Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-31


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 88046	CAUSA NRO. 16661/10 AUTOS: "Villalba Rafael Ernesto c/ O.I.T. Logística S.R.L. y otro s. despido".

JUZGADO NRO. 18 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Agosto de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- El Sr. Juez "a quo", en la sentencia de fs. 256/266, hizo lugar en lo principal a la demanda orientada al cobro de indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, consideró operativa la presunción legal (art. 23 LCT) en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y juzgó que la denuncia contractual del trabajador fue ajustada a derecho, en virtud del resultado negativo a las intimaciones que efectuara a las demandadas a fin de que se registrase la relación laboral y se cancelase una deuda salarial.

Tal decisión es apelada por las demandadas O.I.T. Logística S.R.L., Valeria Celeste García y Nadia Vanesa García y por la parte actora, a tenor de los memoriales de fs.272/274 y 275/278, respondidos a fs.283/287 y 288/293 respectivamente.

II.- Las demandadas atacan el fallo por la valoración de la prueba que efectuó el Magistrado para tener por acreditada la relación laboral; por la condena solidaria a las personas físicas demandadas y, postulan la arbitrariedad. Finalmente, apelan la imposición de las costas y la regulación de honorarios por considerarlos elevados.

La parte actora se agravia porque se desestimaron las horas extras, por el rechazo de las indemnizaciones previstas por los artículos 2º de la ley 25.323, artículo 8º de la ley 24.013 y artículo 80 de la ley 20.744, por la desestimación de la sanción contemplada en el artículo 275 del C.P.C.C.N. Por su parte, a fs. 269, el perito contador cuestiona sus honorarios por reducidos. III.- Adelanto que por mi intermedio la apelación de las demandadas no tendrá recepción favorable. En efecto, el memorial recursivo, en cuanto objeta lo decidido acerca de la existencia de una relación laboral entre las partes, no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, según lo exige el artículo 116 de la ley 18.345.

Se recuerda que el escrito de fundamentación de un recurso de apelación debe contener un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se pretende revocar tendiente a demostrar que es errónea, injusta o contraria derecho, debiéndose apreciar concretamente los errores, omisiones y demás deficiencias atribuidas al fallo, especificando - con toda exactitud - cuál es el gravamen concreto que le produce. Por ello, no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene simples afirmaciones dogmáticas, con alegaciones genéricas sobre las pruebas. Es decir, el escrito de fundamentación debe autoabastecerse, a lo que hay que agregar que expresar disconformidad no es criticar, si no se consigna expresamente cuál es el agravio irreparable que se le irroga (Conf. Augusto César Morello, Passi Lanza, Miguel, Sosa, Gualberto y Berizonce, Roberto, Código de Procedimiento Comentado y Anotado, Ed. Platense-Abeledo Perrot, Bs. As. 1971, Tomo III, pág. 453 y ss.).

La parte demandada pasa por alto que se trató de un vínculo laboral clandestino, marginado de toda registración y que las declaraciones testimoniales adecuadamente analizadas por el "a quo", según las reglas de la sana crítica (artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) fueron coincidentes en el sentido que veían al actor en la oficina de la empresa demandada.

El detenido análisis de las declaraciones de los Sres. Godoy (fs.183) y Jacome (fs. 184), resultan suficientes para tener por ciertos los hechos principales invocados por el accionante y no se me escapa que tales declaraciones no fueron impugnadas por las demandadas.

Por otro lado, de la prueba testimonial aportada por las accionadas, se confirma la presencia de Rafael Ernesto Villalba en el establecimiento de la empresa demandada. Norberto José Zangaro (fs. 204), dijo : ". que conoce al actor y manifiesta que lo tiene visto de ahí, de la oficina . Que la oficina a la que se refiere es la oficina de OTI. Que esto lo sabe porque le efectuaba transportes a ellos. " Por otra parte, surge del intercambio telegráfico la prestación de tareas del actor a favor de la empresa demandada (ver CD. Nº 01926668 5 de fecha 20/09/2009, obrante en el anexo por cuerda ) que en su parte pertinente dice".Asimismo intimo por la presente para que en el término de 48 hs. regularice la emisión de facturas correspondientes, respectivas y relativas a su actividad realizada en forma independiente y esporádica para esta empresa.". En resumidas cuentas, el solo hecho de la prestación de servicios lleva a admitir la existencia del vínculo, pero en el caso de autos más allá de la simple presunción legal, el Juez de primera instancia forma convicción que el actor es la persona física definida en el art. 25 de la LCT y que los codemandados son los empleadores mencionadas en el art. 26 L.C.T., que ambos estuvieron ligados por la figura emblemática de nuestra disciplina (art. 21) y que, frente al desconocimiento del nexo jurídico laboral subordinado preexistente (cfr. surge de las intimaciones de los telegramas obrantes por cuerda en el sobre118 y desconocimiento de la parte demandada), el trabajador obró conforme a derecho cuando se consideró injuriado y en situación de despido indirecto (comunicación de denuncia Telegrama nº 75512567 CD 057393021 de fecha 2/6/2009).

Se añade que como fue acreditada la prestación de servicios del actor favor de la demandada, se activo la presunción legal consagrada en el artículo 23 de la ley 20.744, por lo tanto es irreprochable lo resuelto en origen a partir de las derivaciones del artículo 55 de la ley de contrato de trabajo.

En consecuencia, como la parte demandada mantuvo el vínculo dependiente fuera de toda registración, el trabajador se encontraba asistido de derecho para resolver el contrato (artículo 242 ley de contrato de trabajo). A mérito de las consideraciones expuestas, propicio mantener lo decidido en origen.

IV.- El reproche dirigido a cuestionar que el Sr. Juez de grado prescindió de parte de la prueba informativa rendida en autos, debe ser desestimado. Hago esta afirmación, porque las argumentaciones vertidas en el resolutorio de grado brindan adecuado sustento a ese pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de esas piezas informativas en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa Juan C. C/ Cia. Argentina de Televisión S.A.": pub. En la Ley, Tomo 155 pág. 750 número 385). V.- La parte actora ataca el fallo porque el Sr. Juez que me precedió, rechazó el pago de salario por trabajo en sobretiempo. La crítica es improcedente. Digo esto, porque los testimonios aportados por el actor (ver fs. 183 y 184) son insuficientes para acreditar la extensión de la jornada alegada en el inicio. Cabe señalar que debe mediar demostración cabal de la efectiva prestación de los servicios fuera de la jornada normal y legal, sin que basten las presunciones. Asimismo, la prueba del trabajo extraordinario debe ser fehaciente, tanto en lo que se refiere a los servicios prestados como al tiempo de su cumplimiento. Por lo tanto, coincido con lo establecido por el Sr. Magistrado de grado, en el sentido que, el actor no consiguió probar la realización de labor en horas extraordinarias, conforme lo denunciara en su demanda.

Por último, la omisión de acompañar planillas de horarios no puede ser tomada como una presunción en contra de la empleadora, porque ninguna norma legal la obliga a llevarlas y a conservarlas.

En consecuencia, lo decidido en origen debe quedar al abrigo de revisión. VI.- El agravio del actor dirigido a cuestionar que se haya rechazado la multa solicitada en los términos del art. 8° de la ley 24.013, debería prosperar. Ello es así, por cuanto el actor intimó fehacientemente a la demandada, mediante despacho telegráfico de fecha 26/05/2009, la regularización de la relación laboral, comunicando oportunamente a la AFIP tal circunstancia, sin que se haya acreditado que aquélla hubiera dado cumplimiento a su obligación dentro del plazo previsto por el artículo 11 de la Ley 24.013. Dicha omisión viabiliza la indemnización establecida en el artículo 8º de la ley 24.013. A mayor abundamiento, cabe destacar, que cuando el telegrama dirigido a AFIP está redactado en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, debe razonablemente entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad, y por lo tanto de su remisión (ver telegrama Nº 75739374 CD 056164946). Por los motivos expuestos y como la misiva en cuestión fue dirigida al correcto domicilio del destinatario - circunstancia esta que me permite concluir que la AFIP debió recibir el telegrama sin inconvenientes. Por ello, propicio se modifique el decisorio en este segmento de la queja y se adicione al capital diferido a condena la suma de $ 6.500.-, monto que surge de la pericial contable (ver fs. 199) - no impugnada por las partes - VII.- En lo concerniente a la sanción del artículo 2º de la ley 25.323, peticionada por la parte actora, no le asiste razón. Al respecto, recuerdo que la cosa demandada debe ser designada con precisión y en forma clara; no siendo suficiente el reclamo meramente global (art.65 LO). Dicha precisión es necesaria puesto que ello conformará el marco del proceso, fijando los límites según el principio de congruencia. En consecuencia, lo decidido en origen debe ser confirmado porque se ajusta a derecho (art. 277 CPCCN). VIII.- El agravio dirigido al rechazo por la aplicación de la multa dispuesta en el artículo 80 de la ley 20.744, debe ser desestimado. Digo esto porque no es eficaz, a los fines de satisfacer el requisito instituido por el artículo 1º del decreto 146/01, el requerimiento efectuado ante el SECLO. Ello es así, porque la instancia conciliatoria previa supone la preexistencia del perfeccionamiento de los presupuestos formales y materiales de las pretensiones que se intenta someter a la decisión jurisdiccional ulterior. Por lo tanto, no encuentro mérito para apartarme de lo resuelto por el Sr. Juez que me precedió. IX.- La parte actora se queja porque el Sr. Juez de grado, no hizo lugar al pedido de la declaración de temeridad y malicia.

Propongo que lo resuelto acerca del tópico sea confirmado. La aplicación de las sanciones previstas en el artículo 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, según doctrina jurisprudencial que comparto, sólo proceden en casos extremos, es decir, cuando en el proceso se acredita que la contraparte se comportó con conciencia de su propia sin razón, incurriendo en un proceder malicioso y temerario. Tal conducta debe quedar perfectamente configurada, nacer de las propias actuaciones y dejar en el ánimo de quien debe aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. Ello es así, porque se encuentra en juego el principio constitucional de defensa en juicio y, con esta perspectiva, entiendo que las mentadas circunstancias, que necesariamente deben concurrir para configurar el ilícito procesal, no aparecen reunidas en la causa con la claridad que exige la norma para habilitar la sanción. X.- Corresponde en otro orden, confirmar lo decidido en origen en cuanto condena a la representación de la sucesión del codemandado Helio Diogenes Garcia Varela, representación operada por sus hijos Martín Luis Helio Garcia Varela, Valeria Celeste Garcia y Nadia Vanesa Garcia (ver fs.131/134). Digo esto, por cuanto el contenido de la crítica referida a este punto se traduce en meras manifestaciones subjetivas, de tenor dogmático y se omite el reproche específico de los argumentos centrales vertidos por el doctor Mario Elffman para construir el fallo en crisis. En ese sentido debe destacarse que no se controvierten con solvencia lo decidido en origen a las numerosas circunstancias de hecho de las que se valió el Sr. Magistrado para fundamentar la conclusión de la condena a la representación de la sucesión del codemandado Helio Diogenes y debo resaltar que no hay condena personal a Martín Luis Helio Garcia Varela, Valeria Celeste Garcia y Nadia Vanesa Garcia, como erróneamente lo intenta fundamentar el quejoso (art. 116 de la ley 18.345), sino en su condición de sucesores universales del causante y sin trasgresión del régimen sucesorio. Por otro lado, en la sentencia de grado, el Sr. Juez estableció que la relación laboral que mantuvieron las partes no fue registrada, circunstancia que me convence de la existencia de un actuar doloso y violatorio de la ley, razón por la cual, resulta de aplicación al caso lo normado por los arts. 59 y 157 de la LSC y concluyo, que la sucesión del codemandado Helio Diogenes Garcia Varela es responsable (arts. 59 y 157 de la LSC), aunque sólo respecto de aquellas partidas diferidas a condena que guardan relación causal con el ilícito que se le imputa. El quantum de condena que afecta a esta codemandada se reduce a las partidas del Art. 8º de la ley 24.013 $6.500.- y Art. 15 de la ley 24.013 $5.221,66.- lo que totaliza un capital de $ 11.721,66.-, con intereses desde la fecha de extinción del vínculo.

XI.- En base al desarrollo que vengo realizando, la queja de la parte demandada en cuanto entiende que en la sentencia de grado surgen indicios de arbitrariedad, debe ser desestimada. XII.- Más allá de la modificación parcial que se propicia, y, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 279 CPCCN, corresponde imponer las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas en lo principal (conf. art. 68 CPCCN) dado que no observo razones atendibles para apartarme de la regla general estatuida en dicha norma. Cabe señalar al respecto que el principio general en materia de costas en nuestro régimen procesal indica que son un corolario del vencimiento. Se imponen, no como sanción, sino como el resarcimiento de los gastos provocados por el litigio, los cuales deben ser soportados por el vencido. (art.68 CPCCN).

Es necesario destacar que en la distribución de costas, no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes.

Asimismo, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes fijados a la representación letrada de las partes y del perito contador resultan adecuados, por lo que propongo sean mantenidos, debiendo ser calculados sobre el nuevo monto de condena (art.6º, 7º y concordantes de la ley 21.839).

En cuanto a su actuación ante esta Alzada, propongo se regulen los honorarios de la representación letrada de la parte actora e igual carácter de la parte demandada en el 25% y 25% respectivamente a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior. (art. 14 ley 21839).

XIII.- En definitiva, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 30.687,65.-, más los intereses dispuestos en origen; 2) reducir el quantum de condena respecto de la codemandada Helio Diogenes Garcia Varela (su sucesión ) a la suma de $11.721,66.- más los intereses dispuestos en origen y 3) Imponer las costas y regular los honorarios de alzada del modo indicado en el considerando XII. La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Adhiero al voto de mi distinguida colega, Dra. Gabriela A. Vázquez y consigno, respecto de lo resuelto en torno a la procedencia de lo resuelto en el art. 8° de la ley 24013 y el requisito formal previsto por el art. 11 inc. B) del citado texto legal, que un nuevo análisis de la cuestión, teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de esta Sala, me conduce a sostener que cuando la carta documento está redactada en el formulario de estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, como ocurre en el presente caso, -v. instrumento que obra en el sobre agregado por cuerda, nro. 1820- debe razonablemente entenderse que lleva insita la prueba de su autenticidad y en consecuencia su remisión, requisito éste último al que alude el art. 11 inc. b de la ley 24013, por ende se encuentra cumplido y habilita la procedencia de la multa. Por lo expuesto, adhiero en su totalidad al voto de la Dra. Vázquez.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y elevar el monto de condena a la suma de $ 30.687,65.-, más los intereses dispuestos en origen; 2) reducir el quantum de condena respecto de la codemandada Helio Diogenes Garcia Varela (su sucesión ) a la suma de $11.721,66.- más los intereses dispuestos en origen y 3) Imponer las costas y regular los honorarios de alzada del modo indicado en el considerando XII. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela Alejandra Vázquez	Gloria M. Pasten de Ishihara Jueza de Cámara	Jueza de Cámara Ante mí:

Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de , se dispone el libramiento de cédulas. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara En de de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.	Elsa Isabel Rodríguez	Prosecretaria de Cámara