Proceso penal, recurso extraordinario federal
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Recurso Extraordinario interpuesto por la Defensora Penal Nº 5, Dra. Mariana Vera en contra de la Sentencia Nº 42/12 en Expte. Corte Nº 26/12 - Recurso de Casación (...) en Expte. Nº 512/2011 - Salas Bulacios, Julio Daniel s/ Salidas Transitorias - Capital
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-12

El Juzgado de Ejecución Penal, mediante auto interlocutorio, resolvió no hacer lugar al pedido del interno de incorporación al régimen de salidas transitorias, por no concurrir el requisito exigido en el art. 17 apartado IV de la ley 24.660.

Contra esa resolución, la defensora del causante, había articulado Recurso de Casación (por inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas y, como consecuencia, por inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva) al que esta Corte no hizo lugar, mediante sentencia Nº 42/12.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, la misma defensora interpone el presente remedio federal.

La intervención de la Corte es requerida para que revise la aplicación de una norma de derecho común por considerar que lo resuelto configura una causa de arbitrariedad al denegar un derecho acordado por la ley 24.660 (art. 17, salidas transitorias), pero la recurrente no se hace cargo del argumento de la sentencia sobre la necesidad de armonizar ese derecho del interno con el de la sociedad de protegerse del delito, especialmente cuando concurren justos motivos para temer la recaída del interno en el delito, como fue deducido en el caso del dato objetivo que representa la comisión del último delito en oportunidad de encontrarse el interno gozando de las salidas que le habían sido concedidas en el marco de la ejecución de una condena anterior (no cumplida en su totalidad a la fecha de la sentencia y unificada con la última condena).

Desconoce el principio de judicialidad de la ejecución de la pena y por ello carece de sustento adecuado y fue rechazado en la casación el agravio reiterado en esta instancia según el cual, las salidas transitorias del interno únicamente pueden negarse con fundamento en las objeciones del gabinete técnico criminológico o del Consejo Correccional, basadas en los informes de las distintas áreas del Servicio Penitenciario; puesto que la pretensión en ese sentido importa sustraer la decisión de la autoridad judicial para asignársela a la autoridad administrativa, reservándole a los jueces el mero recuento de los informes sobre el estado y desarrollo del interno en el penal.

Con ese criterio, quien recurre no se hace cargo del argumento del Tribunal sobre la indispensable consideración de todas las circunstancias relevantes a los fines de evaluar el posible comportamiento del interno fuera del establecimiento penitenciario en tanto el dictado de la pena justa no agota la potestad represiva del Estado, la que exige también asegurar su cumplimiento y con ello su función sancionatoria y de prevención especial y general, en tanto, a diferencia de lo que acontece cuando el cumplimiento de la totalidad de la pena extingue irremediablemente la facultad estatal de mantener al condenado privado de su libertad, aunque su liberación implique un serio riesgo para él o la sociedad, las libertades anticipadas previstas por la ley 24.660 no deben ser concedidas por los jueces si el examen de las circunstancias relevantes que debe preceder la decisión sobre su solicitud permite presagiar la reincidencia del penado.