Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-11-19


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los días del mes de noviembre del año dos mil nueve, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "M. F. M. D. C. y otra c/ O., E. A., titular de "A. T. O." y otra s/ DEMANDA LABORAL (Haberes e indemniz. de ley)", expte. nro. 250/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Laboral (expte. nro. 1698/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 505), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 410/436? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la codemandada T. A. SA contra la sentencia definitiva nro. 85/2008 del Juzgado Laboral de la jurisdicción (fs. 439, fs. 410/436).

La sentencia venida en crisis decidió: No hacer lugar a la excepción de falta de acción por carecer de legitimación pasiva la demandada, desestimó el planteo efectuado por la parte actora de inconstitucionalidad del art. 10 de la ley 23928 modificada por el art. 4 de la ley 25561. Hizo lugar a la demanda condenando a E. A. O. en su carácter de titular de la firma L. T. O. y a T. A. SA, a abonar en el plazo de 10 días a M. D. C. M. F. la suma de $12.009,70 y a la Sra. P. E. S. la suma de $9.367,82, ello con más la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT y el monto de Seguro de Retiro complementario Disposición DNRT 4701/91 para ambas actoras, con más la compensación por la imposibilidad de percibir el subsidio por desempleo respecto de la actora M. F. montos a calcularse al momento del dictado de la sentencia.

Condenó a O. como titular de la firma nombrada a entregar los certificados de trabajo a las actoras de acuerdo a los alcances del art. 80 de la LCT; y las declaraciones juradas solicitadas por las actoras de alta y baja a la Cía. de Retiro "L. E." (disp. 4701/91).

Desestimó el pedido de declarar a los codemandados incursos en conducta temeraria y maliciosa.

Finalmente impuso las costas a los codemandados vencidos y reguló honorarios.

Los Agravios codemandada T. A. SA lucen a fs. 445/70, en ajustada síntesis para facilitar la lectura y para dar cumplimiento de lo dispuesto en el art. 165 Ley XXIII Digesto Jurídico de la Pcia. del Chubut, que no requiere transcripción puntual de los agravios sino la relación sucinta de los mismos que es la materia, el objeto, por la cual esta Alzada habrá de expedirse "tantum de apellatum quantum devolutum":

El primer agravio es la queja de la inexistencia de solidaridad, la indebida desestimación de la excepción de falta de acción. En oportunidad de trabarse la litis dejó planteada las razones que hacen a la pertinencia del rechazo de la pretendida responsabilidad solidaria.

En primer término dice que hubo una incorrecta valoración del precedente "Rodríguez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, transcribe en lo que resulta pertinente en forma parcializada el invocado fallo y sostiene que tiene ratificaciones en causas que enumera. Indica que la CSJN fija una línea directriz a seguir por los tribunales inferiores. No se negó la condición de empresario del Sr. O., que tenía una actividad normal y específica, sostiene además el memorial que la calificación de hombre de paja (de insolvente) no fue invocada ni probada por la parte actora. Desprende en su argumentación del fallo de la Corte Suprema mencionado que resulta incontrovertible que si un empresario contrata a otro el suministro de producto o servicio y pone como ejemplo para su posterior venta no responde de las obligaciones laborales de este último. O. se dedicaba a la venta de productos de T.. Descalifica el razonamiento de la A quo haciendo expresa mención de antecedentes del Tribunal Nacional del Trabajo que deslinda la responsabilidad solidaria en función de la actividad desplegada por empresas dedicadas a la carga y empresas dedicadas a la exportación que excluye razonamientos vinculantes a la necesidad de los aportes de las empresas entre sí. Vuelve sobre el criterio de la extensión innecesaria del art. 30 de la LCT.

El segundo aspecto de ese primer agravio lo constituye la valoración del contrato entre O. y T.. Transcribe la cláusula 3ra. reconociendo que T. se reserva la facultad de verificar los libros y registros previstos en el art. 52 de la LCT considerando el apelante que ello no puede servir de argumento para atribuir la responsabilidad ya que la cláusula expresamente responsabiliza al contratante O..

La sentencia es arbitraria porque toma fragmentos de lo pactado para apoyar la tesis de la solidaridad.

En este mismo agravio incluye la improcedente desestimación de la defensa de falta de legitimación, por los argumentos que desarrolló.

Paso a detallar el segundo agravio, la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT, que a entender de la sociedad anónima apelante debió ser declarada de oficio.

El art. 132 bis de la LCT importa para el recurrente un claro supuesto de norma violatoria que impone pagar salarios sin contraprestación alguna. En apretada síntesis del memorial arribo a la conclusión que el quejoso entiende violado el derecho de propiedad. Cita doctrina a ese respeto.

Se impuso esa condena sine die, o sea sin limitación temporal alguna en el considerando III del fallo in fine, ya que estableció "con la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT cuyo monto será calculado firme o consentida la presente sentencia al practicarse la liquidación". Dichos plazos sextuplican a su decir los lapsos laborales. Cita jurisprudencia con relación a la facultad de los Tribunales de declarar de oficio inconstitucional una ley Tercer agravio, son titulados planteos subsidiarios fs. 458 Respecto de la coactora S.a no acreditó haber efectuado la intimación exigida por el art. 1 del Dto. 146/2001 reglamentario del art. 43 de la ley 25345 que dispuso la agregación del art. 132 bis de la LCT. Revisa las fojas en particular 46 y 199 a cuyo tenor en modo alguno ya que no contiene el término de 30 días establecido en la norma. Cita doctrina y jurisprudencia. Remite a la intimación cursada por M. a fs. 23 en que específicamente intima al empleador en treinta días según lo establecido en el art. 132 bis. A su vez M. F. intimó a regularizar la situación previsional pero no al ingreso de los importes adeudados entiendo que tampoco procede la sanción conminatoria en este caso.

La apelante recuerda que fue condenada en forma solidaria y no puede colocársela en una situación más desventajosa que el empleador. No recibió ninguna intimación y se le aplica la sanción violando flagrantemente su derecho constitucional de igualdad, amén de propiedad, legalidad y debido proceso.

Las actoras cursaron comunicaciones a fs. 17, 21 y 44, 47 ninguna de ellas en los términos del art. 1 del Dto. 146/2001. S. no cursó al empleador, y M. F. es deficiente a su empleador y ninguna a esta codemandada.

Esa parte se agravia porque hubo un incumplimiento al deber jurisdiccional de morigerar la sanción impuesta. Bajo este título dice que la A quo no merituó la conveniencia de morigerar.

Cita doctrina haciendo referencia a que es equiparable la sanción impuesta por el art. 132bis a las astreintes del art. 666 de CC.

El no tratamiento de la indemnización del art. 16 de la ley 25561, sostiene que no es aplicable la duplicación indemnizatoria en los casos de despido indirecto, solo para el directo.

Igual criterio plantea respecto del art. 80 de la LCT ya que el actor no satisfizo los requisitos del art. 3 del dto.146/2001.

El seguro de retiro complementario previsto en el art. 8 de la Disposición DNRT 4701/91 Admitió la A quo la pretensión contrariando los fallos de la Cámara de Apelaciones local, siendo la Federación la única legitimada a los fines del cobro de los aportes.

Hace reserva del caso federal.

A fs. 474/79vta. son contestados por la parte actora los agravios de la empresa demandada.

Cita jurisprudencia también del máximo Tribunal del país, sosteniendo que las actoras tenían una intima vinculación con la actividad empresarial de telefónica...

Remite al Anexo del contrato que vinculó a T. A. SA con O., donde la nombrada ejercía una actividad de control de la actividad y de los dependientes concomitante con la venta de líneas telefónicas que realizaban las actoras un empleado de telefónica cargaba y conectaba la línea e inclusive proveía los materiales que vendían las accionantes. Agrega sobre la actividad las testimoniales brindadas en autos.

La sanción del art. 132 bis de la LCT no es confiscatoria ni inconstitucional cita doctrina al respecto y jurisprudencia, recordando que los derechos, incluso el de propiedad no son absolutos.

Sobre la procedencia del art. 132 bis de la LCT respecto de M. sostiene que emerge con claridad de la intimación cursada que pretende la regularización de aportes y contribuciones, palabra utilizada. Pretende el apelante utilizar una fórmula no prevista en la ley.

No hubo un incumplimiento del deber de morigerar sino que ello se produjo por efecto de la inflación.

Aplicación del art. 16 de la ley 25561, sobre el particular cita el plenario de la CNTrabajo nro. 310 que es anterior se aplicaba de igual manera a los casos de despido indirecto porque este es consecuencia del accionar del empleador, cita más jurisprudencia.

La indemnización del art. 80 LCT, con relación a S. no se cumplió con el plazo previsto en el dto. 146/01 en orden a las pruebas rendidas sin perjuicio que se intimó cuando se extinguió la relación laboral, en el caso de M. si se cumplió por ende es procedente.

Retiro complementario de empleados de comercio debió vigilar como estaba previsto en el convenio que O. cumpliera con las cargas impuestas por el CCT 130/75 es decir el retiro de seguro contenido en el Art. 9 debe responder porque las únicas perjudicadas que no pueden retirar el ingreso son las actoras.

Análisis de las cuestiones:

En primer término abordaré el tratamiento de dos quejas alterando el orden en que fueron propuestas, que son la falta de tratamiento de la excepción de falta de legitimación para obrar por falta de legitimación pasiva y los términos contractuales existentes entre la codemandada O. y la codemandada T..

Haré una breve reflexión sobre dos cuestiones conceptuales que me parecen omitidas por la empresa apelante.

En primer término la excepción de falta de legitimación pasiva fue opuesta a fs. 154vta., estaba cuestionando la aptitud de accionar de las actoras en punto a la solidaridad, lo cual resuelto con la sentencia definitiva por tratarse del fondo del conflicto que comprendió a esas dos partes, quedó descalificada como excepción ya que no tuvo un tratamiento autónomo, precisamente por carecer de dicha característica.

Más aún, considero que la excepción de falta de legitimación para obrar fue indebidamente planteada por cuanto la defensa que comprende y se refiere pura y exclusivamente a la cualidad de titular o no de la relación sustancial, pero no contiene ni conlleva el elemento sustancial (que algunos autores llaman "interés jurídico tutelable"), que es el derecho de acción, que es independiente del resultado que obtengan y en el caso las actoras lo portaban (ver en este sentido Falcón E. "Cod.Proc.", t.III, pág. 42/43, ed. Abeledo Perrot-88).

La falta de legitimación existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la que versa el proceso. Obsérvese que en el caso la propia demandada T. A. SA, acompañó los contratos que lo unían al demandado y que las actoras lo citaban por esa situación, relación sustancial en la que se fundó la pretensión.

Es decir "la excepción no se manifiesta sobre el derecho del actor, pues no ataca la fundabilidad de la demanda, sino que establece una falta de vínculo jurídico para reclamar la pretensión, sea porque el vinculo no exista, o porque el derecho no permita su reclamo(obligaciones naturales)" (ver autor y obra citada Pág.43).

Es a mi modo de ver el planteo no ajustado a derecho de la empresa demandada, consistió en plantear como excepción de falta de legitimación la cuestión de fondo, si le alcanzan o le comprenden las prescripciones del art. 30 de la LCT.

En la instancia de grado debió haberse desestimado la misma por su improcedencia de acuerdo al desarrollo que he efectuado, sin perjuicio de lo cual y conforme lo establecido en el art. 281 Ley XXIII Digesto Jurídico Pcia. del Chubut (anterior art. 278 del CPCCCh), y por las facultades que corresponde a esta Alzada se desestima la excepción opuesta por la codemandada de falta de legitimación para obrar, de acción y pasiva.

La segunda cuestión preliminar que como aclaración fije su planteo de manera inicial, lo constituye el agravio referido a los términos en análisis parcializado que realiza el apelante del contrato que unió a las codemandadas L. T. O. y T. A. SA.

Si bien el convenio suscripto es importante para dilucidar la cuestión de fondo, no puede apartarse del análisis que se efectuó del mismo, el orden publico laboral, más allá, del orden jurídico general. Se hace hincapié en el memorial bajo examen que existieron cláusulas comerciales vinculantes que exigían el cumplimiento laboral a la co contratante.

Debe considerarse inmoral, y por ende ilícita (arts. 1053 y 1071 del CC), cualquier cláusula, resolución o hecho que se imponga para eludir el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, porque no puede perjudicar a terceros.

Jurisprudencialmente se ha establecido que las estipulaciones contenidas son ley para las partes, conforme principio estatuido en el art. 1197 del CC, por lo que los contratantes deben atenerse a lo convenido, debiendo los jueces hacer respetar y cumplir las cláusulas contractuales, pudiendo solo por excepción prescindir de tales recaudos, cuando solo importa la trasgresión a una ley imperativa (ver en tal sentido elDial MC2033 - citar: elDial - AA3BCA A).

Cualquiera hubiere sido el acuerdo de los empresarios, no puede soslayarse que más allá de comprenderle o no la aplicación del art. 30 de la LCT (cuestión que abarcaré seguidamente) las contratantes no pueden pactar desvinculaciones de su responsabilidad frente a los trabajadores por imperio del llamado "orden público laboral" que restringe la autonomía de la voluntad más allá de la cuestiones de orden público general, y en su defecto las cláusulas que en sentido contrario se celebren ipso facto quedan sustituidas (ver doctrina más extensa en Vázquez Vialard, "Tratado de Derecho del Trabajo", t.2, ed. Astrea).

El planteo del apelante es a todas luces desestimable, no solo por cuanto surge de lo pactado (contratos incorporados en autos) que T. A. SA controlaba el cumplimiento de las imposiciones de la normativa laboral sino porque la posición que pretende es precisamente la contraria.

"El derecho laboral no puede desatenderse de las normas comerciales axiales como tampoco estas deben transgredir las disposiciones en materia laboral, las que operan de orden publico" (ver DJ Año XXV nro.29 -22/7/2009, pág. 1985; nota a fallo "Límites a la solidaridad en los contratos comercial", Mariano G. de Kehring).

Siguiendo con los demás temas a decidir adelanto, es el criterio del Superior Tribunal de usticia de la Pcia. del Chubut dio en autos "S., E. R. y O. c/ F. S. SA", expte. 16.009/S/97, que "los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones y argumentos.

Basta con que se hagan cargo de aquellos que sean conducentes a la decisión del litigio" (ídem autos 12.823 F 90). Siendo en consecuencia, esta postura la que prima al momento del estudio de los planteos de la parte apelante.

Solidaridad: En este orden de ideas, y ya habiéndome expedido en el principio sobre otros agravios, resolveré bajo estas pautas la aplicación al caso de la responsabilidad solidaria dispuesta en el art. 30 de la LCT que la sentencia de grado aplicara a la apelante.

La jurisprudencia que trajera a colación "R...": La recurrente fue superada por el mismo Alto Cuerpo Judicial y fue seguida por esta Alzada, en este sentido, menciono lo dicho por la SCJ de la Nación en autos "Vuoto, Vicente y otro c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otros" del 25 de junio de 1996 (DJ 1997-2-802), que "la ley de contrato de trabajo impone la solidaridad a las empresas que teniendo una actividad propia, normal y específica o habiéndose encargado de ella, estiman conveniente o pertinente no realizarla por si en todo o en parte, sino encargar a otra u otros esa realización de bienes o servicios. Ello debe determinarse en cada caso, atendiendo al tipo de vinculación y las circunstancias particulares que se hayan acreditado".

Sin desconocerse criterios jurisprudenciales y del máximo Tribunal del país posteriores como el citado por las actoras al retrucar los agravios.

Veamos, entonces, que arribó firme a esta instancia la vinculación comercial existente entre las codemandadas, sus actividades así como también las tareas que realizaron las actoras para ellas.

L. C. O.: era agente oficial de T. A. SA en la zona y vendía por orden de esta líneas telefónicas, Internet aparatos de telefonía, los empleados de esta promovían y vendían los productos materiales que proveía T., y también telemarketing.

Me remite a la descripción efectuada a fs. 124 y vta., fs. 423/4/5 que fuera detallada específicamente, y que por dicha vinculación contractual a la que se hizo especial referencia dan cuenta del control ejercido sobre el personal y respecto del material era provisto por la nombrada T. A. SA.

En lo que aquí interesa T. A. SA reconoció al contestar la demanda que convino con terceros, quienes contrataron a las actoras, la comercialización de los servicios de telefonía que explotaba. Me remito a los contratos obrantes en el oficio agregado a autos, y en particular advierto la exclusividad pactada en la cláusula 9 como agente de ventas.

Si bien los considerandos de una sentencia no son atacables sino lo fallado, lo decidido en ellos constituyen el medio por el cual las partes conocen el pensamiento del juez, la motivación al decidir, y lógicamente es allí donde debe centrarse el ataque de quien apela.

Pero debe el apelante demostrar los vicios, errores en la apreciación de los hechos y la aplicación del derecho, lo que no encuentro en el memorial, ya que observo una mera discrepancia con el razonamiento de la sentenciante de grado, basada en un criterio jurisprudencial incluso superado por el mismo cuerpo, pero que en nada contradice lo decidido, con mayor razón afirmo que cuando contesta demanda dice que es de público conocimiento que es distinta su actividad a la que realizaba L., sin probar en ningún momento en el expediente que el servicio publico que dijo brindar revestía tal ajenidad.

Si el servicio publico es brindar telefonía, y para ello requirió de un tercero, es indudable que no puede atenderse lo expresado en el memorial pues reitero, no contradice lo resuelto en la instancia de grado, y considero que la venta de aparatología telefónica, como así también de líneas es parte normal y habitual del servicio público que dijo brindar la apelante.

Esta situación jurídica queda aprehendida por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la actividad normal y específica propia de T. A. SA fue realizada a través de la codemandada, quien contrato a las actoras para efectuar operaciones inherentes a los servicios que hacían al giro comercial de la primera. En este contexto, la actividad de la actora resulta inescindiblemente ligada a la invocada actividad de T. A. SA para prestar el servicio público de telecomunicaciones.

Estos motivos me llevan a desestimar los agravios en este punto. Sin perjuicio de lo cual y a mayores fundamentos cito criterios jurisprudenciales que ilustran en la especie.

"Si de los estatutos sociales de T. A. SA surge que ésta tiene por objeto la prestación, por cuenta propia o de terceros, de servicios públicos de telecomunicaciones, excepto radiodifusión; y la actora cumplía funciones como telemarketer, es decir promovía y vendía productos de la co-demandada (líneas 0, control, básica e internet) para clientes de dicha firma, esta situación jurídica queda aprehendida por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la actividad normal y específica propia de T. A. SA fue realizada a través de las restantes demandadas, quienes contrataron a la actora para efectuar operaciones inherentes a los servicios que hacían al giro comercial de la primera".

"En este contexto, la actividad de la actora resulta inescindiblemente ligada a la licencia estatal otorgada a T. A. SA para prestar el servicio público de telecomunicaciones" (citar: elDial - AA1EED "Pivano Romina Alejandra c/ Grupo Meflur SA y otros s/despido" - CNTRAB - SALA VIII - 12/02/2004) - CAUSA 6215/01 S. 84235 - "Barrientos María Lujan c/Cellular Talk SRL y otro s/ despido" - CNTRAB - SALA III - 07/11/2002.

"Corresponde condenar solidariamente en los términos del art. 30 LCT (Ley 20744) a la empresa encargada de vender líneas telefónicas móviles y a la que vendía los equipos de comunicación necesarios. Esto es así en tanto los equipos provistos por la segunda constituyen parte de la actividad normal y específica de la primera.

El argumento de la principal en el sentido de que su objeto social está constituido exclusivamente por la "operación" de un sistema de comunicaciones no resulta eficaz para evitar dicha solidaridad porque es evidente que la venta de equipos es parte de un proceso más amplio que la incluye" (citar: elDial - AA1672).

"En otros términos, cuando el gestor del negocio que mantiene la explotación del establecimiento en su totalidad, encomienda a otro parte de la gestión que le es propia, la ley lo responsabiliza por las obligaciones laborales de aquél -aunque no lo considera empleador-. En tal sentido, el art. 30 LCT, establece que el cedente debe exigir a sus cesionarios o subcontratistas, una serie de recaudos relativos a la situación laboral del trabajador (cnfr. CSJN, in re: "Luna...", cit. supra), so pena de responsabilizarlo solidariamente por las obligaciones respecto del personal que ocuparen en la prestación de tales trabajos o servicios, emergentes de la relación laboral".

Adviértase que en la especie T. A. SA contrató específicamente previendo la situación de los trabajadores de L., más allá, que a la postre no ejerció un debido control del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de esta última, como fuera señalado en el fallo en crisis.

"Sintetizando, verificado el incumplimiento de las obligaciones emergentes del art. 30 Párr. 2, LCT y concurriendo los presupuestos de hecho de la tercerización de actividades normales y específicas de la demandada, se le extenderá la condena contra la cocontratante en forma solidaria" (citar: elDial - AA34E4).

Por último cito: "El argumento vertido por ésta última en el sentido de que su objeto social está constituido exclusivamente por la "operación" de un sistema de comunicaciones no resulta eficaz para evitar la solidaridad establecida por el art. 30 LCT, ya que es evidente que tal actividad es parte de un proceso más amplio que necesariamente debe incluir, como actividad normal y específica propia del establecimiento, la comercialización de los servicios (en el caso, venta de líneas), no pudiendo dicha segmentación artificiosa de la actividad de la demandada ser opuesta a los trabajadores" (CNTRAB - S.III. S.D. 87.958 del 20/07/2006. "DIMOPOULUS, Víctor Manuel c/ Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. y otros s/ despdido". (E.P.) - citar: elDial - AL1D60).

"Existe solidaridad en los términos del art. 30 LCT entre las codemandadas T. C. P. SA y W. S. SA, para quien trabajaba el actor, vendiendo equipos telefónicos. Ello así puesto que entre la co demandadas existe una "vinculación necesaria", cumpliéndose el presupuesto fáctico de la norma mencionada en tanto el servicio telefónico no puede prestarse sin la comercialización de sus productos (del voto del Dr. Fernández Madrid, en mayoría - CNTRAB - SALA VI Expte nº 17040/01, sent. 56388 29/8/03, "R., H. c/ W. S. SA y otro s/ despido" (FM. CF. De la F.) - citar: elDial - AL1895).

Con relación a las indemnizaciones que ataca la empresa recurrente.

Las quejas sobre la aplicación del art. 132 bis de la LCT:

Plantea el recurrente la inconstitucionalidad de dicha norma por la condena a abonar salarios sin trabajar, haciendo invocación de jurisprudencia al respecto.

El Tribunal de Alzada sufre en principio, una doble limitación, la que resulta de la relación procesal contenida por la demanda y su contesta-ción, y la que el apelante ha querido imponerle mediante el contenido del memorial de la expresión de agravios.

Esta segunda instancia es solo un medio de revisión, del pronunciamiento emitido en la primera instancia, en tanto no importa una renovación plena del debate, como pretende la parte actora, quedando excluidas las cuestiones que no hayan sido propuestas en los escritos de constitución del proceso, cuando fueran introducidas bajo la apariencia de argumentos de derecho, máximo como en el caso que la admisión implicaría un tema totalmente ajeno. El planteo inconstitucionalidad articulado por la parte demandada porta su rechazo por resultar extemporáneo al efectuarlo inicialmente en la expresión de agravios, puesto que debió interponerse al oponer excepciones y/o contestar demanda, lo que en la especie no se dio, remito a fs. 153/161. Se imponía su impugnación constitucional en tiempo oportuno. No puede el Tribunal de Alzada fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, porque el principio de congruencia que limitó la sentencia en aquella, limitará del mismo modo la de esta instancia. Aunque este principio reconoce algunas excepciones, por ejemplo los hechos nuevos -que no constituyen el planteo de la parte actora quejosa-, la regla general es coherente con la naturaleza jurídica de la apelación, lo cual no configura un nuevo juicio en el que, como tal sea admisible la deducción de pretensiones o de oposiciones ajenas a las que fueron objeto de debate en la instancia precedente. Esta sentenciante solo puede emitir pronunciamiento con respecto a aquellas cuestiones involucradas en la pretensión del actor y en la oposición del demandado (ver LLC 1997-1061).

En cuanto a este instituto la doctrina sostuvo que, el artículo cuestionado (132 bis LCT) comprende una sanción conminatoria y no de una prestación retributiva propia de la estructura conmutativa y sinalagmática del contrato de trabajo; pero en la práctica, y probablemente en el orden de saber de los participes de la contienda, opera como una subsistencia de obligación de "seguir pagando el sueldo" (pág. 30/31, Revista de Derecho Laboral -nro. extraordinario "La reforma laboral -II Leyes 2532, 25344 y 25345", Rubinzal Culzoni ed.).

Más aun, la norma no contempla flexibilidad alguna para los magistrados, siendo injustificada la pretensión del apelante en ese aspecto y objetable por estar plagada de subjetividad la afirmación que era una imposición al magistrado de grado reducir la sanción.

No obstante la definición o alcance de dicha norma jurídica brindado doctrinariamente; como se adelantó al inicio del presente se rechaza la queja respecto de la inconstitucionalidad peticionada y la reducción de montos, por los principios de congruencia y de defensa en juicio al que hiciera referencia párrafos anteriores y la inexistencia de la previsibilidad legal en la norma atacada.

Ausencia de intimación:

No se encuentra firme y está bajo análisis la sanción de mención. Respecto de la coactora S. el apelante dice que se incumplió con lo establecido en el art. 1 del dto. 146/2001 que impone la previa intimación. Tanto surge de fs. 46 como 199 no se dio cumplimiento a dicha carga, reconocimiento incluso al contestar los agravios.

Por lo que procede el agravio y se modi-fica en este punto el fallo de la instancia de grado dejando sin efecto la condena respecto esta sanción respecto de S..

Respecto de la coactora M. F., quien el propio quejoso detalla que intimó en tiempo al empleador sin especificar los períodos y no a esa parte apelante.

El fin de la ley es evitar una evasión fiscal y no que el trabajador obtenga una ventaja indebida (el Dial AA3D16).

El art. 132 bis de la LCT especifica que el incumplimiento de esta norma se configura cuando al momento de la extinción del contrato de trabajo, el empleador no ha ingresado los aportes retenidos durante la vigencia de la relación laboral, con destino a los organismos de la seguridad social.

La ley ha tratado de abarcar todos aquellos casos en que los empleadores actúan como agentes de retención al trabajador, esto es, tienen el deber de retener y efectuar el ingreso a la orden en los organismos específicos: (ver en tal sentido: CSJMza. 2008-11-10, elDial MZ49B9).

En la especie mal puede exigirse a T. A. SA, quien si bien debía verificar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de L. del depósito fondos que no puede afirmarse que haya retenido al trabajador, requisito para la viabilidad de dicha sanción conminatoria.

Hago lugar al agravio y excluyo del monto indemnizatorio el rubro por condena del art. 132 bis de la LCT respecto de dicha trabajadora por los argu-mentos y fundamentos dados.

En síntesis: no procede liquidar respecto de ambas coactoras las indemnizaciones del art. 132 bis del la LCT, ni condenar a la empresa solidaria T. A. SA.

Cuestionamiento sobre la aplicación del art. 16 - Ley 25561:

Me retrotraigo al inicio del pleito la contestación de la demanda a fs. 154 y en el entendimiento que corresponde a los jueces de grado determinar si pueden tenerse por reconocidos los hechos y las invocaciones de la demanda.

Al contestar negó en forma genérica que le comprendan las leyes 25561, 25345 entre otras. Incumpliendo con la carga impuesta por el art. 356 del código procesal de negar categóricamente en especial cuando habiendo presentado la parte actora la liquidación esta no fue refutada.

"El imperativo de la negación categórica no debe limitarse a un repetitivo y sistemático "no" por temor a incumplir la carga de la norma, aun cuando la demandada asuma una postura meramente pasiva a limitarse a negar los hechos invocados sin otras alegaciones circunstancias que no se compadecen con los principios de buena fe y lealtad procesal.

"La omisión del demandado de negar categóricamente el hecho afirmado por el actor, convierte en definitiva a ese hecho en no controvertido, excluyéndolo como objeto de prueba." (ver Santiago Fassi - Alberto Maurino "Cód. Proc.", T.3, pág. 349, ed. Astrea-02).

Asiste razón a la recurrente en punto que a fs. 420 la A quo declaró el despido indirecto justificado de las coactoras M. F. y S. el 27/5/2002 y la aplicación de la normativa jurídica no fue cuestionada, lo cual en esta instancia no habrá de reeditarse un debate inexistente. Por ello considero que el planteo efectuado en esta instancia porta su rechazo.

Sin perjuicio de ello, y a modo ilustrativo, cito "Ante un supuesto de despido indirecto, para determinar si corresponde el pago de la duplicación de la indemnización por despido arbitrario (art. 16, Ley 25561) es preciso investigar las circunstancias que rodean la extinción del vínculo laboral, a fin de determinar, en cada caso, la verdadera incidencia que ha tenido la conducta el empleador.

El texto del art. 16 de la ley 25561 debe interpretarse teniendo en cuenta su verdadero sentido y teleología. Su objetivo es ampliar la protección contra el despido arbitrario, agregando obstáculos a la prerrogativa patronal de alterar el régimen de estabilidad impropia que rige en nuestro sistema jurídico (art. 14 bis CN).

Si bien la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, con sustento en el art. 246 LCT, asimilan al despido directo -en cuanto a los efectos indemnizatorios- la denuncia del contrato que realiza el trabajador, naturalmente incluyendo el agravamiento que estableció la legislación de emergencia, es preciso investigar las circunstancias que rodean la extinción del vínculo a fin de determinar la verdadera incidencia que en cada caso tiene la conducta del empleador.

En el subexamen, es el propio Tribunal el que, al analizar la procedencia de las indemnizaciones derivadas del distracto, resaltó la legitimidad del despido indirecto ante la negativa insincera de la relación laboral" (ver citar: elDial - AA4C86).

Tal y como ocurrió en la especie que no fuera descalificada por la parte recurrente, el despido indirecto justificado que se encuentra firme en esta instancia.

Agravio sobre el art. 80 de la LCT: A fs. 466vta. y siguiente el representante de T. A. SA objeta la imposición de entrega e indemnización haciendo la salvedad que no había sido dispuesto respecto de su mandante.

Es requisito para la interposición del recurso de apelación la existencia de un interés jurídico que lo justifique, o sea de un gravamen o perjuicio resultante del pronunciamiento. Es decir el que resulta ganancioso de un juicio no puede recurrir el fallo.

"Al no estar el vencedor obligado a apelar los fundamentos del fallo que lo favorece, a dicho la CSJN, puede en la Alzada plantear aquellos argumentos o defensas desechados en la instancia anterior para lo cual es oportunidad idónea aquella en que se contestan los agravios del vencido.

Sin embargo al litigante vencedor excepcionalmente se le ha concedido la apelación, por ejemplo, cuando la sentencia tiene fundamentos jurídicos distintos de los pretendidos, que puedan frustrar su interés" (ver Carlos Fenochietto, "Cód. Proc.", t.2, pág. 18, ed. Astrea-99). Ninguna de estas hipótesis se da en la especie, por lo cual, se impone desestimar el agravio por resultar improcedente su propuesta.

El seguro de retiro complementario:

Dice la empresa recurrente haber sido desestimado el planteo de falta de legitimación de las actoras para reclamar el seguro de retiro complementario, cita antecedentes de este Tribunal Sala A.

Con relación a dicha postura, esta Sala que integro ha plasmado su criterio en diversos fallos, a saber autos "S., H. c/ M. .", sent. def. nro. 34/2007; autos "F., W. c/ S..", sent. definitiva nro. 13/2005, voto de la Dra. Melero coincidiendo la Dra. Reynoso, sostuvo que los actores (trabajadores) carecen de legitimación activa para reclamar el pago de los aportes no efectuados al empleador.

En apretada síntesis concluyó la primera de las magistradas mencionadas, que, "a través del análisis literal de la normativa legal considero que en el caso habrá de aplicarse lo determinado por la jurisprudencia especializada en el tema en cuanto: si bien el sistema de retiro complementario previsto en CCT 130/75 no fue dejado sin efecto a partir de la ley 24241, no procede que se reintegren al dependiente los aportes que no fueron efectuados por su ex empleador.

Esto es así pues los trabajadores carecen de legitimación pasiva para reclamar tales aportes omitidos, pues los mismos debían ser pagados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio, que a su vez los debía aplicar al pago de seguro contratado con la empresa aseguradora respectiva (conf. CNac. Trab., Sala III, 27-09-2002, "Allonca, Elisa B. v. Tonatiuh SA", SJA 16-6-2004 y otra).

En ambas oportunidades he asentado mi criterio en disidencia sobre el punto, pero por una cuestión de economía procesal, y dejando a salvo mi criterio, recepto el agravio, siguiendo los lineamientos del Cuerpo evitando dilaciones innecesarias, toda vez que si bien en la Provincia del Chubut no existen los fallos plenarios, es mi interpretación que habiéndose conformado un criterio concordante y mayoritario, éste debe primar en beneficio del principio mencionado anteriormente.

Por estos fundamentos recepto el agravio y ordeno no practicar la liquidación respecto de las actoras S. y M. F. de dicho concepto o rubro indemnizatorio.

Por todo lo expuesto modifico parcialmente el fallo venido en crisis reduciendo la condena en la indemnización del art. 132 bis que deberá excluirse de la liquidación a practicarse y el seguro por retiro.

No obstante dicha modificación encuentro que las costas de la Alzada se mantienen a la perdidosa toda vez que el éxito obtenido no alcanza a modificar dicho estamento, manteniéndose las mismas así en la instancia de grado.

Con relación a los honorarios, su regulación en la instancia de grado se mantendrá, toda vez que la modificación en cuestión no ha sido decisiva para modificar los montos fijados. Los honorarios de la Alzada se difieren para el momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo:

1. Receptar parcialmente los agravios de la apelante codemandada T. A. SA y modificar parcialmente la sentencia venida en crisis en cuanto a la exclusión de la indemnización del art. 132 bis de LCT y el seguro de retiro para empleados de comercio de las liquidaciones a efectuarse en la ejecución de sentencia, según considerandos respectivos.

2. Costas de ambas instancias a la vencida, según considerando respectivo.

3. Mantener los honorarios fijados en la instancia de grado. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en la Alzada al momento del Acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) A fs. 445/470 expresa agravios la codemandada T. A. SA, los cuales son contestados por la actora a fs. 474/479vta.

Para el desarrollo de las temáticas planteadas por la apelante codemandada seguiré en el mismo orden expositivo seguido por la distinguida colega preopinante.

I.B-1) A fs. 453/vta. la recurrente codemanda se agravia atento la decisión de la a-quo de desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la agraviada.

Entrando en el estudio de la presente causa, primeramente advierto que de la lectura de la contestación de demandada -en lo que aquí interesa- la codemandada se limita a oponer la excepción de falta de legitimación (pto. c), fs. 153) dentro de la negativa expresa que efectúa de las afirmaciones de la parte accionante (pto. II, 2do. párr.), sin efectuar un desarrollo posterior expreso sobre dicha temática ni en dicha contestación ni en la audiencia celebrada a fs. 161/vta. a los fines de los arts. 48 y 52 de la Ley 69, acto en el cual sólo ratifica los términos de su contestación de demanda.

A ello debe agregarse que del análisis de los términos en que se expresa la recurrente codemandada, tanto a fs. 453/vta. como en su agravio de fs. 445 y ss., es ella misma la que da como misma línea argumental vinculante sus defensas tanto en cuanto a la excepción que aquí se individualiza como a la solidaridad, por lo cual dicha circunstancia considero que es la propia recurrente que no diferencia claramente entre las dos problemáticas que plantea, sino que todo lo contrario, la decisión de fondo está completamente unida a la excepción, razón por la cual el tratamiento de misma ha de ser comprensiva tal como lo trata la a-quo a en el considerando II (fs. 420vta.).

Por el análisis efectuado cabe el rechazo de dicho agravio confirmando, en consecuencia, el pto. 1ero del fallo de la sentencia.

I.B-2) A fs. 451vta./453 la codemandada apelante funda su disenso con la decisión de la a-quo por entender que la misma incurrió en una arbitraria valoración del contrato entre la codemanda aquí apelante T. A. SA y el Sr. E. A. O..

Del informe efectuado por la perito contable M. L. F. (prueba común de la parte actora fs. 135vta./136 -pto. 6.3- y de la parte codemandada recurrente - fs. 158 - pto.b)- que obra por cuerda a los presentes surge que entre "A. T. O." y "T. A. SA" ha mediado un contrato relativo de provisión de determinados servicios o tareas.

En el Anexo II obra copia del contrato celebrado entre las codemandadas el día fecha 05/02/01.

En dicho contrato -en lo que interesa evaluar: el contenido de los agravios expuestos por la recurrente codemandada ptos. 33ero.a 37mo.- emerge claramente que conforme:

Cláusula 1era: La codemandada apelante designa como agente al codemandado Sr. O. (cláusula 1era.) para promover, gestionar y concretar las ventas de los servicios de la codemandada apelante.

Cláusula 3era.: Las partes pactan que ninguno de los funcionarios y/o empleados del Agente, podrá ser considerado funcionario y/o empleados, ni ésta responderá por los actos u omisiones del Agente, sus funcionarios y/o empleados.

Asimismo, y en el párrafo siguiente expresamente dicha cláusula expresa: "T. se reserva el derecho a verificar a los libros y registros previstos en el art. 52 de la Ley 20744 y concordantes (TO 1976), art. 18 Ley 24013 y/o las normas que en el futuro se dicten, como así también toda la documentación respaldatoria de los asientos del mismo, correspondientes a los aportes y contribuciones de la seguridad social de los empleados del Agente, antes de efectuar los pagos de las facturas por los servicios prestados, pudiendo incluso solicitar copia de dichos registros.

El Agente será el único responsable por la conducta que observe su personal en el cumplimiento del contrato. El Agente deberá cumplir en tiempo y forma las obligaciones derivadas del art. 30 de la Ley 20744 modificado por el art. 17 de la Ley 25013.

A tal fin, el Agente deberá presentar mensualmente la documentación solicitada en el Anexo "Documentación que debe presentar el contratista "en el domicilio allí indicado. En el caso que el Agente omitiera o demorara la presentación de la documentación indicada en el referido Anexo, T. podrá retener total y parcialmente el pago de las respectivas comisiones hasta el efectivo cumplimiento de la referida obligación del Agente".

Cláusula 8va: El personal del Agente estará exclusivamente bajo la dependencia, dirección y control del Agente y éste será responsable, no sólo de las obligaciones laborales sino de la formación y capacitación de dicho personal para explicar las características de los servicios y productos.

El Agente deberá permitir que T. efectúe cualquier auditoría relacionada con las operaciones de venta, en cualquier momento, sin negarle acceso a ningún documento que pudiera revelar el estado económico y financiero del agente, su actividad y el debido cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y fiscales".

En la interpretación de las mismas cabe precisar que es entendimiento de la suscripta que las cláusulas de exención de responsabilidad laboral suscriptas entre los codemandados no son oponibles a las coactoras.

Ello así, ya que el principio que rige tanto en el Derecho Comercial como en el Derecho Civil sobre la libertad contractual de las partes tiene su limitación en el fuero del trabajo atento a que en dicho ordenamiento jurídico se resguardan mínimos establecidos que no pueden ser vulnerados y en esa inteligencia el orden público laboral, es el que acentúa el principio protectorio en beneficio del trabajador, corporizándose en normas tutelares con la característica propia de insuperabilidad que implica el desplazamiento de la autonomía de la voluntad de los participantes.

Con base en dicho criterio corresponde el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia en este sentido.

I.B-3) A fs. 445vta./451vta. la apelante codemandada expresa su disconformidad en cuanto a la decisión de la a-quo de declarar que ella asume la condición de responsable solidaria de las obligaciones del codemandado Sr. O..

Sobre dicha temática y tal como ha citado la colega preopinante dentro de los criterios jurisprudenciales posteriores al fallo citado por apelante codemandado "Rodríguez c/ Embotelladora" (CSJN alegado por la apelante tanto en su contestación de demanda) y por coincidir con el análisis que los magistrados efectúan en autos caratulados: "Mariño Malvina Soledad y otro c/ Cooperativa de Trabajo Cooptraco Ltda. y otro s/ despido" - CNTrab - Sala I - SD. 85.284, Causa nro. 21.012/04 del 24/09/2008; citado por elDial - AA4E44,- en un caso análogo al presente-, he de seguir el mismo adecuándolo a las circunstancias dadas en el presente proceso.

En dicho juicio se decidió que no asistía razón a la recurrente porque se observaba que la magistrada de grado estimaba acreditadas las relaciones de empleo invocadas al demandar por efecto de la situación procesal de rebeldía en que se halla el Codemandado (en el presente proceso es lo que sucedió con el Sr. O., conf. considerando Iero. (fs. 415/420vta.) - cuestión por otra parte que ha llegado firme ha esta instancia-, como también por la documental y los testimonios analizados a fs. 417/418 detalladamente por la sentenciante a las cuales valoro ya que las declaraciones de referencia resultan concordantes entre sí y provienen de personas que han tomado conocimiento directo de los hechos que relatan.

Por lo demás, tomo en cuenta que si bien en su contestación de demanda la apelante niega toda vinculación con el codemando (fs. 155) no menos cierto es que en su expresión de agravios (pto. B (fs. 451vta./453) alude expresamente al contrato efectuado entre la apelante y el codemandado rebelde, razón por la cual queda desvirtuada su primigenia negación a la existencia de una vinculación de índole comercial entre las mismas más aún cuando específicamente ha sido analizada dicha vinculación a través de un contrato en este voto en el pto. anterior.

Aclarado ello, destaca el fallo -que estoy siguiendo- que en el análisis para que una empresa resulte responsable por las obligaciones laborales de otra en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, es necesario que ésta contrate o subcontrate trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento.

Haciendo dicha aclaración por entender que no cabe duda alguna que las demandadas resultan solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de empleo habidas con las accionantes, solidaridad que viene impuesta por las disposiciones de la norma legal citada. La actividad desplegada por el codemandado rebelde no sólo es indispensable para el cumplimiento de los fines de la apelante sino que forma parte del giro normal y habitual de sus negocios, ya que integra el proceso de ventas del propio servicio de telecomunicaciones a los usuarios.

Es que el objeto de la empresa que presta el servicio de telefonía celular está íntimamente vinculado con el de aquella encargada de la comercialización final; el cumplimiento del objeto para el cual fue creada la primera no se concreta solamente en la prestación del servicio sino que se nutre esencialmente de su comercialización, sin la cual no tendría sentido su prestación.

No es de aplicación en autos la doctrina sentada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Rodríguez, Juan R. c/ Compañía Embotelladora SA y otro", ya que los hechos ventilados sujetos a debate son muy diferentes ya que no se trata de un empresario que "suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución..." (como sostuvo nuestra Corte Suprema en el mentado fallo "Rodríguez...", Fallos 316:713).

Ello así, ya que en este caso, la tarea de promoción, venta y suscripción de los servicios y productos necesarios para prestarlos (teléfonos celulares) son una actividad inescindible de aquélla que formalmente constituye los objetivos de dicha empresa -prestación de servicios de comunicación- pues dentro del conjunto de actividades comerciales que esto implica se ubica, con carácter relevante, la promoción de los mismos y el consiguiente desarrollo de las tareas de venta a aquellos referida.

A dicho entendimiento se arriba por cuanto dichas actividades hacían al desenvolvimiento empresarial de la titular del contrato de trabajo y -en definitiva- no han sido sino un medio para que el consumidor quedase ligado a la empresa prestataria pues son un mecanismo de adquisición de sus servicios, por lo que la comercialización de tal tipo de servicios constituye una faceta más de la misma actividad que la recurrente desarrolla.

He de recalcar, una vez más que la concertación de contratos para con los clientes (abonados) y la venta de los aludidos servicios y aparatos telefónicos para su utilización, hacen a la actividad propia y específica de la recurrente; admitir lo contrario, implicaría aceptar que un fraccionamiento artificial del ciclo comercial permitiera a la coapelante demandada desentenderse de obligaciones que la legislación laboral y previsional ponían a su cargo en los términos del art. 30 de la LCT.	En sentido similar también se ha expedi-do: SD. 40386 CAUSA 14.775/03 - "Zalazar, Nicolás Antonio c/ Merkom S.R.L. y otro s/ Despido" - CNTrab - Sala - 04/09/2007: elDial - AA4207.

Atento los criterios jurisprudenciales y de hecho precedentemente transcriptos corresponde no hacer lugar a los agravios y, en consecuencia, confirmar la sentencia en este sentido.	I.B-4) A fs.453/vta. plantea la codemandada apelante, en forma subsidiaria, que el fallo debió haber declarado de oficio la inconstitucionalidad del art. 132 bis de la LCT.

Tal como la misma recurrente admite a través de su petición, dicha declaración de inconstitucionalidad no fue solicitada ni planteada en su conteste.

A la situación apuntada le corresponde aplicar el criterio doctrinario y jurisprudencial que, desde larga data, determina que la expresión de agravios sirve para delimitar las atribuciones de la alzada en el conocimiento del recurso, en correlación con el postulado de congruencia (art. 34, inc. 4to., CPCCCh), desde que las causas deben decidirse "secundum allegata et probata".

En consecuencia, no puede modificarse, en las quejas ante la alzada, lo que no se afirma en la demanda o contestación, ya que de acuerdo con la coordinación de los arts. 265, 271 -última parte- y 277 -primera parte- del ordenamiento procesal, el agravio no es un apartarse de lo invocado por las partes en sus acciones o respuestas, sino precisamente la afirmación de ello y el consiguiente razonamiento -si cupiere- de lo injusto de la decisión recurrida (conf. Morello - Sosa - Berizonce en "Códigos Procesales de la Pcia. de Buenos Aires y de la Nación", T.III, págs. 353/354; Cám. Nac. Esp.Civ. y Com., sala I, 18/06/79, BCNEC y C., 674, núm, 9792: ídem. Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219).

Sobre el piso de marcha precedentemente expuesto, se ha de subrayar, a mayor abundamiento, que el ámbito de los tribunales de Alzada se encuentra en primer lugar limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del juez de primera instancia, siendo inadmisible la deducción de pretensiones u oposiciones ajenas a las que fueran objeto de debate en la instancia originaria, derivando dicha limitación del principio dispositivo, que confiere a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los límites del objeto litigioso, y excluye que los tribunales de justicia se pronuncien sobre cuestiones que no hayan sido planteadas oportunamente por las partes.

Si se admitiese que en la Alzada pudieran tratarse capítulos no esgrimidos en primera instancia, o fundados en hechos no articulados en ella, importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis, con menoscabo del derecho de defensa y violación de una expresa prohibición legal (conf. aut. cit., ob. cit., Tomo cit. pág. 413/414; arg. crit. Cám. Nac. Esp. Civ. y com., Sala II, 08/06/84, DJ 1984, v.7, p.219 ; Cám. Nac. Civ., Sala C, 12/05/83, La Ley 1984, v. A, p. 489, 36.542-S).

Son todas ellas razones por las cuales corresponde rechazar los agravios expuestos por el apelante y confirmar la sentencia en este sentido.

I.B-5) A fs. 458/464 vta. continúa la coapelante demandada efectuando planteos subsidiarios, que en concreto se refieren:

a) Errónea aplicación del art. 132 bis LCT en cuanto condena a abonar respecto de la coactora P. E. S. sin que se encuentren reunidos los requisitos legales para su procedencia (fs. 458/461);

b) Se condena a abonar la sanción conminatoria (art. 132 bis) de la coactora Sra. M. D. C. M. F. no obstante la invalidez de la intimación (fs. 461vta./463):

c) Se condena a abonar a abonar la sanción conminatoria (art. 132bis) pese a no haber sido la apelante la destinataria de previa intimación fehaciente (fs. 463/464vta.), y	d) La a-quo incumplió al deber jurisdiccional de morigerar la sanción impuesta (fs. 464vta./465).

I.B-5-a y b) En cuanto al agravio de la codemanda apelante tanto bajo la defensa de una errónea aplicación del art. 132 bis LCT en cuanto condena a abonar respecto de la coactora P. E. S. sin que se encuentren reunidos los requisitos legales para su procedencia (fs. 458/461) como su apelación en lo atinente a que se la condena a abonar la sanción conminatoria (art. 132 bis) de la coactora Sra. M. D. C. M. F. no obstante la invalidez de la intimación (fs. 461vta./463), he de tratar las mismas en este apartado atento advertir que la legislación aplicable es la misma.

Es claro que el incumplimiento tipificado por el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (que incorpora el art. 43, Ley 25345 (BO del 17/11/00) se configura cuando al momento de extinción del contrato de trabajo, el empleador no ha ingresado los aportes retenidos al trabajador durante la vigencia de la relación laboral, con destino a los organismos de seguridad social y sindicales; comprendiendo tanto los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, como los destinados a las organizaciones sindicales, mutuales y cooperativas, sea que estos se originen en normas legales, en convenciones colectivas de trabajo, que resulten del carácter de afiliado a las asociaciones profesionales con personería gremial, de miembros de sociedades mutuales o cooperativas, o se deban por servicios u otras prestaciones que otorguen dichas entidades.

Asimismo, el Dec. 146/2001 (BO del 13/02/01 -reglamentario del art. 43, Ley 25345 agregado por el art. 132 bis LCT-) aclaró que el trabajador tiene derecho a percibir, en concepto de sanción conminatoria mensual, el equivalente a la última remuneración mensual devengada a su favor y, asimismo, que las remuneraciones en especie deberán ser cuantificadas en dinero. Por otro lado, dicho decreto estableció que para la procedencia de la sanción conminatoria fijada el trabajador debe previamente intimar al empleador dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente, ingrese a los respectivos organismos recaudadores los importes adeudados, por los cuales intimó, se encuentren impagos a la fecha de la ruptura.	A la luz de dichas prescripciones legales y después de efectuar un análisis de los términos en que fue efectuada la intimación por parte de la coactora P. E. S. (conf. informativa prestada por Correo Argentino - fs. 199 y 200,) la misma no cumplimentó en debida forma los requisitos exigidos por la normativa legal precedentemente citada. Ello es así, ya que ha determinado la jurisprudencia que: "Extinguido el contrato de trabajo el trabajador quedará habilitado para intimar al empleador para que le entregue el certificado de trabajo bajo apercibimiento de sanción (art. 80 LCT), cuando no se hubiera hecho entrega de las constancias de aportes o del certificado dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la extinción del contrato. Ello en tanto la norma (decreto 146/2001) introduce un plazo para el cumplimiento de la obligación de hacer, luego del cual -y recién entonces podrá ser intimado bajo el apercibimiento respectivo. En consecuencia, la interpelación del trabajador cursada en el mismo instrumento en el que formalizó el despido indirecto, por el plazo de dos (02) días, resulta extemporánea por prematura (en sentido similar, Sent. N° 76 - "Sarmiento Leonardo J. c/ Frigorífico Río y Otro -Dda. - Rec. de Casación" - TSJ de Córdoba - Sala Laboral - 27/05/2008: elDial - AA4C1C).

En lo que respecta a la coactora M. D. C. M. F. mediante TCL nro. 54670344 -Ley 23789 surge de la prueba informativa prestada por Correo Argentino- especialmente la de fs. 194 que si bien es cierto que intimó al codemandado Sr. O. a hacer entrega de las constancias de aportes para gestionar un subsidio por desempleo, no menos lo es que hace alusión de la existencia de períodos de la relación laboral en los que no se registran dichos aportes sin la debida individualización del período comprendido a dicho incumplimiento, razón por la cual no ha cumplido en forma completa lo exigido por la normativa legal precedentemente citada.

Por los razonamientos expuestos corresponde hacer lugar a los agravios y revocar en este sentido la sentencia venida en crisis.

I.B-5-c y I.B-5-d) Atento a la incidencia que sobre la temática planteada en dichos agravios ha de tener la decisión a la que se arribe he de tratar a los mismos en forma conjunta.	En lo atinente al agravio sobre que la a-quo la condena a la codemandada recurrente a abonar la sanción conminatoria (art. 132bis) pese a no haber sido la apelante la destinataria de previa intimación fehaciente (fs. 463/464vta.), teniendo en cuenta tanto lo decidido en el pto. precedente sobre el acogimiento del agravio por no haber cumplido ambas coactoras los requisitos legales exigidos, sumado a que asiste razón a la coagraviada en cuanto a que de la lectura de los términos de las comunicaciones epistolares remitidas por las coaccionantes (fs. 17,21, M. F. y fs. 44 y 47, S.) y que fueran contestadas por ésta a fs. 19, 22 y 48) no emerge que ésta última fuera intimada en los términos del art. 1ero. del Decreto 146/2001, circunstancias que implican arribar al convicción que corresponde hacer lugar a los agravios y revocar la sentencia en este sentido.	Atento a lo decidido precedentemente el agravio sobre que la a-quo incumplió al deber jurisdiccional de morigerar la sanción impuesta (fs. 464vta./465), no ha de ser tratado por carecer de virtualidad jurídica expedirse sobre el mismo.

I.B-6) Apela la codemandada a fs. 465/466vta., la decisión de la a-quo por considerar que la misma omitió tratar la cuestión conducente a la admisión de la indemnización prevista del art. 16 de la Ley 25561.

En cuanto a la temática planteada por la codemandada en sus agravios, considero que es de fundamental importancia destacar la necesidad de la claridad en la exposición de los hechos en cuanto se ha determinado que: a) al demandado incumbe la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente. Por lo tanto la exigencia del art. 356, inc. 1ero., del CPCCCh, es decisiva a los efectos de valorar su silencio o sus respuestas evasivas; b) Los hechos articulados en la demanda (y en la contestación) determinan la "pertinen-cia" de la prueba a producirse en el proceso, y c) La sentencia debe considerar solamente los hechos alegados por las partes (Palacio, "Derecho Procesal..", Tomo I, página 375).

Iniciando el análisis de los términos en que contestó la codemandada en estos autos, se observa que la misma a fs. 154 (pto. II, aps. v) e y) de su escrito de demanda) se limitó a negar la aplicación de las leyes 25323, 25345 y 25561 y a negar e impugnar la liquidación practicada por la coactora, no desarrollando fundamento alguno sobre dichas negaciones en el resto de la contestación de la acción instaurada en su contra. Atento a la circunstancia apuntada y los precedentes jurisprudenciales y doctrinarios citados, se evidencia que en autos la parte codemandada no cumplió debidamente con la carga procesal dispuesta por el art. 359, inc. 1ero., párr. 1ero., 1era. parte, del CPCCCh (Ley XIII, nro. 5, Anexo A), razón por la cual es de aplicación lo prescripto en su 2da. parte.	A ello se suma que es criterio doctrinario y jurisprudencial mayoritario que resulta aplicable la indemnización agravada prevista en el art. 16 de la Ley 25561 cuando se trate de despidos indirectos (conf. Dr. Julio Armando Grisolia en "Manual de Derecho Laboral", págs. 495 y 988, ed. Lexis - Nexis, 2008; CNATrab., Fallo plenario 9 nro. 310, en autos caratulados: "Ruiz, Víctor Hugo", p. v. UADE", del 01/03/06.

Por las consideraciones de forma y de fondo expuestas corresponde el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia en este sentido.	I.B-7) Apela la codemandada a fs. 465/466vta., la decisión de la a-quo por considerar que la misma incurrió en una equivocación al admitir la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT fs. 466vta/468).

Teniendo presente que en los autos caratulados: "H. E. S. y otra c/ T. y otra s/ Demanda Laboral (Haberes e indemnizaciones de ley)", expte. No. 14.356/04, sent. def. nro. 51 del 30/08/04 (citada por la a-quo a fs. 429), por voto coincidente de las juezas de Cámara de Apelaciones, Sala "B", Dras. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, se estableció que no se puede exigir al codemandado solidario la entrega del certificado previsto por el art. 80 de la LCT.

Observando que conforme a dicho criterio la a-quo en el considerando IV. Pto. 2 (fs. 428vta./429vta. decidió que las obligaciones prescriptas por dicha normativa legal no ingresan al ámbito de la solidaridad del art. 30 de la LCT dando como fundamento tanto que las coactoras no eran dependientes directos como que el haber sido declarada solidaria la codemandada no implica que pueda hacer entrega de las referidas constancias por carecer de los elementos necesarios para su confección.

En virtud de las consideraciones expuestas y advirtiendo que no causa agravio a la apelante lo decidido por la a-quo, corresponde no tratar el agravio planteado a fs. 466vta./468vta. y así lo declaro.	I.B-8) Apela a fs. 468vta./469vta. la codemandada apelante por entender a contrario de lo dispuesto por la a-quo que las coactoras carecen de legitimidad para accionar por el cobro de dicho concepto toda ves que dicha facultad le pertenece a la F. A. C. y S. (F.).

Entrando al análisis del tema planteado -tal como lo cita la colega preopinante- he expresado en autos caratulado: "F. W. A.. c/ S. S.. E. SA s/ Demanda Laboral (diferencias salariales", expte. nro. 14.613/2006 sent. def. 13 del 07/03/05, que se amerita que para los Trabajadores de la actividad comercial regidos por el CCT 130/1975 existe el Acta modificatoria del acta acuerdo del 21/6/1991, que expresa que: "En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de setiembre de 1991 entre los señores C. R. D. L. V., C.I. *.***.*** en representación de la C. A. C., O. J. C., C.I. *.***.*** en representación de la C. A. M. E., J. L. S., C.I. *.***.*** en representación de la U. E. C. A., todas en representación del sector empresario por una parte, y por la otra, los señores A. O. C., C.I. *.***.*** y J. A. H., D.N.I. *.***.***, en representación de la F. A. E. C. y S., en el expte. 829.222/88, se conviene lo siguiente en relación al acta firmada por estas mismas partes el 21 de junio de 1991 y homologada por resolución D.N.R.T. 4701/1991:

1.- Sustitúyese el texto del pto. 1 por el siguiente:

"Se establece un sistema de retiro complementario (S.R.C.) al régimen de previsión social vigente a la fecha de este convenio".

2.- Sustitúyese el texto del párr. 1 del pto. 4 por el siguiente:

"El seguro de retiro complementario se financiará con un fondo afectado exclusivamente a esta finalidad, que se integrará con un aporte por parte de los empleadores del 3,5% mensual sobre los salarios liquidados, para los cuales se computará también el sueldo anual complementario y el presentismo. Se deja aclarado que no se encuentran comprendidas las vacaciones, horas extra, premios y demás bonificaciones y las remuneraciones integradas en todo o en parte por comisiones, en cuyo caso el porcentaje referido se aplicará solamente sobre las escalas de garantía pertinentes. Tampoco se encuen-tran comprendidas las remuneraciones de los trabajadores eventuales o temporarios".

3.- Sustitúyese el texto del pto. 5 por el siguiente:

"Los empresarios y el personal jerárquico de las empresas comprendidas podrán optar por su inclusión en el S.R.C., en cuyo caso el aporte del 3,5% mensual esta-blecido en el pto. 4 quedará a exclusivo cargo de quien adhiera al sistema".

4.- Sustitúyese en el párr. 1 del pto. 8 que decía que "El incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador ocasionará la pérdida de los beneficios para el personal afectado. El sindicato se encuentra legitimado para reclamar judicialmente el cumplimiento de dichas obligaciones" , las palabras "el sindicato" por "la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios".

5.- La validez del presente protocolo se sujeta a que sus términos sean homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación".

Se agregan las modificaciones al Protocolo suscripto el 21/6/1991 que consisten en que: "En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de setiembre de 1991 entre los señores C. R. D. L. V., C.I. *.***.*** en representación de la C. A. C., O. J.C., C.I. *.***.*** en representación de la C. A. M. E. , J. L. S., C.I. *.***.*** en representación de la U. E. C. A., todas en representación del sector empresario por una parte, y por la otra, los señores A. O. C., C.I. *.***.*** y J. A. H., D.N.I. *.***.***, en representación de la F. A. E. C. y S., en el expte. 829.222/88, se conviene lo siguiente en relación al protocolo firmado por estas mismas partes el 21 de junio de 1991:

1) Reemplazar el texto del art. 3 por el siguiente:

"Los empleadores realizarán aportes mensuales al plan de un 3,5% del salario liquidado -conforme al texto del pto. 4 del acta- por cada empleado en relación de dependencia comprendido en la convención colectiva de trabajo 130/1975. El incumplimiento de tales obligaciones generará la aplicación de los recargos correspondientes por la mora en los pagos y sin desmedro del derecho de la federación a generar las acciones legales pertinentes".

2) Reemplazar los tres primeros párrafos del art. 8 por el siguiente texto:

"Los requisitos para acceder al beneficio básico, una vez alcanzada la edad de retiro estipulada en 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres serán:

La empresa en que preste servicio deberá estar al día con sus obligaciones de pago devengadas hasta el mes anterior a la fecha de retiro. De existir aportes pendientes, deberá regularizarlos incrementándose los valores de aportes con el importe resultante de cargar el rendimiento que se hubiera asignado a las cuentas respectivas en caso de cumplirse con la obligación en tiempo y forma, y al valor así calculado adicionarle un interés anual equivalente a la tasa "Libor" vigente a la fecha".

Se mantienen los requisitos de antigüedad mínima redactados en el texto original.

3) Reemplazar el texto del último párrafo del art. 11 por el siguiente:

"Mantener la vigencia de la póliza durante un plazo de 5 años, respetando las condiciones aquí establecidas con excepción de lo estipulado en el art. 6.

Esta cláusula queda condicionada a la adecuación del sistema al nuevo régimen de previsión social que se sancione, de acuerdo al art. 7 del presente protocolo, incorporado como art. 16".

4) Suprimir en el art. 12 el texto íntegro del último párrafo.

5) Reemplazar el texto del párr. 3 del art. 13, por el siguiente:

"Participar y decidir con sus votos en la fijación del valor del beneficio básico para cada año a partir de la evaluación actuarial anual del plan, de acuerdo al art. 6. A tal efecto, el asegurador efectuará una evaluación actuarial con el fin de determinar la suficiencia de la cuenta colectiva para afrontar los beneficios básicos estipulados. La misma se efectuará en base a los siguientes mecanismos:

a) Se actualizará la nómina poblacional en función de las altas y bajas producidas durante el período inmediato anterior.

b) Se estimará la composición futura de la población en base a supuestos estadísticamente razonables de rotación.

c) Se establecerá el valor actual de cada unidad de beneficio a brindar a cada asegurado a la edad de retiro.

d) Se establecerá el flujo estimado de los aportes futuros a la cuenta colectiva.

e) Se establecerá el saldo de la cuenta colectiva a la fecha de cálculo.

f) Se establecerá el equilibrio financiero entre los valores calculados según los aps. c), d) y e) de este punto, de modo que la adquisición gradual de los beneficios sea acorde con el ingreso de aportes.

g) Como resultante de tales cálculos surgirá el valor del beneficio básico que el sistema es capaz de financiar en forma estable y uniforme para la población proyectada.

Con arreglo a tal estudio se fijará el beneficio básico que brindará el plan durante el año siguiente. A tal fin, será necesario el consentimiento del contratante, por un lado, y de las entidades empresarias por el otro".

6) Incorporar como art. 15 el siguiente texto:

"Las partes acuerdan que aquellos empleadores que hubieren contratado un seguro de retiro para sus empleados con anterioridad al 30 de junio de 1991, podrán optar por ingresar o no al sistema implementado en este acuerdo".

7) Incorporar como art. 16 el siguiente texto:

"Las partes acuerdan que el aporte del 3,5% a cargo del empleador es a cuenta de lo que determine cualquier nueva legislación sobre previsión social y será absorbido dentro de los porcentajes del sistema de capitalización que se fije en la misma. Dentro de los 30 (treinta) días de sancionado el nuevo sistema de previsión social, todo el sistema del presente seguro de retiro complementario deberá ser adecuado al nuevo régimen legal. En este caso, las partes acuerdan: Que en su oportunidad los fondos acumulados en las cuentas individuales seguirán manteniendo ese carácter dentro del sistema jubilatorio privado o de fondos de pensión que prevea el nuevo régimen. Asimismo, las partes acuerdan respecto de los fondos acumulados para pagar el beneficio básico, que las cuatro entidades signatarias del presente decidirán por unanimidad de qué manera se incorporarán al nuevo sistema. En caso de desacuerdo, se conviene que dichos fondos acumulados se repartirán en cada una de las cuentas individuales en forma proporcional a los aportes realizados en las mismas".

8) Incorporar como art. 17 el siguiente texto:

"La o las compañías operadoras informarán trimestralmente de manera pública sobre la composición de la cartera, las inversiones realizadas y el rendimiento obtenido".

9) Incorporar como art. 18 el siguiente texto:

"Se efectuará el control y seguimiento de la inversión del fondo de pensiones a través de un comité 'ad hoc' con representantes de las signatarias del presente protocolo, cuyas funciones estarán previstas en una rigurosa reglamentación, de conformidad a lo establecido en el art. 13 del protocolo del 21/6/1991".

10) La validez del presente protocolo modificatorio del suscripto el 21/6/1991 se sujeta a que sus términos sean homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación".

Asimismo, de la disposición nro. 4701/1991 de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo se refiere a los trabajadores de la actividad comercial en cuanto a la homologación del acuerdo celebrado el 21/6/1991 sobre el seguro de retiro y donde se expresa que: "Visto el acuerdo arribado en el ámbito de la comisión negociadora establecida por disposición DNRT 404/1988, celebrada en fecha 21 de junio de 1991, entre la F. A. E. C. y S. con la C. A. C., C. A. M. E. y la U. E. C. A., obrante a fs. 1315/1316; por el que se establece un sistema de retiro complementario (S.R.C.) al régimen de previsión social que por ley corresponda, cuyas cláusulas se determinan en los ptos. 2 a 8 de las fojas citadas; el suscripto en su carácter de director nacional de Relaciones del Trabajo declara homologado el mismo, formando parte de la convención colectiva de trabajo 130/1975... Por lo tanto, por donde corresponda, tómese razón del acuerdo obrante a fs. 1315/1316 y ratificado a fs. 1317. Cumplido, vuelva al Departamento de Relaciones Laborales n. 6, para su conocimiento y notificación a la comisión negociadora. Firmado: Juan Alberto Pastorino"	A través del análisis literal de la normativa legal precedentemente realizada, considero que en el caso ha de aplicarse lo determinado por la jurisprudencia especializada en el tema en cuanto a que: "Si bien el sistema de retiro complementario previsto en el CCT 130/75 no fue dejado sin efecto a partir de la ley 24241, no procede que se reintegren al dependiente los aportes que no fueron efectuados por su ex empleador. Esto es así pues los trabajadores carecen de legitimación pasiva para reclamar tales aportes omitidos, pues los mismos debían ser pagados a la F. A. E. C., que a su vez los debía aplicar al pago de seguro contratado con la empresa aseguradora respectiva (conf. crit. C. Nac. Trab., sala 3ª, 27/09/2002 - Allonca, Elisa B. v. Tonatiuh S.A.). SJA 16/6/2004, síntesis. JA 2004-II-síntesis).

En virtud de las merituaciones efectuadas arribo a la conclusión que debe hacerse lugar a los agravios expuestos por la parte apelante codemandada y revocar la sentencia en esta sentido.

I.C) Atento a cómo se ha resuelto el presente caso, corresponde la aplicación de lo dispuesto por el art. 282 del CPCCCh (Ley XIII, nro. 5, Anexo A), manteniendo la imposición de costas a la codemandada en primera instancia e imponiendo las costas de segunda instancia también a la codemandada vencida, todo ello en virtud del principio objetivo de la derrota (art.69 del CPCCCh, Ley XIII, nro. 5, Anexo A), ya que es criterio sustentado (sent. def. nro. 32 de esta Sala "B" nro. del 16/05/01) la aplicación del principio jurisprudencial que establece que: "En la distribución de costas el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no aritmético, tomando en cuenta que en materia laboral las disposiciones procesales sobre la materia deben interpretarse conforme el principio protectorio" (CNTrab, Sala III, 20/10/92, "Canal, Ana M. c/ Sanatorio Lavalle SRL", DT-1992-B-, 2295), más aún cuando el empleado necesitó accionar judicialmente para que se le reconocieran sus derechos, aunque no lo fueran en la extensión que peticionara en la demanda.

Se mantiene la regulación de honorarios profesionales efectuados por el a-quo en la instancia de origen, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales de esta instancia para el momento del acuerdo donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial. Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial. Nro. 4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la colega preopinante Dra. Graciela Mercedes García Blanco de Bellver y entender que esta parte del voto no está comprendida dentro de las premisas prescriptas por el art. 169 de la Constitución Provincial, a la misma adhiero.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente	SENTENCIA:

1) Receptar parcialmente los agravios de la apelante codemandada T. A. SA y modificar parcialmente la sentencia de fs. 410/436 venida en crisis en cuanto a la exclusión de la indemnización del art. 132 bis de LCT y del seguro de retiro para empleados de comercio, de las liquidaciones a efectuarse en la ejecución de sentencia, según considerandos respectivos.

2) Costas de ambas instancias a la vencida, según considerando respectivo.

3) Mantener los honorarios fijados en la instancia de grado.

4) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en la alzada al Dr. I. F. A. en el VEINTISIETE POR CIENTO (27%) y al Dr. E. J. M. en el TREINTA POR CIENTO (30%), porcentajes a calcular sobre lo regulado por sus respectivos trabajos en la instancia de grado.

5) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 470.

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y concordar en la solución del caso (Ley V-17 DJ y art. 274 CPCCCh).

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2009	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "L"