Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-06-24


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de junio del año de dos mil diez, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Daniel Alejandro Rebagliati Russell, Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, bajo la presidencia del primero de los nombrados para dictar sentencia en los autos caratulados "O., C. R. s/ Homicidio Simple" (Leg. N° 21.681, F° 137 - Año 2009, letra "O").

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo es el siguiente: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Preliminar Ha recalado en los estrados de esta Sala Penal la sentencia emitida por la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Esquel que, el tres de abril del año de dos mil nueve, condenó a C. R. O. a sufrir la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 12, 19, 29 inc. 3°, 40 y 41 del Código Penal) por haber sido declarado autor material y criminalmente responsable del delito de homicidio simple (art.79 del C.P.) en perjuicio de R. C., hecho acaecido en la localidad de José de San Martín (Chubut) el 10 de agosto del año de 2006.

-El motivo de la intervención de este órgano fue el recurso de casación deducido por el señor Defensor General, doctor J. A., quien dio motivos y fundamentos en el extenso escrito que está adosado entre las hojas 523 a 538 II. El recurso, síntesis de su contenido. Opinión del señor Defensor General. Memorial del señor Procurador General de la Provincia.

- En el remedio articulado, el casacionista explicó que buscaba y busca: la declaración de nulidad del decisorio y la absolución del encartado en relación con el hecho de la condena, oponiéndose al reenvío por cuanto consideró que ello vulneraba el derecho a evitar la doble persecución y como consecuencia colaboraba a asegurar el debido proceso legal.

- Más adelante realizó una relación -breve- de la causa y en el punto IV comenzó a tallar el tema de los agravios.

- Explicó, punto A, el método que seguiría en su argumentación; luego, señaló la teoría del caso que debió ser aceptada (B), para evocar, por fin, el plexo de normas que estimó vulneradas.

--Comenzó con la "Garantía contra la autoincriminación. Prueba prohibida. Nulidad" --En ese sentido principio el alegato evocando lo que la "a quo" había decidido (punto C). Más adelante, punto D, realizó una antología acerca de las garantías contra la autoincriminación y se dedicó a exponer las normas en ese sentido y concluyó asentando reglas que previenen de cualquier trasgresión.

- Ya en el caso concreto, punto V, consideró que el imputado, en estado de ebriedad, compareció ante la policía, se autoincriminó, según el personal policial que, excediéndose, violó todas las garantías. Expuso acerca de lo que consideró extralimitaciones y censuró a la sentencias de haberlas considerado ".contra las expresas prohibiciones probatorias de los arts. 44 y 46 de la C.Ch y los arts. 165 inc 11, 272 y cctes del rito.", marcando los pasos que fueron dados en contravención, que, afirmó, no fueron validados por el reconocimiento ulterior del atribuido ni ante el Juez de la Instrucción o el Tribunal de Juicio.

-Consideró, también, que era inaceptable que la prueba ilegal ingresara por vía de los testigos policiales y también era inexacta la postura del Tribunal de bendecir el accionar ilegal so excusa de que no había sucedido coerción en contra del atribuido; al respecto, brindo nutridas consideraciones.

-En el punto VI del alegato, el doctor A. consideró el criterio seguido por el legislador a partir del análisis del art. 165 de la Ley 3155 y de sus consecuencias procesales y denunció que el Tribunal se había apartado de ".las más altas normas legales nacionales y provinciales y ha conculcado el derecho de O. a no autoincriminarse.".

-Resaltó, en otros párrafos, la implicancia del uso de la prueba ilegal como prueba de cargo y su relación con las que se adquirieron como consecuencia, remarcando que no existió un cauce de investigación independiente sino solo en hipótesis. Al respecto, mencionó los precedentes "Rayford" y "Cabral" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos preceptos consideró inaplicables en la especie, por aquella razón: la mera conjetura acerca del canal alternativo de encuesta.

-En el punto VII de la alegación, bajo el rótulo "Violación al principio de la sana crítica y de la debida motivación de las sentencias como acto jurisdiccional", acusó que la autoría de O. no estaba demostrada.

-Así, reprochó que no se hubiera admitido el análisis la participación de O. en una pelea por inconducente, a pesar de las expresiones del Licenciado E. y que nada ponía al condenado en el lugar de los hechos. Pero, a la par, expuso que si no se dejaba de lado la opinión experta de que había sucedido la producción de violencias recíprocas, no se advirtió en O. ningún signo o vestigio de ese intercambio, ni siquiera el rastro de su calzado en el lugar del hecho.

-Seguidamente se ocupó, el defensor, de explicar porqué, a su criterio, la forma en que C. fue apuñalado era elocuente de que su pupilo no fue quien lo apuñaló. Sobre esto en especial acudió a los dichos de E. y refirió, críticamente, a las tres hipótesis que surgían de la aparición de rastros en el arma secuestrada, de las cuales dos (levantar el cuchillo o entregarlo a la policía) no resultaban indicación de autoría y la tercera se descartaba por ausencia de lesiones en las manos.

-En el punto VIII, el doctor J. A., argumentó que no estaba acreditado que el cuchillo que O. había portado fuera el arma homicida. Así dijo ya que, sostuvo, no lo indicaron los medios de prueba directos o indicativos. Repasó el resultado del examen de ADN, y señaló que ni siquiera se pudo establecer que la mancha fuera de sangre, y, en todo caso si esa era humana o animal. Propuso otras operaciones lógicas a partir de las premisas que involucraban la sangre en las manos y en el cuchillo y siguió en su crítica apuntando que no existía evidencia que asociara al cuchillo con las heridas del muerto, para lo que acudió a la evocación del testimonio del forense R..

-El punto "J" lo dedicó a fustigar al informe de fs. 23, y desde allí los testimonios D. M., M. y A., para poner en tela de juicio la afirmación de la sentencia de que era común ver juntos a la víctima y a su supuesto asesino, o que, ambos, llevaran vino a la casa del último de los testigos.

-Tras cartón ocupó nutridas líneas para fustigar a la decisión en lo que concierne a las manchas de sangre que O. presentaba en sus manos y en su ropa y, en ese sentido, señaló que bien que aquellas, las primeras, pudieron haber sido de auxilio o de constatación y que la de las ropas tampoco eran una evidencia cierta de la que pudieran extraerse conclusiones, pues no se consideró si se trataba de sangre, humana o animal, y menos aún que fueran vestigios del muerto y que a la luz del testimonio del perito E. esas manchas podían ser de contacto, dejadas por la inspección del cuerpo, por lo que no era descartable una agresión anterior en la cual no participara el atribuido.

-En el punto IX los esfuerzos se enderezaron a demostrar la debilidad de los argumentos tendientes a descartar la ebriedad completa de su asistido. Evocó las pericias psiquiátricas y los análisis de la alcoholemia, a lo que sumó los testigos M., M. y P., cuya relevancia debía descartarse.

-Por lo demás consideró que no existía prueba ninguna acerca del periplo que recorrió hasta la Comisaría, siendo una carga probatoria de la Fiscalía y no de la defensa, desde lo que descartó la coordinación motora de O. que la "a quo" estableció en su fallo para decidir que no estaba demostrada la existencia de ebriedad completa.

-En lo que toca a las pericia psiquiátricas atacó la forma en que la "a quo" las había desechado y aún marcado como contradictorias; dedicóse, renglón seguido, a ponderar el tema de la alcoholemia dijo que no se habían dado razones de peso para fundar el juicio de culpabilidad -Hizo, en las conclusiones, un recapitulación general, y reiteró que la sentencia debía ser dejada sin efecto y el imputado absuelto.

-Hizo reserva del caso federal.

-El señor Defensor General de la Provincia mantuvo el recurso y a la vez presentó memorial a cuyo través amplio los fundamentos del recurso. (ver las hojas 551 y 552 y 557 a 559, respectivamente).

-El señor Procurador General de la Provincia introdujo memorial, mediante el cual propuso la confirmación de la sentencia.

-III. Análisis de la sentencia. Consideración de los agravios III. a. Los aspectos atinentes a la materialidad. No resulta factible discutir la cuestión en sus aspectos materiales.

Con prolijidad, como es de su estilo, la Cámara partió de la premisa de que estaba fehacientemente acreditado el hecho de la muerte de R. C, acaecido el 10 de agosto del año de 2006 en hora cercana a las 17:28, a causa de las lesiones de arma blanca que recibió aquel día.

Para comenzar así, los Jueces echaron mano del informe de autopsia de fs. 39/42 (incorporado por su lectura), de las fotografías añadidas y de la deposición verbal del doctor D. R., médico forense, en la audiencia de debate.

Se reprodujo, en el primer voto, el aspecto sustancial del informe experto sobre el cuerpo muerto, con una acabada descripción de las heridas y, en especial, de aquella que causó el deceso. Además, se consignó- con alusión a la testimonial del doctor R. en el debate- la manera en que éstas, las puñaladas, fueron prodigadas.

En este tren, y a modo de complemento, se consideró la certificación médica suscripta por el doctor W. A., consignada en el acta que labró la policía, fs. 3, y se anotó el certificado de defunción otorgado por el señor Médico Forense.

Por lo demás, se apuntaló ese aspecto de la realidad comprobada mediante la alusión al documento de fs. 2 labrado por las autoridades encargadas de la prevención y la referencia a los testimonios dados en el debate por el Sub Comisario C. J. M., el Sargento Ayudante O. A. P., el empleado policial J. A. M. y, en lo que toca, la enfermera A. I. A..

La circunstancia de lugar fue determinada por el instrumento arriba expuesto al que se asoció el croquis de la planta urbana de la localidad de José de San Martín, completo en lo que a sus detalles atañe (ver fs. 4) Los sufragios restantes coincidieron dando idénticas razones.

-Nada puede cuestionarse al respecto.

III. b. El juicio de autoría. La cuestión atinente a la vulneración del principio que prohíbe la autoincriminación.

1. Respecto de esta tópica, la "a quo" afirmó que había quedado ".suficientemente probado que el día 10 de agosto de 2006, en la localidad de José de San Martín, minutos antes de las 17,28 horas, el imputado C. R. O., dio muerte a R. C., mediante la utilización de arma blanca secuestrada, con la que le produjo siete heridas contuso penetrantes que le provocaron su muerte por paro cardio- respiratorio traumático por herida en zona cardíaca." (conclusión del primer voto).

Del mismo modo se pronunció la Juez Estefanía quien sostuvo: ".(que) C. R. O..el día 10 de agosto de 2006 en la localidad de San Martín, Provincia del Chubut, antes de las 17:28 horas, infirió dolosamente a R. C., siete heridas de arma blanca, que le provocaron su muerte por paro cardio respiratorio traumático por herida en zona cardíaca." 2. Al respecto, y sin más prólogo, expresaré que coincido con la solución dada al asunto por los miembros de la "a quo".

-Participo de la idea, ya lo he sostenido así en otros precedentes de la Sala, que la prohibición de auto-incriminarse, involucra negar al Estado, por cualquier medio que no sea regular, la posibilidad de obtener información desde el imputado para incriminarlo.

-Aquel, monopolizador de la fuerza, se ve limitado en su ejercicio pues tiene el deber de abstenerse de utilizar esa fuerza en desmedro de quien se atribuye un delito.

-Pero este principio no implica que una persona, en libre administración de sus capacidades, vierta información que la perjudique y el Estado se valga de ella.

-Ridículo resultaría que funcionarios públicos desoyeran una manifestación espontánea verbal o escrita e hicieran oídos sordos so riesgo de incurrir en una conducta no autorizada, porque, paradojalmente, incumplirían, quizás, las imposiciones que derivan de esa posición; por ejemplo la policía que está obligada a la investigación de los delitos.

-Los ejemplos traídos por la sentencia resultan más que elocuentes y pueden fácilmente verificarse mediante la consulta de la doctrina que se cita.

-Al recorrer las páginas virtuales que condensan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver la página web del Alto Tribunal al respecto), percibo una constante en los fallos suscriptos por la mayoría, que se orientan en ese sentido.

En autos "M., M. O. y otra s/ infracción ley 23.737 (art. 5 inc. c). M. 3710. XXXVIII; REX; 04-09-2007; T. 330 P. 3801", por referir a lo más reciente, la Corte- por mayoría- expuso el criterio que sigue: ". conforme a la propia jurisprudencia de esta Corte, las manifestaciones que una persona detenida efectúa ante la autoridad policial, dadas ciertas circunstancias y con un alcance acotado, resultan válidas. Ese criterio fue establecido en el precedente "C." (Fallos: 315:2505), y luego confirmado en los casos "J." (Fallos: 317:241) y "S." (Fallos:317:956). En "C.", esta Corte afirmó que los dichos espontáneos que un detenido efectúa ante la autoridad policía no deben ser considerados como aquel tipo de declaraciones vedadas por el art. 316, inc. 1° del Código de Procedimientos en Material Penal. Sentado ello, se fijó el siguiente estándar: "La mera comunicación de ese dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener, como señala el a quo, que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación" (considerando 4°). Por su parte, para fundar la ausencia de coacción se tuvo en cuenta que el informe pericial respectivo no hacía presumir que el imputado hubiese padecido apremios y, a su vez, que éste, al momento de ser indagado, no había efectuado denuncia alguna en ese sentido (considerando 5°). Este criterio fue reiterado en las sentencias que esta Corte dictara en las causas "J." y "S.", siendo esta última de especial trascendencia para dar sustento al rechazo formal que aquí se decide, en tanto en aquella oportunidad se aplicó el estándar de "C." a un caso en el que se dieron circunstancias análogas a las de este expediente. En tal sentido, corresponde destacar, en primer lugar, que en "S." el procedimiento que luego culminaría con la condena del recurrente por el delito de tenencia simple de estupefacientes había tenido su origen en los dichos espontáneos de un coprocesado, quien había indicado que los estupefacientes que se habían secuestrado en su poder los había comprado en el domicilio de aquél, y, en segundo término, que ese coprocesado, al momento de ser indagado, negó la comisión del hecho que se le imputaba. Fijado ello, se indicó que de las constancias del expediente surgía que los dichos espontáneos que habían permitido identificar el domicilio del recurrente habían sido producto de la libre voluntad de aquél que los había proferido, quien "se encontraba legalmente detenido ante la comprobación de un delito y el procedimiento que originó esa situación fue ratificado por el personal policial y los testigos presenciales; el examen médico no reveló alteraciones psíquicas o físicas; el oficial de policía que intervino en la investigación, al ser interrogado en sede judicial acerca del modo en que se había obtenido la información del domicilio de L. (el recurrente), explicó que cuando detuvo a S. éste refirió que habitualmente compraba cocaína a un tal J., de quien suministró su dirección (fs. Y)" (considerando 6°). Y respecto del modo en que había declarado el coprocesado en sede judicial y su incidencia respecto de solución del caso se señaló que "si bien en sede judicial S. negó la pertenencia del envoltorio secuestrado y dijo no conocer a L., no aportó elemento alguno que condujese a pensar en una comunicación formulada bajo coacción" (ídem).". (El fallo completo puede consultarse en el portal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).

3. El caso bajo estudio, a pesar del denodado esfuerzo del señor Defensor General al respecto, reúne las características que lo sitúan dentro del nivel que torna aceptable la manera en que fue decidido.

-Una persona, que para mejor no reunía la condición de imputado, se presentó ante la Comisaría y expuso en la forma que lo consignó el acta de fs. 1, entregando el arma que, a su decir, había usado, presentando- de modo evidente- rastros que aparecían como de sangre. La policía lo demoró ".hasta tanto se cuente con información precisa de lo sucedido.", le informó de sus derechos, concurrió al lugar, verificó que el dato era cierto: halló muerto a R. C., tomó las medidas del caso (ver acta de fs. 2, certificado de fs. 3 y plano de fs. 4) y una vez corroborados mínimamente estos extremos lo constituyó en detención, brindándole la calidad de atribuido, y lo situó bajo la férula del Juez competente (ver acta de fs. 5).

-Una vez en el debate, los protagonistas policiales, en especial el Sargento Primero O. A. P., el Suboficial Principal J. M., y el Sub Comisario C. J. M., fueron contestes en que las cosas sucedieron de esa manera y no de otra, mientras que el acusado sólo dijo que nada recordaba.

Sinceramente no veo el agravio que justifique la anulación de la sentencia que consideró válido ese proceder.

-Porque además de que no resulta apropiado conjeturar acerca de las razones que condujeron a O. a entregarse, la expresión fue asertiva, clara y específica, y la autoridad encaró el sorpresivo cuadro con apego a la legalidad.

-Reitero mi proposición de que, en contrario de la alegación impugnante, no existe exacerbación del poder Estatal sino una adecuada actividad autorizada no sólo por la exclusión del mandato negativo estatuido en la Constitución Nacional y Provincial traducido en un ".no obligarás a una persona a incriminarse.", sino por aplicación del art. 164 y 165 incs. 1° y 2° del C.P.P. hoy derogado (Ley 3155).

-No se ha denunciado apremio alguno. No se ha reflejado vestigio en el cuerpo del imputado que lo exponga (ver el certificado de fs. 11) y nada exhibe que los agentes del orden hubieran ido más allá de tomar nota de las francas expresiones de O..

-Un detalle más. No resulta el bajo examen, una conducta pre-procesal de la prevista en el art. 165 inc. 11 del ritual. La allí consignada refiere a las indicaciones, datos o informaciones útiles "requeridos" al presunto culpable, ".en el lugar de los hechos, o en sus inmediaciones o en donde fuera aprehendido."; una situación diferente de la ocurrida aquí.

- Por lo dicho, no cabe otra ruta a seguir que desechar ese tema de agravio.

-III. c. Valoración de la prueba en general.

-En este aspecto mi punto de vista es tendente a la confirmación de la sentencia.

-Creo que en un trabajo de análisis sesudo, con apego a las reglas de la sana crítica racional, los Jueces dieron solución correcta al problema de la autoría, que la defensa no ha logrado vulnerar.

-Esta, la impugnación, ha tratado de aislar los elementos, criticando de ese modo el enfoque de aquellos a quienes censura. Ese es un método incorrecto de decodificación de la evidencia.

-El acertado, para mí, es aquel que analiza el todo, el que observa el universo uniendo los elementos que, a lo mejor, carecen de significación aislados, pero que cobran dimensión en conjunción con otros. -En efecto, si se une la objetividad que implican las heridas de arma blanca, cuya entidad y ubicación en la morfología de la víctima ha quedado bien asentada, con los estigmas extraídos del cuerpo del imputado (los exámenes de ADN, que consignan que la sangre en sus manos es compatible con la del muerto) y se los asocia con las expresiones espontáneas de las que ya se ha dado cuenta, la opción relevante es justificar la hipótesis o teoría del caso de la Fiscalía.

-Añádese a ello la sangre encontrada en las ropas de O. y el hecho de que, al contrario de lo que propone la defensa, hay evidencia razonable - que cobra vida- de que los sujetos solían andar juntos e ingerían alcohol en diversos lugares del pueblo.

- Aplicando las leyes y principios de la lógica no puede llegarse a otra conclusión que aquella a la que arribaron los Magistrados al abordar la tópica de la autoría.

-Diré dos palabras sobre el principio de razón suficiente para, luego, intentar probar adecuadamente éste mi aserto.

- En reiteradas oportunidades he traído a colación este principio citando a Leibnitz. No lo haré nuevamente, remitiré a lo ya escrito.

Empero, para explicar las operaciones intelectuales que lo involucran recordaré a Manuel García Morente, quien, en su obra "Lecciones Preliminares de Filosofía" Ed. Losada, páginas 190 a 205, explica el sentido de estos conceptos dados por el filósofo racionalista del siglo XVII que comentamos.

Sólo me detendré, como me he detenido otrora, en un pequeño aspecto de sus enseñanzas, en afán de cumplir con mi propósito.

Explicaba el maestro español que las verdades de hecho son oriundas de la experiencia; no tienen ellas otro origen, son producidas por la experiencia, están impresas en nosotros por medio de la percepción sensible, son verdades contingentes pero no por ello carecen de objetividad y tienen una base en el principio de razón suficiente. Y continuaba ".Una verdad de hecho está fundada en tanto y en cuanto podemos buscar y dar razón de porqué es así. Esta lámpara es verde, pero pudiera ser rosa. Si es verde es por algo; es porqué el que la hizo la hizo verde; y la hizo verde por algo: porque se lo mandaron, y se lo mandaron por algo: por que el cliente lo había pedido y el cliente lo había pedido por algo, y así sucesivamente. De modo que si consideramos que cada una de las verdades de hecho está fundada en un principio de razón suficiente, y si prolongamos la serie de razones suficientes a cada una de las causas de las verdades de hecho, cada prolongación será un afianzamiento más de la objetividad de esas verdades de hecho." - C. está muerto, porque sufrió lesiones punzo cortantes que afectaron órganos vitales y le provocaron un fallo general; ¿porqué?: porque fue lesionado a cuchillo por otro; ¿porqué?: porque la cantidad, entidad y lugar de las heridas excluyen la autoagresión, porque el cuchillo es un arma corto punzante y un cuchillo fue entregado a la policía como arma homicida.

C. fue muerto por O. en el contexto brindado por la Fiscalía, ¿porqué?: porque lo expuso espontáneamente ante la policía, ¿porqué?: porque así los señalaron quienes lo escucharon, ¿porqué más?: por que entregó un cuchillo con sangre y sus manos estaban tintas con una sustancia que resultó la sangre del muerto, ¿porqué más?: por que señaló a las autoridades el sitio donde yacía el cuerpo y eso fue verificado.

-Cada una de las preguntas que nos formulamos se asienta en una evidencia transformada en prueba legalmente incorporada al proceso y ponderada adecuadamente por los jueces y porque una operación intelectual negativa, o de sentido inverso, no resulta convincente.

-He indicado, en otros pronunciamientos, que en el debate juegan dialécticamente dos hipótesis y la que prevalece es la que consideramos convencionalmente cierta.

-En este caso, la prueba de cargo, compuesta del modo en que se hizo en la sentencia, nos permite arribar más allá de toda duda razonable a esa conclusión.

No debemos olvidar que toda reconstrucción histórica es ideológica, o, para mejor decirlo, una representación mental acerca de lo pasado. Los jueces se configuran o prefiguran los sucesos en su cabeza a través de intermediarios, los medios de prueba y siempre existe, aún mínimamente, una posibilidad contraria a sus juicios (ya Leibniz lo decía al enunciar el principio de razón suficiente respecto de las verdades de hecho). No está en nuestro poder la capacidad de recrear imágenes como aquellas que proyectaba el artefacto pensado por Bioy Casares en "La invención de Morel" o el aparato ideado para la ficción por H.G. Wells, que brinden directamente-a los jueces- la realidad del pasado que es materia u objeto de un debate; de manera entonces que en la humana faena de determinación de la verdad sobre la hipótesis acerca de lo pretérito, sólo puede valerse, quien juzga, de la interpretación más ajustada de las pruebas que se aportan.

III. d. El estado de conciencia del imputado al momento del hecho. Ponderación de la prueba al respecto.

-Dos aclaraciones ha menester realizar sobre este punto.

-El primero es que las pautas de valoración de las pericias, en el sistema de la sana crítica racional, son las mismas que presiden la actividad en relación con la restante prueba.

-En otras palabras, el Juez puede no atenerse a las conclusiones periciales cuando, de su análisis de ellas en relación con las demás constancias que le han sido aportadas, arribe a una conclusión a la diferente.

-Si bien en esta faena crítica los que deciden deben andar con suma prudencia, no por ello ha de estarles vedado el examen crítico, en particular si las pericias no están debidamente motivadas, sus argumentos son febles, sus conclusiones resultan contradictorias o se oponen palmariamente a las evidencias que se han acreditado en juicio.

-En segundo lugar, sostengo que la declaración de inimputabilidad no puede efectuarse en abstracto, con fundamento únicamente en los informes médicos, sino que debe haber, previamente, un análisis del hecho que se le reprocha al imputado en toda su dimensión fáctica y jurídica.

-Esto significa prestar atención a la exterioridad de la conducta de la persona de quien se trata, para observar cómo ha sido su comportamiento en las circunstancias que motivan el análisis. O en otras palabras, es preciso considerar la relatividad de cualquier experticia si se analiza aislada de las circunstancias del caso, con particular atención en lo que denota la conducta que se pondera antes, durante y después de ejecutada la acción ilícita. Bajo estos puntos de vista, considero que la Cámara ha acertado en el razonamiento que la condujo a predicar la capacidad de O. de recibir reproche.

--Con tino, la votante del primer turno desmenuzó las periciales psiquiátricas y marcó las contradicciones en que había incurrido, zarandeó procesalmente las pruebas de alcoholemia y llegó al resultado conocido.

--Es obvio que O., aún ebrio, tenía conciencia de sus actos.

--Y tan así era que, inmediatamente de haber prodigado las puñaladas no se dirigió a otro lugar que no fuera la Comisaría, el símbolo de la autoridad, el recinto adonde su mala acción sería reconocida como tal.

--Si aún pensáramos que fue llevado hasta allí, no dejaremos de prestar atención a sus palabras traducidas en ".he venido porque me mandé una macana.", a lo que sumó la entrega del arma homicida y la indicación del lugar adonde el crimen había sucedido.

-Esa sinceridad, claridad, franqueza o cómo quiera llamársele es denotativa, aplicando el mínimo sentido común, del estado espiritual de quien conoce (y conoció antes) y sabe (y supo) la dimensión de su conducta que pudo dirigir en ambos sentidos: el de la trasgresión y el arrepentimiento.

-Ese es, a mi parecer, el punto fuerte de la opción de los judicantes que se han valido, entre otras cosas, de la percepción directa de quienes lo vieron, los policías que lo atendieron, escucharon y hasta le ofrecieron un vaso de agua para menguar su intranquilidad.

-No me parece que deba extenderme en demasía sobre esta tópica pues otra vez la sensata argumentación de los Jueces de Juicio supera con creces el estándar de inspección que exige nuestra propia faena: minimizar las posibilidades del error judicial.

-Otra vez la impugnación debe desestimarse.

-IV. De la calificación legal y de la pena.

-Acuerdo, de modo total, con la calificación legal del hecho probado.

-Aplicando cada una de las categorías de la teoría del delito, los Jueces llegaron a la conclusión de que el tipo penal que quedaba construido era el del art. 79 del C.P, fuente de la condena. -No existe razón ninguna para apartarse de esa tesis que resulta pasible de ser homologada.

-La pena, el mínimo de la figura penal de marras, es indiscutible.

-Nada autoriza a penetrar en el escabroso terreno de su constitucionalidad por infracción al principio de proporcionalidad.

-V. Conclusión -Por todo lo expuesto propicio de esta Sala el rechazo total del recurso de casación interpuesto.

-VI. Honorarios -Intereso a los señores Ministros en que se establezca como honorarios de la Defensa Pública la suma equivalente al veinticinco por ciento de la que fije el Tribunal de Grado.

-Así me expido y voto.

-El juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa del acusado, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

-En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con la propuesta del juez Pfleger.

-II) Para comenzar diré que la materialidad del hecho no ha sido objeto de controversia entre las partes, y el Tribunal evaluó la autopsia practicada, las fotografías obrantes en autos y el testimonio prestado por el médico forense, doctor D. R., para determinar la muerte de R. C..

-III) La autoría ha sido el eje central de la discusión, y en dónde la defensa fundó los motivos de agravio.

Remarcó en esta instancia el planteo efectuado en la audiencia oral y pública, y aseguró que la valoración que se hizo de la declaración prestada por su asistido en sede policial afectó la garantía contra la auto-incriminación.

Pero, como ha quedado expuesto, esta denuncia ha sido articulada en el debate, con idénticos argumentos, y el recurso no logra superar la sólida respuesta que los jueces dieron al planteo.

Así, la nulidad ha sido debidamente desechada bajo estos parámetros: -el evidente carácter espontáneo de lo dicho por el imputado en sede policial, presentándose en la comisaría por su propia voluntad; - no se demostró coacción alguna por parte del personal policial para obtener información, ni O. lo denunció en el proceso, como así tampoco se registraron lesiones al momento de ser aprehendido.

La conclusión se compone con el criterio que ha venido sosteniendo la Corte en este tema.

Y el doctor Pfleger ha procurado ilustrar el razonamiento sustentado por el Alto Tribunal, citando los principales fallos vinculados con la materia.

La ausencia de coacción para sostener la validez de las declaraciones prestadas en sede policial, es la constante que se mantiene en los fallos de la Corte ("García D´Auro", L.L., 1996-B-384).

En el caso "S.", que ha sido también citado en el voto que precede, el Alto Tribunal sostuvo: ´.la mera comunicación de un dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal.´(L.L., 1995-B-33).

Y el caso de autos es aún más simple, desde que O. se presenta voluntariamente ante la comisaría para expresar lo que había hecho, portando en ese momento un cuchillo con manchas de sangre -v-fs. 1 y vta.-.

Vale decir que ni siquiera tenía la condición de detenido, como en los casos citados, única situación que crearía incertidumbre respecto a la existencia o no de coacción.

Luego de esta situación, los funcionarios policiales le dan a conocer al imputado sus derechos y corroboran la información brindada.

Creo oportuna la observación del juez Pfleger cuando defiende la decisión de utilizar el dato aportado por el imputado para iniciar una investigación y sostiene la paradójica situación que se presentaría si obligamos a los funcionarios policiales a desoír una confesión espontánea, implicando esta actitud un claro incumplimiento al deber de investigar todo delito que llegue a su conocimiento.

De esta manera, surge palmariamente que no hubo violación a la garantía de autoincriminación. El imputado ha sido debidamente resguardado luego de su exposición, limitándose el personal policial a verificar la existencia del hecho.

Por lo expuesto voto por desechar el agravio denunciado.

IV) Como segundo punto la defensa menciona la violación al principio de la sana crítica y la debida motivación de la sentencia.

Sin embargo advierto que la tarea encomendada a los jueces que conforman un Tribunal Colegiado ha sido satisfactoria, y han desarrollado el hecho y corroborado la existencia, autoría y culpabilidad del imputado en la forma que exige nuestro ordenamiento adjetivo.

Es cierto que todo comienza a partir del dato suministrado por el imputado.

Pero luego de ello, el contundente material probatorio colectado en autos, el cual ha sido incorporado legalmente al debate, permitió llegar a la conclusión condenatoria.

Así, se analizó en el fallo las declaraciones brindadas por el personal policial que se encontraba presente en la comisaría cuando O. confesó haber herido a una persona.

También se tuvo en cuenta el procedimiento policial llevado a cabo inmediatamente después, que determinó la existencia del hecho y la ubicación del cuerpo de la víctima en el lugar que indicara el imputado -v.acta de fs. 2 y vta.- Otra de las pruebas valoradas es la autopsia practicada, que concluye que la víctima falleció a causa de las lesiones de arma blanca recibidas.

Esta conclusión se la relacionó con la pericia genética practicada que determinó la compatibilidad entre la sangre del occiso y la hallada en el cuchillo secuestrado y en las manos y vestimenta del imputado.

En este sentido, es correcto inferir un estado de conciencia a partir del recorrido efectuado, que la ubicaba temporo-espacialmente y de la referencia efectuada frente a terceros que implicaba -por su contenido- la evocación a un hecho pasado y la asunción de su participación en el resultado dañoso producido.

De esta manera, la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal ha sido debidamente acreditada y los fundamentos que dieron los jueces para avalarla me convencieron, correspondiendo en consecuencia desechar este motivo de agravio y confirmar la sentencia.

V) Este último agravio apunta a la valoración que hizo el tribunal para establecer si O. era imputable al momento del hecho.

Sin embargo advierto que los jueces han utilizado aspectos relevantes, además de las pericias, para determinar la imputabilidad. Así evaluaron el esfuerzo físico desplegado por el imputado para lograr el acometimiento de la víctima, el trayecto que tuvo que realizar caminando desde el lugar del hecho hasta la comisaría, llevando en su poder el arma homicida.

Asimismo el personal policial que lo recibiera en la dependencia afirmó que llegó sólo y que si bien presentaba aliento etílico y lo observaron nervioso, ello no le impedía trasladarse y comunicarse.

Como bien lo sostiene el juez Pfleger, la inimputabilidad no puede fijarse sin tenerse en cuenta determinadas circunstancias. Y esto es lo que hizo el Tribunal, ya que para determinar la culpabilidad examinó este aspecto a partir de los hechos antecedentes y consecuentes desplegados por el imputado.

De esta manera, el rechazo del planteo ha sido debidamente fundado, correspondiendo desestimar este motivo de agravio.

V) En cuanto a la calificación legal escogida, estimo correcta la subsunción en la figura del artículo 79 del Código Penal. El fallo explica que las lesiones que se registraron en el cuerpo de la víctima y el elemento utilizado por el imputado, dejan fuera de toda duda el contenido subjetivo que requiere el tipo en cuestión.

Por último estimo adecuada la pena impuesta, aplicándose el mínimo de la escala seleccionada.

Conforme a las argumentaciones expuestas, corresponde en mi opinión, rechazar la impugnación incoada y confirmar la sentencia, con costas. VI) Adhiero a la regulación de honorarios efectuada en el voto que precede.

Así voto.

El Juez Alejandro Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell, existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 -texto según ley 4550, art. 7 (ley 3155).

Con lo que culminó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente S E N T E N C I A --- 1º) Rechazar la impugnación interpuesta por el Defensor Oficial (fs. 523/538 vta.), con costas.

-2º) Confirmar la sentencia número 4/2009 del año dictada por la Cámara en lo Criminal de Esquel.

-3º) Regular los honorarios de la Defensa Pública en la suma equivalente al veinticinco por ciento de la que fije el Tribunal de Grado 4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Jorge Pfleger-Daniel A. Rebagliti Russell-Alejandro Javier Panizzi-Ante Mí: José A. Ferreyra - Secretario.