Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL,COMERC., LABORAL, MINERIA Y FAMILIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-04-24


Zapala, 24 de Abril del año 2014.

VISTAS: Las presentes actuaciones caratuladas "C. N. V. C/ A. C. I. S/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA" Expte. INC Nº 415/2013, del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes; reunidas en Acuerdo las señoras Vocales de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil del Interior, Dras. Gabriela Calaccio y Alejandra Barroso, a efectos de resolver en los términos del art. 47 de la ley 2891, y;

CONSIDERANDO:

I.- Vienen los presentes a conocimiento de esta Cámara para el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la resolución interlocutoria dictada el día 19 de Noviembre de 2013 (fs. 395/400). La actora y el demandado han presentado memorial a fs. 409/412 y 413/416, respectivamente.

II.- Argumenta la actora apelante en su primer agravio que el monto de pesos seis mil ($ 6.000) fijado por el Juez de grado en la sentencia interlocutoria de fojas 395/400 es bajo, toda vez que considera que ha quedado demostrado en este proceso, los gastos que se deben afrontar en relación a la menor.

Expresa que con la cuota fija establecida por el a-quo no se llega a cubrir ni la mitad de los gastos de la adolescente, quien siempre tuvo un standard de vida alto, asistiendo a un colegio privado, lo que genera relaciones sociales que conllevan a un nivel de gastos que supera la media.

Se agravia en segundo término respecto de la valoración que hace el magistrado de grado de la prueba rendida en autos respecto de los ingresos del alimentante.

Considera que el sentenciante de grado no ha considerado que el señor A. es un arquitecto reconocido de la zona, que posee un caudal económico importante derivado de rentas y de su actividad profesional; y que mantiene un estilo de vida que le permite permanentemente realizar viajes al exterior.

Luego, se agravia en tercer lugar, atento que considera que en la sentencia de primera instancia se omitió tratar la solicitud que efectuara en el escrito de inicio, requiriendo que la cuota alimentaria a fijarse sea actualizada de manera semestral.

III.- Seguidamente, el demandado manifiesta que no pretende el rechazo total de la demanda, toda vez que reconoce que el paso del tiempo ha producido un deterioro en la cuota alimentaria que debe ser subsanado, por ello solicita que se limite el quantum otorgado por el juez de grado, por entender que el mismo se ha equivocado en su evaluación de los parámetros que la determinaron.

Remarca que no coincide con el a-quo en su afirmación de que la etapa de la adolescencia amerite un aumento de la cuota alimentaria, que se haya considerado como relevante la calidad de arquitecto del demandado y la manera en que el judiciante efectuó la valoración de la prueba informativa rendida en estos autos.

Solicita se corrija el monto de la cuota alimentaria determinada en primera instancia, toda vez que considera que la misma resulta confiscatoria.

Corrido el pertinente traslado, la parte actora lo contesta solicitando el rechazo del remedio articulado (fs. 418/419).

IV.- Entrando al análisis de la cuestión traída a esta alzada, se advierte que la decisión en crisis hace lugar a la demanda, condenando al demandado al pago de una cuota alimentaria a favor de la hija de las partes de $ 6.000 mensuales.

Para así resolver, el juzgador tuvo en cuenta las necesidades de la menor y los ingresos estimados del alimentante, conforme a los informes rendidos y demás pruebas aportadas.

Ahora bien, respecto al primer agravio vertido por la actora, cabe consignar que el ordenamiento jurídico establece que la obligación de alimentos, originada en el ejercicio de la patria potestad, comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad, y que tal responsabilidad pesa sobre ambos padres, no obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos, a quien se le reconocen las prestaciones en especie, de conformidad a los arts. 264, 265, 267 y 271 del Código Civil 264, 265, 271, 372 y 1.300 del Código Civil y 638 y ss. del Código Procesal.

Teniendo en cuenta los elementos fácticos y jurídicos considerados en el decisorio puesto en crisis, entendemos acertada la decisión adoptada por el sentenciante de grado. En efecto, teniendo en cuenta las necesidades normales de la adolescente, quien en la actualidad tiene 14 años, concurre a un colegio privado de la localidad de San Martín de los Andes, practica actividades deportivas y participa de torneos en distintas ciudades, etc., y considerando el paso del tiempo transcurrido desde la última cuota alimentaria fijada (año 2004), resulta adecuada la suma fijada, a la que, por lo demás, ha prestado conformidad el titular del Ministerio Publico Pupilar (ver fojas 423 in fine).

Es importante resaltar, que entendemos que este agravio debe ser rechazado, a poco que se repare que la suma fijada por el juez de grado resulta acorde a las necesidades de la adolescente, y no corresponde que el alimentante además del pago de la cuota fijada ($ 6.000) deba solventar también el 50 % de los gastos detallados por la parte actora a fojas 169 vta. (Colegio, obra social, matricula del colegio, viajes de estudio y de competencia, vacunas) toda vez que la suma determinada en la sentencia de grado resulta adecuada considerando las necesidades de la menor.

Tiene dicho la jurisprudencia al respecto que: "el cálculo de la cuota alimentaria depende del prudente arbitrio judicial, pudiendo establecerse un porcentaje de los ingresos o una suma fija, considerando para su determinación las necesidades y circunstancias particulares del alimentante como del alimentista, no correspondiendo su estimación mediante la realización de meros cálculos matemáticos (cfr. en este sentido, Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, Sala III, en autos "G.,G CONTRA P.,J.E S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS", del 13/04/2010, entre otros precedentes de igual tenor).

V.- Ahora bien, respecto del agravio vertido por la actora en lo atinente al nivel de ingresos del accionado, si bien se han aportado indicios, los que fueran ponderados en función de lo dispuesto por los artículos 163 inciso 5 y 386 del Código Procesal, resulta que el caudal económico del mismo no ha sido corroborado, en la medida denunciada por la impugnante.

No obstante ello, en supuestos como el que nos ocupa, a los efectos de la determinación del quantum de la cuota alimentaria, corresponde al juez no sólo ponderar los recursos económicos del demandado, sino que, a la par, es su obligación evaluar las necesidades reales del alimentado y las posibilidades de la madre. Ello es así, dado que aunque la cuota debe ser fijada en función de los ingresos del obligado, el análisis judicial no debe ceñirse solamente a la realización de meros cálculos aritméticos, sin atender las necesidades del beneficiario. Entendemos pues, que ese fue el criterio seguido por el sentenciante a la hora de efectuar la determinación impugnada.

En apoyatura a lo expresado precedentemente se ha resuelto también que "...Para determinar la cuota alimentaria a abonar por el obligado deben tenerse en cuenta varios factores, tales como el contenido de la misma, la capacidad económica del alimentante, que la obligación alimentaria pesa por igual sobre ambos progenitores y las necesidades de los menores." (A., J.A. en autos "U., E.A. c-A., J.A.s -alimentos" s/ Incidente I CAS1 CR 000C 000023 17/02/1999 UN-LDT, citado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Neuquén en la sentencia antes mencionada).

VI.- Respecto al agravio esgrimido por la actora vinculado con la actualización de la cuota alimentaria, cabe determinar que correrá la misma suerte que los otros dos agravios vertidos, toda vez que es evidente que la solicitud de la actora va en contra de lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928, que prohíbe la actualización de las deudas dinerarias por la variación de los precios, prohibición que reviste carácter de orden público.

Sabido es que actualmente la ley 25.561 -al igual que su antecesora, la ley 23.928- prohíbe toda forma de indexación de las deudas y en su artículo 5 prohíbe, asimismo, las cláusulas de ajuste en las obligaciones de cualquier naturaleza pactadas o establecidas con posterioridad a la sanción de la ley (cfr. Revista de Derecho de Familia Nº 51, Septiembre de 2011, Directoras: Cecilia P. Grosman - Nora Lloveras - Aida Kemelmajer de Carlucci, pag. 97, editorial Abeledo Perrot).

En igual sentido se han pronunciado nuestros tribunales nacionales, al señalar que "Aun cuando se considere a la cuota alimentaria como una deuda de valor, ella no puede ser reajustada automáticamente en función de la depreciación monetaria, atento la valla que significa en ese sentido lo dispuesto por el art. 7 de la ley 23.928 en cuanto veda la indexación a posteriori del 1° de abril de 1991, pues si bien es cierto que la Ley 25.561 (Adla, LIB- 1752; LXII-A, 44) introdujo importantes modificaciones a dicha norma, también lo es que mantiene vigente la prohibición de la actualización de los montos de condena" (CNCiv., sala J, autos "R, M. c. R., J." 12/11/2009; Publicado en: La Ley Online; Cita online: AR/JUR/46392/2009).

La sala I del mismo tribunal también tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto y señaló que "...La ley de convertibilidad no exceptúa ningún supuesto de su aplicación, entiendo por ello, que tratándose de una norma de orden público (conf. art. 13 ley 23.928) no puede existir indexación en materia de alimentos. Si el art. 21 del Cód. Civil determina que las leyes de orden público no pueden ser dejadas de lado por los particulares, tampoco puede hacerlo un pronunciamiento judicial" (CNCiv., sala I, autos E. de M., V. I. y otros c. M., H. R. L. - 17/09/1993; Publicado en: LA LEY 1994-A, 406 con nota de Lino Enrique Palacio DJ 1994-2, 14; Cita online: AR/JUR/2129/1993).

En suma, el art. 4º de la ley 25.561, con las modificaciones introducidas a dichos preceptos, no hizo más que ratificar la vigencia del principio nominalista en un encuadre fisonómico declarado "absoluto" o "rígido" plasmado en 1991 mediante la ley 23.928, una de cuyas manifestaciones consiste en la prohibición de los mecanismos de actualización monetaria (Cfr. Lorenzetti, Ricardo L., "La emergencia económica y los contratos", pág. 160, Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2002).

Finalmente, cabe recalcar que si efectivamente a raíz del proceso inflacionario el monto de la cuota alimentaria quedara desactualizado, corresponderá a la actora iniciar un nuevo incidente tendiente a su aumento, más no puede pretender una solución anticipada que pugna con una norma de orden público conforme lo enunciado en los párrafos anteriores.

VII.- En lo que hace al agravio vertido por la parte demandada, es importante determinar que en relación al caudal económico del alimentante, no se requiere la producción de una prueba concluyente acerca de sus ingresos, debiendo valorarse la prueba con un criterio amplio y favorable a la prestación alimentaria. En este sentido, el hecho de que no se establezca cuáles son las entradas del alimentante, no es óbice para la fijación de los alimentos, toda vez que cuando no exista prueba directa al respecto, ha de estarse a la indiciaria, tal como es el criterio asumido por el sentenciante de grado en la resolución puesta en crisis también por el demandado.

Es que de las constancias de autos surge que el demandado percibe ingresos variables provenientes de su labor como arquitecto (ver informe de fojas 309/324), que posee dos vehículos automotores (ver informe de fojas 288/289), una embarcación (ver fojas 282), que opera con dos bancos privados (ver informes del Banco Francés y Banco Patagonia reservados por secretaria conforme se desprende de fojas 283 y 307, respectivamente) y que en los últimos años realizó varios viajes al exterior (ver informe de fojas 301/304). Todo ello permite inferir un nivel de vida del alimentante que le posibilita afrontar sin sobresaltos la cuota alimentaria determinada por el juez de grado en la resolución que dictara en estas actuaciones a fojas 395/400.

En los presentes el a-quo tuvo en cuenta la prueba indiciaria presentada por la actora a efectos de fijar la cuota alimentaria y la jurisprudencia de nuestros tribunales es uniforme en el sentido de que ante la ausencia de una prueba concluyente acerca del caudal del alimentante, corresponde tener en cuenta la que emana de presunciones o indicios fundadas en hechos reales y probados que permitan arribar a una conclusión al respecto. Los indicios deben ser apreciados con criterio amplio a favor de la prestación que se reclama, en razón de las necesidades a satisfacer. Si el demandado pretende que no se tengan en cuenta ciertos indicios, que permitirían presumir una solvencia mayor que la que tiene, tendrá a su cargo producir la prueba en sentido contrario (Cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala II en autos "F. S. B. C/ F. L. H. S/ ALIMENTOS PARA LOS HIJOS" Expte: Nº 38963/2009 de fecha 11/03/2010; misma sala en "O. N. G. C/ M. F. O. S/ ALIMENTOS" Expte. Nº 17360/2004 de fecha 21/10/2010; "C. M. C/ C. G. A. S/ ALIMENTOS" Expte. Nº 18505/2004 de fecha 15/03/2007; Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala I en autos "CH.T C/ V. E.G S/ INCIDENTE AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA" Expte. Nº 882/2003 de fecha 05/02/2008 entre otros precedentes que pueden leerse en www.jusneuquen.gov.ar).

Al respecto la jurisprudencia nacional ha expresado que: "Frente a la inexistencia de haberes fijos o fácilmente verificables, a los efectos de la fijación de la cuota alimentaria es admisible hacer mérito de presunciones resultantes de indicios que demuestren la situación patrimonial del alimentante, computándose la índole de sus actividades, la posesión de bienes y su nivel de vida" (CC0102 LP 209553 RSD-14-92 S 10-3-92, LDT).

Asimismo que: "La circunstancia de que no se establezca cuáles son las entradas del alimentante no es óbice para la fijación de los alimentos toda vez que cuando no existe prueba directa al respecto ha de estarse a la indiciaria" (CC0102 LP 211511 RSI-33-92 I 13-2-92., LDT). "Si el actor no puede aportar prueba directa, puede crear presunciones sobre la solvencia del alimentante. De manera que, ante esta vía indiciaria de comprobación, que deriva en presunciones, el demandado cargará con la prueba tendiente a destruir tales criterios" (CC0002 MO 44808 RSI-213-1 S 29-5-1,), nada de lo que ocurre en este supuesto bajo análisis en el cual el alimentante perdió la oportunidad de producir la prueba confesional y testimonial (ver caducidad de dichos medios probatorios dictada a fojas 248 y 279), limitándose su base probatoria a los oficios dirigidos a la Caja Previsional de Profesionales de la Provincia del Neuquén y a la A.F.I.P. (ver fojas 369 y 381/384, respectivamente) que nada aporta al respecto -en el primer caso- o lo que aporta se basa en datos suministrados por el demandado -en el segundo-.

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad a la jurisprudencia citadas, y a la legislación aplicable, esta Sala I de la Cámara Única Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial de Apelaciones del Interior, RESUELVE:

I.- Rechazar los recursos de apelación interpuestos a fs. 402 y 407; y fundados a fs. 409/412 y 413/416 por la actora y el demandado, respectivamente, y, en consecuencia, confirmar íntegramente la resolución de fecha 19/11/2013, dictada a fs. 395/400 del presente.

II.- Tomando en consideración el resultado de la presente y la índole de la prestación establecida a favor de la actora, las costas de Alzada se imponen a cargo de la parte demandada (art. 68 del C.P.C. y C.).

III.- Regular los honorarios profesionales de la Dra. ..., por su intervención como letrada patrocinante de la parte actora y los del Dr. ..., apoderado de la parte demandada, en el 30% y el 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir en la instancia previa (art. 15 de la Ley 1594).

IV.- Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las partes y profesionales intervinientes que hayan constituido domicilio ante la Alzada, en su público despacho al representante del Ministerio Público Pupilar y, oportunamente, remítanse las actuaciones al Juzgado de origen.

Dra. Gabriela Calaccio - Dra. Alejandra Barroso Dra. Alicia Fuentes - Secretaria de Cámara Registro de Sentencias Interlocutorias N°: 15/2014.