Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29


2º Instancia. - Buenos Aires, marzo 29 de 2007.

La Dra. Areán dijo:

I. El juez de grado, a través de la sentencia de fs. 524/534 hizo lugar a la demanda promovida por Horacio Rubén Ojeda y María Candelaria Miranda Vivar, por sí y en representación de su hijo menor E. A. O. contra Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, rechazándola contra Edesur S.A. y la citada en garantía La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. Asimismo, reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron Edesur S.A. y La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A. a fs. 535, los actores a fs. 536, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 539 y la Defensora Pública de Menores e Incapaces a fs. 551.

Los respectivos recursos fueron concedidos a fs. 578/579 y 556, respectivamente. A fs. 633/835 expresaron agravios los actores criticando la sentencia recurrida por la haber establecido la concurrencia de culpas entre el menor y la codemandadas condenadas y por calificar como exiguas las sumas concedidas por el sentenciante para responder a indemnizaciones por incapacidad física, daño moral y gastos médico-farmacéuticos y de traslados.

A fs. 637/642 expuso sus agravios el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando el decisorio por la responsabilidad que le atribuye en la producción del accidente, el reconocimiento de partidas indemnizatorias para responder a gastos médicos, daño moral y daño estético, así como por las sumas otorgadas por tales conceptos, el plazo fijado para el cumplimiento de la condena y por la imposición de costas.

A fs. 644/648 expresó agravios Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE, cuestionando la eximición de responsabilidad de Edesur S.A., el otorgamiento de una indemnización por daño estético, el monto concedido por gastos por considerarlo elevado y por el régimen de las costas.

Los agravios fueron contestados a fs. 654/660 y fs. 661/663.

A fs. 66/667 la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara expuso también agravios en defensa de los intereses del menor de autos, atacando el régimen de responsabilidad consagrado por la sentencia recurrida así como el rechazo del reclamo por incapacidad sobreviniente, daño psicológico y monto del daño moral.

Estos agravios no fueron contestados.

II. Por razones de orden metodológico, comenzaré por analizar el tema relativo a la responsabilidad que la sentencia en crisis adjudica parcialmente a los demandados Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que en la producción del evento dañoso ha concurrido la conducta culpable de la propia víctima en la proporción del veinte por ciento.

Ante todo corresponde señalar, en coincidencia con lo expresado por el sentenciante, que el presente caso debe resolverse a la luz de lo establecido por el art. 1113, 2º párr., 28 parte del Código Civil, con la consiguiente inversión de la carga de la prueba prevenida por esta norma, que beneficia al actor y que lleva a presumir la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa con la que se causó el daño (conf. esta Sala, 26/02/2002, Barbero, Miguel A. c. Edenor S.A. y otros, LA LEY, 2002-D, 98).

Tratándose de una responsabilidad objetiva, para su constitución sólo se requiere la prueba de la existencia de un daño en cuyo acaecimiento ejerció influencia causal decisiva el riesgo o vicio de la cosa, de modo que proviniendo el perjuicio de la cosa misma, no procede la prueba exonerativa de inculpabilidad. Sólo se acepta la demostración de la causa extraña (Conf. Goldenberg, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, p. 227).

En consecuencia, la presunción sólo quedará sin efecto si media un factor interruptivo de la relación causal, lo que no ocurrirá más que cuando el imputado demuestre que medió culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Además, para establecer si una cosa es riesgosa es necesario averiguar, frente al caso concreto, las características de la que ha intervenido en el evento dañoso, para saber si ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal y extraordinario, tal como se analizan las características de una conducta acorde con el art. 512 del Código Civil, para saber si ha sido o no culpable. El riesgo de la cosa nunca es la causa exclusiva del daño, pues éste siempre resulta de una agravación o deformación del riesgo que encierra la cosa: manipuleos o uso erróneo, falta de adopción de medidas de seguridad, deficiencias en la conservación o custodia, es decir, de actos que desencadenan la potencialidad dañosa (Conf. Zavala de González, Matilde, "Responsabilidad por riesgo", 2º Ed., págs. 56 y sigs.).

Por otra parte, la energía no es cosa desde el punto de vista jurídico, pues carece de idoneidad para constituir el asiento de un derecho real; pero tampoco es un bien inmaterial, por cuanto no es un derecho. Por lo tanto, no es posible darle ubicación en el campo de los bienes, tanto materiales como inmateriales, pues su peculiar naturaleza jurídica escapa al concepto elaborado por el código para unos y otros y se mantiene intangible aun después de la Reforma de 1968, con la modificación y el agregado introducidos al art. 2311.

Ahora bien, ocurre que ciertas energías, excluidas aquellas que existen en la naturaleza y que se encuentran a disposición de todos (la fuerza de gravedad, el movimiento del mar, la electricidad atmosférica, la energía solar o térmica de la tierra, la energía fonética, la energía óptica, etc.), pueden estar vinculadas con el objeto de actos jurídicos. Ello sucede, por ejemplo, con la energía eléctrica, que puede ser el substracto del suministro de un servicio, es decir, una prestación. El usuario tiene un simple derecho creditorio contra la empresa de electricidad: el poder exigir a ésta que le suministre la energía a cambio del pago de un precio en dinero.

La Reforma de 1968 agregó al art. 2311 el siguiente párrafo: "Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación".

Es difícil comprender cuáles normas relativas a las cosas podrían aplicarse a la energía, por no ser susceptible de posesión y, por lo tanto, de acciones posesorias ni de usucapión, ni de ser contenido de un derecho real que se ejerza por la posesión, ni de acciones reales.

En definitiva, no se puede ser dueño ni titular de otro derecho real ni de una relación posesoria sobre la energía.

De todos modos, si bien el siniestro de autos ha sido resultado del efecto nocivo de la energía, está en juego la conservación de los soportes materiales y cableados de que se vale la empresa prestataria del servicio para proveer de electricidad a los usuarios y cuya titularidad dominial en principio permanece en cabeza del estado local.

Según surge de la diligencia practicada en la causa penal poco tiempo después del accidente, conforme constancia de fs. 25, que en la Plaza Lavalle existía una caja ubicada sobre tierra y pastos, a unos 5 metros de la acera Este de la calle Talcahuano, casi en su intersección con la calle Lavalle. Era de mampostería, con una altura aproximada de un metro, con dos puertas metálicas, una tapa metálica en la que se lee M.C.B.A. Sobresalía un caño metálico que estaba oxidado, con una cédula fotoeléctrica en la parte superior y conectada con tres cables con muestras de desgaste de su color y cintas adhesivas de reciente data.

Las fotografías de fs. 27, especialmente la superior, ilustran claramente la descripción anterior.

A fs. 49, transcurrido algo más de un mes del hecho, se volvió a constituir en la Plaza Lavalle el policía Mario René García, constatando en esta oportunidad que el caño de dos metros ya no estaba colocado y la cédula fotoeléctrica había sido cambiada por otra que estaba adosada a la caja, no observándose los cables de conexión, los que debían provenir del interior de dicha caja.

Las fotografías de fs. 51/53 exteriorizan el notorio cambio operado en la caja, más allá de subsistir el total estado de deterioro exterior.

A fs. 429 de estos autos el perito ingeniero sostiene que no es posible establecer qué parte de la instalación eléctrica electrificó el caño metálico que tocó el menor.

El buzón de alumbrado público o casilla se utiliza para alojar el tablero eléctrico de interconexión donde se conecta la red de la empresa distribuidora de energía eléctrica con la red de alumbrado público, al igual que la cédula fotoeléctrica.

La casilla y sus elementos componentes, como la instalación interna, contactores, cédula fotoeléctrica, caño metálico, la cañería subterránea que vincula la casilla con los postes de alumbrado, los cables conductores en su interior y los postes de alumbrado pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le corresponde su mantenimiento.

Un mero roce con la caja puede ocasionar una descarga eléctrica sólo si se halla electrificada por algún motivo.

Una deficiencia en el aislamiento o montaje de la red de distribución de energía que ponga en contacto los cables con las partes metálicas o no metálicas, por efecto de la humedad, habría podido electrificar el caño.

A fs. 355 declaró el testigo Crudo, que admitió ser dependiente de Edesur desde 1986. En 1996 era coordinador de los inspectores que verificaban trabajos realizados en la vía pública. Recuerda que día del hecho gente de Sade le comunicó la ocurrencia del accidente, mandó un inspector, cree que cambiaron los fusibles porque se habían quemado.

Se encuentra debidamente acreditado que el mencionado buzón de alumbrado público integra el patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y su mantenimiento estaba a la fecha del accidente a cargo de Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE, conforme al Acta de Acuerdo obrante en copia a fs. 276/277.

Ahora bien, aun cuando el contacto entre el cuerpo del entonces niño y el caño aéreo determinó el sufrimiento de la descarga, es obvio que el riesgo no se encuentra ínsito en el aludido caño sino en la electricidad de que debió ser portador, desconociéndose las verdaderas causas de esta última circunstancia.

Está probado que la propiedad y el mantenimiento de la casilla y sus componentes está a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, consecuentemente, de la empresa a la que se ha encomendado su ejecución.

La energía es provista por Edesur S.A., y aun cuando existiría un sutil deslinde de titularidades entre los componentes del tablero de comando, la placa de 100 Amperes y el cable de conexión con la fotocédula que se hallan en el interior del buzón -entonces en forma aérea-, lo cierto es que aquella codemandada se ocupó del cambió de los fusibles, lo que demuestra que tal tarea estaba a su cargo.

Por otra parte, se ha sostenido acertadamente que, si se presenta algún supuesto en el cual el propietario o guardián de la energía eléctrica difiere del dueño o guardián de la línea que la transporta o distribuye, no cabe duda alguna que ambos deberán responder por el carácter riesgoso de la cosa. Línea y electricidad se amalgaman formado un todo, por lo que toda línea electrificada constituye una cosa generadora de riesgo (Conf. Sagarna, Fernando Alfredo, Daños causados por la energía eléctrica, LA LEY, 1987-E, 986).

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la electricidad, a la que resultan aplicables las disposiciones referentes a las cosas, presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en la última parte del segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil. Y la responsabilidad de la empresa prestataria de energía eléctrica no sólo emana del carácter de propietaria de las instalaciones sino de la obligación de supervisión que es propia de esa actividad, la que la obliga a ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que aquel se presta, para evitar sus consecuencias dañosas (Conf. CSJN, 15/10/1987, Prille de Nicolini, Graciela Cristina v. Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, Fallos 310:2103).

Además el art. 16 de la ley 24.065 impone a los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad la obligación de operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal efecto.

Frente a la existencia del riesgo que supone la naturaleza intrínseca del servicio de suministro de energía eléctrica, la responsabilidad de la prestataria no se agota en la generación y distribución del fluido, sino que también deriva en una obligación de razonable vigilancia de las condiciones en que él llega al usuario (art. 4 inc. d del reglamento de suministro de energía eléctrica para los servicios prestados por la empresa Edesur S.A.).

Se ha expresado que la empresa proveedora de energía eléctrica debe extremar las precauciones para que el servicio público se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles de seguridad, cuidando y supervisando que la cosa no ocasione daños a terceros. No hay que perder de vista que se trata además de un suministro que supone un servicio público y que, como tal exige del Estado o de quienes actúan por delegación, concesión, etc., elementos que no ofrezcan peligro a los usuarios (Conf. C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala 2º, 01/07/2003, Ramírez, Ignacia E. y otros v. Edesur S.A., Lexis Nº 30012169).

Por todo ello, no comparto la conclusión a la que arriba el juez de grado al eximir de toda responsabilidad a la codemandada Edesur S.A. y a la citada en garantía La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A., las que deberán asumir concurrentemente con la impuesta a las otras dos codemandadas, respecto de las cuales corresponde desestimar de pleno sus agravios en tal aspecto.

En efecto, resulta irrefutable el deber del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de responder en su carácter de dueño de la caja y caño de los emergiera la descarga eléctrica que dañara al menor.

A igual conclusión cabe arribar con relación a la codemandada Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE, en su condición de encargada convencionalmente por el anterior de atender en condiciones normales la prestación del servicio, de suerte tal que no creen causas generadoras de daño.

Sólo resta analizar entonces en lo atinente a la responsabilidad, la suerte correrá la conclusión a la que arriba el juez de grado, en tanto y sin mayores fundamentos, concluye en que la conducta del menor contribuyó en un veinte por ciento a la causación del daño.

Conforme al art. 897 del Cód. Civil, los hechos humanos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad.

Si se trata de menores de diez años, sus actos se reputan hechos sin discernimiento, tal como lo expresa el art. 921 del mismo cuerpo legal, aclarando que quedan incluidos los actos lícitos practicados por menores impúberes, así como los actos ilícitos realizados por menores de diez años.

De acuerdo con una posición que comparto, frente a un hecho ilícito debe examinarse la incidencia causal del hecho de la víctima inimputable para establecer la proporción en que el presunto autor quedará exonerado de responsabilidad. Bastará entonces que ese hecho haya sido concausa en la producción del daño (Conf. Tobías, José W., Accidentes de tránsito y peatones inimputables (Responsabilidad civil de los padres por los hechos ilícitos de sus hijos menores de diez años), LA LEY, 1994-C, 471).

O sea que de acuerdo con esta interpretación, no se exige la imputabilidad; basta que el hecho haya sido causa de la producción del daño, pues entonces el perjuicio no puede ser atribuido al demandado. Se saca la cuestión del terreno de la imputabilidad para trasladarla al de la autoría. Puede existir autoría del hecho dañoso por el inimputable (Conf. Mosset Iturraspe, Jorge, Los eximentes en los accidentes de automotores, en Responsabilidad civil en materia de accidentes de automotores, t. III, 1973, Ed. Ediar, p. 62).

"En el supuesto de víctimas menores de diez años basta que el hecho del inimputable haya sido "causa" o "concausa" de la producción del daño, pues entonces el perjuicio no puede ser atribuido al demandado, y por esa falta de causalidad (total o parcial) la pretensión indemnizatoria debe rechazarse (total o parcialmente)" (Conf. SC Mendoza, sala I, 29/04/2002, LLGran Cuyo 2002, 326, LA LEY, 2002-E, 64).

Ahora bien, en el caso, no se advierte la más mínima incidencia del hecho del menor en la causación del daño, pues disiento profundamente con el juez de grado cuando afirma que un niño de nueve años sabe que en esos buzones hay elementos en contacto con la electricidad, que por sí son riesgosos.

Un menor de esa edad sólo puede tener alguna idea del peligro que entraña cruzar una avenida de intenso tránsito o introducir su mano en una fuente de electricidad, pero no en el de tocar con su cuerpo una caja de mampostería o de metal que está en un algún lugar de la plaza en la está jugando.

Menos aún puede considerarse la culpa en relación al hecho del civilmente responsable (padre, tutor), por no haber ejercido una adecuada vigilancia sobre la persona del inimputable.

La justicia no puede cerrar los ojos a la realidad, siendo que es normal y habitual que niños de corta edad jueguen en una plaza pública próxima a su domicilio sin ser acompañados de sus progenitores, que por esas horas están trabajando y no precisamente descansando.

Un varón de 9 años que está solo en su casa puede correr tanto o más peligro que si está jugando al fútbol en la Plaza Lavalle con sus amigos. Además, todo parece indicar que el menor E. estaba con un hermano de 17 años, que fue quien avisó a la madre del acaecimiento del infortunio.

En consecuencia, propongo a mis colegas revocar la sentencia apelada, en tanto determina la culpa concurrente de la víctima, estableciendo que las demandadas condenadas deberán responder en forma total.

III. Se agravian los actores por el monto concedido por el sentenciante para responder a gastos médico-farmacéuticos y de traslados, por considerarlo muy bajo. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE incursionan por el mismo camino pero por sentido contrario, al calificarlo de elevado.

En los tres casos no se advierte en las respectivas expresiones de agravios más que una mera discrepancia de los apelantes con la postura del juzgador, limitándose a la transcripción de precedentes jurisprudenciales, sin efectuar la mínima correlación entre éstos y las particulares circunstancias del caso.

No obstante ello, como las quejas de los actores tienen cierto sustento en las constancias de autos y atento al criterio amplio y flexible que debe adoptarse para la valoración de la expresión de agravios, encararé seguidamente la cuestión. Se ha dicho en reiteradas ocasiones que los gastos de medicamentos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima del hecho. En efecto, dado que dicha integridad constituye uno de sus bienes fundamentales, debe reconocerse la facultad de lograr cuanto sea preciso para recuperar la salud o la incolumidad dañada, en cualquier grado que resulte lesionada y con prescindencia de las utilidades económicas que la víctima lograba o no con el ejercicio de sus aptitudes.

Tiene dicho esta Sala que: "...que los gastos médicos y de farmacia constituyen una consecuencia forzosa del perjuicio, de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible, no requiriéndose, por ende, prueba efectiva y acabada sobre la efectividad de los desembolsos y de su cuantía. Lo fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones producidas por el hecho, vale decir, que exista la debida relación causal. Es evidente que los gastos de farmacia no siempre pueden ser suficientemente documentados. Algunos medicamentos se venden sin suscribirse facturas sino simplemente tickets. Por otra parte, la multiplicidad de comprobantes se traduce en la pérdida de pequeños instrumentos (Kemelmajer de Carlucci, en Belluscio-Zannoni, "Código Civil Comentado" t. 5, p. 213). A ello cabe agregar que resulta natural que, producido un accidente, el lesionado y, en su caso, los familiares, no se encuentran en condiciones anímicas como para gestionar los comprobantes de los pagos que realizan para la curación.

En el contexto descripto, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de prueba concreta y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuación con la importancia del tratamiento... La presunción sobre la realidad del desembolso aun en defecto de prueba conlleva a la fijación judicial del monto pertinente, sobre la base de las circunstancias del caso. Así se ha dicho que para la determinación de los gastos farmacéuticos a consecuencia de un accidente, deben gravitar factores como: lugar donde fuera atendida la víctima, importancia y extensión de las lesiones sufridas, ausencia total de comprobantes, que determinarán el obrar prudente del magistrado en la ponderación del monto a fijarse, haciendo justo y equitativo uso de lo dispuesto por el art. 165 de la ley ritual" (esta Sala, 21/11/2000, C., M. G. c. M.C.B.A. y otro, LA LEY, 2001-E, 197, entre muchos otros).

Destaca el perito médico que el menor experimentó quemaduras de segundo grado en la cara posterior de ambos muslos, quedándole una secuela estética visible a un metro de distancia y con luz natural. Permaneció internado durante 4 días en el Hospital de Niños, y luego de alta por tres meses se le realizaron controles periódicos y curaciones semanales.

Bajo tales pautas, considero que la suma fijada por el a-quo de $ 300 es exigua, por lo que propongo elevarla a la de $ 500 (art. 165 del Código Procesal).

IV. Siguiendo con los agravios de los actores, cuando aluden a la incapacidad sobreviviente, cuestionan el monto concedido por el a-quo, siendo que parecen no haber leído bien la sentencia, ya que el rubro en realidad fue desestimado.

De todos modos, el agravio por ese rechazo fue introducido por la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara, por lo que he de analizarlo.

Como ya he dicho más arriba, sólo han quedado al menor secuelas estéticas.

Comparto el criterio por el cual "El daño estético carece de autonomía y debe ser evaluado como pauta para la cuantificación de la incapacidad sobreviniente o en su caso, del daño moral, salvo que importe un cambio sustancial en la imagen de la persona con consecuencias perjudiciales para su desarrollo de la vida de relación" (esta Sala, 21/11/2000, C., M. G. c. M.C.B.A. y otro, LA LEY, 2001-E, 197).

Siendo ello así y considerando que la sentencia hace mérito de las cicatrices al cuantificar el daño moral, sin perjuicio de lo que diré al examinar este rubro, corresponde confirmar este aspecto de aquélla.

V. Advierto, sin embargo, que el juez de grado también reconoce una partida independiente para responder al daño estético, fijándola en la suma de $ 3.000.

Ello merece el agravio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Sade I.C.S.A.- Elprint S.A. UTE, quienes cuestionan la procedencia del rubro y hacen especial hincapié, en especial, la segunda, en la superposición de indemnizaciones a las que se llega con la posición asumida por el juzgador.

Anticipo que les asiste total razón, pues como ya dije más arriba, el daño estético debe evaluarse como pauta de cuantificación de la incapacidad sobreviniente o del daño moral, pues el mismo carece de autonomía salvo que importe un cambio sustancial en la imagen de la persona con consecuencias perjudiciales para su desarrollo en la vida de relación (Conf. CNCivil, sala H, 28/04/2003, Fragoso, Sebastián c. Construred S.A., DJ 2004-I, 215).

En el caso, las cicatrices no son demasiado notorias, se hallan en un lugar del cuerpo normalmente no expuesto a los ojos de terceros, además, no tengo dudas que el crecimiento de los miembros inferiores que debió operarse desde 1996 hasta llegar al estado actual, debió influir en la trascendencia de la secuela cicatrizal.

Por lo tanto y porque resulta inadmisible que un mismo daño sea objeto de una doble reparación, propongo revocar este aspecto de la sentencia.

VI. Actores, demandados y la Defensora Oficial se agravian con relación a la suma concedida por el sentencia para atender al daño moral, los primeros y esta funcionaria, por su exigüidad y los segundos por calificarla como excesiva. La reparación de este daño está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, cobrando especial importancia la índole de las lesiones y el grado de las secuelas que dejaren, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración (conf. CNCivil, Sala G, 22/06/1992, Chanquia, Ramona B. c. Pérez, Mario H.).

Cabe recordar que, si bien no requiere de una demostración expresa, no es fácil traducir en una suma de dinero la valoración de los dolores, sufrimientos, molestias, angustias, incertidumbres o temores padecidos por la víctima. Sólo ella puede saber cuánto sufrió, pues están en juego sus vivencias personales.

Para estimar pecuniariamente la reparación del daño moral falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas (Conf. Orgaz, Alfredo, "El daño resarcible", pág. 187).

Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (Conf. Fischer, Hans A., "Los daños civiles y su reparación", pág. 228).

Por otra parte, la determinación del daño moral no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquélla (arts. 163, inc. 5º, 165, 386, 456, 477 y concs., Cód. Procesal Civil y Comercial; arts. 1078, 1083 y concs., Cód. Civil) (conf. sala G, 18/10/2002, Suraniti, Juan S. c. Ranz, Mónica A. y otro, DJ 2003-1, 247).

Además, la indemnización por este concepto tiene carácter autónomo y no tiene por qué guardar proporción con los daños materiales, pues el carácter estrictamente personal de los bienes lesionados impide establecer una tasación general de los agravios de tal especie (conf. esta Sala, 13/02/2006, Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel, DJ 2007-01-03, 20).

Teniendo en cuenta las quemaduras sufridas por el niño, que estuvo internado durante 4 días y que luego del alta debió continuar durante un período prolongado con las curaciones, quedándole además la antes relacionada secuela estética, considero adecuado elevar el monto concedido en la sentencia a la suma de $ 4.000 (art. 165 del Cód. Procesal).

VII. Se agravia el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con relación al plazo de 10 días que confiere la sentencia para el cumplimiento de la condena, invocando la aplicación al caso del art. 22 de la ley 23.982.

Establece dicha norma que "...A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo...".

Este régimen resulta aplicable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como continuadora de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el agravio deberá prosperar y en consecuencia el monto adeudado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá ser pagado de conformidad con lo normado por el artículo 22 de la ley 23.892, bajo apercibimiento de ejecución.

VIII. Se agravian el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Sade I.C.S.A. - Elprint S.A. UTE porque se les ha aplicado las costas en su totalidad, siendo que la demanda sólo ha prosperado en mínima proporción.

Lo expuesto por los apelantes importa un planteo de Pluspetitio, por lo que cabe destacar ante todo que hay pluspetición cuando la pretensión excede los límites del derecho reconocido en la sentencia (Conf. Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado...", Tomo 1, pág. 282).

Por otra parte, para que sea procedente la eximición de costas es necesario que sea inexcusable, o sea que la parte actora haya pretendido a sabiendas o por negligencia grave mucho más de lo que se le debía; y que el demandado haya reconocido el monto hasta el límite establecido en la sentencia (Conf. Fassi-Yañez, "Código Procesal...", Tomo 1, pág. 445).

De ahí que no resulte aplicable el art. 72 del Cód. Procesal cuando el accionado no aceptó deber suma alguna, sino que pidió lisa y llanamente en rechazo de la demanda.

Concretamente, el demandado tiene que haber reconocido el monto hasta el límite establecido en la sentencia, debiendo esa admisión ser real, oportuna, incondicionada y efectiva en cuanto a la cantidad (Conf. Morello-Sosa-Berizonce, Códigos..., T. II-B pág. 224). Además, el monto reclamado no debe ser materia de prueba por parte del actor ni debe depender del arbitrio judicial, de juicio pericial o de rendición de cuentas (Conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, T. III, pág. 383).

Se ha sostenido que: "La pluspetición inexcusable no se ha configurado porque el demandado no admitió en la contestación de la demanda el monto que en definitiva reconocía la sentencia, por lo que su actitud hizo necesaria la tramitación del juicio a fin de que la actora obtuviera lo que en derecho corresponde, máxime si se advierte que en la demanda se supeditó el reclamo a lo que en definitiva resulte de la prueba y/o criterio del a quo, y fue necesaria la prueba pericial para determinar la existencia de los daños y el monto del perjuicio. Por lo tanto, el vencido debe soportar las costas correspondientes al monto admitido en la sentencia, en ambas instancias (arts. 68 y 72 CPr.) (Conf. CNCiv., Sala M, 17/05/1994, JA 1995-II, síntesis).

Por otra parte, las costas del proceso de daños y perjuicios deben imponerse al demandado vencido, aun cuando no hayan prosperado todos los rubros pretendidos por el actor, atento al principio de reparación integral y la naturaleza resarcitoria que revisten los gastos causídicos como parte integrante de la indemnización, sin que obste a ello la demasía en la pretensión esgrimida, pues fue la actitud del accionado la que hizo necesario tramitar el pleito. De admitirse una solución contraria, el derecho que la sentencia reconoce al actor quedaría menoscabado con infracción del fundamento mismo de la institución de las costas (Farina, voz Costas en "Enciclopedia Jurídica Omeba", t. VI, p. 1060) (Conf. esta Sala,17/12/2002, Fiore de Genovese, María c. Natural Foods Industria Exportadora S.A. y otro, LA LEY, 2003-B, 198, entre muchos otros).

En consecuencia, y en virtud del resultado positivo que tuvieron algunos de los agravios formulados por la parte actora la queja referida a la imposición de costas de primera instancia, carece de fundamento jurídico y debe ser desechada.

Por lo tanto, corresponde confirmar las costas impuestas en la sentencia motivo de recurso a los demandados, extendiendo la condena a Edesur S.A. y la citada en garantía La Buenos Aires Compañía Argentina de Seguros S.A., conforme lo propuesto más arriba.IX. En cuanto a las costas en esta alzada se aplicarán también a los codemandados vencidos en lo sustancial.

X. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo: Modificar la sentencia apelada con el siguiente alcance: a) condenar a la codemandada Edesur S.A. y a su citada en garantía a abonar concurrentemente con los demás codemandados las sumas establecidas; b) disponer que todas los demandadas deberán afrontar la totalidad de la condena; c) denegar la indemnización reclamada para responder a daño estético; d) elevar las partida para responder a gastos médico-farmacéuticos y de traslados a $ 500 y la correspondiente a daño moral a $ 4.000; e) ordenar que el monto adeudado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea pagado de conformidad con lo normado por el artículo 22 de la ley 23.892, bajo apercibimiento de ejecución; Imponer las costas de ambas instancias a las co-demandadas vencidas (arts. 68 y 69, Cód. Procesal).

Los Dres. Mayo y Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Areán, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: Modificar la sentencia apelada con el siguiente alcance: a) condenar a la codemandada Edesur S.A. y a su citada en garantía a abonar concurrentemente con los demás codemandados las sumas establecidas; b) disponer que todas los demandadas deberán afrontar la totalidad de la condena; c) denegar la indemnización reclamada para responder a daño estético; d) elevar las partida para responder a gastos médico-farmacéuticos y de traslados a $ 500 y la correspondiente a daño moral a $ 4.000; e) ordenar que el monto adeudado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea pagado de conformidad con lo normado por el artículo 22 de la ley 23.892, bajo apercibimiento de ejecución; Imponer las costas de ambas instancias a las co-demandadas vencidas (arts. 68 y 69, Cód. Procesal). Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -Jorge A. Mayo. -Beatriz A. Areán. -Claudio M. Kiper.