Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-25


nos Aires, 25 de agosto de 2006.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver los recursos de apelación interpuestos por la Sra. Defensora Oficial, a cargo de la asistencia técnica de Alfredo N. Quiroga, a fs. 124/131; y por la Rosana Verónica Gatto, a cargo de la defensa de Pablo Martín Rosas, a fs. 119, de esta causa Nº 20281-01-CC/2006, caratulada "Quiroga, Alfredo N. y Rosas, Pablo M. s/ Infracción art. 189 bis CP", contra la decisión obrante a fs. 90/94 que resolvió decretar la prisión preventiva de los imputados.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que el presente legajo se inicia con las actuaciones prevencionales obrantes a fs. 1/69. Ellas darían cuenta que el día 7/7/2006 el agente Carlos Alberto Aguirre, alrededor de las 19:40 horas, ocasión en que se encontraba recorriendo el radio jurisdiccional con fines de prevención, observó la presencia de dos personas del sexo masculino, quienes merodeaban la zona comercial y bancaria de la Avenida Entre Ríos a la altura 1100, por lo que el preventor decidió interceptarlos con el objeto de identificarlos. Dicha circunstancia tuvo lugar cuando los sujetos se dirigieron a un vehículo de alquiler, y en el momento que iban a ascender fueron detenidos por la voz de alto. En ese instante, uno de los masculinos extrajo un revolver calibre 32 con inscripción "El Gigante" de color negro con cachas de madera, conteniendo en su tambor seis cartuchos de bala, que portaba a la altura de la cintura, arrojándolo en el interior del automóvil mientras el otro individuo intentaba distraerlo (ver fs. 6/7vta.). Asimismo, los sujetos solicitaron la ayuda del chofer del taxímetro, aparentemente en apoyo de aquéllos, quien no respondió a sus requerimientos. A raíz de ello, solicitó la presencia de dos testigos, labrándose la lectura de derechos y garantías, quienes refirieron ser Alberto Domingo Fernández, Pablo Martín Rosas y Alfredo Norberto Quiroga. Finalmente, se secuestró el arma y los cartuchos, con consulta y por disposición de la Sra. Fiscal intervinient e, María Valeria Massaglia.

II.- Que a fs. 72/vta, 74/vta, y 76/vta., con fecha 8/7/2006, los imputados prestaron declaración a tenor del art. 41 de la ley 12, en virtud de lo dispuesto por el art. 56 inc. 1º, segundo párrafo del mismo cuerpo normativo, por la presunta comisión del delito previsto en el art. 189 bis inc. 2do., párr. 3 del CP del Código Penal (texto conforme ley 25.886).

III.- Que a fs. 77/vta. se resuelve archivar las actuaciones respecto de Alberto Domingo Fernández.

IV.- Que a fs. 80/vta., la Sra. Fiscal de primera instancia requirió al órgano jurisdiccional el dictado de la prisión preventiva del imputado Quiroga -quien aparentemente portaba el arma- fundamentando dicha solicitud en que: a) los antecedentes que registra el encartado determinan que la eventual pena a imponer, en caso de recaer sentencia condenatoria, pueda ser de cumplimiento efectivo; b) la circunstancia de haberse encontrado, en ocasión de iniciarse el presente proceso, gozando del beneficio de la libertad condicional demuestran la imposibilidad de confiar en la voluntaria sujeción del imputado al proceso; c) el acontecimiento de haber sido sorprendido portando un arma de fuego cargada en una zona comercial y dentro de un horario altamente concurrido. Tales circunstancias hacen presumir que en caso de recuperar su libertad intentará eludir la acción de la justicia.

V.- Que a fs. 81/2, la Sra. Fiscal requirió al Juez a quo el dictado de la prisión preventiva del imputado Rosas fundamentando dicha solicitud en que: a) si bien el encartado no tenía el arma en su poder, el ilícito en cuestión puede cometerse en forma compartida, conociendo su existencia dentro de la dinámica delictiva, y la disponibilidad indistinta del arma.; b) la portación importa el traslado del arma de un lugar a otro y conforme el plexo probatorio reunido en autos dicha circunstancia se encuentra establecida; c) los antecedentes condenatorios que registra el incuso también determinan que la eventual pena a imponer pueda ser de cumplimiento efectivo. Dichas circunstancias hacen presumir que, en caso de recuperar su libertad, intentará eludir la acción de la justicia o por lo menos entorpecer el curso de las investigaciones.

VI.- Que a fs. 93/97vta. el Sr. Juez de grado, Guillermo Morosi, resolvió acoger la petición fiscal, decretando: 1) convalidar el secuestro de los efectos incautados en autos; 2) dictar la prisión preventiva de Pablo Martín Rosas y Alfredo Norberto Quiroga y, 3) trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de dos mil pesos ($ 2000) cada uno.

Para así decidir entendió, en primer lugar y por las razones que detalla, que se encontraban reunidos en autos los extremos de convicción suficientes para considerar que se había acreditado -prima facie- la comisión del hecho endilgado, y si bien los incusos simulaban caminar por separado observaban insistentemente los comercios y pertenencias de los transeúntes que pasaban por el lugar y los que operaban en los cajeros bancarios. Asimismo, agregó que los imputados se unieron y cruzaron juntos en dos oportunidades por lo que el arma se encontraba en disponibilidad inmediata respecto de ambos imputados, tal como lo ilustra el croquis de fs. 13 (fs 11 de los autos principales).

Por otro lado, consideró que el procedimiento policial no merece objeciones por lo que debe convalidarse el secuestro del arma de fuego y demás elementos incautados.

Respecto del dictado de la prisión preventiva, señaló que Pablo Martín Rosas registra una condena de dos años de prisión en suspenso por el delito de robo con escalamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 de fecha 25/10/1999; y otra condena firme de cinco años y seis meses de prisión por el delito de robo calificado por uso de arma de guerra y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza de fecha 21/12/2001.

Por su parte, Alfredo Norberto Quiroga registra una condena firme dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 21, con fecha 9/2/2004, a la pena de dos años de prisión por el delito de portación de arma de uso civil en concurso real con el delito de encubrimiento agravado, sanción que se unificó a la pena de seis años de prisión dictada el 14/4/2003 por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 28 por los delitos de robo agravado por el uso de armas y robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa -ambos en concurso real-, encontrándose actualmente el nombrado cumpliendo con el régimen progresivo de la pena, gozando de salidas transitorias.

Por último, agregó que la circunstancia de que los incoados hayan sido sorprendidos frente a la presunta comisión de un nuevo delito, demuestran su escasa contracción al ordenamiento jurídico vigente, lo que constituye una pauta objetiva del riesgo de fuga que implicaría su soltura, aunado a que, en caso de recaer sentencia condenatoria, aquélla sería de efectivo cumplimiento para ambos encartados.

VII.- Que a fs. 122 la Rosana Verónica Gatto interpone recurso de apelación contra la resolución ut supra, en carácter de defensora de Pablo Martín Rosas, quien a fs. 123 solicita la designación en dicho cargo conjuntamente con el Lorenzo Antonio Fraiese. Fundamenta su petición en que su ahijado procesal no tenía en su poder el arma secuestrada en autos, discrepando con la teoría de la portación compartida.

VIII.- Que a fs. 121/128, se agrega el recurso de apelación presentado por la Sra. Defensor Oficial, Patricia B. López, a cargo de la asistencia técnica del imputado Alfredo Quiroga, quien sostiene que el remedio procesal intentado resulta formalmente admisible en virtud de los arts. 61 inc. 1 y 57 inc. 5 LPC. En su escrito argumenta que el Sr. Juez de grado no ha fundado debidamente el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación que exige el art. 319 del CPPN y el art. 57 inc. 5º LPC y, con cita de jurisprudencia, afirma que la simple posibilidad de una condena de efectivo cumplimiento en abstracto no autoriza a presumir tales supuestos. Asimismo, resalta que la existencia de antecedentes condenatorios no puede resultar argumento suficiente para rechazar la excarcelación, y los caracteres de provisoriedad y subsidiariedad de la prisión preventiva deben aplicarse en casos donde no exista la posibilidad de aplicar ninguna caución a fin de garantizar el proceso. Finalmente, argumenta que la resolución en crisis viola el principio de inocencia, pues la eventual sentencia condenatoria a imponérsele a su asistido constituye un prejuzgamiento sobre su culpabilidad. Por último, hace reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia y del caso federal.

IX.- Que a fs. 133/137vta luce copia el recurso de apelación presentado por el Sr. Defensor Oficial, Mariano Luis Bertelotti, a cargo de la asistencia técnica de Pablo Martín Rosas, quien, previo a desarrollar los antecedentes del caso y admisibilidad del remedio procesal intentado, refiere que no se encuentran reunidos en autos elementos de convicción suficiente para estimar la existencia del hecho investigado y la participación de su asistido en el evento en cuestión. En este sentido, afirma que: 1) no se ha demostrado aún la ilegalidad del arma, ni la aptitud para el disparo. 2) El testimonio aislado del agente policial interviniente no alcanza para fundar el dictado de la medida cautelar cuestionada respecto de su ahijado procesal. Así, sostiene que de la declaración del Sargento Aguirre no surge que Rosas portara el arma secuestrada o que intentara deshacerse de ella, siendo el otro encartado quien la extrajo de su cintura y la arrojó al interior del automóvil de alquiler. 3) Cuestiona la posibilidad de disponibilidad del arma por parte de su asistido cuando los aquí imputados no se hallaban juntos físicamente. En este sentido, discrepa que en el delito investigado quepa la posibilidad de compartirse la conducta, por lo que no pueden dos sujetos al mismo tiempo tener la disponibilidad inmediata de un objeto, cuando sólo uno de ellos lo detentaba baj o su esfera de custodia. Al respecto, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y de la Cámara Federal de Apelaciones del mismo fuero. 4) Finalmente, sostiene que la sola existencia de antecedentes condenatorios no constituye prueba suficiente para acreditar un peligro procesal de fuga, considerando que el imputado Rosas reside en el domicilio que aportara en autos desde hace veinte años. Argumenta su petición con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

X.- Que a fs. 140 acepta el cargo la Rosana Verónica Gatto como letrada defensora de Pablo Martín Rosas.

X.- Que a fs. 141/142vta. el Magistrado de Grado resuelve: 1) no tratar el recurso de apelación interpuesto por el cotitular de la Defensoría Oficial nº 4, 2) conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Pablo Martín Rosas, y 3) conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alfredo N. Quiroga.

XII.- Que a fs. 147/148 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara postulando que corresponde confirmar la resolución en crisis, y, a fs. 158/160, la Sra. Defensora Oficial, al evacuar la nueva vista conferida, mantiene sus agravios contra la decisión impugnada solicitando su revocación y la inmediata libertad de su asistido Quiroga, y reserva de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, la defensa particular de Rosas no presentó escrito alguno al corrérsele el traslado ordenado a fs. 153.

XII.- Que a fs.161 pasan los autos a resolver.

Los Dres. Marcelo P. Vázquez y Elizabeth Marum dijeron:

PRIMERA CUESTION:

En primer lugar corresponde afirmar que los recursos bajo examen han sido correctamente concedidos por el Magistrado de Grado desde el momento en que han sido interpuestos en la forma y plazo legalmente establecidos y contra una decisión expresamente impugnable (art. 57 inc. 5 ley 1287 modificada por ley 1330). Asimismo, en atención a la falta de fundamentación del escrito presentado por la Rosana V. Gatto a fs. 119 -a cargo de la asistencia de Pablo Martín Rosas-, y con el objeto de garantizar un debido ejercicio del derecho de defensa en juicio, corresponder admitir el remedio procesal intentado por el Sr. Defensor Oficial, Mariano Bertelotti, obrante a fs. 133/137vta, máxime teniendo en cuenta que la letrada particular aceptó el cargo con posterioridad a la presentación del recurso presentado por la defensa oficial.

SEGUNDA CUESTION:

Sentado lo anterior corresponde dejar en claro que el Tribunal comparte el desarrollo argumental formulado genéricamente por los Sres. Defensores tendiente a demostrar que en el diseño constitucional de nuestro proceso penal, las medidas cautelares restrictivas de la libertad tienen carácter excepcional encontrando única justificación legítima en la necesidad de asegurar la realización de sus fines. En efecto, se ha afirmado que es un punto de partida indiscutible que repugna al Estado de Derecho anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal (Cafferata Nores, La excarcelación, ed. Lerner, Córdoba-Buenos Aires, 1977, p. 24). Sin embargo, ello no impide el empleo de medios de coerción procesal, con carácter excepcional, que no se encuentran vinculados a los fines que persigue el uso de la fuerza pública en el derecho material, sino a otros fines: correcta averiguación de la verdad y actuación de la ley penal; es decir en el peligro de fuga del imputado o en el peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad (Maier, ob. cit., p. 514/16).

En relación a ello y legitimando la prisión preventiva durante el proceso con los restringidos fines señalados, Winfried Hassemer sostiene la posibilidad jurídica de detener a una persona y mantenerla en prisión con relación a un hecho respecto del cual no ha sido declarada culpable, sobre la base de ciertas condiciones: la ejecución de un procedimiento en presencia y el aseguramiento de la consecuencia penal pueden fundamentar necesariamente una detención por fuga o peligro de fuga; y por peligro de obstrucción de la averiguación de la verdad; pues de otro modo estos presupuestos no serían realizables. Ello así siempre que exista sospecha del hecho, porque ésta es la que hace nacer la posibilidad de medidas de coerción procesal penal (Crítica al Derecho Penal de hoy, ed. Ad Hoc, Bs. As., 1995, p. 115/23) Conforme con lo expuesto, el art. 57 inc. 3 de la ley 1287 -modificada por ley 1330- establece que la prisión preventiva procede cuando al delito investigado corresponda pena privativa de libertad y exista peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación y se reúnan los elementos de convicción suficientes para estimar que existe el hecho delictivo y que el imputado es autor o partícipe del mismo.

Sentado ello, se procederá a analizar por separado la situación de cada uno de los imputados.

A) Situación procesal de Alfredo Norberto Quiroga.

Con relación a Quiroga, debe decirse que el auto atacado hace mérito de la participación del imputado en el hecho objeto del proceso (fs. 90/97 punto C), aunque la circunstancia de no constituir ello materia de agravio inhibe a esta Alzada de efectuar alusión alguna más allá de la constatación de su debida observancia.

Respecto de las restantes exigencias legales, en el presente caso la conducta prima facie endilgada al imputado, tanto en oportunidad en que se le recibiera declaración a tenor del art. 41 de la ley 12 -virtud de lo dispuesto por el art. 56 inc. 1º de la misma normativa-, como en el dictado del auto de prisión preventiva, es -en principio- provisoriamente calificado por el Juez a quo la prevista en el art. 189 bis inc. 2do., párr. 3 del CP (texto conforme ley 25.886). En primer lugar, cabe destacar que Quiroga registra una condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 28 en la causa nº 1418 de fecha 14/5/2003, a la pena de seis años de prisión en orden al delito de robo agravado por el uso de armas y robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa, ambos en concurso real. Asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal nº 21 en la causa nº 1629, por sentencia firme de fecha 9/2/2004, lo condenó a la pena de dos años de prisión en orden al delito de portación de arma de uso civil sin la debida autorización en concurso real con encubrimiento agravado, y a la pena única de seis años de prisión, comprensiva entre la mencionada anteriormente y la dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 28. Finalmente, el Juzgado Nacional de Ejecución Penal nº 3, con fecha 28/2/2006 le concedió el beneficio de salidas transitorias, y actualmente se encuentra en trámite su pedido de libertad condicional (ver fs. 89).

Ahora bien, las razones apuntadas constituyen indudablemente pautas objetivas suficientes para considerar que se da en el caso la excepción que admite la restricción de la libertad del imputado, es decir el peligro de fuga exigido por el art. 57 inc. 3 ley cit. Cabe destacar que, al momento de ser detenido, el imputado se encontraba gozando del beneficio de salidas transitorias, aunado a las sentencias condenatorias que registra el encartado por delitos contra la propiedad mediante la utilización de armas de fuego. Tales circunstancias constituyen elementos idóneos para efectuar un pronóstico negativo en cuanto al eventual cumplimiento de sus obligaciones procesales futuras, estimando, en consecuencia, que en caso de recuperar su libertad ambulatoria el incoado podría intentar eludir la acción de la justicia; pues la situación precedentemente expuesta, por sí sola, justifica el dictado de la medida cautelar (conf. causa nº 05-00-CC/2005 "Díaz, David Domingo s/inf. al art. 189 bis del CP", rta. el 10/2/2005).

B) Situación procesal de Pablo Martín Rosas.

Con relación a la participación del encartado Rosas en el suceso investigado, debe decirse que el auto atacado hace mérito de la participación del imputado en el hecho objeto del proceso, con el grado de probabilidad suficiente para esta etapa procesal (punto C de la resolución obrante a fs. 93/97vta). Como señala el Sr. Juez de grado, es dable mencionar que si bien el sujeto que detentaba corporalmente el arma era el otro encartado, es decir, Alfredo Quiroga, ambos imputados se desplazaban en forma coordinada, siendo detenidos mientras se encontraban uno al lado del otro, alternando lapsos en los que lo hacían distanciados por tan sólo unos metros, lo que permite aseverar con las exigencias propias de este estadio del proceso que ambos tenían la disponibilidad inmediata del arma secuestrada en autos. En este sentido, y respecto a la calificación legal provisoria propiciada -portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal-, el defensor discrepa con la posibilidad de una portación de arma compartida por entender que dos sujetos no pueden al mismo tiempo tener la disponibilidad inmediata de un objeto. Cita, a tal fin, jurisprudencia que requiere para la configuración de este delito, llevarla corporalmente. Sin embargo, la portación se ha definido como la acción de disponer en lugar público o de acceso público -o lugar privado que no sea el propio- de un arma cargada o en condiciones de uso inmediato, pues es la disponibilidad inmediata, ya sea por uno u otro imputado, de uso propio y efectivo del arma, lo que permite subsumir la conducta en dicha figura. Por ello, no corresponde descartar la posibilidad fáctica y jurídica de una portación compartida, pues el delito no requiere un vínculo corporal con el arma, es decir, que el autor la lleve sobre sí en el cuerpo o en la mano, alcanzando con el conocimiento de su existencia y la posibilidad de disposición.

Por otro lado, cabe agregar que provisoriamente se puede inferir que ninguno de los encartados cuenta con autorización para portar armas de fuego, puesto que no acreditaron estar registrados o habilitados para tal fin y siendo requisito indispensable para tal efecto según las disposiciones del RENAR (Formulario Ley 23.979) la inexistencia de antecedentes penales, acontecimiento que no se verifica en tanto la existencia de sentencias condenatorias respecto de ambos incusos les habría impedido obtener dicha autorización.

En relación al planteo del Sr. Defensor Oficial en cuanto a que no se ha demostrado la aptitud del arma para el disparo, cabe mencionar, como sostiene el Sr. Magistrado de Grado, que el arma en cuestión se encontraba cargada con seis cartuchos en el tambor, cuya idoneidad no ha sido descartada aún (ver fs.30), sin perjuicio de las conclusiones que surjan del informe de la División Balística de la Policía Federal Argentina, que fuera ordenado a fs. 60.

Respecto de las restantes exigencias legales, cabe destacar que Rosas registra una condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal nº 18 en la causa nº 680 de fecha 25/10/1999, a la pena de dos años de prisión en suspenso en orden al delito de robo agravado por escalamiento. Asimismo, el Tribunal en lo Criminal nº 4 del Departamento Judicial de La Matanza en la causa nº 105, por sentencia de fecha 21/12/2001, condenó a Pablo Martín Rosas a la pena de cinco años y seis meses de prisión en orden al delito de robo calificado por el uso de arma de guerra y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, otorgándosele la libertad condicional el 6/1/2004. El vencimiento de la pena impuesta operó el día 27/8/2005.

Ahora bien, las razones apuntadas constituyen indudablemente pautas objetivas suficientes para considerar que se da en el caso la excepción que admite la restricción de la libertad del imputado, es decir, el peligro de fuga exigido por el art. 57 inc. 3 ley cit. Cabe considerar que ante el hipotético caso de recaer sentencia condenatoria, en atención a los antecedentes que registra el encartado, amén de habérselo condenado por delitos contra la propiedad mediante la utilización de armas, aquélla sería de efectivo cumplimiento. Tal circunstancia constituye a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal (Causa nº 215-00-CC/2004 Kurilj o Kuril O Kurilj Anchorot, Gonzalo Néstor s/ infracción al art. 189 bis CP, rta., el 2/8/2004, entre otros), indudable pauta objetiva suficiente para considerar que se da en el caso la excepción que admite la restricción de la libertad del imputado. No empaña ello el mero hecho de que, al momento de ser detenido, el Sr. Rosas no haya mentido acerca de su identidad o domicilio, pues la situación precedentemente expuesta, por sí sola, justifica el dictado de la medida privativa de la libertad.

El José Sáez Capél dijo:

PRIMERA CUESTION:

En relación a la admisibilidad de la vía recursiva intentada adhiero al voto que antecede.

SEGUNDA CUESTION:

En lo atinente a la situación procesal del imputado Alfredo Norberto Quiroga comparto los argumentos de los colegas preopinantes.

Ahora bien, en relación al encartado Pablo Martín Rosas, coincido con la defensa pública en que no se encuentran reunidos en autos elementos de convicción suficiente para estimar la existencia del hecho investigado y la participación de su asistido en el evento en cuestión.

Ello así por cuanto autor es quien domina el hecho, retiene en sus manos el curso causal, puede decidir sobre el si y el cómo o -mas brevemente dicho- quien puede decidir la configuración central del acontecimiento, tal circunstancia no se configura por parte del accionar de Pablo Martín Rosas.

Sobre esta base, y de las probanzas recolectadas en la causa con el grado de probabilidad para esta etapa procesal, este imputado no tenía en su poder el arma secuestrada, ni tuvo la posibilidad de disponer de aquélla, en atención a que la detentaba corporalmente el otro individuo, por lo que difícilmente pueda realizar la conducta reprochada.

En este sentido, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, ha expresado que "es prematuro el procesamiento del incuso en orden al delito de portación de arma de uso civil, si no se acreditó que él fuera uno de quienes llevaba consigo un arma de fuego y ésta no fue incautada en su poder. A diferencia de la tenencia, la portación no es susceptible de ser compartida, pues si bien la primera sólo implica contar con la posibilidad de disponer de tal objeto, la segunda requiere llevarla corporalmente y en condicional inmediatas de uso" (Sala VI, causa nº 19166 "Cela Días, Rául Claver", rta. el 19/7/20002). Asimismo, se ha sostenido que "la portación compartida del arma secuestrada es incorrecta, dado que la misma naturaleza del concepto de portación es contrario a la posibilidad de que dicha acción sea compartida, y la portación de armas supone más que una mera tenencia, toda vez que implica llevar un arma en un lugar público en condiciones de uso. La portación de un arma de fuego requiere, para su configuración, que el causante lleve sobre sí tal objeto, en un lugar público y en condiciones de uso" (Sala I, causa nº 19.394 "Zotarez, Geraldine y otra" -voto del Donna-, rta. el 14/2/2003).

Si por portación de arma de fuego debe entenderse la acción de disponer de la misma de manera inmediata, es decir, porta quien lleva consigo, entre sus ropas, en su vehículo o en sus manos el arma; tales acontecimientos no se configuran en el caso de autos pues el encartado Rosas no tuvo la disponibilidad física de tal objeto por lo que no tuvo el dominio causal del suceso en cuestión.

Sobre las consideraciones mencionadss, y de acuerdo a lo dispuesto por los art. 309 del CPPN y art. 6 LPC, corresponde decretar la falta de mérito, sin perjuicio de proseguir con la investigación y, en consecuencia, disponer la inmediata libertad del incuso.

En razón de lo expuesto, voto por: I. Confirmar parcialmente el auto de fs. 90/94 en cuanto resuelve decretar la prisión preventiva de Alfredo Norberto Quiroga por considerarlo prima facie autor del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización. II. Declarar la falta de mérito respecto de Pablo Martín Rosas (art. 309 del CPPN y art. 6 LPC). III. Ordenar la inmediata libertad del nombrado.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de fs. 90/94, en cuanto resuelve DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA de PABLO MARTIN ROSAS y ALFREDO NORBERTO QUIROGA, por considerarlos prima facie, coautores del delito de PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN (Arts. 57 de la ley 12 según ley1287 modificada por ley 1330, 189 bis inc 2º, párr 3º CP) Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y devuélvase al Juzgado de origen, a sus efectos.

Ante mí:

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