Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-08


Salta, 08 de febrero de 2013.

AUTOS y VISTOS: estos autos caratulados "RÓMULO, SANDRA RAQUEL c. UVAS del VALLE S.A. - ORDINARIO", expte. de Sala nº EXP 24904/12, originario del Juzgado de 1ª Instancia del Trabajo nº 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 156/59, y C O N S I D E R A N D O Dijo el Dr. Figueroa: en contra de la sentencia de primera instancia, que hace lugar a la demanda, interpone la accionada el recurso de apelación que corre agregado a fs. 156 y sgtes. y paso a examinar a continuación.

Comienza, afirmando que el fallo, arbitrario y de lamentable factura, se elabora tomando en cuenta correos falsos y la declaración de un sólo testi-go, que tiene juicio con su parte, fue contradictorio, demuestra enemistad con la firma en su declaración, trabaja para la competencia, fue oportunamente impugnado y la actora es testigo suyo, en su propio juicio.

Concretando agravios, dice que no se tuvo en cuenta el reconoci- miento expreso de la actora, de su categoría laboral, en sede administrativa; que en expte.108771, declararon juntamente con el secretario del sindicato vitivinícola que la categoría de la misma era operario común de bodega; que dicha confesión fue prestada en un acta que reviste el carácter de instrumento público, frente a un funcionario de la misma categoría, generando un reconocimiento acabado de la categoría de la trabajadora, constituye una muestra de la realidad y sólo podría ser revertida por prueba de similar envergadura.

Sostiene a continuación, que la señora juez a quo no tuvo en cuenta la totalidad de la prueba documental acompañada de su parte, en particular el legajo de la actora, donde constan: la existencia de un contrato de trabajo, donde figura como operaria común; una nota presentada por ella, donde reconoce que realizaba tareas de etiquetado y peón general; una solicitud a CNA Seguros, de donde surge que sus tareas eran de operario, a lo que se agrega la totalidad de los recibos acompañados y el LRU, que avalan el encuadramiento de la trabajadora; registros todos que para ser rebatidos, necesitarían una prueba contundente de similar envergadura.

Analiza luego, la prueba testimonial, argumentando que injustifica-damente se omitió considerar la declaración de todos los testigos de su parte, dando por el contrario relevancia, a uno por demás dudoso. Agrega, que los testigos fueron contundentes en la descripción de las tareas de la actora, manifestando todos ellos que servía té, café, realizaba trámites y etiquetaba vinos; que la Sra. Barrionuevo, dijo que la bodega no tenía ayudante de enólogo y que la actora cumplía funciones de limpieza; que la testigo Balut, declaró que las de la actora eran tareas de operario común, de limpieza y vestido, las de control de calidad estaban a cargo del enólogo y las guías de turismo las hacía Adriana Barrionuevo; que Verónica Leal, también señaló que la encargada de guías era Barrionuevo y la actora realizaba limpieza, servía el desayuno, el café y etiquetaba; que pese a dichas declaraciones, la señora juez a quo dio validez a un testigo absolutamente falso y al que le comprenden prácticamente todas las generales de la ley, que es el caso de Cedrón, (de quien ya se detallaron las objeciones), cuya tendenciosidad se comprueba cuando calificó a Rómulo como encargada de laboratorio, lo que no concuerda siquiera con lo dicho por ella en la demanda, en la que se denomina ayudante de laboratorio, guía turística y control de calidad, resul- tando sorprendente, según dice, que se le diera tanta trascendencia a este testigo, como para torcer el resultado de este pleito.

Otro agravio, se vincula con lo que el recurrente califica de grave apartamiento del principio de congruencia. Dice, que la actora refirió que le correspondía encuadre en la categoría de auxiliar "A" del CCT 85/89; que ello resulta impertinente y equivocado, a poco que se lea el inciso b) 3, del art, 2 (que doy por reproducido, brevitatis causae), donde se describen tareas más bien de tipo administrativo, no las que dice Rómulo en la demanda; que la actora dijo tener un título técnico, que no tenía; que S.S. afectó seriamente el principio de congruencia y, motu propio, decidió encuadrarla en la categoría Auxiliar "B" del citado convenio; que eso llama la atención, porque la trabaja- dora decía ser también guía de turismo y hacer control de calidad; que se buscó dar razón a la actora, de una manera forzada, en contra de toda la prueba y hasta de los términos de la demanda; que el principio de congruencia (arts. 34 inc. 4º CPL y 163 inc. 6º CPCC), impone que exista correspondencia entre la acción promovida y la sentencia dictada y que la exigencia de conformar la sentencia y la demanda, fija los límites de los poderes del juez, cuya decisión no puede recaer sobre una cosa no reclamada o un hecho no propuesto a decisión.

La siguiente objeción, se refiere a errónea interpretación sobre la prueba de la actora, donde se toman por válidos los supuestos correos de fs. 31 y 32 de la documental de la accionante, sin tener presente que la perito infor-mática señala que no fue posible verificar la veracidad de los correos impresos en fs. 30, 31 y 32. Añade, que esa es la prueba acompañada por la actora y no pudo ser verificada; que la señora juez no puede sustentarse en fotocopias simples, sin ningún valor probatorio; que el hecho de que tenga en sus contactos a personal de Uvas del Valle S.A., no implica en absoluto que cumpla las funciones de guía de turismo, control de calidad y ayudante de laboratorio; que la actora no dio ni un ejemplo, de las funciones que cumplía como ayudante de laboratorio, por lo cual su parte, ni la Cámara, pueden abordar el planteo, sea desde la óptica del juzgador, sea desde la de la defensa; que ni siquiera de los falsos correos, surge que cumpliera funciones de guía de turismo, ayudante de laboratorio o control de calidad, sino más bien le indican que transmita determinada información al enólogo; que toda la prueba, demuestra que Rómulo cumplía tareas generales, para las que no se necesita ningún conocimiento técnico u oficio, siendo inadmisible que si la litis gira exclusivamente en torno de las presuntas funciones de la actora, no se realice una sola descripción específica de las mismas, no pudiendo adjudicarse a la demandante una categoría superior, cuando no hizo la mínima descripción de esas funciones especializadas, lo que no sólo obsta a una condena contra la empresa accionada, sino que significa una clara y contundente violación del derecho de defensa.

El agravio siguiente, tiene que ver con las defensas de excepción de prescripción y litis pendencia. Respecto de la primera, señala que la juzga-dora a quo se equivoca gravemente en el proceso, no corriendo traslado de la misma a la actora; que posteriormente en la sentencia, refirió que la accionada consintió la no sustanciación de la excepción, perjudicándola, por tratarse de una figura de orden público que no se puede dejar de tratar so pretexto de errores propios en el proceso y que se entiende comúnmente en la doctrina, que la parte debe limitarse a oponer en el proceso la prescripción, siendo deber del tribunal darle tratamiento de oficio. Respecto de la litis pendencia, sostiene que se la planteó en los términos del art. 42 inc. "b" del CPL, por encontrrarse tramitando por ante la Secretaría de Trabajo (expte. 108771/09) una presentación conjunta de las partes, donde se arribó a un acuerdo cancelatorio de todo rubro emergente de la relación laboral; que allí, la demandante recibió la liquidación final, manifestando expresamente que su categoría fue la de operario común de bodegas, CCT 85/89, refiriendo además que la empresa abonó la totalidad de los haberes que le correspondía percibir durante la relación laboral; que en ese momento, las partes pidieron la homologación del acuerdo celebrado, a efectos de obtener el efecto de cosa juzgada, lo que hasta la fecha no se hizo, encontrándose lo convenido pendiente de homologación; que con total mala fe, la actora inició actuaciones judiciales tendientes a obtener diferencias salariales (por un supuesto mal encuadramiento conven- cional de la relación laboral, cuestión efectivamente tratada en el citado acuerdo conciliatorio; que en la ocasión, la actora ratificó que se desempe-ñaba como operario común de bodega, del CCT 85/89 y que le fue pagada la totalidad de sus remuneraciones en tiempo y forma y que en base a lo expuesto, existe la posibilidad de que haya dos pronunciamiento distintos, en sede judicial y administrativa, atento a que si se homologa en el ámbito administrativo, tendremos cosa juzgada acerca de que no se deben diferencias salariales a la actora (a partir de su expreso reconocimiento de ser operaria común de bodega) y por otro lado, un pronunciamiento judicial que condena a pagar dichas diferencias.

Finaliza, expresando que eso es lo que se procura evitar a través de la excepción de litis pendencia, que debe fundarse en la existencia de un juicio en trámite entre las mismas partes, con similar objeto e idéntica causa; que en lo que hace a la procedencia de la excepción planteada, se reúnen los elementos de identidad de parte, identidad de causa (la relación laboral que vinculó a las partes) y objeto similar, en lo que hace a la pretensión de un pronunciamiento declarativo y pago de una suma de dinero, en base a un tema ya tratado, como la categorización laboral y que la Corte orientó la cuestión, al decir que corresponde admitir la excepción de litis pendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, si se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, caso en el cual la solución se logra por razones de conexidad. Pide se haga lugar al recurso en todos sus términos, con costas, reservando recursos por si la instancia le fuera adversa. La apelación, es respondida a fs. 171 y sgte., momento en que se pide su desestimación, también con costas.

Por la influencia que tiene para la suerte de los demás, he de tratar inicialmente el agravio final. Al respecto, diré que el planteo referido a prescripción, no es respetuoso de los efectos del llamado de autos para sentencia, que ha sido definido por la Sala, diciendo que "El llamamiento de autos, pone fin a la tramitación del expediente, previa al dictado de sentencia y concluye la posibilidad de realizar todo planteo" (autos Medina de Serrano c. Abraham, 15/6/96). En el mismo sentido, "El consentimiento del llamamiento de autos, convalida todos los vicios anteriores del procedimiento" (Luis Rodríguez, Nulidades Procesales, Ed. Universidad, 1987, p. 101).De ahí, que si la parte demandada no estaba de acuerdo con el trámite impreso, debió plantearlo en el momento oportuno, no en la instancia apelatoria; siendo real, de tal manera, que ha "quedado consentida esta situación", como refiere la señora juez a quo, en el cuarto párrafo de fs. 150 vta.

No menos desfavorable es la posición del recurso, en orden a litis pendencia, atendiendo a que de su propio contenido, se desprende la necesidad de que convivan dos requisitos ineludibles, a saber, juicios paralelos en trámite y riesgo de fallos contradictorios. Descarto la primera posibilidad, en vista de que el que nos ocupa es un juicio y el otro un mero trámite adminis- trativo. Y la segunda, porque si la Secretaría de Trabajo y Previsión no homologó el acuerdo de fs. 2/3 y 18 del expediente 108771 (ni la demandada se lo requirió) durante más de tres años, evidentemente no lo hará ahora, cuando ya las actuaciones ni siquiera están en su poder. Por lo que desestimo el agravio, lo mismo que la elastización de la figura procesal, por parte de una Corte, que no se identifica.

Pasando a la valoración de la prueba, debo decir que no he de tener presente la testimonial, de una ni de otra parte. De la demandada, porque proviene de personas que mantenían sólo esporádico contacto con la bodega y con el desempeño de la actora; o bien de discutible imparcialidad, como Balut de Isola, que dijo que hacía más o menos dos años había dejado de trabajar para la demandada, pero que sin embargo fue ofrecida (fs. 44, 3) y notificada (53) en el lugar que le atribuye la sentencia, "por tener su oficina en la ciudad", fs. 157, 14º renglón. La del testigo Cedrón, porque une a la primera razón anterior, la de ser litigante en contra de la empresa demandada (fs. 115), tener a Rómulo como testigo en su juicio, trabajar para la competencia (ver 116 vta. in fine) y, sobre todo, haber excedido los términos de la litis, atribuyendo a la demandante calidades y desempeños que ni ella se animó a manifestar, tales como ser "la responsable del área laboratorio" (116, 15º renglón) y "encargada de laboratorio de la bodega" (115, 22º renglón"). He de volver sobre este testigo al final, para analizar la factibilidad de pasar los antecedentes a la Justicia Penal.

Descartados los testigos, paso a analizar la prueba documental, que conforme dijo la Sala, "no es impugnable por prueba testimonial ni por presunciones", (autos Romero de Ríos c. Sanatorio El Carmen, 19/9/96 y Canales c. Bosch Tobar, 3/9/1999). A más de ello, tengo presente que "Si con- forme unánime jurisprudencia, el juzgador no está obligado a analizar una por una, toda la prueba producida, con más razón podrá privilegiar una prueba sobre otra, sin afectar derecho alguno, ello en base a los principios que rigen la valoración de la prueba" (Sala, autos Vázquez c. Empresa de Sep. Martínez, 27/6/1996).

El análisis de los recibos de sueldo, es francamente desfavorable a su posición, en orden a categoría laboral y función desempeñada. En todos los casos, es permanente la mención de "peón gral." o de "operario común de bodega", firmados mes a mes por la trabajadora (ver fs. 39, punto B). Como el reconocimiento judicial de la firma, es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido (art. 1028 C.C.) y la Sala tiene sentado criterio acerca de la amplitud probatoria de las constancias de recibos llevados en legal forma, cabe tener por cierto que esa era la condición laboral de la actora, por mucho que pueda en alguna ocasión haber realizado otra tarea. Insuficiente, de todos modos, para modificar el encuadre que mes a mes consentía con su firma. "El recibo, es un instrumento no sólo dedicado a acreditar el pago, ya que el imponerlo con los requisitos de los arts. 139 y 140 LCT, lo ha erigido en un medio eficaz de prueba del contrato de trabajo y de sus contenidos fundamentales" (autos Tolaba c. Ruano, 9/4/02).

Lo dicho, unido a las constancias del expte 108771 y las menciones de fs. 3 y 4 del legajo de la empleada, referidas a "calidad de operario común" y a "tareas de etiquetado y peón general" y a la irrelevancia de la prueba informática, completan a mi criterio el panorama laboral de Sandra Rómulo. A partir del cual, voto por hacer lugar al recurso y revocar la sentencia de primera instancia, basada en diferencias salariales, cuya procedencia no comparto. Lo decidido de mi parte, hace innecesario entrar a analizar el agravio relativo al principio de congruencia, que se convierte en cuestión abstracta. El acogimiento del recurso y el consiguiente rechazo de la demanda, deberán ser, de seguirse mi voto, con las costas de ambas instancias a la actora perdidosa, art. 67 CPCC, difiriéndose la regulación de honorarios y devolviéndose los autos al Juzgado de orígen.

Dos palabras finales, para opinar que corresponde pasar los antece- dentes del testigo Hugo Darío Cedrón, DNI 21.633.522, a la Justicia Penal, a fin de que determine si incurrió en el delito de falso testimonio, al atribuir a la actora calidades y desempeños que exceden lo que ella misma narra en su demanda.

El Dr. Cabrera dijo: que adhiero al voto precedente, aclarando que he formado opinión en el sentido que la prueba testimonial, si es convincente, es idónea para desvirtuar las constancias de los recibos de sueldos.

Por ello, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, FALLA I) Haciendo lugar al recurso interpuesto, revocando la sentencia de primera instancia y rechazando la demanda en todas sus partes. Costas de am- bas instancias a la actora perdidosa.

II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique en 1ª Instancia, disponiendo se envíen los antecedentes del testigo Hugo Darío Cedrón a la Justicia Penal a los fines indicados en el considerando y mandando registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de orígen.