Concursos, homologación del acuerdo, propuesta de acuerdo preventivo, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Replen SRL c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-15

Cabe confirmar la resolución que homologó la propuesta unificada de acuerdo preventivo. Ello por cuanto, en el caso, si bien la representante del Ministerio Público Fiscal apelante sostiene -con las pautas que aplica- que la propuesta homologada es abusiva pese a que obtuvo las mayorías exigidas por la ley; en lo que respecta a la quita abusiva, el único argumento esgrimido es que, calculados a "valor presente", los créditos incluidos en la propuesta quedan reducidos al valor que indica. No obstante lo cierto es que la fórmula que a estos efectos aplica, carece de toda relación razonable con el sacrificio a medir en términos concursales a los efectos de establecer si una propuesta es o no es abusiva. Lo que se calcula mediante esa fórmula es el "coste de oportunidad" de tomar decisiones de inversión, coste que se obtiene por comparación con lo que hubiera "rendido" el dinero involucrado, si él hubiese sido invertido por el beneficiario. Esa realidad, no tiene nada que ver con la que enfrentan los acreedores de un deudor insolvente. Ellos no tienen la disponibilidad de su dinero ni, por ende, tampoco la posibilidad de invertirlo, por lo que, menos aún, podría sostenerse sobre esa base que ellos se "están perdiendo" los porcentajes que, en cada caso, resulten de aplicar esa fórmula. Tienen, por decirlo de algún modo, créditos defaulteados y una escasa expectativa de cobrar algún magro porcentaje en la quiebra que al deudor habrá de serle declarada si no lo acompañan con ese sacrificio; que, guste o no, el legislador da por implícito y que tolera porque no queda otro camino que ese, ordenado a superar la insolvencia sin extinguir la empresa. Es decir, lo que debe valorarse es si ese sacrificio es o no excesivo, no cuánto hubiera podido ganar el acreedor en una inversión que por definición no realiza, porque no tiene nada para invertir. Por lo tanto, la fórmula que esgrime la apelante es inapropiada a los efectos concursales. A ello se agrega que los acreedores quedarán colocados en una situación mucho mejor a la que habrían de tener en la quiebra de la deudora. En el caso, debe tenerse por cierto que quienes quedarán alcanzados por el acuerdo carecen de todo interés en ello, como se infiere del hecho de que el principal activo de la sociedad concursada y de los garantes, está constituido por los predios en donde se encuentra instalada la planta, que se hallan hipotecados, que descartan cualquier expectativa de los quirografarios a concurrir sobre un eventual remanente. Aun cuando también fueran denunciados otros bienes, en esa nómina se incluyeron algunos que, como el "valor llave", no son susceptibles de liquidación autónoma en el marco de una quiebra, a lo que se agrega que se trata también de bienes que, aun cuando pudieran ser enajenados en los valores informados, no podrían ser aplicados al pago de los quirografarios pues constituyen en su mayoría el asiento de créditos privilegiados. Así, si se rechazara la viabilidad del concurso preventivo y se declarara la quiebra, se generaría un daño injustificado no solo a los deudores y a los acreedores en los términos vistos, sino también a los titulares de aquellos otros intereses que convergen en torno a la empresa. Estamos ante una deudora que ha logrado continuar con su actividad pese a sus dificultades y que hoy da empleo a más de cuarenta personas. En un tiempo tan difícil como el que atraviesa no solo nuestro país, sino también el mundo, el juez debe ser especialmente prudente al tomar decisiones como esta, que podrían generar injustificadamente la destrucción de esos valores, en cuya preservación hay interés público.