Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2006-02-09


San Luis, febrero 9 de 2006.

1º ¿Es formalmente procedente el Recurso de Casación? 2º ¿Existe en el fallo recurrido alguna de las causales enumeradas en el art. 287 de la ley VI-050-2004 (5606)? 3º En caso afirmativo la cuestión anterior ¿cuál es la ley a aplicarse o la interpretación que debe hacerse del caso en estudio? 4º ¿Qué resolución corresponde dar al caso en estudio? 5º ¿Cuál sobre las costas? 1º cuestión.- El doctor Uria dijo:

Que a fs. 1 se presenta el defensor del procesado a efectos de interponer recurso de casación, fundando el mismo a fs. 3/9 contra el Veredicto Nº 10 de fecha 6/07/04, dictado por la Excma. Cámara Penal de la Segunda Circunscripción Judicial, y manifiesta que "conforme a lo determinado por el artículo cuarto de la Ley Provincial Número 3278, el presente recurso se funda en el inciso b.) Cuando se hubiere interpretado erróneamente una norma legal".

Analizadas las constancias de la causa, surge que el presente recurso ha sido interpuesto y fundado en término.

En consecuencia, debe considerarse en este estudio preliminar y en mérito a lo dispuesto por el inc. a) del art. 301 ibid., que el recurso articulado deviene formalmente admisible.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

Los doctores Gatica y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el doctor Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta primera cuestión.

2º cuestión.- El doctor Uria dijo:

1) En su exposición el recurrente plantea en primer lugar lo que llama vicios in procedendo. Alude a interrogatorios en la prevención policial al imputado con apremios ilegales y en presencia del Magistrado, en violación del art. 104 del CPCrim. y 18 de la Constitución Nacional. Relata que deducida nulidad por introducción ilegítima de prueba, es rechazada a fs. 242/247; destaca que el Ministerio Fiscal justifica el procedimiento a fs. 94.

Seguidamente acusa violación del art. 208 del Cód. Proc. Crim. por haberse omitido notificar a la defensa de la agregación de documentos; que planteada la nulidad de ese procedimiento es rechazado cercenándose el derecho de defensa. Finalmente argumenta violación al art. 289 del Cód. Proc. Crim. en orden a la prueba pericial psicológica (fs. 912/915), efectúa una crítica científica y cita doctrina específica y jurídica mencionando bibliografía, y afirma "que la defensa procura en el análisis de los tres informes periciales, demostrar la conducta del imputado, que ha actuado bajo estado de emoción violenta y así que el tribunal con el mismo tenor, hubiera fundado el apartamiento de los informes, con concepto técnicos y no con una simple expresión "es indelegable para el magistrado".

En segundo término el recurrente plantea lo que llama vicios in iudicado, en la tipificación de los hechos como Homicidio, art. 80, inc. 2º del Cód. Pen., efectuada en base a "conjeturas y sobre un desplegar subjetivo del imputado, que sólo rondan en el marco de la imaginación de los camaristas", afirma que "de la pruebas producidas, no existe vestigio de hechos para la calificación del delito realizada por el Tribunal, y si sumamos la omisión de pruebas de las pruebas periciales, en cuanto hay una vicio y/o violación de la ley de fondo a no merituar la atenuante y tampoco esta fundado el apartamiento legal de los informes periciales".

Cita doctrina respecto a la emoción violenta "que permite dar paso hacia la excusa, porque la emoción es considerada en sí misma por el derecho como un estado psíquico en el cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos inhibitorios, de manera que cuando esa situación sea excusable por otros motivos que la emoción misma, la ley en realidad, atenuará la pena en razón de ciertas atenuación de la culpa, porque cabe muy distinto reproche para aquel que mata sin culpa alguna de la víctima y para aquel que fue llevado a ese hecho irritado por gravísimas ofensas".

Agrega que debe examinarse la coincidencia de la descarga emotiva con la ejecución misma del hecho; que los hechos emocionales se presentan como ejecutados con el uso exuberantes de medios, con turbulencias y repeticiones de la descarga, y con empleo de instrumentos ocasionales y que un cierto estado de tensión psíquica anterior suele ser una circunstancia que precede a los estados emocionales. Concluye que en el estado de emoción violenta, "la característica exigida por la ley es la de la violencia de la emoción. Se debe tratar, pues de un verdadero impulso desordenadamente afectivo, porque éste es destructivo de la capacidad reflexiva de frenación".

2) Que a fs. 19 contesta Vista el Procurador General de la Provincia dictaminando que debe rechazarse el recurso intentado.

3) Que entrando al examen del recurso planteado se observa que su primera parte referida a "vicios in procedendo", los agravios orientan al tratamiento dado a cuestiones de orden procesal, cuando en casación se revisa sólo el fallo y no el proceso, por lo que estos agravios referidos a la prueba, resueltas y precluidas, no corresponden al conocimiento casatorio.

Cabe tener presente que la finalidad de carácter general que reviste el recurso de casación es conseguir la uniformidad de la jurisprudencia, y la finalidad específica es la de obtener la nulidad de una sentencia por errónea aplicación o interpretación de la norma legal sustantiva, en el caso concreto fijado en sentencia definitiva por el Tribunal de mérito, ya que si bien el Superior Tribunal tiene control sobre este tipo y también sobre el rito, para restablecerlo, las tiene por otros medios y asimismo por otros procedimientos, que no son el del recurso de casación.

Sobre el particular el maestro Calamandrei en su obra: "Estudio sobre el Proceso Civil", Edit. Bibliográfica Argentina, 1961, Buenos Aires, afirma que el recurso de casación es una acción de impugnación que se propone ante el órgano jurisdiccional supremo para obtener la anulación de una sentencia de un juez inferior que contenga un error de derecho en la decisión de mérito. El recurso no se concede contra toda sentencia injusta, sino contra aquellas cuya injusticia provenga de un error de derecho y se excluye el posible error en la determinación de las circunstancias de hecho del caso sometido a juicio. Con la casación se solicita el reexamen de la sentencia para aplicar en su caso la corrección jurídica juzgando la legalidad de la misma y asegurando la recta y uniforme aplicación de la ley (ver fallos del STJSL, Tomo VII, 1986, ps. 99 y 104, autos "Cerromar Cía. Financiera S.A. c. Impresit Sideco - Casación", "Becerra de Muñoz c. Gozayni - Casación", Fallos tomo VI, ps. 228 y 239 "Díaz Alberto c. Etchuchurry Jorge - Casación", "Masoero Carmine S.R.L. c. Aldo Rafael Ayello - Consignación - recurso de casación", 12-12-2000; "Maldonado Martín Esteban - Homicidio agravado por alevosía - recurso de casación", Expte. Nº 25-M-04).

En nuestra ley de casación el vicio de interpretación o de escogimiento de una ley sustantiva, posibilita el recurso pero únicamente con relación al error "in iudicando", no estando comprendidos los errores de actividades "in procedendo", siendo una instancia comprensiva del derecho sustantivo común, o sea que los conceptos y los institutos que constituyen el contenido de la norma y bajo ningún aspecto a los derechos y garantías constitucionales que tienen sus paliativos recursivos propios (conf. STSL "Salinas Laureano - Recurso de casación", 28/6/84; "Perlo de Civalero - Sucesorio - recurso de casación", 30/6/92; "Banco Francés S.A. c. Miguel Angel Vinuesa - Ejecución hipotecaria - recurso de casación", 13/12/01).

4) Que con respecto a los agravios planteados en punto a vicios in iudicando cabe dejar sentados los hechos conforme han sido receptados en la sentencia, a saber: que "en mérito a lo analizado y argumentado, hállase comprobada la materialidad del hecho ilícito que privó de la vida a la joven Laura Natalia Chirino, y la autoría dolosa en el mismo del acusado Diego Ponce, siendo plenamente imputable". Debe este Alto Cuerpo como Tribunal Casatorio, respetar los hechos fijados en la sentencia recurrida, no estándole permitido discutir la plataforma fáctica valorada por los jueces de grado, toda vez que no es facultad de este Tribunal valorar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de la Cámara.

Se agravia el recurrente de que "tanto la pericia de la Dra. Andrea V. Ferrari y la del Lic. Carlos A. Gómez, no han sido valorados como tal, sino lo más grave aun es que no se encuentra debidamente fundado su apartamiento, por parte del Tribunal, de los mencionados informes".

Sin embargo, lo cierto es que abona el criterio del Tribunal, el dictamen médico psiquiátrico del Dr. Fernando D. Reyes (fs. 209/210), quién concluye que "a nivel de juicio crítico se observa capacidad para guiar habitualmente su conducta de acuerdo a evaluaciones racionales, internalización de normas morales y diferenciación de sus derechos y obligaciones. Presenta capacidad para criticar objetivamente su conducta y las probables implicaciones de la misma...No padece una alteración sicopática que en términos médico legales le impida comprender sus actos y dirigirlos". Frente a la disidente postura de los peritos Ferrari y Gómez Casañas, el sentenciante define la cuestión, "indelegable para el magistrado", inclinándose por lo informado por el Médico Psiquiatra, Dr. Reyes, con cita de Carlos Tozzini y Jorge Frías Caballero. Ello en la convicción de que el procesado "ha demostrado suficientemente que su voluntad estuvo dirigida a privar de vida a la joven Chirino, y para ello preparó el escenario de los hechos logrando que la joven finalmente concurriera a su domicilio, y consumado el hecho realizó una intensa actividad tendiente a borrar huellas del hecho cometido, que fue desde desembarazarse del cuerpo de la víctima hasta el lavado de prendas, ocultamiento de otras, del arma utilizada para ultimarla, todo ello lo realizó con pleno conocimiento de que había cometido un ilícito, tuvo conciencia de las consecuencias de tal accionar", y culmina: "Es por ello que la imputabilidad no depende exclusivamente de pericias siquiátricas o psicológicas sino que exige del juez un tránsito a criterios valorativos...", en conexión con la capacidad de comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Concluye declarando la plena imputabilidad del encartado.

Como es propio del sistema probatorio de la sana crítica, el Juez se encuentra en libertad respecto del dictamen pericial siempre que funde su sentencia y razone lógicamente, teniendo en consideración el total de la prueba, aceptándolo o no, todo o en parte (conf. Ricardo Levene (h.), "Manual de Procedimientos", Bs. As. 1953, ps. 88 y sigtes.).

Es que el Tribunal en el fallo en examen, ha llegado a tal convicción luego de analizar la prueba en su conjunto, y en particular los testimonios de los padres de la víctima que señalan actitudes elusivas de Ponce y trataba de seducir a la hija quien no le correspondía, lo que provocó que un día le dijera: "si no sos mía, no vas a ser de nadie", según confidencias de la propia muchacha; agregan que no autorizaron que ella concurriera a la casa del acusado la noche del hecho. A su vez Mariano Pereyra, uno de los muchachos que estuvo con el imputado en momentos previos al hecho (fs. 1041), relata que Natalia le dijo que no podía concurrir a casa de Diego, pero éste le pide que la vaya a buscar, y van los dos, instándola Ponce a que se escape por los techos de la casa, a lo que ella se niega; que alrededor de las 24 hs. "los corre aduciendo que tenía sueño, que lo hizo de mala manera, que uno de ellos espía por el ojo de la cerradura y observa que Diego no se había acostado sino que estaba comiendo. Que por ese motivo y en son de broma comienzan a tirarle piedras, que el acusado sale realmente enojado, con una honda y hiere en una pierna a uno de ellos, que por ello deciden alejarse, que serían alrededor de las tres de la mañana". Cree que Diego la fue a buscar y se la llevó. Razona el Tribunal que seguramente logró con una argucia llevarla hasta su domicilio, posiblemente diciéndole que era por un momento, de allí que la joven dejó la puerta entreabierta, conforme a los dichos del padre.

Emanuel Tomás Mellert (fs. 1041 v.), integrante del grupo corrobora en lo pertinente los dichos de Pereyra; Marcelino Javier González (1041 v.) declara que el 12 de julio de 2002 dormía y como a las cinco de la mañana se presenta Diego y le pidió si se podía quedar a dormir, contándole que un amigo había tenido un problema, y le pidió que le lavara una ropa con sangre, lo que hizo, aclarándole Ponce que su amigo había tenido problemas con su novia; que antes de irse quiso quemar la ropa que estaba con sangre.

Elvira Francisca Suárez (fs. 1042), relata que Ponce llega a su casa buscando a su hijo menor y traía un bolso con ropa mojada pidiéndole que se la secara, a lo que ella accede; que le preguntó por un abogado y luego se fue.

Estos testimonios irreprochados que el fallo impugnado examina, resultan suficientes para ilustrar al Tribunal sobre la actitud y conducta del procesado inmediatamente anterior y posterior al hecho, permitiendo advertirse un obrar lógico y calculado acorde a las circunstancias, que conlleva la disponibilidad y el goce en plenitud de su capacidad y facultades mentales, no sorprendiendo que hallan resultado decisivos para contribuir a justificar una declaración de imputabilidad.

5) Que en definitiva, el recurso resulta insuficiente, pues no se logra rebatir los argumentos desarrollados por el Tribunal Juzgador y su adecuado análisis de la figura penal, motivado, fundado y dando razones suficientes de las conclusiones a las que arriba, lo que surge evidente de la lectura de la pieza de fs. 1038/1045. Por lo demás, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las constancias de la causa, sino sólo aquellas que estimen conducentes para formular sus conclusiones (Fallos 311:571) y para la correcta solución del litigio (311:836), y tampoco están obligados a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes ni analizar los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (301:970 y 311:1191). Así, de la lectura del fallo impugnado se advierte que en él se ha cumplido el requisito de la motivación exigido, no luciendo contradictorio ni insuficiente, resguardándose con ello la garantía prevista en el art. 18 de la Constitución.

Que en conclusión y en virtud de lo expuesto, se entiende correcta la aplicación e interpretación que del art. 80, inc. 2do. del Código Penal se ha efectuado en el fallo atacado.

Por ello voto a esta segunda cuestión por la negativa.

Los doctores Gatica y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta segunda cuestión.

3º cuestión.- El doctor Uria dijo:

Que dado la forma como se ha votado la cuestión anterior, no corresponde su tratamiento.

Los doctores Gatica y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta tercera cuestión.

4º cuestión.- El doctor Uria dijo:

Que corresponde rechazar el Recurso de Casación planteado. Costas al recurrente. Así lo voto.

Los doctores Gatica y Rubio comparten los fundamentos expuestos por el Dr. Omar Esteban Uria, adhieren a lo por el expresado y votan en igual sentido esta cuarta cuestión.

Con lo que se do por finalizado el acto, disponiendo los Señores Ministros la sentencia que va a continuación.

San Luis, febrero 9 de 2006.

Y Vistos: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, se resuelve: Rechazar el Recurso de Casación planteado. Costas al recurrente.- Omar E. Uria.- Oscar E. Gatica.- Florencio D. Rubio.