marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: LABORAL
Carátula: Kieffer, Jorge Luis c/ Establecimiento Modelo Terrabussi S.A. s/ Indemnización por enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-20

Vigente el régimen legal de la opción, la acción del derecho común a cuyo ejercicio se encuentra facultado el obrero víctima de un accidente o enfermedad del trabajo, comprende tanto la responsabilidad prevista en la segunda parte del art. 1113 del Código Civil, como la consagrada en el art. 1109 del mismo cuerpo legal; siendo las circunstancias fácticas las que determinan cuál debe ser el marco jurídico de solución del conflicto resultando ineficaz la voluntad del interesado para modificar una derivación que deviene de la propia naturaleza de las cosas.
Libertad de prensa, derecho al honor
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROCHA JORGE A. c/ EDITORIAL PERFIL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-22

Si bien debe afirmarse que el derecho a la información posee preferencia en un régimen republicano, no puede irse tan lejos que se admita el carácter absoluto del mismo; dicho derecho no puede extenderse en detrimento de la armonía que debe imperar con los restantes derechos de rango constitucional, entre los que sin lugar a dudas se encuentran la integración moral y el honor de las personas. En caso de conflicto entre el derecho a la información y la integridad moral o el honor de las personas, debe preferirse el amparo del que tenga un rango menor en beneficio del de rango mayor, lo que lleva a admitir que el derecho a la dignidad individual de los ciudadanos no puede ser lesionado por el ejercicio de la libertad de prensa. Si bien debe evitarse la obstrucción y el normal desenvolvimiento de las funciones esenciales que hacen a la libertad de prensa debe resguardarse por sobre todo, la dignidad individual de los ciudadanos, impidiendo la propalación de imputaciones que puedan dañarla injustificadamente.
Acción de amparo, admisibilidad formal
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucrecia Paulina Rodríguez s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1992-03-10

La actora no plantea o esgrime seriamente un solo argumento referido a tal procedencia formal, limitándose a invocar el carácter "alimentario" de los haberes jubilatorios y pensionarios y la arbitrariedad genérica de reducirlos. No cita ni invoca disposición legal específica ni como, en consecuencia, considera que la vía del amparo es procedente para su reclamo.
Honorarios del abogado, base regulatoria, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Román, Alejandro María c/ Rees Percibal, Leo s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-10-07

El artículo 33 de la Ley arancelaria si bien establece que se computará el monto de la reconvención, no supone ampliar el ámbito económico en que quedó enmarcada la litis contestatio de la demanda.

Ello es así pues, si demanda y reconvención versa sobre el mismo objeto, es improcedente la acumulación de ambos montos a los fines de fijar los honorarios profesionales.Proceder de otro modo implicaría practicar doble regulación por un proceso que estuvo sometido a un mismo trámite y que, por ende, no justifica computar dos veces igual monto, aunque sí cabe tener en cuenta que la reconvención significa un trabajo adicional para los letrados que la contestan asumiendo ellos la responsabilidad de una eventual condena por sus defectos.(L.L. 1989-A-319; LL 1985-E-328)
Daños y perjuicios, responsabilidad del concesionario (administrativo), rutas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colavita,  Salvador y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

La responsabilidad del concesionario de una ruta, que en términos genéricos se encontraba obligado a facilitar la circulación por el camino en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias , inconvenientes o peligrosidades a los usuarios, debe interpretarse en el contexto de las obligaciones propias del ente concesionario en orden a la remodelación, conservación y explotación del corredor vial conferido, enderezadas al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas, y a la oferta de servicios auxiliares al usuario.
Expulsión de extranjeros, condenado extranjero, homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Álvarez González, Fructuoso c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-05-11

Corresponde desestimar el recurso de casación contra la sentencia que rechazó el pedido de extrañamiento de un ciudadano español condenado a la pena de prisión perpetua por homicidio -que había obtenido el traslado a su país de origen y tras ser liberado por un tribunal retornó al país y efectuó llamadas telefónicas amenazando a un sobreviviente del hecho-, habida cuenta que el condenado no tiene derecho a promover la ejecución de una orden administrativa de expulsión dictada por la Dirección Nacional de Migraciones ni para impugnar una decisión judicial que ha desautorizado al órgano administrativo para llevar adelante la ejecución, y por ende tampoco para promover la reforma o corrección de aquella resolución judicial. El objeto del caso es decidir si el condenado extranjero tiene un derecho a reclamar por vía judicial una determinada actuación administrativa para ejecutar un acto administrativo de expulsión del territorio y la respuesta es negativa.
Expropiación, Tribunal de Tasaciones, dictámenes, valor probatorio, demanda, contestación de la demanda
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ BORDA, MARIA CRISTINA s/ EXPROPIACION      EXPTE NRO 101-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-03-29

Además de inoportuno, el planteo de inconstitucionalidad en la forma de constituir la Comisión de Tasaciones efectuado por el curial de la demandada, no tiende a descalificar totalmente la prueba legal constituida por el dictamen de dicho organismo, sino a afectar su eficacia probatoria. Ello surge claramente de su actividad procesal, porque no objetó dicha prueba ni la intervención de la Comisión al contestar la demanda, por el contrario, la integró y fundó su reclamo indemnizatorio en el memorial presentado ante ella y cuya válida incorporación al proceso está condicionada a reconocer validez a la intervención de ese organismo.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A. de B., N. c/ B., H. s/ Exclusión del hogar conyugal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-02-16

Nuestro ordenamiento procesal mantiene como fundamento de la institución de la condena en costas y como principio esencial, el hecho objetivo de la derrota; sin embargo las circunstancias subjetivas, la conducta observada por las partes, su buena o mala fe, tienen relevancia al respecto. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de servicios de comunicación audiovisual, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ Acción meramente declarativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-29

Una alternativa mucho menos restrictiva para alcanzar el objetivo propuesto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, es permitir la transferencia -como principio y no como excepción-, y sujetar a los adquirentes a los mismos recaudos que los exigidos a los titulares (Del voto en disidencia del Dr. Carlos Fayt).
Dictamen fiscal, fallos de la Corte Suprema, improcedencia del recurso, debido proceso
Materia: PENAL
Carátula: V., D. E. y otro c/  s/ nulidad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-06

Explicaron que si bien la intervención del Fiscal General tuvo lugar con posterioridad al pronunciamiento de la Sala, su actuación responde a las exigencias que ha trazado para supuestos análogos la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (Sala de Turno, causa n° 30.854/12, Markich, rta. 28/9/17) en punto a que en el caso de elevación en consulta (segundo supuesto del 2° párrafo del artículo 348 del CPPN) la opinión del fiscal debe ser expresa, sea que sostenga o no lo dictaminado por su inferior jerárquico. Añadieron que en estos supuestos se debe dar intervención obligatoria al Fiscal General o, como mínimo, ser notificado, a efectos de que pueda expedirse en cualquiera de las formas indicadas. También descartaron el agravio referido a que no se trataría de un mecanismo previsto legalmente, precisando que los conflictos que se presentan en la etapa intermedia deben contemplar y hacer compatibles todas las soluciones con la doctrina sentada en el fallo de la CSJN "Quiroga". Concluyeron que la actividad del Fiscal General estuvo destinada a asegurar la debida intervención en el proceso del Ministerio Público Fiscal en su función constitucional de "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad" y que no advierten afectación alguna a la autonomía del mencionado ministerio, ni a la imparcialidad del juzgador, ni al debido proceso.
Jornada de trabajo, jornada máxima, horas extra, autorización administrativa, convenios colectivos de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Ferreyra Marta Susana y otros c/ Banco Río Negro S.A s/ Ordinario s/ Inaplic. de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2000-12-29

En su correcta intelección jurídica, de las normas en juego se derivan las siguientes conclusiones: a) la ley 11544 opera, por remisión del art. 196 de la LCT, como norma de orden público en la materia, fijando una jornada máxima de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. b) las excepciones a ese régimen, vale decir el trabajo que lo exceda, requiere autorización administrativa, y debe ser abonado con los recargos establecidos en orden a esa excepcionalidad, exista o no la autorización. c) el trabajo en exceso de la jornada ordinaria, pero que no supera los máximos de orden público fijados por la ley 11544, no requiere autorización administrativa y puede ser convenido por las partes. d) el recargo previsto por la ley se halla establecido en relación a las situaciones en que es necesaria la autorización admi
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, principio de legalidad, jueces naturales, pena
Materia: PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: NICOLAS ALEJO ESPIRO s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-30

Es una de las más preciosas garantías consagradas por el art. 18 de la Constitución Nacional la de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. De allí nace la necesidad de que haya una ley que mande o prohiba una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que además se determinen las penas a aplicar.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, Constitución Nacional, defensa en juicio, jubilaciones
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Franco de Quiroz, María Josefa c/ Caja de Jub. y Pensiones de la Prov. de Mendoza. s/ A.P.A (Mendoza).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no hizo lugar a la reapertura de la instancia administrativa en las actuaciones de un pedido de pensión, si se privó a la actora de la posibilidad de alegar en defensa de sus derechos sin un fundamento acorde con la seriedad de las pruebas y de las articulaciones que aportara y expresara durante todo el trámite de las actuaciones.
Seguros, subrogación convencional, subrogación en los derechos del asegurado, monto de la indemnización, valor venal, Ley de desindexación
Materia: COMERCIAL
Carátula: EL CABILDO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES c/ AGP s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-23

Como expone Colombo (cfr. "Obligaciones", ed, 1920, ps. 469/62, párr. 655) la subrogación es una sucesión a título singular; en cuya virtud se sustituye al acreedor de una obligación por otro que ha pagado el respectivo importe y agrega, entonces, que por efecto de esa sustitución el nuevo acreedor que según la ley 17.418, paga al momento de la indemnización el valor venal del bien, con lo cual coincide con el objeto de la ley 24.283 y viene a tener los mismos derechos que reclama (cfr. Lafaille, "Tratado de Obligaciones", T. I, pág. 355, párr. 414-D).
Medidas cautelares, rebeldía, litisconsorcio
Materia: CIVIL
Carátula: Fallone de Tkacsuk c/ Sanatorio del Sur SRL s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-04

A los fines cautelares, la rebeldía establece una presunción favorable a la pretensión de la actora por lo cual opera de un modo automático para la procedencia de la medida precautoria (conf. De Lázari, "Medidas Cautelares", t. 1, com. art.212, p. 288), por lo que en este supuesto no se requiere justificar la verosimilitud del derecho (conf. Novellino, "Embargo y desembargo...", p. 160). No obstante, la existencia de un litisconsorcio impide efectivizar esa presunción si los demás accionados contestaron la demanda argumentando contra la pretensión actora lo que aparta la cuestión de lo previsto por los arts. 212 y 63 del CPCC y la sujeta a los requisitos generales sobre procedencia de medidas cautelares.
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Porreta Cabrera, Julio César y Caniza, Fredy Walter s/ Robo en grado de tentativa, Expte. nro. 142/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-04-02

La razonabilidad mantiene la actividad legislativa dentro de los límites impuestos por nuestra Constitución Nacional; por lo que la prescripción legal en análisis no puede ser desconocida en el caso, sin entrar a valorar aspectos de conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (CSJN, "Fallos" 257:127; 293:163;

300:642; 301:341; entre otros) y seguido, en el caso, por el a quo, en ejercicio de sus atribuciones (del voto del Dr. Hutchinson).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, cheque, librador, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: H, E A s/ Recurso de Inaplicabilidad doctrina legal (Expte.. Nro. 8-86) -Tribunal  plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-12-15

Si el cheque fue dado, no en pago, sino en garantía de un capital del cual el deudor -librador- pagaba mensualmente intereses, ello lo desnaturaliza desde el punto de vista de la ley comercial. Cuando el artículo 302 inciso 1 del Código Penal dice "por cualquier concepto" ello no significa que esta expresión conlleve la degradación del cheque hasta el punto de que sirva para otros fines distintos para el que fuera creado. En suma, si el denunciante sabía con certeza que el librador no podía oblarlo, realmente falta el ataque al bien jurídico tutelado, sobre todo porque el valor quedó en manos del tenedor sin penetrar en el torrente circulatorio. (De los Fundamentos del Dr. Scandol -En Disidencia). En el caso, la cuestión a resolver era: ¿Constituye el objeto típico contemplado por el artículo 302, inciso 1 del Código Penal el cheque que habiendo sido recibido por su originario tenedor, desnaturalizando su finalidad jurídica, es presentado por él mismo al banco girado para que sea atendido?
Declaración policial, interrogatorio policial, sujetos del proceso penal, imputado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARDOZO, LUIS O. Y OTRO s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-15

Mal se podría haber anoticiado de los derechos que le asisten a quien hasta ese momento solo revestía el carácter de mero interrogado y no formalmente de "imputado" en términos procesales.
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, acción de nulidad, acción autónoma de nulidad, jueces, competencia, recurso de alzada
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Aut O Gas SAIC c/ YPF SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-30

No existe disposición legal expresa que establezca quien es el juez competente en una acción autónoma de nulidad. Mas es claro que constituye un prius lógico en orden a establecer cuál es el Tribunal de Alzada que debe conocer en los obrados, determinar si concurre, o no, en la especie un criterio de asignación por conexidad entre este proceso y la causa referida, que amerite que sea el mismo Juzgado el que conozca en los dos expedientes, criterio que determina a su vez la pertinencia de la intervención de un mismo Tribunal de Alzada (cfr. CNCom, Sala A, "Andreuchi Luis Antonio c/ Publicidad Extpatica Internacional SA s/ ordinario", del 22/11/11).
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, violencia familiar, exclusión del hogar, cuestión abstracta, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MEDINA, Servando Ezequiel c/ MEDINA de FAYÓN, María ELIZABETH; FAYÓN, Emilio Luis; FAYÓN, Pablo; FAYÓN, Matías; FAYÓN, Luis Emilio s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-04-15

Las costas, de acuerdo al criterio sentado por la Corte de Justicia de la Provincia, deben ser impuestas por el orden causado. Cuando se ha tornado abstracta la cuestión objeto del litigio y se ha admitido la pérdida de la materia litigiosa, no se alcanza a decidir sobre ella y, consecuentemente, no puede hablarse de vencedor ni de vencido; por ese motivo, en tales condiciones, las costas deben soportarse necesariamente por su orden (CJSalta, 28/11/02, Libro 82, págs. 45/48; 4/6/02, Libro 79, págs. 43/46; 14/08/02, Libro 80, págs. 227/230 y 279/284 y CApelCC Salta, Sala III, año 2003, f° 844).

Tal criterio debe ser respetado obligatoriamente por los magistrados de las instancias inferiores, de acuerdo al art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia (CApel.CC.Salta, Sala III, año 2006, f° 1223.
Conflicto gremial, conflicto intrasindical, competencia
Materia: LABORAL
Carátula: ATENCIO RICARDO WILSON c/ AGRUPACION MARRON Y A.T.S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA-AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-07-29

El conflicto intrasindical es un diferendo suscitado entre un afiliado a una asociación sindical y esta regulado por el art.60 de la ley 23.551 y por remisión de este al art. 59 de dicha norma.

Siendo así, por expresa y categórica disposición del segundo párrafo del art. 59, el asunto es de competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo.

Que conforme lo expresado, no cabe mas que declarar la incompetencia del fuero laboral de la provincia de san juan, remitiendo los autos a la excma. Corte de justicia, conforme art.583 del C.P.C., de aplicación.

En nada obsta las conclusiones a que se arriba, el hecho que se dirija la acción contra la agrupación marrón de A.T.S.A., pues esta se desenvuelve dentro la asociación profesional; la pretensión tiende a integrar los órganos directos de la misma; y la decisión final es de competencia de la junta electoral de aquella. La ley 23.551 quiere que los conflictos que se susciten dentro de la asociación sean de competencia de la aludida cámara.
Lesiones, homicidio preterintencional, dolo
Materia: PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MOSQUEIRA, DELFIN s/ PRUEBA - CUERPO DEL DELITO - HOMICIDIO - ALEVOSIA - DOLO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-03

Si no existe en la causa dato alguno que permita integrar la acción - clavar un cuchillo en el costado derecho del pecho de la víctima - con una conciencia y voluntad de matar, debe estarse al motivo alegado por el acusado de "asustar" al damnificado y, por tanto, al dolo de lesionarlo, tal y como en realidad lo hizo.
Contrato de trabajo, taxistas, peón de taxi, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: CANTEROS, JUAN c/ ESPOSITO, JOSE s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-21

El carácter de empleador del demandado nace de su dominio sobre la herramienta de trabajo, automóvil taxímetro, y del hecho que el actor no asumía los riesgos de la explotación del vehículo, pago de repuestos, seguros, patentes, etc; pues, no puede considerarse como tal, el sólo pago del combustible que era abonado con los ingresos obtenidos por dicha explotación.
Recurso extraordinario federal, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schwarz, Rodolfo G. c/ Municip. de Pinamar s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-09

A partir de la sanción de la ley 22434, el trámite del recurso federal (art. 14 de la ley 48) se rige por las normas del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación (art. 257 y concds.

del Cód. cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, interposición del recurso, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: HECTOR O. LABORDA y otros c/ ESDIPA  S.A  y otros s/ RECURSO EXTRAORDINARIO - REQUISITOS FORMALES - TERMINO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-30

La circunstancia de que al día siguiente de notificada una resolución, se le hubiera informado a la parte, al solicitar las actuaciones, que habían sido remitidas a la justicia penal, no es suficiente para considerar automáticamente suspendido el plazo para interponer el recurso extraordinario.
Actividades laborales, personal de casas particulares
Materia: LABORAL
Carátula: L., E.E. c/ S., G.M. s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-08-24

Si no se dan las condiciones de aplicabilidad del estatuto del servicio doméstico por haberse desarrollado la labor menos de cuatro horas diarias, y no resulta aplicable la Ley de Contrato de Trabajo por la exclusión que el artículo 2°, inc.b) efectúa del servicio doméstico, corresponde aplicar las normas del Código Civil, en especial los arts. 1197, 1623 a 1628
Empleados públicos, abandono del cargo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Julio César c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-08-08

Deviene improcedente la calificación de la conducta como abandono de cargo como sustento de la pena más grave que la norma establece, si el hecho, objetivamente, sólo era equiparable a un caso de "ausencia con aviso" por lo que no daba lugar siquiera a la sanción mínima -cinco días de suspensión- prevista para las inasistencias sin justificar y los datos existentes demuestran una intención que difiera de la de abandonar el servicio.