Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-11-12


114047/2008 "Di Martino, Juan C/ Porcel, Facundo Eduardo Y Otros S/ Daños Y Perjuicios".

EXPTE. N° 114.047/2008 En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 14 días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: "DI MARTINO, Juan c/ PORCEL, Facundo Eduardo y otros s/ Daños y perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 459/467, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI - SEBASTIÁN PICASSO - RICARDO LI ROSI.- A la cuestión propuesta el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1º.- La sentencia dictada a fs. 459/467, admitió la demanda impetrada por J D M y E B R contra F E P y su aseguradora "Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A", condenándolos a abonar la suma de noventa mil pesos ($90.000) al primero y la suma de cinco mil pesos ($5.000) a la segunda, todo con más sus intereses y costas.- Contra dicho pronunciamiento se alzan las quejas de los accionantes, quienes expresaron agravios a fs. 512/514,solicitando la elevación de los montos concedidos en concepto de "incapacidad sobreviniente". Asimismo, se quejan que se haya justipreciado la incapacidad psíquica dentro del daño moral, y del rechazo del lucro cesante reclamado en la demanda. Corrido el correspondiente traslado, el mismo fue replicado por los demandados a fs. 517/519, donde solicitaron la deserción del recurso.Mediante el memorial de fs. 521/525, los emplazados persiguen la disminución de la partida "incapacidad sobreviniente", "los gastos médicos futuros" y el "daño moral". Esta queja mereció réplica de la contraparte a fs. 528/529.- 2.- La presente acción persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por los accionantes, con motivo del accidente acaecido el día 28 de diciembre de 2005, en oportunidad en que los actores se encontraban parados en la vereda de la calle Lavalle, entre Cerrito y Libertad, de esta ciudad, cuando fueron embestidos por el demandado, quien circulaba a bordo de su vehículo Fiat, modelo Siena, dominio CEP-906. A raíz del accidente, los demandantes sufrieron diversas lesiones físicas y psíquicas por las cuáles reclaman.- 3°.- Previo a todo aclaro que, al cumplir los agravios de los demandantes la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del CPCCN, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postulan los emplazados a fs. 517.- 4°.-Toda vez que la cuestión relativa a la responsabilidad en el ilícito ha sido consentida por las partes,corresponde entonces analizar las quejas efectuadas respecto a las partidas indemnizatorias.-El apoderado de los demandantes se quejan de la suma acordada para resarcir el rubro "incapacidad sobreviniente" ($45.000) para el actor y del rechazo del daño psíquico de la coactora. A su vez, alza sus quejas respecto de la falta de autonomía del daño psíquico, el cual fuera sumido dentro del daño moral. Por tales motivos, solicita la elevación de las partidas.- Por su parte, los demandados, solicitan la reducción la incapacidad sobreviniente otorgada en favor de D M.- Cabe destacar que, esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la incapacidad física y el daño psíquico deben ser valorados en forma conjunta, porque los porcentajes incapacitantes padecidos por el damnificado repercuten unitariamente, lo cual aconseja que se fije una partida indemnizatoria que abarque ambos aspectos, que si bien conforman dos índoles diversas de lesiones, se traducen en el mismo daño, que consiste, en definitiva, en la merma patrimonial que sufre la víctima por la disminución de sus aptitudes y para el desempeño de cualquier trabajo o actividad productora de beneficios materiales (conf. libres de esta Sala nº 261.021 del 2/3/2000; n 299.193 del 31/8/2000; nº 326.844 del 27/8/2001, entre muchos otros).- La "incapacidad sobreviniente",pericialmente comprobada, conforma un antecedente que tiene aptitud para configurar un daño resarcible, ya que las lesiones de carácter permanente, aunque no ocasionen un inmediato daño respecto de los ingresos, debe ser indemnizada como potencial valor del que la víctima se ve privada, puesto que la indemnización no se circunscribe al aspecto laborativo, sino también a todas las consecuencias que afectan la personalidad y que tienen aptitud para inferir un menoscabo material conf. Llambías, J. J. "Tratado de Derecho Civil -Obligaciones", t. IV-A, n 2373, pág. 119/120, nota 217 y jurisprudencia allí citada).

La indemnización concedida debe tender a cubrir todas las erogaciones de la incapacidad generada, atendiendo a la actividad impedida, sea o no productiva, ya que la reparación comprende no sólo el aspecto laboral, sino también todas las consecuencias que afecten la personalidad y que se traduzcan, aún de manera indirecta, en un menoscabo patrimonial futuro y cierto (conf. esta Sala, mis votos en libres n 111.114 del 19/6/92; n 107.308 del 23/8/92; n 154.792 del 17/2/95; n 207.781 del 3/3/97 y n 208.494 del 17/3/97, entre otros).Por otro lado, reiteradamente he sostenido que el "daño psíquico" constituye un rubro resarcitorio autónomo al "daño moral", toda vez que ambos perjuicios poseen distinta naturaleza. El primero reviste la calidad de daño patrimonial, mientras que el segundo afecta los intereses extrapatrimoniales (conf. mis votos en libres n 397.889 del 12/8/04; n 330.604 del 27/3/02; n 226.548 del 30/11/00, entre otros).-Adoptados estos principios, deben ponderarse los elementos de prueba aportados para determinar los montos correspondiente al rubro en análisis.-Conforme surge del estudio de la causa, el experto en neurología refirió en sus consideraciones medicolegales que a raíz del accidente de tránsito sufrido, el Sr. J D M presentó "secuelas inmediatas del traumatismo sufrido fueron determinadas por el foco de contusión cráneo-encefálico sobre el lóbulo temporal izquierdo, asiento de funciones sensoriales auditivas y del lenguaje.Estas lesiones evolucionaron favorablemente gracias a la actuación competente del Dr. Horacio Verdaguer que permitieron superar la casi totalidad de las funciones nerviosas afectadas, las que quedaron en un nivel mínimo. Esto quedó demostrado por la continuidad de su trabajo de comerciante declarado por el actor en el momento de la pericia. Solamente puede observarse un leve temblor de mano izquierda, leve lentitud de respuesta en el lenguaje, y lo mismo de su hipoacusia" Agrega que al "haber superado sus lesiones del encéfalo y lenguaje de la etapa aguda ya no existe pronóstico desfavorable de dichas lesiones que afecten a su desempeño socio-laboral las que, examinadas y cotejadas desde el 2006 hasta ahora, con el EEG y la RMN de cerebro realizadas recientemente confirman lo expuesto" (ver. fs. 360).Es por ello que concluye que el actor padece como consecuencia del accidente las siguientes secuelas neurológicas: a)irritabilidad autocompensada, b) hipoacusia sensorial c) leve temblor distal de mano izquierda d) Foco secular estable de lesión en el polo temporal izquierdo determinado por RMN cerebral.- A partir de ello, determina que el Sr. Di Martino padece una incapacidad parcial de 18%.- A fs. 365 la parte actora impugnó la pericia médica, por considerar que el porcentaje de incapacidad otorgado no se compadece con el accidente sufrido.- En su responde de fs. 390/393, el experto señaló que "El informe pericial expresa [irritabilidad autocompensada], la que per se no implica necesariamente un grado de incapacidad, por ello se denominó autocompensada, calificativo que alude el autocontrol que muestra el actor durante el acto pericial, que hubiere sido confirmada por su médico consultor y tratante -si se hallara presente- en este acto. Lo mismo vale para el temblor distal de la mano -que se presenta inaparente- ya que, se recurre a maniobras médicas apropiadas para ello y, en este caso el Sr. Di Martino presenta temblor de carácter muy leve autocontrolable y no le afecta o invalida para tareas normales de su profesión ya que el mismo no es tampoco permanente".A estos antecedentes, se suma el detrimento psíquico generado por dichas lesiones, indicadas por la licenciada Fernández Raffo, quien señaló que "El hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma, es decir, que es un suceso externo, sorpresivo y violento en la vida de una persona caracterizado por su intensidad, por la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y por lo efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica".- Agregó que el estado psíquico actual del Sr. Di Martino esta consolidado, ya que las alteraciones perduran a pesar de haber transcurrido más de cinco años desde que acaecieron los hechos.- Respecto de la Sra. Elsa B R a que "De la convergencia y recurrencia de las técnicas psicológicas implementadas, es posible aludir a una configuración psíquica en la que se evidencia un trastorno por estrés postraumático, que sigue al hecho que ha representado un peligro de muerte, una amenaza para su integridad física" (cfr. fs. 338).- Agrega que el estado psíquico se encuentra consolidado por haber transcurridos cinco años desde el accidente y que le genera una incapacidad del 10%, que se corresponde con el grado de moderado (ver. fs. 339).- La experticia resultó impugnada por los demandantes a fs. 348/353, por el porcentaje de incapacidad otorgada a la Sra. Ruiz, y porque respecto del Sr. D M no se estableció porcentaje de incapacidad. Por su parte, los emplazados hicieron lo propio a fs. 368/369, toda vez que la psicóloga no aportó gráficos ni protocolos sobre los diagnósticos realizados, sin que ello permita establecer que padezcan incapacidad psíquica.- Al contestar a fs. 374/376, la licenciada ratificó el diagnóstico y el grado de incapacidad otorgado a la Sra. R, y manifestó que de acuerdo al cuadro de grado moderado detectado en el Sr. D M, es posible estimar la incapacidad psíquica en un 20% (ver. fs. 376).- La pericia resultó nuevamente impugnada por los emplazados a fs. 378/380, teniéndosela presente para su oportunidad. Allí, insiste con la imposibilidad de que el accidente haya generado en la coactora un trastorno por stress postraumático, como así también cuestionan que el 20% de incapacidad psíquica detectada en el actor se compadezca con un trastorno por estrés postraumático de grado moderado. A fs. 405/419 y fs. 430 la licenciada contestó las observaciones acompañando los protocolos, registros y gráficos de las pruebas realizadas a los peritados, ratificando así las conclusiones vertidas en su informe.- Cabe recordar que, aunque las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que aquél hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. Por ello, cuando el peritaje aparece fundado y no existe otra prueba de parejo tenor que la desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél (esta sala, L. 574.847, del 10/11/2011, LL 2011-F, 56).- En este entendimiento, nótese que las observaciones efectuadas al informe pericial no se encuentran suscriptas con el respaldo de la opinión de un consultor de parte, por lo tanto, son apreciaciones subjetivas que carecen de análoga relevancia técnica, insuficientes para conmover las conclusiones que arroja el dictamen del experto (conf. esta Sala, L. n° 430.042 del 24-4-06, n° 537.331 del 4-11-09, n° 590.675 del 11-7-13, entre otros).Para valorar acabadamente este rubro, resulta de vital importancia analizar las características personales de las víctimas. J D M contaba con 54 años de edad, trabajaba administrando geriátricos junto a su socio, de estado civil casado, vive junto a su mujer y su hijo menor en una casa de Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires. Por su parte, Elsa Beatriz Ruiz contaba con 54 años de edad, ama de casa (ver. psicodiagnóstico de fs. 333/340).-En virtud de ello, teniendo presentes las características personales de la víctima y siguiendo el criterio que ha adoptado esta Sala, juzgo apropiado elevar la cuantía de incapacidad sobreviniente (integrada por los desmedros físico y psíquico) respecto de J D M a la suma de pesos cien mil ($100.000), y otorgar una partida en concepto de incapacidad sobreviniente (por los desmedros psíquicos) a favor de E B R de pesos quince mil ($15.000).-5.- A continuación habré de evaluar las quejas de las emplazadas respecto de las sumas reconocidas para enjugar el "daño moral" en favor del actor ($ 30.000) y de la coactora ($5.000).-Sabido es que este perjuicio se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. I, pág. 297/298, núm. 243).-Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba "in re ipsa", que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarro en causas n 191.386 del 22/5/96 y n 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres n 165.704 del 22/5/95 y n 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).-El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-Para graduar acabadamente este menoscabo, debo ponderar que a raíz del accidente, el Sr. D M debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía, siendo luego derivado por su cobertura médica (Sami) al Hospital San Juan de Dios. Allí, le realizaron diversos estudios permaneciendo internado en terapia intensiva durante dos días y en sala común por siete días (cfr. historia clínica de fs. 188/304 y pericia médica).-Respecto de E B R, debe tenerse en cuenta que no existe constancia de atención médica que se vincule con el accidente, toda vez que no resultó lesionada físicamente.-Ahora bien, el hecho de que la coactora haya participado del accidente, donde salió indemne físicamente pero con secuelas psíquicas, alcanza para presumir que ello le ha provocado alguna leve afección en su esfera extrapatrimonial que torne viable una indemnización.-A partir de ello, teniendo en cuenta las referidas dolencias y complicaciones que debieron soportar, entiendo que no corresponde disminuir las sumas concedidas en la instancia de grado.-6.- Cuestionan también las emplazadas la procedencia del resarcimiento de los tratamientos médicos y psíquicos futuros ($15.000), los cuales fueran reclamados en la demanda (ver. fs. 13vta).-El experto en neurología aseveró que "el actor requerirá de por vida costos médicos estimados por control mensual a razón de $100, por afección secular de evolución crónica" (ver. fs. 392).-Por otro lado, de la pericia psicológica surge que la licenciada aconsejó "un tratamiento psicoterapéutico, a fin de que pueda elaborar psíquicamente el trauma sufrido, evitando el efecto patógeno producido por ese hecho".-"La duración del tratamiento, depende de la reacción de cada sujeto, aunque por las características particulares del peritado se puede estimar que el mismo deberá tener una extensión aproximada de por lo menos un año. La frecuencia de sesiones quedará bajo criterio del profesional actuante, aunque se estima conveniente una frecuencia de una vez por semana. El costo promedio de una sesión de psicoterapia individual en el ámbito privado se estima en $100 (cien pesos)" (ver. fs. 345).-Empero, también es cierto que no se ha aportado constancia en autos que indique que el damnificado haya emprendido tratamiento alguno o prueba documental que avale su cuantía, pese al tiempo transcurrido desde la fecha del siniestro (28/12/05). Ello hace suponer que, o bien su atención se llevó a cabo en una entidad pública -con la consiguiente gratuidad del servicio-, o no se sometió a ninguna terapia.-Pese a esto, considero que la necesidad de encararlo no resulta discutible en función de la meritada prescripción médico-legal, aunque no en la magnitud que ha sido justipreciado en la instancia de grado.Por ello, teniendo en cuenta el lapso de vida en que deberá soportar los controles y que el actor posee cobertura social que podrá cubrir parte de los gastos ocasionados por las afecciones, me inclinan a confirmar la suma de gastos médicos futuros.-7°.- Finalmente, corresponde desechar las quejas del demandante en torno a la supuesta reparación por lucro cesante, ya que en primer lugar, no se acreditó tal circunstancia y, en cualquier caso, el planteo excede el marco del presente, ya que, conforme a lo dispuesto por el artículo 277 del Código Procesal, el Tribunal de Alzada no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia (ver. demanda de fs. 11/18). En consecuencia, la expresión de agravios no es la vía pertinente para introducir nuevos planteamientos o defensas que debieron deducirse en el correspondiente estadío procesal. Y esta regla es coherente con la naturaleza jurídica del recurso de apelación, en el sentido que no importa un nuevo juicio en el cual sea admisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente (conf. Fassi-Yañez, "Código Procesal Civil y Comercial comentado, anotado y concordado", t. II, pág. 500; cfr. esta Sala en Libres n? 422.151 del 13/10/05 y n? 438.113 del 2/3/06).-En definitiva, si mi voto fuera compartido, corresponder? incrementar las partidas concedidas en concepto de incapacidad sobreviniente (integrada por los desmedros fisicos y ps?uicos) a la suma de cien mil pesos ($100.000) para J D M, y concederse una partida de incapacidad sobreviniente (integrada por da?s ps?uicos) en la suma de quince mil pesos ($15.000) para E B R y confirmar todo lo dem? que fuera motivo de agravios.-Las costas de alzada deberían imponerse a los demandados que resultaron sustancialmente vencidos (art. 68 Cód. Proc.).-EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:Coincido con el voto de mi distinguido colega el Dr. Molteni, y aclaro por mi parte que, como he dicho en reiteradas oportunidades, para valorar la incapacidad sobreviniente resulta aconsejable el empleo de criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (o de la valuación de las tareas no remuneradas que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita a la víctima obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo tal que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba a la damnificada.-Sin embargo, también he sostenido que estas pautas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa.- Así las cosas, y dado que los importes que propone el Dr. Molteni para enjugar este rubro lucen equitativos a la luz de las pautas descriptas, votaré con él también en este aspecto.-El Dr. Ricardo Li Rosi votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-Con lo que terminó el acto.- Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-Buenos Aires, noviembre de 2014.

Y VISTOS:Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se incrementa la partida concedida en concepto de incapacidad sobreviniente a la suma de cien mil pesos ($100.000.-) para J D M y se otorga una suma de quince mil pesos ($15.000.-) en concepto de incapacidad sobreviniente en favor de E B R y se confirma lo demás que fuera motivo de agravios.- Costas de alzada a los demandados.- Atento lo decidido precedentemente corresponde adecuar los honorarios fijados en la anterior instancia, de conformidad con lo normado por el artículo 279 del ordenamiento procesal y dentro de los límites del artículo 505 del Código Civil.- Ello así, valorando la calidad y extensión de la labor desplegada por los profesionales intervinientes dentro de las tres etapas en que se dividen los juicios ordinarios,monto de la condena con sus intereses, lo establecido por la ley 16.638/57, los artículos l,6,7,19, 37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432 como así también lo decidido por la sala en cuanto a la forma de retribuir los emolumentos de los peritos médicos y psicólogos que carecen de un arancel propio (conf. H.590.056 del 9/5/2012 entre otros), corresponde fijar los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. J A. G B, en PESO VEINTISEIS MIL ($ 26.000.-) por el principal y en PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-) por la incidencia decidida a fs. 107; los del letrado patrocinante de la misma parte, Dr. J C, en PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) ; los de la dirección letrada de la demandada y citada en garantía, Dres. S O. C y S R. G, en PESOS ONCE MIL ($ 11.000.-) para cada uno de ellos por el principal y, por la incidencia de fs. 107, en PESOS QUINIENTOS ($ 500.-)para cada uno; los del perito médico neurólogo, Dr. J M. O, en PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-); los de la perito psicóloga, Lic. V F R, en PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-); los de la perito contadora, cuya labor se circunscribió a la compulsa de libros (conf. H.619.503 del 30/10/2013 entre otros), Dra. V J G, en PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y los de la Dra. R V. G, en PESOS UN MIL DOSCIENTOS($ 1.200.-)(decreto 1465/2007).-Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, se fijan los honorarios del Dr. G B, en PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-) y los del Dr. S C, en PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) (arts. l, 6, 7, 14 de la ley 21.839 y conc. de la 24.432, sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días.-Notifíquese en los términos de las Acordadas 38/13, 31/11y concordantes, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.- Hugo Molteni - Sebastián Picasso - Ricardo Li Rosi