Concurso preventivo, abogado apoderado
Materia: COMERCIAL
Carátula: SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES. s/ CONCURSO PREVENTIVO INCIDENTE DE REVISION PROMOVIDO POR FISCO NACIONAL (AFIP -DGI).
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-24

El art. 287 de la ley concursal dispone: "Honorarios en incidentes. En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado".

En mérito a la preceptiva precedentemente citada, y a fin de cumplir con la remisión normativa dispuesta por la ley falencial, se imponía al sentenciante analizar el catálogo de disposiciones contenidas en la ley arancelaria local, a fin de aplicar la solución legal ajustada al sublite. Resulta indudable que en el caso, la regulación de honorarios del letrado apoderado de la acreedora revisionista (AFIP-DGI) debía hacer pie en el art. 65 inc. c de la Ley 5480 que expresamente dice: "En los concursos civiles, quiebras y concursos preventivos, .el honorario del abogado patrocinante de cada acreedor, se fijará aplicando las pautas del artículo 38 primera parte, sobre: ...inc. c: el monto del crédito verificado en el pertinente incidente.

Como se advierte, la directiva legal contenida en la norma transcripta, resulta aplicable al supuesto allí previsto; esto es, a la regulación de los honorarios que corresponda a la representación letrada del acreedor que promueve el incidente de verificación o de revisión.

Haciendo aplicación del citado precepto legal, el auto regulatorio de marras dispuso que fuera el monto del crédito verificado en la incidencia, el que sirviera de base a la regulación de los honorarios de la apoderada de la AFIP-DGI. En efecto, la señora jueza de primera instancia tomó ese pie arancelario y ponderando las pautas que emergen de la normales legales citadas, reguló honorarios a la letrada; criterio que fue confirmado por la Cámara y que no es cuestionado en esta instancia.

No puede admitirse, sin embargo, el agravio de la recurrente encaminado a sostener que esta base regulatoria es la que correspondía computar para regular los honorarios de los demás profesionales intervinientes en el presente incidente (el apoderado y el patrocinante de la concursada y la sindicatura).

Como se dijo, la directiva impartida por el art. 65 inc. c de la Ley Nº 5480 tiene un ámbito de aplicación acotado al supuesto normativo allí contemplado, cual es, la regulación de honorarios del abogado del acreedor, cualquiera sea el rol que asuma (cfr. Ure-Finkelberg, Honorarios de los Profesionales del Derecho, pág. 395. Los autores analizan el texto del art.

31 de la Ley 21.839, de redacción análoga al 65 de la ley arancelaria local). Ergo, tratándose de los honorarios de la representación letrada de la concursada y del síndico, a cargo del acreedor perdidoso en proporción a los créditos no admitidos (conforme la imposición de costas firme), la regulación escapaba a las previsiones legales de la norma ut supra analizada.

DRES.: ESTOFAN (CON SU VOTO) - GANDUR - POSSE.