Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 296/299. Santa Fe, 14 de Febrero del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución n° 647 del 6.12.2016 dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 -Rosario- en autos "MONASTEROLO, Jorge Raúl contra MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRÁN -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- (EXPTE. 154/13), CUIJ: 21-00511389-7; y, CONSIDERANDO: 1. La Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 de Rosario declaró procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el actor invocando su calidad de concejal, y, en consecuencia, condenó a la recurrida a pagarle las dietas no abonadas entre diciembre de 2008 y febrero de 2012, difiriendo la determinación de la condena por el período posterior a la etapa de ejecución de sentencia. Condenó además a pagar intereses e impuso las costas a la recurrida. Contra dicho decisorio interpuso la demandada recurso de inconstitucionalidad, por considerar que el caso encuadra en el supuesto previsto en el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055 (fs. 14/20). Tras postular la concurrencia de los recaudos de admisibilidad del recurso, afirma que el fallo recurrido incurre en varias hipótesis de arbitrariedad. En primer lugar, omisión de decidir una cuestión planteada, conducente a la solución del litigio. Ello así, por cuanto soslaya la consideración del carácter estatal de la demandada, y el consiguiente régimen de derecho público que regula sus funciones, status y competencias; así -dice- la Cámara no se expide sobre la inexistencia de normas que fijen las dietas en la cuantía que la recurrente esgrime y la a quo, sin más, recepta. Al respecto, explica que durante el lapso en que se habrían originado los créditos reclamados (diciembre de 2007 a julio de 2013), sólo rigieron la resolución 10/07 del Concejo Municipal, según la cual se fijó en $ 2.500 el monto a cobrar por todo concepto por los concejales ("dieta más gastos de representación más bonificación no remunerativa"); y la resolución 23/08 por la que se fija en $ 3.200 el monto total a cobrar por idénticos conceptos. Añade que las supuestas "certificaciones de deuda" que invoca el actor, expedidas por la Secretaria del Concejo, carecen de virtualidad jurídica, ya que no existe norma legal alguna que así lo autorice. Asimismo, se agravia de que la sentencia en recurso resuelve sobre cuestiones no planteadas oportunamente. Ello, porque el actor interpuso su recurso pretendiendo el "cobro de pesos - dieta de concejal"; con cita de jurisprudencia, afirma que ello excluye otros gastos, como "representación" o "conceptos no remunerativos". A pesar de ello, la sentencia refiere que para la cuantificación de la suma adeudada desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2012 habrá que estar a la constancia del Presidente del Concejo, concluyendo que el importe en cuestión asciende a $ 125.860,35 y o a los 136.181,85 que se mencionan en la demanda. De ello extrae que la Cámara ha considerado como adeudados otros conceptos distintos a los reclamados, circunscriptos a las dietas y no a los gastos de representación u otros conceptos no remunerativos. Como segunda hipótesis de arbitrariedad, postula que la Cámara ha incurrido en fundamentaciones opuestas a disposiciones legales y constitucionales, así, cuando ha adoptado como suficiente prueba de lo adeudado hasta febrero de 2012 a la mencionada "certificación de deuda", vulnerando con ello la ley orgánica de municipalidades nro. 2756, la cual no autoriza al Concejo Municipal a certificar deudas de proveedores, empleados o concejales. Y se contradice además con lo expresado en los propios considerandos de la sentencia, cuando niega el carácter de personas jurídicas al Concejo o a los restantes órganos, remarcando que existe una única persona jurídica: la Municipalidad, lo que obsta de manera terminante a la facultad del Concejo de "certificar deuda", pues para ello debería poder resolver autónomamente sobre la misma. En este razonamiento del propio Tribunal debería haber sido la Municipalidad y no el Concejo quien debería haber, en su caso, certificado la pretendida deuda. Concluye en que medió arbitrariedad al considerar probada y cuantificada la mayor parte de los conceptos otorgados a la actora a partir de un documento que carece de virtualidad jurídica para ese cometido. Destaca que, al fallar en contra de la aplicación de la ley 2756, el sentenciante está haciendo lo propio respecto del régimen municipal santafesino, garantizado por la Constitución Provincial en sus artículos 106, 107 y 108, a partir del imperativo de su par nacional (artículos 5 y 123), perjudicando a la Municipalidad al desconocer la aplicación en el presente litigio de reglas obligatorias que contribuyen a garantizar la integridad de la hacienda pública municipal posibilitando una administración financiera ordenada y previsible. Por último, postula que la sentencia atacada incurre en autocontradicción. Ello, por cuanto en los considerandos refiere que por el período posterior a febrero de 2012 corresponde que el Municipio cuantifique la deuda, mientras que en la parte resolutiva, de manera incongruente, condena a la Municipalidad a pagar "según liquidación que deberá practicar ... las dietas no abonadas por el período comprendido a partir de diciembre de 2008 en adelante", sin hacer referencia a la invocada constancia del Presidente del cuerpo ni a su cuantificación, ni a la segmentación temporal que menciona en los considerandos. 2. La Cámara, mediante auto nro. 430, del 29 de junio de 2017 (v. fs. 29/32), denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido, por entender -en síntesis- que los planteos de la recurrente exteriorizan en definitiva su disconformidad con los fundamentos en virtud de los cuales el Tribunal arribó a la decisión objetada, a partir de la valoración del material probatorio colectado en la causa y la interpretación de las normas de derecho público local aplicables, mas sin lograr articular hipótesis suficientes de arbitrariedad en el decisorio. 3. Comparece entonces la recurrente en vía directa ante este Cuerpo, mas sin lograr rebatir adecuadamente los fundamentos invocados por la a quo al denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad. En efecto: tal como lo señala la Cámara en el auto denegatorio, y no se logra desvirtuar en la presentación directa ante esta sede, de la confrontación del fallo impugnado con el escrito de interposición del recurso surge claro que las causales de arbitrariedad articuladas -omisión de resolver cuestión planteada y resolución de cuestión no planteada; oposición a la ley orgánica de municipalidades y violación al régimen municipal; y autocontradicción- no guardan conexión con la realidad del caso, implicando más bien la reedición de los argumentos ya expuestos por la recurrente en oportunidad de contestar el recurso contencioso administrativo interpuesto y al alegar; mas sin cuestionar suficientemente desde un plano constitucional las respuestas dadas por la Cámara, que podrán no conformar a la impugnante, mas sin que se traspase el umbral de la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte provincial, cuya misión es efectuar el control de la adecuación de las sentencias al ordenamiento jurídico fundamental, pero de ningún modo substituir a los tribunales ordinarios en su cometido jurisdiccional. Ello así ya que, pese a que la recurrente invoca la arbitrariedad del decisorio por omitir resolver una cuestión planteada y por resolver cuestiones no propuestas, al explicitar tales agravios no hace sino manifestar su disenso respecto del criterio de la Cámara de hacer lugar al recurso contencioso administrativo por considerar que pesaba sobre el Municipio la carga de probar que había pagado las dietas a los ediles, y que el ente territorial no la había levantado; concluyendo, pues, la a-quo en "la existencia de una deuda en concepto de dietas" (v. f. 9 vto.). Para luego, en tren de "cuantificar debidamente el crédito del recurrente", remitir a la "constancia del Presidente del Concejo" por el lapso transcurrido entre diciembre de 2008 y febrero de 2012 (v. f. 9 vto). Sabido es que tales aspectos, vinculados a las reglas de distribución de la carga de la prueba y a la evaluación de la suficiencia de las constancias obrantes en la causa, revisten naturaleza procesal y son, como regla, insusceptibles de revisión mediante el remedio de excepción regulado por la ley 7055, puesto que atañen -también por vía de principio- a los jueces de la causa en ejercicio de funciones que les son propias. Y bien: frente a la solución a la que arribó la a quo, si bien la impugnante expresa su desacuerdo con el criterio de considerar suficiente a los fines de la cuantificación de la deuda por el período trascurrido entre diciembre de 2008 y febrero de 2012 a la constancia del Presidente del Concejo, y alega -en definitiva- arbitrariedad normativa y vulneración del régimen municipal, al fundar tales agravios insiste en verdad en su propia tesitura acerca del enfoque con que correspondía decidir el caso; que no fue, desde luego, el seguido por la Cámara, pero sin demostrar que ésta hubiese incurrido en arbitrariedad en el ejercicio de funciones propias. Respecto del planteo de autocontradicción, sabido es que para que se configure tal vicio en un decisorio judicial es necesario que el mismo adolezca de una irreductible oposición conceptual, o una irremediable incongruencia interna, que lo torne incomprensible al punto de que sea menester acudir a aportes argumentales extraños para tornarlo inteligible (cf. A. y S. T. 54, págs. 302/307; T. 55, págs. 5/8; T. 60, págs. 115/119; T. 62, págs. 253/256; T. 75, págs. 222/225; T. 88, págs. 233/236; T. 97, págs. 151/153). No es lo que acaece en el sub judice, puesto que la liminar lectura del pronunciamiento cuestionado, permite colegir que el Tribunal brindó pautas suficientes, aunque lacónicas, a los fines de la cuantificación de la deuda. En definitiva, las hipótesis de arbitrariedad esbozadas traducen, desde distintas perspectivas, tan sólo el cuestionamiento a la labor jurisdiccional cumplida por el Tribunal en torno al tratamiento de las cuestiones sometidas a su decisión en ejercicio de funciones propias en cuestiones de derecho público local, sin llegar a persuadir de que en esa tarea éste hubiera desbordado el ámbito inherente a sus atribuciones. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo nro. 2 (Rosario)