marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz, Carlos Eloy y otros c/ Rocha Terceros, José y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-10

No basta un simple obstáculo para suspender el curso de los términos de la perención de la instancia, pues para ello es indispensable que sea de tal naturaleza, que las partes no dispusieran de medios legales eficaces para la conservación de su derecho. Así, no ocurre cuando sobreviene una inhabilidad legal del mandatario - en el caso letrado patrocinante- para ejercer la profesión de abogado o procurador pues, en tal caso, el impedido debe ponerlo en conocimiento del tribunal. Y tampoco puede sostenerse que, ante la situación que manifiesta la actora ha acontecido con su letrado patrocinante, éste se encontraba en una situación de imposibilidad de hecho de comunicar su situación al juzgado o a sus representados y así, peticionar lo que en derecho corresponda, evitando que se consumiera el transcurso del tiempo para que opere la perención de la instancia.
Recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra, Jorge D. s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-09

Resulta insuficiente el recurso de casación que no fundamenta la errónea aplicación del precepto legal que se denuncia.
Cuota alimentaria, homologación del acuerdo, cuestiones de hecho y prueba, revisión judicial
Materia: CIVIL
Carátula: S., S. N. y B., D. D. -divorcio vincular por presentación conjunta s/ incidente aumento cuota alimentaria (y gastos extraordinarios) c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-05

Aun cuando oportunamente el monto de la cuota alimentaria se hubiese pactado entre las partes atendiendo a la circunstancia especial del despido laboral del alimentante, el cambio de circunstancias a raíz del despliegue de una actual actividad comercial de este último y la mayor edad de los hijos, con el consiguiente aumento de sus necesidades presumidas también por la Ley Procesal de Familia en su art. 123 inc.2), son condiciones válidas para rever el importe pactado.
Responsabilidad médica, error de diagnóstico, error de tratamiento, intervención quirúrgica
Materia: CIVIL
Carátula: HERRERA, SUSANA MARIA c/ CONTEPOMI, CARLOS s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-12

Demandados daños y perjuicios por parte de la accionante como consecuencia del diagnóstico y tratamiento erróneo que recibiera del médico accionado, quien dispuso una mielografía hasta la quinta vértebra por considerar que en esa zona se encontraba una posible hernia de disco, tras lo cual la sometió a una operación que no logró su mejoría, luego de lo cual y tras largos meses de tratamiento kinesiológico, concurre a un hospital donde al efectuársele estudios más extensos se comprueba un tumor en un sector de la columna que no había analizado por la mielografía, corresponde rechazar la demanda si la operación de cirugía era apropiada para los síntomas detectados y para el estudio efectuado que permitía atribuir a la protusión discal la causa del mal.

La intervención fue efectuada sin inconveniente alguno para la enferma, de modo que no puede responsabilizarse al médico porque coexistiere otro factor causante de la dolencia y si el tratamiento post-operatorio aconsejado era correcto.

No puede responsabilizarse al médico cuando la índole del mal que aqueja al enfermo resulta de difícil diagnóstico, especialmente cuando con posterioridad a la operación se logró una mejoría parcial, que aunque de escasa duración, podía hacer pensar que la extracción del disco permitiría solucionar el caso, una vez superado el tiempo lógico de convalecencia y rehabilitación.

La responsabilidad del médico supone la demostración de negligencia o errores graves de su parte y en modo alguno puede extraerse de ello por la circunstancia de que el accionado no lograra inmediatamente acertar con el diagnóstico ya que los facultativos que lo siguieron contaron con lo aportado por aquel para continuar con la búsqueda del origen de la dolencia. Máxime si no pudo determinarse el tiempo de evolución que llevó al tumor alcanzar el tamaño que se comprobara al ser extraído y si no se tiene el convencimiento siquiera de que la patología que sufría la paciente fuera susceptible de manifestarse a la época de su intervención o de que al menos existiera en aquel momento.
Responsabilidad del funcionario público, mal desempeño de funciones, sumario administrativo, sanciones disciplinarias administrativas, pérdida de confianza
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GLORIA NOEMÍ MANONI c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-04-10

La merituación de la instrucción sumarial, de la junta de Disciplina y de las autoridades del Ministerio se ajustan a la gravedad de las faltas cometidas. Se trata, nada más y nada menos que de la Oficial Pública encargada de los trámites del estado civil y capacidad de las personas de todo el departamento de Tupungato. Se ha retenido y demorado el trámite de 72 casos concretos donde no se han completado las tareas relacionadas con el estado civil y capacidad de las personas, ha retenido fondos para ser abonados en otra institución., todo lo que genera un estado de desorden y caos administrativo, que se multiplica por la calidad e investidura de la sumariada y que esa desaprensión se extiende a su personal subordinado, razón por la cual se genera esa pérdida de confianza de sus superiores que justifican una sanción mayor. Pero además debe entenderse que las faltas atribuidas pueden implicar además delitos establecidos por el ordenamiento jurídico específico que protege la veracidad de los datos referidos al estado civil y capacidad de las personas. En consecuencia, es improcedente determinar que el acto administrativo que establece la sanción, sea arbitrario e irrazonable.
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda. c/ Rockenbach, Baldomiro s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

Las cuestiones de competencia suscitadas entre tribunales de distintas provincias deben resolverse según las disposiciones de las leyes nacionales de procedimiento.
Contrato de trabajo eventual, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: NEPOMMASCHY, RICARDO c/ SULZER SA. Y OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-04-22

El empleador no puede eximirse de la responsabilidad establecida por el artículo 29, segundo parrafo de la LCT. (To) respecto de la eventualidad de los servicios requeridos, si no acredita la comunicación expresa al trabajador al momento de concertarse el negocio juridico, aun cuando la tarea objetivamente considerada revista tal caracter, toda vez que el empleado pudo tener la expectativa de que se incorporaba como personal permanente.
Recurso de queja (procesal), Corte Suprema de Justicia de la Nación, efecto suspensivo
Materia: PROCESAL
Carátula: DISCO S.A. c/ ADMINISTRACION GENERAL DE RENTAS s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-02-08

La actora interpone recurso extraordinario federal en contra de la Sentencia Interlocutoria dictada por esta Corte de Justicia que resuelve regular los honorarios profesionales de los letrados de la parte demandada.

El recurrente afirma que la sentencia de fondo no se encuentra firme, porque ha presentado recurso de hecho por ante la CSJN, por el que-entre otras cuestiones- impugna la imposición de costas del proceso principal.

Ahora bien, aún cuando la cuestión sustancial, por inadmisibilidad del recurso extraordinario interpuesto, no haya adquirido firmeza por encontrarse pendiente de resolución el recurso de queja deducido por ante la CSJN,- según manifestación de la parte interesada-, dicha circunstancia no suspende el curso del procedimiento (Conf.: Fallos 305:1483; 193:138; 232:528, entre otros), y no obsta a la regulación de honorarios de los profesionales intervinentes en la causa principal.
Divorcio, desistimiento, divorcio por presentación conjunta, costas
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. c/ G., D.R. s/ Divorcio por Mutuo Consentimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-06

Doctrina y jurisprudencia, ante el fenómeno reiterado de la mutación del trámite de divorcio, han elaborado principios ampliamente aceptados como el de interpretar que en casos como el de autos la transformación del juicio contencioso en un trámite de mutuo consentimiento previsto en la actual ley 23.515, importa el desistimiento del proceso ordinario y, habiéndose hecho de común acuerdo, las costas originadas en esa actuación contradictoria deben imponerse a cada uno por mitades.
Acción de amparo, sanciones disciplinarias administrativas, inconducta procesal, temeridad o malicia, facultades del juez, facultades disciplinarias del juez, buena fe procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Piero, Fernando Gabriel c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-06-12

La potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas, tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivar para la instrucción y decisión de los procesos, promover la observancia del respeto a la investidura de la magistratura y el cumplimiento de los deberes de probidad, lealtad y buena fe que en todo tiempo han de observar quienes someten a decisión de la jurisdicción el conocimiento y resolución de su conflicto.

De ello deriva para el juez el deber de sancionar -en ejercicio de facultades ínsitas en su imperium- al improbus litigatur que con su proceder incurre en abuso de la jurisdicción, ya que el principio de buena fe debe primar en el desempeño procesal.
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

En el moderno Estado actual (llamado social), participativo y pluralista, la comunidad popular no es extraña al cuidado de los intereses públicos, sino que debe ser más bien puesta en grado de desarrollar profícuas iniciativas de colaboración y de integración con la acción desarrollada por la Administración Pública, en el ejercicio de los poderes de los cuales ésta es titular.
Recurso extraordinario de nulidad, defensa en juicio, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bianchi, Carlos R. c/ Asociación Gremial de Profesionales del Turf s/ Cobro ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-17

Resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad la eventual afectación del derecho de defensa, así como la presunta infracción al principio de congruencia.
Nulidad procesal, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: CAVIGLIOLI SEBASTIAN RAMON s/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-11-24

Debe señalarse que se violó el principio de congruencia que debe existir en toda relación jurídica procesal, en razón de que el suceso descripto en la Requisitoria Fiscal no es congruente con la intimación previa del artículo 293 del Código Procesal Penal violentándose así el derecho de defensa e impidiendo el arribo a un acto sentencial válido, lo que acarrea la nulidad del Acta de Indagatoria, del Auto de Procesamiento y de la Requisitoria Fiscal de elevación a juicio, y de todos los actos que de ellos dependen.
Medidas cautelares, contracautela
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: OCEAN  VIEW SRL c/ PACIFIC TIDE SA s/ incidente de sustitución demedida cautelar.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Constituye un derecho subjetivo del que sufre una medida cautelar, con repercusión en la integridad de su patrimonio, el de solicitar la mejora de la contracautela, fundado en el principio de igualdad (conf. esta Sala, causa 21.479 del 17-9-98; Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t.

II-C, p. 583).
Usurpación de inmueble, despojo, locación
Materia: PENAL
Carátula: MACIEL, RAUL s/ Usurpación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-06-11

Cuando cesa la causa que justificó la tenencia gratuita de un inmueble y el propietario o quien la otorgó con derecho, exige se le restituya, no comete usurpación quien se opone a hacerlo o impide el acceso de aquéllos, invocando sin serlo, el carácter de locatario o cualquier otro medio de los que el art. 181 del C. Penal menciona.

Ver plenario Contarino, Mario.
Cuidado personal compartido, plan de parentalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: C.R. c/ V.S.E. s/ Régimen de visitas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-11-05

Encontrándose en plena producción la prueba que las partes ofrecieron en el marco de una controversia que trata de la determinación de un régimen de visitas y siendo escaso el remanente probatorio a producir, no es conveniente se adelante la oportunidad de decidir lo que es mas favorable a los menores del caso -a título de medida cautelar y con carácter provisorio- en tanto constituye recaudo importante en tal sentido el establecer soluciones estables y permanentes pues los cambios cuando son contradictorios, dañan la estabilidad emocional y perturba la paz espiritual de los mismos.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pacto de cuota litis, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Acosta de Argañaraz, Dolores Rosa c/ Policía Federal - Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios - Ordinario - Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

El auto que declaró la inadmisibilidad del pacto de cuota litis, excedió el marco de una providencia simple, que sólo tiende al desarrollo del proceso u ordenar actos de mera ejecución y tiene el valor de una resolución interlocutoria, pro lo que debió ser notificado en forma personal o por cédula.
Ejecución fiscal, pequeños contribuyentes, monto del juicio
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA  c/ Podliszewski Oscar Mariano s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-20

Cierto es que la ley n° 5931 no reformuló la apelación en el proceso ejecutivo, que aún mantiene el texto que fija como condición para la admisibilidad de la apelación ".que el monto reclamado en el juicio de ejecución fiscal sea superior al que establezca la reglamentación que dicte el Consejo de la Magistratura" (cf. art. 456 del CCAyT). Presumiblemente, ello responde a que en esa especie de procesos no es natural que se suscite una cuestión que justifique la intervención de la instancia extraordinaria ante este Tribunal, principalmente, porque el objeto en esta especie de procesos no consiste en la obtención de una decisión final acerca de la existencia de un derecho (Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", 17a ed., pág. 702). Sin embargo, no es dudoso que cuando excepcionalmente ello ocurre, lo hace con las mismas características que en el proceso de conocimiento, eso porque queda definitivamente resuelta la cuestión. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a su voto en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ GCBA c/ Malabia 2497 SRL s/ ejecución fiscal", expte. n° 15878/18; sentencia del 14-05-2020).
Prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PENAL
Carátula: IOSEP c/ FERREYRA MARTIN, CAPORALETTI LUIS, CURI VICTORIO, SUAREZ TERESITA, TORRES BRUCHMAN RICARDO, GOMEZ ZANNI CARLOS, RUIZ ALVELDA GUILLERMO, PAZ GUSTAVO MARIANO, AUAT CARLOS, ALVAREZ MANUEL, JORGE DE ELEAN MIRTA, LLANOS JOSE RAFAEL s/ DEFRAUDACION CALIFICADA, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO  PUBLICO, ABUSO DE AUTORIDAD, ASOCIACION ILICITA, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-07-11

El a-quo no está obligado a ponderar todos los elementos probatorios, sino solo aquellos que los considera conducentes para fundar su decisión, siendo aquel soberano en el criterio de selección y valoración de las pruebas que concurren a formar su libre convicción. Por ello, cabe concluir que al expresar el juez en forma concisa las razones y las pruebas que justifican su pronunciamiento, devienen improcedentes las articulaciones de nulidad efectuadas por los imputados.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, interpretación de normas y actos locales, docentes, acto administrativo, jubilaciones, recursos administrativos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: MARIA ANTONIA SANCHEZ DE GOMEZ s/ RECURSO    CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO   DE  PLENA  JURISDICCION  E  ILEGITIMIDAD.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Es improcedente el recurso extraordinario interpuesto contra el pronunciamiento que desestimó los recursos administrativos deducidos contra el decreto que denegó la petición de la actora para que se liquidara su haber jubilatorio con arreglo al cargo de directora de segunda categoría y no como maestra de grado, tal como lo verificó la Caja otorgante. Ello Así, pues el a quo ha ejercitado facultades propias en relación al alcance de su jurisdicción y a la forma de ejercer su ministerio, de acuerdo con lo reglado por leyes locales y ha expuesto sobre las cuestiones sometidas a decisión razones suficientes de hecho, prueba y de derecho no federal que, al margen de su acierto o de su error, acuerdan sustento bastante al fallo y descartan la tacha de arbitrariedad.
Acción de inconstitucionalidad, concejales, derecho de trabajar, ejercicio profesional, abogados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nieto Ortiz, Manuel Antonio s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-04-07

No se lesiona el derecho de trabajar y participar en la vida política, que consagra la Constitución Provincial, si quien ha sido elegido y se desempeña como Concejal, no puede durante su mandato ejercer la profesión de abogado. Podría decirse que la norma atacada, (Ley 5417 y su modificatoria, Ley 5477) le pone una condición para el ejercicio de tan importante función política.
Recurso extraordinario, cuestión federal, gravedad institucional, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Magnin Lavisse, Alberto s/ enjuiciamiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-18

La gravedad institucional que comprende a aquellas cuestiones que exceden el interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad, en el caso de concurrir, sólo facultan a la Corte Suprema para prescindir de ciertos extremos formales del recurso, pero no a suplir la inexistencia de cuestión federal.
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: PEREZ MONICA S. c/ EDESUR SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-10

Es asimilable a una sentencia definitiva la resolución que, de acuerdo con la interpreacion de los arts. 242 (texto según la ley 26.536) y 244 del Código Procesal propiciada en la resolución recurrida, declaró la inapelabilidad de los honorarios regulados al profesional, habida cuenta de que pone fin a la cuestiión al no permitir su revesión por la vía prevista en las normas que el recurrente invoca en su favor, de acuerdo con la doctrina del precedente de la Sala 1 del Fuero citado, la cual contradice la inteligencia asignada por la Sala 2 en la decisión cuestionada. No es óbice para declarar la admisibilidad del recurso la circunstancial exclusión dispuesta en el art. 289, segundo párrafo, del Código Procesal, puesto que se circunscribe a las cuestiones referidas a su monto o las pautas seguidas para su regulación (cfr. esta Cámara, Sala 1, causa 1135/08, resolción del 25.10.2011, en la cual se declaró admisible un recurso de inaplicabilidad de la ley deducido en un caso análogo al "sub examine").
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, Administración Pública, doctrina de los actos propios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponzetti, Américo c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso Extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena  jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 147 Año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

El dictado por parte de la Municipalidad demandada de los actos por los cuales se tendió progresivamente al restablecimiento del sistema de coeficientes que establece el artículo 78 de la ley 9286, no resulta en modo alguno incompatible ni contradictorio con la posición asumida por ella en orden a rechazar la pretensión del actor de que se le liquide su haber de conformidad con dicho artículo 78, desde que comenzó a tener vigencia el mecanismo establecido por la ley 9996. Antes bien, podría afirmarse que la presupone y, justamente por esa razón, que establece un plan de jerarquización o de recomposición salarial con el fin de que, paulatinamente y en la medida de las posibilidades, vuelva a aplicarse, aunque más no sea como pauta. En la especie, no puede hablarse del ejercicio, por parte de la Administración de un derecho en forma objetivamente incompatible con su conducta anterior, yendo en contra de sus propios actos, de modo que esa pretensión resulte írrita al principio de buena fe, y la tutela de tal conducta se torne inadmisible -por contradictoria- en nuestro ordenamiento jurídico, a tenor de la regla moral que para todo derecho obligacional consagra el artículo 1198 del Código Civil.
Seguros, seguro colectivo, incapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GODOY, RAUL c/ CAJA DE SEGUROS SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Para que pueda entenderse configurada la "incapacidad para realizar cualquier tipo de tarea remunerativa" no puede exigirse que el asegurado haya quedado virtualmente postrado, o en condiciones de no poder atender siquiera las tareas manuales más elementales; ni puede, según mi ver, caracterizarse de modo puramente abstracto en tanto desvinculado de sus circunstancias personales y de la concreta relación de trabajo que él cumplía.

A estos efectos es, por el contrario, indiferente la persistencia en el beneficiario de una reducida capacidad residual, en tanto y en cuanto esa capacidad no le otorgue una posibilidad sería de ejercer los trabajos propios de su profesión (en igual sentido, esta CNCom., esta Sala "C", en "Martínez Bernardo Francisco c/ Caja de Seguros SA s/ ordinario", del 23.4.10).