marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, prisión preventiva, cuestiones de hecho y prueba, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Gral. de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos garay, josé martín sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-11-24

Corresponde rechazar la queja porque la decisión aquí impugnada, que mantuvo la prisión preventiva del imputado, encontró apoyo en la interpretación de los hechos, la prueba y el derecho inferior a la constitución, cuya validez no viene controvertida. Todo ello resulta ajeno al recurso intentado, y la defensa no muestra que lo resuelto sea insostenible. Si bien el quejoso afirma, criteriosamente, que la situación de calle no puede ser utilizada, a través del elemento "falta de arraigo" incorporado al artículo 170 del CPP, para justificar por sí misma la prisión preventiva, lo cierto es que no se hace cargo de los demás argumentos en los que el tribunal a quo apoyó el riesgo de fuga. Esas razones no cuestionadas prestan sostén suficiente, independiente del que el fallo busca en la situación de calle del imputado, y no se muestra que sean insostenibles. En tales condiciones, examinar el relativo a la falta de arraigo no puede llevar a modificar lo decidido, cualquiera fuera nuestra valoración de este argumento. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano. Voto compartido por el juez Santiago Otamendi).
Excusación, excusación por deuda o fianza
Materia: PROCESAL
Carátula: Mauriño, Eduardo Alberto c/ Banco de Formosa SA y/o quien resulte responsable s/ reclamo laboral quien resulte responsable s/ reclamo laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-09-10

Corresponde admitir la excusación del magistrado fundada en las causales previstas en el art. 17 inc. 4º y 8º del C.P.C.C. por revestir la calidad de deudor frente al Banco demandado, pues en la materia las causales deben ser apreciadas con criterio circunstancial y con una mayor amplitud que la que corresponde a las recusaciones, dado que debe prevalecer el juicio de quien las invoca para evitar que los magistrados deban conocer y considerar asuntos frente a los cuales se encuentren en una irremediable violencia moral. (Del voto en disidencia del Dr. Quinteros)
Nombre comercial, nombres confundibles, cotejo de nombres
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEVEL ARGENTINA  S.A. c/ AUTOMOTORES SAVAL  S.R.L. s/ NOMBRE COMERCIAL: CONFUSION. CORTEJO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-05

El conflicto entre nombre y nombre está planteado entre "Sevel Argentina S.A. " por un lado, y "Automotores Saval S.R.L. " por el otro. Tanto "Argentina" cuanto "Automotores" (sobre todo esta última palabra: reparece que ambas firmas actúan en el rubro fabricación y/o comercialización de automotores) tienen carácter común; y las siglas S.A. y S.R.L. identifican el carácter de anónima o de responsabilidad limitada que corresponde a las sociedades enfrentadas en conflicto.

Parece apropiado que la comparación haya puesto el acento en las palabras distintivas de ambos conjuntos, que son: "Sevel" y "Saval".

La aprehensión prerreflexiva de ambos signos, colocado en la posición del público general, me dejó una impresión de confundibilidad que no han logrado aventar ni el análisis más pormenorizado que efectué posteriormente, ni los argumentos de la quejosa.

El mero reemplazo de las letras "a" y "e" en una palabra integrada por las consonantes s-v-l no aventa la "similitud confusionista" advertida de entrada. "Sevel" y "Saval" tienen un inocultable parentesco, en el que las semejanzas pesan más que las diferencias.
Alimentos, alimentos atrasados, registro de deudores alimentarios morosos
Materia: CIVIL
Carátula: L. de S, M.M. c/ S., G.R s/ DIVORCIO ART. 215 DEL CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-14

Si bien el alimentante incurrió en atrasos en el cumplimiento de su obligación, lo que dio motivo a sucesivas intimaciones de pago, tal conducta no conduce necesariamente a disponer su inscripción en el registro de deudores morosos previsto por la ley N 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Es que, si a pesar de las reiteradas intimaciones de pago, la beneficiaria logró percibir la cuota alimentaria y con la retención directa, quedan suficientemente garantizados sus derechos; admitir su reclamo en estas condiciones, dadas las severas sanciones que la normativa invocada prevé, importaría un grave perjuicio para el alimentante, sin beneficio alguno para la actora.
Auto de elevación a juicio, resoluciones apelables
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Rebora, Tomás Armando s/ QUEJA EN:'PROCURADOR GENERAL S/ PROMUEVE ACCIóN PENAL. Ramos Mejía, Alejandro s/ QUEJA  EN:  'ROJAS,  JUAN CARLOS S/ QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS  C/ RAMOS MEJíA, ALEJANDRO'.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-02-15|1990-12-28

El carácter de inapelable del auto que deniega el sobreseimiento y ordena la elevación de la causa a juicio está expresamente previsto por el art. 323 del CPP., y ha sido establecido teniendo en cuenta la facultad que detenta el imputado de oponer excepciones y ejercer oportuna oposición al pedido de elevación a juicio manifestado por el agente fiscal, además de la garantía de seriedad que conlleva la exigencia de necesaria fundamentación que ha de reunir el auto de elevación a juicio.
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, cuestiones procesales, medidas preparatorias, prueba documental, exhibición de documentos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: SCOCCO, GABRIEL D. c/ EDASA y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- MEDIDAS PREPARATORIAS DE JUICIO ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 153 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-07

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad desde que para fallar como lo hizo, la Alzada se limitó a acoger los agravios planteados ante ella por el actor sin hacerse cargo válidamente de concretas defensas planteadas por su contraparte en cuanto a la necesaria relación existente entre las medidas preparatorias y la demanda que "se pretende preparar", como así también con la tutela debida a concretos derechos o intereses (Jhering) reconocidos explícitamente por la legislación vigente -y con asidero último en garantías constitucionales- vinculados con la protección de la confidencialidad de ciertos documentos requeridos por la actora, derechos que resultan así vulnerados sin justificación suficiente.

En ese orden, el pronunciamiento de la Sala exhibe un ostensible dogmatismo cuando postula sin más que la actora había satisfecho la exigencia establecida por el artículo 394 del código de rito respecto a que las medidas sean pedidas "expresando claramente el motivo por el cual se solicitan y las acciones que se proponen deducir o el litigio cuya iniciación se tema", omitiendo hacerse cargo de las implicaciones derivadas de dicho requisito, de suerte tal que su respuesta -además- ha supuesto prescindir del texto legal sin dar razón plausible alguna.
Pago, pagaré, novación
Materia: COMERCIAL
Carátula: M. SGAVETTI SRL c/ BURGWARDT & CIA. SAIC Y AG s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-15

Corresponde hacer lugar al reclamo efectuado por el vendedor de ciertas mercaderías, por pago de intereses generados en la falta de pago del monto del precio de aquellas, por parte del comprador, ya que los pagares entregados por este con relación a la compraventa y ejecutados ante la falta de pago, carecen de fuerza cancelatoria, pues el pagare es un titulo de crédito que involucra una promesa de pago tal como surge concretamente de lo preceptuado por el Decreto ley 5965/63 art. 101-2° y, por lo tanto, su creación y entrega al acreedor no tiene por si los efectos del pago de lo adeudado, de manera que la deuda subsiste con todos sus alcances, salvo si se prueba que hubo novación (Decreto ley 5965/63 art. 61 y 103 y CCIV art. 812 y 813); no pudiendo, en consecuencia, el accionado alegar que nada debe, en razón de haber abonado en ese juicio el monto total de los títulos con más sus intereses.
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Lescano, Juan Domingo y otros c/  s/ infracción art. 303 presentante: López, Diego y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-09-26

Con respecto a los elementos típicos, debe resaltarse que: "La descripción de las acciones típicas es meramente ejemplificativa, por cuanto la norma analizada amplía la conducta prohibida a todo aquél que, de cualquier modo, ponga en circulación aquellos bienes producto de un ilícito. De manera que no hace falta que los bienes hayan adquirido efectivamente apariencia de origen lícito; basta con que haya existido un peligro concreto de que ello suceda." (Sala IV, Cámara Federal de Casación Penal, causa FSA 7791/2013/CFC1, caratulada: "VERA CUCCHIARO, Javier s/recurso de casación", registro 1973/20.4, de fecha 7 de octubre de 2020).
Acción de amparo, producción de la prueba, medidas para mejor proveer, resoluciones inapelables
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: NIEVA, Alejandro y OTROS c/ MIN. DE ECON. s/ AMPARO"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-22

En la acción de amparo, la providencia que ordena la producción de pruebas y las medidas para mejor proveer no resultan susceptibles de apelación. (Confr. art. 15 y 17 de la ley 16.986 y art. 379 del C P.C.C.N. -de aplicación supletoria-).
Acto administrativo, efectos del acto administrativo, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: DEVIL CREEK SA Y OTRO s/ RECURSO ARTICULO 17 DE LA LEY 20.094.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-29

La suspensión de efectos de los actos administrativos constituye, en definitiva, una válvula de escape y de seguridad, si bien excepcional, que permite enjuiciar la corrección del acto antes de que su ejecución haga inútil el resultado del planteo (conf. Parada, "Derecho Administrativo", t. 1, parte general, pág. 174). Las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne inoperantes sus efectos.

Por ello, más que hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para hacer eficaces las sentencias de los jueces (conf. Di Lorio, "Nociones sobre la Teoría General de las Medidas Cautelares", LL, 1978 B, 826).
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Spelzini Horacio R. c/ Racosta Alberto R. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-04

Si bien los jueces de esta Sala dejamos a salvo nuestras personales opiniones en sentido contrario, el Acuerdo Plenario de esta Cámara, recaído el 28 de agosto de 1990 en la causa 52.995 ("Ferrocarriles Argentinos c/Suc.de Ana T.Marcó del Pont"), estableció que debe incluirse la feria judicial en el cómputo del plazo de caducidad de instancia. Verificándose de tal modo el transcurso en exceso del plazo del art.300 in fine de la ley 19551, y no siendo suspensivo del mismo la huelga judicial porque no determinó la imposibilidad de instar el procedimiento, corresponde confirmar la resolución apelada. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, proceso de verificación, crédito privilegiado, prenda comercial, acreedor prendario, acreedor privilegiado
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA OTILIA SA s/ CONCURSO PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-26

Si los bienes sobre los cuales se constituyó la prenda, que justificó la graduación privilegiada de un crédito verificado en un concurso, desaparecieron del patrimonio de la concursada -lo cual no fue desconocido, en el caso, por el acreedor prendario-, la prenda de referencia se extinguió (cfr. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino", p. 416 y ss. y p. 745 y ss. ed. Tipográfica Editora Argentina SA, Bs. As. 1960) y el crédito perdió su graduación, debiendo ajustarse a la pautas del acuerdo homologado (LC art. 56 y ccdtes.) ello sin perjuicio, ciertamente, de la responsabilidad que pudiera caber a los administradores de la deudora por la eventual desaparición de bienes que constituían una garantía especial para dicha entidad bancaria.
Recurso de apelación (procesal), interés para recurrir
Materia: PENAL
Carátula: RUZIC, Romualdo y otros s/ Víctima de incendio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1977-10-20

El recurso de apelación interpuesto por el Señor Agente Fiscal, deviene insustancial, si se ha modificado la situación existente en oportunidad en que el mismo fue deducido, en el sentido perseguido por el representante del Ministerio Público, por lo que corresponde devolver la causa a primera instancia para que continúe el trámite correspondiente. En la especie, el sobreseimiento provisorio impugnado, en los términos del art. 379 inc. 2º del C.P.P., había sido superado al procederse a la detención de un sospechoso, respecto del cual se había dictado el correspondiente auto de prisión preventiva luego de su indagatoria.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Poder Legislativo, legisladores, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Malaponte, Eugenio Jorge s/ Queralla  por  Injurias,  Rec. de Inconstitucionalidad EXP. N. 260-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-08-01

La aplicación de sanciones disciplinarias a los legisladores puede constituir un obstáculo al libre desarrollo de las funciones parlamentarias; caso límite y aunque abstracto y teórico, sería el de que por vía de sanciones disciplinarias internas se excluyese, por una mayoría circunstancial, a todo un grupo de legisladores brioso y batallador.
Daños y perjuicios, indemnización por incapacidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Beredjkhian c/ Cremeris s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

Con respecto a que se toma como mínimo $ 1500 el grado o punto incapacitante para cuantificar el rubro, no cuenta con respaldo fáctico, doctrinario o jurisprudencial alguno, debiendo ser desestimado este planteo, como se hizo en otras oportunidades. lo mismo puede decirse en cuanto a que se realizan cáñculos matemáticos sobre posibilidades laborales en su proyección de vida.
Ejecución hipotecaria, mutuo en moneda extranjera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación, esfuerzo compartido, control de constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: CANEGALLI, Alberto David c/ MORALES, Hugo Alberto s/ EJECUCION ESPECIAL LEY 24441 - EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-22

Frente a la amplitud de la norma modificatoria contenida en la ley 25.820, que no deja dudas sobre la aplicación de la ley 25.561 y decreto 214/2002 a "todas las obligaciones existentes", "cualesquiera sea su origen o naturaleza" y "haya o no mora del deudor", la Sala considera que corresponde extender la solución que se adoptara in re "Arrúa Mercedes c/ Ruiz María Paula s/ ejecución hipotecaria" del 22/05/2003, respecto de aquellas obligaciones contraídas originariamente en dólares y vencidas luego del 06/01/2002. Tal decisión se adoptó sobre una hermenéutica que armoniza lo dispuesto por los arts. 11 de la ley 25.561 y 8 del decreto 214/2002 con las garantías de nuestra Constitución Nacional. Empero, ello ha sido en la medida que, tratándose de un mutuo, se aplique el "esfuerzo compartido"y que la cuota de sacrificio que deben soportar las partes, radique, en principio, en la distribución igualitaria de la brecha entre el peso y el valor del dólar libre a la fecha de la liquidación. Es decir, con la conversión de los dólares a razón de $1 más el 50 porciento de la brecha entre $1 y el valor del dolar libre a la cotización de la fecha en que se practique la liquidación. Del voto de la mayoría: Dres. Mirás y Calatayud
Obligación alimentaria, separación de hecho
Materia: CIVIL
Carátula: D. DE F. S. R. c/ F. E. s/ ALIMENTOS.INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-19

La separación de hecho, aún con las características de que ambos cónyuges habiten bajo el mismo techo, no excusa la obligación alimentaria que corresponde al marido por imperio de la ley (conforme artículo 51 de la ley 2393) y la circunstancia de que la esposa siga conviviendo con aquél no obsta a la fijación de alimentos para ella y los hijos menores, si bien esa particular situación debe ser debidamente ponderada para establecer su monto (conforme C. N. Civ. Sala F, c. 263.093 del 27/8/80; idem C.

277.280 del 3/2/82; idem C. 279.518 del 7/5/82; Borda, Tratado de Derecho Civil Argentino - Familia, tomo II, página 123).-
Medios de prueba, allanamiento domiciliario, proceso penal, secuestro de bienes, requisa personal, urgencia, domicilio, derechos y garantías constitucionales, información genética
Materia: PENAL
Carátula: Ricchiuti, Luis José y Hermann, Elida Renée s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

La adquisición de medidas probatorias en el marco de un proceso penal no requiere necesariamente una justificación basada en la urgencia para habilitar un procedimiento en especial, en tanto no es un requisito de procedencia del allanamiento o de la requisa máxime cuando, las normas que autorizan la inspección corporal y mental de las personas como aquellas que regulan los registros domiciliarios y la requisa personal, no aluden ni a la urgencia ni al peligro sino más bien, a las razones materiales que deben hallarse presentes para habilitar el ingreso a ámbitos individuales protegidos privilegiadamente.
Gobierno de facto, leyes de facto, jerarquía de las leyes, reglamentos
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Quade Guillermo Enrique y otros c/ Estado Nacional Ejército Argentino s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-26

Los decretos y las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo de facto, en ejercicio del Poder Legislativo de facto no tienen jerarquía superior a las leyes dictadas por el Poder Legislativo de iure en ejercicio de esa facultad. Del mismo modo, el reglamento de facto, dictado en ejercicio del Poder Ejecutivo de facto no puede tener una jerarquía normativa superior al reglamento de iure. (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand. Cons. VII).
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva, principios procesales, economía procesal, subasta, transferencia del automotor, rescisión del contrato
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Llahyah, Ricardo N. c/ Banco de Santa Fe SA s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Ordinario  (Expte.: C.S.J. Nro. 635 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

Aún cuando se entienda que en autos se está en presencia de un supuesto de arbitrariedad sorpresiva, no ha de prosperar la queja interpuesta por el actor, pues no obstante el matiz constitucional que pretende asignarle a sus planteos, los mismos sólo evidencia su disenso para con la valoración que de los hechos, pruebas y derecho aplicable efectuaron los juzgadores de grado, en ejercicio de funciones propias, materia que resulta ajena a la instancia de excepción. En efecto, la sala destacó que el inferior ya había sorteado con éxito deficiencias formales (en pro del principio de economía procesal y en beneficio de los litigantes) y señaló, además, que el a quo no había incurrido en incongruencia al interrogarse si correspondía al Banco efectuar la transferencia del automotor adquirido en subasta, pues la petición judicial de rescisión de contrato sólo procede ante el incumplimiento de obligaciones a cargo de la parte demandada, incumplimiento que ha de versar sobre la obligación principal o sobre una colateral que afecte sustancialmente el equilibrio del contrato. Por tanto, la inejecución total o parcial debe alcanzar cierta magnitud para justificar la extinción del mismo, lo que no aconteció en autos.
Cuestiones de competencia, atentado y resistencia a la autoridad, deber de asistencia familiar, violencia de género
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Rgje Sobre 1 - Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar y Otros  c/  s/ conflicto de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Corresponde declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional para investigar los hechos que encuadrarían en los delitos de desobediencia a la autoridad (art. 239 del CP) e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1° de la ley n° 13944). Esto, en atención de razones de mejor y más eficiente administración de justicia, y en función del marco normativo nacional y supranacional imperante para los casos de violencia de género. Ello así, en tanto el fuero nacional fue quien reclamó abordar integralmente el conflicto y el que mayor grado de conocimiento ha adquirido respecto del caso. (Del voto de los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg, por remisión al dictamen fiscal. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Hurto simple, participación necesaria, reincidencia, condena condicional, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: PIZARPOZO, RAQUEL s/ PENA. EJECUCION CONDICIONAL.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

La pena a imponer a la procesada en su carácter de partícipe necesaria en orden al delito de hurto simple es la de un año de prisión condicional, siendo más favorable mantener en suspenso la pena que dársela por compurgada, dado que si hipotéticamente en el futuro comete un nuevo hecho, podría volver a beneficiarse en la condicionalidad de acuerdo a los plazos establecidos, lo que no ocurriría si se le diese por compurgada.

Por otra parte, en el supuesto que cometiese un nuevo delito en el lapso de cuatro años establecidos en el artículo citado y se debiera proceder a la unificación de las sentencias, siempre se le computaría el tiempo de detención sufrido, con lo que se desprende que la condicionalidad la beneficia cualquiera sea el supuesto, mientras que la compurgación requerida por la defensa podría perjudicarla.
Funcionarios públicos, obligaciones
Materia: CIVIL
Carátula: INFANTE DE CASTILLO NORA Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-07-06

El ser funcionario implica "una responsabilidad especial" entendida como capaz de obligarse por el funcionamiento del servicio a su cargo, por lo cual están constreñidos no sólo por el contrato de carácter público que los vincula sino por la exigencia legal o jurisprudencial, que los obliga no sólo a accionar eficientemente, sino que le impide la realización de omisiones, caso no encuadrable al ciudadano común el cual no está obligado en esto si expresamente no se lo impone la ley como excepción.