Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-06-14


AUTOS N° 10265 "GODOY SUAREZ, Dora Beatriz C/ Escriva, Maria Rosa S/ Apelación de Sentencia".

En la ciudad de San Juan, a catorce días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Guillermo Baigorrí, Germán Parra y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 10265, caratulados "GODOY SUAREZ, DORA BEATRIZ C/ ESCRIVA, MARIA ROSA S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Contra la sentencia definitiva obrante a fs. 221/227 que resuelve rechazar la demanda interpuesta por la Sra. Dora Beatriz Godoy Suarez contra la Sra. Maria Rosa Escrivá, le impone costas a la parte actora y regula honorarios, interpone a fs. 230 recurso de apelación la parte actora, el que es concedido a fs. 240, fundado a fs. 241/243vta, obrando a fs. 261 vta./262 vta. su respectivo responde.- Elevados los autos a la instancia superior, quedan radicados por ante la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, donde se ha hecho conocer su integración, se ha dado intervención al Ministerio Público (fs. 284 vta.) se ha decretado el llamado de autos para resolver y efectuado el sorteo para la emisión de los votos, con lo que la impugnación está en condiciones de tratarse.- La apelante realiza una introducción previa a los agravios en cual se duele de la arbitrariedad de la sentencia de 1° instancia y a continuación se queja de la misma en cuanto: 1) tiene por cierta la fecha de inicio de la relación laboral indicada por la demandada, tiene por acreditada la justa causa de despido, estableciendo que la actora ha violado el deber de no concurrencia establecido por el art. 88 LCT y desestima los rubros indemnizatorios derivados del despido y el rubro del art.80 LCT y 2) por la imposición de costas y regulación de honorarios.- I.- Respecto al tilde de arbitrariedad que la apelante le endilga a la sentencia de 1ª instancia en la introducción previa a los agravios, se funda en que la misma presenta serias y graves anomalías de fundamentación, no pudiendo ser considerada un verdadero acto jurisdiccional, produciendo, en consecuencia, una lesión directa a las garantías constitucionales del debido proceso, del derecho de propiedad y de todo principio de legalidad. Al final del memorial, reitera la crítica de arbitrariedad y de falta de fundamentación de la sentencia impugnada- Dentro de este acápite, es oportuno dejar sentado que la arbitrariedad de los fallos ha sido desarrollado suficientemente por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en forma pretoriana admitió la admisión del recurso extraordinario más allá de los casos previstos en el art. 14 y siguientes de la Ley 48, para los casos de sentencias arbitrarias.- La evolución jurisprudencial, en sus primeros pasos tuvo por fin determinar la diferencia entre "sentencia arbitraria" y "sentencia errónea", lo cual adquiere vital importancia, toda vez que sólo la primera habilita la vía de recurso extraordinario.- En tal dirección, la Corte se ha pronunciado diciendo "la arbitrariedad -como materia estrictamente excepcional del recurso extraordinario- no consiste en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican y en tanto no exceden las facultades de apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su función." (234:157).- En un exquisito trabajo Genaro CARRIO y Alejandro CARRIO "Recurso extraordinario por sentencia arbitraria", efectúa una precisa clasificación de las causales de arbitrariedad derivado de los fallos de la Corte.- Según los autores referidos la arbitrariedad puede ser: a) referida al tema de la decisión cuando "se omiten resolver cuestiones propuestas o se resuelven cuestiones no planteadas"; b) referidas al fundamento de la decisión: b1) fundamento normativo: "Cuando el juez se arroga el papel de legislador y no se limita al orden jurídico; Cuando prescinde del texto legal sin dar razón alguna; cuando aplican normas no vigentes; y cuando el juez da fundamentos de excesiva amplitud en sustitución de normas positivas aplicables"; y b2) fundamento de hecho: "Cuando prescinde de prueba decisiva; cuando invoca prueba inexistente; o cuando se contradice abiertamente otras constancias de autos"; c) "Cuando la sentencia se funda en afirmaciones dogmáticas o fundamento aparente; cuando incurren en excesos formalistas o ritualistas o cuando son autocontradictorias" y d) referida a los efectos: "Cuando pretenden dejar sin efectos decisiones anteriores firmes".- A mi criterio, en el caso que nos reúne ninguna de las causales descriptas en la doctrina de la Corte se configura en autos; toda vez que si bien en términos teóricos alguna de las causales señaladas han sido invocadas por el recurrente, a la postre, de su crítica no surge que se configure en el fallo la arbitrariedad que se le achaca.- Por ello, resulta insostenible el planteo de la arbitrariedad bajo el argumento de la falta de fundamentación de lo resuelto; por el contrario, el fallo resulta suficientemente fundado por el sentenciante y ajustado a derecho, no habiéndose demostrado por la recurrente violación alguna del derecho de defensa en juicio, por lo que debe desestimarse el tilde de arbitrariedad que se le endilga a la sentencia impugnada.- II.-Primer Agravio: Se centra la crítica en que el A quo tuvo por iniciada la relación laboral en la fecha indicada por la demandada, o sea el 01/06/2005, por no haber la actora producido prueba alguna que desvirtúe el registro contenido en el Libro Especial previsto por el art. 52 LCT.- También se duele la apelante por el rechazo del Sentenciante de los rubros indemnizatorios derivados del despido por tener por acreditada la causal del despido que se le adjudica a la actora: haber violado el art. 88 de la LCT -deber de no concurrencia- basándose únicamente en la prueba testimonial aportada por la demandada, que fue oportunamente impugnada por su parte, en la respectiva audiencia y al formular los alegatos. Alega que la supuesta falta atribuida a la actora no fue acreditada por otra prueba, pues no obra en la causa constancia alguna de la existencia del supuesto spa al que se refiere la demandada y tiene por cierto el Sentenciante. Luego se queja de la desestimación del rubro del art. 80 LCT, aduciendo que la certificación de servicios y aportes no se condice con la realidad de los aportes efectuados a la actora, pues conforme al informe incorporado a fs. 143, remitido por la AFIP, la demandada únicamente realizó los aportes de los períodos 07/2005, desde 09/2005 a 12/2005 y desde 04/2006 hasta 12/2006. Afirma que si se observa la certificación adjuntada a la Subsecretaría de Trabajo y que obra a fs. 206/207 en la misma se ha consignado como que se han realizado todos los aportes previsionales, lo cual es totalmente falaz pues faltan aportes del año 2005, del año 2006 y todo el período del año 2007.- Aclaro, por cuestiones metodológicas, que dividiré el estudio de este Primer Agravio en cuatro Acápites:

II.-1. Fecha de inicio de la relación laboral: Como fundamento de su queja, expresa la recurrente que el A quo ha dejado de lado toda la prueba producida por su parte, pues si bien de la prueba de absolución de posiciones de las partes y de la prueba testimonial no se puede obtener ningún elemento al respecto, argumenta que de la prueba informativa, específicamente del informe remitido por la Subsecretaría de Trabajo que obra a fs. 155/160, surge que a la demandada se le practicó una inspección en el domicilio del comercio en la cual se constataron varias faltas: que la Sra. Escrivá no contaba con los Libros del art. 52 LCT y con las planillas de ingreso del personal, por lo cual se le aplicó una multa. Además, recalca que con el interrogatorio al personal de la demandada que se efectuó en dicha inspección, se prueba que la actora manifestó como fecha de ingreso el año 2004 y que el horario de trabajo era de lunes a viernes de 09.00 hs. a 15.00 hs.. Destaca que dicha prueba informativa no fue impugnada oportunamente por la parte demandada, razón que es más que contundente para desvirtuar la fecha de ingreso alegada por la demandada.- Respecto al valor de la prueba instrumental aludida comparto la jurisprudencia que estableció que : " ...la prueba instrumental consistente en el acta de inspección realizada por funcionario de la Secretaría de Trabajo de la Provincia.., de la planilla de relevamiento practicada se constata la presencia de los actores en lugar de trabajo denunciado. ... En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia Nº 668 de fecha: 28/08/1998, en autos : "Villavicencio Carlos Rafael y otros vs. Construcciones Karamaneff s/Indemnizaciones", expresó: ".Coincido con el recurrente en que el acta de inspección de la Secretaría de Estado de Trabajo es un instrumento público (artículo 979, inciso 2° del Código Civil) suscripto por funcionario público (porque expresa la voluntad, en materia de policía laboral, del órgano administrativo de trabajo) siempre que fueran realizadas en ejercicio de funciones y dentro de las atribuciones acordadas legalmente por la ley 5.650. Sin embargo, cabe aclarar, que esta calidad no alcanza por ejemplo, a los dichos de los trabajadores entrevistados, o a las categorías que dicen pertenecer, etc., pues se trata de manifestaciones relativas a hechos que no han pasado en presencia del inspector. En todo caso dan fe de las expresiones de los trabajadores, pero de ningún modo certifican que las mismas se ajusten a la realidad. En suma, sólo acredita lo que el inspector ha visto o realizado o constatado personalmente.." (Fuente Lex-Doctor 9.1- Autos "Alfaro Juan Carlos y otro c/ Di Nella Alberto y otros s/Cobros, Fecha: 30/09/2010{F}, Sentencia Nº: 182, Cámara Laboral Sala 5).- Por ello, considero que el acta de inspección referida no aporta prueba alguna sobre la fecha de inicio de la relación laboral, ya que de la misma sólo surge lo que la actora manifestó unilateralmente respecto a la fecha aludida.- Dicho lo cual comparto el aserto del Sentenciante en lo que hace a dicha fecha por cuanto ni de la prueba confesional ni de la prueba testimonial se extrae ningún elemento que desvirtúe los registros laborales por lo que concluyo que la actora se encontraba debidamente registrada con fecha de inicio de la relación laboral: 01/06/2005.- Sobre el punto, reitero el criterio sostenido antes de ahora por este Tribunal: "Es de recordar que este Tribunal se asienta en el criterio mayoritario que sostiene que el valor probatorio de las pruebas documentales, cuando son llevadas en forma regular, obran en favor de la patronal y está asistida por un rigor lógico indudable, ya que de no ser así, no tendrían razón de ser las normas que obligatoriamente deben cumplir lo empleadores al respecto". (AUTOS N° 9209 "CABALLERO AVILES, MONICA LILIANA C/ CENTRO DE SUBOFICIALES Y AGENTES DE LA POLICIA DE SAN JUAN (CESAP) S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" 29/08/2013).- También: "En la especie se ha controvertido el inicio de la vinculación contractual laboral, y siendo por tal, carga a probar por la demandada, esta parte procedió a presentar al juicio, los documentos idóneos acreditantes de tal extremo. En tal sentido, cuando estos libros son llevados en debida forma, y son presentados al proceso en ocasión de ser intimado a hacerlo, configuran una presunción grave de validez frente a otros medios como puede ser la prueba testimonial. La eficacia probatoria de esa documental, que ha sido conformada tal como objetivamente se puede observar, solo puede ser dejada de lado por otra prueba que determine asertivamente su invalidez." (AUTOS N° 9040 "CABELLO SUSANA BENITA C/ AMIN HERMAN S/SENTENCIA "PROTOCOLO: 16/04/2013 - SENTENCIAS TOMO I Fº 184 ) .- Por ello, y atento lo dispuesto por los art. 52 de la LCT y 101 del CPL y la orfandad de prueba contundente que desvirtúe las constancias registrales, corresponde confirmar lo resuelto en la instancia anterior acerca de que la fecha de inicio de la relación laboral- II.- 2. Respecto al distracto que puso fin a la relación laboral que vinculó a las partes, vemos que tuvo lugar el día 10-07-2007, fecha en que la demandada le remite a la actora la CD por la cual le comunica que queda despedida por justa causa (art. 242 LCT) por haber incurrido en incumplimientos graves de deberes contractuales, lesionando el vínculo de la relación laboral, a saber: concurrencia desleal por haber ofrecido a clientes de su negocio sus servicios en otro centro de estética, proporcionándoles a tal fin su teléfono, hechos ocurridos el 02 y el 06 de Julio de 2007; falta de rendición del dinero cobrado por tres limpiezas a razón de $35 cada una en horario de prestación de servicios en el centro de estética en fecha 02-07-2007 y 06-07-2007; y negativas reiteradas a firmar planillas de ingreso y salida rubricadas por Subsecretaria de Trabajo, lo que ha motivado pérdida absoluta de confianza en su persona. (fs. 01 PDA y fs. 09 PDD).- Aclaro, por razones metodológicas, que trataré primeramente la última de las causales invocadas en el despido. Si bien en la comunicación del despido, a continuación de la última causal (negativas a firmar planillas de ingreso y salida rubricadas por Subsecretaría de Trabajo), invoca "lo que ha motivado pérdida absoluta de confianza en su persona", va de suyo, por el tenor de la expresión, que la pérdida de confianza se refiere a las otras dos causales (violación del art. 88 LCT y falta de rendición de dinero cobrado a clientes), no a la que trato en este punto.- Refiriéndome a la última de las causales invocadas en el despido, se advierte que la actora reconoce en la demanda que dejó de firmar las planillas de asistencia, aunque invoca como argumento de justificación que lo hizo a los fines de lograr el cumplimiento de obligaciones a cargo de la empleadora.- También surge dicho reconocimiento del intercambio epistolar habido entre las partes en la etapa pre-procesal, específicamente del TCL de fecha 28/06/07 remitido por la actora a la demandada, en respuesta al que le remitiera ésta con fecha 26/06/07, en el que le manifiesta que procedería a firmar las planillas de asistencia cuando la empleadora registrara su verdadera fecha de ingreso: 03-11-2003.- Además, ha quedado demostrada la aludida omisión de la actora, como bien lo señala el Juez de Grado anterior, con el acta de constatación notarial de fecha 28-06-2007, labrada por el escribano Guillermo Ned Aguilar, el que deja asentado que la Sra. Dora Beatriz Godoy le manifiesta que no va a firmar las planillas de control de horario del personal (fs. 21 PDD).- Dicha instrumental, por tratarse de un instrumento público, goza de una presunción de autenticidad que sólo puede ser desvirtuada por acción o querella de falsedad (art. 290 del Código Civil y Comercial).- En este aspecto, es necesario reparar en que, no sólo en el mundo del derecho, sino en toda ciencia reconstructiva, se requiere del valioso aporte de la prueba para sostener teorías y rehacer el pasado, reciente o remoto y llegar a la verdad. El destacado procesalista y Maestro colombiano Devis Echandía expresa que "El jurista reconstruye el pasado, para conocer quién tiene la razón en el presente y también para regular con más acierto las conductas futuras en nuevas leyes". Justamente lo que ha querido el legislador al crear el instrumento público, regulando de manera expresa su valor probatorio, es brindar un punto de apoyo seguro para la reconstrucción de los hechos; de manera tal que sean raros y en general infundados, los intentos de destruir sus afirmaciones. Si el instrumento público no significara un aporte probatorio casi indestructible, no cumpliría con ese cometido.- De manera tal que los hechos que el oficial público enuncia como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia tienen fuerza probatoria con grado de certeza. Entonces, es dable considerar que respecto de las afirmaciones contenidas el acta notarial que obra a fs. 19 PDD el documento aporta una prueba extraordinaria. Remarquemos que el Escribano interviniente no es un testigo, ni un simple redactor; además de ello, es un oficial público dotado de fe pública. Por el principio de inmediatez y unidad de acto, el oficial público ha debido escuchar cuando la actora dijo que se negaba a firmar las planillas de asistencia referidas ; él percibió "de visu et auditu suis sensibus", como reza la máxima latina (visto y oído por sus propios sentidos), todos los elementos que involucran la manifestación de voluntad de los intervinientes en el acto.- Sólo pueden caer tales comprobaciones mediante el procedimiento expreso que la doctrina denomina "redargución de falsedad". En el viejo código de Vélez, se aludía a este procedimiento impugnativo, con la palabra "argución" (art. 993 del código derogado); pero, lamentablemente, el CCCN no utiliza esta técnica de expresión. Aun a pesar de la ausencia de la palabra, creemos que es merced a este trámite judicial, que puede llegarse a la declaración de falsedad de la que habla la norma, lo que no ha incoado la actora en estos autos, por lo que al tratarse de una actividad que el mismo Oficial Público ha realizado (fs. 19 PDD), en ejercicio de su atribución fedataria, el mismos está refrendado o reforzado con el máximo valor probatorio.- En esa derecera, considero que el incumplimiento en que incurrió la actora -negativa a firmar las planillas de asistencia- configuraron una injuria de que justificó la extinción del contrato; ello apreciado con la necesaria prudencia en el marco de las pautas ínsitas en el art. 242 de la L.C.T..- Cabe recordar que la injuria laboral implica la violación de algunas de las obligaciones que la Ley de Contrato de Trabajo impone tanto al empleador como al trabajador empleado. Memoro que el término injuria no tiene el significado del derecho penal sino que se refiere al incumplimiento contractual de una de las partes violatorio de las obligaciones que la ley impone a su cargo. En este sentido tiene dicho la Sup. Corte Bs. As. que el concepto de injuria es específico del derecho del trabajo y consiste en un acto contra el derecho de otro. Para que ese obrar contrario a derecho se erija en justa causa de despido debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 Ver Texto, LCT, y su valoración debe realizarse teniéndose en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad.- Así, afirmo que en el sub-discussio se ha demostrado el incumplimiento voluntario por parte de la trabajadora de la obligación a su cargo: firmar la planilla de asistencia diaria que le exigía la empleadora en ejercicio de las facultades de dirección que le otorga el art. 65 de la LCT. Además, se ha demostrado que la trabajadora persistió en dicho incumplimiento, a pesar de que fue debidamente intimada, bajo apercibimiento de lo dispuesto por los art. 62, 63, 67 inc. 1°, 68 ss. y cc LCT, según surge de la CD de fecha 26-06-07, que obra a fs. 20 PDD.- Ello así, en tanto conceptúo que el poder de dirección de la parte constituye el denominador común del derecho que se le reconoce al empleador para organizar la empresa, efectuar determinados cambios durante el desarrollo de los vínculos individuales de trabajo y aplicar sanciones. Explica Ackerman Mario E. en su obra "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", T. I, pag. 538, siguiendo a Krotoschin, que el poder de dirección del empleador es el corolario de la dependencia personal en la cual el trabajador se ha colocado, y que el patrono puede y debe indicar la especie de trabajo que el trabajador ha de ejecutar, la manera en que ha de realizarlo, debe y puede fijar el tiempo y el lugar de trabajo, etc. .- Ello implica que ostenta sobre el desarrollo de cada relación de trabajo la facultad particular de dirigirla día a día, dentro de los límites fijados por las normas imperativas y por el contrato individual de trabajo.- Se trata, como explica Fernández Madrid y otro, en " Ley de Contrato de Trabajo Comentada", T. I, pag. 364,: "de una facultad con cierto margen de discrecionalidad, pero que no por ello puede ejercerse con arbitrariedad".- En ese orden de ideas, se entiende que forma parte del ejercicio del poder de dirección de la parte empleadora la facultad de control de asistencia y horario de entrada y salida de la trabajadora.- En ejercicio de dicho poder de dirección es que la empleadora le impuso a la actora la obligación de firmar la planilla de asistencia diaria, lo que ésta incumplió a partir del día 21-06-07, según surge del intercambio epistolar habido en la etapa pre-procesal y fue reconocido por la misma en el Acta Notarial de fs. 19 PDD y en la propia demanda, y persistió en dicha actitud, a pesar de la intimación que se le cursara según CD que obra a fs. 20 PDD.- Entonces, al negarse la actora a firmar la planilla de asistencia diaria referida incurrió en un grave incumplimiento contractual, no observando el comportamiento propio de un buen trabajador, como lo exige el art. 63 de la LCT.- Además, a mi criterio, dicha violación o incumplimiento contractual por parte del trabajador tuvo la gravedad suficiente para impedir la prosecusión del vínculo y justificar la decisión rupturista de la empleadora; o sea, que también se cumple requisito de la proporcionalidad entre la falta y la sanción. En este sentido, no pueden establecerse reglas fijas, y cada caso es una situación de hecho que evaluará el Tribunal de Trabajo. - Agrego que el despido dispuesto por la empleadora con fecha 10-07-07 obrante a fs. 08 PDD, también reúne el requisito de la contemporaneidad, lo que surge con toda claridad del intercambio epistolar habido en la etapa pre-procesal.- Resulta irrelevante al efecto de la proporcionalidad en la valoración de la injuria, la falta de antecedentes disciplinarios de la actora, pues la injuria susceptible de legitimar la ruptura unilateral del contrato puede provenir tanto de un hecho aislado de una gravedad tal que impida -por sí solo- la prosecución del contrato (dimensión cualitativa de la injuria), como el del sub-lite como de una serie concatenada de hechos que aisladamente considerados no resulten de entidad, aunque valorados luego en su conjunto pueden igualmente justificar el despido (dimensión cuantitativa de la injuria) .

Pirolo Miguel Angel, en "Legislación del Trabajo Sistematizada", al comentar el art. 242 L.C.T., sostiene que: "El legislador ha omitido enumerar los incumplimientos que encuadrarían en el concepto de injuria, dejando la valoración a la prudencia de los jueces, aunque destaca dos pautas a tener en cuenta: las modalidades de la relación y las circunstancias personales en cada caso. El Juez es un tercero imparcial que, en definitiva, ha de apreciar los hechos o el estado de cosas que se alegan como constitutivos de justa causa."- Como colofón estimo justificado el despido dispuesto por la empleadora por la causal analizada en este acápite, a tenor de lo dispuesto por el art. 242 LCT, por lo que debe confirmarse lo resuelto en la instancia anterior acerca del rechazo de los rubros indemnizatorios derivados del despido ( art. 245, 232 y 233 ibi dem).- II.- 3. Violación del art. 88 LCT: Respecto del cuestionamiento de lo resuelto por el Juez de Grado anterior sobre el punto, si bien no comparto lo resuelto, ello resulta irrelevante ya que estimo que, habiéndose configurado una de las causales, resulta justificado el despido dispuesto por la empleadora.- II.- 4. En cambio, considero procedente el pago de la multa establecida por el art. 80 LCT, toda vez que le asiste razón a la apelante, ya que, efectivamente, la demandada sólo depositó a fs. 206/207 el formulario PS62 de la ANSES, llamada "certificación de servicios y remuneraciones", que no es ninguno de los instrumentos contemplados en el art. 80 LCT. Es evidente que no resulta ser el certificado de trabajo, por más que contenga datos similares (aunque no siempre coincidentes), pues ambos tienen finalidades distintas ya que este último está destinado a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo; mientras que la certificación del formulario (PS 6.2), que es ele que obra a fs. 206/207 debe utilizarse para la obtención de un beneficio previsional. Tampoco constituye la constancia de aportes exigida por el art. 80 LCT, dado que carece de las constancias documentadas de los aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento, por más que resulte aprobado por el ente previsional y -supuestamente- pueda ser calificado como innecesario por cuanto no se vulneraría la finalidad que perseguiría el citado art. 80.- La CN del Trab. tiene dicho recientemente: "La obligación prevista por el art. 80 LCT se integra por la entrega de a) un certificado de trabajo y b) una constancia documentada de aportes, pero no debe confundirse el "certificado de trabajo" del artículo referido con la "certificación de servicios y remuneraciones" de la ley 24241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2), en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por la LCT, por ello, si la empleadora sólo entregó el formulario mencionado corresponde. condenarla en los términos del art. 80 mencionado" (CNAT, Sala IV, sent. Del 31/10/2013, in re D.F., M.M. c/ Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. s/ Despido).- También: "El Formulario P.S.6.2 de la ANSES no reemplaza al certificado exigido por el art. 80 L.C.T. Dicha "certificación de servicios y remuneraciones" es evidente que no resulta ser el certificado de "trabajo" por más que contenga datos similares (aunque no siempre coincidentes), toda vez que tiene finalidades distintas ya que este último está dirigido a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo, mientras que el Formulario P.S.6.2 debe utilizarse para la obtención de un beneficio previsional. El Formulario P.S.6.2 tampoco sustituye a la constancia de aportes exigida por el art. 80 L.C.T. dado que carece de dichas constancias de aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento por más que resulta aprobado por el ente previsional y -supuestamente- pueda ser calificado como innecesario por cuanto no se vulneraría la finalidad perseguida por el citado art. 80 LCT. En el formulario entregado por el ANSES no hay, precisamente, constancia acerca de los ingresos por los aportes y contribuciones, sino tan sólo de los salarios devengados por el trabajador. (Del voto del Dr. Catardo, en mayoría).- CNAT Sala VIII, Expte. N° 22.587/2004 Sent. Def. N° 35.929 del 11 /03/2009 "Cisco Systems Argentina S.A. c/Sánchez Ávalos, Julio Arturo s/consignación". (Catardo - Morando -Mázquez).- Otro fallo muy reciente de la Sala VIII de la CNacApel del Trab., con fecha 31/10/13, dictado en Expediente Nº 22.488/2009: "Esta Sala ha sostenido que el artículo 80, es claro al disponer que es obligación del empleador entregar al momento de extinguirse la relación laboral, dos certificados. Uno, conteniendo constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social (apartado segundo). Otro, con las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social (apartado tercero). La certificación de servicios y remuneraciones, formulario PS6.2. de la ANSES, puede ser suficiente para el organismo oficial; sin embargo, no cumple con el requerimiento legal que es claro y contundente: debe entregarse al trabajador una constancia de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social. Es obvio que, el empleador ha cumplido con una parte de su obligación al poner a disposición el certificado de trabajo, pero no lo hizo al pretender entregar el aludido formulario de la ANSES. La circunstancia de que el trabajador, puede presentarse con el mismo ante el organismo al momento de solicitar el otorgamiento de algún beneficio no desplaza la obligación del demandado, que el legislador -indudablemente en conocimiento de los criterios de la ANSES-, ha decidido mantener, cual es la de entregar la constancia del ingreso de los aportes y contribuciones.- No comparto la postura, en cuanto a que el hecho de que el trabajador pueda ir a la ANSES a solicitar un estado de los aportes y contribuciones al sistema, o que la empleadora le haya hecho los aportes correspondientes, torna innecesaria la obligación legal".- Entonces, como conclusión, sostengo que la Ley de Contrato de Trabajo en su art. 80, impone al empleador, al extinguirse la relación laboral, una obligación de hacer: la entrega de dos documentos que deben contener necesariamente los datos que la norma determina. Si el legislador hubiese entendido que resultaba suficiente la información que pudiese tener en sus registros la ANSES, así lo habría señalado, eliminando de los certificados en cuestión, el requisito de que deben contener la constancia de ingreso de los aportes y contribuciones con destino a los organismos de la seguridad social, cosa que no hizo.- En consecuencia, no interesa que la ANSES pueda poseer la información de esos aportes y contribuciones, ni que el trabajador tenga la posibilidad de concurrir a ese organismo, a efectuar la averiguación correspondiente. Lo primero, porque ello no excluye la obligación del empleador de entregar la constancia, que, como expresara, es una imposición legal. Lo segundo, porque implicaría poner en cabeza del empleado una obligación adicional que, no está prevista en norma legal alguna.- Continúa diciendo el fallo cit: "El tema no tiene nada que ver con la posibilidad de que se cause o no un daño al trabajador, el que, no obstante, podría existir en el futuro. La razón por la cual el empleador está obligado a entregar la constancia de los aportes y contribuciones, es la de simplificar todos los trámites que el empleado tenga que realizar en su momento ante el ANSES, aportando al organismo la información que permita efectuar las verificaciones correspondientes, porque lo cierto es que, si bien la ANSES puede entregar información de los aportes y contribuciones, nada garantiza ni que la misma sea veraz, ni que no exista la posibilidad de que, dicha información, se pierda o pueda ser cuestionada administrativamente".- Por lo tanto, resulta importante y hasta necesario que el trabajador tenga en su poder, una constancia documentada del ingreso de los mentados aportes y contribuciones, para poder acreditar ese extremo, en caso de serle requerido.- Si el legislador hubiese considerado que el formulario PS 6.2. -que ya existía cuando se modificó el artículo 80 de la L.C.T. por la Ley 25.345- era suficiente, no hubiese redactado la norma como lo hizo. El solo hecho de la inclusión de la obligación bajo análisis, demuestra lo importante que resultaba para él, que el empleador entregase las constancias de aportes y contribuciones. Es por ello que, entiendo, la mera posibilidad (que no constituye obligatoriedad) de que el trabajador pueda solicitar a la ANSES un informe acerca de los aportes y contribuciones realizados por su empleador, no desplaza la obligación que pesa en cabeza del empleador, por el artículo 80 de la L.C.T., que sigue vigente.- Es obvio que, la constancia documentada del ingreso de los aportes y contribuciones, no puede ser incluida en el formulario PS 6.2. de la ANSES, porque el mismo no contiene espacio alguno destinado al efecto. Por lo tanto, la obligación del empleador, debe resumirse en la entrega al trabajador de un documento en el que conste el ingreso de los aportes y contribuciones con destino al sistema de seguridad social. Ciertamente que el empleador debe conservar los originales en su poder, por lo que le bastará con entregar copia certificada de los pagos mensuales realizados, trámite que puede hacerse sin costo alguno, incluso, a través del Juzgado.".- Así resolvió este Tribunal por mayoría en AUTOS N° 9545 "NIEVA, LUISA BEATRIZ Y OTRA C/PEDIATRIA TERCER NIVEL S.R.L. Y OTRO S/APELACIÓN DE SENTENCIA".-PROTOCOLIZADO: 15/09/2014 SENTENCIA TOMO II Fº 384.- En cuanto al argumento de la apelada de que la actora no ha dado cumplimiento con lo ordenado con el decreto N° 146/01de lo que se deriva su improcedencia; no ha sido materia de la litis por cuanto no fue introducido en su escrito de contestación de demanda, lo que lo torna inaudible, por extemporáneo.- En definitiva, propongo a mis colegas admitir parcialmente este primer agravio declarando procedente la multa prevista por el art. 80 LCT, que deberá ser liquidada, desde que la misma es debida, con más la tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos y hasta el efectivo pago, siguiendo la jurisprudencia establecida por la Corte de Justicia de San Juan fijó en fallo vinculante " Huayquinchay de Mass c/ Canteras y Caleras el REfugio S.A."(conf. ley 23.928 modif. por ley 25.561 , art. 622 del Código Civil, art.1 Res. SRT Nº 414/99 y CNAT Acta Nº 2357/02 modif. por Res .CNAT Nº 8/02).- III.-Segundo Agravio: la recurrente tilda la imposición de costas a su parte de desproporcionada, lo mismo que los honorarios regulados a la apoderada de la demandada (20%), alegando que esta no produjo toda la prueba ofrecida ni presentó alegato.- Como lógica derivación de la solución que propugno al tratar el Primer Agravio, y lo dispuesto por el art. 125 del CPL considero que corresponde hacer lugar al agravio y modificar la imposición de costas de la instancia anterior e imponer a la parte actora el ochenta por ciento ( 80%) y a la parte demandada el veinte por ciento ( 20%); y modificar la regulación de honorarios profesionales de la 1° instancia de la siguiente manera: el dieciocho por ciento ( 18%) a la apoderada de la parte demandada y el veintiún por ciento ( 21%) al apoderado de la parte actora, en ambos casos en doble carácter y sobre el monto que resulte de la sentencia ( art. art. 184, 185, 186 y conc. ley 2150 y Ley Prov. N° 56-O).- IV.- Costas de la instancia: Se deben imponer en un sesenta por ciento (60%)a la parte demandada y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora, regulando los honorarios profesionales de la siguiente manera: los de la apoderada de la demandada en el treinta y cinco por ciento( 35%), y los del apoderado del actor en el cuarenta por ciento ( 40%), en ambos casos en doble carácter y sobre el monto del juicio ( art. 21 Ley Prov N° 56 -O).- imponer a la parte actora el ochenta por ciento ( 80%) y a la parte demandada el veinte por ciento ( 20%); y modificar la regulación de honorarios profesionales de la 1° instancia de la siguiente manera: el dieciocho por ciento ( 18%) a la apoderada de la parte demandada y el veintiún por ciento ( 21%) al apoderado de la parte actora, en ambos casos en doble carácter y sobre el monto que resulte de la sentencia ( art. art. 184, 185, 186 y conc. ley 2150 y Ley Prov. N° 56-O).- Así voto.

EL DOCTOR GERMAN PARRA: Que por compartir los fundamentos del voto de la Vocal preopinante adhiere al mismo.- EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: Que venidos estos autos a estudio; por la presente manifiesto que comparto el voto del Vocal de primer término, pero disiento con el mismo en razón de no compartir ni los argumentos ni la solución propuesta al tratamiento de la procedencia de la multa prescripta en el art. 80 de la LCT.

Sobre el particular debo sostener que el tema debe abordarse con la prudencia necesaria que ha sido contemplado en las normas específicas que le dieron origen, teniendo especial cuidado de no desvirtuar su espíritu ordinarizando la procedencia.

En el caso puntual que nos convoca, me permito remarcar que se advierte de la documental de fs. 3, que la intimación cursada por el trabajador al momento del distracto resulta insuficiente para admitir su procedencia, toda vez que el accionante sólo se limita a peticionar que se le haga entrega de la "Certificación de aportes y contribuciones", que es lo que la demandada efectivamente entregó a la actor mediante el formulario PS6.2.- Esta Sala, ha sido reiteradamente estricto con la exigencia de las intimaciones previas en los casos de multas o sanciones extraordinarias; toda vez que ello es el presupuesto a la garantía de defensa en juicio, toda vez que frente a una intimación clara y precisa, la otra parte cuenta con suficientes elementos para dar cumplimiento a la intimación o bien efectuar las defensas que entienda pertinente, lo que no ocurre con la intimación es genérica o vaga.

Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la intimación o reclamo, además de suficientemente clara y precisa debe contener expresa referencia normativa, ya que de otra manera, se altera la "par conditio de las partes del proceso" y además resulta lesiva contra la garantía de defensa en juicio.

En virtud de los expuesto, y en convicción que la intimación reclamada carece de los presupuestos mínimos para tornar operativa la sanción económica contenida en el art. 80 de la LCT; pero que además y a todo evento, la principal cumplió con la entrega de la Certificación de aportes y contribuciones requerida; considero que debe confirmarse la decisión del a-quo y en consecuencia rechazarse la procedencia de la multa prevista en el art. 80 LCT.

Así Voto.

Por todo ello el Tribunal, por mayoría RESUELVE:

I)Admitir parcialmente, en la forma indicada en los considerandos precedentes, el recurso de apelación interpuesto a fs. 230 por la parte actora, y modificar la imposición de costas de la 1° instancia de la siguiente manera: imponer a la parte actora el ochenta por ciento ( 80%) y a la parte demandada el veinte por ciento ( 20%); y modificar la regulación de honorarios profesionales de la 1° instancia de la siguiente manera: el dieciocho por ciento ( 18%) a la apoderada de la parte demandada y el veintiún por ciento ( 21%) al apoderado de la parte actora, en ambos casos en doble carácter y sobre el monto que resulte de la sentencia ( art. art. 184, 185, 186 y conc. ley 2150 y Ley Prov. N° 56-O).- II) Imponer las costas de la 2° instancia en un sesenta por ciento (60%)a la parte demandada y en un cuarenta por ciento (40%) a la parte actora y regular los honorarios profesionales de la siguiente manera: los de la apoderada de la demandada en el treinta y cinco por ciento( 35%), y los del apoderado del actor en el cuarenta por ciento ( 40%), en ambos casos en doble carácter y de los regulados en la primera instancia ( art. 21 Ley Prov N° 56 -O).- III) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.- IV) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.