Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-24


ACausa Nº 4289-00-CC/07 (95/07) "Los amigos de Porto Seguro SRL s/exceder la capacidad autorizada y otra".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de agosto de 2007, se reúnen los integrantes de la Sala I, Dres. Marcelo P. Vázquez, José Saez Capel y Elizabeth A. Marum, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, a fs. 142/145vta, de lo que RESULTA:

I.- Que a fs. 28/29 obran las actas de comprobación nro. 21013285 y 21013283, labradas a la firma Los Amigos de Porto Seguro SRL, el 16/12/06 por falta de seguridad por exceder la capacidad autorizada del local y por falta de seguridad por permitir trabajar al Sr. Alejandro Raúl Stratico, como personal de seguridad sin encontrarse registarado en la DGSSP. En el acto se clausura preventivamente el local, medida que es ratificada por disposición 7410-DGFyC-2006 (fs.34/34vta).

II.- Que a fs 35/38, la Silvia E. Spadoni, Controladora Administrativa Nº 40, resuelve: ordenar el levantamiento de la medida cautelar impuesta, declarar la validez de las actas mencionadas supra y sancionar a la encartada a la multa de pesos quince mil ($15.000) por las siguientes faltas: acta 2-1013285, art.2.1.3 ley 451, art. 4.7.2.1 AD 630.32 CE Res. 36/SSCC/05 (multa de $10.000) y acta 2-1013283, art. 11.1.7 Ley 451 - ley 1913/LCABA/2005 y Dec. 446/GCABA/2005 (multa de $5000).

III- Que a fs. 49 vta., la infractora solicita el pase a la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que se concede en la misma fecha (26/1/07). Llegadas las actuaciones a este fuero se notifica a la encartadada en los términos del art. 41 LPF y se corre vista al Fiscal, según lo previsto en la misma normativa (fs. 52/vta.).

IV.- Que a fs. 67/71vta. se presenta Eduado Grasso, socio gerente de Los Amigos de Porto Seguro SRL, con el patrocinio letrado del Sacchero. En el mismo escrito plantea la nulidad de las actas de comprobación y ofrece prueba.

V.- Que a fs.74 la Titular de la Fiscalía Nro. 7, María del Carmen Gioco, informa que intervendrá en la presente respecto de la falta relacionada con lugares con exceso de público y ofrece prueba.

VI.- Que a fs. 79/vta. el Ladislao Endre, a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 25, provee la prueba ofrecida por las partes y fija audiencia para el 2 de mayo del corriente año.

VII.- Que a fs. 132/135vta obra la audiencia de debate, y a fs. 136/141 la sentencia por cual el Sr. Juez resolvió, en lo pertinente: 1) no hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa, 2) condenar a Los Amigos de Porto Seguro SRL a la pena de $10.000 (pesos diez mil), por la infracción del acta 2-1013283, por falta de seguridad, por exceder la capacidad autorizada del local -art. 2.1.3 del Código de Faltas- con costas; y 3) absolver a Los Amigos de Porto Seguro SRL por la infracción del acta 2-1013283, por falta de seguridad, por permitirle trabajar al Sr. Alejandro Raúl Stratico, como personal de seguridad, sin encontrarse registrado en la DGSSP.

Para así decidir, entendió que, respecto de la nulidad, lo que en definitiva cuestiona la defensa es la actuación de los inspectores, señalándose la supuesta discrepancia entre lo consignado en las actas y la situación fáctica que existía, lo que en modo alguno es motivo de nulidad. En cuanto a la calidad de empleado de vigilancia de Stratico, la misma no está debidamente acreditada en autos, por lo que existiendo una duda razonable corresponde la absolución por dicho hecho.

En relación al exceso de personas en el lugar, sí considera que no se pudo desvirtuar en el debate el valor de las actas pues mientras los inspectores ratificaron bajo juramento la falta y explicaron que hicieron un conteo por separado, los otros testigos fueron imprecisos en sus apreciaciones. Finalmente aclara que el uso de cuentaganado no es obligatorio, por lo que tiene plenamente por acreditado dicho hecho, estimando adecuada la sanción de multa de $10.000 de cumplimiento efectivo.

VIII.- Que a fs. 142/145vta., el encartado interpone recurso de apelación contra la sentencia mencionada supra, solicitando se revoque la condena por haberse excedido la capacidad permitida. Para ello afirma que: 1) hubo una inadecuada valoración de la prueba, pues surge de la misma que la infracción por la cual se condena no ha existido, por lo que no hubo un factor de atribución válido de responsabilidad, ya que la prueba rendida en autos da cuenta que no ingresó la cantidad de gente que los inspectores señalaron. 2) el acta es nula porque no describió la calificación legal del hecho endilgado y además, porque quien llevó a cabo el acto denominado administrativo, no posee ni tuvo al momento de hacerlo facultades para su realización, por lo que la nulidad planteada respecto de las actas debe prosperar pues sí ha sido fundada.

A su criterio no hay norma en nuestro ordenamiento que permita que el personal contratado proceda como inspector y clausure un local, por lo que en ausencia de norma que lo permita, la actuación de los inspectores deviene nula.

IX.- Que a fs. 146 el juez concede el recurso por entender que del escrito de apelación se infiere que el recurrente centró sus agravios en la supuesta arbitrariedad de la sentencia, en la valoración de la prueba testimonial y al otorgar validez a las actas labradas por personal contratado por el gobierno de la ciudad.

X - Que a fs. 150/151, la Sra. Fiscal de Cámara, en su dictamen 395/FC2/07, considera que debe rechazarse el recurso de apelación de la defensa y confirmarse la sentencia recurrida, pues el recurrente en sus agravios no logra demostrar la arbitrariedad que pretende sino que sólo deja entrever su mera discrepancia con la valoración de la prueba testimonial y la interpretación de la normativa aplicable hecha por el juez de grado.

Asimismo y en relación a la apelación de la nulidad rechazada, ni siquiera se menciona cual es la ley o las garantías constitucionales que considera infringidas, ni el perjuicio supuestamente ocasionado, por lo que este agravio debe rechazarse de plano por falta de fundamentación.

XI.- Que a fs. 153 se ponen los autos a disposición de la recurrente y a fs. 155 pasan los autos a estudio del Tribunal.

PRIMERA CUESTION En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Sin perjuicio de ello, es menester recordar que el art. 56 de la ley 1217 prevé específicos supuestos de viabilidad: a) inobservancia manifiesta de las formas sustanciales prescriptas para el trámite o decisión de la causa; b) violación de la ley y c) arbitrariedad; fuera de los cuales no puede concederse la vía intentada (Causa 229-00-CC/2004 "Posadas, Daniel s/ Estacionar en lugar prohibido - Apelación", del 5/8/2004, entre otras).

La norma aludida no resulta sino una derivación lógica del principio de inmediación que informa la audiencia de juzgamiento en la materia y que impide que los jueces que no estuvieron presentes en el debate oral se inmiscuyan ilegítimamente en la apreciación de cuestiones de hecho y prueba a no ser a través de la excepcional doctrina de la arbitrariedad que en su acepción técnica posee contornos delineados por la doctrina jurisprudencial del máximo Tribunal Federal que acuñó dicha noción (Causa Nº 3050-00-CC/2007 "NOVELLI, Rodolfo Alberto s/ falta de habilitación - Apelación", rta. 22/06/07).

De este modo, corresponde en esta instancia revisar el juicio de admisibilidad efectuado por el magistrado de grado, para determinar si el recurso ha sido correctamente concedido por la causal de arbitrariedad.

1- En este sentido, tal como se señalara, es dable recordar que "la doctrina de la arbitrariedad de sentencia es estricta en su aplicación, pues atiende a cubrir casos de carácter excepcional" (CSJN, Fallos 312:246; 389:608, entre otros); y que los jueces no están obligados a ponderar la totalidad de las cuestiones propuestas por las partes, sino aquellas que consideran conducentes para la resolución del litigio (Fallos 239:126, entre muchos otros). En este sentido, la circunstancia de que el tribunal haya dado preferencia a determinado elemento probatorio no configura arbitrariedad (Fallos 248:68; 253:496).

En el presente caso no se advierte un apartamiento drástico de las argumentaciones y defensas propuestas por la infractora que permitan descalificar al decisorio como acto jurisdiccional válido, sino tan sólo una discrepancia de ella con la apreciación acerca de la suficiencia y, en definitiva, con la valoración de la prueba producida en la audiencia de debate.

Así, el recurrente se agravia en primer término por entender que la sentencia apelada no ha valorado las pruebas de mayor relevancia, neutralidad e imparcialidad, que a su criterio son las de los testigos Batle, Quinteros y Stratico. Sin embargo, el magistrado sí valoró los dichos de las personas mencionadas, aunque no del modo que pretende el defensor.

En efecto, de la lectura de la sentencia en crisis se desprende que el a quo consideró relevantes las declaraciones de los dos inspectores que actuaron en el procedimiento, Muriel Cristina Lauría y Alejandro José Elías, pues ambos ratificaron bajo juramento la falta enrostrada, exceder la capacidad de personas en el lugar, explicando que hicieron un conteo por separado de los presentes en el lugar, para asegurar un resultado correcto.

Asimismo, respecto de las declaraciones de Batle y Quinteros, el judicante aseveró que sus apreciaciones fueron imprecisas, sin poder asegurar que efectivamente hubiera menos gente del máximo permitido. Por ello, consideró que al contenido del acta y los testimonios de los inspectores, solo se oponían la declaración no juramentada de Grasso y de Stratico, las que no llegaban a desvirtuar la efectiva comisión de la falta conforme la presunción de que goza el acta de faltas sumada a las declaraciones de los inspectores actuantes en la audiencia de juicio.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que los agravios expresados por el impugnante se encuentran construidos en torno a cuestiones de valoración probatoria las que no pueden ser revisadas por esta Alzada, salvo supuestos de arbitrariedad (conforme esta Sala in re "Hoyts General Cinema Argentina SA s/cables expuestos y otras- apelación", rta. 24/02/06; y "Clínica y Sanatorio Olivera SRL s/falta de certificado generador de residuos patogénicos y otras- apelación", rta. 16/08/06); lo que, tal como se afirmara precedentemente, no se ha demostrado en autos.

Por lo expuesto, y en relación a este agravio habrá de considerarse mal concedido el recurso de apelación.

2- En segundo término, el defensor de la infractora se agravia porque a su entender, el acta era nula por faltarle el requisito de la calificación jurídica del hecho endilgado. Si bien el a quo concedió el recurso por arbitrariedad, el planteo encuadra en la causal de inobservancia manifiesta de las formas prescriptas para el trámite de la causa.

Lo mismo puede decirse de la pretendida nulidad de las actuaciones por haber sido realizadas por inspectores contratados que, a criterio de la recurrente, no revistirían el carácter de funcionarios de la administración para realizar las tareas encomendadas a los inspectores de planta.

Ambos agravios permiten que este Tribunal ejerza su competencia revisora en el marco del art. 56 LPF, pues los mismos efectivamente se dirigen a cuestionar el modo en que el organismo administrativo ejerció su competencia procedimental, a la luz del ordenamiento normativo de forma.

SEGUNDA CUESTIÓN Admitido el recurso en cuestión en los términos establecidos en los párrafos precedentes, corresponde abocarse al estudio de los agravios de la defensa por los que fuera concedido.

Así respecto del primero de ellos, la nulidad del acta, y de todo lo actuado en consecuencia, por carecer ella de uno de sus elementos esenciales, esto es, a criterio del recurrente, la calificación jurídica del hecho endilgado, hemos de adelantar que dicho planteo no habrá de prosperar.

En primer lugar, es dable recordar que conforme ha sido criterio de esta Sala en numerosos precedentes, en materia de nulidades, su declaración posee carácter excepcional, y priman los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales. En razón de ello, la declaración de invalidez sólo resultaría procedente de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha expresado que "... la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público ..." (CSJN, B.66.XXXIV "Bianchi, Guillermo Oscar s/defraudación, rta. el 27/6/2002).

En síntesis, sólo debe acudirse a la nulidad cuando la invalidez resulte trascendente por haberse afectado concretamente un derecho constitucional, puesto que las nulidades no deben responder a cuestiones formales, sino a enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir del acto viciado. Lo contrario, importaría un exceso ritual manifiesto no compatible con el buen servicio de justicia, pues la nulidad se adoptaría en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley (Fallos 295:961; 298:312; 311:237, entre otros).

Ahora bien, y en cuanto al acta de infracción que la Defensa solicita se declaren nulas, es dable mencionar que tal como refiere el Judicante, la Ley Nº 1217 no establece expresamente dicha consecuencia si el acto no reúne los recaudos normativamente previstos.

En razón de ello, corresponde a quien pretende su declaración, acreditar que se han vulnerado derechos constitucionales o la producción de algún perjuicio (Causa Nº 16041-00-CC/2006 (Sum 82/06) "Luzzi, José Luis s/no exhibir certificado de tratamiento ignífugo- Apelación", rta. 30/10/06).

En este sentido, el recurrente no demuestra de qué modo la ausencia de la calificación jurídica en el labrado del acta le habría ocasionado un menoscabo a su derecho de defensa. Por el contrario, desde el inicio de las actuaciones el infractor supo cuál era el hecho por el que se lo acusaba y tuvo oportunidad de poder defenderse de dicha acusación.

En este sentido, la misma norma alegada por el defensor, art. 3 ley 1217, establece que si bien el funcionario debe explicitar la norma que a su juicio estima infringida, esta mención no implica la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.

De este modo, es la misma normativa de faltas la que establece que no se trata requisito de un requisito esencial del acta, como sí lo es en cambio la descripción del hecho endilgado, pues es en definitiva de este hecho, y no de su calificación legal, de lo que habrá de defenderse el ciudadano.

Por ello, tal como señala el magistrado de grado, no habiéndose demostrado el perjuicio que tal omisión le habría ocasionado, y no pudiéndose declarar la nulidad por la nulidad misma, deberá confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto rechazó el planteo de nulidad por ausencia de la norma infringida al momento del labrado del acta de comprobación.

En cuanto a la segunda nulidad planteada, esto es, la falta de idoneidad de los inspectores actuantes para el labrado de las actas de referencia, dicho planteo carece de la debida fundamentación.

Así, el impugnante no demuestra, ni surge tampoco del expediente, que los personas que actuaron en el procedimiento fueran inspectores contratados. Por el contrario, de la audiencia de debate al aportar sus datos sólo surge que ambos eran inspectores del Gobierno de la Ciudad, pero no bajo qué modalidad.

Por otra parte, aún para el caso de que los mismos revistieran el carácter que el impugnante les asigna, tampoco demuestra que esto les impidiera llevar a cabo el procedimiento realizado en autos.

En efecto, el recurrente cita jurisprudencia en la que solo funcionarios de la administración están capacitados para llevar a cabo determinados actos, entre ellos labrar actas de faltas o disponer clausuras administrativas preventivas, sin fundamentar por qué, a su criterio, los inspectores actuantes, por el solo hecho de ser contratados y no funcionarios de planta, no revistirían dicho carácter.

Lo cierto es que las personas intervinientes en el labrado del acta, eran inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, razón por la cual más allá de su carácter permanente o no, tenían potestad para cumplir con dicha función.

Por ello, también en este punto la sentencia de grado debe ser confirmada.

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

-Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a fs. 142/145 vta., en relación a los agravios relativos a la valoración de la prueba (art. 56 ley 1217) -Confirmar la sentencia obrante a fs. 136/141, en cuanto no hace lugar a la nulidad planteada por la defensa, y condena a Los Amigos de Porto Seguro SRL a la pena de $10.000 (pesos diez mil), por la infracción del acta 2-1013285, por falta de seguridad, por exceder la capacidad autorizada del local -art. 2.1.3 del Código de Faltas- con costas.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí: