marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, discrepancia del recurrente
Materia: LABORAL
Carátula: Mejide, Rodolfo A. c/ Banco Quilmes S.A. s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-18

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no alcanza a evidenciar que la línea argumental seguida en el fallo de origen, que es por lo demás una de las posibles interpretaciones aceptadas por la doctrina y jurisprudencia respecto del tema resulte arbitraria o irrazonable y contraria a la normativa cuya vigencia se analizó, desde que el recurrente se limita a manifestar su disconformidad con la misma y a tratar de imponerse con su propia opinión en contrario, mas sin lograr desmerecer la fundamentación de la decisión del pronunciamiento de la instancia ordinaria.
Daños y perjuicios, acción civil por accidente de trabajo, derecho de opción, empresas de servicios eventuales, obligación de seguridad, responsabilidad del empleador
Materia: CIVIL
Carátula: MONASTERIO, Daniel Horacio c/ DIEZ SERVICIOS EMPRESARIOS S.R.L. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

La empresa de servicios eventuales, aún cuando se haya hecho uso de la opción del derecho civil, es responsable si el trabajador se lesionó por no haber cumplido con el deber de seguridad en el trabajo, aunque éste se realice en el establecimiento y con maquinarias pertenecientes a la empresa usuaria del servicio temporario de aquel trabajador, máxime si se admite que las lesiones se produjeron por el vicio o por el riesgo de la cosa utilizada en esa otra empresa, pues, aún así, pesa sobre el principal la obligación contractual y legal de resguardar la vida e integridad física de su dependiente.
Recurso de casación, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: AVILA RAMON ANTONIO c/ SANTILLAN ALDO HORACIO s/ QUIEBRA-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-18

Si bien el control de admisibilidad de los presupuestos legales es llevado a cabo por la Alzada, nada obsta a que el Superior Tribunal vuelva a merituarlos, pues el Recurso Casatorio está sometido a un doble control de admisibilidad; y en esta etapa el Tribunal de juicio ejerce su más plena jurisdicción.
Leyes, razonabilidad, igualdad ante la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, ISABELINO c/ ESTANCIA LAS TIJERAS Y OTRO s/ COBRO DE PESOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 346-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-12-06

Al fijar contenidos el legislador, en seguimiento de determinados objetivos, ha de valorar con sumo cuidado, para no caer en irrazonabilidad, las conductas humanas que pretende regular y las consecuencias jurídicas a las que tiende, cuidando de no hacer discriminaciones que afecten la norma constitucional de igualdad ante la ley.
Acción de inconstitucionalidad, acumulación de acciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Agropecuaria Vallerga S.A.C. c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. Fiscal) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

La acción contencioso administrativa y la acción originaria de inconstitucionalidad no son susceptibles de acumulación, por cuanto su admisibilidad depende del cumplimiento de diferentes requisitos subjetivos y son disímiles los procedimientos establecidos para su sustanciación.
Despido, retractación
Materia: LABORAL
Carátula: NUÑEZ, Agueda Martina c/ HORIZONTES S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-12-27

Si la trabajadora continuó realizando tareas propias del desenvolvimiento del Ateneo demandado durante el mes subsiguiente al despido se considera que hay retractación del mismo aún cuando las tareas realizadas lo fueran para el Director del Ateneo demandado, que no reviste la calidad de tercero, no siendo necesario que dicha retractación sea expresa.
Obstrucción de la vía pública, bien jurídico protegido, lesividad, contravención de peligro
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G, E. F. s/ artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

Conforme al juego armónico de los artículos 1 y 41 del Código Contravencional, surge de las constancias obrantes en autos, que ha quedado suficientemente probada la afectación del bien jurídico tutelado por la norma, que traduce una clara agresión a la libre circulación y utilización por parte de los vecinos del espacio público. Si bien el imputado quizás no tuvo la intención directa de obstaculizar el paso de los peatones por la vía pública, no es menos cierto que no podía ignorar que la colocación de los tablones atravesando la vereda, ponía en peligro cierto la libertad de circulación de los ciudadanos, afectando la comodidad y el derecho de éstos a circular por la acera, exclusiva vía de los mismos. (Del voto del Dr. Ventureira con adhesión del Dr. Dessanti)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, recurso de casación, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Faget de Adzija, María y otro c/ Automóvil Club Argentino s/ Juicio ejecutivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-10-14

El recurso extraordinario contra la sentencia del Superior Tribunal provincial que rechazó el recurso de casación es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Enrique Santiago Petracchi,Antonio Boggiano y Adolfo Roberto Vázquez).
Derecho de la navegación, Convención de Bruselas, control de razonabilidad, salario de asistencia y salvamento
Materia: COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: FERNANDO BALLESTER Y OTROS c/ ESSO S.A.P.A. s/ DEMANDA. SALARIO DE ASISTENCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-30

Si bien es cierto que la determinación del salario de asistencia es materia librada al prudente arbitrio judicial, la decisión debe considerar las pautas usualmente tenidas en cuenta para fijarlo, y de las que es fiel ejemplo en nuestro derecho positivo interno el artículo 379 de la ley 20.094, que recibe criterios de universal aprobación (Convención de Bruselas para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento marítimo de 1910, proyecto de la XXXVII I Conferencia del Comité Marítimo Internacional celebrada en Montreal, Canadá, 1981; arts. 8 y 3.2.

respectivamente); también del cotejo de repertorios internacionales de reconocido prestigio surge que la tasa promedio de las remuneraciones establecidas es notoriamente inferior a la determinada en el caso, por lo que, teniendo en cuenta que la tarea de asistencia no significó peligros relevantes para el buque auxiliador y su tripulación, ni trabajos de alta complejidad técnica, como el propio fallo se encargó de destacar, parece notoria la falta de razonabilidad que exhibe la retribución del servicio 30% del valor asignado al buque y su carga-.
Prescripción de la acción penal, quiebra fraudulenta, calificación de conducta, penas conjuntas
Materia: PENAL
Carátula: Oberosler, José F. s/ Prescripción de la Acción Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-02

En el delito de quiebra fraudulenta el acto inicial para computar el curso de la prescripción es el acto de calificación de conducta, y si bien el art. 62 del C.P. no contempla los supuestos de pena conjunta de prisión e inhabilitación, es la primera la que debe prevalecer por ser la de mayor gravedad - arts. 57 y 5 del C.P. -
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL
Carátula: Rubilar, Juan Carlos c/ Almeria Austral S.A. s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-06-02

Los magistrados forman su convicción a través de los elementos de prueba que estiman esenciales y suficientes para resolver el pleito, sin necesidad de tener que referirse a la totalidad de los que se hubieran producido en autos, no siéndole impuesto como obligación que deba expresar en la sentencia todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueran esenciales y decisivas.
Intereses punitorios, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Bahamondes, Hector c/ Jaime, Gili s/ Cobro de Alquileres
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-08-24

Resulta improcedente acumular a los intereses punitorios pactados la tasa activa en concepto de moratorios. Cuando se conviene para el caso de incumplimiento, el pago de una pena o multa, ésta excluye cualquier otra condenación y el acreedor no tendrá derecho a otra indemnización.
Recurso de inconstitucionalidad, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VERA, VALERIA Y OTROS c/ FENOSA, ANTONIO (SUCESION) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-08-17

El A quo omitió expedirse respecto a los hechos alegados en el libelo recursivo por los interesados, que, a su entender, otorgaban firmeza al auto regulatorio (la notificación recibida por la administradora de la sucesión; la denuncia de la regulación efectuada en la declaratoria de herederos del de cujus; la causa iniciada por legítimo abono persiguiendo el cobro de los honorarios; y el retiro de este último expediente realizado por el apoderado de los apremiados, que implicó la notificación tácita de los estipendios profesionales); y dichas circunstancias, de haber sido debidamente consideradas y evaluadas, podrían haber cambiado el sentido de la decisión que aquí se impugna. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 95
Excepción de incompetencia, daños y perjuicios, daño moral, juicios contra el Estado, responsabilidad civil, responsabilidad del funcionario público
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Domínguez, Antenor Ignacio c/ Estado provincial s/ Indemnización por daño moral
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1996-09-23

Corresponde revocar la sentencia del A-QUO que hace lugar a la excepción de incompetencia deducida por el Estado Provincial, quien entiende que la cuestión planteada tiene carácter contencioso administrativo; debiendo tramitarse en Primera Instancia en lo civil la demanda de indemnización por daño moral que resulta consecuencia de la denuncia penal efectuada en contra del actor y de la cual fue sobreseído, toda vez que no existe en la pretensión del mismo norma de derecho público vulnerada, ni se cuestiona las atribuciones del ente, obrando o no en el marco de sus facultades legales, sino las consecuencias patrimoniales de su ejercicio bajo el análisis de la responsabilidad civil que puede derivar de "hechos u omisiones de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones".
Acto administrativo, nulidad de oficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lacay de Durruty, María D c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-07-03

El interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad constituye el fundamento en virtud del cual debe reconocerse a la Administración la potestad de anular oficiosamente sus actos ilegítimos afectados de irregularidades graves, posibilidad resulta admisible en la medida que se acrediten circunstancias extremas, las que se encuentran relacionadas, en primer lugar, con la entidad del vicio.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, desvalorización del automotor, legitimación activa, conductor no titular, falta de transferencia del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: ROMAN GUILLERMO JORGE c/ HUMBERTO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-03

La desvalorización del rodado es un daño que sufre el dueño o poseedor (art. 1068 del Cód. Civil) y que no irroga perjuicio al derecho de uso del mero tenedor, conforme surge de la doctrina del plenario "Maccione, J. C. c/Reyes, A. y otros s/daños y perjuicios", del 23-9-85 de aplicación obligatoria conforme ley 23.637 y art. 303 del Cód. Procesal. Si a la fecha del ilícito el vehículo se encontraba a nombre de un tercero, ello no significa que el accionante se desprendió del mismo, sino únicamente que no estaba inscripto registralmente a su nombre. Si el instrumento privado boleto de compraventa- recién adquirió fecha cierta respecto de los accionados el día de la certificación notarial (arts. 979, inc. 2 y 1034 del Cód. Civil), y si a la época del evento el demandante tenía en su poder el rodado, como fluye del acta de choque que fuera levantada ese mismo día, ésta circunstancia lleva a tener por acreditada la posesión.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, impuestos, pago, acto administrativo firme, código tributario municipal, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Peters Hermanos Compañía Comercial e Industrial Sociedad Anónima c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia.   Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ Nº 161-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-04

Aún cuando la recurrente acusa arbitrariedad y lesión a principios constitucionales, de la lectura de los fundamentos en que sustenta la impugnación surge, en realidad, su mera disconformidad con el criterio seguido por la Corte en ejercicio de funciones propias. En tal sentido alega la impugnante que el pronunciamiento decide sobre aspectos no sometidos por las partes a decisión judicial, cual es la liquidación administrativa del gravamen practicada de oficio por la Municipalidad y cuyo monto no fue impugnado conforme lo establece el Código Tributario Municipal, sosteniendo que, el hecho de que la mencionada liquidación administrativa se encontrase firme, no habiendo sido impugnada en sede administrativa por los medios establecidos por la normativa aplicable,(supuesto obstativo a la repetición intentada regulado por el artículo 58, 2º párrafo del C.T.M.), no era tema sujeto a decisión judicial por no haber sido introducido por las partes. Sobre este punto cabe destacar que en la sentencia impugnada, luego de efectuarse un análisis de la normativa aplicable al caso y de la tramitación administrativa previa a esta instancia jurisdiccional, se concluyó que aparecía claramente configurado uno de los supuestos que la regulación mencionada contemplaba como obstativos para el progreso de la repetición de los importes abonados por la accionante, valorando que la empresa recurrente, notificada de las resoluciones que determinaron la obligación tributaria e impusieron multas, no utilizó la vía adecuada consistente en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 53 del Código Tributario Municipal, quedando consentidas, de tal manera, tanto la determinación tributaria como las correspondientes sanciones. Por tal razón, se sostuvo que la falta de impugnación de las resoluciones que determinaron la deuda tributaria excluía la posibilidad de solicitar la repetición administrativa de las sumas abonadas, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 58 del Código Tributario Municipal en tanto considera no susceptibles de repetición a las deudas determinadas mediante un procedimiento que concluye en el dictado de una resolución que adquiere firmeza.
Calumnias, falsa denuncia, consunción, acción pública, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: GUNNINGHAM, JORGE s/ FALSA   DENUNCIA.  PROCESO  INICIADO  DE  OFICIO  SEGÚN  LEY  21.338.  VALIDEZ.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-19

"como el delito del art. 109 C.P. desplaza al del art. 245 del mismo cuerpo legal, la actividad oficiosa iniciada contra el imputado carece de validez, razón por la cual corresponde revocar el auto recurrido y declarar nulo lo actuado contra el procesado".
Estabilidad del delegado gremial, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: NIETO, ANGEL ROSARIO c/ SCHIAVO, ROBERTO OMAR s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-11

Cuando el delegado gremial no cuenta con los dos años de antiguedad requerida (artículo 18 primer párrafo ley 22105) su designación es 'ad referendum' de lo que decida el Ministerio de Trabajo (tercer párrafo artículo citado) y a partir de la aprobación ministerial el trabajador adquiere estabilidad gremial (artículo 52 ley 22105).
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, modificación del reglamento de copropiedad, consorcio de propietarios
Materia: CIVIL
Carátula: DIAZ, Lila Nélida Elena c/ CONS.PROP.BALDOMERO FERNANDEZ MORENO 1237/39/59 s/ MODIFICACION REGLAMENTO DE COPROPIEDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-25

El ente consorcial -representado por el administrador- carece de legitimación pasiva en aquellos juicios en los que se intenta alterar derechos individuales de los copropietarios como por ejemplo cuando se trata de la modificación del Reglamento de Copropiedad. Si se tiene en cuenta que la naturaleza jurídica de éste es contractual (art. 1197 del Cód. Civil) pues los adquirentes de las distintas unidades han convenido en ser copropietarios en las condiciones expresadas en él, el intento de modificación de los compromisos contraídos debe ser esgrimido contra los restantes consorcistas a fin de que puedan ser escuchados (art. 9 de la ley 13.512)
Plazo, razonabilidad, prescripción
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P. C. s/ Lesiones Graves a G. A. - Trelew
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-09

Hay que distinguir los institutos de la prescripción y del plazo razonable, pues si bien ambos tienen de común la limitación temporal de la persecución penal, la prescripción funciona y corre sin necesidad de proceso alguno, mientras el plazo razonable sólo existe si hay proceso y, en tal caso, los términos de persecución penal máxima se reducen si se los compara con los de prescripción.
Facultades tributarias provinciales, impuestos provinciales, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Transportes Unidos del Sud S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-10

Las provincias se han reservado la potestad de darse leyes sobre impuestos en los términos del art. 75 incs. 1, 2 y concordantes de la Constitución Nacional y, en general, de dictar las normas que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 126 de la Constitución Nacional; la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción es de su propio resorte y entre los derechos que hacen a su autonomía es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña (Voto del juez Rosatti).
Mutuo, mutuo comercial, promesa de mutuo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NORT DIESEL y otros c/ BANCO PROVINCIAL DE SALTA y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2008-02-13

Aún con discrepancias en doctrina sobre la admisibilidad de la promesa de contrato real, se admite de todas maneras que el caso del art. 2244 del Código Civil señala con claridad una excepción al prohibir el ejercicio de cumplimiento de la promesa asignando sólo, en el caso del mutuo oneroso, el derecho de accionar por indemnización de pérdidas e intereses en caso de incumplimiento (cf. Ricardo Luis Lorenzetti, Tratado de los Contratos, t. III, p. 366).- La certeza del daño se sitúa, en primer lugar, en el plano del acontecer fáctico; es el daño como suceso que provoca la privación efectiva de un bien jurídico concreto.

Y ello conduce además a una identificación de la naturaleza y entidad del interés lesionado (cf. Zannoni, El Daño en la Responsabilidad Civil, 2da. ed., p. 51).

Y esto no aparece en la denuncia de un menoscabo de la relación o vínculo supuestamente producido por la no efectivización parcial de una promesa de mutuo destinado a evolución de la empresa, de acuerdo a las circunstancias expuestas.-
Demanda, falta de contestación de la demanda
Materia: LABORAL
Carátula: Corrales, María I. c/ Komarow, Vitaly s/ DESPIDO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1988-09-13

Procede el recurso de inaplicabilidad de ley contra la sentencia que viola el art. 28 de la Ley 1504 y la doctrina legal establecida por este Superior Tribunal de Justicia en autos "Ramírez Maldonado" en donde se dijo: "Corresponde acoger favorablemente una demanda incontestada sin exigir para ello prueba corroborante siempre que no exista prueba en contrario".
Seguros, obligaciones del asegurado, indemnización, silencio del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: COGASCO  S.A. c/ LA MERIDIONAL CIA. ARGENTINA DE SEGUROS  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-22

Quien ha adquirido instalado un bien de un determinado costo y lo ha asegurado tiene derecho a ser indemnizado por su destrucción total con independencia de su intención de proceder o no a su reposición, ya que se trata de una pérdida que le ha ocasionado un indudable detrimento patrimonial, más allá de las posibles contingencias a las que pudiera hallarse sometido ulteriormente, por obsolecencia tecnológica.

La disposición que atribuye al silencio el efecto de la aceptación o reconocimiento del derecho que asiste al asegurado (ley 17418 : 56), es aplicable aun de oficio por el juez, pues no corresponde siquiera entrar a considerar las razones invocadas para rechazar la responsabilidad, cuando no se desconoció su procedencia en el plazo legal, cuyo mero transcurso configura la aceptación.

El silencio del asegurador ante la obligación de pronunciarse sobre el derecho del asegurado previsto por la ley 17418 : 56, no es una cuestión formal, sino sustancial, como lo demuestra el CCIV 919, de tal modo que la aceptación del derecho del asegurado conforme con dicho artículo, por el mero transcurso del plazo en el establecido, impide al asegurador alegar defensas, esto es, desconocer el derecho del asegurado a ser indemnizado.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, juicios en que la Nación es parte, valor cuestionado en último término
Materia: PROCESAL
Carátula: Fisco Nacional c/ N.N. y/o Varela, Juan Pedro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-24

La procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la nación directa o indirectamente reviste el carácter de parte, esta condicionada a que se demuestre de manera precisa que el ¨valor disputado en último término¨, es decir, aquel por el que se pretende la modificación de los valores reconsiderados por el fallo o ¨monto del agravio¨, exceda el mínimo legal a la fecha de su interposición.
Excombatientes de Malvinas, reajuste jubilatorio, diferencia de haberes jubilatorios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ledesma, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-25

La no fijación de intereses (oportunamente solicitados) compromete la garantía de propiedad al disminuir el poder adquisitivo del crédito que se demanda, desvirtuando su finalidad alimentaria, con desmedro también del principio de movilidad de las prestaciones que consagra el art. 14 bis de la C.N. (cfr. C.S.J.N., sent. del 30.7.85, "Kundt Cortez, Carlos Federico"). En consecuencia, habiéndose reconocido en autos la procedencia de lo solicitado, tal derecho resultaría menguado si no se admitiera que el pago de los haberes previsionales retroactivos debe hacerse considerándose los intereses devengados hasta la efectiva cancelación total del crédito.