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Acceso a la justicia, audiencia, supervisión de cumplimiento de sentencia, establecimientos penitenciarios, asistencia a la víctima, torturas, asesinato, estado parte, PERÚ, fondo de asistencia legal
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-08-07

Corresponde desestimar la solicitud de apoyo del Fondo de Asistencia planteada en representación de una de las víctimas para que comparezca a la audiencia privada dispuesta por la Corte Interamericana, en el caso en que el Estado del Perú resultó demandado por la ejecución de 40 internos dentro del Penal Miguel Castro Castro y el sometimiento a trato cruel e inhumano de otros 300, pues en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia fue aprobada aquella asistencia para que dos víctimas comparezcan, una de las cuales se desempeña, además, como representante de la mayoría y, aun cuando a quien se le deniega el apoyo económico no es representado por ella, su representante podrá comparecer a la audiencia junto con otros dos abogados.
Nulidad de sentencia, caución real, monto de la caución, tipo de cambio, dictamen fiscal, sentencia arbitraria
Materia: PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Corresponde anular la decisión que impuso una caución real de seiscientos treinta y dos millones quinientos mil pesos para la excarcelación del imputado, en orden a la supuesta comisión del delito de lavado de activos, dado que el fiscal dictaminó que el valor de la fianza debía determinarse mediante la conversión del monto de cinco millones quinientos mil dólares estadounidenses a pesos argentinos conforme a la cotización del dólar minorista publicada por el Banco Central de la República Argentina y, sin embargo, el tribunal oral determinó que dicho cálculo debía realizarse en base a la cotización del dólar que rige en el mercado electrónico de pagos (MEP) ya que, según su criterio, era la cotización que mejor se adecuaba para garantizar el sometimiento del imputado al proceso. En consecuencia, la instancia anterior incurrió en un exceso jurisdiccional al imponer un monto de caución real que casi duplica al solicitado por el fiscal, lo que implica una vulneración al límite del acusatorio que surge expresamente para las medidas cautelares de coerción del art. 210 del Código Procesal Penal Federal.
Constitución Nacional, ley de empleo, promulgación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Koszutski, Juan Nicolás c/ Remises Moreno s/ Diferencias Salariales y Despido s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-21

El actual art. 80 de la Constitución nacional (texto según la Carta de 1994) carece de toda proyección en el caso y no puede servir de pauta para juzgar la promulgación parcial operada con antelación a su vigencia. Ciertamente constituye una innovación de los parámetros establecidos por la Ley fundamental anterior, pero por elementales razones no es aplicable en autos. La modificación de la sistemática constitucional no puede sanear lo obrado en contradicción con el texto vigente al momento de la promulgación parcial de la ley 24013.

No obstante, en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: Bustos del 20 - 08 - 96 se revocó la decisión adoptada por el STJ, ajustándose en consecuencia la doctrina legal a la interpretación impuesta por la Corte Suprema a partir del fallo "Goro Guerra" nro. 32/97 del 26 - 03 - 97
Contratos administrativos, servicio público, concesión de servicio público
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: BARREIRO,  JORGE c/ TRANSPORTES METROPOLITANOS BELGRANO SUR SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-20

Son aplicables a la interpretación de las concesiones de servicio público los criterios y reglas generales para interpretar los contratos administrativos en general; siendo para ello esenciales las siguientes reglas especiales: a) en materia de interpretación de concesiones no existen, en general, normas implícitas; b) en caso de duda, la interpretación debe ser en contra de los concesionarios; c) la interpretación de la concesión debe obtenerse haciendo concurrir a la solución todas las cláusulas que se encuentren vinculadas entre sí y salvando en lo posible las deficiencias de expresión, siempre frecuentes en actos de esta naturaleza (cfr., Marienhoff, "Tratado de Derecho Administrativo", t. III-b, p. 658).
Cheque extranjero, estafa, falsificación de instrumento privado
Materia: PENAL
Carátula: SAAVEDRA, Carlos s/ ESTAFA    MEDIANTE    FALSIFICACION DE  DOCUMENTO  PRIVADO.  CHEQUES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-30

1) Los cheques extranjeros son sólo cheques, es decir instrumentos privados amparados por el art. 297 C.P. porque la legislación nacional admite su validez, y no documentos de crédito extranjeros, cuya falsedad está reprimida por el art. 286 C.P. y dado que los tres documentos fueron usados en un único tiempo, la conducta debe fundirse en un solo hecho: estafa mediante falsificación de documento privado.

2) La falsa identidad asumida para abrir la cuenta en que se depositaron los cheques fraguados fue ardid suficiente para provocar el error configurativo de la estafa, existiendo diferencia entre aprovechar el error ajeno -conducta atrapada por el inc. 2 del art.

175 C.P.-, y simular identidad para llevar al error al previamente engañado.
Costas, recursos administrativos, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: Soc. Argentina de Epidemiología  S.A.C. c/ I.G.N.  C-N s/ Cont. adm.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

En la tramitación de recursos directos que establecen las leyes especiales contra resoluciones administrativas, no cabe la imposición de costas, porque dichos recursos no dan lugar a la formación de un proceso donde los sujetos intervienen en calidad de parte, sino que se desarrollan en el marco del control de legitimidad del acto que constituye su materia. Los organismos administrativos no participan defendiendo derechos particulares sino en tutela del interés público.
Defensor, carga
Materia: PENAL
Carátula: NAIEF, JORGE OMAR s/ HABEAS CORPUS E INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION PRESENTADA POR EL  DR. STORNIOLO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-02-19

A la defensa tÚcnica, le incumbe la carga procesal de atacar todo acto en su debida oportunidad, esto es, a la postre de ser notificado.
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Aristobulo y otra c/ Asfalsud S.A. y otro U.T.E. (COVICO) y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Constituyen elementos objetivos justificativos de una probabilidad cierta de expectativas de apoyo futuro del hijo fallecido (art. 1068 CC) su corta edad -12 años, lejanos de una conformación de núcleo familiar independiente- su condición de hijo único varón y mayor, y la condición económica de sus padres actuantes con beneficio de pobreza, siendo el padre despedido de SOMISA, y con un taller actualmente de escaso trabajo.-
Fiscal de Cámara, notificación, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Clementino s/ Homicidio culposo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

La expresión "providencias judiciales" contenida en el art. 67 del Código de Procedimiento Penal no se refiere a las providencias o decretos de mera substanciación del art. 265 del mismo cuerpo legal sino que debe entenderse como concepto equivalente al de decisión o resolución con el significado global que le otorga el adjetivo "judiciales". En consecuencia los funcionarios a que hace referencia la norma en cuestión quedan notificados de los distintos decisorios judiciales desde el día de la recepción de los autos en su despacho.
Intereses, cómputo de intereses
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAZZUCO, MIRTA SOFIA c/ H. SENADO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-11

Corresponde sean calculados mes a mes y en orden a cada una de las diferencias que fueran objeto de reclamo, hasta la fecha de la sentencia, y no mediante la aplicación de un porcentaje único sobre el total del capital estimado.-
AFIP, facultades discrecionales, política administrativa, cuestión no justiciable, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Vieiro, Ana María y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-15

En aras de lograr el buen servicio, debe reconocerse a la administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la política administrativa constituyan una materia justiciable, en tanto y en cuanto las medidas adoptadas no impliquen respecto de los agentes una descalificación o una medida disciplinaria. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Nulidad de sentencia, revocación de la prisión preventiva, juicio oral, trata de personas
Materia: PENAL
Carátula: Ale, Rubén Eduardo y otros c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

Corresponde anular la resolución que dispuso el cese de la prisión preventiva de los encausados toda vez que la finalidad de la medida cautelar tiene por objeto garantizar la presencia de los imputados en pos de la continuidad y la conclusión del debate que viene desarrollándose desde varios meses a esta parte. Cabe precisar que la mención que realizan los judicantes respecto a los tiempos de detención, sin reparar al así hacerlo en la disparidad que media en la situación específica de cada uno de los encausados, no revela, en concreto, un juicio de inferencia que autorice a neutralizar los elementos merituados -incluso previamente por el propio a quo- en base a los que se pudiera eludir la acción de la justicia, cobrando especial relevancia las expresas alegaciones del representante del Ministerio Público Fiscal en punto a que hubo testigos de cargo que denunciaron haber sido amenazados por algunos de los imputados: que durante el debate oral además algunas víctimas del delito de trata de personas manifestaron a través de organismos de acompañamiento a víctimas que no querían prestar declaración en debate por temor a los imputados; y que se registran testigos que fueron víctima de amenazas y violencia por parte de integrantes de la organización cuya actuación conforma el núcleo del debate.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Negri, Rubén Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ Demanda contencioso administrativa Dionisio, Julio Argentino c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Sosa, Juan Carlos c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Scampini, Eduardo O. c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-07|1995-03-14|1997-05-06|1998-10-20

Debe desestimarse la pretensión de reajuste del haber previsional sobre la base del adicional por dedicación exclusiva previsto en el art. 23 de la ley 10.430, en tanto el mismo no es una bonificación inherente al cargo sobre cuya base se reguló el haber, en tanto para su otorgamiento requiere autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Por ello no corresponde presumir que el actor lo hubiere necesariamente percibido de permanecer en actividad a la fecha en que entró en vigencia la norma que lo estableció.
Pago de tributos, Impuesto sobre los ingresos brutos, infracciones tributarias, omisión de impuestos, intimación de pago de tributos, anticipos impositivos, declaración jurada impositiva, plazos administrativos, sanciones tributarias, multa tributaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Electronic Elite Argentina S.A. c/ D.G.R. s/ Recurso judicial de apelación judicial de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

En el caso, la parte apelante se encuentra notificada y debida y expresamente intimada a la presentación de comprobantes de pago de determinados anticipos de impuestos sobre los ingresos brutos. Asimismo, se la intima a fin de que presente declaraciones juradas anuales. Estos elementos no son presentados por parte apelante dentro del plazo. Por ello, no se puede considerar que su situación encuadre dentro del marco jurídico establecido por el artículo 93 párrafo 3 del Código Fiscal (t.o. 2001) y reducir el importe de la multa al cinco por ciento del impuesto omitido. El proceder de la apelante tiene que contemplarse a la luz del artículo 84 del citado código, ya que la responsable del pago del impuesto omite abonar éste y la presentación de declaraciones juradas mensuales y anuales, cuando ello resulta exigible.

Asimismo, la parte apelante no se encuentra en ningún supuesto de exoneración o reducción de sanciones previsto por el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 2001). Por el contrario, ha omitido el pago de diversos anticipos del impuesto sobre los ingresos brutos, sin alegar razón exculpatoria alguna, configurándose la infracción pertinente que dio lugar a la sanción impuesta (multa).
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, excepciones procesales, cosa juzgada, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Socmer SACIFIC c/ 1953 Administradora Fiduciaria SA s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-16

Corresponde desestimar la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada toda vez que la presente acción tuvo por objeto la ejecución de un pagaré, mientras que el proceso respecto del cual se invocó la existencia de cosa juzgada constituyó un juicio de conocimiento promovido por el aquí actor, tendiente a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la ruptura del vínculo contractual que la unió con el fideicomiso. Se advierte así que no se verifican los presupuestos establecidos en el código procesal para admitir la defensa, en tanto mientras el proceso ordinario tuvo por objeto la reparación de los daños que habría sufrido el allí actor, aquí se ejecuta un pagaré.
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ramfos, Antonio c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-29

El recurso interpuesto contra el rechazo de la declinatoria de la competencia en razón del territorio resulta inadmisible pues es doctrina sentada por la Corte Suprema que los autos que resuelven cuestiones de competencia no constituyen, en principio, sentencia definitiva en los términos de la Ley 48 -artículo 14-, y en el caso sub examine no se verifica ninguna excepción fundada en la existencia de denegatoria del fuero federal en pos de equiparar a definitiva la decisión impugnada que autorice su admisibilidad.
Daños y perjuicios, contrato de obra, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fritz, Jorge Emilio c/ Construcciones Atlántica s/ Incumplimiento contractual. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-24

Si el empresario debe hacer tradición de la obra codificada al comitente (art. 577), con sus accesorios (arts. 575 y 2328), mediante la entrega y recepción voluntarias (art. 2377 Cód. Civil) y, si tal recepción no ha acaecido, ni existe mora o culpa del locatario que haya impedido la entrega y consecuente recepción, no puede sino afirmarse que el empresario que ha puesto los materiales y el trabajo, es quien debe soportar las consecuencias de los deterioros que puedan haberse producido en la obra, aunque puedan provenir de terceros o de propia negligencia de sus obreros (arts.

580, 581, 1629, 1630 -textos y doctrinas Cód. Civil).
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pugliese, Nicolás c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-17

Respecto del "daño psíquico" o "lesión psíquica", cabe negarle en principio, autonomía, frente al daño moral, siendo reparable a través de éste último (art.1078, CC). Distinto es el caso en que por este motivo se acreditara incapacidad, o existieran gastos de medicamentos o terapias propias a la naturaleza de la dolencia o un tratamiento psíquico, tal como atención con psicólogo, psiquiatra o psicoanalista, que por su entidad, número de sesiones, prácticas complementarias,etc., deba evaluarse como item independiente de gastos médicos o farmacéuticos de carácter general.-
Sentencia consentida, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tarquini, Alfredo Pascual c/ Municipalidad de Bragado s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-09-01

La interposición fuera de término del recurso administrativo ante la autoridad de la que emanó el acto impugnado, hace que éste adquiera firmeza en la esfera que le es propia, tornándolo irrevisible, en consecuencia, en sede judicial.
Multa, retenciones impositivas, omisión de retener o percibir aportes
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: "ASOCIACIÓN   CULTURAL   VIRGEN   NIÑA c/ A.F.I.P.  -  D.G.I. s/ Impugnación de deuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

La cuantía de la multa aplicada no puede ser cuestionada basándose exclusivamente en una consideración numérica relacionada con el monto total de las retenciones omitidas, sin tener en cuenta las demás circunstancias apreciadas para su determinación.

Ello así, máxime cuando del propio acto resolutivo surge que el importe de la multa se estableció comparando el mínimo y el máximo previsto en la norma de aplicación, señalándose el criterio interpretativo adoptado respecto de los topes a que refieren los incisos a) y b) del art. 14 de la Res. Gral. A.F.I.P. 1566, modificada por Res. Gral. A.F.I.P. 1779.
Intervención de línea telefónica, presunción de culpa, derecho a la intimidad
Materia: PENAL
Carátula: Bonilla, Rosa Edelmira y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-01

Los elementos con los que contaba el juez antes de ordenar las intervenciones telefónicas, eran de una entidad tal que ameritaban disponer la limitación de la garantía constitucional prevista en el artículo 19 de la CN ya que el requisito de motivación no exige a los magistrados una prueba de culpabilidad de la persona que debe soportar la invasión en su esfera de privacidad, sino tan solo una presunción razonable de la comisión de un delito. Efectivamente no existe un plazo fijado para la medida de que se trata, lo que lleva a que se deba analizar dicha duración a la luz de la razonabilidad y fundamentación de la medida.
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, medidas cautelares
Materia: COMERCIAL
Carátula: D'angelo, Alejandro Oscar c/Industrias PARISOL SA y otros s/ordinario s/incidente de medida cautelar. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

A los fines de suspender los efectos de una asamblea, en los términos de la LGS 252, se ha exigido la presencia de elementos de convicción concretos que respalden la versión fáctica de quien reclama la tutela cautelar como condición para su acogimiento. Claro que tal juicio ha de practicarse con un estándar probatorio mitigado, propio de la faz postulatoria en el que se inscribe el pedido y esto por cuanto la certeza sólo es asequible eventualmente con el dictado del pronunciamiento definitivo (doctrina de Fallos 327:3202, 338:868, 340:357).
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, falta de reglamentación de la ley, facultades del Poder Judicial, Constitución Nacional, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la causa Etcheverry, Juan Bautista y otros c/ EN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-21

El recurso extraordinario es admisible en la medida en que el recurrente sostiene que el fallo que condenó al Poder Ejecutivo a ejercer la facultad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional lesiona la división de poderes (artículo 1° de la Constitución Nacional) y excede las facultades jurisdiccionales de los jueces (artículo 116 de la Constitución Nacional), encontrándose en juego la determinación del alcance de dichas cláusulas constitucionales y la decisión recurrida ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas.
Ius variandi, reducción salarial, empleados públicos, AFIP
Materia: LABORAL
Carátula: Ghio Falvio Mario y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-10-20

La C.S.J.N. ha puesto de relieve la existencia del carácter indisputable de las facultades que posee el Fisco en orden a la organización de su plantilla de agentes, siendo las decisiones atinentes a la política administrativa materia no justiciable. Y en el caso, se advierte a través de la prueba, que la remuneración percibida entre un agente del grupo 8, categoría en la que pretenden continuar los actores y un profesional abogado del grupo 17 es superior a la de la categoría que peticionan los trabajadores sean restablecidos. Las disposiciones cuestionadas en el caso no exceden el legítimo ejercicio de las facultades discrecionales en materia de política administrativa de la demandada, en orden a su competencia para la reasignación de las funciones encomendadas a sus agentes. Tampoco se advierte que la reasignación de funciones importe un menoscabo o descalificación por el cambio de categoría, ni que puedan resultar impropias a la condición de abogados que revisten. De modo que no existe agravio actual para los accionantes, derivado de la implementación del nuevo régimen de gestión de las ejecuciones fiscales y la consiguiente modificación del régimen de distribución de honorarios que con carácter general dispuso la AFIP. Debe desestimarse la apelación. (Del voto del Dr. Corach, en mayoría). (Criterio minoritario del Dr. Stortini ya expuesto en la sentencia definitiva Nº 25134 del 10/5/2016 "Viero Ana y otros c/AFIP s/juicio sumarísimo").
Régimen de consolidación de deudas, inconstitucionalidad, reajuste jubilatorio, deuda previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Modarelli, Nicolás José c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-15

El medio de cancelación de las deudas previsionales está previsto legalmente, y reservado al ámbito del administrador. Consecuentemente, el actor no cuenta con un derecho adquirido a que se le cancele su crédito mediante un determinado tipo de bono. En ese sentido, la expectativa de obtener un mayor lucro o ganancia con la negociación del bono que con la percepción en efectivo del crédito no resulta ser un planteo procedente, por cuanto el beneficiario ha de estarse al medio de pago establecido legalmente.
Concurso preventivo, proceso de verificación, crédito por honorarios, honorarios no firmes
Materia: COMERCIAL
Carátula: LIPSCHITZ JORGE L. c/ SMITH BECERRA PABLO s/ QUIEBRA S/ INC. DE REVISION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-21

Los honorarios regulados, aun no firmes, si bien adolecen de una indeterminación momentánea en su monto, constituyen un crédito definitivamente establecido y en consecuencia susceptible de verificación.