marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tasa de justicia, monto del juicio, monto indeterminado, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Smurra, Claudio Vicente c/ Agroflex SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-08-30

El diferimiento de la integración de la tasa de justicia sólo procede cuando no existe pauta objetiva que permita siquiera evaluar provisoriamente el tributo, de modo que no puede entenderse que existe monto indeterminado cuando hay bases o pautas para la determinación del valor económico en juego, (Sala B, "Chmea, David c/ Boeing SA s/ sum", 13.10.98; Sala E, "Química Sudamericana SA c/ Duperial SA s/ ordinario s/ inc. ley 23898, 20.6.95). Esa hipótesis no se verifica en el caso, a poco que se advierta que el propio actor cuantificó el monto de su reclamo en el importe que individualizó al demandar, resultando irrelevante -a los fines que aquí interesan-, la afirmación de que tal importe quedaba sujeto a lo que en más o en menos resultase de las probanzas de autos. Ello así, puesto que los juicios a los que refiere el art. 5° de la ley 23898 son aquellos que contienen un valor pecuniario que no puede ser determinado al inicio por alguna circunstancia insalvable, o por falta de pauta objetiva alguna que permita evaluar provisoriamente la suma imponible (Kielmanovich, "Código Procesal. Comentado y anotado. T. I, pág. 737, edit. Abeledo Perrot). Por lo demás, la legislación sobre tasa de justicia -cuya constitucionalidad no ha sido siquiera controvertida por el recurrente-, no impide el acceso a la jurisdicción ni obsta al derecho de ser oído, a poco que se advierta que las cuestiones vinculadas con su integración no impiden la prosecución del trámite normal del juicio (art. 11 in fine ley 23898).
Derecho procesal, partes del proceso, representación procesal, derechos y obligaciones de los padres
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Currais, Carolina y otro  c/ Organización Grupal SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-06

Procede rechazar la pretensión de la demandada, de citar al padre del coactor menor de edad, pues la madre se encuentra suficientemente legitimada para representar a su hijo conforme lo dispone expresamente el CCCN 101-b), (to ley 26944).

En ese sentido, resulta aplicable la presunción legal de conformidad de un progenitor respecto de las decisiones del otro, dispuesta en el CCCN 641. Es que, si bien el artículo 645- d) dispone que el menor de edad requiere autorización expresa de ambos progenitores para estar en juicio, ello resulta necesario en los supuestos que no puede actuar por sí.

Por otro lado, en el caso de rechazo de la citación al padre del coactor menor de edad, no se cumplen los extremos que justificarían la intervención obligada de un tercero en tanto este instituto se verifica cuando la parte que la requiere está habilitada en la hipótesis de ser vencida en el juicio, para interponer frente al citado una pretensión regresiva, sea de indemnización o de garantía (Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", ed. Abeledo-Perrot, t. III, p. 248), situación que no se configura en la especie.
Prueba pericial, notificación
Materia: PENAL
Carátula: Madrid Esteban s/ Hurto Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-06

Si el causante se hallaba detenido al momento de decretarse la pericia y de ninguna manera se le notificó de tal circunstancia como expresamente, so pena de nulidad lo manda el art.159 del C.P.P., a lo que debe sumarse que el encartado ha negado sistemáticamente en sus indagatorias la utilización de fuerza para penetrar al inmueble donde produjo la sustracción y que en ningún momento ni tan siquiera hizo una formulación genérica de conformidad con la actuación de los peritos que la instrucción pudiera designar, resulta claro y de ineludible declaración ya que en la cuestión se encuentra directamente comprometida la defensa en juicio, que la pericia formalizada en las condiciones analizadas es nula, y por lo tanto, no susceptibles de ser utilizadas como elemento de prueba en la causa.
Hurto de automotor, uso ilegítimo de automotor, automotor en vía pública, animus rem sibi habendi
Materia: PENAL
Carátula: LIGUORI, Guillermo s/ HURTO. AUTOMOTOR.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-12-13

1) Aun cuando la intención del procesado haya sido únicamente la de dar una vuelta con un vehículo que halló en la vía pública, igualmente se configura el delito de hurto aunque no haya mediado 'animus rem sibi habendi', pues la noción de apoderamiento a que alude el art. 162 CP no excluye el propósito de usar la cosa, o sea que resulta indiferente la intención del autor de comportarse como dueño o como usuario y que la sustracción haya sido momentánea.

2) En nuestro derecho penal el uso ilegítimo de un automotor, estuvo y está actualmente contemplado como conducta típicamente legislada, tanto dentro de la disposición del art. 162 como contenido en el art. 37 del decreto ley 6582/58, según fuere la situación jurídica previa a que se llegue para detentar ilegítimamente un automotor, sin causa o título, o con causa o título habilitante, debiendo en el caso de autos encuadrarse la calificación en el delito de hurto de automotor dejado en la vía pública (art. 163 inc. 6 CP ley 21338) y no en la norma del art. 40 del decreto ley 6582/58, que no permite otorgar el beneficio de la condena condicional.
Accidente de tránsito, destrucción total del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fontanari Juan Angel c/ Dumbsky Alejandro Germán s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-02

Si bien el momento del pago de la obligación determinada por la sentencia está dada por el plazo fijado por el pronunciamiento, de ahí no se sigue que el detrimento operado por el valor del vehículo durante el curso del juicio debe ser absorbido por el actor, ya que no es tal el propósito de la Ley 24238. Es que la diferencia en menos que estimó el perito derivó, como sucede con los vehículos usados del transcurso del tiempo y desvalorización por el modelo, circunstancias de notorio conocimiento que no pueden jugar en derecho en beneficio del incumplidor, que mas se beneficiaría entonces con la demora de la satisfacción de la obligación. Por ello es acertada la decisión del juez tomando como límite del resarcimiento el monto del automotor a la época del accidente y no el que tenía cuando se efectuó la pericia.
Cámara de Apelaciones, integración del tribunal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: San Fernando Compañía Financiera S.A. (en liq.jud.) c/ Lanera del Sur S.A. s/ Ejecución hipotecaria Consorcio Copropietarios Edificio Méjico 3510/3714 c/ Impermeabilizadora del Sur y otro s/ Rescisión de contrato y daños y perjuicios Arévalo, Leonardo Alberto c/ La Inversora Bahiense S.A. y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27|1990-08-28|1991-11-05

Cuando los vocales que componen un tribunal de alzada -sea por la causa que fuere- se apartan del conocimiento de un juicio ante él radicado, no corresponde el desplazamiento del mismo, sino la integración de ese tribunal de acuerdo a lo previsto por la ley orgánica 5827.
Derechos de los agentes de la administración pública, calificación del empleado público, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PAILLAN, Celia c/ E.N. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-10

Los agentes no tienen un derecho absoluto sobre las funciones que cumplen en el desempeño de un cargo y pueden ser trasladados siempre que se mantenga su jerarquía, no se disminuya su remuneración y se les encargue funciones decorosas con su jerarquía.
Cheque sin fondos, concurso de delitos, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: MOHAMED, MIRTA SILVIA s/ Cheque sin fondos Causa 28192
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-05

La mera multiplicidad de cheques entregados, aún cuando hayan sido dados a una misma persona, o representen cumplimientos parciales de una única obligación, o se haya intimado su pago mediante un único telegrama intimatorio, o se haya frustrado su pago mediante una única contraorden, es constitutivo de tantos hechos independientes -en concurso real- como títulos se hayan librado. (Del voto del Dr.

Riggi).
Improcedencia del recurso, sentencia no firme
Materia: PENAL
Carátula: U.F.T. N° 3 S/ INVESTIGACION USO DE DOCUMENTO FALSO Y DEFRAUDACION EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EN GRADO DE TENTATIVA) - LEY 5020 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2020-06-01

La queja no puede prosperar pues no rebate los fundamentos de la denegatoria, defecto formal que impide la habilitación de la vía. Así, la resolución cuestionada solo tiene por efecto confirmar las resoluciones adoptadas en el Foro de Jueces (tanto en función de garantía como de revisión) por las cuales se dejó de lado la aplicación de un criterio de oportunidad en el caso y se ordenó la realización de una audiencia de formulación de cargos (art. 130 CPP), por lo que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal, pues permite la continuidad de la acción penal en un legajo que no evidencia restricciones severas a la libertad de la sospechada.
Requerimiento fiscal, falta de requerimiento de instrucción, nulidad procesal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de apelación de Agostino, Edgardo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-13

La ausencia de requerimiento fiscal no acarrea necesariamente la nulidad por violación al principio " ne procedet iudex ex oficio", cuando la fiscalía tuvo noticias de lo actuado desde el inicio, con lo cual contó con la oportunidad de formular su oposición al progreso causídico o de convalidarlo expresa o tácitamente..
Participación criminal, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

El Ayudante Jefe de Operaciones del Estado Mayor y Jefe de Columna Operativa es responsable por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público agravada, torturas y homicidios calificados por su condición de integrante del grupo de tareas y por su aporte significativo al plan colectivo al que adhirió, interviniendo en, por lo menos, uno de los operativos de secuestro que integró el procedimiento gestado y realizado en torno a los integrantes de un grupo de familiares de desaparecidos.
Inhabilidad de título, honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de ejecución de honorarios (Dr. C. F.) en autos casco, Mary Mercedes c/ Banco HSBC s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2014-02-10

Resulta procedente la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la entidad financiera demandada en una ejecución de honorarios, pues si el profesional por acuerdo escrito hubo renunciado anticipada y expresamente a reclamar suma alguna en concepto de honorarios si el banco resultaba vencido en costas, por cierto que carece de legitimación para la ejecución que ha promovido en causa - nemo audiatur propiam turpitudem allegans-.
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ciclista, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: CASTELLANOS, VICTOR MANUEL c/ GIMENEZ, PEDRO NAZARIO s/ SUMARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-19

Desde la perspectiva de la responsabilidad del accionado sobre quien pesa la presunción en su contra del art. 1113 del Código Civil, que aún para los sostenedores de la tesis que admite la neutralización de los riesgos excluyen el supuesto en que los dos vehículos son de distinta entidad -por ejemplo un vehículo menor como lo es la bicicleta-, debe extremarse el rigor con que deben aplicarse las disposiciones de tránsito que atañen al automovilista.

Así, las que establecen los arts. 64 y 85 de la ley 5800 respecto al pleno dominio en la conducción del vehículo; en particular las especiales precauciones que impone el art. 86 ante la proximidad de ciclistas, y el art. 69 para la maniobra de adelantarse al otro en cuanto a tocar bocina o efectuar señales luminosas. El art. 66, inc.

2do., de la ley 5800 establece para los ciclistas las mismas cargas que para los conductores de vehículos y el art. 71, inc. 4to., "in fine" les obliga a ceder el paso en las zonas rurales a menos que atraviesen por zonas especialmente señaladas. Además, conforme a aquellas normas comunes a que alude el art. 66, inc. 2do., el ciclista no puede cambiar de dirección antes de asegurarse que es posible hacerlo sin peligro alguno (art. 66, párr. 3ro.); y cuando se proponga hacerlo debe anunciar el sentido del viraje con marcada anticipación (art. 75, inc. 2do., apart. c).

De ahí, que, aunque no se pueda aseverar que el cruce habría sido intentado en forma intempestiva, la víctima no desconocía que el éxito de su maniobra dependería de su propia fuerza física y que si había viento, al punto de impedirle atravesar la ruta con la rapidez con que se proponía hacerlo, estas circunstancias que se producen con los riesgos que ello implica, lo colocan en situación ciertamente desventajosa para la determinación de la concurrencia de culpas, por lo que cabe responsabilizar en un 70% la culpa de aquél -
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO, leyes, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia, ley posterior
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: SCREMIN, MARTA TERESITA Y SCREMIN, ENRIQUE CLAUDIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION - EXCEPCION  DE INCOMPETENCIA (CSJ EXPTE 524-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-12

La ley 10472 fue publicada en el Boletín Oficial el 22-1-1990, entrando a regir desde el 23-1-1990 (artículo 132), por lo tanto, no es admisible pretender que se declara que la demanda que interpuso el recurso contencioso administrativo en fecha anterior, debió ser promovida ante la Cámara respectiva, porque a la fecha de iniciación ninguna norma así lo disponía.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pereira Osácar, Pedro Enrique c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Ruiz, Lidia Herminia c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21|1999-12-29

La movilidad de haberes previsionales, implantada a partir de la sanción de la ley 6003, recibe sustento del principio de proporcionalidad entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber, de forma tal que el derecho a una jubilación móvil, adquirido conforme a la categoría jerárquica alcanzada en actividad y sobre cuya base se otorgó el beneficio, queda ligado a las variaciones del propio cargo otrora desempeñado.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, cuenta corriente bancaria, responsabilidad del banco, indemnización
Materia: CIVIL-BANCARIO
Carátula: Robert Bosch Argentina SA c/ Banco Sudameris s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-30

El banco demandado debe responder frente a su cliente por los daños provocados, al haber entregado fondos de su cuenta corriente a quienes no debía hacerlo y, de tal modo, contribuyó a que se concretara el acto defraudatorio del que fue víctima. Ello por cuanto, en el caso, la accionante fue víctima de un complejo mecanismo defraudatorio llevado a cabo por varios integrantes de su organización, que involucró al gerente financiero, gerente contable, encargado de caja y dos empleados; quienes montaron un mecanismo para extraer dinero en efectivo de las cuentas de la compañía mediante cheques girados contra sus propias cuentas. Es que, el banco procedió incorrectamente al entregar los fondos de cierto cheque por más de trescientos mil pesos porque no identificó a la persona que efectivamente retiró el dinero de la sucursal, siendo que los firmantes del documento no se apersonaron a la sucursal. Esto así a pesar de que el endoso sirva de suficiente recibo (BCRA, Com. "A" 2329, 1.3.4.1), porque en realidad fueron a cobrar quienes no tenían facultades ni mandato a su cargo para actuar en nombre de la sociedad actora. En tal virtud, medió incumplimiento de la entidad demandada a la normativa del Banco Central que le obliga a identificar a la persona que presenta el cheque al cobro por ventanilla, inclusive cuando estuviese librado al portador (BCRA, Com. "A" 2329, 1.2.2.8). Pero, a su vez, desobedeció lo previsto en la Com. "A" 2543 que prohibiera pagar en efectivo por un importe superior a $ 50.000 a terceros por cuanto los que se presentaron a su cobro no eran apoderados.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SAIFF JOSE c/ ENRIQUE D'AQUINO Y OTRO s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S083 - 236)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-09-21

Las genéricas referencias a lo elevado de las reparaciones concedidas y a la situación de analfabetos y paupérrimos de los accionantes, carecen de entidad suficiente como para controvertir eficazmente los fundamentos dados por el conforme la autorización del art. 90 inc. 7 C.P.C.-
Recurso extraordinario, reserva de la cuestión federal, interpretación de la ley, traba de la litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Jara,  Mario Alberto c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-30

El planteo fundado en que el decreto 3307/72 habría sido dictado sobre la base de las atribuciones conferidas por la ley 1878 -ambos de la Provincia del Neuquén- es el fruto de una reflexión tardía, ya que no integró las cuestiones que se debatieron al trabarse la litis, más allá de que de la transcripción que la propia demandada realiza del decreto no surge que hubiese sido dictado en uso de la atribución mencionada. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, autopistas, responsabilidad del peatón
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES RIOJA, Edgard c/ GONZALEZ, Manuel s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-19

1- Si bien el art. 44, inc. b) del Decreto 692/92 (texto Decreto 2254/92), norma vigente al momento de ocurrir el hecho (actual art. 46, inc. b) de la ley 24.449), determina que no pueden circular peatones por las autopistas y semiautopistas, su incumplimiento no genera automáticamente responsabilidad civil en el infractor, toda vez que se trata de normas viales que se encargan de regular el buen y seguro orden vehicular (una esfera distinta e independiente a la del derecho de daños).

2- La aparición imprevista de un peatón en el medio de una autopista configura un obstáculo difícil de prever y sortear, que no sólo supone un grave riesgo para su vida, sino también un peligro para la integridad de los automovilistas.
Falsificación de instrumento público, supresión del estado civil, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Alonso, Omar y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-20

Los delitos de falsificación de documento público y alteración del estado civil de un menor de diez años concurren de modo ideal, por ser un caso de pluralidad de movimientos voluntarios que responden a un plan común y que conforman una única conducta -artículo 54 del Código Penal- insusceptible de ser escindida, en tanto los medios elegidos para alterar el estado civil de la niña sustraída fueron la obtención de un falso certificado de nacimiento y la posterior inscripción espuria.
Cheque sin fondos, ardid, domicilio constituido, librador, obligaciones
Materia: PENAL
Carátula: SUPERMERCADO CORDIEZ S.A. s/ Cheque sin fondos Causa 34779
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-03

1- Corre a cargo del titular de la cuenta corriente bancaria el mantenerse informado sobre cualquier eventualidad que sobreviniera con motivo de aquella. Esto es el fundamento por el cual la reglamentación pertinente establece la obligación para los cuentacorrentistas de constituir un domicilio especial. De lo contrario, la eficacia de la información quedaría exclusivamente en poder de estos, a los cuales les bastaría con excluirse del acto de la recepción-como habría ocurrido en el caso-(donde el informe de correos informó que el destinatario se "rehusó" a recibir la pieza postal) o negar el conocimiento para eludir la acción de la justicia (Del voto del Dr. Repetto).- 2- Si la notificación ha sido "rehusada" por el destinatario (no habiendo sido por ello entregada), consentir tal conducta sería institucionalizar una práctica que permitiría al que libre un cheque que con tan sólo rehusar la correspondencia lograría evitar la responsabilidad del que a sabiendas pretende eludir las consecuencias de su accionar contrario a derecho (Del voto del Dr.

Acuña).
Contrato de trabajo, prueba, empleador, silencio
Materia: LABORAL
Carátula: Quevedo, Luis c/ Quevedo de Wagner, María s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-08

No demostrada la relación de índole laboral no es de aplicación la norma del art. 57 del Régimen de Contrato de Trabajo, toda vez que la presunción que establece juega, precisamente, entre personas vinculadas por un contrato de igual naturaleza jurídica, careciendo de validez para probar la existencia misma de dicha relación laboral.
Empleados públicos, escalafón, ascenso laboral, leyes, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: López, Rosa María Cristina c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 710 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-07

El Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial, Decreto Acuerdo 2695/83, prevé que para el otorgamiento de la categoría 19 deben cumplirse diferentes exigencias. En efecto, el artículo 13 expresa -en lo que es de interés- que: "El pase de categoría se producirá cuando se cumplan las condiciones y en la oportunidad que para cada tramo se consignan a continuación: ...inc.

c) Personal Superior: Para la asignación de las categorías 19 a 24, que integran el tramo, el agente deberá ser seleccionado por concurso y concurrir los siguientes requisitos particulares: 1- Que exista vacante en la categoría respectiva; 2- Reunir las condiciones que para cada función se establezcan, y 3- Haber aprobado el curso para el personal superior". De lo transcripto se colige que, para poder acceder a un cargo de los previstos en el inciso c), Personal Superior -y el de categoría 19 pertenece a ese tramo-, es necesaria la realización de un concurso a fin de seleccionar a los postulantes a cubrir el mismo, para lo cual, resulta indispensable que se den una serie de circunstancias que justifiquen su realización, entre ellas, que exista una vacante en la categoría respectiva. En el caso, la recurrente no tenía derecho a ser reencasillada en la categoría que pretende, no sólo porque no se reunieron los requisitos exigidos por el Acta Paritaria 32/89, para disponer el reescalafonamiento funcional solicitado, sino porque tampoco existía la vacante que permitiera la correspondiente realización del concurso, conforme lo exige el artículo 13 inc. c) del Escalafón respectivo.