Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-09-22


[[p]]EXPTE. Nº: b-86594/2002 Voces Jurídicas: PROPIEDAD PARTICIPADA - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - PROCEDENCIA Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial Sala II Competencia:[[/p]][[p]]Fecha: 22/09/2011 \\\la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 22 días del mes de setiembre de dos mil once, reunidas en la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial las Dras.: NOEMI ADELA DEMATTEI DE ALCOBA, BEATRIZ JOSEFINA GUTIÉRREZ y ELSA ROSA BIANCO (Presidencia de la 1ª; habilitación de la 2ª y 3ª) vieron el Expte. B-86.478/02 "ORDINARIO POR COBRO DE PESOS y DAÑOS y PERJUICIOS PALACIOS, MARCELO y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL" (siete cuerpos) y los acumulados: B-86.594/02 "LAMAS, JOSÉ MANUEL y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-94.546/03 "GAITÁN y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-94.640/02 "ARAMAYO, PASCUAL y OTROS c/E.P." (dos cuerpos); B-103.355/03 "CARI c/ E.P." (tres cuerpos); B-103.685/03 TORRES c/ E.P." (dos cuerpos); B-104.004/03 "OVEJERO c/ E.P." (dos cuerpos); B-108.511/03 MERCADO c/ E.P." (dos cuerpos); B-108.983/03 "BARRIONUEVO,.c/ E.P."; B-113.315/04 "OLMOS, HÉCTOR DANIEL y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-116.953/04 "AISAMA. c/ E.P." (tres cuerpos); B-117.068/04 "VALLE,. c/ E.P." (dos cuerpos); B-117.399/04 "DOMÍNGUEZ, OSCAR y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos); B-131.495/04 "AIMA, BENITO y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-133.399/05 "CASAS, CARLOS y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-136.441/05 "CAÑIZARES,.c/ E.P." (dos cuerpos); B-136.442/05 "MALDONADO.c/ E.P." (dos cuerpos); B-137.325/05 "RIVEROS, GUIDO y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos); B-165.203/06 "ALGAÑARAZ, JOAQUÍN y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos). Obran agregados del Superior Tribunal de Justicia los Exptes.: Nº: 1.449/02 Plenario "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en B-86.478/02 (Sala I Cám. C. y C. Palacios y otros c/ E.P.) y Nº: 5.968/08 Plenario "Recurso de Inconstitucionalidad en B-131.495/04 (Sala II Cám. C. y C. Aima y otros c/ E.P."); Nº: 0626-LQ-0068/97 Informe ref.: "Implementación del Programa de Propiedad Participada, Art. 6º de la Ley 4879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy" de la Dirección de Energía de Jujuy. Se delibera conforme lo dispone la ley adjetiva (Art. 362 Inc. 4º del Cód. Proc. Civil).[[/p]][[p]]La Dra. DEMATTEI DE ALCOBA, dijo:[[/p]][[p]]1.- Viene en el Expte. Nº: B-86.478/02 el Dr. MARCELO R. FERNÁNDEZ como apoderado de MARCELO HUGO PALACIOS, RAUL HUMBERTO CARDOZO, MANUEL FERNANDO CORREA, MARIO ERNESTO BARDELLI, HUGO ROBERTO VILLENA, FIDEL ALDO VILLARRUBIA, JORGE ANTONIO CLAROS, CARLOS ROBERTO YUNG; OMAR RUBEN RODRIGUEZ, FAUSTINO ROJAS QUISPE, CECILIO VENTURA, CARLOS CESAR BURGOS, ARIEL OSVALDO ARABEL, ANTONIO HERMENEGILDO ORELLANA, CESAR AUGUSTO ANACHURI, LUIS ALBERTO RIOS, VICTOR HORACIO MONTEZ; RAUL ALFREDO BRIZUELA, ARMANDO BRIZUELA, MONICA COSTA, EDICO VEGA, ERNESTO SAJAMA, NICANOR AURELIO LLAMPA, HUMBERTO RAUL VEGA, SAUL EDUARDO JUSTE, VICTORIA ANA BRUN, RUBEN HUMBERTO BURGOS, ELEUTERIO MENDIETA, MARIO VICTOR MENDOZA, SATURNINO EPIFANIO GALIAN, PABLO ALBERTO CASTILLO, RICARDO CESAR ORTEGA, RAMON BAUTISTA ALARCON, MIGUEL VICTOR CAZON, MARCELO SERAPIO RUIZ, PAULINO TINTE, JUSTO DANIEL BERMUDEZ, JULIAN ZERPA, MIRTA ESTER VACAFLOR, SONIA DEL VALLE CAYON DE OLMOS, HECTOR MARCELO LOPEZ, ROBERTO PABLO BENITEZ, JOSE HORACIO RIOS, PABLO DAVID MURILLO, HUMBERTO ANTONIO PALAVECINO, MARIA GRACIELA AMAYA, SERGIO CACERES, MARCELO HERRERA y CESAR RAMON CASTRO a promover demanda ordinaria por entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios, en contra del ESTADO PROVINCIAL. El reclamo administrativo previo estima que es improcedente. Dice de la inconstitucionalidad de artículos de la Ley Pcial. Nº 5.328 "De Emergencia Económico-Financiera" por violar normas de las Constituciones Nacional y Provincial como así de los Tratados Internacionales. El Estado Provincial inició vía administrativa (Expte. Nº 0626-0068/97 "Implementación del Programa de Propiedad Participada conforme Art. 6º de la Ley 4.879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy"). A la presentación de demanda aún no la terminó. Someterlos a nuevo trámite es lesivo al derecho de defensa, si aún no concluyó el del año 1.997. Las normas atacadas atribuyen, indebidamente, al Poder Ejecutivo, facultades jurisdiccionales, violándose la tripartición de poderes. Vedarles el acceso directo e irrestricto a la justicia, es violar el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica.[[/p]][[p]]Relata que en diciembre de 1995 la Legislatura sancionó la ley Nº 4.879/95. Declaró sujetas a privatización las actividades de generación, transporte, distribución concentrada y de los sistemas eléctricos dispersos que en aquella época prestaba la Dirección de Energía de Jujuy (Art. 1º). Creó la Empresa Jujeña de Energía S.A. y la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos S.A., regidas por las leyes 19.550 y su modificatoria 22.903 (Art. 2, apartados a. y b.). Estableció los mecanismos para conformar los activos y pasivos de las sociedades delegando en el Poder Ejecutivo tal actividad (Art. 3º). Confirió autorización al Poder Ejecutivo confeccionar los estatutos de las sociedades e inscribirlas en el Registro Público de Comercio (Art. 5º). Fijó las pautas a considerar para la distribución del capital social de las sociedades, estableciendo que el diez por ciento (10%) de las acciones debían ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada (Art. 5º). Fijó el régimen del PPP, estableciendo que el Poder Ejecutivo debía implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. previsto en Art. 5º de acuerdo al régimen de la ley nacional Nº 23.696, Capítulo III "Del Programa de Propiedad Participada" (Art. 6º). Estableció el sistema de venta de las tenencias accionarias del Estado Provincial en las empresas creadas, de modo de alcanzar la privatización enunciada en el artículo 1º de la ley (Art. 7º). Fijó que la transferencia de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy que pasaran a prestar servicios en las nuevas empresas se debía efectuar el día de la toma de posesión de dichas instituciones (Art. 13º). Como consecuencia de las disposiciones mencionadas, el Poder Ejecutivo transformó la Dirección de Energía de Jujuy; creó las sociedades anónimas y por la venta de la mayoría del paquete accionario, produjo la privatización del sector eléctrico. La toma de posesión de las nuevas empresas por parte de los adjudicatarios del paquete accionario mayoritario de las mismas tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1996, oportunidad en la que las firmas EJE S.A. y EJSED S.A. comenzaron a operar en el sector eléctrico provincial. Numerosos trabajadores de la DEJ ejercieron la opción del Art. 13 Inc. a. de la ley 4.879 y pasaron a prestar servicios en las nuevas empresas, con los derechos, obligaciones y garantías establecidas en esa ley, en la leyes 4.312 y 4.364 y en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad Nº 36/75. Entre ellos se encuentran todos los actores. Su legitimación no solo surge del hecho de haber optado por pasar a prestar servicios en las empresas privatizadas con capital mayoritario privado, sino por el hecho que al momento de creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Cita la doctrina legal de la CSJ en "ANTONUCCI, ROBERTO c/ YPF YACIMIENTOS PETROLIFEROS S.A. y OTRO s/ Participación Accionaria Obrera" (20 de Noviembre de 2001).[[/p]][[p]]El Estado Provincial (a pesar de haber transferido en el año 1.996 la mayoría de las acciones) no ha procedido a implementar programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A., tal como claramente reza el artículo 6º de la ley 4.879. Si bien se han realizado algunas actividades, tendientes a ello, el proceso está inconcluso y por tal motivo, no pueden acceder sus representados a la tenencia de acciones ni decidir lo que crean conveniente a sus derechos. Peticiona se condene al Estado Provincial a entregar a los actores las acciones que les corresponden en la empresa EJE S.A. conforme la prueba que se producirá. Se les pague los dividendos de esas acciones, en función de los depósitos realizados por las empresas. En subsidio, si no fuere posible darles la titularidad de ellas, se lo condene al pago de los daños y perjuicios.[[/p]][[p]]Según leyes Nº: 4.879 y Nº: 23.696, normas reglamentarias y doctrina y jurisprudencia tienen derecho a adquirir las acciones todos los empleados que al momento de la transformación de la empresa en sociedad anónima, hayan pertenecido a la planta permanente de la DEJ; aún en aquellos casos que no ejercieron la opción de pasar a prestar servicios en la nueva y que también hayan optado por adquirir tales acciones (causa citada). El primer requisito es que los empleados hayan ejercido alguna de las opciones a que se refiere el Art. 13 de la ley Nº 4.879. Sus mandantes optaron por pasar a prestar servicios en las nuevas empresas creadas (Inc. a de la Ley Nº 4.879). Todos eran empleados de la DEJ y por haber ejercido la opción pasaron a prestar servicios en EJE S.A. una de las empresas creadas. Primer requisito que se encuentra cumplido.[[/p]][[p]]A pesar de no ser materia de esta litis, a fin de que no se entienda como sometimiento voluntario a la legislación, plantea la inconstitucionalidad del Art. 3º del Decreto Acuerdo Provincial Nº 969-E del 8 de mayo de 2.000. Tal como lo resolvió la CSJ ("ANTONUCCI c/ YPF y OTRO") aún en los casos que los trabajadores de las empresas de servicios privatizadas se hubieran acogido al llamado retiro voluntario, conservan el mismo derecho a ser adquirentes de las acciones del PPP en igualdad de derechos que los que optaron por seguir prestando servicios en las nuevas empresas o en otra repartición del Estado.[[/p]][[p]]El segundo requisito -la opción- se ha cumplido. En su momento algunos de sus mandantes remitieron al Ministro de Economía una carta documento manifestando la intención de adquirir las acciones e intimándolo a que proceda a instrumentar ese programa. Merecieron las respuestas del CPN Héctor Téntor (Ministro de Economía Interino) dando una serie de improcedentes razones para justificar la demora, pero que constituyen el ejercicio del derecho que tienen para comprar las acciones. La iniciación de esta acción para que se condene al Estado Provincial a entregárselas importa ejercicio por los actores del derecho a adquirirlas. Algunos de los actores ejercieron la opción por carta documento y otros lo hacen por esta demanda. Sus mandantes, por diversos motivos, han cesado en su relación de dependencia con EJE S.A.. Alguna doctrina ha sostenido que en el caso de que cesare la relación de empleo del trabajador transferido a la empresa privatizada, respecto de las acciones no abonadas y, por lo tanto, no liberadas, queda resuelta la operación. Implicaría que regresarían al Estado Provincial. De ese modo, podría decirse que esta demanda no tiene objeto pues al haber cesado la relación de empleo antes del pago y liberación de las acciones éstas deberían regresar al Estado. Siendo así, una condena a entregar acciones que igual regresarían a él, resultaría carente de sentido. Sin embargo, eso no es así y para el evento que se quiera formular un argumento de esa naturaleza, es indispensable analizar ciertas circunstancias para poner las cosas en su lugar. La privatización tuvo lugar en 1.996, oportunidad en que el Estado Provincial entregó a los adjudicatarios la posesión de EJE S.A. y EJSED S.A. por la transferencia de la mayoría del paquete accionario. Si hubiera cumplido con sus obligaciones como era debido, de inmediato debería haber organizado el PPP y ofrecido las acciones a los que tenían derecho. En cambio se demoró y no cumplió, lo que provocó pasara el tiempo en cuyo devenir se produjo el despido o el retiro de sus mandantes. Es obvio que la demora (más de 5 años de entrega de la empresa) no les puede provocar perjuicio alguno. Si no son empleados efectivos de la empresa privatizada, eso no les hace perder el derecho a adquirir las acciones del PPP, pues existe una evidente demora en organizar e implementar ese programa, que no puede perjudicarlos. El mismo Estado Provincial aceptó esa circunstancia y como consecuencia de ello, previos dictámenes legales que ponderaron en forma expresa la mora incurrida, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto-Acuerdo Nº 969-E (08/05/00) mediante el cual, en su artículo 3º estableció: "Dispónese que los sujetos legitimados para adquirir las acciones asignadas en el artículo 5º de la ley 4.879 al Programa de Propiedad Participada a implementarse en las sociedades EJE S.A. Y EJSED S.A. son todos aquellos empleados que en las condiciones establecidas por el artículo 22 de la ley 23.696, fueron transferidos a dichas empresas y en consecuencia pasaron a prestar servicios en las mismas a partir del día 2 de diciembre de 1996. Dichos empleados, dentro del plazo que se establezca, deberán expresar su voluntad de adherir al mencionado programa suscribiendo la documentación necesaria a tal efecto". La inconstitucionalidad del artículo se plantea en lo que se refiere a los sujetos legitimados para ejercer la opción, que ha quedado extendida incluso para aquellos trabajadores que hubieran optado por el retiro voluntario o el pase a otro organismo de la administración pública. Ese Decreto-Acuerdo acepta como legitimados a quienes optaron por prestar servicios en las empresas privatizadas. A partir del caso "ANTONUCCI" resulta extensivo y favorece a todos los trabajadores de las empresas sujetas a privatización y que manifiestan su voluntad de adquirir las acciones, con independencia del mantenimiento o no de la relación laboral. En este caso, pasaron a prestar servicios en la empresa privatizada y ejercieron la opción de adquirir las acciones, lo que implica que tienen derecho a comprarlas. La legitimación activa para promover esta demanda la considera acreditada.[[/p]][[p]]El evaluar las demás condiciones de compra de las acciones la adhesión al PPP importa una opción voluntaria y onerosa, pues el empleado que expresa su deseo de adquirirlas, debe pagar el precio. La ley 23.696 aplicable por remisión de la ley 4.879 y al estar adherida la Provincia, establece que el precio será pagado por los adquirentes en el número de anualidades y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia (Art. 30 de la ley 23.696). Al no estar redactado, no se conoce el precio. Cuando se lo fije, podrá tener lugar su satisfacción a través de los dividendos anuales. El Art. 31 de la ley 23.696 dispone que en el caso de los empleados-adquirentes, se destinaran al pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesario. Para el caso de que éstos resultaren insuficientes, se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la participación en las ganancias instrumentada en el bono del artículo 29. EJE S.A. realizó depósitos en ese concepto al Estado; a sus legítimos destinatarios no les llegó. Por 1.997, 1.998 y 1.999 ascendían a $ 1.255.466,16; a ello debe agregársele los importes de los ejercicios 2.000 y 2.001 los siguientes hasta la sentencia a ponderar con intereses ya que se está usufructuando ese dinero. El Estado tiene dinero para el pago de las acciones que los actores tienen derecho a adquirir pues tiene en su poder los dividendos que le entregó la empresa privatizada. Si con ese dinero no alcanzara, deberá seguir imputándose a cancelar el precio de las acciones a los futuros dividendos. Y si ello todavía no fuera suficiente, para que no se alegara la falta de pago como obstáculo para la compra ofrecen pagar el saldo en la medida que corresponda y al precio que se fije en común en el Acuerdo General de Transferencia. Para establecer el dinero a contabilizar como pago del precio de las acciones deberá computarse el importe depositado por EJE S.A. más los intereses devengados, desde la fecha de cada depósito y hasta la fecha en que cumpla con la sentencia que se dicte y les entregue las acciones o los certificados de valores en custodia. Si alcanzara a pagarse el precio y existiera un excedente, el Estado Provincial deberá ser condenado a distribuirlo en función del porcentaje de participación o tenencia accionaria de cada uno ellos. Las cuentas necesarias (precio de acciones, importe de dividendo, eventuales faltantes o excedentes) deberían ser realizadas en la ejecución de sentencia, conforme pautas dadas en la sentencia.[[/p]][[p]]La participación accionaria de cada actor se rige por los Arts. 26 y 27 Inc. a) de la ley 23.696 y su reglamentación. Se elabora un coeficiente o ponderación compuesta que tenga en cuenta: a) Antigüedad del trabajador (20%); b) Categoría (30%); c) Ingresos (45%) y d) Cargas de Familia (5%). Será materia de prueba conocer cuantas acciones les pertenecen a cada uno de los actores. Peticiona en concreto se condene al Estado Provincial a entregar las acciones del Programa de Propiedad Participada que sus representados tienen derecho a adquirir. Si resultare de imposible cumplimiento la obligación se debe traducir en pagar los daños y perjuicios. Comprenderán el capital que se verían privados de obtener (las acciones que no podrían llegar a adquirir) más la renta de ese capital (los dividendos que no podrían llegar a percibir, una vez descontado el precio de las acciones) más los intereses de esas sumas, cuya liquidación se hará en el trámite de ejecución de sentencia conforme a las pautas que se fijen.[[/p]][[p]]En relación a la Competencia cita el caso "Albornoz Domingo c/ YPF S.A." en donde la CSJ estableció que el reclamo correspondiente al porcentual accionario participado de una empresa privatizada dirigido contra el Estado Nacional (en este caso, el Estado Provincial) "titular y vendedor de las acciones" debe tramitar ante la justicia en lo Civil y Comercial (DT 1999-A-511). Reiterado en Astigarra Ema c/ YPF (DT, Revista Nº 7 de año 1999, pág. 1.314). Con fundamento en esos precedentes se promueve demanda ante la Sala.[[/p]][[p]]Pide Inconstitucionalidad de la Ley Nº: 5.301/02 si los honorarios profesionales superaran el irrisorio tope establecido por su Art. 2 y su modificatoria Ley Nº: 5.302/02, así como del Art. 6º bis de la Ley 1.687/46 t.o. con extensos argumentos. Formula reserva de recurrir por la vía del Art. 14 de la ley 48. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 213/220 vta.).[[/p]][[p]]El ESTADO PROVINCIAL responde la demanda por el Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI (Procurador Fiscal). Plantea incompetencia. Hace negativas particularizadas. Pone de manifiesto: ausencia del reclamo administrativo previo e Improcedencia de la inconstitucionalidad. Al tratar la legitimación de los actores dice que surge de haber pasado a prestar servicios el 02/12/96, tal como el pliego de licitación lo prevé pero debe aclarar puntos sobre el caso Antonucci. Con el criterio de la Corte (en voto mayoritario) los empleados tienen derecho al PPP desde que se cumple con el recaudo para la privatización, es decir la transformación del ente estatal en Sociedad Anónima. En el caso de YPF fue el 01/01/91; fecha a partir de la cual el ente estatal deja de existir; los empleados se transfieren a la S.A.; se comienzan a aplicar los nuevos procedimientos que regirán el nuevo ente. Es decir que hay una fecha tope, lo que aquí no ocurre. Una sociedad se crea con el acto constitutivo y se convierte en regular con su inscripción en el Registro Público de Comercio. Si no funciona, no genera derechos ni obligaciones, ni utilidades. Su capital fue ficticio ($ 12.000). Existen desde el 19 de junio de 1.996, fecha para determinar los empleados con derecho. Pero hasta el 01/12/96 no funcionaron ni generaron derechos, obligaciones, utilidades, personal. La fecha de corte a tener en cuenta debe ser el 02/12/96 que es la establecida como de transferencia porque hasta ahí la DEJ continuó prestando sus funciones como Empresa del Estado y no como Sociedad Anónima. Es decir que la fecha de toma de posesión o comienzo de las actividades fue la de la transferencia del personal y fijó el derecho de los legitimados al Programa de Propiedad Participada según el Art. 13 de la Ley y Pliego de Bases y Condiciones. Continuando con el análisis del fallo de la CSJ, encuentra que la primera diferencia es que el Decreto Nacional Nº: 2.778/90 que transformó YPF en S.A., fijó una fecha tope 01/01/91 y los pasivos fueron absorbidos por el Estado Nacional hasta el día anterior. En nuestro caso, si bien la transformación o creación según el caso se efectuó con anterioridad como punto inicial de un procedimiento de privatización, no puede negarse que las respectivas sociedades comenzaron sus ejercicios, su vida social bastante tiempo después sin que se haya establecido una fecha a partir de la cual comenzarían a funcionar tales sociedades. La Dirección de Energía continuó hasta el 01/12/96. EJESA Y EJSEDSA fueron creadas el 18/12/95. Inscritas en el Registro Público de Comercio el 19/06/96 y en la AFIP-DGI desde el 01/12/96. La toma de posesión por los adjudicatarios se realizó el 02/12/96. Con el criterio de la CSJN en el caso "ANTONUCCI" desde la creación de las Sociedades Anónimas, los empleados tienen derecho al PPP porque desde allí se cumple el primer recaudo para la privatización es decir la transformación del ente estatal. Hace consideraciones respecto a que sólo se tiene derecho a que se fije un plazo para implementar el Programa. Estima que los actores al no afectarlos el Art. 3º del Decreto Nº: 969-E-00 no pueden pedir la inconstitucionalidad. Relata el derecho que se aplica y sostiene que son 178 los empleados que fueron transferidos de la DEJ a la sociedad el día 02/12/96, correspondiéndole a cada uno de ellos una proporción sobre el 10 % de acciones clase "C" siempre que adhieran en forma expresa al mismo. Por el Art. 22 de la Ley 23.696 hasta la fecha en que se extinguió el vínculo laboral se les atribuirán derechos. El sentido era estimular el interés en el futuro de la empresa, de ahí la designación de un director titular de las acciones "C" de la PPP. Hay que definir pautas que están en conversación con el Gremio, que tiene participación necesaria. Éste pretende que las acciones que revierten al Estado se redistribuyan entre los empleados activos, contra pago de dividendos.[[/p]][[p]]El interés legítimo que tienen los actores de ninguna manera se les niega. Está en las normas. Para ser operativo es necesario un procedimiento que les otorgue ese derecho que se consolidará a través de la firma de los instrumentos respectivos y que necesita de la voluntad del Estado y de los otros posibles adquirentes. No se ha fijado un plazo para la implementación de la PPP para las referidas empresas. Según el expediente administrativo se demuestra la voluntad de hacerlo. No tienen derecho a las acciones; sólo hay interés legítimo para exigir fijación de un plazo para que se implante si se estiman que hay demoras. Es una obligación de hacer previa a una de dar. Lo contrario causaría daños al Estado y sobre todo a los otros sujetos legitimados. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 286/327).[[/p]][[p]]La parte actora contesta la excepción y el traslado conferido y hace reserva del caso federal (fs.330/331).[[/p]][[p]]La Sala Primera declara la Incompetencia para entender en la causa (fs. 333/334). Habiéndose decidido por el Superior Tribunal los recursos promovidos se dispone que antes de la apertura a prueba se contesten las demandas en los procesos acumulados (382). El Estado Provincial reclama ante el cuerpo y pasan los expedientes a esta Sala. Quedan radicados en la Vocalía Nº: 06. Contesta el traslado el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 408/409); el Dr. VALDEZ (fs. 425/426 vta.) solicitando el rechazo de la vía articulada con costas. Se dicta sentencia (fs. 431/434 vta.). En la aclaratoria deducida también (fs. 437/438 vta.). Se interpone recurso de inconstitucionalidad y el Superior Tribunal de Justicia se expide rechazándolo. La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones y contesta demanda por el ESTADO PROVINCIAL. Ofrece prueba. Peticiona. Introduce la cuestión federal Hace reserva de recursos (fs. 444/472). Se responde el traslado del artículo 301 del Cód. Proc. Civil. Se enfatiza en que se ha procedido a contestar las demandas en forma idéntica. Obliga a que cada situación planteada, sea contestada en la causa que corresponda. Por otra parte aclara que entre aquellos actores legitimados existen algunos ("Olmos") que no han planteado la inconstitucionalidad del Decreto 969-E-00 ni demandan la entrega de acciones sino la implementación del programa de propiedad participada. No son situaciones diferentes ya que la entrega de las acciones es una consecuencia ineludible de la implementación del programa de propiedad participada. El rol principal de los programas de propiedad participada es constituirse en instrumento para el traspaso de una porción del capital accionario de empresas sujetas a privatización. El Estado Provincial, a pesar de haber transferido en el año 1.996 la mayoría de las acciones de las empresas, aún no ha procedido a "implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A." tal como claramente dice el Art. 6º de la ley 4.879. En ese sentido, si bien algo se hizo el proceso se encuentra inconcluso; no pueden aún acceder a la tenencia de acciones; no pueden disponer de ellas. Sostener un distingo como si fueran reclamos diferentes y que nada tienen que ver unos con otros, constituye una verdadera aberración jurídica. Como principio general, niega todos y cada uno de los hechos invocados por la contraria, y en particular: que el Estado Provincial no se haya demorado y que esa actitud no le haya causado perjuicio a los actores; que se les pueda negarse legitimación a quienes optaron por el retiro voluntario o pasaron a prestar servicios en otras reparticiones; que no sea aplicable la doctrina de la causa "Antonucci"; que la empresa EJE S.A. no haya realizado depósitos a favor del Estado Provincial en concepto de dividendos por las acciones del PPP; que por los años 1.997, 1.998 y 1.999 EJE S.A. no haya depositado la suma de $ 1.255.466,16; que el Estado no tenga en su poder el dinero para el pago de las acciones que los actores tienen derecho a adquirir; de ser cierto lo afirmado, se habría configurado un delito. Basta ver el informe (fs. 66 del Expte. Administrativo Nº 0626-0068/97). Sostener que no tenga competencia la Cámara, importa tanto como pretender desconocer y violar la cosa juzgada. No puede plantearse negativa alguna respecto a que los actores se encuentran legitimados por el Decreto Nº 969-E-00 (ver Capítulo III, punto 2 del escrito de demanda). En relación a la Prescripción considera de aplicación la decenal. Se ha sostenido que: "Toda vez que el reclamo de los ex empleados de YPF, fundado en las acciones Clase "C" atinentes al régimen de propiedad participada, es de carácter especial y atípico, no le es aplicable el Art. 256 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976238) pues el contrato de trabajo sólo aparece como un elemento causal generador del derecho, pero éste no proviene del marco regular de nuestra disciplina, y ante la ausencia de una norma expresa, se impone aplicar el plazo decenal previsto por el Art. 4.023 del Cód. Civil". En igual sentido "Es aplicable el plazo ordinario de prescripción decenal -Art. 4023, Cód. Civil-, y no el término bienal de la legislación laboral -Art. 256, ley de contrato de trabajo 20.744-, a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de Y.P.F. -Arts. 21 a 40, ley 23.696-, ya que frente a la ausencia de una norma que regule específicamente el caso, debe estarse al plazo más extenso por razones de equidad y la valoración restrictiva que debe imperar en materia de prescripción (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "Es aplicable el plazo decenal de prescripción del Art. 4.023 del Cód. Civil, y no el término bienal previsto en el Art. 256 de la ley 20.744, a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de Y.P.F. -Art. 21 a 40, ley 23.696-, pues se trata de una normativa concerniente a la reforma del Estado que desborda el régimen laboral (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "El reclamo de autos se vincula con la implementación y el funcionamiento del programa de propiedad participada de Telefónica de Argentina SA, según la particular configuración que éste adquirió conforme con las normas que reglamentaron el proceso de privatización de ENTEL (conf. Ley 23.696, Decretos 62/90, 1105/89 y 484/98, etc.). Consecuentemente, las cuestiones planteadas en autos remiten a relaciones jurídicas esencialmente atípicas (conf. Sala 1, causa 3.995/99 Del 7.5.02); Es decir, escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de una relación estrictamente comercial. Ello así, toda vez que la novedad y complejidad que plantean instrumentos como el que aquí se examina (PPP) hacen que los institutos y principios propios correspondientes al derecho del trabajo y al derecho comercial se vean ciertamente desbordados a la hora de resolver adecuadamente el diferendo. En tales condiciones, ponderando que no existe una norma específica que cubra la situación debatida en autos, débese aplicar en la especie el término de prescripción decenal, que posee carácter residual (conf. Art. 4023, Primer párrafo, código civil)". Autos: Sánchez Luis Inocencio c/ Programa de Prop. Participada Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ proceso de conocimiento. Sala 2. Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dra. Marina Mariani de Vidal. 16/05/2002. Por todo lo expresado pide se rechace la defensa de prescripción con expresa imposición en costas. Al tratar la falta de legitimación sustancial activa argumenta que hay empleados comprendidos en el Decreto Nº 969-E-00 ya que muchos optaron por el Inc. a. del Art. 13 de la Ley 4.879; fueron despedidos sin justa causa, por ende, el Estado Provincial los ha excluido del programa. Sin embargo sostiene que en virtud del criterio sentado por la CSJ sí les corresponde entrar. Los empleados que obtuvieron la jubilación de oficio por los diversos decretos dictados por el P.E. y Resolución Nº 172-DEJ-1.996 también ya que según la demandada, no prestaron servicios en el ente sujeto a privatización. Los supuestos actores mencionados en el Capítulo VI, punto 3º, ya que no existe vínculo entre los allí mencionados y la demandada. Para desestimar lo afirmado, basta ver los informes de fs. 43/48 y 52/57 del Expte. Ad. Nº 0626-0068/97. Los empleados no comprendidos en el Decreto Nº 969-E-00, ya sea que se trate de retirados voluntarios o que hayan pasado a prestar servicios en alguno de los poderes del Estado Provincial, conforme el Art. 13 Incs. b y c. de la Ley Nº 4.879. Este criterio también es obsoleto. La CSJ ha sentado doctrina aplicable y a la cual refiere. Hubo numerosos trabajadores de la DEJ que ejercieron la opción a que se refiere el Art. 13 Inc. a. de la ley 4.879 y otros, como los actores de autos, optaron por el retiro voluntario, por pasar a prestar servicios en alguno de los poderes del estado o fueron jubilados de oficio, opciones previstas en los incisos b. y c. y último párrafo del referido plexo legal. Si perjuicio de lo anterior, la legitimación no solo surge del hecho de haber optado por el retiro voluntario o pasar a prestar servicios, sino, fundamentalmente, por el hecho de que al momento de la creación de las empresas mencionadas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Cuando se sanciona la Ley 4.879 el 18/12/95, en su Art. 2º se dispone: "Créase la Empresa Jujeña de Energía... bajo la forma de sociedad anónima...". En esa oportunidad, nace la sociedad anónima con capital accionario del 100% en poder del Estado Provincial y a esa fecha todos los actores formaban parte de la planta del personal del ente sujeto a privatización (Art. 22 de la Ley Nº 23.696). Para corroborar lo apuntado basta ver las fs. 43/48 y 52/57 del Expte. Administrativo Nº 0626-0068/97, "Implementación del Programa de Propiedad Participada conforme Art. 6º de la Ley 4879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy". Ello conforme la doctrina legal sentada por la CSJ en la causa "ANTONUCCI" (20/11/01). Si bien hasta el dictado de la doctrina legal la jurisprudencia había negado legitimación activa para acceder al PPP a aquellos trabajadores acogidos al retiro voluntario previsto en la Ley Nacional Nº 23.696, a partir de la misma adquieren legitimación activa la totalidad de los trabajadores dependientes de la empresas sujetas a privatización, siempre y cuando revistieran el carácter de dependientes al momento de la transformación de las mismas en sociedades anónimas. La Ley Nº: 4.879 y Ley Nº: 23.696, normas reglamentarias vigentes y doctrina y jurisprudencia sentada sobre el tema los ampara y tienen derecho a adquirir las acciones correspondientes al PPP todos los empleados que al momento de la transformación de la empresa en sociedad anónima, hayan pertenecido a la planta permanente de la Dirección de Energía de Jujuy, aún en aquellos casos que no ejercieron la opción de pasar a prestar servicios en la misma y que también hayan optado por adquirir tales acciones. Tal lo resuelto en la causa citada anteriormente. En el caso particular de los jubilados, repárese que en virtud de los dispositivos legales (particularmente Art. 13 último párrafo Ley 4.879) la Intervención de la Dirección de Energía de Jujuy dictó la Resolución Nº: 172 de fecha 28 de junio de 1.996 por la cual da de baja del servicio activo al personal que le corresponde la jubilación, fijando la misma para unos el 1º de Junio y para otros el 1º de Julio de 1.996. Posteriormente se dicta la Resolución Nº I-180 de fecha 8 de Julio de 1.996 por la cual se rectifica el Artículo 1º de la Resolución anteriormente mencionada y se fija la fecha de baja del personal a partir del 01 de Junio de 1.996 sin excepción. En síntesis, al quedar demostrado que mis mandantes, al momento de la transformación de la ex-DEJ en las sociedades anónimas EJESA y EJSEDSA (sanción de la Ley 4.879 en fecha 18 de diciembre de 1995), revistaban como empleados en relación de dependencia, y conforme a la doctrina del caso ANTONUCCI, no existen razones como para excluirlos del derecho a optar por el PPP. A fin de reafirmar el derecho de los ex-empleados de YPF, el 3 de octubre de 2.002, se promulgó de hecho la ley 25.471 -pues había sido observada por el PEN- cuyo artículo 1º (que aclara el alcance de la ley 24.145) prescribe que "será considerado personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con YPF al 1º de enero de 1991" es decir, agregamos, cuando YPF es transformada en S.A. pero aún no privatizada. Negar el mismo derecho concedido a los empleados de YPF, no sólo implicaría un reprochable trato desigual transgrediendo la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de nuestra Provincia, sino también una palmaria violación a la Ley marco 23.696, a la cual adhirió sin reservas la provincia mediante la Ley 4.476. Concluye que la afirmación del Estado Provincial, en el sentido que durante el período comprendido entre junio y diciembre de 1.996, la sociedad no tuvo personal; resulta un absurdo. Es como afirmar que durante ese lapso la Provincia de Jujuy no tuvo energía eléctrica. Resulta un dislate afirmar que los actores de autos nunca fueron empleados de la sociedad anónima "sino que hasta el 01/12/96 continuaron siendo empleados de la ex DEJ" cuando a esa fecha ya había sido sancionada la Ley 4.879 (18 de diciembre de 1.995). En definitiva, todos los actores se encuentran legitimados para promover la presente acción. Tampoco se puede afirmar que ninguna decisión judicial podrá disponer la entrega de acciones sin que se cumplan las disposiciones del Decreto Nº 972/H/03, cuando el propio Estado Provincial dictó la Resolución Nº 1.881 - 03 de fecha 10 de noviembre de 2003. Por la misma decidió suspender el trámite de las actuaciones hasta tanto exista sentencia definitiva en las causas judiciales. Si ya el Estado Provincial decidió suspender el trámite hasta que exista sentencia definitiva, esto es, adoptó una posición (esperar la sentencia judicial) no se llega a comprender con que fundamento se afirma que ninguna sentencia se podrá apartar de lo establecido en el citado decreto. Si lo que le preocupa al Estado es quienes son los legitimados a reclamar las acciones, igualmente debería interrogarse porqué no espera la sentencia judicial que determine quienes tienen derecho a las acciones si, en definitiva, el porcentaje del 10% a repartir es exactamente igual para 10 o para 100. Tampoco se puede decir que el programa "constituye un mecanismo que no puede ser suplido por ninguna sentencia judicial" ya que sería desconocer garantías constitucionales, derechos que fueron ejercidos por empleados de otras empresas privatizadas y resueltos por la CSJ. Por lo demás, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, se remite a lo dicho en el escrito de demanda. Se opone a producción de prueba que debió acompañar con el responde. Peticiona el rechazo de las defensas deducidas y en consecuencia se haga lugar a la demanda con costas. Se fijó audiencia de conciliación (fs. 719) realizada la misma (fs. 723) se solicitó un cuarto intermedio que fue infructuoso. Atento lo resuelto por el STJ en Expte. Nº: 5.968/08 se abre la causa a prueba (fs. 759/760) se resuelven las observaciones (fs. 767) designándose a la CPN GILDA ESTHER VALDIVIEZO (fs. 782).[[/p]][[p]]Realizadas las diligencias previstas recibir y el informe pericial (fs. 940/986; 1.005/1.008) La Dra. ISOLDA CALSINA se presenta como apoderada de BERNARDINO CENTENO, ALBERTO OCTAVIO LUCARDI y NOEMÍ CRISTINA MEDINA (conf. Escritura Pública Nº: 52; fs. 1.025/1.027 vta.) por RAÚL CABRERA, LORENZA ROSARIO CAMPOS, MARCELINO MARTÍN PLAZA y TORIBIO RAMOS (conf. Esc. Pública Nº: 90; fs. 1.028/1.030 vta.) por SANTUSA VALLE y RENE HUGO ZAMBRANO (conf. Esc. Pública Nº: 129; fs. 1.031/1.033 vta.) y por AMPARO NILDA CAZÓN (conf. Esc. Pública Nº: 117; fs. 1.034/1.036). Manifiesta que sus mandantes no iniciaron juicio, oportunamente. Tres de ellos figuran en el listado total de personal (Raúl Cabrera Leg. 383; Bernardino Centeno Leg. 261 y Toribio Ramos Leg. 395) sin embargo los otros siete que se encuentran en igual situación fueron omitidos en el listado de la pericial contable. Pide que se los incluya por el principio de igualdad. Recuerda que el 18/12/95 se declaró a la DEJ sujeta a privatización y el 01/01/96 se produjo la jubilación de oficio de muchos de sus empleados. En los incluídos por la auxiliar de la justicia considera que hay error en la base de cálculo. En los otros casos cuando se los incluya se ha de tomar como base el sueldo real percibido por los mismos y no se liquide en base al haber jubilatorio. Hace reserva de recursos federal y supranacional. La perito dio respuesta a las inquietudes de la letrada explicando que personalmente verificó los recibos de sueldos de los meses de mayo y junio de 1.996, como último mes trabajado según información obtenida de la DEJ residual. Jamás lo hizo con haberes jubilatorios porque no obtuvo información del ANSES ni de los accionantes. No existe error ni agravio de los montos consignados como sueldo mensual, en los cuales no se incluyeron ni BAE, ni Ticket canasta, ni SAC; esto es así para todos los empleados consignados en los listados de la pericia (fs. 1.116/1.118).[[/p]][[p]]Se concreta la audiencia de vista de causa (fs. 1.120/1.121). Las explicaciones fueron dadas por la auxiliar de la justicia y se escucharon los alegatos de los representantes de las partes. Agregados los escritos de los letrados en relación al informe dado por las sociedades anónimas EJE S.A. y EJSED S.A. e insistencia del pedido de respuestas por parte de la perito, decretados los diferentes pedidos de los letrados y obtenidas las respuestas del ANSES las cuales fueron puestas a conocimiento de las partes por el término de cinco días (fs. 1.185) el proceso ha quedado en estado de ser resuelto en definitiva.[[/p]][[p]]En Expte. Nº: B-86.594/02 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en los mismos términos por JOSÉ MANUEL LAMAS, VICENTE LUCAS BEJARANO, EDUARDO ERNESTO QUINTEROS, JORGE ALBERTO TORREJÓN, CARLOS MOLINA, CARMEN HERNÁEZ, LUIS ALBERTO TEJERINA, PAULINO CARMELO GUTIÉRREZ, HÉCTOR CLAUDIO BRU, DANTE A. RODRÍGUEZ, MIGUEL ROBERTO CASTILLO, RAÚL EMILIO LINACHO, OSVALDO CLLLAUDIO ARGOTA, JUAN CARLOS BERTOLONE, CARLOS ROBERTO CAMPOS, MÁXIMA NÉLIDA RIVERO de NIETO, MARÍA ENÉS CANDELORO, JOSÉ AMÉRICO MORALES, ALBERTO NICOLÁS PADILLA, VÍCTOR CARLOS ANDRADE, RAÚL LORENZO CUSSI, JOSÉ HURTADO, ENRIQUE IGNACIO LEITHOLD, ANTONIO PELOC, JULIO TOMÁS FLORES, CARLOS RAMOS, MARCELO CÁNDIDO QUIPILDOR, FAUSTO TEJERINA VIDES, RODOLFO HINOJOSA, MARIO RUBÉN PELAZZO, JULIO UDAETA PÉREZ, OSVALDO DANTE MAIZARES, MARÍA RAQUEL SOLAR, PEDRO RENE VACA, RAFAEL HERMINIO GARZÓN, DOMINGO JOSÉ TOCONÁS, HERNÁN GABINO CRUZ, ESTEBAN HÉCTOR HERRERA, REINA ROSARIO ANACHURI, HÉCTOR ASUNCIÓN MACHACA, DAVID MEJÍA Y GREGORIO ÁNGEL DÍAZ en contra del ESTADO PROVINCIAL. La amplía por: ZOILO MAMANI, VÍCTOR ERICO ZENTENO, MARCELO PEDRO DORADO, ARMANDO VALERIANO CARABAJAL, ALEJANDRO MANUEL PANTOJA, VALERIANO QUISPE, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, MIGUEL OSCAR GARCÍA, HEBE DANIELA SÁNCHEZ, JOSÉ WALTER JEREZ, ANDRÉS ALEJANDRO VERA Y VÍCTOR HUGO VARGAS (fs. 220).[[/p]][[p]]FISCALÍA DE ESTADO al responde por la parte demandada opone excepción de incompetencia, solicita acumulación de procesos y opone prescripción (fs. 265/269). Contesta demanda (fs. 332/360). Destaca que: MIGUEL OSCAR GARCÍA, JULIÁN FARFÁN, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, MARCELO P. DORADO, DARÍO CRISTÓBAL CEJAS, LUIS ALBERTO RIBOTIS, ANDRÉS A. VERA, VÍCTOR E. ZENTENO Y ALEJANDRO M. PANTOJA promovieron la acción en dos procesos. Luego realiza negativas generales y específicas y argumenta en forma similar a la causa anterior ofreciendo prueba y peticionando el rechazo de la demanda, con costas y reserva del caso federal.[[/p]][[p]]Contesta el traslado conferido la parte actora (fs. 367/370). El Auto de Apertura a prueba se agrega a fs. 410/411.[[/p]][[p]]El Dr. FERNÁNDEZ renuncia al mandato otorgado oportunamente por JOSÉ HURTADO (fs. 403) y asume en su representación el Dr. HECTOR GUILLERMO PAGANETTI con el patrocinio de la Dra. CECILIA CORONEL SARSFIELD (fs. 421).[[/p]][[p]]La Perito C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO sin cuestionamiento alguno en tiempo propio hace su informe a fs. 429/443.[[/p]][[p]]El Dr. LUIS FEDERICO VERA se presenta por JOSÉ HURTADO (sustitución del mandato conferido otorgado por el Dr. HECTOR GUILLERMO PAGANETTI (fs. 455). Impugna la designación de la auxiliar de la justicia por incompatibilidad funcional.[[/p]][[p]]Se realizan observaciones a dicha labor (fs. 484, 485, 486/488 y 489/491) responden los letrados y la C.P.N. Valdiviezo las vistas conferidas. También en los Exptes. OLMOS, CASAS y AIMA donde los Dres. Palermo, Valdez y Stephan contestan el pedido de impugnación.[[/p]][[p]]Adjunta Fiscalía de Estado el expediente administrativo requerido; solicita reiteración de oficio a ANSES y a Bancos Nación y Francés y se emplace a los actores a denunciar su CUIT y CUIL y oportunamente reitere el oficio dirigido a ANSES.[[/p]][[p]]El DR. VERA formula oposición a que se incluyan a los empleados que fueron jubilados con anterioridad a la sanción de la Ley 4.879/95 y que fueron incluidos en la pericia.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-94.546/03 "GAITÁN y OTROS c/ E.P." el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en nombre y representación de ROLANDO GERMAN GAITAN, ADALBERTO RAMOS, MANUEL GENARO GUAYMAS, PABLO ANTONIO MENDIVIL, ANIBAL PONCIANO QUISPE, RICARDO TOMÁS JURADO, ALFREDO JESUS RIVERO, NICOLÁS AGUSTÍN SALAS, HUGO NÉSTOR GROSSO, VÍCTOR CASTRO, JOSÉ GERNARDO RUEDA, SERGIO ROSARIO QUISPE, CARLOS UBALDO RODRÍGUEZ, TIBURCIO ZORRILLA, ALBERTO HART, DARÍO BEJARANO, CASIANO IBARRA, JUAN CARLOS TERRADES, CARLOS HUGO FARFÁN, JUAN ALBERTO DÍAZ, LUIS ALBERTO AGUIRRE, DEMETRIO LICUDIS, FÉLIX LÁZARO CRUZ, MIGUEL BERNARDO SOSA, TEOBAL CRUZ, RICARDO ARGENTINO LASQUERA, JUAN CELESTINO MESA, FREDI JUAN BELLIDO PAZ, VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, ALBINO CARLOS DEL FRARI, JORGE TOCONÁS, HIPÓLITO VEGA, AURELIO JUSTINO SUBELZA, JULIO TOLABA, PEDRO LUCIO ARMEYA, RAMÓN JUVENAL ARMELLA, NELLY SUSANA PÉREZ, ROBERTO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL OCHOA, ANACLETO NARVAEZ, ARTURO MAJURICIO MÉNDEZ, JUAN DE DIOS OVANDO, LUCIO CATACATA, TOMASA SEVERIANA MIRANDA, RICARDO FRANCISCO TOLABA, CIRIACO DÍAZ, JORGE JACINTO GIMÉNEZ, ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ, TEODORO DÍAZ, DONATO HOYOS, ISABEL SILVETTI, FLAVIANO ANTONIO MENDOZA, JUAN HÉCTOR RIVERA, ROBERTO CLAUDIO FLORES, JOSÉ MARÍA PUENTE en contra del ESTADO PROVINCIAL. Todos fueron jubilados de oficio en virtud del último párrafo del Art. 13 de la Ley 4.879. La legitimación surge porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. La legitimación surge conteste con la doctrina legal sentada por la C.S.J.N. en la causa "ANTONUCCI". Argumenta porqué tienen derecho para que se les entregue las acciones, se perciba en pesos los importes en poder del Estado y en subsidio se abonen los daños y perjuicios, con costas. Hace reserva del caso federal.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE PAGANETTI, como Procurador Fiscal en representación del ESTADO PROVINCIAL opone incompetencia, solicita acumulación de procesos, opone prescripción y caducidad de plazos para demandar y pide intervención obligada del gremio y de quienes no han demandado.[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS se presenta como apoderado de VÍCTOR CASTRO (fs. 259).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones y contesta demanda como Procuradora Fiscal en representación del ESTADO PROVINCIAL (fs. 261/289).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA se presenta en su carácter de apoderada de PABLO ANTONIO MENDIVIL (fs. 302).[[/p]][[p]]El Dr. PABLO HERNANDEZ por ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ (patrocinio: fs. 335) asume y luego renuncia a fs. 373. El Dr. HERNAN ROSA LARRIEU (patrocinio fs. 381) continúa como letrado del mencionado.[[/p]][[p]]El Dr. LUIS FEDERICO VERA se presenta patrocinando a MIGUEL BERNARDO SOSA (fs. 409) y en nombre y representación de DEMETRIO LICUDIS y ALBINO CARLOS DEL FRARI.[[/p]][[p]]El Auto de Apertura a prueba se agrega a fs. 360/361. Se resuelven las Observaciones a fs. 368.[[/p]][[p]]Designada la C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta la pericia técnica a fs. 388/402. Los cuestionamientos y pedidos de explicaciones están agregados a fs.: 411, 415, 416/418 y 434/436, 437 y fueron respondidos en fs. 442/443 y en audiencia de vista de la causa.[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA acredita ser apoderada de LUCIO CATACATA, CIRIACO DÍAZ, JORGE TOCONAS, SERGIO ROSARIO QUISPE, TOMASA SEVERIANA MIRANDA, TEODOL CRUZ, JUAN DE DIOS OVANDO, ROBERTO CLAUDIO FLORES Y RICARDO TOMAS JURADO.[[/p]][[p]]Agregado el Expte. Administrativo, cumplido lo ordenado en el punto II de la Providencia de fs. 449, ha quedado el proceso en estado de resolver.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-94.640/02 se presenta el Dr. MARCELO RAMON FERNANDEZ por sus mandantes: PASCUAL ARAMAYO, ANDRÉS GÓMEZ, ALBERTO CLEMENTE MAMANI, ALFREDO ERNESTO ALARCÓN, PEDRO MODESTO BURGOS, MARCOS EVANGELISTO VILLALOBOS, SANTOS ALEJANDRO RAMOS, ROLANDO DANIEL FLORES, EDUARDO REY VALDEZ, LUCIO BIDAURRE, TITO RAMÓN BRUNO ARIAS, ROSA WALDINA FERRARIO VDA. DE MORÁN, DARIO CRISTOBAL CEJAS, TEODOMIRO FÉLIX BATALLA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ, RAÚL CLEMENTE QUIROZ, PABLO ARAMAYO, HÉCTOR RAÚL MÁRQUEZ, OSCAR ROLANDO CATACATA, SEGUNDO PEDRO BURGOS, VÍCTOR ALBERTO GASPAR, FRANCISCO PEREIRA, ROBERTO DARIO VACA, OSCAR MATEO STIPECHI y CARLOS NORBERTO MONTAÑO. Todos ellos ejercieron la opción por el retiro voluntario previsto en el inciso c. de la Ley 4.879. Al momento de la creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Argumenta y peticiona en forma similar a demandas deducidas.[[/p]][[p]]EDUARDO CHAER, Procurador Fiscal se presenta por el ESTADO PROVINCIAL y realiza peticiones, opone excepciones y contesta demanda en forma similar a los otros expedientes (fs. 214/222; 253/281; 285/287 vta.).[[/p]][[p]]Se contestan los traslados conferidos (fs. 288, 299, 308). Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 328/329). Se decide acerca de las Observaciones (fs. 334).[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 339/351).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA: por PABLO ARAMAYO (con poder fs. 363/365) le hace Observaciones (356/ 365) que fueron contestadas por la auxiliar de la justicia. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-103.355/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda como apoderado de: HUGO LEONARDO CARI, OLGA RAQUEL TARRAGA de CEJAS, DARÍO CEJAS, AGUSTINA LÓPEZ DE RIOS, SONIA NORA LEDESMA DE GALARZA, GLADIS YOLANDA MATORRAS, DELIA AMANDA VÁZQUEZ DE VILLATARCO, JAVIER ALBERTO SALINAS, SUSANA DEL VALLE MAZA DE ZAUGG y OSCAR RENE RIVERO en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que todos los actores ejercieron la opción a que se refiere el Art. 13 inc. b. de la Ley 4.879 y en mérito de ello pasaron a prestar servicios en los órganos de control del demandado. Se incorporaron a la plata permanente de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU). Expresa los fundamentos en forma similar a los otros juicios. Ofrece prueba y peticiona (fs. 235/242 vta.).[[/p]][[p]]SAMUEL CRUZ, Procurador Fiscal se presenta por el ESTADO PROVINCIAL y realiza peticiones, opone excepciones en forma similar a los otros expedientes (fs. 252/272; 289/318; 285/287 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES, Procuradora Fiscal contesta demanda (fs. 345/373). Los términos son similares a los anteriores juicios. Hace pedido de medidas (fs. 377/379 vta.).[[/p]][[p]]Se contestan los traslados conferidos (fs. 380/383; 291/392; 308). Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 422/423 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 435/444). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa.[[/p]][[p]]Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-103.685.03 el Dr. MARCELO R. FERNÁNDEZ demanda por sus representados: CARLOS DOMINGO TORRES, TOMÁS CONTRERAS, FRANCISCO MURILLO, HUGO VÍCTOR ALARCÓN, ANDRÉS ALEJANDRO VERA, ADRIAN RUBÉN ZÁRATE, MIGUEL OSCAR GARCÍA, JORGE RAÚL GONZÁLEZ, MARCELO PEDRO DORADO, ALEJANDRO MANUEL PANTOJA, JULIO JUSTE y PEDRO MIGUEL ORTEGA en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los mencionados optaron por el retiro voluntario previsto en el inc. c. de la Ley 4.879. El planteo se fundamenta en igual forma que los casos precedentes (181/188 vta.).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI con patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES por el ESTADO PROVINCIAL realiza peticiones, opone excepciones, contesta demanda en forma similar a los otros expedientes. Se contestan los traslados conferidos. Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 312/313 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 325/334). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-104.004/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en representación de JOSÉ ARÍSTIDIS OVEJERO, LUIS ALBERTO RIBOTIS, CARLOS CARRIZO, HÉCTOR ORLANDO PEÑA, JULIO OSCAR QUIPILDOR y MARÍA AMELIA DEL VALLE ABRAHAM de VÁZQUEZ en contra del ESTADO PROVINCIAL. Todos ellos eran empleados de la Dirección de Energía de Jujuy y también lo eran al momento de la transformación en sociedad anónima. Optaron por pasar a prestar servicios en SUSEPU (inc. b. del Art. 13 de la Ley 4.879). Por los fundamentos expresados peticiona se condene al demandado a entregar las acciones del Programa y de resultar imposible se abone daños y perjuicios (fs. 158/166).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI con patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES por el ESTADO PROVINCIAL realiza peticiones, opone excepciones, contesta demanda en forma similar a los otros expedientes (fs. 180/190 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 259/260 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 336/348). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-108.511/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda por HÉCTOR MIGUEL MERCADO, CARLOS RIVERO, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, HUGO GERÓNIMO GUTIÉRREZ, ROQUE FRANCISCO VILTE, NEMESIO PAULINO SUBELZA, VÍCTOR ERICO ZENTENO, OSCAR BASILIO IBÁÑEZ, VÍCTOR HUGO RIVERO y LUIS TOMÁS SALAVERÓN en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que surge la legitimación de sus mandantes porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Optaron por el retiro voluntario previsto en el inciso c. del plexo legal citado. A partir del fallo en la causa "ANTONUCCI" tienen derecho a obtener las acciones del programa. Fundamenta la pretensión en forma similar a las causas precedentes (fs. 155/169).[[/p]][[p]]JUAN FRANCISCO BURGOS con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 172/176 vta.). Opone excepciones y defensas (fs. 204/211). Se agrega contestación de demanda (fs. 243/271) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 278/281).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 304/205 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 314/326). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]El Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en el Expte. Nº: B-108.983/03 como apoderado de: LUIS ENRIQUE BARRIONUEVO, ETELVINA NOEMÍ CRUZ, RAÚL NARCISO LÓPEZ, SONIA CRISTINA IBAÑEZ de ABUD, ARTURO DONATO CUCU y MARÍA CRISTINA CASTILLO en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que surge la legitimación de sus mandantes porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Si el demandado hubiera cumplido con sus obligaciones de inmediato (organizar el PPP y ofrecer las acciones) no se hubieran perjudicado. En el transcurso del tiempo se produjo el despido o el retiro de sus representados. A partir del fallo en la causa "ANTONUCCI" tienen derecho a obtener las acciones del programa. Fundamenta la pretensión en forma similar a las causas precedentes (fs. 137/144).[[/p]][[p]]JUAN FRANCISCO BURGOS con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 164/171). Solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 174/178 vta.). Se agrega contestación de demanda (fs. 243/271) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 182/185).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 304/205 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 314/326). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-116.953/04 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta como apoderado de: ALBERTO RENE AISAMA, RAMÓN JIL BENENCIA, JACINTO RAÚL MAMANI, EUSEBIO MAMANI, MARÍA ISABEL AGUILERA, RAÚL GONZALES, LUIS ALBERTO AJALLA, MIRTA ARGENTINA ROZO, JUAN CARLOS BAYÓN, ATILIO ESTEVEZ, JERÓNIMO MAGUEL TEJERINA y SANTIAGO ARGOTA promoviendo demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los mencionados optaron por el retiro voluntario previsto en los incisos c. y a. del Art. 13 de la Ley 4.879. Funda la acción en iguales términos que los casos anteriores, ofrece prueba y peticiona (fs. 172/179).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 210/213). Solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 214/218 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 348/404) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 407/410).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 338/339 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 428/440). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-117.068/04 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta en representación de CÉSAR PAULINO VALLE, RAMÓN DANIEL ESPAÑA, LUCIO LUCAS RODRÍGUEZ, JULIO GUIDO LÓPEZ, SIMÓN LAUREANO LÓPEZ, MANUEL SILVESTRE LEIVA y HÉCTOR JULIÁN TINTE promoviendo demanda en los mismos términos. Afirma que realizaron la opción a que se refiere el Art. 13 inc. a. de la Ley 4.879 y al momento de la creación ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Pide que se le entreguen las acciones y se les pague los dividendos correspondientes. La presente demanda importa indubitado ejercicio por los actores del derecho a adquirir tales acciones. Fundamenta. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 159/166 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 179/181 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 219/247) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 254/257).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 282/283 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 292/304). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-136.441/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta en nombre y representación de: SATURNINO MARIO CAÑIZARES, JOSÉ TEODORO TOCONÁS, MANUEL ALEJANDRO FUENZALIDA y WALTER A. BARCONTE a promover demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los fundamentos son similares a los anteriores procesos (fs. 157/164 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 189/201; 204/210 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 234/262) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 269/272).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 294/295 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 305/317). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones a fs. 328/329 y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-136.442/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ demanda como apoderado de: JUAN CARLOS MALDONADO, JOSÉ M. MALDONADO, CRUZ SANTOS OLMOS, ELISA PALACIOS, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ, CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUE y JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ (herederos en la Suc. de ENRIQUE EVARISTO RODRÍGUEZ) CATALINO VÁSQUES, HORACIO R. ACOSTA, GERMÁN VÍCTOR GASPAR, ESTELA M. GARCÍA y JULIÁN FARFÁN a promover demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL por los fundamentos que expone. Afirma que sus representados optaron por el retiro voluntario y también tienen derecho a la implementación de las acciones (fs. 163/170).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA, con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas y esta última en nombre y representación del Estado Provincial (fs. 198/201 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 232/258) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 266/269).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 287/288 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 298/310). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-137.325/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ deduce la demanda por sus mandantes: GUIDO NELSON RIVEROS, JULIO ORDÓNEZ, RENE JESUS EL JADUE, JUANA ERNESTINA RUIZ VDA. DE MARTÍNEZ, HUMBERTO ORDÓNEZ, MARTÍN HIPÓLITO FIERRO, RODOLFO JUAN MAIZARES, CARLOS ROLANDO PÉREZ, RODOLFO CLEMENTE CASTILLO, VÍCTOR ALBERTO RADA, BRAULIO JUAN RIVERO, JULIÁN FARFÁN, RAMÓN OSCAR PASAYO, WALTER GERTRUDES CRUZ, HILARIO OSCAR CRUZ, SAÚL DOROTEO HUMACATA, JOAQUÍN MARIANO ALGAÑARAZ, JOSÉ EDMUNDO MORENO, MARIANO RODRÍGUEZ, JUALIÁN TORRES DÍAZ, NICOLÁS ANTONIO FLORES, OCTAVIO RÍOS, EDUARDO MENDOZA NOGALES, ELVIRA FLORES VDA. DE SÄNCHEZ , SANTUSA VALLE, MIGUEL R. GUANUCO, MARÍA V. GUANUCO, MÓNICA B. GUANUCO (herederos en Suc. de SANTOS MARTÍN GUANUCO) WALTER GERMÁN ORTEGA Y CLARO LUIS AISAMA en contra del ESTADO PROVINCIAL. Por los fundamentos similares expone que todos fueron jubilados de oficio y tienen derecho a obtener las acciones según el fallo de la Corte en el caso "Antonucci" (fs. 195/203 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas y esta última en nombre y representación del Estado Provincial (fs. 216/204 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 247/275) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 288/291).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA, se presenta como apoderada de HUMBERTO ORDÓNEZ (fs. 279).[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS en su carácter de apoderado de JOSÉ EDMUNDO MORENO Y WALTER GERMÁN ORTEGA se presenta a fs. 302. Se adjunta mandato (fs. 313/315).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 323/324 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 339/351). Observan los letrados de las partes presentándose la Dra. ISOLDA CALSINA como apoderada de RAMÓN OSCAR PASAYO (365/367); brindándose las explicaciones a fs. 369/371 y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-113.315/04 el Dr. JUAN IGNACIO PALERMO en representación de: HÉCTOR DANIEL OLMOS, RAÚL ERNESTO RODRÍGUEZ, LUZ DEL ROSARIO JOSÉ, GRACIELA PATRICIA RODRÍGUEZ, ABEL ALBERTO TESTA, MIGUEL HUGO QUISPE REYES, ENRIQUE LUIS GROSSO, MIGUEL ÁNGEL NIETO, RUBÉN ANDRÉS ZAPANA, ORLANDO SIMEÓN SANAVIA, ISABEL DEL MILAGRO PARADA, FRANCISCO MARCELO ALMASANA, RAÚL ERNESTO GALLARDO, JUAN MANUEL DÁVILA, HUGO HERMINIO RUSSIAN, FRANCISCO RAMÓN LASCANO, OSCAR JULIO RODRÍGUEZ, MARIO GUILLERMO GARECA, VILMA ANA CABERO ORTIZ, CÉSAR GABRIEL CÁCERES, CELESTINO TOLABA, MIGUEL CEFERINO CHAILE, GUSTAVO SANTOS VILLANUEVA, GRACIELA ISABEL MAMANI, OSVALDO ALBERTO REARTE, CÁNDIDA ERNESTINA LINACHE, ELEODORO DONO GONZÁLEZ, CERVANDO DAVID RODRÍGUEZ, ARMANDO ALBERTO JULIÁN, GABRIEL RENE EL JADUE, OSCAR AMANTE, ERNESTO RAÚL COGNETTA, NÉSTOR REINOSO POCLAVA, ARNALDO NELDO RÍOS, VÍCTOR DANIEL DÍAZ, ALFREDO DAVID NAVARRETE, MARTÍN DEL MILAGRO RIVERO, ALEJANDRA FERNÁNDEZ LÓPEZ, ORLANDO CANCECO, LEONARDO OMAR ARMELLA, MARÍA SARA GUITIÁN, CARLOS MIGUEL GARCÍA, ROSA DAMIANA COCA, ALBERTO FRANCISCO ANACHURI, ALEJANDRO FIDEL ARCE y CARLOS ALBERTO ARIAS promueve demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL para obtener el cumplimiento de la obligación de hacer. El Tribunal fije el plazo para que dicte los actos administrativos necesarios para la conclusión del Programa de Propiedad Participada de transformación del sistema energético provincial conforme el Art. 6 de la Ley 4.879 y en la Ley 23.696. Todo con imposición de costas a la contraria. Funda la competencia y relata los antecedentes de la pretensión. Afirma que sus mandantes eran empleados de la Dirección de Energía de Jujuy (DEJ) y son empleados en relación de dependencia de la Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A.); lo acreditan con copia de recibos de sueldos. Fechas de ingreso y datos del vínculo jurídico está en la certificación que expidiera el Gerente de Relaciones Humana de EJE S.A. (Expte. Nº: 0626 - LQ - 0068/97 "E/Informe sobre la implementación del Programa de Propiedad Participada - Art. 6º de la Ley Nº: 4879/95 "De transformación del Sector Eléctrico"). En el trámite administrativo no se ha podido materializar, a seis años, ni siquiera el acuerdo general de transferencia, ni el convenio de sindicación de acciones, ni la designación del Banco Fiduciario, ni la convocatoria a Asamblea de empleados adherentes, etc. Relata toda la base normativa que aduna la pretensión deducida. No plantea la inconstitucionalidad del Decreto Nº: 969-E-00. Ofrece prueba y peticiona (fs. 103/111 vta.). Desiste del nombrado ABEL ALBERTO TESTA y pide personería de urgencia para actuar por OSVALDO ALBERTO REARTE (fs.116) ratificándose las gestiones a fs. 127 de autos.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones de incompetencia y litispendencia. Ofrece prueba e introduce la cuestión federal (fs. 158/165). Corrido traslado la parte actora pide el rechazo con imposición de costas (fs. 169/175).[[/p]][[p]]El Dr. JUAN IGNACIO PALERMO da cuenta que renuncia al mandato que los actores le confirieran. La representación quedará en la persona del Dr. ADOLFO PALERMO quien firma el escrito y acepta a mérito de la copia de poder incorporada (fs. 228).[[/p]][[p]]El Dr. ROQUE LORENZO RODRÍGUEZ se presenta como apoderado de PATRICIA GRACIELA RODRÍGUEZ acreditando mandato (fs. 235/235 vta.).[[/p]][[p]]Se contesta demanda por parte de la representante del Estado Provincial: Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES (fs. 297/324).[[/p]][[p]]Contesta el traslado conferido a los efectos del Art. 301 del Cód. Proc. Civil la parte actora realizando negativas particularizadas a las afirmaciones del contrario (fs. 337/340).[[/p]][[p]]Se resuelve la incidencia referida al pedido del Dr. Palermo en el sentido que se dicte sentencia en este expediente. Se rechaza la pretensión, con costas y se difiere la regulación de honorarios (fs. 368/368 vta.).[[/p]][[p]]Obra auto de apertura a prueba (fs. 377/378 vta.). Se agrega pericia de la CPN GILDA ESTHER VALDIVIEZO (fs. 420/467). Las observaciones y explicaciones son respondidas en escrito de fs. 485/486 y en audiencia de vista de la causa. Se acompaña el expediente administrativo y se reitera por el ESTADO el oficio a ANSES y a Bancos: Nación y Francés.[[/p]][[p]]El Dr. PALERMO advierte que en el Expte. Adm. aparecen hojas que no estaban incorporadas jamás (al no estar foliado). Las mismas corresponden a fotocopias de un ejemplar del Boletín Oficial. En lo que se refiere al CUIL o CUIT considera que es innecesario volver sobre el tema ya que está en la pericia con claridad. Habiéndose dispuesto hacerlo y estando cumplido, pasan estos autos para resolver.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-117.399/04 el Dr. VENANCIO LLANES como apoderado de OSCAR ORLANDO DOMÍNGUEZ, CRISTINA ROSAS, ARTURO LAMAS, CÉSAR ALFREDO IBÁÑEZ, DIONISIO ROBERTO NIEVE, JUAN CARLOS MAMANI y JUAN PASTOR REVOLLO promueve la demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Explica que sus representados trabajaban en la Dirección de Energía de Jujuy. Pasaron a prestar servicios en las nuevas sociedades. Hicieron la opción prevista en el Art. 13 Inc. a) de la Ley 4.879. En 2 de diciembre de 1.996, los adjudicatarios del paquete accionario mayoritario tomaron posesión y pusieron en marcha la EJE S.A. y EJSED S.A. El demandado a pesar de haber hecho la transferencia de las acciones a esas compañías no implementó el Programa de Propiedad Participada. Por distintas razones han cesado los actores en su relación de dependencia, pero ello no impide el derecho a adquirirlas. Por lo tanto solicita que se condene al Estado Provincial a entregarlas y de ser imposible se indemnicen los daños y perjuicios. Éstos están representados por su valor, los dividendos e intereses de esas sumas. Ofrece prueba y peticiona (fs. 4/13).[[/p]][[p]]El Dr. JUAN FRANCISCO BURGOS, con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones de incompetencia y litis pendencia (fs. 67/71). Se contestan los traslados conferidos. Resueltas se agrega contestación de demanda (fs. 97/125) realizada por la Dra. TORRES. Se destaca que no han pedido la inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº: 969-E-00. Ofrece prueba y peticiona se dicte sentencia rechazando las demandas interpuestas, con expresa imposición de costas a la parte contraria. Hace reserva del caso federal y formular agravio por la competencia declarada por el Tribunal.[[/p]][[p]]Se contesta el traslado conferido por el Dr. LLANES (fs. 130/132).[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS se presenta como apoderado de JULIO CÉSAR MAMANI (fs. 140).[[/p]][[p]]Agotada la etapa instructiva se dicta auto de Apertura a prueba (fs.148/149 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 198/207). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones por escrito (fs. 233/236) y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-131.495/04 el Dr. RAMÓN EDUARDO VALDEZ se presenta como apoderado de BENITO ANTONIO AIMA, OSCAR AMANTE, ALEJANDRO MARTÍN AMANTE (por Suc. de RICARDO MARTÍN AMANTE) RAÚL ARZE, MARIO JOSÉ ARÉVALO, ESTER CALISAYA Vda. De SCHMERBACH (por Suc. de CARLOS ALEJANDRO SCHMERBACH) RICARDO ROBERTO CANAZA, ANA MARÍA COCA (por Suc. de HERACLETA COCA) CESAR VALENTÍN COCA, ERASMO COCA, ANTONIO ALBERTO CHOQUEVILCA, SILVIA INÉS D´ANGELIS de HALE, JOSÉ RAMÓN FLORES, HÉCTOR MAMANI, PAULINO AURELIO NAVARRO, SERGIO JUSTO PERALTA, HILARIO OSCAR PÉREZ, NÉSTOR ALEJANDRO QUIROGA, CÉSAR GREGORIO RITTERSTEIN, OSCAR PRUDENCIO ROJAS, GREGORIO BALTAZAR SUNA GIL, JUSTO LUCAS URZAGASTI, ROBERTO JOSÉ VALDIVIA y VÍCTOR ALBERTO ZUBELZA. En ese carácter promueve demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Algunos optaron por el retiro voluntario y otros por ser transferidos a EJE S.A. Solicita entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios. (fs. 198/204). Pide inconstitucionalidad de la Ley 5.301 y del Decreto Nº: 969-E- del 08/05/00 y aplicación del fallo "Antonucci".[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 228/238 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 261/289) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. VALDEZ (fs. 297/301).[[/p]][[p]]Decidido el reclamo ante el cuerpo con la sentencia que obra a fs. 324/326 y devueltos los autos por el Superior (fs. 340) se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 351/352 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]El Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA (h) da cuenta del fallecimiento de VÍCTOR ALBERTO ZUBELZA. Acredita personería por la hija del causante (fs. 442). Peticiona.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 378/422). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones (fs. 444/445) y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-133.399/05 el Dr. SERGIO STEPHAN como apoderado de CARLOS ARTURO CASAS promueve demanda ordinaria por entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios en contra del ESTADO PROVINCIAL. Solicita la inconstitucionalidad de disposiciones que requieren del reclamo administrativo previo para poder acudir a la justicia. El demandado ha iniciado un trámite (Expte. Nº: 0626-0068/97) que a pesar del tiempo transcurrido no ha concluido. Relata los antecedentes de la pretensión. Los fundamentos que adunan la demanda solicitando que se dicte sentencia y se condene al Estado a entregar a su mandante las acciones del PPP a las cuales tiene derecho. De resultar imposible, se le abone daños y perjuicios, todo con expresa condena en costas. Ofrece prueba. Cita derecho.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE E. GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 55/58.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 82/110) realizada por la Dra. TORRES. Responde el traslado conferido el Dr. STEPHAN (fs. 118/118 vta.).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 143/144 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 152/164). Observada se brindan explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-165.203/06 se presenta el Dr. RAMÓN EDUARDO VALDEZ en su carácter de apoderado de: JOAQUÍN MARIANO ALGAÑARAZ, JORGE FARFÁN, RAÚL MACHACA, OSCAR ANASTASIO ESCALIER, GUIDO ROLANDO RIOJA, JUAN CARLOS CEBÁLLOS, CEFERINO RAMÓN PÉREZ, FRANCISCO MIGUEL BRODKIEWICZ, OSCAR ROLANDO ZERPA, CONCEPCIÓN SAJAMA, LUIS ERNESTO VELÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO MÉNDEZ, HÉCTOR MAMANI, JOSÉ ANTONIO RECUPERO BALBÍN, LUIS RICARDO GARCÍA, PASCUAL HOYOS, JOSÉ CAMILO PAEZ, GIL MÉNDEZ, JUAN ÁNGEL LÓPEZ, CARLOS ROBERTO PALACIOS, ODILÓN ZORRILLA, MARCOS APARICIO, SOLEDAD MIRIAM MONTEZ, PASCUAL VILLALOBOS, DIONISIO VILLALOBOS, VALERIANO QUISPE, GUIDO ERNESTO CABANA, DANIEL FERMÍN MILENA promueve la demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. El Dr. VALDEZ a fs. 49 se presenta (ante el fallecimiento de CARLOS ROBERTO CAMPOS) por la esposa: MIRTA RAMONA HERRERA y con patrocinio letrado del Dr. JULIO DE LOS RÍOS (fs. 65) amplía demanda por JUAN WALTER PÉREZ. Dice que fueron empleados a partir del 2 de diciembre de 1.996. Todos optaron por pasar a prestar servicios en las empresas privatizadas con capital mayoritario privado. Pero no sólo por eso tienen derecho sino también porque están dentro del supuesto previsto en el caso "Antonucci" y al crearse las sociedades anónimas, ellos integraban el plantel de los empleados de EJE S.A. y EJESED S.A., tal como dice el Art. 6º de la Ley 4.879. Funda la acción en derecho. Ofrece prueba y peticiona (fs. 33/38).[[/p]][[p]]La parte demandada por medio del Procurador Fiscal Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con patrocinio letrado de la Dra. CECILIA CASAS CORNEJO solicita intervención obligada del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs (63/67). Hace reserva de la cuestión federal. Resuelta la cuestión se contesta demanda (fs. 167/168 vta.) por los mismos letrados. Los planteos son similares a los respondes anteriores. Respecto a Mirta Ramona Herrera invoca falta de acreditación de la calidad que invoca. Ofrece prueba. Peticiona. Hace reserva del caso federal. Contesta el traslado conferido a los efectos del Art. 301 del Cód. Proc. Civil el Dr. VALDEZ (fs. 193/197 vta.). Se dicta la apertura a prueba (fs. 209/210 vta.).[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 227/271). Observan los letrados del demandado, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]2.- a) La Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial declaró la incompetencia del Tribunal en el Expte. Nº: B-86.478/01 "Ordinario por Cobro de Pesos y Daños Marcelo Hugo Palacios, Raúl Humberto Cardozo y otros c/ Estado Provincial". Deducido el Recurso de Inconstitucionalidad que tramitó en el Expte. Nº: 1.449/02 (Plenario) mereció sentencia favorable para la parte actora. Revocó el Superior tal decisión y dispuso que la acción promovida era de su competencia. Reenvió los autos para la prosecución de la causa según su estado. Impuso las costas a la recurrida difiriendo la regulación de los honorarios hasta tanto se pueda aplicar el Art. 11 de la Ley 1.687/46 t.o. (fs. 39/41 vta.). Con esta decisión se advierte que la cuestión relacionada con la Ley Nº: 5.301/02, 5.302/02 se ha tornado abstracta ya que se menciona solamente la Ley de Aranceles de la Provincia. Se denegó la concesión del extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas y se difiere la regulación (fs. 70/70 vta.). Se denuncia la interposición del Recurso de Queja (Expte. Nº: P-1.172/03) en contra de la resolución del 11/08/03 (fs. 75).[[/p]][[p]]2. b) Esta Sala Segunda resuelve en el Expte. Nº: B- 131.495/04 "Ordinario por cobro de pesos: Aima, Benito; Amante, Oscar; Amante, Alejandro y otros c/ Estado Provincial" rechazar la citación de terceros pedida por la demandada; impone las costas por su orden y difiere la regulación de los honorarios. Se interpone recurso de Inconstitucionalidad (Expte. Nº: 5.968/08 "Plenario") que mereció (por mayoría) su rechazo, con costas al Estado Provincial, con la disidencia de la Dra. María Silvia Bernal (fs. 92/102 vta.). Fue devuelto el proceso en febrero de 2.010 para su continuación.[[/p]][[p]]3.- El caso que nos convoca tiene importancia ya que trata de la cuestión referida a la implementación del programa que posibilite el acceso de los actores al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. tal como se indica en la Ley 4.879 del Art. 6º. Hasta tanto ello no ocurra, no se puede lograr su tenencia ni tomar decisiones acerca de ellas, lo que crea vulneración de sus facultades propias del derecho de propiedad garantizado en los Arts. 17 de la Constitución Nacional y 36 de la Constitución Provincial. Está claro y ello no ofrece duda alguna que se hicieron acciones tendientes a implementarlo, pero sin bien ello es así, como en realidad lo es, medió considerable demora y ello redundó en un perjuicio cierto para todos los dependientes de la repartición estatal en el momento que se decide la privatización. Si el diseñado mecanismo hubiera estado completo, los derechos se hubieran ejercido temporáneamente y sin daño alguno para los trabajadores. Con una buena información letrada les hubiera sido factible decidir lo más conveniente para su futuro. Del expediente administrativo se desprende que comenzó el proceso, pero después que se vendió el 90 % del paquete accionario. La primera foja tiene fecha 02 de junio de 1.997. La ley Nº: 4.879/95 fue sancionada y promulgada por órgano competente el 18 de diciembre de 1.995. Su publicación data del 06 de mayo de 1.996. Es decir que no se dio cumplimiento con la voluntad expresada en las disposiciones normativas que al decidir la privatización de la Dirección de Energía de Jujuy estableció la instrumentación de un Programa de Propiedad Participada en el ámbito de la Provincia. De haberse cumplido estricta y simultáneamente con lo estatuido se daba plenamente el ensamble y la articulación requerido por la ley. Es decir que se les concedía a todos los empleados públicos la facultad de obtener las acciones que les correspondían dentro de ese 10 % que se les reservaba para ellos en las empresas y que se les entregaba juntamente con el paquete mayoritario (90 %) de los adquirentes.[[/p]][[p]]La propia parte demandada reconoce que medió una mora imputable al Estado Provincial en su implementación y dice que resultaría razonable que se especifique quienes serán los que podrán acceder al mismo y acompaña Proyecto de Decreto (fs. 60, E. Insausti en dictamen del administrativo). Pero en la normativa que se dictó por la legislatura se desprende sin hesitación quienes son los favorecidos.[[/p]][[p]]4.- Como lo hemos afirmado la legitimación activa para promover demanda en la protección del derecho tratado es amplia, las obligaciones que de las normas se desprenden también lo son; por otra parte, los deberes conminan a toda persona (jurídica o física) a dar cumplimiento fiel a las disposiciones jurídicas que se dicten conforme lo dispuesto por las constituciones y las leyes que en su consecuencia se dicten.[[/p]][[p]]4.a) La Defensa de falta de acción en la faz activa debe ser desestimada "prima facie". Ello así porque los actores invocan que al momento de la creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial integraban todos ellos el plantel permanente de la Dirección de Energía de Jujuy. Invocan la doctrina legal de la C.S.J.N. en la causa "Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos S.A. y otro s/ Participación Accionaria Obrera" del 20/11/01, solicitando su aplicación al caso de autos (en voto mayoritario de sus miembros). De la prueba realizada se desprende que todos los actores cuando se declaró a la DEJ sujeta a privatización pertenecían a la planta permanente de la misma. Ello ocurrió con el dictado de la Ley 4.879 del 18/12/95. Su publicación tuvo lugar el 06/05/96. En el caso de los jubilados de oficio se produjo en algunos casos el 01/06/96 y en otros 01/07/96, según informe pericial. Por lo tanto dentro del planteo que hacen en las diversas demandas surge su legitimación activa. En lo que se refiere a este grupo etáreo hay que hacer algunas puntuaciones y relacionar las fechas en las que pasaron a pasividad y en las que se publicó la ley . Los ex empleados fueron jubilados de oficio según Decreto Acuerdo Nº: 182-E-95 (30-12-95). Posteriormente se dicta el Decreto Acuerdo Nº 454/96 mediante el cual se dejaba en "suspenso" la vigencia del anterior. Luego por Decreto Acuerdo Nº: 260/96 se dispuso la reincorporación de los agentes de la administración pública oportunamente jubilados de oficio.[[/p]][[p]]La Ley 4.879/96 dispuso en el Art. 13 último párrafo en cuanto a las opciones que "El Poder Ejecutivo Provincial podrá elaborar un régimen de jubilación anticipada que deberá liquidarse sobre la base del 82 % de la jubilación ordinaria del régimen provisional de la Provincia a condición que su financiamiento se realice por el Estado Nacional y al que podrá acogerse todo el personal de la Dirección de Energía de Jujuy que reúna los requisitos que en él se establezcan". Se interpreta que se restablecía la vigencia de los requisitos de edad y de años de servicio que prescribía la Ley Nº: 4.042/83 como así también el Sistema de Jubilaciones anticipadas o de oficio y la sanción de la Ley 4.903/96 que autorizaba el Poder Ejecutivo a firmar un Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Nación (31/05/98). Con el dictado del Decreto Acuerdo Nº: 692-E-96 en el Art. 1º se prescribe: "Dispónese la conversión con carácter de definitivos de todos los ceses de Servicios Provisorios establecidos por el Decreto Acuerdo Nº: 182/95, por cada uno de los Organismos de la Administración Pública Provincial de los tres Poderes del Estado, Organismos Centralizados y Descentralizados, los Municipios y Comisiones Municipales de la Provincia; lo que deberán considerarse otorgados al 31/05/96 y en relación a aquellos Agentes que no se encuentren detallados en el Anexo I de la Resolución Nº: 187-A.P.I./96 de la Intervención del Instituto Provincial de Previsión Social, conforme lo normado por el Decreto-Acuerdo Nº: 260-E-96".[[/p]][[p]]A consecuencia de esas normas la Intervención de la Dirección de Energía de Jujuy dictó la Resolución Nº: 172 (28/06/96) dando de baja del servicio activo al personal que le corresponde la jubilación, fijándola para unos el primero de junio y para otros el primero de julio de 1.996, sin excepción. Por lo tanto si la Ley Nº: 4.879 fue sancionada el 18/12/95; promulgada el 18/12/95 y publicada el 06/05/96 sin duda que los agentes jubilados de oficio están legitimados porque al momento de la creación de las sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado provincial integraban el plantel permanente de la Dirección de energía de Jujuy conforme lo prescrito por el Art. 22 de la Ley 23.696 y por la Ley Nº: 4.879 citada. Ello así de conformidad a lo sostenido por la Corte Suprema -en su voto mayoritario- en la causa "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Participación Accionaria Obrera" del 20/11/01.[[/p]][[p]]4.b) En relación a la Prescripción que se hace valer por la parte demandada, la misma no puede tener favorable acogida. El presente caso ha de subsumirse en el Art. 4.023 del Código Civil. Ya hay doctrina jurisprudencial en ese sentido cuando se trataron temas similares a los que ahora nos ocupa. Así se ha sostenido que: "Toda vez que el reclamo de los ex empleados de YPF, fundado en las acciones Clase "C" atinentes al régimen de propiedad participada, es de carácter especial y atípico, no le es aplicable el Art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (DT, 1976238) pues el contrato de trabajo sólo aparece como un elemento causal generador del derecho, pero éste no proviene del marco regular de nuestra disciplina y ante la ausencia de una norma expresa, se impone aplicar el plazo decenal previsto por el Art. 4.023 del Cód. Civil". En igual sentido "Es aplicable el plazo ordinario de prescripción decenal -Art. 4.023, Cód. Civil- y no el término bienal de la legislación laboral -Art. 256 Ley de contrato de trabajo 20.744- a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de YPF. -Arts. 21 a 40, Ley 23.696- ya que frente a la ausencia de una norma que regule específicamente el caso, debe estarse al plazo más extenso por razones de equidad y la valoración restrictiva que debe imperar en materia de prescripción (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "Es aplicable el plazo decenal de prescripción del Art. 4.023 del Cód. Civil y no el término bienal previsto en el Art. 256 de la Ley 20.744 a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de YPF S.A. -Arts. 21 a 40, ley 23.696- pues se trata de una normativa concerniente a la reforma del Estado que desborda el régimen laboral (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "El reclamo de autos se vincula con la implementación y el funcionamiento del programa de propiedad participada de Telefónica de Argentina SA, según la particular configuración que éste adquirió conforme con las normas que reglamentaron el proceso de privatización de ENTEL (conf. Ley 23.696, Decretos 62/90, 1105/89 y 484/98, etc.). Consecuentemente, las cuestiones planteadas en autos remiten a relaciones jurídicas esencialmente atípicas (conf. Sala 1, causa 3.995/99 del 7.5.02). Es decir, escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de una relación estrictamente comercial. Ello así, toda vez que la novedad y complejidad que plantean instrumentos como el que aquí se examina (PPP) hacen que los institutos y principios propios correspondientes al derecho del trabajo y al derecho comercial se vean ciertamente desbordados a la hora de resolver adecuadamente el diferendo. En tales condiciones, ponderando que no existe una norma específica que cubra la situación debatida en autos, débese aplicar en la especie el término de prescripción decenal, que posee carácter residual (conf. Art. 4.023, Primer párrafo, Código Civil)"; Autos: Sánchez Luis Inocencio c/ Programa de Prop. Participada Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ proceso de conocimiento. Sala 2. Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dra. Marina Mariani de Vidal; 16/05/2002.[[/p]][[p]]También debemos destacar a mayor abundamiento que hay autores que se inclinan por la posición de aplicar el plazo de diez años previsto por el Art. 4.023 del Código Civil, cuando están en juego intereses de contenido constitucional. Incluso cuando los perjuicios siguen generándose se puede considerar que su curso aún no comenzó. Ello así porque a pesar de haberse decidido la privatización por Ley y la implementación del Programa de Propiedad Participada en el año 1.995 y que se transfirió en el año 1.996 la mayoría de las acciones de las empresas a quién resultó favorecida por la licitación, no procedió aún el Estado Provincial a implementar el Programa que posibilite el acceso de los beneficiaros al capital accionario tal como lo establece el Art. 6º de la Ley Pcial. 4.879/95, publicada el 06/05/96 en el Boletín Oficial.[[/p]][[p]]En ese orden de ideas y habida cuenta que el más alto Tribunal de la República ha reconocido autonomía propia a las acciones deducidas por los trabajadores en las que se ventilan peticiones referidas a los derechos del Programa de Propiedad Participada no corresponde más que estimar como inaplicables los términos breves de prescripción para los derechos emergentes de la relación imponiéndose subsumir el supuesto en estudio -a fin de no vulnerar principios de justicia- el plazo decenal al que se alude en el Art. 4.023 del Código Civil. A la luz de lo meritado, atendiendo que los actores interponen sus acciones desde los años 2.002 a 2.006 y que aún no se ha implementado por parte del demandado el PPP, consideramos que no ha transcurrido el referido plazo decenal. Por lo tanto, en orden a lo expresado debemos rechazar la defensa hecha valer en las diversas causas.[[/p]][[p]]5.- La opción establecida por la ley la encontramos configurada ya sea por las diferentes comunicaciones realizadas como así por las diferentes acciones deducidas. Todo ello importa el ejercicio efectivo del derecho invocado. El precio de las acciones a que se tiene derecho corresponde que sea satisfecho en el número de anualidades por los adquirentes y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia (conf. Art. 30 de la Ley 23.696 aplicable por remisión de la Ley 4.879). Cuando ello ocurra es factible que con los dividendos anuales se concrete fácilmente. La pericia ha acreditado las entregas de sumas de dinero significativas al demandado (salvo por los años 2.000 y 2.001) las que han debido continuar sin duda alguna. Esos importes con más sus intereses a la tasa activa desde que fueron recibidas (conf. S.P.J. L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235 del 11/05/2.011) también se deben imputar a la cancelación del pago, todo lo cual puede ser realizado al finalizar la instrumentación del programa o determinado por el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]6.- La responsabilidad. En la modernidad se va construyendo un modelo tendiente a la mayor protección del ser humano que se veía sumergido en procesos de dañosidad nunca antes vistos. El cambio desde lo analítico, epistemológico y ético se plasma en nuestra legislación de fondo en el año 1.968 ya que el Código Civil amplía el campo reparatorio a partir de los factores objetivos de atribución. La consolidación nos llega por obra de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) que junto a sus modificaciones lleva a obtener la reparación de los daños producidos en el modelo social de consumo y cuyo ámbito de vigencia se expande por obra de la doctrina y jurisprudencia. La reforma constitucional apuntó en 1.994, decididamente a la protección integral de las personas a partir de su texto (medio ambiente, consumo, etc.) y también de los documentos internacionales que se le incorporaron (salud, educación, menores, trabajo, etc.). De ello, se desprende que un orden social justo precisa hacer concretar en la práctica por los agentes la totalidad de sus derechos, lo que conlleva a la reparación integral de los daños económicos y extraeconómicos que se soportan fundado en que no deben existir daños sin reparar, pues ésta es la base a partir de la cual se logra conformar un Estado Democrático efectivo, una verdadera República, no sólo en lo formal sino y sobre todo en lo sustancial. Sus principios deben tender como una estrella que nos dirige a la protección de la dignidad que es el interés superior a resguardar en todo ser humano.[[/p]][[p]]Habiendo establecido lo anterior, en concreto y sobre el tema convocante, la pregunta que nos hacemos está referida al funcionamiento del sistema tal como fue programado por quienes adoptaron la decisión política en una época de nuestro pasado histórico, de privatizar las empresas del Estado (década de los 90) y en el modelo que se llamó "neo-neo" es decir neoconservador - neoliberal. Para facilitar su andamiento y el apoyo de los afectados sobre todo, se diseñó esta forma que endulzaba en algún aspecto la precariedad que significaba para los dependientes del Poder que por pertenecer a su planta permanente gozaban de la estabilidad real y efectiva (garantizada en los Arts.: 14 bis de la Constitución Nacional y 61 de la Constitución Provincial) pasar a otra situación futura e imprevista. Se asiste entonces, a un cambio de empresario derivado del cambio de titularidad en los bienes de producción (antes el Estado, Ahora los capitales privados). La nueva modalidad de participar refleja en el ordenamiento jurídico, la evolución de las relaciones laborales y constituyen acceso al derecho de propiedad que en el orden constitucional nacional se plasma en el Art. 14 bis y que ha quedado como programático, a decir verdad. Sobre todo en que la ley asegurará a los trabajadores "la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección". La titularidad de los empleados en el capital accionario dispuesto por la Ley Nº: 23.696 de "Reforma del Estado" y Ley Nº: 4.879 "de Transformación del Sector Eléctrico en la Provincia de Jujuy" no sólo les otorga una participación en las ganancias de la empresa privatizada, sino también en la administración y gestión de la entidad, no excluyendo que deban soportar las pérdidas. Y así, asumir dicho conocimiento y control relevante articula de alguna manera el ejercicio de dichos roles con el texto constitucional.[[/p]][[p]]El tema sustancial que se dilucida aquí, está referido a juzgar que dependientes de la Dirección de Energía de la Provincia de Jujuy tienen derecho a acceder a las acciones en función del Programa de Propiedad Participada establecido en las leyes Nº 4.879 (Pcial.) y Nº: 23.696 (Nacional). En cuanto al fondo del asunto se examina la cuestión a partir de las consideraciones que se expusieron en su oportunidad en los autos: "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F S.A. y otro s/participación accionaria obrera" siguiendo al voto mayoritario de la CSN en el fallo del 20/11/01. Al no estar el Programa implementado quienes se vieron protegidos por la doctrina jurisprudencial están en todo su derecho de peticionar como lo hicieron habida cuenta la relación inescindible de las causas en su especificidad. En dicha sentencia se estableció que los dependientes que tenían derecho a acceder a las acciones en función del Programa de Propiedad Participada eran quienes mantenían vigente el vínculo laboral en la fecha en que se transformó la Sociedad del Estado en Sociedad Anónima y se declaró a la primera sujeta a privatización, de acuerdo a los Arts. 8 y 9 de la Ley 23.696, conforme lo establecido por el Decreto 2.778/90. Esta interpretación es la que adoptaremos, conforme el citado precedente, ya que los criterios del más Alto Tribunal de la Nación es conveniente que sean lealmente acatados en resguardo de la seguridad jurídica (SCN: Rolón Zappa, Víctor F. del 25/08/88). Con posterioridad en los autos "Gerry, Roberto c/ Y.P.F S.A. y otro" ratificó lo decidido en "Antonucci" y reconoce el derecho a obtener una indemnización por parte del Estado Nacional a quienes, encuadrados en las pautas fijadas, no hubieran podido obtener los beneficios del programa por causas ajenas a su voluntad. Todos los argumentos pueden ser aplicados a los actores de los diferentes procesos que ahora están acumulados y en estado de ser resueltos. Estando unificado el trámite y el pronunciamiento resulta uno sólo, no existe motivo suficiente que justifique ser excesivamente formalistas con la situación de algunos de los actores que aparecen en algunos expedientes como promoviendo la pretensión.[[/p]][[p]]Resulta oportuno dejar en claro que desde la fecha en que se decidió la creación de la empresa EJE SA por la Ley 4.879 sancionada y promulgada el 18/12/95, publicada el 06/05/96, todo el personal en relación de dependencia con la empresa sujeta a privatización, quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Los actores tenían derecho a ejercer la opción de adquirir las acciones clase "C" de EJE S.A. en el sistema de propiedad participada de las leyes citadas, toda vez que las relaciones de empleo estaban vigentes en esa fecha (18/12/95 - 06/05/96). Tal afirmación la hacemos observando la prueba incorporada de informes y pericial contable (CPN Gilda Esther Valdiviezo).[[/p]][[p]]Es oportuno poner de resalto que la opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre el dictamen de los peritos en cuestiones que atañen a su incumbencia técnica, máxime cuando tal opinión carece, a su vez, de fundamentos técnicos de trascendencia y no tienen entidad suficiente para enervar los argumentos del dictamen. Aunque no tenga carácter vinculante para el Tribunal, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas a través de las circunstancias del caso de acuerdo a los hechos comprobados de la causa reveladores de que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia o contradice el restante material probatorio objetivamente considerado (Conf. Palacios, Derecho Procesal Civil t. IV, Pág. 720). Las reglas de la sana crítica permiten establecer cuándo el examen debe ser estimado o dejado de lado; a los jueces les está vedado sustituir la opinión de los peritos por sus propios conocimientos técnicos, artísticos o científicos o rechazar la pericia correctamente fundada a la que no corresponde oponer pruebas de igual o menor fuerza de convicción. Cualquiera que sean los conocimientos que pueda tener, el Tribunal no puede actuar como perito (Falcón Tratado de la Prueba, Bs. As. 2.003, t. 2, Pág. 85, nota 429).[[/p]][[p]]Es conveniente recordar algunas referencias al sistema de la Ley 23.696. Ello así teniendo en cuenta que en el Expte. Administrativo a fs. 1 se la menciona al decirse que "De acuerdo a lo preceptuado por el Art. 6º de la Ley 4.879 el Estado Provincial debe implementar dicho Programa sobre el 10 % del Capital Accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 23.696 en su capítulo III". Este cuerpo normativo entonces no puede ser dejado de lado en tanto previó que para llegar a la privatización de bienes productivos cuyo dueño era el Estado debían ser declaradas sujetas a privatización por el Estado y aprobado por ley. El sistema no revestía carácter imperativo ya que estaba condicionada su aplicabilidad a pasos que tenían que ser dados por el Poder Ejecutivo. Resultaba necesario tomar medidas posteriores. Así fue dictado el Decreto por el cual se establecían las mismas. En nuestro caso se cumplió ello con la Ley 4.879 sancionada el 18/12/95 y publicada el 06/05/96. En virtud de esta norma el personal en relación de dependencia con la Dirección de Energía de Jujuy sujeta a privatización quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Aunque la privatización no estaba terminada, no se le puede negar al personal el derecho que resulta del plexo de normas aludidas y de la intencionalidad de la Ley expresada en sus términos claros y simples. Sobre todo en lo que se refiere a los empleados del "ente a privatizar" (Art. 16.2). En la fecha consignada el Art. 1º dice: PRIVATIZACIÓN: Declárase sujetas a privatización las actividades de Generación Transporte, Distribución Concentrada y de los Sistemas Eléctricos Dispersos, que realiza actualmente la Dirección de Energía de Jujuy. El Art. 2º: CREACIÓN: a) Créase la "Empresa Jujeña de Energía" (EJE S.A.) la que se constituirá bajo la forma de Sociedad Anónima registrada por las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº: 19.550 y 22.903, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias como las que en el futuro las sustituyan, a las que se le otorgará la concesión de la prestación de los servicios de Generación; Transporte y Distribución Concentrada, referidos en el Artículo 1º "EJE S.A." se constituirá con el aporte parcial del Patrimonio de la Dirección de Energía de Jujuy en la forma que se determina en esta Ley. b) Créase la "Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.) la que se constituirá bajo la forma de Sociedad Anónima, regidas por las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº: 19.550 y 22.903, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias como las que en el futuro las sustituyan, a las que se le otorgará la concesión de la prestación de los Servicios Eléctricos Dispersos referido en el Artículo 1º "EJE S.A.". La empresa Jujeña de Sistema Energéticos Dispersos (EJSED S.A.) se constituirá con el aporte parcial del patrimonio de la Dirección de Energía de Jujuy en la forma que se determina en esta Ley. El Artículo 5º establece: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social de las sociedades anónimas creadas por el Artículo 2º de esta Ley estará representado por acciones ordinarias escriturales; nominativas y no endosables; distribuyéndose del siguiente modo: a) el diez por ciento (10 %) para ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada. b) El noventa por ciento (90 %) para el Estado Provincial. El Artículo 6º dispone RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA PARTICIPADA: El Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al Capital accionario de "EJE S.A." y "EJSED S.A." previsto en el artículo 5º de esta Ley; de acuerdo al régimen de la Ley Nº: 23.696 Capítulo III "Del Programa de Propiedad Participada". Los representantes gremiales deberán tener participación necesaria en la elaboración de los instrumentos que regulen este programa.[[/p]][[p]]La Ley Nº: 23.696 contiene un capítulo dedicado al programa y dice quienes pueden adquirir las acciones, entre los que se mencionan a los empleados del ente a privatizar. En nuestro supuesto en examen por Ley se dio la transformación y el nacimiento de la sociedad del Estado Jujeño y se declaró comprendida en el sistema de la Ley Nacional. No revestía carácter imperativo el sistema, pero en la nuestra Nº: 4.879/95 como hemos transcrito existe sin hesitación el concepto o categoría analítica de imposición. Ese ámbito coercitivo implica para el órgano institucional el encargo de organizar y cumplir con la manda institucionalmente marcada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado. El Ministerio de Economía como autoridad de aplicación llevará a cabo lo necesario para ofrecer las acciones y obligaciones en los mercados de valores a fin de transferir el capital al Estado y la posibilidad de pasarlo a manos privadas; en el mismo momento lo programático establecía que el diez por ciento (10 %) para ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada. Entendemos en una correcta hermenéutica que ello debió ser simultáneamente. Obsérvese que incluso la proporción fijada para los empleados está en el primer apartado del Art. 5º identificado con la letra a) y el otro porcentaje "a posteriori" con la letra b). Plasmado y decidido en la ley provincial está entonces que el personal en relación de dependencia con la empresa sujeta a privatización quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Como el capital se hallaba en poder del Estado y aún continúa, no puede negárseles derecho a los dependientes del "ente a privatizar" a obtener sus acreencias una vez que se finalice la implementación del programa.[[/p]][[p]]Es así que las disposiciones que avanzan sobre lo dispuesto (por la norma superior) para restringir el número de trabajadores que podían ser adherentes no es conforme a derecho. No fue delegada por la Ley dicha facultad reglamentaria. De ahí que el Decreto (Nº: 969 del 08/05/2.000) en ese aspecto debe ser declarado inconstitucional. El uso de la expresión "personal de las respectivas empresas" no puede ser otro que el de referirse a los existentes seres humanos que al momento de la privatización laboraban en la repartición ello así, con los alcances referidos en los considerandos que da la Corte en el caso "Antonucci" en su voto en mayoría. El Art. 22 de la Ley 23.696 hace referencia al empleado adquirente del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente ya privatizado como resultaría de adoptarse el criterio que propone la parte demandada. Este es el prisma con que se mira el caso que se ha sometido a nuestra consideración. Con este criterio hay respeto por los derechos del personal de planta permanente al momento del dictado de la ley de privatización. Como pauta interpretativa acudimos a su texto. Su enunciado normativo descrito precedentemente por su extrema claridad es idóneo para la situación de todos los actores. Aptos para generar razonable expectativa de adquirir las acciones programadas o de no ser posible obtener la consiguiente reparación de los perjuicios ocasionados por la tan ansiada acrecida. Otra pauta de hermenéutica a la cual acudimos es el principio "in dubio pro justicia sociales" que merece el más alto respeto y protección ya que hace a la existencia de la persona humana. La ley dictada por el Poder Legislativo de la Provincia formula una verdadera política en la materia. Respeto por los derechos del dependiente del Estado Provincial, del personal que tenía estabilidad y se tiene la convicción que lo programado, la meta objetivada en el plexo normativo era tener los dos tipos de acciones listas para su entrega en forma simultánea y articulada. Proteger al personal de planta permanente y no correr ningún riesgo tal como lo quiso el constituyente cuando previó la estabilidad propia como regla y la desestimación de la precariedad.[[/p]][[p]]7.- En un orden de ideas concordantes, lo principal es entonces decidir por esta sentencia que efectos tienen todos los requerimientos que se han realizado en los diferentes expedientes. Estamos seguros que el obligado es el Estado Provincial que no actuó en tiempo y forma para que en el momento previsto por la normativa en la materia, todos sus dependientes hubieran estado en situación de decidir y en su caso adquirir parte de ese 10 % de acciones Clase "C". Obligación de hacer que al no concretarse en tiempo propio, afectó el derecho de los actores. El Programa entonces debe ser concluido en un plazo que no puede ir más allá de los tres meses. Para así decidir consideramos que ya se avanzó en el proceso y con un esfuerzo por parte del Ministerio de Economía podrá cumplirse con la obligación de hacer y luego proceder a entregar las acciones a los requirentes en el plazo de un mes. De no procederse así, por vía de ejecución de sentencia estableceremos la suma de condena por daños y perjuicios a satisfacer por la parte demandada a cada uno de los actores si ven frustrada su legítima expectativa a obtener una ganancia a la que tienen derecho. En este sentido hemos podido comprobar como el Art. 2 de la Ley 25.471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al Programa por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación económica continúa aún estimándose por el Congreso y en vías de satisfacerse a los ex dependientes de las empresas privatizadas. De ahí que nos pronunciamos en esta causa conforme a derecho lo que implica confirmar la decisión que el máximo Tribunal de la República ha tomado en el referido caso "Antonucci" y que además ha sido ratificado por normas nacionales adecuadas a dicho pronunciamiento y que puede dar respuesta a los reclamos de los actores o de los cónyuges y descendientes habida cuenta que por el transcurso del tiempo muchos agentes han dejado de existir (SC: Gerry, Roberto Ernesto y otros c/ YPF S.A. y otros, 26/08/03). Este reclamo subsidiario esto es el pago de la indemnización hay que examinarla a partir de los considerandos que se expusieron en su oportunidad en "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Participación accionaria obrera" en los que se estableció que los dependientes que tenían derechos a acceder a las acciones en función del Programa eran quienes mantenían vigente el vínculo laboral cuando se transformó la empresa del estado en sociedad anónima y se declaró a la primera sujeta a privatización de acuerdo a los Arts. 8 y 9 de la ley 23.696 conforme el Decreto 2.778/90. Esta interpretación fue adoptada a partir del citado fallo ya que los criterio del más Alto Tribunal han de ser lealmente acatados en resguardo de la seguridad jurídica (C.S. Rolón, Zappa, Víctor F." del 25/08/88; R-586 XXI). En los autos Gerry, Roberto c/ Y.P.F. y otro s/ part. Accionario obrero" la Corte ratifica lo ya decidido y reconoce el derecho a obtener indemnización por parte del Estado Nacional a quienes encuadrados en "Antonucci" no hubieran podido obtener la posibilidad de optar por el programa por causas ajenas a su voluntad.[[/p]][[p]]La cuestión de la determinación de la cuantía del daño será considerada por el Tribunal oportunamente sobre la base que la misma debe ser integral. Resulta necesario fijar algunas pautas de las que no corresponde apartarse. La indemnización resultará de valuar los siguientes ítems: a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas de la Ley sobre la base de los datos de ingreso y egreso si correspondiere, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa; b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones, el que hubieran debido saldar los ex agentes y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financiera por su venta. La perito actuante ha realizado estimación al respecto a la fecha del informe. Por el tipo de juicio, su complejidad y número de beneficiarios siempre es posible que los ajustes a efectuar por la vía recordada se practicarán con la colaboración de la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo (Arts. 469 y cocns. del Cód. Proc. Civil). Las sumas que se obtengan deberán abonarse con los intereses de la tasa activa (L.A.Nº: 54, Fº 910/917, Nº 242) hasta su efectivo pago desde la fecha en que el Estado Provincial recibió los importes correspondientes a las acciones Clase "C" y que será analizado y calculado por la auxiliar de la justicia en el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]8.- Si mi criterio fuere compartido, las costas deberán estar a cargo de la parte demandada en su calidad de vencida y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102, primer apartado del Código Procesal Civil. De los considerandos se desprende que el Estado Provincial es el que ha dado lugar a la promoción del juicio y por lo tanto, los gastos efectuados por las demandas para obtener el reconocimiento de sus derechos deben recaer sobre el autor de la conducta, de lo contrario el resarcimiento concedido, que tiene como finalidad producir el equilibrio patrimonial, no dará satisfacción a él, sino que se verá disminuido en la medida de las costas y será en tal proporción que la reparación no será integral. No habiendo mediado allanamiento a satisfacer la pretensión - por aplicación del principio rector en la materia - deberá soportar las costas.[[/p]][[p]]En lo referido a las Leyes 5.301 y 5.302 que fue planteada por los actores su inconstitucionalidad diferimos su tratamiento para el momento en que regulemos los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en las distintas causas acumuladas.[[/p]][[p]]Los honorarios profesionales (Conf. Arts. 2º, 4º, 5º, 8º, 10º, 26º y concs. de la Ley 1.687/46 t.o.) serán fijados ponderando en primer lugar la labor efectivamente realizada en las diferentes causas, su extensión y eficacia enderezada a esclarecer al Tribunal respecto de la materia litigiosa y las pautas numéricas que proporciona el sistema legal (LA Nº 43, fº 507/510, Nº 189). Deberán ser abonados con los intereses que hemos establecido por igual tasa y período y el Impuesto al Valor Agregado, si correspondiere. Los montos serán establecidos cuando haya elementos para efectuar su estimación. Por lo tanto proponemos ahora su diferimiento.[[/p]][[p]]Tal es mi criterio.[[/p]][[p]]La Dra. BEATRIZ GUTIERREZ, dijo:[[/p]][[p]]Comparto los fundamentos vertidos por la ponente, adhiriendo en un todo a la solución propiciada por la misma, ya que han sido motivo de deliberación y análisis todos y cada uno de los temas que como relevantes se consideraron y trataron.[[/p]][[p]]La Dra. ELSA ROSA BIANCO, dijo:[[/p]][[p]]Por idéntico fundamento que el expresado por la preopinante, me adhiero al criterio sustentando y voto en igual sentido que lo hace la Dra. Noemí A. Demattei de Alcoba.[[/p]][[p]]Por todo ello, la SALA SEGUNDA de la CÁMARA en lo CIVIL y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY RESUELVE:[[/p]][[p]]I) Desestimar las defensas de falta de legitimación sustancial pasiva deducidas por el Estado Provincial por los argumentos expresados en los Considerados. Aquellos actores cuyos nombres se repiten en distintos expedientes ante la acumulación dispuesta y la decisión de emitir pronunciamiento unificado, no existe razón de peso que justifique la procedencia de la excepción articulada.[[/p]][[p]]II) Rechazar la defensa de prescripción planteada por la parte demandada.[[/p]][[p]]III) Declarar la Inconstitucionalidad del Decreto Nº: 969-E del 08 de mayo de 2.000 en lo que se refiere a los sujetos legitimados para ejercer la opción dispuesta en su artículo tercero. La fecha de corte a tener en cuenta para ejercer la opción de adquirir las acciones clase "C" en el Sistema de Propiedad Participada se establece en la de publicación de la Ley 4.879/95 que según surge del Boletín Oficial ocurrió el 06/05/96.[[/p]][[p]]IV) Hacer lugar a la demanda ordinaria deducida por los actores del presente proceso y de los acumulados (cuyo detalle exhaustivo da cuenta la pericia realizada por la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo y que se tiene como parte integrante de esta sentencia) en contra del Estado Provincial. La parte demandada debe ser conminada a que finalice la implementación del Programa de Propiedad Participada que posibilite el acceso de los actores al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. (Art. 6º de la Ley 4.879/95) en el plazo de tres meses. Cumplida la manda deberá entregar las acciones correspondientes a los actores (o sus herederos) en el plazo de un mes, con más los dividendos en función de los depósitos que las empresas referidas concretaron a la parte demandada, deducidos los costos según se determina en el informe de la auxiliar de la justicia.[[/p]][[p]]De no ser posible legalmente deberá resolverse la obligación con el pago de los daños y perjuicios. La indemnización integral resultará de valuar los siguientes ítems: a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas de la Ley sobre la base de los datos de ingreso y egreso si correspondiere, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa; b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones, el que hubieran debido saldar los ex agentes y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financiera por su venta. La perito actuante ha realizado estimación al respecto a la fecha del informe. Por el tipo de juicio, su complejidad y número de beneficiarios siempre es posible que los ajustes a efectuar por la vía recordada se practicarán con la colaboración de la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo (Arts. 469 y cocns. del Cód. Proc. Civil). Las sumas que se obtengan deberán abonarse hasta su efectivo pago, con los intereses de la tasa activa (L.A. Nº: 54, Fº 910/917, Nº 242) desde la fecha en que el Estado Provincial recibió los importes correspondientes a las acciones Clase "C" y que serán analizados y calculados por la auxiliar de la justicia en el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]V. Imponer las costas de la acción a la parte demandada por resultar ser vencida. La regulación de los honorarios profesionales se difiere para el momento que se tengan determinados los montos del capital e intereses que comprenden los importes de los actores en las diferentes causas, momento en que se hará la evaluación y aplicación al caso de la Ley 1.687/46 t.o..[[/p]][[p]]VI. Agréguese copia en autos; regístrese; informatícese; comuníquese a las partes, peritos, etc..[[/p]]
[[p]]EXPTE. Nº: b-86594/2002 Voces Jurídicas: PROPIEDAD PARTICIPADA - DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD - PROCEDENCIA Tribunal: Cámara en lo Civil y Comercial Sala II Competencia:[[/p]][[p]]Fecha: 22/09/2011 \\\la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 22 días del mes de setiembre de dos mil once, reunidas en la Sala Segunda de la Cámara en lo Civil y Comercial las Dras.: NOEMI ADELA DEMATTEI DE ALCOBA, BEATRIZ JOSEFINA GUTIÉRREZ y ELSA ROSA BIANCO (Presidencia de la 1ª; habilitación de la 2ª y 3ª) vieron el Expte. B-86.478/02 "ORDINARIO POR COBRO DE PESOS y DAÑOS y PERJUICIOS PALACIOS, MARCELO y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL" (siete cuerpos) y los acumulados: B-86.594/02 "LAMAS, JOSÉ MANUEL y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-94.546/03 "GAITÁN y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-94.640/02 "ARAMAYO, PASCUAL y OTROS c/E.P." (dos cuerpos); B-103.355/03 "CARI c/ E.P." (tres cuerpos); B-103.685/03 TORRES c/ E.P." (dos cuerpos); B-104.004/03 "OVEJERO c/ E.P." (dos cuerpos); B-108.511/03 MERCADO c/ E.P." (dos cuerpos); B-108.983/03 "BARRIONUEVO,.c/ E.P."; B-113.315/04 "OLMOS, HÉCTOR DANIEL y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-116.953/04 "AISAMA. c/ E.P." (tres cuerpos); B-117.068/04 "VALLE,. c/ E.P." (dos cuerpos); B-117.399/04 "DOMÍNGUEZ, OSCAR y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos); B-131.495/04 "AIMA, BENITO y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-133.399/05 "CASAS, CARLOS y OTROS c/ E.P." (tres cuerpos); B-136.441/05 "CAÑIZARES,.c/ E.P." (dos cuerpos); B-136.442/05 "MALDONADO.c/ E.P." (dos cuerpos); B-137.325/05 "RIVEROS, GUIDO y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos); B-165.203/06 "ALGAÑARAZ, JOAQUÍN y OTROS c/ E.P." (dos cuerpos). Obran agregados del Superior Tribunal de Justicia los Exptes.: Nº: 1.449/02 Plenario "Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en B-86.478/02 (Sala I Cám. C. y C. Palacios y otros c/ E.P.) y Nº: 5.968/08 Plenario "Recurso de Inconstitucionalidad en B-131.495/04 (Sala II Cám. C. y C. Aima y otros c/ E.P."); Nº: 0626-LQ-0068/97 Informe ref.: "Implementación del Programa de Propiedad Participada, Art. 6º de la Ley 4879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy" de la Dirección de Energía de Jujuy. Se delibera conforme lo dispone la ley adjetiva (Art. 362 Inc. 4º del Cód. Proc. Civil).[[/p]][[p]]La Dra. DEMATTEI DE ALCOBA, dijo:[[/p]][[p]]1.- Viene en el Expte. Nº: B-86.478/02 el Dr. MARCELO R. FERNÁNDEZ como apoderado de MARCELO HUGO PALACIOS, RAUL HUMBERTO CARDOZO, MANUEL FERNANDO CORREA, MARIO ERNESTO BARDELLI, HUGO ROBERTO VILLENA, FIDEL ALDO VILLARRUBIA, JORGE ANTONIO CLAROS, CARLOS ROBERTO YUNG; OMAR RUBEN RODRIGUEZ, FAUSTINO ROJAS QUISPE, CECILIO VENTURA, CARLOS CESAR BURGOS, ARIEL OSVALDO ARABEL, ANTONIO HERMENEGILDO ORELLANA, CESAR AUGUSTO ANACHURI, LUIS ALBERTO RIOS, VICTOR HORACIO MONTEZ; RAUL ALFREDO BRIZUELA, ARMANDO BRIZUELA, MONICA COSTA, EDICO VEGA, ERNESTO SAJAMA, NICANOR AURELIO LLAMPA, HUMBERTO RAUL VEGA, SAUL EDUARDO JUSTE, VICTORIA ANA BRUN, RUBEN HUMBERTO BURGOS, ELEUTERIO MENDIETA, MARIO VICTOR MENDOZA, SATURNINO EPIFANIO GALIAN, PABLO ALBERTO CASTILLO, RICARDO CESAR ORTEGA, RAMON BAUTISTA ALARCON, MIGUEL VICTOR CAZON, MARCELO SERAPIO RUIZ, PAULINO TINTE, JUSTO DANIEL BERMUDEZ, JULIAN ZERPA, MIRTA ESTER VACAFLOR, SONIA DEL VALLE CAYON DE OLMOS, HECTOR MARCELO LOPEZ, ROBERTO PABLO BENITEZ, JOSE HORACIO RIOS, PABLO DAVID MURILLO, HUMBERTO ANTONIO PALAVECINO, MARIA GRACIELA AMAYA, SERGIO CACERES, MARCELO HERRERA y CESAR RAMON CASTRO a promover demanda ordinaria por entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios, en contra del ESTADO PROVINCIAL. El reclamo administrativo previo estima que es improcedente. Dice de la inconstitucionalidad de artículos de la Ley Pcial. Nº 5.328 "De Emergencia Económico-Financiera" por violar normas de las Constituciones Nacional y Provincial como así de los Tratados Internacionales. El Estado Provincial inició vía administrativa (Expte. Nº 0626-0068/97 "Implementación del Programa de Propiedad Participada conforme Art. 6º de la Ley 4.879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy"). A la presentación de demanda aún no la terminó. Someterlos a nuevo trámite es lesivo al derecho de defensa, si aún no concluyó el del año 1.997. Las normas atacadas atribuyen, indebidamente, al Poder Ejecutivo, facultades jurisdiccionales, violándose la tripartición de poderes. Vedarles el acceso directo e irrestricto a la justicia, es violar el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica.[[/p]][[p]]Relata que en diciembre de 1995 la Legislatura sancionó la ley Nº 4.879/95. Declaró sujetas a privatización las actividades de generación, transporte, distribución concentrada y de los sistemas eléctricos dispersos que en aquella época prestaba la Dirección de Energía de Jujuy (Art. 1º). Creó la Empresa Jujeña de Energía S.A. y la Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos S.A., regidas por las leyes 19.550 y su modificatoria 22.903 (Art. 2, apartados a. y b.). Estableció los mecanismos para conformar los activos y pasivos de las sociedades delegando en el Poder Ejecutivo tal actividad (Art. 3º). Confirió autorización al Poder Ejecutivo confeccionar los estatutos de las sociedades e inscribirlas en el Registro Público de Comercio (Art. 5º). Fijó las pautas a considerar para la distribución del capital social de las sociedades, estableciendo que el diez por ciento (10%) de las acciones debían ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada (Art. 5º). Fijó el régimen del PPP, estableciendo que el Poder Ejecutivo debía implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. previsto en Art. 5º de acuerdo al régimen de la ley nacional Nº 23.696, Capítulo III "Del Programa de Propiedad Participada" (Art. 6º). Estableció el sistema de venta de las tenencias accionarias del Estado Provincial en las empresas creadas, de modo de alcanzar la privatización enunciada en el artículo 1º de la ley (Art. 7º). Fijó que la transferencia de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy que pasaran a prestar servicios en las nuevas empresas se debía efectuar el día de la toma de posesión de dichas instituciones (Art. 13º). Como consecuencia de las disposiciones mencionadas, el Poder Ejecutivo transformó la Dirección de Energía de Jujuy; creó las sociedades anónimas y por la venta de la mayoría del paquete accionario, produjo la privatización del sector eléctrico. La toma de posesión de las nuevas empresas por parte de los adjudicatarios del paquete accionario mayoritario de las mismas tuvo lugar el día 2 de diciembre de 1996, oportunidad en la que las firmas EJE S.A. y EJSED S.A. comenzaron a operar en el sector eléctrico provincial. Numerosos trabajadores de la DEJ ejercieron la opción del Art. 13 Inc. a. de la ley 4.879 y pasaron a prestar servicios en las nuevas empresas, con los derechos, obligaciones y garantías establecidas en esa ley, en la leyes 4.312 y 4.364 y en el Convenio Colectivo de Trabajo de la actividad Nº 36/75. Entre ellos se encuentran todos los actores. Su legitimación no solo surge del hecho de haber optado por pasar a prestar servicios en las empresas privatizadas con capital mayoritario privado, sino por el hecho que al momento de creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Cita la doctrina legal de la CSJ en "ANTONUCCI, ROBERTO c/ YPF YACIMIENTOS PETROLIFEROS S.A. y OTRO s/ Participación Accionaria Obrera" (20 de Noviembre de 2001).[[/p]][[p]]El Estado Provincial (a pesar de haber transferido en el año 1.996 la mayoría de las acciones) no ha procedido a implementar programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A., tal como claramente reza el artículo 6º de la ley 4.879. Si bien se han realizado algunas actividades, tendientes a ello, el proceso está inconcluso y por tal motivo, no pueden acceder sus representados a la tenencia de acciones ni decidir lo que crean conveniente a sus derechos. Peticiona se condene al Estado Provincial a entregar a los actores las acciones que les corresponden en la empresa EJE S.A. conforme la prueba que se producirá. Se les pague los dividendos de esas acciones, en función de los depósitos realizados por las empresas. En subsidio, si no fuere posible darles la titularidad de ellas, se lo condene al pago de los daños y perjuicios.[[/p]][[p]]Según leyes Nº: 4.879 y Nº: 23.696, normas reglamentarias y doctrina y jurisprudencia tienen derecho a adquirir las acciones todos los empleados que al momento de la transformación de la empresa en sociedad anónima, hayan pertenecido a la planta permanente de la DEJ; aún en aquellos casos que no ejercieron la opción de pasar a prestar servicios en la nueva y que también hayan optado por adquirir tales acciones (causa citada). El primer requisito es que los empleados hayan ejercido alguna de las opciones a que se refiere el Art. 13 de la ley Nº 4.879. Sus mandantes optaron por pasar a prestar servicios en las nuevas empresas creadas (Inc. a de la Ley Nº 4.879). Todos eran empleados de la DEJ y por haber ejercido la opción pasaron a prestar servicios en EJE S.A. una de las empresas creadas. Primer requisito que se encuentra cumplido.[[/p]][[p]]A pesar de no ser materia de esta litis, a fin de que no se entienda como sometimiento voluntario a la legislación, plantea la inconstitucionalidad del Art. 3º del Decreto Acuerdo Provincial Nº 969-E del 8 de mayo de 2.000. Tal como lo resolvió la CSJ ("ANTONUCCI c/ YPF y OTRO") aún en los casos que los trabajadores de las empresas de servicios privatizadas se hubieran acogido al llamado retiro voluntario, conservan el mismo derecho a ser adquirentes de las acciones del PPP en igualdad de derechos que los que optaron por seguir prestando servicios en las nuevas empresas o en otra repartición del Estado.[[/p]][[p]]El segundo requisito -la opción- se ha cumplido. En su momento algunos de sus mandantes remitieron al Ministro de Economía una carta documento manifestando la intención de adquirir las acciones e intimándolo a que proceda a instrumentar ese programa. Merecieron las respuestas del CPN Héctor Téntor (Ministro de Economía Interino) dando una serie de improcedentes razones para justificar la demora, pero que constituyen el ejercicio del derecho que tienen para comprar las acciones. La iniciación de esta acción para que se condene al Estado Provincial a entregárselas importa ejercicio por los actores del derecho a adquirirlas. Algunos de los actores ejercieron la opción por carta documento y otros lo hacen por esta demanda. Sus mandantes, por diversos motivos, han cesado en su relación de dependencia con EJE S.A.. Alguna doctrina ha sostenido que en el caso de que cesare la relación de empleo del trabajador transferido a la empresa privatizada, respecto de las acciones no abonadas y, por lo tanto, no liberadas, queda resuelta la operación. Implicaría que regresarían al Estado Provincial. De ese modo, podría decirse que esta demanda no tiene objeto pues al haber cesado la relación de empleo antes del pago y liberación de las acciones éstas deberían regresar al Estado. Siendo así, una condena a entregar acciones que igual regresarían a él, resultaría carente de sentido. Sin embargo, eso no es así y para el evento que se quiera formular un argumento de esa naturaleza, es indispensable analizar ciertas circunstancias para poner las cosas en su lugar. La privatización tuvo lugar en 1.996, oportunidad en que el Estado Provincial entregó a los adjudicatarios la posesión de EJE S.A. y EJSED S.A. por la transferencia de la mayoría del paquete accionario. Si hubiera cumplido con sus obligaciones como era debido, de inmediato debería haber organizado el PPP y ofrecido las acciones a los que tenían derecho. En cambio se demoró y no cumplió, lo que provocó pasara el tiempo en cuyo devenir se produjo el despido o el retiro de sus mandantes. Es obvio que la demora (más de 5 años de entrega de la empresa) no les puede provocar perjuicio alguno. Si no son empleados efectivos de la empresa privatizada, eso no les hace perder el derecho a adquirir las acciones del PPP, pues existe una evidente demora en organizar e implementar ese programa, que no puede perjudicarlos. El mismo Estado Provincial aceptó esa circunstancia y como consecuencia de ello, previos dictámenes legales que ponderaron en forma expresa la mora incurrida, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto-Acuerdo Nº 969-E (08/05/00) mediante el cual, en su artículo 3º estableció: "Dispónese que los sujetos legitimados para adquirir las acciones asignadas en el artículo 5º de la ley 4.879 al Programa de Propiedad Participada a implementarse en las sociedades EJE S.A. Y EJSED S.A. son todos aquellos empleados que en las condiciones establecidas por el artículo 22 de la ley 23.696, fueron transferidos a dichas empresas y en consecuencia pasaron a prestar servicios en las mismas a partir del día 2 de diciembre de 1996. Dichos empleados, dentro del plazo que se establezca, deberán expresar su voluntad de adherir al mencionado programa suscribiendo la documentación necesaria a tal efecto". La inconstitucionalidad del artículo se plantea en lo que se refiere a los sujetos legitimados para ejercer la opción, que ha quedado extendida incluso para aquellos trabajadores que hubieran optado por el retiro voluntario o el pase a otro organismo de la administración pública. Ese Decreto-Acuerdo acepta como legitimados a quienes optaron por prestar servicios en las empresas privatizadas. A partir del caso "ANTONUCCI" resulta extensivo y favorece a todos los trabajadores de las empresas sujetas a privatización y que manifiestan su voluntad de adquirir las acciones, con independencia del mantenimiento o no de la relación laboral. En este caso, pasaron a prestar servicios en la empresa privatizada y ejercieron la opción de adquirir las acciones, lo que implica que tienen derecho a comprarlas. La legitimación activa para promover esta demanda la considera acreditada.[[/p]][[p]]El evaluar las demás condiciones de compra de las acciones la adhesión al PPP importa una opción voluntaria y onerosa, pues el empleado que expresa su deseo de adquirirlas, debe pagar el precio. La ley 23.696 aplicable por remisión de la ley 4.879 y al estar adherida la Provincia, establece que el precio será pagado por los adquirentes en el número de anualidades y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia (Art. 30 de la ley 23.696). Al no estar redactado, no se conoce el precio. Cuando se lo fije, podrá tener lugar su satisfacción a través de los dividendos anuales. El Art. 31 de la ley 23.696 dispone que en el caso de los empleados-adquirentes, se destinaran al pago de las acciones los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesario. Para el caso de que éstos resultaren insuficientes, se podrá destinar hasta el cincuenta por ciento (50%) de la participación en las ganancias instrumentada en el bono del artículo 29. EJE S.A. realizó depósitos en ese concepto al Estado; a sus legítimos destinatarios no les llegó. Por 1.997, 1.998 y 1.999 ascendían a $ 1.255.466,16; a ello debe agregársele los importes de los ejercicios 2.000 y 2.001 los siguientes hasta la sentencia a ponderar con intereses ya que se está usufructuando ese dinero. El Estado tiene dinero para el pago de las acciones que los actores tienen derecho a adquirir pues tiene en su poder los dividendos que le entregó la empresa privatizada. Si con ese dinero no alcanzara, deberá seguir imputándose a cancelar el precio de las acciones a los futuros dividendos. Y si ello todavía no fuera suficiente, para que no se alegara la falta de pago como obstáculo para la compra ofrecen pagar el saldo en la medida que corresponda y al precio que se fije en común en el Acuerdo General de Transferencia. Para establecer el dinero a contabilizar como pago del precio de las acciones deberá computarse el importe depositado por EJE S.A. más los intereses devengados, desde la fecha de cada depósito y hasta la fecha en que cumpla con la sentencia que se dicte y les entregue las acciones o los certificados de valores en custodia. Si alcanzara a pagarse el precio y existiera un excedente, el Estado Provincial deberá ser condenado a distribuirlo en función del porcentaje de participación o tenencia accionaria de cada uno ellos. Las cuentas necesarias (precio de acciones, importe de dividendo, eventuales faltantes o excedentes) deberían ser realizadas en la ejecución de sentencia, conforme pautas dadas en la sentencia.[[/p]][[p]]La participación accionaria de cada actor se rige por los Arts. 26 y 27 Inc. a) de la ley 23.696 y su reglamentación. Se elabora un coeficiente o ponderación compuesta que tenga en cuenta: a) Antigüedad del trabajador (20%); b) Categoría (30%); c) Ingresos (45%) y d) Cargas de Familia (5%). Será materia de prueba conocer cuantas acciones les pertenecen a cada uno de los actores. Peticiona en concreto se condene al Estado Provincial a entregar las acciones del Programa de Propiedad Participada que sus representados tienen derecho a adquirir. Si resultare de imposible cumplimiento la obligación se debe traducir en pagar los daños y perjuicios. Comprenderán el capital que se verían privados de obtener (las acciones que no podrían llegar a adquirir) más la renta de ese capital (los dividendos que no podrían llegar a percibir, una vez descontado el precio de las acciones) más los intereses de esas sumas, cuya liquidación se hará en el trámite de ejecución de sentencia conforme a las pautas que se fijen.[[/p]][[p]]En relación a la Competencia cita el caso "Albornoz Domingo c/ YPF S.A." en donde la CSJ estableció que el reclamo correspondiente al porcentual accionario participado de una empresa privatizada dirigido contra el Estado Nacional (en este caso, el Estado Provincial) "titular y vendedor de las acciones" debe tramitar ante la justicia en lo Civil y Comercial (DT 1999-A-511). Reiterado en Astigarra Ema c/ YPF (DT, Revista Nº 7 de año 1999, pág. 1.314). Con fundamento en esos precedentes se promueve demanda ante la Sala.[[/p]][[p]]Pide Inconstitucionalidad de la Ley Nº: 5.301/02 si los honorarios profesionales superaran el irrisorio tope establecido por su Art. 2 y su modificatoria Ley Nº: 5.302/02, así como del Art. 6º bis de la Ley 1.687/46 t.o. con extensos argumentos. Formula reserva de recurrir por la vía del Art. 14 de la ley 48. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 213/220 vta.).[[/p]][[p]]El ESTADO PROVINCIAL responde la demanda por el Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI (Procurador Fiscal). Plantea incompetencia. Hace negativas particularizadas. Pone de manifiesto: ausencia del reclamo administrativo previo e Improcedencia de la inconstitucionalidad. Al tratar la legitimación de los actores dice que surge de haber pasado a prestar servicios el 02/12/96, tal como el pliego de licitación lo prevé pero debe aclarar puntos sobre el caso Antonucci. Con el criterio de la Corte (en voto mayoritario) los empleados tienen derecho al PPP desde que se cumple con el recaudo para la privatización, es decir la transformación del ente estatal en Sociedad Anónima. En el caso de YPF fue el 01/01/91; fecha a partir de la cual el ente estatal deja de existir; los empleados se transfieren a la S.A.; se comienzan a aplicar los nuevos procedimientos que regirán el nuevo ente. Es decir que hay una fecha tope, lo que aquí no ocurre. Una sociedad se crea con el acto constitutivo y se convierte en regular con su inscripción en el Registro Público de Comercio. Si no funciona, no genera derechos ni obligaciones, ni utilidades. Su capital fue ficticio ($ 12.000). Existen desde el 19 de junio de 1.996, fecha para determinar los empleados con derecho. Pero hasta el 01/12/96 no funcionaron ni generaron derechos, obligaciones, utilidades, personal. La fecha de corte a tener en cuenta debe ser el 02/12/96 que es la establecida como de transferencia porque hasta ahí la DEJ continuó prestando sus funciones como Empresa del Estado y no como Sociedad Anónima. Es decir que la fecha de toma de posesión o comienzo de las actividades fue la de la transferencia del personal y fijó el derecho de los legitimados al Programa de Propiedad Participada según el Art. 13 de la Ley y Pliego de Bases y Condiciones. Continuando con el análisis del fallo de la CSJ, encuentra que la primera diferencia es que el Decreto Nacional Nº: 2.778/90 que transformó YPF en S.A., fijó una fecha tope 01/01/91 y los pasivos fueron absorbidos por el Estado Nacional hasta el día anterior. En nuestro caso, si bien la transformación o creación según el caso se efectuó con anterioridad como punto inicial de un procedimiento de privatización, no puede negarse que las respectivas sociedades comenzaron sus ejercicios, su vida social bastante tiempo después sin que se haya establecido una fecha a partir de la cual comenzarían a funcionar tales sociedades. La Dirección de Energía continuó hasta el 01/12/96. EJESA Y EJSEDSA fueron creadas el 18/12/95. Inscritas en el Registro Público de Comercio el 19/06/96 y en la AFIP-DGI desde el 01/12/96. La toma de posesión por los adjudicatarios se realizó el 02/12/96. Con el criterio de la CSJN en el caso "ANTONUCCI" desde la creación de las Sociedades Anónimas, los empleados tienen derecho al PPP porque desde allí se cumple el primer recaudo para la privatización es decir la transformación del ente estatal. Hace consideraciones respecto a que sólo se tiene derecho a que se fije un plazo para implementar el Programa. Estima que los actores al no afectarlos el Art. 3º del Decreto Nº: 969-E-00 no pueden pedir la inconstitucionalidad. Relata el derecho que se aplica y sostiene que son 178 los empleados que fueron transferidos de la DEJ a la sociedad el día 02/12/96, correspondiéndole a cada uno de ellos una proporción sobre el 10 % de acciones clase "C" siempre que adhieran en forma expresa al mismo. Por el Art. 22 de la Ley 23.696 hasta la fecha en que se extinguió el vínculo laboral se les atribuirán derechos. El sentido era estimular el interés en el futuro de la empresa, de ahí la designación de un director titular de las acciones "C" de la PPP. Hay que definir pautas que están en conversación con el Gremio, que tiene participación necesaria. Éste pretende que las acciones que revierten al Estado se redistribuyan entre los empleados activos, contra pago de dividendos.[[/p]][[p]]El interés legítimo que tienen los actores de ninguna manera se les niega. Está en las normas. Para ser operativo es necesario un procedimiento que les otorgue ese derecho que se consolidará a través de la firma de los instrumentos respectivos y que necesita de la voluntad del Estado y de los otros posibles adquirentes. No se ha fijado un plazo para la implementación de la PPP para las referidas empresas. Según el expediente administrativo se demuestra la voluntad de hacerlo. No tienen derecho a las acciones; sólo hay interés legítimo para exigir fijación de un plazo para que se implante si se estiman que hay demoras. Es una obligación de hacer previa a una de dar. Lo contrario causaría daños al Estado y sobre todo a los otros sujetos legitimados. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 286/327).[[/p]][[p]]La parte actora contesta la excepción y el traslado conferido y hace reserva del caso federal (fs.330/331).[[/p]][[p]]La Sala Primera declara la Incompetencia para entender en la causa (fs. 333/334). Habiéndose decidido por el Superior Tribunal los recursos promovidos se dispone que antes de la apertura a prueba se contesten las demandas en los procesos acumulados (382). El Estado Provincial reclama ante el cuerpo y pasan los expedientes a esta Sala. Quedan radicados en la Vocalía Nº: 06. Contesta el traslado el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 408/409); el Dr. VALDEZ (fs. 425/426 vta.) solicitando el rechazo de la vía articulada con costas. Se dicta sentencia (fs. 431/434 vta.). En la aclaratoria deducida también (fs. 437/438 vta.). Se interpone recurso de inconstitucionalidad y el Superior Tribunal de Justicia se expide rechazándolo. La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones y contesta demanda por el ESTADO PROVINCIAL. Ofrece prueba. Peticiona. Introduce la cuestión federal Hace reserva de recursos (fs. 444/472). Se responde el traslado del artículo 301 del Cód. Proc. Civil. Se enfatiza en que se ha procedido a contestar las demandas en forma idéntica. Obliga a que cada situación planteada, sea contestada en la causa que corresponda. Por otra parte aclara que entre aquellos actores legitimados existen algunos ("Olmos") que no han planteado la inconstitucionalidad del Decreto 969-E-00 ni demandan la entrega de acciones sino la implementación del programa de propiedad participada. No son situaciones diferentes ya que la entrega de las acciones es una consecuencia ineludible de la implementación del programa de propiedad participada. El rol principal de los programas de propiedad participada es constituirse en instrumento para el traspaso de una porción del capital accionario de empresas sujetas a privatización. El Estado Provincial, a pesar de haber transferido en el año 1.996 la mayoría de las acciones de las empresas, aún no ha procedido a "implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A." tal como claramente dice el Art. 6º de la ley 4.879. En ese sentido, si bien algo se hizo el proceso se encuentra inconcluso; no pueden aún acceder a la tenencia de acciones; no pueden disponer de ellas. Sostener un distingo como si fueran reclamos diferentes y que nada tienen que ver unos con otros, constituye una verdadera aberración jurídica. Como principio general, niega todos y cada uno de los hechos invocados por la contraria, y en particular: que el Estado Provincial no se haya demorado y que esa actitud no le haya causado perjuicio a los actores; que se les pueda negarse legitimación a quienes optaron por el retiro voluntario o pasaron a prestar servicios en otras reparticiones; que no sea aplicable la doctrina de la causa "Antonucci"; que la empresa EJE S.A. no haya realizado depósitos a favor del Estado Provincial en concepto de dividendos por las acciones del PPP; que por los años 1.997, 1.998 y 1.999 EJE S.A. no haya depositado la suma de $ 1.255.466,16; que el Estado no tenga en su poder el dinero para el pago de las acciones que los actores tienen derecho a adquirir; de ser cierto lo afirmado, se habría configurado un delito. Basta ver el informe (fs. 66 del Expte. Administrativo Nº 0626-0068/97). Sostener que no tenga competencia la Cámara, importa tanto como pretender desconocer y violar la cosa juzgada. No puede plantearse negativa alguna respecto a que los actores se encuentran legitimados por el Decreto Nº 969-E-00 (ver Capítulo III, punto 2 del escrito de demanda). En relación a la Prescripción considera de aplicación la decenal. Se ha sostenido que: "Toda vez que el reclamo de los ex empleados de YPF, fundado en las acciones Clase "C" atinentes al régimen de propiedad participada, es de carácter especial y atípico, no le es aplicable el Art. 256 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976238) pues el contrato de trabajo sólo aparece como un elemento causal generador del derecho, pero éste no proviene del marco regular de nuestra disciplina, y ante la ausencia de una norma expresa, se impone aplicar el plazo decenal previsto por el Art. 4.023 del Cód. Civil". En igual sentido "Es aplicable el plazo ordinario de prescripción decenal -Art. 4023, Cód. Civil-, y no el término bienal de la legislación laboral -Art. 256, ley de contrato de trabajo 20.744-, a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de Y.P.F. -Arts. 21 a 40, ley 23.696-, ya que frente a la ausencia de una norma que regule específicamente el caso, debe estarse al plazo más extenso por razones de equidad y la valoración restrictiva que debe imperar en materia de prescripción (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "Es aplicable el plazo decenal de prescripción del Art. 4.023 del Cód. Civil, y no el término bienal previsto en el Art. 256 de la ley 20.744, a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de Y.P.F. -Art. 21 a 40, ley 23.696-, pues se trata de una normativa concerniente a la reforma del Estado que desborda el régimen laboral (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "El reclamo de autos se vincula con la implementación y el funcionamiento del programa de propiedad participada de Telefónica de Argentina SA, según la particular configuración que éste adquirió conforme con las normas que reglamentaron el proceso de privatización de ENTEL (conf. Ley 23.696, Decretos 62/90, 1105/89 y 484/98, etc.). Consecuentemente, las cuestiones planteadas en autos remiten a relaciones jurídicas esencialmente atípicas (conf. Sala 1, causa 3.995/99 Del 7.5.02); Es decir, escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de una relación estrictamente comercial. Ello así, toda vez que la novedad y complejidad que plantean instrumentos como el que aquí se examina (PPP) hacen que los institutos y principios propios correspondientes al derecho del trabajo y al derecho comercial se vean ciertamente desbordados a la hora de resolver adecuadamente el diferendo. En tales condiciones, ponderando que no existe una norma específica que cubra la situación debatida en autos, débese aplicar en la especie el término de prescripción decenal, que posee carácter residual (conf. Art. 4023, Primer párrafo, código civil)". Autos: Sánchez Luis Inocencio c/ Programa de Prop. Participada Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ proceso de conocimiento. Sala 2. Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dra. Marina Mariani de Vidal. 16/05/2002. Por todo lo expresado pide se rechace la defensa de prescripción con expresa imposición en costas. Al tratar la falta de legitimación sustancial activa argumenta que hay empleados comprendidos en el Decreto Nº 969-E-00 ya que muchos optaron por el Inc. a. del Art. 13 de la Ley 4.879; fueron despedidos sin justa causa, por ende, el Estado Provincial los ha excluido del programa. Sin embargo sostiene que en virtud del criterio sentado por la CSJ sí les corresponde entrar. Los empleados que obtuvieron la jubilación de oficio por los diversos decretos dictados por el P.E. y Resolución Nº 172-DEJ-1.996 también ya que según la demandada, no prestaron servicios en el ente sujeto a privatización. Los supuestos actores mencionados en el Capítulo VI, punto 3º, ya que no existe vínculo entre los allí mencionados y la demandada. Para desestimar lo afirmado, basta ver los informes de fs. 43/48 y 52/57 del Expte. Ad. Nº 0626-0068/97. Los empleados no comprendidos en el Decreto Nº 969-E-00, ya sea que se trate de retirados voluntarios o que hayan pasado a prestar servicios en alguno de los poderes del Estado Provincial, conforme el Art. 13 Incs. b y c. de la Ley Nº 4.879. Este criterio también es obsoleto. La CSJ ha sentado doctrina aplicable y a la cual refiere. Hubo numerosos trabajadores de la DEJ que ejercieron la opción a que se refiere el Art. 13 Inc. a. de la ley 4.879 y otros, como los actores de autos, optaron por el retiro voluntario, por pasar a prestar servicios en alguno de los poderes del estado o fueron jubilados de oficio, opciones previstas en los incisos b. y c. y último párrafo del referido plexo legal. Si perjuicio de lo anterior, la legitimación no solo surge del hecho de haber optado por el retiro voluntario o pasar a prestar servicios, sino, fundamentalmente, por el hecho de que al momento de la creación de las empresas mencionadas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Cuando se sanciona la Ley 4.879 el 18/12/95, en su Art. 2º se dispone: "Créase la Empresa Jujeña de Energía... bajo la forma de sociedad anónima...". En esa oportunidad, nace la sociedad anónima con capital accionario del 100% en poder del Estado Provincial y a esa fecha todos los actores formaban parte de la planta del personal del ente sujeto a privatización (Art. 22 de la Ley Nº 23.696). Para corroborar lo apuntado basta ver las fs. 43/48 y 52/57 del Expte. Administrativo Nº 0626-0068/97, "Implementación del Programa de Propiedad Participada conforme Art. 6º de la Ley 4879/95 de Transformación del Sector Eléctrico de la Provincia de Jujuy". Ello conforme la doctrina legal sentada por la CSJ en la causa "ANTONUCCI" (20/11/01). Si bien hasta el dictado de la doctrina legal la jurisprudencia había negado legitimación activa para acceder al PPP a aquellos trabajadores acogidos al retiro voluntario previsto en la Ley Nacional Nº 23.696, a partir de la misma adquieren legitimación activa la totalidad de los trabajadores dependientes de la empresas sujetas a privatización, siempre y cuando revistieran el carácter de dependientes al momento de la transformación de las mismas en sociedades anónimas. La Ley Nº: 4.879 y Ley Nº: 23.696, normas reglamentarias vigentes y doctrina y jurisprudencia sentada sobre el tema los ampara y tienen derecho a adquirir las acciones correspondientes al PPP todos los empleados que al momento de la transformación de la empresa en sociedad anónima, hayan pertenecido a la planta permanente de la Dirección de Energía de Jujuy, aún en aquellos casos que no ejercieron la opción de pasar a prestar servicios en la misma y que también hayan optado por adquirir tales acciones. Tal lo resuelto en la causa citada anteriormente. En el caso particular de los jubilados, repárese que en virtud de los dispositivos legales (particularmente Art. 13 último párrafo Ley 4.879) la Intervención de la Dirección de Energía de Jujuy dictó la Resolución Nº: 172 de fecha 28 de junio de 1.996 por la cual da de baja del servicio activo al personal que le corresponde la jubilación, fijando la misma para unos el 1º de Junio y para otros el 1º de Julio de 1.996. Posteriormente se dicta la Resolución Nº I-180 de fecha 8 de Julio de 1.996 por la cual se rectifica el Artículo 1º de la Resolución anteriormente mencionada y se fija la fecha de baja del personal a partir del 01 de Junio de 1.996 sin excepción. En síntesis, al quedar demostrado que mis mandantes, al momento de la transformación de la ex-DEJ en las sociedades anónimas EJESA y EJSEDSA (sanción de la Ley 4.879 en fecha 18 de diciembre de 1995), revistaban como empleados en relación de dependencia, y conforme a la doctrina del caso ANTONUCCI, no existen razones como para excluirlos del derecho a optar por el PPP. A fin de reafirmar el derecho de los ex-empleados de YPF, el 3 de octubre de 2.002, se promulgó de hecho la ley 25.471 -pues había sido observada por el PEN- cuyo artículo 1º (que aclara el alcance de la ley 24.145) prescribe que "será considerado personal de la empresa en condiciones de acceder al Programa de Propiedad Participada, aquel que se desempeñaba en relación de dependencia con YPF al 1º de enero de 1991" es decir, agregamos, cuando YPF es transformada en S.A. pero aún no privatizada. Negar el mismo derecho concedido a los empleados de YPF, no sólo implicaría un reprochable trato desigual transgrediendo la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de nuestra Provincia, sino también una palmaria violación a la Ley marco 23.696, a la cual adhirió sin reservas la provincia mediante la Ley 4.476. Concluye que la afirmación del Estado Provincial, en el sentido que durante el período comprendido entre junio y diciembre de 1.996, la sociedad no tuvo personal; resulta un absurdo. Es como afirmar que durante ese lapso la Provincia de Jujuy no tuvo energía eléctrica. Resulta un dislate afirmar que los actores de autos nunca fueron empleados de la sociedad anónima "sino que hasta el 01/12/96 continuaron siendo empleados de la ex DEJ" cuando a esa fecha ya había sido sancionada la Ley 4.879 (18 de diciembre de 1.995). En definitiva, todos los actores se encuentran legitimados para promover la presente acción. Tampoco se puede afirmar que ninguna decisión judicial podrá disponer la entrega de acciones sin que se cumplan las disposiciones del Decreto Nº 972/H/03, cuando el propio Estado Provincial dictó la Resolución Nº 1.881 - 03 de fecha 10 de noviembre de 2003. Por la misma decidió suspender el trámite de las actuaciones hasta tanto exista sentencia definitiva en las causas judiciales. Si ya el Estado Provincial decidió suspender el trámite hasta que exista sentencia definitiva, esto es, adoptó una posición (esperar la sentencia judicial) no se llega a comprender con que fundamento se afirma que ninguna sentencia se podrá apartar de lo establecido en el citado decreto. Si lo que le preocupa al Estado es quienes son los legitimados a reclamar las acciones, igualmente debería interrogarse porqué no espera la sentencia judicial que determine quienes tienen derecho a las acciones si, en definitiva, el porcentaje del 10% a repartir es exactamente igual para 10 o para 100. Tampoco se puede decir que el programa "constituye un mecanismo que no puede ser suplido por ninguna sentencia judicial" ya que sería desconocer garantías constitucionales, derechos que fueron ejercidos por empleados de otras empresas privatizadas y resueltos por la CSJ. Por lo demás, a los fines de evitar reiteraciones innecesarias, se remite a lo dicho en el escrito de demanda. Se opone a producción de prueba que debió acompañar con el responde. Peticiona el rechazo de las defensas deducidas y en consecuencia se haga lugar a la demanda con costas. Se fijó audiencia de conciliación (fs. 719) realizada la misma (fs. 723) se solicitó un cuarto intermedio que fue infructuoso. Atento lo resuelto por el STJ en Expte. Nº: 5.968/08 se abre la causa a prueba (fs. 759/760) se resuelven las observaciones (fs. 767) designándose a la CPN GILDA ESTHER VALDIVIEZO (fs. 782).[[/p]][[p]]Realizadas las diligencias previstas recibir y el informe pericial (fs. 940/986; 1.005/1.008) La Dra. ISOLDA CALSINA se presenta como apoderada de BERNARDINO CENTENO, ALBERTO OCTAVIO LUCARDI y NOEMÍ CRISTINA MEDINA (conf. Escritura Pública Nº: 52; fs. 1.025/1.027 vta.) por RAÚL CABRERA, LORENZA ROSARIO CAMPOS, MARCELINO MARTÍN PLAZA y TORIBIO RAMOS (conf. Esc. Pública Nº: 90; fs. 1.028/1.030 vta.) por SANTUSA VALLE y RENE HUGO ZAMBRANO (conf. Esc. Pública Nº: 129; fs. 1.031/1.033 vta.) y por AMPARO NILDA CAZÓN (conf. Esc. Pública Nº: 117; fs. 1.034/1.036). Manifiesta que sus mandantes no iniciaron juicio, oportunamente. Tres de ellos figuran en el listado total de personal (Raúl Cabrera Leg. 383; Bernardino Centeno Leg. 261 y Toribio Ramos Leg. 395) sin embargo los otros siete que se encuentran en igual situación fueron omitidos en el listado de la pericial contable. Pide que se los incluya por el principio de igualdad. Recuerda que el 18/12/95 se declaró a la DEJ sujeta a privatización y el 01/01/96 se produjo la jubilación de oficio de muchos de sus empleados. En los incluídos por la auxiliar de la justicia considera que hay error en la base de cálculo. En los otros casos cuando se los incluya se ha de tomar como base el sueldo real percibido por los mismos y no se liquide en base al haber jubilatorio. Hace reserva de recursos federal y supranacional. La perito dio respuesta a las inquietudes de la letrada explicando que personalmente verificó los recibos de sueldos de los meses de mayo y junio de 1.996, como último mes trabajado según información obtenida de la DEJ residual. Jamás lo hizo con haberes jubilatorios porque no obtuvo información del ANSES ni de los accionantes. No existe error ni agravio de los montos consignados como sueldo mensual, en los cuales no se incluyeron ni BAE, ni Ticket canasta, ni SAC; esto es así para todos los empleados consignados en los listados de la pericia (fs. 1.116/1.118).[[/p]][[p]]Se concreta la audiencia de vista de causa (fs. 1.120/1.121). Las explicaciones fueron dadas por la auxiliar de la justicia y se escucharon los alegatos de los representantes de las partes. Agregados los escritos de los letrados en relación al informe dado por las sociedades anónimas EJE S.A. y EJSED S.A. e insistencia del pedido de respuestas por parte de la perito, decretados los diferentes pedidos de los letrados y obtenidas las respuestas del ANSES las cuales fueron puestas a conocimiento de las partes por el término de cinco días (fs. 1.185) el proceso ha quedado en estado de ser resuelto en definitiva.[[/p]][[p]]En Expte. Nº: B-86.594/02 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en los mismos términos por JOSÉ MANUEL LAMAS, VICENTE LUCAS BEJARANO, EDUARDO ERNESTO QUINTEROS, JORGE ALBERTO TORREJÓN, CARLOS MOLINA, CARMEN HERNÁEZ, LUIS ALBERTO TEJERINA, PAULINO CARMELO GUTIÉRREZ, HÉCTOR CLAUDIO BRU, DANTE A. RODRÍGUEZ, MIGUEL ROBERTO CASTILLO, RAÚL EMILIO LINACHO, OSVALDO CLLLAUDIO ARGOTA, JUAN CARLOS BERTOLONE, CARLOS ROBERTO CAMPOS, MÁXIMA NÉLIDA RIVERO de NIETO, MARÍA ENÉS CANDELORO, JOSÉ AMÉRICO MORALES, ALBERTO NICOLÁS PADILLA, VÍCTOR CARLOS ANDRADE, RAÚL LORENZO CUSSI, JOSÉ HURTADO, ENRIQUE IGNACIO LEITHOLD, ANTONIO PELOC, JULIO TOMÁS FLORES, CARLOS RAMOS, MARCELO CÁNDIDO QUIPILDOR, FAUSTO TEJERINA VIDES, RODOLFO HINOJOSA, MARIO RUBÉN PELAZZO, JULIO UDAETA PÉREZ, OSVALDO DANTE MAIZARES, MARÍA RAQUEL SOLAR, PEDRO RENE VACA, RAFAEL HERMINIO GARZÓN, DOMINGO JOSÉ TOCONÁS, HERNÁN GABINO CRUZ, ESTEBAN HÉCTOR HERRERA, REINA ROSARIO ANACHURI, HÉCTOR ASUNCIÓN MACHACA, DAVID MEJÍA Y GREGORIO ÁNGEL DÍAZ en contra del ESTADO PROVINCIAL. La amplía por: ZOILO MAMANI, VÍCTOR ERICO ZENTENO, MARCELO PEDRO DORADO, ARMANDO VALERIANO CARABAJAL, ALEJANDRO MANUEL PANTOJA, VALERIANO QUISPE, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, MIGUEL OSCAR GARCÍA, HEBE DANIELA SÁNCHEZ, JOSÉ WALTER JEREZ, ANDRÉS ALEJANDRO VERA Y VÍCTOR HUGO VARGAS (fs. 220).[[/p]][[p]]FISCALÍA DE ESTADO al responde por la parte demandada opone excepción de incompetencia, solicita acumulación de procesos y opone prescripción (fs. 265/269). Contesta demanda (fs. 332/360). Destaca que: MIGUEL OSCAR GARCÍA, JULIÁN FARFÁN, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, MARCELO P. DORADO, DARÍO CRISTÓBAL CEJAS, LUIS ALBERTO RIBOTIS, ANDRÉS A. VERA, VÍCTOR E. ZENTENO Y ALEJANDRO M. PANTOJA promovieron la acción en dos procesos. Luego realiza negativas generales y específicas y argumenta en forma similar a la causa anterior ofreciendo prueba y peticionando el rechazo de la demanda, con costas y reserva del caso federal.[[/p]][[p]]Contesta el traslado conferido la parte actora (fs. 367/370). El Auto de Apertura a prueba se agrega a fs. 410/411.[[/p]][[p]]El Dr. FERNÁNDEZ renuncia al mandato otorgado oportunamente por JOSÉ HURTADO (fs. 403) y asume en su representación el Dr. HECTOR GUILLERMO PAGANETTI con el patrocinio de la Dra. CECILIA CORONEL SARSFIELD (fs. 421).[[/p]][[p]]La Perito C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO sin cuestionamiento alguno en tiempo propio hace su informe a fs. 429/443.[[/p]][[p]]El Dr. LUIS FEDERICO VERA se presenta por JOSÉ HURTADO (sustitución del mandato conferido otorgado por el Dr. HECTOR GUILLERMO PAGANETTI (fs. 455). Impugna la designación de la auxiliar de la justicia por incompatibilidad funcional.[[/p]][[p]]Se realizan observaciones a dicha labor (fs. 484, 485, 486/488 y 489/491) responden los letrados y la C.P.N. Valdiviezo las vistas conferidas. También en los Exptes. OLMOS, CASAS y AIMA donde los Dres. Palermo, Valdez y Stephan contestan el pedido de impugnación.[[/p]][[p]]Adjunta Fiscalía de Estado el expediente administrativo requerido; solicita reiteración de oficio a ANSES y a Bancos Nación y Francés y se emplace a los actores a denunciar su CUIT y CUIL y oportunamente reitere el oficio dirigido a ANSES.[[/p]][[p]]El DR. VERA formula oposición a que se incluyan a los empleados que fueron jubilados con anterioridad a la sanción de la Ley 4.879/95 y que fueron incluidos en la pericia.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-94.546/03 "GAITÁN y OTROS c/ E.P." el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en nombre y representación de ROLANDO GERMAN GAITAN, ADALBERTO RAMOS, MANUEL GENARO GUAYMAS, PABLO ANTONIO MENDIVIL, ANIBAL PONCIANO QUISPE, RICARDO TOMÁS JURADO, ALFREDO JESUS RIVERO, NICOLÁS AGUSTÍN SALAS, HUGO NÉSTOR GROSSO, VÍCTOR CASTRO, JOSÉ GERNARDO RUEDA, SERGIO ROSARIO QUISPE, CARLOS UBALDO RODRÍGUEZ, TIBURCIO ZORRILLA, ALBERTO HART, DARÍO BEJARANO, CASIANO IBARRA, JUAN CARLOS TERRADES, CARLOS HUGO FARFÁN, JUAN ALBERTO DÍAZ, LUIS ALBERTO AGUIRRE, DEMETRIO LICUDIS, FÉLIX LÁZARO CRUZ, MIGUEL BERNARDO SOSA, TEOBAL CRUZ, RICARDO ARGENTINO LASQUERA, JUAN CELESTINO MESA, FREDI JUAN BELLIDO PAZ, VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, ALBINO CARLOS DEL FRARI, JORGE TOCONÁS, HIPÓLITO VEGA, AURELIO JUSTINO SUBELZA, JULIO TOLABA, PEDRO LUCIO ARMEYA, RAMÓN JUVENAL ARMELLA, NELLY SUSANA PÉREZ, ROBERTO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL OCHOA, ANACLETO NARVAEZ, ARTURO MAJURICIO MÉNDEZ, JUAN DE DIOS OVANDO, LUCIO CATACATA, TOMASA SEVERIANA MIRANDA, RICARDO FRANCISCO TOLABA, CIRIACO DÍAZ, JORGE JACINTO GIMÉNEZ, ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ, TEODORO DÍAZ, DONATO HOYOS, ISABEL SILVETTI, FLAVIANO ANTONIO MENDOZA, JUAN HÉCTOR RIVERA, ROBERTO CLAUDIO FLORES, JOSÉ MARÍA PUENTE en contra del ESTADO PROVINCIAL. Todos fueron jubilados de oficio en virtud del último párrafo del Art. 13 de la Ley 4.879. La legitimación surge porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. La legitimación surge conteste con la doctrina legal sentada por la C.S.J.N. en la causa "ANTONUCCI". Argumenta porqué tienen derecho para que se les entregue las acciones, se perciba en pesos los importes en poder del Estado y en subsidio se abonen los daños y perjuicios, con costas. Hace reserva del caso federal.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE PAGANETTI, como Procurador Fiscal en representación del ESTADO PROVINCIAL opone incompetencia, solicita acumulación de procesos, opone prescripción y caducidad de plazos para demandar y pide intervención obligada del gremio y de quienes no han demandado.[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS se presenta como apoderado de VÍCTOR CASTRO (fs. 259).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones y contesta demanda como Procuradora Fiscal en representación del ESTADO PROVINCIAL (fs. 261/289).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA se presenta en su carácter de apoderada de PABLO ANTONIO MENDIVIL (fs. 302).[[/p]][[p]]El Dr. PABLO HERNANDEZ por ÁNGEL ENRIQUE HERNÁNDEZ (patrocinio: fs. 335) asume y luego renuncia a fs. 373. El Dr. HERNAN ROSA LARRIEU (patrocinio fs. 381) continúa como letrado del mencionado.[[/p]][[p]]El Dr. LUIS FEDERICO VERA se presenta patrocinando a MIGUEL BERNARDO SOSA (fs. 409) y en nombre y representación de DEMETRIO LICUDIS y ALBINO CARLOS DEL FRARI.[[/p]][[p]]El Auto de Apertura a prueba se agrega a fs. 360/361. Se resuelven las Observaciones a fs. 368.[[/p]][[p]]Designada la C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta la pericia técnica a fs. 388/402. Los cuestionamientos y pedidos de explicaciones están agregados a fs.: 411, 415, 416/418 y 434/436, 437 y fueron respondidos en fs. 442/443 y en audiencia de vista de la causa.[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA acredita ser apoderada de LUCIO CATACATA, CIRIACO DÍAZ, JORGE TOCONAS, SERGIO ROSARIO QUISPE, TOMASA SEVERIANA MIRANDA, TEODOL CRUZ, JUAN DE DIOS OVANDO, ROBERTO CLAUDIO FLORES Y RICARDO TOMAS JURADO.[[/p]][[p]]Agregado el Expte. Administrativo, cumplido lo ordenado en el punto II de la Providencia de fs. 449, ha quedado el proceso en estado de resolver.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-94.640/02 se presenta el Dr. MARCELO RAMON FERNANDEZ por sus mandantes: PASCUAL ARAMAYO, ANDRÉS GÓMEZ, ALBERTO CLEMENTE MAMANI, ALFREDO ERNESTO ALARCÓN, PEDRO MODESTO BURGOS, MARCOS EVANGELISTO VILLALOBOS, SANTOS ALEJANDRO RAMOS, ROLANDO DANIEL FLORES, EDUARDO REY VALDEZ, LUCIO BIDAURRE, TITO RAMÓN BRUNO ARIAS, ROSA WALDINA FERRARIO VDA. DE MORÁN, DARIO CRISTOBAL CEJAS, TEODOMIRO FÉLIX BATALLA, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ, RAÚL CLEMENTE QUIROZ, PABLO ARAMAYO, HÉCTOR RAÚL MÁRQUEZ, OSCAR ROLANDO CATACATA, SEGUNDO PEDRO BURGOS, VÍCTOR ALBERTO GASPAR, FRANCISCO PEREIRA, ROBERTO DARIO VACA, OSCAR MATEO STIPECHI y CARLOS NORBERTO MONTAÑO. Todos ellos ejercieron la opción por el retiro voluntario previsto en el inciso c. de la Ley 4.879. Al momento de la creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial, integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Argumenta y peticiona en forma similar a demandas deducidas.[[/p]][[p]]EDUARDO CHAER, Procurador Fiscal se presenta por el ESTADO PROVINCIAL y realiza peticiones, opone excepciones y contesta demanda en forma similar a los otros expedientes (fs. 214/222; 253/281; 285/287 vta.).[[/p]][[p]]Se contestan los traslados conferidos (fs. 288, 299, 308). Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 328/329). Se decide acerca de las Observaciones (fs. 334).[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 339/351).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA: por PABLO ARAMAYO (con poder fs. 363/365) le hace Observaciones (356/ 365) que fueron contestadas por la auxiliar de la justicia. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-103.355/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda como apoderado de: HUGO LEONARDO CARI, OLGA RAQUEL TARRAGA de CEJAS, DARÍO CEJAS, AGUSTINA LÓPEZ DE RIOS, SONIA NORA LEDESMA DE GALARZA, GLADIS YOLANDA MATORRAS, DELIA AMANDA VÁZQUEZ DE VILLATARCO, JAVIER ALBERTO SALINAS, SUSANA DEL VALLE MAZA DE ZAUGG y OSCAR RENE RIVERO en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que todos los actores ejercieron la opción a que se refiere el Art. 13 inc. b. de la Ley 4.879 y en mérito de ello pasaron a prestar servicios en los órganos de control del demandado. Se incorporaron a la plata permanente de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU). Expresa los fundamentos en forma similar a los otros juicios. Ofrece prueba y peticiona (fs. 235/242 vta.).[[/p]][[p]]SAMUEL CRUZ, Procurador Fiscal se presenta por el ESTADO PROVINCIAL y realiza peticiones, opone excepciones en forma similar a los otros expedientes (fs. 252/272; 289/318; 285/287 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES, Procuradora Fiscal contesta demanda (fs. 345/373). Los términos son similares a los anteriores juicios. Hace pedido de medidas (fs. 377/379 vta.).[[/p]][[p]]Se contestan los traslados conferidos (fs. 380/383; 291/392; 308). Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 422/423 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 435/444). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa.[[/p]][[p]]Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-103.685.03 el Dr. MARCELO R. FERNÁNDEZ demanda por sus representados: CARLOS DOMINGO TORRES, TOMÁS CONTRERAS, FRANCISCO MURILLO, HUGO VÍCTOR ALARCÓN, ANDRÉS ALEJANDRO VERA, ADRIAN RUBÉN ZÁRATE, MIGUEL OSCAR GARCÍA, JORGE RAÚL GONZÁLEZ, MARCELO PEDRO DORADO, ALEJANDRO MANUEL PANTOJA, JULIO JUSTE y PEDRO MIGUEL ORTEGA en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los mencionados optaron por el retiro voluntario previsto en el inc. c. de la Ley 4.879. El planteo se fundamenta en igual forma que los casos precedentes (181/188 vta.).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI con patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES por el ESTADO PROVINCIAL realiza peticiones, opone excepciones, contesta demanda en forma similar a los otros expedientes. Se contestan los traslados conferidos. Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 312/313 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 325/334). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-104.004/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en representación de JOSÉ ARÍSTIDIS OVEJERO, LUIS ALBERTO RIBOTIS, CARLOS CARRIZO, HÉCTOR ORLANDO PEÑA, JULIO OSCAR QUIPILDOR y MARÍA AMELIA DEL VALLE ABRAHAM de VÁZQUEZ en contra del ESTADO PROVINCIAL. Todos ellos eran empleados de la Dirección de Energía de Jujuy y también lo eran al momento de la transformación en sociedad anónima. Optaron por pasar a prestar servicios en SUSEPU (inc. b. del Art. 13 de la Ley 4.879). Por los fundamentos expresados peticiona se condene al demandado a entregar las acciones del Programa y de resultar imposible se abone daños y perjuicios (fs. 158/166).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE ALEJANDRO PAGANETTI con patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES por el ESTADO PROVINCIAL realiza peticiones, opone excepciones, contesta demanda en forma similar a los otros expedientes (fs. 180/190 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se resuelven incidencias. Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 259/260 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 336/348). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-108.511/03 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda por HÉCTOR MIGUEL MERCADO, CARLOS RIVERO, ARTURO ABEL FERNÁNDEZ, HUGO GERÓNIMO GUTIÉRREZ, ROQUE FRANCISCO VILTE, NEMESIO PAULINO SUBELZA, VÍCTOR ERICO ZENTENO, OSCAR BASILIO IBÁÑEZ, VÍCTOR HUGO RIVERO y LUIS TOMÁS SALAVERÓN en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que surge la legitimación de sus mandantes porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Optaron por el retiro voluntario previsto en el inciso c. del plexo legal citado. A partir del fallo en la causa "ANTONUCCI" tienen derecho a obtener las acciones del programa. Fundamenta la pretensión en forma similar a las causas precedentes (fs. 155/169).[[/p]][[p]]JUAN FRANCISCO BURGOS con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 172/176 vta.). Opone excepciones y defensas (fs. 204/211). Se agrega contestación de demanda (fs. 243/271) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 278/281).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 304/205 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 314/326). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]El Dr. MARCELO FERNÁNDEZ promueve demanda en el Expte. Nº: B-108.983/03 como apoderado de: LUIS ENRIQUE BARRIONUEVO, ETELVINA NOEMÍ CRUZ, RAÚL NARCISO LÓPEZ, SONIA CRISTINA IBAÑEZ de ABUD, ARTURO DONATO CUCU y MARÍA CRISTINA CASTILLO en contra del ESTADO PROVINCIAL. Afirma que surge la legitimación de sus mandantes porque al momento de la creación de las empresas EJE S.A. y EJSED S.A. con capital mayoritario en poder del demandado, ellos integraban el plantel permanente de la ex Dirección de Energía de Jujuy. Si el demandado hubiera cumplido con sus obligaciones de inmediato (organizar el PPP y ofrecer las acciones) no se hubieran perjudicado. En el transcurso del tiempo se produjo el despido o el retiro de sus representados. A partir del fallo en la causa "ANTONUCCI" tienen derecho a obtener las acciones del programa. Fundamenta la pretensión en forma similar a las causas precedentes (fs. 137/144).[[/p]][[p]]JUAN FRANCISCO BURGOS con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 164/171). Solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 174/178 vta.). Se agrega contestación de demanda (fs. 243/271) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 182/185).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 304/205 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 314/326). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-116.953/04 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta como apoderado de: ALBERTO RENE AISAMA, RAMÓN JIL BENENCIA, JACINTO RAÚL MAMANI, EUSEBIO MAMANI, MARÍA ISABEL AGUILERA, RAÚL GONZALES, LUIS ALBERTO AJALLA, MIRTA ARGENTINA ROZO, JUAN CARLOS BAYÓN, ATILIO ESTEVEZ, JERÓNIMO MAGUEL TEJERINA y SANTIAGO ARGOTA promoviendo demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los mencionados optaron por el retiro voluntario previsto en los incisos c. y a. del Art. 13 de la Ley 4.879. Funda la acción en iguales términos que los casos anteriores, ofrece prueba y peticiona (fs. 172/179).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 210/213). Solicita intervención del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por el Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs. 214/218 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 348/404) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 407/410).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 338/339 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 428/440). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-117.068/04 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta en representación de CÉSAR PAULINO VALLE, RAMÓN DANIEL ESPAÑA, LUCIO LUCAS RODRÍGUEZ, JULIO GUIDO LÓPEZ, SIMÓN LAUREANO LÓPEZ, MANUEL SILVESTRE LEIVA y HÉCTOR JULIÁN TINTE promoviendo demanda en los mismos términos. Afirma que realizaron la opción a que se refiere el Art. 13 inc. a. de la Ley 4.879 y al momento de la creación ellos integraban el plantel permanente de la ex DEJ. Pide que se le entreguen las acciones y se les pague los dividendos correspondientes. La presente demanda importa indubitado ejercicio por los actores del derecho a adquirir tales acciones. Fundamenta. Ofrece prueba. Peticiona (fs. 159/166 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 179/181 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 219/247) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 254/257).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 282/283 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 292/304). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-136.441/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ se presenta en nombre y representación de: SATURNINO MARIO CAÑIZARES, JOSÉ TEODORO TOCONÁS, MANUEL ALEJANDRO FUENZALIDA y WALTER A. BARCONTE a promover demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Los fundamentos son similares a los anteriores procesos (fs. 157/164 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 189/201; 204/210 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 234/262) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 269/272).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 294/295 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 305/317). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones a fs. 328/329 y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-136.442/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ demanda como apoderado de: JUAN CARLOS MALDONADO, JOSÉ M. MALDONADO, CRUZ SANTOS OLMOS, ELISA PALACIOS, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ, CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUE y JORGE ANTONIO RODRÍGUEZ (herederos en la Suc. de ENRIQUE EVARISTO RODRÍGUEZ) CATALINO VÁSQUES, HORACIO R. ACOSTA, GERMÁN VÍCTOR GASPAR, ESTELA M. GARCÍA y JULIÁN FARFÁN a promover demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL por los fundamentos que expone. Afirma que sus representados optaron por el retiro voluntario y también tienen derecho a la implementación de las acciones (fs. 163/170).[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA, con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas y esta última en nombre y representación del Estado Provincial (fs. 198/201 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 232/258) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 266/269).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 287/288 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 298/310). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-137.325/05 el Dr. MARCELO FERNÁNDEZ deduce la demanda por sus mandantes: GUIDO NELSON RIVEROS, JULIO ORDÓNEZ, RENE JESUS EL JADUE, JUANA ERNESTINA RUIZ VDA. DE MARTÍNEZ, HUMBERTO ORDÓNEZ, MARTÍN HIPÓLITO FIERRO, RODOLFO JUAN MAIZARES, CARLOS ROLANDO PÉREZ, RODOLFO CLEMENTE CASTILLO, VÍCTOR ALBERTO RADA, BRAULIO JUAN RIVERO, JULIÁN FARFÁN, RAMÓN OSCAR PASAYO, WALTER GERTRUDES CRUZ, HILARIO OSCAR CRUZ, SAÚL DOROTEO HUMACATA, JOAQUÍN MARIANO ALGAÑARAZ, JOSÉ EDMUNDO MORENO, MARIANO RODRÍGUEZ, JUALIÁN TORRES DÍAZ, NICOLÁS ANTONIO FLORES, OCTAVIO RÍOS, EDUARDO MENDOZA NOGALES, ELVIRA FLORES VDA. DE SÄNCHEZ , SANTUSA VALLE, MIGUEL R. GUANUCO, MARÍA V. GUANUCO, MÓNICA B. GUANUCO (herederos en Suc. de SANTOS MARTÍN GUANUCO) WALTER GERMÁN ORTEGA Y CLARO LUIS AISAMA en contra del ESTADO PROVINCIAL. Por los fundamentos similares expone que todos fueron jubilados de oficio y tienen derecho a obtener las acciones según el fallo de la Corte en el caso "Antonucci" (fs. 195/203 vta.).[[/p]][[p]]La Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas y esta última en nombre y representación del Estado Provincial (fs. 216/204 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 247/275) realizada por la Dra. TORRES. Se responde el traslado conferido por el Dr. FERNÁNDEZ (fs. 288/291).[[/p]][[p]]La Dra. ISOLDA CALSINA, se presenta como apoderada de HUMBERTO ORDÓNEZ (fs. 279).[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS en su carácter de apoderado de JOSÉ EDMUNDO MORENO Y WALTER GERMÁN ORTEGA se presenta a fs. 302. Se adjunta mandato (fs. 313/315).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 323/324 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 339/351). Observan los letrados de las partes presentándose la Dra. ISOLDA CALSINA como apoderada de RAMÓN OSCAR PASAYO (365/367); brindándose las explicaciones a fs. 369/371 y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-113.315/04 el Dr. JUAN IGNACIO PALERMO en representación de: HÉCTOR DANIEL OLMOS, RAÚL ERNESTO RODRÍGUEZ, LUZ DEL ROSARIO JOSÉ, GRACIELA PATRICIA RODRÍGUEZ, ABEL ALBERTO TESTA, MIGUEL HUGO QUISPE REYES, ENRIQUE LUIS GROSSO, MIGUEL ÁNGEL NIETO, RUBÉN ANDRÉS ZAPANA, ORLANDO SIMEÓN SANAVIA, ISABEL DEL MILAGRO PARADA, FRANCISCO MARCELO ALMASANA, RAÚL ERNESTO GALLARDO, JUAN MANUEL DÁVILA, HUGO HERMINIO RUSSIAN, FRANCISCO RAMÓN LASCANO, OSCAR JULIO RODRÍGUEZ, MARIO GUILLERMO GARECA, VILMA ANA CABERO ORTIZ, CÉSAR GABRIEL CÁCERES, CELESTINO TOLABA, MIGUEL CEFERINO CHAILE, GUSTAVO SANTOS VILLANUEVA, GRACIELA ISABEL MAMANI, OSVALDO ALBERTO REARTE, CÁNDIDA ERNESTINA LINACHE, ELEODORO DONO GONZÁLEZ, CERVANDO DAVID RODRÍGUEZ, ARMANDO ALBERTO JULIÁN, GABRIEL RENE EL JADUE, OSCAR AMANTE, ERNESTO RAÚL COGNETTA, NÉSTOR REINOSO POCLAVA, ARNALDO NELDO RÍOS, VÍCTOR DANIEL DÍAZ, ALFREDO DAVID NAVARRETE, MARTÍN DEL MILAGRO RIVERO, ALEJANDRA FERNÁNDEZ LÓPEZ, ORLANDO CANCECO, LEONARDO OMAR ARMELLA, MARÍA SARA GUITIÁN, CARLOS MIGUEL GARCÍA, ROSA DAMIANA COCA, ALBERTO FRANCISCO ANACHURI, ALEJANDRO FIDEL ARCE y CARLOS ALBERTO ARIAS promueve demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL para obtener el cumplimiento de la obligación de hacer. El Tribunal fije el plazo para que dicte los actos administrativos necesarios para la conclusión del Programa de Propiedad Participada de transformación del sistema energético provincial conforme el Art. 6 de la Ley 4.879 y en la Ley 23.696. Todo con imposición de costas a la contraria. Funda la competencia y relata los antecedentes de la pretensión. Afirma que sus mandantes eran empleados de la Dirección de Energía de Jujuy (DEJ) y son empleados en relación de dependencia de la Empresa Jujeña de Energía (EJE S.A.); lo acreditan con copia de recibos de sueldos. Fechas de ingreso y datos del vínculo jurídico está en la certificación que expidiera el Gerente de Relaciones Humana de EJE S.A. (Expte. Nº: 0626 - LQ - 0068/97 "E/Informe sobre la implementación del Programa de Propiedad Participada - Art. 6º de la Ley Nº: 4879/95 "De transformación del Sector Eléctrico"). En el trámite administrativo no se ha podido materializar, a seis años, ni siquiera el acuerdo general de transferencia, ni el convenio de sindicación de acciones, ni la designación del Banco Fiduciario, ni la convocatoria a Asamblea de empleados adherentes, etc. Relata toda la base normativa que aduna la pretensión deducida. No plantea la inconstitucionalidad del Decreto Nº: 969-E-00. Ofrece prueba y peticiona (fs. 103/111 vta.). Desiste del nombrado ABEL ALBERTO TESTA y pide personería de urgencia para actuar por OSVALDO ALBERTO REARTE (fs.116) ratificándose las gestiones a fs. 127 de autos.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES opone excepciones de incompetencia y litispendencia. Ofrece prueba e introduce la cuestión federal (fs. 158/165). Corrido traslado la parte actora pide el rechazo con imposición de costas (fs. 169/175).[[/p]][[p]]El Dr. JUAN IGNACIO PALERMO da cuenta que renuncia al mandato que los actores le confirieran. La representación quedará en la persona del Dr. ADOLFO PALERMO quien firma el escrito y acepta a mérito de la copia de poder incorporada (fs. 228).[[/p]][[p]]El Dr. ROQUE LORENZO RODRÍGUEZ se presenta como apoderado de PATRICIA GRACIELA RODRÍGUEZ acreditando mandato (fs. 235/235 vta.).[[/p]][[p]]Se contesta demanda por parte de la representante del Estado Provincial: Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES (fs. 297/324).[[/p]][[p]]Contesta el traslado conferido a los efectos del Art. 301 del Cód. Proc. Civil la parte actora realizando negativas particularizadas a las afirmaciones del contrario (fs. 337/340).[[/p]][[p]]Se resuelve la incidencia referida al pedido del Dr. Palermo en el sentido que se dicte sentencia en este expediente. Se rechaza la pretensión, con costas y se difiere la regulación de honorarios (fs. 368/368 vta.).[[/p]][[p]]Obra auto de apertura a prueba (fs. 377/378 vta.). Se agrega pericia de la CPN GILDA ESTHER VALDIVIEZO (fs. 420/467). Las observaciones y explicaciones son respondidas en escrito de fs. 485/486 y en audiencia de vista de la causa. Se acompaña el expediente administrativo y se reitera por el ESTADO el oficio a ANSES y a Bancos: Nación y Francés.[[/p]][[p]]El Dr. PALERMO advierte que en el Expte. Adm. aparecen hojas que no estaban incorporadas jamás (al no estar foliado). Las mismas corresponden a fotocopias de un ejemplar del Boletín Oficial. En lo que se refiere al CUIL o CUIT considera que es innecesario volver sobre el tema ya que está en la pericia con claridad. Habiéndose dispuesto hacerlo y estando cumplido, pasan estos autos para resolver.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-117.399/04 el Dr. VENANCIO LLANES como apoderado de OSCAR ORLANDO DOMÍNGUEZ, CRISTINA ROSAS, ARTURO LAMAS, CÉSAR ALFREDO IBÁÑEZ, DIONISIO ROBERTO NIEVE, JUAN CARLOS MAMANI y JUAN PASTOR REVOLLO promueve la demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Explica que sus representados trabajaban en la Dirección de Energía de Jujuy. Pasaron a prestar servicios en las nuevas sociedades. Hicieron la opción prevista en el Art. 13 Inc. a) de la Ley 4.879. En 2 de diciembre de 1.996, los adjudicatarios del paquete accionario mayoritario tomaron posesión y pusieron en marcha la EJE S.A. y EJSED S.A. El demandado a pesar de haber hecho la transferencia de las acciones a esas compañías no implementó el Programa de Propiedad Participada. Por distintas razones han cesado los actores en su relación de dependencia, pero ello no impide el derecho a adquirirlas. Por lo tanto solicita que se condene al Estado Provincial a entregarlas y de ser imposible se indemnicen los daños y perjuicios. Éstos están representados por su valor, los dividendos e intereses de esas sumas. Ofrece prueba y peticiona (fs. 4/13).[[/p]][[p]]El Dr. JUAN FRANCISCO BURGOS, con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones de incompetencia y litis pendencia (fs. 67/71). Se contestan los traslados conferidos. Resueltas se agrega contestación de demanda (fs. 97/125) realizada por la Dra. TORRES. Se destaca que no han pedido la inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº: 969-E-00. Ofrece prueba y peticiona se dicte sentencia rechazando las demandas interpuestas, con expresa imposición de costas a la parte contraria. Hace reserva del caso federal y formular agravio por la competencia declarada por el Tribunal.[[/p]][[p]]Se contesta el traslado conferido por el Dr. LLANES (fs. 130/132).[[/p]][[p]]El Dr. GERARDO DANIEL BARCONTE RAMOS se presenta como apoderado de JULIO CÉSAR MAMANI (fs. 140).[[/p]][[p]]Agotada la etapa instructiva se dicta auto de Apertura a prueba (fs.148/149 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 198/207). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones por escrito (fs. 233/236) y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-131.495/04 el Dr. RAMÓN EDUARDO VALDEZ se presenta como apoderado de BENITO ANTONIO AIMA, OSCAR AMANTE, ALEJANDRO MARTÍN AMANTE (por Suc. de RICARDO MARTÍN AMANTE) RAÚL ARZE, MARIO JOSÉ ARÉVALO, ESTER CALISAYA Vda. De SCHMERBACH (por Suc. de CARLOS ALEJANDRO SCHMERBACH) RICARDO ROBERTO CANAZA, ANA MARÍA COCA (por Suc. de HERACLETA COCA) CESAR VALENTÍN COCA, ERASMO COCA, ANTONIO ALBERTO CHOQUEVILCA, SILVIA INÉS D´ANGELIS de HALE, JOSÉ RAMÓN FLORES, HÉCTOR MAMANI, PAULINO AURELIO NAVARRO, SERGIO JUSTO PERALTA, HILARIO OSCAR PÉREZ, NÉSTOR ALEJANDRO QUIROGA, CÉSAR GREGORIO RITTERSTEIN, OSCAR PRUDENCIO ROJAS, GREGORIO BALTAZAR SUNA GIL, JUSTO LUCAS URZAGASTI, ROBERTO JOSÉ VALDIVIA y VÍCTOR ALBERTO ZUBELZA. En ese carácter promueve demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. Algunos optaron por el retiro voluntario y otros por ser transferidos a EJE S.A. Solicita entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios. (fs. 198/204). Pide inconstitucionalidad de la Ley 5.301 y del Decreto Nº: 969-E- del 08/05/00 y aplicación del fallo "Antonucci".[[/p]][[p]]El Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 228/238 vta.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 261/289) realizada por la Dra. TORRES. Se contesta el traslado conferido por el Dr. VALDEZ (fs. 297/301).[[/p]][[p]]Decidido el reclamo ante el cuerpo con la sentencia que obra a fs. 324/326 y devueltos los autos por el Superior (fs. 340) se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 351/352 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]El Dr. RAMÓN ANTONIO SOSA (h) da cuenta del fallecimiento de VÍCTOR ALBERTO ZUBELZA. Acredita personería por la hija del causante (fs. 442). Peticiona.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 378/422). Observan los letrados de las partes, brindándose las explicaciones (fs. 444/445) y en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-133.399/05 el Dr. SERGIO STEPHAN como apoderado de CARLOS ARTURO CASAS promueve demanda ordinaria por entrega de acciones, cobro de pesos y en subsidio daños y perjuicios en contra del ESTADO PROVINCIAL. Solicita la inconstitucionalidad de disposiciones que requieren del reclamo administrativo previo para poder acudir a la justicia. El demandado ha iniciado un trámite (Expte. Nº: 0626-0068/97) que a pesar del tiempo transcurrido no ha concluido. Relata los antecedentes de la pretensión. Los fundamentos que adunan la demanda solicitando que se dicte sentencia y se condene al Estado a entregar a su mandante las acciones del PPP a las cuales tiene derecho. De resultar imposible, se le abone daños y perjuicios, todo con expresa condena en costas. Ofrece prueba. Cita derecho.[[/p]][[p]]El Dr. JORGE E. GARCÍA con el patrocinio letrado de la Dra. MÓNICA BEATRIZ TORRES en su carácter de Procuradora Fiscal opone excepciones y defensas (fs. 55/58.). Se contestan los traslados conferidos. Se agrega contestación de demanda (fs. 82/110) realizada por la Dra. TORRES. Responde el traslado conferido el Dr. STEPHAN (fs. 118/118 vta.).[[/p]][[p]]Realizada audiencia para conciliar a las partes, la misma no da resultado positivo. Habiéndose resuelto los planteos realizados se dicta auto de Apertura a prueba (fs. 143/144 vta.). Se decide acerca de las Observaciones.[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 152/164). Observada se brindan explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo por la demandada. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]En el Expte. Nº: B-165.203/06 se presenta el Dr. RAMÓN EDUARDO VALDEZ en su carácter de apoderado de: JOAQUÍN MARIANO ALGAÑARAZ, JORGE FARFÁN, RAÚL MACHACA, OSCAR ANASTASIO ESCALIER, GUIDO ROLANDO RIOJA, JUAN CARLOS CEBÁLLOS, CEFERINO RAMÓN PÉREZ, FRANCISCO MIGUEL BRODKIEWICZ, OSCAR ROLANDO ZERPA, CONCEPCIÓN SAJAMA, LUIS ERNESTO VELÁZQUEZ, CARLOS ALBERTO MÉNDEZ, HÉCTOR MAMANI, JOSÉ ANTONIO RECUPERO BALBÍN, LUIS RICARDO GARCÍA, PASCUAL HOYOS, JOSÉ CAMILO PAEZ, GIL MÉNDEZ, JUAN ÁNGEL LÓPEZ, CARLOS ROBERTO PALACIOS, ODILÓN ZORRILLA, MARCOS APARICIO, SOLEDAD MIRIAM MONTEZ, PASCUAL VILLALOBOS, DIONISIO VILLALOBOS, VALERIANO QUISPE, GUIDO ERNESTO CABANA, DANIEL FERMÍN MILENA promueve la demanda en contra del ESTADO PROVINCIAL. El Dr. VALDEZ a fs. 49 se presenta (ante el fallecimiento de CARLOS ROBERTO CAMPOS) por la esposa: MIRTA RAMONA HERRERA y con patrocinio letrado del Dr. JULIO DE LOS RÍOS (fs. 65) amplía demanda por JUAN WALTER PÉREZ. Dice que fueron empleados a partir del 2 de diciembre de 1.996. Todos optaron por pasar a prestar servicios en las empresas privatizadas con capital mayoritario privado. Pero no sólo por eso tienen derecho sino también porque están dentro del supuesto previsto en el caso "Antonucci" y al crearse las sociedades anónimas, ellos integraban el plantel de los empleados de EJE S.A. y EJESED S.A., tal como dice el Art. 6º de la Ley 4.879. Funda la acción en derecho. Ofrece prueba y peticiona (fs. 33/38).[[/p]][[p]]La parte demandada por medio del Procurador Fiscal Dr. JORGE EUSEBIO GARCÍA con patrocinio letrado de la Dra. CECILIA CASAS CORNEJO solicita intervención obligada del gremio Luz y Fuerza y sujetos legitimados por Decreto Acuerdo Nº: 969-E-2.000 (fs (63/67). Hace reserva de la cuestión federal. Resuelta la cuestión se contesta demanda (fs. 167/168 vta.) por los mismos letrados. Los planteos son similares a los respondes anteriores. Respecto a Mirta Ramona Herrera invoca falta de acreditación de la calidad que invoca. Ofrece prueba. Peticiona. Hace reserva del caso federal. Contesta el traslado conferido a los efectos del Art. 301 del Cód. Proc. Civil el Dr. VALDEZ (fs. 193/197 vta.). Se dicta la apertura a prueba (fs. 209/210 vta.).[[/p]][[p]]La C.P.N. GILDA ESTHER VALDIVIEZO presenta pericia (fs. 227/271). Observan los letrados del demandado, brindándose las explicaciones en audiencia de vista de causa. Se acompaña expediente administrativo. Evacuados los informes requeridos queda el proceso en estado de resolver en definitiva.[[/p]][[p]]2.- a) La Sala Primera de la Cámara en lo Civil y Comercial declaró la incompetencia del Tribunal en el Expte. Nº: B-86.478/01 "Ordinario por Cobro de Pesos y Daños Marcelo Hugo Palacios, Raúl Humberto Cardozo y otros c/ Estado Provincial". Deducido el Recurso de Inconstitucionalidad que tramitó en el Expte. Nº: 1.449/02 (Plenario) mereció sentencia favorable para la parte actora. Revocó el Superior tal decisión y dispuso que la acción promovida era de su competencia. Reenvió los autos para la prosecución de la causa según su estado. Impuso las costas a la recurrida difiriendo la regulación de los honorarios hasta tanto se pueda aplicar el Art. 11 de la Ley 1.687/46 t.o. (fs. 39/41 vta.). Con esta decisión se advierte que la cuestión relacionada con la Ley Nº: 5.301/02, 5.302/02 se ha tornado abstracta ya que se menciona solamente la Ley de Aranceles de la Provincia. Se denegó la concesión del extraordinario federal por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con costas y se difiere la regulación (fs. 70/70 vta.). Se denuncia la interposición del Recurso de Queja (Expte. Nº: P-1.172/03) en contra de la resolución del 11/08/03 (fs. 75).[[/p]][[p]]2. b) Esta Sala Segunda resuelve en el Expte. Nº: B- 131.495/04 "Ordinario por cobro de pesos: Aima, Benito; Amante, Oscar; Amante, Alejandro y otros c/ Estado Provincial" rechazar la citación de terceros pedida por la demandada; impone las costas por su orden y difiere la regulación de los honorarios. Se interpone recurso de Inconstitucionalidad (Expte. Nº: 5.968/08 "Plenario") que mereció (por mayoría) su rechazo, con costas al Estado Provincial, con la disidencia de la Dra. María Silvia Bernal (fs. 92/102 vta.). Fue devuelto el proceso en febrero de 2.010 para su continuación.[[/p]][[p]]3.- El caso que nos convoca tiene importancia ya que trata de la cuestión referida a la implementación del programa que posibilite el acceso de los actores al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. tal como se indica en la Ley 4.879 del Art. 6º. Hasta tanto ello no ocurra, no se puede lograr su tenencia ni tomar decisiones acerca de ellas, lo que crea vulneración de sus facultades propias del derecho de propiedad garantizado en los Arts. 17 de la Constitución Nacional y 36 de la Constitución Provincial. Está claro y ello no ofrece duda alguna que se hicieron acciones tendientes a implementarlo, pero sin bien ello es así, como en realidad lo es, medió considerable demora y ello redundó en un perjuicio cierto para todos los dependientes de la repartición estatal en el momento que se decide la privatización. Si el diseñado mecanismo hubiera estado completo, los derechos se hubieran ejercido temporáneamente y sin daño alguno para los trabajadores. Con una buena información letrada les hubiera sido factible decidir lo más conveniente para su futuro. Del expediente administrativo se desprende que comenzó el proceso, pero después que se vendió el 90 % del paquete accionario. La primera foja tiene fecha 02 de junio de 1.997. La ley Nº: 4.879/95 fue sancionada y promulgada por órgano competente el 18 de diciembre de 1.995. Su publicación data del 06 de mayo de 1.996. Es decir que no se dio cumplimiento con la voluntad expresada en las disposiciones normativas que al decidir la privatización de la Dirección de Energía de Jujuy estableció la instrumentación de un Programa de Propiedad Participada en el ámbito de la Provincia. De haberse cumplido estricta y simultáneamente con lo estatuido se daba plenamente el ensamble y la articulación requerido por la ley. Es decir que se les concedía a todos los empleados públicos la facultad de obtener las acciones que les correspondían dentro de ese 10 % que se les reservaba para ellos en las empresas y que se les entregaba juntamente con el paquete mayoritario (90 %) de los adquirentes.[[/p]][[p]]La propia parte demandada reconoce que medió una mora imputable al Estado Provincial en su implementación y dice que resultaría razonable que se especifique quienes serán los que podrán acceder al mismo y acompaña Proyecto de Decreto (fs. 60, E. Insausti en dictamen del administrativo). Pero en la normativa que se dictó por la legislatura se desprende sin hesitación quienes son los favorecidos.[[/p]][[p]]4.- Como lo hemos afirmado la legitimación activa para promover demanda en la protección del derecho tratado es amplia, las obligaciones que de las normas se desprenden también lo son; por otra parte, los deberes conminan a toda persona (jurídica o física) a dar cumplimiento fiel a las disposiciones jurídicas que se dicten conforme lo dispuesto por las constituciones y las leyes que en su consecuencia se dicten.[[/p]][[p]]4.a) La Defensa de falta de acción en la faz activa debe ser desestimada "prima facie". Ello así porque los actores invocan que al momento de la creación de las empresas como sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado Provincial integraban todos ellos el plantel permanente de la Dirección de Energía de Jujuy. Invocan la doctrina legal de la C.S.J.N. en la causa "Antonucci, Roberto c/Yacimientos Petrolíferos S.A. y otro s/ Participación Accionaria Obrera" del 20/11/01, solicitando su aplicación al caso de autos (en voto mayoritario de sus miembros). De la prueba realizada se desprende que todos los actores cuando se declaró a la DEJ sujeta a privatización pertenecían a la planta permanente de la misma. Ello ocurrió con el dictado de la Ley 4.879 del 18/12/95. Su publicación tuvo lugar el 06/05/96. En el caso de los jubilados de oficio se produjo en algunos casos el 01/06/96 y en otros 01/07/96, según informe pericial. Por lo tanto dentro del planteo que hacen en las diversas demandas surge su legitimación activa. En lo que se refiere a este grupo etáreo hay que hacer algunas puntuaciones y relacionar las fechas en las que pasaron a pasividad y en las que se publicó la ley . Los ex empleados fueron jubilados de oficio según Decreto Acuerdo Nº: 182-E-95 (30-12-95). Posteriormente se dicta el Decreto Acuerdo Nº 454/96 mediante el cual se dejaba en "suspenso" la vigencia del anterior. Luego por Decreto Acuerdo Nº: 260/96 se dispuso la reincorporación de los agentes de la administración pública oportunamente jubilados de oficio.[[/p]][[p]]La Ley 4.879/96 dispuso en el Art. 13 último párrafo en cuanto a las opciones que "El Poder Ejecutivo Provincial podrá elaborar un régimen de jubilación anticipada que deberá liquidarse sobre la base del 82 % de la jubilación ordinaria del régimen provisional de la Provincia a condición que su financiamiento se realice por el Estado Nacional y al que podrá acogerse todo el personal de la Dirección de Energía de Jujuy que reúna los requisitos que en él se establezcan". Se interpreta que se restablecía la vigencia de los requisitos de edad y de años de servicio que prescribía la Ley Nº: 4.042/83 como así también el Sistema de Jubilaciones anticipadas o de oficio y la sanción de la Ley 4.903/96 que autorizaba el Poder Ejecutivo a firmar un Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la Nación (31/05/98). Con el dictado del Decreto Acuerdo Nº: 692-E-96 en el Art. 1º se prescribe: "Dispónese la conversión con carácter de definitivos de todos los ceses de Servicios Provisorios establecidos por el Decreto Acuerdo Nº: 182/95, por cada uno de los Organismos de la Administración Pública Provincial de los tres Poderes del Estado, Organismos Centralizados y Descentralizados, los Municipios y Comisiones Municipales de la Provincia; lo que deberán considerarse otorgados al 31/05/96 y en relación a aquellos Agentes que no se encuentren detallados en el Anexo I de la Resolución Nº: 187-A.P.I./96 de la Intervención del Instituto Provincial de Previsión Social, conforme lo normado por el Decreto-Acuerdo Nº: 260-E-96".[[/p]][[p]]A consecuencia de esas normas la Intervención de la Dirección de Energía de Jujuy dictó la Resolución Nº: 172 (28/06/96) dando de baja del servicio activo al personal que le corresponde la jubilación, fijándola para unos el primero de junio y para otros el primero de julio de 1.996, sin excepción. Por lo tanto si la Ley Nº: 4.879 fue sancionada el 18/12/95; promulgada el 18/12/95 y publicada el 06/05/96 sin duda que los agentes jubilados de oficio están legitimados porque al momento de la creación de las sociedades anónimas con capital mayoritario en poder del Estado provincial integraban el plantel permanente de la Dirección de energía de Jujuy conforme lo prescrito por el Art. 22 de la Ley 23.696 y por la Ley Nº: 4.879 citada. Ello así de conformidad a lo sostenido por la Corte Suprema -en su voto mayoritario- en la causa "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Participación Accionaria Obrera" del 20/11/01.[[/p]][[p]]4.b) En relación a la Prescripción que se hace valer por la parte demandada, la misma no puede tener favorable acogida. El presente caso ha de subsumirse en el Art. 4.023 del Código Civil. Ya hay doctrina jurisprudencial en ese sentido cuando se trataron temas similares a los que ahora nos ocupa. Así se ha sostenido que: "Toda vez que el reclamo de los ex empleados de YPF, fundado en las acciones Clase "C" atinentes al régimen de propiedad participada, es de carácter especial y atípico, no le es aplicable el Art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (DT, 1976238) pues el contrato de trabajo sólo aparece como un elemento causal generador del derecho, pero éste no proviene del marco regular de nuestra disciplina y ante la ausencia de una norma expresa, se impone aplicar el plazo decenal previsto por el Art. 4.023 del Cód. Civil". En igual sentido "Es aplicable el plazo ordinario de prescripción decenal -Art. 4.023, Cód. Civil- y no el término bienal de la legislación laboral -Art. 256 Ley de contrato de trabajo 20.744- a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de YPF. -Arts. 21 a 40, Ley 23.696- ya que frente a la ausencia de una norma que regule específicamente el caso, debe estarse al plazo más extenso por razones de equidad y la valoración restrictiva que debe imperar en materia de prescripción (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "Es aplicable el plazo decenal de prescripción del Art. 4.023 del Cód. Civil y no el término bienal previsto en el Art. 256 de la Ley 20.744 a las causas que versan sobre el alcance del Programa de Propiedad Participada de YPF S.A. -Arts. 21 a 40, ley 23.696- pues se trata de una normativa concerniente a la reforma del Estado que desborda el régimen laboral (Adla, XXXIV-D, 3207; XXXVI-B, 1175; XLIX-C, 2444)". "El reclamo de autos se vincula con la implementación y el funcionamiento del programa de propiedad participada de Telefónica de Argentina SA, según la particular configuración que éste adquirió conforme con las normas que reglamentaron el proceso de privatización de ENTEL (conf. Ley 23.696, Decretos 62/90, 1105/89 y 484/98, etc.). Consecuentemente, las cuestiones planteadas en autos remiten a relaciones jurídicas esencialmente atípicas (conf. Sala 1, causa 3.995/99 del 7.5.02). Es decir, escapan a los márgenes habituales tanto de una relación laboral como de una relación estrictamente comercial. Ello así, toda vez que la novedad y complejidad que plantean instrumentos como el que aquí se examina (PPP) hacen que los institutos y principios propios correspondientes al derecho del trabajo y al derecho comercial se vean ciertamente desbordados a la hora de resolver adecuadamente el diferendo. En tales condiciones, ponderando que no existe una norma específica que cubra la situación debatida en autos, débese aplicar en la especie el término de prescripción decenal, que posee carácter residual (conf. Art. 4.023, Primer párrafo, Código Civil)"; Autos: Sánchez Luis Inocencio c/ Programa de Prop. Participada Telefónica de Argentina S.A. y otros s/ proceso de conocimiento. Sala 2. Dr. Eduardo Vocos Conesa - Dra. Marina Mariani de Vidal; 16/05/2002.[[/p]][[p]]También debemos destacar a mayor abundamiento que hay autores que se inclinan por la posición de aplicar el plazo de diez años previsto por el Art. 4.023 del Código Civil, cuando están en juego intereses de contenido constitucional. Incluso cuando los perjuicios siguen generándose se puede considerar que su curso aún no comenzó. Ello así porque a pesar de haberse decidido la privatización por Ley y la implementación del Programa de Propiedad Participada en el año 1.995 y que se transfirió en el año 1.996 la mayoría de las acciones de las empresas a quién resultó favorecida por la licitación, no procedió aún el Estado Provincial a implementar el Programa que posibilite el acceso de los beneficiaros al capital accionario tal como lo establece el Art. 6º de la Ley Pcial. 4.879/95, publicada el 06/05/96 en el Boletín Oficial.[[/p]][[p]]En ese orden de ideas y habida cuenta que el más alto Tribunal de la República ha reconocido autonomía propia a las acciones deducidas por los trabajadores en las que se ventilan peticiones referidas a los derechos del Programa de Propiedad Participada no corresponde más que estimar como inaplicables los términos breves de prescripción para los derechos emergentes de la relación imponiéndose subsumir el supuesto en estudio -a fin de no vulnerar principios de justicia- el plazo decenal al que se alude en el Art. 4.023 del Código Civil. A la luz de lo meritado, atendiendo que los actores interponen sus acciones desde los años 2.002 a 2.006 y que aún no se ha implementado por parte del demandado el PPP, consideramos que no ha transcurrido el referido plazo decenal. Por lo tanto, en orden a lo expresado debemos rechazar la defensa hecha valer en las diversas causas.[[/p]][[p]]5.- La opción establecida por la ley la encontramos configurada ya sea por las diferentes comunicaciones realizadas como así por las diferentes acciones deducidas. Todo ello importa el ejercicio efectivo del derecho invocado. El precio de las acciones a que se tiene derecho corresponde que sea satisfecho en el número de anualidades por los adquirentes y del modo que se establezca en el Acuerdo General de Transferencia (conf. Art. 30 de la Ley 23.696 aplicable por remisión de la Ley 4.879). Cuando ello ocurra es factible que con los dividendos anuales se concrete fácilmente. La pericia ha acreditado las entregas de sumas de dinero significativas al demandado (salvo por los años 2.000 y 2.001) las que han debido continuar sin duda alguna. Esos importes con más sus intereses a la tasa activa desde que fueron recibidas (conf. S.P.J. L.A. Nº 54 Fº 673/678 Nº 235 del 11/05/2.011) también se deben imputar a la cancelación del pago, todo lo cual puede ser realizado al finalizar la instrumentación del programa o determinado por el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]6.- La responsabilidad. En la modernidad se va construyendo un modelo tendiente a la mayor protección del ser humano que se veía sumergido en procesos de dañosidad nunca antes vistos. El cambio desde lo analítico, epistemológico y ético se plasma en nuestra legislación de fondo en el año 1.968 ya que el Código Civil amplía el campo reparatorio a partir de los factores objetivos de atribución. La consolidación nos llega por obra de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) que junto a sus modificaciones lleva a obtener la reparación de los daños producidos en el modelo social de consumo y cuyo ámbito de vigencia se expande por obra de la doctrina y jurisprudencia. La reforma constitucional apuntó en 1.994, decididamente a la protección integral de las personas a partir de su texto (medio ambiente, consumo, etc.) y también de los documentos internacionales que se le incorporaron (salud, educación, menores, trabajo, etc.). De ello, se desprende que un orden social justo precisa hacer concretar en la práctica por los agentes la totalidad de sus derechos, lo que conlleva a la reparación integral de los daños económicos y extraeconómicos que se soportan fundado en que no deben existir daños sin reparar, pues ésta es la base a partir de la cual se logra conformar un Estado Democrático efectivo, una verdadera República, no sólo en lo formal sino y sobre todo en lo sustancial. Sus principios deben tender como una estrella que nos dirige a la protección de la dignidad que es el interés superior a resguardar en todo ser humano.[[/p]][[p]]Habiendo establecido lo anterior, en concreto y sobre el tema convocante, la pregunta que nos hacemos está referida al funcionamiento del sistema tal como fue programado por quienes adoptaron la decisión política en una época de nuestro pasado histórico, de privatizar las empresas del Estado (década de los 90) y en el modelo que se llamó "neo-neo" es decir neoconservador - neoliberal. Para facilitar su andamiento y el apoyo de los afectados sobre todo, se diseñó esta forma que endulzaba en algún aspecto la precariedad que significaba para los dependientes del Poder que por pertenecer a su planta permanente gozaban de la estabilidad real y efectiva (garantizada en los Arts.: 14 bis de la Constitución Nacional y 61 de la Constitución Provincial) pasar a otra situación futura e imprevista. Se asiste entonces, a un cambio de empresario derivado del cambio de titularidad en los bienes de producción (antes el Estado, Ahora los capitales privados). La nueva modalidad de participar refleja en el ordenamiento jurídico, la evolución de las relaciones laborales y constituyen acceso al derecho de propiedad que en el orden constitucional nacional se plasma en el Art. 14 bis y que ha quedado como programático, a decir verdad. Sobre todo en que la ley asegurará a los trabajadores "la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección". La titularidad de los empleados en el capital accionario dispuesto por la Ley Nº: 23.696 de "Reforma del Estado" y Ley Nº: 4.879 "de Transformación del Sector Eléctrico en la Provincia de Jujuy" no sólo les otorga una participación en las ganancias de la empresa privatizada, sino también en la administración y gestión de la entidad, no excluyendo que deban soportar las pérdidas. Y así, asumir dicho conocimiento y control relevante articula de alguna manera el ejercicio de dichos roles con el texto constitucional.[[/p]][[p]]El tema sustancial que se dilucida aquí, está referido a juzgar que dependientes de la Dirección de Energía de la Provincia de Jujuy tienen derecho a acceder a las acciones en función del Programa de Propiedad Participada establecido en las leyes Nº 4.879 (Pcial.) y Nº: 23.696 (Nacional). En cuanto al fondo del asunto se examina la cuestión a partir de las consideraciones que se expusieron en su oportunidad en los autos: "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F S.A. y otro s/participación accionaria obrera" siguiendo al voto mayoritario de la CSN en el fallo del 20/11/01. Al no estar el Programa implementado quienes se vieron protegidos por la doctrina jurisprudencial están en todo su derecho de peticionar como lo hicieron habida cuenta la relación inescindible de las causas en su especificidad. En dicha sentencia se estableció que los dependientes que tenían derecho a acceder a las acciones en función del Programa de Propiedad Participada eran quienes mantenían vigente el vínculo laboral en la fecha en que se transformó la Sociedad del Estado en Sociedad Anónima y se declaró a la primera sujeta a privatización, de acuerdo a los Arts. 8 y 9 de la Ley 23.696, conforme lo establecido por el Decreto 2.778/90. Esta interpretación es la que adoptaremos, conforme el citado precedente, ya que los criterios del más Alto Tribunal de la Nación es conveniente que sean lealmente acatados en resguardo de la seguridad jurídica (SCN: Rolón Zappa, Víctor F. del 25/08/88). Con posterioridad en los autos "Gerry, Roberto c/ Y.P.F S.A. y otro" ratificó lo decidido en "Antonucci" y reconoce el derecho a obtener una indemnización por parte del Estado Nacional a quienes, encuadrados en las pautas fijadas, no hubieran podido obtener los beneficios del programa por causas ajenas a su voluntad. Todos los argumentos pueden ser aplicados a los actores de los diferentes procesos que ahora están acumulados y en estado de ser resueltos. Estando unificado el trámite y el pronunciamiento resulta uno sólo, no existe motivo suficiente que justifique ser excesivamente formalistas con la situación de algunos de los actores que aparecen en algunos expedientes como promoviendo la pretensión.[[/p]][[p]]Resulta oportuno dejar en claro que desde la fecha en que se decidió la creación de la empresa EJE SA por la Ley 4.879 sancionada y promulgada el 18/12/95, publicada el 06/05/96, todo el personal en relación de dependencia con la empresa sujeta a privatización, quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Los actores tenían derecho a ejercer la opción de adquirir las acciones clase "C" de EJE S.A. en el sistema de propiedad participada de las leyes citadas, toda vez que las relaciones de empleo estaban vigentes en esa fecha (18/12/95 - 06/05/96). Tal afirmación la hacemos observando la prueba incorporada de informes y pericial contable (CPN Gilda Esther Valdiviezo).[[/p]][[p]]Es oportuno poner de resalto que la opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre el dictamen de los peritos en cuestiones que atañen a su incumbencia técnica, máxime cuando tal opinión carece, a su vez, de fundamentos técnicos de trascendencia y no tienen entidad suficiente para enervar los argumentos del dictamen. Aunque no tenga carácter vinculante para el Tribunal, éste para apartarse de sus conclusiones debe encontrar apoyo en razones serias, objetivamente demostradas a través de las circunstancias del caso de acuerdo a los hechos comprobados de la causa reveladores de que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de la experiencia o contradice el restante material probatorio objetivamente considerado (Conf. Palacios, Derecho Procesal Civil t. IV, Pág. 720). Las reglas de la sana crítica permiten establecer cuándo el examen debe ser estimado o dejado de lado; a los jueces les está vedado sustituir la opinión de los peritos por sus propios conocimientos técnicos, artísticos o científicos o rechazar la pericia correctamente fundada a la que no corresponde oponer pruebas de igual o menor fuerza de convicción. Cualquiera que sean los conocimientos que pueda tener, el Tribunal no puede actuar como perito (Falcón Tratado de la Prueba, Bs. As. 2.003, t. 2, Pág. 85, nota 429).[[/p]][[p]]Es conveniente recordar algunas referencias al sistema de la Ley 23.696. Ello así teniendo en cuenta que en el Expte. Administrativo a fs. 1 se la menciona al decirse que "De acuerdo a lo preceptuado por el Art. 6º de la Ley 4.879 el Estado Provincial debe implementar dicho Programa sobre el 10 % del Capital Accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 23.696 en su capítulo III". Este cuerpo normativo entonces no puede ser dejado de lado en tanto previó que para llegar a la privatización de bienes productivos cuyo dueño era el Estado debían ser declaradas sujetas a privatización por el Estado y aprobado por ley. El sistema no revestía carácter imperativo ya que estaba condicionada su aplicabilidad a pasos que tenían que ser dados por el Poder Ejecutivo. Resultaba necesario tomar medidas posteriores. Así fue dictado el Decreto por el cual se establecían las mismas. En nuestro caso se cumplió ello con la Ley 4.879 sancionada el 18/12/95 y publicada el 06/05/96. En virtud de esta norma el personal en relación de dependencia con la Dirección de Energía de Jujuy sujeta a privatización quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Aunque la privatización no estaba terminada, no se le puede negar al personal el derecho que resulta del plexo de normas aludidas y de la intencionalidad de la Ley expresada en sus términos claros y simples. Sobre todo en lo que se refiere a los empleados del "ente a privatizar" (Art. 16.2). En la fecha consignada el Art. 1º dice: PRIVATIZACIÓN: Declárase sujetas a privatización las actividades de Generación Transporte, Distribución Concentrada y de los Sistemas Eléctricos Dispersos, que realiza actualmente la Dirección de Energía de Jujuy. El Art. 2º: CREACIÓN: a) Créase la "Empresa Jujeña de Energía" (EJE S.A.) la que se constituirá bajo la forma de Sociedad Anónima registrada por las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº: 19.550 y 22.903, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias como las que en el futuro las sustituyan, a las que se le otorgará la concesión de la prestación de los servicios de Generación; Transporte y Distribución Concentrada, referidos en el Artículo 1º "EJE S.A." se constituirá con el aporte parcial del Patrimonio de la Dirección de Energía de Jujuy en la forma que se determina en esta Ley. b) Créase la "Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos (EJSED S.A.) la que se constituirá bajo la forma de Sociedad Anónima, regidas por las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº: 19.550 y 22.903, sus modificatorias, complementarias y reglamentarias como las que en el futuro las sustituyan, a las que se le otorgará la concesión de la prestación de los Servicios Eléctricos Dispersos referido en el Artículo 1º "EJE S.A.". La empresa Jujeña de Sistema Energéticos Dispersos (EJSED S.A.) se constituirá con el aporte parcial del patrimonio de la Dirección de Energía de Jujuy en la forma que se determina en esta Ley. El Artículo 5º establece: CAPITAL SOCIAL: El Capital Social de las sociedades anónimas creadas por el Artículo 2º de esta Ley estará representado por acciones ordinarias escriturales; nominativas y no endosables; distribuyéndose del siguiente modo: a) el diez por ciento (10 %) para ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada. b) El noventa por ciento (90 %) para el Estado Provincial. El Artículo 6º dispone RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA PARTICIPADA: El Poder Ejecutivo Provincial deberá implementar un programa que posibilite el acceso de los empleados al Capital accionario de "EJE S.A." y "EJSED S.A." previsto en el artículo 5º de esta Ley; de acuerdo al régimen de la Ley Nº: 23.696 Capítulo III "Del Programa de Propiedad Participada". Los representantes gremiales deberán tener participación necesaria en la elaboración de los instrumentos que regulen este programa.[[/p]][[p]]La Ley Nº: 23.696 contiene un capítulo dedicado al programa y dice quienes pueden adquirir las acciones, entre los que se mencionan a los empleados del ente a privatizar. En nuestro supuesto en examen por Ley se dio la transformación y el nacimiento de la sociedad del Estado Jujeño y se declaró comprendida en el sistema de la Ley Nacional. No revestía carácter imperativo el sistema, pero en la nuestra Nº: 4.879/95 como hemos transcrito existe sin hesitación el concepto o categoría analítica de imposición. Ese ámbito coercitivo implica para el órgano institucional el encargo de organizar y cumplir con la manda institucionalmente marcada por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado. El Ministerio de Economía como autoridad de aplicación llevará a cabo lo necesario para ofrecer las acciones y obligaciones en los mercados de valores a fin de transferir el capital al Estado y la posibilidad de pasarlo a manos privadas; en el mismo momento lo programático establecía que el diez por ciento (10 %) para ser adjudicadas al personal de las respectivas empresas mediante un Programa de Propiedad Participada. Entendemos en una correcta hermenéutica que ello debió ser simultáneamente. Obsérvese que incluso la proporción fijada para los empleados está en el primer apartado del Art. 5º identificado con la letra a) y el otro porcentaje "a posteriori" con la letra b). Plasmado y decidido en la ley provincial está entonces que el personal en relación de dependencia con la empresa sujeta a privatización quedó comprendido en el universo de sujetos adquirentes. Como el capital se hallaba en poder del Estado y aún continúa, no puede negárseles derecho a los dependientes del "ente a privatizar" a obtener sus acreencias una vez que se finalice la implementación del programa.[[/p]][[p]]Es así que las disposiciones que avanzan sobre lo dispuesto (por la norma superior) para restringir el número de trabajadores que podían ser adherentes no es conforme a derecho. No fue delegada por la Ley dicha facultad reglamentaria. De ahí que el Decreto (Nº: 969 del 08/05/2.000) en ese aspecto debe ser declarado inconstitucional. El uso de la expresión "personal de las respectivas empresas" no puede ser otro que el de referirse a los existentes seres humanos que al momento de la privatización laboraban en la repartición ello así, con los alcances referidos en los considerandos que da la Corte en el caso "Antonucci" en su voto en mayoría. El Art. 22 de la Ley 23.696 hace referencia al empleado adquirente del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente ya privatizado como resultaría de adoptarse el criterio que propone la parte demandada. Este es el prisma con que se mira el caso que se ha sometido a nuestra consideración. Con este criterio hay respeto por los derechos del personal de planta permanente al momento del dictado de la ley de privatización. Como pauta interpretativa acudimos a su texto. Su enunciado normativo descrito precedentemente por su extrema claridad es idóneo para la situación de todos los actores. Aptos para generar razonable expectativa de adquirir las acciones programadas o de no ser posible obtener la consiguiente reparación de los perjuicios ocasionados por la tan ansiada acrecida. Otra pauta de hermenéutica a la cual acudimos es el principio "in dubio pro justicia sociales" que merece el más alto respeto y protección ya que hace a la existencia de la persona humana. La ley dictada por el Poder Legislativo de la Provincia formula una verdadera política en la materia. Respeto por los derechos del dependiente del Estado Provincial, del personal que tenía estabilidad y se tiene la convicción que lo programado, la meta objetivada en el plexo normativo era tener los dos tipos de acciones listas para su entrega en forma simultánea y articulada. Proteger al personal de planta permanente y no correr ningún riesgo tal como lo quiso el constituyente cuando previó la estabilidad propia como regla y la desestimación de la precariedad.[[/p]][[p]]7.- En un orden de ideas concordantes, lo principal es entonces decidir por esta sentencia que efectos tienen todos los requerimientos que se han realizado en los diferentes expedientes. Estamos seguros que el obligado es el Estado Provincial que no actuó en tiempo y forma para que en el momento previsto por la normativa en la materia, todos sus dependientes hubieran estado en situación de decidir y en su caso adquirir parte de ese 10 % de acciones Clase "C". Obligación de hacer que al no concretarse en tiempo propio, afectó el derecho de los actores. El Programa entonces debe ser concluido en un plazo que no puede ir más allá de los tres meses. Para así decidir consideramos que ya se avanzó en el proceso y con un esfuerzo por parte del Ministerio de Economía podrá cumplirse con la obligación de hacer y luego proceder a entregar las acciones a los requirentes en el plazo de un mes. De no procederse así, por vía de ejecución de sentencia estableceremos la suma de condena por daños y perjuicios a satisfacer por la parte demandada a cada uno de los actores si ven frustrada su legítima expectativa a obtener una ganancia a la que tienen derecho. En este sentido hemos podido comprobar como el Art. 2 de la Ley 25.471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al Programa por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación económica continúa aún estimándose por el Congreso y en vías de satisfacerse a los ex dependientes de las empresas privatizadas. De ahí que nos pronunciamos en esta causa conforme a derecho lo que implica confirmar la decisión que el máximo Tribunal de la República ha tomado en el referido caso "Antonucci" y que además ha sido ratificado por normas nacionales adecuadas a dicho pronunciamiento y que puede dar respuesta a los reclamos de los actores o de los cónyuges y descendientes habida cuenta que por el transcurso del tiempo muchos agentes han dejado de existir (SC: Gerry, Roberto Ernesto y otros c/ YPF S.A. y otros, 26/08/03). Este reclamo subsidiario esto es el pago de la indemnización hay que examinarla a partir de los considerandos que se expusieron en su oportunidad en "Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Participación accionaria obrera" en los que se estableció que los dependientes que tenían derechos a acceder a las acciones en función del Programa eran quienes mantenían vigente el vínculo laboral cuando se transformó la empresa del estado en sociedad anónima y se declaró a la primera sujeta a privatización de acuerdo a los Arts. 8 y 9 de la ley 23.696 conforme el Decreto 2.778/90. Esta interpretación fue adoptada a partir del citado fallo ya que los criterio del más Alto Tribunal han de ser lealmente acatados en resguardo de la seguridad jurídica (C.S. Rolón, Zappa, Víctor F." del 25/08/88; R-586 XXI). En los autos Gerry, Roberto c/ Y.P.F. y otro s/ part. Accionario obrero" la Corte ratifica lo ya decidido y reconoce el derecho a obtener indemnización por parte del Estado Nacional a quienes encuadrados en "Antonucci" no hubieran podido obtener la posibilidad de optar por el programa por causas ajenas a su voluntad.[[/p]][[p]]La cuestión de la determinación de la cuantía del daño será considerada por el Tribunal oportunamente sobre la base que la misma debe ser integral. Resulta necesario fijar algunas pautas de las que no corresponde apartarse. La indemnización resultará de valuar los siguientes ítems: a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas de la Ley sobre la base de los datos de ingreso y egreso si correspondiere, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa; b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones, el que hubieran debido saldar los ex agentes y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financiera por su venta. La perito actuante ha realizado estimación al respecto a la fecha del informe. Por el tipo de juicio, su complejidad y número de beneficiarios siempre es posible que los ajustes a efectuar por la vía recordada se practicarán con la colaboración de la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo (Arts. 469 y cocns. del Cód. Proc. Civil). Las sumas que se obtengan deberán abonarse con los intereses de la tasa activa (L.A.Nº: 54, Fº 910/917, Nº 242) hasta su efectivo pago desde la fecha en que el Estado Provincial recibió los importes correspondientes a las acciones Clase "C" y que será analizado y calculado por la auxiliar de la justicia en el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]8.- Si mi criterio fuere compartido, las costas deberán estar a cargo de la parte demandada en su calidad de vencida y en virtud de lo dispuesto en el artículo 102, primer apartado del Código Procesal Civil. De los considerandos se desprende que el Estado Provincial es el que ha dado lugar a la promoción del juicio y por lo tanto, los gastos efectuados por las demandas para obtener el reconocimiento de sus derechos deben recaer sobre el autor de la conducta, de lo contrario el resarcimiento concedido, que tiene como finalidad producir el equilibrio patrimonial, no dará satisfacción a él, sino que se verá disminuido en la medida de las costas y será en tal proporción que la reparación no será integral. No habiendo mediado allanamiento a satisfacer la pretensión - por aplicación del principio rector en la materia - deberá soportar las costas.[[/p]][[p]]En lo referido a las Leyes 5.301 y 5.302 que fue planteada por los actores su inconstitucionalidad diferimos su tratamiento para el momento en que regulemos los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en las distintas causas acumuladas.[[/p]][[p]]Los honorarios profesionales (Conf. Arts. 2º, 4º, 5º, 8º, 10º, 26º y concs. de la Ley 1.687/46 t.o.) serán fijados ponderando en primer lugar la labor efectivamente realizada en las diferentes causas, su extensión y eficacia enderezada a esclarecer al Tribunal respecto de la materia litigiosa y las pautas numéricas que proporciona el sistema legal (LA Nº 43, fº 507/510, Nº 189). Deberán ser abonados con los intereses que hemos establecido por igual tasa y período y el Impuesto al Valor Agregado, si correspondiere. Los montos serán establecidos cuando haya elementos para efectuar su estimación. Por lo tanto proponemos ahora su diferimiento.[[/p]][[p]]Tal es mi criterio.[[/p]][[p]]La Dra. BEATRIZ GUTIERREZ, dijo:[[/p]][[p]]Comparto los fundamentos vertidos por la ponente, adhiriendo en un todo a la solución propiciada por la misma, ya que han sido motivo de deliberación y análisis todos y cada uno de los temas que como relevantes se consideraron y trataron.[[/p]][[p]]La Dra. ELSA ROSA BIANCO, dijo:[[/p]][[p]]Por idéntico fundamento que el expresado por la preopinante, me adhiero al criterio sustentando y voto en igual sentido que lo hace la Dra. Noemí A. Demattei de Alcoba.[[/p]][[p]]Por todo ello, la SALA SEGUNDA de la CÁMARA en lo CIVIL y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE JUJUY RESUELVE:[[/p]][[p]]I) Desestimar las defensas de falta de legitimación sustancial pasiva deducidas por el Estado Provincial por los argumentos expresados en los Considerados. Aquellos actores cuyos nombres se repiten en distintos expedientes ante la acumulación dispuesta y la decisión de emitir pronunciamiento unificado, no existe razón de peso que justifique la procedencia de la excepción articulada.[[/p]][[p]]II) Rechazar la defensa de prescripción planteada por la parte demandada.[[/p]][[p]]III) Declarar la Inconstitucionalidad del Decreto Nº: 969-E del 08 de mayo de 2.000 en lo que se refiere a los sujetos legitimados para ejercer la opción dispuesta en su artículo tercero. La fecha de corte a tener en cuenta para ejercer la opción de adquirir las acciones clase "C" en el Sistema de Propiedad Participada se establece en la de publicación de la Ley 4.879/95 que según surge del Boletín Oficial ocurrió el 06/05/96.[[/p]][[p]]IV) Hacer lugar a la demanda ordinaria deducida por los actores del presente proceso y de los acumulados (cuyo detalle exhaustivo da cuenta la pericia realizada por la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo y que se tiene como parte integrante de esta sentencia) en contra del Estado Provincial. La parte demandada debe ser conminada a que finalice la implementación del Programa de Propiedad Participada que posibilite el acceso de los actores al capital accionario de EJE S.A. y EJSED S.A. (Art. 6º de la Ley 4.879/95) en el plazo de tres meses. Cumplida la manda deberá entregar las acciones correspondientes a los actores (o sus herederos) en el plazo de un mes, con más los dividendos en función de los depósitos que las empresas referidas concretaron a la parte demandada, deducidos los costos según se determina en el informe de la auxiliar de la justicia.[[/p]][[p]]De no ser posible legalmente deberá resolverse la obligación con el pago de los daños y perjuicios. La indemnización integral resultará de valuar los siguientes ítems: a) La cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas de la Ley sobre la base de los datos de ingreso y egreso si correspondiere, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa; b) La diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones, el que hubieran debido saldar los ex agentes y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financiera por su venta. La perito actuante ha realizado estimación al respecto a la fecha del informe. Por el tipo de juicio, su complejidad y número de beneficiarios siempre es posible que los ajustes a efectuar por la vía recordada se practicarán con la colaboración de la C.P.N. Gilda Esther Valdiviezo (Arts. 469 y cocns. del Cód. Proc. Civil). Las sumas que se obtengan deberán abonarse hasta su efectivo pago, con los intereses de la tasa activa (L.A. Nº: 54, Fº 910/917, Nº 242) desde la fecha en que el Estado Provincial recibió los importes correspondientes a las acciones Clase "C" y que serán analizados y calculados por la auxiliar de la justicia en el incidente de ejecución de sentencia.[[/p]][[p]]V. Imponer las costas de la acción a la parte demandada por resultar ser vencida. La regulación de los honorarios profesionales se difiere para el momento que se tengan determinados los montos del capital e intereses que comprenden los importes de los actores en las diferentes causas, momento en que se hará la evaluación y aplicación al caso de la Ley 1.687/46 t.o..[[/p]][[p]]VI. Agréguese copia en autos; regístrese; informatícese; comuníquese a las partes, peritos, etc..[[/p]]