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Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, imputado, prisión preventiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: JAEF, MARCELO BASILIO; PEREZ, LEANDRO DAVID; ALIAU, JUAN BAUTISTA; KURTSEMANN, LUIS MARIA Y ONETO, JORGE c/  s/ ESTAFA, ASOCIACION ILICITA, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-10-10

Corresponde desestimar el planteo referido a la existencia de una supuesta desimputación de la figura penal de asociación ilícita en función de no haber sido incluida en la nueva audiencia imputativa celebrada -lo cual implicaría la desincriminación de la atribución delictiva más grave de las que habrían justificado la confirmación de la imposición y prórroga de la prisión preventiva cuestionada-, dado que no demuestra la presentante su decisividad en relación a la resolución que critica; y el mismo representante del Ministerio Público de la Acusación expresó que la realización de una nueva audiencia para readecuar conductas o calificaciones de dos hechos delictivos no implica la desincriminación del tercero si a criterio de la Fiscalía el mismo se mantiene incólume, agregando que los plazos de investigación se encuentran plenamente vigentes respecto del delito de asociación ilícita y el encartado continúa imputado por tal accionar; sin que pase desapercibido que el actor penal ha presentado acusación por delitos de falsedad ideológica de instrumento público y lavado de activos agravado por realizar el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda, en concurso real y en carácter de coautor, por lo que los planteos de disminución de la pena en expectativa y consecuente atenuación de la peligrosidad procesal, tal como han sido formulados, resultan insuficientes para habilitar la vía intentada. Código Penal, artículos 293, 22 bis, 303, inciso 2 ap. a, 42, 45, 54 y 210
Accidentes de trabajo, carga de la prueba, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: GUTIERREZ LUIS HECTOR c/ GRAZIANI S.A. s/ ACCIDENTE (ART.1113 CODIGO CIVIL)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-05-11

Con respecto a la prueba al actor le incumbe acreditar la existencia del daño, la relación causal y la calidad de dueño. No le es necesario, en cambio, establecer la falta de autoría con respecto al hecho dañoso, pues ello es lo que se presume mientras no se pruebe lo contrario. La segunda parte del art.1113 Sienta el principio del riesgo creado que importa aceptar la responsabilidad con prescindencia de la subjetividad del agente y que la demostración del hecho de la cosa es presupuesto inexcusable de la responsabilidad. Es probado para que sea admisible la responsabilidad aludida y, si no se prueba, no hay responsabilidad. Por lo tanto, la víctima debe demostrar que el daño le ha sido causado por la acción de uno de esos tres factores, o sea probar que se encuentra con la cosa en relación causal adecuada.
Retiro policial, transferencia del régimen de jubilaciones y pensiones, reducción de la jubilación, Administración Nacional de la Seguridad Social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Molina, Honorio Hugo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social y Estado Provincial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-07

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la pretensión del actor - quien gozaba del beneficio de jubilación de retiro policial obligatorio, en los términos del artículo 14, incisos c) y ll) de la ley 4935 de la Provincia de La Rioja, liquidándose su haber en el equivalente al 100% móvil del grado comisiario general- cuestionando la decisión administrativa que incluyó su prestación en el Convenio de Tranferencia del Sistema de Previsión Social de dicha provincia al Estado Nacional y tras revisar el monto del beneficio lo redujo en razón de superar el haber máximo previsto para su categoría, pues no se advierte un exceso en la incumbencia revisora de la ANSES, puesto que se encuentra expresamente habilitada a auditar y verificar "en cualquier oportunidad", que los beneficios y el importe de las prestaciones se ajusten a la legislación aplicable en cada caso.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción de amparo, daño
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Volmaro, Silvana del Valle y otros s/ Mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1998-12-30

El Estado debe procurar o facilitar soluciones para quienes deben cargar sobre sus espaldas una problemática difícil de resolver, resultando el amparo el remedio encaminado a superar una lesión insuperable por todo otro medio previsto en la legislación, ante la presencia de un daño de carácter presente o de inminencia innegable.
Acto administrativo, Administración Pública, facultades discrecionales, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Díaz, Gustavo c/ Provincia de Córdoba s/ Acto administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-11

La organización de la estructura administrativa es materia reservada al poder administrador, sujeta a criterios de eficacia y razonabilidad y que, en principio, resulta ajena al control judicial, el que solamente podría ejercerse en casos de arbitrariedad, esto es, frente a la lesión de un derecho preexistente. A tal fin, bastaría demostrar la ilegalidad de la actuación de los órganos administrativos y la consiguiente lesión de los derechos fundamentales del agente.

El ejercicio de facultades discrecionales por parte de la administración pública no configura una potestad reconocida a su favor de manera irrestricta; el Estado de derecho no consiente atribuciones de tal naturaleza, sino que se hallan circunscriptas a la órbita más amplia de la juricidad, límite este que, si se excede, habilita la intervención del órgano jurisdiccional.
Tratados internacionales, jerarquía de los Tratados Internacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PFIZER INC. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-21

Un tratado internacional ratificado por nuestro país tiene, en las condiciones de su vigencia, jerarquía superior a las leyes (art. 75, inc. 22, Constitución Nacional).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de apelación (procesal), Poder Judicial, sistema informático
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G., L. G. c/ INSTITUTO AUTARQUICO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL (IAPOS) Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-04

En relación al primer agravio de la recurrente, que consiste esencialmente en criticar la validez que la mayoría de la Sala le otorgó al escrito de apelación, siendo que carecía de suscripción por parte del profesional, cabe destacar que a fin de sustentar esa decisión, los Sentenciantes señalaron que ante el contexto excepcional de la pandemia y la necesidad de implementar un sistema de gestión judicial por vía remota de manera intempestiva se impone una interpretación de los mecanismos dispuestos de manera amplia y en pos de asegurar del mejor modo el derecho de defensa de los justiciables; así, el recurso en cuestión quedó subsumido dentro de la previsión contenida en la resolución instrumentada mediante Acta N° 35, punto 4. VIII del 13.10.2020, ya que si bien no se instrumentó con firma digital ni ológrafa escaneada, sí pudo identificarse debidamente al autor, lo que resulta abonado por el ingreso del escrito mediante el SISFE, por intermedio de una clave de identificación individual del profesional; que dicho modo de identificación no requería la duplicación de los datos del autor tanto al encabezado como al final, resultando suficiente la primera identificación; y que tal forma de presentación de escritos no fue derogada por el Acta N° 46, que sólo tuvo como objeto disponer que a partir del 1.1.2021 se materializarían únicamente a través del sistema de autoconsulta online, haciendo cesar la posibilidad de remitirlas mediante correo electrónico; argumentos éstos frente a los cuales los cuestionamientos de la impugnante lucen más bien genéricos y globales, limitándose a reproducir los fundamentos que expresó el voto minoritario en su disidencia, pero sin lograr desmerecer desde una óptica constitucional la respuesta que con base en la referida Acordada brindó la mayoría del Tribunal para considerar al escrito de apelación como un acto procesal válido. - REFERENCIAS NORMATIVAS: CSJStaFe: Acta N° 35, punto 4. VIII del 13.10.2020; y Acta 46.
Facultades de la administración, facultades discrecionales, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferreiro, Lidia Cristina y otros y su acumulada B. 57.338 c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa González, Graciana Ester c/ Municipalidad de la Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29|1998-09-29

La expresión de las causas concretas que determinan la resolución resultan imprescindibles. Su exigibilidad es aún mayor en el ámbito del ejercicio de facultades discrecionales, ya que de lo contrario no sería posible examinar la legitimidad de los actos en sede judicial. La causa del acto administrativo son los antecedentes o circunstancias de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la autoridad administrativa para dictarlo. Es decir que, como elemento esencial del acto presenta dos facetas, una fáctica y otra jurídica que deben hallarse necesariamente relacionadas y existir al momento del dictado del acto para que éste resulte válido. (Minoría u opinión personal)
Propiedad horizontal, expensas comunes, obligaciones periódicas
Materia: CIVIL
Carátula: Cons. Prop. Guayaquil 294 c/ Cocozza, Eva s/ Cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-18

El crédito por expensas comunes es de carácter periódico y por ello independientes; por lo que no se pueden rechazar los pagos, en base a que se encuentran pendientes las anteriores. Cada uno resulta deuda distinta, con lo que no encuadran en la norma del art. 746 del Código Civil.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, desconocimiento de la relación laboral
Materia: LABORAL
Carátula: Rech, Juan Manuel c/ Propin S.R.L. s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-11-13

En la relación de trabajo el trabajador se inserta en una organización ajena; no participa de los riesgos del negocio o de la empresa en cuyo beneficio pone su fuerza de trabajo, pero tampoco forma parte de las ganancias del negocio; percibe una contraprestación por su actividad o puesta a disposición; el trabajo es efectuado única y principalmente en beneficio de otra persona, dentro de un horario determinado, es de cierta duración y tiene cierta continuidad; implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo; recibe una remuneración periódica; la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo, entre otras características que podrían mencionarse. Estos elementos que caracterizan la relación de trabajo, surgen - además de la normativa específica de la materia- de la Recomendación nº 198 de la OIT (2006).
Violación con fuerza o intimidación, lesiones, prueba, apreciación de la prueba, presunciones
Materia: PENAL
Carátula: ROSTON, Jorge s/ VIOLACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-08

No puede condenarse al procesado por el delito de violación, no obstante la existencia de lesiones en el cuerpo de la víctima y que ellas obedecieron a un forcejeo, dado que dichas huellas no son signos inequívocos ni característicos de un acceso carnal violento, ni puede atribuirse su autoría al imputado y la precipitada fuga del encausado es sólo un mero indicio indirecto de culpabilidad, que como tal no puede ser meritado en su contra.

Existe también déficit probatorio para acreditar el sometimiento violento de la agraviada y poder rechazar un acto violento, dado que ésta conocía al procesado y a su familia, teniéndose también en cuenta que es mayor de edad y casada, lo que supone experiencia sexual, siendo poco creíble que fuera dominada por un hombre solo y sin armas, en una casa rodeada de vecinos, donde sus demandas de auxilio hubieran sido escuchadas; por todo lo cual no puede deshecharse que se tratara de una 'vis grata puellis'. (Del voto del Dr. Mitchell al que se adhirió el Dr. Rivarola).
Honorarios del abogado, privilegios (civil)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Domínguez, José c/ Estimulo S.A. s/ Cobro de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-22

Determina el art. 590 C.P.C. que las costas de la ejecución tienen preferencia aun sobre el pago del ejecutante que en el caso ha sido totalmente desinteresado-, lo que impone como crédito que siempre tiene prioridad de cobro, frente a cualquier otro acreedor, el honorario devengado por el profesional que intervino en el juicio.

Concuerda también con la prohibición de transferencia o adjudicación de bienes de cualquier clase que fueren sin antes haberse pagado los honorarios (art. 20, ley 6716). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Responsabilidad de la provincia, responsabilidad de los establecimientos educacionales, negligencia, deber de obrar con prudencia, responsabilidad de los directores de establecimientos educacionales, accidente en establecimiento educacional, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: I. , P. J. y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2008-04-03

La culpa del deudor consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. La omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o para evitar un daño configura comportamiento culposo, se trata de cualquier clase de obligación (conf. causa Ac. 31.702, sent. del 22-XII-1987).

Por lo demás, no hay duda que la obligación de enseñanza conlleva el deber de seguridad que gravita sobre los funcionarios que la imparten, aun considerada como la obligación accesoria de tomar todas las razonables medidas de vigilancia necesarias para evitar a los alumnos los daños que las circunstancias hagan previsibles (conf. Ac. 45.606, sent. del 11-VIII-1992). En consecuencia, probado que la víctima del daño al momento de ocurrir el hecho se encontraba bajo el control y la responsabilidad de personal de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires y encontrándose probado en autos que el accidente ocurrió por la negligencia o imprudencia con la que se ha faltado al cumplimiento de la obligación de seguridad implícita en la de enseñar, la transgresión de la misma engendra el deber de reparar el perjuicio ocasionado (arts. 512 y 1109, C. Civ.; conf. Ac. 71.404, sent. del 27-IX-2000) (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso extraordinario federal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: M. M. P. s/ AMPARO s/ APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

La doctrina de la arbitrariedad de la sentencia ha sido paulatinamente elaborada a través de los precedentes de la CSJN., de tal modo que ha ampliado su instancia (normal u ordinaria: art. 14 de la Ley Nro. 48) para estos supuestos (excepcionales).

La referida excepcionalidad implica, obviamente, la necesaria restrictividad de su aplicación, todo un ámbito de excepcionalidad en el que se presente de modo manifiesto la violación de principios constitucionales de envergadura. ¿Cuáles son las cuestiones que puede revisar la CSJN. en esta instancia excepcional? Pues, todas aquéllas que en la instancia no puede efectuar, porque le están vedadas. Ellas incluyen cuestiones de hecho o de prueba y cuestiones regidas por el derecho común o local.
Régimen penal tributario, apropiación indebida de recursos de la seguridad social, pericia contable, revocación del auto de procesamiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: VAZQUEZ, ANGEL. s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación de la ampliación del procesamiento del imputado.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-05-26

Corresponde revocar la resolución que dispuso el procesamiento del imputado por el delito del Art. 9 de la ley 24769 por no ajustarse a lo previsto en el Art. 304 del CPP, toda vez que, habiendo indicado previamente esta Sala la necesidad de verificar el descargo de aquél en el sentido de no haber retenido los haberes, la nueva pericia contable practicada no sirve para determinar con claridad si es que se practicaron o no las retenciones, ya que parece estar circunscripta a verificar la disponibilidad de fondos en efectivo como si de ella dependiera la existencia de la retención, siendo que el hecho en sí que se trata de comprobar (que al pagarse la retribución de los trabajadores se retuvo parte del importe correspondiente para aportes de previsión social) supone un acto jurídico del cual los asientos contables pueden ser indicio probatorio con los alcances previstos en los Art. 63 y Art. 64 del Código de Comercio, pero su prueba depende, sustancialmente, del reconocimiento de ambos contratantes, empleador y empleado, y de los recibos u otros instrumentos que se hubieran sucripto en la ocasión.
Recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: JARNE DE GAYARDO NIEVES c/ ANGELA V. SALZANO s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A130 - 280)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-03

Dicha demanda tramita por las normas procesales de art. 245, que establece expresamente : En el proceso ejecutivo sólo es apelable la sentencia, ... y para el demandado cuando hubiera opuesto defensa.- Por lo expuesto la resolución apelada es inapelable para la demandada por la norma citada precedentemente.-
Empleados públicos, derechos y garantías constitucionales, tributos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Provincia de Misiones y Lewin Arcadio y otros. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley e  Inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2000-03-22

La determinación del Art. 2 de la Ley Provincial 3.201 en cuanto al sujeto pasivo del tributo, -empleados públicos de la Administración Pública Central- aparece como una clara discriminación arbitraria e irrazonable que vulnera los conceptos de igualdad en función de la capacidad tributaria y su generalidad en los términos del Art. 16 de la Constitución Nacional dado que se ha tratado en forma diferente a quienes se hallan en igualdad de circunstancias, como los empleados públicos municipales y los empleados del sector privado.
Lista de precandidatos, financiamiento de campaña electoral, Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

Si bien no ha habido ley en la CABA que disponga liquidar una provisión destinada a solventar las boletas de los precandidatos locales, está reconocido el derecho del elector a contar con los medios de emitir su voto, escogiendo dentro del universo de quienes se han postulado y cumplen las condiciones para participar en la elección, así como la aplicación de los principios rectores del Código Electoral que incluyen la igualdad del voto en los términos del art. 62 de la CCBA y 3 del CE. En elecciones no simultáneas, esto es, en aquellas en que el CE rige la totalidad del proceso, esa provisión está a cargo del estado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Recurso de casación penal, reformatio in pejus
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: COLOMBRAN, ADAN HUGO s/ REFORMATIO IN PEIUS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1971-12-14

En virtud de la ausencia de recurso acusatorio,no puede elevarse la pena impuesta al imputado recurrente; lo prohíbe el art. 478 C.P P.- Pero esa norma no impide las consideraciones necesarias para repeler la equivocada pretensión del quejoso, de que se le rebaje, aún más, la sanción que le impuso, por error, la Cámara en menor medida a la legalmente prevista para este caso.-
Acción de inconstitucionalidad, régimen tributario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Spisso, Rodolfo R. c/ GCBA s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

La confección de la política tributaria y el establecimiento de los distintos regímenes fiscales, de acuerdo con cada una de las actividades a los que se les aplican, es, básicamente, competencia del Poder Legislativo (arts. 80, inc, 2 y 81, inc. 9 CCBA). (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Horas extra, prueba
Materia: Procesal Laboral
Carátula: Ipuche, Andrés Angel y otro c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-04-20

Controvertida -como en el supuesto de autos- la realización de las tareas en tiempo suplementario, recae en el actor (empleado público) la carga de la prueba y ésta debe ser fehaciente, asertiva, no puede dejar dudas sobre el cumplimiento de las mismas, no alcanza para acreditarlas la presentación de planillas que no fueron controladas o visadas por la autoridad encargada de autorizarlas; asimismo, las testimoniales deben ser analizadas restrictivamente y en un marco probatorio más asertivo.
Sistema acusatorio, falta de vista previa, vista al fiscal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: "MEDINA, MATIAS AUGUSTO; DÍAZ, FERNANDO JUAN HORACIO; ALBARRACÍN, JHONATAN; DÍAZ CRISTIAN OMAR; GUILLÉN, CARLOS ALBERTO; GUARDA NÉSTOR FABIÁN s/ ASOCIACIÓN ILÍCITA", Expte. Nº 2870 (M-577/08/TSJ) s/ RECURSO DE CASACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2009-04-06

Nuestro sistema procesal no es un acusatorio puro sino un acusatorio mixto, como bien señala el nulisdicente, en razón que si bien resulta indispensable el impulso del ministerio público fiscal para determinados actos procesales, la investigación de los delitos queda en manos del juez de instrucción (art. 25 del Código Procesal Penal Provincial). En el sub examine, el preventivo policial es la "notitia criminis" que habilita al juez de instrucción para transmitir lo actuado al Sr. Agente Fiscal de primera instancia, según autoriza el art. 172 del Código Procesal Penal Provincial, quien puede formular requerimiento o desestimar la denuncia. La ausencia de tal intervención del Ministerio Público Fiscal en los arts. 172 y 187 del ritual no se encuentran expresamente sancionadas con la nulidad de lo actuado.

Las formas en el proceso penal contienen una lógica intrínseca, que respetan el principio de razón suficiente y tienen una finalidad trascendente; de manera tal que, la inobservancia de la forma en tanto no afecta el derecho o garantía comprometido no acarrea la invalidez del acto procesal, ni resulta declarable nulo por la sola nulidad misma.

Asimismo, para la conformación del acto procesal sólo deben observarse las formas expresamente previstas en la ley, no siendo procedente la invocación o agregado por las partes de requisitos no exigidos en la norma.