marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, emergencia económica, pretensión, depósito bancario
Materia: COMERCIAL
Carátula: REPETTO  DE  GARAVILLA,  MARIA c/ BANCO SUDAMERIS ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Resulta improcedente la acción deducida contra el Poder Ejecutivo y el Banco Nación, mediante la cual los accionantes solicitaron que -en razón de su avanzada edad- se declare que sus depósitos bancarios se encuentren excluidos de la aplicación de la normativa de emergencia. Ello así cuando, como en el caso, se verifica que con anterioridad al reclamo judicial prestaron conformidad para que la suma de moneda extranjera depositada a plazo fijo fuera convertida a pesos al tipo de cambio oficial y transferida a una caja de ahorro, sin formular reserva alguna de reclamar la diferencia entre el monto pesificado al tipo de cambio oficial y lo que hubiese correspondido según el valor del dólar en el mercado libre de cambios. Resulta aplicable a la especie la doctrina de la corte suprema sentada in re "cabrera" que establece que el sometimiento voluntario a un régimen jurídico sin expresa reserva determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional, pues las garantías atinentes a la propiedad privada pueden ser renunciadas por los particulares expresa o tácitamente, lo que sucede cuando el interesado realiza actos que, según sus propias manifestaciones, importan acatamiento de las disposiciones susceptibles de agraviar dichas garantías (CSJN, 13.7.04, in re "Cabrera Gerónimo E. y otro v. Estado Nacional", ja 2004-iii-186). Por ende, obsta al progreso de lo pretendido la circunstancia de que los reclamantes hayan consentido la aplicación de la normativa de emergencia, y retirado los fondos sin formular ninguna reserva (cncom, sala c, 11.10.05, in re "Chiofalo, Gerardo Luis c/ Bank Boston"). Así cabe interpretarlo, dado que no es admisible el intento de ejercer judicialmente un derecho subjetivo incompatible con el sentido atribuible a una conducta anterior ejecutada con plena deliberación y jurídicamente relevante (v. esta sala, 10.11.98, in re "Industrias Tecnomar SA c/ Química del Norte SA"; idem, 19.10.99, in re "Capettini, Ricardo Alberto c/ Estilo de Inversores SA"; ídem, 14.2.00, in re "Alezandre, Eduardo Arturo y otra c/ Cenit Seguros SA").
Acción de amparo, medicina prepaga, Programa Médico Obligatorio, gastos de prótesis
Materia: CIVIL
Carátula: ARGOTA, Eleodoro Andrés c/ O.S.D.E. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

No corresponde admitir el amparo para la empresa de medicina prepaga otorgue cobertura al material indicado por el médico tratante tal como lo solicita si dicho tratamiento específico no encuentra sustento en las normas del plan médico obligatorio, que no obligan a la entidad más que a brindar cobertura de la prótesis pero sin imponer una marca especificada sino que por el contrario las órdenes médicas deben realizarse por nombre genérico. A ello se suma que el PMO dispone que el monto máximo a erogar por el Agente de Salud será el de menor cotización en plaza. Por otra parte es el pretensor del amparo el que debe demostrar (art. 377  del Código Procesal)que el acto u omisión lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad manifiesta algún derecho o garantía constitucional (art. 321 del Código Procesal)en forma actual e inminente, situación que no se verifica ante la exigencia de una marca o prestador distinto para cubrir sus necesidades cuando ni siquiera afirmó que no las cubriera. (Sumario N°20876 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, fundamentación del recurso, fundamentación suficiente, remisión del expediente
Materia: PROCESAL
Carátula: Finocchietti, Enrique Augusto y otros c/ ANSeS s/ reajustes varios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-01

Si en el escrito recursivo la actora refutó todos los argumentos esbozados por el magistrado de primera instancia, argumentando su posición en la letra de la normativa y en jurisprudencia que estimó aplicables al caso cumpliendo las exigencias legales mínimas para sustentarlo, corresponde declarar procedente el recurso ordinario de apelación y revocar la sentencia apelada, disponiendo el reenvío al tribunal de origen a los fines de que se pronuncie sobre los aspectos omitidos.
Concesión errónea del recurso, juicio sumarísimo, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: Majcen, Graciela Beatriz c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ sumarísimo s/ incidente art. 25
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Procede rechazar el planteo de la parte actora tendiente a que se declare mal concedido el recurso del banco demandado al tratarse de un proceso sumarísimo. Ello por cuanto, si bien no se desconoce que en el ámbito de este juicio sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten o denieguen medidas precautorias, sin embargo, se admite, en algunos casos, la apelación de aquellas resoluciones que exceden el ámbito natural del proceso, en tanto puedan ocasionar un gravamen irreparable, pues la materia de que aquí se trata tendría una incidencia en la consecución del objeto procesal que no puede ser obviada; por lo que no se aprecia prudente que el proceso continúe sin que se defina la incorporación, o no, de los terceros cuya citación persigue la demandada.
Seguridad social, acción de amparo, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DIAZ, ARMANDO c/ CNPS PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-07-13

La ley 16986 instrumenta un procedimiento donde, en resguardo del derecho de defensa, se prevee el conocimiento del caso por dos instancias jurisdiccionales. Por ello, al no existir órganos de primera instancia con competencia reglada en materia previsional, el juez más idóneo por razón de la materia, para conocer en tales cuestiones, con carácter originario por esta vía, es el laboral, y no la Cámara Nacional de la Seguridad Social.
Régimen penal de la minoridad, menores, reclusión perpetua
Materia: PENAL
Carátula: C., D. F. s/ revisión penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-11-01

La imposición a un menor de la pena de prisión perpetua por los delitos de robo calificado y homicidio triplemente agravado, carece de motivación y no resulta compatible con los postulados constitucionales y convencionales, pues en la sentencia se omitió justificar la prescindencia de la pena reducida, conforme la escala de la tentativa, y valorar su adecuación para promover la reintegración del menor, lo que implicó equiparar al joven con el trato que se da a los mayores, sin considerar su estatus diferenciado (del voto del Dr. Netri).
Sanciones procesales, deberes procesales, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: García vda. de Pérez, Sara y otra c/ Hsieh Wenching s/ Sumario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-16

Es cierto que el art. 45 del Código Procesal sanciona la inconducta genérica, por oposición a las inconductas específicas castigadas en otras disposiciones a lo largo de dicho ordenamiento, pero ello no importa que la falta de lealtad quede impune por no haber merecido sanción alguna en la oportunidad correspondiente. Es que arrogarse una firma que resulta ser falsa y no aclarar debidamente la cuestión, permitiendo se sustancie prueba tendiente a acreditar el extremo, representa una conducta dilatoria y contraria a la lealtad y buena fe con que se debe actuar en el proceso y que encuadra perfectamente dentro del concepto de temeridad.
Beneficios previsionales, movilidad del haber jubilatorio
Materia: CIVIL
Carátula: ALBARRACIN ROBERTO ANTONIO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE RECOMPOSICION SALARIAL  -SECTOR PASIVO DE LA PROVINCIA Nº6016 Y SU ANEXO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-12-14

EL art. 14 bis de la C. Nacional tiene su fundamento en que los beneficiarios de haberes previsionales están expuestos como el resto de la población, a los caprichos de la inflación y de la coyuntura económica; por lo que la S.C.J.N. en diversos fallos ha brindado protección con respecto a esos fenómenos y en relación con la movilidad de los haberes previsionales ha establecido que las jubilaciones deben cumplir un rol sustitutivo de las remuneraciones en actividad y que el sistema de movilidad está reservado a al prudencia del legislador, siempre que se respete el derecho de propiedad del beneficiario.
Efecto suspensivo, resoluciones equiparables a definitiva, debido proceso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Fiscalía de Cámara Especializada en Violencia de Género- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Gularte, Diego Rafael s/ incumplimiento de los deberes de asistencia familiar c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-04-24

Corresponde otorgar efecto suspensivo al recurso de queja si la argumentación de la fiscalía resulta suficiente -en este estado de análisis- para controvertir la presunción de legitimidad de la denegación del recurso de inconstitucionalidad que viene a defender. En efecto, en esta causa se constata, prima facie, la existencia de una decisión que resulta equiparable a una sentencia definitiva para el Ministerio Público Fiscal y el planteamiento de un caso constitucional que involucra la exégesis de las reglas que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen sus competencias y atribuciones (arts. 13.3 y 125, CCABA). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Luis Francisco Lozano).
Telecomunicaciones, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Cosentino  María Victoria c/ Telefónica Argentina S.A. s/ amparopor mora".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

La información requerida respecto de la cantidad de reclamos recibidos por la empresa telefónica durante el año 2005 y los motivos de dichos reclamos, en virtud de lo dispuesto en el decreto 1.172/03, reviste el carácter de pública y no se encuentra comprendida entre las excepciones del artículo 16 del decreto 1.172/03, hallándose incluida dentro de la prescripción del artículo 5, toda vez que la empresa debe registrar los reclamos para poder atender a su satisfacción, dado que de otro modo no cumpliría con su obligación de prestar, en forma eficiente, el servicio público adjudicado a su gestión.
Jornada de trabajo, periodista profesional, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Cazeres, Marcelo Luis c/  s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-19

La conclusión de que la norma del art. 3°, inc. a, de la ley 11.544 no resulta aplicable en el ámbito del periodismo profesional en modo alguno puede apoyarse en la mera circunstancia de que en ese ámbito existe una jornada máxima de trabajo semanal más reducida que la que rige para otras actividades, ya que es harto evidente que, en razón de las características especiales que tiene la labor de los directores o gerentes, el mencionado artículo contempla una excepción de carácter general para este tipo especial de trabajadores excluyéndolos de la jornada máxima legal que rija para la actividad en la que se desempeñen, cualquiera sea la duración de ella.

El juez Rosatti, en disidencia, consideró que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-
Daños y perjuicios, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fariña María Claudia y otro. c/ Instituto Enrico Fermi S.A. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-03

Para ser demandado - legitimación pasiva- como responsable por los eventuales daños resultantes de un hecho ilícito, debe haberse obrado personal o voluntariamente en el mismo, por acción u omisión, sea como autor o co-autor o bien provenir aquellos del hecho de los dependientes o las cosas de que se sirve o están bajo su cuidado. En todo otro supuesto, ya sea por una fuente u otra de responsabilidad, no cabe reclamar indemnización a ningún tercero que por no mediar alguno de los casos enunciados, quedan ajenos al hecho y sus consecuencias. Ello no es más, que un aspecto del principio general "res inter alios acta, non nocet procedere potest", inserto en diversas normas de nuestra legislación sustantiva.
Competencia, fletamento, arbitraje internacional, competencia federal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLETAMAR  S.A.C. c/ SUCEX  S.A.  y/o FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS. s/ COMPETENCIA  -  CONTRATO DE FLETAMENTO - ATRIBUCION DE JURISDICCION A  TRIBUNAL  ARBITRAL   EXTRANJERO  -  INVOCACION  POR  QUIEN  NIEGA  EL  CONTRATO - RENUNCIA IMPLICITA -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-03

No obstante la cláusula atributiva de jurisdicción a tribunales o árbitros extranjeros, la sociedad extranjera fletante a través de su agente marítimo con sede en Buenos Aires, ha reclamado la intervención de la jurisdicción federal civil y comercial argentina y ésta ha sido aceptada por la demandada Sucex S.A. en el escrito de responde, ya que en él no se articuló excepción de incompetencia, no existiendo razón para sustraer la causa del conocimiento de los jueces argentinos.-
Daños y perjuicios, daño moral, hechos jurídicos
Materia: CIVIL
Carátula: M., M. P. J. c/ Z., A. G. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-04

Los hechos objetivos permiten presumir sin hesitación que se han causado mortificaciones que, por su naturaleza y gravedad, afectaron los sentimientos del perjudicado, razón por la cual cabe considerar que tales contrariedades tuvieron relevancia suficiente para ocasionar el menoscabo a intereses no patrimoniales, según el curso natural y ordinario de las cosas (arts. 901, 903, 522 y conc. del Código Civil).
Subasta, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: ROBLEDO, Mirta Margarita c/ H.S.B.C. BANK ARGENTINA s/ Acción de Nulidad-Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-25

La regla general en materia de subasta de bienes prendados que prevé el art. 31 de la ley de Prenda exige que la misma " se anunciará con diez días de anticipación mediante edicto que se publicara tres veces " por tratarse de un instituto similar en la misma ley.

Ahora bien, si para este caso que es la regla, la jurisprudencia ha entendido que prima el interés general a fin de impedir que se vulneren garantías elementales para el deudor en la realización de los bienes considerándose que vincula el orden público y no puede ser modificada abreviando la publicidad y los plazos legales con sanción de nulidad cuando la antelación prevista para la publicidad no ha sido respetada transgrediendo la ley incluyendo también la nulidad de la cláusula contractual que autorice otro forma de publicidad, con mayor razón el criterio debe aplicarse cuando se utiliza el procedimiento de excepción que permite el art. 39 que es la excepción.

Así las cosas, el remate cumplido en violación de las pautas legales establecidas al efecto debe declararse nulo por el vicio apuntado y porque - aunque accesorio - es coadyuvante el perjuicio evidente que afecta al deudor prendario.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: IME c/ Fiat Concord  S.A. s/ Simulación    e    incumplimiento  contractual  -  Incidente  medidas  cautelares Fiat Argentina  S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-20

Si bien es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que las decisiones referentes a medidas precautorias no justifican, como principio, la concesión del recurso extraordinario toda vez que no revisten carácter definitivo, no lo es menos que en el caso que nos ocupa se trata de un supuesto donde el Tribunal ha mantenido la medida de anotación de litis sobre una empresa distinta a la que posee el bien litigioso (en el caso el 25% del capital accionario inicial de Fiat Concord S.A. ) lo que influye decididamente a los fines de habilitar la vía excepcional prevista en el artículo 14 de la Ley 48.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Nahabian, Elsa c/ Municipalidad de Quilmes s/ Cobro sumario de australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-20

La declaración de inconstitucionalidad de una norma de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como "último ratio" del orden jurídico.
Aplicación de la ley, responsabilidad del concesionario (comercial)
Materia: PENAL
Carátula: M, M. L; S. I. A. s/ Infracción artículos 1 y 36 Inciso G) ley 6789 (EXPTE. Nº 147-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-10-06

La sanción dispuesta por la ley de juegos, por falta del deber "in vigilando" de los directivos de una institución, aun a despecho de la calidad de persona jurídica de quien la soporta, es una consecuencia de la falta de cuidado y omisión de deberes de quienes la dirigen; obviamente éstos son los que provocan la sanción: pensar lo contrario sería desvirtuar el objeto y fines para los cuales fueron creadas estas asociaciones y que en virtud de ello les fueron otorgadas sus personerías jurídicas por el Poder Ejecutivo, quien puede quitárselas ante la reiteración de este tipo de infracciones punidas por la ley. (Voto en Disidencia del Dr. Creus)
Promoción industrial, derechos de importación, base imponible, decretos
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: CHRYSLER FEVRE ARGENTINA  S.A. s/ RECURSO  DE APELACION - ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS - TRIBUNAL  FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-20

Señaló la Corte Suprema en el precedente "Ford Motor Argentina S A. del 20/09/84" que "las razones expuestas conducen asimismo a declarar la ilegitimidad del decreto 10.683/65, en cuanto dispuso que los recargos de importación de mercaderías introducidas al país en virtud del régimen de promoción de la industria automotriz debían liquidarse y abonarse sobre el valor que corresponda según el art. 2 de la ley 16.690 a lo que cabe agregar que con relación a las operaciones del caso, se configura una situación que guarda analogía con la resuelta en anteriores pronunciamientos del Tribunal, en los que se dijo que "si el decreto 3.642/65 estableció un plan a regir durante los años 1966, 1967 y 1968, el Poder Ejecutivo no podía modificarlo a posteriori", en la medida en que ello significará agravar la situación financiera de las empresas que se hallaban protegidas por las normas promocionales.
Responsabilidad civil, carga de la prueba
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: SOTERA ZURRO DE LLORENS MARGARITA c/ SANATORIO RIO NEGRO SA y BEUTE CARLOS s/ ORDINARIO s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1994-12-16

Incumbe al paciente la prueba de la culpa del médico. Pero si el médico al pretender exonerar su responsabilidad introduce y adiciona un factor (una predisposición orgánica de la paciente, v.gr. lesión arteriosclerosis) se le impone justificarlo como existente, debiendo aportar, precisamente por la naturaleza de los hechos y las circunstancias que rodean al acto médico, los elementos que apoyen su afirmación de que el cuadro dañoso derivaba de un estado predisposicional de la paciente.
Acción, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: VILLARREAL, JUAN CARLOS c/ GOBIERNO DE LA PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-04-29

La prescripción del reclamo fundado en hechos ilícitos (art. 4037 Código Civil) cuyo carácter depende de una resolución judicial, comienza a correr desde que la sentencia respectiva pasa en autoridad de cosa juzgada.
Contratos, daño moral, sistema financiero
Materia: CIVIL
Carátula: DOMINGUEZ ACIAR Susana Beatriz c/ Banco de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-07-29

Tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria entienden que el daño moral originado en daños físicos o psíquicos no necesita ser probado.- La existencia del mismo se tiene por acreditada por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad de los accionantes.

La inclusión en el registro de morosos configura una lesión per se; por lo tanto resulta innecesario acreditar mas daño que el haber estado erróneamente incluído en estos registros, se trata de una prueba "in re ipsa".

El daño moral experimentado por el damnificado por su errónea inclusión como deudor moroso del sistema financiero, no requiere prueba directa ni de su existencia ni de su extensión y puede ser presumida por el hecho antijurídico porque con la negligencia de la institución se afectó su honor, tranquilidad e intimidad.
Voto de los jueces, voto en disidencia
Materia: PROCESAL
Carátula: F., E. y P., I. s/ Quiebra s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2003-12-10

La sola remisión a lo resuelto en los pronunciamientos anteriores, sin referencia concreta a los agravios propuestos y a los hechos de la causa, es insuficiente para convalidar lo decidido.
Recurso contencioso administrativo, adicionales de remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Nieto Ortiz, Manuel Antonio c/Municipalidad del Departamento Capital s/ Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-05-30

Si no se goza de ningún derecho otorgado por la legislación en vigencia, no se es titular de derecho subjetivo alguno que lo autorice a ocurrir por la vía del Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 12 de la ley 1.005.

Las bonificaciones pueden ser dejadas sin efecto y cesan de percibirse a partir de ese momento, sin que puedan alegarse derechos adquiridos hacia el futuro.
Acto administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Worthington Arg.  S.A.I.C. s/ Rec.  de  Apelación  (Res.  Sec.  Ind.  Com.  Ext.)  -  Rec.  directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

La doctrina administrativa ha sostenido frente a la falta de pronunciamiento de la administración pública, que es preciso dar al administrado un medio que ponga fin a la incertidumbre o a la inercia indefinida de aquélla, otorgando al silencio del órgano el efecto de una manifestación tácita de voluntad ya sea en sentido negativo o positivo.
Prueba, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Frigorífico Rioplatense S.A. c/ Sindicato de Empleados y Obreros de la Industria de la carne de Santa Elena y Luciano Espinoza s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-02-18

Es inadmisible la petición de caducidad que sólo persigue hacer perder a la contraria una prueba y no a acelerar el trámite del proceso.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, arbitrariedad sorpresiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Espinosa, Serafín Luis c/ Galassi, Juan Carlos y otra s/ Cobro de pesos laborales. Queja por denegación del Recurso de   Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº 494-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-22

Si la cuestión por la cual se agravia el recurrente fue decidida en el fallo de segunda instancia con igual fundamento que el Juez inferior siendo, además, confirmatoria de la sentencia de primera instancia, no puede alegarse -en principio- arbitrariedad sorpresiva , lo que determina la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por incumplimiento del requisito contenido en el artículo 1 in fine de la ley 7055.