marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Habeas corpus colectivo, derecho de protesta
Materia: PROCESAL
Carátula: Habeas Corpus Colectivo denuncia de limitación de libertad ambulatoria y de trabajar libremente sin orden de autoridad competente y alteración de la tranquilidad pública habeas corpus c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-31

En el marco de una acción de amparo motivada en las perturbaciones que sufren vecinos y comerciantes en virtud de la apropiación del espacio público por parte de agrupaciones para realizar todo tipo de reclamos, manifestaciones y cortes de calles, corresponde hacer lugar a la acción interpuesta y ordenar a las autoridades competentes arbitrar los medios necesarios para hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines, toda vez que se ha probado fehacientemente la constante afectación de la libertad y derechos constitucionalmente consagrados que acarrea la situación denunciada, lo cual evidencia la necesidad de hacer cesar toda situación de restricción de la libertad que se verifica en el ejercicio abusivo de las protestas sociales y arbitrar todos los medios que otorga el monopolio estatal del uso de la fuerza pública para desplegar eficientemente el accionar preventivo con el objetivo de impedir ilegalidades tales como acampes en plena vía pública, cortes completos de calles, sin siquiera el respeto a la media calzada y corredor sanitario.
Quiebra, recurso de apelación (procesal), resolución denegatoria, doble instancia
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL CIVIL
Carátula: GUIMPEL, GREGORIO s/ QUIEBRA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 712-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-10

No cabe conceder la queja si el tribunal se expidió por la indebida concesión del recurso, por entender en una interpretación integral del artículo 74 de la ley concursal, que en caso de incumplimiento del deudor, la única resolución que "es apelable" es la que dispone la declaración de quiebra, porque la apelabilidad no "suspende el cumplimiento de las medidas impuestas por los artículos 170 y 193", pero que no es recurrible la resolución que rechaza el pedido de quiebra por no estar este supuesto contemplado en la normal; desde que el tribunal -con acierto o no- efectuó una interpretación de la ley concursal conjugando el artículo 74 con el artículo 296 inciso 3 de dicha ley, y esa interpretación no aparece manifiestamente irrazonable.
Recurso extraordinario, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Resnick Brenner, Rafael c/ Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP c/  s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

Si bien las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o levanten, no revisten, como regla, carácter de sentencias definitivas en los términos que exige el art. 14 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario, ese principio reconoce excepciones en situaciones en que la decisión se basa en apreciaciones genéricas y se desentiende del examen y tratamiento de argumentos conducentes, oportunamente propuestos, a punto tal que afecta de manera sustancial el derecho de la apelante.
Demandado, citación a juicio, domicilio, notificación en el domicilio, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: BRIMA S.R.L. c/ MUNDO ORGÁNICO S.A. Y OTROS s/ NULIDAD DE CONTRATO - ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2004-09-13

Considero que en los supuestos de demandados domiciliados en distinta jurisdicción, situación que prevé el art. 328 del C.P.C.,	el plazo para contestar la demanda es común. Esta característica implica que el plazo vence para todos los co-demandados en la misma fecha, tomando como elemento del cómputo la fecha en que fue notificado, en último término, el que se domicilia o reside a mayor distancia.

En la hipótesis de que la notificación de la demanda a quien se encuentre domiciliado dentro de la jurisdicción del Tribunal se haga con posterioridad a la efectuada al co-demandado en extraña jurisdicción, la norma del art. 161 del C.P.C. servirá para hacer una interpretación sistemática, debiendo inferirse que el plazo común vencerá par todos los co-demandados, cuando expire aquel correspondiente a la última notificación. Entiendo que de ésta manera se salva la aparente contradicción entre las citadas normas procesales.-
Poder Judicial, jueces, destitución, empleo público, competencia contencioso administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Bergallo, Fernando c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso de inconstitucionalidad - Demanda de indemnización (Expte.:   C.S.J. Nro. 518 año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-07-10

Si el recurrente endereza su pretensión -no obstante esgrimirla desde distintas ópticas- a fin de obtener una reparación de su esfera jurídica que estima vulnerada al haber quedado cesante como Juez por no haberse solicitado acuerdo de la Asamblea Legislativa (con sustento normativo en el artículo 116 inciso 4) de la Constitución provincial), la reclamación adquiere naturaleza contencioso administrativa, no siendo óbice para ello la circunstancia que quien invoque ser titular de tal derecho sea un Magistrado judicial. Ello así por cuanto el juez es un órgano del Estado investido de la potestad de administrar justicia y en tal carácter el sujeto primario del proceso y cumple la función pública procesal en los aspectos esenciales de dirección, decisión y ejecución. Como órgano esta vinculado por la llamada relación orgánica que presupone la relación de servicio e implica una relación de empleo con el Estado, por ser precisamente un tipo especial de funcionario público que desarrolla su actividad como profesión habitual (art. 88 Const.

Pcial.) y como tal está sometido a un régimen administrativo -que surge de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial- cuyo contenido se integra con un conjunto de deberes y derechos específicos.
Competencia, consentimiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorostiaga, Rosa Mercedes c/ Muncipalidad de La Plata. Cementerios s/ Daños y perjuicios Cementerios s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-03-07

Aunque la cuestión resulte de la competencia contencioso administrativa y que ésta sea de orden público e improrrogable, cabe entender que si la competencia ordinaria ha sido aceptada por ambas partes y asumida plenamente por los órganos jurisdiccionales, ha precluído toda posibilidad de replantear la temática a esta problemática.
Revocación de sentencia, medidas cautelares, información sumaria, importaciones, prueba documental, embargo
Materia: COMERCIAL
Carátula: NESE PLUS SA C/EDITORIAL PERFIL SA S/ ORDINARIO S/INCIDENTE ART 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-08

Procede revocar el pronunciamiento en el que la jueza de grado rechazó la pretensión cautelar solicitada por el actor quien y como medida previa y en refuerzo de la información sumaria exigida por el CPR 209-3°, solicitó a la magistrada que le ordene a la demandada y al despachante de aduanas -quien es depositario fiel de los instrumentos originales- que presenten a la causa los documentos de los despachos de importación. Ello por cuanto, la pretensión cautelar, por sustentarse en un contrato bilateral, fue encuadrada en las prescripciones del CPR 209-3°. En principio, el código de rito exige que el crédito emergente de un contrato bilateral sea demostrado a través de un instrumento público o privado. Pero ello no impide que, si se justifica la imposibilidad de obtener dichos documentos, esta prueba documental sea suplida por cualquier otra que sirva como principio de prueba por escrito y acredite la circunstancia de que el deudor recibió la prestación y se niega a cumplir el contrato (conf. Palacio, Lino; "Derecho Procesal Civil", tomo VIII, pág. 110, año 2005). Por ello, a priori, se puede solicitar un embargo demostrando la existencia de la obligación con facturas respaldadas por la documentación que tienda acreditar el envío de la mercadería y la recepción de la misma. En ese marco, el propio recurrente propuso la necesidad de contar con documentación en poder de terceros antes mencionada. Es decir que la actora intentó obtener la documentación de manera extrajudicial; pero esta gestión no tuvo resultado positivo. Ante ese fracaso, no se encuentra motivo para denegar la posibilidad de su obtención vía judicial en el marco de una medida previa. Pues, en definitiva, los documentos son pretendidos con el fin de completar la información sumaria con la que acreditaría la verosimilitud en el derecho (conf. CPR 197, 1er párrafo). La jueza, directora del proceso, bien puede adoptar las medidas previas necesarias para la conformación de la información sumaria mencionadas en el CPR 197 y 209.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, trámites judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cantero, Oscar Augusto c/ Municipalidad de Lomas de Zamora. s/ Acción sumarísima Art.5 Ley 23.551. Recurso de queja-Cuestión de  Competencia art.6 CCA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

Suscitado en sede ordinaria un conflicto de competencia que se refiera a la que eventualmente pudiere corresponderle con exclusividad a la Suprema Corte, los jueces o tribunales de grado deben abstenerse de emitir decisión alguna y limitarse a elevar los autos para que sea aquélla la que resuelva definitivamente la cuestión. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, etapas del proceso, preclusión, sentencia absolutoria, sentencia condenatoria
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Knodler de Bestene, Ingeborg y Bestene, Ricardo Armando s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

El proceso penal se integra con una serie de etapas a través de las cuales, y en forma progresiva, se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolución o condena y, por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le suceden (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Aguilera Picca, Luis María c/ P.L. Sociedad Anónima y otros s/ Retribuciones y accesorios contrato artístico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-10-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tanto se limita a un enfoque legal distinto a las circunstancias propias de la causa sin otro sustento que apoyarse en los argumentos del voto en minoría, lo que no es base idónea de agravio si se tiene en cuenta que de tal modo se omite impugnar argumentos que dieron sustento suficiente a la decisión cuestionada (art. 279 del C.P.C.C.

y su doctrina).
Derecho laboral, indemnización por despido, aplicación de la ley, acción de reducción
Materia: LABORAL
Carátula: Vieyra, Alejandro c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-29

El accionante se desempeñó como corresponsal de ARTEAR en España. El contrato se perfeccionó y tuvo sus efectos en la República Argentina. Con respecto a las multas e incrementos resarcitorios concebidos por los artículos 8 y 15 de la ley 24.013, el mencionado cuerpo normativo prevé, por intermedio de su precepto 16, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional morigere la sanción instituida por el primer dispositivo precitado ante la configuración de escenarios donde "las características de la relación existente entre las partes pudiera...haber generado en el empleador una razonable duda acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo", fundamentos también habilitantes para "reducir el monto de la indemnización". La demanda pudo abrigar sinceras dudas acerca de la aplicación del ordenamiento normativo del trabajo al vínculo, incertidumbre que justifica el ejercicio de las prerrogativas concedidas por el precitado artículo 16 de la ley 24.013. A instancias de tal facultad, cabe reducir la multa concebida por el artículo 8 de dicho cuerpo legal, representativo del piso contemplado en el artículo que confiere tal potestad, a la par que también eximición total de la duplicación indemnizatoria que contempla el precepto 15 de idéntico instrumento. (Del voto de la Dra. Hockl en minoría).
Acción, derecho subjetivo vulnerado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorrini, María del Carmen c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

La falta de invocación de un derecho preexistente reconocido por ley de derecho local (en la especie, se fundamentó la demanda en la ley nacional 23226), excede el ámbito confiado a la competencia de esta Corte (arts. 149, inc. 3º, Const. Prov., 1º y 28, C.P.C.A.).
Impuestos, Impuesto de sellos, hecho imponible, sujetos imponibles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Grafa S.A. c/ Fisco Nacional -D.G.I.- s/ repetición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La ley 23.495 incorporó un nuevo hecho imponible al impuesto de sellos que regía en la Capital Federal, relativo a las operaciones financieras realizadas por los sujetos no comprendidos en la ley de entidades financieras, siempre que cualquiera de las partes se encontrara domiciliada en la Capital Federal. (Comentado en Periódico Económico Tributario, 2/7/96, pág. 10). (Ver, en el mismo sentido, esta Sala, "Centenera S.A.", del 30/5/96, consid. 12).
Accidentes de trabajo, responsabilidad del asegurador
Materia: LABORAL
Carátula: RODRIGUEZ, DANIEL ANGEL c/ PETERS HERMANOS s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-05-11

No puede exonerarse de responsabilidad la CompaÑía de Seguros citada en garantía que, transcurrido un mes de conocido el siniestro (conforme artículo 36 inciso a, ley 17418; no rechazó la denuncia del mismo, en razón de no estar el accidentado incluido en la nómina del personal cubierto con la póliza.
Participación criminal, prueba, directorio, trabajador, principio de confianza
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " GARCIA, Juan M. y otros s/ sobreseimiento ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-10-04

Para poderle atribuir responsabilidad penal a los directivos o empleados se necesita algo más que el mero hecho de que la entidad que comandaban se habría beneficiado con el ingreso de los fondos producto de una actividad ilícita. En este sentido, resulta aplicable al caso la doctrina del Tribunal (de esta Sala, causa n° 39.953 "ZAVALEY" del 06/09/2007, reg. n° 1010), en cuanto a que en las estructuras burocráticas de este tipo la división de tareas implica la necesidad de confiar en la actividad de otros para realizar determinadas actividades, y ello podrá ser alegado como defensa cuando haya habido motivos razonables para confiar, es decir, que no se adviertan irregularidades que hagan presumir como probable la lesión de aquel deber de cuidado de quienes intervinieron previamente (vease al respecto Günter Stratenwerth, Derecho Penal, Parte general, I, el hecho punible, trad. Gladys Nancy Romero, Ed. F. Di Plácido, Buenos Aires, 1999, p. 339; y en similar sentido, Claus Roxin, Derecho Penal, Parte General, tomo I, trad. D. M. Luzon-Peña, M. Díaz y García Conlledo y J. de Vicente Remesal, Ed. Civitas, Madrid, 2000, p. 1005/ss.). En este tipo de caso para poder reprochar este hecho a alguno de los directivos o empleados, se debe contar, por lo menos, que se acredite mínimamente alguna conducta personal que haya implicado un aporte a ese delito, o bien su conocimiento de que ello ocurrió y que se estaban aprovechando indebidamente de esa situación.
Cuota alimentaria, liquidación, incidente de impugnación, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: G., M. c/ A., J. M. s/ incidente aumento cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-04-24

Una vez decidida la cuota alimentaria y sus incrementos, así como los intereses que devengan los incumplimientos, le corresponde al impugnante de la planilla de liquidación practicar su propia cuenta, mostrando así el error en la deuda que se le imputa y acompañando los comprobantes respectivos en los términos del art. 895 CCC
Empleados públicos, régimen jubilatorio, opción jubilatoria, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MAESTRE, JUAN c/ A.N.Se.S
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-23

Quienes se consideren titulares de un beneficio previsional en los términos de la ley 22.955, tienen dos posibilidades: a) la de optar por su sistema o b) la de mantenerse en el régimen ajeno (art. 2, ley 22.955) ejercitando una acción cuya naturaleza es irrevocable.

Pero si bien el principio general de la ley sustantiva es el de la irrevocabilidad de la opción, debe ceder cuando el titular no estuvo en condiciones de ejercer libremente su derecho de optar hasta que no conoció cual sería el resultado patrimonial de la acción de reajuste ejercitada por la vía de la ley 18.037. Ello, fundado en la necesidad de preservar los derechos previsionales, y no imponer soluciones formales que puedan estar en pugna con un principio, de justicia y con las directivas del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Horas extra, personal de dirección y vigilancia, aplicación de la ley laboral, ley más favorable
Materia: LABORAL
Carátula: COSTAS, HECTOR c/ COPINCO INVESTIGACIONES  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

Para el caso de que un convenio colectivo contemple en sus disposiciones categorías correspondientes al personal de supervisión o vigilancia, sin excluirlo de la jornada máxima fijada en el mismo, esta norma tiene preeminencia frente a las excepciones a la limitación horaria dispuesta por el art. 3 inc. a de la ley 11544.

Todo ello en virtud del principio de la norma más favorable al trabajador, art. 8 de la LCT.
Extinción por quiebra o concurso del empleador, liquidación de entidades financieras
Materia: LABORAL
Carátula: YATTAH, MARIA ISABEL c/ COMPAÑIA FINANCIERA CORFAR SA. Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-27

El orden de los despidos a que hace referencia el artículo 247 LCT. no es relevante en los casos de liquidación de la empresa, en que el poder de selección del personal que el síndico está habilitado a efectuar surge del artículo 187 de la ley 19551 (aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 48 de la ley 21526 modificado por el artículo 30 ley 22529).
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Amadore Marcelo c/ Hospital Evita Berazategui y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-28

El trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos no interrumpe el curso del plazo de caducidad de la instancia del proceso principal.
Fraude, trámites judiciales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BERRIOS ALONSO LORENZO EN J: MALLEA MATIAS c/ CHAUD Y OTROS s/ Cobro Alquileres (LIBRO: A074 - 199)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-15

Como lo advierte Podetti la acción de simulación o la acción de revocatoria, deben plantearse como contrademanda y no como simples defensas en el responde.-
Sentencia arbitraria, bienes del Estado
Materia: PENAL
Carátula: Pintos, Francisco Javier c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-24

En tanto la presencia del grupo Albatros en el lugar no fue espontánea, caprichosa ni antojadiza, sino que respondió a las órdenes emitidas por las autoridades legalmente constituidas que procuraban evitar una nueva ocupación de un predio que pertenece al Estado Nacional, bajo el amparo de las legítimas decisiones que los poderes constitucionales pueden tomar dentro de un Estado de Derecho como el que rige en nuestro país, concretamente, estaban allí en cumplimiento de un deber, el a quo omitió analizar este particular contexto en su justa dimensión, a través de un fallo que afirmó que los Albatros se encontraban en el lugar e hicieron uso de sus armas sin motivo racional alguno.Dres. Catucci, Riggi, Gemignani.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-18

El principio rector que debe primar en materia de caducidad de instancia es que "la perención de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso, y que por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar ritualistamente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio . De allí que la del instituto en cuestión debe efectuarse con un criterio de prudencia y más aún cuando, atento el tiempo transcurrido, su declaración puede producir la pérdida del derecho sustancial.( De la disidencia del Dr. Erbetta a la que adhiere el Dr. Netri)
Recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, jubilaciones, aplicación de la ley, leyes, aplicación temporal de la ley, Estado Provincial, emergencia previsional, régimen de consolidación de deudas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Caesar Rey y Ordoñez, Concepción Sylvia c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente  de apremio (Expte CSJ Nº 322-98) Liberatore, Eustaquio Reynaldo Damian c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio (Expte. CSJ Nº 321-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-19|1999-05-05

El argumento de la pérdida de vigencia de la ley de emergencia previsional (ley 11373) sustentado por la actora, resulta más aparente que real, porque la ley pone una fecha de corte y, de allí en más, consolida (artículo 3) o sujeta a un régimen especial de cancelación (artículo 4) los supuestos en ella comprendidos, y mal podría pensarse que esos sistemas de cancelación, presupuestados a más de diez años vista, fueran a caer automáticamente con el cese de la emergencia, avizorado por la ley para un término palmariamente inferior (aun considerando las posibilidades de prórroga). Ello importaría, por autocontradictorio, avalar la hipótesis de un absurdo que, decididamente, no puede presumirse perseguido por el legislador.
Defensa del consumidor, información al consumidor, oferta al consumidor, obligaciones del oferente
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ocean Villagew Resort S.A c/ Secretaría de Comercio e Inversiones Disp. DNCI. 1020/99
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

La ley 24.240 dispone, bajo pena de nulidad, que en las operaciones a crédito se deben consignar expresa y claramente determinadas condiciones que se enumeran, con la finalidad de que tanto el consumidor como el proveedor dispongan de reglas claras para obrar en consecuencia.