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Entidades financieras, cobro de sumas de dinero, comisiones
Materia: BANCARIO-CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR PROCONSUMER  c/ INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA S.A. (I.C.B.C)  s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-05-30

Respecto al cobro de un cargo por gestiones extrajudiciales para que se regularicen las deudas de los clientes bancarios, el traslado de los costos de recupero de un crédito, sea extrajudicial o judicialmente, no puede configurar abuso, salvo expresa demostración en un caso específico y concreto por parte del legitimado y ante una desproporción evidente e irrita, lo cual le quita al caso cualquier característica de un juicio colectivo si en el proceso no se demuestra tales extremos.
Cobro de sumas de dinero, daños y perjuicios, rescisión del contrato, contrato de obra, legitimación pasiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Espósito, Mauricio  c/ Guillamón, Valentín  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

En el marco de una acción iniciada a fin de obtener una suma de dinero por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la rescisión de un contrato de locación de obra que lo vinculara con el demandado, corresponde el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta con fundamento en que la contratación de servicios que da sustento a este reclamo fue acordada entre el actor y la Sociedad de Hecho -de la que el accionado formaba parte- por lo que debió dirigir la acción contra aquélla.
Defensa del consumidor, situación de vulnerabilidad, obligación de seguridad, obligaciones del proveedor, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: R. F. G.  c/ Sindicato de Empleados de Comercio s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-09-19

La categoría de subconsumidores comprende a sujetos particularmente débiles, tales como los ancianos, los niños o los enfermos, quienes requieren una protección acentuada con respecto al simple consumidor. En estos supuestos, la tutela se profundiza, debido a que, a la debilidad estructural del mercado que da origen a una vulnerabilidad general de orden económico, jurídico y técnico, en el subconsumidor se agregan fallas especiales que afectan a una categoría particular de sujetos de modo propio. En las situaciones que involucran a este grupo de individuos de especial tutela, el análisis del obrar de la víctima como posible causa o concausa del daño debe ser examinada con una particular atención antes de reconocer la prueba de un supuesto de incumplimiento de la obligación de seguridad no imputable al proveedor.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, ley de contrato de trabajo, ley vigente, reforma laboral
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

En principio, las reformas contenidas por la Ley 27742 (Ley de Bases) solo podrían invocarse para las relaciones jurídicas engendradas a partir del 9 de julio de 2024, pues las relaciones jurídicas anteriores se rigen por la ley vigente al momento de ser constituidas.
Derecho laboral, subcontratación laboral, tareas de mantenimiento, consorcio de propietarios, ley de contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Céliz, José Alberto c/ Asistcon S.R.L. (art. 71 LO) y otros  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-27

El consorcio de propietarios codemandado se agravia porque la magistrada de la instancia anterior le atribuyó responsabilidad con fundamento en el art. 30 LCT, al considerar acreditado que se aprovechó del resultado del trabajo efectuado por el actor. El accionado manifiesta que si bien se acreditó que el actor llevó a cabo las tareas de maestranza y mantenimiento efectuadas en el edificio, estas no son propias ni específicas del objeto de un consorcio, por lo que no debe considerarse que ha tercerizado o cedido una tarea inescindible de su objeto e imprescindible para su funcionamiento. El consorcio, esgrimió que la empresa codemandada brindó un servicio de mantenimiento y maestranza (arts. 1197 y 1196 del Código Civil) y que el representante legal del consorcio no tiene a su cargo ni la limpieza ni el mantenimiento del edificio, sino que debe asegurar que esos servicios se cumplan y para ello contrata las empresas que sean necesarias para lograrlo. Toda empresa puede adoptar el procedimiento que considere apropiado para realizar sus negocios, pudiendo asumir sólo algunas actividades del "proceso productivo", destinando otras a terceros, lo que queda dentro del legítimo ámbito de su libertad. Desde esa óptica para definir el ámbito de aplicación del art. 30 LCT, debe considerarse que una actividad resulta inescindible de la principal si se trata de aspectos o facetas de la misma actividad que se desarrolla en el establecimiento principal. También cabe reputar actividad normal, específica y propia a aquélla que resulta indispensable para la operatoria de la principal en sus aspectos medulares. A los fines de la atribución de responsabilidad prevista en dicho artículo, debe tenerse en cuenta no sólo el modo en que se estructura la actividad de la prestataria, sino la índole de la actividad por la que se reconoce a la usuaria. El consorcio de propiedad horizontal resulta ser una persona jurídica privada, conformada por el "conjunto de los propietarios de las unidades funcionales" (cfr. arts. 148 y 2044 CCyC). El administrador es su representante legal -con carácter de mandatario- (art. 2065 CCyC) y, de conformidad con las previsiones del art. 2067 CCyC, tiene los deberes de atender a la conservación de las cosas y partes comunes y a la seguridad de la estructura del edificio (inc. c) y cumplir con las obligaciones derivadas de la legislación laboral (inc. g.). Cabe confirmar el decisorio en la medida de que extiende solidariamente la condena al consorcio por aplicación de lo normado en el art. 30 LCT.
Accidentes de trabajo, alta médica, certificado médico, conservación del empleo, contrato de trabajo, enfermedades inculpables, notificación al empleador, notificación fehaciente, obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador, reincorporación
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Tobarez, María Celina c/ Colegio San Pablo S.A. s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-07-31

Luego que el deber de prestar servicios por parte del dependiente y la obligación de dar ocupación del empleador se suspende por impedimento derivado de enfermedad o accidente inculpable, se requiere la acreditación y notificación al principal de la obtención del alta médica por parte de aquél, a fin de que el principal tenga el deber de reincorporarlo en el mismo puesto o en otras tareas que pueda realizar según el caso de incapacidad parcial.
Aplicación temporal de la ley, derecho de propiedad, derechos del trabajador, indemnización por despido, irretroactividad de la ley, ley de contrato de trabajo, ley vigente, reforma laboral
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

Es inadmisible que la ley 27742 (Ley de Bases) que cambia sustancialmente el régimen de indemnizaciones en perjuicio del trabajador, pueda aplicarse a aquellos procesos que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren concluidos en primera instancia, aunque no lo sea por sentencia firme. Lo contrario, implicaría una manifiesta violación de la garantía constitucional de la propiedad de la parte actora.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, comisiones médicas, instancia administrativa, diagnóstico médico, rechazo del reclamo
Materia: LABORAL
Carátula: Moroso, Antonella Sofía c/ Provincia ART. S.A.  s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-08

La Comisión Médica Jurisdiccional dictaminó rechazando por enfermedad no listada, sosteniendo que no fue probada la relación de causalidad entre la patología denunciada y el agente de riesgo invocado y la actividad laboral realizada. Asimismo declaró inviable la acción cuando en realidad el trámite ante la instancia administrativa no tuvo un dictamen homologado y la conclusión del trámite administrativo fue dispuesto en los términos previstos por el decreto N° 717/96 modificado por el decreto N° 1475/15. El dictamen médico no es la resolución emanada por el Servicio de Homologación de la Comisión Médica que termina el procedimiento previsto por la ley 27.348 y que, en consecuencia, permite al apelante recurrir dicho dictamen en función de lo dispuesto por el art. 2. Cabe agregar que la Comisión Médica no es el órgano que puede o debe analizar la causalidad jurídica que es resorte exclusivo del juzgador que se encuentra impelido de herramientas lógico-jurídicas distintas a las utilizadas por un profesional de la ciencia médica. La determinación de la causa, como la determinación de la magnitud del daño, es decisión final del juzgador.
Derecho laboral, asociaciones profesionales de trabajadores, asociaciones sindicales, aplicación de la ley, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Sindicato de la Seguridad e Investigaciones Privadas c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social  s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-20

La parte actora interpuso una acción en los términos del art. 62 inciso d) de la Ley 23.551, tendiente a obtener la ampliación de la inscripción gremial, ante la denegatoria tácita en que habría incurrido el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación por el vencimiento de los plazos previstos en el art. 22 de la ley citada. El planteo de la acción judicial se debió a que desde que la Asociación Gremial ingresara el trámite ante la autoridad de aplicación, fueron llevadas a cabo sucesivas intimaciones sin que se dictara disposición ni resolución alguna, sin que hubiera pronunciamiento de la Administración.

De la actuación administrativa surge que aun cuando pueda entenderse que no se configura estrictamente la típica situación prevista por el art. 22 de la ley 23.551, lo cierto y relevante es que el tiempo transcurrido entre la petición de la asociación gremial (mayo de 2019) hasta la fecha de recepción de las actuaciones administrativas (24 de noviembre de 2022), permite tener por operado el supuesto de silencio e inactividad, susceptible de ser asimilado a la denegación tácita de la pretensión deducida. Máxime cuando se advierte que desde la última actuación vinculada a la petición efectuada por la entidad sindical hasta la fecha en la que se remitió el expediente administrativo transcurrió un año sin actividad alguna. No existió, justificación para impedir la petición solicitada toda vez que de las actuaciones administrativas emerge tanto el cumplimiento de todos los requisitos previstos en el ordenamiento legal, como un ostensible y manifiesto comportamiento dilatorio por parte de la autoridad administrativa del trabajo que excede ampliamente el margen de los legítimos resguardos invocados en la contestación de demanda, debiéndose reparar la lesión de las garantías constitucionales que derivan de una omisión condicionante de la existencia del derecho a la libertad de organización sindical de los trabajadores garantizada por el art.14 bis C.N. y disposiciones concordantes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por ello debe admitirse la acción y la autoridad de aplicación debe resolver el pedido de ampliación del ámbito de representación territorial de la inscripción gremial oportunamente solicitado por la entidad sindical actora, bajo apercibimiento de aplicarle astreintes en caso de incumplimiento (art. 804 CCC).
Derecho laboral, asociaciones profesionales de trabajadores, asociaciones sindicales, aplicación de la ley, actuaciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Sindicato de la Seguridad e Investigaciones Privadas c/ Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social  s/ ley de asociaciones sindicales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-20

El planteo de la actora de una acción con fundamento en el art.62 inc. d) Ley 23.551, ante el transcurso de dos años sin que la autoridad administrativa se pronuncie se relaciona con los alcances del derecho constitucional a pedir la ampliación territorial de la personería gremial a una "organización sindical libre y democrática con la sola inscripción en un registro especial", consagrado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y con las disposiciones concordantes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional (tal el caso de -entre otros- los arts. 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 23 inc. 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial). A la luz de la normativa señalada, es dable recordar que el art. 21 de la ley 23.551 enumera los requisitos formales que debe contener la solicitud de inscripción gremial que solo prevé la presentación ante la autoridad administrativa del: "a) nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación, b) lista de afiliados, c) nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo y d) estatutos"; en tanto que del art. 22 de la citada ley surge que "Cumplidos los recaudos del artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo, dentro de los noventa (90) días de presentada la solicitud, dispondrá la inscripción en el registro especial y la publicación, sin cargo, de la resolución que autorice la inscripción y extracto de los estatutos en el Boletín Oficial". Del mismo modo es criterio de ésta Sala que la autoridad administrativa, no debe incurrir en una indebida injerencia en la vida interna sindical, ya que ello se encuentra expresamente vedado por el art. 6 de la ley en cuanto establece que "Los poderes públicos y, en especial, la autoridad administrativa del trabajo... deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente". En definitiva, la decisión relativa a si se otorga o no a una asociación sindical la simple inscripción, o inscripción gremial, no es facultativa para la autoridad pertinente, sino que "cumplidos" los recaudos formales estipulados por las disposiciones citadas anteriormente, la autoridad de aplicación "deberá" proceder a la inscripción.
Derecho laboral, accidentes de trabajo, recursos, indemnización, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Lamelza, Walter Oscar c/ Provincia ART S.A. s/ recurso ley 27.348
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-19

La Resolución SRT Nro. 1039/2019, en lo que hace a cuantificar la suma conferida a condena, contraría el texto y el espíritu del decreto 669/2019.- Ello así, porque la norma en cuestión alude claramente a una sola variación del índice del RIPTE durante el período comprendido entre la primera manifestación invalidante y la fecha en que se debe ponerse a disposición la indemnización y no a una descomposición de las variaciones de cada uno de los meses y su adición en forma simple. La aplicación de la Resolución produciría una licuación del crédito, e implica un evidente exceso reglamentario.
Derecho laboral, indemnización por despido, enfermedades inculpables, notificación al empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Moya, María de la Paz c/ Ausur S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-27

La codemandada cuestiona la decisión de grado que declaró injustificado el despido dispuesto por su parte. También expresa que para fundar el despido de la accionante invoco como injurias las faltas sin aviso de la empleada, además de los antecedentes por sus faltas reiteradas e injustificadas. De las constancias de la causa surge que la accionante comunicó a la accionada en diversas oportunidades su imposibilidad de concurrir a prestar servicios -por enfermedad inculpable- y ello se encuentra reconocido por la demandada. Si bien es cierto que, como principio general, quien elige un medio para comunicar es responsable por la falta de entrega de dicha comunicación, no lo es menos que ello no obsta a que, bajo determinadas circunstancias, deba admitirse la validez de la notificación, cuando ésta no es recibida por culpa, dolo o falta de diligencia del destinatario, ya que el carácter recepticio no exige que comunicación, siendo suficiente para ello que el mensaje hubiera podido llegar a destino si aquel hubiera obrado con la diligencia necesaria para esos fines. En el caso, de las constancias aportadas, se desprende que las comunicaciones en cuestión fueron enviadas al domicilio laboral asentado en los recibos salariales, el cual coincide con el que la coaccionada consignó como remitente en sus propias comunicaciones telegráficas. Cabe concluir que los despachos en cuestión fueron correctamente dirigidos y que su falta de recepción solo pudo obedecer a una conducta negligente de su destinataria, quien, por aplicación de los principios contenidos en los arts. 10, 62 y 63 de la LCT, debió obrar con la diligencia exigible para tomar conocimiento del contenido de los despachos referidos. En consecuencia la consideración que la accionada vierte en su recurso, carecen de toda relevancia y no se presentan hábiles para revertir lo resuelto, puesto que, conforme los arts. 209 y 210 de la LCT son inadmisibles ya que es el empleador quien debe extremar los recaudos para la verificación de la enfermedad o impedimento físico que invoca la persona trabajadora para concurrir a trabajar y de abonar, hasta tanto ello no ocurra, los salarios corresponden. Solo está a cargo de la actora la acreditación inequívoca de la enfermedad en el supuesto en que no haya podido dar el oportuno aviso de su imposibilidad, como sucedió en el caso. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Aplicación temporal de la ley, irretroactividad de la ley, ley de contrato de trabajo, reforma laboral
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

La ley 27742 (Ley de Bases), no puede aplicarse retroactivamente a relaciones ya finiquitadas bajo el amparo de leyes anteriores.
Extinción del contrato de trabajo, ingreso al trabajo, libros del empleador, medios de prueba, obligaciones del empleador, omisión de exhibir documentos, presunción juris tantum, presunciones
Materia: PROCESAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Martínez, Ruben Dario c/ Aravena Tejada Marcelo Alejandro y Otra s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-08-19

Si bien se ha sostenido que cuando el empleador no observa las obligaciones impuestas por la legislación laboral, atinentes a la registración, previstas por el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ello acarrea consecuencias graves para el mismo al crear una presunción en favor de las afirmaciones de la parte actora respecto a los datos que debieron estar insertos en la misma; lo cierto es que dicha presunción es sólo iuris tantum, es decir que admite prueba en contra, tornándose inoperativa cuando se contrapone a otros elementos de convicción relevantes incorporados al proceso.
Derecho laboral, contrato de trabajo, fraude laboral, federación gremial, existencia del agravio, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cello Mazullo, Diego Alejandro  c/ Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

Las codemandadas Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad y Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina cuestionan que el Juez de primera instancia haya concluido que ambas aprovecharon simultáneamente los servicios del actor y conformaron un sujeto empleador múltiple, por lo que las responsabilizó de manera solidaria por las obligaciones emergentes de la relación laboral habida con el accionante (cfr. art. art. 26 L.C.T.) y que haya tenido por verificado el fraude registral denunciado por el actor tanto en el intercambio telegráfico como al demandar, coligiendo que la decisión extintiva que adoptó el trabajador se basó en causa legitima (cfr. arg. arts. 242 y 246 LCT). Los testimonios dan acabada cuenta de que el accionante normalmente prestó servicios como inspector, inserto en el ámbito de la actividad empresarial desarrollada, dirigida y gestionada por ambas demandadas, que recibía ordenes coordinación y supervisión de parte de personal de dichas instituciones, quienes también le abonaban la retribución por intermedio de una empresa intermediaria y que se desempeñó en las mismas condiciones de labor que los inspectores inscriptos bajo la titularidad de las accionadas. Según lo expuesto las accionadas se sirvieron indistintamente de la prestación de servicios subordinada que ejecutó el actor en su favor y beneficio y se comportaron como sus verdaderas empleadoras, conformado así un sujeto empleador plural, lo cual las torna responsables solidarias de todas las obligaciones emergentes ese vínculo laboral (cf. art. arts. 14 y 26 LCT). Caber confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Derecho laboral, encargados de casas de renta, desocupación de la vivienda, despido, monto de la indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Consorcio de Propietarios del Edificio Córdoba 859 CABA c/ López, Gloria Matilde s/ incidente
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-06-28

Se agravia la accionada toda vez que la sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por desalojo iniciada por el consorcio accionante, y omitió dar tratamiento a la excepción de incumplimiento a raíz de la falta de pago del consorcio de las acreencias derivadas del distracto. Cabe destacar que el CCT 589/10 en su art. 25 inc. 11 dispone que en los despidos sin invocación de justa causa cuando el empleador abone las indemnizaciones legales dentro del plazo de cuatro días el dependiente con vivienda, deberá hacer entrega de la misma dentro del plazo de 30 (treinta días). Si el empleador no diera cumplimiento con tales pagos dentro del plazo mencionado, el derecho a permanecer en la vivienda se podrá llegar a extender hasta un plazo de 90 días contados a partir del despido. Así entonces, dispuesto el despido incausado de la encargada de una casa de renta y pretendiendo ésta que se le otorgue un plazo para abandonar la vivienda a raíz de la falta de pago de las indemnizaciones, cabe destacar que el suministro de vivienda constituye una obligación típicamente accesoria y se extingue al hacerlo la obligación contractual, sin que exista ninguna norma que le atribuya a la encargada una suerte de retención de la vivienda hasta que le sean satisfechas las indemnizaciones, por lo que independientemente que el despido hubiera sido dispuesto con o sin causa, solo le asiste a la accionada el derecho de accionar por el pago se una eventual indemnización. Y toda vez que la vivienda se le otorgó a la accionada con motivo de la relación laboral y esta se encuentra extinguida, no se aprecian motivaciones serias como para no disponer sin más trámite el desalojo. Cabe confirmar la sentencia de la anterior instancia.