Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-16


Dictamen de la Fiscal General de Cámara:

Observo que las cuestiones traídas a conocimiento de ese Tribunal versan sobre aspectos de hecho, prueba y derecho común, vinculados a la relación jurídica de las partes, que son ajenas al interés general cuyo resguardo compete a este Ministerio Público (art. 120 Constitución Nacional).

Tampoco ponen en juego la interpretación de normas del ordenamiento concursal.

Por las razones expuestas, considero que los autos se encuentran en condiciones de ser resueltos por V.E. - Julio 19 de 2007. - Alejandra Gils Carbó.

2º Instancia. - Buenos Aires, agosto 16 de 2007.

Considerando: 1. Promoven S.A. apeló contra la resolución de fs. 148/150 que declaró abstracto el pedido de cierre de la cuenta corriente bancaria que mantenía con el banco hoy en quiebra, rechazó el planteo de revisión del saldo deudor y le impuso las costas del incidente.

Fundó el recurso con la pieza de fs. 156/160, respondida por los síndicos en fs. 162/166.

La Representante del Ministerio Público ante esta Cámara consideró que no debía expedirse (fs. 169).

2. a) Cierre de la cuenta corriente.

Según se desprende de la carta documento obrante en fs. 3, los liquidadores judiciales no informaron al cuentacorrentista, en ocasión de reclamarle el pago del saldo deudor, que la cuenta corriente bancaria había sido cerrada a la fecha de la revocación por el B.C.R.A. de la autorización del Banco General de Negocios para funcionar.

Por otra parte, el certificado de saldo deudor emitido de acuerdo a lo previsto por el art. 54 de la ley 21.526 (v. en fs. 16) no tiene fecha de emisión.

Así, como la misiva del 5/8/2003 (v. en fs. 14) fue remitida cuando este incidente ya se había promovido, si bien la cuestión de fondo se tornó abstracta, debe ponderarse que el incidentista pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo y ello incidirá en el régimen de las costas.

b) Revisión del saldo deudor.

Aún cuando, por hipótesis, se admitiera la postura de la incidentista en el sentido de que el saldo debió consolidarse a la fecha de la suspensión del banco para operar en el sistema financiero, y, a partir de allí, dejar de aplicarse los intereses previstos contractualmente para giros en descubierto, lo cierto es que la tasa utilizada por el ex-Banco General de Negocios es inferior al tope considerado por esta Sala para intereses sancionatorios por todo concepto.

En efecto, a fin de evaluar si los réditos aplicados resultan excesivos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres y si corresponde, en consecuencia, su morigeración judicial (CCiv. 656), debe ponderarse que existen distintas normas legales que autorizan a los jueces, en determinados supuestos, a imponer el pago de intereses sancionatorios de hasta dos veces y media el que cobran los bancos públicos -CCom.: 565 y CCiv.: 622-. Y ese ha sido el límite considerado por esta Sala en numerosos pronunciamientos (v. "Fideral S.A. c. Humanes, Daniel y otro s/ ejecución prendaria", del 3/4/96, entre muchos otros).

Contrariamente a lo expuesto en el memorial de agravios, la deuda no se ha incrementado en un 71,84% -es decir a una tasa del 14% mensual- en cinco meses y doce días. Un simple cálculo matemático demuestra que partiendo del último saldo al 31/3/02 de $ 439.403, el incremento al 12/8/02, que arrojó un importe final de $ 611.632 es algo menor al 40%.

La evolución de la cuenta y las tasas de interés aplicadas surgen claramente detalladas por la perito contadora en fs. 64. Si bien se aprecia un aumento de los réditos a partir de abril de 2002, ello responde, como es público y notorio, a la situación financiera que aquejó al país por aquél entonces y que elevó notoriamente las tasas de interés bancarias, lo que también aparece reflejado en las planillas comparativas de los índices que utilizaban los bancos oficiales y privados (fs. 65/69).

Sentado ello, las alícuotas aplicadas por el Banco General de Negocios, si bien algo superiores a las tasas activas comunes del Banco de la Nación Argentina, no excedieron el tope antes referido e, incluso, fueron inferiores a las informadas por el Banco Central de la República Argentina en su boletín estadístico correspondientes a tasas pasivas, que, lógicamente deberían ser menores a las cobradas por las entidades financieras en aquél período para los giros en descubierto en cuenta corriente sin acuerdo.

Por otro lado, según se desprende de las planillas que conformaron los anexos a la pericia contable (v. en fs. 64/69), la comisión por mantenimiento de cuenta ($ 60 mensuales) dejó de aplicarse a partir del mes de abril de 2002, coincidente con la suspensión del Banco General de Negocios para operar en el sistema financiero. El impuesto al endeudamiento se aplicó también hasta el mes de mayo de 2002. De ahí que, luego de la suspensión referida y hasta julio de 2002 (mes anterior a la definitiva revocación de la autorización para funcionar), el saldo deudor sólo se incrementó por la aplicación de intereses, IVA sobre los mismos, $ 1 por gastos administrativos y una suma variable correspondiente al impuesto ley 25.413 y comisiones por extractos que en su conjunto representa un porcentaje ínfimo de la deuda.

En cuanto a la capitalización de los réditos, en el expte. Nº S. 2572/2001, caratulado "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario", con fecha 25/8/03 -DJ, 2003-2-82-, esta Cámara ha emitido pronunciamiento plenario, fijando como doctrina legal que no procede la capitalización de intereses por un crédito cuando su obligado se encuentre en mora fuera de los supuestos establecidos explícitamente en el texto positivo de la ley.

El caso de autos encuadra precisamente en una excepción a tal principio; pues respecto de la cuenta corriente bancaria se halla contemplado normativamente que los réditos se capitalicen por trimestre, salvo estipulación expresa en contrario -cód. de com. 795-; sin ninguna distinción del período al que se refiere.

Ello sentado, toda vez que las partes pactaron la capitalización mensual de los réditos (v. fs. 19), corresponde que los intereses se capitalicen del modo pactado (conf. en este sentido esta Sala, in re: "Banco de la Provincia de Buenos Aires c. Basso, Juan Carlos y otro s/ ejecutivo", del 18/11/02; Sala "B", in re: "Lloyds TSB Bank PLC c. Melendez, Ana María s/ ejecutivo", del 31/08/04; Sala "D", in re: "Banco Itaú Buen Ayre S.A. c. Marinelli, Héctor Daniel y otros s/ ejecutivo", del 1/10/03).

En definitiva, los agravios no pueden prosperar en este punto.

3. Las costas de grado, en atención al modo en que se decide y a lo expuesto en el punto 2. a), se distribuirán en un 80% a cargo del incidentista y en un 20% a cargo de la quiebra.

Las de Alzada seguirán igual suerte.

4. Por lo expuesto, se resuelve: estimar parcialmente la pretensión recursiva y modificar la resolución apelada únicamente en cuanto al régimen de costas que quedan distribuidas en un 80% a cargo del incidentista y en un 20% a cargo de la quiebra, confirmándola en lo demás. Costas de Alzada en igual proporción. - Rodolfo A. Ramírez. - Angel O. Sala. - Martín Arecha.