Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 2008-06-09


La Rioja, junio 9 de 2008.

El doctor José Nelson Luna Corzo dijo:

Que, a fs. 9/13 vta., los señores Roberto Minicucci y Adriana Fátima Santander, con el patrocinio letrado del Dr. J. N. A., dedujeron un recurso de casación en contra de la sentencia dictada, con fecha 30 de marzo de 2007, por la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría "B", de esta Circunscripción Judicial, en el Expte. Nº 37.140 -Letra "L"- Año 2005, caratulado "López, Sonia Isabel c. Minicucci, Roberto y otra - Cumplimiento de contrato", que resolvió hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, condenar a los demandados a hacer efectivo el pago de la suma que allí se consignó, con intereses y costas.

Declarada la admisibilidad del recurso, a fs. 24 y vta., por el mismo acto, se ordenó correr traslado a la parte recurrida, señora Sonia Isabel López, quien lo contestó a fs. 33/38 vta., a través de sus apoderados, Dres. S. J. P. y A. C. A.

En tal estado, cumplidos los trámites procesales de rigor y firme el decreto de autos, la causa quedó en estado de dictar sentencia.

Considerando: I. Los antecedentes relevantes para resolver el caso: Del expediente principal, que fue traído a la vista de este Tribunal, surge que los apoderados de la señora Sonia Isabel López promovieron una demanda por cumplimiento de contrato en contra de los señores Roberto Minicucci y Adriana Fátima Santander, con el objeto de que se condene a los accionantes a cumplir con el contrato de mutuo que oportunamente había sido celebrado. A tales efectos, relataron que su mandante había dado en préstamo a los demandados la suma de dólares estadounidenses veintitrés mil quinientos (U$S 23.500), mediante la suscripción de un contrato celebrado el 29 de octubre de 2004. Expusieron que los deudores se habían comprometido a devolver el dinero recibido en el transcurso de cinco (5) años, en sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas de dólares estadounidenses ochocientos cada una (U$S 800), con vencimiento los días dos de cada mes. Expresaron que, ante el incumplimiento en que los accionados habían incurrido, se los había intimado, para que regularizaran la situación; y que estos, en respuesta, habían intentado trasladar la responsabilidad que habían asumido a título personal a una persona jurídica que era ajena al contrato, que es la firma Celuplast SA y con quien nunca su poderdante se había obligado. Solicitaron que, por lo expuesto, el Tribunal declarara que el cumplimiento de las obligaciones estaba a cargo de los demandados y no de la sociedad mencionada, y fijara un plazo de quince (15) días corridos, a fin de que cumplieran con las mensualidades que estuvieran impagas a la fecha del dictado de la sentencia, más intereses, con el apercibimiento de dar por concluido el contrato, en cuyo caso se debía considerar a todas las obligaciones pactadas como de plazo vencido (fs. 10/12 vta.).

Al correrse el traslado de ley, la demanda fue contestada a fs. 21/22 vta.

Ante la presentación efectuada, por Presidencia, se intimó a las partes para que cumplieran con lo establecido por el artículo 44, inciso g de la ley 6827 (fs. 24). Al no haberse dado cumplimiento con la intimación efectuada, se dispuso tener como infractor de la normativa citada al Dr. J. N. A. y, luego, dar por decaído el derecho dejado de usar por la parte demandada (fs. 27 y 30).

La audiencia se celebró con la asistencia de la parte actora y su letrado, oportunidad en la que se recibió la prueba que había sido oportunamente ofrecida.

II. La sentencia de la Cámara: Cuando el Tribunal de mérito debió resolver la pretensión articulada, en primer término, destacó que el contrato cuyo cumplimiento se perseguía había sido firmado con fecha 29 de octubre de 2004, en tanto el acuerdo por el cual las partes presuntamente habían novado la obligación databa del 06 de abril de 2004. Dedujo de ello que la novación invocada era inadmisible, por cuanto el acto presuntamente novatorio era anterior en el tiempo al contrato que se decía novar. Expresó, asimismo, que al haberse acreditado la intimación efectuada a los demandados, debía tenerse por cumplido el recaudo exigido por el artículo 1204 del Código Civil. Dijo que, por otra parte, la pretensión de trasladar la obligación asumida a la firma Celuplast SA no podía ser aceptada, en razón de que del contrato de mutuo surgía que los demandados habían asumido la obligación a título personal. Destacó, asimismo, cuál era el monto que se había dado en préstamo, la modalidad de pago asumida en el contrato y que los deudores no habían cumplido con su obligación, al no haber pagado una sola cuota de las convenidas. Con estos argumentos, resolvió que correspondía hacer lugar a la demanda y condenar a los accionados a abonar a la actora la suma de dólares estadounidenses veintitrés mil quinientos (U$S 23.500), con más el ocho por ciento (8%) anual, en concepto de interés, desde la fecha de vencimiento de cada cuota, en el plazo de quince (15) días, con el apercibimiento de dar por resuelto el contrato con más daños y perjuicios.

III. El recurso de casación articulado por los demandados: La manera en que fue resuelta la cuestión motivó que los demandados articularan el presente recurso de casación, en el que invocaron, para fundar su reproche, las causales regladas por los incisos 4º, 1º y 3º del artículo 257 del CPC.

Sobre el primer motivo, alegaron, en síntesis, que: a) habían sido condenados a pagar una suma de dinero, sin encontrarse en mora, sin que las obligaciones asumidas en el contrato hubieran vencido y en violación al principio de congruencia; b) la decisión era arbitraria, porque había sido adoptada por la Cámara, luego de apreciar un contrato que había sido parcialmente incorporado al expediente; c) la intimación debía tenerse por no realizada, por cuanto no existía prueba que acreditara que la carta documento había sido debidamente recepcionada; y d) no se había apreciado que se encontraban reunidos elementos en el caso que tipificaban la novación.

Al fundar la causal de infracción de la ley sustantiva, argumentaron que esta se había configurado, por cuanto habían sido condenados a cumplir con obligaciones que no se encontraba vencidas, a la par que, incorrectamente, se había considerado que se encontraban cumplidos los requisitos esenciales para la procedencia de la acción por incumplimiento. Destacaron, asimismo, diversos errores que se habían producido durante el desarrollo del trámite. Y, señalaron que, por lo anterior, se había vulnerado lo establecido por los artículos 1204, 509 y 567 del Código Civil más lo preceptuado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y 29 de la Ley Fundamental de la Provincia.

Finalmente, en lo que atañe a la causal de errónea apreciación de la prueba, dijeron que denunciaban la incorrecta valoración de los contratos obrantes a fs. 3 y 20 del expediente principal, porque se habían derivado de estos instrumentos conclusiones que no se encontraban reflejados en ellos. Expresaron que del primer contrato surgía que las obligaciones contraídas vencían en enero de 2010, en tanto del segundo se infería que la deudora era la persona jurídica Celuplast SA.

IV. El tratamiento que debe darse al recurso: Los agravios desarrollados por los casacionistas exigen que, por razones de método, efectúe el tratamiento del recurso del siguiente modo: primero, lo atinente a la arbitrariedad invocada; luego, la crítica efectuada por conducto del motivo de errónea apreciación de la prueba; y, finalmente, lo relacionado con la infracción de la ley sustantiva.

1) La manifiesta arbitrariedad en la aplicación de las reglas de la sana crítica: Los aspectos cuestionados, a través de la causal en examen, pueden sintetizarse en tres cuestiones fundamentales: a. ¿Se acreditó que la intimación fue recibida por los demandados?; b. De acuerdo con el orden que presentan las copias, ¿era posible apreciar conforme a las reglas de la sana crítica racional el contrato incorporado a fs. 3/5 del expediente principal?; c. ¿Se encontraban reunidos los elementos que establece la ley, para considerar que se había verificado la extinción de una obligación por novación?; y d. Al establecer la condena, ¿se vulneró el principio de congruencia? a. El primer cuestionamiento planteado -referido a la recepción de la intimación previa, que los recurrentes entendieron que no se había probado- encuentra respuesta en las constancias que se encuentran incorporadas a fs. 7/9 del expediente principal.

En ellas consta que el apoderado de la señora López -actora en los principales- remitió a los demandados una carta documento, con el fin de intimarlos para que, en el plazo que les concedió al efecto, hicieran efectivo el pago de las cuotas que habían sido pactadas en dos (2) contratos de mutuo, uno celebrado el 20 de octubre de 2004 y otro del 06 de abril del mismo año (fs. 7 del expediente principal). En las mismas actuaciones, a fs. 8, obra copia del aviso de recepción de la carta documento mencionada; en tanto a fs. 9 se incorporó la copia de otra carta documento, por la cual los accionados respondieron la anterior y rechazaron la intimación cursada.

De lo anterior se infiere que la afirmación contenida en el recurso, respecto de que no está probado que la intimación fue recepcionada, no puede ser admitida, pues si los demandados respondieron a la comunicación -detallando, además, el número de carta documento; rechazando los términos en ella contenidos; y explicando por qué no iban a cumplir con lo requerido- es porque esta había sido efectivamente recibida.

El agravio, en consecuencia, no puede prosperar.

b. Con relación al segundo agravio, advierto que, al ser incorporadas a las actuaciones principales, las copias del contrato de mutuo no han sido correctamente agregadas -error que, vale aclarar, también se encuentra presente en los originales que están reservados en Secretaría-, pues: i) a fs. 3, consta la parte principal del convenio (en la que se consignó quiénes eran los sujetos obligados, el objeto del convenio, la modalidad y lugar de pago, más el juez competente), donde en la última cláusula puede leerse la cantidad de ejemplares que se han firmado y un subtítulo que dice "Lugar y fecha de celebración:"; ii) a fs. 4, obra la certificación de firmas que realizó la escribana Titular del Registro Nº 39 de la provincia; y iii) a fs. 5, dice "celebrado en la Ciudad de La Rioja, a veintinueve días del mes de octubre del año dos mil cuatro", con tres (3) firmas ilegibles y la firma de la escribana interviniente.

A pesar de la disposición que se observa en estas hojas, la simple lectura del contenido de las copias revela que se verificó en el caso un simple error material, que de ningún modo impedía la correcta interpretación del contrato, ni mucho menos la determinación de la fecha en que el convenio había sido celebrado, como pretenden los impugnantes.

Por tal circunstancia, entiendo que este reproche también carece de sustento y que, por tanto, debe ser rechazado.

c. En lo que respecta a la existencia de una novación, observo que la Cámara, para resolver este punto, sostuvo que la pretensión de los demandados era inadmisible, porque el acto presuntamente novatorio era anterior en el tiempo al contrato que se decía novar.

Para los casacionistas, esta conclusión es incorrecta, por cuanto se encontraban configurados en el caso todos y cada uno de los elementos para que se tuviera por configurada una novación.

La dilucidación de este punto exige tener en consideración que la novación produce la transformación de una obligación en otra, ya sea porque se sustituye el objeto, su causa fuente o los sujetos (cfr. artículo 801 del Código Civil). Como consecuencia, al producirse una transformación, la obligación originaria se extingue y se crea una nueva, que reemplaza a la anterior. Y, para que ello tenga lugar, es menester que se verifique un presupuesto esencial, cual es el animus novandi, es decir la intención de crear una nueva obligación y de extinguir otra anterior. Sobre el particular, el artículo 812 del ordenamiento civil en forma categórica establece que "La novación de la obligación no se presume. Es preciso que la voluntad de las partes se manifieste claramente en la nueva convención, o que la existencia de la anterior obligación sea incompatible con la nueva".

En el caso, los accionados pretenden asignar efectos novatorios a un contrato de mutuo que fue celebrado con fecha 06 de abril de 2004.

La pretensión, tal como sostuvo el Tribunal en la resolución, no puede ser aceptada, por cuanto el contrato al cual pretenden asignarle efectos novatorios es de fecha posterior al convenio de mutuo cuyo cumplimiento requirió la actora. Y, si la obligación supone la extinción de una obligación anterior, por otra nueva que se crea, es lógico concluir que nunca un acuerdo celebrado el 06 de abril 2004 pudo extinguir por novación una obligación asumida con posterioridad, es decir, el 29 de octubre del mismo año.

Se agrega a lo expuesto que la simple lectura de ambos acuerdos demuestra que en ningún momento estuvo presente entre las partes el animus novandi al que antes hice referencia, pues es claro que, de los términos de cada uno, no surge la concurrencia de este elemento, el que no fue explicitado expresa, ni implícitamente, máxime cuando se observa que las obligaciones contraídas no son incompatibles, como dispone el artículo 812 del Código Civil.

Refuerza la conclusión anterior lo expuesto en la intimación cursada por la actora y cuya copia se encuentra inserta a fs. 7, por la cual requirió el pago de las cuotas pactadas en dos (2) contratos de mutuo, que fueron claramente individualizados. Es claro que, si hubiera existido entre las partes la intención de novar una obligación, no se hubiera solicitado el pago de lo adeudado por dos (2) contratos de mutuo y, a su vez, los demandados hubieran esgrimido como defensa que la pretensión de reclamar dos (2) obligaciones era inadmisible, porque se había producido la extinción de una de ellas; hecho que, como surge de la copia de fs. 9, no aconteció.

Por lo expuesto, juzgo que el agravio en examen tampoco corresponde que sea acogido.

d. Resta analizar en este acápite el cuestionamiento relativo a la violación del principio de congruencia, cuando fue impuesta la condena.

Para ello, es preciso recordar que el principio de congruencia, encuentra fundamento en el derecho de defensa de las partes y refiere a la coherencia que necesariamente debe existir, como condición de validez de un pronunciamiento, entre lo peticionado en la demanda, la materia que fue objeto de defensa y prueba y la decisión contenida en la sentencia.

En la demanda, en el capítulo IV, titulado "LO QUE SE PROCURA", la actora solicitó al Tribunal que los demandados dieran cumplimiento con cada una de las obligaciones que estuvieran vencidas al tiempo de dictarse la sentencia, más intereses y con el apercibimiento de dar por rescindido el contrato.

En forma textual, se lee: "Por esta demanda se procura que el Tribunal declare que es obligación de los demandados y no de 'CELUPLAST SA', el cumplimiento de las obligaciones asumidas a través del Contrato de Mutuo celebrado entre las partes con fecha 29/10/04, fijándoles al efecto un PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CORRIDOS, dentro del cual deberán cumplir con el pago de todas y cada una de las mensualidades que tuvieren impagas a la fecha de la sentencia, poniendo a disposición de la accionante los importes de cada mensualidad adeudada, con más los intereses moratorios y/o punitorios que sobre cada mensualidad adeudada se fijen, desde la fecha en que cada mensualidad se adeude hasta el momento de su efectivo pago, y bajo apercibimiento de dar por rescindido el contrato, en caso de que así no lo hicieren o de que dejaren de pagar en término cualquiera de las restantes mensualidades subsiguientes; caso en el que, se deberán considerar a todas las mensualidades pactadas, como de 'plazo vencido', facultando a la demandante, para exigir el pago del total de las sumas adeudadas, con más intereses y costas" (fs. 11 vta. del expediente principal).

La petición fue reiterada en el punto VII.4 del petitorio.

La pretensión era coherente con lo pactado en el contrato, donde, en la cláusula primera se acordó el objeto y, en la segunda, las partes convinieron la modalidad de pago asumida. El objeto estaba constituido por la entrega de una suma de dinero equivalente a dólares estadounidenses veintitrés mil quinientos (U$S 23.500); en tanto los deudores se comprometieron a devolver el monto referido en cuotas mensuales y consecutivas de dólares estadounidenses ochocientos (U$S 800), la primera con vencimiento el 02 de enero de 2005 y la última a concretarse a los cinco (5) años posteriores.

Ahora bien, cuando el Tribunal resolvió la cuestión, entendió que los deudores no habían cumplido con su obligación, porque no habían pagado una sola cuota de las convenidas. Como consecuencia de lo anterior, en el punto Iº de la parte resolutiva, dispuso hacer lugar a la demanda y condenar a los demandados a pagar a la actora la suma de dólares estadounidenses veintitrés mil quinientos (U$S 23.500), con más intereses y con el apercibimiento de dar resuelto el contrato, más daños y perjuicios.

Es decir, a pesar de que aún no se encontraban vencidas todas las cuotas y que, por tanto, existían obligaciones que aún no eran exigibles y cuyo abono tampoco había sido requerido, los Jueces de mérito condenaron a los demandados a pagar la suma total entregada, excediendo los términos de la petición contenida en la demanda.

En tales condiciones, entiendo que asiste razón a los casacionistas en su planteo, pues los Magistrados, al condenar a los demandados a pagar una suma de dinero que no fue expresamente requerida en la demanda y que, además, refiere a obligaciones de plazo no vencido, vulneraron el principio de congruencia y, de este modo, dictaron una sentencia que, en forma notoria, se aparta de las constancias de la causa.

Corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso en este punto, dejar sin efecto la materia que ha sido objeto de reproche del punto Iº de la parte resolutiva y, debiendo resolver como tribunal de mérito (por imperio de lo establecido en el artículo 262 del CPC), disponer que la condena allí impuesta comprenda solo las cuotas vencidas al tiempo de dictarse la sentencia, más los intereses pertinentes, los que deberán calcularse, de acuerdo con lo fijado en la sentencia, por no haber constituido este punto objeto de cuestionamiento.

2) La errónea apreciación de la prueba: En concepto de los impugnantes, los Jueces, al momento de resolver, efectuaron una incorrecta valoración de dos (2) contratos: uno, que se encuentra agregado a fs. 3 del expediente principal, y otro, incorporado a fs. 20 de las mismas actuaciones. El primero, porque no se había respetado el plazo convenido; y el segundo, por cuanto la deudora era una persona jurídica, pero no los demandados.

El estudio de la primera queja es inoficioso, ante lo resuelto en la parte final del acápite precedente, pues ya se decidió que los Jueces de mérito condenaron a los demandados a pagar una suma de dinero que no había sido expresamente requerida y que aludía a obligaciones que aún no habían vencido.

En lo que atañe al segundo punto, considero que la queja no puede ser aceptada, porque el error de apreciación que invocaron las partes alude al contenido de un contrato, cuyo cumplimiento no fue requerido y que, como se dijo en la sentencia y fue confirmado en este voto, estableció obligaciones que son distintas e independientes, y que no guardan ninguna relación con el convenio suscripto el 29 de octubre de 2004.

Lo expuesto me exime de efectuar otro examen y me conduce a concluir que la causal en examen debe ser rechazada.

3) La infracción de la ley sustantiva: Al fundar esta causal, los recurrentes cuestionaron: i. que la intimación no se había ajustado a lo establecido por los artículos 1204 y 509 del Código Civil; ii. que la condena era contraria a lo establecido por el artículo 567 del mismo ordenamiento legal; y iii. que el procedimiento no se había ajustado a lo fijado por los artículos 18 de la Constitución Nacional y 29 de la Constitución Provincial.

Las críticas relativas al procedimiento no pueden ser aceptadas, porque son claramente ajenas al motivo en estudio, por el que solo pueden analizarse los errores jurídicos que se endilgan al pronunciamiento, pero de ningún modo irregularidades producidas durante el desarrollo del trámite, como hicieron los impugnantes, y que, en última instancia, se encuentran consentidas, por no haber sido objeto de oportuno reclamo ante el Tribunal de mérito.

Por su parte, lo atinente a la infracción del artículo 567 del Código Civil fue resuelto al tratar la violación del principio de congruencia y no cabe, en consecuencia, que me expida sobre el particular.

Finalmente, en lo que atañe a la violación de los artículos 1204 y 509 del ordenamiento civil, debo decir que:

i. Es cierto que el artículo 1204 del Código Civil establece que la intimación debe hacerse por un plazo que no sea inferior de quince (15) días y que, en la causa, los Jueces tuvieron por cumplido este recaudo, a pesar de que solo se habían otorgado tres (3) días. A pesar de ello, entiendo que el reproche no puede ser aceptado, en razón de que se ha interpretado (intelección que, sin lugar a equívocos, fue seguida en el pronunciamiento) que no es preciso requerir la observancia del término fijado por la norma, cuando las circunstancias demuestran que el deudor no va a cumplir con lo pactado, porque en estos casos carecería de sentido acordar plazo alguno a los efectos señalados (cfr. comentario efectuado al artículo 1204, por Jorge E. Lavalle Cobo, en Augusto C. Belluscio (dir.) y Eduardo A. Zannoni (coor.), Código Civil y leyes complementarias, Tomo 5, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1984, pág. 1002).

ii. En lo que atañe al artículo 509 del mismo ordenamiento legal, observo que los casacionistas no han considerado que el primer párrafo de la norma dispone que, cuando las obligaciones son a plazo, la mora se produce en forma automática, por su solo vencimiento, sin necesidad de interpelación previa. En la causa, no hay dudas de que la obligación estaba sujeta a un plazo expreso y cierto, tal como surge de la cláusula segunda del contrato glosado a fs. 3/5 del expediente principal. Esta circunstancia torna improcedente la queja, en razón de que se trataba de un caso que no requería de constitución en mora y que, por ende, no exigía del cumplimiento de los recaudos fijados para los restantes supuestos reglados por la disposición legal en estudio.

Como corolario de lo expuesto, juzgo que no corresponde hacer lugar al recurso en este punto.

V. Conclusión: Los argumentos vertidos en los considerandos precedentes me conducen a concluir que, si mis colegas comparten la solución que postulo, en el caso se impone: a) Hacer lugar en forma parcial al recurso de casación articulado y, en consecuencia, dejar sin efecto la manera en que fue impuesta la condena y en la parte que fue objeto de cuestionamiento; b) Como tribunal de mérito, disponer que la condena a los demandados debe comprender sólo las cuotas vencidas al tiempo de dictarse la sentencia, más los intereses pertinentes, los que deberán calcularse, de acuerdo con lo fijado en la sentencia dictada por el Tribunal de grado, por no haber constituido este punto materia de reproche; c) En cuando a las costas, resolver que no corresponde introducir variaciones en las que han sido fijadas por la Cámara (porque, aunque se modificó el quantum de la condena, el resultado final no ha sufrido variaciones); en tanto los gastos generados en esta instancia deben ser impuestos en un ochenta por ciento (80%) a cargo de los casacionistas y en el veinte por ciento (20%) restante a la parte recurrida, atento el resultado obtenido; y d) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes, hasta tanto exista base para practicarla y estos así lo soliciten.

Es mi voto.

El doctor Angel Roberto Avila dijo:

I) Que adhiero al desarrollo de los hechos en la forma propuesta por el magistrado que me precede en la enunciación del voto, como asimismo a los fundamentos y desenlace propuesto, mas discrepo en lo concerniente a la aplicación de costas dispuesta para el recurso bajo análisis.

II) En efecto, considero que el temperamento propuesto para resolver las costas en el caso sub-examine, aplicándolas "... en un ochenta por ciento (80%) a cargo de los casacionistas y el veinte por ciento (20%) restante a la parte recurrida, atento al resultado obtenido..."; resulta insuficiente para fundamentar su imposición, toda vez que la interposición del presente, con el resultado que comparto, permitió colocar en sus justos términos la pretensión de la parte actora por ante la instancia de mérito, al disponer el progreso de su acreencia sólo con relación a las obligaciones de plazo vencido al momento del dictado de la sentencia, que conlleva implicancias de particular envergadura en el plano económico, toda vez que no será exigible el cumplimiento de la totalidad del contrato, sino sólo de las cuotas vencidas al momento del dictado de la sentencia del mérito.

III) Que en consecuencia, el desenlace alcanzado permite la valoración de un elemento objetivo de importancia que faculta adoptar un criterio diferente en la mensuración de las costas del presente recurso, toda vez que la casacionista ha obtenido el reconocimiento de uno de los agravios esgrimidos, que es precisamente el que mayor preponderancia económica evidencia, por lo que resulta pertinente que la condena en costas del recurso se gradúe, estimando aconsejable establecerlas en un sesenta por ciento (60%) a cargo de los recurrentes y el cuarenta por ciento (40%) restante a cargo de la parte recurrida, de conformidad a las previsiones de los Arts. 158 y 159 del C.P.C.

ASI VOTO.

El doctor José Luis Magaquian dijo:

Por sus fundamentos, comparto el desenlace al que arriba el magistrado de primera voz, con adhesión al criterio -respecto a las costas- propuesto por el Dr. Angel Roberto Avila.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia, Secretaría en lo Civil, Comercial y de Minas RESUELVE: 1º) Hacer lugar en forma parcial al recurso de casación articulado, en consecuencia, disponer que la condena a los demandados debe comprender solo las cuotas vencidas al tiempo de dictarse la sentencia, más los intereses pertinentes, los que deberán calcularse, de acuerdo con lo fijado en la sentencia dictada por el Tribunal de grado, por no haber constituido este punto materia de reproche. 2º) Imponer las costas del recurso de casación en un sesenta por ciento (60%) a cargo de los casacionistas y en el cuarenta por ciento (40%) restante a la parte recurrida. 3º) Diferir la regulación de honorarios. - José Nelson Luna Corzo. -Angel Roberto Avila. -José Luis Magaquian.