Tribunal: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Chaco
Fecha: 2010-10-26


2º Instancia.- Resistencia, octubre 26 de 2010.

Considerando:I. Que, según constancias del expediente principal del juzgado que corre por cuerda la parte actora promueve acción de amparo, solicitando medida cautelar a efectos de que se ordene al Banco de la Nación Argentina (Sucursal Reconquista) la restitución total de los fondos depositados en dicha entidad en la Caja de Ahorro en dólares Nº 428101663/7 ( u$s 85.277).

Destaca a fin de acreditar la procedencia de la cautelar solicitada, que cuenta con 85 años de edad y que el dinero impuesto en la cuenta de mención es para costear los medicamentos y el tratamiento médico aconsejado pues padece Hipertensión Arterial, Osteoporosis, sifosis, enfisema pulmonar, Enfermedad de Parkinson y reflujo gastroesofágico (según constancia de Historia Clínica que se adjunta a fs. 9/18 y vta.) pues, al no contar con medios económicos suficientes ni cobertura médica eficiente que pueda solventar tales gastos, sólo cuenta con los ahorros que reclama, para un adecuado tratamiento farmaceútico asistencial en la etapa final de su vida, debido a su avanzada edad y las dolencias que padece.

Asimismo, cuestiona la constitucionalidad del bloque normativo conformado por el "corralito financiero" y la "pesificación" de sus ahorros, sosteniendo que se han vulnerado derechos amparados por garantías constitucionales.

El a quo a fs. 33/34 resuelve hacer lugar a la cautelar peticionada, por la coincidencia existente entre el objeto sustantivo de la medida con la cuestión de fondo a dilucidar oportunamente en el "sub-lite".

Fundamenta su decisión considerando que los elementos aportados en la causa avalan el planteo efectuado y la urgencia invocada por el accionante, toda vez que conforme surge de los informes médicos y la documental acompañada se encuentra acreditado su delicado estado de salud y que es una persona de edad avanzada; razón por la cual -entiende- se da en la especie una condición objetiva que habilita el dictado de una medida cautelar innovativa que, como tal ha sido contemplada como excepción de las severas restricciones impuestas por la normativa vigente del denominado corralito financiero y la pesificación (párrafo tercero del art. 1º de la Ley 25.587).

En consecuencia, ordena al Banco de la Nación Argentina (Sucursal Reconquista) que haga entrega a la accionante, en efectivo y en la moneda de origen la suma de u$s 85.277 depositada en la Caja de Ahorro en dólares Nº 428101663/7.

Tal medida -según constancia de fs. 33/34- fue cumplimentada por la entidad bancaria.

II. Disconforme con tal pronunciamiento, el Banco de la Nación deduce -a fs. 12/16 y vta. de estos autos- recurso de apelación per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos del derogado art. 195 bis del CPCCN.

Liminarmente la recurrente cuestiona: a) que en autos no se encuentra acreditado -dice- el peligro en la demora; ni tampoco lesión material potencial alguna; b) que el a quo ordena el cumplimiento de la medida cautelar desconociendo que la misma configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa; c) que la medida dictada atenta contra las decisiones económicas, financieras y cambiarias dispuestas por el Congreso de la Nación, el Poder Ejecutivo y el BCRA; d) y -finalmente-, que la apertura indiscriminada de las restricciones que pesan sobre los depósitos ocasionaría a su parte un grave daño, puesto que haría colapsar la regularidad y el funcionamiento de las entidades financieras que no podrían hacer frente al retiro masivo de fondos.

Tales agravios no fueron contestados por la actora, según constancia de fs. 31.

III. Ahora bien, a fin de pronunciarse con la provisoriedad de todo lo que se considera y resuelve en materia de medidas cautelares, corresponderá señalar en primer término que conforme surge del análisis de los agravios vertidos por la recurrente en su memorial, se advierte que los mismos refieren erróneamente al cuestionamiento de una medida cautelar dictada -según la quejosa- con desconocimiento de las restricciones dispuestas por la legislación de emergencia económica a la libre disponibilidad de los depósitos en moneda extranjera, cuando de lo que se trata -en la especie- es de una medida dictada en relación a un depósito bancario que se encuentra "excluido" expresamente de las restricciones normativas del denominado corralito financiero, en tanto el destino de los fondos refiere (según constancias de la causa) al cuidado de la actora -Sra. Facka, Juliana- que cuenta (a la fecha) con más de 80 años de edad y se encuentra con un estado delicado de salud, es decir, de una medida despachada y ejecutada -por ende- respetando los términos del referido plexo normativo, en virtud de una excepción legalmente establecida (art. 1º, párr. 3º, Ley 25.587).

Y en este contexto, no puede soslayarse que las propias normas dictadas como consecuencia del llamado "corralito financiero" trataron de preservar o exceptuar de las restricciones a aquellas personas que se encontraban en situaciones especiales de necesidad, como es el caso de autos.

Por tanto, se estima suficientemente verificada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.

IV. En consecuencia, en orden a los fundamentos expuestos, y careciendo el escrito que se analiza de aptitud suficiente para conmover lo resuelto en la anterior instancia (de conformidad con los requisitos de suficiencia técnica exigidos por el art. 265 del CPCCN), toda vez que la apelante no realiza un mínimo análisis de las circunstancias de hecho (acreditadas en el "sub-lite") y que fueran expresamente tenidas en cuenta por el Inferior para decidir como lo hizo, corresponderá rechazar el recurso de apelación incoado por la entidad bancaria a fs. 12/16 y vta.

V. Ergo, por los fundamentos desarrollados precedentemente, destacando -una vez más- la provisoriedad del examen y sin perjuicio de lo que en definitiva pueda resolverse en la presente causa, se estima verificada la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y, por ende, que resulta adecuada la medida adoptada (art. 230 el CPCCN) para evitar que la ejecución de una eventual sentencia favorable se convierta en ineficaz o de imposible cumplimiento.

En efecto pues -es dable destacar-, es principio general que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficiencia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el Juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. De lo contrario, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él. (1) CSJN, Fallos: 306:2062 y 314:711.

Por tanto, habrá de rechazarse el recurso en análisis y por ende confirmarse la Medida Cautelar decretada a fs. 33/34 del expediente principal que corre por cuerda, en cuanto ha sido materia de agravios.

Sin costas por no haber mediado oposición.