Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-12-22


AUTOS N° 105473 (CONT. ADMINISTRATIVO) (9441 SALA III) "SIREROL SERGIO JOSE C/PROVINCIA DE SAN JUAN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" ///Juan, 22 días de Diciembre de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs.71 contra el punto II de la sentencia de fecha 10 de julio de 2008, obrante a fs. 67/69.

CONSIDERANDO: La Sra. Juez a-quo en el punto II de la resolución recurrida resolvió: "Previo a librar el oficio correspondiente, rinda el solicitante caución real debiendo ofrecer garantía de instituciones bancarias o de personas de acreditada responsabilidad económica, que guarde relación con los montos ejecutables y a satisfacción del Juzgado.

...".

Contra esta resolución se alza la actora a fs.70, fundando el recurso a fs.72/75.

La accionante promueve demanda contenciosa administrativa a fin de obtener la nulidad de la Resolución Nº 1.156-D.G.R.

08, dictada en el expediente adminsitrativo nº 0702-11429-2004.

A su vez, peticiona la medida cautelar de no-innovar a fin de evitar que el Estado pueda ejecutar la deuda determinada por la D.G.R..

La caución ordenada en el punto II de la sentencia indicada, le causa a la actora agravios: A cuyo fin manifiesta que, el decisorio del a-quo es contradictorio y arbitrario en la medida de que los fundamentos que vierte para acoger la medida cautelar, no están de acuerdo con la rigurosidad de la contracautela que exige.

Su monto es excesivo e ilegal, lesionando derechos constitucionales; por lo tanto solicita se reduzcan a su justo límite, conforme lo dispuesto por el art.205 del C.P.C..

En efecto, si la medida cautelar se dicta para preservar la igualdad de las partes y evitar que la sentencia que se dicte se torne ilusoria, la caución debe ser razonable; reitera su petición de que se ordene caución juratoria.

Advierte que la exigida por la sentenciante guarda una notable similitud con el requisito de admisibilidad que prevé el art.69 ss. y concord. de la ley nº 3908, que es el depósito previo del tributo, cuestionado en este proceso.

Además la Sala I de esa Cámara de Apelaciones decretó inconstitucional el art.69 de la ley nº 7335 (Ruiz Quiroga de Varese, Marta c/ Provincia de San Juan Contencioso Administrativo).

La caución no puede servir como fundamento de adelanto de jurisdicción al caucionar por la totalidad del monto reclamado por el Fisco Provincial.

Se debe señalar conforme lo prescribe el art.205 del C.P.C.; cita doctrina al respecto.

A su vez, hace reserva de la cuestión constitucional federal (ley nº 48) y provincial (ley nº2275).

Entrando al tratamiento de la cuestión planteada diremos que: La contracautela consiste en la garantía que debe suministrar quien solicita una medida cautelar, a fin de resarcir al demandado de los daños que pudiera ocasionarle aquélla cuando se traba sin razón (art. 205 del C.P.C.).

En cierta medida reemplaza a la bilateralidad o controversia en el típico procedimiento inaudita parte de las precautorias, asegurando al actor un derecho aún no reconocido y al demandado la efectividad del eventual resarcimiento, preservando el principio de igualdad de las partes.

La apelante cuestiona el monto de la contracautela que el a-quo ha señalado, y reitera su pedido de que sea caución juratoria.

Ahora bien, en razón del objeto del juicio y de acuerdo a la medida cautelar ordenada, la cual prohíbe a la demandada hacer efectivo el cobro de impuestos adeudados, dado la gravedad de la medida, corresponde una contracautela real.

La exigencia de una caución real no configura violación del derecho constitucional de defensa sino que, muy por el contrario, atento proceder inaudita parte, tiende a garantizar el debido proceso y la igualdad de éstas ante la ley que es deber de los jueces asegurar. La caución juratoria está reservada para hipótesis en las cuales el derecho, cuyo reconocimiento se persigue, y el de pretender la cautela pedida, conforme a la naturaleza y objeto del pleito, resulten claros y manifiestos (arts. 16 y 18 C.N.), que no es, prima facie, el caso de autos.

Sobre el monto, este Tribunal, siguiendo a Podetti ha señalado que , corresponde a la exclusiva apreciación del Juez la naturaleza y valor de la fianza exigida, la que puede ser modificada por el Tribunal de Alzada (Prot. de Autos: Tº IV-Fº 735/738-05); por consiguiente es el a-quo quien debe determinar el monto de la garantía, proporcional al contenido de la eventual responsabilidad.

La caución en cuestión, no se encuentra limitada en su instrumentación al depósito de dinero en efectivo, sino que resultan admisibles bienes en garantía tanto de propiedad del requirente de la medida como de algún tercero allegado al mismo que los ofrezca voluntariamente a esos fines, siendo también viable la contratación de seguros de caución o la aportación de valores suficientes al efecto.

La señalada por el a-quo aparece excesiva, teniendo en consideración que debe ser fijada estimando las costas y los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la medida cautelar dispuesta (art.205 del C.P.C.).

Al respecto se ha resuelto que: "El monto y la graduación de la contracautela deben encontrarse en correspondencia a dos requisitos: a)ser suficientes ante una eventual responsabilidad del solicitante de la medida precautoria, por las costas y los daños y perjuicios, en el supuesto de haberla pedido sin derecho; b) la magnitud, de la misma, no torne ilusoria la garantía del debido proceso (Cam.Nac.Cont.Adm.Fed.Sala I "Los Idolos S.A.c/ Enargas y otro s/ Proceso de Conocimiento"-24/02/1998).

"La decisión para modificar la contracautela debe basarse no sólo en "la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del caso" (art. 199 C.C.), sino también en la magnitud del menoscabo patrimonial que eventualmente pudiera derivarse, elementos de ponderación que la ley ritual deja encomendada a la discreción y prudencia del juzgador (Cam.Nac.Cont.Adm.Fed.SalaII-"Fernado Gómez Radio T.V.S.R.L.c/ E.N. .s/Juicio de Conocimiento"-16/03/93).

En consecuencia, resulta razonable estimar las costas y daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, en un tercio del monto total de lo adeudado por el actor, en concepto de impuestos reclamados por la demandada (fs.13/16).

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto a fs. 70, manteniendo la caución real en la forma dispuesta por el a-quo; modificando el monto de la misma, que se señala en un tercio de la suma total que adeuda la actora en concepto de impuestos.

Costas por su orden en razón de la naturaleza del trámite (art.74 del C.P.C.), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

Déjase constancia que no firma la presente el Dr. Pascual E. Alferillo, por encontrarse en uso de Licencia (Confr. art. 40 Ley 5854).

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE AUTOS UIVF 779/781 2008-