marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, amparo por mora
Materia: PROCESAL
Carátula: LASCANO, Néstor E. c/ COMISION MUNICIPAL DE LA VIVIENDA s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-02

El amparo por mora de la administración es una solución legal que tiene su fundamento en la existencia de conductas omisivas, consistentes en no proveer actuaciones administrativas. La finalidad de éste instituto no es subrogar a la autoridad administrativa por la judicial, haciendo que esta última proceda por aquélla, sino obligarla a resolver.
Caducidad de la inscripción, prenda
Materia: CIVIL
Carátula: Nuevo Banco de Entre Rios S.A. c/ Agropecuaria Sur S.A. s/ ejecucion prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-09-10

Si bien la norma del art. 23 de la ley de prenda con registro posibilita que el "legítimo tenedor" pida la reinscripción al titular del Registro, o bien iniciada la ejecución, lo haga ante el juez para que éste ordene la reinscripción del contrato prendario por el término de cinco años (todas las veces que fuere necesario), tales solicitudes deben ser efectuadas con anterioridad al vencimiento del término de caducidad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fábricas Argentinas Anahí SACIFI c/ Bozzi, Ana María s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Determinar el estado de mora entre las partes, analizando para ello lo convenido en el contrato vinculante y la conducta de aquéllas, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser reexaminada en casación si se pone en evidencia que tal conclusión es el resultado de un razonamiento absurdo.
Accidentes de trabajo, acción civil por accidente de trabajo, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, JUSTO c/ UNION CONSTRUCTORES ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-14

En el caso de la muerte de un hijo, lo que debe resarcirse el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con sentido económico, que constituye para una familia modesta, la vida de un hijo muerto a consecuencia de un hecho ilícito. Ese resarcimiento cabe, sino a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda a sus padres.
Divorcio, deber de fidelidad, adulterio
Materia: CIVIL
Carátula: R., J. c/ H., A.C. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-06

El testimonio brindado acerca de situaciones demostrativas del vínculo de uno de los cónyuges con un tercero (paseo en la playa, sacos manchados, llamadas raras o ticket de hotel alojamiento)no tienen correlación con una determinada persona y hasta en algún caso podrían provenir de la relación matrimonial de modo que no configuran la prueba del adulterio requerida por la ley, más allá de la infidelidad moral que podrían representar esos actos y que comprueban la causal de injurias graves. (Sumario N°20273 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, prestación de servicios, sociedad prestadora de servicios médicos, obligaciones de la obra social
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Nazcur SA c/ Obra Social de Empresarios Profesionales y Monotributistas Osdep y M. s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-06

Resulta competente la justicia comercial para entender en una acción incoada por una sociedad anónima contra una obra social, cuyo objeto consiste en obtener el cobro de cierta suma de dinero que la obra social emplazada le adeudaría por los servicios publicitarios que dicha empresa le habría oportunamente brindado. Ello así, pues en la especie no está en debate el funcionamiento de la obra social en su carácter de prestadora de servicios médico asistenciales a sus afiliados en los términos de la ley 23661
Prescripción, interrupción de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Aliaga, Octavio c/ Bertrán Hnos. y Cía. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

Interrumpe la prescripción la demanda que fue archivada por adolecer de los defectos de forma a que se refiere el art. 26 del dec.ley 7718/71 y que no fueron subsanados en el plazo otorgado al efecto (art. 3986, Código Civil).
Actos de los poderes públicos, principio de juridicidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., E.C. y Otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

La competencia del órgano público, desde una concepción tradicional, no es sino la medida de la potestad atribuida por el ordenamiento a un órgano jurídico o un ente, que equivale en el Derecho Administrativo, a la capacidad en el Derecho Privado con una diferencia: mientras en éste la capacidad es la regla y la incapacidad la excepción, en el Derecho Administrativo el principio se invierte, y no es concebible la existencia de potestad estatal sino a partir de una norma habilitante.
Empleados públicos, personal adscripto, Administración Pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Iungman, Eduardo Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 520-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-05

No se advierte que la autoridad administrativa que ordenó la adscripción del agente haya actuado al margen de la potestad conferida por el artículo 13 inciso a) de la ley 8525, cuando invocó concretas razones de servicio, asignó al agente precisas tareas a realizar de acuerdo con su capacitación profesional y se dispuso con carácter transitorio. Respetados estos presupuestos, la adscripción en modo alguno conculcó el derecho a la estabilidad en tanto éste queda garantizado con la conservación del empleo, el nivel escalafonario y la inamovilidad en la residencia, ni significó un traslado con los alcances que señala el artículo 46 del estatuto aprobado por ley 8525.
Deudas impositivas, liquidación de impuestos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/ ROMANI MIGUEL ANGEL Y OTRO s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-05-31

Si el artículo 11 del Decreto 4672/92 preceptúa que "los organismos o reparticiones delegadas de la Dirección General de Rentas deberán confeccionar por cuadruplicado las planillas de liquidación de deudas legalizando todas sus copias ... (que) tendrán el siguiente destino: original y copia para el Procurador Fiscal...", es obvio que los encargados de las mismas se encuentran facultados para suscribirlas. Por lo que resulta manifiestamente infundada la pretensión de la accionada, sustentada en que la de autos no se encuentra firmada "por la máxima autoridad de la D.G.R."(sic).- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario federal, falta de fundamentación, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: S., H. O. c/ BOCCHI HOLDING B.V. y Otro s/ ORDINARIO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-11-22

No se transgrede el principio de igualdad cuando se otorga distinto tratamiento en vista de situaciones que se estiman diferentes, mientras que tal actividad no sea producto de juicios arbitrarios ni irrazonables privilegios ilegítimos, desde que este principio no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en igualdad de circunstancias. La garantía en cuestión impone la obligación de tratar de un modo igual a los iguales, en iguales circunstancias, lo que no impide la distinción razonable entre quienes no se encuentran en las mismas condiciones, como es éste el caso.
Excepción de incompetencia, intervención de terceros, daños y perjuicios, asegurador, incumplimiento del contrato, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Garfaz SA y otros c/ Universal Assistance SA s/ incidente art. 250 (por apelación de rechazo de excepción de incompetencia). c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-28

Procede rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la tercera citada, por cuanto el reclamo se basó en el resarcimiento de los supuestos daños y perjuicios que habrían sufrido los actores por el presunto incumplimiento contractual de la entidad aseguradora accionada quien se habría comprometido a prestar los servicios de asistencia al viajero y se obligó a cubrir la cancelación del viaje de estudios de un grupo de personas al Reino Unido que no se realizó en virtud de las restricciones sanitarias de los años 2020 y 2021. La intervención de la recurrente en este juicio no fue como demandada directa sino en virtud de la citación en carácter de tercer propuesta por la sociedad demandada. La cuestión sub examine es de neto corte mercantil por cuanto el ámbito de su análisis está inmerso en el marco de la relación comercial existente entre las demandadas y los clientes que debe dilucidarse sustancialmente a través de la aplicación de las normas de derecho común.
Personas con discapacidad motriz, medidas cautelares, obligaciones de la obra social, computadora
Materia: CIVIL
Carátula: G.R.A. s/ Insania y Curatela
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-04

Debe admitirse la medida cautelar tendiente a que una obra social brinde cobertura para la provisión de una Notebook y jostick de botones con palanca a un joven que padece "síndrome de Wilson" con afectación de la función motriz y pérdida de lenguaje, pues, se encuentran acreditados la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y aquélla no puede esgrimir la no inclusión de la cobertura peticionada en el Programa Médico Obligatorio, dado que ello se contradice con el plexo normativo que se encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica argentina.
Acción de amparo, acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: Biscardi c/ M.C.B.A. s/ Amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

El art. 2 de la Ley 16.986 establece que la acción de amparo no será admisible cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional en cuestión. En consecuencia, cuando se trata de un acto de la administración pública es indispensable, como principio general, que el reclamo transite por todas las instancias normales de revisión y apelación, y que recién después de decidido en la última sea atacado por vía de amparo. De lo contrario se interrumpe la posibilidad de obtener satisfacción a la pretensión dentro del propio ámbito de la administración, y se acude al amparo antes de que este remedio se torne necesario (Bidart Campos, Régimen legal y jurisprudencial del amparo, pág. 165/166).
Beneficios previsionales, pensiones, nulidad de matrimonio, impedimento de ligamen, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: L. DE A.V. c/ B.R. s/ ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-17

Corresponde disponer el depósito judicial de las sumas correspondientes a la accionada como beneficiaria de la pensión de su cónyuge, si el litigio que motiva la medida cautelar persigue la nulidad de matrimonio contraído en nuestro país por el causante con la demandada y fue promovido por la primer cónyuge de aquél con sustento en una partida italiana. La situación encuadra dentro de las previsiones del art. 230 del Código Procesal ya que están reunidos los requisitos que le hacen viable: verosimilitud del derecho, peligro en la demora e inexistencia de otros medios más adecuados para obtener la cautela.

Si se presentan los títulos de estado matrimonial correspondientes a diferentes personas con relación a una misma no puede resolverse simplemente atribuyendo valor sólo a uno, ya que los dos valen frente a terceros por igual de manera que debe reconocerse estado matrimonial a las dos personas que lo invocan (conf. Belluscio, "La apreciación de todo lo referente a la eficacia o ineficacia del matrimonio es función exclusivamente judicial" L.L. 1975-B-574 y sigts.) Ello mientras alguno de los títulos no sea privado de eficacia por sentencia que declare la inexistencia del matrimonio que él comprueba, o anule ese matrimonio (conf. Belluscio, "Derecho de Familia" t. I, p. 71 nro. 28), pero en tanto esto no ocurra, corresponde respetar la validez de ambos actos, y afectar al resultado del pleito los beneficios previsionales del causante.
Concursos, extinción del contrato de trabajo, verificación de créditos, acreedor laboral, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: OHANNES  SA s/ CONC.  PREV.  S/  INC.  DE  VERIFIC.  POR MARTINRODRIGUEZ DELFIN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-13

Resulta improcedente admitir la defensa de prescripción respecto de ciertas diferencias salariales anteriores al distracto cuando, -como en el caso-, se verifica que el incidentista remitió una carta documento de la cual surge la intimación concreta al pago de dichos rubros. Ello pues, tal requerimiento traduce adecuadamente la voluntad del acreedor en relación con la deuda que se estimó prescripta, razón por la cual, la pertinente acción fue interpuesta oportunamente respecto de los conceptos incluídos en la misiva habida cuenta el plazo que fija la LCT art. 256. En tal sentido cabe precisar, que la falta de recepción de la pieza mencionada no es argumento idóneo para invalidar el requerimiento, porque fue dirigido al domicilio consignado por la concursada en los recibos de sueldo acompañados y en que el accionante desempeñaba su labor, en ese tiempo. Máxime, si la deudora no demostró que a la fecha de la intimación el requirente hubiese tenido conocimiento de cambios de domicilio, razón por la cual es posible concluir que la actividad desplegada por el reclamante resultó bastante para demostrar su voluntad de regularizar su situación laboral, y realizar actos necesarios para preservar las acciones y proteger su derecho de cobro de las sumas reclamadas.
Recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, Derecho penal
Materia: PENAL
Carátula: Dervi, Néstor s/ recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-10-07

Es equiparable a sentencia definitiva el fallo de la Cámara de Apelaciones que revoca el sobreseimiento del imputado y en el mismo acto dispone su procesamiento.
Encubrimiento real con receptación, automotor sustraído, falsificación de instrumento público, documentación del automotor, cuestiones de competencia, excepción de cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: ABDELMALEK, S s/ ENCUBRIMIENTO - NULIDAD PROCESAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-21

1) El uso por parte del procesado del rodado sustraído por otro, con la posesión de la documentación a su nombre, demuestran además de la receptación, el fin de lucro -elemento subjetivo trascendente del tipo- que se satisface por el beneficio económico que puede reportar su uso, y no tan solo una actividad puramente favorecedora; por lo cual el hecho debe encuadrarse en la figura del art. 278 C.P.

(encubrimiento por receptación), y no en la del art. 278 ter (favorecimiento real).

2) Respecto a los documentos que junto con el automóvil se le secuestraran al procesado al tiempo de ser detenido (una cédula de identificación falsificada, un recibo del pago de patente y una boleta de compra de una firma de autos), la distinta naturaleza de los documentos hizo que por la cédula de identificación se lo juzgara y condenara ante la justicia federal por el delito de falsificación de instrumento público destinado a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores, siendo acusado en este fuero con relación a los otros dos documentos igualmente espurios; doble juzgamiento que es violatorio de la regla del "non bis in idem".

3) En el caso de autos, el beneficio de la duda hace que deba adjudicársele la autoría o participación en la facción de esos documentos falsos y no tan solo el uso, lo que favorece, porque sí ello es así, resulta claro que toda la papelería debe considerarse creada en un mismo acto, sin que tenga poder multiplicador de conductas su distinta naturaleza y menos todavía la contingencia de un juzgamiento disperso.

Se dan en consecuencia las 3 identidades -de persona, de objeto y de causa- que configuran la identidad de hecho y que hacen que los alcances de la cosa juzgada en el expediente que tramitara en el fuero federal, se proyecte sobre esta porción de una misma conducta aparentemente imprejuzgada.

4) Por lo expuesto, corresponde la aplicación "ex officio" de la excepción contenida en el inc. 4 del art. 443 del C.P.C., imponiéndose la adopción de la forma conclusiva prevista por el art.

454 cód. cit. dado que se trata de un hecho independiente del encubrimiento, si se aprecia que receptar y falsificar son dos conductas ontológicamente diferentes, aunque en la especie hayan estado encaminadas a una misma finalidad extratípica.
Vacaciones, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: AVILA, SEGUNDO ZACARIAS c/ AGUERO, RAMON s/ DESPIDO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-17

La antigüedad -para el tiempo vacacional- se computa al 31 de diciembre de cada año. Para que surja el derecho es preciso que el trabajador haya prestado servicios durante la mitad de los días hábiles correspondientes al año calendario respectivo, condición que se agrava en el año de ingreso: el 75 % de los días hábiles. Se entienden trabajados, también, los días en que no se prestó servicios por estar amparado en licencia legal, enfermedad, accidente o cuando la holganza efectiva se debió a razones no imputables al trabajador. En caso de no reunir el porcentaje mínimo condicional indicado, el derecho vacacional mengua. Cuando se produce la extinción de la relación laboral, corresponde al trabajador recibir la indemnización substitutiva de las vacaciones no gozadas. Si bien la norma del artículo 23 no lo establece, por lógica ha de entenderse que el tiempo vacacional se proporciona a la fracción del año trabajado, como lo afirma positivamente el artículo 156 de la LCT.
Contrabando, control aduanero, declaración inexacta de mercaderías
Materia: PENAL-ADUANERO
Carátula: Castro Pizarro, Rodolfo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-12

La hipótesis del inciso "b" del artículo 864 del C.A. comprende los casos en que se viertan declaraciones falsas en despachos de importación para hacer variar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería documentada aunque no hubiera mediado una maniobra ardidosa tendiente a impedir o dificultar que la autoridad aduanera pudiere advertir la falsedad de dichas manifestaciones. Constituye el delito de contrabando en grado de tentativa el intento de burlar la acción del servicio aduanero mediante una manifestación falsa dirigida a conseguir un régimen aduanero o fiscal distinto al que correspondía a la mercadería en tránsito de importación. Es que la acción de los imputados, mediante la confección de un formulario con los datos de una camioneta que no era la que realmente pretendían pasar, estuvo inequívocamente dirigida a impedir o cuanto menos dificultar el control de los empleados de la aduana en los términos del artículo 864, inciso "b", del Código Aduanero. (Voto del Dr. Hornos, adhiere la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, Dra. Berraz de Vidal en disidencia).
Honorarios, ejecución de honorarios, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: I.N.O.S. c/ OBRA SOCIAL DE MECANICOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR s/ HONORARIOS  -  BASE  REGULATORIA  -  ACUERDO  EN  QUE NO PARTICIPA EL  LETRADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-14

Las partes arribaron a un "acuerdo de pago", determinándose allí la suma que la ejecutada reconocía adeudar a la actora, con relación a los certificados de deuda que detalla, de los cuales sólo uno se vincula con la presente causa. Es claro que los importes relacionados con los restantes no deben ser computados, a los efectos arancelarios, por ser manifiestamente ajenos a esta ejecución y que la base regulatoria para fijar los honorarios del recurrente -sobre cuya participación en el aludido acuerdo no hay constancia alguna- está representada por la porción que dicho acuerdo corresponde exclusivamente al certificado base de esta ejecución.
Marcas, marcas nominativas
Materia: CIVIL
Carátula: LABORATORIOS  BAGO  SA c/ NATUFARMA  SA s/ cese de oposición alregistro de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-22

El hecho de que "SERENIL NATUFARMA" esté registrada como marca denominativa -al igual que la solicitada "SERENAL"-, lleva a pensar que el uso que se le da a la marca registrada pueda variar en el futuro modificándose el packaging del medicamento En tal supuesto, el alcance de la protección legal de que goza la accionada no variaría: como Natufarma no registró ningún diseño en panicular para esta marca, no está comprometida a mantener el actual. Hoy en día, la elección de una determinada tipografía y tamaño de letra, forma o color en un envase responde a distintas variables de marketing que son valoradas por los comerciantes. El modo de empleo de "SERENIL NATUFARMA" no puede jugar en contra de esa empresa; tampoco beneficiaria si -llegado el caso- quisiera proteger ese diseño no registrado.
Trámites judiciales, secuestro de automotor, levantamiento de medidas cautelares, ejecución de honorarios, tercero adquirente de buena fe
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Levantamiento de medida cautelar sin tercería en Expte. Nº A-48545/90 Nº A-48545/90
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2012-10-29

Procede el levantamiento de secuestro sin tercería trabado sobre un vehículo cuyo dominio ostenta el tercero adquirente de buena fe, por una ejecución de honorarios contra la propietaria anterior, y en consecuencia ordenar la inmediata devolución del rodado a su titular registral, pues a la tercera propietaria del automotor le resulta inoponible cualquier medida sobre el rodado de su propiedad que no hubiese estado vigente al momento de la inscripción registral.
Acción contencioso administrativa, Administración Pública, costas, honorarios, cuerpo de abogados del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SCHWIENBACHER, MAXIMO M. Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE VILLA CONSTITUCION s/ REAJUSTE DE HONORARIOS.    RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD.    CSJ EXPTE NRO 15-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-25

A pesar de que el art 57 de la ley 4106 establece que la administración pública no es parte, el análisis de las normas que regulan el trámite establecido para el recurso contencioso administrativo de ilegitimidad demuestra que éste, virtualmente resulta un proceso entre partes; además la sentencia debe decidir sobre costas. De ello se desprende que en el recurso contencioso de ilegitimidad cabe la imposición de costas.

En el caso, se impuso las costas a la actora perdidosa que comprendió los honorarios del abogado apoderado del ente público demandado.
Juicio de árbitros, honorarios del abogado, regulación de honorarios, aplicación de la ley, Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Fiscales s/ tribunal arbitral (y Y6XXIII)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

En supuestos en los que no resulta aplicable la ley 21.839, es razonable adoptar como pauta orientadora para la regulación de los honorarios de los abogados de las partes en un juicio arbitral, las escalas previstas en el Reglamento de Conciliación y de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.