Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-15


2º Instancia. - Buenos Aires, febrero 15 de 2007.

1. La empresa Lalor S.A. interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la providencia de fs. 655, por la cual la señora juez de primera instancia la intimó a liquidar y pagar la tasa de justicia de acuerdo a las pautas explicitadas en el dictamen de la Fiscal General ante la Cámara obrante a fs. 654 (fs. 659/664).

La reposición de la providencia indicada fue rechazada a fs. 674/676, y elevados que fueron los autos para la consideración del recurso de apelación interpuesto en subsidio, la Fiscalía de Cámara emitió el dictamen de fs. 683/685 que, a su vez, motivó la presentación por Lalor S.A. del escrito de fs. 686/687.

2. Contrariamente a lo que sostiene la apelante, no hay ninguna cosa juzgada en autos con relación al quantum que debe pagarse en concepto de tasa judicial.

El dictamen (si así se lo pudiera llamar), minúsculo e infundado, dado por el señor Representante del Fisco en fs. 641 vta., que se limitó a señalar "...Nada observo sobre la tasa de justicia...", seguido de la providencia dictada por el secretario del juzgado que dice "...Por devueltos, hágase saber...", de ninguna manera puede ser tenido como el resultado de una actuación jurisdiccional con efecto de res iudicata.

En efecto, de una providencia de mero trámite, como es la que hizo saber la devolución del expediente de otra repartición, no pueden extraerse conclusiones que a modo de cosa juzgada pretendan impedir cualquier debate posterior. Si eso no puede ocurrir, por ejemplo, como consecuencia de declaraciones hechas al resolver una cuestión de competencia (véase en este sentido, CSJN, Fallos 316:451, voto del juez Fayt, considerando 15), menos puede acontecer con relación a la providencia de fs. 642, donde no fue siquiera implicada una decisión del juez de la causa, sino la actuación de un funcionario sin potestad jurisdiccional.

3. Tampoco pueden ser aceptadas las críticas que el apelante ensaya acerca de la actuación de la señora Fiscal de Cámara ante el juzgado de primera instancia.

Por lo pronto, la actividad procesal que se cuestiona tiene suficiente base legal en el "principio de unidad de actuación" que aprueba el art. 1º de la ley 24.946, con un alcance reiteratorio de lo oportunamente establecido por la ley 21.383 que, conjuntamente con los principios de legalidad, imparcialidad y dependencia jerárquica, es propio del sistema argentino organizativo del Ministerio Público (conf. CSJN, Fallos 310:1510, considerando 8º del voto de los jueces Severo Caballero y Belluscio).

Y si bien dicho "principio de unidad de actuación" debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda a los fiscales de primera instancia como consecuencia de la especificidad de sus funciones (art. 1º, tercer párrafo, in fine, de la ley 24.946), ello no puede ser entendido con un alcance tal que se contraponga a las facultades asignadas a los Fiscales de Cámara en cuanto a "...desempeñar en el ámbito de su competencia las funciones que esta ley confiere a los fiscales de primera instancia..." (art. 37, inc. b, cit. ley), máxime ponderando que los fiscales de primera instancia tienen acotadas sus facultades al "...ámbito de su competencia por razón del grado..." (art. 39, ley cit.), limitación esta última que no aparece reproducida para los Fiscales Generales de Cámara en la norma que regula sus distintos deberes y facultades (cit. art. 37).

4. De otro lado, no constituye un agravio eficaz el planteado por la recurrente con base en lo dispuesto por el art. 27 de la ley 24.946.

Ante todo, corresponde observar que de ninguna manera la actuación de la Fiscalía de Cámara tuvo el alcance de asumir la representación del Fisco en juicio que reprueba esa norma. Por el contrario, el Fisco ha estado representado en autos por el agente que dictaminó en fs. 641 vta.

Sentado lo anterior, debe señalarse que, en rigor, la actuación de la señora Fiscal General ante la Cámara tuvo lugar en los términos y con los alcances del art. 25, incs. a) y b), de la ley 24.946, es decir, en defensa de la legalidad, los intereses generales y públicos que, a su entender, no habían quedado suficientemente resguardados con el citado dictamen de fs. 641 vta.

En tal orden de ideas, al propiciar en fs. 654 la integración de la tasa de justicia en cantidad mayor a la ya ingresada en autos y aceptada como suficiente en fs. 641 vta., la señora Fiscal ante la Cámara no hizo otra cosa que proceder de conformidad con el principio de que no es admisible la renuncia de los derechos del Fisco Nacional (CSJN, 299:693, in re "Nación Argentina c. Teresa Ida Costa de Olivari). En efecto, una de las consecuencias del principio de legalidad (art. 4º y 75, inc. 2, de la Constitución Nacional) consiste, precisamente, en inhabilitar a la administración fiscal a remitir cargas impositivas (CSJN, Fallos 308:1799; 316:2832, in re "Prodesca S.A."), de donde se sigue que frente a una indebida renuncia por parte del representante del Fisco a la correcta recaudación de la tasa de justicia, el Ministerio Público, en defensa de la legalidad y los intereses públicos y generales, está claramente facultado para formular las peticiones que correspondan para que los jueces decidan lo que por derecho corresponda en cuanto a la completividad del crédito fiscal.

Al ser ello así, lo actuado por el Ministerio Público no puede ser pasible de objeción alguna, salvo señalar que a contrario de lo sustentado en fs. 683, no incumbe a la señora Fiscal ante la Cámara supervisar el cumplimiento de las obligaciones de control impuestas por la ley 23.898 a los secretarios del fuero, toda vez que no hay dependencia jerárquica de estos últimos respecto del Ministerio Público que justifique tal supervisión.

5. En cuanto al tema de fondo, corresponde observar que resulta claramente inadmisible la pretensión de la recurrente de pagar la tasa de justicia como si se tratare de un proceso no susceptible de apreciación pecuniaria (art. 6 de la ley 23.898), toda vez que en autos el acuerdo preventivo extrajudicial fue homologado (fs. 476/481) y, con posterioridad a ello, desistido (fs. 615/616).

Al respecto, cabe recordar que la tasa de justicia se adeuda por el sólo hecho de ocurrir a la justicia, con independencia de las ulterioridades del proceso (conf. Giuliani Fonrouge-Navarrine, Tasas Judiciales. Ley 23.898, p. 12; CNFed. Civ. Com. Sala 2, 24/2/04, "Ayres Corporation c. Kindwerley, G. s/ ejecución hipotecaria"), de manera que no obsta al pago total de la referida tasa la circunstancia del desistimiento posterior de la demanda homologatoria, ya que el tributo exigido es consecuencia del requerimiento de la actividad del órgano jurisdiccional y no está condicionado a las alternativas procesales que acaezcan una vez puesto en funcionamiento (conf. CNCom. Sala B, 13/4/92, "Antorcha Cía. Argentina de Seguros S.A. c. Martínez Frieiro, Manuel s/ ord."; CNFed. Cont. Adm, Sala I, 9/8/05, "Vicente Lago Manuel y otro c. PEN-Ley 25.561 -Dtos. 1570/01 214/02"; íd., Sala II, 18/7/06, "Jercovich Mabel c. PEN-Ley 25.561 Dtos 1570/01 214/02 (Nación Seguros)"; íd., Sala V, 27/12/04, "Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas SA c. Telefónica de Argentina SA"; etc.).

Ni siquiera el desistimiento de la demanda sin que se hubiera determinado el monto implicado en ella autoriza, como regla, a concluir que la tasa de justicia queda satisfecha con la suma prevista en el art. 6 de la ley 23.898, pues el art. 5 dispone expresamente que ese pago es a cuenta y que dentro de los cinco días de producido el desistimiento, el secretario intimará por cédula a la actora para que estime el valor implicado en la demanda. Por lo demás, la integración de la tasa judicial por el monto del citado art. 6, sólo es procedente cuando no existe pauta objetiva que permita evaluar, siquiera provisionalmente, el tributo, por lo que no puede entenderse que exista monto indeterminado cuando se cuenta con pautas o bases para la determinación del valor económico implicado (conf. CNCom. Sala A, 19/7/96, ED del 5/2/97; CNFed. Civ.Com., Sala I, "Orofrutal SA c. cap. y/o arm. y/o prop. bq. Campania y otros s/ faltante").

Obviamente, esta última no es la situación del sub lite en el que, lejos de existir imposibilidad de determinar el contenido económico implicado en el trámite homologatorio, se cuenta con la pauta objetiva del monto correspondiente al total del pasivo quirografario que se pretendió reestructurar con el acuerdo preventivo extrajudicial ($ 6.131.287,21 y $ 727.907,84 según constancia de fs. 125, certificada a fs. 126/127, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 72, inc. 2, LCQ).

Es decir, la base imponible está dada por el monto de la masa de los créditos quirografarios, con exclusión de los privilegiados, conclusión que esta última que fue la aceptada antes de la sanción de la ley 25.972 (conf. Soria, M., Barreiro, M. y Truffat, E., "Parámetros para la determinación de la tasa de justicia en el "acuerdo preventivo extrajudicial", en Primer Congreso Nacional Derecho y Empresa, p. 285, esp. p. 289/290, nº 14, Buenos Aires, noviembre de 2004), y que es la que corresponde aplicar a la luz de dicha normativa de emergencia tal como lo tiene resuelto esta Sala (causa nº 28.366/2006 "Transporte Automotor Plaza SA s/ acuerdo preventivo extrajudicial s/ incidente de tasa de justicia", sentencia del 25/8/2006).

No forma óbice a lo anterior, desde luego, la afirmación de fs. 662 vta/663 según la cual al haberse desistido la homologación, cabe entender que no hay acuerdo homologado y que él "feneció" (sic), por lo que -según concluye la recurrente- se está en presencia de un juicio insusceptible de apreciación pecuniaria. A los efectos que aquí interesan, ese razonamiento es inadmisible pues, como se dijo, la tasa de justicia debe pagarse con independencia de las ulterioridades del proceso, es decir, con independencia de si hubo o no homologación, si hubo o no desistimiento, etc., y sólo por el hecho de ocurrir a la justicia. En su caso, ni siquiera en los casos de rechazo de la homologación se llegaría a una conclusión como la sostenida por la recurrente (conf. Heredia, P., Tratado exegético de derecho concursal, t. 5, p. 899, Buenos Aires, 2005).

En síntesis, sobre la base imponible representada por el pasivo quirografario antes aludido se debe calcular la alícuota del 0,25% establecida por el art. 1º de la ley 25.972.

6. Teniendo en cuenta lo resuelto, y ponderando que el dictamen del señor representante del Fisco de fs. 641 vta. desatendió manifiestamente la aplicación de las leyes 23.898 y 25.972 en los términos que quedan expuestos en la presente decisión, corresponde poner en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos la actuación del abogado L. E. C., a sus efectos.

Por lo expuesto, se resuelve: a) Confirmar la providencia de fs. 655 con los alcances que resultan de la presente decisión. b) encomendar a la señora juez a quo que ponga en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante oficio, la actuación del señor representante del Fisco, de acuerdo a lo expuesto en el considerando 6º y con remisión de copia de la presente.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1º) y las notificaciones pertinentes. -Gerardo G. Vassallo. -Juan J. Dieuzeide. -Pablo D. Heredia.