marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Jubilación por invalidez, incapacidad laboral
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BENITEZ, JOSE MARIA c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-12

Los accidentes cardiovasculares, muchas veces fatales, es público y notorio que le ocurren con frecuencia a personas que se suponían sanas, ignorantes por completo de padecer afecciones con dicho riesgo y, en tales circunstancias, es recién a partir de ese momento - después del accidente- que están en condiciones de considerarse incapacitadas aunque su desarrollo hubiera requerido un prolongado período.
Facultades de la administración, sanciones administrativas, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Carrefour Argentina S.A. c/ Secretaría de Industria Com. y Minería Disp. DNCI. 162/98
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-21

La C.S.J.N., sólo ha reconocido la posibilidad de que la administración aplique sanciones, siempre que la ley así lo autorice y que las decisiones respectivas se encuentran sujetas a "control judicial suficiente" (Fallos: 171:366; 193:408; 198:79; 201:428;

207:90 y 165; 202:524; conf. Sala I del fuero, in re: "Banco Regional del Norte", del 28/9/84).
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Infante, Lorenzo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Ferreyra Argañaraz, María Esther c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Panelli, Eduardo c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Blanco, Carlos Alberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Gut, Edmundo Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18|1993-03-12|1997-04-08|1996-08-20|2000-06-28

La correlación de cargos en materia de reajuste de beneficios, cuyo origen radica en la movilidad implantada a partir de la sanción de la ley 6003, constituye un sistema tendiente a la actualización de haberes para los casos en que se presentan dificultades en la individualización del cargo presupuestario por cambio o supresión de denominaciones o de funciones, pudiendo estimarse que el criterio rector adoptado por la ley es el de llegar a una equiparación con las actuales funciones, iguales o similares a las de mayor jerarquía que fueron desempeñadas por el jubilado. La movilidad de haberes y la mentada correlación reciben sustento del principio de proporcionalidad, entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo, tenido en cuenta para la determinación del haber.
Alimentos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.J.C. c/ O.F. s/ Alimentos M.de M., S. M. c/ M., J. R. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-17|1996-04-23

La condena en costas al alimentante resulta procedente aún en el supuesto que medie un convenio entre las partes, ya que no es de aplicación el art. 71 ni el 73 del Código Procesal.-
Prueba, hábeas data, banco de datos personales, carga de la prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Lascano Quintana, Guillermo Víctor c/ Veraz S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-06

Se sostiene válidamente la sentencia que concluye en la ilegitimidad del entrecruzamiento de datos, ya que este proceder debe ser justificado por aquel que aprovecha económicamente de una actividad como la recolección, almacenamiento y venta de datos ajenos, sobre quien al menos debiera pesar la carga de dar cuenta concreta y acabadamente de la finalidad y particular forma del registro (Disidencia de los Dres. Julio S. Nazareno, Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de casación, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CORIA JOSE BENJAMIN c/ YUNES ALDO Y OTROS S/ DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO, ETC. s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-21

Para que un nuevo estudio de la prueba sea factible , la arbitrariedad en la valoración de la misma por los jueces, además de ser manifiesta, debe estar perfectamente alegada y demostrada.
Recurso de inconstitucionalidad, inundación, daño, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: MAZZINI, FRANCISCO Y OTROS c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-02-09

Asiste razón a la recurrente cuando le endilga a la Alzada soslayar a los efectos del análisis causal la incidencia territorial de la Provincia de Santa Fe en la cuenca; el método de supresión mental hipotética al efecto de preguntarse qué hubiera sucedido con la excedencia hídrica del período híper húmedo sin los canales Aarón Castellanos y el de la Ruta Nacional N° 7 a los fines de evaluar el grado de incidencia causal de los mismos; la intervención del factor climatológico y en particular el régimen pluviométrico en el período y las condiciones de los campos de los actores situados en la parte baja de la planicie con pobre impermeabilización; y la incidencia causal de los canales clandestinos; dado que la ausencia de la ponderación de las cuestiones mencionadas, a la luz de la doctrina de la responsabilidad del Estado por actividad lícita, revestía singular importancia en la medida en que, cuanto menos, podrían haber incidido en la ruptura parcial del nexo causal. (Del voto del Dr. Falistocco. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Netri)
Competencia, desplazamiento de la competencia, concursos, domicilio legal, domicilio del deudor
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Curi Hnos. S.A. s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-06

Sólo en supuestos excepcionales, cede el principio del domicilio legal actual como determinante de la competencia, y ello si se advierte que se puede configurar el supuesto de la creación de un domicilio ficticio, que altere el acceso regular de los acreedores al procedimiento para la defensa de sus derechos. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prenda, ejecución prendaria, obligaciones de dar cantidades de cosas, actualización monetaria, cláusula de actualización, convertibilidad, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: AUTOLATINA ARGENTINA S.A. DE AHORRO P/ FINES DETERMINADOS c/ ARISTO, WALTER s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-16

Se trata de un deuda de valor, aquélla en la que contractualmente se pactó un mecanismo de actualización de la deuda garantizada prendariamente, referido a la mutación del precio en plaza de un vehículo de la clase de aquél cuyo saldo de precio de venta constituye dicha deuda. La Ley 23928, al prohibir los mecanismos indexatorios, procuró conjurar los perniciosos efectos del por entonces proliferante "valorismo" aplicado indiscriminadamente a las deudas de dinero; instrumentó desde este punto de vista un retorno al régimen clásico del derecho privado nacional. Pero en este régimen, nunca había resultado dudosa la posibilidad, por principio, de corregir los importes nominales para reparar la depreciación monetaria, tratándose de deudas de valor; de donde una interpretación finalista de la citada norma legal fuerza la conclusión sistemática de que estas deudas -las de valor- se encuentran excluidas de su régimen. Por tanto, procede el ajuste conforme las pautas previstas en el contrato prendario, hasta el efectivo pago; dado que el temperamento habitualmente seguido en el caso de deudas de valor considerando que se convierten en dinerarias al momento de la sentencia es propio de los procesos de cognición plena.
Contestación de la demanda, confirmación del acto jurídico, modificación de la tasa de interés, reducción de oficio, enriquecimiento sin causa, tarjeta de crédito, impugnación del resumen de cuentas, falta de impugnación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Caja de Ahorro S.A. c/ Arana, Martha Ofelia y otra s/ Ordinario otra s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2000-03-01

El consentimiento o la tolerancia de las tasas de interés al tiempo de contratar una tarjeta de crédito por la demandada, carece de relevancia constituyendo la falta de impugnación previa un elemento no esencial para definir el litigio, ni adviene como extremo ponderable para adjudicar a cada uno lo suyo, correspondiendo a los jueces reducir la tasa de interés, morigerando los intereses al inicio de la deuda cuando estos resulten excesivos y provoquen un enriquecimiento indebido al acreedor frente a la ausencia de justificación económica, ya que nada contrario al orden público y a las buenas costumbres puede tener amparo judicial, siendo de aplicación las reglas establecidas en los artículos 656, 953 y concordantes del Código Civil, más como en el caso de autos ante la situación procedimental de haber la parte actora confirmado la morigeración de la tasa de interés por excesiva, en la contestación de la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, proceso penal, estafa procesal, delito continuo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: GUAZZARONI, ANDREA MARIANA c/  s/ ESTAFA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-28

Para revocar lo resuelto por el juez de grado en orden al sobreseimiento por prescripción, la Alzada entendió que el delito atribuido -Estafa procesal- podría revelar una modalidad continuada y, teniendo presente que entre los últimos actos ejecutivos y el primer llamado a indagatoria no había transcurrido el término de prescripción, concluyó que la acción penal no había perdido vitalidad; argumentación que podrá ser o no compartida, pero que en modo alguno descalifica lo decidido desde la óptica constitucional, ya que la recurrente con sus alegaciones no logra perfilar un supuesto de arbitrariedad, al no demostrar -ni advertirse- exceso en el razonamiento sentencial; ni que otra solución se impusiera. (De los fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Facultades del juez, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: De Almeida, Manuel y Carreño, María del Carmen c/ Bernatta, Javier Adrián y otra s/ Incumplimiento de contrato de compraventa y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-29

Los jueces tienen facultades de morigerar la tasa de interés convenida en los negocios privados cuando fuere abusiva, usuario o confiscatoria, solución adoptada por numerosa jurisprudencia con base en lo preceptuado por los arts. 21, 953, 1071 y conc. del Código Civil y, en su caso, de lo normado por el art. 37 de la ley 24.240. Ello pues la obligación del deudor no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres. Mas ello no habilita a establecer pautas fijadas en materia de intereses con abstracción de las circunstancias concretadas de cada caso.(doctor de Lázzari, sin disidencia) Fuente del sumario: OFICIAL
Reincidencia, recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: CERDAS RIVAS. s/ RECURSO    APELACION    MAL   CONCEDIDO.  DECLARACION.  REINCIDENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-19

Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación contra el dispositivo que declara reincidente al procesado.

La condición de reincidente no es tema de decisión específica de la sentencia, trátase solamente de una situación relacionada con el cumplimiento de una condena anterior que sólo dadas determinadas condiciones eventualmente influiría en la negativa a una liberación anticipada o podrá tenérsela en cuenta para graduar la pena y así, su inútil formulación en el fallo, en tanto que estéril en resultados, no causa agravio.
Domicilio, domicilio constituido, cambio de domicilio, notificación, domicilio real, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Nacional de Desarrollo c/ Rafaco  S.A. s/ Ejecución Prend. ($599.302.113.-)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-02

El domicilio de elección consignado en el contrato, adonde se dirigió la cédula, tiene por objeto precisamente constituir un centro de recepción de los actos procesales.

Del proceso no surge que el nuevo domicilio de la ejecutada haya sido comunicado fehacientemente a la otra parte para que produzca efectos respecto del contrato. Advirtiéndose que el cambio que dicha parte invoca se refiere, en realidad, al domicilio real. Y como éste puede no coincidir con el convencional resulta también irrelevante la circunstancia alegada de que su modificación haya sido conocida por la ejecutante. Ello así, estando subsistente el referido domicilio de elección, la nulidad impetrada no podía ser admitida.
Proceso penal, plazos procesales
Materia: PENAL
Carátula: ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS s/ Recurso de queja por apelación denegada Causa 35664
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-30

1- El Código Procesal Penal determina que los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley (art. 163).- 2- La suspensión de los términos no se contempla por la ley de formas en materia penal, lo que no implica que esto no pueda ser admitido, a partir de las previsiones del art. 157 del C.P.C. y C.

de aplicación supletoria en casos de vacíos legales.- 3- Si bien cabe al juzgador la posibilidad de suspender los términos, la medida debe encontrar sustento en circunstancias de fuerza mayor o causas graves que hagan posible la realización del acto o la utilización del plazo y la adopción de ese temperamento debe ser notificada a las partes con la inmediatez que se exige por aquella naturaleza excepcional (art. 142 C.P.P.).- 4- Los plazos no pueden comenzar a correr a partir de una fecha diferente de la de su notificación (art. 161 C.P.P.), y si se pretende que sean computables desde determinada fecha, deben adoptarse los recaudos para imponer esto con la urgencia y el tiempo necesario para que no se torne ilusorio el término conferido.
Representación procesal, querella, poder
Materia: PROCESAL
Carátula: NEME RODOLFO MARIO s/ INJURIAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-08-31

La iniciación de una causa de estas características -acción de instancia privada- en representación de otra persona exige el cumplimiento estricto de los recaudos legales, en razón de las responsabilidades que la querella genera. El criterio rector para juzgar si el poder otorgado al letrado del querellante es suficiente para representarlo en juicio, reside en que de dicho instrumento resulte clara la voluntad del particularmente ofendido en el sentido de querellar a determinada persona -en el caso, por el delito de injurias- y por determinados hechos.
Relación de dependencia, legitimación procesal, concubinato, prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Almirón, Emma c/ Jorge Casañas s/ Indemnización por Accidente Fatal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-10-20

Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del a-quo que desestima la excepción de falta de legitimación activa y la condena al pago de la indemnización reclamada. Ello así, ya que en la especie se encuentra acreditado en grado de verosimilitud el extremo fáctico exigido por la Ley 18037, artículo 38, inc.1), para que la actora pueda reputarse legitimada para promover esta acción resarcitoria por el accidente de trabajo en el que perdería la vida el trabajador, por haber vivido con el causante, en forma pública y en aparente matrimonio, por un término superior al mínimo del de dos años allí previsto. Ello surge de los dichos de los testigos valorados en forma conjunta, y no empece a dicha conclusión el testimonio del padre del trabajador causante, habida cuenta que por una presunta colisión de intereses de la actora (en razón de ser ambos eventuales beneficiarios no concurrentes de la indemnización) sus dichos no aparecen fortalecidos.
Intervención de terceros, impulso de parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Reiners Hector Daniel c/ MAPFRE Argentina Seguros SA s/ ordinario s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-06-01

Procede revocar la resolución que tuvo por desistida a la accionada de la citación del tercero que fuera ordenada en los términos del CPR 94; ello por cuanto, si bien la demandada no ha impulsado en tiempo y forma adecuados la citación por ella solicitada, lo cierto es que antes de que las actuaciones fueran elevadas a la Alzada la citación fue concretada y el tercero se presentó en efectuando el responde de rigor. Cabe referir, en primer lugar, que la legislación adjetiva no establece sanción específica alguna para la parte que, habiendo peticionado la intervención coactiva de un tercero, omite impulsar su citación. Para salvar ese vacío legal y evitar un estancamiento del proceso derivado de una inactividad del citante, el juez puede fijar un plazo razonable para que se concreten las diligencias pertinentes de anoticiamiento del tercero, bajo apercibimiento de prescindir de su intervención (conf. CNCom, Sala A, 10.5.11, "Bagnasco Walter Mario c/ Harbin SA y Otros s/ Ordinario"; íd., íd., 30.6.15, "Pobater SA c/ Energy Pia Group SA s/ Ordinario").
Decomiso, contrabando, sentencia arbitraria, debido proceso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Schennovalt, Lorenzo Mario c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-29

La disidencia parcial sostuvo que la decisión impugnada en lo referente al decomiso del automotor individualizado, que conducía el imputado al momento del hecho, no se encuentra motivada conforme los parámetros que establecen los artículos 123 y 404 del CPPN. pues la titularidad registral corresponde a un tercero ajeno al proceso, que no tuvo participación alguna en todo el proceso. El art. 876. 1. b. dispone "el comiso del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso determinaren que no podía conocer tal empleo ilícito". Es decir, el sentenciante afirmó aquello que no fue materia del debate oral, ni existió actividad probatoria en ese sentido. Así, el bien mueble registrable en cuestión, de ningún modo puede ser objeto de decomiso por ser del dominio de un tercero al cual no se le puede vulnerar el derecho de propiedad por actos ilícitos cometidos por otra persona, y al mismo tiempo, se constata una violación al debido proceso. Dr. Ledesma -en disidencia parcial-
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Zoppi, Jorge D. y otros c/ Poder Judicial de la Pcia. de Buenos Aires s/ ejecutivo (cobro de alquileres).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-26

Es admisible la prórroga de la competencia originaria de la Corte a favor de la jurisdicción provincial, si por ella optaren las partes expresa o tácitamente.
Daños y perjuicios, servicios eléctricos, EDENOR, daño por vicio o riesgo de la cosa, daño a un transeúnte
Materia: CIVIL
Carátula: MUÑOZ, Alberto Ismael y otro c/ EDENOR S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-31

La responsabilidad de la prestataria del servicio eléctrico - EDENOR S.A.-, por la muerte de una persona en la vía pública por electrocución, no nace sólo del carácter de propietaria de las instalaciones, sino también de la obligación de supervisión que resulta inherente a su actividad, la cual le exige ejercer una razonable y concienzuda vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona, para evitar consecuencias dañosas a terceros.-
Recurso de apelación (procesal), providencia simple
Materia: PROCESAL
Carátula: Gutierrez, Juan Carmelo c/ Poder Ejecutivo de la Provincia de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1984-11-26

Es formalmente improcedente el recurso de apelación interpuesto contra una providencia simple por no compadecerse con la naturaleza del mismo, y ser contrario a los artículos 238 y 273 del Código Procesal, aplicables al caso subsidiariamente. (Bertolini: Según su fundamento.)
Tenencia ilegítima de armas, concurso aparente de leyes
Materia: PENAL
Carátula: LANCHE, ALBERTO Y KOPP, CECILIO s/ PRESUNTO DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COMUN
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-26

Es irrelevante considerar la tenencia de arma de guerra cuando el acto material constitutivo del ilícito definido en el art. 189 bis del C.P., coincide temporal y especialmente, con la circunstancia calificante de otro delito.
Representación procesal, sociedad anónima, personas jurídicas
Materia: PROCESAL
Carátula: SCIUTTO, NESTOR c/ SU ALIMENTACIÓN S.A. s/ IND. POR MATRIMONIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

La ley 10996 mantiene plena vigencia y establece que la representación en juicio puede ser ejercida por abogados, procuradores o escribanos que no ejerzan la profesión de tales. A esta directriz cabe reconocerle dos excepciones: a) que la representación de las sociedades anónimas corresponde al presidente del directorio (art. 268 de la ley 19550) y b) que la ley 18345 en su art. 35, y art. 10 del decreto reglamentario nº 1169/96 se establece que la persona de existencia ideal podrá ser representada por sus representantes legales o por directores, socios, administradores, gerentes o empleados superiores, con poder suficiente. En todos los casos no corresponde que se aplique analógicamente el art. 47 del CPCCN pues sólo los procuradores o abogados pueden acreditar su personalidad con copia íntegra del poder general firmado por el letrado. (Del dictamen de la Fiscal adjunta nº 24681 27/9/02, al que adhiere la Sala).
Constitución Nacional, constitucionalidad, inconstitucionalidad, ley nacional, obediencia debida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: INCONSTITUCIONALIDAD LEY 23521 s/ PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 23521
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-12

No es atendible el agravio atinente a la inconstitucionalidad de la ley 23.521.
Instrucción sumaria, flagrancia, excarcelación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: COLACIATTI, Fabio D. s/ adopción del art. 353 bis del C.P.P.N.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-26

Si el máximo de pena prevista para el delito no supera los ocho años de prisión la excarcelación resulta viable no obstante que el imputado registre una condena anterior, consecuencia de ello, al no corresponder el dictado de prisión preventiva procede el trámite del sumario conforme lo previsto por el art. 353 bis del C.P.M.P.
Litisconsorcio necesario, integración de la litis
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Salinas Ada Susana y Otra c/ Provincia de Entre Ríos s/ Indemnización de Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-06-29

El litisconsorcio necesario implica la existencia de una pretensión única, cuya característica esencial reside en la circunstancia de que sólo puede ser interpuesta por o frente a varios legitimados y no por o frente a alguno de ellos solamente, en virtud de la inescindibilidad de la relación jurídica sustancial. Media en tal caso una relación sustancial, única e indivisible, en cuya virtud se impone la actuación de todos los participantes, no debiendo omitirse la presencia de alguno de los legitimados pues el pronunciamiento sería de ejecución imposible.