Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-13


Salta, 13 de marzo de 2014.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA - EDESA S.A. c/ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS - RECURSO DE APELACION DIRECTA" - Expte. N° CAM 444813/13 de esta Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y CONSIDERANDO:

I. Que contra la Resolución Nº 827/13 del Ente Regulador de Servicios Públicos (fs. 28/31), en cuanto ordena a EDESA S.A. que proceda a reparar y/o reponer los artefactos detallados a fs. 10 en el plazo de cinco días o, en caso en que la usuaria lo hubiere reparado, a reintegrar los importes por ella abonados, apela a fs. 33 la empresa condenada.

Al expresar agravios (fs. 56/61), la recurrente sostiene que se le atribuye la responsabilidad de un hecho que no motivó y que, en consecuencia, el reembolso ordenado no corresponde.

Endilga a la Resolución la transgresión al artículo 65 inciso "b" de la ley 5348 y la falta de argumentos fácticos y jurídicos que sostengan la decisión. Aduce que en la resolución sólo se transcriben literalmente dictámenes sin sustento, sin que surja de ello la responsabilidad que se le atribuye. Sostiene que no existe causalidad entre el daño sufrido y la conducta de la Distribuidora. Afirma que se le ha impedido de ejercer su derecho de defensa con motivo de una fundamentación vaga y abstracta.

Sostiene que tanto el dictamen que rola a fs. 11/16 del ENRESP y la resolución recurrida de fs. 28/31 que asume el dictamen técnico y que en consecuencia pasan a conformar los fundamentos de la misma, imputan de manera arbitraria una responsabilidad que no le cabe a su parte.

Asevera que el presupuesto presentado por el cliente carece de valor probatorio porque fue realizado unilateralmente por el técnico contratado por el mismo y porque carece de los presupuestos mínimos para constituir prueba; que no se probó la relación de causalidad, sin perjuicio de lo dispuesto por el Reglamento para el Tratamiento de los Reclamos. Sostiene que la resolución apelada fundamenta la imposición de la responsabilidad a su parte, en virtud de que la distribuidora no cumplió al momento del reclamo con lo establecido en el Reglamento respectivo, expresando que Edesa, ante el reclamo presentado, no procedió a constatar lo denunciado en el mismo, conforme lo establece el art. 3 inciso 3.1.a. Aclara al respecto que si bien la distribuidora tiene la obligación de constatar en el supuesto de omisión de este recaudo el artículo de marras establece que "se podrá" tener por cierta existencia del artefacto y/o daño denunciado. Es decir, entiende, que no necesariamente ante la falta de constatación se tiene por reconocido el daño y menos aun imputada la responsabilidad de Edesa. Considera que ha quedado acreditado que no se pudo verificar que se registren incidencias que afecten el servicio prestado a la reclamante, ya que los operarios constataron que el servicio era normal. Sostiene que en forma arbitraria y unilateral se violaron principios del debido proceso que afectan su derecho de defensa, toda vez que sin sustento el Ente atribuye a su parte una responsabilidad inexistente.

Manifiesta que el ejercicio de discrecionalidad por parte del Ente Regulador debe ser controlado judicialmente para impedir el menoscabo de derechos y garantías constitucionales.

A fs. 66/72 comparece el Ente Regulador de Servicios Públicos, solicitando la confirmación de la Resolución apelada. Aduce no haber actuado como parte al momento de su dictado sino como órgano administrativo en funciones materialmente jurisdiccionales para dirimir en forma previa y obligatoria el conflicto suscitado entre una usuaria y la empresa prestataria, por lo que en su criterio no corresponde que se considere que con motivo del recurso directo en trámite se le dé carácter de parte.

No obstante, teniendo en cuenta el traslado conferido, analiza los agravios y los replica efectuando una síntesis de los antecedentes que dieron origen al Expediente Nº 267-32.317/13 caratulado "Tolaba, Juan Ernesto s/ Reclamo Servicio Técnico EDESA S.A. - Daños Artefactos" y puntualizando, en lo esencial, que la Distribuidora no registró incidencias en la fecha y hora del reclamo en el suministro de energía eléctrica en el domicilio de la denunciante, por lo que no procedió a la verificación de artefactos establecida en el artículo 3º inciso 1º de la Resolución Nº 818/05. Destaca también el informe de Gerencia Técnica de Energía Eléctrica del Ente Regulador; asimismo, el hecho de que la usuaria haya cumplido con las obligaciones establecidas por la Resolución Nº 818/05 -Reglamento Procedimental para el Tratamiento de Reclamos- y, por el contrario, la falta de cumplimiento por parte de la empresa que, además, habría omitido constatar el daño reclamado y justificar el incumplimiento.

Menciona la posición que ocupa la prestadora frente a los usuarios al momento de acreditar y probar los aspectos atinentes a los daños denunciados. Invoca el principio "in dubio pro consumidor" a favor del consumidor o usuario y pone en evidencia la falta de aporte de elemento alguno tendiente a desvirtuar los dichos de la usuaria o el informe técnico por ella presentado.

Por las razones que expone considera acreditada la relación causa - efecto entre el servicio de energía eléctrica a cargo de la apelante y el daño denunciado como fundamento del resarcimiento dispuesto.

Solicita exención de costas en tanto el Ente Regulador de los Servicios Públicos no actúa en defensa de intereses particulares sino de la legalidad de sus actos administrativos de naturaleza jurisdiccional.

A fs. 74/75 emite dictamen la Sra. Fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral, pronunciándose por el rechazo del recurso.

A fs. 76 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

II. Que corresponde en primer término dejar establecido que el recurso fue interpuesto dentro del plazo correspondiente (arts. 244 C.P.C.C. y 14 ley 6835), conforme constancias de fs. 32 y 33.

III. Que, tal como lo entiende el Ente Regulador, al actuar en instancia apelativa no reviste calidad de parte sino que es traído al tribunal a los fines del control judicial establecido por ley con respecto a las decisiones emitidas en el marco de las potestades jurisdiccionales que le reconoce y asigna el artículo 14 de la ley 6835. En cuanto al usuario que con su denuncia diera origen a la resolución venida en apelación, se verifica que fue notificado de la existencia del trámite recursivo mediante diligencia de fs. 42.

Un párrafo aparte sobre las facultades jurisdiccionales del Ente merece la presente cuestión. Al respecto, resulta ilustrativo recordar que el art. 14 de la Ley n° 6.835 establece que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe decidir en forma previa "toda cuestión contenciosa que se suscite entre las licenciatarias, las sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados, en relación directa con la prestación de los servicios públicos previstos en esta ley, incluyendo las derivadas del ejercicio de las potestades ablatorias y las responsabilidades por daños". Tal norma otorga al Ente una atribución amplia, cual es la de resolver "toda cuestión contenciosa" que se suscite entre las licenciatarias, sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados relacionadas con la prestación de los servicios públicos. Se destaca asimismo que la finalidad perseguida por la norma, como se indica en los "Considerandos" del Decreto de Necesidad y Urgencia n° 55/95 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta -que luego se transformó en la Ley Provincial n° 6.835- fue la de otorgar potestades jurisdiccionales al Ente como una forma "de dar solución al creciente grado de conflictividad social que, naturalmente, no puede ser respondido por la actividad jurisdiccional judicial". Sería contrario a todo criterio práctico que los usuarios debieran transitar dos instancias para obtener respuesta a su reclamo: primero la administrativa para la sola determinación de la responsabilidad de las licenciatarias y concesionarias, con la apelación prevista en el artículo 14; y luego la judicial para la determinación de los daños. Es decir que el artículo 14 de la citada Ley 6.835 establece una revisión judicial suficiente de las decisiones del órgano administrativo, lo que ha sido exigido reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para admitir la validez de la jurisdicción administrativa (C.S.J.N., 19-9-60, in re "Fernández Arias", Fallos 247-646 y L.L. 100-58; Id. 25-9-59, L.L. 96-98 y Fallos 244-548; ver también Guastavino: "Tratado de la jurisdicción administrativa y su revisión judicial", Bs. As., Ed. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 1987, tomo I, págs. 230, 275; Huici, Héctor: "La actividad jurisdiccional de los entes reguladores", en L. L. 1996-B-843; "La potestad jurisdiccional en el control administrativo de los servicios públicos", L.L. 1996-B-981)._ También se dijo que el reclamo jurisdiccional previsto por la ley ante el Ente no es sólo una vía idónea para atender los planteos de los usuarios, sino que incluso presenta ventajas, teniendo en cuenta que se trata de un órgano que, por su composición y funciones, cuenta con una mayor preparación y experiencia técnica para su resolución (Gusman, Alfredo Silverio: "Cuestiones de interés vinculadas a la actividad jurisdiccional de los entes reguladores", en E.D. 171-860, ap. D; Fleitas Ortíz de Rozas: "Funciones jurisdiccionales del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en L.L. 2001-B-1034), sin perjuicio, lógicamente, del control judicial suficiente, que debe ser pleno y amplio (C.S.J.N., 19-9-60, "Fernández Arias", L.L. 100-58; id. "Hussar", L.L. 1996-E-574, considerando n° 18).

IV. Que, sentado lo precedente, cabe analizar los agravios de la apelante que llevan a centrar la discusión en la necesidad de determinar si la Resolución impugnada se encuentra viciada en su forma y fundamentación, como lo alega la parte, o si transgredió alguno de los límites de la discrecionalidad propia de la actuación del órgano.

El artículo 65 inciso "c" de la ley 5.348 determina que constituye un vicio grave en la forma del acto la falta de notificación regular, mas nada expresa la impugnante para sustentar tal imputación ni se advierte irregularidad alguna en la notificación efectuada a fs. 32, constatándose además que pudo ejercitar su derecho de defensa con la interposición del recurso correspondiente. Este agravio, en consecuencia, debe ser desestimado.

En cuanto a la fundamentación de la decisión impugnada, se verifica que ella se sustenta, en efecto, en los dictámenes emitidos por la Gerencia de Energía Eléctrica (fs. 11/13) y Gerencia Jurídica (fs. 20/22 vta.). Estos, a su vez, dan cuenta de la omisión de la distribuidora de tomar medidas de verificación de calidad, conducta que -afirman los dictámenes- era lo atinente conforme lo dispone el Reglamento vigente, razón por lo cual deben tenerse los daños por ciertos y consentidos. Asimismo, puntualiza que aunque no se registraron incidencias puede resultar que el daño se haya producido por variaciones de la tensión originadas en fallas transitorias de corta duración o bien por la conexión/desconexión de cargas inductivas de importancia en alguno de los suministros atendido por la red. Sin embargo, tales argumentaciones que constituyen el sustento de la resolución atacada, no fueron objeto de crítica suficiente por la apelante, que se limitó a expresar que la tensión estaba dentro de los valores de calidad no penalizados, a impugnar los informes técnicos y a invocar una razón diferente como causa del daño del LCD, sin llegar a controvertir lo dictaminado por los respectivos órganos técnicos del Ente Regulador.

No siendo suficientes los agravios de la apelante, ya que en definitiva no señala concretamente cuál fue el error de la decisión, la misma debe confirmarse. Máxime si, como en el caso, no se aprecia irrazonabilidad en lo decidido, sobre todo teniendo en cuenta la falta de examen y constatación del aparato dañado. Siendo ello así, cabe concluir que lo expresado por la apelante no logra desvirtuar lo decidido por el organismo regulador en cuanto a la responsabilidad de la prestadora.

V. Que, en conclusión, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 55, confirmando las Resolución impugnada.

Las costas por la instancia apelativa se imponen por el orden causado, en consideración a la materia debatida y a la especial naturaleza de la vía procesal dispuesta por la ley, conforme se resolviera en precedentes (v. Tomo 2013- SD, fs. 217/220).- Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 33, CONFIRMAR la Resolución Nº 827/13 del Ente Regulador de Servicios Públicos (fs. 28/31). Costas por el orden causado.

II.- ORDENAR correr vista a la Dirección General de Rentas y a la Caja de Seguridad Social para Abogados.

III.- MANDAR se copie, registre, notifique. Oportunamente, DEVUELVANSE las actuaciones al organismo de origen.