Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-03-11


SENT Nº 58 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Once (11) de Marzo de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Sosa Juan Carlos y otros s/ Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse , dijo:

I.-Viene a conocimiento y decisión del Tribunal el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 10/5/2010, que declara la nulidad de todas las actuaciones desde la demanda inclusive.

II.- Ataca el recurrente la sentencia de Cámara sosteniendo que su parte resolutiva no guarda relación con los considerandos. Que comienza tramitando una apelación de uno de los codemandados (esposa e hija del fallecido Godoy) pero en su Resolutiva involucra en su decisión a los tres demandados por cuanto invalida todas las actuaciones desde la demanda. Afirma que los codemandados Godoy hijo y Juan Carlos Sosa fueron notificados de la sentencia y no apelaron la misma, encontrándose firme para ellos el decisorio del Juez inferior. Que los derechos que emergen de dicha sentencia fueron incorporados al patrimonio de su parte y que por ello la Cámara estaba impedida de modificar esta condena de ejecución que pesaba sobre el señor Juan Calos Sosa y Enrique Godoy hijo. Expresa que ello viola los arts. 17 y 18 CN. Cita jurisprudencia.

Le agravia que se considere la intimación de fs. 35 en la sentencia de alzada ya que ella, dice, nada tuvo que ver en la sentencia de trance y remate. Por ende, las afirmaciones que efectúa la Cámara en este sentido no son ciertas por carecer de sustento fáctico en la presente causa, y ello vicia la sentencia de arbitrariedad dogmática, tornándola nula.

Le causa gravamen que el fallo exprese que se condena en primera instancia a una persona fallecida y que no puede realizarse acto alguno en su contra pues los únicos que intentaron que se condenara a un fallecido son los propios herederos del muerto que ocultan su muerte al Juez cuando conocieron que se estaba intimando a su padre fallecido; que también lo hace su hijo cuando se apersona a juicio; que su parte denunció la muerte del deudor, etc. que hubo obstrucción de la justicia y desorden procesal. Que a pesar de tanta obstrucción por parte de los herederos el juez citó a los mismos en su domicilio real finalmente. Que pidieron nulidad de intimación la que fue abandonada por ellos mismos al no impulsarla y caducar. Y que sobre las demás defensas presentadas no produjeron pruebas. Que ante tal conducta el juez dicta sentencia en contra de ellos, siempre en calidad de herederos ya que en tal carácter fueron citados y en tal carácter fueron denunciados y se apersonaron. Por tanto, decir como dice la Cámara que se ha condenado a un muerto, es arbitrario. Cita jurisprudencia.

Propone doctrina legal y solicita se conceda el recurso tentado.

Corrido traslado a la contraparte, la misma contesta según los términos obrantes en el escrito de fs. 277 y ss..

III.- Por auto interlocutorio del 18/11/2011 la alzada deniega el recurso de casación. Interpuesta la correspondiente queja, esta Corte, por resolución de fecha 16/3/2012 decide abrir provisionalmente el recurso correspondiendo, por consiguiente, en esta instancia, el análisis de su admisibilidad definitiva y procedencia.

IV.- La sentencia recurrida expresa que del examen del expediente surge que el presente es un juicio ejecutivo dirigido inicialmente contra Sosa Juan Carlos, Carrousel SRL y/o Enrique A. Godoy (DNI 7.015.044) y/o Enrique A. Godoy (DNI 11.910.294). Que posteriormente la actora desistió la acción contra Carrousel SRL. Que a continuación se intimó de pago a Juan Carlos Sosa, Enrique Godoy con domicilio en Catamarca 327/1 y a Enrique Godoy con domicilio en calle San Martín 1131. Que el demando Enrique Godoy (DNI 11.910.294) interpuso excepciones mediante escrito de fs. 28/30. Que luego, a fs. 44 la actora denunció la muerte del demandado Enrique Godoy (DNI 7.015.044) cuyo último domicilio fuera el de calle San Martín citada, lo que se acreditó con informe a fs. 43. Que frente a ello la A quo dispuso la aplicación del art. 58 procesal y ordenó la citación de los herederos. Que el informe de fs. 43 dice que Enrique Godoy fue dado de baja por fallecimiento en 05.09.98, es decir que la muerte ocurrió antes de la interposición de la demanda. De ese hecho la Cámara desprende dos consecuencias: a) es errada la aplicación del art. 58 procesal dispuesta por la A quo ya que en este caso el fallecimiento no ocurrió durante el trámite del proceso sino que fue anterior a la interposición de la demanda por ende, ésta se interpuso contra una persona fallecida; b) que esto convierte en nula la intimación de pago que consta en acta de fs. 35.

Expresa también el tribunal de mérito que resulta de las constancias de autos que los herederos denunciados por la parte actora no fueron intimados de pago, lo que resulta ser una omisión que trae como consecuencia la nulidad absoluta e insubsanable de la sentencia de trance y remate. Que además de los vicios ya mencionados insubsanables, la propia sentencia de fs. 175/6 no identifica adecuadamente a los condenados homónimos y se limita a mencionarlos por el nombre sin indicar el DNI respectivo, necesario en este caso por haber situación de homonimia. Que otro motivo de nulidad es que la sentencia condenó a una persona fallecida. Aplica lo dicho por la Sala en otra oportunidad en el sentido de que la acción no puede dirigirse contra una persona que ya no existe, ni puede cumplirse válidamente ningún acto procesal con relación a él (art. 103 CC). Que el acreedor que deba deducir una pretensión contra el deudor fallecido debe identificar a los herederos y contra ellos accionar, debiendo efectuarse las notificaciones en el domicilio real de cada uno de ellos, a fin de satisfacer por esa vía la acción y cobrar del acervo hereditario. Que son nulas las notificaciones realizadas en el domicilio del deudor, ni existen constancias de su fallecimiento anterior a la fecha de la notificación. Que también se ha dicho que la promoción y sustanciación de una demanda en contra de una persona fallecida importa la alteración de la estructura esencial del proceso en los términos del art. 167 tercer párrafo procesal lo que implica la nulidad de todo lo actuado, nulidad que por su propia naturaleza, cabe declarar aún de oficio. Estima el tribunal que en este caso particular corresponde declarar la nulidad de todas las actuaciones inclusive del escrito de demanda, en razón de la insubsanabilidad de las actuaciones ya descriptas y por existir múltiples defectos que hacen aconsejable esta decisión. Las costas de primera instancia y las de los recursos las impone a la parte actora por ser vencida (arts. 572, 108 procesal, hoy 550 y 107).

V.- De la confrontación de los agravios del recurrente con los argumentos sentenciales se colige que corresponde hacer lugar al recurso de casación.

1.- De las constancias de autos surge que la demanda fue incoada contra Sosa Juan Carlos (librador del pagaré), Carroussell SRL y/o Enrique Godoy -DNI 7.015.044- y/o Enrique Godoy -DNI 11.910.294- en calidad de avalistas (ver fs. 3 y 17). A fs. 17/8 se desiste de la acción contra la firma Carroussell S.R.L.. A fs. 28 y ss. Enrique Godoy (último nombrado) opone excepción de inhabilidad de título.

A fs. 33, 34 y 35 obran las respectivas intimaciones de pago (Sosa, y Enrique Godoy hijo y padre, respectivamente).

A fs. 44 la actora denuncia la muerte de Enrique Godoy -DNI 7.015.044- (p) y solicita se curse intimación a los herederos de éste al domicilio que indica (San Martín n° 1131, último domicilio del causante, el mismo al que se lo intimara a fs. 35). Adjunta informe de la Secretaría Electoral en apoyo de sus dichos, que glosa a fs. 43. Por providencia de fs. 49 vta. la Sra. Jueza aplica el art. 58 y cita a los herederos del causante a comparecer al presente juicio debiéndose efectuar las notificaciones en el domicilio denunciado de calle San Martín n° 1131. La cédula de notificación glosa a fs. 51 fijándose en la puerta (Acordada n° 328/77).

A fs. 56/7 la parte actora denuncia como herederos a Silvia Esther Godoy (hija) y Nelly Ramona Reinoso (cónyuge) con domicilio real en calle Catamarca n° 327. Solicita se las cite en su calidad de herederas del codemandado.

A fs. 76 se presentan las personas denunciadas con representante legal interponiendo incidente de nulidad sobre la base de que la notificación al domicilio del fallecido es nula por no ser el domicilio real de las herederas y solicitando se disponga la citación a juicio de éstas mediante notificación en sus domicilios reales de calle Catamarca n° 327 y oportunamente el traslado de la demanda en forma correcta. Interpone además excepciones de inhabilidad y falsedad material de título. El actor opone incidente de caducidad de las excepciones y de la nulidad planteada resultando procedente este último mas no así el primero (sentencia de fecha 29/9/2005).

Finalmente la sentencia de trance y remate rechaza las excepciones y manda llevar adelante la ejecución en contra de "Juan Carlos Sosa, Enrique Godoy, Enrique Godoy, Silvia Esther Godoy y Nelly Ramona Reinoso...". Impone las costas a "Enrique Godoy" (fs. 175/6).

Interponen recurso de apelación los codemandados, condenados en autos, excepto Juan Carlos Sosa (fs. 179). El memorial de agravios es presentado por las codemandadas Silvia Esther Godoy y Nelly Ramona Reinoso (182/184). Expresan que nunca se les intimó debidamente de pago lo que fue peticionado por la actora; que nunca fueron intimados como herederos de Enrique Godoy y que por tanto no pueden ser condenados a título personal; que eventualmente debía habérseles condenado en calidad de herederos. Citan los arts. 3358 y 3371 CC. Enrique Godoy, de su lado, presenta memorial a fs. 205 y ss. Argumenta iguales agravios a los expuestos por Silvia Godoy y Nelly Reinoso. Afirma además que en su caso fue condenado dos veces, como codemandado y presuntamente como heredero.

2.- De lo relatado en los párrafos inmediato anteriores se desprende, en primer lugar, que la sentencia ha omitido ponderar que, según constancias de autos, existe demanda y posterior condena respecto del Sr. Juan Carlos Sosa, librador del pagaré que motiva la demanda por cobro ejecutivo. Tal omisión emerge no bien se considera que mal puede el Juzgador nulificar todo el proceso -incluida la demanda- con el solo argumento de estimar que no están intimadas de pago las personas denunciadas como herederos de Enrique Godoy (p), fallecido con anterioridad a la demanda, sin nada expresar en razón al demandado Sr. Sosa respecto del cual no puede tener efectos tal solución. Tampoco puede hacerlo con sólo considerar que la sentencia de Ira instancia ha efectuado una errada aplicación del art. 58 procesal; argumento éste que tampoco resulta aplicable a la situación de aquél (Sosa).

Los motivos sentenciales que sostienen la nulidad del proceso ejecutivo nada tienen que ver con el demandado Sosa, firmante del pagaré base de la acción ejecutiva. De allí que nulificar el proceso omitiendo la circunstancia antedicha -Sosa como demandado, como condenado-, torna al fallo impugnado de descalificable como acto jurisdiccional válido pues al menos debía, siguiendo el hilo de su razonamiento, haberse ocupado de demarcar tal resultado nulificante, limitándolo a los coherederos no intimados o, caso contrario, dar razones jurídicas por las cuales tal nulidad debe ser extensiva a aquél.

A su turno, no solamente la propia sentencia reconoce que se intimó de pago a Sosa Juan Carlos sino también a Enrique Godoy (h) con domicilio en calle Catamarca n° 327/1 y que éste interpuso excepciones. Como queda dicho, el demandado Godoy (h) lo fue en su calidad de avalista según se expresa en la demanda -por ende, a título personal- y no inicialmente como heredero de su padre. La sentencia no ha dejado de advertir esto. En efecto, en ella se expone que el "juicio ejecutivo (fue) dirigido inicialmente contra.Enrique A. Godoy DNI 11.910.294"; que "se intimó de pago a Enrique A. Godoy con domicilio en Catamarca 327/1 (fs. 34)."; que "El demandado Enrique A. Godoy DNI 11.910.294 interpuso excepciones" (sic fs. 223 vta. y 224). Sin embargo, estas circunstancias no fueron tenidas en cuenta en la sentencia para merituarlas y correlacionarlas con los hechos y Derecho del caso en el momento de dar la solución al mismo y decidirse por la nulidad de todo lo actuado sin hacer acepción de personas.

Ello así, en tanto no se advierte expuesta en el pronunciamiento impugnado la razón por la cual el hecho de que los herederos -como tales- no estuvieren debidamente intimados de pago; la errada aplicación del art. 58 procesal o el fallecimiento anterior a la demanda de Enrique Godoy (p) (todos motivos de sostén del pronunciamiento de la Alzada) puedan quitar virtualidad al hecho de que Enrique Godoy (h) fue demandado en calidad de avalista, fue debidamente intimado y opuso excepciones.

Nótese que en materia de letra de cambio, pagaré y cheque, el acreedor puede promover demanda contra cualquier obligado (librador aceptante, endosante, avalista) de manera individual o colectiva, sin que la acción promovida contra uno de los obligados le impida accionar contra los otros (CC, Bueres-Highton, T.2, A, comentario art. 705, pág. 680). Si cualquiera de los acreedores originarios, o los que sean por sucesión o contrato, pueden exigir de cada uno de los codeudores, o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible (arg. art. 686 CC) y si ello es también plenamente aplicable a las obligaciones solidarias (arg. art. 699 CC) "va de suyo que no cabe exigir la presencia conjunta de todo el frente de acreedores y deudores como condición sine qua non en el planteo y dilucidación del proceso múltiple"; lo dispuesto en el art. 686 CC se trata de "una decisión de política legislativa, y la adoptada por Vélez Sársfield en este art. 686 justifica el carácter facultativo del litisconsorcio y -valga la paradoja- hace innecesario el necesario-" (Martínez, Hernán J. Proceso con partes múltiples, t. 1, Ed. La Rocca, Bs. As, 1987, págs. 138/9 y 76 respectivamente).

Nótese también que el art. 80 CPCCT dispone que el litisconsorcio será facultativo cuando, por mediar entre los interesados una relación de conexidad de causa o de objeto, resultase económico reunirlos en un solo proceso, y conveniente resolver sus cuestiones de una sola sentencia. En este caso, y conforme lo normado por el art. 81 CPCCT, los litis consortes serán considerados litigantes autónomos frente al contrario. Tendrán libertad de deducción y de prueba, y los actos de los unos no beneficiarán ni perjudicarán a los demás. La regla en el litisconsorcio facultativo es entonces -conforme a las normas procesales locales- que cada litis consorte mantiene su legitimación procesal propia e independiente y su actitud frente al proceso no puede beneficiar ni perjudicar a los demás. En tal sentido se ha dicho que cada una de las partes que lo constituye permanece independiente de los demás, que cada litisconsorte tiene su carácter independiente frente a su adversario, manteniendo su autonomía de modo que deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes distintos, y los actos de uno no aprovechan ni perjudican a los demás. En íntima conexión con esta autonomía e independencia, cada litisconsorte es libre de disponer la pretensión ejercida, y ello es válido para el litisconsorte activo (v. gr. desistimiento) o el pasivo (v. gr. allanamiento) "sin perjuicio de la actitud de su compañero de ruta". De la misma manera que la pretensión (objeto) es independientemente disponible, la comunidad de causa no inhibe un tratamiento multiforme de los litisconsortes en la sentencia (cfr. Martínez Hernán, "Procesos con sujetos múltiples", La Rocca, 1987, t. 1, pág. 45). Los actos de disposición del objeto procesal sólo producen efectos respecto de quien los realiza (Alsina, Tratado, 2 ed, v. I, pág. 565/566, n° 2, citado por Morello, Sosa Berizonce, Ed. Platense Ab. Perrot, T. II B, 1992, pág. 332). Como consecuencia de lo apuntado en principio-, cada uno de los litisconsortes puede allanarse, puede no contestar la demanda, permanecer rebelde y ser condenado en rebeldía, o puede transar, sin que cualquiera de esas actitudes procesales perjudique y beneficie al otro. Así, puede suceder que el proceso concluya para algunos, por las razones expresadas al ejemplificar, y siga contra los demás (cfr.: CSJT, sentencia N° 388 del 02/8/1995). La suerte de un litisconsorte pasivo puede ser distinta a la del otro codemandado, precisamente por tratarse de obligaciones independientes en las que responde cada uno por un título distinto frente al damnificado, con la posibilidad no sólo del ejercicio o no de la pretensión en relación a todos o sólo uno de los eventuales deudores, sino también con la factibilidad de soluciones diversas frente a alternativas procesales distintas respecto de cada uno de ellos, lo que permite un tratamiento multiforme de los litisconsortes(cfr: CSJT, sentencias N° 504/96; 1034/2000). "En suma, si el litis consorcio es activo, la demanda puede prosperar respecto de algunos, y ser rechazada respecto de otros" (CSJT, sentencias N° 482/2007; N° 966/2009); siendo válida la afirmación para el litisconsorcio pasivo facultativo.

Lo expuesto debe ser considerado a la hora de resolver las posiciones procesales de los Sres. Sosa y Godoy (h) en relación con el resultado del litigio.

3.- De otra parte, la sentencia se limita a indicar que "resulta de autos que los herederos denunciados por la parte actora no fueron intimados de pago, lo que resulta ser una omisión que trae como consecuencia la nulidad absoluta e insubsanable de la sentencia de trance y remate" (sic fs. 224). Mas deja sin confrontar esta aseveración con las constancias de la causa en donde -y tal como lo expone la actora al contestar agravios-, existe providencia que cita a los herederos a presentarse a juicio, se le dan diez días de plazo a fin de que hagan valer sus derechos, estos opusieron -en subsidio al planteo de nulidad- las excepciones del caso (inhabilidad de título y falsedad material del mismo); se les notificó de la apertura a pruebas; no produjeron ninguna, se resolvió tanto sobre la nulidad como sobre las excepciones planteadas, las que recibieron debido traslado, etc. Todas estas circunstancias debieron ser analizadas en la sentencia del tribunal de mérito a fin de que la solución que presenta la nulidad del proceso, no aparezca como dogmática y arbitraria.

"Es que no hay nulidad en el sólo interés de la ley, sino que es menester la existencia de perjuicio efectivo." (CSJT sentencia Nº 293 del 01/6/94)."la exigencia del interés cubre, también, la posibilidad de declarar la nulidad absoluta; tampoco cuando de ella se trata es admisible declarar la nulidad por la nulidad misma, pues para hacerlo, el vicio del acto tiene que haber interferido en los fines del proceso. Es que aún la insubsanabilidad y la declaración de oficio de una nulidad no conducen sin más a la indefectibilidad de esa declaración, sino que ésta queda subordinada a la existencia de un interés en hacerla. No existe, dentro de nuestro ordenamiento, un sistema de nulidades puramente formales" (CSJT sentencia Nº 347 del 20/5/1997)" (CSJT, sentencia N° 919/2001).

4.- Por último, la sentencia se limita a indicar que no se aplica el art. 58 procesal siendo nula la notificación efectuada a fs. 35 (Enrique Godoy -p-) así como que la sentencia de Ira. Instancia condena a una persona fallecida. En el punto, asiste razón en la solución dada por el sentenciante. En efecto, de un lado, no puede ser válida la intimación a persona fallecida. Del otro, en la Resolutiva de la sentencia de fondo se advierte que se nombra por dos veces a Enrique Godoy; que existe homonimia; que no se detalló identidades. Por lo expuesto este tópico deberá tenerse en cuenta al momento de resolver nuevamente la Cámara sobre el presente caso.

5.- Por todo lo expresado, corresponde CASAR y ANULAR la sentencia en embate, conforme a la siguiente doctrina legal: "Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que careciendo de fundamentación suficiente y presentándola sólo aparente y dogmática nulifica todo el proceso -inclusive la demanda- por ausencia de intimación de pago a los herederos de un codemandado omitiendo considerar la situación de otros codemandados a título personal". Los autos deberán volver al tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nueva sentencia considerando lo analizado por esta Corte en la presente, sin que esto signifique adelantar criterio en sentido alguno respecto de la solución a dar al caso.

VI.- Costas del recurso de casación por su orden, atento al resultado nulificante del recurso, no imputable a las partes (art. 105 inc. 1° procesal).

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, vota en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, vota en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de la Sala II de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones del 10/5/2010 y, en consecuencia, SE CASA Y ANULA conforme a la doctrina legal enunciada debiendo volver los autos al tribunal interviniente a fin de que, por intermedio de quien corresponda dicte nuevo pronunciamiento. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.