Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-27


Expte. nº 7287/10 "Ministerio Público -Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Romano, José Luis s/ inf. Art. 189 bis CP'" Buenos Aires, 27de abril de 2011 Vistos: los autos indicados en el epígrafe.

Resulta 1. La Sra. Asesora General Tutelar de la Ciudad interpuso un recurso de queja (fs. 57/63) contra el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 51/56) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido, a su turno, contra la resolución mediante la cual la alzada (fs. 20/26) confirmó la decisión de primera instancia en cuanto rechazó la solicitud de archivo de estas actuaciones con relación a Ricardo Emanuel Arse.

En su recurso de inconstitucionalidad (fs. 29/44), la Asesora cuestionó la resolución de la Cámara por desconocer la necesidad de dar respuestas diferenciadas en aquellos casos en los cuales el hecho delictivo es imputado a una persona menor de dieciocho años de edad. En esta línea sostuvo que, ante la omisión del legislador nacional de dar cumplimiento a la obligación constitucional de ofrecer un catálogo de penas distintas a las contempladas para los adultos, se imponía la necesidad de realizar una interpretación que compatibilizara la ley nº 22.278 con los tratados internacionales de derechos humanos que tutelan a la infancia.

En resumen, la propuesta de la Asesora consiste en "considerar la reducción punitiva prevista por el art. 4 de la ley de facto 22.278 como marco punitivo en abstracto" (fs. 43 vuelta).

2. El Fiscal General Adjunto, al contestar la vista conferida (fs. 67/69), opinó que el Ministerio Público Tutelar carece de legitimación procesal para deducir los recursos intentados, pues su actuación, aun en las causas en las cuales se encuentra involucrada una persona menor de dieciocho años de edad como imputada, víctima o testigo, no puede ni debe superponerse con la defensa técnica del imputado.

Por otra parte, consideró que la resolución objetada mediante el recurso de inconstitucionalidad que la queja defiende, no constituye una sentencia definitiva ni puede ser equiparada a una de esa naturaleza por no irrogar gravamen de imposible o insuficiente reparación; y, por último, tampoco se logró acreditar en autos la presencia de una cuestión constitucional. Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. La presentación directa de la Asesora General Tutelar satisface los requisitos de tiempo y forma exigibles en la especie (art. 33, ley nº 402).

Ahora bien, aunque he dicho que "en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (.) la defensa técnica se encuentra a cargo del Ministerio Público de la Defensa o de los defensores de confianza que las personas sometidas a proceso designan" (in re "N.N. (Yerbal 2635)", expte. 6895/09, resolución del 12/07/10) y estoy firmemente convencida de que la actuación del Ministerio Público Tutelar -en los procesos en los que esté involucrada una persona menor de dieciocho (18) años de edad como imputada, víctima o testigo- no debe superponerse, ni confundirse, con la defensa técnica de los jóvenes implicados, ello no equivale a sostener que el Ministerio Público Tutelar nunca pueda recurrir ante este Tribunal.

En efecto, ello sólo significa que su actuación en las causas penales que tramitan en nuestra jurisdicción -y su aptitud para continuarla ante esta instancia de excepción- se encuentra subordinada a que efectúe planteos y cuestionamientos propios de su ámbito de incumbencia.

En autos, pareciera que si la discusión versa sobre la correcta o incorrecta interpretación de los alcances de los arts. 1 y 4 de ley nº 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad) y/o si el joven imputado queda o no exento de la autoridad de la jurisdicción de la Ciudad de acuerdo al art. 12 de la ley local nº 2451 (Régimen Procesal Penal Juvenil, en adelante RPPJ), por estar alcanzado por un supuesto de "exclusión de punibilidad", ese planteo eventualmente tendría sustento en su deber de "velar por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías" (art. 40, RPPJ) de los jóvenes en conflicto con la ley penal, por tener, precisamente, esa especial condición de vulnerabilidad.

Por otra parte, aun cuando puede apreciarse alguna imprecisión entre los límites de incumbencia de uno y otro Ministerio, de acuerdo con el RPPJ, según se considere que esta oposición importa un acto de defensa en juicio en sentido estricto o una que tiende, esencialmente, a que resulte inviable el sometimiento del joven al proceso, lo cierto es que no existiría en este caso contraposición alguna entre las pretensiones realizadas por ambos. En este sentido, la Defensora Oficial de grado que se ocupó de asistir al joven Arse ha acompañado el cuestionamiento de la aquí recurrente desde el momento mismo en el que fue realizado ante los jueces de la causa.

En definitiva, que a estos estrados sólo haya acudido la Asesoría General Tutelar, en principio, no sería absurdo y tampoco constituiría un obstáculo formal para el estudio de las cuestiones suscitadas en el caso. Sin embargo, al momento de la interposición del recurso de hecho, el joven imputado había cumplido la mayoría de edad y había cesado de pleno derecho su incapacidad (arts. 126 y 128 del Código Civil, modificado por la ley nacional nº 26.579, vigente desde el 30/12/09).

Actualmente el Ministerio Público Tutelar no ejerce ninguna representación o asistencia sobre el joven, pero lo cierto es que el cuestionamiento fue realizado mientras sí lo hacía -alcanza con señalar que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto el 23/11/09 contra la decisión del a quo (fs. 44 vta.) y el joven habría cumplido 18 años de edad el 09/12/09 (fs. 2)- y fue solicitada su admisibilidad por la Defensora Oficial del imputado (fs. 47/49).

En consecuencia, de cara a estas consideraciones, el pronunciamiento que aquí se dicta deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público de la Defensa sobre el cual recae -con exclusividad- toda asistencia que cabe con respecto al imputado, para que manifieste en un plazo prudencial de tres (3) días si hace suyos los recursos interpuestos en beneficio del joven Arse. No se me escapa que el legislador porteño en el RPPJ, sancionado el día 03/10/07 -y en vigencia desde el 04/11/07-, estableció que el "Asesor Tutelar" debía "velar por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías que asisten a la persona menor de dieciocho (18) años" (art. 40, antes citado) y también mencionó que aquél intervendría cuando la persona fuese imputada en determinados actos procesales en los que necesariamente dicha persona debía superar tal límite de edad.

Ello ocurre -por ejemplo- en el supuesto del "juicio de cesura" (art. 79, RPPJ), que tiene lugar una vez "cumplidos los requisitos establecidos por la legislación vigente" con el objeto de determinar "si corresponde condenar, absolver o aplicar pena reduciéndola en la forma prevista para la tentativa". Pareciera que esa intervención se relacionaba, en el razonamiento del legislador local, con la función que confirió al integrante del Ministerio Público Tutelar de participar "en toda oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad" (art. 49.1, LOMP), porque en el contexto en el cual se sancionó el RPPJ, en realidad, los menores de veintiún (21) años continuaban siendo menores de edad y se justificaba su actuación en la medida en la cual tales personas no tenían capacidad plena de hecho para ejercer sus derechos.

Sin embargo, el contexto actual ya no es idéntico y la modificación introducida en el Código Civil impide un paternalismo o proteccionismo extremo sobre quienes tengan dieciocho (18) años cumplidos, pues, al habérseles reconocido su capacidad de hecho absoluta, pueden analizar -con el auxilio de su defensa técnica- las posibles consecuencias y decidir las estrategias a seguir con respecto a los delitos que pudieron haber cometido durante su minoridad.

Ello es así, al margen de que deba aplicárseles, para su juzgamiento, el régimen procesal vigente al momento de los hechos que se les imputan (art. 1, RPPJ). 2. En virtud de los fundamentos expresados en el punto que antecede voto por: 1) dar por concluida la intervención de la Asesora General Tutelar en estas actuaciones; y 2) emplazar a la defensa para que manifieste, en el plazo de tres días y bajo apercibimiento de dar por concluido el trámite de esta queja, si hace suyos los recursos deducidos a favor del imputado.

Esto último, a efectos "de evitar situaciones que potencialmente frustren derechos constitucionales" (este Tribunal, in re, "Benegas", expte. nº 16/99, sentencia del 18/03/99).

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Como destaca la jueza de trámite, Dra. Ana María Conde, Arse adquirió la mayoría de edad (18 años) luego de interpuesto el recurso de inconstitucionalidad y antes de que la Asesoría General Tutelar presentara la queja ante este Estrado.

Como principio, una vez adquirida la mayoría de edad por la persona involucrada en el proceso, dado que en ese momento cesa la necesidad de velar por el efectivo ejercicio de los derechos y garantías especiales que asisten a la persona menor durante el proceso judicial, cesa también en esa oportunidad la participación de la Asesoría.

Ello aún cuando, como en el caso, en línea con lo dicho por la Dra. Conde, la Asesoría General Tutelar viene recurriendo con sustento en cuestiones que tienen directa vinculación con garantías especialmente consagradas a favor de las personas menores de edad, lo que le daría, por regla, legitimación autónoma a ese organismo.

En estas condiciones, toda vez que no se advierte que la estrategia procesal asumida por la defensa técnica sea palmariamente contradictoria con las cuestiones formuladas por la Asesoría, antes de tomar temperamento alguno con relación a ellas, corresponde requerir a la defensa que manifieste si hace propios los planteos que suscitaron esta queja.

Por las razones dadas, voto por dar por concluida la intervención de la Asesoría Tutelar en las actuaciones tramitadas ante este Tribunal y por emplazar a la defensa del imputado para que exprese, en el plazo de tres días, si hace suyo el recurso planteado luego de adquirida la mayoría de edad, bajo apercibimiento de archivar las actuaciones.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

Por las razones expuestas en los votos de la doctora Ana María Conde y el doctor Luis Francisco Lozano, que en lo sustancial comparto, corresponde dar por concluida la intervención de la Asesoría Tutelar en las actuaciones tramitadas ante este Tribunal y emplazar al defensor del imputado para que exprese si hace suyos los recursos interpuestos a favor del imputado, en el plazo de tres días (por aplicación extensiva del art. 5º de la ley nº 402). Caso contrario, las actuaciones serán archivadas sin más trámite.

Así lo voto.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

La circunstancia de que el Sr. Ricardo Emanuel Arse ha alcanzado la mayoría de edad incide en la procedencia de la intervención de la Sra. Asesora tutelar. Por otro lado los argumentos planteados en la queja en análisis ameritan poner en conocimiento del imputado y su defensa el recurso de fs. 57; a fin de que ejerza los derechos que estime le corresponden.

Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Dar por concluida la intervención de la Asesoría Tutelar en las actuaciones tramitadas ante este Tribunal.

2. Emplazar a la defensa para que manifieste, en el plazo de tres días y bajo apercibimiento de archivar las actuaciones, si hace suyos los recursos deducidos a favor del imputado.

3. Mandar que se registre, se notifique a la Fiscalía General, a la recurrente y a la defensa del acusado, en este último caso adjuntándose copia del recurso de inconstitucionalidad interpuesto oportunamente por la Asesoría General Tutelar, del auto denegatorio dictado por la Sala I el día 05/05/10 y de la queja agregada a fs. 57/63.