Tribunal: CAMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-03-27


R.L. LABORAL Nº 8/08 En la Ciudad de San Luis, a veintisiete días del mes de Marzo del año dos mil ocho, reunidos en su Sala de Acuerdos los Señores Magistrados de la EXCMA. CAMARA CIVIL, COMERCIAL, MINAS Y LABORAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS Doctores: CARLOS J. CACACE, OSVALDO HORACIO SURIANI y BEATRIZ TARDIEU DE QUIROGA, , fueron traídos para dictar sentencia los autos caratulados: ?PONCE ROXANA EDITH C/ HOMAN GRISELDA Y OTRO ? COBRO DE PESOS ? EXPTE N° 11-P-2004?.

Practicada la desinsaculación que determina el artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, resultó de ello que los Señores Magistrados debían votar en el siguiente orden:, 1°) Dra. TARDIEU DE QUIROGA. , 2°) Dr. SURIANI y 3°) Dr. CACACE.

Estudiados estos autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver: PRIMERA CUESTION: ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA? SEGUNDA CUESTION:¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN DEFINITIVA?¿CUÁL SOBRE COSTAS? A ESTA PRIMERA CUESTION LA DRA. BEATRIZ A. TARDIEU DE QUIROGA, DIJO: I- La sentencia de fs. 126/127 hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Roxana Edith Ponce contra Griselda Homan y la condena a abonar indemnización por antigüedad, preaviso, art. 16 ley 25561 y SAC proporcional /03.

Apela la demandada, expresando a fs. 147/150 los siguientes agravios: a) No puede aplicarse la presunción ?in dubio pro operario? pues en los casos de ?trabajos de servicios domésticos? la empleadora es una familia como cualquier otra. ?la presunción legal tiene sustento en lo normado por el art. 23 L.C.T. que no corresponde aplicar en este caso, por lo que nunca pudo fundarse la sentencia condenatoria en el art. 59 de la Constitución Provincial? b) ?Ninguno de los testigos de la contraparte la ha visto trabajar a la actora para la demandada, solo dicen que saben que trabajaba en la casa de la Sra. Homan porque la misma actora se los ha contado, es decir son testigos de oídas...?. No son contestes porque ninguno coincide en su versión y no era necesario objetarlos porque no saben nada por conocimiento propio. En cambio los testigos de su parte son plenamente convincentes y coincidentes. c) la justificación del despido indirecto se sustenta en que existió una intimación de pago y no está probado el mismo, lo cual no tiene nada que ver con la causa pues la actora no efectuó ningún reclamo salarial y se limitó a pedir el reintegro de tareas.

A fs. 153/156 obra la réplica de la parte actora.

II ? El art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que las disposiciones de la misma no serán aplicables... ?b) A los trabajadores del servicio doméstico...?. Tales trabajadores tiene un estatuto específico: el decreto ? ley 326/56 en el que no están incluidos los que ?...trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a la semana para el mismo empleador?.

Sustentada en las normas mencionadas esta es la postura defensista que se asumió en la contestación de demanda: que la actora solo prestó servicios de limpieza dos veces a la semana y tres horas diarias de 14,30 a 17,30 horas.

La sentenciante luego de considerar que le resultan más creíbles los testigos de la actora que no están objetados y son contestes, respecto a los de la demandada que no la convencen por las razones que advierte, decide tener por acreditada la relación laboral encuadrada en el Decreto 326/56 por aplicación del principio ?in dubio pro operario? del art. 59 Const. de la Provincia. Tal mención resulta absolutamente innecesaria respecto a la decisión adoptada pues claro está que para ella no se presentó una situación dudosa que debiera resolverse por aplicación del mencionado principio.

Cabe sin embargo recordar que este Tribunal ha sostenido que ?.... ese principio tuitivo podrá aplicarse, de ser el caso, después de haberse probado la relación laboral y no antes ...? (R.R. Laboral N° 1/2006 ? Gatica c/ Bartolini).

En este orden, se impone precisar rápidamente que si bien los codemandados han reconocido que la actora cumplió tareas típicamente domésticas, niegan que las haya prestado con la frecuencia semanal y duración horaria por jornada mínimas exigidas por el decreto ? ley 326/56 como para ameritar tener por configurado un vínculo laboral en el marco de dicha norma. Ello así, debe decirse que le asiste razón a los demandados recurrentes respecto a que resulta inequivocadamente erróneo el criterio adoptado..., en cuanto presume a partir de tal reconocimiento inicial de prestación de tareas, la existencia de un contrato y, en consecuencia hace recaer sobre los accionados la carga de la prueba de que dicha relación de dependencia y que la jornada no fue superior a un promedio de tres horas diarias de labor... Es que, para formular tal razonamiento, acude ? aunque no cita puntualmente la norma ? a la aplicación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, con lo cual infringe la disposición que la propia ley prevé en su art. 2 inc. b) que expresamente excluye de la aplicación de su normativa a los trabajadores del servicio doméstico.

Por cierto que la jurisprudencia es unánime en relación a la inaplicabilidad de las normas de la L.C.T. a los trabajadores del servicio doméstico....

Consecuentemente con lo anterior, va de suyo que sobre la accionante recaía en autos la carga de probar que las tareas domésticas cumplidas en beneficio de la demandada tuvieran la frecuencia semanal..... y la duración diaria ...... que invoca en el promocional....., o en el peor de los casos que dicha prestación de tareas reúne los requisitos que establece el art. 1 del decreto ? ley 326/56 para ser incluidos en su régimen, es decir, un mínimo de cuatro horas diarias y cuatro días por semana para el mismo empleador. Y desde esa óptica, entonces, corresponde merituar las pruebas ofrecidas y producidas .....? (C. Apel. Concordia ? Ferreira c/ Vargas y otro - Cobro de Pesos -Sala del Trabajo ? 8/6/2007 ? Rev. El derecho 18/2/2008).

Del pliego de fs. 51 (1y 2) y respuesta de fs. 70 surge reconocido por la actora que se desempeñó en dos domicilios: primero en el Barrio Amppya y luego en la calle Riobamba; y de otras declaraciones (Natalia Vallejos, fs. 62) que el cambio se produjo en el año 2001 o 2002.

Analizando en este contexto las declaraciones de los testigos de la actora se advierte que son sus vecinas y también conocen a la demandada de la época en que vivía en el Barrio Amppya, por lo que la relación sobre la que deponen no incluye el período en calle Riobamba que es el inmediatamente anterior (unos dos años) al momento en que se habría producido el cese, como lo reconoce expresamente Vallejos en su respuesta a la pregunta 22.

Vallejos (fs. 62) refiere los horarios en que la actora salía o volvía a su casa y en ocasiones la ha visto entrar en la casa de la demandada por estar en la peluquería. Blanca Mabel López (fs. 66/67) es la peluquera que hasta el año 2000 tuvo su local cerca de la casa de Teresa Homan cuando ambas vivían en el Barrio Amppya, y refiere que veía pasar todos los días a Ponce después de las dos de la tarde y hasta las veinte o veinte y treinta horas; después ella se mudó.

Agustina Rosales (fs. 65 y vta) ha pasado por la vereda de la manzana 14 donde vivió la señora Griselda y la veía a Ponce trabajar en ese lugar (resp.4 ? se aclara que Rosales es no vidente y que nunca ha visto bien: resp.3); pero en cuanto al trabajo en calle Riobamba lo sabe por comentarios de la Sra. Ponce que se sabía parar a charlar y le decía que volvía del trabajo (resp. A las preguntas 11 y 13). Silvia Roxana Aparicio (fs. 63/64) veía a la actora salir de su casa, pero lo demás que expone lo sabe por comentarios del vecindario o de la misma actora.

En suma, se trata de testigos que han visto a Ponce salir o regresar a su casa en los horarios que mencionan o pasar (la peluquera), pero sus exposiciones no contiene relatos detallados, circunstanciados y precisos, con una cierta amplitud en cuanto a la razón del conocimiento, respecto a la tarea cumplida y su modalidad que permitan mediante la aplicación de las reglas de la sana critica llegar a una sólida convicción sobre la realidad de los hechos expuestos en la demanda. Y que como ya dije nada aportan en concreto sobre los dos años anteriores a la extinción de la relación laboral.

Sobre este último período sólo tenemos dos testigos aportados por la demandada: Ruiz (fs. 89) y Camargo (fs. 90). El de Camargo, jardinero, podría ser considerado interesado. Pero aun tomando el mejor para la posición de la actora, éste concuerda con las frecuencia diaria y horaria alegadas por la demandada.

Por las razones que vengo exponiendo, voto a esta primera cuestión por la negativa.

A LA PRIMERA CUESTION LOS DRES. OSVALDO HORACIO SURIANI Y CARLOS J. CACACE, DIJERON: Que coincidiendo en un todo con los fundamentos dados por la DRA. BEATRIZ A. TARDIEU DE QUIROGA, votan en igual sentido que esta.

A ESTA SEGUNDA CUESTION LA DRA. BEATRIZ A. TARDIEU DE QUIROGA, DIJO: Dada la forma en que he votado la cuestión precedente propongo al Acuerdo se dicte sentencia que disponga: Hacer lugar al recurso de apelación deducido; revocar la sentencia en recurso, y rechazar la demanda. Con costas (art. 104 C.P.L.) Así lo voto.

A LA SEGUNDA CUESTION LOS DRES. OSVALDO HORACIO SURIANI Y CARLOS J. CACACE, DIJERON: Que coincidiendo en un todo con las razones dadas por la DRA BEATRIZ A. TARDIEU DE QUIROGA, votan en igual sentido que esta.

Con lo que se dio por terminado el acto, disponiendo la sentencia que va a continuación Firman los Sres. Magistrados por ante mi que doy fe.

FDO. DRES. TARDIEU DE QUIROGA, SURIANI Y CACACE. SEC. DRA. ESTEVES.

SAN LUIS, VEINTISIETE de MARZO de dos mil ocho.

Y VISTO: En mérito al resultado obtenido en la votación que antecede, SE RESUELVE: Hacer lugar al recurso de apelación deducido; revocando la sentencia en recurso, y rechazando la demanda. Con costas (art. 104 C.P.L.) Así lo voto.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y OPORTUNAMENTE BAJEN.