Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de julio de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

1) Que el Sr. Juez de grado resolvió declarar rebelde a Jorge Amor Ameal (ver fs. 51).

Que contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio (ver fs. 54/56 vta.); remedio que fuera rechazado por el Sr. juez de grado ( ver fs. 58 y vta.).

Que el Sr. Defensor Oficial interpuso recurso de queja contra dicha resolución ( ver fs. 77/81 vta).

Esta Sala declaró admisible el recurso de queja y concedió el recurso de apelación interpuesto oportunamente, poniendo los autos a disposición de las partes por el término de cinco días, de conformidad con el art. 51de la L.P.C..

Oída la Sra. Fiscal de Cámara a fs. 95 y vta., pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Admisibilidad del recurso:

2) En primer lugar, el remedio intentado ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por los arts. 50 de la ley 12 y 450 del C.P.P.N., y por quien se encuentra normativamente facultado para hacerlo.

De las constancias de la causa surge que la resolución por la cual el Sr. Juez de grado declaró la rebeldía del imputado, fue notificada a la defensa el día 17 de abril de 2007 (ver fs. 53 y vta.), quien interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio el día 20 de abril de 2007, es decir dentro del plazo previsto en las normas citadas.

3) Esta Sala se ha expedido en el sentido que las resoluciones impugnables son las declaradas apelables expresamente por la ley 12, como así también las previstas por el art. 449 C.P.P.N., entre las que se encuentran todas aquellas que causen un gravamen irreparable.

Asimismo, tal como sostuvo este tribunal en autos Nº 2188-00/CC/2006 "VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Infr. Art. 83, ley 1472- Apelación" y causa Nº 7695-00/CC/06 "Lallana, Juan Carlos s/inf. art. 79 C.C. s/Apelación", la decisión criticada ocasiona un gravamen irreparable en los términos exigidos en esta instancia, toda vez que causa un menoscabo al libre goce del derecho a la libertad ambulatoria.

De los agravios:

4) La defensa oficial se agravia: a) en que el juez de grado declara la rebeldía sin darle previa intervención. Dicha circunstancia se traduce en la efectiva violación al principio de igualdad de armas, a la garantía del debido proceso y a la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio arts. 13 inc. 3 de la Constitución local y 18 de la Constitución Nacional; b) que dicha resolución resulta errónea, ya que el imputado no ha podido ser notificado, según surge de las constancias obrantes en autos.

5) Este tribunal sostuvo que el artículo 13, inciso 3º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires enumera una serie de principios entre los que se establece la inviolabilidad de la defensa en juicio, y sanciona como nulos los actos que vulneren garantías procesales. Así, reitera el correcto entendimiento que se debe dar al art. 18 de la Constitución Nacional (Causa Nº 8710/CC/2006 "ACOSTA RIVEROS, DEBORA SOLEDAD s/inf. art. 83, ley 1472- Apelación " rta. el 02/06/06).

En efecto, el art. 1, L.P.C. dispone que "toda persona imputada como responsable de una contravención, puede ejercer los derechos que el Código le acuerda, desde los actos iniciales, hasta la terminación de la causa".

Las actuaciones se inician cuando la autoridad preventora comprueba prima facie la posible comisión de una contravención; oportunidad en que debe labrar un acta que contenga, entre otras exigencias, los datos del presunto contraventor (art. 36, ley nº 12). De ello se colige que existe un imputado a partir del labrado del acta contravencional que puede designar defensor de su confianza, o en su defecto, ser asistido por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 3, L.P.C.). Tal postulado tiende a dar efectividad al derecho de defensa, en especial en todos aquellos actos jurisdiccionales que pudieren importar restricción de derechos constitucionales.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: "Esta Corte tiene resuelto desde antiguo que el cumplimiento de las normas tendientes a asegurar que el reo cuente con asistencia letrada constituye requisito de validez cuyo incumplimiento determina una nulidad que debe ser declarada por el Tribunal en ejercicio de la jurisdicción extraordinaria. Tal conclusión se asienta tanto en la garantía de la defensa en juicio, expresamente establecida en el art. 18 de la Constitución Nacional, cuanto en la que asegura el debido proceso que la complementa e integra aquéllas a las que se refiere el art. 33 por ser inherentes al sistema republicano" (L. 285. XXI. - "López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero)" - CSJN - 14/09/1987. elDial - AA31EE - elDial.com - Editorial Albrematica).

6) Asimismo en una causa análoga a la presente ("Recurso de queja en autos Aguirre, Ricardo Norberto s/infracción art. 84 C.C., causa Nº 8567-01/CC/2006") este tribunal ha manifestado que los bienes jurídicos que se encuentran en juego en el sub examine, ameritan la intervención de una asistencia técnica que cubra acabadamente y en todos los estadios del proceso con el ejercicio del derecho de defensa en juicio. En todos y cada uno de los actos que se suceden en un proceso penal, el juez debe encargarse de garantizar tal derecho.

Por tal motivo, el órgano jurisdiccional no puede obviar la intervención previa de la defensa ante la inminencia de una restricción del derecho de libertad ambulatoria, como ha sucedido en el caso que nos ocupa.

En la causa de marras recién se le dio intervención al Defensor Oficial cuando la decisión ya había sido tomada (ver notificación de fs. 53/53 vta.). De allí que, si no se notifica al Defensor Oficial previo a la declaración de rebeldía, mal puede éste cumplir con el deber que le impone el art. 30 de la ley nº 21.

Pues bien, la previa intervención de la defensa, además de evitar planteos nulificantes posteriores, constituye una de las medidas que deben cumplirse con anterioridad a una declaración de rebeldía.

7) El art. 288 del C.P.P. establece: Será declarado rebelde el imputado que sin grave y legítimo impedimento no compareciere a la citación judicial, o se fugare del establecimiento o lugar en que se hallare detenido, o se ausentare, sin licencia del tribunal, del lugar asignado para su residencia.

De las constancias de la causa surge que con fecha 4 de octubre de 2006, se fijó audiencia en los términos del art. 41 Ley 12 (ver fs. 20), a tales fines se libraron oficios a P.F.A. (ver fs. 21) y al R.N.P. (ver fs. 22), el primero de ellos con resultado negativo (ver fs. 23) y el segundo arrojó como domicilio del Sr. Amor Ameal la calle Sarmiento 680, Berazategui, Buenos Aires. Así, se resolvió fijar audiencia para el día 28 de noviembre de 2006 (ver fs. 25) y se libró oficio a la Seccional de la Policía de la P.B.A., correspondiente a esa jurisdicción (ver fs. 26), con resultado negativo (ver fs. 27/30 y vta.). Posteriormente, se libraron oficios al Registro Nacional de la Propiedad Automotor (ver fs. 32), a la Dirección General de Tránsito del Partido de Berazategui de la P.B.A. (fs. 33), y a la Dirección General de Habilitaciones y Licencias de la C.A.B.A. (ver fs. 34) con resultado negativo (ver fs. 40), todo ello a fin de informar el domicilio correspondiente al titular del automóvil domino FCD-839. Así las cosas, y de acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Berazategui, se fijó nueva audiencia para el día 6 de febrero de 2007 (ver fs. 37), y se libró oficio a la Policía de P.B.A, Berazategui (ver fs. 38), con resultado negativo (ver fs. 42). La Sra. Jueza de grado resuelve que resta constatar la información solicitada al R.N.P.A. (ver fs. 44). La respuesta de dicho organismo (ver 46/49 y vta.) coincide con el suministrado por el R.N.P (ver fs. 24).

En conclusión, no surge de las presentes actuaciones que el imputado haya sido notificado fehacientemente de las audiencias fijadas.

Por lo tanto no concurre uno de los presupuestos necesarios para la declaración de rebeldía. En este sentido, "(e)l emplazamiento para que el imputado comparezca corresponde exclusivamente al tribunal. La fuga importa ordenar nuevamente la detención (art. 283). La ausencia tiene como presupuesto la constitución de domicilio a los fines de la libertad provisoria (art. 326) y también en el caso de falta de mérito (art. 309). Incurre en ella quién no comparece a la convocatoria judicial, sea en los casos del art. 282 o en los del art. 320 párrafo segundo, siempre que haya sido notificado como se prevé en el Capitulo V, Título V, Libro I " (D'Albora, Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación, Anotado, Comentado, Concordado, Tomo II, Editorial LexisNexis, séptima edición, pág. 608).

El art.150 del C.P.P. prescribe: "cuando se ignore el lugar donde reside la persona que debe ser notificada, la resolución se hará saber por edictos que se publicarán durante cinco (5) días en el Boletín Oficial, sin perjuicio de las medidas convenientes para averiguarlo..." (la negrita nos pertenece). Resulta claro, pues, que tal extremo opera como presupuesto de la declaración de rebeldía (in re "VAZQUEZ CHACON, Sabina s/ Infr. Art. 83, ley 1472 - Apelación" rta. el 07/07/06).

Asimismo, se ha señalado que "Ante el desconocimiento del domicilio del imputado, debe publicarse la citación en el Boletín Oficial (art. 150 CPPN.) y oficiar a la Secretaría Electoral a fin de conocer el domicilio real del imputado, luego de lo cual, de no presentarse a las citaciones, debe procederse conforme los arts. 288 y 289 CPPN., decretando la rebeldía..." (C. Nac. Crim. y Corr., sala 1ª, 06/03/2003- FERNÁNDEZ, Gustavo).

Resulta entonces que, si se desconoce el domicilio del imputado, no corresponde declarar su rebeldía, sin agotar los medios tendientes a ubicar su paradero, circunstancia que no sucedió en autos.

8) Por lo expuesto y en mérito al acuerdo que antecede este Tribunal, RESUELVE:

ANULAR la resolución obrante a fs. 51 en cuanto declara la rebeldía de Jorge Amor Ameal.

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de primera instancia interviniente a fin de que practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

Ende junio de 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara y firmó. Doy fe.

Ende junio de 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Ende junio de 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nro. 21. Conste.