Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.245 CAUSA N° 2.630/2010 SALA IV "NEVES PATRON PABLO MAXIMILIANO C/ NILO VERDE S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" JUZGADO N°80 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 27 DE ABRIL DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia de fs. 277/283 que hizo lugar a la demanda, se alzan el actor (fs. 292/295) y los codemandados NILO VERDE SA (fs. 286/287), ABEL GUMERSINDO DUARTE (fs. 288/289 vta.) y RICARDO DEMETRIO SARMIENTO (fs. 290/291 vta.).

II) Los tres codemandados se agravian, en primer término, porque la Sra. Jueza a quo tuvo por acreditada la existencia del vínculo laboral. A criterio de los recurrentes, la magistrada habría aplicado inadecuadamente las previsiones del art. 23 de la LCT porque "no existió el reconocimiento de la prestación de servicios normales y habituales que hubieran hecho operativa la presunción.". Asimismo cuestionan la valoración de la prueba testifical efectuada por la Sra. Jueza a quo para arribar a aquella conclusión.

Anticipo que la queja no merece trato favorable.

En efecto, NILO VERDE SA	reconoció en su responde que el actor realizó "algún reparto de pizzas a domicilio" a su favor (cfr. fs. 25), lo que -como acertadamente lo señala la Dra. Díaz Aloy en su muy fundada sentencia- tornaba operativa la presunción del art. 23 de la LCT.

Asimismo, la magistrada destacó que esa presunción aparecía corroborada por las declaraciones de cuatro testigos (GONZÁLEZ, MILCO, MORRONI y TORRES), que permitían comprobar que el actor laboró para NILO VERDE SA, cumpliendo funciones de repartidor en la Pizzería Kentucky y que ese desempeño "no fue en forma aislada, esporádica, ni por necesidades transitorias, como adujo la demandada en su responde".

Los apelantes cuestionan concretamente sólo una de esas declaraciones (la de TORRES), pero omiten hacer lo mismo con las demás. Esa omisión no se suple con la simple (y dogmática) aserción de que "la mayoría de esos testigos" (no indican cuáles) serían "parciales desde todo punto de vista, y .no han mostrado conocimiento directo alguno de la relación del actor con la demandada e intentaron beneficiar al mismo aunque con grandes contradicciones" (sic, fs. 286), ya que los apelantes no se toman la molestia de explicar cuáles serían los testimonios que adolecerían de esos vicios, cuáles los dichos que denotarían parcialidad o falta de conocimiento directo, y cuáles las supuestas contradicciones. En tales condiciones, la impugnación no constituye una "crítica concreta y razonada" del fallo (como lo exige el art. 116 de la L.O.) pues, como lo ha establecido la jurisprudencia, las consideraciones genéricas en las que se atribuye vaguedad, imprecisión y parcialidad a los testigos no implican el cumplimiento de la mencionada carga procesal (Cám. Ap. Civil, Sala G, 26/05/85, "M., D. O. c/ S. de M., B. M.", LL, 1985-D-386, DJ, 1986-1-204; esta Sala, 22/11/11, S.D. 95.905, "Espíndola Mariela Soledad c/ Stores & Developments SA y otro s/ despido").

Cabe entonces desestimar este agravio.	III) No merece mejor suerte la impugnación que formulan los demandados en torno a la cuantía del salario del actor.

En efecto, la empleadora no registró a NEVES PATRÓN en el libro especial, lo que conduce a presumir como verdadero -entre otros datos- el nivel salarial invocado por el trabajador, en virtud de lo dispuesto por los arts. 52 y 55 de la LCT. Digo esto, pues la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que la presunción del citado art. 55 también rige cuando, como en el caso, el dependiente no se halla registrado en el libro de sueldos y jornales a pesar de que debía estarlo (CNAT, Sala III, 23/11/06, S.D. 88.324, "Coronel, Héctor Luis c/ Mantel SRL y otro s/ despido"; esta Sala, 29/2/08, S.D. 93.307, "Neira, Daniel Ángel c/ Asociación Civil Club Atlético Chacarita Juniors s/ despido").

La distinción que formulan los apelantes entre los distintos componentes del salario resulta artificiosa, pues el empleador debe registrar en el libro especial toda la remuneración percibida por el trabajador.

IV) Los codemandados DUARTE y SARMIENTO se quejan asimismo porque el fallo les extendió en forma solidaria la condena pronunciada contra la sociedad, en sus calidades de presidente y de director suplente -respectivamente- con sustento en el art. 274 de la L.S.. Invocan la doctrina de los precedentes de la Corte Suprema "Palomeque" y "Carballo" y, subsidiariamente, sostienen (con cita de sentencias de esta Sala y de la Sala VIII) que su responsabilidad debería ceñirse a aquellos rubros que guardan relación de causalidad adecuada con la conducta ilícita que se les atribuye. SARMIENTO añade que, "no puede presumirse que en mi condición de suplente, haya tenido intervención o participación personal en las decisiones disvaliosas que se denuncian y endilgan a la sociedad demandada en relación con el actor".

Sobre este tema (responsabilidad de directores de sociedades) he sostenido que las situaciones de clandestinidad total o parcial ". configuran violaciones de la Ley que generan la responsabilidad solidaria de los administradores por los daños ocasionados con su conducta al trabajador, con sustento en los arts. 59, 157 y 274 de la L.S.. Al respecto, comparto lo expuesto por la Sala VII de la Excma. Cámara, en cuanto a que "no es lo mismo omitir el pago del salario o no efectuar el depósito de los aportes y contribuciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral o a disminuir la antigüedad real, o bien a ocultar toda o una parte de la remuneración.porque, más allá del incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de las que resultan inmediata y directamente responsables las personas físicas que las pergeñan (arts. 172 y 173 y concordantes del C. Penal)".

Por ello, "cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo. resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto en el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al sistema de seguridad social." (CNAT, Sala VII, 6/9/01, "Díaz, Ricardo D. c/ Distribuidora Del Norte S.A. y otros", DT, 2001-B-2311, con cita de Pirolo, Miguel A., "Aspectos Procesales de la responsabilidad solidaria", RDL, 2001-297).

Esta conducta (dolosa y en violación de la ley) genera la responsabilidad de los condemandados ., en los términos de los citados arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S., pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud que, en el caso, están representados por las indemnizaciones derivadas de las irregularidades registrales y de la ruptura del contrato -motivada, entre otras razones, por la negativa de la demandada a subsanar dicha irregularidad- es decir los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación practicada en el considerando 9°. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra los directores está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre la inconducta y el daño causado (CNCom., sala E, 18/3/98, "Industrias Record SA c/ Calvo, Marta E.", LL, diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNCom, Sala A, 8/9/04, "Meza de Ruíz Días, Telma A. c/ Transporte El Trébol y otros", LL, diario del 24/11/04), lo mismo cabe decir de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime cuando, según el texto del citado art. 54 de la L.S., la obligación de responder se limita a "los perjuicios causados" como consecuencia de la actuación ilícita.

En resumen, cabe responsabilizar a los codemandados., con sustento en los arts. 54, 59 ,157 y 274 de la L.S., en forma solidaria e ilimitada, por los daños que son consecuencia de su conducta fraudulenta (la falta de inscripción y la inscripción defectuosa), cuya reparación está representada (como dije antes), por los rubros 2 a 5 y 8 a 10 de la liquidación efectuada en el considerando 9°.

En cambio, no hay razón para hacerlos personalmente responsables por los otros rubros reclamados (salarios, certificados y aguinaldos), pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos contractuales, pero no es una actuación fraudulenta de los socios y administradores. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la relación laboral".

Mutatis mutandi, estos razonamientos resultan aplicables al caso del codemandado ABEL GUMERSINDO DUARTE, pues éste, en su calidad de presidente (y único director) de la sociedad empleadora no podía ignorar la grave ilicitud que representaba la contratación de un trabajador no registrado, por lo que corresponde extenderle la condena en forma solidaria, con sustento en los citados arts. 59 y 274 de la L.S., aunque sólo respecto de los rubros que guardan relación causal con la falta de registro de la relación laboral (esta Sala, 24/2/11, S.D. 95.144, "Olivera Washington c/ Verini Security y otros s/ despido"), es decir: a) las indemnizaciones por antigüedad, omisión del preaviso e integración del mes de despido, con el incremento previsto en el art. 2° de la ley 25.323 (dado que el despido indirecto se produjo -entre otras cosas- por la negativa patronal a registrar la relación laboral); y b) las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la ley 24.013.

Sugiero entonces que se mantenga la condena contra DUARTE hasta la suma total de $ 39.888,85 (6.000 + 2.000 + 166,66 + 1.466,66 + 122,22 + 15.500 + 9.755,54 + 4.877,77), con más sus intereses en la forma establecida en origen.

V) Pero distinta resulta (según mi parecer) la situación de RICARDO DEMETRIO SARMIENTO, pues éste no fue designado como integrante del directorio, sino como "director suplente" (cfr. fs. 28 y 87/89) y no se ha invocado que, por vacancia del titular respectivo, hubiera ocupado su lugar. Ello impide responsabilizarlo con sustento en los términos de los arts. 59 y 274 de la L.S.

Al respecto conviene recordar que, según jurisprudencia reiterada de los tribunales mercantiles, la LS no ha creado para el suplente obligaciones similares a la persona que reviste la titularidad; solamente tiene la expectativa de ser llamado a cubrir la ausencia o vacancia de éste. Al ser suplente no tiene responsabilidades ni obligaciones y no integra el órgano administrador pues el desempeño de la titularidad es excluyente (CNCom., Sala D, 8/8/85, "Ascani SA s/ quiebra s/ inc. apelación"; íd., Sala E, 24/3/82, "Roseland SACI"; íd., Sala C, 25/10/95, "Iraben SA s/ quiebra s/ inc. de calificación de conducta"; íd., Sala A 13/10/97, "Retín SA s/ quiebra s/ inc. de apelación").

En igual sentido se pronunció la doctrina comercial y laboral. Así, se ha señalado que los suplentes son sujetos que sólo tienen una vocación potencial a ocupar el cargo; en tanto no adquieren el carácter de titulares, no pesan sobre ellos las obligaciones y responsabilidades propias de un director en ejercicio, ni se los debe considerar integrantes del órgano de administración (Traverso, Amadeo E., "¿Quo vadis?: el director suplente y el fraude laboral. ¿Responsabilidad solidaria?" RDLSS 2004-20-1512; Martorell, Ernesto E. "Los directores de sociedades anónimas", Depalma, Bs.As., 1990, p. 231). En el mismo orden de ideas se ha dicho que al director suplente no le cabe responsabilidad alguna por las deudas laborales de la sociedad, por cuanto, de acuerdo con el art. 274 de la L.S., el director responde por el mal desempeño de su cargo, y un suplente no tiene ejercicio efectivo del cargo, a menos que en algún momento entrase al directorio como titular (Maddaloni, Osvaldo, "La extensión de responsabilidad a los socios, controlantes y directivos de sociedades comerciales", LNL 2003-02-164).

En esa inteligencia, esta Sala ha resuelto que el director suplente no se encuentra alcanzado por la responsabilidad del art. 274 de la L.S. (S.D. 94.346 del 20/10/09, "Cid, Javier Edgardo c/ Coordinadora Americana de Servicios SA s/ diferencias de salarios").

Por ello, propongo revocar la sentencia en este aspecto y rechazar la demanda contra el codemandado SARMIENTO, con costas en el orden causado, por cuanto el actor pudo considerarse asistido de mejor derecho para reclamar contra esta persona física (art. 68, 2da. parte, Cód. Procesal).

VI) El actor, a su turno, se queja de la desestimación de su reclamo de una compensación dineraria por francos no gozados.

Estimo que no asiste razón a la recurrente, pues, no resulta admisible indemnizar con dinero el descanso semanal no gozado, dado que la ley no contiene ninguna disposición que lo autorice; por el contrario, el art. 207 de la LCT regula el derecho del dependiente a gozarlo en forma efectiva y a disponer por sí el descanso (CNAT, Sala III, 20/3/87, SD 53.010, "Arias, Sergio c/ Mastellone Hnos. s/ Cobro de Pesos"; íd., Sala VII, 7/12/07, SD 40.638, "Jiménez, Alejandro Oscar c/ Transportes Fuentecilla S.A. y otro s/ despido").

Si, en cambio, como ocurre en el caso de autos, el trabajador no hizo uso del derecho previsto por el citado precepto legal, en el sentido de tomarse por su cuenta, con la debida comunicación, los días de descanso no gozados, pierde el derecho a reclamar el 100% de recargo sobre el salario habitual de aquellos días, pues de lo contrario se desvirtúa la finalidad higiénica que persiguen las normas sobre descanso (CNAT, Sala V, 14/2/92, SD 47.149, "Orellana, Luis c/ Organización Clearing Argentino S.A. s/ despido").

En otras palabras, como lo ha sostenido una constante y conocida jurisprudencia, el descanso compensatorio no gozado no es compensable en dinero (cfr., además de los fallos citados y entre muchísimos otros: CNAT, en pleno, 5/7/56, acuerdo n° 33, "Casabone de Becerra, Blanca c/ Consorcio de propietarios Alberdi"; CNAT, Sala I, 30/6/80, "Rego, Roberto J. y otros c/ Empresa de Microómnibus 'Veinticinco de Mayo' CISA Línea 77", DT 1981-138; íd., Sala I, 30/5/80, S.D. 40.622, "Aguirre, Carlos A. c/ Arte Gráfico Editorial Argentina SA s/ despido"; íd., Sala I, 30/11/84, S.D. 49.849, "Arcore, Laura c/ Macribe S.A. s/ despido"; íd., Sala II, 22/6/99, "Espinoza, Eduardo c/ Carrefour Argentina SA"; íd., Sala III, 30/11/76, LT XXV-A-183; íd., Sala III, 29/9/95, S.D. 70.127, "Roisman, Jorge c/ Club Ciudad de Buenos Aires s/ despido"; íd., Sala IV, 15/6/07, S.D. 92.360, "Romero Fabra, Hermenegildo Ubaldo c/ Componentes S.A. s/ despido"; íd., Sala IV, 28/6/11, S.D. 95.532, "Lo Mastro Ricardo c/ Coto C.I.C.S.A. s/ despido"; íd., Sala V, 29/12/80, "Baldovino, Fidel c/ Automóvil Club Argentino", DT 1981-A-269; íd., Sala V, 14/02/92, S.D. 47.149, "Orellana, Luis c/ Organización Clearing Argentino S.A. s/ despido"; íd., Sala VI, 13/3/80, LT, XXVIII-A-571; íd., Sala VIII, 26/09/07, S.D. 34.442, "Alici, Cynthia c/ Pérez, José y otro s/ despido").

Propongo entonces desestimar la objeción.

VII) Los demandados apelan por altos los honorarios de la representación letrada de la actora. En atención al mérito e importancia de los trabajos realizados, los estipendios en cuestión no lucen excesivos, por lo que sugiero confirmarlos (arts. 6, 7, 8, 9 y conc. Ley 21.839, 38 LO y 3° y conc. Dec. Ley 16.638/57).

VIII) En síntesis voto por: 1) Modificar la sentencia apelada, rechazando la demanda contra RICARDO DEMETRIO SARMIENTO, con costas en ambas instancias en el orden causado. 2) Mantener la extensión de condena en forma solidaria respecto del codemandado ABEL GUMERSINDO DUARTE hasta la suma total de $ 39.888,85, con más sus intereses en la forma establecida en origen, con la aclaración de que todos los porcentajes de honorarios a su cargo se aplicarán sobre el monto (capital e intereses), al que DUARTE ha resultado condenado. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada respecto de la acción deducida contra los codemandados NILO VERDE SA y DUARTE a cargo de estos, por resultar vencidos en lo principal (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

Comparto la solución propiciada por mi colega con excepción del límite de la condena respecto de la persona física que debe responder en la causa, tal como lo expusiera en autos "Criado Andrea Inés c/ Times S.A. y otro s/ despido" SD 95.393 del 6/5/11; sin embargo, la tesis sustentada por el Dr. Guisado resulta ser el criterio mayoritario de esta Sala, conforme precedentes citados en el voto anterior, por lo que por economía y celeridad procesal, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada, rechazando la demanda contra RICARDO DEMETRIO SARMIENTO, con costas en ambas instancias en el orden causado. 2) Mantener la extensión de condena en forma solidaria respecto del codemandado ABEL GUMERSINDO DUARTE hasta la suma total de $ 39.888,85, con más sus intereses en la forma establecida en origen, con la aclaración de que todos los porcentajes de honorarios a su cargo se aplicarán sobre el monto (capital e intereses), al que DUARTE ha resultado condenado. 3) Confirmar el pronunciamiento en todo lo demás que ha sido motivo de recurso. 4) Imponer las costas de la alzada respecto de la acción deducida contra los codemandados NILO VERDE SA y DUARTE a cargo de estos, por resultar vencidos en lo principal (art. 68 Cód. Procesal) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que correspondan a cada representación letrada por su actuación en la anterior instancia (art. 14 ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	Juez de Cámara ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria