Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-05-20


SENT Nro. 346 San Miguel de Tucumán, 20 DE MAYO e 2003.- Y VISTO: El presente juicio: "Heredia, Oscar Manuel s/Prescripción adquisitiva"; en el que resulta necesario determinar, previamente, el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir en el incidente de caducidad de la instancia incoados por los demandados; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 228 los demandados Ricardo R. Roncaglia y Roberta Roncaglia de Novello plantean la caducidad de la instancia. Fundan su solicitud en que con fecha 29 de julio de 2002 la actora efectúa su última presentación impulsando el procedimiento al solicitar se dicte auto declarando la competencia de esta Corte Suprema para entender en el juicio y que, desde aquella fecha, ha transcurrido el plazo previsto en el art. 210 del CPCCT sin que se haya impulsado el procedimiento. Añade que ninguna actuación posterior ha sido consentida de su parte.

Corrido el traslado de ley, contesta la actora oponiéndose a la caducidad solicitada en base a que se equivoca el incidentista en el cómputo de los plazos, toda vez que éste no corre desde el 29 de julio de 2002, sino desde la fecha en que el decreto de la Corte -de fecha 30 de julio de igual año- quedó firme, y que ello sucede el 9 de agosto de 2002. Que desde allí hasta el 10 de marzo de 2003 (fecha del incidente de caducidad) no han transcurrido los ciento ochenta días del artículo 210 procesal, sino sólo 176.

Dada vista al Ministerio Fiscal, se emite dictamen que glosa a fs. 233 de autos.

II.- Corresponde, entonces, a esta Corte Suprema de Justicia expedirse sobre la procedencia o no del incidente incoado, así como, previamente, decidir sobre su competencia para conocer y decidir en el presente caso.

Respecto a esta última cuestión, se advierte que, según Informes obrantes a fs. 52 y 60 de autos, el dominio del inmueble identificado con el padrón nro. 124.037 se encuentra inscripto en el Registro Inmobiliario, a nombre del Superior Gobierno de la Provincia, como parte de uno de mayor extensión, registrado bajo la Matrícula Registral T-12735. A su vez, corrido traslado de la demanda (fs. 73) y opuesta excepción de incompetencia por la Pcia. demandada (fs 90), la actora se allana (conf. fs. 160). El correspondiente dictamen del Ministerio Fiscal obra a fs. 224.

Conforme estas constancias de autos, y considerando que es principio en la materia que la competencia jurisdiccional de los órganos judiciales deben determinarse con arreglo a la naturaleza de la acción y sus elementos, el presente caso queda aprehendido en la competencia asignada a esta Corte Suprema de Justicia, al tratarse de un supuesto de situación jurídica de la Provincia, propia de su actuación en el ámbito del derecho privado, tornándose aplicable lo normado por el art. 18 de la Constitución Provincial y art. 50 apartado I°, inc. a) de la LOPJ, ley nro. 6238.

III.- Ahora bien, en relación a la caducidad planteada, cabe expresar que el incidente resulta procedente.

En efecto, resulta de una claridad meridiana el art. 210 del CPCCT en cuanto afirma que el plazo de caducidad comenzará a computarse desde "la última petición de parte que tenga por objeto activar el curso del proceso"; que en dicho plazo se computarán los días inhábiles excepto las ferias judiciales y que el plazo previsto para la hipótesis de autos es de seis meses.

De allí que el "dies a quo", en la especie, está dado por la providencia del 30 de julio de 2002 y, desde esa fecha hasta el día 10 de marzo de 2003 en que se plantea la caducidad, descontando, tal como manda el artículo aplicable al caso, la feria judicial de enero, ha transcurrido el tiempo legal sin que se observe actividad jurídicamente idónea para suspender o interrumpir, durante tal período, el curso de la caducidad toda vez que no se ha impulsado el procedimiento por acto de parte o judicial alguno. Por lo demás, el art. 210 CPCC no exige como presupuesto del acto del órgano jurisdiccional que el mismo se encuentre firme, razón por la cual, el argumento de la parte actora al respecto resulta improcedente.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al incidente de caducidad (arts. 210 y 212 CPCCT), con costas del juicio y del presente incidente, a la actora vencida por ser ley expresa (arts. 106 y 219 procesal).

Por ello, y conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal a fs. 233, se R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA COMPETENCIA de esta Corte Suprema para conocer y decidir en el presente caso.

II.- HACER LUGAR al incidente de caducidad de instancia incoado por los demandados Ricardo R. Roncaglia y Roberta Roncaglia de Novello, conforme se considera. En consecuencia, se declara perimida la instancia en el proceso principal.

III.- COSTAS, conforme a lo considerado.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALBERTO JOSE BRITO ALFREDO CARLOS DATO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA