Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-10-17


AUTOS 37238/3 (C.C.Nº21937) DEL Tercer Juzgado Civil, CARATULADOS: "LUZZI, Marcelo F. y Otra C/ Luluaga, Ricardo y Otro - Acción de Nulidad - Incidente de Ejecución de Honorarios".- PROTOCOLIZADO:L. A.-Año 2014- del Tº II - Fº145/147.- En la Ciudad de San Juan a 17 días del mes de octubre de 2014, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Roberto M. Pagés Lloveras y el Sr. Vocal Dr. Juan Carlos Pérez, a fin de conocer el recurso concedido mediante decreto de fs. sub 173, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre del año dos mil trece, recaída en los presentes autos Nº37238/3 (C.C. Nº21937) caratulados: "LUZZI, MARCELO F. Y OTRA C/ LULUAGA, RICARDO Y OTRO - ACCION DE NULIDAD - INCIDENTE DE EJECUCION DE HONORARIOS", dictada por el Sr. Juez titular del Tercer Juzgado Civil, obrante a fs. sub 151/156.- 1°- ¿Resulta procedente el recurso de apelación, obrante a fs. sub 171/172?;

2°- En su caso, ¿Que resolución corresponde dictar? EL DR.ROBERTO PAGES LLOVERAS DIJO:

A la primera cuestión:

Antecedentes I- En la sentencia de fecha 29/11/2013, el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar al recurso de reposición con apelación en subsidio deducido contra el decreto de fs. sub 132; a la impugnación de planilla formulada por los ejecutados a fs. sub 136/8 y aprobó la planilla de liquidación de $208.227,71 al 21/08/2013; impuso las costas a los ejecutantes vencidos y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

Para así resolver, consideró -en resumen- que los ejecutantes desistieron del embargo preventivo ordenado en este proceso; que si bien el capital que se ejecuta en el presente proceso de ejecución asciende a $154.700, los intereses deben computarse desde fechas diferentes ($150.200 desde el 31/07/2007, y $4.500 desde el 12/05/2011); que los ejecutantes consintieron el porcentual del 9,36%, sobre el cual deben estimarse los honorarios, al iniciar la ejecución de honorarios a fs. sub 114/5; y que el ítem costas por U.T., derechos cobrados y tasa de embargo e impuestos asciende al 21/08/2013 a la suma de $3.633,81.

En la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes, por el recurso de reposición admitido y por el incidente de impugnación de planilla, tomó como base regulatoria la diferencia entre las sumas que propusieron las partes.

II- A fs. sub 171/172 vta. consta agregado el escrito de apelación de honorarios por bajos y su fundamentos, presentado por las Dras. Paola y Carla Nale.

Sostienen que el a quo reguló los honorarios relacionados al embargo preventivo como un asunto sin contenido patrimonial, y sin aplicar lo dispuesto en los arts. 189, 204, 215 y 216 de la ley 2.150, meritando la labor, eficacia y resultado obtenido en la incidencia.

Citan jurisprudencia y alegan que la base regulatoria debe ser la correspondiente al monto del embargo solicitado ($237.123).

También apelan por bajos los honorarios regulados por el incidente de impugnación de planilla de liquidación.

Hacen reservas y piden que se haga lugar al recurso. III- A fs. 97/98 vta. obra adjunto el escrito de contestación del traslado ordenado, presentado por los Dres. Ricardo López Aragón y Ricardo López.

Replican lo sostenido por las profesionales recurrentes, alegando -en síntesis- que el embargo preventivo nunca fue trabado y, en consecuencia, el recurso de reposición se tornaba inoficioso y la cuestión es eminentemente procesal.

Piden que se rechace el recurso, con costas. IV. A fs. sub 186, las profesionales recurrentes desisten del recurso de apelación planteado con relación a los honorarios regulados por el incidente de impugnación de planilla.

V. A fs. sub 215 se certifica el pase de estos autos a estudio.

Tratamiento del recurso 1. Cuando la medida cautelar es una consecuencia de la ejecución de sentencia promovida y para obtenerla no se ha realizado un trámite autónomo ni especial, no es de aplicación el artículo 204 de la ley 2.150, pues la norma contenida en dicha norma sólo se aplica cuando la traba de la cautelar no es un trámite ínsito al proceso de que se trate, lo cual deja sin regulación separada a las cautelares decretadas en procesos o etapas de ejecución. Ello significa que la norma únicamente se utiliza cuando: a) la cautelar constituye el único objeto del proceso; b) es decretada, dentro de un juicio de conocimiento, en una actuación que tramita independientemente del principal (Cfr. De Cara, Andrés; "Honorarios de abogados", pág. 74).

2. Por lo tanto, cuando se solicita la traba de una medida cautelar o se requiere la cancelación de la misma en la etapa de ejecución, la ley presupone que no hay derecho a regulación independiente pues ella es parte de la regulación principal por toda la etapa de la ejecución.

A ello se agrega que en el caso en análisis, la medida cautelar solicitada nunca fue trabada y fue diferido su proveído (resolución de fs. sub 151/156), sin que ello fuera motivo de agravio.

3. Y aunque se haya solicitado un "embargo preventivo", fue requerido en la etapa de ejecución. Se trata, en consecuencia, de un acto integrativo de la ejecución de sentencia y no un trámite autónomo, por lo que -reitero- no correspondía una regulación independiente tanto a los profesionales requirente de la medida cautelar, como a los que solicitaron su revocación. Es más, tal como se indica precedentemente, en el caso no se logró su levantamiento sino que sea diferido su tratamiento y tal resolución fue consentida.

4. Por lo expuesto, si la crítica concreta y razonada que se exige como requisito de una apelación (art. 253, CPCCM) no demuestra que la correcta aplicación de las normas arancelarias sea la invocada por la recurrente, tanto en lo referido al derecho a la regulación como a la base regulatoria que se debería considerar, propongo que sea rechazada y sin que genere nuevos honorarios (art. 800, inc. 11, CPCCM).

Así voto.

A la segunda cuestión:

En razón a lo acordado al tratar la primera cuestión, corresponde rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 171/172 vta.

EL DR.JUAN CARLOS PEREZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación planteado a fs. sub 171/172 vta., sin que genere nuevos honorarios.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS:DR. ROBERTO M. PAGES LLOVERAS;

DR. JUAN CARLOS PEREZ;

SECRETARIO: DR. AGUSTIN RUGNA.