Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-07-06


AUTOS Nº 8969: "AGUILERA, Norma Lucia C/ Rodríguez David S/ Apelación de Sentencia" ///la ciudad de San Juan, a los seis días del mes de julio del año dos mil doce, reunidos en la sala de acuerdos los miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Miguel Ernesto Novoa, Lucía E. Daroni de Pontoriero y Hermes Francisco Carrera, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en autos Nº 8969, caratulados "AGUILERA, NORMA LUCIA C/ RODRI- GUEZ DAVID S/ APELACIÓN DE SENTENCIA", y de cuyas constancias:

R E S U L T A :

I) Que por sentencia de fs. 78/81 de autos, el Sr. Juez del Segundo Juzgado del Trabajo, resolvió: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda con más los intereses correspondientes. 2) Imponer las costas en el 90% a la demandada y en el 10% restante a la actora, procediendo a regular los honorarios de los profesionales intervinientes.

II) Que contra dicho fallo se alza la demandada mediante el pertinente recurso de apelación, expresando agravios a fs. 91/93, los que fueron respondidos a fs. 95/96 de autos.

III) Que a fs. 103/104 consta la opinión del Fiscal de Cámara, a fs. 107 el llamamiento de autos para sentencia, como el sorteo a fs. 108, para determinar el orden en que serán emitidos los votos, el que arrojó el siguiente resultado: 1) Dr. Carrera, 2) Dra. Daroni y 3) Dr. Novoa.

A CONTINUACIÓN El TRIBUNAL PLANTEA LAS SIGUIENTES CUESTIONES A RESOLVER:

Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la demandada?.

Segunda cuestión: ¿Costas?.

SOBRE LA PRIMERA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCISCO CARRERA, DIJO:

I) En el fallo mencionado, el sentenciante tuvo por acreditada la relación laboral invocada por la actora (empleada doméstica) y, en consecuencia, admitió parcialmente los rubros pretendidos por ésta al demandar. Fundamenta su decisión en la prueba testimonial, ficta confesio y documental (TCL) que evalúa, CPL, Resoluciones N° 962/06 MTE y ss; 1306/07 MTE y ss. y Dto. Ley 326/56 que aplica, como también doctrina y jurisprudencia que cita.

II) Que contra dicha resolución se alza la accionada mediante el pertinente recurso de apelación, expresando agravios en la forma y modo que da cuenta el escrito de fs. 91/93 de autos.

Que planteados sucintamente los pasos, tal cual resultan como quedó trabada la litis en primera instancia, advierto que para una mejor comprensión, debo recomponer el orden en que han sido propuestos los agravios de la demandada y bajo esta óptica, buscando una mejor metodología, sistematización y claridad, entraré a tratar las quejas de la forma que infra expondré:

a) En el decisorio, el aquo admitió la relación laboral entre actora y demandado como empleada doméstica con retiro "quinta categoría", Dto. Ley 326/56. Sostiene que tanto fecha de ingreso, categoría, horarios, como la retribución mensual que percibía ($ 300), denunciada por la trabajadora al demandar, se encuentra debidamente acreditada, conforme pliego de fs. 28, al tenerse al apelante por confeso (arts. 107 y 110 del CPL). A lo que suma la valoración que realiza de la prueba testimonial de la Sra. Aurora Amanda Nuñez (fs. 31); Sr. Manuel Pedro Quiroga (fs. 32) y Srta. Claudia Gabriela Capdevila (fs. 34) y que al producirse sus respuestas con toda claridad, conteste y adecuado al escrito de demanda, deben tenerse probados los hechos denunciados por la trabajadora.

En el punto III "Fundamento" del escrito recursivo, el apelante se agravia de la resolución precedente, al manifestar que el juez se equivocó en la merituación de la prueba, ya que sólo examinó tres testimonios de favor que no fueron contundentes, condenándose injustamente al presentante.

Que entrando en el tema motivo de análisis, esto es, la prueba de la vinculación laboral, esta Sala en innumerables casos, sostuvo que con relación al recurso de apelación: "Si el recurrente se desentiende totalmente del principal argumento de la sentencia y dada la autonomía y definitividad que tiene la cuestión tratada en él, resulta innecesario analizar el agravio traído en recurso, por cuanto aún cuando fuese procedente, la sentencia sería válida (P.R.E. 1988-Sala Segunda, T.1) y es que el fin del recurso extraordinario (el de apelación también), es la sentencia definitiva (J.S.J. 1981 - 129/130) y el recurrente debe hacerse cargo de todas las motivaciones y fundamentos que sustenten la conclusión, bajo el riesgo de considerar firmes, con la inmutabilidad de la cosa juzgada, esos puntos de la sentencia o consideraciones no rebatidas. (P.R.E. 1968 - 121/123)".

Que haciendo aplicación de la doctrina judicial precedente al caso de autos, se advierte sin mayor hesitación, que la apelante no se ha hecho cargo del principal argumento de la sentencia, esto es: la ficta confeso del demandado, a tenor del pliego agregado a fs. 28 de autos y conforme lo establecido por los arts. 107 y 110 CPL, prueba ésta que se encuentra corroborada y apuntalada por los testigos, que por su número, precisión y concordancia han producido en el ánimo del sentenciante, según las reglas de la sana crítica (art. 19 CPL), la convicción de tener por acreditada la relación laboral en los términos mencionados.

Repárese que el recurrente admitió la relación laboral al tiempo de contestar la demanda, como asimismo, no impugnó las testimoniales valoradas por el aquo, por lo que fueron recepcionadas en forma pacífica, sin que sus dichos fueran impugnados, limitándose sólo a sostener en el recurso, que la prueba precitada fue de favor, con el solo fin de beneficiar a la actora, sin indicar en forma precisa y razonada en qué o cuál fue el error cometido por el inferior en la valoración de la misma. Por lo que este agravio debe rechazarse.

b) En el Segundo Fundamento (punto II), se agravia del fallo en tanto entiende que la actora no ha probado en forma fehaciente ni el sueldo, ni categoría, en tanto los mismos se los toman al azar.

Entiendo que esta queja debe prosperar, toda vez que como ya se ha sostenido en precedentes de esta Sala, las resoluciones dictadas por el MTE y SS fijando las escalas salariales para el personal de servicio doméstico, no resultan de aplicación en la provincia.- Así se resolvió en los Autos N° 7440, caratulados "Arias, Lucía Beatriz c/ Costa de Oliver Ofelia s/ Apelación de sentencia" del 07-02-08 que: "Si bien es cierto que el art. 1º y 13 del Dto. Ley 326/56 disponen que el mismo rige en todo el territorio de la Nación y que es al Poder Ejecutivo a quien corresponde la fijación, de los salarios mínimos del personal del servicio doméstico, "por zonas" de acuerdo a las circunstancias que se mencionan; no advierto que dicho poder del Estado haya ejercido la facultad que resulta de la norma legal mencionada, para otros lugares que no sea la Capital Federal y que el Ministerio de Trabajo haya dictado resoluciones para las cuales estuviera autorizado legalmente. Que con respecto a lo primero, adviértase que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Reglamentario Nº 7979/56, en cuyo artículo 20 estableció las remuneraciones y categorías del personal doméstico de la Capital Federal, solamente. De tal modo, tales regulaciones no son de aplicación a la Provincia de San Juan o alguna otra. Que con relación a lo segundo, si bien las Resoluciones del Ministerio de Trabajo que se citan por el apelante, como las sancionadas con posterioridad (134/04, 76/05, 314/06), disponen en su artículo primero que se fijan las remuneraciones de las categorías laborales establecidas en el Dto. 7979/56 y en el segundo, que la resolución es de aplicación en todo el país, mientras las provincias no legislen en forma particular sobre la materia; lo concreto es que no se advierte cuál es la norma legal que autoriza al citado Ministerio a dictar una disposición de carácter general para todo el país. Que si bien es cierto que en las resoluciones se citan como fundamento legales que autorizan su dictado, el art. 13 del Dto. Ley 326/56, el Decreto 7979/56, el Dto.1347/03 y el inciso 13 del art. 23 de la Ley de Ministerios Nº 22.520, texto ordenado por Dto. 438/92; lo concreto es que ninguna de dichas disposiciones autoriza al Ministerio de Trabajo a establecer las categorías y remuneraciones del personal doméstico que se desempeña en las provincias. En primer lugar, porque la norma aludida al inicio de este párrafo, no contiene delegación alguna a dicha dependencia, por más que integre el Poder Ejecutivo, que es el único delegado. En segundo lugar, porque en la segunda disposición, éste poder ha ejercido la facultad limitándola a la Capital Federal y no ha autorizado a Ministerio alguno para disponer las remuneraciones en las provincias. En tercer lugar, en tanto el Dto. 1347/03 fija una asignación no remunerativa, que nada tiene que ver con el tema en estudio, pues no es aplicable a los trabajadores del servicio doméstico y tampoco contiene delegación alguna. Finalmente, en cuarto lugar, porque la ley 22.520, en su art. 23, inc. 13, sólo autoriza al Ministerio del Trabajo a fijar la política salarial del sector público nacional, pero no del sector privado, respecto del cual sólo se le permite la elaboración y ejecución de "pautas que orienten" la política salarial. Que además, no se ha cumplido en todo caso, con la norma del art. 13 del Dto. Ley 326/56, que impone la obligación de fijar las remuneraciones por "zonas", de acuerdo a la importancia económica, las condiciones de vida de cada una de ellas y las modalidades del contrato; por lo que habría un exceso reglamentario al uniformar las remuneraciones de todo el país, lo que torna a las resoluciones como violatorias de la disposición legal de jerarquía constitucional superior, a la que hay que estar. (Art. 31 Constitución Nacional). Que conforme lo dicho, resulta claro que las resoluciones carecen de toda validez en la Provincia de San Juan, pues el Poder Ejecutivo (Presidente de la Nación) no ha ejercido la facultad conferida legalmente y el Ministerio de Trabajo no se encuentra facultado para legislar sobre el tema, ni se le han delegado facultades para hacerlo".

Que a todo ello, cabe recordar que no es de aplicación al servicio doméstico, el salario mínimo, vital y móvil, del que está excluido expresamente por el art. 140 de la ley 24.013.

De acuerdo a ello, considero entonces que debe tenerse por salario el convenido por las partes, y que según surge de las constancias de autos, era de $ 300.- Por lo que corresponde la desestimación del rubro diferencias salariales; debiendo adecuarse el resto de rubros que progresa, a la base indemnizatoria que surge de la suma determinada como salario; esto es, $ 300.- c) Por último, con respecto a la tercera queja, atento lo resuelto precedentemente, su tratamiento ha devenido en abstracto; por lo que me eximo de entrar en su consideración.- Sin perjuicio de ello, sólo me permito manifestar que hubiera bastado para su desestimación el hecho de que ello no fue introducido en la contestación de demanda, no integra la litis y no puede ser objeto de consideración en la sentencia (arts. 67, 75 y 124 CPL); a más de que cabe destacar que conforme lo dispuesto por el art. 3964 del código citado, el juez no puede actuar de oficio al respecto.- Por todo lo dicho, voto por la admisión parcial del recurso de apelación deducido por la demandada, debiendo adecuarse las costas impuestas en primera instancia al resultado definitivo, en un todo de acuerdo a lo establecido por el art. 264 del CPC, correspondiendo imponerlas en el 40% a la demandada, y en el 60% a la actora.- En cuanto a la regulación de honorarios practicada, la misma se mantiene en cuanto se encuentra ajustada a la normativa de la ley 2150.- SOBRE LA SEGUNDA CUESTIÓN EL DR. HERMES FRANCIS- CO CARRERA, DIJO:

Las costas de esta instancia, voto porque se impongan en la misma proporción a la dispuesta para la instancia anterior, conforme art. 125 del CPL, regulándose los honorarios de la alzada a los Dres. Omar Néstor Quiroga, en simple carácter, e Iván Alfredo Carrasco, en el 4 % y 6% respectivamente, del monto regulado en primera instancia; conforme art. 196 de la ley 2150 y Dcto. 58/92.- LOS DRES. LUCIA DARONI DE PONTORIERO Y MIGUEL ERNESTO NOVOA, DIJERON:

Por sus fundamentos, adhieren al voto que antecede.- Por todo ello, el Tribunal R E S U E L V E :

I) Admitir parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte demandada, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes.

II) Imponer las costas de ambas instancias en la forma consignada precedentemente, e imponer las costas de esta instancia conforme se detalla.

III) Tener presente las reservas de derechos formuladas.

IV.	Protocolícese, agréguese copia autorizada a los autos, notifíquese y oportunamente bajen al juzgado de origen.-