marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, derivación razonada del derecho vigente, partes del proceso, demandado, patrocinio letrado, procedimiento laboral, audiencia de conciliación laboral, empleador
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Centurión, Ana c/ Borches, Cristina s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Cobro de  pesos laboral (Expte.: C.S.J. Nro. 254 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-10

No merece reproche constitucional la conclusión de la Sala a quo -que consideró que los abogados que acompañaron a la demandada en ocasión de la audiencia del artículo 51 del Código Procesal Laboral, la patrocinaron-, ni se advierte que al así concluir se apartara de lo normado por el artículo 42 de la ley adjetiva y se arrogara facultades de legislador, sino que muy por el contrario, el Tribunal a quo interpretó armónicamente la normativa procesal en juego (civil y laboral), hermenéusis que lo condujo a sostener contundentemente que la ineficacia planteada no invalida la audiencia que prevé el artículo 51 de la ley 7945, como así también el ofrecimiento de prueba, en razón de que la accionada compareció personalmente a juicio, admitiendo el juez y el actuario que los letrados eran sus apoderados, otorgando poder en dicho acto. A dichas razones, los sentenciantes sumaron que los "abogados actuaron patrocinando a dicha parte. Por ello, el reproche expuesto por la actora, queda reducido al disenso de la impugnante, la que se empeña en sostener la nulidad de lo actuado por los profesionales de la demandada, más sin lograr conmover con sus argumentaciones que lo concluido por los jueces de la causa sea absurdo, ilógico o irracional, de suerte que permita descalificar el fallo cuestionado como acto jurisdiccional válido.
Contrato de trabajo, indemnización por despido, multa laboral, fecha de ingreso
Materia: LABORAL
Carátula: LOUREIRO, PABLO DAMIAN c/ INC S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-21

La real y única empleadora es aquella que se sirvió de los servicios prestados por el trabajador y es quien debe registrar la relación de trabajo. Por lo que es una contratación absolutamente ilícita la inscripta por agentes interpuestos por la real empleadora que, a su respecto, no realizó el registro debido, sea que ello haya tenido lugar en una parte o en la totalidad de la relación laboral.
Admisibilidad del recurso, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Materia: LABORAL
Carátula: Zapata, Hector Rafael c/ Superior Gobierno de Entre Ríos s/ Accidente de trabajo-Recurso de inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-09-13

Corresponde el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley articulado cuando el mismo no cumple con los requisitos de admisibilidad que habilitan su procedencia, en el caso que se denuncie en forma concreta las disposiciones legales o la doctrina legal erróneamente aplicada, de que manera corresponde adaptarlas al caso y cómo influyen para modificar la decisión de la Cámara.
Salario mínimo, vital y móvil, constitucionalidad, accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Monje, Adolfo Enrique c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

No resulta válido la automática aplicación del monto nominal fijado en la resolución 7/89 para el cálculo de la indemnización tarifada en la ley 23.643, pues ello implica un flagrante despojo del resarcimiento querido por el legislador, vulnerándose derechos de raigambre constitucional, como lo son los que surgen de los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución de la Nación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Muñoz, Daniel Alberto s/ Robo y robo en concurso real
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Es insuficiente la denuncia de violación de los arts. 120 del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modif.) y 166 inc. 2 del Código Penal, así como la omisa aplicación de los arts. 180 y 307 del cuerpo procesal antes citado, argumentando que la actividad investigativa sumarial se habría iniciado a partir de una detención ilegal y derivado en otros vicios que atentarían contra el debido proceso y que en consecuencia las probanzas acumuladas no son útiles para tener por acreditadas ni la materialidad de la infracción ni la autoría responsable del procesado; ya que aun si por vía de hipótesis se aceptara que la privación de la libertad del prevenido no se produjo conforme las normas que regulan la materia, el recurrente no intenta demostrar que tal situación acarreara la adquisición ilegal en el proceso de los elementos de convicción valorados por la Excma. Cámara para declarar probados los extremos de la imputación.
Recibo, valor probatorio, facultades del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Barreto, Roque c/ Bonino, Héctor J. y otros s/ reclamo laboral laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-08-04

Por disposición del art. 142 de la L.C.T., los jueces se hallan facultados para apreciar la eficacia probatoria de los recibos de pago, por cualquiera de los conceptos referidos en los arts. 140 y 141 de dicha ley, que no reúnan alguno de los requisitos consignados o cuyas menciones no guarden debida correlación con la documentación laboral, previsional, comercial o tributaria.
Delincuente primario, condena condicional, facultades discrecionales del juez
Materia: PENAL
Carátula: OLIVA ROBERTO RAMON s/ PSA RESISTENCIA A LA AUTORIDAD ETC - RECURSO DE CASACION .
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-05-16

Con relación al grado de instrucción, como circunstancia de mensuración de la pena contenida en el artículo 41 del Código Penal, en el sentido de formación intelectual y moral, tiene valor sintomático delictivo, según los casos, como demostrativo de la capacidad del condenado para insistir en la delincuencia o para abstenerse de ella.

Sin embargo, debe rechazarse la idea de que la falta de educación representa siempre una atenuante por sí misma. La apreciación debe ser totalmente relativa en vista del delito y de sus circunstancias.

La instrucción primaria, si bien no provee de un grado de educación acabado, sí proporciona los rudimentos necesarios para desenvolverse en la vida en sociedad.

La educación, entre otros aspectos, resulta útil para determinar la capacidad del autor para reconocer la antijuridicidad del hecho y para determinarse conforme ese conocimiento, y en consecuencia quien no posee educación o no ha logrado cumplimentarla puede padecer un minus de su culpabilidad que amerita impactar en la concreta sanción a imponérsele.
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: A., N. B. c/ A. S.A. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-02-24

La diferencia existente entre el monto por el que progresa la demanda dy el que se rechaza, permite señalar en este caso excepcional que ambas partes resultaron vencidas en las respectivas medidas del rechazo y progreso de las pretensiones deducidas, lo que permite imponerlas a la actora y a la demandada en proporción al éxito obtenido, por lo que estimo prudente imponer a la actora las costas en la porción de la demanda que se desestima, y a la demandada en cuanto a la porción que progresa (art.

69 de la ley XIII Nº 5, Anexo A).
Compraventa mercantil, entrega del bien
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MAURA ALMADA COMUNICACIONES S.R.L. c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE E.RIOS s/ ORDINARIO POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-02-08

Si no existe principio de prueba por escrito la prueba testimonial por si, es insuficiente para acreditar la recepción de los efectos enajenados. Ello es claro en cuanto se considere el valor del contrato, pues él hace indispensable recurrir al principio de la prueba por escrito conforme lo disponen los artículos 209 del Código de Comercio y 1193 del Código Civil. La norma establecida por tales disposiciones legales, salvo expresa excepción de la ley, no admite en ningún caso prescindir de la prueba escrita.
Obligación tributaria, obligaciones periódicas, régimen de consolidación de deudas, fecha de corte
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CARABAJAL ATILIO RAMËN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-08-29

Tratándose de obligaciones de tracto sucesivo, hay que distinguir las de causa o título anterior a la fecha de corte fijada por la Ley Provincial Nº 5986(Ley Omnibus), de las posteriores. La primera porción de deuda se consolida por caer en las previsiones del art. 1º inc. c) de la Ley 23982 (Régimen de consolidación de deudas). A su respecto el art. 3 de dicha Ley, a la que la provincia se encuentra adherida, establece que las sentencias que reconozcan la exitencia de obligaciones alcanzadas por la consolidación tendrán carácter meramente declarativo con relación al estado y para su cumplimiento debe acudirse al trámite previsto en la ley y en las disposiciones de la reglamentación provincial contenidas en el Dcto. Serie B, Nº 570.
Recurso extraordinario, recurso in forma pauperis, equidad, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Scilingo, Adolfo Francisco s/ su presentación en causa n° 6888.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Si bien se consideró que era de equidad y aún de justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes por parte del acusado o descuido de su defensor, habiéndose admitido presentaciones extemporáneas e informales como recurso extraordinario in forma pauperis, ello fue admitido en los casos de personas privadas de la libertad (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo A. F. López y Adolfo Roberto Vázquez).
Policía, personal policial, destitución, acción de reintegro, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CATTANEO, SEGUNDO TOMAS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 193-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-17

En el retiro dispuesto por falta de sentencia penal firme en el plazo de dos años, como en el caso de destitución por causa errónea o injusta, la situación del agente se debe a "razones ajenas a su voluntad", pero diferente es la situación de la administración en cada caso, ya que el primer supuesto, hace uso de la facultad legalmente acordada de pasar a retiro al personal por causas objetivas que no dependen de ella, mientras que en el caso de la destitución a que refiere el artículo 129, la separación del empleado se debe precisamente al ilegítimo ejercicio de sus facultades. De allí que la ley pueda establecer mayores derechos para el agente destituido ilegítimamente y que logra la revisión del acto administrativo que lo afecta, que para el pasado a retiro por un acto legítimo -cuya validez no es revisada- y que sólo es reintegrado al servicio activo en virtud del ejercicio de una atribución facultativa que la ley concede al poder ejecutivo.
Entidades financieras, Derecho bancario, control de entidades financieras
Materia: COMERCIAL
Carátula: FRANCIA ADRIANA MONICA c/ HOPE FUNDS SA Y OTROS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-11

Cuando se configura la hipótesis de liquidación de una entidad bancaria, con participación de un interventor, las alternativas son sólo dos: a) o la entidad presenta un plan de regularización y saneamiento apto; o b) se le revoca su autorización para funcionar y se disuelve (LGS 94-9°). Con esta particularidad: a diferencia de lo que sucede con otras causales disolutorias, la que nos ocupa no puede ser remontada por vía de reconducción, ni cambio de objeto, por lo que la entidad queda conminada a la liquidación de sus bienes afectados a esa actividad a fin de atender las deudas también surgidas con motivo de ésta. Ningún banco puede sortear ese régimen ni evadir el consecuente contralor estatal por la vía de cambiar su objeto social y dedicarse a otra cosa, por lo que, o continúa siendo un banco sometido a tal régimen o se disuelve y se liquida con adecuación a ese mismo régimen contrario, importaría tanto como aceptar que mediante una decisión propia, la entidad afectara su patrimonio a otro objeto empresario desbaratando así el sistema que el legislador concibió para tutelar el interés general ya señalado.
Despido, gravedad de la falta, sereno
Materia: LABORAL
Carátula: FERNANDEZ, NELSON c/ LUIMAR NAVIERA  S.C.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-08

El sobreseimiento del trabajador en el sumario administrativo que se le instruyera, no significa que no pueda discutirse su responsabilidad desde el punto de vista laboral y justificar el distracto dispuesto por la empleadora si se probó el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo, al encontrarse dormido el actor que debía cumplir tareas de sereno.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, prueba, fundamentación insuficiente, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: ABREGU DE SANDEZ JULIA Y OTRO c/ SOCIEDAD SIRIO LIBANESA Y OTROS s/ INDEMNIZACIONES
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-14

Es arbitraria y por ende nula, la sentencia que sin fundamentos suficientes apoyados en las constancias de la causa, tiene por acreditados los extremos del art. 30 LCT.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, concurso preventivo, verificación de créditos, recurso de apelación (procesal)
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: INTEROBRAS S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS ( AFIP) (EXPTE.: C.S.J. NRO. 551 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Sabido es que las cuestiones de índole procesal son, por regla, extrañas al recurso de inconstitucionalidad, salvo que se demuestre arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de defensa en juicio, circunstancia que el recurrente no logra demostrar en la especie, desde que lo que fluye del planteo impugnativo es tan sólo la disconformidad del quejoso para con tareas propias de los jueces de la causa como son la determinación de las cuestiones que forman la litis según el artículo 246 del código de rito y la valoración y tratamiento de los agravios a la luz del artículo 365 del mismo cuerpo legal; pero sin demostrar que en esa labor los Juzgadores hubieran traspasado los límites de razonabilidad y logicidad tolerados, pudiendo advertirse que A quo describió los fundamentos que sustentaron el recurso de revisión de la AFIP para luego sintetizar los argumentos del Juez de baja instancia que desembocaron en la reducción del importe del crédito privilegiado, en la admisión, sólo parcial, de los intereses resarcitorios y en el rechazo de los punitorios que habrían sido insinuados a titulo condicional.

A renglón seguido y, con esa base, reputó el Tribunal que era "notorio que la proposición ensayada en este grado difiere sustancialmente de aquella que tuviera de fundamento al incidente de revisión en definitiva desestimado, y, ello, por adecuada aplicación de lo que establece el art. 246 del C.P.C. (según art. 278 de la ley 24522) importa proponer en grado originario en la Alzada -cuya competencia excluyentemente revisora es indiscutible- cuestiones que no fueron sometidas a decisión del Juez inferior".
Contrato de trabajo, conciliación obligatoria, homologación administrativa, validez del acto administrativo, agotamiento de la instancia administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, Salom3/4n Sabino y otros c/ Matacab S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-24

Si se pretende controvertir la validez del acto celebrado en sede administrativa, cualquiera sea el cuestionamiento del monto por el cual se arribó a la conciliación o, contra el contenido de dicha acta, o contra la validez y eficacia del acto homologatorio debe canalizarse por los carriles previstos por la ley 19.549 para atacar todo acto administrativo. La opción administrativa no es un instituto de segundo orden o siempre supeditada al juicio de los jueces, se trata de una opción por dos vías paralelas o de igual valor, al punto que, cuando se hace uso de dicha vía, el acto administrativo tiene virtualidad jurídica, goza de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria (art. 12 ley 19.549), hasta que por las vías del procedimiento administrativo se logre su nulidad, su anulación, su revocación, su saneamiento, su revisión o cualquier otra figura que la ley de Procedimientos Administrativos prevea. Si bien la posibilidad de impugnar judicialmente un acto administrativo existe, es necesario que se cumplan los requisitos del art. 23 de la ley 19.549, entre los cuales figura el de que el acto revista calidad de definitivo y se hubieren agotado a su respecto las instancias administrativas.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: C., C. A. c/  s/ recurso de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-15

Mauro Divito, por sus fundamentos, adhirió a la solución propiciada por sus colegas, e indicó que no se había dictado en las actuaciones un auto fundado que sustentara la decisión transmitida en el punto 3 de la consulta telefónica atacada.
Riesgos del trabajo, accidente in itinere, trayecto, desvío del recorrido, familiar enfermo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PÉREZ, JOSÉ LUIS c/ Provincia A.R.T. y otro s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-16

No negada la dolencia padecida por la madre del trabajador fallecido -circunstancia que razonablemente evaluada, comporta una sólida justificación del por qué de la presencia del occiso antes de dirigirse a su lugar de trabajo-, ha de concluirse que no impulsaba a éste la mera diversión invocado por la demandada, sino el estado de salud de su progenitora que ha de tenerse por cierto ante la falta de réplica respecto de su veracidad. En consecuencia, una evaluación flexible del acontecimiento, y sobre la base de un criterio analógico en su mensura, debe concluirse que es asimilable al caso la hipótesis legal que refiere el Dec. 491/97, cuando entiende como válida la desviación del trabajador para acudir al encuentro de un familiar.
Convenios colectivos de trabajo, interpretación del convenio colectivo
Materia: LABORAL
Carátula: Ceballo, Juan Bautista c/ Chiflon S.A. y/o Orlando Lara y/o Q.R.R. s/ BENEFICIOS LABORALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-12-18

Constituyendo el agravio del apelante la actitud del A-quo que, usando el método interpretativo consideró que el reclamo del actor encuadraba en las normas del C.C.T. 152/91 que rige la actividad de aquellos trabajadores -choferes de larga distancia que transportan bebidas, jugos y soda-, se impone en virtud de ello analizar el texto del mismo para comprobar si efectivamente la actividad del actor -chofer de larga distancia en el ramo soda- resulta regulada por él. De su contenido se infiere que dicho convenio establece categorías de trabajadores -chofer de larga distancia- y ramas -bebidas, jugos, soda-. En este orden de cosas, se llegaría a una solución arbitraria si se le diera razón al apelante que pretende la inaplicabilidad del mismo argumentando para ello que su actividad consiste en la elaboración y venta de soda, rama no abordada a los efectos de la remuneración por el convenio, no rigiendo por lo tanto en dicha situación las normas que regulan la actividad de las otras ramas dedicadas a la bebida y jugos. Resolver de este modo importaría, en primer lugar privar al actor de los derechos que el convenio consagra a quienes desarrollan una actividad idéntica a la suya pero en distintas ramas, y en segundo término implicaría hacer un distingo donde el convenio no lo hace, puesto que para fijar remuneraciones dicho instrumento legal atiende a la índole y características de la actividad, y ante similar tarea no establece diferencias por el hecho de tratarse de diversas ramas. Por todo ello, debe reconocérsele al actor la remuneración prevista en el art. 73 del C.C.T. y confirmar en consecuencia la sentencia recurrida.
Sentencia, principio de congruencia, facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: PAZ, ARISTOBULO VICTOR s/ S.D.HOMICIDIO CULPOSO E.P.MARIA MARTA CARRIZO (CASACION).-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-21

El señorio pleno de las partes sobre el proceso cimentado en la conexión existente entre la congruencia y el principio dispositivo se perdería si se permitiera al organo jurisdiccional que sopesara hechos no alegados por los litigantes o concediera cosas no reclamadas.-
Agentes de propaganda médica, reintegro de gastos de movilidad, uso de automotor propio, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: OBRA  SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTIN c/ LABORATORIO DR. GADOR  S.A.C.I. s/ LEY 18610 - 22269
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-28

No corresponde efectuar aportes y contribuciones sobre los gastos de movilidad establecidos por el art. 37 del convenio colectivo 119/75 cuando el mismo no es abonado a los trabajadores que perciben la asignación establecida por el art. 38 de la citada convención, reintegro de todos los gastos en que incurra para la prestación de servicio el trabajador que utiliza un vehículo propio.
Sentencia condenatoria, declaración de inconstitucionalidad, nulidad procesal, juicio abreviado
Materia: PENAL
Carátula: Chevaller Uribe, Abraham c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-12-10

Toda vez que los términos en que viene planteada la cuestión exigen, de modo ineludible, el examen y consideración de la lógica-jurídica que informa al marco legal, en función del cual fue dictada la sentencia de condena, esto es, el procedimiento establecido en el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, conforme ley 24.825, corresponde declarar la inconstitucionalidad de tal disposición toda vez que lo allí establecido quebranta lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 118 de la Constitución Nacional razón por la cual, cabe declarar la nulidad de todos los actos procesales celebrados como consecuencia de la normativa declarada ilegítima, en particular la propuesta de juicio abreviado y la sentencia de condena (voto del juez Magariños).
Poder Judicial, funcionarios judiciales, remuneración, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Altamira Vernet, Magdalena y Otros c/ E.N. (Mº de Justicia) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

El pago de la suma establecida por el decreto 1770/91 no tradujo sino el cumplimiento, económicamente parcial, pero jurídicamente cancelatorio por haber sido así aceptado por los acreedores, de la originaria obligación remuneratoria debida a los jueces por el lapso allí establecido, no resultando validamente admisible en nuestro ordenamiento jurídico positivo acordar a dicha suma el carácter de indemnización. Ver los fundamentos de las sentencias dictadas por esta Sala in re "Fabris, Marcelo H. y otro" del 23/11/93, y en "Fernández Pinto, Augusto J. c/ E.N. s/ juicio de conocimiento", del 23/3/94. En sentido concordante se ha expedido recientemente la Sala III del fuero in re "Arata, Rodolfo V. c/ E.N. (Mº de Justicia) s/ empleo público" del 12/12/95.