marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cunsnir, Roberto y otro c/ Municipalidad de Morón s/ Dif. y desp. - cuestión de comp. art. 6º C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

La regulación de la ley 23.551 es absolutamente independiente de la de los regímenes locales y obviamente se superponen en los casos que se suscitan en relación a los empleados públicos que ocupan a su vez cargos en las organizaciones sindicales que los nuclean, pero de ello no se sigue que esta Corte, por tener atribuida competencia originaria y exclusiva sobre la materia contencioso administrativa deba entender en las demandas promovidas por éstos en ejercicio de garantías que le han sido reconocidas por el hecho de ser dirigentes sindicales y no por la situación jurídica que ocupan frente a la administración en virtud de la relación de empleo público que a ella los liga. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Caducidad de instancia, declaración de oficio
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ruiz, Elena c/ Cooperativa de Vivienda y otra s/ C. de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Por razones de interés colectivo, el legislador, en resguardo del orden de la justicia, faculta al juez a declarar de oficio la perención antes de que cualquiera de las partes impulse el procedimiento (art. 316 del Código Procesal), para impedir que se acumulen las actuaciones abandonadas por las partes.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada c/ Araya, Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

El agravio debe consistir en el ataque "concreto", "razonado" y "preciso" de todas las partes del fallo que, precisamente en virtud de las circunstancias que debe citar el quejoso (de allí su delimitación y razón) pondrían eventualmente de resalto que el pronunciamiento de mérito, no se ajusta a derecho (art. 260 del CPCC).
Recusación y excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. A. G. S., Juez del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia en autos: "CH. I., E. y Otro c/ T. D. S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" s/ INCIDENTE (Art. 31 del Código Procesal Civil y Comercial  del Chubut")
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27

Ha dicho el Superior Tribunal de Justicia: "En cuanto a las "cuestiones de decoro y delicadeza", se dice que el Juez es soberano para apreciar la violencia moral del caso particular. Sin embargo ha de tenerse presente, que esta potestad del juzgador alude a las "causas íntimas" referidas a circunspección, honestidad y escrúpulos del sentenciante, que implican el padecimiento de una vía relativa que obstaculizaría la diafanidad de criterio afectando la equidistancia respecto de las partes (imparcialidad) exigida para la función, señalando la doctrina que deben ser graves, ya que la "mera susceptibilidad" no es idónea a ese fin, y que si bien la decisión de invocarlas es un derecho del juez, privativo de su fuero interno, esto es así al sólo efecto de su planteo, pues una vez exteriorizadas las mismas por el afectado, quedan expuestas al juicio de terceros, que pueden desestimarlas.
Lesiones leves, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: P., J.C. s/ Recurso de Casación interpuesto por la Dra. Mariana Vera en Expte. 07/13 P., J.C. s.a. Lesiones Leves calificadas
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-04-14

El Juzgado Correccional, mediante Auto Interlocutorio, resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba incoado por el imputado -delito de lesiones leves calificadas-.

Contra esta resolución denegatoria de la suspensión del juicio a prueba, comparece la Defensora Penal Oficial, en representación del imputado, e interpone recurso de casación.

En el orden interno, las previsiones contenidas en la Ley Nacional Nº 26.485 (B.O. 14/04/2009) de "Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", reglamentó y concretizó los postulados de la Convención de Belém do Pará.

Esta ley no deroga, sino que complementa las respectivas leyes locales en materia de violencia doméstica, es de orden público y, por tanto, de aplicación en todo el territorio argentino.

Como no podía ser de otra manera, se encuentra en plena armonía con la "Declaración sobre la eliminación de violencia contra la mujer"; con la "Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" -Convención de Belém do Pará-; con la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer"; con la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto San José de Costa Rica-; y con la Declaración de Derechos Humanos.

Sumado a ello, estimo acertado destacar que la referida ley nacional, en su art. 28 -último párrafo-, expresamente prohíbe la realización de audiencias de mediación o conciliación en casos de violencia de género.

Esto último se correlaciona, además, con lo expuesto por el Máximo Tribunal del país, en el citado precedente "Góngora", en donde puntualmente sostuvo: ".esta Corte entiende que siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados con la necesidad de establecer un "procedimiento legal justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" (cfr. el inciso "f", del articulo citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente.
Transferencia del personal, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS DE SANTA FE, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paterno, Juan José c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   N  430-1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-29

No puede tener acogida el planteo esbozado por el recurrente en relación a la retrogradación funcional que dice haber sufrido al ser reubicado como auxiliar, lo que vulneraría su derecho a la estabilidad, desde que además de que de las constancias de autos no surgen elementos que permitan colegir que el cambio de denominación haya sido correlativo a un cambio en la sustancia de las tareas encomendadas, aunque hubiese existido alguna modificación en los cometidos confiados al agente, igualmente dichos reproches no podrían prosperar. En efecto, las constancias arrimadas a la causa no permiten afirmar que se haya prescindido de las tareas desempeñadas por cada agente al momento del encasillamiento y aunque pudiera considerase que se produjeron modificaciones en las funciones que correspondía al recurrente, no se han invocado, ni acreditado, elementos que revelen la existencia de un trato abusivo ni mucho menos vejatorio a su respecto, a lo que debe agregarse que tampoco se ha demostrado que el encasillamiento cuestionado haya significado la asunción de determinadas responsabilidades para el actor que ameritaran el otorgamiento de un coeficiente distinto del asignado, lo que lleva a concluir que no puede tener acogida el planteo esbozado en tal sentido.
Contrato de obra pública, contratista, aplicación de la ley, acuerdo de partes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 565 Año 1990)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

No cabe hacer lugar a la pretensión de la actora, quien discrepa con los precios fijados para los trabajos de excavación en zanja a cielo abierto por haber detectado que los requerimientos de mano de obra, materiales y equipo señalados en su nota de pedido eran sensiblemente superiores a los determinados en el análisis de precios acompañado a la orden de servicio, argumentando que existieron tareas para las cuales sus rendimientos fueron alterados por condiciones de trabajo (por ej. demolición de pavimento, relleno, compactación e incluso excavación). Ello por cuanto el punto excede largamente el supuesto contemplado en el artículo 62 de la ley 5188, puesto que, si bien autoriza a solicitar la fijación de nuevos precios ante hipótesis como la configurada en autos (disminución por modificaciones, de más del 20% del importe de un ítem), no implica, en modo alguno, la consagración de un mecanismo que permita sanear, so pretexto de liquidar "costos reales", modificaciones en aspectos sustanciales del contrato no dispuestas por la Administración sino imputables solamente -como en el caso- a la conducta de la contratista.
Sanciones del Colegio Profesional, revisión judicial de actos administrativos, acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pallasa, Manuel c/ C.P.A.C.F. s/ Amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-21

La existencia del recurso judicial directo previsto por el art. 47 de la ley 23.187, impide acceder a la protección que se solicita, y basta por sí para excluir la procedencia de la acción (conf. art. 2, inc. a) ley 16.986).
Recurso extraordinario federal, gravedad institucional
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Ernesto David c/ Queja en: Oficio en autos: Filkenstein, José c/Laura Guevara de Garrie Faget y otro. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-06-26

Corresponde denegar el recurso extraordinario federal cuando el planteo no excede el marco estrictamente procesal al limitarse la discusión sobre el procedimiento a seguir, lo que carece de entidad como para considerar que se halle en juego un interés institucional.
Prescripción, daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contrato de garaje, robo de automotor, responsabilidad extracontractual
Materia: CIVIL
Carátula: Sturman, Abraham y otro c/ Garaje Tucumán 3145/53  S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-10-05

La acción contra el garajista por el robo del automóvil es de naturaleza contractual, sin que la hipótesis de que la sustracción no se haya producido en el garaje, pueda modificarla. Si el garajista hubiese acreditado que el hurto del automotor se produjo en momentos en que el vehículo no se hallaba bajo su custodia, no permitiría ello suponer que la acción indemnizatoria se desplazará a la vía aquiliana, sino que en tal eventualidad se impondría el rechazo de la demanda por la ausencia de responsabilidad del deudor contractual, pero no porque la acción emprendida se encontrase prescripta. No podría siquiera en esa eventualidad declararse la prescripción de una acción extracontractual, que nunca fue ejercida por la accionante.
Autonomía de la voluntad, manifestación de la voluntad, actos voluntarios
Materia: CIVIL
Carátula: SEQUEIRA RUBEN DELICIO Y OTROS c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-23

La voluntad es el aspecto activo de la vida consciente. El signo que la denuncia es la acción; su manifestación objetiva, el acto voluntario. Pese a la dificultad de definirla en términos puramente psicológicos, lo cierto es que existe una nota distintiva en la voluntad que se impone al simple discernimiento: en un sentido estricto, el usual, la voluntad supone la determinación libre y la facultad de elegir entre distintas posibilidades. El hombre libre es, por definición, el hombre que elige.

El hombre que elige manifiesta su voluntad reflexiva. Voluntad entraña, pues, libertad. El sentido de la imputación de una conducta a un sujeto implica presuponer el acto voluntario y, por ende, libre.

Esta concepción, tal como fue consagrada en los códigos liberales que siguieron la tendencia iniciada por el Código Napoleón, admiten la libertad de las acciones sin cuestionar la libertad de las voliciones. No se discute si la voluntad es libre o no lo es, sino que se procura determinar si el acto, tal cual se manifiesta, ha podido o no serlo.

Así, quien ha expresado una voluntad limpia de los vicios que la ley prevé, se halla ligado por ella y sujeto a las responsabilidades emergentes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Narciso MARCHINANDIARENA c/ UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION s/ CADUCIDAD  DE  INSTANCIA - PLAZO - HECHO IMPEDITIVO - PROCEDENCIA DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO  -  SENTENCIAS  ARBITRARIAS  -  DEFECTOS EN LA  FUNDAMENTACION NORMATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-25

Si bien lo atinente a la caducidad de la instancia es materia procesal ajena a la vía del artículo 14 de la ley 48, tal doctrina reconoce excepción en aquellos supuestos en que la decisión pone fin al pleito o causa agravio de imposible reparación ulterior.
Locación, convenio de desocupación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Garro Elsa c/ Biscardi Gabriel y otro s/ Homologación de Convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-07

El convenio de desocupación, admitido por el art. 47 de la ley 21342 se refiere a la posibilidad de acordar "plazos" diferentes a los originales, pero no está previsto que, mediante acuerdo de los contratantes, se consigna una desocupación anticipada por falta de pago de alquileres, obviando el correspondiente juicio de desalojo.

Es decir, que el único contenido posible del referido convenio admitido por la ley, es aquel en que se pactan plazos distintos a los establecidos en el contrato de locación. (Minoría u opinión personal)
Excepciones procesales, falta de legitimación para obrar
Materia: PROCESAL
Carátula: Poder Ejecutivo Nacional c/ Universidad de Buenos Aires s/ Resol. 2314/95
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-04

Para decidir la carencia de legitimación de la parte actora en las etapas preliminares del juicio, se requiere que ella aparezca en forma "manifiesta" (argumento art. 347, inc. 3 del C.P.C.C.N.).

Dicha situación se configura cuando se pueda declarar sobre la base de los elementos de juicio inicialmente incorporados a la causa (confr. esta Sala, causa "Annovazzi de Mingrone, Nélida c/B.C.R.A. s/cobro de australes", del 25/6/92) y sea indudable que el proceso tramitará inútilmente en caso de ser admitida; debiendo, en este sentido, aplicarse un criterio restrictivo (conf. idem, causa "García Ballarati, Carlos María c/ Banco Edificadora de Olavarría y otros s/ ordinario", del 4/5/93). Si no existe certeza acerca de esa inutilidad, corresponde diferir el tratamiento de esa cuestión para la oportunidad en que la parte demandada oponga la falta de legitimación como defensa de previo y especial pronunciamiento o de fondo (argumento artículo citado). (Del voto en disidencia del Juez Uslenghi, Consid. II).
Automotores, prioridad de paso, violación, presunción de culpa
Materia: CIVIL
Carátula: POSLEMAN RODOLFO DANIEL c/ TOLCHINSKY DE AZERRAD OLGA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-30

La presunción de culpa, de quien viole la prioridad de paso es relativa o juris tantum, y puede verse disminuida o atenuada, cuando se acredita, violaciones por quien gozaba de dicha prioridad.

También la culpabilidad recae sobre quien no respeto la prioridad de paso.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fioramonti S.A. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Concurso   preventivo- Incidente de revisión promovido por A.F.I.P. - D.G.I.   (Expte. C.S.J. N( 398 Año 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-12-26

La queja es un recurso autónomo que debe cumplimentar a los fines de su recepción, recaudos formales propios, siendo fundamental el que se sustente en los fundamentos del auto denegatorio. De allí que constituye carga ineludible para el recurrente rebatir cada uno de los motivos expuestos por la Cámara al denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a desvirtuar la referida fundamentación, conforme lo prescribe el artículo 8 de la ley 7055. En el caso, de la lectura del memorial introductorio del recurso directo se advierte que la recurrente ha reiterado, casi simétricamente, los argumentos que esgrimiera al interponer el recurso de inconstitucionalidad, mas sin dirigir cuestionamiento alguno al auto que denegara tal impugnación extraordinaria, incumpliendo así la carga impuesta en el precepto "supra" citado.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Picchi, Arol Pedro c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Ejecutivo) s/ Demanda contencioso administrativa Faverio, Daniel David c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Silva, Héctor Enrique c/ Municipalidad de Moreno s/ Demanda contencioso administrativa Paterno de Tassano, Silvia Mabel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Ferrini, Alfredo Daniel c/ Municipalidad de Tandil s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20|1997-04-29|1999-02-23|2000-04-05|2000-04-05

El órgano jurisdiccional se encuentra investido de la potestad de revisar los actos disciplinarios emanados de la Administración, abarcando no sólo el control de su regularidad, sino también el de la razonabilidad de las medidas que los funcionarios hayan adoptado en el ejercicio de sus facultades, pudiendo anularlas cuando aquellos incurran en arbitrariedad manifiesta.
Homicidio preterintencional, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: B, S T s/ HOMICIDIO SIMPLE      EXPTE NRO 15-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-25

En la figura del homicidio preterintencional es menester que el autor haya tenido sólo el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud, lo que significa en definitiva que haya actuado dolosamente para producir una lesión, no habiendo querido la muerte de la víctima, ni tenido conciencia decidida de afrontar tal riesgo en mayor medida de la que lleva eventualmente ínsita la decisión de lesionar. Además, estando al trato con que la ley represiva describe la figura, el medio empleado por el agente no debe razonablemente ocasionar la muerte. Dentro de tales perspectiva, va de suyo la consideración del elemento subjetivo en el autor para cuya valoración deberá no solamente estarse a sus dichos sino que también es menester acudir a todos los elementos de juicio que proporcione el haber de mérito y en especial a aquellos que revistan entidad para la apreciación psicológica por la exteriorización de los actos Cuando el medio utilizado descarte palmariamente -por su idoneidad para provocar la muerte- la posibilidad de una intención como la necesaria para el tipo contenido en el artículo 81 inciso "b" del Código Penal, inútil resultará profundizar la atención en dirección a calificar el hecho como homicidio preterintencional deteniéndonos en el elemento subjetivo pues éste, debe merituarse por las circunstancias y el resultado de la acción y no solamente estando a los dichos del agente.
Juicio ejecutivo, redargución de falsedad, escritura pública
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: CALEDONIAN INVESTMENTS AND TRADING  S.A. c/ CASARES, HORACIO s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-21

No es admisible en el juicio ejecutivo redargüir de falsedad una escritura pública en que se basa la ejecución, o pedir su nulidad.
Sumario administrativo, acción de amparo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Carlos Eduardo Castro y María Felisa Ortís de Ibañez s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2001-12-21

La acción de amparo no tiene por finalidad urgir ni obviar trámites administrativos, ni es el medio apto para autorizar a los jueces a irrumpir en asuntos ajenos a su jurisdicción que por ley tienen conferida, pues la Administración en el ejercicio del poder disciplinario es el órgano competente para investigar, determinar y valorar las supuestas irregularidades cometidas.

En efecto, la suspensión preventiva en las funciones y haberes y la movilidad de funciones dispuesta respecto de los amparistas, en modo alguno constituyen la sanción disciplinaria erróneamente invocada, siendo meramente una medida de naturaleza precautoria, no surgiendo así de las constancias de la causa cuál es el acto lesivo que en forma actual e inminente, altere con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos o garantías reconocidos por nuestra Ley Fundamental, pues la verificación del acto que se reputa lesivo debe resultar de rápida y fácil comprobación, tanto en la aportación de pruebas cuanto en la apreciación por el sentenciante.

En esa inteligencia, en el supuesto planteado lo grave, injusto e intolerable hubiera sido que se emita una conclusión en torno a la situación de los docentes sin el correspondiente sumario administrativo.

Ahora bien, en razón de la naturaleza jurídica del contrato de empleo público los empleados públicos se encuentran sometidos voluntariamente a dicho régimen, debiéndose preservar la jurisdicción judicial de las innumerables cuestiones que se presentan a fin de garantizar la intervención judicial una vez agotada la posibilidad de resolverlas en el ámbito administrativo.

En conclusión, siendo el amparo un instituto residual que únicamente es procedente ante la inoperancia de todos los demás trámites procesales para atender idóneamente el problema, el reclamo de los amparistas para que se deje sin efecto el sumario administrativo iniciado en su contra no resulta de recibo, pues conforme lo sostiene la Autoridad Administrativa demandada, el procedimiento se inicia a fin de esclarecer ciertas irregularidades en las que habrían participado los accionantes, lo que a su vez motivó la disposición de las medidas - suspensión preventiva sin goce de haberes en un caso y traslado de funciones en el otro- por el tiempo que demande la sustanciación de la etapa de investigación. Por ello corresponde rechazar la acción de amparo incoada por resultar inadmisible, con costas por el orden causado.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, Superior Tribunal de la Causa, ley federal de educación, universidades provinciales, resoluciones, planes de estudio, Universidad Nacional de Cuyo
Materia: PROCESAL
Carátula: Padres de alumnos de  colegios  dependientes  de la UNC. interpone recurso art. 32 ley 24.521.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-09

Procede el recurso extraordinario en el caso en que se han impugnado las resoluciones dictadas por la Universidad Nacional de Cuyo, por las cuales se modificaron los planes de enseñanza, con el objeto de adecuarlos a la ley federal de educación 24.195 y su decreto reglamentario 1276/96 y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho que los apelantes fundan en ellas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Belfiore, Carlos Augusto c/ Abrigo, Celestino y otros s/ Daños y perjuicios Montenegro, Ezequiel A. c/ Cavallo, Pablo C. s/ Usucapión. Recurso de queja Stanley, S. c/ Digiglio, J. s/ Sumario-Recurso de queja Rothlisberger, Nilda c/ Solivella Cuenca, Raúl s/ Disolución de sociedad irregular. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05|1992-04-23|1995-10-17|1996-02-13

No basta la mera presentación solicitando el beneficio de litigar sin gastos, sino que este debe obrar en cabeza del recurrente al momento de presentar el recurso, pues a esa fecha deben hallarse cumplidas las condiciones de admisibilidad (art.280 C.P.C.).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)