marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Libertad condicional, observancia de los reglamentos carcelarios
Materia: PENAL
Carátula: PERIN, RAMON OSCAR s/ LIBERTAD CONDICIONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-07-01

Para declarar la existencia de una observancia regular de los reglamentos carcelarios (art. 13 C.P.) resulta suficiente el cumplimiento correcto y adecuado de la reglamentación pertinente, comprendida integralmente como trabajo, disciplina y educación, al margen de la efectiva mejora.

La observancia no debe ser en un grado absoluto, sin infracciones de ninguna especie.Debe ser una observancia con regularidad: una adaptación del gobierno de las acciones, durante todo el término del cumplimiento de la pena exigido por el art. 13, a las normas reglamentarias del establecimiento, sin infracciones graves o repetidas.

Determinar si el interno ha observado con regularidad los reglamentos carcelarios, implica la realización de un examen cualitativo y cuantitativo de las sanciones dentro del término que establece la ley (art. 13 C.P.) y si ellas influyeron en la formulación del concepto.

Si, en el caso, el interno tuvo una conducta regular durante su encierro y así fue también el concepto que mereció para la autoridad penitenciaria y, por otra parte, la sanción recibida si bien es grave -consumo de psicofármacos-no resulta óbice para concluir que puede ser destinatario del beneficio que solicita. En efecto, si se tiene en cuenta que en el informe que da cuenta el auto atacado, es a partir del primero de agosto de 1988, que la conducta penitenciaria del condenado fue calificada como buena, elevándose a muy buena por otros dos períodos de calificación para mantenerse como ejemplar al ser evaluado durante catorce oportunidades. Luego, bajo a muy bueno en dos períodos para luego ascender a ejemplar hasta el último acto calificador con fecha primero de abril de 1994.

Desde aquélla época, el informe de concepto ha sido siempre de bueno, incluso al momento de haber sido merecedor de la sanción por la cual la a-quo denegó el beneficios que se solicita (14/6/92) Este debe tenerse presente, desde que, conforme lo dispone el art. 53 L.P.N., la calificación de concepto (art. 51 y 52 ibídem) servirá de base para la concesión de beneficio tales como las salidas transitorias, la libertad condicional, la conmutación de pena y el indulto. Dicho informe constituye un instrumento válido sobre el comportamiento que elabora sobre el interno la autoridad administrativa.-
Seguros, seguro de daños patrimoniales, aceptación, indemnización, firma, desconocimiento de firma
Materia: COMERCIAL
Carátula: Campos, Perez Alex  c/ Caledonia Argentina Compañia de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-25

Cabe revocar el pronunciamiento que rechazó la defensa de transacción opuesta como de previo y especial pronunciamiento interpuesta por la demandada. Sabido es que, el CCCN 1641 define a la transacción como "un contrato por el cual las partes, para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas".

Así, esta defensa formal no necesariamente se vincula con un proceso previo, sino que bien puede referir a un acuerdo que traduzca la extinción total o parcial de la deuda, sea instrumentado documentalmente o acreditado mediante la declaración de testimonios (conf. CPR 347-7° y 349-4°). En el caso, la aseguradora fundó su planteo sobre la invocación de haber suscripto el actor la "nota de aceptación de indemnización" mediante la cual aquel prestaba conformidad con la liquidación del siniestro por cierto total en pesos argentinos.

No obstante, la firma ológrafa impuesta en ese documento fue desconocida por el accionante y planteada su nulidad de forma subsidiaria. En este estado de situación y vista la discrepancia existente entre las partes sobre los alcances del documento en el cual se basa la defensa, el cual debe ser objeto de prueba caligráfica ofrecida, no puede decidirse sobre los alcances de la transacción para oponerla a la prosecución del juicio (v. cfr. ap. VIII.4 de fs. 37/44 Fassi-Maurino, Código Procesal Comentado, ed. 2002, t. 3, pág. 312, ap. "g"; íd. CNACom, Sala C, "Rey Alfredo Vicente c/ Smurra Sergio s/ ordinario", Expte. 27302/2005, del 23/12/08).

Desde una visión estrictamente procesal, no cabe tomar elementos de convicción que se encuentran desconocidos para decidir la argución sino que resulta menester aguardar la etapa probatoria para desentrañar aquellos aspectos de la controversia que no se encuentran actualmente expeditos (arg. CPR 346; esta Sala, 9/2/10, "Leuchi, Julio José c/ Banco Itaú Buen Ayre SA s/ ordinario", Expte. N° 30352/09).

Como la dilucidación de la excepción ha de quedar diferida para el momento de la sentencia definitiva, donde efectivamente habrá de ser considerada y resuelta; no es pasible de generarse con anterioridad a tal evento un incidente autónomo con costas propias y diferentes de las del proceso tramitado en el expediente (conf. esta Sala, 7/6/18, "Belgrano Cargas y Logística SA c/ Italsem SA s/ ejecutivo", Expte. COM. N° 22700/2016; íd. CNCom, Sala B, 7/2/02, "Carbey SA y otros c / Randon, Humberto y otros s/ ordinario"; íd. Sala D, 22/09/88, "Pebcomin ICSA c/ Keydata SA").
Beneficio de litigar sin gastos, costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Greco, Dora c/ Eugenio, Emilio s/ incidente de ejecucion de honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos, no puede ser ejecutado por las costas procesales del juicio para el cual se le otorgó mientras no varíe su situación patrimonial - cuya prueba queda a cargo del actor - , ya que lo que impide el aludido beneficio, es la ejecución de los honorarios que se regulen.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Costas, acciones de filiación, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: S., M. C. c/ S., M. E. y otros herederos de l. C. P. s/ ordinario filiación e indemnización de daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-22

En los supuestos de acción de filiación entablada contra herederos y sucesores del presunto padre, la imposición de costas se relaciona con la conducta procesal esperable de aquellos, donde si bien no procede el allanamiento dada la indisponibilidad del estado de familia, la actividad de los mismos en el proceso reviste importancia probatoria conforme surge actualmente de los arts. 579 y 580 CCC, y la colaboración que presten debe ser valorada a la hora de distribuir las costas.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Francisco Atilio s/ Violación calificada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que impugna la habilidad del testigo por al causal prevista en el inc. 7º del antiguo art. 141 del ritual, si no demuestra el interés, afecto u odio que lo habría movido a prestar su declaración.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, contratos bancarios, tarjeta de crédito, incidente de impugnación, resumen de cuentas, facturación excesiva, información crediticia
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Moraes De Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur SRL y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

En ese marco, la gravedad del hecho se aprecia no solo en torno a la absoluta desaprensión con la que obraron las demandadas, quienes a través de una conducta claramente negligente, atribuyeron a la actora una deuda ilegítima que devino en su calificación como "deudora irrecuperable" en la central de deudores del BCRA, sino también en la falta de respuestas eficientes y oportunas a sus múltiples reclamos. La trataron con indiferencia tanto en el ámbito extrajudicial como en la esfera administrativa (COPREC), mantenida incluso en esta instancia judicial, puesto que la administradora siquiera contestó la demanda pero apeló cuando se la condenó. (En el caso, se fijó el valor de la multa civil en $150.000).
Demanda, exposición de los hechos, negación de los hechos, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Acevedo Ramón Jorge c/ Martínez Juan Carlos y/o quien resulte responsable s/ cobro de asignaciones familiares
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-09-23

Para que un hecho negado en el escrito constitutivo de la litis, aparezca controvertido, en los términos de la relación procesal, es necesario que sea negado oportunamente por la otra parte desde que el art. 85 inc.1 de la ley 2383 carga a la demandada con la obligación de reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos con el consiguiente resultado que su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad.
Contrato de turismo, consumidores, plataformas electrónicas, alquiler de vehículo, cobro de sumas de dinero, reembolso de gastos, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Lavia, Ernesto c/ Despegar.com.ar SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-11

si se hubiese obligado por el prestador del servicio turístico, ofreciendo el hecho de este, caso en que es responsable frente a su cliente por el incumplimiento del tercero (conf. CNCom, Sala C, in re "Porcel, Roberto José c/ Viajes Futuro SRL s/ sumario", del 28/03/03).
Doctrina legal, fundamentación insuficiente, absurdo
Materia: CIVIL
Carátula: Rusconi, Daniel Fabián c/ ING BANK N.V. Sucursal Argentina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

El art. 279 del Código Procesal impone una carga específica de fundamentación, en tanto el recurso debe bastarse a sí mismo para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal y, en su caso, la demostración del absurdo en que se hubiere incurrido en la instancia ordinaria. Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda la sentencia recurrida, ya que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por el mayor rigor en cuanto a las exigencias procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación.(doctor de Lázzari, sin disidencia)
Ministerio Público Fiscal, Superior Tribunal de Justicia, fiscales
Materia: PROCESAL
Carátula: Mayorga Ruíz, Luis Orlando y Espinosa, Jorge Armando s/ Robo agravado
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-07-22

La actuación del Fiscal ante este Tribunal no viene impuesta como una etapa del procedimiento del recurso en que deba mantenerlo o desistirlo. Su intervención, por aplicación de la ley orgánica del Poder Judicial tiene por finalidad el contralor de legalidad del procedimiento. No se trata de una ampliación de fundamentos, propio de la parte, sino de una función de contralor de orden público, en que se expide con imparcialidad en interés de la recta aplicación del sistema legal. Puede advertirse que el procedimiento recursivo, en cuanto a la actividad de la parte, se encontraba concluido con la interposición fundada del recurso, por lo que otorgar valor de desistimiento implícito a dicho dictamen contraría la reglamentación efectuada por el Cód. Procesal Penal del recurso de casación (del voto del Dr. González Godoy, en minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, omisión de considerar cuestión propuesta, sentencia condenatoria, prescripción de la acción penal, orden público
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: OLGUIN, OSVALDO DAVID c/  s/ ROBO CALIFICADO Y PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD CALIFICADA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-08-09

Los Magistrados, al confirmar íntegramente la sentencia de grado, omitieron analizar previo a ello la subsistencia de la acción penal, cuestión que resultaba de ineludible tratamiento teniendo en cuenta en primer lugar, el plazo que había demorado la tramitación del recurso de apelación, desde que la sentencia de segunda instancia fue emitida 9 años después de la sentencia de grado, término que de por sí excedía ampliamente los 6 años previstos como plazo máximo de pena para el delito de privación ilegítima de la libertad imputado, habiendo presentado la propia defensa un escrito ante la Cámara, efectuando un planteo de prescripción y de violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable; y tal análisis resultaba imperativo, ya que en caso de haber prescripto la acción penal en tal período, existía un obstáculo insalvable para el ejercicio de la función jurisdiccional; por lo que, considerando que la prescripción de la acción penal es de orden público y debe ser declarada de oficio en cualquier instancia del proceso, y que la pena máxima del delito referido es de 6 años de prisión, debió evaluar si al momento de resolver la apelación aquélla no había operado, omisión que resulta suficiente para descalificar al fallo en cuestión como acto jurisdiccional válido. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 142.1.
Alimentos, cesación de cuota alimentaria, modificación de cuota alimentaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D.P.L. c/ S.O.A. s/ Inc.aumento de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-15

Si bien la sentencia recaída en el juicio de alimentos es definitiva y ejecutable, por principio no produce efectos de cosa juzgada en sentido material sino tan sólo formal, por lo que es esencialmente mutable si cambian las circunstancias tenidas en cuenta al admitirse el fallo. En tal sentido, dada la naturaleza siempre circunstancial y variable de la obligación alimentaria, ningún convenio, y ni siquiera ninguna sentencia tienen carácter definitivo. Se ha señalado, en este orden de ideas, que es posible revisar el pronunciamiento a la luz de nuevos aportes probatorios que demuestren la justa cuantía de la pretensión, pues su valor es meramente provisional en tanto no se modifiquen los supuestos de hecho en que se fundó. Para acceder a la modificación de las cuotas fijadas en concepto de alimentos, es necesario demostrar la variación de las circunstancias que llevaron a la determinación de la misma, a tenor de lo dispuesto por el art.647 del CPCC, ya sea que resulten de hechos probados o que -por notorias-, no requieran demostración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio de desalojo, posesión
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Maistegui, María Angélica c/ Brites, Rosalía s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-27

La defensa de posesión debe ser autónoma, o ajena a los hechos o derecho del accionante, teniéndose que acreditar los actos posesorios realizados; con lo cual el accionado debe aportar elementos que prima facie acrediten la verosimilitud de su alegación, que posibilite comprobar su verosimilitud y seriedad en cuanto a la realización de los actos posesorios argüidos, tornando así razonable la necesidad de llevar la discusión fuera del ámbito de esta vía.
Beneficio de litigar sin gastos, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: CASTAÑARES, ANDRES ORLANDO c/ CAMILETTI, SANDRA TERESITA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-05-29

La pretensión de orden secundario para actuar en justicia en forma gratuita, no atrae al proceso en donde se deba hacer valer esa petición. El sólo otorgamiento de beneficio, no fija la competencia, en razón de que es el proceso principal y no aquél, el que determina ante qué juez deben tramitar ambos juicios.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Garbarz, Claudio A. c/ CARREFOUR ARG. y otros s/ Daños y perjuicios Siri, José Pedro c/ Martínez, Carlos Antonio s/ Daños y perjuicios Menestrina, Néstor Angel c/ Transporte Ideal San Justo S.A. s/ Daños y perjuicios Bozzani de Marín, Hilda A. c/ Díaz, Obdulio Hugo s/ Daños y perjuicios Palma Parodi, Esperanto H. c/ Empresa General San Martín Transp. Línea 643 s/ Daños y perjuicios Ruiz, Teófila c/ Municipalidad de Ensenada s/ Daños y perjuicios Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ González Gowland de Gaviña, María E. I. y otros s/ Expropiación Gutiérrez, Jorge R. c/ Sánchez, Fernando y otra s/ Daños y perjuicios Gural, Basilio E. y otros c/ Green, Luis Alejo y otros s/ Daños y perjuicios Sociedad Anónima Estancias Williamson c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Caminos, Jorge y otra c/ Fernández Gago, Jesus Mariano s/ Daños y perjuicios Bogarín, María Elvira y otros c/ Alonzo, Alberto Efraín y otro s/ Daños y perjuicios Ramorino Godoy, Luis Omar c/ Hospital Interzonal General de Agudos y otro s/ Daños y perjuicios Ramorino Godoy, Luis Omar c/ Hospital Interzonal General de Agudos y otro s/ Daños y perjuicios García, Horacio Javier y otra c/ Hourtolou, Marcela Araceli y otro s/ Daños y perjuicios Caminos, Jorge y otra c/ Fernández Gago, Jesus Mariano s/ Daños y perjuicios Bogarín, María Elvira y otros c/ Alonzo, Alberto Efraín y otro s/ Daños y perjuicios Ramorino Godoy, Luis Omar c/ Hospital Interzonal General de Agudos y otro s/ Daños y perjuicios Ramorino Godoy, Luis Omar c/ Hospital Interzonal General de Agudos y otro s/ Daños y perjuicios García, Horacio Javier y otra c/ Hourtolou, Marcela Araceli y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05|1998-03-31|1994-10-18|1993-04-20|1997-02-18|1999-08-24|2000-08-02|2001-04-18|2002-02-19|2003-12-10|2004-03-01|2005-03-02|2006-03-15|2006-03-15|2007-02-14

Es facultad de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, y dicho ejercicio, por sí solo, no constituye un supuesto de absurdo. Es necesario demostrar que en dicha selección medió "un error grave y manifiesto", el que no se evidencia por la mera exposición de un criterio discordante (arts.

384, 456, C.P.C.).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, remisero
Materia: LABORAL
Carátula: BELLO, JOSE MANUEL c/ GOMEZ, LUIS ALFREDO Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-16

Resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. la A.R.T. que contrataba a través de una remisería los servicios de chofer del actor con un vehículo de su propiedad. Las funciones desempeñadas, consistentes en el traslado de los asegurados de una A.R.T. con destino a los prestadores médicos que le indicaban en la agencia -tarea que incluía buscar a los pacientes en sus domicilios, llevarlos al sanatorio o clínica que la aseguradora le indicaba al operador de la remisería, esperar el tiempo necesario que demandase su atención y luego retornarlos a sus domicilios-, formaron parte de las propias de la A.R.T. codemandada, la cual no podría funcionar adecuadamente sin contar con tal servicio de traslados, el cual resulta indispensable para el cumplimiento de su actividad normal y específica.
Tratados internacionales, facultades del Poder Ejecutivo, facultades del Poder Legislativo
Materia: CONSTITUCIONAL - INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Méndez Valles, Fernando c/ A.M. Pescio SCA. s/ ejecución de alquileres.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-26

El tratado internacional es una norma orgánicamente federal, que importa un acto federal complejo, pues el Poder Ejecutivo Nacional lo concluye y firma (arts. 99, inc. 11, de la Constitución Nacional) el Congreso Nacional lo desecha o aprueba mediante una ley federal (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el tratado aprobado por ley, emitiendo un acto federal de autoridad nacional.
Prescripción, excepciones procesales
Materia: PENAL
Carátula: Incidente de excepción de previo y especial pronunciamiento por extinción de la acción penal iniciado por el letrado Ángel Ignacio Carranza, en relación a los autos 'Ardiles, Hugo Antonio y otros p. ss. aa. estafa procesal en grado de tentativa, etc., expediente n.° 2027141´ c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-03-08

La prescripción de delitos que concurren formalmente se rige por la pena única dada por el delito de pena mayor por tratarse de un único hecho (art. 54 CP).
Declaración de inconstitucionalidad, gravedad institucional, acción declarativa de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-07-16

Es óbice al andamiento de la acción la circunstancia de que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional que debe considerarse la última ratio del ordenamiento jurídico, más aún cuando se incita la competencia de un tribunal para que dicte un pronunciamiento estimatorio que producirá efectos erga omnes, expulsando del ordenamiento jurídico el precepto, salvo insistencia de la Legislatura (conf. art. 113, inc. 2, CCABA). (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Rescisión del contrato administrativo, rescisión por la administración, gastos directos, gastos improductivos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MODEGRAF  S.C.A. c/ ESTADO  NACIONAL  (EX-SECRETARIA  DE EST. Y PROGRAMAC. Y COORDINACION ECON. DEL MINIST. DE ECONOMIA) s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Resultando la Administración responsable de la frustración del contrato corresponde el reconocimiento al contratista de los gastos directos e improductivos en que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato. Pero tal responsabilidad no genera de por si el derecho a la indemnización si no está respaldada por prueba fehaciente del daño inferido.
Nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Baza, José David en autos Expte: 1571/98: San Antonio SRL c/ Baza José David s/ Resolución parcial por exclusión social s/ Incidente de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-12-22

El Juez como director del proceso puede declarar de oficio la nulidad de actos procesales, ante la existencia de vicios "in procedendo", siempre que el vicio no se hallare consentido y lo hará sin sustanciación si el mismo fuere manifiesto. Para que la declaración de oficio de la nulidad sea procedente, es necesario que esté comprometido el orden público, o vulnere una garantía constitucional, tal como la defensa en juicio.

En esa inteligencia, cuando es la parte-como en el caso que nos ocupa-la que peticiona la nulidad por medio de un incidente, la misma no puede ser declarada de oficio como pretende el incidentista;

lo que corresponde ante esta circunstancia es que el órgano jurisdiccional verifique los requisitos de admisibilidad del mismo y proceda siempre y cuando corresponda a darle el trámite que impone la ley de rito. En consecuencia ha quedado superada la facultad para que la nulidad sea declarada de oficio, correspondiendo no hacer lugar a la apelación deducida por el apelante.