Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-15


En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Quince (15) de Junio de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular doctor Alfredo Carlos Dato, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Pérez Albert, Juan Agustín vs. Instituto Almafuerte S.R.L. s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, plantea recurso de casación, (cfr. fs. 364/374), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 23 de abril de 2004, obrante a fs. 355/357 vta. de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 8 de octubre de 2004 (cfr. fs. 391/vta.). Ninguna de las partes, conforme surge del informe actuarial de fs. 398, presentó la memoria facultativa que prevé el artículo 137 del CPT.

II.- Sostiene la parte demandada, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, ha incurrido en una errónea aplicación del derecho y en arbitrariedad, al acoger parcialmente la demanda incoada por el actor, considerando injustificado el despido del accionante, como asimismo que fueron aplicados erróneamente el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y el Estatuto del Docente, al establecer la base de la indemnización sumando la remuneración de ambos cargos docentes y multiplicando por la mayor antigüedad, cuando en rigor la indemnización debió calcularse sobre la base de cada uno de los cargos y antigüedad de cada uno de ellos como lo pidió la actora. Lo dicho, sin perjuicio de que considera que no corresponde indemnización alguna.

Sustenta los invocados agravios en mérito a los argumentos que esgrime, a los cuales, en lo pertinente, aludiré al tratar tanto lo atinente a la admisibilidad como, en su caso, a la procedencia del recurso en examen.

III.- La sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, en lo que es objeto del presente recurso, hace lugar parcialmente a la demanda, considerando que el despido directo del actor es sin causa justificada.

Sostiene, como fundamentos para tal conclusión que, de acuerdo a la carta documento de fecha 29-9-99, la demandada despide al actor por la ausencia injustificada del 27-9-99 y que habiendo invocado el accionante una enfermedad hepática, la misma no pudo ser constatada por el médico patronal doctor Juan José Ortega el día 29-9-99, a horas 12:00 (rectius: 27-9-99, según el demandado a horas 17:00) por no encontrarse en su domicilio, situación agravada por antecedentes de igual índole respecto a otras inasistencias incurridas con anterioridad al despido. No estando discutida la ausencia del día 27-9-99, la cuestión litigiosa se resuelve a través de la prueba tendiente a acreditar el aviso y la existencia de la dolencia.

Según el actor, el mismo avisó telefónicamente al colegio y justificó la existencia de la enfermedad en base a un certificado médico expedido por el doctor Rafael Fernández Rozas que adjunta a la presentación.

La sentencia considera que la comunicación del impedimento a la demandada se deduce de la propia carta documento notificando el despido, cuando la empleadora manifiesta haber enviado el mismo 27-9-99 en primer término a la Secretaria del Instituto, quién comprobó que el actor se encontraba en ropa de cama y luego, el mismo día al doctor Ortega al domicilio del actor para constatar la dolencia.

En cuanto a la dolencia (gastroenterocolitis con vómitos y diarrea), sostiene que la misma está acreditada con el certificado médico que obra a fs. 20 y que fuera reconocido a fs. 222 por el doctor Rafael Fernández Rozas, donde se aconseja 24 horas de reposo el día 27-9-99.

Considera que este certificado médico no fue objeto de impugnación u observación en la etapa procesal oportuna (cuaderno de prueba nº 7), por lo que lo alegado sobre especialidad del emisor, horario de emisión y caracteres formales del certificado, no son atendibles por ser extemporáneo el planteo, ya que no fue realizado en la contestación de demanda; por otra parte argumentó que, lo atinente a la especialidad medicinal e idoneidad del certificado médico para acreditar dicha dolencia es una cuestión técnica que debe ser probada en juicio, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

Acreditado el impedimento para trabajar el día 27-9-99 y desvirtuado "el hecho actual, detonante del despido", estima que no corresponde entrar al análisis de los antecedentes que avalan la ruptura contractual, ya que estos sólo juegan cuando se prueba la causa actual y principal del despido, para juzgar la proporcionalidad de la medida y dado que los mismos ya fueron objeto de sanción. Si la demandada no estaba de acuerdo con la dolencia acreditada por el actor, antes de la ruptura contractual pudo efectuar una junta médica o en el peor de los casos cuestionar la procedencia del salario correspondiente a ese día.

En cuanto a los rubros reclamados, la sentencia sostiene que siendo injustificado el despido directo, el actor se hace acreedor a los rubros de la planilla de fs. 8 vta. y 9, conforme liquidación efectuada por el perito contador a fs. 328, sin impugnación de parte. A ello agrega el incentivo docente reclamado a fs. 9, únicamente como profesor secundario dado que, en el nivel primario, no se encuentra subvencionado el establecimiento (pericial contable de fs. 127) y cuyo pago no está acreditado en juicio (Ley Nº 25.053 y modificatoria).

Rechaza la defensa de prescripción por ser abstracta y fija el modo de calcular intereses sobre los montos condenados.

IV.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

Desde esta perspectiva, cabe acotar que el recurso casatorio ha sido interpuesto en término; el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 130 del CPT; el afianzamiento previsto en el artículo 133 del citado cuerpo normativo ha sido cumplido mediante la traba de embargo preventivo de ciertos bienes (fs. 385). En lo referido al motivo de la impugnación recursiva, sólo resulta admisible la que se fundamenta en la alegación de la violación del artículo 209 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en la invocada arbitrariedad en que habría incurrido el tribunal a quo, respecto a las conclusiones que arriba respecto al certificado médico expedido por el Dr. Fernández Rozas.

En lo atinente a la presunta aplicación errónea del artículo 245 LCT y del Estatuto del Docente, al establecer la base de la indemnización sumando la remuneración de ambos cargos docentes y multiplicando por la mayor antigüedad, cuando en rigor la indemnización debió calcularse sobre la base de cada uno de los cargos y antigüedad de cada uno de ellos, la recurrente no consideró que la liquidación tomada en cuenta por el tribunal fue la realizada por el perito contador a fs. 328, la que no fue impugnada por la demandada y el criterio de la sentencia no fue rebatido, limitándose la recurrente a expresar un parecer distinto, sin demostrar en que consiste la ilegitimidad de tal operación aritmética. En consecuencia, este agravio, resulta inadmisible.

Concluyo, entonces que la impugnación recursiva en examen resulta parcialmente admisible, con respecto a los agravios ut supra indicados; voto porque así se declare.

V.- Corresponde, ahora, ingresar al análisis de la procedencia del recurso de casación incoado, por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 23 de abril de 2004, obrante a fs. 355/357 vta. de autos.

V.1.- El primer agravio traído a esta instancia casatoria, se encuentra referido a la existencia de justa causa que legitime el despido directo dispuesto por la accionada.

Como quedó de manifiesto en el relato del análisis de la sentencia, ésta considera que los hechos controvertidos se reducen a la acreditación del aviso a la patronal, por parte del actor, del impedimento de salud que motivara su ausencia del lugar de trabajo y a la demostración de la existencia de la enfermedad invocada.

Al respecto, el actor sustenta su agravio con lo decidido por la sentencia en crisis, alegando que el tribunal de grado ha violado el contenido de la proposición normativa contenida en el artículo 209 (LCT), en la inteligencia que dicha disposición legal impone al trabajador no sólo el deber de justificar la inasistencia sino, además, el de hacerlo en un plazo de 24 horas. Ahora bien, -siempre en la perspectiva hermenéutica que propicia la parte recurrente- justamente el segundo deber no fue satisfecho en la especie, ya que el certificado médico recién fue puesto por el trabajador, a disposición de la patronal, siete días después de ocurrida la inasistencia, en oportunidad comunicar su rechazo al despido notificado por telegrama.

¿Asiste razón a la parte demandada, en el alcance y sentido que otorga, en su exégesis, a la norma contenida en el precitado artículo 209? Éste dispone que: "El trabajador, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter o gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada." Resulta oportuno, de modo preliminar, recordar que es principio en la materia que para delinear el sentido y alcance de un instituto jurídico regulado por un régimen legal -en el caso el aviso que alude el precepto ut supra trascrito- se debe computar la totalidad de los preceptos que dentro del mismo ordenamiento legal se relacionan con el instituto en cuestión. Asimismo, es doctrina del más Alto Tribunal de la Nación que, "A los fines hermenéuticos, conviene recordar que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (...), y que cuando ésta no exija esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquéllas (...). Por ello, no es admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad (...)" (cfr "Montero, Víctor Roberto y otros c/ Provincia de Tucumán s/ Acción Contencioso Adm.", sentencia de fecha 05/11/1996, punto 4 del considerando).

En el marco determinado por las precisiones preliminares que anteceden, acometeré el análisis de las normas pertinentes para la solución del caso.

Como se desprende de la misma literalidad de la proposición normativa en examen, contrariamente a lo sostenido por la demandada, ni en modo explícito ni razonablemente implícito, establece la obligatoriedad a cargo del dependiente imposibilitado de concurrir a su trabajo, por razones de enfermedad o accidente, de presentar el certificado médico que acredite tales extremos, en el plazo de 24 horas ("en el transcurso de la primera jornada de trabajo", según la locución que utiliza el legislador nacional).

Lo que sí instituye es la obligación ineludible al trabajador de avisar a su empleador sobre la enfermedad o accidente que le impide concurrir a trabajar, como así también del lugar donde se encuentra, comunicación de ambas circunstancias fácticas que debe cumplir "...en el transcurso de la primera jornada de trabajo", cuyo incumplimiento, mientras no lo haga, tendrá en principio, como consecuencia jurídica imputada por la norma, la pérdida del derecho a percibir la remuneración correspondiente. Digo en principio por cuanto, como enseña la doctrina, de la misma resulta eximido el dependiente, en el supuesto de la existencia de causas de fuerza mayor que impiden al trabajador avisar, obviamente causas derivadas exclusivamente de la contingencia que motiva la ausencia.

Ello es así por cuanto la finalidad o ratio legis de la obligación de marras no es otra que la de permitir al empleador reemplazar al trabajador en caso de necesidad y, asimismo, posibilitarle controlar su estado. El empleador tiene derecho a verificar la información (puede ejercer o no la facultad). La omisión injustificada del aviso de la enfermedad o accidente, hace perder al trabajador su derecho a percibir el salario, siempre que, agrega la ley, "...la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada", calidad del infortunio que el legislador atribuye la virtualidad jurídica de justificar la imposibilidad de haber efectuado ese aviso en tiempo oportuno.

La ley no establece los medios mediante los cuales el trabajador puede realizar el aviso de su enfermedad, pero la doctrina estima que cualquier medio es hábil si se prueba en una controversia.

En el caso de autos, el actor alega que avisó telefónicamente; sin embargo el tribunal consideró probado el aviso en tiempo oportuno deduciendo de lo expresado en la comunicación del despido, cuando la demandada manifiesta que el día de la inasistencia envió primero a la Secretaria del Instituto, quien constató que el actor se encontraba en ropa de cama y luego, también el mismo día, al médico patronal.

A su turno, el artículo 210 LCT, obliga al trabajador a someterse al control del facultativo de la patronal. Se trata de una facultad que el empleador puede o no ejercitar, pero en caso que decida efectuar el control, el trabajador debe dejarse revisar, pudiendo el galeno establecer la existencia, carácter y duración de la dolencia. Si el trabajador se niega a dejarse revisar o no se encuentra en el domicilio cuando concurre el médico patronal, en principio, ello puede justificar una sanción y pérdida de la remuneración del día de la inasistencia.

En la perspectiva de los análisis precedentes, no resulta objetable lo sostenido por la sentencia en el sentido que si el empleador no estaba de acuerdo con la dolencia invocada por el trabajador, antes de la ruptura del contrato de trabajo, debió acudir a una junta médica o en el peor de los casos cuestionar la procedencia del salario.

V.2.- Tampoco aparece el vicio de arbitrariedad que el recurrente atribuye a la sentencia, con el argumento que en el responde se negó la autenticidad ideológica del certificado médico expedido por el doctor Rafael Fernández Rozas. En efecto, si bien es cierto lo afirmado por la recurrente que en el responde la demandada negó la autenticidad material e ideológica del mismo y que el certificado haya sido recibido por la accionada (fs. 51 vta.) (artículo 88, inciso a) del CPT), ello lo es con relación a la oportunidad para reconocer o negar documentación a los efectos de su ficto reconocimiento, de la lectura del escrito de marras surge que lo afirmado por el pronunciamiento en crisis de que la accionada no lo ha "expresado en la contestación de demanda" es exacto, ya que la negativa fue genérica y no específica, desde el momento que no fue negado categóricamente lo referido a la especialidad médica del galeno, lugar y de horario de emisión y consecuente idoneidad del certificado médico para acreditar el tipo de dolencia, aspecto técnico que debió probarse en juicio y no se hizo.

En efecto, a fs. 222 (cuaderno de prueba nº 7 del actor), exhibido el original del certificado médico del 27-9-99, el Dr. Fernández Rozas expresamente reconoció como propio el contenido, letra y la firma del citado certificado, aclarando que no recuerda el horario en que fue extendido, pero que su horario de trabajo es de horas 6:30 a horas 12:30. Como bien expresa la sentencia, esta prueba no fue oportunamente impugnada ni observada por la demandada; por tanto se probó la autenticidad del certificado, hecho admitido por la recurrente, sin que los argumentos esgrimidos para justificar tal actitud, subsanen la aludida omisión.

A mayor abundamiento, autor como Julio Armando Grisolia ("Derecho del Trabajo y la Seguridad Social", Depalma, 5º edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2001, pág. 505/506), al respecto sostiene que "...la LCT no obliga al trabajador a presentar certificados médicos, aunque resulta conveniente hacerlo, resultando suficiente con avisar la ausencia y la causa. Esto puede justificarse cuando se trata de enfermedades impeditivas circunstanciales (fiebre, gripe, problemas estomacales), que inclusive tornan admisible que no haya recurrido a un médico; el empleador es el que tiene la facultad de efectuar el control médico patronal para verificar si lo aducido por el trabajador es cierto. Sin embargo, debe presentar certificado médico que acredite fehacientemente la causa de la ausencia cuando se trata de una afección de cierta gravedad que impedirá prestar tareas por varios días. Lo importante es dar aviso al empleador de la enfermedad, salvo las excepciones legales analizadas" En suma, las precedentes consideraciones tornan inoficioso el tratamiento de otras cuestiones referidas a este planteo, relacionado con la autenticidad del certificado médico.

VI.- Por lo expresado en el punto IV (in fine),de este considerando, concluyo que el recurso de casación resulta parcialmente inadmisible y, en lo restante, conforme a lo expresado en los puntos V.1. y V.2., improcedente el recurso de casación planteado por la parte demandada.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, por el principio objetivo de la derrota, deben imponerse al vencido, demandado en autos (artículos 49 del CPT y 106, primera parte del CPC y C.).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Alfredo Carlos Dato, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE INADMISIBLE, y por ende mal concedido, con el alcance considerado al respecto y, en lo restante, NO HACER LUGAR al recurso de casación deducido por la parte demandada, contra la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 23 de abril de 2004, obrante a fs. 355/357 vta. de autos.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HÁGASE SABER.

ALFREDO CARLOS DATO RENÉ MARIO GOANE ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA