Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-06-14


B.I.B.A. contra GROSSO, Luis y Otro Reg.: A y S t 214 p 107-112.

Santa Fe, 14 de junio del año 2.006.

VISTA: la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Banco del Interior y Buenos Aires S.A. contra la resolución de fecha 7 de noviembre de 1994, dictada por la Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la Octava Nominación, de esta Ciudad, en autos "Incidente de impugnación del informe individual -hoy revisión- iniciado por el B.I.B.A. en el crédito de GROSSO, Luis y Otro (Expte. 1663/94) en el juicio: Banco del Interior y Buenos Aires S.A. -Quiebra- (Expte. 731/91)" (Expte.

C.S.J. nro. 1190, año 1996); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que el Banco del Interior y Buenos Aires S.A.

promovió incidente de revisión contra la resolución que, en la tramitación de su quiebra, declaró admisible el crédito de Luis Grosso y otro por el monto de $ 1.953,75-, solicitando el rechazo del crédito admitido y, además, se cite como terceros al Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos- y al Banco Central de la República Argentina, y se designe un síndico ad hoc o suplente.

Explicó el incidentista en aquella oportunidad que la acreencia en cuestión derivaba de un depósito realizado en la entidad que fue alcanzado por el denominado "Plan Bonex", bonos emitidos por el gobierno nacional y que el Banco Central debía entregar al B.I.B.A.

a cambio del dinero incautado. Agregó que en razón de que esos bonos nunca le fueron entregados debía dilucidarse entonces quién era el deudor: si su parte, si el B.C.R.A. o si el Estado nacional. Apreció que dada tal situación el Banco Central tiene un grave conflicto de intereses en tanto como síndico en la quiebra no cuenta con la independencia ni la imparcialidad que la ley quiere asegurar (causales de inhabilidad, art. 280 L.C.), por lo que peticionó el nombramiento de un síndico suplente.

La jueza de primera instancia tuvo por promovido el incidente de revisión y desestimó los pedidos de citación de terceros y de designación de un síndico ad hoc.

Interpuso entonces el Banco incidentista, y en lo pertinente a las desestimaciones aludidas, recursos de revocatoria y apelación en subsidio. La magistrada no hizo lugar a la reposición y denegó la concesión de la apelación.

2. Es contra esta resolución que el B.I.B.A. deduce recurso de inconstitucionalidad fundándolo en los incisos 1, 2 y 3 del artículo 1 de la ley 7055.

Considera que el pronunciamiento que impugna vulnera los derechos de defensa, igualdad y propiedad toda vez que dichas garantías requieren que el B.C.R.A. y el Ministerio de Economía intervengan como terceros -dado su carácter de deudores- y que el primero no intervenga como síndico.

Entiende que al rechazarse esta petición se configura una contradicción entre los derechos y garantías de la Constitución provincial y la legislación adjetiva de Santa Fe en la que se fundó la sentencia para concluir que el instituto de la intervención de terceros no tiene cabida en el proceso concursal. Explica que, de tal modo, se optó a favor de la norma inferior en contra de disposiciones constitucionales, situación que encuadra -a su criterio- en el inciso 1 mencionado.

Alega que así también se da el supuesto del inciso 2 pues se deniega su derecho de defensa al permitir la participación del Banco Central como "síndico" (emisor de opiniones independientes y desinteresadas que integran el proceso volitivo del juez en su sentencia) y al no citar como terceros a los que deben ser declarados deudores, en tanto el Banco Central no entregó al B.I.B.A. los Bonex '89 necesarios para responder a los depositantes que habían visto incautados sus depósitos, a diferencia de lo que ocurrió con otras entidades bancarias. Señala que de tal modo se lesiona también el derecho de igualdad.

Estima que la referencia efectuada por la resolución en cuanto a que la ley 24.318 fue citada "a mayor abundamiento" dejó sin respuesta sus objeciones relativas a que el artículo 1 de la misma (el que reza: "La sindicatura de los procesos de quiebra de entidades financieras liquidadas .... , será desempeñada en forma exclusiva y excluyente por el Banco Central de la República Argentina.

Se deberán dejar sin efecto las designaciones de síndicos ad hoc que se hubieren efectuado hasta la vigencia de la presente") no puede interpretarse en el sentido de que debe designarse al Banco Central como síndico en las quiebras en que tenga interés directo y que si así se interpretara tal disposición sería "dos veces inconstitucional".

Sostiene que la decisión tampoco reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción e incurre en arbitrariedad -por falta de fundamentos y dictarse contra la letra expresa de la ley-.

En este orden, argumenta el quejoso que ninguno de los párrafos de la resolución -por los cuales se concluyó que en el trámite de verificación de créditos no cabe la intervención de terceros- guarda relación alguna respecto a si la mencionada intervención está o no permitida en el Código de Procedimientos local, desde que "no hay nada en la 'ley adjetiva' que impida la citación de terceros". Considera que el artículo 305, primera parte del C.P.C.C., dispone lo contrario ("...si de acuerdo con las leyes de fondo, la relación en litigio fuera presupuesto de una obligación del tercero para con una de las partes, ésta podrá pedir igualmente que se lo cite...") y que en el caso resulta aplicable en tanto la relación de depósito fue entre el depositante y el B.I.B.A. y, el B.C.R.A. tenía la obligación de entregarle los bonos emitidos por el Ministerio de Economía a su parte para a su vez ponerlos a disposición de los depositantes incautados. Expone que, por ende, cualquiera de las partes de la relación originaria -el B.I.B.A. o el depositante- podrían citar como terceros al Central y al Estado nacional. Por otro lado afirma que también existe arbitrariedad en la aseveración que efectuó la jueza relativa a que su parte consintió que el B.C.R.A. interviniera en el proceso como síndico toda vez que la sentenciante sabía que "...era el manifiesto, explícito y enérgico deseo del B.I.B.A. no consentir...". Sostiene que, en realidad, la resolución realizó un razonamiento arbitrario por el cual entendió que había consentimiento por "deducción", pero no indicó exactamente en qué acto procesal su parte habría manifestado tal consentimiento.

3. Por auto de fecha 01.07.1996, la jueza interviniente denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido.

Para arribar a esta conclusión examinó que en el caso no se advertía cumplimentado el requisito vinculado con la causal en la que debe encuadrarse la resolución impugnada para habilitar la vía extraordinaria, toda vez que no se trata de sentencia definitiva dictada en juicio que no admite otro ulterior ni auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación, por lo cual resulta inadmisible el remedio intentado.

No obstante tal impedimento agregó que, por lo demás, los dos primeros supuestos del artículo 1 de la ley 7.055, incisos 1 y 2, no están previstos como la vía apropiada para verificar si una sentencia es compatible con las normas constitucionales porque ello importaría superponerlos con el inciso 3, o tornar a éste inoperante en tanto resulta obvio que todo pronunciamiento que repugne a la Constitución provincial no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, o desnaturalizarlo desde que difícilmente exista litigio que no comprometa el reconocimiento de un derecho constitucional.

Por ende, sostuvo la magistrada que si se cuestiona exclusivamente la concordancia de la sentencia con disposiciones constitucionales lo que debe verificarse es si se configura arbitrariedad (inciso 3) y no los dos primeros supuestos del artículo citado, apreciando que si bien el recurrente los invocó no expuso en su sustento fundamentos apropiados.

Así expresó la jueza que, pese a que el impugnante alegó que la decisión que rechazó sus planteos de intervención del B.C.R.A. como tercero y no como síndico no se ajustó a la Constitución (violación de los derechos de defensa, igualdad y propiedad), no cuestionó oportunamente la congruencia de las respectivas normas constitucionales con las normas de jerarquía inferior -la ley 19.551 y la ley procesal-, ni tampoco la inteligencia de algún precepto constitucional.

Señaló la magistrada que sólo se planteó la inconstitucionalidad de la ley 24.318 al interponer el B.I.B.A. recurso de revocatoria con apelación en subsidio.

En este sentido, indicó en el auto denegatorio que, dado que la ley 7.055 dispone que el recurso no procederá si la decisión del litigio no dependiera de la cuestión constitucional planteada, en el caso no se advertía ni ocurrió tal circunstancia toda vez que la ley 24.318 -tal como se afirmó en el rechazo de la revocatoria- fue citada a "mayor abundamiento" y se dejó expresamente explicitado que la desestimación del recurso no se sustentó en óbice derivado de esta norma.

En relación a los argumentos expuestos por el compareciente en sustento de los vicios que endilgó a lo decidido, advirtió la jueza que la resolución contiene fundamentos y razones suficientes para entender cubierto el derecho a la jurisdicción en los términos del artículo 95 de la Constitución provincial, con lo cual las tachas esgrimidas no dejan de ser una mera disconformidad con la interpretación que se hizo de la ley procesal y de la ley concursal aplicada al caso concreto. Agregó en ese orden que en el sub examine medió opción de normas aplicables y su interpretación y la valoración de los hechos se efectuó con un criterio que puede no conformar al recurrente, o aún resultar erróneo, pero en tanto resulte suficientemente fundado no constituye motivo idóneo para habilitar la vía recursiva intentada.

4. Aún cuando pudiera tenerse por superado el recaudo relativo a la falta de definitividad del resolutorio impugnado, las restantes aseveraciones efectuadas en la denegatoria no logran ser adecuadamente desvirtuadas por el quejoso en su presentación directa, dejando así incumplida al respecto la carga que le impone el artículo 8 de la ley 7.055.

En efecto, insiste el quejoso con sus cuestionamientos relativos a que al optar la jueza por la aplicación de una norma de jerarquía inferior -la ley adjetiva- para desestimar su pedido de citación de terceros al proceso concursal, contradijo derechos y garantías amparados por la Constitución de la Provincia, mas deja sin respuesta alguna lo sostenido en la denegatoria en cuanto a que no cuestionó oportunamente tal congruencia y que, en definitiva, como bien se asevera, aquéllos no reflejan sino su disenso para con la interpretación y aplicación de las normas que se consideraron pertinentes para decidir la cuestión.

Es de ver que al rechazar el recurso de revocatoria la jueza explicó el análisis que había efectuado para desestimar el pedido de citación de terceros, esto es, que a partir de determinar que la finalidad en el proceso de verificación de créditos es declarar la calidad de acreedor del peticionante en relación al concursado y frente a los demás acreedores, se considera "incuestionablemente interesados" a los acreedores y al fallido, y en el supuesto de revisión contra sentencia de admisibilidad siempre y únicamente la legitimación pasiva corresponde al acreedor admitido, pues es él el interesado en defender su admisión. Siguiendo con tal razonamiento estimó la magistrada que debían tenerse en cuenta, en consecuencia, los artículos 301 y ss. del Código de Procedimientos local (que regulan los diferentes tipos de intervención de terceros), conjugándolo con lo dispuesto en el artículo 137 de la L.C. en cuanto excluye la posibilidad de que en el proceso de verificación se pueda "integrar la litis" con otros supuestos o eventuales deudores o codeudores a instancia de la fallida (primer caso de llamamiento coactivo o forzoso contemplado por el artículo 305 del C.P.C.C.), con lo cual, consistiendo en realidad la pretensión de la entidad en traer a los citados como "partes" y no como "terceros", concluyó que la misma debía desestimarse. Y en esta tarea hermenéutica no es posible advertir causal alguna de arbitrariedad que invalide el fallo como acto jurisdiccional válido, remarcando aún más la existencia solamente de discrepancia en la postura del recurrente la circunstancia de que al impugnar mediante el recurso de inconstitucionalidad sostuvo que resulta aplicable al caso lo dispuesto por el artículo 305 citado, mas sin convencer que lo razonado por la a quo al considerarlo inaplicable luzca carente de lógica. En tal sentido es de ver también que en su resolución explicó la juzgadora que tampoco se configuraba en el caso el segundo supuesto contemplado por esta norma: la "denuncia de litis", y ello pues la viabilidad de esta figura tiene por fundamento otorgarle al deudor demandado la posibilidad de ejercer en un proceso posterior una acción de regreso o repetición contra un tercero que en principio es ajeno a la relación principal y que, dado que el juez debe proveer sin sustanciación y previo juicio de admisibilidad de tal pretensión, debe advertirse "innegablemente" la presencia de un tercero que contractual o extracontractualmente responderá patrimonialmente en última instancia, lo cual indica que el demandado directo -en el caso, la fallida-, lo que busca no es eludir su responsabilidad introduciendo un pleito distinto entre el actor y el tercero, sino preservar una posible acción regresiva, que no es lo perseguido por el incidentista en esta causa.

Así advirtió la sentenciante que la pretensión del B.I.B.A., en rigor, fue el dictado de una sentencia que decidiera que el deudor es un tercero (el B.C.R.A. y el Ministerio de Economía de la Nación), lo que resulta inviable dado las limitaciones y finalidad de la intervención "provocada o forzosa" de terceros en el régimen procesal local y también por la naturaleza y efectos de la resolución que recaiga en la verificación, y respecto de estas conclusiones nada argumenta el compareciente confirmando de tal modo el disenso aseverado en el auto denegatorio.

También luce evidente su desacuerdo cuando invoca la vulneración de derechos y garantías que le ocasionaría lo decidido en torno a la participación del Banco Central como síndico en la quiebra, dado que deja incólume lo profusamente argumentado por la jueza.

En efecto, se sostuvo en la resolución que "es en este proceso de verificación donde la fallida consintió la intervención de la Sindicatura oficial" pues fue en el principal donde solicitó se designe síndico ad hoc a los fines de la verificación de los créditos que pudieren invocar respecto del B.I.B.A. el Banco Central de la República Argentina y el Estado nacional, mas "...Posteriormente al deducir a partir del 13/11/1992 .... más de 7000 impugnaciones de igual tenor contra el dictamen de la Sindicatura respecto de los depósitos alcanzados por el llamado "Plan Bonex" no reclamó que fuera el Síndico Ad-Hoc quien expresara opinión sobre las impugnaciones..."; que tampoco atacó de inconstitucional el artículo 50 de la ley 21.526 -el inciso a) establece que las funciones de Síndico inventariador y liquidador serán desempeñadas por el B.C.R.A.-; como tampoco objetó lo expuesto por la misma magistrada en cuanto al criterio restrictivo que debe primar respecto de la designación de funcionarios especiales como los síndicos ad-hoc; tampoco controvirtió lo expuesto en relación a la ausencia de demostración de un estado de indefensión habida cuenta las amplias posibilidades de debate y prueba que acuerda la revisión, a lo que se debe agregar que el dictamen técnico de la sindicatura nunca es un dictamen vinculante para el juez.

Es decir, y más allá de que se compartan o no las consideraciones brindadas o de su grado de acierto o error, lo decidido en el marco de las normas que se citan no excede el margen de posibilidades que una razonable interpretación brinda, lo que determina también la inadmisibilidad del recurso impetrado. Por las mismas razones tampoco alcanza el recurrente a convencer a este Cuerpo a los fines de la apertura de esta vía excepcional alegando que su parte introdujo muchas veces cuestiones vinculadas con el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7.055.

Por último, y en relación a la arbitrariedad en que, según el quejoso, habría incurrido lo decidido por cuanto "la acumulación de palabras que no encierran razonamiento alguno, o si presentan algunos, estos son oscuros y enigmáticos" y a su criterio no constituyen una fundamentación real, es de advertir que con tales apreciaciones evidencia también su disconformidad con la selección de normas y la interpretación que de las mismas llevó a cabo la jueza de grado, sin persuadir que en esa tarea, tal como se dijo, se excedieran los límites de logicidad y razonabilidad permitidos.

En definitiva, tal como se señaló, los reproches que dirige el impugnante contra la resolución que desestimó sus pedidos acerca de que el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación intervengan como terceros en el proceso de verificación como también que el primero fuera removido como síndico titular designándose uno suplente, no alcanzan para traspasar el umbral del disenso toda vez que no llegan a configurar supuesto alguno que habilite esta vía de excepción, por lo que debe rechazarse la presente queja.

Por las razones expuestas la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Juzgado de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-NETRI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)