Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-18


Salta, 18 de Febrero de 2011.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "TOLEDO, Mabel del Valle; BARRERA, Silvio Gabriel y VILLAFAÑE, Analía Verónica por el delito de ROBO en perjuicio de LLASTER, Ana Cristina", Expte. Nº 115722/11 del Juzgado de Instrucción Formal Primera Nominación del Distrito Judicial del Centro. Causa Nº CAM 28893/11 de la Sala III de la Cámara de Acusación y, CONSIDERANDO El Dr. Adolfo A. Figueroa dijo:

I.- Habiéndose dictado auto de procesamiento a fs. 86/90 y vta., en contra de Silvio Gabriel Barrera, Mabel del Valle Toledo y Analía Verónica Villafañes, como coautores responsables del delito de Robo Calificado, tres hechos en concurso Real, en los términos estatuidos por los arts. 167 inc.2do. y 55 del C.P. y en razón a que el primero nombrado fue el único que por derecho propio interpuso recurso de apelación, su defensa técnica a cargo de la Sra. Defensora Oficial Penal Nº 1 (en feria) Dra. Marcela Robles, en legal tiempo y forma presentó sus agravios a fs. 101/104, a cuyo contenido en extenso me remito en honor a la brevedad.

En concreto peticiona la apelante que su defendido sea sobreseído y en subsidio requiere se deje sin efecto la prisión preventiva dictada.

Alega en primer orden que no obra prueba alguna que sustente el auto observado, apuntalando su posición en lo dicho por su defendido en oportunidad en que prestó declaración indagatoria, ocasión en la que negó terminantemente haber participado en el evento. En este sentido afirma que no fue detenido en el lugar en que se cometieron los hechos, ni se encontraba acompañado de las demás personas que se le imputan su autoría, ni tan siquiera se le secuestraron bienes en su poder.

En segundo orden y en forma subsidiaria como se dijera, cuestiona la prisión preventiva dictada porque no obra un peligro procesal que la fundamente.

II.- Que puesto a resolver la apelación incoada, cabe desde ya la posibilidad de anticipar opinión en el tema, en el sentido de que debe rechazarse la vía recursiva por carecer de entidad suficiente los agravios presentados para revertir la decisión tomada.

Pero más allá de lo expuesto, no empece señalar que la investigación de la causa carece de la seriedad y profesionalidad en la que se espera deba actuar la labor preventiva de la policía, por cuanto estos se dedicaron de pleno a seguir a cuatro sospechosos y detenerlos por separado sin los elementos que presuntivamente robaron, elementos estos últimos que fueron habidos en poder de Villafañes en la Terminal de Ómnibus a modo de enseres personales, que a la postre por tener un presunto origen delictuoso, su autoría se les atribuye a los tres procesados.

En ese sentido téngase en cuenta, que el apelante fue detenido al momento en que accedió a un vehículo de transporte del servicio público, mientras su pareja siguió idéntica suerte cuando se encontraba distante de aquel y en la vía pública; por último, la procesada Villafañes, como se dijera, fue detenida en la Terminal de Ómnibus, sitio en donde se le secuestraron los bienes supuestamente robados a distintas casas de comercio.

En tal contexto de situación, la vinculación de unos a otros emerge porque la policía en su labor preventiva, sospechó del obrar de estas tres personas más una cuarta que no pudo ser detenida y ello porque en su momento los cuatro se movilizaron conjuntamente por distintos negocios del centro, revelando actitudes claramente demostrativas de que lo hacían al margen de la ley como habitualmente actúan aquellas personas conocidas en la jerga como "mecheras", lo que se comprobó que así lo hacía al menos la procesada Villafañes, porque al momento de su detención portaba bienes que no pudo justificar cómo y en donde fueron adquiridos.

De este modo pues, se ajusta a la realidad la versión dada por la apelante de que en contra de su defendido no obra prueba alguna que demuestre que se trate de uno de los coautores de los tres hechos denunciados, criterio que se basa en el razonamiento lógico de que en rigor de verdad no fue detenido en el sitio de los hechos y menos portando elementos robados, cuestión en sí que por más que responda a la realidad, no es sustento suficiente para peticionar sea sobreseído con el alcance que esta resolución reviste de importar certeza negativa de responsabilidad.

Es que en verdad la vinculación entre estas cuatro personas, tres detenidas y una prófuga, emerge de las propias palabras del procesado y su pareja Mabel del Valle Toledo, en el sentido de que reconocieron que juntos salieron de compras por el centro de la ciudad, admitiendo el primero y negando la segunda, que se encontraron con las restantes procesadas y que conversaron con ellas porque eran conocidas provenientes de la Provincia de Tucumán, elemento este último de gran importancia a tener en cuenta, dado su mismo origen . A su vez, todo esto fue corroborado por informes policiales que dan cuenta los sitios por los que circulaban estas cuatro personas y los distintos negocios a los que ingresaban, por lo que de acuerdo a los principios de la sana crítica racional, nos encontramos en presencia de indicios que a la postre importan elementos hábiles para sustentar el procesamiento dictado, ya que en rigor de verdad habiendo reconocido el apelante en su declaración que caminaba por el centro junto a su pareja y que en esas circunstancias se encontró con dos tucumanas conocidas, no se encuentra explicación alguna sobre el por qué Toledo negó terminantemente tal acontecer y si así lo hizo, lo fue en la esperanza de lograr su impunidad.

De este modo pues no quedan dudas de que estas cuatro personas mantuvieron conversaciones en el centro y que juntos obraron en perjuicio de tres casas comerciales, dando credibilidad a la versión dada por la preventora de que así lo hacían para finalmente separarse en aras de lograr sus respectivas impunidades, elementos que en definitiva y conforme a los principios de la sana crítica racional, son más que suficientes para que en grado de probabilidad se dicte el procesamiento en cuestión.

En tal razonamiento, pese a que al procesado no se le secuestró bienes robados en su poder, que en rigor de verdad es cierto, la tenencia de la res furtiva en manos de la procesada Villafañes, bien puede hacerse extensivos sus efectos probatorios al apelante, por cuanto éste reconoció que circuló por el centro junto a su pareja en cuyas circunstancias estuvieron juntos a las otras dos, una detenida y la otra fugada, portando la primera los bienes robados en claras intenciones de viajar a Tucumán.

En definitiva, no obra una situación dudosa como alega la apelante y menos certeza negativa de responsabilidad que dé fundamento a un auto de sobreseimiento como el que peticiona y sí elementos positivos que en grado de probabilidad dan fundamento al procesamiento dictado, plexo probatorio que bien puede perfeccionarse recibiendo las testimoniales del personal policial actuante si a criterio del a-quo los informes elaborados no son suficientes, más allá de puntualizarse que para esta etapa procesal y para sustentar legalmente el auto cuestionado, basta con la prueba en análisis.

En lo que respecta al cuestionamiento de la prisión preventiva dictada, sin duda alguna los argumentos invocados a modo de agravios no se ajustan a derecho ya que el art.26 del Código Penal, cuya remisión proviene del art.300 del Código de forma, autoriza por una sola vez se conceda el beneficio suspensivo de la condena, lo que importa que si registra antecedentes en este sentido, si o sí impone el dictado de su prisión preventiva, tema en sí que a partir del fallo de la Corte de Justicia de Salta en Causa Nº CJS32156/09 - "Incidente de Excarcelación presentado por el Dr. Diego Rodríguez Pipino a favor de Roberto Genaro Plaza en Expte.Nº 3177/08 - Cám. Crim.3ra. Nom. - Recurso de Casación", se reconoció a este instituto precautorio acorde a los principios constitucionales y Tratados Internacionales, concibiéndose las normativas procesales que rigen en las provincias, como reglamentarias de los derechos y garantías conforme lo estatuyen los arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la pretensión de la apelante en cuanto entiende que la restricción de la libertad de una persona sólo está autorizada a efectivizarse cuando obra peligro procesal, no es así, por cuanto sus pautas están claramente especificadas en el art.26 del C.P., norma que partiendo del quantum de la escala penal que cada tipo prevé en abstracto, si ella es superior a tres años, impone el dictado de una prisión preventiva, lo que no acontece con idéntico carácter cuando prevé un término menor al señalado. Es que en principio cualquiera sea el monto de la condena, es de cumplimiento efectivo, salvo aquellos supuestos en que el Tribunal en base a las pautas plasmadas en la norma en análisis, considere que es más conveniente se suspenda el cumplimiento de la condena.

En definitiva, el tema en sí es bastante remanido para que amerite sea analizado en profundidad, interpretando los agravios como una actitud de la apelante que muestran una intención netamente defensiva por haber ejercitado por sí mismo el imputado, recurso de apelación. Así voto.

El Dr. Luis Félix Costas dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.

En mérito a ello y al acuerdo que antecede, LA SALA III DE LA CAMARA DE ACUSACIÓN, RESUELVE:

I) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs.101/104 y en su mérito CONFIRMAR el auto resolutivo dictado a fs. 86/90 y vta.

II) REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.