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Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso de casación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Videla, María del Carmen c/ Servin, Emilio s/ Daños y perjuicios Di Toto, Jorge Ernesto s/ Pedido de quiebra Pedro Masi e hijos S.A. s/ Incidente de calificación de conducta
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-12|1995-12-28|1996-02-06

Si bien la potestad revisora de la Corte está circunscripta al contenido del fallo impugnado y del recurso que contra él se hubiere deducido y en relación al sustento jurídico de aquél, aquélla queda desplazada por diversidad de ámbito cuando una ley nueva -debido a la incidencia de los principios sobre sucesión de normas- deba ser aplicada en el tramo de persistencia de los efectos de la relación o situación jurídica posterior al pronunciamiento judicial del tribunal de grado.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso de inconstitucionalidad, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: EQUIMAC SA c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO (CSJ EXPTE Nº 28-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-11

Lo atinente a la perención de la instancia constituye una cuestión procesal ajena -como principio- a la instancia extraordinaria, máxime cuando la decisión se funda en razones suficientes de igual carácter que, al margen de su acierto o error, acuerdan sustento suficiente al fallo e impiden su descalificación como acto jurisdiccional.
Facultades del juez, certificado de trabajo
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: ROMAN, RODOLFO c/ ROMERO, JUAN s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-09

El juez está facultado para expedir certificaciones de servicios e informar al ANSES el salario, categoría y períodos trabajados que fueran reconocidos al actor en el decisorio. Tal pronunciamiento es título suficiente para que el organismo de la Seguridad Social reclame al empleador los aportes adeudados. Si bien la entrega del certificado de trabajo es una obligación de hacer puesta a cargo del empleador, nada obsta a que sea el Magistrado, ante la omisión de aquél, quien confeccione la documentación necesaria.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, presentación extemporánea, sindicatos
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: "Roca, Guillermo Eduardo S/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Roca, Guillermo Eduardo Sobre Incidente de Queja por Apelación Denegada - Otras Demandas contra Autoridad Administrativa", expte. SACAyT n° 3065/16-19 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-28

La decisión que tuvo por extemporánea la petición para que se declare la falta de representatividad del Sindicato de peones de taxis de la Capital Federal, y se adopten las medidas necesarias para que la subclase integrada por los peones, choferes y/o propietarios de taxis y empresas del sector contase con una "representación adecuada" en el marco de un proceso colectivo, y pospuso pronunciarse acerca de la solicitud del actor de verse excluido de la representación, no reúne la condición de definitivo que exige el art. 27 de la ley n° 402. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere Marcela De Langhe).
Daños y perjuicios, gastos de sepelio, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GREGORIO DE LIRANGI ROSANA Y OTRO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORODOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-21

Los gastos de sepelio de la víctima, integran los gastos a resarcir art. 1084 C.C.), y se deben aunque la parte no haya aportado prueba de su efectivo pago, puesto que se trata de gastos de necesaria realización.

No es obstáculo para su procedencia que el recibo acompañado figure a nombre de un tercero, pues es posible que se haya acudido a la ayuda pecuniaria de éste. Es a cargo de la parte obligada la prueba de que la erogación por dicho gasto no fue a cargo de los deudos del muerto en razón de ser cubiertos por determinada obra social Los gastos por traslado del cadáver al lugar en que se efectuara el servicio funerario, son plenamente justificados y comprensible que hayan sido afrontados por terceras personas. sería un desgaste inútil y sin sentido requerir que la acción sea promovida por un tercero, siendo suficiente que éste dé el recibo que se le otorgara para la procedencia de la demanda indemnizatoria.

Es pacífico que los gastos funerarios deban relacionarse con las condiciones personales del difunto y su familia. En el caso, si bien al demandar se inicia sumaria de pobreza, lo que indica que la familia de la víctima es de recursos escasos, la experiencia indica, que en estas situaciones se recibe ayuda económica o la solidaridad entre los deudos, lleva a que se pueda afrontar un servicio, por lo menos de calidad media.-
Recurso de inconstitucionalidad, juicio, partes, LEY DE CONCURSOS
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: GARCIA, CRISTOBAL OSCAR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  POR LOS HEREDEROS DEL FALLIDO- QUIEBRA DE SU PATRIMONIO (EXPTE.:  C.S.J. NRO. 277 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-12-26

No resulta irrazonable desestimar planteos pretendidamente constitucionales cuando el gravamen invocado puede ser imputado a la propia negligencia del quejoso, conforme lo sostenido en reiteradas oportunidades por el Alto Tribunal nacional en el sentido de que "los agravios derivados de la propia conducta omisiva del recurrente no resultan susceptibles de suscitar la intervención de la Corte". En el caso, la recurrente no demuestra haber utilizado los medios impugnativos que la ley concursal ponía a su alcance para atacar la sentencia declarativa de la quiebra (ver arts. 98 y ss.)
Daños y perjuicios, compensación económica
Materia: CIVIL
Carátula: GHIANO, RAUL MARIA c/ ALZOGARAY, JOSE MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-07-07

Corresponde desestimar los agravios referidos a la afirmación sentencial que la privación de uso de un bien basta para acreditar el daño dado que la misma se encuentra ajustada a derecho en tanto la calificada doctrina invocada y el fallo plenario citado (cfr. CNCiv, en pleno, Civit, Juan vs. Progress SA y otro, del 22/2/1990, JA, 1990-III-49 y LL, 1990-B-474), sirven de basamento a la procedencia de aquel resarcimiento (CSJTuc., "Nadra de Rossini, Julia vs. Peralta de Canavoso, Benita E. s/ Resolución de contrato", sentencia N° 56 del 25/02/1999; sentencia Nº 706, 20/8/2010 "Neme, Yolanda Margarita vs. Renauto Tucumán S.A. s/ Resolución de contrato y daños y perjuicios"). Lo considerado por la sentencia en crisis en orden a la reparación del daño derivado de la privación de uso encuentra sustento asimismo en lo resuelto por este Tribunal respecto a la privación de uso de un automotor y que resulta aplicable en la especie, en cuanto a que ? la privación del uso de un bien tiene como contrapartida la indemnización necesaria para mantener o restituir la situación de la víctima precedente al hecho (art.

1083 CC), lo que se traduce en los gastos que implica un uso similar o equivalente al que se tendría de no estar privado del bien (CSJTuc, sentencia 366, 26/5/2010, ? Usandivaras Grammatico Ana María vs. Noacam S.A. s/ Daños y perjuicios? ), en este caso, al que habría tenido el damnificado si hubiera dispuesto de la vivienda prometida en el contrato cuya entrega se vio frustrada por culpa de la demandada. La sola privación del uso de cualquier cosa que debía estar en el patrimonio, le ocasiona a su titular un daño económico, a veces positivo, por los desembolsos que debe efectuar para reemplazar el objeto (cfr. Moisset de Espanés, "Privación del uso de un automóvil", LA LEY, 1984-C, 51 y ss.). Expone la Dra. Zavala de González que el enfoque correcto para determinar la existencia de esa pérdida efectiva debe examinar cuál era el derecho con que contaba la víctima, y del que fue privada a raíz del suceso, sin interesar qué proceder ha desplegado ella antes de ser indemnizada: lo relevante es cuál actuación podría haber desenvuelto de haber sido resarcida oportunamente (Zavala de González, Matilde, en "Resarcimiento de daños vol. 1, Daños a los automotores", Ed. Hammurabi SRL, edición 1989, Bs. As. p. 119).
Nulidad procesal, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CAMPOS, GREGORIO H. Y OTRO s/ PRIVACION  ILEGITIMA  DE  LA LIBERTAD, ROBO CALIFICADO DE AUTOMOTOR Y  ROBO CALIFICADO EN CONURSO IDEAL, TODO EN CONCURSO REAL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-04-18

La razón de la sanción de caducidad se debe a la finalidad de dar estabilidad y seriedad a los actos que se cumplen con motivo de la realización de un proceso.Por ello, la ley está acertada al establecer un brevísimo plazo al derecho de oponer nulidades, de modo que la expresión inmediatamente después -art. 162 inc. 3 del CPP-, debe ser observado puntillosamente, ya que su finalidad no admite otra interpretación.-
Locación, obligaciones solidarias
Materia: LABORAL
Carátula: Galarza, Marta c/ Savoy S.A. y/o Rosa S. de Casas y/u otros s/ Antigüedad, preaviso, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-06-25

Las ulteriores transferencias del establecimiento agregan nuevos responsables solidarios pues, se trata de obligaciones que van anexas a la empresa o establecimiento, con independencia de su titular. Cuando la transferencia se opera por arrendamiento, el cesionario y el cedente resultan solidariamente responsables de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, tanto respecto de las existentes a la época de celebración como a las de extinción del arrendamiento o cesión, sin requerir la efectiva acreditación de la existencia de fraude en perjuicio del trabajador.
Acción de inconstitucionalidad, tributos, medida de no innovar
Materia: PROCESAL
Carátula: Empresa de Distribución de Electricidad de Salta - Edesa S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-01-22

Si bien, con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte, no proceden, por vía de principio, las medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando se los impugna sobre bases "prima facie" verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales. De la misma manera, se ha señalado que la naturaleza de las medidas cautelares, como la solicitada en autos, excluye el juicio de verdad o certeza, en tanto su finalidad es solamente atender aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.
Excarcelación, resolución denegatoria, circunstancias que impiden la excarcelación, delitos contra la integridad sexual
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Nieto, Walter Rubén y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

Es arbitraria por falta de motivación la denegatoria de excarcelación que no indica cómo el supuesto aprovechamiento por parte del encartado de la inmadurez sexual de la damnificada, permitiría sostener un fundado temor de que el imputado no se sujetará a la jurisdicción de sus jueces u obstaculizará de otro modo el proceso y omite hacerse cargo de las pretensiones del recurrente que había planteado la posibilidad de aplicación de otras medidas no privativas de la libertad. Una privación de la libertad física a título de prisión preventiva sólo es compatible con el art. 7 CADH si no excede los límites estrictamente necesarios para asegurar que el imputado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones o que no eludirá la acción de la justicia. Interpretada como cautela sustitutiva de la prisión preventiva, la prohibición de concurrencia a determinados lugares se explica por el fin de evitar que, concurriendo a ellos, el imputado se sustraiga a la jurisdicción o, bajo ciertas condiciones, evitar que se hostigue, amedrente o amenace a los testigos. La disidencia sostuvo que tales medidas no resultan suficientemente idóneas para evitar el contacto entre el acusado y la víctima y sus familiares y para evitar el riesgo de influir en el ánimo de los testigos. (Dres. García, Yacobucci y Mitchell -disidencia-).
Procedencia del recurso, abuso sexual simple, sistema acusatorio, defensa en juicio, prueba
Materia: PENAL
Carátula: U., E. O. c/  s/ abuso sexual
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-03

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la decisión que condenó al imputado en orden al delito de abuso sexual simple, por tratarse del ascendiente de la víctima, en el marco de un juicio abreviado, y en el que se le impusieron condiciones en los términos del art. 27 bis del Código Penal, que no habían sido objeto del acuerdo pactado, puesto que si se adoptó el procedimiento regulado en el art. 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, es de destacar la exigencia de dicha norma de que el fiscal concrete su petición punitiva y que la defensa y el imputado consientan las cuestiones que allí se tratan -vinculadas con la existencia del hecho, la participación del imputado y la calificación legal-. Ello supone que el acusado conozca la sanción penal pretendida, que no puede ser agravada por el límite que marca el inciso 5º del ordenamiento, inspirado no sólo en el principio de enjuiciamiento acusatorio, sino fundamentalmente en respetar los alcances de un acuerdo que aquél suscribe y que conlleva a la resignación de su derecho fundamental a un juicio adecuado a los parámetros reiteradamente establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: acusación, defensa, prueba y sentencia (voto del juez Jantus).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: TENIENTE GRAL. (R.E.) JORGE RAFAEL VIDELA s/ PRISION  PREVENTIVA-  EXCARCELACION- DEFENSA EN JUICIO- IMPROCEDENCIA  DEL RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-05

La invocación de la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio no autoriza la concesión del recurso extraordinario en cualquier etapa del proceso, ni excusa la inexistencia de sentencia definitiva.
Empresas del Estado, decretos, empleo público, contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ CABORNO, EFRAIN c/ LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y CASINOS s/ DIFERENCIAS DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-03-24

El dec. 2192 no limita su alcance a las relaciones de empleo público sino, por el contrario parece extenderse a todos aquellos vínculos laborales en los que los beneficios sean abonados con fondos públicos. A mayor abundamiento, el primer párrafo in fine del art. 4 impone la sustitución del modo de cálculo de los rubros del tipo de los que responden a porcentajes o coeficientes determinados sobre recaudaciones cualquiera sea la naturaleza de la norma que lo hubiera autorizado.
Simulación, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dumrauf, Honorio y ot. c/ Dumrauf, Marcelo y ot. s/ Simulación y colación de herencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

No es indispensable para declarar la simulación de un acto alegar o demostrar la causa simulandi, aunque resulta importante porque no sólo sirve para explicar el acto sino que por sí misma constituye una presunción.
Derechos reales, acción reivindicatoria
Materia: CIVIL
Carátula: OVIEDO, JORGE Y OTRO c/ RAUL ALAMEDA s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-02-24

Si bien el derecho real no se transmite antes de la tradición, no ocurre lo propio con la acción real respectiva, que pasa al adquirente del bien como consecuencia de un contrato. La acción de reivindicación es real, nace del dominio de la coso reivindicada y persigue el reclamo y restitución de ella. Para que prospere es necesario tener título de dominio y haber perdido la posesión (art.

2758 C.C.)
Obras literarias y artísticas, publicación de fotografía, derecho a la intimidad, derecho a la imagen
Materia: CIVIL
Carátula: Lambrechi, Norma Beatriz y otra c/ Wilton Palace Hotel y otro. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-28

De una exégesis de la ley 11.723 se extrae que el legislador ha prohibido -como regla- la reproducción de la imagen en resguardo del correlativo derecho a ella, que sólo cede si se dan circunstancias que tengan en mira un interés general que aconseje hacerlas prevalecer por sobre aquél derecho (art. 31).
Locación, juicio de desalojo, notificación por edictos
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: INCIDENTE  DE  RESCISION  DE LA SRA. MARIA GRACIELA MANSUR EN: JACOBO LAVALLE E HIJOS S.R.L. c/ GRACIELA MANSUR Y OTRO s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-07-29

Habiendo manifestado el locador, al interponer la demanda, el estado de abandono del inmueble importaba para su parte y a los efectos de la citación de los demandados al juicio de desalojo la citación al domicilio real y en caso de desconocimiento, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los arts. 67 y 91 del C.P.C.. Un principio elemental de buena fe y la necesidad de asegurar el derecho de defensa, impone esta interpretación al respecto; el art. 752 C.P.C. sólo cabe aplicarse a las situaciones generales en que se demanda la restitución del inmueble aún ocupado.

Es obvio que la situación contemplada en el art. 752 (última parte) del C.P.C., únicamente es factible respecto de los "ocupantes" del inmueble, y no de los que ya no lo son.
Competencia, vista al fiscal
Materia: PENAL
Carátula: xx s/ Inc. de compet. c. 35.355 Juzgado Criminal y Correccional 7, Depto.  Judicial Morón XX s/ Accidente de competencia (art. 21 C.P.P.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-18|1995-08-15

La declaración de incompetencia formulada conjuntamente con el auto de prisión preventiva y el que establece el art. 213 del C.P.P., deviene prematura desde que éste último no se encontraba firme a la fecha de la inhibitoria. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Propiedad industrial, modelos y diseños industriales, apropiación indebida de diseño industrial, daños y perjuicios, daño cierto, producción de la prueba, imposibilidad de producir la prueba, presunciones, jurisprudencia
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: IURCOVICH NATAN LEON c/ INDUSTRIAS BRAVI S.A. s/ CESE DE USO DE MODELOS Y DISEÑOS, DAÑOS Y PJ.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Ante la ilegítima conducta de un competidor que usurpa, copia o imita una marca de productos y servicios, comercializando artículos en infracción con el espurio propósito de captar por estos reprobables medios la clientela de un tercero, debe ser evitado que se ampare en la dificultad de la prueba para eludir sus responsabilidades civiles. Porque un halo de impunidad fomenta en comerciantes inescrupulosos conductas ético-jurídicas repudiables, con grave menoscabo de una convivencia civilizada e hiriendo pilares básicos del bien común (orden, justicia y seguridad jurídica). Por ello, frente a determinadas actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños, en favor del titular del derecho conculcado, como fruto causal eficiente del ilícito, desde que, aunque de prueba a veces ciertamente diabólica, el juez llega a la certeza moral de que el infractor ha ocasionado daños ciertos y no meramente conjeturales. En esos principios, explícita e implícitamente, se enrola mi voto en la causa 7491 del 4.9.90, que no constituye una expresión aislada sino una manifestación del realismo jurídico antes apuntado, que en última instancia responde a la finalidad de cohibir el provecho injusto y restañar el daño ilegítimamente causado con el objeto de contribuir en la medida posible a la moralización de las costumbres en el complejo mundo de las actividades mercantiles. Y son otros tantos ejemplos de esta saludable corriente jurisprudencial las decisiones recaídas en las causas: Sala I, 640 del 8.10.71; Sala II, 5221 del 9.10.87; Sala III, 4465 del 6.3.87, etc. (recordadas algunas por el Doctor J. Otamendi en el valioso libro al que antes hice referencia -"Derecho de Marcas", 2da. ed., Bs. As., 1995, págs. 328/9 y notas-.).
Daños y perjuicios, delitos contra el honor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valentini, Mario c/ Albano Cozzoul S.A. s/ Daños y perjuicios (daño moral)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-27

Para que pueda tenerse por configurada la ocurrencia de una injuria o expresión agraviante, no existe un criterio estricto o matemático.

Para determinar si el agravio ha existido, o qué expresiones lo configuran, no es posible recurrir a una definición objetiva del mismo, ya que el concepto puede variar en relación a las características del sujeto pasivo del mismo o las circunstancias de modo, medios y ocasión en que las manifestaciones tuvieron lugar.
Horas extra, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cruz, Armando Guido c/ S.A. Lito Gonella e Hijo I.C.F.I. y/o responsable s/ Diferencias salariales. Rubros adeudados. Indemnización.  Certificaciones.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-02-28

Si bien el empleador no llevaba un registro de horas extras por separado, asentando las circunstancias que refiere el art. 21 del decreto nro. 16.115/33 (reglamentario de la ley 11544), las mismas figuran detalladas en el libro de sueldos y jornales debidamente rubricado por la autoridad administrativa. Siendo así, existiendo recibos conformados por el actor, en los que consta el pago de un número de horas extras, su registración debidamente rubricada y testigos de su parte que se encargan de desvirtuar los fundamentos que dieran base a la pretensión, se configura la prueba en contrario sobre la presunción que emana de la falta de registración con las formalidades de la citada ley específica y su decreto reglamentario.
IRÁN, CANADÁ, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, agravación del riesgo, deportación
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité contra la Tortura - Sr. Mostafa Dadar Vs. Canadá - Derecho a no ser deportado a otro Estado frente al peligro de ser sometido a torturas - Evaluación del riesgo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2005-11-23

Aún cuando el Estado Parte sostiene que el ciudadano iraní refugiado en su territorio debe ser deportado por representar un peligro para los canadienses, el Comité contra la Tortura indica que la prohibición habida en el artículo 3 de la Convención es absoluta - obligación de los Estados Parte de no expulsar a una persona a otro Estado frente a razones que indiquen peligro de ser sometida a tortura-, debiendo permanecer en el Canadá puesto que fue el propio Estado el que, al evaluar el peligro que podría correr en caso de ser devuelto concluyó que las autoridades iraníes tendrían interés por él, sosteniendo asimismo la posibilidad de que podría ser torturado a su regreso al Irán, donde todas las personas retornadas mediante deportación sufren determinados interrogatorios, máxime si cooperaron con regímenes de oposición.
Daños y perjuicios, revocación de sentencia, monto del juicio, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Lespada, Hugo César c/ Massalin particulares S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-04-19

Cuando la Cámara revoca la sentencia de primera instancia que había acogido la demanda de daños y perjuicios y la rechaza íntegramente, el valor del litigio en la vía extraordinaria (art. 278, C.P.C.C.) está representado para la actora -ahora recurrente- por el monto de la sentencia que consintió al serle favorable, sin posibilidad de adicionar intereses ni actualizar montos.