Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-28


Expte. Nº 6502 "C/GONZALEZ, Gustavo Mario Cristian (a) El Pipi p/ homicidio simple (art. 79 del C.P.) en perjuicio de Gustavo Cesar Falcón s/ Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintiocho días del mes de octubre del año dos mil quince, se reúnen los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, por los doctores Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal, a fin de redactar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal -ante la inexistencia de cuestiones incidentales- se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. ADOLFO CABALLERO, DIJO: Contra la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de 2015 por la Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional, actuando el Dr. Raúl José Iglesias en ejercicio de la jurisdicción como Tribunal Unipersonal, cuya parte resolutiva obra a fs. 447/448, y sus fundamentos se glosan a fs. 449/499, deduce recurso de casación el Dr. Jorge A. Olivera Legleu, defensor del acusado Gustavo Mario Cristian González, fs. 502/510. Tal planteo -con escasas variaciones- es reiterado a fs. 518/529 vta. ante esta Instancia Superior. - El fallo recurrido condenó a González a la pena de doce años de prisión, de cumplimiento efectivo, con más las accesorias legales (art. 12 C.P.) por considerarlo autor penalmente responsable del delito "homicidio simple" (art. 79 C.P.), en perjuicio de Carlos César Falcón; imponiéndole las costas del juicio.

Como primer agravio, se alega el presunto vicio in procedendo de la sentencia dictada, afirmándose que se habría violado el debido proceso y la defensa en juicio. Al respecto, expone el recurrente que el A quo habría seleccionado prueba insuficiente para sustentar la condena, y que su fundamentación resultaría aparente. Luego de aludir a la descripción de los hechos del fallo resistido, refiere que pese a que los testigos Valdez Matus, Domingo González y Silvana Vera manifestaron no haber observado a Elio Barroso, ni escuchado discusión alguna en la casa del imputado, el Juzgador soslayó tales pruebas, omitiendo brindar las razones para ello. Asimismo, cuestiona el recurrente la descalificación de los dichos del citado Barroso, entendiendo que tal criterio obedecería a una impresión personal del A quo, huérfana de todo sustento.

Por otra parte, fustiga la falta de ponderación de los informes glosados a fs. 297/299 y 354/356, que indican que las manchas de sangre del toallón encontrado en el lavarropas no pertenecen a la víctima, ni al imputado.

En cuanto a ello, juzga que tal valoración podría haber conducido a otras hipótesis, y no exclusivamente a la que señala la autoría de González. Aduce también que el sistema de la libre convicción o sana crítica racional no autoriza a prescindir arbitrariamente de elementos probatorios esenciales, ni a excluir la investigación de otros supuestos para zanjar el caso.

En esa línea de ideas, especula en que la herida mortal pudo haber sido inflingida por la propia pareja del occiso -Pamela Moreno- o por un tercero desconocido.

Dice además que el estudio genético no abarcó a todas las personas a las que se les extrajo sangre, y que tal situación demostraría que al acusado siempre se lo concibió como autor del crimen. Sostiene también que el A quo descreyó en la versión dada por Moreno durante el debate, por entender que falazmente pretendió excluir a Elio Barroso del lugar de los hechos.

Tilda de arbitrario tal criterio, afirmando que no existiría razón para otorgar valor superlativo a las primeras declaraciones de aquella.

Asimismo, señala que en sede policial Moreno declaró que mientras estuvo en el baño escuchó la discusión entre Falcón y González, pero que ante el Instructor dijo haberse quedado dormida. Subraya también que en el sumario prevencional la testigo contó haber visto a Barroso, pero que en el juicio negó tal circunstancia.

Alega que según la conocida máxima que reza: "mendax in uno, mendax in totum", el A quo debió descreer de todas las versiones de la declarante, y evitar ponderar únicamente ciertas frases coadyuvantes a sindicar como autor al imputado. Sobre la base de tales argumentos se solicita la anulación de la condena dictada.

Como segundo agravio, se invoca el presunto vicio in iudicando de la sentencia puesta en crisis, señalándose que se habría aplicado erróneamente el art. 79 del C.P., siendo que la conducta juzgada debió subsumirse en la figura del art. 81 Apdo. "b", del mismo cuerpo legal.

Expone el quejoso que sólo se acreditó la intención de lesionar a la víctima, pero no el dolo homicida, y que el fallo no habría explicado la razón por la cual el autor supuestamente se representó la probabilidad de dar muerte al sujeto pasivo.

Señala que el forense constató en el cuerpo del occiso una herida limpia, con una entrada precisa. A partir de lo cual, razona el impugnante que ello reflejaría únicamente la intención de herir, ya que si el propósito hubiera sido ultimar a Falcón, se le habrían asestado varias puñaladas. Formula reservas.

A fs. 511/512 vta. el Tribunal concedió el recurso interpuesto por el Dr. Olivera Legleu.

El Sr. Fiscal General de la Corte, por su parte, a fs. 532/535 se opuso fundadamente a la pretensión recursiva, solicitando el rechazo total del remedio incoado.- Entrando en el análisis de los agravios planteados, por las razones que a continuación he de brindar, considero que sus argumentos no pueden ser acogidos.

En primer lugar, juzgo que lo alegado respecto al presunto vicio in procedendo, lejos de representar una crítica sólida constituye la disímil valoración del impugnante respecto de la prueba colectada. En efecto, de forma marcadamente explícita y reiterativa el quejoso se limitó a cuestionar la ponderación de ciertas constancias en desmedro de otras, fustigando que el dictum descartara los elementos de la tesis defensiva.

Pondero que participa de tal contexto lo afirmado respecto de los testigos Valdez Matus, Vera, etc., lo indicado en cuanto a los informes genéticos del toallón peritado y la crítica al análisis de la retractación parcial de Pamela Moreno, que el A quo efectuó. Por mi parte, entiendo que dichos embates sólo trasuntan la simple discrepancia del recurrente con la labor del Tribunal de Mérito.

En tal sentido, debe recordarse que esta Corte fijó que: "La Cámara de juicio, para estructurar la prueba de cargo y su mérito, no está supeditada al deber de justificar por qué da mayor crédito a determinados elementos de prueba o por qué prefiere entre ellos a unos más bien que otros, desde que esta valoración pertenece a la esfera de la libre convicción, en la que no cabe censura por la vía casatoria..." (Cfr. P.R.E. S.2ª 1998-II-278/281, entre otros).

Por ende, considero que tales agravios meramente pretenden reintroducir el material alegatorio vertido en la etapa oportuna (ver fs. 443/445). Contrariamente a lo postulado, considero que el A quo valoró lógica y correctamente las probanzas reunidas, resultando justa la conclusión arribada.

En dicha tarea, el Juzgador ponderó las siguientes constancias: a) Acta policial labrada con motivo de conocerse el homicidio de Falcón (fs. 3); b) Acta de inspección ocular, allanamiento, detención y secuestro de efectos (fs. 6/11); c) Croquis ilustrativo del lugar del hecho (fs. 12); d) Pericia fotográfica y planimétrica elaborada por la División Criminalística (fs. 249/258); e) Declaraciones testimoniales de: Luís O. León, oficial de policía (fs. 5 y vta., 113/114); Marcos M. Valverde Páz, agente (fs. 115 y vta.); Juan Antonio Carvajal, sargento (fs. 102 y vta., 267/268); Pamela Moreno, pareja de la víctima (fs. 41/42, 146/147); Francisco J. Valdez Matus, propietario de un negocio en las cercanías (fs. 45/46, 260/261); Domingo A. González y Silvana Lorenzo Vera, vecinos del acusado (fs. 61, 301/302 y 82 y vta., 138/139, respectivamente); Dr. Alejandro Yesurón, médico forense (fs. 295 y vta.); f) Protocolo de autopsia del occiso (fs. 151 y vta.); g) Informes técnicos correspondientes a: 1) Prendas de vestir de la víctima (fs. 174); 2) Distintos elementos incautados (vaso de vidrio (fs. 178); tubo transparente (fs. 263/268), etc.; h) Constancias del acta de debate, incluyendo la incorporación por lectura de la prueba documental e instrumental (fs. 432/437 vta.), etc. Merced al estudio de tales piezas, quedó acreditado con el grado de certeza requerido el accionar doloso del acusado, quien suprimió la vida de la víctima mediante una certera puñalada en el corazón.

Por tanto, coincido plenamente con el razonamiento expuesto a fs. 458/491 vta. del fallo resistido, dando por reproducidos sus fundamentos, brevitatis causae.

No obstante el asentimiento expresado, considero oportuno aludir a ciertos elementos que justifican plenamente la solución recaída. En dicha orientación, pondero de suma relevancia lo aportado por Pamela Moreno durante la etapa instructoria.

Adviértase que Moreno dijo haber presenciado la discusión entre su pareja y el victimario, y que tal disputa continuó mientras ella estuvo en el baño. Narró que ambos -González y Falcón- salieron de la casa, y que previo ser anoticiada por Clara Mercedes González -madre del acusado-, halló a Falcón agonizando en el exterior de la vivienda donde estaban. Repárese también en que la policía encontró a Moreno llorando aferrada al occiso, dato que demuestra su presencia cercana a la escena del crimen.

Asimismo, que escasas horas después la testigo declaró haber sufrido presiones por parte de la madre del "Pipi" González, quien la culpó por la pelea en la cual su hijo dio muerte a Falcón. Pondérese que en sede judicial la deponente ratificó su versión, expresando que mientras estuvieron detenidas, Clara González le dijo que negara haber estado en la casa del imputado.

Que le dijo que contara que esa noche estuvo en el boliche "La Llorona", y que estando en su domicilio particular le avisaron que su pareja había muerto. Tal detalle, unido al hecho que la policía encontró a Clara González limpiando la escena del crimen con agua, y que el victimario permaneció prófugo durante cuatro meses hasta su detención (fs. 242), refuerza la credibilidad de Moreno e impide a la vez considerar otra hipótesis distinta que la autoría del acusado (fs. 5, 6/12, 41/42, 62, 102 y vta., 106 y vta., 113/114, 115 y vta., 136/137, 146/148, etc.). En relación a la retractación de Moreno durante el juicio, concuerdo en que por algún motivo ignoto la testigo procedió a mutar su relato de los hechos, no resultando creíble su nueva postura.

Entiendo que cuando la causa se inició, la credibilidad de la testigo tuvo razón en el vínculo sentimental que mantenía con el occiso. Valoro también que la misma dijo haber presenciado el comienzo de la discusión y escuchado -mientras estaba en el baño- que la disputa entre la víctima y el victimario continuaba. Finalmente, aprecio que Moreno declaró a escasas horas de perpetrarse el homicidio.

Considero que tales circunstancias contribuyeron a la espontaneidad y veracidad de las versiones brindadas al principio del proceso. En función de ello, la sospechosa retractación no impide meritar como cierto lo primigeniamente afirmado por Pamela Moreno.

No avizoro, entonces, arbitrariedad alguna en el razonamiento del Sentenciante, sino una adecuada ponderación de los primeros relatos de la testigo nombrada, cuya armonía con otras probanzas cargosas resulta incuestionable. En cuanto a la negativa de Elio Barroso de haber estado junto a Falcón y González, coincido en que tal postura no merecía crédito alguno. Por el contrario, entiendo que Barroso estuvo en la casa del acusado y que su proposición de "compartir" a Moreno fue continuada por González cuando aquel se marchó, provocándose entonces la discusión entre los dos hombres y el subsiguiente ataque del acusado sobre la víctima.

En consecuencia, valoro plausibles las explicaciones del Juzgador, compartiendo el criterio de que Barroso mintió respecto a su presencia en el lugar. Considero que tal admisión lo hubiera auto-incriminado a Barroso en la causa en trámite por ante la Justicia Federal -por tenencia de estupefacientes- que el mismo testigo informo afrontar. Por ende, resulta lógico que el Sentenciante se apartara de la versión del nombrado. De conformidad a todo lo expuesto, entiendo que no existe arbitrariedad alguna en la tarea del A quo pues resultó probado que el acusado González fue quien a través de una puñalada dio muerte a Falcón, debiendo rechazarse lo argüido en el primer agravio articulado.

En lo que atañe al segundo agravio, entiendo que lo alegado contradice los argumentos esgrimidos en la queja previamente analizada. Ello porque luego de abogar por la supuesta endeblez de pruebas para responsabilizar al acusado, especulando con otras hipótesis distintas para la resolución del caso, en forma contradictoria se admite la autoría de la acción homicida. De tal forma, la alegación de haberse tratado de un delito preterintencional -de conformidad a lo previsto en el art. 81 Apar. b) de C.P.- echa por tierra lo fundado por el recurrente en el agravio anterior. Independientemente de tal argumento paradójico, entiendo que las constancias obrantes tampoco permiten adherir a lo propuesto. Resulta claro que Falcón no falleció sino como consecuencia de haber recibido la profunda herida que le propinó González. Así, el estudio tanatológico agregado consigna: "Herida por arma blanca en tórax con laceración cardíaca" (fs. 151).

En relación a la misma, el Dr. Alejandro Yesurón describió que atravesaba el corazón, afirmando que era poco probable que se tratara de una lesión causada durante un forcejeo. Indicó también que no había señales de defensa -cortes- en la anatomía del occiso (fs. 295 y vta.). A resultas de todo ello, no existe duda de que la herida inflingida fue producto de una acción deliberada y eficiente para provocar el óbito.

Asimismo, que tal lesión fue provocada por un elemento de suficiente poder vulnerante, ya que ingresó fácilmente por los tejidos corporales, interesando el músculo cardíaco.

En función de tales aspectos, no cabe la aplicación de la hipótesis sugerida por el recurrente, habida cuenta que el medio usado y la región corporal atacada hacían presumiblemente pensar que la muerte devendría como consecuencia inevitable.

En otras palabras, la razonabilidad del medio empleado para provocar el resultado "muerte" surge conjuntamente de las características del elemento utilizado -arma blanca-, y la conducta consistente en aplicar una puñalada con impulso suficiente sobre una zona vital -corazón- de la víctima.

En ese orden de ideas, se ha dicho que: "A los efectos de encuadrar la conducta dentro de la figura de homicidio simple y no preterintencional, no interesa tanto un juicio estricto acerca de la absoluta certeza en cuanto a que la acción condujera inexorablemente a la muerte del agredido, siendo suficiente que el autor conociese esa posibilidad, se la representase y la aceptara (Cfr. Código Penal de la Nación. Horacio Romero Villanueva, Abeledo Perrot, 2012, pág. 342).

Conforme a la doctrina citada, no puede concebirse que la herida inflingida no provocase otra cosa que el deceso de la víctima. Hubo pues animus necandi en los actos de González, por lo cual, la tesis planteada por el impugnante no merece ser oída.

En mérito a todo lo precedentemente fundado, entiendo que no debe hacerse lugar al planteo casatorio deducido por la defensa. En consecuencia, y por resultar conforme a derecho la sentencia dictada, corresponde su plena confirmación por este Superior Tribunal. Así lo voto.

LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL DIJERON: Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Gustavo Mario Cristian González. II) Protocolícese el original, notifíquese a quienes corresponda y bajen los autos al inferior. Fdo. Dres. Adolfo Caballero, José Abel Soria Vega y Juan Carlos Caballero Vidal. Ante Mí; Héctor Fabián Meló, Secretario Letrado de la Corte de justicia.

Cp-6502 AL PRE S2º 2015-IV-652.