Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-11


Reg.: A y S t 285 p 205/210. En la ciudad de Santa Fe, a los once días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Daniel Aníbal Erbetta, María Angélica Gastaldi y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MEDINA FERNÁNDEZ, ALAN FABIÁN -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN AUTOS: 'MEDINA FERNÁNDEZ, ALAN FABIÁN S/ HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO Y LA PARTICIPACIÓN DE UN MENOR'- (CUIJ NRO. 21-07001560-6) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511284-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?, SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente? y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Erbetta, Gastaldi, Gutiérrez y Spuler. A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: Mediante acuerdo registrado en A. y S. T. 275, pág. 123, esta Corte -por mayoría- admitió parcialmente la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Alan Fabián Medina Fernández contra el fallo 448, del 1 de julio de 2016, por medio del cual los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Lurati, Carbone y Acosta -por mayoría- confirmaron lo resuelto por el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 3 de Rosario quien, a su turno y en lo que aquí es de interés, había condenado a Medina Fernández como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 79, 40, 41, 41 bis, 41 quáter, 12, 19 y 29, inc. 3, C.P.). Ello por entender -en una apreciación mínima y provisoria propia de ese estadio- que el cuestionamiento vinculado al agravante previsto en el artículo 41 quáter del Código Penal implicaba "prima facie" articular con seriedad un planteo que podía configurar una hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de la instancia extraordinaria. El nuevo examen de admisibilidad que le compete efectuar a este Tribunal a mérito de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 7055, con los principales a la vista, me conduce a ratificar dicho criterio, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General a fojas 48/52. Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro doctor Spuler expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.	A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo:	1. A los fines de una acabada comprensión de la cuestión a decidir, cabe en primer término relatar las constancias del proceso que se vinculan con ella: 1.1. En la presente causa, y en lo que aquí es de interés, en fecha 25 de agosto de 2015, el Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 3 de Rosario condenó a Alan Fabián Medina Fernández como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas (arts. 79, 40, 41, 41 bis, 41 quáter, 12, 19 y 29, inc. 3, C.P.). 1.2. Contra dicho pronunciamiento, interpuso el imputado "in pauperis" recurso de apelación, el que fue fundado por la Defensora General N° 11 de Rosario. Al celebrarse la audiencia de impugnación, la Defensora de Cámaras solicitó la revocación de la condena con sustento en la insuficiencia de las pruebas producidas para concluir en la certeza convictiva acerca de la participación de Medina Fernández en el homicidio de Mauro Salinas, y subsidiariamente, cuestionó la calificación legal del hecho en relación al agravante previsto en el artículo 41 quáter del Código Penal, peticionando se deje de lado y se le imponga el mínimo de la escala penal prevista para el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al contestar los agravios, el Fiscal de Cámaras -doctor Camporini- se opuso al pedido de revocación de la condena, explicando los motivos por los que entendía que el material convictivo resultaba suficiente para sustentarla. En relación al planteo subsidiario vinculado con el agravante por participación de menor de edad y consecuente reducción de pena, adhirió a la solicitud de la defensa justificando su postura. En este sentido, expresó textualmente: "...la fiscalía que represento -quien habla- tiene el criterio que cuando hay una participación total y absolutamente activa por parte del menor -es el criterio de quien habla- quita la agravante a la persona que actúa en el mismo hecho, con lo cual esta fiscalía en este tema adhiere a la postura de la defensa y solicita la confirmación de la condena con la quita de esa calificante y, en todo caso, una reducción acorde a la quita de la calificante..." (33', 50" del registro de audio y video de audiencia de apelación). 1.3. El Tribunal, por mayoría, convalidó íntegramente la sentencia de grado. Para así resolver, el doctor Carbone, quien fue el primer Vocal que votó por la confirmación de la condena -dado que la doctora Lurati propició la absolución del imputado-, analizó la cuestión de la participación de Medina Fernández en el hecho, estimando probado que planeó el delito conjuntamente con el menor R., efectuando para ello valoraciones de las pruebas producidas durante el proceso y consideraciones respecto de la teoría de la participación criminal. Por su parte, el doctor Acosta adhirió al voto del doctor Carbone, realizando apreciaciones personales acerca de las pruebas y su participación. Sin embargo, en relación al agravio subsidiario referido a la calificación legal y pena, nada se expresó en el fallo de Cámara, ello a pesar de que en el relato de la causa efectuado por la Vocal del primer voto -doctora Lurati quien finalmente resultara disidente- se expuso que la defensa "...subsidiariamente arguye que, en caso de considerar que tuvo implicancia en el hecho, no debe tenerse en cuenta el agravante del 41 quáter porque no puede probarse que se quiso valer de un menor para cometer el hecho, ni que el menor hubiera disparado motivado por quien supuestamente manejaba la moto (Medina), dejando solo al homicidio agravado por arma". Asimismo, se señaló que el Fiscal de Cámaras entendió sobre el punto "...que cuando hay una participación totalmente activa del menor le quita el agravante a la persona implicada y adhiere a la defensa con la quita del calificante, y reducción de pena acorde" (fs. 434v./435v. de los autos principales). Es decir, aun cuando el planteo subsidiario y la adhesión fiscal al mismo fueron enunciados en el fallo, nada se resolvió a su respecto. 1.4. Contra tal decisión interpone el imputado "in pauperis" recurso de inconstitucionalidad, que es adecuado técnicamente por su Defensora. En tal escrito, señala, con sustento en lo expuesto por la doctora Lurati en disidencia, que no se probó con certeza la autoría de Medina Fernández en el delito. Estima que no se acreditó que hubiera habido un plan para vengarse del hermano de la víctima, ya que el lugar del hecho fue "neutral", por lo que no puede alegarse que hubieran ido a buscarlo para matarlo, sino que, probablemente, el menor R. vio por el barrio a quien él creía que era el que lo había agredido esa tarde e impulsivamente lo atacó. Asimismo, en forma subsidiaria, cuestiona que el fallo de Cámara convalidara la condena por el delito de homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad, con fundamento en que en la audiencia de apelación solicitó la quita de la agravante de la participación del menor, adhiriendo a esta postura el Fiscal de Cámaras. Concluye que al confirmarse la sentencia sin reducirse la pena pese a haber sido acordado de esa forma por defensa y fiscalía se violó el principio de contradicción (art. 18, C.N.). 2. De inicio, cabe delimitar el alcance del presente recurso, señalando que, conforme surge del relato precedente, los agravios de la impugnante formulados en el recurso de inconstitucionalidad refieren, en síntesis, a dos aspectos: por un lado invoca arbitrariedad en la valoración de las pruebas efectuada para confirmar la condena penal del imputado. Y, por el otro, y de modo subsidiario, manifiesta su discrepancia con la confirmación de la calificación legal y pena, entendiendo que se violó el principio de contradicción al mantenerse el agravante referido a la participación de un menor de edad en el hecho y la pena a pesar de que el Fiscal de Cámaras interviniente había adherido al pedido defensivo. Sin embargo, habiendo la Sala declarado inadmisible la vía y habiendo ocurrido la presentante en queja ante esta Sede, ésta se admitió sólo en relación a los planteos vinculados a la calificación legal y pena, por lo que el análisis que corresponde efectuar en esta instancia se circunscribe a ellos. 3. Delimitada así la temática a decidir, anticipo que el pronunciamiento impugnado no puede ser convalidado en esta instancia, al haber omitido resolver uno de los planteos efectuados por la defensa en la audiencia de apelación y que resultaba determinante para fijar definitivamente la calificación legal del hecho por el que se condenara a Medina Fernández y, consecuentemente, la pena que deberá cumplir. Por ello, cabe concluir que no satisface las exigencias argumentativas de toda decisión judicial, derivadas en particular del artículo 95 de la Carta Magna de la Provincia. En efecto, sabido es que los jueces, por razón de su carácter de tales y con fundamento en la garantía de la defensa en juicio, tienen la obligación de pronunciarse sobre los puntos propuestos por las partes, en cuanto su solución sea conducente para decidir el pleito. Es por ello que tanto el Alto Tribunal de la Nación como esta Corte tienen resuelto que la omisión de una cuestión condicionante del resultado del litigio priva de fundamento a la sentencia, que se hace así pasible del recurso extraordinario (ver, por todos, Fallos:233:147; A. y S. T. 177, pág. 117).	Y en autos, tal como surge del relato efectuado, en la audiencia la Defensora planteó de modo subsidiario su discrepancia con el agravante previsto en el artículo 41 quáter del Código Penal, refiriéndose al mismo también el Fiscal de Cámaras al responder los agravios. Asimismo, en el fallo de la Alzada se relataron -como se indicó anteriormente- las posiciones de las partes al respecto. Mas al motivarse la decisión, luego que expresara su opinión la doctora Lurati proponiendo la absolución, los Vocales que conformaron la mayoría omitieron tratar la cuestión, habiendo quedado este agravio carente de respuesta jurisdiccional. A la luz de tales pautas, cabe concluir que la respuesta final adoptada en autos -confirmación de la condena sin expedirse sobre el planteo subsidiario referido a la calificación legal del delito y pena a imponer en consecuencia-, omite hacerse debidamente cargo de resolver el agravio subsidiario, todo lo cual torna descalificable al fallo como acto jurisdiccional válido en relación a la calificación legal y pena, más aún considerando el acuerdo del actor penal respecto del mismo y la incidencia que tal opinión podía tener en el resultado final de la cuestión. En consecuencia, la omisión de pronunciamiento acerca de dicho planteo relevante torna arbitraria a la sentencia y, por tanto, considero corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular la resolución impugnada en cuanto confirma la calificación legal y pena impuestas en primera instancia por no resultar derivación razonada del derecho vigente, para que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa vinculados a la calificación legal y pena y la adhesión fiscal sobre el punto. Así voto. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi y el señor Presidente doctor Gutiérrez expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Spuler dijo: En el caso, de acuerdo a las constancias de la causa y delimitado el alcance del presente recurso conforme lo señalado en el punto 2 del voto del señor Ministro doctor Erbetta, surge patente que la sentencia impugnada, en cuanto confirma la calificación legal y pena impuesta a Medina Fernández, no puede ser convalidada en esta instancia. Ello así, pues conforme los antecedentes del caso, la Alzada en el decisorio recurrido omitió brindar tratamiento a uno de los planteos efectuados por la defensa en la audiencia de apelación atinente a la calificación legal del delito y a la pena a imponer en orden al agravante previsto en el artículo 41 quáter del Código Penal -concretamente, la participación de un menor de edad en el hecho-, careciendo así tal extremo de respuesta jurisdiccional, lo que torna en este aspecto descalificable al fallo como acto jurisdiccional válido. Ello es suficiente para concluir en la anulación de la sentencia en cuanto confirma la calificación legal y pena impuesta en primera instancia por no resultar derivación razonada del derecho vigente (artículo 95 de la Constitución de la Provincia), correspondiendo que un nuevo Tribunal de Alzada evalúe los agravios de la defensa vinculados a tales extremos. Voto, pues, por la afirmativa. A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Erbetta dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada en cuanto confirma la calificación legal y pena impuestas en primera instancia. Remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en el presente decisorio. Así voto. A la misma cuestión, la señora Ministra doctora Gastaldi, el señor Presidente doctor Gutiérrez y el señor Ministro Spuler dijeron que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el señor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada en cuanto confirma la calificación legal y pena impuestas en primera instancia. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda para que juzgue nuevamente la causa conforme las pautas sentadas por esta Corte en el presente decisorio. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Lurati, Carbone y Acosta. Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Sentencia N° 3 de Rosario.