marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Declaración de inconstitucionalidad, medidas cautelares, suspensión provisional de la ley, poder de policía, derecho a la salud, criterio de razonabilidad, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SOCORRO MEDICO PRIVADO SA c/ GCBA s/ OTRAS DEMANDAS CONTRA LA AUT. ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-27

En el caso, corresponde confirmar la sentencia dictada por el Sr. Juez aquo en cuanto rechaza la medida cautelar peticionada por la actora, respecto a la suspensión de los artículos 5, inciso g), 6 inciso e), 8 inciso a) y b) y 10, inciso c) de la Ley 1850, que regula la prestación del servicio de ambulancias en la Ciudad.

En este sentido, es dable destacar que las normas impugnadas, obedecen al criterio de razonabilidad que la Legislatura ha tenido en cuenta al sancionar una ley que pretende mejorar el servicio de salud.

Las exigencias en cuanto a la cantidad de personal que debe poseer cada unidad ambulante y al tiempo en que deben despacharse las ambulancias y llegar al lugar de la denuncia, no aparecen a priori como requisitos irrazonables para funcionar.

Al contrario, en un examen superficial, como el de este estadio procesal, parecerían dirigirse efectivamente a una optimización del servicio, al requerir mayor puntualidad y la presencia de un cuerpo profesional apto para cualquier circunstancia o avatar. Las distinciones efectuadas por la actora no pueden conducir a abandonar a su criterio cuestiones expresamente legisladas.

Antes bien, deben ser analizadas dentro del debate procesal que incluye a la contraparte, dado que se trata de la suspensión de materias que, en principio, tienden a mejorar la prestación médica en ambulancias.

Finalmente, tampoco puede prosperar la pretensión en lo que hace a las obligaciones insertas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley 1850. En el reducido marco cognoscitivo propio de esta etapa de la causa, es posible afirmar que ciertas determinaciones acerca de la responsabilidad que cabe a empresas cuya actividad se relaciona con el derecho a la salud de los habitantes, pueden ser establecidas con fines, precisamente, de optimizar el sistema y obtener mejores resultados a través de obligaciones más estrictas y vínculos contractuales más transparentes.
Pago, intereses, reserva a la percepción de intereses
Materia: COMERCIAL
Carátula: METALURGICA PANTON  S.R.L. c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES  S.E. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

Ante la ausencia de reserva resulta derivable la extinción de la obligación accesoria si no puede inferirse una concluyente voluntad del acreedor en sentido contrario a la remisión de los réditos.

Tal interpretación no obsta a la presunción de onerosidad del CCOM 218-5 referida al ánimo de lucro que tipifica la materia comercial. Este debe buscarse en el propósito inicial del negocio y en su finalidad principal.

El acreedor debe probar la ausencia de ánimo liberatorio respecto de su deudor, en este específico caso en que medió un contrato de cesión donde no se formuló reserva alguna respecto de los réditos reclamados a más de cuatro meses de cumplida íntegra y tempestivamente la prestación por el deudor.
Asociación ilícita, secuestro extorsivo, autoría
Materia: PENAL
Carátula: "BENITO, Carlos A. y otro s/ secuestro extorsivo".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-06-01

Si la causa surge efectivamente, la existencia de una asociación ilícita cuyo objeto primordial es el de privar de su libertad ambulatoria a personas con solvencia económica y solicitar para su liberación una suma de dinero en concepto de rescate es considerado organizador, en esta asociación, quien aparece -de acuerdo a sus propios dichos- reconociendo, que su principal intervención en un secuestro, fue armar intelectualmente las misivas que se utilizarían en las "postas" diagramadas, para obtener el rescate de una manera segura y también la selección del lugar en donde se realizaría el mismo.
Sucesiones, demanda, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Sucesores de De Luca, Barberis José c/ Sucesores de Alberto Sidi y David Franco s/ Daños y Perjuicios por Filtraciones en Inmueble Alberto Sidi y David Franco s/ Daños y Perjuicios por Filtraciones en Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1992-06-04

Cuando se demanda a una sucesión no basta con la notificación al Administrador de la misma, sino que la acción que se entabla contra los herederos como sucesores del causante, debe notificarse a éstos en sus respectivos domicilios reales.
Concurso preventivo, propuesta de acuerdo preventivo, comité de acreedores
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACION MUTUAL VALLE INFERIOR s/ PROPUESTA DE PAGO Y ACEPTACIONES s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-23

"La propuesta debe contener el régimen de administración y las limitaciones a los actos de disposición que tendrán vigencia en la etapa de cumplimiento. La omisión de dicho contenido no obsta a la homologación del acuerdo. En todo caso mantendrá vigencia la normativa incluída en el art. 59, párr. II que establece el mantenimiento de la inhibición general de bienes y el sometimiento al control que corresponde al comité de acreedores o en defecto de su constitución al Síndico.

En el mismo párr. IV, se establece que la propuesta debe contener la conformación de un comité de acreedores el cual sustituirá al comité provisorio designado en la resolución del art. 42, párr. II. Como en el caso anterior, la falta de designación del comité de acreedores y aún de su conformación por falta de aceptación de sus integrantes, no genera consecuencias."
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, leyes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

La normativa vigente al momento en que la Excma. Corte Suprema de Justicia tomara la decisión que es materia de este Plenario, permite considerar que tal resolución es absolutamente legítima, contrariamente a lo que ocurría si lo hiciera en la actualidad, rigiendo la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de Santa Fe. (De los Fundamentos del Dr. Castagnino). En la causa, la cuestión a resolver es: ¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma. Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Recurso extraordinario, límites del pronunciamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Agroiber S.L. c/ Luis, Jorge Fortunato. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-30

La jurisdicción de la Corte Suprema se encuentra limitada a la revisión del contenido de la sentencia apelada.
Compraventa inmobiliaria, resolución del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: SUCESORES DE JOSE BELLOSOLA S. A. I. y F. c/ ROJAS C. s/ RESCISION DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Al producirse la resolución de una compraventa inmobiliaria su consecuencia fundamental es la restitución de la cosa y el precio por ser de estricta aplicación los arts. 1050 y 1052 del Código Civil, ya que sus efectos son similares a los de nulidad (conforme Borda, Obligaciones, T. II, página 214, número 1301; Miguel, Resolución de los contratos por incumplimiento, página 207 y ss.

Morello, El boleto de compraventa inmobiliaria, página 634).

Producida la resolución del contrato el comprador debe reintegrar a la vendedora el bien objeto del pleito, totalmente desocupado bajo apercibimiento de lanzamiento con intervención de la fuerza pública si fuera menester.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pérez, Ricardo s/ Tentativa de robo - Lesiones en riña
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-25

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sostiene la inexistencia de un concurso real de delitos si el apelante no logra demostrar la unidad del hecho que el art. 54 del C.P. requiere inexcusablemente para la configuración de un concurso ideal.
Empleados públicos, estabilidad del empleado público
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARDOZO, MIRTA BEATRIZ. c/ PROV. DEL NEUQUEN. s/ ACCION PROCESAL ADM.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1987-04-30

EL CONCEPTO DE ESTABILIDAD-QUE SIGNIFICA DERECHO DEL AGENTE PUBLICO A NO SER REMOVIDO DEL CARGO SINO POR CAUSALES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS IMPLICA UNA VERDADERA GARANTIA DEL FUNCIONARIO FRENTE A LA DISCRECIONALIDAD A QUE EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO Y REMOCION EJERCE EL PODER PUBLICO, ESTA ESTABILIDAD NO ES UN DERECHO ABSOLUTO, YA QUE EL EMPLEADO ESTARA EN SU PUESTO MIENTRAS SEA NECESARIA LA FUNCION QUE DESEMPE8A.
Actos y diligencias procesales, recursos, superintendencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: Oil Combustibles s/ quiebra c López Cristóbal Manuel s/ ordinario s/ incidente de recusación con causa de Sousa Carlos Fabián c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-05-02

La aplicación de sanciones por inconducta procesal en los términos del decreto ley 1285/58: 18 no plantea óbice constitucional alguno en punto al ejercicio del derecho de defensa, en tanto su art. 19 contempla, la posibilidad de interponer recurso de reconsideración contra las medidas correctivas que adopten los jueces, y, por otra parte, la doble instancia judicial no es, por sí misma, requisito constitucional de la defensa en juicio, criterio aplicable al sub lite en tanto la sanción impuesta no tiene sustancia penal, sino disciplinaria (CSJN, 20.3.07, "Conductil SACIFIA c/ Music House Jujuy SRL", Fallos: 330:1036; íd. 21.10.08, "Mellicovsky Lidia Beatriz c/ Estado Nacional y otro s/ amparo", Fallos: 331:2283, considerando 4°). Es más: si la imposición de multas por inconducta procesal estuviera subordinada a la doble instancia, no podrían los tribunales de instancia única aplicarlas, lo que es absurdo.
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Franze, Antonio Salvador c/ Paleta, Humberto Napoleón s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-15

La experticia es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción y deducción e inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen; pero esa declaración contiene además, una operación valorativa porque es -esencialmente- un concepto o dictamen técnico y no una simple narración de sus percepciones (arts. 384, 474, Código Procesal).
Acto administrativo, nulidad del acto jurídico, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Geope Compañia General de Obras Públicas S.A.C.I.C e I.; Luciano S.A. y SYCIC, SACIF e I. c/ Municipalidad de la Ciudad de Posadas s/ Acción Contencioso-Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1999-02-15

En virtud de la presunción de legitimidad de todo acto administrativo, debe alegarse y probarse la nulidad invocada. En autos, la acreditación no se produjo. El principio de buena fe, regulado en el art. 1198 del Código Civil es de aplicación al ámbito de los contratos administrativos.
Contratos, tarjeta de crédito, resoluciones judiciales, prescripción, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Banco de la Ciudad de Buenos Aires c/ Balli, Silvia Alejandra s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-01

1 - Corresponde confirmar la resolución que hizo lugar a la demanda incoada por una entidad bancaria en reclamo del saldo deudor de una tarjeta de crédito. En ese marco, corresponde rechazar el agravio de la accionada, en cuanto plantea que el sr. Juez a quo debió aplicar oficiosamente el plazo prescriptivo de la ley 24240. Ello así, toda vez que la demandada no introdujo tempestivamente tal defensa, razón por la cual no puede ser conocida y menos propuesta en segunda instancia (CPR 277). 2 - La prescripción no puede ser decretada de oficio. Así lo disponía el código civil (artículo 3964; Argañaraz, M, La Prescripción Adquisitiva, página 18; Rouillón, A., Código de Comercio Comentado y Anotado, T. II, página 900), vigente en la fecha en que se conformó la deuda, como el Código Civil y Comercial (artículo 2552; Lorenzetti R, Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado, T. XI, página 331), aplicable al tiempo en que fue deducida la demanda. Regla que también es aplicable a las acciones basadas en la ley 24240 pues dicha norma sólo habilita al Juez a aplicar la ley más favorable al consumidor, pero en manera alguna a suplirlo (LDC 50; Picasso S. y Vásquez Ferreyra, R., Ley de Defensa al Consumidor, T. I, página 770).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Rubino, Osvaldo Saturnino s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12

Es insuficiente el agravio en el que se denuncia violación del art.

263 inc. 3 del Código de Procedimiento Penal por no haber considerado la Cámara los argumentos de la defensa y expuesto las razones por las cuales estos resultaron rechazados ya que -más allá de que el artículo aludido se refiere exclusivamente a las sentencias de primera instancia- el reclamo no guarda relación con lo normado, que se refiere a las conclusiones de la acusación y la defensa y no a los argumentos que expusieran.
Competencia, cuestiones de competencia, obras sociales, competencia federal, competencia comercial
Materia: PROCESAL
Carátula: Marino E Hijos SA c/ <OSPLAD> s/ Ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-20

La justicia comercial es incompetente para entender cuando se trata de una causa que se fundamenta en el régimen actualmente en vigencia en materia de organización del sistema de obras sociales y seguro nacional de salud (leyes 23660 y 23661), toda vez que la demanda es una entidad nacional comprendida dentro de las disposiciones de las citadas normas legales que establecen el sometimiento exclusivo de la jurisdicción federal, no obstando a lo expuesto la alusión al art. 38 de la nueva ley de obras sociales referida a la opción del posible sometimiento a la justicia ordinaria, ya que ello se confiere a favor de la obra social, esto es cuando ésta sea parte actora, situación diferente - en el caso - en que la citada, en calidad de demandada, no consintió la competencia comercial e interpuso excepción de incompetencia en razón de la persona.
Insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias, monto de la pena, robo simple, tentativa, agravantes de la pena
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vargas, Cristian Adrián s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad del monto de la pena impuesta al imputado, puesto que lo resuelto se mantuvo dentro de las pautas acordadas entre la fiscalía, el imputado y la defensa para convenir el citado procedimiento que originó la condena en orden al delito de robo simple en grado de tentativa. Asimismo, se observa, con respecto a las circunstancias agravantes valoradas, que la defensa no demuestra el desacierto de la afirmación del a quo en orden a que, dadas las características del caso, la conducta del imputado denotó desprecio por la propiedad ajena, cuando se vio nuevamente involucrado en un injusto que atenta contra el mismo bien jurídico. Es que la reiteración de los episodios de similares características resulta un criterio pertinente para la mensuración de la sanción. Además, tampoco se advierte la existencia de otras atenuantes aplicables al caso que conduzcan necesariamente a reducir la sanción impuesta ni que la pena sea desproporcionada en función del hecho considerado probado, ni la transgresión de los principios aludidos en el recurso (voto del juez Sarrabayrouse al que adhirió el juez Días).

Cita de "Balbastro". Reg. 539/2017; "Pacheco", Reg. 1389/2018; "Velásquez Quispe", Reg. 238/2017, "Candelaresi", Reg. 1590/2018; y "Gamdzyk", Reg. 1029/2019.
Declaración indagatoria, fundamentación de sentencias
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: D., G.A. s/ Denuncia
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-13

Si el Señor Juez de Instrucción no se pronunció acerca del pedido de sobreseimiento en favor del imputado, motivando la negativa en que no se recepcionó la declaración que prevé el C.P.P., art. 262, la decisión jurisdiccional debe ser dejada sin efecto, en virtud de que el ritual no condiciona el sobreseimiento a la previa declaración del imputado.
Sanciones laborales, gravedad de la falta, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA OCON CARLOS RAFAEL c/ A.P.E. EMERGENCIAS MEDICAS s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-07-11

A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones del trabajador, el ordenamiento jurídico le otorga a la Patronal la potestad de corregir las faltas cometidas por el trabajador a través de sanciones previstas por la ley. Dichas sanciones adoptan diversas formas que van desde el llamado de atención hasta la suspensión.

Ahora bien, la ley establece requisitos para el ejercicio de esa facultad, estableciendo limitaciones a fin de evitar abusos. Así, exige que la sanción sea proporcional a la falta cometida; debe ser contemporánea al hecho; debe ser razonable, es decir, tener una justa causa; debe ser admitida por el orden jurídico y notificada por escrito. Asimismo prohíbe la duplicidad de sanciones, haciendo efectivo el viejo aforismo "non bis in idem", determinando que no puede aplicarse una doble sanción por la misma falta.
Sentencia firme, ejecución de sentencia, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL
Carátula: F. y Querellante Particular c/ Lobos Gras Luis, Sgro Claudia Fernández María s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública (5041) P/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2023-04-10

En forma excepcional, en algunos supuestos el Máximo Tribunal puede disponer la suspensión de la ejecución de una sentencia firme, sólo cuando la queja sea admisible por verificarse en el recurso extraordinario federal denegado cuestiones de índole federal, en los términos del art. 14 de la ley 48, y se adviertan circunstancias de gravedad institucional.
Libertad de prensa, protección de las fuentes de información, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N. N. c/  s/ archivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-28

La forma en que protege la Constitución Nacional la libertad de prensa, arts. 14 y 32 de la C.N., por medio de la protección de la reserva de las fuentes de información demuestra que la prueba propuesta por el impugnante es inadmisible porque implicaría desconocer el mandato constitucional que prevalece en la interpretación normativa por sobre las finalidades procesales que busca el apelante.
Recurso de casación, apreciación de la prueba, discrepancia del recurrente
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES FABIANA ALEJANDRA c/ CAJA SOCIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-14

Estando controvertida en la especie la solución propiciada por el Tribunal a quo sobre la base de la evaluación del material fáctico y probatorio incorporado a la causa, no resulta suficiente a los fines de la apertura de la instancia extraordinaria de casación, la sola manifestación de un punto de vista discrepante con el tribunal A quo y acorde con el personal enfoque formulado por el recurrente, sino que es menester demostrar el quebrantamiento palmario de las leyes de la lógica, el apartamiento de las constancias de autos o la grosera desinterpretación material de alguna prueba con la consecuente denuncia de infracción a las normas que la rigen, extremos estos que -como se dijo-, no solo deben estar alegados sino que deben quedar perfectamente acreditados.
Asegurador, citación en garantía, sentencia condenatoria
Materia: LABORAL
Carátula: CONTRERAS ARNALDO ALFREDO c/ TORTONE SA s/ DEMANDA  Y SUS ACUMULADOS - RECURSO CASACION - ENFERMEDAD ACCIDENTE -  INDEMNIZACION - COMPAÑIA ASEGURADORA VACA JESUS DONATO c/ TORTONE SA s/ DEMANDA  -  RECURSO  CASACION  - ENFERMEDAD ACCIDENTE - INDEMNIZACION GIMENEZ JORGE OMAR c/ LA VOZ DEL INTERIOR s/ CASACION LABORAL - INCAPACIDAD - COMPAÑIA DE SEGURO MOLINAS REYES BIENVENIDO c/ RONSO S.R.L. s/ DEMANDA  -  RECURSO DIRECTO - CASACION LABORAL - COMPAÑIA ASEGURADORA GALLI BRUNO c/ THOMPSON RAMCO ARGENTINA S.A. s/ DEMANDA  -  RECURSO  DIRECTO  - CASACION LABORAL COMPAÑIA ASEGURADORA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1984-05-30|1984-06-08|1985-04-29|1985-08-02|1985-11-01

Si las aseguradoras no son directamente citadas a juicio a petición del trabajador, por acción dirigida exclusivamente en su contra o solidariamente con la patronal asegurada, según el art. 7 de la ley 9688, sino que intervienen por vía del último párrafo del art. 118 de la ley 17418, no pueden resultar explícitamente condenadas por la decisión judicial. (Mayoría).
Representación procesal, mandato
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio de Propietarios Rodríguez Peña 1225 c/ Lagos, Elina s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-09

La "representación convencional o voluntaria" para actuar en juicio en nombre de otra persona (física o jurídica), sí se requiere el título de abogado o procurador matriculado en alguno de los Colegios profesionales de la Provincia (Arts. 1; 6; 57; 63; 66; 87; 110 y conc. de la ley 5177), no así la "representación legal o necesaria" de las personas físicas o jurídicas, como en el caso, de aquellas entidades que por ley tienen asignada una determinada personalidad, quienes están facultadas para ejercer los actos que no le sean prohibidos, entre los que se encuentra la facultad de estar en juicio activa o pasivamente en defensa de sus derechos, por el ministerio de los representantes que las leyes o estatutos les hubiesen constituidos (Arts. 31; 35; 41; 42 y conc. del Cód. Civil; 9; 10 y 11 de la ley 13.512; 3 del Dec. Reglam. 18.734/49), los que se encuentran expresamente habilitados para actuar personalmente en juicio en representación de aquellas entidades (Art. 110 de la ley 5177).-
Delitos cometidos durante actividades antisubversivas, Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida
Materia: PENAL
Carátula: Luera, José Ricardo Y Otros s/ Recurso De Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-12

La cancelación, suspensión o impedimento por las leyes 23.492 y 23.521 y el decreto 1002/89 de los juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, desapariciones, ejecuciones sumarias, torturas, secuestros, cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas resulta violatorio de derechos garantizados por la Convención Americana de Derechos Humanos e incompatible con el derecho de justicia, conforme ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 28/92.
Recurso de casación, sentencia definitiva, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: D. G., D. R. y Otro c/ P., M. V. y Otros s/ Embargo Preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-26

Aunque el examen de admisibilidad del Recurso de Casación, haya sido superado en etapas preliminares, si alguna duda quedara respecto de la definitividad de la sentencia, no resulta ocioso señalar que, aún cuando en principio las decisiones sobre medidas precautorias, ya las decreten, levanten o modifiquen, no son por lo general equiparables a sentencias definitivas y el agravio que pudiere causar es típicamente uno que encuentra reparación en instancias ulteriores, en ciertas ocasiones podemos encontrarnos con excepciones a este principio.