Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-07


FESTRAM contra PROVINCIA DE SANTA FE y otro Reg.: A y S t 211 p 83-86.

En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "FESTRAM contra PROVINCIA DE SANTA FE y otro -Laboral- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 374, año 2004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea doctores: Gastaldi, Netri, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. Mediante resolución registrada en A. y S., T. 198, pág. 32, esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la resolución 273, del 5.11.2003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, por entender que la postulación de la recurrente contaba "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo que exigía examinar si la sentencia reunía o no las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución provincial.

El nuevo análisis de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a rectificar esa conclusión conforme lo expondré seguidamente.

2. La materia litigiosa puede reseñarse así: Ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N 2 de Santa Fe, la FESTRAM dedujo demanda mere declarativa de certeza contra la Provincia de Santa Fe tendente a que se interprete y determine los alcances de los artículos 132 bis y 133 bis de la ley 9996, modificatoria del Anexo II de la 9286.

Sostuvo que la falta de acuerdo en el modo de interpretar las normas en cuestión entre dicho organismo y la Provincia generaba un estado de incertidumbre -dentro de la relación jurídica instituida-, que arrojaba razonables dudas objetivas sobre sus alcances conspirando, así, contra el ejercicio del derecho a concertar convenios.

En resumidas cuentas, la actora pretendió que se declarara que la interpretación que cabía asignarle a dichos dispositivos consistía en imponer al Subsecretario de Municipios y Comunas con carácter de obligatorio, las funciones de coordinación de las actividades de la Comisión Paritaria, entre las que se encontraba, la de "convocar a reunión de Intendentes y Presidentes comunales a los fines de la elección de los representantes patronales en la Paritaria, toda vez que ello fuera necesario".

En base a ello y dado que la duración de los mandatos se encontraba holgadamente vencida, postuló que se convocara a una nueva reunión para elegir a los representantes patronales por medio del mencionado funcionario (fs. 57/58).

La Provincia demandada resistió la pretensión aduciendo -en lo sustancial- que los preceptos en juego no imponían a la Subsecretaría de Municipios y Comunas la tarea de convocar a paritarias sino solamente le asignaban una misión de coordinación sin voto, circunstancia por la cual ningún estado de incertidumbre se configuraba en la especie.

Negó que fuera sujeto pasivo de la pretensión entablada por cuanto: no surgía del artículo 133 bis de la ley 9996 la obligatoriedad en cabeza de la Subsecretaría de Municipios y Comunas de convocar a paritarias; y los derechos supuestamente afectados no provenían directamente de la Provincia de Santa Fe sino de las partes de la convención.

Afirmó que el artículo 133 bis del cuerpo legal citado es una disposición de carácter transitorio que regula un procedimiento especial para poner en funcionamiento por primera vez a órganos de nueva creación, mientras que el artículo 132 bis no reviste la misma característica, en tanto la intención del legislador había sido otorgarle permanencia a la comisión a los fines de analizar y responder a la problemática administrativa laboral inherente al personal de municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe.

Corrido traslado a los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario declinó la competencia del magistrado interviniente para entender en la causa por ser -a su juicio- la materia comprometida contencioso administrativa y, por ende, de conocimiento exclusivo y excluyente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia o, en su caso, de las Cámaras de lo Contencioso Administrativo, pero no de los Jueces de Primera Instancia (fs. 632/635).

El Inferior rechazó la excepción de incompetencia.

Para arribar a dicha solución juzgó que, "aún cuando referido a empleo público, el planteo en esencia reconoce basamento en Derecho Colectivo del Trabajo dado que, la finalidad perseguida no es otra que la de aclarar la instrumentación para la elección de la representación patronal, a los fines de dar curso a la negociación colectiva, que a partir de la sanción de la ley 25250, ha sido entronizada como la herramienta más idónea y menos traumática de adaptación a las nuevas circunstancias que vivimos y, por ende, de prevención de conflictos sociales" (f. 657).

Apelado que fuera ese decisorio, la Cámara lo confirmó sobre la base de considerar que frente a una relación de empleo público no correspondía desplazar dogmáticamente la aplicabilidad de la norma laboral, sea esta legal o convencional, criterio concordante con lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, al establecer que sus disposiciones serían aplicables a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal cuando por acto expreso se los incluyera en la misma o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo.

Concluyó el Tribunal que el objeto del juicio estaba direccionado en orden a las previsiones legales que, en concreto, referían a la materia antes aludida (derecho colectivo del trabajo) de conformidad a los artículos 132 bis y 133 bis y consecuentes de la ley 9286, por lo que la materia en debate correspondía ser dilucidada ante el fuero laboral.

3. Contra dicho pronunciamiento la demandada interpone recurso de inconstitucionalidad.

En resumidas cuentas, la postulación impugnativa gira en torno a que incurrió en diversas causales de arbitrariedad con la consecuente lesión a cláusulas de raigambre superior por declarar su competencia cuando, en realidad, el presente proceso importaba jurisdicción contencioso administrativa (art. 93, inc. 2 Const. Prov. y 1, 2 y sgtes., ley 11330).

4. De las constancias de la causa se desprende que la Provincia de Santa Fe acompañó la Resolución 005/04 dictada por el Subsecretario de Municipios y el Subsecretario de Comunas el 30.4.2004, solicitando -asimismo- la suspensión de la audiencia prevista en el artículo 51 de la ley 7945 (fs. 956/957).

Este acto administrativo -en lo sustancial- dispuso: convocar a comisión paritaria (ley 9996); designar a los coordinadores de la comisión paritaria (titulares y suplentes); y establecer a su cargo la tarea de convocar a los Municipios y Comunas de la Provincia a efectos de que designen a sus representantes.

Los considerandos de la resolución 005/04 expresan que ésta fue dictada en vista de la solicitud formulada por FESTRAM relacionada con la convocatoria a la comisión paritaria (ley 9996); y que no obstante la transitoriedad del artículo 133 bis se consideró oportuna y conveniente proceder a acercar a las partes integrantes de la comisión creada por la ley 9996.

En consecuencia, la convocatoria a paritarias dispuesta por la resolución 005/04 sustrajo toda posible materia litigiosa en la causa, en tanto el objeto de la demanda incoada por la actora trasuntaba esa finalidad práctica (vid. f. 58), a partir de la interpretación que le asignaba a los artículos 132 bis y 133 bis de la ley 9996, modificatoria de la 9286 y cuya declaración judicial de derecho pretendía.

Lo expuesto torna carente de actualidad el gravamen vertido por la Municipalidad de Rosario en el presente recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar la decisión de la Cámara -que había declarado la competencia del fuero laboral para entender en el caso- cuando la materia correspondía a la jurisdicción contencioso administrativa de esta Corte o, en su caso, de la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

Sabido es que los pronunciamientos de estos Tribunales deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de la decisión, aunque éstas sean sobrevinientes al recurso extraordinario y a pesar de que con anterioridad se hubiere admitido formalmente la queja por denegación del recurso (Fallos: 295:658; 297:558; entre otros), tanto que la subsistencia de tales circunstancias puede ser ponderada de oficio por la Corte, pues su desaparición importa la del poder de juzgar (Fallos: 308:1489; también 256:327), en tanto "...ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un 'caso' o 'controversia', lo que impide su ejercicio cuando estas circunstancias ya no existen..." (Fallos: 311:787).

Como requisito de admisibilidad común a todo recurso, merece especial ponderación la existencia de gravamen o perjuicio, pues el Tribunal carece de competencia para expedirse sobre cuestiones ab initio inoficiosas (Fallos: 273:61; 279:322; 300:587; 306:1125), inútiles (Fallos: 243:146), abstractas (Fallos: 286:220), innecesarios por ser sustituibles por otros, hipotéticas o que se tornan tales por sustracción de materia (CSJPS, R. A. y S., T. 119, pág. 376; T. 193, pág. 19).

Naturalmente, esta imposibilidad de fallar de manera alguna importa convalidar la competencia de los jueces intervinientes en la causa y ha de repercutir en las costas, las que se impondrán en el orden causado, puesto que la particularidad apuntada genera una situación de "jus superveniens" que justifica el apartamiento del criterio objetivo de vencimiento receptado en el artículo 12, último párrafo, de la ley 7055.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento lo decidido al tratar la cuestión anterior, no corresponde pronunciarse sobre el particular.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto. Costas en el orden causado.

Así voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Netri y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar inadmisible el recurso interpuesto. Con costas en el orden causado.

Regístrese y hágase saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIÉRREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)