marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, prescripción quinquenal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ AGRANO, JORGE C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, toda vez que la postulación de la recurrente deviene sin el sustento constitucional suficiente para lograr conmover los fundamentos del Sentenciante en oportunidad de hacer lugar parcialmente a la demanda de apremio. Ello así, en virtud de que los vicios de arbitrariedad que la impugnante achaca al pronunciamiento impugnado se basan fundamentalmente en su particular apreciación de las constancias de la causa y no logran desmerecer con sólidos argumentos la decisión a que arribara el A quo. En efecto, al tratar la excepción de inhabilidad de título -fundada en las deficiencias en la confección del título de deuda- concluyó que la boleta con que se iniciaba la demanda cumplía con los requisitos fijados por la ley fiscal y que no aparecen alterados por las prescripciones de la ley 5066, a saber: quién es el deudor y quién el acreedor, qué es lo que se debe, exigibilidad de la deuda, carácter ejecutivo acordado por la ley o convención de los interesados y causa lícita. Asimismo, no se configura la aludida autocontradicción en relación a la postura de que el plazo de prescripción aplicable era de cinco años pero sin rechazar la demanda, por cuanto el Juez entendió que la deuda comprende períodos totalmente prescriptos, y la recurrente sólo realiza afirmaciones genéricas respecto de que todos los períodos reclamados estarían prescriptos mas sin expresar otras especificaciones o detallar por qué considera que operó la prescripción.
Hábeas corpus, sentencia, defensa en juicio, libertad corporal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Pucheta, José Angel y otros s/ ASOC.  ILICITA CALIFICADA - TENENCIA DE ARMAS MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

Es admisible la utilización del hábeas corpus para impugnar sentencias judiciales cuando estuviesen involucradas cuestiones directamente relacionadas con la defensa en juicio y no existiese la posibilidad de recurrir a otros medios legales destinados a reparar los actos lesivos a la libertad.
Encubrimiento, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: BENITEZ, JOSE LUIS Y OTROS s/ TENENCIA   DE  ARMA  DE  GUERRA  -  ENCUBRIMIENTO  -  CONCURSO  IDEAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-05-21

El encubrimiento por receptación de un arma calificada como de guerra, es una hipótesis jurídica regulada por el art. 54 del C.P.;

se trata de un delito (el encubrimiento) que en el momento de consumarse, consuma otro (tenencia de arma de guerra). El art. 277, inc. 3ro., C.P. castiga a título de encubrimiento el hecho de recibir cosas... El art. 189 bis, párrafo tercero, reprime la simple tenencia de armas de guerra. Esto es demostrativo que en el encubrimiento, el sujeto no es un tenedor hasta el momento en que ha ocurrido la tradición de la cosa (C.C., art. 2460). En el restante, lo contrario, vale decir, que el tenedor del arma deja de ser tal cuando por entrega, se ha desprendido de esa tenencia. En otros términos, un sujeto recibe lo que antes no tenía, y el otro entrega lo que antes tenía; uno tiene y el otro deja de tener. Pero resulta que como la tenencia del arma es en sí misma delictiva y el encubrimiento por receptación tiene igual carácter, necesariamente, inexorablemente, en el preciso momento en que se comienza a tener por encubrimiento, necesariamente se comienza inseparablemente a tener un objeto prohibido; se ha cometido, pues, dos delitos fundidos por la fusión de la tenencia. Esa fusión, entonces, es la que no permite la separabilidad y por consiguiente, al ser inseparables los dos delitos concurren idealmente (C.P., art. 54).

(Voto de la Mayoría, Dres. Laye Anaya y Parodi).-
Procedimiento administrativo, recursos, sanciones disciplinarias, facultades de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Filo, José Angel c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

La interposición de recursos administrativos contra una sanción correctiva aplicada por reiteradas inasistencias no impide la imposición de las restantes que se generen por nuevas inasistencias, si la disposición estatutaria pertinente -frente a la deducción del recurso- suspende el cumplimiento en la práctica de la sanción impuesta mas no su validez para considerar al acto antecedente legítimo de la próxima sanción. Otra interpretación conduciría al absurdo de que el agente podría continuar inasistiendo impunemente hasta tanto se resolvieran los recursos interpuestos contra la sanción correctiva menor y si la resolución y su notificación se operasen con posterioridad a los seis días continuos -previstos para la cesantía-, merecer directamente cesantía sin la graduación progresiva que lo beneficia y tiende a su enmienda para evitar y prevenir el cese.
Beneficios previsionales, actualización monetaria, otorgamiento del beneficio, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CANTERO, Juana c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria Comercio y Actividades Civiles s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

Resulta improcedente el pedido de actualización monetaria prevista en la ley 21864 cuando no transcurre tiempo alguno entre el otorgamiento del beneficio jubilatorio y la percepción del mismo, máxime considerando lo dispuesto por el art. 44º de la ley 18037.
Leyes, razonabilidad, constitucionalidad, Derecho laboral, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

La ley 13441 es razonable porque persigue una finalidad constitucionalmente válida -desde que la Ley Fundamental no sólo permite sino que obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas y políticas tendientes a proteger la seguridad, la salud y la moralidad de la población- y para ello utiliza medios adecuados y proporcionados, toda vez que la prohibición de apertura los días domingos y feriados resulta conducente para lograr la modificación de los hábitos de consumo y facilitar el encuentro familiar y para proteger a las pequeñas y medianas empresas y, a su vez, no constituye una restricción excesiva para las libertades económicas de las empresas alcanzadas por la prohibición (los supermercados, autoservicios, hipermercados o megamercados cuyos locales superen cierta superficie mínima). (De la disidencia del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Apología del delito, lugar del hecho, lugar público
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Videla, Jorge R. s/ Apología del delito
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-16

No quedó configurado el delito reprimido por el art. 213 del C.P.

por faltar un elemento del tipo objetivo del delito, cual es, el carácter de público del ámbito en donde se han vertido los términos denunciados, pues quedó probado que se trataba de una cena particular con expresa prohibición de entrada al público.
Sentencia condenatoria, tenencia de estupefacientes, condena condicional, multa, costas
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Marcos Rubén y otros  c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-08-13

Corresponde condenar a FERNANDO DARIO BENITEZ a la pena de la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional, multa y costas proporcionales, debiendo fijar domicilio y abstenerse de abusar de estupefacientes por el plazo de dos (2) años bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena, por considerarlo autor del delito de tenencia simple de estupefacientes previsto en el art. 14 primer párr. de la Ley 23.737, arts. 5, 26, 27 bis. y 45 del CP y arts. 530 y 531 del CPPN. Se encuentra sobradamente acreditada la tenencia del estupefaciente en su domicilio.
Frutos, mejoras, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ PERALTA RAMOS, MARIA GERTRUDIS CARBONI DE s/ COBRO DEL VALOR DE MEJORAS UTILES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

Si los reivindicantes fueron beneficiarios de las mejoras y utilizaron en su provecho la infraestructura turística preexistente a su toma de posesión, de la que obtuvieron un rendimiento económico, que no han podido demostrar extrajeran antes de tierras yermas para uso agropecuario, es contrario a la equidad reconocer el reintegro total de los frutos, que es prudente reducir en un 30%, que debe adicionarse al porcentaje estimado de gastos. Este criterio deberá tenerse presente también cuando se determinen los frutos no percibidos por la Provincia reivindicada, en la etapa procesal oportuna.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: Franchi, Juan C. c/ Ferrer, Hector R. y otro s/ Daños y perjuicios. Cuestión a resolver: ¿Corresponde establecer un   monto indemnizatorio mínimo e igualitario por privación de vida   humana con prescindencia de todo otro perjuicio cierto?   Protocolizado Sala II, Folio 176 (Tribunal pleno) (Expte. Nro. 8-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-12

Sin perjuicio de que desde el punto de vista ético- jurídico la vida humana representa el mayor bien para su titular, ella no tiene "per se" un valor económico. Lo que se indemniza no es la vida perdida, sino las consecuencias patrimoniales o efectivas que el deceso ha ocasionado en terceros. En el caso de pérdida de la vida humana el daño económico indemnizable corresponderá a la cuantificación de las consecuencias que la muerte ha ocasionado sobre el patrimonio de quien reclama indemnización por tal causa. (Del Voto del Dr.

Casiello).
Caducidad de instancia, inactividad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: JULIO C. SUSPERREGUY S.A. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-29

La solicitud de caducidad de instancia no puede tener favorable acogida cuando la cuestión encuadra en lo dispuesto por el art. 313, inc. 3), del C.P.C.C., que prescribe que no se producirá la caducidad "cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que éste Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero".
Recurso de reposición (procesal), Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: R., E. D. c/ B., M. R. s/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA MAGISTRADOS JUDICIALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-08-04

Cabe rechazar la revocatoria interpuesta, debiendo tener presente que el objeto de este proceso refiere a la responsabilidad civil de un juez por presuntos daños causados en el ejercicio de su función, habiendo intentado el actor desde el mismo escrito de demanda incoar pretensiones ajenas a este juicio, lo que excediendo el marco de conocimiento que a esta Corte le atribuye la Constitución en su artículo 93, inciso 7, supone una dilación indebida del proceso que no coadyuva en nada a la propia celeridad que el recurrente viene reclamando en sus distintas presentaciones. (Del voto de los Dres. Falistocco y Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución Nacional, artículo 93, inciso 7; Código Procesal Civil y Comercial, artículo 130, inciso 3.
Intereses, tasas de interés, tasa pasiva
Materia: CIVIL
Carátula: Caamaño Iglesias Paíz, Federico Juan c/ Dourado, Miguel A. s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-20

Frente a la previsión de la ley 23.928, los intereses del capital de condena atento a que no habrá indexación a contar del 1 de abril de 1991, serán desde esta data y hasta el momento del efectivo pago los que en promedio mensual aplique como tasa el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento en general.
Beneficios previsionales, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mitivie, Carlos Miguel c/ Estado  Argentino  (Mx de Defensa) Instituto de Ayuda Financiera para para pagos de Retiros y Pensiones Militares s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-23

Para que se afecten derechos adquiridos en materia previsional, es menester, o que se deniegue al afiliado la aplicación de una ley vigente al momento del cese que le concediera el derecho que pretende o bien que se le arrebate un beneficio legitimamente acordado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PIRA, SEBASTIAN RODRIGO c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

La impugnación no ha de prosperar, desde que no se advierte que el tratamiento dado en el fallo atacado a la solicitud de declarar inconstitucional la ley 25990 merezca ser tachado por violar el derecho a la jurisdicción, en tanto constituye un principio democrático esencial que las leyes dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos por la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y su posible nulificación obliga a ejercer la atribución de revisión constitucional -que invoca la compareciente- con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma inferior con la cláusula constitucional es manifiesta, clara e indudable (De los fundamentos de los Dres. Spuler y Netri) - CITAS: CSJN: Fallos:300:241; 314:424; 319:178. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 25990.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ibañez, Aurora Clotilde c/ Sopoval, Alejandro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-06

La accionante al no acompañar el testimonio del testamento, que sostiene fue otorgado a su favor, ni el de la escritura pública justificante de la titularidad dominial en cabeza del causante, no ha demostrado la calidad invocada, de la que derivaría su legitimación activa para accionar por desalojo -art. 676 del C.

Procesal-.-
Marcas, marcas gráficas, jurisprudencia aplicable
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MARS   INCORPORATED c/ ARCOR  S.A.I.C. s/ CESE  DE OPOSICIONAL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

La jurisprudencia de este fuero en los últimos años no ha puesto el acento en la literalidad de la exigencia legal sino en la aptitud distintiva del signo (esta Cámara, Sala 2, causa 11.772/94 del 4.7.96, voto del Dr. Eduardo Vocos Conesa; Sala 3, causa n° 7490/98 del 17.3.2005, voto de la Dra. Graciela Medina; Sala 3, causas n° 4565/02 del 4.6.2003, considerando III). Se ha dicho que esta cualidad distintiva depende, en gran medida, de que los colores que forman la combinación puedan ser percibidos en una disposición predeterminada y persistente -y en este sentido debería interpretarse la exigencia de que sean aplicados en un "lugar determinado"- de modo que la combinación precisa quede grabada en la memoria del consumidor, lo cual le permitirá "repetir con certeza la experiencia de compra" (doctrina que surge del fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Asunto C-49/02 del 24.6.2004, "Heidelberger Bauchemie", considerando 35, sobre la base de interpretar los artículos 2 y 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, del 21.12.98).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria, ejecución de sentencia, juicio sumario
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: HIDALGO NACARATO DE BARTOLOMEO Nancy c/ Aurelio García GOMEZ s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A074 - 225)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-11-15

Es aplicable la base regulatoria propia de los procesos no compulsorios a la ejecución de sentencia en el juicio sumario.

Ello así ya que este último no es compulsorio, aunque el procedimiento posterior a su sentencia sea de esa naturaleza, ya que no debe hacer perder de vista que lo que se está ejecutando es la sentencia recaída en el juicio sumario.-
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, distinta vecindad
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Trabajadores del Estado c/ Estado de la Provincia de Entre Ríos. s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

La distinta vecindad de las partes es esencial cuando se trata de una causa civil.
Representación procesal, gestor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B.R.E. c/ C. DE B.L. s/ DIVORCIO VINCULAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-07

Todos los actos procesales realizados por un letrado en nombre de la parte que representa, se consideran ejecutados personalmente por el mandante (art. 50 Cód. Proc.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual del Estado, faltas del servicio, fuerzas de seguridad, policía, indemnización, daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: PROCESAL
Carátula: C., N. G. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ SUMARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-16

Resulta oportuno recordar un antiguo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Compañía de Gas de Rosario c. Pcia. de Sta. Fe", donde la citada empresa demandó a la provincia por los daños sufridos por la destrucción de faroles y otros elementos de alumbrado por parte de obreros amotinados en ocasión de una huelga general.

En su fallo la Corte, considera en cuanto a determinar si la responsabilidad podría derivarse de la falta de elementos policiales en la proporción requerida para cumplir los deberes constitucionales y legales de garantir la propiedad de la actora, que la provincia de Santa Fe no ha omitido en la medida de sus recursos y circunstancias los servicios de seguridad y garantía de la empresa actora, afectada por un hecho que según lo reconoce el propio demandante, asumió los caracteres de una huelga general.

Que la huelga de referencia, dados los caracteres y proporciones que el mismo actor le atribuye, es el caso fortuito sobre el que legislan los arts. 513 y 514 del Cód. Civil, esto es, el acontecimiento imprevisto y que, aún previsto no ha podido evitarse, pues de las constancias de autos resulta evidente que la provincia de Santa Fe ha hecho todo cuanto era compatible con las circunstancias anormales creadas por esa huelga para evitar excesos como los que fundan esta demanda.

Se puede destacar de este fallo, que la Corte considera que la prestación del servicio de seguridad policial se había realizado con razonabilidad de acuerdo con las circunstancias a las que cabría calificar como caso fortuito; y los autores mencionados, también señalan como causal de exclusión de la responsabilidad del Estado a la fuerza mayor.

De ello se desprende contrariamente a lo sostenido por el recurrente en el sentido que en el Estado no cabe admitir la imprevisión en el ejercicio del deber de protección; que tal como lo hiciera la sentencia sub - examine, primero se debe realizar un análisis de las circunstancias de forma, tiempo, lugar y generalidad de los hechos anormales acaecidos, para luego determinar si los mismos reunían o no las características de fuerza mayor.
Inconstitucionalidad, falta de citación, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: ORELLANO, Cristina E. c/ Araya, José Rosario y Otros s/ Desalojo - Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-31

No es viable el planteo de las recurrentes por el que tildan de inconstitucional al art. 301 del C.P.C. por el hecho de que no contemple el aviso citatorio como requisito para practicar la notificación de la demanda.

La garantía de defensa en juicio se vincula con el principio de contradicción, cuya vigencia requiere, que las leyes procesales acuerden a las partes una suficiente y razonable oportunidad de ser oídas, por lo cual aquel principio no resulta vulnerado cuando las interesadas no hicieron valer los medios de defensa, las pruebas o los recursos que pudieron utilizar en la respectiva oportunidad procesal, cuando las diligencias notificatorias que se les cursaron son respetuosas de las exigencias contenidas en el C.P.C. vigente.

La garantía de la defensa en juicio no impide la reglamentación de los derechos de las partes en beneficio de la correcta sustanciación de las causas, no comporta lesión a dicha garantía lo preceptuado por el art. 301 del C.P.C., por tratarse de una disposición razonable y sustentable, dado que ella no se muestra arbitraria, ni constituye en sí misma una rémora para el despliegue del debido proceso.
Honorarios del abogado, cajas profesionales
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA FRESNO, TEODORO s/ SUCESION  S/INCIDENTE  EJECUCION  DE  HONORARIOS  POR PANDOLFI, OSCAR  RAUL Y MENESES, JULIO RICARDO S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-10

La intervención de la Caja Forense como parte necesaria en los pleitos, tiende no sólo a permitir que ésta verifique la correcta regulación, sino además que lo que al Organismo corresponda sea depositado con respeto absoluto de sus derechos.