Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


BENELLI DE AYALA, Sixta del C. contra CONSEJO DE ADMINISTRACION TORRE 13 BARRIO EL POZO Reg.: A y S t 211 p 196-198.

Santa Fe, 21 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del rec Contra tal decisión, endereza la parte compareciente el recurso de inconstitucionalidad normado por la ley 7055.

En el memorial recursivo, sostiene que la sentencia vulnera el principio de congruencia, en cuanto extiende la condena a personas que no resultaron demandadas, cuales son los titulares de las unidades de habitación de propiedad horizontal, las que no estuvieron en juicio ni tuvieron oportunidad de defenderse.

En ese orden de ideas aduce que también se han vulnerado, juntamente con el mencionado principio, los derechos de debido proceso legal, defensa en juicio y derecho de propiedad; puntualizando que el principio de congruencia comprende "los límites de la sentencia del tribunal ad quem en cuanto: no puede expedirse sobre cuestiones ajenas a la materia del recurso, en cuanto el mismo y su concesión determinan el ámbito de su competencia decisoria, principio que tiene jerarquía constitucional, resultando inadmisibles las pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia originaria, no pudiendo en consecuencia fallar sobre puntos o capítulos no propuestos a decisión del juez de primera instancia". Apoya su postura en numerosas citas doctrinarias.

Expresa que cuando se pretende obtener una responsabilidad solidaria, dicho planteo debe formularse expresamente, ya que se decidió que si la actora optó por el régimen de responsabilización demandando directamente a una persona como empleador y como solidariamente responsable o sucesor adquirente, sin invocar siquiera en forma subsidiaria dicha solidaridad, ella es improcedente, no admitiéndose el principio de iura novit curia para suplir esa omisión, ya que en ese caso se afectaría el derecho de defensa (sic).

En definitiva, afirma que atento la prohibición de "reformatio in peius", la Sala no puede fallar "agravando, perjudicando y empeorando la situación obtenida" por su parte.

La Cámara mediante auto del 15.12.2004 denegó el remedio intentado, lo que motivó que la parte recurrente acudiera ante esta sede, insistiendo en la concesión del mismo.

2. La presente queja no ha de tener favorable acogida desde que en su presentación directa la compareciente, con lo alegado no logra desvirtuar los fundamentos brindados por el Tribunal a quo en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

En efecto, entre otras consideraciones, aseveró la Alzada que la quejosa omitió hacerse cargo de lo sostenido en relación a que "...quien era beneficiario del trabajo prestado por la actora y quien abonaba su salario era la comunidad de propiedad horizontal de la Torre 13, la cual tiene como representante legal, necesario y, en este caso, también convencional, a la Administradora que es aparente empleadora y demandada en autos, a la que, según el Reglamento respectivo, los propietarios le otorgan "mandato de administración de los intereses del consorcio" y le mandan "atender los gastos comunes para el mantenimiento del inmueble en general" y además la facultan para "comparecer ante los señores jueces de cualquier fuero o jurisdicción ... ejercitando todas las acciones judiciales ...que correspondan ... en salvaguardia de los derechos del consorcio", por lo que, si no actuó como buen mandatario, ni el mandante ni ella pueden oponer su torpeza a la actora".

Consideró además que "si se entendiera que, en la Alzada, 'se está condenando a pagar a quienes nunca fueron demandados con lo que está violando el principio de congruencia', como dice la recurrente, entonces ésta carece de interés para recurrir, y, si alega representación para hacerlo, lo cual es cierto, sería la recurrente quien incurriera en incongruencia".

Y nada expresa la recurrente en su escrito en orden a rebatir aquellas conclusiones, reiterando únicamente los planteos ya esgrimidos en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad, lo que determina sin más, la inadmisibilidad del recurso directo.

Sabido es, que conforme a la mecánica de la ley, el primer examen de admisibilidad lo efectúa -previa sustanciación- el propio órgano que dictó la resolución impugnada y ante quien se interpone el recurso de inconstitucionalidad. Si el acceso a la instancia extraordinaria no es franqueado como resultado de ese primer contralor, la presentación directa ante la Corte tiene por carga el ataque de los argumentos relativos a la inadmisibilidad en que el Tribunal a quo sustentó su denegatoria. No hacerlo, como en el caso, implica dejar incumplida la referida carga procesal.

En suma, la deficiencia apuntada sella la suerte adversa del remedio deducido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para la quejosa el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)