Abuso sexual, víctima menor de edad, delito reiterado
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: L., F.L. s/ Recurso de Casación por errónea aplicación de la ley sustantiva interpuesto por el Dr. Víctor García en causa Nº 146/11: Solicitud de Suspensión del juicio a prueba en Causa Nº 257/09 - L., F.L. - Abuso Sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-08-24

La Cámara en lo Criminal resolvió no hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por F. L. L. con representación de su abogado defensor.

Contra esa decisión recurre en casación el asistente técnico del imputado, denunciando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Los argumentos vertidos por el recurrente se dirigen a postular, por un lado, la vulneración al principio de inocencia de su asistido y, por el otro, denunciar un yerro en la interpretación legal otorgada a la Convención de los Derechos del Niño.

El análisis de los agravios expuestos, por ser similares, impone seguir el criterio sentado en el precedente "Villalba" (S. nº 14, 13/04/2012), por lo que adelanto mi postura en relación a que no resultan atendibles los planteos efectuados.

Ello es así, porque constato que la resolución impugnada tiene suficiente sustento en la negativa fiscal a la concesión de suspensión del juicio, en tanto la opinión del representante del Ministerio Público no es arbitraria, caprichosa ni ilógica, encontrándose su dictamen adecuadamente fundado en circunstancias pertinentes.

Como lo sostuvo esta Corte en las sentencias Nº 23/09 y Nº 34/09, si se encuentra debidamente fundada, la oposición fiscal a la suspensión del juicio obliga al Tribunal, por lo que, en honor a la brevedad, y para evitar repeticiones innecesarias, me remito a las consideraciones efectuadas en las nominadas resoluciones.

En cuanto a las razones suministradas por el Representante del Ministerio Público, considero que constituyen adecuado fundamento de su oposición, en tanto se vinculan con circunstancias de imprescindible consideración a los fines de formular un pronóstico serio sobre la probable modalidad de ejecución de la pena.

Por la escala punitiva conminada en abstracto en el art. 120 del Código Penal, de 3 a 6 años de prisión, prevista para el delito atribuido al imputado -Abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima en forma continuada-, la procedencia del instituto debe ser analizada en los términos del art. 76 inc.4º del Código Penal, que categóricamente exige consultar las circunstancias del caso dado que, en ese marco legal, sólo éstas pueden permitir dejar en suspenso el cumplimiento de la eventual condena.

El precepto puso a cargo del Ministerio Público Fiscal la faena de opinar fundadamente sobre la existencia de razones que justifiquen abandonar en esta causa el mínimo previsto en esa escala punitiva.

Conforme lo expone el recurrente y constato en la resolución apelada, el Fiscal estimó que si fuera realizado el debate correspondería solicitar una condena de cumplimiento efectivo y el Tribunal aplicaría una condena de ese tipo, -entre otros motivos- por tratarse de un abuso sexual continuado, por el daño supuestamente causado a la víctima, por haber sido realizado por una persona que quebrantó la confianza familiar y por la condición de servidor público del imputado.

Así las cosas, en tanto -contrariamente a lo que sostiene el recurrente- las mencionadas circunstancias no son elementos extraños al proceso sino que constituyen pautas expresamente previstas como parámetros válidos y útiles para la individualización en cada caso de la pena justa, con la invocación de dichas circunstancias el Fiscal consultado dotó de suficiente fundamento legal su pronóstico de ejecución efectiva de la eventual condena y, por ende, su oposición a la solicitada concesión de la suspensión del juicio a prueba, sin que ello afecte, como dice el recurrente, la presunción de inocencia de la que goza el imputado hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Por ello, dado que el examen sobre la procedencia en el caso del instituto de la probation autoriza la consideración de las circunstancias invocadas en el dictamen fiscal como óbice a esa procedencia, carece de fundamento la pretensión del recurrente según la cual el mérito efectuado importa una condena anticipada o su anticipado pedido.

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso interpuesto.