Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-02


RAWSON, 02 de diciembre de 2.008.- ------ VISTOS: ------------------------------------------------------------------------- ------ Estos autos caratulados: "M. , R. G. s/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Gualjaina" (Expte. Nº 21.394-M-2.008). --------------------------------------------------- ------ DE LOS QUE RESULTA: ------------------------------------------------ ------ Que a fs. 20/23 el Superior Tribunal de Justicia, mediante el dictado de la SI Nº 05/SROE/08 dispuso suspender la ejecución de lo resuelto mediante Acta Nº 141/08 del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Gualjaina y ordenó la inmediata restitución en el cargo y funciones del Señor R. G. M. . ------------------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ Allí mismo corrió vista de la presentación efectuada por aquél al Honorable Concejo Deliberante. --------------------------------------------- ------ Que la vista es evacuada por el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gualjaina a fs. 80/85. -------------------------------------------------------------------------------- ------- En forma previa a entrar en el desarrollo del procedimiento de juicio político, señala algunos extremos que -manifiesta- fueron omitidos ex profeso en el libelo en traslado. ----------------------------------- ------ Relata que el día 7 de mayo de 2.008 se celebró una sesión del H. C. D. de Gualjaina y, en un cuarto intermedio de la misma, el Señor M. procedió en forma intempestiva y salvaje, tomando a golpes de puño al Secretario Legislativo, Señor R. H. P. . -------------------------------------------------------------------- ------ Reseña que este episodio motivó que se promovieran sendas denuncias penales, que actualmente se encuentran en pleno trámite. -------------------------------------------------------------------------------- -- ------ Agrega que el edil M. el día 29 de agosto de 2.008 debió concurrir a los Tribunales de Esquel, a la audiencia prevista en el art. 274 del C.P.P. ------------------------------------------------------------ ------ En el apartado III.- de su escrito se refiere al proceso de juicio político que se principió el día 14 de mayo de 2.008 (Acta Nº 141), atento la gravedad de los hechos acontecidos en la sesión del día 07/05/2.008. ---------------------------------------------------------------------------<#LIN E> ------ Menciona que en dicha oportunidad se votó la suspensión preventiva del edil M. , y se designó la Comisión Investigadora, que quedó integrada por los ediles J. C. C. , C. H. y L. C. . ------------------------ ------ Explica que el día 23 de mayo de 2.008 sesionó por primera vez la Comisión Investigadora, oportunidad en la que se resolvió elevar una nota al H. C. D. a fin que remita la totalidad de la documentación pertinente y demás antecedentes sobre la cuestión a investigarse. ----------------------------------------------------------------------------<#LI NE> ------ El día 02 de junio volvió a sesionar la Comisión Investigadora y ordenó la producción de pruebas. El 30 de junio se diligenció un oficio ante el M. P. F. de Esquel, mediante el cual se solicitó copia de los legajos promovidos fruto de las denuncias interpuestas por el Presidente del H. C. D. y por el Secretario Legislativo contra el Señor M. . --------------------------------------------------------------------- ------ Relata que los integrantes de la Comisión Investigadora en la sesión del 01 de julio (Acta Nº 142/08) plantearon que expiraba el plazo contemplado por el art. 112 bis de la Ley Nº 3.098 y ventilaron detalladamente los motivos que impidieron concluir con la investigación dentro del término pautado. ------------------------------- ------ Manifiesta que el presentante ha traído a colación dos fallos dictados por este Superior Tribunal en las causas "FIDELEFF..." (Expte. Nº 20.620/2.006) y "UZAL..." (Expte. Nº 21.318/2.008), que nada tienen que ver con la realidad -argumenta- que dimana del trámite sub-examine. ------------------------------------------------------------- ------ Expresa que esta cuestión no debe resolverse como se hizo en los precedentes indicados, esto es, contar los plazos y, mecánicamente, anular todo el proceso de juicio político. Manifiesta que hay dos cuestiones a considerar, mucho más profundas y trascendentales: 1º) si, más allá del mero transcurso del plazo pautado, las constancias del trámite hablan o no de una injustificada inactividad de los miembros de la Comisión Investigadora, y 2º) si el H. C. D. tiene o no la potestad de otorgar prórroga a la Comisión Investigadora, frente a la hipótesis de haberse justificado la necesidad de la misma y el apego a las normas del debido proceso y el derecho de defensa del imputado. -------------- ------ Alega que el brevísimo procedimiento de juicio político que introduce la Ley Nº 4.483 contiene una laguna jurídica, al obviar la hipótesis de concurrencia de causas extraordinarias que impidan a la Comisión Investigadora expedirse dentro de los plazos pautados.- ------ Entiende que el H. C. D. es el órgano autorizado para otorgar dicha prórroga, toda vez que ha creado la Comisión y, en su oportunidad, recepcionará el dictamen y votará para aceptarlo o rechazarlo. ------------------------------------------------------------------------------<# LINE> ------ Sostiene que en modo alguno la Comisión perdió jurisdicción, como lo apunta el denunciante M. , sino que para no caer en inactividad, fundó ante su superior (el H. C. D.) los motivos de la imposibilidad de labrar el dictamen, y fue este Cuerpo el que decidió, "no por simple resolución", sino con el voto de la mayoría especial de los dos tercios de sus miembros, el otorgamiento de dicha prórroga. ------------------------------------------------ ------- Insiste que la legalidad y el apego a los derechos del indiciado se respetaron a rajatablas. --------------------------------------------------------- ------ Solicita, en definitiva, que este Superior Tribunal siente un criterio que zanje la cuestión planteada en punto a si el H. C. D. tiene o no la potestad de prorrogar el plazo establecido en el art. 112 ter de la Ley Nº 3.098 (ref. por Ley Nº 4.483). Estima que se debe avalar la prórroga acordada y ordenar que los autos continúen según su estado. ----------------------------------------------------------------------- ------ Capítulo aparte ofrece prueba. Formula petitorio de estilo. ----- ----- Mediante providencia de fecha 23/10/2.008 (fs. 92) se pone a disposición del denunciante, por el término de 5 (cinco) días, el Expediente "COMISIÓN INVESTIGADORA H. C. D. GUALJAINA s/ M. , R. G. s/ Falta Grave - Año 2.008" y no se hace lugar a la prueba informativa, por las razones que allí se exponen. ------------------------------------------------------------------ ------ A fs. 95 y, atento al estado de la causa, se dicta el llamado de Autos para Resolver. ----------------------------------------------------------------- ------ CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------- ------ Nuevamente es convocado en sesión plenaria el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Esta vez, a los efectos de dirimir un Conflicto de Poderes, surgido en el seno del Cuerpo Deliberativo Comunal de la localidad de Gualjaina; así lo dispone la manda constitucional del art. 179 1.4 a los fines que -de modo extraordinario- se asegure la vigencia del orden jurídico alterado por actos lesivos y, preservar con ello la continuidad o el desenvolvimiento legítimo de los órganos de su gobierno (Conf. SI Nº 42/SCA/96; 22/SCA/98; 40/SCA/00 y 03/SROE/07). --------------- ------ Conforme la jurisprudencia constante del Tribunal, en orden a los límites y alcances de su intervención en estas hipótesis (SI Nº 44/94; 59/01; 63/93; 58/SCA/96, 37/SCA/05; 03/SROE/07), ha de prevenirse a las partes que no podrán anhelar un pronunciamiento que exceda el ejercicio de una competencia revisora, excepcional, tendiente a verificar la legalidad y constitucionalidad de lo actuado en el procedimiento seguido en el Honorable Concejo Deliberante y en la Comisión Investigadora de la localidad de Gualjaina, que culminara con la separación preventiva de su cargo del Concejal Señor R. G. M. . --------------------------------------------- ------ La intervención de esta Corte en esta materia no lo es en grado de apelación, sino como una especie de contralor extraordinario y excepcional tendiente en primer término, a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento, como acabamos de decir, verbigracia, si se tuvo la mayoría suficiente en el Cuerpo Deliberativo, si se respetó la defensa en juicio, y el debido proceso, etc. Pero, no podrá revisar la cuestión de fondo, esto es, si los motivos y argumentos dados por el Concejo Deliberante son erróneos o no, pues no se pretende sustituir el criterio de los concejales por el criterio de la Corte; a salvo -claro- está la facultad de sustituir el juicio cuando se hubiese incurrido en una flagrante y grosera arbitrariedad, violando el límite de la interpretación razonable y donde se halle la presencia de abuso de poder por parte del Cuerpo Legislativo Municipal. ---------------------------------------------- ------ Hechas estas advertencias previas, resulta, a tenor de las constancias de autos, que conforme se desprende del Acta Nº 141/08, en la reunión celebrada el día 14 de mayo del corriente, el Cuerpo Deliberativo Municipal decidió proceder en consecuencia con lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Corporaciones Municipales, esto es, calificar una conducta atribuida al Concejal M. , como grave, decretar su suspensión preventiva y nombrar una Comisión Investigadora. Entra en el terreno de las suposiciones que ese hecho, al que califican de grave, -pues nada aclaran al respecto- se refiere a la supuesta agresión que sufriera el Señor R. H. P. (Secretario Legislativo) y que fuera materia de denuncia penal conforme lo admite el propio Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Señor Daniel F. ESPINOZA, en su escrito de responde de fs. 80/85, y de lo que surge de fs. 52 y 55 de autos (copia del Legajo Nº 5.268/08). -------------------------------- ------ Dicho esto, cabe una primera conclusión. Encaminada una investigación penal (art. 110 de la Ley Nº 3.098), respecto del supuesto hecho acaecido en la sesión del 7 de mayo de 2.008 (agresión física por parte del Concejal Señor M. sobre la persona del Señor P. ), de modo alguno correspondía recurrir al procedimiento establecido en el art. 112 del precitado texto legal. Y ello por cuanto claramente la citada norma expresa: "Tratándose de transgresiones diferentes a las previstas en el art. anterior..." (se refiere, sin lugar a dudas, al art. 110) corresponderá al Concejo Juzgar... designando una Comisión Investigadora integrada por Concejales. Para disponer la suspensión deberá calificarse la transgresión de grave, mediante dos tercios de votos del total de los miembros del Concejo". -------------------------------------- ------ Así pues, la conducta del concejal sujeta a investigación en sede penal, no constituye una transgresión diferente. Su tratamiento está previsto en el art. 110º de la Ley Nº 3.098, -claro está- sujeto a las recientes reformas procesales, en orden al desafuero, pero no hay duda que es materia de "sumario ante la justicia del crimen...", y se encuentra dicha circunstancia acreditada en autos. Se infiere entonces que sólo las transgresiones distintas, es decir, aquellas no comprendidas en el art. 110 de la Ley, pueden ser materia de investigación por parte de una Comisión creada a esos fines y, por añadidura, la calificación "prima-facie" de grave y la disponibilidad preventiva del sujeto acusado de esa infracción. --------------------------------------------------------- ------ No desconocemos que la responsabilidad administrativa o política es muy distinta a la correlativa responsabilidad penal. Las eventuales consecuencias en este ámbito pueden no obstar a una posterior sanción administrativa; el hecho en sí puede admitir una descomposición analítica, y lo cierto es que es factible la posibilidad de una pluralidad de sanciones por un mismo hecho, pero ello debe ser consecuencia de que exista una previa pluralidad de tipificaciones infractoras, empero, en este caso, de lo que se desprende de lo actuado en el pleno del Concejo Deliberante (Acta Nº 141/08), ésta otra tipificación normativa se encuentra ausente. Si el hecho no mereció una tipificación normativa, reglamentaria, distinta, diferente, si tan solo se adjetiva al hecho -que no se describe- pero se califica de "grave", mal puede, como reza el art 112 corresponderle al Concejo, perseguir la sanción del hecho, precisamente por falta de previsión legal o reglamentaria previa anterior al hecho (Conf. "El Principio non bis in idem 1.1. concepto", www.SCJN.Gob.mx/NR.rdnlyres(805F5242-24). --------- ------ La segunda conclusión que se impone, como lógica consecuencia de la primera, es que la tarea desarrollada por la Comisión Investigadora designada resultó a todas luces insustancial, dado que, por las razones expuestas, las conclusiones a las que pudiese arribar, no resultan útiles para la prosecución del trámite correspondiente al Capítulo VIII de la Ley Nº 3.098, que ha de culminar lógicamente en la aplicación de los arts. 114 ó 115 de dicho texto legal. ----------------------------------------------------------------- ------ Con lo expuesto se está en condiciones de afirmar que el procedimiento instaurado en el marco del Capítulo VIII de la Ley de Corporaciones Municipales, no supera el estricto marco de legalidad y constitucionalidad, al que se hiciera referencia "supra". -- ------ Secuela de ello es que corresponde declarar ilegítimo, y por ende, nulo lo actuado en la sesión del Concejo Deliberante de la localidad de Gualjaina, en cuanto se refiere al procedimiento iniciado el día 14 de mayo de 2.008 respecto del Señor Concejal R. G. M. y los actos cumplidos con posterioridad por parte de la Comisión Investigadora. -------------------------------------- ------ Por último, tiene dicho el Pleno que, si bien este tipo de procesos no generan costas, dado que los órganos o sus miembros comparecen ante la justicia, no en defensa de derechos particulares, sino en ejercicio y defensa de competencias públicas atribuidas, de modo que no resultan equiparables a las partes en las contiendas judiciales comunes, ni se someten a las cargas procesales, entre las cuales están las costas, ello no empece al derecho de los profesionales patrocinantes o apoderados -cuando hubieren intervenido- de percibir sus honorarios de conformidad con las normas arancelarias vigentes (Dto. Ley Nº 2.200 - TO. Dto. Nº 138/99 -art 47-). --------------------------------------------------------------------- ------ En este orden, tratándose de conflictos institucionales, no susceptibles de apreciación pecuniaria, cabe aplicar los arts. 6, incs. b), c) y d) y 8 de la norma citada, analógicamente el último ya que no existe previsión para este tipo de procedimientos (SI Nº 135/93; 40/SCA/00; 13/SCA/01; 33/SCA/06 y 04/SROE/08). -------------------- ------ Que en disidencia el Dr. Alejandro Javier PANIZZI dice: -------- ------ I) Anotaré ahora únicamente cuanto discrepo del texto que precede a éste. ------------------------------------------------------------------------- ------ En la sesión del Honorable Concejo Deliberante del 14 de mayo de 2.008 (de la que da cuenta el Acta Nº 141/08), se leyeron por Secretaría las constancias policiales sobre denuncias formuladas por dicho órgano y el Secretario Legislativo y se incorporaron al Acta, con presencia del escribano H. G. S. . ---------- ------ En dicha sesión se calificó como grave la conducta del Concejal R. G. M. , se procedió a su suspensión y se conformó la Comisión Investigadora. -------------------------------------- ------ Una misma conducta puede ser subsumida al mismo tiempo por un tipo penal y por una norma sancionadora del derecho administrativo sancionador. Un delito y una infracción administrativa son institutos diferentes, de manera que es lícito, en tales casos, ventilarla en ambos fueros. ---------------------------------------- ------ Una conducta de un funcionario susceptible de su remoción no puede estar exenta del proceso que se requiere para poner tal remoción en efecto. ------------------------------------------------------------------ ------ El artículo 110 de la Ley de Corporaciones Municipales Nº 3.098 (T.O. por Dto. Nº 1.130/95), establece que cuando hay una causa penal en trámite por delito común contra un intendente (en el caso, contra un edil), se pasarán los antecedentes al Concejo Deliberante, a fin de que se resuelva si procede el desafuero o suspensión del acusado, a los efectos de la prosecución de la causa.- ------- Es decir que el paso de la cuestión por el órgano legislador municipal, en caso de delito penal es al solo efecto de que resuelva si procede el desafuero o suspensión, pero no obsta el proceso de remoción reglado por el artículo 112 de la misma ley. ------------------- ------ Las transgresiones diferentes a las que refiere dicho artículo -o sea, las que no constituyan delito-, no son las únicas que pueden ser conocidas en un proceso de destitución -o, si se prefiere, del derecho administrativo sancionador- pero sí las únicas excluidas del desafuero. -------------------------------------------------------------------------------< #LINE> ------ En este caso, el Concejo calificó la conducta del Concejal M. como grave, designó la Comisión Investigadora integrada por ediles y dispuso la suspensión preventiva mediante la mayoría agravada de los miembros del Concejo, tal como lo requiere la ley. ------------------------------------------------------------------------- ------ Si estuviera vedado a los órganos legislativos comunales la apertura de la instancia de remoción para las conductas delictivas de los funcionarios, un criterio de oportunidad, la caducidad de la acción o la prescripción del delito dejaría al acusado impune en la sede político-administrativa. ----------------------------------------------------- ------ Por estas razones, estimo que el proceso tramitado ante el Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Gualjaina se ajusta a la ley que rige la materia. ----------------------------------------------- ------ II) Discrepo también con la mayoría, en cuanto reconoce aquí la existencia de un Conflicto de Poderes. ------------------------------------- ------ Para que éste ocurra, es preciso que dos autoridades se atribuyan la misma función para sí (contienda positiva). Vale decir, la arrogación de competencia ajena al órgano (Conf. PETORUTTI, Carlos, "Conflicto de Poderes. Previsiones normativas y precisiones jurisprudenciales", pág. 12); o que una o ambas se la delegue a la otra y ésta la rechace (contienda negativa). Esto ocurre cuando un organismo del Estado asigna una función a otro Poder, como de su competencia, y éste la contradice (así voté, también en minoría, en los autos caratulados "Convención Constituyente Municipal de la ciudad de Esquel c/ Provincia del Chubut s/ Acción meramente declarativa - Conflicto de Poderes" (Expte. Nº 20.879-C-2.007, registrada con el Nº 08 S.R.O.E.). ---------------------------------------------- ------ De manera que, cuando las competencias, funciones o potestades se presentan como concurrentes a los poderes en pugna, dos autoridades que afirman: "este poder es mío". ------------------------ ------ El actor no pretende para sí el ejercicio de un poder o facultad que intenta ejercer el órgano legislador municipal. ------------------------ ------ Además de que se declare concluido el proceso de remoción, la parte actora pretende que se declare la existencia de un conflicto de poderes, pero no disputar un poder con el Concejo Deliberante. La distinción es válida. ------------------------------------------------------------------ ------ Por lo tanto, no hay dos poderes en condiciones de plantear un conflicto, sino un cuerpo colegiado que insta el enjuiciamiento político de uno de sus miembros. Si el Concejo Deliberante no cumpliera con las leyes que rigen dicho proceso o lo hiciera incorrectamente, eso no genera una contienda de poderes, aunque pueda habilitar otros remedios legales. Por eso, no resulta aplicable el artículo 179 de la Constitución de la Provincia del Chubut y la demanda debe rechazarse. Así voto. -------------------------------------------- ------ Por ello el Superior Tribunal de Justicia, por mayoría: ------------ --------------------------------- R E S U E L V E : --------------------------------- ------ 1º) DECLARAR la existencia de Conflicto de Poderes en el seno del Concejo Deliberante de la localidad de Gualjaina (art. 179, inc. 1.4 de la Constitución Provincial y, consecuentemente, ANULAR, lo actuado en la sesión del Concejo Deliberante del día 14 de mayo del corriente en lo que se refiere al procedimiento instaurado contra el Señor Concejal R. G. M. y los actos consecuentes posteriores por parte de la Comisión Investigadora. --------------------------------------------------------------------------<#LINE > ------ 2º) REGULAR los honorarios del Dr. M. C. y del Dr. R. M. M. en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000) a cada uno de ellos, por la labor profesional en estos actuados (arts. 6, incs. b), c) y d); 8; 10; y 47 del Dto. Ley Nº 2.200 - TO. Dto. Nº 138/99). --------------------------------------------------- ------ 3º) REGÍSTRESE y notifíquese. --------------------------------------- ------ La presente Resolución se dicta con cinco Miembros por encontrarse ausente, en comisión de servicios, el Señor Ministro Dr. Fernando S. L. ROYER. ------------------------------------------------------ Fdo.: Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Daniel Alejandro REBAGLIATI RUSSELL - Dr. Alejandro Javier PANIZZI (en disidencia) - Dr. Daniel Luis CANEO - Dr. Jorge PFLEGER. --------------------------------- RECIBIDA EN SECRETARÍA EL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.008 REGISTRADA BAJO EL N° 12 S.R.O.E. CONSTE