Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2007, se reúnen en acuerdo los Sres. Jueces integrantes de la Sala III, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver la presente causa de la que:

RESULTA:

Vienen los autos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Hugo Nelson Duarte contra la resolución de fecha 7 de mayo de 2007 que dispuso: "REVOCAR la suspensión del proceso a prueba...en virtud del incumplimiento de una de las reglas de conducta impuestas y en consecuencia, REANUDAR el presente proceso contravencional..." (fs. 23).

Y CONSIDERANDO:

1) El recurso fue interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo, en tiempo y forma, por lo que es formalmente admisible.

En efecto, la defensa fue notificada el 14 de mayo de 2007 e interpuso recurso de apelación el 18 de mayo de 2007 a las 10:45 hs., por lo que resulta temporáneo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que existe gravamen irreparable en las decisiones que privan al interesado de utilizar, con eficacia, remedios legales posteriores para obtener la tutela de sus derechos (Fallos 300:642; 306:1778; 307:549 y 1132; 308:1631; 312:772).

Asimismo, considera la resolución que deniega la probation como equiparable a definitiva (L.L., del 28/IX/1998, F. 97.881; idem L.L., del 31/V/1999, reseña de fallos, nro. 41.520-S) y, como tal, comprendida en el art. 457 CPPN la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, razonando que la finalidad de quien la requiere no es la de obtener una sentencia absolutoria sino la de no continuar sometido a proceso mediante la extinción de la acción penal; de lo contrario se restringiría el derecho del procesado de poner fin a la acción y evitar la imposición de una pena (E.D., T. 176, pág. 565, f. 48.544 o D.J., 1998-2, pág. 538, f. 13.015. (Francisco J. D´Albora (h), Derecho Procesal Penal de la Nación, Editorial Lexis Nexis. Abeledo - Perrot, T. II, pág. 624, Bs. As. 2005).

El supuesto de autos es susceptible de producir similar gravamen al caso en que la suspensión de juicio a prueba es denegada, por lo que la resolución es suceptible de ser apelada.

2) La resolución impugnada consideró que, habiendo fenecido el plazo por el que se suspendió el proceso a prueba, si bien se acreditó la asistencia y aprobación del "Programa de educación vial" por parte del imputado, no ocurrió lo mismo con el cumplimiento de instrucciones especiales consistentes en la entrega de instrumentos musicales por la suma de $ 200 (doscientos pesos) a "Casa Vela".

Asimismo tuvo en cuenta que "si bien la defensa técnica esbozó las razones que impidieron a su ahijado procesal cumplir con lo pactado, lo cierto es que ello no ha sido debidamente acreditado en autos, circunstancia que impide entrar a analizar la posible aplicación del art. 47 CC o eventualmente, conceder una prorroga del plazo de suspensión del proceso a prueba", lo que determinó que concluyera revocando el mismo.

3) La defensa se agravia por lo que tacha como "sorpresivo" temperamento adoptado al resolver, ya que sostiene que no se le hizo saber a su asistido que debería acreditar las circunstancias que lo llevaron a incumplir con las entregas a "Casa Vela". Señala que, por otra parte, le hubiera resultado de imposible acreditación la falta de dinero para reparar la moto con la cual trabajaba, que determinó en definitiva su desempleo y la consecuente imposibilidad de cumplir con la instrucción fijada.

4) La fiscal de cámara pide que se rechace el recurso impetrado en tanto sostiene que la supuesta falta de intimación al imputado no es tal "ya que cuando la Jueza corrió vista a la defensa, el Fiscal ya había solicitado la revocación de la suspensión del proceso a prueba, precisamente, porque las razones invocadas por el Sr. Duarte a fs. 15 se encontraban desprovistas de todo sustento probatorio", siendo la carga procesal un imperativo del propio interés.

Agrega que no puede agraviarse tampoco por "la ´falta de audiencia personal´, ya que cuando su asistido se hizo oir por intermedio de quien ejerce su defensa y representación...no sólo no dijo nada...sino que se limitó a solicitar la eximición de la regla de conducta de donación." 5) El derecho a ser oído está garantizado por la Constitución Nacional por lo que, la forma en que los estados nacionales legislen en lo que concierne a este punto y la interpretación que los jueces otorguen a la ley en el aspecto señalado, no puede conculcar dicha garantía.

La actuación del defensor no puede compurgar un vicio insanable, como es el ocasionado y derivado de la conculcación del derecho de defensa en juicio.

La interpretación que debe darse a las normas legales es la que se compadece con su vigencia constitucional, por lo que corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 515 del CPPN, que en el caso no se ha hecho.

En lo referente al objeto del recurso, cabe consignar que debe otorgarse al imputado la posibilidad de descargo ante el juez en un caso de incumplimiento, previo a resolver la revocación del instituto, lo que no ocurrió.

6) El art. 515 in fine del CPPN aplicable en virtud del art. 6 del CC dispone que: "...En caso de incumplimiento o inobservancia de las condiciones, imposiciones o instrucciones, el tribunal de ejecución, otorgará posibilidad de audiencia al imputado, y resolverá, a cerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio...".

Conlleva la necesidad de que tenga lugar una audiencia con participación de todas las partes del proceso, previo a resolver sobre la revocatoria o subsistencia de la suspensión del juicio a prueba, lo que no ocurrió en el caso de autos, donde sólo se corrió vista al defensor del pedido del fiscal de revocación del instituto.

Oír al imputado no puede convertirse en mera formalidad y aún debe considerarse, en su caso, la imposibilidad del cumplimiento de lo acordado si fuere por algún motivo de imposible cumplimiento por el mismo. En este sentido se ha expedido este tribunal en la causa nº 19569-00/CC/2006 - "VERGARA, Sergio Walter s/Infr. art. 113 C.P. ley 1472 APELACION".

7) La jurisprudencia nacional ha resuelto, en el mismo sentido, que: "El art. 515, 2do. párrafo del C.P.P.N. es claro en cuanto a que en el caso de incumplimiento de los deberes impuestos al imputado será el Juez de ejecución el encargado de disponer la eventual revocatoria del instituto. Mas para ordenarla válidamente habrá de otorgar previamente audiencia al imputado para que se exprese (*).

Ello apunta a garantizar la defensa en juicio, toda vez que la posibilidad de que el imputado pueda ser oído debe ser cierta para que pueda efectuar el descargo pertinente, en la eventualidad de que existan causales ajenas a la voluntad del encartado impeditivas en la ejecución de las obligaciones impuestas.

La participación del imputado, entonces, resulta fundamental; ya que del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas, reparación de los daños en la medida ofrecida y comportamiento del interesado depende que se extinga la acción penal o se reanude el juicio.

En consecuencia, debe dejarse sin efecto el auto en cuanto revoca la suspensión de juicio a prueba". CNCRIM y Correc. Sala V, Navarro, Filozof. (Sec.: Collados Storni). c. 20.058, BAIZA, Raúl Héctor. Rta: 24/10/2002. Se citó: (*) Guillermo R. Navarro - Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1997, t. II, p. 287.

8) La resolución que oportunamente se dicte en la instancia de grado debería merituar fundadamente el cumplimiento parcial que correspondió a la medida directamente vinculada con la finalidad resocializadora en orden a la imputación efectuada.

A tales fines debiera tenerse en cuenta que se imputó a Duarte el tipo contravencional previsto en el art. 113 del C.C., esto es, violar barreras ferroviarias y concluyó aprobando el curso de educación vial, quedando pendiente solamente la prestación de contenido económico.

En este sentido, el Tribunal de Casación Penal de Pcia. de Buenos Aires sostuvo que "cualquier intervención estatal debe obedecer a los postulados constitucionales de razonabilidad y resocialización" T.Casación Penal, Buenos Aires, sala III, 2007/03/27.-G., C. s/recurso de casación.

9) Lo cierto es que la decisión a que se arribe, luego de merituar las justificaciones que pueda, en su caso, arguir el imputado por su incumplimiento, podría verse modificada por la explicación e impresión personal que diera en audiencia, que no fue fijada en autos.

Por lo expuesto este Tribunal RESUELVE:

I.-HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la defensa.

II.-REVOCAR la resolución que revocó la suspensión del juicio a Causa: Nº 30.926-01/CC/2006 "Incidente de apelación en legajo de suspensión de proceso a prueba en autos "DUARTE, Hugo Nelson s/ Infr. Art. 113 C.P. ley 1472".

prueba. (art. 515 CPPN y 6 LPC).

Regístrese, notifíquese a la Sra. Fiscal de Cámara y oportunamente remítanse las actuaciones al Juzgado interviniente a fin de que practique las notificaciones restantes.

Ante mí:

La Silvina Manes no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia. Conste.

Endede 2007 notifiqué a la Sra. Fiscal de Cámara. Doy fe.

Endede 2007 notifiqué a Secretaría General de la remisión de las actuaciones a primera instancia. Conste.

Endede 2007 se remitieron las actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas nº14. Conste.