marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Notificación, notificación automática, caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: INVERSIONES  Y  SERVICIOS  S.A. c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-06

En cuanto a la alegación de que el último auto del 16 de abril de 2007 "se notifica ministerio legis" ella se vuelve inmediatamente en contra de quien la sostiene pues el primero en quedar notificado por esa vía habría sido él; sin embargo impugnó el proveído (con. art. 38 ter del Código Procesal) ni obró en consecuencia librando la cédula a los destinatarios del traslado (art. 137, inciso 1, segundo párrafo, del Código Procesal); tampoco lo hicieron quienes tenían un interés concreto en cuestionar el fallo en esta instancia. Sobre la base de lo expuesto, de que transcurrieron los tres meses previstos en el artículo 310, inciso 2) del Código Procesal desde la última resolución que tuvo por efecto impulsar el procedimiento, y de que la inactividad durante dicho lapso no es imputable al señor Juez, al Secretario ni al oficial primero, no es aplicable la doctrina enunciada en los dos primeros párrafos del primer considerando de esta resolución . En consecuencia corresponde declarar la caducidad de la segunda instancia (conf. argumentos expuestos en el tercer párrafo de dicho considerando y artículos 310, inciso 2° ya cit., 311 del Código Procesal y a contrario sensu artículos 312 y 313 , inciso 3° del dicho cuerpo legal; en igual sentido, esta Sala, causas n° 1794/05 del 18.7.07 y n° 12.889/04 del 17.11.05). La conclusión a la que se arriba es la que mejor se adecua al carácter único e indivisible de la instancia (conf. ley 22.434 y Fenochietto-Arazi "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado; Editorial Astrea, 1983, tomo 2, pág. 26); también al principio dispositivo ya que lo concilia con la necesaria inmediación de los magistrados, evitando que estos subroguen a las partes en la defensa en los exclusivos intereses patrimoniales de estas últimas (conf. Fenochieto-Arazi op. cit, pág. 22).
Recurso extraordinario federal, inadmisibilidad del recurso, partidos políticos, representación legal
Materia: ELECTORAL
Carátula: Aptitud Renovadora - CABA s/ electora c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

La presentación del recurso extraordinario federal resulta manifiestamente inadmisible, toda vez que la presentante -una de las postulantes a precandidata titular de una lista de un partido político que no fue oficializada por la Junta Electoral- no se encuentra legalmente habilitada para interponer un recurso extraordinario federal contra lo decidido por este Tribunal. Ello así, en tanto no cuenta con la representación legal de la agrupación política en cuestión y, además, el apoderado de esta, se opuso a la procedencia de la apelación articulada. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe, Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano).
Confirmación de sentencia, beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fayolle, Liliana Beatriz c/ Bocanera, Sergio Armando s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

Cabe confirmar la sentencia que concedió el beneficio de litigar sin gastos a la actora e impuso las costas al demandado, ya que la cuestión planteada es idéntica a la resuelta recientemente por este Tribunal en la causa "Causa Nº 2356-15 RSD Nº 76./2015 del 18/8/15", a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, límites del pronunciamiento, accidente de tránsito, Derecho civil, dictamen pericial, código civil, prueba, puntos de la pericia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Burgos, Rosa Magdalena c/ Vaca Salazar, Omar Gonzalo y otro s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-07

Se ha dicho que: "Cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél" (CACC Salta, Sala I año 1996 fs. 550/551; 1998 fs. 489/493; 1999 fs. 347/351; 2002 fs. 756/759).

El apartamiento del dictamen deba basarse en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la pericia se halla reñida con principios lógicos o no es exacta o que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (Fallos Sala I año 1993 fs. 532/536; 1994 fs. 169/174; 1996 fs. 550/551; 1999 fs. 147/351; 2002 fs. 756/759).
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, partidos políticos, nombre partidario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Alternativa Progresista de Corrientes s/ reconocimiento de personería jurídico - política como partido de  distrito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Corresponde revocar la sentencia que rechazó la oposición formulada por un partido político al uso del nombre por parte de otra agrupación, si se dan las tres condiciones mentadas por la ley 23.982:

existencia de una agrupación escindida, uso parcial del nombre originario y aditamento de nuevas expresiones.
Obligaciones de dar sumas de dinero, desindexación, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: LOWY, Juan c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-19

La aplicación de la ley 24.283 sólo se justifica cuando ha sido actualizado "el valor de una cosa o bien o cualquier otra prestación; pero no corresponde cuando ha habido una determinación "directa" de ese valor, supuesto en que es posible que el deudor esté precisado a pagar un monto mayor que el resultante de una valuación "real y actual".
Fecha de ingreso, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Analía K. c/ Olmos, Héctor O. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-08-11

Estando controvertida en autos la fecha de ingreso del actor, la prueba está a cargo del accionante al no jugar, en la especie, la inversión de la carga probatoria que establece el artículo 76 del Código Procesal Laboral, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Traslado de jueces, designación de jueces, personal transitorio, competencia federal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

La única vía de acceso a la magistratura federal lo es para un cargo específico, por lo que queda descartado que pueda considerarse satisfecho el proceso de designación de un magistrado como permanente tomando en cuenta que ya ostenta tal calidad para ejercerla en otro tribunal con una competencia específica, ya sea bajo la forma de una transformación o de un traslado.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, derecho de propiedad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pereyra Lucena, Santos c/ Kiernan, Héctor M. y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-28

Aún cuando el principio de irretroactividad de la ley que establece el art. 3 del código civil, está dirigido al intérprete y no obliga, en principio, al legislador, pasa a ser una exigencia constitucional si la aplicación retroactiva redunda en menoscabo de la propiedad particular.
Costas, embargo preventivo
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: TROSERO DE COMBA ELSA c/ NIEVAS RAUL s/ COSTAS - EMBARGO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-05-17

Si bien es cierto que la ley no le impone expresamente al embargante que acredite -dentro de los diez días del art. 1076 del C.P.C., o al menos antes de que el embargado impetre la cancelación- haber promovido la acción respectiva, es justo y razonable colegir que dicha exigencia resta implícita en el texto legal, como deber de diligencia y lealtad procesal.

El art. 1076 del C.P.C. estatuye que el embargante solo debe demostrar, al contestar la vista, que dedujo la demanda dentro de los diez días desde que la cautelar se trabó. Claro que ello será suficiente para evitar la cancelación, pero no para que mecánicamente las costas le sean impuestas al embargado, ya que éste no es quien dio lugar al incidente que ha articulado con todo derecho para saber a que atenerse.

Mal puede aplicarse en forma excluyente el art. 357 del C.P.C., dadas las particularidades fácticas de la cuestión, porque bien puede arguirse que es el vencedor en el incidente de cancelación quien dio lugar a la promoción del artículo, lo que torna imperativo conjugar la norma aludida con la del art. 356 del estatuto adjetivo, eximiendo de costas al embargado.-
Fuero de atracción, sucesiones, juicio ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: NIETO DE ROMANO FRANCISCA c/ ELIAS MARTIN s/ COBRO EJECUTIVO. COMPETENCIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-10

El fuero de atracción es la asignación de competencia hecha en favor del órgano judicial que conoce en un proceso universal (en el caso sucesorio), con respecto al conocimiento de cierto tipo de pretensiones vinculadas con el patrimonio o los derechos sobre que versa ese proceso.

En el caso, si bien se invoca la condición de acreedora del causante de la actora, se promueve la demanda respectiva y se constata el fallecimiento del demandado, no concurre en el sublite, uno de los presupuestos que torna operable el desplazamiento de la competencia previsto por el art. 3284, inc.4 del Código Civil: no se encuentra abierto el juicio sucesorio del demandado; circunstancia que obsta a la aplicación de la norma citada.

Es que para que el fuero de atracción invocado funcione, es necesaria la previa iniciación del sucesorio correspondiente. Pues recién abierto el proceso universal en cuestión, puede atraer a las causas vinculadas al patrimonio del causante.
Lealtad comercial, multa penal, certificado de seguridad, envases de productos alimenticios
Materia: PENAL
Carátula: INTERPACK S.A.-ARCOS DORADOS S.A.-ZOTT PRODUCCIONES S.R.L. s/ Lealtad comercial.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

Corresponde confirmar la resolución por la que se impuso sanción de multa a la sumariada por infracción al Art. 1 y Art. 3 de la Res. 851/98, reglamentaria de la Ley 22802, que prohibe la comercialización de juguetes sin el correspondiente certificado de seguridad, y en tanto se le atribuye a la firma la producción y venta del producto denominado "La Cajita Feliz" que sirve de envase al producto alimenticio que comercializa otra firma, dado que si bien no hay dudas que dicho producto (la cajita misma) es un envase, lo cierto es que también posee un propósito de juego, al contener en una de sus caras figuras troqueladas destinadas al juego de niños menores de 14 años, y ese hecho importa ampliar sus posibilidades de uso, entre ellas la de juego, de modo tal que, afirmada la función lúdica del envoltorio, la certificación resulta ineludible, no siendo dicha exigencia un mero rigorismo formal (Del voto del Dr. Bonzón, en disidencia parcial).
Asociación ilícita, tipo penal, delito autónomo, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Samid, José Alberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

El delito de asociación ilícita es independiente de la comisión o no de otros delitos pues basta que se compruebe el acuerdo de voluntades entre sus miembros con el objeto de cometer delitos en cuanto ello sea posible y se presente la oportunidad.

En atención a la calidad de delito autónomo que reviste el tipo penal previsto por el art. 210 CP, el dictado de un pronunciamiento remisorio referido a los hechos ilícitos cometidos en el contexto del pacto criminal no es óbice para la imputación del delito de asociación ilícita ni impide su punibilidad.
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, juicio político, revisión judicial, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Orozco, Anabel Matilde c/  s/ expediente n° 14/2016 Procurador General Suprema Corte solicita enjuiciamiento Ley 4970 Dra. Anabel Orozco p/ jury p/ recurso extraordinario provincial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-03

Quien pretenda la revisión judicial de la destitución como magistrado adoptada en el marco de un juicio político deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional; artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 15 de la ley 48).
Recurso de inconstitucionalidad, gravamen actual, agravio concreto
Materia: PROCESAL
Carátula: D., M. G. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Incidente  de libertad provisional (Expte.: C.S.J. Nro. 70 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-13

De acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal debe tener en cuenta las circunstancias existentes al momento de dictar sentencia, aunque sean posteriores al escrito de articulación del remedio excepcional, ya que el perjuicio debe existir al tiempo en que se emite la resolución, no correspondiendo efectuar pronunciamientos inoficiosos, inútiles o abstractos.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión no federal, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, regulación de honorarios, diferimiento del pedido, concursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Paladini, Rodolfo A. c/ Banco Comercial de La Plata. s/ Cobro de honorarios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-12

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que dispuso diferir la regulación de honorarios a las resultas del concurso del demandado, si no puede entenderse que el monto del juicio esté indeterminado, pues de la sentencia, que se expidió sobre el fondo del asunto, surgen pautas suficientes para determinarlo.
Honorarios, regulación de honorarios, legitimación procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Zuñiga, Juan c/ Central Térmica Sorrento s/ Recurso directo (Expte. Nro. 172-01, Resol. Nro. 73, Tomo 17, Folio  218)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-09-03

La Caja Forense tiene un doble interés en cuanto a regulaciones de honorarios, uno referido a los aportes que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4 inc. 1) de las leyes 4949, 6577, 6930 y 10436 (t.o.), conforma junto con donaciones y legados el capital social de la entidad para poder cumplir con los propósitos esenciales que determinaran su creación, referidos a beneficios de seguridad social y cooperación mutua para abogados y procuradores, y otro, proveniente de la obligación que le asigna el art. 2 inc. f) de las leyes precedentemente citadas de intervenir y dictaminar en la aplicación e interpretación de la ley de aranceles de abogados y procuradores, tendientes a asegurar su fiel cumplimiento y la justa retribución de la labor profesional, esto último cuando las partes no acordaren honorarios. Es por ello que el art. 28 de la leyes 4949, 6577, 6930 y 10436 (t.o.) la faculta para intervenir en la regulación de honorarios e interponer recursos contra las mismas, debiendo ser tenida por parte a los fines expresados en dicho artículo según así se consigna en su parte final.
Empleados públicos, responsabilidad del funcionario público, proceso penal, sentencia absolutoria, sumario administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO - PENAL
Carátula: Fontanel, Enrique Jesús s/ Apel. Art. 40 Ley 22.140
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-11

Aun cuando el agente haya obtenido una sentencia absolutoria en sede penal, es menester recordar que, habida cuenta de los distintos tipos de responsabilidad en que puede incurrir un agente público (penal, administrativa o civil) no se excluyen entre sí, art. 37 de la ley 22140, no puede concluirse en que la absolución en sede penal lleve necesariamente al sobreseimiento en el sumario administrativo.
Subasta judicial, nulidad de la subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sproviero, Nelson Witman y otro c/ Incidente de nulidad en autos:Schmukler, Simón y otros c/ Fabiero, Pascual s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-09

El plazo para el planteo de la nulidad es perentorio y su respeto como tal es obligatorio para los jueces que, de oficio, deben rechazar cualquier pedido realizado fuera de él.-
Prescripción tributaria, interrupción de la prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa Constructora DELTA SA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ DELMAS SA s/ ej. fisc. ingresos brutos, expte. nº 14053/16
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-09

De la lectura de las normas locales aplicables (la ley nº19.489 -artículo 10- y el Código Fiscal -artículo 62 del t. o. 1999 y sucesivos de años posteriores, cfr. fs. 38 de la C.I., acta de iniciación de inspección-) surge, con claridad, que el trámite de las actuaciones administrativas no pudo tener el efecto interruptivo de la prescripción atribuido por la sentencia de primera instancia -efecto que se extendería hasta la notificación de la resolución determinativa de oficio-. (Del voto del juez José Osvaldo Casás).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, ejecución de sentencia, Estado Provincial, régimen de consolidación de deudas, inhabilidad de título
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Frattini, Roberto Carlos y otra c/ Provincia de Santa Fe s/ Queja por denegación del Recurso de inconstitucionalidad. Apremio   (Expte. CSJ Nº 1962-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-11-04

Si bien es cierto que las sentencias recaídas en los procesos de ejecución no son definitivas en los términos del artículo 1 de la ley 7055, tal principio admite excepción cuando no existe la posibilidad del ordinario posterior normado por el artículo 483 del Código Procesal Civil y Comercial, circunstancia que se da cuando se trata de excepciones procesales relativas al proceso ejecutivo y de cualquier excepción o defensa que se haya deducido, sustanciado y decidido en aquél sin limitación de prueba. Lo relativo a los aspectos extrínsicos del título no podrá ser materia de revisión ulterior como tampoco lo concerniente a la invocada consolidación de la deuda ejecutada -esgrimida bajo las excepciones de inhabilidad de título y espera-, se cumple con dicho recaudo de definitividad.
Jueces, jubilación de magistrados, intangibilidad de la remuneración, haber jubilatorio, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaibisso, César A. y otros c/ Estado Nacional, M. de Justicia. s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-10

La garantía de incolumidad de las remuneraciones de los magistrados no se vería salvaguardada si éstos viesen frustrada su expectativa a obtener en el futuro una jubilación que les permita mantener similar nivel de vida al que tienen en actividad, ya que los sueldos de los magistrados en actividad si bien posibilitan un nivel de vida decoroso, no pueden estimarse suficientes para generar un ahorro que les permita compensar los efectos de una jubilación devaluada.
Prescripción, prescripción bienal, prescripción anual, accidente de tránsito, transporte de pasajeros, responsabilidad contractual, apreciación de la culpa
Materia: CIVIL
Carátula: ROMERO FERRER JUAN c/ LOCURCIO GUILLERMO Y OTROS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-11

Para que rija en el caso de transportes de pasajeros la prescripción bienal del art. 4037 del Cód. Civil ha menester saltar la valla del art. 1107 del mismo. Si la víctima invocó ser pasajera, media vinculación contractual con la empresa, razón por la cual la prescripción aplicable, en principio, es la de un año establecida en el art. 855, inc. 1, del Cód. de Comercio. Empero, aquella norma autoriza a invocar la responsabilidad extracontractual si los hechos o las omisiones degeneran en delitos del derecho criminal. No es unánime la doctrina en torno a establecer si es imprescindible que la calificación del hecho como delito del derecho criminal deba ser declarada por la justicia represiva, salvo imposibilidad de hacerlo. Existe un criterio que sustenta que, por el contrario, es posible que esa calificación la efectúen los tribunales civiles, cuando por cualquier otra causa no lo han hecho los penales. La decisión recaída en sede penal no puede ser alterada si no se ha incorporado en sede civil ningún nuevo elemento de convicción que autorice a variar la meritación del asunto efectuada por los tribunales represivos, de modo que, aún a estar a la tesis amplia no existe mérito suficiente para tener en el fuero civil por configurado un delito del derecho criminal (art. 94 del Cód. Penal).

Para ello no basta la materialidad de las lesiones, sino que se requiere comprobar la existencia de autoría en el imputado y de culpabilidad en su conducta, valoración esta última que debe efectuarse con la rigidez característica del derecho represivo, que no es la misma que se maneja cuando se trata de la responsabilidad civil del sujeto.
Superior Tribunal de Justicia, tribunales de instancia única, sentencia, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: TEMPERINI, Elda c/ BALBARREY, HECTOR Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (CSJ EXPTE N.  387-95) MARTINEZ, SIMON ANTONIO c/ GAETAN, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL  RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE   Nº 285-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28|1997-04-16

La Corte Suprema de Justicia sentó bases que modelaron el alcance y operatividad del recurso de apelación extraordinaria, a partir de la causa "Juan c- Carozzo", donde se juzgó que tal impugnación, aun de carácter extraordinario, tiene carácter previo a la vía constitucional. A través de la doctrina sustentada en precedentes posteriores, quedó decididamente claro que la Cámara de Apelación podía declarar la nulidad de las sentencias del Tribunal Colegiado, por lo que el tránsito directo hacia la Corte resultaba conculcatorio del requisito de la definitividad impuesta por la ley 7055. Esa tendencia jurisprudencial recibió vigoroso respaldo normativo con la sanción de la ley 10160, ya que la exhaustiva enumeración de su artículo 42 descarta toda posibilidad de acceder a la Corte Suprema de Justicia provincial sin haber transitado previamente la apelación extraordinaria, considerándose no ya "difícil" sino "imposible" que pudiera existir agravio que no se viera aprehendido por alguno de los supuestos contemplados en la norma. Por último, a partir de la doctrina sustentada en el precedente "Provincia de Santa Fe c- Nievas" A y S T 100 p 288, se concluyó en la imposibilidad de acceder a la Corte Suprema de Justicia sin haber antes intentado la reparación del agravio a través de la apelación extraordinaria.