Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-15


SENT.DEF.Nº: 19771	EXPTE. Nº: 32.283/ 09 (28.861) JUZGADO Nº: 79	SALA X AUTOS: "SANCHEZ MONASTERIO JUAN ANTONIO C/ ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO INTERACCION S.A. S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" Buenos Aires,15/05/2012 El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1°) En la sentencia de primera instancia se hizo lugar a la acción fundada en la Ley de Riesgos del Trabajo 24..557 (fs. 434/438) y contra ese decisorio recurre a esta alzada la demandada (fs. 444/6), cuyos agravios merecieron réplica adversaria (fs. 451/454).

Anticipo que no es atendible el agravio de la apelante respecto del aseverado que imputa al señor juez que precede en la valoración del peritaje médico que asignó al actor un déficit laborativo del 84,5 % en nexo causal con el episodio accidental acontecido.

En efecto, no es exacto el argumento explicitado por la demandada respecto de que el perito médico ".no realizó ningún estudio propio de su ciencia.". Y ello es así a poco que se aprecie que surge del dictamen médico obrante a fs. 397/403 los estudios efectuados al actor para determinar las conclusiones periciales que aquí interesan. Es cierto que la accionada, en la instancia anterior, impugnó la analizada peritación (fs. 407) pero los argumentos allí expuestos no posibilitan alterar la eficacia probatoria del dictamen. Obsérvese, en ese sentido, que no puede válidamente entenderse -como lo pretende la parte- que la minusvalía laborativa del caso no sea permanente ya que la mención que expresa el médico concerniente a la implantación de "otra prótesis" (fs. 401 de la pericia, respuesta al punto 4.6) fue una consideración del experto como mera posibilidad la cual, obviamente, no excluye su clara fundamentación dada en el dictamen acerca del carácter permanente de la incapacidad laborativa (arts. 386 y 477 CPCCN).

Propongo, por ende, la desestimación de este tramo del recurso.

2°) La mera lectura del fallo de grado permite superar la disconformidad de la demandada cuando en su memorial recursivo dice que en la sentencia no se explicitaron los fundamentos en orden al sistema de pago mediante renta periódica.

Para rebatir esa objeción de la parte cabe tomar en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Milone" (sentencia del 26 de octubre de 2004, registrada en M.3724, XXXVIII), tal como lo hizo el juez en su fundamento sobre el particular.

Tampoco es viable el agravio relativo al punto de partida de los intereses que la demandada pretende que se devenguen a partir de la fecha del dictado de la sentencia en esta causa.

He sostenido en reiteradas oportunidades que un dictamen médico como así también un pronunciamiento judicial o administrativo sólo poseen efecto declarativo y no constitutivo del derecho del trabajador a ser resarcido por vía de la ley especial 24.557.

En el caso que aquí se trata el actor experimentó un infortunio el día 17/09/2006 y resulta razonable el criterio explicitado por el "a quo" en cuanto a que, al no surgir de la causa la fecha del alta médica, corresponde entender que al año siguiente (es decir, el 17/09/2007) la incapacidad adquirió carácter permanente. Ocurre que, en situaciones como la presente, es válido acudir al criterio tradicional elaborado por la jurisprudencia y la doctrina según el cual los intereses deben correr desde la época en que se consolidó jurídicamente el daño, aspecto éste que en este particular caso corresponde considerar luego del año del acaecimiento del accidente (art. 622, Cód. Civil).

3°) En lo concerniente a la atribuida conducta del actor que, según la apelante, abandonó el tratamiento médico es oportuno tener presente que del propio dictamen médico se desprende con claridad que el trabajador fue operado en tres oportunidades con motivo del infortunio (en fechas, 18 de mayo de 2007 y también el 24 de julio de ese año y el 22 de agosto de 2008: fs. 400 vta.), a lo cual cabe adicionar que experimentó un proceso infeccioso derivado de la prótesis colocada, por lo cual no resulta certera la referida postura asumida por la litigante.

Las apelaciones de honorarios, tanto la del perito médico como las de la demandada, serán desechadas en tanto que los regulados en primera instancia para la representación letrada del actor y del aludido perito se exhiben acordes al valor del litigio como también al mérito y extensión de las respectivas tareas profesionales (art. 38 L.O. y cctes. ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada por sus labores en la alzada en el 25 %, a cada uno de ellos, que se liquidará sobre lo que les ha correspondido por la anterior etapa (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Adhiero a la solución propuesta por mi distinguido colega, porque con apoyatura en los arts. 7 ap. 2) y 9 ap. 2) de la Ley 24.557, la fecha a partir de la cual corresponde reputar definitiva la minusvalía del trabajador, en casos como el presente, donde no existió alta médica ni declaración de incapacidad laboral permanente, es el año del infortunio.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Costas de alzada a cargo de la demandada vencida (art. 68, primer párrafo, CPCCN). 3) Regular los honorarios de la representación letrada del actor y de la demandada por sus labores en la alzada en el 25 %, a cada uno de ellos, que se liquidará sobre lo que les ha correspondido por la anterior etapa (art. 14, ley arancelaria). 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI: