marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, cuestión federal, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: Partido   de  la  Revolución  Democrática  (P.R.D.) s/ solicita reconocimiento - Capital Federal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-21

En la tarea de esclarecer la inteligencia de normas federales que le asigna el art. 14 de la ley 48, la Corte Suprema no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni del recurrente, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (art. 16, ley 48), según la interpretación que rectamente le otorgue. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Prueba, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: W., A. A. y otra c/ M., D. O. y otra s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-16

"La prueba no resulta ser un mero instrumento retórico sino un instrumento epistémico, o sea, el medio con el que en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación de la verdad de los hechos. En consecuencia, también de la ciencia se hace un uso epistémico, en el sentido de que las pruebas científicas están dirigidas a aportar al juez elementos de conocimiento de los hechos que se sustraen a la ciencia común de que dispone. Por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la adopción de la perspectiva racionalista que aquí se sigue, no implica la negación de la libertad y de la discrecionalidad en la valoración del juez, que representa el núcleo del principio de la libre convicción, pero implica que el juez efectúe sus valoraciones según una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación racional. Por decirlo así, el principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las reglas de la razón. Por lo demás, en la mayor parte de los sistemas procesales modernos el juez está obligado a justificar racionalmente sus propias valoraciones, y elabora argumentos lógicamente válidos para sostener su decisión en hechos".
Acción de amparo, costas al demandante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Figueroa, Ramón Oscar c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-04-22

En el caso, de acuerdo a lo previsto por el Art. 3 de la Ley Nro. 4642, que resulta aplicable cuando se presenta alguno de los supuestos de inadmisibilidad mentados en el Art. 2, corresponde declarar improcedente la acción de amparo deducida. Conforme se resuelve la cuestión, las costas deben imponerse a la parte accionante, Art. 17 de la ley adjetiva (así me pronuncié en autos Corte Nros.: 059/08 "López, Luis A. c/P.E.-Acc. de Amparo", 011/08 "Bustos, Luisa T. c/P.E.-Acc. de Amparo" y 084/08 bis "Avellaneda, María E. c/P.E.-Acc. de Amparo").

Del voto del Dr. Cippitelli, en disidencia parcial
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, cuestión federal, ley provincial
Materia: PENAL
Carátula: Zarza, Eloísa s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1993-09-28

Las normas que, en general válidamente, imponen limitaciones al acceso del Superior Tribunal, deben ser "desaplicadas" cuando ses debaten cuestiones constitucionales.
Trabajadores marítimos, indemnización por despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: NARANJO, LUIS ANGEL c/ SHELL CAPSA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-28

No corresponde incluir en el monto del adicional por rescisión la parte proporcional del SAC., pues el artículo 12 del Régimen de Indemnización por despido que rige en el ámbito marítimo, fija un módulo tarifario, distinto de la retribución real del trabajador y desvinculado de la totalidad de la retribución devengada durante cierto lapso: el adicional ha de ser igual a una o dos veces (según la antigüuedad) el sueldo mensual establecido en la convención colectiva, lo que no autoriza a entender dicha suma integrada con la incidencia del SAC.
Improcedencia del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, diferencias salariales, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Fidalgo, Antonio Nicolás contra GCBA sobre empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - empleo público - diferencias salariales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-09-28

Por vía de principio, no hay cuestión que habilite la competencia del Tribunal en los términos del artículo 26 de la ley n° 402 cuando la decisión de la Cámara de Apelaciones declaró desierto el recurso de apelación de la parte recurrente. Ello así, en tanto "... lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario" (Fallos 311:2629, 314:800, 323:1699, entre otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Honorarios, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Berwyn de Fara, Shirley y Otros c/ Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia delChubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-05

Los "intereses y demás accesorios" que según el artículo 6 inc. "a" del Dec.-Ley 2200 con el capital integran el monto del proceso, son los "que resultaren de la sentencia", de acuerdo a la previsión del artículo 19 de dicho ordenamiento, esto es lo que el fallo condena a pagar, pues de lo contrario no resultarían del decisorio.
Permiso precario, revocación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: GALDI GRACIELA CRISTINA c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-02

La Ordenanza Municipal 41.084 en el art. 11/5/11 establece que los permisos, por su carácter precario, podrán ser revocados por decisión unilateral de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido, por la rápida vía del amparo, sin remitir la cuestión a los procedimientos administrativos u ordinarios la procedencia de tal temperamento exige la concurrencia de diversos elementos tales como que la ilegitimidad del acto atacado resulte manifiesta. El órgano judicial no puede asumir facultades propias de otros poderes, o constituirse en revisor de su accionar si no se configura el presupuesto señalado.

La decisión de la comuna de revocar el permiso no puede ser revisada judicialmente, porque el permiso no le otorga a quien con él se beneficia derechos perfectos que puedan ser amparados en sede judicial, cuando no se vislumbra la arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta del acto que se impugna. Al tratarse la revocación de un acto eminentemente discrecional, su emisión depende exclusivamente de la apreciación que hace el poder administrador de las circunstancias de oportunidad, mérito y conveniencia que llevan a su dictado. En la medida que con la decisión administrativa no se afecten "derechos perfectos" -consecuencias que nunca otorga el permiso de uso por su carácter precario-, no puede tener acogida el ataque que se intenta.

No empece a ello que la accionante, en virtud de la renovación otorgada haya adquirido mercadería para venderla en la vía pública, porque de la ordenanza cuestionada surge que se habilitará un lugar especial al efecto, llamado por dicha normativa Mercado de Pulgas.

En último caso, ello podrá darle derecho a una indemnización, pero no a conservar un permiso que es precario y por lo tanto revocable en cualquier caso.
Reforma del Estado, privatizaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cocchia, Jorge Daniel c/ Estado Nacional y otro s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

La ley 23.696 se presenta como un estatuto para las privatizaciones, con el fin de reubicar al Estado en el lugar que le reserva su competencia subsidiaria, estableciendo, para llevar a cabo tal política de privatizaciones, el procedimiento decisorio y el control de su ejecución.
Leyes, ejecución de sentencia, falta de pago, enfermedad accidente
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: MILUNCZY SAMUEL c/ PERKINS ARGENTINA  S.A.I.C. s/ RECURSO DE REVISION - HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-12

Iniciada la ejecución de sentencia por falta de pago de la suma convenida, se trata de un proceso de ejecución expresamente contemplado en la ley adjetiva (no así en la Ley 7987), por lo que nada tiene que ver el origen de la deuda vinculado con una enfermedad accidente que justifique la aplicación de la Ley Nacional 24028.-
Concursos, conclusión del acuerdo preventivo, plazo, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: VIALORENZ SA s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-05

Resulta de aplicacion la LC: 59-21 parte cuando -como en el caso -el pedido de formación de concurso rechazado en la anterior instancia ha sido introducido bajo la vigencia de la LC, encontrándose en etapa de cumplimiento un concurso anterior, por lo que, ninguna duda puede caber en cuanto a resultar este el régimen legal aplicable, ya que el articulo citado dispone que el deudor no podrá presentar una nueva petición de concurso preventivo hasta después de transcurrido el plazo de un año, contado a partir de la fecha de la declaracion judicial de cumplimiento del acuerdo preventivo original.
Despido, discriminación salarial, igual remuneración por igual tarea, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: DI TULLIO JUAN CRUZ c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-29

La conducta empresarial que provoca un daño moral en la persona del trabajador por la arbitraria discriminación salarial que se concretó durante el desarrollo de la relación laboral constituye un ilícito extracontractual cuyas consecuencias en la esfera moral no quedan cubiertas por el reconocimiento del derecho del actor a percibir diferencias salariales que sólo representan el daño material que deriva de la discriminación y que, por lo tanto, deben ser resarcidas al margen de la condena al pago de tales diferencias. En el caso, el actor debió asumir las tareas de supervisión que le fueron asignadas, de clara naturaleza jerárquica peso su situación escalafonaria permaneció largo tiempo inmutable como personal auxiliar (Sumario confeccionado por SAIJ)
Daño moral, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rea, Luis Daniel c/ Vega, Luis Enrique y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-15

La presunción de daño patrimonial no puede ser desvinculada de su raíz humana cuando emana de una relación familiar que debe presuponer el afecto. (Minoría u opinión personal)
Recurso extraordinario, juicio ejecutivo, excepciones procesales, excepción de pago, procedimiento tributario
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Dirección General Impositiva c/ Angelo Paolo Entrerriana S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-22

Corresponde rechazar el recurso extraordinario contra la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución si la excepción de pago fue articulada con prescindencia de los concretos recaudos establecidos por la ley fiscal (inciso a) del art. 92 de la ley 11 683 - t.o. 1978 y modif. -) lo que significa que para admitir la inexistencia de la deuda sería necesario recurrir a elementos y consideraciones que exceden el limitado ámbito cognoscitivo en que se desarrolla esta especie de procesos.
Empleados públicos, período de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pascuas, Diego Martín c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Constituye una razón para formular la oposición a la permanencia en el cargo del agente en el período de prueba la circunstancia que el candidato no alcanza los requerimientos operativos del cargo. El error de naturaleza accidental no afecta los elementos del acto administrativo. Tal vicio reviste un carácter leve y puede rectificarse en cualquier momento.
Empleados públicos, acto administrativo, procedimiento administrativo, ley de procedimientos administrativos, empleo público, facultades administrativas, facultades discrecionales, Administración Pública
Materia: CIVIL
Carátula: SCHNAIDERMAN ERNESTO HORACIO c/ ESTADO NACIONAL - SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-04-08

La interpretación postulada en el sentido de que si se exigiera que el acto que dispone cancelar el nombramiento tuviera que reunir la totalidad de los recaudos previstos en el art. 7º de la ley 19.549, carecería de sentido la existencia del art. 42 inc. a) que faculta a la Administración a dar por concluida la relación de empleo público mediante la cancelación de la designación en los términos del art. 17, contraría el texto mismo de este último, que limita la discrecionalidad de la autoridad para disponer el cese en el empleo. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Lucero, Raúl. c/ P.V.I.S.A. s/ Cobro de pesos. Graziadio, Domingo C. c/ Empresa Alvarez Patiño S.A. s/ Incumplimiento de convenio. Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-13|1996-05-14

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no controvierte idóneamente las motivaciones esenciales del fallo al no hacerse cargo de la impugnación de todos los elementos probatorios tenidos en cuenta por el tribunal del trabajo para la determinación de las conclusiones fácticas.
Divorcio contradictorio, causales de divorcio y separación personal, adulterio, prueba, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: C. DE K. E. I. c/ K. F. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-16

En materia de adulterio no es exigible la demostración directa y fehaciente de la relaciones sexuales extramatrimoniales, bastando para tener por configurada esta causal la existencia de presunciones serias, precisas y concordantes, que fundadas en hechos indiciarios debidamente probados, lleven al ánimo del juzgador la convicción de los extremos imputados.
Recurso de casación, procedencia del recurso, embargo, levantamiento del embargo
Materia: LABORAL
Carátula: QUIROGA CARLOS ORLANDO c/ EDGARDO GUTIERREZ Y/U OTROS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-11-14

El recurso de casación procede contra sentencia definitiva, y el fallo de la Cámara Laboral atacado no reviste tal carácter, por lo que el mismo es improcedente. De acuerdo a lo dispuesto en la ley vigente en el art. 104 del C.P.C.C. que regula el levantamiento de embargo, encontramos que expresamente se establece la irrecurribilidad de la sentencia que rechace el levantamiento de embargo impetrado, quedándole al tercero la vía de la tercería, lo que refuerza aún más la condición de que la sentencia recurrida no es definitiva.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, domicilio, sucesiones
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: Coronau, Máxima y otro. s/ SUCESIONES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-13

En el caso de ser poco clara o contradictoria la prueba respecto del último domicilio del de cujus (que determina la competencia de conformidad con lo establecido en el art. 3284 del Código Civil), se tendrá por cierto que aquél se domiciliaba en el lugar donde aconteció su fallecimiento.
Acciones reales, acción reivindicatoria, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SEAN DE CHENG SO CHIEN c/ MAIOLO, Jorge s/ REIVINDICACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-09-12

Acreditada la condición de titular registral del actor, demostrado que el título de propiedad es de fecha anterior a la posesión de los demandados (art. 2790 del Código Civil)con la consiguiente presunción de que el autor del título es el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica y no discutida la posesión sin título opuesta por los demandados y/o la tenencia alegada por aquellos, la acción de reivindicación resulta plenamente viable y debe ser favorablemente receptada.
Telecomunicaciones, empresa de servicios públicos, Ley Nacional de Telecomunicaciones, interpretación de la ley, responsabilidad de la provincia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buenos Aires, Provincia de c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ remoción de instalaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-13

La conducta evidenciada por la empresa de servicio telefónico no se compadece con los fines tenidos en mira por el legislador al regular el régimen de las telecomunicaciones por medio de la ley 19.798, razón por la que se debe concluir que no resulta adecuado a la tutela del interés general, que sea la Provincia de Buenos Aires quien asuma el costo de la remoción de las instalaciones que no cuentan con las autorizaciones correspondientes, conforme a la interpretación armónica que cabe efectuar de sus disposiciones, tal como ha quedado expuesto. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, violación de la ley o doctrina legal, aplicación de la ley
Materia: Procesal
Carátula: Rectificaciones Comodoro S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia y otro. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-28

El recurso se limita a aseverar que el a-quo aplicó "normas de derecho privado a una situación regida por el derecho administrativo", sin identificar la regla de derecho que a su juicio debió considerar para la solución del pleito, y sin advertir además, que de ser así, la cuestión que trajo al juicio ordinario, hubiere resultado, por la materia, de competencia contencioso-administrativa.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, indemnización por despido, tope indemnizatorio, sentencia arbitraria, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: Mastroiani,  Ricardo  Alfredo c/ Establecimiento Modelo Terrabusi Sociedad Anónima de Industria y Comercio.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Es una afirmación dogmática fundada en la sola voluntad del juzgador la referencia a la configuración de un "tipo de inequidad" para apartarse del tope establecido en el art. 245 de la LCT, art. 153 de la ley 24.103, si no se ha desarrollado mínimamente un estudio de los distintos aspectos de la norma, de los principios que la inspiraron y no se ha efectuado ninguna evaluación acerca de los intereses contrapuestos que el legislador se propuso tutelar al establecer el tope legal de las indemnizaciones por despido arbitrario.
Juicio ejecutivo, agente fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Juan Alberto Bertolaza c/ Tilson Edgardo Pérez s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-10-14

En el proceso ejecutivo, no se encuentra prevista en ninguna de las normas procesales regulatorias de este tipo específico de juicio, la vista al Sr. Agente Fiscal en supuestos como el que el funcionario mencionado le cupo intervenir. Debe aclararse por lo tanto que tanto la vista corrida por el a-quo, como la opinión expresada por el fiscal, son manifiestamente procedentes en el marco del proceso ejecutivo.
Prescripción, daños y perjuicios, gobierno de facto, resoluciones
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Sandler, Héctor Raúl c/ Estado Nacional s/ nulidad de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

El plazo de la prescripción de la acción enderezada a obtener la reparación de los perjuicios sufridos por la aplicación de la resolución n° 2 de la Junta Militar sólo pudo comenzar una vez cesada la imposibilidad jurídica de demandar existente durante su vigencia, que tuvo lugar con el acta del 5 de diciembre de 1983 (publicada el día 9 de ese mes).
Monto de la pena, aplicación errónea de la ley, agravantes de la pena, peligrosidad del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Rivero Yactayo, José María c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-22

Se verifica una errónea mensuración de la pena si al momento de individualizar el monto de sanción aplicable, de acuerdo con las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, el tribunal oral ponderó la conducta asumida por el imputado con posterioridad al hecho -en el caso, que emprendió la fuga e hizo caso omiso al requerimiento de la víctima- sin explicar con suficiencia de qué manera tal circunstancia volvió al hecho objetivamente "más grave". Tampoco es posible extraer de ello referencia alguna a la naturaleza de la acción ni a los medios empleados para ejecutarla, ni se ha inferido de aquella actitud la extensión del daño o peligros causados (art. 41, inc. 1° CP) puesto que ese proceder, considerado como agravante por el a quo, se encontró completamente desconectado del hecho mismo, y por tanto no constituye un parámetro pertinente para medir su intensidad. El criterio utilizado parece ser más adecuado para medir la culpabilidad del individuo, o para extraer alguna conclusión -siempre cuestionable- sobre la "peligrosidad" del sujeto, en los términos del inc. 2º del art. 41 del Código Penal aunque no fue valorado en ese sentido y por lo tanto, no puede ser convalidado (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Garrigós de Rébori y García).
Pago de la remuneración, competencia laboral, fuero de atracción, desplazamiento de la competencia, juicios universales, recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, aplicación de la ley, gravamen irreparable
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: POGANY, ESTEBAN c/ CLUB FERROCARRIL OESTE ASOC. CIVIL s/ SUM. S/ QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

En una acción por cobro de salarios, deducida originariamente ante el fuero del trabajo y luego radicada en sede comercial, como consecuencia de la atracción ejercida por el concurso del accionado, resulta improcedente la queja deducida por el letrado del accionante contra la denegación de la apelación interpuesta respecto de la resolución que declaró que el pretensor no estaba habilitado en derecho para continuar el trámite propio de un juicio de pleno conocimiento, es decir, que no competía al actor la elección entre las alternativas conferidas por la LC 21-1º; con la consecuencia de que la pretensión se sujeta exclusivamente al régimen de la LC 21 5º. Ello así, pues el decreto cuestionado: a) resulta inapelable positivamente conforme lo dispuesto por la LC 273-3º, toda vez que ninguna disposición legislativa, como tampoco ninguna construcción pretoriana, ha sostenido que se configure excepción a esa regla general de inapelabilidad respecto de una disposición de alcance meramente ordenatorio o procedimental; b) no aparejo ninguna consecuencia respecto de derechos materiales del pretensor del juicio de cobro de salarios, por lo que no causo el gravamen de derecho que constituye presupuesto necesario del empleo del recurso de apelación. La citada ausencia de gravamen, se advierte porque aquel decreto se limito a establecer la vía pertinente por emplear por el actor del juicio referido para instar su incorporación al estado concursal del pasivo.