Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-28


PALACIOS, Juan Carlos contra EMPRESA 9 DE JULIO S.A.

Reg.: A y S t 211 p 334-340.

En la ciudad de Santa Fe, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "PALACIOS, Juan Carlos contra EMPRESA 9 DE JULIO S.A. -Daños y Perjuicios- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. n 330, año 2003). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? TERCERA: en consecuencia, ¿ que resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Gastaldi, Falistocco, Spuler y Gutiérrez.

A la primera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Mediante resolución registrada en A.y S., T. 190, pág. 114 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Juan Carlos Palacios contra la resolución 20 del 21 de marzo de 2000, dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario.

En el nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 192/193.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idéntico fundamento al vertido por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. El caso: Ante el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N 1 de la ciudad de Rosario, Juan Carlos Palacios entabló una demanda contra Epifanio Sanchez y la Empresa 9 de Julio S.A. tendente al cobro de los daños y perjuicios con fundamento normativo en el artículo 1113, segunda parte, segundo párrafo del Código Civil.

Sostuvo que: el 02.02.1992 -aproximadamente a las 20.00 horas- circulaba con su moto marca Lambreta 150 por la Avenida Circunvalación de Rosario en dirección hacia el norte; a la altura de Jorge Newbery y por la misma mano y dirección, transitaba un tractor Massey Fergunson con barrenadora n 336, perteneciente a la Empresa 9 de Julio conducido por Epifanio Sanchez; éste hizo una maniobra en zig-zag dando un coletazo hacia la izquierda impactando contra su moto; como consecuencia de la colisión sufrió serias lesiones en la cabeza y en las piernas (fs. 7/11).

Los demandados se opusieron a dicha pretensión negando cada uno de los hechos expuestos por el accionante; afirmaron -además- que la víctima había sido la única causante del siniestro al haber embestido con su rodado la parte trasera del tractor con barrenadora (fs. 17/20 y 25/28).

El Tribunal Colegiado hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó a ambos accionados a pagar al actor la suma de $25.000 con costas.

Para así decidirlo sostuvo que la conducta culpable del conductor del tractor con barrenadora (art. 1109, C.C.), sin luces o señalización, produjo el accidente al tornar al rodado en un obstáculo de gran peligrosidad, haciendo imposible a los conductores que circulaban atrás de éste efectuar un adecuado cálculo tanto para el adelantamiento como para el frenado o cualquier otra maniobra que exigiera una adecuada visualización (fs.

102/107).

Ese pronunciamiento fue impugnado por los demandados por vía del recurso de apelación extraordinaria, aduciendo violación de las formas sustanciales, apartamiento manifiesto del texto expreso de la ley, de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala o Cámara de Apelación y de la regla de congruencia procesal (fs. 111/115).

El Tribunal Colegiado denegó el remedio contemplado por el artículo 42 de la ley 10160, circunstancia que motivó a los accionados a ocurrir directamente ante la Alzada que abrió la instancia de grado.

Seguidamente, la Sala declaró procedente el recurso de apelación extraordinaria y, de consiguiente, rechazó la demanda incoada.

En primer lugar, la Cámara entendió que la resolución atacada conculcaba el principio de congruencia atento a que el acogimiento de la pretensión se había fundado en la ausencia de señalización de la barrenadora, hecho que no guardaba correspondencia con la mecánica del accidente invocada por la actora en su demanda (maniobra en "zig - zag" del tractor con barrenadora y coletazo hacia la izquierda), que además tampoco había sido probado en la sede revisora.

Y abordando la controversia a la luz de la responsabilidad objetiva, el Tribunal consideró que no todo siniestro entre un vehículo grande y otro chico hacía presumir que el primero era el responsable, dentro del marco del artículo 1113 del Código Civil; que si bien la barrenadora era una cosa riesgosa también lo era para su conductor, una motoneta, vehículo que exigía mayores precauciones en su manejo y en el estado de sus frenos, luces, cubiertas y giro; y que el fallo reconocía que el actor había sido embestidor, conclusión que no había sido cuestionada en el memorial que presentó la actora (fs. 165/166).

2. Contra ese decisorio la accionante deduce su recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3) de la ley 7055 por resultar arbitrario y violatorio de diversos derechos de raigambre constitucional.

Aduce que el A quo incurre en arbitrariedad normativa en tanto se aparta de lo dispuesto por el artículo 1113 del Código Civil.

Sostiene que dicho vicio se patentiza en tanto los Jueces equiparan como cosa riesgosa una motocicleta a un tractor con barrenadora, vehículo este último que se encontraba realizando sus tareas en Avenida Circunvalación sin tener luces que lo pudieran señalizar y en un lugar totalmente oscuro sin luz artificial.

Pone de manifiesto, con cita de doctrina y jurisprudencia, que el Tribunal a quo no aplica la teoría del riesgo, cuando por las características del caso, se encontraba ante un claro supuesto de responsabilidad objetiva.

Añade, en otro orden, que de la mera lectura de la decisión impugnada se desprende su carencia de fundamentación cayendo, de tal manera, en una clara violación a lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución provincial.

3. Adelanto que el pronunciamiento impugnado merece reproche constitucional.

3.1. Esta Corte ha sostenido reiteradamente que en las hipótesis aprehendidas por el artículo 1113 del Código Civil -específicamente respecto de los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa- el dueño o guardián sólo se eximen, total o parcialmente, de responsabilidad, acreditando la intervención de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa (hecho de la víctima, de un tercero por quien no deben responder y, para la mayoría de la doctrina, también el caso fortuito exterior al riesgo o vicio de la cosa); o bien que ella, en el momento dañoso, fue usada contra la voluntad del dueño o guardián.

Aquí el fundamento de la responsabilidad no es la culpa, porque aunque el dueño o guardián acrediten una máxima diligencia tendente a la evitación del daño, su obligación se mantiene.

Desde la reforma de 1968 del Código Civil el elemento decisivo para la atribución de responsabilidad es el riesgo de la cosa.

Según Matilde Zavala de González, tal es la interpretación que se adecua al espíritu de la reforma, dominada por "el fantasma del automóvil" y por lo cual los daños derivados de la circulación automotriz en general ingresan en la órbita de la responsabilidad objetiva, con sustento en el riesgo creado, en congruencia con la orientación más moderna y conveniente de responsabilidad civil ("Responsabilidad por riesgo - El nuevo artículo 1113", Bs. As., 1987, T. 3, pág. 60).

Recuérdese que los automotores en movimiento (su destino normal es, en efecto, servir a la circulación, tránsito o desplazamiento) sobresalen entre las cosas peligrosas que caracterizan el entorno de la civilización actual (Mosset Iturraspe, Jorge, "Eximentes verdaderas y falsas en los accidentes de automotores", en "Estudios sobre responsabilidad por daños", Santa Fe, 1982, T. IV., págs. 82 y siguientes).

Por ello, siendo el automotor en circulación una cosa riesgosa, por su potencialidad de producir daños, no puede ser sino la teoría del riesgo creado la que regule la atribución de responsabilidad en aquellos casos en que tales cosas intervienen activamente en el evento dañoso, aunque se trate de accidentes protagonizados por automotores que ostenten la misma peligrosidad.

Esta Corte al pronunciarse en el caso "Marzano", dictado el 05.06.1990, ha entendido que la responsabilidad objetiva fundada en el artículo 1113 del Código Civil es totalmente aplicable a las colisiones entre dos o más vehículos.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la existencia de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto por el artículo 1113, inciso 2) del Código Civil. Tal fundamento de la responsabilidad no deja de aplicarse aunque se haya deducido una sola pretensión resarcitoria, debiendo el accionado para liberarse de responsabilidad demostrar la culpa de la víctima, de un tercero por el que no deba responder o el caso fortuito ajeno a la cosa (Fallos:321:700 y 1462; también esta Corte en "Maujo del Riego", A. y S., T. 113, pág. 440, posición reafirmada in re "Gullo", A. y S., T. 125, pág. 420).

Esta doctrina judicial también es derechamente aplicable en casos -como el presente- en donde concurre en el acontecimiento dañoso una motocicleta, pues dentro del esquema analizado la moto es considerada como "cosa riesgosa" o "creadora de riesgo" .

De manera, entonces, que una máquina agrícola o una motocicleta están contenidas en el encuadre normativo examinado, siendo la solución la misma: cada uno -en principio- deberá afrontar los daños causados al otro por el riesgo o vicio de la cosa de la cual era dueño o guardián.

3.2. Sentadas estas breves nociones fundamentales, cabe destacar que la Cámara hizo lugar al recurso contemplado en el artículo 42 de la ley 10160, revocó el decisorio impugnado y rechazó la demanda incoada, conforme los parámetros normativos recién expuestos.

Recuérdese, en tal sentido, que el Órgano revisor encuadra el caso en la teoría del riesgo creado prevista en el artículo 1113 del Código Civil -a diferencia del Tribunal Colegiado que examina la causa bajo la lupa del artículo 1109 de ese cuerpo legal-, considerando, además, que los rodados que concurrieron en el siniestro (barrenadora y motoneta) constituían "cosas riesgosas" en el marco de la disposición mencionada.

Empero, estas premisas de derecho correctamente enunciadas por los Sentenciantes se tornan ciertamente inoperantes a partir de reputar que, por el solo hecho de ser embestidor el conductor de la motoneta (actor), hacía "deslucir su pretensión atento a la presunción que tal acto generaba".

Y es que la circunstancia de resultar la moto el vehículo embestidor, no conducía sin más a tener por acreditada la existencia de la "culpa exclusiva de la víctima" como causal de exoneración de responsabilidad, cuando, en todo caso, se trataba de una presunción que debía valorarse conforme a las constancias de autos.

Así, la Corte federal le ha restado trascendencia a la presunción nacida del carácter de embestidora cuando, verbigracia, sobre la demandada reconviniente también recaía la carga de la prueba de haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad del tránsito y hubo de su parte incumplimiento de su señalización (vid. doctrina de Fallos:323:1508, entre otros).

Dentro de ese contexto, no podía dejar de ponderarse para una correcta dilucidación de la controversia, lo advertido por los Jueces en primer grado de conocimiento respecto del examen mecánico obrante en el sumario penal, en donde se constató que el tractor poseía luces reglamentarias, faroles delanteros y otro trasero, no así giros o los habituales de otros vehículos, mientras que el barrenador no presentaba ningún tipo de señalización (el subrayado me pertenece).

En punto a este extremo fáctico, cabe apuntar que el demandado (conductor del vehículo) pretendió acreditar la existencia de luces de la barrenadora mediante fotografías, restándole eficacia probatoria el Tribunal Colegiado con sustento en que éstas habían sido acompañadas a la causa nueves meses después de haberse realizado el examen mecánico sin contar, además, de ningún elemento que permitiera comprobar su autenticidad.

En ese marco, una fundamentación rigurosa imponía a los Sentenciantes, dar cuenta de las circunstancias fácticas incorporadas a la causa y meritadas por el Juez inferior (Fallos:324:1344), en cuanto al examen del vehículo embestido a los efectos de evaluar la conducta de la víctima.

Desde luego, no se me escapa, por cierto, que no es potestad de esta Corte terciar como un juzgador de una tercera instancia ordinaria en la valoración de las cuestiones de hecho y prueba que rodean al "sub lite", mas no es ello lo que en verdad propicio, sino tan sólo advertir que un análisis riguroso de la condición de embestidor exigía a los Magistrados la evaluación de las circunstancias reseñadas, en tanto tendían a demostrar la existencia -o no- de la eximente de responsabilidad.

Pues -como ya se ha sostenido en innumerables antecedentes- para que la "culpa de la víctima" tenga aptitud para cortar el nexo de causalidad, ésta debe aparecer como la única causal del daño y revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor (cfr. CS, Fallos:321:700 y 1462; CSJPSF, A. y S., "Levy", T. 105, pág.192, "Espíndola", T. 105, pág.198, "Simili", T. 132, pág. 351, "Lazzari de Milanesi", T. 148, pág. 240, entre otros), aspecto que no puede considerarse suficientemente argumentado en el caso en estudio con la sola invocación de la Cámara de la presunción del carácter de embestidor del accionante.

Por supuesto que en nada conmueve lo que se decide por este Cuerpo la consideración del Órgano revisor en torno a que el Inferior había incurrido en incongruencia al fundar su pronunciamiento en un presupuesto fáctico que no integraba el debate de autos -la ausencia de señalización de la barrenadora-.

Ello, por cuanto la evaluación de ese aspecto fáctico, en concreto: la carencia de luces traseras de la barrenadora, refería al análisis de la eximente misma, en tanto el "hecho" presupuesto de la responsabilidad pretendida dependía del hecho del riesgo de la cosa y siendo ello así, no puede entenderse que en el caso se hubiera producido una variación en la causa de la pretensión con menoscabo al derecho de defensa de la contraria, ya que -como antes se señalara- una atendida consideración de la norma en cuestión (art. 1113, Cód. Civ.) así lo imponía.

Téngase en cuenta, además, que ese "hecho" decisivo para una correcta dilucidación de la litis había sido incorporado al presente proceso por medio del ofrecimiento de los demandados (fs. 19v. y 26v.) del sumario penal -en donde de las periciales mecánicas y de las declaraciones de ambos conductores involucrados en el siniestro aludían a esa circunstancia-, por lo que ningún estado de indefensión se advierte configurado en la especie.

En suma. Los presupuestos de la reparación de responsabilidad atribuidos a la demandada permanecieron incólumes (leáse: el riesgo o vicio de la cosa, su relación causal con el daño y el carácter de dueño o guardián) siendo la acreditación -o no- de la señalización de la barrenadora un aspecto trascendente a la hora de examinar la causal de eximición (la culpa exclusiva de la víctima) conforme se expusiera.

Sobre tal aspecto, bueno es memorar la opinión de Zavala de González, en tanto sostiene que aún cuando pesa sobre el actor la prueba genérica sobre el hecho, no siempre soporta esa carga respecto de las circunstancias de éste. Por el contrario, muchas veces, sobre la base de la primera demostración se traslada al demandado la de circunstancias aptas para excluir la responsabilidad. Así, se verifica, por ejemplo en el supuesto de daños derivados del riesgo o vicio de una cosa (art. 1113): el actor debe demostrar un hecho en el que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa y, el demandado, si quiere enervar la imputación tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencian que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños", Bs. As., 1993, pág.156).

Desde otro punto de vista, la temática en discusión refería, en todo caso, a la aplicación del derecho a una determinada situación fáctica (cfr. A. y S., "Amado", T. 101, pág. 30), por lo que propiciar lo contrario, importaría convalidar un desvío funcional de la Alzada y un sobredimensionamiento de las formas en desmedro de la verdad jurídica objetiva.

Es consecuencia ineludible de lo expresado que el pronunciamiento atacado no resulta derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa y, por ende, debe ser anulado como acto jurisdiccional válido.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Así, voto.

A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Falistocco y Spuler y el señor Presidente doctor Gutiérrez dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Remitir los autos al tribunal que corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas al vencido (art. 12, ley 7055).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)