Tribunal: CAMARA DE APEL. CONT. ADM. Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23


"PRATI MARIA TERESA CONTRA SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)" , EXPTE: EXP 13994 / 0 Buenos Aires,23 de marzo de 2006. Y VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 146/151 -cuyo traslado fue contestado por la actora a fs. 154/156- contra la sentencia obrante a fs. 138/142, por medio de la cual la jueza de grado hizo lugar a la acción de amparo incoada. La Sra. Fiscal de Cámara dictaminó a fs. 237/239 propiciando la revocación de la sentencia de grado. I.- La actora dedujo este amparo contra la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "por la acción impetrada en los sumarios 579/00 (Expte. 57.015) y sumario 669/03 Expte. 34.348/03, donde en acto de grosera ilegalidad y arbitrariedad manifiesta se han conculcado derechos y garantías constitucionales...la presente litis...pretende impedir la continuidad de ambos sumarios" (fs 1). Al presentar el informe previsto por el art. 8 de la ley 16.986, la parte demandada se opuso al progreso de la pretensión. Señaló que a) la acción de amparo no es la vía apropiada para discutir el tema traído a debate; b) la pretensión es improcedente , toda vez que la amparista parte del error de considerar que el sumario 579/00 se encontraba concluido, circunstancia que no es cierta, y que el sumario 669/03 tiene origen en hechos distintos a los que dieron lugar a la primera de las actuaciones; c) no existe ninguna ilegalidad o arbitrariedad en la decisión administrativa de continuar con la tramitación sumarial; d) los plazos legales a los fines de la sustanciación del sumario tienen carácter ordenatorio y no perentorio; e) el transcurso del tiempo no acarrea a la amparista ningún perjuicio, ya que no sufrió desmedro patrimonial ni escalafonario ni pérdida o minusvaloración de medio de defensa alguno; f) parte de la demora es imputable a la amparista; y g) el Código penal es aplicable al sub examine sólo en forma supletoria La magistrada de primer grado hizo lugar al amparo. Para así decidir, sostuvo, suscintamente, con sustento en el art. 41 del Estatuto del Docente y el art. 28 del decreto 3360/68, que se operó la prescripción respecto de cualquier hec ho o conducta por el plazo de cinco años, debiendo abstenerse la demandada de reabrir nuevos sumarios contra la actora por los hechos a cuyo respecto se decretó la prescripción. Contra esta sentencia, se alza la parte accionada a tenor de los argumentos que expone en su memorial obrante a fs. 146/151. II.- Toda vez que al contestar el traslado del memorial, la parte actora solicitó que el recurso sea declarado desierto, por razones de orden, corresponde expedirse sobre ello en forma previa. Al respecto cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia han sido unánimes al establecer que, ante la gravedad de la sanción impuesta por el artículo 237 CCAyT -de aplicación supletoria al presente caso en virtud del artículo 17 de la ley 16.986-, corresponde efectuar una interpretación razonablemente flexible y libre de rigor formal con relación a la fundamentación del recurso, lo cual conduce a admitir su validez en cuanto la presentación respectiva reúna al menos un mínimo de suficiencia técnica (esta Sala, in re "F ernández, Lucía Nélida c/ G.C.B.A.-Secretaría de Educación s/ Amparo", expte. nº 163/00; "Fridman, Silvia Beatriz y otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo, expte. nº 15/00, entre otros antecedentes). La aplicación de tales pautas lleva a desestimar el pedido formulado. Corresponde conocer, en consecuencia, sobre el thema decidendum propuesto a conocimiento del Tribunal. III.- La recurrente se agravió de que: a) la jueza omitió expedirse acerca de la improcedencia de la vía del amparo; b) conforme lo solicitado por la actora en su demanda, la presente se encuadra en una acción meramente declarativa; c) no se operó la extinción de la acción disciplinaria y d) no se produjo la caducidad de la acción por el vencimiento de los plazos para sustanciar el sumario. IV.- Con respecto al primero de los agravios, esto es, la omisión de la jueza respecto de la improcedencia de la vía del amparo, cabe recordar que el art. 248 del CCAyT establece que "El tribunal puede decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera insta ncia, aunque no se haya pedido aclaratoria, siempre que se solicite el respectivo pronunciamiento al expresar agravios". En consecuencia, cabe adentrarse en el análisis de el planteo efectuado. Al respecto corresponde ponderar que -tal como lo ha señalado anteriormente este Tribunal- la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías resulte del acto u omisión de la autoridad púb lica en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747). Sin embargo, no por ello puede calificarse al amparo como una acción excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las características y efectos que prevén los textos constitucionales. Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione -en forma actual o inminente- una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o garantías constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo" (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228). Así, teniendo en cuenta que en el presente caso la actora funda la acción en la falta de resolución del sumario que se le inició hace más de cinco años (cuatro al momento de interponer la acción), circunstancia que llevó a la separación de su cargo y, consecuentemente, importó el ejercicio de otras funciones que no son las que le corresponden -conducta que considera arbitraria e ilegítima- por vulnerar su derecho a trabajar, al debido proceso y a la seguridad jurídica, corresponde concluir que el cauce procesal escogido resulta procedente. En consecuencia, el primero de los agravios debe ser desestimado, admitiéndose la vía del amparo para tramitar el debate sustanciado en autos. V.- Con referencia al agravio identificado con la letra b), es dable señalar que si bien al expresar agravios, la demandada sostiene que "dado que la pretensión es de carácter declarativo, es evidente que no es el amparo el medio judicial más idóneo, sino la acción prevista en el artículo 277 del CCAyT" (sic. fs. 148, párrafo 3º), lo cierto es que al producir el informe del art. 8º de la ley 16.986, sólo alegó que no se verificaba en la especie ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en su actuación que habilite la procedencia de la acción de amparo. Así pues, la existencia de otro medio judicial más idóneo resulta una cuestión introducida recién en esta instancia, motivo por el cual no puede ser materia de análisis -a diferencia de lo que ocurre con respecto a la existenc ia de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta con sustento en la violación del derecho a trabajar, a la seguridad jurídica y al debido proceso, conforme lo expuesto en el punto III de la presente-, ya que ello importa modificar el fundamento vertido en la primera instancia para solicitar el rechazo de la vía del amparo. Vale señalar que el tribunal de segunda instancia no puede entender sobre aquellas cuestiones que no fueron oportunamente sometidas a conocimiento de la instancia anterior, por lo que el análisis de las alegaciones vertidas por el recurrente en su memorial excede el thema decidendum de este Tribunal (esta Sala, in re "GCBA c/ Cons. Prop. Acevedo 679 s/ Ejecución Fiscal", del 6/2/03). En efecto, el estudio del planteo formulado por la accionada violaría la garantía de defensa en juicio de la amparista (art. 18 CN y 13 inc. 3 CCABA) -al emitir un pronunciamiento judicial sin que haya existido una actuación oportuna de la parte interesada-, con mengua de la igualdad ante la ley (arts. 16 CN, 11 CCA BA y 27 inc. 5 CCAyT). VI.- Despejadas las cuestiones formales, cabe adentrarse a la prescripción. Para ello, corresponde diferenciar entre el expediente administrativo nº 57.015/00 (sumario nº 579/00) y el nº 34.348/03 (sumario nº 669/03). El art. 28 del decreto 3360/68 expresamente dispone que "Ningún agente municipal podrá ser sometido a sumario:...b) En los casos de meras faltas administrativas que no constituyen, a su vez, delitos, luego de transcurridos 5 años a partir del momento de su comisión". Por su parte, el art. 41 de la Ordenanza nº 40.593 (Estatuto del Docente) establece que "La acción disciplinaria se extinguirá por fallecimiento del responsable o por el transcurso de cinco (5) años a contar de la fecha de comisión de la falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado el pertinente sumario, ello sin perjuicio del derecho de la Administración Municipal de reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la falta cometida". Así pues, tal como señala la señora Fiscal de Cám ara en su dictamen, la interpretación armónica de ambos preceptos impone que la prescripción opera a los cinco años de la fecha de comisión de la falta, siempre que no se hubiera iniciado el sumario administrativo (énfasis agregado), circunstancia que -como se verá- no se verifica en la especie. En efecto, refiriéndonos exclusivamente al expediente administrativo nº 57.015/00 , corresponde señalar que, de dichas actuaciones, se desprende que la denuncia que da origen al sumario nº 579/00 data del día 24 de mayo de 2000 (cf. fs. 02 del expediente administrativo nº 57.015). Dicha presentación menciona sendas fechas en las que aparentemente se habrían producido los hechos que dieron origen a estos actuados, siendo la más antigua el 21 de febrero de 2000. En efecto, a fs. 06 de la actuación citada, se expone que la profesora Mónica Paone "Se desempeña como maestra de grupo escolar a cargo del Nivel Inicial desde el 21/02/2000. Desde su ingreso presencia situaciones conflictivas. Por ej. En lo referido a la asigna ción de salones". Así pues, sin perjuicio de que lo manifestado pueda o no dar lugar a una sanción disciplinaria, lo cierto es que dicha fecha es la que corresponde tomar como punto de partida a los fines del cálculo de la prescripción. Ahora bien, a fs. 212 del expediente administrativo nº 57.015, se observa que la resolución nº 1430/2000 por la cual el Secretario de Educación ordenó instruir sumario a la amparista, data del 13 de septiembre de 2000. En consecuencia, entre el 21 de febrero de 2000 y el 13 de setiembre del mismo año no transcurrieron cinco años y, por ello, la acción no está prescripta, toda vez que la última fecha enunciada corresponde al inicio del sumario administrativo, hecho que -conforme lo manifestado en los párrafos precedentes- interrumpe el plazo de prescripción. En el orden nacional, la jurisprudencia confirma esta postura al decir que "La acción disciplinaria no está prescripta si el inicio del sumario administrativo interrumpió el curso del plazo (art. 38, ley 22.140; art. 38, in c. 1, decreto 1797/80...)" (Cám. Nac. de Apel. en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala III, 6/11/90, "Carrizo Eduardo c/ Universidad de Buenos Aires, LL 1991-C, 256). Con sustento en lo expuesto, no puede tenerse por configurada la prescripción de la acción disciplinaria que dio lugar al sumario nº 579/00 . VII.- Con respecto a la caducidad del procedimiento sumarial, ante todo, cabe describir el marco normativo que resulta aplicable. El artículo 23 del decreto nº 3360/68 (Reglamento de Sumarios Administrativos), dispone expresamente que "Fíjase para la sustanciación de los sumarios el término de sesenta días hábiles". A ello, agrega que "Mediante pedido fundado y elevado con prudente antelación por el instructor, la Dirección de Sumarios podrá ampliar el plazo por treinta días hábiles más. Si razones especiales exigieran la prolongación de dicho período, deberá solicitarse la autorización pertinente a quien dispuso la instrucción, sin que ello implique la interrupción del trámite sumarial". La norma, p ues, establece, por un lado, la regla general (sustanciación del sumario dentro del plazo de sesenta días hábiles) y, por el otro, las excepciones, es decir, la posibilidad de ampliar el plazo de sustanciación. Tales excepciones son dos, a saber: 1) ampliación por treinta días hábiles más, siempre que el pedido esté fundado y la elevación de dicho pedido a la Dirección de Sumarios se haya realizado con prudente antelación; y 2) una prolongación de plazo posterior a los noventa días hábiles (el plazo general de sesenta días y los treinta días de la primera ampliación) cuando existieran razones especiales que así lo ameriten, mediante la debida autorización al órgano competente que dispuso la instrucción del sumario. Ahora bien, de la documental agregada a la causa (fs. 478 vta., 24/02/04) surge que se solicitó la ampliación de los plazos de sustanciación. Empero, no se dio cumplimiento a las exigencias impuestas por el artículo citado, toda vez que la prórroga fue requerida a casi cuatro años de iniciado el pr oceso sumarial, en clara contravención a los plazos impuestos por el art. 23 del decreto nº 3360/68. A lo expuesto debe agregarse que el pedido fue endeblemente fundado ya que sólo alude a encontrarse pendiente actuaciones esenciales para la resolución de la causa; más precisamente, "el decreto y la declaración indagatoria de la docente imputada". VIII.- Sentado lo precedemente expuesto, cabe adentrarse a las constancias del expediente. De ellas se desprende que el sumario tuvo origen en una presentación efectuada por sendos docentes de la Escuela de Educación Especial nº 14, del D.E. nº 3 "Constancio C. Vigil", contra la actora, con fecha 24 de mayo de 2000, sin que a la fecha de inicio del presente expediente (29/11/2004 -fs. 9 vta.) se hubiera concluido con aquél. Es más, del análisis del expediente administrativo, se observa que existen considerables lapsos de tiempo sin que dichas actuaciones hallan tenido movimiento alguno por parte de las autoridades administrativas (vid. fs. 243 -paralizado desde el 2 8/05/01 al 04/09/01; fs. 403 -sin movimiento desde el 20/08/02 al 08/11/02-; fs. 407/409 -paralizado desde 24/05/02 al 02/09/02; sin perjuicio de los sendos casos en donde para pasar de una oficina a otra se han demorado aproximadamente un mes). Ello resulta demostrativo de que no han sido las características altamente técnicas o la complejidad de las cuestiones sometidas a la investigación sumarial, tampoco las presentaciones efectuadas por la propia sumariada, las que dieron lugar a las demoras observadas en la tramitación de las actuaciones administrativas, sino más bien la falta de diligencia de los funcionarios encargados de adoptar la decisión que correspondiera. Así pues, atento la omisión y la negligencia de la administración, que derivó en la falta de una decisión respecto del fondo del sumario dentro de pautas temporales razonables, cabe concluir que le asiste la razón a la recurrente y, en consecuencia, atento la perención del procedimiento, debe ordenarse el archivo de las actuaciones (doctrina ar t. 23, decreto nº 3360/68). X.- Finalizado el análisis respecto de las actuaciones administrativas nº 57.015/00, corresponde, seguidamente, adentrarse al análisis del expediente administrativo nº 34.348/03 (suamrio nº 669/03). Al respecto, cabe señalar que, más allá de desentrañar si las denuncias que dieron lugar a este nuevo sumario fueron objeto de investigación en el expediente nº 57.015/00, corresponde destacar que la conclusión a la que se arribó en la precitada causa debe hacerse extensiva a la presente en lo que respecta a la caducidad del procedimiento. En efecto, la resolución que ordena instruir el sumario (obrante a fs. 17 del expediente administrativo nº 34.348/03) data del 7 de noviembre de 2003 y se designó instructor sumariante el 24 de noviembre de 2003 (fs. 18), quien recibió el expediente el 26 de noviembre (fs. 18 vta.). El sumariante gozó de licencia ordinaria desde el 5 al 30 de enero de 2004 (fs. 19). Cabe destacar que durante el mes de diciembre de 2003 el expediente no tuvo movimiento . Si bien el reintegro a las tareas ocurrió el día 2 de febrero de 2004 (fs. 19 vta.), no produjo ningún impulso hasta el día 18 de febrero (fs. 20), donde se ordenó librar oficio a la Escuela de Educación Especial Nª 14 a fin de que brinde datos sobre los denunciantes. La nota nº 1694/PG/2004 -fechada el día 1 de marzo (fs. 22)-, fue recibida por la Secretaría de Educación el día 8 de marzo. La respuesta de la institución fechada el 24 de marzo (fs. 23) fue recibida el 25 de marzo por la Dirección del Área de Educación Especial y remitida el 29 de marzo a la Secretaría de Educación (fs. 24). Este último organismo giró a la Procuración la respuesta con fecha 1 de abril, día en que fue también recibida por la Dirección de Sumarios (fs. 24 vta.) y agregada al expediente el 6 de abril. Empero, fue recién el día 16 de ese mes que el instructor del sumario dictó la providencia que ordena citar a prestar declaración testimonial fijando como fechas de audiencias los días 6 y 7 de mayo (fs. 25). Si bien las declaraci ones fueron tomadas en las fechas indicadas, recién el día 11 de junio se citó a la amparista a prestar declaración indagatoria, empero no se determinó el día de la audiencia (fs. 32), aunque sí se libraron las notas solicitando los antecedentes y el concepto de la denunciada (fs. 32 vta.), las que tienen fecha 15 de junio (fs. 37 y 39). A fs. 35 y con fecha 18 de junio, se fijó el 7 de julio como día para tomar declaración indagatoria a la denunciada. En esa misma fecha se remitió el concepto requerido (fs. 38) y el 1 de julio se remitió la información completa de los antecedentes de la sumariada (fs. 43), datos que fueron recepcionados en la Dirección de Sumarios de la Procuración General el 8 de julio (fs. 43 vta.). Así pues, recién el 12 de julio se presenta en las actuaciones administrativas por primera vez, la aquí amparista (fs. 44/45), oponiéndose a la reapertura del sumario. Es dable destacar que, si bien el sumario siguió tramitándose hasta que se notificó la medida cautelar de fecha 7 de diciembre de 2004 dispuesta en la instancia de grado, lo cierto es que, al 12 de julio de dicho año, esto es, a más de ocho meses de iniciado el proceso sumarial y sin que se haya pedido fundadamente - a dicha fecha- la prórroga de los plazos, el sumario no había concluido. A ello debe agregarse que no puede imputarse la demora en la tramitación del expediente a la denunciada, toda vez que su primera intervención en las actuaciones data precisamente del 12 de julio. Esta Alzada no deja de advertir que, a fs. 48, el instructor solicitó la ampliación de los plazos (con fecha 30/08/2004) por encontrarse pendiente de producción sendas diligencias. Empero, más allá de que nada dice acerca de las causas del retardo, los términos ya se encontraban vencidos en exceso y las actuaciones que faltan producirse demuestran acabadamente que desde el inicio del sumario fue escasa la actividad desplegada por el sumariante, tendiente a crear su convicción acerca de las conductas imputadas a la docente denunciada. En consecuencia, habién dose vencido holgadamente los plazos procesales para la instrucción del sumario, sin que éste haya sido resuelto y sin que se haya fundado debidamente y en término la prórroga del mismo, corresponde declarar caduco el sumario nº 669/03. XI.- En virtud de las consideraciones vertidas y la forma en que se resuelve, las costas de la Alzada se imponen a la demandada vencida. AMPLIACION DE FUNDAMENTOS DEL DR. ESTEBAN CENTANARO I.- Adhiero a la decisión propiciada por el Dr. Carlos Balbín en el voto que antecede. II.- Empero, considero necesario resaltar que la admisión de la pretensión amparista encuentra sustento, además, en las normas establecidas en los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN). En efecto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su art. 18 que "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente", tal como ocurre con el derecho al debido proceso y a trabajar de la amparista. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ..." (énfasis agregado). En el caso que nos ocupa, vale señalar que el deber temporal impuesto por la norma no ha sido cumplido si se tiene en cuenta, el holgado lapso que la accionante ha estado sometida al proceso sumario, en claro desconocimiento de los plazos legales vigentes (art. 8). De la misma manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, determina que toda persona acusada de un delito, tiene derecho a ser juzgada "sin dilaciones indebidas". En consecuencia, la observancia de las normas nacionales, locales e internacionales obligan a hacer lugar al amparo impetrado, declarando la perención de los suma rios incoados contra la actora. DISIDENCIA DEL DR. HORACIO G. CORTI: I.- Adhiero al relato de los hechos y constancias de la causa efectuado en el considerando I.- del voto de la mayoría. II.- Sentado ello, considero necesario expedirme, ante todo, sobre la procedencia de la vía del amparo, toda vez que constituye uno de los agravios vertidos expresamente por la parte demandada. III.- Este Tribunal ha señalado anteriormente que el examen de admisibilidad de la acción consiste en la verificación previa de los recaudos pertinentes, sin que resulte menester para ello juzgar sobre la procedencia sustancial de la pretensión y, a su vez, permite desestimarla ante la constatación de defectos ostensibles (esta Sala, in re "Vera, Miguel A. c/ G.C.B.A. s/ Amparo", expte. nº 51/00). En ese orden de ideas, esta Cámara puntualizó que el examen de admisibilidad debe efectuarse a la luz de los presupuestos exigidos por las normas aplicables y que condicionan la procedencia, en particular, de la vía procesal escogida. Sobre el último aspecto enunciado, este Tribunal ha dicho que la idoneidad del cauce procesal del amparo concurre siempre que la situación traída a juicio (acto u omisión de una autoridad pública o de un particular) resulte susceptible de ser calificada como manifiestamente ilegal o arbitraria y, asimismo, ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza -actual o inminente- de los derechos y/o garantías constitucionales o legales a los que se refieren los arts. 43 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (esta Sala, in re "J.C. Taxi S.R.L. c/ G.C.B.A. -Dir. Gral. de Educación Vial y Licencias s/ Amparo", del 4/12/00). Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional requiere que la lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de amplio de bate y prueba (Fallos, 306:1253; 307:747; en igual sentido esta Sala, in re "Cheetman, Alicia c/ Secretaría de Educación s/ Amparo, expte. nº 17/00). En efecto, es necesario "...que aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de la cuestión..." a otros procedimientos judiciales (C.S.J.N.; Fallos, 241:291;280:228). En consecuencia, la idoneidad de la vía debe determinarse en cada caso en función de las características propias que aquéllos presenten. IV. La aplicación del criterio expuesto al caso examinado, conduce a concluir que, en este caso particular, la vía del amparo no es idónea. Ello así pues, conforme lo adelantado precedentemente, la idoneidad del amparo, como garantía de protección de los derechos y garantías, dependerá de diversas características propias de la cuestión debatida. En tal entendimiento, debe señalarse que, en autos, se encu entra ausente uno de los presupuestos esenciales para la procedencia del amparo, esto es, la posibilidad de resolver la cuestión sin necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos que conforman la materia debatida (es decir, un amplio debate), toda vez que no surge de manera palmaria que le asista la razón a alguna de las partes. La circunstancia descripta impide admitir la sumarísima vía procesal escogida como medio para dirimir la contienda suscitada y torna necesario acudir a un proceso de conocimiento pleno. Además, debe destacarse que la accionante no ha podido demostrar que no existen otros remedios procesales aptos para instar el resguardo de los derechos que se dicen conculcados -vgr. amparo por mora, pronto despacho, recurso de queja por incumplimiento de los plazos ajenos al trámite de recursos-. Lo expuesto resulta sumamente importante para dar fuerza a la conclusión adelantada. V.- Por lo expuesto, entiendo que el amparo debe ser rechazado. Por todo lo expuesto y oída la Señora Fiscal de C ámara, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación. 2) Declarar operada la caducidad de los sumarios identificados con los nº 579/00 y 669/03. 3) Imponer las costas de la Alzada a la demandada vencida (arts. 62, CCAyT; 14 y 17, ley nº 16.986). Devuélvase. Notifíquese a la Señora Fiscal de Cámara en su despacho. Encomiéndase la notificación al juzgado de origen, conjuntamente con la providencia que haga saber la devolución de los autos.- Carlos F. Balbín Horacio G. A. Corti (en disidencia) Esteban Centanaro