marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, juicio, duración del proceso, derechos y garantías constitucionales, interpretación de la ley, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., A. s/ Libertad denegada (Expte Nº 229-98, Resolución Nº  192, Tomo 4, FOLIO  405)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-15

Pareciera que como una garantía constitucional, complementaria -a nuestro entender- del "juicio previo" a que alude el artículo 18 de nuestra Constitución, se encuentra hoy en día la razonable duración de ese juicio hallándose privado de libertad el imputado. Las respuestas que pueden ensayarse para el anterior interrogante, que es clave para el punto que tratamos de dilucidar, son: a) la de que se trata de plazos puramente procesales cuales aquéllos a que aludiéramos respecto al trámite a acordar a la oposición del Ministerio Fiscal, b) la de que son plazos regulatorios de lo que constitucionalmente ha de entenderse como debido proceso (esto es, una garantía constitucional, aunque atinente a lo procesal), y, c) que no cabe hacer diferencia porque nuestra Constitución a través de su reiterada mención a la terminación de los juicios criminales por "jurados" ha asumido la regulación del proceso penal. La última de las posibilidades planteadas, en realidad no nos soluciona el problema, puesto que aún la más extrema de las interpretaciones que se ubican en esa línea de pensamiento ha de reconocer que la Constitución aunque reclame juicio por jurados no señala cómo será internamente el mismo, quedando así su regulación para las provincias tal como lo revela la no inclusión entre las atribuciones del Congreso del dictado de un Código Procesal Penal (art. 75 inc.

12 C.N.), con lo que subsiste la necesidad de definir si el precepto legal en análisis está o no sujeto a los ordenamientos procesales particulares. Así, ante el crudo dilema de acordar al citado precepto naturaleza procesal común o carácter de garantía procesal constitucional, por las razones que brindaremos nos inclinamos por la segunda postura.
Empleo público, competencia laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DI CAPUA, EDUARDO c/ ESTADO NACIONAL s/ COMPETENCIA- MATERIA LABORAL- EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-10

El hecho de que la relación que vinculó a las partes, sea o no de empleo público es insusceptible, en principio, por sí, para determinar la competencia federal, toda vez que aquella está referida a aspectos decisivos para la solución del litigio y carece, por tanto, de entidad para desplazar la competencia laboral, cuando la actora con fundamento en la ley 9688 opta por el ejercicio de la acción civil que autoriza su art. 17, fundándolo en el art. 1113 CC.
Pago, prueba, factura
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riu, Francisco Italo Argentino c/ Cooperativa de Previsión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-11-19

Asiste razón a la contraria cuando alega que la misma factura sirve como instrumento probatorio del pago, sin necesidad de acompañar un recibo separado. Por ello, requiere que en la propia factura conste, suscripto por el vendedor, el recibo de un pago parcial o total (art.474, primer párrafo in fine del Código de Comercio), porque sin tal recaudo la factura, por sí misma, no prueba el pago.
Excepciones procesales, vista de las actuaciones, Ministerio Público Fiscal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: INCIDENTE DE FALTA DE ACCION s/ INCIDENTE DE FALTA DE ACCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-26

En los supuestos en que se deduce alguna de las excepciones autorizadas por el art. 448 del C.P.M.P., corresponde recabar el previo dictamen del Ministerio Público conforme lo dispone el art.

448 del mismo ordenamiento y porque ello es consecuencia de ser de orden público lo atinente a los arts. de previo y de especial pronunciamiento.
Procedimiento administrativo, representación procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agroganadera del Sur S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

Los temas de personería la Administración debe observarlos al inicio de las actuaciones.
Recurso contencioso administrativo, fiscales, vicio de irrazonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tosco, Santiago c/ Provincia de Santa Fe s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-14

En relación con lo dicho por el recurrente, recién al alegar, en torno a una notoria intromisión del órgano sancionador en el marco de la independencia funcional del Fiscal, cabe indicar que, además de ser una reflexión tardía, no existe justificación alguna para excluir de la responsabilidad disciplinaria -y, por lo tanto, del control de los órganos competentes- la actuación irrazonable o desproporcionada de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación, siendo la conformación política del Tribunal Disciplinario, por sí misma y más allá de que la cuestión no fue debatida en esta causa -lo que exime al Tribunal de mayores consideraciones-, notoriamente insuficiente para vedar el análisis de las causales de responsabilidad mencionadas. - CITAS: CSJStaFe: Lescano, AyS T 332, p 277.
Recurso contencioso administrativo, suspensión de medida administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MALVICINO SA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE SUSPENSION DE MEDIDA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 785- 95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-04

La Corte Suprema de Justicia Provincial ha entendido que no puede entenderse configurada la causal del artículo 30, inciso a) ley 4106, cuando las cuestiones resultan jurídicamente opinables, desestimando pedidos cautelares con fundamento en que los vicios de ilegitimidad que el actor denuncia como sustento de su pretensión sustancial, remiten básicamente a la interpretación de las normas que se dicen violadas, lo que obliga a desechar que pueda estarse ante una ilegalidad manifiesta. (De la Disidencia Parcial de los Dres. Falistocco e Iribarren).
Asignaciones familiares, principio de no discriminación, discriminación de la mujer, sentencia arbitraria, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Vázquez, Miriam c/ Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz s/ demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-29

Es arbitraria la sentencia que rechazó la demanda interpuesta con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución 2054/10 de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 16 del decreto 1599/89 bis, modificados por los artículos 1 y 2 del decreto 1922/00, respectivamente y, en consecuencia, se reconozca el derecho a la percepción de las asignaciones familiares por hijo, ayuda escolar y familia numerosa, si el a qua omitió tratar un agravio relevante articulado por la actora consistente en que la norma local establecía una distinción de trato discriminatoria en razón del sexo al excluir del cobro de las asignaciones únicamente a las empleadas mujeres cuyos cónyuges exceden el tope salarial establecido en el artículo 3 de la ley 24.714 y habilitar el cobro de tales prestaciones a los agentes varones en idéntica situación vulnerando el artículo 16 de la Constitución Nacional y los pactos internacionales de derechos humanos que establecen la igualdad ante la ley sin distinción por sexo. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, escritos judiciales, hechos controvertidos, prueba, apreciación de la prueba, pericia caligráfica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., O.R. s/ Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad - Falsificacion material de instrumento publico y tentativa de estafa En concurso ideal entre si (Expte.: C.S.J. Nº. 362 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-14

La sola imputación de arbitrariedad sin la demostración de tal extremo significa inadecuada fundamentación a fin de lograr la apertura de la instancia extraordinaria (artículo 3, ley 7055). En el caso, no puede prosperar el cuestionamiento efectuado por el quejoso respecto de las conclusiones a que arribara el Tribunal a quo en relación a la pericial caligráfica, desde que se limita sólo a endilgarle arbitrariedad a la resolución impugnada, valiéndose de una afirmación genérica e insuficiente
Excepción de prescripción, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Del Valle, Daniel Horacio c/ Tinto, Flavio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14

Si se ha incoado acción resolutoria del boleto de compraventa, la que cohonesta con una pretensión indemnizatoria que se vertebra en la buena o mala fe del transmitente (arts. 2174, 2175, 2176, 2178 y concds. Cód. Civil), se perfila prematuro sopesar la eventual prescripción o no de una parcela -la indemnizatoria-, del vínculo negocial que entrelazó a los justiciables y se revela prudente diferir su tratamiento para la oportunidad de emitir la sentencia de mérito, evitando juicios parcelados y sin que se haya desarrollado la imprescindible faz probatoria (arts. 344, 2do. párr., 487, 495, Cód. Procesal).
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, pesca
Materia: PROCESAL
Carátula: Antonio  Barillari  S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si el planteo exige dilucidar si el accionar proveniente de las autoridades locales interfiere el ámbito que le es propio a la Nación en materia de pesca, la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, pues versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del Gobierno federal y los de un estado provincial, lo que hace competente a la justicia nacional y, al ser parte una provincia, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema.
Prescindibilidad, razones de seguridad, prueba, expediente reservado
Materia: LABORAL
Carátula: SOSA, LUIS A. c/ ENTEL. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-11-20

Los informes emanados de organismos de seguridad, de carácter "secreto y confidencial" (destinados a hacer conocer los antecedentes y la posible inclusión de un agente en las causales previstas por el artículo 6 de la ley 21274 a los superiores de aquél) de los cuales no tiene conocimiento el dependiente, no pueden hacerse valer como medio de prueba de las causales invocadas para su prescindibilidad.
Acuerdo preventivo, homologación del acuerdo preventivo, incidente de revisión, cosa juzgada, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Australtex S.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de Revisión de Crédito por Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incdiente de Nulidad s/ Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2004-03-15

Debe declararse la nulidad absoluta de lo decidido en el incidente de revisión, aún encontrándose bajo los efectos de la autoridad de la cosa juzgada al establecer, a favor del acreedor incidentista, una forma de pago diferente a lo estipulado en el acuerdo de pago homologado judicialmente, el que también se encontraba bajo la autoridad de cosa juzgada al momento de la incidencia. No se trata, en suma, de respetar la cosa juzgada emanada de lo resuelto en el incidente de revisión, sino de hacer prevalecer la del acuerdo homologado, que también goza de los efectos de la cosa juzgada. En el conflicto entre el principio de justicia y la cosa juzgada, corresponde la solución axiológica y jurídicamente más valiosa: armonizar la revisión de la cosa juzgada írrita con los arbitrios pretorianos de la verdad jurídica objetiva y del exceso ritual manifiesto.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, juicio, partes, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ANAEROBICOS S.A. c/ RIVICHINI, ROBERTO D. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -JUICIO  ORDINARIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 440 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que los planteos del recurrente sólo denotan su disconformidad con lo resuelto por los sentenciantes en ejercicio de funciones propias a la hora de analizar la conducta obstruccionista asumida por quien fue demandado en juicio y las consecuencias que ello acarrea-presunciones judiciales reguladas en el artículo 226 del C.P.C. y C.-, lo que resulta insuficiente para persuadir que en el caso se hayan violado derechos de raigambre constitucional como se invoca.

En tales condiciones la sola invocación de arbirtrariedad no puede configurarse como un medio para lograr el acceso a la instancia extraordinaria prevista en la ley 7055
Prisión domiciliaria, resolución denegatoria, nulidad de sentencia, crímenes de lesa humanidad, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Pizarro, Rogelio José c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-15

Corresponde anular el fallo que denegó la prisión domiciliaria al imputado, que tiene una pena no firme de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, reenviar las actuaciones al tribunal oral a los efectos de que dicte una nueva resolución, habida cuenta que los diversos y complejos problemas de salud que presenta el detenido, sumados a la situación derivada de la pandemia declarada por la aparición del Coronavirus, las numerosas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con incidencia en la materia y las Acordadas 3/2020 y 9/2020 CFCP, imponían al a quo analizar el caso a la luz de las circunstancias actuales y actualizar los informes pertinentes a fin de constatar las afecciones alegadas por la defensa. Asimismo, la extensión de la prisión preventiva intra muros del detenido pero, sobre todo, su edad y su situación de salud -que de no presentarse, determinarían sin más el rechazo de lo peticionado-, obligan ante su existencia a un juicio de razonabilidad sobre los mecanismos de restricción que exige la prisión cautelar, y ello impone que el tribunal oral evalúe medidas de control disponibles en concreto, ante una posible detención domiciliaria del recurrente.
Contrato de trabajo, despido indirecto, injuria laboral, notificación al empleador, silencio del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: DE ELORDUY, FACUNDO MARIANO c/ UNILEVER DE ARGENTINA S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-14

Comparto el criterio del señor Juez a quo respecto de la suficiencia de la comunicación de despido en el marco de las exigencias formales previstas en el artículo 243 L.C.T., ya que en ella se denunció claramente la existencia de una situación de maltrato y de comportamiento abusivo proveniente, en concreto, de la supervisora inmediata del actor. Los términos del telegrama permitían conocer con certeza la motivación del denunciante posibilitando a su empleadora acomodar sus defensas, o bien, suponiendo que con dicha misiva aquélla tomó por primera vez conocimiento de la circunstancia descripta, proveer los recaudos necesarios para preservar y garantizar la integridad del trabajador que se encontraba bajo su dependencia. La respuesta de la demandada, negando simplemente los términos de la intimación del actor, sin explicar, ni intentar brindar una medida satisfactoria -preventiva o sancionatoria- frente a su relato, como era su carga conforme al artículo 919 Código Civil y 57 L.C.T. y al deber de probidad que debe observar todo buen empleador según el artículo 63 L.C.T., reforzó la certeza de sus dichos y justificó la actitud del actor de considerarse despedido (artículo 242 y 246 L.C.T.). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Impuesto sobre los ingresos brutos, cuestión no federal
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA (Dr. Hugo Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. n° 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)' Molinero) s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y expte. nº 3006/04 "Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Arauca Bit AFJP Sociedad Anónima c/ GCBA s/ recurso apel. jud. c/ decis. DGR (art. 114, Cód. Fisc.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

La regulación del impuesto sobre los ingresos brutos, su base de cálculo, la alícuota respectiva, períodos de pago, etcétera, constituyen materias propias de regulación del Derecho común local. Pero, además, la legislación que menciona el art. 75, inc. 12, CN, también constituye materia de Derecho común que las provincias, de común acuerdo, delegaron (art. 121 y cc., CN) en el Congreso de la Nación, legislador nacional, "sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones". De tal modo, la seguridad social, de la misma manera que el Derecho civil, el Derecho comercial o el Derecho penal, son materia de Derecho común -no constitucional ni federal- cuya interpretación debe quedar en los tribunales últimos que la ley de competencia local (provincias, Ciudad autónoma) establece.
Código penal, facultades del Poder Ejecutivo, seguridad pública, delitos comunes, extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Recurso de habeas corpus deducido en favor de los deportados en el transporte "Chaco" de la Armada Nacional
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1932-05-06

El C. Penal no ha derogado la ley 4144, en cuanto ésta faculta al P. E. a expulsar del País a todo extranjero condenado por los tribunales extraños por delitos comunes, o cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Designación de defensor, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, procesado, defensa sin asistencia letrada
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TUST LEGUIZAMON, LUIS H. s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-03

Se impone la designación de defensor oficial cuando las constancias de la causa y la impresión personal que toma el juzgador en la audiencia "de visu", demuestra que el peticionante no se encuentra en condiciones intelectuales de ejercer su propia defensa.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, contrato de obra pública, Administración Pública, rescisión del contrato, contratista, obligaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Beton Construcciones c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 266-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-23

No puede prosperar el recurso interpuesto si la recurrente, al postular lo que a su juicio era el carácter menor de los trabajos faltantes, omite considerar lo atinente a la falta de nivelación del suelo requerida por la comitente. En relación a estas tareas, no puede sostenerse sin más, y sin la debida acreditación, que ellas podían resultar intrascendentes o de escasa importancia para la Administración.
Cosa juzgada, medidas cautelares, cuestiones procesales, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bulgarella, Hilda Noemí c/ Añaños, Oscar Alberto y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Ante la necesidad de establecer cuáles son los elementos que permiten determinar si en un caso se pretende volver sobre algo ya resuelto por la jurisdicción o si se trata en verdad de una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad de cuestión, el juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan los requisitos de la cosa juzgada: previo examen integral de las dos contiendas, debe encontrarse facultado para determinar si por tratarse del mismo asunto o si por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la jurisdicción no deba correr el riesgo de ser inducida a contradicción. No hay cosa juzgada si las dos contiendas pudieran coexistir y la hay, en caso contrario.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Contratos comerciales, contrato de distribución
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANGELUCCI, JULIO c/ BUENOS AIRES EMBOTELLADORA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-23

Dentro del campo de la organización comercial, la distribución abarca todos los problemas que debe atender el empresario para montar un sistema económico y eficiente para colocar las mercaderías y luego entregarlas. Por lo común el distribuidor tiene una estructura de cierta envergadura organizada, con depósitos propios para el almacenamiento de las mercaderías, para la venta, entrega y cobro del producto, manteniendo una cifra anual de relevancia, que justifique atribuirle una zona determinada.
Obligaciones de dar sumas de dinero, deuda líquida, títulos ejecutivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gutiérrez viuda de Liñan, Antonia c/ Ruben Dario Bueno s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-04

"Para que la factura o cuenta que el vendedor pasa al comprador firmada por este constituya título ejecutivo ha de traducir una deuda líquida y exigible, lo que determina que debe exigirse a tal efecto que contenga indicación respecto del plazo para el pago, constancia que no suple con las prescripciones de los art. 464 Y 465 del Código de Comercio."
Presunciones, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: Roma, Carlos A. s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-27

Las declaraciones de los funcionarios policiales, que hacen referencia a dichos autoinculpatorios de los imputados, tienen validez procesal con el carácter de prueba indirecta, sujeta a las reglas de los arts. 258 y 259 del Código de Procedimiento Penal), siempre y cuando resulten testigos necesarios de situaciones propias de su actividad funcional y a partir de ese conocimiento realicen las diligencias que sean menester para corroborar aquellas manifestaciones.
Deuda previsional, procedimiento de impugnación de deuda previsional, falta de pago
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Instituto Nacional de Previsión Social. c/ Huayqui  SA  Construcciones. s/ Ejecución el  INPS .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-13

Toda vez que las conclusiones asentadas en el acta labrada en la sede de la ejecutada no fueron impugnadas por ella de conformidad con lo previsto por la ley 18.820 y tampoco abonó la deuda de inmediato, no pueden ahora controvertir validamente su eficacia, pues de lo contrario cabría acepta que puede fundar derechos en una conducta omisiva que contribuyó a la formación del documento que tacha de inhábil.