marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, incapacidad, jubilación por invalidez
Materia: LABORAL
Carátula: COLRAT MIGUEL VICTORIO c/ EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS T.O.A. s/ DEMANDA  -  RECURSO  DE  CASACION  -  PROCEDIMIENTO  LABORAL - PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-04-07

Para la procedencia de la indemnización fijada en el art. 212, 4to párrafo, L.C.T., quien la pretende debe demostrar que la ruptura del contrato fue impuesta por la inhabilidad absoluta para el cumplimiento de las prestaciones que el mismo impone.

El otorgamiento de una jubilación con carácter de definitiva, es prueba idónea a los fines de acreditar que al tiempo de la ruptura del contrato laboral, el trabajador se hallaba incapacitado en forma "absoluta". Pero a un cuando no se halla obtenido ese beneficio, porque no se siguió el trámite respectivo o porque solo le fue otorgada en forma provisional, el interesado podrá acreditar en el pleito que re une los requisitos legales que lo hacen acreedor a la indemnización del art. 212 4to. párrafo, L.C.T.

La concesión del beneficio jubilatorio con una incapacidad superior al sesenta y seis por ciento de la total obrera de carácter permanente, debe asimilarse a la invalidez "absoluta" a que alude el art. 212 L.C.T.

Si el vínculo laboral se rescindió por imposibilidad material de satisfacer sus objetivos, atenta la incapacidad absoluta constatada y declarada por el organismo previsional, nada modifica la circunstancia de que en la pericia médica efectuada en autos se le haya fijado una incapacidad menor, porque ésta toma en consideración solo las enfermedades del trabajo y no aquellas que pueden considerarse inculpables.

El otorgamiento de la jubilación por invalidez no resulta incompatible con el beneficio del art. 212, 4to. párrafo, L.C.T., ya que este último no repara la incapacidad sino que se concede por el tiempo que ha durado la relación laboral.-
Superior Tribunal de Justicia, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Q., I. N. y otros c/ GCBA y otros s/ Daños y perjuicios (excepto resp. médica) s/ recurso de apelación ordinario concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Por "valor disputado en último término" debe entenderse aquel por el cual se pretende la modificación de la sentencia de la alzada, esto es, el monto por el cual se agravia el recurrente ante la tercera instancia, monto que además deberá surgir en forma clara de la propia presentación del apelante. (Del voto del juez Santiago Otamendi, al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).
Revisión judicial de actos administrativos, agotamiento de la instancia administrativa, reclamo administrativo previo, recurso de reconsideración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Vergara, Guillermo c/ E.N.  (Poder Legislativo - Senado -) s/ Empleo Público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-15

No sería irrazonable interpretar que la habilitación de la vía judicial para el control de los actos dictados de oficio - por la autoridad superior competente -, cuando el perjuicio no fuera inminente o no se hubiera escuchado al interesado, estaría condicionada a la reclamación administrativa previa en los términos del art. 30 de la Ley 19.549, y no a un obligatorio recurso de reconsideración.
Cesión de derechos hereditarios, contratos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Jorge Salvador Russo c/ Carlos J. Acuña Rader y otros s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-07-14

El cesionario de derechos hereditarios, responde por las deudas y cargas de la herencia limitándose su responsabilidad al monto de los bienes que recibe, en tanto ello es consecuencia de que las mismas integran el pasivo de la herencia cedida (Cfr. Goyena Copello en "Tratado de Derecho de Sucesión", Ed. Fedye, T.III, pág. 564). Es característica inherente al contrato de cesión de herencia su cuota de aleatoriedad por cuanto su contenido es variable e incierto en concreto hasta la partición, existiendo un factor de riesgo traducido en que económicamente se ganará más o menos según cuál sea la composición de la herencia transmitida (López de Zavalía, Fernando en "Teoría de los Contratos Parte Especial", T.I-646), colocando dicha cesión al cesionario como sucesor del cedente en la misma relación jurídica respecto del objeto (Santoro-Passarelli, "Doctrinas Generales del Derecho Civil", pág. 94).
Intervención de terceros, títulos al portador, portador del título
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO SHAW  S.A. c/ JOSE MASUCCI s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-06

No procede citar como terceros a los anteriores transmitentes de los títulos al portador si la controversia es sobre la legitimidad en la adquisición y buena fe en la posesión del actual tenedor, pues ella no es común a aquellos, ni está relacionada con las anteriores transferencias.
Recurso de apelación (procesal), improcedencia del recurso, delitos contra el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, estafa, libertad de elección de AFJP, auto de procesamiento, calificación legal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO-PROCESAL
Carátula: MORALES, HONORIO s/ Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, incidente de apelación contra el auto que amplia el  procesamiento del imputado
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

1 - Corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el defensor del imputado contra la resolución por la cual se amplió el procesamiento del mismo como autor del delito previsto y reprimido por el Art. 135 de la ley 24241 en concurso ideal con el previsto por el Art. 172 del CP porque el hecho imputado fue correctamente descripto al disponerse el procesamiento y no resulta necesario el dictado de una ampliación de aquel auto por el mismo hecho pues dicha medida resultaría sobreabundante y contraria a los principios de economía y celeridad procesal.- 2 - La eventual calificación legal de la participación establecida en un auto de procesamiento no tiene incidencia concreta en otros aspectos de la situación del imputado en la causa, como por ejemplo el atinente al régimen de la libertad provisoria, el examen de aquella cuestión específica por medio del recurso de apelación, carece de trascendencia pues lo fundamental resulta ser la determinación referente a la procedencia o la improcedencia de la medida, en los términos del Art.

306 del CPP.
Contratos, tarjeta de crédito, resumen de cuentas, aprobación de la liquidación, incidente de impugnación
Materia: CIVIL-BANCARIO-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Moraes De Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur SRL y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

A los fines de impugnar un resumen de tarjeta de crédito, ninguna norma exige al consumidor que deba cumplir determinadas formulas rituales para efectuar desconocimientos de gastos que se le atribuyen, pues rige el principio de informalidad. Solo puede exigírsele que el reclamo sea suficientemente claro como para cumplir su finalidad.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral, dictamen pericial, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: De Anunciacao, Jimena c/ Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente de trabajo con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-02-19

Las pruebas administradas que darían sustento a la conclusión, son solo enunciadas en el primer apartado: Entrevista en profundidad, Test Guestaltico Visomotor (Bender), HTP (casa/árbol/persona), Test de Abrams (persona bajo la lluvia), Test de relaciones objetables (Philipson) y test de láminas (Rorsachach). No brinda ninguna explicación sobre los resultados que arrojó cada prueba y como se relacionan con el accidente. En definitiva, el dictamen reproduce los dichos de la actora en la entrevista, y algunos síntomas que potencialmente se relacionarían con el accidente, y resultan de test que son completados por la misma actora.
Robo con armas, consumación del delito, disposición de la cosa
Materia: PENAL
Carátula: SORIA, César s/ ROBO CON ARMAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-11

Quedó consumado el hecho, pues desde el momento en que los encartados ascendieron al vehículo hasta aquél en que fueran detenidos por personal policial, no sólo tuvieron pleno dominio de la acción sino también de la disponibilidad sobre los objetos sustraídos, máxime si se tiene en cuenta que durante el trayecto recorrido no fueron perseguidos. (Disidencia parcial del Dr.

González)
Tenencia de estupefacientes para consumo personal, fallos de la Corte Suprema, cigarrillo de marihuana
Materia: PENAL
Carátula: Cabaña, Facundo Nahuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-21

No se ajusta a los parámetros del fallo CS "Arriola" la conducta de quien fuera hallado fumando un cigarrillo de marihuana en las cercanías de una estación, un lugar y horario de movimiento constante de personas.
Personal municipal, beneficios previsionales, cesación de servicios, aplicación de la ley, ley vigente, días hábiles administrativos, cómputo del plazo, pensiones, muerte
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: MORENZA, CARLOS c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-01

El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241) tiene tres momentos de entrada en vigencia. El Libro I, por aplicación del art. 129 y Dec. 56/94, comienza a regir desde el 15.07.94. Los arts. 158 (modificaciones a la ley 18.037), 159 (modificaciones a la ley 18.038) y 165 (derogación de la ley 23.604), comienzan a regir "a los 60 días desde la promulgación (art. 191, inc. d). Esos 60 días deben contarse "hábiles administrativos" (Dec. 2433/93 - reglamentación al art. 191), es decir que la vigencia debe entenderse a partir del 01.02.94. El resto de los artículos no comprendidos en esas excepciones expresamente reguladas, comienzan a regir a partir de la promulgación de la misma (art. 191, inc. d), es decir, el 13.10.93 (cfr. C.N.A.S.S., Sala I, sent. 76679 del 24.03.95; Brito Peret, José I., "Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones", pág. 667 y sgtes.). Sentado ello, si el cese de la prestación tuvo lugar, en el caso, el 30.04.93, resulta aplicable el régimen previsto en el Dec. 1645/78 (Régimen Municipal de Jubilaciones), que en su art. 18 dispone expresamente que "el derecho a las prestaciones se rige en lo sustancial, salvo disposición expresa en contrario para las jubilaciones, por la ley vigente a la fecha de cesación en el servicio, y para las pensiones por la vigente a la fecha de la muerte del causante". Desde esa perspectiva, no resulta aplicable a la época de cese del peticionante la ley 24.241 ni el Dec. 2433/93 que reglamenta dicha ley. (Del dictamen Fiscal al que adhiere la mayoría. El Dr. Fasciolo votó en disidencia).
Derecho a la libertad, presunción de inocencia, debido proceso, intención de eludir la acción de la justicia
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Cristina Elisabet c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-10

Toda vez que la Constitución Nacional consagra categóricamente el derecho a la libertad física y ambulatoria e impone el deber de considerar y tratar a todo individuo como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme debe descartarse toda restricción de la libertad del imputado durante el proceso que no contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, monto indeterminado
Materia: PROCESAL
Carátula: TOSI, EUGENIO c/ PORTNOY, RITA s/ HIPOTECARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-20

En tanto el instrumento público compruebe una obligación exigible en moneda nacional de dar cantidades de dinero líquidas o fácilmente liquidables, como es el caso de la moneda extranjera o los Bonos Externos de la República existe título ejecutivo.

Y, si a ello se agrega el cumplimiento de los recaudos previstos en los arts. 520 y 523 inc. 1, del Código Procesal ninguna duda puede albergarse sobre la aptitud ejecutiva del título y del resguardo del derecho de defensa del ejecutado, pues está absolutamente aventada la posibilidad de reclamación de un monto indeterminado, aspectos a los que verdaderamente apunta la defensa de inhabilidad.
Contestación de la demanda, reconocimiento de los hechos, negación de los hechos
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M.T. c/ A., S. s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-08-29

"La contestación de la demanda, conocida también como "responde" constituye el momento preclusivo para el demandado; de ahí su importancia. ... El demandado tiene que expedirse categóricamente respecto de los hechos, o sea, debe reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda".
Cuestiones procesales, plazos procesales, recurso de inconstitucionalidad, caducidad, sentencia, impulso procesal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ López, Jorge Andrés c/ GCBA s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-30

Corresponde rechazar la queja porque no se observa afectación alguna de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa que el quejoso aduce conculcados. Ello, en tanto el debate propuesto gira en torno a verificar si el plazo contemplado en el artículo 260 inciso 2 del CCAyT se ha cumplido o no. Y, más allá de que la Cámara ha decidido la caducidad sin referirse a las consideraciones expuestas por este Tribunal en los autos caratulados "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Ordoñez, Jorge Javier c/ Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (DGR) s/ impugnación actos administrativos", expte. n° 14866/17, sentencia del 19/12/2018 -las cuales coinciden con lo afirmado por el quejoso respecto de que la presentación de una cédula a confronte es un acto impulsorio y, por lo tanto, interruptivo del plazo del art. 260, inc. 2 del CCAT-, lo cierto es que la caducidad ha operado de todos modos. (Del voto de la juezas Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg y del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, retiro de fondos, acción civil por accidente de trabajo, deducción de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: RAMOS, PEDRO ROBERTO c/ MURCHISON  S.A. s/ ARTICULO 1113 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-17

Cuando el trabajador hubiese percibido -sin derecho- los importes depositados en sede administrativa, corresponde para el supuesto de tener andamiento la acción intentada en base al artículo 1113 del código civil que dichas sumas sean descontadas, debidamente actualizadas, en la oportunidad correspondiente.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, sobreseimiento
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Alessi, Miguel Angel c/ Ontiveros, Luis Elias y Otro s/ Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-09-28

El trámite penal no hace prejudicialidad, por imperio del art. 1103 del código Civil, respecto del factor de atribución de la responsabilidad (determinación de la culpa). En igual manera, el modo de extinción de la causa penal por prescripción impidió a la jurisdiccional penal expedirse respecto de la relación de causalidad entre el accionar de las partes y los daños acaecidos.

A partir de ello, el juez civil tiene, relacionado con las probanzas acreditadas, amplias facultades para meritar el cumplimiento de los requisitos necesarios para imputar o no responsabilidad indemnizatoria.
Allanamiento sin orden, consentimiento del morador, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: Castro, Miguel A. - Rodríguez, Marcelo F. y otros. s/ Requisa personal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Es nula la requisa practicada por personal policial en el domicilio del imputado, sin orden judicial de allanamiento, justificada sobre la base de que espontáneamente se facilitó el ingreso a la vivienda, cuando luego el interesado no firmó el acta, ya que el derecho a la privacidad del propio domicilio no es renunciable para el detenido si no lo hace ante el juez competente o al menos, viene asentado ante testigos hábiles que dan fe de su clara decisión de que se otorgó consentimiento para la requisa.
Comercio exterior, crédito documentado, costumbre, fuentes del derecho
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  CENTRAL  DE  LA REPUBLICA  ARGENTINA c/ CASA BEATO DE  A. A. BEATO E HIJOS S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-10

Las normas materiales de derecho mercantil originadas en los usos y prácticas bancarias internacionales han llegado a cobrar la importancia más decisiva para regir las cuestiones controvertibles por la operación de un crédito documentado. Las "Reglas y usos sobre créditos documentados" (Reglas de Viena), constituyen así, una fuente de derecho de origen consuetudinario, sistemátizada por la Cámara de Comercio Internacional que consisten en normas materiales directas, integrantes del llamado "New Merchant Law", que tienden a prevenir los posibles conflictos de leyes mediante la unificación (usual o convencional) de normas mercantiles (cfr. Boggiano, Antonio, "Derecho Internacional Privado. Derecho Mercantil Internacional", t. II, Ed. Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 5ta. Ed., pag. 301). Sin embargo, no todas las cuestiones que puede suscitar el funcionamiento de una operación bancaria de crédito documentado quedan resueltas mediante normas materiales uniformes (cfr. Soufflet, "Le Credit Documentaire", n° 114 y sgtes.). Esas normas ordenadas también pueden presentar lagunas y además, no es descartable que puedan originar conflictos por las variadas prácticas bancarias locales o por la divergencia de interpretaciones jurisprudenciales de aquellos usos aparentemente uniformes. En tales casos, hay que solucionar el conflicto mediante la elección de un derecho nacional, mediante las normas de conflicto aplicables a las diversas relaciones en juego.
Trabajadores de la salud, médicos, contrato por prestación, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: OLIVA, HECTOR c/ INSTITUTO SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

No corresponde afirmar que no medió contrato de trabajo por el hecho de que el artículo 33 de la ley 22269 autoriza a contratar "por prestación"; al margen de que esa norma también permite contratar "en relación de dependencia", son irrenunciables todos los derechos derivados de una relación de trabajo (artículos 7 y 12 Ley de Contrato de Trabajo). Ante el llamado contrato realidad, no tiene importancia para determinar su naturaleza jurídica lo que las partes hayan formalizado, sino lo que resulta de los hechos.
Sentencia arbitraria, procedencia del recurso, aplicación errónea de la ley, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Sajoux, Nicolás y otros c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Nicolás Sajoux (UBER) s/ art. 83 usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) - CC
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-10

Las actividades mentadas en el art. 77 del Código Contravencional son aquellas comprendidas por el artículo 1.1.1 del Código de Habilitaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el cual toda actividad comercial o industrial desarrollada en el ejido de la Ciudad debe contar con la correspondiente habilitación o permiso, lo cual excluye la actividad de conducir un vehículo. Esta interpretación es la que surge del juego armónico de las normas analizadas y es la interpretación auténtica efectuada por los legisladores porteños al momento de sancionar el Código Contravencional. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Excarcelación, derecho a la libertad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Macchieraldo,    Susana    Raquel s/ recurso   de   casación   einconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-22

Que la privación de la libertad "no debe ser la regla", constituye un principio expreso constitucionalizado (Artículo 9, inciso 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). (Voto de la Dra. Ledesma, adhiere el Dr.

Tragant y según su voto Dr. Riggi).
Pagaré, mora, constitución en mora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Lloyds Bank Ltda. c/ Finamore Luis s/ Ejecución resolución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-16

Cuando el pagaré sea pagadero a la vista y con cláusula sin protesto debe ser presentado al deudor a fin de constituirlo en mora. El incumplimiento de esa presentación no perjudica la acción cambiaria, en tanto ésta no tiene previsto supuestos de caducidad como lo tienen las acciones de regreso (art. 57 dec. ley 5965/63) y sólo tiene importancia esa omisión en cuanto al momento en que debe comenzar el cómputo de los intereses moratorios. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Delitos contra la salud pública, suministro infiel de medicamentos, expendio de medicamentos, receta médica
Materia: PENAL
Carátula: "BAUER, Marcelo A. y otros s/ proc.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-28

La conducta prevista por el art. 204 quater del Código Penal consiste en vender algo para lo que se requiere autorización sanitaria sin ella, o sea, la acción típica consistiría en vender sin autorización del órgano competente sustancias medicinales que requieren receta médica. Se trata de un delito doloso que requiere el conocimiento y voluntad de vender esas sustancias y la falta de autorización para ello (Código Penal Comentado y Anotado, Andrés D´Alesio, Parte especial, Pags. 655, 1° Ed. E.D. Astrea Ed. E.D.La Ley; Carlos Creus, Derecho Penal, Parte especial, T°2, pág.78/9, 6). Así, se distingue de las figuras previstas por los arts. 204, 204 bis y 204 ter que atienden a un sujeto que goza de autorización para la venta de sustancias medicinales -vgr. -farmacéutico-.En esta previsión legal incurre quien merced a un aviso clasificado ofrece a la venta un medicamento sin exigir la correspondiente receta médica.