Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-06-09


ACUERDO N° 35/2011: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los nueve días de junio del año dos mil once, se reúne en Acuerdo la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por los doctores ANTONIO G. LABATE y LELIA G. MARTÍNEZ DE CORVALÁN, con la intervención del señor Secretario, Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "BARRA, Guadalupe del Carmen S/ pto. hurto" (expte. n° 324 - Año 2009) del Registro de la Secretaría Penal.

ANTECEDENTES: Que por resolución nº 564/09 (fs. 110/112 vta.), el titular del Juzgado Correccional de la IV Circunscripción Judicial, Dr. Mariano Etcheto, resolvió, en lo aquí destacable, sobreseer a Guadalupe del Carmen Barra en orden al delito de encubrimiento por el que fuera llevado a juicio (art. 277, apartado 1, inciso "c" del C.P).

En contra tal resolución, el Sr. Fiscal de la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial Dr. Juan Pablo Balderrama interpuso recurso de casación (fs. 115/118 vta.).

El mismo fue admitido a trámite a través de la R.I. n° 62/10, (fs. 129/131).

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424 párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 138 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Llevado a cabo el pertinente sorteo, resultó que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dra. Lelia Graciela Martínez de Corvalán y Dr. Antonio G. Labate.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, la Sala se plantea las siguientes:

CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: I. En contra la resolución de sobreseimiento dictada por el Juzgado Correccional de Primera Instancia en todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Villa La Angostura, el Ministerio Público Fiscal interpuso el correspondiente recurso de casación.

Bajo el primer carril casatorio, sostiene que la decisión de la magistratura resulta contraria a los criterios del sentido común y lógica que rigen el proceso penal en nuestro sistema, habiéndose efectuado una errónea aplicación de la ley sustantiva en razón de las previsiones establecidas por el art. 301 inc. 3 del C.P.P al considerar que el hecho no encuadra en una figura legal.

Critica la falta de análisis en cuanto a la afectación del bien jurídico y la utilización de criterios de bagatela o insignificancia de un modo abstracto, sin colegirlo con las constancias del legajo.

Agrega, que no caben dudas que sin lesión o afectación no hay delito, pero cuando esa lesión resulta mínima no es posible afirmar que la conducta humana que lesionó de manera poco significante un bien jurídico, es atípica. Corresponde sí, decir que el grado de afectación respecto del bien jurídico que una conducta humana produzca, resultará parte del análisis que se desarrolle en lo que se da a llamar "culpabilidad" o mas modernamente "atribuibilidad", pues deberá considerarse -junto con otros elementos- ante la eventual necesidad de imposición de una pena, o desde un plano legal, al momento de observar y analizar las pautas mensurativas que nuestro ordenamiento posee (art. 26 y 41 del Código Penal).

Entiende que la decisión puesta en crisis, no ha efectuado ningún análisis que permita decir que la conducta de encubrimiento por "ocultación" no afecta el marco de protección que el art. 277 del Código Penal brinda, ni mucho menos ha comparado dicha afectación con el "efectivo entorpecimiento que su conducta generó en la investigación", que resulta del único modo en que puede afirmarse que no existió lesión, pues no se trata de evaluar simplemente, cual es el valor del elemento que ocultaba, ello es equívoco en relación con el ámbito de protección que posee el tipo penal previsto en el 277 del C.P.

Refiere que la decisión del A quo, interpreta en forma errónea la ley penal, violando en forma flagrante el principio de legalidad, utilizando el criterio de insignificancia, con el único propósito de evitar el acto más trascendente del derecho penal y procesal penal, que es la celebración de la audiencia de debate.

Indica finalmente, que la sola mención de los principios de celeridad, economía procesal y los costos que genera la realización de un debate para el Estado, resultan ilógicos desde que el presente legajo presenta su ingreso en la etapa correccional más de un año.

II.- A fs. 122/127, el Dr. Alejandro Tomás Gavernet, por entonces Defensor Oficial ante el Tribunal, presentó un escrito en el cual solicita el rechazo del recurso de casación presentado por la fiscalía.

A su entender, el recurso es improcedente porque: a) excedería las facultades impuestas por la normativa procesal (art. 417, inc. 1°, del C.P.P. y C.), b) se habrían incumplido requisitos formales ine-ludibles (no se habría formulado protesta de recurrir en casación), c) la facultad de casar la sentencia absolutoria constituiría una afectación a la garantía "non bis in idem" y al principio "pro homine", en tanto el Ministerio Público Fiscal tendría un afán meramente persecutorio (art. 18 de la C.N.).

Hizo reserva del caso federal. Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

III.- Que luego de analizado el recurso impretrado, la resolución cuestionada así como las demás constancias del legajo, soy de opinión -y así lo propongo al Acuerdo- que la casación deducida debe ser declarada procedente.

1) A Guadalupe del Carmen Barra se le atribuyó al momento de recepcionársele declaración indagatoria, que en fecha 1ro. de julio de 2007, siendo aproximadamente las 9:20 horas, en un pozo ciego ubicado en el interior del camping Municipal de la localidad de Piedra del Aguila, Departamento Collón Curá, Provincia del Neuquén, a una distancia de unos 9, 20 metros de la parte posterior de una vivienda habitada por ella, la nombrada ocultaba un estabilizador de corriente marca "Micromack Concept" de color gris y azul; elemento proveniente de un delito ejecutado por otro en el que no participó, a saber, el desapoderamiento ilegítimo perpetrado con fecha 29 de junio de 2007 en la escuela nro. 315, ubicada en la calle Almirante Brown de la misma localidad 2) En fecha 3 de julio del año 2008, el Fiscal, Dr. Juan Pablo Balderrama, requiere y de conformidad con la conducta recriminada a la encartada Barra, se eleven las actuaciones a juicio, calificando su obrar como encubrimiento, previsto y reprimido en el Art. 277 apartado 1, inciso c del Código Penal.

3) El 31 de octubre del año 2008 las partes ofrecen prueba, y luego de reiterados pedidos efectuados por el Ministerio Público a fin de que se disponga lo necesario para proceder a fijar audiencia de debate, es que, previa actualización de antecedentes se resuelve sobreseer a la encartada, en orden al delito de encubrimiento (Arts. 277, apartado 1, inciso "c" del C.P.) de acuerdo con las previsiones del art. 301 inciso 3º del CPPyC.

4) En resumidas cuentas, los argumentos del A quo se pueden sintetizar en: 1) no existen delitos insignificantes, sino que lo que reviste tal calidad, es el hecho concreto, 2) aún cuando el principio de insignificancia no cuente con sustento legal expreso, su aplicación se deduce de ciertos principios constitucionales; como ser última ratio, proporcionalidad mínima, racionalidad y lesividad, 3) en el caso de hechos nimios en donde no hay afectación cierta y relevante de bien jurídico alguno, la conducta será penalmente atípica.

5) Vale destacar que la resolución puesta en crisis, ninguna valoración hace respecto de la afectación o lesión del bien jurídico, al valor pecuniario del bien sustraído y luego hallado, de las circunstancias del delito precedente, etc.

Bajo tales parámetros, opino que la resolución por la cual se dispone el sobreseimiento de Barra Guadalupe por aplicación de la doctrina de la insignificancia es contraria a los criterios de la sana critica racional.

Conviene tener presente que la Cimera Corte Suprema ha dicho que en virtud de la facultad que le otorga el art. 67, inc. 11 (actual art. 75, inc. 12) de la Constitución Nacional que, resulta propio del poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos, de-sincriminar otros e imponer penas (Fallos: 11:405; 191:245; 275:89), y asimismo y en su consecuencia, aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estima pertinente; de tal suerte que el único juicio de valor que corresponde emitir a los tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los principios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (Fallos: 257:127; 293:163; 301:341). Dentro de este marco, es que el legislador entendió pertinente proteger, a través de la figura del encubrimiento entre otros, a la administración de justicia, "cuya actividad es la individualización de los autores y partícipes de delitos, o en la recuperación de los objetos, puede verse perturbada por la conducta del encubridor" (CREUS, Carlos, Derecho Penal, Parte especial Tomo 2 Ed. Astrea 1999, pág. 339), por lo tanto "el encubrimiento es un delito autónomo por que no se puede participar de algo ya finalizado, de manera que las conductas que están abarcadas por el delito de encubrimiento atentan contra el correcto funcionamiento de la administración de justicia al constituir un obstáculo a su funcionamiento, ya que dificulta el descubrimiento de los delitos y su persecución (Donna, Edgardo Alberto, Derecho penal parte Especial TOMO III, págs. 468 y 469).

Dicho lo cual, "...La virtual admisión en la especie de la teoría de la insignificancia no es la vía idónea para controvertir, desde una óptica constitucional, el estándar de razonabilidad que tuvo en miras el legislador para prohibir conductas, que por la gravedad de los conflictos que provocan, en abstracto lesionan bienes jurídicos que merecen tutela legal" (CCF, I, c. Eg. 243, "Petrella, R.A.", 04/4/2007). Así lo ha entendido el Dr. Eugenio R. Zaffaroni, al explicar que: "... En casi todos los tipos en que los bienes jurídicos admitan lesiones graduables, es posible concebir actos que sean insignificantes. (....) Como los bienes jurídicos no se distribuyen igualitariamente en ninguna sociedad, podría sostenerse el criterio de valoración relativa al sujeto. No obstante (...) una lesión escasa sigue siendo tal para quien la sufre, aunque su existencia no se altere por ello. Se trata de un criterio válido para graduar la penalidad, pero no para determinar la insignificancia. Con todo, el caso contrario debe tenerse en cuenta, a efectos de no agudizar la victimización selectiva: una lesión usualmente insignificante puede ser significativa para el sujeto pasivo concreto cuando alguna circunstancia particular de éste o de su situación le haga cobrar significación para su existencia." (Zaffaroni, E. R.-Alagia A. Slokar, A., "Derecho Penal. Parte General" 2º ed., Bs. As., Eiar, 2002, pág. 495).	Entiendo que un caso como el de autos existe una demanda social en la investigación y represión de la conducta imputada. Liberar de punición al amparo de los principios de celeridad y economía procesal, no es correcto.

En efecto, la imputada Barra, a contrario de lo sostenido por el A quo, ciertamente habría producido una lesión objetivamente típica, constitutiva del delito de encubrimiento, de suficiente entidad como para afectar el bien jurídico; verificándose en consecuencia la necesaria proporcionalidad entre la conducta y la sanción, veamos: el "estabilizador de corriente" fue sustraído junto con el CPU, monitor, teclado y mouse, de la Escuela 315 ubicada en la calle Almirante Brown de la localidad de Piedra del Aguila, el mismo fue habido dos días después, en la vivienda que habita la imputada, precisamente se encontraba oculto en un pozo ciego en la parte posterior de la morada. Tampoco resulta ajeno, el hecho de que el resto de los elementos fueron habidos en cercanías del Río Huiliches llenos de barro, el mismo día en que fue vista la imputada caminando desde el Barrio Huiliches con destino al camping Municipal, con manchas de barro en sus prendas, tal como lo refiere el testigo C. D. S. El esfuerzo del Magistrado de grado por justificar la aplicación de la teoría de la insignificancia o bagatela, derivó en una incorrecta aplicación de la ley penal sustantiva, al sostener que la conducta deviene atípica, sin hacer siquiera, una valoración respecto a las circunstancias particulares del caso, tal es así, que en un tramo de su resolución refiere que: "nos encontramos aquí con el apoderamiento ilegítimo de una bolsa de carne picada que fuera restituida" (fs. 111 vta.). Ninguna relevancia le adjudica al hecho de que los elementos fueran sustraídos de una escuela pública, que el estabilizador estuviera oculto en el pozo ciego de la vivienda habitada por la imputada, etc.

IV.- En relación a este último punto, advertimos que el pronunciamiento atacado reviste el carácter de definitivo, pues pone fin a la causa.

Por este motivo, es que el Ministerio Público Fiscal resulta legitimado para interponer el recurso de casación, toda vez que la resolución impugnada es de las enumeradas como recurribles en la ley de rito (art. 416 del C.P.P. y C.). Al respecto, resulta clarificadora la lectura del párrafo pertinente del art. 417, del código de forma, cuando dispone que "el Ministerio Fiscal podrá recurrir además de los autos a que se refiere el artículo anterior 416", indicando a continuación las limitaciones que le caben, legalmente impuestas.

Esta es, por lo demás, la posición unánime de la doctrina (cfr. D'Albora, Francisco J. "Código Procesal Penal de la Nación", 4° ed., Bs. As., Abeledo-Perrot, 1999, pág. 851; Núñez, Ricardo C., "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. Anotado", 2° ed., Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1986, pág. 471; De la Rúa, Fernando, "La casación penal", Bs. As., Ediciones Depalma, 1994, pág. 197; Palacio, Lino Enrique: "Los recursos en el proceso penal", Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, pág. 86, con cita de la CNCP, Sala I, 7-3-1995, "Percunte, Mario D.", L.L., 1996-B-692).

En mérito de ello, considero haber fundado la razón por la cual, como ya lo anticipara, la casación deducida debe ser declarada procedente. Mi voto El Dr. ANTONIO G. LABATE dijo: Adhiero al voto de la señora Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

A la segunda cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. DE CORVALÁN, dijo: Atento al modo en que resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo que se case la resolución interlocutoria n° 564, obrante a fs. 110/111, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Villa la Angostura y se revoque el sobreseimiento declarado en favor de Guadalupe del Carmen Barra, por errónea aplicación de la ley penal sustantiva (Arts. 428 y 415, inciso 1°, del C.P.P. y C.),; debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Juzgado que venía interviniendo.

Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Atento la solución dada a la primera cuestión, me expido en idéntico sentido a la conclusión a que arriba la señora Vocal preopinante en primer término, a esta segunda cuestión.

A la tercera cuestión, la Dra. LELIA GRACIELA M. de CORVALÁN, dijo: Sin costas en la instancia (artículos 491 y 492, a contrario sensu, C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. ANTONIO G. LABATE, dijo: Comparto lo manifestado por la señora Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el Dr. Juan Pablo Balderrama, Fiscal de la IV circunscripción Judicial. II.- CASAR la resolución interlocutoria n° 564, obrante a fs. 110/111, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Todos los Fueros de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Villa la Angostura, de Neuquen, REVOCANDO EL SOBRESEIMIENTO declarado en favor de Guadalupe del Carmen Barra, por errónea aplicación de la ley penal sustantiva (Arts. 428 y 415, inciso 1°, del C.P.P. y C.); debiendo continuar la causa según su estado por ante el mismo Juzgado que venía interviniendo. III.- Sin costas (Arts. 491 y 493, a contrario sensu, del C.P.P. y C.). IV.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en Todos los fueros de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Villa la Angostura del Neuquén.

Con lo que finalizó el acto, firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario, que certifica.

Dr. ANTONIO G. LABATE - Dra. GRACIELA M. de CORVALÁN Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario