marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sanciones disciplinarias administrativas, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goitisolo, Pedro Daniel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Comprobada la trangresión, establecer su magnitud y el grado de la sanción correspondiente es una cuestión propia del juzgador, a condición de que éste se pronuncie con arreglo a la normativa específica.
Prueba pericial, sumario policial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLARI, MARCELO s/ PRUEBA - PERICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-14

Es plenamente válido el peritaje químico realizado con oportunidad y por los funcionarios legales, dentro de las facultades de los preventores y cuando no había partes legitimadas en el proceso.
Prueba documental, partida de nacimiento, legalización
Materia: PROCESAL
Carátula: ALDERETE, ADELINA c/ FABRITAN SRL. s/ ACCIDENTE COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-03-29

Tratándose del nacimiento de personas, cuestión en que se encuentra comprometido el orden público, la única prueba admitida es el certificado auténtico extraído de los asientos de los registros públicos, que cuando se pretende hacerlos valer en extraña jurisdicción deberán ser debidamente legalizados, sin que sea relevante al efecto la mayor o menor complacencia de la parte a la que se opone el instrumento.
Competencia por conexidad, acción de amparo, acumulación de procesos
Materia: PROCESAL
Carátula: STEGEMANN, Oscar c/ M.C.B.A. s/ AMPARO - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-13

La disposición de la Comuna que fija un nuevo avalúo de los inmuebles y determina las contribuciones en Capital Federal, está dirigida a toda su comunidad, pudiendo llegar a estar afectados todos las miembros de la misma, los que eventualmente podrían iniciar las correspondientes acciones de amparo, por lo cual de radicarse todas las actuaciones ante un mismo juzgado se estaría desvirtuando lo dispuesto por el último párrafo del art. 4º de la ley 16.986, pues en vez de lograrse la economía del procedimiento, se desequilibraría la igualitaria distribución de las causas;

desequilibrio que demoraría en compensarse y acumularía inevitablemente el trabajo de un sólo juzgado con el consiguiente desmedro del principio de economía procesal.-
Diligencias preliminares, prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: ROGELIO BRUNI c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ DILIGENCIAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-28

No resulta aplicable el CPR 323, si la documentación que quiere consultarse anticipadamente es la que contemplan los CPR 333, 387 y 388.
Robo con el concurso de personas, robo en poblado y en banda, asociación ilícita, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO, JORGE s/ ROBO - CONCURSO MAS TRES PERSONAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-22

1) El hecho delictivo de robo en el que intervinieron cuatro personas, debe calificarse, luego de la sanción de la ley 21.338, que tiene su fuente en la 17.567- como robo cometido por tres o más personas y no como robo en poblado y en banda.

2) En la Exposición de Motivos de la ley 17.567 se explica que la mención de las circunstancias del art. 163 sigue el mismo sistema del código vigente, "pero la inclusión de la agravación relacionada con el número de intervinientes eliminará la debatida cuestión del robo en banda y el delito de asociación ilícita; el robo se agrava por el número de intervinientes; si éstos, además integran una asociación ilícita, existirá concurso real".

La ley 21.338 complicó la interpretación, pues restableció el texto del art. 167, derogado por la ley 17.567, e incluyó en él la concurrencia de circunstancias enumeradas en el art. 163, con lo que contempla dos veces la intervención de tres o más personas.
Concurso ideal, pena
Materia: PENAL
Carátula: Baez, Julio Raúl y otro s/ Robo reiterado.Tentativa de robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

Lo que constituye un hecho típico para una figura delictiva no tiene porqué no serlo para el art. 54 del C.P..
Competencia civil, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Sr. Juez en lo Criminal y de Ejecución de Segunda Nominación s/ Incidente de Oposición en autos Expte. Nro. 366/98 Bustamante Juana  Lina c/ Torres, Rosario José Alejandro s/ Daño Moral.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-09-28

El Sr. Juez en lo Civil remite las actuaciones a Mesa de Entradas Unica, en razón de que la pretensión deducida -daño moral- se encuentra subordinado al juicio de divorcio que se tramitó en el juzgado Comercial de Segunda Nominación y por lo cual su titular se opone expresando que si bien la causa tramitó por su juzgado, fue con anterioridad a la ley que modificó la competencia del mismo, atribuyéndosela sólo en materia comercial, por lo que entiende que es incompetente. Debe señalarse que en el caso la conexidad que pudiere existir entre el juicio de divorcio y la acción por daño moral cede ante la modificación legal de la competencia por atribución del Sr. Juez que intervino en el divorcio; a más de ello, encontrándose el divorcio con sentencia definitiva, no existe obstáculo para que dicha causa sea remitida al juez civil, no produciéndose perjuicio a las partes, por ello debe hacerse lugar al incidente de oposición articulado por el Sr. Juez Comercial.
Escrituración, obligaciones
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Isaurralde Nélida Florencia c/ Benítez de Suarez Ramona Natividad s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-07-25

Si bien en principio la falta de acreditación del cumplimiento por parte del actor de su obligación implicaría el rechazo de su pretensión; pero, siguiendo -por razones de economía procesal- la postura doctrinaria y jurisprudencial que admite la flexibilización de sus efectos, se resuelve modificar la sentencia supeditando la condena al cumplimiento de la prestación debida por el actor.
Caducidad de instancia, declaración de oficio, recurso de reposición (procesal), regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Roa, Rosa Wenceslada (Expte. N° 173-STJ-1.998) c/ Provincia de Misiones s/ Acción contencioso - administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-07-31

Resulta improcedente decretar de oficio la caducidad del recurso de revocatoria ya que, de los términos del art. 37 de la Ley XII - Nº 4 (antes Ley 607), se desprende que articulado recurso de reposición contra el acto que regula honorarios, procede se dicte resolución dentro de los cinco días subsiguientes a la interposición del recurso, no estando previsto ni traslado a la contraria, ni ningún trámite previo que la parte recurrente deba instar. En autos este Tribunal no se ha pronunciado aún al respecto, por lo que no corresponde declarar la caducidad de la instancia del recurso de reposición deducido, cuando el caso está pendiente de resolución.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras, plan de regularización y saneamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BANCO ARGENTARIA S.A. s/ APELACIÓN RESOLUCIÓN 73/88 DEL B.C.R.A. B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

El art. 26 de ley 22.529 no impone llevar a cabo el intento de saneamiento o consolidación como requisito ineludible y previo a la liquidación, toda vez que según la norma, el B.C.R.A. podrá disponer sin más trámite, la liquidación de una entidad, cuando considere fracasada la alternativa de saneamiento o no viable o fracasada la de consolidación. El gradualismo corresponderá siempre que los hechos le permitan suponer la posibilidad del salvataje. Esta inteligencia se encuentra corroborada por el mensaje de la ley, según el cual las diversas alternativas pueden ejercerse en forma directa, independiente, no excluyentes entre sí o secuenciales
Tribunal administrativo de la navegación, recurso de infracción de ley
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: BADARO, Agueda Nicolás c/ Tribunal Administrativo de la Navegación -E.M.G.A.- y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

El art. 86 de la ley 18.870 prevé el recurso de infracción de la ley contra las sentencias del Tribunal Administrativo de la Navegación, en los supuestos en que aquél haya vulnerado la ley aplicable, o por inobservancia de las formas procesales, debiendo el interesado interponerlo y fundarlo dentro de los cinco días de notificado ante dicho organismo administrativo. Además, el art. 90 del citado plexo normativo dispone que el Tribunal Administrativo de la Navegación elevará las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, cuando resulte procedente.
Facultades tributarias, impuestos, emergencia económica
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: Formosa, Provincia de c/ Estado Nacional s/ rendición  de  cuentas  (coparticipación  federal  -afectación de sus  fondos).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Tanto el texto de la ley 22.916, como el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional -que acompa$ó el proyecto-, evidencian el carácter del impuesto que se crea en el ámbito de competencia que es propio del Congreso Nacional (art. 67, inc. 2x), que tiene como propósito proveer al Fisco Nacional de los medios necesarios para satisfacer las erogaciones extraordinarias que requiere la atención de las zonas de las provincias afectadas por las inundaciones ocurridas en el a$o 1983 (ley 22.916; art. 4x, 1a. parte), máxime cuando la nota del Poder Ejecutivo Nacional es bien explícita al se$alar que "los impuestos que se propician tienden a dotar de recursos al Fisco", que no puede ser otro que el nacional.
Beneficios previsionales, matrimonio celebrado en el extranjero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montenegro, Martha M. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Coadyuvante: Mallo de Bianchi, C.Z. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-21

El derecho a la pensión de quien invoca un matrimonio celebrado en el extranjero no anulado, no deriva de la inexistencia de derecho de la primera esposa, sino del vínculo mencionado, razón por la que la circunstancia de que medie oposición de parte interesada -a quien se le discerniera el beneficio- no modifica el criterio con el que debe resolverse la situación de aquélla.
Caducidad, recurso contencioso administrativo, confirmación del acto jurídico, impulso procesal
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Groisman, Gabriel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción - Caducidad  (Expte.: C.S.J. Nro. 296 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-04-10

El comienzo del cómputo del plazo de caducidad o perención de instancia no es más que un efecto procesal de los que produce la interposición de la demanda que, entre otros, genera la apertura de la instancia, lo que no se encuentra condicionado a la intervención de la contraparte, máxime en el ámbito del proceso contencioso administrativo en el cual la carga de instar el trámite pesa sobre la parte actora.
Cuerpo del delito, prueba
Materia: PENAL
Carátula: Sande, Héctor Omar s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-05-10

Es procedente el reclamo formulado en el recurso de inaplicabilidad de ley en cuanto a que no pudo probarse el accionar mortal por vía de testigos sin la concurrencia de no menos de dos de ellos (arts.

248 a 250 -n.a.- C.P.P.), que no resultan de autos.
Contrato de trabajo, empleo no registrado, clandestinidad, ley de empleo, intimación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: GONZALEZ ABELARDO JOSE LUIS c/ ATILU SERVICIOS S.R.L. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-06-17

Sin perjuicio de destacar que mientras el art. 8 de la ley 24.013 contempla un supuesto de clandestinidad u omisión total de la registración del empleado, los arts. 9 y 10 contemplan supuestos de clandestinidades u omisiones parciales ( fecha posterior o remuneración menor), pero en todos los supuestos la intimación que debe realizar el trabajador o la organización sindical que lo represente resulta una obligación ineludible y ante su falta, el pago de las multas fijadas no procede.

En este sentido las doctrina y la jurisprudencia son contestes que los propósitos específicos de la ley de empleo es promover la regularización de las relaciones laborales, desalentando las practicas evasoras, por lo que la intimación al empleador no se puede soslayar.

La norma se complementa con el art. 11 que, entre otras cosas, dispone que el empleador queda eximido de indemnizar, si regulariza la situación dentro del plazo de 30 días y, en consecuencia, si el trabajador disuelve el contrato antes de cumplirse el plazo, por lo menos en cuanto al reclamo de la indemnización del art. 8, su decisión es intempestiva, porque no respetó el plazo legal que tenía la otra parte". Citado Manuales de Jurisprudencia Ley de Contrato de Trabajo La Ley S.A. Edición 2002, pág. 214 punto 13.

Por ello no tiene cabida la argumentación del actor que no resulta necesaria la intimación mientras regía la relación de trabajo, por considerar suficiente la prueba (ya extinguido el contrato de trabajo) de que se ha percibido un importe mayor en concepto de salario que el registrado, por cuanto no ha dado la oportunidad al empleador de corregir la registración ni tampoco ha tomado el debido conocimiento de la intimación la Administración Federal de Ingresos Públicos.

También se debe tener en cuenta que el actor demanda las indemnizaciones de los arts. 8 , 9 y 10 de la Ley 24.013, cuando el supuesto de clandestinidad total (art. 8) excluye la existencia de clandestinidades parciales (receptadas en los arts. 9 y 10 de la LNE) por lo que no corresponde acumular las indemnizaciones fijadas. Voto del Dr. Capón Filas al que se adhiere el Dr. Fernández Madrid.-
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta
Materia: PENAL
Carátula: M., N. s/ Suspensión del juicio a prueba (Expte Nº 160-94, Resolución Nº 8,  Tomo 2, Folio 269)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-09

En cuanto a las reglas de conducta que son convenientes aplicar a quien se someterá a la probación y durante cuanto tiempo, considerando lo que ha transcurrido desde el momento de la comisión de los hechos, y la espontánea adaptación social del inculpado quien se ha capacitado laboralmente y logrado en ese campo una adecuada inserción, parece conveniente imponerle reglas de conducta: fijar residencia, someterse al cuidado de un patronato y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc.1º y 3º del C. P.) fijando el lapso de sujeción.
Prueba, segunda instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontela, Sixto c/ Rua, Marío s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

El replanteo de prueba en la alzada tiene por objeto evitar la injusticia que significa cuando arbitraria o erróneamente se ha privado a las partes de la producción de una prueba, salvando así la irrecurribilidad establecida por los arts. 377 y 383 del CPC.

MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contrato de trabajo, socio empleado
Materia: LABORAL
Carátula: LIRA CANTERAS SRL. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-03-02

La sola circunstancia de que el socio prestara servicios para la sociedad y hubiese percibido por ello una retribución mensual no alcanza para incluirlo en las previsiones del artículo 27 LCT.

Cuando no se demuestra que obraba de acuerdo a las instrucciones o directivas impartidas por la sociedad (conforme CNAT., Sala 1, sentencia numero 43399, 30 de octubre de 1981, 'Peña, Manuel c/ Marli Sca').
Derechos y garantías constitucionales, proceso penal, partes del proceso, igualdad ante la ley, defensa en juicio
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Capitán  de  Intendencia Silva, Carlos Gustavo s/ recurso del art.445 bis del C.J.M.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-06

En el proceso penal se desarrollan tres fuerzas de realización: la acusación, la defensa y la decisión, representadas por el fiscal (acusador / pretendiente), el imputado y su defensor (resistente) y el órgano jurisdiccional (juez o tribunal colegiado). Estas tres actividades fundamentales para la realización de la justicia penal, jurisdiccional, requirente y defensiva, han de cumplirse conforme a las atribuciones e imposiciones emergentes de la ley procesal para sus respectivos titulares y por los medios y con las limitaciones que esa ley establezca. Dichas reglas determinan límites muy precisos en su accionar, si así no lo hicieren estarían violando los presupuestos del juicio previo fijados por la Ley Fundamental. De modo tal que su desarrollo a lo largo del proceso debe ser equitativo. (Dra. Ledesma en disidencia).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, asamblea de accionistas, convocatoria judicial, legitimación procesal
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Houston, Alfredo c/ Gahan, María Josefina  s/ sucesión testimonial y otro s/convocatoria a asamblea
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Existiendo proceso sucesorio abierto y permaneciendo aún indiviso el patrimonio común, la representación de la participación accionaria correspondiente a la causante debe ser asumida por el administrador judicial, quien a su vez, requerirá instrucciones a la magistrada que tiene a su cargo el juicio universal. Derívase de ello, que la apelante no se encuentra legitimada, no solo para recurrir el auto que dispone la convocatoria, sino para intervenir en el proceso, sea en representación del sucesorio (por carecer de tales atributos) o incluso, por derecho propio (en tanto no es demandada), correspondiendo que las peticiones a las que se considere asistida en derecho, deban ser canalizadas a través del proceso en el que, tanto ella como los demás herederos pueden pedir, encontrándose en un mismo pie de igualdad, cual es el proceso sucesorio.
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, fundamentación suficiente, pensiones
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LANCHEZ, ZULEMA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-05-18|2010-04-06

Corresponde rechazar la queja interpuesta, por cuanto de la confrontación del memorial recursivo con el fallo impugnado surge que los agravios que la quejosa imputa al decisorio sólo trasuntan su mera disconformidad con los criterios de los jueces de la causa, que en ejercicio de funciones propias, dispusieron el otorgamiento de la pensión por juzgar que no hay causa para privar del beneficio a la cónyuge supérstite, no habiendo acontecido circunstancia alguna que indique que con su comportamiento haya concurrido a la separación o -menos aún- su culpabilidad exclusiva en la misma, en las particulares circunstancias del caso, con sustento en argumentos y pruebas de las que no se hace cargo la impugnante, que incumple también el recaudo de rebatirlos en esta instancia extraordinaria.
Efecto devolutivo, violencia familiar, situación de vulnerabilidad, obligación alimentaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DEFENSORA PUBLICA N° 2 en perjuicio de la menor T. G. G. C/ G., L. A. Y OTRA S/ INCIDENTE LEGAJO APELACIÓN EFECTO DEVOLUTIVO - Expt. N° 7131/F c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-17

La "Tutela de Protección por violencia familiar o contra la mujer en el ámbito doméstico", comprende la violencia sobre mujeres, niños, niñas o adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores, generada en vínculos familiares y/o afectivos. En ese sentido, la medida de protección consistente en la reafiliación de la hija común mayor de edad de los progenitores denunciados por violencia, quien se encuentra en condición de vulnerabilidad institucionalizada desde su adolescencia, se encuentra enmarcada dentro de las obligaciones alimentarias que se extiende hasta los 21 años, y que incluye los gastos de asistencia y enfermedad.
Recurso de inconstitucionalidad, aplicación de la ley, irretroactividad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JEISON, AIDA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

Acceder a la pretensión de la actora implica utilizar una base de cálculo nueva, aplicada retroactivamente a un beneficio jubilatorio cuya liquidación se consumó; sin embargo, la ley 13290, incluso si el legislador nada hubiese establecido sobre el particular, no se aplicaría al beneficio jubilatorio de la actora, en virtud de que la retroactividad -que no se presumedebería encontrarse prevista de manera explícita en la regulación legal; así, la Corte nacional ha señalado que las leyes que acuerdan nuevos o mayores beneficios no tienen efecto retroactivo, salvo disposición expresa en contrario criterio que se halla en línea con lo actualmente dispuesto en el artículo 7 del Código Civil y Comercial; y en el supuesto bajo análisis, no sólo no existe una disposición expresa de retroactividad de la norma sino que, por el contrario, se estableció que los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que se encontrasen en el goce de sus prestaciones a la fecha de vigencia de la ley no modificarán la cuantía de los montos de los haberes de prestación por adecuación a la nueva normativa salvo lo dispuesto en el artículo 10 in fine. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Netri y la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 318:63; 268:194; 295:574; 324:4267; CSJStaFe: AyS T 184, p 9. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 7; Ley 13290, artículo 22.
Intereses, tasa pasiva
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Acosta Ramón Esteban. c/ Avelino Ismael Carmona y/o Panadería:"Carmona" y/o quien resulte responsable. s/ Indemnización por Daños y Perjuicios y Agravios, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1993-02-26

Corresponde establecer que a partir del 01-04-91,de acuerdo a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,se deben calcular los intereses aplicando la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina,previsto en el art.10 del Decreto 941/91.
Control de constitucionalidad, cuestión abstracta
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 5/94) s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-07

Por sus modalidades y consecuencias el sistema de control constitucional en la esfera federal excluye el control genérico o abstracto, o la acción popular.