Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-07


Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA Nº: 95444 SALA II Expediente Nro.: 14.045/01	(Juzg. Nº71) AUTOS: "POMA VERGARAY JULIO CESAR Y OTROS C/BARIFFI JOSEFINA Y OTROS S/DESPIDO" VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 2007, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I.	Contra la sentencia de primera instancia (fs. 1103/1110) que receptó en lo principal el reclamo de los coactores se alzan las partes actora, codemandada Rowing S.A., codemandada Mail Corp S.A. y la Defensora Oficial, Dra. Pena por la codemandada Bariffi, a mérito de los memoriales obrantes a fs. 117/8 vta, fs. 1120/21 vta, fs. 1122/24 vta y fs. 1144/45 -respectivamente-, replicados a fs. 1131/3 vta, fs. 1134/7 y fs. 1129/30 vta.

Los reclamantes critican: a) que no se haya incluido en el monto de condena la incidencia del SAC respecto de los rubros vacaciones, horas extras y preaviso; b) que la sentenciante de grado haya omitido determinar el momento a partir del cual se calcularán los intereses que corresponden al monto de condena; c) que se haya rechazado el reclamo del subsidio por desempleo; d) el rechazo de las multas de los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013, por considerar que su parte no acreditó haber remitido copia a la AFIP del requerimiento efectuado a las contrarias; y e) que no se haya extendido la condena de entregar los certificados del art. 80 de la LCT a los responsables solidarios.

Mail Corp S.A. centra su disenso en la extensión de la responsabilidad en forma solidaria que le ha sido impuesta (conf. art. 30 de la LCT) y a tal fin critica la valoración efectuada por la sentenciante de grado en torno a los extremos probatorios vertidos a la litis. Asimismo se agravia por los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y los del perito contador, por considerarlos elevados.

Por su parte, Rowing S.A. objeta que se haya considerado que los actores efectuaban reparto de correspondencia para Argen Express y también para su parte y en dicha tónica, controvierte la valoración de los declarantes ofrecidos por la contraria. Cuestiona también la condena solidaria, señalando que ello es producto de una errónea valoración de las constancias obrantes en la causa. Asimismo se alza contra la tasa de interés que se aplica sobre el monto de condena y por último critica los honorarios regulados al letrado de la parte actora y al perito contador, por considerarlos altos.

A su turno la Defensora Oficial Dra. Pena, en representación de la codemandada Bariffi se queja de que Sra. Juez de grado haya considerado que su parte estaba rebelde, soslayando la contestación de demanda que efectuó oportunamente a fs. 229. Asimismo se queja por el valor probatorio que se le otorgó a los testigos ofrecidos por los reclamantes y desde dicha perspectiva sostiene que no resultan de aplicación al caso los lineamientos que emanan del art. 54 de la LSC, habida cuenta que, a su juicio, no se ha acreditado que la sociedad encubra fines extrasocietarios.

II.	Razones de orden estrictamente metodológico me conducen a tratar en primer término los agravios vertidos por las codemandadas Rowing S.A. y Mail Corp S.A. en tanto cuestionan la extensión de la condena en forma solidaria en los términos del art. 30 de la LCT, los que, de prosperar mi voto, no tendrán favorable andamiento.

Para así decidir cabe memorar que la Dra. González admitió la responsabilidad solidaria imputada a las codemandadas Rowing S.A., Mail Corp S.A. y High Com S.A. (incursa en rebeldía, ver fs. 238) puesto que consideró que todos los testigos aportados a la litis coincidieron en afirmar que los coactores efectuaban reparto de correspondencia de Argen Express S.A. como así también de las mencionadas coaccionadas.

Las codemandadas se quejan de la interpretación efectuada por la sentenciante de grado sosteniendo que los testigos Quinteros, González y Palomo arrojan imprecisiones y que además poseen juicio pendiente, razones todas que empecen a su credibilidad.

Pues bien, adelanto que comparto la valoración que efectuó la judicante de los testimonios brindados por Quinteros (fs. 709/10), Palomo (fs. 949/51) y González (fs.1023/4), pues fueron compañeros de trabajo de los accionantes por lo que, tuvieron un conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen y dan cuenta en forma acabada de las modalidades de la prestación cumplida (conf. arts. 386 del CPCCN, 90 y 155 de la L.O).

En efecto, fueron coincidentes en señalar que los actores realizaban tareas de distribución de correspondencia, folletería, revistas y facturas telefónicas, tanto de Argen Express S.R.L. como de Rowing S.A., Mail Corp S.A. y de High Comm. S.A. Asimismo describieron el horario cumplido, la remuneración percibida y la modalidad irregular instrumentada por la empleadora para el pago de los salarios.

Asimismo considero que la eficacia convictiva que arrojan los deponentes señalados no se conmueve con las objeciones que vierten los apelantes en la medida que señalan que aquéllos poseen juicio pendiente con su parte, ya que -tal como lo señaló la sentenciante de grado- esto no obliga a descartar de plano el aporte que pueden dar a la dilucidación del litigio.

En este sentido se ha sostenido reiteradamente que en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los ya mencionados arts. 90 de la L.O. in fine y 386 del CPCCN, la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente no excluye su declaración de valor probatorio (conf. esta Sala SD Nº72253 in re "De Luca Josefina c/Entel") ya que en nuestro ordenamiento adjetivo no existes tachas absolutas y, en el caso, estos testimonios no se encuentran controvertidos por ningún otro medio probatorio, en tanto ciertas imprecisiones (como señala la codemandada Rowing en el memorial) son lógicas por el transcurso del tiempo, pero resultan insuficientes para invalidar las desclaraciones testimoniales mencionadas, coincidentes en lo sustancial, razones todas por las que les otorgo pleno valor probatorio.

En cuanto a la condena en forma solidaria a las codemandas Rowing S.A. y Mail Corp S.A. y High Comm S.A. (incursa en rebeldía, ver fs. 238) , destaco que no tendrá favorable acogida la crítica deducida por ambas demandadas, en tanto los fundamentos expuestos por la sentenciante de grado dan debido sustento al pronunciamiento dictado a su respecto.

En efecto, de acuerdo con la redacción del art. 30 de la LCT, resulta esencial para establecer la existencia de solidaridad entre contratante y subcontratante, que se ceda total o parcialmente la actividad normal y específica del primero. En el caso, todas las demandadas reconocieron en los respectivos contestes que se dedican a la "distribución de correspondencia" o correo privado (ver por Mail Corp fs. 40/7, por Rowing fs. 62/9 vta, codemandado Hermida 31/4 vta).

Por otra parte Hermida -socio gerente de Argen Expres- reconoció en el responde que "High Comm, Mail Corp y Rowing eran clientes de Argen Express, proveedoras de trabajo" (sic) y Mail Corp afirmó que "encargó en alguna opotunidad, en forma esporádica y por cuestiones extraordinarias a Argen Express, la distribución de revistas o folletos" (ver puntualmente fs. 43 vta), circunstancias que permiten determinar que todas las demandadas desarrollaban la misma actividad y que Rowing, High Comm y Mail Corp cedieron la realización de su actividad normal y específica (distribución de correspondencia) a Argen Express.

Cabe señalar que Rowing S.A. negó en el responde toda vinculación comercial con las codemandadas (ver fs. 62/9 vta) pero esta defensa ha sido desvirtuada por los testigos ofrecidos por los reclamantes.

Nótese que en este sentido todos los deponentes aportados a la lid fueron coincidentes al decir que repartían correspondencia de Mail Corp, High Comm y Rowing.

Así, Quinteros, Palomo y González dijeron "que Argen Express tomaba trabajos de Mail Corp, High Comm y Rowing; que Zwanck -socio gerente de Argen Express- hizo una reunión y les dijo a los trabajadores más antiguos -como el dicente y los coactores- que comenzaba una tarea muy importante que era de otros correos; que para la distribución de correspondencia tenían unas planillas con sobres que tenían el logo de los correos Mail Corp, High Comm y Rowing; que venían camionetas trafic blancas con el logo de cada empresa y los empleados de éstas dejaban las planillas y el servicio que tenían que distribuir".

Incluso el propio testigo Mattio ofrecido por la codemandada Mail Corp (fs. 708), dijo "que Mail Corp utilizaba en algunos casos otras empresas para la distribución de correspondencia, con las que se vinculaba a través de un contrato comercial".

En consecuencia, las labores encomendadas por Rowing, High Comm y Mail Corp a Argen Express correspondían al objeto social de las recurrentes, logrando de tal modo observarse nítidamente, la existencia de la unidad técnica de ejecución entre estas empresas y la contratista, a la que alude el art. 6 de la LCT.

Repárese que la codemandada Mail Corp no logró demostrar en autos que sólo le hubiera encargado la entrega de revistas y folletos en forma esporádica -como lo sostuvo al contestar la acción- sino que, por el contrario, todos los testigos señalaron expresamente que entregaban correspondencia perteneciente a todas las empresas durante la vigencia del vínculo laboral.

Asimismo considero que la circunstancia informada por el perito contador de que Rowing S.A. y Mail Corp S.A. estuvieron unidas a Argen Express S.A. a través de un contrato comercial, desde octubre del año 1999 hasta julio del 2000 (ver fs. 366), no es óbice para condenar a aquélla en forma solidaria, en virtud de que se trata de registros llevados en forma unilateral por las demandadas y, como dije, no está acreditado con otro medio probatorio que sólo hubiera contratado los servicios de Argen Express durante un corto período de tiempo.

En suma, teniendo en cuenta el objeto comercial de Argen Express (correo privado), de Rowing S.A., de Mail Corp S.A. y de High Comm (distribuidoras de correspondencia), el reconocimiento de la vinculación por parte de Mail Corp S.A, la contumacia procesal de High Com y las pruebas que arroja la causa se colige que estas últimas encargaron el servicio de distribución de correspondencia a Argen Express. Consecuentemente, si decidieron contratar o subcontratar trabajos o servicios correspondientes a su actividad normal y específica con la última, se constituyeron en responsables solidarias por todas las obligaciones contraídas con los trabajadores por el período que duró el contrato y hasta su extinción (conf. art. 30 de la LCT).

Merced a los estrictos términos esgrimidos por la codemandada Rowing S.A. diré que en las causas "Rodríguez, Juan R. c/ Cía Embotelladora Argentina SA" (CSJN, l5-4-93, Fallos 316:713), "Luna, Antonio R. C/ Agencia Marítima Rigel SA y otros", CSJN, 2-7-93, Fallos 316:1609) y otras posteriores, 5 de los integrantes de la Corte sostuvieron una interpretación del art. 30 LCT que exige que lo delegado sea parte de la actividad principal del establecimiento, circunstancia que, como ha quedado dicho supra, se configura en el sublite, motivo por el cual, tampoco este argumento resulta viable para sustentar su defensa.

No obstante ello, un párrafo especial me merece la doctrina sentada por la Corte en dichos precedentes:

Tal como lo he señalado en "Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 LCT." (pub. revista Doctrina Laboral, editorial Errepar, 1994, págs. 912 y stes.) opino que esa interpretación no constituye doctrina legal que los magistrados estemos obligados legalmente a seguir, pues los fallos del Máximo Tribunal solo generan en estos una obligación moral en base al valor convictivo que emane de ellos . Y bien, debo decir, con todo respeto, que no me convence en absoluto la interpretación efectuada por la Corte en su antigua integración pues, a mi modo de ver, la norma no dice que la responsabilidad se active cuando se ceda una actividad realizada por la contratante, sino cuando delega una actividad que, la haya realizado o no ella misma, resulte parte del objeto empresarial.

Además, subyacen en la posición de la Corte motivaciones relacionadas con el llamado "orden público económico" (Ver considerandos 7 y 9 del fallo "Rodríguez") que, como juez, no puedo tener en cuenta pues he jurado aplicar la ley y la Constitución, siendo resorte del Congreso Nacional hacerse cargo de esas eventuales implicancias.

Por otro lado, el argumento del considerando 8vo. del citado fallo no es aplicable al caso ya que ninguna de las partes ha insinuado, siquiera, un planteo de inconstitucionalidad contra el precepto, amén de que no se advierte la razón para tal aseveración en tanto el propio Código Civil (Vr. Gratia: arts. 700, 1195 y 1713) y la ley 19.550 (arts. 54, 59 y concs.) establecen similares soluciones. En el campo específico del derecho del trabajo, juristas de la talla del profesor Antonio Vázquez Vialard enseñan desde antaño que la extensión, con carácter solidario, de la responsabilidad del empleador a terceros constituye uno de los medios técnicos utilizados para evitar que las normas tuitivas del derecho laboral (función impuesta a las leyes, añado yo, por el art. 14bis de la Constitución Nacional) no queden en una mera declaración lírica (ver Tratado de Derecho del Trabajo, ya citado, t. II, págs. 295, 347 y concs.).

Por otro lado, considero que sigue siendo competencia de cada juez decidir aquello que la ley 20.744, ha dejado dentro de su órbita de análisis, es decir la decisión acerca de si una actividad delegada forma parte o no del objeto propio y específico de la empresa contratante, cuestión que, por su sustancia fáctica, no es dable de encapsular en doctrinas legales verticalmente aplicables y así lo entiende el más Alto Tribunal a partir de causas como las sentenciadas in re "Porley, Orfilio c/ Centro Argentino de Ingenieros y otro" (15-6-04), "Farias, Ana Victoria c/ Clínica Privada Psiquiátrica Esquirol SA y otro" y "Castro Bourdin, José Luis c/ Jockey Club Asociación Civil y otros" (ambas del 17-7-07).

En definitiva, en base a la prueba analizada, concluyo, como ya dije, que lo que Rowing S.A., Mail Corp S.A. y Hugh Comm S.A delegaron en la otra demandada Argen Express (correo privado) forma parte del objeto específico propio de una empresa prestadora del servicio de distribución correspondencia.

Y debo remarcar que la solidaridad que establece el art. 30 LCT no constituye en su texto actual una sanción por fraude, ya que no se presume ninguna clase de conducta fraudulenta por parte de la contratante, sino que se trata de una simple función de garantía para el trabajador -que, a diferencia del contratante, no puede elegir ni controlar la solvencia y cumplimiento de la ley de los contratados- y que se activa por el mero hecho de que la contratante no haya sido diligente a la hora de elegir a empresas formales, cumplidoras de las leyes laborales. Por ende, la solidaridad establecida por la ley no debería causar agravio a los contratantes pues, si la empresa o empresas a las que recurrió son solventes -extremo por el que le cabe velar, como buen empresario, y a lo que coadyuva el control que la reforma introducida por la ley 25.013 le manda llevar a cabo- nada pagará pues la ley no lo hace deudor directo (como en otros supuestos, tales como los de los arts. 29 primer párrafo o 14 LCT.) sino solo garante.

Por todo ello, voto por confirmar el decisorio atacado en este sentido.

III.	La Defensora Oficial Dra. Pena, en representación de la codemandada Bariffi, se queja de que Sra. Juez de grado haya considerado que su representada estaba rebelde, soslayando la contestación de demanda que obra a fs. 229. Asimismo se queja por el valor probatorio que se le otorgó a los testigos ofrecidos por los reclamantes y desde dicha perspectiva sostiene que no resultan de aplicación al caso los lineamientos que emanan del art. 54 de la LSC, habida cuenta que, a su juicio, no se ha acreditado que la sociedad encubra fines extrasocietarios.

Respecto de la crítica que se vierte en cuanto a la valoración de las declaraciones testimoniales ofrecidas por el actor, me remito a lo expuesto en el acápite anterior.

Por otro lado, estimo que le asiste razón a la Dra. Pena, en la medida que se queja de que en el decisorio atacado la sentenciante de grado haya considerado que tanto Bariffi como el codemandado Zwanck se encuentran rebeldes, ya que aquélla se presentó a ejercer la defensa de Bariffi en la contestación de demanda de fs. 229. Sin perjuicio de ello considero que esta manifestación se debió a un desliz involuntario de la Dra. González, habida cuenta que ni en el auto en el que se declaró la rebeldía de Zwanck, de High Comm S.A. y de Argen Express SRL (ver fs. 238) ni en ninguna otra resolución se declara la contumacia procesal de Bariffi en forma expresa.

Más allá de esto, lo cierto es arriban firmes a esta instancia no sólo las irregularidades registrales denunciadas por Poma Vergaray y Barrionuevo -omisión de la registración de una relación laboral o parte del período de la misma- sino también que los codemandados Bariffi, Hermida y Zwanck invistieron la calidad de socios gerentes de Argen Express SRL (ver informativa de fs. 1076/7 y la falta de evidencia de que hayan cesado en el cargo), circunstancia que habilita la responsabilidad personal solidaria e ilimitada excepcionalmente prevista en los arts. 59, 274 y concs. de la ley 19.550, tal como bien se señalara en la anterior sede.

Al respecto cabe en primer término memorar que los arts. 59 y 274 de la ley 19.550 disponen que los miembros de los órganos directivos serán solidariamente responsables de la gestión administrativa durante el lapso de su mandato y ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación.

Señalo que el art. 59 de la ley 19.550, en especial, establece que los administradores y representantes son responsables ilimitada y solidariamente con la sociedad por los daños que causen con sus acciones u omisiones dolosas o aún negligentes.

En ese marco normativo, no tengo dudas de que la codemandada, como socio gerente de la entidad empleadora y por su rol relevante en ella (ver informativa a fs. 1076/7), ha violado radicalmente las leyes laborales de orden público al mantener los contratos de trabajo en total clandestinidad y pagar retribuciones irregularmente, amén de que, con esta maniobra, la sociedad ha evadido obligaciones patrimoniales frente al sistema de seguridad social y ello permite dudar del origen de los recursos con los que se abonaran los parciales salariales clandestinos.

No advierto que esta actitud haya podido ser involuntaria o provocada por algún error, y sólo cabe presumirla -salvo una alegación y prueba en contrario que no se verificaron en autos- como intencional.

Es regla para evaluar la responsabilidad personal de los administradores societarios que, al desempeñar funciones no regladas de la gestión operativa empresaria, deben obrar con la diligencia del buen hombre de negocios y ésta deberá apreciarse según las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (conf. art. 512 Código Civil) y según la actuación presumible de un buen hombre de negocios, o sea de un comerciante experto (Cód. Civ. 902). La omisión de tal diligencia hace responsable al administrador por los daños y perjuicios generados, y ello lo obliga a responder por aquellos causados por la omisión de cuidados elementales, configurando responsabilidad por culpa grave y, obviamente el dolo (cfr. C.N.Com., Sala B, 5-11-1993, in re, "Paramio, Juan c/ Paramio, Pascual s/ sum").

Los fraudes a la ley laboral hacen responsables a los administradores codemandados ante el tercero (en el caso los dependientes) quienes como consecuencia del incumplimiento sufrieron un daño y por eso, en síntesis, sostengo que los arts. 59 y 274 L.S.C -aplicables al sublite de conformidad con el art. 157 párrafo 4 y en razón del papel desempeñado por la codemandada Bariffi, permiten imponer responsabilidad solidaria e ilimitada a los socios gerentes que, violando la ley, perjudican los intereses de otros, sin necesidad de apartar la persona jurídica cuya validez, existencia y regularidad no fue puesta en cuestión en el subexámine.

Por tanto, propicio confirmar la sentencia atacada en cuanto se extendió la condena sobre la mentada codemandada, con carácter solidario e ilimitado en el plano patrimonial.

IV.	Los reclamantes se quejan porque no se incluyó en el monto de condena la incidencia del SAC respecto de los rubros vacaciones, horas extras y preaviso; sin embargo advierto que dichos tópicos no han sido reclamados al demandar (ver puntualmente liquidación de fs. 13), lo que obsta el tratamiento del planteo revisor, de conformidad con lo establecido en el art. 277 del CPCCN.

V.	Asimismo los actores critican que no se haya hecho lugar al subsidio por desempleo, señalando al efecto que lo resuelto en este sentido por la sentenciante de grado no se condice con el resto de sus conclusiones, toda vez que si ha quedado acreditado que la empleadora no registró los vínculos laborales, constituye -a su juicio- un exceso de rigor formal solicitarle a los actores la constancia de iniciación del trámite para que se torne procedente la viabilidad de dicho rubro.

Discrepo con la postura de los recurrentes, puesto que más allá de las subjetividades que vierten en el memorial, lo cierto que para que resulte procedente el subsidio por fondo de desempleo, con carácter previo, el trabajador debe iniciar el trámite ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad y posteriormente extender la solicitud al empleador, quien -recién en dicha oportunidad- deberá consignar en el instrumento los datos a los que alude aquél (conf. arts. 1, 2 y 3 dec. 739/92, reglamentario de las previsiones de los arts. 113 y ssgtes. de la ley 24.013).

En consecuencia, mal pueden los accionantes pretender la viabilidad del mentado subsidio cuando, como bien se sostiene en el decisorio atacado, no han invocado y mucho menos probado haber iniciado los trámites pertinentes ante la autoridad respectiva, haber puesto en conocimiento del empleador su voluntad de iniciarlos o -en última instancia- que aquél hubiera sido denegado por los incumplimientos de la patronal.

Además considero que el beneficio en cuestión no puede ser admitido por la sóla manifestación de los demandantes, aún cuando el incumplimiento patronal se halla verificado, existiendo otros medios legales previstos para lograr el cometido de recibir del empleador los certificados en cuestión (conf. esta Sala, in re " Díaz Silvia c/Centro de Estudios Brasileños y otros" SD Nº86.603 del 30/08/99, entre otros).

Lo expuesto me impulsa a proponer se mantenga la sentencia atacada en cuanto a este segmento.

VI.	Los accionantes se quejan de que la sentenciante de grado haya rechazado las multas de los arts. 8, 9 y 10 de la LNE, toda vez que no remitieron copia a la AFIP de la intimación formulada a la empleadora a la AFIP. A tal fin sostienen que dicha decisión es producto de no haberse analizado correctamente lo establecido en el art. 11 de la LNE.

Tampoco en este punto considero que les asista razón a los apelantes, ya que, atento los términos vertidos en el memorial, parecería que han soslayado que el art. 47 de la ley 25.345 introdujo un requisito adicional para la validez de la comunicación a la que hace referencia el art. 11 de dicha ley y, en consecuencia, para la procedencia de las indemnizaciones reguladas por los arts. 8º, 9º y 10º de la Ley Nacional de Empleo.	En efecto, a partir de la entrada en vigencia de dicha ley (B.O. 17-11-2000), el trabajador no sólo debe cursar la intimación del art. 11 inc. a) sino que además debe remitir copia de ello a la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro del plazo de 24 hs. de practicada la intimación al empleador.

En el caso de marras, al no haber efectuado los trabajadores la mentada comunicación (ver asimismo sobre de fs. 8), es evidente que han incumplido el último de los requisitos mencionados anteriormente circunstancia que obsta la procedencia de las multas emergentes de los arts. 8, 9 y 10 del plexo legal citado.	Por ello, a mi juicio, no cabe más que confirmar el decisorio atacado también en este sentido.

VII.	Los reclamantes además objetan que no se haya extendido la condena de entregar los certificados del art. 80 de la LCT a los responsables solidarios, en los términos del art. 30 de dicho cuerpo legal, queja que -de aceptarse mi propuesta- tampoco merecerá favorable andamiento.

Es que, tal como lo sostuve al votar, como vocal subrogante de la Sala X de esta Cámara, en los autos: "Baeza Medina, Luis Alberto c/ Hecmir SRL y otros s/ despido" (S.D. Nº 14.488 del 10/08/06), considero que no corresponde extender la responsabilidad, con fundamento en el art. 30 L.C.T., por la confección del art. 80 de ese cuerpo normativo a quienes no fueron empleadores del demandante.

A mi modo de ver, el deber patronal nacido del citado art. 80 reconoce una primera actividad, la de confeccionar las certificaciones, que constituye una obligación de hacer, de cumplimiento en especie estrictamente personal a cargo del empleador en base a sus libros y registros empresarios.

Opino que tal acto material solo puede ser llevado a cabo, salvo la suplantación judicial en casos de extrema contumacia, por el empleador o quien lo reemplace en ese rol específico, pero no por otros empresarios ajenos a la explotación, aún cuando éstos puedan responder vicariamente por otras obligaciones nacidas de los contratos de trabajo, incluidas las multas y sanciones derivadas del incumplimiento de aquel deber, y que no posean esta característica personal (en similar sentido ver: Sala I, S.D. Nº 82.887 del 29/7/05, en autos "López, Sergio Enrique c/ ETYSA -Empresa de Transportes YINKO S.A. y otro s/ Despido"; esta Sala II en su anterior integración, S.D. Nº 93.928 del 26/07/05, in re "Vallejos, Nicomedes c/ CONIPER S.A. y otros s/ Ley 22.250").

Por ello, voto por mantener el decisorio atacado en este aspecto.

VIII.	Párrafo aparte merecen las objeciones respecto de los intereses aplicados al monto de condena vertidos por la codemandada Rowing S.A. y por los reclamantes.

En cuanto a la queja de la coaccionada, considero que en este sentido corresponde declararla desierta, habida cuenta que las manifestaciones que vierte la recurrente no constituyen la crítica concreta y razonada que establece el art. 116 de la L.O.

En efecto, nótese que el quejoso no especifica cuál es la medida de su agravio, sino que se limita a mencionar la tasa de interés que determinó la sentenciante de grado y a renglón seguido dogmáticamente sostiene que "para las fracciones del período mensual que se halle en curso, se aplica el promedio del mes anterior" (sic) argumentación que, por sí sola, en modo alguno cumple con los lineamientos que emanan de la norma adjetiva.

En cambio, advierto que les asiste razón a los reclamantes en tanto sostienen que no se ha determinado en la anterior sede el momento a partir del cual corresponde calcular los intereses aplicables al monto de condena.

Y bien, toda vez que la aplicación de los intereses tiene como fin paliar la privación del uso oportuno del capital (conf. art. 622 del Código Civil) a mi juicio, corresponde revisar el decisorio atacado en este punto y determinar que los mismos se devengan desde que cada suma fue exigible, lo que así dejo propuesto.

IX.	En cuanto a los honorarios de la representación letrada de los coactores y del perito contador, a mi modo de ver, en mérito a la extensión y la calidad de las tareas realizadas considero que lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que propicio su confirmación (cfr. arts. 38 L.O., 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y decreto ley 16.638/57).	X.	Para concluir y atento al modo que propicio se resuelvan los recursos interpuestos, voto por imponer las costas de Alzada por su orden (conf. art. 68 2ª parte y 71 del CPCCN) a cuyo fin sugiero regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de los actores, de la codemandada Mail Corp S.A y de la codemandada Rowing S.A, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el 25%, 25% y 25% -respectivamente- de lo que a cada uno les corresponda percibir por su desempeño en origen (art. 14 ley 21.839).

En cumplimiento de la Acordada C.S.J.N. N° 6/05 (modif. por Ac. C.S.J.N. N° 19/05), sin que esto implique abrir aquí juicio alguno acerca de la validez constitucional de las normas que regulan la creación y funcionamiento de CASSABA y sin perjuicio del derecho de los sujetos involucrados a efectuar los planteos que estimen pertinentes en el ámbito de competencia material correspondiente, corresponde hacer saber a los abogados, procuradores y a las partes que, oportunamente, deberán observar las previsiones contenidas en la ley 1181 de la C.A.B.A., bajo apercibimiento de comunicar la situación a la mencionada entidad.

Miguel Ángel Pirolo dijo: Adhiero a las conclusiones del voto del voto precedente por análogos fundamentos, con la siguiente aclaración:

En lo que hace a la condena de entrega del certificado de servicios remuneraciones y aportes, debo puntualizar que la confección y entrega de dicha certificación es una obligación que, tal como lo expuse al votar en la causa "Menéndez Martín Sebastián c/TCPSA S.A. y otro" (SD Nº 94656 del 12/12/06) resulta exigible a las cordemandadas cuya responsabilidad se estableció con base en el art. 30 de la LCT, a pesar de que no fueron empleadoras directas de los servicios de los accionantes. En orden a ello, opino que la confección y entrega del certificado de trabajo es una obligación que, al igual que las restantes, tiene por causa fuente el contrato de trabajo respecto del cual se ha establecido la responsabilidad solidaria de las codemandadas que no han empleado en forma directa los servicios de los accionantes. Desde esta perspectiva, a mi entender, no cabe considerar excluida a la mencionada obligación de la solidaridad que prevé el citado art. 30 de la LCT respecto de la totalidad de las obligaciones emergentes del vínculo que el trabajador establece con el empleador directo. Si bien no existe uniformidad de opiniones en este fuero en torno a la cuestión analizada, distintas Salas de esta Cámara se han expedido en el sentido recién indicado (Sala VI, S.D. N° 54.363 del 14-9-01 "Arcioni, Verónica c/ Sportservice SA y otro s/ despido"; S.D.N° 57.048 del 30-3-04, "Miño, Raúl c/ Sancro SRL"; Sala VII, S.D.N° 37.148 del 12-11-03, "Storino, Claudio c/ Exiter SRL y otros s/ despido"). Sin perjuicio de lo expuesto -que lo ha sido con la finalidad de dejar a salvo mi opinión personal-, en un precedente de esta Sala, sobre el tema debatido y a través del voto mayoritario coincidente de mis distinguidos colegas, los Dres. González y Maza, se ha resuelto que no corresponde hacer extensiva la condena a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 LCT, toda vez que se trata de una obligación de hacer en cabeza del sujeto empleador directo (ver voto de la Dra. Graciela A. González, in re, "Statuto Néstor Raúl C/ Bian Tours S.R.L. y otros s/ despido" S.D. 94.826 del 09.03.07 en el cual -en relación al punto de divergencia- el Dr. Miguel Ángel Maza adhirió a su posición). En tal marco, por cuestiones de economía procesal y en la inteligencia de que la opinión del suscripto no ha de ser aceptada, adhiero a la propuesta efectuada por el vocal preopinante, con relación a este tema.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: I) Modificar parcialmente la sentencia apelada en el sentido de que la tasa de interés fijada en origen se devengará desde que cada suma resultó exigible; II) Confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; II) Imponer las costas de Alzada en el orden causado; III) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de las codemandadas Mail Corp S.A. y Rowing S.A, por las labores cumplidas ante esta instancia, en el veinticinco por ciento (25%) a cada una de ellas, de lo que les corresponda percibir por su desempeño en la anterior; IV) Hacer saber a las partes y sus letrados que deberán dar cumplimiento con lo dispuesto por la ley 1181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de comunicar la situación a CASSABA.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Pirolo	Miguel Ángel Maza	Juez de Cámara	Juez de Cámara