Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-14


SENT Nº 282	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Catorce (14) de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Provincia de Tucumán -DGR- vs. Corresnoa S.R.L. s/ Ejecución fiscal".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor Alberto José Brito, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 10/9/2008, por la cual se hace lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la demandada.

II.- El recurrente se agravia por la imposición de costas. Sostiene que es arbitraria violando el principio de razonabilidad y los arts. 106, 108 y 109 del CPCCT. Expresa que la norma del art. 109 contempla el caso de que si el éxito fuera insignificante con relación al del otro, las costas se impondrán en su totalidad. Que en el texto de la sentencia se reconoce expresamente la insignificancia del éxito pero no obstante ello impone a la actora sólo en un 10% las costas sin más fundamento y aclaración alguna, ni explicación de porqué se aparta de la norma de derecho del art. 109 in fine, pues de un monto de $27.540,90 se hace lugar al planteo del demandado en $459,51. Que la diferencia es claramente abismal. Invoca el principio de equidad que debe funcionar en materia de costas. Cita jurisprudencia.

Destaca la contradicción sentencial pues afirma que la defensa del accionado prospera por un monto insignificante y desconoce sin embargo el artículo citado 109 procesal.

Considera violados el derecho de defensa en juicio y a obtener una sentencia fundada (arts. 18 CN, 30 CP, 33, 34, 39, 40 y 272 CPCCT).

Invoca gravedad institucional; hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso tentado.

III.- El remedio articulado fue declarado admisible por la Cámara, conforme surge del auto de fecha 12/11/2008; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el examen de admisibilidad y -en su caso- la procedencia del mismo.

IV.- La sentencia considera que la solución que recepta el fallo apelado es ajustada a derecho. Que la demandada y la excepcionante constituyen una sola empresa que está denominada en las actuaciones administrativas de la actora bajo estas dos denominaciones: una completa y otra abreviada, toda vez que así se ha identificado la propia accionada ante el Ente. Que ambas se corresponden, tienen el mismo número de CUIT y el mismo domicilio e idéntica actividad comercial, de lo que se colige que bajo las dos denominaciones se identifica una sola empresa que es la accionada. Que si se hubiera demandado a nombre de CORRESNOA S.R.L. no es suficiente para tornar procedente la defensa, cuando no existe duda alguna sobre la identidad señalada, que la propia accionada ha reconocido al considerarse demandada y presentarse en el juicio oponiendo además otras defensa.

En cuanto a la prescripción, señala que del análisis de los cargos tributarios en correspondencia con el expediente administrativo ofrecido por la actora, puede inferirse que la solución que propugna el fallo no es aplicable respecto a todos los cargos tributarios. Pone de relieve que no existe en autos prueba alguna del pretendido reconocimiento de deuda del cual se desprendería del plan de pagos presuntamente solicitado ya acordado a la accionada respecto del cargo por impuesto a los ingresos brutos con las posiciones que se señalan, y que se agrega a fs. 3. Que la única mención a tal tema surge del cargo tributario que detalla que de acuerdo a lo consignado en el documento correspondiente al Decaimiento Plan Ley 6950; que sin embargo la documental adjuntada agregada por la actora en la etapa procesal oportuna no consta prueba alguna de tal acogimiento y el presunto reconocimiento de deuda y compromiso de pago que alega respecto del certificado analizado. Que en efecto el expediente administrativo hace referencia a otros períodos de deudas posteriores al año 2001, tampoco de la documentación allí acompañada puede inferirse un reconocimiento de la deuda analizada. Que dicha prueba concreta es imprescindible para probar la interrupción del plazo de prescripción so pena de cargar con las consecuencias. Que la sola constancia inserta en el título ejecutivo que refiere al decaimiento del Plan Ley 6950 no resulta suficiente a fin de probar el acogimiento en tanto que no puede darse tamaña autoridad a una manifestación unilateral y extraña al título ejecutivo. Que tanto el acogimiento como el decaimiento de plan de pagos son actos administrativos ajenos en sí mismo a la conformación del título ejecutivo y por tanto, para oponerlos a la excepción de prescripción planteada oportunamente, deben ser probados conforme a las reglas generales de la prueba, incumbiendo a la parte que afirma un hecho controvertido, el probarlo. Que los argumentos del apelante se refieren precisamente a un acto jurídicamente relevante y por tanto pertinente y atendible, acogimiento de un plan de pago sobre el que se basaría la interrupción de la prescripción. Que por tanto no cabe alterar la carga de la prueba, siendo el ejecutante excepcionado el que debe probar si hay o no interrupción. Que el reconocimiento de la vigencia de la obligación, en tal sentido, de conformidad al art. 3989 CC debe ser probado por aquél que lo alega, lo que no aconteció. Cita precedente de estas Corte Suprema en igual sentido.

Concluye en que el fallo apelado no resulta ajustado a derecho en lo pertinente, por lo que debe modificarse toda vez que las posiciones mencionadas en el instrumento de fs. 3, que asciende a la suma de $459,65, la prescripción resulta procedente toda vez que al inicio de la ejecución los períodos incluidos en el certificado estaban ya prescritos. Que cabe revocar la sentencia descontando del reclamo esta suma, imponiéndose las costas por lo que prospera la defensa a la actora vencida. Las costas de segunda instancia se imponen a la actora sólo en un 10%.

V.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se advierte que el recurso debe prosperar.

En efecto, el recurrente se agravia por considerar que la sentencia es arbitraria al imponerle las costas en un 10% a su parte cuando el resultado del pleito, en lo que ha sido vencido por la contraria es insignificante en relación a lo que de su parte resulta victorioso.

En ello asiste razón al recurrente toda vez que se ha demandado por $27540,9 (fs. 14) y la demanda ha prosperado por $27.080,49 con lo cual la diferencia de $459.51 constituiría un 0.17%.

Es innecesario resaltar la insignificancia de este porcentaje en relación al monto por el que prospera la ejecución siendo, desde todo punto de vista, evidente.

Por lo demás, se observa también la falta de fundamentación y de razonabilidad en la Cámara al imponer el 10% del monto de lo demandado a la actora vencida en solo un 0.17%, ello sin de dejar de advertir que la imposición de costas no responde a criterios estrictamente matemáticos. En efecto, la valoración no depende exclusivamente de una mera cuantificación numérica, sino que constituye una cuestión de apreciación prudencial respecto a la conducta de las partes en el proceso y que compete a los tribunales de grado, salvo manifiesta arbitrariedad o desproporción (CSJT, sent. 1013 del 24/11/2000), vicio que precisamente se advierte en el presente caso. Es que el porcentaje impuesto por el tribunal de mérito no reconoce sostén jurídico razonable ni se explicita en la sentencia cuál este sea. Antes bien, como lo destaca el recurrente, es el mismo tribunal el que pone en luz la "insignificancia" del éxito obtenido por la demandada con lo cual, y a fuerza de ser coherentes, debió tener en cuenta la aplicación del art. 109 in fine procesal que precisamente se refiere a tal supuesto de hecho en forma expresa.

Así, esta Corte tiene dicho que: "En el marco del trámite de ejecución de sentencia, las costas de la impugnación de planilla deben ser impuestas a la ejecutada, cuando el mismo tribunal advierte la insignificancia del único rubro por el que prospera su oposición (arts. 572, 109 in fine y cc. del CPCC)" (sent. n° 1130 del 19/12/2005). Y también: "Partiendo de que la noción de vencido se establece con una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de las pretensiones y resultados (cfr. Arazi Roland y Fenochietto Carlos E. Régimen del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires: Astrea, 1994, pág. 120)", en la presente causa, el resultado es parcialmente favorable para cada una de las partes. En consecuencia, la norma de aplicación al caso, no es la del art. 106 del CPCC, que impone, como principio, las costas a la parte vencida, actora o demandada, según que la pretensión u oposición hayan sido rechazados en su integridad, sino la del art. 109 del mismo texto, que establece: "Si el resultado del juicio, incidente o recurso fuera parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se prorratearan prudencialmente por el Juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos. Si el éxito del uno fuera insignificante con relación al del otro, las costas se impondrán en su totalidad". Dicho de otro modo, el resultado del proceso no consagró un vencedor absoluto: ambas partes han triunfado y fracasado parcialmente en sus pretensiones, configurándose, el supuesto de vencimiento recíproco sin embargo, considerando la incidencia porcentual del monto de la condena respecto de la suma demandada, las costas se deben en su totalidad a la parte actora, debido a que su éxito fue insignificante en relación al de la parte demandada" (sent: 68 del 07/9/1998).

Por lo expuesto, debe casarse la sentencia en el punto recurrido, conforme a la siguiente doctrina legal: "Cuando el éxito obtenido por una de las partes fuera insignificante con relación al de la otra, las costas se le impondrán en su totalidad a la primera" (arg. art. 109 in fine procesal), y dictar como sustitutiva, al punto II de la sentencia recurrida: "COSTAS a la demandada vencida (art. 109 in fine procesal)".

VI.- A mérito de lo considerado, procede imponer las costas al vencido, por ser de ley expresa (art. 106 del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Alberto José Brito, vota en igual sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos del señor vocal doctor Alberto José Brito, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala Iª de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 10/9/2008, y, en consecuencia se CASA PARCIALMENTE la misma conforme a la doctrina legal enunciada, dictándose como sustitutiva: "COSTAS a la demandada (art. 109 in fine procesal)". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS conforme se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.