Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-07-29


SENT Nº 711	C A S A C I Ó N	En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintinueve (29) de Julio de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Mors Guillermo Felipe vs. Fernández Aurelia Lilia Estela s/ Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, y doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia el recurso de casación interpuesto a fs. 391/397 por el actor Guillermo Felipe Mors, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia de fecha 26/9/2008 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones. El pronunciamiento recurrido (fs. 382/386)) dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por el actor y el recurso de nulidad deducido por la parte demandada; asimismo admitió el planteo de falta de legitimación activa deducido por esta última y rechazó, en consecuencia, la acción indemnizatoria promovida en autos.

2.- Invoca el recurrente la infracción de normativa de derecho sustancial (arts. 577, 1457, 1323, 2379, 2380 y 2382 del Cód. Civil) y formal, que en su opinión, habilitaría el ejercicio del control casatorio. Denuncia asimismo, la arbitrariedad de la sentencia recurrida y al momento de fundarla alega la violación del principio de preclusión procesal y de congruencia, así como la autocontradicción del pronunciamiento en crisis. Expresa, por otra parte, que el decisorio impugnado resulta dogmático e infundado.

Relata que su parte compró un inmueble rural identificado con matrícula Z-5168 al señor Julio Ibarra, quien a su vez lo adquiriera de la señora Aurelia Lía Estela Fernández, el 09/06/87. Señaló que la vendedora originaria no dio cumplimiento a su obligación de entregar el inmueble -que a la fecha de la venta al señor Ibarra se encontraba arrendado a un tercero, habiéndose ocultado al comprador esta situación- razón por la cual no pudo tomar posesión del bien y se vio privado de percibir los frutos pendientes (cosecha de caña de azúcar). Expresa que al momento de vender el señor Ibarra el inmueble a su parte, le cedió asimismo, el 50% de los frutos no percibidos como consecuencia del incumplimiento contractual antes mencionado. Explica que en mérito a ello, con fecha 05/06/91, promovió la presente acción de daños y perjuicios en contra de la demandada.

Destaca que corrido el traslado de la demanda, la señora Aurelia L. E. Fernández no contestó la misma, declarándosela en rebeldía, mediante providencia de fecha 25/11/91 (fs. 35 vta.). Señala que abierta la causa a pruebas, se ofrecieron y produjeron solamente las pruebas del actor, ya que la demandada no ofreció prueba alguna. Menciona asimismo, que sólo su parte presentó alegatos de bien probado y que en esas condiciones, se dictó el auto para sentencia.

Pone de resalto el recurrente que el juicio atravesó diversas vicisitudes relacionadas con la declaración de insanía de la demandada Fernández y la designación de su curador, así como la radicación de los presentes autos por ante el juez del sucesorio, una vez fallecida la accionada.

Expresa que con fecha 09/02/07, se dicta sentencia de primera instancia por la que se hace lugar a la demanda interpuesta, condenando al sucesorio de la señora Aurelia L. E. Fernández a pagar las sumas conforme los rubros allí considerados, que debían liquidarse en la etapa de ejecución de la sentencia. Señala que al justificar la procedencia de la acción interpuesta, el juez a quo consideró que la vendedora demandada no cumplió con la obligación de entregar el bien objeto del negocio, que al momento de la venta, el inmueble estaba sembrado con caña de azúcar a cosechar y que en el juicio promovido por el comprador Ibarra a efectos de obtener la entrega, la vendedora se había allanado.

Sostiene que el pronunciamiento mencionado fue apelado por ambas partes y que al resolver los planteos propuestos en la instancia, el tribunal de alzada dispuso rechazar la apelación deducida por su parte y el recurso de nulidad de la demandada; y admitir la falta de legitimación activa planteada por la actora y rechazar, en consecuencia, la demanda interpuesta en autos.

Cuestiona que la Sala sentenciante haya acogido un planteo recién introducido en oportunidad de expresar agravios contra la sentencia de primera instancia. Expresa que la demandada no contestó demanda y que al fundar el recurso de apelación hizo "alguna referencia a la falta de legitimación" del actor. Sostiene que "la Cámara se expidió sobre una defensa no opuesta por la parte demandada en la oportunidad destinada a tal fin", afectando su derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Alega que el cuestionamiento referido a la legitimación activa no integraba el thema decidendum y de allí que el actor no haya aportado pruebas que respaldaran su posición, ni alegara en su favor. Formula consideraciones acerca del principio de congruencia, con cita de doctrina especializada y de precedentes que estima de aplicación al caso, para concluir que el tribunal a quo no respetó las cuestiones propuestas al debate y sometidas a la prueba en el presente proceso. Entiende que el vicio apuntado conduce a la nulidad del pronunciamiento.

Se agravia de que el tribunal a quo señalara por un lado, que la escritura de compra formalizaba dos negocios jurídicos distintos: la compraventa inmobiliaria y la cesión de créditos -por la cual el vendedor Ibarra cedía al comprador Mors, el 50% de los frutos dejados de percibir como consecuencia del incumplimiento contractual de la vendedora originaria aquí demandada- y por el otro, negara la eficacia de la cesión antes mencionada, señalando que era una "simple obligación de entregar frutos por parte de Ibarra", inoponible a la señora Fernández, ajena a dicho convenio. Sostiene que el pronunciamiento es autocontradictorio pues admite la cesión que emerge de la escritura 149 del 07/08/89 y luego, la califica como una "venta de cosa mueble fungible", y peticiona la nulidad del decisorio con dicho fundamento.

Sostiene que el tribunal desinterpreta los arts. 577, 2379 y 2380 del Cód. Civil, al sostener que la no entrega de la posesión impedía tener por consolidado el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la venta y que por tanto, el adquirente carecía de legitimación para demandar el resarcimiento de autos. Afirma que en su caso, la falta de tradición del bien podía afectar la adquisición del derecho real sobre el mismo pero que de ningún modo obsta a la eficacia de la cesión de acciones y derechos transmitida por el vendedor al comprador (a fin de obtener el resarcimiento por los frutos no percibidos como consecuencia del incumplimiento de la titular originaria del inmueble). Señala que mediante la cesión reconocida por el tribunal a quo, se transmitió un derecho personal, distinto del derecho real objeto del otro negocio instrumentado en el mismo acto.

Cuestiona asimismo el argumento conforme el cual el actor Mors pudo subrogarse en los derechos del vendedor Ibarra (que obtuvo la entrega del bien por vía judicial) y que al no hacerlo, carecía de legitimación para el ejercicio de los derechos aquí esgrimidos. Niega la eficacia de tales argumentos pues según afirma, "no estamos ante un caso de subrogación sino de cesión de derechos (art. 1434 del Cód. Civil)". Insiste en que la propiedad del crédito pasa al cesionario por efecto de la cesión y que la interpretación del tribunal de alzada infringe la preceptiva del art. 1457 del Cód. Civil que así lo establece. Afirma que la escritura acompañada por el actor observa las formalidades impuestas por el art. 1455, en tanto se trata de una cesión de acciones y derechos litigiosos formalizada por escritura pública.

Se agravia asimismo de que el tribunal de alzada entienda que la cesión sólo tenía efectos entre las partes, más no así respecto de la deudora cedida (la demandada Aurelia L. E. Fernández) que no fue parte en la misma. Alega que la intervención de aquélla no era un requisito de validez de la cesión y que en el caso, debe entenderse que la notificación se concretó con la notificación de la presente demanda. Cita doctrina concordante y señala que el tribunal hace decir al jurista Borda, precisamente lo contrario a lo que éste entiende sobre el punto.

Reitera que la señora Fernández vendió un inmueble al señor Ibarra; que aquélla omitió denunciar que el mismo se encontraba ocupado por un tercero en calidad de inquilino; que incumplió por tanto, su obligación de entregarlo libre de todo ocupante; que ese incumplimiento impidió al adquirente percibir desde el día de la compra, los frutos producidos por el inmueble; que el comprador Ibarra promovió una acción judicial a fin de obtener la entrega del bien y que aún cuando la señora Fernández se allanara, la entrega del bien se concretó una vez dictada la pertinente sentencia y ejecutada la misma contra la demandada y el tercer ocupante. Alega que el derecho al resarcimiento por los perjuicios sufridos fue cedido parcialmente (en un 50%) al señor Mors, quien en ejercicio de sus derechos, inició el presente juicio. Desde ese enfoque, cuestiona que el tribunal entienda que el allanamiento en el juicio de entrega del inmueble, liberaba a la demandada de la responsabilidad por los perjuicios aquí reclamados. Sostiene que la interpretación del tribunal de alzada infringe la preceptiva del art. 2383 del CC.

Se agravia de que al fundar la procedencia del planteo de falta de legitimación activa, el tribunal mencione que la señora Fernández no se presentó ni se defendió en el juicio pues "estaba incapaz" y "no se designó un curador para defenderla". Se pregunta el recurrente si "el rechazo de la demanda por falta de legitimación es un sucedáneo a la circunstancia de que la señora Fernández no pudo defenderse porque no se le designó un curador" y si la sentencia insinúa que el procedimiento es nulo. Expresa que el tribunal establece una suerte de compensación salomónica, dogmática y contraria a derecho. Destaca que el propio tribunal rechazó el recurso de nulidad deducido por la parte demandada y que no procede entonces sugerir que la accionada no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

De conformidad a las alegaciones reseñadas, propone doctrina legal y pide se admita la procedencia de la casación interpuesta.

3.- En relación a los planteos objeto de la impugnación recursiva, el tribunal de alzada expresó que el instrumento presentado por el actor a fs. 7/8 formalizaba dos actos jurídicos distintos: por un lado, una compraventa de inmueble, y por el otro, una cesión de derechos sobre el 50% de los frutos dejados de percibir por el vendedor desde la compra del bien a su titular originaria. Entendió que el derecho real de dominio que se pretendía transferir mediante la escritura acompañada por el actor, no llegó a consumarse pues en nuestro sistema (y tratándose de inmuebles) es necesario a tal fin, el título, el modo y la inscripción; y que en el caso, comprador y vendedor dejaron constancia en el título (escritura Nº 149 de fecha 7/8/89. pasada por ante el Esc. Alejandro A. Terán) que existía un juicio en trámite a fin de obtener la posesión del bien. Sostuvo que al haber ausencia de tradición, el derecho real no llegó a consolidarse y que por ende, "el señor Mors no tenía la posesión y no tenía legitimación, salvo si se subrogaba en los derechos de Ibarra", lo que no había acontecido.

Destaca el pronunciamiento de la Cámara que el corpus le es entregado a Mors el 19/12/91 por acta judicial.

Sostuvo por otra parte, que lo convenido en relación a la producción de la tierra entre el señor Mors e Ibarra, era inoponible a la demandada Fernández. Expresó que el señor Ibarra se reservó el derecho de la producción del año 1988 en un 50% y se comprometió a dar el 50% a quien vendiera el inmueble. Señaló que Mors sabía que el inmueble estaba ocupado y que Ibarra no había recibido oportunamente, la posesión del bien objeto de la venta luego realizada en su favor y que por tanto, carecía de legitimación para reclamar el 50% de lo producido en la cosecha del año 1988. Respecto del 100% de los frutos a percibir por los años 1989 y 1990 (también reclamados en la demanda), el tribunal declaró asimismo procedente el planteo de falta de legitimación activa. Reiteró que el convenio sobre el punto dejó establecidas obligaciones res inter alios acta, a las que la demandada era ajena y que la cesión invocada no le era por tanto oponible. Consideró relevante que a la fecha en que se celebra la venta y la cesión en favor del actor, éste conocía que Ibarra no había obtenido la tradición del bien y que existía un juicio en trámite con la señora Fernández. Advirtió asimismo, que en dicho pleito, la demandada se allanó, con fecha 11/04/88, a la entrega del inmueble reclamada por Ibarra y que ese allanamiento es de fecha anterior a la venta y cesión a favor de Mors (celebrada con fecha 07/08/1989). Formuló una serie de consideraciones referidas al allanamiento y a los efectos del mismo y expresó que al allanarse, ya la demandada reconocía "los derechos del otro litigante" y que ello habilitaba a Mors, a subrogarse en los derechos de Ibarra, para "exigir la entrega del corpus sin perjuicio de la consecución del trámite de la causa". Destacó que la entrega del inmueble a favor de Mors se concretó el 19/12/91 y que el acta de fs. 235 de tales actuados, formaliza la restitución del inmueble de Díaz (presunto arrendatario) a favor de Mors.

En mérito a lo expresado, concluyó que "el pago de los daños causados por el no uso de inmueble no le corresponde a la demandada por efecto del allanamiento". Señaló finalmente, que "cuando la señora Fernández se encontraba viva y estaba incapaz.no se designó un curador ad hoc para defenderla" y que "de la misma omisión surge esta acción de daños y perjuicios que ha llevado mucho tiempo en su trámite cuando debió ponerse orden en el presente juicio".

4.- De las constancias de autos surge que el actor Guillermo Felipe Mors inició la presente acción de daños y perjuicios en contra de la señora Aurelia Lía Estela Fernández reclamando el resarcimiento del daño patrimonial y moral que invoca sufrido como consecuencia del incumplimiento contractual de la demandada. En el escrito de demanda expresó que la accionada vendió con fecha 09/6/87, el inmueble identificado con la matrícula registral Z-5168 al señor Julio Ibarra pero omitió luego cumplir con la entrega del bien objeto de la venta, lo que obligó a este último, a reclamar dicha entrega por vía judicial. Del instrumento agregado a fs. 7/8, surge que el mismo inmueble fue vendido al actor Guillermo F. Mors mediante escritura 149 de fecha 07/8/89. Consta en la mencionada instrumental, que el vendedor manifestó haber iniciado en contra de su antecesora en el dominio, la señora Aurelia L. E. Fernández, un juicio caratulado "Ibarra, Julio vs. Fernández, Aurelia L. E. s/Entrega de la posesión", que a esa fecha tramitaba por ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la Iª Nominación del Centro Judicial de Concepción. En el mismo acto, el vendedor Ibarra manifestó ceder al comprador Mors, el 50% de "los frutos no percibidos desde el día de la compra del inmueble", reservándose para sí el 50% restante.

Del escrito de demanda surge que el actor reclamó el "lucro esperado", señalando que "la finca adquirida es un predio rústico que estaba sembrado con caña de azúcar en toda su extensión.en "una cantidad de aproximadamente quinientos surcos que daban un rendimiento general de más o menos quinientos mil kilogramos de caña para ingenio (o para semilla)", cuya ganancia estima provisoriamente, dejando su cuantificación definitiva para la etapa probatoria. Peticionó asimismo el resarcimiento del daño moral derivado de la situación allí descripta.

Expresó el actor que si bien la señora Aurelia Fernández se allanó a la demanda en el juicio de entrega de la posesión entablado por Ibarra, luego desplegó una tenaz oposición al progreso de la acción entablada, con sucesivos planteos y recursos que fueron rechazados por el juez de la causa, que finalmente dicta sentencia con fecha 21/12/90 por la cual el tribunal de alzada confirma el pronunciamiento que admitiera la procedencia de la acción interpuesta por Ibarra, ocasión en la que la propia Cámara reprocha la conducta asumida por la demandada y dispone girar copia de las actuaciones al Colegio de Abogados a fin de que analice el desempeño del letrado apoderado de aquélla.

En síntesis, alegó que la demandada "logró lucrar con la producción de caña de la finca en cuestión, por más de tres años posteriores a la enajenación y con medios moralmente censurables" que justificaban el resarcimiento de los daños invocados.

Consta en autos que notificada de la demanda (fs. 28), la señora Aurelia Fernández dejó vencer el plazo pertinente sin contestar la misma, lo que motivó su declaración en rebeldía (fs. 35 vta.). Surge asimismo que la causa fue abierta a prueba (fs. 45 vta.) y a fs. 144/145, el actor presentó sus alegatos de bien probado.

De las constancias de autos emerge que la jueza interviniente se declaró incompetente (fs. 282), al ser denunciado el fallecimiento de la demandada Aurelia L. E. Fernández (fs. 276) y que la causa quedó radicada por ante el juez del sucesorio (Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la IIIª Nominación, fs. 312).

El juez de primera instancia dictó sentencia con fecha 09/02/2007 (fs. 323/325), por la cual dispuso hacer lugar a la demanda interpuesta en autos, acogiendo el reclamo del daño patrimonial esgrimido, rechazando la indemnización peticionado a título de daño moral; pronunciamiento que fue apelado a fs. 328 por la parte demandada y a fs. 330 por el actor. Al expresar agravios (fs. 338/340), la accionada fundó el recurso de nulidad, señalando que existían vicios en la notificación de determinadas actuaciones procesales y que su parte se vio privada de participar, de contestar demanda y de ofrecer y producir prueba. Al fundar el recurso de apelación, invocó que el contrato celebrado entre Ibarra y Mors sólo debía producir efectos entre las partes, sin beneficiar ni perjudicar a terceros ajenos al mismo. Expresó que el hecho de que su parte no haya contestado demanda no autoriza a admitir la procedencia del reclamo formulado por el actor. Destaca que la señora Fernández se allanó oportunamente a la demanda entablada para obtener la entrega del inmueble y que no podía reclamársele un resarcimiento por privación de ganancias. Cuestionó asimismo, la cuantía de los daños cuyo resarcimiento reconoció el juez de primera instancia. Los agravios fueron contestados a fs. 343 por el actor, quien a su turno, fundó la apelación deducida por su parte (fs. 348/351), agraviándose de que el juez a quo no haya reconocido la totalidad de las ganancias no percibidas ni el daño moral reclamado por su parte; agravios que fueron contestado a fs. 354/356.

Corrida la vista a la Sra. Fiscal de Cámara y dictaminada por ésta (fs. 359), la causa quedó en estado de dictar sentencia.

5.- El recurso ha sido interpuesto en término, el recurrente acompaña constancia del depósito exigido por el art. 817 del CPCC y la sentencia impugnada resulta definitiva conforme art. 813 inc a procesal. No obstante ello asiste razón al recurrente en tanto lo resuelto por el tribunal a quo no luce justificado en los argumentos que emergen del pronunciamiento en crisis.

La Sala sentenciante dispuso acoger el planteo de la parte demandada referido a la falta de legitimación activa, esbozado al fundar el recurso de apelación. En el razonamiento del tribunal de alzada, la ausencia de tradición impidió la transmisión y consiguiente adquisición del derecho de dominio respecto del inmueble objeto de la presente litis; y esa ausencia de posesión en cabeza del actor Mors, le impedía reclamar los daños derivados de la privación del bien. Desde otro enfoque, reconoció la existencia de la cesión instrumentada en el acto de venta (cesión del 50% de la producción del inmueble) pero sostuvo que dicho acto no era oponible a la demandada.

Tal como se advierte, la acción resarcitoria entablada en autos se fundaba en el incumplimiento contractual de la señora Aurelia L. E. Fernández, que al enajenar el inmueble al señor Julio Ibarra, no cumplió con la obligación de entregar, impidiéndole disponer de los frutos pendientes al momento de la compra y los posteriores a la misma. De la reseña ut supra realizada surge asimismo, que el actor Guillermo F. Mors invocó ser cesionario de los derechos a esos frutos y con fundamento en dicha cesión, demandó el resarcimiento de los daños derivados de la privación de los mismos.

Si bien es cierto que aún a falta de planteo formal de la contraparte, la legitimación activa constituye una condición esencial de admisibilidad de la acción que el órgano jurisdiccional debe verificar, incluso de oficio (cfr. CSJT, sent. 311 del 06/5/2002, "González, Alcira Esperanza vs. E.D.E.T. S.A. S/Daños y perjuicios"), al juzgar la concurrencia de este extremo o bien la falta de legitimación del accionante, se impone justificar el criterio adoptado. En el caso, lo resuelto por el tribunal de alzada no exhibe adecuada y suficiente fundamentación y de allí que la falta de legitimación activa y el consiguiente rechazo de la demanda luzcan inmotivados y, por ende, arbitrarios.

En orden a la legitimación activa, y dadas las alegaciones de la demandada en su memorial de apelación, se imponía determinar si la acción resarcitoria interpuesta y el derecho a reclamar la indemnización de los daños derivados del pretenso incumplimiento contractual de la accionada, encontraban respaldo suficiente en las constancias de la causa (en particular, instrumento acompañado por el actor a fs. 7/8), y si la cesión que el juez de primera instancia reconoce en base a dicho instrumento, era oponible a la señora Aurelia L. E. Fernández.

El tribunal a quo resuelve negar la legitimación activa y rechazar la demanda interpuesta, condicionando el derecho del actor-cesionario a la eficacia del acto de transmisión de dominio contenido en la escritura de fs. 7/8, (que conforme la interpretación del juez de primera instancia, formalizaba la venta del inmueble y la cesión de los frutos no percibidos). Más, tal como se advierte, las consideraciones referidas a la ausencia de posesión en cabeza del señor Julio Ibarra, quien comprara el inmueble a la demandada Aurelia L. E. Fernández, y luego lo diera en venta al actor Guillermo F. Mors, no configura argumentación suficiente para justificar lo resuelto en autos. Los fundamentos dados no logran explicar por qué el tribunal de alzada hace depender la suerte de la cesión y el derecho del cesionario (a reclamar los frutos o el valor de los mismos) a la eficacia del acto de transmisión de dominio, más aún cuando luego de negar la posesión del actor, en los propios considerandos, la Sala sentenciante reconoce que la demandada Fernández se allanó en el juicio de entrega de inmueble promovido en su contra y que el bien fue finalmente entregado al señor Guillermo F. Mors en aquellos actuados.

Igualmente inidóneo por falta de razón suficiente resulta sostener que en el juicio iniciado por Ibarra a fin de obtener la entrega del inmueble, la señora Aurelia Fernández se allanó y que a partir de ese momento, el actor Mors podía y debía subrogarse en sus derechos a efectos de justificar la legitimación para accionar.

De otro lado, como lo puso de manifiesto el recurrente, los argumentos referidos al efecto relativo de la cesión y a su inoponibilidad a la demandada ignoran criterios doctrinarios y jurisprudenciales uniformes, que reconocen eficacia a la notificación de la demanda, a fin de justificar la oponibilidad de la cesión al deudor cedido, todo lo cual en el sublite no ha sido siquiera analizado. Es oportuno recordar que existe consenso en la doctrina acerca de que en relación a los terceros ajenos a la cesión -y entre ellos, el deudor cedido- la cesión del crédito queda perfeccionada cuando la notificación se concreta por vía del traslado de la demanda que el cesionario del crédito promueva al deudor cedido (Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, T. 7, pág. 96; Bueres-Highton, Código Civil y normas complementarias, T. 4 A, pág. 123; Lorenzetti, Ricardo (Dir.), Código Civil Comentado, Contratos-Parte especial, T. I, pág. 365).

En igual sentido, y siguiendo aquella doctrina, esta Corte ha entendido que la eficacia de la cesión no está condicionada al consentimiento o conformidad del deudor cedido pues resulta irrelevante la actitud que éste pudiera asumir, en tanto el deudor cedido no está habilitado por ley para aprobar o rechazar la cesión, ni para impedir sus efectos. Más aún, se ha dicho que la notificación que se le curse es eficaz cualquiera sea la forma que revista pues lo que importa es llevar a su conocimiento la transmisión operada entre las partes, aun cuando ésta se concrete a través del traslado de la demanda interpuesta por el cesionario (CSJT, sent. 772 del 13/08/2007, "Banco Credicoop Ltdo. vs. Leal, Ramón Roberto s/Cobros").

Tampoco las alegaciones referidas al citado allanamiento y a la actitud asumida por la señora Aurelia Fernández en aquel pleito, justifican la eximición de responsabilidad, tal como lo expresa el tribunal a quo. La Sala sentenciante se limitó a señalar que aquélla se allanó, que reconoció los derechos del otro litigante, y que ello permitía llegar a "la conclusión de que el pago de los daños causados por el no uso del inmueble no le corresponde a la demandada por efecto de ese allanamiento"; conclusión que, por el modo en que fue expuesta, no luce suficientemente motivada. La escueta mención a la incapacidad de la demandada y a la falta de representante legal, así como al hecho de que ésta "no se presentó ni se defendió en el juicio", no aparecen vinculadas a los restantes argumentos, en los que el tribunal funda lo resuelto en la instancia. Desde otro enfoque, y como lo señala el recurrente, el recurso de nulidad planteado -fundado principalmente en otras razones, pero donde se menciona que el juicio se llevó adelante sin participación de la demandada- fue rechazado y el tribunal no se pronunció por la existencia de un supuesto de nulidad insanable (conf. art. 167 3er. párrafo del CPCC) que justificara declara la invalidez del trámite cumplido en la presente causa.

Es oportuno recordar que los pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador, sino que de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso concreto. El deber de motivación impuesto por el art. 30 de la Constitución de la Provincia y previsto en el art. 272 del digesto de forma, implica que los jueces deben hacer evidente la expresión del razonamiento crítico, valorativo y lógico, con que han sido apreciadas las cuestiones sometidas a su conocimiento, explicitando el sentido de su decisión (CSJT, sent. 1304 del 18/12/2008, "Automotores Pesados S.A. vs. Celiz Miranda Víctor Santos s/Ejecución prendaria"; sent. 64 del 20/02/2008, "Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Cornaglia Juan Carlos s/Ejecución fiscal"; sent. 324 del 14/5/2008, "Lajud Rodolfo vs. Ford Argentina S.A. -Rodríguez Manuel Alejandro- Petitti Automotores A.A.- s/Daños y perjuicios"; sent. 264 del 04/4/2006, "Río García, Lorenzo vs. Heredia, Mario Roberto s/Desalojo"; sent. 1084 del 21/12/2001, "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Rodríguez Joaquín y otro s/Cobro de pesos", entre otros pronunciamientos). El déficit de fundamentación sentencial constituye una infracción al deber constitucionalmente impuesto, que tiñe de arbitrariedad al pronunciamiento; y por tratarse de un vicio insalvable, conlleva la nulidad de la sentencia impugnada.

Corresponde por tanto, hacer lugar al recurso interpuesto, de conformidad a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que sin fundamentos suficientes se pronuncia por la falta de legitimación activa y rechaza la demanda interpuesta".

Atento a la nulidad declarada en la instancia, los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara para que por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento. Las consideraciones precedentemente expuestas, de ningún modo suponen orientar el sentido de la sentencia a dictarse. El tribunal de reenvío deberá resolver el recurso de apelación planteado por el demandado, de conformidad a los agravios propuestos en la instancia y de conformidad a los antecedentes de la causa y la normativa legal aplicable.

5.- Atento al modo en que se resuelve el recurso y a las razones que motivan la nulidad del pronunciamiento, las costas serán soportadas en el orden causado (art. 106 inc. 1° del CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación interpuesto por el actor Guillermo Felipe Mors contra la sentencia de fecha 26/9/2008 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Familia y Sucesiones y dejar sin efecto la misma, de conformidad a la doctrina legal precedentemente expuesta. Los autos deberán ser reenviados a la Excma. Cámara para que por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.	HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSÉ BRITO CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.