Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-22


En la ciudad de Trelew, a los 22 días de mayo del año dos mil siete, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de esta ciudad, bajo la Presidencia del Dr. Sergio Rubén Lucero y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., J. D. c/ T. A. S.R.L. y otros s/ cobro de hab. e indem. de ley" (Expte. N° 22.106 - año 2007) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 188.- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:- 1. Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por los codemandados R. y P. a fs. 172 y 173, que fueran concedidos a fs. 174, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 161/165 que hizo lugar a la demanda instaurada por J.

D. P. y condenó a T. A. S.R.L., R. R., y G. P. al pago dentro del plazo de diez días de la suma de $20.846,75.- que resulta de descontar el importe ya percibido, con más sus intereses, en concepto de salarios adeudados, integración mes de despido, sueldo anual complementario, vacaciones no gozadas y proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva por falta de preaviso, incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, e indemnización contemplada por el art. 16 de la ley 25.561, y asimismo dispuso dentro de igual plazo la entrega del certificado de trabajo (art. 80 de la L.C.T.), bajo apercibimiento de aplicar astreintes, con imposición de costas a los vencidos.

Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 lucen a fs. 175/176 y vta. y 177/vta., el traslado conferido a fs. 178 no fue evacuado por su contraria, y el codemandado P. se agravia por la condena solidaria dispuesta ya que los testigos tienen procesos similares en los que se dictó sentencia y en su oportunidad fueron tachados por tal circunstancia.

El argumento del juzgador carece de relevancia ya que quienes detentan la calidad de gerentes de una sociedad necesariamente imparten órdenes a sus subordinados, sin que por ello pueda afirmarse que éstos mantienen contrato de trabajo con el gerente, o que éste deba responder solidariamente con el empleador ante una situación de despido.

También se agravia por haberse considerado que la relación laboral terminó como un despido indirecto, en razón que el Sr. G. (sic) no obtuvo respuesta a su carta documento.

Entiende que las constancias resultantes de la Subsecretaría de Trabajo muestran a las claras que se trató de una desvinculación en que ambas partes estuvieron de acuerdo en razón que la empresa L... había dejado de volar a Puerto Madryn, lo que constituyó un hecho no imputable al empleador y que excedía su voluntad, situación que no fue debidamente evaluada por el juzgador. Hace presente que las actuaciones en el organismo administrativo son posteriores al envío de la carta documento por lo que no pueda darse a dicha misiva el alcance que le otorga el Sr. Juez de primera instancia. Se trató de una desvinculación acordada (art. 241 LCT) y de ninguna manera importó una contradicción con lo que se expresara más adelante respecto del art. 247 de la misma ley.

Ello constituye la articulación de dos defensas diferentes. El mismo accionante reconoce lo percibido en sede administrativa y los términos del acuerdo. También formula queja ya que con el pretexto de la confusión que se le adjudica el Sr. Juez no trató la defensa invocada respecto al art. 247 de la L.C.T.

Se está ante un caso de fuerza mayor o falta de trabajo, o de ambos supuestos. La fuerza mayor resulta del cese de los vuelos de L... por decisión de la compañía y la consecuente falta de trabajo para quienes prestaban los servicios adicionales en el aeropuerto de Puerto Madryn, situación que era pública y notoria. Se dan las características de la fuerza mayor y con cita de doctrina destaca los dos elementos del caso.

Invoca la existencia de los actos de gobierno y señala que en estas actuaciones se está en una situación más que semejante, pues la fuerza mayor se produce como consecuencia de una determinación de la empresa aérea que había contratado a terceros el servicio de rampas.

Producido el cese de los vuelos y como consecuencia el pago de los servicios resulta obvia la imposibilidad de cumplir. En cuanto a la necesidad de prueba, además de los dichos de la demanda y contestación y las documentales enviadas por M. A., el hecho tuvo tal alcance social que se reflejó en todos lo medios de prensa.

Aun poniéndose en la posición más favorable para el accionante no cabe dejar de lado la aplicación de la norma del art. 247 de la L.C.T. Peticiona se revoque la sentencia, con costas.

A su turno, el codemandado R. sostiene que la norma del art. 14 de la ley laboral resulta inaplicable al caso, como también la desestimación de la personalidad societaria por cuanto no está probado la evasión de normas imperativas y tampoco que se haya configurado dicha evasión por simulación ilícita y fraude a la ley y la relación laboral se desarrolló dentro del marco legal, y las órdenes impartidas lo fueron en su condición de socio gerente.

Se agravia ya que el sentenciante no consideró válido el acuerdo extintivo de la relación laboral celebrada en los términos del art. 241 de la L.C.T., y es en dicho acuerdo que se produjo la novación del contrato laboral.

La solidaridad sólo puede extenderse al transmitente a las obligaciones existentes al tiempo de la transmisión y el acuerdo resolutivo no genera consecuencias indemnizatorias y fue homologado por la autoridad administrativa operando los efectos de la cosa juzgada. Solicita se acoja la defensa de falta de legitimación pasiva, con costas.

2. Si bien el codemandado P. formuló la tacha de los testigos B. y G. a fs. 123 por deponer sobre los mismos hechos que sustentan juicios idénticos al presente, aun cuando por hipótesis se prescinda de esa testimonial, lo cierto es que el apelante omite tener en cuenta la declaración de A. F. C. (fs. 143) a quien no le comprenden las generales de la ley, no tiene juicio pendiente, no fue objeto de tacha, y sus dichos no permiten presumir parcialidad, en los términos previstos por el art. 35 de la ley 69.

De tal modo, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 45 de la ley 69) aprecio que su declaración presenta fuerza de convicción suficiente ya que en forma categórica manifestó que "R. R. y G. P." le impartían las órdenes a P. durante todo el período que duró la relación laboral, que esas personas le abonaban el sueldo, que también impartieron las órdenes en el aeropuerto de Puerto Madryn, y que después del cierre de las oficinas de Trelew, siguieron bajo la dependencia de los demandados en la ciudad de Puerto Madryn (contestación a la 5a., 6a., 7a., 12a., y 14a. pregunta, fs. 143). Y en tal sentido, la regla testigo único, testigo nulo quedó superada en el tiempo en dos situaciones, por la cualidad del testigo y por ser necesario (Colombo, "Código Procesal Civil y Comercial ...", Abeledo-Perrot, 1969, T. III, par. 24, págs. 624/625).- Por lo demás, ninguna regla exige dos testimonios concordantes y nada impide dotarlo de credibilidad y eficacia (este Tribunal, sala "B", c. 12.914, S.D.C. 11/98).

Es que, la existencia de un solo testimonio que da cuenta del hecho del expediente no invalida ni desacredita la declaración en la medida en que se aprecie objetiva e imparcialmente, máxime cuando el testimonio no fue impugnado (CNTrab., sala V, mayo 31/994, "R., E. c/ S. y otros", E.D. 160-519).

La declaración del testigo único puede tenerse como prueba suficiente cuando analizada con el rigor que presupone la prueba singular, debe concluirse que el testigo ha declarado en forma objetiva e imparcial (CNTrab., sala I, noviembre 30/987, "O., F. J. c/ I., S. A.", D.T. 1988-B, 1531).

La circunstancia de que se trate de un testigo único no invalida el testimonio, por cuanto la máxima "testis unus testis nullus" pertenece al sistema de pruebas legales, pudiendo asignársele pleno valor probatorio al testigo singular, frente a las reglas de la sana crítica que gobiernan la apreciación de la prueba cuando los antecedentes del caso así lo determinen (CNTrab., sala VI, octubre 13/980, "P., N. C. c/ Compañía Sudamericana B. T. B. S.A.", D.T. 1981-A, 36).

La exclusión del valor probatorio del testigo único no tiene fundamento, porque si bien no existe la garantía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios testigos, ella puede hallarse compensada por la calidad del testigo único yla existencia de que, en tal caso, el juez aprecie el testimonio con mayor severidad (CNCiv., sala C, octubre 21/985, "F. de M., B. R. c/ B. F. A.", L.L. 1986-B, 618, S. 37.235).- También cabe destacar que la atendibilidad de la prueba testimonial no se mide por el número de quiénes prestan declaración, pues el camino más seguro para establecer quiénes relatan el hecho con verdad y quiénes no lo hacen así, es la de ponderar todas las circunstancias que, examinadas, con criterio objetivo, valora de modo integral la prueba, y valga la repetición de aquello tan manido de que los testigos se pesan y no se cuentan (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, T. V-A, pág. 352, y cita de pronunciamientos).

Por lo demás, ante la declaración brindada por C. no corresponde descartar los dichos de G. y B. ya que aun cuando tengan interés en el pleito no corresponde descalificarlos, sino valorar la eficacia de sus declaraciones de acuerdo con las reglas de la sana crítica (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal .", Astrea, 1983, T. 2, pág. 482).

Y en ese marco, las tachas a esos testigos no impide que el juez aprecie el valor de sus declaraciones al dictar sentencia (arts. 35 de la ley 69 y 456 del C.P.C.C.), y en ese marco las declaraciones de G. y B. resultaron coherentes y sin contradicción alguna, y las mismas permiten corroborar en los aspectos esenciales la brindada por C., conforme a las reglas de la sana crítica.

Desde otra perspectiva, resulta relevante para la dilucidación de la causa que el codemandado P. omitió formular embate sobre un aspecto en que se fundó la condena dispuesta cual es que esa parte detentaba la calidad de empresario (art. 5 de la L.C.T.) a la época de la extinción del vínculo laboral, pues la documental reservada que en este acto se tiene a la vista permite precisar que tal calidad resulta en forma ineluctable de los recibos de fs. 47/51 y 53 (diciembre de 2002 a abril de 2003, y junio de 2003) que indican "M. A. de P. G.", pues esa denominación no es más que un nombre de fantasía.

3. Tocante al momento de la extinción del vínculo se agravia el apelante por considerar el Juez que la relación laboral terminó con un despido indirecto sin tener en cuenta que con posterioridad al envío de la misiva por el trabajador las partes por voluntad concurrente extinguieron el vínculo como resulta de las actuaciones labradas en el organismo administrativo.

Como puede advertirse el propio apelante destaca que dichas actuaciones son de fecha posterior al envío de la pieza postal por el actor, motivo por el cual el juzgador precisó a fs. 163 vta. que del acuerdo extintivo al que se hace referencia y que es de fecha 13/06/03 según constancias de fs. 58 (cuaderno de pruebas) poco y nada es lo que puedo agregar, pues ninguna validez puede otorgársele teniendo en cuenta que la relación laboral ya había encontrado su fin el 9/6/03 con el despido indirecto en el que se colocó el actor.- Y esa conclusión del sentenciante no fue objeto de una crítica concreta y razonada por lo que no hay agravio que atender.

En ausencia de fundamentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravio que atender en la alzada.

Para tener por satisfechos los fines legales de la expresión de agravios, deben concretarse punto por punto, los errores fundamentales que se atribuyen en la aplicación del derecho, o en su caso en la apreciación de los hechos y su prueba, bajo riesgo de que se tenga por consentida toda decisión no objetada (Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1988, T. III, págs. 360, punto e, y 370, respectivamente, y cita de fallos).

Así, si no se formulan los agravios concretos y razonados sobre cada uno de los puntos considerados por el juez de primera instancia, quedan consentidos aquellos sobre los cuales no se cumplimentó esa carga ( C.S.J.N. agosto-29-969, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian, Toros y otro", L.L. 137-538).- Por ello, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C., de aplicación por remisión del art. 76 de la ley 69).- Y sin perjuicio que la relación laboral finalizó a ese momento y no como consecuencia del posterior acuerdo, desde otra perspectiva cabe puntualizar que el "acuerdo de finalización de la relación laboral" obrante a fs. 58 del cuaderno de prueba no se encuentra homologado por la autoridad administrativa, pues sólo contiene un sello y firma de funcionaria actuante.

Por tal razón incurre en evidente error el codemandado R. al señalar a fs. 177 vta. que el mismo fue homologado y que por esa razón operó los efectos de la cosa juzgada.

Asimismo, dicho convenio contiene una renuncia de derechos ("2° Ambas partes renuncian por la presente a efectuar cualquier tipo de reclamo laboral .") como consecuencia de la obligación asumida por el empleador y extinción alcanzada con el pago de una suma de dinero ("3° El Empleador abona en este acto a El Empleado el total de $1.679,82.- (pesos mil seiscientos setenta y nueve con 82/100) en concepto de indemnizaciones .").- En tales condiciones, se trata de un acuerdo liberatorio alcanzado por el art. 15 de la L.C.T. carente de validez por carecer de un recaudo esencial, cual es la resolución fundada de la autoridad administrativa que acredite que se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes.

Y si bien en caso de extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo resulta suficiente que el acto se formalice ante la autoridad administrativa del trabajo (art. 241 de la L.C.T.), la renuncia negociada es cuestionable cuando oculta un despido incausado del trabajador e implica una renuncia a todo o parte de la indemnización que le corresponde o cuando de algún modo libera al empleador de una deuda. La voluntad de las partes cae si se afectan derechos indisponibles para el trabajador (Fernández Madrid, Juan Carlos, "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", La Ley, 1990, T. II, par. 15.12.5 y 15.13., págs. 1713 y 1716, respectivamente).- En ese mismo direccionamiento, en los casos de disolución del contrato de trabajo por mutuo acuerdo o voluntad concurrente de las partes, no se requiere la homologación del acuerdo ni la apreciación de la justa composición de los derechos de las partes siempre que el principio de irrenunciabilidad establecido por el art. 12 de la LCT no se vea afectado en modo alguno (CNTrab., sala I, julio 10-992, "U., R. c/ T. de A. S.A. s/despido", SD. 61.535, citado en "Manuales de Jurisprudencia. La Ley 9. Ley de Contrato de Trabajo", 1996, pág. 18, n° 4) (el subrayado me pertenece).- La extinción por acto bilateral expreso no podrá contener cláusulas que importen la renuncia a derechos inderogables (Ackerman, Mario E., Director, "Tratado de Derecho del Trabajo", Rubinzal-Culzoni Editores, 2005, T. IV, pág. 166).

Por eso, la fórmula "nada más tendrá que reclamar" incluida en un convenio que no fue homologado ante la autoridad administrativa o judicial implica una renuncia de derechos en violación de normas de orden público (arts. 7°, 9°, 12, 14 y 15 y cons., ley de contrato de trabajo) (conf. CNTrab., sala I, marzo 31-993, "R., R. A. c. Consorcio de Propietarios C. C. 1305", D.T. 1994-A, 37).

Con tales pautas, la falta de homologación del acuerdo que luce a fs. 58 del cuaderno de prueba quita toda validez al mismo, por lo que ante la admisión del codemandado P. en su escrito de contestación respecto de haber tomado conocimiento de la situación de despido en que se colocó el actor (". M. A. procedió . a su suspensión por treinta días, por causa de fuerza mayor y falta de trabajo .

No obstante lo cual, el actor antes del vencimiento del plazo y en forma intempestiva se consideró despedido" (fs. 43 vta.) la extinción del vínculo se produjo como consecuencia del despido indirecto en que se colocó el trabajador mediante telegrama impuesto el 9 de junio de 2003 (fs. 57 del cuaderno de prueba, copia fiel de fs. 140, y respuesta del Correo oficial de fs. 141).4.

La defensa articulada con invocación del art. 247 de la L.C.T. debe ser desestimada toda vez que dicha normativa requiere que ese modo de extinción del contrato de trabajo sea dispuesto por el empleador, y por eso se señala que la Ley de Contrato de Trabajo autoriza al empleador a despedir a sus empleados u obreros por motivo de falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor (Meilij, "Contrato de trabajo", Depalma, 1981, T.II, pág. 515).

Se trata de un despido directo fundado en justa causa (Fernández Madrid, obra y tomo citado, 2da. ed. act., 2001, pág. 1815) (el resaltado me pertenece).

De tal modo, inaplicable resulta esa normativa cuando se trata de una denuncia del contrato emanada del trabajador que se colocó en situación de despido indirecto en los términos del art. 246 del citado ordenamiento.

Es decir, extinguida la relación por "despido indirecto", no podría el empleador pretender articular después la extinción por causas de carácter económico, si no se prevalió oportunamente de ellas para adoptar las medidas que la ley le autoriza.

En consecuencia, sólo puede considerarse la extinción contractual en las condiciones privilegiadas que otorga la ley al empleador, cuando el despido se ha producido por denuncia de él (Vázquez Vialard, Director, "Tratado de Derecho del Trabajo", Astrea, 1984, T. 5, págs. 486/487).- 5. Ya se precisó al punto 3 que antecede que el acuerdo extintivo de la relación laboral contiene renuncia de derechos por lo que carece de toda validez al no ser homologado por la autoridad administrativa (art. 15 de la L.C.T.).- Con ello se da respuesta a la errónea invocación efectuada por el apelante R. en cuanto a que dicho convenio tiene los efectos de la cosa juzgada.

En lo que hace al agravio vertido por considerar que se le extendió la condena por su calidad de socio gerente de la firma T. A. S.R.L. no le asiste razón.

La condena dispuesta "en forma solidaria" atendió en primer término a su calidad de socio de una sociedad de hecho, conforme al régimen de responsabilidad prevista por el art. 23 de la ley de sociedades comerciales ("Los socios . quedarán solidariamente obligados por las operaciones sociales sin poder invocar el beneficio del artículo 56 ."), para lo cual basta con destacar que a la fecha de ingreso del trabajador (01/06/96) su empleador era una sociedad de hecho integrada por los Sres. R. Y P., tal como surge de los recibos reservados de fs. 1/17, período junio de 1996 a julio de 1997, que indican como empleador a "R. - P. S.H.".

Y para el período posterior cuando se constituyó T. A. S., su responsabilidad solidaria emerge por su calidad de socio gerente de T. A. S. en función del alcance contemplado por el art. 54 de la ley 19.550, y ello como consecuencia del fraude laboral que se configurara en virtud de las conclusiones a las que arribara el Sr. Juez de la anterior instancia, razonamiento dirimente desarrollado a fs. 163 vta./164 y vta. que no mereciera crítica alguna.

En este aspecto, lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia.

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión.

Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.", L.L. 1985-A, 309).

En cuanto a la pretendida defensa de falta de legitimación pasiva al invocar la inaplicabilidad a esta causa del art. 14 de la L.C.T., la misma resulta insostenible.

Las genéricas manifestaciones vertidas en el sentido que la relación se desarrolló en el marco de la legislación laboral y societaria y que las órdenes las impartía en su condición de socio gerente se contraponen con las circunstancias comprobadas de la causa.

En ese direccionamiento señalo la prueba testimonial rendida por A. F. C., V. A. G. y P. S. B. (fs. 143, 120, y 121) que ya fuera objeto de apreciación al punto 2 que antecede y pusiera de relieve el juzgador a fs. 164.

También la confesional rendida por esa parte en los autos "B., P. S. c/ T. A. SRL y otros", c. 22.098/07 en trámite ante la sala "A" de esta Cámara y que en este acto tengo a la vista por haber sido ofrecida como prueba en su escrito de contestación (acápite V, fs. 47), en la que admitió que tenía a su cargo el tráfico aéreo de la empresa L... en los aeropuertos de Trelew y Puerto Madryn y que se dedicó a esa actividad entre los años 1995 y 2003 (respuesta afirmativa a la 3a. y 4a. posición, acta de fs. 95 y pliego de fs. 92), todo lo cual fue objeto de ponderación en el fallo de primera instancia a fs. 164.

En ese marco, la prueba confesional, testimonial, y documental, en este último caso los recibos de sueldo, permiten observar que los Sres. R. R. y G. P.

tuvieron a su cargo en forma personal la gestión de la actividad vinculada al tráfico aéreo de la empresa L... en los citados aeropuertos, sea como integrantes de una sociedad de hecho, de una sociedad de responsabilidad limitada, y finalmente bajo un nombre de fantasía, y resultaron los directos beneficiarios de las tareas laborales cumplidas por el accionante desde su ingreso el 1 de junio de 1996 hasta su posterior desvinculación al mes de junio de 2003.

Así, la gestión personal de negocios a través de distintos entes societarios o no, compromete la responsabilidad en igual carácter y se identifica con la gestión de las diversas entidades que formó (del voto del Dr. Fernández Madrid, CNTrab., sala VI, febrero 16-993, "P., D. M. c/ Ascensores C. S.A. y otro", TySS. 1993-372).

La doctrina de la penetración o teoría de la desestimación de la persona jurídica puede aplicarse en derecho del trabajo cuando detrás de la persona jurídica aparente de un empleador se trata de cubrir la responsabilidad del responsable a través de la insolvencia de la sociedad interpuesta (CNTrab., sala VIII, mayo 29-989, "A., S. L. c/ S., A. F. ", DT. 1989-B, 1360).

Y como bien lo señalara el juzgador de los recibos de sueldo acompañados -y con la sola excepción de cuando la empleadora adquirió la denominación de M. A.-, siempre se consignaba -y se reconocía al trabajador- la misma fecha de ingreso (1/6/96) en cualesquiera de las distintas denominaciones que tuvo la empleadora.

En ese aspecto, cabe precisar que si la formación de sucesivas sociedades diferentes, a pesar de la continuidad comercial y laboral, se traduce en definitiva en el desconocimiento de los derechos que los trabajadores hubiesen adquirido a causa de la antigüedad en el empleo configura un fraude a las disposiciones legales que no puede ser convalidado, aun cuando se trate de personas jurídicas regularmente constituidas (CNTrab., sala V, octubre 19-987, "Ch., M. de la C. c/ B. S.A. y otro", TySS. 1988-151).

En los casos de aplicación de la "teoría de la penetración" el fraude o "abuso de la personalidad jurídica", consiste en la reducción de la persona colectiva a una mera figura estructural utilizada como instrumento para lograr objetivos puramente individuales, muy distintos a los que son propios de la realidad social que justificaría aquella responsabilidad (Fernández Madrid, ob. cit., 2da. ed. act., 2000, T. I, pág. 590).

Y también precisó el sentenciante que no se está ante un caso de transferencia del establecimiento (art. 225 de la L.C.T.), a lo que cabe agregar que tampoco se acreditó, ni siquiera se alegó, la cesión del personal en los términos del art. 229 de ese ordenamiento.

Finalmente, con acierto puso de relieve el juzgador que cuando se conformó T. A. S.R.L. ni siquiera se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos de la ley 11.867 para la transferencia de los fondos de comercio.- Desde esta perspectiva, las omisiones a lo establecido en la ley 11.867 harán responsables solidariamente, entre otros, al vendedor (art. 11), pues de ninguna manera es intención de la ley liberar al vendedor de sus obligaciones; él sigue en su calidad de deudor respecto de los acreedores, respondiendo ante ellos con todo su patrimonio (Zunino, J. Osvaldo, "Fondo de comercio", Astrea, 2000, pág. 399).- 6. En consecuencia, propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada a los apelantes vencidos, conforme al criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, entiendo que resulta prudente regular los honorarios de los Dres. R. L. y A. A. F., letrados patrocinante y apoderado del codemandado P., en forma conjunta, y los del Dr. J.

G. V., letrado patrocinante del codemandado R., en las sumas porcentuales equivalentes al 2,8% y 2%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación deducidos por los co-demandados Sres. R. y P. (fs. 172 y 173, respectivamente), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 161/165), por la cual se hace lugar a la demanda planteada por el Sr. J. D. P., condenando a la sociedad "T. A. S.R.L:" y a los Sres. R. R. y G. P., a que en el plazo que fija abonen al actor la suma de $ 20.846,75 con más los accesorios que fija.

Asimismo, los condena a que en el mismo plazo hagan entrega al actor del certificado de trabajo del art. 80 de la L.C.T., bajo apercibimiento de ser pasibles de la aplicación de astreintes. Todo ello, con costas.

Los informes previstos por el art. 62 de la ley 69 se encuentran glosados a fs. 175/176 y vta., el co-demandado Sr. W. P.; y a fs. 177 y vta., el co-demandado Sr. R. R..Ordenado el traslado de los mismos a la contraria (fs. 178), ninguno fue evacuado.

I.- La reseña de los agravios formulados por los co-demandados recurrentes han sido reseñados por el Sr. Vocal de sala que me precede en la votación, por lo que a ello me atendré a efectos de evitar repeticiones estériles y en resguardo de la economía procesal.

Sin perjuicio de ello, sí resultará útil puntualizar cuáles son los motivos de agravio a efectos de propiciar su debida individualización y tratamiento posterior.- Así, el Sr. P., se agravio sobre los siguientes aspectos del fallo, a saber: 1) rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta; 2) admisión de la existencia de un despido indirecto; y, 3) omisión de tratar la causa de despido fundada en el art. 247 de la L.C.T..

El co-demandado R., se agravió de los siguientes puntos, a saber: 4) condena solidaria por aplicación del art. 54 de la Ley 19.550 y aplicación del art. 14 de la L.C.T.; 5) rechazo de la causal extintiva prevista en el art. 241 de la L.C.T..- II.- En los límites provistos por los agravios pre-individualizados ingresaré asu análisis siguiendo para ello como método su tratamiento particularizado o en conjunto, según concurran o no identidad de cuestiones, o bien cuando exista conexidad o continencia entre los motivos de crítica que contiene cada uno de ellos.

1).- y 4) Rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por el co-demandado Sr. P.-condena solidaria por aplicación del art. 54 de la L.S. y art. 14 de la L.C.T.: Resulta claro para mi que los agravios del epígrafe se encuentra íntimamente vinculados entre sí desde que el núcleo en el cual ambos se apoyan es coincidente, cual es, reivindicar la existencia de un centro de imputación diferenciada de normas jurídicas autónomo y distinto al de la persona de los socios -"T. A. S." persona jurídica- del que ambos co-demandados sostienen haber sido sus gerentes y por la cual, ejerciendo su representación, actuaran en relación al actor.

Si bien, el co-demandado P., precisó al tiempo de responder a la demanda instaurada en su contra que no oponía la excepción de falta de legitimación pasiva como de previo y especial pronunciamiento sino que lo hacía como defensa de fondo planteando la falta de acción en razón no ser el titular de la relación jurídica en virtud de la cual demandaba el actor, resulta indisputable que pone en cuestión, en puridad, la supuesta falta de concurrencia en el supuesto del presupuesto de una acción válida antes aludido en tanto que sostuvo y vuelve a postularlo ahora, a través del cuestionamiento a la valoración de la prueba testimonial efectuada por el juzgador, que ninguna relación de tipo laboral lo unió con el Sr. P. indicando que equívocamente se identifica la persona jurídica con la suya (vide: escrito de contestación de demanda -fs. 41 vta./42-).- Señalo en relación al mérito de la prueba testimonial cuestionada, que resulta escasa su incidencia para el veredicto al que se arriba para resolver el presente conflicto de intereses, desde que todos los testigos, que merecieran tacha (Sres. B. y G. -fs. 120 y 121-), como el que no (Sr. C. -fs. 143-), depusieron sobre el mismo cuestionario obrante a fs. 117. Y puede verificarse que sus dichos fueron traídos a colación por el juzgador a título meramente corroborativo dando, inclusive, mayor crédito al último de los testigos de cita por no haber sido motivo de tacha, para tener por cierto hechos que no fueron ni son motivo de controversia en el pleito.

Con ello quiero destacar que no es un hecho contradicho en el proceso que los ahora co-demandantes fueron quienes impartían órdenes al actor mientras duró la relación laboral abonándoles sus sueldos, sino que aquello que se contradice y es lo dirimente para el caso consiste en determinar si la relación de subordinación que emana de los hechos relatados (que los co-demandados eran los que le daban las órdenes al actor; que eran quienes le abonaban el sueldo y que, una vez cerrada la oficina de Trelew trasladándose a Pto Madryn, eran ellos mismos quienes seguían impartiendo las órdenes) era con motivo de una vinculación contractual que lo unía con la persona jurídica ideal también demandada "T. A. S." o si desde la data denunciada como de comienzo de la relación laboral, la vinculación siempre fue entre el actor, Sr. P. con las personas de existencia física co-demandadas, Sres. P. y R., allende del formato jurídico que los mismos utilizaran sucesivamente para desarrollar su actividad comercial en el aeropuerto de Trelew y Puerto Madryn.

Es de tal modo que el juzgador expresó ".resta analizar si corresponde extender la condena a las otras dos co-demandadas en autos. Adelanto que sí. Es que ha quedado demostrado en autos que pese a los distintos cambios de denominación de la parte empleadora, la vinculación laboral estuvo siempre dirigida por R. y P. y siendo aplicable entonces el art. 14 de la L.C.T., los cambios de forma y de nombres resultan inoponibles al trabajador."(sic)(fs.163 vta./164)(lo destacado me pertenece).

Y al respecto adviértase que el co-demandado Sr. P. al agraviarse lejos de aseverar lo contrario sostiene que dicho argumento carece de relevancia pues estima ". es claro que quienes detentan la calidad de gerentes de una sociedad, necesariamente imparten órdenes a sus subordinados."(sic)(fs. 175 "in fine" y vta.).

Como es de ver del párrafo trascripto, lejos se encuentra el posicionamiento impugnaticio ensayado en sostener alguna negativa sobre el aspecto relativo a una de las manifestaciones del ejercicio de dirección y organización, propios y connaturales a una subordinación jurídica que es uno de los elementos caracterizantes de una relación de naturaleza laboral.

Básicamente tal alegación se limita a postular que su actuar en tal sentido lo fue en su calidad de integrante de un órgano societario de la persona jurídica cual es la gerencia, sin advertir que por la valoración que efectuara el juzgador del anterior grado de los recibos de haberes acompañados y que se encuentran reservados en caja de seguridad, que de su vista puede constatarse, que en casi todos se consigna como fecha de ingreso la denunciada en demanda (01/06/96) ".en cualesquiera de las denominaciones que tuvo la empleadora."(sic)(fs. 164). Tal mérito de la documental no fue cuestionado por los ahora apelantes.- Y, aún más, no repara el recurrente en que el juzgador, atendiendo a las tachas que merecieran los testigos G. y B., dio mayor crédito a los dichos expresados por el testigo C..

Y desde tal perspectiva el presente agravio no alcanza a constituir más que una argumentación paralela desprovista de crítica que atender, desde que refleja una mera disconformidad con lo decidido sin atender en suma al eje argumental dirimente del fallo ni contener algún señalamiento concreto y razonado del equívoco en el que se habría incurrido en la consideración de los hechos o del derecho de aplicación al supuesto que permita ejercer acabadamente con la facultad revisora de este tribunal de alzada.

Y aún cuando en el extremo más favorable a la posición del impugnante R., se admitiera que no es estrictamente el caso planteado en autos encuadrable en aquellos supuestos que contempla la norma contenida en el art. 14 de la L.C.T., ello no obsta para arribar a la misma conclusión por vía de interpretar la realidad de manera prevalente a las formas que se hubieren ido instrumentando entre las partes o por una de ellas -en el caso los sindicados empleadores-, mientras se desarrollaba la única relación laboral.

Y en tal inteligencia obsérvese que la razón central del argumento sentencial se basó en que desde su ingreso (01/06/96) el actor se desempeñó ininterrumpidamente para los mismos empleadores, a pesar que la organización empresaria de la que fueran titulares los demandados hubiera ido adoptando nombres de fantasía o se hubiera constituido la sociedad de responsabilidad limitada también demandada de la cual fungieran como gerentes desde el año 2002.

Y, en tal tesitura, si comparto plenamente el análisis que efectuara el juzgador del anterior grado para arribar a su conclusión, de que corresponde la condena solidaria de los socios gerentes co-demandados en autos, desde que resulta evidente en el caso bajo examen que la realidad del vínculo laboral distó mucho de las alternativas formales o ropajes jurídicos que fuera adoptando sucesivamente la misma explotación empresarial de la cual formara parte el actor como elemento personal de dicha organización de medios, manteniéndose incólume en su desarrollo hasta el momento de la ruptura.

En ese direccionamiento no encuentro razón plausible alguna para no atribuir responsabilidad personal a los sujetos beneficiarios reales de la prestación o responsables del negocio -cuya titularidad del giro o explotación o de la conducción económica no fue negada-.

Nótese por caso la confusión existente sobre los mismos sujetos empleadores de la lectura de la carta documento por la cual se comunica la suspensión por fuerza mayor no imputable a la empresa, de cuya lectura emana la íntima co-existencia entre la sociedad "T. A. S.R.L." y el giro comercial bajo el nombre de fantasía "M. A." de G. P. (ver fs. 55 del cuaderno de prueba).

Esta hermenéutica es la que resulta compatible con el aludido principio de primacía de la realidad que impera en la órbita, que con finalidad tutelar, es connatural al Derecho del Trabajo (Conf. Américo Plá Rodríguez, "Los principio del Derecho del Trabajo", Ed. Depalma, 3° ed., año 1998, págs. 347 y sgtes., n° 193).

En este sentido, se ha dicho que a fin de acreditar la existencia de una persona jurídica, lo que supone la diferenciación de su personalidad respecto de la de sus socios, se requiere el cumplimiento de varios recaudos.

Entre otros, aportar elementos de juicio respecto de su realidad existencial, no sólo formal, sino de actuación institucional, o sea que no solo cuentan con un registro, nombre, patrimonio, sino que actúan en forma independiente.

Esto es, se debe aportar elementos que permitan concluir que la persona jurídica no es una mera apariencia para lograr excluirse -los socios- de toda responsabilidad personal en el desarrollo de la actividad comercial, incluida la derivada de la aplicación de las normas laborales propiciando que se habilite la existencia de un pasivo laboral inejecutable (Ver: Vázquez Vialard, Antonio, "Visión desde el Derecho del Trabajo, de la teoría de la desestimación de la persona jurídica y de la responsabilidad de los administradores del ente social", en Rev. de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 2001-1, págs. 202 y sgtes.).- Y, desde la óptica de la novación subjetiva que se afirmara haberse concretado al contestar la demanda R. por aplicación de la cesión del personal prevista en el Art. 229 de la L.C.T., basta con indicar que requiriéndose la aceptación expresa de los trabajadores no hay ni alegación de su existencia, ni por ende, probanza alguna que ésta hubiere sido requerida e instrumentada de algún modo, de suerte tal que hubiere podido ser aportada su prueba en autos.

Esto, sin desatender lo normado en el párrafo siguiente de la misma norma que establece la solidaridad entre los empleadores que fueren cedente y cesionario de la posición contractual en la relación laboral con el trabajador.- En suma, de lo dicho, concluyo en que deberá desestimarse los agravios bajo análisis y así lo dejó propuesto al acuerdo.- 2).- y 5).- Admisión de la existencia de un despido indirecto-rechazo de la causal extintiva prevista en el art. 241 de la L.C.T.: También ingresaré al tratamiento conjunto de los agravios del titulado, toda vez que de modo evidente se relacionan entre sí al resultar parte de la sucesión cronológica de circunstancias fácticas que derivaran en el presente litigio.- Así, el co-demandado P., cuestiona que se hubiera considerado que la ruptura del contrato aconteció por la denuncia que del mismo efectuara el trabajador mediante el despacho telegráfico de fecha 09/06/03 (TCL 55257943 -fs. 57-), el cual se sustentó en la falta de respuesta a su anterior de fecha 30/05/03 por el cual le requirió a los demandados se le aclare la situación laboral, además de contener otras intimaciones vinculadas a obligaciones laborales y previsionales insatisfechas bajo apercibimientos varios y de tenerse por despedido (ver: TCL 55945102 - fs. 56-).

El argumento impugnaticio empleado por el co-demandado P., centra en traer a colación las actuaciones labradas por ante la Subsecretaría de trabajo en donde habrían acordado con el actor una extinción por voluntad concurrente en los términos previstos por el art. 241 de la L.C.T..

Hace presente, inclusive, que tales actuaciones son posteriores al envío de la carta documento.

En el mismo sentido el co-demandado R., a la par de agraviarse que el juzgador no hubiere considerado válido dicho acuerdo, añade que es en dicho acuerdo donde se produjo la novación del contrato laboral (¿?), para a partir de allí poner en el tapete cuáles son las obligaciones sobre las que pesa la solidaridad, esto es si solo abarca a aquellas existentes al tiempo de la transmisión o si comprende las posteriores o futuras (ver: Centeno, Norberto O., "La transferencia del contrato de trabajo en la L.C.T.", en L.T. T. XXVI-B-783; y, Herrera, Enrique "Ley de contrato de trabajo, comentada, anotada y concordada", T. 2, pág.

345/355).

Ambas razones esgrimidas para sostener el agravio formulado son inatendibles. Ello así, desde una razón estrictamente lógica que se referencia del siguiente modo, a saber: no puede acordarse la extinción por voluntad concurrentes de las partes de un contrato que ya se rescindió por volunta unilateral de una de ellas como aconteciera en el presente caso; asimismo, no podría imaginarse la existencia de una novación subjetiva de un contrato que se acuerda extinguir por voluntad concurrente de los sujetos vinculados a él por cuanto en ésta no hay precisamente ninguna cesión del contrato sino solo y únicamente su resolución o extinción acordada de mutuo acuerdo.

El primer argumento fue también expuesto clara y concluyentemente por el juzgador del anterior grado al expresar "...del acuerdo extintivo al que se hace referencia y que es de fecha 13/06/03 según constancias de fs. 58 (cuaderno de pruebas) poco y nada es lo que puedo agregar, pues ninguna validez puede otorgársele teniendo en cuenta que la relación laboral ya había encontrado su fin el 9/06/03 con el despido indirecto en el que se colocó el actor"(sic)(fs. 163 vta.).

Ninguna crítica concreta y razonada se ha dirigido en contra de este motivo expuesto en sustento de tal porción del fallo, por lo que ha devenido en consentido y firme en tal punto.

Ello resta toda materia sobre la cual pudiera este tribunal de alzada ejercer su facultad revisora.- Por lo expuesto, tengo para mi, que devienen ambos recursos en desiertos en tal porción por no constituir los dicentes agravios más que meras disquisiciones que no atienden al argumento dirimente en el que se apoya la porción del fallo que atacan (Conf. Arts. 165 y 266 del C.P.C.C.). Así lo dejo propuesto al acuerdo.- 5) Omisión de tratar la causa de despido fundada en el art. 247 de la L.C.T.: Trae a colación las causa de fuerza mayor por la cual disminuyó o faltó trabajo y que justificó la suspensión por treinta días dispuesta al actor, arguyendo sobre su existencia y prueba a cuyos términos me remito.

Ahora bien, como es de ver de la documental agregada al cuaderno de prueba que corre por cuerda, la referida suspensión fue comunicada por despacho telegráfico de fecha 17/05/03. Y, si bien es cierto que al tiempo de remitir el dependiente el telegrama colacionado laboral N° 55945102 del 30/05/06, dicho plazo de suspensión no había vencido, no puede obviarse aquello que motivó el requerimiento de aclaración de su situación laboral.

Es útil para tenerlo presente que se indicó que "...luego de la suspensión que se me cursara...se estarían desocupando las oficinas de la empresa, los intimo y emplazo para que en el término de DOS DIAS aclare mi situación laboral..."(sic)(ver: fs. 56).

Esto es, no puede soslayarse de modo alguno el motivo por el cual el trabajador requirió que se le aclare su situación laboral por cuanto se añadió a la ya inquietante situación de suspensión por fuerza mayor el hecho indicado por él de que se encontraban desocupando las oficinas de la empresa.

Tal incertidumbre es la que se quiso develar y ante el silencio en el que se colocara la patronal, no solo respecto a este requerimiento puntual sino respecto a todos los contenidos en dicha misiva, resulta enteramente válido el ejercicio de su derecho de sentirse injuriado y darse por despedido en los términos contemplados en el arts. 246 y conc. de la L.C.T., aún antes de que hubiera trascurrido el plazo de suspensión dispuesta por la patronal.

A todo evento, coincidiré con el Dr. Vergara en que en la especie el vínculo laboral no se rescindió por la causal prevista en el art. 247 de la L.C.T., la cual ha de ser invocada y acreditada en sus distintos presupuestos por la patronal que la denuncia a la causal que contiene, sino por decisión del trabajador ante la incontestación a su requerimiento e intimaciones previas dirigidas en su contra con basamento en el art. 246 de la L.C.T. que remite a los fines de la cuantificación de la indemnización respectiva a lo previsto por el art. 245 del mismo cuerpo legal.

En resumen, pues, el presente agravio también ha de ser desestimado y así lo dejo propuesto al acuerdo.- III.- Conclusión:

De lo que se viene de decir, entonces, concluiré en que corresponde confirmar el fallo venido en apelación en todo lo que fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a cargo de los demandados vencidos en ella (Conf. Arts. 59 de la Ley 69 y 279 del C.P.C.C.).- Los honorarios de los Dres. R. L. y A. F., letrados apoderados del co-demandado P., en conjunto, y los del Dr. J. G. V., letrado patrocinante del co-demandado R., por sus tareas de alzada, apreciándolas por su extensión, mérito y eficacia, en las sumas respectivas equivalentes al 2,8% y al 2%, del monto final del proceso que se determine en la etapa de ejecución, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 14 y 47 de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).- Termino pronunciándome en la presente cuestión por la AFIRMATIVA.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:

Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde: a) confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios; b) imponer las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; y c) regular los honorarios de los Dres. R. L. y A. A. F., en conjunto, y del Dr. J. G. V., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,8% y 2%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Vergara por resultar fiel reflejo del acuerdo antes alcanzado.

ASI LO VOTO.- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por ausencia del Sr. Juez de Cámara de Refuerzo Dr. Edgar María de la Fuente (art. 8 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar:

S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; RESUELVE:- CONFIRMAR la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios;

IMPONER las costas de segunda instancia a los apelantes vencidos; REGULAR los honorarios de los Dres. R. L. y A. A. F., en conjunto, y del Dr. J. G. V., por sus tareas de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 2,8% y 2%, respectivamente, del monto del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 14 y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: SERGIO RUBEN LUCERO - RAUL ADRIAN VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 31 DE 2007 - SDL.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA