Nulidad de sentencia, cosa juzgada, estupefacientes, principio de congruencia, coautoría, requisa del automotor
Materia: PROCESAL
Carátula: Acuña, Carlos Dante. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-07

Corresponde rechazar los recursos de casación de las defensas y hacer lugar al del Ministerio Público Fiscal, anular las absoluciones, y reenviar al tribunal a quo para que, previa sustanciación, por quien corresponda se dicte un pronunciamiento. Las defensas insisten en reclamos ya resueltos -no sólo en el fallo atacado sino en el dictado por el órgano de juicio que ha pasado en autoridad de cosa juzgada-, sin incorporar algún argumento novedoso. Ningún enlace puede encontrarse entre el accionar de la policía caminera llevado a cabo en la Pcia. de Buenos Aires que derivó en la detención de Acuña transportando 841,699 kg de cocaína (casi un año después del sucedido en la causa iniciada en Salta, declarada nula por probarse que comenzó con una denuncia que no fue anónima sino armada) y el acaecido en Córdoba que tuvo como resultado el secuestro de 583,239 kilogramos de la misma sustancia. Las causas no tuvieron vinculación ni puntos de contacto en su origen, más allá de la coincidencia del nombre del líder y de alguno de los sujetos del grupo delictivo, y no se utilizó información de la causa iniciada en Salta. En cuanto al anoticiamiento anónimo, se demostró que la fuerza de seguridad corroboró esa noticia a través de múltiples tareas de inteligencia y recolección de datos que fueron ordenados y controlados por el fiscal y la jueza desde el inicio; por tanto, si bien no puede utilizarse como prueba de cargo, no es óbice para que los datos brindados sirvan de pautas orientativas para los funcionarios policiales en el transcurso de una investigación. Por otra parte, existieron motivos suficientes para la requisa del vehículo de carga en el que se trasladaba Acuña y su posterior detención, orden judicial mediante: la chapa patente denotaba ciertas irregularidades y, a simple vista, se podían constatar arreglos de reciente data. En efecto, el procedimiento tuvo origen en las facultades de las fuerzas de seguridad en el marco de un operativo de prevención en las rutas del país y de aquellas otorgadas por los arts. 230 y 230 bis del C.P.P.N., que fueron convalidadas por el juez. Tampoco es posible sostener la violación al principio de congruencia, pues no se observa ninguna alteración sustancial en la hipótesis fáctica que haya provocado afectación al derecho de defensa de Heredia. Por otra parte, se advierte un plexo probatorio contundente examinado críticamente por el a quo mediante una argumentación lógica que no ofrece fisuras y que permitió arribar a la certeza apodíctica respecto de la materialidad de los hechos y del grado de intervención de los imputados. Si bien los discos con las grabaciones de las interceptaciones telefónicas fueron entregados terminado el debate, lo cierto es que lo que se valoró como prueba de cargo fueron las transcripciones realizadas por los funcionarios públicos de Gendarmería, que sí habían sido ofrecidas como prueba y aceptada su incorporación por lectura sin cuestionamiento por las defensas. Las actas labradas por las fuerzas de seguridad e incorporadas a una causa judicial deben ser consideradas instrumentos públicos en los términos del art. 979 incs. 1 y 4 del Cód. Civil -arts. 289 y ss. del vigente-, y si no han sido declaradas nulas por alguno de los defectos previstos en el art. 140 CPPN, hacen plena fe hasta que sean argüidas de falsas por acción civil o criminal de la existencia material de los hechos que el funcionario del que emana exprese como cumplidos ante él o como pasados en su presencia (Cód. Civil, art. 993). Asimismo, ninguna hesitación cabe acerca de que cada uno de los acusados desempeñó un rol concreto y efectivo en la ejecución de la maniobra, desde la obtención de la sustancia estupefaciente y de los vehículos para trasladarla, hasta la adaptación de aquéllos y de los lugares para recibirla, resguardarla, acondicionarla y fraccionarla para su futura comercialización. La circunstancia de que Juárez haya permitido que el camión quedara a resguardo, previo al transporte, en el espacio lindero a la casa de su madre, donde él moraba con habitualidad y se reunía seguido con otros miembros de la organización, revelan que su conducta lejos está de ser reputada como neutral o socialmente adecuada. Por su parte, Dorao fue considerado coautor, ya que conocía de la operatoria ilegal y participaba activamente con el líder de la organización y el resto de los intervinientes en la provisión de lugares, custodia, recepción, traslado, fraccionamiento, distribución y comercialización de estupefacientes. Finalmente, el temperamento liberatorio resulta portador de vicios que lo descalifican como acto jurisdiccional válido por su arbitrariedad. El quo sostuvo que no "se logró recolectar prueba que acredite con la certeza que esta etapa requiere que (...) hayan participado del Transporte de estupefaciente", mas contrastada esta explicación con las críticas de los recurrentes a la luz del plexo cargoso, se advierte una valoración parcializada de la prueba. El tribunal omitió precisar que no se trató de un hecho aislado de transporte, sino que se estaba frente a una auténtica organización transnacional dedicada a cometer ilícitos en infracción a la ley 23.737 y que se demostró que recibían la sustancia en Santiago del Estero desde Bolivia, para luego trasladarla por diferentes rutas argentinas hasta galpones en la Pcia. de Buenos Aires, como por ejemplo el ubicado en la localidad de José C. Paz, donde se desempeñaba como encargado uno de los absueltos y, a partir de ahí, proceder, en principio, a su guarda, fraccionamiento y posterior distribución, actividades en las que habrían intervenido los tres absueltos, quienes habrían sido mencionados en diversos tramos y a través de diferentes pruebas de cargo como vinculados con lazos estrechos e, incluso, de dependencia, con Andrada y, en distinta forma, con otros integrantes de la organización, por lo que no resulta lógico alegar desconocimiento de lo que sucedía.