Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2012-02-16


"LOBOS, Estela Graciela y otro c/ O.S.U.T.H.G.R.A. s/ sumarísimo y medida cautelar s/ incidente art.250" (Expte. N° C00412) Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche General Roca, 16 de febrero de 2012.

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs.61, ap.III, contra la resolución de fs.44/46 que admitió la medida cautelar requerida en el escrito inicial;

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del decreto ley 1.285/58, es facultad de las cámaras de apelaciones dictar sus resoluciones interlocutorias por voto de los magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión cada uno de los miembros del tribunal emitirá su opinión en la forma que sigue.

El doctor Ricardo Guido Barreiro dijo:

1. Estela Graciela Lobos, por sí y en representación de su hijo menor Francisco Agustín Ponce Lobos, promovió este amparo entre particulares contra la Obra Social de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina para que se la condenara a brindar a este último cobertura total, inmediata, permanente e ininterrumpida del costo de tratamiento de rehabilitación consistente en terapia físico-neurológica, fonoaudiológica y psicológica, por presentar discapacidades originadas en el padecimiento de retraso mental, retraso afásico-anártrico del lenguaje y trastornos conductuales (fs.28/29).

Junto a ello requirió el dictado de una cautelar que mandara retomar las aludidas terapias, así como a abonar los honorarios adeudados a los profesionales que asisten al menor, en forma íntegra e ininterrumpida (fs.36 de este incidente).

La resolución de fs.44/46 admitió la medida en esos términos y, asimismo, ordenó que para el futuro se reintegrasen los gastos de la actora en el plazo de quince días desde que ésta presentare las facturas, todo ello bajo apercibimiento de imponerle una multa de $_200 por cada día de demora.

2. Contra ello se alzó la demandada a fs.61. El memorial de fs.89/92 fue replicado por la actora a fs.97/100.

3. La recurrente señaló que todas las terapias encuadradas en el régimen de la ley 24.901 debían ser auditadas y aprobadas por APE (Administración de Programas Especiales), pues era ese organismo quien, en definitiva, afrontaba el pago de aquellas que se brindasen a una persona con certificado de discapacidad vigente, de modo que mientras APE no autorizase, su parte se encontraba impedida de hacerlo. Agregó que corría el riesgo de ser sancionada por el Estado en caso de proceder sin su "venia".

Reiteró que su obligación se circunscribía a cumplir con el pago de las prestaciones una vez que éstas fuesen aprobadas por la aludida administración, con lo que la cautelar debió integrarse con la petición de que se ordenase al Estado Nacional dar aprobación a todas las necesarias.

Con relación a la terapia fonoaudiológica sostuvo que los certificados médicos no fueron presentados por la actora ni, por ende, intervenidos en su carácter de obra social prestadora, además de carecer de fecha de emisión o confección.

Calificó de irrazonable el plazo establecido en el pretorio para el pago de las facturas en concepto de reintegro, ya que al tratarse de una obra social y operar mediante ese sistema, la única forma de afrontar el pago era contando con la autorización de APE.

Agregó que, además, el plazo le resultaba de cumplimiento imposible, en razón de que desde la erupción del volcán "Cordón Caulle" los sistemas de correos se vieron afectados por el cierre del aeropuerto de San Carlos de Bariloche. De ese modo, el envío por vía terrestre a APE (es decir a la ciudad de Buenos Aires) demoraba una semana, consumiendo otra semana la devolución. De ese modo, sólo quedaba una semana para que APE aprobase los pagos, plazo que jamás se cumplía. Aclaró que esa demora no le era imputable.

Cuestionó el monto de la conminación por irrazonable, puesto que el destino final era el peculio de la amparista, que así se enriquecería sin causa legal en virtud de un sistema perverso del que era presa, pues si cumplía con una parte, incumplía necesariamente con la otra.

4. Entiendo que el recurso debería ser desestimado.

Es insustancial el agravio relativo al temor de verse expuesto a una sanción por parte del Estado, en razón de que viene brindando las antedichas coberturas sin su autorización, a poco se repare en que esa conducta obedece no a la libre determinación de quien así se conduce, sino en acatamiento llano de una orden judicial, de donde no es posible predicar, de ese cumplimiento, una consecuencia de tal índole. En otras palabras, cualquier reproche asentado en la inobservancia de reglamentos administrativos queda cubierto por la existencia de un mandato judicial que el conminado no puede eludir y sobrepasa el deber que le fijan aquellas reglamentaciones internas.

Luego, la ineficacia achacada al sistema en la demora en autorizar los pagos de las prestaciones debidas al menor, sea a causa del factor tiempo, distancia u otro que no corresponde conjeturar aquí, no puede hacerse descansar en la parte actora, quien ya debe afrontar la carga de desembolsar fondos propios para -financiando al menos durante quince días a la demandada- poder acceder a aquéllas. En todo caso, corresponde a ésta extremar los mecanismos administrativos o judiciales a su alcance para procurar el reintegro de lo abonado por estos conceptos de quien estime que retacea el cumplimiento.

En lo atinente al plazo concedido en la sentencia para efectuar el reintegro de las prestaciones facturadas, entiendo que el argumento de la existencia de un hecho que impediría remitir y recibir información por transporte aéreo para afrontar el cumplimiento de los reintegros, no ostenta mayor relevancia ni bien se repare en que hoy existen medios alternativos de comunicación que bien pueden superar en costo y en tiempo el traslado por esa vía.

En cuanto a la pena dineraria con que se conminó a cumplir la cautelar, pienso que constituye una razonable medida para asegurar, del modo fijado en las leyes sustantiva y procesal, el cumplimiento de la orden judicial, sin que el monto, en sí mismo considerado, luzca por el momento desmesurado.	En mérito a ello, propongo al acuerdo rechazar el recurso de fs.61, ap.III. Las costas de alzada deberían imponerse a la demandada, vencida con el responde de fs.97/100 (art.68, párrafo segundo, CPCC). Teniendo en cuenta la calidad y eficacia de las labores cumplidas en la alzada, para compensar el patrocinio de las partes actora y representación de la accionada, respectivamente, deberían regularse honorarios en un 26% y 25% de aquellos que se fijen en la instancia precedente por las tareas de la solicitante de la medida (art.14, ley 21.839), visto que no hay labores de la demandada en primera instancia para remunerar por estos trabajos.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

Coincido con las conclusiones del primer voto y por lo tanto me expido del mismo modo.

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de fs.61, ap.III;	II. Imponer las costas de alzada a la demandada vencida;

III. Regular los honorarios profesionales del modo consignado en el capítulo final del primer voto;

IV. Registrar, notificar y devolver. Fdo. Barreiro y Lozano. La restante vocalía se encuentra vacante. Reg. N°010 F°015/17 Año 2012 PSI.