marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Remuneración, pago de las vacaciones, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: SICILIA RODRIGUEZ, MIRTA Y OTROS c/ ENTEL s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-09

El art 155 inc a) de la LCT dispone que a fin de determinar la remuneración que debe percibir durante el período de vacaciones el trabajador remunerado con sueldo mensual debe dividirse por 25 el importe de aquel sueldo, criterio que corresponde aplicar para determinar el salario diario del empleado. Del inciso d) surge, a su vez, que " se entenderá integrando la remuneración del trabajador todo lo que éste perciba por trabajos ordinarios o extraordinarios, bonificaciones por antigüedad y otras remuneraciones accesorias. por lo tanto, cabe incluir en la base de cálculo lo percibido en concepto de horas extraordinarias, y como consecuencia de su carácter variable debe tomarse en cuenta el promedio de remuneraciones percibidas a valores constantes (en sentido análogo SD nº 72.636 DEL 28/10/96 "MALANDIA, Noemí Y OTROS c/ ENTEL" del registro de esta Sala).
Preclusión, nulidad procesal, traslado a la defensa
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Incidente  de  Nulidad  Promovido  por  la  Defensa  de Carlos García s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-28

Atento al principio de preclusividad, y no resultando además la acusación del querellante conjunto - sujeto eventual de la causa - un acto esencial para la validez del proceso, verificada la invalidez total de ésta, se encuentra vedada la posibilidad de retrotraer la situación hacia el pasado, debiendo en consecuencia correrse traslado a la defensa a los fines del artículo 463 del Código de rito.
Tarjeta de crédito, resumen de cuentas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: TARJETA NARANJA S.A. c/ HERRERA CARLOS ALBERTO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-04

El solicitante de una tarjeta de crédito, al ingresar al sistema, debe saber que se incorpora a una operatoria empresarial de sofisticada programación que presupone un futuro usuario con capacidad suficiente como para comprender su funcionamiento; por ende, el titular de una tarjeta, al no recibir el resumen de cuenta, debe reclamarlo personalmente dentro de los plazos debidos, como una derivación del deber de cooperación implícito en el sistema.
Universidades nacionales, entes autárquicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Jurío, Mirta Luisa c/ UNLP. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-05

Las universidades nacionales han sido organizadas en el ordenamiento argentino, desde antaño, como entes de derecho público bajo el régimen de la autarquía.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Guaminí c/ Barison, Oscar s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

La excepción de pago parcial es formalmente improcedente en juicio de apremio, dado que no se halla prevista entre las autoridades por el régimen legal vigente en la materia (art. 6to. D/L 9122).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, legitimación procesal del fallido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva s/ Incidente de revisión N° 1 (Vizental y Cía. S.A.C.I.A. - Su pedido  de Concurso Preventivo)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-04-27

No debe confundirse dos cosas distintas: la legitimación del fallido para continuar interviniendo en defensa de sus intereses -lo que ha dado en llamarse legitimación residual-, con la carga u obligación de notificarlo de lo resuelto en el trámite administrativo.

Es el propio ente recaudador quien ha admitido los dos factores que conspiran contra la firmeza de su resolución; haber acordado legitimación al fallido en el trámite administrativo y haberse impuesto la carga de notiricarlo. Corresponde reconocer la legitimación residual al fallido para actuar en defensa propia de sus intereses.
Inadmisibilidad del recurso, recurso de casación, declaración testimonial, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL
Carátula: D'Orazio Cebey, Mabel y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-14

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar a la declaración testimonial ofrecida toda vez que no constituye, ni por su naturaleza ni por sus efectos, sentencia definitiva ni equiparable en los términos del art. 457 del Código Procesal Penal de la Nación , tampoco la defensa alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo. Dres. Borinsky, Gemignani y Hornos.

Fuente del sumario: OFICIAL
Caducidad de instancia, incidentes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAYORGA J. c/ TONETTO s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A067 - 113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-05-09

La incidencia formada vinculada con la legalidad o no de la exigencia tributaria, a traves de un recurso de reposicion, suspende el termino de la caducidad, ya que era necesario esperar la decision judicial para poder o no dar cumplimiento al pago de los tributos.-
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, reglamentación de la ley, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: MOGLIA,     EMANUEL c/ MIRAZONES    S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-31

La norma del art. 80 L.C.T. requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la multa. Mal puede existir ésta si el plazo para la entrega no está vencido. Luego de la sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. Norma que debe ser aplicada por analogía. En consecuencia, el decreto lo único que hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. Es obvio que no se puede punir (la multa del art. 80 L.C.T. tiene función punitiva y no resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria), por falta de cumplimiento de una obligación no vencida. Vencido el plazo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 para que empleador haga entrega del certificado de trabajo (30 días), sin que hubiere cumplido con la obligación, recién entonces el actor puede realizar la intimación a que se refiere la norma (intimación por dos días). (Del voto del Dr. Arias Gubert, en mayoría).
Instrumentos públicos, redargución de falsedad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lanza di Casalanza, Hugo C. s/ Incidente de redargución de falsedad en autos:"Lanza di Casalanza c/  Club San Lorenzo s/ Cumplimiento contrato y daños y perjuicios"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

El art.993 del C.C. dispone que el incidente de redargución de falsedad es necesario para atacar la existencia material de hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia. Consecuentemente, cuando de lo que se trata es de cuestionar la sinceridad de actos en los cuales el oficial no ha podido tener control material (tal el caso de ocultamiento), basta con el simple desconocimiento, quedando librado a la prueba que pueda producirse en contrario. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sociedades comerciales, impugnación de decisión asamblearia, plazo, vencimiento del plazo, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: SCHINDLER DE BLACK, ELEONORA c/ CARILO SA s/ SUM.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-13

El plazo previsto por la LS 251 "in fine" para impugnar de nulidad el acto asambleario, configura un supuesto de caducidad -y no de prescripción-, por tratarse de un término más severo en sus efectos, ya que propende a lograr una certeza definitiva en ciertas situaciones de hecho en base a plazos breves para accionar, que de prolongarse en el tiempo, llevarían a una prolongada indefinición juridica contraria a los designios del legislador.
Contrato de garaje, responsabilidad del garajista, robo con armas, explotación de un garaje
Materia: COMERCIAL
Carátula: CAJA NACIONAL DE AHORRO Y SEGURO c/ ALVAREZ, MANUEL s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-16

Si bien es cierto, como principio, que el robo a mano armada constituye fuerza mayor que exime de responsabilidad al depositario, no corresponde otorgarle tal significación cuando se trata de una empresa que comercialmente explota un garage, la cual debe necesariamente prever que tal tipo de ilícitos deben considerarse comprendidos dentro del marco de riesgo en que ese negocio lucrativo se desarrolla.

La carencia de elementos de seguridad (cortinas del establecimiento levantadas, una sola persona de vigilancia en un inmueble de dos plantas), para aventar tales delitos, así como la negligencia lisa y llana, favorece su perpetración, perdiendo gravitación la "irresistibilidad" -y no la imprevisibilidad- del robo a mano armada, siendo razonable admitir que a esa situación se llega como consecuencia de una culpa previa que posibilita la comisión del ilícito.
Despido por falta o disminución de trabajo, pérdida de la clientela, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: ALEGRE, DANIEL DAVID c/ BORGWARD ARGENTINA SACI. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-06-30

La circunstancia de que la ley 20754 - que establecía un régimen promocional a favor de IME SA. haya sido derogada, no puede llevar a su proveedor a eximirse del pago de las indemnizaciones legales mediante la invocación del artículo 247 LCT. ya que, la perdida del cliente principal no resulta una circunstancia de por si imprevisible, sino que constituye un hecho propio del riesgo empresario.
Control de constitucionalidad de oficio, declaración de inconstitucionalidad, control de convencionalidad, facultades del juez, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Pereyra Jorge Luis y otra  c/ Ejercito Argentino  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-27

La declaración de inconstitucionalidad, al importar el desconocimiento de los efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquia igualmente suprema, constituye un remedio de última ratio que debe evitarse de ser posible mediante una interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas, y cuando exista la posibilidad de una solución adecuada del litigio, por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de éstas últimas para su resolución, por lo que, siendo dicha revisión judicial la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, solo es practicable como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere, debiendo llegarse a una declaración de inconstitucionalidad sólo cuando ello sea de estricta necesidad.
LEY DE CONCURSOS, proceso de verificación, insinuación tempestiva del crédito, síndico del concurso, acreedores del concurso, juez del concurso, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: BAISTROCCHI DE VELERT Ana María c/ Banco Hipotecario S.A. s/ Tercería de Dominio deducida en autos nº 54278 - Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-11-13

No es dable trasladar principios propios del proceso civil al concursal, que se rige por pautas distintas. Así, el sistema de la verificación tempestiva se construye no sólo en función del pedido del acreedor (principio dispositivo del derecho procesal civil) sino de las observaciones e impugnaciones del deudor y los acreedores concurrentes (art. 34 de la LCQ), del dictamen del síndico -como funcionario imparcial autónomo que actúa en resguardo de los intereses del deudor y de los acreedores- y de la decisión del juez, quien cuenta con amplias facultades inquisitorias, a tal punto que aun sin mediar impugnaciones u observaciones verifica "si lo estima procedente" (art. 36 de la LCQ).
Extinción de la acción penal, muerte del imputado, embargo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ULMAN, Ismael s/ INCIDENTE DE EMBARGO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-11

Extinguida la acción penal por muerte del procesado, el pedido por parte de sus familiares de entrega de bienes que le fueran secuestrados a aquel en el curso de la investigación, y que luego fueran afectados al embargo dictado a su respecto, es improcedente ya que dichos bienes deben colocarse a disposición del juez civil que intervenga en el sucesorio.

Toda vez que la aplicación del derecho civil en el proceso penal tiene carácter absolutamente excepcional, limitado a los casos expresamente previstos y cuando resulta indispensable para el adecuado desarrollo de la acción penal.
Municipalidad, actos de los poderes públicos, decretos municipales, Transporte
Materia: CIVIL - COMERCIAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIANDA LUIS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORDOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-11-02

Cuando la Municipalidad dicta una ordenanza estableciendo el precio del boleto de transporte actúa dentro los límites de las normas legales que le son inherentes, no pudiendo ser cuestionada tal facultad, pero existiendo un daño patrimonial producido por los actos lícitos ha producido una lesión patrimonial al actor al obligarle por medio de una norma a vender un producto en un valor notoriamente inferior al que lo venía realizando. La jurisprudencia ha sostenido al respecto que existe abuso del derecho si se lo ejerce en detrimento de otro traspasando los límites de la equidad o contrariando la buena fe o bien haciendo un ejercicio contrario al destino económico y social del derecho subjetivo reprobado por la conciencia general (T. Trabajo Nro. 3 San Martín, L.L. 85-494).-
Daños y perjuicios, dependientes, responsabilidad del Estado, faltas del servicio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rios, Osvaldo c/ Tolaini, Ricardo y Policia de la Provincia de Buenos Aires s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-18

El ilícito cometido por un agente de policía con el arma provista por la repartición y que -como obligación- debe portar permanentemente, constituye un acto efectuado con motivo de su incumbencia porque ese deber es el vínculo de causalidad adecuado del perjuicio que causó y en consecuencia la Provincia resulta culpable del daño provocado, aunque éste haya actuado con abuso.

(art. 1113 del Cód. Civil)
Contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, tributos, exenciones impositivas
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Petrolera  Pérez  Companc S.A. Minera (TF 13.511-I) c/ DirecciónGeneral Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Carece de trascendencia la circunstancia de que el contrato invocado por la actora haya sido suscripto con posterioridad a la ley 15.273 pues, a los efectos que interesan, de ello sólo puede inferirse que aquélla tuvo certeza, al momento de contratar, del marco legal en el que se insertaba la prerrogativa fiscal estipulada.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, omisión de considerar cuestión propuesta, contratos, nulidad del acto jurídico, prescripción
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cincunegui, Miguel c/ Rossi, Irma y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cumplimiento de contrato (Expte. CSJ  Nº 1002-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-05

Resulta admisible -prima facie- para operar la instancia extraordinaria, el planteo del recurrente en torno a que el Tribunal a-quo no se ha expedido sobre una de las cuestiones propuestas cual es la referida a la prescripción de la acción de nulidad por dolo cuando, así hubiese entendido el Tribunal que el plazo de prescripción aplicable no era el bianual postulado -en razón de que el artículo 4030, segundo párrafo del Código Civil no se refiere al acto celebrado por una persona privada de discernimiento- sino el decenal prescripto por el artículo 4023, segundo párrafo del Código Civil, no pudo descartar el planteo de la excepción de prescripción, rehusando toda consideración al respecto. (De la Disidencia Parcial del Dr. Falistocco)
Nulidad procesal, diligencias de la instrucción, extraña jurisdicción, facultades del juez, valor probatorio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SILBERSTEIN, ERIC Y LOSIL S.A. s/ RECURSO DE CASACION Causa 489
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

No corresponde declarar la nulidad de una diligencia sumarial efectuada de acuerdo a derecho en sede local, por la sola razón de tratarse de un acto procesal realizado en distinta jurisdicción, sin perjuicio de que el órgano judicial interviniente se pronuncie sobre su fuerza probatoria. (voto del Dr. Riggi)
Pena privativa de la libertad, trabajo penitenciario, LEY PENITENCIARIA FEDERAL
Materia: PENAL
Carátula: MARIGLIANO JUAN DOMINGO s/ S-EJECUCION DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD-
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-05-12

El trabajo penitenciario, es reconocido por la ley penitenciaria, conforme lo establecido en distintos instrumentos internacionales (Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, arts. 71.1 a 76.1 y Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, CIDH, resolución 1/2008, principio VIII), como una de las bases del tratamiento en miras a obtener una adecuada reinserción social del condenado.

Por ello, como derecho y deber de los internos, la ley 24.660 consagra en su capítulo VII las bases que rigen el trabajo penitenciario, tendiendo así a fomentar los hábitos laborales del interno, su capacitación y recreación.
Nombre, inmutabilidad del nombre, cambio de nombre
Materia: CIVIL
Carátula: C., J. s/ Información sumaria.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-17

Corresponde rechazar el cambio del nombre Joaquina, por el de Claudia Karina, dado que el principio de inmutabilidad del nombre responde por igual a intereses públicos y privados, de los cuales no es posible apartarse, sino en los supuestos de gravedad excepcional e imperiosa necesidad, vale decir aquéllos alegados y probados con el mayor grado de amplitud. La circunstancia de haber recibido burlas, con sufrimientos físicos y psíquicos o aún el hecho de utilizar el nombre de Claudia Karina no autoriza el cambio. El pronombre "Joaquina", como tantos otros que permiten versión femenina o masculina, no es exótico, extravagante o agraviante de algún modo y, que consiguientemente, lleve aparejado motivos que viabilicen el cambio.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante, doctrina legal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Melon Gil, Roberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-30

Si bien la Suprema Corte bonaerense ha resuelto (por mayoría) que las doctrinas de la Corte Suprema de la Nación no tienen los efectos obligatorios propios de la ley; también ha establecido que tratándose de la interpretación de normas de carácter federal (tal como ocurre en el presente caso), resulta discreto aceptar la realizada por aquel Tribunal, dejando a salvo -en su caso- la opinión en contrario de la casación bonaerense.
Amenazas calificadas, coacción, intimidación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: PAFUNDI, Ana Lía. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

Hechos: Se le endilgó a la imputada haber amenazado a la entonces administradora con frases tales como "voy a quemar el edificio, no te vas a salir con la tuya, vivimos en fuerte apache" mientras se celebraba una reunión de consorcio.

Fallo: El delito de amenazas coactivas se configura cuando por medio de su empleo se anula, o se intenta anular, la libertad de determinación del sujeto pasivo, lo que se habría producido al menos en principio. Las frases vertidas tenían la finalidad de obligar a la denunciante a hacer algo contra su voluntad, por lo que su accionar encuentra adecuación típica en el delito previsto en el art. 149 bis segundo párrafo del Código Penal
Hijos de desaparecidos, sustracción de menores, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad
Materia: PENAL
Carátula: Rei, Víctor Enrique s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-10

El delito de sustracción del presunto hijo de personas detenidas ilegalmente, secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar constituye un crimen de lesa humanidad, atento dicho delito además de ser aberrante no configura un hecho aislado, sino que respondió a una decisión general en el marco de una empresa criminal llevada a cabo por un aparato de poder del Estado violador de elementales derechos humanos, condición que determina su imprescriptibilidad, ya que se tratan de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema en Arancibia Clavel.
Derechos y garantías constitucionales, cónyuge, continuidad del servicio, obras sociales, asistencia médica
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Newton, Oscar Ricardo c/ Colegio de Escribanos de Capital Federal - Caja Notarial Complementaria de Seguridad Social s/ Incumplimiento de prestación de obra social
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-28

Encontrándose acreditado el precario estado de salud del peticionario, no habiendo negado la accionada la petición que se le efectuara para que autorizara a la ex cónyuge de aquel a firmar un convenio que le permitiera la continuidad de la prestación médico asistencial a su favor, y que el actor se encontraba afiliado a la obra social de la de cujus, corresponde hacer lugar a la pretensión del accionante a que se lo mantenga dentro del régimen de asistencia médica. Una solución contraria podría acarrear consecuen-cias irreversibles para el reclamante, con grave lesión a la finalidad tuitiva de la seguridad social. Ello así, porque en la especie debe primar la protección de la persona frente a la contingencia por sobre el es-tricto apego a las normas formales, no siendo posible trasladar los principios propios del ámbito civil al previsional, toda vez que aquellos pueden, en ocasiones como la de autos, dar lugar a resultados reñidos con los principios propios de la seguridad social. En consecuencia, estando en juego garantías de rango constitucional como es el derecho a la vida y a la salud, corresponde ordenar a la entidad demandada re afiliar al actor, otorgándole las prestaciones médico - asistenciales correspondientes.
Recurso de casación, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: AGROVAL S.A. c/ RODRIGUEZ ROBERTO Y OTRO S/REIVINDICACION s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-23

Es definitivo el pronunciamiento que desestima la excepción de cosa juzgada, en tanto resuelve de modo final sobre el derecho de fondo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)