marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, rebeldía, medidas cautelares, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: FIAT  AUTO  SA  DE  AHORRO  P/F  DTDOS. c/ SCACCHI,  SERGIO s/ EJECUTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-30

La declaración de rebeldía prevista por el CPCCN art. 63 y 212-1 como requisito para conceder medidas cautelares, supone que estas se trabarán -precisamente- contra quien fue declarado rebelde, no contra el coaccionado, que se presentó en la causa y contestó la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: A., W. F. en representación de su hijo A.F.J. c/ Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.) s/ amparo - recurso de apelación M., J. M.; D., Y.; M. D. R., Y.; M. D. D., M. G. c/ B. W., S. s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-12-15|2019-12-09

La doctrina de la arbitrariedad es el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Constituye sustento suficiente para la procedencia del recurso extraordinario en caso de que el fallo impugnado cause una restricción sustancial al derecho de defensa en juicio, que goza de protección constitucional, al vedar el acceso a la instancia superior sin una apreciación razonada de los argumentos del apelante, frustrando así una vía apta y prevista legalmente para obtener el reconocimiento del derecho invocado. (Mayoría. Del voto del Dr. López Viñals, Dra. Ovejero Cornejo, Dr. Samsón, Dra. Bonari y Dr. Catalano)
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Provincia de Misiones. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1997-05-20

La sentencia contra la cual se recurre no es definitiva ni puede ser asimilable a ella a los fines del extraordinario intentado ya que no se resuelve sobre la existencia o suerte del derecho de fondo. (Dr. Absi: En disidencia).
Procedimiento laboral, subasta, martillero, obligaciones, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL-PROCESAL
Carátula: Leguizamón, Analía c/ De Pauli, Enrique s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte. CSJ Nº   397 AÑO 1999)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-25

Lo manifestado por la recurrente en cuanto se agravia de la decisión de la Sala que la obliga a anticipar los gastos del remate sin texto expreso legal que lo avale -conculcando de esa manera la garantía contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional- se derrumba toda vez que la formulación de su discurso recursivo deja de lado el artículo 80 de la ley 7547, que establece que el pedido de gastos a la actora de un juicio laboral para que el martillero cumpla con la realización de la subasta, encuentra su correlato en que este auxiliar puede dar por cumplido su cometido ante la eventual negativa de la misma en suministrar dicho adelanto.
Quebrantamiento de clausura, tipo penal, prueba, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: V. D, S. y otros s/ Artículo 47
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-22

A los fines de la configuración de la contravención de violación de clausura, no se requiere la comprobación de que en el inmueble interdicto se estÚ realizando la actividad propia del comercio, bastando para ello que el local esté abierto.

En el caso, se encuentra acreditado, conforme las reglas de la sana crítica, que dentro del local clausurado se encontraban algunas personas, las que no podrían haber entrado si la interdicción hubiera sido respetada y hecha respetar por quien estaba obligado a ello, esto es, el imputado. No obsta a esta conclusión el hecho de que éste aparentemente viviera en el lugar, ya que ello no autorizaba más que a él a ingresar, rigiendo entonces la prohibición para los terceros. (Del voto de los Dres. Dessantiy Lucangioli)
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-20


Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Causa nº 34.457. "Moncada, Eugencia B. s/ Falta de Acción". Sala IV ///nos Aires, 20 de mayo de 2008.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO A nuestro juicio, la excepción de falta de acción no es la vía idónea para analizar la existencia de delito. En efecto, sólo procedería si la ausencia de encuadre típico fuere manifiesta y resultare de la mera descripción efectuada en el acto promotor, circunstancia excepcional que no se conforma en el sub exámine (cfr. fs. 22/22vta. del principal). En este orden de ideas, adviértase para sustentar su pretensión, la defensa parte de la valoración de los hechos denunciados, a la par que propone prueba en apoyo de su postura (cfr. fs. 1/4vta.), cuestiones que resultan ajenas al ámbito de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, y propias del debate vinculado con las cuestiones de fondo. Por último, en observancia al principio objetivo de la derrota, por no verificarse la situación de excepción que prevé el artículo 531 in fine del C.P.P.N., entendemos que resulta adecuada la imposición de las costas a la vencida.

En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. 18/20, en todo cuanto fuera materia de recurso.

Devuélvase al juzgado de origen donde deberán practicarse las notificaciones correspondientes y sirva lo proveído de muy atenta nota de envío.

Se deja constancia que el Doctor Julio Marcelo Lucini integra este tribunal por disposición de la Presidencia de esta Cámara del 17 de abril del corriente año y que el Doctor Alberto Seijas, no firma la presente por hallarse en uso de licencia.

Carlos Alberto González - Julio Marcelo Lucini Ante mí: Hugo Sergio Barros Secretario de Cámara
Defraudación, administración fraudulenta
Materia: PENAL
Carátula: Cervantes, Juan Jesús s/ estafas reiteradas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-08-07

Resulta adecuado encuadrar en el art. 173, inc. 7. del Código Penal la actitud del conductor de un colectivo que entregó boletos que ya habían sido vendidos con anterioridad.
Locación de inmuebles, restitución del inmueble, retención indebida, interpelación, demanda, notificación, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: SEGUNDO AMERICO ATILIO c/ CABRERA PANTALEON s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-15

Si la restitución del inmueble por parte de los locatarios fue hecha en tiempo oportuno y ante la interpelación judicial operado con la notificación de la demanda, cabe concluir que no existió retención indebida del inmueble; en consecuencia, no existe tampoco el derecho reflejo a reclamar por daños y perjuicios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dos Santos, José Luis c/ Laboratorios Hetty S.R.L. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-06

Establecer si debe prosperar determinado rubro de la indemnización, constituye una típica cuestión de hecho, ajena en principio a la casación.
Tercerías, posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUSHAN EN J.: PELTIER c/ RENNA s/ Terc (LIBRO: S065 - 240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-08-22

El adquirente por boleto que detenta la real y efectiva posesión del inmueble podrá oponer su derecho contra los acreedores del enajenante, a través de una tercería de posesión,siempre que cumpla con los demás requisitos formales que exigen las leyes procesales. (arts. 98 y conc. y 106 CP) debiendo al demandar acompañar el boleto de compraventa inscripto y probar la posesión, fecha cierta del boleto y conocimiento del acreedor de su posesión legítima. La posesión para justificar la tercería, debe ser plena e indubitable, no siendo suficiente para justificarla, la sismple declaración de testigos, ni tampoco la exhibición de documentos que por sí solos no acreditan la entrega real de la misma del vendedor al adquirente. Si el accionante no tiene el inmueble inscripto a su nombre y solo cuenta con contrato de compra-venta, debe plantear una tercería de posesión y no de dominio.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CECHINI ISABEL CATALINA c/ GIORGIO LUIS VICENTE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-02-03

Debe adjudicarse un 80 por ciento de responsabilidad al conductor, debiendo la víctima absorber el 20 por ciento restante, si el primero en la declaración indagatoria manifestó que vio a la actora cruzando la calle despacio, mirando hacia abajo, hacia el pavimento, y de izquierda a derecha por el lugar que era zona peatonal.
Inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto
Materia: PENAL
Carátula: Cepeda, Darío Adrián s/ Tentativa de robo agravado y resistencia a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

El imputado pudo y debió haber motivado su conducta en el Derecho.

El comportamiento de tratar de escapar corriendo al ser descubierto, y su resistencia a la detención en forma vehemente, deja traslucir la conservación de juicio crítico bastante que le indicaba que afrontaba una conducta prohibida.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Actos y diligencias procesales, defensa en juicio, defensor, etapas del proceso, imputado, participación necesaria, proceso penal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: C/ T.J.R. S/ Lesiones leves agravadas, Amenazas y Abuso sexual (E/P de V.L.B. y R.A.T.) S/ Casación c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-05-02

El derecho de defensa involucra en relación al imputado su facultad de intervenir en el proceso, en todas sus etapas y actos procesales decisivos o trascendentales, desde el más prematuro inicio. Su intervención es importante, entre otras, a los fines de supervisar el desarrollo regular del procedimiento; de ofrecer pruebas; de controlar la producción de pruebas de cargo, etc. Dicha intervención del imputado en el proceso, no sólo es una de las facultades de su derecho de defensa, sino que, conforme al sistema de enjuiciamiento adoptado por el legislador, es, además, necesaria para que el juicio pueda efectivamente llevarse a cabo, desde que es inadmisible el mismo en caso contrario.
Sanciones disciplinarias, veterinarios, gravedad de la falta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pertile, Ricardo Ernesto c/ Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba - Tribunal de Disciplina s/ plena jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-10-24

La multa por falta de ética impuesta por el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional a un veterinario, debe ser confirmada, pues no se advierten vicios invalidantes en su dictado y el profesional omitió ejercer su derecho de defensa en la oportunidad procesal oportuna, habida cuenta que no contestó el traslado de la denuncia formulada por un particular, no ofreció prueba, no controló la dispuesta por el órgano disciplinario y no presentó alegato sobre el mérito de la causa, ni formuló en su momento cuestionamiento alguno.
Expropiación, bienes inmuebles, despojo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ RODRIGUEZ, HUGO ALBERTO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-08-24

Debe rechazarse el pedido de que se deje sin efecto la toma de posesión sobre el inmueble expropiado desde que no cabe hacer lugar al argumento sostenido por la expropiada en cuanto a que la posesión aparece viciada, resultando imprescindible dejar sin efecto la diligencia realizada y reiterarla una vez efectuadas las rectificaciones que la situación requiere.

Es que el acto cuestionado ha sido ordenado con fundamento en el artículo 35 de la ley 7534 que establece que en caso de no lograrse avenimiento el expropiante consignará con la demanda de expropiación el importe que alude el Título V y obtendrá "de inmediato la posesión del bien". Como se advierte, el acto cuestionado tiene como finalidad, no la de transferir la propiedad trasladando el dominio a favor de la expropiante, sino la desposesión del inmueble objeto de expropiación; sin tener el efecto jurídico de transmitir el bien, sino tan sólo proporcionar la acción directa sobre él sin que se hubiere consolidado la transmisión del bien expropiado mientras no se haya pagado la indemnización.

La transferencia del dominio ocurrirá con el dictado de la sentencia completada con el pago de las indemnizaciones dispuestas (art. 50, ley 7534); es decir, sólo operará después del pago total de la indemnización que señale el Tribunal, y cuyo monto resultará de las pruebas acumuladas en el juicio, donde también se debatirán las cuestiones relativas al objeto de la expropiación. (Doctrina: Maiorano, Jorge Luis, "La Expropiación en la ley 21.499", pág.111; Villegas, A. W, "Régimen Jurídico de la Expropiación", pág. 146; Marienhoff, Miguel S., "La Ley Nacional de Expropiación N° 21.499, pág.

23)
Nulidad del acto jurídico, declaración del imputado
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CABRAL RICARDO GUALBERTO s/ HOMICIDIO SIMPLE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-10-26

Si, en el caso, al imputado que es analfabeto se le receptó declaración en dos oportunidades, y en la primera ocasión no se hizo constar en el acta si se le informó que el acta podía ser leída por una persona de su confianza y, en el segundo caso, no se efectuó referencia alguna a su condición de analfabeto, ambas actas son nulas, pues se violaron expresas disposiciones legales que rigen la materia y que exigen que "Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto se les informará que el acto puede se leída y suscripta por una persona de confianza, lo que se hará constar" (art. 123 C.P.P.; art. 135 Ley 8123; art. 139 C.P.P.N.).

Las omisiones aludidas acarrean la nulidad de las actas, por expresa disposición del art. 125 C.P.P. (art. 137 Ley 8123; art. 140 C.P.P.N.): "Salvo previsiones especiales, el acta será nula si falta... o la información prevista en la última parte del artículo 123". Esta nulidad, hace a la intervención del imputado en el proceso y habiendo sido establecida expresamente, es absoluta y declarable de oficio en cualquier estado y grado del proceso (arts.

171, 172 conc. C.P.P.; arts. 185 y 186, Ley 8123; arts. 166 y 167 C.P.P.N.).

Por otra parte, implica una violación a la defensa en juicio consagrada en el art. 18 Const. Nac., ya que siendo la declaración del imputado el médico con que la ley tiende a garantizar la defensa, es elemental que se asegure al analfabeto el medio de llegar a su conocimiento, cuál ha sido su declaración y si ésta, tras el interrogatorio, ha sido transcripta con fidelidad. Este medio, indudablemente la ley lo ha puesto como garantía de su derecho de intervenir, es decir, de estar jurídicamente en el proceso con la posibilidad de ejercitar en él todos los derechos y atribuciones que la ley le otorga.-
Contravenciones, nulidad de sentencia, declaración autoincriminante, prueba confesional, patrocinio letrado, incomunicación, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: N.J.G. s/ infracción art. 15, inc. 4 L.C.P., recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-05-07

Debe declararse nula la pena impuesta al imputado de una contravención, pues es insuficiente la autoincriminación para la aplicación de una sanción, es que, de conformidad con el art. 14, inc. 3, punto g, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la confesión del inculpado solamente es válida si se materializa sin coacción de ninguna naturaleza, y aun descartando que el detenido haya sido víctima de presiones por parte del personal policial, la sola situación de minoridad, de ausencia de asesoramiento letrado y de incomunicación constituye coacción suficiente -cualquiera sea su naturaleza- como para viciar su voluntad.
Competencia, jueces naturales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Susana c/ Romano, Ana Maria y/o Alloe, Antonio s/ interdicto de recobrar De Sante, Antonio c/ Roldan, Carina s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-02|1995-11-20

La garantía de los jueces naturales contemplada por los arts. 18 de la Const. Nac., 9 y 15 de la Const. Pcia. Bs. As., no resulta afectada por la intervención de nuevos jueces como consecuencia de la organización de justicia o distribución de la competencia.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ejercicio profesional, abogados, derecho fijo, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: SANATORIO LINIERS s/ INCIDENTE DE VERIFICACION POR MARIO RECIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-24

El requerimiento destinado a cumplir lo dispuesto por la ley 23187:

51-d), debe ser notificado por cédula al destinatario por tratarse de una intimación a satisfacer determinado recaudo respecto de la cual no existe establecido un procedimiento diverso, como ocurre, verbigracia, con las previstas en los cpr: 57 y 120 (arg. Cpr: 136 6).
Prueba pericial, rechazo de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Mazzoni de Bonetti Analia c/ Piloni Martin Gabriel y otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-25

Si la prueba pericial no ha sido impugnada en la oportunidad procesal correspondiente no se podrá intentar hacerlo en la expresión de agravios.
Leyes, emergencia económica
Materia: CIVIL
Carátula: Maciel Antonio, Simeona Zunilda Ozuna, Romualdo Ozuna, Silvia Beatriz Gómez y Carmen Lidia Almirón c/ Municipalidad de Fontana s/ Embargo Preventivo. Maciel Antonio, Simeona Zunilda Ozuna, Romualdo Ozuna, Silvia Beatriz Gómez y Carmen Lidia Almirón c/ Municipalidad de Fontana s/ Embargo Preventivo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-04-30|1996-04-30

La validez de las medidas excepcionales fundadas en la emergencia, encuentran importantes limitaciones con el cumplimiento de los siguientes requisitos: a)La situación de emergencia debe ser definida por el congreso; b) La norma de emergencia debe dirigirse a un fin legítimo, es decir que no debe haber sido sancionada para otorgar ventajas a algunos particulares, sino para la protección de un interés superior, básico y general de la sociedad; c) La Legislación de Emergencia, debe encontrar limitada su vigencia en el tiempo de la subsistencia de la situación excepcional que le dio origen, o sea, debe ser transitoria; d) Las normas de Emergencia pueden suspender o modificar temporariamente los principios generales del derecho vigente, pero sin afectar las reglas constitucionales básicas y e) Los medios empleados para paliar la emergencia deben ser razonables, guardando proporción con el fin público perseguido. El criterio que en idéntico sentido propiciara la CSJN, en la causa "Peralta (Fallos 243-449), expresa que cuando una situación de crisis o de necesidad pública, exige la adopción de medidas tendientes a salvaguardar los intereses generales, se puede sin violar ni suprimir las garantías que protegen los derechos patrimoniales, postergar dentro de los límites razonables, el cumplimiento de obligaciones emanadas de derechos adquiridos.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, recursos, improcedencia del recurso, extinción del contrato de trabajo, despido sin causa, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: ARROYO, DANIEL MANUEL c/ PANIFICADORA LAS 5 MARIAS S.R.L
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-02

Es uniforme la jurisprudencia que dispone que alegar una conducta injuriosa en forma general, es no cumplir con lo dispuesto en el art. 243 de la LCT, norma que requiere que el despido por justa causa dispuesto sea por el empleador o el trabajador debe hacerse por escrito, con la expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda ; no siendo válido por consiguiente, el despido o denuncia verbal , ni tampoco la invocación de causas genéricas .

Y ello porque la causa esgrimida no puede ser modificada después y si existe variabilidad en aquella, el despido deviene injustificado.

Esta Sala reiteradamente ha sostenido que la exigencia de lo normado en el art. 243 de la LCT , tiende a preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardar las partes en la relación laboral y la necesidad que tiene cada una de ellas de conocer los motivos que originan la decisión rupturista de la otra .

Posición que tiene efectos en caso de controversia judicial, por cuanto la causa de despido acreditada judicialmente , deberá ceñirse para su validez , a la invocada en la notificación del despido entre otros en autos: " Cari, Feliciano vs. Corralón América SRL " Expte Nº 15608/06.

La obligación de notificar las causas del despido y no poder modificar éstas en juicio, responde a la finalidad de dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada a su defensa , aunque el detalle de ésa información sobre las causas, no puede importar un formalismo taxativo .

El art. 243 de la LCT exige que la comunicación del despido por justa causa debe contener expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato , lo que importa una carga de validez del actor o de su prueba , que pesa en cabeza del empleador.

Es decir, que no puede ser exigida pero es condición o presupuesto para que el ejercicio del derecho sea eficiente , por lo que su omisión o negativa priva al empleador del efecto que la ley relaciona con su despido por justa causa . De modo que para cumplir con la exigencia del art. 243 de la LCT ya citado, no se requieren fórmulas especiales, pero debe explicarse e indicarse con sencillez, claridad y precisión , los motivos que determinan la cesantía