Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-03


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1) A fs. 16 del expediente principal Osvaldo Enrique Ruiz Díaz Oberti solicitó el pase de las actuaciones para su juzgamiento a la justicia Contravencional y de Faltas, en relación a las actas B 5766041 y B 6197094.

2) Radicado que fuera el expediente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº 28, la Rosa Elsa Parrilli, de conformidad con lo previsto en el art. 41 de la ley 1217 (v. fs. 28) corrió vista al Sr. Fiscal, quien se abstuvo de ejercer la acción en función de lo dispuesto en la Res. nº 7/04 de la Fiscalía General (v fs. 30).

3) Posteriormente el a quo libró cédula de notificación al infractor a fin de hacerle saber lo dispuesto en los arts. 41 y 42 de la ley nº 1217 (v. fs.34 vta.), siendo fijada en la puerta del domicilio con fecha 27 de noviembre de 2006. La cédula de notificación fue dirigida erróneamente a Eduardo Enrique Ruiz Díaz Oberti, cuando su verdadero nombre es Osvaldo Enrique (v fs. 35 y vta.).

4) Con fecha 7 de diciembre de 2006, la María Martínez Vega, en carácter de jueza subrogante, tuvo por desistida la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa en atención a la incomparecencia del presunto infractor, y remitió las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas nº 40 (v fs. 36).

5) Intimado que fuera el Sr. Ruiz Díaz a abonar el monto de la multa adeudada, éste planteó la nulidad de las actuaciones toda vez que, según sus dichos, jamás fue notificado de la radicación del expediente en sede de la justicia contravencional y de faltas y, en consecuencia se vio privado de ejercer el derecho de defensa oponiendo excepciones y ofreciendo prueba (v fs. 39 y vta.).

6) Con fecha 22 de febrero de 2007 el a quo resolvió rechazar las pretensiones del infractor (v fs.41), a quien se le libró cédula de notificación, siendo fijada en el domicilio con fecha 27 de febrero de 2007. Nuevamente se consignó -por error- Eduardo Enrique Ruiz Díaz Oberti (v fs.42vta.).

7) Con fecha 23 de abril de 2007, el encartado interpuso recuso de apelación contra dicha resolución (v fs. 41), que fue rechazado el 2 de mayo pasado (v. fs.68).

8) Que a través del recurso de queja deducido a fs. 6/8vta. de las presentes actuaciones, el señor Osvaldo Enrique Ruiz Díaz Oberti, pretende se revoque la resolución de fecha 2 de mayo del corriente por la que la titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 28 denegó el recurso de apelación previamente interpuesto contra el interlocutorio del día 22 de febrero de 2007. Asimismo solicita la nulidad de la notificación, efectuada mediante cédula, la cual obra agregada a fs. 35 y vta. de los autos principales.

9) Corrida que fuera la vista a la Sra. Fiscal de Cámara de conformidad con lo previsto en el art. 22 inc.5º de la ley 21, ésta se expidió por la declaración de inadmisibilidad del recurso (v. fs.11/12 del presente), encontrándonos, en consecuencia, en condiciones de resolver la presente queja.

CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION Admisibilidad del recurso de queja 10) Que en virtud de lo establecido por el art. 58 de la ley 1217, deberán analizarse los requisitos de admisibilidad de la vía directa que ha intentado el quejoso.

El remedio planteado cumple con los requisitos establecido en el art. 58 de la ley 1217, habiendo sido presentado en lugar, tiempo y forma, y por quien se encuentra legitimado para recurrir.

En efecto, con fecha 2 de mayo de 2007, la Parrilli resolvió rechazar el recurso de apelación y la nulidad articulada (v. fs. 68), habiendo sido notificado el infractor el día 3 de mayo pasado (v. fs.70 y vta.), quien interpuso recurso de queja ante esta Alzada con fecha 8 de mayo (v fs.6/8vta del presente), es decir dentro del término de tres días previsto normativamente.

Es requisito necesario de la queja que ella contenga una crítica concreta, desarrollada y fundada del auto denegatorio del recurso (conf. TSJ in re "Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis -causa n° 665-CC/2000- s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad", expte. n° 865, rta. 09/04/01).

Si bien es cierto que el remedio intentado adolece de ciertas precisiones en su fundamentación, ello no constituye un óbice para su admisibilidad pues el agravio traído ante esta instancia así lo amerita.

11) La queja que intenta conmover el rechazo del recurso de apelación resuelto por el tribunal inferior debe prosperar ya que los motivos allí esgrimidos son pasibles de ser revertidos en esta instancia en salvaguarda del principio del debido proceso y la garantía de la defensa en juicio.

La Sra. Jueza de grado resolvió rechazar el recurso de apelación en el entendimiento que la resolución administrativa había adquirido firmeza y que, en consecuencia, la pretensión defensiva resultaba improcedente. Asimismo entendió que el recurso de apelación resultó extemporáneo pues la resolución impugnada fue notificada el día 27 de febrero y el recurso interpuesto el día 23 de abril de 2007, es decir transcurridos los cinco días previstos en el art. 57 de la ley 1217.

Dar por desistido el derecho a ser juzgado en la instancia judicial es una decisión que posee "carácter definitivo" pues importa poner fin al proceso judicial mediante el cual se pretendía obtener una revisión jurisdiccional de una multa impuesta por la Unidad Administrativa de Control de Faltas.

El a quo con un excesivo rigor formal ha soslayado que la cuestión debatida, sin que a criterio del recurrente, se hayan cumplido algunas de las circunstancias prevista normativamente (conf arts. 41 y 52 de la ley 1217) no podía ser discutida en el marco de ningún otro proceso y que la firmeza de la sanción administrativa era susceptible de producir un gravamen de imposible reparación ulterior, lo que torna admisible per se la apertura del presente remedio procesal (conf. expte. nº 4917/06 "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 5- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en "Moares, Carlos Luis s/estacionar en lugar prohibido y otra Apelación", rto. 25-04-2007, voto de la jueza Ana María Conde, consid. 1º).

Precisamente lo que cuestiona el presunta infractor es la declaración de firmeza de la resolución administrativa al postular la nulidad de la cédula de notificación de fecha 27 de noviembre de 2006; y es por ello que deviene necesario el tratamiento de los agravios a fin de salvaguardar el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, misión por excelencia del órgano jurisdiccional, máxime cuando se advierte que desde el origen de esta contienda, la Sra. jueza de grado al rechazar el planteo de nulidad de la notificación - génesis del actual recurso de queja- se limitó a manifestar que el infractor no había motivado suficientemente su petición y que ello resultaba suficiente para su denegatoria.

12) Sentado ello, cabe consignar que la ley nº 1217 prevé en el art. 58 que, en caso de tener acogida favorable el recurso de queja por ante el superior, éste emplazará al inferior para que conceda el recurso de apelación denegado.

Sin embargo, siendo que la Ley de procedimiento de Faltas no prevé un sistema de emplazamiento para las partes pues el recurso de apelación debe ser fundado y, que el fiscal de grado no tomó intervención en el proceso en los términos del art. 41 de la ley mencionada (v. fs.30 del principal), este Tribunal se encuentra habilitado a resolver el recurso de apelación sin proceder al reenvío a primera instancia, en cumplimiento de los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan el proceso (conf. art. 28 de la ley 1217).

Conforme lo expuesto, procede abrir la queja intentada, debiendo adentrarnos directamente a tratar el fondo de la cuestión en estudio, no resultando necesaria otra sustanciación.

SEGUNDA CUESTION:

De los agravios del recurso de apelación.

13) Como cuestión preliminar, cabe aclarar que los agravios planteados por el presunto infractor en el recurso de apelación se encuentran íntimamente vinculados con el examen de admisibilidad formal que deberá efectuar esta Alzada, toda vez que la temporaneidad del planteo depende de la viabilidad de la nulidad de la notificación solicitada, por lo que deviene necesario analizar directamente la suerte de la pretensión del recurrente.

En efecto, la Sra. jueza de grado rechazó el planteo de nulidad de la notificación por la que se hace saber al infractor los términos contenidos en los arts. 41 y 42 de la ley nº 1217.

Para ello consideró que: a) la presentación no expresaba los motivos que sustentaban su pretensión de nulidad; b) la notificación fue practicada al domicilio constituido bajo las previsiones de la normativa vigente, y que si bien se observó un error en el primer nombre del infractor al consignar "Eduardo" en lugar de "Osvaldo", dicha circunstancia no invalidaba el acto, ya que en el texto surgía la carátula del expediente con el nombre completo del infractor; y c) la resolución dictada por la Unidad Administrativa adquirió firmeza al haber operado el plazo previsto en el art. 41 de la ley 1217.

El infractor apela dicha resolución en el entendimiento que: a) jamás fue notificado en los términos del art. 41 de la ley 1217 a fin de poder ejercer su derecho de defensa, oponiendo excepciones y ofreciendo prueba; b) el error en el nombre del destinatario de la notificación importa su nulidad, al igual que los actos que sea consecuencia de ella; c) puso en conocimiento que tampoco fue notificado de la resolución de fecha 22 de febrero de 2007 (fs. 41), ahora apelada, sino que la conoció mediante una cédula diligenciada por la Unidad Administrativa de Control de Faltas, recibida el fecha 16 de abril pasado (v. punto 2) de fs. 62), y d) finalmente, como consecuencia de la nulidad articulada, planteó la prescripción de la acción en relación al acta B5766041.

14) Cabe consignar que "[l]a notificación por cédula es un acto judicial realizado en el domicilio de las partes, de sus representantes legales o de terceros intervinientes en el juicio, practicada por un oficial público llamado notificador, mediante el cual se pone en conocimiento a cualquiera de aquéllas, una resolución judicial, que tiende a hacer vigentes los principios de defensa en juicio, de contradicción, y concreta un punto de inicio en el devenir de los plazos procesales" (Houssay, El diligenciamiento de la notificación por cédula en el procedimiento civil y comercial, LL, 155-1210).

Ahora bien, el contenido de la cédula es el conjunto de requisitos que ella debe poseer, esto es las formalidades que la ley exige y cuya inobservancia puede provocar la nulidad.

No existe un régimen de notificaciones específico para la matera de faltas, al margen del art. 32 de la ley 1217, que contempla expresamente la notificación por cédula entre otras modalidades.

Sin embargo, el art. 120 CCAyT (ordenamiento al que remite la ley nº 1217 en su art. 23, aunque para un supuesto distinto -conf. TSJ "Moares"-) contempla, entre los elementos que debe contener la cédula: "1. Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda", es decir se debe identificar al sujeto pasivo.

De lo expuesto se sigue que la notificación debe ajustarse a determinados requisitos de lugar, tiempo y forma que la ley exige, por entender que constituyen un medio adecuado para asegurar la defensa en juicio del interesado. En caso de que estos requisitos no se respeten y que tal omisión haya colocado al interesado en un estado de indefensión, la misma será nula (conf. Palacio, Derecho procesal civil, Abeledo Perrot, Bs. As., 1977, pág. 387).

15) En efecto, en el caso bajo análisis, la cédula de notificación criticada fue diligenciada a Eduardo Enrique Ruiz Díaz Oberti (v fs.35), cuando el nombre correcto del infractor es Osvaldo Enrique Ruiz Díaz Oberti.

Si bien ello se ha producido por un error material involuntario, tal como fuera reconocido por el a quo a fs. 41, cierto es que el destinatario de la cédula no se corresponde con la persona a quien se pretendía notificar, y en consecuencia dicho aviso no alcanzó su finalidad, esto es poner en conocimiento de alguien un determinado acto jurídico.

16) A los efectos de decidir la invalidez de la notificación, cabe destacar la relevancia de la cuestión, habida cuenta que el contenido irregular de la cédula privó al Sr. Ruiz Díaz Oberti de conocer el decreto de fs. 28, en el cual el a quo lo convocaba para que se presente a ejercer su defensa, oponer excepciones y ofrecer prueba, bajo apercibimiento de dar por desistido la solicitud de juzgamiento en sede judicial.

No debe pensarse que la categoría se reduce a un ritualismo formal, puesto que la adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del proceso tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes para la correcta solución del litigio (CSJN, 30/04/96,LL, 1996-D-803) Es precisamente el defecto en la notificación, según el recurrente, el que condujo a la resolución que tiene por desistida la solicitud de juzgamiento y por firme a la sanción impuesta en sede administrativa, a raíz de lo dispuesto en los arts. 41 y 42 de al ley nº 1217.

17) Nótese que el art. 132 CCAyT expresamente prevé la nulidad de la notificación que "...se hiciere en contravención a lo dispuesto en los arts anteriores, siempre que la irregularidad sea grave e impida al interesado cumplir oportunamente con los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica".

Compartimos la doctrina que entiende que cualquiera que sea el defecto de una notificación, resulta claro que, si ésta logró su fin -esto es, dar a conocer al destinatario aquello que se ha dispuesto , importa poco cómo lo alcanzó (Expte. nº 4368/05 "Cano, Osvaldo Rodolfo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Cano, Osvaldo Rodolfo c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos'", rta. 21-06-06, voto del Julio Maier).

Pero en el caso sub judice la notificación no logró la finalidad perseguida, la parte no tomó conocimiento de la resolución previo al vencimiento del término previsto legalmente sino con posterioridad, y en tiempo inhábil para cumplir su cometido.

La finalidad de la notificación es que la parte interesada conozca su contenido en el término útil para ejercer su derecho, caso contrario, y tal como acaeció en el presente caso, el a quo interpreta que el derecho decae al considerarse extemporáneo todo planteo.

No nos encontramos en condiciones de afirmar que, pese al error en el nombre, el infractor conoció la resolución en término pues la cédula no fue entregada a persona alguna, siquiera al encargado del edificio, sino que, según surge del acta labrada por el oficial notificado al dorso de la cédula, solamente fue fijada en el domicilio (v. fs.35vta.), desconociendo si ello sucedió en la puerta de acceso al edificio o de la unidad funcional.

18) En virtud de lo establecido en el art.13 inc.3º de la CABA que establece que "Son nulos los actos que vulneren garantías procesales...", el error en la identidad del notificado equivale a la inexistencia de la comunicación, y en consecuencia corresponde declarar la nulidad de la notificación por cédula obrante a fs.35 y vta..

Asimismo, cabe advertir que al igual que en el supuesto desarrollado precedentemente, el a quo al notificar por cédula la resolución denegatoria de la nulidad, y que fuera posteriormente objeto de recurso de apelación consignó "Eduardo" en lugar de "Osvaldo" (v fs.46 y vta.), motivo por el cual deviene tam- bién nula por los fundamentos esgrimidos ut supra a los que nos remitimos.

Para defenderse, es imprescindible conocer aquello de lo que uno se debe defender. De ahí que cuando, como en el caso, la ley pone un plazo de caducidad al derecho a impugnar un acto emanado de la administración, el cómputo de ese plazo ha de iniciarse, como principio, con el efectivo conocimiento de la existencia del referido acto (conf. TSJ "Cano" ya citado, del voto del Lozano).

Como consecuencia de ello, cabe consignar que tanto la nulidad (v. fs.39) como el presente recurso de apelación (v fs.62/5vta.) fueron planteados tempestivamente pues se interpusieron dentro de los cinco días subsiguientes al conocimiento del acto, circunstancia que se logró -no a través de las cédulas judiciales viciadas- sino mediante distintas cédulas de notificación diligenciadas por la Unidad Administrativa de Control de Faltas (v. fs.38 y vta. y 57/8).

En atención a que el efecto principal de la invalidez del acto procesal es retrotraer el juicio al momento inmediatamente anterior a la notificación nulificada, deberán caer todos los actos posteriores dependientes, y en consecuencia corresponde se reitere la citación prevista en el art. 41 de la ley nº 1217, de conformidad con las formalidades procesales correspondientes.

19) Sin perjuicio de todo lo expuesto, no es posible soslayar el vicio procesal en que se ha incurrido al dictar la resolución que dispone la devolución de los actuados a la Unidad Administrativa de Control de Faltas nº 40 (v fs.36).

Ello así pues, en primer lugar, el a quo omitió ordenar la notificación de la resolución que tiene por desistida la solicitud de juzgamiento oportunamente efectuada en sede administrativa (v. fs.36) tal como expresamente lo prevé el art. 42 de la ley 1217, defecto que frustra el derecho de defensa en juicio, el debido proceso y especialmente la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de recurrir una sentencia adversa ante un tribunal superior (conf. art. 13 inc. 3 CCBA).

Como ya apuntáramos en los considerandos precedentes, la resolución que tiene por desistida la solicitud de juzgamiento y por firme la sanción impuesta es susceptible de producir un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, y como lleva aparejada la pérdida definitiva del derecho a pregonar la revisión judicial del acto administrativo, es la propia ley la que exige su comunicación a la parte interesada (conf. art. 42 ley nº 1217).

Las notificaciones como actos procesales de transmisión, atañen al derecho de defensa, contemplado en el art. 18 de la Constitución Nacional, pues constituyen una exigencia del contradictorio, sin las cuales se afectarían el debido proceso y la igualdad de partes, entre otras garantías (conf. Maurino, ob cit., pág.1/2).

Vale recordar que "El proceso debe ser un marco de garantías absolutas para el debate y la defensa de los derechos de las personas involucradas, cualquiera sea su naturaleza. El principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio -debido proceso legal- rige y debe tener aplicación en toda clase de procesos, incluso ante la administración pública". (Del voto de la Conde, TSJBA, Causa 869/01, "Pérez, Víctor Gustavo y otro c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo (y su acumulado expte nº 870/01).

Además, dada la particular significación que reviste la notificación analizada, cabe inferir la existencia de perjuicio por el sólo incumplimiento de los recaudos legales, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional comprometida, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído, y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (CS-, Fallos: 283:88;; 320: 2441 y 323: 2653 entre otros).

20) Por otra parte, a los efectos de dar por desistido el derecho al juzgamiento judicial, el a quo computó los diez días previstos en el art. 41 de la ley nº 1217 de manera corrida, sin respetar lo establecido en el art. 30 de la citada ley, que previene que en cuando los términos están referidos en días se entienden por días hábiles, y si se trata de horas, son corridos.

Por lo expuesto, la resolución de fs.36 resulta nula no sólo por ser una consecuencia necesaria de la primera declaración de invalidez, sino por los defectos procesales señalados, que la vician de nulidad.

21) En tales términos y de conformidad con lo dispuesto por el art. 139 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación supletoria, corresponde hacer lugar a la apelación y decidir la nulidad de la notificación efectuada mediante cédula que obra a fs. 35 y vta., y todos los actos procesales posteriores dependientes de ella. Será en la instancia de grado donde el infractor deberá plantear las excepciones y defensas que considere correspondan.

Por todo lo expuesto, en mérito del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

I) HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por el Sr. Ruiz Díaz Oberti a fs.6/8vta. del presente.

II) DECLARAR LA NULIDAD de la notificación por cédula obrante a fs. 35 y vta. y todos los actos procesales posteriores dependientes de ella, debiendo continuar las actuaciones conforme lo normado en el art. 41 y cctes. de la ley 1217 (arts.57 y 58 de la ley nº 1217 y art. 132 CCAyT).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al Juzgado de origen.

Ante mí:

La Silvina manes no firma por hallarse en uso de licencia. Conste.

En de julio de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

En de julio de 2007 notifiqué a la Secretraría General de la Cámara la remisión de las presentes actuaciones al juzgado de origen. Conste.

Ende julio del corriente se libró cédula. Conste.

Ende julio de 2007 se remitieron las presentes al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas Nº 28. Conste.