Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-05


Causa N° 3.011/2013/CA1 "ALIMENTOS Y LOGÍSTICA GENERAL DE ARGENTINA SA C/ ALG SPORTS SRL s/ cese de uso de marcas, daños y perjuicios". Juzgado N° 5, Secretaría N° 10.- Buenos Aires, 5 de mayo de 2014.

Y VISTO: la apelación interpuesta por la demandada a fs. 59, fundada a fs. 61/63 vlta., contra la resolución de fs. 56/57, cuyo traslado fue contestado a fs. 68/73 vlta.; y CONSIDERANDO:

1°) Mediante el pronunciamiento impugnado el magistrado de primera instancia desestimó la excepción de defecto legal deducida por la parte demandada, con costas.

Disconforme, ésta esgrime que del escrito de inicio no surge cuál habría sido el daño real y concreto ocasionado a la actora por el uso de la designación comercial objetada. Concretamente, refiere que el juez confundió lo que es la indefinición del monto del perjuicio -que en ciertas circunstancias puede resultar de difícil prueba-, con la indeterminación del daño, siendo esto último un presupuesto imprescindible del reclamo cuya omisión compromete su derecho de defensa y vulnera lo dispuesto en el art. 330 del Código Procesal. Para el supuesto de que se confirme la resolución, pide que las costas sean distribuidas por su orden.

2°) En numerosas ocasiones este Tribunal ha señalado que los daños derivados de la infracción a una marca ajena pueden ser de variada índole, dependiendo de las circunstancias propias de cada caso (confr. esta Sala, causa 7.842/09 del 14-4-11 y sus citas de doctrina y jurisprudencia; Sala I, causa 2.304/06 del 12-12-06 y sus citas, entre otras).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la indeterminación del monto reclamado en demandas de resarcimiento de infracciones marcarias no da lugar, como regla, a la articulación de la defensa prevista en el art. 347, inc. 5°, Código Procesal. Se trata de un supuesto en el que la exigencia contenida en el art. 330, inc. 6°, segundo párrafo, del citado Código debe ser morigerada, bastando al actor, en su caso, indicar únicamente la cosa demandada, pues tal precisión no se vincula ya con el monto del reclamo, sino con su objeto, el cual debe ser designado con toda exactitud, conforme lo impone el inc. 3° de esa misma disposición (confr. esta Sala, causa 10.345/01 del 11-7-02; Sala II, causa 822/12 del 17-12-13; Sala I, causa 5.850/09 del 25-8-11, entre otras).

3°) La sociedad actora reclama aquí una indemnización por el perjuicio acaecido como consecuencia del uso indebido de su marca ALG de la clase 41, que detectó que la contraria emplea -junto a las palabras "Golf Center"- para identificar un centro de golf, según surge de la foto reproducida a fs. 22.

Explicó que la clase 41 cubre todo lo relacionado con eventos deportivos, y que precisamente ese es un ámbito que integra su política de acercamiento y fortalecimiento de la relación comercial con los clientes, razón por la cual también tiene pedida la marca COPA ALG, para la misma clase. Siguió expresando que intimó a la demandada para que cese en el uso de la denominación ALG Golf Center tanto en "cartelería", folletería como en todo otro soporte gráfico, digital sonoro o de cualquier naturaleza (ver fs. 22 vlta.). Fundó su pretensión en lo previsto en los arts. 31 de la ley de marcas, en la prohibición del enriquecimiento sin causa y en el art. 10 bis del Convenio de París, pues interpreta que la actividad desarrollada por su adversaria constituye un acto de competencia desleal. En tal sentido hizo hincapié en que el aludido Convenio prohíbe cualquier acto de competencia que cree confusión, por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (ver fs. 23 vlta.). En el capítulo IV de la demanda se explayó sobre la idea de que el perjuicio está constituido por el uso indebido denunciado, en la medida en que es el titular de la marca quien exclusivamente tiene el derecho de determinar la oportunidad, el modo y los productos y/o servicios en que la utilizará o en que autorizará su uso por otros (ver fs. 24). Y finalmente, en lo que concierne al monto, destacó la imposibilidad actual de estimarlo, remitiéndose al examen de los libros contables de la accionada y demás prueba a producirse, indicando a todo evento y conforme a la jurisprudencia que cita, una estimación del 30 % de la facturación de la demandada (ver fs. 25).

4°) Por lo visto el daño demandado se encuentra suficientemente definido, sin que la falta de mención de los rubros específicos que lo componen comporte un argumento suficiente para admitir la excepción articulada, como pretende la accionada (ver fs. 48/49). Es que el objeto, e incluso el quantum, reclamados fueron expresados de manera clara, y por lo tanto no puede sostenerse razonablemente que tal modo de proponer la demanda conlleve la afectación del derecho constitucional de defensa o coloque al accionado en una situación de desventaja procesal.

A mayor abundamiento cabe recordar que el impedimento previsto por el art. 347, inc. 5°, del Código Procesal, está concebido únicamente para aquellos supuestos en que la omisión u oscuridad del escrito de inicio coloquen al demandado en un verdadero estado de indefensión al no permitirle oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas conducentes (CSJN, Fallos 311:1995), situación que, en función de lo dicho, no se presenta en este caso.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución apelada, aun en lo que tiene que ver con el régimen de costas decidido por el a quo, pues la mera invocación de tener convicción respecto del planteo que se hace no justifica per se el apartamiento del principio general que rige en la materia, ni tampoco se da la situación de novedad invocada por la recurrente (ver fs. 63, quinto párrafo y siguientes). Costas de Alzada a la apelante vencida (arts. 68, primera parte, y 69 del Código Procesal).

Difiérese la regulación de honorarios hasta tanto se determinen los correspondientes a la anterior instancia.

Hágase saber a los letrados que deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (confr. acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13, BO 17-10-13).

La doctora Graciela Medina no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.- Ricardo G. Recondo - Guillermo A. Antelo