Proceso penal, prisión preventiva, inadmisibilidad del recurso, prisión domiciliaria, coronavirus, cuestiones procesales, poder coercitivo del Estado, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: Martínez Benítez, Carlos Alberto c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-13

Corresponde declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto pues la resolución impugnada cuenta con los fundamentos mínimos y suficientes para ser considerada como un acto jurisdiccional válido (art. 123 del C.P.P.N.) De adverso a lo sostenido por la defensa, el a quo consideró que se mantenían vigentes los riesgos procesales enunciados por el juez al momento de dictar la prisión preventiva, vinculados con la gravedad de los hechos - tráfico de estupefacientes-, la cantidad de los estupefacientes y armas incautados; y la probable expectativa de una pena de efectivo cumplimiento, razones por las cuales, la soltura pretendida implicaba un riesgo presunto de fuga. También ponderaron que en caso de que sea condenado, no podría acceder a ninguno de los supuestos de egreso anticipado previsto por la ley n°24.660 -art. 56 bis según texto de la Ley n°27.375-. Además, a partir de la elevada expectativa de prisión, el riesgo de elusión que de ello se deriva no se vería neutralizado con ninguna de las medidas alternativas de coerción del art. 210 del C.P.P.F. En suma, la resolución aparece suficientemente fundada, satisfaciéndose las exigencias de ultima ratio establecidas para la imposición y el mantenimiento de la medida de coerción cuestionada (cfr. arts. 210 inciso k, 221 y 222 del C.P.P.F.). También se analizó la situación sanitaria en el actual contexto de pandemia por el virus COVID-19, concluyendo que no existían razones plausibles para conceder la prisión domiciliaria. Valoró que no se encontraba dentro del grupo de personas de alto riesgo frente al virus COVID-19 y tampoco se encuentra en el listado realizado por la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal. El imputado no se corresponde con ninguno de los supuestos del punto 2 de la Acordada 9/20 y, teniendo en consideración la entidad de los delitos que se le imputan, cobra particular relevancia lo dispuesto en el pto. 3 de la referida acordada de este tribunal. Sin perjuicio de ello corresponde encomendar al a quo que disponga lo pertinente para que las autoridades de la unidad carcelaria, arbitren los medios necesarios tendientes a dar cumplimiento y a extremar las medidas de prevención, salud e higiene en los términos de la Acordada 3/20 y 9/20 (punto 4) de esta C.F.C.P. y la "Guía de actuación para la prevención y control del COVID-19 en el S.P.F.". El voto concurrente remarcó que se ha hecho un adecuado juicio de razonabilidad atendiendo a la gravedad de la imputación y la severidad de la pena prevista para los delitos atribuidos y el bajo riesgo sanitario que presenta Martínez Benitez; en particular, objetivamente fundado en el respectivo informe médico de la Unidad y en su exclusión de los listados pertinentes, habiéndose descartado además que el riesgo de elusión de la justicia pudiera verse neutralizado con alguna de las medidas alternativas de coerción previstas en el art. 210 del CPPF. La disidencia señaló que pudiendo constituir los agravios invocados alguna de las causales previstas en el art. 456 CPPN y encontrándose prima facie involucrada una cuestión de naturaleza federal corresponde sustanciar el trámite del planteo casatorio y fijar la audiencia prevista por el art. 456 bis del ordenamiento legal citado, lo que de ningún modo importa anticipar criterio respecto a la materia impugnada. Dres. Mahiques, Yacobucci -voto concurrente- y Slokar -en disidencia-