Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-02


Causa Nº 25368/06 Caratulada: "WAICHMAN, PABLO s/ Infr. art(s). 52º, Hostigar. Maltratar. Intimidar" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los2días del mes de octubre de 2007, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Jorge A. Franza, Silvina Manes y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa.

La Silvina Manes dijo:

RESULTA:

1) Con fecha 19 de julio de 2007, la Sra. Jueza Rosa Elsa Parrilli resolvió: "ABSOLVER a Pablo Alberto Waichman, ... respecto del haber empujado violentamente al Sr. Mario Jorge Kligman hasta hacerlo quedar contra el marco de la puerta de entrada de la rectoría, al referirle este una cuestión relativa a uno de los baños de la institución el día 30 de agosto de 2006 aproximadamente a las 22 horas, en el interior del Instituto de Tiempo Libre y Recreación, conducta la cual fuera calificada legalmente con la tipificación contravencional prevista en el art. 52º del C.C., consistente en 'maltratar físicamente a otro'; ...SIN COSTAS..." (ver fs. 112/116 vta.).

El 14 de agosto de 2007 el Carlos Andrés Gómez Ríos interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia a fs. 119/121, el cual fue concedido por el a quo el día 15 de agosto (ver fs. 122).

Oído el Sr. Fiscal de Cámara a fs. 126/vta. y vista la mejora de fundamentos presentada por la defensa a fs. 131/133 vta., pasan los autos a resolver.

Y CONSIDERANDO:

Primera cuestión: Admisibilidad.

2) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50 LPC, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fueran planteados por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva, resultando formalmente admisible.

En efecto, la sentencia absolutoria fue notificada al Sr. Fiscal con fecha 8 de agosto de 2007, y éste interpuso recurso de apelación el día 14 de agosto del mismo año, es decir, dentro del plazo legal.

Segunda cuestión: de los agravios.

3) El Sr. Fiscal de primera instancia sostiene que el Juez a quo ha arribado al veredicto absolutorio "sobre la base de una serie de argumentos que no se condicen con los sucesos acaecidos a lo largo del debate, en tanto... -a su criterio- ...no se apreciaron correctamente los elementos probatorios incorporados, de modo que la motivación de la sentencia nace de argumentos contrarios al desarrollo del debate", lo que violaría las reglas de la sana crítica por no configurar derivaciones lógicas de lo allí sucedido.

Sobre el particular, señaló que "Más allá de la subjetividad que pueda originarse en la deposición de la víctima, no debe suponerse que la declaración del testigo presencial del hecho Amaya sigue esa misma línea, en tanto no hay motivos razonables que autoricen inferir que su testimonio se encuentra de algún modo afectado por la supuesta relación "tensa" que tendría con el imputado Waichman" (ver fs. 119/vta.). Razón por la cual, no habría motivo alguno para excluir su declaración como testigo de cargo.

En base a estos argumentos, el apelante considera que existe una falta de motivación en la sentencia de fs. 112/116 vta. ya que, si bien es cierto que la valoración de la prueba testimonial debe quedar a entera discreción del juez de la causa en razón de estar fuertemente condicionada por la inmediación, éste igualmente tiene la obligación de fundamentar su temperamento sea que se vuelque para una u otra postura.

4) Corresponde entonces determinar si la valoración de la prueba efectuada por la magistrada de grado resulta conforme a derecho.

Para ello habrá de observarse, antes que nada, el criterio sentado por la C.S.J.N. según el cual "la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el pronunciamiento de los jueces como la sentencia fundada en ley a la que hace referencia el artículo 18 de la Constitución Nacional" ( Fallos 312:246, 389, 608, 1839, entre otros).

Pues bien, siguiendo este lineamiento no advierto que el recurso de apelación en trato alcance a demostrar la existencia de un supuesto de arbitrariedad de sentencia en los términos explicitados ut supra, al que la C.S.J.N. ha reconocido como medio idóneo para asegurar el reconocimiento de alguna de las garantías consagradas en la Ley Suprema (Fallos: 323:2510, considerando 10, con cita de Fallos: 310:324, considerando 5).

Entiendo que la sentencia impugnada se encuentra fundada conforme a derecho y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta; decisión que cuenta con la debida motivación lo que impide su descalificación como acto jurisdiccional válido.

5) Como fundamento de su decisión, la juez expresó que no se encuentra acreditada en autos la materialidad del hecho que se le endilga a Waichman, atento a las divergencias evidenciadas en los testimonios llevados a debate. Por lo que consideró apropiado desvincular al imputado en virtud del beneficio de la duda.

En primer lugar, entendió que los dichos del testigo Amaya no logran persuadirla a punto tal de poder otorgarles un mayor peso que a las restantes declaraciones y tener así por acreditado el hecho denunciado, toda vez que entre el nombrado y el imputado Waichman existe una relación de tensión que surge de las respectivas deposiciones que ambos efectuaron en el debate, circunstancia que inevitablemente le quita credibilidad a la declaración de Amaya.

Esta situación ha sido calificada por la doctrina como uno de los supuestos de "testigos sospechosos". Así, explica Mittermaier que "La enemistad es a su vez causa de sospecha. Bajo el imperio de la pasión, las primeras impresiones del testigo pueden alterarse ante imágenes infieles, hijas de un espíritu violentamente excitado; en un testimonio desfavorable puede hallar el testigo una satisfacción de venganza..." (Kart Joseph Anton Mittermaier, "Tratado de la prueba en materia criminal", Ed. Hammurabi) Y por otro lado nos encontramos con que "Puede existir entre el testigo y la parte agraviada ciertas relaciones cuyo examen importa igualmente no descuidar...se concibe que existe en...[la persona ofendida] un sentimiento marcado de malevolencia, y que haya podido hacer partícipes a los testigos, sus amigos...del deseo que ella concibe, desde un punto de vista exclusivamente personal, de ver castigado a su agresor; y puede muy bien suceder que este deseo egoísta induzca a los testigos a separarse involuntariamente de la estricta verdad" (ob. cit., pág. 298 y 299).

Por otro lado, estimó que a ello debe sumársele el hecho de que la declaración de Amaya en la audiencia de juicio diverge de lo expresado en oportunidad de deponer ante el Sr. Fiscal (ver fs. 18 y 107vta./108).

Esta discrepancia hace que la credibilidad de sus dichos sea aún menor, pues para que el juez pueda tener por demostrado un hecho determinado en virtud de lo que surge de una declaración testimonial, máxime siendo la única versión que avala la hipótesis de la acusación, es preciso que se cumplan ciertas condiciones entre las cuales no puede soslayarse que "La deposición del testigo debe ser persistente; es preciso que en los diversos interrogatorios que se hagan, su palabra sea siempre la misma, exenta siempre de contradicciones o de perplejidades. En efecto, el que ha observado exactamente debe a cada momento reproducir en los mismos términos lo que ha visto; al contrario, la mentira se descubre involuntariamente por las notables diferencias en las declaraciones dadas en diversas épocas acerca de las mismas circunstancias, lo cual no puede menos de ser así". (ob. cit., pág. 312).

Es sobre la base de esos argumentos, que la magistrada de grado le quitó valor probatorio a la deposición del Sr. Amaya, razonamiento que sigue un hilo conductivo sistemático y lejos está de ser una decisión arbitraria o carente de fundamento como señala el Sr. Fiscal de grado en su recurso de apelación.

Las divergencias que se suscitaron en los testimonios que tuvieron lugar en el debate en torno a las circunstancias de "modo" en que se desenvolvieron las acciones denunciadas en el despacho del rector, el día 30 de agosto del corriente a las 22 horas aproximadamente, sumado a la contradicción evidenciada en los propios dichos de quien resulta ser el único testigo de cargo en la causa de marras, acaban por empañar la versión sostenida por la acusación. Razón por la cual, la Parrilli en base a la sana crítica opta correctamente por la aplicación del principio in dubio pro reo, adoptando una decisión liberatoria.

6) Considero, entonces, que los fundamentos dados por la a quo al dictar sentencia resultan acertados, suficientes y lógicos, siendo correcta su valoración de los elementos probatorios. Por lo que las objeciones del impugnante sólo pueden calificarse como meras discrepancias con lo resuelto.

No asiste razón al recurrente. No se configura absurda la valoración de la prueba si el a quo se apartó de lo manifestado por el testigo brindando razones suficientes que hacen a sus facultades privativas y que resultan propias del principio de la inmediación al no tolerar que jueces ausentes en el debate dicten sentencia conforme a los registros de cualquier tipo que puedan quedar del debate (conf. TSJBA "Gordillo, Agustín A. C/ GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad", rta. 1/9/03).

Es la interpretación del sentenciante respecto a la confiabilidad que merecen las declaraciones testimoniales o los hechos que sobre su base deberían tenerse por acreditados, la que debe primar. Es el juez que oyó y observó al testigo mientras deponía el que ejerce la facultad propia respecto al mérito y habilidad de las declaraciones testimoniales como en la consideración de las tachas que pudieran disminuir su fuerza de convicción, pudiendo otorgar mayor validez a unas en desmedro de otras.

Por tal motivo, esta alzada tiene vedada la posibilidad de revalorar la prueba en todo lo que se vincule a la inmediación; aunque sí puede abocarse al análisis lógico de la sentencia, determinando si se han violado las leyes propias del razonamiento o existe una total ausencia de fundamentación normativa.

La ley no impone normas generales para acreditar hechos delictivos ni determina abstractamente el valor de las pruebas, dando al juzgador libertad para admitir aquellas estimadas útiles para esclarecer la verdad. Se atribuye a los jueces resolver con sana reflexión las cuestiones que le son sometidas, aplicando el derecho vigente y ejerciendo su ciencia con independencia de presiones de cualquier índole, aunque se trate de las meramente psicológicas que ejercen los criterios independientes en el medio social -S, J.A., 1998 - I, pág. 555- (confr. D´Albora, Francisco, CPPN Anotado- Comentado - Concordado, 4ª edición, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1999, pág. 716).

Por todo lo expuesto, propongo al acuerdo que se rechace el recurso de apelación interpuesto confirmando la absolución del Sr. Pablo Waichman (art. 51, LPC).

Así lo voto.

El Jorge A. Franza dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Manes, adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Así lo voto.

La Marta Paz dijo:

Por los fundamentos y conclusiones que brinda la Manes, adhiero a su voto en todo cuanto propone.

Así lo voto.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de fs. 112/116 vta. en cuanto absuelve a Pablo WAICHMAN respecto del hecho por el cual fuera acusado, conducta tipificada en el art. 52 de la ley 1472 (art. 51, LPC).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase a primera instancia.

Ante mi:

Ende octubre del corriente notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.

En de octubre del corriente se libró cédula. Conste.