Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-02-04


--- En la ciudad de Trelew, a los 04 días de febrero del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y pre-sencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Raúl Adrián Vergara y Aldo Luis De Cunto, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "M., M. c/ C. A. DE PESCA S.A. s/ cobro de pesos - laboral" (Expte. N° 22.482 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 455. -- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 436, que fuera concedido a fs. 437, co-ntra la sentencia de la anterior instancia de fs. 428/431 y vta. que hizo lugar a la demanda instau-rada por M. M. y condenó a C. C. A. DE P. S.. al pago dentro del plazo de cinco días de la suma de $326.351.- con más sus intereses, en concepto de salarios a órdenes adeudados, indemniza-ción por antigüedad, adicional por rescisión e incremento contemplado por el art. 2 de la ley 25.323, y asimismo a la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones previsto por el art. 80 de la L.C.T. en el término de diez días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con impo-sición de costas a la sociedad vencida. - El informe previsto por el art. 62 de la ley 69 luce a fs. 438/447, el traslado conferido a fs. 448 fue evacuado por su contraria a fs. 449/452, y señala la apelante que su parte negó que al momento de remitir el actor su telegrama 021489845 se encontraba el actor a sus órdenes. Es más, su devengamiento no ocurre en forma automática y tal extremo fue admitido por el juzgador en los autos "E. S. O. c/ C. S.A. s/cobro de pesos laboral - expte. 256/2005" en relación al personal de marinería, conteniendo el CCT 175/75 al que se hace referencia en la sentencia, igual disposición en el art. 40 inc. i). Se dijo en la con-testación de demanda que el silencio de la accionada no podía ser valorado como una causal ob-jetiva para finiquitar el vínculo laboral, no ajustándose la conducta rescisoria del actor a la que corresponde a un buen trabajador que pretende mantener la continuidad del contrato de trabajo. El silencio como injuria habilitante del despido indirecto no fue valorado en la sentencia. El actor alegó en su demanda que "no tuvo otro remedio" que considerarse despedido, en tanto que la accionada adujo que el comportamiento del primero no se correspondía con el de un buen traba-jador. Ante ello la sentencia no se ajusta al principio de congruencia. Conforme los términos del responde debió ser objeto de valoración, de acuerdo a los arts. 63 y 242 de la LCT, la injuria es-grimida por el actor en su demanda -en definitiva el silencio de la accionada frente a su emplaza-miento- como causal objetiva que diera lugar a la conclusión del contrato de trabajo, teniendo pre-sente su antigüedad laboral y la inexistencia de antecedentes que advirtieran de algún incumpli-miento por la demandada a sus obligaciones. Explica los presupuestos del despido indirecto que coinciden con los propios del directo. En ese marco el juez es quien prudencialmente dirime si la denuncia directa o indirecta del contrato de trabajo se ajusta en cuanto a la oportunidad y propor-cionalidad como reacción ante un eventual incumplimiento contractual. Si bien la demandada se mantuvo silente en un primer momento, con posterioridad invitó al actor a recapacitar, citándolo incluso a embarcar. Se dice que tal conducta es irrelevante por ser posterior al despido indirecto cuando debió ser valorada positivamente en miras a la conservación del contrato de trabajo, tal como lo prescribe el art. 10 de la LCT. Se agrega en la sentencia como un argumento más que la intimación de embarque se completaba con el emplazamiento respecto del pago de salarios que se consideraban adeudados. Los salarios reclamados no se correspondían con períodos de em-barque, es decir, con una remuneración habitual, sino con "períodos a la orden" sin ninguna preci-sión respecto de los mismos, utilizando el término "aproximadamente". El presupuesto de hecho que habilitaría el pago de ese salario no fue acreditado, habiéndose concedido su pago en la sen-tencia en expresa violación de la norma sobre la cual se hace descansar su devengamiento (art. 40 inc. i del CCT 175/75). Por otro lado, la intimación del actor respecto de esta última cuestión lejos estaba de posibilitar a la demandada el saneamiento de la supuesta injuria y la consiguiente prosecución del vínculo laboral, adoleciendo de una absoluta falta de claridad. En definitiva, las causales invocadas por el actor para colocarse en la situación de despido indirecto han tenido una valoración aparente que no se corresponde con el principio de supervivencia de la relación labora-tiva al que deben comprometerse por igual las partes del contrato de trabajo. La reacción del actor lejos estuvo de tener una adecuada proporcionalidad. La sentencia condena a afrontar el pago de una indemnización por despido y adicional por rescisión, y si bien lo hace con remisión al CCT 370/71, que establece en sus puntos 9° y 12°, respectivamente, esos conceptos, la liquidación económica de los mismos se llevó a cabo sin guardar apego a la norma, con lo cual se incurre en su violación. El pedido de aplicación de la CCT 370/71 fue expresamente efectuado al momento de contestar la demanda. Se hizo referencia, tal como lo dispone el punto 9° de la misma al límite que este último establece al disponer que el salario de la convención colectiva que se adopte co-mo base de la liquidación no deberá superar el tope indemnizatorio establecido por el art. 245 de la LCT. Dentro del estricto marco de aplicación de la CCT 370/71 en su punto 9° se hizo referencia al art. 245 de la LCT, no solicitándose la aplicación de un convenio colectivo distinto del primero en tanto ese establece la indemnización que se le acuerda al trabajador marítimo frente al despido injustificado. La adopción de una base de cálculo diferente -remuneración mensual normal y habi-tual- significa la violación de la ley a la cual las partes se ajustan. La sentencia definitiva dictada incurre en violación del CCT 370/71 que acuerda una indemnización tarifada para el supuesto de despido incausado. Transcribe el punto 9 del CCT 370/71. Según esa norma convencional no es la remuneración mensual, normal y habitual, sino "... el sueldo establecido en la respectiva Con-vención Colectiva de Trabajo .". Surge claro que la remisión efectuada al art. 245 de la L.C.T. lo es al solo efecto de considerar el tope que el mismo dispone. El punto 9 de la CCT 370/71 no efectúa una derivación al art. 245 de la LCT sino tan solo remite al tope. La interpretación que se hace del punto 9 de la CCT 370/71 resulta de tal manera errónea. La autoridad de aplicación hizo saber que el CCT 175/75 tiene fijado un tope indemnizatorio de $3.642.- según Resolución MTSS N° 1050/96. Ese convenio ha sido informado por el Ministerio de Trabajo como aplicable a la cate-goría laboral del actor. De acuerdo a la Resolución 384/2004 los topes indemnizatorios fueron actualizados al mes de abril de 2004, con lo cual al momento del despido el sueldo de la conven-ción colectiva de trabajo base de liquidación de la indemnización por despido no puede superar la cantidad de $4.314.- Se dice en la sentencia que no sería factible la aplicación de su tope por en-contrarse suspendido de acuerdo al decreto nacional 817/1992. El referido decreto suspendió, entre otros, el CCT 175/75, al igual que la ley 21.429 y los artículos 142 y 143 de la ley 20.094, solo respecto de lo dispuesto en los arts. 34 a 36. En definitiva, de acuerdo a la prueba informativa producida en autos, dejada de lado en la sentencia sin una razón plausible, es la autoridad de aplicación la que da cuenta de la existencia de un tope indemnizatorio respecto de la convención colectiva de trabajo que indica como aplicable a la categoría laboral del actor. Según los términos del responde la accionada no requirió, como se expresa en la sentencia, la aplicación de un tope indemnizatorio omitiendo indicar el convenio aplicable, sino que frente a la liquidación efectuada en la demanda reclamó la vigencia del CCT 370/71 a los fines de su cálculo, dejando librada a la prueba informativa la individualización del mismo según actividad y categoría laboral del accionante. La sentencia no guarda así concordancia con la defensa opuesta al res-ponder la demanda afectando el principio de congruencia. La indemnización es concedida en in-fracción de la CCT 370/71 y del art. 245 de la LCT. Al responder demanda se aportó el recibo de sueldo que corresponde a la remuneración abonada al actor en el mes de octubre de 2004. desta-cándose que del mismo surge que el pago que se instrumenta corresponde a 65 días, de modo tal que su mensualización arroja un importe de $8.375,44.-Tal medio de prueba fue dejado de lado y en su lugar se valora la certificación de servicios confeccionada. El recibo de sueldo fue aportado por ambas partes. Al correr traslado de esa prueba documental no mereció objeción alguna por el actor en cuanto a que contendría una anotación falsa en lo relativo al período liquidado en el mis-mo. La copia de la libreta de embarco indica su embarco el 10/08/2004 y su desembarco el 12/10/04, completando 65 días de enrolado. Al disponerse el cierre del período probatorio su parte interpuso recurso de revocatoria contra la misma, dando como fundamento que se había omitido correr traslado al perito de las impugnaciones efectuadas, y la Sra. Juez a quo resolvió que era innecesario dar traslado al perito, con lo cual no otra cosa podía pensarse que claro resulta que la remuneración de $18.146,79.- no correspondía a un mes de labor. Entiende que la sentencia no se ajusta al principio de congruencia ya que no fue introducida en demanda la falsedad de la cons-tancia del recibo de sueldo. El pronunciamiento resulta extra petitum afectando las garantías cons-titucionales. Respecto del adicional por rescisión se indica que no corresponde adoptar la mejor remuneración por lo que se toma un promedio de los últimos seis meses. No hay otro fundamento que la voluntad de la sentenciante. Transcribe el punto 12 de la CCT 370/71 y señala que esa norma no dispone que el adicional por rescisión deba calcularse según un promedio sino que ex-presamente dispone la forma de cálculo. Los recibos de sueldo aportados indican el salario bási-co, de tal modo no existe razón para apartarse de la CCT 370/71. Ese salario básico constituye la base del cálculo en ambas indemnizaciones. Se condena al pago de la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323. Esa ley fijó de manera precisa cuales son las indemnizaciones sobre las que se calcula la multa. Ninguna de ellas es aplicable al trabajador marítimo que tiene un especial régi-men dispuesto por los puntos 9 y 12 de la CCT 370/71. Por último se admite a favor del actor una suma de dinero en concepto de salario a la orden en violación de la regla que gobierna la carga de la prueba. Ese salario no tiene una aplicación automática, tanto sea en el CCT 175/75, aplicable a los oficiales, como el CCT 356/03, en el caso del personal de marinería, sino que requiere que el trabajador goce de francos por voluntad del armador, y a su regreso se encuentre imposibilitado de embarcar por ausencia de buque. Requiere como condición para su otorgamiento que el traba-jador se ponga a disposición del empleador una vez que haya gozado el franco compensatorio, como también que ocurra la imposibilidad de su reembarco por un hecho no imputable al mismo. Ese presupuesto de hecho es el que debió invocar el actor y consiguientemente probar para hacerse acreedor al crédito que en tal caso se devengaría a su favor. La ausencia de la debida fundamentación se manifiesta en el otorgamiento de un valor día a partir de dividir la suma de $10.000.- reclamada caprichosamente por el actor por la cantidad de 349 días que se dicen acu-mulados. El salario a la orden que se reconoce, instituido por el art. 40 inc. i) del CCT 175/75 y art. 49 inc. h) del CCT 356/03, se lo desnaturaliza achacando a la demandada no haber alegado que el actor por su voluntad haya gozado de francos no otorgados por la demandada, cuando esa re-muneración no se origina en tal situación, sino por el contrario, cuando el trabajador goza francos por voluntad del armador y a su finalización no puede ser embarcado por ausencia de buque. Plantea caso federal y peticiona se revoque la sentencia en crisis en lo que es materia de agra-vios, con costas. -	A su turno, al contestar el traslado conferido sostiene el actor que los argumentos de la demandada respecto a la situación de despido son reiteración de los ya utilizados en su contestación por lo que no realiza una crítica concreta y razonada del fallo. Hace notar que la empresa en su carta documento pone a disposición la cantidad de 37 días a órdenes que fueron abonados tal como se expresa en el escrito de inicio de estas actuaciones. No es verdad entonces que no se encontrara a órdenes de la empresa al momento de la inti-mación. Tal cantidad de días es mayor aún de la determinada en la demanda. Tampoco es verdad que el silencio no puede ser tenido en cuenta para dar por finalizada la relación la-boral y que luego de producida el distracto la empresa trató siempre de mantener el víncu-lo. En fallo reciente de vuestro tribunal se ha dicho que los hechos posteriores al distracto resultan irrelevantes para mutar la calificación de injuria que como causal de ruptura del vínculo empleara la juzgadora del anterior grado. Los días a órdenes devengados se acre-ditan con la documental que se adjunta a la demanda, realizándose al punto 6 un cálculo pormenorizado. Además de existir prueba contable sobre la falta de pago, la demandada nada aportó para acreditar los pagos. El S.T.J. se ha manifestado sobre ese tema al pon-derar los telegramas autenticados y la inversión de la carga probatoria prevista en la ley de procedimiento laboral. Sobre ello resta por decir que la demandada debió probar que no se encontraba a órdenes. Según sus argumentos pareciera que un tripulante cuando desem-barca, luego de gozar de los francos compensatorios, no debería percibir remuneración al-guna hasta nueva citación de embarque. Esta posición es incorrecta y es la asumida por la empresa que según dichos de sus testigos (Gómez y Micheletti) respondieron que no abo-na sueldo a órdenes a los oficiales ya que no figura en el convenio de personal superior. Posición contradictoria ya que no paga por no corresponder, y en otra paga los días y en las fechas que se le ocurra. La jurisprudencia reconoció ese derecho ya que el naviero de-be notificar fehacientemente previo al desembarco al tripulante, en uso de licencias legales y convencionales. Si no lo hace, el tripulante continuará percibiendo salarios a órdenes. Además el actor se consideró despedido por falta de dación de tareas y la empresa nada dijo a la intimación, y de hecho el día posterior a que se consideró despedido lo cita a em-barque como quedo comprobado. El monto de la remuneración del mes de octubre de 2004 surge de la pericial contable y la documental aportada por las partes, en relación al certificado de servicios y remuneraciones, el cálculo del rubro por antigüedad se efectuó de acuerdo al art. 245 de la LCT. Surge de los recibos la fecha de ingreso que se denuncia y de la prueba pericial contable, con lo que se acreditó la cantidad de 11 años. Tocante al tope es interesante su inclusión extemporánea, ya que al contestar demanda nada dijo e incluso no fundó el derecho, y ahora expresa que el CCT aplicable es el 175/75. La sen-tenciante explica la no aplicación del tope del CCT 175/75. Transcribe fallo dictado en au-tos "Arrua, Ángel c/ P.puerta Argentina S.A. s/ cobro de pesos-laboral". El CCT 370/71 fue suscripto con anterioridad a la sanción de la LCT y no contiene escalas salariales. La doc-trina tienen dicho que el régimen de reparación equivale a un mes de sueldo y que resulta de aplicación el art. 245 de la L.C.T. y en su caso el art. 7 de la ley 25.013. Argumento vá-lido para que se acepten las multas establecidas en la ley 25.323. Sobre la carga de la prueba alude a la inversión prevista por el art. 45 (sic) de la ley 69. Solicita se rechacen los agravios formulados, con costas. --- 2. Entien-de la apelante que si bien se mantuvo silente en un primer momento con posterioridad invi-tó al actor a recapacitar, citándolo incluso a embarcar, por lo que esa conducta debió ser valorada positivamente en miras a la conservación del contrato de trabajo. --- No le asiste razón. --- -	--- Al respecto, señaló el juzgador que las comunicaciones de embarque efectuadas por la demandada con posterioridad a haber recibido la comunicación rupturista ningún efecto tienen. - Y la manifestación realizada en el sentido que la sociedad intentó mantener la relación laboral citando a embarcar al accionante debe des-cartarse por inconducente pues la comunicación rescisoria del trabajador fue impuesta el 10/12/2004 y recibida el 13/02/2004 (CD 021463746 AR, fs. 300; informe del Correo Ofi-cial, fs. 304), en tanto que la empleadora cursó carta documento el 14/12/2004 (CD 0211464684 AR, fs. 298, informe, fs. 304), esto es, con posterioridad a la extinción del vínculo. -- -	- En ese direccionamiento, la invocación de hechos posteriores al distracto es manifiesta-mente inoficiosa (conf. Altamira Gigena, coordinador, "Ley de contrato de trabajo", Astrea, 1981, T. 2, par. 10, pág. 426). --- Criterio sentado por esta Cámara, en su composición de sala única en c. 11.924, S.D.L. 185/94, y c. 12.451, S.D.L. 102/97; y Sala "B" en c. 15.114, S.D.L. 136/99, y c. 21.051, S.D.L. 16/2006. - Ello por cuanto la denuncia del contrato de trabajo por cualquiera de las partes es un acto unilateral recepticio que adquiere eficacia a partir del momento en que entra en la esfera del conocimiento del destinatario, cesando para el futu-ro los efectos del contrato. -- Una vez que la comunicación llega a destino, la denuncia se perfecciona, extinguiéndose ex nunc el contrato de trabajo, dando origen a una serie de nuevas obligaciones vinculadas con el hecho de la extinción. Una vez perfeccionada la denuncia, el contrato se extingue de pleno derecho . quedó sin efecto ex nunc, es decir para el futuro, con carácter definitivo (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de Derecho del Trabajo", Astrea, 1984, T. 5, págs. 269/270). -- Descartados así por inoficiosos los actos invocados por la demandada acaecidos con posterioridad a la extinción del contrato de trabajo, corresponde señalar como bien lo precisara la Sra. Juez de la anterior instancia que dos fueron las cau-sas invocadas por el trabajador al cursar intimación mediante telegrama del 02/12/04 en-tregado el 03/12/04 (CD 021469845, fs. 301; informe del Correo Oficial, fs. 304), la primera dación de tareas, y la restante pago de salarios a órdenes adeudados. - Y respecto de la primera causal el juzgador a fs. 429 brindó fundamentos por los cuales consideró que la intimación era ajustada a de-recho, sin que la apelante efectuara una crítica concreta del que fuera razonamiento diri-mente del fallo en tal sentido. - En tales condiciones, cuando se invocan distintas causales de rescisión contrac-tual debe considerarse la virtualidad de aquélla que quedó configurada en primer lugar (S.C.B.A., 07/05/1991, D.T. 1991-B, 1669). -- También que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido (indirecto), la acreditación de alguna de ellas, con entidad bastante para justificar la medida, es suficiente para admitir el pertinente reclamo indemnizatorio (CNAT., Sala VII, 23/10/92, D.T. 1993-B, 1249). --- De tal modo, desde que la intimación a dar tareas resultó justifi-cada ya que no se acreditó que debiera el actor encontrarse al tanto de la veda biológica y que según surge de la fotocopia de la libreta de embarque el actor había embarcado en di-ferentes tipos de buques y no todas las especies se hallaban en la misma situación según informes de fs. 199/201 y 208/215 (considerando I, último párrafo de fs. 429), a cuyo res-pecto la demandada no formuló crítica alguna a tales fundamentos, y atendiendo asimismo al silencio guardado por la empleadora a la intimación cursada por el dependiente (pieza de fs. 301, informe de fs. 304), corresponde concluir que el actor se colocó justificadamen-te en situación de despido indirecto (telegrama de fs. 300, informe de fs. 304) toda vez que inoficioso resultó el requerimiento de la sociedad a fin que se presentara el hoy accionante a embarcar cursado por carta documento del 14/12/2004 (CD 0211464684, fs. 298) cuan-do ya se había extinguido la relación laboral. Ta-les razones permiten señalar que se encuentra debidamente acreditada la primera de las causales invocadas por el trabajador -falta de dación de tareas- y ello por si sólo permite tener por justificada la situación de despido indirecto en que se colocara. --- Sin perjuicio de ello ingresaré también en la segunda causal invocada: falta de pago de salarios a órdenes adeudados. - En tal sentido, si bien en el escrito de contestación de demanda se negó que se adeudara salarios a órdenes (acápite II.1., 12a. negativa, fs. 148 vta.) cabe destacar que el actor en su escrito de inicio puso de relieve que a los 26 días de la intima-ción de pago la empresa puso a su disposición 37 días a órdenes (p. 4, fs. 74 vta.). -	En tales condiciones, debe ponderarse la situación existente con anterioridad a la pro-moción de la demanda para establecer si la intimación del actor resultó justificada. - Así, la intimación cursada el 02/12/04 recibida al día siguiente (telegrama e informe, fs. 301 y 304) no mereció respues-ta alguna a pesar que era carga para el empleador explicarse, por lo que su incumplimien-to originó como consecuencia desfavorable una presunción en su contra (art. 57 de la L.C.T.). --- Por ello bien señaló el sentenciante a fs. 429 vta. que frente a la intimación cursada mereció el silencio como respuesta, cuando la empresa tenía el de-ber legal de expedirse. Asi-mismo, existe otro fundamento vinculado a la valoración probatoria que permite confirmar en este aspecto el fallo en crisis por cuanto la apertura de esta instancia por la apelación interpuesta permite ejercer la facultad de revisión con amplitud suficiente ante la plenitud de jurisdicción. - En virtud del recurso de apelación, el tribu-nal de alzada asume la plenitud de jurisdicción sobre aquellos puntos que han sido objeto de apelación; es decir, sus facultades para decidir la cuestión son tan amplias como las que tenía el juez en grado (Loutayf Ranea, "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", Astrea, 1989, T. 1, par. 28, pág. 76). --- Además, el principio según el cual la jurisdicción del órgano "ad quem" se abre en función del alcance de la apelación, no obsta a que el mismo se pronuncie de conformidad con la regla "iura novit curia", es decir, que ha de realizar la calificación jurídica que corresponda de las pretensiones deducidas en el juicio, pues la misión de la justicia es aplicar el dere-cho independientemente de los planteos de las partes. En un orden de ideas similares se ha recalcado que el órgano "ad quem" no está limitado en su razonamiento por la argu-mentación del recurrente. Si bien debe ceñirse a los puntos objetados, al abordarlos tienen amplias facultades, iguales a las que sobre la materia tenía el "a quo". Incluso el juez de la apelación puede utilizar distintos fundamentos de derecho de los invocados por las partes y por el juez de primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales.", Li-brería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 420/421, respectivamente, y cita de fallos). - En tal sentido, la presunción en contra del empleador generada por su silencio en los términos del art. 57 de la L.C.T. se vio corroborada por la admisión de la hoy demandada toda vez que, cuando ya que se había extinguido el vínculo laboral, por carta documento impuesta el 28/12/04 y recibida el día siguiente (CD 015657941 AR e informe, fs. 295 y 304) admitió extrajudicialmente adeudar sueldos a ór-denes en una cantidad de 37 días. Se trata de una confesión prestada fuera de juicio que puede acreditarse por toda clase de pruebas, excepto la testimonial. Si hubiera sido hecha por escrito, la atendibilidad del documento en el cual conste dependerá de su naturaleza . tratándose de documentos privados requerirá el reconocimiento de la parte a quien se atribuya o, en su defecto, su comprobación (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1992, T. V-B, págs. 130/131). -- -	-- Y acompañada la carta documento de la sociedad empleadora a fs. 6 con el escrito de demanda, la misma quedó admitida por la contraria al agregar con su escrito de contestación copia de la misma a fs. 137, sin perjuicio que su envío y entrega quedó acreditado con el informe de fs. 304 al que se anexara nueva copia de la misma a fs. 295. De tal modo, la confesión extrajudicial constituye plena prueba de los hechos sobre que versa, en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo (425) del ordenamiento procesal. Por consi-guiente, la parte a quien ese tipo de confesión beneficia se halla relevada de la carga de producir prueba tendiente a acreditar los hechos confesados (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, pág. 135 y cita de fallos). -- Y en forma reiterada esta Cámara ha sostenido como principio general que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato de trabajo, queda sujeta a la prudente apreciación de los jueces, conforme a la facultad otorgada por el último párrafo del art. 242 de la L.C.T. (Meilij, "Contrato de trabajo", Depal-ma, 1981, T. II, n° 1845, pág. 462; en igual sentido, Etala, "Contrato de trabajo", Astrea, 1998, pág. 526). --- Es que, la valoración de la importancia y de la aptitud de la injuria para disolver el vínculo debe ser hecha prudencialmente por los jue-ces, teniendo en cuenta las modalidades de la relación y las circunstancias personales que se dan en cada caso (Fernández Madrid, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, T. II, par. 15.6.3., pág. 1615). -- En ese marco, cabe poner de relieve que el pago de la remuneración es el deber princi-pal del empleador (art. 74 L.C.T.) y es la contraprestación del trabajo prestado (Etala, ob. cit., pág. 166). - Y la mora del empleador pue-de, según las circunstancias, constituir injuria suficiente que autorice al trabajador a de-nunciar el contrato con causa justificada. El criterio genérico indica así que es lícito, por su gravedad, asignar a la falta de pago de los salarios el carácter de injuria suficiente para considerar rescindida justamente la relación laboral por parte del trabajador. También que ha sido doctrina generalizada decidir que es necesario practicar previamente una intima-ción de pago al empleador, y que una vez incumplida ésta, puede calificarse de "injuriosa" la conducta del empleador moroso (Meilij, obra y tomo citado, págs. 98 y 100/101, respec-tivamente). La falta de pago de las retribuciones es el incumplimiento de la principal de las obligaciones del patrón, y por eso es injurioso en cuanto constituye una patente inobservancia de las esen-ciales obligaciones derivadas del contrato o relación de trabajo. Observo que la mora en el pa-go de las remuneraciones no es en sí misma lo que autoriza la rescisión del contrato de traba-jo, sino el carácter injurioso de la conducta empresaria, que puede, según las circunstancias fácticas, resultar encuadrada en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo. Para que se configure la injuria y el trabajador pueda disolver el contrato por tal motivo, es necesa-rio que intime previamente el pago del crédito bajo el apercibimiento correspondiente. Esta es una exigencia impuesta por el obrar de buena fe (Fernández Madrid, obra y tomo citado, 2da. ed. act., 2001, págs. 1791/1792). - En este aspecto, la intimación cursada (telegrama de fs. 301) lo fue bajo apercibimiento de considerarse despedido con lo que el trabajador dio cumplimiento a ese previo recaudo y satisfacción al requisito elemental del deber de buena fe, por lo que justificadamente se colocó en situación de despido indirecto. --- Ello por cuanto la mora automática en el pago de las retribuciones (art. 137 L.C.T.) no justifica por si sólo la disolución del contrato sino el carác-ter injurioso de la conducta empresaria contraria a la buena fe, lealtad y probidad (art. 63 de la L.C.T.) que resulta de la falta de respuesta al reclamo de pago de los haberes adeudados, in-cumplimiento que se mantuvo al momento de la extinción del vínculo y que resultó confesado extrajudicialmente con la carta documento fechada el 27/12/2004 y que remitiera la hoy de-mandada el 28/12/2004 (pieza de fs. 6, copia de fs. 137, informe de fs. 304) al poner tardía-mente a disposición del trabajador salarios a órdenes adeudados. -- Así, se observa un incumplimiento objetivo que consiste en la falta de pago en tiempo y forma de la remuneración adeudada correspondiente a salarios a órdenes; y otro subjetivo consistente en la conducta asumida al no dar respuesta al requerimiento de pago del salario, y en este aspecto se sostiene que para que se configure injuria laboral es necesario que el incumplimiento obedezca a una actitud injustificada del empleador (Meilij, obra y tomo citado, pág. 101). -- En tales condiciones, la falta de pago de haberes adeudados, la intimación previa cursada y la conducta silente de la empleadora, sumado a que el incumpli-miento de su principal obligación se mantuvo al momento de la comunicación rescisoria sin justificación alguna, y que asimismo quedó debidamente acreditada la restante causal resciso-ria cual fue la falta de dación de tareas, permiten ponderar que tales hechos resultaron graves incumplimientos de la hoy demandada que justificó la situación de despido indirecto en la que se colocó el actor. - Con tales pautas, se desestima la queja vertida por la recurrente en este aspecto sin perjuicio de analizar posteriormente la procedencia o no del rubro diferencias salariales. --- 3. Corresponde ingresar a las quejas verti-das en cuanto a los rubros indemnizatorios objeto de condena. 3.1. Considera la apelante que el cálculo de la indemnización debe ajustarse a la disposición contenida en el artículo 9 del C.C.T. 370/71. Sostiene que ese punto 9 acuerda una indemnización tarifada por lo que la base de cálculo de la indemnización por despido in-causado según esa norma convencional no es la remuneración mensual, normal y habitual, y esa es la postura ya asumida al contestar demanda (acápite II.2, fs. 150 vta.). Desde ya que no le asiste razón a la demandada apelante al sostener que la indemnización se calcula conforme al C.C.T. 370/71 y no según las previsiones del art. 245 de la L.C.T., del que solamente adopta el tope. Al respecto, cabe des-tacar que el art. 9 del citado convenio colectivo alude a la indemnización que le corresponde al tripulante por el despido sin justa causa con remisión a la derogada ley 11.729 y sus modifica-torias, motivo por el cual el monto de la indemnización por despido incausado debe liquidarse conforme a la base de cálculo establecida en el ordenamiento laboral vigente, en el caso el art. 245 de la L.C.T. (mejor remuneración mensual, normal y habitual). -- Es criterio ya sentado por esta sala "B" con referencia a los parámetros establecidos por el art. 7 de la entonces vigente ley 25.013 en c. 19.783, S.D.L. 58/2004; y respecto a la aplicación del art. 245 de la L.C.T., por esta misma sala en c. 22.056, S.D.L. 20/2007, c. 22.218, S.D.L. 45/2007; y por la sala "A" en c. 20.379, S.D.L. 27/2005. -- Es que, dicho convenio fue suscripto con anterioridad a la sanción de la L.C.T., por lo que al aludir a "los montos indemnizatorios de la ley 11.729 y sus modificatorias" evidente re-sulta que permite su remisión a una ulterior modificación de esa ley, y en el caso al módulo previsto por el art. 245 de la L.C.T.

--- Así, en cuanto al monto de la reparación, el régimen prevé una reparación equivalente a un mes de sueldo por año de servicio, remitiendo al tope que pudiera establecer una ulterior modifi-cación de la ley 11.729 (art. 9°). En consecuencia, resulta de aplicación el artículo 245 de la L.C.T. y en su caso el artículo 7° de la ley 25.013 (Simone, Ana, "La regulación del trabajo marítimo fren-te al decreto 1772/91", en Revista de Derecho Laboral, 2004-1, Estatutos y otras actividades es-peciales-II, pág. 321, Rubinzal-Culzoni Editores). Corresponde in-gresar al agravio vertido al considerar la recurrente que el decreto 817/1992 (ADLA LII-B, 1763) suspendió las convenciones colectivas de trabajo incluidas en su Anexo III sólo respecto de lo dispuesto en sus arts. 34 a 36.

--- Considero que no le asiste razón pues el segundo párrafo del art. 37 no establece una suspen-sión parcial ("Suspéndese la vigencia de los convenios colectivos de trabajo incluidos en el anexo III que forma parte del presente."). - Así, el texto de esa norma resulta claro en cuanto a que la suspensión dispuesta en modo alguno restringe la misma a determinados aspectos de los con-venios colectivos de trabajo. - A su vez, el art. 35 no sirve de pauta interpretativa en el sentido postulado por la apelante ya que no se refiere exclusivamente a convenios colectivos toda vez que también menciona "actas, acuerdos, o todo acto normativo", máxime si se considera que en caso de duda en la interpretación o alcance de la ley los jueces se decidirán en el sentido más favorable al trabajador (art. 9 de la L.C.T.). - En tales condiciones, la suspensión del C.C.T. 175/75 (art. 37 y Anexo III del decreto 817/92) sólo pudo quedar sin efecto por normativa de igual jerarquía (art. 31 C.N.). --- En consecuencia, la Resolución 1050/96 (MTSS) que establece un tope indemnizatorio de $3.642.- para el C.C.T. 175/75 y la Resolución 384/2004 que adiciona $672.- al mes de abril de 2004 para aquellos convenios cuyos topes indemnizatorios no hubiesen sido actualizados (ADLA LVII-A, 380 y ADLA LXIV-C, 2943, respectivamente) resultan inaplicables ya que una resolución ministerial no puede establecer topes respecto de una conven-ción colectiva suspendida por un decreto nacional. De tal modo, al no resultar factible aplicar un tope indemnizatorio a una convención colectiva sus-pendida las razones vertidas llevan a desestimar los agravios expuestos por la apelante. - 3.2. Tocante al monto de la remuneración adoptada por el juzgador estima la recurrente que no corresponde a un mes de trabajo sino que el pago que se instrumenta en el recibo de sueldo aportado en calidad de prueba documental corresponde a 65 días, de modo que su mensualización exige la siguiente operación: $18.146,79 . /. 65 x 30 que arroja el importe de $8.375,44. --- Tales manifestaciones importan una reiteración de la postura asumida al contestar demanda (p. II.2., fs. 150), por lo que no hay agravio que atender al incumplir la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69. Se ha puesto de relieve de modo coinci-dente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión des-estimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en pre-sentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., T. III, pág. 357, y cita de fallos). --- Es que con ello evita hacerse cargo de los fundamentos vertidos por el juzgador a fs. 430 al precisar que la parte demandada aduce (ver fs. 150 y 228) que tal importe corresponde a 65 días de navegación. He dicho en otras oportunidades que la demandada no logra demostrar su aseveración, a poco que se observe que en la propia certificación de servicios por ella emitida (ver fs. 145) se hace constar que tal monto corresponde a un (1) mes de tiempo efectivo de trabajo.

--- Y a partir de considerar las constancias que resultan de la certificación de servicios y remune-raciones de fs. 145 y los fundamentos vertidos por el sentenciante, las manifestaciones de fs. 443 vta. en cuanto a que la Libreta de Embarco indica que su embarco ocurrió el 10/08/2004 y su desembarco el 12/10/04, completando 65 días de enrolado que fueron liquidados según la remu-neración de $18.146,79.-, resultan manifiestamente insuficientes como para erigirse en crítica concreta y razonada del decisorio, pues si ese monto retribuyó el mencionado período deja a su vez sin explicación alguna el importe abonado de $4.272,93.- para el mes de agosto de 2004. --- En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusio-nes del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso inter-puesto. (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado precedentemente, pág. 371, y cita de fa-llos). - Por tales razones, en este tramo de la queja la apelante incurrió en deserción par-cial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69). 3.3. Respecto del adicional por rescisión sostiene la apelante que al tomar un promedio remuneratorio la sentencia no tiene otro fundamento que la sola voluntad del sentenciante ya que el punto 12 del C.C.T. 370/71 no dispone que deba calcularse según un promedio sino que establece la forma de su cálculo y es el salario básico. - No le asiste razón ya que la lectura del citado art. 12 no hace referencia al salario básico sino "a un (1) mes de sueldo .. y de dos meses de sueldo ." según la antigüedad. -- Y ese art. 12 del C.C.T. 370/71 contempla un derecho para el trabajador que resulta equivalente a la indemnización sustitutiva por falta de preaviso, desde que establece una suma igual a un mes de sueldo si la antigüedad fuera inferior a cinco años y de dos meses si fuera ma-yor. Y con posterioridad al citado convenio se dictó la L.C.T., lo que obliga a dar primacía a las normas protectorias mínimas contenidas en dicho orde-namiento (orden público laboral y principio de la norma más favorable, arts. 7 y 9 de la L.C.T.), como consecuencia de lo dispuesto por el art. 6 de la ley 14.250. - n	Y la vigencia de la LC.T. está condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resul-ten compatibles con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta (art. 2), o sea, que sus mejoras son apli-cables a la "gente de mar" en la medida que se ajusten a las características del trabajo ma-rítimo y al régimen normativo especial (conf. Austerlic, "La estabilidad de la gente de mar", D.T. 1977, 253), y la aplicabilidad "relativa" de la L.C.T. al estatuto pesquero es criterio de esta Cámara, ya en su composición de sala única, c. 10.132, S.D.L. N° 163/94, c. 11.531, S.D.L. N° 56/95, c. 11.906, S.D.L. N° 56/96, entre otros pronunciamientos. - De tal modo, es evidente la asimilación del adicional por rescisión al instituto de la in-demnización sustitutiva por falta de preaviso contemplado en la L.C.T. por resultar compa-tible con la modalidad de la actividad y con el específico régimen jurídico al que se encuen-tra sujeta. - Es por lo demás criterio de esta Cámara, por su sala "B", c. 16.380, S.D.L. 67/2000; c. 19.259, S.D.L. 23/04; c. 20.269, S.D.L. 21/2005; c. 20.352, S.D.L. 27/2005; c. 21.151, S.D.L. 18/2006. --- En ese contexto, cuando se registran alteraciones mensuales de la remuneración se ha decidido para fijar la base indemnizatoria, sea un promedio de los haberes pagados durante los seis meses anteriores al distracto, o liquidarse la indemniza-ción sobre la base de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año de trabajo (Meilij, obra y tomo citado, pág. 427). -- Por tales razones, al tomar el juzgador el promedio remuneratorio de los últimos seis meses no hizo más que aplicar uno de los dos criterios posibles en la materia y ello conduce a la desestimación del agravio. -- Ello sin perjuicio de dejar a salvo que en realidad la ley no da solución para el caso y por eso algunos autores entienden que debe aplicarse el principio de normalidad próxima y por lo corriente se calcula sobre los haberes devengados en el úl-timo mes normalmente trabajado (Fernández Madrid, ob. cit., 2da. ed. act., 2001, T. II, par., 15.5.2., pág. 1714) (la cursiva me pertenece), por lo que por aplicación del art. 9 de la L.C.T. bien pudo la Sra. Juez tomar como base esta otra pauta que hubiera arrojado un monto mayor al fijado, cuestión en la que no ingreso ya que el ámbito del recurso de ape-lación está enmarcado por los límites que el apelante le impuso por lo que la sentencia en grado no puede ser modificada en su perjuicio, se trata de la prohibición de reformatio in peius o del empeoramiento de la posición del apelante (Loutayf Ranea, obra y tomo citado, pág. 143). - 3.4. Sostiene la quejosa que el art. 2 de la ley 25.323 precisa cua-les son las indemnizaciones a las que se refiere y ninguna de ellas es aplicable al trabaja-dor marítimo. --- Al res-pecto, dicha norma hace referencia a la falta de pago, entre otras, de la indemnización prevista en el artículo 232 de la L.C.T. en alusión a la indemnización sustitutiva por falta de preaviso. -- Y ya se señaló la evidente asimilación del adi-cional por rescisión al instituto de la indemnización sustitutiva por falta de preaviso con-templado en la L.C.T. por resultar compatible con la modalidad de la actividad y con el es-pecífico régimen jurídico al que se encuentra sujeta, por lo que inadmisible resulta una in-terpretación restrictiva del texto legal en perjuicio del trabajador. -- Es criterio ya adoptado por esta sala "B" en c. 21.051 S.D.L. 16/2006. -- A su vez, respecto de la indemnización contemplada por el art. 245 de la L.C.T. ya se precisó que el C.C.T. 370/71 fue suscripto con anterioridad a la sanción del citado ordenamiento, por lo que el art. 9 al referirse a los montos indemnizatorios de la ley 11.729 y sus modificatorias permite su remisión a una ulterior modificación de esa ley y por ende al módulo previsto por el cita-do art. 245. --- En consecuencia, por las razones vertidas y las ya expuestas a los puntos 3.1. y 3.3. que anteceden, como también por aplicación del principio de la norma más favorable (art. 9, segundo párrafo, de la L.C.T.), el incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323 debe incluir el adicional por rescisión y la indemnización por antigüedad. - Por tales fundamentos se desestima la queja. -- 4. En lo que hace a la condena al pago de salarios a órdenes dos son las quejas vertidas por la recurrente. 4.1. Así, sostiene que el salario a la orden no tienen una aplicación automática sino que requiere que el trabajador goce francos por voluntad del armador. Requiere como condición para su otorgamiento que el trabajador se ponga a disposición del empleador una vez que haya gozado el franco compensatorio, como tam-bién que ocurra la imposibilidad de su reembarco por un hecho no imputable al mismo. -- Al respecto, señalaré que salarios a órdenes es la remuneración correspondiente al personal navegante que queda a disposición del respectivo armador, una vez cumplidos los períodos de licencia, francos compensatorios, vacaciones, etc., y no puede ser reembarcado por cualquier hecho no imputable al tripulante. Y a fin de evitar las suspensiones del personal embarcado por no encontrarse en puerto próximo un buque del respectivo armador para re-embarcar -lo cual no es imputable al "hombre de mar"-, en las convenciones colectivas de tra-bajo concertadas en el curso del año 1975, las partes interesadas se comprometieron a reali-zar estudios a fin de instrumentar un régimen que proteja al tripulante ligado a la respectiva empresa por un vínculo estable, evitando que permanezca determinados períodos sin percep-ción de haberes. Es decir, que hay una tendencia general a garantizar al personal navegante el derecho a percibir haberes los doce meses del año (Vázquez Vialard, Director, ob. cit., 1985, T. 6, págs. 505/506). -- Con ese alcance, corresponde preci-sar que el art. 40 del C.C.T. 175/75 en los incisos i) y j), al igual que el art. 48, incisos h) e i) del C.C.T. 356/03, distingue dos situaciones. - La primera referida a que el tripulante usufructúe francos compensatorios por voluntad del armador, en cuyo caso al finalizar el goce de los mismos, si se encontrare en la imposibilidad de reembarcar por ausencia del buque, tendrá derecho a la percepción de habe-res hasta el momento de su reembarco. -- La segunda en la que el tripulante por su voluntad usufructúe de los francos compensatorios, a cuya finalización y de encontrarse en la imposibilidad de reembarcar no devengará ningún tipo de remuneraciones hasta su reembar-co. -- Y en materia de extensión de cada contratación los tripulantes de buques pesque-ros se ajustan por marea, y finalizada cada contratación, están legitimados para discutir las condiciones de un nuevo acuerdo, en ejercicio de la libertad de contratar (Romero Basaldúa, "Gente de mar", Lerner Editora S.R.L., 2005, págs. 384/385). --- Sin perjuicio de ello, finalizada una contratación de los tri-pulantes de buques pesqueros, éstos pasan a disfrutar de los francos compensatorios acumu-lados y, luego quedan "a órdenes" (CNTrab., Sala VIII, noviembre 10-998, "C., R. R. y otros c. P.s. S.A.", D.T. 1999-A, 1149). --- Por eso, la relación laboral no queda afectada por el desembarco del tripulante y es la em-presa armadora la que debe notificar de modo fehaciente al trabajador marítimo cual es su si-tuación, y el incumplimiento de tal notificación tiene como consecuencia que luego de usufruc-tuar los francos compensatorios tiene derecho a percibir salarios a órdenes. -- Y el principio protectorio que juega a favor del trabajador impide que pueda interpretarse que ante el silencio del empleador se considere que fue el tri-pulante que por su voluntad usufructuó los francos compensatorios para así encasillar su si-tuación en el inc. j) del art. 40 del C.C.T. 175/75 y no reconocerle ningún tipo de remunera-ción. - Es obligación de la em-presa definir si el tripulante usufructúa francos compensatorios por voluntad del armador, por lo que la falta de notificación a ese respecto lleva a encuadrar su situación en el supuesto con-templado en el inciso i) del art. 40 del C.C.T. 175/75 con el consiguiente derecho a percibir di-chos salarios luego de usufructuar tales francos. - Por ello se sostiene que al ser desembarcado o desenrolado el tripulante, no se afecta en for-ma automática el vínculo laboral que lo une a la empresa armadora, pues es obligación de es-ta última notificar a todo tripulante que se desembarca en uso de las licencias legales o con-vencionales establecidas, la decisión de no renovarle el contrato de ajuste, y tal notificación debe hacerse en forma fehaciente en el momento previo al desembarque. Si el armador no no-tificara al tripulante en el momento previo al desembarco que no se ha de renovar el contrato de ajuste, se debe considerar que se encuentra a órdenes, situación que torna el lapso que va del desembarco hasta el momento de la fehaciente notificación, con la consecuencia del dere-cho a la percepción de los salarios (CNTrab., Sala VII, mayo 19-981, "P., D. B. c. N. S.", D.T. 1981-B, 1528). Nótese también que en el escrito de contestación de demanda (p. II.2., fs. 151) no hubo referencia alguna a que el trabajador se hubiera desembar-cado y usufructuara de francos compensatorios por su voluntad, a cuyo respecto bien señaló el juzgador que la demandada ni siquiera ha alegado que el actor por su voluntad haya gozado de francos no otorgados por la demandada . -- A su vez, no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que el actor debió invocar que se ponía a disposición del empleador una vez que haya gozado el franco compensatorio ya que ese es el presupuesto de hecho que habilita la operatividad de la norma. -- -- Por el contrario, si la empleadora pretendía encuadrar la situación en el supuesto contem-plado en el inc. j) del art. 40 del C.C.T. 175/75 ello importa una limitación de su responsabili-dad toda vez que esa norma le permite no abonar remuneración alguna, por lo que la carga de la prueba se encontraba a su cargo, conforme lo prescribe el art. 377, segundo párrafo, del C.P.C.C. -- Así, cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia de todos los presupuestos, aun los negativos, de las normas sin cuya aplicación no puede te-ner éxito su pretensión procesal; en una palabra, sobre los presupuestos (de hecho) de las normas que le son favorables. Texto prácticamente calcado por el art. 377 del C.P.C.C. Con-cretamente y realmente soportará la carga de la prueba una u otra parte, según sea su posi-ción respecto del efecto jurídico perseguido. La responsabilidad probatoria en suma, no de-pende de la condición de parte actora o demandada, sino de la situación en que se coloca el li-tigante en el juicio para obtener una determinada consecuencia jurídica. (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, págs. 324 y 325, con cita de Rosenberg, Micheli y Sentis Melendo, respectivamente). - Es por ello que la empresa armadora debió probar el presupuesto de hecho (voluntad del tripulante de usufructuar francos compensatorios), que ni siquiera alegó, de la norma que invocara como fundamento de su defensa para así no abonar salarios a órdenes. Máxime si se considera como ya señalara al punto 2 que antecede la conducta seguida por la demandada, ya que si bien al contestar demanda negó que se adeudara salarios a órdenes (acápite II.1., 12a. negativa, fs. 148 vta.), previamente ante la in-timación cursada el 02/12/04 recibida al día siguiente (telegrama e informe, fs. 301 y 304) guardó silencio a pesar que era carga para el empleador explicarse (art. 57 de la L.C.T.), y posteriormente admitió extrajudicialmente adeudar sueldos a órdenes en una cantidad de 37 días (CD 015657941 AR e informe, fs. 295 y 304) sin dar precisión alguna a que período co-rrespondía (". PONIENDO A SU DISPOSICIÓN LOS SUELDOS A ÓRDENES EN LA CAN-TIDAD QUE EFECTIVAMENTE CORRESPONDEN, ES DECIR 37 DÍAS."). Con tales alcances, se desestima el agra-vio. --- 4.2. Tocante a la manifestación vertida a fs. 446 vta. respecto a la ausencia de fundamentación en el otorgamiento de un valor día del supuesto sa-lario a la orden obtenido a partir de dividir la suma de $10.000 reclamada caprichosamente por la cantidad de 349 días, cabe señalar que la quejosa no advierte que rige en el caso una pre-sunción más severa aun que la prevista en el art. 55 de la L.C.T., cual es la contenida en el art. 44 de la ley 69 que establece: "En los juicios donde se controvierte el monto por cobro de salario, sueldo u otras formas de remuneración en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación le corresponderá a la parte patronal demandada" (el subrayado me pertenece). --- En ese contexto, ante el reclamo efectuado por el trabajador en el es-crito de demanda por diferencias salariales y cálculos efectuados (p. 6, fs. 75) y alcance de la citada normativa de la ley de procedimiento laboral, la prueba en contrario respecto al monto del salario y días adeudados pesaba sobre la empleadora, por lo que el déficit incurrido recae en cabeza de esa parte. Es criterio ya sentado por esta sala "B", en c. 22.206, S.D.L. 43/2007, y también en c. 22.261 S.D.L. 54/2007. Por ello se desestima la queja. --- 5. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a la apelante vencida, con-forme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).

--- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profe-sionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios de los Dres. Jorge Alejandro G. R. Igón y Luis Ángel Novoa, letrados apoderados de las partes actora y demandada, en las sumas porcentuales equivalentes al 6% y 4,5%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente. -- --- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.- --- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. De Cunto manifestó: --- --- En virtud de que el Sr. Magistrado antes sufragante ha efectuado una clara reseña de la sen-tencia de origen de fs. 428/431 vta., de los agravios que contra la misma expusiera la demandada en su memorial de fs. 438/447 y de la contestación a los mismos que efectuara la actora a fs. 449/452, me remito a la misma en homenaje a la brevedad. - I.- El primer agravio expuesto por la quejosa se concentra en atacar la decisión en cuanto consideró al silencio guardado por la empleadora como injuria habilitante del despido indi-recto, sin detenerse en la alegada ausencia de buena fe referida en la contestación de demanda. Arguye que la injuria esgrimida debió ser objeto de valoración de acuerdo a los arts. 63 y 242 de la LCT a la luz de la antigüedad laboral y la inexistencia de antecedentes de incumplimiento por par-te de la accionada (ver fs. 439, primer y último párrafos). Añade que si bien su parte se mantuvo silente en un primer momento ante el emplazamiento, con posterioridad invitó a recapacitar al ac-tor, invitándolo a embarcar, conducta que lejos de ser irrelevante, debió ser valorada positivamen-te en miras de la conservación del contrato (ver fs. 439 vta. anteúltimo párrafo/440, primer párra-fo). Como se indicara en el voto antecedente, el actor comunicó su voluntad rescisoria mediante tele-grama del 10/12/04 recibido el 13/02/04 (ver fs. 300 e informe de fs. 304), mientras que la "invita-ción a embarcar" a la que aludiera la apelante es de fecha posterior, del 14/12/04 (ver fs. 298 e informe de fs. 304).

--- Tanto el despido directo dispuesto por el empleador -con justa causa o sin ella-, como la de-nuncia del contrato efectuada por el trabajador por justa causa -caso que se presenta en la espe-cie- resultan vinculantes, eficaces, una vez que logran conocimiento del destinatario, ya que se tratan de una expresión de voluntad unilateral pero recepticia (conf. R. B., L. E., en Rodríguez Mancini-Barilaro: "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", Ed. La Ley, 2007, Tº IV, págs. 363/364). Por tales motivos se ha considerado que los efectos disolutivos del contrato de trabajo se operan cuando el destinatario pudo enterarse al recibir la pieza respectiva (conf. CNTrab., 25/02/75, in re: "B. c/ D. T.", DT, 1975-708), y dado que los hechos posteriores a la disolución del contrato de trabajo no pueden ser invocados para juzgar sobre la procedencia de la cesantía (CNTrab., 15/09/77, in re: "F. c/ S.", LT XXVI-A, 270), la referida "invitación a embarcarse" deviene ineficaz a fin de valorar la justa causa o no del distracto, como bien lo señalara la Sra. Jueza de grado a fs. 429 vta., 2do. párrafo. - Sentado lo anterior, es de tener en cuenta que el actor intimó la dación de tareas y el pago de rubros que consideraba debidos de acuerdo al telegrama de fs. 301, el que fuera recibido el 03/12/04 (ver informe de fs. 304). Sin perjuicio de señalar que la demandada guardó silencio a dicha intimación, la misma al expresar sus agravios no ha rebatido lo manifestado por la senten-ciante -ver fs. 429, último párrafo- en cuanto a que no se acreditó que el actor tuviera conocimien-to de la veda biológica que impedía expediciones de P., así como lo expresado en cuanto a que M. había embarcado en diferentes tipos de buque para la demandada (ver copias certificadas de la libreta de embarque a fs. 13/66) y que la veda no alcanzaba a todas las especies (ver informes de fs. 199/201 y 208/215). Concluido entonces que no resultó acreditado el motivo de la veda bio-lógica tardíamente alegado con relación al pedido de dación de tareas, es de recordar que dado que el empleador debe garantizar al trabajador ocupación efectiva, el incumplimiento patronal in-currido sobre el particular -negando tareas al dependiente- es una injuria que cualitativa y cuantita-tivamente justifica el distracto indirecto (conf.T.Trab. Lanús Nº 2, in re: "A. G., G. c/ G. C. S. y otros, LLBA, 1998-876). Y si bien en el "sub lite" no existió una negativa expresa al pedido de da-ción de tareas, el silencio de la demandada importa presunción en su contra de acuerdo a lo nor-mado por el art. 57 de la LCT. En consecuencia resulta acreditada la causa invocada por el actor para justificar el distracto indirecto. La otra causal invocada y admitida por la "a quo" es el pago de salarios a órdenes (ver fs. 301 y 429 vta., 1er. párrafo). La empleadora negó esta deuda (ver fs. 148 vta., pto. II.1, 12), mas nuevamen-te aquí es de considerar negativamente para su posición el silencio mantenido frente a la intima-ción de fs. 301 (conf. art. 57 de la LCT), a lo que debe añadirse el expreso reconocimiento que efectuara respecto a la misma en la comunicación de fs. 295 (conf. informe de fs. 304) con poste-rioridad a la fecha del distracto. Se ha sostenido que cuando se demanda por dos causales de despido como son: mora en el pago de la prestación salarial y negativa de trabajo -tal como ocurre en la especie-, es necesaria la intimación previa al empleador para que quede configurada la inju-ria que justifique el despido indirecto, ya que con la intimación previa se le posibilita al empleador el saneamiento de la posible injuria (conf. CNATr., Sala I, sent. 70.631, del 06/06/97, B.J., 1998-210/211, cit. en Sardegna: "Ley de Contrato de Trabajo", Ed. Universidad, 1999, pág. 820). Como ha quedado demostrado el actor cumplió con la intimación referida con el expreso apercibimiento de darse por despedido, recibiendo como respuesta el silencio de la demandada, obteniendo res-puesta en forma positiva al reclamo de salarios a órdenes con posterioridad al distracto indirecto. La jurisprudencia es copiosa en el sentido de considerar injuria que justifica el despido indirecto a la falta del pago de salarios previa intimación del trabajador a que se cumpla con dicha obligación (ver citas en Sardegna, op. cit., pág. 759). En síntesis, concuerdo con la opinión del colega pre-opinante en cuanto a la corrección de la decisión recurrida en punto a tener por acreditadas las causales que justificaron al actor a colocarse en situación de despedido, desestimando los agra-vios vertidos sobre esta cuestión. II.- En segundo lugar la apelante se agravia con relación a los rubros indemnizatorios reconocidos en primera instancia por despido incausado y adicional por rescisión de contrato. 1) Manifiesta que al contestar la demanda, pidió expresamente la aplicación del CCT 370/71 respec-to de tales rubros, haciendo referencia al límite establecido en el art. 9 del mismo, habiéndose informado en autos el tope indemnizatorio fijado por el CCT 175/75 y actualizado de acuerdo a la Resolución MTEySS 384/04. Critica la decisión de la juzgadora en cuanto entendió suspendido el CCT 175/75 por el decreto 817/92 cuando dicha suspensión es parcial respecto a la materia regu-lada en los arts. 34 a 36 del citado decreto. El art. 9 del CCT 370/71establece que en caso de despido sin justa causa, todo tripulante tendrá derecho a percibir una indemnización consistente en $ 500 por cada año aniversario de servicio en la empresa, y en el supuesto de que se modifiquen los montos indemnizatorios de la ley 11729 y sus modificatorias, la indemnización será igual a un mes de sueldo establecido en la respectiva CCT por cada año de servicio hasta el tope que dicha modificación establezca. Al ser el referido convenio anterior a la ley 20744 y sus ulteriores reformas, cabe entender la remisión al art. 245 de la misma con sus ulteriores reformas, por lo que el monto de la indemnización por despido incausado debe liquidar-se conforme la base de cálculo contenida en dicha norma (mejor remuneración mensual, normal y habitual). --- Con relación a lo expresado por el recurrente a la suspensión parcial del CCT 175/75 dispuesta en el decreto 817/92, concordaré con el colega prevotante en que el art. 37, 2do. párrafo de este último no limita la suspensión del citado CCT a los aspectos parciales regulados en los arts. 34 a 36 del mismo decreto, ya que ninguna referencia a dicha invocada parcialidad se efectúa en el mentado art. 37. -Por lo tanto, no procede considerar las actualizaciones de topes indemnizatorios que para dicho convenio establecen las resoluciones 1050/96 y 384/04 del MTSS, por ser tales normas de inferior jerarquía que el decreto que dispusiera la suspensión de aquél (conf. art. 31 de la Const. Nacional). En consecuencia, acompañaré también en este punto el rechazo del agravio que propone el Dr. Vergara. 2) En lo que respecta al monto indemnizatorio establecido en la sentencia, el apelante considera que no sólo se infringió el art. 9 del CCT 370/71, sino que también se hizo lo propio con el mismo art. 245 de la LCT, ya que se toma como base de cálculo una remuneración que no se corres-ponde con la característica mensual referida en dicha norma. Y ello es así por cuanto considera que la remuneración abonada por el mes de octubre de 2004 corresponde a un total de 65 días, por lo que el monto tomado de $ 18.164,79 en su verdadera dimensión mensual se reduce a $ 8.375,44 (ver fs. 443, dos últimos párrafos). Dicha consideración es idéntica a la que la empleado-ra efectuara al contestar demanda a fs. 150, anteúltimo párrafo, por lo que en cuanto tal deviene insuficiente a los fines de considerar su entidad como agravio (conf. Fenochietto-Arazi: "Cód. Pro-cesal Civil y Comercial Comentado", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 942). En efecto se ha sostenido que la expresión de agravios carece de contenido si se remite a presentaciones anteriores, trans-cribiendo pasajes de la demanda o contestación (conf. CSJN, 02/05/89, LL, 1989-D-220; CN. Civ., Sala A, 23/10/88, LL, 1988-E-419, CN. Com., Sala A, 13/05/88, ED, 104-757, C 2da. Apel. Merce-des, 05/05/70, JA, 8-1970-857, entre otros). --- La juzgadora de grado expresamente hizo referencia a la certificación de servicios emitida por la pro-pia apelante y que obra a fs. 145 a fin de tener por acreditado que el monto referido de $ 18.164,79 corresponde al período mensual de octubre/04, y dicho razonamiento, más allá de su acierto o no, no fue objeto de crítica concreta, ya que no se explican los motivos por los cuales dicha certificación carecería de validez o se habría incurrido en algún error justificable. En sín-tesis, no se ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo en este aspecto puntual (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/04/71, LL, 143-100), por lo que concuerdo con el Dr. Vergara en que procede declarar la deserción parcial del recurso al respecto (conf. arts. 265 y 266 del CPCC, conf. remisión del art. 76 de la ley 69). -- 3) El siguiente agravio se centra en que se infringió el CCT 370/71 al hacerse consideración en la sentencia del adicional por rescisión de contrato referido en el punto 12 de la citada convención, por haberse calculado la suma correspondiente en función de un promedio remuneratorio de los últimos seis meses, computando los valores informados en la certificación de servicios confeccio-nada por la demandada. Entiende que el citado punto de la convención dispone la forma del cálcu-lo, debiéndose tomar como base el salario básico abonado al actor (ver fs. 444 vta./445). - El citado pto. 12 del CCT 370/71 dispone: "Todo tripulante despedido, sin justa causa, además de la indemnización que se fija en el presente régimen, punto 9º, percibirá, en concepto de adicional por rescisión del contrato de ajuste una suma igual a un (1) mes de sueldo establecido en la respectiva Convención Colectiva de Trabajo cuando la antigüedad en la Empresa fuera inferior a cinco (5) años y de dos (2) meses de sueldo establecido en la respectiva Convención Colectiva de Trabajo cuando la antigüedad fuera mayor de cinco (5) años". ---Tal como lo apuntara el colega preopinante la norma en cuestión reconoce una indemnización equivalente a la sustitutiva por falta de preaviso en atención a idéntica solución en relación a la antigüedad (conf. arts. 231 y 232 de la LCT). --- Mas teniendo en cuenta que la LCT es de sanción posterior al CCT 370/71, corresponde otorgar prevalencia a las normas protec-torias de la LCT, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 7 y 9 de dicho texto legal. Tiene dicho este Cuerpo que, "...partiendo de la norma primigenia del art. 2 de la LCT cuando edicta que la aplica-ción de la ley queda condicionada a que resulte "compatible" con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta", no está ex-cluido el trabajo en los buques pesqueros de la LCT (conf. CANE, SDL Nº 56/96). De allí que re-sulta clara la correspondencia del mentado adicional por rescisión del pto. 12º de la CCT 370/71 con la indemnización sustitutiva por falta de preaviso prevista en la LCT (conf. CANE, Sala "B", SDL Nº 21/05 y 18/06). - --- La sentenciante de grado, al decidir este punto, consideró que a falta de salario básico y con-vención colectiva aplicable, debía liquidarse el adicional por rescisión en base al promedio remu-neratorio de los últimos 6 meses, para lo cual computó los valores informados en la certificación de servicios confeccionada por la propia demandada (ver fs. 430, último párrafo/vta., 1er. párrafo). Al respecto se ha sostenido que "Cuando el trabajador es retribuido con rubros variables no hay modo de determinar exactamente cuánto habría ganado durante el preaviso no otorgado, por lo que resulta equitativo tomar el promedio del semestre. Si en ese lapso existe un mes de retribu-ción mayor que los demás, no existen motivos para suponer que el dependiente ganaría la misma suma durante el preaviso, pero tampoco los hay para pensar que ganaría una inferior, lo que pre-cisamente, torna procedente la aplicación del promedio mencionado" (conf. CNTrab., Sala III, sent. 73.020 del 06/12/96, "B.J.", 1997-204/205); asimismo se consideró que "en el caso de que el tra-bajador perciba remuneraciones variables, el preaviso debe ser calculado en función del promedio percibido durante los últimos seis meses" (conf. CN.Trab., Sala X, 13/04/05, in re: "Laporte, Ricar-do A. c/ Asociación Argentina de Agentes de Propaganda Médica de Ayuda Mutua y otros", DT, 2005 (septiembre), 1307); o "cuando el trabajador es retribuido con rubros variables, resulta equi-tativo tomar el promedio remuneratorio del semestre a fin de calcular el preaviso, la integración del mes de despido y las vacaciones proporcionales" (conf. CNTrab., Sala I, 05/11/04, in re: "M., L. M. c/ C. B. S., DJ del 09/03/05, 615). De allí que la jueza de grado no aplicó un criterio arbitrario al tomar el citado promedio semestral, sino que se trata de un criterio jurisprudencial que no resulta aislado, más allá de la existencia de diversas posturas al respecto. Pero en todo caso, como bien lo señala el Dr. Vergara, si se hubiera tomado el último sueldo percibido de acuerdo a la certifica-ción de servicios de fs. 145, el resultado hubiera sido aún más gravoso para la patronal apelante. En síntesis, por lo razonado en este considerando tampoco aquí ha de acompañarse la crítica del recurrente. 4) Se agravia el apelante de que se otor-gó la multa establecida en el art. 2 de la ley 25323, cuando la misma no resulta de aplicación en la especie, atento a que dicha normativa limita su aplicación al caso de las indemnizaciones estable-cidas en los arts. 231, 233 y 245 de la LCT (ver fs. 445 vta., cuatro primeros párrafos). El recurren-te no menciona en su agravio que el art. 2 de la ley 25323 prevé asimismo el art. 232 de la LCT, por lo que habiendo quedado dicho "ut supra" que el adicional por rescisión de contrato es asimi-lable a la indemnización prevista en dicha norma de la LCT, la multa resulta procedente en cuanto se calculó sobre ese rubro. Y también lo es respecto a su cómputo sobre la indemnización por antigüedad, atento lo razonado en el considerando II, 1) en cuanto a la remisión del art. 9 del CCT 370/71 al art. 245 de la LCT -dado que se refiere a la ley 11729 y sus modificatorias-. En base a lo dicho, a lo que cabe añadir el criterio "in dubio pro operario" que emana del art. 9 de la LCT, resul-ta correcto el reconocimiento de la multa en cuestión. -- III.- Finalmente se queja la demandada de que se admitió a favor del actor una suma en concepto de "salarios a la orden". --- 1) En primer lugar ex-presa que dicho rubro no es de aplicación automática tanto en el CCT 175/75 como en el 356/03, exigiéndose que el trabajador goce de francos por voluntad del armador y a su regreso se encuen-tre imposibilitado de embarcar por ausencia de buque. De allí que, entiende, debió el actor invocar y acreditar haberse puesto a disposición del empleador una vez que haya gozado del franco com-pensatorio (ver fs. 446). La "a quo", teniendo en cuenta lo normado por el CCT 307/99 (actualmen-te 356/03) en cuanto a que los salarios a órdenes comienzan a gozarse cuando el trabajador haya usufructuado francos compensatorios por voluntad del armador y al finalizar el goce de los que tenía acumulados no puede reembarcarse por ausencia de buque, decidió hacer lugar al reclamo atento a que la demandada ni siquiera alegó que el actor haya gozado por su voluntad de francos no otorgados por la empleadora (ver fs. 431, 2do. y 3er. párrafos).- Como bien lo distingue el vocal prevotante, el CCT 175/75 en su art. 40, inc. i) y el CCT 356/03 en el art. 48, inc. h) prevén la si-tuación de que el tripulante usufructúe francos compensatorios por voluntad del armador, en cuyo caso al finalizar dicho goce y no pueda ser reembarcado por ausencia de buque, tiene derecho a la percepción de haberes como personal a órdenes. En cambio, tanto el CCT 175/75 (art. 40, inc. j), como el CCT 356/03 (art. 48, inc. i), contemplan el supuesto en el que el tripulante, por su vo-luntad, usufructúe francos compensatorios acumulados, en cuyo caso al finalizar el goce de los mismos sin poder ser reembarcado por ausencia de buque, no devengará remuneración alguna hasta su reembarco. Debe partirse del presupuesto de que el "salario a órdenes" no es más que la remuneración correspondiente al personal navegante que queda a disposición del respectivo ar-mador una vez cumplidos los períodos de licencia, francos compensatorios y vacaciones, etc., y no puede ser reembarcado por cualquier circunstancia no imputable al tripulante, por lo que obra como una contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo no realizada (conf. CNTrab., Sala V, 08/09/86, in re: "M., N. G. C/ Y.", en Rev. "Legislación del Trabajo", T 1987 (XXXV-A), pág. 136). Alude a la peculiar situación en que los dependientes como "personal em-barcado" de las empresas navieras, se encuentran en la moderna organización armatorial, en cuanto a la conveniencia empresarial de asegurar la continuidad en el servicio, manteniendo la estabilidad laboral entre cada desembarco y embarco sucesivo (conf. Romero Basaldúa, L. C.: "Gente de Mar. Contrato de Ajuste", Ed. Lerner, 2005, pág. 208). Es decir, que debe partirse del presupuesto de la estabilidad en el vínculo de empleo, por lo que resulta obligación de la emplea-dora precisar el tipo de francos a usufructuar para que el trabajador pueda tener cabal conoci-miento de su situación entre cada desembarco y embarco. - En el contexto antedicho, bien expresó la juzgadora de grado que la demandada debía invocar y acreditar que el trabajador hubiera gozado de francos por su propia voluntad a fin de liberarse de la obligación de abonar los salarios "a órdenes"de esa manera. Si a ello se añade que la apelante se mantuvo silente ante la intimación concreta de fs. 301 que efectuara el actor, y que posterior-mente admitiera adeudar sueldos "a órdenes" por 37 días sin precisar los períodos correspondien-tes (ver fs. 295), cabe desestimar este aspecto del agravio tratado.- --- 2) En segundo término, y siempre con relación al reconocimiento del rubro aquí examinado, cuestiona el agraviado el monto y el período reconocido en la sentencia, en la que se consideró para ello sin explicación alguna -según entiende-, lo requerido en la demanda (ver fs. 446 vta.). Nuevamente aquí habré de concordar con el colega de Sala, en cuanto a que resultan de aplica-ción en este tema el art. 55 de la LCT y más puntualmente el art. 44 de la ley 69. Es por ello que ante el reclamo del actor en este aspecto por los días enumerados y por la suma de $ 10.000 (ver fs. 75, pto. 6 y 75 vta., pto. 7), correspondía al apelante la prueba en contrario, debiéndose deses-timar en consecuencia el planteo del mismo. IV.- En virtud de lo todo lo razonado, co-incido con el Dr. Vergara en que corresponde propiciar la confirmación de la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas en la Alzada a la quejosa perdidosa (conf. art. 68 del CPCC). - En cuanto a la regulación de honorarios en esta sede, dado el resultado del pleito, extensión y entidad de los trabajos realizados en esta instancia de apelación, deviene razonable fijar los mismos, al letrado apoderado del actor Dr. Jorge Alejandro G.R. I. y al letrado apoderado de la demandada Dr. L. Á. N., en un 6% y 4,5%, respectivamente, del monto de condena que resulte de la liquidación a prac-ticarse en la etapa procesal oportuna, con más el IVA respectivo (conf. arts. 6,14, 19 y 47 de la ley arancelaria). --- A la luz de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA. --- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: --- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a la demandada apelante venci-da; c) regular los honorarios de los Dres. J. A. G. R. Igón y L. Á. N., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 6% y 4,5%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; y d) declarar que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente. Así lo voto. - --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. De Cunto dijo: En atención al acuerdo arribado, el pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Vergara, fiel expresión del mismo. -- Así lo voto. --- ---Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: -- S E N T E N C I A: -- --- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelacio-nes de la ciudad de Trelew; RESUELVE: --- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; --- IMPONER las costas de segunda instancia a la demandada apelante vencida; - REGULAR los honorarios de los Dres. J.A. G. R. I. y L. Á. N., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 6% y 4,5%, res-pectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; --- DECLARAR que los referidos honorarios deberán incrementarse con el I.V.A. pertinente. --- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase. --- Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - ALDO LUIS DE CUNTO REGISTRADA BAJO EL N° 02 DE 2008 - SDL.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA