Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-28


Buenos Aires, febrero 28 de 1995.

El doctor Guibourg dijo:

La actora apela la sentencia de la instancia anterior, que rechaza la demanda de indemnizaciones por despido. Sostiene que no se valora adecuadamente la prueba agregada a autos, que, a su entender acredita la existencia de la relación de dependencia, extremo en que se sustenta la demanda.

Le asiste razón. La actora invoca que trabajó a las órdenes de la demandada y bajo su dependencia en los términos de la ley de contrato de trabajo. Lo hizo en carácter de oftalmóloga; sus funciones específicas eran cumplidas en los consultorios de la demandada y consistían en la atención de pacientes de obras sociales, que la demandada recibía en calidad de prestadora de tales servicios.

La demandada, por su parte, se presenta como una cooperativa dedicada a la provisión de servicios, cuya finalidad es brindar a "los médicos" los elementos complementarios imprescindibles para atender enfermos. Agrega que algunos profesionales se desempeñan en el funcionamiento "interno" de la empresa mantienen relación de dependencia con la empresa, en tanto otros lo hacen "externamente", por su cuenta: éstos "locan" los consultorios y atienden los pacientes que concurren "por referencias". En estas últimas condiciones, afirma, se desempeñó la actora.

La prueba agregada a autos demuestra que la actora, no obstante su carácter de profesional y más allá de la circunstancia (no cuestionada) de que atendiese a los pacientes según los conocimientos específicos de su ciencia, trabajó en relación de dependencia. Del análisis de aquélla resulta, además, que los hechos que expone la accionada no son ciertos.

En efecto, de la prueba de confesión resulta que la actora atendía a los pacientes que se le derivaban o que la elegían en forma directa, en los consultorios de la corporación, para lo que utilizaba la infraestructura de ésta. No existió contrato de locación de consultorio. Los elementos técnicos que utilizaba la actora para cumplir su función pertenecían a la demandada, pero no por ello existía contrato de locación de muebles. La accionada extendía los recibos de pago a los pacientes atendidos. La demandada organizaba el trabajo de la actora y a fin de mes liquidaba los importes u honorarios en función de la cantidad de pacientes atendidos y de la tarea realizada.

A fs. 37 y vta. declara Czesler, que dice que la actora dejó de trabajar porque la demandada no abonaba los haberes. Los horarios de atención eran fijados de común acuerdo entre los médicos y la empresaria, pero una vez fijados los profesionales debían cumplirlos. Los elementos técnicos utilizados eran de la corporación. Esta retenía un porcentaje de la liquidación final y luego abonaba a los profesionales mensualmente. Los gastos de la explotación eran soportados por la demandada.

Freda dice que los turnos de atención a los pacientes eran fijados por la demandada. Esta atendía afiliados de la obra social Pami. Estos dichos coinciden con los de Spanudi.

La postura de la demandada no coincide siquiera con los dichos de Giménez (testigo que ofreciera esa parte y que declara a fs. 56 y vta.), quien afirma que la actora atendía en un consultorio de la demandada pacientes derivados de obras sociales. La demandada era una "prestadora de servicios médicos". La corporación entregaba facturas a su nombre a los pacientes atendidos y con una parte de los importes se mantenían los consultorios.

Lo expuesto coincide también con la prueba documental agregada en sobre (ver facturas).

De la prueba de libros resulta que la demandada es una empresa cuya finalidad es la de proveer de servicios médico-asistenciales (a pacientes) y no la de proveer elementos médicos que trabajen por su cuenta.

De lo expuesto se concluye que la actora cumplió servicios para la demandada, en el ambiente físico de ésta y utilizando los elementos que la empresaria proveía, cumplía horario de labor y atendía a los pacientes citados por la corporación, quien los atendía por su condición de prestadora de servicios médicos de las obras sociales y percibía remuneraciones por la atención mencionada. Los servicios que prestaba eran los correspondientes al objeto empresario y la empresa asumía los riesgos de explotación, por lo que considero acreditada la relación de trabajo en los términos de los arts. 21 y 23 de la ley de contrato de trabajo. Propongo, en consecuencia, que se revoque la sentencia apelada en lo principal que decide.

Para determinar el monto de condena propongo fijar la remuneración de la actora en $ 0,110 expresados al momento de despido (setiembre de 1987), en atención a lo dispuesto por el art. 56 de la ley de contrato de trabajo.

Procederán también los salarios debidos, por cuanto se intimó su pago y se especificó el rubro en la liquidación de fs. 4, mientras que la accionada no acreditó haber cancelado tales sumas.

Por lo tanto, la acción procederá por la suma de $ 1,7798 ($ 0,44 salarios de mayo, junio, julio y agosto de 1987 -suma que comprende la retribución por obras sociales que se menciona a fs. 4- + $ 0,165 sueldo anual complementario 1ª cuota de 1986 y ambas cuotas de 1987 + $ 0,1848 vacaciones de 1986 y 1987 + $ 0,22 preaviso + $ 0,77 indemnización por despido), que se actualizará desde el despido y hasta el 1/4/91, fecha desde la cual se computarán intereses según se referirá.

El 9/6/94 la Cámara en pleno decidió dejar sin efecto el art. 6º de la res. 6/91 y su modificación contenida en el acta 2100 del 24/6/92 (DT, 1991-A, 1025; 1992-B, 1449). Alavez, acordó por mayoría un nuevo criterio para la fijación de intereses: 24 % anual desde el 1/4/91 hasta el 31/3/92, 15 % desde el 1/4/92 hasta el 31/3/93 y el 12 % desde el 1/4/93 en adelante. No concuerdo con dicho criterio ya que, como lo señalara a partir del caso "Damiano, Claudio M. c. Transportes Ideal San Justo S. A. y otro s/accidente ley 9688" (sent. definitiva 62.196 del 30/9/91), entiendo que corresponde aplicar en todo tiempo la tasa bancaria activa. Sin embargo, dado que aquel parecer tiene, en la especie, efectos semejantes a los de un plenario virtual, razones de seguridad jurídica me mueven a acatarlo.

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo dispuesto por el art. 279 del Cód. Procesal, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones practicadas en la instancia anterior.

Propongo que las primeras se impongan a cargo de la demandada vencida.

Teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas desarrolladas por los profesionales y perito intervinientes y lo dispuesto por los arts. 6º, 7º, 9º, 19, 27, 39 y concs. de la ley 21.839 (DT, 1978-689), art. 3º del dec. 16.638/57 y art. 38 de la ley orgánica, propongo que se regulen los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y del perito contador en los respectivos porcentajes de %, % y % a calcular sobre el monto de condena.

Voto, en consecuencia, para que se revoque la sentencia de la instancia anterior y en consecuencia se haga lugar a la demanda por la suma de $ 1,7798 que se actualizará y devengará intereses según lo dispuesto, se impongan las costas del juicio a la demandada vencida y se regulen los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y del perito contador, en los respectivos porcentajes de %, % y % a calcular sobre el monto de condena.

El doctor Lasarte dijo:

Que adhiere por análogos fundamentos al voto precedente.

Por ello el tribunal resuelve: Revocar la sentencia de la instancia anterior y en consecuencia se haga lugar a la demanda por la suma de $ 1,7798 que se actualizará y devengará intereses según lo dispuesto, imponer las costas del juicio a la demandada vencida y regular los honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, por su actuación en ambas instancias, y del perito contador, en los respectivos porcentajes de %, % y % a calcular sobre el monto de condena.- Ricardo A. Guibourg. - Bernardo J. Lasarte.