marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Defensa en juicio, nulidad procesal, facultades del fiscal, delegación de la investigación, declaración indagatoria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FRIGORIFICO Y MATADERO CHIVILCOY S.A. s/ Régimen Penal  Tributario, incidente de nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-29

1 - Corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la nulidad de todo lo actuado a partir de la declaración indagatoria del imputado, pues la ley procesal establece que sólo serán nulos los actos procesales en los que no se hubieran observado disposiciones expresamente prescriptas bajo esa sanción (art. 166 del CPP) y el art. 196 del mismo código autoriza al Juez de instrucción a delegar la dirección de la investigación en el agente fiscal, y de lo actuado por la Fiscal no se desprende, además, que en la causa se hayan practicado actos que deban ser realizados exclusivamente por el Juez (Cf. art. 213 del citado código).- 2 - En cuanto a los hechos por los cuales se amplió la instrucción, no surgiendo que se hubiera convocado al imputado a prestar declaración indagatoria, no se evidencia que se hubiera violado su derecho de defensa en juicio.
Accidente de tránsito, falta de transferencia del automotor, responsabilidad del titular del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, CEFERINO c/ GENOUD, ERNESTO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-29

Considerando que la cédula de identificación del automotor se expide en favor del propietario conforme los datos contenidos en el título del automotor (DL 6582/58: 21) el titular de la misma al tiempo del accidente, si no ha probado que en ese momento o dentro del plazo previsto por la Ley 22977: 5, hubiese variado la situación registral, o efectuado la denuncia o comunicación de venta ante el Registro (Ley 22977: 27), resulta civilmente responsable por los daños y perjuicios producidos con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa en virtud de lo dispuesto en la primera parte de dicha norma legal.
Estado, régimen de consolidación de deudas, honorarios, ley de emergencia, carácter accesorio, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodríguez Peña, María de Las Mercedes c/ Dirección Nacional de Recaudación Previsional s/ Recurso de inconstitucionalidad -Apremio por honorarios profesionales  (Expte.: C.S.J. Nro. 110 Año 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-04

Una decisión que desconozca la relación existente entre deuda o condena principal y una deuda o condena accesoria traería aparejadas situaciones de írrita desigualdad vedadas por nuestra Constitución Nacional (artículo 16). En efecto, de seguirse una interpretación que desconociese la accesoriedad referida en los procesos en que no media una obligación principal consolidable, o en aquéllos en que dicha obligación ha sido saldada, el particular se vería obligado a afrontar el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes -ya sean éstos abogados o peritos- en moneda circulante, mientras que el Estado Nacional, colocado en una situación de privilegio inadmisible, podrá saldar cualquier pretensión de regreso con bonos a dieciséis años de plazo. El particular no tendrá otra vía o remedio que afrontar el pago para detener la ejecución, pues no contará con los bonos correspondientes para liberarse de los accesorios de un proceso en la medida en que a él no se le pagó en dicha forma.
Ejecución fiscal, sentencia, excepciones procesales, recursos, rechazo del reclamo
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en GCBA c/ TOMEO COUDURES, DE LA MARIA PRIMAVERA s/ EJECUCIÓN FISCAL - INGRESOS BRUTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-15

Corresponde admitir la queja y el recurso de inconstitucionalidad. El pronunciamiento de la Cámara en último término cuestionado, que rechazó la ejecución fiscal, resulta equiparable a una sentencia definitiva por cuanto la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos, no podría ser jurídicamente replanteada en un proceso posterior pues operaría la prescripción de los períodos reclamados. (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Franchella, Edith Graciela c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 134-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-04-26

El artículo 10 de la ley 4106 establece como requisito para admitir el recurso, que la resolución administrativa sea definitiva y cause estado (inciso a), es decir, que decida sobre el fondo del asunto y sea dictada por la más alta autoridad competente una vez agotados todos los medios de impugnación establecidos por las normas que rigen el procedimiento administrativo. Es decir, el trámite cumplido en sede administrativa debe ajustarse necesariamente a lo dispuesto por el artículo 72 inciso 18) de la Constitución Provincial que, al margen de su jerarquía, es posterior al citado texto legal. Su cumplimiento es ineludible y obliga al rechazo del recurso interpuesto de no haberse agotado la vía administrativa en la forma prescripta.
Condominio, indivisión hereditaria, mejoras, reembolso de gastos, canon locativo
Materia: CIVIL
Carátula: AOLITA, José Oscar c/ AOLITA, Osvaldo Roque s/ FIJACION DE VALOR Y COBRO DE VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-15

Si bien el coheredero que ha realizado mejoras sobre un bien hereditario que ocupa, tendrá un crédito por los gastos realizados, a los fines de la fijación del canon locativo no corresponde descontar la construcción efectuada por su parte, tomando como base la superficie que ocupa la vivienda.
Sociedades comerciales, facultades de la administración, representación legal, principio de eficacia, principio de apariencia, improcedencia del recurso
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Sojo, Isabel Mercedes c/ Benedit Bursatil SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Es inaplicable la doctrina de la apariencia en aquellos casos en que el acreedor contó o pudo contar con suficientes elementos de juicio para corroborar la representación invocada o descartarla. Es que la aplicación extensiva de la teoría en estudio, en esos casos, llevaría a situaciones no sólo inequitativas sino atentatorias con principios jurídicos esenciales (CNCom, Sala A, in re "Zeneca SA c/ Agroimpulso SA y otro", del 31/05/00, LL 2000-E, 114, cita online AR/JUR/4523/2000). Obviamente ello tampoco autoriza a evaluar la pertinencia de esta teoría con una rigidez extrema pues, de este modo, la misma podría tornarse inaplicable.
Poder Judicial, cuestión no justiciable, recurso de reconsideración
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Huergo Lynch, Pedro Ernesto s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1988-07-28

Las resoluciones de los Tribunales nacionales o provinciales respecto de sus agentes, no constituyen materia justiciable. Ello importa que no pueden ser revisadas las decisiones adoptadas por el máximo Tribunal, no sólo por ningún Tribunal de inferior jerarquía, sino que contra las mismas sólo cabe el recurso de reconsideración previsto por el Reglamento para el Poder Judicial (art. 334 in fine).

Es decir que la vía administrativa no es apta, pues no ha sido legislada por la ley N° 52, para la revisión o anulación de decisiones administrativas o de Superintendencia.
Honorarios del abogado, monto del juicio, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: S., V.U. y Otros c/ Servicoop s/ Conciliaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-10

El letrado que actúa en un juicio, desde el momento de su intervención, adquiere el derecho para que se le determinen sus honorarios en base al monto impetrado en la demanda o, en su caso, el que resulte de la sentencia, pero si las partes, fijan convencionalmente su valor, tal transacción no le es oponible a los profesionales actuantes que no intervinieron en el acuerdo.
Concurso preventivo, martillero, libros de comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: PAGANO,  HORACIO  HUGO  "PAGANO  COMISIONISTA Y AGENTE INMOBILIARIOS" s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-03

La L.C. 11 inc.6 exige de quién peticione la formación de su concurso preventivo, un detalle de los libros de comercio que utilice, y que ponga estos a disposición del juzgado.

Si quien se dijo martillero matriculado reconoció no llevar libro alguno, incumple el recaudo formal apuntado y hace aplicable la L.C :13, segundo párrafo.

Específicamente, la ley 20.266:17 exige que el martillero lleve determinados libros, requisito que no es variado por cúmulo de operaciones que realice, que éstas sean escasas, no lo libera de llevar registración adecuada.
Pena, libertad asistida, condena condicional, cómputo de la pena, cumplimiento parcial de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ocampo, Pablo Daniel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-27

El artículo 16 del C.P., en cuanto establece que 'Transcurrido el término de la condena (...) sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida...' da cuenta que al concederse la libertad condicional la pena no se encuentra fenecida, como tampoco se encuentra mientras no hubiere transcurrido el tiempo total por el que fue impuesta. Y también la ley 24.660 menciona al período de libertad condicional como comprendido dentro de las etapas de progresividad del tratamiento penitenciario (artículo 12), lo cual ratifica y resulta también claramente demostrativo de que el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena no puede ser considerado como el 'agotamiento de la pena' al que alude el artículo 54 de dicho cuerpo normativo...". (Voto del Dr. Tragant, adhiere Dr. Riggi, Dra. Ledesma en disidencia).
Beneficios previsionales, suspensión del beneficio, derechos y garantías constitucionales, derecho de propiedad, defensa en juicio, carácter alimentario, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: TUBIO OTERO, JOSE MARIA c/ A.N.Se.S. s/ PRESTACIONES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-27

La denuncia del titular de haber sufrido la retención total de sus haberes de pago previsionales podría afectar distintas garantías de rango constitucional emanadas de los arts. 14 bis (régimen de tutela de la Seguridad Social), 17 (derecho de propiedad) y 18 (defensa en juicio) de la Constitución Nacional, lo que torna manifiestamente ritualista la decisión del juzgador que resolvió el rechazo "in límine" de la acción de amparo, preocupándose por verificar el cumplimiento de recaudos procesales y olvidando que, ante la privación total de un crédito alimentario, el amparo aparece como la vía más eficaz al alcance del afectado para lograr la tutela de sus derechos, presuntamente violados por un acto administrativo, aplicando "manu militari" en contra de sus intereses.
Actos y diligencias procesales, notificación, domicilio, nulidad del acto jurídico
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PERNICHE SERGIO c/ GONZALEZ MARIA Y OT. s/ Sumario (LIBRO: A070 - 318)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-07-31

Es nula la notificación de la demanda a un domicilio distinto al real del demandado, si éste al oponer incidente de nulidad justificó su interés jurídico mencionado concretamente las defensas a oponer en su contestación, no siendo necesario que conteste en subsidio.
Procedencia del recurso, conflicto de intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El conflicto planteado entre dos intereses fundamentales de la sociedad, como lo son una rápida y eficiente ejecución de la ley, y el de prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por métodos inconstitucionales de aplicación de la ley, debe ser resuelto en favor de este criterio. (Citas: CSJN, Fallos 303:1938; CSJSta.Fe, "Mónaco" AyS T 145 p 1 -voto del Dr. Ulla, cons. 4-). (Del Voto del Dr. Vigo)
Municipalidad, leyes, voluntad del legislador, sanciones administrativas, horas extra, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Occhi, José Julio. c/ Municipalidad de Rosario. s/ Recurso de Amparo - Saparata (Expte. Nro. 35-01, Resol. Nro. 248, Tomo  57, Folio 59)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-11-12

Una interpretación teleológica del art. 61 de la ley 9286 está indicando que el "ley motiv" de la autorización radica en velar porque el servicio que presta el agente municipal no se vea afectado. En el caso de autos está admitido que el actor prestó servicios en horas extraordinarias, que éstas son compensables por francos y que la modalidad utilizada por el mismo para gozarlos venía siendo largamente admitida y consentida por la accionada, a la vez que no se ha acreditado ni siquiera aducido que el servicio de hubiera visto resentido, por lo que se imponía de parte del ente municipal -como empleador obrante de buena fe- un previo llamado de atención al actor especificándole que debía requerir autorización de determinado superior bajo apercibimiento de ser sancionado y, recién en caso de reincidir, aplicarle una sanción disciplinaria proporcional a su falta, pero nunca descontarle los francos compensatorios que, en definitiva, le fueron liquidados por la misma demandada, quien no pudo ignorar el sistema utilizado por el actor durante tanto tiempo no sólo por el trámite llevado a cabo a tal fin sino porque su superior jerárquico debió notar su ausencia los días que gozaba de francos compensatorios y, si no había autorizado estos últimos, evidentemente era porque aceptaba la modalidad empleada Disponer el descuento de haberes -todos en un mismo mes cuando los francos fueron observados en el transcurso de nueve meses- después de haber sido gozados tales descansos, con derecho a ello por responder a horas trabajadas en exceso, sin que se hayan producido perjuicios en la prestación del servicio ni de carácter económico pues responden a horas efectivamente laboradas, podría eventualmente dar lugar a una sanción de otra índole -discutible por tratarse de un modus operandi consentido- pero no hay motivo para exigir su restitución por un acto de autoridad ejercido abusivamente sobre los haberes de diciembre del año 2000, especialmente porque el actor no percibió en dinero más de lo que en definitiva le correspondía.
Concursos, tasa de justicia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Guzzo & Cía.S.A. s/ Concurso Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-18

Corresponde supeditar la efectivización del desistimiento del concurso preventivo, en lo que hace al levantamiento de las medidas cautelares dispuestas, al previo pago de la tasa de justicia y contribución correspondiente. Al respecto el art. 252 bis del Código Fiscal (texto Ley 10731) es estricto en cuanto a la no efectivización de desistimientos como el mencionado si el respectivo proceso no cuenta con previo informe actuarial respecto del cumplimiento con el art.252, y el previo pago de la tasa de justicia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derechos y garantías constitucionales, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sueldo de Posleman, Mónica R. y otra. s/ Acción  de  Amparo  -  Medida  de  no  innovar - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-22

Cuando a raíz de la renuncia, jubilación o muerte de un magistrado, otro nuevo asume la función que a él correspondía y continúa conociendo en la causa iniciada con anterioridad, no hay sustracción al juez natural. Lo inadmisible, lo que la Constitución repudia es el intento de privar a un juez de su jurisdicción en un caso concreto determinado para conferírsela a otro juez que no la tiene, en forma tal que por esta vía indirecta se llegue a constituir una verdadera comisión especial disimulada bajo la calidad de juez permanente de que se pretende investir a un magistrado de ocasión.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, automotores, responsabilidad de la concesionaria, rechazo del reclamo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Salgado, Myriam Mabel c/ General Motors de Argentina SRL y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-16

1. Procede rechazar la demanda por daños y perjuicios y el reemplazo del rodado motivo de la litis. Ello por cuanto, en el caso, de las constancias del caso no surgen elementos que permitan tener por debidamente acreditado que el rodado en cuestión, presentaba ab initio, los desperfectos esgrimidos y, menos aún, que los mismos no hubieran sido atendidos debidamente. A más, la actora no cumplió con la carga que pesaba sobre ella, de acreditar extremos que justifiquen su reclamo.

Y dentro del período de vigencia de la garantía, no se logró probar que hubiesen existido los desperfectos inatendidos que se relatan y, tampoco que la fabricante o la concesionaria hubieran otorgado repuestos defectuosos, máxime, cuando del relato de la propia actora surge que, durante el período de la garantía, habría ingresado el vehículo en cuestión en talleres no oficiales. Es claro pues que, en la especie, no surge probado el nexo causal para responsabilizar a las demandadas, ni en la condición de fabricante, ni la de concesionaria.
Honorarios, regulación de honorarios, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: Bustos, María Del Carmen c/ Albertario, Javier Ernesto s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-17

Frente a la terminación anormal del proceso por transacción rige la norma del art. 34 LA y por lo tanto, la cuantía económica del juicio a los fines arancelarios, queda conformada por el monto de la transacción, por ser ello acorde a la pauta general de la realidad económica del pleito receptada en los arts. 3 inc. a), 31 y concs. de la ley arancelaria. Desconocer la nueva cuantía del juicio, significaría ignorar que la norma procura acercarse en la mayor medida a los valores en juego en el litigio y no crear ficciones, pues a lo largo de su texto la Ley 7046 de modo expreso ha relacionado los resultados pecuniarios de las partes con los de los letrados -arts. 31 sgtes y concs-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: LABORAL
Carátula: González, Héctor Miguel c/ Pereyra, Pedro Raúl y/o titular Licencia de Taxi nº 1178 s/ Indemnización por preaviso, despido, etc. González, Oscar A. c/ Municipalidad de Berisso s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15|1994-03-22

Es ineficaz la invocación de quebrantamiento de preceptos constitucionales, cuando no se ha demostrado previamente el de las normas legales que otorgan sustento al pronunciamiento.
Daño moral, legitimación activa, herederos forzosos
Materia: CIVIL
Carátula: LAIME, ERNESTO RAÚL c/ VARGAS, JACINTO y VARGAS, NELSON ANÍBAL. s/ ORDINARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-03-27

El hijo de la víctima se encuentra legitimado para reclamar el daño moral, toda vez que del hecho resultó la muerte de aquélla, lo que torna procedente la acción civil incoada en su carácter de heredero forzoso.
Procedencia del recurso, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: C. L., Eduardo Andrés c/  s/ rechazo de suspensión del juicio aprueba
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-20

Corresponde casar la decisión que no hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba solicitada en favor de quien se le imputa el delito previsto en el art. 128, inc. 1º), del Código Penal (según ley 26.388), pese al consentimiento brindado por la fiscal interviniente, puesto que si bien en el dictamen no se formulan observaciones relativas a la entidad del hecho prima facie reprochado, en el texto del art. 76 bis del Código Penal no se exige que esa parte se expida sobre el tópico sino sólo que preste su conformidad con la adopción del mecanismo alternativo, como titular del ejercicio de la acción penal pública (voto del juez Niño).
In dubio pro reo, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: JONHY HERNAN ANDRADE PARRA s/ POR  EL  DELITO  DE  HURTO  CON  ESCALAMIENTO    EXPTE.  N. A-761-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-13

Para evitar un desgaste jurisdiccional inútil, se soslaya el camino de la nulidad de la sentencia, abordando el de la absolución, frente a un panorama probatorio desmerecido como consecuencia de los vicios procesales que se señalaran, y que conducen ante la duda razonable que ofrece la causa a proponer la absolución del imputado por aplicación del principio receptado en el ordenamiento procesal de esta provincia en su art. 13.
Multa, sanciones administrativas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ JUNCAL AUTOMOTORES s/ EJECUCION FISCAL MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ TORNERO, HUGO MARIO s/ EJECUCION FISCAL MUNICIPALIDAD DE TERMAS DE RIO HONDO c/ TORNERO, HUGO MARIO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-04-25|2001-04-25

La multa es un tipo de sanción administrativa. Se la define como un evento dañoso (menoscabo), impuesto por un órgano estatal, actuando en función administrativa, como consecuencia de la violación de un deber impuesto por una norma.
Acción de amparo, inadmisibilidad del recurso, maltrato laboral, hostigamiento o maltrato, inadmisibilidad formal, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: G., M. C.  c/ Estado Nacional SENASA y otro  s/ amparo Ley 16986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

Resulta inadmisible la acción de amparo deducida por una empleada contra el Estado Nacional y un jefe de oficina, -en dependencias del Senasa-, que alega haber sido víctima de hostigamiento, maltrato y acoso psicológico, pues conforme los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 43 de la Carta Magna, se requiere para su admisibilidad formal el cumplimiento de todos los requisitos allí previstos, los que no admiten necesidad de investigación, debiendo asimismo resaltarse que dicha acción no fue creada para obviar los procedimientos normales ni para abreviar los plazos que toda causa judicial conlleva (Del Voto en disidencia del Juez Leandro Sergio Picado).
Nulidad procesal, juicio de alimentos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R., N. B. c/ P., R. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-21

Cabe rechazar el pedido de declaración de nulidad de todo lo actuado por la ejecutante en un proceso de alimentos, en virtud de los principios de trascendencia y convalidación, pues el nulidecente debió explicar el perjuicio concreto y efectivo que le ocasionaron los actos procesales por cuya invalidación brega, lo que denota un tinte de vaguedad insusceptible de ser salvado, a lo que se suma la convalidación de los actos que tilda de irregulares.