Tribunal: TRIBUNAL DE IMPUGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-12-02


SENTENCIA N° ciento veinticinco /2014.- En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima, a los dos días del mes de Diciembre de dos mil catorce, se constituye la Sala del Tribunal de Impugnación conformada por los Sres. Jueces LILIANA BEATRIZ DEIUB, ALFREDO ALEJANDRO ELOSU LARUMBE y FEDERICO AUGUSTO SOMMER, quien presidió la audiencia, con el fin de dictar sentencia en instancia de impugnación, en el caso judicial "LLUL, ARIEL s/USO DEDOCUMENTO PUBLICO FALSO", identificado como legajo MPFJU N. 10062/2014, seguido contra ARIEL EUGENIO LLUL, D.N.I. N°: 23.712.026, con domicilio real en GRAL. LAMADRID 544 JUNINDE LOS ANDES, nacido en Junín de los Andes, en fecha04/01/1974, hijo de Eugenio Ramón y Antonia Duarte, soltero, empleado público.

Siendo originario el presente caso a resolver del antiguo sistema procesal penal, la Oficina Judicial imprimió el procedimiento correspondiente a la impugnación ordinaria previsto en los artículos 243 y siguientes del nuevo ordenamiento adjetivo (Ley 2784), celebrándose la audiencia prevista en el artículo 245 CPP, el día catorce de Noviembre del año en curso, oportunidad en que el impugnante expuso los fundamentos del recurso de impugnación.

En la audiencia prevista por el art. 245 del CPP intervino el Sr. Defensor de confianza del encartado ARIEL EUGENIO LLUL quien se encontraba presente en la audiencia, Dr. Carlos Sánchez Galarce, y en representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Maximiliano Bagnat.

ANTECEDENTES:

A) Por Sentencia dictada en fecha 30 de Junio de 2014, por la integrante del Colegio de Jueces del Interior de la Provincia, Dra. Patricia Lupica Cristo se dispuso declarar culpable a ARIEL EUGENIO LLUL, del delito de falsificación de documento público, tres hechos en concurso real (arts. 178 y cctes. del Código Procesal Penal, arts. 292 y 55 todos del C. Penal), por los hechos acaecidos en fecha día 5 de junio de 2013.

Posteriormente y mediante sentencia dictada el veintisiete de Agosto del año dos mil catorce, se le impuso la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCION CONDICIONAL, las costas del proceso y cuatro años de inhabilitación absoluta para ejercer empleos públicos en base a las consideraciones expuestas (Conf. Art. 179 del CPPC, 26, 40 y 41 del Código Penal).

B) La Defensa particular interviniente Dr. Carlos Sánchez Galarce, en representación de los intereses del encartado dedujo recurso de impugnación ordinaria contra sendos pronunciamientos.

Expresó el letrado que su impugnación finca sobre tres agravios centrales. Comienza relatando el primero estableciendo que en el debate se planteó la nulidad de la orden de allanamiento. Refiere que la orden de allanamiento resulta nula, porque no especifica los elementos que deben ser encontrados. Los términos de la orden son excesivamente amplios. Al violarse mediante esta orden garantías constitucionales, se aplica la teoría del fruto del árbol envenenado. Refiere que las nulidades que violan garantías constitucionales son nulas de nulidad absoluta, por lo que se pueden plantear en cualquier momento, resolviendo el juez en esa ocasión estableciendo que el momento para plantearlas había precluido. Entiende que ello no es correcto ya que la juez al resolver como hizo entiende que la inconstitucionalidad de un acto sólo se puede plantear antes de la audiencia del 168 del ritual.

Pretende se aplique la teoría administrativa de la inexistencia ante la nulidad evidente.

El segundo agravio se dirige a cuestionar las incumbencias de la perito documentóloga que intervino en el juicio. Sostuvo que dichas incumbencias son distintas a las de un perito calígrafo, que era el necesario en el caso. Sostiene que le fue rechazada la petición de hacer comparecer como testigo al Perito De Caboteau por no haber presenciado los hechos.

Refirió que la perito Jiménez no cuenta con la calificación, o estudios, para constituirse en perito calígrafo, lo que le quita credibilidad o peso a su informe. Argumenta que las firmas que están en las guías no fueron realizadas por el Sr. Llul. Agregó que cuando le entregan las guías al dueño del campo, se las entregan absolutamente en blanco, y en la práctica habitual es que el propietario las firma, se las entregue al cazador y antes de retirarse, el dueño del campo suele completar dichas guías. Pero en este caso, Salazar no sabe leer ni escribir, lo que sabe es dibujar su firma simplemente.

Entonces lo que quedó probado en juicio es que el cazador llega a la delegación de fauna con las guías en blanco, completando dichas guías el personal de la dependencia.

Sostiene que Llul completó las guías, pero las guías se las dieron firmadas, en el interior de un sobre, y nadie pudo decir en juicio que Llul había visto las guías antes que se las entregaran, y cuando la policía se las pidió él las exhibió tal cual se las habían entregado. Refiere la defensa que las guías no fueron firmadas por las mismas personas, lo que se desprende claramente de la pericia.

Agrega que por un lado tenemos un perito que no tiene la incumbencia para realizar lo que se le solicitó y por otro lado no se puede determinar que las firmas sean de la misma persona, y que tampoco alguna de ellas haya sido la del Sr. Llul.

Por último, el tercer agravio refiere que el art. 292 del C.P requiere el perjuicio. En este caso el Sr. Salazar refirió en juicio que no había sido perjudicado, por lo que no se dan por completo los requisitos establecidos en el tipo penal.

Finalmente cuestiona la calidad de documento público de los formularios que aquí son prueba.

En consecuencia solicita que se revoque la sentencia por la cual se condenó al Sr. Llul a la pena de dos años en suspenso y cuatro años de inhabilitación, ordenándose su libre absolución.

C) Al responder los agravios, el Ministerio Fiscal representado por el Dr. Maximiliano Bagnat expuso que con respecto al primer agravio, ya fue resuelto por la Sra. jueza sentenciante, aplicando los principios de preclusión y progresividad que son base del presente procedimiento; la actividad procesal defectuosa debió ser saneada en una instancia previa. Sostiene asimismo que como es usual en el proceder de los funcionarios policiales que tienen un objetivo específico durante el allanamiento, pero si se detectan indicios o elementos que podrían provenir de un delito, se secuestran por acta separada, lo que en el caso del imputado no vulneró derecho alguno.

Continuando con el agravio referido a la validez de la pericia caligráfica, destaca que en la audiencia del art. 168 del ritual, la defensa solicitó al juez que tenga por admitido un informe que se realizaría a futuro que fue rechazado atendiendo a que la parte acusadora no tenía conocimiento ni chances de controlar y conocer el contenido de esa pericia. Recuerda que en ese momento el Juez le indicó a la defensa que podía ser asistido en el juicio con el perito como consultor técnico.

La defensa no hizo uso de tal facultad y ahora intenta desacreditar a la perito Jiménez que es Lic. en criminalística, balística y documentóloga, con simples manifestaciones personales que no se encuentran avaladas.

En cuanto al tercer agravio, en el que la defensa invocó la ausencia de perjuicio, toda vez que el dueño del campo no sufrió daño alguno, debe recordarse que en este delito, el bien jurídico protegido es la fe pública, no el patrimonio de Zalazar. En este tipo penal se requiere la potencialidad de causar un daño o engaño, no el efectivo cumplimiento del mismo.

Respecto a la calidad del documento, la Jueza sostuvo que se trata de un documento público contemplado en el art. 979, inc 2º del C.C. Refiere asimismo que el término ley como se define en el código penal, es que emana de una autoridad competente, no sólo del congreso.

Finalmente sostiene que el imputado en el juicio reconoció haber realizado la escritura pero no la firma, previamente había negado todo.

Practicado sorteo para establecer el orden de votación resultó que en primer término debe expedirse la Dra. Liliana Deiub, luego el Dr. Federico Sommer y, finalmente, el Dr. Alfredo Elosú Larrumbe.

Cumplido el proceso deliberativo que emerge de los arts. 246 y 193 -de aplicación supletoriadel Digesto Adjetivo, se ponen a consideración las siguientes cuestiones.

PRIMERA: ¿Es formalmente admisible la impugnación ordinaria deducida?.

La Dra. Liliana Deiub dijo:

Que corresponde examinar si se han cumplido las prescripciones legales para que el recurso sea admisible, conforme lo dispuesto por el artículo 242 del C.P.P.

En tal dirección cabe considerar que el escrito fue presentado en término, por ante la Oficina Judicial respectiva, por quien se encuentra legitimado para ello; tratándose de una sentencia definitiva y por ende una decisión impugnable en los términos de los arts. 233 y 236 del rito.

De igual modo, la impugnación resulta autosuficiente por cuanto de la audiencia celebrada (art. 245 del CPP) fue posible conocer cómo se configuran -a juicio de los recurrentes- los motivos de impugnación aducidos y la solución final que propone.

Por lo expuesto, considero que el recurso de impugnación deducido debe ser declarado formalmente admisible. Tal es mi voto.- A su turno el Dr. Federico Sommer dijo:

que adhiere al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que propone a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. Alfredo Elosú Larumbe sostuvo: que comparte la decisión adoptada por la vocal del primer voto en relación a la admisibilidad de la vía recursiva.

SEGUNDA: ¿Qué solución corresponde adoptar?.

La Dra. Liliana Deiub dijo:

Tal como se expuso al comienzo, la defensa finca su queja en tres agravios.

En el primero de ellos propicia la nulidad de la orden de allanamiento dispuesta para el domicilio de su asistido ante la amplitud de la misma, lo que motivó el secuestro de armas que se encontraban en dicho domicilio. Cabe aclarar que la defensa omitió ofrecer como prueba la orden de allanamiento cuestionada en los términos previstos por el art. 243 del código procesal. No obstante ello, la amplitud de la orden cuestionada por la defensa radica en disponer el registro y secuestro de elementos relacionados con la investigación que remite a un parte de la División Tránsito Rural de Junín de Los Andes (según surge de fs. 1/v de la sentencia), sin especificar claramente los elementos a incautar.

En el punto entiendo que el agravio de la defensa no tiene sustento, toda vez que en principio tergiversa lo resuelto por la Juez quien no sostuvo que la orden era inconstitucional antes de la audiencia del art. 168 del C.P.P. y con posterioridad no; sino que en el marco del nuevo proceso instaurado por la Ley 2784 la oportunidad procesal para excluir elementos probatorios que a criterio del litigante fueron obtenidos violando garantías constitucionales, es hasta la audiencia de control de la acusación (art. 168) no admitiéndose en la etapa de Juicio atendiendo a los principios de preclusión y progresividad procesal, toda vez que la audiencia de control de la acusación es el último filtro posible para llegar al juicio.

Sin perjuicio de ello, entiendo que no puede cuestionarse por la defensa que la indeterminación de la orden en relación a los elementos a secuestrar vulnere garantías constitucionales del imputado, atendiendo a que de lo enunciado sobre la misma se desprende que la investigación inicial que justificó dicha medida, fue motivada por la demora del imputado en su condición de Guarda faunas, en horario de funciones, trasladando en la caja del vehículo Mitsubishi L200, domino DYG-223 tres ejemplares abatidos completos de ciervo colorado, exhibiendo tres guías de caza no completas en su totalidad.

Tal como sostuvo la fiscalía, la orden de allanamiento y posterior secuestro de armas en el domicilio del imputado llevaron aparejada la clara motivación de la misma ya que dichos elementos tenían estrecha vinculación con el delito que se investigaba, y que tuvo como consecuencia el inicio de un proceso penal paralelo contra el encartado por la tenencia de armas que concluyó con una suspensión de juicio a prueba.

Concatenado con ello, no advierto en su caso, que la ejecución de la orden de allanamiento vulnere la garantía constitucional a la intimidad, atendiendo principalmente a que los elementos incautados -armas-, no resultaron relevantes en el presente proceso y no fueron valorados por la sentenciante.

Del mismo modo, las guías de caza secuestradas guardaban íntima conexión con el hecho investigado, por lo que la decisión jurisdiccional se hallaba motivada, y proporcionada con el delito investigado, no violentando garantía constitucional alguna, lo que sumado a las demás circunstancias antes consideradas, permiten rechazar el agravio referido a la falta de motivación de la medida y el planteo de nulidad de la misma y de los actos que son su consecuencia.

El segundo agravio de la defensa comienza cuestionando las capacidades técnicas de incumbencia de la perito Licenciada Giménez para realizar la pericia atento no ser perito calígrafo y carecer de inscripción en el Listado de peritos elaborado por el Tribunal Superior de Justicia. Paralelamente entiende que la pericia no acreditó que su asistido haya estampado las firmas supuestamente falsas en las actas secuestradas, más allá de toda duda.

En relación al ataque de la defensa con relación a las capacidades e incumbencias profesionales de la Licenciada Giménez, quien tal como sostuvo el fiscal y no fue cuestionado por la defensa en la audiencia de impugnación, resulta ser Licenciada en Criminalística y Criminología además de Perito Balístico, con incumbencias en Accidentología y Documentología; y si bien se comparte con el Sr. Defensor que no posee la especialidad de perito Calígrafo y por ende carece de título en la materia, no es menos cierto que tal como establece el Acuerdo mencionado por la defensa (ACUERDO Nº 4919, punto VIII del 13 de setiembre de 2012) durante el "tránsito" de la carrera Universitaria se adquieren conocimientos relacionados a la especialidad en cuestión, lo que habilita a que el Juez proceda a su designación como perito, por tratarse la Lic. Jiménez de una Oficial de Policía y por ende funcionario público que en razón de su título profesional se encuentra habilitada para expedirse en la materia, ello así atendiendo a las consideraciones en la materia previstas en el código en vigencia al momento de desarrollarse la pericia (Ley 1677, arts. 230, 234 y ccts.) que posibilitaba la designación de personas de conocimiento o práctica reconocidos como tales, ante la imposibilidad de designar peritos diplomados inscriptos ante el Tribunal Superior de Justicia.

Sin perjuicio de ello, vale destacar que el acuerdo referido por la defensa, regula un caso particular de inscripción de un profesional como perito calígrafo, objetado por la Asociación de Peritos Calígrafos; circunstancia que por sí sola no desacredita las aptitudes de la Lic. Jiménez.

Aclarado lo que antecede corresponde analizar el agravio específico de la defensa en cuanto desconoce las conclusiones de la perito Jiménez sobre la autoría de su asistido de las firmas estampadas en las guías de traslado de caza 00000642, 00000643 y 00002899 secuestradas en poder del imputado.

Para comenzar, vale destacar que en sus consideraciones la defensa valora y cuestiona pasajes de la pericia realizada sobre el texto del documento cuando paradójicamente dicho contenido fue reconocido por el imputado como realizado por su puño y letra.

Sin perjuicio de ello, en esta instancia de impugnación y con los límites que implican al magistrado inmiscuirse en una tarea ajena a su incumbencia, se valorarán las operaciones realizadas y las conclusiones a las que arribó la Licenciada Jiménez a la luz de las reglas de la sana crítica racional, y en particular con las reglas de la experiencia, con la finalidad de determinar si el dictamen resulta infundado, contradictorio con el resto de las pruebas rendidas, o viciado de defectos formales o irregularidades que lo nulifiquen.

Siguiendo dichos lineamientos, de la audiencia de juicio plasmada en la sentencia se desprende que la perito tuvo a su disposición las planas escriturales realizadas por el imputado y por el dueño del campo Sr. Zenón Zalazar, además de documental consistente en el libro de parte diario de la oficina donde trabaja el encartado; confeccionando dos pericias. La primera tuvo como finalidad determinar si las firmas de las guías correspondían a Zenón Zalazar, cotejándola con las planas escriturales extraídas previamente.

Luego tuvo que determinar si esas firmas fueron confeccionadas por el imputado, tomando como parámetro un libro de parte diario y un acta de infracción, como documentos indubitados de Llul.

Finalmente, la perito concluye su experticia estableciendo que las tres firmas y textos obrantes en las guías analizadas no fueron confeccionadas de puño y letra del Sr. Zalazar.

Posteriormente, en la segunda pericia se tomaron las planas escriturales al Sr. Llul determinando que fue el autor del contenido manuscrito en las tres guías y que todo el contenido, al igual que las firmas atribuidas a Zenón Zalazar fueron puestas de puño y letra por el imputado Llul. Ante las preguntas de la defensa, la perito sostuvo ".que en las escrituras de Llul, se observa el mismo gesto gráfico, son las particularidades mínimas personales de él, pues tienen el mismo efecto gráfico, particular.

Expresa que los idiotismos gráficos y gestos gráficos son actos inconscientes, ya que la mente impulsa y marca estas características peculiares, es como nuestra identidad".

Este informe pericial fue controlado por la defensa en el juicio quien interrogó a la perito y pese a la facultad de hacerse asistir por un consultor técnico, no hizo uso de tal opción.

Por ende, y sin perjuicio de los aportes que, según informara la defensa, realizó el Lic. De Caboteau en forma privada, considero que las quejas de la defensa no se encuentran científicamente fundadas, al punto que resultan una mera disconformidad personal del letrado con el informe pericial y sus resultados, el que a la luz de la sana crítica aparece debidamente fundado en su metodología de trabajo, operaciones realizadas y conclusiones arribadas.

Así se ha sostenido que ".carece de todo sentido convocar al experto para que emita su parecer técnico y luego prescindir de éste sin exponer las razones de tal solución, tampoco es aceptable -en tanto no sea un ámbito alcanzado por la experiencia común- contraponer al dictamen del profesional la opinión individual del magistrado en un área ajena a su incumbencia específica..." (T.S.J.Córdoba, sala Penal, 22/09/2010, "J., O. W."; R.D.P. 2011-5, págs. 921/922). Citado en ACUERDO N° 25/14, 14 de noviembre de 2014, Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (Expte. Nro. 87 - año 2014).

De igual modo, también resulta solvente la pericia al ser cotejada su correspondencia con la prueba rendida en el juicio, atendiendo principalmente a los testimonios de Zenón Zalazar quien no reconoció las firmas estampadas como suyas en las respectivas guías, y de William Andersen, cuñado del imputado quien expuso que le entregó a su cuñado Llul unas guías que tenía guardadas en un sobre, y que esas guías las retiró Zalazar de fauna, aclarando que en este caso no revisó si las guías estaban firmadas previamente.

Por las consideraciones antes expuestas debe rechazarse este segundo agravio, en la inteligencia que la pericia ha acreditado fehacientemente la autoría de Llul de las firmas estampadas en las guías antes referenciadas, al igual que el contenido de las mismas.

Finalmente e ingresando en el tercero y último agravio formulado por la defensa, quien ante la ausencia de perjuicio causado al Sr. Zenón Zalazar considera atípica la figura endilgada, alegando que las actas de infracción cuya firma se imputa falsificada a su asistido no configuran un instrumento público, adelanto que no lleva razón en su postura.

En principio la figura prevista en el art. 292 primer párrafo del Código Penal que penaliza la Falsificación de Documento Público, como contrapartida no protege el derecho de propiedad del dueño del campo sr. Zalazar, configurándose la lesión al bien jurídico protegido que resulta la fe pública en cuanto se vulnera la confianza general que se desprende de los instrumentos dotados de formalidades considerados como obligatorios por el estado.

No desconozco la corriente doctrinaria que considera atípica la falsificación del documento emanado de un funcionario que no revisten el carácter de funcionario público de acuerdo a la normativa civil, restringiendo el concepto de instrumento público al texto literal del art. 979, inc. 2º del Cód. Civil, dejando desprovista de protección legal la adulteración de documentos y dejando desprotegida la fe pública, como el caso analizado en el presente legajo.

Asimismo debe reconocerse que el derecho penal no ha elaborado una definición de documento que permita determinar sus límites y alcances.

Sin embargo, Edgardo Donna sostiene que cuando la ley habla de documento o instrumento no hay duda que se trata de un instrumento normativo del tipo penal en análisis.

En este sentido, los documentos como objetos materiales de los delitos de falsificación son los instrumentos públicos o privados reglamentados por los arts. 973 a 1036 del Código Civil.

Por ende comparto la postura jurisprudencial que entiende como documento público a aquel que fuera otorgado por un funcionario público, dentro de sus atribuciones, de conformidad con los recaudos legales o aquel documento que tenga signos de autenticidad oficial expedido por una persona que es funcionario público actuante en los límites de su competencia.

En ese sentido es que considero que las guías confeccionadas y firmadas por el encartado deben ser consideradas instrumento público en el sentido amplio reglado por el código penal y atrapado por el tipo del art. 292 primer párrafo.

Vale mencionar que el código requiere, para la tipicidad de la figura, que el instrumento resulte con la apariencia de ser verdadero y que la falsedad sea presentada con idoneidad para perjudicar.

En el presente caso, dicho requisito se ha cumplido cabalmente con el testimonio del Guarda fauna Fabián Edgardo Valenzuela quien acudió al lugar de la demora del encartado y tomando vista de las guías secuestradas se expidió sobre la legalidad de las mismas lo que implicó la devolución de ellas al imputado.

Así se ha expedido nuestra Corte Suprema de Justicia sosteniendo: "Que, en este caso, carecen de debido sustento los argumentos expuestos por el tribunal a quo tendientes a establecer la atipicidad de la falsificación del documento emanado de un funcionario municipal, pues mediante una arbitraria interpretación de las normas aplicables al caso, ellos restringen el concepto de instrumento público al texto literal del art. 979, inc. 2º del cód. civil, sin dar razón suficiente para dejar desprovista de protección legal la adulteración de documentos como el cuestionado en autos.

7º Que, en efecto, la arbitraria interpretación de las normas aplicables al caso ha dejado sin tutela legal la fe pública, que es el bien jurídico protegido por el tipo legal de falsificación.

Ello más aún si se tiene en cuenta que el a quo ha omitido considerar que lo esencial para ley penal es que el instrumento resulte con la apariencia de ser verdadero y que la falsedad sea presentada con idoneidad para perjudicar.(C.S.J.N.del 11 de noviembre de 1997 en Recurso deducido por Joaquín Ramón Gaset (fiscal de cámara) en la causa C. M. J. s/uso de documento falso -causa nº 21.192-).

Por lo anterior, y por los fundamentos expuestos en la sentencia que considero adecuados y debidamente analizados, debe rechazarse el agravio formulado.

El Dr. Federico Sommer manifestó: que comparte los argumentos esgrimidos por la vocal del primer voto en este punto.

El Dr. Alfredo Elosú Larumbe expresó:

Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que propone a esta cuestión.

TERCERA: ¿Es procedente la imposición de costas?.

La Dra. Liliana Deiub, dijo:

Atento al modo de resolver el presente litigio, considero que debe eximirse al acusado del pago de las costas procesales correspondientes a esta etapa revisora (art. 268 segundo párrafo, a contrario sensu del CPP), con fundamento en que el ejercicio del derecho constitucional a una revisión amplia e integral de la sentencia de condena, no puede verse cercenado ante la amenaza o el temor de tener que afrontar el eventual pago de las costas procesales en caso de que el recurso sea rechazado. Por lo que encuentro razón suficiente para eximir totalmente al recurrente en esta instancia (arts. 268 y 270 a contrario sensu del CPP).

El Dr. Federico Sommer manifestó: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante, por compartir la respuesta que propone relativa a las costas. Así voto.

El Dr. Alfredo Elosú Larumbe expresó:

sostuvo: que comparte la decisión adoptada al eximir de las costas al recurrente.

Conteste con las posturas enarboladas, el Tribunal de Impugnación, por unanimidad, RESUELVE:

I.- DECLARAR LA ADMISIBILIDAD FORMAL de la impugnación deducida por el Dr. Carlos Sánchez Galarce (arts. 233, 236 y 239 del CPP).- II.- RECHAZAR la impugnación deducida por la Defensa de confianza de ARIEL EUGENIO LLUL y CONFIRMAR la sentencia dictada en fecha 30 de Junio de 2014, por la integrante del Colegio de Jueces del Interior de la Provincia, Dra. Patricia Lupica Cristo declarando culpable a ARIEL EUGENIO LLUL, del delito de falsificación de documento público, tres hechos en concurso real (arts. 178 y cctes. del Código Procesal Penal, arts. 292 y 55 todos del C. Penal), por los hechos acaecidos en fecha 5 de junio de 2013, y sentencia dictada el veintisiete de Agosto del año dos mil catorce, por la que se le impuso la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCION CONDICIONAL, costas del proceso y cuatro años de inhabilitación absoluta para ejercer empleos públicos (Conf. Art. 179 del CPPC, 26, 40 y 41 del Código Penal).- III.- EXIMIR la imposición de COSTAS (art. 268, segundo párrafo in fine del CPP) por el trámite derivado de la impugnación de la sentencia.- IV.- DEJAR CONSTANCIA que la Dra. Liliana Deiub no refrenda la presente por encontrarse en uso de licencia, sin perjuicio de haber participado de la correspondiente deliberación y haber emitido su voto.- V.- Remitir el presente pronunciamiento a la Oficina Judicial para su registración y notificaciones pertinentes.- Dr. Federico Sommer Dr. Alfredo Elosu Larumbe Juez Reg. Sentencia N° 125 T° VII Fs. 1283/1293 Año 2014.