Tribunal: Cámara en lo Criminal y Correccional Nro 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24


2º Instancia.- Mar del Plata, febrero 24 de 1994.

1º ¿Asiste al recurrente legitimación activa para recusar? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Haller dijo:

J. M. L. fue sobreseído definitivamente en esta causa, declarándoselo inimputable en los términos del art. 34, inc. 1º del Cód. Penal. Recursos intentados personalmente por aquél no fueron desestimados sobre la base de una supuesta inhabilidad psíquica, sino concedidos y luego resueltos en la alzada, si bien desfavorablemente a las pretensiones del desprocesado. Ello implica que no obstante su inimputabilidad criminal, L. no es considerado en estos actuados como un "muerto civil", sino como persona dotada de derechos humanos fundamentales, entre ellos los de peticionar, defenderse, discutir resoluciones que lo afectan (arts. 18, Constitución Federal Argentina y 158, Constitución de Buenos Aires).

Sin perjuicio de las medidas de seguridad que el nombrado deba cumplir por disposición del juez que entiende en el expediente, no puede privársele del derecho de cuestionarlas ni del de ejercer los actos procesales tendientes a recibir un trato ecuánime y ajustado a la ley. Entre estos últimos se encuentra precisamente el instituto de la recusación (arts. 24 y 29, Cód. Procesal Penal), que aunque previsto en principio en favor del "procesado", debe otorgarse también a otros sujetos de una causa criminal, en especial al "imputado" de una conducta eventualmente ilícita aunque luego no pueda ser responsabilizado de ella. En esta situación se encuentra L., y por eso considero legitimado su intento recusatorio. Va de suyo que, como todo planteo en derecho, ese trámite involucra requisitos técnicos cuya atención y resolución corresponde al facultativo específico, es decir, al abogado de la matrícula que aparece como actual defensor de L. y que según designación efectuada y aceptada a fs. 272, es el doctor J. C. W.

Doy así por rechazados los planteos del doctor H., durante la audiencia oral, contra la legitimación y representación pretendidas por el recusante. Voto por la afirmativa.

Los doctores Laborde y Fissore votaron en igual sentido por aducir los mismos fundamentos.

2º cuestión.- El doctor Haller dijo:

L. será penalmente inimputable, pero no le falta previsibilidad de resultados, conciencia de sí y de su prójimo, capacidad de calcular efectos según las causas que ponga en juego.

Como todo poeta y escritor, L. es bien consciente de su instrumento -el lenguaje y sabe calibrar su utilización a tenor del objetivo que con él pretende alcanzar: ya un producto estético, ya un brulote dañoso por la agraviante de famas y sentimientos ajenos. Esta eficacia lesiva quedó documentada en numerosísimos ejemplos de su autoría incorporados a este expediente y a sus anexos.

Si proviniesen de una persona equilibrada, acatadora de los convencionalismos sociales básicos, y alcanzase en su direccionalidad aviesa la persona y la honra de un juez como la de cualquier otro funcionario o particular, darían lugar a querellas de injurias o calumnias con el consiguiente deber de resarcimiento pecuniario a los ofendidos. L. es consciente de que ha adquirido un bill de impunidad para aquellas extralimitaciones, con la resolución de fs. 92/3, contra la cual se estrellarían todas las demandas penales o civiles de los agraviados. Ello hace que no pueda conseguir nuevos enemigos individuales, ya que toda la comunidad (efectiva o potencialmente agredida por sus desplantes) puede esperar y debe prevenir sus ataques, viéndose en el trance de someterlo a las precarias medidas de seguridad de que al efecto dispone. El doctor H. es, en este caso, el órgano preinstituido por la sociedad para ese fin.

Más acá de los impactos que en la esfera emocional y en el honor del agraviado a buen seguro produce la avilantez del desmesurado escribidor, el nombrado juez no puede tener en esta causa otro interés que el de aplicar la ley a la situación bajo examen y a su principal e irresponsable protagonista. La adecuación, intensidad, periodicidad, índole u oportunidad de las medidas que el magistrado deba ordenar en cada caso, podrán ser o no cuestionadas oportunamente por el paciente o por su letrado, pero no pueden ser atribuidas "a priori" a la supuesta inquina o interés personal del a quo quien, ley en mano y prudencia en el corazón, habrá de buscar el camino correcto que aconsejen las circunstancias, sin perjuicio de los recursos que contra el temperamento adoptado se instauren.

Al responder a la cuestión incidental promovida, ratificó el doctor H. no sólo su subjetiva vocación de imparcialidad y desinterés personal en el "sub examine", sino las razones objetivas de cada una de sus decisiones y los recaudos que tomó para aconsejarse técnicamente sobre el tratamiento del tema y del personaje. Corroboró así su voluntad ecuánime, modelada y templada en muchos años de servicio en la justicia, y asumida antes de este caso cuando asumió el cargo, al jurar ejercerlo con sujeción a la ley divina y humana.

No puede presumirse, por ende, que el magistrado recusado se encuentre, respecto del pupilo del recusante, en la causal prevista por el art. 24, inc. 9 del Cód. Procesal Penal. Ni siquiera permite una sospecha de este carácter la agregación al expediente de nuevas muestras de la productividad ofensiva del sujeto despenalizado. Es más: esa agregación estuvo entre las facultades y deberes del doctor H. (arts. 71 y 72, Cód. Procesal Penal) respecto de la causa, ya que las referidas creaciones de L. van brindando elementos de juicio acerca de la evolución del paciente y abonarán, en su momento, los dictámenes y resoluciones que en este o en otros expedientes judiciales puedan tener lugar.

Atendiendo otro argumento del letrado recurrente, añado que la arriba señalada comprensión -y aun la expresa búsqueda de los efectos que L. procura inducir en su entorno, eligiendo los puntos de reputa más vulnerables de cada una de las víctimas, no debe ser premiada a la ligera con un apartamiento del actual juez de la causa. Bien pudo orientarse hacia este fin parte de la inefable "correspondencia" (cerrada o abierta) enviada por el escritor al magistrado y a terceras personas, entre ellas los integrantes de este tribunal. Visualizada la perspectiva de que esos improperios, que la inagotable paciencia del papel soporta con baratura, generarían una irreflexiva reacción emocional en los destinatarios y los obligarían a irse excusando uno a uno de entender en esta causa, no es lícito aceptar que L. insista en ese método para lograr que ningún magistrado vele por su tratamiento y él pueda moverse a sus anchas en su predilecto campo de soeces cuan ingeniosas deposiciones verbales. Maniobras de tal jaez han de ser enfrentadas desde el inicio, de modo que no dependa de la real gana de los justiciables el sometimiento o no a la autoridad de los magistrados designados para juzgarlos o tratarlos, pues tal es el fundamento de la improrrogabilidad de la jurisdicción criminal y de la prohibición de recusar "sin expresión de causa a los jueces de este fuero (arts. 9º y 23, Cód. Procesal Penal).

Por ello, considero que debe rechazarse el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 5/6 del presente incidente, que no hace lugar a la recusación intentada (arts. 23, 24, 39, Cód. Procesal Penal). Así lo voto.

Los doctores Laborde y Fissore votaron en igual sentido por aducir los mismos fundamentos. Por ello el tribunal resuelve: 1. Recházase el planteo del doctor F. H. vertido durante la audiencia oral. contra la legitimación y representación del doctor J. C. W.; II. Confírmase la resolución de fs. 5/6 del presente incidente, que no hace lugar a la recusación intentada por dicho profesional a fs. 1/2 de los mismos autos (art. 18, Constitución Federal Argentina, 158, Constitución de Buenos Aires; 9º 39, 23, 24 "a contrario", 71, 72, Cód. Procesal Penal). -Carlos H. Haller.- Daniel M. Laborde.- Bernardo R. Fissore.