Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-23


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil seis, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dres. Esteban Centanaro, Carlos F. Balbín y Horacio G. Corti, para conocer en los recursos de apelación interpuestos 1) por INCO CONSTRUCCIONES S.A. a fs. 1308 y fundado a fs. 1325/48, contra la sentencia de fs. 1265/83 en los autos "INCO CONSTRUCCIONES S.A. contra GCBA (Dirección General de Programación y Contralor de Obras) y otros sobre Contrato de Obra Pública", EXP. 3953/0, y 2) por SERVIPARK S.A. a fs. 1131, fundado a fs. 1144/67, en los autos "SERVIPARK S.A. contra GCBA sobre Contrato de Obra Pública", EXP. 3954/0, acumulado al anterior. Practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: Dr. Horacio G. Corti, Dr. Esteban Centanaro y Dr. Carlos F. Balbín, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la sentencia apelada? A la cuestión planteada el Dr. Horacio G. Corti dijo: I. A fs. 607 de los autos "SERVIPARK S.A. contra GCBA sobre Contrato de Obra Pública" EXP. 3954/0, SERVIPARK S.A. demanda al GCBA ante la Justicia Nacional en lo Civil por los daños y perjuicios derivados del incumpl imiento contractual que le imputa, y solicita asimismo se determine judicialmente la nulidad del decreto 2177/94 que declara nula la relación contractual establecida entre las partes con fecha 29 de noviembre de 1991. Según manifiesta la actora, resultó adjudicataria de la licitación convocada a fin de construir y explotar una playa de estacionamiento subterránea en la intersección de las calles Viamonte y Suipacha de esta Ciudad de Buenos Aires. El decreto que así lo determina es el nro. 4897/91. Posteriormente, y en virtud de dicho decreto, se firma un "Contrato de Concesión de Obra Pública, Playa de Estacionamiento de las calles Viamonte y Suipacha de la Capital Federal", con fecha 29 de noviembre de 1991, suscrito por el Sr. Procurador General de la Ciudad y el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas, en representación de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Años más tarde, con fecha 4 de noviembre de 1994, el entonces Intendente municipal dicta el decreto nro. 2177/94 que declara "nulo de nuli dad absoluta", en los términos del art. 17 de la LPA, el documento suscripto el 29 de noviembre de 1991 con la firma SERVIPARK S.A. mediante el cual se le otorgara en concesión de obra pública la playa de estacionamiento subterránea en la intersección de las calles Viamonte y Suipacha." Entre otras circunstancias, menciona como determinante de la declaración de nulidad, la inexistencia del decreto nro. 4897/91. En este contexto, la actora inicia la demanda por daños y perjuicios contra la Ciudad de Buenos Aires, invocando el daño emergente que resultaría de todas las erogaciones que debió realizar, desde su constitución -destacando que fue conformada con el único objeto de construir y explotar la playa de estacionamiento subterránea- hasta la fecha de la demanda, como consecuencia del contrato que la vinculaba con la Municipalidad. Reclama también el lucro cesante, que consistiría en la totalidad de las sumas de dinero que habría percibido si el contrato se hubiese cumplido. La suma a que arriba finalmente ex cede los cuarenta y dos millones de dólares estadounidenses (cfr. fs. 623 vta. de los autos EXP. 3954/0). II. Por otra parte, en los autos "INCO CONSTRUCCIONES S A. contra GCBA (Dirección General de Programación y Contralor de Obras) y otros sobre Contrato de Obra Pública" EXP. 3953/0 se presenta la actora (cfr. fs. 210/16 y ampliación de la demanda de fs. 442/48) e inicia demanda contra la firma PROCONS AMERICANA S.A. reclamando la suma de pesos trescientos mil en concepto de daños y perjuicios derivados de la frustración del contrato que celebraran. Refiere que la firma SERVIPARK S.A. contrató a la demandada PROCONS AMERICANA S.A. para la construcción de la obra, y que esta última contrató a la actora para que realice los trabajos de excavación, submuración y construcción de la estructura de hormigón armado de la playa de estacionamiento subterránea a construirse bajo la plazoleta ubicada en la esquina de las calles Suipacha y Viamonte de esta ciudad. Afirma que en determinado momento no fue posible la pros ecución de la obra, debido a la necesidad de interrumpir la circulación de vehículos por las calles mencionadas, como también a la del cierre de los accesos a la Dirección General de Rentas de la MCBA y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Como tales medidas no fueron autorizadas por la MCBA, las obras fueron suspendidas, con los consiguientes perjuicios que ello comportaba a la actora. Señala que ni SERVIPARK S.A. ni la demandada brindaron respuesta alguna a sus reclamos. A fs. 489/90 la actora INCO CONSTRUCCIONES S.A. amplía la demanda contra la MCBA y SERVIPARK S.A., en virtud de la acción subrogatoria, y la directa del art. 1645, Cód. Civ. III. A fs. 1232 de los autos "INCO CONSTRUCCIONES S.A." el juez civil resuelve la acumulación del expediente "SERVIPARK S.A. c/GCBA s/ordinario", a fin de que se dicte una única sentencia que ponga fin a ambos asuntos. Finalmente, a fs. 1108/1126 de los autos "SERVIPARK S.A." -fs. 1265/83 de los autos "INCO CONSTRUCCIONES S.A."- la Sra. Jueza a quo dicta sentencia res olviendo "rechazar la demanda en todas sus partes, con costas a la vencida." Puesto que del contenido de la sentencia se desprende que dicha resolución sólo se refiere a la actora SERVIPARK S.A., el GCBA interpone recurso de aclaratoria a fs. 1133 de los autos "SERVIPARK S.A. c/GCBA" -fs. 1288 de los autos "INCO CONSTRUCCIONES S.A."- solicitando se aclare la sentencia y se indique expresamente que también se rechaza la demanda incoada por INCO CONSTRUCCIONES S.A. A fs. 1134 de los autos "SERVIPARK S.A." -fs. 1289 de "INCO CONSTRUCCIONES S.A."- la magistrada de grado hace lugar al recurso y aclara que se rechazan ambas demandas interpuestas por SERVIPARK S.A e INCO CONSTRUCCIONES S.A en todas sus partes. IV. Contra dicho pronunciamiento se alzan ambas actoras, por sus argumentos respectivos. Dada la peculiaridad y multiplicidad de cuestiones a resolver, por razones lógicas y metodológicas expondré los temas en el siguiente orden: i) nulidad de la sentencia planteada por INCO CONSTRUCCIONES S.A.; ii) agravios d e SERVIPARK S.A.; iii) las pretensiones de INCO CONSTRUCCIONES S.A. no consideradas en la sentencia recurrida. a) Sobre la nulidad de la sentencia de grado. V. Corresponde resolver en primer lugar el planteo de INCO CONSTRUCCIONES S.A. de fs. 1325/48 del Expte. EXP. 3953/0, puesto que, en lo sustancial, solicita a este Tribunal que declare la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia, ordenando un nuevo pronunciamiento o directamente abocándose a la resolución de la litis. Ello, puesto que afirma que dicha sentencia -y su aclaratoria- se refiere exclusivamente a las pretensiones y situación de SERVIPARK S.A., desconociendo las particularidades de la demanda de INCO CONSTRUCCIONES S.A. En efecto, y tal como ha señalado el Ministerio Público Fiscal en su dictamen de fs. 1188/94 de los autos "SERVIPARK S.A." (Expte. nro. EXP. 3954/0), entiendo que de la mera lectura de la sentencia recurrida surge con evidencia que no se ha dado tratamiento alguno a las pretensiones de la actora INCO CONSTRUCCIONES S.

A., sino que aquélla se ha ocupado exclusivamente del vínculo entre el GCBA y SERVIPARK S.A. Considero que la determinación de la invalidez de dicho vínculo no implica ipso facto la falta de derecho de INCO CONSTRUCCIONES S.A. respecto de sus demandados, como implícitamente surge del fallo recurrido. La situación de esta última, si bien se refiere a hechos conexos a los de los autos "SERVIPARK S.A." (Expte. nro. EXP. 3954/0), es muy distinta. Como mencioné anteriormente, INCO CONSTRUCCIONES S.A. demandó a PROCONS S.A. y posteriormente a SERVIPARK S.A. y al GCBA, por los daños y perjuicios derivados de la frustración del contrato -dada la imposibilidad fáctica de continuar con la obra- celebrado con el primero, con el fin de la excavación, submuración y construcción de la estructura de hormigón de la playa de estacionamiento subterránea a construirse en la esquina de las calles Suipacha y Viamonte de esta ciudad. El pronunciamiento de grado simplemente se refiere a esta situación en el considerando II de fs. 1 266 de los autos "INCO CONSTRUCCIONES S.A." (Expte. nro. 3953/0). En el resto de la sentencia, se ocupa la magistrada de la relación contractual entre SERVIPARK S.A. y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos, concluyendo que "la gravedad y entidad de las circunstancias allí reseñadas demuestra[n] que el contrato como tal es inexistente ya que nunca se perfeccionó sino que a todo evento se estableció una relación extracontractual a la que se llamó ´contrato´, ante lo cual solo caben sendas responsabilidades personales por actuar en exceso de las funciones conferidas respectivamente." Asimismo, la a quo evalúa la validez del decreto 2177/94, concluyendo que la revocación efectuada en sede administrativa mediante dicho decreto "se ajusta a las disposiciones legales ya a los criterios de interpretación que de la misma viene sentando el máximo Tribunal de la Nación" (fs. 1124 vta.). Queda claro, entonces, que la situación de INCO CONSTRUCCIONES S.A. no ha sido considerada en la sentencia que aquí se recurre, y que por tal motivo ella no resulta un pronunciamiento jurisdiccional válido. Cabe recordar que por razones análogas, el Sr. Procurador General Adjunto, Dr. Rubén A. Pereyra, propicia en su dictamen que este Tribunal deje sin efecto la decisión recurrida, devolviendo las actuaciones a la instancia de grado a fin de que se dicte una nueva sentencia (cfr. fs. 1193 vta. de los autos EXP. 3954/0). VI. Consecuentemente, entiendo que los argumentos de INCO CONSTRUCCIONES S.A. respecto de este punto son básicamente correctos. Con todo, el caso que nos ocupa es bastante peculiar, puesto que la sentencia que se impugna, en lo que resuelve positivamente, es decir, la situación de SERVIPARK S.A. y su reclamo contra el GCBA, es válida -dicho esto sin perjuicio del tratamiento subsiguiente de los agravios vertidos por SERVIPARK S.A. en el expediente nro. EXP. 3954/0. Ahora bien, dicha sentencia es deficiente en la medida en que omite pronunciarse sobre las pretensiones específicas de INCO CONSTRUCCIONES S.A., cuando correspon día que en una única resolución se diera fin y pertinente tratamiento a ambas cuestiones, i.e., las vertidas en los expedientes nro. 3953/0 y nro. 3954/0. En la medida de lo que omite, no configura un pronunciamiento jurisdiccional válido, resultando en consecuencia parcialmente nula -por una omisión parcial. De acuerdo al art. 229, CCAyT, el recurso de apelación comprende el de nulidad por errores in iudicando, debiendo la Alzada resolver sobre el fondo del litigio si resuelve la nulidad de la sentencia. Es decir, este recurso sólo cabe contra defectos de la sentencia y no como vía impugnativa de defectos del procedimiento que la precede (esta Sala, in re "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires contra GCBA sobre amparo, sentencia del 29/11/2000). En efecto, el vicio con potencialidad para originar una nulidad puede consistir en un defecto en la secuencia de los trámites que constituyen el proceso -lo cual vulnera la garantía del debido proceso adjetivo, y ha sido conceptualizado genéricamente com o errores in procedendo- o bien en la existencia de una decisión jurisdicional formalmente defectuosa. En el primer supuesto la parte afectada deberá promover el pertinente incidente de nulidad (arts. 153, 155 y cctes., CCAyT) mientras que en el segundo la nulidad deberá plantearse al fundar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución o sentencia, que comprende el de nulidad (art. 229, CCAyT). Ello, puesto que si se han respetado los trámites y la decisión es formalmente válida, pero ostenta defectos en la solución sustancial del caso resuelto, se trata de la existencia de erorres in judicando (Couture, Eduardo, Fundamentos, p. 344, nº 212; Calamandrei, Piero, Estudios, p. 165). Esta Sala ha dicho, asimismo (in re "Pérez, Víctor Gustavo y otros c/ GCBA s/ Amparo", expte. nº 605, del 26/01/01), que en materia procesal no procede la nulidad por la nulidad misma, razón por la cual quien alega la invalidez de un acto debe expresar el perjuicio que ha sufrido como consecuencia del acto atacado, y menc ionar, en su caso, las defensas que no ha podido exponer (artículo 155 del CCAyT). Es por aplicación del mismo principio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que "no aparece violada la garantía de la defensa en juicio cuando el recurrente no indica las defensas o pruebas de que se habría visto privado, a raíz del trámite de la causa" (Fallos, 273:134). En efecto, deriva de los arts. 18 C.N. y 13, inc. 3º, C.C.A.B.A. que la finalidad de los actos procesales consiste en asegurar la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Por ello, desde esa perspectiva, corresponde la declaración de nulidad si el defecto constatado ocasiona gravamen al derecho de defensa (Alsina, Hugo, Tratado, 2da. edición, tº I, p. 652, nº 13; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, t. IV, p. 415, nº 346). Sentado lo expuesto, considero que la sentencia de primera instancia aquí recurrida no cumple con los requisitos previstos en el inc. 6º art. 145, CCAyT, puesto que no decide expr esa y positivamente de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio por una de las actoras, a saber, INCO CONSTRUCCIONES S.A., calificándolas jurídicamente y declarando el derecho de los litigantes. Es decir, rechaza la demada por ella incoada sin el debido examen de los hechos y del derecho aplicable a su caso específico, el que difiere singificativamente del de SERVIPARK S.A. Por consiguiente, siendo la finalidad del instituto de la nulidad la defensa del derecho de defensa de los litigantes -como fuera dicho supra-, y estando este Tribunal facultado por el ordenamiento procesal local para abocarse a la resolución del fondo del litigio o de los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia (cfr. artículos 229 y 248 CCAyT), estimo que los derechos de INCO CONSTRUCCIONES S.A. a la tutela judicial efectiva y a la defensa en juicio (cfr. art. 18, CN, art. 13, inc. 3º, CCABA y art. 8º inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 75 inc. 22, CN) quedarán plenamente asegurados si este Tribunal integra la sentencia de grado con la consideración de las pretensiones de la actora allí desatendidas. Finalmente, entiendo que si, por el contrario, aquí se decretara la nulidad de la totalidad sentencia de grado, ello implicaría desconocer infructuosamente lo que en ella se ha resuelto válidamente respecto de SERVIPARK S.A., lo cual contradiría el principio de economía procesal que debe informar el transcurso del proceso. Dicho esto, corresponde ingresar ahora en los agravios de SERVIPARK S.A. b) Los agravios de SERVIPARK S.A. (Expte. nro. EXP. 3954/0). VII. Siendo la sentencia válida en relación con SERVIPARK S.A., corresponde el tratamiento de los agravios por ella vertidos a fs. 1144/68 de los autos nro. 3954/0. VIII. Respecto del primer agravio, afirma la recurrente que la magistrada resolvió de acuerdo a circunstancias no deducidas en el juicio, lo cual tornaría arbitraria su decisión (cfr. fs. 1144). Entiendo que tal aserción resulta improcedente, por las siguientes razones. VIII. 1.

La a quo menciona como circunstancia determinante de la invalidez del documento de fecha 29 de noviembre de 1991 -suscrito por el Sr. Procurador General de la Ciudad y el Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas, en representación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la representación de SERVIPARK S.A.-, la inexistencia del decreto nro. 4897/91 de adjudicación de la concesión de obra pública a la actora (cfr. fs. 1115 vta.), el cual sería el antecedente necesario del posterior contrato, y cuya inexistencia lo volvería un sinsentido. Ahora bien, tal circunstancia no fue mencionada por la magistrada ex officio o desatendiendo las constancias de la causa, puesto que ha sido destacada en el decreto nro. 2177/94 como también en la contestación de demanda de fs. 670/93 (cfr., en particular, fs. 672). Cabe recordar, asimismo, que indica el art. 51 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la licitación de concesiones de obra pública, agregado a estos autos, que "serán documentos integrante s del contrato que suscribirán las partes: ... g) La adjudicación; h) El decreto aprobatorio del Intendente Municipal." Ninguno de dichos instrumentos ha sido aportado al sub lite por la interesada. En consecuencia, la magistrada valoró correctamente la situación de autos. Es menester destacar que no se puede pretender salvar dicha omisión sobre la base de argumentos de la clase de los volcados por la recurrente a fs. 1147 (tercer agravio). Allí afirma, en síntesis, que en la época de los hechos de la causa los decretos dictados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no eran debidamente publicados en el Boletín Municipal, y que tal circunstancia no le es imputable (cfr. fs. 1147). Ahora bien, respecto de la publicidad de los actos administrativos, cabe señalar que según el art. 11, LPA, "para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación." Como señala Comadira, la doctrina y jurisprudencia discuten -r especto del acto de alcance particular- si la notificación es requisito de eficacia o de validez del acto administrativo (cfr. Procedimientos administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, Buenos Aires, La Ley, p. 227 y ss). Afirma el autor que la letra de la ley parece inclinarse por la primera alternativa, como asimismo la mayoría de la doctrina, dejando a salvo su posición en contrario. En este sentido, ha dicho Cassagne que "la publicidad, en cuanto constituye un requisito de exteriorización de la voluntad administrativa, configura un recaudo inherente al elemento forma. Si la publicidad aparece exigida por el ordenamiento jurídico y no se cumple con tal requisito, es evidente que el acto como tal, no habrá nacido." (cfr. Derecho Administrativo, t. II., p. 154, citado en Comadira, ob. cit., p. 229). A favor de la postura de la validez del acto, la jurisprudencia ha dicho que "dentro del sistema diseñado por la L.N.P.A. (art. 11), la eficacia de los actos administrati vos de alcance particular queda supeditada a su notificación, por lo tanto un acto favorable no notificado no otorga derecho alguno" (C.N.C.A.F., Sala III, 1/12/92, LL 1993-C, 20, cit. en Comadira, ob. cit., p. 228). Dicho esto -y cualquiera sea la posición teórica de fondo sobre el punto-, en el caso advierto que si bien el decreto pudo no haber sido publicado en el Boletín Oficial, sí debió haber sido notificado a la actora para surtir los efectos que le son propios -considerando indistintamente que la notificación sea requisito de validez o de eficacia del acto. Si fue notificado a la actora, ella debió anejarlo a las presentes actuaciones. Además, debo agregar que la adjudicación no puede "suponerse", puesto que en materia de contratos administrativos el cumplimiento de las formalidades específicas hace a la existencia del contrato mismo. En efecto, he tenido oportunidad de subrayar, respecto del cumplimiento de las formalidades en la contratación administrativa -cfr. la doctrina que sostengo en los autos "Latinoconsult S.A. Proel Sudamericana S.A. Arinsa S.A. (Unión Transitoria de Empresas) y otros contra G.C.A.B.A. sobre otros rec. judiciales contra res. pers. publicas no est.", Exp. n.º 239/0, cfr. mi voto en la sentencia de fecha 30 de marzo de 2005, y "Philips Argentina S.A. de Lámparas Eléctricas y Radio contra G.C.A.B.A. sobre cobro de pesos", Exp. n.º 1503, cfr. mi voto en la sentencia de fecha 10 de marzo de 2005- que a fin de examinar el vínculo jurídico contractual invocado, cabe recordar que -como dijo la Corte Suprema- "la prueba de la existencia de un contrato administrativo se halla íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la legislación aplicable exige una forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial de su existencia", y que "no es posible admitir la acción basada en obligaciones que derivarían de un supuesto contrato que, de haber sido celebrado, no lo habría sido con las forma lidades establecidas por el derecho administrativo local para su formación" (CSJN, autos "Ingeniería Omega S.A. c/ MCBA s/recurso de hecho", Fallos 323:3924, 5/12/2000). Esta Sala también ha destacado que a diferencia de lo que ocurre en las contrataciones del ámbito del derecho privado, en donde, en general, se otorga una especial primacía a la autonomía de la voluntad en cuanto a su forma de instrumentación -art. 1020, Código Civil-, en el ámbito del derecho público y, más específicamente del derecho administrativo, los aspectos formales y procedimentales de los contratos son presupuestos indispensables para su validez (in re "Linser SACIS", Expte. EXP. n.º 2398, sentencia del 6 de septiembre de 2002). En conclusión, la ausencia de adjudicación de la obra a la empresa SERVIPARK S.A. implica la invalidez de la contratación de fecha 29 de noviembre de 1991, como se ha indicado en la sentencia que aquí se recurre. Consecuentemente, el primer agravio de lar recurrente debe ser desestimado. VIII. 2. A mayor abun damiento, recordemos que la magistrada también subraya que el supuesto contrato de fecha 29 de noviembre de 1991 fue suscrito por funcionarios incompetentes. Dicha incompetencia tampoco fue aducida por la magistrada motu proprio sino que fue expresamente señalada por la demandada en estos autos. La corrección de dicha aserción resulta, por lo demás, evidente a partir de las normas que regulan la contratación que aquí nos ocupa; en particular, la ley 17.520 -reformada por la ley 23696 y aplicable a la Ciudad de Buenos Aires. Debemos destacar que si hubo delegación del Intendente a favor de funcionarios subalternos, una vez más, ella no puede suponerse sino que debe ser fehacientemente acreditada. Al igual que en el caso de la adjudicación, pretende la recurrente ampararse en una suposición o mera "probabilidad" de que tal delegación haya sido ordenada por el Intendente, pues "la delegación de facultades del Intendente Municipal respecto de la firma de los contratos, era normal y habitual en la época" (vid. fs.

1147 vta.). Por las mismas razones mencionadas anteriormente, tal argumento resulta manifiestamente improcedente. Adviértase que en el ámbito del derecho administrativo la competencia no se presume, sino que resulta, según los casos, de la Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia, consistiendo su ejercicio una obligación de la autoridad u órgano correspondiente (cfr. art. 3, LPA). Siendo ello así, la delegación debe estar expresamente autorizada, legal o reglamentariamente (cf. Comadira, J. R., Procedimientos administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, anotada y comentada, ob. cit., p. 159; Gordillo, A., Tratado de Derecho Administrativo, t. I, XII-24). Una vez dictada la norma que autoriza la delegación, "la decisión concreta de delegar o no, y a quién hacerlo, corresponde al órgano titular de la competencia de cuya delegación se trata. El decide cuándo, cómo y a quién delegar, dentro de los límites que le haya podido fijar la norma general pe rtinente." (Gordillo, A., ob. cit., XII-24). A la luz de lo expuesto sobre el agravio referido a la falta al deber de congruencia, entiendo que ha quedado acreditada la insuficiencia de las argumentaciones vertidas por la recurrente, las cuales no alcanzan a conmover lo resuelto en primera instancia sobre la invalidez de la contratación de fecha 29 de noviembre de 1991. IX. Sobre el segundo agravio de la recurrente (cfr. fs. 1145), baste señalar que de acuerdo con el art. 17, LPA, es deber de la Administración revocar los actos administrativos irregulares. Es decir que, como dijera Comadira -y tal como ha entendido la CNCCF- "dentro del campo del derecho público, está reconocido que respecto de la Administración no rige la prohibición de alegar su propia torpeza, ni le es aplicable con todos sus alcances el proloquio venire contra factum proprium nulli conceditur; ello así, toda vez que, salvo disposición en contrario, puede y debe revocar o demandar la nulidad de sus actos viciados" (cfr. Comadira, J. R., Pr ocedimientos Administrativos..., ob. cit., p. 373; véase las referencias jurisprudenciales de p. 373 nota 1415). Es por ello que las consideraciones de la recurrente referidas a la ausencia de cuestionamiento, por parte del GCBA, de la "vigencia" -en realidad, validez- del contrato del 29 de noviembre de 1991 hasta el dictado del decreto nro. 2177/94 no son procedentes (cfr. fs. 1145 vta.). Ello, puesto que los actos nulos mencionados en el art. 17, LPA son insanables (cfr. arts. 14, 15, 17 y 18, LPA; cfr. Cassagne, J. C., Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 6ª edición, t. II, p. 177). X. A fs. 1148/53 luce el cuarto agravio de la recurrente, que atañe a la falta de consideración de sus argumentos referidos a la nulidad absoluta del decreto nro. 2177/94, los que no habrían sido tenidos en cuenta por la a quo y que, de haberse considerado, habrían conducido -según ella- a una resolución distinta, en sentido favorable a su pretensión. Estimo que ello no es así. Las razones allí esgrimidas no e stán vinculadas directamente con los fundamentos de la sentencia que aquí se recurre, los cuales resultan incólumes. En efecto, el meollo de la sentencia consiste en la invalidez de la mentada contratación suscripta el día 29 de noviembre de 1991 entre SERVIPARK S.A. y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Ello, por dos razones fundamentales. La primera, la inexistencia del decreto que habría adjudicado la obra a la firma SERVIPARK S.A.; la segunda, la incompetencia de los funcionarios que pretendieron representar a la Ciudad de Buenos Aires en tal contratación. Sin embargo, las aserciones de la actora sobre la supuesta invalidez del decreto 2177/94 no conforman una crítica concreta y razonada que resulte idónea para rebatir las motivaciones esenciales del pronunciamiento recurrido (arg. arts. 236 y 237, CCAyT), que son las señaladas en el párrafo anterior. Es decir, de aquéllas no resulta la validez de la contratación del 29 de noviembre de 1991, sustento exlusivo y exluyente del reclamo por daños y perj uicios de la actora SERVIPARK S.A. contra el GCBA. A este respecto, esta Sala ha señalado anteriormente que, para que exista crítica en el sentido exigido por el artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que exista una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de los fundamentos contenidos en la decisión apelada. Deben señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran equivocadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta Sala, in re "Schnidrig, Aldo Raúl c/ GCBA s/ Amparo"; "Sturba, Griselda c/ GCBA s/ Amparo", entre otros antecedentes). En relación con su naturaleza jurídica, señalan Fenochietto y Arazi (cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Astrea, Bs. As., 1993, tº 1, p. 939, § 1; con cita de Carnelutti, Sistema, III, p. 639) que la expresión de agravios " ...tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expre sión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado ...sin ella en nuestra legislación no hay juicio de apelación". Los autores citados agregan que "...el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe al apelante de motivar y fundar su queja...", añadiendo luego que "[e]l contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas" (ob. cit., p. 940/1, § 2, "b"; esta Sala, in re "Mossuto , María Cecilia c/ G.C.B.A. y otros s/ otros procesos incidentales", EXP nº 11319/1). XI. Respecto de los agravios quinto a octavo (cfr. fs. 1153 vta./65), cabe destaca r que no configuran una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado (arg. arts. 236 y 237, CCAyT), puesto que se dirigen a cuestiones secundarias del fallo apelado que no atañen a la médula del caso. Cabe recordar que, como lo ha dicho la CSJN, los jueces sólo deben considerar aquellos argumentos de las partes que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 251:244, 258:304, 265:301, entre muchos otros). En particular, he de añadir que los agravios séptimo y octavo carecen de relevancia en la medida en que el recurrente no ha insertado las eventuales disparidades que menciona en razonamientos jurídicos que tiendan a desvirtuar los argumentos sustanciales de la sentencia recurrida. XII. A fs. 1165 indica la recurrente, en su noveno agravio, que siendo nulo el decreto 2177/94 corresponde considerar que la Administración local ha revocado el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, debiendo, en consecuencia, indemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados (art.

18 in fine, LPA). Reclama el resarcimiento del daño emergente y el lucro cesante. Baste señalar, de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriores, que la aseveración de la recurrente es incorrecta, puesto que -como correctamente entendió la a quo- en realidad nunca ha existido un vínculo contractual válido entre ella y la Ciudad de Buenos Aires que haya sido revocado por las razones mencionadas en el art. 18 LPA. Nada corresponde agregar, en consecuencia, respecto de los rubros reclamados por la actora. XIII. En resumen: i) el primer agravio ha de ser rechazado, puesto que la a quo no ha fallado en virtud de elementos no sometidos a su consideración por las partes sino sobre la base de las presentes actuaciones; ii) el segundo agravio debe rechazarse, puesto que la Administración está obligada a revocar los actos irregulares, en su propia sede o mediante la intervención jurisdiccional (arg. art. 17 LPA); iii) el tercer agravio es improcedente puesto que pretende justificar la imposibilidad de a creditar la adjudicación de la obra a la actora SERVIPARK S.A. y la delegación de funciones propias del Intendente en funcionarios de inferior rango, aduciendo una práctica generalizada, a la época de los hechos, de incumplimiento del art. 11, LPA; iv) el cuarto agravio referido a la nulidad del decreto nro. 2177/94 ha de rechazarse puesto que no configura una crítica concreta y razonada de la médula de la sentencia recurrida (art. 236 CCAyT), que ha centrado su atención en la invalidez de la relación contractual entre la Ciudad de Buenos Aires y la recurrente; v) los agravios quinto y sexto tampocon reúnen los requisitos del art. 236, CCAyT puesto que se refieren a elementos secundarios de la sentencia recurrida; vi) los agravios séptimo y octavo carecen de relevancia puesto que consisten en razonamientos dogmáticos que no se dirigen a la crítica del fallo recurrido y que resulten relevantes para un pronunciamiento jurisdiccional válido (CSJN, Fallos, 251:244, 258:304, 265:301, entre otros); vii) el noveno a gravio debe desdeñarse por estar sostenido en una interpretación errada del motivo de la revocación de la contratación invocada por la recurrente (arg. arts. 17 y 18 LPA). Atendiendo a lo expuesto, propongo al acuerdo el rechazo del recurso interpuesto por SERVIPARK S.A., con costas (art. 62 CCAyT). c) Sobre las pretensiones de INCO CONSTRUCCIONES S.A. XIV. Consta a fs. 210/16 de los autos EXP. 3953/0 que INCO CONSTRUCCIONES S.A. demanda a PROCONS AMERICANA S.A. por los daños y perjuicios derivados "de la intempestiva interrupción de la obra en curso y el relleno de la misma" (cf. fs. 211 vta.). A fs. 442/48 amplía la demanda, refiriendo que resolvió el contrato entablado con la demandada mediante misiva de fecha 10 de diciembre de 1993, atribuyendo la culpa exclusiva a la contraparte, de conformidad con los artículos 1204 y 1638, Cód. Civ. Posteriormente, a fs. 489 la actora asevera que se ve compelida a enderezar la demanda contra SERVIPARK S.A. y el GCBA, "utilizando la acción subrogatoria y la directa del art. 1645 del Código Civil.". Me ocuparé, en primer lugar, del reclamo de la actora frente a PRONCONS S.A., del cual dependen los demás, dirigidos al GCBA y SERVIPARK S.A. c.1) La situación de la co-demandada PROCONS S.A. XV. De la consideración de la situación fáctica que surge de los autos 3953/0 y las normas pertinentes del Código Civil se puede concluir que la relación contractual entablada entre INCO S.A. y PROCONS S.A. se ha extinguido, por razones ajenas a las partes. En efecto, nuestro Código Civil incluyó en el art. 724 inc. 7º la imposibilidad de pago como modo extintivo de las obligaciones. En sentido coincidente, el art. 888 señala que "[l]a obligación se extingue cuando la prestación que forma la materia de ella, viene a ser física o legalmente imposible sin culpa del deudor". Asismismo, para el caso específico de la locación de obra, el art. 1642 prevé que "[p]uede resolverse el contrato por el locatario, o por el empresario, cuando sobreviene a éste imposibilidad de hacer o de concluir la obra . En este caso el empresario es pagado por lo que ha hecho." Como señalan Alterini, Ameal y López Cabana, el tema está íntimamente ligado al caso fortuito, siéndole aplicables las pautas que gobiernan esta figura. Siendo ello así, la imposibilidad de pago debe obedecer a circunstancias que resulten i) imprevisibles, ii) irresistibles o inevitables, iii) extrañas al deudor, iv) actuales, v) sobrevinientes al nacimiento de la obligación e vi) insuperables (cfr. Derecho de Obligaciones, 2ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, pp. 369/81). Podemos agregar, con Lorenzetti, que "la imposibilidad es un hecho externo sobreviniente extintivo que impide en forma total el cumplimiento de la prestación a cargo del acreedor, imposibilidad de hacer o de conluir la obra (...) Se aplican aquí las reglas generales derivadas de la imposibilidad del pago (arts. 888 y ss.); si hay imposibilidad sin culpa, el contrato queda resuelto, debiendo el empresario ser pagado por lo que ha hecho (arts. 888 y 1642) (...) La imposibilidad tie ne efectos extintivos cuando es definitiva." (cfr. Tratado de los Contratos, t. II, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Ed., p. 747). En el sub judice, la empresa constructora INCO CONSTRUCCIONES S.A. contrató con PROCONS S.A. a fin de que la primera realizara una determinada obra; respecto de esta relación jurídica, el vínculo contractual entre SERVIPARK S.A. y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires es extraño e independiente, y por ende, las contingencias ocurridas entre estas últimas configuran para PROCONS S.A. e INCO S.A. un casus -el cual reúne las características arriba señaladas. Siendo ello así, estimo que INCO CONSTRUCCIONES S.A. no pudo continuar con la obra por razones extrañas a su voluntad y -cabe agregar- también a la contraparte. En efecto, debido a la declaración de nulidad del convenio suscrito por la Ciudad de Buenos Aires y SERVIPARK S.A., según el decreto nro. 2177/94, y al relleno de la excavación decretado anteriormente por la Municipalidad de la Ciudad, la prestación a cargo de INCO S.A. devino física y jurídicamente imposible. De la relación de los hechos de la misma actora surge claramente que las razones de tal imposibilidad no serían imputables a PROCONS S.A., sino a las vicisitudes de la relación entre la MCBA y SERVIPARK S.A. En consecuencia, la relación contractual establecida entre INCO S.A. y PROCONS S.A. se ha extinguido -aunque no, como pretende la actora, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1204 y 1638, Cód. Civ.-, de conformidad con las normas anteriormente mencionadas, correspondiendo, por ende, que eventualmente se le pague a INCO CONSTRUCCIONES S.A. por los trabajos en concreto realizados (art. 1642, Cód. Civ.). XVI. Establecido el encuadre jurídico correspondiente, para finalizar, debo destacar que no se ha acreditado en estos autos el monto que la codemandada PROCONS S.A. le debería a la actora "por lo que ha hecho" (cfr. art. 1642 Cód. Civ.), es decir, en virtud de los trabajos efectivamente realizados por INCO CONSTRUCCIONES S.A. hasta el momento de la imposibi lidad sobreviniente de pago. Ello, puesto que lo que ha perseguido la actora en todo momento es la indemnización integral por daños y perjuicios derivados de la frustración del contrato suscrito con PROCONS S.A. No ha buscado ni logrado verificar la existencia de suma impaga que esta última debería a la actora. Siendo ello así, estimo que la demanda de INCO S.A. entablada contra PROCONS S.A. ha de ser desestimada, con costas (arg. art. 301 CCAyT). c.2) La situación de las codemandadas SERVIPARK S.A. y la Ciudad de Buenos Aires. XVII. Respecto de las otras dos codemandadas, SERVIPARK S.A. y la Ciudad de Buenos Aires, sostiene la actora a fs. 489 de los autos nro. EXP. 3953, que las demanda en virtud de "la acción subrogatoria y la directa del art. 1645 del Código Civil". Ahora bien, sobre la naturaleza de la acción prevista en el artículo 1645, Cód. Civ., la doctrina es conteste en que no se trata de una simple aplicación de la acción indirecta o subrogatoria que se le acuerda al acreedor para ejercer los dere chos de su deudor (art. 1196), sino de una acción directa (cfr., por todos, Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, t. V, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1946, p. 531; Borda, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Contratos, t. II, 6ª edición, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, p. 173) que los obreros o proveedores ejercen a nombre propio y no en el de su deudor. La acción procede sólo en la medida de lo que el dueño de la obra la debe al empresario o locador. Como señala Lorenzetti, "la acción directa causa embargo sobre los saldos adeudados por el dueño al empresario desde la fecha de su notificación, de modo que el dueño debe pagar mediante depósito en el juicio o por consignación" (ob. cit., p. 733). Está discutido en la doctrina si dicho artículo admite que tal acción directa se le conceda también al subcontratista, estando a favor Guillermo Borda (ob. cit.) y Ricardo Lorenzetti (ob. cit.). Raymundo Salvat, en contra, sostiene que "[t]ratándose de una regla de excepción, dicha acción no puede ser extendida a otros casos, ni acordada a los sublocadores o subempresarios que trabajan en una obra (...) la solución negativa prevalece en la doctrina y la jurisprudencia, basada en que los locadores o subempresarios son contratistas especuladores y, por consiguiente, al acordárseles esa acción, se desvirtuaría el espíritu de la ley" (ob. cit.). Puede observarse, así, que la acción directa ha de interpretarse con criterio restrictivo y que la mera mención dogmática de la actora de dicha acción (vid. fs. 489), en virtud de la cual cree debidamente justificado su reclamo contra SERVIPARK S.A. y el GCBA, no resulta suficientemente idónea. XVIII. Respecto de la acción subrogatoria prevista en el art. 1196, Cód. Civ., han dicho Llambías et al. que consiste en una "facultad conferida a los acreedores, en virtud de la cual ellos pueden gestionar los derechos del deudor que éste deja abandonados" (J.J. Llambías, P. R. Benegas y R. A. Sassot, Manual de Derecho Civil. Obligaciones, 8ª ed., Buenos Aires, Abeledo Perr ot, p.158). Uno de sus requisitos esenciales es la inacción o pasividad del deudor (ob. cit., p. 165), circunstancia que si bien no es exigida por el artículo mentado, "solamente se justifica la intervención del acreedor por esta vía ante la negligencia, desidia o pasividad del deudor que el acreedor debe demostrar" (cfr. comentario al art. 1196 en Bueres, A. J. - Highton, E. I., Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, p. 30; cfr. también Pizarro, Ramón D. y Vallespinos Carlos G., Instituciones de Derecho Privado. Obligaciones, t. II, Buenos Aires, Hammurabi, p. 311). En el sub judice no ha sido acreditada la inacción del deudor subrogado, i.e., PROCONS S.A. Ello, ipso facto es suficiente para desestimar el planteo de la actora. Finalmente, lo cual resulta aplicable a ambas acciones, no se ha verificado en estos autos que SERVIPARK S.A. o el GCBA le adeuden suma alguna a PROCONS S.A. XIX. Ahora bien, encuentro una contradicción en el planteo de l a actora que estimo fundamental y que obsta a la procedencia de su pretensión. En efecto, por un lado, resuelve su relación contractual con la codemandada PROCONS S.A., reclamando los daños y perjuicios derivados de la frustración del contrato (cf. art. 1204 y 1638, C.C.). Por otro lado, exige se le pague el precio estipulado, en la medida de lo que el GCBA y SERVIPARK S.A. deben a PROCONS S.A. (de conformidad con el art. 1645, C.C.), lo cual supone necesariamente la vigencia de la relación jurídica que había entendido extinta. En efecto, tal como he tenido oportunidad de sostener en los autos "LATINOCONSULT S.A. PROEL SUDAMERICNA S.A. ARINSA S.A. (U.T.E.) y otros c/GCBA s/otros", EXP. nº 239 con fecha 30/3/2005 -al cual me remito para la consideración exhaustiva de este punto-, la doctrina privatista señala que frente al incumplimiento de una obligación, el deudor tiene abiertos dos caminos posibles: reclamar el cumplimiento forzado -caso en el cual resulta resarcible el llamado "daño al interés positivo", e sto es, el que tienen las partes en la efectiva ejecución de la obligación-, u optar -bajo determinadas condiciones- por la resolución contractual. En este último caso, los daños y perjuicios a que tiene derecho el acreedor no se identifican con las utilidades que habría podido obtener del contrato -pues por definición, el contrato se ha extinguido como consecuencia de la resolución-, sino con el llamado "daño al interés negativo", entendido como aquel que se compone por todos los daños sufridos por el acreedor a causa de haber confiado en la vigencia de un contrato que no se concretó o se extinguió (Bueres, Alberto J., su voto en el fallo plenario de la CNCiv. in re "Civit, Juan c/ Progress S.A.", JA, 1990-III-49; vid. asimismo Picasso, Sebastián, comentario al artículo 1107 en Bueres, Alberto J. -Director-, Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. III, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, p. 381/382). En otras palabras, mientras que en el primer caso el acreedor víctima de l incumplimiento deberá ser repuesto en el estado patrimonial que habría tenido si el contrato se hubiera ejecutado (interés positivo), en el segundo, en cambio, se trata de ponerlo en la situación en que se habría encontrado si el contrato no hubiera sido concluido (interés negativo) (Laithier, Yves-Marie, Etude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat, LGDJ, Paris, 2004, p. 223; vid. asimismo Guelfucci-Thibierge, Catherine, Nullité, restitutions et responsabilité, LGDJ, París , 1992, p. 120/121). Esta solución se ha justificado desde un doble punto de vista. En primer lugar, ella se impone desde un plano lógico: el orden jurídico se contradiría si, pese a privar de efectos al contrato en virtud de la resolución, reconociera a la víctima el derecho a obtener la ejecución por equivalente de la obligación. Por otra parte, la solución constituye una barrera contra el riesgo de enriquecimiento injusto del acreedor, quien, de no ser así, obtendría las ventajas esperadas del contrato pero quedando al mismo tiempo liberado de ejecutar la contraprestación a su cargo (Laithier, Yves-Marie, op. cit., p. 209). En el sub lite, sabemos que la Ciudad de Buenos Aires contrató con la firma SERVIPARK S.A., ella lo hizo con PROCONS S.A. y este último con la actora. Considerado resuelto el vínculo obligacional entre la actora y PROCONS S.A., mal puede exigir la actora directamente de SERVIPARK S.A. y el GCBA el pago del "precio" que PROCONS S.A. le debe en la medida de lo que SERVIPARK S.A. y/o el GCBA le adeudan a PROCONS S.A. (cfr. art. 1645, C.C.) -lo cual configura el interés positivo mencionado supra- si ya ha optado por la disolución del vínculo contractual en virtud de la aplicación del art. 1204, C.C. XX. Es por las razones expuestas que estimo que esta pretensión de INCO S.A. ha de ser desestimada, con costas. d) Conclusión. XXI. Por las razones expuestas, jurisprudencia y doctrina citadas, entiendo que el pronunciamiento apelado ha de ser confirmado, en cuanto rechaza la demanda interpuesta por SERVIPARK S.A . Respecto de INCO S.A., propicio el rechazo de su demanda. Todo ello, con costas a las respectivas vencidas (art. 62, CCAyT). Así dejo planteado mi voto. Los doctores Esteban Centanaro y Carlos F. Balbín, por los argumentos planteados por el doctor Horacio Corti, adhieren al voto que antecede. Por las consideraciones vertidas, oído el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por SERVIPARK S.A., con costas (art. 62, CCAyT); 2) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por INCO CONSTRUCCIONES S.A. y, en consecuencia, suplir la omisión verificada en la instancia de origen y examinar su pretensión; 3) En cumplimiento de lo expuesto, rechazar la demanda interpuesta por INCO CONSTRUCCIONES S.A. en el expediente EXP. 3953/0, imponiéndole las costas en ambas instancias, por resultar sustancialmente vencido (art. 62, CCAyT). Regístrese. Agréguese copia certificada de la presente a los autos "SERVIPARK S.A. c/GCBA sobre CONTRATO DE OBRA PUBLICA" EXP. 3954/0 . Notifíquese al Ministerio Público Fiscal y a las partes y oportunamente devuélvase. Dr. Carlos F. Balbín Dr. Horacio G. A. Corti Dr. Esteban Centanaro