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Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, omisión de considerar cuestión propuesta, honorarios, títulos ejecutivos, título ejecutivo hábil, honorarios extrajudiciales, ley arancelaria
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSELLO, MARCELO FERNANDO c/ N.C.R. ARGENTINA S.AI.C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- SOLICITA REGULACION DE HONORARIOS  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 509 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-29

No resulta ser derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los hechos comprobados de la causa el pronunciamiento que entiende comprobada la labor profesional mas aclarando no predicar sobre la cuestión relativa al derecho al cobro de los mismos al resultar materia ajena al trámite consagrado por el artículo 24 de la ley 6767, otorgándole a la regulación el carácter de título hábil para el apremio, desde que ha cercenado el derecho de defensa de la recurrente.

En primer lugar, por cuanto en la causa hubo un claro debate, amplio y garantizador de los derechos de la partes sobre el tema concerniente al derecho al cobro del solicitante de la estimación de honorarios, cuestión que fue introducida al proceso con anuencia total de la contraparte, por lo que negar -como lo hace la Sala- una respuesta sobre la materia importa sin más omitir decidir una cuestión oportunamente propuesta y decisiva para la solución de la litis.

En segundo lugar, ya que al marginar la temática del derecho al cobro, crea un verdadero estado de incertidumbre en el recurrente que no sabe a ciencia cierta si la inmerecibilidad de la regulación puede ser reeditada en otro proceso.

En tercer lugar, en tanto formula una exégesis arbitraria de la norma arancelaria aplicable (art. 24, ley 6767) , pues estando en tela de juicio el derecho al cobro de los estipendios solicitado s no puede luego otorgarle a la regulación, nada más y nada menos, el carácter de título hábil para la promoción del apremio "contra un presunto deudor", rompiendo, así, la regla acerca de que, en esos procedimientos, existe certeza de los sujetos activos y pasivos de la relación.

Afinando la reflexión, mal puede habilitarse la vía del apremio sobre la única base de "presunciones" puesto que sólo juzgando el derecho al cobro de los honorarios podían, en caso de obtener una respuesta afirmativa, surtir los efectos del artículo 24, inciso b) de la ley 6767.

Pero, además, los tres vicios que inficionan el pronunciamiento impugnado convergen en uno más: ocasionar un desgaste jurisdiccional inútil en desmedro de las reglas de economía, celeridad procesal y de la terminación de los procesos en un tiempo útil, que lejos de brindar una respuesta que ponga fin a la controversia con autoridad de caso juzgado la mantiene latente siendo que las partes nada más podían alegar y probar sobre el derecho al cobro de los honorarios del solicitante. (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Contribución por pavimentación, acción in rem verso
Materia: CIVIL
Carátula: RIVAS LUIS J. c/ MEYER MARTIN s/ COBRO  DE  PESOS  -  IMPUESTO  DE  PAVIMENTACION  - ACCION DE "IN REM  VERSO" - IMPROCEDENCIA -
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1922-12-11

Conforme a lo dispuesto por el art. 12 de la ley Nro. 7091, los propietarios que hayan pagado un afirmado con base de hormigón o una renovación de cubierta de los construidos con esta base (el hormigón ya existía), quedan exonerados de la respectiva carga mientras el afirmado no haya llegado a su "límite natural de duración" (que fija la ley), aunque los pavimentos hayan sido construidos durante la vigencia de leyes anteriores.

Es improcedente la acción de "in rem verso" contra los propietarios que no firmaron el contrato de nueva pavimentación y protestaron amparándose en la ley especial que fija la duración de los afirmados, según su clase.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba, omisión de considerar cuestión propuesta, acción de amparo, bien jurídico protegido, juegos de azar, loterías, rifas, agente oficial, responsabilidad objetiva, eximentes de responsabilidad, sentencia, fundamentos insuficientes, nulidad de sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BOLOGNA, BENITO C. c/ CAJA ASISTENCIA SOCIAL PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 914 AÑO 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-31

Ostenta perfil constitucional y cuenta con suficiente asidero en las constancias de autos la postulación articulada por el recurrente -en cuento plantea que el decisorio no constituye derivación razonada de los hechos comprobados en el proceso-. En el caso, y según surge de la demanda de amparo promovida por el titular de una agencia oficial, el reproche al proceder de la Caja de Asistencia Social de la Provincia (que desconectó a su agencia del sistema on-line) se basó en la falta de responsabilidad del actor respecto del comportamiento de un subagente y, por lo tanto, en la inexistencia de obligación de pago de las sumas jugadas fraudulentamente desde que había pérdida el control de las actividades del subagente desde la instalación del sistema on line, en la falta de reglamentación de la relación entre ambos a partir de esa fecha y la imputación de una falla a dicho sistema al no ponerle límite alguno a las posibilidades del juego del subagente.

Ninguna consideración formuló la Cámara en torno a tales extremos y a los medios de confirmación que constaban en la causa, como tampoco tuvo en cuenta que la demandada nada dijo en relación a la ausencia de límites para la captación de apuestas. Al omitir en su labor jurisdiccional la valoración de ese cúmulo de circunstancias que remarcaban la especialidad del caso -invocadas puntualmente por el amparista-, el A quo incurrió en una insalvable falencia de fundamentación, al no haberse hecho cargo "de todas las dimensiones o materias involucradas decisivamente", careciendo así su razonamiento del sustento necesario como condición de validez.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Osvaldo s/ Art. 78 del decreto ley 8031
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-02

No asiste razón al recurrente que sostiene la aplicabilidad al caso de una doctrina legal que se refiere al juicio en los procesos penales y no a los contravencionales y que considera que la sentencia es la única secuela posible en estos procesos.
Empleados públicos, SINAPA
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cello, María Mónica c/ EN - Min. Seguridad - disp. 268/09 212/10 s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-25

El cuerpo normativo del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) dispone que la retribución de los agentes comprendidos en el presente sistema nacional está constituida por la asignación básica del nivel, más los adicionales, suplementos y bonificaciones que correspondan a su situación de revista (art. 63 del anexo I del decreto 993/91, t.o. 1995 y sus modificaciones
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad, actos y diligencias procesales, juicio, decretos, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: VITA, ZOE NELIDA c/ REGUNASCHI, FRANCISCO C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-03-18

La doctrina de la indiferencia del agente enseña que si el acto es interruptivo, lo es en función de su idoneidad y no del sujeto que lo realizó. De allí que tengan tal carácter todos aquellos que cumplidos por cualquiera de las partes, por el órgano jurisdiccional o sus auxiliares, sean particulamente aptos para movilizar el proceso hacia la sentencia. Es interruptivo todo acto inherente al proceso, que se vincula a una petición, aunque no sea inmediata, de los litigantes o una decisión del juzgado, cuando es proporcionado a las circunstancias, tramitación y estado del pleito y tiene por objeto activar el procedimiento o se traduce en un avance en la marcha del mismo. Así, un decreto que conforme fuera elaborado por el Juzgado tendía al dictado de la sentencia, no podía ser dejado de lado por los Magistrados restándole virtualidad interruptiva por no haber sido cumplimentado lo que en él se ordenaba, puesto que es el mismo acto jurisdiccional en sí el que ostenta eficacia a los fines del impulso procesal, y no su notificación. (De la disidencia del Dr. Erbetta a la que adhiere el Dr. Netri).
Facultades del juez, falta de contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO, DOUGLAS ELIO c/ QUIROZ, OMAR Y OTRA s/ SUMARIO - COBRO DE PESOS - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-09-12

Debe entenderse adecuadamente lo dispuesto por el art. 340, inc. 1º del código procesal pues no dice que la falta de contestación de las demanda deba estimarse como un reconocimiento de la verdad de los hechos expuestos al accionar, sino sólo que podrá acordársele ese efecto, razón por la cual los jueces conservan la facultad de resolver el alcance que corresponde atribuir al silencio, en cada caso y de conformidad con las circunstancias particulares.
Daños y perjuicios, daño resarcible
Materia: LABORAL
Carátula: Delbes, Cecilia L. y ots. (por sí y en representación de sus hijos menores) c/ Municipalidad del Partido de Puan y ot. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

En el caso de la pérdida de "chance" lo reparable es el beneficio esperado como probabilidad perdida, probabilidad que es tal en cuanto se basa en lo que de ordinario sucede. Podemos entonces identificar el daño padecido. No se trata de la pérdida de futuros ingresos sino del cercenamiento de la razonable probabilidad de contar con ellos en el futuro.
Seguro de salud, obras sociales, personas con discapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: CARPINACCI  GUILLERMO  ROBERTO  Y  OTROS c/ C.E.M.I.C. s/ MEDIDASCAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-04

Los fines que hacen a la existencia y funcionamiento de las obras sociales, como instituciones destinadas a procurar el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica, con el objetivo fundamental de proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, destacándose igualmente que el Congreso Nacional diseñó un sistema de prestaciones básicas de atención a favor de personas con discapacidad, "con carácter obligatorio" y "con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos" (arts. 1° y 2° de la ley 24.901). Lo resuelto por la Corte Suprema el 28 de agosto último in re "Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana c/ Centro de Educación Medica e Investigaciones Médicas" dista de otorgar sustento a la postura de la demandada, pues la decisión allí adoptada por la mayoría del Alto Tribunal es coincidente con la jurisprudencia de esta Cámara.
Sociedades comerciales, socios, sociedad anónima, actos de administración, representación de la sociedad, directorio, juicio ordinario
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Belac SA c/ Curet, Sebastian y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-03

Mientras que la acción de responsabilidad articulada en el marco concursal regulada en la LCQ 173 procura reparar los perjuicios ocasionados por la conducta de los administradores que hubiera producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial de la deudora o su insolvencia aún cuando no se configure un uso abusivo de las formas societarias, y focaliza exclusivamente en el dolo -entendido como todo acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar a la persona o a los derechos de otro (CCIV 931 derogado, ahora CCCN 271)- el criterio atributivo de la responsabilidad respecto de los representantes de la persona jurídica (cfr. Bergel-Paolantonio, en "Las acciones de responsabilidad patrimonial contra terceros en la quiebra", publ. en "Revista Derecho y Empresa", año 1995, n° 4, pág. 236; Vítolo, en "Comentarios a la ley de concursos y quiebras n° 24522", Buenos Aires, 1996, pág. 343 y sig.; Rouillón, en "Código de Comercio comentado y anotado", Buenos Aires, 2007, t°. IV-B, pág. 417); la LSC 274 impone la obligación solidaria e ilimitada de los directores hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño del cargo según el criterio recogido por el art. 59 del mismo cuerpo legal.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: CIVIL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferrocarriles Argentinos c/ Cigar  SRL . y/u otros. s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-27

El recurso ordinario de apelación es formalmente precedente, en el caso en que, tratándose de una demanda de da$os y perjuicios iniciada por Ferrocarriles Argentinos, es parte indirectamente la Nación Argentina.
Recurso de inaplicabilidad de ley, buena fe, equidad, causa fuente
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fiscalía de Estado s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-22

La interpretación de la ley y del contrato por aplicación del art. 1.197 del C.C., se encuentra íntimamente relacionada con el problema de la esencia de la función jurisdiccional. Así se ha dicho que no cabe prescindir de las palabras, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere. En el caso concreto, considerando al contrato como un todo integral, estableciendo el sentido de las cláusulas en función de dicha totalidad, y tomando consideración la normativa vigente para la interpretación de los contratos - para el caso traído a examen, arts. 953, 1.198 y cctes - , que fundamentalmente establecen que los contratos deben cumplirse de buena fe, y sin perder de vista la equidad y la justicia, para lo cual los hechos (causa - fuente) son de gran relevancia en su hermenéutica.
Despido, indemnización por despido, indemnización tarifada, determinación del monto
Materia: LABORAL
Carátula: Cerrutti, Hugo N. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Indemnización por despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-05

El salario base para calcular la indemnización por antigüedad no debe ser afectado por la deducción practicada sobre los haberes en concepto de Impuesto a las Ganancias.
Privación ilegal de la libertad, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: G., A. y Otro s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-23

La privación ilegítima de libertad se logra ejerciendo violencias sobre el cuerpo de la víctima o sobre los terceros que tratan de impedir o puedan impedir el hecho, ya sea por una energía física o por un medio equiparado; no resultando suficiente la energía física "indirecta" que se ejerza sin contacto físico; así como también se logra amenazando a cualquiera de los sujetos mencionados, anunciándole un mal que puede provenir de la actividad del agente o de un tercero a instancias de aquél.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, honorarios del perito, contadores públicos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: J.J.CHEDIAK  S.A.I.C.A. c/ ESTADO NACIONAL (COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA AEREA) s/ HONORARIOS  DE  PERITOS  - CONTADOR PUBLICO - CONSTITUCION NACIONAL -  DERECHOS Y GARANTIAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-26

Se sustenta en argumentos sólo aparentes, con serio menoscabo de las garantías aseguradas por los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional, la sentencia de cámara que redujo en más de doce veces los honorarios regulados al perito contador, por considerar que la labor profesional no podía ser reputada como pericia o informe pericial en los términos del art. 3, inc. a), del decreto-ley 16.638/57, cuando esa misma razón ya había sido expuesta por el juez de primer grado para apartarse de la escala prevista por la norma citada.
Seguros, recurso de apelación (procesal), terceros
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Lanza Pe$aranda, Ruth Antonia c/ Transportes Quirno Costa SAC e I. y otros. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-27

La aseguradora citada en garantía está legitimada para recurrir un pronunciamiento adverso, con autonomía de la actitud seguida por el asegurado.
Quiebra, declaración de quiebra, administración y disposición de los bienes, desapoderamiento, suspensión de la ejecución, ley de emergencia, aplicación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBERTO C. MATARAZZO SRL s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-27

Del dictamen fiscal 88422:

Procede revocar la decisión que desestimó, con base en la ley 25563: 16, la solicitud de la sindicatura para que se intime a la fallida a poner a disposición de la quiebra un automotor.

Ello pues, la norma aludida no otorga debido sustento a lo resuelto, sino que, por el contrario, allí se enuncia expresamente, en los supuestos excluidos de la suspensión de las ejecuciones "...los casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra, con la correspondiente liquidación de bienes...". por tanto, no corresponde suspender los actos ejecutorios en las quiebras declaradas con anterioridad a la vigencia de la ley. Es que a partir de esa declaración ya operaron las normas concursales relacionadas con el desapoderamiento (lc: 106, 107 y ccs.) y la liquidación de los activos.
Concursos, sentencia de quiebra, recursos, recurso de reposición (procesal), procedencia del recurso, resoluciones judiciales
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: 5md SA c/  s/ quiebra s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-01

Procede revocar la resolución que rechazó el recurso de reposición deducida contra el auto de quiebra. Ello por cuanto, en el caso los cesionarios del crédito, que dio origen a la presente acción, carecen de legitimidad activa, desde que su supuesto derecho nace de un contrato de cesión de créditos celebrado entre éstos y los acreedores originarios en donde expresamente una de sus cláusulas previó que sólo cuando se encuentre cancelado el total del precio acordado, el cesionario quedaría subrogado en los créditos que los cedentes tenían contra la fallida; cláusula que no puede sino considerarse destinada a regir las relaciones entre las partes no pudiendo alterar las reglas previstas en la ley para regir la oponibilidad frente a terceros. Una interpretación contraria conduciría a la asistemática conclusión de sostener que, antes de pagar, el deudor cedido debería investigar si el cesionario ha cumplido o no con el pago del precio prometido y, en su caso, en qué medida lo ha hecho, exponiéndose al riesgo de tener que terciar ante eventuales desaveniencias y de pagar mal si, en su caso, esa pesquisa -que no se sabe tampoco cómo se habría de efectuar- lo condujera a un resultado equivocado. En conclusión existiendo duda, ésta debe ser resuelta a favor de la demandada, a fin de mantener su empresa en actividad, máxime en estos tiempos de pandemia. En ese marco procede dejar sin efecto la declaración de quiebra.
Sentencia arbitraria, nulidad de sentencia, sentencia condenatoria, abuso sexual de menores, tribunal colegiado, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la querella en la causa G., G. E.  c/  s/ abuso sexual agravado por la convivencia y el parentesco causa nro. 19837/14
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-29

La sentencia que declaró la nulidad de la condena por abuso sexual en perjuicio de un menor con sustento en que se incumplió el procedimiento de deliberación y decisión previsto en el Código Procesal de Tucumán es arbitraria, pues en la causa se alcanzó la mayoría sustancial de fundamentos en la decisión y el imputado pudo conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones de su condena, preservándose así las garantías del debido proceso y defensa en juicio que lo amparan. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Recurso extraordinario, fundamentación del recurso, autonomía del recurso, cuestión federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Poblete Aguilera, Nolberto s/ contrabando.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-06

La sola alegación de que la sentencia recurrida vulnera la correcta inteligencia de determinadas normas federales no satisface la exigencia de fundamentación autónoma, si no se expresan razones de tal aserto que controviertan las conclusiones del tribunal de la causa.
Empleo público, Caja Nacional de Ahorro y Seguro, fondo compensador, congelamiento de aportes, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alsina de Hamann Elena Beatriz y otros c/ C.N.A.S. (En Liq.) -Ente Residual en Liquidación- y otro s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-16

Resulta claro, entonces -tal como por otra parte fue reconocido por la propia Sala III, in re "Patta Sara Pastora y otros c/ C.N.A.S. y otro s/ Empleo Público", del 30/12/97 (v.

especialmente Considerando IV de dicho pronunciamiento)-, que en el fallo "Bonifacín" (Sala III, del 6/2/96), la controversia decidida y resuelta fue la declaración de validez del llamado "congelamiento" del Fondo Compensador Mensual de la Caja Nac. de Ahorro y Seguro dispuesto por la Resolución nº 874-D-91, mas no con el alcance retroactivo que tal norma le impuso. Por ello, en el referido fallo de la Sala III se hizo lugar parcialmente a la demanda admitiendo únicamente el reconocimiento de los pretensores por el período marzo de 1991 a octubre de 1991. Por lo expuesto, dicho precedente jurisprudencial sólo puede invocarse, en todo caso, como argumento fundante para resolver la cuestión atinente al planteo de nulidad de la resolución nº 874-D-91 y, por ello debió hacerse lugar parcialmente a la demanda admitiendo únicamente el reconocimiento de los pretensores por el período marzo de 1991 a octubre de 1991 -tal como se reconoció "in re" "Bonifacín"- mas no para el tratamiento de las demás pretensiones contenidas en la controversia planteada en el presente. (Consid. V).
Concursos, competencia, competencia comercial, actos de los poderes públicos, depósito judicial, depósito en moneda extranjera, reordenamiento del sistema financiero
Materia: COMERCIAL
Carátula: YACUIBA  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE EXTENSION DE QUIEBRA A ISMAEL OLIVARES Y TIMBO SAC.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-11-08

Es competente el juez de la quiebra para ordenar al banco depositario que se abstenga de ejecutar las disposiciones contenidas en la Ley 25561 y Decretos 1570/01 y 214/02 y normas reglamentarias y mantenga el depósito existente en la causa en dólares estadounidenses, toda vez que la administración y disposición de los procesos judiciales importa el ejercicio del poder público estatal a cargo de los jueces (cfr. CSJN., in re, 24.5.93, "Kestner S.A. s/ conc. civil liq."); además, encontrándose los fondos depositados judicialmente a la orden del juez a cuyo nombre fueron consignados, cualquier decisión inherente a la obligación de su restitución se encuentra dentro de la orbita de la especifica incumbencia que el magistrado tiene como director del proceso (Ley 24522 art. 183 y 274; Ley 9667 art. 1).