Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07


Buenos Aires, 7 de marzo de 2000 Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "Defensor del Pueblo de la Nación contra E.N. -M E y O.S.P. (Monotributo) Dto. 885/98 sobre Amparo ley 16.986" Y CONSIDERANDO:

I. Que a fs.8/11vta. el Defensor del Pueblo de la Nación interpuso recurso de amparo a fin de que se declarase la inconstitucionalidad de los artículos 1 de la ley 24.977 y su anexo, aprobatorio del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y 2, sustitutivo del artículo 29 de la ley del impuesto al valor agregado, así como la de los decretos 762, 774, y 885 de 1998 y las resoluciones generales números 198, 210, 211, 212, 213, y 216 (A.F.I.P.) en cuanto concierne a la totalidad de los profesionales de la República Argentina sea cual fuere la profesión que desempeñen.

II. Que a fs.102 el señor juez de primera instancia hizo lugar a la acción promovida y declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.977 en la medida en que impedía la opción de ser responsable no inscripto en el impuesto al valor agregado a todos los profesionales que tuviesen ingresos brutos anuales no superiores a los $ 36.000, aclarando que ello implicaba la invalidez de toda norma que reglamentase el régimen simplificado con ese alcance. Impuso las costas en el orden causado.

Para fundar su decisión se remitió a lo resuelto el 9 de marzo de 1999 en la causa "Colegio Público de Abogados de Capital Federal" en la que se sostuvo que la acción debía ser considerada temporánea y se rechazó la defensa de falta de legitimación por considerar que los colegios profesionales estaban habilitados para velar por los intereses de sus integrantes.

En cuanto al fondo afirmó el a quo que la ley de monotributo vulneraba el principio de igualdad al establecer que los profesionales con ingresos inferiores a $ 36.000 que no optasen por el régimen simplificado automáticamente debían integrar la categoría de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, sin poder acceder a la calidad de responsables no inscriptos en dicho gravamen, posibilidad que sí tenían aquellos con ingresos superiores. Asimismo sostuvo que, a diferencia del resto de los pequeños contribuyentes como trabajadores autónomos, los profesionales debían ingresar el aporte previsional al régimen de trabajadores autónomos, sin ningún tipo de reducción o beneficio.

Sostuvo, asimismo, el a quo que en la ley 24.977 se violaba el principio de capacidad contributiva implícitamente reconocido en la Constitución Nacional.

III. Que a fs. 104/122 la representación de la A.F.I.P. dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara.

Sostiene que, en el estrecho y reducido marco de una acción de amparo se ha dictado una sentencia que provoca grandes perjuicios a las rentas públicas. Asevera que se ha resuelto declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.977 y sus decretos y resoluciones reglamentarias, con base exclusiva en los argumentos expuestos por los amparistas, sin valorar los desarrollados por ella. Manifiesta que el señor juez en su sentencia ha legislado, toda vez que ha creado una opción no prevista en la ley.

Afirma que no hay perjuicio para los profesionales con ingresos inferiores a $36.000, porque se trata de un régimen opcional en el que si el contribuyente considera que le pueden surgir algunos trastornos formales, puede elegir inscribirse como monotributista y, si lo considera más conveniente, puede hacerlo en el impuesto al valor agregado. Afirma que los profesionales con mayores ingresos no están en una mejor situación porque ellos deben abonar ganancias y, desde el punto de vista económico financiero, los responsables no inscriptos se encuentran en condiciones menos ventajosas respecto de los inscriptos ya que aquellos deben soportar la alícuota diferencial del 10,5%.

IV. Que en lo que respecta al principio de igualdad, los agravios del Fisco sólo resultan ser manifestaciones genéricas que no desvirtúan lo afirmado por el a quo en cuanto a la situación de desigualdad que provoca la categoría creada en el régimen simplificado estatuido en la ley 24.977 y sus reglamentaciones respecto de los profesionales y los restantes sujetos comprendidos en ella y también respecto de los profesionales entre sí según sea la cuantía de sus ingresos.

V. Que, en efecto, el régimen de la ley 24.977 categoriza del 0 al VII a los pequeños contribuyentes, que pueden optar por inscribirse en el régimen simplificado y tributar el impuesto integrado que allí se establece, siempre que sus ingresos no sean superiores a $ 144.000; por encima de esa suma deberán inscribirse en el impuesto al valor agregado. Para los profesionales sólo se confiere esa opción a los que obtengan ingresos brutos anuales inferiores a $36.000, límite establecido en la categoría II (art. 2?, par 3? y 17 inc. 9).

O sea que existe una discriminación ilegítima respecto de los profesionales, quienes pueden estar comprendidos dentro del régimen si sus ingresos no superan los $ 36.000 en tanto que los demás prestadores de servicios, sin razón alguna que justifique el diferente tratamiento, pueden optar por su inclusión en él cuando sus ingresos no superen los $ 144.000.

VI. Que, además, en el sistema que se establece en la ley 24.977 los profesionales con ingresos brutos anuales inferiores a $ 36.000 no tienen más alternativa que incorporarse al régimen simplificado o ser responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado, mientras que aquellos profesionales universitarios o con habilitación reconocida por la A.F.I.P. que superan esos ingresos y hasta la suma de $ 144.000 tienen la posibilidad de optar por ser responsables no inscriptos en ese tributo (art.2 de la ley 24.977 que sustituye al artículo 29 de la ley del gravamen y art. 27 del decreto 885/98).

Ninguna incidencia tiene la circunstancia de que los profesionales con mayores ingresos deban afrontar el pago del impuesto a las ganancias, pues ello resulta, en todo caso, de la aplicación del principio de la capacidad contributiva que tiene consagración implícita en el texto constitucional a través de la jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia.

VII. Que, entonces, la situación de los profesionales luego de dictada la normativa relativa al denominado monotributo puede resumirse de la siguiente forma: 1) profesionales inscriptos en el impuesto al valor agregado, con ingresos brutos menores a $ 36.000, que no hubiesen optado por el Régimen Simplificado o con ingresos superiores a $ 144.000, quienes deben cobrar dicho gravamen al prestar un servicio y también lo ingresan en la oportunidad correspondiente; 2 ) responsables no inscriptos, categoría por la que pueden optar aquellos profesionales universitarios o con habilitación reconocida por la A.F.I.P. cuyos ingresos brutos estén comprendidos entre los $36.000 y los $144.000, quienes no cobran el IVA por los servicios que prestan y lo pagan a través de una alícuota superior a la general al efectuar sus compras y 3) monotributistas, aquellos con ingresos inferiores a $ 36.000 que hubieran optado por el Régimen Simplificado.

VIII. Que el problema también se presenta en relación con el profesional que no puede optar por el régimen simplificado estatuido en la ley 24.977 por algunas de las limitaciones impuestas por la misma ley o por sus normas reglamentarias, entre las que se encuentran la de tener adicionalmente un empleo en relación de dependencia con un sueldo superior a las deducciones admitidas por la ley de impuesto a las ganancias (art. 1, decreto 885/98); o tener cualquier otra actividad en forma adicional, como ser socio de una sociedad (art. 17 inc. c) de la ley y art. 6 del decreto 885/98) o percibir intereses de préstamos (actividad no comprendida en el art. 2 de la ley); o superar los parámetros de superficie afectada a la actividad o consumo anual de energía eléctrica (art 7 de la ley) y que no puede tampoco ser responsable no inscripto por no superar los ingresos establecidos en el artículo 27 del decreto 885/98. En ese supuesto, ese profesional con ingresos inferiores a $ 36.000 sólo puede ser responsable inscripto en el impuesto al valor agregado.

IX. Que de lo expuesto surge evidente que en la ley 24.977 se ha establecido un tratamiento desigual, discriminatorio y arbitrario entre los profesionales universitarios o con habilitación reconocida por la A.F.I.P. y los demás pequeños contribuyentes comprendidos en su régimen y entre las distintas categorías de profesionales según sea su capacidad económica quedando en mejor situación los que perciban ingresos comprendidos en la franja de $ 36.000 a $ 144.000 que aquellos con ingresos inferiores a la primera de las cifras citadas.

X. Que, en consecuencia, se violenta así el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

XI. Que ello es así porque, si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido que el establecimiento de clasificaciones y categorías para la percepción de los impuestos es compatible con el principio de igualdad (Fallos 180:39, 181:203, 182:355, entre muchos otros), también lo es que tiene declarado reiteradamente que ello es así a condición de que todos los que sean colocados en una misma clase o categoría reciban el mismo tratamiento y la discriminación no sea arbitraria (Fallos 240:122, 244:510, 267:4407, entre varios otros).

XII. Que la desigualdad entre los distintos sujetos comprendidos en el régimen simplificado y los profesionales y la de ellos entre sí surge palmaria de la misma ley y sus reglamentaciones, y fue reconocida por el propio legislador al proponer su modificación con fundamento en esa inequidad, como lo puso de resalto esta Sala al resolver, con fecha 20 de abril de 1999, la medida cautelar solicitada en estos autos.

XIII. Que, en otro orden de ideas, corresponde señalar que el principio de razonabilidad -derivado de los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna- importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un patrón, un criterio, un standard jurídico, que obliga a dar a la ley -y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohibe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido (conf. Bidart Campos, ■Derecho Constitucional, T. II, pags. 118/119).

XIV. Que, pese a haber destacado en sus considerandos otras desigualdades a las que llevaría la aplicación del régimen de la ley 24.977, como las relativas a los aportes previsionales y a la capacidad contributiva, el a quo sólo declaró la inconstitucionalidad de la ley citada en la medida en que impide la opción de ser responsable no inscripto en el impuesto al valor agregado a aquellos profesionales que obtienen ingresos brutos anuales no superiores a $ 36.000, no habiendo sido tal decisión motivo de agravios por parte del actor, por lo que no corresponde su examen en esta instancia Por lo expuesto se confirma la sentencia apelada en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.977 con los alcances que en dicho pronunciamiento se le otorgaron. Sin especial imposición de costas en ambas instancias por la naturaleza de la función de la parte actora. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Guillermo Pablo Galli - Alejandro J.Uslenghi - María Jeanneret de Pérez Cortés.