Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-12-14


TRENTIN, Marcelo César contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 211 p 173-174.

Santa Fe, 14 de diciembre del año 2.005.

VISTOS: los autos "TRENTÍN, Marcelo César contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C. S. J. Nro. 218, año 1993); y, CONSIDERANDO: 1. Sucintamente expresados los hechos que motivan la presente incidencia resultan los siguientes.

A fojas 329/331 la demandada acusó la perención de instancia en la presentes actuaciones con fundamento en que no se realizaron actos procesales entre el 17.09.01 - fecha en que se acompañó boleta de iniciación de juicio- y el 02.09.02 -solicitud de designación de ternas periciales-.

Corrido el pertinente traslado, la actora solicitó el rechazo de la caducidad interpuesta (fs. 334/335).

Dijo que si bien transcurrió el término establecido por el artículo 63 de la ley 4106, concurren en el caso las circunstancias valoradas en el precedente "Martínez", donde se rechazó un planteo similar al actual.

Expresó, en tren de justificar su posición, que esas 'diversas particularidades' refieren a: que se trata de una prueba decisiva, la demora obedece a un órgano del Estado, la materia es laboral y se ha instado la producción de la prueba en un número de veces mayor a la constatada en aquél antecedente.

2. Habrá de declararse la perención de la instancia.

Se encuentran cumplidos en autos los requisitos que, de manera objetiva, hacen viable la declaración de caducidad, esto es, el transcurso del tiempo estipulado por el artículo 63 de la ley 4.106 y la inactividad procesal de la parte.

En efecto, desde el 17.09.01 -en la hipótesis más favorable a la accionante-, oportunidad en la que se cumplimentó con lo dispuesto en la ley 10.244, hasta el 02.09.02, cuando peticionó la conformación de ternas periciales, transcurrió holgadamente el plazo previsto en la norma citada precedentemente.

Así entenderlo importa disentir con la postura de la parte actora basada en la similitud del presente caso con lo resuelto en autos "Martínez" (A. y S., T. 94, pág. 48) toda vez que claramente las situaciones fácticas ventiladas en una y otra incidencia son diferentes.

Efectivamente, en aquéllos caratulados la inactividad de la parte se originó cuando al reiterarse por tercera vez un oficio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, ésta contestó que procedería a diligenciarlo en cuanto tuviese la información necesaria en su poder; prueba, que además, se consideró decisiva para la suerte del litigio. Dicha situación, por el contrario, no se configura en la especie, por cuanto la actora ante la no aceptación de los peritos sorteados del cargo respectivo contaba con los medios legales para mantener viva la instancia. Es que ante los supuestos en que una concreta actividad deba cumplirla algún otro sujeto del proceso o un tercero, basta que se inste su producción y se utilicen los remedios legales para que el proceso continúe a fin de evitar la parálisis sancionada con la caducidad (Cfr. "Gras", A. y S., T. 179, pág.

302).

En idéntico sentido, reiteradamente ha expresado esta Corte que "no constituye óbice para la declaración de perención de instancia la circunstancia de que la demora verificada en autos esté referida a la realización de una prueba, porque incumbe a la parte arbitrar lo necesario para que las diligencias se practiquen, aún reclamando a las autoridades encargadas de recibirlas que lo hagan en tiempo" ("Consejos de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe", A. y S., T. 118, págs. 411/413).

Asimismo, y también a diferencia de lo resuelto in re "Martínez", debe resaltarse que en el caso la demora en la producción de la prueba no resulta imputable a un órgano de la Administración, antes bien, -y como se adelantara- le correspondía a la parte instar su realización.

Por lo demás, corresponde reiterar que "la regulación que del instituto de la caducidad de la instancia contencioso administrativa efectúa la ley 4106, al poner en cabeza del actor la carga de instar el proceso a los fines de evitar la caducidad -al margen de la conducta procesal de (la) contraparte y (del) órgano jurisdiccional- no lesiona 'prima facie' ni el principio de igualdad ni las reglas del debido proceso. Por el contrario, obedece a la consideración del específico interés público que- además del genérico que contempla el instituto- se encuentra comprometido en esta materia, vinculado a la naturaleza del control de legitimidad de los actos administrativos que en ellos se ejerce, y a la consiguiente necesidad de que cese cuanto antes la inquietud o situación de interinidad que en la marcha y desenvolvimiento de la actividad administrativa implica toda impugnación a su gestión" ("Veiga", A. y S, T. 116, pág. 224).

Por todo lo expuesto, y lo dispuesto en el artículo 87 de la ley 4106, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Declarar que en estos autos se ha producido la caducidad de instancia. Costas a la parte actora.

Regístrese y hágase saber.

Fdo.: GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)