Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-09-12


Trelew, 12 de septiembre de 2.007.

Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la coejecutada S. S. a fs. 136 contra la resolución de fojas 131/134 y memorial de agravios de fs. 138/143, y CONSIDERANDO: La resolución apelada rechazó la nulidad de la intimación de pago y citación de remate de fs. 77 y de la notificación de fs. 75 vta. solicitadas por la S. S. I. Se agravió la apelante, en lo esencial, en razón de que la parte actora estuvo muy lejos de haber desarrollado actos conducentes para notificar correctamente las resoluciones judiciales y merecer así el adjetivo de diligente.

Explicó que fue inoficioso el oficio al Registro Público de Comercio a fin de que informe el domicilio legal de la "Unión Transitoria de Empresas G. S.S.", por no ser la UTE la parte demandada.

Indicó que en el certificado de deuda se puede observar claramente que las personas demandadas no son una UTE, sino por el contrario, dos personas jurídicas distintas, que actuaron conjuntamente.

Expuso que el actor tenía real y efectivo conocimiento de que las sociedades demandadas o al menos S. S. no se domiciliaban en dicho domicilio, el que pertenece al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Trelew.

Alegó que el título ejecutivo en cuestión designa como domicilio la calle S. *** de la ciudad de Trelew, pero para conocer si ese era el domicilio especial constituido en el contrato de cuenta corriente que el actor adjudicó a los demandados, era esencial acompañar el pertinente contrato de cuenta corriente.

Sostuvo que es mayoritaria la doctrina y jurisprudencia según la cual el certificado no es un título valor sino un documento al que la ley le confiere título ejecutivo que debe completarse mediante la copia del contrato, copia de la notificación de cierre de la cuenta y copia del último resumen enviado por el B. al deudor.

Expresó que S. S. jamás suscribió un contrato de cuenta corriente bancaria y que dicha negación lleva implícita la negación del domicilio denunciado en el título de crédito.

II. La intimación de pago y citación de remate debe asimilarse en sus efectos a la notificación de la demanda y en base de ello reviste particular significación, en tanto de su regularidad depende la válida constitución de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad. Por ello, el solo incumplimiento de los recaudos legales permite inferir la existencia de un perjuicio, solución que se compadece con la tutela de la garantía constitucional de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se asegure al litigante la oportunidad de ser oído y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (confr.: CSJN, L.L., 1997E, 849).

Son esenciales el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa procesal que tiendan a asegurar la efectividad de la recepción de la intimación de pago y citación de remate, puesto que todo lo relativo a la validez de la notificación de la reclamación que implica esa diligencia, por su particular importancia para el desarrollo del proceso, hace al debido proceso tutelado por el art. 18 de la Constitución Nacional (confr.: CNTrab., sala VI, DT, 2000B2.358). Toda vez que ni del certificado que se pretende ejecutar, ni del propio escrito de la demanda surge que se demande a una Unión Transitoria de Empresas, no puede sustentarse que las notificaciones deban realizarse en el domicilio especial de aquélla.

El domicilio en donde se diligenciaron el mandamiento y cédula cuestionados es el que, según la contestación de oficio del Registro Público de Comercio de fs. 69, posee la "UTE G. S.A.C.I.C. S. S.A. x viviendas Caleta Olivia". De ello se desprende que dicho domicilio es el domicilio especial en donde se deben realizar las notificaciones relacionadas con el emprendimiento señalado y que deriven del contrato de agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros (art. 369, inc. 5º Cód. Com.). Dicho domicilio no debe confundirse ni asimilarse a la fijación del domicilio que se prescribe respecto de las sociedades comerciales en el art. 11, inc. 2º cód. cit., o en el art. 90 inc. 3º C.C., cuyo concepto se equipara al de la jurisdicción dentro de la cual se establece una sociedad; ni con su sede, que es el lugar preciso calle y númerodonde está ubicada la sociedad dentro del ámbito de la jurisdicción del domicilio (confr.: Verón, "Sociedades Comerciales, ed. Astrea 1987, T IV, pág. 908 § 10). En resumen, el domicilio especial que fija la U.T.E., es válido para las notificaciones relacionadas al contrato que une a las personas que la conforman, mas no para las que no se relacionen con ese negocio específico. Y en el caso no fue alegado, ni mucho menos probado, que la apertura de la cuenta corriente bancaria que da lugar al certificado base de la demanda haya sido realizado por ambas sociedades demandadas en su carácter de integrantes de un conglomerado de empresas como el que se requeriría para admitir el domicilio. IV. Dada la forma en que se resuelve, se adecuarán las costas de la instancia anterior, que se impondrán al actor vencido (artículos 69 y 279 del C.P.C.C.). Teniendo en cuenta el resultado, importancia, eficacia, y demás pautas legales, corresponde asimismo adecuar los honorarios de primera instancia los que se fijan: a los Dres. D. E. F. y J. E. P. en el 2,15 % y 0,75 %, a cada uno, respectivamente, del monto del proceso, y al Dr. E. J. U. en el 2,20 %, sobre el mismo monto, en todos los casos con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 9, 33, 47 y concs. del dec.ley 2.200). Las costas de Alzada quedarán también a cargo del actor derrotado (artículo 69 C.P.C.C.). En razón de las pautas enunciadas se regulan los honorarios por su labor ante esta instancia, a los Dres. D. E. F. y J. E. P. en el 0,75 % y 0,25 %, a cada uno, respectivamente, del monto del proceso, con más el I.V.A. pertinente (arts. cits. y 14 del arancel).

Por ello, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del C.;

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la resolución de fs. 131/134 y declarar la nulidad del acto de notificación de fs. 75 vta. y del mandamiento de intimación de pago y citación de remate de fs. 77, respecto de la coejecutada S. S.A. IMPONER las costas de ambas instancias al actor. F. los honorarios de primera instancia, a los Dres. D. E. F. y J. E. P. en el 2,15 % y 0,75 %, a cada uno, respectivamente, del monto del proceso, y al Dr. E. J. U. en el 2,20, sobre el mismo monto, con más el I.V.A. que corresponda. REGULAR los honorarios por su labor ante la Alzada, de los Dres. D. E. F. y J. E. P. en el 0,75 % y 0,25 %, a cada uno, respectivamente, del monto del juicio, con más el I.V.A. pertinente. La presente se dicta por dos miembros del Tribunal, por haber coincidencia de opinión y hallarse vacante la restante vocalía de la Sala (art. 8, ley 1130, to. ley 4550).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: CARLOS A. VELÁZQUEZ CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 144 DE 2.007 SIC. CONSTE.