Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-22


Causa nº 10/14/CA1 "P.D. c/ PLAN DE SALUD DEL HOSPITAL ITALIANO s/ incidente de apelación" Buenos Aires, 22 de mayo de 2014.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada a fs. 75/78 (concedido en relación y con efecto devolutivo a fs. 85), contra la resolución de fs. 60/61 y cuyo traslado fue contestado a fs. 90/93, y CONSIDERANDO:

I. El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires que arbitre los medios para la incorporación de la Sra. D.P. como afiliada al Plan Mayor Global, garantizando las prestaciones médico-asistenciales que prevee el PMO, contra el pago de la cuota correspondiente a ese plan, sin valor diferencial alguno, hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Se agravia la demandada por cuanto sostiene que no ha existido conducta arbitraria de su parte, puesto que lo que se pretendía era que la "admisión" de la actora como afiliada a su Plan de Salud, se efectuara conforme la ley 26.682, que autoriza a cobrar "un valor diferencial por patologías preexistentes" (cfr. fs. 76).

II. Ante todo, cabe recordar que las medidas cautelares, están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., "Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares", LL 1978-B-826; esta Sala, causa 9.334 del 26.6.92). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 7815/01 del 30-10-01 y 5236/91 del 29-09-92), ni el estudio exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes -cuya índole habrá de ser dilucidada con posterioridad-, sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un fumus bonis iuris.

Sentado lo expuesto cabe recordar que la Sra. D.P. inició la presente acción con medida cautelar a fin de que la Sociedad Italiana de Beneficencia otorgara su afiliación al Plan Mayor Global, con 83 años de edad y luego de haber esperado el transcurso de un año desde que inició el trámite de afiliación hasta que le fue requerido el pago de una cuota diferencial en virtud de "patologías preexistentes", a lo cual se negó (cfr. fs. 21/28).

En cuanto al marco normativo aplicable al caso, la 26.682 y su decreto reglamentario n° 1991/11 establece en su artículo 17 que: "la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales. y que autorizará el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos" y, por su parte el artículo 12 establece que "en el caso de las personas mayores de 65 años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios".

En este orden de ideas, cabe señalar que el Hospital Italiano ha iniciado un expediente administrativo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en el mes de enero del corriente año, por el cual solicita que dicho organismo se expida respecto de la razonabilidad del valor diferencial solicitado para la afiliación de la actora al plan de salud requerido, y que, asimismo, proceda a su autorización (cfr. fs. 51/54).

Sentado lo expuesto, se advierte que la conducta asumida hasta el presente por el Hospital Italiano (dejando transcurrir un año desde que la actora inició el trámite de afiliación hasta que presentó el expediente ya citado para la autorización del cobro de un valor diferencial) resulta -prima facie- lesiva de los derechos involucrados en esta contienda. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de precisar que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales tienen la obligación de informar a sus afiliados sobre el alcance de los beneficios que su condición les confiere con la mayor precisión (art. 4° de la ley 24.240, y esta Sala, voto de los Dres. Antelo y Recondo en la causa n° 9440/08 del 2-3-10, Considerando VI, 6° párrafo). Más allá de esto, la respuesta que brinden los agentes del Seguro de Salud debe contener los hechos y las normas en que se funda su postura para que el interesado ejerza su derecho a ser informado (art. 4° ley cit.) quien espera una atención que se corresponda con la envergadura del problema que plantea y con el trato digno a su persona (art. 8° ley cit.), y cuando esa expectativa no se cumple, es razonable que los tribunales tengan por acreditada la verosimilitud del derecho para otorgar el amparo cautelar de que se trate.

Por lo demás, se trata de cuestiones que obligarían a incursionar en un análisis exhaustivo de los términos en los cuales se pretende anudar la relación contractual que vincula a las partes y de la normativa vigente, lo que resulta improcedente en el estrecho marco cognoscitivo propio de las medidas cautelares (cfr. esta Cámara, Sala de Feria, causas 5.914/2002 del 30-7-02 y 6402/02 del 1-8-02; Sala I, doctrina causa 10.953/05 del 4-5-06), el cual recién se efectuará en oportunidad de decidir sobre el fondo de la cuestión.

Desde esta perspectiva, corresponde señalar que se encuentra configurada la verosimilitud del derecho de la actora, por cuanto los extremos invocados en el escrito de inicio y los elementos adjuntados a la causa (cfr. fs. 21/28), otorgan sustento suficiente al pedimiento cautelar impetrado. Es por ello que frente a esta situación es conveniente proceder a la afiliación de la Sra. D.P. en el Plan Mayor Global pues la falta de cobertura pondría en serio peligro su estado de salud (máxime por su avanzada edad, 83 años) de modo de no alterar la situación, hasta que se decida la cuestión de fondo.

También concurre en la especie el peligro en la demora, configurado por la incertidumbre que apareja para la peticionaria la posible falta de cobertura de las prestaciones médico-asistenciales básicas.

Los fundamentos hasta aquí expuestos en cuanto a la verosimilitud del derecho, las circunstancias invocadas por la actora, las constancias obrantes en la causa ya analizadas, y el peligro en la demora en virtud de su estado de salud, convencen al Tribunal de que, hasta tanto se decida la cuestión de fondo y mientras se mantengan las actuales condiciones, se debe confirmar la cautelar apelada por la demandada.

Finalmente, cabe añadir que la solución decidida por el magistrado es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (cfr. Corte Suprema, Fallos: 302: 1284)-, reconocido por los Pactos Internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d., del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2-6-95, 53.078/95 del 18-4-96, 1251/97 del 18-12-97, 436/99 del 8-6-99, 7208/98 del 4-11-99, 53/01 del 15-2-2001).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la decisión apelada, con costas a la vencida (art. 68 del CPCCN).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18/11/13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de la ley las sucesivas resoluciones y providencias del tribunal (conf. Acordada CSJN N° 31/11 y 38/13 -B.O. 17/10/13-).

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese -oportunamente publíquese- y devuélvase.

Graciela Medina Ricardo Gustavo Recondo