Empleo público, estabilidad del empleado público, personal suplente, prescindibilidad, ius variandi, razonabilidad tributaria, facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MOINE DE CORNEJO NUÑEZ  María del Carmen c/ Provincia de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-30

1- Del análisis sistemático e integrador de los arts. 4, 9 y 10 de la Ley Nro. 7233, surge que el personal suplente es personal no permanente y carente de estabilidad. Ello significa que como principio general, la permanencia en el cargo designado como suplente perdura hasta tanto se configure la causal legal de terminación. No obstante, dicho principio debe ceder frente a motivos superiores de orden público que impiden la continuidad de la situación precaria del suplente.

2- Al no existir la prerrogativa constitucional de la estabilidad para el cargo de suplente, resulta incompleta la argumentación sustentada de manera exclusiva en el art. 9 de la referida ley, ya que una visión totalizadora, hace imprescindible la consideración de las circunstancias fácticas de naturaleza económica y política organizacional que lo cualifican, y que exhiben como razonables y justificados los actos administrativos que dieron por finiquitada la suplencia, pese a no haberse acreditado la configuración del supuesto general previsto por la normativa específica, esto es el reintegro del titular.

3- La exposición de motivos del decreto provincial 170/95 denota que existió una voluntad reglamentaria expresa, tendiente a consolidar la reducción del gasto público con el fin de controlar la crisis financiera del momento. Por lo tanto, los actos administrativos que invocan los fines tenidos en cuenta al dictarse el mencionado decreto, aparecen dotados de suficiente motivación.

4- Cuando la Administración dispone el fin de la suplencia invocando razones de oportunidad y conveniencia que hacen al bienestar general, integra el acto administrativo con un ingrediente discrecional que está legalmente habilitado. Ello comporta una "zona de reserva de la Administración" para determinar lo que es más conveniente y oportuno al interés público. Si es a la Administración a quien normativamente el legislador autorizó la realización de la interpretación y la propia realidad presenta varias alternativas igualmente razonables y válidas, es indudable que ese margen de discrecionalidad en su elección corresponde a la Administración, y su revisión jurisdiccional solo procede frente a supuestos de arbitrariedad.

5- El régimen de la suplencia regulado por los artículos 4, 9 y 10 de la Ley 7233 establece de manera expresa la ausencia de estabilidad que caracteriza esa relación de empleo público, razón por la cual, los actos administrativos que dejaron sin efecto la designación en carácter de suplente de la actora y ordenaron su reintegro al cargo presupuestario de revista, no configuran lesión alguna a dicha garantía constitucional. Quien se vincula a la actividad administrativa como suplente, no tiene derecho a permanecer en forma permanente en el cargo, gozando tan solo de un derecho debilitado.

6- En cuanto a las costas de ambas instancias, resulta justo y equitativo imponerlas por su orden en virtud de lo novedosos de la problemática abordada, lo que le confiere valor de precedente, carácter que se acentúa por la amplitud del ámbito sujetivo de aplicación de las normas estatutarias y el marco normativo general implicado.