Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2009-06-01


Viedma, junio 1 de 2009.

El doctor Lutz dijo:

1. Antecedentes de la causa:

1.1. Mediante Sentencia Nº 102, del 23 de septiembre de 2008, la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca resolvió -en lo pertinente- condenar a Adolfo Aravena a la pena de ocho años de prisión, por ser autor del delito de homicidio simple (arts. 29 y 79 C.P.).

1.2. Contra lo decidido, la defensa dedujo recurso de casación, que fue declarado admisible por el a quo.

2. Agravios del casacionista:

El casacionista sostiene que la sentencia no cumple los arts. 18, 75 ss. y ccdtes. de la Constitución Nacional; 19 y ccdtes. de la Constitución de Río Negro, y 1, 2, 3, 4 y ccdtes. del Código Procesal Penal, así como tampoco observa los tratados internacionales con rango constitucional ni la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal. En este sentido, dice que la valoración de los hechos y de la prueba por parte del juzgador es absurda. Así, alega la ausencia de valoración del gran porte físico de la víctima, su juventud, su agresividad y el ademán que hizo como para sacar un cuchillo, todo lo que permite advertir la necesidad racional del medio empleado por el imputado para defenderse. Insiste en que se trata de un supuesto de legítima defensa y en que los hechos acreditados no pueden ser subsumidos en un homicidio simple, pues la causa de la muerte de la víctima fue una sepsis, de modo tal que, ante la ausencia de la autopsia respectiva, permanece la duda en cuanto a la razón de tal resultado. Menciona en este sentido la sobrevivencia de Luis Antonio Garay varios días después de la puñalada y el informe del médico forense en donde refiere que el germen que provocó la sepsis pudo haber sido introducido por el arma agresora. Afirma que de tal modo no se descarta la existencia de una concausa, y que del expediente no surge prueba alguna que permita descartar que la muerte se haya debido a una mala praxis médica. Agrega que su pupilo actuó en un estado de emoción violenta excusable (art. 81 inc. 1º C.P.).

3. Hechos reprochados:

Se le reprocha a Adolfo Aravena haber mantenido una discusión con Luis Antonio Garay el día 29 de abril de 2007, en el buffet que funcionaba en el predio denominado "Gauchos Libres", a raíz de lo cual lo habría lesionado en la zona del tórax con un cuchillo que portaba, por lo que la víctima quedó tendida en el piso. Allí fue asistida por personal de Salud Pública e internada en un nosocomio. Posteriormente, a raíz de la herida causada, Garay fue trasladado al Hospital Zonal de General Roca, donde falleció el día 6 de mayo, producto de las lesiones sufridas. 4. Agravios esgrimidos: Como fue reseñado, ante la sentencia condenatoria la defensa expone los siguientes agravios: i) el imputado obró en el marco de una legítima defensa; ii) de modo subsidiario, obró con error en cuanto a la existencia de tal situación; iii) el imputado actuó en un estado de emoción violenta, y iv) no se encuentra acreditado que la muerte de la víctima tuviera por causa la herida provocada por el imputado.

5. Doctrina legal que rige el caso: En la Se. 27/09, este Superior Tribunal sostuvo:

"1º) Las resoluciones del a quo deben dar estricto cumplimiento a la motivación exigida por los arts. 98, 374, 375 y ccdtes. del CPP, art. 200 de la Constitución Provincial y art. 18 de la Constitución Nacional.

"2º) El recurso de casación 'se viste de las notas de los recursos ordinarios' (conf. Morello y González Campaña -v. Se. 135/08 STJRNSP-).

"3º) Las impugnaciones del recurso de casación deberán contener la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas, indicando la declaración que pretende del Tribunal sobre los puntos debatidos; como asimismo, la refutación en forma concreta y razonada de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión recurrida en relación con las cuestiones que se hayan planteado (conf. arts. 418 y 433 del CPP; también ver Acordada 4/07 de la CSJN).

"4º) La habilitación de la instancia de casación requiere la presentación plausible de agravios que objetiva y razonablemente señalen un error de la decisión que, de ser cierto, conduzca a la eliminación total o parcial de la resolución.

"5º) Los agravios carentes de fundamentación concreta y razonada permiten al Superior Tribunal de Justicia mencionar esta circunstancia, fundarse en ella y remitirse a los correspondientes argumentos del fallo de la anterior instancia o del dictamen del Procurador General del de la Provincia (art. 215 y ss C.P., Ley K 4199) indicando la cuestión y su conclusión que tienen plena eficacia ante los agravios del recurrente que resultan insuficientes para refutarlos.

"6º) Las presentaciones de las partes deben procurar ser breves, claras y sustanciosas. De igual modo tienen que dar respuesta las resoluciones del Tribunal, al decir de Luis Paulino Mora, Presidente de la Excma. C.S.J.C.R., los fallos de los jueces son para resolver, no para competir con la cátedra".

En consecuencia, luego de una revisión integral de la sentencia, respecto de los agravios individualizados como i), ii) y iii) me remito a lo sostenido por el sentenciante en el tratamiento de la segunda cuestión que se propone en la deliberación -delito que se configura-, específicamente en los subpuntos 3.a), 3.b), 4, 5 y 6 (ver fs. 294/297), en tanto en el recurso de casación no se presenta una crítica concreta y razonada de las consideraciones expuestas.

7. La realización del riesgo en el resultado. Doctrina legal:- Resta el último agravio, según el cual la defensa niega que la causa de la muerte de la víctima haya sido la herida provocada por el arma blanca del imputado, sino una sepsis -en la que no descarta una mala praxis médica-. En este sentido, señala la sobrevivencia de Luis Antonio Garay por varios días después de la puñalada y el fragmento del informe del médico forense donde dice que el germen que provocó la sepsis pudo haber sido introducido por el arma agresora, lo que impide tener certeza de ello.

Se tiene por acreditado que el imputado le produjo a Garay una herida por arma blanca en cara anterior del tórax, con sección del cartílago esterno-costal en la sexta y séptima costillas, lesión cardiaca a nivel del ventrículo izquierdo y síndrome de distress respiratorio con asistencia respiratoria mecánica al momento del examen. La lesión fue provocada por un elemento punzo-cortante y se consideró grave pues puso en peligro real la vida del nombrado, quien murió el día 6 de mayo, con diagnóstico de sepsis (infección generalizada) post-operatoria.

Lo anterior surge del informe del médico legal de fs. 18, y el certificado médico de defunción de fs. 28 aclara que la causa de defunción es una sepsis, cuya causa antecedente -esto es la causa básica que produjo la anterior- es una herida de arma blanca. A fs. 116/118 consta la hoja de interconsulta del Hospital Área Programática Allen, el protocolo anestesiológico y el protocolo quirúrgico. Conforme lo que surge de fs. 121, el mismo día 30/04/07 el herido fue trasladado al Hospital Área Programa General Roca e internado en la Unidad de Terapia Intensiva. En las anotaciones respecto de su evolución, se deja constancia de la advertencia de una sepsis, con un mal pronóstico (ver fs. 122 vta.) y -entre otras medidas, vg. TAC de tórax para evaluar infección mediastinal- también consta la utilización de antibióticos desde dicho traslado y que la víctima debió ser sometida a una segunda intervención en su ingreso al Hospital de General Roca, por la detección de un sangrado activo. El paciente permaneció en una Unidad de Terapia Intensiva. En los puntos de peritaje, el médico forense concluye que la sepsis -infección generalizada- post-operatoria fue la causa de la muerte de Luis Antonio Garay, lo que a su vez fue una complicación de las heridas recibidas. Agrega que al daño físico producido por la agresión (herida penetrante en tórax con lesión cardiaca) se sumó en el post-operatorio una sepsis (concausa sobreviniente) que finalmente lo llevó a la muerte (ver fs. 149 vta.). Por último, a fs. 150 señala que la herida en el corazón es grave y habitualmente lleva a la muerte, que gracias al tratamiento la víctima sobrevivió, y que en el post-operatorio se produjo una complicación relativamente habitual, como es la infección post-operatoria, que en tales casos es de mucha gravedad y lleva a una infección generalizada o sepsis. Refiere asimismo que existe una concatenación de hechos esperables entre la herida recibida y la muerte y que es lógico penar que el germen que causó finalmente la la sepsis pudo haber sido introducida por el arma agresora. Finalmente, sostiene que una necropsia no agregaría más información sobre la causa de la muerte.

De acuerdo con el precedente aplicable al caso (Se. 26/09 STJRNSP), este Cuerpo estableció:

"En primer lugar deben señalarse algunos aspectos básicos para determinar la responsabilidad penal de un resultado a consecuencia de un obrar culposo. Para ello puede consultarse con mayor extensión los precedentes del este Cuerpo en 'GUTIÉRREZ' (Se. 137/06 STJRNSP) y 'Kirilovsky' (Se. 94/08 STJRNSP). - "Aquí me limito a señalar lo siguiente:

i) La causalidad natural es un punto rudimentario de imputación -en el ámbito pretípico- y se rige por la teoría de la equivalencia de las condiciones o 'conditio sine qua non', por el que toda acción que no pueda ser mentalmente suprimida (hipotéticamente suprimida) sin que con ello desaparezca el resultado es causa. En consecuencia, lo es el impacto que con su vehículo el imputado realizó sobre la moto que circulaba delante, en razón del cual [... la víctima] recibió un traumatismo encéfalo-craneano. En este punto es irrelevante el tratamiento la doctrina de la interrupción del nexo causal "ii) Lo anterior es insuficiente para fundar el juicio de reproche. El juicio es de imputación y necesita de un segundo análisis restrictivo del primero, en el que lo que se intenta determinar es si el resultado está determinado por la violación normativa: '... si media una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado, también llamado por la doctrina conexión de antijuridicidad...' (Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal. Parte General, págs. 532/533). Para ello es necesario especificar cuál es la violación normativa o violación del deber de cuidado y realizar dos tipos de juicios: en concreto y en abstracto.

"iii) Por último, ligado a lo anterior, el caso y la argumentación de la defensa hacen necesario determinar si alguna conducta posterior a la infracción normativa del imputado incidió sobre el riesgo que éste creó de modo tal que el resultado no fue la realización del primero sino del segundo.

"El nexo de determinación -nexo normativo que une la violación del deber de cuidado y el resultado- 'no es otra cosa que la realización del riesgo no permitido en el resultado' (Rua, comentario al art. 84, en Código Penal, obra colectiva dirigida por Baigún y Zaffaroni, Tº 3, pág. 548), por lo que es necesario recurrir a un criterio de imputación objetiva, inescindible de lo fáctico y de la prueba (en el caso, la prueba pericial médica).

"En el supuesto que nos ocupa, el recurrente se agravia pues menciona un riesgo distinto del causado por su pupilo como realizador del resultado". "[...] Al respecto, es útil el 'holding' del precedente 'Kirilovsky' arriba citado, con fundamento en Manuel Cancio Meliá (Líneas Básicas de la Teoría de la imputación objetiva, págs. 149/154), de acuerdo con el cual sólo si el tercero dejara de realizar '... medidas esenciales y elementales de neutralización del riesgo inicial, no puede producirse imputación del resultado a la conducta del autor. (...) Lo mismo sucede respecto de aquellos casos en los que la conducta descuidada del tercero que actúa con posterioridad cumple con esas características: cuando el error médico, por ejemplo, se aparta del estándar de tratamiento, y se trata de un resultado evitable, el resultado ya no aparece como explicación de la lesión inicial (...) A la hora de establecer cuál es el horizonte de "medidas corrientes" o "esenciales" en el sentido aludido puede aparecer alguna dificultad. Puede apuntarse como criterio de determinación que las medidas en cuestión... en lo que se refiere al médico, formen parte de los conocimientos estándar conforme a la lex artis'.

"En '... casos de concurrencia de riesgos, ya sea que uno de ello incumba a la propia víctima (o a un tercero), habrá que determinar si efectivamente la conducta riesgosa del imputado se realizó en el resultado, debiendo determinar "la densidad de cada aporte" y cuánto riesgo creó cada uno. Si existen dudas respecto a si una conducta alternativa adecuada al deber habría impedido el resultado, faltará tal realización y la conducta resultará atípica' (Rúa, op cit., pág. 551).

"Así, Terragni (Autor, partícipe y víctima en el delito culposo, pág. 155), en su desarrollo de los criterios de imputación en casos de actuación plural, dice que en relación con la entidad de los aportes juegan -primero- criterios materiales; 'luego se abrirá paso a la valoración de ellos, pues sólo serán imputables, a título de autor, a quienes los arriman. Aquilatar los aportes constituye una labor impuesta por la misma estructura legal de la participación criminal; además de ser necesario para poder identificar al autor, que será el único sujeto punible en un suceso de este tipo. Es que en los delitos culposos de resultado, a fin de identificar las distintas formas de intervención, no es posible renunciar a una explicación ontológica del suceso'. "De tal modo, la llamada imputación objetiva es un conjunto de operaciones de interpretación y subsunción, puesto que el riesgo típico es ya la expresión del contenido de una norma y toda vez que se trata de reducciones teleológicas o restrictivas (para excluir como típico lo considerado irrelevante), en una normativización de las categorías de atribución en atención a reglas de conducta o reglas de imputación.

"[...] Aplicada tal argumentación dogmática a la pruebas del expediente cabe analizar: i) cuál fue la densidad del aporte del imputado, para determinar su riesgo; ii) si hubo un aporte distinto del personal médico de guardia, y iii) si este aporte distinto estuvo dado por la omisión de realización de medidas esenciales o por la incorrecta realización de dichas medidas, de modo tal que, de haberse realizado correctamente, el resultado no se habría producido".

En este orden de ideas, los agravios de la defensa contrarios a la conclusión condenatoria no pasan de ser una mera discrepancia subjetiva con lo decidido sin ningún sustento argumentativo ni vinculación con las constancias del expediente.

Así, no resulta contradicho que el imputado ocasionó una herida de arma blanca que produjo una lesión cardiaca a nivel de ventrículo izquierdo, por lo que la víctima fue intervenida quirúrgicamente dos veces y permaneció en terapia intensiva, siempre con riesgo para su vida.

Tanto de los informes periciales como de la documental agregada al expediente surge que una de las posibles advertencias médicas acerca de lo ocurrido es la aparición de infecciones, que intentan ser prevenidas o controladas mediante antibióticos -aunque esto no asegure por sí el éxito del cometido-.

En consecuencia, la parte recurrente no alega ni demuestra, ni tampoco se desprende de las constancias de la causa, cuál es el específico riesgo introducido por la atención médica al paciente (incluyendo en esto la omisión de realizar medidas esenciales precautorias), que permita interpretar que fue el que se realizó en el resultado, distinto del que introdujo el imputado.

Así, quien quiera escapar a las reglas de la normalidad -como se sostuvo en el precedente "Kirilovsky", Se. 94/08- deberá acreditar en el caso -atento al derecho establecido supra- que en el tratamiento médico en el hospital se dejaron de adoptar medidas esenciales y elementales de neutralización del riesgo inicial o que se realizaron actos elementales contrarios a la lex artis que supongan un nuevo riesgo que se realiza en el resultado, todo lo que resulta contrario a la prueba examinada 8. Conclusión:

Por las razones que anteceden, y realizado un análisis integral de la sentencia según los agravios deducidos, corresponde a una mejor administración de justicia negar la instancia del recurso por cuanto manifiestamente no puede prosperar, lo que observa las previsiones del art. 18 de la Constitución Nacional, que manda a terminar en el menor tiempo posible con la situación de incertidumbre que todo proceso penal abierto conlleva. En atención a lo expuesto, propongo al Acuerdo declarar formalmente inadmisible el recurso de casación deducido en las presentes actuaciones, con costas. Mi voto.

El doctor Sodero Nievas dijo:

Adhiero al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y voto en igual sentido.

El doctor Balladini dijo:

Atento a la coincidencia manifestada entre los señores Jueces que me preceden en orden de votación, me abstengo de emitir opinión (art. 39 L.O.).

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia resuelve: Primero: Declarar formalmente inadmisible el recurso de casación deducido a fs. 314/317 y vta. de autos por el doctor C. A. M. en representación de Adolfo Aravena, con costas, y, atento a su revisión integral, confirmar en todas sus partes la Sentencia Nº 102/08 de la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca. Segundo: Registrar, notificar y oportunamente devolver. - Luis Lutz .- Víctor H. Sodero Nievas.- Alberto I. Balladini.