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Ejecución hipotecaria, acreedor hipotecario, incendio de la cosa, derecho de preferencia (comercial), cesión de derechos, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA GANGA SA c/ ASEGURADORES INDUSTRIALES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

El acreedor hipotecario, en caso de incendio del bien hipotecado, cuenta con el derecho preferente al cobro de la indemnización en los términos del C.CIV. art. 3110 y Ley 17418, art. 84, y en la medida de la cesión que de tales derechos le efectuara su deudor, pero no habiendo sido parte en la relación sustancial -el seguro- no puede reclamar el cumplimiento del contrato de seguro de la aseguradora, sino limitarse a invocar el derecho mencionado, en la acción seguida por el asegurado.
Recurso de casación, sentencia, falta de motivación, reincidencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Velázquez, Juan Carlos s/ Hurto automotor s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-12-23

Debe hacerse lugar al recurso de casación penal atento que la conclusión desestimatoria no cumple ésta exigencia básica (motivación) toda vez que la premisa "reincidencia" es sólo un fundamento aparente que no puede por sí sólo justificar (en el caso) la calificación de "peligroso" del peticionante, lo que provoca al deficiencia estructural del razonamiento.
Mutuo hipotecario, principio de especialidad (civil), obligaciones en moneda extranjera
Materia: CIVIL
Carátula: KUTTENPLAN, JOSE Y OTROS c/ ALUISIO, OLGA BEATRIZ s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

Si se ejecuta un mutuo hipotecario cuyo objeto no fue el de una suma de australes bajo cláusula de estabilización con referencia a una moneda extranjera, sino una cantidad de dólares estadounidenses, no resulta aplicable el dispositivo previsto en la ley 21.309.

Cuando no se ejecuta el saldo adicional resultante del juego de la cláusula de estabilización en relación con la deuda originaria, es natural que no deba acompañarse la certificación regulada en el artículo 4 de la ley citada.
Sentencia, tribunal colegiado
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GARZON CHIODI MARCELO c/ EMPRESA DE CONSTRUCCIONES GIACOMO FAZZIO SACIFI s/ DEMANDA    ORDINARIA  -  RECURSO  DIRECTO  -  CONTRATOS  CUMPLIMIENTO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-09-15

La ley no exige unanimidad sino simple mayoría de votos para consagrar las decisiones de los tribunales colegiados (L.O.P.J. Art.

18, CPC arg. Art. 1338)
Aceptación del cargo, domicilio constituido
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ROMERO RAUL JUAN c/ RENE ISIDORO BOLLATTI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-12-04

La aceptación del cargo es el acto procesal por el que el experto toma posesión del cargo, le hace adquirir la condición procesal de perito, mientras que el juramento es un requisito de la aceptación, que no todas las legislaciones imponen.

Nuestro Código ritual contempla el acto de aceptación acompañado de juramento, sin exención alguna, como paso previo a la práctica de la pericia (arts. 274, 285 y 286), como también lo hacen los demás del país.

De acuerdo con el sistema del C.P.C., que guarda relación con el del C.P.N., sea que el perito es designado por las partes o por el Juez en su defecto (art. 267 C.P.C.), siempre se requiere "el encargo judicial", esto es una resolución judicial por la que se designa como tal a una persona física determinada, para adquirir la calidad de tal, a ello debe seguir la aceptación del cargo, fijando domicilio ante el Tribunal, prestando juramento.

Podría aceptarse que la falta de juramento expreso y concreto queda obviado por tratarse de un perito oficial, como ha sostenido parte de la jurisprudencia, como también que la presentación del dictamen importa aceptación tácita, e incluso que es desechable el argumento que se le privó de recusar pues debió hacerlo en el acto mismo de plantear la nulidad. Pero, al mismo tiempo sigue faltando el encargo judicial, así como la fijación de domicilio a los efectos del proceso, por lo que se estaría frente a la categoría de actos inexistentes.-
Revocación de sentencia, indemnización por despido, diferencias salariales, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Carmen Isabel  c/ Freddo S.A. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-04

La actora trabajaba en una heladería y al ser despedida reclama diferencias salariales. El adicional por temporada fue devengado en favor de la demandante en cuatro de los meses a considerar para conformar la base del art. 245 LCT (los otros tres son los períodos indemnizables, el tope y el piso). Esta base está constituida por la porción de sueldo del trabajador limitada a la mejor remuneración mensual, normal y habitual correspondiente al último año de prestación o período inferior sino se hubiese alcanzado dicha antigüedad. Cabe memorar que deben descartarse los rubros no remuneratorios y no mensuales y destacar que la doctrina plenaria sentada in re "Tulosai" sienta su base en el requisito de la mensualidad. Así, puede establecerse como pauta de habitualidad que el rubro en análisis se hubiera devengado en favor del trabajador al menos en la mitad de los meses correspondientes al período a considerar. Existiendo duda al respecto rige la regla in dubio pro operario del art. 9° párrafo 2° de la LCT. En esto términos y a la luz de esta propuesta de conceptualización - la cual es fundamental para evitar caer en pura casuística, que solo sirve para exacerbar la discrecionalidad judicial- el rubro "adicional por temporada" no resulta -aquí- habitual de modo que no debe integrar la base de cálculo, lo que lleva a receptar la queja de la demandada y detraer de la base de cálculo la suma correspondiente a ese rubro, con la consiguiente incidencia que esto tiene sobre la liquidación de la indemnización del art. 245 LCT y demás rubros atados a su cuantificación. Cabe revocar la sentencia de la anterior instancia en este segmento. (Del voto del Dr. Sudera, en minoría)
Constitución Nacional, normas operativas, Convención sobre los derechos del niño, ley penal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Q., J.M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-05

Con arreglo al art. 21 de nuestra ley provincial básica, los derechos personales y garantías reconocidos y establecidos por la Constitución se consideran operativos, debiendo los jueces arbitrar en cada caso los medios para hacerlos efectivos; máxime cuando se trata de normas relativas a los derechos fundamentales, las cuales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y los acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por la Nación Argentina -art. 22-. Y la Convención sobre los Derechos del Niño promueve la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad -art. 40 inc. 1- finalidades inalcanzables si el diagnóstico y el tratamiento especializado no son asumidos -seriamente- para definir una tutela racional del menor en conflicto con la ley penal.
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: Marín, Daniel H. c/ Refrescos del sur S.A.I.C. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Dado que la notificación del dependiente de considerarse despedido ,por su carácter recepticio, puso fin al vínculo laboral, no corresponde examinar la conducta posterior de las partes que ninguna gravitación puede tener sobre la cesantía ya consumada.
Medidas cautelares, inhibición general de bienes
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Almafuerte Cooperativo Limitado c/ Martínez, Alejandro Daniel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-09-19

"La inhibición general se regla en nuestro Código Procesal como un remedio subsidiario al embargo preventivo y sólo procede cuando éste no puede hacerse por inexistencia o desconocimiento de bienes. Además como toda medida precautoria, debe acreditarse la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora".
Información sumaria, declaración de identidad de persona
Materia: PROCESAL
Carátula: GRONDA, Pablo Javier c/ MITCHELL, Ann Elizabeth s/ EXEQUATUR Y RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-12

Cuando no existe estricta coincidencia entre las partidas de estado civil de una misma persona con más de un nombre o apellido, o por circunstancias análogas, y, en virtud de ello, resulte imposible obtener un documento de identidad u otro semejante, procede la sustanciación de una información sumaria tendiente a obtener un pronunciamiento judicial que declare, tras la prueba que se produzca, la identidad de persona. Tal declaración tiene como antecedente un concreto interés jurídico y se circunscribe a la específica finalidad indicada.-
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, responsabilidad del abogado, negligencia procesal, daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: CASTAÑO, RAUL RAMON Y OTRA c/ CHEREP, FELIPE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEMANDA ORDINARIA DE INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 96 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-05-26

Corresponde rechazar la queja desde que el planteo recursivo se reduce a la mera disconformidad de la impugnante con la tesis propiciada por los Juzgadores en lo que respecta a cuestiones atinentes a la valoración fáctica y probatoria y a la interpretación de normas de derecho común. En el caso, la Sala estimó que de acuerdo a los términos en que había sido deducida la demanda, el actor perseguía la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la inacción negligente de su mandatario originario, en cuanto ella origina la caducidad del proceso y sobre dicha base y a la luz de los principios rectores en la materia efectuó un análisis detallado de cada uno de los elementos constitutivos de la responsabilidad por daños, concluyendo que conforme nuestro régimen substantivo la indemnización debida por el deudor encuentra marco y limite en los daños que fuesen consecuencia inmediata y directa del incumplimiento y que en el sub lite, lo definitorio fue que el juicio concluyó como consecuencia de la declaración de caducidad dictada a mas de un año del cese de la intervención del demandado, y que, aunque pudiera parecer atendible que el accionado llevó a las largas el juicio, la imputada demora o negligencia no alcanzaba a vislumbrar rasgos de antijuridicidad con entidad tal como para erigirse en factor de atribución de responsabilidad, agregando que el daño invocado no bastaba por sí sólo para generar la obligación de indemnizar, sino que tal perjuicio debía necesariamente conjugarse con un factor atributivo de responsabilidad.
Daños y perjuicios, culpa civil, derecho a la intimidad, libertad de prensa
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: R., S. J. c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otra. s/ daños
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-14

Si el diario no sólo prescindió de la negativa de la actora a conceder entrevistas, sino que también hizo caso omiso de la advertencia formulada por una funcionaria del tribunal oral, referente a que debía abstenerse de dar a conocer los datos filiatorios de la víctima por tratarse de una menor de edad -ley 20.056-, ello denota el carácter arbitrario de la intromisión y excluye la concurrencia de la causal de justificación alegada -legítimo ejercicio del derecho de informar-, lo que trae aparejada la responsabilidad del medio por haberse entrometido arbitrariamente en la intimidad de la demandante (art. 1071 bis del Código Civil) (Disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).
Recurso de inaplicabilidad de ley, depósito previo
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Crisman de Pérez, Teresa y otros c/ Benvenuto  S.A.C. e I. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

Si la finalidad del artículo 56 de la Ley 7.718 de la Provincia de Buenos Aires, que exige el depósito del capital, intereses y costas como requisito necesario para interponer el recurso de inaplicabilidad de ley, es la de asegurar el cumplimiento de la condena, corresponde dejar sin efecto la sentencia que no aceptó la posibilidad de sustituir el depósito con un bien de suficiente valor.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Silva, Guillermo Leonardo c/ Santini, Carlos Alberto y otra. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-13

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que impuso al deudor y a su letrado una multa equivalente al 20% del capital actualizado, sin demostrar la necesaria correlación entre la imputada falta de seriedad de los planteos del ejecutado y el ánimo subjetivo que tipifica a la causal de malicia procesal.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Orlando, Alberto Héctor s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-12

La violenta emoción -no excusable jurídicamente- puede implicar un grado de peligrosidad que se considere agravante; pero puede implicar también una disminución de la capacidad de comprensión y dirección del sujeto y, por vía de "los motivos que lo llevaron a delinquir" (art. 41 inc. 2º), debe tener efecto atenuante.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zunini Hugo A. Clerencio Robereto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-14

Si la causa por daños y perjuicios fue remitida al juzgado en donde tramita la liquidación de la citada en garantía durante la vigencia de la ley 19.551, debe quedar radicada en el mencionado juzgado.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, clausura del establecimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Morsucci, Mario y otro c/ Dirección General Impositiva. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-07

Es sentencia definitiva del superior tribunal de la causa el fallo del juez de primera instancia que revocó la resolución que había impuesto la sanción de clausura por infracción del art. 44 de la ley 11.683 (to.1978 y sus modificaciones).
Cosa juzgada, seguridad jurídica, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por Néstor Farías Bouvier en la causa Farías Bouvier, Néstor c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

La cosa juzgada configura uno de los pilares sobre los que se asienta la seguridad jurídica y un valor de primer orden que no puede ser desconocido con invocación de argumentos insustanciales y con la pretensión de suplir omisiones, pues ataca las bases mismas del sistema procesal y afecta la garantía del debido proceso, cuyo respeto es uno de los pilares del imperio del derecho.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuestión no planteada
Materia: PENAL
Carátula: Cisneros, Wálter César s/ Robo calificado y atentado a la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la falta de conocimiento directo de los hechos sobre los que declaran determinados testigos, si tal planteo no fue sometido a la Cámara, no pudiendo entonces traerse para ante esta Corte.
Incidentes, costas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: AVALLE  HNOS.  S.A.I.C.  -  RECURSO  DE REVISION DEL CREDITO NRO. 12 MUNICIPALIDAD DE CORDOBA EN AUTOS: AVALLE  HNOS.  S.A.I.C. - QUIEBRA PROPIA s/ RECURSO DE REVISION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-30

Tanto la Ley 19551, como hoy la Ley 24522, establecen un régimen especial para las cuestiones concursales, con normas de fondo y forma. Respecto de estas últimas, sólo supletoriamente y cuando la normativa especial nada dice, se puede ocurrir a los Códigos de Procedimiento locales, art. 301 Ley 19551 y 278 Ley 24522, por manera que si el art. 303 de la Ley 19551 (hoy art. 280) establece específicamente el trámite incidental para la tramitación del recurso de revisión, no pueden aplicarse disposiciones procesales locales, ni efectuarse disquisiciones que son ajenas al ordenamiento concursal. Pero al ingresar al tema de costas, los regímenes concursales guardan silencio, y si la apelante ha traído a colación las previsiones procesales locales (art. 356 y 357 del C.P.C.), el Tribunal no se aparta de los hechos,sino aplicando el principio iura novit curia al efectuar el encuadramiento jurídico.-
Ejecución fiscal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Papaecononou, Jorge s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA c/ Papaecononou, Jorge s/ ejecución fiscal'..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-17

El decisorio cuya revisión se pretende, a pesar de haber sido dictado en el marco de un proceso de ejecución fiscal, al contrario de lo sostenido por el a quo, corresponde ser asimilado a una sentencia definitiva, pues si bien en principio las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos no revisten el carácter de definitivas a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente sus derechos, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el ejecutado, mediante la vía de repetición, ello no implica que pueda llevarse el formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta de autos, lo que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales. (Voto del Sr. Juez José O. Casás).
Responsabilidad objetiva, Prefectura Naval, responsabilidad civil, relación de causalidad, culpa in eligendo, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: CIVILLOTTI JULIO OMAR Y OTRO c/ VEGA JUAN MANUEL Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-15

Me inclino por la solución propiciada por el sr. Juez Dr. Bonifati respecto de la responsabilidad de la Prefectura Naval Argentina. A mas de los importantes argumentos desarrollados en su voto, las siguientes circunstancias obstan a atribuir a la Prefectura Naval Argentina responsabilidad en el accidente:

a) No está demostrado que el causante en el momento del hecho tuviera obligación de portar el arma reglamentaria; b) tampoco lo está, fehacientemente, que la tentativa de suicidio del marinero fuese una mera parodia; y c) la conducta seguida por el aspirante a cadete constituyó lo que el a quo denomina "un acto de abnegación" en beneficio de su amigo. En tales condiciones, no se advierte que haya existido culpa "in eligendo" de la prefectura, ni relación adecuada suficiente entre la función desempeñada por el codemandado y el daño por éste provocado.
Impugnabilidad objetiva, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Kusy, Claudio Martín c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-21

El voto concurrente señaló que, más allá de la impugnabilidad objetiva de la resolución recurrida, el recurso de queja intentado se presenta en el caso inadmisibile por carecer de la debida fundamentación requerida por el art. 463 CPPN. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Asegurador por riesgos del trabajo, extensión de la responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Bustamante Silvina Marcela c/ Superior Gobierno de La Pcia. de Entre Rios s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2013-02-28

Cuando el empleador es demandado con fundamento en las normas del derecho civil y no es posible extender una condena de ese tipo a la aseguradora de riesgos de trabajo, esta debe responder siempre por las prestaciones establecidas en la LRT quedando a cargo del empleador la diferencia que resulte a indemnizar con sustento en la doctrina de la reparación integral, fundada en las normas del derecho común.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, aplicación analógica de la ley, interrupción de la prescripción, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: O.S.N. c/ CEBEINO MARTINEZ, RICARDO s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-07-07

Si se tiene entendido que los principios que determinan los actos interruptivos de la prescripción son aplicables a la caducidad de la instancia, por ser aquella a la acción lo que ésta al proceso, además de encontrarse ambas íntimamente vinculadas como lo establece el art. 3987 del Código Civil, corresponde que por analogía se aplique la doctrina plenaria sentada por la Cámara Civil el 28 de septiembre de 1976 en autos "Soc. Coop. de Seg. Ltda. Bernardino Rivadavia c/Tossounian", en cuanto a que la acción entablada el día inmediato posterior al del vencimiento de su término de prescripción con arreglo a las previsiones del art. 3986 del Código Civil y 124 del Código Procesal es interruptiva del plazo de ésta última, con lo cual puede aceptarse como interruptivo de la caducidad un acto realizado en ese momento, respecto de su plazo.
Accidentes de trabajo, accidente in itinere, trayecto
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "VILLAFAÑE, ROQUE LUIS c/ Consolidar A.R.T. S.A. s/ Ley 24.557".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

El trayecto constituye un concepto "dinámico" que exige apreciar con prudencia las particularidades del caso, a fin de no extender indebidamente la protección reconocida por el art. 6 de la ley 24.557 a supuestos que no reúnan las características de accidente in itinere, por un lado, ni restrinjan su extensión de un modo no equitativo que desnaturalice la cobertura otorgada por el legislador (cfr. C.F.S.S., Sala II, sent. del 28.07.05, "D'Agustini, Carlos Eduardo c/ Consolidar A.R.T. S.A. y otro"). Con arreglo a esas pautas de interpretación y aplicación de la ley, en el marco de lo dispuesto por el art. 14 bis de la C.N., ha de considerarse que la contingencia denunciada (en el caso, el trabajador volvía de su trabajo en horas de la madrugada, y al intentar abrir el portón de acceso al garaje de su casa, fue atacado y herido con un arma de fuego por delincuentes que le robaron el automóvil) se encuentra incluida en el ámbito objeto de aplicación de la L.R.T. conforme lo dispuesto en el primer punto de su art. 6º. Ello así, porque resulta claro que el ingreso al domicilio supone el cumplimiento de una sucesión de actos necesarios (en el caso, la puesta a resguardo del automóvil en que el accionante volvió a su hogar), cuya culminación fue impedida por el delito del que fue víctima, motivo por el cual debe considerarse que el trayecto no había concluido. En tal sentido, no se advierten diferencias sustanciales que justifiquen un tratamiento distinto del supuesto de autos con la eventualidad de que el hecho del que fue víctima el trabajador hubiese ocurrido si se encontraba guardando su vehículo en una cochera -fuera de su domicilio- o estacionándolo en la acera, para luego dirigirse a él; contingencia -ésta última- que, sin lugar a dudas, merecería el amparo como riesgo del trabajo. (Del voto del Dr. Fasciolo al que adhiere la Dra. Maffei en mayoría. Los Drs. Laclau y Poclava Lafuente votaron en disidencia).