marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Convenios de corresponsabilidad gremial, aportes previsionales, pago, actividad agropecuaria, deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CARGILL S.A.C.I. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-30

En los casos de convenios de corresponsabilidad gremial, existe un pago tarifado diverso de las obligaciones previsionales comunes, donde el depósito de las retenciones se impone con independencia de la fecha efectiva de pago de las remuneraciones. La circunstancia de que a actividad agraria escape al esquema usual de planificación humana que otros ciclos productivos permiten, por la incidencia de factores estacionales o contingencias climáticas no previstas, y que ha llevado a instrumentar al legislador un mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, no significa la no existencia de un orgánico ordenamiento normativo; quedando claro que la intervención de los sectores involucrados en el amplio espectro productivo no relega a un plano secundario a la autoridad de aplicación, ni ha delegado la atribución de fijar el perentorio plazo para el pago de las sumas que se adeudan. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución que desestimó la impugnación de deuda efectuada contra el acta de inspección que determinó que las retenciones por compras de granos (Res. 19/85 del M.T. y S.S.) debía realizarse al momento de efectuar la liquidación, sea esta parcial o final.
Beneficios previsionales, medidas cautelares, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ronchi, Adolfo Antonio c/ A.N.Se.S. s/ Medidas cautelares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-24

Corresponde rechazar la medida cautelar -por la que se persigue que se ordene a la A.N.Se.S mantener el pago del haber reajustado con motivo del ofrecimiento de la reparación histórica, a modo de pago a cuenta-, pues la verosimilitud del derecho invocado no se halla acreditada, desde el momento que al actor se le incrementa el haber de su beneficio con base en el procedimiento abreviado previsto por el art. 8 del Decreto 894/16 y dentro de las pautas fijadas en el Anexo II de la Resolución 305/16 de la A.N.Se.S., donde se supedita el mantenimiento del incremento de marras al posterior consentimiento del titular del beneficio mediante la plataforma "Reparación Histórica", dentro del plazo que allí se indica. (Del voto de la mayoría. El Dr. Milano votó en disidencia).
Proceso penal, imputado, defensa en juicio, derecho a la sentencia, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Paniagua, Ricardo Alberto s/ recurso de queja.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

La garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
Resoluciones equiparables a definitiva, medidas cautelares, medida de no innovar, poder de policía, sistema financiero
Materia: PROCESAL
Carátula: Carlés de Ahorro y Préstamo para la Vivienda S.A. y Banco Comercial Hipotecario y Edificadora de Córdoba S.A. c/ Banco Central de la República Argentina
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Es equiparable a sentencia definitiva el pronunciamiento que dispone una prohibición de innovar si puede llegar a frustrar las consecuencias de las disposiciones legales dictadas en ejercicio del poder de policía y control del sistema financiero.
Constitución Nacional, control de constitucionalidad, poderes del Estado, Poder Judicial, facultades del Poder Judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Buenos Aires Building S.A. s/ quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

El control de constitucionalidad de oficio no afecta la presunción de legitimidad de los actos legislativos ya que dicho instituto es meramente provisional iuris tantum y cede, en un sistema de control de constitucionalidad judicial difuso, ante la comprobación y declaración de invalidez de las normas por el Poder Judicial (Disidencia del Dr. Antonio Boggiano).
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, legitimación activa, Ministerio Público Fiscal, Consejo de la Magistratura
Materia: PROCESAL
Carátula: Arriolo, Matías s/ s/infr. art. 72 CC Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-03

El "interés social" frente a la jurisdicción es representado por el Ministerio Público Fiscal quien debe atender tanto a la constitución de la acusación con prueba que la sustente, cuanto la razonable regulación de los honorarios de los peritos intervinientes. Tal problemática se vio reflejada en el precedente de esta sala caratulado "Incidente de regulación de honorarios en causa Espinoza de Martinez, Teodora s/infracc. art. 72 CC-apelación" en el cual el por entonces Fiscal General Dr. Mandalunis se agravió porque el resolutorio de primera instancia le imponía el afronte del pago de honorarios del perito actuante sin contar -operativamente- el órgano que representaba, con la mentada autarquía financiera para hacerlo. Entendió este Tribunal en esa ocasión, sin ahondar en los alcances de la autonomía del Ministerio Público Fiscal, que el encargado de administrar y ejecutar la totalidad del presupuesto otorgado por ley al Poder Judicial -excluido el correspondiente al Tribunal Superior de Justicia- era el Consejo de la Magistratura y que de acuerdo a la Ley Nro. 7 los cuerpos técnicos auxiliares eran designados por él y se encontraban bajo su superintendencia (art. 51), lo cual sugería que el referido órgano era a quien competía la regulación de todas las cuestiones que hacen a la intervención de aquello s -control administrativo y reglamentario pero no jurisdiccional (RES. C.M N° 152/99)-. La nueva ley orgánica del Ministerio Público -con reservas de competencia y consiguientes limitaciones a las funciones del CMCABA- viene a completar el cuadro normativo al reconocer su autarquía financiera.

En el presente proceso, el Ministerio Público es el órgano competente para procurar el interés social ante la jurisdicción, a este respecto debe destacarse que lograda la operatividad de la autarquía financiera, es el Ministerio Público Fiscal quien administra y ejecuta el presupuesto, y quien defiende el interés público respecto a éste último ante la judicatura. El Consejo de la Magistratura representa también a ese interés pero sus competencias para ello son distintas e incompatibles con la jurisdicción.

DATOS: C. A. Contrav. y de Faltas C.A.B.A. Causa 391-00-CC/05 -Arriolo, Matías s/inf. art. 72 CC -Apelación -Sala II. Del voto de los Dres. Bosch, De Langhe, y Bacigalupo, abril 3 de 2006. Sentencia Nº 126 - 06.
Recurso de casación, iura novit curia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: B., C.; G., C.A. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-09-24

"El recurso debe bastarse a sí mismo, porque en el juicio de casación se reduce la vigencia del principio "iura novit curia" que permite suplir de oficio las omisiones del recurrente. El conocimiento del tribunal de casación queda circunscripto a los puntos de la decisión a que se refieren los agravios aducidos en condiciones esenciales de forma, y los defectos de interposición no pueden ser remediados por el tribunal, porque ello le está impedido por la limitación de su propia competencia excepcional".
Recurso extraordinario, cuestión federal
Materia: CIVIL
Carátula: MOUKARZEL MARTA JOSEFINA c/ LE MANS AUTOMOTORES S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-20

El recurso extraordinario sólo es admisible cuando en el pleito se haya debatido y resuelto una cuestión federal, la que a su vez, y de acuerdo a lo normado por el art. 15 de la Ley 48, debe guardar relación directa e inmediata con la materia objeto del pronunciamiento.-
Ejecución de honorarios, fianza
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Quiroga Conte Grand, Carlos c/ Banco de San Juan s/ Act. Formuladas para la tramitación de la apelacióm deducida con  efecto devolutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-02-17

En el caso de la ejecución de honorarios, la fianza se podrá rendir cuando, habiéndose opuesto excepciones, éstas sean desestimadas y la resolución que las desestime sea apelada. En ese caso el recurso no se concederá con efecto suspensivo, sino con efecto devolutivo.
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia civil, acuerdo de mediación, incumplimiento del convenio
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA DE SERVICIOS LA CONSTRUCCION SA c/ MOSSETTO, RAUL s/ EJEC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-22

Si se promovió tramite de ejecución de un acuerdo arribado en un proceso de mediación con base en un convenio de pago, por medio del cual se reclama la supuesta falta de cumplimiento del citado convenio -formulado en la audiencia de conciliación celebrada con motivo de la mediación previa-, resulta competente para entender en la causa el tribunal civil que fue sorteado en ocasión de efectuarse la asignación del mediador. Ello pues, el Dec. 91/98, atribuyó en forma específica, competencia -en las mediaciones oficiales- al juez sorteado en su oportunidad en el supuesto de ejecución del acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador.
Certificado de deuda, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL c/ PRODUNOA S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-11-10

El certificado de deuda presentado en una ejecución fiscal por el municipio constituye título suficiente, si se observa en el mismo la descripción de la deuda, los períodos devengados y suma líquida exigible, como asimismo si dicho certificado está expedido por el funcionario autorizado al efecto.
Despido, trabajador en condiciones de jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, CELIA c/ CONS. DE PROP. EDIFICIO ANGEL GALLARDO 854 s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-26

El deber de buena fe obliga a la trabajadora a hacer conocer al empleador, en cualquier momento a partir de notificada la intimación por la que comienza a correr el plazo para obtener su beneficio jubilatorio, la falta de concurrencia de los requisitos legales para su obtención . De lo contrario, si la propia actora omitió ilustrar a su empleador de tal situación, y éste vencido el plazo disolvió el vínculo, tal situación no acarrea el pago de indemnización alguna, toda vez que se considera que la relación laboral se disolvió conforme a las pautas del art. 252 LCT.
Recurso de revisión (procesal), admisibilidad formal
Materia: PENAL
Carátula: Romero, Jeus Alejandro s/ Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-05-08

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 492 del Código Procesal Penal, la revisión se rige por las normas previstas para el recurso de casación, por ello corresponde que en primer término la Corte analice si concurren los requisitos de admisibilidad formal, principalmente los relativos al encuadramiento del motivo invocado en alguna de las causales taxativamente expuestas por el artículo 488 consecuentemente citado. Si la impugnación llena los recaudos concernientes a la legitimación, firma de letrado, existencia de sentencia firme y el recurso contiene una concreta invocación de hechos formalmente adecuables al motivo contemplado en el artículo 488 inciso 2 del Código Procesal Penal, indicándose el lugar donde se encuentra el documento, dada la imposibilidad de aportarlo, cabe declarar la admisibilidad formal de la revisión.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, asociaciones profesionales, sanciones disciplinarias, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MEDRANO, FACUNDO CRUZ c/ CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-23

La decisión atacada no puede constituirse en objeto procesal de la impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la ley pertinente, desde que se trata de un pronunciamiento que sin confirmar la sanción disciplinaria que se había impuesto al actor, y sin negar el eventual acceso a la vía judicial, se limita a disponer que el interesado acuda ante la propia entidad demandada a fin de agotar los recursos internos que -según el voto mayoritario de la Alzada- le corresponden (reconsideración ante el Tribunal de Honor o apelación ante la Asamblea).

En ese orden, en modo alguno logra acreditar el gravamen constitucional que lo decidido le irroga, y mucho menos que exista un perjuicio que no pueda ser aventado, por medio jurisdiccional alguno, sin irreparable detrimento del interés comprometido. (Disidencia de los Dres. Falistocco y Gastaldi)
Fallos de la Corte Suprema, jurisprudencia vinculante
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón de Gral. San Martín s/ Autorización Parisotti, Fátima Viviana s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-25|2004-05-05

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efectos, tanto en los temas federales como en aquellos que no lo son, de vinculación hacia los tribunales inferiores. En el primer caso por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Carta fundamental; en el segundo, vincula moralmente sobre la base de los principios de celeridad y economía procesal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, multa
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tealdi Construcciones y Obras Argentinas S.A. c/ Dirección General de Rentas s/ CASACIóN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-09-13

Aplica erróneamente el art. 36 del Código Fiscal la sentencia de Cámara que modificó el quantum de la multa impuesta al actor por la Dirección General de Rentas admintiéndole el pago de sólo el 50 por ciento de la misma, cuando -como en el caso- la cuestión planteada y resuelta versó sobre la pertinencia y no sobre el porcentual de la sanción aplicada. Ello, en tanto interpreta dicha normativa como susceptible de modificar el monto mínimo de la sanción de multa que establece la misma, siendo que el art. 36 fija un mínimo no susceptible de modificación, empleando el imperativo: "será reprimido", y, asimismo "desde", para señalar a partir del mínimo a graduarse la sanción "hasta" llegar al monto máximo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, patrocinio letrado
Materia: PENAL
Carátula: Avendaño, Hernán Gonzalo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-04

Es inadmisible el recurso interpuesto por el defensor particular del procesado si el señor Defensor Oficial -quien continuaba hasta entonces en la defensa- había interpuesto el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley antes de que el letrado aceptara el cargo pues la función defensiva es única y, por consiguiente, el perfeccionamiento del acto de recurrir impedía su reiteración, sin que obste a tal conclusión la circunstancia de que se exprese que se amplía el interpuesto por el Defensor Oficial pues, teniendo ambos escritos la misma naturaleza procesal, el presentado por éste ha concluido el acto de recurrir.
Accidente de tránsito, culpa civil, responsabilidad del peatón, cruce de avenida
Materia: CIVIL
Carátula: CURI, GUSTAVO ALBERTO c/ VINARSKI, MOISES s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Cuando se trata de los daños ocasionados "con la cosa" (conf.

art. 1113, Cód. Civ.), incumbe al propietario o guardián la prueba de su inculpabilidad, sin embargo existen supuestos en que la imprudencia y evidente desaprensión del peatón, torna innecesaria cualquiera otra desaparición de las circunstancias que por sí solas eximen la responsabilidad del conductor.

De conformidad con el art. 49 inc. a) de la ley 13.893, el peatón tiene en las zonas urbanas prioridad sobre los vehículos para cruzar la calzada por la senda de seguridad señalada para tal objeto, y donde no existe el señalamiento se considerará tal a la parte de la calzada que prolonga la acera en sentido longitudinal. El conductor debe reducir la velocidad en todos los casos, y aún detenerse para permitir el paso, presumiéndose en caso contrario su culpabilidad por cualquier accidente producido en esa zona.

Pero cuando el peatón comete la imprudencia de arrojarse imprevistamente a la calzada para cruzar corriendo la avenida, fuera de la senda de seguridad, debe eximirse de toda culpa al conductor, quien manejando de manera reglamentaria, no ha tenido tiempo suficiente como para evitar embestirlo.
Tenencia de estupefacientes, comercialización ilegal de estupefacientes, cantidad de estupefacientes, apreciación de la prueba, cámara oculta, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: SAIDAN, Alejandro s/ procesamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-14

Respecto del valor probatorio de la investigación periodística que diera origen a la presente causa, cabe señalar que a partir de los contundentes elementos de prueba que surgen de ella, y que han sido correctamente valoradas por el a quo en su resolutorio, ha podido determinarse el manifiesto ánimo de lucro que motivaba al acusado, lo que permite sostener que la sustancia estupefaciente incautada bajo su órbita de custodia -4,3 gramos de cocaína-, hecho corroborado por las constancias de la causa ya reseñadas y no controvertido , era detentada por el nombrado con fines de comercialización. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Accidente de tránsito, reglas de tránsito, prioridad de paso, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Larratchea, Héctor Alberto c/ Quiroga, Martín y-u otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-04-10

Cabe destacar un concepto básico para la adecuada hermenéutica y aplicación del art. 49 inc. "b" de la ley 13.893, vigente en materia de tránsito en esta ciudad hasta la sanción del Reglamento General de las ordenanzas municipales 3.179-94 y 4.710-94: la prioridad de paso de los vehículos que en las encrucijadas se presentan por la derecha rige cuando ambos rodados aparecen 'más o menos simultáneamente' en el cruce. En la dinámica del tránsito, tratándose de automóviles en movimiento, no puede interpretarse la norma legal como consagratoria de un derecho de preferencia fundado en la apreciación exactísima por los conductores de sus respectivos grados de avance, haciendo depender de unos pocos centímetros quizá el que uno de ellos deba ceder espontáneamente el paso.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso, prueba, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Olivos SACIYF y otros c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes Olivos SACIYF y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

Si las objeciones de la actora se basan, principalmente, en una valoración distinta y parcial de las pruebas agregadas a la causa y de la normativa involucrada, ello no autoriza a descalificar el pronunciamiento atacado como acto jurisdiccional válido. Ello así, en tanto el tribunal a quo arribó a una solución jurídicamente posible, con fundamentos y base suficientes, sin que los agravios vertidos logren evidenciar deficiencias lógicas o de fundamentación en el pronunciamiento atacado que impidan considerarlo como una "sentencia fundada en ley", en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Hechos nuevos, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Campoy, Miguel c/ Cotravi Ltda. s/ Indemnización despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-19

El art. 29 de la ley 11.653 dispone que de la contestación de demanda se otorgará traslado al accionante, quien podrá ampliar su prueba exclusivamente con respecto a los nuevos hechos introducidos por el accionado en su escrito de responde.
Personas con discapacidad, cobertura, afiliación obligatoria, obras sociales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MARSILLI, Liliana Beatriz c/ IOSPER s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-09-07

No pueden pasar desapercibidas las inequívocas disposiciones del artículo 28 de la Constitución Nacional, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y artículo 12.1 del Pacto Internacional Económico, Social y Cultural, a las que se suman las preceptivas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, muy particularmente, la normativa de los artículos 15, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución de Entre Ríos, en especial, la explícita protección otorgada a los niños, niñas y adolescentes, el aseguramiento de la igualdad real de oportunidades a las personas con discapacidad y a sus familias, la atención integral de la salud y la extensión de los beneficios de la seguridad y previsión social del titular que los tuviera a su cargo; más los dispositivos de la Ley 9891, esencialmente el de su artículo 9, conforme a la modificación efectuada por la Ley 9972, todo lo cual brinda un acabado plexo de juridicidad que permite abonar suficientemente el criterio asentado en el acto recurrido.

Si bien es cierto que la ley de creación de IOSPER faculta a su Directorio a determinar las personas que podrán ser incorporadas voluntariamente a través del afiliado titular, mediante el pago de una cuota o aporte adicional, la Resolución D-N 1061/95 IOSPER equipara en esta puntual posición la situación que exhiben los afiliados "adherentes" que componen el grupo familiar primario del afiliado obligatorio, con la de los afiliados voluntarios que no presentan esa particularidad, por tanto, se autofaculta para rechazar la afiliación de un solicitante, aunque se trate de un miembro del grupo familiar primario del afiliado obligatorio, por padecer una enfermedad preexistente.

Más allá de la inobservancia del reconocimiento y de la garantía de protección de la familia que expresamente consagra el artículo 18 de la Constitución de Entre Ríos, esta cuestionada disposición adoptada por un Delegado, vulnera palmariamente el explícito objeto de la obra social que consiste en otorgar los beneficios de asistencia médica integral, odontológica, etc. a favor de sus afiliados y grupos familiares. Ello demuestra que el objeto del Instituto es brindar cobertura de salud a sus afiliados bajo el argumento de padecer una enfermedad preexistente. Tales postulados resultan íntegramente aplicables al caso concreto en que se trata la denegatoria de afiliación de la nieta discapacitada a cargo de la afiliada obligatoria titular que deviene manifiestamente ilegítima. (MINORIA U OPINION PERSONAL)