Indulto, procesado, personas privadas de la libertad, inconstitucionalidad, facultades del Poder Ejecutivo, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Palomino, Angel A. s/ Indulto
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-11

La facultad inserta en el artículo 86, inciso 6) de la C.N. no puede referirse a personas meramente procesadas, o sea a individuos con juicio abierto y en trámite ante el fuero penal, ya que por una interpretación gramatical, histórica o teleológica, dicha facultad está referida a la persona condenada en sede penal por sentencia firme, pues de lo contrario no serían perdonadas las penas ya aplicadas, sino la mera posibilidad de ponderar la factibilidad de su aplicación por vía de juicio previo que hace a la esencia de la garantía del debido proceso legal y la defensa en juicio.

Se trastoca el sistema asentado en la división y equilibrio de los tres poderes del Estado si se aceptara la facultad del P.E.N. de indultar a procesados, ya que conforme el Código Penal que es ley de la Nación, el indulto sólo extingue la pena y sus efectos (artículo 68), más no la acción que nace del delito, y si el Presidente de la República no puede conocer de causas pendientes (artículo 95 de la C.N. ), ni tampoco interferir en la tarea del Poder Judicial, va de suyo que el decreto que indulta a un procesado adolece del vicio evidente de mostrarse repugnante a la letra y al espíritu de aquellas normas.

"No hay en la Constitución Nacional, ni podría haberla en un estado de Derecho, la concesión ilimitada de facultades a sus Poderes y funcionarios, por lo que la atribución dada al Presidente de la Nación en el inciso 6), debe ser ejercitada, al igual que los restantes incisos del artículo 86, dentro de los límites inherentes a la naturaleza jurídica de cada instituto y a los establecidos por la supremacía de la Constitución y de las leyes que, en su consecuencia, se dicten (artículo 31 de la C.N. )." "En cuanto a los primeros, por ser el indulto un perdón dado en favor de una persona, resulta obvio que el destinatario de tal beneficio no debe ser un inocente, pues tal calidad es conceptualmente incompatible con la acción de perdonar. Si se advierte que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio de la presunción de inocencia, y que ésta sólo puede ser refutada por una sentencia condenatoria dictada a través del debido proceso, resulta prematuro, y por tanto extralimitado, el indulto otorgado a quien no ha sido condenado." La consecuencia del indulto es la condonación total de los efectos de una sanción impuesta por sentencia firme, la cual empero, subsiste como tal, lo mismo que permanece incólume la infracción cometida y la sentencia que así lo declaró.

La palabra "pena" utilizada por el inciso 6) del artículo 86 de la C.N. debe ser interpretada con el estricto sentido de pena efectivamente impuesta y no como erróneamente lo entendió la C.S.J N. en la causa "Ibáñez" como pena meramente conminada o prevista por la ley, tomando como interpretación la de la Corte Norteamericana, olvidando que nuestros constituyentes, inspirados en la Constitución de 1826 y en las doctrinas de Alberdi, sustentadas por concepciones europeas, separaron nítidamente el indulto, que confirieron al Presidente (artículo 86, inciso 6) de la C.N. ) de la amnistía, que atribuyeron al Congreso (artículo 67, inciso 17) de la C.N. ).