Juicio correccional, homicidio culposo, pena de inhabilitación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Carrizo, Juan Andrés s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en Expte. Nº 99/10: Carrizo, Juan Andrés - s.a. Homicidio Culposo, Loc. Chumbicha, Dpto. Capayán
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-20

El Juzgado Correccional de Primera Nominación resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba y no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la defensa del imputado.

Contra el decisorio aludido, el defensor del imputado interpone recurso de casación por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Son numerosos los casos en los que esta Corte de Justicia se expidió respecto del valor de la prohibición de suspender el juicio a prueba en el caso de delitos conminados con pena de inhabilitación.

Esa interpretación es compatible con la del fallo dictado en el caso "Gregorchuk" (G.663.XXXVI del 3/12/02 (Fallos 325:3229 ), en el que la Corte federal destacó lo siguiente: "La imposibilidad de acceder al beneficio de la suspensión del proceso a prueba para aquellos delitos cuya pena prevea la de inhabilitación (art. 76 bis in fine del Código Penal) surge de manera inequívoca de la intención del legislador.

En efecto, el miembro informante del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, diputado Antonio M. Hernández, señaló que "en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado, para adoptar prevenciones al respecto" lo que importa continuar el juicio hasta una sentencia definitiva que pruebe adecuadamente la conducta del imputado y que permita adoptar las sanciones que correspondan según el caso (ver Antecedentes Parlamentarios, La Ley, 1995)", doctrina que, según este Tribunal, se encuentra plenamente vigente y debe ser aplicada en el caso, como criterio rector actual y último del Máximo tribunal sobre la materia".

"Y esa doctrina no ha sido modificada por fallo posterior del Máximo Tribunal y, por ello, en la resolución impugnada esta Corte rechazó la pretensión del recurrente fundada en la interpretación según la cual, en el fallo "Norverto", con la remisión que hace a lo resuelto en la causa "Acosta "(Fallos:331:858), la Corte federal había cambiado su postura sobre la cuestión y considerado procedente la suspensión del juicio en los procesos por delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Dijimos entonces que dado que en el referido fallo "Acosta" la Corte sólo había modificado la interpretación del plenario "Kosuta" con relación a la pena privativa de la libertad, sin referirse a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, su doctrina no guarda relación con el agravio que se invocaba sobre dicha cuestión. Es que, como surge del considerando 7º, en dicho fallo la Corte federal sólo había declarado como irrazonable la interpretación que del art. 76 bis del Código Penal había hecho el a quo, dando preeminencia a los dos primeros párrafos, dejaba inoperante la disposición contenida en el 4º párrafo del mismo artículo. Por ello, de lo resuelto en "Norverto" con remisión a "Acosta" no cabe sino inferir que también en "Norverto" juzgó la Corte que se había verificado la exégesis irrazonable de las normas mencionadas -referidas a la pena de prisión- que antes había constatado en "Acosta" y, por ello, como en ésta causa, admitió la queja deducida en "Norverto" y, como consecuencia, dejó sin efecto la resolución recurrida y ordenó que se dictara un nuevo pronunciamiento, sin que en los reseñados términos de dicha resolución encuentre quicio adecuado la interpretación que propone el recurrente, en tanto esa decisión del Máximo Tribunal no equivale a decir que haya considerado procedente la suspensión del juicio si el delito está reprimido con pena de inhabilitación".

Sostengo que no puede alegarse que esa interpretación violente la obligatoriedad que los fallos de la Corte Federal tienen para los tribunales inferiores ni que la cuestionada decisión del a quo aparezca como arbitraria, toda vez que lo decidido se sustenta en el impedimento legal para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, previsto expresa e inequívocamente en el último párrafo del art. 76 bis del Código Penal y conforme lo tiene dicho nuestro Alto Tribunal, la interpretación de una norma no es arbitraria si no excede el marco de posibilidades que ella brinda (304:1826; 310:896).

Al respecto, el Alto Tribunal ha dicho que sus pronunciamientos tienen el deber moral de ser seguidos por los demás jueces ("Pastorino", Fallos: 25:368) y, más aún, que sus sentencias cuentan con autoridad institucional (Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 219:59, y "Cía. Swift", Fallos: 212:60), de modo que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia ("Cerámica San Lorenzo", La Ley, 1986-A-178)".

Así las cosas, y atento no surgir de los términos de la Corte Suprema una interpretación que condicione el criterio adoptado por este Superior Tribunal, concluyo que la limitación establecida en el último párrafo del art. 76 bis del C.P. autoriza a decidir la no procedencia de la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos que tengan prevista pena de inhabilitación.

Por ello, corresponde rechazar el Recurso de Casación interpuesto.