro juicio tiende a evitar la paralización completa de la actividad del tribunal, situación esta que derivaría en un grave perjuicio al interés público. Por ello, con razón, la buena doctrina acepta sin hesitar, que en ese caso 'los magistrados y asesores pueden, entretanto, atender a los otros juicios inscriptos en el turno para el mismo día o al juicio sumarísimo que se haya inscripto entre esos juicios'.
Nulidad del acto jurídico, auto de procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: B D P, E O s/ AUTO DE PROCESAMIENTO      EXPTE NRO 217-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1981-09-11

Aunque exista como acto integrado al proceso la indagatoria, no puede considerarse cumplida, como presupuesto del dictado del auto de procesamiento, si no ha versado sobre las circunstancias de hecho acerca de las cuales luego se concreta la situación procesal penal del imputado.

Esa incoherencia entre los elementos fácticos de la indagatoria y el encuadre jurídico del auto de procesamiento vulnera la garantía constitucional de la defensa en juicio y en consecuencia, determina se concrete sobre esta última actuación, la expresa amenaza legal declarando su nulidad (artículo 325, segundo párrafo del Código Procesal Penal).
Aclaratoria (procesal), fundamentación de sentencias, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MAYOL, Joaquín. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

La aclaratoria sólo procede en los casos de omisión o error material o cuando la idea no aparece claramente por imprecisión, insuficiencia en el lenguaje utilizado o contradicción.

Excede del marco establecido en el art. 126 del C.P.P.N., la pretensión de la parte consistente en el pedido de explicación sobre la valoración efectuada por el Tribunal.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto.
Contratos innominados, jugador de fútbol, aplicación de la ley, federación gremial, autonomía de la voluntad, base imponible, remuneración devengada, ganancia neta
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Simonian, Alberto Marcelo c/ Yacob, Claudio Ariel s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

1 - Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios incoada por un agente de jugadores registrado ante la AFA contra su representado -jugador de fútbol profesional- con motivo del incumplimiento del contrato de representación que les uniera, en tanto reclama las comisiones devengadas durante el desempeño del accionado en un club nacional y un club extranjero. 2 - Con respecto al desempeño en el club internacional, corresponde señalar que la celebración del contrato se realizó con la intervención de otro agente de jugadores, reconociéndosele una comisión en tal carácter. Y si bien el art. 21 del Reglamento de la FIFA vigente en ese periodo (versión 2008) otorgaba a las partes la libertad de alcanzar acuerdos adicionales y complementarios, las partes acordaron que aún en caso de cesar la representación del representante aquí demandante, subsistiría la obligación de retribución porcentual por un período de dos años. Dicha cláusula no fue atacada de nulidad, por lo que no puede reputarse su invalidez. 3 - Sin embargo, corresponderá ponderar la actuación que tuvo el accionante en la negociación con el club extranjero, y valorar su conducta de acuerdo con los parámetros del código deontológico (art. 24 del Reglamento sobre los Agentes de Jugadores de la FIFA) y los principios de buena fe, teniendo en cuenta que el actor habría priorizado sus propios intereses sobre los de su representado, intentando obtener para sí mismo una cuantiosa comisión por parte del club o un porcentual sobre una eventual venta futura, cuando el contrato del jugador estaba por expirar, y frente a la falta de información de la situación a su representado. En consecuencia, la comisión del actor aunque admitida debe ser morigerada, reconociendo un importe equivalente al 50% de la comisión que se reconoció al agente que suscribió el acuerdo entre el club extranjero y el accionado. 4 - Por último, corresponde revocar la condena fijada por la supuesta violación a la exclusividad pactada por los justiciables, en la medida que no fue oportunamente requerido por el demandante la imposición de la multa pactada.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vigo, Silvia Mónica c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Corresponde rechazar la queja porque el recurso no contiene una crítica concreta, desarrollada y fundada de la resolución denegatoria del recurso de inconstitucionalidad En efecto, los dichos de la parte recurrente carecen de una exposición que los justifique o respalde y no constituyen -por ese motivo- una crítica suficiente en los términos que exige el art. 32 de la ley n° 402. El GCBA no se hace cargo de las razones provistas por el a quo para sostener que su recurso de inconstitucionalidad no estaba dirigido contra una sentencia definitiva ni de los defectos de fundamentación en los que se apoyó la denegatoria. En estas condiciones, el escrito en análisis exhibe generalidad; sin llegar a rebatir la resolución contra la que se dirige. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sociedad conyugal, calificación de bienes, bienes propios, bienes gananciales
Materia: CIVIL
Carátula: F.L.O.E. s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (SOCIEDAD CONYUGAL)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

No existe incompatibilidad legal en que una porción indivisa de un mismo bien se considere del dominio propio de un cónyuge, y otra de pertenencia de la sociedad conyugal. Tratándose la distinción entre bienes propios y gananciales de materia de orden público, debe estarse a la calificación otorgada por la ley, pues la circunstancia de que se refiere a partes indivisas de un mismo bien no exige un encuadre diverso, ni por el derecho positivo ni por la naturaleza de las cosas.
Sanciones conminatorias, astreintes
Materia: CIVIL
Carátula: PIRO, Rubén Alberto c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-06

Para que las astreintes se decreten o se impongan al obligado, deben estar precedidas del proveído que intime al cumplimiento de la obligación, lo que no sucede cuando sólo medió intimación al cumplimiento de la sentencia bajo apercibimiento de aplicarlas, pero no hubo pronunciamiento expreso que las impusiera, haciendo actual el apercibimiento. Ello es así, por cuanto es de la esencia de las "astreintes" que las personas a las que se dirijan conozcan de antemano las consecuencias económicas que se derivarán de no cumplir con la resolución judicial, cuya fuerza tienden a consolidar.-