marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, resoluciones aduaneras, infracciones aduaneras, despachante de aduana
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: PATANIAN, ROBERTO E.. s/ RECURSO DE APELACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que dejó sin efecto la resolución aduanera que había aplicado sanciones a los despachantes de determinada mercadería; sobre la base de que las cuestiones propuestas por el ente recaudador no remitían a la interpretación del art. 167 de la Ley de Aduana, sino al examen de una cuestión de hecho prueba, ajena al recurso previsto en el art.

86 de la ley 11.683 (t.o. en 1978). Ello así, pues la apelación interpuesta no versa en rigor de verdad sobre la interpretación de la norma de la Ley de Aduana mencionada, sino que importa el examen de un tema de contenido procesal, ajeno a la instancia del art. 14 de la ley 48, como lo es el que consiste en determinar cuál es la índole de los planteos sometidos a conocimiento del a quo.
Curador provisional, declaración de insania, elevación a juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: G. C. G. c/  s/ Inc. elevación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-20

La esencia es fundamentalmente tutelar y excepcional: la figura del curador, es receptada en el artículo 32 del CCyC para casos excepcionales (tal el presente), en los que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interacción con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier medio, modo o formato adecuado y el sistema de apoyo resulte ineficaz.
Aplicación de la ley, costas, recurso extraordinario
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BANCO DE CREDITO PROVINCIAL S.A. c/ C.A.S.F.E.C. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-16

Si bien el art. 15 de la ley 23.473 derogó la ley 18.477, el art.

1 del decreto 2312/86 vetó esa norma, motivo por el cual en la actualidad subsiste la referida ley 18.477 en cuanto exime de costa al ente administrador. En consecuencia, no corresponde expedirse sobre las costas devengadas por el recurso extraordinario.
Hurto con el concurso de personas, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ, M. R. s/ HURTO - AGRAVACION - PLURALIDAD AGENTES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-08-02

Se configura el delito de hurto agravado por haber sido cometido por tres personas, -contemplado en el art. 163, inc. 9, del Código Penal-, aunque uno de los procesados no ingrese al lugar donde se encuentran las cosas sustraidas, toda vez que el mismo, -que ayudó a sus compinches a cargar dichas osas en la camioneta que tripulaban-, intervino activamente en la sustracción, por lo que resulta coautor del hecho.
Proceso penal, sentencia absolutoria, culpa
Materia: PROCESAL - PENAL - CIVIL
Carátula: ESPINDOLA, ROBERTO MARTIR Y OTRA c/ JUDIT ANA CARR DE HUTTON Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD -  INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (CSJ EXPTE N 77-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-12-06

Cualquiera haya sido la opinión del Juez Penal sobre la conducta de la víctima, ello no obliga al Juez Civil; es función de la justicia del crimen juzgar la conducta del imputado quedando reservado al fuero civil, en cuanto atañe a los daños, el juzgamiento de los demás protagonistas del hecho.
Constitución Nacional, interpretación de la constitución, elecciones
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bussi, Antonio Domingo c/ Estado Nacional (Congreso de la Nación - Cámara de Diputados) s/ incorporación a la Cámara  de Diputados.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-13

El art. 66 de la Constitución regula los hechos posteriores a la elección sobre los que no hubo una decisión previa y requiere una mayoría calificada de dos tercios, mientras que el art. 64 se aplica a hechos anteriores que ya han sido valorados por la autoridad electoral y por lo tanto se conforma con el requisito de una mayoría absoluta.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sargentoni, Bruno c/ Instituto Médico Platense s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-26

Si en el orden del día se estableció que se trataba la "remuneración de los órganos de la sociedad", ello fue suficiente para poner en conocimiento de los accionistas que se iba a tratar la cuestión que preve el art. 261 de la ley de facto 19550. No puede aducirse válidamente que se trató un tema sin haber respetado una exigencia legal expresa, y que ello pudo inducir a error a los accionistas, pues no se trata de observar formalidades rigurosas que delimiten con una precisión absoluta lo que ha de ser objeto de tratamiento, sino que es suficiente que mediante una fórmula clara se individualice concretamente el tema a debatir.
Aplicación de la ley, compensación económica, caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: R. R. M. c/ S. C. A. s/ compensación económica
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-09-27

Cabe propiciar la conservación de la acción iniciada por fijación de una compensación económica, en tanto dicho reclamo fue realizado luego de dictada la sentencia de divorcio y antes del vencimiento del plazo de seis meses que establece el art. 442 del CCyC.
Hipoteca, principio de accesoriedad
Materia: CIVIL
Carátula: BOWERS, Alejandro y otro c/ QUINQUELA S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-30

Los accesorios, de acuerdo con el art. 3110 del Código Civil, se consideran comprendidos en la hipoteca, como formando parte del objeto hipotecado, en la medida en que estén unidos al principal, criterio que resulta aplicable al supuesto de los revestimientos adheridos a las paredes de una finca.-
Defraudación, estafa, ardid, idoneidad del ardid, fraude a la Administración Pública, beneficios previsionales, poder
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " MOLINARI, y otros s/ defraudación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-12

No puede considerarse desplegado el ardid idóneo exigido para el delito de estafa, la conducta del apoderado del beneficiario previsional fallecido que cobra los haberes por ese concepto si dicho deceso fue debidamente inscripto en el organismo estatal competente desde que a partir de este momento solo la ineficiencia del estado en arbitrar los medios necesarios para que la administradora de la seguridad social (ANSES) entre en conocimiento de la defunción explica ese pago indebido. Es que el Estado debe establecer un mecanismo eficaz de intercambio de información entre sus organismos y por ende, además, debe ser considerado un sujeto -víctima- con altas posibilidades de defensa (aunque de hecho no las haya utilizado).
Querellante, representación procesal, poder general
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: DONATO, Nelson Gabriel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-16

Hechos: El letrado de la parte damnificada interpuso recurso de apelación contra el resolutorio, por el que no se le hizo lugar a su pedido de ser tenido por parte querellante dado el incumplimeinto de los requisitos de los arts. 82 y 83, del C.P.P.N. Fallo:El poder especial será siempre indispensable para quien pretende querellarse o continuar la querella en representación de otro; este tipo de poder es aquel que comprende uno o ciertos negocios determinados del mandante -art. 1879 y ss., del C.C.- y que es expedido por escritura pública -art. 1184, inc. 7, del C.C.-.

El poder general resulta insuficiente para otorgarle el rol que pretende el apelante, ya que en él no se hace ninguna mención específica relacionada con el delito investigado en la causa, ni con las partes intervinientes, tal como lo requiere el código adjetivo.

El poder general resulta insuficiente para otorgarle el rol pretendido si no se hace ninguna mención específica relacionada con el delito investigado, ni con las partes intervinientes
Confirmación de sentencia, rechazo de la demanda, habeas corpus, salidas transitorias, insuficiencia del agravio, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BARRAZA, Carlos Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-23

Con respecto al punto I de la sentencia recurrida, que resolvió confirmar el rechazo de la acción de habeas corpus contra la suspensión de la salidas transitorias, se observa que la defensa no introdujo argumentos ni una crítica razonada que logre conmover la decisión adoptada, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para confirmar el rechazo de la acción de habeas corpus interpuesta en favor del imputado.
Estado Provincial, competencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: EL GRAMILLAL AGRICOLA GANADERA INMOBILIARIA SCA. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-12-29

Si en el acto generador de la contienda el Estado no obró como poder público sino como persona jurídica de derecho público y se reclama por un derecho de índole civil garantizado por normas de igual naturaleza, el litigio debe dilucidarse en el fuero civil no resultando aplicable la competencia contencioso-administrativa.
Jubilaciones, prescripción, cómputo del plazo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRONTINI, NILDA CORA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Para que el plazo de la prescripción liberatoria del art. 82, tercer párrafo, de la ley 18.037 comience a correr, es necesario que el acreedor mantenga una inactividad en el reclamo de su derecho que supone -de modo inequívoco- que la obligación esté expedita, lo que no sucede cuando está sometida a un plazo u otra contingencia que traba el ejercicio de la acción e impide el curso de la prscripción (cfr.

C.S.J.N., sent. del 30.04.96, "Blanco, Leonor Gioconda Lupis de";

Fallos 311: 2242 y 2814; 313:719). En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala al sostener que recién a partir de un acto válido de notificación y su liquidación, la recurrente pudo hallarse posibilitada para formular las objeciones pertinentes (cfr.

C.N.A.S.S., Sala II, sent. del 28.06.93, "Vázquez, Miguel").
Concursos, rechazo in límine
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: TAGLE JOSE LUCRECIO h - QUIEBRA PEDIDA s/ QUIEBRA PEDIDA - OBLIGACION DE HACER - OBLIGACION DE DAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1985-12-26

Para que un Juez rechace "une limine" un pedido de quiebra, deben faltar en forma absoluta los elementos indiciarios que la ley exige para formular el planteo, cuando ello no ocurre, el Juez "debe" citar al deudor para escucharlo en los términos del art. 91 de la ley 19551, sin perjuicio de que luego de esa audiencia, pueda con los nuevos elementos reunidos, tomar una decisión más determinante en un sentido u otro.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno Brondo, Juan Carlos y Ponce de León, Argentino c/ Unidad Ejecutora Portuaria Pcial. y-o Ministerio de Economía de la Pcia. del Chubut y-o Pcia. del Chubut s/ Recurso de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-05-12

...la sentencia definitiva a la que se aplica la tercera instancia ordinaria, es, como lo expresa el Señor Procurador, la que refiere el inc.1 del art. 242 del CPC., por la concordancia resultante entre éste y los arts. 32 inc.7 de Ley 37, 254 y 164 del CPC. Y no se comprenden los autos interlocutorios o providencias simples mencionadas en los incisos 2 y 3 del citado art. 242. Ello así, más allá de la controversia sobre el carácter de la cosa juzgada en la sentencia que admite el amparo, cuestión que en todo caso moverá a discernir si el fallo origina o no un gravamen irreparable de difícil o imposible reparación ulterior, supuesto en el cual, podría el afectado intentar el Recurso de Casación, más amplio que el de Apelación Ordinaria por los alcances que le otorga el art. 286 CPC.
Demanda, reservas, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: LARA ROSA c/ IHUVA RUBEN Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-04-05

El uso de la palabra "reserva", que sólo es anuncio del eventual ejercicio futuro de un derecho, revela que ese rubro no fue incluido en la demanda y anuncia la eventual ampliación de la misma para el caso de que una pericia demuestre la existencia de una posible incapacidad. En término legales estrictos esta ampliación, que no es meramente cuantitativa, porque se funda en hechos nuevos, en una causa petendi no invocada en la demanda, sólo es permitida hasta tres días después de la apertura a prueba. Este es el régimen de los arts. 159, 160 y 177 del C.P.C. Es verdad que la rigidez de esta regla ha sido atenuada en algunos fallos y comentarios de doctrina que, movidos por consideraciones prácticas y haciendo una concesión al principio de congruencia, admiten que después de producida la prueba y mediando reserva anterior, se amplíe la demanda para introducir datos o agravaciones que resultaban ignorados para el demandante al tiempo de la iniciación del juicio. Pero la condición sobreentendida bajo la cual podría operar esta excepción, es la de que el accionante no pudiese conocer al deducir la demanda el daño que luego procura hacer valer a través de la ampliación.-
Derecho procesal, medidas cautelares, incidentes, improcedencia del recurso, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Carrio Amoros, Roberto Daniel c/Banco Supervielle SA s/incidente art 250 c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Corresponde rechazar el replanteo de una medida cautelar denegada, consistente en la devolución de cierta suma de dinero millonaria que había sido transferida desde la cuenta del actor a la de terceros, toda vez que el accionante insiste en el peligro en la demora frente a la situación inflacionaria, de inestabilidad económica del país y depreciación monetaria. Ello así, pues esta situación ya existía al tiempo de requerirse por primera vez la devolución de los fondos, razón por la que no es un argumento eficaz ni valedero para modificar la decisión.
Robo calificado, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: Del Río, Andrés Alberto y otros s/ Tentativa de robo, abuso de armas, lesiones graves, homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-29

El art. 166 inc. 1º del Código Penal regula una figura compleja que comprende dos delitos: el de robo y el de lesiones graves o gravísimas, con la condición de que éstas sean causadas por las violencias ejercidas para realizar el robo. A despecho de que la disposición esté ubicada dentro de los delitos contra la propiedad, resulta indudable que el bien jurídico al que se otorga prevalencia es la salud y la integridad corporal por sobre el patrimonio. En razón de la particular naturaleza del referido delito, y de la aludida prevalencia en la tutela de uno de los bienes jurídicos en perjuicio del otro, si las lesiones graves se han consumado, es indiferente que el robo haya quedado en grado de tentativa, a los efectos del perfeccionamiento del delito previsto en el citado art. 166 inc. 1º. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concursos, honorarios, monto del juicio, quiebra, aplicación de la ley, tope regulatorio, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: Feld Mirta Beatriz c/  s/ sucesion s/quiebra
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-14

Cuando, como en el caso, corresponde contemplar la necesidad de armonizar la garantía de un honorario digno al profesional que desempeña la sindicatura -tal como tuvo intención de hacerlo el legislador al establecer mínimos elevados, LCQ 267-, atendiendo al mismo tiempo al nuevo ingreso a la quiebra, que necesariamente debe ser tenido en consideración con miras a una regulación lo más justa posible en el contexto de la causa (LCQ 271), en razón de los valores económicos en juego corresponde regular los honorarios de los profesionales intervinientes con prescindencia de la pauta mínima fundada en el salario del secretario de juzgado que contempla la LCQ 267 y tomando a ese efecto un porcentual del nuevo ingreso que posibilite compatibilizar la finalidad última del procedimiento falencial -que es la obtención del mayor dividendo concursal posible por parte de los acreedores- con el derecho a una retribución digna por parte de los beneficiarios de esos emolumentos. En esta línea, estima prudente el Tribunal asignar a las retribuciones de los funcionarios actuantes en el presente trámite falencial, hasta el 30% del nuevo activo ingresado como tope regulatorio por lo actuado en la quiebra.
Regulación de honorarios, monto del juicio, incidentes, caducidad de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INAS S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA s/ CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  - PERENCION DE INSTANCIA - REGULACION DE  HONORARIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-18

El tribunal considera equitativo estimar el monto del juicio en el equivalente a la multa impuesta a la actora, debidamente actualizada.Por los trabajos correspondientes al pedido de perención de instancia corresponde aplicar el artículo 79, segundo párrafo, segunda parte de la ley 7269, dada la naturaleza meramente incidental, característica de ese trámite en las causas contencioso administrativas (art. 58 C.P.C.A. -Ley 3897 y art. 56 C.M.C.A. - Ley 7182).
Indivisión hereditaria, consentimiento
Materia: CIVIL
Carátula: F., O. S. c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2023-04-10

Por lo cual definido este estado de indivisión en que nos encontramos en esta sucesión, se debe analizar cómo se administra este patrimonio de afectación entre todos los herederos; para ello cabe recurrir al Código Civil y Comercial (en adelante C.C.y C.) en cuanto regula de manera específica a la Comunidad Hereditaria; y nos indica lo siguiente a través del art. 2.325 en su primera parte: "Actos de administración y de disposición. Los actos de administración y de disposición requieren el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos o a terceros un mandato general de administración. Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones..." A diferencia del condominio para la administración de los bienes se requiere el consentimiento de todos los herederos, y el problema que encontramos en estos actuados es que no todos los herederos coinciden con la propuesta de los otros. Así el Dr. Lorenzetti al explicar el presente artículo dice: "El texto legal requiere el consentimiento de todos los coherederos para los actos de administración y de disposición, es decir, la unanimidad. La ley no considera suficiente la decisión de la mayoría, a fin de evitar que un heredero pueda encontrarse obligado por la voluntad de los otros coherederos" (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T° X, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 574, año 2015).-
Bienes, dominio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: JUAREZ, OSCAR ELIAS c/ COMUNA DE TACURAL s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION    INCIDENTE DE APREMIO (CSJ EXPTE N. 295-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-05

La condición jurídica de los bienes del dominio público está determinada por una serie de principios de orden negativo (fundamental es el de la inalienabilidad, como así también el de la imprescriptibilidad, de los que derivan los de la inembargabilidad por lo tanto no pueden ser ejecutados forzadamente- y de la imposibilidad de ser embargados o de ser gravados con impuestos, como la propiedad privada) y de orden positivo (que confirman su substracción al régimen de Derecho Privado y su consecuente sujeción al Derecho Público, de modo que los bienes dominiales son objeto de administración pública, es decir, la actividad desplegada en relación a los mismos en orden a su adaptación para el uso que le es propio -construcción, conservación, regulación de su uso por los particulares- es actividad administrativa y forma parte, por eso mismo, de la administración pública en sentido objetivo).
Reordenamiento del sistema financiero, juicio ejecutivo, embargo preventivo, inembargabilidad del salario, límite del embargo, ley de emergencia productiva y crediticia, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: FINVERCON SA c/ ARACENA, CARLOS DANIEL s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-30

No corresponde desestimar la solicitud de traba de embargo sobre el sueldo del deudor, con fundamento en lo dispuesto por la ley 25563: 16; toda vez que, más allá de la compleja interpretación de dicha norma, cabe observar que, el salario del deudor, no fue incluido entre los bienes alcanzados por la prohibición que ella contempla; ademas, respecto de éste y con miras a preservar la satisfacción de la función alimentaria que le es propia, el decreto 484/87 -reglamentario de la ley 20744-, establece en particular las proporciones de inembargabilidad de los salarios, en atención al monto de las remuneraciones afectadas, lo que excluye la aplicación de una ley con finalidad diversa, que es, en el caso, la emergencia productiva y crediticia que atraviesa el país; por lo que, ante el pedido del embargo cuestionado, deberá analizarse su procedencia en función de las particulares circunstancias del caso y el porcentual del salario reclamado como indispensable.
Fundamentación de sentencias, testigos, víctima menor de edad, cámara Gesell, privación ilegal de la libertad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Burgos Saucedo, Angel Gastón c/  s/ Recurso de casación casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-13

Está debidamente fundada la condena si se valoraron los testimonios del padre de las víctimas, del funcionario policial interviniente, de un testigo, asimismo, se meritó la incorporación al debate de un martillo de metal -con el que golpeaban a los niños-, una bolsa con tubos de plástico correspondientes a dos hisopados y ropa interior infantil, informes de la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, de la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal, historia clínica del Hospital Pirovano, peritajes médicos y psicológicos.

La circunstancia de ostentar la menor el carácter de testigo único del suceso -y a la postre, damnificada-, en ningún modo debilita per se su deposición, máxime si encontró respaldo en los exámenes médicos.

Se configura la privación ilegal de la libertad si los menores fueron, por lo menos, retenidos ilegalmente por el procesado y su compañera, sin que pueda prosperar la excusa ensayada por la defensa, en el sentido de que los niños le fueron entregados por la madre para su custodia, ya que si la madre los abandonó en aquel lugar, ello no autorizaba a los encartados a apoderarse de ellos, lo que constituye una sustracción, en los términos del art. 142 bis CP