marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Ranza Fabiana Mariel c/ Mas Automotores S.A. y otro s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2000-02-09

De las constancias de autos, se desprende que desde la diligencia del trámite apelatorio al planteo de caducidad, se encuentra operado el plazo previsto en el art. 146 inc.b) de la ley 2383. Existiendo recurso concedido, la interesada ha dejado transcurrir los plazos legales sin activar el trámite para elevar el expediente al Tribunal de Alzada. Encontrándose superado el período de seis meses que habilita la procedencia de la perención de segunda instancia prevista en el artículo y ley mencionada precedentemente, corresponde declarar la caducidad de segunda instancia del recurso interpuesto por la embargada.
Medidas cautelares, valor probatorio, suspensión de decisión asamblearia
Materia: COMERCIAL
Carátula: De Marzio, Alejandra Beatriz s/incidente art 250.  c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-02

Cabe desestimar las medidas cautelares solicitadas en el escrito de inicio. Es que, la insistencia del accionante en el decreto cautelar, se sostiene argumentalmente en el valor probatorio que asigna a ciertos episodios, los cuales no dejan de ser una visión propia, parcializada y subjetiva de los hechos acaecidos (cfr. mutatis mutandi, esta Sala 5/10/10 "Gomez Elisa Nilde c/ HSBC La Buenos Aires Compañía de Seguros SA s/ medida precautoria"; íd. 6/12/11, "Gemabiotech SA c/ Daelli Marcelo Gustavo y otros s/ medida precautoria"). En el caso, no parecería darse que la medida solicitada sea indispensable para evitar la consumación de hechos que causen un perjuicio irreparable a la sociedad. Por el contrario, mantener una decisión asamblearia en estado de latencia -tal como propicia el recurrente- podría implicar un grave perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión de accionistas que ahora se impugna.
Competencia civil, honorarios del abogado, pacto de cuota litis, homologación judicial, juicio ejecutivo, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: VILLEGAS, Florencia c/ MOTATORIO, René Leopoldo s/ EJECUCION DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Corresponde intervenir a la Justicia Civil, en la homologación de un pacto de cuota litis -a efectos de preparar la vía ejecutiva para su cobro- del cual se desprende que el porcentaje convenido por los firmantes se refiere a las tareas desarrolladas por los letrados en más de un proceso.
Efectos de la sentencia penal en sede civil, cuestiones prejudiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRANDAN, LUIS ANTONIO c/ RAMON EDUARDO RAMOS Y CARLOS DANIEL CAMPOS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-07-14

La aplicación del art. 1.101 del código civil, procede en cualquier instancia en que se encuentre el proceso civil. Corresponde suspender el pronunciamiento de una causa en segunda instancia hasta tanto se dicte sentencia definitiva en sede penal.
Sobreseimiento, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MOVIMIENTO TERRITORIAL DE LIBERACION. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-03

Si el sobreseimiento apelado no especifica cual de las hipótesis del  art. 336 del C.P.P.N. lo sustenta, debe decretarse su nulidad.
Elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, lista de precandidatos, discriminación por razones de sexo o inclinación sexual
Materia: ELECTORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Incidente de Ciudad Futura Nro. 202 - distrito Santa Fe en autos Ciudad Futura Nro 202 - distrito Santa Fe c/  s/ elecciones primarias - elecciones 2017
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-07-13

Debe confirmarse la sentencia que había ordenado al apoderado de un partido político que presentó una lista de precandidatos a diputados nacionales integrada exclusivamente por mujeres, a presentar una nueva nómina compuesta por postulantes de ambos sexos, puesto que si bien es cierto que la ley 24.012 fue sancionada en resguardo de los derechos de las mujeres a gozar de iguales oportunidades que los hombres en la postulación para cargos electivos, ello no implica que no deba resguardarse idéntico derecho para los hombres, máxime cuando el art. 37 de la Constitución Nacional garantiza iguales derechos a ambos sexos, sin ningún tipo de diferenciación.
Superintendencia, jueces, comisiones parlamentarias, comisiones investigadoras
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SAJ  Dra. Servini de Cubría, María s/ su presentación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-03

Resultaba inexcusable que la juez que concurrió a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre el trámite de un expediente, hubiese recabado la autorización del órgano de superintendencia.
Inadmisibilidad del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LOBAIZA, Humberto José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-18

La disidencia sostuvo que el recurso era inadmisible, toda vez que en el caso no se verifica una cuestión federal conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Nunzio" (Fallos, 328:1108). Dres. Carbajo, Ledesma -en disidencia- y Borinsky.
Inadmisibilidad del recurso, procesamiento, prisión preventiva, transporte de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: López, José Luis c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-14

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la confirmación del procesamiento con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el art. 5º inc. "c" ley 23.737, pues no se demostró la existencia de un agravio federal debidamente fundado, la resolución impugnada ha satisfecho el "derecho al recurso" y el a quo valoró la gravedad del hecho endilgado -el transporte de 117,667 kg. de marihuana distribuidos en 320 envoltorios, hallados ocultos en el vehículo que conducía- y la pena en expectativa prevista para el delito, así como el estado embrionario de la investigación.
Suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires-
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-10

La resolución que dispuso revocar la suspensión del proceso a prueba y no hacer lugar a la solicitud de la audiencia prevista por el art. 311, CPPCABA acarrea una nulidad (art. 72, 3, CPPCABA) susceptible de ser declarada, aun de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, porque implica la violación de una norma constitucional -derecho de defensa o derecho a ser oído- (arts. 71, tercer párrafo y 73, CPPCABA). (Voto en disidencia de la Dra. Alicia E. C. Ruiz).
Abuso de armas, amenazas calificadas, amenaza con arma
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, JORGE s/ ABUSO ARMA - AMENAZAS CALIFICADAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-24

1) La acción de disparar un arma sin apuntar sobre persona alguna, no satisface el requisito expresamente requerido por el art.

104 C.P.

2) La omisión de probar con el grado de certeza necesario el elemento subjetivo, impide tener por configurado el delito de amenazas calificadas por el uso de arma.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, semáforo, vehículo en emergencia, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: Bacigalupo, Héctor Antonio c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-09-03

La luz verde no constituye "bill" de indemnidad para avanzar prescindiendo de cuanto hubiere delante; principio este tanto más válido cuando se trata de un patrullero policial circulando con balizas encendidas y con sirena.
Acción de amparo, demanda, ampliación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MOSCELLINI, MIGUEL Y OTROS c/ JUNTA ELECTORAL Y/O SUTRAQYP s/ AMPARO - MEDIDA CAUTELAR SINDICAL (Expte. Nro. 381-99, RESOLUCION N 151  , Tomo 24, Folio 213)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-08

De acuerdo con lo previsto en el art. 13 de la ley 10.456, es de aplicación lo dispuesto en el art. 135 del Código de Proc. C. y C. en donde se regla que el demandante no podrá variar la pretensión entablada después de haber sido contestada la demanda, pero podrá ampliar o moderar la petición siempre que se funde en hechos que no impliquen un cambio de pretensión, derecho que se encuentra limitado en cuanto a la oportunidad de proponerlo por la norma que sigue. La demanda no es inmutable, y como tal pueden suscitarse circunstancias que lleven a la necesidad de alterarla. Lo que regulan las normas en cuestión es hasta qué oportunidad y hasta qué límites esas alteraciones o mutaciones se consideran procedentes, de modo tal que no se rompa el equilibrio entre las partes ni se viole el derecho de defensa en juicio. En nuestro régimen procesal, la demanda y su contestación delimitan el "thema decidendum", que no puede ser modificado posteriormente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, pautas orientadoras, jueces, equidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOETTO, SANTIAGO c/ SOTOMAYOR, MARIO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. JUICIO EJECUTIVO (EXPTE. C.S.J.  NRO. 60 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

La Corte Suprema de Justicia nacional ha sostenido que "Si bien el juez no puede, en principio, juzgar de la equidad de la ley no sólo puede sino que debe juzgar con equidad en los casos particulares sometidos a su decisión. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica reñida con la naturaleza misma del derecho y conduciría, a menudo, al absurdo, que ya previeron los romanos: 'summun jus, summa injuria'.

Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo 'in concreto', y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia" (Del Voto del Dr. Vigo)
Competencia por la materia, competencia federal, servicio público, telefonía celular
Materia: PROCESAL
Carátula: PROCONSUMER c/ CTI  COMPAÑIA  DE  TELEFONOS  DEL INTERIOR SA s/ SUMARISIMO. INTERIOR SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-18

Resulta competente la justicia en lo civil y comercial federal para entender en un reclamo contra CTI compañía de teléfonos del interior SA, en los términos de la ley 24240 para que se la condene a la devolución de la totalidad de sus clientes consumidores, que sean personas físicas, por aquellos importes cobrados en sus facturas en concepto de cargos por uso de redes de telefonía fija o por el uso de la red de telefonía pública nacional, en exceso al límite legal establecido. Ello así por cuanto, aún cuando no se reclaman deficiencias en la prestación del servicio de telefonía móvil sino el reintegro a los usuarios de cuestionados montos facturados, no es posible descartar la aplicación de normas federales para la solución del diferendo. Por lo tanto, ni la actividad comercial de la empresa privada ni la aplicación de normas de derecho común desplazan la competencia federal por aparecer involucrada la prestación de un servicio público y la eventual interpretación de normas federales que la rigen (sala b, 20.9.01, "Nahoum c/ Telefónica de Argentina s/ sumarísimo"; sala d, 5.8.99, "Metrogas SA c/ Segovia, Rómulo s/ Ord."). Así, dado que la tarifa de un servicio público esencial no es exclusivamente contractual, máxime que el régimen de suministro debe ser implementado y autorizado por cada ente regulador, la relación jurídica se enmarca en el ámbito federal.
Cosa juzgada, multa procesal, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Noguera, Carlos Julio c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Vulnera el principio de la cosa juzgada la sentencia que estableció el interés para determinar la multa en el 6% anual modificando una resolución anterior que había dejado firme el punto relativo a que los intereses debían duplicarse a la tasa que efectivamente cobraba el Banco de la Nación a la fecha de dicha decisión que era del 13,5%.
Desviación de poder, prisión preventiva, culpabilidad, imputado, prescripción de la acción penal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Martínez de Hoz, José Alfredo A. s/ infracción art. 265 del Código Penal -causa N. 22.372-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-23

El pronunciamiento se encuentra alcanzado por el vicio de "desvío de poder" si, en el dictado de la prisión preventiva, el juicio provisional acerca de la posible culpabilidad, apoyado en un principio de sospecha fundada en la existencia de elementos suficientes para dar paso a una acusación, fue preterido en aras del objetivo de impedir que se operase la prescripción de la acción penal respecto del imputado.
Derecho constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VIVANCO OLGA SUSANA c/ PROVINCIA DEL NEUQUEN s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-20

Habré de adherir a los fundamentos y conclusión del vocal del primer voto, atento considerar que la pretensión de la actora tiene como objeto la adecuación a una categoría que estima le corresponde conforme el nuevo encuadramiento estatutario, trayendo a la consideración aspectos opinables acerca de las funciones que cumpliera y decisiones administrativas adoptadas desde el año 1999, extremos que además de requerir un mayor amplitud de debate y prueba, no supera el límite establecido en los art. 1, 3.1 y 3.3 de la Ley 1981, que precisamente contempla un proceso sumarísimo con objeto de restituir inmediatamente el derecho constitucional cierto y líquido, frente a una palmaria violación legal o arbitrariedad, cuando de los presentes no se desprende con precisión que se haya reducido el haber mensual con motivo de la recategorización. (del voto del Dr. Medori).
Arraigo, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: FOLIGNOLI, G. c/ LAFALCE, J. s/ NULIDAD DE TESTAMENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-29

Para la fijación del monto del arraigo, facultad del Tribunal, deben tenerse en cuenta los hipotéticos gastos y honorarios que puedan ocasionarse a la parte accionada, con motivo de la promoción del juicio.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, cómputo del plazo, días inhábiles, feria judicial, medidas de fuerza
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA c/ MC EWAN, SUSANA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

Para el cómputo del plazo de caducidad de la instancia, se establece una regla distinta de la que rige los plazos en general (art.156 del Código Procesal) desde que se comprenden los días inhábiles, salvo los que corresponden a las ferias judiciales (art 311 cód.citado).

No corresponde a esos fines el descuento de los días en que, debido a la existencia de medidas de fuerza ocurridas en el Poder Judicial de la Capital Federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió los términos.
Jurisdicción administrativa, adicionales de remuneración, juicios contra el Estado, presentación extemporánea
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Vivanco, Luis Alberto y Otros c/ Poder Ejecutivo Provincial s/ Acción de Nulidad y Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-04-30

Los actores en autos, mediante apoderado, entablan demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción en contra del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que se declare la nulidad de la Disposición D.P.P. Nº 4753 de fecha 21 de Junio de 2007, emitida por la Dirección Provincial de Personal del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; se deje sin efecto la compensación del Adicional Específico por Servicios Educativos, Culturales, Científicos y Tecnológicos, con el Adicional por Diferencia Escalafonaria y se disponga la liquidación y acreditación de dicho adicional más intereses, en las respectivas cuentas de sueldo de los actores.

La jurisdicción y competencia de este Tribunal se encuentra habilitada para entender en la presente causa.

Se cuestiona y se califica de extemporánea la presentación del Pronto Despacho luego de casi un año de la interposición del Recurso Jerárquico. La crítica esgrimida no revela asidero suficientes dado que interpuesto el Recurso Jerárquico con fecha 14 de septiembre de 2007, a los noventa días sin resolución, recién se genera una situación de denegatoria tácita por el silencio y recién la posibilidad de habilitar competencia más allá de ese término.

El dispositivo legal no determina un plazo dentro del que debe hacerlo. Siendo ello así, reparo que si bien no hay un límite legal de tiempo para que el administrado pueda hacer uso de esta atribución, el mismo no debe ser indefinido y ser ejercido en tiempo prudencial.

De este modo hacer uso de esta facultad a los ocho meses, aprecio, está más cerca del límite de lo aceptable y no de lo extremadamente exagerado.
Empleo público, remuneración, diferencias salariales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Jasmillin,  Emiliano    Guillermo c/ Dirección   General  deFabricaciones Militares s/ empleo público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-02-23

Tenían derecho a la percepción del adicional denominado Renta Mayor Horario únicamente aquellos agentes dependientes de la entidad demandada que desarrollarán sus tareas como "personal mensualizado", y siempre que demostrasen más de 40 horas semanales (Del voto del juez Márquez, cons. XI).
Jueces, recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAPINO GLADYS EN J.:  52110 MONTIRONI c/ SAPINO s/ div - ej - Sentencia (LIBRO: A073 - 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-03-24

El solo hecho de disponer traslado del escrito presentado por la contraparte, no importa adelantamiento de opinión.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles
Materia: PROCESAL
Carátula: Solbingo  S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ inconstitucionalidad de decreto 690/88.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-23

Se ha atribuido el carácter de causas civiles a los casos en los que su decisión hacía substancialmente aplicables disposiciones del derecho común, entendido como tal el que se relaciona con el régimen de legislación contenido en la facultad del art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional.
Contratos administrativos, concesión administrativa, permiso de uso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JAYAT, EDUARDO c/ M.C.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-11

En el acto administrativo que general el permiso de uso se aprecia la concurrencia de voluntades, como tal puede decirse que es bilateral. Sin embargo, no lo es en cuanto a las obligaciones que genera, ya que no inviste al permisionario de un derecho subjetivo ni a la administración de un deber correlativo. La concesión, en cambio, bilateral en su génesis también lo es en cuanto al número de partes para las que crea obligaciones. Se computan como elementos diferenciadores el tiempo de duración y la importancia económica o trascendencia social de la empresa a instalarse en el sector de cosa pública. El permiso por su esencial precariedad, suele otorgarse por breve plazo, la concesión lo es a perpetuidad o por un número de años suficientemente prolongado. El permiso de uso suele darse para una empresa o actividad de poca importancia, la concesión, en cambio, es propia de aquellos emprendimientos que ostentan mayor importancia económica, o al margen del interés del concesionario, tienen en mira al beneficio social.
Honorarios del abogado, base regulatoria, daños y perjuicios, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ, Felipe c/ GUILLERMO DECKER S.A.I.C.A.F.I. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-04

Al calcular los emolumentos profesionales en un proceso en el que se persigue el cobro de los daños y perjuicios padecidos por un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, iniciado bajo el amparo de la ley 24.028 (sea según el sistema de responsabilidad especial o de acuerdo a las reglas del derecho común), es de aplicación el art. 17 de dicha norma, de donde los honorarios de todos los profesionales intervinientes se calcularán en función de los trabajos realizados, con abstracción del monto reclamado en la demanda, lo que se encuentra fuera del ámbito del límite que establece el art. 1º de la ley 24.432.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, cuestión de derecho público local, incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Colorantes Industriales Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Quedan excluidos de la jurisdicción originaria los procesos en los que se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de estas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, legislativos o judiciales de carácter local.
Violación, acción, desistimiento
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E. R. D. - L. A. G. s/ Violación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-07-17

No es procedente el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia del a-quo que tuvo por desistido a la actora de la acción de violación iniciada. Ello así, ya que los representantes de la actora civil no comparecieron a la iniciación de la primera audiencia de debate que se dispuso ante el Tribunal que iba a entender lo atinente a la cuestión civil, ni presentaron conclusiones en tiempo oportuno, art. 83 del Código Procesal Penal.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, impulso procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Carmele, Jorge Javier c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario - Recurso contencioso de plena jurisdicción  (Expte.: C.S.J Nro. 692 Año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

No puede prosperar el agravio del recurrente fundado en que considera que el propio Tribunal era el que debía realizar la actividad contemplada por el artículo 24 de la ley 5356, desde que uniformemente la Corte local ha sostenido que en el régimen del Código Contencioso Administrativo -Ley 4.106- la carga de impulsar el trámite pesa sobre la parte actora, no pudiendo alegarse -como aquélla lo pretende- que el dictado de un proveído trasladó el impulso procesal al oficio y configuró una situación de paralización del juicio por una causa independiente de la voluntad del recurrente. De allí, que corresponda mencionar que si lo que pretendía era mantener vivo el proceso, a ella le incumbía instar la realización del acto procesal adecuado al estado del mismo e idóneo para hacerlo avanzar hacia su fin.