Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-12-20


SENTENCIA NÚMERO: SETENTA Y UNO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 44/12, caratulados: "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Fernando René Contreras por la Defensa de Ramón Alejandro Mansilla en contra de Sentencia Número Diez/2012", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber aplicado erróneamente el art. 79 del C.P.? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 10/2012, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. Fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 23, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 10/2012, dictada el 26/03/2012, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne, por unanimidad resolvió: "I) Declarar culpable a Ramón Alejandro Mansilla, de condiciones personales relacionadas en la causa como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79 del C. Penal), condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de diecisiete años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41, 41 bis, 12 y concordantes del C. Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del CPP) (.)" El hecho que el tribunal ha dado por acontecido es el siguiente: "Que el día nueve del mes de Abril del año dos mil diez, en un horario que no se pudo establecer con exactitud, pero que estaría comprendido a la hora 22:45 aproximadamente, en circunstancia en que Carlos Alberto Heredia, Luis Roberto Barrionuevo, Luciano Nahuel Olmos y Mauricio Hernán Ortiz se encontraban presentes alrededor de una mesa ubicada a la izquierda de la puerta de ingreso del local comercial de ventas de comidas y bebidas sito en el esquina de la Ruta Provincial Nº 2 y calle lateral este de la plaza de la localidad de la Villa de Ancasti, Departamento del mismo nombre, provincia de Catamarca, se hizo presente Ramón Alejandro Mansilla en compañía de Juan Carlos Heredia y previo a ingresar Mansilla al mismo, entabló una breve conversación con Luis Barrionuevo, para luego pedir permiso al dueño a fin de dirigirse hacia el baño del local, lugar al que no alcanzó a llegar regresando para ubicarse directamente frente a la mesa en donde se encontraba Heredia, Barrionuevo, Olmos y Ortiz y extrayendo con la mano derecha de entre sus ropas una pistola calibre 22 largo, marca Bersa, modelo 224, con empuñadura color negro, y con claras intenciones de matar, levantó la misma realizando un movimiento de abanico y apuntando hacia el grupo de personas mencionadas, para luego manifestar "quien de ustedes se la banca", al momento en que Heredia se levanta de su silla y le responde "yo" para luego sentarse; instante en el que Mansilla apunta directamente al cuerpo del prenombrado y efectúa un disparo, situación que provoca que Heredia reaccione instintivamente desplazando levemente su cuerpo hacia su izquierda, lo que provoca que el disparo impacte directamente en la región parietal derecha cerca de la altura del ojo de Mauricio Ortiz de 14 años de edad, quien se encontraba de pie detrás de la silla donde se encontraba sentado Heredia, impacto de bala que minutos mas tarde causó la muerte de Ortiz por traumatismo de cráneo encefálico grave producido por herida por proyectil de arma de fuego".

II. Contra este decisorio, el Dr. René Fernando Contreras -en adelante el recurrente-, en calidad de asistente técnico del imputado Ramón Alejandro Mansilla, interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 1º y 2º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Dirige su primer cuestionamiento denunciando la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 454 inc. 1º C.P.P.).

Manifiesta no compartir la fundamentación de la sentencia, en cuanto refiere inequívocamente al delito de homicidio simple, dando por sentado que se encontraban cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos del mismo; por el contrario, considera que éstos no fueron acreditados ni en la etapa de instrucción, ni en el plenario. Sostiene que la conducta desplegada por Mansilla se encuadraría dentro de otro tipo penal.

Cuestiona que el Ministerio Público Fiscal, al exponer sus fundamentos, no haya dado un concepto de dolo o especificado a qué tipo del mismo se refería -siendo éste el elemento tipificante del delito de homicidio simple-, y que se limitara sólo a mencionar la existencia del "dolo homicida".

Dice que su defendido no previó, ni se representó la muerte de Ortiz y, mucho menos, tuvo la intención de provocarla.

II. b. Subsidiariamente, introduce como segundo motivo de casación, la inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas (art. 454 inc. 2º C.P.P.).

Sostiene que, de los testimonios brindados en la causa, surge que su defendido no tuvo la intención de ocasionarle la muerte a Ortiz.

Agrega que no se pudo acreditar la presencia de todos los elementos tipificantes del homicidio simple de forma fehaciente y con la certeza requerida en esa etapa procesal, por lo que aquélla no es la calificación que correspondía aplicar. Cita doctrina y jurisprudencia a fin de respaldar su postura de que existe un estado de duda acerca de la calificación legal aplicada a la conducta de Mansilla y concluye diciendo que debió encuadrarse la misma dentro de la figura del homicidio culposo (art. 84 C.P.).

Considera que el monto de la pena es excesivo y que, para fijar el mismo, el tribunal valoró parcialmente el material probatorio aportado a la causa, dejando de lado pruebas que, considera, hubieran beneficiado a su defendido.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. En primer término, corresponde aclarar que, si bien el recurrente encausa sus críticas invocando como motivos casatorios los previstos en los incs. 1º -inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva- y 2º - inobservancia o errónea aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas- del art. 454 del C.P.P., una simple lectura de los fundamentos expuestos permite advertir que los mismos se dirigen únicamente a cuestionar la errónea aplicación del art. 79 del C.P., razón por la cual, el eje central de discusión se centrará entonces, en analizar si efectivamente el tribunal a quo ha incurrido en la errónea aplicación de la referida norma, y si corresponde, como pretende la defensa, el cambio de calificación propuesto, esto es de la figura de homicidio simple impuesta por el sentenciante al acusado, a la de homicidio culposo (art. 84 C.P.), conforme lo peticionado por el recurrente.

En este orden de ideas, la defensa sostiene que su asistido no tuvo la intención o el dolo de matar a Mauricio Ortiz, sino que, en el peor de los casos, la intención o dolo de muerte era para Carlos Heredia, por lo que mal se puede tener por acreditado el dolo de muerte respecto de Ortiz -enfatiza-. En tal sentido, expresa que no se encuentran acreditados con el material probatorio analizado por el tribunal los elementos subjetivos y objetivos del homicidio simple, solicitando se modifique la calificación legal a la de homicidio culposo (art. 84 C.P.).

Sentado lo anterior, adelanto que las críticas efectuadas por el recurre en relación a la falta de análisis por parte del tribunal de los elementos del tipo requeridos para la figura del homicidio simple, no encuentran sustento en los fundamentos brindados en el fallo puesto en crisis. Tal aseveración, encuentra sustento en los argumentos brindados por el sentenciante, quien ha efectuado un prolijo análisis de los elementos del tipo, refiriendo puntualmente al aspecto subjetivo -dolo-. Consecuentemente, y luego de citar frondosa doctrina (fs. 392 vta./393), logró concluir que en el caso de autos, a través de todos los testigos que percibieron por sus sentidos el hecho -testimonios que, además, han sido percibidos por el tribunal en el curso del debate (inmediación)- (S. nº 43, 29/08/2012; S. nº 23, 31/05/2012; S. nº 7, 04/04/11;S. nº 13, 26/06/09; S. nº 9, 23/04/09; S. nº 3, 03/03/09; S. nº 1, 06/02/09; S. nº 2, 06/02/09; S. nº 22, 11/11/08, S. nº 8, 30/04/08, entre otros), como así, surge acreditado a través de la restante prueba analizada, que tal como se relata en el requerimiento fiscal, el acusado ".con claras intenciones de matar, levantó la misma (refiriéndose al arma) realizando un movimiento de abanico y apuntando hacia el grupo de personas mencionadas, para luego manifestar "quien de ustedes se la banca" momento en que Heredia se levanta de su silla y le responde "yo" para luego sentarse; instante en el que apunta directamente al cuerpo del prenombrado y efectúa un disparo, situación que provoca que Heredia reaccione instintivamente desplazando levemente su cuerpo hacia su izquierda, lo que provoca que el disparo impacte directamente en la región parietal derecha cerca de la altura del ojo de Mauricio Ortiz de 14 años de edad, quien se encontraba de pie detrás de la silla donde se encontraba se encontraba sentado Heredia, impacto de bala que minutos más tarde causó la muerte de Ortiz por traumatismo de cráneo encefálico grave producido por herida por proyectil de arma de fuego".

Como se advierte, en el sub-examine entiendo que sin lugar a dudas debe concluirse como lo hizo asertivamente el tribunal a quo. Digo ello, puesto que -contrariamente a lo sostenido por el recurrente- ha quedado plenamente evidenciado que Mansilla obró con dolo homicida, pues fue quien apuntó con un arma de fuego, que sabía estaba cargada y apta para su funcionamiento y jaló el gatillo disparador, con pleno conocimiento de que la muerte es un resultado altamente probable, lo cual revela el dolo en la actuación del acusado. Y es que, Mansilla disparó el arma de fuego que portaba, a corta distancia, directamente hacia el cuerpo de Heredia y no acertó, debido a la maniobra evasiva realizada por éste, lo cual provocó que el proyectil alcanzara a un tercero que se encontraba detrás de Heredia (el menor de catorce años, Mauricio Ortiz). En efecto, Mansilla debía conocer que un disparo de fuego efectuado a corta distancia podía razonablemente causar la muerte. Consecuentemente, el autor no podía ignorar que con su acción generaba un peligro para un tercero, que afectaba a un mismo bien jurídico y con idéntica significación jurídico-penal, pues el elemento subjetivo se comprueba con la evaluación empírica de la acción en tanto es evidente que no pudo querer otra cosa que acertar su disparo y su acción fue idónea para poner fin a una vida.

De este modo, quedan totalmente desvirtuadas las argumentaciones brindadas por el propio recurrente, quien pretende justificar la ausencia de dolo, aseverando que, en todo caso, la intención de matar del acusado Masilla fue hacia Heredia y no hacia Mauricio Ortiz, puesto que tales afirmaciones avalan los fundamentos brindados precedentemente.

Desde otro ángulo, debo decir que del escrito recursivo se advirete que la defensa, pese a no haber cumplimentado lo dispuesto en el art. 460 C.P.P., en el sentido de que la citada norma procesal exige que "deberá indicarse separadamente cada motivo con sus fundamentos", cuestiona irregularidades en las que, a su entender, habría incurrido la instrucción, más omite denunicar cuáles son los defectos o vicios de fundamentación que advierte en el tratramiento de la tercera cuestión, limitándose sólo a expresar su disconformidad por el monto de pena impuesto a su asistido, el que considera excesivo.

Al respecto, debo decir que el recurrente no sólo ha omitido demostrar la existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio -recuérdese que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros)-; sino que, además, no es de recibo la petición de disminución de la pena atribuida, ya que la misma no resulta desproporcionada respecto del contenido del injusto del hecho, ha sido aplicada dentro de los márgenes de la escala penal aplicable; contiene fundamento suficiente con base en las constancias de la causa; razón por la cual, no privan al fallo de validez. Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que: "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por todo lo expuesto, voto negativamente a las presentes cuestiones.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3 vta., por el Dr. Fernando René Contreras, en su carácter de asistente técnico del imputado Ramón Alejandro Mansilla. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que, adhiero a la misma en un todo, votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/3 vta., por el Dr. Fernando René Contreras, en su carácter de asistente técnico del imputado Ramón Alejandro Mansilla 2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto San José de Costa Rica.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.