Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-09


Comodoro Rivadavia, nueve de octubre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "PROVINCIA DEL CHUBUT c/ GERIÁTRICO N. C. S.A. s/ EJECUCIÓN FISCAL", Expte. Nro. 15.976/2006, venidos del Juzgado Laboral (Expte. Nro. 3688/2006).

Llegan a estudio de esta Alzada, por haber interpuesto la demandada a fs. 33, recurso de apelación contra la sentencia de fs. 27/29vta., concedido en relación a fs. 34.

Se agravia el recurrente a fs. 35/37, contra la decisión del juez de grado que rechazó la excepción de inhabilidad de título opuesta.

Sostiene que el fallo se sustenta en la ampliación del título ejecutivo que efectúa el art. 32 del Anexo del Decreto Reglamentario en un claro abuso del Poder Ejecutivo al crear otro titulo ejecutivo distinto del certificado de deuda establecido en el art. 46 de la ley 3270.

En virtud de considerar como abuso del Poder Ejecutivo, dicha reglamentación peticiona se declare la inconstitucionalidad del Decreto 919/90 en cuanto al art. 32 del Anexo referido, porque sólo la ley puede determinar cuál será el titulo ejecutivo que habilite el juicio de apremio.

Subsidiariamente postula la inhabilidad del título ejecutivo fundada en la falta de firmeza de la resolución que impuso la multa.

Señala que oportunamente negó que la resolución se encontrara firme y consentida y no cuenta el juez con elementos de convicción al respecto ya que no se aportó al expediente copia completa del sumario donde tramitara y se pronunciara la mentada Resolución.

Efectúa reserva del caso federal.

A fs. 39/41 contesta traslado la actora, solicita el rechazo de los agravios.

Puntualiza que el demandado trata de equiparar la multa al concepto de tasa e indica que aunque ambas están contenidas en la ley, el tratamiento dispensado a cada una de ellas es distinto.

Corresponde adentrarnos en los agravios expuestos por el apelante.

Liminarmente debe señalarse que resulta extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad articulado por el demandado en la expresión de agravios respecto del anexo del Decreto Reglamentario de la Ley Provincial Nro. 3270, puesto que debió interponerse al oponer excepciones.

La aplicación del mismo, constituía una circunstancia previsible que imponía su impugnación constitucional en tiempo oportuno.

Consecuentemente, los argumentos esgrimidos en tal sentido no han de prosperar.

A mayor argumento, no resulta ocioso recordar que el órgano de revisión no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia (Conf. FenochiettoArazi, "Código Procesal Comentado", Ed. Astrea 1985 T. I p. 851; Alsina, Hugo "Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil", Ed. Ediar 1961, T. IV, p. 415; Palacio Lino "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot 1978, T. V, p. 267 y sgtes.), siendo inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo y de del derecho de defensa.

Tampoco prospera, se adelanta, la queja del recurrente cuando afirma que la inhabilidad del título radica en que se trata de una resolución que no se encuentra firme y consentida.

Al respecto, cabe consignar que la ley 3270 prevé una impugnación de la resolución que impone una multa en los incs. l) y ll) del art. 31.

Consiste en una apelación previo pago de la multa que se impusiese dentro del plazo que allí establece, receptando de ese modo el principio "solve et repete".

El recurso debe interponerse ante la autoridad que aplicó la sanción, tramitando la apelación ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo laboral de la jurisdicción donde se hubiere comprobado la infracción y por el procedimiento que allí se establece.

Por otra parte, por el art. 32, firme la resolución sancionatoria, la falta de pago de la multa impuesta autoriza a la subsecretaria del Trabajo a proceder a su ejecución.

Tal indicación fue efectuada en la resolución notificada conforme constancia de fs. 11, surgiendo de la notificación obrante a fs. 12 el incumplimiento del deposito que habilita la impugnación, acarreando el rechazo del recurso impetrado y notificado al domicilio constituido.

Tales constancias que dan cuenta de la firmeza de la resolución, no han sido desconocidas, ni cuestionadas por el hoy apelante, por lo que su queja al respecto carece de sustento habilitando a concluir que la multa se halla ejecutoriada.

Tampoco resulta admisible el fundamento de la ausencia de elementos de convicción para el juez de grado.

Es que obsta su admisión el principio establecido por el art. 547 del CPr., aplicable al presente por mandato del art. 595 del mismo cuerpo legal, según el cual, opuesta una excepción contra el progreso de la ejecución, se impone al excepcionante ofrecer prueba en la cual sustente la defensa.

En tal inteligencia, no resulta admisible la queja de la falta de acreditación de la firmeza de la resolución que impone la multa.

Repárese que tampoco el recurrente invocó en el proceso ni acreditó haber acudido al procedimiento administrativo del Dto. Ley 920.

Se ha señalado que "Tratándose de la ejecución de una multa por vía de apremio el título ejecutivo está constituido exclusivamente por el testimonio (art. 2, Dto. Ley 9122/78), sin que en él tenga cabida complementaria ni integrativamente, las constancias del expediente administrativo, ya que no puede ventilarse en el marco del presente proceso aquello relacionado con el origen del crédito reclamado, cuya discusión debe encauzarse conforme lo estipula el art. 551 del CPCC (art. 18, Dto. Ley cit.).

De esta forma, la sentencia no hace cosa juzgada sobre la causa o fundamento de la obligación que anida en el título, ni sobre el debido proceso administrativo que lo precede y en cuya virtud se erige, cuestión ella ajena al marco del presente proceso (Conf. "Municipalidad de Gral. San Martín c/ E., V. s/ Apremio" CC0002 SM 42155 RSD29397 S 491997 elDial W125E1 ).

La habilidad del título traído a ejecución queda aun más clara cuando se observa que la resolución contiene los recaudos suficientes para configurar al mismo a tenor de la reglamentación pertinente arts. 32 y 46 del Anexo del Decreto Reglamentario 911/90 conteniendo los presupuestos esenciales que hacen a su existencia, nombre del deudor, fecha, monto de la deuda, obligación dineraria líquida y exigible.

Es que no debe perderse de vista que la defensa de inhabilidad de título, inicialmente sólo puede ser fundada en las formas extrínsecas del título, relativas a su encuadre en la enumeración legal, a la liquidez y a la exigibilidad de la deuda y a la titularidad activa y pasiva de los sujetos involucrados en la relación procesal (conf. Alsina H. "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil",Tº V, pág.284; Podetti, J.R. "Tratado de las Ejecuciones", pág.207, nro.112 en igual sentido, Falcón, E. Cód. Proc. T. III, p. 853), quedando excluída del conocimiento judicial la causa de la obligación.

En definitiva, no logra la impugnación efectuada, desvanecer las formas extrínsecas del título, no constituyendo una crítica razonada del fallo en crisis, por lo que corresponde el rechazo del recurso de apelación interpuesto por los codemandados.

Por como se resuelve la cuestión, las costas se imponen al apelante vencido, por el principio objetivo de la derrota,(art. 68 y ss CPr).

Los honorarios de los abogados actuantes se regularán teniendo en cuenta la labor desarrollada, naturaleza del proceso, etapas cumplidas, monto del juicio y capacidad económica del obligado al pago, y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 6,7,8, 40, 47 de la ley 4335 t.o).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 33, y confirmar la sentencia de fs. 27/29vta..

2)Costas de la Alzada, al apelante vencido.

Regular los honorarios profesionales de la Dra. I. A. M., en la suma de pesos trescientos ($300) y, los del Dr. J. J. E. en la suma de pesos ciento cincuenta ($150).

Todos con más la alícuota del IVA si correspondiera.

3)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADO BAJO EL N° 69 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS