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Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, insuficiencia del agravio, pandemia, coronavirus, interés superior del niño, faltas relacionadas con la higiene y la salud, facultades del Poder Judicial
Materia: PENAL
Carátula: Domínguez, Matías Ezequiel s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-12

Corresponde declarar inadmisible el recurso, pues la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que los jueces de la anterior instancia consideraron relevantes para denegar la morigeración de la prisión preventiva solicitada. Los jueces de la anterior instancia, para rechazar la pretensión defensista, tuvieron en cuenta que subsisten los riesgos procesales que motivaron el dictado de la medida cautelar, aún bajo los parámetros de los arts. 210, 221 y 222 del CPPF. Destacaron que, durante el desarrollo de la instrucción de este proceso, el nombrado estuvo tres años prófugo, lo cual da cuenta de la existencia de diversos recursos logísticos para llevar a cabo las maniobras de elusión, lo que permite inferir que, en caso de acceder a lo peticionado, podría sustraerse nuevamente o entorpecer el proceso (art. 221, inciso c, CPPF). Por otra parte, se evaluó la severidad de las escalas penales con que se encuentran conminados los delitos de tráfico de estupefacientes que se imputan a Domínguez. En otro orden, el tribunal consideró que no se había evidenciado la afectación del interés superior del hijo del encausado, en razón de que el informe social da cuenta que el menor se encuentra viviendo junto a su madre y sus abuelos maternos. También descartó una situación de desamparo de la madre del imputado, en tanto del informe social aportado surge que la nombrada se encuentra en la actualidad laboralmente activa, próxima a jubilarse, circunstancias que permiten inferir que se puede valer por si misma tanto material como económicamente. Además, el a quo señaló que el presente caso, de acuerdo al marco jurídico y fáctico de la imputación detallada en el requerimiento de elevación a juicio, no se encuentra comprendido dentro de las recomendaciones generales de la Acordada nro. 9/20 de esta CFCP. Por último, en lo referente a la situación del Covid-19, se tuvo en consideración los diversos protocolos y directivas implementados por el SPF y se especificó que la mera invocación del riesgo respecto de la población carcelaria general, no resulta un argumento de entidad suficiente como para modificar la modalidad de encierro. No obstante lo expuesto, corresponde encomendar al tribunal a quo a que requiera al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, arbitre los medios necesarios tendentes a dar cumplimiento y extremar las medidas de prevención, salud e higiene del interno Domínguez. Dres. Barroetaveña y Figueroa -voto conjunto- y Petrone.
Juicio por delitos de acción privada, excepciones procesales, excepción de prescripción, incidentes, Ministerio Público Fiscal, nulidad procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, M. s/ CALUMNIAS E INJURIAS    DELITOS DE ACCION PRIVADA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-27

No obstante la naturaleza privada de la acción, ejercida en los delitos de calumnias e injurias, entiendo que el Fiscal debe ser oído en las cuestiones de prescripción, por hallarse afectado el orden público, al igual que en las de competencia. Por ello, al no haber sido oído dicho funcionario en esta incidencia, deviene nulo, y así solicito se declare, el auto que declara de puro derecho la cuestión, porque aquél acto procesal debió precederle.
Declaración de inconstitucionalidad, Estado, deuda pública, régimen de consolidación de deudas, emergencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GOMEZ, CIRILA c/ COOPERATIVA DE CARNICEROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO. 15 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07

La declaración de inconstitucionalidad es una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, que procede sólo a partir de una reflexión efectuada con sumo grado de prudencia, cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema resulta manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, en particular cuando se trata de enjuiciar actos que suponen el ejercicio de facultades que la Ley Fundamental asigna con carácter privativo a los otros poderes , pues como ha dicho la Corte, "del juicio prudente de los magistrados en torno de los alcances de su jurisdicción es de donde cabe esperar los mejores frutos en orden al buen gobierno de la Nación" .

En el caso, no puede soslayarse que la preceptiva en cuestión ("... las leyes reguladoras del sistema de consolidación de las obligaciones del Estado (...) en especial el art. 20 de la ley 24.624 (...) así como el art. 27 ley 24.764 (...) así como toda legislación dictada en su consecuencia"), fue sancionada en razón de haber asumido el Estado nacional el pasivo de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro a los fines de garantizar la culminación del proceso de privatización al que fue sometida la entidad, el que quedó así alcanzado -a través de una sucesión de disposiciones- por el sistema de la ley 23.982
Deberes del funcionario público, policía, código penal, investigación del hecho, suspensión del juicio a prueba, robo calificado, robo en poblado y en banda
Materia: PENAL
Carátula: A. A. C., L. C. D., M. G. A. Y J. M. W. c/  s/ robo calificado en poblado y en banda y por ser miembros de las Fuerzas de Seguridad, Libertador General San Martin
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2017-03-29

Conforme lo reglado por artículo 76 bis párrafo 7mo, no cabe hacer lugar al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, tal como lo solicita la defensa de los policías imputados por la comisión de los delitos de robo calificado en poblado y banda, agravados por su condición de miembros de las fuerzas de seguridad, pues los inculpados son funcionarios públicos, que habrían incurrido en la acción delictiva encontrándose en ejercicio de sus funciones, por lo que existe un especial interés de parte del Estado en la realización del juicio, a fin de obtener un pronunciamiento que determine o no la existencia del hecho, la participación o no de los imputados y en su caso la pena que les pueda o no corresponder.
Corretaje, sociedad de corredores
Materia: COMERCIAL
Carátula: RAFAEL SESTO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/ TURON GUDIN J s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-19

Pese a la prohibición establecida por el Código de Comercio 105 1ro, tanto doctrina como jurisprudencia han admitido la legitimidad de sociedades formadas por corredores, en el caso en que esas sociedades limiten su objeto a operaciones de corretaje, actuando los socios como intermediarios promovidos, financiados o facilitados por la sociedad que integran, ya que la actividad del corretaje es de esencia estrictamente personal.
Compraventa inmobiliaria, venta de inmuebles fraccionados en lotes, falta de inscripción del loteo, mora del vendedor
Materia: CIVIL
Carátula: DIENER COM. INMOB. Y FINANCIERA  S.A. c/ FERNANDEZ BERNARDO A. s/ RESOLUCION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

si la vendedora no cumplió la inscripción que el art. 2' de la ley 14.005, se coloca en estado de mora que le impide ejercer la facultad resolutoria convencional a que pudiere tener derecho, prohibición que es computable aún de oficio por el Tribunal y para el supuesto de que el interesado no la hubiere invocado (conf. C.N Civ. Sala E, c. 17.762 del 12/12/85, c. 19.343 del 4/3/86 y c. 15 071 del 24/4/86; Sala C, E.D. 76-372).
Anuncio publicitario, Internet, subasta
Materia: COMERCIAL
Carátula: Campoli, Gabriel Andrés c/ LaCompu.Com s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-30

La denominada "subasta Online", si bien es un ofrecimiento de productos publicitado mediante una página o "site" de la Internet no constituye una subasta de acuerdo al concepto clásico y tradicional que le ha sido dado por la legislación argentina.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Olivera, Enrique s/ Robo de aut.tor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El art. 342 in fine del Código de Procedimiento Penal otorga a la Cámara competencia para conocer en todo aquéllo que pudiera derivar en una decisión favorable al procesado aunque no fuese a partir de "agravios de la defensa". En consecuencia aún para quienes consideran que la inconstitucionalidad de las leyes sólo puede declararse a petición de parte, el art. 342 in fine tiene por suplido ex lege tal requerimiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Prescripción de la acción penal, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Peón Hoyuela, Jesús y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-27

Corresponde declarar prescripta la acción penal y disponer el sobreseimiento de los imputados por el delito de contrabando calificado si han transcurrido más de veinte años desde que se iniciaron las maniobras que se refieren como delictuales, más de quince desde que ellas finalizaron, y más de catorce desde que se instó la acción penal disponiéndose la convocatoria a prestar declaración indagatoria, sin que la causa tenga sentencia, y el término de prescripción de diez años, no se cumplió por escasos cinco meses, habiéndose advertido notorias demoras en la tramitación del expediente, que motivaron quejas del Ministerio Público y llamados de atención al juez por parte de la cámara de apelaciones, y si bien el objeto procesal no es sencillo, la prueba fue producida en los albores de la investigación y puede ser fácilmente obtenida de organismos estatales, el órgano jurisdiccional denegó la producción de prueba pericial por entender que la causa no era compleja, no cabe atribuir a la actividad de la defensa demoras en la tramitación del proceso, sino que la falta de la exigible diligencia de las autoridades para la tramitación de la causa determinó la violación del derecho de los acusados a ser juzgados en un plazo razonable. Los votos concurrentes agregaron que los plazos establecidos en el CP para que opere la prescripción de la acción penal no constituyen un permiso máximo, sino que encuentran su límite en el derecho fundamental a ser juzgado sin dilaciones indebidas y dentro de un plazo razonable, y que corresponde exhortar a los órganos intervinientes a que comprometan el mayor esfuerzo a fin de evitar situaciones como la del caso. (Dres. Riggi, Ledesma, Tragant).
Concurso preventivo, apertura del concurso, efectos de la apertura, actos sujetos a autorización judicial, prenda
Materia: COMERCIAL
Carátula: CIA.  AZUCAREA  DEL NORTE  S.A.  S/CONCURSO S/INC. DE CONTINUACION DE TRAMITE s/ INCIDENTE DE CONTINUACION DE TRAMITE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

La constitución de la prenda puede autorizarse si, de acuerdo con lo informado por el síndico, el gravámen no afecta la marcha de los negocios de la concursada; en tal caso, los intereses de los acreedores están suficientemente resguardados (LC:17); máxime cuando de no accederse a tal autorización, el embargo recaído en los bienes en cumplimiento de una sentencia firme sí incidiría en esos negocios con la consecuente afectación de los intereses concursales.

No violenta la paridad de los acreedores el autorizar el gravámen, si quien lo pide no es acreedor verificado, sino post concursal.
Prenda con registro, ejecución prendaria, secuestro de bienes, bienes afectados a la producción
Materia: COMERCIAL
Carátula: FORD  CREDIT  CIA.  FINANCIERA  SA c/ PEDREIRA,  RAUL HECTOR s/ SECUESTRO PRENDARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

Resulta improcedente que el peticionario de secuestro se oponga a que, -como en el caso-, se haya dispuesto a título de recaudo previo al libramiento del mandamiento de secuestro del bien prendado, que se cite a la persona individual titular de ese bien, a fin de que manifieste el uso al cual destina el mismo a la luz de lo previsto por la Ley 25563 art. 16; toda vez que es presumible que una furgoneta se halle afectada a la producción, comercio o prestación de servicios, en los términos previstos por la Ley 25563 art. 16, modificado por la Ley 25589 art. 12. En tal sentido cabe precisar, que en tal situación se estima que por disposición legal, el trámite del secuestro solicitado se encuentra suspendido, porque es evidente que el mentado secuestro esta orientado a lograr su remate extrajudicial en los términos de la Ley 12962 art.39, siendo que la Ley 25563 art.16, modificada por Ley 25589 art.12, suspendió por 180 días corridos -a partir del 16-5-02- (I) los actos de subasta de ".. bienes afectados.. por el deudor .. a la producción, comercio o prestación de servicios .. " y (II) la ejecución de medidas cautelares que ".. importen el desapoderamiento de bienes afectados a la actividad de establecimientos comerciales ..".

A más, lo dispuesto posibilita la continuación del trámite del procedimiento, que se encontraría suspendido por las normas legales citadas.
Juicio, tasa de justicia
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: VIALCO SA c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REVOCATORIA (CSJ EXPTE N. 619-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-10-14

El artículo 227 inciso 12 del Código Fiscal exime de la tasa retributiva de servicio a toda gestión ante la Administración por cobro de deudas contraídas por la Provincia pero no a las gestiones que por tales deudas se realizan ante el Poder Judicial; menos aún por una deuda que, en su caso, tendría el Municipio, sujeto público a cuyo cargo no está el mantenimiento de la Justicia. Por lo tanto, no puede acogerse el argumento de la actora, que pretende eximirse del sellado correspondiente por ser acreedora de una suma de dinero, contra una Municipalidad.
REGLAS DE BEIJING, régimen penal de la minoridad
Materia: PROCESAL
Carátula: Rabaza, Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfin de Mar Ltda y otro s/ cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-09-24

Cabe rechazar la impugnación de la resolución que condenó a los menores imputados en orden al delito de robo agravado por homicidio, fundada en la supuesta vulneración de las denominadas "Reglas de Beijing", pues las mismas admiten la imposición de pena ante hechos graves cometidos contra la persona o la propiedad, por lo que no resulta arbitrario ni absurdo concluir que el robo agravado por el homicidio resultante y la utilización de arma de fuego queda comprendido entre esos hechos graves.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, astreintes, régimen de consolidación de deudas, obligación principal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CELULOSA ARGENTINA S.A. c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-02-12

El planteo recursivo, que giró en torno a que si hipotéticamente se hubiese hecho lugar al pedido de astreintes, éstas habrían estado sometidas al Régimen de Consolidación de Deudas de la ley 25344 porque así se liquidaba la obligación principal, además de ser una mera conjetura, se contradice con los cánones delineados por la Corte nacional donde se dijo que tal régimen no abarca a las acreencias emergentes de las sanciones impuestas por los jueces en ejercicio de sus facultades, ya que de lo contrario, el instituto creado como vía legal de compulsión para que el deudor procure al acreedor aquello a que está obligado, quedaría desnaturalizado y se neutralizarían sus efectos, - CITAS: CSJN: Fallos:320:186; 325:1658; 328:1553; 329:5778. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 25344
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: R., R.E. c/ O., G. s/ s-Alimentos-Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-08-16

"...el escrito que no se encuentra firmado por el peticionario es jurídicamente inexistente y por lo tanto carece de vivencia procesal".
Protección a la familia, notificación, filiación, prueba de histocompatibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: U., F. A. c/ P., J. M. s/ ORDINARIO FILIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS (1191/20) S/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-02-09

El emplazamiento previsto en el art. 88 LPF a quien no compareció a la extracción de muestras para que pruebe las razones en las que funda su conducta, debe ser interpretado armónicamente con el art. 53 LPF y con los antecedentes legislativos de la Ley 10668 en ese apartado. En base a ello, la intimación en cuestión sólo puede estar relacionada con la extracción compulsiva de material biológico regulada en el art. 89 y como una condición que la habilita, dado su carácter de último recurso frente a la resistencia injustificada a cumplir con la colaboración debida.
Deuda previsional, deberes de la administración, prueba
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PARFLIK S.A.C.I.F.I.A. c/ D.N.R.P. s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-14

El organismo previsional debe agotar los medios a su alcance para probar la procedencia del cargo por aportes formulado, tratando particularizadamente la situación del personal comprendido en el período en cuestión, ya que si bien tiene facultades para determinar dichos cargos, la generalización no se compadece con cada una de las situaciones individuales relacionadas con la naturaleza de la prestación que se pretende adjudicar (en el caso, comisiones percibidas por productores de avisos publicitarios).
Corretaje, contrato por correspondencia, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: JORGE ANTONIOLI c/ ARTEMISIA BARAGHIAN DE KASABIAN s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-11-11

Si el corredor consideraba que el negocio propuesto por vía telegráfica fracasó por culpa de los autorizantes, debió demostrar que realizó una gestión eficaz. Y ello no surge de la escueta comunicación cursada a los demandados en donde no se ha consignado, siquiera, los datos del eventual comprador, ni el lugar y fecha en el que se suscribiría el boleto.
Rendición de cuentas, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LAURENTI, FRANCISCO LORENZO Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-23

Las alegaciones de los recurrentes respecto a que eran las Municipalidades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez las únicas responsables del manejo de los fondos nacionales y, por tanto, las únicas capaces de rendir cuentas de ello, no resultan eficaces a la hora de fundar el vicio invocado, toda vez que los funcionarios reclamantes, además de la obligación que establece el artículo 213 de la ley 12510 por sí, en lo referente a los fondos o valores que administraran tanto en su percepción como en su inversión en forma directa, tenían la facultad y el deber de requerir la rendición de cuentas a los responsables de la inversión final que se encontraran bajo su órbita y/o dependencia para ponerla a disposición del Tribunal, en la forma y plazos que éste estableciera, según surge del texto del artículo 215 de la misma ley, y no surge del caudal de actuaciones que integran los expedientes, que los recurrentes hubieran acreditado la efectivización de los invocados requerimientos a los otros entes involucrados en el manejo de los fondos ni la negativa de éstos a proporcionar dicha información o documental, de manera de intentar abordar en ese momento las eventuales irregularidades en las cuentas producidas durante la gestión. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 12510, artículos 213 y 215
Sucesiones, cesión de derechos hereditarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pelorosso, Nuncio A. s/ Sucesión testamentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

El cesionario de una herencia no reviste -respecto del cedente- los caracteres de heredero o sucesor universal, por lo que le resulta inoponible el convenio de honorarios que éste hubiese suscripto con su letrado (art. 1195, Cód. Civ.).
Tentativa, escala penal
Materia: PENAL
Carátula: Pérez Zenon, Américo o Jara, Alejandro; Acevedo, José Luis o Pérez, José Luis; Arévalo, Héctor Hugo s/ Tentativa de robo con armas en poblado y en banda s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-10-03

Se han ensayado tres interpretaciones del art. 44 del Código Penal en cuanto a la escala penal de la tentativa en el supuesto de penas divisibles: a) Que el tribunal debe imaginar el delito consumado y establecer la pena que hubiese correspondido en tal supuesto, para disminuirla desde un tercio hasta la mitad, conforme con el grado de aproximación consumativa alcanzado (Criterio de Soler); b) Que la escala final corresponde establecerla en abstracto, reduciendo la mitad del mínimo y en un tercio el máximo (criterio dominante en la Jurisprudencia de la Capital Federal); y c) interpretación que también entiende que la escala debe ser establecida en abstracto, pero reduciendo un tercio del mínimo y la mitad del máximo (tésis sostenida por De la Rúa y Núñez).
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, ejecución de sentencia, jueces, deberes del juez, verdad jurídica objetiva, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comuna de Cañada Rosquin c/ Racciatti, Irene Lucía y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad - Apremio (Expte. C.S.J. Nro. 410 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-19

Debe declararse inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, desde que la sustancia impugnatoria adolece de un excesivo formulismo que termina por ahogar el verdadero alcance de las peticiones formuladas por las partes y el contenido de los actos cumplidos, ocultando la verdad jurídica objetiva que es el norte de todo proceso civil. En rigor, la recurrente asienta su pretensión descalificante (omisión de considerar que los intereses deben estimarse en forma expresa) sobredimensionando sin más las formalidades que deben cumplir las sentencias de ejecución, intentado que las normas procesales involucradas jueguen de manera absoluta o rígida (del todo o nada) sin que puedan ceder o adaptarse a la realidad vivida en el caso. Es que postular -como lo hace el apelante-, una aplicación mecánica de las disposiciones rituales en cuestión trae como consecuencia una irreductible oposición con las constancias de la causa que imponen una interpretación de la sentencia de remate estimatoria distinta a la que se podría arribar mediante la sujeción estricta y, en el caso, infértil de esos preceptos. En efecto, no merece reproche constitucional el camino adoptado por la Alzada de flexibilizar los preceptos instrumentales a fin de componer la litis llevada a sus estrados.