Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-12-15


Autos Nº 22.256 (8° JCC- N° 111497/1) "TEJADA Héctor Williams C/ Paredes Ernesto - Ejecutivo (Actuaciones Para Elevar A La Cámara De Apelaciones)" En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, los señores vocales Dr. GILBERTO AMÉRICO RIVEROS y Dr. PASCUAL EDUARDO ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fojas sub 58, contra la sentencia dictada en estos Autos Nº 22.256 (8° JCC- N° 111497/1) "TEJADA HECTOR WILLIAMS C/ PAREDES ERNESTO - EJECUTIVO (ACTUACIONES PARA ELEVAR A LA CAMARA DE APELACIONES)", en fecha 23 de febrero de 2016 obrante a fs. sub 53/57 de estos autos originarios del Octavo Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación.

El Dr. GILBERTO AMERICO RIVEROS, dijo:

El a quo en la sentencia apelada resolvió rechazar el planteo de perención interpuesto a fs sub 42 respecto del incidente de perención, y hacer lugar al planteo de perención de segunda instancia impetrado a fs. sub 15/17, la que declaró perimida. Impuso las costas de la segunda instancia en el orden causado y las de los incidentes de perención al incidentista vencido y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.

Para así resolver consideró que no se había cumplido el plazo establecido por el art. 274 inc.4° del C.P.C. para que opere la perención del incidente de perención, por haberse notificado el traslado del planteo antes de que operara el vencimiento de aquél (1 mes), y por tanto resultar interrumpido.

En relación a la perención de segunda instancia, la admite por haber transcurrido el plazo de 3 meses (art. 274 inc.2° del C.P.C.), desde la fecha que ordenó el traslado de la expresión de agravios de la actora, sin que exista en ese lapso acto impulsorio e interruptivo alguno, desestimando como tal el acto de fecha 06/06/2013 a que alude el actor.

Contra este decisorio, se alza la actora a través de su apoderado, José María Acosta Zapata, recurso que fue concedido con efecto suspensivo a fs. sub 61.

En relación a los fundamentos esgrimidos, se agravia en primer lugar de la sentencia recurrida, en cuanto el a quo rechaza el planteo de perención interpuesto por su parte respecto al incidente de perención.

Afirma que yerra el sentenciante al considerar que no ha operado el plazo de un mes establecido por el art. 274 inc.4° del C.P.C., en virtud de que la última actuación del tribunal es de fecha 28/06/2013 y de ahí a la notificación del traslado no ha transcurrido un mes.

Dice que la providencia de fecha 28/06/2013 no fue consentida por su parte y que la instancia se abrió cuando el demandado planteó el incidente de perención de la segunda instancia en fecha 15/02/2013, abierta la instancia el próximo acto impulsorio fue el que ordenó el traslado de fecha 28/06/2013, sin que se haya consentido, de ahí que desde el 15/02/2013 al 28//06/2013 existe más de un mes en que no hubo acto que impulse el incidente.

De esta manera señala que el a quo toma como impulso procesal la providencia de fecha 28/06/2013, -no consentida por su parte-, sin advertir que esa providencia fue un acto dictado por el tribunal posterior al plazo de un mes otorgado por la legislación. Dice que al no advertir que el acto posterior al vencimiento no fue consentido, no tuvo efectos purgatorios, ya que su parte planteó la perención en el plazo de tres días después de ser conocido.

Como segundo agravio esgrime que el a quo haya declarado perimida la segunda instancia, por cuanto es una consecuencia del yerro incurrido por no hacer lugar al planteo de perención del incidente de perención de la segunda instancia planteado por su parte, por lo que revocado el pto I) de la sentencia, lo demás seguirá la suerte de éste.

Tercer agravio: El recurrente critica la imposición de costas a su parte. Sostiene que una vez revocada la sentencia, las costas deberán imponerse a la parte vencida.

Ordenado el traslado de los agravios, son contestados a fs. sub 67/68 por el apoderado del actor, Carlos Sánchez Bustos, quien solicita el rechazo de la pretensión recursiva, con costas. Elevados los autos a la Alzada se procede a la adjudicación a estudio.

Tratamiento de los agravios.

Sentadas así las posturas de las partes, adelanto que propiciaré el rechazo del recurso interpuesto.

En primer lugar y a fin de entrar en el análisis de fondo de la cuestión traída a estudio, doy por reproducidos el concepto de perención de instancia y el carácter restrictivo de su interpretación, expuestos en la sentencia impugnada , por razones de brevedad.

Cabe recordar que las peticiones de las partes, así como los actos del órgano judicial o sus auxiliares, que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino normal, la sentencia, interrumpen el curso del plazo de perención; y debe tratarse de actos útiles, que guardan directa relación con la marcha normal y, acorde "a la etapa procesal en que se realice". (Cfr. Fenocchieto -Arazi-"CPC", t 2 pag 28). A contrario sensu para que la perención se produzca, la inactividad procesal debe provenir de las partes y no del órgano jurisdiccional. Así se ha dicho "La inactividad debe ser de la parte y no del juez, porque si éste pudiera producir la caducidad, se habría puesto en sus manos la terminación arbitraria de los procesos. La actividad del juez basta para mantener con vida el juicio, pero su inactividad no basta para matarlo", (Giusepe Chiovenda, Instituciones del derecho procesal civil, t.3, p.312- cfr. Eisner Isidoro, "Caducidad de Instancia", p.74).

Previo a todo he de señalar que se han formulado en autos dos planteos: el primero de perención de la segunda instancia deducido por el demandado, y el segundo de perención del incidente de perención, formulado por el actor, y que la sentencia recurrida (fs. sub 53/57) se pronunció por el rechazo del segundo y la admisión de la perención de la segunda instancia formulada por el demandado.

Sobre la base de lo expresado, los agravios que informan la fundamentación del recurso serán desestimados.

En relación al primero, considero acertado el fundamento expresado por el a quo, respecto a que no ha transcurrido el plazo de un mes que establece el art. 274 inc. 4° del C.P.C. para que opere la perención del incidente.

Es que tal como lo como señala el sentenciante desde el decreto de fecha 28/06/2013 por el que se ordena el traslado del planteo, hasta la fecha de su notificación 08/08/2013 a la actora, no transcurrió el término en cuestión (1 mes) que operaba el 12/08/2013, y por tanto el planteo de perención ha sido bien desestimado.

A más de lo dicho es menester aclarar que resulta irrelevante el argumento de la actora respecto a que no consintió el proveído de fecha 28/06/2013, toda vez que no se trata un supuesto de purga de la instancia. Si bien el recurrente realiza el cómputo del plazo (1 mes) a partir de la interposición del incidente cfr. art. 275 inc.1° del C.P.C, en el caso, esta norma debe conjugarse con lo establecido en el art. 275 inc.6) del mismo cuerpo legal, que dispone que el plazo de perención no corre cuando el proceso esté pendiente de una resolución y la demora en dictarla fuere imputable al Tribunal ... y además que la omisión de las partes de requerir el cumplimiento del acto pendiente no da lugar a la perención, de ahí que considero que el plazo fue bien computado en el sublite, a partir de que hubo resolución proveyendo el incidente el 28/6/2013, por lo tanto notificada que fue antes del mes, el plazo no se hallaba cumplido, y el agravio debe ser rechazado.

Atento a lo resuelto en relación al primer agravio, el segundo y tercer agravio deben ser sin más rechazados.

En cuanto a las costas de esta instancia recursiva deben imponerse a la vencida, y en consecuencia proceder a la regulación de honorarios a los letrados intervinientes .

Con respecto a los emolumentos que corresponde regular, teniendo en cuenta la solución adoptada y en virtud a lo dispuesto en el Dec. Acuerdo 58-G/92 y arts. 13, 15, 21 inc. a) y 22 de la Ley 56-O se fijan del siguiente modo: al abogado Carlos Sánchez Bustos, en doble carácter por la demandada gananciosa en la suma de $1.200 y al letrado José María Acosta Zapata, en doble carácter por la actora perdidosa en la suma de $800. Ambas regulaciones a la fecha de la presente.

Así Voto.

EL DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

Por sus fundamentos, voto en sentido concordante.

De acuerdo al resultado de la votación, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso interpuesto a fs. sub 58 y confirmar la sentencia de fecha 23 de febrero de 2016.

II- Imponer las costas de la instancia recursiva a la actora vencida. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes: al letrado Carlos Sánchez Bustos, en doble carácter por la demandada y como ganancioso, en la suma de pesos un mil doscientos ($1.200). Regular los honorarios del abogado José María Acosta Zapata, por la demandada y como perdidoso en la suma de pesos ochocientos ($800). Ambas regulaciones a la fecha de la presente.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° III-2016; F°46/49; FECHA:15 de diciembre de 2016 DRES.RIVEROS-ALFERILLO