Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04


Causa 388-00/CC/2005 "Oniszczuk, Carlos Alberto s/ falta de habilitación" - Apelación. Recurso de inconstitucionalidad.

//n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de julio de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 126/136 contra la resolución dictada a fs. 119/123 en la presente, de la que RESULTA:

1º) Que a fs. 119/123, esta Sala resolvió: I- Declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa con relación al supuesto de arbitrariedad invocado; II Declarar admisible el recurso de apelación con relación a la interpretación asignada al art. 16 de la ley 451 y a la afectación del principio de congruencia. III- Confirmar la sentencia en cuanto dispuso: 1) No hacer lugar a la solicitud de extinción de la acción por prescripción planteada por la Sra. Defensora Oficial; 2) No hacer lugar a la nulidad planteada por la Sra. Defensora Oficial; 3) Condenar a Carlos Alberto Oniszczuk por la infracción consignada en el acta de comprobación nro. 2/0732015 labrada el 27 de mayo de 2004 a las 17:00 hs en Piedras 170, P.B de esta ciudad, por "falta de funcionamiento, no exhibe habilitación ni comprobante de inicio del Trámite" a la pena de multa de $300, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (arts. 4.1.1 y 32 de la ley 451); con costas.

2º) Que a fs. 126/136, obra la presentación efectuada por la defensora del imputado Carlos Alberto Oniszczuk, Patricia B. López, a través de la cual manifiestó que la resolución mencionada supra es contraria al principio de legalidad toda vez que esta Sala efectuó una interpretación extensiva de la causal de interrupción de la prescripción en materia de faltas, impidiendo así la extinción de la acción, a pesar de haber transcurrido holgadamente el plazo legalmente previsto por ley. Asimismo, refirió que el principio de legalidad constituye un límite al poder punitivo del Estado y debe aplicarse respecto de los institutos que limitan la persecución estatal. Por otra parte, sostuvo que tampoco puede recurrirse a la analogía en contra del imputado con el objeto de restringir la aplicación de una causa de extinción de la acción de faltas o de la pena. Por ello, solicitó que se declare admisible y se haga lugar al recurso interpuesto, se revoque la resolución impugnada, y se tenga presente la reserva del caso federal.

3º) Que a fs. 138/139vta., al contestar la vista conferida, el Sr. Fiscal de Cámara, Walter Fernández, expresó que debía declararse inadmisible el recurso impetrado por cuanto la defensa solo se limita a disentir con la interpretación de las normas de derecho común realizada por la Sala en la sentencia recurrida y no logra conectar sus quejas con un motivo de impugnación de carácter constitucional. En suma, refirió que al versar el recurso sobre una interpretación de derecho infraconstitucional no es viable su apertura.

4º) Que a fs. 140, pasaron los autos a resolver, siendo la cuestión a dilucidar si el recurso de inconstitucionalidad interpuesto debe ser considerado admisible.

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO En primer lugar, cabe expresar que el recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma. Asimismo, que pretende impugnar una decisión de carácter definitivo, toda vez que la resolución de esta Sala confirma -además del rechazo de la extinción de la acción por prescripción- la condena impuesta por la magistrada de grado a Oniszczuk. De este modo, y al haber recaído en el proceso sentencia definitiva, la cuestión planteada no puede ser articulada en otra oportunidad procesal y por lo tanto resultaría procedente en virtud de lo dispuesto por el art. 27 de la ley 402.

Sentado ello, resta considerar si estamos en presencia de una cuestión constitucional que amerite la procedencia del recurso impetrado. En este sentido, el Tribunal Superior ha expresado que "el órgano al que compete el juicio de admisibilidad del recurso debe constatar que éste no solo cumpla con los recaudos formales, sino también que contenga los agravios constitucionales reales y no aparentes; lo que, claramente no importa que se pronuncie sobre ellos; pero sí que discrimine la mera invocación genérica de preceptos, principio, derechos y garantías o la reiteración de argumentos ya tratados, de una concreta impugnación constitucional del fallo" (Expte. nro. 2212 "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional nro. 1 s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Feng Chen Chih s/inf. art. 40 CC-Apelación", rta. 11/6/03).

La defensa en su presentación refiere que la resolución recurrida, al establecer que la citación fehacientemente notificada al imputado para comparecer en el proceso no solo abarca la efectuada en sede administrativa sino a toda aquella practicada durante el proceso, viola el principio de legalidad por cuanto efectuó una interpretación extensiva de la causal de interrupción de la prescripción. Asimismo con cita del Fallo de la Corte "Caballero, Jorge Alberto y otros s/art. 71 CC", rta. el 13/5/04, refiere que los plazos de prescripción de la acción penal se encuentran alcanzados por el principio de legalidad y resultan ajenos a interpretaciones inciertas. Por otra parte, sostiene que tampoco puede recurrirse a la analogía en contra del imputado con el objeto de restringir la aplicación de una causa de extinción de la acción de faltas o de la pena.

Al respecto, la CSJN ha expresado que el principio de legalidad enunciado por el art. 18 de la CN, con arreglo al cual nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, requiere la doble determinación por el legislador de los hechos punibles y las penas a aplicar, y proscribe, en consecuencia, la aplicación analógica o extensiva de la ley penal (Fallos : 237:636; 307:551 y 114; 310:1909); pero no impide la interpretación de sus normas que, en cuanto legales, requiere también la determinación de su sentido jurídico, función que es propia del Poder Judicial (Fallos 254:315; 293:130 y 378; 300:291; 307:114), y que la proscripción, en el orden represivo, de la aplicación analógica o extensiva de la ley, no excluye la hermenéutica que cumpla los propósitos legales, con arreglo a una interpretación razonable y discreta ("Gómez Zorrilla, Eustaquio s/recurso de apelación y nulidad", rta 2/8/63).

Sentado ello, no se advierte que la defensa hubiera conectado debidamente la crítica que hace a la interpretación del art. 16 de la ley 451 efectuada por esta Sala con el principio constitucional que invoca.

Así y tal como lo ha puesto de manifiesto el Sr. Fiscal de Cámara, el recurrente se ha limitado a criticar la resolución de esta alzada, haciendo solo referencia a cuestiones relacionadas con el alcance de la norma aplicada.

Siendo así, el agravio impetrado se traduce en una discusión acerca de la interpretación de una norma de derecho común, cuestión ajena al recurso de inconstitucionalidad resultando solo una particular forma de disentir con lo resuelto por esta Sala.

Así, el Tribunal Superior de Justicia ha señalado que "Las recurrentes, tras aparentes (e insuficientemente planteadas) cuestiones constitucionales, manifiestan su desacuerdo con la interpretación de reglas infraconstitucionales efectuada en la sentencia recurrida. Sin embargo, aunque postulan otro criterio de interpretación de la norma procedimental, no logran señalar el desapego constitucional de la hermenéutica efectuada por la alzada. El recurso ahora interpuesto no tiene por misión el análisis e interpretación de Derecho local común" (Expte. TSJ nro. 1976/02 "Labayru, Julia Elena y otros c/ GCBA s/amparo (art. 14 CCABA, del voto de los Dres. Julio Maier y Ana María Conde, rta el 9/4/2004).

Con igual criterio, ese tribunal expresó que "los agravios expuestos manifiestan la discrepancia de la recurrente con la interpretación de normas infraconstitucionales contenida en la sentencia recurrida, pero no involucran argumentos de carácter constitucional... El recurso, entonces, no logra articular el modo en que la sentencia de la Cámara afecta algún derecho o garantía de raigambre constitucional que habilite la instancia ante el tribunal por esta vía" (Expte nro. 2094/03 "Alto Palermo Shopping Argentino S.A s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en "Alto Palermo Shopping Argentino S.A c/GCBA- Dirección General de Rentas- Resolución 3106- DGR 2000- s/recurso de apelación judicial c/decisiones de DGR).

En atención a lo expuesto, se puede afirmar que la Defensa se limita a repetir las razones por las cuales entiende que debió dársele razón en el pleito, al punto que solo menciona que se le impide acceder a una segunda instancia y discrepa con la interpretación de una norma de derecho común que realiza esta Sala, haciendo referencia a reglas infraconstitucionales, tratando de vincularlas, sin éxito con el principio de legalidad.

En este sentido el TSJ ha expresado que"la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia (Fallos TSJ), Tomo II, págs. 20 y sgtes).

En virtud de ello, cabe concluir que el agravio invocado por la recurrente no es viable para habilitar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, por lo que la vía intentada debe ser rechazada.

Concluído el acuerdo que antecede, por los motivos expuestos y las normas legales citadas, el Tribunal.

RESUELVE:

I- Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 126/136 por la defensa del imputado II- Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y remítase al Juzgado interviniente, a sus efectos.

Ante mi: