marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, suspensión del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: NAVARRO WALTER c/ DIRECCION DE PLANEAMIENTO s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-08

La omisión de la entrega de copias en el acto de notificación, no importa la nulidad de tal diligencia, sino que solo autoriza a suspender el plazo hasta tanto se subsana la omisión. La finalidad que cumplen las copias se suplen con el conocimiento directo que se tuvo del expediente.
Sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: B., A.G. y Otro c/ G., de R., N. y/o Quien Resulte Responsable de "C.S." s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-13

La doctrina de la arbitrariedad sólo tiende a cubrir defectos realmente graves de fundamentación o razonamiento que impiden considerar a la sentencia recurrida como acto jurisdiccional.
Financiamiento de los partidos políticos, sanciones partidarias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento de Integración y Desarrollo s/ ejercicio anual 20022003
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Es indispensable ponderar con particular prudencia la aplicación de sanciones en supuestos en los que se ha hecho efectiva la voluntad tenida en miras por el legislador (cf. Fallos CNE 3434/05; 3435/05; 3691/06 y 3982/08). Ello exige, en otros términos, que las deficiencias de las presentaciones tengan entidad suficiente para impedir la consecución de aquellos objetivos finales de la norma, pues lo contrario equivaldría -por lo demás- a asimilar injustificadamente las situaciones de los partidos que -aun con insuficiencias no sustanciales- someten sus cuentas al escrutinio público y a la fiscalización judicial con aquellos que voluntariamente omiten hacerlo (cf. Fallos CNE 3431/05; 3432/05; 3655/05; 3703/06; 3726/06; 3824/07 y 3982/08).
Accidente de tránsito, vehículo detenido, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: BUCAI SALOMON c/ ARNALDO JOSE LUIS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-30

Si el suceso que perjudicó al actor tuvo su origen en un accidente de tránsito entre dos automotores en la intersección cercana al lugar donde el vehículo de aquél se hallaba estacionado, va de suyo que no es el demandante al que incumbía aportar los elementos probatorios acerca de la culpabilidad en la ocurrencia del hecho, salvo los referidos al embestimiento de su automotor por aquél que resultó agente activo de los daños que sufriera.-
Prueba, presunciones, conjeturas
Materia: PROCESAL
Carátula: Valenciano, Félix Horacio c/ Cerámica Tremara SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-03-22

La presunción es un juicio lógico, un razonamiento que en función de la relación entre un hecho que se conoce -indicio- y otro desconocido -hecho a probar-, permite, con fundamento en las máximas generales de la experiencia, extraer del primero las consecuencias conjeturales suficientes para aseverar la certeza o probabilidad del segundo.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho de registro e inspección, Administración Pública, crédito fiscal, obligación tributaria, Estado Provincial, facultades tributarias, Municipalidad, procedimiento tributario
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Nidera S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ recurso de inconstitucionalidad (queja parcialmente admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-07-11

La cuestión debatida en el sub examine refiere a la potestad del Fisco para determinar el Derecho de Registro e Inspección, es decir, para dictar el acto administrativo que da nacimiento a la obligación tributaria, acto que -una vez firme- servirá de título ejecutivo a la Administración para poder ejecutarlo judicialmente (habida cuenta no puede hacerlo por sí y ante sí), aspectos estos que se encuentran claramente por fuera de las cuestiones reguladas por el Código Civil (hoy nuevo C.C.yC.); y en definitiva, la solución dada al caso por el A quo interpreta las cuestiones en juego respetando los valores federales que importan la defensa de los Estados provinciales como previos al nacional, en consonancia con la esfera propia de las Administraciones provinciales y locales en cuanto al poder-deber de regular sus propios procedimientos y establecer los modos y límites al ejercicio de las potestades administrativas para dictar actos administrativos, regular los procedimientos recursivos y establecer los requisitos de su firmeza; por lo que cabe concluir que la sentencia emanada de la Cámara de lo Contencioso Administrativo -integrada- en el aspecto ahora impugnado no puede considerarse reprochable desde el punto de vista constitucional, ya que los Sentenciantes brindaron razones suficientes para sustentar la interpretación normativa y fáctica armónica y coordinada con el esquema federal de reparto de las competencias delineado por la Constitución, lo que se considera suficiente a los fines de fundamentar el rechazo del presente recurso de inconstitucionalidad.
Beneficios previsionales, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fuentes Hidalgo c/ Caja de Jubilaciones de la Provincia s/ Contencioso Administrativo (Libro: S065-445) Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-09-25

El pedido de jubilación ordinaria o voluntaria puede formularse en cualquier momento, con tal de satisfacer los extremos fundamentales de la ley. Encontrarse en servicio no es requisito expreso ni implícito para el ejercicio de la acción, ni requisito necesario del perfeccionamiento del derecho.
Nulidad de sentencia, sobreseimiento, violencia de género
Materia: PENAL
Carátula: Moreno Charpentier, Santiago s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

Corresponde anular la decisión que dispuso el sobreseimiento en las actuaciones -la que corresponde hacer extensiva a todo lo actuado luego de la presentación de la pretensa querellante-, puesto que el delito atribuido -una serie de episodios que pueden ser caracterizados, a primera vista, como realizados en un contexto de violencia de género- es de instancia privada sin que se verifique, en el caso, el supuesto de excepción previsto en el art. 72, inc. 2, CP., ya que ni la fiscalía ni el magistrado desarrollaron argumento alguno sobre la situación de la víctima, del imputado o de alguna circunstancia particular del hecho que justificara la promoción del proceso penal soslayando la voluntad de aquella. En tal sentido, la sola invocación de las convenciones internacionales o la ley de protección integral de las mujeres resulta insuficiente para prescindir de la promoción de la instancia penal por quien está facultada para hacerlo. Asimismo, la última modificación legislativa del citado art. 72 CP no incluyó los supuestos de violencia contra la mujer y, en cambio, se centró en los casos de menores (ley 27.455), circunstancia que permite interpretar que nuestro ordenamiento garantiza la posibilidad de escuchar a la presunta afectada, lo cual no sólo es compatible con la Convención de Belém do Pará, sino que, bajo determinadas condiciones, también resulta deseable para garantizar el reconocimiento de su autonomía (voto del juez Sarrabayrouse)
Inconstitucionalidad, declaración de oficio, principio de congruencia, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Vivian Hnos. S.A.C.I.F. c/ GCBA s/ repetición (art. 457 ccayt)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

Una de las misiones fundamentales a la hora de evaluar la viabilidad de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, es la de conciliar esta herramienta con la congruencia procesal, lo que obliga al magistrado a pronunciarse sin exceder los límites que le imponen las pretensiones y defensas expuestas por las partes. Lo que no pueden hacer los jueces es incorporar al proceso planteos que las partes no han realizado, porque ello implicaría violentar las reglas procedimentales en beneficio de una parte y en perjuicio de la otra, vulnerando el principio de igualdad. (Del voto en disidencia de la jueza Marcela De Langhe).
Autonomía universitaria, derecho de enseñar y aprender, estatutos universitarios, gobierno de la universidad
Materia: CONSTITUCIONAL-EDUCACION
Carátula: Universidad  Nacional de Córdoba (doctor Eduardo Humberto Staricco- rector) c/ Estado Nacional - declaración de inconstitucionalidad- sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

La autonomía universitaria implica libertad académica y de cátedra en las altas casas de estudio, así como la facultad de redactar por sí mismas sus estatutos, la designación de su claustro docente y autoridades.
Competencia por conexidad, pena más grave, robo, tentativa, consumación del delito
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SPINELLI, Marcelo s/ Robo SPINELLI, Marcelo s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-13|1996-09-13

Toda vez que el encausado se encuentra procesado en orden al delito de tentativa de robo en una causa, y en la presente ha sido indagado en orden a igual delito consumado, por aplicación de la regla establecida en el art. 42, inc. 1° del C.P.P. corresponde que intervenga el tribunal a cargo de esta última.
Daños y perjuicios, daño moral, titular de tarjeta de crédito, responsabilidad del emisor, cancelación de tarjeta de crédito
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: MOLINARI, ANTONIO c/ TARRAUBELLA CIA. FIN. SA s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Si se verifica que como consecuencia de la inhabilitación y orden de captura dispuesta por una entidad emisora de una tarjeta de crédito (accionada), tal extremo fue cumplido al intentar el titular de la misma (accionante) efectuar una compra en un supermercado, toda vez que la tarjeta había sido incluida en el registro de inhabilitadas, procede otorgar al pretensor resarcimiento en concepto de daño moral, cuando -como en el caso- surge que la defendida no actuó con la diligencia debida, puesto que inhabilitó sin causa la tarjeta. La concesión del referido daño se funda en la repercusión que en el estado de ánimo del reclamante y en sus legítimas expectativas debieron tener las perturbaciones causadas por la cancelación y captura de su tarjeta de crédito en un comercio conocido frente a numerosas personas. A más, es de ponderar que la reclamada creó una apariencia injusta de moroso y deudor incumplidor; lo que importa una mortificación y un resultado disvalioso para el espíritu.

(En el caso, se fijo el resarcimiento en $1000).
Locación de inmuebles, vencimiento del plazo, obligaciones del locatario, alquileres posteriores al vencimiento, prórroga del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: CIKSTAS, ALDA M c/ BORTOLI, CARLOS A s/ CONTRATO LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-23

El pago de arriendos con posterioridad al vencimiento del plazo contractualmente establecido no acredita la existencia de prórroga del contrato de locación y no importa otra cosa que la contraprestación por la ocupación del bien en los términos del art.

1622 del C. Civil hasta tanto se reclama la restitución de la cosa locada, norma no desplazada por el art. 1 de la ley 23091.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Meneses, Máximo J. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Incapacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

Las consecuencias psicofísicas de un accidente del que es víctima el trabajador sólo son posibles establecerlas a través del auxilio de los profesionales médicos para determinar su grado y relación de causalidad con el infortunio padecido.
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del juicio principal
Materia: PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Sarmiento y Otro s/ Inc. Caducidad de Instancia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-24

Si el beneficio de litigar sin gastos se solicita como parte del escrito de la demanda principal, suspenderá el procedimiento. No así en caso de solicitarlo por incidente aparte, aunque fuese contemporáneamente con el escrito inicial. La regla general es que el trámite de solicitud del beneficio no suspende el procedimiento del juicio principal, salvo que expresamente se pida la suspensión.
Accidentes de trabajo, aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: M., N. O. c/ L., C. R. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO S/ INAPLICABILIDAD DE  LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2015-06-10

En relación al caso sometido a estudio, es por todos conocido que la Ley 26773 fija una regla general de aplicación temporal contenida en el ap 5 del art. 17, que textualmente dice: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".

Por consiguiente, resulta desde mi óptica indiscutible que la norma no puede aplicarse a contingencias sucedidas o que se hayan exteriorizado antes de su entrada en vigencia.

Ello así, además, porque la regla establecida se corresponde con la doctrina sentada por la CSJN [.] respecto de cuál es la norma que debe regir el caso en supuestos de reformas legislativas sucesivas. Coadyuvan a dicha conclusión el principio de irretroactividad de las leyes (art. 3 CC) y el tratamiento de excepción que el apartado 7 del art 17 de la Ley 26773 asigna a las prestaciones adicionales por gran invalidez, cuya vigencia de acuerdo a la norma es inmediata "... con independencia de la fecha de determinación de esa condición".

El origen de esta regulación especial, explica Raúl Ojeda, se encuentra en la intención de subsanar una situación de inequidad creada por el Decreto 1694/09, al no prever que aquéllos que tuvieran esa situación declarada con anterioridad a la publicación del Decreto, también devengaran los nuevos valores para períodos futuros (La aplicación del RIPTE (Ley 26773) no es retroactiva, Raúl Horacio Ojeda, RDL Actualidad. Rubinzal Culzoni Editores.

Mayo/Junio 2014). (Voto del Dr. Apcarián sin disidencia)
Homicidio, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Chavarría, Gustavo Marcelo s/ homicidio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30

Dado que solo los tres delitos contenidos y penados por el art. 34 de la ley 23.737 serán de competencia federal, no se encuentra incluida en dicha categorización el supuesto en que se investiga el homicidio presuntamente motivado en una rencilla ocasionada por la venta ilegal de estupefacientes, el que resulta de competencia originaria. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Interpretación de la constitución, interpretación de tratados internacionales, jerarquía de las leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Estado Nacional (Ministerio de  Cultura  y Educación de la Nación) formula observación estatutos UNC - art. 34 ley 24.521 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Debe interpretarse que las cláusulas constitucionales y las de los tratados tienen la misma jerarquía, son complementarias y, por lo tanto, no pueden desplazarse o destruirse recíprocamente.
Incapacidad laboral, choferes
Materia: LABORAL
Carátula: Gens, Carlos Francisco c/ Transporte del Oeste SA s/ Enlfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-02-18

La profesionalidad no se vincula con el tiempo de ejercicio de la misma, sino con el hecho de contar el trabajador, en el caso, con una habilitación para el ejercicio de su profesión de chofer.
Acción de amparo, amparo por mora, mora de la administración, pedido de informes
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Scorrani, Oscar c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-05

El derecho de petición no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige una respuesta. Frente al mencionado derecho se encuentra la obligación de responder. Ello, sin embargo, no significa que la administración deba pronunciarse en uno u otro sentido. La vía del amparo por mora posibilita que, quien es parte de un procedimiento administrativo, acuda a la vía judicial para que se emplace a la administración para que se pronuncie en forma expresa, respecto de una petición. (Del voto de los Dres. Daniele, Centanaro y Russo.
Impuestos, prescripción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Giles de Hourcade, María B. y otro s/ sucesiones
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-06

En materia de impuestos rigen los plazos de prescripción señalados por las leyes especiales, debiendo aplicarse sólo supletoriamente las disposiciones del Código Civil, en defecto de ley específica que regule el caso. (Minoría u opinión personal)
Contrabando, tipo penal, delito doloso, bien jurídico protegido
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Oliva Gerli, Carlos Gustavo y otros s/ Recurso de casación. Causa: 1604
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-08

La figura contenida en el inciso "c" del artículo 864 del Código Aduanero, castiga con prisión de 6 meses a 8 años al que "presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales específicas que regularen su otorgamiento, destinadas a obtener, respecto de mercadería que se importare o exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere". Se trata de un delito doloso, que intenta controlar el sano empleo de las franquicias o autorizaciones que el Estado Nacional otorga en ciertos rubros mercantiles -haciendo una excepción al régimen habitual para el tráfico internacional-, con el objeto de fomentar el ingreso o egreso de mercaderías; y que responde a la política económica adoptada por el gobierno para el desarrollo de una determinada actividad. El bien jurídico tutelado por esta norma, es el adecuado discernimiento de los estímulos para el tráfico internacional de mercaderías, con alcances particulares o excepcionales, administrados por el servicio aduanero. (Voto Dr.

Riggi)
Simulación, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caló, José Rafael y otros c/ Rosa de Dahlman, Ernesta y otros s/ Simulación y lesión enorme
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

La ley de Reformas de 1968 al Código Civil ha tenido especial cuidado en determinar que el curso de la prescripción comienza desde que el aparente titular del derecho haya intentado desconocer la simulación, con lo que se ha seguido el criterio que tenía profundo arraigo en la doctrina judicial (art. 4030, C. Civ.).
Recurso de casación, fundamentación del recurso, agravantes de la pena, fundamentación de sentencias, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: N.N. c/ MARTOS, MIGUEL ÁNGEL; PORTAL, FEDERICO JAVIER s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-05-14

La sentencia que condena al imputado como partícipe necesario del delito de hurto calificado presenta suficiente motivación, si el tribunal tuvo por acreditado que los coimputados cometieron el hecho en un local de venta de pasajes de transporte de colectivos de larga distancia donde eran empleados y de donde sustrajeron una caja fuerte y dinero de un escritorio, a partir de una valoración de toda la prueba incorporada en la causa, especialmente las declaraciones prestadas en la audiencia de debate por los acusados, por numerosos testigos, los careos, los reconocimientos en rueda de personas, el acta de secuestro, los informes y la documentación existentes en la causa.

El fallo presenta una base suficiente y legal si, en sus fundamentos, tuvo en cuenta los aspectos relevantes de la prueba reunida y de su lectura se advierte que la totalidad del material probatorio ha sido valorado con criterio racional y de forma particularizada, en un contexto integrador que permitió fijar la verdad histórica de lo acontecido, su autoría y su calificación típica
Acción declarativa de inconstitucionalidad, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáttedra, Ricardo y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

A fin de dar curso a una acción declarativa de inconstitucionalidad, es inaceptable que el actor se limite a invocar la supuesta afectación de garantías constitucionales, sino que debe demostrar la vinculación argumental que un intérprete razonable hallaría entre las normas impugnadas y los derechos y garantías constitucionales presumiblemente lesionados por las primeras.
Daños y perjuicios, asistencia médica, responsabilidad médica, obligaciones del paciente, abandono del tratamiento médico
Materia: CIVIL
Carátula: S., A.R. c/ ACCION MEDICA S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-19

Resulta totalmente comprensible que si el paciente experimentó consecuencias por lo menos para él inesperadas, que fueron confirmadas por los exámenes y tratamientos posteriores, haya perdido confianza en el tratamiento postoperatorio del cirujano que lo ha intervenido y procure asistencia médica de otros profesionales.-
Instrucción, nulidad procesal, declaración indagatoria, declaración espontánea, prueba confesional, aborto
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS, LEONOR TERESA. s/ ABORTO. PRUEBA CONFESION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-07

Debe absolverse a la procesada del delito de aborto, teniéndose en cuenta las gruesas fallas de la instrucción, resultando por ello difícil sostener que aquélla prestó una confesión verosímil, pues nada surge de su declaración indagatoria acerca del mecanismo empleado para lograr la expulsión del feto, comenzando dicha acta con la exhibición de la declaración "espontánea", con lo que se somete a la procesada a la violencia moral que implica tener que negar lo que le atribuye la autoridad haber confesado; a lo que se añade que ni siquiera se obtuvo el secuestro de la sonda que habría sido empleada como mecanismo abortivo.
Conflicto de poderes, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., Á. R. - Concejal de Lago Puelo s/ Plantea Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-09-14

"en estas cuestiones conflictivas (conflicto de poderes) la intervención del Superior Tribunal de Justicia tiene un carácter especialísimo, que no es instancia común de revisión, sino extraordinaria de reestablecimiento de la vigencia de la ley, quedando fuera de su órbita toda apreciación de conveniencia u oportunidad, para limitarse al control de la constitucionalidad o la legalidad del procedimiento.

De allí que no actúa como órgano habilitado para rever las decisiones adoptadas y tampoco es misión de él corregir todos los abusos en que pueda incurrir quien detente el gobierno municipal o alguno de sus integrantes, ello es así en tanto y en cuanto la valoración de las circunstancias que den lugar a tal calificación no resulte irrazonable, arbitraria o absurda".