Control de constitucionalidad, procesos de conocimiento, principio de legalidad, pandemia, emergencia sanitaria
Materia: SALUD PUBLICA-PROCESAL
Carátula: P., S. O. c/ EN-Ministerio de Economía y otro  s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

En cuanto al control de constitucionalidad de las normas involucradas en el caso, el tribunal de alzada efectuó la correspondiente comprobación a la luz del principio de legalidad y, sobre todo, se detuvo especialmente en realizar el test de razonabilidad en materia tributaria, concluyendo que: (i) el legislador acudió a un instrumento idóneo, adecuado y constitucionalmente legítimo, como lo es la creación de un tributo, ante la necesidad de contar con recursos para afrontar los crecientes gastos públicos que demandó el contexto sanitario de pandemia; (ii) existe una conexión entre las circunstancias del caso, las motivaciones determinantes de la norma, por un lado, y, por el otro, el hecho imponible o antecedente de la norma tributaria, pues el legislador nacional optó, según su saber y entender, por gravar una manifestación directa de capacidad contributiva -como lo es el patrimonio de las personas-, focalizándose en el sector que declaró ser titular de bienes valuados en una suma que excediera los $200.000.000, en el entendimiento razonable de que a aquéllos les sería atribuible -en razón de la existencia de un importante patrimonio en su posesión- la condición de mayor potencialidad de contribuir a los gastos públicos extraordinarios relacionados con la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19); (iii) resulta razonable el ejercicio de la potestad tributaria del Estado no sólo a los efectos de sufragar los gastos públicos, sino también como instrumento político económico, atendiendo la función subsidiaria de fomento y asistencia social -siempre que no sea arbitraria o sectaria-, convergiendo hacia la finalidad primera, y ciertamente extrafiscal, de impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas; (iv) no nos encontramos en presencia de un supuesto de confiscación de bienes en los términos del art. 17 de la CN, pues aquélla importa medidas de carácter personal o de fines penales, que no resulta aplicable a tributos, como ocurre en el caso; (v) se encuentra a cargo del contribuyente, probar -en forma concreta y circunstanciada- el carácter confiscatorio de la normativa tributaria impugnada y que en el caso se produjo una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de su patrimonio, siendo que no puede ser admitido como único medio de prueba a tal efecto la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por quien acciona, aunque ésta incluya un informe o certificación de contador contable; (vi) existe proporcionalidad, equilibrio sustancial y equivalencia axiológica jurídica entre el hecho imponible y la obligación tributaria bajo estudio; (vii) el tributo cuestionado está diseñado para atender situaciones de catástrofes, como guerras o pandemias, por lo que existe una tolerancia a una mayor alícuota que el tributo ordinario, tomando como base la totalidad de bienes del contribuyente, y procurando absorber una parte del patrimonio, por una vez, tal y como acontece en autos, de lo cual se extrae la reafirmación de la existencia de una proporcionalidad entre el hecho imponible y la obligación dispuestas por la ley 27.605; (viii) las categorías utilizadas por el legislador en oportunidad de regular el subaspecto cuantitativo de la obligación tributaria referido a las alícuotas, no es repugnante a la Carta Magna, pues una progresión limitada se encuentra en el marco de la equidad; (ix) resulta legítima la técnica utilizada por el legislador al establecer el tributo de la ley 27.605, en cuanto formó categorías de contribuyentes de acuerdo con su alta capacidad contributiva, disponiendo que cada persona contribuya en proporción a su potencial aptitud para hacerlo en virtud de la existencia de un sólido patrimonio en su posesión, siendo que la contribución será igual para todas las personas de igual capacidad contributiva; (x) se deduce la ausencia de arbitrariedad y, al mismo tiempo, la presencia de motivaciones sustantivas en las clasificaciones y categorías, y las inclusiones y exclusiones en ellas, realizadas por el legislador al definir los aspectos materiales y subjetivos del hecho imponible, en su aplicación al caso.