marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, ley federal, procedencia del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: San  Buenaventura  S.R.L. c/ Dirección  General Impositiva s/ Impuesto al valor agregado
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

Es procedente el recurso extraordinario si se encuentra en discusión la inteligencia que cabe asignar a normas de carácter federal -como lo son las de la ley del impuesto al valor agregado (ley 23.349 y sus modif.)- y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa ha sido adversa al derecho que la apelante sustenta en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).
Caducidad de instancia, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Compagnucci, Raúl César c/ Avellaneda, Julio Argentino y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Estando en cabeza de la accionante el impulso procesal, cuya falta de actividad produjo la declaración de caducidad, es lógico que sea ésta quien soporte las costas generales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Defensa en juicio, partes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ZARATE, OSCAR ALEJANDRO c/ MOYANO, VICTOR HUGO s/ DEMANDA ORDINARIA. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº   1054-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-07

Bien entendida la norma del artículo 7 tercera parte de la Constitución provincial abarca, además de la genérica tutela de los derechos e intereses, el concreto derecho de defensa que no implica solamente el de ser oído o el de resistir en todo procedimiento o proceso en términos razonables -de acuerdo con las leyes respectivas- haciendo valer todos los motivos y argumentos jurídico s en el sostenimiento de los derechos e intereses propios la pretensión de que sean valoradas las circunstancias que invoca en su favor el individuo, sino también el derecho a ser asistido por una persona dotada de capacidad técnica y por él libremente elegida, de modo tal que el experto en Derecho provea de manera técnicamente correcta pues esa intervención resulta más útil a los intereses de la parte en orden al desarrollo de los procedimientos y de los procesos hasta su conclusión. (De los Fundamentos del Dr. Ulla).
Violación, abuso sexual calificado por acceso carnal
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ RICARDO DARIO S.D. ABUSO SEXUAL E.P. TORRES MARIA PAULINA s/ RECURSO DE APELACION LOTO ANDRES OMAR S.D ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL Y PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD EN CONCURSO REAL E.P ROCHA MICAELA MILAGROS (M). s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18|2008-04-07

La conducta de quien obligó a una persona a practicarle sexo oral no configura el delito de abuso sexual con acceso carnal sino el abuso sexual gravemente ultrajante, previsto en el Art. 119 segundo párr. del C. Penal (en el caso en concurso real con privación ilegítima de la libertad), toda vez que siendo el concepto de acceso carnal equiparable al coito, corresponde afirmar que la "fellatio in ore" no constituye acceso carnal, en tanto la boca no es un vaso receptor apto para la realización del coito.
Recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea, denegatoria del recurso
Materia: PENAL
Carátula: JORGE N. NORRY s/ Inc. de nulidad impetrado por la defensa. Causa nro. 27.017
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

En cumplimiento del deber de control de admisibilidad que compete al Tribunal de acuerdo con lo normado por el art. 444, 2do. párrafo del Código Procesal Penal de la Nación, se advierte que tanto el recurso interpuesto por el Sr. Fiscal como por la defensa son inadmisibles por haber sido interpuestos fuera del tiempo idóneo, por lo que debe declararse mal concedido el recurso.
Inadmisibilidad del recurso, recusación, resoluciones irrecurribles, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: BOUDOU c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-02

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución que decide acerca de recusaciones pues no se trata de sentencia definitiva ni equiparable a tal, sin que se haya demostrado la existencia de cuestión federal.Si los recusantes no han logrado demostrar fundadamente de qué modo se ve afectada la objetividad del juez integrante del tribunal que lleva adelante el juicio oral y público, así como tampoco, se comprueba un concreto agravio de imposible o tardía reparación ulterior relacionado con su actuación, el agravio planteado se presenta meramente conjetural, no habiendo presentado motivos suficientes que evidencien la afectación de las garantías constitucionales invocadas. Dres. Borinsky, Gemignani, Hornos.
Recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, efecto devolutivo, deserción del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Minicucci, Mario Oscar s-Concurso Preventivo s/ Incidente de Impugnación de Propuesta -art. 250, inc. 2° CPC
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-02

La disposición del art. 250, inc. 3° del C.P.C.Ch., debe interpretarse con criterio restrictivo, de modo que no cabe hacer efectivo el apercibimiento contenido en la norma cuando la providencia que concede la apelación en efecto devolutivo no indica las copias que deben acompañarse dentro del quinto día.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, policía federal, retiro policial, control de razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ARMANDO RAMON AMOEDO c/ ESTADO NACIONAL (POLICIA FEDERAL ARGENTINA) s/ RECURSO   DE  QUEJA-  POLICIA  FEDERAL-  RETIRO  POLICIAL-  JUNTA  DE  CALIFICACIONES- EMPLEADO PUBLICO- ESTABILIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-10-01

Teniendo en cuenta que la estabilidad del empleado público consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional no es un derecho absoluto, sino que debe ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio no resulta afectada en el caso en que no se hizo lugar a la demanda por la cual el actor perseguía la nulidad de la resolución administrativa que dispuso su separación del servicio activo de la Policía Federal, ya que el particular régimen a que se encuentra sometida esta institución en cuanto a la aptitud del personal para la conservación del cargo, el pase a retiro o la obtención de un ascenso, se muestra razonable.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Casasco, Miguel Angel s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-12

Conforme lo establecido por el art. 6 inc. c del dec. ley 9122, , la única excepción admisible en el juicio de apremio es la de pago total. En su virtud, el pago de uno de los períodos, de los dos que conforman el título, constituye pago parcial, ya que se debe entender respecto del título que se ejecuta y no de cada una de las obligaciones que el mismo contiene. Ello es sin perjuicio de que el pago deba tenerse en cuenta al momento de efectuarse la liquidación.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, honorarios, acuerdo de partes, pago
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: FREYRE ITURRASPE, RAUL c/ CELPACK S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

No se sostiene desde el punto de vista constitucional el argumento de que resultaba necesario demostrar que el convenio ya existía y regía cuando el actor realizó sus trabajos profesionales (la mentada fecha cierta), como condición necesaria para poder atribuirle a los abonos el efecto cancelatorio esgrimido, desde que el A quo valora la prueba como si de dos momentos estancos se tratase, exigiendo primero demostrar la existencia del convenio (otorgándole una importancia decisiva a la falta de fecha cierta), como condición necesaria para a posteriori comenzar a examinar las demás probanzas, cuando en rigor lo que se imponía era un examen conglobado de los elementos de confirmación procesal, toda vez que los mismos revestían suma importancia en orden a demostrar la existencia del convenio. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Erbetta y Gutiérrez. En disidencia: Dra. Gastaldi)
Pena, ejecución de la pena, alojamiento de internos, traslado de internos, salidas transitorias, consulta técnica, gabinete criminológico, recurso de casación penal, violación de las formas procesales, nulidad de sentencia, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: Incidente control de internación en autos: "Fiscalía de Zapala s/ Inv. preliminar (M.A.G.) s/ Homicidio (Expte. 35, Año 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2007-11-29

El juez de ejecución penal - en virtud del informe técnico del Gabinete Criminológico - denegó la ubicación definitiva del interno en una unidad carcelaria de su ciudad de origen por riesgo a su integridad física, y la ampliación de la periodicidad de las salidas extraordinarias aconsejadas como convenientes en el mismo informe.

Desoyó, asimismo, la petición de reubicación formulada por el Director del Establecimiento Penitenciario de detención, que informaba problemas de convivencia del interno, colocándolo en situación de peligro. Admitido el Recurso de Casación Penal por violación o errónea aplicación de la ley 24.660 ( art. 415 inc. 1 del CPPN), el Tribunal Superior de Justicia nulificó el decisorio por la causal de violación de las formas procesales ( art. 415 inc. 2 del CPPN ) que consideró debidamente expuestas en el escrito recursivo, nulificando el decisorio por contradicción y dogmatismo.
Docentes, jubilación ordinaria parcial, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DANNENBERG, Hilda Nélida c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

El instituto de la jubilación ordinaria parcial, requiere para su procedencia el cumplimiento de requisitos que surgen del juego armónico de los arts. 52 inc. c) de la ley 14473 y 63 de la ley 18037, y es menester que se den las siguientes condiciones: a) el docente debe acumular dos o más cargos o empleos; b) uno de ellos por supuesto ha de ser de carácter docente, pero el otro u otros pueden ser docentes o no; c) el docente tiene que reunir los requisitos de la jubilación ordinaria del régimen especial o del régimen común, según la naturaleza de los servicios sobre la base de los cuales solicita el beneficio; d) el lapso de simultaneidad entre los servicios que originan el beneficio y aquellos en que se continúa desempeñando el docente, no puede ser inferior a cinco años (cfr. Brito Peret. "Régimen de Previsión Social Ley 18037", pág. 280).
Extradición, tratados internacionales
Materia: INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Juez de Foz de Iguazú - Brasil s/ pedido de extradición del señor Jorge Américo Arena.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-04

La procedencia de la extradición, cuando existe tratado, está condicionada al cumplimiento de las exigencias formales y requisitos prescriptos en él, en tanto que la reciprocidad y la práctica conforme de las naciones sólo son invocables o discutibles a falta de tratado.
Sentencia, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la querella en la causa G., G. E.  c/  s/ abuso sexual agravado por la convivencia y el parentesco causa nro. 19837/14
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

Los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe -cuanto menos- a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo; sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad.

-Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Contrato de trabajo, indemnización, indemnización por despido, jubilaciones, reingreso a la actividad remunerada, interpretación de la ley, extinción del contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barros Ramón Héctor c/ Cía. Azucarera Concepción S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-07-31

A los fines de calcular la indemnización por antigüedad por el despido ulterior del trabajador jubilado, sólo cabe computar el tiempo de servicios posterior al cese -art. 253 de la Ley de Contrato de Trabajo-, pues, la jubilación extinguió el contrato de trabajo original, fijándose nuevas pautas para su continuidad.
Recursos administrativos, silencio de la administración, habilitación de instancia
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, NORBERTO c/ M.C.B.A s/ DERECHO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-26

Interpuesto el recurso administrativo si la Municipalidad no resolvió en el plazo de 30 días hábiles, debe considerárselo tácitamente denegado, de acuerdo a lo normado por los arts. 99 y 101 de la ley 19.987 y de este modo habilitada la vía judicial.-
Incapacidad, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Juno, Tomás Alberto c/ ESEBA S.A. s/ Diferencia de bonificación y actualización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

La exigibilidad del crédito originado en el art. 9 del convenio colectivo de trabajo 36/75 se produjo en el momento en que el trabajador presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación.
Costas, costas al vencido, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: LANZILLOTTA, Humberto José y otros c/ ESCUELA DEL SOL y otro s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-15

La calidad de las personas no puede alterar el principio objetivo de la derrota consagrado por el art. 68 del Código Procesal. Por lo tanto, los menores de edad son alcanzados por las consecuencias patrimoniales que devengue la suerte del litigio, toda vez que lo contrario crearía una especie de privilegio, repugnante al principio de igualdad que inexcusablemente debe imperar en el proceso. En todo caso, son sus representantes legales quienes deberán indemnizarlos por los perjuicios ocasionados por su mala gestión.-
Deberes del juez, avenimiento, calificación legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Domínguez, Raúl Ariel y otros sobre 239 - resistencia o desobediencia a la autoridad c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-14

El juez no tiene potestad alguna para inmiscuirse con los términos del avenimiento (art. 278 del Código Procesal Penal) salvo que decida adoptar una calificación legal o una pena más favorable al imputado, y solo podrá actuar homologando o rechazando aquel en función de lo que surja de la verificación de la voluntariedad del imputado al momento de prestar conformidad o controlar que el acuerdo de las partes sólo recaiga sobre la pena y las costas, y no incluya aspectos que la ley no prevé ni admite negociar. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Superintendencia, Cámara de Apelaciones, sala del tribunal, régimen disciplinario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Santa Marina, Alberto Patricio s/ res. 95/95 Cámara Federal de La Plata.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-24

Las facultades de una sala de cámara para imponer medidas disciplinarias han sido reconocidas por la Corte cuando se han ejercido en una causa judicial, en decisiones jurisdiccionales de la sala que intervino a raíz de recursos de apelación y fueron fundadas en razones que hacen a la actuación jurisdiccional del juez, como las que se refieren al criterio o forma con que el magistrado ha resuelto cuestiones jurídicas planteadas.
Pagaré, endoso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Grant Diego Horacio c/ Falasco José Luis s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-10

No es inhábil el pagaré endosado por el beneficiario fallido, en el período de sospecha toda vez que la tutela legal ha sido establecida para resguardar únicamente la situación de los acreedores del concursado pero no la de los terceros que contrataron con él antes o después de su falencia. De lo que se concluye que la inoponibilidad concursal beneficia exclusivamente a la masa y no al deudor, que carece de derecho para valerse de tal instituto en su propio interés.
Daños y perjuicios, responsabilidad civil, responsabilidad del Estado, responsabilidad del concesionario (administrativo), transporte ferroviario
Materia: CIVIL
Carátula: Ríos, Claudia Marcela c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-05

El Estado no puede ser responsabilizado por las lesiones padecidas por un menor que fue asaltado por terceros en el predio concesionado a una empresa ferroviaria, pues del contrato de concesión se desprende que estaba a cargo del concesionario la contratación de los servicios de policía adicional, y no se demostró la existencia de omisiones o fallas que puedan responsabilizar al estado en forma directa o a través de las dependencias pertinentes.
Relación de causalidad, delito culposo, infracciones de tránsito
Materia: PENAL
Carátula: BOSSIO, GUSTAVO s/ DELITO CULPOSO - LESIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-14

El quebrantamiento del reglamento de tránsito y el daño producido deben hallarse conectados necesariamente por una relación de causalidad para presumir como culpable al infractor.
Costas, excepción de incompetencia
Materia: LABORAL
Carátula: Rothar, Rafael I. c/ Encotesa s/ Indemnización por antigüedad y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-04-07

A la luz de las normas sobre costas contenidas en los artículos 65 y 67 del Código Procesal Civil y Comercial, resulta adecuada la solución a que ha arribado el Señor Juez a quo -costas por su orden -.Ello así atento que medió allanamiento de la actora ante un planteo de incompetencia que, en el caso, resultaba renunciable para la accionada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley vigente, graduación de la pena, homicidio, portación ilegítima de armas, agravantes de la pena, pena privativa de la libertad
Materia: PENAL
Carátula: Ortellado, Vicente y otro c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Conforme la normativa legal vigente, la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y la personalidad del autor; en este sentido, el art. 41 del CP en su inc. 1° hace una clara referencia al injusto, al señalar que es "la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados" lo que permite "cuantificar" el injusto conforme al grado de afectación del bien jurídico tutelado, mientras que en su inc. 2°, dicho precepto legal recoge "la edad, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o dificultad para ganarse el sustento propio necesario.", entre otros indicadores. En este orden de ideas, a fin de ponderar el monto de la sanción impuesta por los delitos de homicidio y portación concurren en forma ideal entre sí, la eventual respuesta punitiva parte de un mínimo de ocho años y alcanza un máximo de veinticinco años de prisión, por ello, las pautas agravantes resultan criterios pertinentes para evaluar la pena a imponer, como así también los atenuantes; por lo que luce ajustado a derecho imponer al acusado la pena de diecisiete años y seis meses de prisión.
Concursos, acuerdo preventivo, propuesta de acuerdo preventivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDITORIAL PERFIL SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-19

En materia de descalificación de una propuesta de acuerdo, caso por caso los jueces habrán de decidir lo que en conciencia crean "justo", sin que sus fallos sirvan de guía para otros supuestos, ya que estos tendrán sus propios presupuestos fácticos y circunstancias, siendo por ello imposible la traslación de una solución determinada de una hipótesis a otra; no existen parámetros estandarizados para mensurar la razonabilidad o, su contracara, la abusividad de una propuesta concursal, lo que aleja toda posibilidad de ensayar interpretaciones rígidas y su análisis variara según cada circunstancia (conf. Molina Sandoval, c., "Facultades homologatorias del juez concursal y cramdown power en la ley 25589", rdpc, t. 2002-3, p. 103, espec. p. 116; junyent bas, f. y Molina Sandoval, c., "El informe general del sindico y las nuevas facultades homologatorias del juez concursal. reflexiones en torno a las modificaciones introducidas por la ley 25589", ED, t. 198, p. 674; Di tullio, j., Macagno, a., y Chiavassa, e., "Concursos y quiebras, reformas de las leyes 25563 y 25589", Buenos Aires, 2002, p. 186; Villanueva, j., "Concurso preventivo", Buenos Aires, 2003, p. 504).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos, beneficio provisional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Crozzoli, Mirta M. c/ Alexandre, Alfredo A. y otro s/ Escrituración y medida cautelar urgente. Rec. de queja Sozoñiuk, Carlos T. c/ Cáceres, Sergio F. s/ Consignación. Rec. de queja García, Juana María c/ Di Biasi, Rosario Cristina y ot. s/ Ejec. hipotecaria. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-08-28|2004-10-06|2005-02-03

El art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial debe ser interpretado de modo tal que permita hacer efectivas las garantías constitucionales de defensa y tutela judicial continua y efectiva (arts. 10 y 15 de la Constitución provincial), abarcando en el concepto de beneficio provisional todos y cada uno de los gastos que insume la tramitación del proceso, entre ello el depósito previo para recurrir ante esta Suprema Corte. De otro modo quedaría desconocida la propia finalidad del beneficio de litigar sin gastos -remover los obstáculos económicos que impone el juicio para las personas carentes de recursos- y la vigencia misma de las normas constitucionales que garantizan el derecho de defensa (art. 18, Constitución nacional, su correlato ya indicado en la provincial; arts. 75 inc. 22 de la carta federal; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 8 inc. 1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2 inc. 1, 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)