Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-11


CAUSA N° 5014/09 E. H. A. C/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE JUSTICIA SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS Y OTROS S/ ACCIDENTE DE TRABAJO/ENFERMEDAD PROF. ACCION CIVIL Juzgado n° 1 Secretaría n° 1 En Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2014, se reúnen en Acuerdo los Jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el sorteo efectuado, la doctora María Susana Najurieta dijo:

1. La sentencia de fs. 821/825 rechazó la demanda promovida por el señor H. A. E. contra el Estado Nacional-Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos por considerar que el evento dañoso ocurrido en el establecimiento penitenciario de Marcos Paz el 15 de enero de 2007, que dejó secuelas en el actor, consistía en un típico enfrentamiento propio de la función que desempeñaba E. en la fuerza de seguridad a la que pertenecía, razón por la cual correspondía aplicar la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 321: 3363 y Fallos 330: 5205. Ello conducía a declarar la irresponsabilidad del Estado Nacional y rechazar la demanda dirigida en su contra, con costas en el orden causado. En cuando a la acción dirigida contra La Segunda A.R.T. el señor juez a-quo estimó que el actor no había imputado ninguna conducta que generase la responsabilidad de esta empresa, habiendo reconocido que había satisfecho las prestaciones comprometidas correspondientes a la ley de riesgos de trabajo. Consecuentemente, rechazó la demanda dirigida contra la aseguradora, con costas a la actora de conformidad con el principio objetivo de derrota.

2. Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 830. El memorial de agravios corre a fs. 839/847 y recibió la contestación de fs. 849/850 de la parte demandada.

3. Me parece pertinente señalar que el tribunal sólo se ocupará de los aspectos decisivos de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias ni tratar todas y cada una de las argumentaciones que formula el recurrente, siendo muchas de ellas repetición de argumentos ya descartados por el magistrado de primera instancia (doctrina de la Corte Suprema de Justicia, Fallos 287: 271; 294; 466; esta Cámara, Sala I, causa 4941/04 del 24/5/07; Sala II, causa 748/02 del 2/7/08, entre otras).

A mi modo de ver, las cuestiones fundamentales planteadas en la apelación del demandante son las siguientes: a) la impugnación de la aplicación por el juez de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia en Fallos 321: 3363 y Fallos 330: 5205, puesto que no fue invocada por ninguna de las partes y, además, se ha incurrido en una incorrecta interpretación de la causa G.807 XLV "García" del 20/12/2011, puesto que en autos no se trata de un enfrentamiento armado; b) la omisión de la línea jurisprudencial de esta Sala, que ha hecho repetida aplicación de la doctrina sentada en la causa "Mengual" y "Lupia": c) el enfoque equivocado de la demanda dirigida contra La Segunda A.R.T. a quien se le imputa incumplimiento de sus obligaciones asumidas en la póliza, pues no abonó montos dinerarios por incapacidad y d) la injusticia en la decisión sobre costas.

4. En primer lugar, es oportuno recordar que a los jueces nos corresponde calificar las pretensiones deducidas por las partes según la ley, declarando el derecho de los litigantes. Conforme al principio iura curia novit, una vez establecidos los hechos probados, es el juzgador quien tiene el deber y la facultad de efectuar el encuadre jurídico pertinente, y por ello la sentencia debe ser una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con los hechos constatados en la causa (Arazi-Rojas, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo 1, edición 2007, p. 647 y nota 26; Gozaíni Osvaldo Alfredo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo I, p. 415). Puesto que el litigio consiste en un juicio de responsabilidad del Estado Nacional por lesiones sufridas por un miembro del Servicio Penitenciario Federal en el pabellón en que se encontraba en actos de servicio, es aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia federal involucrada, que ha sido expresada en las causas L.377 "Leston Juan Carlos c/Estado Nacional-Ministerio del Interior-Policía Federal" y A.1372 XXXVIII "Aragón Raúl Enrique c/Estado Nacional Gendarmería Nacional", ambas falladas el 18 de diciembre de 2007. Los fallos de esta Cámara que cita el apelante son anteriores a los citados precedentes que, por tratarse de materia federal específica, he seguido en expedientes similares al presente. Si bien es cierto que los fallos de la Corte Suprema de la Nación no son obligatorios para los tribunales inferiores -fuera, claro está, de las causas en las que se emiten-, sabido es que el Alto Tribunal es el intérprete final de la Constitución (doctrina de Fallos 1: 340) y que existe la obligación moral de seguir sus pautas jurisprudenciales, tanto por razones de economía procesal como por la necesidad de favorecer la seguridad jurídica.

La doctrina señalada, que ha sido aplicada por el magistrado de primera instancia en la presente causa, no ha sido afectada por el dictado del fallo in re G.807 XLV "García José Manuel c/Estado Nacional-Ministerio de Defensa-Ejército Argentino" del 20 de diciembre de 2011. Precisamente, en esta causa la Corte Suprema efectuó distinciones entre los eventos dañosos ocurridos con motivo de "acciones bélicas", "enfrentamientos armados" y "misiones específicas de la fuerza de seguridad de que se trata", del concepto genérico de actos de servicio, los que pueden abarcar sucesos de tipo netamente accidental. Ahora bien: conforme a los hechos demostrados referentes al suceso ocurrido el 15 de enero de 2007, en que el señor H. A. E. fue atacado por un detenido en el Pabellón del penal en donde desempeñaba su función de celador, parece evidente que se trata de un riesgo propio y específico de la misión oficial que se le había confiado. Por tal motivo, mi conclusión es similar a la del juez de primera instancia y juzgo, como él, que el actor no puede pretender una indemnización complementaria con sustento en las normas del derecho común (esta Sala, causa n° 7896/06 del 16/4/2013, entre muchas). 5. En cuanto a los agravios que el actor dirige contra La Segunda A.R.T. (fs. 845 del memorial y ss), no advierto cuál es el reproche concreto que dirige a los argumentos por los cuales el juez rechazó la demanda, puesto que insiste en endilgarle responsabilidad basada en el derecho común, por una parte y, por la otra, en reclamar prestaciones dinerarias y en especie, en tanto el actor ha reconocido que la A.R.T. satisfizo las prestaciones en especie y que no se ha demostrado mediante pericial médica cuál sería la incapacidad por la cual el actor estaría habilitado a formular reclamos contra la aseguradora. En consecuencia, los párrafos desarrollados respecto de esta cuestión no satisfacen las exigencias formales contenidas en el artículo 265 del Código Procesal pues el mero desacuerdo, la acumulación de alegaciones que no se ajustan a las constancias de la causa y la reproducción de argumentos que ya fueron rechazados en la sentencia, no constituyen agravios idóneos y conllevan la deserción de la apelación en este punto (artículo 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esta Cámara Sala I, causa 8367/00 del 11/11/03; causa 12.508/04 del 2/5/06, entre otras).

En cuanto a las costas, los argumentos del apelante se sustentan en la posibilidad de revocación de la sentencia, circunstancia que desestimo pues entiendo que el juez ha resuelto las pretensiones conforme a derecho y respetando los hechos probados de la causa.

Por lo expuesto, expreso mi voto en el sentido de rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas a la recurrente en Alzada.

El doctor Francisco de las Carreras adhiere al voto que antecede.

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de la parte actora y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Con costas de Alzada a la recurrente vencida (artículo 68, primera parte, Código Procesal).

Una vez que sean regulados los honorarios por los trabajos de primera instancia, se procederá como corresponde en Alzada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas n° 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

María Susana Najurieta-Francisco de las Carreras