Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-05


Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 4.664/13 "D.A.R. c/ Obra Social Unión Personal Civil de la Nación s/ amparo de salud" Buenos Aires, 5de junio de 2014.

Y VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 66/71, contra el pronunciamiento de fs. 60/61., concedido en relación a fs.72, y que no mereciera la réplica de la contraria, Y CONSIDERANDO:

I. El señor Juez de primera instancia declaró operada la caducidad de la instancia en las presentes actuaciones e impuso las costas a cargo de la actora vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora a fs. 66/71. Básicamente sostiene en su memorial que el a-quo empleó un criterio estricto para decretar la caducidad en un juicio que trata cuestiones de salud como así también que era deber del señor Juez ordenar la producción del informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986.

II. Ante todo, cabe señalar que el actor inició la presente acción de amparo contra la Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación a fin de que se le otorgara la cobertura integral de la medicación ILOPROST (VENTABIS) indicada por los médicos que lo asisten, en base a la enfermedad que padece (hipertensión pulmonar severa).

A fs. 42/42 vta. la obra social demandada requirió que, para dar cumplimiento a la medida cautelar decretada, resultaba necesario que el actor concurriera a la sede de Unión Personal con el resumen de historia clínica, la prescripción médica y el esquema terapéutico.

A fs. 46 vta. se desglosó la documentación original y consta su retiro por parte del letrado del actor.

Sin perjuicio de ello, el abogado patrocinante del actor, invocando el art. 48 del Código Procesal, manifestó que al 23 de septiembre de 2013 no se había dado cumplimiento a la manda dispuesta a fs. 28/29.

A fs. 48 el magistrado requirió al actor que indicara si había presentado ante la demandada la documentación por ella requerida y que en tal caso lo acreditara.

Finalmente, a fs. 49/50 vta. el señor A.R.D. ratificó lo actuado por su letrado patrocinante y en ese mismo escrito sostuvo que, efectivamente, desglosó la orden médica y la exhibió ante el doctor Oliva en la Dirección de Asuntos Legales de la Obra Social (v. fs. 49 vta., especialmente párrafo tercero).

Como respuesta a dicha presentación, la Secretaria del juzgado interviniente tuvo presente la ratificación efectuada y mantuvo lo ordenado a fs. 48.

A fs. 52/53 la Obra Social Unión Personal interpuso la cauducidad de instancia en las presentes actuaciones III. Expuesto este breve relato de los acontecimientos de la causa, cabe recordar, inicialmente, que el procedimiento de amparo debe servir principalmente al fin específico de la garantía constitucional, cual es la restitución inmediata de aquellos derechos lesionados. En este sentido, los tribunales, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación han ido interpretando las reglas procesales que se aplican a la acción de amparo teniendo en miras la necesidad de una rápida solución sin circunscribirse estrictamente a aspectos técnicos (Lazzarini,"El juicio de Amparo", pág. 323, La Ley 1988).

En síntesis, las formas procesales no pueden transformarse en medios que limiten o retaceen la esencia de garantía constitucional, por lo que deben ser dejados de lado si constituyen obstáculos para arribar a una sentencia verdaderamente protectora. Es que tratándose de una garantía constitucional (art. 43), reconocida a favor del particular, el régimen procedimental debe ser interpretado en consecuencia (Rivas, "El Amparo", págs. 458/459, Ed. La Rocca, 2003).

IV. Sentadas estas premisas, no es el actor el que tiene la carga de instar el procedimiento, más allá del papel relevante del magistrado en este tipo de procesos. Cabe destacar que el art. 17 de la ley 16.986 -que dispone que las normas procesales se aplican de manera supletoria a lo determinado en la ley de amparo-, no importa admitir institutos incompatibles con la naturaleza de la acción, como lo es sin duda el de la caducidad de instancia, cuya aplicación literal violaría, en principio, normas de orden superior que imponen el impulso procesal de oficio (esta Sala, causa 57/02 del 27.11.2003 y 384/06 del 27.03.2007).

Por otra parte, en lo que concierne al caso de autos, se da una situación particular, toda vez que no puede perderse de vista que al proveer la ratificación del actor a fs. 49/50, no se tuvo en cuenta lo allí manifestado en cuanto a la supuesta entrega de la documentación desglosada. Motivo por el cual, expuestas las razones por el señor R.A.D., ya no existía posibilidad alguna de que realizara actos procesales idóneos a fin de hacer avanzar el proceso judicial, puesto que el paso siguiente que debía darse en el expediente era que el magistrado o bien decidiera acerca del incumplimiento denunciado o bien corriera el traslado de la demanda impetrada.

Ninguna de las dos situaciones ocurrió.

Desde esa inteligencia, se advierte que corresponde REVOCAR la resolución apelada por considerar que al momento en que fue realizado el planteo por parte de la demandada a fs. 52/53 no se encontraba configurada la caducidad de instancia.

La conclusión precedente armoniza con la naturaleza y la finalidad del amparo ya señaladas y con su carácter expeditivo (conf. esta Sala, causa 57/02 citada).

Las costas se imponen en el orden causado, teniendo en cuenta lo novedoso de la cuestión resuelta (art. 68, segunda parte y 69 del Código Procesal) ASÍ SE DECIDE.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo-Graciela Medina-Guillermo Alberto Antelo