Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-12


Comodoro Rivadavia, de diciembre de 2009.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M. P. S.A. c/ D. R., N. S/ EJECUTIVO", Expte. N° 462/2009 venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 (Expte. N° 469/2008).

Vienen las presentes actuaciones a conocimiento de la Alzada, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia definitiva N° 1007/2009 (fs. 69/71), que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título (contrato de locación -fs. 8/11-), rechazó la demanda, impuso las costas a la actora y reguló honorarios.

I. Se agravia el apelante por cuanto considera que la sentencia en crisis no tiene en cuenta que el demandado, al plantear excepciones (fs. 35/36), reconoce que firmó el contrato de locación y que pudo solicitar la nulidad del contrato. Asegura que dicha conducta sanea el acto y permite ver su actitud especulativa, toda vez que perjudica a la actora, quien en el contrato prestó incondicionalmente su fianza.

Entiende que el a quo limita el análisis a la capacidad del demandado y omite dar tratamiento sobre la validez del contrato de locación.

Insiste en que si bien el demandado tenía 18 años al momento de suscribir el contrato, no puede pretender desconocer los efectos jurídicos del mismo y que luego de obtenida la mayoría de edad continuaba residiendo en el inmueble locado, lo que lleva a purgar el acto jurídico celebrado con anterioridad. Cita doctrina que hace a su entender.

Manifiesta que a contrario sensu del art. 1038 del CCiv., el contrato suscripto es un acto anulable, y por ello debe reputarse como válido, mientras no sea anulado, y cuya declaración debe ser pronunciada por un juez en un proceso de conocimiento.

Hace reserva del caso federal.

II. De los antecedentes de la causa surge que el 21/03/2005 los Sres. Á. A. y/o E. R. como locadores, celebraron un contrato de locación con el Sr. N. D. R., en calidad de locatario, constituyéndose M.P. S.A. en fiadora solidaria y principal pagadora (fs. 8/10).

Ante el incumplimiento del Sr. D. R., M. P. debió abonar la suma de $3.500, en concepto de alquileres adeudados (fs. 12/13).

Iniciada la presente acción el demandado es citado a fin de que comparezca personalmente y exhiba el último recibo de alquiler (fs. 22 y 25/26), sin que el Sr. D. R. cumpla con dicha manda.

A fs. 28 se ordena librar mandamiento de intimación de pago contra el Sr. D. R., el que fuera diligenciado con fecha 20/10/2008 (fs. 30/32vta.).

A fs. 35/36 el demandado contesta demanda y plantea excepciones, de las que se corre traslado (fs. 37).

A fs. 38/41 la actora contesta el traslado conferido.

A fs. 69/71 obra la sentencia N° 1007/2009 que hace lugar a la excepción de inhabilidad de título, y en consecuencia rechazó la demanda, impuso las costas a la actora y reguló honorarios.

A fs. 80 la actora apela la sentencia y es el recurso que debe aquí resolverse.

III. En primer lugar cabe destacar que la excepción de inhabilidad de título procede cuando se cuestiona la idoneidad jurídica de aquel, no sólo porque no reúne los requisitos que condicionan su fuerza ejecutiva sino también en caso que el ejecutante o el ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las personas que figuran en el título como acreedor o deudor (Palacio-Alvarado Velloso, "Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación" Explicado y anotado, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 9, p. 337 y ss.).

Se ha dicho que, el examen de la habilidad del título tiende no sólo a asegurar las formas extrínsecas, sino que debe asimismo abarcar las circunstancias de haberse o no observado el procedimiento que la ley impone como previo a su exigibilidad, lo cual de modo alguno significa avanzar sobre la causa de la obligación (FED CFCACap. 3ª 12.04,84. "Inst. Forestal Nac." Cód. citado). Y que aún cuando se haya tenido por preparada la vía ejecutiva, ello no obsta el examen de habilidad del título que debe realizar nuevamente el juez al momento de dictar sentencia (LLC 1985-242 Cód. citado, pág. 339).

Es dable señalar en cuanto a la capacidad cuestionada del demandado que "La pauta objetiva establecida por el legislador para determinar la mayor edad de las personas tiene como fundamento imponer una presunción que atiende la época en que el hombre, generalmente, adquiere el juicio y discernimiento necesario para gobernarse. Las normas que determinan los atributos de la capacidad de las personas son de orden público y es por ello que las reglas establecidas por la ley no son modificables, salvo aquellos casos de excepción que se encuentren previstos también por ley." (cf. Bueres - Highton en "Código Civil", Ed. Hammurabi, 1995, T. 1, p. 638).

Es que la ley hasta la obtención de la mayoría de edad, busca proteger a las personas en su debilidad, inexperiencia, de los peligros, etc., teniendo como fin tanto el bienestar individual como el general.

Es que cuando la obligación surge de un acto jurídico -en la especie contrato de locación- es indudable que el sujeto debe ser capaz, más de la lectura del contrato de locación celebrado se advierte que se aclara que las partes locador y locatario eran "ambas mayores de edad y capaces para contratar", sin embargo de la fecha de suscripción del instrumento el aquí demandado tenía la edad de 18 años, por ende, el Sr. D. R. al momento de la celebración del contrato que se pretende ejecutar, era un menor adulto -que abarca desde los 14 años hasta los 21 años cumplidos- (cf. arts. 126 y 127 del CCiv.).

Nótese que la propia ley enumera los actos que los menores adultos pueden realizar válidamente, más no surge la posibilidad de contratar, por lo que no pueden tenerse por válidos los requisitos extrínsecos del título.

En nada cambia el reconocimiento del demandado de haber suscripto el contrato, toda vez que no es su firma lo que resulta cuestionado, sino su capacidad para celebrar el contrato de locación.

No puede tampoco pretender la actora que el vicio del instrumento sea purgado, toda vez que el mismo no fue ratificado por el Sr. D. R. luego de haber obtenido la mayoría de edad, y porque la actora debería haber obrado con la diligencia de un buen hombre de negocios, sin que pueda ulteriormente responsabilizar al demandado como consecuencia de su propia omisión.

Si bien asiste razón al quejoso en cuanto a que el Sr. Juez no da tratamiento al planteo de la validez del contrato, introducidos en la contestación de la excepción, no es menos cierto que el sentenciante no está obligado a ello, sino sólo al tratamiento de aquellos que sean dirimentes para la solución del caso. Es jurisprudencia constante que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones ni a valorar toda la prueba, sino sólo a tomar en cuenta lo que razonablemente estimen conducente para la solución del litigio" (CS, 8-II-72; JA 21-1974)" (SER 04/02; Cám. 1ª Apel. San Nicolás, LL, v. 154, p. 435; Morello y Otros, Códigos..., ed. Librería Editora Platense, Abeledo Perrot, 1986, Tº II-C, p. 27).

Por ende, la falta advertida impide continuar con el tratamiento de las críticas efectuadas, pues los fundamentos aportados resultan suficientes para que proceda la excepción de inhabilidad de título opuesta por el demandado.

Por los motivos expuestos corresponde rechazar el presente recurso de apelación y consecuentemente confirmar la sentencia de fs. 69/71.

IV. Atento cómo se resuelve la cuestión y por no existir motivos que permitan apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas se imponen a la recurrente vencida (art. 69 CPr. -Ley XIII, N° 5, Anexo A, del D.J.P.-). Los honorarios de los profesionales intervinientes, se regularán conforme la labor desarrollada, éxito obtenido, naturaleza del proceso y demás pautas orientadoras de la ley de aranceles (arts. 5, 6, 7 y 13 de la Ley XIII, N° 4 del D.J.P.).

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 80 por la actora M. P. y confirmar la sentencia obrante a fs. 69/71.

2)Imponer las costas de la Alzada a la actora vencida. Regúlanse los honorarios de los Dres. C. M. Z. y A. P. G. C., conjuntamente, en la suma de pesos cuarenta y cinco ($ 45).

3)Téngase presente la reserva del caso federal.

4)Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Juez de Cámara Dra. Nélida Susana Melero, y concordar en la solución del caso (Ley V N° 17 del Digesto Jurídico de la Provincia del Chubut).

REGISTRADA BAJO EL Nº 33 DE 2009 - SDC- CONSTE.