Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-11-25


///n la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de dos mil ocho, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Angela Ester Ledesma, Guillermo José Tragant y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, con el objeto de dictar sentencia en la causa n° 9324 del registro de esta Sala, caratulada "Abd El Jalil, José María Florencio s/ recurso de casación". Representa al Ministerio Público el señor Fiscal General doctor Juan Martín Romero Victorica; representa al querellante Carlos María Maggiore Salla el doctor Alfredo Huber; y ejerce la defensa del imputado la doctora María José Labat.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctor Guillermo José Tragant y la doctora Angela Ester Ledesma.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:	PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto por el doctor Alfredo Huber a fs. 224/239 vta., contra la resolución dictada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad en cuanto resolvió confirmar el auto de fs. 153/161 dictado por el señor juez de primera instancia mediante el que se decretó el sobreseimiento de José María Florencio Adb El Jalil en orden al delito de falso testimonio (conf. fs. 192/193 vta.).

2.- El Tribunal de mérito rechazó el remedio impetrado a fs. 267 y vta., cuya denegatoria originara la presentación directa ante esta instancia (fs. 313/323), a la que esta Sala hizo lugar a fs. 327. Finalmente, la vía intentada fue mantenida a fs. 328.

3.- En su recurso de casación, encarrilado en los motivos que prevé el artículo 456, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación, el recurrente señala que la sentencia dictada es arbitraria habida cuenta que el a quo ha omitido realizar "...un análisis global de todo el campo probatorio que logró reunirse, la falta de justificación racional y completa de la motivación que ha sido expuesta, y la improcedente aplicación de una solución liberatoria, el sobreseimiento, sin la certeza necesaria exigida, lo que unánimemente no es admitido en esta etapa del proceso, en el que rige la provisionalidad".

Refiere que "...los Señores Camaristas de la mayoría sólo pudieron arribar a la conclusión de que no se acreditó que Abd El Jalil tuviera un conocimiento de lo que habría ocurrido el 23 de noviembre obviando y soslayando prueba significativa, inobjetable y decisiva (aquéllos elementos objetivos que indican que efectivamente [Maggiore Salla sufrió] lesiones por una agresión con gas paralizante en [su] rostro y relativizando los testimonios de dos testigos fundamentales (Palmieri y Viera) a partir de meros detalles sin relevancia" .

Entiende que existe en la sentencia recurrida "...un total desprecio por parte de los jueces de prueba que resulta esencial, que se descalifica sin razón o sin razones válidamente (lógicamente) aceptables, basando el sobreseimiento del imputado en afirmaciones dogmáticas y arbitrarias".

Manifiesta en consecuencia de todo ello que el a quo ha "...efectuado una lectura sesgada y arbitraria de las declaraciones de los testigos más significativos que fueran interrogados en el expediente civil, además de la prueba irrefutable (concurrencia del SAME y atención en el Pirovano) que demuestra que efectivamente ... [Maggiore Salla sufrió] una agresión con gas en el rostro y, por lo tanto, que el allí testigo y aquí imputado efectivamente mintió al omitir declarar que sí olió gas en el ambiente".

Agrega que "...los jueces de la mayoría efectúan tales definitivas afirmaciones en una etapa del proceso en la que rige la provisionalidad o la mera probabilidad de la existencia del hecho y de la responsabilidad del imputado, extremos o condiciones ampliamente alcanzadas en la investigación y que habilitaban el traspaso a la siguiente, la del debate".

Sostiene que "...la sentencia es arbitraria pues las conclusiones obtenidas (que Abd El Jalil no tuvo un conocimiento directo de lo ocurrido el 23 de noviembre de 2004 y, por lo tanto, que no mintió al desconocer las circunstancias que lo rodearon) se fundan en una motivación que es sólo aparente, resultando asimismo inválida por defectos en la consideración de los extremos conducentes para la solución del caso".

Por todo ello, argumenta que la conducta del imputado "...encuadra efectivamente o al menos a título hipotético (suficiente para esta instancia) en el tipo penal previsto y reprimido en el artículo 275 del Código Penal (tanto en su aspecto objetivo como subjetivo)..."; en consecuencia, solicita que se case la resolución recurrida y se ordene continuar con el trámite de la causa.

Por último, hace reserva del caso federal.

4.- Durante el término de oficina previsto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó a fs. 333 y vta. el señor Fiscal General, doctor Juan Martín Romero Victorica, quien indica que "...contrariamente a lo manifestado por el voto de los magistrados sentenciantes que constituyen la mayoría, considero que a esta altura del proceso existen elementos suficientes para continuar con la tramitación de los actuados y que no corresponde el dictado del sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 2° del C.P.P.N. toda vez que no se acredita en autos el grado de certeza negativa para considerar que el hecho reprochado a Abd El Jalil no se cometió". Por estos motivos, solicita que se haga lugar al recurso de casación interpuesto, anulando el decisorio recurrido.

A fs. 341 y vta., amplía fundamentos la parte querellante, oportunidad en la que acompaña copia debidamente certificada de la sentencia dictada por el Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil n° 80 de esta ciudad (fs. 335/340), y expuso en relación a ella que "...el Juez civil no sólo ha tenido por acreditada la agresión con gas de la que ... [su representado fue] víctima a manos de Barrera (que por eso, haciendo lugar a la demanda, decide condenar a éste último y, además, imponiéndole multa), sino que también concluye que el aquí imputado (y allí testigo) Abd El Jalil fue reticente al declarar en torno a la referida agresión".

Por su parte, la defensa de Abd El Jalil señala que "...la querella reproduce los términos de interposición de recurso de casación que fuera rechazada, sin efectuar una formal y pormenorizada crítica del fallo que lo deniega. En ningún momento la querella ha logrado demostrar una palmaria arbitrariedad en la resolución mentada. Intentó, a través de su propia interpretación de los hechos y las pruebas, mostrar a V.E. la falta de fundamentación del fallo, lo cual lo transformaría en arbitrario" (fs. 342/345). Además, solicita que no se tenga en cuenta la sentencia recaída en sede civil, pues constituye un hecho nuevo que no fue motivo de agravio en el escrito inicial de la querella (fs. 350/352). 5.- Habiéndose celebrado la audiencia de informes prevista por el artículo 468 del ritual -conforme constancia actuarial de fs. 368-, la querella presenta breves notas de conformidad con la citada norma. Sostiene en tal oportunidad que "...no es que ahora (por el dictado de la sentencia del juez civil que acompañamos) vengamos a decir que Abd El Jalil mintió. Lo sostuvimos desde el principio, desde que el nombrado prestó declaración, y antes de que el juez civil fallara el caso" (fs 366/367).

En tales condiciones, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

En primer lugar, conceptuamos oportuno recordar la reiterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal en cuanto a que la legislación procesal ha impuesto a los magistrados del poder judicial la obligación ineludible de motivar sus decisiones. Así es, llevamos dicho al respecto que "...los jueces tienen el deber de motivar las sentencias y ello se realiza cuando se expresan las cuestiones de hecho y de derecho que los llevan a concluir en un caso concreto de un determinado modo. Se cumple así con un principio que hace al sistema republicano, que se trasunta en la posibilidad que los justiciables, al ser absueltos o condenados puedan comprender claramente porque lo han sido" (conf. causas N° 25 "Zelikson, Silvia E. s/recurso de casación", Reg. N° 67 del 15 de diciembre de 1993 y sus citas; y causa N° 65 "Tellos, Eduardo Antonio s/recurso de casación", Reg. N° 64/94 del 24 de marzo de 1994, ambas de esta Sala).

En ese criterio, vemos que el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las sentencias deberán ser motivadas bajo pena de nulidad y más aún, el artículo 404 inciso 2° del mismo texto legal dispone que la sentencia será nula si faltare o fuere contradictoria la fundamentación. Esta exigencia comporta una garantía en beneficio de los eventuales imputados y acusados, como también para el Estado en cuanto asegura la recta administración de justicia. Motivar o fundamentar las resoluciones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es, las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo (conf. nuestros votos en las causas N° 80 "Paulillo, Carlos Dante s/ rec. de casación", Reg. N° 111 del 12/4/94; N° 181 "Sassoon Attie, Raúl Nissim s/recurso de casación" Reg. N° 177/94 del 17/11/94; N° 502 "Arrúa, Froilán s/ rec. de casación", Reg. N° 185/95 del 18/9/95; N°1357 "Canda, Alejandro s/ rec. de casación", Reg. N° 70/98 del 10/3/98; N°2124 "Anzo, Rubén Florencio s/ rec. de casación", Reg. N° 632/99 del 22/11/99; N° 1802 "Grano, Marcelo s/ rec. de casación", Reg. N° 186/2002 del 22/4/2002; y asimismo las causas N° 18 "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación" Reg. N° 41 del 18/10/93; N° 25"Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación" ya citada; N° 65 "Tellos, Eduardo s/rec. de casación" ya citada; N° 135 "Risso de Osnajansky, Nelly s/rec. de casación" Reg. N° 142/94 del 18/10/94; N° 190 "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación" Reg. N° 152/94 del 21/10/94; todas de esta Sala III, entre muchas otras).

La Constitución Nacional no exige expresamente la necesidad de motivar las sentencias, pero ella surge claramente del contexto de sus disposiciones; en efecto, la interpretación armónica de los preceptos constitucionales que vedan toda condena "sin juicio previo" -exigencia que implica un pronunciamiento jurisdiccional terminal y definitivo de un proceso regular y legal- "fundado en ley anterior al hecho del proceso", sólo lleva a tal conclusión. Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial por el pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad. Sin duda alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. "Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente" (Ernesto R. Gavier "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).

La motivación es una operación lógica basada en la certeza, en la cual el juez debe cumplir con las "leyes supremas del pensamiento" que gobiernan la elaboración de juicios y dan base cierta para determinar cuáles son verdaderos o falsos. Esas normas se nos presentan "a priori" como necesarias y evidentes, y están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

"Se entiende por coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, y por derivación el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino el punto de partida para otros. De la ley fundamental de coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber: a) de identidad: cuando en un juicio el concepto?sujeto es idéntico ?total o parcialmente? al concepto?predicado, el juicio es necesariamente verdadero; b) de contradicción: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos; c) del tercero excluido: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir, uno de ellos es verdadero y ninguno otro es posible. A su vez, de la ley de derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad" (De La Rúa, ob. cit., pág. 155).

Esta última norma o idea fundamental ?la razón suficiente? es el más importante de los principios lógicos, y su inobservancia acarrea la nulidad de la resolución por motivos casatorios formales. En virtud de este principio, para que una conclusión sea válida, es necesario que la misma esté suficientemente probada en base a otros elementos reconocidos como verdaderos. Es decir, si aceptamos como verdadera una conclusión, tenemos que dar antes las razones por las cuales la aceptamos; razones que no son otra cosa ?en el proceso? que pruebas suficientes para llevar a la certeza de dicha conclusión. Pruebas que descarten que las cosas hayan podido ser de otra manera (conf. Pérez, Jorge Santiago "Lógica, sentencia y casación", primera edición, 1989, págs. 25 y 26). Y refiere también este autor, que "... un juicio es verdadero cuando es consecuencia de otro juicio verdadero que viene a servir a aquél como antecedente; y así ambos (antecedente y consecuente) quedan ligados por una correcta inferencia para formar un todo indisoluble con pretensión de verdad" (Pérez, obra cit., pág. 29).

Para que la motivación sea verdadera o auténtica, debe existir la concordancia descripta. Se viola esta regla cuando el juicio o razonamiento se basa en elementos probatorios inexistentes o falseados en su contenido o significado, o en antecedentes inexactos o alterados. "Una interpretación o utilización arbitraria de la fuente de convencimiento conduce a la falsa motivación de la sentencia..." (De La Rúa, obra cit., pág. 160).

Es que debe tenerse presente que la potestad de valorar el cúmulo de probanzas arrimadas al sumario debe ser ejercida con meditación y prudencia, de manera tal que todas ellas conformen un conjunto armónico y conducente para establecer la verdad material de los hechos sometidos a proceso (ver nuestro voto en la causa N° 3574 "Giampieri, Héctor y otro s/ rec. de casación", Reg. N° 378/02 del 12/7/2002).

Queda claro de todo lo precedentemente expuesto, que el objetivo del proceso penal es la búsqueda de la verdad "real" o "material" de los hechos; tarea que se realiza en base al estudio, análisis y evaluación (razonada y fundada) de las pruebas legalmente incorporadas al mismo por las partes o por iniciativa del tribunal.

Ahora bien, según nuestra legislación procesal (artículo 398 del código de forma) los jueces valorarán las pruebas recibidas conforme a las reglas de la sana crítica racional (libre convicción). Sin embargo, como vimos, esta facultad no es "absoluta" o "incontrolable", sino que se encuentra reglamentada por las "leyes supremas del pensamiento" y por la propia normativa procesal (artículos 123 y 404 inciso 2° del ritual).

La libre convicción "absoluta" del juez resulta opuesta al moderno garantismo procesal. Por ello, la obligación de "motivar" sus decisiones impuesta al Juez por la ley procesal (esto es, exhibir la "verdad" de su decisión), actúa como un límite (y por tanto es una garantía que previene arbitrariedades) del tradicional (pues viene desde el derecho romano) sistema del "arbitrium iudicis" (libre convicción), y exige no sólo la "motivación en derecho" (sujeción a la ley, a la manera del paradigma ilustrado del Juez como "le bouche de la loi"), sino también la "correcta comprobación de los hechos"; es decir que no sólo requiere la "legalidad" de la resolución, sino también la "verdad" de la misma, pues aquí reside la legitimación del Poder Judicial como poder imparcial e independiente.

Pero para llegar a descubrir o determinar la "verdad de los hechos", la "verdad fáctica", para aceptar una proposición o una hipótesis como "verdadera", es necesario demostrar "...su coherencia o incoherencia con el material probatorio recogido y la justificación o no de su relevancia y credibilidad..."; y esta demostración deberá explicitarse -justamente- en la "motivación" de la sentencia, "... que no es otra cosa más que la exhibición de un número plausible ..., por relevancia y fiabilidad, de confirmaciones de la hipótesis acusatoria y de desmentidas de hipótesis explicativas alternativas a ella..., idóneas a justificar su aceptación como verdadera..." (conf. Luigi Farrajoli "Notas críticas y autocríticas en torno a la discusión sobre Derecho y Razón" en Revista de Ciencias Jurídicas ¿Más Derecho?, II, FJD editor, Buenos Aires, diciembre de 2001, págs. 17/68).

TERCERO:

1.- Reseñado todo lo anterior, debemos puntualizar que se imputa en las presentes actuaciones a José María Florencio Abd El Jalil la comisión del delito de falso testimonio en el que habría incurrido al prestar declaración en el marco del expediente 109.819/2.005 caratulado "Maggiore Salla, Carlos María c/ Barrera, Aldo Hugo s/ daños y perjuicios", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 80 de esta ciudad. En tal oportunidad, manifestó desconocer circunstancias relativas a una controversia entre las partes intervinientes en el referido proceso. Ahora bien, de acuerdo a la doctrina que fluye de los precedentes evocados en el supuesto de autos, advertimos que le asiste razón al recurrente en cuanto postula la arbitrariedad del decisorio en crisis; ello así por cuanto de un riguroso examen de la prueba colectada en la presente causa, y confrontando la misma con lo que al respecto resolviera el tribunal a quo por mayoría, no cabe sino concluir que ha mediado omisión de valoración de prueba que, de haber sido tenida en cuenta, podría llegar a conducir a una solución diferente a la que en definitiva se arribara.

En efecto, a fin de desvirtuar los dichos de los testigos Daniel Alejandro Palmieri -encargado del edificio- y Margarita Beatriz Viera -mujer de aquél- en relación a que el imputado Abd El Jalil -en su carácter de presidente del consorcio de copropietarios- les habría impartido instrucciones destinadas a limpiar el lugar de los hechos, el tribunal de grado fundamentó su resolución señalando que "...menester es señalar que Viera habría sido la única testigo presencial de la discusión, tomando conocimiento Abd El Jalil de ... [la misma] a partir de sus dichos. Sin embargo, y tal como señala el magistrado de grado, se han detectado en su testimonio algunas variaciones; por ejemplo en cuanto a la fecha de comisión del delito (en sede correccional sostuvo que fue el 22/11/04 pero en sede civil el día siguiente; igual yerro fue cometido por el aquí querellante) y demás circunstancias relacionadas a como tomó conocimiento de la discusión y el motivo por el cual recordaba la fecha en que tuvo lugar. Así, nos encontramos ante dichos contrapuestos, detectándose en los de Viera ciertas oscilaciones que no pueden dejar de considerarse a efectos de efectuar un reproche penal al imputado". Sin embargo, cotejando el análisis efectuado por el a quo con la declaración a la que se hace referencia, surge prístino que la valoración efectuada prescinde arbitrariamente de un tramo de la deposición de la nombrada, pues además de lo tenido en cuenta por el tribunal de grado, expresó puntualmente que luego de observar el forcejeo entre Barrera y Maggiore Salla desde el interior de su departamento, llamó a Abd El Jalil porque no se podía respirar; luego de ello, éste le refirió que salga a la cochera con su hijo, mientras él se dispuso a abrir todas las puertas a los efectos de ventilar el lugar. Agregó que "No se podía respirar porque había un olor que hacía arder los ojos, era como algo picante" (conf. fs. 8/9 de las presentes actuaciones, y fs. 151/152 del expediente civil que corre por cuerda). En similares términos se manifestó en sede policial (ver fs. 9 y vta. de la causa civil referida). Otro elemento probatorio que ha sido desatendido por el a quo es la declaración testimonial prestada por Daniel Alejandro Palmieri, cuyos dichos resultaron concordantes con los de la testigo antes referida en relación a que el aquí imputado notó en aquélla oportunidad el gas tóxico al que hacen mención y omitió declarar dicha circunstancia en sede civil (fs. 6/7 vta. de las presentes actuaciones, y 147/148 vta. del expediente civil que corre por cuerda). En tal sentido, es de remarcar que sostuvo que el día del hecho llegó al edificio donde reside y se encontró con "...el presidente del consorcio Jorge María [Abd El] Jalil abriendo todas las puertas sacando el gas que había adentro, era gas picante, el que se le tira a los delincuentes. Y mi señora -la testigo Viera- sale del garage con mi hijo en brazos...". Por lo demás, es de destacar que el a quo restó trascendencia a los testimonios analizados ut supra con el simple argumento de que Viera declaró en sede penal que el hecho ocurrió el día 22 de noviembre de 2004, mientras que en sede civil manifestó que tuvo lugar un día después. Dicho criterio resulta insuficiente para descartar las manifestaciones vertidas, y menos aún, cuando lucen corroboradas por Palmieri. Tampoco podemos dejar de valorar que los testigos de referencia declararon con fecha 23 de junio de 2006, es decir, casi un año y medio después del hecho sobre el cual fueron citados a declarar, circunstancia que le quita valor en el caso a la conclusión del a quo. Es que no obstante el error en que pudo haber incurrido la testigo en cuanto a la precisa fecha en que ocurrieron los hechos, ello en nada desvirtúa el contenido de sus relatos.

Señalado ello, teniendo en cuenta el material probatorio obrante en las presentes actuaciones y analizado precedentemente, coincidimos con el criterio expuesto por el señor magistrado que se expidió en disidencia en la resolución que confirmara el sobreseimiento dictado en primera instancia -doctor Jorge Luis Rimondi-, habida cuenta que entendemos que José María Florencio Abd El Jalil habría sido reticente a declarar cuanto conocía respecto del hecho por el cual ha sido llamado a testificar -esto es, que habría precibido el gas tóxico y que ventiló el hall del edificio donde se desarrolló la controversia entre Maggiore Salla y Barrera-.

De lo expuesto, advertimos que la valoración efectuada por el a quo rebasa en el caso los límites impuestos por la sana crítica racional, pues si bien dicho sistema autoriza al tribunal de grado a efectuar un análisis del material probatorio conforme a su propia convicción, ello no importa que pueda prescindirse arbitrariamente de elementos probatorios esenciales y dirimentes para una adecuada solución del caso, máxime cuando -por lo demás- la prueba producida en autos razonablemente conduce a una solución que incluye la posibilidad de continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, habida cuenta del estado de sospecha que pesa sobre el imputado, a la luz de los elementos probatorios antes reseñados.

Cuadra recordar aquí la doctrina sentada por esta Sala III en la causa N° 1357 caratulada "Canda, Alejandro Guido s/ rec. de casación" (reg. n° 70/98, del 10/3/98). En aquella oportunidad, sostuvimos que "...debemos tener presente que todo sobreseimiento es una resolución judicial que extingue el proceso, impidiendo la elevación de la causa a juicio y, abierto el debate, pone fin al mismo sin que se pronuncie la sentencia. La ley determina asimismo (artículo 335) que el sobreseimiento cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado a cuyo favor se dicta. Es así que enseña Raúl Washington Abalos ("Código Procesal Penal de la Nación", Tomo I, 2da. edición, Ed. Jurídica Cuyo, Santiago de Chile, 1994, ps. 751) que 'El sobreseimiento es la resolución jurisdiccional que interrumpe, en forma definitiva, el normal desarrollo del proceso penal en su camino hacia la sentencia. Pone fin al juicio, lo cierra definitivamente, no pudiendo modificarse en ningún caso la situación creada por él, ni ser materia de pronunciamientos posteriores (L.L. 1978 D 580). Además, el sobreseimiento no se dicta en relación a un delito o denominación jurídica del mismo, sino respecto de un hecho o de una realidad histórica, que en el caso no alcanzaría a configurar a aquél (CJCba., XXIV-XLLVI)'.".

"El código prevé en el artículo 336 las causales taxativas del sobreseimiento, que procede para los supuestos de prescripción; inexistencia del hecho; licitud del mismo; falta de participación del imputado en su comisión; y determinación de una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. De ello deriva, evidentemente, que 'El sobreseimiento sólo procede frente a la completa inocencia del imputado, por lo que no cabe decretarlo, si existen indicios con virtualidad suficiente para poder sospechar de la culpabilidad del procesado (S.T. Entre Ríos, 27/5/66; BJER, 968-2-279)' (ver Abalos, ob. y pág. cit.)" .

"En efecto, conforme a nuestro ordenamiento procesal vigente, el pronunciamiento remisorio en estudio requiere del convencimiento acerca de la existencia de alguna de las referidas causales taxativas que enumera la ley; por lo que resulta indispensable para que proceda este temperamento definitivo respecto del imputado, que éste aparezca en forma indudable y evidente exento de responsabilidad, de forma tal que no pueda ser puesto en duda. En definitiva sólo cuando se encuentre acreditada alguna de las causales previstas en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación corresponderá dictar el auto de sobreseimiento..." (conf. causa n° 1357 "Canda", antes citada).

Como se advierte de todo cuanto surge del precedente evocado, y atendiendo las pruebas recolectadas a lo largo del sumario, y que fueran en parte reseñadas ut supra, no existe en autos el estado de certeza requerido por la normativa procesal para concluir en que el hecho imputado no se cometió (artículo 336, inciso 2°, del Código Procesal Penal de la Nación). Ni observamos, además, que dicha conclusión esté abonada a esta altura de la causa, mediante el concurso de elementos de prueba que, confrontando con los ya producidos en autos, avalen tal criterio.

En definitiva, aplicando la doctrina expresada a la presente causa, y analizada la prueba producida y la valoración que de ella efectúa el a quo mediante el esfuerzo impuesto a este Tribunal por la vigente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa n° 1757.XL, "Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa", del 20 de septiembre de 2005), consideramos que el fallo cuenta con vicios o defectos en sus fundamentos que impiden su convalidación como un acto jurisdiccional válido.

Por todo lo expuesto, propiciamos al Acuerdo y votamos por: hacer lugar, sin costas, al recurso de casación interpuesto por la querella; declarar la nulidad de las resoluciones de fs. 192/193 vta. y 153/161 -ésta por ser su antecedente necesario-; apartar del conocimiento de la presente causa a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad; y devolver la presente causa al juzgado de origen, previo paso por la Cámara de Apelaciones, para que se continúe con la tramitación de la presente causa con arreglo a la doctrina que fluye de este pronunciamiento (artículos 123, 166, 173, 456 inciso 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

El señor juez doctor Guillermo José Tragant dijo:

Que el criterio del magistrado preopinante sigue, en líneas generales, cuanto sostuve al votar en las causas, "Vitale, Rubén D. s/rec. de casación" reg. 41 del 18/10/93; "Zelikson, Silvia E. s/rec. de casación" reg. 67 del 15/12/93"; "Risso de Onajansky Nelly s/rec. de casación" reg.142/94 del 18/10/94; "Ruisanchez Laures, Ángel s/rec. de casación" reg. 152/94 del 21/10/94; entre muchos otros, sostuve que "entre las formalidades que se exigen a las sentencias y autos, y en casos expresos algunos decretos, se encuentra la motivación, requisito exigido bajo expresa sanción de nulidad (confr. art. 123 C.P.P.N.)", a cuyos términos me remito.- Que examinada en ese marco la resolución puesta en crisis, advierto que no se ajusta a las prescripciones del artículo 123 del ordenamiento ritual (cfr. doctrina causa 1693 "Waisburg, Héctor y otros s/rec. de casación" reg. 548/98 del 21/12/98), ya que el aquo ha efectuado una valoración parcializada de la prueba, omitiendo computar elementos que permiten variar la solución del caso, al justificar la continuación de la pesquisa, dando así una fundamentación deficiente.- En consecuencia, la tacha de la querella resulta valedera, desde que se aprecia en términos generales un insuficiente análisis reflexivo por parte del tribunal, que le permitiera concluir del modo en que lo hizo, resultando el sobreseimiento impugnado cuanto menos prematuro.- Por ello, adhiero al voto del Dr. Riggi y emito el mío en igual sentido.- La señora juez Angela Ester Ledesma dijo:

Adhiero a la solución propuesta por la voz que lidera este acuerdo y emito mi voto en igual sentido.

Tal es mi voto.	Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 224/239 vta. por el doctor Alfredo Huber, en representación de Carlos María Maggiore Salla, sin costas; ANULAR las resoluciones de fs. 192/193 vta. y 153/161 -ésta por ser su antecedente necesario-; APARTAR del conocimiento de la presente causa a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad; y devolver la presente causa al juzgado de origen, previo paso por la Cámara de Apelaciones, para que se continúe con la tramitación de la presente causa con arreglo a la doctrina que fluye de este pronunciamiento (artículos 123, 166, 173, 456 inciso 2°, 471, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

Regístrese, hágase saber y oportunamente, remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

Firmado: Angela E. Ledesma - Guillermo J. Tragant - Eduardo R. Riggi.

Ante mí: María de las Mercedes López Alduncin. Secretaria de Cámara.