Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-25


SENT.DEF.Nº: 16281	EXPTE.Nº: 7.184/05 (23476) JUZGADO Nº: 80 SALA X AUTOS: "QUIROGA JOSE LUIS C/ BERKLEY INTERNACIONAL A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL".

Buenos Aires, 25/09/2008	El Dr. DANIEL E. STORTINI, dijo:

1º) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito del recurso que contra la sentencia de fs. 530/537 formula la demandada Berkley Internacional A.R.T. S.A. a fs. 549/557, mereciendo réplica del actor a fs. 564/568. Asimismo apelan a fs. 538 y 546 los peritos ingeniero y médico, respectivamente, por considerar exiguos los honorarios que les fueron regulados.

2º) La aseguradora de riesgos del trabajo se agravia porque la juzgadora de grado admitió la acción civil que el actor interpuso contra ella en reclamo de una reparación integral derivada de los accidentes del trabajo sufridos y con fundamento en los arts. 1109 y 1074 del Código Civil.

Se queja por la valoración que hiciera la "a quo" de las pruebas rendidas en autos al condenarla a brindar una reparación integral por los dos episodios del trabajo sufridos por el litigante y que le provocaron una incapacidad absoluta. Afirma que su parte no incurrió en ninguna omisión culposa de deberes legales que guarden un vínculo de causalidad adecuada con el resultado dañoso para justificar su condena en los términos previstos por la normativa citada. Desde esa tesitura, pretende que su responsabilidad no se extienda más allá de los términos de la póliza pactada de conformidad con lo previsto por la ley 24.557. A todo evento, se agravia porque considera excesivo el monto de capital de condena, por la fecha a partir de la cual se dispuso el curso de los intereses y porque se admitió el planteo de inconstitucionalidad del actor contra el artículo 39.1 de la ley 24.557.

3º) Llega firme a esta alzada la ocurrencia de los dos infortunios laborales denunciados en el inicio, los cuales fueron admitidos por la aseguradora demandada en el responde y resultaron además corroborados con las constancias objetivas de autos.

El primero de ellos se produjo el día 26/11/99 mientras el trabajador realizaba sus tareas habituales en la planta de envasados químicos de su ex empleadora Tecnoquímica S.A. cuando, al cargar la cisterna de un camión con thinner, se produjo una detonación seguida de llamas que le provocaron quemaduras sobre el rostro, razón por la cual requirió atención médica y permaneció imposibilitado de prestar tareas hasta el día 28/01/00 en que se le otorgó el alta médica.

El segundo siniestro aconteció el día 24/08/00: al efectuar la limpieza de un tambor plástico con capacidad de 200 litros mediante la inyección y extracción a presión de un solvente de su interior (v.g. tolueno), se produjo una explosión con llamaradas que envolvieron el cuerpo del actor, provocándole quemaduras de gravedad en el rostro, el cuello, las cuatro extremidades y parte del tronco. Como consecuencia, el trabajador sufrió lesiones de 2º y 3º grado sobre el 51% de la superficie corporal, por las que debió permanecer internado durante tres meses y medio en el Instituto del Quemado y fue sometido a cirugías plásticas y reparadoras en seis oportunidades, además de recibir tratamientos de fisiokinoterapia y asistencia psicológica. También llega firme a esta instancia la existencia y evaluación del daño como una incapacidad permanente y absoluta (ver informe pericial médico de fs. 485/487), tal como previamente había sido dictaminada por la comisión médica interviniente en el trámite administrativo previsto por la L.R.T. (Dictamen Comisión Médica Nº 10D del 14/12/01 en Expte. Nº 10D-L-03769/01 de la S.R.T.).

Tampoco se encuentra discutido que en ambos siniestros la aseguradora demandada asumió el pago de los gastos generados por las prestaciones asistenciales y gastos médicos requeridos en la emergencia, como asimismo las prestaciones dinerarias correspondientes al período de incapacidad laboral temporaria (ILT) y por incapacidad laboral permanente (ILP) , todo ello de conformidad con lo establecido en la ley 24.557 y con los alcances de la póliza pactada (ver demanda a fs. 3 vta., contestación de la demanda a fs. 96 vta., constancias de fs. 26/34 y 88/89 reconocidas por el actor a fs.263, informes emanados de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a fs. 324/326 y fs. 350/359 y prueba pericial contable a fs. 447/460). 4º) En punto a la responsabilidad por omisión que se tuvo por configurada y es materia de apelación y agravios, cabe recordar que el art. 1074 del Código Civil establece un factor subjetivo de atribución al disponer que "Toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido". Se trata de un supuesto de responsabilidad por la omisión de un deber legal, donde se le reprocha al agente el no adoptar una conducta que le resultaba jurídicamente exigible y que, de haber sido cumplida, hubiese evitado o disminuido la posibilidad del daño. Para que tal responsabilidad proceda es además menester que la conducta omisiva guarde un nexo de causalidad adecuado con la producción del daño. Así lo ha entendido la doctrina con criterio que comparto al sostener que la omisión resulta causal cuando la acción esperada hubiere probablemente evitado el resultado y que la relación causal se establece juzgando la incidencia que el acto debido, de ser realizado, hubiera tenido con respecto al resultado o a su evitación (cfr. Lorenzetti, Ricardo L, "Notas sobre la responsabilidad civil por omisión", Zeus, t. 33-D, p. 55). En el caso el actor atribuyó esa responsabilidad a la aseguradora de riesgos del trabajo demandada por incumplir las obligaciones de prevención, control y asesoramiento que le imponen los artículos 4º y 31 de la L.R.T. y normas pertinentes del decreto reglamentario Nº 170/96 (ver fs. 6/8 de la demanda). Cabe remarcar entonces que en razón de la naturaleza del hecho imputado, correspondía a la aseguradora de riesgos demandada acreditar que cumplió en legal tiempo y forma con los deberes a los que se encuentra obligada en virtud de la normativa de la ley 24.557 y las demás disposiciones reglamentarias (ver en igual sentido esta Sala X en anteriores integraciones en SD 12971 del 8/9/04 en los autos "Cuevas, Carlos Oscar c/ Consolidar ART SA y otros" y SD 14.538 del 29/08/06 "Meza, Andres R. C/ Av. Rivadavia 7401 SRL y otro").

Desde la precitada perspectiva, coincido con la magistrada de grado en cuanto a que la prueba rendida en juicio apreciada en su conjunto a la luz de la sana crítica corrobora la existencia de los incumplimientos de esos deberes legales. Para así decidirlo tengo presentes los siguientes elementos probatorios:

a)	Las declaraciones testificales de Leguizamon, Montenegro y Durán: de ellas se extrae que luego del primer accidente del actor, cuya mecánica coincide en lo sustancial con el segundo (v.g. lavado de los contenedores), la empresa no revisó las medidas de seguridad del caso, pese a los reclamos que los trabajadores le habrían formulado en tal sentido. También dijeron los testigos que en oportunidad de producirse ambas deflagraciones el actor se hallaba realizando sus tareas habituales de trasvasado de solventes en tanques de material plástico, lo cual cumplía mediante uso de la ropa de trabajo común (y no antiflama) que le había provisto la empresa y que no existió ningún mecanismo de descarga de la electricidad estática generada por la tarea. Afirmaron además que sólo con posterioridad al segundo accidente la empresa requirió un nuevo asesoramiento profesional en materia de seguridad e higiene y que, sobre la base de esa nueva información, implementó medidas de seguridad específicas para la realización de esa tarea (ver fs. 285, 287 y 291). Los dichos de estos testigos son circunstanciados y los declarantes dan razón suficiente de lo que afirmaron, razón por la cual cabe asignarles pleno valor convictivo (art. 90 L.O.).

b)	El perito técnico informó que no pudo efectuar constataciones sobre el lugar de los hechos por el cierre del establecimiento. No obstante refirió, sobre la base de las constancias escritas que le exhibió la demandada, la existencia de cuatro visitas de la aseguradora al establecimiento en cuestión: una primera en el mes de febrero de 1998 donde le impuso a la ex empleadora del actor Tecnoquímica S.A. una serie de requerimientos que debía cumplir para pasar de un nivel II a III de seguridad dentro del Plan de Mejoramiento que debía cumplir antes del 31/12/98 (ver fs. 372/382). Las siguientes dos visitas tuvieron por finalidad la investigación del segundo accidente y se realizaron los días 28 y 29 de agosto del año 2000. Allí, luego de un relevamiento de la información disponible y a modo de conclusión el investigador actuante informó que, ante la reiteración del hecho y su confesa incertidumbre respecto de las causas técnicas que lo habrían motivado, atribuyó la deflagración a una probable acumulación de gases dentro del recipiente cerrado que se detonó por una descarga de electricidad estática generada por el movimiento del líquido en su interior (ver fs. 386/392). En consecuencia sugirió a la empresa una serie de medidas: la eliminación de los recipientes plásticos para todo tipo de hidrocarburos aromáticos, su inertización y la provisión al personal de ropa antiflama, además de que se buscara información adicional en medios nacionales e internacionales sobre las causas probables del siniestro (ver fs.393/399). La cuarta visita se realizó el día 14/11/00 a efectos de constatar el nivel de cumplimiento de las medidas antedichas (ver fs. 415/416). Además, entre las consideraciones periciales el auxiliar de justicia destacó que las sustancias químicas que se procesaban en el establecimiento (v.g. diluyentes, líquidos para frenos, refrigerantes, ceras, etc.) eran combustibles e inflamables, razón por la cual calificó al peligro de incendio como uno de los principales riesgos de la actividad. En cuanto a las causas probables del accidente, coincidió en lo sustancial con el dictamen del investigador de la aseguradora al atribuirlo a una deflagración por energía estática acumulada por el material plástico del contenedor en ese tipo de procesos (ver fs.424/427 y aclaraciones de fs. 436/438). Dicho informe ostenta calidad y seriedad científicas suficientes (art. 91 L.O.).

5º) Con base en los elementos de prueba reseñados infiero que la aseguradora demandada incumplió concretas obligaciones de prevención y asesoramiento que la ley de riesgos de trabajo pone su cargo, pues no acreditó haber instado una investigación posterior al primer accidente grave a fin de esclarecer las posibles causas como la que exige el artículo 5º de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y que, de ser cumplida en tiempo propio, hubiese permitido implementar las medidas de seguridad y protección personal que tardíamente sugirió luego de producido el segundo siniestro (conf. arts. 31 de la ley 24.557, 18 del decreto 170/96 y art. 3º de la Resolución SRT Nº 23/97).

Por ello, en tanto estimo razonable que el cumplimiento de los recaudos aludidos hubiesen evitado o al menos disminuido la posibilidad del daño, tengo por configurados los presupuestos fácticos que posibilitan responsabilizar a la aseguradora demandada en los términos previstos por el artículo 1074 del Código Civil. En consecuencia, propongo mantener la sentencia de grado en cuanto decide en relación.

En orden a la crítica vertida por la demandada sobre el monto diferido a condena por indemnización (tanto por el daño sufrido como por el daño moral), adelanto que la misma no habrá de prosperar.

En el marco de una acción civil como la presente la incapacidad física debe compensarse atendiendo a las aptitudes genéricas de la víctima y a la proyección de la secuela que el infortunio tiene o pude tener sobre la personalidad de aquélla y no sólo a la minusvalía de carácter laboral, por aplicación del principio de la reparación integral que consagran los artículos 1060, 1077, 1082 y 1113 del Código Civil. Dado que resulta difícil y a veces inadecuada la traducción en dinero de lo que puede conceptuarse como una "reparación integral", corresponde analizar pormenorizadamente las secuelas del siniestro y estimar de un modo prudencial las que puede seguir generando.

Desde la precitada perspectiva, teniendo en cuenta la edad de la víctima al momento del accidente (31 años), la incapacidad resultante (93,31% t.o.), el tiempo de vida útil hasta la edad jubilatoria (34 años), la categoría profesional (operario) y el monto del salario ($ 700) y las demás circunstancias fácticas del caso ya reseñadas, juzgo que la suma de $360.000 fijada por la jueza "a quo" en concepto de reparación del daño material y la de $120.000 que estimó en concepto de daño moral resultan razonables y acordes a los perjuicios sufridos, por lo cual sugiero confirmar lo resuelto.

En lo atinente al curso de los intereses, propongo confirmar la decisión de establecerlos desde la fecha de producción del último accidente porque ello se ajusta al principio establecido en el artículo 622 del Código Civil ante la gravedad y el carácter traumático del siniestro que objetivaron a la víctima daños irreversibles.

Finalmente, el agravio vertido contra la admisión del planteo de inconstitucionalidad incoado por el actor contra el artículo 39 de la ley 24.557 tampoco tendrá favorable tratamiento.

De comienzo señalo que el actor efectuó un planteo concreto en el escrito de inicio, donde cuestionó la norma referida en cuanto sólo admite la posibilidad de accionar civilmente en reclamo de una reparación en los supuestos de ilícito doloso del artículo 1072 del C.C. (ver fs. 8 in fine y sgtes.). Con anterioridad, en casos similares al "sub examine" esta Sala ha declarado la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT al constatar que la restricción establecida por tal precepto importaba un menoscabo sustancial del derecho de la víctima a percibir el resarcimiento integral al que tendría derecho cualquier ciudadano en circunstancias similares, con agravio a la garantía de igualdad consagrada por el art. 16 de la Constitución Nacional (ver entre otras, SD 15412 del 16/07/07 "Arroyo, Luis Alberto c/ Bruzzi Antonio Héctor y otro s/ accidente acción civil"). En sentido similar se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente ley 9688", en sentencia del 21/09/04. Como allí se dijo en el voto concurrente, la restricción aludida ".resulta censurable en la medida en que traduce el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, que se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos que, paradógicamente, tienen expreso y especial reconocimiento en la Ley Fundamental y en los pactos de igual jerarquía que le acceden". En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad del mencionada art. 39.1 LRT resulta ajustada a derecho.

Por las razones hasta aquí expuestas, sugiero confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide y ha sido materia de apelación y agravios de la aseguradora demandada.

6º) En atención al mérito, extensión y complejidad de las tareas cumplidas y lo dispuesto por las demás normas arancelarias vigentes, los honorarios fijados a favor de los peritos ingeniero y médica recurrentes lucen exiguos y corresponde elevarlos al 6% y 6% del monto allí indicado (art. 38 de la L.O. y cctes. de la ley 21.839, según ley 24.432).

Postulo que las costas de la alzada se impongan a la aseguradora vencida (art. 68, CPCCN), fijándose los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones en la instancia anterior (art. 14, ley arancelaria).

En consecuencia, voto por: I. Confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Elevar al 6% y 6% del monto allí indicado los honorarios de los peritos ingeniero y médica, respectivamente; III. Imponer las costas de la alzada a la aseguradora vencida; IV. Fijar los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones ante la instancia anterior.

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Como resultado del acuerdo precedente, este Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia recurrida en lo principal que decide y ha sido materia de apelación y agravios; II. Elevar al 6% y 6% del monto allí indicado los honorarios de los peritos ingeniero y médica, respectivamente; III. Imponer las costas de la alzada a la aseguradora vencida; IV. Fijar los honorarios de los letrados intervinientes en el 25% de los fijados por sus actuaciones ante la instancia anterior.

Se hace saber que la tercera vocalía se encuentra vacante (art. 109, R.J.N.).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse.

ANTE MI: