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Contrato de obra pública, mayores costos, prueba, carga de la prueba, sistema contractual de reajuste
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vialco S.A.C.I.C. y otra c/ D.N.V. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-21

Un contrato de obra pública constituye un vínculo habitualmente prolongado entre partes, donde los elementos que determinan el precio evolucionan en cuanto a la moneda tomada como nomenclador común; cuanto más si la economía sufre bruscas alteraciones o los efectos permanentes de la inflación. Como la administración paga en dinero efectivo es menester acordar de antemano sistemas, más o menos complejos según la índole de los trabajos, que permitan actualizar la contraprestación debida por la comitente y acercarla lo más posible a la inversión producida por el ejecutor de la obra. Acordado en el contrato un método de reajuste, para que pueda apartarse el contratista y obtener de su cocontratante un reconocimiento distinto de la variación habida en sus costos, es menester que demuestre sin lugar a dudas que debió realizar ese esfuerzo económico no previsto. De otro modo, lo pactado al celebrar el contrato -métodos prácticos que permiten rápidas liquidaciones e impiden innumerables discusiones y pruebas puntuales por parte del ejecutor de la obra- se convertiría en letra muerta.
Acción cambiaria, pagaré, inhabilidad de título, sentencia, ejecución de sentencia, fundamentos suficientes
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GIANNONE, JORGE A. c/ RINALDI, GUSTAVO S. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-11-03

Si la falsedad invocada no está referida a la autoría del acto cambiario sino que está centrada en el texto de dicho acto en sí (el demandado interpuso las excepciones de inhabilidad de título y falsedad material autorizadas en el artículo 475 inciso 2 C.P.C., con fundamento en la adulteración de la fecha de libramiento con posterioridad a su firma), la solución del A quo - que ordenó llevar adelante la ejecución- no implica violación del principio de congruencia por apartamiento de los términos en base a los cuales quedó trabado el litigio ni exceso en las facultades resolutorias por indebida incorporación del artículo 88 de la ley cambiaria, pues dicha disposición regula precisamente "los efectos de las alteraciones" apartándose de la opinión de Vivante y de la solución del artículo 211 del Código de Comercio, de lo que resulta sea errado endilgarle a la Cámara haber despachado la ejecución sobre la base de la "habilidad remanente de un título" porque la alteración probada no privó a dicho título de su habilidad cambiaria. (De la Ampliación de Fundamentos de la Dra. De Cesaris)
Regulación de honorarios, prescripción bienal
Materia: PROCESAL
Carátula: H., J. C. s/ recurso extraordinario de inaplicab. de ley en autos: expte. nº 05/01 - H., J. C. s/regulación de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-08-15

Prescribe a los dos años la acción para solicitar regulación de honorarios, sin que corresponda distinguir entre créditos reclamados al cliente o al vencido en costas, pues el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil se aplica sólo a los honorarios regulados, en tanto parte accesoria de la sentencia.
Sociedades comerciales, intervención judicial, veedor judicial, procedencia del recurso, medidas cautelares, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Verónica Inés c/ La Tradición SCA y otros s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-30

Procede habilitar una medida cautelar pero en grado de veeduría solicitada por el actor, ya que aún no se observa peligro serio patrimonial de la sociedad. Ello así, por cuanto, en el caso, la sociedad se habría resistido a brindar la información requerida por la accionista minoritaria. Véase que la accionante solicitó al administrador copia certificada de los libros sociales y de los estados contables de los últimos cinco años; envió cartas documento solicitando que, si alguna persona actuó en una asamblea en su nombre, le exhiban la documentación que sustente tal representación; y solicitó la convocatoria de asamblea para tratar la remoción de administradores y síndicos, como así también la promoción de eventuales acciones de responsabilidad y dichos reclamos no habrían tenido ningún tipo de respuesta por parte de los órganos de administración y fiscalización. Si bien no hay duda que es la sociedad el bien principalmente tutelado por el instituto de la intervención judicial, también es cierto que la ley ampara los intereses individuales de los socios y, eventualmente, de terceros (v. esta Sala, "Rolla, Beatriz Teresa y otros c/ Calzados Royal SRL s/ Medida Precautoria S/ Incidente Art 250", del 30/09/15). Y, en la especie, la actora no logró demostrar que el ente social se encuentre en peligro cierto; mas el escenario descripto conduce a considerar sumariamente justificados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora invocados en cuanto a las dificultades para ejercer sus derechos permitiendo habilitar, por el momento, el nombramiento de un interventor informante con sujeción a lo previsto por el CPR 225-2°. Dicha medida aparece adecuada pues no implica una intromisión desmedida en los órganos de la demandada, mientras que, por el contrario, permite fiscalizar el curso de los negocios del ente, evitando de esa manera que se deteriore injustificadamente su patrimonio, tornando ilusoria cualquier sentencia posterior.
Presunción de contrato de trabajo, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Cassi, Marta Noemí c/ Moraga, Narciso s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-08-02

Confirmada la presunción, la consecuencia sobreviniente es la aplicación del ordenamiento jurídico laboral, es decir, la normativa del derecho del trabajo.
Jueces, nombramiento, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Poder Ejecutivo de la Provincia y Consejo de la Magistratura s/ Solicitud pronunciamiento-Concurso Juez del Tercer Juzgado Correccional del a Primera Circunscripción Judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2003-12-23

Sostener que la palabra "terna" permite enviar un listado con menos personas (incluso una sola) violenta la letra del art.150 de la Constitución de la Provincia que dispone que los jueces de los tribunales inferiores y los representantes del ministerio público serán propuestos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y designados por éste con acuerdo del Senado. Si el Consejo pudiese imponer al P.E. una lista de un solo candidato, en realidad estaría desginando y no sólo proponiendo siendo que el constituyente no eliminó sino que limitó la facultad del P.E.
Ejecución de la pena, libertad asistida, sistema acusatorio, vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Navarro, Héctor Andrés s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-09

Si, previo a expedirse respecto de la vista que le fuera conferida, el fiscal solicitó al órgano jurisdiccional requiera a la unidad de detención la actualización de la totalidad de los informes tendientes a obtener un panorama más certero respecto a la situación procesal del condenado, sin pronunciarse sobre la viabilidad del beneficio solicitado, cuestión que constituia el fondo de la cuestión, corresponde anular la decisión que de todas maneras resolvió denegar la libertad condicional. (Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos).
Derecho comercial, concursos, deliberación del acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, acreedores del concurso, AFIP, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Cooperativa de Trabajo El Escorial Ltda.  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-09

La exclusión del voto de la Administración Fiscal de Ingresos Público significaría una abrogación de la ley, pues condicionaría la participación de dicho acreedor a la exclusiva voluntad del concursado, quien lo eliminaría del elenco de los votantes con solo no categorizar especialmente al respectivo crédito fiscal (CNCom, Sala D, in re "Tecnología Avanzada de Transporte SA s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación art. 250 promovido por Administración Federal de Ingresos Públicos art. 250", del 14/12/17, entre otros).

A la vez, ello importaría incumplimiento de las previsiones de la LCQ 45, que requiere considerar la suma "total" de los créditos verificados y declarados admisibles. En definitiva, conduciría en la práctica a conculcar el derecho "más legítimo" reconocido en favor del acreedor concurrente, cual es, otorgar o no su conformidad a la propuesta de su deudor (CNCom, Sala A in re "EPSA Electrical Products SAIyC s/ concurso preventivo", del 08/03/12), extremo que no puede convalidarse.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, cosa juzgada, consorcio de propietarios, responsabilidad del consorcio
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: AGUILAR, ENRIQUE Y OTROS c/ AVALIS, ROSALIA Y/O U. 68 P. 11-03 SAN LORENZO 1381/85 s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 398 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Corresponde rechazar la queja desde que las motivaciones de la Alzada no logran ser rebatidas por la recurrente, quien se limita a poner de resalto su particular criterio según el cual habría identidad "jurídica" de sujetos, e identidad de objeto y causa, además de cosa juzgada por conexidad, alegaciones que carecen en absoluto de contenido constitucional y de idoneidad para franquear la instancia de excepción, pues constituyen una reiteración de cuestiones ya esgrimidas ante los tribunales ordinarios, que han recibido una respuesta jurisdiccional que en modo alguno puede tildarse de irracional, grosera o absurda.

En tal sentido, corresponde recordar que, al resolver, la Sala rechazó la excepción de cosa juzgada, por entender que no existía identidad -de sujetos, objeto y causa- entre la pretensión que originariamente se había dirigido contra el Consorcio de copropietarios y la acción que en el "sub lite" se intentaba contra la consorcista ahora demandada.

Para decidir de tal manera, el Tribunal se apoyó en un meduloso análisis fáctico y jurídico, advirtiendo que los consorcistas no habían sido parte -ni tampoco condenados- en el juicio principal y conexos seguidos únicamente contra el Consorcio de propietarios por el pago de una deuda consorcial y sobre la base de la responsabilidad direct a del ente por daños y perjuicios que sufriera el actor.

Y ello, según señaló, es diferente de la situación de autos, en donde se invocó la responsabilidad subsidiaria de los consorcistas por las deudas del Consorcio, atento la carencia o insuficiencia manifiesta de los bienes de éste para hacer frente a la condena, promoviéndose el presente juicio declarativo a fin de obtener el cobro de la parte proporcional de la deuda de la persona jurídica y en proporción al valor de su unidad, preservando de esta manera su derecho de defensa.
Derechos de los agentes de la administración pública, funcionarios públicos, moral y buenas costumbres
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., F. S. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-04-19

La jurisprudencia de este Superior Tribunal tiene dicho que: "El problema de los deberes del empleado y funcionario público, y, en particular, el deber de dignidad de su conducta y la circunspección en el ejercicio de la función o empleo es un deber fundamental. La dignidad de la conducta del agente público, su comportamiento irreprensible, no puede ser subestimados, so pena de disminuir el decoro de la administración pública. Se trata de una obligación de carácter moral cuyo incumplimiento lesiona grandemente el interés público. Este deber es tanto más exigible cuanto más alto es el grado del funcionario o empleado en la escala de la jerarquía".
Libertad condicional, calificación de conducta del interno
Materia: PENAL
Carátula: DOTRO, Carlos s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-24

Debe concederse la libertad condicional, por cuanto en primer lugar, el condenado cumplió en detención el tiempo que prevé el art. 13 del Cód. Penal y se halla calificado con conducta y concepto buenos por parte de las autoridades del Instituto donde se aloja, y en segundo lugar, por cuanto, si bien registra sanciones, el tiempo de que datan permiten vislumbrar un nuevo sentido positivo de adaptación al régimen carcelario.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-LABORAL
Carátula: Gravina, Oscar Felipe c/ Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado s/ Recurso de inconstitucionalidad-Indemnización art. 212, párrafo 4to.  Ley de contrato de trabajo (Expte. C.S.J. Nro. 542 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-29

Corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto cuando la interpretación que de las disposiciones legales aplicables efectuó la Sala convierte al decisorio impugnado en arbitrario, descalificándolo desde una óptica constitucional. En el caso, de la lectura de la sentencia enjuiciada, se advierte que el tribunal a quo, sin entrar en el debate acerca de la normativa vigente al tiempo del hecho generador del beneficio reclamado -al que consideró estéril-, entendió que la percepción por parte del actor del subsidio por incapacidad previsto en la ley 9816, excluye la posibilidad de reclamar la indemnización prevista en el artículo 212 párrafo 4 de la L.C.T. La confusión de la Sala en la presente cuestión radica en considerar que se trata de dos prestaciones que, reconociendo idéntica causa y siendo de la misma naturaleza, deben ser afrontadas en definitiva por el mismo empleador, sin reparar en que los beneficios que atiende la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado (art. 11, ley 9816 -entre las cuales se encuentra el que percibió el actor, arts. 23/28-) como administradora del seguro mutual se financian exclusivamente con el aporte mensual de sus afiliados, por lo que nada tiene que afrontar la Caja de su propio patrimonio (artículo 53 ley cit.). En cambio, la indemnización reclamada -si correspondiera- sí estaría a cargo de la Caja, en su calidad de empleadora. A ello cabe agregar que el actor, como personal de la Caja, era afiliado obligatorio (artículo 2 inc. 1 a), por lo que no puede sostenerse, como lo hace el A quo, que ante el hecho generador del beneficio se sometió libre, espontánea y voluntariamente al régimen de la ley 9816, con las consecuencias que a ello le imputa. Si, a su vez, la indemnización prevista en el apartado 4 del artículo 212 L.C.T. -pretendida- es compatible y se acumula a las prestaciones del sistema previsional (párrafo 5 del citado artículo) y la ley 9816 no contiene ninguna norma que excluya la posibilidad de percepción de otros beneficios previsionales o indemnizatorios en caso de haberse cobrado el seguro mutual, no se advierte razón alguna para adoptar un criterio de interpretación restrictivo carente de apoyatura legal.
Nulidad relativa, menores, poder, carácter alimentario, beneficios previsionales
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Junk, Carlota Ofner y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-13

En el campo de la seguridad social los requisitos formales no deben ser exigidos con rigor extremado, debiendo atenderse al objeto material específico, cual es el de cubrir riesgos de subsistencia y de ancianidad, cuyo principio informante es el de la protección de los sujetos comprendidos en su ámbito personal de aplicación, lo que impone analizar las normas procesales bajo ese tamiz, so pena de frustrar derechos de jerarquía superior. En tal caso, cabe traer a colación que nuestro Superior Tribunal tiene dicho que: ".Los jueces deben actuar con suma cautela cuando deciden cuestiones que conducen a la denegación de prestaciones de carácter alimentario, pues en la interpretación de las leyes previsionales el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desnaturalizar los fines que la inspiran" (cfr. sent. del 25.11.97, "Casares, María del Rosario").
Defensa del consumidor, contratos de adhesión, cláusulas predispuestas, obligaciones en moneda extranjera, compraventa inmobiliaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: García Alejandra Del Carmen, Viñuales Ana Inés, García Francisco y García Paula Carolina c/ Archvil S.A. y Luci Daniel s/ especiales (residual)
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2019-04-25

Debe tenerse por no escrita la cláusula del contrato de compraventa de lote y de acciones que, con el conocido cepo cambiario, torna excesivamente onerosa la obligación para el comprador. Surge una evidente restricción de derechos en perjuicio del consumidor, al transferirle la totalidad de los riesgos de la conversión de la moneda de pago y los de la fluctuación de su precio, y además imponerle la expresa renuncia a los beneficios de la teoría de la imprevisión o a invocar la lesión enorme, ya que se trata de contratos de consumo con cláusulas predispuestas, donde al ser el consumidor el contratante débil, su margen de libertad se ha visto notablemente reducido, limitándose a decidir únicamente si habrá de contratar o no, lo que es típico en estas figuras contractuales.
Declaración indagatoria, videoconferencias, detención en el extranjero, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre Cardona, R. R. c/  s/ medida
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-15

Debe ser revocada la sentencia que denegó el pedido efectuado por la defensa del imputado para llevar a cabo la declaración indagatoria por videoconferencia, dado que en una materia tan delicada como es la defensa en sede penal, los juzgadores están legalmente obligados a proveer lo necesario para que no se produzcan situaciones de indefensión, máxime en atención al encarcelamiento preventivo que el imputado viene sufriendo en el extranjero.
Fianza, obligaciones accesorias, codeudor solidario, interpretación de la ley, doctrina, fiador
Materia: CIVIL
Carátula: D., J. C. c/ EMPREDIMIENTOS BARILOCHE y Otros (CUMPL. CONTRATO Y COBRO PESOS) s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-11-19

No desconozco que el texto del artículo 2005 ha recibido variada y disímil interpretación en la doctrina nacional. Al efecto, basta la sola lectura de los distintos tratados de derecho civil y/o Códigos Civiles comentados, donde se han sustentado diversas tésis, en las que, mientras algunos afirman que en el caso de la norma no hay fianza, como propone la actora (ver Lorenzetti; Bueres y Mayo; Lafaille; Moglia Claps), otros, por el contrario, sostienen que sigue habiendo fianza (Anaya y Trigo Represas; Fresneda, Heborraz y Hernández; Ghersi y Weingarten; Nicolau; Zago, entre otros.).

Al respecto, adelanto mi postura a favor del criterio que postula aplicar al principal pagador los efectos de la fianza, la que respeta, además, la voluntad histórica del Codificador manifestada en la nota al artículo 2004 donde expresa que: "La fianza no es sino una obligación accesoria, y debe guardar siempre este carácter esencial, cualesquiera que sean las modificaciones y las cláusulas más o menos rigurosas, bajo las cuales se ha constituido".
Recurso de apelación (procesal), deserción, prueba, hecho notorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MOLINA DE ZAPATA NELIDA Y. c/ ANGEL G. OLMEDO s/ Ordinario (LIBRO: A130 - 001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-10-07

Dice Hernando Devis Echandía que lo importante es que el Juez conozca o pueda conocer esa general o especial divulgación de la certeza del hecho, bien sea por conocimiento personal, por investigación propia o por la prueba aducida por las partes.-
Auto de procesamiento, derecho al recurso
Materia: PENAL
Carátula: Arevchatian, Gaguik s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Si bien el auto de procesamiento no sería recurrible en los términos del art. 457 CPPN, corresponde declarar la admisibilidad del recurso de casación a fin de garantizar al imputado el legítimo derecho al recurso y teniendo en consideración que nuestro sistema de enjuiciamiento penal no prevé otro medio de impugnación que el recurso de revisión de tales resoluciones. Los votos concurrentes agregaron que se encuentra en juego la garantía del doble conforme y que se trata de un acto jurisdiccional provisorio, intermedio e importante, a través del cual se circunscribe el objeto procesal de la causa, pronunciamiento que es desfavorable al imputado y que se vio privado de cuestionarlo, especialmente cuando el procesamiento fue dictado por la alzada. (Dres. Hornos, González Palazzo -voto concurrente- y Borinsky -voto concurrente-).
Lucro cesante, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro, Mario y otro c/ Andrade, Luis y otros s/ Cobro de pesos-Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-11-11

Si el actor reclama una indemnización en concepto de lucro cesante actual y futuro, es decir las ganancias dejadas de percibir, necesariamente deberá probar ese beneficio en concreto. La certeza o realidad del daño atañe no solo a su existencia, sino también a su composición. Es decir, el resarcimiento del daño supone que se conozca que éste existe, pero cómo existe, ya que el ser no puede ser divorciado de su sustancia.
Honorarios del abogado, IVA
Materia: PROCESAL
Carátula: Gallardo, Juan Carlos c/ Telecom Argentina Stet France Telecom S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1996-02-09

Corresponde obligar a la parte condenada en costas a que adicione al pago de los honorarios regulados al profesional que actuó en juicio por su contraria, el importe correspondiente al impuesto al valor agregado que recae sobre tales emolumentos. Tratándose el profesional apelante de responsable inscripto al impuesto al valor agregado, éste gravamen ha sido considerado por el legislador como un impuesto indirecto al consumo esencialmente trasladable.
Contrabando, contrabando de pieles, control aduanero, ardid, transgresión al régimen de equipaje o pacotilla
Materia: PENAL-ADUANERO-TRIBUTARIO
Carátula: OBILETS, TATYANA-TITOVITCH, OLGA. s/ Contrabando, incidente de apelación del auto de procesamiento sin prisión preventiva.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-08

Resulta relevante a los fines de determinar la entidad del medio utilizado para eludir el control aduanero en los términos del Art. 863, el hecho que la mercadería se encontrase distribuida en el equipaje, despachado y de mano, de las imputadas y habría sido detectado por el personal aduanero mientras se efectuaba un control de rutina con máquina de rayos x, y teniendo en cuenta que en el contrabando el sujeto debe desplegar una conducta reprobable y peligrosa para el bien jurídico, para el caso en que no se haya obrado arteramente como lo exige la ley sólo podrá entenderse configurada una infracción al régimen de equipaje, debiendo recordarse que la acción, para ser punible, debe tener cierta entidad como para dificultar o impedir el control del servicio aduanero, e idoneidad para cambiar el tratamiento aduanero o fiscal que correspondiere a la mercadería (Cf. Sala B, Reg. 750/02). (Del voto de los Dres. Hornos y Pizzatelli).-