Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-10-19


M., C. V.

Reg.: A y S t 210 p 150-154.

Santa Fe, 19 de octubre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica del acusado C. V. M. contra la sentencia 89 del 28 de diciembre de 2004, dictada por la Cámara de Apelación en lo Penal de Venado Tuerto en autos "M., C. V. - Homicidio Culposo- (Expte. 237/03)" (Expte. C.S.J. nro. 253, año 2005); y,CONSIDERANDO:

1. Surge de autos que el Juez de Primera Instancia en lo Penal Correccional y Faltas de Venado Tuerto, mediante sentencia de fecha 26.09.2003, condenó a C. V. M. como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo del que resultara víctima A. C. M., previsto en el artículo 84 del Código Penal, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir automotores, con costas.

Recurrida que fuera tal decisión por el defensor técnico de M., la Cámara de Apelación en lo Penal de dicha ciudad confirmó, con costas, el pronunciamiento impugnado (fs. 1/7).

Contra este último dedujo el curial a cargo de la defensa de M. el remedio extraordinario previsto en la ley provincial 7055.

En el memorial recursivo (fs. 16/25), en pos de fundar la arbitrariedad en que supuestamente habría incurrido la Cámara a quo, invocó las causales de "invocación de prueba inexistente", "autocontradicción", "dogmatismo", "prescindencia de pruebas decisivas", "prescindencia del texto legal aplicable sin dar razón plausible alguna", como así también de "falta de fundamentación suficiente".

En cuanto a la achacada invocación de prueba inexistente, sostuvo que el decisorio exhibía insuficiente fundamentación, al haber la Cámara reputado probada la existencia de culpa del imputado, omitiendo el análisis de la prueba obrante a foja 11 -informe médico del doctor Miguel Ángel Giulietti, que señalara que la víctima no se encontraba en condiciones de declarar debido a un trastorno de la memoria y que presentaba déficit circulatorio cerebral-, y determina como prueba absoluta la de fojas 117/123 donde se dijera que la relación entre el traumatismo de pelvis y una trombosis pulmonar es directa, ignorando que también se incluyen como causas la edad avanzada y el estado de salud deteriorado, las que presentaba asimismo la víctima del siniestro.

Adujo, pues, que la sentencia debió haber sido otra, dado que quedó demostrado que M. no sabía dónde estaba ni hacia dónde iba en virtud de padecer una grave enfermedad que le ocasionó un proceso degenerativo cerebral.

En tal sentido, expresó que el Tribunal a quo pretende que la defensa considere justa una pericia que simplemente dice que una de las tantas causas directas de una trombosis pulmonar es la fractura de pelvis, pero que nada indica del deteriorado estado de salud mental que presentaba la víctima a la fecha del accidente y que explica el por qué de su conducta "cuasi-suicida".

Seguidamente, en punto a la enrostrada autocontradicción, afirmó que la Cámara incurría en tal vicio al afirmar, por un lado, que nadie va a poner en riesgo su integridad física en la vía pública, pero por otro, reconocer el examen médico de foja 11, donde se pone en evidencia que la víctima no estaba en condiciones de deambular solo en la calle en virtud de una seria enfermedad que le imposibilitaba un conocimiento acabado de su ubicación y desplazamiento.

Asimismo, en relación al acusado dogmatismo, sustentó su postura en que el fallo sólo expresa la voluntad de condenar al acusado porque sí, y no en base a elementos que quebrantaran el beneficio de la duda con que cuenta cualquier persona sometida a proceso penal.

Así, señaló que no hay en la causa un solo elemento probatorio que sirva de base sólida para condenar al acusado, puesto que -afirmó- se lo condenó porque en la pericia se dijo que una de las causas de la trombosis pulmonar de la víctima había sido la fractura de pelvis, pero soslayando valorar que entre dichas causas se encontraba también la avanzada edad de la víctima y los estudios que los peritos médicos indicaron como imprescindibles a la hora de determinar con precisión las causas del deceso, toda vez que quedó debidamente acreditado que la víctima padecía algún tipo de enfermedad que producía trastornos de coordinación temporo-espacial y deterioro en la memoria que motivaban una conducta errática y en consecuencia el desafortunado resultado.

Por lo demás, puso de resalto el impugnante que el Tribunal a quo prescindió de pruebas decisivas, al ignorar las pruebas producidas y agregadas a la causa como si aquéllas no hubiesen existido ni hubiesen sido objeto de alegación de las partes; fundamentalmente, aludió al cúmulo de exámenes médicos que los peritos indicaron como necesarios para determinar con precisión la causa del deceso y que no debió haber propuesto su parte sino el representante del Ministerio Público Fiscal.

Por último, respecto a la tacha de prescindencia del texto legal sin dar razón plausible alguna, expuso que ella se patentiza en la decisión criticada al haber soslayado la Cámara la aplicación al sub caso del principio "in dubio pro reo", previsto en el artículo 5 del Código Procesal Penal.

Destacó que ello es así por cuanto que en autos no fue destruido el principio de inocencia que goza de rango constitucional, motivo por el cual -dijo- la Cámara debió haber echado mano de aquel mentado principio.

La referida impugnación fue denegada por el A quo (fs. 33/40); motivo por el cual el interesado acudió por vía de queja ante esta sede (fs. 48/60).

2. Si bien el quejoso acusa la invalidez del pronunciamiento por presunta arbitrariedad, la lectura del memorial introductor en confrontación con la decisión atacada, pone en evidencia la falta de sustancia de los esgrimidos agravios en orden a operar la apertura de esta instancia extraordinaria.

Es que, pese al matiz constitucional que el impugnante aspira a otorgarles -"falta de fundamentación suficiente", "invocación de prueba inexistente", "autocontradicción", "dogmatismo", "prescindencia de pruebas decisivas" y "prescindencia del texto legal aplicable sin dar razón plausible alguna"-, en realidad -y bajo diversas perspectivas- no traducen más que disconformidad con la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal a quo en ejercicio de funciones propias, y sobre materia que -por regla- escapa al contenido del recurso extraordinario intentado.

Y bien sabido es, vale agregar, que la tacha de arbitrariedad no incluye la discrepancia del recurrente con el criterio utilizado por los jueces de la causa en la valoración de la prueba (Cfr., entre muchos otros, A. y S. T. 99, págs. 102/104; T. 99, págs. 179/181; T. 100, págs. 251/260; T. 101, págs. 408/411; en sentido análogo, Fallos CSJN, 297:29; 297:117; 297:291; 300:1039; 301:1062; 302:1030; 302:1564; 306:282; 307:716; 307:234, etc.); ni tampoco puede configurarse como un medio de sustituir a los jueces ordinarios en la decisión de cuestiones que les son privativas (A. y S. T. 95, págs. 341/344; T. 100, págs. 251/260, entre muchos otros).

En efecto: los planteos reseñados precedentemente sólo trasuntan su desacuerdo para con el criterio adoptado por la Alzada en orden a confirmar la decisión de baja instancia que condenara penalmente a M. como autor del homicidio culposo que le fuera atribuido por considerar -en síntesis- que se encontraba demostrado en autos que había existido relación de causalidad entre el accionar del acusado M. y la muerte de la víctima, intentando hacer prevalecer su propio enfoque acerca de la solución que hubiese correspondido al caso -y opuesta a la de la Cámara-, esto es que, atento que la causa de la muerte de la víctima no había sido determinada fehacientemente ya que pudo haber sido causada por su deteriorado estado de salud, por lo que debió habérselo absuelto de culpa y cargo por aplicación del principio "in dubio pro reo", asentado todo ello en su particular apreciación de los hechos y del plexo probatorio reunido en la causa y valor asignado a éste.

Mas lo cierto es que no logra demostrar que el A quo al decidir como lo hizo -independientemente de su grado de acierto o error- hubiese marginado los parámetros fácticos, probatorios y jurídicos con que contaba.

En tal sentido, adviértase que la Alzada, para así decidirlo, consideró -avalando el criterio del juez de baja instancia- que en el momento de ser embestido el occiso estaba cruzando sobre la línea peatonal mencionada por la ley 13893; desechó así -por no considerarla creíble- la versión del encausado M. en el sentido de que la víctima habría decidido retornar sobre sus pasos, afirmando respecto de tal circunstancia que resultaba ilógico y carente de sentido común que una persona ponga en riesgo su integridad física, efectuando un desplazamiento anormal a plena luz del día, todo esto sin olvidar que el accidente se produjo en el centro de la ciudad y que, teniendo en cuenta la edad de la víctima -setenta y cinco años de edad- resultaba fácil de deducir que no podía llevar un desplazamiento ágil e inesperado en la vía pública.

Razonó, además, que de haber sido ciertos los dichos de M. en el sentido de que M. se le habría arrojado sobre el rodado, hubiera sido inevitable que cayera sobre el capot del vehículo, siendo que -por el contrario- la única secuela del Renault 12 Break había sido un raspón en la punta derecha del paragolpes delantero, lo cual hacía presumir que el rodado había embestido directamente al peatón.

A su vez, ha de señalarse que frente al Como puede verse, sin abrir juicio acerca del acierto o error de la decisión, y más allá de que se comparta o no tal postura, lo cierto es que los motivos brindados por el Tribunal de segundo grado -al reputar acreditado que existió nexo de causalidad entre el accionar del acusado y el deceso de la víctima- aparecen acordes con la exigencia de suficiente motivación que impone el artículo 95 de la Constitución provincial que -como tiene dicho reiteradamente este Cuerpo- no obliga al juzgador a efectuar desarrollos minuciosos, bastando que, mediante las proposiciones formuladas en torno a los hechos y el derecho del caso, la sentencia se sostenga a sí misma como un pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es lo mismo, no aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad judicial (Cfr., A. y S. T. 65, pág. 424; T. 99, págs. 195/197; T. 102, págs. 236/241; T. 117, págs. 139/142; T. 149, págs. 418/422, entre otros).

De allí que no pueda prosperar el agravio centrado en la no aplicación del principio "in dubio pro reo", desde que, a más de que a ese respecto esta Corte tiene dicho en numerosas oportunidades que tal cuestión, "...inexorablemente ligada a la valoración de la prueba, es materia propia de los jueces de la causa..." (A. y S. T. 110, pág. 262; T. 119, pág. 329, entre otros), no se advierte que el Tribunal haya tenido duda alguna con relación al reproche penal formulado, tanto más ante lo contundentemente aseverado en el auto denegatorio en punto a que "si no se valoró el hecho de aplicar el principio "in dubio pro reo" consagrado en el artículo 5 del C.P.P., es porque se consideró que no había dudas acerca de la autoría y culpabilidad del encartado" (f. 39vto.).

En suma, pues, el recurrente no sustenta en su queja, más que cuestiones y planteos que hacen a su disconformidad con la apreciación de los jueces de la causa y comprendida en el marco de ponderación del Tribunal en torno a cuestiones de hecho, prueba y derecho común sometidas a su decisión.

Por lo cual, y a menos que se demuestre arbitrariedad -lo que no ocurre en el sub examine-, no son susceptibles de ser revisadas en esta instancia de excepción.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado (art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)