Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-03-21


En la Ciudad de Posadas Capital de la Provincia de Misiones, a los Veintiún (21) días del mes de Marzo del año Dos Mil Once, se reúnen en Acuerdo Definitivo los Señores Miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Doctores María Luisa Avelli de Lojko y Luisa Alberto Diblasi a los fines de considerar los autos caratulados: "EXPTE. N° 9187/2010 MENDOZA, LILIANA ELIZABETH c/ASOCIACION CIVIL ESCUELA DEL FUTURO y Otra s./Laboral por Despido", elevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Posadas, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 403/414 y 415/418 contra la sentencia dictada a fs. 387/400 y concedido libremente y en efecto suspensivo a fs. 419.- Examinados los autos la Sala se plantea las siguientes cuestiones:

¿ ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA ? ¿ QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR ? Efectuado el pertinente sorteo correspondió emitir su voto en primer término a la Dra. María Luisa Avelli de Lojko, quien dijo:

Admitida parcialmente la demanda, la sentencia es recurrida por ambas partes en cuanto les fuera adversa; receptando la defensa de falta de legitimación pasiva de la codemandada Elba Nora Benítez que excluye de responsabilidad solidaria reclamada en demanda.

Los agravios de la actora comprenden los rubros indemnizatorios agravados que le fueran desestimados y la exclusión de la condena de Elba Nora Benítez, en tanto la Asociación demandada impugna el decisorio en cuanto a la totalidad de los rubros por los cuales es condenada.

Dado la extensión de los conceptos cuestionados deberé comenzar por el tratamiento del recurso de la demandada.

CARÁCTER DEL VÍNCULO Impugna esta agraviada el carácter de contrato de trabajo asignado en sentencia a la relación que mediara entre las partes, subsumiéndola en las disposiciones específicas del estatuto del docente según leyes Provincial 2.987 y Nacional 13.047.

Sostuvo en cambio haber estado vinculada por una locación de servicios de tipo civil, dado que carecía de título profesional habilitante y los servicios de la actora no eran abarcados por los programas docentes de enseñanza oficial.

La conclusión a que llega la sentencia conlleva la existencia de fraude laboral en los términos del art. 14 de la LCT y correlativamente, en el supuesto de incorrecta registración en los términos de la Ley 24.013, lo que a su vez legitimara el despido indirecto de la actora ante el desconocimiento de su condición de trabajadora en relación de dependencia, para la prestación de servicios de docente auxiliar en el nivel inicial -Sala de 4 años-.

No estuvo controvertido en el proceso que la Asociación demandada es propietaria de un establecimiento educativo integrado al sistema de Enseñanza Pública de Gestión Privada, y como tal regido por la Ley Provincial 2987 y fiscalizada por el SPEMP. Esta base legal, permite en su aplicación concreta -art. 51 de la Ley 2987- fundar la primera conclusión de la a-quo, esto es, que la relación entre la propietaria del establecimiento y el personal docente ocupado en él, es de carácter laboral.

El Memorial no ataca esta conclusión que resta firme en su fundamento. Su reparo consiste en que la actora no ha cuestionado en ningún momento de la existencia de la relación entre ambas el carácter de la locación de servicios, en los términos pactados entre ellos, y tan solo su reclamo se efectúa al finalizar la relación que las uniera.

Agrega que obstaría a tal carácter también, la circunstancia no evaluada correctamente en la sentencia de la falta de título habilitante de la actora.

El primer argumento es desestimable desde el momento que los principios del derecho del trabajo establecen la rigidez del tipo legal del contrato de trabajo, y no admiten una flexibilización voluntaria de las partes, que lleve a su apartamiento o no aplicación, aun cuando las partes, inicialmente o durante toda la relación lo consientan, dado que ello transgrediría el orden público laboral.

Que actora y demandada hubieran pactado y consentido una locación de servicios, y que la hayan denominado así, ello no afecta que ante la realidad de un servicio docente prestado a favor de la Asociación demandada en su establecimiento educativo, en forma subordinada; se imponga la aplicación de los principios y reglas establecidos por los arts. 21, 22 y 23 de la LCT.

El orden de prelación de las fuentes de regulación del Contrato de Trabajo obstan a que la voluntad de las partes cobre prioridad sobre las normas legales específicas y de orden público del Derecho del Trabajo, esto es, que tan solo podrá la voluntad de las partes mejorar negocialmente los mínimos inderogables del Derecho del Trabajo o Convenios Colectivos de la actividad, pero serán impotentes para establecer condiciones menos favorables del contrato de Trabajo o excluir la relación de su ámbito de aplicación -arts. 1; 4; 7; 9 y 11 de la L.C.T.- Mas claras aun son las directivas establecidas en los arts. 12; 13 y 14 de la L.C.T. en el sentido de establecer la irrenunciabilidad del trabajador de los derechos constitucionales y legales que le son concedidos en su condición de tal, y la nulidad de todo acuerdo o contrato por el cual se suprima, reduzca o desconozca derechos que le son reconocidos por ley.

Por ende, el haber mediado un contrato consentido por la actora de una locación de servicios de tipo civil, carece de aptitud para afectar los derechos irrenunciables que tiene la actora en su condición de trabajadora dependiente, pues tal contrato o acuerdo será nulo y sin valor, en tanto sea susceptible de afectar los derechos expresamente reconocidos a un trabajador dependiente -art. 12 LCT según texto Ley 26.574-.

En cuanto al segundo argumento de la falta de título habilitante, es de advertir que, en principio nadie puede invocar su propia torpeza para eludir una obligación legal, de modo que quien contrató a la actora sin título habilitante fue la demandada, luego a ella le es imputable tal trasgresión legal, de modo que no puede tardíamente volver sobre sus actos para eludir responsabilidades que le son impuestas expresamente en el art. 46 de la Ley 2987 como con claridad destaca el pronunciamiento en recurso. Ello exime de valorar si en autos pudo además concurrir el supuesto de excepción indicado por la Ley 13.047.- Este primer agravio es inatendible, dado que el encuadramiento es correcto.

FECHA DE INGRESO La sentencia entiende acreditado la fecha de inicio de los servicios de la actora para la demandada en febrero del año 2000, y de ello se agravia la demandada, sosteniendo que debiera tenerse por acreditada como tal, el 30 de marzo de 2004 en que suscribieran las partes el contrato de locación de servicios reconocido por la misma actora.

Respecto de este contrato que obra agregado a fs. 73/74, la sentenciante lo analiza restándole valor la fecha consignada en él, por haber sido enmendado el año de inicio -2000 y sobreencimado 2004- sin salvar las partes dicha enmienda; y suma a ello que al aclarar la fecha de suscripción en letras, más abajo, tal aclaración se efectúa "debajo de la firma de la actora".- Una detenida lectura de este instrumento, y especialmente de la segunda foja agregada a fs. 73, da cuenta de la veracidad de las aseveraciones del fallo en cuanto a la invalidez del instrumento para concluir de otra manera.

Para así afirmarlo tengo en cuenta que, la interpretación de un documento en formulario predispuesto como el que analizamos, debe atenerse a las reglas fijadas para instrumentar los documentos y registraciones laborales, esto es, debe observarse los lineamientos exigidos para toda registración y a las disposiciones que resultan de los arts. 59 y 61 de la LCT.

Como principio general, toda enmienda inserta en un contrato, para mantener su validez debe ser salvada -art. 54, inc. 3 del C. Comercio y arts. 1.012 y 1.182 del C. Civil, entre otras reglas de interpretación de contratos.

En cuanto al art. 61 de la LCT, establece para los documentos instruidos en formularios predispuestos por el empleador, tal el caso del contrato de fs. 72/73, las declaraciones o inscripciones que correspondan a texto no impreso en el formulario, tal las fechas consignadas en él ".Se apreciarán por los jueces en cada caso a favor del trabajador." Por ello, la enmienda en el año de ingreso, no salvada por las partes, y por tratarse de una declaración no predispuesta en el texto del contrato, debe juzgarse como lo ha hecho la sentenciante a favor del trabajador, es decir teniendo por cierto el año 2000 y no el 2004.

Otro elemento de juicio ponderable, que no puede soslayarse, es la conducta de haber pretendido convalidar esa fecha con una declaración inserta a posteriori o al menos abajo del texto firmado por la actora, lo que no solo le resta validez a esa aclaración, sino que permite inferir una conducta reprochable y poco seria de parte del personal que representara en dicha ocasión a la demandada, lo que se tiene presente como prueba contraria a la fecha de ingreso sostenida por la demandada, conforme lo autoriza el art. 163, inc. 5), apartado tercero de la Ley XII.6, aplicable por remisión del art. 149 Ley XIII. 1.

Por otra parte, avalan complementariamente el inicio del vinculo entre las partes en el año 2000, las declaraciones testimoniales Sanabria, Kofal y Gómez, quienes dan razón de los dichos sobre el conocimiento que adquirieron de los servicios de la actora, en razón de haber sido la maestra de sus hijos en los años 2000, 2003 y 2000, es decir con anterioridad a la fecha consignada en el instrumento de fs. 73.

No empece a su validez que al responder a la décima pregunta Sanabria indique como lugar de trabajo en el año 2000 el establecimiento de la Escuela Benjamin Matienzo por calle Jujuy y Kofal responda esa misma pregunta que "esta por calle Entre Ríos" dado que es objetivo que ambas refieren a distintos períodos una al año 2000 y la otra en el presente en que declara.

Coincido con el análisis de mérito que realiza la a-quo, respecto a la ineficacia de los dichos de los testigos Rejalaga, Malawka y Loreiro que declaran a propuesta de la demandada, para enervar la declaración de los primeros citados en atención a la fecha en que la primera ingreso a trabajar como dependiente de la demandada en el año 2004 o sea que no da suficiente razón de sus dichos respecto al periodo que lo precede -2000 a 2003-; en tanto los dichos de Malawka y Loreiro, no contradicen por los motivos expresados, la existencia de servicios prestados con anterioridad a 2004.- En este contexto la prueba colectada y analizada autoriza a tener por acreditada la fecha de ingreso afirmada por la actora en febrero de 2000, por lo que debe confirmarse la sentencia en cuanto a este agravio.

RECURSO DE LA ACTORA Este abarca tres cuestionamientos: el haberle desestimado sus pretensiones indemnizatorias de la falta de registración del contrato de trabajo en el marco de la Ley 24.013; el rechazo del reclamo en concepto de multa por omisión de oportuna y debida entrega de la Certificación de Servicios con sustento en el art. 80 de la LCT; y finalmente por haber desestimado la procedencia de extender la responsabilidad solidaria de la condena a la codemandada Elba Benítez de Pereira Da Silva.

Cabe examinar estos agravios en forma individual.

INDEMNIZACIONES POR FALTA DE REGISTRACIÓN Integró la demanda la actora con la pretensión resarcitoria de la falta de registración, autorizada por los arts. 8 y 15 de la Ley 24.013, siéndole denegada por no haber cumplido los requisitos que condicionan su procedencia establecidos por el art. 11 de la misma ley.

A fs. 48 obra la liquidación de los rubros pretendidos liquidando en función del art. 8 de la Ley 24.013 la suma de 17.000.- que afirma correspondería a la cuarta parte de las remuneraciones percibidas en el lapso no registrado; y $ 8.518,34 como sanción derivada del despido indirecto que debió legítimamente adoptar la trabajadora. El marco del art. 15 del mismo ordenamiento legal.

Al momento en que paso a analizar esta pretensión, me he expedido sobre la existencia de un contrato de trabajo entre las partes pese a su pretenso encuadramiento en una locación de servicios; luego, como consecuencia, es innega-ble la irregularidad registral de la actora en las circunstancias acreditadas en autos.

No obstante, para la procedencia del reclamo indemnizatorio, debemos verificar si, la actora ha cumplido con las exigencias previas que le impone el art. 11 de la Ley 24.013 en sus incisos a) y b) según su texto actualizado por art. 47 de Ley 25.345.

Convengo con la sentenciante que la actora cumplió con el requisito previo de la interpelación formal a la demandada a fin de que proceda a registrar el contrato en fecha 18 de Agosto de 2006, conforme TCL agregado a fs. 9, estando satisfecho con ello el requisito indicado en el inc. a) del art. 11 de la Ley 24.013, pero en cambio, la actora no acreditó ni siquiera afirmó haber cumplido con el segundo requisito establecido en el inc. b) del mismo art. 11 en cuanto a anoticiar de tal circunstancia en el plazo no mayor de 24 hs. a la AFIP.

Entiende equivocado este criterio la actora apelante, pues afirma que en las actuaciones cumplidas en sede Administrativa ante la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, habría acreditado dicho cumplimiento a dicha exigencia legal con la presentación a la AFIP el 10 de octubre de 2006.

Como la recurrente se in terrosa en el Memorial corresponde considerar ahora si tal comunicación es eficaz para preservar la pretensión indemnizatoria requerida.

Entiendo que no, y si bien es cierto que el plazo legal puede aparecer como un extremo rigorismo como lo sostiene el apelante también lo es, que no se ha impugnado dicha norma por inconstitucional, ni se ha hecho uso de la opción legal que facilita a los trabajadores obtener esta indemnización, sin cumplir este requisito legal, con fundamento en el art. 1 de la Ley 25.323.

No dejo de evaluar la tardíamente invocada y no acreditada razón de salud, para la comunicación temporal a la AFIP, pero la situación que trasuntaría los propios dichos de la apelante -ya que no se encuentra la constancia de la invocada comunicación a la AFIP en el Expte 4278/06 por cuerda- demostraría a lo sumo, que tal comunicación se habría hecho no en el plazo de 24 hs., o sea el 19 de agosto de 2006, sino a estar a sus dichos recién el 10 de octubre de ese año.

En cuanto a la posibilidad de que se reconozca no obstante la indemnización que prevé el art. 15 de la L.E..

Asiste razón a la apelante en atención a que la modificación introducida al texto legal inicial del art. 11 L.E., que refiere a la nueva exigencia de la comunicación a la AFIP, la establece mencionando exclusivamente las indemnizaciones agravadas de los arts. 8; 9 y 10 de la Ley 24.013, pero no menciona en cambio la del art. 15 que contempla otro supuesto.

No corresponde extender a este otro supuesto la exigencia que contempla la ley con otra finalidad.

En consecuencia, esta indemnización es procedente y debe integrarse a la condena. Ateniéndonos a las indemnizaciones por despido liquidadas en sentencia a fs. 392vta. cuyos montos vienen firmes, esta indemnización equivalente a la duplicación de estas, alcanza a la suma de $ 8.729,10 ( $ 6.636.-+ $1.106.- + $ 987,10 ) y en esa suma debe integrarse la condena.

El agravio es así parcialmente atendible.

SANCION ART. 80 LCT.

Se agravia asimismo la actora y entiendo que con razón por habérsele denegado la sanción que establece el art. 80 LCT citado ante la falta de entrega oportuna de la Certificación de Servicios.

Para así resolver la sentencia interpreta que la interpelación formal a su entrega ha sido extemporánea por prematura. . No esta en tela de juicio que al comunicar la denuncia del contrato de trabajo, la actora haya requerido formalmente la entrega de la Certificación de Ser-vicios aludida en el marco del art. 80 de la LCT, el 21 de setiembre de 2006 -fs. 10-.

Si bien la ley concede un plazo de 30 días al empleador para que cumpla con dicha exigencia legal, es razonable interpretar que en el caso de autos, la negativa de la existencia del contrato de trabajo y su reiterada posición en respuesta a la interpelación de la actora según Carta Documento del 29 de setiembre de 2009 -fs. 12- evidencia la inoficiosidad de esperar plazo alguno para extender tal certificación en las circunstancias en que se ha negado el vínculo y así se mantuvo la posición de la demandada hasta finalizar el proceso en la instancia anterior.

En tal caso, el plazo para cumplir una exigencia incompatible con la posición de la demandada resulta francamente inoficioso y autoriza en este contexto a conceder la multa establecida en el art. 80 de la LCT. Así lo he interpretado reiteradamente ( Esta Sala 1, L. Fallos 22, Res. 49; L. Fallos 21 Res. 105 y 109, entre otros ) Por ello, deberá sumarse a la condena en concepto de multa art. 80 LCT la suma de $ 3.005,37 ( $ 1.001,79 x 3 ) Este agravio es procedente.

EXTENSION SOLIDARIA DE LA CONDENA El tercer agravio de la actora impugna el rechazo de la extensión de responsabilidad en carácter de solidaria de la codemandada Elba Nora Benítez.

Para resolver de tal manera, el pronunciamiento dictado entiende que siendo la Asociación civil demandada una persona jurídica, debidamente inscripta y con autorización estatal para funcionar, como regla general, sus directivos y representantes no responden a título personal.

Al formular el reclamo de extensión de responsabilidad la actora lo ha fundado en las disposiciones del art. 33 de la Ley 13.047.

Sostiene el fallo en recurso que la ley que rige el sistema educativo de enseñanza privada en la provincia de Misiones es la Ley 2987 y como tal tiene regulado específicamente su propio régimen sancionatorio en su art. 31, por lo cual no cabría la posibilidad de aplicar en ese marco la solidaridad pretendida, ni podría en función del art. 50 de la Ley 13.047 aplicar sus sanciones reguladas, cuando en la provincia se ha creado en el art. 61 de la Ley 2987 el Consejo de Relaciones Laborales que no ha sido aún implementado en su funcionamiento, y por ende la aplicación de las sanciones que prevé el art. 33 de la normativa provincial, se tornaría improcedente dado que requiere un procedimiento administrativo previo, ante ese Consejo de Relaciones Profesionales aun no instrumentado.

Agrega que por otra parte la extensión solidaria se encuentra acotada en el orden provincial a las sanciones pecuniarias y no a las deudas de las Asociaciones.

Replica la apelante en su Memorial, que debe priorizarse en el análisis de la situación de autos, que quien formalizara la contratación de la actora como locación de servicios al margen de un contrato de trabajo como hubiese correspondido, fue la codemandada Elva Benítez de Pereira da Silva y por ello entiende le es extensible la responsabilidad por los créditos reconocidos en autos, en abierto fraude laboral.

Dejando al margen la circunstancia admitida de la personería legal que tiene la Asociación Civil demandada inscripta como tal en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Misiones, en el ámbito de la enseñanza pública de gestión privada controlada por el SPEPM, debemos analizar si a su representante legal en ese marco, es susceptible de serle atribuida una responsabilidad personal y autónoma, diferente a la de la Asociación cuya representación ejerce, por la contratación de la actora bajo la forma de una locación de servicios, tal la figura fraudulenta que se destaca como causa de esa responsabilidad.

Es cierto como lo manifiesta el Memorial que no es susceptible de analizar la cuestión, tan solo a partir del art. 39 del C. Civil, que claramente establece la distinción entre la responsabilidad de la Asociación y de quienes la representan, estableciendo que estos últimos no están obligados por las deudas de la entidad, salvo que expresamente se hubieren obligado como fiadores o deudores mancomunados, lo que no ocurre en la causa.

Considero que asiste razón al apelante, en el sentido que dado el encuadramiento legal como contrato de trabajo que corresponde según sentencia, de la vinculación entre las partes en este juicio, son de aplicación para resolver la cuestión en primer lugar las normas básicas del derecho laboral y en cuanto pudieran estar modificadas en razón de la actividad por las específicas del estatuto Docente y Ley Provincial 2987 que lo recepta y regula de modo particular.

Con esa orientación, y partiendo del principio de realidad, debemos interpretar si la instrumentación del contrato de locación de servicios de tipo civil con la actora, que se formalizara en autos -posición reiterada en las comunicaciones cursadas- para cumplir las prestaciones de trabajo dependiente en el área de la enseñanza, es causa suficiente para la extensión de la responsabilidad solicitada a la representante legal de la Asociación demandada.

Esta sola circunstancia puede objetivamente atribuirse a un error de derecho, que si bien no excusa la responsabilidad de la Asociación en el ámbito del derecho del trabajo, y así lo establece el fallo de primera instancia y comparte el presente voto, no puede razonablemente generar por si solo la presunción de un accionar doloso por parte de su representante, especialmente en el caso en que se encuentra controvertida la habilitación o título profesional de la actora para desempeñarse en el área de la enseñanza .

Esta última circunstancia no es computable por la trabajadora desde el momento que la posible irregularidad de la contratación que no reuniera los requisitos legales, no habilitaría a la actora contratada para reclamar por ello, sino a la persona jurídica Asociación respecto de su representante que infringiera las normas legales o reglamentarias, pero no a la actora en el caso, por haber participado o beneficiado de esa irregularidad.

Por ello, y tratándose la demandada de una Asociación Civil, tampoco le es subsumible la cuestión, conforme a las reglas de los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550 de Sociedades comerciales.

Como lo afirma la apelación, la contratación de la actora fue con la intervención de esta codemandada, pero no puede dejarse de ver que toda Asociación Civil, como persona jurídica actúa legalmente por medio de sus representantes, tal el sistema normativo establecido en el art. 35 del C.C., de modo que la intervención en tal carácter del representante no puede hacer presumir en principio, un interés o actuación a título personal, salvo que mediare prueba concreta en contrario, lo que no acontece en autos. No podemos por ende, en el contexto de autos, interpretar que la verdadera empleadora sea la representante legal de la persona jurídica demandada, por haber intervenido como tal en los actos cumplidos en el ejercicio de su función.

Este agravio de la parte actora, no es atendible.

COSTAS De ser compartido mi voto, cabría admitir parcialmente el recurso de la actora y en su mérito modificar la condena en costas en la proporción que estableciera el fallo de primera Instancia -art. 279 de la Ley XII.6 y art. 149 de la ley XIII.1-.

Sumando a la condena de la sentencia de grado por capital de $ 26.549,22, la indemnización agravada de $ 8.729,10 y $ 3005,37 como sanción por falta de entrega oportuna de la Certificación de Servicios, el monto de condena queda integrado en la suma total de $ 38.283,69.- En atención a la suma reclamada por la parte actora que surge de la liquidación practicada en demanda -fs. 47/49- esta acción habría prosperado en el 56% aproximadamente.

Propongo en consecuencia distribuir las costas en la siguiente proporción: en un 60% a cargo de la demandada y un 40 % a cargo del actor en atención a que la ecuación resultante, evidencia un vencimiento parcial y mutuo en esa proporción -art. 124 de la Ley XIII.1- A las mismas cuestiones el Dr. Luis Alberto Diblasi dijo: ADHIERO.

Por ello la Sala Ira. de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido de la demandada II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación de la parte actora y en consecuencia MODIFICAR los montos de la condena en la forma y alcances dispuestos en considerandos por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SESENTA Y NUEVE CTVOS. ($ 38.283,69) como capital y los respectivos intereses en la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA CTVOS. ($ 26.184,80), con mas los accesorios legales fijados en sentencia que vienen firmes.

III.-COSTAS de ambas instancias en un 60% a la demandada y un 40% a la parte actora, a ésta última con los alcances del art. 17 de la ley XIII.1.-.

IV.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia en cuanto fuera materia de agravios.

V.-DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales hasta su oportunidad.

VI.- REGISTRESE, cópiese, notifíquese y oportunamente bajen al Juzgado de origen.-