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Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Conde,  Juan  José c/ Buenos Aires, Provincia de y otro (EstadoNacional) s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-07

Si, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia, son demandados la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, la única forma de conciliar lo preceptuado por el art.117 de la Constitución Nacional respecto de las provincias, con la prerrogativa jurisdiccional que le asiste a la Nación -o a una entidad nacional- al fuero federal, sobre la base de lo dispuesto en el art. 116 de la Ley Fundamental, es sustanciando la acción en la instancia originaria de la Corte Suprema. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Procedimiento administrativo, recursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Menoyo, Susana E. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Gral.de Escuelas s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-26

Contra la resolución del Director Gral. de Escuelas que rechazó el recurso de revocatoria (interpuesto por denegatoria de reajuste salarial) no procede el recurso de apelación por ser el acto atacado definitivo, dictado con audiencia o intervención del interesado y que deja expedita la acción judicial (art. 79 inc. b 1er. párrafo dec. ley 7647/77; arts. 190 inc. 3, 4 y 6 Const. Prov.; 1 del CPCA, 1, 2 y 8 de la ley 10.236; 86 y 89 del dec. 7647). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Constitución Provincial, interpretación de la constitución, organización de la justicia
Materia: Constitucional
Carátula: Colegio de Abogados de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1985-04-30

La exégesis realista de texto constitucional, debe reconocer una ampliación, o, aún una mutación ya consumada en la experiencia jurídica provincial realizada por el Decreto-Ley 1954-81, lo que es una interpretación legítima, razonable y hasta obligada.
Concubinato, daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sanchez, Leonilda c/ Messina, Raúl s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-07-16

La concubina se encuentra legitimada para la reclamación de los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado con motivo de la muerte de su concubino, en los términos del art. 1079 del C.C. de manera que debe demostrar que era sostenida económicamente por la víctima. En suma, ha de acreditar el sufrimiento de un perjuicio como consecuencia del acto ilícito.
Comuna, personal de planta permanente, personal no permanente, Administración Pública, relación de dependencia, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARMAS, MARIO LISANDRO c/ COMUNA DE ROLDAN s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 374-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-19

De ningún modo podría entenderse que la relación jurídica que vinculó al actor y la demandada es propia del personal permanente, ello debido a la naturaleza eminentemente específica de la labor encomendada (actualización permanente de datos de Dominio, inscriptos en el Registro de la Propiedad), así como la imposibilidad (o al menos inconveniencia) de su realización por parte del personal permanente, notas éstas características de las relaciones de empleo público no permanente.
Eximentes de responsabilidad, caso fortuito, falta de prueba
Materia: CIVIL
Carátula: ZIRULNIR MARIO A. Y OTRO c/ LUCASA CONSTRUCCIONES  S.A. s/ DAÑOS  Y  PERJUICIOS  -  COMPRAVENTA  -  CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-11

Tratándose de vientos o lluvias, para que configuren caso fortuito que exime de responsabilidad en los términos del artículo 514 del Código Civil, deben ser de una violencia excepcional, desacostumbrada desde épocas lejanas, conforme a las circunstancias de tiempo y lugar en que se producen.

Aún cuando del informe del Servicio Meteorológico Nacional surja la cantidad de días que llovió, si durante el lapso que va desde que se celebró el contrato hasta la fecha en que la vendedora se obligó a entregar la unidad vendida no hay prueba alguna referida a los milímetros caídos ni a que tales lluvias excedieron de lo normal y previsible, la causal impeditiva invocada por la vendedora para justificar su demora en la conclusión oportuna del edificio y entrega de la unidad, debe ser desechada.
Cuestiones de competencia, competencia de menores, competencia correccional, víctima menor de edad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Hyung, Sub Lee s/ competencia, rta. 11/2/93, reg. 49; Causa Nro. 166, "Romero, Juan  Ramón"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-05

El Código Procesal Penal fija en su artículo 29, inciso 2do., la competencia de los juzgados de menores para juzgar en única instancia, sin hacer referencia a los casos de menores víctimas de un ilícito cometido por un mayor, por lo cual en dicha circunstancia debe entender la justicia en lo correccional por imperio del art. 27, inc. 2do. del código de rito.
Honorarios del perito, cobro a las partes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tarka de Zamponi, María Juana c/ Napolitano, Enrique Héctor y otros s/ Cobro ejecutivo de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02

Por la función que corresponde al perito, en su carácter de auxiliar del tribunal, puede perseguir el cobro de sus honorarios contra cualquiera de las partes y con abstracción del resultado del pleito, sin perjuicio de repetir la parte que los abonó contra la contraria, de acuerdo con la forma en que se hubieran impuesto las costas.
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Penas, Miguel A. c/ Coscarelli, Francisco s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-18

El levantamiento del embargo sólo puede fundarse en la cesación de las circunstancias que lo determinaron(arts. 202 y 533, CPCC).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Marcas, marcas confundibles, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: OLD NAVY c/ CHIRAZI RAFAEL Y OTROS s/ cese de uso de marca.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-28

La conducta seguida por los recurrentes, quienes en lugar de limitarse a emplear su propia marca, la utilizaron modificándola de tal modo que llegó a ser manifiestamente confundible con los signos de su adversaria, lejos de constituir el ejercicio regular de su derecho (como lo indican con cita del art. 1071, primera parte, del Código Civil), abona su mala fe, por lo que no hay dudas en cuanto a que en el sub lite el factor de atribución está configurado, y por ende, la acción de daños y perjuicios es procedente.
Locación, intereses moratorios, carácter punitorio, cláusula penal
Materia: CIVIL
Carátula: R., M. c/ M., F.A. y Otro s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-06-03

La cláusula del contrato de locación celebrado entre las partes, es una cláusula penal moratoria en el marco de lo reglado por el artículo 652 del Código Civil; en tanto es equiparable ésta a los intereses moratorios o punitorios que por la sola demora en el cumplimiento de la obligación debida se generan a favor del acreedor.
Derecho penal, violencia contra menores, agravantes de la pena, imputado, situación del imputado, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Sr. Fiscal de Cámara Nº 1, Dr. Justo Vaca. c/ GODOY, LEANDRO MATIAS Y VARGAS, PAOLA GEORGINA (REBELDE), s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-05-07

Como factores de agravamiento de la penalidad se debe considerar la entidad y características del hecho del homicidio. La sucesión de violencias es tal que da cuenta de un ataque sostenido, reiterado en pluralidad de golpes, sobre una criatura indefensa, que al momento del hecho se encontraba privada de toda posibilidad de auxilio, La única posibilidad de respuesta del niño era el llanto.

También cargamos como factor de incremento de la pena la situación concreta de guarda en que el pequeño fue colocado en quien oficiaba de padrastro. Señalamos también la brutal severidad con que actuó el acusado ya que parte de los golpes hubo de propinarlos frente a una situación de minusvalía en que se encontraba el niño, producto del temor o del efecto del principio del castigo.
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente, incongruencia, honorarios, regulación de honorarios, incidentes, costas, sentencia condenatoria, pago, interpelación, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Prode  S.A. c/ Cardema S.R.L. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Intimación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-10-29

Resulta reprochable constitucionalmente la argumentación del A- quo quien sostuvo que el trámite judicial del 260 del C.P.C.C. no es asimilable a una mera intimación extrajudicial por lo que su substanciación, en cuanto revela una inadecuación substancial o procedimental, sí genera costas a quien erróneamente lo promueve, ya que si bien el Tribunal principia por encuadrar jurídicamente a la intimación en el artículo 260 del código de rito, luego lo tilda como "erróneo" a ese procedimiento seguido a los efectos de sustentar la condena en costas, con lo cual el pronunciamiento queda huero en su motivación al efectuar una hermenéutica irrazonable del propio encasillamiento normativo. La solución arribada- más allá de incurrir en arbitrariedad- tendría una repercusión importante a los efectos de la regulación de los estipendios profesionales. Es por ello que el Tribunal subrogante deberá adoptar , en su caso, las pautas arancelarias que más se ajusten no sólo a la pretensión sino también a la labor desplegada por los profesionales: un incidente dirimido por una simple evacuación de un traslado.
Recursos, recurso de queja (administrativo), rechazo del reclamo, resoluciones apelables, avenimiento, Ministerio Público Fiscal
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: CONTRERAS TRUJILLO, JHON JAK s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en CONTRERAS TRUJILLO, JHON JAK  c/  s/ 14 1°PARR - TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-08

Corresponde rechazar la queja porque la decisión de la Cámara que confirmó el rechazo del avenimiento (art. 278 del Código Procesal Penal) no es definitiva conforme lo dispone la ley n° 402. Esto debido a que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso, en principio, no reúnen tal carácter en tanto no ponen fin al proceso, no impiden su continuación. Tampoco se demostró -en el caso- que se haya causado un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Y la fiscalía no logró conectar la decisión finalmente impugnada con preceptos constitucionales, que se requiera de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (CSJN, Fallos: 274:440, 276:130, 288:159, 298:408, 307:1030, 310:195 y 320:2451, entre muchos otros). (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de casación penal, desistimiento de la acción, usurpación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fernandez Silvia; Benitez Pablo Jeremias s/ Recurso de Apelacion en Inc. "Marchi, Miguel Angel S/ Amparo por Usurpacion"
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-02-25

Debe declararse formalmente admisible el recurso de casación -con fundamento en lo normado por el art. 422 del Código Procesal Penal- contra el fallo por el cual se confirma el decisorio recurrido en cuanto hace lugar a la acción de amparo por usurpación, disponiendo el inmediato desalojo de los recurrentes del inmueble objeto de la litis, toda vez que controvierte una decisión que, por sus efectos, debe equipararse a definitiva.
Régimen de consolidación de deudas, obligación principal, obligaciones accesorias, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lorenzo Barca, Eduardo c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ escrituración.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Los créditos por honorarios de causa o título anterior al 1. de abril de 1991 sólo son consolidables si acceden a una obligación principal consolidable, ya que la propia ley ha condicionado la consolidación de las obligaciones accesorias a las circunstancia de que se encuentre consolidada la obligación principal a la que acceden (art. 1.. inc. d), ley 23.982).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, Colegio Público de Abogados, Poder Judicial
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Colegio de Abogados de La Plata y otros s/ inconstitucionalidad- ley 10.470.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-01

No procede el recurso extraordinario contra la sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, que no hizo lugar a la demanda iniciada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata, su Presidente, Vicepresidentes 1 y 2, Tesorero, Consejeros titulares y Consejeros suplentes del consejo Directivo a fin de que se declarara inconstitucional la ley provincial 10.470 que estableció una nueva estructura al Poder Judicial, considerando que los actores carecían de un interés jurídico procesalmente tutelable, pues se trata de fundamentos de índole ritual, apoyados en consideraciones de hecho y de derecho público local, materia ajena a la instancia del art. 14 de la ley 48.
Prestación de servicios, presunciones
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo Galarza, Ramón Isidoro Rafael c/ Muñoz Luis Adán y otro s/ Despido,etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1999-10-19

En torno a la interpretación del art.23 de la Ley 20744 existen dos posiciones, la primera afirma que la naturaleza jurídica de la vinculación no puede determinarse por la calificación o por la instrumentación que efectúen las partes, en tanto ella debe salir del análisis de las modalidades en que se efectúa la prestación. La presunción debe limitarse a los servicios bajo relación de dependencia, pues sólo estos son los que caen en la caracterización del contrato de trabajo y de la relación de trabajo (art.21 y 22 de la Ley 20744). Así, la carga de la prueba de la situación subordinada a dependientes no es alterada por la presunción, que es la posición compartida por ésta Sala. Por otra parte, están quienes entienden que cuando se prestan servicios personales para otro, lo más usual es que lo sean por cuenta y riesgo del beneficiario. La sola comprobación de la prestación de éste para un tercero permite presumir la existencia de las otras notas típicas laborales, invirtiéndose la carga de la prueba, quien aparece como pretendido empleador tiene que justificar que esos servicios obedecieron a una relación de otra naturaleza. Esta opinión entiende que de sostenerse el criterio contrario, ya enunciado, el art.23 carecería de sentido porque si el trabajador, aparte de probar la prestación de servicios, debe probar que era dependiente, la norma (art. 23 L.C.T.) carecería de sentido no proporcionándole ningún beneficio, pues dentro del régimen común derivado de los arts. 21, 22 y 25 de la ley 20744 y art.377 del Código Procesal Civil y Comercial, no tiene otra cosa que demostrar para conseguir que se apliquen las disposiciones laborales.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, licitación pública, intereses moratorios, tasas de interés
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PECAM S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-11-30

Frente a la respuesta que la Alzada brinda a los agravios de la quejosa, ésta no endereza crítica constitucional atendible, sino que se limita a argumentar que la Cámara, al denegar el remedio extraordinario, dejó sin analizar debidamente sus planteos abstractos de arbitrariedad fáctica y probatoria, reiterando la existencia de un vacío normativo en materia de tasas de interés en lo relativo al pago de capital e intereses por mora proveniente de certificados e insistiendo en la omisión de tratamiento de las conclusiones del dictamen contable, proponiendo una selección de la normativa que considera más beneficiosa al tiempo que pide que se declare la inconstitucionalidad de reglamentaciones vigentes que considera que no le son aplicables, pero de la lectura del pronunciamiento atacado en confrontación con el escrito de queja ello no es lo que se desprende, puesto que los Jueces lejos de desentenderse de los elementos de convicción aportados, realizaron determinadas aclaraciones respecto de algunos elementos probatorios a los cuales les atribuyeron un alcance distinto al pretendido por la actora, como la valoración del dictamen de Fiscalía de Estado y el dictamen contable; y ello adquiere relevancia máxime cuando el Pliego Único de Bases y Condiciones estableció en su articulado que quien concurre a la licitación no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la ley, su decreto reglamentario y del Pliego, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, no permitiéndose reclamo que se relacione con alguna de las cláusulas.
Unificación de penas, actuación de oficio
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SORIA DE SANCHEZ, Norma s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-02

Debe aplicarse aún de oficio la pena única como lo impone el art. 58 del Código Penal por el órgano jurisdiccional que esté en condiciones de hacerlo.
Recurso de apelación (procesal), recursos, elevación en apelación, admisibilidad del recurso, caducidad, segunda instancia, plazos procesales, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: RUEDA, MARTA ESTELA EN REP. DE: MAIDANA, ESTELA RAQUEL; MAIDANA, NESTOR SEBASTIAN c/ HERNANDEZ, ENRIQUE; EXPRESO PANAMERICANO S.R.L. Y/O RESP s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-07

La perención de segunda instancia procede a pedido de una de las partes que se alzó contra la sentencia de primera instancia, si la otra hizo lo propio; ello equivale a decir que, apelada la sentencia por las dos partes en li-tigio, ambos recursos se separan y la caducidad de cada uno se produce con independencia de la del otro (Conf Fassi, Código Procesal, t. I, p. 774).

Es decir que, en caso de que haya varios recursos, cada uno puede perimir individualmente e independien-temente de los demás, si no existe la actividad impulso-ria que haga avanzar su trámite (Conf. "Caducidad de la Instancia", Loutayf Ranea- Ovejero López, pág. 53/54).
Expropiación, Tribunal de Tasaciones, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ BIANCONI, ARTEMIO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 319-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-02-10

La selección de los elementos de juicio que llevan a la comisión de tasaciones a la convicción de cuál es el justiprecio del inmueble expropiado, es en principio atribución propia de ésta, si bien en esa labor no debe prescindir de la evaluación de las pruebas incorporadas a los autos. Tal selección y evaluación serán sin duda, analizadas después por el sentenciante a la hora de resolver sobre la credibilidad o endeblez del dictamen.
Docentes, ciudadanía, extranjeros, aplicación de la ley, derecho de trabajar, discriminación laboral, igualdad ante la ley, reconocimiento de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RODRIGUEZ LEITE DE SAVOINI,SONIA MARIA c/ ESTADO DE LA PROV. DE CORRIENTES s/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA"EXPTE. N 6998/90
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-04-19

Si bien en el articulado de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos llamada "Pacto de San José de Costa Rica" aprobada por Ley N°23054 no se enumera taxativamente la protección del derecho a trabajar, que sería uno de limitados en esta causa, ciudadana naturalizada impedida de ejercer cargos docentes) ello surge del artículo 26 donde se establece el compromiso de los Estados de adoptar providencias para lograr la plena efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas, sociales y sobre educación, Ciencia y Cultos, contenidas en la Carta de Organización de los Estados Americanos.Este Pacto protegería entonces la no discriminación, la no limitación del derecho a trabajar y la igualdad ante la Ley (art. 24).Congruentemente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales y el pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y su protocolo, reconoce en su art. 6° el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, debiendo los Estados Parte tomar medidas necesarias para garantizar este derecho.El art. 2 ° garantiza el ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna, por los motivos que desarrolla, entre los cuales se encuentra el origen nacional y el nacimiento.
Acusación fiscal, descripción de los hechos, calificación legal
Materia: PENAL
Carátula: Cabanillas, Eduardo Rodolfo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-10-07

La acusación de la querella resulta válida, pues la misma detalla de manera acabada el contexto histórico en que se produjeron los ilícitos de lesa humanidad y la existencia del centro clandestino de detención, los hechos imputados que se tuvieron por acreditados, las pruebas existentes para probar tales acontecimientos, la intervención de los imputados en los hechos y su relación con los elementos probatorios producidos en el debate, la descripción de la calificación legal y el grado de autoría y/o participación de los justiciables, las pautas ordenadoras fijadas por los artículos del Código Penal y el pedido de pena concreto, por lo que los imputados contaron con una descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos endilgados, pudiendo ejercer una defensa eficaz.
Acción de inconstitucionalidad, legitimación activa
Materia: CIVIL
Carátula: ZUAÓN GUSTAVO ARIEL c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD s/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-10-07

Integra el concepto de legitimación activa el requisito de la afectación directa de los derechos patrimoniales del querellante. Respecto de ello se ha establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no debe hacerse en términos genéricos o teóricos. No basta, en consecuencia, con la aserción de que la norma impugnada puede causar agravio constitucional, sino que debe afirmarse y probarse que ello ocurre en el caso. No existe -dijo la Corte- válido ejercicio de la actividad jurisdiccional que no presuponga una lesión materialmente perpetrada, al menos, tentada, contra el derecho para el cual se procura la tutela. La admisibilidad de la acción está condicionada, pues, a la concurrencia de un interés así interpretado, único en que puede asentarse legalmente una petición de condena.
Caducidad de instancia, plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: DOMINGUEZ, Celia y Otros c/ Gómez, Sandra Cristina y Otro s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-10-15

Mientras el expediente se encontraba en la alzada, el plazo de perención estuvo suspendido, dado que ello imposibilitó -más allá de la voluntad del ahora recurrente-, la formulación de cualquier acto con virtualidad de impulsar el trámite, debiendo continuar computándose aquél, a partir de la providencia que lo tuvo por devueltos.