Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27


Reg.: A y S t 281 p 51/55. Santa Fe, 27 de febrero del año 2.018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de J. J. C., contra la resolución 270, del 9 de agosto de 2017, dictada por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en autos caratulados "C., J. J. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CARPETA JUDICIAL: 'S., N. E. C.; C., J. M.; C., M. A.; V., M. M.; C., J. J.; B., C. D.; S., D. H.; P., J. R. E.; S., M. D. S/ PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCIÓN DE MENORES, ETC.- APELACIÓN- SENTENCIA CONDENA PRISIÓN PREVENTIVA'- (CUIJ 21-07007060-7)" (EXPTE. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511582-2); y, CONSIDERANDO: 1. Por decisión 270, del 9 de agosto de 2017, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik, en lo que aquí es de interés, rechazaron los planteos de invalidez efectuados por la defensa y confirmaron la sentencia recurrida, por medio de la cual, los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó, habían condenado a J. J. C. a la pena de 6 años y 6 meses de prisión como coautor del delito de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores de dieciocho años de edad y de menores de trece años de edad (art. 125, párrafos 1 y 2, C.P.) (fs. 43/64). 2. Contra dicho pronunciamiento, la defensa del imputado interpone recurso de inconstitucionalidad (fs. 68/85).	Alega afectación de garantías constitucionales como el juicio previo y la defensa en juicio, con base en que la sentencia atacada resulta nula, por estar fundada en testimonios prestados durante la instrucción, sin control de la defensa. Postula la inconstitucionalidad de la ley que reguló el juicio por violación de los principios de contradicción y adversarial. Reitera que los Jueces tuvieron en cuenta pruebas que jamás se incorporaron al proceso, ni pudieron ser confrontadas por la defensa y que no existió inmediación alguna. Refiere el criterio según el cual, aun en los casos de excepción, debe prevalecer la garantía de la defensa del imputado respecto al específico derecho de controlar e interrogar a los testigos, citando normativa internacional y jurisprudencia que avala su postura. Considera que lo ocurrido en el presente impone la nulidad de todo lo actuado y solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 6740 y sus modificaciones por ley 12734 y 12912 aplicadas al caso, en el entendimiento de que violan el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, al permitir al juez dictar sentencia basándose sólo en la prueba recolectada en la instrucción. Por otro lado, cuestiona la acusación por ambigua, imprecisa e indeterminada. Pone de resalto que del análisis de la imputación resulta imposible saber cuál fue el o los actos realizados por C. que importen una autoría o participación personal con relevancia penal, así como tampoco puede determinarse en qué lugar y de qué modo y contra cuál de las supuestas menores los realizó. Agrega que sólo se le endilga haber asistido a un lugar donde otras personas ya realizaban antes de su llegada "...actos obscenos, provocaciones, manoseos y tocamientos en partes pudendas de las víctimas y propuestas de contenido sexual...". Entiende que al justiciable se lo ha acusado, juzgado y condenado por un obrar totalmente atípico, ya que sólo se le ha atribuido haber asistido a la casa de su amiga Sanchez, pero no hechos concretos, ni haber intervenido de modo alguno en las actividades desarrolladas por las demás personas presentes. Estima que asignarle a tal obrar generalizado la calificación penal de corrupción de menores presenta una lesión al principio de legalidad sustancial. Por último, invoca falta de fundamentación del fallo cuestionado y violación al derecho a recurrir la sentencia condenatoria a fin de que se revise ampliamente. Explica que los Magistrados no ingresaron al análisis de cada una de las pruebas, ni evaluaron su alcance y entidad convictiva conforme los principios de la sana crítica como lo exige la revisión amplia. 3. El A quo, por auto 363, del 5 de octubre de 2017, deniega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto (fs. 86/89); lo que motiva la presentación directa de la interesada ante esta Corte (fs. 92/111v.). 4. Cabe anticipar que esta impugnación no ha de prosperar, pues pese a las alegaciones de afectaciones a mandas constitucionales que realiza la defensa, lo cierto es que del análisis de sus postulaciones en confrontación con el pronunciamiento atacado, no se advierte la configuración de una cuestión constitucional que habilite la apertura de esta instancia extraordinaria. 4.1. En primer lugar, cabe señalar que la nulidad que ahora plantea la presentante por haberse basado la condena -dice- en prueba realizada en la instrucción sin su control, ya había sido introducida por la entonces representación técnica del imputado por vía de la invalidez de los testimonios de las menores y la afectación al derecho de defensa y fue abordada por los Jueces en el fallo cuestionado, sin que los fundamentos aquí esgrimidos permitan calificar de arbitrarias a las consideraciones del A quo sobre el punto o tener por acreditada la alegada lesión. En efecto, los Judicantes brindaron motivos suficientes para descartar la postulación defensiva, haciendo hincapié en que el número de intervenciones que habían tenido las menores víctimas en el proceso vedaba la posibilidad de nuevas declaraciones o de someterlas a interrogatorios en pos de evitar su "revictimización"; que el informe pericial no aconsejaba su interpelación por parte de abogados defensores; y que las partes habían tenido la posibilidad de conocer el contenido de los testimonios y de consultar a los profesionales que los habían tomado. Frente a esta argumentación de la Alzada, la quejosa insiste en la nulidad de todo el proceso por haberse valorado prueba realizada sin su control, mas sin lograr con sus formulaciones descalificar desde la óptica constitucional la respuesta brindada por la Cámara, al no demostrar concretamente en qué se habría perjudicado el ejercicio de la defensa por la circunstancia apuntada, teniendo en cuenta las particularidades que presentan las declaraciones asistidas de menores de edad y que ha podido -y de hecho lo ha efectuado- cuestionar los testimonios de las niñas en distintos aspectos. En consecuencia, más allá de la terminología empleada, se vislumbra tan sólo su mera discrepancia con las valoraciones realizadas por los Jueces de las instancias ordinarias para rechazar justamente todos los agravios referidos a la entidad convictiva de tales declaraciones, sin que se advierta en ellas algún supuesto de arbitrariedad que habilite la apertura de esta instancia de excepción. Lo dicho basta para descartar el planteo de inconstitucionalidad de la normativa procesal que rige el presente caso -juicio escrito según ley 6740-, ya que tal solicitud se funda en que su aplicación violaría el derecho de defensa por habilitar una condena basada en prueba colectada en la instrucción sin control de su parte, circunstancia de la que -como se desarrolló ut supra- no ha logrado la compareciente demostrar que se derivara "per se" un gravamen al ejercicio del derecho de defensa. 4.2. En relación a las críticas a la acusación por imprecisión y vaguedad, el planteo tampoco merece tener favorable acogida. Ello es así, por cuanto del análisis de la conducta atribuida al imputado por el Fiscal no se advierte que se hubiera visto restringida la posibilidad del justiciable de conocer los hechos que se le endilgaban -indicándose lugar y momento, víctimas y el carácter de los actos realizados- y, por tanto, de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, circunstancia que provoca su rechazo. Por lo demás, también la recurrente postula que se le atribuyeron a C. conductas atípicas, "no delictivas", por las que se lo terminó condenando, mas estas alegaciones sólo revelan la mera discrepancia con la interpretación que de las normas en juego con arreglo a las circunstancias de la causa efectuaron los Magistrados en el ejercicio de funciones propias, tarea que no corresponde a esta Corte revisar, salvo casos de arbitrariedad que no se advierten configurados en la especie. 4.3. Por último, cabe también rechazar los restantes agravios vinculados a las críticas de la presentante al fallo por haber confirmado la condena de C. no haciendo lugar a los expuestos por su parte al recurrir la primera condena dictada en la Alzada, pudiendo resumirse -pese a la terminología empleada- todos ellos en cuestionamientos de arbitrariedad probatoria y falta de fundamentación. Es que, el análisis de las postulaciones a la luz de las constancias de la causa revela que aquéllas no son más que la reiteración de las efectuadas en las instancias anteriores y que ya han sido analizadas y rechazadas por la Alzada, con fundamentos que, se compartan o no, no logran ser descalificados desde la óptica constitucional por la compareciente. Así, más allá de que la interesada pueda discrepar con el razonamiento realizado por la Cámara en la resolución atacada, no logra persuadir a esta Corte con sus formulaciones de que no se haya cumplido en la especie con la debida fundamentación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial. Del mismo modo, no se advierte el incumplimiento del derecho a la revisión amplia que le corresponde a todo imputado, toda vez que al tratarse de un caso de primera condena en Cámara, fue ésta, con distinta integración, la que analizó el fallo a la luz de los agravios defensivos y confirmó la condena, cumpliéndose con la garantía constitucional referida según los lineamientos fijados por esta Corte en el precedente "Scalcione" (A. y S. T. 271, pág. 239). 5. En conclusión, desde que la quejosa no ha acreditado que las apreciaciones efectuadas por el A quo encuadren en alguna hipótesis de arbitrariedad o de convalidación de violación de derechos o garantías constitucionales, sus agravios no tienen entidad suficiente como para abrir esta instancia excepcional, cuyo propósito no es -como reiteradamente se ha sostenido- enmendar posibles errores o soluciones opinables, sino verificar la adecuación de los pronunciamientos emanados de los tribunales inferiores al ordenamiento jurídico fundamental. Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Andrés, Netri y Burtnik. Tribunal que intervino con anterioridad: Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia, doctores Renna, Creus y Feijoó.