Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-04-30


AUTOS 130726 (C.C.Nº22047) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "MARTIN Ceferina Lila C/ Ramos Enrique Américo - Resolución de Contrato".

PROTOCOLIZADO:L.S.- Año 2015- del Tº I -Fº118/123.- En la Ciudad de San Juan a 30 días del mes de abril de 2015, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y los Sres. Vocales Dres. Octavio Augusto Sánchez y Oscar Roberto Otiñano, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decreto de fs. 169, contra la sentencia de fecha 27 de agosto del año dos mil catorce, recaída en los presentes autos Nº130726 (C.C. Nº22047) caratulados: "MARTIN CEFERINA LILA C/ RAMOS ENRIQUE AMERICO - RESOLUCIÓN DE CONTRATO", dictada por el Sr. Juez titular del Primer Juzgado Civil, obrante a fs. 154/161.- 1°- ¿Resultan procedentes los recursos de apelación obrantes a fs. 162 y 168?;

2°- En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? EL DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- En la resolución que consta a fs. 154/161, el Sr. Juez de primera instancia -en lo relativo a los recursos- dispuso hacer lugar a la demanda entablada por la Sra. CEFERINA LILA MARTIN contra el Sr. ENRIQUE AMERICO RAMOS y, en consecuencia, declarar resuelto el contrato de compra-venta, celebrado entre ellos en fecha 08/03/2008; ordenar la restitución de la posesión de las cosas entregadas en el término de 15 desde que quede firme la presente sentencia, debiendo el demandado entregar a la actora la posesión del inmueble recibido, ubicado calle General Acha 896 -norte- (esquina Juan Jufré), Capital, San Juan, y la actora entregar al demandado la posesión del inmueble sito en calle San Francisco del Monte 959 -este- Capital, San Juan, como así también la posesión del automotor marca Ford Falcon, tipo sedan 4 puertas, dominio RMB 548, modelo 1985; hacer lugar al reclamo de daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual, fijando como monto indemnizatorio las sumas de dinero que reconoce la actora en su demanda haber recibido del demandado por las cuotas pagadas, de las cuales no recuerda su importe, con más la suma de $300 que fueran consignadas en la Escribanía Paz y luego consignadas en autos; e imponer las costas de la presente causa al demandado vencido.

También reguló los honorarios profesionales del Dr. FEDERICO MARIANO MOLINERO CARBONELL por la labor desarrollada (tres etapas) en doble carácter, como apoderado del actor, vencedor, en un valor equivalente al 21% del importe total del contrato aquí resuelto ($54.800); esto es la suma de Pesos ONCE MIL QUINIENTOS OCHO ($11.508) y a la fecha del contrato, esto es 19/03/2008; y a las letradas del demandado vencido, por sus labores desarrolladas, Dra. MIRTA SILVIA LUCERO, por una etapa (contestación de demanda), en doble carácter, perdidosa, en un valor equivalente al 4,2 %, esto es Pesos DOS MIL TRESCIENTOS DOS ($2.302); y a la Dra. SANDRA VIVIANA ALANIS SABAG, por una etapa (alegatos), en simple carácter, perdidosa en un valor equivalente al 3,6%, esto es Pesos UN MIL NOVECIENTOS SETENTA y TRES ($1.973), ambas de la misma base y a igual fecha.

Para así resolver, consideró -en síntesis- que valorando los medios probatorios obrantes en la causa, advierte que en el contrato suscripto por las partes en el mes de marzo de 2008, el demandado asumió una serie de compromisos que no cumplió en su totalidad, por lo que declaró resuelto el contrato con efecto retroactivo al día de su celebración por incumplimiento del demandado, debiendo ambas partes proceder a restituirse la posesión de las cosas entregadas, con las excepciones indicadas expresamente. Y por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento estimó justo y equitativo fijar a favor la actora en dicho concepto las sumas de dinero que reconoce en su demanda haber recibido del demandado por las cuotas pagadas, con más la suma de $ 300 que fueran consignadas en la Escribanía Paz y luego consignadas en autos.

II- A fs. 162 se interpone el recurso de apelación, por el demandado con patrocinio letrado.

La parte recurrente sustenta la crítica de la sentencia valiéndose, en sustancia, de los siguientes argumentos:

a) por cuanto en la sentencia se considera que la parte actora cumplió con las obligaciones asumidas en el contrato, cuando -según afirma- ello no es cierto;

b) porque no puede alegarse el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la parte actora al momento de efectuar sus intimaciones y de promover la demanda, y por ende no podría ejercer la facultad resolutoria;

c) por no realizar una interpretación distinta del mismo contrato en relación al demandado;

d) porque no puede considerarse -según sostiene- que el demandado no ofreció cumplir con sus obligaciones y la actora sí;

e) porque la actora obstaculizó el cumplimiento de las obligaciones del demandado, obligándolo a acudir a un escribano para consignar el dinero adeudado;

f) por no haberse tenido en cuenta las acciones, ofrecimientos y cesiones que el demandado hizo a la actora a los fines de logar el cumplimiento de sus obligaciones, como que la actora -en razón de las medidas del terreno- no puede ni podrá cumplir con el objeto del contrato;

g) porque aun cuando se haya declarado confeso al demandado, dicha prueba resulta irrelevante;

h) por resultar improcedente el reclamo de daños y perjuicios; y i) por haberse impuesto las costas a su parte.

Concluye afirmando que no puede efectuarse la resolución del contrato, máxime si su parte ha cumplido con más del 25% de las obligaciones a su cargo, y cumplió con sus obligaciones.

Hace reservas y pide que se haga lugar al recurso revocándose la sentencia impugnada.

III- A fs. 181/184 consta agregado el escrito de contestación del traslado de la expresión de agravios, presentado por la parte actora a través de su apoderado.

En el mismo se replica los primeros dos agravios sosteniendo que la actora ofreció escriturar el inmueble e incluso acreditó estar en condiciones de hacerlo con el juicio sucesorio.

Con relación al tercer, cuarto, quinto y sexto agravio, sostiene -en resumen- que el demandado no transfirió el inmueble ni el automotor, ni resulta posible hacerlo.

También agrega que, respecto al sexto agravio, el inmueble permutado por la actora puede dividirse, al menos bajo el régimen de propiedad horizontal.

Sobre el séptimo, octavo y noveno agravio sostiene que deben rechazarse porque las posiciones son válidas, y se deben pagar los daños y perjuicios causados, como las costas. IV- A fs. 209 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento de los recursos 1. El contenido u objeto de la impugnación lo debe constituir la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución (art. 253, CPCCM); sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Esta crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, debe implicar el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas.

2. Dicho ello se puede afirmar que en los contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas, se generan obligaciones en cabeza de cada sujeto interviniente. La finalidad, para cada una de las partes, estará dada por la obtención de una determinada prestación (una conducta de dar, de hacer o de no hacer) a cargo de la contraria. A cambio de ello, y caracterizando así a la relación de sinalagma creada, cada parte asume el deber de realizar una conducta propia.

3. Ahora bien, el incumplimiento contractual de uno de los contratantes cuando el otro cumplió con las prestaciones asumidas en oportunidad del acuerdo o, al menos, demostró su intención de hacerlo, le permiten a éste último extinguir el vínculo contractual.

El pacto comisorio o resolución por incumplimiento, en virtud del cual se produce la extinción del contrato con efectos retroactivos al momento de su nacimiento (art. 1204 y cctes. del Código Civil), necesita para su procedencia que el incumplimiento de una de las partes contratantes sea suficiente para frustrar el propósito práctico del contrato o, dicho de otro modo, que afecte su economía o el fin último que llevó a las partes a celebrarlo.

Además, solo es invocable por la parte que ha cumplido u ofrece cumplir la prestación a su cargo. Y en el pacto comisorio tácito, se requiere la intimación al cumplimiento y el transcurso del plazo que la ley fija -quince días- para luego poder hacer valer la resolución con intervención judicial.

4. En consecuencia, si al contestar la demanda (fs. 29/32) el demandado sólo se limitó a alegar que no hubo incumplimiento de su parte y al impugnar la sentencia no ha desvirtuado la consideración del a quo relativa a que el demandado no cumplió con las obligaciones asumidas en el contrato, su agravio debe ser rechazado. Es que, reitero, para que un escrito judicial constituya una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la parte apelante considera equivocadas, debe contener la refutación precisa de las pertinentes conclusiones de hecho y de derecho en las que el juez de primera instancia ha basado su pronunciamiento, Así, quedando claro que la posibilidad de la inscripción registral tanto del inmueble entregado por el demandado, como también del automotor que entregó como parte del precio, resultan de importancia capital para la adquirente -más aún, teniendo en cuenta el carácter declarativo y constitutivo que dichas inscripciones revisten respectivamente-, la no entrega oportuna de los documentos necesarios a dicho efecto, constituye -tal como lo indica el Sr. Juez de primera instancia- un supuesto de incumplimiento justificante de la resolución contractual operada conforme la resolución recurrida.

6. A ello se agrega que no resulta procedente alegar en la expresión de agravios posibles defensas que debieron -en su caso- ser opuestas al momento de contestar la demanda, tal como ocurre con la alegación de que la actora no habría cumplido con las obligaciones asumidas por su parte o que no estaba en condiciones de cumplir con su obligación de escriturar, o que el demandado cedió los derechos y acciones a favor de la actora por un boleto privado de compraventa que en este caso no fue agregado como prueba documental. Menos puede incorporarse en pretensión de condena en una expresión de agravios (pretensión de reparación en el octavo agravio), si no fue introducida como reconvención en el momento oportuno.

7. Con relación al agravio por los daños y perjuicios fijados como consecuencia del incumplimiento (arts. 505 inc. 3, 506, 508 y 511 del Código Civil), si la parte actora no produjo actividad probatoria alguna destinada a su demostración y cuantificación, no se advierte -entonces- razones que justifiquen su procedencia, y se considera errónea inclusión en la condena.

Por lo tanto, propongo que se admita parcialmente el recurso de la parte demandada revocando la sentencia impugnada en la parte que condena al pago de daños y perjuicios, y se modifique la imposición de las costas de primera instancia, distribuyéndose las mismas en una 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo de la actora (art. 70, CPCCM). Las costas de Alzada se imponen de igual manera.

8. Por último, respecto del recurso deducido por la parte actora a fs. 168 al haberse regulado los honorarios conforme la escala prevista en la ley 2150 y no habiéndose justificado que los mismo sean bajos -tal como se alega-, propongo el rechazo del mismo.

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde admitir parcialmente el recurso EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.- EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:

Por razones análogas a las aducidas por el Dr.Roberto M. Pagés Lloveras, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente el recurso de la parte demandada, revocándose la sentencia impugnada en la parte que condena al pago de daños y perjuicios, y modificar la imposición de las costas de primera instancia, distribuyéndose las mismas en una 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo de la parte actora;

II) Las costas de Alzada se imponen también en un 90% a cargo de la parte demandada y en un 10% a cargo de la parte actora.

III) Rechazar el recurso deducido por la parte actora a fs. 168.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.