marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Nulidad del acto jurídico, error excusable
Materia: CIVIL
Carátula: Martinelli, Nicolás y otra c/ Poltym, Luis s/ Desalojo-comodato   y  "Foltyn,  Mario  Luis  y  otros  c/Martinelli,  Nicolás y otros s/nulidad de acto jurídico.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

En función del art. 929 del Código Civil, la invocación del error de hecho sólo es posible si se llegó a la creencia errónea sin culpa, de manera excusable, pues entonces sí el error es invencible, y este favor no debe concederse al que es culpable de una gran negligencia. El que se engaña sobre sus propios actos no puede invocar este error, porque el supone una gran negligencia.
Competencia, ejecución de la pena, sanciones disciplinarias, sentencia firme
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Romero, Juan Marcelo s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-03-12

Si el interno se encuentra cumpliendo pena como condenado a cargo del juez de ejecución, por razones de especialidad y teniendo en cuenta las serias implicancias que la aplicación de una sanción podría traer aparejado en el régimen de progresividad de la pena, el juez de ejecución -y no el tribunal oral- es el competente para resolver las incidencias derivadas de las sanciones disciplinarias impuestas con anterioridad a la firmeza de la sentencia. (Dres. Riggi, Catucci y Figueroa).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: López, Raul s/ Estafa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-29

No existe omisión de cuestión esencial si la Excma. Cámara la resolvió rechazándola.
Partes del proceso, patrocinio letrado
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual de Venado Tuerto c/ Baggini, Josefa Virginia s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-11-06

La imposición del art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento, sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia, que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica.(doctor de Lázzari, mayoría)
Expropiación, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Dirección Nacional de Vialidad c/ Vilella y Canepa Guillermo y otros s/ expropiación -servidumbre administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-12

La expropiación es una institución de derecho público establecida por el art. 17 de la C.N. y regulada para el Estado Nacional por la ley 21.499. Desde esa perspectiva institucional exhibe una regulación especial que comprende entre sus disposiciones a las que rigen los procedimientos tanto en sede administrativa -avenimiento- como en sede judicial. Ante la existencia de estas normas, el estado debió observar los procedimientos en ella contemplados en forma integral y sin recurrir a soluciones jurídicas que escapan del sistema organizado por la ley 21.499.
Administración Pública, relación de dependencia, interés público, razones de servicio, empleados públicos, traslado, asignación de funciones, ius variandi, consentimiento, acto administrativo, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CUTCHET, MARTA BEATRIZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 337-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-03-13

La eventual "potestad" de los Ejecutivos para ejercer las llamadas facultades "intermedias", difícilmente puede conciliarse con la actual noción de un "status" del trabajador, aunque sea de uno ligado por una relación de empleo publico, conforme tal "status" comienza a delinearse a partir del articulo 14 bis de la Constitución Nacional, en los artículos 7, 20 y concordantes de la Constitución Provincial, y culmina en las distintas cláusulas de los convenios reguladores de la relación. Consecuentemente se debe aludir a derechos de los agentes estatales y no a facultades de su empleador; derechos que como cualesquiera otros deben adecuarse a exigencias mínimas de convivencia y coexistencia y, además, a la significativa circunstancia de que la contraparte de la relación persigue objetivos y cumple cometidos que interesan a todos, es decir, persigue objetivos y cumple cometidos ligados al bien común.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: Maglietti, Alberto R. y otra c/ Arevalo, Victor Heraldo s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-04

El principal deber de todo conductor es guiar el rodado a una velocidad prudente, que le permita, además, estar atento a las variadas contingencias del tránsito y mantener el dominio de su rodado en toda circunstancia.
Daños y perjuicios, daño psíquico
Materia: CIVIL
Carátula: Agostino, Jorge José A. c/ Western Atlas INT.I.S.A. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-07

"El daño psíquico debe ser indemnizado como diferenciado del estético y del moral, si de la pericia surge la existencia de una alteración emocional, como consecuencia del accidente padecido.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nico, Roberto Mario c/ Giménez, Oscar Ramón s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

No existe violación del art. 168 de la Constitución de la provincia si el tema que se dice preterido quedó desplazado al resolver la alzada que la expresión de agravios no cumple con los requisitos previstos por el art. 260 del Código Procesal Civil y Comercial.
Importaciones, franquicias aduaneras, bienes importados, responsabilidad solidaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KERSZBERG S.A.C.I. Y D. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-03

La regulación de las importaciones que gozan de liberación o menores derechos constituye un régimen de excepción dentro de las normas y prácticas aduaneras, lo cual justifica los diversos recaudos impuestos para asegurar que los bienes importados cumplan el fin previsto al acordarse la franquicia, y la sanción no sólo de quienes los distraen a un uso diverso al privilegiado, sino también de aquéllos a quienes los beneficiarios transmiten la mercadería, conociendo o debiendo conocer ambos las restricciones que la afecta.

En tal sentido, el art. 965 del Código Aduanero impone sanciones al sujeto que no cumpliere con el deber que hubiera condicionado el otorgamiento de una excepción a una prohibición a la importación o exportación, una exención total o parcial de tributos, o un estímulo a la exportación, en tanto el art. 966 reprime en forma solidaria con aquél a todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería importada para consumo en excepción a una restricción o con exención total o parcial de tributos respecto de la cual no se hubiere cumplido el referido deber.
Sentencia, razonabilidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOETTO, SANTIAGO c/ SOTOMAYOR, MARIO CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. JUICIO EJECUTIVO (EXPTE. C.S.J.  NRO. 60 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-07-06

La razonabilidad jurídica tiene dimensiones que van más allá del mero lenguaje normativo y que, incluso, enjuician a la misma norma. En el ámbito jurisprudencial y conforme a criterios de la Corte Suprema Nacional se ha consolidado la pauta de razonabilidad para descalificar jurídicamente a una norma o sentencia contraria a ella.

Tal recurso tiene profundas raíces en la filosofía jurídica clásica como lo refleja el mismo Tomás de Aquino cuando define a la ley como "acto de razón". Es cierto que en la actualidad con la expresión "razonabilidad" se alude a exigencias diferentes y variadas, algunas de indudable naturaleza sustancial cuando se la identifica con justicia o equidad, pero otras veces con aquella pauta se pretende calificar la corrección formal o estructural de una norma o sentencia.

Por ello, la razonabilidad, como mínimo, exige cierta justicia ("razonabilidad axiológica" o "razonabilidad ética": Atienza) o que los efectos derivados de la norma no resulten fuerte, indudable y masivamente, contrarios a los intereses de los ciudadanos. (Del Voto del Dr. Vigo)
Daño moral, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ortega, Gualberto c/ Acuña, Rodolfo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

La fijación del daño moral es de asaz difícil determinación, recordando que no se halla sujeto a cánones objetivos, ni a procedimiento matemático alguno, debiendo atenerse a un criterio fluido que permita computar todas las circunstancias del caso, sobre la base de la prudente ponderación de la lesión íntima del damnificado y a los padecimientos experimentados, en relación con las particularidades de la litis (arts. 1078 del Código Civil; 165, C. Procesal).
Enfermedad accidente, várices
Materia: LABORAL
Carátula: GOMEZ, JULIAN BERNABE c/ INDUSTRIA BULONERA ARGENTINA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-23

La no inclusión de las várices en los baremos del decreto reglamentario de la ley 9688 no implica la falta de relevancia otorgada por el legislador a ellas, sino la imposibilidad de que una norma de carácter general prevea exhaustivamente la totalidad de las hipótesis de hecho a las que haya de ser aplicada, motivo por el cual se dejó librado a la consideración técnica del profesional médico y a la prudencia del magistrado, en cada caso, la graduación del quantum resarcible.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, diputados, designación de reemplazante, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, facultades del Poder Legislativo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Evolución s/ reconocimiento de Alianza/ Oficialización de candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

La función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos Aires concluye con la declaración de validez de los comicios, la proclamación de los candidatos electos y la entrega de los correspondientes diplomas. Voto de las juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz. Voto coincidente del juez José Osvaldo Casás.
Juicio ordinario, juicio de árbitros
Materia: PROCESAL
Carátula: Blanco, Guillermo y otro c/ Petroquímica Bahía Blanca y otro s/ recurso ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-29

La mayor complejidad formal del proceso ordinario con respecto al de peritos árbitros resulta fundamental e impide inicialmente la equiparación entre ambas clases de procesos, sin que obsten a tal conclusión las semejanzas extrínsecas que los procesos arbitrales puedan presentar.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco Bansud S.A. c/ Díaz, Gastón Alejandro s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

Toda vez que la sentencia de trance y remate hace cosa juzgada en cuanto al capital de condena y a sus accesorios es viable el planteamiento de la tasa de interés como excepción, porque postergar su tratamiento para la etapa de la liquidación importa tanto como posteergar la resolucón de las excepciones planteadas con fundamento legal en los arts. 540, segundo párrafo y 542 del Código Procesal, para una oportunidad inadecuada y en amplia contradicción con los dispuesto por los arts. 545, 546 y 548 del C.P.C.
Juicios contra el Estado, suspensión de juicios contra el Estado, ejecución de sentencia, suspensión de la ejecución, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Fiscalía de la Provincia de BsAs. c/ Dirección General de Fabricaciones Militares s/ cobro de australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-16

La suspensión de la ejecución de las sentencias que condenan al pago de una suma de dinero dictadas contra el Estado Nacional dispuesta por el art. 50 de la ley 23.696, alcanza a las ejecuciones que se encontraban en curso a la fecha de la entrada en vigencia de la ley.
Beneficios previsionales, derecho de opción, jubilación de abogados, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Allegri de Domínguez, Albertina Marta c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-02-23

En caso de fallecimiento del afiliado antes de que expire el plazo de opción otorgado por el art. 73 de la ley 6716, no cabe otra posibilidad de considerar que para él su plazo culminó el día de su fallecimiento y, consecuentemente, a su silencio se lo debe considerar como opción por la pérdida de los años adeudados.
Demanda, ampliación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Cevallos, Juan Humberto y otro c/ Cañar S.A.I.C.F.I.C.M. s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

No es posible reclamar en la demanda créditos que, al interponerla, no estaban vencidos y si se pretendía la procedencia del reclamo hasta la fecha de la sentencia se debió hacer uso de la posibilidad que confiere el art. 331 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, ampliar las sumas reclamadas una vez que fueran exigibles ante los vencimientos de los plazos de pago de las mismas.
Recursos, cuestión abstracta
Materia: PROCESAL
Carátula: B., T. c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-10-03

Donde no hay discusión real entre el actor o el demandado, ya porque el juicio es ficticio desde su comienzo, o porque a raíz de acontecimientos subsiguientes se ha extinguido la controversia o ha cesado de existir la causa de la acción; o donde las cuestiones a decidir no son concretas o los sucesos ocurridos han tornado imposible acordar una reparación efectiva, la causa se ha tornado abstracta.
Recurso de inconstitucionalidad, derechos de incidencia colectiva, Estado, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: PERALTA, HUGO D. c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ACCION LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 538 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Es procedente el recuso de inconstitucionalidad desde que la difusa pretensión de la demandante- que la Provincia brinde mayor seguridad a la población de la ciudad de Rosario, a través de una mayor presencia de patrullaje policial en la vía pública y mejor equipamiento-, carece de sustento probatorio y fundamento jurídico.

Se apoya conjeturalmente en apreciaciones caprichosas, vagas y no probadas en relación a un problema social sumamente complejo que, además, tal como fue planteado, es insusceptible de ser judicializado y constituye resorte exclusivo de políticas y estrategias públicas cuyo diseño, sin perjuicio del necesario espacio para la participación y control ciudadano, es competencia del poder ejecutivo y, complementariamente, del poder legislativo provincial; más allá de la responsabilidad propia de los jueces, en el ámbito de su actuación jurisdiccional y dentro de sus posibilidades humanas y materiales, en favorecer e implementar una gestión rápida y adecuada del juzgamiento penal (Del voto del Dr. Erbetta).
Impugnación de deuda impositiva, tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos, falta de prueba, concurso preventivo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: FEDERAL SERVICE SRL c/ A.F.I.P.  s/ impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-30

Aunque la empresa actora refiera la imposibilidad de afrontar el pago de la tasa de justicia atento su estado concursal, si no demuestra la imposibilidad alegada que permita evaluar la procedencia del beneficio pretendido ya que, el hecho de estar transitando un concurso preventivo, no es una prueba concluyente de la imposibilidad de afrontar el pago, pues en definitiva el objetivo del mismo es el futuro saneamiento de la situación patrimonial de la empresa mediante el ejercicio de la propia actividad. En este sentido, la referencia concursal que efectúa la actora si bien da cuenta de que la sociedad actora atraviesa una situación difícil y gravosa en materia económico-financiera, tal circunstancia no es terminante acerca de la carencia actual de recursos para afrontar la tasa judicial.
Sobreseimiento, cosa juzgada, preclusión, queja por apelación denegada, non bis in ídem
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mierez, Alfredo Rubén y otros s/ asociación ilícita etc. -causa nº 78/03-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-14

Si al ser notificado del sobreseimiento de los imputados el fiscal subrogante consintió expresamente dicho pronunciamiento, la admisión de la queja por apelación denegada deducida por la fiscal titular y la posterior anulación del sobreseimiento implicaron la renovación de una persecución penal ya fenecida al dejarse sin efecto una decisión firme que estaba amparada por la preclusión y la cosa juzgada.
Recurso extraordinario, honorarios, regulación de honorarios, recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, recursos, costas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Bernardin SAIC s/ Concurso comercial preventivo. Incidente de regulación de honorarios.  Recurso de Inconstitucionalidad. Recurso Extraordinario (Expte. CSJ  Nro. 293-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

El apartamiento de lo dispuesto en el artículo 28 inciso e) de la ley 6767 no constituye agravio que habilite la vía extraordinaria, en tanto el Tribunal sólo se haya pronunciado sobre costas peor no haya regulado honorarios, máxime si se tiene en cuenta los anteriores pronunciamientos de la Corte en los que se estableció que la imposición de costas no implica decidir si deben o no regularse honorarios profesionales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), Derecho laboral, empleador, obligaciones, responsabilidad solidaria, relación de dependencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RAMOS, VICTOR c/ CERRO BLANCO S.R.L. Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-05-09

Frente a las diversas consideraciones en torno a la condena de autos por los rubros que especificó el Sentenciante -artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y artículo 1 de la ley 25323- y respecto de la imposición de las costas, en su escrito de queja, el compareciente cuestiona lo decidido, criticando la condena al pago de la sanción del artículo 132 bis, aunque sin demostrar un supuesto de carencia de fundamentación o de afectación de derechos constitucionales, y al respecto, y como esta Corte reiteradamente ha sostenido, no debe olvidarse que la queja es un recurso autónomo, que debe cumplimentar a los fines de su recepción recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio, no cumpliendo con los requisitos de admisibilidad de la queja el recurrente que no refuta en forma separada, clara y precisa cada uno de los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, determinando esto la inadmisibilidad de la vía intentada al no rebatirse los argumentos desarrollados en aquella oportunidad; y no pudiendo pasar desapercibidas las insuficiencias en el autoabasto del recurso de inconstitucionalidad local, al no efectuarse un detalle suficiente de la base fáctica y probatoria del caso, por lo que no logra el recurrente controvertir las consideraciones en las que la Alzada decisivamente motivó su decisión al juzgar demostrados tanto los ilícitos patronales denunciados como también la responsabilidad solidaria del codemandado, en su carácter de gerente administrador de la empresa empleadora, por haber mantenido la relación laboral sin la debida registración y por haber omitido el pago de los aportes destinados a la seguridad social y a la obra social. - CITAS: CSJStaFe: AyS T 35, p 451; T 34, p 314; T 59, p 244; T 92, p 121; T 138, p 424. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 132 bis; Ley 25323, artículo 1; Ley 7055, artículo 3
Accidentes de trabajo, riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: VAZQUEZ, RAUL OSCAR. c/ I.A.P.S.E.R. ART. s/ ENFERMEDAD PROFESIONAL CON ART.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-10

Habré de disentir con la vocal del primer voto que confirma la sentencia de grado cuando aplica el ajuste por RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de Trabajadores Estables) a la prestación que resulta de la fórmula de cálculo del artículo 14.2 de la LRT a la que accede el actor (...), considerando que aquella ya contiene un elemento actualizador y dinámico, como es el ingreso base del trabajador damnificado.

Más la reglamentación vigente al momento del dictado de la sentencia (03/04/2014), resulta ser la Res. 3/2014 (13/02/2014) que estipula expresamente en su artículo 2 que: "... para el período comprendido entre el 1/3/2014 y el 31/8/2014 inclusive, la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la ley 24.557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar. $521.883 por el porcentaje de incapacidad." (Del voto del Dr. Medori, en mayoría).
Competencia, accidente de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GONZALEZ, CONSTANTINO c/ VIALIDAD NACIONAL s/ PROCESAL. COMPETENCIA. ACCIDENTES DE TRANSITO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-27

El hecho dañoso en que se sustenta el reclamo se habría originado por una causa que tiene su origen en ACCIONES DE TRANSITO, lo que no se ve desvirtuado por la circunstancia que desencadenó los sucesos que, según los actores fue el mal estado de la cinta asfáltica.

Resulta entonces de aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia el 6.12.84, in re: "Villca Mora de Coria Sandi, E. c-E.F.A.", que dejó establecido el principio en que las causas iniciadas en la Capital Federal que versen sobre acciones civiles y comerciales concernientes a la responsabilidad contractual o extracontractual, y aunque la Nación o sus empresas y entidades autárquicas sean parte, siempre que deriven de accidentes de tránsito, inclusive el ferroviario, caen en la competencia asignada al fuero especial en lo civil y comercial.-
Cuestiones de competencia, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Adrover de Rodríguez, Angela c/ Baglietto de Ferrer, Alcira s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son indicativas de una especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que impongan una atribución distinta.