Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-12-26


Expte. Nº 5963/12 "RUBIA DE FERNÁNDEZ Analía Verónica y otro c/ Acosta Guillermo y otra - Daños y Perjuicios - Inconstitucionalidad y Casación" En la Ciudad de San Juan, a veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil doce, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en esta causa, doctores José Abel Soria Vega, Carlos Eduardo Balaguer y Ángel Humberto Medina Palá, a fin de examinar los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos por la parte codemandada señora Ana Delia Conte Grand de Daneri contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil doce, en autos Nº 21306 - 74475 caratulados: "Rubia de Fernández Analía Verónica y otro c/ Acosta Guillermo - Daños y Perjuicios".------------------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. JOSÉ ABEL SORIA VEGA, DIJO:---- --- La parte codemandada, titular registral del automotor Dominio AOC-204 a la fecha del evento dañoso, plantea sendos recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones Civil.----------------------- --- En dicha resolución, cuya copia obra a fojas 214/221 de estos autos, el a quo hace lugar al recurso de apelación deducido por la actora y rechaza los incoados por los demandados. De esta manera revoca la sentencia de primera instancia en cuanto hacía lugar a la excepción falta de legitimación pasiva, planteada por la titular registral. En su lugar, rechaza la defensa y dispone la condena solidaria y conjunta de la Sra. Conte Grand de Daneri con el Sr. Acosta, al pago de la indemnización prevista en la sentencia de primera instancia, todo ello con costas.--------------------- --- El Tribunal llega a tales conclusiones, en lo que es materia del recurso, tras considerar que la excepción de falta de legitimación pasiva introducida por la codemandada, Sra. Conte Grand de Daneri, resulta palmariamente improcedente, a tenor de la abrumadora mayoría doctrinaria y jurisprudencial, que ha adoptado la sana posición de aplicar la clara y contundente legislación que, en torno a la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito, les corresponde a los titulares registrales de un automotor, que no han cumplido en tiempo y forma con la carga de efectuar la llamada "denuncia de venta".----- --- Cita jurisprudencia del mismo tribunal por la que se establece que el artículo 27 del Decreto Ley 6582/58, consagra una atribución objetiva de responsabilidad en contra del titular registral; que del juego armónico de esta norma con el artículo 1113 del Código Civil, resulta que debe considerarse que el titular registral del automotor, no responderá si ha acreditado la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder y que el único caso en el que el artículo 27 aludido, considera tercero al adquirente o a quienes de éste último hubieren recibido el uso, la tenencia o posesión del automotor, se producirá cuando el titular registral anoticie al registro de la tradición. Por último, afirma que una solución como la que propicia el juez de primera instancia, podría ser viable a través de la correspondiente reforma en el sistema registral constitutivo de los automotores en general y en especial, en lo atinente al capítulo previsto en el artículo 27 del Decreto Ley 6582/58.--------------- --- La recurrente encuadra su recurso de inconstitucionalidad en el artículo 11, inciso 3º de la ley 2275 por cuanto aduce que la resolución impugnada viola sus derechos de defensa en juicio, debido proceso y propiedad, al resolver la cuestión planteada en forma teorizante, prescindiendo de la prueba rendida y de la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.---------------------------- --- En primer lugar, la impugnante tilda de arbitrario el fallo por cuanto -afirma- prescinde inexcusablemente del análisis y valoración de toda la prueba rendida por su parte, para acreditar que se había desprendido efectivamente de la guarda del automotor (artículo 1113 del Código Civil). Sostiene que la resolución se pierde en conceptos abstractos, inciertos, precarios y conjeturales, que se encuentran reñidos con la realidad que surge del expediente. Refiere que los jueces pueden y deben interpretar la ley, para aplicarla al caso, en consonancia con la prueba rendida, lo que no ha acaecido en autos.------- --- En segundo lugar, la quejosa se agravia de que el a quo se haya apartado -aduce- caprichosamente de la doctrina judicial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien interpreta la ley y constituye el último bastión de los derechos y garantías que la Constitución establece. Insiste en que el resolutorio en crisis, desconoce por puro voluntarismo judicial, lo que decidió el máximo tribunal del país, quien, interpretando el artículo 27 del Decreto Ley 6582/58, en concordancia con el artículo 1113, 2º apartado del Código Civil, estableció pautas para eximir de responsabilidad al titular registral, en algunos supuestos en que, pese a haber realizado la transferencia del rodado, no efectuó la denuncia de venta; que tal doctrina y recta interpretación, también ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, precedentes éstos que transcribe.------- --- Por último, la recurrente sostiene que la Cámara no emite opinión sobre la conducta del tercero citado American Car´s, vulnerando su derecho a repetir -de confirmarse la condena- contra esa concesionaria; que ello afecta gravemente su derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Asimismo le agravia que el a quo la haya condenado por culpa, cuando en realidad el criterio que debió sustentar la sentencia es el objetivo; que con ello se conculcan los principios y cimientos de la responsabilidad civil.----------------------- --- La impugnante encuadra su recurso de casación en los incisos 1º y 2º del artículo 15 de la ley 2275. Argumenta que el a quo ha omitido aplicar e interpretar las normas legales que correspondían en el caso concreto, como son los artículos 27 del Decreto Ley 6582/58 y 1113, 2º apartado in fine y 3º apartado del Código Civil. Afirma que la recta interpretación que corresponde darle al artículo 27 supra citado, es que la norma no establece una presunción iure et de iure, motivo por el cual, quien ha perdido la disponibilidad material del automotor, con motivo de la venta al entregarlo a terceros por quienes no debe responder, puede liberarse de responsabilidad, probando los hechos e invocando el apartado 2º del artículo 1113 del Código Civil. Además refiere que el a quo comete un segundo yerro al condenarla a título de culpa, subvirtiendo las normas legales que legislan la responsabilidad civil (artículos 1109 y 1113 del Código Civil).---------- --- Expuestos sucintamente los antecedentes del planteo, me aboco a examinar su admisibilidad formal. Adelanto que dicho examen conducirá a desestimar formalmente los recursos por las razones que se exponen a continuación.---- --- Liminarmente advierto que la recurrente, pese a alegar la arbitrariedad del fallo, se limita en realidad a discrepar con el criterio adoptado por el a quo, para interpretar los textos legales implicados (artículos 27 del Decreto Ley 6582/58 y 1113 del Código Civil). Al respecto, memoro que esta Corte tiene dicho que la arbitrariedad se configura cuando el tribunal no fundamenta la solución que adopta; cuando su fundamentación asienta en bases ilógicas o choca contra las reglas del correcto raciocinio, o cuando -sin explicación- se aparta de la solución normativa inequívocamente aplicable; falencias, todas éstas, que en definitiva descalifican al fallo como acto jurisdiccional válido. (P.R.E. S.2ª.-1990-I-97; S.1ª.-1990-II-1; etc.).----- --- En la especie, no resulta irrazonable concluir como lo hizo el a quo, en el sentido que la letra de la ley -artículo 27 supra aludido- es clara y contundente, de donde no cabe eximir de responsabilidad al titular registral de un automotor, que no ha cumplido en tiempo y forma, con la carga de efectuar la llamada "denuncia de venta". Que del juego armónico de esta norma con el artículo 1113 del Código Civil, resulta que debe considerarse que el titular registral del automotor, no responderá si ha acreditado la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder y que el único caso en el que el artículo 27 aludido, considera tercero al adquirente o a quienes de este último hubieren recibido el uso, la tenencia o posesión del automotor, se producirá cuando el titular registral anoticie al registro de la tradición.- --- Por otra parte, la jurisprudencia citada por la quejosa y por el a quo, ponen en evidencia la existencia de distintos criterios doctrinarios y jurisprudenciales sobre el tema, de donde, la adopción de uno de ellos, no resta legalidad a lo decidido. Por lo que llevo dicho, la queja en que se sustenta el recurso traído conduce no al control de legalidad, sino a la revisión del mérito con que el tribunal ha juzgado las cuestiones que integran la litis. Reiteradamente ha dicho esta Corte que el recurso extraordinario no es la vía normal y apelatoria, para obtener la revisión en tercera instancia de las decisiones comunes, con la mira puesta en la mayor oportunidad para corregir sentencias que se dicen defectuosas, pues de ser así, habría que extenderla para todos los casos y en todos los pleitos como un tribunal más de mérito en detrimento de la función de la Corte como Tribunal de garantías constitucionales (P.R.E. S.2ª 1989-I-86; P.R.E. S.1ª 1999-I-176).--------------------------------- --- Yerra a mi juicio la impugnante, cuando afirma que el tribunal omitió valorar toda la prueba rendida por su parte, para acreditar que se había desprendido de la guarda del automotor (artículo 1113 del Código Civil). Y es que, de conformidad al criterio adoptado por el a quo, la única prueba que cabía aportar para exonerar de responsabilidad al titular registral, era la denuncia de venta (artículo 27 del Decreto Ley 6582/58), la que no se rindió en autos. El fallo impugnado no soslaya la aplicación del artículo 1113 del C.Civil, por el contrario, conjuga esta norma general con la especial (artículo 27 referenciado), concluyendo que en materia de automotores -cuyo régimen de adquisición del dominio es constitutivo- sólo se considerará tercero al adquirente (excepción del art. 1113) cuando el titular registral haya comunicado al Registro, la transferencia de la guarda del vehículo -denuncia de venta- (art. 27 del Decreto Ley).------------ --- En mi opinión, no existe en el caso aplicación automática de la ley, como sugiere la quejosa en su escrito (fojas 241 vta. y 242 vta.). Sin abrir juicio sobre lo que fue materia de juzgamiento, debo decir que la interpretación literal del texto de la ley, constituye la primera pauta interpretativa a la que debe someterse el juez, como intérprete de ésta, cuando su texto es claro y no existen en su letra contradicciones o ambigüedades. Si el a quo consideró que debía atenerse al tenor literal de la norma, no cabe por ello endilgarle arbitrariedad en su pronunciamiento.-------------- --- Tampoco corresponde tildar de arbitrario el fallo impugnado, por no seguir el criterio interpretativo adoptado en su momento, por la Corte Suprema de la Nación en el tema en análisis. En efecto, el tribunal a quo se aparta de tales conclusiones, dando las razones que forman su convicción en sentido contrario.------------------------- --- No resulta vano aclarar también, que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actúa en ejercicio de su competencia originaria -como ocurrió en los dos precedentes citados, de los años 1997 y 2002- lo hace como un tribunal de grado, por lo que no existen razones jurídicas para que tales pronunciamientos sean seguidos por el resto de los tribunales del país, como no sea la presunción de verdad y justicia que emana de la calidad intelectual de sus miembros (Ibarlucía, Emilio A. "Sobre el seguimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pag. 220). ---------------- --- Un criterio contrario, conspiraría contra la esencia misma del sistema federal de gobierno (artículo 1º de la CN), desde que los tribunales locales tendrían que sujetarse a los dictados de la Corte Nacional, aun cuando la cuestión versara sobre leyes provinciales o de derecho común (artículo 67, inc. 11, hoy 75 inc. 12 de la CN), con lo que desaparecería la independencia de los poderes judiciales provinciales. Tan es así, que en el precedente de fecha posterior (año 2010) invocado por el a quo, la Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, se aparta del criterio interpretativo sentado por nuestro máximo Tribunal, en los fallos referenciados por la recurrente.- --- Asimismo, el agravio asociado a que la Cámara no emite opinión sobre la conducta del tercero citado, American Car´s, resulta improponible en los términos del artículo 5 segundo párrafo de la ley 2275. En efecto, tal como resulta del pedido de citación efectuado por la quejosa (fojas 101), American Car`s fue citado en los términos del artículo 100 del CPC -Ley 3738, que no contemplaba su incorporación al proceso como parte- a los fines de ejercer con ulterioridad la acción regresiva pertinente -litis denuntiatio-. De donde deviene contradictorio con los propios actos y con los términos en que el tercero fue citado, pretender que en este proceso se abra juicio sobre su conducta.-------------------- --- Por último, la queja vinculada a la atribución de responsabilidad a título de culpa (punto 2º del resuelvo), no resulta admisible de conformidad a lo establecido por el artículo 13 inciso 4º de la ley 2275. Y es que si bien el a quo cometió un yerro en la parte resolutiva de la sentencia -involuntario por cierto, si se analizan los considerandos del fallo-, la errónea asignación de responsabilidad a título de culpa de la titular registral (art. 1109 del C.Civil) no tendría incidencia para alterar la suerte de lo resuelto, esto es, la condena solidaria de ambos demandados.----------- --- El recurso de casación corresponde que sea desestimado, no sólo por las razones expuestas al tratar el de inconstitucionalidad, ya que la recurrente insiste con la no valoración de la prueba arrimada y el apartamiento del criterio sentado por la Corte Suprema de la Nación, sino también, y en lo que hace estrictamente al sentido interpretativo de las normas involucradas, porque esta Corte se ha expedido sobre el tema que resulta ser el motivo del agravio, y conforme las facultades establecidas al respecto por el artículo 5, segundo apartado de la ley 2275, reformada por la ley 6846, procede el rechazo del recurso por razones de economía procesal.---------------- --- Es así que en los autos caratulados: "Rojas de Anido Lilia c/ Frias Segovia José Luis y/o La Buena Esperanza S.R.L.-Daños y Perjuicios-" (P.R.E. S.1ª. 2001-I-73), se resolvió que: "Es por demás claro el texto del artículo 27º del Decreto-ley 6582 que establece que "Hasta tanto se inscriba la transferencia el trasmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa". Y seguidamente establece el único modo de escapar a dicha responsabilidad (denuncia de venta). En el sub-lite, el codemandado recurrente, no efectuó tal denuncia al Registro Automotor, en el que tampoco se efectivizó la transferencia del vehículo que causara el siniestro cuya indemnización se persigue en autos. Estos extremos fácticos sustentan la decisión de la alzada (modificatoria de la dictada en Primera instancia), que correctamente interpretara la norma aludida en cuanto extiende la responsabilidad al titular registral del automotor causante del daño. Es que la claridad de la norma no admite otra interpretación, porque ello implicaría prescindir de sus términos a lo que no está autorizada la jurisdicción en tanto carece de potestad legisferante, reservada a otro poder del estado, conforme lo prescribe la Constitución Nacional al establecer la división de poderes, como garantía del sistema republicano de gobierno que ella organiza".--------------------------------------------------- --- "Sobre el tema ha dicho la jurisprudencia que "al intérprete de la ley no puede acordársele el poder de variar el contenido mismo del texto legal interpretado, al grado de prescindir de él..." (L.L.1989 E-130; E.D., 136-285)".---------- "En el caso de autos no se verifica una errónea interpretación de la normativa implicada en la solución de la litis, que pueda dar sustento al recurso de casación, como se adelantara, pues la norma clara y precisa del mentado artículo 27 de la ley 22977, establece en forma imperativa y en consonancia con el régimen sentado por el artículo 1113 del Código Civil, la responsabilidad que le cabe al titular registral del automotor causante del daño aunque hubiera transferido la guarda del vehículo a un tercero. Pero al mismo tiempo permite al dueño comunicar al Registro que otorgó la posesión del vehículo a un tercero (aviso de venta), comunicación que genera a su favor la presunción de considerarlo como aquél por quien el dueño no debe responder y que la cosa ha sido usada contra su voluntad, haciéndose eco de la terminología del artículo 1113 antes citado. Eso es lo que dispone la norma en análisis, correctamente interpretada por el a quo, por lo que se evidencia sin sustento la vía extraordinaria intentada, la que no se encuentra instituida para juzgar la justicia del caso sino su legalidad (P.R.E. 1972-155). En tal sentido tiene expresado el Tribunal que "Los recursos extraordinarios no son remedios hábiles para revisar la justicia de los fallos en razón de estar dados para verificar la legalidad de los mismos desde el punto de vista de la Constitución y de la leyes" (P.R.E. 1986-I-66)."--- --- Por las razones expuestas, corresponde desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación deducidos.------------------------------------------ --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. CARLOS EDUARDO BALAGUER Y ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJERON:--------------------- --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.----------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE: I) Desestimar formalmente los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos. II) Devolver al recurrente las copias para traslado acompañadas. III) Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívense.- Fdo. Dres.: José Abel Soria Vega, Carlos Eduardo Balaguer y Ángel Humberto Medina Palá. Ante mí: Hugo Alberto Fornés, Secretario Letrado.- Df-5963 E.B.T.

P.R.E. S.1ª 2012-IV-716.