Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-08-18


ASOCIACION MEDICA DE ROSARIO contra O.S.E.C.A.C. Reg.: A y S t 199 p 343-347.

En la ciudad de Santa Fe, a los dieciocho días del mes de agosto del año dos mil cuatro se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del señor Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ASOCIACION MEDICA DE ROSARIO contra O.S.E.C.A.C. -Cobro de Australes- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 726, año 1997).

Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?.

Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Spuler, Vigo, Netri y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

En el nuevo examen de admisibilidad que impone a este Cuerpo el artículo 11 de la ley 7.055, no encuentro razones para rectificar el criterio adoptado en oportunidad de admitir la queja interpuesta por la demandada contra la denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, obrante a fojas 104/vto. (resolución registrada en A. y S. T. 135, p. 253; fs. 33/36, Expte. C.S.J. Nro. 813/94, agregado por cuerda), de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 154/155).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en el mismo sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

1. En el juicio promovido por la actora contra "O.S.E.C.A.C.", por el cobro de: a) los intereses devengados por los pagos fuera de término correspondientes a los meses comprendidos entre la primera quincena del mes de julio de 1990 hasta la primera quincena del mes de abril de 1991, y b) las facturaciones adeudadas, correspondientes a la segunda quincena del mes de abril de 1991 y hasta la primera quincena del mes de julio de 1991, las partes presentaron un acuerdo en el cual la accionada reconoció la deuda y se fijó la modalidad de su pago, asumiendo también el pago de los honorarios y de las costas. Además, en el mismo instrumento, pidieron su homologación (fs. 12/14).

A foja 48, acusó Sociedad Médica el incumplimiento del convenio, pues -en lo que concierne al caso- debía la Obra Social "las cuotas pactadas por intereses desde el 25 de setiembre de 1992".

Ante una nueva solicitud de homologación por la actora -tras la realización de los aportes de ley-, el juez resolvió aprobarlo por auto del 21 de junio de 1993 (f. 55), notificándose la demandada el día 23 del mismo mes (cédula de f. 56/vto.).

A foja 63 (escrito con cargo del 7.09.1993), la actora "acreditó" el hecho denunciado, acompañando una carta documento enviada por la institución accionada en la que ponía en su conocimiento la presentación ante el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, el día 6 de agosto de 1993, de la documentación que justificaba la existencia y cuantía del crédito constatado a su favor al 1ro. de abril de 1991, atento a lo prescripto por la ley nro. 24.070 y su decreto reglamentario nro. 1723/92 (misiva fechada el 26.08.1993).

Se quejó de que la entidad parecía haber olvidado la existencia del convenio homologado judicialmente y el compromiso asumido hacía más de un año, y pidió que se le hiciera saber que estando aún en trámite su cumplimiento, debía realizarse "dentro del expediente y no fuera de él".

La accionada, por su parte, se escudó en que las sumas reclamadas estaban comprendidas en los términos de la referida ley, la cual es de orden público (art. 5to.), habiéndose procedido de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3ro. del aludido decreto, sin que ello pudiera ser entendido por la actora como un intento de eludir el cumplimiento del acuerdo "dentro de estos autos", pues se trataba simplemente del trámite administrativo imprescindible para el encuadramiento del crédito dentro de las previsiones de la normativa citada (escrito con cargo del 22.09.1993, fs. 64/65).

El rechazo de la oposición expuesta fue requerido por la demandante, sosteniendo su exclusión del mentado ámbito legal bajo el amparo de lo previsto en el artículo 2do. de la norma (fs. 81/82), a lo cual hizo lugar el magistrado mediante sentencia obrante a fojas 83/84.

Contra esa decisión, dedujo "O.S.E.C.A.C." recursos de apelación y conjunta nulidad, expresando agravios a fojas 89/91, los que fueron contestados "supletoriamente" por la contraria, tras plantear como "cuestión previa" que el recurso de apelación había sido mal concedido, en tanto se trataba de una resolución no impugnable por esa vía, por haber sido dictada como consecuencia del auto homologatorio que se encontraba firme y pasado en autoridad de cosa juzgada (fs. 92/99).

La Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario declaró mal concedidos los recursos interpuestos, con sustento en que la cuestión decidida por el juez de baja instancia era posterior a la sentencia definitiva (auto homologatorio) y no podía alegarse "ius superveniens" porque la normativa era anterior a dicho pronunciamiento ("la ley 24070 fue promulgada y publicada en enero de 1992, en tanto el decreto 1723 data de setiembre de ese año"), por lo cual los recursos interpuestos contra el auto que rechazara la aplicación de la misma, "... elípticamente tendrían la virtualidad de revisar el pronunciamiento que homologara el acuerdo celebrado y, claro está, no fue recurrido" (f. 104/vto.).

2. Agraviada por lo resuelto, la Obra Social interpuso recurso de inconstitucionalidad, invocando: a) la configuración de la cuestión contemplada en el inciso 2do.) del artículo 14 de la ley 48, fundada en que se desconoció la validez de una ley del Congreso nacional y de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades constitucionales para dar preeminencia a una norma de autoridad provincial (sentencia homologatoria dictada por la Justicia provincial); y b) la arbitrariedad del fallo por haber omitido el tratamiento de una cuestión oportunamente sometida a conocimiento de la Cámara, haber prescindido del derecho vigente sin razón plausible, haber incurrido en exceso ritual y haberse arrogado los juzgadores, en consecuencia, el papel de legislador (inc. 3ro., art. 1ro., ley 7.055).

Concretamente, alegó que so color de respetar la autoridad de cosa juzgada que había adquirido el auto homologatorio, la Sala eludió, en realidad, la consideración de la cuestión de fondo -alcance e interpretación de la ley nro. 24.070 y su decreto reglamentario- que había sido planteada en autos, debatida por las partes y objeto de pronunciamiento en primera instancia.

Agregó que la aprobación del acuerdo resultó "contra legem" (ya que a la fecha de su homologación aquélla ya se encontraba vigente) y que resultaba contrario al mismo espíritu de esa institución invocarla para evitar el cumplimiento del mandato legal, que no significaba la negación del crédito de la actora, sino únicamente la sustitución de la persona del deudor y la modificación de la forma de pago, atendiendo a excepcionales circunstancias de emergencia económica, cuya evaluación y solución estaban reservadas a otros poderes del Estado, distintos del Judicial.

Adujo que la falencia de la Sala se tornaba más grave al no haber abordado la revisión de lo decidido por el inferior, ya que de haber examinado las normas reglamentarias (decs. nros. 1.723/92, art. 4to., y 863/92) que delimitaban el alcance y aplicación de la excepción consagrada en el artículo 2do. de la ley, el resultado del pleito habría sido diferente.

Finalmente, señaló que la falta de tratamiento de los agravios de su parte ante la declaración de que el recurso había sido mal concedido, supuso un exceso ritual manifiesto, por haberse dado una irrazonable preponderancia a lo formal sobre lo sustancial (fs. 106/113).

3. El examen de las constancias de autos a la luz de lo normado por la ley nro. 24.070 -que dispuso, en lo que es de interés, la subrogación del Estado nacional en los pasivos que registraran los agentes del Seguro Nacional de Salud y las obras sociales nacidos con posterioridad al 31 de julio de 1989 y hasta el 1 de abril de 1991, originados en prestaciones médico-asistenciales o destinados a la subsistencia de los afiliados de aquellas entidades (art. 1ro., 3er. párrafo), calificando a sus dispositivos de orden público (art. 5to.)- y su reglamentación, me conduce al convencimiento de que le asiste razón a la recurrente.

En efecto, dicha ley previó, en su artículo 3ro., que serán de aplicación "las normas contenidas en los arts. 3ro., 4to. y 17 y demás disposiciones pertinentes de la ley 23.982", y a los fines de lo preceptuado en ese canon, el decreto nro. 863/92 estableció que el juez debe aplicar -de oficio o a petición de parte- los aludidos artículos 3ro. y 4to. de la ley de consolidación , "a todas las causas iniciadas ... cualquiera sea el estado procesal en que se encuentren, incluidas las etapas de ejecuciones" (art. 1ro.), determinando dicho artículo 3ro. el carácter meramente declarativo de las sentencias judiciales, los actos administrativos firmes, los acuerdos transaccionales y los laudos arbitrales que reconocieran la existencia de obligaciones alcanzadas por ese régimen, siendo la única vía para su cumplimiento la establecida por esa ley.

El preciso mandato al juzgador que emana de esa normativa (dictada en el marco de la legislación de emergencia, perspectiva desde la cual debe ser valorada, cfr. CNFed. Civ. y Com., Sala II, setiembre 3 de 1996, "Teleco S.A.", L.L. 1997-C, p. 475) me autoriza en primer lugar a sostener que una vez operada válidamente la "subrogación" (por haber sido cumplidas las condiciones y requisitos fijados por vía reglamentaria, dec. nro. 1.723/92), el crédito (comprendido, claro está, en el objeto contemplado en el citado art. 1ro. de la ley) queda sujeto a las normas de la citada ley nro. 23.982.

De la letra del decreto referido resulta de toda claridad, además, que su aplicación puede ser pedida por la propia parte, aun en la etapa de ejecución.

Es más, si se repara en que la ley remite a las "demás disposiciones pertinentes" de la nro. 23.982, hasta podría entenderse que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1ro., séptimo párrafo, de ésta, sólo podría proceder su aplicación luego de que el reconocimiento de la deuda estuviera firme.

Las precedentes consideraciones me inducen a colegir que la respuesta brindada por el A quo ha de merecer reproche en el plano constitucional.

Ello es así, por cuanto se sustentó en que los recursos interpuestos elípticamente tendrían la virtualidad de revisar el auto homologatorio de foja 55 que no había sido recurrido, sobre la base de un distingo que, a mi entender, la ley no efectúa, cual es, si la firmeza había sido adquirida antes o después de la entrada en vigencia de la regulación legal y, como derivación de ese eje conceptual, no ingresó en el análisis del planteo sometido a su decisión (la inclusión de la actora respecto de su reclamo en el sistema allí establecido).

En tales condiciones, el argumento de la Sala en el sentido de que "... la cuestión decidida a fs. 83/84 es posterior a la sentencia definitiva y no puede alegarse 'jus superveniens' pues los cuerpos legales invocados son anteriores a dicho pronunciamiento homologatorio ..." no resulta más que un fundamento aparente que condujo a la Sala a una conclusión teñida de arbitrariedad, toda vez que hizo pesar sobre la ahora recurrente las consecuencias de su anterior conducta procesal (consentimiento del auto de foja 55) y, por consiguiente, declaró la inadmisibilidad de los recursos deducidos, con absoluta despreocupación de la orden que la normativa excepcional en cuestión le imparte al sentenciante, en cuya virtud no podía, a mi criterio, evadir el examen de su aplicabilidad en el caso.

Es consecuencia ineludible de lo expuesto que el fallo impugnado debe ser anulado por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción (art. 1ro., inc. 3ro., ley 7.055).

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Spuler dijo:

Atento al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado, con costas a la vencida (art. 12, ley 7.055). Disponer la remisión de los autos al tribunal que corresponde para que la causa sea nuevamente juzgada.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Netri y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Spuler y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado, con costas a la vencida. Disponer la remisión de los autos al tribunal que corresponde para que la causa sea nuevamente juzgada.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)