Tribunal: CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-11


2º Instancia.- Buenos Aires, septiembre 11 de 2009.

La doctora Dorado dijo:

Apela la parte actora las resoluciones administrativas de la AFIP nº 177/06 y 178/06 que rechazan las impugnaciones efectuadas contra las Actas de infracción Nº 48254-4/0/A y 49162-4/l/A.

De acuerdo a las constancias de fs. 134/135vta. apelante efectuó el depósito previo de la suma reclamada, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 de la ley 18.820, modificada por las leyes 21.864 y 23.473, por lo que corresponde tener por habilitada la instancia judicial y analizar el recurso articulado.

Surge de autos que el ente recaudador procedió a determinar deuda por aportes y contribuciones correspondientes a los empleados Héctor Agenor Vera, Faustino Carabajal, y Juan Roberto Nieva, por él período comprendido entre el 11/90 a 10/93 conformé los montos determinados por el perito en los autos caratulados "Herrera Edmundo F y otros c/Grafa S.A. s/Reinstalación en el empleo".

La impugnante sostiene que no corresponde computar el plazo de prescripción decenal desde la fecha de la sentencia laboral sino el requerimiento de la AFIP, en cuyo caso las sumas se encontrarían prescriptas al no existir causales que justifiquen la inacción de la demandada. Se agravia además, de la aplicación de intereses que realiza el organismo a partir del año 1990, ya que a su entender, si este considera que la obligación nació con la sentencia no corresponde aplicar intereses por los períodos anteriores a la misma. En otro orden, manifiesta que la sentencia laboral ordena el pago a los accionantes de los "salarios caídos", los cuales tienen naturaleza indemnizatoria y los conceptos indemnizatorios no resultan abarcados por las obligaciones de la seguridad social, y en consecuencia, no obligan a efectuar aportes ni contribuciones con ese destino. Por último, solicita la revisión de la decisión administrativa, en la hipótesis en que se desestimen las demás defensas opuestas por su parte, descontando del reclamo los importes correspondientes á aportes personales de los trabajadores que no habrían sido ingresados, por resultar una obligación ajena a la empresa, dada las circunstancias particulares del caso.

En relación al primer planteo esgrimido, considero que asiste parcialmente razón a la apelante.

En nuestro sistema positivo los distintos organismos de contralor gozan de amplias facultades de verificación, control y formulación de cargos a fin de indagar sobre presuntos responsables, pero estas deben ejercerse dentro de los límites temporales previstos para su ejercicio, a fin de garantizar la seguridad jurídica, prescindiendo así, de los reclamos judiciales que pudieran promover los trabajadores. En igual sentido, se ha expedido la Sala III de este fuero en autos, "Club Ciudad de Buenos Aires c/AFIP- DGI s/Impugnación de deuda", sentí 17483 del 17/07/07.

Ello así, toda vez que surge de las actuaciones que el organismo realiza su primer reclamo el 17/12/02 (conf. notificación 002 Nº 140444/5) respecto de una deuda por aportes provisionales no abonados por el lapso 11/90 a 10/93, corresponde declarar prescripto el período fiscal anterior al 17/12/92.

En relación al planteo esgrimido respecto a la obligación de su parte de realizar aportes y contribuciones respecto de las sumas no prescriptas, obran en autos sentencias dictadas por la justicia provincial, en las distintas instancias, en autos "Herrera Edmundo y otros vs. Grafa S.A. s/Reinstalación en el empleo" iniciados por los aquí actores.

En el pronunciamiento del 10 de noviembre de 1994, el juez de primera instancia si bien rechaza la pretensión de reinstalar a los accionantes a sus empleos por haberse cumplido, al momento de resolver, el plazo de tutela sindical, ordena el pago de los "los salarios caídos" los que, el mismo aclara, "tienen naturaleza remuneratoria", conforme el segundo párrafo del art. 52 de la ley 23.551 (salarios de sustanciación, salarios sin prestación de servicios por parte del representante gremial por impedimento del empleador).

Más aún, en párrafo aparte, considera el sentenciante que no corresponde expedirse acerca del período posterior a la finalización de la tutela, porque ello depende de otra acción, la justa causa o no del despido, lo cual no fue peticionado en dichos autos.

Es decir que, si no es objeto de demanda, la justa causa o no del despido, mal puede tratarse de una indemnización como pretende la impugnante.

Ahora bien, este carácter otorgado a las sumas adeudadas por la empleadora no fue objetado en las instancias judiciales posteriores, con lo cual no corresponde acoger aquí el planteo esgrimido.

Ello así, corresponde declarar que las sumas adeudadas no prescriptas resultan abarcadas por las obligaciones de la seguridad social, y en íconsecuencia, obligan a efectuar aportes y contribuciones con ese destino (conf. art. 10 de la ley 18.037).

En cuanto a los intereses, corresponde la aplicación de los mismos desde el nacimiento de la obligación conforme el art. 622 del Código Civil.

Por lo expuesto voto por: 1) Declarar habilitada la instancia judicial; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso del actor y, en consecuencia, declarar prescripto el período fiscal anterior al 17/12/92. 4) Confirmar la resolución en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. 5) Imponer las costas por su orden (art 68 y ce del CPCCN).

El doctor Fernández dijo:

Disiento en manera parcial con el voto que antecede, respecto del instituto de la prescripción.

En ocasión de expedirme en .los autos: "Salón Dorado S.A c/ Administración Federal de Ingresos Públicos -D.G.I. s/impugnación de deuda" (Expte. 14.327, sént. def. 111304 (del 11.02.2005), he tenido ocasión de analizar esta cuestión.

Como síntesis de lo allí señalado, se destaca lo siguiente:

"La ley 14.236 y modificatorias, establece en el art. 16 que "Las acciones por cobro de contribuciones, aportes y multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años".

"Hay prescripción; liberatoria si hay inactividad del acreedor. En el caso, la actividad concreta del acreedor (AFIP-DGI) se encara recién con la comunicación del Juzgado de Trabajo, sobre la existencia de sentencia firme de la que resulta una situación laboral motivante de deuda previsional. El planteo a dilucidar es si la causa judicial ha interrumpido o suspendido el plazo de prescripción respecto de la percepción de los créditos previsionales.

La deuda previsional, por aportes y contribuciones, puede decirse que tiene dos acreedores o interesados, por una parte, el organismo administrativo, encargado de su fiscalización, recaudación y ejecución, y el titular de los aportes omitidos, a quien perjudica directamente la falta del empleador. Ello más allá de la afectación del sistema previsional en su conjunto.

El trabajador no es un tercero y su actividad tendiente a blanquear su situación, con directa incidencia en la faz previsional, es válida, a mi ver, para interrumpir el plazo dé prescripción.

Plazo que continuará hasta la conclusión de dicha causa, con las consecuencias, ya aludidas....".

Por tanto, la deuda imputada por la administración no se encuentra prescripta, ya que la demanda laboral ha interrumpido los plazos.

En lo demás comparto lo señalado por el vocal preopinante.

El doctor Herrero dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Dorado.

A mérito de lo que resulta del voto de la mayoría, el tribunal resuelve: 1) Declarar habilitada la instancia judicial; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso del actor y, en consecuencia, declarar prescripto el período fiscal anterior al 17/12/92. 4) Confirmar la resolución en lo demás que decide y ha sido materia de agravios. 5) Imponer las costas por su orden (art. 68 y ce del CPCCN).- Emilio L. Fernández.- Nora C. Dorado.- Luis R. Herrero.

El pedido de aclaratoria formulado a fs. 172/173; y considerando:

Que el recurso de aclaratoria tiene por objeto corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro y/o suplir omisiones en el pronunciamiento (arts. 166 inc. 2º y 36 inc. 3o del C.P.C.C.N.).

Que en la sentencia de fs. 169/170, se advierte que en el tercer párrafo de los considerandos, se ha omitido mencionar a los Sres. Herrera Edmundo Francisco, Lobo Ramón Horacio, Mamonte Manuel, Chávez Julio Arturo y Juan Alberto Pérez, conforme surge del escrito de apelación de fs. 122/133 y de las actas de inspección 48254-4/0/A y 49162-4/1/A respecto de quienes se hace extensivo lo expuesto en la sentencia definitiva que obra a fs. 169/170.

En cuanto al reintegro de la diferencia entre la suma oportunamente depositada y la resultante de la sentencia, el mismo deberá hacerse efectivo en el plazo de 30 días de quedar firme el presente decisorio.

De los recursos extraordinarios interpuestos por ambas partes, trasladó a la contraria por el término de ley.

Por lo expuesto, se resuelve: 1) Aclarar la decisión de fs. 169/170, en los términos que anteceden. 2) De los recursos extraordinarios interpuestos por ambas partes, traslado a la contraria por el término de ley.- Emilio L. Fernández.- Nora C. Dorado.- Luis R. Herrero.