Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-27


SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y DOS En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de agosto de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia de Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 26/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Sra. Defensora Oficial Nº 5 en Expte. 512/2011 caratulado 'Salas Bulacios, Julio Daniel - s/salidas transitorias- Capital' ", contra el Auto Interlocutorio Nº 31 del 12 de marzo en curso, por el que el Juzgado de Ejecución resolvió no hacer lugar a la solicitud del penado Julio Daniel Salas Bulacios, de incorporación al régimen de salidas transitorias, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el fallo imputado, por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso es presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada y se dirige contra sentencia equiparable a definitiva en tanto la cuestión no susceptible de ser revisada eficazmente en oportunidad posterior, por lo que es formalmente admisible.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 31, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: primero, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; y en tercer término la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº TREINTA Y UNO, del 12/03/2012, el Juzgado de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, resolvió: "I) No hacer lugar al pedido de incorporación al Régimen de salidas transitorias incoada por el interno Julio Daniel Salas Bulacios, por la no concurrencia del requisito previsto en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660, y por lo señalado en los considerandos V y VI".

Para decidir como lo hizo, el juez a quo consideró la opinión desfavorable del Servicio Criminológico y del Consejo Correccional del Penal en el que se encuentra alojado el interno, y que, no obstante los importantes avances logrados por éste durante el tratamiento penitenciario -conforme lo señalado en los informes interdisciplinarios-, las reiteradas condenas (3) dictadas en su contra y su persistencia en el ámbito delictual durante los espacios de tiempo en los que gozaba de semilibertad permiten inferir que encuentra dificultades para respetar las normas sociales de convivencia y encontrar otras alternativas de vida, por lo que existe el riesgo de que no acate las obligaciones que le sean impuestas en caso de ser reincorporado al régimen que pretende.

II. Contra esa decisión, es interpuesto este recurso de casación, por los motivos previstos en los incs. 2º y 1º del art. 454 del Código de Procedimientos Penales, por aplicación errónea de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por errónea aplicación de la ley de fondo.

En esa dirección, quien recurre manifiesta que la resolución del juez a quo contraría los principios de legalidad y de progresividad de la ejecución de la pena en tanto ignora los informes positivos elevados por las distintas áreas del Servicio Penitenciario y funda la negativa en una circunstancia que no constituye un obstáculo legal para el otorgamiento de las salidas transitorias solicitadas: la recaída del causante en el delito, a la que se refiere la condena de cuya ejecución se trata en las presentes, por haber sido cometido el hecho en oportunidad de las salidas concedidas al interno al tiempo de la ejecución de una condena anterior.

III. 1. Después de estudiar el planteo efectuado observo que, como señaló el juez en la resolución impugnada, de los requisitos legales exigidos para la concesión de las salidas transitorias solicitadas, concurren en el caso los vinculados con el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo de la condena temporal impuesta al causante, Julio Daniel Salas Bulacios, y con la inexistencia tanto de causas penales abiertas en las que interese su detención como de condenas al mismo pendientes de ejecución.

2. Constato asimismo que el Juez de Ejecución resolvió no conceder las salidas transitorias solicitadas por la opinión desfavorable a esa solicitud, emitida por el Servicio Criminológico y el Consejo Correccional del Servicio Penitenciario de esta provincia (en el que se encuentra alojado el causante).

Según esa opinión, las salidas no son aconsejables debido a la escasa capacidad del penado para cumplir en el medio libre las normas de conducta puestas a su cargo, la que es deducida del hecho que el delito de la última condena fue cometido por el causante mientras se encontraba gozando de las salidas transitorias que le habían sido otorgadas cuando se encontraba cumpliendo una condena anterior.

Para denegar la solicitud, el juez a quo expresó su coincidencia con el criterio referido, e invitó al interno a intensificar el tratamiento penitenciario como paso previo a futuras consideraciones de derechos de egresos extramuros.

3. En los términos reseñados, estimo que el agravio invocado no es de recibo dado que la resolución impugnada no presenta los defectos que le son atribuidos en el recurso.

Así lo considero debido a que, aunque el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad ha sido atemperado reglamentariamente por el legislador mediante la institución de mecanismos que antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre, de conformidad con el Principio de Judicialización de la Ejecución Penal consagrado en esa reglamentación (arts. 3 y 4 Ley 24.660), se encuentra a cargo del Tribunal de Ejecución, no el mero cómputo de los requisitos para las salidas transitorias reguladas en dicha ley y enumerados en el art. 17, en tanto la sola reunión de éstos no determina el acceso automático a las salidas transitorias solicitadas por el interno, y la evolución favorable de su conducta personal y social en el establecimiento penitenciario constituye sólo una pauta que habilita a profundizar el examen de las demás circunstancias útiles para evaluar el resultado probable que fuera del establecimiento tendría su tratamiento penitenciario, dado que la potestad represiva del Estado no se agota con el dictado de la pena justa y requiere asegurar su cumplimiento y con ello su función sancionatoria y de prevención especial y general.

De modo que, si bien los informes mencionados en el referido artículo 17 están previstos para ilustrar al Tribunal de Ejecución sobre el estado, concepto, conducta y evolución del interno en el establecimiento penitenciario, la mencionada ley de aplicación no deja al arbitrio de los funcionarios penitenciarios la ejecución de las sanciones penales por lo que, aunque de consulta obligatoria, la opinión administrativa sobre la solicitud del penado no es vinculante y está sometida al control judicial. Esa faena, demanda al Tribunal un estricto juicio crítico sobre los informes solicitados, a fin de: establecer la coherencia lógica y la razonabilidad de las conclusiones de cada uno y en su conjunto, y lo autoriza a solicitar las aclaraciones y ampliaciones que juzgue convenientes y a requerir toda la información que estime pertinente para decidir sobre la pretensión del interno.

4. En el caso, dan cuenta los informes particulares agregados al legajo que el interno tiene buen concepto y es ejemplar su conducta en el Penal, según la Guardia (fs. 12); concurre al 2º año de la escuela secundaria y tiene buena asistencia a las clases y buen concepto en el Área Educación (fs. 15); las condiciones sociales de la novia del causante, propuesta como su tutora, fueron apreciadas como adecuadas para que el penado se reinserte y se relacione con su familia vincular (fs.20); su estado psicológico es estable, con ánimo compensado, mostrando arrepentimiento, especialmente con relación al accionar delictivo desplegado mientras gozaba del beneficio de salidas laborales, aduciendo diversos motivos, especialmente el uso de sustancias psicoactivas, además de amistades que influyeron negativamente en su vida pasada, refiriendo encontrarse en abstinencia, desde hace al menos dos años, en el uso de ese tipo de sustancias (fs. 22), con antecedentes de tratamiento psicofarmacológico con el Dr. Dennis Ríos Ovando, ex médico del Servicio Penitenciario, especialista en adicciones, estable y con prescripción de psicofármacos para su salud mental (Dormicum 15mgr. -hipnótico, 2 comprimidos diarios) (fs. 17).

Sin embargo, como dije antes, esos informes, invocados en el recurso sobre el concepto y evolución del interno intramuros, no eximen al magistrado encargado del control de la ejecución de la pena de considerar otros indicadores para superar, en la medida de lo posible, la incertidumbre sobre el comportamiento que podría adoptar el interno si fueran autorizadas las salidas que procura.

Es que, a diferencia de lo que acontece cuando el agotamiento de la pena por su total cumplimiento extingue irremediablemente la facultad estatal de mantener al condenado privado de su libertad, aunque su liberación implique un serio riesgo para él o la sociedad, las libertades anticipadas previstas por la ley 24.660 no deben ser concedidas si el examen de las circunstancias relevantes que debe preceder la decisión sobre su solicitud permite presagiar como probable la reincidencia del penado.

Por ende, considero que es acertada la decisión denegatoria de la solicitud formulada en tanto, con la comprobada conducta antisocial y delictiva invocada como fundamento esencial de la resolución apelada, el interno demostró su falta de disposición a mantener el buen comportamiento que había observado durante el encierro previo y ratificó su voluntad transgresora de las normas penales en el medio libre, con lo que puso en evidencia la insuficiencia e ineficacia del tratamiento penitenciario que había recibido hasta entonces.

Así las cosas, la ocurrencia de la referida comisión delictiva, mientras usufructuaba de las salidas transitorias concedidas cuando cumplía una condena anterior, se erige como indicador válido para pronosticar en sentido negativo el comportamiento extramuros que tendría el interno y, por consiguiente, como fundamento adecuado de la resolución impugnada.

Y si bien no hay garantía alguna que pueda asegurar que las personas que sufren pena privativa de la libertad tendrán buen comportamiento en la sociedad libre si antes del cumplimiento total de la condena son reintegradas a ese medio, ningún derecho es absoluto y debe el tribunal armonizar el del penado a gozar anticipadamente de la libertad, con el de la sociedad a protegerse del delito y del mayor riesgo que razonablemente cabe inferir de la circunstancia invocada por el Juez de Ejecución como obstáculo para la concesión de la solicitud del interno. En ese marco, considero que la negativa dispuesta equilibra de manera aceptable ambos intereses al tiempo que la intensificación del tratamiento penitenciario recomendado por el juez a quo para la eventual consideración de posteriores solicitudes, reafirma la progresividad del régimen legal de la ejecución penal y la posibilidad cierta del interno de avanzar paulatinamente hacia la recuperación de su libertad cuando razonablemente corresponda admitir que ha disminuido el riesgo de su recaída en el delito.

Por todo ello, estimo que la resolución impugnada no exhibe la inobservancia o errónea aplicación de la ley denunciada en el recurso.

5. Con arreglo a las razones dadas, también carece de idoneidad, a los fines de la modificación de lo decidido, el argumento según la cual no correspondía considerar que el delito de la última condena fue cometido durante la ejecución de la condena anterior debido a que ese acontecimiento fue considerado para suspenderle las salidas otorgadas en el marco de esa ejecución anterior, para declararlo reincidente y dictarle la última condena, por lo que no se trata en esta oportunidad de la ejecución de esa condena anterior, y esta condena que ahora está ejecutando Salas Bulacios es una ejecución distinta de la anterior, porque el título ejecutivo -sentencia de condena- es otro también.

El agravio es, además, contradictorio con la previa solicitud formulada por esa parte de unificación de las condenas, para que en el cálculo del tiempo mínimo de cumplimiento de la condena fuera computado el correspondiente al cumplimiento de la condena anterior; en tanto, de lo contrario, no hubiera quedado satisfecho ese requisito temporal exigido en el inc. 1º del art. 17 de la ley penitenciaria, indispensable para la consideración de la actual solicitud de las salidas transitorias.

Así, quien recurre no se hace cargo de la unificación dispuesta por la Cámara en lo Criminal de 2º Nominación, en Expte. nº 115/11, caratulado "Solicitud de Unificación de penas interpuesto por la Dra. Mariana Vera a favor del imputado Julio Daniel Salas Bulacios", agregado al Expte. del Juzgado de Ejecución Penal que tengo a la vista, caratulado "Salas Bulacios, Julio Daniel s/Ejecución de condena, Capital", que luce a fs. 85 de estas actuaciones, en virtud de la cual la pena de 3 años y 6 meses de prisión impuesta por Sentencia Nº 06/09 fue unificada con la de 7 años y 6 meses impuesta por Sentencia Nº 47/11, y, como resultado de esa unificación fue discernida la pena única de 10 años de prisión. Por ello, esa unificación constituye el título ejecutivo de la pena en actual ejecución, y con arreglo a esa unificación fue computado como cumplido el tiempo mínimo requerido en el art. 17 de la ley 24.660 para habilitar la consideración de las salidas transitorias solicitadas, lo que indica la beneficiosa proyección de la condena más antigua en la ejecución de la pena discernida mediante esa unificación.

Por lo expuesto, a la presente cuestión, mi voto es negativo.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo, y voto, como consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por las razones dadas al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fojas 1/5 vta. por la Defensora Oficial Nº 5, Dra. Mariana Vera, a favor del interno Julio Daniel Salas Bulacios. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, y me expido de igual modo.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres, por lo que, adhiero a la misma en un todo y voto en idéntico sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fojas 1/5 vta. por la Defensora Oficial Nº 5, Dra. Mariana Vera, a favor del interno Julio Daniel Salas Bulacios.

.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Tener presente la reserva efectuada del caso federal.

5º Protocolícese, hágase saber y oportunamente, bajen estos obrados a origen a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia Sesto de Leiva -Presidente- José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.