marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, coronavirus
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Méndez, Héctor Oscar c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

Procede ordenar al Ministerio de Salud provincial arbitrar las medidas necesarias para asegurar el suministro al Establecimiento Geriátrico en que se encuentra internada la madre del amparista, de Test rápidos preventivos de serología para la misma así como para los restantes ancianos allí alojados, y el personal que desempeña labores en dicho establecimiento, con la periodicidad necesaria para monitorear el estado de salud de las personas involucradas, toda vez que no caben dudas en cuanto a la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las personas mayores frente a un posible contagio de COVID-19 y en este contexto se revigoriza el mandato constitucional del artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y el consecuente deber de promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales, en resguardo de un grupo de extrema vulnerabilidad como son los ancianos y su salud, máxime cuendo la solución propiciada se encuentra en línea con las medidas de acción preventiva de la autoridad sanitaria provincial, consistentes en efectuar testeos de múltiples personas mayores y equipos de salud para evaluar la incidencia del virus en tales grupos vulnerables.
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Musa Hnos S.R.L. y otros s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Constituye un principio común que quien invoca una excepción, defensa, o impedimento procesal, en una causa judicial, ha de cumplimentar la pertinente carga probatoria. Es decir, si recae sobre el litigante que aspira a lograr se aplique determinada norma legal, dando, para obtenerlos los presupuestos de hecho legitimantes de su actuación, con igual énfasis se aplica dicha directriz en los juicios compulsivos, ya que es a cargo del ejecutado demostrar acabadamente los hechos en los cuales apoya su excepción o probar la certidumbre de sus objeciones. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, indemnización por despido, locación de servicios, Armada
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos, José Luis c/ Estado Nacional (Min. de Defensa - A.R.A.) s/ indemnización por despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-06

Si el actor ingresó como técnico para desempeñarse en la Armada Argentina y su relación fue encuadrada en el Régimen para el Personal de investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas, aprobado por decreto 4381/73- que si bien autoriza a contratar personal sin que ello genere derecho a indemnización por rescisión, limita la posibilidad de renovación de dichos contratos a un máximo de cinco años (artículos 26 del decreto y 17, inciso a, de la reglamentación), al renovarle dicho contrato durante veintiún años, la demandada violó el plazo máximo previsto en dicha norma y utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo por objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), depósito previo, interpretación restrictiva, honorarios, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: RECCHIO, MARIA RAQUELA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-02-15

La Corte Suprema de Justicia Nacional ha sostenido reiteradamente que la obligación de cumplir el depósito previo no reconoce otras excepciones que las expresamente comprendidas en la legislación pertinente; y la Corte local ha dicho que ley regulatoria -en el ámbito provincial- del recurso de inconstitucionalidad, dispone en su artículo 8, segundo párrafo que "... estarán eximidos del depósito los que gozaren de exención del impuesto a las actuaciones y tasas de justicia".

Ésta no es la situación en que se encuentra el impugnante -quien funda su pedido en lo normado por el artículo 28, inciso e) de la ley 6767 al estar originada la queja en el carácter excesivo y desproporcionado de los honorarios regulados en la causa- , que no está exento de su pago siempre que le corresponda hacerlo pues, como toda excepción, la exención de acompañar el depósito debe ser interpretada de manera restrictiva. (Citas: CSJN Fallos 285:235. CSJStaFe AyS T 205 p 286, T 102 p 495) (Jurisprudencia Vinculada: CSJStaFe AyS T188 p 488, Sumario N° J0030329)
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Contarbio, Osvaldo Mario. Trípodi, Gustavo Nicolás s/ Robo calificado reiterado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-07

No existe imposibilidad legal de considerar a las víctimas del desapoderamiento como testigos hábiles toda vez que tal incompatibilidad no se halla implícita en el carácter de damnificado ni consagrada con alcance general en los arts. 251 a 253 del Código de Procedimiento Penal -según ley 3589 y sus modif.- cuya violación se denuncia.
Exenciones impositivas, interpretación de la ley, interpretación literal, contexto interpretativo, voluntad del legislador
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Consultatio S.A. (TF 14.572-I y acum. 14.573- I) c/ D.G.I. s/ recurso extraordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-22

Las exenciones impositivas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan, ya que la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Administración Pública, Municipalidad, personal municipal, empleados públicos, reincorporación, delitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREZ, PEDRO HECTOR c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 437-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-24

No puede razonablemente coartarse la posibilidad de la Administración de revisar las condiciones objetivas del agente al momento de su reincorporación, a la luz de las normas pertinentes del estatuto aprobado por ley 9286 Anexo I, cuando, atento el tiempo transcurrido durante la desvinculación, no resulte improbable que éste pudiese haberlas perdido. En el sub judice, la no consideración del antecedente penal del agente (procesamiento y posterior condena por delito doloso) significaría colocarlo en mejor posición que la de aquel agente que efectivamente y sin interrupciones se desempeñara en la Municipalidad ya que, de conformidad con el estatuto, para éste se habrían derivado consecuencias desfavorables.

DEL VOTO DE LA MAYORIA.
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, juicio, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., C. A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Homicidio  - Incidente de recusación (Expte.: C.S.J. Nro. 508 año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-11

La divulgación lamentablemente exagerada en los medios masivos de comunicación de las cuestiones judiciales, de ninguna manera puede sustentar per se la apertura de la instancia extraordinaria so pretexto de resultar una cuestión de gravedad institucional, ya que ello dejaría librado a cuestiones totalmente ajenas a la causa el ejercicio de la más celosamente custodiada función de la Corte, el que pasaría a depender de intereses publicitarios, de rating, cuando no de la morbosidad de los consumidores de las noticias y, aun, de maniobras efectuadas por las propias partes, aunque no sea ese el caso de autos.
Obligación alimentaria, emergencia económica, equilibrio contractual, cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria, esfuerzo compartido
Materia: CIVIL
Carátula: S., C.J. c/ E., J.A. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-01

La obligación alimentaria, a diferencia de la gran mayoría de las obligaciones que reguló el régimen de emergencia económica, es por naturaleza modificable, bastando que varíen los presupuestos de hecho que le dieron origen, para que mediante un pronunciamiento judicial dictado luego de un trámite incidental al efecto se pueda modificar la prestación para que se adecue a los nuevos presupuestos.
Filiación, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: L., A. A. c/ T., D. s/ Filiación extramatrimonial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-10

Ya fuera que nos enrolemos en la corriente que ven en la esencia o naturaleza de tal daño un atentado a un derecho de la personalidad o a un interés extrapatrimonial o veamos en él una alteración al equilibrio espiritual del sujeto, siempre habremos de propiciar la reparación del daño de dicha naturaleza que causa la deliberada omisión de un progenitor de no reconocer a su propio hijo, negándole el uso del apellido e impidiéndole situarse en el emplazamiento familiar que le corresponda
Derecho a la información, Ley de Protección de los Datos Personales, interés legítimo
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Garrido, Carlos Manuel c/ E.N. - A.F.I.P. s/ Amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-21

Una interpretación que permita la coexistencia armónica de las disposiciones existentes en el ordenamiento nacional en materia de datos personales de acceso a la información, lleva a sostener que las disposiciones del art. 11 de la ley 25.326, en cuanto subordinan la cesión de esos datos a la existencia de un interés legítimo, no alcanzan a aquellos supuestos relativos a información personal que forma parte de la gestión pública.
Homicidio simple, inimputabilidad, ebriedad, intoxicación
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Cristian Exequiel s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2014-09-30

El argumento de la supuesta inimputabilidad del homicida por intoxicación por drogas y alcohol, no puede tener acogida en base al cuadro probatorio reunido, toda vez que aun cuando resulta altamente probable que haya consumido voluntariamente estupefacientes y bebidas alcohólicas, se advierte, en primer término, que no existe ninguna prueba fehaciente y objetiva que acredite este extremo, ya que el encartado no pudo ser examinado en las horas inmediatas posteriores al hecho porque escapó del lugar, y fundamentalmente, porque el despliegue físico que desarrolló antes, durante y después de lesionar mortalmente a la víctima es demostrativo de que la intoxicación y/o ebriedad no era completa, ni de una entidad tal que le impidiera conducir normalmente su automóvil, efectuar los disparos y escapar con su vehículo.
Declaración de inconstitucionalidad, ordenanzas municipales, autonomía municipal, poder de policía, hemodiálisis
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CENTRO RENAL VIEDMA S.A. s/ ACCIÓN DE  INCONSTITUCIONALIDAD (ART.2 DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 3295 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO OESTE). Expte. Nº 25214/11 -STJ-.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-11-26

Se advierte que se torna manifiestamente arbitraria e irrazonable la fijación de límites con sustento en la cantidad de habitantes, con el sólo objeto de garantizar el giro económico del único centro hoy en funcionamiento.

Ello así, porque en la aplicación concreta de la norma, en vez de favorecer a los ciudadanos del Municipio garantizando mayor acceso a la atención de la salud - tal como lo invoca en los fundamentos-sólo consigue garantizar la exclusividad de centro renal que se encuentra funcionando en la actualidad. (Del voto de la Dra. Zaratiegui sin disidencia)
Control de constitucionalidad, cuestión justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio de Cultura  y Educación - Estado Nacional s/ art. 34 de la ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Las revisiones constitucionales sólo pueden tener lugar en verdaderos casos o causas en justicia, destinados a la tutela de intereses propios alegados por las partes o de intereses colectivos conforme a lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Propiedad intelectual, reproducción de fonogramas, interpretación de la ley, interpretación de tratados internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: AADI CAPIF ACR c/ Ansede y Cía. SRL y otro s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que estableció que la habitación de un hotel ocupada por su huésped debe considerarse un "ámbito familiar" o "doméstico" en los términos del art. 33 del decreto 41.233/34 y denegó el reclamo de aranceles derivados de la comunicación al público de grabaciones fonográficas, pues contradice lo previsto por el art. 56 de la ley 11.723 y su reglamento, normas que encuentran su correlato internacional en el art. 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de Roma de 1961 (ley 23.921), art. 11 bis del Convenio de Berna (ley 25.140), el art. 15, "1", del Tratado OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (ley 25.140) y el art. 8 del Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (ley 25.140). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Seguridad social, beneficios previsionales, reajuste jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "CIRILLO, RAFAEL c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-05-27

Dado que el régimen de movilidad instituido por el art. 7, ap. 2 ° de la Ley 24.463, fue declarado inconstitucional por la C.S.J.N. en autos "Badaro Adolfo Valentín" (sent. del 16.11.07), el silencio guardado por los restantes poderes del Estado a las dos exhortaciones formuladas por el Alto Tribunal, y teniendo presente que el objeto de la garantía de movilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional es "acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios de actividad." (conf. "Badaro Adolfo Valentín", sent. del 08.08.06, considerando 13°), resulta insoslayable resguardar la integridad económica del haber previsional del peticionante en forma constante y sin límites temporales, hasta tanto el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional tengan a bien reglamentar la garantía en cuestión a través de una norma de validez general. Dicho criterio -por lo demás- compatibiliza con el fin propugnado por el Alto Tribunal de reducir la litigiosidad en una materia de hondo contenido social (C.N., art. 75 inc. 23), pues impedirá que la parte actora promueva un nuevo y farragoso juicio ordinario por reajuste cada vez que su haber previsional pierda poder adquisitivo con relación a los salarios de los trabajadores activos. En virtud de ello, corresponde declarar inconstitucional la norma antes referida, y disponer que el haber de la prestación del titular de autos se ajuste a partir del 1° de enero de 2002 y hasta tanto se sancione la norma reglamentaria de alcance general requerida por el Superior Tribunal, según las variaciones anuales del índice de salarios -nivel general- elaborado por el I.N.D.E.C., quedando subsumidos en el mismo los aumentos que se hayan acordado al beneficiario en dicho período.
Juicio ejecutivo, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Banco del Sud  S.A. c/ Juan Liborio Davidson s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-04-21

Cuando se regulan honorarios profesionales en la ejecución de sentencia o en el juicio ejecutivo, su efectividad debe tener lugar dentro de estas actuaciones, sin que sea menester instaurar una ejecución por su importe en la que también se regularían honorarios, pues ello generaría una cadena interminable.
Suspensión del juicio a prueba, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: R., J. D. s/suspensión del juicio a prueba c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-04

Precisó Rodríguez Varela que ".debe decirse que el déficit del auto en estudio resulta del confronte de esa decisión con los modelos del Código Penal y de la Ley procesal. Así, verificados tanto el objetivo incumplimiento de las obligaciones asumidas como el transcurso del término de prueba -en cualquiera de los dos supuestos, y aquí se habrían producido los dos- y otorgada la oportunidad de dar sus explicaciones conforme lo dispuesto en el art. 515 del CPP, el a quo debió haberse limitado a resolver en el marco de lo dispuesto en los artículos 76ter, párrafo 5to del Código Penal y 515 párrafo 2do del CPP y, eventualmente, lo establecido en los artículos 288 y siguientes del cuerpo adjetivo. El supuesto de prórroga del término de la suspensión del juicio a prueba, sólo resulta razonable y adecuado a las previsiones legales (en razón de la facultad otorgada por el art. 27 bis del Código Penal, al que remite el 76 ter del CPPN -conforme lo resuelto por esta misma Sala IV en causas 164.239/17 "Caratazzolo", rta. 2/7/2018, 160.087/16, "Fleitas Sosa", rta 3/12/2018 y 162.083.16 "Córdoba", rta. 11/3/2019-) cuando el probado cuanto menos se encuentra a derecho, en lo que constituye la evidencia más elemental de voluntad de sujeción a la Ley y a la autoridad de los Magistrados. Se trata, además, del presupuesto indispensable para saber si el beneficiado posee razones que hagan plausible la extensión del tiempo de prueba.".
Responsabilidad objetiva, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, eximentes de responsabilidad, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: CORDOBA MANUEL ERNESTO c/ PALACIOS DIEGO ALBERTO s/ D.Y P. POR USO AUTOMOTOR C/ LESION O MUERTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-16

Se encuentra aceptada por las partes la aplicación al sub lite del art. 1113 del Código Civil que ha hecho el a quo. El párrafo segundo de la norma referida determina que el dueño o guardián puede eximirse de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima. Por tanto, corresponde analizar si, como sostiene la citada en garantía, ha existido culpa por parte del actor en la producción del evento dañoso.
Nulidad del acto jurídico, acusación fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Pericles Karaletsos s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-19

Si bien las acusaciones adolecen de anomalías, han dado lugar al derecho de defensa del imputado, en forma completa pues su defensor trata la acusación fiscal y también lo expresado por la querella, quedando salvada la probable violación del derecho de defensa en juicio, habiendo permitido la defensa del imputado, lo que si se considera esencial.
Acto administrativo, sanciones disciplinarias, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Ricardo Esteban; Alcaraz, Néstor Roque c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-01-10

Las sanciones que impone la administración a sus empleados son impugnables únicamente en lo que a control de legitimidad del acto y a la razonabilidad de la medida que se aplique se trate, a fin de determinar si los hechos invocados han existido o no en la realidad y si los mismos se adecuan a las sanciones que la norma legal contempla para el caso.
Sentencia condenatoria, almacenamiento de estupefacientes, tráfico de estupefacientes, coautoría, pluralidad de intervinientes, prisión, multa, accesorias legales, costas, prueba confesional
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez Córdova, Max y otros  c/  s/ infracción Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-11-04

Corresponde condenar a JESÚS MADRIGAL VARGAS a la pena de catorce (14) años de prisión, multa, accesorias legales y costas, como coautor penalmente responsable del delito de almacenamiento ilegal de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo -arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la Ley 23.737; arts. 5, 12, 29, 40, 41 y 45 del CP; y art. 530 del CPPN-. Para decidir así, se señala que el imputado junto a otros coimputados -cada uno desempeñando diferentes roles- integraban un grupo dedicado al tráfico ilícito internacional de estupefacientes, que previamente se encargaban de almacenarlos y ocultarlos; el encartado se encontraba en un escalafón inferior y desde ese lugar obedecía órdenes a lo largo de la maniobra delictiva, e incluso rendía cuentas de los gastos y reportaba sus movimientos. Asimismo, se ha tenido en cuenta la confesión de los coimputados acusados de narcotráfico y contrabando en grado de tentativa, la cual se condice con las pruebas y no deja lugar a dudas acerca de la autoría penalmente responsable de todos ellos.
Acción de inconstitucionalidad, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Las Mañanitas S.A. c/ Neuquén, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-04

Cabe rechazar la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre generado por la demandada acerca de la existencia, alcance, modalidad, extensión y amplitud del derecho real de dominio que la actora invoca tener sobre una fracción de un río local que- según afirma- no sirve a la comunicación por agua porque no es navegable, pues no existe acto alguno por parte de las autoridades provinciales que pudiera traducirse en una afectación para la actora, lo que demuestra el carácter meramente consultivo o académico del reclamo (Disidencia de la Dras. Elena I. Higthon de Nolasco y Carmen M. Argibay).
Acción autónoma de nulidad, cosa juzgada írrita
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Tronca, Miguel c/ Marchetti, Elvio Manuel s/ Acción autónoma de nulidad o declaratoria revocatoria de cosa  juzgada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-27

Con la acción autónoma de nulidad se procura la declaración de invalidez de todo un proceso, incluyendo el pronunciamiento en él recaído, pasado en autoridad de cosa juzgada, cuando el mismo ha llegado a su culminación merced a inaceptables irregularidades frustrantes generalmente de la garantía de la defensa. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, Ley de Defensa de la Democracia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: De Sagastizabal, Raúl H. y otros s/ Infrac.  art. 142, 149 bis y ter.; 166 inc. 2; 194; 210 bis y 226 del   C.P. .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-15

Teniendo en cuenta la similitud entre el nuevo procedimiento (Ley 23.984) y el contemplado por la Ley 23.077, la estabilidad de los actos cumplidos no se vería comprometida puesto que con el procedimiento mixto, sólo podrían considerarse definitivamente radicadas las actuaciones en esta sede, de haber comenzado el debate como consecuencia del principio de identidad física del juzgador y que recién cobra efectividad en dicho estadio y que no abarca a los actos preliminares del proceso.
Aumento de cuota alimentaria, sentencias contradictorias
Materia: CIVIL
Carátula: P. A. A. c/ Z.E.A. s/ Incidente de aumento de cuota alimentaria y beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-27

Entra en contradicción el Tribunal de Familia que, especificando las razones por las cuales debe elevarse el monto de la cuota alimentaria, luego no considera esos motivos al momento de establecer la cuantía de la misma, pues el fijado no guarda relación ni con el transcurso del tiempo y la mayor edad de los menores, ni con el sueldo declarado por el alimentante; arrojando -como resultado- la falta de elevación de la cuota, que era el fin que la sentencia tenía en miras alcanzar (doctora KOGAN, mayoría).