Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-26


ACUERDO N° 49. En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veintiseis días del mes de julio de dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia integrada por los Doctores OSCAR E. MASSEI y ANTONIO GUILLERMO LABATE, con la intervención de la Secretaria titular de la Secretaría de Demandas Originarias Dra. Cecilia Pamphile para dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "AMORUSO HUMBERTO ANTONIO C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte n° 1715/6, en trámite por ante la mencionada Sala y conforme al orden de votación oportunamente fijado, el Señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 79/82 vta. se presenta el Sr. Humberto Antonio Amoruso y promueve demanda procesal administrativa contra la Provincia de Neuquén. Solicita se condene a esta última a abonar la suma de $93.000,00 en concepto de indemnización por los daños y perjuicios que dice haber sufrido con motivo del obrar imprudente y negligente de agentes dependientes de la accionada en cumplimiento de sus funciones.

Comienza el relato de los hechos, señalando que es propietario de una gomería que funciona desde hace aproximadamente veinte años en esta ciudad. Se trata de un negocio dedicado al servicio de reparación de neumáticos y a la compra y venta de llantas y cubiertas usadas.

Relata que en el mes de junio del año 2001, adquirió ese fondo de comercio, recibiendo un importante stock de mercaderías, compuesto aproximadamente por 600 cubiertas de distintas marcas y medidas; 600 llantas de diferentes rodados y 400 tasas de vehículos.

Explica que, como ocurre en este tipo de comercios referidos a cosas usadas, fungibles y de escaso valor económico, la mecánica de su desenvolvimiento se basa fundamentalmente en la buena fe. Y que durante el tiempo que administró su gomería vendió y compró llantas y cubiertas, pero jamás adquirió nada a quien no supusiera su dueño.

Agrega que no puede imponérsele que exija la demostración de un título de propiedad a quien le ofrece vender o dejar en parte de pago por otra, por ejemplo, su rueda de auxilio o un llanta que tenía de algún otro vehículo; bienes éstos de un precio venal relativamente bajo y que no son rarezas que no puedan estar en manos de cualquier persona.

Continúa señalando que el día 28 de febrero de 2003, al mediodía, personal de la policía provincial allanó su comercio en el marco de la causa caratulada "Departamento Delitos contra la Propiedad s/ Investigación Encubrimiento" (Expte. 51.583), tramitada por entonces ante el Juzgado de Instrucción de Instrucción Nº 4 de esta ciudad (en rigor, Nº 3).

Comenta que, con un despliegue de más de veinte policías y con dos camiones, procedieron a secuestrarle los bienes de su propiedad que se enumeran en el acta obrante a fs. 60/62 del expediente citado, a cuyo contenido remite en homenaje a la brevedad, dado la extensión que implicaría su detalle. Afirma que son 153 cubiertas, 252 llantas y 112 tazas, todas de diferentes marcas y medidas, cuyo valor de mercado en ese momento ascendía aproximadamente a $63.000.

A tan injustificado allanamiento -dice-, se sumó la manera irregular en que se consumó esta última medida. En tal sentido, esgrime que hubo una incorrecta delegación de tan delicada labor en la policía provincial, la cual, con total negligencia, no adoptó ninguna medida para identificar debidamente los bienes secuestrados, pese a su carácter de fungibles, como tampoco para impedir su uso, pese a su condición de consumibles.

En cuanto al modo en que se realizó la restitución de los objetos secuestrados, señala que el Juez ordenó al personal policial citar a los supuestos damnificados y proceder a la entrega con la sola manifestación de que reconocían tal o cual elemento como de su propiedad (sin siquiera explicar la razón que les permitía el aserto).

Postula que esta "parodia de reconocimiento" concluía en una entrega sin tomar tampoco ninguna medida identificatoria del bien y de imposibilidad de su uso, de modo que conducía inevitablemente no solo a que en el futuro no se pudiera precisar la identidad de dicho elemento, sino, lo que es peor, a que desapareciera su aptitud de uso.

Sostiene que, dado que la investigación se había agotado y no existía ningún elemento de convicción que lo vinculara con los ilícitos investigados, requirió insistentemente su sobreseimiento y la restitución de los bienes que fueron mal secuestrados.

Prosigue exponiendo que, tras un enjundioso dictamen del Fiscal de Cámara, donde no sólo fue señalada la ausencia total de elementos incriminatorios en su contra, sino, las serias irregularidades en la concreción del secuestro y la entrega de los bienes (hecho que determinó incluso que dicho funcionario pidiera la elevación de los autos para proceder a labrar el correspondiente sumario), fue dictado su sobreseimiento.

Luego de reclamar reiteradamente la devolución de sus bienes, dice que el instructor de la causa (que fuera el Secretario del Juzgado que cometió las irregularidades señaladas) dispuso tornar definitivas las anómalas entregas efectuadas.

Apelado el resolutorio ante la Cámara, esta última destaca que las entregas a los supuestos damnificados no se practicaron como "depósito judicial" sino en forma "simple" o definitiva, lo cual tornaba irrelevante y sin sentido práctico alguno continuar con el intento de que las cosas mal entregadas por la policía le fueran restituidas a su parte.

Concluye que, de esta manera, se cerró un sumario plagado de irregularidades que solo sirvió para que se consumara un verdadero despojo de su patrimonio.

En otro capítulo, solicita la reparación del daño emergente y moral que esgrime haber sufrido y que estima en la suma de $93.000,00.

Ofrece prueba y, como último apartado, refiere a la "Responsabilidad del Estado". En tal sentido, enumera las razones por las cuales estima imposible accionar por reivindicación contra cada uno de los que recibieron la tenencia definitiva de sus bienes.

Como epílogo, dice que fue desapoderado en forma arbitraria e ilegal de parte de su patrimonio, ocasionándosele un daño que el Estado debe reparar.

II.- A fs. 118 y vta. se declara la admisión del proceso y, habiendo optado el actor por el procedimiento ordinario, se sustancia la acción.

A fs. 134/137 vta. se presenta la Provincia y contesta demanda. Solicita se proceda al rechazo de la pretensión, en todas sus partes, con expresa imposición de costas al actor.

Luego de efectuar la negativa de rigor, sostiene que el procedimiento realizado fue legal y legítimo.

Alega que, para justificar su reclamo, el actor se vio obligado a tergiversar los hechos al reprochar responsabilidad a la policía y, simultáneamente, minimizar sus propias irregularidades. En ese sentido, esgrime que el accionante debe probar inexcusablemente el origen lícito de los bienes que posee para la venta en su giro comercial.

Agrega que existe amplísima legislación que regula respecto de la legalidad de las transacciones comerciales, como así reprime y castiga sus incumplimientos. Cita al respecto lo prescripto por los arts. 2 y 3 de la ley 25.246.

Indica que, ante la orden de allanamiento y secuestro emanada del juez competente, son los efectivos policiales asignados a la diligencia por el jefe de la comisaría, quienes se encuentran facultados y legitimados para llevar adelante su desarrollo, sin necesidad de presencia física del juez, secretario, ni autoridad judicial ninguna.

Desde su óptica, todo lo actuado penalmente denota absoluta integridad, legalidad y legitimidad, salvo en la esforzada argumentación del actor, que intenta desacreditar vanamente un procedimiento regular que lo sorprendiera en posesión irregular de bienes de terceros.

Afirma que en ningún momento el actor ha acompañado la documentación comercial que acredite que sea propietario o legítimo poseedor de los bienes que describe como secuestrados; omisión que se erige en insalvable óbice a la procedencia de la demanda en la forma pretendida.

Agrega que el Sr. Amoruso pudo requerir, de haber correspondido, se consigne en el inventario de secuestro mayores datos individualizantes de cada una de las cosas, como así también, pudo constituirse en depositario judicial, de haber sido capaz de demostrar al menos verosimilitud en la legitimidad de su posesión, evitando así el desapoderamiento.

Ofrece prueba, y solicita el rechazo de la acción en todas sus partes.

III.- A fs. 140 se abre la causa a prueba, período que es clausurado a fs. 216.

A fs. 247/252 dictamina el Sr. Fiscal subrogante, quien propicia el rechazo de la demanda.

Entre otras cuestiones, señala que teniendo en cuenta que el secuestro de los objetos se produce en el trámite de una investigación policial y por orden judicial, existe una fuerte presunción en orden a que aquellos serían producto de hechos delictivos. Además, los damnificados de distintos hurtos y robos han reconocido los elementos secuestrados como propios, circunstancia que, más allá de la fungibilidad de los bienes en cuestión, demuestra que existe coincidencia entre lo denunciado como sustraído o robado y lo hallado en la gomería "La Única". Todo ello, unido a la ausencia de prueba respecto a la propiedad del fondo de comercio, a su criterio genera una seria duda en orden a la buena fe alegada por el accionante.

A fs. 257 se dicta la providencia de autos, la que firme y consentida, coloca a las actuaciones en condiciones de dictar sentencia.

IV.- A fin de conocer los antecedentes relevantes del caso, estimo necesario efectuar una breve síntesis de lo sucedido en la causa penal que da sustento al presente reclamo ("Dpto. Delitos contra la Propiedad s/ Invest. Encubrimiento", Expte. Nº 51.583/04, Juzgado de Instrucción Nº 3, agregado por cuerda).

Dicha causa tuvo como antecedente las investigaciones policiales iniciadas ante la multiplicación de denuncias por sustracciones de accesorios vehiculares, producidas contra diversos automotores estacionados en la vía pública de esta ciudad.

En ese marco, se dispusieron una serie de allanamientos y se secuestraron gran cantidad de elementos que, según se estimó, guardarían relación con los hechos investigados.

Uno de esos allanamientos se realizó en la gomería que refiere el actor, oportunidad en la que se procedió al secuestro de una serie de llantas, cubiertas y tazas halladas en el interior del inmueble (cfr. fs. 60/62 vta; 73/74 vta. del expediente penal).

Los elementos incautados fueron posteriormente entregados, en sede policial, a los presuntos damnificados de los diversos hechos delictivos (ver actas de "reconocimiento y entrega" agregadas en los Cuerpos I, II y III del citado expediente y constancia de comunicación telefónica con el Juzgado interviniente, fs. 81 y 82), salvo los que no fueron reconocidos, que se le devolvieron al actor aproximadamente tres meses después del secuestro (fs. 493/495; 506 y vta.).

Durante la tramitación de la prevención sumarial, el Sr. Amoruso se presentó alegando ser poseedor de buena fe de los bienes secuestrados. Planteó la nulidad de las entregas invocando, entre otras cosas, que no se respetó su derecho a oponerse a dicho acto, en los términos del art. 213 del Código Procesal Penal. También exigió que los distintos depositarios restituyan los bienes que les fueron entregados (fs. 605/610).

El Juez interviniente -remitiéndose a lo ya resuelto ante una presentación similar- consideró que, atento la etapa investigativa del proceso, existía mérito suficiente para sospechar del Sr. Amoruso, y por tanto, no se daría la "buena fe" alegada, de modo que no hizo lugar a la nulidad de las actas de entrega planteada (cfr. fs. 618/619, siempre del expediente penal).

Luego de prestar declaración en los términos del art. 64 del C.P.P, por el delito de encubrimiento por receptación (fs. 632/633), el Fiscal interviniente insta el sobreseimiento definitivo; criterio compartido por el Sr. Fiscal de Cámara quien, además, en atención a las irregularidades que advirtió en la entrega de los elementos secuestrados, remitió copias de las actuaciones a la Fiscalía de este Tribunal Superior (fs. 696/697).

Dictado el sobreseimiento (fs. 705 y vta.), se reitera la solicitud de restitución de los bienes secuestrados (fs. 720).

Nuevamente el Juzgado denegó el pedido, pero esta vez, con fundamento en el carácter fungible de los elementos y el tiempo transcurrido desde su entrega. Además, se dispuso convertir dicha entrega en definitiva (fs. 721).

Apelado el resolutorio, la Cámara Criminal declaró mal concedido el recurso. Para ello, tuvo en cuenta la incertidumbre acerca del carácter en que se ordenó la entrega de los bienes y el defecto de condicionamientos en la forma que ésta se efectivizó, toda vez que los receptores no contrajeron ni se les impuso ninguna obligación de restitución. Situación que -se agregó- quedó consolidada con los rechazos de los pedidos de nulidad (fs. 736/737).

De esta manera, ante la imposibilidad de recuperar los elementos que le fueran secuestrados, es que el actor reclama en este juicio que se le indemnicen los daños ocasionados, frente al despojo patrimonial sufrido.

V.- La demandada se opone a la pretensión de su contraria, aduciendo que ésta no ha acreditado ser propietaria o legítima poseedora de los bienes que reclama. También asevera que el demandante intenta desacreditar vanamente un procedimiento regular que lo sorprendiera en posesión irregular de bienes de terceros.

El análisis del caso obliga a repasar algunos conceptos relativos a la posesión de cosas muebles.

En dicha materia existe un clásico principio contenido en el art. 2412 del Código Civil, que prescribe: "La posesión de buena fe de una cosa mueble, crea a favor del poseedor la presunción de tener la propiedad de ella, y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si la cosa no hubiese sido robada o perdida".

Conforme surge de la norma los requisitos exigibles son: posesión, buena fe y cosa no robada ni perdida.

Con respecto a los primeros, cabe agregar que, probado el corpus, la posesión se presume iuris tantum (art. 2363), al igual que la buena fe, que se presume en igual carácter (arts. 2356 y 2362).

En lo que respecta al último de los recaudos señalados, debe tenerse presente que, conforme emana de la causa penal, el carácter fungible de los objetos secuestrados y su falta de individualización, impidieron discernir si aquéllos coincidían con los que se denunciaron como robados o hurtados.

En efecto, la sentencia que sobreseyó al actor hizo mérito de los argumentos vertidos por el Ministerio Público, quien consideró: "que no existen en las actuaciones elementos objetivos ni subjetivos que puedan desvirtuar los descargos de los imputados quienes brindaron explicaciones oportunamente. Que además se debe considerar la naturaleza jurídica de los bienes en cuestión, fungibles, los que no fueron descriptos de manera tal que se puedan individualizar al momento de ser denunciados como sustraídos, por lo que no es posible aseverar que se trate de los mismos que fueran secuestrados" (fs. 705 y vta.).

Este análisis no implica emitir en este pleito un juicio definitivo sobre el derecho de propiedad de la cosa.

Solo se señala, por un lado, que la condición de "cosa robada" (es decir, por haber mediado sustracción ilegítima de cosa ajena) no pudo determinarse en la causa penal (las sospechas existentes en el tramo inicial de la investigación, no se sostuvieron con posterioridad). Y por el otro, que conforme las prescripciones del Código Civil, tanto la posesión como la buena fe se presumen iuris tantum (arts. 2362 y 2363). Ello, sin perjuicio de la acción de reivindicación que puede interponer quien ha sufrido el "robo" de una cosa mueble aún contra el poseedor de buena fe (art. 2765).

Como se ha dicho, por principio, el poseedor tiene para si la presunción de la buena fe de su posesión, hasta que se pruebe lo contrario.

Hay buena fe cuando el poseedor está persuadido, sin duda alguna, de la legitimidad de su adquisición (art. 2356 y 4006), es decir, que no haya sabido, después de una conducta diligente, que quien le transmitió la cosa mueble no estaba legitimado para hacerlo (cfr. PAPAÑO - KIPER - DILLON - CAUSSE, Derecho Civil. Derechos Reales, T. I. Ed. Astrea, p. 296).

La mala fe se define por exclusión. Y por ende, quien la alega, debe demostrar que el poseedor, en el momento de la adquisición, haya debido conocer la ilegitimidad de su posesión o haya tenido razones para dudar de ella (cfr. BUERES-HIGHTON, op. cit, T V-A, p. 180/181). Y bien, en autos, más allá de las explicaciones oportunamente dadas por el actor en sede penal, no se invocan, ni se aprecian, datos contundentes que remitan a las circunstancias que rodearon la adquisición de los bienes.

Cierto es que la falta de acompañamiento de documentación contable constituye un indicio en contra del actor, pero esa sola circunstancia resulta insuficiente en el caso para presumir la certeza del hecho que invoca la accionada (origen delictuoso de la mercadería, mayormente usada). Máxime cuando en el proceso penal, no se hizo mérito de ella para proseguir la causa por el delito de "encubrimiento por receptación" que se le endilgaba al actor.

Todo ello, obviamente, sin perjuicio de las sanciones o consecuencias legales (vgr. impositivas) de las que pudiera ser pasible el reclamante.

A estos conceptos debe agregarse que el secuestro es una medida cautelar de naturaleza procesal que impone una disposición provisional durante el trámite de la causa. Si la sentencia resulta condenatoria y lo secuestrado está integrado por efectos o instrumentos del delito, procederá el comiso. Por el contrario, en caso de dictarse sobreseimiento, el principio general es que debe disponerse la devolución de lo secuestrado (cfr. BAIGÚN-ZAFFARONI, Código Penal, Ed. Hammurabi, TI, p. 310/311 y arts. 23 del Código Penal, 213, 214, 483 y ss. Código Procesal Penal).

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido: ".no obstante haberse sobreseído provisoriamente en el sumario, donde no se procesó a persona alguna por retención indebida, la sentencia en recurso manda restituir, como si hubiese recaído condena. . en el caso, a juicio de esta Corte, nada autoriza a apartarse del principio según el cual el sobreseimiento obliga a volver las cosas al estado en que se encontraban cuando se inició la causa, sin entrar a decidir sobre el título de quien las presentó a requerimiento del juzgado" (Fallos 269:138).

Desde estas premisas, puede decirse que, recaído el sobreseimiento, el actor tenía derecho a que se le devuelvan los objetos secuestrados, sin perjuicio de las acciones judiciales que, eventualmente, pudieran haber intentado en sede civil los interesados.

Estas reglas básicas en materia de posesión de cosas muebles han sido trastocadas por la irrupción de la instrucción penal y el secuestro allí ordenado, puesto que se otorgó un destino definitivo a los bienes incautados, sin posibilidad de discusión posterior sobre el mejor derecho respecto de la cosa (art. 485 C.P.P.).

No debe dejar de ponderarse que, aún cuando la entrega definitiva, en el contexto de la instrucción penal, se realizó "sin perjuicio de un mejor derecho que pudiera alegar un tercero", la falta de individualización, así como la cantidad y características de los bienes (fungibles, desgaste por uso), sumado al tiempo transcurrido desde el traspaso a cada "beneficiario" y la ausencia de condicionamientos ya señalada, tornaron ilusoria cualquier acción ulterior.

VI.- Ahora bien, en materia de secuestros, el ordenamiento adjetivo penal de nuestra Provincia, prevé una indemnización para supuestos especiales.

Así, el art. 486 del Código Procesal Penal dispone que: "La persona que acreditare derecho sobre bienes subastados, entregados o destruidos, en la forma prevista en el art. 214, podrá reclamar al Estado provincial una indemnización equivalente al valor de la tasación o venta".

No se desconoce que, en este caso, los bienes secuestrados no fueron entregados en la forma dispuesta en el art. 214 antes citado, puesto que no se les dio ninguno de los destinos allí previstos. Por el contrario, pareciera que se hizo de conformidad al art. 213 del citado Código, que textualmente dice:

"Los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso, restitución o embargo, serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron. Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que le sea requerido.

Los efectos sustraídos serán devueltos en las mismas condiciones al damnificado, salvo que se oponga a ello el poseedor de buen fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados".

Sin embargo,	se observa que, contrariamente a lo previsto en esta norma: los efectos secuestrados no fueron devueltos a la persona de cuyo poder se sacaron (el aquí actor); la devolución no se hizo provisionalmente, en muchos casos no se consignó la calidad de depositario judicial y se omitió imponer al poseedor la obligación de exhibirlos cada vez que sea requerido (tal como lo estimó la Cámara sentenciante) y, por último, recaída la sentencia de sobreseimiento, se concluyó que no podía asegurarse la calidad de "efectos sustraídos" (por no ser posible establecer la coincidencia entre unos y otros, en virtud de su carácter fungible y la ausencia de individualización).

A ello se suma que, atento las singularidades de los bienes en juego y el modo en que se había efectivizado la entrega, la medida no guardó un carácter cautelar o provisorio.

Por el contrario, las características del caso revelan que a los bienes secuestrados se les dio un destino definitivo. De hecho, no fue factible exigir a cada uno de los "depositarios" o "receptores" que restituyan los bienes entregados, tal como lo entendió el Juez de la causa y la Cámara interviniente (fs. 720, 721, 736 y vta.).

Es por ello que, desde este último vértice de análisis, puede decirse que la entrega se asemeja, al menos en cuanto a sus efectos, a las hipótesis previstas en el art. 214 del Código Procesal referido.

La peculiaridad aludida permite, a mi juicio, aplicar al caso las prescripciones del citado art. 486: el actor acreditó derechos sobre bienes entregados definitivamente a terceras personas, y por tanto, puede reclamar al Estado una indemnización equivalente al valor de tasación o venta.

VII.- Sentada la procedencia de la indemnización reclamada, corresponde determinar ahora su alcance.	A los efectos de acreditar el valor de los bienes desposeídos, el actor ofrece pericial técnica a cargo de un ingeniero mecánico. La pericia en cuestión se halla agregada a fs. 182/186 de autos.

No obstante la impugnación formulada por la demandada, se estima que dicha pieza contiene una explicación razonable de los antecedentes y elementos que sustentan las respuestas a los puntos encomendados. Máxime considerando que, tal como lo pone de resalto el perito, la falta de precisión que objeta la accionada, se vincula con la escueta descripción, en sede policial, de los bienes en juego.

Luego, tampoco habrán de tener favorable acogida las objeciones vertidas por el actor en su alegato con respecto a la cotización que efectúa el perito respecto de las llantas y cubiertas usadas.

Vale recordar aquí, que en oportunidad de sustanciarse el informe pericial, el accionante guardó silencio.

En este aspecto, si bien es cierto que la falta de impugnación de las partes en ocasión de dárseles vista del dictamen pericial, no les impide formular las observaciones que se estimen convenientes al alegar -oportunidad en que pueden expedirse sobre el valor probatorio de la pericia- lo cierto es que la ausencia del oportuno cuestionamiento incide en la valoración jurisdiccional.

Es fundamental que la pericia sea observada en forma tempestiva, a fin de posibilitar que el perito pueda contestar las refutaciones, aportando los elementos que permitan al juzgador analizar la seriedad y pertinencia de los reparos efectuados.

En efecto, si el porcentual de desvalorización estimado pericialmente no era el adecuado conforme las razones que describe el actor en su alegato, nada impedía un esclarecimiento sobre el punto. Sin embargo, la parte interesada no agotó, ni hizo uso de sus posibilidades defensivas desde que, reitero, no impugnó, ni solicitó oportunamente explicaciones.

En tales condiciones, oportunamente, habrán de considerarse los parámetros generales contemplados en la pericia de autos.

VIII.- Sin perjuicio de ello, es importante dejar en claro que aún cuando el informe pericial habrá de servir de guía a los efectos de justipreciar el monto de la reparación, resulta necesario ajustar sus conclusiones a ciertas constancias de la causa penal que no fueron tomadas en cuenta.

Se hace referencia con ello a las actas de fs. 493/495 y 506 y vta., mediante las cuales se procede a la devolución de determinados bienes -no reconocidos por los presuntos damnificados- al aquí actor. Y, no obstante que en muchos casos los elementos entregados no coinciden estrictamente con los datos de aquellos incautados, tales entregas deben ser ponderadas a la hora de establecer el alcance de la reparación patrimonial, so pena de producir un enriquecimiento sin causa a favor del actor.

Esta última circunstancia conlleva a que la determinación del monto de condena deba diferirse para la etapa de ejecución de sentencia. En dicha etapa el perito actuante en autos deberá estimar el valor de los bienes que fueron entregados al Sr. Amoruso conforme las actas de referencia, para lo cual deberá observar los mismos parámetros que tuviera en cuenta al momento de elaborar la pericia de fs. 182/186.

Ello así, en tanto, como lo señalara Calamandrei, en determinados supuestos es posible la escisión procesal de dos cuestiones principales: la del an debeatur (procedencia de la responsabilidad) y la del quantum debeatur (monto de la indemnización por daño).

En este sentido, puede ocurrir que en una primera etapa, se declare la responsabilidad del demandado y se lo condene a resarcir los daños invocados, pero con diferimiento de la determinación del monto indemnizatorio, según su complejidad, en la etapa de ejecución de sentencia, tal como aquí acontece.

Luego, toda vez que el experto se expidió "suponiendo que los neumáticos y las llantas nuevas conservan los precios que actualmente he recabado en comercios especializados" (fs. 185), la suma resultante devengará intereses conforme la tasa promedio entre la activa y pasiva (mix) del Banco provincia del Neuquén, desde la fecha de la pericia (14/02/08).

IX.- Desde otro ángulo de análisis, situándonos ahora en la perspectiva del daño moral alegado, no se advierte que las afecciones que dice haber sufrido el actor tengan entidad suficiente como para ser objeto de resarcimiento. Ello, teniendo en cuenta que no se pueden indemnizar meras incomodidades, insatisfacciones o leves interferencias en la esfera anímica.

De otro modo, el daño moral procedería ante sutilezas, cuando en realidad el remedio está previsto para compensar graves alteraciones, generalmente vinculadas con la imposibilidad o severa restricción en el goce de bienes extrapatrimoniales de contenido verdaderamente precipuo en la vida del hombre.

Además, debe tenerse en cuenta que no todo perjuicio económico se traduce, necesariamente, también, en un perjuicio espiritual, de lo contrario se arribaría a la ilógica conclusión de que toda víctima de un daño patrimonial podría reclamar siempre un daño moral.

En principio, la producción y gravedad de daños económicos no permiten per se individualizar menoscabos existenciales, ni definen su magnitud (cfr. ZABALA de GONZÁLEZ, Matilde, Resarcimiento de daños, 5A, Ed. Hammurabi, p. 134).

Por ello, se reitera, no cualquier inquietud, molestia, perturbación o desagrado hace procedente la indemnización, máxime cuando ésta tiene su origen en la afectación de bienes puramente patrimoniales.

Nótese que el actor funda este rubro, invocando: a) el allanamiento injustificado, b) la repercusión periodística que tuvo la investigación, c) el desapoderamiento sufrido.

Con respecto al primer punto, cabe señalar que el sobreseimiento resuelto en la causa no conduce automáticamente a considerar, como parece sostener el accionante, que la orden de allanamiento y secuestro fuese arbitraria.

Las medidas investigativas y cautelares adoptadas en la instrucción sumarial, se sustentaron en la apreciación de los elementos de juicio existentes hasta ese momento y en la aplicación de las normas procesales vigentes, sin que se hayan aportado elementos que revelen tales actos como infundados o arbitrarios.

Es pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional en el sentido que, como principio general, el sobreseimiento o absolución posterior del procesado no convierte en ilegítima la prisión preventiva o medida cautelar dispuesta en el curso de un proceso, pues sólo debe significarse como error judicial aquella sentencia que resulta contradictoria con los hechos probados en la causa y las disposiciones legales congruentes al caso. Es pues desde esta comprensión que la privación de la libertad durante el proceso no debe ser automáticamente reconocida a consecuencia de la absolución, sino, cuando el auto de prisión preventiva o la resolución que dispuso la medida cautelar se encuentren infundados o se revelen irracionales (Fallos 317:1233 "Roman", 318:1990 "Balda", 321:1712 "López", 325:1855 "Robles", 327:1738 "Cura", 330:2112, "Pouler", entre otros).

Luego, más allá de que el artículo periodístico que el actor adjunta en al demanda fue impugnado y desconocido por la contraria, lo cierto es que dicha pieza tampoco revela que la difusión del caso pueda haberlo afectado singularmente, toda vez que no se lo nombra, ni se brindan detalles sobre los lugares o comercios donde se efectivizaron los allanamientos.

Por último, el mero desapoderamiento de los bienes que tenía en su inmueble, tampoco implica por si solo la generación de un daño moral que deba ser resarcido. De seguir un criterio tan laxo, cualquier medida cautelar adoptada en la secuela de un proceso judicial, daría lugar a ello.

En este sentido, es necesario reflexionar que la falta de presentación de documentación respaldatoria del surtido de mercaderías encontradas, más allá del análisis que se hiciera más arriba a ese respecto, sin dudas dificultó la defensa de sus derechos e impidió revertir la ponderación que prima facie realizó el Juez Penal al dictar la medida precautoria.

No se han arrimado elementos que permitan considerar que la orden de secuestro pueda reputarse irregular y por lo tanto, el sometimiento del actor a dicha medida, representa el costo inevitable de una adecuada administración de justicia (Fallos 318:1990, 317:1233).

Pues, la vida en comunidad exige a los ciudadanos soportar ciertos perjuicios personales relacionados con el trámite de un proceso penal, a fin de que el Poder Judicial pueda lograr su cometido. El juez penal se encuentra facultado para disponer medidas probatorias que pueden afectar la tranquilidad de espíritu de la persona involucrada, sin que esta alteración pueda generar reparación económica ya que de otro modo se tornaría imposible la actividad investigativa, así como el derecho de la sociedad a defenderse del delito.

Desde la perspectiva señalada, es evidente que las declaraciones de los testigos en cuanto a que el actor "seguramente se ha sentido muy mal" o "disgustado por lo sucedido" (fs. 153), o bien que el secuestro "lo afectó en su estado anímico" (fs. 154), devienen insuficientes a los fines examinados.

Todas estas razones conducen al rechazo de la demanda en este aspecto.

En virtud del análisis efectuado a lo largo del presente, propicio hacer parcialmente lugar a la demanda, con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 1305) ASI VOTO.

El señor Vocal Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE dijo: Comparto el criterio y la solución acordada por el Dr. Massei, por lo que he de emitir mi voto en igual sentido. MI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, oído el Sr. Fiscal subrogante, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) HACER PARCIALMENTE lugar a la demanda incoada por el Sr. Humberto Antonio AMORUSO contra la Provincia de Neuquén y, en consecuencia, CONDENAR que la accionada a abonar el valor de los bienes secuestrados y no restituidos al actor, conforme la determinación que se efectúe en la etapa de ejecución de sentencia, y a tenor del análisis desarrollado en los considerandos respectivos. A la suma resultante se adicionarán intereses conforme la tasa promedio entre la activa y pasiva (mix) del Banco Provincia del Neuquén, desde el 14/02/08. 2°) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C. y C. y 78 de la ley 1305); 3º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento en que se cuente con pautas para ello; 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

DR. OSCAR E. MASSEI - Dr. ANTONIO GUILLERMO LABATE Dra. CECILIA PAMPHILE - Secretaria