marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Oberti, Roberto C s/ Hurto simple y robo calificado en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-03-12

La invalidez de oficio es una prerrogativa que la Corte reserva para casos extremos.
Insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Asociación Trabajadores del Estado c/ GCBA s/ amparo - empleo público-otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

La profusa invocación de disposiciones constitucionales o la alegación de la arbitrariedad de la sentencia recurrida, no autorizan a prescindir de la existencia de un pronunciamiento definitivo en los términos del art. 27 de la ley n° 402 (conf. doctrina de Fallos: 304:749; 312:311, entre otros; aplicable mutatis mutandis, al recurso de inconstitucionalidad local). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Luis Francisco Lozano y Marcela De Langhe. Voto en igual sentido de juez Santiago Otamendi).
Intervención judicial, coadministrador, sociedad anónima
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ayan, Mónica Angelica c/ Caños Luz S.A. s/ Medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-27

Es procedente la intervención en grado de coadministración de una sociedad anónima, ya que se encuentran configurados los requisitos exigidos por el ordenamiento de fondo para acceder al pedido, en tanto existen indicios que conducen a considerar plausible el relato de la actora en torno del aparente desmanejo o al menos, confusión negocial y resultando la medida adoptada indispensable para evitar los perjuicios aducidos.
Actos jurídicos, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL
Carátula: MACIAS YANUZZI JUAN Y OTROS c/ WALTER DANIEL COSTAS s/ SIMULACION-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-02

El art. 1045 del Código Civil, comprende dentro de la nulidad, por una parte los actos que adolecen de un vicio de la voluntad y, por la otra, los que exhiben ciertas particularidades, como el fraude y la simulación, por las cuales, en interés y resguardo de los terceros, y aún eventualmente, del propio interesado, la ley admite su impugnación.
Caducidad de instancia, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lugones, Rosa Cármen s/ Incidente de petición de legado en autos: Cipolleta, Nazareno s/  Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

Las normas sobre caducidad de instancia son aplicables al recurso extraordinario, pudiéndosela declarar de oficio cuando desde la providencia que ordenaba acompañar diversos recaudos, ha transcurrido el plazo previsto por el artº 1º inc. 2º de la ley 14191. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prueba pericial, contadores públicos, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Vera Félix Gerónimo c/ Sucesión Adolfo J. Motalli y Cía. s/ Cobro de pesos.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-18

En autos, la fotocopia simple que le perito contador agrega con motivo de su informe, es inadmisible para resolver los presentes, por un lado al carecer de autenticidad, y por otra parte, no cabe que, a través del dictamen pericial, se pretenda incorporar un (supuesto) documento que, en su caso, debió ofrecerse como prueba al demandar y someterse al pertinente trámite.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, Ley de Marcas, propiedad intelectual, fuero de atracción, competencia federal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ACUÑA SULCA, María Florencia. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Cuando resulta dable advertir las violaciones a las disposiciones de la ley de propiedad intelectual y a la ley de patentes y marcas debe ser un único juez el que lleve adelante la investigación.

Por ello, y aun cuando ambas conductas podrían ser escindibles, dada la vinculación entre los hechos, la comunidad probatoria y el propósito único del autor, cual era la comercialización de discos compactos, corresponde asignarle competencia a la Justicia de excepción por ser tribunal de atracción.
Testamento ológrafo, protocolización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Benetti, Lucrecia María Laura s/ Sucesorio-Testamentario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-05

La protocolización del testamento ológrafo no puede ser efectuada por el Secretario del Juzgado que carece de protocolo, sino por escribano de registro cuya designación es siempre privativa del juez. La norma del artículo 3692  de Código Civil no puede ser interpretada aisladamente, ni considerada norma particular que deroga la general del artículo 1003 sino que, por el contrario, constituye una aplicación particular del concepto general de protocolización, que surge de la última citada.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Es potestad del Tribunal la concesión de la suspensión del juicio a prueba en la medida que se den las circunstancias del artículo 26 Código Penal, al disponer, de manera similar al artículo 27 Código Penal, que no procede una nueva suspensión del juicio si se cometiera un nuevo delito luego, antes de transcurridos ocho años de la expiración del plazo de aquélla, y al prohibir la aplicación de una pena en suspenso, cuando la realización del juicio obedece a la comisión de nuevo delito. Sería contradictorio, con toda razonabilidad y coherencia en el plano jurídico, que pudiera corresponder este instituto a quien pudiera ser condenado a pena de prisión efectiva. (Voto del Dr. Crippa García). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Condena penal, pena privativa de la libertad, autoría, personal policial, aplicación errónea de la ley, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Aragón, Armando Ronal s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Pedro J. Vélez en causa Expte. Nº 119/07 caratulada "Romero Jorge Abel, Aragón Armando Ronal, Brizuela Pedro Claudio, Vega Fabián Daniel p.ss.aa. Homicidio Agravado en Calidad de Autor, Homicidio Agravado en Calidad de Partícipe Necesario, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real; Omisión de Denunciar Agravado en Concurso Ideal c/ Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - Coneta - Valle Viejo - Dpto. Capayán -  Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

Contra la sentencia que encontró al imputado como autor penalmente responsable del delito de tortura con resultado de muerte de la víctima en calidad de coautor, y lo condenó a prisión perpetua, la defensa técnica interpuso recurso de casación, invocando el motivo sustancial del art. 454 inc. 1ro. del C.P.P., sosteniendo que el tribunal de juicio, al aplicar a su defendido la figura prevista en el art. 144 tercero, segundo párrafo del C.P. -delito de tortura con resultado de muerte de la víctima-, efectúa una errónea interpretación del concepto tortura.

Lo que esta norma exige, es que el sujeto pasivo se encuentre privado -legítima o ilegítimamente- de su libertad. Esta exigencia del estado de privación de la libertad de la víctima se justifica, según el mensaje del Poder Ejecutivo al remitir al Congreso el proyecto de la ley 23.097, por la imposibilidad en que estas personas se encuentran de defenderse de los hechos a que se las somete, situación en la que como se analizará, se encontraba la víctima.

En el caso bajo examen, el a quo encontró acreditado que la víctima se encontraba durmiendo cuando el imputado y otro funcionario policial irrumpieron en el dormitorio a fin de cumplimentar la orden judicial consistente en su detención y, concomitantemente, al momento de cumplirla ambos, intencionalmente, le propinaron una feroz golpiza, que le ocasionó múltiples lesiones traumáticas.

La muerte de la víctima sobrevino a consecuencia de las graves lesiones proferidas al momento de su arresto. Los autores de dichas lesiones, por su cantidad y gravedad, debieron representarse la posibilidad de que el acontecimiento fatal ocurriera.

En razón de lo expuesto, el sentenciante encuadró correctamente la conducta desplegada en la figura constitutiva del delito de tortura con resultado de muerte de la víctima, por lo que corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto con relación a este agravio.
Infracciones aduaneras, reincidencia, prescripción de la reincidencia, prescripción de la acción penal, graduación de la pena
Materia: ADUANERO-PROCESAL
Carátula: Pinal Pharma S.A.C.I.F. (TF 7398-A) contra A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-19

La prescripción de la acción penal impide, por cierto, considerar al hecho que lo originó como un antecedente que coloque al infractor como reincidente a los fines de la graduación de la pena. Sin embargo, ha de observarse que en ninguna de las dos posiciones sustentadas en el seno del Tribunal Fiscal se ha tomado en consideración ese hecho al momento de disponer el monto de la sanción (cons. V).
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Lipovez, Jorge Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

No se encuentra debidamente fundada la oposición fiscal a la concesión del beneficio pues la imposición, como regla de conducta, de la "autoinhabilitación" del encartado para la actividad vinculada directamente con el delito objeto de imputación, exigencia que no se encuentra dentro de las previsiones del art. 27 bis CP.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, planes de cobertura médica, servicios excluidos, responsabilidad de la obra social, obligación de seguridad, mala praxis, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE HERNANDO, MARIA JULIA c/ A.P.S. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-29

En los supuestos de sistemas "cerrados" de cobertura, en los que el paciente carece de la posibilidad de elegir libremente el galeno con quien desea atenderse y debe recurrir a alguno de los contemplados en la cartilla de prestadores confeccionada por la obra social, tal cercenamiento del libre arbitrio, justifica y convalida la obligación de seguridad que se impone a ésta por la eficacia del servicio de salud que prestan.
Violación de la ley o doctrina legal, proceso en trámite, actuaciones administrativas, competencia administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Informe de auditoría s/Contratación del servicio de Estacionamiento tarifado, control y sanción del estacionamiento indebido en la Ciudad de Río Gallegos (Actuación nro.30 - Letra T.C. Año 1998) s/Recurso art. 51 Ley Nro. 500
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-05-30

Incurre en violación legal la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones al decidir anticipadamente cuestiones de carácter administrativo contable, que no han concluido en su tramitación, preservando de esta manera el ámbito de competencia jurisdiccional de este Poder Judicial, sin detrimento de la actividad que le compete ejercer a los órganos administrativos.
Segunda instancia, legitimación activa, patrocinante
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SCHIAFFINO, Jorge P. s/ QUERELLA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-31

Sólo están facultados para ser oídos en la alzada quienes fueran legitimados activamente en el proceso; el letrado patrocinante no se encuentra en la situación mencionada.
Herencia, regulación de honorarios, adjudicación, abogados
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nazar, Juan José c/ Nazar, María Inés y otro s/ legajo de copias
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-29

Si bien es clara la procedencia de la regulación provisoria interesada, la ausencia de pautas en el auto regulatorio que permitan ejercerla, sumado a la defectuosa confección del legajo desde donde no se puede apreciar ni la labor que se remunera, ni la situación del juicio a los efectos de contemplar una base como la propuesta por el letrado peticionante de los honorarios provisorios, que en definitiva, no puede saberse si fue o no atendida, la regulación deberá ser dejada sin efecto.
Contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: DASKAL DE SCHAPIRA c/ ROSEMBERG Y GORBO SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-29

El hecho de que el empleado concurra un solo día de la semana a la sede del empleador y que haya realizado iguales tareas para otras firmas, no impide que se lo considere trabajador dependiente en los términos del artículo 25 TORCT., cuando prestase servicios en las condiciones del artículo 22 del mismo ordenamiento.
Síndico del concurso, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Haedo, Alberto José s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-12

Que habiendo quedado sujeto a revisión el monto estimado del activo, debe tomarse, a efectos de regular los emolumentos de los letrados actuantes, el denunciado por el propio concursado, en tanto no se advierten cuales han sido las pautas de actualización del mismo empleadas por el síndico en el informe general (arts. 264 inc. 1 y 289, L.C.). Por lo demás, en la integración del pasivo del concurso, ha de desestimarse la inclusión de un crédito insinuado oportunamente, si fue declarado inadmisible, aunque haya sido incorporado erróneamente por la sindicatura en la composición del pasivo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Cooperativo de La Plata Ltdo. c/ Galli, Jorge Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

La diferencia porcentual entre la tasa activa y la pasiva, tiene su justificación en la intermediación financiera. El intermediario recibe dinero en depósito y por ello paga un interés, el pasivo o de tasa pasiva. Al prestar dinero el intermediario cobra un interés superior, el activo. A la diferencia entre ambas tasas, se la denomina "spread" término inglés que puede traducirse por "separación" o "brecha". Si ambas tasas fueran iguales no existiría ganancia o retribución alguna para el servicio prestado por el banco, ni fondos con que sostener su actividad. La brecha, o diferencia, entre las tasas activas y pasivas, se encuentra plenamente justificada si se atiende a la actividad normal de la entidad financiera o bancaria, ejecutante.
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, debido proceso, defensa en juicio, infracciones de tránsito, faltas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ERSA URBANO S.A. c/  s/ APELACION MUNICIPAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-17

El actor persiste en sostener que se le ha afectado la garantía del debido proceso ya que no pudo oponer las defensas necesarias para demostrar que no corresponde imputar las faltas cometidas por los agentes -sus empleados- a la persona jurídica, pues no es ésta la que cruza un semáforo en rojo; mas con ello no se hace cargo de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ordenanza 11548 que establece que las sanciones establecidas en el presente régimen serán aplicadas a las empresas prestatarias del servicio, aún cuando la falta sea imputable personalmente a la acción u omisión de un conductor o dependiente de la misma; y de la Ordenanza 5366 en cuanto estatuye que los concesionarios son siempre responsables de los actos del personal, pero podrán accionar contra estos en casos de culpa, negligencia.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: LABORAL
Carátula: Berazategui, Luis María c/ Pouso, Abel Aníbal s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-16

Si no existen en la causa elementos de prueba que corroboren la confesión ficta pero tampoco que la contradigan, ante la orfandad probatoria del proceso, queda reservada al tribunal del trabajo y a su apreciación en conciencia, la eficacia que adjudica a aquél elemento de convicción.
Contrato de trabajo, despido, retención de tareas, licencia por enfermedad
Materia: LABORAL
Carátula: Brandt, Jorgelina  c/ Casino Buenos Aires S.A. y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-12

Corresponde confirmar un pronunciamiento que condenó a la demandada por un despido, toda vez que resultó justificada la retención de tareas de la actora, por cuanto la empleadora no acreditó haber pagado haberes de un período en el que la accionante se encontraba gozando de una licencia por enfermedad.
Acceso a la información, cuestión abstracta
Materia: CIVIL
Carátula: Miller, Alicia Elena. s/ Mandamus.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-10-30

Es improcedente el mandamiento de ejecución interpuesto por una periodista por el que se pretende acceder a fuentes de información (ley provincial 1829), respecto del origen de los fondos llegados a la Provincia para el pago de sueldos. Ello en tanto ha devenido abstracta la pretensión ejercida al conocerse públicamente el origen de los fondos por declaraciones del Gobernador de una provincia vecina.
Acción de amparo, existencia de otras vías, impuestos, revalúo impositivo, cuestiones opinables
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: PIAGGI, Ana c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-14

La apertura del amparo requiere circunstancias muy definidas, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irracionalidad e ilegalidad manifiesta, que configuren, ante la ineficacia de los procesos ordinarios, la existencia de daños concretos y graves, sólo reparables por vía de esta acción urgente y expeditiva. Así, resultan excluidas de su ámbito las cuestiones opinables, como lo es el revalúo inmobiliario, por cuanto los derechos involucrados gozan de otras posibilidades de protección.
Poder Judicial, revisión judicial, competencia contencioso administrativa, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: NUCCI, ALEJANDRO CESAR c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13

En el presente caso -impugnación de una resolución de carácter administrativo en el marco de un concurso interno para el personal de este Poder Judicial, con el fin de cubrir un cargo de categoría mayor con empleados de la inmediata inferior, resuelta desfavorablemente para el interesado por el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia-, al ser de naturaleza administrativa y no estar previsto recurso alguno en el ordenamiento normativo provincial aplicable (ley 13013) que procure la vía impugnativa a seguir para la revisión judicial por razones de legitimidad y no siendo susceptible de ser encuadrado el caso en las previsiones del restringido ámbito de la ley 11330 ni en ninguna otra norma específica, cabe tener presente la atribución constitucional de esta Corte para entender de manera originaria y exclusiva en materia contencioso administrativa, desde que este Tribunal es quien reviste la calidad de máximo intérprete de la Constitución provincial e interviene en lo que hace a la fijación de la política recursiva en la materia, atribución jurisdiccional y constitucional que en nada se ha visto afectada con la creación de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Provincial, artículo 93, inciso 2; Leyes 13013, 11329 y 11330.
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Caeiro, Verónica c/ Dalle Nogare, Renato. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Es descalificable la decisión de la Cámara, pues la sola mención normativa y la alusión de pautas de extrema generalidad como las empleadas al ejecutar la regulación de los honorarios no permiten inferir cuál es la alícuota establecida o de qué forma se ha valorado la labor profesional como retribuida, ni si correspondía prescindir totalmente de los agravios alegados por las partes.
Fallo plenario, convenios colectivos de trabajo, aplicación de la ley, obras sociales
Materia: LABORAL
Carátula: SA, EDGARDO c/ OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN OBRERA METALéRGICA DE LA REPéBLICA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-13

Según el fallo plenario nº 153 Alba, Angélica c/ UTA (14/6/71) la CCT 71/89 suscripta por la Federación de Asociaciones de Trabajo de la Sanidad Argentina y Asociación de Hospitales Particulares, de Beneficencia y Mutualidades y la Confederación Argentina de Mutualidades se aplicaba al personal que se desempeñaba en un sanatorio de propiedad de una asociación gremial. Tal criterio merece ser extendido al personal de un sanatorio que pertenece a una obra social, toda vez que se trata de un establecimiento (art. 6 LCT) dedicado a la actividad sanitaria cuya explotación es desarrollada por una obra social aunque su naturaleza jurídica sea ajena, en principio, a lo que podría considerarse una asociación mutual. Para más, el convenio mencionado fue suscripto por la Federación de Médicos de la Capital Federal.