Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-03-13


Reg.: A y S t 281 p 121/124. Santa Fe, 13 de marzo del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Ayala, Fabio Eduardo contra el acuerdo 320 del 15.05.2017, dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Lurati y Carbone en autos caratulados "AYALA, FABIO EDUARDO -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'AYALA, FABIO EDUARDO S/ AMENAZAS CALIFICADAS'- (CUIJ 21-06349652-6)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511510-5); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión del 15.05.2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Lurati y Carbone -en lo que aquí concierne- confirmaron lo resuelto por el Magistrado de baja instancia, quien, a su turno, había establecido una pena única de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, por la unificación comprensiva de la pena por amenazas calificadas y homicidio, dictada por el Juzgado de Sentencia N° 2 de Rosario (f. 2). 2. Contra dicha resolución, el Defensor del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad (f. 10). Postula que el voto mayoritario se encarga de dar el alcance que corresponde a la expresión "que esté cumpliendo pena" sin determinar de qué norma extrae la misma, entendiéndose que lo es del artículo 58 del Código Penal, del cual realiza un interpretación sistemática. Señala que, de esta manera, el Tribunal resuelve restando importancia al "leading case" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Romano", con el argumento de que la interpretación que corresponde asignarle al artículo 16 del Código Penal es inadecuada a la hermenéutica sistemática e histórica de la ley penal argentina y que ello implicaría derogar en la práctica el régimen de unificación previsto por el Código Penal, en el que funda su decisorio. Respecto de esta cuestión, el recurrente sostiene que para la interpretación de la norma penal es necesario tener en cuenta que debe buscarse cuál es el sentido actual de la misma y no el histórico, como pretende la resolución impugnada. Abunda en relación a ello, expresando que en materia penal la exégesis de la ley debe partir de su literalidad, de los vocablos de la misma, y si todo está claro, dicha tarea se detiene ahí. Agrega que sólo si con la literalidad del texto no nos alcanza, se hace necesario pasar a un segundo paso; la interpretación sistemática que significa confrontar la norma en cuestión con el resto del ordenamiento, el Código Penal, en este caso. Tarea que -según el recurrente- realizó el A quo cuando no era necesario, porque la letra de la ley en juego es clara y así ha sido interpretado por la Corte en el caso "Romano". Arguye que el seguimiento que debe hacerse a la Corte Suprema, según sus propios precedentes, implica garantizar la seguridad jurídica. Advierte sin embargo que eso no es una regla absoluta, y que admite excepciones que permiten sentar una nueva doctrina por "causas suficientemente graves" o por "razones de justicia"; si la misma Corte reconoce que su precedente fue erróneo, o si los cambios históricos o las lecciones de la experiencia aconsejan abandonarlo, lo cual -concluye- no se da en el caso. 3. El A quo, por auto de fecha 13.09.2017 resuelve denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad (f. 27). Tal denegación motiva la presentación directa del interesado ante este Tribunal (f. 31). 4. De la lectura del memorial recursivo se advierte que la postulación del impugnante cuenta "prima facie" con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de arbitrariedad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad interpuesto. Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.:GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO(EN DISIDENCIA)-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FALISTOCCO: Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues de los fundamentos del memorial recursivo y su liminar confrontación con la sentencia atacada, surge que pese a invocarse la presencia de arbitrariedad en el fallo del A quo, en sustancia, se discute la interpretación de derecho común aplicable que efectuó el Tribunal en ejercicio de funciones propias, cuestión ajena al recurso extraordinario intentado. La confrontación de los agravios esbozados por el quejoso con los argumentos vertidos por el Tribunal de Segunda Instancia para desecharlos evidencia que no asiste razón al recurrente respecto a la configuración de los vicios de arbitrariedad que endilga y que, a su juicio, descalifican el decisorio como acto jurisdiccional válido. En este sentido, no resulta ocioso destacar que el núcleo argumental del voto mayoritario del Tribunal consistió en diferenciar que "...si la pena ya sea por haberse agotado íntegramente por su cumplimiento o por haberse extinguido por prescripción, indulto o cualquiera de las causales previstas en los delitos de acción privada o de instancia privada, se extinguió o agotó al momento de dictarse la condena por un delito cometido mientras la pena anterior se cumplía, no se da el supuesto de unificación de penas, puesto que no es la voluntad de la norma. No habría en estos casos 'pena' que unificar. Delineadas las hipótesis, podemos concluir que extinguida la pena o agotada por cumplimiento no deberá unificarse ésta con otra pena. Pero aquél no es el caso de marras. Porque cuando un sujeto comete el segundo delito en libertad condicional, es la ley la que impone dos obligaciones al Juez o Tribunal que condena por este delito: revocar la libertad condicional y no computar el tiempo que en el caso cumplió gozando del beneficio revocado" (f. 6). Más adelante, respecto del fallo "Romano" de la Corte nacional, señala que "...Con el debido respeto que toda postura de un Tribunal del país, y fundamentalmente uno de la mayor jerarquía merece, considero que la asumida por los Sres. Ministros Zaffaroni, Lorenzetti y Maqueda, cuando amplían en los considerandos 9 y 10 el tema llevado en recurso, y concluyen que la sentencia unificatoria contradice lo dispuesto por el artículo 16 del CP en cuanto establece que la pena queda extinguida una vez transcurrido el término de la condena sin que la libertad haya sido revocada, resultando un caso de arbitrariedad que lo descalifica como acto judicial a aquél que pretende dejar sin efecto una decisión anterior firme del juez de ejecución que tuvo por operado el vencimiento de la pena impuesta en la causa, no es adecuada a la interpretación sistemática e histórica de la ley penal argentina por cuanto implica derogar en la práctica el régimen de unificación de penas que desde hace décadas se viene aplicando, sin que ninguna norma nacional o convencional hubiera variado en este tiempo" (fs. 6/v.). En este contexto, la Sala se hace cargo del antecedente citado por la defensa, agregando nuevos argumentos y del cual no puede interpretarse una doctrina consolidada del Alto Tribunal nacional, por lo que las argumentaciones del voto mayoritario permanecen incólumes, correspondiendo rechazar la queja interpuesta, toda vez que el recurrente no logra aportar razones valederas que hagan concluir que la interpretación de la norma realizada por los Sentenciantes resulte ilógica, a punto tal de descalificarla como alternativa constitucional válida, con lo cual el planteo queda reducido a la mera discrepancia del presentante para con la decisión del A quo. En este contexto, indudablemente, el acierto o error con que los Juzgadores fallaron la causa, y la mera discrepancia que denota el compareciente en sus planteos, no deparan caso constitucional idóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria ante esta Corte, cuya misión es efectuar el control de adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo sustituir a los Tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. Por ello, considero corresponde rechazar la queja. FDO.:FALISTOCCO-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, doctores Salvador, Lurati y Carbone. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juez del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de San Lorenzo, doctor Filocco.