Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-07-06


Trelew, 06 de julio de 2006.- Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto a fs. 54/55 y vta. por la Funcionaria de la Fiscalía, Dra. Lucía Alicia Fahey, mantenido y renunciada la audiencia prevista por el art. 413 C.P.P. por el Fiscal General Jefe, Dr. Ricardo Basílico a fs. 70, contra el auto de fs. 49/52 y vta., y I.- CONSIDERANDO: -Que el auto de fs. 49/52 y vta. hizo lugar al planteo de nulidad efectuado por la Defensa Pública. - II.- Entiende que el accionar policial de requisa y secuestro estuvo ajustado a derecho, toda vez que la actitud de los imputados despertó la sospecha. -Sostiene que en el caso no se actuó sobre el cuerpo de los requisados que es lo que limita el primer párrafo del art. 199 C.P.P. Cita jurisprudencia. Considera que los actos declarados nulos no han implicado violación alguna de las garantías constitucionales.Refiere que la regla general en materia de nulidades en el Código de Procedimiento Penal la establece el precepto del art. 148, que dispone que los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad, siendo la regla la validez del acto.

Cita jurisprudencia. -Al momento de mantener el recurso el Fiscal General Jefe, Dr. Ricardo Basílico ratifica los argumentos expuestos y renuncia expresamente a la audiencia prevista por el art. 413 C.P.P.- III.- Como ya resolvió este Tribunal, la controversia suscitada en el caso concreto se vincula con "el conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad; su interés en una rápida y eficiente ejecución de la ley y su interés en prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por métodos inconstitucionales de ejecución de la ley", según lo definió la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso "Spano vs. New York", 360 U.S. 315, año 1958 (citado en fallos: 303:1938, considerando 3º, y en Fallos: 306:1752, considerando 9º del voto del doctor Petracchi). Concretamente aquí la cuestión consiste, en primer lugar, en determinar si la mera actitud sospechosa, el nerviosismo o el intento de fuga que exterioriza una persona en la vía pública ante la presencia de funcionarios de la fuerza de seguridad, autoriza, sin más, a su detención; o si esa diligencia afecta la garantía que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional frente al arresto arbitrario.

En segundo término, el planteo conduce a establecer la validez del secuestro de los elementos incriminantes que llevaba dicha persona. Asimismo ambos aspectos se encuentran íntimamente ligados con las facultades que el C.P.P. confiere a las autoridades de prevención y comprenden, en el caso, la garantía del debido proceso. - En cuanto a la detención, fuera de los casos establecidos en el Código de Procedimientos en Materia Penal, la prevención policial no puede detener a las personas sin orden del juez competente. -Al margen de la facultad de la policía de identificación de personas en la vía pública, también constituye función de esos agentes públicos realizar tareas de prevención para evitar la comisión de delitos. Eso es lo que surge del Código de Procedimientos Penal.- En tal contexto normativo no puede desatenderse que las circunstancias fácticas que rodearon la diligencia, tales como la actitud evasiva, el nerviosismo exhibido ante la autoridad policial y el conocimiento de los agentes de seguridad respecto de los antecedentes policiales de al menos uno de los sujetos, constituían datos objetivos que permitían fundar un estado de sospecha que, con el secuestro practicado -luego reconocido por su propietario como desapoderados-, explica el celo puesto por el personal policial en su tarea de prevención.

Así se debió proceder tanto en ejercicio de aquella amplia función prevencional, cuanto en la legítima facultad de requerir a los ciudadanos su identificación pues, cabe reconocer, se trata de dos actividades que presentan una zona común al darse entre ellas una relación de género a especie. De otro lado, si no se hubiese procedido al secuestro de los elementos que ocultaban en un bolso y una bolsa, tanto C como M habrían continuado su andar sin ser conducidos a ninguna dependencia policial. Debe reconocerse que esa facultad discrecional de identificación de personas es ejercida por la policía, generalmente, en forma razonable no sobre cualquier individuo al azar, sino respecto de quienes, por motivos cuya exclusiva evaluación compete a la fuerza de seguridad, incitan a esa verificación en aras de sus funciones generales de prevención. La normativa vigente en esta Provincia permite concluir en la legitimidad del cuestionado trámite de detención.

Es oportuno recordar que una adecuada hermenéutica de la ley debe atender a la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con todas las normas del ordenamiento vigente y del modo que mejor se adecuen al espíritu y a las garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 314:1445; 321:73, entre otros). - Reconocida por la ley la facultad de detener sin orden judicial -cuando existan indicio vehementes de la participación de un hecho punible (el secuestro y la posterior detención en el caso)-, existen los poderes inherentes para cumplirla.

En este sentido, ha afirmado Benjamín Villegas Basavilbaso con referencia a los efectos jurídicos y coerción de la orden de policía, que tratándose de "una declaración de voluntad de la administración pública, salvo casos notoriamente ilegítimos en los cuales es evidente su ilicitud, la orden es jurídicamente obligatoria. (...) No obstante el carácter imperativo de la orden de policía, él no es suficiente para garantizar la obediencia y es necesario el empleo de la fuerza, el cual "se explica por el principio de que la policía debe tener en sí misma el poder suficiente para hacer cumplir sus decisiones ante la conducta recalcitrante o desobediente de los individuos" ("Derecho Administrativo", Editorial Tea, Buenos Aires 1954, tomo V, págs. 207 y 222, con cita -en la última frase- de Rafael Bielsa). - A su vez, ha reconocido la Corte Suprema que si bien el congreso de la Nación es la autoridad competente para reglamentar las libertades garantizadas, no puede desconocerse que las leyes dictadas en su virtud, pueden facultar a las distintas reparticiones de la Nación para emitir reglamentos a fin de facilitar y hacer efectivas aquellas garantías dentro de la convivencia social (Fallos: 155:185).

Esa razonable actuación policial puesta en crisis en autos, encuentra su justificación en la protección que corresponde dispensar a la sociedad en función del bien común y en lo que constituye el más elemental y legítimo ejercicio del poder de policía que debe reconocerse a esa autoridad estatal, en resguardo de la tranquilidad y el orden público por los que también debe velar en cumplimiento de su deber.- En tal sentido se ha afirmado que es función esencial de la policía de seguridad estar constantemente prevenida para impedir cualquier perturbación del orden; su fin primordial es prevenir, más que reprimir, función de última ratio (Rafael Bielsa, "Derecho Administrativo", tomo IV, p. 102, Ed. La Ley, Buenos Aires, 1965).

En el ejercicio de ese diario quehacer, esos funcionarios públicos se enfrentan con aquellas innumerables situaciones y en tanto no se cometan excesos, su accionar debe presumirse legítimo del mismo modo que lo son los demás actos de gobierno (Conf. Fallos: 310:234; 319:1476). - Ello se vincula también con el principio reconocido por la Corte Suprema, según el cual la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación, dependiendo esa racionalidad de su adecuación al fin perseguido, no siendo pasible de tacha constitucional en tanto no tenga base en una iniquidad manifiesta (Fallos: 297:201; 300:67 y 305:831). - Esto es lo que ocurrió en el caso concreto, desde que las facultados asignadas a la fuerza de seguridad fueron ejercidas con respeto a las garantías e integridad de las personas aprehendidas. Si a ello se suman las circunstancias fácticas en cuya virtud el personal policial consideró, con base en su experiencia, que correspondía su inmediata actuación que se tradujo en el secuestro y la aprehensión de los legitimados. - Se trata, en definitiva, de situaciones que constituyen las "realidades prácticas" a las que ha aludido la Corte Suprema de los Estados Unidos al fallar el 5 de abril de 1999 en la causa "Estado de Wyoming c. Houghton, S", acerca de la validez del secuestro de droga hallada entre las pertenencias de la pasajera del automóvil requisado por la policía. Sostuvo allí que "al sopesar los intereses en juego, nuestras determinaciones de "razonabilidad" conforme a la Cuarta Enmienda deben tener en cuenta estas realidades prácticas.

Pensamos que ellas militan a favor de la necesidad del cumplimiento de la ley, y en contra del interés de privacidad personal que es comúnmente débil" (sentencia publicada en La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, del 29 de noviembre de 1999). -En punto al secuestro, ello constituyó un caso de flagrancia.

En esas condiciones, los funcionarios policiales actuaron en cumplimiento del deber de detención -aún sin orden judicial- que esas normas le imponen, y procedieron a la incautación de los elementos que ocultaban en el bolso y la bolsa en virtud de la atribución que les fija el artículo 200 segundo párrafo en relación con el 199 último párrafo C.P.P. Por lo tanto, al tratarse de prueba incorporada con observancia de las formas que resguardan la garantía del debido proceso, debe ser admitida, so pena de malograr la búsqueda de la verdad que resulta esencial para un adecuado servicio de justicia (Conf. Fallos: 313:1305; 321:2947, considerando 19).

Por ello, la Sala "B" de la Cámara de Apelación Instructoria del Noreste del Chubut, RESUELVE: - REVOCAR el auto de fs. 49/52 y vta. venido en apelación, DECLARANDO consistentes las imputaciones levantadas en desmedro de D C y H M en orden al delito de robo agravado por escalamiento de acuerdo a lo emergente de fs. 19/20 y 21/22 por aplicación del art. 183 séptimo C.P.P., debiendo continuar con la investigación.

2) Regístrese, notifíquese a la Fiscalía de Cámara y devuélvase al Juzgado de origen a sus efectos. - RAUL ADRIAN VERGARA JUAN HUMBERTO MANINO CARLOS DANTE FERRARI Ante mí: JOSÉ ALBERTO GARCÍA REGISTRADA BAJO EL NUMERO 93 2006. SIP. SALA "B".CONSTE.