Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2009-04-27


SENT Nº 346	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete (27) de Abril de dos mil nueve, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Antonio Daniel Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Igarza José Antonio vs. Banco Macro Bansud S.A. s/ Indemnización por despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

1.- La parte demandada por apoderado letrado, conforme memorial de fs. 131/137, interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 17 de marzo de 2008, obrante a fs. 118/120 de autos, que fuera concedido mediante resolución del mismo tribunal de fecha 20 de agosto de 2008 y que obra a fs. 145. Según el informe de la Sra. Actuaria de fs. 161, sólo la actora presentó la memoria facultativa que prevé el articulo 137 CPT.

2.- Por ser inherente a la competencia funcional de esta Corte, la de revisar si el recurso de casación ha sido correctamente concedido, corresponde reanalizar la cuestión atinente a la admisibilidad del recurso. Así, observamos que la casación ha sido interpuesta tempestivamente; el recurso ataca una sentencia definitiva; la recurrente ha dado cumplimiento en forma con el afianzamiento que exige el artículo 133 CPT; el recurso se motiva en la violación de normas de derecho y en una arbitrariedad manifestada en la ausencia de motivación o fundamentación suficiente de la sentencia atacada; el memorial de presentación se basta a sí mismo; por último, propone doctrina legal, por lo que el presente recurso resulta admisible. Voto en ese sentido.

3.- La sentencia recurrida hizo lugar a la demanda aplicando la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Vizzoti". El fallo en embate considera que no habiéndose acreditado la negativa del actor de percibir las sumas de dinero que, presumiblemente, el banco demandado habría puesto a su disposición, las cuestiones que quedaban a resolver, fueron: la petición del actor de declaración de inconstitucional -en cuanto a la base para el cálculo indemnizatorio y su tope- del artículo 245 LCT, y la inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario 1433/05 peticionada por la parte demandada.

En cuanto al primero de los puntos, la sentencia ha considerado que el caso analizado presentaba una similitud con la doctrina expresada en el caso "Vizzoti", llegando a esta conclusión como corolario de la comparación de los guarismos en juego, sosteniendo que "resulta evidente que se presenta la misma situación fáctica" (sic). Concluye en que como lo señala la demandada al citar el precedente "Palluri", la Excma. C.S.J.N. "ha puntualizado que la indemnización tarifada, en principio no es de objeto de debate de Inconstitucionalidad, si lo es cuando el resultado arrojado, no cumple o resguarda, el derecho que pretende proteger de modo adecuado y razonable que de tal forma pierda la finalidad para la que estaba destinada" (sic). Por ello admite la inconstitucionalidad del artículo 245 LCT y manda formular nuevo cálculo indemnizatorio en virtud del principio establecido en el caso "Vizzoti".

Respecto de la inconstitucionalidad del Decreto 1433/05, teniendo en cuenta la fundamentación realizada por la peticionante, el Tribunal a-quo ha considerado que la demandada no planteó la inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 25.972 que -para el supuesto de despido sin causa en violación de sus disposiciones- delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la determinación del porcentaje adicional indemnizatorio a pagar por sobre la suma correspondiente según el artículo 245 LCT, por lo que esta falta de cuestionamiento de aquellas leyes, tornó en insostenible el planteamiento formulado contra el mencionado decreto; no obstante, continúa la sentencia en crisis, cabe analizar si tal disposición reglamentaria excede a las atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo 99 inciso 2° CN), y concluye que no se trata de una "excepción reglamentaria" por cuanto el porcentaje de incremento indemnizatorio resulta inferior al que habían fijado aquellas leyes a las que reglamentó el decreto 1433/2005, y por tal razón rechaza la impugnación de la demandada.

4.- Sostiene el apoderado de la demandada, que la sentencia en crisis al no fundar debidamente la aplicación de la doctrina "Vizzoti" al caso que nos ocupa en autos, ha incurrido en una arbitrariedad manifiesta. Sostiene que la sentencia atacada, "sin mayores fundamentos" (sic), consideró que en autos se presenta la misma situación fáctica que en "Vizzoti" y que la demandada no ha aportado otros elementos suficientes que cambien la directiva y el sentido de la doctrina sentada en el caso "Vizzoti"; así, sostiene que la Cámara declaró la inconstitucionalidad de una norma a la luz de un fallo de la CSJN sin interiorizarse de las motivaciones que tuvo la Corte para así declararlo y que para el caso de marras puedan o deban aplicarse. Dice que la sentencia recurrida no analiza en lo más mínimo las circunstancias que rodean la relación laboral del Sr. Igarza con la demandada, limitándose dogmáticamente a declarar la analogía de los casos. En el caso particular de autos, a lo largo de la sentencia -sostiene el recurrente- no se dedica ni un párrafo para explicar porque las prestaciones que recibiría el actor serían confiscatorias. Continúa sosteniendo que "En autos, la sentencia atacada no se muestra como derivación del derecho aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, sino.hace una remisión al caso de la C.S.J.N. sin explicar la motivación, los principios que los inspiraron ni la norma aplicable al caso" (sic).

El recurrente hace un repaso de la evolución jurisprudencial -referida al tema que nos ocupa- de la CSJN, para concluir que la Corte cada vez que decidió la no aplicación de los topes indemnizatorios por despido arbitrario, fue teniendo en cuenta la realidad que implican los procesos inflacionarios en la Argentina y la inacción o acción contra legem del Estado en su potestad en cuanto a la fijación de los mismos, pero no interviniendo en una facultad que la CN ha puesto en cabeza de la administración y no de la función judicial estatal.

Considera la demandada que el fallo dictado en la causa "Vizzoti" no es obligatorio ni vinculante para los demás tribunales, dado que cada litigio constituye un universo distinto y que de acuerdo a sus circunstancias y pruebas será la resolución.

Por último, sostiene que la potestad de proteger contra el despido arbitrario, corresponde claramente al Poder Legislativo en virtud de los arts. 14 bis y 75 inc. 12 de la CN, y solamente si se tratara de un parámetro que prácticamente vaciara de contenido la protección constitucional mentada, podría la Justicia pronunciarse declarando la inconstitucionalidad de la aplicación de la norma al caso concreto.

La parte actora, a su turno (fs. 152/160), desarrolla un memorial en el que peticiona -en conclusión- el rechazo del recurso por considerar que la demandada al recurrir, expresa una crítica subjetiva, sin fundamento suficiente; invoca doctrina de esta Corte.

5.- Corresponde analizar si -de la confrontación entre los argumentos recursivos y los fundamentos de la resolución en crisis- la parte recurrente tiene razón en su reclamo.

El agravio de arbitrariedad se apoya en el argumento de la demandada que nos encontramos ante una sentencia arbitraria por carencia de fundamentación, que en forma dogmática ha declarado una inconstitucionalidad fundándose sólo en una presunta similitud con el caso "Vizzoti".

Esta Corte, en numerosos precedentes, ha expresado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para corregir sentencias que el recurrente estime equivocadas según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación, como así también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las reglas de la sana crítica judicial, de modo tal que hace privar una solución manifiestamente contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia, ya que tanto la hipótesis relativa a la prescindencia como a la interpretación irrazonable de la prueba, se vinculan a los fundamentos jurídicos de la decisión; ello así, porque vulneran la garantía constitucional de la defensa en juicio o la de la inviolabilidad de la propiedad. (CSJTuc. in re: "Erpen, Jorge Néstor vs. Manufacturera Algodonera Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, etc.", sentencia n° 561 del 29/12/1993; sentencia n° 462 del 12/6/1997, etc).

La Corte Nacional también se ha pronunciado por el carácter excepcional de la arbitrariedad, en el sentido de que este remedio extraordinario no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estiman equivocados o que el recurrente considere tales en temas no federales, exigiendo para su procedencia un apartamiento inequívoco o una absoluta falta de fundamentación. El grado de irrazonabilidad que se atribuya al fallo no debe ser mínimo o leve, sino grave y extremo; el recurso extraordinario por arbitrariedad no procede respecto de simples interpretaciones erróneas. (Fallos: 261:209, 274:135, 304:469, etc).

La sentencia en crisis hace un análisis comparativo entre las prestaciones, tomando en cuenta el tope indemnizatorio cuestionado, y concluye en que está ante una disminución del orden del 67% de la base real, que la CSJN considera confiscatorio, determinando así la similitud de éste con el caso "Vizzoti", y como consecuencia, declara la inconstitucionalidad solicitada por le actor.

En verdad el análisis realizado por el Tribunal de grado no es desarrollado con amplitud, pero los conceptos vertidos son suficientes para poder llegar a la conclusión arribada; los elementos probatorios son claros en ese sentido, no cabiendo reproche alguno, a mi criterio. No se advierte un fallo dogmático como pretende el recurrente, sin que haya sido necesario un análisis más profundo de la situación. En verdad la disminución indemnizatoria real sería algo mayor al 67% indicado por la Cámara.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido muy clara en su sentencia del 14/9/2004 dictada en autos "Vizzoti, Carlos Alberto vs. AMSA S.A.", estableciendo pautas jurisprudenciales de consideración. Dijo la Corte que la limitación a la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa (art. 245, 2° y 3°, LCT) sólo debe aplicarse hasta el treinta y tres por ciento de la mejor remuneración., pues lo contrario significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable del art. 14 bis de la CN, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario.; mantener el tope indemnizatorio cuestionado, significaría no respetar, por otra parte, el artículo 28 de la CN. Que este criterio es concordante con el concepto de confiscatoriedad que la misma Corte tiene sentado en materia de presión fiscal.

En el considerando "8" dice la sentencia que el mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 bis CN, se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento "atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu que anima" a dicho precepto (Fallos 301:319, 324/325). La intervención de esta Corte -leemos- en los términos precedentemente expuestos, no entraña injerencia alguna en el ámbito del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. Se trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes, que le impone la CN.

Entre otros conceptos relevantes, la Corte sostiene que "es perentorio insistir .que el trabajo humano no constituye una mercancía. Es aquí, dice Mario Ackerman, donde radica la verdadera trascendencia de Vizzoti; porque así como probablemente sea limitado al universo laboral al que se aplicará el nuevo criterio para el cálculo de las indemnizaciones por despido, los argumentos últimos en que se apoya el Alto Tribunal para fundar sus sentencias, tienen vocación de universalidad y manifiestan un inequívoco abandono de posiciones que llevaron a subordinar la vigencia real de los derechos laborales y sociales garantizados por la Constitución Nacional, a las necesidades del mercado y la eficacia económica. Ello supone un radical cambio de rumbo frente al pasado inmediato del Alto Tribunal" ("La modificación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre constitucionalidad del tope indemnizatorio por despido y sus consecuencias" - La Ley, 04/10/2004, 4).

Por otra parte, si bien las sentencias de la Corte de la Nación no resultan obligatorias para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquellas en reconocimiento de su autoridad emanada de la Constitución Nacional. Es la CSJN la autoridad definitiva para interpretar la constitucionalidad de las leyes. Recordamos que este es el criterio asumido por esta Corte a partir de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Vizzoti, Carlos A. vs. AMSA S.A." el 14/9/2004 (ver sentencia n° 891/2008).

A la luz de las consideraciones que anteceden, especialmente en cuanto a la similitud de situaciones declarada por la Cámara y que compartimos, queda claro que pese al esfuerzo argumental desplegado por el recurrente, permanece indemostrada la incongruencia y la tacha de arbitrariedad acusada contra el decisorio impugnado. Los argumentos recursivos no alcanzan a conmover los fundamentos jurídicos de la sentencia en crisis.

Por las razones expuestas, el recurso de casación incoado por la parte demandada resulta improcedente, y por ende, debe ser rechazado. Voto porque así se declare.

6.- Las costas del recurso deberán ser soportadas -atento al resultado del recurso- por la demandada perdidosa (arts. 49 CPL y 106 CPCC).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel Estofán, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 17 de marzo de 2008 obrante a fs. 118/120, conforme se considera.

II.- COSTAS de este recurso, como se consideran.

III.- DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO GANDUR RENÉ MARIO GOANE ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA.