Tribunal: CAMARA DE ACUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-21


Salta, 21 de Febrero de 2011.- AUTOS Y VISTA: Esta Causa Nº I02- 28725/10 de la Sala I de la Cámara de Acusación caratulada "Incidente de Excarcelación y Apelación presentado por el Dr. Gómez, Rene, en representación de Vargas, Gualberto Ulises"- proveniente del Juzgado de Instrucción Formal 1º Nominación -EN FERIA-, Expte. Nº 115868/11, original nº 43720/10 del Juzgado de Instrucción Formal 5º Nom., y, CONSIDERANDO El Dr. Raúl Román dijo:

I) Que corresponde entender a este Tribunal, en el Recurso de Apelación con Expresión de Agravios interpuesto a fs. 14/19 en contra de la Resolución de fs. 11/12, dada la admisibilidad de la impetración Concedida a fs. 20.- _____a) Mediante la referida Resolución, el Dr. Martín Pérez -en feria- , no hace lugar a la excarcelación solicitada por la Defensa técnica a favor del procesado Ulises Gualberto Vargas, por no reunir los extremos normados en el art. 306 del CPP en sus cuatro incisos .- Consigna el Instructor que el Dr. Rene Gómez solicita la excarcelación de su defendido, ponderando "que aún en la hipótesis de que su representado tuviera que recurrir a una audiencia de debate y al estar el tipo penal y el procesamiento dictado con un mínimo de tres años", estima que la eventual sentencia condenatoria podrá ser aplicada dictándose ese mínimo y tal razonamiento tiene sustento en que su defendido no posee antecedentes, tiene arraigo en la provincia, esposa e hijos, domicilio real, goza de buen concepto y se desempeñó durante 24 años como docente.- Continua refiriendo el pronunciamiento aludido, que el Ministerio Público Fiscal considera que no debe hacerse lugar al beneficio previsto por el art. 306 del CPP, ya que la seriedad de la infracción que se le imputa a Vargas como autor del delito de Abuso Sexual simple reiterado Agravado por ser el encargado de la educación de las víctimas, en concurso real en perjuicio de Yesica Ileana Alarcón, Maribel Silvina Luna y Ester Abigail Alarcón - art. 119 primer y quinto párrafos, inc. b) y art. 55 del CP-, como la severidad de la pena en expectativa -prisión de tres a treinta años.- pueden y corresponden sean tomadas en consideración al momento de analizar el riesgo de evasión, existiendo una seria presunción de culpabilidad en razón de encontrarse el imputado procesado, teniendo presente que dicho acto procesal requiere para su dictado un juicio de probabilidad incriminatorio, denotando los factores señalados la existencia de riesgo procesal de fuga.- Señala el Sr. Juez que comparte el criterio de la representante del Ministerio Público Fiscal, considerando improcedente el beneficio peticionado, ya que la situación de detención en la que se ve inmerso el imputado Vargas, no reúne los extremos exigidos por los cuatro incisos del art. 306 del CPP, particularmente el segundo de ellos, referido al tiempo de detención que hasta el presente viene sufriendo el mismo, supuesto éste que para el caso bajo análisis, no se encuentra dentro de los parámetros exigidos por el art. 306 inc. 2º del CPP. Igualmente, entiende que en atención a la calificación legal provisoria de responsabilidad del delito por el cual resultó procesado, aunque fuera carente de antecedentes en su Planilla Prontuarial, es dable inferir que presuntivamente en caso de condena durante el transcurso del plenario, la misma será de Ejecución Efectiva. Asimismo, a su juicio, la condena a aplicarse excedería el lapso de detención que viene cumpliendo a la fecha, debiendo haber cumplido para la posible aplicación del beneficio de la Excarcelación solicitada, al menos ocho meses de prisión.- b) El pronunciamiento es impugnado por el Dr. René Alberto Gómez, quien en definitiva solicita se revoque el auto dispuesto por el A-quo y se conceda la Excarcelación a su defendido con las consideraciones y/o restricciones que se estimen pertinentes.- Argumenta el Sr. Defensor en su libelo apelativo obrante a fs. 14/19, el cual doy por reproducido íntegramente en honor a la brevedad, que no comparte los aparentes argumentos de la resolución cuestionada, pues la misma modifica el principio básico del derecho penal, consistente en que la restricción de la libertad es excepcional y la libertad es la regla; como así, porque existe un anticipo del Juez al adelantar opinión sobre una pena que no le incumbe aplicar, y que desnaturaliza el análisis en abstracto que se exige a los fines de la concesión de los beneficios de la eximición de detención y de la excarcelación.- Refiere el apelante que el primer agravio lo constituye la apreciación subjetiva del Juzgador respecto a que el imputado evadirá la justicia, por la gravedad de la pena y del delito que se le imputa. Asevera que su mandante no evadirá la justicia porque tiene la conciencia y certeza de que no cometió delito alguno y que en todo caso, la prueba que le fue negada producir, demostrará justamente que el hecho es inexistente.- Asimismo, el recurrente descalifica la opinión del Ministerio Público Fiscal, aludiendo que en la vista de fs. 9/10 (compartida por el resolvente en sus apreciaciones) se hace referencia solo de modo parcial al fallo plenario Díaz Bessone, teniéndose en cuenta exclusivamente lo que fue el objeto que determinó el mismo; igualmente es parcial el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la causa Gramajo de la CSJN. Contrariamente a lo sostenido por la Sra. Fiscal, el impugnante sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha consagrado dentro del contexto general de los instrumentos internacionales vigentes, que la Prisión Preventiva es una medida cautelar no punitiva y que a su vez no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación al principio de inocencia (art. 8.2 CADH y 9.1 PIDCyP). Cita doctrina y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.- Critica el Dr. Gómez que el A-quo base su decisorio en que el beneficio requerido no reúne los extremos exigidos por los 4 incisos del art. 306, como así también en que en el transcurso del plenario no se le aplicará condena de ejecución condicional y debió haber cumplido al menos ocho meses de detención, pues la solicitud de excarcelación fue requerida con fundamentos en la aplicación del art. 26 del CP, estableciendo doctrina y jurisprudencia aplicables. Entiende por ello que el rechazo efectuado por el Instructor no es ajustado a derecho ya que, dice: "si bien el art. 306 no fue objeto de mi petición y si el 26 del CP, el mismo si se encuentra previsto en el art. 305 cuando refiere nuestro código de rito el beneficio de la eximisión de detención y por interpretación restrictiva que establece Giménez de Azua y el CPP debió merituarse la paliación en este artículo" .- Estima que la concesión de la excarcelación es evidente, pues su defendido carece de antecedentes y no existe probabilidad de que evada la acción de la justicia. Indica que una de las características principales de la coerción es que ésta no es un fin en sí misma, sino que es solo un medio para asegurar otros fines, en este caso son los del proceso, esto es para neutralizar los peligros que puede tener la libertad de la persona que lleven a que se impida el descubrimiento de la verdad real por una parte y la actuación de la ley sustantiva por el otro. Cita doctrina basada en el CPPN.- Por otra parte sostiene el recurrente que la valoración que el Juez debe realizar de la probabilidad de aplicación de condenación condicional, es una mera apreciación prima facie, realizada a los fines de conceder el beneficio de libertad, cuando no existen razones serias y graves que aconsejen denegarla. Expresa en este sentido que "aun cuando la norma del art. 305 establece que el Juez podrá conceder la excarcelación, no se trata de una facultad otorgada al Juez, sino que, se trata de un derecho del imputado, toda vez que el principio surge del art. 18 de la CN, teniendo por ello evidente arraigo supremo. Dice que el sentido de las normas procesales que otorgan el derecho a la excarcelación es que han sido instituidas con el objeto de que la prisión preventiva no se convierta en una forma de restricción contraria a la norma del art. 18, por tanto la privación de libertad que comporta la prisión preventiva únicamente está al servicio de los fines específicos del proceso y particularmente del buen éxito de la investigación, considerando que en autos no existe la necesidad notoria de que su defendido permanezca privado de libertad.- Finalmente, señala que la Corte ha reconocido la existencia del derecho a gozar de la libertad durante el proceso, al que le ha conferido jerarquía constitucional (fallos 314:351, considerando 2º), sujeto a las leyes que reglamentan su ejercicio (fallos 304:319, 1524). Reitera que su representado no registra antecedentes penales, que tiene arraigo en la provincia, esposa e hijos, que es profesor con más de 24 años de antigüedad y resalta lo establecido por el informe psiquiátrico en cuanto refiere que Vargas presenta "bajo perfil trasgresor". Por lo que solicita se conceda el beneficio solicitado.- II) Que, como podrá observarse, se transcriben textualmente parte de los Agravios y de la Resolución Denegatoria, a los efectos de que el intérprete asuma el cabal conocimiento de tales piezas en la cuestión de fondo y en la explicitación de los argumentos respectivos.- El Instituto de la Excarcelación es el remedio procesal para hacer cesar la Prisión Preventiva, debiendo concederla el Juez si estima que concurren los extremos legales exigidos. Es decir que el otorgamiento se viabiliza ante la verificación de alguno de los supuestos que taxativamente fija el art. 306 del CPP, no resultando procedente, en principio, la incorporación de otras causales como lo son aquellas que aparecen propias de la Libertad Provisoria o Eximisión de Detención.- Al respecto, resulta oportuno señalar que el apelante en Expresión de Agravios aparece fundamentalmente esgrimiendo argumentos válidos para estos últimos institutos, los que fueron hechos valer al momento de la impugnación del Auto de Procesamiento y Prisión Preventiva, contestados por este Tribunal en la Resolución obrante a fs. 227/231 del Expte. ppal.- De modo que, tal como lo resalta el Juez A-quo, las hipótesis de procedencia de la Excarcelación contempladas por el art. 306 del CPP, no se aplican al caso sub-examen, toda vez que: a) el imputado no cumplió en detención o Prisión Preventiva el máximo de la pena prevista para el delito que se le atribuye; b) atento al ilícito adjudicado, no puede estimarse que en caso de condena no se le privará de su libertad por un tiempo mayor a la prisión sufrida, aún por aplicación del art. 13 del CP y c) tampoco recayó sentencia en su contra que no estuviera firme.- Surge así evidente la improcedencia de la Excarcelación en el caso de marras, dada la inaplicación del art. 306 del CPP. Al respecto debe tenerse presente que la normativa procesal presenta una secuencia de presupuestos destinados a remediar la privación de libertad o a efectuar el análisis de su necesidad, de conformidad al avance del proceso. Así, aún antes de la detención permite solicitar la Exención de prisión (art. 305) al igual que dispuesta la misma, pero antes del dictado del Auto de Procesamiento, momento en el cual corresponde efectuar la valoración respecto a si procede la Libertad Provisoria o si, por el contrario, deviene procedente la Prisión Preventiva. Para la fundamentación de estos institutos, la ley ritual remite al análisis de procedencia del art. 26 del CP, como así también debe considerarse la peligrosidad procesal del sujeto, en virtud de lo dispuesto por el art. 270 del CPP.- Empero, una vez ordenada la Prisión Preventiva, el paliativo a la misma, se encuentra regulado por el art. 306 ritual, el que dispone un determinado período de cumplimiento del encierro para la procedencia de la Excarcelación, circunstancia que halla su fundamento en que la valoración sobre la peligrosidad procesal, es decir el riesgo de fuga u obstrucción de la investigación, ya fue analizada al momento de disponerse la Preventiva y sólo el tiempo transcurrido en dicha condición atenuará el peligro de que el procesado eluda la actuación de la ley sustantiva, pues frente a la hipótesis de condena efectiva, el período que reste por cumplirse no será superior al que ya fue privado de libertad, por lo que la peligrosidad procesal prevista como posible, ha desaparecido.- Este Tribunal ha dicho reiteradamente que nuestra normativa se encolumna en el criterio procesalista y no sustantivista o sustancialista respecto del encarcelamiento preventivo; esto es, la privación de libertad durante el proceso no puede ser una pena anticipada, sino que sólo podrá ser dispuesta como medida cautelar en relación a los fines de aquél. Es decir, únicamente se podrá privar de libertad al incoado cuando se presuma que estando en libertad obstaculizará la investigación o eludirá el accionar de la ley sustantiva.- En este sentido el Dr. Cafferata Nores nos ilustra señalando que "... como las leyes argentinas prohíben el juicio penal en rebeldía, se hace necesario asegurar la intervención personal del imputado en el proceso como el único modo de garantizar su completa realización, es posible, en consecuencia, la adopción de medidas coercitivas respecto de aquél para evitar que mediante la fuga u ocultación de su persona, impida el normal desarrollo del juicio, en el cual quizás, se probará su delito y se dispondrá su condena. La justicia se verá burlada si el presunto culpable lo fuera realimente, pero impidiera, fugándose, la comprobación judicial de su culpabilidad y su correspondiente castigo... pero esa coerción (detención) operable durante el proceso, solo se justificará cuando exista ese serio riesgo enunciado, el que está directamente relacionado con la gravedad de la pena posiblemente aplicable y las condiciones personales del imputado" (Medidas de Coerción en el Proceso Penal, Marcos Lerner, Cba., Ed. 1983, pág. 33 y stges.).- Así planteada la cuestión y teniendo en cuenta que la Defensa arguye que no existe indicio alguno que permita presumir que Vargas intentará burlar la justicia o eludirá su investigación, resulta oportuno destacar que el tema se vincula con las prescripciones del art. 270 del CPP que fija el marco respectivo, estableciendo que la libertad personal podrá ser restringida en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantiva, en forma coincidente con la prescripción constitucional del art. 19. Estimando también que en el plenario resultará de aplicación el art. 26 del CP- En este orden de ideas y más allá de que el tema ya fuera motivo de valoración al confirmarse la Prisión Preventiva, ante la insistencia de la Defensa corresponde señalar que en lo atinente a la finalidad de asegurar el descubrimiento de la verdad real establecida por la norma citada, dado los antecedentes con que se cuenta y el estado actual de las actuaciones, el imputado no obstaculizará la marcha del proceso, ni actuará sobre la prueba del delito, ni obstaculizará o frustrará su obtención, puesto que tales conductas no resultan compatibles con el estadio procesal de la causa que cuenta con Auto de Procesamiento y Prisión Preventiva firmes.- En cuanto al aseguramiento de la aplicación de la ley sustantiva, debe recordarse que el art. 26 del CP condiciona la suspensión en la aplicación de la pena, siempre que se trate de primera condena y que la sanción no supere los tres años. Si bien el artículo nombrado refiere a la condena condicional y a su otorgamiento, el fundamento radica en que si la pena a aplicarse superara los tres años y no se tratara de la primer condena, ante el riesgo cierto del encausado de sufrir una pena efectiva, procuraría evadirse de su apersonamiento al plenario. Así, en el caso que nos ocupa, el imputado Vargas fue procesado por el delito de Abuso Sexual simple agravado por ser el encargado de la educación de las víctimas (tres) en concurso real -art. 119 primer y quinto párrafo, inc. b y art. 55 del CP- que prevé una pena de prisión de tres a treinta años. Es decir que al consumar un hecho el mínimo legal, dadas las características de los hechos ilícitos, aquella presunción, aun cuando no sea de pleno derecho, adquiere virtualidad en el caso sub-examen.- Conforme a lo dicho, en fecha 12/11/97 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Suárez Rosero, estableció a la Prisión Preventiva como medida cautelar no punitiva y asimismo admitió como legítima causal para dictarla a la gravedad penal de la imputación, siempre que la amenaza de cumplimiento efectivo subsista mientras dure la medida (informe 2/97). Interpretación que ha sido seguida por la Corte de Justicia de Salta (causa nº CJS 32.156/09), la cual entendió que resulta razonable; está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es ajustado al derecho vigente que para dictar la cautelar restrictiva de libertad o hacerla cesar, se atienda, como punto de partida a la gravedad de la sanción y a la amenaza de cumplimiento efectivo, para valorar el peligro de daño al proceso.- Por ello entiendo que ante la posibilidad de que en autos recaiga una condena efectiva, la privación de libertad cautelar se encuentra justificada dado que el peligro de fuga deviene cierto y concreto. Consecuentemente, al no haber transcurrido los plazos mínimos previstos en el art. 306 del CPP, considero que la Denegatoria del Beneficio Excarcelatorio se encuentra ajustada a derecho.- III) Que por lo expuesto voto por rechazar el recurso impetrado a fs. 14/19, confirmando la Resolución de fs. 11/12 .- El Dr. Julio V. Pancio dijo:

Que se adhiere al voto del Vocal preopinante por sus fundamentos y conclusiones.- Es mérito a ello y el acuerdo que antecede, _________LA SALA I DE LA CAMARA DE ACUSACION ________________________RESUELVE I .- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 14/19 y en su mérito CONFIRMAR la Resolución obrante a fs. 11/12, de conformidad a lo normado por los arts. 306 y cctes. del CPP.- II.- REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, y oportunamente BAJEN los autos al juzgado de origen.