Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-08-25


SENT Nº 603 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veinticinco (25) de Agosto de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor Antonio Gandur -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia del doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora, en autos: ?Fajre Luis Roberto vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso Administrativo?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el doctor Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- Luis Roberto Fajre -parte actora en autos- plantea recurso de casación (cfr. fs. 344/348 vta.) contra la sentencia Nº 115 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 26 de marzo de 2010, obrante a fs. 339/340 vta., habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA).

II.- Por sentencia Nº 239, del 09-5-2011, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja incoada por el demandante y declarar provisionalmente admisible el recurso de casación por aquél incoado (cfr. fs. 404 y vta.).

Consecuentemente, corresponde ahora realizar el examen definitivo de admisibilidad de aquél.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 341 y 348 vta.); el fallo atacado constituye una sentencia equiparable a definitiva; se dio cumplimiento con el depósito que se exige en la ley del rito (cfr. fs. 343); el escrito de presentación del recurso se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas legales, motivándose la impugnación recursiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por todo ello, el recurso es admisible.

III.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada incurre en auto contradicción, ya que de los argumentos en que se sustenta se infiere su prescindencia absoluta respecto de las consideraciones vertidas en el mismo Tribunal al momento de aceptar su competencia para entender en estos actuados.

Recuerda que en tal oportunidad aceptó la responsabilidad del estado local con relación a todo eventual perjuicio que pudieran sufrir los beneficiarios transferidos, sobre la base de lo preceptuado en la cláusula 16 del Convenio de Transferencia, de tal suerte que la afirmación contenida en el fallo en recurso que el caso de autos queda aprehendido en la cláusula 4 del aludido convenio, viene a renegar de la aseveración anterior, conculcando el principio de cosa juzgada.

Aduce que la Sala a quo incurre en violación de la ley aplicable toda vez que estima que en el caso de autos se trata de créditos que se devengaron con posterioridad a la fecha de transferencia del sistema.

Alega que en la especie lo que se procura es modificar la opción de cargo anterior a la transferencia; vale decir, añade, que a la fecha de obtener el beneficio jubilatorio ya se habían prestado los servicios no valorados para mejorar el haber, de modo tal en realidad la cuestión versa sobre créditos originados con anterioridad a la transferencia del sistema y no por nuevos cargos o hechos posteriores a ella.

Expresa que la correcta inteligencia de la cláusula 4 del Convenio, en concordancia con la 16, implica que la Provincia asume responsabilidad integral e ilimitada por las consecuencias de cualquier acción judicial iniciada por los beneficiarios incluidos en la transferencia, limitándose la responsabilidad del Estado Nación a la cantidad de beneficiarios y montos incluidos en los anexos del convenio.

IV.- La sentencia en crisis hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar de la Provincia de Tucumán aduciendo que resulta ajustada a derecho la afirmación de esta última en el sentido que a partir de la transferencia del sistema previsional a la Nación la Provincia no puede ejercer actividad previsional y, por lo tanto, no se encuentra dentro del ámbito de la competencia de la accionada resolver acerca de la rectificación o cambio del cargo o parámetro establecido para los haberes del actor por Resolución Nº 2014, del 22-8-1996 y, en consecuencia, disponer el pago de las diferencias que pudieran devengarse a su favor (cfr. fs. 340).

Ahora bien; desde el momento que lo que se encuentra en entredicho, en la especie, es el ajuste a derecho de la opción de cargo contenida en la Resolución Nº 2014 del 22-8-1996 de la Interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Tucumán (cfr. fs. 83) y del Decreto Nº 2027/520-SEAC, del 11-10-1996 emanado del Poder Ejecutivo local -por el que se aprueba la Resolución anterior- (cfr. fs. 85/87), va de suyo que no puede quedar al margen de este litigio la Provincia de Tucumán, como legítima parte. Mucho más aún cuando, en la lógica del fallo recurrido, la intervención de la Unidad de Control Previsional resulta insoslayable en orden a la materia que constituye el objeto de las pretensiones incoadas en la causa y, siendo que el referido organismo actúa bajo la órbita del Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia conforme surge del Decreto Acuerdo Nº 97/1 (B.O 13-9-1996) de su creación.

Por lo tanto, si la legitimación procesal se define como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para entender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa (cfr. Palacio, Lino E.: ?Derecho Procesal Civil?, T. I, pág. 406; CSJT: sentencia Nº 1096, del 20-11-2006, entre otras), no puede discutirse con razón, a la luz de lo precedentemente considerado, que la Provincia de Tucumán no deba integrar la presente litis como demandada.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia Nº 115 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 26 de marzo de 2010, obrante a fs. 339/340 vta.

En consecuencia, casar dicha sentencia, dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la siguiente doctrina legal: ?Debe dejarse sin efecto el pronunciamiento de grado que hace progresar incorrectamente la excepción de falta de legitimación pasiva deducida en la causa, apartándose de las constancias de autos y del derecho aplicable?. Por consiguiente, dictar como sustitutiva:

?I.- NO HACER LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por la Provincia de Tucumán a fs. 254/258 vta. de autos. II.- COSTAS, a la Provincia de Tucumán, vencida en autos (cfr. artículos 79 del CPA y 105, primera parte, del CPCC). III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios?.

V.- Atento a la conclusión inferida, por el principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen a la parte vencida, demandada en autos (cfr. artículos 79 del CPA y 105 primera parte del CPCC).

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, RESUELVE:

I.- HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 115 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala III de fecha 26 de marzo de 2010 glosada a fs. 339/340 vta.

En consecuencia, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. DICTAR como sustitutiva:

?I.- NO HACER LUGAR a la excepción de falta de legitimación pasiva incoada por la Provincia de Tucumán a fs. 254/258 vta. de autos. II.- COSTAS: a la Provincia de Tucumán, vencida en autos (cfr. artículos 79 del CPA y 105 primera parte del CPCC). III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios?.

II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER RENÉ MARIO GOANE CLAUDIA BEATRIZ SBDARANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.