marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Constitución en mora, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: B., J.W. c/ M., J.P. s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-08-15

La interpelación hábil para constituir en mora implica una manifestación de voluntad expresa, positiva, por la cual el acreedor reclama de su deudor el cumplimiento inmediato de la prestación. Justamente se dice que debe ser expresa y positiva para descartar la forma tácita de exteriorización de la voluntad; la exigencia ha de ser terminante y precisa, y para ello es menester que la voluntad se manifieste por medios concretos y directos y no que resulte inducida por circunstancias que permitan presumir, indirecta o tácitamente, su existencia.
Recurso de inconstitucionalidad, derecho al recurso, doctrina de la arbitrariedad, apreciación de la prueba, participación criminal
Materia: PROCESAL
Carátula: J., E. J.; M., C.; B., J. F. por homicidio agravado por el uso de arma en perjuicio de T., L. L. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-05-29

Son sentencias arbitrarias aquellas que se dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para alterar el resultado de la causa y que la motivación no se halla completa si sólo se enuncian, aun describiéndolas, todas las pruebas arrimadas al debate, pues la operación lógica exigida al juez comprende, también, la evaluación pormenorizada de los elementos mencionados y de la incidencia que razonablemente tiene en el contexto de las restantes evidencias. Ahora bien, si se satisfacen tales recaudos, la sentencia se torna explícita y sus fundamentos adquieren una autoridad suficiente.

La doctrina de la arbitrariedad resulta excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los que se verifique un apartamiento evidente de la solución legal prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación en el pronunciamiento impugnado, en tanto no basta para demostrar la existencia de una situación de inconstitucionalidad, sostener la vulneración de derechos constitucionales si no se prueba la afectación puntual de los derechos invocados. (Del voto en mayoría del Dr. Catalano, Dra. Ovejero Cornejo, Dres. Posadas, Samsón, Vittar)
Derecho procesal, proceso penal, sobreseimiento, extinción de la acción penal, orden público, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL
Materia: PENAL
Carátula: LLAVERA, Jorge Ariel s/ Prescripcion Acción Penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15

En estas actuaciones, se verifica que operó la prescripción de la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 inc. 2º y 67 del C.P., al haber transcurrido en exceso el término de tres años, fijado como pena máxima para el delito de Amenazas con Armas; desde la citación a juicio dicho término no fue interrumpido por la comisión de nuevo delito, según constancias de planilla prontuarial e informe del R.N.R .-
Jubilaciones, reconocimiento en sede judicial, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORINI, IDA ROSA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 465-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-07

Corresponde el reconocimiento de las prestaciones ad honorem a la actora que prestó tales servicios durante el período de vigencia de la ley 3748, conforme a los recaudos exigidos para que le fueran reconocidos, y continuó trabajando después en un cargo rentado para solicitar su jubilación, cuando tuvo reunido los requisitos exigidos por la norma previsional entonces vigente, ya derogada aquélla. Ello porque, si bien la ley 3748 y su modificatoria no regía a la época del cese, la recurrente cumplió con los requisitos legales y reglamentarios, por lo que debe entenderse que tenía definitivamente incorporado a su patrimonio el derecho a obtener dicho reconocimiento; y pudo ejercitarlo tanto para lograr el tiempo total de servicios que le permitiera conseguir la prestación previsional, o para mejorar o aumentar su haber jubilatorio.
Empleo público, adicionales de remuneración, carácter remuneratorio, adicional por refrigerio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bordoy de Pelatti Ana María y otros c/ Estado Nacional - Mº de Trabajo y Seg. Soc. de la Nación s/ Empleo Público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-02

El sistema normativo implementado por los decretos 192/83, 2262/84, 3513/84, 1282/86 (excluído el adicional reintegro por servicio de refrigerio), 1713/87 (excluido el mismo adicional) y 2193/86, limitó el alcance de la "asignación por categoría" al disponer conceptos remunerativos excluídos de la misma y no computables para la determinación del importe de adicionales particulares y suplementos. El carácter remunerativo de las asignaciones adicionales, complementos y suplementos mencionados en el párrafo anterior, no se discute, pues así quedó establecido en las mismas normas que los crearon. Asimismo se precisó en ellos que debía otorgárseles igual trato que al sueldo básico. En igual sentido ha expresado la Sala III de esta Cámara in re: "Erazo Juan y otros c/ Estado Nacional" de fecha 10/2/94 que "no obsta a lo expuesto el carácter remunerativo de los referidos adicionales y suplementos, toda vez que una cosa es considerar que ellos forman parte de la percepción normal, habitual y permanente y que su contenido es de esencia retributiva, y otra, muy distinta, entender que por tal circunstancia deban automáticamente ser tenidos en cuenta para el cálculo de los restantes". El decreto 2428/85 y sus modificaciones, merece un análisis diferente al de las restantes normas, ya que respecto al adicional por servicio de refrigerio es preciso señalar que dicho texto normativo no ha establecido que el adicional que creaba no debía ser computable para el cálculo de los otros adicionales, por ende, no habiéndose establecido la exclusión del mismo, debe estarse a lo dispuesto por las normas que lo instituyeron (Conf. esta Sala, in re "Delgadino Abel y otros c/ Estado Nacional - Mº de Defensa - s/ Retiro Militar y Fuerzas de Seguridad" de fecha 29/12/95; "Gonzalez Bedoya Patricia y otros c/ E.M.G.E. s/ retiro militar" de fecha 11/3/96). (Cons. III y IV).
Acción de inconstitucionalidad, cuestión abstracta, régimen de consolidación de deudas, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMPOS, Victor Hugo s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-21

Corresponde declarar abstracta la cuetión planteada si, al tiempo de resolver la prohibición de innovar que se funda en la invocada inconstitucionalidad del plazo fijado por el artículo 1º de la Ley 6905 para que los acreedores soliciten la emisión de los títulos de consolidación de deuda bajo sanción de declararse canceladas las obligaciones, el Poder Ejecutivo ha dictado el decreto de necesidad y urgencia Nº 1309/97 que deroga aquella disposición.
Daños y perjuicios, daño estético, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Aguirre, Verónica Liliana c/ Nievas, Guillermo Gastón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-02-16

El daño estético se configura por toda desfiguración física producida por lesiones, sean o no subsanables quirúrgicamente, o cicatrices de todas aquellas partes del cuerpo humano que es costumbre mostrar o exhibir o bien se traslucen al exterior o afean la armonía de una persona, provocando en la víctima un complejo de temor a la presentación o de inferioridad.
Ejecución de la pena, salidas transitorias, período de prueba del condenado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Molina, Diego Martín s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-09-10

Corresponde declarar la nulidad de la resolución que no hizo lugar a la promoción del interno al período de prueba y rechazó las salidas transitorias requeridas, pues soslayó toda evaluación relativa a las razones concretas por las cuales la autoridad penitenciaria calificó al interno con concepto "bueno" en tanto el tribunal se limitó a decir que no encontraba motivos suficientes que permitan modificar los guarismos sin analizar cuáles han sido en definitiva los motivos, que no surgen del informe criminológico, teniendo en cuenta que el condenado no registra sanciones disciplinarias y ha sido calificado con conducta ejemplar diez. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Trota de Chobadindengui, Nancy y otro c/ Tiribelli Hnos. S.A. s/ Indemnización Mansilla, Mariela Mercedes c/ Alvarez y Patiño SA. s/ Accidente de trabajo. Acción común. Despido Fernández, Daniel E. y otros c/ Spinelli, Aldo C. y otros s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-27|2001-03-07|2004-04-27

Es improcedente el agravio que se sustenta en una circunstancia diferente de la sometida a la instancia de grado implicando la pretensión extemporánea de modificar en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el enfoque, alcance y dimensión de las cuestiones propuestas en la sede ordinaria.
Sucesiones, declaratoria de herederos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barroso, Jaime Antonio s/ sucesión ab intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

La aceptación de la herencia implica asumir los derechos y obligaciones inherentes a ella; es voluntaria, irrevocable, indivisible, lisa y llana y tiene por efecto fijar la posición del heredero, " renunciándose al derecho a renunciar " . Debe existir, pues, una manifestación de la voluntad de aceptar o bien una toma del título de heredero, manifestando la intención cierta de serlo.

Si a más de ello, se justifica el vínculo o es aceptado por otros herederos de similar rango, corresponde incluirlo en la declaratoria de herederos. Si, por el contrario, no acepta expresa o tácitamente o bien renuncia a la herencia, no corresponde incluirlo ( arts. 3317, 3331, 3341, 3347, 3363 y cdts. Cód. Civ. ) (Minoría u opinión personal)
Recurso de inconstitucionalidad, legitimación procesal, nulidad procesal, sentencia, parte dispositiva, falta de personería, poder
Materia: PROCESAL
Carátula: DELICIA, CARLOS CAYETANO c/ EMPRESA    PERIODISTICA   EDICION  4  Y-O  SU  PROPIETARIO  Y  EDITOR RESPONSABLE ADOBATO s/ RECURSO DE AMPARO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad si la distorsión jurídica encuentra su génesis en la falta de correspondencia entre los fundamentos y la parte resolutiva de la resolución recurrida, desde que, enmascarado por la nulidad declarada por la falta de personería, existe un pronunciamiento implícitamente adverso a la pretensión del recurrente. Ello es así, desde que si bien aparentemente, -y a estar a los términos del "resuelvo" y el último párrafo- la decisión de la Cámara se reduce a verificar la ausencia de un presupuesto procesal o un requisito de procedibilidad de la pretensión (admisibilidad extrínseca), concretamente el concerniente a la legitimación ad processum, lo cierto es que a través de sus considerandos se visualiza claramente que ha mediado juzgamiento respecto de una condición de fundamentación o procedencia (atendibilidad) de la pretensión, cual es la legitimación sustancial.
Expropiación, bienes públicos del Estado, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL
Carátula: Kirgal Trading Company S.A. c/ GCBA s/ expropiación inversa - retrocesión s/recurso de apelación ordinario concedido y sus acumulados: exptes. nº 7760/10: Kirgal Trading Company S.A. s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión y nº 7768/10: GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Kirgal Trading Company S.A. c/GCBA s/expropiación inversa - retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-13

No es suficiente, en el mejor de los casos para la actora, con que se estableciera la buena fe de los sucesivos adquirentes, pues al vender uno de ellos lo que ya no le pertenecía por haberse transferido al dominio público de la ex MCBA no transmitió el dominio sobre el inmueble; de modo que la pretensión de la actora dirigida a que el inmueble se expropie, debe ser rechazada, debiéndose adecuar en todo caso por las vías pertinentes la información catastral del predio toda vez que el mismo, en realidad, no se encuentra "sujeto a expropiación". (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhiere la Sra. Jueza Alicia E. C. Ruiz. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Mediación, honorarios del mediador
Materia: CIVIL
Carátula: COMPAÑIA  NAVIERA  HORAMAR  SA c/ FLUVIALNAVE  SA s/ COBRO DEHONORARIOS PROFESIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-26

En lo concerniente al monto del honorario que debe fijarse a favor de la mediadora, debe ponderarse que el art. 28 del Anexo I, del decreto 1467/11 establece que "para determinar la base de cálculo del monto del caso deberá tenerse en cuenta el monto del acuerdo, o en su caso el de la sentencia o transacción en sede judicial". El art. 1, inc. g), del Anexo III, del decreto 1467/11 prevé que el honorario básico del mediador será: en "asuntos de montos superiores a pesos cien mil ($100.000): el dos por ciento de dicho monto y hasta el máximo de pesos doce mil ($12.000)". Esa es la norma aplicable al caso de autos, desde que el monto del acuerdo es de quinientos treinta y un mil quinientos once dólares estadounidenses u$s 531.511 (cfr.

cláusula CUARTA del acuerdo). La sola inclusión en el formulario de inicio del proceso de mediación de "MONTO INDETERMINADO" no provoca que se aplique a favor del mediador la regulación de honorarios prevista en el art. 1, inc. h) del Anexo III, del decreto 1467/11, dado que el acuerdo que puso fin a la mediación tiene un monto concreto y determinado que, según el inc. g), es el que debe ser tenido en cuenta para fijar la remuneración de la mediadora.
Confirmación de sentencia, sucesión ab intestato, verdad jurídica objetiva, doctrina de los actos propios, seguridad jurídica
Materia: CIVIL
Carátula: CORDOBA HECTOR LUIS c/  s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-11-28

Corresponde confirmar la sentencia de grado que, de conformidad a lo prescripto por el art. 2336 del C.CyC, dispone continuar interviniendo en las presentes actuaciones, en tanto, luego de dos años de iniciado el sucesorio, no resulta procedente admitir la presentación de los herederos manifestando que el domicilio consignado en el acta de defunción no consigna la verdad material respecto al real último domicilio del difunto, denunciado en que se trataba de una conveniencia de distancia con el PAMI; por lo que solicitan el cambio de radicación del trámite a otra ciudad, pues a tal conducta le es aplicable la doctrina de los propios actos que veda desplegar una actividad procedimental que se reveló incompatible con una anterior, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, lesionando el postulado de la seguridad jurídica que involucra el quehacer de los justiciables en cuanto al efecto vinculante de los actos primigenios. La aplicación de esta doctrina supone tener por cierta una conducta inicial del particular -voluntaria e inequívoca- y su contradicción con la pretensión posterior.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, jueces, facultades del juez, calificación jurídica, delitos, concurso real
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., R. R.; R., O. R.; R., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -ROBO CALIFICADO POR EMPLEO DE ARMA DE FUEGO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 23 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-10-14

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde que los impugnantes no persuaden a esta Corte que la Sala, en la valoración de la prueba y la subsunción típica de los hechos hubiera realizado afirmaciones insuficientes, absurdas o irracionales que descalifiquen el pronunciamiento al concluir que la víctima habría sufrido dos hechos independientes: el desapoderamiento de su vehículo mediante el uso de arma de fuego y la posterior privación de la libertad; y la subsunción del segundo de los hechos en el tipo agravado previsto por el artículo 142 bis inciso 6 del Código Penal.

Es que, frente al razonamiento de la Sala de que ambos hechos concurrían materialmente en razón de que la privación ilegítima de la libertad de la víctima iba "más allá de lo meramente necesario para el apoderamiento y la inmediata fuga de los autores", los recurrentes omiten enderezar una crítica idónea que demuestre la irrazonabilidad de tal argumento, limitándose insistir en la falta de fundamentación suficiente del fallo, lo que no basta en el caso para demostrar que la Alzada hubiera incurrido en una hipótesis de arbitrariedad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Estado Provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PRIMON, YANINA CARLA c/ FUNDACION UNION EDUCATIVA DEL LITORAL Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-04-13

Cabe desestimar los planteos esgrimidos por el rechazo de la demanda contra la Provincia de Santa Fe, toda vez que, claramente surge del escrito recursivo que la presentante no logró desvirtuar el principal argumento de la Alzada relacionado con que la accionante no había fundado su reclamo en el ámbito de la responsabilidad como ente público, como lo pretende ahora, sino en las normas de solidaridad pasiva propias del derecho laboral que no eran aplicables en los casos en que interviene el Estado. - Jurisprudencia concordante con Aviazzi, AyS T 306, p 28/31, sumario J0048006.
Derecho laboral, leyes, Constitución Nacional, interpretación sistemática
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Elzeard, Ricardo c/ Celulosa Argentina s/ Cobro de pesos (Expte. Nro. 41-00, Resol. Nro. 223, Tomo 24)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-28

La disposición del art. 245 de la L.C.T. no solamente tiene el fin indemnizatorio sino también el objeto de cumplir con el deber constitucional del Estado de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario como regla el "art. 14 bis" de la Constitución Nacional. Por ello corresponde al legislador establecer las bases jurídicas que reglamentan las relaciones de trabajo y laboral, habiendo dicho la Corte Suprema que en dicho punto los jueces no están facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia. Los tribunales ordinarios siguiendo dicho criterio sostienen que corresponde al legislador la determinación concreta del grado de protección contra el despido arbitrario. Dicha protección se halla sujeta a variaciones según las normas que en cada momento rijan para reglamentarla y tales variaciones no pueden ser materia de agravio constitucional a menos que incrementen la protección hasta la exorbitancia o la reduzcan hasta tornarla irrisoria. No hay que ignorar el derecho constitucional de la patronal en rescindir el contrato.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia definitiva, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Andreoli, José María y otros c/ Provincia de Santa Fe y Caja de Jubilaciones y Pensiones s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Acción mere declarativa de Inconstitucionalidad. Avocación (Expte. CSJ Nº 640-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-14

Admitiendo el concepto de sentencia definitiva como aquella que "pone fin a la cuestión debatida en forma tal que ésta no pueda renovarse", que "dirime el pleito" o le "pone fin", resultaría una obviedad advertir que no es ese el supuesto cuando -como en el caso- la Corte no se ha expedido sobre el fondo del asunto dirimiendo la cuestión de certeza planteada sino que ha decidido una cuestión de competencia y, al declarar que la misma le correspondía, como consecuencia natural, dispuso el cese de la medida cautelar despachada por un juez incompetente en materia reservada a la Corte por disposición constitucional. Ese pronunciamiento no resulta definitivo. Así ha sido resuelto en la causa "Roggiano", donde, habiéndose interpuesto una acción de amparo entendió la Corte provincial que más allá del nomen iuris utilizado se estaba ventilando en la misma una cuestión contencioso administrativa de su competencia material, y, concedido que fue el remedio extraordinario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declaró inadmisible por no estar dirigido contra una sentencia definitiva.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, despido
Materia: LABORAL
Carátula: PAZ DE WETSCHKY MARIA c/ CENTRO  MUTUAL PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-22

El art. 243 Ley 20744 exige que el motivo de ruptura haya sido comunicado por escrito con expresión suficientemente clara. En el subexámen, prima facie aparece el telegrama de despido de la empleadora como denunciando una situación genérica, no puntualizada pero, ello es contrarrestado con la actitud de la actora al contestarlo, que se refiere a "una crisis empresarial". No resulta por tanto lógica su pretensión que en un telegrama se especifiquen las pruebas, su interés probatorio está en su legítimo derecho de defensa que no fue restringido al punto que, dentro de la temática compuesta por la litis ofrece la prueba pertinente. (Voto en minoría del Dr. Sosa).-
Prueba testimonial, plazo
Materia: PENAL
Carátula: BASICH, EMILIO s/ Cheque sin fondos Causa 30489
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-11

1- Las formalidades exigidas por la ley, para convocar testigos en una interpretación estricta de su texto, no tienen un plazo de cumplimiento específicamente previsto. Sólo están sujetas al término por el que la causa se recibe a prueba y al deber de urgir su producción de manera de poder practicarlas a tiempo. Lo que es ineludible hacer en los primeros diez días de ese término es proponer la medida de prueba. El aporte de datos necesarios para practicarla basta que sea hecho con la razonable anticipación al vencimiento como para poder fijar audiencia y notificarla.- 2- El control por la parte contraria está resguardado con las noticias que debe recibir los días Lunes y Jueves y con su presencia en la audiencia. Cualquier objeción, ya sea relativa a los datos que deben anticiparse como a otros que puedan surgir de la declaración misma, está a tiempo de ser deducida dentro del término de prueba.
Viajantes de comercio, promotor de ventas, trabajador en relación de dependencia, turismo estudiantil
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ AVERASTEGUI, Lucas c/ EL RAPIDO ARGENTINO CIA DE MIROOMNIBUS S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-28

Si el trabajador concurría a los colegios a establecer una relación con los futuros egresantes, convocando a una reunión de padres y alumnos con el objeto de concertar la venta de los viajes, todo ello en una zona determinada, tales extremos configuran la asimilación de los presupuestos de aplicación de la ley 14546 consignados en sus arts. 1 y 2.