Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-03-19


2º Instancia. - Buenos Aires, 19 de marzo de 2008.

Y VISTOS:

1º) Apeló el Estado Nacional la resolución dictada a fs. 10126/38 en cuanto dispuso una serie de medidas como condición para hacer efectiva la entrega de la "posesión" anticipada de los bienes muebles e inmuebles expropiados según ley 26.272, la cual fuera solicitada por la concursada a fs. 9627/8 y conformada por aquél en su presentación de fs. 10112.

Los fundamentos obran desarrollados a fs. 10288/95 y fueron contestados a fs. 10356/61, 10363/68 y 10437/41.

2º) Se agravió el recurrente de que la resolución apelada haya dispuesto que la concursada continuaría con el "uso y goce" de los bienes hasta el 1º de febrero de 2008 o el menor tiempo que demandaran las reestructuraciones necesarias mientras se entregaba al Estado Nacional la "posesión" de dichos bienes, sin indicar cuál sería el destino de aquellos una vez vencida la fecha antes mencionada. Señaló que la entrega de la posesión en dichos términos implicaba que no pudiera cumplirse con la finalidad de la expropiación pues el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (en adelante INSSPJ), a quien debería transferirse la posesión, ya no podría hacer uso de aquéllos por disposición del magistrado. Agregó que, de entregarse el uso y goce a la concursada, tal como se halla previsto, se tornaría de imposible cumplimiento la guarda de los bienes muebles atribuida en la misma resolución al Estado Nacional, ya que éstos serían usados por la deudora con exclusión de las necesidades exteriorizadas por aquél y que dieran motivo a la expropiación.

También se quejó de que no hubiera sido dispuesta la transmisión al INSSPJ de los bienes objeto de la expropiación como fuera solicitado, y de que se le haya impuesto a este último una limitación "voluntaria" en relación al plazo de dos (2) años otorgado por la ley para promover la acción de expropiación prevista en el art. 33 de la ley 21.499, cuando éste es un plazo legal y no puede quedar librado al arbitrio judicial. Indicó que el establecimiento de un plazo tan breve obstaculizaba la posibilidad de que se efectuara una oferta indemnizatoria, atento la complejidad técnica de los pasos aún pendientes para la determinación del monto indemnizatorio.

Se agravió además, de que se hubieran impuesto condiciones más gravosas de las previstas por las partes para la toma de "posesión" de los bienes por parte de la apelante. Puntualizó que esa parte, oportunamente manifestó que "velaría" por la debida atención médica de los pacientes, la continuidad de las prestaciones de salud que reciben los afiliados al CEFRAN y el mantenimiento de las fuentes de trabajo a través de los mecanismos idóneos, lo que no implicó que se haría cargo, o que iba a asumir o garantizar, las obligaciones que se le atribuyeron al Estado Nacional en relación a esas materias, como así también respecto del funcionamiento del hospital y del hogar de ancianos y de efectuar las mejoras necesarias a los establecimientos. Añadió, además, que con la contratación de los seguros dispuesta en el pronunciamiento apelado se pretende que el Estado asuma responsabilidades que eventualmente corresponderían a la concursada, más allá de que dichas condiciones serían incompatibles con los plazos administrativos y recaudos económico-financieros que se derivan para el Estado Nacional como consecuencia de un proceso expropiatorio.

Agregó -desde otra perspectiva- que el plan de reestructuración de la Asociación dispuesto en el fallo apelado excedía las competencias de la intervención administrativa de la concursada, no correspondiendo que el Estado Nacional participara directamente en la reestructuración de la actividad social o el objeto de una asociación civil, máxime considerando que, al habérsele expropiado los bienes, en caso de demanda judicial dicha entidad, aquélla sería la contraria en ese eventual juicio. Hizo hincapié en que esta obligación impuesta por el a quo excedía el marco de relaciones habidas entre expropiante y expropiado y que por ello resultaba improcedente.

Por último, señaló que las obligaciones impuestas no podían ser incluidas en una indemnización expropiatoria y excedían las pautas legales previstas en el art. 10 de la ley 21.499, cuando la posesión en materia de expropiación no podía estar sujeta a modalidad o condición alguna.

3º) Descriptos del modo expuesto los agravios vertidos por la recurrente, se muestra conducente efectuar, previo a todo, una breve síntesis de los antecedentes de la cuestión traída a juzgamiento.

A fs. 9627/8 se presentó el interventor normalizador de la concursada denunciando la publicación de la ley 26.272 a través de la cual se expropiaron los inmuebles de la concursada y buena parte de los bienes muebles enunciados por la citada normativa. Solicitó, además, que se entregara la "posesión anticipada" de dichos bienes al Estado Nacional, con fundamento en que la concursada se encontraba en un estado crítico de sus finanzas, con ayuda financiera a través de subsidios por parte del Ministerio de Salud para asegurar el mantenimiento operativo del "Hospital Francés" y de su hogar de ancianos, y con un pago meramente parcial de las remuneraciones a los empleados. Especificó en este sentido que la expropiación conllevaría en última instancia la cesación de los aportes por subsidios del Estado Nacional, lo que importaría, en el marco de la expropiación de los inmuebles por parte de aquél, que la explotación de los servicios hospitalarios resultaría más gravosa y en extremo onerosa, pudiendo afectar los intereses de la masa concursal y la continuidad de la actividad empresaria de la concursada.

Sin perjuicio de que se advierte cierta contradicción en lo peticionado por la concursada, pues si bien, por un lado, requirió que se le diera la inmediata "posesión" de los bienes declarados de utilidad pública, indicando que el dictado de la ley 26.272 importaba el cese de los subsidios que los Ministerios de Salud y Trabajo venían otorgando, por otro, pretendió que con el traspaso se aseguraran las prestaciones de los usuarios y la operatividad de los servicios médicos hospitalarios brindados en los inmuebles expropiados a través del Estado Nacional o por el INSSJP, solución que sería incompatible con aquélla, lo cierto es que lo pretendido importa la entrega anticipada de bienes que son hoy propiedad de la concursada y la consiguiente privación de los beneficios que se derivan del uso y goce de aquélla en orden a la consecución del objeto asociativo que da sentido a la existencia misma de la concursada.

Al correrse traslado de dicha presentación de la convocatoria, la sindicatura señaló que la "posesión anticipada" pretendida por aquélla configuraba una situación ciertamente anómala en el marco del régimen legal de expropiación, por lo que requirió que se aclararan ciertos puntos relativos a la contratación de los seguros, la situación del personal, el pago de los salarios, las prestaciones a los asociados, además de las habilitaciones para brindar los servicios, y los pagos de impuestos, ente otros aspectos (fs. 9952/3).

Por su parte, el Estado Nacional conformó la entrega "anticipada" de la posesión de los bienes expropiados. Fue en ese marco que en su presentación de fs. 10112, solicitó que la entrega de la "posesión" dispuesta fuera a favor del INSSJP conforme lo previsto en el art. 3 de la ley 26.272 y, a fin de que éste asumiese la operatoria del funcionamiento integral del centro de salud. Señaló, asimismo, que la administración estatal "velaría" por la continuidad de las prestaciones de los servicios de salud que recibían los afiliados del CEFRAN a esa fecha, y por el mantenimiento de las fuentes de trabajo "a través de los mecanismos idóneos". Hizo saber, por otro lado, que la Jefatura de Gabinete de Ministros se encontraba facultada a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a los pagos que fueran necesarios.

Frente a esto, la sindicatura prestó conformidad a fs. 10122/4 con el traspaso de los bienes precedentemente individualizados, señalando la excepcionalidad de la situación y solicitando ciertos recaudos a los fines de asegurar los bienes y personas vinculados con ellos. Solicitó en ese sentido la contratación de seguros sobre los bienes involucrados en la expropiación, la asunción de la relación de dependencia con la totalidad del personal, la asunción de las prestaciones médicas que debían recibir los asociados y afiliados, que el Estado Nacional llevara a cabo las reparaciones edilicias necesarias, la realización de las habilitaciones exigibles y el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que gravaran dichos bienes. Peticionó asimismo la fijación de un canon mensual a ser abonado por el Estado.

4º) El a quo, hizo lugar en definitiva a lo peticionado por ambas partes -concursada y Estado Nacional- mediante la resolución recurrida, disponiendo una serie de condicionamientos que fueron apelados por el Estado Nacional.

En concreto las medidas cuestionadas por este último son las dispuestas en los puntos 2), 3), 4) y 5) del pronunciamiento de fs. 10135/38.

(4.1.) En el punto. 2) de dicho decisorio se dispuso que durante el plazo que corría hasta el 1 de febrero de 2008 o el menor tiempo que demandaran las reestructuraciones necesarias para la eventual subsistencia del funcionamiento de la concursada, el Estado debía asegurar la fuente de trabajo para la totalidad del personal y procurar una solución que garantizara la continuidad de prestación médica a la totalidad de los afiliados, en cuyo marco deberían observarse las siguientes reglas:

(a) la concursada podría continuar en el uso y goce -sin derecho a contraprestación especial alguna para el Estado Nacional- de los bienes cuya "posesión" detentaría el Estado Nacional;

(b) este último quedaba obligado a proveer la asistencia financiera necesaria -sin perjuicio del crédito a su favor que se seguiría de ello- para posibilitar y asegurar: i) el funcionamiento operativo y sanitario tanto del hospital como del hogar de ancianos; ii) la realización del mantenimiento y mejoras necesarias para posibilitar el cumplimiento de lo previsto en el punto anterior -en este caso sin derecho a repetición o crédito contra la concursada, dado que importarían un incremento de valor que no será indemnizado- procurando todo lo necesario para contar con las habilitaciones de rigor; iii) el mantenimiento en las condiciones contratadas de las prestaciones debidas a la totalidad de los afiliados existentes a esa fecha -excepto que existiera incumplimiento contractual por el afiliado que autorice su exclusión-; iv) la subsistencia de la totalidad de la dotación del personal que trabajaba y/o prestaba servicios a esa fecha para la concursada, sea que se encontrara en relación de dependencia o como contratado -salvo causal de injuria laboral o incumplimiento contractual que justifique el despido o la rescisión del vínculo-; v) el pago íntegro de las remuneraciones de dicho personal y cumplimiento efectivo de las obligaciones provisionales y de la seguridad social relacionadas a las mismas, incluido el seguro previsto por la ley 24.557.

(c) la concursada juntamente con el Estado Nacional -atento los compromisos asumidos y a los cuales se condicionó la entrega de la posesión por ella pedida sin depósito provisional alguno-, debían presentar a ese tribunal propuestas que hagan a "la reestructuración de la concursada y a garantizar a futuro la situación laboral de los trabajadores y las prestaciones a los afiliados, para su consideración y eventual homologación", indicándose que ello era condición sine qua non del otorgamiento y mantenimiento de la posesión sin depósito en cabeza de la expropiante.

(4.2.) A su vez en el punto 3) se estipuló que, durante el tiempo que corra desde que se efectivice la entrega de la posesión y hasta tanto medie pago de la indemnización expropiatoria, el Estado Nacional debía efectuar la contratación de seguros necesarios para garantizar los bienes expropiados ante un eventual supuesto de abandono de la expropiación por el expropiante, y para mantener indemne a la expropiada contra cualquier reclamo por daños de terceros en general, incluidos pacientes y personal. Todos ellos en beneficio de la concursada y con derecho a recupero o crédito contra ésta por parte del expropiante solo durante el tiempo en que aquella conserve el uso y goce de los bienes objeto de la expropiación cuya posesión se dispuso (fs. 10137).

(4.3.) De su lado, en el punto 4) se estableció, asimismo, que el Estado Nacional se comprometía, durante ese mismo lapso, a posibilitar la guarda en los inmuebles expropiados y en carácter de depositario judicial, de los bienes muebles que no se encuentren alcanzados por la expropiación por el tiempo necesario para su reubicación y/o realización.

(4.4.) Por último, en el punto 5) a los fines de no generar gastos judiciales innecesarios que pudieran volverse directa o indirectamente contra la masa de acreedores, se señaló que no se autorizaría hasta el 31/5/08 -salvo causal sobreviniente que se siga del eventual incumplimiento por el expropiante de las obligaciones impuestas por el presente- la promoción de la acción de expropiación inversa o irregular por la expropiada, fecha hasta la cual el Estado Nacional deberá formular su oferta indemnizatoria para arribar a un avenimiento y, en caso contrario, incoar la acción expropiatoria pertinente. Consignó, asimismo, que la conformidad con esa resolución y la recepción de la posesión por parte del Estado Nacional importaría una limitación voluntaria de su parte respecto del plazo de dos (2) años previsto en el art. 33 de la ley 21.499 (pto. 5).

5º) Pues bien, efectuada la síntesis precedente, es dable aclarar en primer lugar que el objeto de este recurso reside en determinar la procedencia de las obligaciones impuestas al Estado Nacional como "condiciones" para la "entrega anticipada" de los bienes expropiados, en el marco de la resolución apelada. Marco que, más allá de lo complejo de la situación presentada, no permite soslayar, a los fines del debido encuadramiento de la cuestión, que se trata de un concurso preventivo que se encuentra en trámite y en el cual no se ha presentado, aún, propuesta de acuerdo.

Cabe poner de relieve, a este respecto, que la ley 26.272 en sus artículos 1º y 2º declaró de utilidad pública los cinco (5) inmuebles de la concursada y los numerosos bienes muebles detallados en el anexo que se adjuntó a esa norma. Ello importa la lisa y llana expropiación de los bienes utilizados por la concursada para realizar su actividad, sin que se haya estipulado en esa ley norma alguna en relación a la situación de los empleados, el personal médico que presta servicios en el establecimiento sanatorial expropiado y de los afiliados beneficiarios de la prestaciones a que la concursada está obligada, a los que -hasta ahora- el Estado venía apoyando financieramente.

Recuérdase, por otro lado, que la ley 21.499 dispone que la declaración de utilidad pública puede comprender no solamente los bienes que sean necesarios para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización, convenga material o financieramente a ese efecto, con base en planos y proyectos específicos, de modo que se justifique que las ventajas estimadas serán utilizadas, concretamente, en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública (art. 7º). En el caso de expropiación parcial de un inmueble, se prevé que si la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del inmueble y también se dice que en el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de incluirla en la transferencia de dominio y sin perjuicio de que dicha superficie será establecida por el juez en el juicio de expropiación, conforme surge del art. 8.

Ahora bien, en autos no se ha hecho efectiva aún la expropiación de marras sino que, a pedido de la concursada, representada por su interventor normalizador elegido por el propio Estado, se dispuso la entrega de la posesión anticipada de los bienes incluidos en la ley 26.272, sin previo pago de suma alguna, pero previo cumplimiento de las condiciones indicadas supra y a fs. 10126/38 de estas actuaciones, con una determinación de obligaciones por un interregno temporal ya agotado antes de que el expediente fuera elevado a esta Alzada.

Así, es claro que el supuesto que nos ocupa debe ser analizado en el marco del art. 16 LCQ, como lo señala el a quo, puesto que la entrega "anticipada" de los bienes objeto de la expropiación encuadra en lo que ese precepto contempla genéricamente como "actos relacionados con bienes registrables".

Ese artículo, al contemplar los actos que el concursado tiene prohibido hacer, y respecto de los que necesita una previa autorización judicial, establece que, a los fines de otorgar dicha autorización, el juez ha de ponderar la conveniencia para la continuación de las actividades del concursado y la protección de los intereses de los acreedores.

En consecuencia, habiéndose planteado al juez un pedido de autorización para proceder a la entrega de la posesión de los bienes de la concursada al Estado Nacional, sin previo pago de una suma de dinero, aunque sea provisoria, el juez de grado debió arbitrar los medios para resguardar los intereses involucrados en el marco de este proceso, esto es, proteger los intereses de los acreedores, y de los restantes sujetos afectados, tales son los dependientes, los trabajadores y los afiliados. Se elaboró así, una solución compleja que preveía obligaciones y un acuerdo a término sobre aspectos sensibles propios del desempeño de la concursada que ya son subsidiados por el Estado, sin que ningún acuerdo, o "reorganización" entre el Estado y la concursada se haya formalizado al presente.

6º) En este marco aparece conveniente examinar la procedencia de las condiciones impuestas por el juez de grado en la resolución apelada, como introducción a la decisión que infra se adoptará.

(6.1) En primer lugar se reitera que el plazo dispuesto por el juez de grado en el punto 2) de fs. 10135/7 -hasta el 1 de febrero de 2008-, a la fecha en que los autos fueron elevados a esta Sala, ya había transcurrido. De ello puede seguirse que el recurso interpuesto contra las medidas allí consignadas y referidas al interregno comprendido en ese plazo resultaría abstracto. Sin embargo, no cabe concluir así, si luego se piensa que de esto puede desprenderse que la entrega de la posesión pedida pueda quedar expedita y sin condicionamientos como consecuencia de ello.

(6.2.) En cuanto a la exigencia dispuesta en el pto. 2.a), cabe señalar que resulta incongruente pensar en el uso y goce en cabeza de la concursada, con el plexo de las obligaciones que se proveen en cabeza del Estado, cuando tal situación resultaría, en todo caso, asimilable a la de un tenedor (art. 2461 Cód. Civil), por lo que no se estima pertinente tal condición.

(6.3.) De otro lado, en el pto. 2.c) de la resolución apelada se ordenó que la concursada juntamente con el Estado Nacional, debían presentar propuestas que hagan a la reestructuración de la concursada y a garantizar a futuro la situación laboral de los trabajadores y las prestaciones a los afiliados, para su consideración y eventual homologación.

Se estima que esta condición no resulta procedente. Ello, pues no cabe que se asocie necesariamente al Estado Nacional con la concursada a los fines de la reorganización y reestructuración de esta última, cuestión que solamente le atañe a la deudora. En efecto, no debe olvidarse que es la titular de los bienes sujetos a expropiación, como también de los restantes activos que no han sido afectados. Es, en principio, a ella a quien compete definir cómo continuará con su actividad, y/o cuál es la propuesta que ofrecerá a sus acreedores, sin perjuicio de los acuerdos a que pudiese arribar para ello.

Tales consideraciones hacen que deban prosperar las objeciones contra las condiciones previstas en ese punto de la resolución atacada.

(6.4.) Por otra parte, tampoco se advierte procedente el reembolso de las sumas que el Estado Nacional provea para cumplir con las exigencias dispuestas en el pto. 2.b) del pronunciamiento atacado, ya sea para asegurar el funcionamiento operativo y sanitario del hospital y del hogar de ancianos, como para otorgar las prestaciones debidas a los afiliados, y también las que se imputen a la subsistencia de la dotación del personal que trabaja y/o presta servicios a la concursada, y al pago de sus remuneraciones y cumplimiento de las cargas sociales.

En efecto, más allá de la pertinencia que pudiera tener dicho reembolso en el marco del derecho administrativo, se observa que, de prolongarse los efectos de la virtual tenencia otorgada al Estado Nacional, en esas condiciones y reconociendo a su favor un crédito por las sumas que aporte, se extendería sine die el endeudamiento de la concursada, el que podría llegar incluso a consumir totalmente el producido de la expropiación, y aún los restantes bienes del activo, en desmedro de los derechos de los acreedores, situación incompatible con los objetivos del instituto concursal.

(6.5.) Por último, también se observa que nada se dispuso sobre el destino de las cuotas que abonan los afiliados a la concursada, ni sobre cómo debería manejarse dicha cuestión en el marco de la "tenencia" dispuesta con las condiciones establecidas por el a quo. Tampoco surgen claramente de esta causa el monto de los importes que insumen dichas prestaciones, o el déficit que eventualmente producen, si lo hay, y en tal caso, cuál es la magnitud del subsidio que brinda el Estado Nacional.

7º) Ahora bien, debe señalarse que la resolución apelada, en la forma en que fue dictada, era un todo coherente en sí mismo, sin embargo, habiendo transcurrido el plazo dispuesto por el a quo en el pto. 2) y estimándose revocables los aspectos señalados en el considerando anterior (6.2, 6.3, 6.4), tal pronunciamiento carece de la integridad necesaria para subsistir, en tanto ha devenido impracticable el esquema allí dispuesto por el juez de grado.

Por otra parte, se advierte que si solamente se concediera la "posesión" pretendida al Estado Nacional, éste obtendría los bienes expropiados sin otorgar contraprestación a cambio, lo que contraría lo dispuesto por la propia ley 21.499 que prevé como condición una indemnización previa y desde este ángulo y en el marco concursal, una decisión en este sentido resultaría contradictoria con una clara prescripción constitucional (art. 17 CN). Tampoco puede obviarse que la incorporación al Estado Nacional (o al PAMI) de las instalaciones de la concursada reportarían en un indudable beneficio para éstos, pues se verá aumentada la capacidad de atención prestable con las camas disponibles en el establecimiento de la concursada, eventualmente, en beneficio de los afiliados al PAMI (véase la exposición de motivos de la ley 26.272).

Además, con la entrega de los bienes expropiados sin contraprestación alguna, se vaciaría a la concursada de su principal activo, quedando sólo sumida en la certeza de su pasivo laboral con la consiguiente extinción de las fuentes de trabajo, y en la imposibilidad de brindar las prestaciones médico asistenciales requeridas por sus afiliados. También se encontraría sometida a un acuerdo de expropiación, y a las forzosas alternativas judiciales para su determinación.

Señálase, por lo demás, que la resolución recurrida, solución "ad hoc" para un interregno temporal prefijado, no estaba haciendo efectiva la expropiación dispuesta por la ley 26.272, por lo que los agravios vertidos por el Estado Nacional en cuanto a que las obligaciones impuestas por el juez excederían el marco de la expropiación no resultan sustentables.

En efecto, lo que allí se ordenaba era una entrega "anticipada" de la posesión de los bienes declarados de utilidad pública, dentro de un proceso concursal, lo que necesariamente obligaba a arbitrar soluciones sui generis para tutelar los intereses del concurso durante el interregno hasta la formalización y conclusión del proceso expropiatorio, de modo que se asociaba el deseo de anticipar la posesión de los bienes con una reducción de los plazos para el correlativo cumplimiento de las obligaciones específicamente determinadas por la ley y, en su caso admitía la posibilidad de asumir otras obligaciones como las que en este caso eran presupuesto del espíritu y de la iniciativa del Estado cuando decidió intervenir el ente concursado. Véase que el Estado Nacional buscó una vía de solución a la situación que vivía la entidad, en un primer momento, a través de la designación de coadministradores con el objeto de que adoptaran decisiones sobre la presentación en concurso preventivo de la asociación y, en caso de ser necesarias, sobre medidas conservatorias del patrimonio de la entidad, ello, considerando la urgencia que presentaba el caso (Resolución IGJ Nº 243/06). Con posterioridad, dispuso la intervención de la concursada, atento las graves irregularidades que afectaban al normal cumplimiento de su objeto asociativo y de sus obligaciones, al caos organizacional y administrativo, al funcionamiento inorgánico y anárquico de los diversos sectores o áreas y de las direcciones y/o gerencias, la existencia de una movilización de los sectores sindicales por falta de pago de los salarios y honorarios, y la existencia de una presentación del Defensor del Pueblo de la Nación invocando un grave y masivo incumplimiento de los planes de salud ofrecidos por la concursada afectando el derecho a la salud de los afiliados. Por ello, se recuerda, fue que el Estado, en resguardo del interés público comprometido, intervino a la concursada a fin de procurar la regularización de la situación que existía, la necesidad de preservar el funcionamiento de la entidad y extremar los recaudos para proteger el derecho a la salud de los afiliados (Resolución MJyDH 571/06), y en este marco, luego, resolvió expropiar instalaciones y "velar" por el personal y por los afiliados de la concursada.

De otro lado, no puede desconocerse la naturaleza de la actividad de la concursada. En tal sentido, una entrega de los bienes sin ningún tipo de resguardo, como lo pretende la recurrente no sólo comprometería los intereses de los acreedores, obviamente destinatarios del proceso concursal que nos ocupa, sino que pondría en juego derechos esenciales de las personas tal como el derecho a la salud, derecho humano que recibe protección y garantía en las normas constitucionales y tratados de igual jerarquía, por el que el Estado debe velar (CN: 43; arg. art. 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948; art. 3 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica).

En el mismo sentido, cabe expresarse en relación a la continuidad de los trabajadores que prestan servicios en dicha institución y al pago de sus salarios, habida cuenta el carácter alimentario que éstos revisten. Señálase, sobre este último punto, que es indudable que la prosecución o continuidad de la actividad empresaria hace a la esencia de la solución preventiva. En esa línea de ideas, tampoco puede olvidarse que el principio de mantenimiento de la fuente de trabajo y los intereses en él involucrados van de la mano con los otros antes referidos, y ellos, con más la satisfacción del interés de los acreedores, hacen indiscutiblemente a la finalidad del concurso, en contraposición con la quiebra cuyo fin se dirige esencialmente a la realización de los bienes del deudor. Es claro en este contexto, que los principios indicados deben ser resguardados.

Como se indicara, debe destacarse el espíritu por el que el Estado Nacional intervino a la concursada, mediante el dictado de las Resoluciones IGJ Nº 243/06 y MJyDH Nº 571/06 y Nº 1634/06, esto es, procurar la viabilización de la presentación de este concurso preventivo y la necesidad de preservar el funcionamiento de la entidad, extremando los recaudos de protección del derecho a la salud de los afiliados. Ha de remarcarse por lo demás que subsiste siempre y aún incluso residualmente, el deber asistencial a cargo del Estado de velar por la cobertura de las necesidades de salud de los ciudadanos de este país -vg. leyes 24431, 24901 y dec. 762/97-. En este sentido ha de interpretarse la obligación de "velar" del Estado Nacional.

En este marco, sin embargo, esta Sala estima que se encuentran dadas las condiciones que la autorizan sobre la resolución apelada y con base en ella a abrir una solución continente de una alternativa superadora de la coyuntura en la grave situación social, asistencial y concursal que en el sub lite se plantea.

Dicha alternativa consistirá en, otorgar una OPCIÓN A FAVOR DEL ESTADO NACIONAL que éste puede tomar o dejar, y que deberá ser notificada a los demás interesados en ella, a sus efectos.

8º) LA OPCIÓN:

Con el propósito anunciado, déjase establecido que no se estima pertinente en esta etapa acceder derechamente a la posesión como se pidiera en autos, sino arbitrar una solución especialmente adaptada al caso y al iter temporal por el que atraviesa el proceso. Esta solución habrá de compatibilizar adecuadamente los intereses en juego: de los acreedores de la concursada, de sus dependientes, del personal médico y de los afiliados acreedores de las prestaciones asistenciales de la concursada, del propio Estado Nacional y de la concursada.

En este contexto, se estima pertinente conceder al Estado Nacional sólo la tenencia precaria de los bienes expropiados (art. 2461 Código Civil), hasta que se efectivice el pago de la indemnización expropiatoria mediante el consiguiente depósito judicial de los fondos.

Así, esta tenencia no habrá de intervertir el título en cabeza de la concursada, resultando esta resolución, a su vez, el título en virtud del cual se fijarán las condiciones de esa tenencia y se regularán los derechos y deberes de las partes (art. 2463 Cód. Civil).

En este marco, la tenencia precaria será otorgada al Estado Nacional quien podrá ejercerla, en su caso, a través del PAMI, y como no puede obviarse que de esta anticipación de la tenencia se derivarán beneficios en el uso de las instalaciones de la concursada que desde ya se deja autorizado, dicha tenencia se efectivizará a cambio del pago de una contraprestación compleja en beneficio de la concursada por la adquisición de aquélla.

Es de menester en consecuencia, establecer las pautas a que ha de ajustarse dicha contraprestación.

Estima esta Sala que para conciliar el complejo de intereses a satisfacer deben integrarse a ese fin y dentro de tal concepto las siguientes prestaciones:

i) La asunción por parte del Estado Nacional del funcionamiento operativo y sanitario del hospital y del hogar de ancianos, debiendo realizar el mantenimiento y las mejoras necesarias para ello, sin derecho a repetición o crédito contra la concursada. Señálase que esas mejoras importarán, en su caso, un incremento de valor que no debe ser indemnizado, toda vez que el Estado, como expropiante, será el beneficiario final de ellas. Deberá, además, procurar lo necesario para contar con las habilitaciones de rigor.

ii) La asunción por parte del Estado Nacional del mantenimiento en las condiciones contratadas de las prestaciones debidas a la totalidad de los afiliados existentes al día de la fecha -salvo causal de incumplimiento contractual por el afiliado que autorice su exclusión-; en cuanto a las cápitas abonadas por los afiliados. Siendo que el interventor normalizador de la concursada fue designado por el propio Estado Nacional y que este último es quien deberá proveer los fondos para cubrir las prestaciones, se estima prudente diferir al Sr. juez a quo establecer un mecanismo de administración que arbitre que el importe de dichas cápitas sean incorporadas a un fondo según pautas que deberán ser fijadas, y mediante el cual las cuotas de afiliación por prestaciones de servicios asistenciales percibidas por la concursada sean aplicadas inmediatamente a resarcir al Estado Nacional del gasto que las prestaciones que otorgue a los afiliados de la concursada le demanden, y que en caso de ser deficitaria la cobertura de esas prestaciones, el Estado Nacional asuma el déficit como contraprestación pecuniaria por el uso concedido y en caso de existir superavit, éste sea integrado en el activo de la concursada. Se reitera, pues, que deberá ser el a quo quien provea los detalles de implementación de esta administración.

iii) La asunción por parte del Estado Nacional de la subsistencia de la totalidad de la dotación del personal que trabaja y/o presta servicios al día de la fecha para la concursada, sea que se encuentre en relación de dependencia o como contratado -salvo causal de injuria laboral o incumplimiento contractual que justifique el despido o la rescisión del vínculo-, como así también, del pago íntegro de las remuneraciones de dicho personal y cumplimiento efectivo de las obligaciones provisionales y de la seguridad social relacionadas con las mismas, incluido el seguro previsto en la ley 24.557.

iv) La asunción por parte del Estado Nacional del pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven a los bienes expropiados, debiendo mantenerlos indemnes de cualquier reclamo por tal concepto motivado en deuda posterior a la entrega de la tenencia.

v) Como contraprestación complementaria por el uso y goce de los bienes de la concursada materia de expropiación y por la utilidad que éstos reportarían al Estado Nacional/PAMI, deberá oblarse también el pago de un canon que habrá de efectivizarse al tiempo en que se abone la indemnización por la expropiación, canon que será equivalente al 6% anual del valor que se determine de los bienes en cuestión (arg. analógicamente extraído del art. 20 ley 21.499), debiendo señalarse que la alícuota fijada lo ha sido considerando que en condiciones normales, el valor de la prestación por el uso y goce de los inmuebles rondaría en el 10% anual del valor de aquellos, con lo cual el canon aquí fijado resulta un complemento adecuado de las condiciones establecidas en los puntos precedentes y del importe de las obligaciones económicas que de los mismos se desprenden en beneficio de la concursada, que concurren a establecer el total de la contraprestación que se estima procedente.

9º) En cuanto a la contratación de los seguros dispuesta en el pto. 3) de fs. 10137, reitérase que en autos solamente se ha dispuesto la entrega de la tenencia precaria de los bienes involucrados, por lo que la concursada no ha sido desapoderada de éstos, los que siguen en cabeza de aquella hasta que se haga efectiva la expropiación y se haya abonado la indemnización correspondiente.

Ello amerita, desde ya, la contratación de los seguros que sean necesarios para satisfacer la extensión de cobertura dispuesta por el a quo en el punto aludido y exigidos por la sindicatura a fs. 10122/4. Esta condición pues, habrá de mantenerse a los fines aquí dispuestos.

10º) En cuanto a la reducción de plazos dispuesta en el punto 5) del pronunciamiento apelado, como lo indica el juez de grado, frente a la expropiación dispuesta respecto de parte sustancial de los activos que son explotados por la concursada y la situación concursal que nos ocupa, resulta necesario armonizar los tiempos y objetivos de un proceso expropiatorio, con los tiempos y objetivos propios de un proceso de reorganización concursal.

Cabe recordar que el trámite del concurso preventivo se encuentra formado por una concatenación de plazos, los que, en principio, resultan improrrogables y cuyo vencimiento conlleva a la consecuencia expresamente prevista en la ley concursal según la etapa en la que se encuentre el proceso. Además, durante ese lapso los acreedores toman conocimiento de la situación económica financiera de la concursada, la que, hoy por hoy, resulta harto dudosa frente al hecho de estar sus activos sujetos al resultado de la expropiación dispuesta por la ley 26.272.

Tales circunstancias afectan directamente los derechos de los acreedores de la deudora, ya sea dentro del marco del presente concurso, o en su caso, en la quiebra que pudiera decretarse por alguna de las causales previstas por la ley (v. art. 43 LCQ), pues hasta tanto no transcurriera el plazo previsto en el art. 33 de la ley 21.499, tanto aquéllos como la propia concursada no podrían saber si, efectivamente, la expropiación se haría efectiva y si dichos activos saldrían definitivamente del patrimonio de la deudora, así como también la magnitud de la indemnización correspondiente.

Ello hace que deban compatibilizarse aquellos plazos para evitar que se afecten los derechos de los acreedores, los cuales se verían desplazados en el tiempo, en caso de mantenerse en la indeterminación del lapso legalmente dispuesto en la norma antes referida.

De otro lado, si bien no se desconoce que el órgano jurisdiccional no puede abreviar per se un plazo dispuesto por una ley de orden público (art. 21 Cód. Civil), ello resultaría factible en caso de que el propio Estado se someta voluntariamente a dicha abreviación, conforme la doctrina sentada por la CSJN en relación al sometimiento voluntario a determinado régimen jurídico (Fallos: T. 308, p. 1837; T. 255, p. 216; T. 259, p. 402; T. 270, p. 26; T. 275, p. 256; T. 273, p. 187; T. 285, p. 410; T. 299, p. 373; T. 310 p. 1623; T. 312 p. 1494). Así, siendo que las condiciones aquí impuestas pueden ser aceptadas o rechazadas por el Estado Nacional, a su libre arbitrio, y con ello la tenencia precaria de los bienes en cuestión, en caso de aceptar esta última opción que esta resolución abre, deberá entenderse que, por ser accesoria condición, también habrá prestado conformidad a la abreviación de dichos plazos.

Ahora bien, no se soslaya que el plazo inicialmente previsto por el a quo en el pto. 5) de la resolución apelada aparece exiguo, atento el tiempo transcurrido durante la sustanciación de los recursos. Por ello, se estima procedente fijar un plazo abreviado hasta el 30 de septiembre de 2008, lapso dentro del cual el Estado Nacional deberá formular su oferta indemnizatoria para arribar a un avenimiento, y en su caso, efectuar el depósito correspondiente, o por el contrario para incoar la acción expropiatoria pertinente (art. 33 ley 21.499). Vencido dicho plazo, se encontrarán habilitadas las vías para promover las acciones expropiatorias pertinentes.

De convenirse el pago en esa oportunidad, o cuando en definitiva se intervierta el título mediante el debido pago del precio de la expropiación, podrá el Estado Nacional, en su caso, acordar el definitivo traspaso de la cartera de afiliados, y de la dotación del personal que presta servicios para la concursada, sin perjuicio de las salvedades ya dispuestas y previa conformidad de los interesados, si resultare ello posible, para lo cual deberán los interesados comprometer sus mejores esfuerzos.

11º) En cuanto a la guarda de los bienes muebles no alcanzados por la expropiación, que el a quo puso en cabeza del Estado Nacional en la resolución original, en carácter de depositario judicial, hasta tanto sean reubicados o sean realizados, no se advierte el gravamen que dicha disposición le pudiera ocasionar al Estado. Por ello, al no haberse indicado, mínimamente, cuál sería el perjuicio que ello le ocasiona, estímase conveniente hacer extensiva al esquema de "opción" que por la presente se instaura la exigencia que se analiza (véase que la queja tuvo su principal fundamento en que se otorgaba el uso y goce a la concursada, cuestión que deviene revocada).

12º) Finalmente, en el marco descripto y atento a lo expresamente dispuesto en los arts. 1 y 3 de la ley 26.272, será el Estado Nacional quien, en su momento, deberá transferir los bienes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, fijando su título o modalidad sin que quepa que el Tribunal intervierta en este estadio procesal el carácter de quien ha de ser, en su caso, el tenedor precario responsable frente al concurso (Estado Nacional). Ello, sin perjuicio del modo en que éste, previo cumplimiento de los recaudos exigidos, desempeñe su rol de tenedor, lo cual, en todo caso, sólo resultará oponible al concurso en la medida que no se desvirtúen las obligaciones asumidas como consecuencia de este pronunciamiento.

13º) Todas estas consideraciones llevan a esta Sala a estimar prudente la proposición de esta OPCIÓN, sobre la resolución apelada y en los términos aquí establecidos, reiterándose que resulta facultad del Estado Nacional aceptar la tenencia precaria de los bienes afectados por la expropiación en los términos indicados y mediante el cumplimiento de las condiciones aquí dispuestas. Con este alcance, habrá pues de revocarse la resolución apelada.

En orden a ello, se estima prudente fijar un plazo de treinta (30) días desde la notificación de la presente, para que el Estado Nacional se pronuncie sobre si ha de acogerse a la OPCIÓN aquí propuesta. Dicha notificación deberá efectuarse con habilitación de días y horas inhábiles y en el día, atento la perentoriedad de los plazos concursales, y con el fin de que pueda compatibilizarse con la propuesta concursal que se allegare.

14º) Como consecuencia de todo lo aquí expuesto, esta Sala RESUELVE:

(a) Revocar con el alcance precisado en este pronunciamiento la resolución de fs. 10126/38, confiriéndose al Estado Nacional la OPCIÓN establecida en los considerandos en los términos allí fijados.

(b) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento la forma en que se ha resuelto el recurso y a que el Estado Nacional pudo creerse con derecho a peticionar como lo hizo (art. 68, segundo párrafo CPCC).

(c) Disponer que esta resolución sea notificada al Estado Nacional, al Ministerio de Salud -y al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en su caso-, al interventor normalizador de la concursada, a la concursada en su domicilio social inscripto y en el constituido en autos, a las sindicaturas, y al Sr. Director del Pami, a sus efectos. A dicho fin, líbrense cédulas por Sala con habilitación de días y horas inhábiles y en el día. -María Elsa Uzal. -Isabel Míguez. -Alfredo Arturo Kölliker Frers.