marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL
Carátula: Belingeri, Mónica Alejandra s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-28

Si el Tribunal Oral no expresó los motivos por los cuales consideraba fundada la oposición del representante del Ministerio Público, han incumplido el deber de motivar sus resoluciones. Dicha falencia conlleva la declaración de nulidad de la resolución impugnada por violentar las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio contenidas en el art. 18 de la Constitución Nacional.
Derecho procesal, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: CALDERON, JUAN CARLOS c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-08

Para que surta efecto la cosa juzgada se necesita que la sentencia haya recaído sobre el fondo del litigio y por lo tanto, cuando en virtud de una excepción de mérito temporal, el juez se abstiene de fallar sobre la existencia del derecho o relación jurídica y no se pronuncia sobre el petitum, nada impide que se promueva nuevo proceso entre las mismas partes, y por las mismas causas y el mismo objeto.
Costas, apercibimiento
Materia: CONSTITUCIONAL PROCESAL
Carátula: TEJADA, GABRIELA DE LA PAZ c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-30

En virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 5558, tanto el fiscal de estado como los demás integrantes de fiscalía tienen derecho a percibir honorarios judiciales, al ser el adversario condenado en costas.
Acción de amparo, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pettinato, Graciela María Fernanda c/ Dirección Provincial de Capacitación para la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia, art. 6º, del Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Municipalidad de La Costa en autos "Amparo c. Municipalidad de La Costa". s/ Cuestión de competencia, art. 6¦, C.C.A. Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia, art. 6º, del Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Municipalidad de La Costa en autos "Amparo c. Municipalidad de La Costa". s/ Cuestión de competencia, art. 6¦, C.C.A. Provincia de Buenos Aires s/ Amparo. Cuestión de competencia, art. 6º, del Código de  Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Municipalidad de La Costa en autos "Amparo c. Municipalidad de La Costa". s/ Cuestión de competencia, art. 6¦, C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-02|2001-11-28

Si la acción de amparo se ha entablado ante la justicia ordinaria y la materia sometida a juzgamiento es de la competencia originaria de la Corte (art. 215, Const. prov.) y no es viable su sometimiento ante ella como acción de amparo, corresponde radicar la causa en el Tribunal y, en atención al estado en que se encuentra, solicitar las actuaciones administrativas para el análisis de procedencia formal arts. 33, 36 y concs. del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo). (Minoría u opinión personal)
Lugar del hecho, incidentes, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BENZAQUEN de GURVIT, María s/ QUERELLA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-12

Es obligación de los magistrados de Primera Instancia determinar el lugar en que acaecieron los hechos materia de juzgamiento, requisito indispensable para un correcto planteo de competencia. Las cuestiones que se planteen deben tramitarse por la vía incidental a fin de evitar dilaciones en detrimento de la justicia.
Beneficios previsionales, inconstitucionalidad, acción de amparo, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Goldin, Diana Beatriz c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-28

Carece de sustento el agravio de la accionante que, por un lado, reclamó y obtuvo el amparo del régimen especial -ley 24.016- tras la declaración de su vigencia con soslayo del Dec. 78/94 (declarado in-constitucional) mediante el cual el Poder Ejecutivo pretendió derogarlo, y por el otro procura sustraerse de cumplir con el aporte diferencial previsto en el art. 8 de la norma citada, afirmando que "es absolu-tamente equivocado y carece de fundamento legal" su descuento, pues ese recaudo no estuvo vigente en virtud de la derogación operada por el mentado decreto. Ello es así, porque resulta improcedente eludir los recaudos de un régimen y perseguir su aplicación en cuanto a los beneficios que el mismo otorga (en el caso, el a quo ordenó que de surgir diferencias por la falta del aporte diferencial, se practi-que el descuento correspondiente a los mismos sobre el retroactivo y, de resultar insuficiente, se afecte el haber reajustado que en adelante perciba la titular, sin que la merma supere el 20% del total del mon-to, hasta saldar la deuda por los aportes no efectuados oportunamente).
Daños y perjuicios, gastos médicos, gastos de farmacia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mendoza, Juan Carlos c/ Blanco, Carlos Alberto y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

Aún cuando se admita que la víctima de un accidente de tránsito, por más que sea atendida en un establecimiento asistencial público, debe ser indemnizada por los gastos médicos y de farmacia, ya que es notorio que existen aspectos que deben ser solventados por el paciente; para su determinación debe procederse con prudencia, sin incurrir en demasías decisorias, ya que la mayor parte del gasto lo soporta el hospital, de modo que quien reclama paga lo menos.
Daños y perjuicios, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: P., M. D. c/ A., E. s/ Filiación e indemnización por daños y perjuicios D. M., R. c/ S., A. F. s/ Reclamación de estado de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28|1998-11-10

De modo alguno puede pretenderse que cuando se causa un daño a otro en las relaciones de familia esta conducta no apareje alguna consecuencia que tienda a restaurar el equilibrio alterado, procurando que las partes afectadas lo sean en la menor medida posible, dado que resulta imposible garantizar su incolumnidad. (Minoría u opinión personal)
Dirigente gremial, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: Ruiz, Jorge A. c/ Municipalidad de Saladillo s/ Acción de reinstalación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

La comunicación al empleador de la designación de un dependiente en un cargo de representación gremial es constitutiva del derecho a la estabilidad que el ordenamiento sindical garantiza.
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de tratados internacionales, Convención de Varsovia, transporte aéreo
Materia: PROCESAL
Carátula: LA AGRICOLA CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. c/ AEROLINEAS ARGENTINAS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-04

Procede el recurso extraordinario en el caso en que está en juego la interpretación de una cláusula de un tratado internacional -art.

26 de la Convención de Varsovia de 1929, ley 14.111, modificado por el Protocolo de La Haya de 1955, ley 17.386- y la decisión recaída ha sido contraria al derecho que en ella funda el recurrente.
Honorarios, cuestiones de competencia, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Cristina Basualdo c/ María  Cristina  Sancho  y/o  Quien  Resulte  Civilmente  Responsable s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-02-25

En autos se ha resuelto una cuestión de competencia y el honorario regulado es el que corresponde a los trabajos cumplidos en la misma. A los efectos del arancel, y ante el completo silencio guardado por la Ley, entendemos que el planteo de una cuestión de competencia constituye un incidente. Por ello debe regularse el honorario del profesional conforme lo previsto en el art. 33 de la Ley de Arancel.
Prueba biológica, prueba hematológica, extracción forzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Gualtieri Rugnone de Prieto, Emma Elidia y otros s/ sustracción de menores de 10 años -causa nº 46/85 A-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-11

El balance entre los intereses de toda persona a no sufrir invasiones a su privacidad y el interés estatal en la persecución penal debe incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la específica medida de coerción dispuesta en la causa, a cuyo fin corresponde tamizar la medida por los filtros de necesidad, adecuación y proporcionalidad, y las normas que confieren atribuciones a los jueces para disponer medidas de prueba deben entenderse razonablemente dirigidas a la averiguación de los hechos presuntamente delictivos que constituyen el objeto sumarial y no otros cualesquiera , por lo que la extracción compulsiva de sangre guarda relación directa con el objeto procesal de la causa si es conducente para el esclarecimiento de los hechos y no excede los límites propios del proceso en que fue dispuesta (Disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, tipo penal, constitucionalidad, deberes del funcionario público
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: PRESTIA, José R. s/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

El enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, art.

268, inc. 2º, C.P., no viola ningún derecho protegido constitucionalmente, pues la acción no es la de enriquecerse, sino la de no justificar la procedencia del enriquecimiento, con lo cual la ley no está consagrando una presunción, sino imponiendo un deber y sancionando un incumplimiento.

El dispositivo legal tiende a resguardar el honesto y correcto comportamiento de los funcionarios, y a evitar que esas funciones se utilicen para beneficiar al agente al margen de la ley, en vez de procurar el bienestar general, como es el deber genérico del servidor público.
Derecho laboral, estación de servicio, aplicación de la ley, apreciación de la prueba, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: González María Victoria c/ La Rotonda Combustibles S.R.L. s/ Cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-06-29

No está corroborado que la demandada haya estado representada en el sector empresario que suscribió el convenio 384/03, ya que el sector empresario que lo suscribió (gastronómicos y hoteleros) no representaba en modo alguno a empresas dedicadas a explotar estaciones de servicios en las cuales se expenden hidrocarburos, ni está probado que hubiera ejercido de modo implícito o explícito tal representación. Es cierto que un convenio colectivo tiene efecto erga omnes, pero sólo con relación a los trabajadores y empleadores que hayan estado representados en la celebración de dicho convenio (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Recurso extraordinario de nulidad, fundamentación de sentencias
Materia: LABORAL
Carátula: Amarain, Raúl y otro c/ Aust e hijos s/ Diferencia de haberes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-01

Es infundado el recurso de nulidad extraordinario si el veredicto y la sentencia del Tribunal del Trabajo se adecuan a la estructura del procedimiento laboral cumpliendo con las exigencias del art. 156 de la Constitución Provincial.
Estafa, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: JOSE ANIBAL MESSINA s/ ESTAFA EN CONCURSO IDEAL CON FALSIFICACION DE CHEQUE
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-02-06

El Ministerio Público sostuvo que a su juicio se encuentran probados los ilícitos en tratamiento, conclusión a la que llegó tras merituar la pericial caligráfica de autos, en la que tres de los técnicos intervinientes se expiden en forma asertiva en lo referido a la paternidad del sujeto activo con respecto a la grafía dubitada La defensa expresó que en las dos primeras pericias se tuvieron en cuenta los cuerpos de escritura formados por el testigo y su defendido, cosa que no ocurrió en las restantes que fueron centradas en esta última circunstancia, que indujo a los técnicos actuantes a expedirse como lo hicieron. Las operaciones técnicas revelan un detallado estudio del material sometido a pericia sin que se atisbe deficiencia o falta de motivación suficiente que las haga cuestionables. Dar favorable acogida a los planteos impugnativos significaría dejar en manos de los encausados el enervar los efectos de operaciones técnico-periciales perfectamente ajustadas a las reglas que informan la materia en las que no se advierte el menor signo de parcialidad o segundas intenciones perjudiciales para las partes, con la mera invocación de pretendidos perjuicios o hipotéticas conductas con contenido criminoso o supuesta animosidad por parte del técnico para una de las partes. Las pericias reconocen la más variada raigambre: las hay judiciales, policiales y de Gendarmería Nacional; no es dable admitir una confabulación pericial de alcance tal, que arroje idénticas conclusiones a través de distintos estudios y métodos.
Despido, comunicación del despido
Materia: LABORAL
Carátula: CHAUD DIEGO NAZARENO c/ PLATINO TURISMO S.R.L. Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-11-30

La falta de comunicación fehaciente de la ruptura del contrato laboral por parte de quien se considera en situación de despido indirecto, no obsta a la procedencia de la indemnización por despido, toda vez que el empleador negó la existencia de dicha relación laboral ante los reclamos efectuados por el trabajador y por ende, en virtud del principio de buena fe, debe considerarse que el distracto se produjo por culpa del empleador.
Daños y perjuicios, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aguirrezabal, Luis Adolfo c/ Montenegro, Aldo s/ Indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10

Los intereses deben liquidarse desde las siguientes fechas:

privación de uso y desvalorización venal: desde la fecha del siniestro; gastos de reparación de los daños soportados por el automotor: desde la notificación de la demanda, cuando no se hubiere acreditado el pago de los arreglos.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, terminación del proceso, impulso procesal, elevación en apelación, segunda instancia, incidente de caducidad, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: LAVAQUE, NESTOR ELIAS por: LAVAQUE, ESTEBAN DANIEL c/ HUXLEY, ROBERTO DANIEL; SEILER DE HUXLEY, MARIA CRISTINA; HUXLEY, MICAELA ANDREA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-02-26

La segunda instancia concluye con el dictado de al sentencia, que es para lo que el expediente fue elevado y a partir de allí ya no puede perimir la segunda instancia, aún cuando se haya notificado la misma a los interesados.

Aceptar la perención cuando ya existe decisión supone la anulación de la sentencia definitiva dictada por el tribunal, o sea la parte principal del juicio a que tiende en su desarrollo la relación procesal. Además si se contempla la posibilidad que se produjera la perención después de que se ha dictado tal sentencia, se super-pondrían, en una misma causa, dos medios de extinción: uno el normal, constituido por la sentencia y el otro el anormal el de la perención (LL. 84-109; J.A. 1956 -III-556).

La sentencia que pone fin a un pleito, aunque no se haya notificado, no produce la caducidad porque no es posible admitir que la mera inactividad de las partes pueda anular el principal acto de los órganos jurisdiccionales: el dictado de la sentencia.
Armada, personal militar retirado, aportes a obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Sarmiento Enriquez, Claudio Alberto y otros c/ Sarmiento Enriquez, Claudio Alberto Y Otros s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-17

El Dec. 1776/07 -en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (ley 25.917 y Dec. Reg. 1731/04)-, expresamente aclara que las Obras Sociales de las Fuerzas Armadas -entre ellas DIBA, IOSE, de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario- quedan comprendidas dentro de las Obras Sociales Estatales a que alude el art. 3 del anexo al referido Dec. 1731, destacando en sus considerandos que tales obras sociales no han adherido al régimen establecido en el art. 1, inc. g) de la ley 26.660 y, por tanto, pertenecen a la Administración Central, con regímenes particulares, dada la naturaleza de sus funciones o prestaciones. Por otra parte, por la índole de prestaciones que realizan y el origen de los recursos destinados a su atención, no encuadran en el concepto de haciendas administrativas sino, por el contrario, debido a la necesaria flexibilidad administrativa que requiere la prestación de sus funciones, se asimilan al de haciendas productivas no sujetas a las reglamentaciones propias de las primeras, estableciéndose claramente una naturaleza funcional propia (ver considerandos decreto citado). En consecuencia, ha de concluirse que la pretensión de los accionantes de que se reduzca el porcentaje mensual que se les descuenta en concepto de cuota para DIBA, fundadas en el carácter tributario de los aportes, en la ley 23.660 y en la falta de facultades del PEN o del Jefe del Estado Mayor de la Armada para determinar la cuota de afiliación, no puede tener acogida favorable.
Inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, carácter excepcional
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: FRANCISCO PAOLINI c/ BANCO CREDITO DE CUYO s/ INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-09-10

El recurso extraordinario por sentencia arbitraria reviste carácter excepcional, y no tiene por objeto abrir una tercera instancia ordinaria, donde se pueden discutir decisiones equivocadas o que se reputen tales, sino que atiende solo a supuestos de gravedad extrema en que, a causa de ello, las sentencias quedan descalificadas como actos judiciales.
Concursos, depósito judicial, depósito a plazo fijo, tasas de interés, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: SUPERSIL SA s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Corresponde confirmar la resolución del juez concursal, en cuanto declaró procedente los intereses del depósito judicial de autos invertidos a plazo fijo (cfr. CNCom, Sala C, in re "Flores de Massari c/ Zangari, Alejandro s/ ejecutivo", del 30/10/10), modificándola en el sentido que los réditos deberán ser calculados de conformidad con la tasa de interés y las pautas establecidas por la CSJN en el precedente "Algodonera Lavallol SA s/ quiebra", dictado el 20/04/10.
Expresión de agravios, fundamentación suficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Metalúrgica Morello S.R.L. c/ Hissuribehere, Italo Alberto s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

No es admisible procesalmente mudar el reclamo al agraviarse en la segunda instancia, sin comprometer el emplazamiento inicial del debate en perjuicio de la garantía de defensa.
Ley penal más benigna, ley formal, non bis in ídem
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Luján, F. y otros s/ Nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Debe rechazarse "in limine" el planteo de nulidad interpuesto con base en la supuesta existencia de una ley procesal más benigna, al referirse a la "ley penal", el art. 2 del Código de fondo hace alusión a la ley sustantiva, no a la de forma. Por otro lado, aceptar el planteo implicaría reeditar hechos respecto de los cuales la resolución ha quedado firme, en flagrante violación al principio de "non bis in idem".
Nulidad de sentencia, costas, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ, Rodolfo J. s/ COSTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1970-07-03

Es nula la sentencia que omite declarar, con cita expresa, sobre el pago de las costas procesales.

NOTA: Este plenario fue dejado sin efecto por el plenario 'Acuña, Félix', del 19/X/79.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, contrato de trabajo, injuria laboral
Materia: LABORAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: INES IDELICIA ROMERO c/ CASA FARRE S.A.C.I.F. s/ CONTRATO DE TRABAJO- INJURIA LABORAL- DERECHO DE DEFENSA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

Es descalificable el pronunciamiento que, con base en las consecuencias que a su juicio emanan de otro proceso tramitado entre las mismas partes, rechazó la denuncia del contrato laboral fundada en considerar injuriosa la conducta de la empleadora que, al entender que la enfermedad padecida por la actora no era producto de un accidente laboral sino de una enfermedad inculpable. Ello es así, pues lo decidido es violatorio del derecho de defensa de la recurrente, por vincularse con un motivo ajeno al contenido de los agravios que dieron lugar a la intervención de la alzada y a los términos de la controversia.
Locación, cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cintolo, Mario c/ López, César y otro s/ Cobro ejecutivo de alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-19

Aún desde el punto de vista de la sanción que cumple la multa convencional y considerada como una pena civil, no ha de perderse de vista que una cierta proporcionalidad es condición objetiva de la justicia de toda sanción. De acuerdo con ello, la pena debe establecerse en el 1 por ciento diario de los alquileres debidos (arts.652, 654, 655 y cc., C.Civil).
Acción de inconstitucionalidad, ley de emergencia, regímenes jubilatorios especiales, funcionarios judiciales, emergencia previsional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bergallo Difiori, Ignacio Luis y otros. s/ Declaración de Inconstitucionalidad (Ley 2910 -art. 1º y 2º).
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-10-21

Los demandantes, jubilados del Poder Judicial de Misiones, sostienen que se han desconocido las Leyes Jubilatorios a las que se acogieron sus titulares, cercenando derechos adquiridos. En primer lugar, no existe derechos absolutos, y justamente la disminución del monto de jubilaciones acordadas fue resuelta en el sentido de que es lícito que la ley lo disponga para derrotar a la emergencia, porque, la regla básica del poder de policía de emergencia es la medida del interés general comprometido la que determina el mecanismo para su tutela. El debate parlamentario en el dictamen de la comisión en mayoría no desconoce que se determina un sacrificio -de una ley considerada coyuntural- la limitación de los montos se propone "como una medida que contribuye a mantener la ecuación financiera necesaria para mejoramiento de los beneficiarios, apelando al principio de solidaridad de los que están con el beneficio en el Instituto de Previsión Social. Si bien los beneficiarios que superan el máximo propuesto, de doce haberes mínimos de la administración pública provincial, es inferior al dos por ciento de la masa de jubilados y pensionados, el establecimiento de esta medida contribuye al objetivo general del sistema y para una mayor equidad se propone en este proyecto que estos máximos sean relacionados con los de los Poderes Judicial y Legislativo". Su razonabilidad, por tanto, fue expresamente fundamentada. (Dra. Catella: Según su voto).-