Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-29


--- En la ciudad de Trelew, a los días de febrero del año dos mil doce, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos Dante Ferrari y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Marcelo J. López Mesa y Carlos A. Velázquez, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "Z., V. E. c/ D. S.A. y otros s/ Diferencias salariales e indemnización de ley (10456)" (Expte. 339 - Año 2011 CAT.), venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 756.--------------------------------------	A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Velázquez expresó:	I.- La sentencia de primera instancia declaró la real existencia del contrato laboral entre las partes, descartando la pertenencia del actor a una cooperativa de trabajo por ser ésta fraudulenta; sobre esa base, acogió las pretensiones salariales e indemnizatorias deducidas.-	Apelaron ese fallo los codemandados P. C. S.R.L., M. y R. F., quienes para fundar su recurso expresaron, en sumaria sinopsis, los siguientes agravios: a) fue declara fraudulenta la C. D. P. d. S. A. Limitada a pesar de que no se la demandó en autos, sin que fueran acreditados actos de fraude, cual estaba a cargo del actor, y con el único apoyo de una resolución de la Secretaría de Trabajo Provincial de la que se ignora si fue notificada, si fue objeto de recurso administrativo u otro planteo, de modo que tal resolución se trató de una declaración política sin obligatoriedad para el juez; b) no fueron aportadas a los autos pruebas demostrativas de la existencia de dependencia del actor con los tres apelantes; c) no podían ser los recurrentes condenados como responsables directos y, a la vez, como deudores solidarios por aplicación de los arts. 29, 30, 225 y 228 L.C.T., promiscuamente citados pese referirse ellos a supuestos distintos con mengua de su derecho de defensa.-	II.- No resulta admisible que a esta altura del proceso los apelantes insistan en negar el carácter fraudulento de la C. D. P. d. S. A. Limitada para interponerla en la relación que con el actor mantuvieron ellos.-	No es exacto que tal fraude laboral no pudiera ser declarado en la especie por no haber sido demandado en autos ese ente cooperativo, pues medió su citación como tercero al proceso (fs. 436/437 vta.) y, como es sabido, una vez declarada admisible la intervención del tercero, sea voluntaria o coactiva, éste deja de ser tal para asumir la calidad de parte, con las facultades, derechos y cargas que de ella surgen, convirtiéndose así en litisconsorte pasivo con adecuado resguardo de su derecho de defensa y alcanzado por los efectos de la sentencia de mérito (art. 97 C.P.C.C., su doc.; confr.: Colombo, "Código Procesal...", Abeledo - Perrot, Bs. As. 1969, I-524 y sgts.; Palacio, "Derecho Procesal Civil...", Abeledo - Perrot, Bs. As. 1970, III-225 y sgts.; S.C.B.A., D.J.J.B.A. 119-520).-	Por otro lado, la tal C. D. P. d. S. A. Limitada era directamente alcanzada por la Res. n° 1.242 D.R.T. mediante la cual el 10/8/00 la Delegación Regional de la entonces Subsecretaría de Trabajo Provincial declaró verificada la comisión de fraude a la ley laboral en las contrataciones que aquélla celebraba con terceros respecto de los trabajadores que figuraban como sus socios (fs. 39).-	Respecto de la eficacia de dicha resolución, mal alegan los apelantes que no fue acreditado en el pleito su notificación y firmeza. Es que ni los codemandados M. J. y R. R. F., ni su litisconsorte pasiva P. C. S.R.L. introdujeron en absoluto esas defensas en ocasión de contestar la demanda, habiéndose ceñido la última codemandada indicada a negar los actos de fraude, mas sin expedirse acerca de la mentada resolución administrativa que su adversario invocara al demandar (fs. 76/77 y fs. 82 vta., párr. 3°). No pudo pues el sentenciante de origen tratar esos capítulos defensistas por no haberle sido sometidos en su oportunidad (arts. 34 inc. 4°, 165 incs. 3°, 4° y 6°, 360 regla 1era. C.P.C.C.) y tampoco le es dado a este cuerpo ocuparse hoy de ellos por vedárselo la expresa norma del art. 280 ídem.-	Cual hiciera notar al expedirme en muy nutrido número de precedentes, en nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primer limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. También en este grado de apelación rige el principio de congruencia y no es dado en consecuencia extralimitar la relación procesal diagramada con los escritos constitutivos, para cuya modificación es pieza inidónea la expresión de agravios, que no brinda ocasión para la introducción al proceso de nuevas defensas no opuestas en su oportunidad (art. 244 C.P.C.C., su doc.; c. 19.304 S.D.L. 11/04, c. 21.041 S.D.C. 52/06, c. 21.607 S.D.C. 6/07, c. 21.949 S.D.C. 25/07, c. 108/09 S.D.C. 6/09, c. 23/09 S.D.C. 28/09, c. 233/11 S.D.L. 27/11 entre muchas otras).-	El tiempo de formular articulaciones defensistas era el de responder la demanda (art. 360, cláus. 1era. C.P.C.C. ya cit.). Esa pieza es la portadora de la oposición a la pretensión, acto introductivo este que fija los límites del examen de la misma. Mediante su oposición el sujeto pasivo elige de entre las teóricamente infinitas líneas de discusión que la pretensión puede suscitar, aquellas que tienen mayor significación y trascendencia prácticas, función electiva que es encomendada a la demandada en virtud del principio de contradicción, por entender que ella encuentra en su propio interés razones bastantes para deducir aquellos motivos de discusión cuya aclaración sea necesaria. El efecto de la oposición consiste entonces en delimitar el objeto procesal, con imposibilidad de cambios ulteriores; establecidos de tal modo los extremos dentro de los cuales la pretensión procesal ha de ser correctamente manejada, ellos vinculan a los jueces de la causa -en todas las instancias-, quienes no podrán desconocerlos, positiva o negativamente, sin incurrir en el vicio de incongruencia (confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I.E.P., Madrid 1968, I-233/234 y 241).-	Esta restricción a las facultades del cuerpo constituye una derivación necesaria del principio dispositivo, que confiere a los justiciable el señoría de la voluntad de fijar las fronteras del objeto litigioso y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido introducidas al proceso temporáneamente por las partes. Si fuera admitido que en la alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos ante el "a quo", ello importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de la expresa prohibición legal contenida en el ya citado art. 280 C.P.C.C. Debe recordarse siempre que la función del tribunal "ad quem" es revisora de del pronunciamiento emitido en el anterior grado y no una renovación plena del debate -"novum iudicium"-; no hay espacio en ella pues para el planteo de noveles articulaciones o defensas.-	Si la resolución administrativa antes mentada debe ser reconocida aquí como eficaz, por necesaria consecuencia ha de serle reconocida igualmente su calidad dirimente en este litigio. Por cierto que se trató de una actuación de índole administrativa, pero hemos de recordar que, cual lo tiene declarado desde antiguo y reiteradamente la Corte Suprema Nacional, los actos administrativos cumplidos en ejercicio de facultades regladas y conforme a los recaudos necesarios para su validez en cuanto a forma y competencia, deben tenerse por firmes e inamovibles y en cuya consecuencia se encuentran revestidos de valor de cosa juzgada en pro y en contra de los administrados (Fallos 256:277, 281:48; L.L. 125-307/308; este cuerpo, c. 325/11 S.D.C. 28/11).-	Y la existencia de esa cosa juzgada, por imperio del art. 350 últ. párr. C.P.C.C., debe ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa. Incluso antes de sancionarse la citada norma adjetiva, tal venía siendo decidido por nuestros tribunales, entre ellos el Máximo Tribunal de la Nación, atendiendo a que la cosa juzgada responde a consideraciones esenciales de orden público, seguridad jurídica y paz social (confr.: C.S.N., Fallos 301:1067, L.L. 1995-A-492, f. 38.300 S; S.C.B.A., D.J.B.A. 151-6.467, L.L. 1991-C-295; C.N. Civ., sala C, E.D. 102-370: esta sala, c. 14.973 S.D.C. 19/04, c. 22.163 S.D.C. 11/08, entre otras).-	Y, en mi concepto, tal cosa juzgada es invocable en la especie mal grado la no participación de los aquí codemandados apelantes en el trámite en que la resolución en cuestión fuera dictada, es decir allende la ausencia de la triple identidad que exigía la doctrina clásica, superada y abandonada hace ya más de cuatro décadas. Cierto es que, como regla, la sentencia se pronuncia "entre las partes" (Carnelutti, "Derecho procesal...", EJEA, Bs. As. 1971, I-315) y no aprovecha ni perjudica a los terceros ("res inter alios iudicata, tertio neque nocet neque prodest"). Pero el adagio no tiene valor absoluto, siendo conocidos, así sea a título de excepción al mismo, los efectos reflejos o mediatos del fallo, que en ciertos casos alcanza con su eficacia a los terceros. En nuestro país fue Carlos J. Colombo quien reivindicó, en lugar de esa rígida teoría de las tres identidades, la de la "identidad de controversias", apoyándose en sólidas y claras razones: no pueden los jueces estar atados a fórmulas inflexibles que rijan la existencia o no de cosa juzgada, correspondiéndoles en cambio realizar un examen integral de las contiendas para determinar si existe entre ellas conexidad, continencia, accesoriedad o subsidiaridad y si la jurisdicción corre el riesgo de contradecirse ("Código Procesal...",ya cit., II-95), fórmula que hizo camino, pues la receptó fielmente el art. 347 inc. 6° C.P.C.C. de la Nación al añadírsele una segunda parte mediante la Ley 22.434 -con beneplácito de la mejor doctrina (confr.: Fenochietto, "Cuestiones litigiosas amparadas por la cosa juzgada", L. L. 1.988-E-334 y sgts.)-, criterio seguido en nuestro ámbito provincial a través de la Ley 2.203 que hizo lo propio con igual artículo, hoy el art. 350 inc. 6° C.P.C.C. del Chubut según la numeración de la Ley XIII n° 5.-	Tal concepción se halla ya bien asentada en la jurisprudencia de los tribunales argentinos. Lucen así en los repositorios judiciales precedentes en los que se concluyera que aun cuando una persona no haya tenido intervención en un proceso, puede ella igualmente resultar alcanzada por los efectos reflejos de la sentencia que en él se dictara, en la medida que sus derechos estén vinculados a la relación jurídica objeto de ese decisorio, en virtud de conexidad, dependencia o interferencia jurídica o práctica, ya sea en cuanto a su existencia, ya en cuanto a la posibilidad de efectiva realización. En suma, la circunstancia de que un sujeto no haya intervenido en un proceso no significa que sea él un tercero totalmente ajeno a la conducta reglada por la norma individual dictada; si la relación jurídica sustancial juzgada le es común o conexa, la cosa juzgada le beneficia o le perjudica, según el caso, alcanzándole la identidad jurídica de la cuestión definida (confr.: Cám. 2da. Apel. La Plata, sala I, 8/10/96, JUBA 7, base SCSBLP sums. B-252.436 y B-252.437).-	Puesto que la Res. n° 1.242 D.R.T. de la Delegación Regional de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia declaró verificada la comisión de fraude laboral respecto de las contrataciones que la C. D. P. d. S. A. Limitada celebraba con terceros respecto de los trabajadores que figuraban como socios de ella y en el subexamen no fue controvertido que tal ente cooperativo contrató con P. C. S.R.L. respecto de los servicios del actor, no es ni por asomo dudoso que la relación jurídica sobre la que recayera la declaración de fraude es la misma que forma el objeto del presente litigio; ante tal identidad de controversia, la cosa juzgada beneficia al aquí demandante.-	II.- En cuanto a la impugnación relativa a la supuesta orfandad probatoria de la concluida dependencia laboral del actor con los tres codemandados apelantes, patente resulta la insuficiencia técnica de la pieza de agravios, lo que conduce a la deserción parcial del recurso (art. 60 Ley XIV n° 1).-	En efecto, los recurrentes no atacaron en concreto los argumentos vertidos a ese respecto por el Señor Juez "a quo"a fs. 692 vta./693, relativos a las constancias de recibos salariales no desconocidos, así como a los otorgamientos por la autoridad administrativa de permisos de pesca para el B/P "C." en favor de las empresas F. e hijos y, luego, F. Hnos.-	III.- Resta ocuparnos del último de los agravios, enderezado contra la declaración de deudores solidarios de los recurrentes sobre la base de los arts. 29, 30, 225 y 228 L.C.T.-	A pesar de la queja de los apelantes por la cita promiscua de las normas laborales hecha por el sentenciante del previo grado, la subsunción de los hechos de la causa en los arts. 29, 225 y 228 L.C.T. es clara. P. C. S.R.L., por su contratación de los servicios del actor con la fraudulenta C. D. P. d. S. A. Limitada, queda comprendida en el supuesto fáctico de aplicación del art. 29 párr. 2° L.C.T. Por su lado, M. J. y R. R. F., en razón de la locación del B/P "C." que celebraran con P. C. S.R.L., son abarcados por las previsiones de los arts. 225 y 228 ley cit.-	Ambas situaciones fácticas -la contratación de P. C. S.R.L. con la C. D. P. d. S. A. Limitada y la locación del buque por los hermanos F. a la indicada sociedad de responsabilidad limitada- han quedado acertadas en la causa, pues concretamente alegadas por el actor en su demanda (fs. 54 vta., pto. 2.4 y fs. 55 vta. "in fine"/56) ellas no fueron desconocidas en las contestaciones respectivas de los codemandados (fs. 76/77 vta. y fs. 80/82), operando entonces en relación a las mismas la figura procesal de la admisión, que se origina cuando del entrecruce de las alegaciones de las partes resulta la adhesión o conformidad de ambas con uno o más datos relevantes para el debate (arts. 45 inc. 4º de la Ley XIV n° 1, 333 inc. 4º, 360 inc. 1º, 363 y 364 C.P.C.C.; confr.: Guasp, ob. ind., I-329, nº II, "b"), figura esa que no sólo puede presentarse bajo la forma expresa, configurada por el reconocimiento explícito de los hechos por el demandado, sino igualmente de modo tácito, derivado del silencio o la negativa genérica o evasiva, cual en la especie aconteció (confr.: Alsina, "Tratado...", 2da. ed., EDIAR, Bs. As. 1958, III-246, nº11).-	IV.- Tales las razones por las que propongo al acuerdo la confirmación de la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a los recurrentes vencidos en ella (art.. 57 de la Ley XIV n° 1) y regulando los honorarios del Dr. L. C. B., por sus trabajos de Alzada y atendiendo a la extensión, calidad y eficacia de ellos, en la suma equivalente al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse (arts. 5, 6, 13, 18 de la Ley XIII n° 4).-	Me expido en esta cuestión entonces por la AFIRMATIVA.-	A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó:

Que las cuestiones fácticas han sido suficientemente referidas por el colega de primer voto, motivo por el cual no abundaré en ellas, dando por reproducidos aquí los desarrollos efectuados al respecto por el Dr. Velázquez. Me concretaré, para el sustento individual de mi voto, a analizar los aspectos relevantes traídos a revisión.

--- Ingresando al tratamiento de los tópicos traídos a resolución, anticipo que el recurso no puede prosperar.-------- --- Ello, en primer lugar porque los apelantes no han introducido en tiempo y forma a la litis el cuestionamiento central de que intentan valerse en esta sede, cual es la impugnación del carácter fraudulento de la C. D. P. y S. A. Ltda.----------------- --- Es que, el carácter fraudulento de tal Cooperativa no es discutible a esta altura en este pleito.--------------------- --- Ocurre que, en primer lugar yerran los apelantes al sostener que el fraude laboral no puede ser hecho valer en esta causa, por no ser demandada aquí la Cooperativa. Se trata de un argumento especioso, como que al haber sido ella citada como tercero al proceso -cfr. fs. 436/437 vta., nada obsta para su condena, pues producida la intervención de un tercero en la litis, sea en la calidad que sea, esto es, voluntaria u obligada, el tercero compareciente a derecho asume la calidad de parte, con facultades plenas de hacer valer las defensas que tuviera.------------- --- Y bien se ha resuelto que el tercero citado por el demandado puede ser condenado, cuando ha ejercitado su derecho de defensa en juicio con toda amplitud. Y si similares circunstancias se dan respecto del tercero convocado por el actor -quien contestó la demanda, cuestionó los rubros y montos, ofreció y produjo prueba, controló la prueba de las partes restantes y presentó alegato- parece razonable aplicar una solución semejante por razones de economía procesal y sin que de ello derive mengua de ninguna especie para los derechos constitucionales de la parte (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 12/02/2002, Centurión, Arcenio v. Riva S.A.I.I.C.F.A. y otro, AP online).---- --- Además de ello, la C. D. P. d. S. A. Limitada padece otro obstáculo a sus alegaciones: ella es alcanzada por la Resolución n° 1.242 D.R.T. a través de la cual la Delegación Regional de la entonces Subsecretaría de Trabajo Provincial, con fecha 10/8/00, tuvo por acreditada la comisión de fraude a la ley laboral en las contrataciones que aquélla celebraba con terceros respecto de los trabajadores que figuraban como sus socios (cfr. fs. 39).------------------- --- Dicha Resolución no puede ser discutida en esta causa a esta altura, porque el cuestionamiento no fue introducido a la litis en tiempo propio por los sujetos procesales actuantes en autos, motivo por el cual no pueden ser tomadas en cuenta en esta etapa, a mérito de lo dispuesto por el art. 280, Ley XIII, Nro. 5, ex art. 277 CPCyC.----------------- --- Como dijera en varios votos de mi autoría - y es doctrina legal inveterada del Cuerpo -, como el de fecha 26/3/09, in re "C. D. W., D. E. c/ C. D. O. y M. T. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 30 año: 2008) e in re "S., G. c/ I. D. O. y T. S.A. s/ Cobro de Pesos" (Expte Nº 23- 2009 (C.A.N.E), por aplicación de lo dispuesto en el art. 277 CPCyC -ahora art. 280 Ley XIII, Nro. 5- resulta inaudible el agravio, cuando el apelante pretende hacer ingresar al ámbito de revisión de este tribunal hechos no alegados idóneamente en la etapa postulatoria del proceso.-- --- Se agregó en ellos y en fallos anteriores de la Sala que no es lícito a este cuerpo ocuparse de cuestiones no sometidas temporáneamente a la decisión del juez de grado, por impedírselo la expresa norma del art. 277 CPCyC. En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación. Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones. También en este grado rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis (arts. 271 últ. párr., 280 CPCyC).------------ --- De tal modo, la expresión de agravios no es una pieza procesal que otorgue a una parte la ocasión de modificar la demanda o su responde con la proposición de nuevos capítulos no introducidos en la etapa postulatoria del proceso.----------------------------------- --- Ello así, en caso de entrar a tratar el agravio que analizo esta alzada estaría violando abiertamente el art. 280 CPCyC y el sistema de asignación de jurisdicción y competencia en que reposa. Ello resulta inadmisible.------ --- El juez debe, a mérito del principio de economía procesal, indagar acerca de los presupuestos procesales de admisibilidad de la acción, antes de pronunciarse sobre el mérito de la causa. El antedicho análisis involucra el análisis previo de su propia competencia y jurisdicción. En función de lo expuesto supra, este tribunal no puede conocer en la cuestión planteada en los agravios dirimentes, al no haber sido los argumentos y defensas traídos a la alzada, objeto de oportuno planteo al juez de grado (cfr. sentencia de esta Sala, de fecha 26/3/09, in re "C. D. W., D. E. c/ C. D. O. y M. T. y otros s/ Daños y Perjuicios" (Expte. Nº 30 año: 2008) e in re "S., G. c/ I. D. O. y T. S.A. s/ Cobro de Pesos" (Expte Nº 23- 2009 (C.A.N.E), ambas a través de mi voto.------------------------------ --- Ello veda el entendimiento de este agravio por la alzada a tenor de lo dispuesto en el art. 280 párr. 1º CPCyC; y la jurisprudencia invariable: C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 16/3/00, "PALACIOS, RAÚL CARLOS v. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA. CAUSA N. 7454/99", en AbeledoPerrot online).- --- En tal situación, efectuar la valoración de argumentos no esgrimidos en el responde de la demanda -como los que la apelante pretende hacer ingresar postreramente a la litis en su agravio central-, llevaría a exceder los límites que determina concretamente el art. 280 CPCyC, dado que no es admisible que en la alzada se decida dejando de lado el contenido de la relación procesal como ha sido trabada en los escritos constitutivos del proceso (C. Nac. Com., sala C, 11/9/91, "BARUJEL, LEONARDO v. GALERÍAS BROADWAY SRL S/ ORD.", en AbeledoPerrot online).--- --- Ello lleva a declarar inaudible este agravio.--------------- --- Ergo, si la resolución administrativa ya referida es eficaz en autos, corresponde asignarle como natural consecuencia el efecto decisivo para la resolución de esta causa.-------------------------- --- Cabe traer a colación la doctrina de prestigiosos tribunales que ha decidido que el atributo de la cosa juzgada es propio de la sentencia judicial, y no se predica del acto administrativo. Sin perjuicio de la llamada "cosa juzgada administrativa" receptada por el máximo tribunal (a partir de Fallos: 175:367) con el fin de poner límites a la revocabilidad de los actos administrativos; y del principio de la estabilidad del acto regular que -con igual fin- establece la LNPA en su art. 18, los actos administrativos son, aun encontrándose firmes y de acuerdo a cada caso, susceptibles de ser revocados o anulados en sede administrativa o judicial, respectivamente (C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 4ª, 16/11/2000 -Gamba, Miguel Bautista v. Estado Nacional /Presidencia de la Nación s/empleo público /Causa: 29.411/98, AP online).------------------ --- Y también se ha dicho que si bien es cierto que los actos administrativos firmes, que provienen de autoridad competente llenaron todos los requisitos de forma y se han expedido sin error grave de derecho, en uso regular de facultades regladas, en cuya consecuencia se encuentra revestidos de valor de cosa juzgada no pueden ser anulados por la autoridad que los dictó (Fallos 175:368 [J 60000063]) también lo es que esta estabilidad debe ceder cuando la decisión adolece de vicios formales o sustanciales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente comprobados ((C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 5ª, 11/04/2005 -Román, Jorge E. v. Estado Nacional s/personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de seguridad, AP online).---------------- --- Surge así claramente, que si bien la cosa juzgada administrativa no es irrevocable, mientras no sea revocada tiene plenos efectos. Y para ser revocada hace falta alegar y probar la existencia de vicios en la misma, lo que no ha ocurrido en autos, con lo que la única conclusión posible aquí es la plena vigencia de la Resolución N° 1.242 D.R.T. de fecha 10/8/00.---------------- --- Ergo el agravio relativo a la inaplicabilidad de la cosa juzgada administrativa a autos debe ser rechazado.-------- --- En lo tocante al cuestionamiento de la carencia de prueba de la dependencia laboral del actor con los codemandados aquí recurrentes, la insuficiencia técnica del memorial de agravios es manifiesta e indudable y tiene por correlato necesario la declaración de deserción parcial del recurso (cfr. art. 60 Ley XIV n° 1).--- --- Dado que los apelantes no cuestionaron frontal y suficientemente los argumentos esgrimidos por el a quo a fs. 692 vta./693, atinentes al efecto probatorio de los recibos de sueldo no desconocidos ni impugnados, ni los argumentos relativos al efecto probatorio de los permisos de pesca para el Buque "C." en favor de las empresas F. e hijos y, luego, F. H., deviene la deserción parcial del recurso.--- --- Los apelantes no han traído precisiones a su cuestionamiento de la apreciación probatoria efectuada en el grado, lo que resulta fatal para su suerte en la liza, como que no han logrado -no ya prosperar con su embate- sino ni siquiera llenar las exigencias que el art. 268 CPCyC les ponía delante como umbral de admisibilidad, previo y condicionante de la procedencia de su pretensión revisora.--------------------------------------- --- Y en segundo término, debe decirse que el agravio que analizo no constituye una crítica ponderada de aspectos básicos de la sentencia el argumentar -en un plano paralelo al de la sentencia, pero sin contacto con ésta- que el razonamiento del iudex se encuentra huérfano de prueba que lo sustente, pero sin desarrollar ni demostrar argumentalmente tal aserto.--------------------------------------- --- Frente a tal panorama, no me queda más que aseverar que para que un agravio sea idóneo como tal, no bastan las frases enfáticas, sino que debe realizarse en él una ponderación razonada de la sentencia cuestionada, atacando la misma con fundamentos distintos a los expuestos en el fallo y no solamente con meras palabras que, en definitiva, no constituyen una exposición jurídica y lógica que demuestre que la sentencia es injusta y agraviante y no debe mantenerse (cfr. mi voto, de fecha 22/10/08, in re "G., N. y otro c/T. S.A. s/Cobro de haberes e indem. de ley" (Expte. Nº 27- año 2008).- --- Es que, recurrir, si lo que se busca es la procedencia del ataque recursivo, requiere inexcusablemente demostrar con argumentos claros, patentes, el desacierto de la resolución recurrida, poniendo en crisis sus fundamentos, privándola de su apoyatura, para así hacerla caer (cfr. mi voto, en sentencia de esta Sala del 18/6/08, in re "V., L. N. y otro c/ L. d. J. S.C.T.T.L. s/ dif. de haberes e indem. de ley", (Expte. Nº 22.389, Año 2007, registrada bajo el Nº 36 DE 2.008 - SDL; ídem, 12/11/08, "L., A. c/ Salas, R. s/ Cobro de pesos" expte. 117, año 2008).----- --- El ataque recursivo debe ser frontal, preciso y completo, pues las aseveraciones subjetivas, los ataques parcializados, dejan incólumes las bases de sustentación de la sentencia atacada y, de rondón, producen que la misma adquiera firmeza, al quedar en pie bases suficientes para que ésta permanezca en vigor y con plenos efectos. Cuando una sentencia tiene varios argumentos que le sirven de puntos de apoyo, si el apelante no embate contra todos ellos o deja alguno sin impugnación adecuada y él es apto para sustentar por sí el decisorio, éste adquiere firmeza.-------- --- Lo que debe el recurrente realizar es un análisis preciso, orientado a la praxis y no a la argumentación teórica de por qué la totalidad de los argumentos empleados por el juez para justificar la solución del punto impugnado por el apelante son erróneos, o insuficientes o, incluso, farisaicos. Pero, bien entendido, que dejar alguno de ellos -con aptitud suficiente para sustentar debidamente el tópico- en pie, implica el naufragio de su recurso, que no está orientado a una puja de saberes abstractos sino a la demostración de vicios o yerros de gravedad que demuestren el desacierto o la incorrección grave y manifiesta de lo resuelto, al punto de mostrar al decisorio indigno de adquirir firmeza en ese punto.-------------------------------- --- Por ende, el cuestionamiento que debe intentarse a través de este recurso debe ser sustancialmente relevante y procesalmente correcto. Nada que no llene esos dos recaudos alcanza para la admisibilidad y procedencia del ataque.------------------------------ --- De tal modo, no basta disentir con la interpretación dada por el juzgador sin fundar pormenorizadamente los errores u omisiones en que éste habría incurrido respecto de la valoración de los elementos traídos a juicio, en función de la significación de las normas que rigen en la materia (Morello - Passi Lanza- Sosa - Berizonce, Cód. Proc. Civil y Comercial comentado, T. III, p. 358). Y, en verdad, cuando se analizan las afirmaciones del recurrente, ellas carecen de detalle y convictividad, no logrando éste acreditar siquiera mínimamente los presuntos errores que imputa al acto sentencial impugnado (cfr. esta Sala, S.D.C. 14/04, considerando II, entre otros muchos decisorios en igual sentido).--------------- Con ello basta para la deserción del agravio.------------- --- El último de los cuestionamientos se relaciona con la solidaridad obligacional dispuesta entre los codeudores.---------------------------------- --- El embate de los apelantes cuestiona la solidaridad declarada en el grado, alegando que las normas citadas por el a quo no abastecen argumentalmente tal disposición.------ --- Si bien es cierto que no ha existido un desarrollo dilatado en la sentencia sobre el punto, también lo es que el a quo ha subsumido los hechos debatidos en las mandas de los arts. 29, 225 y 228 Ley 20744, surgiendo claramente de sus desarrollos que la solidaridad deviene de la contratación de los servicios del actor por la C. D. P. d. S. A. Limitada, declarada fraudulenta, lo que lleva al terreno del art. 29 párr. 2° L.C.T. el caso de autos respecto de la Cooperativa y al marco de los arts. 225 y 228 Ley 20744 a la situación de los Sres. M. J. F. y R. R. F., por su relación locativa del buque "C." a P. C. S.R.L.--------------------------- --- De tal suerte, la contratación de P. C. S.R.L. y C. D. P. d. S. A. Limitada, así como el alquiler del barco por los Sres. F. a la SRL ya especificada, son extremos de hecho esgrimidos por el actor en su escrito liminar (cfr. fs. 54 vta. y 55 vta. "in fine"), las que no fueron desconocidas en los respectivos respondes de demanda -cfr. fs. 76/77 vta. y 80/82-, lo que produce el imperio de la figura de la admisión, que hace que no se requiera prueba de los hechos no contestados oportunamente, los que deben tomarse como admitidos, con los efectos correspondientes (cfr. arts. 45 inc. 4° y 360 inc. 1°, 363 y 364 C.P.C.C.).-------------------- --- Ergo, el agravio deviene también inatendible.------------ --- Por tales fundamentos, habré de acompañar la propuesta del Dr. Velázquez de confirmar el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada a la apelante vencida en esta instancia (cfr. 57 de la Ley XIV n° 1).----------------- --- También propiciaré la regulación de los emolumentos del Dr. L. C. B. por sus trabajos en esta sede, en el 2,75% del monto del proceso que se establezca en la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución; este porcentaje se justifican en atención a la extensión, mérito, calidad y resultado de las tareas cumplidas por él en la alzada (arts. 5, 6, 8, 13, 18 y 46, Ley XIII N° 4).------------------------ --- Por los fundamentos expuestos supra, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.---------------- --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Velázquez respondió:------------------------------------	Visto el acuerdo alcanzado en el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a los recurrentes y regulando los honorarios del Dr. L. C. B., por sus trabajos de Alzada, en la suma equivalente al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.--------------------------------------	ASÍ LO VOTO.-	--- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez de Cámara, Doctor Marcelo López Mesa, expresó: -------------- --- En vista del acuerdo arribado precedentemente, el pronunciamiento que corresponde dictar es el que propone el Dr. Velázquez en su voto a esta cuestión. ------------------------ --- Tal mi voto.---------------- --- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (Art. 8º Ley V Nº 17).- ------------------------------- Trelew,de febrero de 2012.----------------------------- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:----------------------------------- S E N T E N C I A: - --- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios.------------- IMPONER las costas de segunda instancia a los recurrentes.----------------------------------- REGULAR los honorarios del Dr. L. C. B., por sus trabajos de Alzada, en la suma equivalente al 2,75 % del monto del proceso que surja de la liquidación a practicarse.----- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------- CARLOS A. VELAZQUEZMARCELO J. LOPEZ MESA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA --- REGISTRADA BAJO EL Nº DE 2.012 - SDL.- Conste.-	JOSE PABLO DESCALZI SECRETARIO DE CAMARA.