Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-15


Buenos Aires, 15 de abril de 2015	Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. A fs. 262/263 vuelta de los autos principales (a los que corresponderán las sucesivas remisiones, salvo expresa mención en contrario) la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, GCBA), contra la sentencia de grado, que había resuelto hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Teresa Raquel Garcete y Gisela Elizabeth Pinto, y ordenarle al GCBA que incorpore las actoras al "Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho" (fs. 221/226).

Contra la decisión de la Cámara, el GCBA interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 269/275 vuelta), que fue contestado por la parte actora a fs. 298/309.

A fs. 312/320 vuelta el Ministerio Público Tutelar tomó la intervención de su competencia.

2. A fs. 327/329 la parte actora acusó caducidad de instancia, cuyo traslado fue contestado a fs. 332/334 vuelta por el GCBA.

A su turno, la Cámara declaró operada la caducidad de instancia del recurso de inconstitucionalidad presentado por el GCBA (fs. 340/341). Para resolver de esta forma, el a quo sostuvo que ". desde la fecha en que tuvo lugar el último acto impulsorio, esto es la providencia que tuvo por contestado el traslado del recurso de inconstitucionalidad por el Sr. asesor tutelar (fs. 321) hasta el planteo de caducidad transcurrió el plazo previsto en el aludido artículo 24 de la ley Nº 2145 sin que el demandado instara el trámite del recurso incoado a fs. 269/275 vta." (fs. 340 vuelta/341).

3. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso un nuevo recurso de inconstitucionalidad (fs. 345/354), que fue contestado por la Sra. Defensora de Cámara en su carácter de gestora (fs. 358/367 vuelta).

A fs. 371/374 vuelta Sr. Asesor Tutelar ante la Cámara tomó la intervención de su competencia.

A fs. 377/378 la Cámara declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad, lo cual dio lugar a la interposición del recurso directo ante el Tribunal por parte del GCBA (fs. 5/13 de la queja).

4. Requerido su dictamen, el Sr. Fiscal General entendió que correspondía hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el GCBA, y revocar la sentencia que dispone la caducidad del recurso, ordenando a la Cámara de Apelaciones que resuelva sobre la concesión o rechazo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de fondo (fs. 184/187 de la queja).

Fundamentos:

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

1. El recurso de queja fue interpuesto en legal tiempo y forma, y contiene una crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad.

Contrariamente a lo manifestado por la Cámara en el aludido auto denegatorio, en su recurso de inconstitucionalidad el GCBA planteó un genuino caso constitucional en torno a la afectación de su derecho a la defensa en juicio, que produjo la Cámara al denegarle arbitrariamente el acceso a esta instancia para la revisión de la sentencia del a quo que declaró desierto los agravios del recurrente contra el pronunciamiento de grado.

A ello cabe agregar que la sentencia impugnada mediante el presente recurso extraordinario local -que había declarado operada la caducidad de instancia del recurso de inconstitucionalidad deducido por el GCBA contra la sentencia dictada a fs. 262/263vuelta-, si bien no constituye técnicamente la sentencia definitiva susceptible de revisión en los términos del art. 27 de la ley 402, resulta equiparable a tal por el gravamen irreparable que causa, al impedirle al GCBA continuar discutiendo la cuestión de fondo.

Por estos motivos, la queja debe ser admitida a los efectos de analizar el recurso de inconstitucionalidad subyacente.

2. La Cámara declaró operada la caducidad de instancia del recurso de inconstitucionalidad, por considerar que entre la providencia que tuvo por contestado el traslado de dicha impugnación por parte del Asesor Tutelar (fs. 321) y el planteo de caducidad de fs. 327/329, había transcurrido el plazo de treinta (30) días previsto en el art. 24 de la ley 2145, sin que el recurrente impulsara el proceso.

Al impugnar la declaración de caducidad de instancia, el GCBA alegó que la Sala II incumplió con su deber de resolver la causa, por entender que una vez que la causa se encuentra en estado de ser decidida, no es necesaria la petición de la parte, por tratarse de una actividad a cargo del Tribunal. En este sentido, concluyó que la instancia recursiva no había sido impulsada por una causa atribuible a la Cámara, por lo que la caducidad era improcedente conforme art. 263 incs. 2 y 3 CCAyT.

Asimismo, entendió que el plazo de treinta días del artículo 24 de la Ley de Amparo no era aplicable al caso de autos, por considerar que regía únicamente al trámite en primera instancia. Y que en su lugar, correspondía la aplicación supletoria del plazo de tres meses establecido en el art. 260 del CCAyT, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley de Amparo local.

3. Al reglamentar el trámite del recurso de inconstitucionalidad local, el art. 28 de la ley nº 402 establece que "(E)l recurso se interpone por escrito, fundamentado, ante el tribunal que ha dictado la resolución que lo motiva y dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de su notificación.// De la presentación en que se deduce el recurso, se da traslado por diez (10) días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula. Contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decide sobre la admisibilidad del recurso, en resolución debidamente fundamentada."	La norma transcripta le impone al tribunal competente la obligación de resolver inmediatamente la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad cuando se constata una de las siguientes dos hipótesis: (i) contestación del traslado o (ii) vencimiento del plazo para hacerlo. Además del traslado del recurso de inconstitucionalidad, la normativa no contempla ningún otro trámite previo a la decisión sobre la admisibilidad, ni mucho menos exige que dicha resolución sea dictada "a pedido de parte".

En consecuencia, la caducidad de instancia peticionada -e indebidamente decretada por la Cámara- resulta improcedente en los términos del art. 263 inc. 2 CCAyT, pues luego de contestado el traslado del recurso de inconstitucionalidad, la siguiente y única actividad procesal pendiente debía ser cumplida por la Cámara: el dictado de la resolución sobre la admisibilidad de dicho recurso.

Toda vez que los fundamentos desarrollados resultan suficientes para admitir los recursos interpuestos por la demandada, y revocar el pronunciamiento que declaró la caducidad de instancia de su recurso de inconstitucionalidad, resulta innecesario expedirse sobre el agravio relativo al plazo aplicable para que ésta opere.

4. En mérito a lo anteriormente expuesto, votamos por hacer lugar a los recursos de queja e inconstitucionalidad deducidos por el GCBA, revocar la decisión de fs. 340/341 -en tanto declaró operada la caducidad del recurso de inconstitucionalidad de fs. 269/275 vuelta -, y devolver el expediente principal a la Sala II a fin de que se expida sobre su admisibilidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 28 de la ley nº 402. Con costas por su orden (conf. art. 14 CCABA).

La juez Inés M. Weinberg dijo:

1. De forma coincidente con lo expresado por mis colegas preopinantes, la caducidad declarada por la Alzada resulta improcedente toda vez que no puede imputarse al recurrente la inactividad en que se fundamenta su decisión.

La Ley 402 -al reglamentar el trámite del recurso de inconstitucionalidad por ante este Tribunal- expresamente indica que "contestado el traslado, o vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decide sobre la admisibilidad del recurso, en resolución debidamente fundamentada" (conf. art 28).

No se advierte de ello que -contrariamente a lo sostenido por la Cámara- corresponda a la parte interesada solicitar el llamado de autos a resolver. Es precisamente el tribunal de la causa quien debió expedirse acerca de la admisibilidad del recurso inmediatamente después de contestado el traslado -obrante a fs. 298/309-, sin que exista un respaldo legal para exigir del apelante una petición expresa a tal fin.

2. Asimismo, si bien el plazo para decretar la caducidad de la instancia se computa desde la fecha de la última petición de las partes o actuación del magistrado que tenga por objeto impulsar el proceso (conf. art. 24 ley 2145), el art. 263 CCAyT -de aplicación supletoria conf. art. 28 ley 2145- establece que la caducidad no se produce cuando se halle pendiente alguna resolución y que la demora en dictarla fuera imputable al propio tribunal.

Tal como se desprende de lo actuado, no pudo operarse la perención de la instancia al no expedirse el ad quem acerca de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, actividad ésta a cargo de la Cámara.

3. En virtud de lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja impetrada por el GCBA, y al recurso de inconstitucionalidad planteado y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 340/341, reenviando el expediente principal a la Sala II para que se expida sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto.

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

Corresponde rechazar la presente queja porque el recurso de inconstitucionalidad que la recurrente pretende traer a conocimiento del Tribunal no está dirigido contra la sentencia definitiva a que se refiere el art. 27 de la ley 402. Ello así, toda vez que la Cámara no resolvió el debate de fondo, sino que se limitó a declarar ".la caducidad del recurso de inconstitucionalidad" (fs. 341 de los autos principales) que, a su turno, había sido enderezado a controvertir la sentencia que había declarado desierto el recurso de apelación del GCBA contra la sentencia definitiva (V. fs. 363 vuelta de los autos principales). Frente a ello, la recurrente no muestra que la decisión objetada deba ser equiparada a una de la especie mencionada por constituir un obstáculo que frustre arbitrariamente la revisión que a este Tribunal le encomienda el art. 113, inc. 3, de la CCBA, por la vía de eludir el superior de la causa la emisión del fallo que pone fin al pleito.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Frente a la declaración de caducidad de la instancia del recurso de inconstitucionalidad que la Ciudad planteara contra el fallo de Cámara que había declarado desierto su recurso de apelación, el GCBA debió presentarse en queja ante el Tribunal en el plazo de dos días establecido en el artículo 23 de la ley nº 2145, computados a partir de la notificación practicada el 15/10/2013 (fs. 344 y vuelta de los autos principales) de la decisión pronunciada por la alzada el 03/10/2013 (fs. 340/341 de los autos principales).

El cargo obrante en la queja está fechado el 10/02/2014 (fs. 13 vuelta del expediente n° 10602). Por ello, el recurso de hecho del Gobierno fue presentado vencido en exceso el plazo para hacerlo, lo que sella su suerte adversa.

Por ello, y oído lo dictaminado por el Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Revocar la sentencia de fs. 340/341 de los autos principales y reenviar las actuaciones a la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que resuelva acerca de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad de fs. 269/275 vuelta.

3. Mandar que se registre, se notifique, se agregue la queja al principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal remitente.