Tribunal: CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-07


En la Ciudad de Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre de dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Alejandro W.

Slokar, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 13.694 del registro de esta Sala, caratulada "Pérez Roldán, Carlos Rodolfo s/recurso de casación". Representó al Ministerio Público el señor Fiscal General, doctor Juan Martín Romero Victorica; ejerce la defensa del imputado la señora Defensora Pública Oficial, doctora Eleonora Devoto.

Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó que debía observarse el siguiente orden: doctor Eduardo Rafael Riggi, doctora Liliana Elena Catucci y doctor Alejandro W. Slokar.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El señor juez doctor Eduardo Rafael Riggi dijo:

PRIMERO:

1.- Llega la causa a conocimiento de esta Alzada a raíz del recurso de casación interpuesto a fs. 680/684 por el señor Fiscal General subrogante, doctor José María Darquier, contra la resolución de fecha 22 de diciembre 2010 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén, mediante la Registro n/1857/11 que se resolvió "Declarar insubsistente y extinguida la acción penal en autos y en consecuencia sobreseer a Carlos Rodolfo Pérez Roldán, L.E. 7.698.297, filiado en autos, en orden al hecho calificado en el art. 174 inc. 5/ del C.P., sin costas (arts. 62 inc. 2/ del C.P.; 336 inc. 1/ y 361 del C.P.P.N., concordantes y fines; 18 y 75 inc. 22/ [de la] C.N., Pactos Internacionales y doctrina legal citada)" (conf. fs. 667/674).

2.- Que declarado inadmisible por el a quo el remedio impetrado (fs. 686/690), el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de queja (fs. 727/732 vta.), a la que esta Sala hiciera lugar (fs. 738). Radicadas las actuaciones en esta instancia, se mantuvo la vía deducida (fs.

740).

3.- El impugnante invoca en su recurso el artículo 456, inciso 1/, del Código Procesal Penal de la Nación.

En primer término, señala que a Carlos Rodolfo Pérez Roldán se le imputa el delito previsto en el artículo 174, inciso 5/, del Código Penal, que establece una pena de dos a seis años de prisión.

Teniendo en cuenta ello, y que los hechos reprochados ocurrieron entre marzo de 2000 y febrero de 2001, indica que el curso de la prescripción se ha visto interrumpido mediante el llamado a prestar declaración indagatoria (fs. 254), el requerimiento fiscal de elevación a juicio (fs. 532/536), y el auto de citación a juicio (fs. 551). Hace saber además que el nombrado cesó en la función pública -por retiro voluntario de la Policía Federal Argentina- el día 1/ de abril de 2002 (fs.

183).

Entiende que la doctrina, la jurisprudencia, y el Cámara Nacional de Casación Penal derecho internacional coinciden "...en que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que no puede traducirse en un número de días, meses o años".

En esa línea de argumentos, considera el impugnante que resulta imperativo "...que se atienda a pie juntillas la doctrina emergente de los pronunciamientos de máximo órgano jurisdiccional de la República que invocan la Defensa (BARRA) y el Tribunal (KIPPERBAND Y MOZATTI)".

Advierte en tales precedentes "...la existencia de un denominador común: en los tres casos el pronunciamiento de la Corte se produjo luego de transcurrido holgadamente el término máximo previsto para la prescripción de la acción por el artículo 62, inciso 2/, del Código Penal (BARRA, 17 años;

MOZATTI, 25 años; KIPPERBAND, 15 años) sin que ésta se hubiera producido en virtud de la ocurrencia de actos capaces de suspender o interrumpir la misma".

En ese sentido, informa "...que el caso en estudio no admite parangón con la situación que se describe en MOZATTI. En tal sentido, cabe acotar, que el imputado PEREZ ROLDAN no sufrió encierro alguno (ergo, su libertad nunca estuvo limitada ni condicionada por ningún decisorio excarcelatorio); así como que el tiempo transcurrido en uno y otro caso resultan sustancialmente distintos".

En consecuencia de ello, solicita a esta Sala que revoque el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén y ordene la prosecución del trámite de las presentes actuaciones.

4.- Durante el término de oficina dispuesto por los artículos 465 primera parte y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, las partes no hicieron uso del derecho que las citadas normas les confieren de ampliar los fundamentos del recurso de casación.

5.- Habiéndose cumplido con las previsiones del artículo 468 del ritual -conf. constancia actuarial glosada a fs. 747-, quedó la causa en condiciones de ser resuelta.

SEGUNDO:

Ingresando al análisis del recurso deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, en primer lugar debemos destacar, a la luz de los hechos reprochados a Pérez Roldán -fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5/, del Código Penal)-, que se han producido en el sub lite actos con virtualidad interruptiva del curso de la prescripción de conformidad con las previsiones del artículo 67 del mismo ordenamiento (según ley 25.990).

Conforme a ello, poseen la referida aptitud las siguientes constancias procesales: el llamado a prestar declaración indagatoria de fecha 11 de diciembre de 2003 (fs.

254), el requerimiento fiscal de elevación a juicio dictaminado el 22 de abril de 2009 (fs. 532/536), y el auto de citación a juicio del día 28 julio del mismo año (fs. 551).

En consecuencia, no se ha producido la extinción de la acción penal por prescripción en los términos de los artículos 62 inciso 2/ y 67 del Código Penal, en tanto que entre la fecha de la supuesta comisión del hecho aquí investigado (ocurrido entre marzo de 2000 y febrero de 2001), Cámara Nacional de Casación Penal y los referidos actos procesales, no ha transcurrido el plazo establecido en la ley (6 años) respecto del imputado, que imponga el dictado de un pronunciamiento liberatorio.

TERCERO:

1.- Señalado ello, debemos determinar si en el caso sub examine se ha vulnerado la garantía de ser juzgado en un plazo razonable.

Sobre el particular, cabe recordar el criterio que sostuviéramos en ocasión de emitir nuestro voto en la causa n/ 6374 caratulada "Pardo, Mario s/rec. de casación" (reg. 827/06 del 19/07/06), en la causa n/ "Cañete, José Roberto s/rec. de casación" (reg. 325/09 del 31/3/09) y más recientemente en la causa n/ 10455 "Romero Pucciarello, Juan s/rec. de casación" (reg. 808/09 del 18/6/09), en las que siguiendo los lineamientos sentados en la causa n/ 6023 "De Candia, Mauro s/rec. de casación e inconstitucionalidad" (voto del doctor Tragant) se sostuvo que "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente 'Mattei, Angel', -Fallos 272:188- al interpretar los principios de progresividad y preclusión, ha reconocido que ellos se fundamentan en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente; y que obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consubstancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal." "Concluyó señalando que debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado de obtener -luego de un juicio tramitado en legal forma- un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal (C.S.J.N. Fallos 272:188)." "Dicho criterio fue mantenido en 'Mozzati, Camilo', señalando que el principio de inocencia e inviolabilidad de la defensa en juicio y debido proceso, se integran con una rápida y eficaz decisión judicial." "Que por otra parte, en el Fallo B. 898.XXXVI 'Barra, Roberto Eugenio Tomás s/defraudación por administración fraudulenta' -causa n/ 2053- W-31, por remisión a los fundamentos dados en 'Kipperband, Benjamín', (Fallos 322:360), ha precisado que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, y que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, no puede traducirse en un número de días, meses o años." "En ese contexto, señaló que son factores insoslayables para saber si se ha conculcado esa garantía: la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación.

Tales factores, si bien son de imprescindible consideración, no pueden ser valorados aisladamente como una condición Cámara Nacional de Casación Penal suficiente, sino que deben ser ponderados y sopesados uno frente al otro, atendiendo a las circunstancias concretas de la causa (cfr. disidencia de los Dres. Fayt y Bossert en Fallos 322:360)." "Recientemente, en el caso E. 387 XXXVIII 'Egea, Miguel Ángel s/prescripción de la acción' -causa n/ 18.316- el alto Tribunal, siguiendo el criterio propiciado por el Sr.

Procurador General, ha señalado que 'esta circunstancia de la duración excesiva del proceso, que sitúa el caso en el ámbito de la materia federal, no bastaría para provocar, por sí misma, la extinción de la acción penal, sino que debe compatibilizarse con supuestos ciertos de prescripción, a la luz de la ley penal y procesal penal, pues, tal como lo entiende la doctrina de V.E, son cuestiones íntimamente unidas'...".

Entonces, teniendo en cuenta que no será un único y exclusivo parámetro el que habrá de regir el análisis de la cuestión; no lo será la sola consideración del tiempo transcurrido desde la supuesta comisión del delito, o desde el inicio de las actuaciones. Muy por el contrario, ese elemento de juicio deberá ser evaluado en conjunción con aquéllos otros que expliquen -si es que ello es posible- las razones de las demoras.

a) En esa labor, y en primer lugar, se debe prestar atención a la complejidad del caso, elemento que será relevante en tanto y en cuanto las dificultades probatorias o de otra índole que se presentan en un determinado supuesto, son generadores de demoras en la tramitación del proceso. Es decir, no basta la simple constatación que un determinado caso reviste una inusual complejidad, si no es precisamente por dicho factor que la resolución del caso se ha dilatado más de lo razonable.

Puede pensarse, por ejemplo, en una investigación sobre un delito que entrañe complejas maniobras de lavado de dinero, en las que se deben obtener precisiones -y luego analizar- sobre un sinnúmero de operaciones bancarias y de transferencias de activos realizadas en diversos países, y para lo cual necesariamente se debe contar con el auxilio de peritos que coadyuven a desentrañar la maraña de transacciones, pero que pese a esas dificultades, la pruebas necesarias para avanzar sean obtenidas en las primeras etapas de la investigación, y luego sobrevenga un largo período de virtual parálisis procesal. En un supuesto semejante, el análisis sobre la complejidad del caso seguramente indicará que - efectivamente- el mismo resulta de difícil tramitación, mas en la medida en que no es en tal circunstancia en donde se asientan las demoras, no podrá ser tenida en cuenta para justificar la violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En sentido inverso, un sencillo suceso relativo a un accidente de tránsito, puede presentar dificultades si, por ejemplo, los testigos del hecho eran un grupo de turistas de diversas naciones, cuyas declaraciones deben obtenerse mediante exhortos internacionales cursados en diferentes idiomas.

Otros factores que pueden conducir a la consideración de un caso como complejo, se refieren al elevado número de partes que en él intervienen, a la necesidad de contar con opiniones de expertos en temas científicos cuando las pericias deben asentarse en complejas operaciones técnicas, a la cantidad de incidentes planteados por las partes y a la complejidad resultante del derecho aplicable al caso.

b) En segundo lugar, y en lo tocante a la conducta del procesado, es en principio necesario advertir que la articulación de defensas, excepciones, recursos y otros planteos procesales que pudiera hacer el acusado no es necesariamente un parámetro para concluir sin más que las demoras en la tramitación de un proceso se deben a su actividad.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable no debe ser interpretado como una negación a otros derechos y garantías igual o más importantes que también son resguardados por nuestra Constitución Nacional y por el ordenamiento internacional sobre derechos humanos, entre ellos el derecho de defensa en juicio y la garantía al debido proceso legal.

Entonces, cuando los tratados internacionales de derechos humanos consagran el mencionado derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, da por sentado que ese juzgamiento - además- ha de ser respetuoso del derecho del imputado a ejercer plena y libremente su defensa.

Lógicamente, de nada valdría asegurar el consabido derecho al plazo razonable condicionando su vigencia y operatividad a que el acusado no realice en el proceso penal presentaciones o defensas que irroguen un determinado tiempo en ser tramitadas, evaluadas y resueltas. Es claro, en este sentido, el artículo 29.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de (...) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno".

Entonces, la ponderación de la incidencia de la actitud del procesado en cuanto a la violación del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, deberá siempre encontrarse presidida por la alta consideración que amerita también el derecho de defensa en juicio y la garantía al debido proceso legal, y de esta forma prescindirse de toda consideración negativa que pudiera pretenderse hacer de aquellos actos que sólo constituyen la materialización del citado derecho a la defensa en juicio.

De adverso, deberá prestarse especial atención a aquellos planteos que a primera vista y con toda evidencia se presenten como manifiestamente inconducentes, improcedentes o carentes de apoyatura jurídica suficiente, y que en mérito de ello pueda sostenerse fundadamente que la intención al ser deducidos no era otra que la de oponer una resistencia ilegítima al avance del proceso. De la misma manera, encuadran dentro de la categoría de actos que obstarán a la consideración que se ha violado el derecho a un juicio rápido, aquellos planteos que sean reiteración de otros ya resueltos, los que pretendan o supongan el aplazamiento injustificado de audiencias o la no presentación del acusado cuando es requerido para la realización de actos en los que su presencia es ineludible.

Tales supuestos citados a título meramente ilustrativo así como todos aquellos otros que evidencien que ha sido la conducta del acusado a lo largo del proceso la que explique la dilación del mismo, impedirán -con las limitaciones que seguidamente veremos- concluir que se ha violentado el derecho que venimos estudiando, pues en todo caso la demora que lo agravia habrá sido generada por su propia conducta, de forma tal que no podrá en las condiciones apuntadas concluirse que el Estado hubiera vulnerado el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.

c) Por último, y en cuanto a la conducta de las autoridades, cabe inicialmente destacar que este parámetro guarda una estrecha vinculación con los dos anteriores. Esto es así, pues es justamente el Estado sobre quien pesa la carga de llevar adelante el juicio dentro de plazos razonables.

Recuérdese que según lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las obligaciones de los Estados signatarios no se agotan con no ser ellos mismos quienes vulneren los derechos individuales (obligaciones de respeto), sino conforme lo establece el artículo 2, las partes también se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos (obligaciones de garantía) Sobre el particular, ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Velázquez Rodríguez" (sentencia del 28 de julio de 1988), que "165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de 'respetar los derechos y libertades' reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, (...) la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. (...) 166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de 'garantizar' el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (...) 167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.".

De ello se sigue que no sólo será exigible a sus representantes que realicen sus mejores esfuerzos para llevar adelante el proceso en forma ágil, sino que también lo hagan para remover todos los obstáculos que pudieran impedir alcanzar ese objetivo. De allí que no alcance la simple constatación -en los términos antes señalados- de que una causa reviste una inusual complejidad o que el acusado ha realizado evidentes articulaciones dilatorias, si ante esas circunstancias las autoridades a cargo de llevar adelante el proceso no han utilizado las herramientas legales correspondientes para procurar en la medida de lo posible superar esas alternativas.

Tiene dicho al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "tal como ya se señaló en este mismo expediente (conf. Fallos: 324:4135, voto de los jueces Petracchi y Bossert), son los órganos estatales quienes tienen a su cargo el deber de asegurar que el proceso se desarrolle normalmente, y sin dilaciones indebidas. Hacer caer sobre el propio imputado los efectos de la infracción a ese deber, sea que ella se haya producido por la desidia judicial o por la actividad imprudente del letrado que asume a su cargo la defensa técnica, produce una restricción al derecho de defensa difícil de legitimar a la luz del derecho a la inviolabilidad de dicho derecho conforme el art. 18 de la Constitución Nacional. La circunstancia de que sea el defensor del imputado quien haya generado tales dilaciones en nada modifica la situación, pues la defensa sólo es inviolable cuando puede ser ejercida en forma amplia. En todo caso, cuando el defensor la ejerza indebidamente, es al Estado a quien le corresponderá encauzar el procedimiento en debida forma, pero en cualquier caso, no es el imputado quien debe velar por la celeridad del proceso ni sufrir las consecuencias de incumplimientos ajenos (conf. en este sentido Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, considerando 19, in fine)." (conf E.224.XXXIX "Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por la defensa", rta.

23/12/04).

Se agregó en esa misma oportunidad, en referencia a la conducta del acusado, que "este Tribunal ha afirmado (Fallos: 323:982, considerando 10 del voto de la mayoría) que ella es irrelevante para interrumpir la prescripción, y que no obsta a la extinción de la acción penal y al reconocimiento de su derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, 'la negligencia que podría haber tenido la encausada en comparecer en la causa provocando su consecuente dilación, pues, como es obvio, no está en aquélla instar la prosecución del proceso instruido en su contra, ni su conducta -sujeta a las normas de procedimiento- puede incidir en la objetiva aplicación del instituto de la prescripción'.".

Por lo demás, no puede obviarse que en el precedente del Alto Tribunal recaído in re "Barra" se sostuvo (al remitirse al voto de los doctores Petracchi y Boggiano en la causa "Kipperband") que "es inaceptable el criterio que se infiere de tal afirmación, en cuanto considera en contra del imputado sus 'peticiones', pues ello provoca una restricción de la libertad de defensa contraria a la comprensión que de este derecho debe hacerse a la luz del art. 18 de la Constitución Nacional. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos utiliza ciertamente como criterio de valoración de la demora cuál haya sido la conducta del recurrente (op. cit., p.

268); pero, a diferencia de lo que ocurre en los procesos civiles, el imputado no está obligado a colaborar activamente con lo que se refiere a la celeridad del proceso en su contra (conf. doctrina sentada en el caso 'Eckle' supra cit.). Y aun en aquéllos, en los cuales, en principio, es deber de las partes asegurar la rapidez del proceso, esta máxima no libera a los Estados parte de la obligación de que el juicio finalice en un plazo razonable (op. cit., p. 267, con cita de los casos 'Neves e Silva'; 'Capuano' y 'Buchholz').".

Entonces, la evaluación de cual ha sido el proceder de los órganos encargados de hacer cumplir la ley debe ser realizada tanto en lo que hace a la diligencia con la que se llevó adelante las pesquisas, así como también la referente al empeño puesto en aras de remover los obstáculos no imputables al Estado que se fueran presentando.

2.- Teniendo en cuenta dichas consideraciones, y habiendo realizado una compulsa de las presentes actuaciones, advertimos que no existen razones suficientes para justificar el excesivo tiempo que irrogó la tramitación de la causa.

Ello es así, toda vez que la presente investigación se inició hace ya más de diez años, y desde entonces ha transcurrido un tiempo holgadamente superior al máximo de la pena prevista para el delito que aquí se reprocha, sin que aún se advierta la proximidad de un pronunciamiento que resuelva en forma definitiva la situación procesal del imputado.

En este orden de ideas, advertimos que con fecha 6 de septiembre de 2001 se radicó la denuncia en la sede de la Fiscalía Federal de la ciudad de Neuquén por parte del Sargento Primero de la Policía Federal Argentina José Carlos Laino, oportunidad en la que declaró que Carlos Rodolfo Pérez Roldán, en su carácter de Jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina, habitaba un inmueble que la referida fuerza posee en esa ciudad, al tiempo que percibía en sus haberes el rubro "variabilidad vivienda" (fs. 1/2).

Habiéndose comunicado la misma al titular del Juzgado Federal n/ 2 de aquélla jurisdicción, el día 13 de septiembre del mismo año el acusador público -de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación- citó a prestar declaración testimonial al Subinspector Juan Pedro Villarino, acto que fue llevado a cabo el día 20 del mismo mes y año (conf. fs. 5 y 7/8).

El día 24 de octubre de 2001 el imputado Pérez Roldán formuló una presentación espontánea mediante la que ofreció pruebas y solicitó el sobreseimiento y consecuente archivo de las actuaciones (fs. 18/19 vta.); pretensión que fuera rechazada por el señor juez de primera instancia el día 28 de diciembre de aquél año por entender que resultaba prematura (fs. 23/23 vta.).

Devueltas las actuaciones al señor Fiscal, el 15 de febrero de 2002 se citó a declarar en calidad de testigos a los efectivos de la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina -Sargento Angel Rudy Montiveros, Suboficial Hugo Alfredo Payllalef y Cabo Rubén Angel Román (conf. decreto de fs. 28 y constancias de las respectivas declaraciones obrantes a fs. 30y vta., 31/32 vta. y 33/34)-. Asimismo, el 5 de marzo siguiente se requirió la realización de averiguaciones tendientes a determinar las personas que habitaron la finca sita en calle Los Lirios 725 de aquélla ciudad durante el período en el cual se habría cometido el delito aquí investigado (ver fs. 39 y 45/46).

El día 18 del mismo mes y año se peticionó al Departamento Central de la Policía Federal los recibos de haberes del encausado correspondientes al año 2000 y a los meses de enero y febrero de 2001, cuyas copias fueran recepcionadas con fecha 22 de abril de 2002 y que lucen glosadas a fs. 50/69.

El instructor, con fecha 3 de mayo de 2002, ordenó la realización de numerosas medidas probatorias (fs. 70 y vta.), dándose cumplimiento parcialmente con lo requerido (conf. fs.

76/77, 80/81, 82 y vta., 89, 90/93 y 96/107). Los días 10 y 30 de julio y 16 de octubre del mismo año se ordenaron nuevas diligencias, cuyas constancias se agregaron a fs. 114/120, 123/132, 134 y 144/145.

Posteriormente, los días 6 de diciembre de 2002 y 10 de febrero de 2003 se dispuso recibir declaraciones testimoniales (fs. 146 y 151); mientras que el 26 de marzo de este último año se reiteró el pedido de informe a una empresa de comunicaciones, adunándose en esa oportunidad nuevos requerimientos de pruebas (fs. 159, 169, 171/172, 175/195).

Continuando con el análisis de las constancias de autos, advertimos que el 22 de agosto de 2003 el señor Fiscal de instrucción ordenó numerosas diligencias a reparticiones de la fuerza policial (fs. 207), siendo dicho pedido cumplido mediante decreto de fecha 15 de septiembre en el cual solicitó informe a una empresa proveedora de servicios (fs. 241). El día 13 de noviembre de aquél año instó al señor magistrado para que cite a prestar declaración indagatoria al encausado (fs. 253).

Dicha petición fue acogida y, en consecuencia, mediante el decreto de fecha 11 de diciembre de 2003 se citó al imputado Pérez Roldán de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, para el día 16 de febrero de 2004 (conf. fs. 254).

Ahora bien, el referido acto procesal no logró llevarse a cabo en virtud de las razones expuestas por el oficial notificador a fs. 265 vta., circunstancia que motivó los pedidos de informes de fecha 24 de febrero de 2004 relativos al último domicilio registrado por el encausado a la División Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal y a la Camara Nacional Electoral (fs. 272). A raíz del resultado negativo de las medidas solicitadas, el acusador público instó al señor juez para que fije nueva audiencia indagatoria y ordene su citación mediante edictos, que finalmente se cumplió el día lunes 24 de mayo de 2004 (fs. 283, 284 y 286).

El 15 de septiembre de ese año, es decir, casi cuatro meses más tarde, el señor fiscal solicitó al titular del juzgado federal que, en atención al tiempo transcurrido, haga efectivo el apercibimiento ordenado (fs. 287).

El imputado se presentó a derecho el 27 de julio de 2004, razón por la cual se fijó nueva fecha a los efectos de tomarle declaración indagatoria para el día 14 de octubre del mismo año (fs. 289/290 y 292); dicha audiencia fue suspendida -por motivos ajenos al imputado- y pospuesta para el 6 de diciembre de 2004 (ver fs. 295). A fs. 322 se dejó constancia de la notificación del imputado, no obstante lo cual, y ante su incomparecencia, el 18 de marzo de 2005 se dispuso una nueva citación (fs. 325), circunstancia que motivó la interposición de un recurso de reposición por parte del representante del Ministerio Público Fiscal (fs. 327). El 3 de abril de 2006, es decir, luego de más de un año sin trámite alguno en el expediente, el propio recurrente dedujo el remedio previsto en el artículo 127 del Código Procesal Penal de la Nación (conf.

dictamen de fs. 330 y constancia actuarial de fs. 346).

Luego de todo lo señalado, el señor juez federal de Neuquén, mediante auto de fecha 18 de abril de 2006, ordenó la detención de Carlos Rodolfo Pérez Roldán (fs. 347/348), que posteriormente fuera dejada sin efecto toda vez que el nombrado se apersonó en la sede del Tribunal el día 21 del mismo mes y año, procediendo a declarar en los términos del artículo 294 del ordenamiento procesal el día 24 ulterior (fs. 353, 355 y 356/358 vta.).

El 7 de agosto de 2006 se dictó -a pedido de la defensa oficial- la falta de mérito del encausado (fs. 377 y 379/380); asimismo, el día 19 posterior se citó a los testigos ofrecidos oportunamente por el imputado en la presentación que luce agregada a fs. 18/19 vta.. Llevadas a cabo tales diligencias probatorias, el 19 de octubre de 2007 el señor fiscal solicitó al titular del juzgado actuante que resuelva la situación procesal del imputado dictando auto de procesamiento (fs. 465 y vta.), acto que recayó en ese sentido recién el día 4 de junio de 2008 (conf. auto de fs. 468/471 vta.).

La defensa oficial interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, y radicada la causa en la Alzada, la vía deducida fue desestimada (fs. 479/480, 507 y 511/512 vta.).

Devueltas las actuaciones a primera instancia, y hallándose completa la instrucción, el señor fiscal requirió la elevación de la causa a juicio el día 22 de abril de 2009 (fs.

521 vta., 532/536 vta. y 537).

Notificado el dictamen de referencia, y no habiendo oposición de las partes, el 20 de mayo de 2009 se clausuró la instrucción del presente sumario y se ordenó la elevación del mismo al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén (fs.

537 y 538).

El día 28 de julio del mismo año, se citó a las partes de conformidad con las previsiones establecidas en el artículo 354 del Código Procesal Penal de la Nación (fs. 551), y luego de haberse cumplido los actos preliminares del debate, la defensa solicitó, mediante el escrito de fecha 15 de octubre de 2010, la extinción de la acción penal seguida contra Pérez Roldán en virtud de la violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable (fs. 652/660).

3.- Apreciamos entonces que existen, sin razón alguna que los justifiquen, dilatados espacios temporales de paralización del trámite que resultan consecuencia de la inexplicable conducta de las autoridades a cargo de llevar adelante el proceso.

Es que, en primer lugar, cabe destacar que se trata de la investigación de un sólo hecho -fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inciso 5/ del Código Penal)- y que, asimismo, no puede catalogarse como un suceso complejo, extremo que se evidencia de las medidas probatorias requeridas, pues constituyeron, en su mayoría, declaraciones testimoniales de funcionarios de la Policía Federal Argentina y vecinos del imputado. En segundo lugar, advertimos que el presente sumario se dirige únicamente contra el encausado Carlos Rodolfo Pérez Roldán, circunstancia que debió abreviar y simplificar las pesquisas en las presentes actuaciones. Es insoslayable remarcar, entonces, que no encontramos razón alguna que pueda justificar el excesivo el plazo que medió desde el inicio de estos autos hasta que el imputado declaró en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación -aproximadamente 4 años y 7 meses-. En este sentido, reparamos que no puede responsabilizarse al imputado de las dificultades para hacer efectivas las notificaciones en su domicilio real, tal como se evidencia de las constancias glosadas a fs. 265 vta., 272, 283/284, 286/287, 289/290, 292, 295. Lo mismo cabe resaltar, como ya lo hiciéramos precedentemente, en punto a la inactividad del señor juez de instrucción demostrada ante el recurso de reposición deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal, pues demoró mas de un año en resolverlo, y recién lo hizo cuando resultó motivado por la deducción por el Fiscal de la "queja por retardo de justicia" (ver fs. 327, 330 y 346). Ello da cuenta de la ausencia de motivos que pudieran haber excusado un excesivo y prolongado trámite de las actuaciones.

Asimismo, no advertimos la existencia de una conducta dilatoria por parte de la asistencia técnica del encausado, tal como surge del relato de las constancias obrantes en este expediente, de manera que entendemos que si la presente investigación ha sido elevada a juicio luego de casi 8 años de trámite en la etapa de instrucción, ello se debió a la falta de diligencia de las autoridades, de lo que se dio cuenta anteriormente.

Como se aprecia de todo lo dicho, en el sub examine no mediaron razones suficientes que justifiquen la demora que registra su tramitación y, consecuentemente, asiste razón al Tribunal a quo en cuanto sostiene que en el caso, se ha vulnerado la prerrogativa en juego, habida cuenta que "...la duración del presente proceso, tomando como unidad de medida de su objeto, que en manera alguna puede ser tildado de complejo -nótese que la imputación recae sobre un único suceso histórico y, asimismo, sobre un solo imputado- circunstancias que denotan sin hesitación alguna, que el particular trámite otorgado al sub-lite, es en sí mismo extraordinario" (conf. fs. 671 vta.).

Ello así, toda vez que conforme lo señalado en el punto 2 de este considerando, no se aprecia suma complejidad que justifique la aludida dilación en el caso investigado, tampoco una conducta dilatoria por parte de la defensa ni del imputado. Por el contrario, la demora no ha sido más que el producto del modo en que se han conducido -reprochable por cierto-, las autoridades sobre las que pesa la carga de adoptar las medidas necesarias para tramitar el juicio en forma ágil.

En definitiva, situaciones como las descriptas, sin duda alguna, atentan contra la buena marcha del proceso, el principio de celeridad, y la garantía de obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, de manera que la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén se ajusta a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas a lo largo del presente voto.

Por todo ello, entendemos que corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 680/684 por el señor Fiscal General, sin costas (artículos 456 inciso 2/, 471 a contrario sensu, 530 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es nuestro voto.

La señora juez doctora Liliana Elena Catucci dijo:

Que he de adherir a voto del Dr. Riggi, pues desde mi punto de vista su postura se aviene con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 15 de junio de 2010 (in re: "Kreutzer, Guillermo Oscar Alejandro s/causa n/ 9880", K. 52. XLV. Recurso de Hecho) -fs. 200/201-, el caso bajo examen se ajusta a los lineamientos que el Máximo Tribunal consideró susceptibles de haber excedido el plazo razonable de juzgamiento (Fallos: 322:360, disidencia de los jueces Petrachi y Boggiano, y 327:360).

En efecto, se observa, más allá de la secuencia procesal, el excesivo tiempo transcurrido [más de diez años], sin que hubiera existido obstáculo para una tramitación normal, máxime si se tiene en cuenta que la maniobra de fraude en perjuicio de la administración pública no era compleja, y que se trataba de un solo procesado, falla sólo atribuible al órgano jurisdiccional de la instancia de origen, que no encuentran explica- ción válida.

Defecto con el cual no puede cargar el justiciable, por lo que cobra vocación aplicativa la jurisprudencia del Alto Tribunal supra citada.

Por lo demás, en el extenso lapso del decurso del proceso se advierten dilaciones indebidas (art. 14, inc. 3/, punto "c" del P.I.D.C. y P.) que hacen viable el dictado de la medida liberatoria peticionada (C.N.C.P., Sala I (in re:

"Barros, Orlando Rubén s/recurso de casación", Reg. N/ 10.829, causa n/ 8428, rta. el 13 agosto de 2007, y "Rosales, Roberto Exaudi s/recurso de casación", Reg. N/ 8364, causa n/ 6532, rta. el 9 de diciembre de 2005).

En tales condiciones, adhiero a la solución propuesta por el doctor Riggi de rechazar, sin costas, el recurso de casación deducido por el Fiscal General (arts. 456, inciso 2/, 471 a contrario sensu, 530 y 532 del Código Procesal Penal de la Nación).

Tal es mi voto.

El señor juez doctor Alejandro W. Slokar dijo:

Sellada como se encuentra la suerte del recurso, sólo me resta decir que el sub examine dista lejanamente de la doctrina de la duración razonable de un proceso sentada por el cimero tribunal nacional a partir del precedente "Barra" (Fallos, 327:327), con base en las circunstancias verificadas en el expediente -en especial, la conducta y actitud del inculpado- que son de recibo en el voto del distinguido colega que lidera el Acuerdo.

Ello es así, máxime aún si se repara en que el Estado argentino ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción, mediante ley n/ 24.759 (B.O. 17/1/97) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el 28 de agosto de 2006, la que fue previamente aprobada por ley n/ 26.097 (B.O. 9/6/06) del 10 de mayo de 2006.

En este sentido, la República Argentina ha asumido el compromiso ante la comunidad internacional de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. Ergo, a tenor de dichos instrumentos convencionales, está obligada a investigar debidamente hechos como el de autos.

En virtud de lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal, anular la resolución recurrida y reenviar las actuaciones a su origen a fin de que se prosiga con la sustanciación de la presente. Sin costas (arts. 471, 530 y 531 del código de forma).

Tal es mi voto.

Por ello, en mérito al acuerdo que antecede, por mayoría, el Tribunal RESUELVE:

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto, SIN COSTAS (arts. 456 inc. 2/, 471 contrario sensu, 530 y 532 del C.P.P.N.).- Regístrese, hágase saber, y devuélvanse las presentes actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.- Fdo: Liliana Elena Catucci, Eduardo R. Riggi y Alejandro W. Slokar. Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.