Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-03-20


AUTOS Nº 7262/C (2° de FAMILIA) (SALA III 11153) "CORTEZ DE CASTRO Maria Hecter y Otro C/ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pcia. de San Juan - Ordinario" ///En la ciudad de San Juan, a 20 días del mes de Marzo de dos mil catorce, reunidos los Señores Miembros de la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la Presidencia del Dr. Luis Alberto Recio y el Dr. Daniel Olivares Yapur como vocal, para resolver el recurso de apelación concedido a fs. 263 contra la resolución de fecha 19 de marzo de 2012 obrante a fs. 259/262	EL SR JUEZ DE CAMARA DR. LUIS ALBERTO RECIO DIJO:

El Sr. juez a-quo en la sentencia apelada resolvió: "1) Rechazar en todas sus partes la presente demanda con costas a la actora vencida de conformidad a los considerandos precedentes.

Contra esta resolución se alza la actora a fs. 262 vta. expresando agravios a fs. 267/272 los que fueron respondidos a fs. 277/280.

Sin perjuicio de la relación de la causa formulada por el a-quo señalo que, los actores promueven demanda a fin de obtener el reajuste del haber de su pensión en base del 75 % de sus haberes jubilatorios al 82% del sueldo del agente activo de igual jerarquía y función; más la inclusión del 2% de bonificación por antigüedad desde la fecha de la sanción de la ley que la instituye, y de toda bonificación que les pudiera corresponder. Además reclama las diferencias que pudieran surgir en concepto de retroactivo, por aplicación del art. 82 de la ley nº 18.037, con dos años de anterioridad a la fecha de la interposición de la demanda, o de la reclamación administrativa. Todo con más la actualización monetaria, desde la fecha que se devengaron hasta su efectivo pago, con los intereses correspondientes (art. 4119).- Reclaman, también, la inconstitucionalidad del Decreto nº 780/87.

Agravios de la recurrente	Puede sintetizarse en lo siguiente: Le agravia la sentencia del aquo por cuanto señala que el mismo no puede expresar que el proceso se desenvuelve sobre cimientos ambiguos, porque el derecho constitucional de defensa en juicio exige claridad y precisión en la formulación de la demanda, desconociendo que la actora ha fundado su pretensión en la legislación vigente y ofreció la prueba pericial que dio como resultado el monto adeudado por la demandada, dando la razón a los actores que percibían haberes inferiores a los que les son oblados, es decir que les corresponden, violando derechos constitucionales.

Por otro lado que desconozca el aquo jurisprudencia unánime que reconozca el beneficio solicitado de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Agrega que existe incongruencia en la resolución judicial atacada, ya que se contradice en su texto así como también con resoluciones anteriores dictadas por el propio Magistrado en casos similares que cita.

También le agravia que el magistrado centre sus razones para rechazar la demanda en la falta de reclamo administrativo previo (extra petita) situación, no planteada por la accionada, ya que al contestar la demanda, señala que la demandada niega que le corresponda el derecho a los actores, por lo que le da de baja a la posición del a-quo de la falta de agotamiento de la vía administrativa ya que demuestra que la misma es un " ritualismo inútil", que por la característica de los derechos que se reclaman en este proceso, recurrir a un necesario agotamiento de la vía administrativa llevaría a un precioso tiempo perdido, que jugaría en detrimento de los derechos de los actores, atento a su avanzada edad.

Se agravia, por último respecto de lo resuelto en cuanto a la imposición de costas, de hacer lugar a la apelación por las razones dadas corresponde se impongan a la contraria. Acto seguido efectúa reservas de recurrir por ante las instancias extraordinarias local ley 2275 y federal ley 48.

Corrido el pertinente traslado a la contraria esta lo contesta a fs. 277/280, solicitando en primer término el rechazo del recurso planteado , por cuanto considera que los agravios formulados por la recurrente no representan una precisa y concreta crítica razonada del fallo que impugna con la apelación, de lo cual luego se explaya. Efectúa asimismo reservas constitucionales.- Tratamiento de los agravios	Planteado de este modo el recurso resulta primario señalar que el objeto de esta contienda como bien lo expresara la apelante en reiteradas oportunidades a lo largo de su escrito de expresión de agravios se circunscribe a obtener por esta vía el pago por parte de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de San Juan del "...reajuste de su haber de pensión en base al 75% del 82% del sueldo del agente activo de igual jerarquía y función. ....Asimismo demandamos la inclusión en dicho haber del 2% de bonificación por antigüedad ..." (sic.) ver fs. 02 y vta. escrito de demanda, todas ellas, hoy personas que gozan de estatus de pensionados otorgado mediante el acto administrativo correspondiente emitido por el ente deudor de manera tal que los actores apelantes son titulares de un crédito contra el mismo, el cual pretenden hacer efectivo a través de la acción civil correspondiente. En sentido contrario, el Sr. juez a-quo ha entendido conforme a lo expresado en los considerandos de la sentencia recurrida, que el objeto de la contienda es de naturaleza administrativa y que ninguno de los actores agotó dicha vía para recurrir posteriormente por el proceso de conocimiento intentado rechazando por ello la demanda.

Al efecto es necesario señalar que cuestiones similares a la que aquí se examina ya ha sido decidida en otras oportunidades por la Corte de Justicia de Nuestra Provincia al señalar que "tanto el derecho a obtener el beneficio jubilatorio, como así también cualquier cuestión relativa al alcance del beneficio, debe ser propuesta ante la Administración y, en caso de ser necesario, esto es, en caso de recaer resolución administrativa adversa, ulteriormente peticionar su revisión en sede judicial por el trámite del juicio contencioso administrativo" (P.R.E. S.2° 2001-II-374, P.R.E. S.2° 2003-III-537, Y P.R.E. S2° 2006-I-46, entre otros).-	Es decir que se deja sentado el principio según el cual el derecho al cómputo de determinado adicional para el cálculo del haber jubilatorio, integra en principio el conjunto de atribuciones que hacen a la función administrativa, precisamente a la autoridad de aplicación o ente otorgante del beneficio en este caso Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, lo que hace caer por tierra el argumento de la apelante respecto de que los accionantes ya contaban con el beneficio acordado, es decir que ya gozaban con el estatus de pensionados, siendo por tanto la pretensión por esa razón de naturaleza civil, ya que no solo se demanda un reajuste salarial, readecuación al 75% del 82% del agente en actividad sino también un adicional, cual es la liquidación del 2% por antigüedad, no reconocido hasta la fecha.

"Determinar si los adicionales deben ser o no computados para integrar el haber jubilatorio es una cuestión netamente administrativa, cuya procedencia debe ser examinada y decidida por el poder administrador.

La cuestión será de naturaleza civil luego de que la administración se pronuncie reconociendo el derecho subjetivo de naturaleza administrativa que invoca el peticionante.- P.R.E. SALA 2º - 2003 - IV - 751."	Por ello, la cuestión será de naturaleza civil, sólo cuando la Administración se pronuncie reconociendo el derecho subjetivo de naturaleza administrativa que invoca el peticionante a través de una resolución de carácter definitivo, y en tal supuesto podrá el interesado ocurrir al Juez civil reclamando el pago correspondiente en caso de que éste no se efectivizará.

Resolución definitiva es la que dicta la autoridad administrativa superior y que ya no puede reverse por la propia autoridad (Rafael Bielsa, "Sobre lo contencioso administrativo" pág. 124), mientras que la resolución administrativa causa estado cuando ella constituye la decisión final de la Administración, previo haberse agotado todos los recursos previstos en la ley de procedimientos administrativos (Manuel María Diez, "Derecho Procesal Administrativo" ed. Plus Ultra, 1996, pág. 54).-	La recurrente solo cuestiona en su queja que el a-quo desestime la acción por la falta de terminación del trámite administrativo, nada dice respecto a que dicho trámite haya sido iniciado o en su caso concluido, simplemente señala que el mismo es inoficioso, argumento a todas luces inadmisible e infundado para refutar la sentencia de mérito dictada por el juez de primera instancia, a la que adhiero por los fundamentos vertidos precedentemente junto con la jurisprudencia reseñada de la Corte de Justicia de la Provincia.

No resultando de los expedientes administrativos traídos a estudio que haya habido una declaración de voluntad de la Administración reconociendo el derecho de naturaleza administrativa invocado por los actores, esto es que les corresponda el adicional por antigüedad y el reajuste al 75% del 82% del agente en actividad, no se da la hipótesis de un mero reclamo a pagar una suma de dinero. De modo que en el presente caso, el órgano jurisdiccional no se pueda arrogar facultades de decidir derechamente la cuestión administrativa, como bien lo ha decidido el a-quo, por cuanto ello importaría asumir una competencia que no le es propia en evidente violación del principio de división de poderes.

"... siendo que lo contencioso administrativo es de orden público ratione materia, ello permite al juez examinar si se encuentra habilitada la instancia judicial e incluso puede hacerlo el tribunal de alzada y aún transponiendo el límite de los recursos, es decir, sin atenerse a los agravios que le fueran propuestos (P.R.E. 1983-I-43). Este criterio, conforme al cual es posible que los tribunales examinen de oficio la concurrencia de los presupuestos procesales que habilitan la instancia judicial en lo contencioso administrativo, es también el imperante actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos, 322:73)".

Conforme al criterio sustentado en la cita precedente, va de suyo, la cuestión relativa a la existencia de los presupuestos procesales habilitantes de la instancia contencioso administrativa, no puede afectar el principio de congruencia desde que la eventual ausencia del presupuesto procesal en cuestión no sólo puede ser alegada en cualquier estado del proceso, sino que también debe ser considerado por los jueces - incluso este Tribunal- aún de oficio.-SALA SEGUNDA - P.R.E. S. 2º 2005-III-403EXPTE. Nº 3402 "VARAS ANIBAL B. C/CAJA MUTUAL DE SUPERVIVENCIA, VIDA E INVALIDEZ - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SUMARIO - INCONSTITUCIONALIDAD".-FDO. DRES. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, JOSE ABEL SORIA VEGA Y ANGEL HUMBERTO MEDINA PALA.- ANTE MI: JORGE DANIEL DE ORO, SECRETARIO LETRADO.-	Conforme lo señalado corresponde rechazar el recurso de apelación traído a estudio, imponiéndose las costas a la actora vencida (art. 66 del C.P.C.)..

Asimismo y dado que no han sido regulados honorarios en primera instancia, se difiere la regulación de los que correspondieren a la labor desarrollada en esta instancia, para cuando exista regulación en la instancia inferior.-	EL SR. JUEZ DE CAMARA DR. DANIEL OLIVARES YAPUR, por sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, SE RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 262 vta. contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2012 obrante a fs. 259/262 la que se confirma en todas sus partes.

2) Imponer las costas de esta instancia a la apelante vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad (ley 4072).

Protocolícese, hágase saber, déjase copia autorizada bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere. Déjase constancia que el presente fallo se expide con dos (2) firmas en virtud de lo dispuesto en el art. 40 de la Ley 5854 y sus modificatorias.

FDO: DR. DANIEL OLIVARES YAPUR; DR. LUIS ALBERTO RECIO. ANTE MI DRA. MARIA PATRICIA AUBONE- SECRETARIA-	PROT. DE AUTOS T°I-F° 30/33-AÑO 2014