marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia civil, mutuo
Materia: CIVIL
Carátula: COMITÉ   DE   ADMINISTRACIÓN   DEL  FIDEICOMISO  DE  RECUPERACIÓNCREDITICIA c/ GRASSO,  Ana María s/ COBRO DE SUMAS DE DINERO s/COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-27

El art. 558 del Código de Comercio  dispone que el mutuo o préstamo esta sujeto a las leyes mercantiles cuando la cosa prestada puede ser considerada genero comercial, o destinada a uso comercial, y tiene lugar entre comerciantes, o teniendo el deudor, por lo menos esa calidad, condiciones que han sido divididas en objetivas y subjetivas. En consecuencia, corresponde la intervención del Fuero Civil, si la presunta deudora no reviste el carácter de comerciante ni utilizó las sumas de dinero con fines comerciales. (Sumario N°20855 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Demanda, ampliación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AADI-CAPIF A.C.R. c/ LU 6 Radio Atlántica s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Si no medió ampliación de la demanda, no puede condenarse al pago de obligaciones vencidas con posterioridad a aquel momento.
Remuneración, empleados de banco
Materia: LABORAL
Carátula: RIVAROLA MALDONADO LUIS D c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ DEMANDA    -   CASACION  LABORAL  -  EMPLEADO  BANCARIO  REMUNERACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-26

El 'sueldo inicial' de cajero a que se refiere el art 22 de la convención colectiva de trabajo n* 18/75, a los fines de fijar los adicionales que preve por esa función, comprende la totalidad de las remuneraciones percibidas por el agente. Se integra con el salario básico, mas todos los adicionales y bonificaciones de carácter general o particular. Se distingue así del 'salario básico', que es el mínimo retributivo a percibir por el trabajador por la contra prestación efectuada al empleador, conforme a las pautas determinadas por los convenios de cada actividad. Ello resulta del contexto general del plexo normativo citado, en el que se han distinguido con claridad los aludidos conceptos (especialmente art.

25, Ap. Ii; también arts. 5;11, Ap. Iii; 14, ap.V).
Recurso extraordinario, ejecución fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional - DGI - c/ Bemez y Cía. S.R.L. s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-07

A los fines del art. 14 de la ley 48, el pronunciamiento del superior tribunal de la causa, es el dictado por el juez federal en una ejecución fiscal, art. 92 de la ley 11.683, según modificación introducida por la ley 23.658.
Habilitación de feria, resolución denegatoria, acción de amparo, sistema de importaciones de la República Argentina, interés concreto
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Disbyte S.A. c/ E.N. - AFIP - DGA - SIRA - Resol. 5271/22 s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-01-24

Corresponde desestimar el pedido de habilitación de feria efectuado por la actora, con el objeto que se dicte sentencia en la acción de amparo promovida a efectos de poder acceder al Sistema de Importaciones SIRA de la AFIP, alegando que dicha situación está generando una situación de desabastecimiento y paralización de la firma, dado que la pretensión esgrimida es de carácter estrictamente patrimonial, y la cuestión planteada involucra aspectos que apuntan únicamente al interés particular de la interesada, por lo que no se advierten razones que justifiquen la habilitación solicitada. Asimismo, no se vislumbra que el tiempo que insume la feria judicial pueda frustrar de manera definitiva los derechos de la firma actora, ni que le cause un perjuicio no susceptible de ser reparado en el curso normal del proceso y por ante sus jueces naturales.
Repetición de impuestos, pago bajo protesta, doctrina de los actos propios
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CENTRAL PUERTO S.A. c/ G.C.B.A s/ REPETICIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-28

Si el contribuyente abonó sin protesto el tributo no puede luego, por aplicación de "la doctrina de los actos propios", reclamar en un proceso judicial en contradicción con su anterior conducta. Nadie puede válidamente ir contra sus propios actos (nemo potest contra factum venire). La protesta es un requisito indispensable para fundar la acción de repetición de impuesto y debe ser expresa y concreta.

En el caso, no se configura ninguno de los presupuestos de la protesta puesto que la actora efectuó el pago aceptando lisa y llanamente la obligación tributaria en relación a la contribución cuestionada. Lo contrario importaría asumir una conducta que contradice otra que la precede en tiempo, lo cual, a la luz de la doctrina de los actos propios, es inadmisible.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, facultades de la Suprema Corte de Buenos Aires
Materia: PENAL
Carátula: Luján, Stella Maris y otros s/ Fuga del hogar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-16

Guardiana de la Constitución de la Provincia y en orden a lo establecido por el art. 159 de su texto, devendría un inadmisible artificio el hecho de que llegado a conocimiento y decisión de la Corte una causa, su intervención se limitara a declarar la improcedencia formal del recurso de inaplicabilidad cuando la sentencia toda ha sido estructurada, manifiestamente, a partir de una normativa inexistente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Competencia, medidas cautelares, daños y perjuicios, sucesores
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ GAMALLO, RUBEN C. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-30

Por los fundamentos vertidos por el señor fiscal de Cámara en su dictamen -que el Tribunal comparte y hace suyos en homenaje a la brevedad- y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, inciso 7, del Código adjetivo, corresponde al Tribunal que decretó y luego levantó la medida cautelar, decidir sobre la procedencia de las pretensiones formuladas por los sucesores del inhibido, respecto de los daños y perjuicios causados con motivo de su traba.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, juicio político, prueba, apertura a prueba, leyes, defensa en juicio, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V, A A s/ JUICIO POLITICO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-19

Obstaculiza a la admisibilidad de la queja, la falta de oportuna introducción y mantenimiento del planteo de inconstitucionalidad de la ley 1495 que regula el procedimiento del juicio político, referido a la colisión entre ese texto legal (en particular el artículo 23 que autoriza al Tribunal a no abrir el estadio probatorio si lo considera innecesario) y la preceptiva constitucional que consagran la defensa en juicio y el debido proceso legal, que fue recién invocada al interponerse el remedio extraordinario local, no obstante que del artículo 1 inciso 1 de la ley 7055 surge que para la configuración de la causal, la colisión de la norma legal o equiparable con el ordenamiento constitucional debe acusarse en el juicio, y la decisión resultar favorable a la validez del precepto inferior.
Concursos, verificación de créditos, crédito fiscal, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: CATALFAMO HECTOR JUSTO s/ PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISION DE CREDITO AFIP  -DGI - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-09-22

La carga que impone el art. 33 de la LCQ, de entregar al síndico la documentación justificativa de su crédito dentro del término impuesto por la ley, es exigible a todos los acreedores entre los que se encuentran incluidos las reparticiones públicas, ello en virtud de que si bien la ley otorga a los entes tributarios facultades para determinar de oficio la deuda del contribuyente en el proceso concursal, les es exigible una justificación racional y adecuada del procedimiento de dicha determinación y sus fundamentos. - (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Empleo público, remuneración, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, fondo compensador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Almada Sanchez de Di Salvio Orlinda Francisca y otros c/ C.N.A.S. (Ente res. en liq.) E.N. (Mº de E.y Ob.y S.P. s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-11

La C.S.J.N. al hacer suyos los argumentos expuestos por el Procurador General al dictaminar en la causa "Rafael A. Corcuera v.

Caja Nac. de Ahorro y Seg." (Fallos: 310:2144), sostuvo que el régimen contiene una naturaleza jurídica mixta "Por una parte, es de carácter público y administrativo, en cuanto involucra obligaciones asumidas por la Caja para solventar el sistema, en base a facultades contempladas genéricamente entre las atribuciones legalmente conferidas al ente, de todo lo cual deriva su potestad para reglamentar los distintos aspectos que hacen al funcionamiento del Fondo, sus beneficiarios y requisitos para acceder a las prestaciones. Pero, además, presenta un carácter asociativo, accionado, de naturaleza privada, con destino mutual, en la medida que supone el voluntario sometimiento al régimen y autorización de los agentes para que se efectúen los descuentos en sus haberes, sin norma legal que los obligue a ello". Siendo que "A partir de agosto de 1966, este carácter contractual deviene tácito desde la incorporación del agente a la relación de empleo público con la Caja, puesto que la resolución 1265/66, que introdujo modificaciones en la reglamentación del sistema, estableció que los aportes de los agentes en actividad tendrán carácter obligatorio para el personal que se incorpore a la institución". (Del voto del Juez Licht, consid. X).
Principio de congruencia, presunción de operatividad, deber de imparcialidad, derechos y garantías constitucionales, principio de contradicción
Materia: CIVIL
Carátula: Aizaga Maria Laura y otra c/ Maglioni Oscar y/o otros s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-17

El principio procesal de congruencia comprende el enlace entre lo peticionado y el juzgamiento que se formula y tiene por fin impedir excesos del Juez preservando su imparcialidad con el objeto de preservar los derechos constitucionales del debido proceso, en especial a través de la aplicación del principio de bilateralización y contradicción reconocido en el art. 18 de la CN. estableciendo el derecho a ser oído previo al dictado de sentencia
Régimen de consolidación de deudas, aplicación temporal de la ley, inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cimsa Cía. Int. de Montajes S.A. -Incidente- c/ S.E.G.B.A. (En Liquidación S.A.) s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

¿Hace falta explayarse en probanzas para evidenciar que la mayoría de los particulares afectados por el art. 4º de la ley 24.130 se hallan, ya de por sí, en peores condiciones que el resto de los acreedores, y que el trato diferenciado que la norma citada implica, agudiza aún más estas diferencias naturales?. El artículo 4º de la ley 24.130, es francamente inconstitucional por violación a los principios de igualdad, equidad, justicia conmutativa y propiedad. (Del voto en disidencia de la Juez Herrera).
Locación, subarriendo, obligaciones del locatario
Materia: CIVIL
Carátula: Bianciotto, Carlos c/ Perea, Ramón Rubén y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-04-27

Prescribe el art. 1596 que el locatario que cede el arrendamiento no puede, por cláusula alguna, librarse de sus obligaciones respecto del locador, sin el consentimiento de éste. Así el consentimiento del locador no resulta del hecho que haya autorizado ceder a una persona determinada, si expresamente no desobligó al cedente, y con mayor motivo la notificación de la cesión tampoco libera al locatario, ni el conocimiento que el locador tenga de la cesión, pese al tiempo transcurrido desde entonces hasta la demanda de desalojo, ya que el silencio anterior no puede interpretarse como renuncia a sus derechos, pudiendo elegir el momento que más le convenga para accionar.
Sobreseimiento, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: DI FULVIO, Héctor R. y otros. s/ PROCESAMIENTO-SOBRESEIMIENTO-EMBARGO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-02

Es inadmisible jurídicamente avalar la resolución del juez de grado, quien se pronunció por el sobreseimiento de los imputados haciendo alusión al principio "in dubio pro reo", pues el carácter conclusivo del sobreseimiento exige un estado de certeza corroborante sobre la existencia de la causal en que se fundamente y procede, cuando no quedan dudas acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena (*). La regulación del C.P.P. no contiene el sobreseimiento por duda tal como estaba regulado en el antiguo código procesal de Córdoba y Mendoza, luego de la llamada prórroga extraordinaria (art. 336 y ss., C.P.P.).
Acción de amparo, responsabilidad del banco, habeas data, Constitución Nacional, información crediticia
Materia: PROCESAL
Carátula: Famaran SA c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de conformidad con los arts. 4-4° y 5°, 26 y 33 de la ley de habeas data ha sostenido que los datos relativos a información crediticia deben ser exactos y completos. En tal sentido, lo dispuesto en la CN 43 con relación al derecho del afectado a obtener la supresión o rectificación de toda información personal que incurra en "falsedad" debe ser interpretado conforme a los términos de la respectiva ley reglamentaria. Según ésta, no basta que lo registrado como verdadero sea tal si, al tomar razón de los datos relevantes al objeto y finalidad del registro de manera incompleta, la información registrada comporta una representación falsa. Al respecto, la ley 25.326: 33 confiere la acción de protección de los datos personales toda vez que la información registrada sea incompleta o inexacta, por lo que su procedencia debe ser juzgada de acuerdo con estos parámetros (CSJN in re: "Di Nunzio Daniel c/ The First National Bank of Boston", del 21/11/06). De allí, la obligación del responsable del archivo -o, en este caso, del informante de los datos- de comprometerse activamente para que la información almacenada sea adecuada y pertinente, se encuentre al día, sea exacta, verdadera y completa (Ruiz Martínez, Esteban - Travieso, Juan A., La protección de datos personales y los informes crediticios, LL 2006-E, 1008; Palazzi, Pablo, La protección de los datos personales en la Argentina, Ed. Errepar, Bs. As., 2004, pág. 28/9; el mismo autor, Informes comerciales, Ed. Astrea, Bs. As. 2007, pág. 122). Más aún, se refuerza esta responsabilidad asumida por las entidades crediticias que proporcionan información a los bancos de datos, si se considera la importancia y consecuencias que poseen tales informes relativos a la solvencia y al riesgo crediticio de las personas. El especial interés para su titular, por motivos que hacen a la protección de bienes jurídicos como la intimidad o el honor, se potencia por el hecho de que tales datos son útiles para la adopción de diversas decisiones en el mercado del crédito, en el cual una historia negativa cierra las puertas de acceso al sistema (Gils Carbó, Alejandra, "Régimen legal de las bases de datos y habeas data", Ed. La Ley, Bs. As., 2001, pág. 150 y ss.; CNCom., Sala D, "Cardinale Miguel c Banco de Galicia y Buenos Aires", del 01/09/05).
Jornada de trabajo, carga de la prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Helman, Moises c/ larai S.A. y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-12

Si bien esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que cuando la empleadora invoca una jornada reducida es ella quien debe probar haber celebrado con su dependiente un contrato bajo la modalidad prevista en el art. 198 de la LCT, la realidad es que en el sub examine esa circunstancia se halla fuera de debate, en tanto fue clara y contundente la actora al afirmar, en su escrito inicial, que fue contratada para trabajar seis horas diarias y, a contrario sensu, que no pactó con su empleadora el cumplimiento de una "jornada completa". Por este motivo concuerdo con el Dr. Pesino en que era a la accionante a quien le correspondía corroborar su versión de los hechos (Del voto del Dr. Pirolo)
Acto administrativo, medidas cautelares, legalidad objetiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P.F. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-29

Respecto a la suspensión del acto administrativo como medida cautelar, este Cuerpo ha compartido la opinión de Hutchinson -que a su vez cita a Reimundin y Peyrano- autor que razona que si la medida cautelar innovativa tiende a mantener el estado de hecho y de derecho existentes antes de su dictado, en el caso de un acto administrativo del que se alegue su nulidad, si aquélla es dictada, se retrotraería la situación al estado anterior a su emisión, y carecería de toda lógica -y no sólo jurídica- que un tribunal declarara "provisoriamente" que el acto no existe -efecto natural de esta cautela.

Lo que el juez debe hacer -aconseja- si entiende que el acto presumiblemente no es legítimo, no es excluir provisoriamente su existencia, sino suspender su eficacia, esto es suspender los efectos del acto. Así se armonizan las potestades de la Administración con las del Juez... y lo que particularmente le interesa al administrado mientras discute su legalidad, es que el acto no se aplique, que no produzca efectos en su perjuicio; no le interesa su existencia.
Homicidio calificado, femicidio
Materia: PENAL
Carátula: Galván, Patricio Sergio  c/  s/ homicidio cuádruplemente agravado por la relación de ex pareja, por la utilización de arma de fuego, abusando de su condición de policía y por mediar violencia de género -femicidio-
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2024-05-31

Corresponde declarar clausurada la instrucción y disponer la elevación a juicio a fin de juzgar la conducta de quien fuera imputado por el delito de homicidio agravado por la relación de ex pareja de la víctima, mediando violencia de género y mediante el uso de arma de fuego, toda vez que se lograron acreditar los constantes actos de violencia que sufría la víctima por parte del imputado y que del informe del exámen mental obligatorio se concluye que el nombrado entendía su accionar y no presentaba patología algunalos, lo cual permite concluir que elementos de evidencias resultan suficientes como para tener acreditada la materialidad del evento investigado y la intervención del imputado en su comisión.
Robo con armas, inimputabilidad, ebriedad, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Aguirre, Ramón A. s/ Robo con armas
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Acreditado que el procesado, en el momento del hecho (robo con armas), debido a la ingesta alcohólica, no podía comprender la criminalidad de sus actos, ni dirigir sus acciones, se plantea el problema del análisis de la posibilidad de hacer aplicación de la "actio liberae in causa", y por ende, retrotraer el problema al momento de la ingesta.

Para castigar el delito doloso, se exige una doble condición: dolo respecto de la embriaguez y al menos dolo eventual respecto del hecho, además de establecer la imputabilidad de la persona, en el momento del acto de decisión. Debe distinguirse entonces, la intención de embriagarse, por una parte y, por la otra, la intención de cometer el hecho delictivo. Sólo la relación con este último, hace al problema de calificar la conducta como dolosa, ya que, sin duda el hecho de embriagarse, tiñe la conducta posterior de culpa, cuando el tipo penal existe.

Existiendo dudas en cuanto a la intención del autor en el momento de la ingesta alcohólica, y no habiendo aportado el Fiscal prueba entorno a su designio de cometer un hecho delictivo, corresponde arribar a la absolución, al no estar prevista para el hecho la figura culposa.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial, cuestión desplazada
Materia: PENAL
Carátula: Copello, Eduardo Oscar s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-03

Es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se sostiene que la Excma. Cámara violó el art. 156 de la Constitución provincial al omitir el tratamiento de la cuestión esencial relativa a la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima y la validez del procedimiento en los términos del art. 72 inc. 2º del Código Penal ya que aquélla no lo instó, si el tema fue desplazado por el tribunal cuando valoró el informe médico que a su criterio determinó la gravedad de dichas lesiones.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Don Satur SRL c/ Munariz de Perez, Maria D. s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-07-06

El hecho de que haya prosperado una de las excepciones opuesta por ella, no le quita a la accionada la calidad de vencida. (Cód. Proc., art. 556 y 68)
Empleo público, trabajadores de casinos, propinas, caja de empleados, carácter remuneratorio, sueldo anual complementario
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Baino Jorge y Otros c/ Lotería Nacional -Sociedad del Estado- s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-28

Si como se ha reconocido en diversos antecedentes jurisprudenciales del fuero lo recibido a través de la caja de empleados integra el sueldo, tiene carácter remunerativo y debe sobre tal monto liquidarse el sueldo anual complementario (conf.

Sala III, in re: "Abalde, Ricardo y Otros c/ E.N. s/ cobro de pesos", del 14/2/85; Sala I, in re: "Abad, David E. y otros c/ E.N.

s/ cobro de pesos", del 9/12/86; Sala II, in re: "Abadie", del 4/5/85), resulta claro que es al empleador a quien le corresponde hacerse cargo de las diferencias que surjan de liquidar los adicionales sobre la base de cálculo integrada por la propina. (Del voto del juez Gallegos Fedriani, consid. III). consid. III).
Temeridad o malicia, recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz, Amadeo c/ Metalúrgica Russián S.R.L. s/ çobro de pesos y entrega de certificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-07-05

La sinrazón de los argumentos que pretenden invocarse como sustento de una apelación que se declara desierta, autoriza a sanciones a la recurrente con una multa del 5 por ciento del valor del litigio -artículo 34 del Código Procesal Laboral-.
Acción contencioso administrativa, competencia, acción de nulidad, pretensión resarcitoria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: L., N. E. c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-04

"Para determinar la competencia habrá de establecerse en todos los casos en que se instaure una pretensión de condena patrimonial si se trata la reclamada de una prestación de naturaleza simplemente obligacional (como puede serlo el pago de haberes -vacacionales o no- adicionales, suplementos y similares), que no habilita la opción del art. 136 de la Ley XVI n° 46; o bien emergente de daño derivado de la aplicación de los arts. 1068, 1069, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078 y conc. del CC., como ocurre en el caso en que las "diferencias salariales" constituyen el perjuicio derivado de un denunciado ilícito administrativo".