Acción de inconstitucionalidad, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) s/ ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-31

La acción interpuesta debe ser juzgada según su verdadera naturaleza, con prescindencia del nombre que le asignen las partes, por aplicación del principio "iura curia novit" y el ejercicio de la facultad del Tribunal de calificar autónomamente las pretensiones de las partes y determinar las normas jurídicas aplicables al caso.

Al haber sido impugnados los decretos municipales en cuanto afectarían los intereses particulares y del sector de los agentes municipales, la acción debe ser calificada como directa, en los términos del art. 704 del CPCC, pues la defensa de un interés individual -o de sector, que no cambia la naturaleza de la acción- tiene en el ordenamiento local el cauce apropiado en dicha norma.

En la acción de inconstitucionalidad, el interés afectado es particular y mensurable. En cambio, en la acción popular tiene relevancia pública y la finalidad esencial es la preservación de la supremacía de la ley fundamental. Tal preservación constituye un objetivo de la comunidad, más allá de los también legítimos intereses individuales.

Corresponde declarar caduca la acción de inconstitucionalidad deducida cuando ya había transcurrido el plazo previsto por el art. 704 del CPCC.

Al hallarse excluida, hasta el decreto municipal 312/04, la zona de actuación de ATE, por la personería gremial otorgada a UTM, aquélla habría conservado la simple inscripción, y por ello se hallaba impedida de representar los intereses colectivos de los trabajadores municipales, y sólo podría haber peticionado, a solicitud de parte, por intereses individuales de los afiliados.

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última "ratio" del orden jurídico. Ella requiere no sólo la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que se haya afirmado y probado que ello ocurre en el caso concreto.

Teniendo presente la situación de emergencia invocada y la acreditación de las diversas medidas adoptadas por la comuna para superarla, queda excluida la argüida irrazonabilidad de las disposiciones contenidas en el decreto nro. 5/03 de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

Las decisiones de política salarial y administrativa, si bien son pasibles de revisión judicial en orden al examen de su legitimidad, no pueden serlo respecto de su oportunidad, mérito o conveniencia tenidos en cuenta por el poder administrador al dictarlas.

Al ser la disposición cuestionada una medida general definida por notas de naturaleza común a un numeroso grupo de empleados públicos, queda excluida la posibilidad de que adolezca de particularizaciones arbitrarias y ajenas a la motivación de procurar los fines que en sus considerandos expresa.

No media lesión a la garantía del art. 17 de la Constitución Nacional cuando, por razones de interés público, los montos de las remuneraciones de los agentes estatales son disminuidos para el futuro sin ocasionar una alteración sustancial del contrato de empleo público, en la medida en que la quita no resulta confiscatoria o arbitrariamente desproporcionada.

La omisión de establecer el plazo de duración de la reducción de los montos de las remuneraciones no constituye un elemento descalificante de la validez de la norma, en tanto es difícil prever la evolución de la crisis de la economía y su prolongación en el tiempo, mas tampoco puede desconocerse que, no obstante las prórrogas de las que deba ser objeto la normativa pertinente, la legislación de emergencia en que se sustenta el precepto cuestionado tiene carácter de excepcional y transitoria.

Respecto a la "temporariedad" que caracteriza a la emergencia, no puede ser fijada de antemano en un número preciso de años o de meses. Todo lo que cabe afirmar razonablemente es que la emergencia dura todo el tiempo que duran las causas que la han originado.

No existe un derecho adquirido a mantener el nivel de la remuneración futura sin variantes y en todas las circunstancias. Aún la estabilidad administrativa reconocida en el art. 14 bis de la Constitución, es susceptible de razonable limitación en ocasión de grave penuria nacional.

El sueldo que fija la administración pública en el marco de cada situación escalafonaria o estatutaria, como contraprestación al ejercicio de una función o empleo en el Estado, puede ser modificado por ella en ejercicio de prerrogativas contenidas en las pertinentes cláusulas implícitas, exorbitantes del derecho privado, en tanto no se altere sustancialmente.