marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, apertura del concurso
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Yamasato Ernesto o Farmacia Yamasato s/ Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-29

Cuando la ley de concursos 24522 menciona en el artículo 11 inciso 4º a "las copias de balances... realizados voluntariamente por el concursado", no se refiere a que en ellos se pueda obviar la certificación de contador público, sino que el legislador hace referencia a los que lleva a cabo aquél deudor que la ley no lo obliga a su confección. Pero si los efectúa y los quiere hacer valer ante los poderes públicos, debe realizarlos cumpliendo con las obligaciones impuestas por la ley 10620 en sus artículos 9, 12 a) 1 y concordantes, vale decir, certificados por contadores públicos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, daño emergente, prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Moresi de Oliva, Teresa Raquel c/ Arrighi, Rubén y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó la indemnización de diversos rubros integrantes del daño emergente, si utilizó argumentos que sólo en apariencia sustentan lo resuelto ya que, mediante afirmaciones dogmaticas y exigencias ajenas a las reglas de la sana critica, se ha privado de eficacia a un medio de prueba especialmente idoneo para formar la conviccion del juzgador
Daño moral, daño material
Materia: LABORAL
Carátula: LINARES, RAUL ALFREDO c/ EXPRESO DOS CIUDADES S.A. s/ ACCIDENTE DE TRABAJO (l) S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-19

El daño moral es autónomo del daño patrimonial, aunque ambos puedan nacer del mismo hecho, porque afecta el equilibrio espiritual y los sentimientos, por lo cual también reviste carácter personalísimo (cfr. Ackerman, Ferrer, Piña, Rosatti; Diccionario Jurídico, Rubinzal-Culzoni Editores; Bs. As., 2012; voz: daño moral); y ha sido definido por Capitant como aquél que incide sobre el honor o los afectos de una persona (cfr. Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Ruy Díaz SA, Bs. As., 1994; voz: daño moral). El daño material es aquel que directa o indirectamente afecta un patrimonio; bienes susceptibles de valuación económica. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Tasa de justicia, exención de tasa de justicia, certificado de pobreza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Funes Sergio s/ Título Supletorio (LIBRO: A132 - 387)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-03-08

La tasa se justicia en gravamen que el órgano legislativo puede establecer sin violar la garantía de la defensa en juicio, teniendo en cuenta que la ley exime del pago a quien litigue con carta de pobreza y en un caso en que se trataba de una tasa de justicia del
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, juicios contra el Estado, sentencia, ejecución de sentencia, Municipalidad, bienes, embargo, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: AGUILAR, MARIA JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 42 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-04-23

Es inadmisible la queja desde que la Municipalidad recurrente no persuade acerca de la irrazonabilidad o ilogicidad del criterio adoptado por la Sala al aplicar la doctrina plena del 5.9.2001, y entender que las posibilidades que le asisten para cancelar ordenadamente sus deudas y enervar la cautelar cuestionada, son: o disponer el pago íntegro de la obligación valiéndose del criterio de previsión hacendal en el ejercicio siguiente al quedar la misma en condiciones de ser presupuestada; o bien, disponer el pago en cuotas que traduzcan, según su importe y cantidad, que la cancelación habr á de perfeccionarse en un plazo razonable.

Al respecto, no es ocioso recordar que en el citado pleno se sostuvo -a los fines de impedir el embargo de los bienes públicos- que la pretensión articulada debía estar acompañada de concretos y razonables compromisos respecto de la cancelación de la deuda que previeran el tiempo y modalidad de pago al que debería atenerse el acreedor postergado, quedando condicionada la suspensión de la ejecución a su posterior cumplimiento, si no mediara algún modo convencional de ordenarlo de manera distinta, recaudo razonable en orden a que el sacrificio que se impone al acreedor en aras del interés general se vea mínimamente compensado con una cierta certeza que le permita ordenar, con la previsibilidad del caso, sus propios negocios y asuntos personales.
Imputado, declaración indagatoria, coacción, declaración autoincriminante, ratificación de la declaración
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Bordi, Marcela Gladys s/ Malversación de caudales públicos como partícipe criminal primario s/  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-10-10

El acto realizado sobre el imputado bajo coacción legal, no puede ser luego invocado como prueba sustancial en su contra a pesar de que éste manifieste -a posteriori- que ratifica el mismo, toda vez que convocado por el juez de la causa bajo las prescripciones de los arts. 223 y ss. del CPP.(testigos), no cabe duda de que su voluntad se encuentra limitada por la posible sanción que le puede recaer en caso de no manifestarse con la verdad. (Del voto del Dr. Balladini)
Retiro policial, pensiones del personal policial
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Codognelli, Silvia Virginia c/ Nación Arg. (Prefectura Naval Arg.) s/ Retiro Militar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-08

Para que se pueda perder el derecho al haber de retiro y nazca el derecho a pensión es necesario haber tenido antes ese derecho.
Sentencia arbitraria, revocación de sentencia, ley arancelaria, regulación de honorarios, procedencia del recurso, recurso extraordinario, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Cambrea, Juan Rodolfo c/ CEAMSE s/ escrituración
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-25

Si bien las cuestiones referentes a los honorarios regulados en las instancias ordinarias, las bases adoptadas para tal fin, así como la interpretación y aplicación de normas arancelarias son, en virtud de su carácter fáctico, procesal y de derecho común, materia extraña a la vía del artículo 14 de la ley 48 y, en consecuencia, ajenas al recurso extraordinario, no cabe aplicar esa regla cuando se advierte algún supuesto de arbitrariedad. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Corrupción, corrupción de menores
Materia: PENAL
Carátula: H., J.A. s/ Abuso Sexual de Menor de Trece Años con Acceso Carnal Calificado por Ser Gravemente Ultrajante, por el Vínculo, por el Grave Daño en la Salud, por la Convivencia Preexistente en concurso Real con Corrupción Calificada por el Vínculo, sobre Victimas F., S. s/Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-15

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, han señalado que el carácter corruptor de los actos sexuales deviene en general "de su condición de perversos, prematuros o excesivos" y describen como "perverso el acto cuando en sí mismo es depravado por lo anormal (actos de homosexualismo, accesos abnormes, etcétera), como prematuros aquellos que son "practicados sobre menores de muy corta edad, despertando en los mismos instintos sexuales precoces" y como excesivos aquellos que " crean una lujuria anormal por desmesurada".
Derecho laboral, acción civil, legitimación pasiva, asegurador, resolución de las excepciones
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cristeff, Mónica Susana c/ Provincia A.R.T. S.A. s/ accidente-acción especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-16

El Magistrado de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva y no seguro, opuesta por la ART demandada por lo que rechaza la demanda incoada. Para el caso en cuestión, la demandada no es la ART en los términos de la ley 24.557 pues la Provincia de Buenos Aires tiene un régimen de autoseguro desde el año 2007, y la demandada es solo la administradora de la cartera de siniestros a partir de dicha fecha. Además la veracidad de dicha circunstancia no amerita ningún tipo de discusión en tanto dicho cambio ha sido dispuesto por el decreto de la Provincia de Buenos Aires 3858 del diciembre de 2007, naturalmente obligatorio más allá de si la actora conocía o desconocía dicha circunstancia. Desde tal perspectiva, no cabe más que confirmar el decisorio de grado. (Pérez-Perugini)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, jubilaciones, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PELLINI, ADELAIDA LIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-04-08

Cabe rechazar la queja interpuesta por la Provincia demandada, desde que su planteo de que el reconocimiento de los haberes de la actora debe efectuarse sin proyecciones retroactivas con cita de los precedentes "Villegas" y "Francioni", fue respondido por la Cámara, que entendió que ni el consentimiento de ésta al acto de otorgamiento del beneficio previsional, ni por ende su firmeza, constituyen óbices válidos al reconocimiento retroactivo pretendido, pues afirmar lo contrario implicaría exigir que la peticionaria haya debido impugnar el mencionado acto de concesión del beneficio siendo que le era esencialmente favorable; aclarando sin embargo que adoptar la decisión de reconocer retroactivamente el reajuste del haber no importa admitir la posibilidad de reclamos de diferencias sin límite temporal alguno, el que por el contrario está igualmente impuesto por las respectivas normas de prescripción.-
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, vista a las partes, notificación, falta de notificación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MAIDANA, PATRICIA s/ Notificación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-22

Las constancias de recepción de la causa por parte de la defensoría oficial interviniente sólo son útiles a los efectos de acreditar que las actuaciones fueron remitidas a la misma, pero no pueden ser tomadas como una forma de notificación válida.
Recurso de queja (procesal), procedimiento laboral, control de constitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Noa Valores S.A. c/ Tuyá Maffei, Jaime; Patrón Costas, María Marta; Tuyá Maffei Patrón Costas, Jaime s/ medida cautelar Castro, Lina Mariana c/ P.C. Salta S.R.L.; Cardozo, Raúl Ernesto y otros s/ queja por recurso de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-03-13|2019-12-03

La doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los cuales el pronunciamiento impugnado contiene vicios que lo descalifiquen como acto judicial válido y requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación, lo que no ha sido acreditado en la especie. (Del voto en Minoría de la Dra. Bonari y del Dr. Catalano)
Hecho imponible, hecho imponible instantáneo, Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Distribución Centro  S.A. c/ M.C.B.A. s/ Repetición
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-28

Los impuestos que la doctrina denomina "instantáneos", son aquéllos en los que el hecho imponible se produce o se verifica en un determinado momento, es decir, es independiente de otras circunstancias y es, por tal motivo, suficiente para originar la obligación tributaria principal. Los llamados impuestos "de ejercicio", abarcan un determinado proceso que se desarrolla en el tiempo que, como tales, son difíciles y complejos de liquidar, por lo que las normas legales no exigen su determinación sino después de transcurrido algún plazo prudencial a partir del momento en que concluyó el hecho imponible.

El impuesto a los ingresos brutos tiene el carácter de tributo de ejercicio y por tanto debe aplicarse la ley vigente al concluir el respectivo período que abarca el hecho imponible.

La obligación se configura recién al cabo del ejercicio fiscal, y el hecho de que la base imponible puede verse sujeta a diferentes deducciones establecidas por el propio cuerpo legal (art.136 de la Ordenanza 38.568), demuestra que dicha base no está constituida por la mera suma de los ingresos brutos obtenidos en el período y la aplicación de la correspondiente alícuota, sino que quedará sujeta, en definitiva, a las operaciones de deducción que corresponda practicar en la oportunidad de efectuarse la cuenta final a que alude el art. 140 de la ordenanza citada. Toda vez que el impuesto a los ingresos brutos es un tributo "de ejercicio", por cuanto se abona con referencia a manifestaciones económicas que revisten carácter periódico en tanto que, para la correcta y exacta configuración del hecho imponible, se hace imprescindible conocer una serie de circunstancias de hecho que se irán plasmando a través del período fiscal, debe considerarse legal el retroactivo de emergencia creado por la ordenanza 40.208 dictada dentro del período fiscal de 1984, sin que pueda considerarse que los pagos de los anticipos hayan tenido efecto liberatorio, dado su carácter provisorio, sujetos a la liquidación final a que alude la ley.
Impedimento de ligamen, nulidad de matrimonio, matrimonio celebrado en el extranjero
Materia: CIVIL
Carátula: M.,A.C. c/ I.,A.R. s/ Nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-01

Cabe decretar la nulidad por bigamia internacional del matrimonio celebrado en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada de Estados Unidos de Norteamérica y reconoce la buena fe de la cónyuge, pues el demandado no ha logrado probar que la actora estuviera al tanto del impedimento de ligamen, por el matrimonio anterior que éste había celebrado en Argentina, es que, las meras suposiciones de los testigos declarantes, de que las partes conocieron el Estado Civil de ambos, resultan insuficientes como para tener por demostrado que la actora efectivamente conocía que este último carecía de aptitud nupcial por no haberse aun divorciado de su anterior mujer.
Obligaciones, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zingoni, Angel O. c/ Emprecasas S.A. s/ Incumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-26

Cuando las partes, se conducen en forma contraria a lo que verosímilmente deben entender obrando de buena fe, a la par que desconocen obligaciones expresamente asumidas al concertar el negocio, se colocan de tal modo en situación de mora recíproca, tornando en inviables los respectivos reclamos que con tales falencias se efectúan. No cabe calificar sino como mora recíproca cuando ambas partes simultáneamente rehusan cumplir obligaciones alegando que no le competen (arts. 1198, 510 y 1201 del Cód. Civil)
Derecho de gentes, aplicación de tratados internacionales
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

El derecho de gentes resulta de aplicación inexcusable para el juzgador cuando permite la adecuada solución del caso, en función de lo dispuesto por el art. 21 de la Ley 48, pues debe contemplarse la circunstancia de que como toda regla de derecho internacional, convencional o consuetudinaria, un tratado no se aplica en vacío sino en relación con hechos y dentro de un conjunto más amplio de normas que integran el sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar y del cual no es más que una parte. (del voto de la Dra. Ana María Figueroa)
Titularidad de la patria potestad, tenencia de hijos menores, tenencia compartida de hijos menores
Materia: CIVIL
Carátula: P., F.E. c/ P., E.N. s/ PROCESO ESPECIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-24

1- El art. 264 del Código Civil comienza poniendo en cabeza de ambos padres, la patria potestad -como conjunto de deberes y derechos que corresponden a aquéllos sobre las personas y bienes de sus hijos.

Ello implica un juicio de valor respecto de la titularidad y del ejercicio a favor de ambos padres.- 2- Si la ley reconoce a ambos padres la titularidad y el ejercicio de la patria potestad, privilegia que se trata de una tríada, no de un vínculo diádico. En consecuencia no existe medio más bondadoso que el ejercicio en forma conjunta de ella, sin perjuicio de que, en algunos supuestos, ha de ser menester una debida adecuación a las particularidades del caso.- 3-Evaluar los resultados de la interpretación del art. 264 del Código Civil, permite la confrontación con el objetivo perseguido de la norma. Si la patria potestad se articuló en la ley, sobre la base de conferirla a ambos padres, de manera que deba guardar su ejercicio relación con los intereses de los hijos, respetando la igualdad de los progenitores, sin distinción de sexo, la jerarquía que tiene este principio no debe ser desvirtuado por una interpretación no acorde con él.- 4- La ley no prohíbe la tenencia conjunta, sencillamente no la legisla. Pero la ausencia de normas no permite olvidar que los niños necesitan siempre a ambos padres. Los contactos continuos y significativos entre los padres, disminuyen el impacto traumático del divorcio en los hijos.-
Recurso de apelación (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: Santa María Sociedad Anónima Inversora y Financiera c/ Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido Dirección General de Rentas (Res. nro. 5089/DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones DGR s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-03

Con respecto a la multa aplicada, conforme lo dispone el art. 83 del Código Fiscal año 1999 (ley 150), cabe afirmar que en esta materia -al margen del principio general establecido en el art. 923 del C.C.- el error de derecho constituye una causa de exclusión de la culpabilidad, y por ende, de no punibilidad de la infracción.

Este error de derecho se refiere a la aplicación de las leyes tributarias al caso concreto, y no a la punibilidad o no del acto u omisión. Pero el error de derecho, para actuar como eximente, además de ser esencial, debe ser excusable, es decir no imputable al contribuyente o responsable.
Impuesto sobre los ingresos brutos, transporte de pasajeros, transporte interno, inconstitucionalidad, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Línea 10 S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-09-30

Cabe rechazar la demanda iniciada por la actora a fin de que se declare la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos que el Estado local pretende aplicarle sobre la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros por automotor que desarrolla, pues no es suficiente que aquélla alegue que se dedica a la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros y que las tarifas las fijó la autoridad nacional de aplicación para eximirse del tributo, ya que si sólo esos fuesen los extremos a acreditar se le estaría reconociendo a las empresas del rubro una inmunidad impositiva sin más, frente a cualquier pretensión de cobro provincial; y ese no es el derecho constitucional amparado, dado que para su aplicación y reconocimiento es exigible y necesario que logre acreditar el vínculo relacional entre las tarifas fijadas por la autoridad nacional, los precisos ingresos emergentes de esa actividad, y que la facultad impositiva provincial se intenta ejercer sobre las sumas percibidas en ese concepto.
Impuestos, régimen penal tributario, denuncia anónima, allanamiento domiciliario, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: D.G.I. s/ Régimen penal tributario, Solicitud orden de allanamiento Causa  31648
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-22

1- La denuncia anónima no circunstanciada, ni documentada de un particular dando cuenta de la presunta comisión de un delito previsto por el Régimen Penal Tributario, y la constatación por la Dirección General Impositiva (D.G.I.) de los domicilios aportados no es motivo suficiente para hacer lugar a la expedición de órdenes de allanamiento.- 2- La norma procesal respectiva requiere la existencia de suficientes indicios para que quepa practicar una pesquisa domiciliaria, pues el auto que ordene la emisión de la orden de allanamiento debe ser fundado.
Prueba compuesta, presunciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ RUBEN RENAN c/ NEMECIO LEONARDO RAMIREZ s/ ORDINARIO. EXPTE. N 6967/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1996-03-19

En la presunción judicial o de hombre, por lo general se considera al hecho simplemente como probable, a menos que por basarse en una ley física inmodificable o por tratarse de varias deducidas de un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes, otorguen certeza sobre tal hecho. Es que la función procesal de las presunciones de hombre, es decir, el servirle de guía al juez, es muy importante.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, prueba, Derecho laboral, relación de dependencia, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: OJEDA, MARIA AMERICA c/ VALE S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA  ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

Si bien es sabido que las cuestiones relativas a la ponderación y valoración probatoria resultan propias del ámbito de actuación de los jueces de la causa, y, por lo tanto, excluidas del control constitucional, corresponde franquear tal barrera cuando se hubiera prescindido -sin justificación- de considerar elementos que podrían incidir en la suerte del litigio. Y en dicha línea, la sentencia atacada se ha apartado de las constancias del expediente, desde que ha efectuado un examen parcializado de las pruebas rendidas, con directa implicancia en la decisión adoptada, toda vez que la Cámara -por entender que la actora se enfrentaba a mayores dificultades probatorias en virtud de las particulares características del trabajo a domicilio- asignó particular relevancia a los testimonios de quienes desempeñaban tareas en el domicilio de aquélla, entendiendo que las declaraciones de los dependientes de la demandada debían ser valorados con mayor rigurosidad; consideró que era carga de la demandada probar que la referida prestación de servicios no respondía a una causa laboral; y omitió pronunciarse sobre el hecho de que la demandada presentó los registros contables de la empresa, de los que surgiría que la totalidad de sus empleados se encontrarían registrados, cuestión que ameritaba al menos una referencia, desde que la accionante sería la única empleada que -en su caso- se encontraría sin registrar.