marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio de desalojo, inversión de la carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SANTIAGO, ALBERTO c/ FABIAN ALGARILLA s/ DESALOJO - SUMARISIMO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-15

Si el actor en el juicio de desalojo invoca un comodato y el accionado al contestar la demanda niega tal relación contractual y afirma la existencia de una relación laboral, de una posesión animus domine, o de una locación, será el demandado quién deberá demostrarlo, porque si no lo hace se presume que no lo ampara derecho alguno para ocupar el inmueble; conforme la clara disposición del art. 361 del Código de Procedimientos.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, sentencia, principio de congruencia, daños y perjuicios, responsabilidad civil, thema decidendum
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Frutillas del Litoral S.A. c/ Pagani, Fabio Idilio y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-11-07

El remedio interpuesto debe merecer favorable acogida en cuanto ha sido objeto de concesión pues, si bien los reproches de la recurrente remiten al examen de cuestiones en principio reservadas a los jueces de la causa, lo cierto es que corresponde hacer excepción a dicha regla cuando lo resuelto sobre tales materias importe arbitrariedad, tal como acontece en el sub iudice; y ello no aparece conmovido por la comprobación de que ciertos planteos de la recurrente no resultan atendibles, tal como se verifica con la tacha de incongruencia enderezada contra lo resuelto por la Alzada acerca del carácter parcial otorgado a la interrupción del nexo causal postulada por el codemandado -con base en la invocación del hecho de terceros por quienes no debía responder, en los términos del artículo 1113 del Código Civil- pues, aun cuando el referido codemandado hubiese abogado por su liberación total, lo cierto es que los Sentenciantes no han excedido de lo peticionado por aquél, sino que simplemente encauzaron su defensa en la medida en que a su juicio correspondía de acuerdo a derecho, atendiendo al principio según el cual quien puede lo más, puede lo menos. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113
Cuestiones de competencia, juicios universales, fuero de atracción, sociedad irregular
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Antonio Nicomedes c/ Sucesión del señor Vicente Ovidio Garciulo y Otros s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-08

Si se tiene entonces en cuenta que, con la demanda la actora persigue el reconocimiento, disolución y liquidación de la sociedad irregular con el causante, que invoca, respecto de bienes denunciados como formando parte del acervo sucesorio, por sus herederos, resulta claro que, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en realidad se persigue la entrega de parte de los bienes del causante de una sucesión, por lo que la justicia competente para entender en la causa es la civil.
Principio de progresividad, derechos sociales
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Ministerio Público - Asesoría Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-12

El principio de progresividad y prohibición de regresividad en materia de derechos sociales ha sido incorporado al plexo de derechos y garantías de nuestro ordenamiento desde el marco internacional de los derechos humanos en general y, en forma expresa, a partir de la firma del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Voto en disidencia parcial Dra. Elizabeth A. Marum).
Sentencia condenatoria, requerimiento de elevación a juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: RAMIREZ, LUCAS G. s/ SENTENCIA CONDENATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-14

Pese a que el Ministerio Público Fiscal, en su alegato, entendió que no hubo dolo en la conducta del imputado y por ello pidió su absolución plena a la que adhirió la defensa, el tribunal tiene jurisdicción plena para pronunciarse en sentido distinto al que propician las partes, pues, celebrado el juicio, no existe legalmente ningún modo normal de finalización del proceso que no sea por el pronunciamiento de condena o absolución jurisdiccionalmente efectuado. No hay posibilidad de desistimiento que desapodere al tribunal de su jurisdicción.

El requerimiento de elevación a juicio, con cuya lectura se inicia el debate, es una cabal acusación y por esto es que la ley adjetiva vigente, en determinadas circunstancias le brinda al fiscal de juicio la posibilidad de "ampliar la acusación" (art. 381, primer párrafo, del C.P.P. ) lo que implica obviamente, que la acusación ya existía.

El fiscal de juicio, al alegar, libremente opinará sobre el mérito de las pruebas de cargo y descargo y también libremente pedirá lo que entiende se corresponde con su opinión, pero sólo el tribunal puede juzgar sobre la resolución final, por la condena o absolución en el hecho por el cual el imputado fue llevado a juicio mediante un acto que reúne calidad de acusación.
Conflicto de poderes, competencia del Superior Tribunal de Justicia, concejo deliberante
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Guza José Mario s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2001-04-10

Se trata el caso de un conflicto suscitado dentro del Concejo Deliberante, entre un concejal y ese Cuerpo que le aplica una sanción de suspensión de su función de concejal, lo que implicaría la privación al amparista del ejercicio de la representación que el pueblo le ha conferido y por un lapso determinado, materia de resolución por parte del Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Se trata de un evidente conflicto de poderes, en los términos del Art. 149 de la Constitución provincial que textualmente establece que "Los conflictos entre autoridades del Municipio y las cuestiones de competencia que se susciten entre Municipios o entre éstos y la Provincia, serán resueltos en única instancia por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia." precepto constitucional que ha sido plasmado en la Ley orgánica de las Municipalidades Nro. 55, en cuanto dispone en su artículo 79 que "Todo conflicto con otra municipalidad o la provincia y los que se suscitaren dentro del Concejo Deliberante o entre éste y el intendente serán resueltos por el Tribunal Superior de Justicia" como garantía de los derechos constitucionales consagrados.
Reparación integral, derechos y garantías constitucionales, obligación de no dañar, alterum non laedere, Constitución Nacional
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la parte actora en la causa Grippo, Guillermo Oscar; Claudia P. Acuña y otros c/ Campos, Enrique Oscar y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Es la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado, noción que comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades (Voto de los jueces Maqueda y Rosatti).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestión de derecho común, contrato de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - LABORAL
Carátula: Roberto Alfredo TELLO c/ TERAMAL  S.A. s/ IMPROCEDENCIA DEL  RECURSO  EXTRAORDINARIO  -  CONTRATO DE TRABAJO -  INTERPRETACION DE NORMAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-06

Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de acuerdo con la cual, por las especiales modalidades del trabajo del actor que especifica, al contrato que lo ligaba con su empleador resultan aplicables los principios de regulación previstos en el Título II de la ley 22.248 (arts. 77 y siguientes), ya que constituye una inteligencia posible de las citadas normas de derecho común en su relación con las circunstancias fácticas acreditadas.
Modalidades del contrato de trabajo, contrato de beca
Materia: LABORAL
Carátula: MARCO, MARCELO c/ FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-12

Los contratos de beca se entienden, por su naturaleza, destinados a quienes requieran una particular capacitación recibiendo los becarios, como contraprestación, además de la formación brindada por la empresa oferente, una beca que constituye una asignación estímulo o bonificación para solventar sus gastos que no posee carácter remuneratorio. En general se encuentran destinados a menores de 25 años, con escasa o ninguna experiencia laboral, que se encuentran estudiando alguna carrera o profesión relacionada con la actividad becada y la contraprestación por el trabajo es una mera asignación de estímulo.
Contrato de trabajo, derecho a la integridad física, derecho a la salud
Materia: LABORAL
Carátula: Silva, Facundo Jesús c/ Unilever de Argentina S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-18

Es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se garantice el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, siendo la prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador, el presupuesto legítimo de la pretación de servicios, que no puede ya concebirse sin la adecuada preservación de la dignidad inherente a la persona humana (Voto de los Dres. CarlosS. Fayt y Enrique S. Petracchi).
Daños y perjuicios, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: EMILIOZZI ALFREDO J. c/ NUSYNKIER ARMANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCENDIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-22

Tratándose de un pleito por indemnización de daños y perjuicios, las costas corren a cargo de la parte condenada, aún cuando no prosperen íntegramente los rubros resarcitorios inicialmente reclamados, puesto que, de lo contrario, se vería mermada la indemnización.
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, radiodifusión, intervención estatal, programa de radio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Kelly, Guillermo Patricio c/ Taire, Marcos y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

La vía del amparo es "prima facie" formalmente improcedente a fin de que se reponga al actor en un programa radial levantado por la intervención de la radio, si su derecho se encuentra subordinado al de la agencia publicitaria adjudicataria del espacio radial,que no tuvo intervención en la litis, por lo que es necesario una mayor amplitud en el debate y en la prueba.
Proceso penal, sistema acusatorio, acción penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: IBARRA HUGO Y OTROS. s/ EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA EN CONCURSO REAL CON DEL. DE VIOL. DE
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

Corresponde aclarar que nuestro esquema procesal se diferencia marcadamente del digesto procesal nacional en tanto que aquel asume el sistema acusatorio en forma acabada, mientras que el CPPN mantiene una postura intermedia con resabios inquisitorios debido a lo cual queda disminuida la titularidad de la acción penal en cabeza del Ministerio Público. Resulta notable como el CPPT mantiene en todo momento la titularidad de la acción en manos del Ministerio Público haciendo suyo un principio acusatorio esencial, cual es la diferenciación entre el órgano que acusa y el que sentencia, es decir, sosteniendo la garantía de imparcialidad de juicio. Ante las evidentes diferencias de intensidad entre el sistema acusatorio asumido en cada texto y, en consecuencia, sus diferencias en la función y las facultades que despliega el Ministerio Público en la normativa procesal nacional y provincial; pareciera prudente sostener que las decisiones de la CN relacionadas con la titularidad de la acción penal en el marco del CPPN se encuentran limitadas por los criterios y las características desplegadas en cada texto, y, en este aspecto, los criterios que viene sosteniendo este Tribunal no pueden ser amarrados a las resoluciones del máximo tribunal nacional.
Costas, costas en el orden causado, desistimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Guitelman c/ Galan s/ Desalojo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-07

Cuando se trata de un desistimiento bilateral porque ambas partes se presentaron simultáneamente ante el Juez poniendo de manifiesto el común acuerdo, no es necesario emitir pronunciamiento sobre las costas, pues si las partes omitieron prever la forma de pago éste debe serlo en el orden causado, porque dicho acto procesal bilateral es análogo, en ese aspecto, a la transacción y a la conciliación (Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, t.V, n°691, pág. 540; t.III, n'317 B apartado c) pág. 391).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, interpretación de sentencias
Materia: PROCESAL
Carátula: Cuerpo  de  ejec.  de  sentencia  en autos: "Ferrer Martínez, Juan L. c/ J. Minetti y Cía. Ltda. SA. s/ demanda, recurso de revisión y casación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-29

Las resoluciones que interpretan o determinan el alcance de decisiones recaídas con anterioridad en la causa, no justifican el otorgamiento del recurso extraordinario, toda vez que los agravios sólo plantean una cuestión de interpretación del fallo dictado en la causa y la decisión del tribunal - en cuanto considera adecuado el monto del proceso fijado por la sentencia apelada - no se aparta en forma palmaria de lo resuelto con anterioridad ni resulta ajeno a lo decidido en la sentencia firme.
Recurso contencioso administrativo, demanda, plazo, pretensión, policía, personal policial, destitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NOCE, OMAR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION.     CSJ EXPTE NRO 281-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-29

Si toda la argumentación recursiva apunta a evidenciar la presunta ilegalidad del acto por el cual el actor fuera separado de la función como sub-comisario de la policía, y no se dice nada respecto de la ilegitimidad que hipotéticamente viciaría la decisión por la cual no se hizo lugar a la revisión de la causa intentada en sede administrativa, la demanda contencioso administrativa deducida con el fin de obtener la anulación del primero "y sus consecuentes" resulta ostensiblemente extemporánea, desde que aquel decreto quedó firme al no ser impugnado en sede judicial; y con respecto al segundo -en el caso de que se entendiera con gran amplitud la pretensión esgrimida en esta sede-, es inadmisible por ausencia de mínima fundamentación en relación a éste.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo
Materia: CIVIL
Carátula: CRUZ, Máximo c/ ROMANO, Enrique Luis s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-23

Ante la presencia de semáforos, éstos tienen supremacía de vigencia para franquear el paso vehicular, pero esta preeminencia no significa que la luz verde sea una franquicia absoluta, que exima de prestar la debida atención, a fin de evitar la producción de daños, frente a las contingencias del tránsito. Asimismo, la circunstancia de que el semáforo dé luz verde al conductor, no siginifica que éste tenga paso libre para atropellar impunemente.-
Derecho constitucional, Ley de Procedimiento para causas en que el Estado sea parte, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: REINOSO Gerónimo Fabián c/ Provincia de San Juan y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-02-09

El artículo 20 de la Ley 7675 prevé que: "Fracasados los modos alternativos y debiendo el juicio ser resuelto por sentencia definitiva las costas serán impuestas en el orden causado. Igualmente las costas serán por su orden en el caso de conclusión de la causa por conciliación y transacción sobreviniente, salvo que las partes pacten lo contrario".

Se establece así el principio según el cual sólo si la causa resulta resuelta por sentencia las costas serán impuestas por el orden causado, no en los casos de conciliación o transacción donde las partes pueden pactar las mismas libremente.

La norma que estamos analizando se encuentra contextualizada en un plexo normativo (ley 7675 y modificatorias) que tiene por objeto regular el procedimiento a seguirse en aquellas causa en que el ESTADO sea parte, ya sea como "demandado o actor" (arts. 1 y 7) y cuya observancia es obligatoria para todas las partes que intervienen en el proceso.

Dicha normativa no solo fija pautas procesales que las partes deben respetar, sino que también regula lo atinente a las costas del proceso (art. 20) y su imposición (art. 21), siendo su aplicación "de orden público y aún de oficio"(art. 27).

"...estamos frente a un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés general, colectivo (por oposición a las cuestiones de orden privado en las que sólo juega el interés particular).

Por ello son aplicables aún contra la voluntad de los interesados y con prevalencia respecto de cualquier otra legislación, incluso las normas del código de procedimientos."
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, sanciones disciplinarias administrativas, destitución, escribanos públicos, responsabilidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Colegio de Escribanos s/ verificación  de  libros  de  requerimiento  de  firmas del Escribano  Enrique José Ignacio Garrido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que aplicó la sanción de destitución prevista en el art. 52, inc. f), de la ley 12.990, si prescindió de ponderar la ausencia de antecedentes disciplinarios por parte del escribano con el argumento de que su responsabilidad era de naturaleza objetiva, apartándose de los principios que sustentan el derecho disciplinario, entre los que se cuenta un factor subjetivo para que un determinado hecho pueda ser atribuido a la esfera de responsabilidad del sujeto.
Acto administrativo, motivación del acto administrativo, principio de legalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Morales, María del Carmen c/ Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1998-01-10

La decisión administrativa que afecta el derecho de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo de garantías constitucionales en juego, como son entre otras las tuteladas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, atento a que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento-condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos. Es más, aparte de la observancia del principio cardinal de legalidad administrativa, la motivación traduce una exigencia fundada en conferir mayor protección a los derechos individuales.
Caducidad de instancia, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: GONZÁLEZ, Silverio Florentino y Otra c/ Peze, Claudio Daniel y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-12

El plazo de perención, no debe contarse desde el retiro del expediente o notificación personal efectuada por el apelante, ya que a pesar de que la providencia recurrida, que concuerda con lo dispuesto por el art. 253 primer párrafo del C.P.C. manda una vez concedida la apelación poner el expediente a disposición del recurrente para que exprese agravios en el plazo de diez días de notificado por cédula, entra a regir la obligación de las partes interesadas a compulsar el expediente en los días establecidos por el Código, en este caso los días martes (art. 132, inc. 1 del C.P.C.).

Es desde ese momento que el régimen procesal hace pesar sobre el solicitante el trámite -en el caso quien dedujo la apelación- la carga de impulsar el proceso.

Esto así, sea por mandato del art. 135 segundo párrafo del C.P.C. que dice: "No se notificarán mediante cédula las decisiones dictadas ..., ni las providencias simples que tiendan al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución para la parte que las hubiera solicitado cuando fueren consecuencia inmediata del pedido" (lo cual releva de notificar al apelante, por ese medio, el proveído que concede su recurso; haciendo operativo el sistema de notificación automática); sea porque debía concurrir a conocer dicho proveído a fin de suscribir la cédula, por ser la parte interesada en dicha notificación (conf. art. 137 ibíd).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mouviel, Raúl Oscar y otros s/ desordenes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-05-17

La "ley anterior" del art. 18 de la Constitución Nacional y del principio "nullum crimen, nulla poena sine lege", exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la ley, abastecimiento
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Roemer SAIC y F s/ apelación multa. Ley 20.680.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El recurso extraordinario es admisible en cuanto se cuestiona la inteligencia de la ley federal 20.680 y su reglamentación y la sentencia ha sido adversa la las pretensiones que el recurrente fundó en sus disposiciones.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, competencia federal, emergencia sanitaria, coronavirus, violación de derechos humanos, Estado Provincial, fiscal de Estado, falta de legitimación para obrar, cuestión federal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Petcoff Naidenoff, Luis c/  s/ habeas corpus
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario introducido por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa contra el fallo que declaró la competencia federal para entender en la denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos en centros de aislamiento dispuestos por el gobierno provincial para alojar personas con casos sospechosos de Covid-19, puesto que, además de haber sido presentado por quien carece de legitimación, el recurso no está dirigido contra la sentencia definitiva de la causa, ni contra una equiparable, tal como exige el art. 14 de la Ley 48. Además, tampoco se encuentra suficientemente argumentada la existencia de una cuestión federal, dado que no ha sido demostrada en el caso la alegada vulneración a la garantía constitucional a la autonomía provincial, en la medida en que la presente acción se concentra en la invocada afectación de derechos de carácter constitucional y convencional en el contexto de medidas dictadas por la autoridad provincial que responden a disposiciones de orden nacional dictadas en el marco de la política pública sanitaria dispuesta durante la pandemia por el Poder Ejecutivo Nacional (art. 99, inc. 3 y 128 de la C.N.).