Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-11


Rawson, 11 de Diciembre de 2.009.- VISTO:

Estos autos caratulados: "S. U. del P. de A. de la R. A. (X) c/ S. V., C. A. s/ SUMARIO" (Expte. Nº 21.731-S-2009).- DE LOS QUE RESULTA:-- Vienen estos autos a consideración del Tribunal en virtud de la casación por arbitrariedad interpuesta por la demandada reconveniente a fs. 645/698 contra el fallo de fs. 620/639 vta. dictado por la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que declaró ajustada a derecho la resolución contractual dispuesta por la actora, condenó a la demandada a pagar daños y perjuicios y rechazó la reconvención del demandado referente a adicionales de obra.-- Efectúa un incompleto relato de los hechos relevantes de la causa.

Denuncia como normas infringidas del código de rito provincial, los arts. 34 inc. 6°; 164; 271 y 277 (principio de congruencia; votos coincidentes); 477 (eficacia probatoria del dictamen) y 386 (apreciación de la prueba); y del Código Civil, arts. 509; 510; 655; 1197; 1198; 1201 y 1204.-- En el primer agravio, expone que los votos de las Sras. Camaristas que formaron la mayoría son inconsistentes e incongruentes y se contradicen entre si.

En cuanto al voto de la Dra. Melero, expone que su valoración de la pericia de ingeniería con respecto al cumplimiento de las reglas del arte en la construcción de las viviendas, que la llevó a decir que las mismas no se habían respetado, resulta equivocada y dogmática porque soslayó que al contestar los agravios de la actora, expuso que ésta no había criticado la conclusión del Juez de Primera Instancia sobre el particular y además, porque el experto lejos de afirmar que la totalidad de los inmuebles habían sido construidos sin respetarse las reglas del arte, sólo señaló que en dos aspectos de la construcción esos recaudos no se encontraban reunidos: en la cubierta a dos aguas y cielorrasos. Señala que la conclusión de la Dra. Melero es contraria a la efectuada por el juez de origen.- Critica que la mencionada Camarista destacase las conclusiones del perito ingeniero en cuanto a si los trabajos referentes a terraplenes, demoliciones y retiro eran o no adicionales. Argumenta que ese aspecto no fue incluido en sus agravios, lo que evidencia que no existió un adecuado análisis de su apelación.- Está en desacuerdo con la valoración de la testimonial del Sr. Díaz, pues, a su juicio, la misma se descartó sin considerar que el mismo era técnico constructor y su indiscutible participación en la obra. Aspectos que incluso no fueron destacados por la actora en su apelación. Tampoco está conforme con que se hubiese dado mayor relevancia a la conclusión del perito en cuanto al avance de obra (60%) minimizando lo expuesto por el testigo D. sobre el particular (70%) cuando la actora, maliciosamente, acompañó informe de un arquitecto acusando que tal porcentual era del 30%, y también afirmó que el mismo en ningún caso superaba el 50%.- Intenta explicar porqué es desacertada la valoración de la Dra. Melero de la pericial contable. Para ello expone que la Sra. Camarista no obtuvo ninguna conclusión de la misma y que la concatenó con lo expuesto por el ingeniero C. sobre el cumplimiento con las reglas del arte en la construcción, y que como la valoración de esta pericia fue incorrecta debe concluirse que no existió ningún incumplimiento de su parte en la ejecución de la obra.

Refiere que las valoraciones de las Sras. Camaristas que formaron la mayoría son contradictorias en las conclusiones que extraen de la pericial contable ya que la Dra. MELERO, sostiene que del anexo del 27/12/02 quedó pendiente de pago la suma de $ 4.500 y la Dra. R., concluye que ese acuerdo fue íntegramente cancelado por el SUPARA el 14/1/03.

Luego, da razones por las cuales, a su juicio, la valoración de la pericial contable que efectuó la Dra. REYNOSO es irrazonable y contradictoria.

Elabora un cuadro para evidenciar contradicciones entre lo resuelto por ambas votantes. Expone que la Dra. Melero habría decidido que la actora resolvió correctamente el contrato porque la demandada no cumplió con las reglas del arte al realizar los inmuebles y la Dra. REYNOSO, porque la obra no se entregó en tiempo, estaba previsto el pacto comisorio expreso y los incumplimientos del actor no resultaban relevantes.-- Su segundo agravio se relaciona con la purga de la mora de su parte en el incumplimiento de la entrega de las viviendas en el tiempo convenido. Expone, que si se acordó como fecha de entrega el día 30/2/003 (Anexo fecha 27/12/02, punto b) y con posterioridad a esa fecha la accionante efectuó dos pagos, ambos sin reserva de ninguna naturaleza, como lo señaló el voto de la Dra. REYNOSO de ROBERTS (1/4/03, $ 15.000 y 4/5/03, $ 7.500), deviene incontestable que se operó de esa forma la purga de toda mora. Incluso, refiere, que el último pago realizado el día 4/5/03, implicó además la renuncia tácita a toda eventual indemnización por parte de la actora-reconvenida.

Expresa que con dichos pagos queda demostrado que la obra avanzó con posterioridad a aquella fecha de entrega y que no existe otra posibilidad que concluir que existió la prórroga tácita de la misma.- Manifiesta que el pronunciamiento invocado en el voto, CNAC, Sala A, 12/6/86, "Petrella, Rumbeto c/ Galante Manuel", L.L. 1986-D, 340, no es aplicable al caso, pues de la lectura del fallo "in extenso" surge que ese caso no es semejante al que nos ocupa porque no se dio allí el expreso supuesto pactado en autos, cual es que los pagos estaban condicionados al avance de la obra, y que por el contrario se estableció una fecha de entrega (diciembre de 1980) "salvo caso de fuerza mayor o demoras ocasionadas por los gremios", y la Cámara entendió que ello no fue acreditado.- En su tercer agravio, enuncia que resulta arbitrario que se decida que fue válida la resolución decidida por la actora, fundada en el incumplimiento de su deber de entregar las viviendas el día 30/3/03, cuando ese plazo fue prorrogado en virtud de los pagos efectuados el día 1/4/03 y 4/5/03 que reflejan claramente la voluntad común de seguir concretándolos como directa consecuencia del avance de la obra, por lo que si en el artículo 5° se estableció el pacto comisorio expreso ante el supuesto de incumplimiento en determinado plazo, y este fue modificado por las partes, deviene obvio que aquélla facultad resolutoria expresa se extinguió en el preciso momento de prorrogarse tal término por cuanto no se estableció nueva fecha determinada, y por ende la cuestión no podía quedar sino en el marco del pacto comisario implícito, con el consecuente deber de intimar en la forma que prevé el art. 1204 del Código Civil. Refiere que a su juicio es por ello que acertadamente el voto disidente (Señora Juez de Cámara Dra. GARCIA BLANCO) reivindica la falta de intimación previa para resolver como recaudo insatisfecho en la causa y como lógica -e inatacable conclusión- la falta de sustento legal de lo resuelto en la causa.-- Le agravia que se hubiese decidido que la actora podía resolver el contrato cuando del correcto análisis de la pericia contable surge que aquella no había cumplido su principal obligación el pago del precio en el tiempo oportuno. Ese es el cuarto agravio, al que funda exponiendo que no debe perderse de vista que en el Anexo II del dictamen contable, en la columna del extremo derecho titulada "Pendiente de Pago", se consignó el importe de $ 104.813,28.-- --También razona que, en el Anexo de fecha 27/12/02, SUPARA además de abonar $ 30.000, asumió la obligación de abonar idéntico importe "siempre que el avance de la obra justifique el pago" y que también en esa misma oportunidad, se estableció que quedó pendiente el "ajuste final" del "remanente que surge de lo originalmente acordado" (punto d), es decir la suma de $ 104.813,28.- Refiere, si se dice que los pagos se hacían "a medida que la obra fuera avanzando", y hay pagos realizados el 4/5/03 debe concluirse que en esa fecha, y en palabra de la Dra. Reynoso de Roberts, la obra estaba avanzando y de tal modo es absurdo concluir que el demandado se encontraba en mora a partir del 30/3/03.

Expone que la pretendida irrelevancia de los incumplimientos del SUPARA es una nueva muestra de afirmación dogmática, desautorizada por las constancias de la causa, anexo II de la pericial contable "saldo pendiente $ 104.813,28" y del impecable razonamiento de la Camarista disidente en cuanto a que, "surge indiciariamente comprobado que el incumplimiento en el pago de las cuotas convenidas guarda relación de causa respecto de la demora en el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, y, asimismo, que esto puede colegirse como un obrar negligente (culposo) en el quehacer de la parte actora durante la ejecución del contrato".

Le agravia que se le hubiese impuesto el pago de daños y perjuicios y para demostrar el desacierto de tal condena, en el quinto agravio, resalta la falta de legitimidad de la actora en la resolución contractual por los motivos que desarrolló con anterioridad y la expresa previsión en materia de multa por incumplimiento en la fecha de entrega de las viviendas (artículo 5°) del contrato suscripto en noviembre de 2001.- Transcribe el texto del art. 655 del Código Civil, como también el art. 5 del convenio y opina que al tiempo de efectuar el último pago, el 4/5/2003, la actora debió descontar la multa y que al no haberlo hecho renunció a tal derecho, funda este razonamiento en el art. 873 del Código Civil. Machaca que la multa sustituía a los daños y perjuicios reclamados.

En su sexto agravio, critica que no se hubiesen acogido su reconvención por adicionales. Señala que la Dra. MELERO omitió tratar la reconvención, y de tal modo se rechazó su pretensión pese a no existir la mayoría legalmente impuesta por el artículo 271 del ordenamiento adjetivo. Cita jurisprudencia de la Corte Nacional y de este Cuerpo a efectos de demostrar que ese déficit evidencia la arbitrariedad del fallo.

Apoyándose en el voto de la minoría, expone que se encuentran reunidos todos los requisitos que autorizan la procedencia de su reconvención porque surge de la pericia técnica la existencia de los adicionales, como también su valor.-- Refiere que se demostró que tales adicionales se encontraban a cargo del SUPARA, tanto por la conducta contractual asumida por el sindicato en orden a los pagos que realizó, como asimismo porque tal cuestión llegó firme a la Alzada por no haber realizado una crítica razonada de los argumentos por los que en la Sentencia de Primera Instancia se reconocieron los adicionales.- Hace reserva del caso federal.

CONSIDERANDO:-- I.- El recurrente demuestra en su casación que la decisión apelada es definitiva. Mas, no expone un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que permita con la sola lectura del recurso la comprensión del caso, razón por la cual no es autónomo (Conf.: S.T.J.CH., S.I. N° 58/S.R.E./09; De la Rúa, Fernando, "El Recurso de Casación", Ed. Víctor P. de Zavalía, Año 1968; pág. 223 y Hitters, Juan Carlos, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", Ed. Platense S.R.L., 2ª edición, Año 1998, pág. 611; y C.S.J.N., Fallos, 308:2263; 323:2205, entre otros).-- I.1.- Si lo que se pretende es que esta Sala decida si es arbitraria o no la sentencia que interpretó el contrato que unió a las partes, se pronunció sobre la actuación de las mismas posteriores la firma de dicho acto, es decir a su ejecución, al acierto de la resolución contractual por parte de la actora y sobre su derecho a cobrar daños y perjuicios y la carencia de derechos del recurrente a cobrar adicionales era necesario que relatase, de manera objetiva, los términos del convenio suscripto el 5/11/01 y los de sus anexos del 3/05/02 y del 27/12/02. También debió informar sobre los de las misivas que las partes se intercambiaron al tiempo de la resolución contractual, haciendo lo propio con los de los recibos que debió haber extendido al tiempo de recibir pagos por parte de la actora, posteriores a la resolución contractual. El relato de todos esos actos estuvo ausente.-- También era necesario que, sin subjetividades, detalle los resultados de las pericias de ingeniería y contables y, por supuesto, la declaración testimonial de los Sres. D., F. y R.; al igual que debía informar lo que surgía de fs. 4 del Libro de Pedido de la Empresa y de la fs. 3 del Libro de órdenes de Servicio, de las órdenes de servicio N° 11 del 6-1-2002 y N° 12. También, el contenido del pedido de empresa N° 10 del 18/5/02.- I.2.- El relato de la demanda es incompleto, así no se ha expuesto lo que manifestó el actor a fs. 63, en cuanto a cuáles fueron las razones en las que se fundaron los daños y perjuicios reclamados. Tampoco se detalla el fundamento del pedido de medida cautelar por parte del sindicato ni la prueba que éste reclamó y cuáles fueron los resultados. Ocurriendo lo propio en cuanto a la prueba ofrecida al contestar demanda y el resultado de la misma.- A lo dicho debe agregarse que el relato de los fundamentos de los votos que formaron la mayoría es incompleto.-- Así por ejemplo, al dar a conocer el voto de la Dra. Melero, omite las conclusiones que ella extrajo de lo informado por el perito contador, es decir, las cláusulas que destacara del anexo del contrato firmado el 27/12/02 -ver sobre el particular lo expresado por la Sra. Camarista mencionada a fs. 623 último párrafo, 624 y 624 vta.- que la llevó a abordar el incumplimiento contractual del hoy casacionista, pero no por deficiencias en lo construido sino porque la entrega no se realizó en la fecha pactada en el anexo del 27/12/02. Es que en el punto 187 de la casación, no se dice que a dicho aspecto, agregó el incumplimiento deficiente de los inmuebles, debe compararse el relato de los puntos 184 a 187 con lo expuesto por la Dra. Melero en las fojas ya indicadas.

También es incompleto el resumen del voto de la Dra. Reynoso de Roberts, cuando ella aborda la cuestión referente a los rubros, que el recurrente dice son adicionales a cargo del sindicato, quincho-garage y techos, que fueran rechazados. Ello es así porque no se efectúa un adecuado detalle de las pruebas que sopesó y consideró la citada Sra. Camarista, para arribar al rechazo, compárese sobre el particular el relato contenido en los ptos. 228 a 230 con lo expresado en el voto de la Dra. Reynoso de Roberts a fs. 637 vta. y 638 .-- II.- Todo lo referente a la suficiencia del recurso en orden a los antecedentes del caso fue soslayado por la Alzada y simplemente concedió la casación porque la queja se orientaba al reexámen de la calificación e interpretación que hizo el ad-quem de los hechos objeto del juicio y las normas aplicables, y tales actividades intelectivas son cuestiones netamente jurídicas o de derecho, que pueden y deben ser conocidas por este Tribunal si se funda en la posible concurrencia de un error en la subsunción de las cuestiones de hecho en los preceptos legales aplicables, porque de ese modo el punto se relaciona con la causal de violación de la ley por arbitrariedad.-- II.1.- Esta Sala en S.I. N° 80/S.R.E./08, ha dicho "interpretar los términos del contrato, es un aspecto que por tratarse de una materia de hecho y prueba, se encuentra, en principio, exenta de censura en casación" (conforme abundante jurisprudencia de la Corte de la provincia de Buenos Aires citada por Morello y otros, "Códigos Procesales Civil y Comercial", Editorial Abeledo Perrot, 1988, Tomo III, pág. 658).

También expusimos en S.I. N° 126/S.R.E./06, que analizar si existieron incumplimientos de las partes contratantes, son aspectos que se encuentran en principio exentos de censura en casación, es una típica cuestión de hecho resolver sobre las características de la relación negocial que tuvieron los litigantes, su desenvolvimiento y la prueba producida, como asimismo si ha habido incumplimiento de las obligaciones resultantes y la tempestividad de la resolución del vínculo (Conf.: SCBA, Ac. 36.774 en "Acuerdos y Sentencias", 1986-IV-27); es que interpretar el contenido de un contrato y la conducta postcontractual de las partes constituye una cuestión de hecho (Conf.: SCBA, Ac. 38.642 en "Acuerdos y Sentencias", 1987-V-417; Ac. 38.904 en "Acuerdos y Sentencias", 1988I529) (Conf.: SCBA, Ac. 57079, 21-11-1995, Juez HITTERS (SD) en autos: "Bozzo, Emma Damiana c/ Orqueida, Angela Raquel s/ Desalojo"). Este criterio también lo hemos seguido, en S.I. N° 52/S.R.E./07.

II.3.- Por el modo insuficiente en que el recurrente plantea su recurso no logra acreditar la existencia del vició lógico del fallo contra el cual interpone casación o de subsunción del derecho aplicable que nos permita apartarnos del principio general que venimos aplicando y por ese motivo también la casación resulta inadmisible.- III.- Por otra parte, se advierte que el casacionista no refuta todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la decisión recurrida en relación con las cuestiones legales planteadas.- III.1.- Es que si no ha dado a conocer los resultados de las pericias contable y de ingeniaría ni los dichos de los testigos que se intenta rescatar como válidos no puede valorarse si las conclusiones extraídas por las Sras. Camaristas resultan desacertadas como lo denuncia el demando y así sus críticas sobre el particular resultan infundadas aún cuando haya denunciado como infringidos los arts. 477 y 386 del C.P.C.C.. Mas, cuando cabe resaltar que estas normas no se relacionaron adecuadamente con las supuestas infracciones. El recurrente debe explicar y demostrar cuál es la interpretación que correspondía, señalar el error de lo decidido y luego a qué solución se llegaría aplicando correctamente la norma de prueba infringida.-- III.2.- Tampoco ha demostrado la contradicción de las Sras. Camaristas al decidir que la actora correctamente resolvió la resolución contractual. Por el contrario lo que demuestra el casacionista es una inadecuada lectura e interpretación de la sentencia que cuestiona. Ya que ambas camaristas coincidieron en que al 30/2/003 no había entregado las viviendas tal cual lo habían acordado en el anexo del contrato firmado el 27/12/02, ello sin perjuicio de que la Dra. Melero se extendiese sobre el incumplimiento defectuoso de lo construido.-- III.3.- Tampoco alcanza a demostrar lo incorrecto de lo decidido con respecto a la purga de la mora, se desconocen los términos de los recibos que debieron haberse extendido al recibirse los pagos de fecha 1/4/03 y 4/5/03. Además sobre el particular existen distintos criterios jurisprudenciales, conforme G.A. Borda en su "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T° I, editorial Perrot, Bs. As., 1994, pág. 87, cuando expone: "Una cuestión que ha dado lugar a jurisprudencia contradictoria, es el significado que debe atribuirse a las tratativas posteriores a la constitución en mora. Algunos fallos han declarado que no suspenden ni extinguen los efectos de la mora (C. Com. Cap., Sala C, 7/9/1960, L. L., t. 102, p. 402; C. Civil Cap., Sala B, 8/6/1962, causa 78.750, inédita); otros, en cambio, les han atribuido el significado de una renuncia tácita (C. Civil Cap., Sala C, 13/9/1950, causa 66.660 (inédita); íd., 20/8/1962, causa 80.671 (inédita); Sala D, 5/10/1960, L. L., t. 101, p. 180)". Además se observa que lo decidido en la sentencia concuerda con el criterio seguido por Bianchi, Codeglia y Esteguy, "El art. 1204 del Código Civil y la purga de la mora". E.D., t. 90, p. 931, núm. II; Moisset de Espanés, "Mora del acreedor y pago por consignación", JA, 1977-II, p. 707; Wayar, "Tratado de la mora", p. 601, núm. 99, Buenos Aires, 1981; Padilla, "La mora en las obligaciones", ps. 243 y sigts., Buenos Aires, 1983; Llambías, "Obligaciones", t. I, núm. 133, etc..- III.4.- Su tercer agravio se relaciona con el segundo y su pretensión de que el contrato no se encontraba incumplido porque existió una prórroga. Si lo resuelto en cuanto a la purga de la mora resulta firme, por lo expuesto en el considerando anterior, es evidente que este tercer agravio tampoco constituye una crítica concreta y razonada y en modo alguno puede encuadrarse la cuestión en el marco del pacto comisario implícito.

III.5.- En cuanto al incorrecto análisis de la pericial contable y a su insistencia de que de ella surge el incumplimiento de los pagos por parte de la actora, se reitera lo expuesto en cuanto a la omisión de describirla en forma objetiva.

III.6.- Sus críticas con respecto a la improcedencias de los daños y perjuicios, tampoco resultan concretas y razonadas.- La cláusula penal desempeña una función ambivalente, ante todo es un medio de compulsar a los deudores a cumplir con sus obligaciones, ante la amenaza de una sanción por lo común más gravosa que la obligación contraída; en otras palabras, expone al deudor a un grave peligro para el caso de incumplimiento y es también un medio de fijar por anticipado los daños y perjuicios que deberán pagarse al acreedor en caso de incumplimiento. "Se evitan así todas las cuestiones relativas a la prueba de la existencia del daño y su monto. Pero sería un error considerarla como una indemnización propiamente dicha: la indemnización debe tener una adecuación lo mas perfecta posible a los daños sufridos por el acreedor, en tanto que la cláusula penal se fija arbitrariamente, es casi siempre mayor que los daños y, finalmente, se debe, aunque el acreedor un hubiera sufrido perjuicio alguno como consecuencia del incumplimiento (art. 656)" (Conf.: Borda, Ob. Cit., T° I, pág., 201).

Teniendo en cuenta lo expuesto el casacionista en principio, debió dar a conocer el texto completo de todo el contrato y sus anexos, para que pudiese determinarse, con acierto, que calificación le correspondía a la multa impuesta en el art. 5 del contrato, que si transcribió, es decir, si se trataba de una cláusula penal moratoria o compensatoria (Conf.: Jorge Joaquín Llambías, "Tratado de Derecho Civil, Obligaciones", T° I, edit. Perrot, Bs. As., 1967, pág. 393).- Es cierto que del art. 655 del Código Civil, establece que si se pactó una cláusula penal el actor no puede dejarla de lado y reclamar los daños y perjuicios.- Pero, es cierto también, que los jueces están obligados a interpretar los contratos con el fin de determinar que efectos tuvieron en cuenta las partes cuando pactaron la multa -por eso era necesario que el recurrente relatase los términos del contrato en forma completa-. Además también era menester que se informase, adecuadamente, las razones por las cuales el actor reclamó los daños y perjuicios y ya hemos resaltado, precedentemente, que este aspecto fue soslayado al tiempo de relatar lo demandado.- Se observa además que las Sras. Camaristas cuando resolvieron sobre los daños y perjuicios lo que valoraron fue la negativa general y puntual de los hechos y de la existencia de daños y perjuicios por parte del demandado, que el total de obra ascendía a $152.365,85 -conforme pericia de ingeniería a fs. 468- que el porcentaje de avance de la obra a fines de diciembre de 2003 era del 60% -pto. "e" fs. 464 y pto. "h" fs. 468- que el actor abonó la suma de $231.375,52 (fs. 495 vta./496) y que el total de la obra actualizada a febrero de 2006 ascendía a $378.019,87. También expusieron que no existe precisión sobre la fecha en que la obra fue terminada, ni los gastos que le infringió la finalización de las viviendas, toda vez que la documental de fs. 53/59 fue desconocida por la demandada. Ante ello y que quedó demostrado el pago por parte del actor del 100% de lo estipulado, que sólo se construyó el 60%, y haciendo uso de las facultades que confiere el artículo 165 del C.P.C.C.Ch., lo fijaron en $60.000.

Es decir, que no surge de los fundamentos de la sentencia que el demandado hubiese hecho mención en algún momento de la litis, como defensa, a la imposibilidad de fijar daños y perjuicios porque se había pactado una cláusula penal. Cuestión novedosa que no puede tratarse y además se advierte que esos daños no se fijaron por el incumplimiento del término de entrega, por lo que no puede llegarse a comprender como la multa pudo reemplazar a los mismos. Tampoco se ha alegado ni demostrado que las partes hubiesen pactado la imposibilidad de reclamar la indemnización de daños y perjuicios por razones diversas a la estipulada en la multa pactada en el art. 5 del contrato que transcribió la recurrente, como ocurrió en el caso de autos. Es decir que el aspecto de la sentencia abordado tampoco mereció una crítica concreta y razonada.- III.7.- Finalmente sus agravios en cuanto al rechazo de la reconvención que interpusiera tampoco resultan razonados desde el momento que no dio a conocer, con amplitud, los motivos por los que ambas camaristas la desestimaron. Obvió las conclusiones que la Dra. Melero expuso en cuanto a lo que surgía de la pericial contable, que evidencian que se pronunció sobre la reconvención; como así también todo el análisis que de la prueba efectuó la Dra. Reynoso para resolver este aspecto. Es que una vez más, la inadecuada técnica de transcribir o comentar párrafos aislados de la sentencia lleva al recurrente a no desarrollar una crítica concreta y razonada de todos los fundamentos de la sentencia (Conf.: S.T.J.CH., S.I. N° 64/S.R.E./09).-- IV.- Por lo expuesto, es decir, por falta de autonomía y crítica concreta y razonada de todos los fundamentos de la sentencia atacada, la Cámara debió declarar inadmisible la casación.

V.- Teniendo en cuenta el resultado desfavorable de la casación planteada y ateniéndonos a una interpretación armónica de los arts. 297 y 298 del C.P.C.C. y a lo resuelto en S.I. N° 100/S.R.E./06 que debe declararse la pérdida del depósito de fs. 644.- Por ello, la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería del Superior Tribunal de Justicia:

R E S U E L V E - 1°) DECLARAR mal concedido el Recurso de Casación de fs. 645/698 y la pérdida del depósito de fs. 644.-- 2º) REGÍSTRESE, notifíquese y devuélvase.-- La presente resolución se dicta con dos miembros de esta Sala, por encontrarse ausente, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Fernando S.L. Royer.- Fdo. Dr. José Luis PASUTTI - Dr. Daniel LuisCANEO.- Recibida en Secretaria el 16 de Diciembre del año 2009.- Registrada bajo el N° 87/S.R.E./09 Conste.- Fdo. Dra. Carmen Velez ? Secretaria