Honorarios, aplicación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE  DE  REGULACION  DE  HONRARIOS  DE  LOS PERITOS ARQUITECTOS CARLOS PATERNO Y RODOLFO MARTINEZ PAZ EN: SALVAI JOSE L. c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA  E.P.E.C. s/ ORDINARIO - HONORARIOS DE PERITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-15

El principio de irrectroactividad normativa (art. 3 C.C.), justifica que la demandada soporte las costas del perito de control de la actora, pues tal era el régimen general vigente a la fecha de ofrecimiento y diligenciamiento de esa prueba (art. 356 y 268 in fine C.P.C.), que es cuando nació el derecho de retribución del experto, aunque su exigibilidad pudiera estar diferida hasta el dictado de la sentencia. Correlativamente, también nació entonces (principio de consumo jurídico) la regla definitiva de la identidad del obligado (quien llegase a ser el deudor de las costas generales del juicio) aunque pudiese no estar todavía específicamente individualizada (indeterminación provisoria) por desconocerse quién llegaría a ser el vencido en la litis.

Sólo a partir de la vigencia de lo dispuesto por el art. 47, inc. 2 ley 8226, es objetivamente previsible para el proponente de perito de control que deberá asumir sus honorarios, con prescindencia del resultado del pleito y de la decisión sobre costas. Una solución contraria vulneraría no sólo el derecho de propiedad del vencedor en el juicio (art. 17 Constitución Nacional), pues ese derecho quedó integrado con la no asunción de un pasivo cuya carga ha sido modificada por una ley entonces inexistente, sino también el derecho de defensa en juicio. En efecto, la estrategia y decisiones procesales sólo pueden adoptarse en función de un régimen normativo coetáneo y no por otro sobreviniente.

No se está ante una causa "pendiente de regulación", en el sentido previsto en el art. 120, ley 8226, pues en el caso , se efectuó la regulación correspondiente a alguno de los auxiliares de la justicia. La circunstancia de haberse omitido la de otros, no altera dicha conclusión (que inhibe la aplicación de la ley 8226, acorde con la previsión de su art. 120). Es que la pendencia o no de la regulación es una condición valorable indivisiblemente para todos los auxiliares de justicia; basta que haya regulación para algunos para que no exista pendencia regulatoria y para que se instrumente la ley coetánea con el fallo a todos los honorarios de los auxiliares que han desplegado su labor en el juicio. De lo contrario se lesionaría gravemente el principio de igualdad ante la ley.

Considerar aplicable la ley 8226, por faltar la regulación de honorarios, sería francamente inconstitucional. En efecto, la decisión regulatoria es puramente "declarativa" se limita a reconocer un derecho preexistente y, en su caso, a fijar su alcance cuantitativo y a permitir su realización contra el deudor. Rige allí el principio del "consumo jurídico", pues los hechos pasados (la prestación de los servicios profesionales) han agotado ya toda la virtualidad que les es propia. El profesional tiene un derecho ya adquirido y perfecto, que no puede ser mutilado por la nueva ley, en cuanto a ello importaría una retroactividad lesiva del derecho de propiedad, amparado constitucionalmente (art. 17 Const. Nac.) en franca transgresión del principio general que establece el art. 3 C C., que prevalece sobre cualquier modificación que pueda resultar de una ley provincial (art. 31 Const. Nac.).-