Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-31


- En la ciudad de Trelew, a los 31días de agosto del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, bajo la Presidencia a cargo del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G., L. d C. c/ A. S.A. s/ CANCELACIÓN DE PRENDA" (Expte. N° 21.447 - año 2006) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 171.

- A LA PRIMERA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente dijo:

- I.- Llegan a esta Alzada las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto a fs. 163 por la parte actora, el que fuera concedido libremente a fs. 164, contra la sentencia de primera instancia, por la cual se declara abstracta la cuestión atinente a la pesificación de las obligaciones dinerarias emergentes del contrato de prenda que vinculó a las partes; rechaza la demanda promovida por el actor contra la demandada; hace lugar al pago por consignación de $ 345,20 efectuado por el demandante; rechaza la reconvención deducida por la demandada contra la parte actora; e impone las costas por la demanda en un 70% a la parte accionante y en un 30% a la parte accionada, mientras que las correspondientes a la reconvención son impuestas a la demandada.

- A fs. 169 y vta. obra el respectivo escrito de expresión de agravios, y corrido a fs. 170 el traslado que prevén las normas del código adjetivo, el mismo no fue evacuado por la contraria.

- A fs. 170 pasan los autos a despacho a fin de dictar sentencia.

- II.- Se agravia el quejoso por la forma en que fueran impuestas las costas por la demanda, que el fallo en crisis estableciera en un 70% a cargo de la demandante, y el 30% a cargo de la demandada.

- Manifiesta que no se ha tenido en cuenta que la confusa redacción de la normativa de emergencia económica dio lugar a un sin fin de dudas interpretativas, dividiendo las aguas de la corriente doctrinaria y jurisprudencial entre los que predicaban que las obligaciones que se encontraban en mora antes del dictado de la Ley 25.561, no estaban alcanzadas por la ley de emergencia, y aquellas que entendían que mediante el Decreto 214/02, con la aclaración emanada del Decreto 320/02, no cabía duda que también se referían a las obligaciones en mora a la fecha del dictado de la Ley 25.561, de la Ley 25.820 y de varios decretos, de los que menciona algunos.

- Sostiene que estas circunstancias, complicadas en extremo, adicionada a la pretensión confiscatoria de la accionada, han motivado al accionante a deducir la presente litis.

- Expresa que, si bien es cierto que la actora ha resultado vencedora en cuanto a su pedido de pesificación de la obligación en moneda extranjera y perdedora en cuanto al pedido de devolución de los intereses de financiación y cancelación del contrato, señala que la importancia económica de cada uno de esos conceptos es totalmente diferente.

- Manifiesta que el monto en moneda extranjera por el que se suscribieron los contratos fue por un total de u$s 18.299,00, el que tuvo acogida favorable y se dispuso su pesificación, mientras que el planteo por los intereses de la financiación fue sobre un monto sensiblemente inferior.

- Sostiene que de la comparación del contenido económico de estas dos pretensiones, surge la notoria diferencia apuntada.

- Afirma que se ha condenado a su parte a soportar el 70% de las costas por la demanda, por haber triunfado en sólo una de la pretensiones deducidas, y esto como consecuencia de parcelar el litigio sin tomar en cuenta el contenido económico de cada una de las reclamaciones incoadas, lo que considera injusto y contrario al principio objetivo de la derrota consagrado por el artículo 68° del CPCC..

- Finaliza su planteo solicitando que las costas sean impuestas en el orden causado, y se revoque la sentencia en los aspectos que han sido materia de agravios.

- III.- Tal como viene de decirse, el apelante finca su ataque en lo que considera injusta aplicación de las costas por la demanda, que, según expresa, no se condice con el principio objetivo de la derrota contemplado en el rito en su artículo 68°.- - Considera desproporcionado el 70% que le fuera aplicado a su parte, mientras que sólo el 30% restante lo cargó sobre la demandada.

- A los fines de una mejor comprensión de la cuestión a dilucidar, entiendo que resulta conveniente y necesario recordar los fundamentos articulados sobre el particular en el fallo en crisis.

- Así, la Sra. Juez de grado anterior, señaló: "Que las costas de la demanda se impondrán en un 70% a la parte actora y un 30% a la parte demandada, en virtud del principio del vencimiento parcial y mutuo (art. 71 del CPCC). A los fines regulatorios tendré en cuenta que la demanda en parte carece de monto y en parte lo tiene; y consideraré la calidad, extensión y eficacia de los escritos presentados, la naturaleza del proceso y el resultado obtenido,. etc.".

- III.a.1) Desde este posicionamiento, en primer lugar, considero que no resulta atendible el argumento vertido por el quejoso al inicio de su expresión de agravios, cuando asevera que en la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta la confusa redacción de la normativa de la emergencia económica, que dio lugar a un sin fin de dudas interpretativas, dando motivo a la accionante a promover la presente litis.

- Y digo esto por dos razones. La primera, por que a la fecha del dictado del pronunciamiento judicial recurrido, ya han trascurrido con holgura más de cuatro años desde la puesta en vigencia de las leyes y normativa complementaria prescriptas para paliar los efectos de la emergencia económica que azotara nuestro país, y al presente, en mayor o menor grado, hay una generalizada uniformidad de criterios, merced al paciente trabajo de construcción interpretativa llevado a cabo por los tribunales nacionales y provinciales, entre los que, por supuesto, se incluye esta Cámara de Apelaciones.

- Por otra parte resulta indudable que el fallo apelado aborda en profundidad la normativa derivada de la emergencia económica, y sus distintas alternativas de análisis (ver Punto II del Considerando, fs. 154 vta/ 155 vta.).

- Y la segunda razón a tomar en cuenta, surge de las mismas afirmaciones formuladas por el actor en su escrito de demanda. En efecto, en el Punto IV de su escrito promocional, que denomina MARCO LEGAL (fs. 49), y en el parágrafo 1), desarrolla extensas consideraciones de hecho y de derecho, con abundantes citas doctrinarias y jurisprudenciales, que doy por reproducidas, en las hace referencia a las normas emergenciales y sus consecuencias (fs. 49/51vta.).

- Y al finalizar su exposición, expresa que :"Mediante esta normativa queda concluído el debate planteado respecto a que si la pesificación correspondía ser aplicada a las deudas cuya mora hubieses operado antes del dictado de la Ley 25.561 o esa condición era solamente para las deudas que hubieran caído en mora durante la vigencia de dicha ley" (v. fs. 51 vta.).

- Resulta al menos llamativo, y puede decirse que también contradictorio, que si al momento de presentar la demanda consideraba que el debate sobre la pesificación estaba concluído, pretenda justificar en esta Alzada que el actor inició su acción impulsado por la confusa redacción de la doctrina emergencial.

- Como se advierte, tales fundamentos y en la forma que han sido expuestos, no cumplen con lo requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 265 del código procesal.

- Así, se ha puntualizado que es inatendible el agravio invocado por el apelante en su memorial sustentado en meras afirmaciones genéricas, y si no se lo hace en la forma prescripta por el artículo 265 del rito (en igual sentido, De Santo, Víctor, "Tratado de los Recursos", Ed. Universidad, T. I, año 1999, p. 335 y sgts.; idem, ED, 111-592).

- Por tal motivo, en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes del fallo adverso al apelante, no puede haber agravio que atender en la Alzada, desde que no existe cabal expresión de los mismos (conf. De Santo, V., op. cit.).

- Por los argumentos apuntados, corresponde desestimar esta porción del recurso.

- II.a.2) El otro agravio, y eje alrededor del cual gira la queja, y como ya lo expresara ut- supra, se halla enderezado a la manera en que la sentencia precedente efectúa la imposición de costas, que le atribuye al apelante el 70% por la demanda. - Cabe tener presente que ab- initio del este Punto II, se transcribió la parte del fallo, en la que la sentenciante fundamenta las razones por las cuales impone las costas en las proporciones que determina, con cita de la norma legal en la que funda su decisión.

- Y sobre este criterio puntual del razonamiento dirimente de la Sra. Juez a- quo, debió dirigir el recurrente su embate impugnaticio, procurando desarticular con una crítica razonada y concreta, el pensamiento de la sentencia que da sustento a la decisión que lo agravia.

- El apelante nada dice en lo que hace al razonamiento erróneo en que hubiere incurrido la Sra. Magistrado de grado anterior, cuando manifiesta en su pronunciamiento judicial, que la demanda carece de monto y en parte lo tiene.

- En este sentido el agraviado, y en apoyo de su postura, se limita a reproducir la suma por la cual se celebró el contrato prendario, pero que no constituía el monto de la demanda, que se fundó esencialmente en cuestiones de pesificación y en la cancelación del contrato prendario.

- Y a mi entender es sobre estas cuestiones centrales que la Sra. Juez puso el acento para resolver la imposición de costas aquí recurrida, con respaldo en los postulados del artículo 71° del código procesal.

- Desde este enfoque, es dable advertir, entonces, que el quejoso tampoco formula una crítica razonada y concreta en los términos requeridos por el ya mencionado artículo 265 del CPCC, atacando con fundamentos jurídicos y fácticos suficientes que desmoronen el pensamiento dirimente del juez sobre este tema puntual.

- La jurisprudencia ha expresado que si en el escrito de expresión de agravios el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado, sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica de éste sino limitándose a manifestar su disidencia y solicitar su revocación, cabe la aplicación de la regla del artículo 265 del CPCC, correspondiendo desestimar el recurso (conf. De Santo, V. op. cit.).

- E igualmente se ha dicho que no puede ser considerado verdadera expresión de agravios el escrito por el que el recurrente se limita a disentir con el juzgador formulando meras apreciaciones personales, pero sin rebatir punto por punto los errores u omisiones en que podría haber incurrido el sentenciante en la apreciación de los elementos probatorios o en la aplicación de la ley, (esta Sala B, en S.D.C. N° 39/06; S.D.C. N° 35/06, entre otras).

- Por las circunstancias apuntadas, deviene procedente desestimar este tramo de la queja, y según las pautas de admisibilidad fijadas por los el código adjetivo.

- II.b) En consecuencia, he de proponer al Acuerdo la confirmación de la sentencia venida en apelación en todo aquello que fuera materia de agravios, imponiendo las costas de Alzada a la parte actora recurrente, y en virtud de las disposiciones que emanan del artículo 68° del CPCC..

- En mérito a lo antedicho, y de acuerdo a la calidad, extensión y eficacia de los trabajos desarrollados en segunda instancia, se regularán los honorarios del Dr. R. J. C., apoderado del accionante, en la suma de $ 225,00 conforme las pautas de los artículos 6º, 14° y concordantes de la ley arancelaria, al que ha de añadirse el IVA pertinente.

- Finalizo mi intervención, y a esta primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

- A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

-Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 163), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 153/159), por la cual se declara abstracta la cuestión atinente a la pesificación de las obligaciones emergentes del contrato de prenda que relacionara a las partes; rechaza la demanda en cuanto se pretende la revisión y cancelación del contrato prendario; hace lugar al pago por consignación efectuado por la suma de $ 345,20, ordenando que se liquide el CVS en el plazo que fija, sobre la cuota 23° y hasta la cuota 36°, con más los interese punitorios pactados desde que se debieron y hasta su efectivo pago, conforme lo indicara en el considerando IV; rechaza la reconvención deducida por "A. S.A."; e impone las costas por la demanda en un 70% a cargo de la actora y el 30% restante a cargo de la demanda. Asimismo, las costas de la reconvención las impone en su totalidad a cargo de la reconviniente.

-fs. 169 y vta., luce agregado el escrito de expresión de agravio, cuyo traslado ordenado a fs. 170, no fue evacuado por la contraria.

-I.- El recurso de apelación deducido por la parte actora centra en cuestionar en modo en que se distribuyeran las costas de la demanda, en tanto se atribuyó el 70% a su cargo y el 30% restante a la demandada. El mencionado agravio se sostiene básicamente en dos argumentos, a saber: 1) la confusa redacción de la normativa de emergencia económica que dio lugar a dudas interpretativas tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sobre si las obligaciones que se encontraban en mora antes del dictado de la Ley 25.561 se encontraban alcanzadas o no por la ley de emergencia, como así también en relación a la ley 25.820 y varios decretos en cuanto a excepciones por la aplicación del CVS y el CER y el reajuste de intereses dispuesto por los decretos 410/02, 1242/02, etc., circunstancias complicadas que sumada a la pretensión confiscatoria de la contraria motivaron a su parte a deducir la presente litis. Y, 2) previo aseverar que resultó vencedora en el pedido de pesificación de la obligación pactada en moneda extranjera y perdedora en el pedido de devolución de los intereses de financiación y cancelación del contrato, sostiene que la importancia económica de tales pretensiones es totalmente diferente, aludiendo al monto por el cual se suscribiera el contrato prendario del que -afirma- lograra su pesificación comparándolo con el monto de los intereses de financiación que asevera es por un monto sensiblemente inferior tal como surge del anexo III del informa pericial. Concluye cuestionando que se hubiera parcelado el contenido del litigio sin tener en cuenta el contenido económico de cada una de las reclamaciones incoadas.

-II.- En tal marco impugnaticio cuya síntesis he reproducido, a pesar que su reseña había sido ya efectuada por el Sr. magistrado que me precede en la votación, al solo fin de poner en claro los punto sobre los cuales me expediré; debo adelantar opinión en cuanto que ninguno de los argumentos en los cuales se intenta sostener el recurso tendrá acompañamiento en mi voto.

-Así pues, considero que el orden lógico de tratamiento de tales argumentos impugnaticios es inverso al modo en que fueron expuestos por la actora apelante.- -Así, en primer lugar cabe señalar que a los efectos de determinar porciones de vencimientos mutuos no corresponde atender a las cuantías involucradas en cada pretensión activa o pasiva, sino que lo relevante es ponderar qué pretensión prospera y cual se rechaza, por cuanto es ésto lo que permite discernir a quién corresponde atribuir la calidad de vencido o vencedor que es la única pauta legal objetiva de atribución de costas. Para ello, es necesario verificar el modo en que se posicionaran las partes al momento de la traba de la litis.

-En tal sentido ha dicho Palacio con criterio que vengo a compartir, que la parte vencida es aquella que obtiene un pronunciamiento judicial adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso ya que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados (aut. cit. en "Derecho Procesal Civil", T. III, pág. 369; conf. CNCom., Sala C, 13.7-90, L.L. 1990-E-283; id., CNCom, Sala C, 21/9/92, E.D. 150-548; id. L.L. 1994-C-103 y E.D. 157-164, jurisp. cit. por Loutayf Ranea, Roberto "Condena en costas en el proceso civil", Ed. Astrea, 1ra. reimpresión, año 2000, pág.403, nota nro. 81; ver Bracton, "Fundamentos de la condena en costas", L.L. 1998-F-138; id., antecedentes de esta sala B, S.D.C. Nro. 13/03; 21/03; 33/03 03/04; entre otras, CANE).

-Pues bien, en tal hermenéutica, adviértase que de las pretensiones actorales contenidas en el escrito de inicio solo prosperó favorablemente el pago por consignación, declarándose abstracta la relativa a la pesificación y rechazándose la revisión, readecuación y consiguiente cancelación del contrato prendario. En tal visualización del conflicto estimo prudente la atribución que efectuara la juzgadora del anterior grado no encontrando resquicio alguno que justifique alterarla.

-Establecido lo anterior, y vista su conclusión, que explica el orden lógico que impone que su tratamiento sea luego de haber superado el fallo la revisión del argumento anterior en el que sustentara el recurso, tampoco tendrá andamiento en mi voto tal cual fuera adelantando al comienzo.

-Digo así, toda vez que las circunstancias que podrían incidir en la ponderación que bien efectuara la Sra. Juez a quo para distribuir la soportación de las costas han de ser objetivas y muy fundadas, ya que de acordarse con laxitud alteraría la inteligencia de tal regla. Y encuentro que la invocación de dudas interpretativas relativas al marco jurídico emergencial tal como es destacado por el Dr. De la Fuente a esta altura, habiendo transcurrido un lapso de tiempo apreciable (más de cuatro años), se ha venido definiendo un posicionamiento jurisprudencial, que más allá de las particularidades de cada caso, ha provisto en el ámbito de competencia territorial de la circunscripción Judicial del Noreste, al menos, consolidándose con suficiente grado de previsibilidad, de la interpretación dada a las normas de emergencia que ahuyenta en gran medida la duda a la cual alude la recurrente.

-En suma, pues, soy de la opinión y así lo propongo al acuerdo en que corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto confirmando el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de alzada a cargo de la parte actora apelante vencida en ella (Arts. 68 y 279 del C.P.C.C.).

-Los honorarios del Dr. R. J. C., por sus tareas de segunda instancia, apreciándolas por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado fijarlos en la suma de $ 225, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6 y 14 de la Ley 2.200 y leyes 23.349 y 23.871).

-Finalizo el tratamiento del presente cuestión pronunciándome en ella por la AFIRMATIVA.

- A LA SEGUNDA CUESTIÓN: el Dr. de la Fuente expresó:

- El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente: 1) CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto ha sido materia de agravios; 2) IMPONER las costas de Alzada a la parte actora vencida; 3) REGULAR los honorarios de segunda instancia del Dr. R. J. C., apoderado del demandante, en la suma de $ 225,00, al que se ha de añadir el IVA pertinente.

- ASÍ LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

-El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De la Fuente por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por licencia del Dr. Raúl Adrián Vergara (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de esta Cámara de Apelaciones;

RESUELVE:

-CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto ha sido materia de agravios;

- IMPONER las costas de Alzada a la parte actora vencida;

- REGULAR los honorarios de segunda instancia del Dr. R. J. C., apoderado del demandante, en la suma de $ 225,00, al que se ha de añadir el IVA pertinente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - EDGAR MARIA DE LA FUENTE REGISTRADA BAJO EL N° 43 DE 2006 - SDC.- Conste.-