Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-16


SENTENCIA Nº 39016 JUZGADO Nº2 AUTOS: "CHAPO, LEONARDO GUSTAVO c. PESAL S.A. y otros s. Despido"	En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto	de 2012, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda viene apelada por ambas partes.

II.- Viene discutida por AMX ARGENTINA S.A. la solidaridad entre las sociedades. Esta Sala reiteradamente ha sostenido que la explotación de una licencia otorgada por una señal telefónica celular móvil es concretada a través de la contratación de servicios de telefonía celular con personas físicas o jurídicas, y, accesoriamente, la venta o entrega en comodato de los aparatos necesarios a ese fin. En la especie, lo hacía a través de Pesal S.A., quien contrató al actor para promover y concertar negocios de "venta de servicios" y "venta de los aparatos", que eran de propiedad de la apelante. Es decir, ésta contrató con aquélla la promoción y concertación de contratos relativos a la prestación del servicio de telefonía celular, que constituye el objeto principal de la explotación comercial, situación paradigmáticamente aprehendida por el artículo 30 L.C.T.. Lo resuelto se encuentra al abrigo de revisión.

Se queja la parte porque el señor Juez a quo tuvo por acreditado el pago de una porción no instrumentada de la remuneración. El planteo es insuficiente pues se limita a disentir con valoración realizada por el magistrado de las declaraciones testimoniales las que no individualiza ni analiza su contenido a fin de demostrar la lectura deficiente o su apreciación a soslayo de las reglas de la sana crítica (artículo 386 CPCCN).

Esta solución determina la confirmación de la multa del artículo 1º de la Ley 25323 y también la procedencia del recargo del artículo 2º de la norma citada pues de las constancias de la causa surge que el actor intimó debidamente de conformidad con las previsiones establecidas en la ley (v. fs. 446).

III.- El recurso de la parte actora es parcialmente procedente.

Cuestiona el accionante la base de cálculo admitida en grado. Sostiene, que prestado el juramento en los términos del Artículo 11 de la ley 14.546 y detalladas las operaciones de venta efectuadas, corresponde -a su entender- hacer lugar a su postura.. El planteo es ineficaz. El juramento en sí mismo no es ni decisorio, ni estimatorio, sino un juramento sobre "hechos" del cual el juez puede apartarse cuando las restantes constancias acreditan su inexactitud, es decir, es un instrumento para obtener una presunción "iuris tantum" de la existencia u ocurrencia de tales hechos. En tal sentido, la planilla acompañada al inicio fue desconocida expresamente por la demandada y el actor no acreditó su autenticidad por otros medios de prueba, lo que sella definitivamente la suerte adversa de la pretensión. En ese marco, ante la falta de demostración fehaciente del nivel salarial resulta de aplicación el artículo 56 L.C.T. que otorga cierta discrecionalidad al Juez para que fije la remuneración de acuerdo a las circunstancias del caso y el sentenciante lo ha hecho razonablemente.

No ha mediado omisión de tratamiento del rubro "falta de pago de diferencias de sueldo, por comisiones por ventas y premios" sino que el a quo lo ha desestimado con fundamento en que el pretensor no acreditó respecto a dicha partida su postura inicial. Fundamentos sobre los que no se registran agravios.

Le asiste razón respecto del reclamo del sac sobre las vacaciones proporcionales del 2007. La partida asciende a $56,05.-.

El actor deplora que se haya desestimado la pretensión de obtener la multa del artículo 80 L.C.T., fundada en la omisión de la intimación prevista por el Decreto 146/01. Ninguna de las razones que expone es válida. La exigencia del mencionado decreto no es inconstitucional, porque, lejos de someter la aplicación de la Ley 25345 a un requisito restrictivo, permite, mediante una simple manifestación documentada, otorgar certeza a la exigibilidad de los certificados y aventar las innumerables cuestiones que podrían ser planteadas, de buena o mala fe, sin ese recaudo.

El hecho de haberse extendido la responsabilidad en los términos del artículo 30 LCT a AMX S.A. no la convierte en empleadora. Aquélla se encuentra excluída pues carece de elementos necesarios para su confección.

IV.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en cuanto pronuncia condena, y se fije el capital nominal en $ 10.500.42.- al que accederán los intereses en la forma establecida; confirmar los pronunciamientos sobre costas y las regulaciones de honorarios que se ajustan a las pautas arancelarias, bien que referidas al nuevo monto con intereses; se impongan las costas de alzada en el orden causado y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en origen (artículos 68 y 279 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).- El DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

1) Adhiero al voto que antecede con excepción de las cuestiones a las que habré de referirme a continuación.

a) Arriba sin cuestionamiento a esta Alzada que el actor era viajante de comercio. Si ello es así, no cabe duda que tenía derecho a percibir comisiones sobre la base de un porcentaje del precio de venta de los productos y servicios que comercializaba. Al respecto, la jurisprudencia tiene dicho que para poder accederse al pago de comisiones adeudadas es necesario efectuar un detalle de las operaciones que habrían generado el derecho a su cobro so pena de no admitirse el reclamo. Esto fue cumplido en la planilla de fs. 4.

Ello así en tanto el artículo 11 de la ley 14.546 establece que "Incumbirá al comerciante o industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derechohabientes prestan declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en el libro a que se refiere el artículo anterior", condición que advierto cumplida a fs. 18.

Cumplidos los recaudos legales, incumbe al empleador la prueba contraria, quien debe "conservar las notas de venta remitidas o elevadas por los viajantes no siéndole admitida su destrucción hasta transcurridos los plazos establecidos en el artículo 4°" (art. 11 citado).

Va de suyo que el desconocimiento que la empresa pueda efectuar al contestar la acción, del detalle de las operaciones por las que se reclama comisión resulta inoperante porque su validez no depende de la voluntad del empleador sino de la ley que le da fuerza probatoria, en tanto se cumpla con el recaudo del artículo 11 de la ley 14.546 Lo expuesto, a mi juicio, es suficiente para admitir este agravio y considerar que las comisiones denunciadas integran la remuneración a considerar en la base de cálculo de los rubros diferidos a condena, máxime cuando el perito contador informó que la accionada no lleva el libro del artículo 10 de la ley 14.546 (fs. 499).

Sin perjuicio de ello, estimo necesario efectuar algunas consideraciones que refuerzan la conclusión aludida: a) la accionada no reconoció nunca a la actora su carácter de viajante de comercio; b) como dije, no lleva el libro exigido por el art. 10 de la ley 14.546; c) no informó al perito sobre las ventas realizadas por el accionante (pericia fs. 50, punto 8), circunstancia que permite inferir que la empleadora no proporcionaba copias de las notas de venta que se confeccionaban, no obstante existir solicitudes de servicio mediante las cuales se autorizaban las ventas (pericia contable; fs. 500, punto 6).

Como puede observarse, no estamos frente al caso de un viajante que teniendo que haber tomado la previsión de guardar sus notas de venta no lo hizo, sino frente a una persona a la que no se le reconoció tal carácter y a la que, pese a realizar ventas, no se le permitía mantener en su poder constancia alguna de las operaciones concertadas.

Si ante estas circunstancias, se exigiese la individualización concreta de las operaciones que dieron derecho a cobrar comisión o aun la prueba de ello, por la mera circunstancia de haberse desconocido en el responde el detalle formulado al prestarse el juramento de ley, se estaría premiando a un empleador incumplidor de la legislación estatutaria de aplicación y beneficiándolo, sólo por la falta de documentación de la que, injusta e injustificadamente privó al trabajador. No obstante, considero que la remuneración mensual del actor no alcanzaba el monto denunciado en la demanda, porque para ello sostuvo que a partir del mes de mayo de 2007 se convino un sueldo básico de $ 1.000.- aspecto que llega a esta Alzada ausente de una crítica concreta y razonada de las razones que llevaron al a quo a concluir de esa manera, no alcanzado ese parámetro la breve referencia que se hace a fs. 670-g. a la declaración de Sánchez.

En esa inteligencia, considero prudente establecer el monto de la remuneración del actor en la suma de $ 2.450.-, ya que la fijada en la instancia anterior coincide sólo con la neta denunciada a fs. 8 vta., y utilizarla como base de cálculo de la liquidación final.

b) En función de lo analizado en el considerando anterior, estimo procedente el reclamo de comisiones impagas de los meses de julio y agosto de 2007, como así también el S.A.C. sobre las vacaciones no gozadas ya que la suma de $ 672,66.- resulta insuficiente para cubrir ambos conceptos, partiendo del sueldo considerado en grado.

c) Por lo expuesto, propongo modificar la sentencia de la instancia anterior y establecer los rubros y montos objeto de condena en la siguiente forma, teniendo en cuenta que algunos de ellos arriban ausente de agravio:

Indemnización por antigüedad	$ 2.450,00.- Indemnización sust. del preaviso (inc. S.A.C.)	$ 2.654,17.- Remuneración agosto 2007	$ 2.450,00.- S.A.C. prop. segundo semestre 2007	$ 345,16.- Dif. S.A.C. primer semestre 2007	$ 689,00.- S.A.C. sobre vacaciones 2007	$ 56,06.- Días feriados sobre comisiones	$ 330,72.- Comisiones impagas	$ 900,00.- Incremento indemnizatorio art. 1, ley 25.323	$ 2.450,00.- Sanción art. 2, ley 25.323	$ 2.552,09.-	=========	TOTAL	$ 14.877,20.-	El monto de condena se incrementará con los intereses dispuestos en grado.

2) En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 del C.P.C.C. corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios. Respecto de las primeras, sugiero imponer a la demandada las costas totales del proceso (art. 68, C.P.C.C.). En cuanto a los segundos, propicio regular los de la representación y patrocinio de la parte actora, demandada AMX (en conjunto), demandadas Pesal S.A., Parra y Fullone (en conjunto) y perito contador	en el 20%, 16%, 17% y 6%, respectivamente, del monto de condena, incluidos los intereses.

Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y se fije el capital nominal en $ 14.877,20.- al que accederán intereses en la forma establecida; se deje sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios; se impongan las costas totales del proceso a la demandada; y se regulen los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora, demandada AMX (en conjunto), demandadas Pesal S.A., Parra y Fullone (en conjunto) y perito contador	en el 20%, 16%, 17% y 6%, respectivamente, del monto de condena, incluidos los intereses.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO:

Que, en lo que ha sido materia de disidencia adhiero al voto del Doctor Pesino.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1)	Confirmar la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena, y fijar el capital nominal en $ 14.877,20.- al que accederán intereses en la forma establecida;

2)	Dejar sin efecto los pronunciamientos sobre costas y honorarios;

3)	Imponer las costas totales del proceso a la demandada;

4)	Regular los honorarios de la representación y patrocinio de la parte actora, demandada AMX (en conjunto), demandadas Pesal S.A., Parra y Fullone (en conjunto) y perito contador en el 20%, 16%, 17% y 6%, respectivamente, del monto de condena, incluidos los intereses.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

LUIS A. CATARDO VICTOR A. PESINO ESTELA M. FERREIROS JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA Ante mi:

ALICIA E. MESERI SECRETARIA