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Seguros, seguro de responsabilidad civil, cobertura, suspensión de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: COBA,  Emilio  Enrique y otro c/ LÓPEZ, Fernando Pablo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

No procede la defensa opuesta por la aseguradora que alega la caducidad de la cobertura del contrato de seguro en los términos del art. 82 de la ley 17.418 y que obedecerá a las ventas del vehículo asegurado embistente, operaciones estas no notificadas a la aseguradora, porque el interés asegurable subsiste a la época del siniestro en cabeza del contratante responsable del siniestro en tanto en lo seguros de responsabilidad civil ese interés asegurable es precisamente el patrocinio del asegurado.

(Sumario N°19084 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, hijo menor de edad, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: GANON, GABRIEL ELIAS HERIBERTO; AMADEO, SEBASTIAN Y BALANDA, VIRGINIA c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-07

Lucen indemostradas las alegaciones recursivas contra el pronunciamiento impugnado, toda vez que no se advierte afectación constitucional ni que la decisión recurrida -que rechaza la acción de habeas corpus pretendiendo el despacho de una medida cautelar de alojamiento en su domicilio de todas las mujeres con hijos menores de cinco años o discapacitados a su cargo- resultare ilógica o irrazonable, ni tampoco comprensiva en un supuesto de gravedad institucional, no logrando persuadir la recurrente de la alegada arbitrariedad y la omisión de diligencia estatal debida; debiendo estarse a lo decidido por el propio Magistrado a quo, que ordenó el libramiento de oficio a los jueces competentes a fines del análisis puntual de cada caso, muchos de ellos ya en trámite. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 257:132; 290:266; 307:770; CSJStaFe: AyS T 48, p 293; T 81, p 280; T 166, p 284.
Procedencia del recurso, ley penal más benigna, fallos de la Corte
Materia: PENAL
Carátula: Galluzzi, Carlos Alberto y otros c/  s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-15

La disidencia consideró que el precedente CS "López" produjo un claro cambio en la jurisprudencia vigente y teniendo en cuenta el dictado de la ley 26.394 que resulta más benigna -en cuanto derogó el Código de Justicia Militar- corresponde hacer lugar al recurso de revisión y anular la sentencia oportunamente dictada. (Dres. Borinsky, Gemignani -disidencia- y Catucci -voto concurrente-).
Recurso directo, recurso jerárquico, interpretación de la ley, revisión judicial de actos administrativos, acto administrativo, facultades de la administración, ejecución fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Baisur Motor S.A. c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Impugnación de Actos Administrativos Impugnación de Actos Administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-10-12

A diferencia de lo que acontece con relación al recurso jerárquico, el Código Fiscal (texto según Ley Nro. 541) guarda silencio con relación al efecto que produce la interposición del "recurso judicial de apelación". El sentido de ese silencio es lo que debe dilucidarse en el sub examine.

Cuando el artículo 117 del Código Fiscal expresa "la resolución definitiva que agota la instancia administrativa, ya sea por consentimiento expreso o tácito debidamente notificado" hace referencia a la resolución que no ha sido impugnada en sede administrativa por medio de los recursos de reconsideración y jerárquico por lo cual sería "consentida" a los efectos de concluir con la instancia administrativa.

Ello es así ya que si el legislador decidió otorgar una opción al contribuyente consistente en la interposición del recurso jerárquico en los términos del artículo 115, opción que impide la revisión judicial posterior, es claro que debió dotar a esa vía de algún beneficio diferencial. Así, el legislador permite optar por el control administrativo mediante recurso jerárquico renunciando al control judicial, y otorga en ese caso al contribuyente el beneficio del efecto suspensivo del recurso; lo que también se justifica porque aún no se ha dictado la resolución administrativa que concluya la cuestión ante esa sede; por lo que no resultaría razonable en ese caso que iniciara una acción ejecutiva en forma previa a resolver la cuestión.

El criterio propiciado es el que mejor se condice con una correcta hermenéutica del artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos que establece, en lo que aquí interesa, que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y que su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios (doctrina de Fallos: 310:2682, especialmente, considerando 7). También sienta el principio general relativo a que los recursos que interpongan los administrados no suspenderán la ejecución y efectos del acto, salvo norma expresa que disponga lo contrario.

Ante la carencia de una expresa decisión legislativa al respecto no puede sino concluirse que la interposición del "recurso judicial de apelación" en los términos del artículo 114 segundo párrafo del Código Fiscal no inhibe la facultad del Fisco de iniciar ejecuciones fiscales una vez consentido el acto en cuanto a la prosecución de la instancia administrativa se refiere.
Procedencia del recurso, fallos del Superior Tribunal, costas al demandado, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., L. I. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) s/ amparo - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-05-30

Si bien se ha sostenido -en coincidencia con la doctrina invariable de esta Corte- que cuando la cuestión debatida ha devenido abstracta en el curso del proceso corresponde la distribución de las costas por el orden causado, las circunstancias excepcionales y específicas del caso obligan a una diferente reflexión, y a realizar una interpretación armónica con las restantes normas del ordenamiento jurídico; teniendo particularmente en cuenta los derechos de jerarquía constitucional que se encuentran en juego, de lo contrario, la distribución automática de las costas por su orden tornaría inicua la solución en el caso. Por ello, a fin de proveer una solución justa y equitativa en relación a la distribución de las costas procesales y verificándose circunstancias excepcionales que ameritan un apartamiento del criterio imperante en la materia, es que corresponde que las costas se impongan a quien ha dado lugar a la promoción del presente amparo. (Del voto en disidencia del Dr. Ernesto R. Samsón)
Prueba testimonial, testigo único
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dettler Ernesto Nicolás c/ Martelo Diego Gonzalo y otros. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

Si bien requiere un análisis estricto del testimonio del testigo único, no deja de ser un medio idóneo de reconstrucción del hecho histórico en tanto sus afirmaciones ofrezcan garantías de imparcialidad, seriedad y verosimilitud.-
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, concurso preventivo, verificación de créditos, incidente de revisión, cheque
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: PERITO MORENO REFRIGERACION S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-09-02

La respuesta jurisdiccional no puede ser aceptada como la necesaria derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso, por cuanto -para confirmar el rechazo del recurso de revisión promovido por la entidad bancaria, por entender que la deuda que se pretendía verificar ya había sido cancelada- los Sentenciantes prescindieron de analizar un tema central de la controversia, concretamente, los efectos de las distintas imputaciones que efectuó el Banco respecto de los cheques entregados en caución y, a su vez, de la prueba pericial contable rendida en la causa tendente a determinar la cancelación o no de la pretensión actoral.
Superintendencia, resolución de superintendencia, deberes y facultades del juez, riesgos del trabajo, prueba
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-05

Es el deber de una Aseguradora de Riesgo de Trabajo desde el inicio del contrato interiorizarse sobre la situación del afiliado en cuanto a los factores de riesgos en los lugares de trabajo, como también asesorar al empleador y capacitar al personal respecto de los riesgos que se relacionan directamente con las actividades que se llevan a cabo. A ello le sigue la realización de permanentes tareas de prevención en los establecimientos laborales. Así queda fuera de toda discusión el deber de las ART de contribuir en forma efectiva a la prevención de riesgos en el trabajo, especialmente donde los peligros son mayores (en tal sentido, v. Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Torrillo AA c/ Gulf Oil Arg. SA" del 31/3/09; fallos: 332:709), teniendo en cuenta la constante posibilidad de ocurrencia de siniestros laborales.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL
Carátula: Fransoi Eduardo Ruben s/ Su Pedido de Concurso Preventivo -Hoy Concurso Preventivo S/ Quiebra ( Incidente de Realizacion de Bienes ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-10-26

El adquirente en subasta participa en el proceso falencial por un interés propio, diferente del perseguido por el acreedor, pero que es utilizado por la ley para la realización de los bienes de la masa, no participando como órgano de la justicia ni como colaborador del juez sino como interesado en adquirir el bien, razón por la cual el mismo puede peticionar la indisponibilidad de fondos hasta tanto se efectúe la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre -artículo 568  del Código Procesal Civil y Comercial- no identificándose dicha indisponibilidad con la reserva de fondos prevista en el artículo 209 de la Ley de Concurso y Quiebra,toda vez que el adquirente resulta ajeno a los privilegios que habrán de ejercerse en toda caso,sobre el precio.
Acción de amparo, legitimación activa, afiliación a obras sociales, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados, damnificado directo, gravamen actual, agravio concreto, licitación pública, pliego de bases y condiciones, impugnación del pliego
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Torello Susana T. c/ INSSJP s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-02

La peticionante no es un tercero más, sino una afiliada que, en su condición de tal, resulta beneficiaria de los servicios del PAMI y, consecuentemente, tiene interés en que no se comprometan sus recursos en otros objetos que no sean los específicamente previstos en la ley de su creación.

La circunstancia de que otros afiliados puedan estar de acuerdo con la contratación, no puede resultar obstáculo para que, aun cuando se trate de un solo afiliado, pueda plantear la cuestión cuando el compromiso patrimonial asumido por la entidad, podría eventualmente poner en riesgo el cumplimiento de las prestaciones y, consecuentemente, el derecho a las prestaciones por parte del afiliado que acciona. Su interés actual es evitar que cláusulas como las que aquí se cuestionan, puedan poner en riesgo el patrimonio del instituto y sus prestaciones, y por ende, el derecho a la salud de los beneficiarios. No cabe duda que existe un perjuicio real y concreto, por lo que en esas condiciones, debe concluirse que el amparo es la vía más idónea para obtener la protección del derecho que se dice lesionado.

(Sumario confeccionado por el SAIJ).
Recurso de inconstitucionalidad, Municipalidad, tribunal de faltas, Derecho contravencional y de faltas, multa, efecto devolutivo, efecto suspensivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fontanilla, Jorge s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. C.S.J. Nro. 1463 Año 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-08

Es admisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Municipalidad desde que, más allá de la incidencia real que lo aquí decidido tenga sobre la suerte efectiva de la presente causa -atento a que de las constancias del expediente surge que el recurso de apelación ha sido finalmente resuelto (no operando ya, por ende, el cuestionado efecto suspensivo con el cual fuera concedido) y que la multa impuesta por el señor Juez de Faltas municipal a partir de la infracción constatada ha adquirido firmeza-, es innegable que subsisten los requisitos que habilitan al ejercicio de la jurisdicción por esta Corte, toda vez que los agravios de la recurrente lejos están de haberse tornado abstractos -y, mucho menos, de responder a un interés exclusivamente académico o de mera consulta- sino que por el contrario: concurre aquí un gravamen institucional plenamente actual, vinculado en concreto con el ejercicio de la policía municipal en esta materia, que aparece verosímilmente afectado en su efectividad por la resolución impugnada a través del recurso de inconstitucionalidad, cuya subsistencia es -precisamente- susceptible de ocasionar ese "injustificado gravamen" al que ya nos refiriéramos, habilitando por ello a un prudencial apartamiento de los cánones habituales, tanto más cuando la resolución a adoptar lejos está de tener meros alcances "teóricos y abstractos".
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, acción de amparo, cuestión no constitucional, sentencia, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RUIZ DE GALARRETA, JOSE Y OTRO c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 127-84 DE IRIONDO, JORGE DEL CORAZON DE JESUS c/ CAJA  DE  JUBILACIONES  Y  PENSIONES  DE  LA  PROVINCIA  DE  SANTA FE s/ AMPARO.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 139-84 GUZMAN, MARIA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA    POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 675-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-06-27|1984-07-18|1987-12-02

La teoría de la gravedad institucional permite que, ante conflictos que exceden el mero interés de las partes para afectar el de la comunidad, la Corte suprema de justicia supere escollos de índole formal y habilite la instancia de excepción, no obstante existir "strictu sensu" obstáculos a la admisibilidad.

En el caso, falta de definitividad de la resolución dictada en un recurso de amparo.
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vallejos, Diego Leonardo c/ Jofre, Claudia s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

La atención médica del damnificado bajo cobertura de la obra social de su sindicato, lo que implica que el grueso de las prestaciones ha sido abonado por dicha entidad, no le quita que durante su internación y posterior convalecencia con yesos y reposo absoluto por un prolongado período, no haya incurrido en una serie de gastos menores que debió afrontar por sí, y que nuestra jurisprudencia considera propios de estas circunstancias según el curso ordinario de las cosas (prueba "in re ipsa").
Apropiación de cosa perdida, cheque, participación criminal, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: SLAFER, S. s/ DEFRAUDACION.Apropiación    de    cosa  perdida  PARTICIPE.  AUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-14

1) La apropiación de un cheque en la vía pública y su intento de cobro, configura el delito de apropiación de cosa perdida (art. 175 inc. 1 CP), dado que el cheque es una cosa en el sentido del art.

2111 C. Civil y su aprehensión por terceros no es un título legítimo para adquirir el dominio, pues no se trata de una cosa abandonada por su dueño. (Del voto del Dr. Ouviña).

2) No obstante que el segundo de los coencausados no fue quien encontró el cheque, ni se apropió de él, limitándose a realizar una cadena de endosos, igualmente debe responder como coautor y no como partícipe, pues es autor quien tiene dominio sobre la acción típica actuando durante el proceso ejecutivo y en el caso, hubo una correalización estructurante durante la ejecución del hecho, pues su aporte permitió en grado trascendente completar la total realización del tipo. (Del voto del Dr. Seyahian, al que se adhirió el Dr. Bonorino Peró).
Querella, escritos judiciales, falta de firma, denuncia repetida, sanciones procesales, multa
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MATZKIN, Alberto G. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-02

1) La ausencia de firma del letrado, en el escrito de querella, no conlleva a su inadmisibilidad -art. 418, C.P.P.N.-.

Ante la omisión de rúbrica del abogado patrocinante, debe aplicarse el trámite que establece el artículo 57 del Código Procesal Civil. 2) Si el juez ha fundamentado la aplicación de la multa en una presunta ocultación de una querella anterior (art. 106 del R.J.C.C.), en la cual se dispuso su desestimación -por no poder proceder- pues lo que se había iniciado como una falsa denuncia, se estimaba una calumnia, lo cual fue confirmado por la Cámara, tribunal que dijo, además, que no podía vedarse el ejercicio futuro de una acción por el delito de acción privada mencionado, la sanción no procede en tanto la presentación de la querella que encabeza el expediente, es simplemente el ejercicio de la acción, por lo cual no puede hablarse de denuncia repetida.

Por ello, corresponde revocar la resolución mediante la cual se declara inadmisible la querella y la que aplicó una multa como sanción.
Homicidio criminis causa, homicidio en ocasión de robo, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre Luis Alberto p.s.a. s/ Encubrimiento y Homicidio en ocasión de robo - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-03-14

1- En la coexistencia de las figuras del art. 80 inc. 7 y 165 CP., enseña Núñez, la regla es que corresponden a la primera los casos en los cuales el ladrón ha vinculado ideológicamente el homicidio con el robo, sea como medio para cometerlo, ocultarlo, asegurar sus resultados o su impunidad, sea como manifestación de desprecio; por el contrario, el art. 165 comprende los homicidios que son el resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo u ocasión del robo que, en tanto suceso eventual, altera el designio del ladrón.

2- El tipo del art. 165 es incompatible con la preordenación del homicidio respecto del robo, pero no lo es con el dolo del homicidio simple, y comprende todas las muertes que se originen en el proceso de violencia desatado a raíz de la consumación o tentativa del robo y que no sean preordenadamente dirigidas a preparar, facilitar, consumar u ocultar el robo ni a asegurar sus resultados o a procurar su impunidad o la de otro, o por no haber logrado el resultado perseguido.

3- El ámbito de aplicación de la norma del artículo 165, CP, no se restringe únicamente a las muertes causadas culposamente, sino que también comprende aquellas muertes causadas por la violencia propia del proceso ejecutivo del robo, de sus secuelas posteriores en las que la muerte aparece como un resultado preterintencional, y aún aquellas en que la actitud subjetiva del autor que tiende al robo, sea compatible con alguna de las formas de dolo admitidas por el homicidio simple sin que se advierta una conexidad de causa final o impulsiva entre el homicidio y el robo.
Indemnización, monto de la indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ramos, Bienvenida c/ Santander Ferrari, Juan Rubén y/o Ministerio de Educación y Cultura s/ Daños y perjuicios Ministerio de Educación y Cultura s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1996-02-12

Jurisprudencialmente es criterio que la condición humilde de los padres, hace presumir la probabilidad más o menos cierta, de obtener en un presente y en un futuro, un apoyo económico del hijo muerto. La humildad no autoriza por sí una especial limitación del resarcimiento, ni justifica una sobrevaloración de aquél. Por ello para efectuar el cálculo se debe partir de lo probado en autos que es el sueldo que percibía en vida la víctima ... y teniéndose en cuenta la capacidad productiva de la víctima, costumbres, posición económica, profesión, vida probable, es necesario también no dejar de ponderar la situación de quien debe percibir la indemnización, pues mal podría extenderse el sostén más allá de la razonable expectativa de vida de la propia demandante. Fundamento de la Dra. Colman.
Expropiación irregular, indemnización expropiatoria, daño emergente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GERACE RAFAEL Y OTRO c/ M.C.B.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPROPIACION INVERSA O IRREGULAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

La regla consagrada en el art. 11 de la ley 21.499 que establece que para fijar la indemnización expropiatoria no debe tenerse en cuenta el mayor valor que pudiera conferir al bien la obra pública, tiende a evitar un enriquecimiento sin causa y acordándole a aquél el valor objetivo prescindiendo de la favorable repercusión de la obra pública a ejecutarse. Como contrapartida de este principio, tampoco resultaría admisible que para establecer el importe del resarcimiento se ponderen actos emanados de la expropiante que reducen significativamente el valor del inmueble por un acto del principio no soportado por la generalidad de los propietarios, lo que le quitaría la condición de arbitrariedad, sino sólo por aquél cuyo bien fue sometido a expropiación.

El reclamo del expropiado tendiente a que no se computen, para fijar la indemnización expropiatoria, los actos de la expropiante coetáneos o posteriores a la afectación que deprecian el inmueble o, desde otro ángulo, el reclamo del resarcimiento por los perjuicios que tales actos le han ocasionado, en modo alguno encuadra en el concepto del lucro cesante, ya que no procura incorporar ganancias o beneficios frustrados. Debe ponerse de manifiesto el carácter cierto y concreto del daño, así como desestimaron expresamente el calificativo de hipotético o conjetural y reafirmándose la existencia de un daño actual, en tanto la tasación del bien resulta significativamente menor considerando las restricciones administrativas que no existían antes de la afectación.

Se trata de una responsabilidad totalmente objetiva en la que resulta ajeno todo juicio de reproche moral y a título de culpa. Por tratarse del resarcimiento del daño emergente por la depreciación de un inmueble y no del lucro cesante, tampoco interesa la calificación que pudiera merecer tales actos en punto a su legitimidad, pues ya sea la actuación estatal legítima o ilegítima, en este caso la responsabilidad no varía, distinto sería el caso de lucro cesante que no es restituido en la responsabilidad por acto legítimo.