Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-16


Causa 463-01-CC/2005 "Recurso de Queja en autos GCBA c/ VILLAFAÑE, Diego Oscar s/ Ejecución fiscal - Apelación" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16días del mes de febrero de 2006, se reúne la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el presente recurso de queja interpuesto contra la resolución de fs. 10/12 vta., de la presente causa, de la que, RESULTA:

I. Que a fs. 2/5 obra copia de la resolución dictada el 19 de octubre de 2005 por el titular del Juzgado Contravencional y de Faltas N° 18, por la que resuelve hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta y rechazar la demanda de ejecución de la deuda de seiscientos ochenta y un pesos con setenta y cinco centavos ($681.75) por hallarse prescripta la multa que la originó, al momento de interponer la demanda, con costas.

II. Que a fs. 45 del principal luce la intimación efectuada por el Sr. Juez al Sr. Damonte para abonar, dentro del quinto día de notificado, la suma de cincuenta pesos ($50), en concepto de tasa de justicia, bajo apercibimiento de aplicarle una multa equivalente al veinte por ciento de la tasa omitida y de la ejecución que en el futuro corresponda.

III. Que a fs. 7/8 obra copia del recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto por la parte actora contra la resolución mencionada supra, por considerar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra exenta del pago de la tasa de justicia, tal como lo establece el art. 3 de la ley 327. Asimismo, manifiesta que tampoco corresponde que la tasa de justicia sea aplicada en estos actuados pues se trata de un juicio de monto determinado, por lo que resultaría de aplicación el art. 6 de la mencionada ley. Por otra parte, destaca que según el art. 5 no corresponde tributar tasa pues en el juicio no hubo sentencia de condena. Finalmente, formula reserva de plantear recurso de inconstitucionalidad y del caso federal.

IV. Que a fs. 49/vta del legajo principal obra la resolución dictada por el a quo por la que no hace lugar al recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la actora, por considerar que el proveído de fecha 11 de noviembre de 2005 no es pasible de recurso de reposición, por tratarse de una mera intimación producto de una resolución cuyo plazo de apelación ya ha expirado. Asimismo, rechaza el recurso de apelación incoado subsidiariamente, por entender que el decreto recurrido no encuadra en ninguno de los supuestos del art. 219 CCAyT.

V. Que a fs. 10/12 la parte actora interpone recurso de queja por denegación del recurso de apelación que fuera interpuesto contra la resolución de fs. 45 del principal, la que a su entender reviste carácter de definitiva e irrevisable por otra vía que la presente. Afirma que la resolución puesta en crisis se aparta de aplicar la ley que rige en el caso, sin dar fundamento ni razón, de la que surge arbitrariedad manifiesta. Asimismo, sostiene que el a quo mediante dicho auto ha vulnerado las garantías constitucionales del derecho de propiedad, la defensa en juicio y la autonomía, por lo que solicita su descalificación como acto jurisdiccional.

VI. Que recibidas las actuaciones, este Tribunal requirió el expediente principal a los efectos de resolver la presente queja. Por ello, a fs. 23 los autos pasaron a resolver.

VII. Corresponde entonces realizar el juicio de admisibilidad del recurso de queja interpuesto.

En primer lugar cabe destacar que el recurso de queja ha sido presentado dentro del plazo legal previsto en el art. 250 CCAyT contra la resolución dictada por el Juez a quo por la que no hace lugar a los recursos de reposición y de apelación en subsidio interpuestos por el representante legal de la actora.

Si bien, mediante su queja, el recurrente pretende poner en crisis una mera intimación producto de una sentencia anterior que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no resulta correcto afirmar como lo ha hecho el Magistrado de Grado, que su plazo de apelación ya ha expirado. Ello, toda vez que el impugnante ha criticado la imposición de la tasa de justicia, circunstancia de la que tomó conocimiento recién al momento de ser intimado.

En efecto, según surge del art. 71 de la ley 189: " la condena en costas comprende todos los gastos causados u ocasionados por la substanciación del proceso y los que se hubieran realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación". Es decir, que dicho concepto jurídico no se encuentra restringido a la tasa de justicia, sino que resulta abarcativo de otros elementos tales como los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos y por todos los demás gastos originados por la tramitación de la causa. Siendo así, en virtud de que el Ricardo Damonte no ha criticado su condena en costas sino tan sólo la aplicación de la tasa de justicia, corresponde hacer lugar al recurso de queja interpuesto.

De este modo, si bien es cierto que el CPCAyT nada establece al respecto, habiéndose dictado la providencia en crisis, sin audiencia de la contraparte, este Tribunal al conceder la queja, puede entrar a resolver directamente la cuestión planteada en la apelación (Conf: CNCom. Sala B. 25/03/77. En; La Ley 1978-D-1977, 34.887. S; FENOCHIETTO, C. E. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Tomo 22 págs. 127/8).

VIII. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, aparece revestida de sustento la protesta esgrimida por la parte actora condenada en costas, por cuanto la ley lo exime del pago de la tasa de justicia. Así, el art. 3° de la ley 327, que regula la aplicación de la tasa judicial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone que: "están exentas del pago de la tasa judicial de la Ciudad de Buenos Aires: la Ciudad de Buenos Aires, sus entes descentralizados, el Estado Nacional, las Provincias, las Municipalidades y sus entes descentralizados". Siendo así, toda vez que el Ricardo Damonte resulta ser el apoderado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en definitiva actora en el proceso, carece de sustento legal la intimación efectuada por el Magistrado a fs. 45 del principal, por lo que corresponde su revocación.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I. Hacer lugar al recurso de queja interpuesto a fs. 10/12 y consecuencia declara mal denegado y conceder el recurso de apelación interpuesto a fs. 47/48 del expediente principal (art. 250 CCAyT).

II. Revocar la intimación efectuada por el Sr. Juez, Ricardo Félix Baldomar, a fs. 45 del expediente principal, dejándola sin efecto. Sin costas en la Alzada.

Regístrese, notifíquese con carácter urgente y oportunamente remítase al Juzgado de origen a sus efectos.

Ante mí Dejo constancia que la Elizabeth A. Marum no firma la presente por encontrarse en uso de licencia.

LCC Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas