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Regulación de honorarios, costas, responsabilidad del deudor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: D. N. N. M.  c/ C., A. E.  s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-09-12

El art. 505 CC -actual art. 730 CCC, última parte- no significa que en la sentencia de mérito no deban regularse los honorarios correspondientes a cada letrado interviniente, conforme sea su actuación en la causa y de acuerdo a lo que tenga derecho a percibir, por haberlo devengado con su trabajo; el art. 505 CC o el actual art. 730 CCC no levantan una barrera entre el letrado y los honorarios a que tiene derecho, si así fuera sería inconstitucional, porque implicaría un factor de cercenamiento de derechos ya devengados. Por ende, es del todo desatinada la pretensión postrera de la aseguradora recurrente. Lo que el art. 505 CC y su correlativa norma del nuevo código -730 CCC- hacen es declarar que la responsabilidad por el pago de las costas tiene el límite del 25% que allí se establece. Es decir, los honorarios se regulan en la sentencia, como deban ser regulados en función de los trabajos hechos y de las pautas arancelarias en juego y se imponen las costas, de acuerdo al éxito o derrota de una o varias partes. Luego, al momento en que esos honorarios queden firmes y pretendan ser ejecutados, podrá plantear el legitimado pasivo al pago el exceso del tope y allí, en su caso, se prorratearán los honorarios que habrá de afrontar su parte, lo que no implica que el eventual remanente no pueda serle cobrado por el profesional a otro obligado.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CABALLERO, Jorge Horacio en representación de su hija M.L.C c/ IOSPER s/ ACCION DE AMPARO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2011-08-18

Dada la naturaleza excepcional del proceso de amparo, la concesión del recurso de apelación (arts. 15º y 16º, Ley Nº 8369) otorga al superior la plenitud de la jurisdicción, colocándolo frente a la demanda en la misma posición que el a quo, pudiendo examinar todos sus aspectos, estudiar cuestiones no consideradas en la impugnación y establecer de oficio la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen ipso iure, dotando al Tribunal ad quem de facultad y atribución suficiente para juzgar en su totalidad los hechos y el derecho, actuando respecto de ellos con plena jurisdicción.
Daños y perjuicios, culpa civil, seguros, Instituto Nacional de Reaseguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: Lucero Cia. Arg. de Seg.  S.A. c/ I.N.DE R. s/ DAÑOS  Y PERJUICIOS  -  SEGUROS  -  CULPA  CONTRACTUAL  -  INSTITUTO  NACIONAL DE REASEGUROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - DOLO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

No procede la demanda de daños y perjuicios de una compaÑía de seguros contra el Instituto Nacional de Reaseguros, por la inclusión de débitos indebidos en la cuenta corriente entre ambos, pues tratándose de responsabilidad contractual, y demostrado que el proceder del demandado, si bien fue ilegítimo, no fue doloso, no debe responder por perjuicios que no constituyen consecuencias inmediatas derivadas de su proceder negligente, en los términos del art. 901 del Código Civil.
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de leyes federales
Materia: PROCESAL
Carátula: Breard, Juan Carlos c/ Prefectura Naval Argentina s/ reclamos varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-03

El recurso extraordinario deducido es formalmente admisible, toda vez que se discute el alcance y la interpretación de normas federales (leyes 16.443, 20.774 y 26.578) y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la apelante funda en ellas. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Monges María Isabel c/ Monges Ramón Mercedes y otra s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20

Existe negligencia en el obrar del tercero que no adopta las precauciones mínimas para que el arma no llegue a las manos del menor -naturalmente curioso- sin que pueda escudarse en su voluntad presunta de que el menor no la tomara, de modo que cuando por tal negligencia o culpa se facilita la desobediencia de tal voluntad, deja de operar el último párrafo del art. 1113 del C.Civil.
Cuestiones de competencia, reordenamiento del sistema financiero, competencia comercial, contratos bancarios, demandado, bancos
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: "Goldfarb  Simón  y otro c/ PEN Ley 25.561 Dtos. 1570/01 214/02 s/ proceso de conocimiento".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-23

La circunstancia de que el art. 6 de la ley 25.587 atribuya competencia a la justicia federal para la tramitación de los procesos aludidos en su art. 1° no proyecta una decisiva influencia, en tanto, cuando una ley de fondo declara la competencia de la justicia federal no está discriminando a cual entre los fueros capitalinos, todos federales, corresponde la tramitación. (Consid. II).
Acción reivindicatoria, condominio, ejecución de sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ARAMBURU VICUÑA RAMON Y OTRA c/ PATELLI ALFREDO s/ REIVINDICACION - APELACION - NULIDAD - DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-06-05

La acción reivindicatoria no tiende a recuperar la cosa detentada por los terceros, sino que simplemente, propende a obtener el reconocimiento de su derecho y de consiguiente al ejercicio limitado de las facultades de uso y goce que la ley le reconoce sobre las cosas. La acción reivindicatoria intentada por el condomino presenta la particularidad de que la ejecución de sentencia no se traduce en una recuperación total de la posesión sobre la cosa, sino al simple reconocimiento de la existencia de ese derecho abstracto del condómino y el franqueamiento consiguiente al ejercicio de las facultades que como tal le competen. Por ende como vía de consecuencia se puede inferir que en lo atinente a la defensa de la parte indivisa, obra automáticamente, con independencia, desvinculación y sin contacto alguno con los demás copartícipes. ; b) pérdida de la posesión; y c) posesión actual de la persona.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, insuficiencia del agravio, amenazas, condena condicional, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en González Orellano, Carolina Natalia Sobre 149 Bis - Amenazas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-05

Corresponde rechazar la queja dirigida, en el último término, contra la sentencia que confirmó parcialmente la condena y disminuyó la sanción a la pena de seis meses de prisión en suspenso. Ello así dado que, aunque fue interpuesta en tiempo y forma, y pretende -en última instancia- controvertir la sentencia definitiva del proceso, no logra demostrar la configuración de una cuestión constitucional o federal, ni que lo recurrido sea descalificable por la doctrina de la arbitrariedad (arts. 27 y 33 de la ley N° 402). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Defensor de menores, nombramiento, omisión de legislar, acción de amparo, cuestión justiciable
Materia: DERECHOS HUMANOS-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fundación Sur Argentina y Otros c/ E.N. - Honorable Cámara de Senadores de la Nación y Otro s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-03-09

En tanto no se ha acreditado la existencia de una cuestión política no justiciable, pues la demora en la realización del procedimiento de designación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impide considerar que hubiese existido el desarrollo natural de los procesos políticos y parlamentarios, configurándose -por el contrario- una omisión legislativa que justifica la procedencia del ejercicio del control judicial, corresponde admitir la acción de amparo, exhortando al Congreso de la Nación al cumplimiento de la obligación de designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Contrabando de estupefacientes, semillas de marihuana, contrabando simple, procesamiento, venta por Internet
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: Legajo de apelación de L. Q., J. M. formado en la causa N° CPE 1964/2017, caratulada "L. Q., J. M. c/  s/ infracción ley 22.415
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-10

Debe ser confirmado el procesamiento, en orden al delito de delito de contrabando de importación de estupefacientes, de un joven que intentó ingresar al país siete semillas de marihuana mediante un envío postal internacional procedente de España, puesto que se encuentran reunidos los elementos objetivos del tipo penal de contrabando, ya que el art. 864 inc. d) del Código Aduanero establece que la ocultación de la mercadería que debiere someterse al control aduanero constituye un supuesto especial de contrabando simple, sin que se requiera la existencia de otros medios ardidosos o engañosos más sofisticados para la constitución del delito. Asimismo, el argumento de que las semillas secuestradas estaban destinadas al consumo personal del imputado no resulta relevante para descartar la tipicidad del delito, habida cuenta que el art. 866, primer párrafo, del referido cuerpo normativo, reprime con mayor severidad la importación y la exportación clandestina de sustancias estupefacientes sin que, en principio, resulte determinante el destino final de dicha mercadería.
Beneficio de litigar sin gastos, presupuesto, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NICOLACI   JOSE   LUIS c/ OBRA  SOCIAL  BANCARIA  ARGENTINA s/ beneficio de litigar sin gastos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

En mérito de las probanzas aportadas, se ha demostrado que el Sr. Nicolaci tiene como sustento su labor como chofer de taxi, que tiene un automóvil modelo 1992, que no posee bienes de fortuna, ni otros ingresos, y que convive con su mujer e hija en un inmueble alquilado, elementos éstos que se extraen de las constancias y de la declaraciones testimoniales prestadas, cuyo valor probatorio no resulta descartado por la circunstancia de que el testigo sea conocido, vecino, o amigo, pues precisamente tal extremo hace posible el anoticiamiento de su situación económica (Fallos: 311:1372; Sala I, causa n° 6.913/01 del 26.07.05; esta Sala, causa n° 6.803/02 del 28.06.07). El Tribunal considera que se encuentran acreditados los extremos que habilitan la concesión del beneficio, pues en esta materia, donde no cabe hacer interpretaciones estrictas como quedó dicho, las pruebas rendidas deben ser apreciadas con criterio amplio tendiente a concederlo antes que denegarlo.
Obligación alimentaria, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: G.R.N. c/ G.M.R. s/ prestación alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2024-03-04

La obligación alimentaria de los progenitores se prorroga hasta que se derriben las barreras sociales que padecen las personas con alguna discapacidad física o mental, la falta de oportunidades laborales que presentan, la dificultad de competir en forma leal por un trabajo, etc.
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Gigena, Julio César y otros c/ Provincia de Mendoza. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Es preciso observar los requisitos que la ley ha instituido como inexcusables para admitir la competencia apelada de la Corte Suprema.
Ejecución prendaria, crédito privilegiado, plazo, falta de reinscripción
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO SUQUIA S.A. c/ GREGORIADI DELIA FABIANA s/ EJECUCION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-07-27

El art. 23 de la ley 12.962 determina que el privilegio del acreedor prendario se conserva hasta un plazo máximo de cinco años, contados a partir de la inscripción de la prenda. Si bien es verdad que faculta al acreedor para solicitar su reinscripción, ello es a condición de que la solicitud se promueva antes de que se opere la caducidad.

Esa condición rige asimismo en los supuestos de que la caducidad se opere después de iniciada la demanda, ya que, lo reiteramos, se trata de un plazo máximo de duración del privilegio. Todo ello desde luego, sin perjuicio del derecho del acreedor de solicitar una nueva inscripción, siendo a su cargo las implicancias que ella pueda tener sobre el régimen de prioridad previsto por la ley.
Cuestiones de competencia, competencia federal, jueces, comisión de delitos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: IGLESIAS, Marcelo s/ Falsedad ideológica,Inc. de apelación; causa nro. 13.610
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

Es de destacar que si bien la Corte tiene resuelto que todos los jueces de la Capital Federal revisten el mismo carácter nacional, a cuyo efecto no cabe distinguir entre jueces federales y ordinarios, no se sigue de ello que los delitos que los afecten o los que cometan en el ejercicio de sus funciones sean del conocimiento de la justicia especial. De allí que a fin de la determinación de la competencia de este fuero, se hace necesario establecer si las funciones realizadas tuvieron carácter federal, circunstancia que no se constata en autos en virtud de la naturaleza de los hechos denunciados, ajenos a esta jurisdicción federal
Plan de parentalidad, interés superior del niño, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: A.A., M. J. Y A., F. F. s/ homologacion de convenio (incidente de aumento de cuota alimentaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-17

En el incidente de modificación de régimen de visitas, el principio general es que las costas deben imponerse en el orden causado, pues se ha considerado que se trata de una materia en la cual resulta lógico que ambos padres procuren la mejor relación con sus hijos y arbitren los medios necesarios para lograrlo, pudiendo exceptuarse la aplicación de dicha regla, en aquellos casos en que se verifique una injustificada oposición o negativa del progenitor no conviviente. A este respecto cabe recordar que el pronunciamiento no reviste carácter de definitivo y, por estar el juego el "interés superior del niño", tampoco puede hablarse de vencedores ni vencidos.
Confirmación de sentencia, insuficiencia del agravio, daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Rivas Maria Luisa c/ ENRE y Otros  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-27

Se desestima los agravios ofrecidos por la parte actora y se confirma la sentencia apelada. La jueza Liliana María Heiland, en cuanto aquí interesa, expone que la indemnización que la actora solicitó en concepto de "daño moral" por el fallecimiento de sus tíos es improcedente de acuerdo con el artículo 1078 del Código Civil. Sostiene, paralelamente, que las objeciones constitucionales que la parte actora invoca en el memorial no pueden ser tratadas en esta instancia pues, en los términos del artículo 277 del Código Procesal Civil y Comercial, comportan una reflexión tardía en tanto no fueron planteadas ante el juez de primera instancia.
Ejecución prendaria, suspensión de la subasta, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: TRANSPORTES ALBERDI  S.A. c/ BANCO NUEVA ERA COOPERATIVO LIMITADO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-02

El derecho conferido por el art. 39 de la Ley de prenda no puede ser enervado por la adopción de medidas que tiendan a impedir el inmediato ejercicio de una facultad que el legislador ha establecido en favor de los acreedores que el ordenamiento contempla.
Impuesto sobre los ingresos brutos, AFJP, asegurador
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La norma contenida en el art. 116 de la ley nacional nro. 24.241, constituye tan solo un precepto interpretativo o didáctico que, más allá de resultar sobreabundante, ha venido a establecer el amojonamiento fronterizo y conceptual para ratificar aquello que queda comprendido en el ámbito de la hipótesis de incidencia tributaria y aquello que se ubica fuera de ella, quizás con el solo fin de evitar que se desdibujen y pierdan claridad las líneas divisorias entre la materia gravada en términos de taxatividad y exclusividad, de aquella no sometida al impuesto sobre los ingresos brutos. En tales condiciones la norma nacional que, no consagra una exención, se convierte en una manifestación positiva de la "exclusión de objeto", de un impuesto que opera en otro plano de gobierno pero, sin generar tensiones entre las competencias de potestad tributaria normativa federales y locales, ya que si tal precepto no existiera, el resultado jurídico habría de ser el mismo, esto es la inexistencia de obligación tributaria a cargo de la AFJP por ingresos solamente atribuibles a las compañías aseguradoras.
Derecho comercial, viajantes de comercio, libros de comercio, comisiones, inversión de la carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PASCUAL EDGARDO JOSE c/ HELAMETAL S.A. Y OTR.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-05-26

Si los hechos en que se funda el reclamo por comisiones no han sido probados por el actor, no corresponde aplicar la inversión del onus probandi previsto en el art. 55 del CPL, habida cuenta que éste es una excepción al principio general sobre la prueba de los hechos, contemplado en el artículo 179 del CPC de aplicación supletoria al proceso laboral en virtud del articulo 108 del CPL, para garantizar la igualdad entre las partes
Daños y perjuicios, daño moral, legitimación activa, herederos forzosos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Silveyra, Alberto y otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos y otros. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

Corresponde asignar una interpretación amplia a la mención "herederos forzosos" que hace el art. 1078 del Código Civil, de modo que alcance a todos aquellos que son legitimarios potenciales, aunque - de hecho - pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, atento el carácter "iure proprio" de esta pretensión resarcitoria (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A.F. López).
Recurso de casación, falta de personería
Materia: LABORAL
Carátula: GRAMAJO DE LLARUL ELDA GRACIELA c/ SANATORIO VIANO S.R.L. Y OTRO s/ DEMANDA AUTÓNOMA SUMARIA DECLARATIVA DE DERECHOS - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-10

Una sentencia de carácter interlocutorio, que resuelve hacer lugar a la excepción de falta de personería, excepción que pertenece a las denominadas dilatorias y no perentorias, y sin un perjuicio de imposible reparación ulterior, no habilita la instancia casatoria.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, expresión de agravios, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco Bansud S.A. c/ Woodward, Robert Frank y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-05-17

El fundamento de toda revisión de una providencia judicial está constituido por la existencia de agravio, es decir que a través de ese medio se aspira a la modificación o revisión de una medida considerada injusta por causar un perjuicio y si de la lectura de los "agravios" vertidos no surge ese perjuicio que al apelante le causa lo dispuesto, sin más corresponde declarar mal concedido el recurso deducido (art. 243, inc. 3 del C.P.C. y C.)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, recurso directo, interposición del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: CROLLA, NORBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-05-28

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad, toda vez que al postular la extemporaneidad del recurso interpuesto, los jueces de la causa omitieron considerar que el escrito de queja había sido presentado ante la Mesa de Entradas Única dentro del plazo hábil sentado por la propia Alzada (plazo de gracia o día siguiente a los dos días hábiles posteriores a la notificación del recurrente).

En tales condiciones y atento a la mecánica establecida por Reglamento Unificado de las Mesas de Entradas Única -aprobado por esta Corte Suprema mediante Acta nro. 39 del 5 de diciembre de 1999- se configura en autos un inexcusable defecto de ponderación de expresas constancias de la causa (concretamente del cargo de la Mesa de Entradas Única de segunda instancia suscripto por la actuaria), que hace pasible de descalificación al fallo impugnado, pues su análisis resultaba decisivo a la hora de computar la temporaneidad del recurso directo (Citas: CSJStaFe AyS T 199 p 383; T 212 p 485; T 234 p 262)
Defecto legal, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Guerín Gloria Dora c/ Bruno Sergio Fabián y/o Subinquilinos y/o Terceros ocupantes s/ Desalojo y Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-02-21

Para que la excepción de defecto legal tenga acogida, la demanda habrá de exhibir falencias de entidad suficiente como para afectar el derecho de defensa del demandado, privándole de la posibilidad de oponerse a la pretensión actoral o dificultándosele la producción de prueba. Debe atemperarse la rigidez formalista en su apreciación, reduciéndola a sus justos límites a fin de que no se convierta en un instrumento de inequidad.