marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Capitalización de intereses, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Vigo, Silvia Mónica c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

La parte actora, efectuando la capitalización luego de la entrada en vigencia del CCyC, no puede eludir la circunstancia de que la notificación de la demanda tuvo lugar cuando aquel aún no regía, puesto que de ese modo convierte en capital los intereses devengados con anterioridad a dicha entrada en vigencia, de lo que se sigue que no aplica la nueva norma sólo a los accesorios no devengados (conf. art. 7 del CCyC), sino que modifica la naturaleza de los ya realizados, haciendo valer retroactivamente la capitalización sin ninguna habilitación normativa. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Prisión preventiva, sentencia arbitraria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

No resulta arbitraria la sentencia apelada si la prisión preventiva fue justificada en la existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses y se analizó fundadamente el riesgo que generaría al proceso la medida solicitada por la defensa, en tanto incrementaría objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento de la investigación.
Confirmación de sentencia, producción de la prueba, adicionales de remuneración, personal militar, Fuerzas Armadas
Materia: LABORAL
Carátula: Sanche, Vanesa Gisele c/ EN - M Seguridad -PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de SEG.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-13

Se confirma la sentencia de primera instancia que reconoció el carácter remunerativo y bonificable del suplemento P.A.D.O. En función de la prueba producida se constata que la parte actora percibe dicho suplemento, que no cobra ninguno de los suplementos de los denominados "funciones", que realizó la capacitación pertinente, y que la asignación configura una parte sustancial de su remuneración.
Juicio por delitos de acción privada, audiencia de conciliación, falta de audiencia, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AGUILERA BRITO, JOSE REMIGIO s/ CONFLICTO Causa 732
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

La omisión de realizar la audiencia genera la nulidad de todo lo actuado y es de carácter absoluto de conformidad con los artículos 167 y 168 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. (voto del Dr. David).
Terceros, intervención de terceros, responsabilidad del Estado, Estado Provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Flecha  González,  Concepción y otros c/ Misiones, Provincia de yotro (Estado Nacional) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Corresponde admitir la citación en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación a los funcionarios involucrados en la detención de la actora, pues si bien ésta ha demandado a la provincia sin extender la pretensión a sus funcionarios, son ellos quienes -según los demandantes habrían tenido una intervención directa en los hechos que se invocan para fundar la responsabilidad que se atribuye al Estado provincial, participación que hace procedente la citación pedida ya que a su respecto la controversia les es común.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, calificación jurídica, derivación razonada del derecho vigente, tipo penal, leyes, interpretación literal
Materia: PROCESAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En  el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Si hay un ámbito donde el juez encuentra ceñido el cauce de su interpretación es en la estricta delimitación de los elementos del tipo penal al resolver el caso concreto: el nullum crimen sine lege le impide hacer analogía in malam partem (art. 18 y 19 de la Constitución Nacional y 9 del Pacto de San José de Costa Rica).

Aquí la interpretación no puede superar el tenor literal de la ley si quiere respetar el principio de legalidad y no incurrir en analogía prohibida. (Del Voto En Disidencia Del Dr. Ríos)
Acción de amparo, facultades de la administración, facultades discrecionales, derechos individuales, facultades del Poder Legislativo, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gamboa Carlos Alfredo c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Amparo As. s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

El concepto de reserva tiene un origen histórico y político, e implica un ámbito de garantía a favor de los derechos individuales frente a la prepotencia y arbitrariedad del poder administrador. Tales derechos sólo pueden ser limitados por el poder exclusivo que se reserva al legislador en su carácter de representante de la voluntad popular. A esto se denomina reserva de ley en la doctrina constitucional, consagrada en los artículos 4, 16, 17, 18 y 19 de nuestra Constitución. Esta doctrina no puede extenderse y no tiene ninguna aplicación con respecto al poder administrador. Se pretende definir como "zona de reserva de la administración" a un ámbito que se le reconocería al poder Ejecutivo con carácter privativo y sin intervención de otro poder, especialmente el legislador. Lo expuesto se presenta irrazonable cuando se lo entiende como un campo de competencia excluyente y exclusivo con marginación total de cualquier otro poder estatal.

La doctrina de división de poderes, con su respectivo sistema de frenos y contrapesos, ha sido plasmada por nuestros constituyentes en 1853 principalmente en los artículos 29, 75, 76, 99, 108 y 109 de la Constitución Nacional. La propia experiencia histórica de la que emergía la Nación en esos momentos, indujo al legislador a reforzar tal modelo republicano con disposiciones más enfáticas aún que las de su precedente norteamericano.

En la misma línea de tradición institucional se expidieron los convencionales porteños en 1996 al sancionar la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto reiteraran la prohibición al Ejecutivo de ejercer funciones judiciales y legislativas (arts. 103 y 108).

La armónica interpretación de las normas mencionadas impide en modo claro y terminante aceptar la existencia de una suerte de "zona franca" en cabeza de la administración, en la cual pudiese dictar normas de carácter general y resolver controversias sin intervención de los poderes legislativo y judicial.

Tal teoría resulta ajena a nuestra tradición política y constitucional y ha sido importada de sistemas de otros países, sin tener en cuenta las profundas diferencias de tipo estructural en el régimen de derecho público que nos separan de los mismos.
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: LABORAL
Carátula: Salazar, Irene Alejandra c/ Municipalidad de Esteban Echeverría s/ Enfermedad accidente Acevedo, Olimpio c/ Cominco S.A.I.C.F.I. s/ Enfermedad (art. 1113)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-11|1996-11-27

El art. 1113 del Código Civil atribuye responsabilidad al dueño o guardián de una cosa cuando el daño es producido por la intervención de la misma, lo que no ocurre cuando el mismo se origina por la tarea que cumplía la víctima.
Sentencia, falta de fundamentación
Materia: PENAL
Carátula: POLANCO, FRANCISCA LEONOR s/ HOMICIDIO CALIFICADO S/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-11-01

La falta de fundamentación -nulidad contemplada en el art. 375 inc.

3ro. no habrá de incidir en el resultado final de la causa, habida cuenta de que, advirtiéndose de modo manifiesto la inexistencia de prueba suficiente para tener por acreditada la intención dolosa del imputado en autos, la declaración de nulidad constituiría una verdadera "reformatio in peius".
Concurso preventivo, quiebra, efectos de la apertura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Vázquez de Merci Luz y otro c/ Tiribelli de Gilardi Susana s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-12

La apertura del procedimiento concursal no produce ninguna modificación en el derecho creditorio. Modificación sufre, en cambio, la acción ejecutiva por la que se pretende el cobro de ese crédito, en cuanto no sólo es inadmisible su ejercicio fuera del procedimiento concursal, sino que debe ser hecha valer en las formas y según los términos de cada procedimiento (verificación).
Juicio ejecutivo, intereses
Materia: PROCESAL
Carátula: Financiera Procurar SH c/ Benítez, Ramón Arsenio s/ juicio ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-02-15

Corresponde hacer lugar a la pretensión de la accionante en un juicio ejecutivo que cuestionó la aplicación de un interés sobre el capital igual a la tasa activa promedio fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, toda vez que la ley consagra el pleno respeto de las partes por las obligaciones contractualmente asumidas, de manera que son válidos los intereses convenidos entre deudor y acreedor, eso sí, dentro de los márgenes que prevé la norma del art. 958 del Cód. Civil y Comercial, y cuando en el instrumento base de la ejecución está convenida la tasa de interés deben, en principio, aplicarse los mismos.
Despido con causa, abandono de trabajo, intimación al trabajador, enfermedades, obligaciones del trabajador, deber de información
Materia: LABORAL
Carátula: R., S.M.J. c/ P.L., B. s/ Cobro de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-06

Si el trabajador, aun estando intimado por ausencias o presunto abandono, invoca y comunica un estado de enfermedad en los términos del Art. 209 de la LCT, el principal puede optar -obvio- por aceptar la enfermedad y la suspensión del contrato que genera; o disponer el contralor que le otorga en forma amplia el Art. 210 de la ley para que su médico revise al dependiente e informe sobre su estado de salud y si el mismo le impide o no prestar servicios. Obvio también es que si el médico de contralor acepta y certifica la enfermedad del empleado, el principal debe sujetarse a la misma y a su desarrollo.
Recurso de apelación (procesal), efecto devolutivo, juicio de desalojo, desocupación inmediata
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: TUBIO, Francisco Eugenio c/ GEROLA, Alcides Alberto s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

La desocupación inmediata del inmueble prevista en el art. 684 bis del Código Procesal (t.o. ley 25.488), representa en cuanto a su naturaleza jurídica una medida cautelar que reviste los caracteres de una "tutela o jurisdicción anticipada". De ahí que, en caso de admitirse la medida, el recurso de apelación debe concederse en efecto devolutivo (art. 198 del ordenamiento citado).Del voto de la mayoría (Dres. Giardulli y Kiper)
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto del juicio, despido
Materia: LABORAL
Carátula: Núñez, Sebastián Alejandro c/ S.E.O.C.A. s/ Despido. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-21

El valor del litigio, representado por la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y la fijada en la sentencia en concepto de indemnización por despido, no supera el monto mínimo para recurrir establecido por el art. 278 del Código Procesal civil y Comercial (ley 11.593), no resultando aplicable al caso el supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653 que invoca el recurrente toda vez que la doctrina de esta Suprema Corte que se dice violada se refiere a cuestiones debatidas en materia civil y, consecuentemente, ajenas a la relación sustancial entre actor y demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Trabajadores rurales, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: LIENDRO, Esteban c/ PATRON COSTAS, Guillermo y otros s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1995-04-07

La ley de trabajo agrario contempla en forma específica el desalojo de quién ocupe la vivienda suministrada por el empleador si se cumplen los recaudos legales. En consecuencia no se aplica el artículo 1201 del Código Civil como pretende el trabajador por cuanto sus reclamos y su cumplimiento son materia ajena a la ocupación del inmueble y existe una ley especial al efecto del desalojo que sustituye a otras.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, personas jurídicas, personas jurídicas de carácter privado
Materia: PROCESAL
Carátula: Steifel,  Juan  Carlos c/ Santa  Fe,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-11

De conformidad con el art. 1° de la ley 4889 de la Provincia de Santa Fe, la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería Civil es una entidad con personería jurídica propia y, de acuerdo con el art. 1° de la ley local 11.008, también el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil es un ente que funciona con el carácter de persona jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso de casación, honorarios, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO EMPRESARIO DE TUCUMAN COOP. LTDO. c/ DE GENOVA, PAULA ANDREA DEL VALLE. s/ EJECUCION HIPOTECARIA. INCIDENTE DE APELACION PROMOVIDO POR EL ACTOR.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-05-10

El remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo y, en las cuestiones incidentales, sólo en la medida que terminen el pleito o hagan imposible su continuación. Conforme a lo analizado, la sentencia recurrida no cumple con el requisito de definitividad en el criterio de este Tribunal, en el sentido de ser un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sentencia Nº 937 de fecha 10 de octubre de 2007).

Por su parte, tampoco concurre el excepcional supuesto de gravedad institucional, que permitiría superar el valladar constituido por la falta de definitividad del pronunciamiento impugnado, toda vez que, este último, no luce configurado en el presente caso, en tanto no se advierte que la cuestión bajo análisis exceda el interés particular de los litigantes, involucre valores que atañen a la colectividad, vulnere algún principio constitucional básico o comprometa el regular funcionamiento del servicio de justicia o la buena marcha de las instituciones.

En primer lugar, la naturaleza de la cuestión debatida, referida a una medida cautelar en el marco de un reclamo por honorarios profesionales, no se enmarca en el concepto de gravedad institucional, en tanto que no posee por sí eficacia como para comprometer el interés general, el mismo no excede el interés de las partes involucradas en el proceso (CSJT, sentencia Nº 823 de fecha 25 de octubre de 1999), resultando en la especie, simplemente, un interés meramente individual dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre una medida cautelar.

DRES.: GANDUR - POSSE (CON SU VOTO) - SBDAR (CON SU VOTO).
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Villaplana, Marcos y otra c/ Obras Sanitarias y otros s/ Incidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-02

El título del adquirente en subasta judicial no deriva de la ley ni de la voluntad del ejecutado (art. 3266 y su doctrina, Cód. Civil), sino de aquella fuente jurídica autónoma, diversa de la transmisión voluntaria, por lo que no siendo éste sucesor voluntario, ni necesario ni legal, no le es aplicable el artículo 3266 referido.
Costas
Materia: LABORAL
Carátula: Zuccoli, Marcela A. c/ SUM S.A. s/ Daños y perjuicios Maldonado, Mario Eduardo c/ Tissucel S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-10-02|2007-03-07

El nuevo texto del art. 505 del Código Civil sólo dispone la inoponibilidad al condenado en costas de lo que exceda del veinticinco por ciento del producto de la sentencia, laudo o transacción, lo que implica una determinación compatible con la atribución del legislador nacional de abordar excepcionalmente aspectos procesales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos, régimen penal tributario, AFIP DGI, aceptación de la pretensión fiscal, renuncia del agraviado
Materia: PENAL
Carátula: CUERO ART S.C.A. s/ Régimen penal tributario Causa 35038 Causa S
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

1- No es de aplicación lo dispuesto en el art. 1097 del Código Civil, ni puede darse por renunciada la acción penal si no puede considerarse que haya existido un convenio para el pago del daño aún cuando la D.G.I. reconozca que lo depositado por el deudor comprende la totalidad de su acreencia (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).

2- En tanto el deudor de una obligación tiene derecho a pagarla (Cód. cit. Art. 505, 729 y 757 inc. 1)) el pago en sí mismo inviste carácter de acto unilateral (Del voto en disidencia del Dr.

Hendler).
Personal civil de las Fuerzas Armadas, estatuto para el personal civil de las Fuerzas Armadas, interpretación de la ley, ley de contrato de trabajo, accidentes de trabajo, indemnización tarifada, incapacidad total
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: González, José c/ Estado  Nacional  (Fuerza  Aérea  Argentina - Area Material Córdoba). s/ Art. 8 Ley 9.688 y art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

La armónica interpretación de lo establecido en los arts. 19, 20 y 38 del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (ley 20.239) y 19 de su decreto reglamentario 2.355/73 conduce a reconocer el derecho del agente incapacitado en forma absoluta y permanente para la prestación del servicio que no pueda ser reubicado, a percibir la indemnización que determina el cuarto párrafo del art. 212 de Régimen de Contrato de Trabajo.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, recursos, Derecho procesal, ley formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Benchetrit, Eduardo Alberto s/ recurso de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-02

Se ha producido una desnaturalización de las formas procesales, si en lugar de haber sido consideradas en razón del fin al que tributan, lo han sido por la mera formalidad en sí misma. En efecto, si la apelación ha de ser interpuesta fundadamente no se advierten los motivos por los cuales el recurrente se vio impedido de introducir en esa oportunidad todas las alegaciones tendientes a impugnar el fallo contra el que se dirigía.
Impuesto a las ganancias, actualización monetaria, sociedad anónima, remuneración del directorio
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN FULLANA S.A. s/ IMPUESTO A LA GANANCIAS.    HONORARIOS  DE  DIRECTORES  Y  SINDICOS  DE SOCIEDADES ANONIMAS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

Si las retribuciones a los directores de empresas son establecidas bajo la forma de porcentaje sobre las ganancias y están sujetas al arbitro de la asamblea -constituyendo una distribución de utilidades expuestas en el "estado de resultados acumulados"(artes 71 y 261 de la ley 19.550)- no se computan contablemente como gasto a fin de determinar el estado de ganancias y pérdidas del ejercicio ni se forman en consideración como pasivo en la cuenta patrimonial, sino que, en las prácticas y técnicas contables, avaladas por los organismo de control, los honorarios se consideran gastos registrados en la fecha de realización de la asamblea de accionistas, y se reflejan como afectación de resultados (gasto) en el "estado de resultados acumulados" y como "pasivo" en los asientos de contabilidad de ese ejercicio posterior.
Responsabilidad del Estado, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, competencia, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DIANA, MARIA LUCIANA Y OTRO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 308 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

Teniendo en cuenta que la cuestión de competencia podría resultar trascendente a la hora de juzgar la temporaneidad para el ejercicio de las acciones, lo cierto es que esta última circunstancia -relativa a la prescripción- deberá ciertamente analizarse conforme el cúmulo de aspectos que la definen, exigiéndose a los jueces de la causa valorar con particular estrictez las diferentes perspectivas que los aspectos fácticos y probatorios merecen, y que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado de remarcar.

A mayor abundamiento, y con sentido ilustrativo, el Máximo Tribunal ha considerado que el plazo establecido se computa, en principio, desde la producción del hecho generador del reclamo y su vencimiento está subordinado al conocimiento por parte del acreedor de ese hecho y del daño proveniente de él, conocimiento que debe ser efectivo. (De los Fundamentos de la Dra Gastaldi)
Conversión de la quiebra, pedido de quiebra, quiebra a pedido del deudor, presentación contemporánea al pedido de quiebra, nueva presentación en concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMOBLAMIENTOS PANDORA SRL s/ CONCURSO. (JA 8.5.96).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-11

La LC: 32 -reproducido en lo pertinente por la Ley 24522: 31- no distingue entre pedidos de quiebra anteriores o posteriores a la primera presentacion en concurso; dispone que será inadmisible la nueva solicitud frente a la pendencia de aquellas demandas. Por tanto, en principio resultaría procedente desestimar una nueva presentación si existen pedidos de quiebra pendientes salvo -como en el caso-, que en el tiempo en que el Tribunal ha de producir decisión, posee vigencia la solución impuesta por la Ley 24522: 90.

Ello, pues este artículo autoriza la llamada "conversión" de la quiebra en concurso preventivo; lo cual constituye, en rigor, una regla atributiva de precedencia absoluta a la voluntad del deudor de procurar su concursamiento preventivo aún, de haber sido declarada la quiebra. Fundamentos del Dr. Cuartero: Si el anterior pedido de concursamiento de la peticionaria fue rechazado por no haber sido cumplidos los recaudos de la LC: 11, y los pedidos de quiebra pendientes han sido iniciados luego de aquella primer tentativa de concursamiento de la deudora; la nueva presentación en concurso no parece perseguir como única finalidad la paralización de los pedidos de quiebra pendientes sino que tiende a remontar el fracaso precedente que privó a la deudora de acceder a la solución preventiva. Por ende, resulta improcedente aplicar en la especie la LC: 32.