marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho laboral, intereses, planteo oportuno, inconstitucionalidad, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Ragusa Christian Martín  c/ Santiago Florio SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-16

El juez de grado estimó los intereses del monto de condena conforme a la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco de la Nación Argentina conf. Acta 2658, cuya inconstitucionalidad plantea la demandada. Lo cierto es que el Acta no constituye una ley en sentido formal que, como tal, pudiera ser susceptible de un planteo con base constitucional. Cabe destacar que las tasas aludidas en la mencionada Acta, al igual que los parámetros sugeridos por la Cámara en las Actas anteriores n° 2601 y 2630 - según los períodos que cada una involucra- están destinados a establecer una pauta orientativa para el ejercicio de las facultades que en torno a la fijación de intereses el Código Civil les reconoce a los magistrados en su art. 622, y que no ha sido cuestionada por la recurrente. Por medio de las sugerencias de distintas tasas de interés formuladas se busca evitar la dispersión de criterios y unificar posiciones. Ello así ante la facultad que asiste a cada juez de fijar la tasa de interés aplicable. Con el propósito de evitar que se fijaran diferentes tasas con diferentes porcentajes de interés. Cabe memorar que las Actas no son obligatorias ni emanan de Acuerdos Plenarios, pero lo cierto es que el sentenciante decidió, voluntariamente, utilizarlas por compartir el criterio de los jueces que formaron la postura mayoritaria que la juzgó como la más equitativa para compensar al acreedor de los efectos de la mora (que es automática), y para mantener en lo posible el valor de la indemnización frente al deterioro del signo monetario por la inflación grave que asuela la economía del país desde el año 2008. En consecuencia, corresponde confirmar la decisión de grado.
Intereses, tasas de interés
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. c/ INTERCAMBIO S.R.L. Y OTRO s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-05-22

La tasa exigible del 24% anual resultado de la sumatoria de intereses compensatorios y punitorios, se aproxima a la realidad del mercado financiero; lo contrario, a más de avasallar la conformidad de las partes, en una materia plenamente disponible, implicaría superar la barrera de la retribución por el uso del capital ajeno y la compensación del deterioro provocado por el retardo en su devolución, ocasionando un indebido perjuicio al deudor con el consiguiente enriquecimiento del acreedor. (Minoría u opinión personal)
Retiro policial, haber jubilatorio, Servicio Penitenciario Federal, remuneración, adicionales de remuneración, vivienda, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: De La Vega, Jorgelina c/ Mº de Justicia y Otro s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-24

Tal como lo ha señalado la Sala I, en la causa 347/96:

"Fernández Luis M. c/ Servicio Penitenciario Federal -Mº de Justicia s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.", del 5/3/98; la Sala II, en el expte. 14.697/93: "Zanzero, Ovidio H. c/ Mº de Justicia y Ser.Penit.Fed.s/ retiro militar y fuerzas de seg.", del 4/7/96; la Sala IV, en el expte. 1172/93: "Regueira Antonio c/ Mº de Justicia y Serv.Penit.Fed. s/ retiro militar y fuerzas de seg.", del 31/10/95, y en la causa 26.219/93: "Iaciuk, Demetrio c/ Mº de Justicia de la Nación s/ retiro militar y fuerzas de seg.", del 17/9/96 y la Sala V, en la causa 19.865/96: "Ayerbe Lázaro c/ Mº de Justicia s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.", del 26/5/98, cabe sostener que el suplemento de casa habitación consagrado por la ley 20.416 integra el sueldo de los agentes penitenciarios en actividad y que -en virtud de lo dispuesto por el art. 1º del decreto 23.896/56- aquél debe incrementar el haber de retiro de dicho personal. Es que "una razonable interpretación del art. 5º del decreto 1058/89 -a la luz del principio de movilidad de las prestaciones previsionales...- lleva a entender que también corresponde incrementar el haber de pasividad de dicho personal" (Sala IV, causa 26.219/93, antes citada). "La exigencia de haber gozado de casa-habitación al momento de cesar en sus funciones debe interpretarse en armonía con la situación del activo y no puede significar que sólo comprende a quienes tenían la vivienda otorgada con exclusión de aquéllos que por desempeñar los cargos previstos en el art. 1º hubieran tenido derecho a ella o a la compensación, porque tal interpretación desvirtúa el espíritu de la reglamentación." (Conf. Sala II, expte. 14.697/93, del 4/7/96). (Del voto del juez Argento, consid. III).
Abuso de firma en blanco, juicio ejecutivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: C. SA c/ B., H. SRL y Otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-02-07

La defensa de abuso de firma en blanco no es admisible en el juicio ejecutivo, en virtud de la expresa prohibición del artículo 544, inc. 4 del Código Procesal y de su referencia a las cualidades intrínsecas de los documentos. Por otra parte, la firma puede ser dada en tal forma, confiriéndose al acreedor de tal modo mandato tácito para su llenado.
Falsificación de documentos, falsedad ideológica, declaración jurada
Materia: PENAL
Carátula: LABOUDIGUE, Juan D. s/ procesamiento, Causa nro. 11.341
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-05

La falsedad que se cuestiona versa sobre la condición de "bachiller", que según el formulario ostentaría el imputado. Lo cierto es que dicho acto no es de aquellos sobre los cuales el funcionario actuante certifica verosimilitud. En tal sentido, esta Cámara tiene dicho que la inserción de un dato falso en una declaración jurada, no constituye el delito de falsedad ideológica, puesto que sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de documentos públicos puede considerarse la falsedad ideológica punible.
Tutela sindical, despido sin causa, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SPEEDAGRO S.R.L. c/ TONEATTI, FEDERICO GERMAN s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-02-07

Corresponde rechazar la queja desde que no obstante que la compareciente tacha de arbitraria la sentencia por aplicar incorrectamente la normativa vigente, no tratar cuestiones debidamente planteadas y ser inmotivada, en esencia, bajo dichas causales discute la solución jurídica adoptada por la Alzada al desestimar el desafuero del trabajador peticionado por la empresa por entender que las expresiones del trabajador no constituían injuria que por su gravedad impidieran la prosecución del vínculo laboral, con lo cual no existe justa causa que habilite la exclusión de la tutela gremial, remarcando que la propia empresa entendió -en cuanto a la forma en que retiró el empleado- que la situación había quedado superada con la charla mantenida por las partes, tornándose abstracta la decisión sobre la medida cautelar.

Frente a lo cual la recurrente (empleadora) insiste en la conducta reprochable del trabajador, quien le imputó a su parte acciones discriminatorias y de hostigamiento, pero sin acreditarlas y en las múltiples sanciones disciplinarias aplicadas al mismo que a su juicio, resultan suficientes para dar lugar a un despido justificado; cuestionando genéricamente que se resolviera que la cautelar se tornó abstracta, aspecto este último que no explica qué perjuicio y/o gravamen le apareja, demostrando el mero desacuerdo de la recurrente para con la solución jurídica propuesta por la Alzada.
Recurso contencioso administrativo, caducidad, plazo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: AGENCIA MARITIMA CHRISTOPHERSEN Y CIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   CADUCIDAD DE INSTANCIA.     CSJ EXPTE NRO 63-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-08-12

La unidad de tiempo adoptada por el legislador, a fin de computarizar el término establecido en el artículo 63 de la ley 4106 -caducidad-, es la del mes, que es en consecuencia, la única a tomarse en cuenta a los efectos también de su cómputo; de suerte que es improcedente el descuento de los días inhábiles, como lo sería, asimismo el de las horas inhábiles.
Cuota alimentaria, presunciones, actualización monetaria, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: C. N. V. c/ A. C. I. s/ INC. AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24

Es uniforme en el sentido de que ante la ausencia de una prueba concluyente acerca del caudal del alimentante, corresponde tener en cuenta la que emana de presunciones o indicios fundadas en hechos reales y probados que permitan arribar a una conclusión al respecto.
Trabajadores telefónicos, indemnización por despido, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: BARROUMERE, MARIA CRISTINA c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-30

La antiguedad devengada por el trabajador comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 'E' en otras reparticiones nacionales, provinciales o municipales, no debe computarse para liquidar la indemnización por antiguedad o por incapacidad absoluta, pues ninguna norma del citado convenio establece que la misma se reconozca a todos los efectos.
Allanamiento, costas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Romano, Francisco Javier c/ Baquero Eduardo s/ Incidente de ejecución de sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-16

Las razones de equidad no resultan valederas para apartarse del principio de estricta objetividad con que debe resolverse lo concerniente a la imposición de las costas del proceso. Aún mediando allanamiento las costas se rigen por los principios generales que gobiernan el instituto. La regla es pues, quien se allana es vencido; sólo circunstancias excepcionales (art. 70 "in fine" CPC), posibilitan dispensar a quien se allana de la imposición de las costas.
Recurso de apelación (procesal), investigación a cargo del juez, delegación de la investigación, facultades del juez, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de queja del Sr. Agente Fiscal s/ Recurso de Queja del Sr. Agente Fiscal. Causa 26101
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

La decisión por la que se delega la investigación al Fiscal no es susceptible de ser recurrida. Ello, por no concurrir los extremos que para la impugnabilidad objetiva exige el art. 449 del C.P.P.M. ya que esta posibilidad no está contemplada ni le causa gravamen al Ministerio Público, toda vez que no hace más que asignarle uno de los cometidos esenciales inherentes a su razón de ser, ajustando su rol a la potestad que ejercita.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el art. 196 concibe la transferencia de la "dirección de la investigación" como una facultad eminentemente discrecional del Juez, sin que quepa restringir la latitud de esa atribución en base a plazos distintos de aquéllos que enmarcan la etapa instructora misma.
Contratos de adhesión, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Ombú Automotores S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp.DNCI. Nº 220/97
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

El contrato de adhesión debe caracterizarse como un contrato predeterminado, en el que, si bien participan los presupuestos de existencia del contrato clásico, el consentimiento se forma de una manera muy particular porque una de las partes (el adherente) se adhiere a las cláusulas impuestas unilateralemente por la otra (el predisponente), sin poder modificarlas. (Consid. 5º).
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, juzgamiento por comisiones especiales, proceso judicial, proceso penal, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ABEL TEODORO CATUZZI c/ Lamas, Luis s/ INCIDENTE  DE  EXCEPCION  DE COMPETENCIA ART. 10 LEY 23049 SOBRE AREA  PARANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-29

Las garantías constitucionales que proscriben las leyes "ex post facto" y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso, no sufren menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos Tribunales Permanentes cierto género de causas en que antes conocían otros que se suprimen cuyas atribuciones restringen; la interpretacion contraria, serviria muchas veces de obstaculo a toda mejora, obligando a conservar magistraturas o jurisdicciones dignas de supresion o reformas.
Alimentos, cómputo de alimentos, porcentaje de los ingresos, vales de comida, impuesto a las ganancias
Materia: CIVIL
Carátula: M., C.A. c/ R., D, s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-17

La circunstancia que la suma mensual a percibir se integre con "tickets canasta" no sirve de excusa para reducir la cuota alimentaria de los menores, y el porcentaje fijado en la sentencia en concepto de alimentos se calcula sobre el monto que, por todo concepto, recibe el aumentante de su empleador, máxime cuando dichos tickets llevan una cuantificación monetaria por él percibida y que la ley 26.341 dispuso la incorporación de tales emolumentos al haber mensual salarial en forma paulatina.

Entre los descuentos que se deben hacer a la base de cálculo de los alimentos se encuentra lo retenido por el empleador para el cargo del impuesto a las ganancias, de modo que si con motivo de la legislación dictada se tuvo que devolver algún importe retenido al trabajador por tal concepto, obviamente esa suma pasa a integrar la base de cálculo de los alimentos por ser una parte más de su remuneración. (Sumario N°20711 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Incidentes, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: ACOSTA, RAMON ROSA c/ ESTANCIA TIO CARLITO Y OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. (CUESTION DE COMPETENCIA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-08-03

Las razones de economía procesal, así como la vinculación jurídica, son precisamente las que gravitan para que el incidente deba tramitarse ante el mismo juzgado, donde lo hace el proceso principal.
Empleados públicos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, domicilio real, domicilio especial, policía, personal policial
Materia: LABORAL
Carátula: AVELLANEDA, LUIS JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 103-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-02

El artículo 19 del reglamento del régimen de licencias policiales (decreto 4413-79) -que refiere a enfermedades y accidentes profesionales, entre los que cita a los "in itinere"-, cuando habla de domicilio, no hace distingos entre el "real" o el "especial" cuando este último se constituye en la jurisdicción de la dependencia donde el agente presta servicios. Por ello, probado en este caso la existencia de un "domicilio especial" -seccional tercera- el domicilio real no resulta vinculante a los fines de considerar el accidente "in itinere", es decir, como sufrido en el traslado de o hacia el trabajo, fijando como metas de ese itinerario el "domicilio especial" y el lugar del trabajo: la guardia de jefatura de la unidad I primero y la escuela de policía después.

En consecuencia, el acto administrativo en discusión es válido e incuestionable.
Declaración indagatoria, exhibición de objetos secuestrados, nulidad procesal, acta de secuestro, falta de firma, firma del procesado
Materia: PENAL
Carátula: PORTILLO, Oscar s/ DECLARACION INDAGATORIA - ACTA SECUESTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-08

1) No es nula la declaración indagatoria en la que se omitió exhibir al procesado los efectos sustraídos, dado que las reglas del art.

241 C.P.C. sólo configuran una guía de "buena técnica interrogativa", mas no exigencias de ineludible observancia bajo sanción de nulidad, siendo éstas restrictivas y de carácter excepcional, máxime en el caso de autos en que el justiciable negó el hecho, con lo que resulta carente de todo objeto y sentido la exhibición de las cosas sustraidas.

2) No es nula el acta de secuestro que no fue firmada por la persona en cuyo poder se hallaron los objetos secuestrados, pues el art. 215 C.P.C. prevé expresamente que si el instrumento no se firma por dicha persona, pueden en su defecto suscribirla dos testigos, sin necesidad de que se aclaren los motivos por los cuales aquella persona no la rubricó; destacándose que el denunciante que aparece firmando el acta es testigo hábil a esos efectos, pues no le comprenden las inhabilidades previstas en el art. 276 inc. 10 C.P.C.

3) Del mismo modo que el procesado puede negarse a declarar sin que ello signifique presunción en su contra, así también puede negarse a rubricar el acta de secuestro. Imponérsele dicha obligación implicaría la violación de la citada garantía constitucional.
Graduación de la pena, escala penal, facultades discrecionales
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, Analía Verónica s/ condena c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

No resulta legalmente posible imponer penas por debajo de los montos mínimos que fijan las escalas penales. La tarea de mensuración de la pena es privativa del tribunal, quien en tal empresa, al momento de recorrer la escala legal, sólo se halla limitado por el monto mínimo que indica la norma y por el monto máximo que pretende la acusación. Con esas dos limitaciones, el juez es soberano para definir, fundadamente, el monto exacto de pena que corresponde imponer al imputado, teniendo en consideración las pautas previstas en los arts. 40 y 41 CP. El establecimiento de las escalas penales es resorte exclusivo del Poder Legislativo de la Nación al que le corresponde declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros y, consecuentemente, fijar las escalas penales. Se trata de cuestiones de carácter político, o cuestiones "no justiciables", respecto de las cuales a los jueces les está vedado participar, pues son actos discrecionales de los poderes políticos, y no del Poder Judicial (voto del juez Bruzzone al que adhirieron los jueces Rimondi y Llerena)
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pastorino, Horacio c/ Citibank s/ Incidente ejecución honorarios en "Citibank c/ Iturrarte s/ Cobro de  australes"
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-14

Corresponde notificar los emolumentos fijados en el domicilio real del obligado al pago, no obstante que éste haya comparecido a los autos asistidos por otro profesional y constituido nuevo domicilio.

(ley 8904 art. 54) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, medicina prepaga
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Harire, Sara Isabel y otro c/ OSDE s/ amparo - incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-03

Cabe otorgar la medida cautelar peticionada a fin de obtener la afiliación inmediata de los amparistas -de más de 80 años- a la Empresa de Medicina Prepaga, puesto que el derecho de los mismos aparece verosímil y urgente atento la añosidad y falta de cobertura médica denunciada, siendo el Amparo -artículo 11 de la Ley 26682-, el medio idóneo para su resguardo provisional a fin de evitar de un modo razonable el peligro de un perjuicio irreparable; toda vez que la negativa de la accionada a la afiliación solicitada, con la disculpa en la carencia de "los valores diferenciales aplicables a las personas mayores de 65 años de edad", aparece arbitraria e irrazonable puesto no exime a la respectiva entidad del cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con la 'Admisión Adversa' -art. 11 de la Ley n° 26.682-
Armas, registro nacional de armas
Materia: PENAL
Carátula: Fast Wouterlood, Federico Gastón s/ art. 189 bis del CP CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-03

Al analizar el alcance del delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización, prevista en el artículo 189 bis del Código Penal, según Ley Nro. 25.886, se define como la acción de disponer en lugar público o de acceso público -o lugar privado que no sea el propio- de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato. Esta distinción ha sido acogida por la doctrina y jurisprudencia y es la contenida en el Instructivo general para usuarios del Registro Nacional de Armas (RENAR).
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de General Pueyrredón c/ Mateo, Luis A. s/ Incidente de verificación de crédito en autos: Mateo, Luis A. s/  Concurso preventivo Municipalidad de General Pueyrredón c/ Mateo, Carlos s/ Incidente de verificación de crédito en autos: Mateo, Luis A. s/  Concurso preventivo Municipalidad de General Pueyrredón c/ Rodríguez de Mateo, Myrna s/ Incidente de verificación de crédito en autos: Rodríguez de Mateo s/  Concurso preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-16|1989-05-16|1989-05-16

La aplicación de costas al verificante tardío constituye una excepción a la regla general según la cual esta materia se rige por el hecho objetivo de la derrota. Pero para que tal excepción funcione, es necesario que se cumplan ciertos recaudos, esto es, que el incidentista haya puesto en marcha la actividad jurisdiccional, por haber dejado transcurrir el término para efectuar la insinuación de sus créditos al síndico. Cuando medió un plazo prudencial y adecuado desde la fecha de iniciación a la del vencimiento del período de verificación, no puede hablarse de imposibilidad de peticionar en término, máxime si se considera que parte del crédito reclamado es por tasas de conservación de red vial municipal y por alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública, los cuales pudieron determinarse en forma inmediata.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Oliva, Francisco A. s/ Lesiones leves en concurso real con lesiones graves y amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-08-05

No cumple la exigencia del art. 259 inc. 5º C.P.P. la presunción que podría extraerse del hallazgo del arma en su domicilio producida 4 meses después del robo tendiente a acreditar que es la misma empleada en él.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, depositario infiel, depósito de bienes embargados, enajenación de bienes embargados
Materia: PENAL
Carátula: RZEZNIK, Sergio s/ MALVERSACION  CAUDALES  PUBLICOS  -  DEPOSITARIO  BIENES EMBARGADOS -  INEXISTENCIA PERJUICIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-23

No obstante hallarse acreditado en autos que el inculpado dispuso de los bienes embargados, respecto de los cuales se lo había constituido depositario judicial, debe absolvérselo del delito de malversación de caudales públicos, por la duda existente a si -como afirma- habría sido autorizado por el letrado apoderado de la empresa que había solicitado el embargo a vender parte de las cosas afectadas a fin de destinar su producto al pago de la deuda que motivó el juicio.

En consecuencia, no se ha configurado el delito de malversación de caudales públicos, ya que si se requiere el perjuicio patrimonial del particular damnificado para la existencia de ese ilícito, según la doctrina del plenario "Rebollini, R." del 23/3/56, ello significa también, que el consentimiento de dicho particular -o de su representante- para la venta de las cosas embargadas, no puede tampoco lesionar su interés privado.