marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, aplicación de la ley tributaria
Materia: TRIBUTARIO - CIVIL
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Las leyes tributarias no deben por fuerza entenderse con el alcance más restringido que el texto admita, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación.
Club de campo, expensas comunes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Casabal, Adolfo Antonino c/ Country Club Los Cerrillos del Pilar S.A. s/ Acción Declarativa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-11

La circunstancia de que la sociedad titular del club de campo demandado se haya constituido poco tiempo antes de la entrada en vigencia del decreto 8912/77 de la Prov. de Buenos Aires no obsta a que se juzgue la urbanización como preexistente en orden a la aplicación del decreto 9404/86, pues esta norma amplía las previsiones de aquél decreto a los clubes de campo creados con posterioridad y contempla lo relativo a su cerramiento y a la asunción de la prestación de los servicios por parte de la sociedad, razón por la cual corresponde reconocerle legitimación para liquidar y cobrar los gastos y demás erogaciones inherentes a la vida comunitaria.
Recurso de casación, sentencia arbitraria, cuestión de derecho común, despido con causa
Materia: PROCESAL
Carátula: Sisterna, Humberto Daniel c/ I.S.S.A.R.A. s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-03-04

Se advierte de lo manifestado por el recurrente y de las constancias de autos, que la cuestión traída ante este Tribunal -la existencia o inexistencia de justa causa de despido- es una cuestión de hecho y prueba reservada a los jueces de grado.
Ejecución de honorarios, intimación de pago, embargo
Materia: PROCESAL
Carátula: Vidal, Isolina Angélica s/ Incidente de Ejecución de Honorarios (DRES. P. y A.) en autos  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2013-11-20

En el marco de un incidente de ejecución de honorarios, debe rechazarse el recurso de apelación por haber dispuesto el embargo sobre los bienes del ejecutado sin diligenciarse previamente el mandamiento de intimación de pago y embargo, pues resultan aplicables las disposiciones que regulan las ejecuciones de sentencias y dicha norma no contempla ya en estos supuestos el libramiento del mandamiento de intimación y pago, dado que, se entiende que los ejecutados se hallan intimados a su pago a partir de la recepción de la cédula respectiva mediante la cual se pone en su conocimiento la regulación de honorarios practicada.
Homologación del acuerdo laboral, redargución de falsedad, nulidad del acto administrativo
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: G., C. J. c/ A. S.A. y/o quien resulte propietario y/o locador y/o armador del Buque "M. S." s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-10-18

La CNTrab ha resuelto que "el acuerdo transaccional homologado ante la sede administrativa (Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos) constituye un instrumento público (art. 878 inc. 1 CCiv.) y por ende, para que resulte viable el planteo del trabajador referente a la existencia de vicios del consentimiento, debería iniciar una acción de redargución de falsedad, citando al funcionario público que suscribió y homologó el acuerdo, o demostrando en su caso haber obtenido declaración administrativa de nulidad de lo actuado en sede ministerial en los plazos y con los recaudos establecidos en el procedimiento del rigor".

Si bien no coincidimos con el criterio de que siempre se deba redargüir de falso al acto, pues en casos como el que nos ocupa, basta con obtener su nulidad, lo cierto es que -en cualquier caso- sí es indispensable citar al funcionario público que suscribió el acto homologatorio del acuerdo.

Sin la participación de éste, la litis no estaría debidamente integrada y se estaría pronunciando un decisorio en un proceso en que no se ha traído a juicio a todos los involucrados directamente en la problemática a dilucidar.
Daños y perjuicios, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, responsabilidad objetiva, deber de asistencia médica, traslado del paciente, muerte del paciente, voto de los jueces, voto en disidencia
Materia: CIVIL
Carátula: ARTEAGA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL c/ HOSPITAL REGIONAL DE LOBOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-11-04

Es responsable el hospital por el agravamiento ocasionado en el estado de salud de un menor a causa del traslado que ordenó para que fuese operado en otro nosocomio -donde luego de cinco operaciones falleció-, debido a que no contaba en ese momento con anestesista para su intervención, pues es injustificable que en un hospital no exista modo de cubrir la ausencia de un profesional que parece indispensable para poder practicar operaciones quirúrgicas y tratamientos de complejidad que requieran de su colaboración, tal omisión es causal para imponerle responsabilidad (CSJ de Mendoza, 10.06.94, En autos "Fiscal c/ Fernández Gativa, R.", Ja 1996-I-411).

Disidencia del Dr. Guerrero:

No resultando concluyente la prueba rendida, para llegar al convencimiento en los términos del cpr 386, de que la muerte se haya producido como consecuencia del traslado del paciente, corresponde rechazar la demanda incoada contra el hospital, absolviéndolo. Ello así, por cuanto la responsabilidad objetiva invocada por el primer sentenciante para condenarlo no resulta adecuada ya que para así decidir debería derivar la demora de un error o negligencia en la formulación del mismo, lo que fue descartado, pues la llegada del paciente con los signos vitales inalterados y habiéndosele administrado el tratamiento adecuado lejos de demostrar negligencia por parte del hospital, son elocuentes para acreditar que ante la emergencia de no contar con el personal especializado para la realización de la operación, derivo al enfermo a un establecimiento que, por su complejidad, podía realizar la operación.
Requisa personal, falta de orden del juez, estado de sospecha
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Estigarribia, Pablo Marcelo s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-22

La actuación de los preventores se ajusta a las pautas del art. 230 bis CPPN para proceder a la requisa sin orden judicial pues resulta razonable la sospecha del policía ante la actitud de los imputados que estacionaron su vehículo en una zona oscura, descendieron, quedaron "paralizados" cuando observaron a los preventores vestidos con sus chalecos identificatorios y gorras policiales, y volvieron sobre sus pasos, todo lo cual dio base al pedido de identificación y luego al palparlos de armas y encontrar una pistola, se procedió a la requisa del bolso, donde se secuestró un paquete de cocaína. La disidencia entendió que, aunque se acordase que la policía estaba autorizada a interceptar y palpar de armas a los imputados sobre la base de intuiciones inespecíficas, ninguna inferencia específica adicional ofrecía el hallazgo del arma, porque las circunstancias del hallazgo no conducían de modo objetivo a sospechar alguna actividad delictiva al menos algo más específica, por cuanto el interceptado dijo ser policía, llevaba un arma y credencial de la Policía Federal. (Dres. Yacobucci, Mitchell y García -disidencia-).
Conflicto de poderes, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: BURGOS, NESTOR RODOLFO. s/ MUNICIPALIDAD DE CAMPO QUIJANO - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. Nº CJS 34.796/11)
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2012-09-20

Corresponde a la competencia del Juzgado en lo Contenciosoadministrativo el reclamo efectuado por el secretario legislativo del Concejo Deliberante de un municipio, quien a posteriori fue concejal con mandato vencido, de percibir las diferencias reclamadas en concepto de dietas adeudadas, pues no se trata de un conflicto de poderes que habilite la competencia de la Corte de la Provincia, según los arts. 153 ap. II inc. b) y 178 segundo párrafo de la Constitución Provincial.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, transporte aéreo, protesta, cómputo del plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COLUMBIA S.A. DE SEGS. c/ AIR FRANCE s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-07

Por haberse replanteado la cuestión al momento a partir del cual debe computarse el plazo para efectuar la protesta que prevé el art.

26 de la Convención de Varsovia de 1929, fijándoselo en la oportunidad en la que la consignataria retira la guía aérea y toma conocimiento del depósito de la carga en los almacenes fiscales, interpretación que significó apartarse de lo resuelto por la CSJN en Fallos: 306:1805, en donde se resolvió que dicho plazo comenzaba a correr desde la efectiva recepción de los bultos por el consignatario, coincidente por lo general con el despacho a plaza, el recurso pone en tela de juicio el alcance de una disposición de un tratado internacional, suscitando cuestión bastante para su examen en la instancia extraordinaria.
Cuestiones prejudiciales, proceso penal
Materia: PENAL
Carátula: CRAVERA, R.O. s/ CUESTION PREJUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1976-12-15

No es procedente mantener un proceso criminal pendiente de un juicio de otro fuero que no tuvo movimiento alguno a más de un año y medio de iniciado. En el proceso civil, el impulso de parte interesada es el motor que imprime la fuerza necesaria en todas sus etapas; es decir que si el mismo no se renueva en las oportunidades debidas hasta llegar a su abandono, no puede concurrir como efecto prejudicial a la paralización indefinida de la causa penal, -proceso que, por los derechos que afecta, generalmente inherentes a la libertad, exige pronta resolución.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García Alejandro c/ Benitez Silvano s/ Daños y perjucios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-09-12

Si las partes intervinientes en una acción que da lugar a daños y perjuicios optan por convenir un compromiso de pago en concepto de indemnización, la responsabilidad resulta ser contractual. Habiendo optado por esta última, no corresponde plantear otros rubros que los expresamente consignados.
Recurso de apelación (procesal), honorarios, ley vigente
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: PEREZ Eduardo Héctor c/ Concentrado San Juan S.R.L. y Otro s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-06-28

La correcta interpretación del art. 800 inc. 11 del C.P.C. que, a) por un lado se regula en forma particular un procedimiento expedito y rápido para la resolución de la cuantificación del honorario profesional en los procesos judiciales que (por aplicación del principio de continuidad del proceso) no ha de obstaculizar el curso natural del proceso.

b) No existen nuevas sustanciaciones que generen costas; sin perjuicio de lo cual se permite al profesional que en el exordio de apelación exprese las alegaciones que entienda corresponder a su derecho a una justa valoración de su labor profesional o a la crítica que entienda corresponder respecto a la efectuada por el sentenciante de grado en caso de apelación.

c) El trámite ha de cumplirse incluso encontrándose pendiente cualquier reposición de sellado o tasa de justicia, ha de notarse que nuestro ordenamiento ritual responde al liniamiento de tipo tributarista, sin perjuicio de lo cual, en el presente caso se ha exceptuado a favor de la celeridad y simplicidad del procedimiento difiriéndose tal exigencia.
Personal municipal, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Benitez, Olga Mabel c/ Municipalidad De El Espinillo s/ amparo amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-13

La municipalidad debe reincorporar al empleado público despedido en la misma categoría y tareas que venía prestando como agente de planta permanente, pues independientemente de los vicios que se le atribuyen al decreto que incorpora al amparista como personal de planta permanente, la autoridad municipal carecía de competencia para anularlo, toda vez que tal facultad le corresponde a la justicia, a quien debe recurrir para determinar la supuesta ilegalidad de la referida ordenanza municipal.
Alimentos, cuota alimentaria, homologación del acuerdo, modificación de cuota alimentaria, principio de congruencia, costo de vida
Materia: CIVIL
Carátula: R., C. G. c/ L., F. A. R. s/ inc. aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-19

La resolución dictada en el marco de un incidente de aumento de cuota alimentaria que determina la aplicación de intereses que no fueran peticionados por la incidentista debe ser confirmada. Ello es así, pues como ha señalado esta Sala, en análisis que es trasladable a este caso: "Respecto a si corresponde la aplicación de intereses hemos dicho en el EXP Nº 47751/2011: "En este último sentido no puede desconocerse que ".en un proceso económico inflacionario como el que actualmente soporta nuestro país, más allá de su medición e impacto, que pudiere no ser de pacífica coincidencia, toda obligación dineraria necesariamente tiende a devaluarse con el transcurso del tiempo. Sólo en tiempos pasados del nominalismo ello era distinto. De modo que debe serse muy prudente al tiempo de armonizar ambos intereses igualmente protegidos. El de los alimentados por mantener la intangibilidad relativa de su capital y el del deudor, protegido con el plazo frente al agravamiento de su deuda." (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, en los autos caratulados: "P.D.B. C/ M.D.A. S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" (Expte. n° 19866-CA-09)." (Del voto de la Dra. Cecilia PAMPHILE, en mayoría en la disidencia parcial).
Acción, legitimación procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Mirta c/ El Rápido Argentino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-06

Haya mediado o no denuncia de parte sea por vía de excepción previa o al contestar la demanda, tratándose la calidad o legitimación para obrar de un requisito esencial de la acción, corresponde al juez examinar de oficio el tema.
Exacciones ilegales calificadas, principio de especialidad (penal), extorsión simple, sujeto activo, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, CARLOS A. s/ EXACCIONES ILEGALES - EXTORSION - CONCLUSION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-05-08

La diferencia fundamental entre el delito de exacciones ilegales calificadas, por haber sido cometido mediante intimidación, y el de extorsión perpetrado por igual medio comisivo, consiste, sustancialmente, en que en aquel delito contra la administración pública el autor es funcionario competente, aunque por excepción pueda caber que lo sea también en actividad funcional semejante, y en cambio, en el aludido delito contra la propiedad el agente no es funcionario, y si lo es, carece en absoluto de atribuciones para actuar.

El delito previsto en el art. 267 C.P. excluye al que está descripto en el art. 168 cod. cit. en virtud del principio de especialidad.

Cuando media una relación de esa índole la figura o ley especial desplaza a la general, y es por lo tanto la única que debe aplicarse.
Querellante, administración fraudulenta, responsabilidad del despachante de aduana
Materia: PENAL
Carátula: SOTHAM, Pedro Gilberto c/  s/ recurso de casación. REGISTRO Nro: 1670/16.4
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-20

Si bien la maniobra desarrollada por el despachante de aduanas afectó al adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al Servicio Aduanero, reviste la calidad de "particularmente ofendido" a los fines de ser tenido como querellante, el importador que habría sido defraudado con el actuar del despachante, ya que luego de recibir la documentación original y el dinero para llevar adelante la importación de la mercadería, presentó ante la Aduana documentación que era falsa, declarando un valor menor al real para así poder quedarse con la diferencia -entregándole al nombrado una copia falsa del Despacho de Importación presentado ante el Servicio Aduanero condatos distintos, a fin de ocultar su maniobra-, por ello consideró verificados los elementos típicos del delito de defraudación por administración fraudulenta en su perjuicio (art. 173 inc. 7 CP ).
Régimen de consolidación de deudas, deudas consolidadas, opciones de pago
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TANTUCCI, Oscar c/ MINISTERIO DE EDUCACION s/ empleo público"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

Resulta inapropiado sostener que la actividad seguida hasta aquí por el demandante en sede administrativa obste a una reformulación de su pedido en lo relativo a la modalidad con que se intenta cancelar su acreencia, en tanto y en cuanto no ha mediado pago alguno por parte del obligado, ni aceptación sin reserva por parte del acreedor, que permitan considerarlo de otra manera .
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, derecho de propiedad, constitucionalidad
Materia: ECONOMIA
Carátula: CISTERNAS, Susana Elvira y otros c/ FEMESA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-25

La sanción de la ley 23.982 en un marco de necesidad y urgencia no importa un menoscabo del derecho de propiedad, en la medida que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales, ni le niega su propiedad. Antes bien, hay una limitación impuesta por la necesidad de atenuar o superar una situación de crisis que, paradojalmente, también está destinada a proteger los derechos presuntamente afectados, que corren riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación del sistema económico- financiero.
Procesos de conocimiento, confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, certificados de obra, mora, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Rossuy SA c/ EN-DNV-RESOL 777/01 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-17

Se confirma la sentencia de primera instancia que rechazó una demanda contra la Dirección Nacional de Vialidad que tenía por objeto obtener el pago de las sumas de dinero generadas por la mora en el pago de certificados de obras. Presunción de legitimidad de los actos administrativos. Deber de probar. Falta de acreditación de la existencia de cesión de los derechos de cobro a favor de la actora. Medida para mejor proveer como facultad privativa de los jueces.
Competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicio ejecutivo, Administración Pública Provincial, boletín oficial, entes autárquicos
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Dirección Nacional de Recaudación Previsional c/ Boletín Oficial e Imprenta Provincial de San Juan s/ ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-17

Es de la competencia originaria de esta Corte -arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional- la demanda ejecutiva iniciada contra el Boletín Oficial e Imprenta Provincial, toda vez que la demandada no es un ente autárquico sino que forma parte de la Administración Central de San Juan.
Municipalidad, poder de policía, ley provincial, leyes, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: INC S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

En lo relativo a la competencia material del municipio en razón del modo en que fue dictada la ley provincial 13441, la Municipalidad de Rosario quedó habilitada para optar por ponerla en vigencia efectiva en el ámbito de su respectivo territorio e incluso para regular los alcances de su aplicación en función de las particularidades locales; y en tal inteligencia, la ley 9516 ratificó esa decisión legislativa al manifestar la adhesión, compatibilizando los alcances de su aplicación en función de las características propias de la ciudad, implementando el régimen sancionado por la Provincia pero acudiendo a parámetros establecidos por la ley 12069 de grandes superficies comerciales para establecer distinciones en miras a la protección del comercio local; en consecuencia, tampoco desde la óptica del ejercicio del poder de policía municipal se ha configurado en el sub examine un supuesto de invasión de esferas de competencia o de violación al orden formal de jerarquía normativa. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - Jurisprudencia concordante con Coto CICSA, AyS T 279, p 237/318.
Pensiones, conviviente, irretroactividad de la ley, derechos adquiridos, derecho de propiedad, constitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SILVA, FAUSTINA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-25

El art. 6, última parte, de la ley 23.570 se adecua a lo establecido en el art. 17 de la C.N. y concuerda además, lo pertinente, con el art. 3 del C.C. Al respecto, la C.S.J.N. ha establecido que si bien el principio de la no retroactividad en materia civil nace de la ley y es susceptible de modificación o derogación por el mismo poder que hace la ley, adquiere sin embargo rango de principio constitucional cuando la aplicación de la ley nueva priva de algún derecho incorporado al patrimonio. En tales casos, el principio de no retroactividad se confunde con la garantía de inviolabilidad de la propiedad consagrada en el art. 17 de la C.N., pues "ni el legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior (cfr. Fallos 137:47)
Fallos de la Corte Suprema, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: Escobar, Martiniano c/  s/ homicidio en grado de tentativa y tenencia de arma de fuego de uso civil -en concurso real-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2023-06-21

Han quedado definidas la competencia y jurisdicción a partir de lo resuelto por la CSJN con aplicación de los parámetros signados en los precedentes "Duarte" y "Chambla", en los que se definió la llamada casación horizontal que supone que ante el dictado de una sentencia en sede casatoria que revoque una absolución y al mismo tiempo condene al enjuiciado, se resguarde la garantía de la doble instancia y sin mayores dilaciones en dicho ámbito, mediante la interposición de un recurso de casación que deberán resolver otros magistrados que integren ese Tribunal, sin necesidad de que el imputado deba previamente recurrir ante la CSJN para obtener una decisión que ordene dicha revisión.
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alonzo, Natalio c/ Vera, Rubén y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

El daño moral que tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, no está sujeto a reglas fijas.

Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión.