Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-21


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 21 de 2009.

La doctora Estela Milagros Ferreiros dijo:

I) Del fallo, que rechazó su pretensión, apela COMSAT Argentina S.A. a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 834/841 -a lo que adhiere Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios a fs.847-, que merecieran las réplicas de fs. 849/851; 853/856vta. y 858/863vta.; asimismo la actora apela por altos los honorarios regulados a los profesionales intervinientes (abogados y peritos) así como también que se le hayan impuesto la totalidad de las costas.

El letrado actuante por la citada como tercera Federación de Obreros Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (F.O.E.E.S.I.T.R.A.), el perito contador y la letrada actuante por el Estado Nacional apelan las regulaciones de sus honorarios, por considerarlos bajos.

II) La actora inició demanda contra el Estado Nacional (Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) solicitando se declare la nulidad de las siguientes resoluciones adoptadas en el expediente administrativo Nro. 1.039.246/01: 1) Resolución del 22/05/03 emitida por el Director de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, mediante la cual el nombrado hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen Nro. 472; 2) Resolución del 12/08/03 emitida por la misma persona, mediante la que hizo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen Nro. 1.080 y 3) Resolución Nro. 184 del 22/03/04 dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por la que rechazó la suspensión de efectos y el recurso jerárquico contra las dos resoluciones anteriores.

Adujo que su pretensión buscaba evitar una abierta violación al principio de autonomía colectiva, que se consumaría al forzarla a intervenir en la negociación de un convenio colectivo de trabajo de una actividad que no realizaría y con una entidad gremial que carecería de personería gremial para representar a los trabajadores de su empresa.

Respecto de esto adujo ser una sociedad cuya actividad principal sería la comercialización de servicios de "Transmisión de Datos"; que la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina Sindicato Buenos Aires (FOETRA) es una entidad sindical de primer grado con personería gremial para representar a los trabajadores del "Servicio Básico Telefónico" de Capital Federal y ciertos partidos del Gran Buenos Aires y que tanto la actividad de prestación del "Servicio Básico Telefónico" como la actividad de prestación de servicios de "Transmisión de Datos" serían actividades distintas y constituirían distintas especies del género de las telecomunicaciones. Que FOETRA solicitó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se convocara a distintas empresas (entre ellas la actora) para proceder a la negociación de un convenio colectivo de trabajo del "Servicio Básico Telefónico" y que dicha actividad sería ajena a su cometido. Que las resoluciones impugnadas equipararían -a juicio de la actora, erróneamente- el género "Telecomunicaciones" con las distintas especies que la integran. Refirió las incidencias planteadas en el expediente administrativo y criticó los fundamentos de dichas resoluciones. Alegó que FOETRA carecería de legitimación activa y ella de pasiva. Criticó también el ámbito de negociación y adujo que en la actualidad y en los años que prestó servicios en el país la actividad de "Transmisión de Datos" habría sido una actividad no convencionada y ningún CCT le resultaría aplicable en forma específica a dicha actividad. Que en su caso particular, la mayoría de sus empleados tendrían el carácter de personal no convencionado por cuanto todos sus empleados del área de operaciones serían profesionales (ingenieros, técnicos en sistemas, etc.) en tanto que las tareas operativas (instalación de antenas, etc.) son tercerizadas a empresas contratistas. Adujo que en el hipotético caso correspondería la aplicación del CCT 130/75 de Empleados de Comercio. Solicitó la citación como tercero de la Federación argentina de Empleados de Comercio y servicios (FAECYS) y la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA).

El Estado Nacional, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social contestó demanda y dedujo defensa de falta de habilitación para la instancia, porque entendió que los recursos interpuestos por la actora en sede administrativa no lo fueron contra actos administrativos. Subsidiariamente contestó la acción y negó los hechos expuestos en inicio. Adujo que las actuaciones se desarrollaron en el marco del debido proceso adjetivo -conforme ley 19.549- y que la actora ejerció su derecho de defensa y a ser oída. Que ofreció prueba, la que fue evaluada y oídas que fueron las partes, el Ministerio resolvió en base a las circunstancias que surgían del expediente administrativo y del derecho aplicable. Que la cuestión controvertida es la actividad de la actora y que resulta menester su determinación para establecer si se encuentra habilitada para negociar un convenio colectivo de trabajo con FOETRA Sindicato Buenos Aires, que regirá la actividad del denominado "servicio básico telefónico". Relató la actividad que cumplió para establecerlo y concluyó que del propio objeto social de la empresa se desprende que la accionante es prestadora de servicios de telecomunicaciones y que -conforme decreto 764/00-, presta servicio de telecomunicaciones. Que las entidades sindicales legitimadas para concertar un convenio colectivo con la misma resultan ser FOETRA Sindicato de Buenos Aires y la Federación de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de la República Argentina (FOEESITRA). Que FOETRA es una entidad sindical de primer grado inscripta en el Registro bajo el Nro 361 y que su ámbito personal abarca los trabajadores de la actividad telefónica de empresas y/o entidades prestataria de dichos servicios. Alegó que la actora pretendía diferenciar sus actividades entre principales y accesorias pero que a partir de su inscripción en el Registro de Telecomunicaciones es prestador de servicios de Telefonía local y pública. Que esta última actividad la lleva a través de los trabajadores que están representados por FOETRA Sindicato Buenos Aires. Distingue el encuadramiento convencional del sindical por ser las normas de cada uno diversas y la finalidad perseguida disímil. Que en el encuadramiento sindical se trata de determinar cual es la entidad a la que le corresponde ejercer la representación gremial de un determinado sector de trabajadores que se desempeñan en una empresa cuando dicha representación legal se encuentra controvertida entre asociaciones profesionales, en tanto que en el encuadramiento convencional se trata de establecer el procedimiento para la aplicación de un convenio de acuerdo con las tareas de un trabajador o grupo de ellos, o sea si está comprendido en el ámbito profesional o personal de aplicación de un convenio colectivo de trabajo de acuerdo con la representatividad de las partes celebrantes del mismo. Por último, solicitó la citación como tercero de FOETRA Sindicato Buenos Aires.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios se presentó. Contestó citación de terceros y sostuvo que se debía declarar la nulidad de las resoluciones dictadas en el expediente administrativo Nro. 1.039.246/01 en el que el Ministerio de Trabajo obligó a la actora a constituir una comisión negociadora con el objeto de suscribir un CCT con FOETRA. Sostuvo que existiría una notoria diferencia entre la telefonía celular y la básica. Que el servicio de telefonía móvil no se encuentra conectado a una red de telefonía pública. Que el encuadre de la telefonía celular se encontraría resuelto por Resolución D.N.R.T. 5267/91 que habría determinado el encuadramiento convencional de la empresa Compañía de Telecomunicaciones Móviles S.A. en el CCT Nro. 130/75, porque sólo se ocuparía de promocionar y/o vender un servicio. Que la personería de FOETRA le permitiría representar al personal telefónico que se desempeña en empresas estatales, privadas, nacionales, municipales, etc. pero no a empresas que se dedicarían sólo a la transmisión de datos como sería COMSAT argentina S.A.

FOEESITRA se presentó y negó las afirmaciones de la actora. Contestó citación. Adujo que la actividad de telecomunicaciones es una sola y que ello ha sido bien comprendido por el Ministerio. Vertió una serie de razones en este sentido y solicitó el rechazo de la pretensión de la actora.

A su turno FOETRA Sindicato Buenos Aires contestó demanda. Negó los hechos expuestos en el inicio y contestó la citación. Adujo que corresponde el rechazo formal in limine del la vía judicial intentada por la actora, porque el acto administrativo que intenta impugnar (dictamen Nro. 472/03) fue meramente preparatorio, por lo que no resulta pasible alguno en sede administrativa y/o judicial.

Yendo al fondo de la cuestión a elucidar en la presente sostuvo que es falso que COMSAT no preste servicios telefónicos. Efectuó una serie de precisiones respecto de la evolución de tal tipo de comunicaciones y terminó diciendo que todo empleado del servicio de telecomunicaciones, incluidas todas sus facetas, dentro del ámbito de su aplicación, resulta representado por FOETRA, que ostenta personería gremial en un ámbito territorial determinado y que es exclusiva y excluyente respecto de cualquier otro gremio, para negociar colectivamente y representar los intereses colectivos de sus representados cfr. art. 31 de la ley 23.551.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 813/821 y rechaza en su totalidad la demanda intentada por COMSAT Argentina S.A. contra Estado Nacional - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

III) Como queda dicho apela la actora COMSAT Argentina S.A. a tenor de las argumentaciones que vierte a fs. 834/841. Sostiene que la Sra. jueza habría resuelto equivocadamente y omitido analizar y evaluar pruebas que considera esenciales, tales como las pericias contable y técnica.

Aduce que la a quo erraría al considerar que su actividad no se centraría simple y solamente en la transmisión de datos, conforme su objeto social. Alega que el hecho de que se encuentre incluida en su objeto social la prestación de "servicios de telefonía" no implicaría que le resulte aplicable el CCT respectivo ni negociar con FOETRA. Que la actividad principal de la empresa sería la que determinaría el gremio y CCT de aplicación y no las secundarias y accesorias. Cita la prueba contable que demostraría que sólo el 2% de su facturación correspondería a "Telefonía básica" y la técnica que acreditaría que se dedicaría casi exclusivamente a la "transmisión de datos" y que su red de información se desarrolló para este tipo de actividad. Que el 95% de la inversión está destinada a la transmisión de datos.

En este aspecto cabe señalar en primer término que llega firme a esta etapa -como la propia apelante admite- que fue ella quien introdujo una modificación importante en sus estatutos que pone de relieve que su actividad no se ciñe a la mera "prestación de datos" como pretende hacer creer en su memorial sino que avanzó hacia la prestación de servicios de telecomunicaciones domésticos, que es uno de los extremos fácticos valorados por la sentenciante.

Por ello, la pueril excusa que ensaya en este aspecto debe desecharse, toda vez que una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe y de la necesidad de ejercitar los derechos observando tal pauta, es la exigencia de un comportamiento coherente.

Por ello, resulta inadmisible su pretensión, la que en realidad importa ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.

Los comportamientos incompatibles con la conducta idónea anterior violentan el principio que impide ir contra los propios actos. La regla venire contra factum propium nulle conceditur, expresión latina que define sintéticamente la denominada "teoría de los actos propios", se funda en la inadmisibilidad de una postura que contradiga una conducta validamente asumida por el litigante pues el mentado principio de buena fe también se aplica al proceso en el que se ventila la controversia, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica (en igual sentido ver, de la sala II de esta Cámara, S.I. Nº 39.847 del 28/03/96, "Cabrera, Carlos c/ Aballay, Mario s/ Despido") por lo que no cabe admitir la pretensión del apelante toda vez que revela una falta de coherencia en su comportamiento, una incompatibilidad manifiesta entre su conducta generadora de determinada instalación fáctica jurídica y su posterior actitud de objeción a ella (en igual sentido ver, de esta Sala VII, S.D. Nº 38.842 del 07/11/05, "Meza, Andrés Ricardo y otro c/ Av. Rivadavia 7401 S.R.L. y otros s/ despido").

b) Por otro lado, advierto que en oportunidad de iniciar la presente acción (ver su escrito liminar, en particular fs. 95vta./96, punto "III- Introducción") dicha parte sostuvo que las resoluciones impugnadas la forzarían a intervenir en la negociación de un CCT "... de una actividad que no realiza..." (el destacado me pertenece).

A fs. 96, sexto y séptimo párrafo, interrogó retóricamente la accionante si FOETRA se encuentra legitimada para pretender la intervención de la recurrente en la negociación de normas que regularan las condiciones de trabajo "...de una actividad que COMSAT no realiza?" y reitera: "Se encuentra COMSAT legitimada para disponer el encuadramiento de sus empleados en un CCT celebrado con un sindicato que representa a trabajadores de una actividad ajena a la suya?" (ídem).

Como puede advertirse, la ahora apelante negó dedicarse a dicha actividad, por lo que no puede admitirse que ahora que tanto la prueba contable como la técnica demostraron lo contrario pretenda cambiar el eje de su defensa, pretendiendo que el cumplimiento de ella sería mínima.

Ello sin perjuicio de señalar que el hecho de que tal actividad no fuera preponderante carece de la trascendencia que la recurrente le atribuye, toda vez que el concepto de "principal" del que pretende hacer mérito resulta relativo en casos como el presente, donde pudiera existir confluencia de representación sindical e, incluso, configurar un elemento horizontal de encuadre o la segmentación del concepto de establecimiento, que debe identificarse con una unidad de ejecución (en igual sentido ver la opinión del Sr. Fiscal General ante la CNAT en su dictamen que obra a fs. 902/903).

c) En este aspecto también corresponde ponderar que la Comisión Nacional de Comunicaciones informó que CONSAT Argentina posee una licencia para la prestación de servicios de telecomunicaciones por lo que mal pudo afirmar la accionante la ajenidad de la FOETRA respecto de su personal.

d) Todo ello sin perjuicio de resaltar que el planteo de la empleadora está destinado a sostener que su actividad no se proyectaría sobre el espectro de representación de FOETRA, la que -en su opinión- carecería de personería gremial para representar a los trabajadores de la empresa (ver fs. 95vta., punto III).

Vale decir que en el caso subyace un conflicto de encuadramiento sindical que hace a la relación que pudiera existir entre la decisión que concede la personería gremial a una organización sindical y la actividad u oficio de la empresa.

Sentado ello, para resolver tal tipo de conflicto el art. 59 de la ley 23.551 impone "...agotar previamente la vía asociacional, mediante el pronunciamiento de la organización gremial de grado superior a la que se encuentren adheridas, o a la que estén adheridas las federaciones que integren", por lo que resulta evidente que la voluntad del legislador fue mediatizar la intervención de la autoridad administrativa y tornar viable la revisión judicial una vez agotado dicho procedimiento específico, con la participación de la empleadora.

Por ello, no corresponde admitir que se soslaye dicho sistema y decidir la contienda en la esfera judicial sin haber transitado los canales preestablecidos.

e) En cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el sub lite, destaco que -tal como la Corte Suprema de justicia de la Nación ha sentado criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La Ley, 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta Sala, ver autos: "Bazaras, Noemí c/ Kolynos" S.D. 32.313 del 29.6.99).

IV) El reclamo no encontró favorable acogida, por lo que el hecho de que se le impusieron la totalidad de las costas en grado no resulta ser sino el corolario lógico de la aplicación en la especie el principio general establecido en el art. 68 del CPCCN y no existe en la causa mérito para aconsejar su modificación, sobre todo teniendo en cuenta que la petición de la citación de FAECYS fue efectuada por la misma actora (fs. 109).

V) A mi juicio, los honorarios regulados a los letrados y peritos intervinientes en autos resultan equitativos atendiendo a la importancia y extensión de los trabajos realizados, por lo que sugiero su confirmación (Ley 21.839, Dec. Ley 16.638/57 y art. 38 de la ley 18.345).

En definitiva, sugiero confirmar el fallo de fs. 813/821 en su totalidad.

VI) En caso de ser compartido mi voto, propicio que las costas de alzada sean a cargo de la actora (art. 68 CPCCN ya cit.) y que se regulen honorarios a su representación en el 25% y a los presentantes de los escritos de fs. 849/851 en el 30%, 853/856vta., en el 30% y de fs. 858/863vta. también en el 30% de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior a favor de sus defendidos corresponda (art. 14 de la ley 21.839).

El doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto que antecede.

El doctor Juan Carlos Eugenio Morando:

No vota (art. 125 ley 18.345).

Por lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar el fallo. 2) Imponer las costas de alzada a la actora. 3) Regular honorarios a su representación en el 25% y a los presentantes de los escritos de fs. 849/851 en el 30% (treinta por ciento), 853/856vta. en el 30% (treinta por ciento) y de fs. 858/863vta. también en 30% (treinta por ciento) de lo que en definitiva y por las tareas cumplidas en la instancia anterior a favor de sus defendidos corresponda. -Estela Milagros Ferreiros. - Néstor Miguel Rodríguez Brunengo.