Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-10-13


Salta, 13 de Octubre de 2010.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "TORANZO, Nelly del Carmen vs. INSTITUTO PROVINCIAL de SALUD de SALTA - Acción de Amparo", Expte. nº 327.781/10 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) A fs. 9/13 la Sra. Nelly del Carmen Toranzo, por su hijo Bruno Fabricio Santillán Toranzo, deduce acción de amparo en contra del Instituto Provincial de Salud de Salta. Manifiesta que su hijo padece de Hemofilia "B" Severa, conforme certificado extendido por el Dr. R. Pérez Bianco de la Fundación de la Hemofilia de la ciudad de Buenos Aires, que en fotocopia obra agregado a fs. 3 de autos. Expone que el Instituto Provincial de Salud de Salta, de la que es afiliada titular y su hijo beneficiario, se ha negado a brindarle la cobertura necesaria para el restablecimiento de la salud de éste, consistente en la provisión de treinta frascos mensuales de concentrados de factor IX Octanine necesarios para la profilaxis de su enfermedad, prescriptos por la Dra. Rosana V. Quinteros, médica especialista en hematología. Sostiene que el Instituto, de manera informal, le ofreció proveerle medicamentos de otra marca de inferior calidad y precio._ Solicita que, con carácter previo, se ordene al demandado, como medida cautelar, la provisión de treinta frascos mensuales de los concentrados mencionados. Destaca que esta solicitud tiende a evitar que mantenga el gravamen que le ocasiona la suspensión indefinida del otorgamiento de la prestación requerida.

II) Las medidas cautelares genéricas (art. 232 del Código Procesal) carecen de una reglamentación expresa en la ley de rito pero se encuentran ínsitas en el poder jurisdiccional (CJSalta, Sala I, 23/12/76, fallo publicado en Boletín Judicial- Provincia de Salta, año 1978, N° 21, pág. 110). Por tal razón, el interesado está facultado para solicitarlas, ante la inminencia de un perjuicio irreparable (CApelCC Salta, Sala V, 08/11/88, Tomo VIII, fls. 739/743).

En el caso "sub examine", se trata de una cautelar innovativa que se traduce en la injerencia del Juez en la esfera de libertad de los justiciables, a través de la orden de que cese una actividad contraria a derecho o se retrotraigan sus efectos consumados. Siendo una medida de excepción que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente antes de la petición, el juzgador debe extremar su celo en el análisis de su procedencia (CApelCC Salta, Sala I, 03/07/87, Fallos año 1987, fl. 238), máxime cuando ha sido peticionada dentro de una acción de amparo. Al respecto, la jurisprudencia no niega la viabilidad de las medidas cautelares dentro de un proceso de este tipo, pero recomienda que las mismas sean objeto de prudente y restrictiva procedencia, a fin de no desnaturalizarlo (C 1ª Civ y Com., Tuc., 29/03/82, Juris. Arg., 1983, v. I, síntesis, p. 121, N° 6) Debe tenerse en cuenta que el amparo consiste en un proceso principal y autónomo, mientras que la actividad cautelar tiene un carácter instrumental, en cuanto está destinada a asegurar el resultado práctico de la sentencia definitiva a dictarse en un proceso principal (De Lázari, Eduardo: "Medidas Cautelares", La Plata, Lib. Edit. Platense, 2000, tomo 2, pág. 369; Peyrano, Guillermo: "Las medidas cautelares en la acción de amparo: sus relaciones con la acción principal.", E.D. 188-914); y que siendo la acción de amparo un proceso acelerado para asegurar la plenitud de la vigencia efectiva de los derechos y garantías constitucionales (CNCiv., Sala G, 08/10/80, LL, 1981, v. A, p. 122) tiene, en su naturaleza procesal, nítidos ribetes precaucionales. Es, en efecto, un trámite sumarísimo destinado, precisamente, a hacer cesar los efectos de los actos que pudieren ser objetables para quien busca la tutela de su derecho.

En el caso, la pretensión cautelar sub examen se encuentra estrechamente vinculada al resultado final de la acción principal, desde que una y otra persiguen el mismo objeto, y no se advierte que se den los recaudos de peligro en la demora y de una irreparabilidad del perjuicio. En efecto, estos requisitos de fundabilidad de la pretensión se traducen en la amenaza probable de que la tutela jurídica definitiva que el actor aguarda de la sentencia, no pueda realizarse en los hechos, básicamente por la circunstancia del tiempo más o menos prolongado que insume la sustanciación del proceso principal (CApelCC Salta, Sala III, 10/08/93, Fallos año 1993, fl. 620); pero, en la especie, atento a las reglas establecidas en el decreto inicial y teniendo en cuenta que el sumarísimo procedimiento del amparo permitirá el pronto dictado de la sentencia definitiva, el temor de la accionante no se aprecia justificado por lo que no se advierte la necesidad de un pronunciamiento precautorio anticipado, máxime cuando ello importaría, prácticamente, la decisión de la cuestión de fondo.

Por lo expuesto y toda vez que la precautoria solicitada agota en gran medida la materia de la acción de amparo (CNCiv., Sala G, 08/10/80, LL, 1981, v. A, p. 122), _ R E S U E L V O I) NO HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada por la accionante a fs. 10/11.

II) MANDAR se copie, registre y NOTIFIQUE.