Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24


Causa Nº 059-01-CC/2006 caratulada "Incidente de nulidad en autos CASABUONO, Leonardo Pablo s/ Inf. Art. 85 ley 1472 - Apelación".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 24 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe y Fernando Bosch, para resolver en las presentes actuaciones.

Y VISTOS:

El Sr. Defensor Oficial, Cappuccio, interpuso recurso de apelación (fs. 13/16 vta.) contra la decisión del a quo del 28 de marzo de 2006 en virtud del cual rechazó el planteo de nulidad respecto del procedimiento llevado a cabo el 8 de noviembre de 2005 (vid. fs. 1 y 3/3 vta. del principal).

Ante esta instancia, el Fernández dictaminó (vid fs. 22/23 vta) que la vía recursiva utilizada por la defensa no es la correcta, atendiendo los argumentos vertidos en el acápite III (fs. 22 vta) y en segundo lugar, solicitó que "...se declare formalmente admisible el recurso, y proceder a su rechazo..." puesto que "existió inmediatez fiscal tanto en el lugar del hecho, como en la confirmación de la medida desde la dependencia misma de la fiscalía, como así también ha de entenderse que el plazo transcurrido entre ello y la convalidación judicial ha sido a todas luces razonable" (fs. 23, acápite IV).

Cumplidos los pasos procesales de rigor, se encuentran los autos en estado de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- El remedio impugnaticio es formalmente admisible pues ha sido interpuesto por quien tiene derecho a hacerlo (impugnabilidad subjetiva), en tiempo oportuno, por escrito fundado ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución (condiciones generales de modo, tiempo y lugar). Por último, el recurso ataca un auto susceptible de causar un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior (impugnabilidad objetiva, art. 50 de la LPC y 449 in fine del CPPN de aplicación supletoria en función del art. 6, LPC).

Concierne ahora dilucidar la crítica introducida por el Sr. Fiscal de Cámara en punto a este último extremo. En efecto, sostuvo que "no son apelables las resoluciones judiciales mediante las cuales se convalida o no un secuestro, por no causar gravamen irreparable" (fs. 22 vta.). Fundó su postura en una serie de antecedentes jurisprudenciales correspondientes tanto a esta Sala como a la Sala I de la Cámara del Fuero. Sin embargo, esta línea argumental yerra al sustentarse en precedentes que giran en torno a la convalidación o no de secuestros, puesto que la temática que nos ocupa se ciñe a vicios en el procedimiento susceptibles de ser primigeniamente atacados por vía de nulidad. Así, la resolución que deniega una nulidad es susceptible de producir, en abstracto, un perjuicio de imposible reparación ulterior y por ende deviene apelable .

II.- El Cappuccio centró su agravio en que el control del Juez interviniente como así también el concretado por el Ministerio Público Fiscal resultaron tardíos en función de lo establecido por el art. 21 de la LPC, conculcándose de este modo las garantías del debido proceso y defensa en juicio. Asimismo, entendió que la nulidad del secuestro ha de trasladarse también a los actos practicados posteriormente como consecuencia directa de aquél, incluida la convocatoria al encausado a prestar declaración en los términos del art. 41 de la LPC.

En relación a los agravios opuestos por la defensa ante esta instancia, es dable señalar que su análisis se realizará en el orden articulado por el accionante a los efectos de brindar mayor claridad expositiva a nuestros fundamentos.

Intervención del Magistrado de grado (art. 21,LPC).

En este orden de ideas, el impugnante invocó que entre la incautación de los efectos y la intervención del Magistrado transcurrió un plazo excesivo -trece días-, violentándose así la garantía constitucional del debido proceso al no haber mediado en la especie la "inmediatez" legalmente exigida en materia de medidas precautorias.

De la compulsa del expediente principal, surge que el labrado del acta contravencional data del 8 de noviembre de 2005 (fs. 3/3vta.), oportunidad en que se concretó la incautación del objeto allí descripto y si bien consta que las directivas fueron impartidas por la Massaglia (vid fs. 1, 3 y 8/9), lo cierto es que ello obedeció a un error material del preventor actuante, circunstancia admitida por el Agente Fiscal interviniente (ver fs. 7/10 del presente incidente), toda vez que se procedió conforme a lo dispuesto por el Julio César Erratchu, prosecretario letrado de la Secretaria de Atención Ciudadana, ante la consulta que efectuó el personal policial (fs. 3 vta.).

Se desprende, entonces, que en el marco del procedimiento cautelar intervino un agente estatal ajeno en orden al primer control judicial exigido por el art. 21 de la Ley 12, extremo que trataremos más adelante.

Es así que la medida fue confirmada por el a quo recién el 21 de noviembre de 2005 (fs. 17 del principal). Por lo tanto, el plazo transcurrido entre el secuestro y la intervención del Magistrado, en concordancia con la manda del art. 21 LPC (control jurisdiccional respectivo), excede el margen de inmediatez requerido para el caso de medidas coercitivas adoptadas por la prevención sin orden judicial previa -como la del art. 18, inc. c. LPC- y mantenidas por el acusador. Por consiguiente, se trasluce un manifiesto incumplimiento al art. 21 de la LPC en tiempo oportuno, lo que habrá de fulminar lo actuado, mediante la declaración de nulidad pertinente.

Como ya hemos expresado en numerosos antecedentes, el juez tiene el riguroso deber de realizar dicho control en un lapso que no puede superar la razonabilidad porque ello vaciaría de contenido al análisis, puesto que, de lo contrario, implicaría otorgar de hecho virtualidad a actos que restringen derechos básicos, adoptados por autoridades incompetentes desde el punto de vista constitucional para hacerlo . Esas son las premisas de un secuestro válido, cuya inobservancia lo viciará "in totum".

Esta nulidad es de aquellas de orden general y absoluto, de conformidad con lo previsto en el art. 167 inc. 2° y ss. del CPPN -de aplicación supletoria conforme lo establecido en el art. 6 de la LPC-, por haberse violado disposiciones concernientes a la intervención del juez en los actos en que ella sea obligatoria . Se trata de una nulidad genérica, al afectarse las reglas atinentes, en el caso, a la actuación del Magistrado en el proceso, viciando su desarrollo (PESSOA, Nelson R., "La nulidad en el proceso penal", Ed. Mave, 2ª. Edición, Buenos Aires, 1999, pág. 26) .

Intervención del Fiscal (art. 21 LPC).

III.- Corresponde entonces ingresar en el análisis del primer control judicial exigido por el art. 21 de la LPC, para lo cual es conveniente realizar algunas disquisiciones previas. En este orden de ideas, de las constancias glosadas en el presente incidente se desprende que las actuaciones tuvieron su génesis el 8 de noviembre de 2005 con motivo del labrado de un acta contravencional por presunta infracción al art. 85 del C.C., momento en el cual se procedió al secuestro de una hoja de cuchillo, detallada a fs. 3 vta. del expediente principal.

Es así que el personal preventor consignó en el acta mencionada supra -de fecha 08/11/2005- que la consulta había sido realizada a la Massaglia (vid. fs. 1, 3 y 8/9 del principal), quien habría impartido personalmente las directivas a seguir. Posteriormente, las actuaciones ingresaron a la sede del Ministerio Público recién el 16/11/2005 (ver fs. 14 vta. del principal ), oportunidad en la cual el Duacastella Arbizu, cotitular de la Massaglia, luego de fijar el objeto procesal del procedimiento, decretó a fs. 15: "...la prevención ha adoptado la medida cautelar de secuestro de elementos con que se desarrollaba el ilícito con el fin de hacer cesar la contravención y asegurar la condena conforme el art. 35 de la Ley 1472, con la debida comunicación prevista en el art. 21 de la LPC..." (el destacado no esta en el original).

De este modo pareciera que dicho procedimiento tuvo lugar con la pertinente comunicación al Agente Fiscal, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la LPC en punto al primigenio control judicial exigido respecto de estas medidas. Sin embargo, al avanzar cronológicamente se advierte que aquella consulta fue evacuada por el Erratchu, prosecretario a cargo de la Secretaria de Atención Ciudadana, circunstancia detectada por el acusador al momento de contestar la vista conferida en función del planteo de nulidad articulado por la defensa (fs. 8/10), mediante la agregación de la planilla glosada a fs. 7, sin que en modo alguno surja de aquella la efectivización de la previa consulta al fiscal a fin de recabar las directivas pertinentes -ver ítem 10)-, como si ha ocurrido en relación a la comunicación que se individualiza a continuación de aquella -ver ítem 11)-.

Entonces, ha quedado acreditado en autos la intervención de un funcionario diverso del que establece el trámite regulado por art. 21 LPC. En efecto, más allá de las manifestaciones vertidas a fs. 8/10 del principal, por quien debió personalmente evacuar la consulta policial -Duacastella Arbizu-, es lo cierto que aún confiriendo validez a la intermediación del prosecretario letrado de la Secretaría de Atención Ciudadana en la comunicación entre los preventores y el fiscal, es éste último quien debió decidir si mantenía o no la medida e impartir las directivas de rigor. Es que, la inmediata comunicación al Fiscal que exige el art. 21 LPC no es el mero "poner en conocimiento", sino que requiere una decisión expresa, exclusiva y excluyente del Representante del Ministerio Público configuradora del primer contralor judicial respecto de la medida precautoria implementada por la autoridad preventora, en el marco procesal que regula el procedimiento contravencional, sin que quepa a tal fin pretender suplir la irregularidad apuntada mediante la intervención de un órgano jurisdiccional diverso, cuya actuación se rige por un cuerpo normativo ajeno a la competencia de este fuero, tal como parece pretender el Duacastella Arbizu, al remitir a las constancias de fs. 10, 12/13 del principal.

De la lectura de la investigación dirigida contra Casabuono surge sin esfuerzo que un funcionario ajeno al trámite previsto por la legislación procesal local, impartió indebidamente directivas. Y sin perjuicio de que tal circunstancia constituye una improcedente delegación de funciones que no suple ni reemplaza al fiscal respecto del temperamento que el art. 21 LPC pone en cabeza de éste, no cabe más que colegir que se ha incumplido con el requisito de inmediatez que la norma en trato exige, al distanciar temporalmente la decisión del Fiscal sobre el eventual mantenimiento o la orden de dejar sin efecto la medida, desde la fecha del procedimiento -08/11/2005- hasta la recepción de las actuaciones -21/11/2005-.

De ello se sigue que, en el marco de un análisis razonable, y de acuerdo a las particularidades del caso, el período de tiempo transcurrido entre el secuestro y la convalidación de la medida por el fiscal resulta excesivo y no se condice con el requisito de inmediatez exigido por el art. 21, en tanto no puede interpretarse como una intervención válida la del Erratchu documentada a fs. 1 y fs. 3 del principal, en el marco de una decisión relacionada con un acto excepcional restrictivo de derechos, extremo que evidentemente desnaturaliza el contenido de la norma violentando el debido proceso adjetivo.

En orden a lo expuesto corresponde decretar la invalidez del secuestro concretado el 08/11/2005 por el personal policial.

Efecto extensivo de la nulidad.

IV.- Finalmente, el Cappuccio esgrimió brevemente que la nulidad del secuestro ha de trasladarse también a los actos practicados posteriormente como consecuencia directa de aquél, incluida la citación al acusado a declarar en los términos del art. 41 de la LPC.

Sin perjuicio de que la mera enunciación del agravio indicado por el defensor -esto es, sin el correlativo desarrollo de su fundamentación- es per se inatendible, compete señalar que la nulidad decretada (fs. 3), respecto del secuestro llevado a cabo el 8 de noviembre de 2005, no extiende automáticamente sus efectos a los restantes pasos procesales -simultáneos y/o ulteriores- puesto que la única consecuencia que tiene esta declaración de invalidez es específicamente la imposibilidad para el representante del Ministerio Público Fiscal de ofrecer como elemento de prueba el objeto cuya incautación se declaró nula.

Por lo tanto, si bien el secuestro invalidado carece de eficacia probatoria, y teniendo en cuenta el carácter escindible del acto material que lo produjo y el consecuente labrado del acta contravencional, debe descartarse la posibilidad de nulificar otros actos que no aparecen como consecuencia directa y exclusiva de aquél, máxime cuando, como en el caso, se trata de un simple decreto de citación a prestar declaración a tenor del art. 41 de la LPC, que pudo encontrar sustento en otros elementos o razones consideradas por la fiscalía, y que la deposición aún no se ha producido.

Con relación a ello la jurisprudencia ha entendido que: "La invalidez del acta de secuestro por haber sido practicado este sin orden judicial de allanamiento, no impide la condena del procesado si existen pruebas de la materialidad del hecho y de su responsabilidad, con prescindencia de las viciadas".

En orden a lo precedentemente expuesto es que resulta forzoso rechazar éste agravio introducido por la defensa.

V.- Por último, en función de lo que se resolverá, la reserva formulada por el Sr. Defensor Oficial conserva virtualidad en virtud del rechazo anterior.

En razón de todo lo expuesto, habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal R E S U E L VE:

I.- DECLARAR LA NULIDAD del secuestro practicado en autos el 8 de noviembre de 2005 (arts. 167, inc. 2º, 168, 172 y cc. del C.P.P.N. y art. 6 LPC).

II.- TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el Sr. Defensor Oficial en el escrito de fs. 13/16 vta. del presente incidente.

Tómese razón, notifíquese por nota al Sr. Fiscal de Cámara y devuélvase a primera instancia donde deberán practicarse las notificaciones restantes. Sirva el presente de muy atenta nota de remisión.