Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-09-22


Salta, 22 de septiembre de 2016.	AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "ALTAMIRANDA, MARIO vs. LA VELOZ DEL NORTE S.A. s/ ORDINARIOS", Expte. Nº 26482 / 10; originario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs. 202/26, y,	___________________C O N S I D E R A N D O:	El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:	I) La parte actora apela la sentencia de primera instancia que rechazó de manera íntegra la demanda. Dice que el fallo adolece de vicios graves; que no es derivación razonada del derecho vigente; que contiene un apartamiento de las leyes de fondo y forma aplicables al caso; hace una deficiente valoración de la prueba; contiene parcialidad y arbitrariedad en la fijación de los hechos. Sustenta sus agravios en que la escritura pública de fecha 10 de julio de 2009 no fue redargüida de falsedad, y que por ella se prueba que el trabajador debía permanecer en su puesto de trabajo "casilla", sin realizar tareas. Afirma que la relación laboral estaba mal registrada. Que también se acreditó que al actor lo seguían humillando, discriminando y maltratando. Dice que la ley le otorga a los jueces la facultad de determinar las injurias en cada caso en particular. Afirma que los hechos gravísimos verificados por la escribana originaron la principal causa de injuria, y que esta prueba no fue considerada por la juez de grado. Expone también como agravio la falta de consideración de que la demandada se encuentra confesa, y que la norma procesal sobre esta prueba exime a la otra parte de la necesidad de probar a su respecto. También dice que está probado que el actor era jefe de taller, y que ello surge de la notificación que le cursara la empresa el 13 de julio de 2006 comunicándole un ascenso. Especial crítica formula por la falta de consideración de las testimoniales de Zelada, Medrano, Maraz y Giardinaro. Plantea que para poder rechazar la demanda era necesario invalidar la escritura pública, no tener por confesa a la parte demandada y no valorar las testimoniales. Cuestiona la interpretación que se hizo del artículo 243 L.C.T. Dice que argumenta sobre el principio de buena fe que debe regir la relación laboral, pero no se valoró la gravísima mala fe patronal de tener encerrado al actor, y exhibirlo dentro de una casilla para burla de sus compañeros sin que produjera ninguna actividad. Finalmente se agravia por lo resuelto en relación al artículo 45 ley 25345, sosteniendo que fueron reproducidos los telegramas en los que se cursara la intimación. Hace reserva del Caso Federal.	La demandada responde a fojas 219/220, solicitando el rechazo del recurso con costas.	La sentencia de primera instancia inicia con el análisis de la comunicación que remitiera el actor el 13 de julio de 2009, la respuesta de la demandada del mismo día, y continúa con la cronología del intercambio epistolar, el cual transcribe.	En forma particular refiere, en el primer párrafo de los considerandos de fojas 196, que consideró necesaria la transcripción casi completa de las notificaciones puesto que difieren en su texto. Continúa su análisis la señora jueza de grado afirmando que no solo las comunicaciones resultan contradictorias, sino que también lo es la conducta del actor. Dice el fallo que a fojas 8, primer párrafo de la demanda, se incorporan argumentos que en las intimaciones no se habían plasmado.	Siguiendo con la lógica del pronunciamiento apelado, se analiza el artículo 243 L.C.T. en cuanto exige que la causa de la denuncia del contrato debe ser pormenorizada, explicando en forma clara los motivos de la ruptura, y debe bastarse a sí misma. Objeta el fallo que, si un motivo de injuria era que se encontraba registrado en una categoría diferente y de allí surgían las diferencias salariales reclamadas en el intercambio epistolar, debió plasmarlo en la demanda y no lo hizo.	Concluye diciendo que el despido indirecto es injustificado, ya que el principio de buena fe exigía que el actor otorgara un plazo -luego de haberse reintegrado-, para que la patronal cumpla con su débito laboral, y vencido aquel, hacer efectivo el apercibimiento en caso de incumplimiento.	De allí deriva el rechazo de las indemnizaciones, incluyendo la de los artículos 1º y 2º de la ley 25323.	En relación a las diferencias salariales, su rechazo se funda en que la planilla de fojas 4 se encuentra redactada de manera deficiente, y que del texto de la demanda no surge el monto que se reclama por cada uno de los rubros, ni su fundamento. Se apoya el decisorio en numerosa jurisprudencia que lo avala.	La indemnización del artículo 43 ley 25345 es rechazada por no haber el actor cumplido con la intimación previa del artículo 1º del decreto reglamentario 146/01.	II) Comenzando con el análisis de los agravios, considero necesario en primer lugar abordar la cuestión relativa al distracto, las causas tenidas en cuenta y el alcance con que debe ser interpretado el artículo 243 L.C.T.	Esta Sala ha sostenido -siguiendo uniforme y pacífica jurisprudencia-, que cuando se invocan varias causas de injuria, basta que se pruebe solo una para tener por configurado el despido.	"Cuando la parte que denuncia el contrato de trabajo invoca más de un incumplimiento por parte de la otra como motivación del acto, y no produce prueba convincente respecto de todos, ello no obsta a la procedencia de la denuncia, si se acredita alguno que, por sí mismo, debe ser encuadrado en el concepto de injuria del artículo 242, L.C.T." (C.N.A.T., sala VIII, 20-10-2006, 'Massa, Juan Carlos c. Turismo Parque S.R.L. s/ Despido').	El telegrama por el cual el actor se consideró despedido -Nº 080376671 de fecha 24 de julio de 2009- expresamente menciona los siguientes motivos como causal de la injuria: "no me proveyeron tareas conforme al cargo que detento"; "continuaron hostigándome y denostándome como persona y trabajador, lo que se agravó el día de la fecha, ya que recibo instrucciones del Sr. Mónico y Ghilbeti, después de la primera misiva remitida el día 13/07/09 hasta el momento, para que me quede encerrado en la casilla que se encuentra ubicada dentro del taller, la que ni siquiera tiene luz, con instrucciones de no salir de la misma, o en su caso para que me quede en un rincón observando cómo trabajan mis compañeros, situación esta que me impide desempeñarme en mis funciones habituales, con directivas de que no haga nada"; "...no haberme abonado todos los rubros reclamados oportunamente y negado mi real categoría y funciones."	En la comunicación del 13 de julio el actor intimó al pago de diferencias salariales por deficiente registración, mientras que en la de fecha 15 de julio reiteró la intimación anterior (así lo dice expresamente), además de consignar que no se le otorgaban tareas acordes a sus funciones.	En ese contexto fáctico, cabe destacar que el 10 de julio se labró un acta notarial, de la que surge que la escribana fue atendida por el jefe de personal de la empresa, Horacio Mónico, quien le manifestó que "el hecho que no esté (el actor) en sus funciones habituales es por una orden de gerencia que conoce el compareciente... que nunca pasó lo que pasa hoy, de que le dijeron que no realice tareas".	Considero que las causales invocadas por el actor para disolver el vínculo se encuentran claramente individualizadas, pudiendo establecerse que fueron: a) falta de pago de diferencias salariales por incorrecta registración; c) falta de provisión de tareas acorde al cargo que detentaba, y c) la situación documentada mediante acta notarial del 10 de julio.	El artículo 243 L.C.T. no establece un sistema rígido en cuanto a la obligatoriedad de expresar la causa del distracto. La norma consagra la necesidad de que se haga de manera lo suficientemente clara, teniendo por finalidad permitir a la parte que recibe la comunicación ejercer de manera adecuada su derecho de defensa.	"El detalle de la información sobre las causas del despido (art. 243, L.C..T) no pueden importar un formulismo taxativo, toda vez que de interpretarse de tal modo esa norma, se cercenaría el debate judicial con lesión de los preceptos contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en juicio (art. 243, L.C.T.) responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa." (C.S.J.N., 16-2-93, 'Riobo, Alberto c. Diario La Prensa S.A.').	Respetuosamente disiento con la entonces señora jueza de primera instancia, en cuanto a que las comunicaciones cursadas por el actor contengan contradicciones, o que la circunstancia que no se haya demandado las diferencias salariales intimadas, represente un incumplimiento al artículo 243 L.C.T.	La forma y oportunidad en que tutela sus derechos el trabajador, forma parte del ámbito de libertad que tiene como cualquier sujeto de una relación jurídica determinada, para establecer el límite del ejercicio de sus acciones. No observo en el caso que se hayan modificado las causas tenidas en cuenta para configurar el despido, en el sentido que hayan sido sustituidas unas por otras, o que comparadas las invocadas en el intercambio epistolar con las enunciadas en la demanda, hayan sido reemplazadas.	Reitero que el artículo 243 L.C.T. tiene por finalidad permitir el ejercicio del derecho de defensa a la parte que es anoticiada del distracto, y en el caso la demandada lo ha podido hacer en forma amplia. De ello da cuenta la pormenorizada respuesta que dio mediante las cartas documento 116185512 de fecha 18 de julio y 076380697 del 29 de julio.	Ahora bien, corresponde analizar en particular los motivos invocados, y determinar si han sido probados por la parte actora.	"Quien alega la existencia de injuria de su empleador y resuelve denunciar extinguiendo el contrato de trabajo, debe demostrar los hechos injuriosos que determinan esa actitud para tener derecho a las indemnizaciones que se contemplan en el artículo 246, L.C.T." (SCJBA, 27-11-84, 'Sosa, María Silvia c. Comunicaciones de Mercado Cono Sur S.A. s/ Despido').	Comparto el criterio de la sentencia de primera instancia en cuanto al rechazo de las diferencias de haberes adeudados, por cuanto la demanda no cumple con el recaudo del artículo 32 inciso c) C.P.L. La exigencia de determinar con precisión lo que se demanda incluye la necesaria exactitud que debe contener el escrito de inicio, más aún en la formulación de un reclamo de la naturaleza del que se trata en autos.	La norma se corresponde con lo dispuesto por el artículo 356 inciso 1º) C.P.C.C., de aplicación por el artículo 90 C.P.L., que exige al demandado reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos, con la consecuencia que de hacerlo en forma evasiva o general pueden estimarse como reconocidos.	En consecuencia, a la actora le incumbe formular en forma clara su petición, aportando con exactitud los elementos necesarios para que la demandada pueda ejercer ampliamente su defensa.	En el caso ello no ocurre, ya que al escueto desarrollo de fojas 10, se le suma la falta de individualización en la planilla de fojas 4 de las diferencias pretendidas. Tampoco la omisión puede ser suplida por el juez, ya que se afectaría seriamente el principio de congruencia. Voto por el rechazo de este agravio.	Cabe tratar el agravio vinculado a la disolución del vínculo, fundado en la otra causa de injuria relacionada a la situación planteada entre el actor y la demandada, sobre las condiciones de trabajo bajo las cuales se desarrollaba la relación. A fojas 5vta. se describe que ALTAMIRANDA fue removido de su cargo como jefe de taller, pasando a desempeñarse como jefe de enlace. Se denuncia en la demanda que la única intención con el cambio era presionar y maltratar al actor, ya que pasó de coordinar a más de 150 personas, al encierro en una cabina metálica sin función alguna. El relato continúa indicando que era conminado para que no se moviera de ese lugar, sometiéndolo a comentarios y burlas de todo el personal de la empresa.	Del escrito de contestación de demanda agregado a fojas 36/46, además de la negativa puntual de los hechos, y análisis del artículo 243 L.C.T., destaco que no existe un solo párrafo en el cual se brinde una versión propia de los hechos detallados precedentemente.	No puede dejar de señalarse que esta omisión -deliberada o no-, en nada favorece la posición procesal de la demandada, por aplicación del artículo 356, inciso 1º del C.P.C.C., de aplicación por el artículo 90 C.P.L.	La norma autoriza al juez a tener por reconocidos los hechos que no sean controvertidos en forma clara y precisa por el demandado, y sobre los cuales la accionada no expusiera su propia versión, o lo hiciera de manera general. La presunción que genera el artículo referido debe sustentarse en la prueba colectada.	En consecuencia, y entrando en su análisis específico, considero que existe prueba conducente para resolver la cuestión.	En cuanto a las funciones que desempeñaba el actor, los testigos son contestes en que era el jefe de taller. Así lo afirma Zelada (fs. 165vta.); Medrano (fs. 166); Maráz (fs. 166vta.) y Giardinaro (fs. 170).	Zelada dijo que ALTAMIRANDA tenía a su cargo más de cien o ciento cincuenta personas, lo que reafirma Medrano al decir que en el taller eran ciento cuarenta o ciento cincuenta, al igual que Maráz cuando expresa que eran más de cien en el taller.	Destaco el testimonio de Medrano, en cuanto ilustra en qué consistían las tareas del actor: "En general él al ser jefe de taller estaba en todo el taller, él se desempeñaba como jefe de taller, estaba en todos los sectores, diagramaba y daba las indicaciones que tenían realizar las tareas como jefe de taller" (fs. 166). Por su parte Giardinaro dijo: "...todo giraba en el entorno de Mario porque cuando nosotros agarrábamos las partes de novedades el Sr. Altamirano verificaba si estaban hechos los trabajos y firmaba la hoja de parte para que nosotros podamos retirar la unidad para salir de viaje, para tomar servicios" (fs. 170vta).	Sobre el hecho puntual del cambio de funciones, y la situación de que se lo obligó a trabajar en una casilla aislado del resto, Medrano afirmó, a preguntas de cómo era ALTAMIRANDA antes del cambio de funciones, que: "Antes como que tenía el poder de ir, decidir, dar las tarea y ejecutar algunas, diagramar. Y le quitaron como todas las funciones y después lo tenían ahí en la casilla que no cumplía ninguna función ahí" (fs. 166). Giardinario expreso que: "...después Mario ya no estaba en el taller. Habían hecho una casillita al lado de tráfico, él tenía que estar ahí y lo habían puesto a cargar combustible...cuando pasó todo eso lo tenían en una casilla humillante total porque muchas veces nosotros hemos visto que llegábamos de viaje, entrábamos a la empresa... ni te saludaba... estábamos en la playa para sacar los colectivos y él estaba parado ahí y entraba Giberti o Mónico y le decían vos tenés que estar dentro de la casilla, nosotros lo hemos escuchado" (fs.170vta./171).	Los testigos son categóricos y contestes en sus dichos. Tienen conocimiento directo de los hechos por haber trabajado con el actor, y ser sus subordinados. Frente a tal prueba y la aplicación del ya mencionado artículo 356 inciso 1º C.P.C.C., la demandada no produjo ninguna otra que pueda desvirtuar la versión del sustento fáctico en que se basa la demanda.	Se suma a la prueba testimonial la constatación efectuada mediante acta notarial, que tiene plena eficacia ya que no fue redargüida de falsedad.	A la época de ser confeccionada -10 de julio de 2009, es decir 14 días antes del despido- el actor no estaba en sus funciones habituales y no realizaba tarea alguna.	Considero que los hechos descriptos permiten caracterizar la situación bajo la denominación genérica de "violencia laboral", que engloba un sinnúmero de situaciones que se presentan en el ambiente de trabajo. En el caso concreto de autos se manifiesta bajo la denominación de "acoso laboral", definida por la doctrina como: "Aquí ingresa todo acto, conducta o declaración que resulte inoportuno para la persona afectada y que pueda considerarse razonablemente, bien como un comportamiento de acoso con carácter discriminatorio, ofensivo, humillante, intimidatorio o violento, o bien como una intrusión en la vida privada, incluyendo, en cualquier caso la concurrencia aislada, simultánea o consecutiva de las acciones reprochables, la intimidación y el acoso sexual" (Derechos Humanos Laborales, pág. 165/166, César Arese).	"El hacer el vacío a un trabajador, bloquear el acceso al medio de trabajo, desalentar todo contacto social o propagar con éste información tendenciosa o falsa sobre su persona constituyen algunos de los medios destinados a acosar moralmente. Superan la mera privación de tarea que, como es sabido, puede motivar un emplazamiento y despido indirecto posterior del trabajador, porque en este caso se agrega a este elemento el propósito y el efecto, mortificante" (ob. cit., pág. 175).	La conducta empresarial que considero probada tiene encuadre en un típico caso de acoso laboral, figura que si bien no tiene acogida expresa en el texto de la ley, representa una incontestable violación a derechos fundamentales como la dignidad, el honor y el deber de no dañar, tutelados por los artículos 63, 68 y cctes. L.C.T., 1º ley 23592, 14, 14 bis, 16, 19, y 75 inc. 22 C.N.	En autos no se advierte un ejercicio razonable del poder de dirección y organización, que pudo manifestarse en el cambio de funciones del actor; sino más bien un proceder antijurídico que merece reproche, ya que aislarlo en una casilla (que por otra parte se encontraba localizada en el mismo ámbito en el cual desarrollaba su labor de jefe de más de cien personas), constituye una injuria de una gravedad que de ninguna manera puede consentir la prosecución del vínculo.	Voto por revocar la sentencia de primera instancia en lo que es materia de este agravio, y hacer lugar a la indemnización de los arts. 232, 233 y 245 L.C.T.; art. 2º ley 25323.	En cuanto a la indemnización del artículo 45 ley 25345, la sentencia de primera instancia nada dice, habiéndose expedido solo por el rechazo del artículo 43 de ese ordenamiento.	Conforme surge del intercambio epistolar, y en particular de las cartas documento de fechas 29 de julio y 5 de agosto de 2009 que remitiera la demandada, ésta puso a disposición del actor el certificado de trabajo y certificación de servicios en la sede de la empresa. En el particular caso de autos, y dados los hechos que han sido precedentemente analizados es innegable que al trabajador le habría resultado muy difícil o imposible presentarse al domicilio de su empleador a retirar la documentación, como si nada hubiese ocurrido, más aún frente a una situación de conflicto de antigua data entre las partes.	Además, esta Sala tiene dicho que la conducta diligente de parte de la demandada consiste en depositar el certificado de trabajo y la certificación de servicios en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, facilitando al trabajador que se reúna con la documentación que le es indispensable, ya sea para la búsqueda de un nuevo empleo o el trámite de su beneficio jubilatorio.	"La entrega de los certificados de trabajo al dependiente en oportunidad de la extinción de su relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación. No hay razones para considerar que el cumplimiento de esta obligación dependa de que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los certificados" (C.N.A.T., sala III, 20-4-2011, 'Pérez, Mario Fabián c. Vadelux S.A. s/ cobro de salarios').	En consecuencia, voto por hacer lugar al recurso en este agravio, condenando a la demandada a hacer entrega del certificado de trabajo y certificación de servicios y remuneraciones en el plazo de diez (10) días de quedar firme este pronunciamiento.	En cuanto a la indemnización prevista en la norma, considero que no procede, ya que el actor intimó la entrega de la documentación mediante los telegramas de fechas 24 de julio y 3 de agosto de 2009, sin haber respetado el plazo previsto por el artículo 3º del decreto 146/2001.	El artículo 3º, decreto 146/2001, debe ser entendido con los límites de la norma superior que reglamenta (art. 80, L.C..T, según la modificación del art. 45, ley 25345). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar. Así la intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como su reglamentación, solo puede surtir efecto (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización), una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo éste último que constituye, desde el momento de la extinción, una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa" (C.N.A.T., sala III, 11-8-2011, 'Girardo, Sergio Amadeo c. Rioja, Ricardo Marcelo y otro s/ Despido'). Voto por el rechazo de este agravio, con costas.	Formulo seguidamente planilla de liquidación en base a las pautas indicadas, la que asciende a la suma de Pesos Doscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y dos con cuarenta y cuatro centavos ($ 294.152,44) -a junio/16- que resulta de aplicar a las cantidades originalmente adeudadas el interés tasa activa, promedio mensual, que fija el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuentos de documentos, hasta su total y efectivo pago.	Capital original	Interés	Total a:	Concepto	Importe	%	T. Activa	jun-16	Indem.x antigüedad a jul/09	73.389,02	146,31	107.375,48	180.764,50	Preaviso c/SAC	8.369,02	146,31	12.244,71	20.613,73	Integ. mes despido	971,12	146,31	1.420,85	2.391,97	Art. 2º ley 25323	36.694,51	146,31	53.687,74	90.382,25	Total planilla a junio/16	$ 119.423,67	$ 174.728,77	$ 294.152,44	En los términos del art. 13 del decreto ley Nº 324/63, sus modificatorias, y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia. ___________________________	La Dra. Mirta Regina, dijo: adhiere al voto precedente.	Por ello,	LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I,	___________________________F A L L A: _________________________	I) HACIENDO LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora; y en su mérito revocando parcialmente el punto I) de la sentencia de 1ra. Instancia de fs. 192/198 y vta., declarando procedentes los rubros indemnización por antigüedad, preaviso con S.A.C., integración mes de despido y art. 2º ley 253233, condenando a la demandada LA VELOZ DEL NORTE S.A. a pagar al actor MARIO ALTAMIRANDA la suma de Pesos Doscientos noventa y cuatro mil ciento cincuenta y dos con cuarenta y cuatro centavos ($ 294.152,44) -a junio/16- todo en la extensión y forma referenciada en la planilla de liquidación ut supra confeccionada, en el plazo de seis (6) días de encontrarse firme la presente. Con costas en ambas instancias a la parte demandada vencida (art. 67 C.P.C.C.).	II) ORDENANDO que en el plazo de diez (10) días de su notificación, la demandada haga entrega de la certificación de servicios y certificado de trabajo. Costas a la primera.	III) RECHAZANDO el recurso de la parte actora en los restantes agravios vertidos, con costas (art. 67 C.P.C.C.).	IV) TENIENDO presente las reservas formuladas.	_____ V) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).	VI)	ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.