marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, informe final y distribución, pago, dividendo societario, liquidación y distribución, moneda, quiebra
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Banco de Caseros SA c/  s/ quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-21

Procede confirmar la resolución mediante la cual se rechazó el pedido del síndico de liquidar los dólares depositados en estas actuaciones a través del procedimiento denominado "dólar MEP" y, en consecuencia, ordenó a que se proceda a la venta de las divisas necesarias para pagar el proyecto de distribución en el mercado oficial. Ello por cuanto, en el caso, según los cálculos formulados por la sindicatura, los fondos en pesos depositados en estas actuaciones, sumados a los obrantes en dólares convertidos al tipo de cambio oficial, resultan suficientes para atender el pago de la totalidad de (i) los créditos actualizados con la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, (ii) las reservas y (iii) los gastos del proceso; restando incluso un remanente de fondos. Se impone así la falta de interés para los acreedores en la definición de la materia recursiva y, por ende, de la legitimación de la sindicatura para solicitar la alternativa de liquidación de los dólares estadounidenses depositados en estas actuaciones. En razón de ello, deviene abstracto expedirse sobre el recurso.
Recursos, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: D. M., B. D. C. c/ Municipalidad de Rawson s/ Cobro de Haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-12-20

Este Superior Tribunal ha priorizado el tratamiento del recurso y dijo que constituye un exceso ritual exigirle a la parte alzarse contra el decisorio, cuando fue concedido (en el caso, por haber citado normas equivocadas), si en definitiva ha logrado el acceso a la instancia superior.
Beneficios previsionales, actualización monetaria, índices de actualización, aplicación de la ley previsional, aplicación temporal de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CASTRO, NILIO RAMON c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-31

A partir de que el organismo articuló en sus denegatorias al reclamo de movilidad de los beneficiarios su interpretación de que la misma había sido afectada por la sanción de la ley 23.928, el Tribunal desestimó enfáticamente tal planteo, afirmando que los arts. 7 y 10 de dicha ley no afectaban la movilidad dispuesta por la ley 18.037, y ello hasta que cobrara operatividad el sistema previsto por la ley 24.241. Una distinta interpretación llevaría a la incongruencia de aplicar un régimen de movilidad que notoriamente perjudica a los peticionantes. Por ello, corresponde revocar el fallo mediante el cual el a quo no aplicó la movilidad establecida en la sentencia emanada de la Sala hasta la entrada en vigencia de la ley 24.241 (en el caso, el a quo dispuso aplicar para el período 01.04.91 en adelante la movilidad establecida en el precedente Chocobar, no obstante que la sentencia en ejecución ordenaba actualizar los haberes por el índice del Salario Básico de Convenio de la Industria y la Construcción).
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, interpretación de la ley, ley federal, Pacto de San José de Costa Rica, Poder Legislativo, Poder Legislativo Provincial, sanciones disciplinarias administrativas, detención, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Viaña, Roberto s/ habeas corpus en favor del ciudadano Pablo Calvetti.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

Es admisible el recurso extraordinario si el recurrente sostiene que la sanción de arresto que le impuso la legislatura viola el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues involucra la inteligencia de una norma federal y la decisión ha sido contraria al derecho fundado en aquélla (Disidencia parcial de los Dres. Carlos S.

Fayt y Enrique Santiago Petracchi).
Derechos y garantías constitucionales, jerarquía administrativa, Estado Nacional, Estado Provincial, facultades no delegadas, Poder Judicial, enjuiciamiento de magistrados
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CINGOLANI, OSVALDO c/ BOF, JORGE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-27

El artículo 115 de la Constitución Nacional se ubica en la Segunda Parte, Título Primero de la Constitución, título éste dedicado a organizar el Gobierno Federal de la Nación; y es así, que luego de tratar en la Sección Primera de la organización del Poder Legislativo nacional y en la Sección Segunda de la organización del Poder Ejecutivo, dedica la Sección Tercera, a la organización del Poder Judicial de la Nación.

Ahí se encuentra el mentado artículo 115 y está claramente dedicado a los jueces nacionales y así lo indica la norma en su inicio: "Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación...".

Sabido es también, que el diseño constitucional prevé que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal (art. 121), se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas (art. 122), dictan su propia constitución "...reglando el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero", siempre dentro del marco general que establece el artículo 5. Es así, que deben asegurar la administración de justicia.

En cuanto a su diseño, nombramiento y remoción de los magistrados, es una facultad privativa de aquellas, siendo que mantienen el poder de darse sus propias instituciones y regularlas. Por lo tanto, no pueden pretender la aplicación directa del artículo 115 de la Carta Magna nacional.
Procedimiento de impugnación de deuda previsional, facultades de la administración, medidas cautelares, deberes del juez
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS c/ Kalfrix  S.R.L
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-04

Conforme lo dispuesto por el art. 10 de la ley 18.820 -norma específica para impugnación de deudas previsionales-, el organismo a cargo de la recaudación de la Seguridad Social- hoy AFIP- está facultado para, en cualquier momento, solicitar embargo preventivo u otras medidas cautelares, por la cantidad que presumiblemente adeuden los responsables, de acuerdo a las constancias de la documentación acompañaada, debiendo los jueces decretarlos en el plazo de 24 hs. bajo la responsabilidad del organismo. No obsta a ello el supuesto perjuicio que le ocasionaría al apelante, si éste ni siquiera denuncia haber urgido el trámite en la impugnación de deuda.
Juicio ejecutivo, ejecución de honorarios, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bernal de Forcada, Carmen Martina c/ Gaurie, Domingo s/ C. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

Deviene inatendible la alegada falta de indicación de los sujetos activos y pasivos de la obligación al encontrarse frente a la ejecución de honorarios regulados judicialmente por la Alzada a un perito contador y notificada a la parte que se ejecuta, desde que no se cuestiona la subsistencia de la obligación cuyo cobro se persigue, ni el carácter de deudor de los honorarios reclamados.
Cuestiones de competencia, daños y perjuicios, tribunales de instancia única, responsabilidad extracontractual
Materia: PROCESAL
Carátula: REYNOSO, DELSIA MAIDANA VDA DE c/ ROSSO, JUAN CARLOS s/ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA (CSJ EXPTE Nº 670-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-26

En el caso -donde se discute la responsabilidad por el desconocimiento de firmas certificadas en instrumento privado- a pesar de trabarse un conflicto entre dos órganos jurisdiccionales igualmente incompetentes -jueces de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial uno, y Laboral el otro-, y de que en relación a la competencia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual no se habría expedido el órgano efectivamente competente al efecto, corresponde poner fin al dilatado derrotero de la actora en busca de un tribunal donde articular sus pretensiones declarando la competencia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual.
Recurso de queja (procesal), autosuficiencia del agravio
Materia: PROCESAL
Carátula: MENDEZ, JORGE FEDERICO BENJAMIN s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-04-20

La vía apelativa ha sido rechazada acertadamente, toda vez que en la parte final del art. 194 del CPP, el texto dispone expresamente la irrecurribilidad de toda decisión jurisdiccional respecto a la producción de medidas instructorias solicitadas por las partes, lo cual viene a estar en armonía con el carácter que inviste la figura del juez dentro del proceso penal.

La claridad de la norma involucrada (art. 194 ritual) en cuanto a la irrecurribilidad de la decisión fundada adoptada, habilitaba al Juez al rechazo del recurso intentado, consecuentemente el mismo ha sido correctamente denegado.
Pago por consignación, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Voz de Caprera" c/ Del Plata Salud S.R.L. s/ Pago por consignación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

La negativa inmotivada del acreedor lo coloca en mora respecto de la obligación debida ya que ella se hizo de imposible cumplimiento por su conducta, que por ser injustificada es culpable (nota al art. 509 C.C.); y porque esa mora enerva la del deudor. De tal suerte, cohibida la mora del obligado no se deben los intereses consecuentes a dicho estado de mora.
Derecho procesal, procesos de ejecución, juicio ejecutivo, embargo, bienes embargables, liquidación de haberes, pago de la remuneración, resoluciones judiciales
Materia: POLITICO-LABORAL
Carátula: Crichigno, Fernando Exequiel c/ De Franco, José Carlos s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Procede confirmar a resolución que desestimó el pedido del actor, de intimar al Banco de la Provincia de Buenos Aires para que efectivice el embargo del salario del demandado que se deposita en dicha entidad. Ello por cuanto, la ley 27320 -modif de la LCT 147- dispone que cualquier embargo que afecte el salario de los trabajadores debe instrumentarse ante el empleador. Es decir que, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, la cuenta sueldo es inembargable. Lo que es embargable es el salario, medida que se efectiviza con el empleador -y no la entidad bancaria- quien debe hacer la retención respectiva respetando los topes legales de embargabilidad. Esta norma está vigente dado que el art. 168 del DNU 27/18, citado por el quejoso, fue derogado por la ley 27444: 134
Eximición de prisión, rechazo in límine
Materia: PENAL
Carátula: Prieto, Alfredo O. s/ Eximición de prisión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-01-22

Tratándose el pedido de eximición de prisión una reiteración de idénticas y continuas peticiones anteriores, que resultaran denegadas por no darse ningún supuesto que brinde sustento a la exención solicitada, su rechazo "in límine" no resulta inválido.
Tratados internacionales de derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos, cambio de sexo, derecho a la identidad de género
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: P. P., N. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-24

Los estándares y obligaciones internacionalmente asumidos acerca de la población LGBTI, parten de un marco de protección específico para mujeres trans en el derecho internacional de los derechos humanos que incluye la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y, específicamente, los Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (Principios de Yogyakarta).
Recurso de apelación (procesal), honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Núñez, Héctor c/ Lisnesky, Heriberto s/ Obligación de dar cantidad de cosas e Indemnización de daños y  perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-24

Al interponerse el recurso por escrito debe fundárselo conforme lo dispuesto por el artículo 109 de la ley 7046, siendo insuficiente expresar que los honorarios resultan altos o bajos.
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, bonos de consolidación
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ  PEREZ  AMANCIO  MARIANO c/ INSTITUTO NAC. DE SERV. SOC.PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ s/ OBRO DE SUMAS DE DINERO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-08

El crédito que aquí fue reclamado es de causa o título anterior al 30 de junio de 2002 y el concepto facturado correspondió a deudas del Instituto derivadas del cumplimiento del objetivo de su creación. Al tiempo de la contestación de la demanda (3/11/99) no se había dictado la ley 25.725, pero la parte demandada reclamó su aplicación en ocasión de presentar el alegato y la parte actora ha tenido posibilidad de pronunciarse al respecto en ocasión de la contestación de los agravios, oportunidad que decidió no utilizar. Destaco que la parte demandada ha consentido la sentencia en cuanto al reconocimiento del crédito y respecto del capital de la condena. En los límites con que se ha abierto la jurisdicción de esta Sala, es evidente, a mi juicio, que la deuda reclamada por la actora se ha consolidado por el régimen de la ley 25.725, cuyo artículo 91 remite a las leyes 23.982 y 25.344 y normas reglamentarias, todas ellas de orden público. Ello significa que a partir de la mora, el capital devengará intereses según lo dispuesto por el juez a quo hasta la fecha de corte, es decir 30/6/2002, y a partir de entonces y hasta el efectivo pago, sólo corresponderán los intereses comprendidos en los bonos de consolidación, de conformidad con el régimen legal aplicable.
Acción de amparo, derechos de incidencia colectiva, ombudsman, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: CARTAÑA, Antonio E.H. y Otro c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Si el interés colectivo o difuso no tiene ubicación específica en nuestro ordenamiento legal, no hay duda de que se le debe abrir espacio partiendo de la base de los conceptos existentes en materia de legitimación, adecuándolos a las exigencias de la realidad; paralelamente, las vías procesales vigentes tendrán que ser adecuadas a los fines del juego de los derechos inherentes a tales intereses. De esta manera, y si se dan los presupuestos comunes al amparo, ningún inconveniente existe en proporcionar esa vía para la puesta en marcha y aplicación de la tutela consiguiente.

En el campo de "los intereses difusos" es evidente que no es sólo la cosa pública la que aparece directamente dañada sino que es el conjunto de los habitantes de una manera personal y directa; respecto de ellos el derecho objetivo tiene que acordar un esquema de protección, dando legitimación para obrar al grupo o individuo que alegue su representación sin necesidad de norma específica al respecto ("Ombudsman", "clase action", acción popular, acción civil pública brasileña, etc. (cfr. Informe Anual 1988-89 de la Controladuría General Comunal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, p.12). Siendo que en nuestro medio existe un funcionario que se encuentra a disposición de los vecinos para protegerlos frente a la mala actuación de la Administración Municipal o sus agentes (Ordenanza del Honorable Consejo Deliberante Nro.40.831 de fecha 17/10/85), cabe reconocer su legitimación activa en los términos del art. 5to. de la ley 16.986.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez, Jorge Pablo s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Es irrelevante la calidad de embistente si el tribunal resolvió que ambos vehículos llegaron simultáneamente a la encrucijada y de ello derivó la prioridad de paso de uno sobre el otro.
Medidas cautelares, embargo, entidades deportivas, excusación
Materia: LABORAL
Carátula: ORDA, JUAN c/ ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS s/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-09

El pedido de inhibición a una institución deportiva (en el caso la Asociación Atlética Argentino Juniors), de comprar o vender jugadores de fútbol, no es técnicamente un embargo, consistente en la individualización y afectación de un bien o bienes determinados del deudor a un proceso judicial, con contenido patrimonial y susceptibles de realizarse en un remate. Tal pedido, de ser concedido, incidiría sustancialmente en la administración y marcha de los negocios de la demandada y no resulta procedente si no se demuestra previamente la inexistencia de bienes a embargar.
Proceso contravencional, recurso de queja (procesal), queja por apelación denegada, admisibilidad del recurso, suspensión de la pena contravencional, obligación de realizar trabajos comunitarios
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SOTO, Pablo José s/ infr. arts. 40 y 41 (ley 10) 10)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-13

En el caso, el recurso de queja por apelación denegada, resulta inadmisible toda vez que la queja articulada, persigue la apertura de esta impugnación respecto de un pronunciamiento que no constituye sentencia definitiva -intimación al comparendo para dar cumplimiento a la pena de tareas de utilidad pública impuesta- y que tampoco puede ser equiparado a aquella en tanto no se ha podido acreditar la existencia de un gravamen irreparable.

En efecto, tal pretensión contradice abiertamente lo estatuido por el párrafo cuarto del artículo 33 de la Ley Nro. 402 surgiendo de dicha normativa que, en todo caso, debió dirigirse la petición por ante el Tribunal competente para resolverla, donde precisamente está tramitando la queja por recurso de inconstitucionalidad denegado.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, lesiones culposas, accidente de tránsito, prueba confesional
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: A DEL C, E R s/ LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 388-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-06-26

No puede tacharse de arbitraria la decisión de la Sala, que condenó al recurrente como autor responsable del delito de lesiones culposas en un accidente de tránsito, en el que resultó embestido un peatón, "por haber violado normas de cuidado exigibles", al cruzar la bocacalle despreciando la posibilidad de un cruce peatonal en curso de ejecución, de razonable previsibilidad, si no se detecta que haya incurrido la Cámara en una división de la confesión del procesado efectuada en perjuicio de éste y sólo se advierte que se han reconstruido los hechos a partir de aquella declaración, en orden a determinar la responsabilidad penal del mismo, sin apartarse de las normas que regulan esa tarea hermenéutica propia de los jueces.
Prueba testimonial, declaración testimonial, conductor de locomotoras, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: ISIDORI, ALEJANDRO c/ COSTAS, OSCAR s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-25

El hecho de que el conductor de tren y el guarda fueran dependientes de ferrocarriles, no descalifica sin más la credibilidad de sus dichos respecto a las reiteradas advertencias que realizaron mediante silbidos de la locomotora. Su condición de empleados no implica suponer que declararían favoreciendo a la Empresa si, no han sido procesados y no se advierte la presencia de otros elementos que hagan presumir la mendacidad de sus testimonios.
Recusación, recusación con causa, deberes del juez, funcionarios públicos provinciales, inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ledesma S.A.A.I c/ Ruiz Héctor Alfredo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-20

La casual denunciada (amistad o enemistad manifiesta), no se encuentra configurada, ni hay indicios que permitan asegurar que la misma existe. Para que ella se configure, es necesario que se hayan manifestado tales actitudes por actos externos que le den estado público, debiendo existir circunstancias que demuestren claramente una verdadera enemistad del Juez hacia el recusante.

Asimismo la amistad a que alude la norma exige que se manifieste con gran familiaridad o frecuencia de trato. Si no se prueban tales causales la recusación se debe rechazar (V. Sala II1987 fs. 106; Sala V, T. XI, fs. 218/227, entre otros).

Y dado que la recusación implica un acto grave deben ser interpretadas en forma restrictiva, lo contrario implica sacar el pleito del conocimiento de su Juez natural, la que puede surgir de algunos de los supuestos sí contemplados legalmente y que no se presentan en autos.
Defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, regulación de honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: DEVOREAL  S.A.   CIA  FINANCIERA c/ AGUERO, MARIO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-11

La defensa del ausente por el defensor oficial importa el cumplimiento de la función propia del cargo por lo que de ningún modo se justifica la percepción de honorarios, aún cuando el ausente apareciera las costas se decreten a cargo de la contraria. Esto es así, además, porque su intervención hace a la función estatal de asegurar objetivamente la existencia de un verdadero contencioso; y tiende, asimismo, a preservar el derecho de defensa en juicio, para lo cual aquel goza de un sueldo asignado en el presupuesto de la nación.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, doctrina de la arbitrariedad, acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, docentes, negociación colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: ANDRADA, SUSANA MABEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-08-21

Las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; y no resulta menor el dato de que tales cuestiones han sido convenidas en Paritarias celebradas entre las partes (representada la amparista en tales tratativas por el gremio al cual pertenece) y dicha resolución no fue tildada por el sector gremial como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, convirtiéndose en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirle a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal le confiere. (Del voto del Dr. Netri, al que adhieren los Dres. Gastaldi y Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 14250, artículo 3; Resolución 1471/10 del Ministerio de Educación de Santa Fe, artículo 14 del Anexo II. - Jurisprudencia vinculada: Ricci, AyS T 269, p 464/477 y Burggi, AyS T 284, p 63/73 - Jurisprudencia Concordante con Saez, AyS T 284, p 281/294.
Locación de servicios, contrato por terceros, traba de la litis, intervención de terceros, falta de citación
Materia: CIVIL
Carátula: MAZAEDA, ROBERTO c/ LAGARES, JOSE s/ CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

Si la alegación de que un tercero contrata los servicios del actor no se acreditó en autos y el demandado tampoco usó el derecho que le confiere el art. 94 del Cód. Procesal, citando a quien consideraba deudora de la obligación, lo que hubiera permitido la clarificación de la controversia, el demandado deberá afrontar el pago al actor, sin perjuicio de la acción a que éste puede tener derecho contra quien afirma haberse obligado en hacerlo.