Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-11-08


(Libro de Acuerdos Nº 47, Fº 1968/1973, Nº 849).San Salvador de Jujuy, República Argentina, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, los señores jueces titulares del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Héctor Fernando Arnedo, Héctor Eduardo Tizón y José Manuel del Campo, conforme lo dispuesto mediante Acordadas Nº 37/04 y 79/04, bajo la presidencia del nombrado en primer término, vieron el Expte. Nº 2371/04, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expediente Nº B- 101779/03 (Tribunal Contencioso Administrativo) Amparo: Leyes de Dionisio, Inés Sebastiana c/ Unidad de Control Previsional- Estado Provincial".

El Dr. Arnedo dijo:

En el juicio principal, el Tribunal Contencioso Administrativo, el 20 de noviembre de 2.003, dictó sentencia para desestimar la acción de amparo deducida por Inés Sebastiana Leyes de Dionicio en contra del Estado Provincial, imponer las costas a la actora vencida y regular los honorarios profesionales del representante legal de ésta, Dr. Luis Alfredo Canedi. Asimismo, con arreglo a lo dispuesto por los arts. 1 y 2 de la ley 5252/01, resolvió no regular los honorarios profesionales del letrado representante del Estado Provincial.

En contra de ese pronunciamiento y su aclaratoria del 3 de diciembre de 2.003, el Dr. Jorge Eusebio García, en su carácter de Procurador Fiscal de Fiscalía de Estado de la Provincia, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Marcelo Vera Mohorade interpone recurso de inconstitucionalidad por sentencia arbitraria.

El recurrente, mediante este recurso, persigue -en primer lugar- la declaración de inconstitucionalidad de la ley 5251/01. Sostiene que el art. 1 de tal ordenamiento legal, en tanto establece que el empleado público, es acreedor del beneficio de justicia gratuita cuando reclama cuestiones salariales es violatorio del principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional y art. 25 de la Constitución Provincial).

Estima, asimismo, que el art. 2 de la ley 5251/01 viola tanto el principio de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis de la Constitución Nacional y art. 52 inc. 6 de la Constitución Provincial) como el principio de igualdad ante la ley.

Agrega, que tal normativa viola el principio de razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional y art. 16, inc. 2 de la Constitución Provincial).

En subsidio de la pretensión de insconstitucionalidad de la ley 5251, por los argumentos expone y a cuya lectura me remito en honor a la brevedad, afirma -el recurrente- que el referido instrumento legal no resulta aplicable en la especie. Sustanciado el recurso con la contraria, habiendo dictaminado la Sra. Fiscal General Adjunta a fs. 38/40 de autos y cumplidas las demás diligencias procesales de estilo, la causa se encuentra en estado de resolver.

Anticipo opinión adversa a los agravios propuestos por el Estado Provincial. Ello así, puesto que analizados los fundamentos de la sentencia y los expuestos en la pretensión recursiva, diré que estos últimos resultan insuficientes para el fin perseguido.

En efecto, no se configura en autos ninguno de los supuestos que este Superior Tribunal, en consonancia con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha establecido al desarrollar la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, ya que no estamos en presencia de una sentencia carente de fundamentos, fundada en razones caprichosas o que consagre una interpretación manifiestamente irrazonable de los jueces de la causa. Siendo así, no cabe más que el rechazo del recurso tentado.

Sin perjuicio de lo expuesto, en lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de la ley 5251 con fundamento en: a) que el art. 1 de dicha normativa al otorgar el beneficio de justicia gratuita a los empleados y trabajadores del Estado Provincial, Entes Autárquicos, Descentralizados o Empresas del Estado y de los Municipios y b) que el art. 2 al establecer que los abogados que representen a aquellos organismos no podrán percibir ni perseguir honorarios de ninguna especie cuando estos sean generados como consecuencia de su intervención en los procesos judiciales iniciados por los empleados mencionados en el art. 1, resultan violatorios de los principios constitucionales que en cada caso señala, no puede tener favorable acogida.

Como se sabe, la declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, y configura un acto de suma gravedad institucional que debe considerarse como la última ratio del orden jurídico. Esto así, puesto que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, es decir, dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos constitucionalmente, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente.

Tales razones obligan al Poder Judicial, al ejercer el elevado control de constitucionalidad, a imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celoso en el uso de sus facultades como del respeto que la Carta Fundamental asigna, con carácter privativo, a los otros poderes (CSJN, Fallos: 226:688; 242:73;285:369 -La Ley, 72-573: 93-358; 151-312-; 300:241 y 1087 -La Ley, 1979-B,275-, entre otros). En definitiva, todo ello hace a la que es la misión más delicada de la justicia, es decir, la de poder mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones (CSJN, Fallos: 272:231 -La Ley, 135-900-, entre otros).

Ello así, corresponde señalar que de conformidad a lo establecido en el inc. 15 del art. 123 de la Constitución Provincial, corresponde a la Legislatura acordar: a) a los empleados públicos el derecho al beneficio de litigar sin gastos "para reclamar el pago de haberes, reajustes o diferencias y para peticionar readecuaciones salariales o de categorías" y b) a los abogados que representen al Estado Provincial el derecho a percibir y perseguir los honorarios regulados a la Fiscalía de Estado, cuando los mismos sean a cargo de la parte contraria.

Por ende, escapa, en principio a la revisión por parte del Poder Judicial, quien debe, salvo casos de manifiesta y grosera inconstitucionalidad, juzgar según la ley y no de la ley, pues el poder de legislador para dictarla y modificarla a su albedrío no reconoce limitaciones, salvo aquellas que están expresadas en la misma Carta Magna (CSJN en fallos: 209:342 y 300:642 -La Ley, 1978- D, 435, entre otros). Entonces, corresponde únicamente a los tribunales juzgar lo referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental, sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, mérito, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN, Fallos. 257:127; 293:163 -La Ley, 113-613; 1976- C, 453-; 300:642; 301:341 -La Ley, 1978-C, 322-).

En este orden, el criterio adoptado por el legislador al establecer: a) el beneficio de justicia gratuita en favor de los empleados estatales o municipales para reclamar rubros salariales y b) la prohibición de que los abogados que representen judicialmente al estado provincial y a los municipios perciban o persiguen honorarios en los procesos judiciales que indica (arts. 1 y 2 de la ley 5251), más allá de su conveniencia o acierto, no encuadra dentro de los supuestos excepcionales que, por la manifiesta ilegitimidad o irracionalidad del acto legislativo, facultan al Poder Judicial revisar tal criterio, habida cuenta que este se efectuó en ejercicio legítimo de sus facultades por lo que pretender sustituirlo por el de los jueces, importaría una indebida injerencia del Poder Judicial.

En lo que respecta a la inconstitucionalidad del beneficio de justicia gratuita concedido al empleado público cuando reclama cuestiones salariales (art. 1 de la ley 5251) por afectar el principio de igualdad ante la ley (art. 16 la Constitución Nacional y art. 25 de la Constitución Provincial), lo argumentado por el recurrente no se ajusta a la interpretación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha efectuado en torno a dicha garantía constitucional.

En efecto, nuestro máximo tribunal ha sostenido (Fallos 16:118) que dicha garantía consiste en aplicar la ley a todos los casos ocurrentes según sus diferencias constitutivas, de tal suerte que es la igualdad absoluta o rígida -que puede dar lugar a mayores desigualdades- la que interesa; la relevante es la igualdad para todos los casos idénticos, la que importa la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias (Fallos: 123:106; 180:149), pero no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación (Fallos: 301:381 y 1094 -La Ley, 1980- A,612-; 304:390). La igualdad ante la ley que la Constitución Nacional ampara, comporta que todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, lo que implica, sin duda el reconocimiento de un ámbito posible de discriminaciones razonables por parte del legislador (Fallos: 310:848 -La Ley, 1987-C, 278- y 1080; 311:145).

En este orden, y en sincronía con lo establecido por el régimen genérico (art. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo), los dependientes de la Administración Pública Provincial y Municipal gozarán del beneficio de justicia gratuita "para reclamar el pago de haberes, reajustes o diferencias y para peticionar readecuaciones salariales o de categorías", por lo que, ante tales circunstancias fácticas, tales trabajadores serán tratados del mismo modo.

Cabe acotar que, tal como lo sostiene Sardegna, "la garantía de la defensa en juicio admitida por la Constitución Nacional requiere la posibilidad de recurrir a los tribunales reguladores, y en el caso de los trabajadores, si no se garantiza la gratuidad de los procedimientos, la onerosidad del trámite y la actuación profesional haría inaccesible las vías legales para su tutela, desvirtuándose el principio protectorio del Derecho del Trabajo (conf. Miguel Angel Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo y sus reformas", séptima edición actualizada y aumentada, Editorial Universidad, 114 y sigts.).

Por su parte el art. 2 de la ley 5251, en tanto dispone que, en los procesos judiciales iniciados por los empleados y finalidad indicados en el párrafo anterior, "los abogados que representen al Estado Provincial, Entes Autárquicos, Descentralizados o Empresas del Estado o a los Municipios no podrán percibir ni perseguir honorarios", no vulnera garantía constitucional alguna.

Como bien se encargó de aclarar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "los agentes que representan en juicio a una repartición estatal no ejercen su actividad en función de un contrato de derecho privado, sino en virtud de la relación de empleo público que los vincula al órgano administrativo, y el cumplimiento de esa función pública es remunerada a sueldo, por lo que el profesional no resulta acreedor a honorarios por los servicios que presta en desempeño de su cargo, lo que no impide que la Administración, cuando lo estime conveniente, retribuya a alguno de esos funcionarios con sumas que no provienen del tesoro público, razón por la cual la obligación de la parte que litiga con el Estado, y que resulta condenada a abonar a los representantes de éste una suma con apariencia de honorarios sólo tiene como fuente a la ley que así lo establece" (CS, del 11/9/84, ED, 111-198; Fallos, 90:94; 249:140 -La Ley, 105-833-; 269:125 -La Ley, 128-855-, J.A. del 10/4/85, núm.5406).

Por otra parte, el art. 23 de la ley 2995 (ratificado por el art. 34 del Decreto 4852/85) establece expresamente: "Honorarios profesionales regulados judicialmente. El Fiscal de Estado, y los demás profesionales de Fiscalía de Estado no podrán percibir honorarios a cargo del Estado provincial. Los que sean a cargo de la parte contraria, o de terceros, serán regulados por los jueces a la Fiscalía de Estado, e ingresarán a una cuenta especial. Dichos honorarios serán distribuidos en la forma que determine la reglamentación de la presente ley.". En este orden, si la aplicación de la ley 5251 le genera un gravamen irreparable, no resulta lógico que se efectúe un reclamo constitucional a la actora, sino al órgano para el cual se ha desempeñado la función.

Nuestro máximo Tribunal ha sostenido que "con respecto a esto último que esta Corte ha declarado que la decisión de cuestiones constitucionales por parte de los tribunales debe ocurrir sólo en el curso de procedimientos litigiosos, es decir, en controversias entre partes con intereses jurídicos contrapuestos y propios para la dilucidación jurisdiccional (Fallos 256-104; 263-397; 301-850), en los que pueda dictarse una sentencia de condena que reconozca en favor del impugnante un derecho concreto a cuya efectividad obsten las normas impugnadas (Fallos 256-386; 264-206; 270-74; 287-60, 298-198)". En la especie, el procurador Fiscal de Fiscalía de Estado, Dr. Guillermo M. Vera Mohorade, no es respecto de dicho organismo el contendiente que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha requerido para admitir la existencia de una causa contenciosa entre partes por no ser su adversario formal (Fallos 256- 104; 263-397, cit. C.S., 11/9/84 -J.A. 1985-II-71). Por tales motivos, y careciendo de entidad las afirmaciones vertidas por el impugnante, sólo cabe concluir que la disposición bajo análisis no vulnera la garantía constitucional de igualdad invocada, ni de igual remuneración por igual tarea.

Por lo demás, debe señalarse que los argumentos desenvueltos en torno a la -pretendida- inaplicabilidad de la ley 5251 al presente caso, tampoco puede prosperar. Esto así, puesto que tales consideraciones sólo exteriorizan la mera disconformidad con lo decidido en la anterior instancia, lo cual es insuficiente para habilitar la presente instancia de excepción, de acuerdo a invariable doctrina de este Superior Tribunal de Justicia.

En función de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Jorge Eusebio García en representación del Estado Provincial, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Marcelo Vera Mohorade, a fs. 7/19 de autos, e imponer las al recurrente vencido (art. 102 del Código Procesal Civil).

Teniendo en cuenta que el interés comprometido en esta instancia se encuentra representada por los honorarios que -supuestamente- debieron regularse en la instancia anterior al abogado que representó al Estado Provincial, Dr. Guillermo M. Vera Mohorade, los que, sobre la base de que los regulados al abogado de la parte contraria representarían el 80% de aquellos, ascenderían a la suma de dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos con veinticinco centavos ($2.656,25), corresponde regular los honorarios del Dr. Luis Alfredo Canedi por su actuación en la presente instancia extraordinaria en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($450). Esto así, por aplicación de lo dispuesto por los arts. 23,4,6, 11 y concordantes de la ley 1.687 y doctrina sentada en la causa "Argentores c/ Video Bar Luisiño y otro".

Los Dres. Tizón y del Campo, adhieren al voto que antecede, Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, RESUELVE:

1º) Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Dr. Jorge Eusebio García en representación del Estado Provincial, con el patrocinio letrado del Dr. Guillermo Marcelo Vera Mohorade, a fs. 7/19 de autos.

2º) Imponer las costas al recurrente vencido.

Expte. Nº 2371/04, caratulado: "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expediente Nº B- 101779/03 (Tribunal Contencioso Administrativo) Amparo: Leyes de Dionisio, Inés Sebastiana c/ Unidad de Control Previsional- Estado Provincial".

3º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Alfredo Canedi en la suma de cuatrocientos cincuenta pesos ($450), con más el impuesto al valor agregado, si correspondiere.

4º) Registrar, dejar copia en autos y notificar por cédula.