Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27


Reg.: A y S t 281 p 59/62. Santa Fe, 27 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. M. C., contra la resolución 270, del 9 de agosto de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en autos caratulados "C., J. M. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'S., N. E. C.; C., J. M.; C., M. A.; V., M. M.; C., J. J.; B., C. D.; S., D. H.; P., J. R. E.; S., M. D. S/ PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCIÓN DE MENORES, ETC.- APELACIÓN- SENTENCIA CONDENA PRISIÓN PREVENTIVA'- (CUIJ 21-07007060-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511576-8); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión 270, del 9 de agosto de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en lo que aquí es de interés, rechazaron los planteos de invalidez efectuados por la defensa y confirmaron la sentencia recurrida, por medio de la cual, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó, habían condenado a J. M. C. a la pena de 6 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores de dieciocho años de edad y de menores de trece años de edad (art. 125, párrafos 1 y 2, C.P.) (fs. 71/92). 2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 115/133v.).	Postula como causales de descalificación del fallo, arbitrariedad, violación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio y falta de motivación. Alega gravedad institucional, con base en que la causa trasciende los intereses particulares de su asistido, al comprometer a todo el órgano jurisdiccional, quien se expresara de manera infundada, parcial y contraria al derecho y a los hechos probados en autos. Manifiesta que lo aquí resuelto puede tener incidencia en casos similares. Plantea afectación del derecho de defensa por haberse impedido a su parte el control de pruebas de carácter irreproductible, como lo son el reconocimiento de los imputados practicado por las menores víctimas y las declaraciones prestadas por éstas. Critica la argumentación ensayada por el Tribunal para desechar sus cuestionamientos, resaltando la normativa convencional y la jurisprudencia que garantizan al imputado el derecho a controlar los medios de confirmación. Agrega que una condena no puede basarse en elementos de convicción incorporados durante la instrucción. Refiere que no existe prueba que incrimine directamente a su asistido y que si bien no negó haber estado en el lugar, nada indica que hubiera realizado ofrecimiento de dinero a cambio de favores sexuales o que hubiera tenido algún tipo de relación de esa índole con las niñas. Por otro lado, cuestiona la aplicación al caso de la doctrina emanada del precedente "Scalcione" de este Tribunal, criticando que sea una Cámara de igual grado la que revise el fallo impugnado. Expresa que un reenvío al juez natural en nada perjudicaba al proceso. Insiste con que el justiciable no realizó ningún tipo de "baile de naturaleza sexual", ni intercambió besos con Sanchez, ni llevó a cabo propuestas de ese tenor a cambio de dinero, concluyendo que no asumió ninguna "conducta antijurídica punible y culpable". Por último, postula la inconstitucionalidad del artículo 9 de la ley 7055, toda vez que aplicar una medida coercitiva de la libertad del imputado causaría un daño irreparable con motivo de una sentencia que carece de efecto de "cosa juzgada material". 3. El A quo, por auto 360, del 5 de octubre de 2017, deniega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 95/98v.); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Corte (fs. 101/112v.). 4. Se adelanta que la presente impugnación no ha de prosperar, pues si bien la quejosa estima arbitraria la valoración probatoria que realizara el Tribunal y alega falta de motivación del fallo de la Alzada y afectación de mandas constitucionales, en realidad de la lectura del memorial introductor de la vía extraordinaria y su confrontación con la sentencia atacada surge que, en sustancia, se discute la interpretación que de los hechos, pruebas y derecho común efectuó la Cámara en ejercicio de funciones propias, sin que se avizore la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte. 4.1. Es que, los agravios vinculados con la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa en juicio por falta de control del reconocimiento realizado y de las declaraciones de las menores no pueden prosperar, considerando que la recurrente no explica cómo la cuestión fue introducida en autos, ni el tratamiento que le dieran los Jueces de la causa y no logra con sus formulaciones persuadir a esta Corte de la concurrencia de un caso constitucional que habilite la instancia excepcional pretendida. Ello es así, por cuanto los Magistrados abordaron estas postulaciones y descartaron las nulidades planteadas, con base en que no se advertía lesión al ejercicio del derecho de defensa, toda vez que el reconocimiento en rueda de personas había carecido de decisividad para la condena y que existían motivos suficientes y razonables para denegar la reiteración de los testimonios de las menores víctimas, más allá de que éstos habían podido ser controvertidos por las respectivas defensas. Y frente a esta argumentación de la Alzada, la compareciente no se hace cargo de refutarla ni alcanza a acreditar su insuficiencia o irrazonabilidad y, por tanto, no logra descalificarla desde la óptica constitucional. 4.2. Por otro lado, tampoco puede ser atendido el cuestionamiento vinculado con la aplicación en el caso de la doctrina sentada en el precedente "Scalcione", ya que en él esta Corte ha establecido que la forma de hacer operativo "el doble conforme" en casos de primera condena en segunda instancia es a través de la revisión por la misma Cámara con distinta integración, y la presentante no brinda fundamentos suficientes en orden a demostrar que esta solución importe la afectación de mandas constitucionales, ni que se imponga en la especie una solución distinta. 4.3. La misma suerte han de correr los agravios referidos a la invocada arbitrariedad probatoria y a la interpretación de las normas de derecho común que realizaron los Judicantes. En efecto, del análisis del fallo surge que allí se efectuó una valoración del material probatorio con arreglo a las reglas de la sana crítica racional y motivadamente se concluyó que éste resultaba claro, preciso y contundente y, por tanto, suficiente para confirmar la condena. Frente a este razonamiento, la defensa intenta oponer la solución que a su juicio correspondería dar al presente -que C. no realizó ningún baile de naturaleza sexual ni propuestas de esa índole a cambio de dinero-, quedándose sus postulaciones en el marco de la mera discrepancia con la ponderación que de las pruebas y con la exégesis de las normas de derecho común en juego efectuaran los Jueces de la causa en el ejercicio de funciones propias, que no le corresponde a esta Corte revisar, salvo supuestos de arbitrariedad que no se avizoran en la especie. 5. En consecuencia, por los motivos expuestos, no presentan los planteos de la interesada entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. 6. Por lo demás, el resultado de la presente impugnación no puede variar con apoyo en la doctrina de la gravedad institucional, en tanto la compareciente no logra acreditar con sus alegaciones su concurrencia en el caso. En efecto, las razones que se brindan no alcanzan a persuadir a esta Corte de que la cuestión debatida revista interés institucional que supere al de la parte, comprometiendo de manera directa a la comunidad (Fallos:257:132; 290:266; 307:770; A. y S., T. 48, pág. 293; T. 81, pág. 280; T. 166, pág. 284).	Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik. Tribunal que intervino con anterioridad: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó.