Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-31


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil once, reunida en Acuerdo la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Excmo. Superior Tribunal de Justicia con la Presidencia de su titular, Dr. José L. PASUTTI y asistencia de los Sres. Ministros Dres. Fernando S.L. ROYER, y Daniel Luis CANEO para dictar sentencia en los autos caratulados: "B., O. R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 19.659- B- 2004), y atento lo dispuesto por la Acordada Nº 3204/00, y el cambio de Presidencia acaecido el día 01 de Abril del corriente, correspondió el siguiente orden para la emisión de los respectivos votos: Dres. ROYER, CANEO y PASUTTI..---- Acto seguido se resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la demanda? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

A la primera cuestión el Dr. ROYER, dijo: -- I.- El Sr. O. R. B. viene a esta jurisdicción en acción contencioso-administrativa contra la Provincia del Chubut, pretendiendo la declaración de nulidad del Decreto N° 1414/97, que lo destituyó de su empleo en la Policía de la Provincia en grado de cesantía conforme el régimen disciplinario de esa repartición. A resultas, solicita ///una suma de pesos que cuantifica en el rubro "Liquidación" por daños y perjuicios, intereses y costas.

Comenta en su demanda que ingresó en aquella dependencia el 15 de agosto de 1980, previo examen, curso de capacitación y exámenes médicos que lo declararon apto absoluto para cualquier tipo de tareas, habiendo obtenido el segundo promedio de mérito al egresar de la Escuela de Personal Subalterno. En 1983, 1986 y 1987 cursó en la Escuela de Oficiales, la que no pudo completar -dice- por razones familiares.--- Refiere haber desarrollado durante sus años de servicios diversas funciones asignadas como radio operador, empleado administrativo, empleado a cargo de movimientos judiciales, sumarios, y en algunas ocasiones tuvo a cargo dependencias policiales con agentes de menor jerarquía. Recibió diplomas por el desempeño de su labor y, según destaca, sus calificaciones periódicas anuales tuvieron un puntaje de 9,60 sobre 10.----- Relata que el 14 de enero de 1995, en la localidad de El Hoyo -donde reside y prestaba funciones- encontrándose en uso de licencia anual reglamentaria, se desarrollaba la Fiesta de la Fruta Fina; que al finalizar ésta regresaba a su domicilio acompañado de su esposa, y al dispersarse la multitud "...escuchó unos gritos y pedidos de auxilio de una voz femenina que provenían de la vía pública, observando que existía un grupo de jóvenes que cercaban a la persona que había gritado... trato de acercarme hacia el grupo para verificar de qué se ///trataba, anunciándome como agente de policía... se dispersaron mientras que otro grupo de cuatro personas fueron a su encuentro con el objeto de agredirlo, llegando a forcejear con uno de ellos, mientras que otro por detrás sin poderlo ver le propinó en forma intempestiva una puñalada, motivo por el cual al verse herido y hallándose lesionado y en inferioridad numérica..., optó por extraer su arma reglamentaria y efectuar un disparo al aire, lo que llevo a que el grupo se dispersara en distintas direcciones." (fs. 6vta.). Por sus propios medios -menciona- se dirigió al Hospital, siendo atendido por la Dra. L. Q. quien constató tres orificios, suturó las heridas y permaneció internado hasta el día siguiente al medio día, extendiéndole un certificado por veinte días.--- Cuenta que transcurrido ese plazo -6.02.95- se extendió un nuevo Certificado Médico por diez días, ampliatorio del anterior, donde se recomendaba la consulta a un especialista para evaluar en forma definitiva la lesión y el daño. Entre tanto, añade, el 17 de Enero viajó por sus propios medios a la ciudad de Esquel, para ponerse a disposición del Jefe de la Unidad Regional de esa ciudad (en adelante URE) siendo atendido por el médico policial -Dr. TOPPAZINNI- quien efectuó una interconsulta con un especialista en una clínica de esa localidad. Encontrándose nuevamente en la URE, el Jefe -recuerda- se comprometió a realizar las actuaciones administrativas de rigor y en la Comisaría de Esquel formuló la denuncia judicial correspondiente.

///--- Dice que el 26 de enero, al no tener novedades de la causa administrativa, confeccionó una Nota que fue entregada en mano al Comisario CASTAÑO -Jefe de URE- solicitándole diera cumplimiento al Decreto N° 686/93 (que regula el procedimiento frente a accidentes de trabajo).

Manifiesta que, durante el transcurso del plazo de diez días (ampliatorios de la primer licencia), visitó al Dr. D. especialista en Fisiatría, quien al revisar la zona afectada por la lesión diagnosticó reposo por cuarenta y cinco días, cumplidos los cuales sería examinado a fin de establecer cómo evolucionaba la lesión que afectaba el brazo izquierdo, parte del pecho y zona intercostal izquierda; con esa documentación -dice- consultó a la Dra. Q., quien le extendió un certificado hasta el 25 de marzo de 1995.-- El 13 de febrero remitió nota al Jefe de la Comisaría de El Hoyo informando cronológicamente lo sucedido y solicitando se cumpla lo establecido en los artículos 34° inciso f) y arts. 103° y 107° del Dto. Ley Nº 1561, además -destaca- considerando que la lesión había sido efectuada en ACTO DE SERVICIO insistía en la aplicación del Dto. N° 686/93. Comenta que la falta de aplicación de esta reglamentación ocasionó que el 10 de marzo viajara a la Jefatura de Policía, con sede en esta ciudad, donde fue atendido por el Jefe Departamento de Personal -Crio. LEFIPAN- donde denunció por incumplimiento de sus funciones al Jefe de la URE -Inspector DOYLE- y al Jefe de la Comisaría de El Hoyo -Of. Aux. CÉSAR CARRIZO-. Porque -según interpreta- la aplicación del Dto. N° 686/93 exigía la formación de un Expediente dentro del PLAZO ///de 48 hs. de ocurrido el hecho, asegurando que de esas actuaciones nunca fue notificado de resultado alguno.-- Refiere que recién con fecha 20 de marzo (siempre de 1995) se concretó la confección de las planillas, sosteniendo que la irregular situación le ocasionó la pérdida de ciertos derechos como "la consideración de la lesión como acto de servicio...y la percepción de la Obra Social a cargo del Estado, lo que equivaldría al pago de gastos y costos totales por la asistencia médica farmacéutica...que debía afrontarlos con sus propios medios"(fs. 7 vta.).---- Menciona que consultado otra vez el Dr. D., realizó estudios complementarios denominados "Potenciales Evocados Somotosensitivos" arrojando LESIÓN PERIFÉRICA DE QUINTO NERVIO INTERCOSTAL IZQUIERDO y diagnosticándose SECCIONAMIENTO DE NERVIO INTERCOSTAL IZQUIERDO. Con todo ello, el 30 de marzo presentó nota solicitando licencia encuadrada en el art. 39° del Régimen de Licencias policial por largo tratamiento, debido a que se certificaba una LESIÓN DEFINITIVA y computando a esa data -subraya- setenta días de certificados médicos que "no habían sido encuadrados legalmente".

Añade que el 24 de abril concurrió a la Subsecretaría de Trabajo -Delegación Esquel- tratando de informarse sobre la denuncia del accidente laboral y, como allí no existía la misma, la radicó sin que haya ///sido resuelta hasta la fecha. Expone haber continuado las gestiones ante el Comisario de EL Hoyo para permanecer informado acerca de su situación y de cuándo -agrega- podía retomar sus tareas habituales o las que le asignara, aunque el Crio. MACÍAS -Jefe allí, en ese entonces- indicó que no podía asignar tareas de ninguna índole hasta que no tuviera instrucciones de Jefatura de Policía las que de producirse serían notificadas, habiendo consultado sobre el tema cada mes, cuando concurría a percibir los haberes.- Alude que el 20 de septiembre fue notificado del Dictamen N° 501/95, según el cual había que esperar la resolución que del hecho producto del evento dañoso diese la Fiscalía de Estado. Narra B. que toda la situación vivida constituyó una nueva agresión proveniente de la Institución, los superiores, iguales y subalternos que no justificaron, evaluaron ni dieron cumplimiento -acusa- a las disposiciones vigentes, dejándolo desamparado y agravándose ello -expresa- por la persecución de que fuera objeto a partir de la denuncia realizada en la ciudad de Rawson.

Reseña que fue citado para Junta Médica a realizarse en el Hospital Zonal de Esquel el 6 de octubre de 1995, donde fijaron un 2% de incapacidad de la total obrera manteniendo el diagnóstico antes referido. Se alzó contra dicha resolución; y el 20 de ese mes y año fue notificado del Radiograma N° 574/95 que le hacía saber que la División de Sanidad lo hallaba apto para la función policial, pero atendiendo el recurso -agrega- dicha área no era competente para dictaminar el reingreso a situación activa. Sostiene que requirió se le aclare dónde, cómo y qué ///tareas debía llevar a cabo según su "nuevo estado psicofísico" (fs. 08 vta.), indicando que estas situaciones determinaron que padeciera estados anímicos de ansiedad, depresión, melancolía, realizando un tratamiento específico con una Psiquiatra -Dra. M.- desde el 9 de noviembre hasta el 8 de enero de 1996, profesional que extendió los certificados médicos que fueron entregados en la dependencia de El Hoyo.----- Señala que hallándose bajo tratamiento psiquiátrico, es notificado que a partir del 9 de noviembre de 1995 es "pasado a Disponibilidad Simple" la cual -interpreta- se extendería hasta el 9 de mayo de 1996 según lo prevé el art. 111° inciso b) del Dto. Ley N° 1561. Esa medida -atribuye- constituye un "prejuzgamiento policial" por cuanto -justifica- se arrogaron facultades propias de la Fiscalía de Estado que resolvió el 12 de marzo de 1996. No obstante -refiere- el 26 de diciembre de 1995 presentó tres Notas a la Comisaría de El Hoyo para pedir a la Junta de Calificaciones que le reserve la vacante de ese año, que se resuelva el Sumario Administrativo que instó y que definitivamente se defina si el evento sufrido era o no un acto de servicio, expresando allí que a esa data "se hallaba sin prestar servicios por el término de 345 días, sin mediar resolución alguna al respecto" (fs. 9).----- El 11 de enero de 1996 presentó ante la Comisaría de El Hoyo un certificado médico del Dr. P. S. -Legista, Psiquiatra, Electroneuro Psicólogo- quien estimó conveniente realizar nuevos estudios para evaluar y dictaminar sobre su Aptitud Laboral ///certificándole -justifica- quince días de licencia para la realización de los mismos. El 23 de enero entregó otro certificado expedido por el Dr. S. a quien llegó por interconsulta para la realización de los referidos estudios por un lapso de cuatro días. Y el 31 del mismo mes y año, en la misma dependencia, entregó una nota en la que los facultativos pedían nueva Junta Médica para evaluar su capacidad psicológica, en temas neurológico, psiquiátrico y psicológico. Ésta se realizó el 21 de marzo de 1996 en la División de Sanidad de Rawson, y examinando sólo la parte física -subraya- dictaminó una incapacidad laboral de la total obrera del 3% , agraviándose "sin que se dictamine sobre el total de su nuevo estado incapacitante que se peticionara...". Alega que "fue notificado del resultado conferido a la parte física, no así a su reintegro o no al servicio, y las funciones que ...debía cumplir todo acorde a su nueva incapacidad, ni tampoco fue notificado del CESE de su situación de DISPONIBILIDAD SIMPLE, o que ella fuera renovada, la cual llegaría al 9/5/96" (fs. 9 in fine y vta.).- El 28 de marzo de 1996 -sigue- se le comunicó la Resolución N° 102/96 que no reconoció como acto de servicio el evento dañoso, advirtiendo que en los Considerandos se mencionó "que no debe modificarse el encuadre de la licencia dada en primera instancia".- Así -interpreta- quedaban justificadas todas las certificaciones médicas entregadas "consideradas legales y no cuestionadas" (fs. 9 vta.) las que se encuadraban en Disponibilidad Simple y vencido su plazo -dice- debía conformarse Junta Médica o de lo contrario ordenar reingresarlo al Servicio con indicación de destino.--- ///--- Recurrió esa decisión alegando que se interpretó de manera equivocada los arts. 9° y 11° inc. c) del Dto. Ley N° 815 y art. 30° inc. a) y b) del Dto. Ley N° 1510; indicando cómo -según su criterio- debe razonarse un "acto de servicio". Relaciona esto con las actuaciones criminales generadas por el evento dañoso, destacando que en ellas se procesó y condenó al principal sospechoso (autos:"LOPEZ, Alfredo Bautista s/ Lesiones -Causa 58 f 100/96") por ello solicita la revisión de la interpretación de cómo debe actuar un agente de policía, esgrimiendo haber obrado de buena fe, con espíritu de solidaridad y seguridad hacia la vida de las personas y cosas durante las 24 horas.-- Indica que conjuntamente con la Resolución comentada, se le notificó el Oficio N° 9/96 dirigido al Jefe de El Hoyo y proveniente de la División Sanidad donde se indicaba que "debía esperar resolución del Departamento Personal de Rawson, que de acuerdo a la incapacidad determinada y asesoramiento de la División Sanidad fijarían las tareas a prestar y dependencia " (fs. 10), lo que conversó -recuerda- con el Subcomisario C. B. quien remarcó que el oficio era únicamente para su conocimiento e incorporación al Legajo Personal, pero -señala- no podía reintegrarlo al servicio activo hasta la próxima Junta Médica. Ésta se realizó el 22 de marzo de 1996 notificándole -expone- una incapacidad laboral del 3% de la total obrera, debiendo aguardar el procedimiento administrativo de estilo, esto es -explica- "comunicación de nuevo destino y tareas por parte de la División ///Personal de Rawson. COMUNICACIÓN QUE JAMÁS SE LE EFECTUARA" (fs. 10).-- Aduce que, no obstante tener que esperar la anunciada notificación, todos los meses concurría a la Comisaría de El Hoyo para recibir su remuneración y solicitar novedades.-- Así, hasta que en Septiembre de 1996 el Subcomisario B. manifestó que carecía de instrucciones y que debía permanecer en la misma situación. Aunque supo -cuenta- que el Jefe de la Comisaría había enviado un oficio reservado a la superioridad datado el 17 de septiembre de 1996, en el que efectuaba un informe de su situación y apreciaciones descalificantes sobre su persona. Además, el 5 de octubre de 1996, fue notificado de la instrucción de un Sumario por presunto Abandono de Servicio, calificando su situación como contradictoria, lo que abona con la transcripción parcial del contenido del referido Oficio reservado "con relación a las lesiones sufridas por ...B. numerario que se encontraba en Disponibilidad Simple la cual feneció con fecha 5/9/96 y no habiendo recibido a la fecha en esta Comisaría distrito temperamento a adoptar en relación a la situación del mencionado empleado pese que en reiteradas oportunidades ...esta Jefatura dependencia ha solicitado temperamento a adoptar máxime que la situación del mencionado empleado se encuentra aun sin resolver" (fs. 10 vta.).---- Seguidamente, el accionante se agravia de la tempestiva falta de percepción de sus haberes, sin comunicación previa, cuando -compara- el personal policial que se encuentra procesado percibe entre un 60 a 75% ///de los haberes por aplicación de lo prescripto en el art. 117° conc. 161° de la Ley Personal Policial. De ello deriva que fue privado de su sueldo sin motivos porque -según justifica- jamás fue intimado para presentarse a prestar tareas y el abandono de trabajo no se presume. Comenta haber verificado por ante el Banco del Chubut que su cuenta al 9 de octubre de 1996 no registraba ingresos, por lo que labró un acta por ante el Juez de Paz de El Hoyo y posteriormente -indica- el 14 y 21 de octubre envió dos Cartas Documento a su destino reclamando haberes y situación laboral. Destaca haberse visto privado, conjuntamente con su familia, de la Obra Social, justo cuando su hijo -menciona- sufrió un accidente grave y al no gozar de aquella cobertura debió solventar los gastos de su propio peculio. Las misivas fueron rechazadas por la Policía de la Provincia al no considerar esa la vía pertinente. No obstante -aduce- careciendo de encuadre legal la falta de pago de su salario y siendo aún un Sargento de la Policía inició por ante los Tribunales de San Carlos de Bariloche un reclamo judicial para cobrar los mismos, habiéndose declarado aquél incompetente.- Recuerda B. que el 26 de diciembre de 1997 fue notificado del Decreto N° 1414 que lo destituyó de su cargo de Sargento Primero de la Policía de la Provincia, en grado de cesantía "por haber infringido el régimen disciplinario policial en su art. 29° inciso 13 concordante con el 16 del mismo cuerpo legal" (fs. 11), justificando los Considerandos del acto que quien ahora acciona, había faltado al servicio durante 227 días ///en el año 1995 y 205 días en 1996, señalando además que el 21 de marzo de 1996 había sido notificado de reintegrarse al servicio.---- Recurrió esos argumentos, refiriendo que el Dictamen N° 501/95, que le fuera notificado el 20 de septiembre de ese año, indicaba que "debía estarse a lo que oportunamente se resuelva en las actuaciones administrativas iniciadas a raíz del evento dañoso.resuelta por Fiscalía de Estado conforme lo dispone el trámite dispuesto por el Decreto N° 686/93" (fs. 11). Esgrime que el resultado de las actuaciones administrativas no fueron notificadas por la Policía y que recién el 28 de marzo de 1996 por Resolución N° 102/96 la Fiscalía de Estado se expidió. Con ello -se defiende- "la base de los Considerandos en el año 1995, no se ajusta a la verdad ni al derecho." (fs. 11vta.). Acusa que el Decreto sancionatorio carece de legitimidad y legalidad, calificándolo de arbitrario e improcedente. Idénticos vicios endilga B. al Considerando referido a la notificación del 21 de marzo de 1996, señalando que solo le fue comunicada la incapacidad física estimada en el 3% de la total obrera.--- Sostiene que "no le incumbía" a la División Sanitaria notificarle el reintegro al servicio, pues es una atribución propia del Departamento de Personal de la Policía de la Provincia que debe expedirse conforme lo dictaminado por aquélla. Acentúa como un "dato sutil" el Oficio reservado del Comisario B. que solicitaba "temperamento a seguir" porque la situación laboral de quien ahora acciona no estaba resuelta y -reitera- concurrió permanentemente a la Comisaría de su destino en espera de respuesta. Cuestiona "cuál sería su actitud si su ///propio Superior no le daba respuesta ni tenía autorización de reintegro al servicio efectivo que esperar la respuesta y resolución que la Jefatura de Policía dispusiera, el cual muy lejos constituye un abandono o cualquier otra actitud similar" (fs. 11 vta.).- Ataca puntualmente los 205 días de inasistencias del año 1996 que se imputan por no ser veraz ni ajustado a derecho. Argumenta haberse hallado en Disponibilidad Simple desde el 9 de noviembre de 1995 y hasta el 9 de mayo de 1996, conforme la Resolución N° 851/95 -DRHAP-L que en su artículo 2° -comenta- fijó que la División de Sanidad de Rawson sería el contralor del alta definitiva previa constitución de Junta Médica. Reitera que la misma fue solicitada por su Nota del 31 de enero para atender su "nuevo estado psicológico" y estudios médicos que acompañó sin que fueran impugnados o desconocidos. Pero hasta el presente -arguye- "no se ha realizado la Junta Médica que especialistas en la materia consideraban indefectiblemente como previo debido a su nuevo estado de salud" (fs. 12).--- Insiste que las inasistencias atribuidas "no fueron tales" porque se hallaba en Disponibilidad Simple, sin que esa situación se revocara, suspendiera o ampliara, ni autorización de Superiores para darle tareas, en coincidencia -indica- con lo pedido en el Oficio reservado del Crio. B.. Colige el actor, que hasta esa data ese funcionario no tenía instrucciones para darle servicio efectivo. Acusa que el Dto. N° 1414/97 ///es "arbitrario, ilegal, ilegítimo, falta de fundamento, razón, credibilidad, proporcionalidad, falta de debido proceso, falta de derecho defensa, abuso de derecho, con...exceso de poder" (fs. 12) por ello lo considera nulo. Concluye que la aplicación automática de normas reglamentarias por sí no basta, que es necesario -argumenta- una apreciación seria y razonable de todos los hechos que son la causa del acto impugnado. Pues se hizo caso omiso -opina- a su pedido de Junta Médica, se negó asistencia médica farmacéutica y hubo actitud persecutoria en su contra evidenciada en el avasallamiento de derechos fundamentales de empleo público, como estabilidad, cargo y jerarquía. Confundieron -expone- inasistencias con abandono voluntario de servicios, hecho que -según aclara- no sucedió.---- Añade también que la sanción excede "la lógica en quantum de la pena" porque no se dio progresión, pues como no posee sanciones administrativas anteriores, la cesantía -subraya- careció de proporcionalidad, causalidad y oportunidad. Con mención del "temor reverencial" funda B. lo que califica un aprovechamiento abusivo del superior, solicitando la revisión del contexto, modo, tiempo y lugar en que se ejercieron las facultades para considerar el abandono de servicio.-- Recuerda haber recurrido administrativamente la medida disciplinaria y haber reiterado ante el Sr. Gobernador el 25 de marzo de 1998, sin haber obtenido a la fecha respuesta de ninguna índole.--- ///--- En consecuencia, pide que una vez acogida la solicitud de nulidad, se le abonen los salarios caídos a valores actuales con más los daños y perjuicios -según expone- que la cesantía injusta ocasionó. Además pretende que "la indemnización por el importe de ley que estatuye para el caso de cesantía inmotivada e injustificada conforme al derecho, para el caso supuesto de no reincorporársele y reponérsele a otro destino...que la impugnación y la nulidad de la Resolución 102/96 B1SA, que determina que su obrar en las consecuencias no constituía un acto de servicio, acogiendo el reclamo de que los mismos constituyeron dentro del obrar que debiera exigirse a un agente de policía...correspondiendo el pago de las resultas del porcentual de incapacidad (que) correspondiere de las pruebas periciales peticionadas" (fs. 12 vta.).----- En el Apartado IV.LIQUIDACION del escrito de demanda detalla B. en diez ítems, los diversos rubros comprendidos en su pretensión, asignándole a cada uno de ellos un valor. Así por ejemplo se refiere a las remuneraciones no abonadas, aguinaldos, seguro de vida, Círculo Oficial y Casino de Oficiales, pérdida de la Estabilidad Policial, deudas privadas incumplidas, Daño Moral, "los haberes adeudados...(hasta el Dto. N° 1414/97)...con más el tiempo que V.S. dictamine con posterioridad a ello, por salarios caídos hasta el dictado de la sentencia" y asignaciones familiares. Se demanda -sintetiza- la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ($ 62.856,07) "con ///más lo que se aportará ...de las probanzas...aportes de Ley que debieron ingresar a las reparticiones correspondientes hasta...26/12/97...con más lo que debiera corresponder hasta el momento de la sentencia" (fs. 12 vta./15).

Funda en derecho su pretensión y hace saber al Tribunal, en el Acápite VI. PRESCRIPCION y CADUCIDAD, que "la presente acción, tiene como fin ejercer el derecho, por el cual se entabló la demanda en el año 1999...y que a la misma se le decretó la caducidad de instancia el 29 de diciembre de 2003" (fs.19 vta.). Ofrece pruebas, hace reserva de Caso Federal y formula petitorio de estilo.- II.- Ordenado y corrido el traslado a la Provincia del Chubut, contesta a fs. 33/40 y vta..

De manera preliminar, opone la excepción de prescripción, señalando que el actor promovió demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra el Decreto N° 1414/97 persiguiendo la declaración de nulidad e impugnación del mismo. Funda que al momento de interposición de la demanda, se encontraba fenecido el perentorio plazo de 2 años previsto en el art. 4030° del Código Civil -que según interpreta- establece para la prescripción de la acción de nulidad. Plazo que debe computarse -añade- a partir de la notificación del acto que se pretende anular, lo que aconteció el 26 de Diciembre de 1997. Menciona que la aplicación de esa norma es subsidiaria, atento que el Decreto Ley N° 920 no prevé plazos especiales, aunque aquellos preceptos -advierte-///no pueden "transplantarse" pura y simplemente al Derecho Administrativo donde prima el interés público.----- Señala que la nulidad que B. pretende es de las denominadas "nulidades relativas" reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cita fallos para abonar su postura. Dice que, en el caso de autos, ésta se basaría en la falta de fundamento del Decreto impugnado, atento lo expuesto en el Objeto de la demanda; de ser así -razona- sería una nulidad de carácter absoluto, ya que el acto administrativo carecería de uno de los elementos esenciales para su validez. Pero controvierte la Provincia demandada esta posición, expresando que de la lectura de los Considerandos del acto atacado surgen tales fundamentos. Con citas doctrinarias, distingue el acto administrativo nulo del anulable y concluye aseverando que el Dto. N° 1414/97 reúne todos los requisitos para su existencia. Si hipotéticamente -aclara- se tratara de un "vicio en la causa" de éste, "no podrá ser desentrañado, en virtud de la insalvable barrera impuesta por el art. 4030 del Código Civil" (fs. 34 vta.) en cuanto al plazo de prescripción que el mismo establece, aduciendo que esta norma es una excepción a la regla del art. 4023 - plazo decenal- para el caso en que se ataca el acto por error o falsa causa como el de autos. Recuerda el fallo "Pichiñán..." de este Cuerpo, destaca que según el mismo la prescripción bienal no es aplicable cuando se trata de vicios -los acusados- que determinen la nulidad absoluta por vulnerar derechos constitucionales, lo que no concurre en esta causa.- Solicita se consideren los arts. 1°, 33° y 34° del ///Dto. Ley N° 920 que "confrontadas" con el acto administrativo en crisis resulta que el mismo reúne los requisitos básicos y esenciales exigidos para su validez. Reitera que aún considerando el planteo de la actora, ante el supuesto de considerar que el Decreto sancionatorio adoleciere de los vicios que ella aduce, eso hubiese podido acarrear la anulabilidad del acto, quedando indudablemente contenida la hipótesis -esgrime- en el art. 34° del Dto. Ley N° 920 las que debieron ser planteadas dentro del plazo de dos años previstos en el art. 4030 CC.

Insiste en la aplicación subsidiaria del Código de fondo al tratar la nulidad de los actos administrativos, reiterando que la interpretación y aplicación deberá siempre considerar las particularidades propias del Derecho Administrativo, exponiendo que de ese modo fue reconocido expresamente por la Corte Suprema. Además -destaca- "no puede dejarse de tener en cuenta" el art. 25° de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los Códigos de Procedimientos de las Provincias de Formosa, Santa Cruz, Tucumán, Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma del mismo nombre (que prescriben un plazo de caducidad) y transcribe. De ello colige que "todas aquellas jurisdicciones que cuentan con legislación especial referida a la caducidad de las acciones para plantear la nulidad de los actos administrativos, establecen plazos considerablemente más exiguos que la normativa del Código Civil, y si bien es cierto que esta legislación especial no es de aplicación obligatoria, también es cierto que la misma deberá ser tenida en cuenta al momento de la interpretación de la Ley Civil, a los fines de adecuar la misma al derecho público" (fs. 35 vta.).--- ///--- En el Apartado IV. del escrito de contestación de la demanda la Provincia realiza la negativa genérica que es de práctica. Específicamente niega que el actor haya ingresado a la repartición el 15 de agosto de 1980; que haya obtenido el segundo promedio de mérito como personal subalterno; que se haya desempeñado en la totalidad de lugares que menciona y en las funciones que describe; que el evento acaecido el 14 de enero de 1995 deba ser considerado como un accidente de trabajo con las características que se especifican en la demanda; que hubiese existido compromiso de algún tipo por parte del Comisario Inspector Edelmiro DOYLE y/o el Dr. T.; que hubiera existido incumplimiento de deberes por parte de funcionarios policiales como lo afirma el actor en el escrito inicial; que existiera una situación anormal e irregular que ocasionara la pérdida de derecho alguno para B.. Desconoce lo referido a la "Denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo" descripta en la demanda y refuta que el actor hubiera realizado gestiones ante la Comisaría de El Hoyo para informarse sobre su situación y cuándo podía retomar tareas; que haya sido víctima de agresiones o haya habido apartamiento de superiores, iguales o subalternos de disposición alguna; que fuera objeto de persecución; que hubiera sido notificado que la División Sanidad no era competente para dictaminar el REINGRESO a situación activa; que sufriera B. trastornos anímicos y que debiera someterse a tratamiento psiquiátrico. Controvierte las aseveraciones realizadas por el accionante en el libelo inicial referidas a temas como su recurso contra Junta Médica, pase a disponibilidad simple, solicitud de nueva Junta Médica, notificación de la Resolución ///N° 102/96, concurrencia a Destino por haberes, instrucción por presunto abandono, falta de pago de haberes y notificación de la destitución. Finalmente, niega la Provincia demandada que el 22 de marzo de 1996 se haya notificado al actor que debía esperar comunicación de nuevo destino y tareas por la División Personal de Rawson; que concurriera a la Comisaría de El Hoyo a solicitar novedades sobre la resolución de la citada División; que se le cancelaran haberes inmotivadamente; que el Dto. N° 1414/97 y la Resolución N° 102/96 sean arbitrarios, ilegítimos, irrazonables, faltos de proporcionalidad o que adolezcan de cualquier vicio o irregularidad; que corresponda abonar al actor salarios caídos, daños y perjuicios o "indemnización por importe de ley". No es cierto -asevera- que haya que reponer a B. en otro destino con su cargo y jerarquía, que correspondan a derecho los ítems indicados en el Apartado "LIQUIDACIÓN" tampoco la procedencia del pago de remuneraciones, vacaciones no gozadas u otra suma por falta de Obra Social, seguro de vida, círculo de oficiales y casino de oficiales, pérdida de chance, deudas privadas incumplidas, daño moral y asignaciones familiares.-- A continuación, opone como defensa la Falta de Jurisdicción, que fue desestimada por SI Nº 06/SCA/05 a fs.46/50 vta.

En el Acápite VI. la Provincia demandada expone su versión de los hechos. Sostiene que a raíz de un hecho en el que se vio involucrado cuando no se encontraba en servicio sino -subraya- gozando de licencia anual reglamentaria, el ex agente de policía B. interpretó erróneamente que las lesiones sufridas como consecuencia de ese evento, ///constituían accidente de trabajo. A partir de allí -afirma- adoptó una posición traducida en inasistencias, reclamos diversos y planteos que -según estima- no se condecían con la realidad de lo que había ocurrido y las consecuencias de ello.

Asevera que conforme surge de la documental agregada al sub-lite no es cierto que B. hubiera escuchado gritos y pedidos de auxilio de una voz femenina provenientes de la vía pública, ni que se anunciara como policía como indica en la demanda. Afirma que según las actuaciones realizadas en sede administrativa fue atacado por unas personas cuando caminaba con su esposa en la localidad de El Hoyo, sin indicarse en ningún momento que las circunstancias de hecho fueran como ahora viene a esgrimirlas. Destaca que la fs. 1 del Expediente Nº 19441 TC contiene las propias declaraciones del accionante quien no mencionó las circunstancias ahora expuestas en la acción.

Que como consecuencia de aquel evento el accionante comenzó a incurrir en inasistencias reiteradas e injustificadas.- Cuenta que el 23 de marzo de 1996 se le realizó una Junta Médica de cuyo resultado dice no haber sido notificado, pero -advierte- al pie del acta labrada se encuentra impuesta su propia firma. Menciona la Resolución Nº 102/96 de la Fiscalía de Estado destacando que la misma fue notificada personalmente.-- ///--- Refiere que como consecuencia de sus innumerables inasistencias injustificadas, al amparo del régimen policial vigente la situación de B. concluyó en su cesantía, materializada por Decreto Nº 1414/97, considerando que el mismo se encuentra suficientemente motivado.- Arguye que las ausencias injustificadas que menciona se hallan indefectiblemente corroboradas en la documental de la causa. Añade que la sanción disciplinaria impuesta se enmarca en la potestad disciplinaria que tiene el Estado con sus agentes, ajustándose -esgrime- al principio de razonabilidad. Funda con doctrina y cita un párrafo de la S.D. Nº 4/SCA/00 ("O..") de este Cuerpo.--- Se remite luego la accionada al Dictamen Nº 128/98 de la Dirección de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia obrante a fs. 260/261 del Expediente Administrativo mencionado antes.- Asegura que la sanción atacada es ajustada a derecho, no es irrazonable ni arbitraria, alegando que la propia conducta asumida por el actor " ha llevado indefectiblemente a su aplicación" (fs. 39).

También resulta ajustada a derecho -asevera- la Resolución de la Fiscalía de Estado que no reconoció el evento del 14 de enero de 1995 como accidente de trabajo; explica que a fs. 106 (numeración del Tribunal de Cuentas-aclara-) obra Nota Nº 30D.G.P.F. que indica los motivos para reconocer el hecho como accidente de trabajo, añade "s. 25/34 de las fotocopias certificadas de las actuaciones judiciales.se deduce que la agresión sufrida por el Sgto. 1ro. B. lo fue de parte ///de un grupo de gente en evidente estado de ebriedad, en forma netamente personal, a quienes previamente -dado que se hallaban bebiendo en el patio de su domicilio particular- éste había requerido se retirara, descartándose que el agente en cuestión hubiera intervenido en el evento en función de su calidad de policía" (fs. 39).---- Preserva la Provincia demandada la legalidad de su proceder afirmando que no existió violación de la garantía del debido proceso, ni ilegitimidades o arbitrariedades ni falta de fundamento como lo enuncia B. en la demanda, quien -destaca- no expresa de qué forma entiende se configuran los vicios.

En síntesis -reitera- que el actor hizo primar su criterio por sobre lo que establecían las normas y sus superiores, dando al hecho acaecido una interpretación propia, distinta y errada. Todo lo cual -sostiene- derivó en un abandono de servicios que implicó la instrucción de un sumario que concluyó con la cesantía de la Institución.- Funda en derecho, ofrece pruebas y en el Apartado XI impugna expresamente la liquidación practicada por el accionante, considerando que carece de base jurídica. Puntualmente, refiriéndose a algunos rubros reclamados los califica como improcedentes, indicando además que según constancia de fs. 141 del Expediente administrativo del Tribunal de Cuentas -que acompaña como prueba- surge que B. es titular de una licencia comercial en la localidad de El Hoyo, agregando que la ///ausencia de ingresos esgrimida no es tal. Tampoco es cierto -expone- que se hubiese retirado la Obra Social pues durante todo el año que continuó percibiendo haberes sin trabajar usó la misma.-- Subraya que es unánime el pronunciamiento doctrinario en el sentido que la acción para reclamar el cobro de sueldos y/o remuneraciones prescribe en el término de cinco años -art. 4027 inc. 3 CC-; y considera descabellado el reclamo efectuado en concepto de seguro de vida y círculo de oficial y casino de oficiales. Hace reserva de Caso Federal y pide el rechazo de la demanda.----- III.- A fs. 46/50 y vta. corre agregada la Sentencia Interlocutoria N° 06/SCA/05 - ya citada- por la cual, a más de desestimarse la defensa de "Falta de Jurisdicción", se difiere el tratamiento de la excepción de prescripción opuesta por la demandada para esta oportunidad procesal.--- IV.- La prueba producida es documental, informativa, testimonial y pericial psiquiátrica, psicológica y médica. El accionante ofreció y se agregó por cuerda el Expte. N° 16717-B-1999, caratulado "B., O. R. c/ Provincia del Chubut s/ Nulidad e impugnación de Decreto Provincial y Acciones Resarcitorias" en el que se produjeron las siguientes pruebas: fs. 1/103 DOCUMENTAL; a fs. 146 corre Oficio dirigido al Hospital de El Hoyo contestado a fs. 179, se agregó copia certificada de las Historias Clínicas de los Sres. O. R. B. y R. V. B.. Se ordenó agregar por cuerda Expte. N° 10742/97 caratulado "B., O. R. s/ Provincia del Chubut s/Despido S/Sumario" y se libró Oficio a la Clínica Los Alerces de ///Esquel cuya respuesta se incorporó a fs. 175/176. La parte demandada ofreció y acompañó la prueba detallada en el cargo de fs.173. En el sub-judice, se produjo prueba INFORMATIVA se libró oficio al Fiscal de Estado de la Provincia, a la Subsecretaría de Trabajo de Esquel y a la C. E. S.R.L., recepcionandose las contestaciones a fs. 65 y vta., 77 vta, y 90, respectivamente. Se requirió DOCUMENTAL al Juzgado Correccional de la Circunscripción del Noreste del Chubut Esquel. INFORMATIVA se dirigió Oficio a la Obra Social SEROS, al B. D. C. -Suc. El Hoyo-, al Hospital Público de San Carlos de Bariloche, a la Ferretería "L. L." y a la C. R. (éste no fue respondido) ambas de la localidad de El Bolsón; al Instituto Provincial de la Vivienda y al Correo Argentino -Suc. Lago Puelo-. Se produjo TESTIMONIAL a fs. 241/242 y prueba PERICIAL comprensiva de informes Psiquiátrico y Psicológico agregados a fs. 204/205 y 285/290 y MÉDICA a fs. 283/284 y vta.

La Provincia accionada anexó el Legajo del actor compuesto de quince fojas de calificaciones; Legajo N° 107150; Prontuario de B. en dos cuerpos de fs. 423 útiles; Legajo de Retiros y Pensiones y Provisorio. El Expediente del Tribunal de Cuentas N° 19441/00, que contiene el Sumario Administrativo N° 037/96 JP que en tres cuerpos totaliza 535 fojas. Informe Reservado 3/96 (agregado a fs. 155/156 del Legajo Personal).----- ///--- V.- Puestos los actuados a disposición de las partes para alegar (fs. 294) ninguna de ellas hizo uso de ese derecho, el que se dio por decaído (fs. 296) ordenándose el pase al Sr. Procurador General.-- VI.- A fs. 301/302 y vta. emite Dictamen el Sr. Procurador General Adjunto. Preliminarmente aborda la prescripción liberatoria planteada por la Provincia accionada, expresando que la demanda ha sido deducida dentro del plazo previsto por el art. 4023° del Código Civil aplicable a este tipo de acciones, por ello estima que corresponde rechazar la misma. Relata los hechos acaecidos según fueron expuestos por el actor y la opuesta versión de la demandada. A continuación, señala que el actor cuestiona la causa del acto de cesantía, manifestando que las inasistencias no fueron tales porque según alega se encontraba en una situación de excepción, aunque -opina- "el análisis de los antecedentes...me convence de lo contrario" (fs. 302) detalla sintéticamente la Resolución N° 851DRH (AP-L) y la Resolución N° 102/96 B1-SA, manifestando que las mismas no han sido cuestionadas en el marco de la presente acción e interpreta "son las que en definitiva constituyen los antecedentes necesarios que habilitan al Poder Ejecutivo a calificar las inasistencias incurridas por el Sr. C. (B.) como injustificadas" (fs. 302 vta.). Sostiene que la causa de la decisión de cesantía está dada por las inasistencias y el abandono de servicio y su calificación como injustificadas -opina- tiene adecuada relación con los referidos antecedentes. En consecuencia, aconseja el rechazo de la presente acción.- ///--- VI.- Llamados los autos para sentencia y practicado el sorteo (fs. 305/306) la causa queda en estado de ser resuelta.- VII.- ANÁLISIS: --- 1.- El Sr. O. R. B., ex Sargento Primero de la Policía de la Provincia del Chubut, acude nuevamente a esta jurisdicción contencioso administrativa (un primer intento fue rechazado por Sentencia Interlocutoria N° 77/SCA/03 que declaró la caducidad de instancia -fs. 160/163 y vta.- Expte. N° 1428-B-98) pretendiendo la declaración de nulidad del Decreto N° 1414/97 que lo destituyó de su cargo, considerando que dicha sanción es ilegítima porque carece de fundamentos. Acusa que fue dejado cesante por inasistencias que se calificaron como "injustificadas" cuando estima que las mismas acaecieron en un acto de servicio, sin haberle proporcionado a ese evento sus Superiores el tratamiento reglamentario que correspondía, permaneciendo sin funciones hasta que se dictó la cesantía. Alega haber concurrido en reiteradas oportunidades a solicitar tareas, hasta que se inició un Sumario Administrativo por abandono de servicios, que culminó con la medida que ahora cuestiona. A resultas, pide se le abonen los daños y perjuicios de ella derivada, el daño moral y los restantes rubros que, contenidos en el Apartado IV.del libelo de inicio, fueron detallados en la relación de causa.---- ///--- Controvierte la Provincia demandada, oponiendo la prescripción de la acción, considerando que la alegada nulidad del acto administrativo segregatorio de ser tal, se enmarcaría en la nulidad relativa y carente el derecho público local de Código Procesal Administrativo, pide se aplique lo normado en el art. 4030° del Código Civil.- En relación a la cesantía que se cuestiona, luego de defender la legalidad de la medida disciplinaria, arguye que el actor modifica en esta sede las circunstancias de hecho en las que resultó lesionado y, convencido por su propia interpretación, omite razonar que aquélla, obedece a causales objetivas debidamente constatadas en la documental agregada a este juicio que, subsumidas en el Régimen Legal especial previsto para el Personal Policial, justifican tal decisión. Con ello, requiere se rechace la demanda con expresa imposición de costas a la contraria.----- Tales los extremos de este pleito.----- 2.- Hemos dedicado, conjuntamente con los Colegas que integro esta Sala, extensos fallos en una tarea prácticamente docente para clarificar cómo debe interpretarse el instituto de la Prescripción en el Derecho Público local; hemos establecido que ante la falta de regulación específica -mencionada por la Provincia- resultan aplicables los preceptos del Código Civil y hemos sobreabundado además en los supuestos que pueden presentarse y cuál la norma que procede aplicar en cada caso. Lamentablemente la abrumadora argumentación de nuestros fallos no ha logrado superar los inconvenientes derivados de la orfandad normativa, ///pues la defensa analizada evidencia la persistencia de la confusa interpretación del Instituto que se opone al progreso de esta acción.- Descanso entonces en la doctrina aludida, y solamente he de reiterar de manera sucinta, una vez más, el que fuera mi criterio en anteriores pronunciamientos donde decidí sobre la estabilidad de las decisiones administrativas. Dije que "su control opera normalmente por las vías de recursos y acciones estatuidos a tal fin (art. 26° inc.8 del Dto. Ley N° 920) en plazos que de no ser establecidos por normas de Derecho Público son los de prescripción regulados por el Código Civil en aplicación analógica.---- Así lo analizaba en Sentencia Definitiva N° 9/SCA/04 ("T....") y más recientemente en la N° 01/SCA/11 ("G....") -a cuyas lecturas me remito- y en lo que aquí importa transcribo que ".la nulidad absoluta, en opinión de los especialistas, es imprescriptible (véase FIORINI - Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 587 y sigs.), aunque se admita en orden al principio de seguridad jurídica, aplicar la extensa de 10 años - art. 4023 CC (SD Nº 5/SCA/03 - conc. Cám. Nac. Fral. Cont. Adm. Sala I - ED 111-349 - Cám. 1º Cont. Adm. San Juan en "Ondarhu..." - 17/4/84)".. De lo que se sigue, que salvo excepcionales supuestos de evidencia incuestionable -que lo son pocos- el encorsetar "a priori" un acto como nulo o anulable, a partir de la alegación actora o la defensa demandada, es imposible. La investigación determinará su naturaleza, su entidad y sus efectos. Siendo así "in dubio ///pro actione"; el plazo de prescripción debe ser el más amplio, esto es, el decenal. ...es pacífico el criterio, tanto en jurisprudencia como en doctrina, de que las interpretaciones de la prescripción deben ser restrictivas, en el sentido de que, en caso de duda, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción, y por la preferencia del mayor plazo de prescripción.- "El carácter restrictivo de la interpretación de la prescripción lo es a favor de la subsistencia del derecho y por el plazo más dilatado" (CNFed., Sala II Cont.Adm., 14/5/74, ED 59-236; CN Civ. Sala A, 26/9/74, ED 62-346)". (el destacado lo agrego).---.

A resultas, el argumento de la Provincia de que cuando B. interpuso la presente acción había fenecido el "perentorio plazo de dos años", fundándolo en el art. 4030° del Código Civil para "la acción de nulidad" por que los vicios denunciados son determinantes de "anulabilidad" y no "nulidad absoluta" es improcedente. De igual manera lo es la alegación de que en el caso no están comprendidos derechos constitucionalmente garantizados; por cierto que lo están: la estabilidad y la carrera administrativa consagrados por el art. 14 CN, 24 inc. 2 y 9 CP.- A más, siendo la de autos una pretensión de plena jurisdicción, tal como se desprende del Objeto de la demanda, la invocación en el Acápite XI de la Prescripción del art. 4027 inc. 3º CC para los rubros patrimoniales reclamados a resultas de la declaración de aquélla, es improponible en la medida en que el reconocimiento del derecho del cual deriva aún no se ha producido (SD N° 05/SCA/04; 09/SCA/04 - Conc. Cam.Cont.Adm.yTrib. Ciudad Autónoma Bs.As. Sala II en "Ríos." ///del 17/9/01 - LL Supl.Der.Adm. 18/02/02).

La a aplicar en el caso es la determinada por el art. 4023° del Código de fondo, es decir, la de diez años, y este plazo aún no había transcurrido al 6 de Julio de 2004, data en la que se presentó la demanda (según cargo de fs. 17 vta.) pues son contestes las partes al afirmar que la notificación del acto administrativo cuestionado -Dto. N° 1414/97- acaeció el 26 de diciembre de 1997.-- Voto en consecuencia por desechar la excepción de prescripción.--- 3.- Habiéndome pronunciado por la habilidad de la acción, he de analizar ahora la controversia que versa sobre la nulidad vs. legitimidad del Decreto que destituyó a quien acciona de las filas de la Policía de la Provincia, según las razones esgrimidas por cada uno para fundar sus diversos criterios.

Ello determina, para una acabada comprensión del caso, un pormenorizado estudio de la abultada prueba documental acompañada, atendiendo aquellos elementos que se vinculen a la cuestión principal, cual es el abandono de servicio esgrimido como causal objetiva justificante de la medida segregatoria. Estas probanzas -debo advertirlo- están compuestas de una tediosa reiteración de instrumentos, en copia simple o certificada; radios policiales, facsímiles y demás instrumentos, ///han sido añadidos más de una vez en los distintos expedientes arrimados a la causa, éstos además contienen varias foliaturas; todo lo cual ha tornado por demás farragosa su clasificación. Trataré entonces de desenmarañar la misma seleccionando documentos de manera cronológica, individualizando únicamente aquéllos que son importantes para dilucidar la cuestión meollo de esta litis.

3.1 Examino el Expediente N° 19441/00 del Tribunal de Cuentas, compuesto de tres (3) Cuerpos con un total de 535 fojas útiles, el cual a su vez contiene los Expedientes iniciados en Jefatura de Policía, por ejemplo, las actuaciones caratuladas "Departamento Personal s/ Investigación...año 1995- Preventivo 01/95 DPSA" (Expte. 037/96-JP), "B., O. R. s/ Lesiones...El Hoyo -Año 1995" (Expte. 49/95 ADM), "B. O. R. (Sgto. 1°) s/ Pta. Infrac. Art. 29° Inc. 13° RDPV-EL HOYO- Preventivo N° 1/96 ADM" (Expte. 107/97 JP) y los autos "B., O. R. (ex Sargento Primero) s/Recurso de Reconsideración c/Decreto N° 1414/97...Año 1998" (Expte. N° 12/98 JP) adjuntándose a este por cuerda los N° 37/96 y 107/97 ambos de la Jefatura de Policía.

3.1.1. Comienza el trámite con la denuncia administrativa que el ahora accionante radicó en el Departamento de Personal de la Jefatura de Policía con sede en la ciudad de Rawson, el 10 de Marzo de 1995. Allí, en presencia de testigos, expuso "que viene a dejar constancia de una circunstancia que considera arbitraria e injusta por la que está atravesando desde el día 14 de Enero...el mencionado día alrededor de la 1:00 hs. en circunstancias que caminaba con su esposa por la ///localidad de El Hoyo en cercanías del predio ferial, fue atacado por cuatro personas en forma verbal primero y armada después; a consecuencia de ello ...resulta con una herida de arma blanca en la parte posterior del brazo izquierdo y una similar en lateral izquierdo del tórax ambas con salida. Que por sus propios medios se trasladó al Hospital...donde fue asistido por la Dra. Q....que arribó al lugar el Oficial Auxiliar C. O. C., Jefe accidental de la Comisaría de El Hoyo, quien le pregunta si va a iniciar acción judicial, lo que motiva la reacción del narrante que reconoce haber tratado al superior en forma desconsiderada pero motivado por el suceso acaecido, el estado en que se encontraba y la evidente falta de preocupación del superior hacia su persona. El mismo día del hecho, a las 11:00 hs. deja el hospital y se traslada a su vivienda...el 16 del mismo mes y año, habiendo tomado conocimiento ...que su situación no había sido comunicada aún a la superioridad, ...se constituye en el Hospital de El Hoyo y solicita el certificado médico respectivo el que entrega en la Comisaría, ..retira del Hospital la ropa ensangrentada y cortada que tenía puesta en el momento del hecho...al día siguiente se traslada a Esquel, donde se hace asistir con el Dr. T....y posteriormente se entrevista con el Jefe de la Unidad Regional Esquel Crio. Inspector DOYLE a quien pone en conocimiento del hecho, radicando la denuncia respectiva que dio inicio a la causa comunicada como preventivo 01/95JUD.URE con intervención del Juez único...en razón de estar afrontando el declarante los gastos de sus lesiones, solicitó al Jefe de la Unidad Regional se labrara las actuaciones administrativas ///correspondientes y se diera aviso a ...SEROS, por entender que las lesiones eran producto de un acto de servicio, teniendo en cuenta que si bien el día del hecho se encontraba de licencia, se vio obligado a intervenir en prevención del orden y la seguridad pública, tal como relatara en su denuncia Judicial. Que transcurridos los días y al no tener novedades...el 26 de enero. cursa nota al Jefe. donde solicita otra vez se dé cumplimiento a las disposiciones legales vigentes... sin obtener las respuestas del caso y encontrándose aún padeciendo las secuelas de las lesiones, el 6 de febrero presenta nuevo certificado médico por diez días extendido por la Dra. Q., la que recomienda interconsulta con especialista en traumatología. se realiza el 9.02.95 en Esquel, donde el Dr.D. (Fisiatra) determina que deben esperarse cuarenta y cinco días para verificar las secuelas. ...el 13.2.95 hace nota al Jefe Comisaría ...solicitando nuevamente cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de lo que hasta la fecha no tiene noticias; en consecuencia y sintiéndose injustamente perjudicado por la desidia de sus superiores inmediatos realiza la presente, solicitando se investigue lo relatado" (el destacado lo agrego). Acompaña en copia simple de documentación (fs.3/10) y menciona que lleva contabilizado setenta (70) días "de parte de enfermo", que esa licencia médica lo perjudicará para el ascenso inmediato superior y que la consulta definitiva del Dr. D. podría realizarse el 24 o 27 del mes en curso. En respuesta a una serie de preguntas efectuadas B. contestó que ignora los motivos por los cuales no se efectuó la respectiva investigación, que aparentemente no se hizo ningún tipo de actuación, salvo la Judicial y puso de manifiesto que su relación con el Jefe directo era buena.--- ///--- Con ello, se ordena el inicio de Sumario Administrativo por presunta infracción del art. 29° inc. 12 del Régimen Disciplinario Policial por parte del Oficial Ins. CARRIZO, se requiere información al Departamento Judicial de Jefatura y se ordena la confección de los Anexos I, II y III del Dto. N° 686/93 mandándose practicar "cuantas diligencias se estimen de interés para el esclarecimiento del hecho investigado" (fs. 11).- Dicha área, a fs. 13 y vta., refiere que el 20 de enero de 1995, mediante Preventivo N° 1/95 JUD proveniente de la URE (agregado a fs. 18 "L., A. s/Lesiones Leves -Expte. N° 58- Año 1996- en adelante Expte. Penal-) se hace saber de la recepción de una denuncia interpuesta por el empleado Policial B., con prestación de servicios en la Comisaría de El Hoyo, quien manifestó que el 13 de enero al regresar de la localidad de El Bolsón a su domicilio, a las 22.30 hs., encuentra entre 15 a 20 personas bebiendo cerveza, reconociendo entre ellos a E. R., dos o tres de apellido L. y C. a los cuales invita a retirarse del lugar siendo agredido verbalmente por R. con quien forcejea sin llegar a mayores. Entre las 4 y 5 de la madrugada, en inmediaciones del predio donde se desarrollaba la fiesta de la Fruta Fina el denunciante (B.) y su esposa son interceptados por L. y L., el primero extrae un cuchillo de la cintura y ataca a B. instante en que es agredido por L. también con cuchillo, aplicándole una puñalada que atraviesa el brazo lesionándole el tórax. B. efectúa un disparo intimidatorio y los agresores huyen ///llevándose las armas, siendo atendido luego en el Hospital de El Hoyo. El 12 de febrero de 1995 se elevaron las actuaciones prevencionales dejando constancia que interviene en la causa el Sr. Juez Único de Instrucción.-- El 17 de marzo se ordenó (fs. 14) al Jefe Comisaría El Hoyo confeccionar los Anexos antes mencionados. Comunica (fs. 14 vta.) el Oficial Ayudante de esa dependencia el 20 del mismo mes que el Certificado Médico expedido por la Dra. Q. y entregado por B. el 16 de enero de 1995 fue enviado a la URE, incorporándose los Anexos comentados a fs. 15, 15 y vta. y 17/17 vta. A fs. 20 corre agregado el Preventivo N° 1/95 ADM que recepcionado por el Dpto. Personal de la Jefatura en Rawson y advirtiendo que se trata de la investigación del mismo hecho pide (fs. 22) a la Comisaría El Hoyo remita todo lo actuado.---- A continuación (fs. 23/35) se añaden copias fotostáticas de los autos "B., O. R. s/denuncia - El Hoyo (Expte. 2070-68-1995) del Juzgado de Instrucción de Esquel (los que se encuentran incorporados en el Expte. Penal ya referido) allí, el 17 de enero, el Sr. B. denunció "que el día viernes trece... regresaba de la localidad de El Bolsón a su domicilio en El Hoyo, siendo las 22.30 horas al pasar por el predio, donde se estaba desarrollando la fiesta de la Fruta Fina, tomé conocimiento por parte de T. O. (vendedor artículos regionales) ...que entre 15 y 20 personas se encontraban en el interior del patio del domicilio del denunciante, no permitiendo el ingreso al mismo... me dirijo al mismo a ver quienes se encontraban en mi casa; al ///llegar a la misma, pude ver que las personas que estaban dentro del patio eran conocidos de vista, pero nunca había tenido confianza como para que ingresen al terreno de mi propiedad... me dirijo a alguno de ellos solicitándole de buenos modales que se retiren de mi patio... posteriormente ingreso a mi domicilio... pudiendo escuchar que continuaban en el lugar,... luego salgo ... solicitando nuevamente que se retiren... ante ello. R. me dice "quien sos vos para sacarme", al cual agarro de sus ropas y lo saco fuera del predio de mi casa, en el forcejeo cae uno ...sobre una planta... casi la mayoría se dispersa, pero quedaron cuatro ...en la vereda, con botellas en la mano y allí L. el hijo de la I. sacó un cuchillo de entre sus ropas al igual que L. los cuales pegaron dos o tres encaradas hacia el declarante, desistiendo, cruzando la calle hacia el parquecito que está del otro lado... desde allí gritaban cosas contra el deponente. ...Más tarde, ...(acostado en su casa le advierte una mujer que pernoctaba allí) ...que fuera del domicilio... había dos personas... que no la habían dejado ingresar a la casa... (que debía regresar al predio de la Fruta Fina, donde tenía un puesto de venta) ...me pidió que la acompañara a salir de la casa para llegar hasta el predio... que ante ello, por cualquier cosa, alcé mi arma reglamentaria y me la coloqué en la cintura y cuando salí en la vereda había dos personas reconociendo a... C.... que pidió disculpas...(por lo que B. permaneció en su casa y la dueña del puesto fue sola; comenta que levantó a su esposa porque debían regresar a El Bolsón) ...casi arribando al predio, distante a una cuadra de mi domicilio, acompañado por mi esposa, de frente a nosotros aparecieron L. (el ///hijo de I.) y L. (hijo de un retirado de Policía) los cuales sin motivo alguno nos agredieron de inmediato dirigiéndose a quien habla si era el machito o el pesado y redujo a L.; cuando mi esposa ve que L. me va a agredir se agarra de éste quien la tira al piso y ahí L. de entre sus ropas saca un cuchillo y encara a quien habla, que tenía reducido a L., sobre el piso inmovilizado, y este le dice cortalo... viendo que L. me encara con cuchillo en manos me veo obligado a soltarlo... L. me arrojó tres o cuatro puñaladas, logrando esquivarlas y en esos momentos saco de mi cintura la pistola reglamentaria para intimidarlos, ya que sabía que los dos estaban con cuchillos, .presto atención al cuchillo de L. y este al ver que yo no iba a disparar el arma, el cual había cargado en presencia de ellos .. es cuando encara con más fuerza. al intentar retroceder tropiezo con una piedra o persona y cae al piso y cuando me estoy levantando, veo que L. me arroja una puñalada hacia el pecho y me pongo de costado para atajarla con el brazo.me atraviesa .me toca el pecho con la punta del cuchillo que de no haber atajado con el brazo seguro me atraviesa el corazón; luego L. se acomoda como para pegarme otra puñalada y como aún tenía la pistola en la mano, logré sacarle el seguro y efectué un disparo al aire para frenarlo...salió corriendo". Finaliza el relato con una serie de preguntas a B. referidas al estado de los agresores, si los conocía previamente y si tenían enemistad o resentimiento.- Observo en el trámite, que se agregan declaraciones de las personas nombradas por B. en su denuncia y un croquis del lugar del hecho (fs. 7 del Expte. Penal) donde puede observarse la escasa distancia ///existente entre el domicilio particular del denunciante y el predio referido. Las testimoniales recepcionadas en su mayoría son coincidentes, solo llama la atención la realizada por el testigo J. A. A. V. quien relató "...tiene conocimiento del hecho, a raíz que sale del predio... viendo al empleado Policial B. de civil, con un gamulán, que apuntaba con un arma sujeta con la diestra a una persona parada en frente de él con dirección a la cabeza, a la vez que decía que le entregara el cuchillo... la persona que era apuntada por el arma reacciona, sacándole con la mano izquierda el arma . la cual le apuntaba a la cabeza el empleado policial, a la vez que con la mano derecha saca desde la cintura ...un elemento, con el cual se lanza encima del empleado Policial, hiriéndolo en el costado izquierdo, motivo por el cual B. cae hacia atrás con el arma empuñada a la vez que apunta a la persona agresora...,cambiando la dirección el arma, hacia arriba tirando un disparo al aire, a la vez que la persona que era apuntada sale corriendo por la vereda de las casas sin parar..." (fs. 37 y vta.).--- El Oficio N° 01/95 suscripto por el Of. Aux. CÉSAR CARRIZO expresa que durante el operativo de seguridad desarrollado por la mencionada Fiesta, es interceptado por la Sra. de B. quien le hace saber de la agresión sufrida por un grupo de personas que se dieron a la fuga, utilizando el equipo de radio -comenta- lograron demorar a dos personas que fueron llevadas a la dependencia policial y, requisados, entre la ropa se le encontró al ciudadano R. L. un cuchillo de aproximadamente 10 cm.- Comenta el Oficial haberse constituido luego ///en el Hospital donde fue atendido por la Dra. L. Q.. El Sgto. B. -dice- "presentaba a simple vista un corte en el brazo y un pequeño corte en el tórax, por lo que había sido cosido y vendado,...recordando bien el episodio, sin síntomas de ebriedad o similar, quizás un poco alterado nervioso por lo ocurrido... en una gresca que se formara saliendo del predio en la esquina de su casa, al ser interceptado por un grupo de personas de las que uno o dos sacaron cuchillo e intentaron cortar, logrando en esa oportunidad el empleado hacer uso en forma intimidatoria del arma reglamentaria que portaba... efectuando un disparo al aire y logrando que los agresores se dieran a la fuga; ...pese a esto el hecho no tomó connotaciones graves ni estado público ya que el sonido del disparo fue superado por los equipos de audio del escenario y al ser tan pequeño el episodio no logró acumularse gente". En dicha ocasión, el Sgto. B. hizo reserva de iniciar las acciones judiciales pertinentes y antes de finalizar el Oficial expuso "conste que el suscripto no se interiorizó más en el caso dado la poca gravedad de las lesiones y la imperante necesidad de continuar con el operativo de seguridad". (fs.38 y vta.).---- 3.1.2. El 31 de marzo de 1995 el Sr. O. B. presenta Nota en la Comisaría solicitando se le conceda licencia a partir del 26 de ese mes y año "encuadrada en los términos del art. 39° decreto reglamentario 343 de licencias de personal policial, como así se efectúe el encuadre correspondiente de los justificativos médicos presentados hasta la fecha y que considero que la lesión inferida fue provocada en cumplimiento de un acto de servicio" Adjunta en original Certificado Médico "donde se confirma lesión permanente que me afecta... estudio ///de Potenciales somatosensitivos realizados sobre el lugar de la lesión, lo que confirma la misma... todo guarda relación con los certificados médicos presentados en esta dependencia con fechas 16-01-95 (20 días), 6-02-95 (10 días) y de fechas 9 y 16-02-95 (45 días) lo que computa -dice- un total de 70 días justificados médicos hasta el 25-03-95, ignorándose a la fecha qué encuadre legal se dio a los mismos, se deja aclarado que copias de los certificados de referencias... fueron entregados en Jefatura de Policía (Departamento Personal) el día 10-03-1995" (fs. 45).-- Además, un Certificado Médico, del 23 de marzo de 1995, suscripto por el Dr. J. E. D. (Fisiatra) fue incorporado a fs. 46 y expone "B. O. paciente que sufrió herida ARMA BLANCA el 14/1/95 que atraviesa brazo e ingresa en tórax provocando sección de nervio intercostal".-A continuación el Dr. MACHADO, neurólogo, el 28 del mismo mes, efectuó un estudio denominado "Velocidad de Conducción Sensitiva" donde luego de una serie de especificaciones, concluyó "Lesión (periférica) de quinto nervio intercostal izquierdo" (fs. 47).- Ninguno de éstos requiere del actor licencia o reposo.----- 3.1.3 La solicitud de B. fue analizada por el área jurídica de Jefatura que, mediante Dictamen N° 130/95"AL", opinó que debería estarse a lo que oportunamente se resolviera en las actuaciones administrativas iniciadas a raíz del hecho productor del evento dañoso y ///que sería resuelto por la Fiscalía de Estado conforme el Dto. N° 686/93 de lo que fue notificado personalmente el 20 de septiembre (fs. 51).- 3.1.4.- El 6 de Octubre de 1995 se constituyó una Junta Médica que, luego de evaluar a B., diagnosticó "sección quinto nervio intercostal izquierdo. ...Dicha lesión genera una incapacidad inferior al 2% de la total obrera" (fs. 58). La notificación de esta decisión consta en otro Expte. - el N° 1428-98-Jud., cumplida el 20 de Octubre, y al pie de la cédula, el actor expresa "no especifica si debo o no reintegrarme, ni dónde, ni en qué lugar".- El 26 del mismo mes y año, el Comisario Inspector Médico, Jefe de la División de Sanidad rubricó " ...de acuerdo a la Junta Médica...el mismo se encuentra apto para la función Policial pudiendo cumplir con sus tareas habituales" (fs. 59 - Expte N° 19441/00 TC). (la negrita se agrega).- A más, el 8 de noviembre, se le notifica expresamente que debe reintegrarse al servicio (fs. 48 Expte. N° 1428-98 - Jud.) y al pie de esta Cédula, de su puño y letra añade el actor "no me hallo psicológicamente, anímicamente ni físicamente en condiciones de presentarme al servicio. En plazo previsto por ley presentaré justificativo".- 3.2.- El 7 de noviembre -siempre de 1995- el Oficial Inspector CÉSAR CARRIZO -a cargo el 14 de enero, de la Comisaría de EL Hoyo- ante la noticia de que no sería propuesto para el ascenso por encontrarse involucrado en el Sumario Administrativo iniciado por la denuncia que B. dedujo en la ciudad de Rawson, confeccionó un escrito a modo de descargo -según expone- del cual surge que "en la oportunidad no inició acción en razón de que según surgía a prima facie la riña ///ocurre según comentarios por un problema personal entre el empleado Policial y civiles del pueblo, encontrándose el mencionado empleado de licencia, y con la curiosa circunstancia de que siendo la fecha de festejo de la Fruta Fina, dicho empleado se encontraba en su domicilio, egresó del mismo dirigiéndose al predio ferial donde en el camino y a escasos 80 metros encontró a sus posteriores agresores, en ese momento se encontraba armado con la pistola reglamentaria, circunstancia en que se acompañaba con su esposa, entendiendo el suscripto que ...dicho accionar determina por parte del empleado policial una predisposición y premeditación a que algo ocurriera, ya que no existía motivo para que portara dicha arma cuando es de conocimiento público y del personal de Comisaría El Hoyo al mismo le mosta (habrá querido decir:"molesta") la pistolera hasta con el uniforme y como trabaja de administrativo muchas veces no la portaba, entendiendo así el suscripto que la agresión recibida no fue precisamente cometida contra el "Sargento 1ro. de Policía", sino por razones personales contra O. R. B., por ello no podía considerar justificable la iniciación de sumario, máxime teniendo en cuenta que encontrándose en el Hospital... manifestó que no quería hacer nada que solamente él se haría cargo del caso, sonando a modo de revancha y en tono de guapo, ...se suma que la lesión era de carácter leve, por lo que siendo delito de Instancia Privada, no correspondía la iniciación de la causa" En otro párrafo de su escrito, explica ...que meses después del hecho, interrogué a uno de los agresores, por los pormenores del hecho en forma extraoficial, manifestó que quien inició ///el pleito fue el empleado Policial, y en realidad siempre tenía la costumbre de encarar o apurar a las personas..."; además consideró que el hecho no había tomado trascendencia pública, que duró escasos minutos y que el origen aparente eran razones particulares o personales, subrayando que no se encontraba en servicio (fs. 61/62 y vta.).(el destacado lo añado).-- 3.3.- Sigue el trámite del Sumario y por Oficio N° 110/95 se requieren una serie de medidas probatorias, como copia del Parte Diario de la Comisaría del día 13 de enero de 20:45 a 6:45 hs., declaración testimonial de los empleados policiales que estuvieron de servicio, consultándole a estos si conocen a los agresores, motivo de la misma, si había entre éstos y B. enemistad manifiesta, si el nombrado se encontraba de servicio y cómo era la relación entre éste y su superior (Of. Carrizo). Las probanzas son anexadas a fs. 67/91; los testimonios son coincidentes en que se localizó a "dos masculinos" inmediatamente acaecido el hecho dañoso y que individualizados eran L. y L., que B. -refirieron algunos- se encontraba de licencia y que la relación de éste con el Jefe a cargo (CARRIZO) era "buena".- 3.4.- El 11 de enero de 1996 se remitió Nota N° 01/96 desde la Dirección de Recursos Humanos de la Policía a la Dirección de Reconocimientos Médicos solicitando se hiciera saber qué se había resuelto en relación a los Anexos I, II y III correspondientes "al presunto accidente de trabajo" sufrido por B. y que fueron girados el 7 de abril de 1995. Explica la misma que "al no haber sido calificado el evento dañoso, la ausencia al servicio, fue encuadrada dentro de las ///prescripciones del art. 38° del Régimen de Licencias (Dto. N° 343/90) que ... provoca los siguientes efectos: a)en caso de exceder los 45 días automáticamente pasa a Disponibilidad, b) de continuar en esa situación, pasa a revistar en situación pasiva con afectación de haberes, c) produce impedimento para la promoción, e) de prolongarse hasta dos años, es causal de baja de la Fuerza..." Detalló además que en oportunidad de producirse el evento donde B. resultó lesionado con arma blanca, se encontraba en uso de licencia anual reglamentaria, aunque aparentemente tomó intervención como consecuencia del desorden que provocaban quienes luego lo agredieron, aunque advierte que esa circunstancia no está del todo clarificada. (fs. 94).

3.5. Conjuntamente con el escrito anterior, se requirió (fs. 95) a la División Sanidad que indicara carácter de la lesión, órganos afectados, secuelas si las hubiese y de qué tipo. Incorporadas a fs. 96/99 las certificaciones antes descriptas; a fs. 100 la División de Sanidad detalla "...se estima que la lesión ocurrida con fecha 14/01/95, curó en menos de 30 días; al no contar con fecha de alta y por las características de las lesiones no afectó órganos; se estima que dejó secuelas evaluadas en un 2% inferior a la total obrera; que no impiden realizar sus funciones de Seguridad".- La Directora de Reconocimientos Médicos (fs. 101) menciona que el trámite se encuentra a consideración de Fiscalía de Estado. Motivo por ///el cual el 26 de enero de 1996 se giró Oficio N° 4/96 DRM(S) (fs. 105) idéntica a la obrante a fs. 93 ya descripta.-- El 7 de febrero de ese año se expide la Fiscalía de Estado, según constancia obrante a fs. 106, donde informa que "el evento dañoso no puede ser encuadrado como accidente de trabajo" detallando sucintamente las circunstancias de hecho en las que funda su opinión.----- El 12 de marzo el Jefe de Policía dispone, mediante Resolución N° 102/96 -fs.109-, "comunicar al Sargento Primero ...B. que Fiscalía de Estado no reconoce como accidente de trabajo, el evento dañoso sufrido motivo de las presentes actuaciones", siendo notificado personalmente el 28 del mismo mes (fs. 110 vta.).- 3.6.- El segundo cuerpo del Expediente del Tribunal de Cuentas que vengo comentando, comienza con las actuaciones administrativas caratuladas "B., O. R. (Sgto. 1°) s/ Presunta Infra. art. 29° inc. 13) R.P.V.-EL HOYO-Preventivo N° 01/96 ADM" las cuales se inician el 23 de septiembre de 1996 con el Radio N° 524/96 URE el cual ordena iniciar Sumario Administrativo al actor por presunta infracción del régimen disciplinario policial, atento no justificar servicio desde el 26 de marzo de 1995 al 8 de noviembre de ese año y desde el 27 de enero hasta la fecha.

3.6.1.- Como primer medida, el Instructor Sumariante solicita la compulsa con el Legajo Personal del nombrado para determinar fehacientemente las fechas de las inasistencias que no han sido ///justificadas; pide citar al sumariado a prestar declaración y designa Secretario.--- Cotejados los Registros y Archivos se informa que B. inició el 26 de diciembre de 1994 Licencia Anual Reglamentaria correspondiente al año 1994 por el término de 30 días computables hasta el 26 de enero de 1995 inclusive, que fue lesionado el 14 de enero presentando certificado médico art. 38° computable desde ese día al 2 de febrero; vencido éste quedan sin justificar los días 3, 4 y 5 de febrero. Presenta otro Certificado por el período 16 de febrero al 25 de marzo comunicado por Oficio N° 59/95 vencido el cual "no presenta justificativo de inasistencia al servicio entre el 26 de marzo ... al 8 de noviembre ambos de 1995. El 10 de ese mes y año se recepciona certificado por tratamiento Psicológico computable desde el 9 de noviembre al 8 de diciembre y otro documento similar por extender ese tratamiento desde el 9 de diciembre al 7 de enero de 1996 y, uno más, que lo extendía hasta el 26 de enero. Luego de ello, presentó Nota para adjuntar Certificado del Dr. P. S., visado por la Dra. Q. del Hospital Rural local, por el cual el primer facultativo solicitó Junta Médica a la brevedad para evaluar, con los estudios realizados, condición laboral.----- Destaca que por Resolución N° 851-DRH (AP-L) (fs. 131) del 21 de diciembre de 1995 se dispuso, a partir del 9 de noviembre de 1995, el pase a Disponibilidad Simple de B. en los términos del art. 111° ///inciso b) del Dto. Ley N° 1561 disponiéndose en el art. 2° que la División Sanidad sería el contralor del Alta definitiva en los términos del art. 45° del Régimen de Licencias, previa constitución de Junta Médica. Por Oficio N° 9/96 DSP- el 22 de marzo de 1996 se remitió copia de la Junta Médica realizada en la que consta que B. "se encuentra con una incapacidad laboral permanente inferior al 3% del T.O. el citado en la actualidad se encuentra en condiciones de reincorporarse al servicio en la Agrupación que revista en la actualidad". Toda la documentación referida en esta misiva es incorporada en copia autenticada de fs. 119/137.----- 3.6.2.- Con esa información el Instructor, por Oficio N° 4/96 solicitó al Jefe de la URE indique si el Sr. B. había justificado las inasistencias por el período comprendido entre el 26/03 al 8/11 de 1995 y desde el 23/03 al 27/09 de 1996 (fs. 139). Asimismo, habiendo tomado conocimiento de que el investigado habría instalado en la parte anterior de su vivienda un Comercio a su nombre se giró Oficio N° 302/96 al Sr. Intendente de El Hoyo para averiguar la titularizad de la Habilitación Comercial del mismo (fs. 140) respondiendo el funcionario con la remisión de la Resolución N° 097/96 del 26 de agosto de ese año, por la cual se le concedió licencia comercial para explotar rubro TIENDA y KIOSCO (fs. 141).--- 3.6.3.- B. fue citado a prestar declaración indagatoria (fs. 142 vta.) además se emplazó a dos vecinos para ser consultados si, luego de la lesión de que fuera víctima el nombrado, se lo vio trabajando y/o practicando algún deporte.----- ///--- El testigo B. (fs. 147 y vta.) manifestó que tomó conocimiento por comentarios de terceros que B. resultó lastimado durante la realización de la Fiesta de la Fruta Fina, que lo conoce desde hace unos 8 o 10 años, que se encuentra en buenas condiciones tanto físicas como anímicas "ello dado que al ser vecinos, tiene un trato casi constante con el mencionado". Expone no haber observado problemas psicológicos, dijo "lo encuentra hoy, como siempre, es decir, bien"; refiriéndose al estado físico dice no saber, aunque comenta lo del negocio advirtiendo que "cuando ha pasado frente al mismo no lo ha visto atendiendo...siempre ha visto a los hijos de B. atender"...no lo ha visto realizar algún tipo de deportes".

Otro testigo, el Sr. C., expuso conocer al imputado desde hace aproximadamente 15 años y como se enteró de lo sucedido el 14 de enero, unos diez días después fue a su casa a verlo, "andaba vendado, el brazo y el hombro, a cual tuvo varios días...a la fecha...se encuentra bien de salud, tanto física como anímicamente, vive en la casa contigua y se ven prácticamente a diario. Añade que no lo vio trabajar o realizando alguna fuerza, que B. le comentó que "le molesta al realizar movimientos..."; que a la fecha no lo ha visto trabajar ni realizar deportes. (fs. 148 y vta.).

El 5 de octubre de 1996, siendo día y hora para la producción de la Indagatoria, el Sr. B. comparece y se abstiene de declarar dejando constancia que designará oportunamente defensor; solicita prórroga del ///plazo para ejercer su derecho, la que es concedida (fs. 153) designando al Comisario Víctor Hugo GARCÍA (fs. 154 vta.) quien presenta escrito de descargo a fs. 165, motivando una serie de diligencias que fueron ordenadas por el Instructor a fs. 166 y vta..

3.6.4. De fs. 167 a 181 se incorporan copias debidamente cerificadas de diversa documentación que es resumida (fs. 182) en un informe del Secretario del Sumario, que detalla los extremos que surgen de aquélla; entre otras cosas que B. fue debidamente notificado por Radiograma de que debía concurrir a la División Sanidad de Rawson el día 21-3-96 a 9,30 hs., a efectos de realizar Junta Médica, otorgándole pasaje de ida y vuelta los que fueron recepcionados por el imputado.

En esa documentación, se incorpora copia debidamente certificada del Oficio N° 3/96 (17.09.96) suscripto por el Jefe de la Comisaría El Hoyo -Of. Ppal. B.- al que refirió expresamente el accionante en su demanda. El mismo es dirigido al Jefe de URE expresando"en relación a lo solicitado...con relación a las lesiones sufridas por ...B....que se encontraba en situación de disponibilidad simple la cual feneció ...09/05/96 y no habiendo recibido a la fecha en esta Comisaría Distrito temperamento a adoptar ..., pese a que en reiteradas oportunidades y como surge de la copia...se elevan adjuntas esta Jefatura...ha solicitado temperamento a adoptar máxime que la situación del mencionado empleado se encuentra sin resolver, cobrando por tal motivo sus haberes mensuales y gozando de todos los beneficios otorgados al personal Policial por las Reglamentaciones vigentes. Cabe señalar que en cuanto a la condición física que el causante aduce poseer ///(discapacidad para la función) a modesto juicio de esta Jefatura es total o parcialmente inexistente...hace dos semanas acaeció lo siguiente...(relata el accidente que habría sufrido un camión que transportaba leña, el que se encontraba a punto de desbarrancarse y añade... se observa sobre el camino el vehículo particular del Sgto. B. quien se hallaba colaborando con la gente del lugar para sacar al camión de la situación en que se encontraba...sin ningún tipo de miramientos ejecutaba movimientos de fuerza lo cual llevó al suscripto a la conclusión...de que...B. aparenta ante la superioridad y ante las Juntas Médicas ...un estado de salud que no es real. ...el suscripto...lo ha visto trabajando en dicha construcción... En relación al estado anímico y psicológico...no demostró tener problemas o trastornos psicológicos o bien de conducta, siendo en todo momento... su proceder sumamente correcto y estable...en cierta oportunidad surgió un comentario sobre que el Sgto. Primero...había participado de un partido de fútbol..." (fs.180/181).

3.6.5.- El titular de la División Sanidad remitió vía fax el Formulario de la mencionada evaluación médica, la que corre agregada a fs. 187, que arrojó el siguiente diagnóstico: Examinado en la fecha se presenta lúcido coherente a su exámen físico se constata cicatriz de herida de arma blanca en una trayectoria horizontal de a dentro hacia fuera y de atrás hacia delante ingresa cara posterior tercio medio brazo izquierdo tercio medio cada interna mismo brazo e impacta finalmente a la altura del quinto espacio intercostal izq. Con la interacción de línea ///axilar anterior de su exámen y del electrocardiograma presentado se constata sección del quinto nervio intercostal con afectación de sensibilidad desde el lugar de la lesión hacia línea media...Que la lesión implica una incapacidad laboral permanente inferior al 3% de la T.O. ...en la actualidad se encuentra en condiciones de reincorporarse al servicio en la Agrupación que revista...". Y antes de las firmas de los facultativos y de B. el formulario expresa "Previa lectura de la presente firman al pie de conformidad, sus integrantes y el examinado, quien de este modo queda notificado del Dictamen" (el destacado es propio).

3.6.6. Presenta a fs. 191 y vta. el Defensor de B. un escrito en el que denuncia "imparcialidad" en la sustanciación de la causa, alegando que "ya había cometido la falta que se le imputa en período 26.3.95 al 8.11.95 y desde el 27.01.96" porque acusa que la investigación pretendió demostrar si el imputado efectuó alguna tarea laboral con la instalación del comercio y mediante el interrogatorio realizado a civiles. Señala de qué modo fue lesionado y arguye que la impotencia que le provocó la falta de ayuda de sus superiores lo determinó a radicar la denuncia penal por el hecho en la ciudad de Esquel; después de ello indica haber tenido problemas con el Jefe de la Dependencia -Of. Carrizo- quien en su momento no le recibió la denuncia. Explica que a partir de allí se vio afectado en la parte psicológica lo que lo levó "a continuar presentando certificados médicos". Indica que no consta en Sede policial que haya sido notificado a reintegrarse al servicio y esgrime "si nos remitimos al contenido frío de los arts. 29° inc. 13) en concordancia con el art. 116° no quedan dudas de su encuadre; pero si ///nos remitimos a la falta de apoyo psicológico por parte de los superiores con mi defendido quien no tuvo ningún tipo de ayuda y si vemos la demora por parte de la superioridad en la iniciación de la causa y que bien en claro queda ...el mismo se inicia por orden de la Dirección de Recursos Humanos. ...se detectó desprolijidades en la instrucción de la causa ...no es que quiera eximir de responsabilidad administrativa a mi defendido, porque ha incurrido en la falta imputada, pero considero que se debe tener en cuenta los factores o circunstancias que lo han llevado a comportarse de esa manera...considero que debería tener en cuenta los antecedentes...solicito el reencuadre de la falta en el art. 26° inc. 17) y sea sancionado por ello y reincorporado inmediatamente al servicio" (la negrita me pertenece).- 3.6.7 Hace mérito de las actuaciones el Instructor a fs. 192/193 donde resume la prueba colectada y concluye " se da por probada la falta imputada al Sargento 1° O. R. B. en relación a una flagrante infracción al art. 29° inc. 13° del R.D.P.V., teniendo en cuenta la documentación obrante en las presentes actuaciones, máxime si se tiene en cuenta que ... ha permanecido durante el año 1995 sin justificar su inasistencia durante 227 días; que notificado de la conclusión arribada en Acta Junta Médica del día 21.03.96 donde se dictamina una insignificante incapacidad laboral (3% del T.O.), tras lo cual en ningún momento se presentó al servicio en esta Dependencia por ser su destino actual a reiniciar sus labores, ni tan siquiera a interiorizarse si debía ///esperar notificación de tipo alguna, transcurriendo desde la notificación mencionada precedentemente hasta la iniciación de la presente causa el día 23.09.97, un total de 205 días, y que en ningún momento de ésos...intentó interiorizarse ni siquiera como proceder...cuestión que bajo ningún concepto se puede considerar como de desconocimiento del empleado policial. ... en resumen...el incoado...ha demostrado total y virtualmente un desapego a nuestra Institución Policial, por lo que considero debe recibir la sanción que justamente se merece.

3.7. El 28 de Febrero de 1997, se expide el Asesor Letrado, controvirtiendo los dichos del Defensor del Imputado, pone de manifiesto que B. quedó fehacientemente notificado del resultado de la Junta Médica en el mismo acto, aclarando el 21 de marzo de 1996 según luce en la copia del acta donde rubricó al pie el documento. Descarta luego la alegada "parcialidad" enrostrada al procedimiento por el imputado y subraya que B. durante el abandono de servicio desplegó otras tareas opinando "...todo indica que no padece dolencia alguna como las que pretendió demostrar a lo largo del año 1996 y parte de 1996, presentando un sinnúmero de certificados médicos...". Con ello, aconseja al Sr. Jefe sancione al imputado por encuadrar su actitud investigada y comprobada -sostiene- en el inciso 13) del art. 29 del R.D.P. (fs. 195/196).----- Corren agregadas en los obrados, dos Cartas Documentos dirigidas a la Policía de la Provincia; una a fs. 206 del 14 de Octubre de 1996 en la cual B. expone "No habiendo Uds. abonado mi salario ...mes ///Septiembre de 1996, INTIMO término 48 horas aclaren mi situación laboral, y abonen el mismo, bajo apercibimiento de considerarme injuriado y accionar legalmente su cobro e iniciar las acciones judiciales correspondientes. Según el caso, de no encontrar satisfactoria respuesta". Hay otra a fs. 218, el 21 de octubre de 1996, que reza "no habiendo Uds. aclarado mi situación laboral ni abonado el salario correspondiente...me considero injuriado laboralmente y despedido por su exclusiva culpa debiendo abonar...integración, preaviso, antigüedad, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario, salarios familiares y todo lo que por ley me corresponda ...accionaré judicialmente de no obtener su cobro en el término legal de 48 horas".--- La primer misiva fue rechazada, el 23 del mismo mes y año, por el Sr. Jefe de Policía -Crio. Mayor Manuel GARCÍA VAZQUEZ- "por improcedente y no ser la vía administrativa correcta para canalizar su inquietud" (fs. 214).-- A fs. 227 el Asesor Letrado de Jefatura de Policía comparte el criterio expuesto por el letrado de la URE antes comentado aconsejando que, por la falta cometida, B. debe ser DESTITUÍDO en grado de CESANTÍA. También interviene a fs. 229/230 la Dirección de Asuntos Legales del entonces Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia advirtiendo que según la intimación realizada por el nombrado Sargento Primero habría percibido haberes hasta el mes de Agosto de 1996 inclusive, solicitando se exponga el motivo de la interrupción de dicho ///pago. El área Finanzas -Jefatura de Policía- comenta que el último haber abonado a B. fueron los correspondientes a Agosto de 1996 habiéndose suspendido su abono "al recibirse...Preventivo N° 1/96 ADM procedente de la Comisaría Distrito El Hoyo..." (fs.232). Con estos elementos, por Dictamen N° 237/97 la Dirección antes mencionada, coincidiendo con el N° 9/97 "AL/URE" en cuanto al encuadre de la falta incurrida por el Sgto. Primero B. y la procedencia de la sanción expulsiva propuesta; asimismo señala "...entiendo que la iniciación del presente sumario luego de transcurridos seis (6) meses de inasistencias por parte del imputado, constituiría en principio una irregularidad que no se encuentra justificada...frente a este obrar irregular y atento el eventual perjuicio fiscal que se habría configurado...en virtud de la eventual continuación del pago y percepción de salarios ...hasta el mes de Agosto/96-entiendo que correspondería...deslindar las responsabilidades correspondientes mediante la instrucción de un nuevo sumario..." (fs. 236).- 3.8.- A fs. 242 corre agregado el Decreto N° 1414/97 cuyo artículo 1° destituyó en grado de CESANTÍA al actor, conforme lo determina el artículo 62° inciso a) del Decreto Ley N° 1561... por haber infringido el Régimen Disciplinario Policial en su Artículo 29° inciso 13) concordante con el artículo 116° del mismo cuerpo legal. El segundo Considerando del mismo justifica que "...ha quedado suficientemente probado en las actuaciones sustanciadas, que el citado empleado policial ha faltado al servicio durante 227 días en el Año 1995 sin justificar su inasistencia, como así también que una vez notificado de su aptitud para reintegrarse al servicio el día 21 de Marzo de 1996 continuó faltando sin justificar ///durante 205 días más en el Año 1996..." .- Se notifica B. de tal decisión el 26 de diciembre de 1997 (fs. 251).

3.9.- La medida disciplinaria es recurrida por quien hoy acciona, iniciándose con ello el 3er. Cuerpo de los obrados que vengo relatando.-- Alega B. en referencia a la notificación de una presunta aptitud para que se reintegre al servicio que la misma no existió, considerando que debe reunir "los requisitos de notificación recepticia conjuntamente con mi firma, pues el abandono no se presume" (fs. 255 y vta.). Relata el evento en el que resultó lesionado y acusa que pretender que ese se investigara significó el padecimiento de una serie de trastornos físicos y psíquicos, provocando "un desborde en la Comisaría de El Hoyo" donde -según acusa- pretendían que todo se callara; pide la reconsideración de lo actuado y señala que en el Dictamen 501/95 AL se le había ordenado que estuviera a lo que oportunamente se resolviera en las actuaciones administrativas por la Fiscalía de Estado, según el trámite del Dto. N° 686/93 y destaca "resolución que no me consta o que de haberse expedido no me fuera debidamente notificado" (fs. 256).-- El remedio es atendido por la Dirección de Asesoría Legal (MGTyJ) que asevera que el abandono de servicio incurrido por el recurrente quedó fehacientemente acreditado, al constatarse su no presentación a cumplir funciones policiales por largos períodos sin haber justificado tales inasistencias". Explica quedó notificado en ///oportunidad de insertar su firma en el Acta de la Junta Médica del 21 de marzo de 1996, donde la División de Sanidad lo consideraba en condiciones de reincorporarse al servicio. No obstante lo cual "continuó en su situación de abandono de tareas, sin comparecer al lugar de trabajo ni siquiera para interiorizarse de cuál era el proceder que debía seguir. Tampoco resulta veraz la afirmación del recurrente acerca del desconocimiento del resultado arribado en el trámite de calificación del evento dañoso sufrido" pues fue notificado personalmente de la Resolución N° 102/96.---- Desestimadas las alegaciones del recurrente, opinó la letrada que procedía rechazar el recurso de reconsideración, ratificando los términos del Decreto impugnado. Así lo dispuso el Decreto N° 544 del 3 de Junio de 1998 (fs. 274/275).

3.10.- Solo resta señalar que la inquietud puesta de manifiesto por la Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno, fue receptada por el Sr. Ministro del área quien dispuso la instrucción del Sumario Administrativo respectivo, de cuya tramitación dan cuenta las actuaciones que vengo comentando (fs. 276/535) las cuales finalizaron con la Resolución del Sr. Jefe de Policía, el 22 de marzo de 2000, que declaró exentos de responsabilidad administrativa a los Sub Comisarios que se desempeñaron como Jefes del Distrito El Hoyo(fs. 520). Asimismo, advertido por la Fiscalía de Estado, "fallas del sistema de control y seguimiento de hechos y situaciones como las que generó toda esta actuación" (fs. 525) la Jefatura de Policía emitió una CIRCULAR GENERAL por la cual se solicitaba a "los Sres. Jefes...tomar la ///necesaria precaución en la conformación de los recibos de haberes sin tener con anterioridad la seguridad de la contraprestación del servicio y/o justificada su inasistencia por parte del empleado que perciba su sueldo..." (fs. 533).--- El 9 de mayo de 2001 -fs. 535- se dispone el archivo de los obrados.

4.- Dados los antecedentes de hecho, cabe ahora establecer, que la relación jurídica que vincula a B. con la Provincia demandada, es de empleo público, con régimen jurídico propio a partir de la especialidad de la función de Seguridad, servicio esencial a la comunidad.- Se encuentra la misma regulada en Ley XIX N° 8 (antes Decreto Ley N° 1561) que fija los derechos que garantiza al personal de la Policía de la Provincia del Chubut, en tanto se ajuste a las obligaciones que la misma impone (art. 1°), mencionando en el artículo 14° la estabilidad en el empleo y previniendo que "sólo podrá ser privado... de los deberes y derechos del estado policial... d) Por resolución definitiva, recaída en sumario administrativo por falta gravísima... siempre que se hubieren llenado las formalidades de libre opinión de Asesor Letrado y oportunidad para el ejercicio de la defensa".- El plexo normativo comentado define, en el artículo 27°, el estado policial como la "situación jurídica que resulta del conjunto de deberes y derechos establecidos por las leyes y decretos para el personal que ///ocupa un lugar en la jerarquía de la Policía Provincial", enumerando los deberes esenciales en trece (13) incisos del art. 28°, de los cuales -y por resultar aplicable al sub-judice- sólo he de referirme al inciso a) que consagra "la sujeción al Régimen Disciplinario Policial" (en adelante RPD). Mientras que las obligaciones fueron previstas en el art. 30° que dice "Defender, contra las vías de hecho o riesgo inminente, la vida, la libertad y la propiedad; Adoptar, en cualquier lugar y momento, cuando las circunstancias lo impongan, el procedimiento Policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución", detallando extensamente los derechos del personal en el art. 34°.----- A partir del Capítulo II se ocupa del Régimen Disciplinario fijando las diversas medidas sancionatorias de que son pasibles sus dependientes. Así, el art. 62° menciona que la DESTITUCIÓN comprensiva de las sanciones disciplinarias expulsivas, importan la separación de la Institución, la pérdida del estado Policial y de los derechos correspondientes. Establece que sólo puede disponerse por Decreto del Poder Ejecutivo y, según la gravedad de la falta, podrá tratarse de una CESANTÍA (que no importa la pérdida del derecho al haber de retiro que pudiera corresponder) ó EXONERACIÓN.--- El Decreto N° 2427/77 reglamentario del RDP califica en el art. 29° -en 14 incisos- aquellas conductas del personal policial que serán consideradas como faltas gravísimas sancionables con la destitución de la Institución; alude en el inciso 13) la que se produce cuando concurren los extremos del art. 116°, esto es cuando acaece el "abandono de ///servicio" que define como "la ausencia injustificada en el destino, por cinco días..." .- Completo la normativa aplicable citando el Dto. N° 343/90 que aprobó el texto ordenado del Régimen de Licencias del Personal Policial, el cual precisa la "licencia (como) la autorización formal dada a un Policía por un Superior competente, eximiéndolo de las obligaciones del servicio por un lapso mayor de cuarenta y ocho horas" (art. 1°). Específicamente el art. 38° se ocupa de las Licencias que se otorgan para el tratamiento de enfermedades no causadas por actos del servicio, fijando que se podrá conceder: a) Hasta cuarenta y cinco días corridos de licencia por año calendario con percepción íntegra de haberes; b) Vencido el término... con intervención de la División de Sanidad, podrá concederse una nueva licencia con goce íntegro de haberes hasta un término de seis meses, incluídos los primeros cuarenta y cinco días. En este caso -dice- el personal revistará en situación de disponibilidad simple; c) Si vencido el término ...a juicio de la División Sanidad debiera ser prorrogado, podrá otorgársele al agente, licencia hasta un máximo de dos años -incluyendo los seis meses precitados- durante cuyo lapso el empleado policial revistará en situación pasiva....-- Ahora bien, si el ausentismo obedeciera a "enfermedad o accidente originados en actos del servicio" la situación es diferente. Está reglada en el art. 39° que consagra la posibilidad de otorgar hasta 2 años de ///licencia con percepción íntegra de haberes permaneciendo el empleado policial en situación de actividad y servicio efectivo.

Adviértase que, para ambos supuestos, prevé la norma que "Los términos ... se obtendrán computando plazos continuos y discontinuos" y para su concesión será condición indispensable la intervención del Organismo Médico Policial -art. 33°-. Además, "el agente no podrá ser reincorporado a su empleo hasta tanto la División Sanidad no otorgue el certificado de alta, previa realización de Junta Médica..." (art. 45°), y remata el art. 46º fijando que "todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidente en o por actos de servicios, quedarán canceladas por el restablecimiento del agente. Este deberá, en todos los casos, solicitar el reintegro a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones...".- (el destacado lo añado).-- 5.- Un rápido repaso del contexto normativo comentado revela, que la relación jurídica que vincula al personal policial con la respectiva importa una "relación especial de sujeción".- La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal Sala I -voto del Dr. COVIELLO- que refiere a la misma expresando "esta categoría desarrollada en el Derecho Público alemán por Otto MAYER. fue concebida como "una relación jurídica de derecho público por la cual el individuo está vinculado respecto del Estado, por efecto de la obligación general de regular su conducta conforme a un cierto interés público", relación ella que. se incardinaba ///en los postulados del Estado de Derecho, por su vinculación con la Ley. .Estas especiales relaciones jurídico-administrativas han sido receptadas con distintas modalidades y extensión en la doctrina y jurisprudencia de países europeos. En nuestro país, se han situado siempre en el marco insoslayable de la observancia del principio de la legalidad administrativa, a partir de la cual adquieren su debida conformación jurídica. .Esta Sala ha destacado explícitamente que "tal especie de relación no significa sujeción arbitraria, sino una sujeción jurídica. es más. las decisiones adoptadas en su contexto están sujetas al control judicial, en la medida que todo es en principio justificable, variando el alcance de la revisibilidad" (Sen. 18.5.99 - "Ponchón." - LL 1999-F,477).

Los criterios expuestos conjugados con lo normado en el art. 27° del Régimen Policial Local antes citado, dan una idea clara de qué se entiende por estado policial, siendo la subordinación jerárquica su nota esencial, ubicándolo en una situación particular dentro del esquema general de la Administración Pública.- Ello así, porque tal como explicó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital Federal "...el conjunto de derechos y deberes que supone el "estado policial"... obliga a todo funcionario de ese servicio a la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad de las personas, y atender la preservación de la seguridad pública en forma permanente, previniendo y reprimiendo toda infracción legal en el ámbito de su competencia..." ///(Sala 01, Sent. 14.02.08 in re "Gonzáles, Daniel..." en SAIJ Sumario D0013440).-- Digresiones éstas que efectúo, por cuanto tengo en consideración que al demandar B. indica haber oído pedidos de auxilio de una voz femenina, que esta persona la encontró rodeada de un grupo de personas, y que por ello intentó "dispersarlas"..resultando herido.- Y que, se afana por convencer de que las lesiones que sufrió fueron consecuencia de un acto de servicio al que se vio obligado en razón de su estado policial.---- Ello así -colijo- por cuanto la licencia médica para este supuesto, según lo he detallado antes, es más extensa.--- 6.- Pues bien, aquel hecho del 14 de Enero de 1995, tuvo por cierto repercusiones en su estado salud, y consecuentemente determinaron que el entonces Sargento Primero tuviera que modificar las características del descanso que estaba usufructuando en ese momento. A partir de ese día, debió hacer uso de Licencia por enfermedad, variando la calificación de la "anual reglamentaria" que había iniciado el 26 de diciembre de 1994.- Su ausentismo fue encorsetado en los términos del art. 38° del Dto. N° 343/90, conforme el cual tenía 45 días corridos y, luego de ese plazo, de continuar su dolencia -como ocurrió- se prorrogaría el plazo de usufructo por un plazo nuevo de 6 meses, durante el cual permanecería -por imperio legal- en Disponibilidad Simple.- ///--- Así sucedió, según detallé en el Apartado 3., pero con cierta particularidad.- Las primeras certificaciones justificantes del ausentismo de B. fueron debidamente recepcionadas y autorizadas.-Sin embargo, insistentemente el nombrado pretendió que su caso fuera subsumido en el art. 39° del Dto. N° 343/90 -ya citado-, mientras sus superiores otorgaron el goce de aquéllas pero condicionando su encuadre legal al resultado del estudio que de los antecedentes debía realizar por imperio legal la Fiscalía de Estado.--- Ello de conformidad a lo establecido en el Dto. N° 686/93 que rige el procedimiento a seguir ante posibles accidentes de trabajo o enfermedad profesional, a fin de calificar los eventos dañosos que sufran los agentes dependientes de la Administración Pública Provincial cualquiera sea su situación de revista, aprobando para su implementación los Anexos que deben confeccionarse en esos casos. El artículo 3° de esta norma impone (en nueve incisos) las siguientes pautas: el agente referirá el evento personalmente o a través de terceros a la repartición que presta servicios en el término de 48hs. si prestan servicios en el interior de la Provincia; se confeccionará el acta de denuncia del presunto accidente por los responsables del área los que serán remitidos a la Dirección de Reconocimientos Médicos que, previa Junta Médica confeccionará la Historia Clínica del agente y enviará las actuaciones a la Fiscalía de Estado para su conocimiento y/o dictamen y para la calificación del ///evento dañoso. (inc. a) al f)). Cuando fuera reconocido como accidente de trabajo, continúa el procedimiento con una serie de avisos a SEROS y a la Subsecretaría de Trabajo.-- Como surge de las constancias documentales y relaté en 3.1.3., el 31 de marzo de 1995 el accionante cursó una nota solicitando que a partir del 26 de ese mes y año se le aplicara Licencia por enfermedad o accidente generado en o por acto de servicio. Recuérdese que en esa misiva consideraba el ahora actor haber usufructuado al 25 de marzo de 1995 la suma de 70 días de licencia, en el período que va del día 16 de enero al 25 de marzo ambos de 1995 y justificaba su pedido añadiendo dos certificados médicos de los especialistas que lo habían examinado y quienes constataban idéntico diagnóstico, esto es, la "lesión periférica de quinto nervio intercostal izquierdo". Pero -tal como destaqué- el dato interesante que revelan esos instrumentos es que ninguno de los facultativos requería la prolongación de su licencia. Es decir, ni el Dr. D., ni M. justificaban la necesidad de prorrogar el ausentismo del hoy actor.- Abro aquí un paréntesis, porque existe un período de tiempo que no puedo reconstruir con las constancias de autos. Por lo tanto ignoro qué fue lo que sucedió, en cuanto a tramitación o gestiones administrativas, entre esa presentación de fines de marzo y hasta octubre de 1995, de lo que deduzco que el ausentismo se prolongó en el tiempo, ateniéndome para así sostenerlo a las expresiones vertidas a fs. 118 vta. y 159 del Expte. 19441/00 TC de las que surge injustificado el plazo que va desde el 26 de marzo al 8 de noviembre ambos de 1995, reflejado luego en el ///2do. Considerando del Dto. N° 1414/97. No hay justificación ninguna de las ausencias durante ese período, ni constan certificados médicos presentados, ni en esta sede demostró que hubiese aportado alguno.----- Así hasta el 6 de octubre de ese año, en que -sígase el relato de las constancias expuesto en 3.1.4.- se realizó una primera Junta Médica donde ya se establecía una incapacidad del 2% de la total obrera, y el 26 del mismo mes la División de Sanidad certificó que B. estaba "apto" para las funciones policiales pudiendo cumplir con sus tareas habituales (fs. 58 y 59 del Expte. administrativo citado antes), lo que se ratificó por diligencia del 8 de Noviembre. Pero se resiste, anunciando que presentará justificativos (fs. 47 y48 -Expte. Jud. N° 1428-98).- Esto es, no se reintegra al servicio.- Acompaña en su lugar documental que daba cuenta que desde el 9 de noviembre inició tratamiento psicológico, prolongándose el mismo hasta que el Dr. P. S. -Psiquiatra- el 29 de enero de 1996 certifica "el paciente presenta una situación de licencia prolongada laboral, habiéndose realizado estudios en el área psiquiatría y neurología...a fin de establecer diagnóstico. Se solicita Junta Médica a la brevedad posible a fin de evaluar con dichos elementos disponibles la condición laboral del paciente" (copia certificada a fs. 128/129 Expte. adm. N° 19441/00 TC). Puede verse que esta constancia no es apta para convalidar su ausentismo, sólo requiere el examen de los médicos policiales.--- ///--- Ínterin, la Resolución N° 851/95 DRH(AP-L) dispuso la Disponibilidad Simple del nombrado a partir de esa fecha - 9 de noviembre de 1995. Ello hace suponer, que la autoridad policial, admitió que se encontraba enfermo (aunque no era esto lo dicho por la Junta Médica y la División Sanidad - Ver punto 3.5) y prolongó, por esta especial figura legal receptada por el art. 38 inc. b) del Dto.343/90 conc. art. 111 inc. b) de Ley XIX N º8 (antes Nº 1561) esa especial situación por un plazo de seis meses (pese a permanecer injustificadas las ausencias ya mencionadas entre el 26 de marzo al 8 de noviembre ambos de 1995).- Quizás porque aún no se había pronunciado la Fiscalía de Estado sobre la calificación del hecho como "acto de servicio", lo que recién va a ocurrir en Febrero de 1996, formalizado el Dictamen en Resolución, notificado el 28 de Marzo de ese año (Ver punto 3.5 "in fine").

Una interpretación apresurada de los plazos legales, puede inducir a estimar erróneamente que el vencimiento de la Disponibilidad Simple operaba el 9 de mayo del año subsiguiente, es decir, computando 6 meses desde su emisión -tal la postura del actor en la demanda (fs. 11 vta in fine)-. Sin embargo, fija el precepto comentado que en ese plazo están computados los primeros 45 días de ausentismo del artículo 38º del Régimen de Licencias Policiales contemplado en el inc. a). Entonces la exégesis correcta de la normativa justifica que, en el caso de B., el término expiraba justamente el 21 de marzo de 1996.-- Y la importancia de esa data no es menor.---- ///--- Porque precisamente es el día en que se realizó la segunda Junta Médica que, luego de evaluar al accionante, diagnosticó que su incapacidad laboral era del 3% de la total obrera y que se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas. En ese entendimiento, confeccionó la División de Sanidad -autoridad competente- el Certificado Médico "de alta" que requiere el régimen de licencias en el art. 45° ya comentado.-- En síntesis, hubo un primer período de ausentismo del actor que estuvo debidamente convalidado.- Un intermedio no justificado.- Una disponibilidad simple posterior y un examen médico emitido por una Junta, que mereció la evaluación de la incapacidad mencionada. Mínima por cierto.

Y a esta altura de las circunstancias, ya no puedo atender las alegaciones de B. de haberse considerado unilateralmente y sin fundamento alguno encontrarse impedido de realizar sus funciones habituales.--- Así lo considero con la certeza que me brinda la extensa documentación que relaté antes; pero además descanso en la opinión de un especialista. En ese sentido se manifestó el Médico Forense que intervino a pedido del Sr. Juez de Instrucción en la tramitación de la causa penal. El requerimiento era para que examinando al Sr. B. se expidiera acerca de la Lesión que dio origen a la causa, las ///características de la misma, si puso en peligro su vida; tiempo de incapacidad laboral y si le ocasionaron secuelas. El 23 de noviembre de 1995 el galeno, aseveró que "de acuerdo a la documentación médica obrante en autos el ciudadano habría sufrido heridas sangrantes en tórax izquierdo y cara posterior y externa de brazo homolateral. Al examen efectuado ...se observaron cicatrices de las lesiones descriptas, sin compromiso funcional en las estructuras afectadas. Nuestro examinado aporta resultado de estudio practicado (Potenciales evocados) tendientes a evidenciar el compromiso neurológico por las lesiones sufridas, dando como resultado el 28 de marzo del corriente año, lesión periférica de quinto nervio intercostal izquierdo, en la fecha de nuestro examen ...no se advierten secuelas funcionales en las estructuras afectadas. ...puedo informar a V.S. que la incapacidad laborativa resultante de las lesiones sufridas...en el episodio que se investiga fue inferior a los treinta días. No comprometieron funcionalmente órgano vital alguno por lo que no pusieron en peligro su vida. Al momento de este examen persisten manifestaciones subjetivas dolorosas referidas a región de parrilla costal izquierda, que por los antecedentes del resultado del estudio aportado debiera requerirse estudio de control" (fs. 114 - "Expte. N° 58 -Año 1996", causa penal ofrecida como prueba por el actor; que tengo a la vista).-- Entonces, es evidente que la dolencia existió, que B. debió hacer uso de la licencia correspondiente hasta su recuperación, pero no menos cierto es, que transcurrido un plazo más que prudencial y obtenida el alta de la División de Sanidad una primera en noviembre de 1995, intercalada inexplicablemente con su pase a Disponibilidad Simple y ///otra, definitiva y a requerimiento de los facultativos del actor, del 22 de marzo de 1996, data en la que además expiraba el plazo de su pase a Disponibilidad, debió inexorablemente, en cumplimiento de los deberes propios de su cargo, reintegrarse a prestar funciones.

Dónde o en qué cargo? Sencillamente en el destino que tenía asignado (Comisaría de El Hoyo), porque el instrumento de los Médicos Policiales no hacía reserva ninguna en ese sentido.- He verificado exhaustivamente todos y cada uno de los elementos que componen esta causa y no surge de ellos que B. hubiese impugnado ni la Junta Médica, ni el Certificado Médico Oficial que lo habilitaba a reintegrarse a sus funciones. Sólo se limitó a expresar que aquella evaluación no analizó su condición psíquica, sin ensayar un reclamo formal y guardando absoluto silencio respecto de los instrumentos. Así, pese a que consta que ha hecho uso habitual de los remedios procesales a su alcance. He podido ver en los obrados que, notificado de la decisión de la Junta de Calificaciones de no incluirlo en el listado para ascensos como consecuencia del sumario ó de la opinión de la Fiscalía de Estado de que el evento dañoso por él sufrido no era considerado como un acto de servicio, el actor formalmente opugnó ambas decisiones. También se acompañaron a esta causa como prueba actuaciones referidas a un juicio que inició por ante el Juzgado de San Carlos de Bariloche por Cobro de Pesos contra el Estado Provincial, el que inició a raíz de lo que consideró la "injustificada falta de pago" de ///sus haberes luego del mes de Agosto de 1996, resolviéndose por la falta de competencia del Tribunal. Y más aún, con anterioridad, giró dos Cartas Documentos "requiriendo" al Sr. Jefe de Policía le aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedido, reclamando el pago de haberes e indemnizaciones de Ley.---- En cambio, consintió sin hesitar la Junta Médica y el Certificado de la División Sanidad del 22 de marzo de 1996, pese a lo cual continuó sin presentarse a retomar sus labores. Las razones no pueden ser justificadas con las alegaciones que esgrimió B. pretendiendo trasladar su responsabilidad a sus superiores, endilgándola primero a su superior inmediato y luego a todos quienes intervinieron en el trámite.- Sencillamente, al amparo del régimen especial que reguló su particular relación con el Estado provincial, tenía la obligación de presentarse a cumplir sus tareas luego de obtenido el Certificado de Alta Médica de la autoridad Sanitaria respectiva tal como lo prevé el Dto. N° 343/90; y no lo hizo. A contrario, incrementó los días de ausencias acaecidos en ese período de tiempo el año 1995 que me vi imposibilitado de reconstruir. Pues el decreto que lo destituye computó además otros doscientos cinco días correspondientes al año 1996.- 7.- Así lo entiendo porque no lo eximen de su obligación, ni las alegaciones que ensayó referidas a incumplimientos o inobservancias de sus superiores, ni la falta de respuesta a sus misivas o la endilgada falta de realización oportuna de los trámites previstos en el Dto. N° 686/93. No pudo tal situación generarle la creencia de que tenía derecho a no ///"concurrir a su trabajo" y que ese tiempo quedara "cubierto" por tales pedidos. Máxime cuando el total de las inasistencias excede generosamente el término máximo de licencia autorizada, y por cierto de los cinco días previstos en el art. 116 inc. 13) del Dto. N° 2427/77.

Si bien es cierto que en el sub-lite advierto demoras, desprolijidades y ciertas omisiones, tales como la lentitud de las autoridades para confeccionar los Anexos que requiere la reglamentación cuando se considera una situación como un supuesto "accidente de trabajo", para lo cual se prevé 48 horas y en el analizado recién fueron confeccionadas en el mes de marzo; no menos cierto es que el 20 de Enero (cinco días después del evento dañoso) se elaboró desde la URE un preventivo para que el Juez Penal iniciara la causa respectiva y que visitado personalmente por su superior el hoy actor en el Hospital, reconoció haberle dicho que "después vería qué iba a hacer". Tampoco observo que perjudique la situación de B. la tardanza de la Fiscalía de Estado en establecer si aquél era o no un "acto de servicio", porque en definitiva, las autoridades policiales cumplieron las pautas dadas en el art. 38° del Dto. N° 343/90 y obtenida el "alta" de la División Sanidad, el accionante no se presentó a retomar sus labores.- Acotaré aquí, que así debió ser, aún cuando las lesiones que motivaron sus ausencias, las hubiera sufrido en "acto de servicio".-Así lo determina expresamente el art. 46 del Dto. Nº 343/90.- Si se encontraba apto para cumplir su servicio, debidamente certificada el alta por la ///división Sanidad, ni un día más cabe justificar por más amplitud de plazo que otorgara la norma específica.---- A ello he de agregar aunque sobreabunde, que de ningún modo el accionar del actor puede o pudo tener ese encuadre jurídico.- Si el mismo implica la actividad de todo dependiente de la Institución, encaminada a la preparación, operación y disciplina de la fuerza policial, resumiendo la actividad que tiene relación con las funciones específicas que a cada policía le corresponde por el hecho de pertenecer a aquélla; si como lo expresan Gonzalo CANE, Javier LOPEZ CALDERÓN y Rodolfo FACIO comentando un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ("Peralta Pizarro...") para así considerarlo es necesario que las patologías padecidas por el interesado y producto de su actividad policial fuern "...consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la profesión policial, es decir, como riesgo específico y exclusivo de ella o con motivo de su condición de policía, aunque no estuviera en servicio".(Conf. "La incapacidad total y permanente para la actividad policial y civil originada en actos propios del servicio" en LL Gran Cuyo 2006 (agosto),896) (el destacado es propio), no es el caso de B..-- Si se leen atentamente sus dichos acerca del modo en que se sucedieron los hechos plasmada en la demanda, y se los compara con el relato que formuló al presentar la denuncia instructoria de la causa penal -ambas extensamente descriptas supra- surge incontrastable una seria contradicción. Pues, modificando la versión dada en sede penal, narró en el libelo inicial de esta pretensión, que su accionar había sido en respuesta al pedido de auxilio de una voz femenina. Y, lamentablemente ///para la estrategia que pretende seguir el actor, este supuesto pedido de auxilio, no fue acreditado.-Es más, ningún elemento probatorio de autos, conduce a establecer con certeza que B. actuó en el marco de la órbita propia de su "estado policial".- Se trató de una reyerta privada por dos sujetos con los cuales minutos antes de la pelea había mantenido una polémica, coincidiendo posteriormente en un nuevo encuentro donde trataron de resolver aquella situación. Esta vez, a golpes de puño y con las derivaciones extensamente relatadas.--- En definitiva, la calificación de aquél sólo hubiese justificado una cuestión temporal, referida a la extensión de la licencia por enfermedad por dos años; pero ante la omisión de presentarse a cumplir funciones una vez obtenida la autorización médica respectiva, el análisis de esa hipótesis resulta inoficiosa.---- En términos más claros, B. debió retomar su servicio tal como lo indicó la Junta Médica y la autoridad policial certificante, y carece de trascendencia si las inasistencias hasta ese momento debieron o no ser computadas como derivadas de un acto de servicio, porque aún de ser así, tenía la obligación de reintegrarse.- Por otra parte -siguiendo con las dilaciones que tuvieron lugar hasta que se dio inicio al Sumario Administrativo como consecuencia de las inasistencias- éstas pueden verse originadas o motivadas en las características propias del lugar de destino, una Comisaría de un poblado ///pequeño que giraba los obrados a la dependencia inmediata -URE- los que luego eran remitidos desde allí a Rawson. Sumado a las características propias del servicio, antes narradas, que pudieron haber condicionado el envío de información o la insistencia en solicitar pautas a seguir condicionados lógicamente por la relación de subordinación ya comentada.-- Todo ello pudo influir en la demora de la cuestión que, por cierto benefició también en alguna medida a quien ahora acciona; pero de ningún modo estas demoras o desprolijidades de la Administración pueden ser consideradas de una entidad suficiente como para quitarle sustento fáctico a la causal de cesantía. Claramente configurada en el hecho cierto de las inasistencias sin justificar del actor por un período que excede toda razonabilidad tolerable y su actitud displicente en procurar justificarse con el envío de diversas notas que procuraban un pronunciamiento de su situación laboral, desconociendo unilateralmente la resolución que se había adoptado. Alegó no saber en qué condición se encontraba, cuando en realidad, su situación laboral había quedado decidida el 22 de marzo de 1996, circunstancia de la que fue debidamente notificado y que al no controvertirla devino en firme y consentida; determinando además su suerte en este pleito.

No hay, en la abultada prueba arrimada a esta causa, un solo elemento que proporcione asidero a los dichos de B., que en un párrafo de la demanda mencionó que luego de la realización de esa "debía esperar el PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO de estilo, consistente -según interpretó unilateralmente- en comunicación de nuevo ///destino y tareas, agraviándose de que ello jamás ocurrió (fs. 10).- Tampoco puede sustentarse la supuesta conversación que indicó allí haber mantenido con el Subcomisario B. quien le habría manifestado la imposibilidad de reintegrarlo al servicio activo, mencionando el Oficio N° 9/96. Instrumento éste que en realidad es N° 8/96 por el cual se comunicaba y adjuntaba a la Comisaría de El Hoyo el Certificado de la División Sanidad, suscripto por el Dr. Comisario Inspector CAGLIOLO, que daba cuenta de la incapacidad laboral permanente del 3% y en la parte final decía "El citado en la actualidad se encuentra en condiciones de reincorporarse al servicio en la Agrupación que revista..." (agregados copia certificada a fs. 133 y 134 del Expte. N° 19441/00 TC). Tampoco es cierto que debiera aguardar una notificación en su domicilio, porque el mismo día en que fue examinado por los galenos de policía rubricó el acta de la Junta Médica anoticiándose de ese modo del contenido de la misma.

Afianzo lo expuesto, con el que fuera mi criterio en S.D. N° 14/SCA/09 (in re "E....") donde fallé "...en el esquema de nulidades propias del Derecho Público Administrativo, si el procedimiento que precedió al acto no se ajustó a las reglas del debido proceso, o afectó el derecho de defensa, el acto que lo toma por fundamento devendrá nulo por añadidura. Como bien explica CASSAGNE, "el procedimiento administrativo no es un acto complejo sino un complejo de actos... vinculados en mérito a la finalidad de interés público que persigue la Administración. Cada uno de ellos ostenta ///individualidad jurídica propia y es susceptible de impugnación, si el ordenamiento lo permite... pero en cuanto concurre a la decisión final o definitiva, integra el elemento forma... y pueden impugnarse en oportunidad de recurrir, o deducir acción judicial contra el acto definitivo" (Derecho Administrativo - Tomo II - pág. 381). El procedimiento administrativo constituye de ese modo, un instrumento de control de la legitimidad (que incluye legalidad, razonabilidad o justicia) y del acierto de los actos en razón del interés público o bien común que el fin de la Administración persigue (oportunidad, mérito, conveniencia) - (ob. cit. pág. 373).- Por ello, la invalidación de los actos administrativos -dice FIORINI- no puede ser idéntica a la de los actos de derecho privado... sus caracteres esenciales de ejecutoriedad y presunción de legitimidad influirán decisivamente en la cuestión; y -agrega M.M.DIEZ citando al primer autor- "la invalidez de los actos defectuosos se regula en cada rama del derecho público o privado, condicionando sus efectos con relación a terceros o a sus autores de acuerdo con los contenidos específicos y orientadores de política jurídica creada en cada rama del derecho...y, en Derecho Administrativo en ausencia de normas, competerá a la doctrina y a la jurisprudencia su construcción..." (El Acto Administrativo-TEA-1961-pág.424).- Con cita de Marienhoff, en esa Sentencia, especifiqué que estos "defectos", tales los denunciados por B. importan "irregularidades totalmente intrascendentes, al fin nulificante que se persigue". (Tratado de Der. Adm. Tomo II - pág. 129). En tanto no se manifieste violación al debido proceso adjetivo, ya uniformemente aceptado como garantía en el procedimiento administrativo, ///manteniéndose en el marco del informalismo que lo caracteriza, se presentan como sobreabundancias cuyo tratamiento, en verdad, es inoperante".-- El mismo criterio resulta aplicable a estos obrados; idéntica suerte han de correr las desprolijidades que expuse anteriormente observables en el devenir del trámite administrativo, las cuales, dable es señalarlo, generaron una investigación sumarial posterior para deslindar las responsabilidades administrativas de quienes permitieron la continuidad del pago de haberes de B. hasta el mes de Agosto de 1996, a pesar de que éste no prestaba servicios. Pero en lo que aquí interesa, sin perjuicio de que las actuaciones demuestren una metodología algo desordenada y con cierta dilación temporal, ello no repercutió de ninguna manera en una afectación de los derechos de quien ahora acciona, ni puede aseverarse que afectara el debido proceso adjetivo. Estimo que la relación de subordinación, siempre presente en este tipo de vinculación, la distancia territorial entre los distintos lugares, el que se produjo el hecho y de destino, la ubicación de la superioridad inmediata y las autoridades que tomaban la decisión, son en definitiva distintos factores que evidentemente han confluido en estos obrados, donde fue necesario utilizar comunicaciones mediante radios policiales, el traslado de personal para efectuar las diligencias, la diversidad de formularios, faxes y otros instrumentos que se generaron ante un único hecho; por mencionar solo alguno de los aspectos que avizoro como posibles causales de estas "desprolijidades" puestas de manifiesto por el actor.---- ///--- Pero insisto, ninguna de las puntualizadas afectó el goce de licencias del Sr. B. mientras presentó las certificaciones de sus médicos ni la posibilidad de que continuara percibiendo sus haberes. Y en ocasión de instruirse el sumario respectivo jamás vio, por alguna de estas "cuestiones administrativas intrascendentes" imposibilitado o afectado el ejercicio de sus derechos. Fue notificado de la indagatoria, se presentó pidió prórroga para al designación de un Defensor, la obtuvo, lo nombró éste se encontraba en la ciudad de Comodoro Rivadavia y, sin embargo, tomó vista de las actuaciones y presentó escrito de descargo; el que fue debidamente analizado y respondido por el Asesor Legal con sede en la ciudad de Esquel, cuyo dictamen legal fue compartido por el letrado de Jefatura de Policía. En síntesis, el trámite sumarial examinado, se ha llevado a cabo con un total apego de las normas legales vigentes y aplicables.--- Desestimaré entonces los agravios contra el procedimiento administrativo y, a mayor abundamiento, he de recordar que aún en aquellos casos en que se comprueban ciertas falencias -que no es la hipótesis en estudio- siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "que las deficiencias en el procedimiento administrativo pueden corregirse en la oportunidad que tiene el actor de concurrir ante la instancia judicial", esto es, la regla de "subsanación". Así lo sostuve y fundé en el precedente comentado in re "E." y en S.D. N° 09/SCA/08 (in re "C.").

8.- En tanto la sanción en autos opugnada, tuvo su génesis en la reiteración de inasistencias injustificadas que, consideradas al amparo del ///régimen especial -ya detallado- fueron consideradas como un abandono de servicio, creo oportuno reiterar mi criterio sobre la importancia del deber de asistencia que recae sobre todo agente público, acerca del cual no es la primera vez que me pronuncio.--- Lo hice en oportunidad de fallar en las SD N° 5/SCA/00 (in re "L...."), N° 11/SRE/01 (in re "C....), 22/SRE/04 (in re "R...."), 5/SCA/06 (in re "C....") y 3/SCA/10 (in re "A....") en las que citaba: "El carácter profesional que tiene el trabajo del agente estatal cualquiera que fuere, justifica la especificidad de cómo debe realizar su servicio. El agente no puede mantenerse ajeno a la actividad estatal que realiza, la que deberá ser eficiente, proba y de respeto a los administrados.- Su consagración al trabajo deberá ser diligente, productiva y responsable, lo cual implica que no podrá ausentarse del mismo, salvo causas justificadas.- El deber de asistencia dentro del horario permanente y labor de continuidad es uno de los elementos principales de su obligación de dedicación, y su transgresión justifica la imposición de medidas disciplinarias que pueden llevar a la cesantía, pues se juzgan, no en función de la real afectación de un servicio, sino en función del servicio comprometido. Y no se resalta tanto la inasistencia como hecho de incumplimiento, sino por lo que representa como desprecio para el servicio y a la labor que debe realizar el Estado en bien de la colectividad (FIORINI...pág. 817/818)".---- ///--- De allí -decía en el citado precedente "C."- que los reglamentos se ocupen de estipular las causas que eximen de su cumplimiento, y las formas que han de acatarse para que la eximente sea admitida. Las únicas causas que autorizan un apartamiento del deber de asistencia son las contempladas en el Régimen de Licencias, el que a su vez prevé las "cargas" que el agente debe cumplir para acceder al beneficio y las consecuencias de su incumplimiento. Y entre estas "cargas" destacan la obligación de dar aviso, el acompañamiento -si de razones de salud se trata- de constancias médicas, el sometimiento a la verificación del empleador".- Más si considero la "sujeción especial" que implica el "estado policial".----- Añado "como característica especial de los deberes de los empleados públicos, que son "deberes jurídicos", de lo que deriva que cualquier conducta contraria a la establecida en las normas que rigen la relación, puede ser objeto de sanción. El deber básico que prevé la normativa... es el de eficiencia, es decir, la obligación de prestar personal y eficazmente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad que determinan las normas emanadas de la autoridad competente, fórmula omnicomprensiva de todas las demás, la prestación genérica a que se ha comprometido todo agente" (Conc.: POSE "Régimen Jurídico de la Función Pública- Depalma, 78/81 - mi voto en S.D. N° 09/SCA/08 "C.").---- ///--- Si tal como lo expuse, B. incurrió efectivamente en los hechos constitutivos de la falta descripta en el Decreto que lo destituyó en grado de cesantía -inasistencias sin justificar que configuraron abandono se servicio- y aquéllas se encuentran efectivamente corroboradas y correctamente encuadradas en el derecho sustantivo, no ha existido por parte de la Administración apartamiento de la verdad material, pues se atuvo a las comprobaciones efectuadas. Y así lo expuso en el segundo Considerando el acto administrativo que se cuestiona, al referir que "ha quedado suficientemente probado en las actuaciones sustanciadas, que el citado empleado policial ha faltado al servicio durante 227 días en el Año 1995 sin justificar su inasistencia, como así también que una vez notificado de su aptitud para reintegrarse al servicio el día 21 de marzo de 1996 continuó faltando sin justificar durante 205 días más en el Año 1996, hasta la fecha de inicio del sumario respectivo".--- La consecuencia, destitución en grado de CESANTÍA con encuadre art. 62° inc. a) Dto. Ley N° 1561) a quien hoy acciona por haber infringido el art. 29° inciso 13) concordante con el 116° del Régimen Disciplinario Policial. (fs. 94 -Expte. N° 1428-98-B), es inobjetable.

Y la revisión efectuada, en base a las consideraciones apuntadas y estos parámetros descriptos, determina que el Estado provincial obró conforme a derecho.- El Dto. N° 1414/97 es ajustado al principio de legalidad, con motivación suficiente, causa cierta ajustada a las ///circunstancias de hecho reglamentariamente previstas que excluyen discrecionalidad, y por ende, arbitrariedad, y objeto consecuente, por lo que la nulidad que se le endilga debe ser desestimada.----- En base a estos parámetros, la gravedad del comportamiento, que en instituciones como la policial se ve aumentada por el rol esencial que en éstas juega la subordinación jerárquica, ha sido reconocida por nuestro Máximo Tribunal, al señalar que "corresponde disponer la cesantía de un agente si al expirar la licencia concedida..., no se reintegró a sus tareas ni respondió al teletipograma que se le dirigió a su domicilio, por configurar su conducta un abandono de servicio..." (Fallos: 314:1064)" (CNCAF, Sala II, Sent. 15/02/01 ".,N c. Policía Federal" en LL 2001 -E,537).- Todas razones por las que dejo propuesto al Acuerdo rechazar la demanda instada por el Sr. O. B., siendo improcedente que me pronuncie sobre las demás reclamaciones contenidas en el libelo inicial.- A la misma cuestión el Dr. CANEO dijo:----- A.- El Sr. O. R. B., quien se desempeñara en el ámbito de la Policía de la Provincia del Chubut en el cargo de Sargento Primero, fue sancionado con Destitución en grado de Cesantía por Decreto N° 1414/97, por haber incurrido en "abandono de servicios".----- Viene a esta Jurisdicción postulando la declaración de nulidad de ese acto administrativo, calificándolo como ilegítimo y carente de ///fundamentos. Expone en el escrito introductorio, haber sufrido lesiones en un acto de servicio, aduciendo que, aún cuando el evento en que se produjeron acaeció mientras estaba de licencia anual, tomó intervención en el mismo para prevenir la comisión de un delito.

Explica, absolutamente convencido, que el encuadre legal que dio la repartición a las licencias médicas que debió gozar como consecuencia, no fue ajustado a derecho y argumenta que sus superiores dispensaron un trato indebido a su persona y a las circunstancias de hecho. Argumenta que no iniciaron las gestiones de aquel infortunio conforme la reglamentación, y que permaneció aguardando el correcto encuadre legal del evento dañoso sufrido. Razona que no puede endilgársele "abandono de servicios" cuando no se le comunicó que debía reintegrarse a prestar tareas ni se indicó, en relación a ellas, de qué tipo y en qué lugar debía cumplirlas.- A resultas de la declaración de nulidad demandada, pretende el pago de los salarios caídos, con más el resarcimiento de los daños y perjuicios, material, morales y otros que extensamente detalla y cuantifica en el Apartado IV "Liquidación" de la demanda.--- Controvierte la Provincia demandada esgrimiendo que el actor realizó una interpretación errónea del infortunio vivido, incurriendo en una serie de inasistencias sin justificar que originaron el "abandono de servicio" y que, tramitada la Información Sumaria impuesta por la ///normativa aplicable, determinó la destitución en su empleo. Acusa que en esta Sede B. modificó el relato de los hechos porque tal como surge de las constancias de la causa -asevera- el evento dañoso de ningún modo puede ser considerado como un acto de servicio. Añade la accionada que en la tramitación administrativa se resguardaron las garantías del debido proceso, sosteniendo que su obrar es legítimo y se encuentra debidamente fundado. Con ello, desestima las argumentaciones de la contraria y enfatiza que el acto administrativo se encuentra suficientemente motivado en las ausencias injustificadas que podrán corroborarse en la documental acompañada a la causa y en el contexto de la potestad disciplinaria propia del Estado en relación a sus agentes.- Anticipadamente opuso la Provincia demandada la excepción de prescripción, acotando que la carencia en el derecho público local de normas, determina la aplicación analógica del Código Civil. Refiriéndose a lo normado en el art. 4030° de éste, estima que al momento de interponerse la presente acción, se encontraba vencido el perentorio plazo de dos años allí consagrado.- Lo computa desde el 26 de diciembre de 1997, data en la que fue notificado quien ahora acciona del Dto. N° 1414/97 que impugna. Asimismo alega, en otro apartado de la demanda, que hay doctrina mayoritaria en el sentido de que la acción para reclamar el cobro de sueldos y/o remuneraciones prescribe en el término de cinco años, tal como surge el art. 4027 inc. 3 CC.--- B.- El acusado decaimiento del derecho por causa de prescripción, no puede tener andamiento; la opuesta, prevista en el art. 4030 CC, no es aplicable al sub-lite.- En SD N°8/SCA/09 (in re "A..), afirmaba ///que "esta norma es de interpretación restrictiva ante la prescripción decenal ordinaria que establece el art. 4023 para las acciones de nulidad, trátese de acto nulo o anulable (SALVAT- Obligaciones en General - III - 587; BORDA - Obligaciones -II- 58; STCH SD N° 49/92).- A más, se encuentra comprometida en la discusión una nulidad absoluta, ya que los vicios enunciados por el actor determinan una violación de la ley, una infracción al ordenamiento jurídico. que lo vicia absolutamente y de pleno derecho -art. 33 inciso 2 del Dto. Ley 920.- Y si bien la doctrina se inclina unánimemente en considerar que éstas son imprescriptibles (COMADIRA - Derecho Administrativo - Abeledo Perrot 1996 - pág. 59), la jurisprudencia, incluyendo la de este Superior Tribunal, invocando la seguridad jurídica, consiente en que en tales supuestos la prescripción a considerar a falta de norma expresa en el Derecho Administrativo- es la de 10 años prevista en el art. 4023 CC (SD Nº 9/SCA/04)".--- En el mismo sentido me pronuncié en SD N° 5/SCA/03 ("M....") y N° 9/SCA/04 ("T...."), incluso recientemente en S.D. N° 1/SCA/11 ("G.") relacionando los vicios del acto administrativo que se endilgan y la nulidad derivada de ellos.- Recordé asimismo el precedente de SD N° 1/SCA/05 ("A....") donde luego de diferenciar los conceptos de interrupción y suspensión de la prescripción -lo que carece de interés para este caso- señalé ".es principio de hermenéutica jurídica que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma. Si ///el instituto de la prescripción es de interpretación restrictiva, en caso de duda debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho, la solución más favorable al acreedor y la conservación de los actos jurídicos con jerarquía de principio general del derecho".- Así es que atentos los extremos de la pretensión deducida por B. según quedó individualizada en el Objeto de la demanda (fs. 6), en consonancia con el colega preopinante, estimo que la misma debe ser rechazada; el acto le fue notificado el 26 de diciembre de 1997, por lo que a la data de interposición de la demanda -6 de Julio de 2004- el plazo del art. 4023 CC no había expirado.-- También procede desestimar la alegada prescripción fundada en los términos del art. 4027° inciso 3° del Código Civil en relación a los salarios caídos reclamados.---- Así lo estimo, descansando para ello en la ya sentada doctrina del Cuerpo, concordante con la Nacional y de otras Provincias, que expuse al emitir mi voto en SD N° 5/SCA/08 (en los autos "P..") reiterando lo dicho antes en SD N° 5/SCA/04 ("G....") donde fallé "...la prescripción del salario del empleado público, a falta de norma específica, se rige, por analogía, por la de 5 años prevista en el art. 4.027° inc.3 CC (S.I. N° 15/SCA/97 y S.D. N° 1/SCA/99), pero es así, cuando la diferencia es la materia misma del reclamo, y deriva de erróneas liquidaciones de rubros legal o reglamentariamente reconocidos no abonados oportunamente, excluyendo inconstitucionalidad o nulidad. En tanto, cuando se encuentra en pugna el reconocimiento mismo del ///derecho a la percepción... la prescripción es decenal prevista por el 4.023 CC (Conc: Cám. Ap. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Autónoma de Bs. As. - Sala II- 17/9/01 "Ríos"...-elDial BG3C6; SCBA"Isaac"...- 8/7/97 - B.50.394). Y completé ".con el criterio al que he adherido en la especie, . el plazo de prescripción comienza a correr desde que nace el crédito y con él la acción, lo cual ocurre recién -cuando está controvertido- cuando el derecho fue reconocido (SD N° 5 y 9/SCA/04)".-- En síntesis, la defensa de prescripción deducida por la Provincia demandada en contra de la pretensión actoral debe ser rechazada.-- C. El pronunciamiento a favor de la sobrevivencia de la acción y un repaso cuidadoso y atento de los argumentos desarrollados por el actor, me predisponen a emprender el análisis de la vinculación dada entre las partes en conflicto, desarrollada en el contexto de una especial relación de empleo, disgregando los derechos y obligaciones que a cada uno asistía, para verificar luego si, al amparo de la normativa específica y aplicable al caso, la decisión adoptada por la Administración respetó el principio de legalidad, o bien, como vino a sostener B., aquél resulta arbitrario por carecer de fundamentos jurídicos que lo sustenten.-- Recordaré primero, la que fuera mi opinión en Sentencia Definitiva N° 3/SCA/10 ("A....") donde reiterando lo dicho en la N° 2/SCA/05 ("G....") afirmé que "el derecho de la función pública, de carácter ///público y administrativo tiene una finalidad dual: por un lado, definir y establecer los derechos y deberes vinculados con los funcionarios y empleados públicos y sus condiciones de trabajo, y por otro, asegurar el funcionamiento de los servicios públicos". Con PALOMAR OLMEDA dije "El servicio público requiere indefectiblemente de un soporte de recursos humanos para su realización y para ello, se establece una estructura de personas. (Derecho de la Función Pública - DYKINSON -Madrid -3º Ed.). ".un soporte idóneo para cumplir el fin de interés general. Y ello justifica la técnica de predeterminación unilateral de las condiciones de trabajo, la exorbitancia del régimen, que ha encaminado la tesis de los "estatutarios" para calificar la relación, o aún estimándola contractual, ante la limitada autonomía de la voluntad, conduce a encuadrarla como de adhesión".- En el primero de los fallos citados reiterando mi voto en SD N° 4/SCA/05 ("V...."), afirmé "...en la relación jurídica de empleo público, la autonomía de la voluntad se encuentra, aunque no aniquilada, restringida, en tanto el interés público, el bien de la comunidad, es la finalidad última del quehacer del Estado, y en él se justifican las cláusulas exorbitantes del contrato administrativo, o la adhesión o sujeción estatutarias". Como lo dice ESCOLA, enrolado entre quienes afirman que la relación de empleo tiene naturaleza contractualista, "...la aceptación del nombramiento y el consiguiente nacimiento de la relación contractual que de ese modo se produce pone en movimiento toda la serie de derechos y obligaciones que el contrato de función o empleo público implican, tanto para la administración pública, como para el agente designado. A partir de la puesta en posesión del cargo, el agente público ///adquiere su status de funcionario o empleado, compuesto por una serie de prerrogativas, derechos y obligaciones...llamados "derechos del empleo". (Tratado Integral de los Contratos Administrativos" Volumen II- Parte Especial- Depalma págs. 376, 378/379 y 382). Idéntica es la consecuencia del "acto de designación" para quienes siguen la tesis estatutaria (vg. ALTAMIRA- Curso de Derecho Administrativo- Depalma - pág. 608, 618, 629)"(mi voto en SD N° 4/SCA/09 in re "P."...).-- Completé siguiendo a GARCIA PULLÉS que, abordó los deberes de los agentes públicos fijados en el art. 23° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público en la Administración Pública Nacional (Ley N° 25.164), específicamente -por su aplicación al caso concreto- el inciso a) que prevé "Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones y modalidades que se determinen...", indicando que el precepto se refiere al cumplimiento en forma personal del servicio, recordando que MARIENHOFF le asignaba a este deber un conjunto de corolarios: a) cumplir el horario que se concreta en concurrir a la oficina en el horario establecido; b) justificar las inasistencias; c) prestar los servicios en el lugar mismo para el cual se hizo su nombramiento o designación, y vincula esta temática con todo lo atinente a su nombramiento, a los traslados o cambios de lugar en los que se deben prestar los servicios. (Conc.. "Régimen de Empleo Público en la Administración Nacional" - LexisNexis-2005, pág. 219).- ///--- Finalicé en la misma Sentencia invocando "...la Ley de Ética Pública Ley I N° 231 (antes N° 4816), que luego de prever aquella obligación para todo agente público en su art. 9, estatuye en el art. 11 como DEBER DE RESPONSABILIDAD: "Todo Servidor público debe actuar con claro sentido del deber que le corresponde para el cumplimiento del fin público que compete a la institución a la que sirve y de las consecuencias que el cumplimiento o incumplimiento de este deber tiene en relación con ese cometido institucional".-- Todos estos conceptos en los que me reitero, he de aplicar al sub-exámine.----- D. Cabe considerar además, que los distintos Estatutos, dados en razón de la particularidad del servicio público desempeñada por los agentes comprendidos -o cláusulas predeterminadas exorbitantes específicas para quienes adhieran a la teoría contractual para explicar el vínculo entre el agente y el Estado- prevén expresamente esta obligación.

Así lo hace para el caso de O. B. el Régimen diferenciado contemplado en la Ley N° XIX N° 8 - del Personal Policial de la Policía de la Provincia del Chubut (antes Decreto Ley N° 1561)- en el art. 28° inciso d) "desempeñar los cargos...ordenados por autoridad competente y de conformidad con lo que para cada grado y destino determinen las disposiciones legales vigentes", en concordancia con el inciso a) que impone la necesaria sujeción al Régimen Disciplinario Policial (aprobado por Decreto N° 2427/77, en adelante RDP).----- ///--- Régimen que también ha previsto derechos (art. 34°), entre los que prevé -en lo que interesa al sub-exámine- "el uso de licencia anual ordinaria y de las que le correspondieren por enfermedad y/o causas extraordinarias o excepcionales previstas en la reglamentación" (inciso j)). De este otro plexo normativo se ocupó pormenorizadamente el Sr. Ministro preopinante, motivo por el cual, me remito a la glosa que efectuó de los arts. 38°, 39° y concordantes todos del Decreto N° 343/90, para no efectuar una farragosa repetición.- Dije que este Régimen es diferenciado porque- como lo previno el Dr. ROYER en su voto -y comparto- la relación jurídica que vincula a las partes, a más de las características generales expuestas antes, presenta aristas particulares derivadas de la importancia del servicio y las peculiaridades propias del mismo, que por intermedio del Personal Policial, el Estado cumple con la comunidad.- Por ese motivo, los dependientes de la Fuerza, además de aquellas obligaciones que podrían denominarse comunes porque son compartidas con los demás agentes estatales, tales las fijadas en el art. 28° antes comentado, prescribe otras que se justifican en esa "singularidad del servicio" a la cual vengo haciendo mención, y en las que el actor toma apoyatura para caracterizar su participación en el hecho ocurrido el 14 de enero de 1995 en el que resulta lesionado -más adelante lo describiré- como un "acto de servicio", cumplido en razón de su "estado policial".--- ///--- A estas singularidades me refería en SD N° 4/SCA/04 ("R....") "exacerbado el principio de autoridad, la subordinación jerárquica, la obediencia, .caracteres de este vínculo, además imprescindible para el desempeño de sus funciones de seguridad pública, tal como ...lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquellos ribetes de sujeción exigen determinadas conductas, consideración, respeto...".- Molde en el que engarza la obligación de defender la vida, la libertad y la propiedad de vías de hecho o peligro inminente. Actitud que debe ser asumida en cualquier momento y lugar, cuando las circunstancias lo exijan; debiendo además, adoptar el procedimiento Policial conveniente para prevenir el delito o interrumpir su ejecución. (art. 30° inc. a) y b)).--- Completa el detalle de los deberes específicos de los agentes sujetos a este Estatuto, el Régimen Disciplinario Policial, el que, como consecuencia del incumplimiento de aquéllos, en una escala gradual enumera las faltas y sus respectivas sanciones. Las califica en Leves (art. 25°) cuya "represión" no requiere información sumaria, Graves (art. 26°) punibles con arresto de 21 a 61 días y suspensión de empleo de 11 a 30 días; y Gravísimas (art. 29°) aquéllas que se sancionan con la destitución. La imputada al ahora actor está contemplada en el inciso 13), de este último precepto, que reza "cuando concurran los extremos que determina el artículo 116°". Norma que prevé el supuesto de "el abandono de servicio" el que además define como "la ausencia injustificada en el destino, por cinco días, haya o no perjuicio".--- En este cartabón normativo, han de subsumirse los hechos según arrojan las constancias obrantes en autos.-- ///--- E. He examinado la cuantiosa prueba documental arrimada a la causa; el minucioso detalle realizado por el Sr. Ministro que me precedió con su opinión, me exime de efectuar una reiteración abrumadora. De esas constancias, sucintamente he de mencionar aquéllas que considero hábiles para acreditar las razones en las que haré descansar mi decisión final.-- Leídos atentamente el Expediente penal originado como consecuencia del suceso acaecido el 14 de enero de 1995, los dichos de B. cuando denunció a sus superiores por ante las autoridades policiales con sede en esta Ciudad y el escrito de demanda, todos adecuadamente narrados por el Dr. Royer, lo primero que percibo es la contradicción en los dichos del accionante, puesta de manifiesto por la Provincia demandada.

Ello así porque al venir a esta Sede el actor expone en la demanda que fue herido con un arma blanca, al concurrir en auxilio de una voz femenina proveniente de un lugar en el que había un grupo de personas... Pero no es esto lo que emerge de la documental antes referida, que fue confeccionada inmediatamente acaecido el evento descripto.- El relato es distinto, e indica que lo que en realidad aconteció, fue que antes de sufrir la lesión, B. mantuvo una discusión con varias personas que se encontraban en el ingreso a su casa, que se retiraron, pero horas más tarde. vuelve a encontrarse con dos de estas personas, se toma a golpes de puño con uno de ellos, que lo hiere con un cuchillo en el brazo y ///costado izquierdo hasta que logra zafarse para efectuar un disparo con el arma reglamentaria que llevaba consigo, y sus agresores se alejan repentinamente de ese lugar.--- Esta reconstrucción, en ningún momento evidencia la presencia de una mujer que exigía auxilio ni tampoco que hubiese sido necesario la intervención de quien ahora acciona en cumplimiento de su deber y para prevenir un delito, y me otorgan la convicción de que la lesión sufrida por B. no tuvo ninguna relación con su estado policial.- Convicción que emana de las Actas testimoniales labradas por la Unidad Regional Esquel con las personas que fueron nombradas por B. como "presenciales" del evento dañoso, que con detalle narran el hecho, pero en ningún momento refieren aquel pedido de auxilio; tales A. D. V. de R. (fs. 3 y vta.), M. E. A. V. (fs. 8/9), A. E. C. (fs. 10 y vta.), L. H. A. (fs. 11 y vta.) y F. O. (fs. 13 y vta.)(foliatura del Expte. N° 58 -Año 1996, agregado por cuerda y que tengo a la vista).- Tampoco produjo en esta Instancia ni acompañó elemento probatorio alguno que permitiera sustentar las alegaciones expuestas en la demanda.-- Sufrió -sin duda- lesiones, y por ello el período vacacional que venía gozando fue interrumpido y las inasistencias subsiguientes encuadradas en la licencia del art. 38° Dto. N° 343/90 donde se contempla la propia para el tratamiento de enfermedades no causadas por ///acto de servicio. Sin perjuicio de lo cual, ante su insistencia, la autoridad policial genera el procedimiento indicado para el reconocimiento de un hecho como accidente de trabajo - Dto. N° 686/93- que culmina cuando, previo dictamen del Fiscal de Estado, se emite la Resolución N° 102/96, que ordena comunicarle esta circunstancia, lo que se formaliza personalmente el 28 de Marzo de 1996 (Expte N° 19441/00 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.--- F. Se abre de este modo otra línea argumental que voy a desarrollar, compuesta por las obligaciones que sí tenía como "empleado policial", frente a sus alegaciones en torno a la falta de correcto encuadre o, como lo vino a denunciar, un supuesto maltrato por parte de sus superiores policiales, que según se excusó no indicaron nuevas tareas y/o destino y, a la espera de esa decisión, se vio sorprendido por el inicio de actuaciones administrativas por incumplimiento del deber de presentarse a prestar labores.

Porque acto de servicio o no, se encorsetara la licencia en el art. 38 o 39 del Dto. N° 343/90, el accionante se encontraba apto para reanudar sus tareas, y por ende en la obligación de presentarse nuevamente al servicio (art. 46 del Dto. Antes citado), ya desde la Junta Médica que se celebró el 6 de Octubre de 1995 (fs. 59 de Expte. referido) y así lo declaró (sin convalidar licencia ninguna), a lo que siguió la certificación de "alta" el día 26 de Octubre.- ///--- La carencia de importancia entre ambos supuestos legales está dada por el juego armónico de lo reglado en los arts. 45° y 46° del "Régimen de Licencias del Personal Policial" que vengo comentando, conforme los cuales ".En los casos de licencias concedidas por aplicación de los artículos 38° y 39°, el agente no podrá ser reincorporado a su empleo hasta tanta la División Sanidad no otorgue el certificado de alta, previa realización de Junta Médica.."Además ".todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidentes en o por acto de servicios, quedarán canceladas por el restablecimiento del agente. Este deberá.solicitar el reintegro a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la presente reglamentación".

De lo dictaminado por esta Junta se lo notifica por cédula el 20 de Octubre de 1995 (fs. 47 del Expte. Jud. N° 1428/98), anotando el actor al pie "no se especifica si debo reintegrarme ni dónde"; luego, una nueva comunicación el 8 de Noviembre de 1995 (fs. 48 mismo Expte.), le indica expresamente al actor que así debe hacerlo.- En esa oportunidad manifestó no encontrarse "en condiciones" físicas y psicológicas para retomar servicio (fs.48), presentando otro certificado el día 9 de Noviembre, de un profesional que da cuenta de esa situación, pidiendo nueva Junta (Expte. 19441/00 TC - fs. 128/129), pero que no determina necesidad de licencia.

Sin embargo, aún pendiente la resolución del trámite de reconocimiento del hecho como accidente de trabajo -o no- (resuelto como lo adelanté en Marzo de 1996), se lo beneficia con una ///Disponibilidad de seis meses en el marco del art. 38 del Dto. N° 343/90, que fenecía -coincido con el cálculo del Dr. Royer- el 21 de Marzo de 1996.- Y ese día es el que la Junta Médica se celebra y -por segunda vez- lo considera apto para reintegrarse al servicio activo, de lo cual se notifica al pie (fs. 187 Expte. N° 19441/00 TC), emitiendo la división Sanidad el alta respectiva el día 22, en el que se aclara "en la actualidad se encuentra en condiciones de reincorporarse al servicio en la Agrupación que revista en la actualidad".

Esto es, desde el 14 de enero y hasta el 26 de Marzo de 1995 justifica sus inasistencias con certificados médicos por, aproximadamente, pues hay alguna intermitencia, 70 días.- El 6 de Octubre de 1995, los médicos policiales ya lo encontraron apto y se emitió un alta y una orden de reintegro a sus funciones; pero.presentó una evaluación médica solicitando otra Junta y la Jefatura de Policía le otorgó una Disponibilidad de seis meses en total desde el 9 de Noviembre.- El día que la misma expiraba, esa Junta se realizó, y nuevamente lo encontró apto.- Y se notificó sin reservas.

Se conforma, pero sigue inasistiendo porque no se le había dado destino como argumenta?.- Permanece impávido sin concurrir a cumplir sus labores; con la convicción de que debían sus superiores comunicarle "nuevas" tareas?.----- ///--- No determinan los médicos que ello fuese necesario.- Ergo, desde que obtuvo el Certificado de Alta expedido por la División Sanidad, el actor tenía la obligación de presentarse a cumplir su obligación de prestar servicios, pues la mínima capacidad obrera que allí se había constatado, de tan solo el 3% de la total, daba cuenta de que se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus funciones habituales, como lo consignó el mismo certificado.- En ello coincidió el diagnóstico suscripto por el Médico Forense al ser requerida su opinión por el Sr. Juez de Instrucción de la ciudad de Esquel, la que también es prueba corroborante e indiscutida. El médico judicial -tercero imparcial- luego de describir la lesión que evidenciaba B., en armonía con los certificados médicos remitidos por éste a las autoridades policiales para justificar sus inasistencias en la etapa inicial de su dilatado ausentismo, aseveró ".no se advierten secuelas funcionales en las estructuras afectadas. .la incapacidad laborativa resultante de las lesiones sufridas.en el episodio que se investiga fue inferior a los treinta días. No comprometieron funcionalmente órgano vital alguno por lo que no pusieron en peligro su vida.". (fs. 114 - Expte. N°58 -Año 1996).

En consecuencia, ninguna de las alegaciones esgrimidas pueden alterar ese hecho; ni siquiera la pretendida modificación del encuadre legal que -según su postura- hubiese correspondido proporcionarle a su licencia, encasillándola en los extremos del art. 39° del Régimen respectivo.--- ///--- Las justificaciones que ensaya en esta Sede resultan insuficientes para contrariar los hechos que constituyen la falta por la cual se le aplicara la sanción de destitución.- No es factible encontrar en el curso de los trámites administrativos ni en esta causa judicial algún motivo que sustente una razón suficiente y legítima para su ausentismo, luego de obtener el alta legal para reestablecer su actividad habitual en la Comisaría de El Hoyo. Actividad que no está de más hacer notar, era simplemente administrativa.--- Tampoco hay constancias médicas que avalen derecho a licencia por el período 26 de Marzo de 1995 (recuérdese la Junta de Octubre de ese año lo declaró apto, pero no "convalidó" licencia alguna) al 8 de Noviembre de 1996 (presentó evaluación psiquiátrica solicitando Junta el 9 de ese mes).- Se agravió fundamentalmente de que, en la Junta Médica mencionada, no se había evaluado su estado psíquico. Pero ninguna prueba produjo que me permita considerar que los médicos policiales que intervinieron no hayan tenido en cuenta tal circunstancia. Y digo esto partiendo del hecho de que, debiendo la Junta establecer si como consecuencias de las lesiones producidas en el evento dañoso en el que participó el 14 de enero de 1995 le habían generado secuelas que -en general, en un orden psicofísico- que lo incapacitaran o que tornaran imposible su actividad como empleado policial, el Acta comienza refiriéndose al ahora accionante, diciendo ".examinado a la fecha se ///encuentra lúcido, coherente."; y además, entre los médicos integrantes de aquélla se observa la participación del Dr. H. G. cuyo sello, luego del nombre, aclara "Esp. PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA MÉDICA" (fs.186 bis Expte. 19441 -00 T.C.).

Sin hesitaciones, debió retomar su servicio habitual.

G. Debo asimismo añadir, que no puede el actor "trasladar" a otros dependientes policiales, sus propias obligaciones y su indiferente proceder, ante la exigencia de justificar sus inasistencias, esgrimiendo que hubo demoras o faltas en el devenir de la actuación administrativa.- Una cosa nada tiene que ver con la otra; ni lo excusa de su deber. Su obligación como empleado policial era personal e indelegable.----- Acusaciones que, oportuno es resaltar son de naturaleza intrascendentes o saneables.- Sigo a Héctor MAIRAL que se ha ocupado del tema; explicando que son intrascendentes aquellos vicios del procedimiento administrativo respecto de los cuales no se demuestra el perjuicio que de ellos resultó para la defensa de los derechos del particular. (CS, "Pirosky" Fallos: 265:104). Además, refiere que la Sala II de la Cámara del fuero Contencioso Federal ha sentado la regla de que la nulidad del procedimiento no debe declararse "para satisfacer un principio teórico" sino cuando realmente los vicios incurridos en su curso han irrogado un perjuicio positivo para el derecho de quien los plantea. (CNFed. Contencioso Administrativo, Sala III, "Di Giovanni."LL t.1981 C, p. 70)" (Conf.: "Los vicios del acto administrativo y su recepción en la jurisprudencia" en LL 1989 C, 1014 y ss).

///--- En idéntico sentido, "...la declaración de voluntad que se expresa en el acto administrativo se forma a través de un procedimiento, el que aparece como un conjunto de formalidades arbitradas en garantía del particular, cuya finalidad es la de conseguir el acierto en las decisiones administrativas. El vicio del acto depende de la magnitud del incumplimiento del orden jurídico que signifique el requisito concretamente violado. O sea, la importancia que concretamente tenga en el caso el vicio de que se trata (Tomás HUTCHINSON, "Ley Nacional de Procedimientos Administrativos" t. I, ps. 158, 294, 303). Para extraer una conclusión válida al respecto, es necesario ponderar los intereses que se ventilan, las circunstancias y las consecuencias producidas a la parte interesada por el desacierto, la falta de defensa que haya realmente originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el acto administrativo origen del recurso o acción, en caso de observarse fielmente el trámite. Existen irregularidades intrascendentes para la perfección del acto insuficientes para motivar por sí la nulidad de la resolución, que en él recaiga, en virtud del principio de conservación de los valores jurídicos y porque no toda irregularidad de un acto administrativo produce igual impacto o efecto, resultando injustificado asignar iguales consecuencias a todos los casos."(MARIENHOFF "Tratado de Derecho Administrativo" t.II, ps. 491/492, 486 y498/499)"". (Conc.: CNApel. Cont. Adm. Fed., Sala II, Sent. 13/6/96- "Ballatore.", LL1997-C, 331). (la cursiva es propia).---- ///--- Las demoras denunciadas de las que se agravia el accionante y que se observan en autos, como la repetición de las diversas misivas y notas cursadas por el actor a su dependencia y entre las distintas áreas policiales que tomaron intervención, deben ser analizadas considerando el exacerbado respeto que se pone de manifiesto cuando se sustancian actuaciones como las que han sido objeto de estudio.

Así, la gestión de este trámite administrativo que tuvo origen en un área inferior, como en el caso una pequeña Comisaría del interior, que debió ser comunicada al superior inmediato -Unidad Regional de la ciudad de Esquel- para posteriormente remitirlo a la autoridad central, esto es la Jefatura de Policía de la ciudad de Rawson, da cuenta de la diversidad de instancias por las que debe atravesar un trámite previo a lograr su finalidad y donde se proporciona el debido resguardo a la escala jerárquica propia de la Institución a la que pertenecía B.. Todos y cada uno de estos antecedentes deben sortear además la demora propia y característica de la distancia territorial que entorpece y acrecienta las habituales tardanzas, a lo que se suma que cada una de las personas que interviene deja constancia del modo en que efectúa esa labor. Es decir, si se envía un Oficio para su notificación quien lo recibe elabora una "actuación sumarísima" que se inicia con la confección de un Radio en el que hace constar que el empleado policial se apersona en el domicilio del destinatario de la comunicación.. O bien, ante la necesidad de diligenciar una citación para que un ciudadano preste declaración testimonial, en un pequeño trámite, se detalla paso a paso quienes participan de esa diligencia, qué cargo ocupan en la Fuerza y a qué efectos. Ergo, cada actuación se va desdoblando y generando "otras ///actuaciones" donde cada persona narra su labor detalladamente, para luego, una vez "cumplida la misión" de cada intervención incorporarlo al Expediente al cual pertenece y donde se originó la orden que determinó tal procedimiento. Esto es, se va configurando un singular derrotero administrativo que en comparación con lo que normalmente se estima, excede los plazos típicos para la realización de ellos, como ha sido reflejado en esta causa a lo largo de la abultada y tediosa prueba documental en donde se ven reproducidos más de una vez algunos trámites idénticos con la misma finalidad.- Sin perjuicio de ello, estas "desprolijidades" -si pueden llamarse así porque en verdad son producto de prácticas consuetudinarias arraigadas, particularmente en estos organismos de seguridad en que la subordinación a las formas es regla- resultan intrascendentes, y no son suficientes para requerir o fundamentar la nulidad del procedimiento, desde que no han dificultado a quien hoy acciona el pleno ejercicio de sus derechos.- No son hábiles para considerar que se hubiera impedido al Sr. B. tener conocimiento de cuál era su situación y obrar en consecuencia.- H.- Tuve oportunidad de pronunciarme en la SD N° 4/SRE/04 ("R....") donde recordaba la doctrina legal de este Cuerpo, inclusive anterior a mi integración al Tribunal, reiterando que en autos "L...." (SD Nº 5/SCA/00, voto del Dr. Pasutti) con cita de PALOMAR OLMEDA, se fallaba ".que entre los variados y particulares deberes cuyo ///cumplimiento se exige al agente público -verdaderas "cargas" que la Administración impone en razón del vínculo de sujeción especial que une a aquéllos con ésta y se justifican en las necesidades de la organización- el cumplimiento de la jornada es básico dentro de la relación funcionarial, con un criterio finalista de beneficio del servicio.- Y la previsión de éste y otros deberes se complementa con los reglamentos disciplinarios que coercitivamente imponen su cumplimiento -so penas también expresamente previstas, que incluyen la ruptura del vínculo o relación.- Concordante, la Suprema Corte de Buenos Aires, califica esta obligación como "básica" de la relación de empleo, comprensiva del desempeño del cargo en tiempo, forma y lugar establecidos ("Leone..." - 29/9/92), deber fundamental que se subvierte si el cargo se abandona, o el agente se ausenta sin cumplir con las reglamentaciones conducentes a la justificación de esas ausencias".- Añadí en Sentencia Definitiva 22/SRE/04 (in re "R....") que el fallo glosado antes "mencionando las SD Nº 30/90, 10/91, 14/SCA/99, 2/SRE/00, 4/SCA/00, se refería a la actividad discrecional de la Administración para ejercer la potestad disciplinaria, ya que por lo general, los estatutos no tipifican -a diferencia de lo que ocurre en el Derecho Penal- con precisión las faltas, difiriendo a su "gravedad" la consecuencia coactiva imputable, lo que hace que el control jurisdiccional se aplique fundamentalmente a la razonabilidad de la estimación subjetiva de la administración".Y previne que para el supuesto de inasistencias injustificadas, como el de autos, que "debe admitirse que poca discrecionalidad han dejado los reglamentos a la autoridad administrativa decidente, en tanto es de las pocas que aparece ///tipificada. Las normas suelen determinar la obligación, y la sanción ante el incumplimiento -y tal lo que ocurre en la reglamentación aplicables al sub-lite que detallé- con, además, una consecuencia que el funcionario que ejercita la potestad no puede desoír, sin incurrir en violación de ley. La discreción, aparece así autolimitada por y para el Estado., e infranqueable para la jurisdicción. Dado el presupuesto de hecho que previene, le está vedada cualquier otra conducta que no fuera la prevista. Aunque es cierto, en la apreciación del presupuesto fáctico administrativo, determinación y elección de las conductas -lo dice Juan Domingo SESIN- siempre habrá un margen de discrecionalidad (Administración Pública, Actividad reglada, discrecional y técnica - Depalma pág. 275 y sigs.).----- I.- B. viene a esta sede con una pretensión de nulidad y resarcimiento, por afirmar que el Decreto N° 1414/97 no se ajusta a la verdad y al derecho, y por ello acusa su arbitrariedad e improcedencia.---- En mi voto en SD N° 3/SCE/10 ("A.."), reproduciendo mi opinión en SD N° 2/SCA/07 ("F....") y trayendo lo ya dicho en SD N° 15/SCA/06 (G."...) me referí a la necesidad de examinar los elementos de los actos administrativos para discernir si corresponde o no declarar la invalidez de los mismos, conforme la postura adoptada por gran parte de la doctrina, a la que adhiere el Dto. Ley N° 920 (ahora en Digesto Ley Nº I-18) la Corte Nacional y este Tribunal según quedó establecido en fallos anteriores (vg. SD N° 17/SCA/97 -conc. CSJN ///Fallos 308:108, 311:161, entre otros). Siguiendo a Julio COMADIRA dije "...el examen de la validez del acto administrativo supone siempre un juicio lógico-jurídico de comparación entre el acto, sus elementos y las normas aplicables. Este juicio implica confrontar las exigencias impuestas por el ordenamiento, en cuanto a los elementos esenciales del acto, con la realidad del acto administrativo emitido. ...Elementos, que sin perjuicio de alguna discrepancia doctrinaria se vinculan..."con la competencia, la forma y con los procedimientos esenciales...que todo acto debe cumplir..."; y añadía "...el objeto es lo que éste dice, certifica u opina y en todos los casos debe ser cierta, física y jurídicamente posible"...; la "causa...los hechos y antecedentes en que el acto debe sustentarse y el derecho aplicable..." en tanto que "motivación...es la...expresión de las razones que inducen al órgano a emitir el acto correspondiente..."-- Previne en el fallo que gloso, siguiendo a FIORINI refiriéndose a la causa del acto, que "...el mismo es el producto de una organización compleja, reguladora de distintas situaciones normativas con distintos valores jurídicos: algunos de éstos serán determinantes, otros complementarios, otros condicionantes.-Todos ellos elementos concurrentes que establecen como consecuencia la determinación de la causa y su encuadre legal. Éstos a su vez pueden producir un consecuente que no responda a la realidad, a la verdad de los hechos, sea porque se omitan algunos importantes, o se sumen los que no existen, o se los deforme en la realidad, o se acentúen juicios inexactos sobre hechos o conductas de tal modo que estas consecuencias expuestas no correspondan al proceso de razón que justifica la causa. Entonces, la ///vinculación lógica entre los distintos elementos concurrentes se realiza en forma irregular, y el resultado no responde a la realidad. Si todo acto administrativo tiene su causa debe tener en ésta su correcta razón; ésta se expresa en lo que necesariamente debe ser y la razón no concibe que acontezca de otra forma. La razón suficiente es una consecuencia lógica de lo que debe ser verdad, y las irregularidades deben investigarse en el proceso que produce a la causa y determina su ineficacia si la deforma sustancialmente, o la sustituye por otra que no responde al principio de razón. Tal la arbitrariedad, que aparece como variante de la irrazonabilidad y se presenta como consecuente de una voluntad destructora que se introduce en el desarrollo del proceso de razón, viciándolo. Todo lo cual se corresponde a la calificación jurídica de los hechos que se deben encuadrar dentro de la causa, que se desenvuelve entre el ajuste a la veracidad y la presencia del o los diversos hechos y su conformidad con la norma que los comprende (Conc.:Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 499/502)".

En el sub-lite el acto administrativo que se ataca de nulo -fs. 252 del Expediente Administrativo N° 19441/00 T.C.- destituye al actor en grado de cesantía "por haber infringido el Régimen Disciplinario Policial en su artículo 29° inciso 13) concordante con el Artículo 116° del mismo cuerpo legal".- Según dan cuenta los considerandos se configuró una situación de abandono del servicio, ya que "ha quedado suficientemente probado en las actuaciones sustanciadas, que el empleado policial ha faltado a su servicio durante 227 días en el Año ///1995 sin justificar su inasistencia, como así también que una vez notificado de su aptitud para reintegrarse al servicio el 21 de Marzo de 1996 continuó faltando sin justificar durante 205 días más en el Año 1996." (2do. Considerando).- Todo lo cual ha sido en autos analizado y verificado.- Ninguna de las alegaciones expuestas por B. logra conmover la legalidad de la decisión cuestionada, acabadamente motivada en los hechos y debidamente subsumida en el derecho aplicable; motivación que además concilia con la verdad material.

De acuerdo a los criterios expuestos entonces, el acto segregatorio no adolece de vicio ninguno; la Provincia obró ajustándose al Régimen Disciplinario Policial y demás normas aplicables, siendo concordante a derecho la sanción impuesta.--- En consecuencia, soy de la opinión -con el preponente- de que la demanda interpuesta por el Sr. R. O. B. debe ser rechazada; circunstancia ésta que torna innecesario pronunciarme acerca de las restantes pretensiones contenidas en el libelo inicial.---- Así lo voto y dejo propuesto al Acuerdo.

A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: -- 1.- Trae el Sr. B. a este juicio la pretensión de que, previa declaración de nulidad del Decreto del Poder Ejecutivo que dispuso su ///destitución en grado de Cesantía de las filas de la Policía de la Provincia, esta Sala ordene el pago de las sumas y por los conceptos que detalla en el rubro Liquidación de la demanda, con más intereses desde que fuera debido y costas.- Relata que el día 14 de enero de 1995, sufrió un infortunio, pues fue lesionado en lo que consideró un "acto de servicio", razón por la que debió inasistir por tiempo prolongado a sus labores habituales, ausentismo que afirma haber justificado.-- Sostiene que requirió se le aclare dónde, cómo y qué tareas debía llevar a cabo según su "nuevo estado psicofísico" (fs. 08 vta.), indicando que estas situaciones determinaron que padeciera estados anímicos de ansiedad, depresión, melancolía, realizando un tratamiento específico con una Psiquiatra -Dra. M.- desde el 9 de noviembre hasta el 8 de enero de 1996, profesional que extendió los certificados médicos que fueron entregados en la dependencia de El Hoyo.-- Reconoce que en Septiembre de 1995, se le notificó -como resultado de una Junta Médica que se le realizara- que la División de Sanidad lo hallaba apto para la función policial, pero como dicha área no era competente para dictaminar el reingreso a situación activa, quedó a la espera que se le indicara dónde, cómo y qué tareas debía llevar a cabo según su "nuevo estado psicofísico".- Entonces, hallándose bajo tratamiento psiquiátrico, es notificado que a partir del 9 de noviembre de 1995 es "pasado a Disponibilidad Simple" la cual -interpreta- se extendería hasta el 9 de mayo de 1996.- No obstante, en Marzo y a ///pedido de sus facultativos fue examinado en otra Junta Médica, donde se evaluó -asevera- sólo su capacidad física, no la psicológica, y de ello fue notificado sin que se le haya indicado si debía o no reintegrarse al servicio, y las funciones a desarrollar acorde -insiste- a su nueva incapacidad.- Aguardó que sus superiores indicaran qué tareas y en qué sitio debía reintegrarse a cumplir funciones y, mientras se hallaba a la espera, dice haberse visto sorprendido por el inicio de "actuaciones sumariales" por la causal de abandono de servicio.

Acusa que su situación personal no fue correctamente subsumida en la reglamentación respectiva y que la sanción expulsiva de que fuera objeto, en tanto no se condice con los elementos de hecho y las normas de derecho aplicables, resulta inmotivada e ilegítima, acusándola además de arbitraria.- La demandada opuso al progreso de la acción defensa de Prescripción: la bianual del art. 4030° afirmando que la nulidad comprometida en el caso es relativa, y subsidiariamente, en otro apartado de su escrito, al negar la procedencia de los salarios caídos que se pretenden en la acción, la quinquenal del art. 4027° inc. 3) ambos del Código Civil.- En tanto -con respecto al aspecto sustantivo- defendió la legalidad de su obrar alegando que, como se trata de una causal objetiva de cesantía, como lo son las inasistencias injustificadas al lugar de trabajo por el período que fija la Ley, y desde que las mismas se encuentran debidamente demostradas en autos, la medida así dispuesta no puede ser considerada arbitraria.- ///--- 2.- Preliminarmente, llamado por razones elementales a resolver la prescripción, he de consentir con los preponentes en que ninguna de ambas deducidas puede prosperar.---- En SD N° 9/SCA/04 ("T..") ya expresé que ".si bien las previsiones del Código Civil se aplican supletoriamente, a falta de un ordenamiento especial en la materia ha de tenerse en consideración que no se trata de actos de derecho privado sino de actos administrativos.- Ya he dicho en anteriores pronunciamientos que la nulidad absoluta, en opinión de los especialistas, es imprescriptible (véase FIORINI - Tratado de Derecho Administrativo - Tomo I - pág. 587 y sigs.), aunque se admita en orden al principio de seguridad jurídica, aplicar la extensa de 10 años - art. 4023 CC (SD Nº 5/SCA/03 - conc. Cám. Nac. Fral. Cont. Adm. Sala I - ED 111-349 - Cám. 1º Cont. Adm. San Juan en "Ondarhu..." - 17/4/84)".

"Debe tenerse presente, que en Derecho Administrativo la distinción entre actos nulos y anulables, que se compadece con la categoría de nulidades absolutas o relativas, no se identifica con la propia del Derecho Civil, aún cuando por analogía puedan utilizarse sus reglas.- Surgen en su vertiente interpretativa, la presencia de distintos grados de intereses públicos que no pueden circunscribirse a la esquemática clasificación que distingue el derecho de los particulares.- El acto anulable no responde a una pauta dogmática que lo caracterice en forma absoluta, pues puede cambiar según las circunstancias y modalidades ///concurrentes.- Es el administrador o el juez el que dirán la última palabra...la anulabilidad será motivo de juicio, y producto de pruebas aportadas, conductas de partes, de relaciones que pueda tener con el daño sufrido por el interés o el derecho de los particulares o de la administración.- La gravedad que en forma superficial se mencione puede ser proclive al error; sólo es una expresión condicionante de las consecuencias que provoque.- Si en la nulidad absoluta -propia del derecho administrativo- esta evaluación la ha hecho previamente la Ley, en la relativa o anulabilidad debe evaluarse el acto que presenta la irregularidad.- Debe hacerse investigación concurrente de comprobación de la irregularidad con la calificación correspondiente de anulación en función del fin y de los intereses afectados.- (FIORINI - Ob. Citada - Tomo I - pág. 471 a 484)".----- "De lo que se sigue, que salvo excepcionales supuestos de evidencia incuestionable -que lo son pocos- el encorsetar "a priori" un acto como nulo o anulable, a partir de la alegación actora o la defensa demandada, es imposible.- La investigación determinará su naturaleza, su entidad y sus efectos.- Siendo así "in dubio pro actione"; el plazo de prescripción debe ser el más amplio, esto es, el decenal".- Asimismo -seguía- "es pacífico el criterio, tanto en jurisprudencia como en doctrina, de que las interpretaciones de la prescripción deben ser restrictivas, en el sentido de que, en caso de duda, ha de estarse por la solución más favorable a la subsistencia de la acción, y por la preferencia del mayor plazo de prescripción.- "El carácter restrictivo de la interpretación de la prescripción lo es a favor de la subsistencia del ///derecho y por el plazo más dilatado" (CNFed., Sala II Cont.Adm., 14/5/74, ED 59-236; CNCiv. Sala A, 26/9/74, ED 62-346)".-- Por lo expuesto, he de concordar entonces con los prevotantes, en que no es la norma que la Provincia accionada invoca para fundar la prescripción la aplicable -el art. 4.030 del Código Civil- sino que rige el art. 4.023 de ese mismo ordenamiento (Conc. mi voto - SD Nº 5/SCA/03 in re "M.."), y por ende, me pronunciaré por la subsistencia de la acción contencioso administrativa intentada contra el Decreto N° 1414/97 notificado el 26 de diciembre de 1997, desde que a la fecha de interposición de la demanda -6 de Julio de 2004. (fs.17 vta.)- no había transcurrido aún el plazo que la norma prevé.- En cuanto a la subsidiaria quinquenal, como lo establecieron claramente los preponentes, la jurisprudencia de la Corte Nacional, que este Cuerpo sigue, es pacífica en cuanto al criterio de que "el plazo de prescripción comienza a correr cuando la acción nace (actioni non natae non praescribitur), es decir, desde que el crédito es exigible" (CSJN 131-211; CNCiv., Sala D, JA 1972-13, p.439).- Así ".cuando las pretensiones se aplican al reconocimiento del derecho mismo, la prescripción a considerar es la prevista por el art. 4023 CC, a diferencia de los supuestos en que existiendo un derecho preexistente reconocido, sólo se procura su cobro. En estos casos es que se aplica la quinquenal, por analogía del art. 4027 inc. 3, que viene invocando la Provincia en su defensa, y que según lo dicho no puede prosperar". (mi voto en SD Nº ///05/SCA/08 in re "U." y N° 1/SCA/09 in re "V." ). Lo mismo ocurre en estos obrados.-- Siendo así, la demanda debe ser atendida en su totalidad.----- 3.- Procede entonces me avoque al examen de la causa, a cuyo efecto habré de atenerme a la reseña de los antecedentes de hecho y elementos probatorios efectuada por los Sres. Ministros que me precedieron con su opinión, fiel reflejo de las constancias que tengo a la vista, mencionando sólo aquéllas que afincarán mi decisión.

3.1 Véase que el Decreto N° 1414/97 que sancionó a B. destituyéndolo de su cargo policial, expuso como motivación que así se resolvía porque el Sargento Primero había infringido ".el Régimen Disciplinario Policial en su artículo 29° inciso 13) concordante con el Artículo 116° del mismo cuerpo legal", habiéndose configurado de ese modo una situación de abandono del servicio, al quedar ".suficientemente probado en las actuaciones sustanciadas, que el empleado policial ha faltado a su servicio durante 227 días en el Año 1995 sin justificar su inasistencia, como así también que una vez notificado de su aptitud para reintegrarse al servicio el 21 de Marzo de 1996 continuó faltando sin justificar durante 205 días más en el Año 1996." (2do. Considerando).- 3.2.- La causa así expresada en el acto, me predispone a recordar, en coincidencia con mis colegas, la doctrina legal de la Sala respecto de ///la índole de la función pública, y la importancia de los deberes esenciales propios de la misma, entre ellos, el de de asistencia.----- Decía en mi voto en SD N° 3/SCA/10 ("A..") que ".la función o el empleo público se encuentra estructurado en diversos grados, respondiendo a las distintas denominaciones conforme el ordenamiento jurídico de que se trate. Ya sea que se denomine Estatuto o Escalafón, en ambos casos, se está haciendo referencia al marco normativo, de carácter general, que contempla el conjunto orgánico de normas que establecen los derechos y obligaciones de dichos funcionarios o empleados, consagra las garantías y sus formas de extinguirse, fijando su situación dentro del organismo administrativo, regulando por igual a quienes tienen o están en idéntica situación en las escalas, creando así el estado jurídico de agente estatal, brindando certeza y seguridad en las relaciones que se dan entre éstos y el Estado. Tal como expresé en SD Nº 7/SCA/04 ("T..") fuere que se considere al vínculo iuris entre el Estado y sus agentes, como Estatutario o Contractual, en el primer caso la propia situación estatutaria de subordinación, en el segundo la cláusula exorbitante, determinarán en definitiva las circunstancias particulares a que se sujetarán estos derechos. Como dice FIORINI, la variedad de situaciones normativas, la variedad de situaciones subjetivas, la relación de servicios, son las reglas determinantes de todos los aspectos de la relación de empleo (Tratado de Derecho Adm. Tomo I- pág. 787 y ss. 830/835).en ese marco, la situación de los agentes públicos dependerá del régimen estatutario -o ///contrato predeterminado por cláusulas estatutarias- al que se halle sujeto en razón de su trabajo.". Completé ".el régimen administrativo previo es lo que fundamenta los caracteres esenciales de la vinculación de empleo público, que se distinguen por el carácter personal de la prestación convenida, la profesionalidad, la permanencia, la retribución uniforme, y la subordinación a los órganos superiores de la Administración. el deber básico de todo agente público es cumplir con la función o empleo encomendado, dedicándose al cargo en cuestión; quien no lo hace, no cumple la obligación básica que la relación pone a su cargo.". (mi voto en SD Nº 4/SCA/05 en "V..")".-- En SD Nº 5/SCA/06 ("C...."), recordando la opinión dada en SD N° 5/SCA/00 ("L..") señalé que "los Estatutos. contemplan expresamente esta obligación, sólo interrumpida por causas expresamente previstas... que conforman un sistema de licencias y justificaciones que a su vez exigen conductas del agente ...y confieren facultades a la Administración ...derivadas justamente de la importancia de la obligación de prestar servicio enunciada". Además "...si bien es cierto que estas conductas suelen estar predeterminadas en los Estatutos, regímenes o cláusulas del contrato -insisto, según la teoría que se adopte- no es menos cierto que la relación de empleo público se caracteriza -como siempre certero señala FIORINI- por la "variedad de situaciones subjetivas" propias de las relaciones del servicio, de lo que se sigue que la técnica del "detallismo excesivo" del que acusa a algunas regulaciones, atenta contra el concepto unitario de la vinculación. Sólo la apariencia -estimará- es taxativa, pues a más de lo expresamente dispuesto en los Estatutos, se encuentran los deberes implícitos provenientes de la misma, dentro del ///contexto de los principios que informan los valores comunes que realiza la Administración, del cual el agente es su instrumento. Son estos principios la "causa de los deberes" y sobre su base el agente deberá comportarse (Derecho Administrativo - Tomo I -pág. 817)...".

Íntimamente relacionado con esto, según argumenté en el fallo ya comentado -SD Nº 5/SCA/00- siguiendo a GARCÍA DE ENTERRÍA, que ".las sanciones disciplinarias, consecuencia del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, son las que se imponen a quienes se encuentran con aquélla en una situación de sujeción especial,. que respecto de los empleados públicos, esta potestad no es sino el corolario o simplemente la cláusula de cierre que permite exigir el puntual cumplimiento de aquéllos (Derecho de la Función Pública - Ed. Dykinson- Madrid 1996 - pág. 481). En la Filosofía del Derecho, aunque no pacíficamente, la sanción es presentada como un concepto jurídico fundamental (vg. COSSIO - KELSEN), que opera en el plano de la normatividad jurídica como consecuencia respecto de las normas reguladoras de la conducta: la coacción, la coerción, que consiste en la privación forzada de un bien; el castigo, la pena, infligido a quien comete una ilicitud (vide Ariel ALVAREZ GARDIOL - Manual de Introducción al Derecho - pág. 89/91)". ".la relación falta-sanción, no es desde ya, matemática en ningún ordenamiento. La mayoría de las normas estatutarias y reglamentarias, difieren a la gravedad de la falta, la consecuencia coactiva imputable...".- Todo ello -añadía- con un sentido finalista, pues no debe olvidarse, que el empleado público es -en la ///terminología de M. MARIENHOFF- el órgano individuo del Estado, del cual se vale para el cumplimiento de sus funciones esenciales y específicas, y de sus fines públicos, esto es la acción del Estado se traduce en los actos de sus funcionarios."--- 3.3.- Y las funciones públicas, no son todas iguales.la de seguridad, es una de las consideradas esenciales.- En SD N° 4/SCA/04 ("R.."), examiné el vínculo jurídico entre un ex empleado y la Policía de la Provincia calificándola como ".una vinculación por demás especial, no sólo por el importante servicio que se presta a la Sociedad sino por la específica regulación que la misma posee .la subordinación jerárquica que es nota esencial del estado policial no habilita al ejercicio de una potestad arbitraria por parte de la superioridad, y el ejercicio de las atribuciones administrativas se encuentra sometido al control de los jueces como garantía fundamental de los derechos de todo habitante. pero tal ejercicio debe atender a los parámetros de decoro, respeto y consideración que es exigible, no solamente al empleado policial, o al empleado público, sino en las relaciones humanas en general.".---- Y las características propias del fundamental servicio que presta esa área del Estado a la Sociedad, se ve reflejado en la legislación especial que rige a este Personal, para quien se ha dictado un Estatuto propio, y un régimen de licencias particularizado.- Mis preponentes han citado y transcripto ampliamente estas reglas, las que contemplan expresamente el deber de asistencia, y prevén sanciones para la falta que importa su incumplimiento.

///--- 3.4.- El Régimen Disciplinario Policial dado por Dto. Nº 2427/77, considera como falta gravísima el abandono de servicios (art. 29 inc. 13).- La misma es la imputada al Sargento Primero B..- En SD N° 3/SCA/10 ("A..") adecuando el concepto que con anterioridad y en el marco de la L.C.T había expuesto en SD Nº 3/SRE/08 ("Q...."), la caractericé diciendo: ".para que exista.se requieren los siguientes requisitos: a) que exista una falta de asistencia al trabajo sin aviso y, en consecuencia, sin justificar; b) que se produzca una intimación por parte del empresario para que el trabajador reanude sus tareas; c) que el trabajador haga caso omiso de esta intimación y persista en su actitud de no concurrir a su trabajo sin dar razón de ello; d) que el apercibimiento para considerar consumado el definitivo abandono del empleo se haga efectivo, poniéndolo en conocimiento del trabajador. La doctrina se ha preocupado por recordar, con precisión, .lo que se ha dado en denominar "abandono incumplimiento". que se configura cuando, mediando por parte del trabajador una violación voluntaria e injustificada de sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo.desoye la intimación fehaciente que, a los fines de reintegrarse al trabajo, le curse el empleador."----- 4.- Que aconteció en autos? ---- Brevemente recordaré que herido el accionante el 14 de Enero de 1995, mientras se encontraba gozando de licencia anual reglamentaria, ///ésta es suspendida para dar inicio al uso de otra licencia, la prevista para enfermedad.----- 4.1.- La contradictoria referencia de las partes a este evento determina que me detenga en el mismo, aunque como definen mis preopinantes, ello no es una cuestión dirimente.---- Vale sin embargo decir, que si el actor se aferra a una licencia por accidente derivada de acto de servicio, porque pese a encontrarse de licencia ordinaria debió actuar como lo indica su estado policial, la Provincia -primero en la sede administrativa y luego en este juicio- afirma que no es tal.-- Ciertamente, la atenta lectura de los antecedentes que tengo a la vista, da razón a la accionada.- No veo demostrado que el infortunio haya tenido que ver con un "acto de servicio". El actor viene "cambiando" su versión de los hechos; "aparece" a posteriori de la denuncia administrativa y penal del hecho un pedido de auxilio de una voz femenina que antes no había mencionado, y no acredita esta circunstancia.- Al contrario, ha quedado debidamente demostrado que ese mismo día, horas antes del suceso, tuvo una discusión con varias personas que estaban en el ingreso a su casa, quienes se dispersaron y cuando el ahora actor volvió a salir -en horas de la madrugada del día subsiguiente- encontró a dos de los sujetos que conformaban aquel grupo, trabándose en riña con ellos, resultando herido de arma blanca. Los testimonios y elementos probatorios colectados en la causa penal (agregada por cuerda) son coincidentes para establecer que ninguna ///relación tuvo tal acontecimiento con las funciones propias del cargo de Policía; tampoco puede conectarse ese hecho con las obligaciones y deberes que el estado policial impone a sus agentes dependientes aún en ocasión de encontrarse de vacaciones.

Fue así que la Fiscalía de Estado se pronunció aseverando que "el evento dañoso no puede ser encuadrado como accidente de trabajo.descartándose que el agente en cuestión hubiera intervenido en función de su calidad de policía." (fs. 106 - Expte. N° 19441/00 T.C.), y con ello concuerdo.

Ello podría haber tenido importancia para quien acciona por la diferencia entre el término de licencias por enfermedad acordadas por el reglamento -Dto. Nº 343/90- más extensa con goce de haberes para este supuesto (art. 38, 39).- Así -claro- si el restablecimiento hubiera exigido uno superior al propio del previsto para las enfermedades que no son resultado de actos de servicio, lo cual no podía establecerse al producirse la lesión.----- 4.2.- Pero el tiempo fue transcurriendo.Con la justificación de 20 días iniciales prescriptos por la Dra. Q. (médica del Hospital de El Hoyo) se encorsetó su situación en los términos del art. 38° del Régimen de Licencias Policiales. Luego de ello, durante el mes de febrero de ese mismo año, en la Comisaría de El Hoyo, lugar en el que cumplía el hoy actor tareas administrativas, se recepcionaron diversos ///certificados médicos que daban cuenta de la necesidad de efectuar interconsultas en la ciudad de Esquel con otros facultativos y de esa manera abonó inasistencias hasta el 25 de marzo de 1995.

Tal como lo expuso el Dr. Royer en su voto, hay un segmento temporal imposible de reconstruir con las probanzas de la causa que se extiende desde la data antes mencionada y hasta el mes de Octubre también de 1995. En esa fecha, se le realiza una Junta Médica, que lo encontró "Apto para las funciones judiciales", al notificarse de lo cual de puño y letra escribió que no le indicaban si debía reintegrarse..- Tuvo su respuesta -positiva- el 8 de noviembre, pero al pie de la cédula expresó: ".no me hallo psicológicamente, anímicamente ni físicamente en condiciones de reintegrarme al servicio. ..presentaré justificativo." (fs. 48 Expte. N° 1428 - 1998).- Luego -no es clara la apoyatura en certificaciones médicas, salvo el tratamiento psiquiátrico seguido con un Dr. SILVA que no valida ausentismo - se dictó la Resolución N° 851 del 9 de noviembre, que lo colocó por 6 meses en Disponibilidad Simple (fs. 131 Expte. N° 19441/00 TC), de conformidad a las previsiones del art. 111° inciso b) del Dto. Ley N° 1561 y 38º del Dto. Nº 343/90; término legal que expiraba -cuentan mis colegas y coincido- el 21 de marzo de 1996, fecha de una nueva Junta.--- Como bien refirieron los Sres. Ministros preopinantes, hasta ese momento B. solamente remitió a las autoridades policiales aquella constancia médica antes aludida donde se refería que estaba ///realizando tratamiento psicológico.- Ya en el mes de Enero de 1996, mediante Nota acompañó Certificado Médico donde se destacaba la necesidad de someterlo a un nueva evaluación por esa causa.

Así es que la Junta del 21 de marzo de 1996, lo encontró APTO para reintegrarse a sus tareas habituales puesto que su estado general de salud, según certifican los especialistas intervinientes, sólo arrojaba una incapacidad del total obrera del 3%, razón por la cual concluyeron: "se encuentra en condiciones de reincorporarse al servicio en la Agrupación que reviste en la actualidad". Cierra el instrumento comentado la rúbrica de los facultativos y del actor, y como consecuencia de ello la División de Sanidad de la Policía emitió el respectivo Certificado de Alta.-- Ínterin, valga la aclaración, B. había girado diversas misivas a la Comisaría de El Hoyo -su destino- donde insistentemente requería, lo que según su unilateral interpretación era ajustado a derecho, esto es, que se modificara la licencia por enfermedad que se encontraba usufructuando y que desde un inicio fue encuadrada en el art. 38°, por la reglada en el art. 39º que es la que corresponde al agente de policía, cuando la enfermedad se produce o acaece como consecuencia de un acto de servicio, ambas normas del Régimen de Licencias Policiales.--- Claro está que, esas reiteraciones no encontraban respuesta por diversos motivos. En un primer momento, porque los Superiores subsumieron la cuestión en el primer precepto comentado, aguardando ///que la Fiscalía de Estado se expidiera sobre el evento dañoso del 14 de enero; ya que así se lo hicieron saber en varios tramos del Expediente. Por otra parte, conocida la opinión de ese Organismo, casi concomitante a la realización del examen médico descripto antes, resultaba improcedente la modificación pretendida en las cartas de B., ya que en uno u otro caso, lo que debía prevalecer era el hecho de que ya había obtenido el Certificado Médico de Alta de la División Sanidad que lo hallaba hábil para el cumplimiento de sus funciones.--- Es decir, debía sin más reintegrarse a prestar servicios, fuere que la enfermedad se debiera aun acto de servicio.o no.- Por qué motivo no justificó sus ulteriores faltas al servicio en marco reglamentario, no surge de autos, no lo expone en la demanda, y ello sellará la suerte de este pleito.- Porque sin lugar a dudas debió presentarse a cumplir sus tareas habituales en la Comisaría de El Hoyo el día 22 de Marzo de 1996.- O, a todo evento, hacerlo y luego insistir en el decaimiento de su estado de salud... Al decidir unilateralmente continuar inasistiendo, sin dar explicaciones, ni aportar comprobantes, ni invocar motivo alguno.incluso ya sumariado, ninguna sorpresa pudo constituir el acto, que aplicando las normas a rajatabla, lo destituye.

Y no sustituyen esta falencia las pericias que aportó como prueba en autos, dirigidas a demostrar daños derivados del cese mucho tiempo después, atentas sus pretensiones accesorias.- La desidia del actor es indefendible.- ///--- 5.- Ninguna excusa resulta audible al respecto, pues no es cierto que debiera aguardar algún tipo de comunicación que le indicara las tareas que podía realizar o en qué lugar.- Tuvo pleno conocimiento del dictamen al que había arribado la Junta Médica que, por su claridad, no merecía mayores explicaciones. Diagnóstico que -valga destacarlo- no fue opugnado. Además, la reglamentación advierte que cualquiera sea el plazo de licencia por enfermedad que se esté gozando, el Certificado que le extendieron los profesionales de la División Sanidad, pone coto a esos beneficios, ya sea originado o no en un acto de servicio y obliga al empleado a reintegrarse a cumplir tareas aún cuando no hubiesen caducado los plazos contenidos en los arts. 38° y 39º del Dto. Nº 343/90, último precepto éste cuya aplicación era reclamada por B. (art.46).- De ello deriva que, cualquiera fuese el encuadre legal de la Licencia por enfermedad, obtenido el Certificado de Alta, la única medida que procede es presentarse a retomar servicios, cualquiera fuese el estadio del goce de aquel beneficio.-- En cuanto a las excusas que ensaya el actor relativas a las dilaciones y demoras que se observan en el trámite administrativo, refiriéndose entre otras cosas al modo en que se iniciaron las actuaciones, la demora en sustanciarlas, las tardías comunicaciones con la URE, o la tardanza de las autoridades policiales para confeccionar los formularios establecidos por la reglamentación en aquéllos casos en que corresponde ///establecer si el accidente denunciado debe o no ser considerado como "de trabajo" o las acusadas desatenciones de sus superiores de las que dice haber sido objeto, entre otras, carecen de trascendencia.-- Compartiré al respecto los razonamientos de los Ministros que me precedieron con su voto.- Si bien es indudable que las actuaciones administrativas deben tramitarse atendiendo ciertas formalidades, no lo es menos que algunas omisiones o yerros no derivan inevitablemente en la declaración de nulidad del acto administrativo consecuente.- Para que así ocurra, el vicio de forma debe ser "trascendente", esto es, impedir que el procedimiento cumpla con su finalidad, o afectar seriamente la defensa de un modo insubsanable.- En este sentido se orienta el art. 34 inc. 2 de Ley I N° 18 (Dto.Ley N° 920).- Y esto no ha ocurrido.---- Ninguna afectación a los derechos del accionante surgen de las constancias administrativas examinadas, por el contrario emerge incontrastable que la Administración obró de plena conformidad con las previsiones legales. Así lo afirmo, porque los reparos del actor en cuanto al trámite impreso por la autoridad policial pueden ser considerados como simples deficiencias accesorias, que de ningún modo pueden ser asimilables a irregularidades en la sustanciación del procedimiento que puedan traducirse en la invalidez del acto que es su consecuente. Es decir, se trata de defectos sin ninguna derivación apta para invalidar la decisión que se adopta.--- Por lo demás y como es sabido, rige en materia el principio que COMADIRA expresa como "no interesa la indefensión sucedida en sede ///prejudicial si el interesado pudo defenderse ante la justicia", teoría que ha sido aplicada no sólo a sanear vicios estrictamente procedimentales sino también para cubrir deficiencias en la motivación de los actos (TAWIL-MONTI-La motivación del acto administrativo- Bs. As.- pág. 96/98).- Sin soslayar la importancia de las formas, advertí en mis votos en SD N° 05/SCA/03 ("M.N.S..."), 11/SCA/09 ("V. S.A. D. A. P. F. D."...) y recientemente en SD N° 01/SCA/10, que "a la jurisdicción revisora cabe medir la trascendencia de su omisión en los casos concretos traídos a decisión...".- (mi voto en el precedente "J..", ya citado).

Con lo dicho, solo me resta señalar que no advierto el acuse de nulidad que interpuso B., agraviándose de que el acto segregatorio en tanto se apartó de los acontecimientos de hecho resulta arbitrario. Tal alegación es vacua.----- En SD Nº 6/SCA/06 ("V..") reiterando mi voto en SD Nº 4/SCA/01 ("F.."), recordé la tesis de GORDILLO, quien considera que el vicio de que adolezca la causa, afecta a la voluntad administrativa e importa arbitrariedad, en la medida en que sólo aparezca fundado en el capricho del órgano del cual emana. A juicio de este autor quedan englobadas dentro del concepto de arbitrariedad las hipótesis que la doctrina del Derecho Administrativo menciona como ausencia de causa (o motivo) y falsa causa. Ello por cuanto en su concepción, la causa es un elemento de la legitimidad del acto llamado razonabilidad- que exige que ///éste repose sobre una justificación que lo fundamente racionalmente: cuando el acto desconoce racionalmente la situación existente, o pretende fundarse en una situación que no existe, es nulo (Tratado de Derecho Administrativo - Tº II- IX, pág. 33, Conf. SCMza. LL 129-1070- JA. 968-I-765- STCH SD Nº 36/91). Señalé además ".Si el administrador actúa sin que exista situación objetiva que justifique la decisión adoptada, o funde la decisión en otros hechos aparentes o falsos, o que carecen de relevancia para el caso -falencias de conclusión inatingente- o, se prescinde del orden jurídico sin dar razones plausibles, o si se da como fundamentos preceptos o pautas de excesiva amplitud o remota lejanía en relación con el caso en sustitución de normas positivas inmediatamente aplicables.y ello, al margen de la legitimidad del objeto, existe vicio en la causa determinante de la nulidad del acto."---- Y debo destacarlo, ninguno de estos supuestos se da en el sub-judice. Porque la medida disciplinaria impuesta al accionante por el acto administrativo cuestionado, no evidencia el vicio que éste alega.- Contrariamente, se halla debidamente fundado en los presupuestos de hecho y de derecho aplicables. La realidad es que, luego de un prolongado período de licencia por enfermedad, obtenida el Alta para retomar tareas y teniendo pleno conocimiento de ello, el actor no lo hizo sin apoyatura reglamentaria o legal; no retomó sus tareas ni aquél día ni los subsiguientes.- Infringiendo su obligación quedó incurso de ese modo en las causales del art. 29° inciso 13) concordante con el artículo 116° del Régimen Disciplinario Policial, que habilitaban la aplicación de la cesantía.

///--- En consecuencia, voy a coincidir con los Sres. Ministros prevotantes y me pronuncio por el rechazo de la demanda.---- ----A la segunda cuestión el Dr. ROYER dijo:- Según he votado la primera propicio: 1) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. O. R. B. contra la Provincia del Chubut; 2) Las costas de la acción deben imponerse a la parte actora (art. 69° Ley XIII N° 5, antes art. 68° CPCC). 3) Regular los honorarios del entonces Sr. Fiscal de Estado -Dr. Jorge Luis MIQUELARENA, por su intervención en dos etapas, en el 8% (2/3 del 12%) del monto del proceso que se precisará en la etapa de ejecución atendiendo al quantum de la pretensión indicado por el actor en la demanda a fs. 15 (punto 12). Se aplicará a esta suma la Tasa Activa para Préstamos Personales del Banco del Chubut S.A. hasta la fecha en que el pronunciamiento quede firme.- A sus apoderados Dres. J. F. J. y A. L. P., en forma conjunta, en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Sobre idéntica base, a los Apoderados del actor, Dres. M. F. C. B. y C. M. C. B., por dos etapas, en el 6% (2/3 de 7% + 30% de éste), en forma conjunta, valorados los trabajos profesionales según las pautas de los arts. 5° inc. a) a f), 6°, 8°, 9°, 37° y 46° Ley XIII N° 4 (antes arts. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto. Ley N° 2.200- T.O. Dto. N° 138/99). Todo, con más IVA si correspondiere.- 4) Sobre idéntica base propicio fijar los honorarios de la Perito Psicóloga -Lic. L. B. ///C.- en el 1% del monto del pleito de conformidad a lo normado en el art. 61° de la citada Ley. En tanto no procede la regulación de honorarios profesionales de los demás Peritos Médicos que, como integrantes del Cuerpo Médico Forense de este Poder Judicial, tuvieron participación en estos autos.

A idéntica cuestión el Dr. CANEO dijo: ----- Según voté la primera acuerdo con la solución que propicia el Dr. ROYER.----- A la misma cuestión dijo el Dr. PASUTTI: -- Concuerdo en la solución que propician los Sres. Ministros preopinantes.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado por mayoría dictar la siguiente; ---- --S E N T E N C I A: ----- 1º) RECHAZAR la demanda instaurada por el Sr. O. R. B. (D.N.I Nº **.***.***) contra la Provincia del Chubut.-- 2º) COSTAS a la actora (art. 69 Ley XIII N° 5 -antes art. 68 CPCC).- ///--- 3º) REGULAR los honorarios del entonces Fiscal de Estado -Dr. Jorge Luis MIQUELARENA-, por su participación en dos etapas, en el 8% (2/3 del 12%) del monto del proceso calculado como se determina en la Segunda Cuestión.- A sus Apoderados, Dres. J. F. J. y A. L. P., de manera conjunta, en el 30% de lo regulado a su patrocinante. Y a los Apoderados del actor, Dres. M. F. C. B. y C. M. C. B., por dos etapas, de manera conjunta y sobre la misma base en el 6% (2/3 de 7% + 30% de éste), valorados los trabajos profesionales según las pautas de los arts. 5° inc. a) a f), 6°, 8°, 9°, 37° y 46° Ley XIII N° 4 (antes arts. 6° inc. a) a f), 7°, 9°, 10°, 38° y 47° del Dto. Ley N° 2.200- T.O. Dto. N° 138/99). Todo, con más IVA si correspondiere.---- 4°) REGULAR los honorarios profesionales de la Perito Psicóloga -Lic. L. B. C. - en el 1% del monto de condena (art. 61° de la Ley citada) con más IVA si correspondiere.-- 5º) REGÍSTRESE y notifíquese.---- Fdo. Dres. José Luis Pasutti, Fernando S.L. Royer y Daniel Luis Caneo.- RECIBIDA Y REGISTRADA EN SECRETARIA EL 31 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NRO. 03/SCA/2011.