Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-21


ALISIO, Ives Guillermo contra CIRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO Reg.: A y S t 211 p 244-246.

Santa Fe, 21 de diciembre del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el apoderado de la demandada contra la resolución 173 del 6 de junio de 2005, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad en autos "ALISIO, Ives Guillermo contra CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO -Amparo- (Expte. 97/05)" (Expte. C.S.J. nro. 346, año 2005); y, CONSIDERANDO: 1. Por auto 173 del 6 de junio de 2005 la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad dispuso que la Comisión Directiva de la demandada "...convoque en el menor tiempo posible a una Asamblea Extraordinaria que deberá tratar el recurso de apelación interpuesto por el amparista en el expediente N 65/03" y que se reserven las "...actuaciones en Secretaría hasta tanto se conozca lo decidido por el órgano societario" (fs. 6 y 6 vta.).

Contra dicho pronunciamiento, el representante de la demandada dedujo recurso de inconstitucionalidad fundado en el artículo 1 inciso 3 de la ley 7055 (fs. 9/20).

En el memorial recursivo, además de efectuar un relato sobre los antecedentes de la causa, alega que estaban cumplidos los recaudos estrictamente formales de la vía intentada.

Señala que si bien la Sala a quo reseñó correctamente las pretensiones de la amparista -tales, la anulación de la resolución del Tribunal de Honor y la declaración de inconstitucionalidad del Reglamento de la Actividad científica-, omitió expedirse sobre aquéllas.

Luego, el impugnante precisa que a pesar de que el A quo consideró que el actor no se había sometido al procedimiento reglamentario de la actividad científica y con ello dio lugar a la intervención del Tribunal de Honor, concluye dogmáticamente -a su criterio- que la negación de todo derecho impugnativo devenía irrazonable.

En esa línea, el compareciente ataca el decisorio en cuanto se sostuvo que la sanción tenía que ser revisable, bien sea en sede administrativa o en vía judicial.

Empero -destaca- el Oficio no tuvo en cuenta que el artículo 29 del Estatuto del Círculo Odontológico Santafesino impide la apelación de la suspensión, y que tampoco la revisó judicialmente en este amparo como pretendía la contraria.

También el recurrente cuestiona que en la resolución dictada se haya dispuesto la "reserva" de las actuaciones, decisión que contradice disposiciones estatutarias -que no habían sido motivo de acción judicial- y las reglas del debido proceso.

Manifiesta que la Sala anticipó indebidamente opinión sobre las disposiciones reglamentarias involucradas, sobre las actividades que despliega la Asociación demandada y sobre la actuación del amparista en las Jornadas que dieron motivo a su sanción.

El impugnante indica que el Tribunal ordenó a la Comisión Directiva convocar a una Asamblea Extraordinaria en forma contraria al artículo 73 inciso d) del Estatuto Social, afectándose así los derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso legal.

A su vez, alega que el fallo vulneró "...el derecho de la asociación a tomar las decisiones institucionales por medio de sus órganos estatutarios, obligándola a una conducta que ni la ley, ni los reglamentos la obligan, configurando la violación del derecho constitucional de reserva (art. 19 in fine C.N.)" (f. 17 vta.).

Sintetiza que el pronunciamiento en crisis incurrió en las siguientes causales de arbitrariedad: haberse sustentado en afirmaciones dogmáticas, haber prescindido de normas aplicables sin razón plausible y haber resuelto excediendo las pretensiones de las partes.

El A quo denegó el recurso de inconstitucionalidad por entender que la decisión impugnada no es definitiva (f. 32).

Contra tal denegatoria, la demandada dedujo queja (fs. 36/43).

2. Ciertamente, tal como lo afirma el Tribunal a quo en oportunidad de efectuar el análisis de admisibilidad que prevé el artículo 6 de la ley 7055, la resolución cuestionada carece del recaudo de definitividad requerido por el artículo 1 de dicha norma.

En efecto, el referido canon limita la apertura del recurso extraordinario local a los casos en que se impugnan "...sentencias definitivas dictadas en juicio que no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación ...".

En tal sentido, es dable poner de relieve que resulta ser posición pacíficamente aceptada, tanto por esta Corte como por el máximo Tribunal, que corresponde atribuir tal carácter a las decisiones que si bien no ponen fin al pleito en cuanto a la controversia de fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (en tal sentido C.S.J.N. Fallos 308:1832; C.S.J. de Santa Fe, A. y S. T. 70, pág. 136; T.

92, pág. 416, T. 97, pág. 197; T. 107, pág. 149; T. 120, pág. 309 y 320, entre muchos otros).

Y también corresponde señalar que con lo expresado en el recurso de queja (f. 39 vta.), el compareciente no logra rebatir el óbice indicado en el auto denegatorio, no demostrando la concurrencia de irreparabilidad del gravamen, que eventualmente podía autorizar el franqueamiento de la vía extraordinaria.

Conforme a lo expresado, la decisión cuestionada no puede constituirse en objeto procesal de la referida impugnación extraordinaria, por no ser una sentencia definitiva ni auto interlocutorio con las características prescriptas en el aludido artículo 1 de la ley pertinente, desde que se trata de un auto que sólo dispone que un órgano social convoque a una Asamblea Extraordinaria para tratar el recurso contra una sanción, que no decide sobre el fondo del litigio ni pone fin al juicio ni impide su continuación.

En suma, la apertura del recurso de inconstitucionalidad no encuentra apoyatura suficiente, correspondiendo en consecuencia, denegar el remedio deducido.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la recurrente el depósito efectuado.

(art. 8, ley 7055).

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: VIGO-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)