Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-08


--- En la ciudad de Trelew, a los 08 días de febrero del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Aldo Luis De Cunto y Sergio Rubén Lucero, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "J.H.G. c/ R.V. y/o quien resulte propietario del taller mecánico "IT" s/ cobro de haberes e indemnización de ley" (Expte. N° 22.378 año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 564. -- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN , el Dr. De Cunto dijo: Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 316 y por el demandado a fs. 319 en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos a fs. 309/315, por el cual se hace lugar parcialmente a la demanda promovida por J.H.G. contra R.V., condenando a este último a que, en el plazo de diez días, abone al actor la suma de $ 41.965,88 con más intereses, imponiendo las costas en un 80% al demandado y en un 20% al actor. -- A fs. 316 apela el actor y a fs. 319 la demandada. A fs. 324/326 obra el informe del art. 62 de la ley 69 presentado por G., el que es contestado a fs. 333/334 por la contraria. A fs. 327/330 expresa agravios V., lo que es respondido por la actora a fs. 335/337. -- I.- Comenzaré por reseñar los agravios del actor y la contestación del demandado, para luego efectuar lo mismo de manera invertida. --- 1) El actor se agravia en primer lugar de que en la sentencia recurrida no se reconociera la categoría de oficial, encuadrándoselo como peón. Considera que, habiéndose demostrado la relación de dependencia, se presumía lo alegado en la demanda en virtud de lo dispuesto por los arts. 55 de la LCT y 42 de la ley 69. Es así que al no haberse presentado los recibos de sueldo, debió darse por cierta la categoría declarada por el actor. A ello añade que surge de las constancias del expediente que se acreditó el desempeño de G. como oficial mecánico. --- En segundo lugar se agravia de que se rechazara la multa prevista en el art. 16 de la ley 25561. Destaca que la norma en cuestión estaba vigente al tiempo del despido por la sucesivas prórrogas de la misma, por lo que no rigió por un breve lapso como decidió el sentenciante de grado. En cuanto al argumento esgrimido con fundamento en el decreto 264/02, manifiesta que en todo caso el demandado debió seguir el procedimiento preventivo de crisis dispuesto por la ley 24013 o el decreto 328/88 según fuere el porcentaje de trabajadores afectados. Hace reserva del caso federal. --- 2) Al contestar el memorial la demandada expresa que los testigos son contestes en señalar la escasa idoneidad o conocimiento del actor respecto a la mecánica general, y que en vida de A. V. G. no se desempeñó en relación de dependencia , sino que estaba insertado en la familia V.. En cuanto a la aplicación de la multa del art. 16 de la ley 25561, comparte lo concluido en la sentencia de primera instancia, haciendo hincapié en que no puede exigirse a un taller regenteado por dos hermanos que recurra a un procedimiento preventivo de crisis de empresas, lo que importa un exceso ritual. - 3) Al exponer sus agravios, el demandado reconoce en primer lugar la existencia de la relación laboral del actor y su encuadre en el CCT 27/88 en el carácter de peón. Sentado ello, como primer agravio destaca que en vida de su hermano el actor estaba en el taller porque vivía allí, dándose una relación cuasifilial con aquél, por lo que todas las tareas que desempeñaba en esa época se daban y entendían en ese contexto familiar y de amistad, no existiendo vínculo de subordinación alguno. Posteriormente se queja de la conclusión del "a quo" en cuanto a que se determinó que el actor ingresó a laborar el 01/11/80 en el taller sito en V. esquina E.. Al respecto señala que para esa fecha el taller ya estaba en su actual dirección de V., agregando que los testigos en los que se basó el sentenciante para arribar a dicha conclusión, se equivocan en cuanto al citado emplazamiento. Como tercer agravio indica la conducta maliciosa del actor. Señala que la norma del art. 243 de la LCT no es aplicable literalmente, sino que debe atenderse a su finalidad, que es que el empleado conozca los motivos del despido y que no haya posibilidad de modificar tales motivos en el momento del juicio. Indica que el actor violó la buena fe consagrada en el art. 63 de la LCT, en atención a como se dieron los hechos, dado que despidió al actor luego de que éste le arrojara una pesada herramienta luego de un altercado. Es así que concluye que el actor sabía cuál iba a ser la reacción del empleador, por lo que no podía pretender que concurriera en ese momento a manifestar su voluntad por escrito, lo que sí efectuó ese mismo día el actor al retirar el formulario del telegrama ley 23789. Añade que la falta de instrumentación por escrito del despido sólo genera dificultades probatorias, pero no resulta ilevantable al reconocer el actor que fue despedido como consecuencia de una agresión. Cita jurisprudencia. -- 4) El actor contesta el traslado de tales agravios, expresando en primer lugar que la presentación de la demandada no constituye una crítica razonada de la sentencia. No obstante pasa a contestar la misma, indicando en primer lugar que la contraria se contradice cuando niega la relación de trabajo de G. y por otro lado expresa que el mismo habría asumido mayores obligaciones en el taller en vida de A. V.. En lo tocante a la antigüedad, alega que cabe aplicarse la presunción de los arts. 55 de la LCT y 42 de la ley 69. En cuanto a la confusión de los testigos en relación a la ubicación del taller no la considera trascendente, más aún cuando ambas partes han coincidido en sus presentaciones respecto a este punto. Finalmente en lo relativo a la mala fe que le achaca el demandado, expresa que si el dependiente pudo cumplir con la formalidad instrumental en tiempo oportuno, bien pudo haberlo hecho el empleador. Agrega que V. reconoció en su extemporánea contestación haber despedido verbalmente al actor, por lo que fue correcta la conclusión del juez de calificar como incausado al despido. -- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, comenzaré por tratar los agravios de la demandada, ya que al menos parcialmente, se cuestiona la procedencia de la indemnización, por lo que motivos de pura lógica indican su prioridad en el tratamiento. --- 1) Ante todo diré que la expresión de agravios de la demandada de fs. 327/330 cumple con la condición de crítica concreta y razonada del art. 265 del rito, ya que más allá de la suerte de tales agravios, el quejoso ha puntualizado las cuestiones en las que discrepa con la conclusión del Sr. Juez "a quo", explicando en forma concreta los motivos que sustentan su postura o las pruebas en las que se basa. Es así que se cumple con el requisito de cuáles son los errores que contiene la resolución, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (conf. Fenochietto-Arazi: "Cód. Procesal Civil y Comercial Comentado", Tº 1, 1993, pág. 941, pto. b). A ello debe agregarse que la sanción de la deserción de la instancia por su gravedad debe aplicarse con criterio favorable al apelante, a condición de que el agraviado individualice aunque sea en mínima medida los motivos de su disconformidad (conf. CN. Civ., Sala E, 30/09/80, LL, 1981-A-154; C. 1era. Apel. Mercedes, 15/06/67, LL, 127-930). Por lo tanto no se atenderá lo pedido por el actor a fs. 335, pto. II, respecto a que se declare desierto el recurso, ello sin perjuicio de lo que se considerará respecto al primer agravio vertido. --- Sentado lo anterior comenzaré por señalar que existe una aparente contradicción en la expresión de agravios del demandado, porque por un lado reconoce la relación de dependencia (ver fs.327, pto. III) y en el primer agravio hace referencia a que no existía una relación de subordinación jurídica, económica y técnica del actor, ya que el mismo se encontraba en el taller debido a que fue considerado como un hijo por el hermano del accionado, estando insertado en la familia de V. antes que en una organización empresarial (ver fs. 327/328, pto. IV). Sin embargo al concluir la exposición del agravio, manifiesta que "para arribar a una justa decisión, solicito sean ponderados tanto la naturaleza del negocio y de los servicios que se prestan, como el entorno cultural y la formación intelectual de las partes" (ver fs. 328, anteúltimo párrafo). Es así que en concreto no se agravia de ningún punto específico que se haya decidido en la sentencia apelada, lo que sí ocurre en los otros dos agravios. Por lo demás resulta contradictorio que al exponer este primer agravio exprese que no existió relación de dependencia, y luego en los otros dos agravios cuestiones la antigüedad determinada en la sentencia y que el despido hubiera sido incausado. Por último considero que tampoco puede entenderse que lo expuesto en este primer agravio se refiera a que la relación no tenía carácter laboral en vida del hermano del demandado, ya que el mismo falleció en julio de 2002 como lo reconoce el apelante (ver fs. 17 vta., pto. VII, 1er. párrafo), cuando por otro lado el mismo quejoso reconoció el ingreso de G. en el taller en 1995/1996 (ver fs. 18, pto. IX, 1er. párrafo), reconocimiento del que se hizo mérito en la sentencia (ver fs. 310, primer considerando) y que no fuera objeto de queja por la demandada. Es así que en lo que se refiere a este primer agravio corresponde declarar la deserción parcial del recurso. 2) Trataré ahora el tercer agravio, es decir aquél que bajo el título de "La conducta maliciosa del actor"(ver fs. 329, pto. VI), ataca la conclusión del "a quo" respecto a considerar el despido incausado, por cuanto si se considerara que el mismo tuvo justa causa, debería revocarse la sentencia y en ese caso caería la indemnización reconocida en la anterior instancia. Al respecto el Sr. Juez "a quo" concluyó en que el despido se produjo de manera verbal, de acuerdo a lo reconocido por el propio demandado, por lo que el posterior intercambio epistolar resultó irrelevante a los fines de aducir la causa del distracto, la que debió notificarse por escrito en el momento de la ruptura del contrato (ver fs. 313/vta.).- --- El art. 243 de la LCT reza: "El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas". En comentario a dicha norma se ha considerado, que de acuerdo a la LCT tanto el preaviso en el despido incausado como el despido causado, deben ser comunicados por escrito, pero mientras que en el primer caso la exigencia es de prueba, en el segundo hace a la existencia no del despido pero sí de la causa. En cambio el despido incausado puede ser comunicado por cualquier forma y probado por cualquier medio (conf. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, Tº IV, pág. 365). Como bien lo señalara el magistrado de la instancia anterior (ver fs. 310 vta., último párrafo), el demandado reconoció haber despedido verbalmente al actor el 02/11/02 (ver absolución de posiciones de fs. 84, novena respuesta). En consecuencia, ante la admisión de que el distracto se produjo de manera verbal, el mismo debe reputarse incausado, deviniendo tardía la alegación de causas imputables al actor como se hace en la comunicación de fs. 04, en la que se reconoció la ruptura emitida verbalmente a la que se hace referencia en el telegrama remitido por el trabajador de fs. 03 -todas piezas postales autenticadas a fs. 262-. Nuevamente es de recordar que cuando se omiten las formas exigidas por el artículo 243 de la LCT en una denuncia motivada, ella será eficaz como acto unilateral extintivo, pero no tendrá validez como invocación de justa causa de rescisión contractual (conf. Etala, Carlos Alberto: "Contrato de trabajo", Ed. Astrea, 2002, pág. 243, pto.2) A lo sumo se admitió jurisprudencialmente la notificación verbal del despido con causa registrada en una escritura pública a los fines de cumplir con la exigencia del art. 243, cuando se comunica en forma expresa la voluntad rescisoria y las causales en que se funda la decisión (conf. CNAT, Sala IV, 27/05/91, DT, 1991-B-1656), lo que no ocurrió en la especie. Por lo demás, es de destacar a mayor abundamiento, que no importa reconocimiento de la existencia de justa causa el hecho que G. haya contestado afirmativamente a que el demandado lo despidió como consecuencia de la agresión (ver fs. 84, respuesta veinticuatro), ya que previamente había negado dicha agresión (ver fs. 84, respuesta veintidos). Y aún cuando se tenga por ocurrida la agresión mentada con la declaración del testigo Rosas (ver fs. 118, respuesta décimo cuarta), cabe reiterar que en virtud de lo dispuesto por el art. 243 de la LCT el demandado debió comunicar por escrito la justa causa que motivara el despido, por lo que ante el medio verbal empleado, bien tuvo el Sr. Juez "a quo" por incausado el despido efectuado. Es por ello que a la luz de lo expuesto procede desestimar este agravio. -- 3) Queda por tratar, en lo que a la apelación del demandado se refiere, el segundo agravio referido a cuestionar la fecha del comienzo del vínculo laboral, que se fijara en la sentencia en crisis, el 01/11/80 (ver fs. 312, último párrafo), teniendo por cierta así la fecha invocada por el actor (ver fs. 05, pto. III). El quejoso ataca dicha conclusión basándose en los testimonios ofrecidos por su parte, e impugnando las declaraciones de los testigos ofrecidos por la contraria con fundamento en que erraron al precisar la dirección del taller mecánico al tiempo mencionado. En cuanto a este punto, es de recordar que el actor no aseveró que entró a trabajar en el taller ubicado en V. y M. de la ciudad capital provincial, sino que expresó que allí estaba ubicado primeramente, y que luego se trasladó a V 374 de la misma ciudad (ver fs. 05, pto. III). Los informes comunales de fs. 165 y 232/234 dan cuenta de esta última dirección pero no para todo el tiempo de la actividad comercial. La existencia de otro domicilio anterior es referida por un testigo de la demandada (ver fs. 104, respuesta segunda), y los testigos del actor (ver fs. 106, respuesta décimo cuarta; fs. 116, respuestas primera y segunda). Por lo tanto la referencia a otra dirección a la indicada por los testigos R. y S. (ver fs. 118 y 154, respuestas segundas), no importa de por sí que aquéllos hayan sido mendaces, sino que a lo largo de tantos años de actividad el taller haya mudado de ubicación, más aún cuando los informes municipales hacen referencia a la dirección comercial en fecha reciente sin mención de épocas anteriores. - Dicho lo precedente, cabe dilucidar la fecha de comienzo de la relación laboral. El testigo J. (ver fs. 104/vta.) expresa que en 1980 no alcanzó a ver al actor en el taller, desconociendo si G. trabajó desde 1980 a 1990 (respuestas séptima y octava), y señala que lo empieza a ver desde 1989 o 1990 (respuesta décimo octava). M. manifiesta que el actor comenzó a trabajar más o menos desde 1980 (ver fs. 106, respuesta segunda). La testigo E. da cuenta de razones más precisas al señalar que el actor trabajaba desde marzo de 1981, ya que indica que pasaba por el taller para ir a la escuela (ver fs. 116, respuesta segunda). El testigo R. (ver fs. 118/vta.) no es claro en cuanto a la fecha de ingreso del actor al taller, ya que por un lado dice conocer a los hermanos V. desde 1982 (respuesta primera) y dice que G. iba al taller aunque no por motivos laborales (respuesta tercera), por lo que es presumible que lo veía desde dicha fecha. La testigo V. no clarifica nada al respecto por cuanto dice conocer al actor desde hace diez años (ver fs. 151, respuesta primera). Por último el declarante Silva (ver fs. 154), dice conocer a los V. desde 1980 (respuesta primera) y sin mención de fecha dijo conocer al actor pero que no le consta que trabajara en el taller (respuestas tercera y sexta), que no era oficial mecánico (respuesta octava), agrega que el actor no cumplía ninguna función en el taller (respuestas trece y diecisiete), no lo menciona como las personas que trabajaban en las décadas del 80 y 90 (respuesta dieciseis), mas da cuenta de la relación de afecto del actor con A. V. (ver respuestas dieciocho y diecinueve). De la reseña efectuada es dable coincidir con lo decidido en la anterior instancia, ya que del hecho de que el testigo J. no viera al actor en la época referida no importa "per se" que el mismo no estuviera en el taller, la testigo E. es muy precisa por las circunstancias que relata en cuanto al tiempo al que remonta la concurrencia de G. en el taller, mientras que los testigos R. y S., que concurrían al taller desde la fecha mentada -1980- admiten haber visto a G. mas niegan que realizara alguna actividad laboral. Ahora bien, R. concuerda con la demandada en la versión del hecho que motivó el alejamiento del actor del taller (ver fs. 118, respuesta catorce), por lo cual se supone que G. trabajaba en el taller, pero además dice que cumplía funciones de ayudante (respuesta trece). Es así que resulta verosímil que si G. estaba en el taller desde 1980 aproximadamente, como bien lo aclaró el juez de grado (ver fs. 311 vta., último párrafo), sin perjuicio del trato afectivo del actor con A. V., todos los testigos -menos J.- coinciden en que G. estaba en el taller alrededor de 1980 y 1981, por lo que es dable suponer que alguna actividad cumplía ya en esa época. A ello debe añadirse, como también lo indica el juez de grado a fs. 311 vta., último párrafo, que por aplicación de los arts. 52 y 55 de la LCT, reconocida la relación laboral como ocurrió, correspondía al demandado acreditar la extensión de la misma (conf. C. Trab. Córdoba, Sala IX, 09/12/98, in re: "L. , J. Vi. c/ J. M. y Cía Ltda.SACI - incapacidad", citada entro otros en Rodríguez Mancini-Barilaro, Tº II, pág. 596). En síntesis ante la falta de exhibición de los registros exhibidos, que el accionado no acreditó fehacientemente una fecha diversa de comienzo del vínculo laboral, y que los testigos son contestes en indicar que el actor concurría al taller alrededor de la fecha denunciada en la demanda, corresponde tener por acreditada la misma como se dispusiera en el fallo impugnado. En consecuencia se rechaza también este agravio. --- -- III.- Pasaré ahora a examinar los agravios del accionante. -- 1) El actor se queja en primer lugar de que no se aplicara la presunción de los art. 55 de la LCT y 42 de la ley 69 con relación al reconocimiento de la categoría de oficial mecánico. Es cierto, como se expresó en el considerando precedente al tratar el último punto, que la falta de exhibición de la documentación pertinente por parte del empleador crea presunción a favor de las afirmaciones del trabajador sobre lo que debía constar en los asientos, y entre tales datos uno es la categoría del mismo (conf. art. 140, inc. k de la LCT; C. Trab. Córdoba, Sala III, 16/04/98, in re: "P , C. L. c/ R. , D. y otros s/ despido", cit. en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº II, pág. 596). --- Ahora bien, dicha presunción es "iuris tantum" (conf. Tosto, Gabriel A. en Rodríguez Mancini-Barilaro, op. cit., Tº II, pág. 588; Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. Universidad, 1999, pág. 237; Etala, op. cit., pág. 177). El magistrado de la primera instancia concluyó que el actor no demostró que tuviera las aptitudes o conocimientos específicos mecánicos como para ser encuadrado en dicha categoría (ver fs. 312 "in fine"). El recurrente alude a que por las normas mentadas se invirtió la carga de la prueba, y que además en el telegrama remitido por el demandado se hizo mención que el actor habría dañado automotores -de lo que infiere que ejecutaba trabajos complejos con autonomía-, a lo que añade que durante veintidos años es dable presumir que había adquirido experiencia y conocimientos necesarios como para desempeñarse en la categoría requerida (ver fs. 324 vta./325). - No existe controversia en que resulta aplicable el CCT Nº 27/88, el que en el art. 8, inc. c) califica la categoría Oficial de la siguiente manera: "Será considerado en esta categoría, el obrero que no reúna las condiciones y capacidad de oficial de primera, y se incluirán en la misma los operarios que sean especialistas dentro de la rama...". Del texto referido resulta que para ser considerado oficial se debía acreditar que el actor fuera especialista en alguna de las ramas enumeradas en el art. 7 del convenio. Y ello no resultó acreditado. En efecto, el testigo J. (ver fs. 104/vta.) expresó que piensa que el actor era un ayudante, un lava piezas (ver respuesta trece), creyendo que no contaba con la aptitud de oficial mecánico (ver respuesta catorce). El testigo M. (ver fs. 106) dice que el actor le atendía algunos coches a V. y que lo sabía ver con alguna herramienta en la mano, bajando a la fosa, barriendo, con un motor (ver respuestas quinta, novena y quince). E. (ver fs. 116) dice que G. desarmaba y armaba motores (respuesta quinta); R. (ver fs. 118/vta.), si bien manifiesta que no sabe si el actor trabajaba en el taller( respuestas tercera y sexta), asevera que carecía de conocimientos para armar, reparar y montar motores (respuesta séptima) y niega -por lo poco que vio- que se desempeñara como oficial mecánico (respuesta octava), coincidiendo en esto último el testigo S. (ver fs. 154, respuesta séptima y octava). Finalmente la testigo V. (ver fs. 151) dice que el actor hacía trabajos mecánicos, estaba en la fosa y limpiaba el taller (respuesta novena). --- De la prueba colectada no sólo no surge acreditado que el actor fuera especialista en alguna rama, sino que se demostró que su función era la de colaborador en tareas de mecánica, careciendo de autonomía en sus tareas. Entiendo que el apelante confunde el hecho de armar o desarmar motores con tener capacidad de decisión en las tareas, cuando ello no es así, porque esos trabajos pueden ser desempeñados bajo órdenes de otra persona. Tampoco cabe inferir del texto de la comunicación de fs. 04, que el demandado reconociera la categoría en cuestión, ya que los daños a los rodados bien pueden causarse por desempeñarse tareas subordinadas en forma incorrecta. Es así que no cabe aplicar aquí la presunción invocada con base en los arts. 55 de la LCT y 42 de la ley 69, dado que se demostró con la prueba producida que el actor carecía de especialización en alguna rama de la actividad y que era un ayudante o asistente de las demás personas que laboraban en el taller, por lo que no corresponde atender la queja.--- --- 2) Por último el actor se agravia por la desestimación de la multa prevista en el art. 16 de la ley 25561. El sentenciante de grado al razonar en ese sentido dijo: "En cambio, no prosperará la multa prevista por el artículo 16 de la ley 25561 pues a juicio del suscripto no resulta aplicable al presente caso. En efecto de la lectura de los considerandos y de la parte dispositiva del Decreto 264/02 reglamentario de dicha norma legal, resulta que se trata de una herramienta de emergencia vigente durante un breve período de tiempo y destinada a los empleadores con un determinado número de trabajadores a sus órdenes, de acuerdo a los porcentajes establecidos por el artículo 98 de la ley 24013, norma ésta a la que se remite la citada norma legal" (fs.314). En lo que se refiere a los considerandos del decreto 264/02 relativos al tiempo de vigencia del art. 16 de la ley 25561, entiendo que debe hacerse alusión al sexto párrafo que menciona que la suspensión de los despidos incausados es por 180 días, por lo que al publicarse la referida ley el 07/01/02, el juzgador entendió que no estaba vigente a la fecha del distracto (02/11/02). Sin embargo, como bien lo apunta el apelante, dicho plazo fue prorrogado por 180 días más por el decreto 883/02 en su art. 1, por lo que la norma estaba vigente al tiempo del despido. -- En lo referido a la ley 24013, el art. 1 del Decreto 264/02 establece que en los supuestos de despido sin causa justificada contemplados en el art. 16 de la ley 25561 deberá sustanciarse con carácter previo a su comunicación el procedimiento del Título III, Capítulo VI de la Ley 24013 y sus normas reglamentarias, y si no se alcanzan los porcentajes de trabajadores determinados en el art. 98 de dicha ley se estará a lo dispuesto por el Decreto 328/88. Por su parte el art. 3 del citado decreto 264/02 dispone que en caso de despido en el que se omita el procedimiento contemplado por la presente reglamentación, dicho despido será considerado sin causa justificada a los fines de la aplicación del art. 16 de la ley 25561. En consecuencia, a fin de no aplicarse la duplicación prevista en la última norma citada, el demandado debía cumplir con el procedimiento del art. 98 y sigs. de la ley 24013 o el del decreto 328/88, según fuere el caso. Como nada efectuó, ni siquiera se alegó al respecto, la multa requerida es procedente. En consecuencia corresponde acoger favorablemente el agravio, y teniéndose en cuenta los montos indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo (conf. art. 4 del decreto 264/02), establecidos en la sentencia a fs. 314 vta., corresponde aumentar el monto de condena en la suma de $ 16.879 ($ 654,64 + $ 1.352,78 + $ 14.880,58), de lo que resulta que la suma total se eleve a $ 58.844,88. -- -- IV.- En consecuencia de lo expuesto y razonado, corresponderá propiciar al acuerdo que se modifique el fallo para elevar el monto total de condena a la suma de $ 58.844,88 confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. Por aplicación del art. 279 del CPCC, corresponde adecuar las costas de la anterior instancia, las que ante la recepción de la multa denegada en el fallo en crisis, se imponen en un 85% al demandado y en un 15% al actor (conf. art. 71 del rito). En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio apelado, atento que los porcentajes establecidos resultan adecuados, se mantienen los mismos. -- Las costas en la Alzada, dada la suerte que tuvieran los recursos de ambas partes, se imponen en un 75% al demandado y en un 25% al actor (conf. art. 71 del CPCC). Propongo asimismo regular los honorarios de los letrados actuantes en esta sede, atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, y a la extensión y eficacia de las tareas, así como a los resultados respectivamente obtenidos, como sigue: a) para los Dres. E. S. y C. M., en conjunto, en un 30% de lo regulado a ambos en la anterior instancia; b) para el Dr. J. F. L. en un 25% de lo regulado en la anterior instancia; en todos los casos con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 7, 9, 10, 14, 47 y concs. de la ley 2200). --- Voto entonces a esta cuestión parcialmente por la AFIRMATIVA. --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 316 y 319, que fueran concedidos a fs. 320, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 309/315 que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por J. H. G. y condenó a R. V. al pago, dentro del plazo de diez días, de la suma de $41.965,88.- con más sus intereses, en concepto de diferencias salariales, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso con más la integración del mes de despido, e incremento contemplado por el art. 1 de la ley 25.323, con imposición de costas en un 80% al demandado y en un 20% al actor. -- Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen a fs. 324/326 y 327/330, los traslados conferidos a fs. 332 fueron contestados a fs. 333/334 y 335/337, la medida para mejor proveer solicitada al p. VII de fs. 330 fue rechazada por sentencia interlocutoria de fs. 560, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precede en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones. --- 2. Peticiona el actor en su escrito de contestación de los agravios vertidos por el demandado que se declare la deserción del recurso deducido a fs. 319 por considerar que los mismos no contienen una crítica razonada de la sentencia. --- Luego de confrontar los fundamentos del decisorio apelado y las razones expuestas por el accionado en su segundo y tercer agravio advierto que en esos tramos de su queja se desarrolla una línea argumental que permite apreciar que los motivos expuestos contienen un mínimo de suficiencia técnica que autoriza a ingresar a su estudio. - Al respecto, debe considerarse también que el análisis de la fundamentación del recurso debe efectuarse con criterio amplio y consecuentemente su deserción debe decretarse con criterio restrictivo en razón de la garantía de defensa en juicio (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, pág. 275). - Por ello, y sin perjuicio del resultado que puedan alcanzar las impugnaciones efectuadas, considero que la expresión de agravios obrante a fs. 327/330 reúne ajustadamente los requisitos exigidos por el art. 265 del C.P.C.C., por lo que se desestima el pedido formulado al punto II del escrito de fs. 335/337. - 3. Como puede advertirse quedó excluido del análisis que antecede el primer agravio pues el mismo contiene una evidente contradicción ya que, por un lado se reconoce que no se negó la relación laboral y que personalmente le dio órdenes a G. y por el otro se pone en duda la existencia de una situación de subordinación al sostener que el actor era como un hijo para su hermano. --- De tal modo, esa admisión impide ingresar al denominado "análisis relativo de la prueba", máxime si se considera que a renglón seguido el recurrente cuestiona la antigüedad establecida y que el despido fuera sin causa. - Desde otra perspectiva, cabe hacer notar también que en definitiva en el último párrafo de este agravio (p. IV, fs. 328) el recurrente solicita que sea ponderada la naturaleza del negocio y de los servicios prestados, como también el entorno cultural y la formación intelectual de las partes, sin dirigir una crítica concreta y razonada a los fundamentos que permitieron al juzgador, luego del análisis de la prueba testimonial rendida en la causa de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69), concluir a fs. 312 que corresponde tener por acreditada la relación laboral invocada por el actor a las órdenes del demandado. - En ese direccionamiento, en ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada. Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos). Y si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538). - Por lo demás, las apreciaciones personales o las afirmaciones dogmáticas que no son más que simples generalizaciones son insuficientes por sí solas para sustentar el agravio (M., S. y B., obra y tomo citado, págs. 354/355 y cita de pronunciamientos). - En tales condiciones, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 1, págs. 838/839). Y no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267). --- Con tales alcances, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., remisión del art. 76 de la ley 69). - 4. Critica el quejoso la decisión del Sr. Juez de la anterior instancia al considerar que el despido fue incausado y entiende que la norma prevista en el art. 243 de la L.C.T. no se aplica literalmente sino que debe atenderse a su finalidad. Manifiesta que el actor sabía cual iba a ser la consecuencia de su frustrada agresión y que la celeridad en dirigirse a la sucursal del Correo Argentino es la que frustró el cumplimiento de la formalidad impuesta por la LCT. --- No le asiste razón. --- -- Bien ponderó el juzgador en la parte final de fs. 310 vta. que el demandado reconoció el despido verbal del actor (respuesta a la novena posición, acta de fs. 84), lo que le permitió a fs. 313 vta. concluir acertadamente que en la especie, se produjo un despido incausado toda vez que la forma escrita exigida para el despido con causa -artículo 243 de la L.C.T.- fue incumplida por el demandado . En este sentido, se ha dicho que para la validez del distracto, la comunicación escrita es un requisito operativo para la extinción del contrato de trabajo por justa causa, conforme lo prescripto por el artículo 243 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1974-805, t.o. 1976-238), pero no cuando se produce un despido ad nutum (sin expresión de cuasa), donde la comunicación verbal al trabajador tiene plenos efectos extintivos cuando entra en la esfera de conocimiento de éste.

--- En tal sentido, las formalidades establecidas en el art. 243 de la L.C.T. para la comunicación del distracto son requeridas en los supuestos en que el contrato de trabajo finaliza con expresión de justa causa de despido manifestada por el empleador o por el trabajador ya que la norma no contempla los casos en los que la rescisión del vínculo se produce sin dejar constancia del motivo. El despido sin expresión de causa queda perfeccionado cuando el trabajador ha tomado conocimiento fehaciente de la extinción de la relación de trabajo habida con el empleador (S.C.B.A., mayo 10-1983, "F., E. C/ P. P. S.A.", D.T. 1984-A, 456). --- Como acto unilateral recepticio puede manifestarse de cualquier manera, verbal o por escrito. La forma escrita es impuesta como requisito en el caso de despido por justa causa (Fernandez Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, Tomo II, pág. 1576,). --- La denuncia inmotivada no requiere una forma determinada. La ley, en el art. 243, exige, concretamente, para la denuncia motivada en injuria, la declaración escrita ("deberá comunicarse por escrito") ... Hay que entender que lo que se impone es una forma del acto (forma de declaración escrita: "deberá comunicarse por escrito") y no una forma de la prueba del acto; en el lenguaje convencional, se trata de una forma ad solemnitatem y no solamente ad probationem (Lopez, Centeno y Fernández Madrid, "Ley de contrato de trabajo comentada", Ediciones Contabilidad Moderna, 1978, T. II, pág. 990). Dicho de otro modo, la forma escrita no se requiere cuando la rescisión se produce sin alegación de causa alguna, y esa declaración es un acto unilateral recepticio por lo que adquiere eficacia una vez que el conocimiento llega a la esfera jurídica del destinatario. --- --- Y una vez que la comunicación llega a destino, la denuncia se perfecciona, extinguiéndose ex nunc el contrato de trabajo, dando origen a una serie de nuevas obligaciones vinculadas con el hecho de la extinción. Una vez perfeccionada la denuncia, el contrato se extingue de pleno derecho . quedó sin efecto ex nunc, es decir para el futuro, con carácter definitivo (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de Derecho del Trabajo", Astrea, 1984, T. 5, págs. 269/270). -- Por ello, la invocación de hechos posteriores al distracto es manifiestamente inoficiosa (Altamira Gigena, coordinador, "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 2, par. 10, pág. 426), por lo que tardía resulta la alegación de causas imputables al trabajador que contiene la carta documento obrante a fs. 4. La declaración de cesantía dispuesta por el empleador reviste el caracter de recepticia, de modo tal que una vez que la comunicación llega a la esfera jurídica del destinatario la extinción contractual queda consumada. Por ello, en el preciso momento en que se notifica la voluntad de rescindir la relación habida entre las partes, el contrato de trabajo cesa en su vigencia (S.C.B.A., junio 27-1989, "C, A y otro c/ B B. Coop. Ltdo.", T. y S.S. 1989-1007). --- Y el incumplimiento de esa forma del acto (comunicación por escrito y con expresión clara de los motivos) no trae como consecuencia la invalidez del distracto, sino solamente su aptitud para fundarlo en causa justificada (conf. López, Centeno y Fernández Madrid, obra y tomo citado, págs. 990/991; Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T. II, pág. 486). - O sea, la omisión de la forma por escrito quita validez al acto como manifestación de denuncia motivada, pero esa declaración verbal unilateral resulta eficaz para extinguir la relación. En ausencia de toda comunicación escrita, el acto resultará formalmente nulo como expresión de denuncia motivada (Vázquez Vialard, Director, obra y tomo citado, pág. 367). -- Como consecuencia de ello, el despido verbal dispuesto por el empleador al ingresar a la esfera de conocimiento del trabajador tuvo efecto extintivo de la relación y esa comunicación rescisoria resultó incausada. -- Por tales fundamentos, se desestima el agravio. -- 5. Se agravia el demandado apelante ya que el a quo tuvo por acreditado que el actor ingresó en relación de dependencia el 1 de noviembre de 1980. Alude a los testimonios que ofreciera e impugna los de la contraria. Desde ya que coincido con el Dr. De Cunto en cuanto a que el actor no alegó que ingresara a trabajar en el taller ubicado en V., sino que manifestó que ese taller estuvo ubicado en ese lugar y que posteriormente se trasladó a B. (" . que el demandado poseía primeramente en V. y posteriormente en B. .", p. II del escrito de inicio, fs. 5). Y a ese respecto, cabe destacar que los informes de la Municipalidad de Rawson sólo precisan la dirección del local ubicado en B., a partir de su habilitación comercial N° 83.859 de fecha 01/08/2002, Resolución N° 1195/02 en Expte. N° 3.268/02 (fs. 165 y 232), sin indicar anteriores domicilios del taller. --- Así, la ubicación del local en un domicilio anterior en la calle C., al que hacen referencia los testigos J., E. (respuesta a la 2a. pregunta, fs. 104 y 116) y M. (contestación a la 14a. pregunta, fs. 106), no significa que esos testimonios resulten mendaces por haber indicado R. y S. otro domicilio en la calle V., en un caso desde 1982 y en el otro desde 1980 (respuesta a la 1a. y 2a. pregunta, fs. 118 y 154, respectivamente), pues la explotación comercial se inició con anterioridad, esto es, en marzo de 1973 (informe municipal, fs. 165). --- Y en lo que hace a la fecha de inicio de la relación de dependencia, si bien R. no supo si G. trabajaba en el taller manifestó que iba al mismo, y esa época debe situarse hacia 1982 si se relaciona su respuesta a la 3a. y a la 1a. pregunta (fs. 118). Y el testigo S. manifestó conocer a los hermanos V. hacia 1980, como también que vio a G. aun cuando no precisó la época (respuesta a la 1a. y 3a. pregunta, fs. 154). Por su parte, J. expresó que para el año 1980 no alcanzó a ver a G. por lo que desconoce si laboró desde 1980 a 1990 (respuesta a la 7a. y 8a. pregunta, fs. 104). Frente a esa declaración en sentido negativo, M. se manifestó en forma positiva al señalar que el actor comenzó a trabajar más o menos desde 1980 (respuesta a la 2a. pregunta, fs. 106). Y en igual direccionamiento E. expresó que en marzo de 1981 ya trabajaba ahí y que lo sabía ya que iba a la escuela de adultos ubicada en la misma calle del taller (respuesta a la 2a. pregunta, fs. 116). - A ese respecto, las declaraciones positivas de M. y E. quitan toda relevancia a la prestada por J., ya que sabido es que frente a los dichos de quienes aseveran haber presenciado o percibido hechos positivos concretos, quita relevancia a los de quienes deponen en forma negativa, puesto que la circunstancia de que ellos no hayan visto o sentido aquellos no significa que no hayan ocurrido (CNCiv., sala "B", noviembre 29-974, "M., M. c/ O., L.", L.L. 1975-A, 719). -- Y es mayor la fuerza de convicción resultante de afirmar un hecho que se dice caído bajo la impresión de los sentidos (M. y E.) que negar su existencia (J.). Se trata de la clásica diferencia entre la prueba de los hechos positivos y de los hechos negativos. Las declaraciones positivas de testigos que afirman conocer un hecho dado no pueden ser enervadas por los testimonios de quienes sostienen que ese hecho nunca ha ocurrido, pues la circunstancia de que estos últimos lo ignoren no significa que el hecho no se haya producido (CNCiv., sala F, setiembre 29-966, L.L. t. 125, 118). A su vez, si bien el testigo M. no brindó una fecha exacta debe ponderarse que declaró en mayo de 2006 acerca de hechos sucedidos hace más de 25 años. En tal sentido, como el material registrado por el testigo se guarda en su mente, su reproducción y fidelidad depende de la memoria de manera fundamental. En términos generales se ha probado que la deformación de los recuerdos producen errores que aumentan en un 0,33% diario. A ello se suma distintos supuestos en que la renovación de las representaciones se presentan con mayor o menor fuerza. Así, si un hecho interesante entra a formar parte de nuestra conciencia, aun cuando sea por una sola vez es suficiente, como se sabe, para que en ella se imprima de una forma duradera. Contrariamente, una representación única de un contenido indiferente, se fija muy difícilmente (Falcón, "Código Procesal .", Abeledo-Perrot, 1984, T. III, par. 426.9.7., pág. 297). -- En tales condiciones, las declaraciones de los testigos M. y E. permiten tener por acreditado que hacia 1980 el actor ingresó a trabajar en el taller, lo que así pondero conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.), máxime si se considera que por haber el demandado reconocido la existencia de la relación laboral, ante la omisión de su registro corría con la carga de la prueba de la extensión de la relación ya que la falta de exhibición del Libro Especial previsto por el art. 52 de la L.C.T. generó una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador en los términos previstos por el art. 55 de ese ordenamiento, tal como lo precisara con acierto el sentenciante a fs. 311 vta. --- Por tales razones se desestima el agravio. - 6. Estima el actor que se invirtió la carga de la prueba al no exhibir el demandado los libros, recibos de haberes y documentación en oportunidad de contestar la demanda, por lo que considera que debe darse por cierta la categoría declarada en el escrito inicial. --- En tal sentido, el art. 55 de la L.C.T. establece una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos, en caso de falta de exhibición a requerimiento judicial de los libros registros, planillas u otros elementos de control. Se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario (Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 137). --- Y a ese respecto, sostuvo el accionante que sus "tareas eran las de oficial mecánico y consistían en la reparación y montaje de unidades automotrices de todo porte" (acápite III, fs. 5). - Y el art. 8, inciso c), del C.C.T. 27/88 considera dentro de la categoría de "Oficial" al "obrero que no reúna las condiciones y capacidad de oficial de primera" en tanto se traten de "operarios que sean especialistas dentro de la rama", y una de ellas es la "mecánica" que comprende a "todos los obreros que realicen tareas de montaje y reparación de unidades automotrices", conforme al art. 7.

-- Sin embargo, estimo que de la prueba testimonial rendida en la causa se produjo prueba en contrario que permite ubicar la categoría del actor como peón (art. 9, inciso b) del citado convenio colectivo). -- Así, los testigos expresaron, a saber que: a) "era un ayudante, un lava piezas", sin creer que tuviera aptitud de oficial mecánico (J., respuesta a la 13a. y 14a. pregunta, fs. 104); b) "lo sabía ver con alguna herramienta en la mano, a veces bajando a la fosa, a veces barriendo" (M., respuesta a la 9a. pregunta, fs. 106), c) "armaba y desarmaba autos" (E., respuesta a la 5a. pregunta, fs. 116); d) "no tenía conocimientos" en el armado, reparación y montaje de motores, negando que se desempeñara como oficial mecánico (R., respuesta a la 7a. y 8a. pregunta, fs. 118; en igual sentido, S., contestación a las mismas preguntas, fs. 154); y e) "siempre metido en la fosa, además de limpieza del taller" (V., respuesta a la 9a. pregunta, fs. 151). --- Y en tal sentido, la prueba testimonial debe valorarse en su conjunto y no atomizando las declaraciones (art. 386 del C.P.C.C.; esta Cámara, en su composición de sala única, c. 11.251, S.D.C. 10/95; c. 11.863, S.D.L. 61/96; c. 11.978, S.D.L. 75/96; sala "A", c. 15.546, S.D.L. 89/99; c. 15.768, S.D.L. 11/2000). La prueba debe ser valorada en su conjunto, tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por el art. 386 del C.P.C.C., puesto que el proceso debe ser tomado en su desarrollo total y ponderado en su múltiple unidad: las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre sí. Las pruebas en general no son susceptibles de fraccionarse para que la parte que las invoca aproveche lo que le es útil y deseche lo que la perjudica (Fenochietto-Arazi, ob. cit, 1983, T. 2, pág. 357). En tales condiciones, el análisis en conjunto de la prueba testimonial conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.) permite ponderar que las tareas cumplidas no requerían especialidad, pues aun cuando en algún caso lo vieron con herramientas sobre un motor, o que armaba y desarmaba autos, por el otro señalaron que no tenía aptitud como oficial mecánico, que no tenía conocimientos para efectuar reparaciones y montajes de motores, lo que permite concluir que los trabajos realizados lo eran en calidad de colaborador y no como oficial mecánico. -- Con tales alcances, se desestima el agravio. --- 7. Sí en cambio le asiste razón al actor en cuanto a que el plazo fijado por el art. 16 de la ley 25.561 fue prorrogado por el decreto 883/02. -- En efecto, a la fecha del despido verbal acaecido el 2 de noviembre de 2002 (respuesta del demandado a la 9a. posición, fs. 84) se encontraba vigente la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por otros 180 días contados a partir de su vencimiento originario (art. 1 del decreto 883/2002 publicado en el Boletín Oficial el 29/05/2002). --- En cuanto al argumento del juzgador en el sentido que el decreto 264/02, reglamentario del art. 16 de la ley 25.561, se trata de una herramienta destinada a los empleadores con un determinado número de trabajadores, cabe señalar que el mismo carece de fundamento. --- Es que, si bien en los considerandos del citado decreto y en su art. 1 se alude al procedimiento preventivo de crisis establecido por la ley 24.013, en ninguna parte del texto legal limita la suspensión a aquellos casos en que los empleadores cuenten con un número mínimo de trabajadores superior a uno. --- De tal modo, si el empleador despide trabajadores sin causa -cualquiera sea la dotación de personal o el número de despedidos- omitiendo el procedimiento preventivo de crisis, ese despido se considera sin causa justificada a los efectos de la aplicación del art. 16 de la ley 25.561 (art. 3 del dec. 264/2002). Y la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, no siendo admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal (C.S.J.N., 16/6/93, "Banco Shaw S.A. c/ Banco Central", citado por Caubet y Fernández Madrid, ob. cit., n° 2599, pág. 372). -- Y si el texto es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicarla estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1970-I-391, 1970-II-135; D.J.B.A. 114-99, N° 154, 125-10; JUBA 7, sumarios Nos. 5.729, 14.017; D.J. 136-3491). - Y aun cuando por hipótesis en la posición más favorable al empleador se entendiera que existe algún margen de duda debe interpretarse la norma en el sentido más favorable al trabajador (art. 9 de la L.C.T.). Por tales razones se acoge favorablemente la queja debiendo incrementarse el capital de condena en la suma de $16.879.- ($645,64.- más $1.352,78.- más $14.880,58.-, correspondientes a las indemnizaciones sustitutiva por falta de preaviso, con inclusión de la integración del mes de despido, y por antigüedad), por aplicación de los rubros indemnizatorios establecidos por el art. 4 del decreto 264/2002. -- --- 8. En consecuencia, también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para incrementar el capital de condena hasta la suma total de $58.844,88.-, con más los intereses ya establecidos en la anterior instancia. --- La revocatoria parcial que se propicia lleva a adecuar las costas impuestas en la anterior instancia (art. 279 del C.P.C.C.), a cuyo respecto el art. 59 de la ley 69 no establece un principio general de aplicación mecánica y automática, ya que permite siempre discernir la condición de derrotado o vencido en un enfoque global del resultado del pleito, mediante un prudente análisis particularizado a la cuestión en debate (conf. S.T.J. en autos caratulados "C. L. c/ Pcia. del Chubut", S.D. 7/91; y "C. R. c/ C. C. y otro", S.D. 3/93). --- Así, debe ponderarse la naturaleza de la acción entablada, el principio establecido por la ley de procedimiento laboral, el resultado económico del pleito, atendiendo para ello a los rubros pretendidos que fueran acogidos y el monto definitivo de condena, pero también la conducta asumida por el demandado que en su escrito de contestación se posicionó peticionando el total rechazo de la demanda (acápite I, fs. 15). - Con dichas pautas, atendiendo al progreso sustancial de las pretensiones deducidas en el escrito de inicio (liquidación de fs. 6/7), aun cuando el resultado final fuera inferior al monto peticionado al rechazarse la categoría de oficial mecánico alegada, estimo también prudente propiciar al Acuerdo la imposición de las costas de primera instancia en un 85% a cargo del demandado y en un 15% a cargo del actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada al resultado de la litis, en concordancia con el principio antes señalado y los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (arts. 59 de la ley 69 y 71 del C.P.C.C.). A su vez, no será necesario adecuar los honorarios regulados en la anterior instancia toda vez que, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, estimo prudente mantener los porcentuales establecidos. --- El éxito de uno de los dos agravios traídos por el actor y el fracaso de los vertidos por el demandado, conduce a imponer las costas de alzada en un 75% a cargo del accionado y en un 25% a cargo del accionante, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por los apelantes en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.). -- Finalmente, con las mismas pautas de apreciación y lo previsto por el art. 14 de la ley del arancel, estimo también prudentes los honorarios propuestos a favor de los letrados apoderados de las partes actora y demandada, por sus trabajos de esta instancia, en las sumas equivalentes al 30% y 25%, respectivamente, de las cantidades fijadas para la primera instancia, con más el I.V.A. pertinente. --- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. -- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó: En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado a los fines de elevar el monto de condena a la suma de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con ochenta y ocho centavos ($ 58.844,88), confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. II) Se establecen las costas de la primera instancia en un 85% al demandado y en un 15% al actor, manteniéndose la regulación de honorarios en los porcentajes establecidos en la sentencia de origen. III.- Las costas en la Alzada se imponen en un 75% al demandado y en un 25% al actor, regulándose los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede de la siguiente manera: a) para los Dres. E. S. y C. M., en conjunto, en un 30% de lo regulado a ambos en la sentencia de primera instancia; b) para el Dr. J. F. L., en un 25% de lo regulado en la anterior instancia ; en todos los casos con adición del I.V.A. correspondiente. - Así lo voto. - A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

--- Así lo voto. - Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE: --- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo apelado a los fines de elevar el monto de condena a la suma de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con ochenta y ocho centavos ($ 58.844,88), confirmándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravios. - IMPONER las costas de la primera instancia en un 85% al demandado y en un 15% al actor, manteniéndose la regulación de honorarios en los porcentajes establecidos en la sentencia de origen. - IMPONER las costas en la Alzada en un 75% al demandado y en un 25% al actor. REGULAR los honorarios profesionales de los letrados actuantes en esta sede de la siguiente manera: a) para los Dres. E. S. y C. M., en conjunto, en un 30% de lo regulado a ambos en la sentencia de primera instancia; b) para el Dr. J. F. L., en un 25% de lo regulado en la anterior instancia ; en todos los casos con adición del I.V.A. correspondiente. - --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. --- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL Nº 06 DE 2008 - SDL.- CONSTE.-