marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia por conexidad, juez previniente, conexidad objetiva, denuncia, economía procesal, escritura pública, hipoteca
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: VAZQUEZ, Juan José s/ Estafa VAZQUEZ, Juan José s/ Estafa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-24|1997-02-24

En ambos procesos se investigan dos facetas de la misma maniobra, que involucran igual escritura hipotecaria.

En un legajo, el acreedor hipotecario denuncia al notario, mientras que en otro tribunal, el presunto deudor hipotecario denuncia a su ex-esposa, quien ilícitamente habría comprometido su patrimonio, afectándolo como deudor de la operación plasmada en esa misma escritura.

Se desprende entonces claramente la vinculación objetiva (art.

41, inc. 1° y 2° del C.P.P.) que existe en los casos bajo examen, como así también la conveniencia que, por razones de economía procesal y mejor administración de justicia, sea un solo magistrado el que continúe a cargo de ambos sumarios. Siendo así, se atribuirá el conocimiento al Juzgado en el que se radicó la primera denuncia de los hechos.
Comunicación del despido, falta de notificación, contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: SALVAS, ROSA c/ LEVERNY ASOCIADOS  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-19

La ausencia de invocación oportuna, notificación del despido, por parte del empleador, de las razones determinantes del cercenamiento del nexo contractual no puede suplirse con la contestación de demanda, art. 243 LCT. De aceptarse ello, se privaría al trabajador de la posibilidad de rebatir la causal al interponer la demanda, único momento en que puede eficazmente hacerlo.
Carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: TARQUINI Daniel c/ COSTILLA Enrique s/ Cobro Ordinario de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-04-25

Se enuncia como regla general que "corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella cualquiera que sea su posición procesal" (Devis Echandía, "Teoría General de la Prueba Judicial", Tomo I, segunda edición, Ed. Zavalía, 1972, pág. 490 y ss.), criterio que es, precisamente, el del art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial.-
Responsabilidad parental, derecho a la salud, testigos de Jehová, transfusión de sangre, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: G., L.A. s/ Autorización supletoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-21

Debe admitirse la medida autosatisfactiva tendiente a que se le practique a una menor, una cirugía de urgencia, incluyendo la transfusión sanguínea a la cual sus padres se oponen por pertenecer al culto de "Testigos de Jehová, pues en el caso no existe margen para la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad en la negativa que los padres adoptan, toda vez que el ejercicio de la responsabilidad parental es concebida por el legislador en exclusivo beneficio de sus hijos menores y no para arrogarse el poder de tomar decisiones que vulneran nada más y nada menos que el derecho a la salud de estos últimos.
Divorcio contradictorio, medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora
Materia: CIVIL
Carátula: G., L.M. c/ R. de G., D.E. s/ Medidas Precautorias
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

El nuevo art. 233 del Código Civil enumera genéricamente las medidas que denomina de seguridad idóneas, que serán todas aquellas pertinentes para evitar que la gestión por parte de uno de los esposos pueda perjudicar al otro, entre las cuales se encuentra el embargo. El "fumus boniiuris", que constituye un requisito de las medidas precautorias, se encuentra dispensado de acreditar (art.

1295, Código Civil y art. 233, texto conforme ley 23.515), porque el derecho del Cónyuge emerge directamente de la ley de fondo. Frente a los textos legales que regulan la materia tal verosimilitud del derecho se presume, sea que las medidas precautorias se pidan junto con la interposición de la demanda o con anterioridad a esa oportunidad.

Cuando la medida precautoria se pide antes de promoverse la demanda de divorcio, debe acreditarse sumariamente el peligro en la demora.

En tal supuesto, el peligro no puede presumirse, siendo insuficiente la mera aseveración de su existencia.
Robo simple, robo con armas, prueba, cambio de calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: SALOMON, C.R. s/ ROBO. ARMAS. ROBO SIMPLE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-16

Corresponde modificar la calificación de robo con armas, por la de robo simple dado que el instrumento secuestrado carecía de proyectiles, no existiendo arma en el sentido que la ley lo exige
Acción contencioso administrativa, ordenanzas municipales, concejo deliberante, funciones administrativas, reclamo administrativo previo
Materia: PENAL
Carátula: Sulfaníquel SA c/ Municipalidad de Ushuaia (Concejo Deliberante) s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2015-12-10

Se debe declarar la inadmisibilidad formal de la demanda contenciosa por omisión legislativa (ordenanza que autorice la ocupación de pasaje peatonal invadido para una construcción) ya que la invocada "inactividad" no es propia de la función administrativa sino netamente legislativa del Concejo Deliberante y además tampoco se dedujo la reclamación previa prevista en la Ley Provincial 141.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Martinez, carlos Ceferino c/ Ruiz, Jorge Ernesto y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-12-07

El prioritario derecho de paso que le acuerdan los arts. 41, 4 y 50 de la actualmente vigente Ley 24.449 -B.O. 10.2.95- según ley provincial de adhesión 8963 y arts. 41, 43, ss. y ccs., de la Ordenanza Municipal de Tránsito de la ciudad de Federal -fs.649/98- a quién circula por la derecha, beneficiándose con la presunción de culpabilidad que de ello deriva también lo es, que dicha presunción de fuente legal no es absoluta admitiendo prueba en contrario si quién transita por la izquierda demuestra que su llegada a la encrucijada fuera con suficiente y razonable antelación en pos de enervar los mentados efectos del paso preferente tal como con inveterada persistencia y reiteración lo viene sosteniendo el Tribunal.-
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, daños y perjuicios, indemnización, lucro cesante, pérdida de la chance, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Mahdjoubian, Romualdo Juan y otro c/ Aquino, Arturo y otro. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-13

Los agravios del apelante vinculados con el resarcimiento del daño por lucro cesante, pérdida de chance y gastos de asistencia médica y de farmacia, remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias del tribunal de la causa y ajenas - como regla y por su naturaleza - al remedio del art. 14 de la ley 48, máxime cuando la decisión se sustenta en argumentos suficientes que, más allá de su acierto o error, bastan para excluir la tacha de arbitrariedad.
Proceso penal, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: DAPELLO HECTOR ROBERTO E ISE GUILLERMO ANTONIO S.D. DE UUSRPACION DE PROPIEDAD E.P.DE PERSONAS A ESTABLECER s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-06-10

En el proceso penal, la defensa constituye una actividad indispensable, y por ello la ley adjetiva prevé su amparo durante todo el proceso, a fin de no dejar inerme al imputado. [.] El uso de esta facultad no puede verse cercenada argumentando que no se trata de una intervención obligada, pues hay un evidente interés a proteger que la ley contempla, asegurando la intervención del imputado durante la tramitación del proceso. En materia penal, la garantía de la defensa en juicio no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones respecto de quien tiene la acción pública y quien debe soportar la imputación, mediante la efectiva intervención del defensor.
Recurso extraordinario, cuestión federal, inconstitucionalidad, concursos, contrato de trabajo
Materia: COMERCIAL - PROCESAL - CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: COMPLEJO TEXTIL BERNALESA S.R.L. s/ QUIEBRA.    CREDITOS LABORALES.    PRIVILEGIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Procede el recurso extraordinario en el caso en que se encuentra planteada la validez de la interpretación asignada por el a quo a diversos preceptos de la legislación concursal y laboral, bajo la pretensión de ser repugnante a garantías resultantes de la Constitución Nacional, y la decisión es adversa a los derechos fundados en esas garantías (art. 14, inc. 3ro., ley 48).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia, recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia, nulidad del acto jurídico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Lobos, Juan Demetrio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  De instancia (Expte.: C.S.J. Nro. 21 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-17

Conforme a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Provincial, sus fallos y resoluciones no son, salvo casos excepcionalísimos, susceptibles de recursos o incidentes de nulidad o revocatoria por cuanto revisten carácter final y, por ende, no soy atacables -salvo, como queda dicho, situaciones especiales- por medio de recursos ordinarios.
Contrabando de estupefacientes, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: ARRIETE, FERNANDO-BAUDINO, CLAUDIO-BELTRAME, WALTER. s/ Contrabando de estupefacientes, incidente de apelación deducido por el abogado co-defensor de los detenidos María Elena Toimil Batán y José Ramón González Villar contra la resolución que prorroga por el término de 1 (un) año sus prisiones preventivas.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-22

Corresponde confirmar la resolución recurrida por la cual se resolvió prorrogar por el término de 1 (un) año la prisión preventiva dispuesta con relación a los imputados, puesto que, sin perjuicio de que la 24390 establece un plazo máximo de dos años por el cual una persona podrá ser privada de la libertad sin que se haya dictado una sentencia condenatoria en su contra, excepcionalmente aquel plazo podrá prorrogarse por un año con base en la cantidad de delitos atribuidos al procesado o a la evidente complejidad de la causa (conf. Art. 1 de la Ley 24390, modificada por Ley 25430) y, en el caso, se advierte la magnitud del hecho imputado - el procesamiento, confirmado por esta alzada, por la participación de los imputados en el envío hacia el extranjero de varias valijas sin pasajeros acompañantes que habrían contenido sustancias estupefacientes, las cuales fueron incautadas en el exterior -, así como también el hecho que la causa tiene, efectivamente, una complejidad considerable dada la cantidad de personas que fueron imputadas en la investigación, el volumen de los elementos de prueba producidos, y las circunstancias que determinaron que los imputados fueran entregados a la justicia argentina recién 1 año y 10 meses después de la detención de aquéllos con fines de extradición, por haber sido sometidos a un proceso penal en el extranjero, el que habría concluído con el dictado de una sentencia condenatoria a 10 años de prisión que aún no se encontraría firme, todo lo cual justifica la demora en la sujeción de los nombr ados al proceso y en el avance de aquél hasta el dictado de la sentencia en el plazo que se establece por el Art. 1 de la ley 24390, habilitándose, en consecuencia, la prórroga dispuesta por el juez.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Iñíguez, Carlos Enrique s/ Violación calificada. Estupro calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal por no haberse considerado como atenuante el "condicionamiento patológico del accionar del procesado", si no se demuestra que tal condicionamiento constituya un índice de menor peligrosidad.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ CARLOS EDUARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION EXPEDITA DE AMPARO-APELACION DR. LUIS MARIA MEMA SE CONSTITUYE EN QUERELLANTE PARTICULAR Y EN PARTE CIVIL DAMNIFICADA EN AUTOS: "GATTAS RAUL EDUARDO S.D USURPACION DE PROPIEDAD". s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-06-15|2007-02-28

Los jueces no pueden permanecer impasibles ante la proposición de demandas cuya sustanciación lo traduciría en un inútil dispendio de actividad jurisdiccional y tienen no sólo la facultad sino el deber de actuar en consonancia plena con los corolarios y postulados de las normas procesales. El juzgador está legalmente facultado para desestimar el curso de las pretensiones que se deducen en forma clara y manifiestamente improponibles (Art. 329 C.P.C.C.). Esta actividad oficiosa está destinada a examinar el contenido de la demanda, e igualmente vigilar para que el resultado de la actividad jurisdiccional resulte útil y conducente, pero en todo los casos debe ser valorada con carácter restrictivo y ejercitada con la debida prudencia, de manera de resguardar la eventual vulneración de derechos que quedarían desprotegidos si se impide al ocurrente acceder a la Justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Seguro de caución, objeto del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: MAYO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS c/ PARQUES INTERAMA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-30

El "seguro de caución" o de aval o de fianza, asume las mismas funciones económicas que la garantía de un determinado deudor otorga a favor del acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria.
Beneficio de litigar sin gastos, concepto de pobreza, realidad económica, jueces, prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: EXPTE. Nro. 85.705 GELVEZ, MARTÍN FABIÁN EN J° 112.067 GELVEZ, MARTÍN FABIÁN c/ BENITEZ, DAVID s/ B.L.S.G. S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2006-10-15

El beneficio de litigar sin gastos, tiene génesis constitucional, cuál es, fundarse en dos garantías constitucionales: la defensa en juicio y la igualdad.

Es una figura ligada inminentemente a la garantía de acceso a la justicia, es por eso que el legislador ha omitido referencias tasadas sobre el concepto de pobreza, ya que al ser contingente y relativo, presenta insalvables dificultades definirlo con un alcance genérico, debiendo el Tribunal de grado en cada caso particular, efectuar un examen específico a fin de determinar la carencia de recursos, quedando estos aspectos librados a la prudente apreciación judicial.
Contrato de garaje, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rivero, José Omar c/ Alvarez, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-08

Siendo el contrato de garage oneroso, la prestación del garagista no puede limitarse a otorgar el simple uso de espacio, ya que en la intención de las partes no puede concebirse esa mera actividad, por cuanto el depositante no tendría ninguna diferencia en colocar la cosa en espacio público, por el que en muchos supuestos no debe abonar precio alguno en el caso de motocicletas.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, reforma de la constitución
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ASOCIACIÓN    CIVIL    COMPROMISO    CON    LA    ARGENTINA c/ Superintendencia de A.F.J.P. y otro". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-27

La acción de amparo no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las jurisdicciones vigentes (Fallos 310:1927), de modo que su admisibilidad "está condicionada a la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (art. 1, ley 16.986) y a la demostración fehaciente, a cargo de quien demanda, de que no existen recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección que se pretende (art. 2, inc. a, ley referida); pues el amparo es un proceso excepcional utilizable sólo en las extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, que exige para su apertura la concurrencia -entre otras- de las circunstancias antes mencionadas" (Fallos 311:1313). En igual sentido se ha pronunciado la Sala I de la C.F.S.S., al afirmar que "el amparo es un proceso utilizable en situaciones en las que, por carecerse de otras vías aptas, peligre la salvaguarda de derechos fundamentales, y es por esa razón que su acogimiento exige circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir, que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (cfr. sent. del 19.12.00, "Carrizo, Atanasio Ramón"). (Del voto del Dr. Fasciolo).
Discrepancia del recurrente, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en álvarez, ignacio y otros contra gcba sobre amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-14

Este Tribunal reiteradamente ha dicho que la discrepancia del recurrente con el razonamiento efectuado por la Cámara no significa que la sentencia devenga infundada y por ende arbitraria. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg y Marcela de Langhe).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, protección de la vivienda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caffarone, Franco Emilio c/ Leone, Omar Guido s/ Ejecutivo. Recurso de queja López, José Luis c/ Morali, Rubén Omar s/ Cobro ejecutivo Descosur S.R.L. c/ Lair, Julio C. y otra s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27|1994-08-23|1993-10-05

No obstante tratarse de una cuestión incidental dentro de un proceso ejecutivo, lo resuelto sobre la embargabilidad del inmueble sometido al régimen del bien de familia, reviste carácter de sentencia definitiva a los efectos previstos por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pensiones, concurrencia de beneficiarios, matrimonio en fraude a la ley argentina, nulidad de matrimonio, restitución de sumas de dinero, competencia laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RODRIGUEZ DE PONCET, MARIA R. s/ PENSION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-24

La sentencia recaida en sede civil que declara la nulidad de un matrimonio celebrado en el extranjero por subsistencia de otro anterior, y que ordena a la segunda esposa del causante la devolución a la primera de los montos cobrados en concepto de pensión desde la notificación de la demanda de nulidad, si bien no se expide específicamente sobre el derecho pensionario, impide a la Cámara de Apelaciones del Trabajo expedirse sobre lo particular, toda vez que podría producirse el escándalo jurídico de sentencias contradictorias.
Autenticidad, versión taquigráfica, declaración testimonial, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Avila, Juan Nicolás- Lesiones s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1984-04-11

En el proceso penal la declaración del imputado, de los testigos, peritos, etc. el contenido del sumario en general y la revisión taquigráfica, no constituyen documentos auténticos en los alcances requeridos por la ley; no es procedente la revisión de la versión taquigráfica desde que las piezas cuyo cotejo se pretende, no son documentos actos auténticos.
Marcas, medidas cautelares, secuestro de bienes, sustitución de la caución
Materia: COMERCIAL
Carátula: ACROMED CORPORATION c/ BONE STEEL SA s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Aunque la hipótesis de autos no es la del art. 38, ley 22.362 que preve la caución para el supuesto de embargo, resulta innegable que el secuestro decretado puede provocar daños por la inmovilización del bien que ello implica, toda vez que la actora no describe sobre que tipo de objetos se diligenciara la medida en cuestión. Bajo esa perspectiva, el tribunal no esta en condiciones de evaluar siquiera en forma aproximada la magnitud de los eventuales perjuicios. No obstante, el monto de $ 10.000 establecido por el Sr. Juez aparece en principio excesivo por la naturaleza de la medida que dispuso. Es prudente, por lo tanto, reducirlo a $ 2.000, sin perjuicio de su posterior ajuste -en mas o en menos- si los elementos de juicio que se arrimen lo justifica.
Acción de amparo, recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Tanus, Silvia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-23

Sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, la decisión atacada -emitida por el superior tribunal de la causa-por sus alcances respecto a la materia allí tratada asimila sus efectos a los de una sentencia definitiva .Por un lado, toda vez que no existe otra oportunidad para su revisión ulterior, y por el otro, porque el gravamen que el recurrente alega no encontraría otra reparación posible. Asimismo, hállase controvertida la interpretación de preceptos constitucionales, al tiempo que las particulares circunstancias del caso permiten considerar involucrado el derecho de defensa en juicio y la garantía del juez natural. Por ello, reunidos en tal medida los recaudos impuestos por el artículo 27 de la ley 402, corresponde conceder el recurso deducido. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín).
Jubilaciones, recurso contencioso administrativo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Egido, Custodio Mariano c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Ley 11330 (Expte. CSJ Nº 204-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-08

Radicando el disenso en si es necesario que la edad que permitía acceder al beneficio jubilatorio se debía cumplir prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública provincial o admitía que se hubiera cesado en cualquier actividad dentro de los dos años inmediatos anteriores a la fecha en que cumplió la edad requerida, no puede prosperar la argumentación del actor -basada en normas del sistema de reciprocidad jubilatoria- si la demandada no se resiste al cómputo de servicios -por lo demás innecesarios para alcanzar el mínimo de años de servicios- sino a que el cese en los servicios como autónomo se considere como producido en la Administración Pública provincial, transformando al ingreso en la actividad privada como un reingreso en la Administración Pública. El planteo de que la edad la cumpliría dentro de los dos años de haber cesado como trabajador autónomo, sólo evidencia que el derecho del ex empleado no se había consolidado al momento del cese en la administración Pública provincial; ni en los dos años posteriores al cese; obstando ello también a la obtención del beneficio de la ley 6915 con la modificación introducida por la ley 8618.