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Sentencia arbitraria, nulidad de la notificación, domicilio social, domicilio inscripto
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Siancha, Omar Rubén c/ Anfimar S.A. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25

No es arbitraria la sentencia que desestimó el planteo de nulidad de notificación de la demanda sobre la base de que la cédula respectiva había sido diligenciada en el domicilio social inscripto pues, el art. 11 inc. 2 de la Ley de Sociedades establece la validez de las citaciones practicadas en aquél (del dictamen del Procurador General ante la CSJN que el tribunal hace suyo).
Accidente de tránsito, responsabilidad del peatón, cruce de avenida
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ DE VILLAVICENCIO, EMILIA c/ DEMETRIO EPIFANIO RICARDO s/ MEDIDA PREVIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-02

Cuando el peatón se lanza al cruce de una carretera de tránsito rápido y a campo abierto, la previsibilidad de aparición es menor para el conductor de un vehículo, por lo que el transeúnte debe adoptar el mayor número de diligencias, por lo que, no puede siquiera dudarse de la culpa de la víctima, habida cuenta el grado de inconsciencia que seguramente tenía por el alto porcentaje de alcohol en sangre que presentaba.-
Recurso extraordinario, accidentes en el deporte, responsabilidad civil
Materia: CIVIL
Carátula: Rubio, Cristian Raúl c/ Institución Ciclo Turismo de Pergamino y Otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-08-21

Es improcedente el recurso extraordinario impetrado contra la sentencia que rechazó la demanda de un ciclista que sufrió lesiones durante un evento, pues el a quo desestimó el reclamo con base en la falta de antijuridicidad en la conducta de la entidad organizadora demandada y el recurrente no ha puesto en evidencia la existencia de arbitrariedad que habilitaría la revisión de dichas cuestiones.
Temeridad o malicia, juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCRAL S.A. c/ Biocca, Daniel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

La multa prevista en el art. 592 del C. Procesal no resulta aplicable a cualquier supuesto en que sea desestimada una pretensión por el solo hecho de tal resultado por cuanto, de ser así, se estaría comprometiendo el derecho de defensa en juicio. En consecuencia, su procedencia debe admitirse cuando la temeridad del ejecutado resultara en forma indudable. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, sanciones disciplinarias, extinción de la acción, interpretación de la ley, violencia de género, plazo
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Franco, Pedro c/ GCBA s/ recurso directo de revisión por cesantías y exoneraciones de empleados públicos (Art. 464 y 465 CAyT)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-17

Conforme el art. 7 in fine de la Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém Do Pará") el Estado asume un conjunto de deberes especiales para mejorar la respuesta frente a los casos de violencia de género que se relacionan directamente con las obligaciones de protección, no revictimización, respuesta oportuna y eficaz. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Proceso penal, medidas cautelares, grabaciones, videofilmación, resoluciones judiciales, fundamentación de la resolución, firma, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de apelación en autos Leiva, Verónica Vanina s/ infr. art. 189 bis, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-31

Si bien, el artículo 186 del Código Procesal Penal de la Ciudad (Audiencia de medidas cautelares) establece que "(d)e lo actuado se dejará constancia en acta y se registra por grabación, filmación u otro medio idóneo", por otra parte, el artículo 42 del mismo código establece que "las sentencias, autos y decretos serán firmados, y los dos primeros motivados, bajo consecuencia de nulidad".

La norma de mención deja en claro dos cuestiones: por un lado, que los autos deben ser fundados, y, por otro, que deben ser firmados. Ambas exigencias deben concurrir en forma conjunta, pues se trata de un solo acto procesal que no resulta escindible.

En otras palabras, si el auto debe ser suscripto por el Juez, es porque debe vertirse por escrito, lo que también alcanza a la motivación pues ella es una parte del acto mismo, al cual integra.
Extinción del contrato de trabajo, despido indirecto, cargos gremiales, elecciones gremiales, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: CARRIZO, JOSE L. c/ RECAR S.R.L. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-13

El cuarto párrafo del art. 52, de la ley 23551, contempla la posibilidad de que tanto el trabajador que ejerce funciones directivas (ya electo), como el candidato no electo, puedan considerarse en situación de despido indirecto, cuando han sido suspendidos, despedidos, etc.; Sin cumplirse con el procedimiento previo de exclusión de la garantía sindical, antes aludida. La circunstancia de que esta norma exprese en su primera parte: salvo que se trate de un candidato no electo, no obsta a este el ejercicio de la facultad aludida; pues el "salvo" solo tiene por objeto diferenciar el lapso durante el cual el electo y no electo tienen derecho a percibir remuneraciones: el primero, durante el tiempo faltante del mandato; el segundo, período de estabilidad aun no agotado.

Además, si el candidato no electo no estuviese facultado para extinguir el vínculo, la segunda parte del cuarto párrafo del articulo citado, no autorizaría al candidato no electo a cobrar aparte de los salarios, las indemnizaciones correspondientes.
Bienes del Estado, concesión de inmuebles, restitución del inmueble, lanzamiento, facultades de la administración, resolución inaudita parte, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Fuerza Aérea Arg.) c/ Caritas Argentina -RQU- s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-09-08

El lanzamiento tiene como único objeto la recuperación del bien por la administración, lo que no impide la revisabilidad del acto administrativo cuya ilegitimidad se aduce, por la vía del juicio ordinario, así como las eventuales acciones de orden pecuniario (art. 1º in fine de la ley 17.091) -confr. esta Sala in re "Ferrocarriles Metropolitanos S.A. c/ Desimone Roberto O.", del 18/3/97; Sala I in re, "I.S.S.B. c/ Servicios Allende S.A. s/ lanzamiento", del 7/5/97-.
Excepciones procesales, falta de acción, fiscales, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: INCIDENTE EXEPCION PREVIA s/ FISCAL - EXEPCIONES - FALTA ACCION - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-24

Es nula la excepción de falta de acción que fue interpuesta por el Fiscal; dado que las defensas de carácter formal que constituyen las excepciones de previo y especial pronunciamiento no pueden ser opuestas por el Ministerio Público Fiscal, salvo que las cuestiones comprometan el orden público, circunstancia que no se da en el caso de autos.
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: GOMEZ, ALBERTO c/ BELIZAN, PLACIDO Y OTRA s/ INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS      EXPTE NRO 440-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-02-09

El daño moral, no debe ser considerado como un apéndice del daño material. Por lo mismo "es menester desarraigar definitivamente el concepto consistente en medir el dolor del ser humano en cantidades inferiores a las que se conceden al perjuicio patrimonial", sobre todo cuando la intensidad del padecimiento lo justifique.
Unificación de penas, prisión preventiva, monto de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Guglielminetti, Raúl Antonio c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-12

No es posible, hasta tanto no sea llevada a cabo la unificación de condenas en los términos del art. 58 CP, tener en cuenta esa eventual unificación a los efectos de rechazar el pedido libertario por cumplimento de pena en estos actuados.Las referencias a la naturaleza de los hechos imputados, no alcanzan para controvertir la argumentación efectuada por el a quo referido a la circunstancia de que el encartado cumplió en detención preventiva un periodo de tiempo que supera el monto de pena impuesto en el proceso.
Emergencia habitacional, acción de amparo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Graña Olivera, Rodolfo Boris c/ GCBA s/ amparo habitacionales y otros subsidios)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-21

El recurso de inconstitucionalidad propone una cuestión constitucional en los términos del art. 113 inc. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que consiste en determinar el contenido y alcance del derecho humano a una vivienda adecuada según lo garantizan la Constitución local, la Constitución Nacional y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Honorarios, base regulatoria, inconstitucionalidad, regla de proporcionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: JUAN MANUEL RODRIGUEZ c/ COOPERATIVA DE VIVIENDA PARA OBREROS Y EMPLEADOS DE LA EDUCACION NACIONAL LIMITADA s/ COBRO DE PESOS (INCIDENTE DE APELACION DE HONORARIOS PROMOVIDO POR  EL DOCTOR EDUARDO MONTENEGRO, INCIDENTE PROMOVIDO POR EL DOCTOR  EMILIO FERRER SOBRE HONORARIOS E INCIDENTE DE LA DEMANDADA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 1992-10-20

Es inconstitucional la aplicación del artículo 40 de la ley provincial número 5480 (determinación de la base regulatoria), cuando conduzca a un resultado absurdo, cual lo es la desproporción grave y manifiesta entre el monto de la condena y la magnitud de los honorarios regulados; máxime cuando estuvieren las costas impuestas de tal suerte que quien hubiera obtenido éxito parcial en el pleito, quedara obligado a pagar honorarios por una suma varias veces mayor que la indemnización obtenida. (Doctrina Legal).
Estafa, apoderado, compraventa inmobiliaria, boleto de compraventa, escrituración, sucesiones, herederos
Materia: PENAL
Carátula: Ganeglus, David s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-21

No encuadra en el delito de estafa la conducta de quien, en virtud de un poder, vendió un inmueble perteneciente a su poderdante, celebrando al efecto boleto de compra - venta ante escribano público, recibiendo el total del precio pactado, y al fallecer al día siguiente su mandante, silenciando tal circunstancia, realizó la escrituración. Ello, por cuanto los herederos no sufrieron perjuicio patrimonial, debido a que la causante dispuso de su patrimonio en vida, para solventar sus propias necesidades y asumió una obligación de hacer - escrituración -, la cual, de no haber sido realizada por el procesado, debía ser afrontada por la sucesión.
Incapacidad laboral, estibador, aplicación de la ley, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ DIAZ, SATURNINO E. c/ ESTIBAJES Y SERVICIOS  S.A. s/ ART. 212 LCT
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-12

Si en el caso concreto, el estibador trabajó para la demandada un número importante de jornadas mensuales durante los dos años anteriores al infortunio que lo incapacitara totalmente, el vínculo que unía a las partes revestía un serio perfil de continuidad, no sólo en el lapso pretérito, sino también con expectativas ciertas de mantenerse en lo futuro. Tal situación torna aplicable el art. 212 LCT, especialmente si se tiene en cuenta que las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo resultan aplicables a los casos regidos por estatutos especiales en tanto sus disposiciones resultan compatibles con la naturaleza de la actividad, art. 2 LCT.
Intervención de terceros, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: SAVALL Rafael c/ Sánchez Rubén Eduardo s/ Ejecutivo - Legajo de Copias para Elevar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-02-27

La intervención de terceros "con interés legítimo para incidentar" es de naturaleza restrictiva por lo que corresponde analizar con mucha prudencia sus peticiones en tanto pueden producir graves daños procesales a las partes naturales del proceso (actor y demandado), los que en definitiva acarrean pérdidas irreparables en los derechos que pretenden hacer valer.
Recurso extraordinario federal, interposición del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Electores  y  apoderados  de  los partidos Justicialista,Unión civica Radical y Democracia Cristiana s/ nulidad de elección de Gobernador y Vicegobernador.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-26

El escrito de interposición del recurso extraordinario no cumple con el recaudo de fundamentación autónoma, sí, sin hacer el mínimo relato de los antecedentes del proceso, entra derechamente a rebatir los fundamentos de la sentencia que impugna.
Concurso preventivo, proceso de verificación, verificación de créditos, cobro de aranceles, gastos del proceso, crédito admisible, propuesta de acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, régimen de mayorías
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

Ese arancel (de cincuenta pesos - art. 32 de la ley 24522 -) está destinado a cubrir los gastos del proceso verificatorio, la investigación respectiva, la confección de informes del Síndico, etc., con cargo de rendición de cuentas; y si el crédito insinuado es desestimado, tal situación importa la pérdida del arancel, por analogía al del vencido en costas, y si por revisión se obtiene la admisibilidad, la resolución debería considerar como gasto de justicia el arancel no reconocido como resultado de la no verificación del crédito pedido de verificación. Es decir que el monto pagado en concepto de arancel se suma al del crédito cuya verificación se solicita, de forma tal que el acreedor lo recuperará con posterioridad si resulta verificado o admitido; en cambio, si el crédito no es admitido al pasivo, el arancel se pierde, tal como ocurre en cualquier juicio con la tasa de justicia cuando la demanda debe ser rechazada; con lo cual le asiste razón al recurrente de que no se deben ni sumar ni computar - en las circunstancias expuestas - al efecto del cálculo mayorías y régimen de votos el arancel del art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras.
Concurso preventivo, quiebra, competencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: ECKHARDT, Carlos J. c/ AGROCAMPICHUELO S.A. s/ ORDINARIO-INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-02-16

El concurso como todo proceso de carácter universal ejerce el fuero de atracción respecto de todos los demás juicios de contenido patrimonial contra el concursado, y la ley 24522 establece un régimen de opción respecto del cual deberá pronunciarse el actor, entre: 1) solicitar la verificación de su crédito bajo el procedimiento concursal, 2) continuar con el proceso pero ante el juez del concurso, quien dictará la sentencia que hará las veces de procedimiento verificatorio.
Menores, pena alternativa, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: HEREDIA, EDUARDO M. Y C.M.L. s/ HOMICIDIO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1993-07-08

Habiéndose omitido respecto del menor dar cumplimiento a lo prescripto por el art. 4º inc. 3º de la ley 22278 que establece un período tutelar prorrogable hasta la mayoría de edad...,la encuesta ambiental y exámenes practicados al menor, en manera alguna pueden revestir el carácter de tratamiento tutelar exigido por la ley, sino que condujeron a un diagnóstico y una conclusión que precisamente consistía en llevar a la práctica el tratamiento aconsejado, lo que no se hizo, frustrando la impresión directa que debía recoger el juzgador sobre su resultado y, en su caso, la posible variación de la pena aplicable.
Cheque sin fondos, interpelación, mudanza del destinatario, aviso bancario
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ANIBAL s/ Cheque sin fondos"
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

1- La circunstancia de que el telegrama intimatorio haya sido remitido en legal tiempo y forma al domicilio constituido y registrado libremente en el banco por el librador, aún cuando este no haya recibido personalmente dicha pieza postal, acredita inexcusablemente la idoneidad interpelatoria de dicha pieza postal a los fines del art. 302 C.P. efectivamente receptada en dicho domicilio.

No es indispensable la recepción personal del medio informativo enviado por parte de la persona interesada, bastando con que se coloque al librador en condiciones razonables para poder enterarse, debiendo éste arbitrar los medios necesarios para que en el domicilio constituido se reciba y se ponga en su conocimiento su correspondencia particular (Sala 1, "BARBALACE, Ana s/art.302 C.P.", Reg. 23/83).- 2- El aviso del rechazo de las órdenes de pago en análisis, dirigido al domicilio registrado en la sede bancaria por el librador y no recibido por este por no vivir más allá, tiene inequívoca relevancia a los fines del elemento integrador del tipo delictivo-comunicar el rechazo del cheque al librador-, pues sostener lo contrario sería respaldar o avalar la renuencia de este que con solo ocultarse, abandonar, mudarse o hacerse negar en el domicilio constituido -incluso presunta o simuladamente-, dejaría a la acción despojada en la ejecutividad por su sola e incoartable voluntad como el autor del hecho, dueño de su imputabilidad (Cf. Sala 3, Reg. 123/78, "González de Lío, Palmira s/art.302 del C.P.", y Sala 1, Reg. 180/83, 194/83, 58/84, 128/86).
Prueba, prueba anticipada
Materia: PROCESAL
Carátula: PERILLO, Liliana G. c/ E.M.G.E. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La prueba para el futuro no tiene por función preparar o adquirir el conocimiento de hechos necesarios para entablar una demanda (conf. Fenochietto-Arazi, Cód. Proc. C. y C.... , T. II, p. 154). Es un modo excepcional de producir prueba cuyo fin es el de asegurar o preservar una prueba (conf. art. 326 del C.P.C.C.N.).
Contrato de suministros, pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leon Goldhar y Cía. SRL c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-13

Por el atraso en los pagos de un suministro, los intereses deben calcularse de acuerdo a la tasa que el Banco de la Provincia de Buenos Aires aplica para sus operaciones de descuento al momento de tornarse exigible el pago de cada una de las facturas.
Caducidad de instancia, impulso de parte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VILLALCORTA MIGUEL ANGEL c/ MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO s/ ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION-COBRO DE  AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-04-15

Si la parte legitimada para solicitar la caducidad, en el mismo escrito y a continuación de un pedido de tal tipo, también instó emitir un pronunciamiento adecuado al estado de las actuaciones, con la correlativa finalidad de impulsarlas, ello impone concluir que ha consentido la continuidad del litigio, tornando improcedente la caducidad.
Juicio ejecutivo, rechazo de la demanda, inhabilidad de título, conflicto de intereses
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Garantizar SGR c/ Scarpini, Ricardo Andres y otros s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-10-31

Resulta procedente se rechace la vía ejecutiva, toda vez que el documento que se pretende ejecutar fue suscripto por el representante común tanto de la sociedad deudora como de la acreedora, para ser ejercido tal título a favor de una y en contra de la otra. Por tanto, es situación inusual, que, por lo menos, hubiera requerido que se acreditara que la decisión respectiva -esto es, la de contraer la deuda así documentada-, había sido adoptada por el órgano de administración o de gobierno de la demandada. La falta de ese elemento y la denuncia del aludido conflicto de intereses en contra del mencionado representante común, configura un contexto que, por lo menos, daña seriamente la certidumbre propia de los títulos susceptibles de ser cobrados por esta vía. Si ellos traen aparejada ejecución y, por ende, inhabilitan debates causales, es porque los créditos respectivos se presumen auténticos y continentes de todos los elementos -incluidos el vinculado a la legitimación- necesarios para conformar tal presunción. A la luz de lo expuesto, esa presunción no puede ser formada en el caso, pues exige, en razón de sus antecedentes, un debate que exorbita el trámite de este juicio.
Impugnación del acto administrativo, medidas cautelares, interposición de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: "Golden  Peanut  Argentina  SA c/ EN  AFIP  DGI  Resol 11-VIII-09(períodos VIII-IX-X/08) s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-10-05

En el ámbito nacional no existe un Código en lo Contencioso Administrativo -como ocurre, en cambio, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires-. Por tal motivo, no hay un cuerpo normativo que de manera sistemática regule el proceso constencioso administrativo, debiendo recurrir a la aplicación supletoria del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, ordenamiento pensado para procesos de esa índole que, por tanto, revisten características diferentes -en diversos aspectos- las acciones contenciosas. Como consecuencia de ello, las medidas cautelares de suspensión de efectos de los actos administrativos que los administrados requieren cuando se encuentra en trámite un procedimiento -recursivo o reclamatorio no están expresamente contempladas en el código ritual aplicable, debiendo adecuarse sus disposiciones a la realidad propia del proceso administrativo. Por ejemplo, no resulta aplicable -en estos supuestos- la exigencia de deducir la acción dentro de los 10 días de trabada la medida, establecida en el art. 207 toda vez que tal acción no se encuentra habilitada hasta que se agote la vía administrativa con la resolución -expresa o tácita- del recurso o del reclamo intentado. Distinto es el caso en el que el particular solicita la suspensión de los efectos del acto (o cualquier otra medida precautoria) una vez agotada la vía y habilitada, por tanto, la instancia judicial. En esos supuestos cobra plena virtualidad la disposición contenida en el aludido art. 207, debiendo la parte interesada iniciar la acción de impugnación del acto dentro de los 90 días hábiles judiciales previstos en el art. 25 de la ley 19.549 (modificada por la ley 25.344) y -a su vez- dentro de los 10 días de trabada la medida cautelar otorgada (Cons. VIII).