Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-04-22


Fallo Plenario Nro. 304 Acta Nro. 2.372 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintidós días del mes de abril de 2003, siendo las diez horas; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Juan Carlos Eugenio Morando, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Oscar Norberto Pirroni, Julio Vilela, Jorge del Valle Puppo, Jorge Guillermo Bermúdez, María Laura Rodríguez, Graciela Aída González, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Roberto Omar Eiras, Julio César Moroni, Diana María Guthmann, José Emilio Morell, María Cristina García Margalejo, Juan Carlos Fernández Madrid, Rodolfo Ernesto Capón Filas, Horacio Héctor de la Fuente, Juan Andrés Ruiz Díaz, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Horacio Vicente Billoch, Alvaro Edmundo Balestrini, María Isabel Zapatero de Ruckauf, Alcira Paula Isabel Pasini, Héctor Jorge Scotti, Julio César Simón y Gregorio Corach; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Alvarez, a fin de considerar el expediente N1 32.901/1991 - Sala IV, caratulado "VILLARREAL, Francisco Salvador c/ Filtros Lattanzio S.A. y otro s/ accidente - ley 9688", convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: "1.- Si el deudor se halla en quiebra, ¿es exigible para el acreedor, en los términos del artículo 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028, llevar a cabo gestiones de cobro?. 2.- En el mismo supuesto, el vencimiento de los plazos fijados en el artículo 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028 ¿importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia?".---------------------------------------------------- Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dijo:--- -------------------El art. 14 de la derogada ley 24.028, que motiva el doble interrogante de la convocatoria, estableció un fondo de garantía destinado al pago de las indemnizaciones tarifadas emergentes de los infortunios laborales con los alcances similares al previsto por la añeja ley 9.688.---------------La finalidad del sistema tendía a la percepción oportuna y cabal de un crédito alimentario, vinculado al daño de uno de los pocos bienes con los cuales los trabajadores cuentan para participar del proceso productivo: la capacidad laborativa. El ordenamiento trató de lograr que los dependientes no vieran frustrado el cobro de una suma tan esencial a causa de las vicisitudes patrimoniales del empleador y creó una "cuenta especial", una suerte de patrimonio de afectación, que abonaba la deuda y se subrogaba en las acciones ejecutivas del acreedor. A tales efectos diseñó un prieto proceso incidental que imponía al reclamante realizar gestiones dirigidas al cobro, "...dentro del plazo de noventa días de quedar aprobada la liquidación y solicitar la declaración de insolvencia dentro de los treinta días de vencido el plazo antes indicado...".-----------He condescendido a esta descripción escolar para poner de relieve que el "Fondo de Garantía" ha sido pensado para "pagar" a los trabajadores la indemnización originada en los infortunios laborales y no para polemizar con las víctimas en dilatados trámites incidentales, aferrándose a presuntas hipótesis de caducidad y llevando la contienda a las instancias más altas, con la excusa de proteger un patrimonio que no le pertenece y del cual la autoridad pública es una mera administradora.--------------------------------- --------------------------------------Los requisitos de procedimiento que la normativa prevé deben entenderse impuestos para evitar la posible conducta reprochable y "facilista" que consistiría en intentar cobrar la deuda al "Fondo de Garantía", sin antes haber agotado una persecución contra el empleador como obligado esencial y en esa inteligencia se exige llevar a cabo las "gestiones razonables para ejecutar la sentencia" y el dictado ulterior de la resolución judicial, declarativa de insolvencia.-------------------- ---------Ahora bien, el pronunciamiento firme que declara quiebra del empleador implica la afirmación de un estado de "cesación de pago", que es su condición normativa, su presupuesto básico (cfr. arts. 1; 77; 78; 88 y concs. de la ley 24.522) y que se caracteriza, como lo tiene dicho la doctrina, por una clara deficiencia de disponibilidad que impide al deudor afrontar la extinción de las obligaciones exigibles y que torna operativo ese régimen de distribución colectiva en que consiste, en líneas generales, el proceso universal (ver Julio César Rivera, Horacio Roitman y Daniel Roque Vítolo "Concursos y Quiebras", Editorial Rubinzal B Culzoni, págs. 12 y sigtes.).-----------------------------------------La quiebra trae, como consecuencia, la imposibilidad de que el fallido pague, impone la realización de los bines del deudor y su desapoderamiento y veda la prosecución de pretensiones de cobro compulsivo contra el patrimonio, que esta sometido a una especie de intervención (cfr. arts. 88; 90; 119; 132 y concs. de la Ley 24.552 ya citada).--------------------------------------------------------- ------------------------Tanto en el lenguaje vulgar como en el iniciado, la quiebra es un sinónimo emblemático de la Ainsolvencia@ y en el contexto ya descripto, referido a todo aquello que trae aparejado su declaración, no podría sostenerse que es exigible para el acreedor llevar a cabo gestiones razonables de cobro, cuando, precisamente, es imposible el pago fuera del arduo trámite de distribución judicialmente controlada que el proceso universal conlleva.-------------------------------------------------------- Debo resaltar de una manera muy especial que el art. 14 de la ley 24.028 requiere realizar las gestiones de referencia solo para que luego se obtenga una declaración judicial de insolvencia y es discutible que el Juez del Trabajo posea la potestad para decir si existe o no ese estado patrimonial tan crítico cuando el Juez en lo Comercial (nada menos) sostuvo que se había configurado la cesación de pagos en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Las normas adjetivas deben ser interpretadas evitando confluencia de jurisdicciones sobre idénticas facetas y sería aconsejable soslayar la perplejidad que nacería de una resolución en sede laboral que niegue insolvencia pese a la declaración firme de quiebra en sede comercial.----------------------------------------------El ordenamiento procesal, más allá del conflicto puntual que nos reúne, tuvo conciencia de la necesidad de que no se configuraran supuestos de concurrencia de facultades ejecutorias sobre un patrimonio sometido a liquidación universal y por esta razón el art. 135 de la ley 18.345 hace cesar la competencia y ordena llevar a cabo el trámite de cobro compulsivo ante el Juez Comercial y, por ende, sería debatible la aptitud para expedirse sobre la solvencia, aunque la resolución no concierna, directamente, a la afectación de los bienes del fallido.---------Las argumentaciones expuestas me llevan a considerar que no es exigible al acreedor cumplir con lo previsto por el art. 14 inc. a) de la ley 24.028 en caso de quiebra del empleador y esta ha sido la tesis de mi antecesor, el Dr. Jorge Bermúdez, al interpretar lo dispuesto por el art. 10 de la ley 9.688, quien, con la claridad que distingue su escritura, diferenció el concurso de la quiebra, en lo que concierne a la imposibilidad de pago y a la configuración de insolvencia (ver, entre otros, Dictamen Nro. 9.245 del 27/7/87, en autos "Benítez, Dionisio Almancio c/ Marshall Argentina S.A. s/ accidente 9.688"; etc.).-----------La tesis reseñada se proyecta sobre el segundo interrogante porque, en verdad, se trata de un solo sistema de caducidad y el plazo de treinta días presupone que rige la carga de realizar las gestiones y comienza a correr cuando vence el primero de los términos. Repárese en que se trata de una proposición no susceptible de ser atomizada ya que se utiliza la conjunción "y" vinculando exigencias interdependientes.--------No dejo de advertir que mi posición implica la dilatada y omnipresente cobertura del "Fondo de Garantía" en los casos de quiebra. Pero, reitero, el fondo fue creado para "pagar" a los accidentados y disipar dificultades en el cobro causadas por los avatares patrimoniales de las empresas y es más sensato sostener que debe ser el mencionado ente el que abone y luego se subrogue y procure percibir de la quiebra lo que pagó a la víctima, que imponerle a esta (generalmente un trabajador mutilado en su capacidad física) la obligación de recorrer el lento y fatigoso itinerario del proceso universal.-------------------------- --------------Propongo, pues, una doble respuesta negativa al temario fijado.----------- Por la NEGATIVA a ambos interrogantes constituyendo MAYORIA, votan los doctores GONZALEZ, MORANDO, CAPON FILAS, GARCIA MARGALEJO, SCOTTI, FERNANDEZ MADRID, BERMUDEZ, CORACH, RODRIGUEZ BRUNENGO, MORELL, RUIZ DIAZ, PORTA, PIRRONI, EIRAS, ZAPATERO DE RUCKAUF, BILLOCH, PUPPO, GUTHMANN, RODRIGUEZ, VILELA, DE LA FUENTE, BALESTRINI, PASINI y SIMON.-------- -------------------------- LA DOCTORA GONZALEZ, dijo:-- -----------------------------------------En reiteradas oportunidades, en mi condición de integrante de la Sala II, he tenido oportunidad de expedirme en casos en los cuales se planteara la temática que nos convoca a acuerdo plenario, y en los mismos me he expedido propiciando una solución negativa (cfr. Sentencia Nro. 88.043 del 8 de junio de 2000 recaída "in re" "Guglielmino, Osvaldo c/ Filtros Lattanzio S.A. y otros s/ accidente ley 9688" y Sentencia Nro.48.034 del 12 de febrero de 2001 en autos caratulados "Vázquez, Alberto c/ Filtros Lattanzio S.A. y otro s/ accidente ley 9688", entre otros).-------------------En tales oportunidades sostuve que la finalidad del Fondo de Garantía consistía en garantizar al incapacitado laboral, ante situaciones de insolvencia laboral, su derecho a percibir el resarcimiento respectivo, y si bien la ley le impone el cumplimiento de determinados requisitos, las cuestiones formales no pueden operar en detrimento del fin principal del instituto, que tiende a preservar, como claramente señala el Fiscal General en su dictamen, que el trabajador, pueda percibir la indemnización a que tiene derecho, por la minusvalía laboral que padece como consecuencia de un infortunio laboral.------------------ -------No debe perderse de vista que la finalidad del instituto analizado la constituye la creación de un fondo de afectación especial cuya causa reconoce un solo fin que, es el de garantizar el cobro de las indemnizaciones legales por la minusvalía padecida por los dependientes.--------------------------------------------------- -----------------------La interpretación del tema sometido a decisión plenaria debe efectuarse de conformidad con los principios consagrados por el más Alto Tribunal en el sentido de que "la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad, es la letra de la ley" (Fallos 308:1745; 312:1098; 313:254) así como también "es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla" (Fallos 308:1861).------------------------No resulta ocioso memorar que también ha propiciado que "Teniendo en cuenta que el trabajo humano tiene características que imponen su consideración con criterios propios que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia, es lícito extender a los litigios laborales la pauta interpretativa definida por la Corte en materia de previsión social, según la cual debe actuarse con cautela para llegar a la denegatoria de beneficios reconocidos por la leyes de la materia" (Fallos 306:337).-----Ahora bien, la normativa aplicable prevé para el reconocimiento del derecho el cumplimiento de dos requisitos: uno demostrar judicialmente la insolvencia absoluta del empleador y el otro efectuar dicha demostración en el plazo de caducidad que la norma determina (art. 14 apartado 2, inciso a) de la ley 24.028) y tales extremos deben ser analizados, en el caso, en el marco de declaración de quiebra de la accionada.----------------------------- ------------------------------------------------A tal fin debe memorarse que como lo sostuviera Ireneo Alberto Banchs "la prueba de la insolvencia depende de diversas circunstancias, pero en general se considera así la imposibilidad de encontrar bienes para embargar, la inexistencia de cuentas bancarias, etc.. También se entiende que se demostró la insolvencia cuando se produce el concurso o quiebra del deudor..." ("Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales", pág. 83, edic. 1977).------------------------------- -------------- La declaración de quiebra entre otros efectos jurídicos, provoca de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 132 de la ley 24.522, que todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales -con las excepciones allí mencionadas- resulten atraídas por el juzgado comercial con competencia en la quiebra, quedando suspendido el trámite de dichos juicios, sin que se pueda realizar actos de ejecución forzada, por lo cual las gestiones razonablemente indispensables, a las que se encontraría sometido el trabajador interesado en percibir su indemnización, consistía en someterse al proceso de verificación de créditos, siendo este el modo natural de lograr el cobro de su beneficio.-------------------- - Por consiguiente, no se alcanza a advertir en el marco de la existencia de un juicio universal en el que opera el fuero de atracción, que tiene por fundamento el principio de universalidad y la efectivización de la par conditio creditorum, con el consiguiente desapoderamiento del deudor y su imposibilidad de disponer del patrimonio y efectuar pagos, cuales resultarían las exigencias a que debería someterse el trabajador, a fin de obtener el reconocimiento de la declaración judicial de insolvencia de la obligada a pagar su crédito.----------------------------------En consecuencia, quien adoptara el mecanismo legal de verificación de su crédito ante el juez con competencia en lo comercial, ha impedido que opere el requisito de caducidad previsto por la norma legal ante la inacción del acreedor, por lo que corresponde reconocer su derecho y ordenar al Fondo de Garantía que dé cumplimiento a la obligación que la ley impusiera a su cargo.----------------------------------------------- ---------En mérito a lo precedentemente expuesto, me expido por la negativa ante ambos interrogantes planteados.----------------------- ---------------------- EL DOCTOR MORANDO, dijo:-------- --------------------------------------La declaración de quiebra equivale a la declaración de insolvencia "absoluta" que el artículo 14 de la ley 24.028 establece como presupuesto de operatividad del derecho del trabajador que ha obtenido una sentencia de condena en un proceso fundado en dicha ley de ser pagado por Fondo de Garantía, sin verse obligado a verificar su crédito, salvo en la medida en que la ley no le ofrece cobertura. El Fondo queda subrogado en los derechos del acreedor así desinteresado y será quien deba someterse al trámite de cobro previsto en el proceso universal. Este es el esquema básico de la intervención de dicho Fondo, tanto en la ley 9688, como en la que la reemplazó en 1991.-------------------------- ---Declarada la quiebra, cesan la ejecuciones individuales de créditos contra el fallido. Los acreedores -en general- quedan sujetos al régimen de la Ley de Concursos y Quiebras y obligados a verificar sus créditos (artículos 125 y 126 L.C.Q.). La institución del Fondo de Garantía tiende a eximir a las víctimas de los siniestros cuya cobertura organizan, de este trámite. La sentencia declarativa de la quiebra torna a la exigencia de efectuar las Agestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia@, no sólo innecesaria Btiende a establecer la existencia de una situación que ese acto reconoce y declara expresamente-, sino jurídicamente imposible.----------------------------------Por estas razones y las que adornan el dictamen del señor Fiscal General, en mi opinión, no es exigible la realización de gestiones de cobro, con lo que doy respuesta al primer interrogante. Dado que el estado de quiebra es una situación que se extiende en el tiempo, en tanto no se produzca su conclusión, el titular del crédito indemnizatorio está legitimado para requerir el pago a través del Fondo de Garantía, en cualquier tiempo, haya o no intentado la verificación de su crédito. No es dudoso que en el supuesto de que no existan bienes liquidables, circunstancia que se pondría de manifiesto en el curso del procedimiento de quiebra, el acreedor que intentó el camino de la verificación podría dirigirse contra el Fondo de Garantía, hipótesis que, de admitirse que la omisión de otras gestiones distintas del pedido de verificación genera la caducidad de ese derecho, quedaría excluida.------Voto por la negativa a los dos interrogantes planteados.--------------------- EL DOCTOR CAPON FILAS, dijo:------------------------------------------A fin de resolver el primer interrogante que plantea la presente convocatoria cabe considerar que el artículo 14 inciso 2do. de la ley 24.028 tiene como finalidad la protección de la indemnización por accidente de trabajo en aquellos casos en que la demandada se encuentre en estado de insolvencia. En síntesis puede sostenerse que tal dispositivo legal tutela el crédito del trabajador incapacitado que se encuentra ante la imposibilidad de instaurar vías de ejecución compulsivas contra el deudor insolvente.------------------ ---------------------De modo que, en el caso de quiebra no resulta razonable exigir al acreedor gestiones a efectos de obtener de la obligada el pago correspondiente, desde que el estado falencial implica el desapoderamiento del empleador quebrado de todos sus bienes. Además, la declaración de quiebra conlleva la inejecutabilidad de cualquier sentencia condenatoria, aún tratándose de una indemnización por accidente. En consecuencia, dado la imposibilidad de pago fuera del trámite de distribución judicialmente controlada que significa el proceso universal, se impone una respuesta negativa el primer interrogante.-------En cuanto a los plazos fijados en la norma involucrada, considero que no pueden computarse rígidamente, ya que ello en situaciones como la quiebra de la deudora conduce a una desnaturalización del fin tuitivo de la disposición referida. Por otra parte, la quiebra decretada configura un signo revelador de la insolvencia absoluta del empleador, y un obstáculo insoslayable para el cobro del crédito que la propia ley equipara al alimentario, por lo que goza de un especial tratamiento.------Desde esta perspectiva, no corresponde exigirle el cumplimiento de plazos exiguos ante el proceso de quiebra de la accionada. Esta Sala ha sostenido que "...no puede, computarse el plazo previsto en la norma en cuestión, ya que ello en situaciones como la de autos, conduce a una desnaturalización del fin tuitivo de la disposición en cuestión, máxime cuando de las constancias del expediente se desprende que se realizaron infructuosas gestiones a los fines de lograr el cobro del crédito..." (Sentencia interlocutoria Nro. 18.772 del 21 de abril de 1997 in re "González, Mario Francisco c/ Ricardo Klahr Construcciones S.R.L. s/ accidente"), precedente que coincide plenamente con el tema en discusión y con la solución propuesta para el segundo interrogante.------Por ello, resolver restrictivamente llevaría al fin no querido por la ley y colocar a la víctima de un infortunio en total desamparo pese al reconocimiento del crédito alimentario a su favor. En definitiva, propongo una respuesta negativa al segundo interrogante.-------------------Y así voto.----- -------------------------------------------------------------------- ---- LA DOCTORA GARCIA MARGALEJO, dijo:---------------- -----------La lectura de los antecedentes del caso deja entrever que la postura del Fondo de Garantía no apuntaba, en rigor, a sostener que la declaración de quiebra no implica la imposibilidad de cobro del capital de sentencia por otra vía que no sea la verificación del crédito en el pleito universal, sino más bien a afirmar que, si la parte condenada tenía decretada judicialmente la falencia, la presencia del Fondo de Garantía en la causa debería pedirse en forma inmediata y no sin plazo alguno, sin perjuicio de que se concurra ante el juzgado comercial a verificar los créditos que el fondo no cubre (intereses, honorarios); así se desprende del escrito de contestación del recurso de inaplicabilidad de la ley en esta causa AVillarreal@.------------------------------------------------------- --------------------Más allá de tal señalamiento, dado el interrogante a contestar conforme quedara planteado, paso a expedirme.-------------------------------------------Teniendo en cuenta que la declaración de quiebra implica el desapoderamiento de pleno derecho de los bienes del fallido existentes a la fecha de dicha declaración y de los que adquiriera hasta su rehabilitación (art. 107 ley 24.522) y que la ejecución contra el deudor quebrado debe llevarse ante el respectivo juicio universal (art. 135 L.O.) no me parece dudoso que en tales casos el acreedor puede encauzar sus "gestiones de cobro" sólo por las vías de la verificación de créditos, y no le es exigible por ende que realice otras diligencias a aquellos efectos, por lo que mi respuesta al primer interrogante del temario ha de ser por la negativa.------------------------------ -------------------Agrego que, por similares razones, el sistema que prevé el inciso a) segundo párrafo del art. 14 ley 24.028 parece estar previsto para el caso del condenado -aunque luego resulte insolvente- respecto del cual sea viable intentar en el respectivo expediente del pleito individual trámites de ejecución que apunten al cobro de lo que adeuda, pese a que después su frustrado resultado los convierta en el medio para probar la insolvencia que justifique el pago por el Fondo de Garantía -no toda persona "quebrada" en el lenguaje vulgar está necesariamente decretada en forma expresa en bancarrota por un juez comercial en el proceso de la ley 24.522-. En otras palabras, la ley 24.028 (art. 14 cit.) no prevé expresamente "plazos" en el caso de falencia del deudor dispuesta judicialmente.- -------------------------------------------------------------------- ----Considerando lo precedentemente expuesto, el segundo punto del interrogante del temario también debe ser en mi postura, contestado en forma negativa, ya que si la previsión del inciso a) ya citado relativa a "gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia" no se identifica con la verificación del crédito en la quiebra, los plazos dispuestos por dicho inciso obviamente no se le aplican, y no hay tampoco vencimiento alguno de plazos pues éstos no correrían -conforme postura que he expresado- en el supuesto de insolvencia declarada en sede comercial.---------------------------- -------------------------De acuerdo con todo lo antes indicado, queda entonces relativizada la acotación efectuada en el primer párrafo de este voto, pues si los plazos del art. 14 párrafo segundo, inciso a) ley de accidentes 24.028 son inaplicables en caso de quiebra del deudor, no pueden aquéllos servir para hacer caducar los derechos del acreedor ante el Fondo de Garantía. Por último, y ya que el estado de cesación de pagos implica que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus obligaciones (art. 78 ley 24.522), no puedo sino coincidir con la opinión del Sr. Fiscal General ante esta Cámara en cuanto su dictamen hace alusión a que la declaración de quiebra es un emblema de la insolvencia; de tal manera, los quebrados ciertamente ya tienen la "insolvencia absoluta... judicialmente declarada" del inciso a) reiteradamente citado, por obra de trámites y procedimientos propios que -me parece- nadie, incluido el juez laboral, podría válidamente disputar.----------------------------------------------------------- ---------------------Propiciaré así, la respuesta negativa a los dos interrogantes del temario.- EL DOCTOR SCOTTI, dijo:---- -----------------------------------------------I.- El primero de los interrogantes propuestos consiste en determinar si deben cumplirse las "... gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia ..." a que alude el art. 14 inc. 2 ap. a) ley 24.028, cuando el obligado al pago de la indemnización por accidente de trabajo se halle en quiebra.---------------------------------------- --------------------------La respuesta, a mi juicio, no puede resultar sino negativa, de conformidad con el criterio mayoritario expuesto desde antaño en éste y en otros ámbitos jurisdiccionales, coincidente, por lo demás, con la opinión de la doctrina especializada (C.N. Trab. Sala II 29-6-72 en Leg. Trab. T. XX p. 754 con interesantes votos de los Dres. Goyena y Justo López; Suprema Corte de la Pcia. de Buenos Aires 14-12-71 en J. A. 15-564; Vázquez Vialard "Accidentes y Enfermedades del Trabajo" p. 346; Meilij "Comentarios a la Ley de Accidentes del Trabajo" p. 110).-Esta tesitura ha sido reiterada en fecha más o menos reciente tanto por la Sala II del Tribunal (S.D. 88.043 del 8-6-00 in re "Gugliemino, Osvaldo c/ Filtros Lattanzio S.A. y otros s/ accidente - ley 9688" y S.I. 48.034 del 12-2-01 in re "Vázquez, Alberto c/ Filtros Lattanzio S.A. y otro s/ accidente - ley 9688") como por la Sala X que integro (S.I. 7.826 del 22-11-01 in re "Benitez, Olga B. c/ Fuar S.A. s/ accidente - ley 9688" y S.I. 7.617 del 11-10-01 in re "García, Segundo c/ Indam S.A. s/ accidente - ley 9688" entre otros).--------------------------------------En esas condiciones, lo dispuesto por los arts. 1, 77, 78 y concs. ley 24.522 y la claridad de los conceptos vertidos por el señor Fiscal General, los que comparto plenamente, tornan innecesaria cualquier otra consideración tendiente a sostener la contestación NEGATIVA que, tal como lo adelantara, formulo con relación al primer punto del temario propuesto.---------------------------------------------------------- -------------------II.- La misma posición sustento con relación a la segunda parte de la convocatoria, vinculada a determinar si, en caso de quiebra del obligado al pago, el vencimiento de los plazos fijados en el art. 14 párrafo 2 inc. a) ley 24.028 importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia a los fines previstos en dicho dispositivo.--------------------Entiendo que este interrogante también debe ser evacuado negativamente, dado que tal como lo señalara con toda claridad la Dra. María Laura Rodríguez al votar en las causas "López, José F. c/ Aci Formas S.A. s/ accidente - ley 9688" S.I. 37.058 del 8-9-94 y "Vázquez, Alberto c/ Filtros Lattanzio S.A. y otro s/ accidente B ley 9688" S.I. 48.034 del 12-2-01, ambos del registro de la Sala II, el plazo previsto en dicha norma es un término de caducidad que solamente tiene por finalidad evitar la inacción del acreedor en el proceso de ejecución y no erigirse en un valladar insalvable para que el trabajador accidentado se vea privado de efectivizar el resarcimiento derivado de una sentencia firme en su favor.---------- -----------------------------------------Es por ello, y me mantengo siempre en el razonamiento de la Dra. Rodríguez, que a los efectos previstos en el art. 14 ley 24.028 no corresponde computar el tiempo transcurrido con posterioridad a la declaración de quiebra. Ello es así dado que lo realmente trascendente es que la inactividad de la parte no haya contribuido a la insolvencia de la condenada en detrimento del Fondo de Garantía. Parece claro, entonces, que la intención del legislador al establecer esos plazos es impedir que la morosidad del ejecutante pueda haber incidido en la situación patrimonial de la obligada; y es por ello que no resulta trascendente -en caso de falencia declarada judicialmente- que el pedido formulado en los términos del citado art. 14 ap. 2 ley 24.028 se efectúe una vez transcurridos dichos términos; más aún, si no cabe efectuar diligencia alguna de carácter ejecutivo (extremo que parece incontrastable), no se advierte como podría determinarse el punto de partida de ese término, dado que si no es factible realizar gestión alguna, no se sabe desde cuando comienza a correr el segundo de los plazos que presupone, como lo indica agudamente el señor Representante del Ministerio Público en la Alzada.------------------ ---------En suma, por estas breves consideraciones y lo dictaminado por el señor Fiscal General, voto también por la negativa a la segunda cuestión.--------------------------------------------------- ---------------------------- EL DOCTOR FERNANDEZ MADRID, dijo:-----------------------------Entiendo que la imposibilidad jurídica de instaurar o proseguir vías de ejecución individual compulsiva contra el deudor convocatorio, pone de manifiesto la situación de "insolvencia" a que se refiere el inciso a) del párrafo 2 del art. 14 de la ley 24.028, desde que éste precepto sólo requiere la demostración de insolvencia actual del empleador y no la prueba de la definitiva imposibilidad material de cobrar, en un futuro más o menos mediato, la indemnización debida al trabajador o una parte de ella, como condición sine qua non para que quede expedita la acción contra el Fondo de Garantía.--------------- ----------------------------------------La convocatoria de acreedores de la patronal configura el supuesto de "insolvencia absoluta" sin que sean necesarias "gestiones de cobro", cuando no pueden realizarse actos de ejecución forzada.-------------------- Respecto del segundo planteo, la Sala que integro se ha expedido en las S.I. 24.317 del 26/9/01 in re "Farías, Saúl c/ Frigorífico Pilaró S.A. s/ accidente ley 9688", S.I. 24.422 del 30/10/01 in re "Medina, Clemente Orfelino c/ Frigorífico Yaguané S.A. s/ accidente ley 9688" y en la S.I. 24.480 del 19/11/01 in re "Maidana, Arcadio c/ Cominco S.A. s/ accidente ley 9688" manifestando que no corresponde exigir cumplimiento de plazos exiguos ante el proceso de quiebra de la accionada.-------------------------------------------- ---------------------------------Comparto los términos del Fiscal General del Trabajo por considerar que el Fondo de Garantía debe tratar de cumplir su función específica que es la protección por accidente de trabajo en los casos en que la demandada se encuentre en estado de insolvencia y no de obstruir los pasos procesales necesarios para ello.-------------------------------------------Las acciones subrogatorias que pueden derivar del pago al acreedor laboral están siempre abiertas y a disposición del Fondo para hacerlos efectivos en la quiebra, con lo cual se salvan todos los derechos tutelados en la ley, tanto los del Fondo de Garantía como los del acreedor damnificado, cumpliéndose los fines tuitivos del Derecho del Trabajo.------------------------------------------------ --------------------------------En consecuencia, mi voto es por la negativa a ambos interrogantes.------- EL DOCTOR BERMUDEZ, dijo:---------------------------------------------La inteligencia que cabe acordar al art. 14 párrafo II, inciso a) de la ley 24.028, motiva esta convocatoria que reitera un aspecto que en más de una oportunidad y mientras investía la calidad de Titular del Ministerio Público del Trabajo he tenido ocasión de expresar mi parecer sobre el precepto que fuera antecedente directo del que ahora se va a examinar, o sea el art. 10 de la entonces ley 9.688.-- --------------------------------------En esa perspectiva, y como lo rememora el dictamen del Sr. Fiscal General, sostuve invariablemente que existe una nítida separación entre el concurso preventivo y la quiebra en orden a la exigencia impuesta por las normas aludidas acerca de que el trabajador o sus causa habientes para gozar de la garantía debían realizar las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia en el plazo que se establecía para ello, dispositivo que indudablemente estaba dirigido a impedir que la desatención o falta de diligencia del acreedor incidiera desfavorablemente en la actitud del deudor al facilitar su insolvencia en el período posterior a la exigibilidad de la condena y ello redundara en directo perjuicio del régimen de garantía que la misma norma creara para conjurar una situación de impotencia patrimonial cuyo acaecimiento se produjera pese a la diligencia del trabajador.-------------Una vez declarado el estado de quiebra pareciera carente de sentido práctico exigir comportamientos que conciernen a la ejecución de la sentencia cuando el obligado ha sido desapoderado de sus bienes y todas las medidas de ejecución en principio quedan centralizadas en el juicio universal por lo que la ratio legis de evitar una conjetural negligencia del acreedor en esta hipótesis pierde toda virtualidad y en cambio colócase en primer plano la necesidad de que la víctima o sus causa habientes invocada tal situación obtenga sin más la declaración de insolvencia porque esa es la función fundamental y el objetivo último para la creación del denominado Fondo de Garantía, ya que de otro modo sería inicuo someter la percepción del resarcimiento respectivo al a veces sinuoso y prolongado tránsito del proceso falencial.---------------- Pero aún, sino se coincidiera con este punto de vista igualmente la respuesta debiera ser negativa, en tanto queda fuera de controversia que el plazo consagrado en la norma examinada constituye una caducidad y por lo tanto afectando el derecho de la víctima o sus causa habientes para obtener el pago del Fondo de Garantía su aplicación debe ser restrictiva, no sólo por la télesis de la norma que creara el instituto sino por que para que adquiera plena operatividad aquéllos deben estar posibilitados de ejercitar los actos que la disposición legal contempla como idóneos para reputar configurada la conducta razonable para ejecutar la sentencia pero como de acuerdo al art. 132 de la ley concursal -24.522- y de su similar anterior, está vedado todo acto de ejecución forzada, la única conclusión posible sería por vía extensiva y analógica, lo cual no cabría por la índole de la caducidad que ello alcanza a la verificación, hipótesis de ningún modo prevista en la ley y además innecesaria si se atiende a que no hay posibilidad de que pueda tildarse de negligente el comportamiento de quien está constreñido a un proceso universal con un procedimiento uniforme para la liquidación y distribución de los bienes, circunstancia que tornaría inaceptable exigir la adopción de gestión alguna de cobro.---------- -------------------------------A idéntica conclusión cabría arribar para la segunda pregunta, porque reiterase el plazo allí fijado no lo es en función del estado falencial y la época en que la sentencia estuvo en condiciones de ser ejecutada, por lo cual también la respuesta será negativa.----------------------------------------- EL DOCTOR CORACH, dijo:------------------------------- ------------------Dos son los interrogantes, por los que se nos convoca, a saber: 1) Si el deudor se halla en quiebra, ¿es exigible para el acreedor, en los términos del art. 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028, llevar a cabo gestiones de cobro? y 2) En el mismo supuesto, el vencimiento de los plazos fijados en el artículo 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028 )importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia?".-------------------- -----------------------------------------------------Respecto al primero de los interrogantes, la respuesta es por la negativa. Ello es así, conforme lo ha resuelto la Sala X que integro en autos: "Benítez, Olga B. c/ Fuar S.A. s/ accidente de trabajo - ley 9688", S.I. 7.826 del 22/11/01 y "García, Segundo c/ Indam S.A. s/ accidente - ley 9688", S.I. 7.617 del 11/10/01.--------------------- ------------------------------La ley de Accidentes de Trabajo creó un fondo como garantía para los trabajadores o sus derechohabientes cuyo fin es afrontar la condena en casos de insolvencia del empleador y, tal como lo expone el Dr. Alvarez, este Fondo de Garantía ha sido pensado para pagar a los trabajadores y no para polemizar con las víctimas en dilatados trámites incidentales.------ -------------------------------------------------------------------- -Por lo tanto, si la quiebra del empleador, trae aparejada su imposibilidad de pagar la indemnización adeudada, resulta a mi juicio, innecesaria la realización de "trámites" para obtener su cobro si es sabido que tal situación implica una cesación de pago (conf. arts. 1, 77, 78 y ss. de la ley 24.522).--------------------- -------------------------------------Todo ello, teniendo en cuenta el marco protectorio que rige al Derecho del Trabajo, que en el caso se traduce en facilitar al trabajador la percepción de su crédito reconocido judicialmente de innegable carácter alimentario.--------- ------------------------------------------------------------------- En cuanto al segundo de los interrogantes, también mi respuesta es por la negativa.---------------------------------------------------- ------------------------En efecto, este interrogante aparecería como subsumido en el anterior, ya que el sistema de caducidad es uno solo, por lo que, resulta necesario aclarar que lo que importa es que la inactividad de la parte no haya contribuido a la insolvencia de la condenada en detrimento del Fondo de Garantía.---------------- ---------------------------------------------------En esta inteligencia, de conformidad con la forma en que se responde el interrogante anterior, si se considera innecesario la demostración de la insolvencia cuando el empleador se encuentra en quiebra, en idéntico sentido, deviene innecesaria la consideración de los plazos transcurridos con posterioridad a la declaración del estado falencial.---------------------- EL DOCTOR RODRIGUEZ BRUNENGO, dijo:------------------------Respecto del interrogante que se nos propone, comparto en un todo los fundamentos que expone el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el impecable dictamen que antecede, en el que destaca, entre otras conclusiones, que no es exigible al acreedor cumplir con lo previsto por el art. 14 inc. a) de la ley 24.028 en caso de quiebra del empleador, teniendo en cuenta que el "Fondo de Garantía" fue creado "... para "pagar" a los accidentados y disipar dificultades en el cobro causadas por los avatares patrimoniales de las empresas...".----Debe recordarse, que es regla de la interpretación de las leyes que la misma se practique con la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 304, 578). Más aún, cuando se discute acerca de la conservación de los derechos sociales, teniendo en cuenta la doctrina de nuestro más Alto Tribunal, sobre la irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad social.------------------------------ --------------También se ha dicho que "...la misión del intérprete consiste en indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos, que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues sea cual fuere la naturaleza de la norma, es necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa..." (voto en disidencia de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Jorge Antonio Bacqué, en fallo de la Corte Suprema de Justicia "Troiani, Pedro Norberto c/ Ford Motor Argentina S.A.", del 16 de agosto de 1988).-----Voto, en consecuencia -y como ya lo anticipé- por una doble respuesta negativa al temario fijado.----------------------------------------- ----------------- EL DOCTOR MORELL, dijo:-------------- -----------------------------------Adhiero al dictamen del señor Fiscal General Dr. Eduardo O. Alvarez y al voto de mi colega de Sala doctora María Cristina García Margalejo y, en consecuencia, me expido por la NEGATIVA a los dos interrogantes planteados en el temario.------------------------------------------A mayor abundamiento y teniendo en cuenta el caso que motivó esta convocatoria, comparto lo que puntualizan en sus votos los señores jueces Doctores Graciela A. González y Juan Carlos E. Morando, de que el pedido de verificación en el proceso concursal que formule el trabajador acreedor de las indemnizaciones del art. 8 de la ley 24.028 significa todo lo contrario a la inacción o desinterés que es presupuesto insoslayable de toda caducidad.------------------------- ------------------------- EL DOCTOR RUIZ DIAZ, dijo:--- --------------------------------------------Esta Sala VII en su sentencia interlocutoria Nro.23.594 del 28/12/2001, en la causa Nro. 13.886/1991, dictado en autos: "Umaño, José Santos c/ Nicolás Orlando S.A. y otro s/ accidente - ley 9688", compartió el dictamen Nro. 32.541 producido por la señora Fiscal Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que la doctora Virginia Elisabeth Kunath sostuvo que: "...conforme lo establece la norma sustantiva, la garantía prevista en la ley 24.028 requiere por parte del acreedor la realización de las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia dentro del plazo de noventa días de quedar firme. Es decir que se insta al interesado a promover las diligencias que demuestren su interés en efectivizar el fallo, con el objeto de impedir cualquier maniobra del obligado para eludir su cumplimiento (ver entre otros, dictamen Nro. 23.842 del 18/11/97, en autos "Ruiz, José c/ Mapelgo S.R.L. s/ accidente - ley 9688", de la Sala IV, etc.)".--------------------------------------- ---------------------------------La Sala valoró también que se consideran pruebas del estado de insolvencia: la imposibilidad de encontrar bienes para embargar, la inexistencia de cuentas bancarias y la falta de recursos líquidos e ilíquidos para enfrentar las obligaciones (en este sentido ver "Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales", Ireneo Banch, pág. 83).---------------- ----------------------------------------------------------------Por otra parte sabido es, que las disposiciones que rigen la caducidad de la instancia, atento el objetivo que persiguen y las consecuencias que producen, no pueden ser interpretadas sino con criterio restrictivo.-------Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "...por tratarse de un modo anormal de terminación del proceso debe interpretarse restrictivamente, y la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar, con exceso de ritual, al criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio..." (conf. Fallos; 308:2219; 312:1702).- ---------------------------------------------------------------En consecuencia, la caducidad se impone "sólo" si hay desinterés y abandono.----------------------------------------------------------- -------------------A mayor abundamiento, cabe poner en relieve que el instituto de la "caducidad", como se dijo, siempre es de interpretación restrictiva y debe ser aún más estricta en el ámbito laboral, en la medida que afecte derechos reconocidos al trabajador, de inequívoca finalidad asistencial y alimentaria, y cuya subsistencia debe favorecerse (conf. Vázquez Vialard "Tratado de Derecho del Trabajo" T. V págs. 718/719; con citas tales: la Rodríguez "Los principios del derecho del trabajo" pág. 132; Hueck B Nipperdey, "Compendio de Derecho del Trabajo" pág. 366; Ojeda Avilés Antonio "La asimilación por el ordenamiento laboral de la caducidad de derechos", en "Revista de Política Social", Madrid 1972, Nor. 95 pág. 77; Sala I in re "Paneta, José c/ Matadero y Frigorífico Antártico S.A. s/ cobro".------------------------------- --------------Para concluir resulta insoslayable destacar que, en el espíritu de la norma, la creación de este organismo administrativo (Fondo de Garantía) surge con el objetivo de evitar el desamparo del accidentado frente a un empleador insolvente.----------------------- --------------------------La doctrina también ha entendido que Aen el supuesto de haberse decretado la quiebra del demandado, el hecho debe considerarse como un signo revelador de la insolvencia absoluta del empleador, ya que se plantea un obstáculo para obtener el cobro de un crédito que la propia ley equipara al alimentario, por lo que goza de un especial tratamiento@ (Vázquez Vialard, A. Accidentes y Enfermedades del Trabajo - Ley 24.028@, pág. 318).------------------ ------------------------------------------------Abundando, señalo que esta Sala en su S.I. Nro. 23.594 del 28/12/01 dictado en la causa Nro. 21.519/96, en los autos "López, Santos Anacleto c/ Interpar S.A. s/ accidente - ley 9688" tuvo en cuenta que la doctrina ha entendido que "en el supuesto de haberse decretado la quiebra del demandado, el hecho debe considerarse como un signo revelador de la insolvencia absoluta del empleador, ya que se plantea un obstáculo para obtener el cobro de un crédito que la propia ley equipara al alimentario, por lo que goza de un especial tratamiento" (Vázquez Vialard, A. "Accidentes y Enfermedades del Trabajo - Ley 24.028", pág. 318; citado por la señora Fiscal Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el dictamen Nro. 32.541, producido en autos "Umaño, José Santos c/ Nicolás Orlando S.A. y otro s/ accidente - ley 9688").---------------------- -----------------------------------------------------------Por ello y por las razones vertidas por el Sr. Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez en su dictamen voto entonces por la negativa a ambos interrogantes.------------------------------------------------------ -------------------- LA DOCTORA PORTA, dijo:----------- ---------------------------------------El art. 14, párrafo 2, inc. a) de la ley 24.028 dispone que los recursos de la cuenta especial "Fondo de Garantía" se destinarán exclusivamente a pagar las indemnizaciones establecidas en el art. 8 que dejaren de abonarse por insolvencia absoluta de los empleadores y sus aseguradores judicialmente declarada. Para gozar de esta garantía, el trabajador, o sus causahabientes deberán realizar las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia, dentro del plazo de noventa (90) días de quedar aprobada la liquidación y solicitar la declaración de insolvencia dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo antes indicado.------------------------------------ -------------------------Dos son los interrogantes que estamos llamados a responder. La primera pregunta es si el deudor se halla en quiebra, ¿es exigible para el acreedor, en los términos de la norma antes citada, llevar a cabo gestiones de cobro?. El segundo interrogante parte del mismo supuesto y es ¿el vencimiento de los plazos fijados en dicha norma importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia?.-------------Antes de contestar tales preguntas entiendo necesario recordar que en el espíritu de la norma, la creación del Fondo de Garantía tiene como objetivo evitar el desamparo del trabajador accidentado frente a un empleador insolvente y que no puede soslayarse, que el art. 9 del decreto 1.792/92 establece, que el pago de las indemnizaciones por dicha entidad administrativa en los supuestos de insolvencia declarada judicialmente, será considerado como efectuado por un tercero con subrogación en los derechos del acreedor (ver mi voto en sentencia Nro. 82.605 del 30.8.2001, en autos "García, María Mercedes c/ Telica S.A. y otro s/ despido"; sentencia Nro. 84.011 del 13.9.2002 in re AValdez, Inocencio c/ Automotores San José de Flores S.A. s/ accidente B ley 9688@; sentencia Nro. 50.131 del 30.9.99 en la causa "Rodríguez, Ramón Isidro c/ Linera Bonaerense S.A. s/ accidente - ley 9688@, todas del registro de la Sala III).---------------------- ------------------------------------En mi criterio, debe responderse por la negativa a ambas preguntas.------En relación con la primera, la cuestión es clara ya que si el deudor ha sido declarado en quiebra no puede exigirse al acreedor laboral, que vale recordarlo es un trabajador que ha sufrido una pérdida en su capacidad laboral, que realice gestiones para evidenciar lo que ya es obvio, pues la declaración de quiebra por parte de un juez comercial no deja lugar a dudas acerca de cuál es la situación patrimonial del empleador así como descarta cualquier clase de connivencia entre acreedor y deudor destinada a perjudicar al Fondo de Garantía, por lo demás el estado falencial del deudor impide que el acreedor pueda realizar actos de ejecución forzada fuera del proceso concursal (art. 135 ley 18.345, arts. 125, 126, 132 ley 24.522).------------------------------------ En cuanto a la segunda cuestión vale señalar que la garantía dispuesta en el ítem a) del inc. 2 del art. 14 de la ley 24.028 requiere por parte del acreedor la realización de las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia dentro del plazo de noventa días de quedar firme, es decir, que se insta al interesado a promover las diligencias que demuestren su interés en efectivizar el crédito reconocido por el fallo, con el objeto de impedir cualquier maniobra del obligado para eludir su cumplimiento.-------------------------------------------Vale señalar que si el instituto de la caducidad siempre es de interpretación restrictiva, debe serlo aún más en el ámbito laboral, en la medida que afecte derechos reconocidos al trabajador, de inequívoca finalidad asistencial y alimentaria y cuya subsistencia debe favorecerse (Vázquez Vialard "Tratado de Derecho de Trabajo", T. V, págs. 718/719; ver sentencia Nro. 82.605 del 30.8.2001 "García...", ya citada).--------------------------------------------------------- ------------------------Concuerdo en este punto con la tesitura que expusiera el Dr. Moliné O'Connor al decidir los autos "Aguiar, Angel A. c/ Castyco S.R.L.", quien en esa ocasión sostuvo "...la insolvencia absoluta de los empleadores y aseguradores judicialmente declarada (art. 14, inc. 2, a, ley 24.028) configura un recaudo de naturaleza incompatible con el transcurso de un plazo fatal, extremo que imponía al sentenciante efectuar una interpretación que, sin prescindir de la norma, no descuidara esa naturaleza del requisito a acreditar, so pena de convertir su exigencia en un artilugio destinado a evitar la concreción práctica de la protección que esa misma ley confiere al trabajador, propósito impensable en el legislador. Ello es así con mayor razón si se atiende a la naturaleza alimentaria de la prestación, la que imponía a los jueces fijar con suma cautela el alcance de las normas aplicadas, procurando que su aplicación racional y prudente evitara el riesgo de caer Bcomo sucedió- en un formalismo estéril que, en definitiva, condujo a un infundado desconocimiento del beneficio perseguido (Fallos: 313:232; 316:3043; 317:750; 318:1695; 319:2351; 320:364; 323:2637).-------------Tampoco puede perderse de vista que la experiencia indica que los plazos que establece el citado art. 14, ap. 2 inc. a) resultan manifiestamente incompatibles con los que establece la Ley de Concursos y a los cuales debe ceñirse el trabajador ya sea que pretenda obtener la declaración de quiebra del empleador o bien verificar su crédito en el proceso universal.------ ---------------------------------------------Por ello considero que decretada la quiebra del deudor, el trabajador accidentado está legitimado para requerir el pago al Fondo de Garantía en cualquier tiempo mientras no se produzca la conclusión del proceso de quiebra.------------------------------------------------------------ -----------------En definitiva, y por lo que antecede, voto por la negativa respecto de ambos interrogantes.--------------------------- -------------------------------------- EL DOCTOR PIRRONI, dijo:------------------------------------------------- Frente a los dos interrogantes que plantea el plenario convocado, adelanto mi opinión en cuanto a que comparto los fundamentos y conclusiones a que arribó el Sr. Fiscal General del Trabajo.-------- --------Sin perjuicio de ello, deseo destacar que el análisis de la cuestión, que ha incluido la consideración de los distintos fallos de esta Excma. Cámara citados en los votos precedentes, ratifica mi convicción de que ambos interrogantes planteados deben ser respondidos por la negativa.--Arribo a tal conclusión con base en considerar y compartir con los distinguidos colegas que opinan en sentido similar, que la insolvencia "absoluta" a que se refiere el art. 14 de la ley 24.028, en lo sustancial, es una declaración de quiebra, lo que a su vez implica la imposibilidad de perseguir mediante una acción de ejecución individual contra el deudor la percepción del crédito.--------------------------------------------- ---En tal entendimiento, acreditada por medio de dicha circunstancia la insolvencia del deudor (empleador), aún en la hipótesis de que fuese un estado transitorio de falencia, no se requiere más que ello -en mi opinión-, como para habilitar la acción contra el Fondo de Garantía.------Arribo a tal conclusión porque, además, comparto lo sostenido por el Sr. Fiscal General que el Fondo aludido tiene como función sustancial afrontar los pagos a que resultan acreedores los trabajadores en las obligaciones de la naturaleza bajo examen, con el objeto de evitar la dilación en el tiempo, desnaturalizando la prioridad en el cobro por parte del trabajador, de esos créditos y sobre todo teniendo en cuenta el carácter alimentario de los mismos.----------------------------------------------A mayor abundamiento, entiendo que no resultaría razonable exigirle al trabajador agotar instancia de ejecución alguna que en definitiva devendría inconducente, dado que el estado de quiebra del empleador esta originado en un estado de falencia que lo llevó a la cesación de pagos que incluye la imposibilidad de cualquier ejecución que vaya contra el patrimonio, dado el carácter de crédito común de todos los acreedores.----------------------------------------------- -----------------------------En virtud de lo expuesto, opino que no resulta exigible al trabajador (acreedor) cumplir con lo normado en el art. 14 inc. a) de la ley 24.028 en caso de quiebra del empleador.------------------------------------------------En su consecuencia, voto por la negativa en el caso del primer interrogante planteado.--------------------------------------------- ----------------- En cuanto al segundo interrogante arribaré a igual conclusión dado que el plazo que prevé el art. 14, 2do. párr. inc. a) de la ley 24.028 se refiere a un término de caducidad cuyo objetivo es evitar la inacción del acreedor en el proceso de ejecución, pero bajo ningún concepto podría interpretarse que su no cumplimiento es obstáculo para que el trabajador pierda derecho a percibir el crédito que le ha sido reconocido mediante una sentencia judicial firme.-------------------------------------------Ello me lleva a interpretar, que no corresponde computar a los efectos previstos en el art. 14 citado el tiempo transcurrido con posterioridad a la declaración de quiebra del empleador.------------ ---------------------------Cabe destacar al respecto, que el objetivo de la norma es que la inacción del acreedor no haya configurado un aporte a la insolvencia del condenado en disfavor del Fondo de Garantía.---------------------------------Por todo lo expuesto, y demás argumentos volcados en el pronunciamiento del Sr. Fiscal General, es que también voto por la negativa al segundo interrogante.-------------------------------------------------- EL DOCTOR EIRAS, dijo:-------------------------------- ---------------------La convocatoria a plenario presenta dos interrogantes: Si el deudor se halla en quiebra, ¿es exigible para el acreedor, en los términos del artículo 14 inciso 2) apartado a) de la ley 24.028, llevar gestiones de cobro?; y en el mismo supuesto, el vencimiento de los plazos fijados en la norma citada precedentemente, ¿importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia?.---------------------------------------- -----El artículo 14 inciso 2) apartado a) de la derogada ley 24.028, establece que para gozar de la garantía de pago por parte del Fondo de Garantía, el trabajador debe, dentro de los noventa días de quedar aprobada la liquidación, realizar las gestiones razonables para ejecutar la sentencia, y vencido dicho plazo, solicitar la insolvencia en los treinta días subsiguientes.---------------------- ---------------------------------------------------La norma citada sólo requiere la demostración de insolvencia actual del deudor y no la acreditación de la imposibilidad material de cobrar en el futuro más o menos mediato, la indemnización emergente de un accidente de trabajo, debida al trabajador o una parte de ella, como condición "sine qua non" para que quede expedita la acción contra el Fondo de Garantía (ver en sentido análogo, S.I. N 48.344 del 22/5/98, en autos "Verón, Adam Benito c/ Adolfo Guerrico S.A. s/ ley 9688"; S.D. N 83.432 del 12/4/02, en autos "Casco, Alberto c/ Papelera Indam S.A. s/ 9688", ambas del registro de la Sala III).------------------ ----En el caso, la declaración de quiebra por parte de un juez comercial del deudor implica la insolvencia absoluta del mismo, por ende, no puede exigirse al trabajador que cumpla con los recaudos establecidos por la norma.------------------------------------------ ----------------------------------------El plazo previsto en el artículo 14 es un término de caducidad cuya finalidad es evitar la inacción del deudor en el proceso de ejecución y no convertirse en un plazo fatal para el trabajador incapacitado o sus causahabientes, que impida a estos efectivizar el cobro de la reparación derivada de una sentencia firme a su favor.------------------------------------- Es por lo expuesto y los fundamentos que expusiera el Sr. Fiscal General en su dictamen que voto por la negativa en ambas cuestiones.--- LA DOCTORA ZAPATERO DE RUCKAUF, dijo:--- -------------------El doble interrogante que nos convoca a fin de dilucidar si es exigible para el acreedor, en los términos del artículo 14 párrafo 2 inciso a de la ley 24.028, llevar a cabo gestiones de cobro cuando el deudor se halla en quiebra, y en el mismo supuesto, si el vencimiento de los plazos fijados en tal norma, importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia, no tiene -en mi opinión- más que una respuesta negativa.----------------------------------------------------------- --------En efecto, de conformidad con lo previsto en la ley 24.028, el crédito proveniente de la Ley de Accidentes de Trabajo que surja de una sentencia, puede ser reclamado por el trabajador y sus derechohabientes al fondo de garantía cuando judicialmente se haya declarado la "insolvencia absoluta de los empleadores" (cfr. art. 14, inc. 2 a ley 24.028).------------------------------------------- -------------------------------------A fin de lograr esa declaración, la norma citada dispone que el trabajador y sus derechohabientes deberán realizar las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia, dentro del plazo allí contemplado.-------------------------------------------------------- -----De ello se colige que el interesado debe instar y promover diligencias e intentos concretos, a través de medidas pertinentes, tendientes a demostrar el estado de falencia de la accionada y evitar maniobras del deudor tendientes a eludir el cumplimiento de su obligación.---------------Ahora bien, en el supuesto de haberse decretado la quiebra del empleador, el hecho debe considerarse como un signo revelador de la insolvencia absoluta de aquél, ya que en el caso, se plantea la imposibilidad por parte del trabajador de hacer efectivo el crédito ejecutándolo individualmente y sobre bienes del deudor.--------------------Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que -tal como lo señala el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- "el Fondo de Garantía fue creado para pagar a los accidentados y disipar dificultades en el cobro, causadas por los avatares patrimoniales de las empresas", resulta, en mi opinión, carente de sentido exigir la realización de tales gestiones de cobro, toda vez que el obligado ha sido desapoderado de sus bienes y como dije precedentemente, resulta imposible el pago fuera del trámite de distribución que el juicio universal trae aparejado.---------------------------En cuanto al segundo interrogante, entiendo que si resulta innecesaria la realización de trámites para procurar el cobro del crédito, los plazos previstos en el mencionado artículo no se aplican, y por tanto los mismos no pueden importar la caducidad del derecho del acreedor a pedir la declaración de insolvencia.--------------------- -------------------------En consecuencia, como lo anticipara, voto por una doble respuesta negativa al interrogante planteado.--------- --------------------------------------- EL DOCTOR BILLOCH, dijo:------------------------------------------------Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Morando, y consecuentemente, me pronuncio por la negativa.--------------------- -------- EL DOCTOR PUPPO, dijo:------------------------ ----------------------------Respondiendo a los dos interrogantes que son materia de la convocatoria a Plenario, coincido con la argumentación expuesta por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara en cuanto a la naturaleza que tiene el Fondo de Garantía previsto en el art. 14 de la ley 24.028 -hoy derogada- que, como bien lo apunta el Dr. Gregorio Corach, este fondo tiene por objeto garantizar a los trabajadores o sus derecho habientes a lograr el cobro sin más trámite de sus acreencias derivadas de la Ley de Accidentes de Trabajo en casos de insolvencia del empleador, de modo que producido el "desapoderamiento" de éste, resulta estéril exigir a aquéllos la realización de mayores gestiones de cobro, razón por la cual mi respuesta es negativa al primero de los temarios.------------------- ------Idéntica respuesta merece el segundo interrogatorio de la convocatoria pues coincido con los argumentos ensayados por el Sr. Fiscal General, a los cuales brevitatis causae me remito.----------- -------------------------------Es todo.----------------------------- --------------------------------------------------- LA DOCTORA GUTHMANN, dijo:------------------------------------------Que adhiero al dictamen del Sr. Fiscal General del Trabajo y en consecuencia voto por la negativa a los dos interrogantes del temario.--- LA DOCTORA RODRIGUEZ, dijo:---------------- -------------------------En atención a los numerosos precedentes en los cuales me he expedido en la Sala que integro y compartiendo los fundamentos expuestos por mi estimado colega el Dr. Jorge Guillermo Bermúdez, voto por la negativa a ambas cuestiones.------------------ ------------------------------------------------ EL DOCTOR VILELA, dijo:------------------------------------------------ ---Por los fundamentos vertidos por el Sr. Fiscal General, voto por la negativa a ambos interrogantes.---------------------------------- ----------------- EL DOCTOR DE LA FUENTE, dijo:-------- --------------------------------Comparto los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; por ello voto por una doble respuesta negativa al temario fijado.------------------------------------- EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:-------------------------------------------En torno al planteo que motivara la presente convocatoria, he de destacar que comparto en un todo la opinión vertida por el Fiscal General ante esta Cámara, que en honor a la brevedad, doy por reproducida en este acto.-----------------------------------------------------------En consecuencia, propongo el voto negativo al doble interrogante planteado.---------------------------------------------------------- -------------------- LA DOCTORA PASINI, dijo:---------- ----------------------------------------En torno a los interrogantes que nos convocan, adhiriéndome al dictamen del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que comparto en su totalidad y doy por reproducido en todos sus términos, voto por la negativa en ambos casos.----------------------------------------- ------------------------------------------ EL DOCTOR SIMON, dijo:----------------------------------------------------Por iguales fundamentos que los que lucen en el dictamen del Sr. Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez y de mis colegas los Dres. Héctor J. Scotti y Gregorio Corach, voto por la negativa a los dos interrogantes formulados.------------------------------------------- --------------------------------- Por la AFIRMATIVA a ambos interrogantes constituyendo MINORIA, vota el doctor MORONI.--- ---------------------------------------- EL DOCTOR MORONI, dijo:-------------------------------------------------Me siento obligado a efectuar ciertas disgresiones previas a la fundamentación de mi respuesta al doble interrogante propuesto:----- -----No dudo que quiebra es insolvencia, como no dudo que un juez laboral no puede decretar la solvencia patronal frente a la declaración firme de su quiebra en sede comercial, ni tampoco pretendo ignorar el dolor de la víctima en recorrer el intrincado itinerario del proceso universal.----------Aclaro: de lo que se trata aquí no es de declarar solvente al insolvente a costa del sufrimiento de la víctima, sino de establecer puntualmente si existe o no responsabilidad indemnizatoria del Fondo de Garantía.-------- Pues bien, para tornar operativa tal responsabilidad se requiere no sólo la insolvencia patronal sino el oportuno cumplimiento por el acreedor del deber impuesto por el legislador.---------------------- -----------------------Enfatizo "oportuno" por cuanto la ley ha establecido un sistema de caducidad que obviamente "caduca" en algún momento y ese momento se encuentra precisa y claramente determinado en el último párrafo de la norma en análisis.----------------------- ---------------------------------------------La quiebra no exime de esta carga si recordamos que la legislación se refiere específicamente a la Ainsolvencia absoluta judicialmente declarada@ (sic). Resulta muy difícil, por no decir imposible, entender que este presupuesto legal extraña a la quiebra.------------------------ -------Cuesta imaginar una cobertura omnipresente frente a un sistema de caducidad legal de la misma. La ley es clara y terminante en cuanto obliga al acreedor a realizar las "gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia" (art. 2 inc. a) Ley 24.028).---La norma no procura torturar a la víctima sino que le impone un mínimo obligacional de razonables gestiones tendientes a la ejecución de su crédito contra el deudor condenado.- ---------------------------------------------No encuentro difícil de determinar el hito a partir del comienzo del plazo de caducidad: el decreto judicial de aprobación de la liquidación. El acreedor dispone de un término razonable de 90 días para realizar las razonables gestiones tendientes al cobro del crédito. Cumplido tal deber legal y aún vencido dicho plazo dispone de 30 días más para requerir la responsabilidad del Fondo de Garantía. De modo que no advierto que la víctima o el letrado que la patrocina y/o representa esté obligada a tan extenso peregrinaje.---------------------------- --------------------------------------Antes bien, una contraria interpretación haría decir a la ley lo que ésta no dice: frente a la quiebra del acreedor no hay sistema de caducidad alguna, el Fondo de Garantía responde siempre.-----------------------------No me parece descabellado opinar que interpretación tan dilatada como la señalada en el párrafo que precede, en términos de realidad contemporánea, llevaría a la extinción de este valioso instituto realmente tutelar y que sólo exige al acreedor una razonable gestión dentro den un término razonable y aún le concede 30 días más de vencido el mismo para concretar su garantía.----------------------------------- Consecuentemente, voto por la afirmativa a los dos interrogantes propuestos.--------------------------------------------------------- ------------------- Por la NEGATIVA al primero de los interrogantes, y por la AFIRMATIVA al segundo de ellos, vota el doctor: GUIBOURG.-------- EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:---- -----------------------------------------El artículo 14 de la ley 24.028, en el inciso a) de su párrafo segundo, destinaba los aportes ingresados al Fondo de Garantía del siguiente modo:----------------- ------------------------------------------------------------------AA pagar las indemnizaciones establecidas en el art. 8 que dejaren de abonarse por insolvencia absoluta de los empleadores y sus aseguradores judicialmente declarada. Para gozar de esta garantía, el trabajador, o sus causahabientes deberán realizar las gestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia, dentro del plazo de noventa (90) días de quedar aprobada la liquidación y solicitar la declaración de insolvencia dentro de los treinta (30) días de vencido el plazo antes indicado@.--------------------------- ---------------------------------La norma citada permitía a la víctima de un accidente del trabajo sustraerse a la insolvencia del responsable, pero le imponía como condición el cumplimiento de ciertas diligencias, para cada una de las cuales fijaba un plazo: 90 días a partir de la liquidación para buscar la manera de ejecutar la sentencia y, si ese trámite no diese resultado, treinta días más para solicitar formalmente la declaración de insolvencia.----------- -----------------------------------------------------------------La quiebra del obligado presupone la cesación de pagos (art. 78 ley 24.522), desposee al fallido de sus bienes y somete el conjunto de éstos a un procedimiento de ejecución colectiva (art. 88, 106 y 107, ídem), a la vez que remite a los acreedores a un procedimiento judicial (arts. 200 y cc.) a cuyo término las perspectivas de cobro son azarosas (art. 218). Como bien condesciende a señalar el señor Fiscal General, no es adecuado incluir la verificación del crédito entre las Agestiones razonablemente indispensables para ejecutar la sentencia@: las condiciones para el reclamo al Fondo de Garantía están dadas de antemano y corresponderá a éste subrogarse en los derechos de la víctima para gestionar en la quiebra el recupero de lo abonado.-----------Lo dicho, sin embargo, no implica a mi juicio eliminar el plazo de 90 días concedido al ejecutante, ya que no hay norma que imponga ese resultado. El ejecutante está en condiciones de formular reclamo al Fondo de Garantía desde el momento mismo de la quiebra, pero el plazo para reclamar no empieza a correr sino a los 90 días de aprobada la liquidación.----------------------------- --------------------------------------------Vencido ese término inicial, el ejecutante dispone de 30 días más para pedir la declaración de insolvencia. Si en ese tiempo no formula pedido alguno, su derecho caduca por incumplimiento de la condición prevista en la norma cuya interpretación se busca aquí unificar. Nótese que, a falta de quiebra del obligado, la víctima debe buscar bienes a ejecutar (para lo que tiene el primer plazo) y, si no los halla, su derecho a gozar de la garantía se halla condicionado a que formule el pedido dentro de los treinta días siguientes. En caso de quiebra preexistente a la liquidación, el ejecutante dispone de un total de ciento veinte días para pedir la insolvencia, ya que no está obligado a diligencia previa alguna. Interpretar que para él el vencimiento del último plazo no trae aparejada la caducidad de su derecho, equivaldría, a mi juicio, a establecer a favor del acreedor del fallido un privilegio procesal carente de justificación respecto del acreedor del insolvente no fallido y, para estos casos, sujetaría indefinidamente al Fondo de Garantía a una situación de incertidumbre que la norma legal ha buscado limitar en el tiempo.--- -------------------------------------------------------------------- ----------Como consecuencia de lo expuesto, voto por la negativa al primer interrogante y por la afirmativa al segundo.----------------- -------------------- Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina: "1.- Si el deudor se halla en quiebra, no es exigible para el acreedor, en los términos del artículo 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028, llevar a cabo gestiones de cobro. 2.- En el mismo supuesto, el vencimiento de los plazos fijados en el artículo 14, párrafo 2, inciso a) de la ley 24.028 no importa la caducidad del derecho a pedir la declaración de insolvencia".------------------------------------------- Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe.-----------------