Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-03


2º Instancia. - Buenos Aires, junio 3 de 2005.

Y Vistos:

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 20 -fundado a fs. 22/24, y cuyo traslado no fue contestado por la contraria-, contra la resolución de fs. 17, mediante la cual el magistrado de grado rechazó la excepción de prescripción opuesta.

I. La parte actora inició la presente ejecución fiscal a fin de percibir los montos que surgen de la constancia de deuda obrante a fs. 3, en virtud del gravamen de patentes sobre vehículos en general y ley 23.514.

Habiéndose cursado la intimación de pago (vid. fs. 10), se presentó el ejecutado y opuso la excepción de prescripción. Asimismo, sostuvo que no es el titular del vehículo desde el año 1993 (vid. fs. 12).

Una vez contestado el traslado de la defensa (vid. fs. 15), el magistrado de grado la rechazó y, en consecuencia, mandó llevar adelante la ejecución hasta hacerse íntegro pago a la accionante de las sumas reclamadas, con más sus intereses y costas.

Contra dicha resolución la parte demandada interpuso recurso de apelación, lo que motiva la intervención de esta Alzada.

II. Liminarmente, y en virtud del planteo de incompetencia formulado por el accionado a fs. 39, corresponde indicar que, como surge del informe vertido a fs. 45, el día 18 de diciembre de 2002 el ejecutado solicitó su concurso preventivo, el cual fue abierto el 11 de febrero de 2003.

Al respecto, cabe poner de resalto que, de conformidad con lo dispuesto por la ley 24.522, los créditos que forman la masa concursal son aquéllos cuyo origen o causa es anterior a la presentación del deudor en concurso preventivo (arg. arts. 32 y 56 de la ley citada).

Ahora bien, del título ejecutivo se advierte que la deuda reclamada corresponde a períodos preconcursales (vid. fs. 3). Ello así, y como lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, siendo el crédito reclamado en autos anterior a la presentación en concurso preventivo, el mismo forma parte de la masa concursal, por lo que la pretensión de autos deberá sustanciarse ante el magistrado interviniente en el proceso universal, que es el competente para decidir sobre la existencia y exigibilidad del crédito.

Por ello, corresponde declarar la incompetencia de este fuero para intervenir en estos autos, los cuales deberán ser remitidos oportunamente al magistrado que entiende en el concurso (esta sala, in re "GCBA c/ Corrugadora Laferrere S.A. s/ Ejecución Fiscal", resolución del 23 de abril de 2003, entre otros).

III. Sin perjuicio de ello, no debe dejar de advertirse que, por un lado, la presentación en concurso del accionado es posterior al dictado de la sentencia de grado (vid. fs. 17 y 45) y, por el otro, que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por éste contra dicho decisorio.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que en aquellos casos donde una causa se encuentra con apelación consentida ante un tribunal de Alzada, es éste quien debe intervenir en los recursos pendientes; sin perjuicio de la ulterior remisión al juez que finalmente corresponda seguir entendiendo en el proceso (Fallos, 301:514; 310:735; 320:1348). Así, también ha indicado el Cimero Tribunal que el fuero de atracción que ejerce el concurso preventivo respecto de una acreencia reclamada por el ente fiscal -Dirección General Impositiva- sólo podría operar después de la intervención del tribunal de Alzada y en el supuesto de que éste confirmara la sentencia ya dictada, correspondería remitir el juicio al tribunal del concurso (CSJN, in re "Fideera Atlántica S.R.L. c. Administración Federal de Ingresos Públicos", fallo del 3 de agosto de 2004).

Ello así, siendo éste el Tribunal de Alzada natural para entender en dicho recurso, y toda vez que la causal de incompetencia aducida por el contribuyente es posterior al dictado de la sentencia de grado, corresponde -de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara a fs. 59/60- expedirse, previo a la remisión de las actuaciones al juez comercial, sobre el recurso de apelación interpuesto.

IV. En su memorial, el recurrente plantea, en síntesis: a) que los períodos reclamados se encuentran prescriptos, pues la demanda recién fue instaurada en el año 2001, b) que no resulta ser el obligado al pago del tributo, pues no era el titular del dominio del automotor al momento de devengarse el mismo, y c) que los intereses aplicados al caso resultan excesivos e irrazonables.

V. Respecto del primer planteo, corresponde indicar que él carece de asidero. En efecto, y como surge de fs. 5, la acción fue instaurada el 30 de diciembre de 1998.

En consecuencia, y por aplicación de la misma normativa a la cual alude el recurrente (arts. 1º y 2º, ley 19.489, y disposiciones análogas posteriores), el gravamen reclamado no se encontraba prescripto al momento de iniciarse la acción.

Por otra parte, el planteo referido a la aplicación de los plazos de prescripción liberatoria previstos en el Código Civil resulta absolutamente incongruente, cuando el mismo apelante invoca la normativa local en materia de prescripción.

Así las cosas, habrá de desestimarse el agravio vertido sobre este aspecto.

VI. En lo que respecta al segundo punto, el magistrado de primera instancia no lo trató en la sentencia recurrida. Sin embargo, la defensa fue planteada al oponer excepciones, aunque sea escuetamente (vid. fs. 12 vta.). En consecuencia, corresponde que este Tribunal se expida al respecto, en resguardo del derecho de defensa.

El art. 192 de la Ordenanza Fiscal t.o. 1992 -y disposiciones análogas posteriores-, establece que el sujeto pasivo obligado al pago del gravamen de patentes sobre vehículos en general es el titular de dominio del automotor, así como los poseedores a título de dueño.

Ahora bien, el apelante aduce que no era el propietario del vehículo al devengarse el tributo reclamado. Esta afirmación se ve desvirtuada claramente por el informe de dominio expedido por el Registro de la Propiedad Automotor a fs. 53 -en virtud de la medida para mejor proveer ordenada por este Tribunal a fs. 33-. En efecto, de éste surge que el accionado era el titular de dominio del rodado durante los años 1993 a 1997, y que lo continúa siendo en la actualidad.

Por lo tanto, no cabe duda alguna que, no habiéndose acreditado en autos la transferencia del vehículo ante el Registro de la Propiedad, el titular de dominio es el demandado en autos y, resulta en consecuencia, responsable por los gravámenes que pesan sobre el automotor, devengados en los períodos reclamados.

Por ello, el recurso resulta improcedente también en este aspecto.

VII. El restante agravio vertido por el recurrente resulta inadmisible, ya que -como ya lo ha indicado la señora Fiscal de Cámara- su estudio se encuentra vedado a esta Cámara en virtud de lo dispuesto por el art. 247, CCAyT.

La norma citada dispone que el tribunal de Alzada no puede fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juzgado de primera instancia. Así es que se encuentra vedado a la Cámara tratar argumentos no propuestos previamente, ya que el recurso de apelación no es la vía pertinente para introducir nuevos planteos o defensas que, en su caso, debieron deducirse en el correspondiente estadio procesal (Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado, concordado, Ed. Astrea, t. 1, pág. 114).

Así las cosas, habrá de desestimarse el recurso interpuesto por la accionante.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Fiscal de Cámara, el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirmar la resolución recurrida en todo cuanto ha sido materia de apelación y agravio. 2) Sin costas en la Alzada, atento a no haber mediado contradicción. 3) Declarar la incompetencia de este fuero para continuar entendiendo en autos, los que deberán ser remitidos oportunamente al juez interviniente en el concurso, para su ulterior tramitación. - Carlos F. Balbín. - Esteban Centanaro. -Horacio G. A. Corti.