marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incumplimiento de los deberes del funcionario público, policía metropolitana, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delitos, competencia penal, competencia contravencional y de faltas
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Personal Policial, Comisaría 7 C Policía de la Ciudad de Buenos Aires c/  s/ 249 - incumplimiento de deberes de funcionario público y otros s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Corresponde declarar la competencia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas para investigar los hechos que encuadrarían, prima facie, en los delitos previstos en los artículos 249 y 293 del Código Penal. Ello así, porque al momento de resolver la cuestión planteada, la justicia local resulta competente para intervenir respecto de las figuras penales vinculadas al conflicto. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Recurso de inconstitucionalidad, leyes, concurso preventivo, crédito verificado, trámites judiciales, recurso de apelación (procesal), concursos, caducidad
Materia: CONSTITUCIONAL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: ARBOL SOLO SAGACIF s/ INCIDENTE  DE  REVISION  NRO  22-83  PROMOVIDO  POR  EL  BANCO  DE LA  PROVINCIA DE BUENOS AIRES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-11-07

No genera un vicio de arbitrariedad por omisión de las disposiciones vigentes, la solución a la que arriba el Tribunal a quo al declarar la caducidad de la instancia de apelación planteada por el recurrente dentro de un incidente de revisión de verificación de crédito en un concurso preventivo, dado que se ajusta correctamente a la ley adjetiva local (Código Procesal Civil y Comercial, artículos 232 y 379, norma ésta específica y propia que rige el recurso de apelación concedido en relación), aplicable por expresa remisión del artículo 301 de la ley concursal, la que, a su vez, admite la perención del trámite en actuaciones de acreedores y terceros en orden a sus intereses particulares (artículo 300, párrafo 2do).
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: LABORAL
Carátula: Scheffer, Marcelina c/ City Club S.R.L. s/ Indemnización por accidente de trabajo Bustos, René Federico c/ Cerámica Stelmar S.A.I.C. s/ Despido Cordero, Héctor c/ Supga S.A. s/ Despido. Baño y Noya, Antonio c/ Ferino Hnos. S.A.I.C. s/ Accidente de trabajo Rodríguez, Viviana c/ Limas, Zunilda y otro s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-09-18|1984-08-07|1985-11-05|1988-08-16|1997-05-13

No media omisión de cuestión esencial si la sentencia resuelve el tema litigioso en cuestión, cualquiera fuere el acierto de la decisión.
Derecho constitucional, derechos personalísimos, cosa juzgada
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: N.N. s/ Suc. N. y N. - Filiación- III Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-07

El asunto planteado es de compleja solución por la índole de los valores enfrentados en conflicto, entre una institución fundamental del derecho procesal como es la cosa juzgada que reviste el carácter de orden público, y el derecho personalísimo que tienen las personas de conocer se identidad.

Los beneficios de la cosa juzgada integran el derecho de propiedad que la Constitución tutela (art. 17); y hace a la seguridad jurídica que constituye el pilar fundamental del estado de derecho.

Los derechos indicados son de igual jerarquía constitucional, conforme surge de lo expresado por la C.S.J.N., que dijo, además del señorío sobre las cosas que derivan de la propiedad o del contrato, derechos reales, de familia, de crédito, está el señorío del hombre a su vida, su cuerpo, su identidad, su honor, su intimidad, sus creencias trascendentales, es decir, los que configuran su realidad integral y su personalidad, que se proyecta al plano jurídico como transferencia de la persona humana.
Programa Médico Obligatorio, obras sociales, alcance de la cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: I., J. M. c/ Obra Social Unión Personal de la Unión del Personal Civil de la Nación s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-11

Cabe recordar que el Programa Médico Obligatorio fue concebido como un régimen mínimo de prestaciones que las obras sociales deben garantizar a sus afiliados -Resolución 201/02 y 1991/05 del Ministerio de Salud-, no obstante ello, sostuvo este Tribunal en precedentes análogos al presente, que no constituye una limitación para los agentes de seguro de salud, sino que consiste en una enumeración no taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios están en condiciones de exigir a las obras sociales, y el mismo contiene un conjunto de servicios de carácter obligatorio como piso prestacional por debajo del cual ninguna persona debería ubicarse en ningún contexto.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, doctrina legal, caducidad, resolución denegatoria, resoluciones recurribles, juicio ordinario
Materia: PROCESAL
Carátula: BRANCATTO, ALBERTO HECTOR c/ FAZZOLARI, VICENTE PAZ y OTROS s/ RECURSO DIRECTO- ORDINARIO (EXPTE: Sala I, N  134 Año 2003) (TRIBUNA L PLENO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-12-28

La resolución que rechaza el pedido de caducidad de instancia es apelable en el juicio ordinario. En el caso, la cuestión a resolver es la apelabilidad del auto que rechaza la pretensión de declaración de caducidad del proceso.
Actos y diligencias procesales, nulidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.A. c/ K.K. SA s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-12

Las nulidades procesales han sido establecidas a fin de evitar que el incumplimiento de las formas se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o las coloque en estado de indefensión; pero bien entendido que ello ha de ser interpretado en consonancia con el principio "pas de nullité sans grief", en cuya virtud no ha de existir nulidad sin que haya perjuicio que reparar, pues siendo ellas de carácter relativo, no es viable su declaración si no reporta una ventaja legítima para quien las alega, toda vez que la validez del acto no puede ser admitida en solo interés de la ley, en cuanto las formas rituales no constituyen un fin en sí mismas.
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, cómputo de intereses, tasa activa
Materia: CIVIL
Carátula: Leiva, Nancy Beatriz c/ Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.T.C.I. y Otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-09-28

En el cálculo de intereses de la indemnización por daños y perjuicios es de aplicación la tasa activa cartera general -préstamos- nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde el momento en que la víctima sufrió cada perjuicio, entendiendo que el que se hubieren fijado las partidas indemnizatorias a valores actuales no configura la excepción a la tasa moratoria legal contemplada en el último párrafo de la parte dispositiva del Plenario "Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S. A. s/ daños y perjuicios", del 20/4/2009. (del voto del Dr. Sebastián Picasso)
Asociaciones sindicales, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: ASOCIACION  DEL  PERSONAL  SUPERIOR DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA ARGENTINA s/ APELACION - LEY 22105 - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-24

Resulta procedente el recurso de queja por denegatoria tácita del artículo 62 inciso 1) ley 22105, si la asociación profesional peticionante de la inscripción, cumplió los recaudos de la ley (artículo 24) y la autoridad administrativa, dejó vencer el plazo del artículo 26 de la ley 22105 (del dictamen del Procurador General del Trabajo número 8605, al que adhiere la sala).
Acta de secuestro, firma del procesado, testigos de actuación, firma de testigos
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: RUIZ, WALTER EDUARDO s/ INFRACCION ART. 189 BIS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-05

La firma del procesado en el acta del secuestro puede ser suplida con la firma de dos testigos.
Precios cuidados, solve et repete, multa, presunción de inocencia, derechos y garantías constitucionales, violación de derechos humanos, revisión judicial, supermercado, derecho a recurso legal efectivo
Materia: CONSTITUCIONAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Recurso Ley 5992/16  art. 27 Derechos del Consumidor: INC S.A. c/ Estado Provincial- Ministerio de Producción s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2022-05-31

En tanto la multa es una sanción de naturaleza penal -en el caso la impuesta a un supermercado por inspectores dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción por incumplir con el programa "Precios Cuidados"-, exigir su pago como requisito previo a la admisión de un recurso contra la decisión administrativa, vulnera el principio de presunción de inocencia afectando el debido derecho de defensa, limitando el control judicial suficiente y la tutela judicial efectiva.
Usurpación de aguas, daño
Materia: PENAL
Carátula: Sandoval, Bersabé c/ Ahumada, Juana y-o quien resulte responsable y-o quien resultepropietario s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-11

En la especie el daño es ajeno al tipo delictual por el que se acusa a la aquí demandada, pues la usurpación de aguas del art. 182 inc. 3º Cód. Penal no lo requiere como elemento objetivo para su consumación.
Recurso contencioso administrativo, sentencia, liquidación
Materia: PROCESAL
Carátula: Curti, Delia Calvi de c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio. Impugnación de liquidación (Expte. CSJ Nº 228- 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-09-21

Corresponde efectuar de oficio la corrección de la liquidación, si contiene errores, aún a falta de objeción de parte, por cuanto ésta es la expresión numérica de la sentencia y corresponde al Tribunal velar por su correcta ejecución.
Privación ilegal de la libertad, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: G., A. y Otro s/ Privación Ilegítima de la Libertad y Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-23

Tratándose de un delito permanente, la privación de libertad se califica cualquiera sea el momento -desde que se la intenta y mientras dure- en que la amenaza o la violencia se ejerzan.
Prueba documental, libros del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Laportilla, Julia Patricia c/ Transporte Villani y otros s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

El juramento previsto por el art. 40 del dec. ley 7718/71 (t.o.) no es hábil para demostrar el cumplimiento de un horario que exceda al contemplado en la convención colectiva de aplicación.
Competencia por la materia, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL
Carátula: IGLESIAS, EDUARDO s/ Cheque sin fondos, Incidente de cuestión de competencia Causa  Nro.  35212.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-08-16

Compete seguir entendiendo a la Justicia en lo Penal Económico con arreglo al art. 302 C.P. y no a la de Instrucción por el delito del art. 172 id. si las constancias del sumario permiten concluir que la entrega de los cheques a cambio de dinero no respondió a ardid o engaño desplegado por el imputado, ya que no la determinó el cheque dado en pago, sino el hecho de ser el librador persona del conocimiento y amistad del damnificado.
Debate, audiencia de debate, prueba, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Garrido, Carlos Vicente s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-22

El artículo 392 del CPPN comprende la oralización de los elementos de prueba allí mencionados (denuncia; declaraciones prestadas por coimputados ya sobreseídos o absueltos, condenados o prófugos; actas judiciales, de inspección, registro domiciliario, requisa personal y secuestro, que se hubieren practicado conforme a la norma de la instrucción), aunque no hubieran sido ofrecidos por las partes, lo que constituye, como lo señala DAlbora, otra facultad autónoma del tribunal, mostrando un perfil diferente respecto de un régimen acusatorio puro (Voto del Dr Hornos).
Comisión Nacional de Valores, sanciones administrativas, multa, información reservada, resoluciones generales, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMISION  NACIONAL DE VALORES c/ ESTABLECIMIENTO MODELO TERRABUSI SA S/ s/ TRANSFERENCIA DE PAQUETE ACCIONARIO A NABISCO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-27

Si una sociedad dirigió a otra una misiva en la que confirmaba su intención de adquirirle cierta cantidad de acciones, consignando también un compromiso de no divulgar total o parcialmente a terceros lo que se denominó "información relevante" -mientras pendiese la operación, imponiéndose ambas partes no revelar a terceros el contenido de ese instrumento, ni el de las negociaciones en curso-, resulta improcedente que la Comisión Nacional de Valores imponga una sanción de multa a ciertos directivos o ejecutivos de la entidad destinataria de la misiva con base en que: a) pendiente la negociación con la adquirente, b) los sumariados accionistas que conformaban el grupo de control de la sociedad enajenante (incides), c) con conocimiento de la "información relevante" y no publica, d) operaron en el mercado con acciones de la entidad vendedora, con ventaja económica para sí o para terceros, con severo perjuicio para la transparencia de ese mercado, lo cual se encontraba tipificado por la Resolución General 227 art. 21. Ello así cuando, -como en el caso-, se verifica que de las declaraciones vertidas por los sancionados en la etapa presumarial, no puede extraerse para que exista prueba directa de los hechos que generaron las sanciones impuestas por el organismo de contralor.

(En la especie: a) uno de los sancionados declaró que si bien estuvo al tanto del precio inicial ofrecido por la futura adquirente, sin embargo, sostuvo que le "habrían" informado el mismo; es decir, que él relató simplemente "la posibilidad" de haber recibido esa información, pero en modo alguno "afirmó" -ni reconoció- haberla recibido, razón por la que la existencia de esa posibilidad, ingresa en el campo presuncional, sin que constituya prueba directa de su ocurrencia; b) otro informó acerca del precio de venta de las acciones, mas, añadió que ello provenía de comentarios generales de la gente con la cual trabajaba en la oficina; lo cual no denota que el declarante haya tenido concreto conocimiento de información privilegiada sobre la operación; y c) el último, sostuvo que otro de los sumariados supo del precio diez días antes del cierre de la operación final; razón por la que no puede extraerse que aquél hubiese conocido la información privilegiada antes del señalado plazo).
Facultades disciplinarias del juez, defensor, defensa en juicio
Materia: PENAL
Carátula: COCUZZA DE TAMBURO s/ Contrabando, Incidente Causa 29414 Causa 12896-
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-31

1- El ejercicio de derecho de defensa no puede condicionarse a la utilización de un lenguaje de mayor o menor aceptación por la contraparte, en tanto de lo que se trate sea de crítica de las posturas y opiniones que en el caso se asentaron en una acusación.

La vehemencia en la actuación del abogado defensor debe ser admitida en tanto no evidencie un ataque personal a las otras partes del proceso. Ello no está manifestado cuando de lo que se trata es de una dura crítica a las razones de la pieza acusatoria, calificándola como inferencia insólita, orfandad jurídica, descomunal gaffe jurídica, harto imaginativa, audaz, osada, carente de criterio jurídico. Ninguna de esas expresiones va más allá de la manifestación de disconformidad con aspectos jurídicos del caso tratado en la acusación, sin afectación o atribución de calificativos a la persona del acusador.- 2- No está permitido al defensor la atribución de calidades o cualidades a la persona de su contraparte, lo que para nada se relaciona con las necesidades de su ministerio. La afirmación de que "hubo sí delirio del Fiscal" constituye un innecesario exceso pues se trata de la atribución a la apelante de un síntoma propio de patologías psicóticas que para nada condicen con la función de la misma y que suponen la afirmación de su falta de juicio. Lo mismo cabe en orden al uso de los términos "dislate" y "descabellado".
Honorarios, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: MUGA, JUSTO ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     REGULACION DE HONORARIOS (CSJ EXPTE Nº 239-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-02

Es derecho de los profesionales intervinientes en un juicio, solicitar su regulación de honorarios, "con independencia de quien debe pagarlos".
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia parcial, derivación no razonada del derecho vigente, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, indemnización tarifada, intereses, capitalización de intereses
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VEGA, JORGE HECTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-03

En lo que hace a la capitalización bimestral fijada por el a quo para los accesorios, tal como se señaló en el precedente "Olivera", corresponde destacar que en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, el legislador fija un límite temporal de seis meses para las convenciones particulares que dispongan la capitalización anticipada de intereses con la finalidad de evitar situaciones abusivas; por tanto, no sería razonable que el Juzgador dispusiera un término inferior al mínimo fijado en inciso a) el que fue establecido con la clara intención de evitar la usura o el enriquecimiento indebido del acreedor. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Netri y Erbetta. En disidencia parcial: Dres Gutiérrez y Spuler) - CITAS: CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295/308. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 770, inciso a). - Jurisprudencia concordante con Spreggero, AyS T 298, p 264, sumario J0046304
Aportes previsionales, contribuciones patronales, deducciones salariales, concesión de obra pública, peaje
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SERVICIOS VIALES S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

El Dec. 2609/93, en su redacción original, puso en vigencia una disminución de contribuciones a cargo de los empleadores, en montos variables, sobre la nómina de salarios para determinadas actividades y jurisdicciones. Si en razón de tal disposición, la empresa (cuya actividad, en el caso, es la ejecución de obra pública para la conservación, mantenimiento, mejora, ampliación, remodelación, explotación y administración del peaje de rutas) obtuvo las constancias que la acreditan para obtener el beneficio, queda claro que, en tanto ello no sea expresamente revocado, el mismo le corresponde y cabe su aplicación respecto del personal dependiente de ella que se encuentre abocado a la actividad en cuestión.
Contrato de trabajo, empleo público, extinción por mutuo acuerdo, conciliación, homologación administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: Barrientos,  Marisa  Claudia y otros c/ Administraci3/4n Federal deIngresos Públicos s/ diferencias de indemnizaci3/4n por retiro.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-17

Dado que los accionantes, dependientes de la AFIP, se acogieron al régimen de retiro voluntario establecido por la D.A. 5/00 cuyo art. 3 determinaba que la compensación económica sería equivalente a un mes de servicio o fracción mayor de tres meses, incrementando en un 15% el resultado de dicha liquidación; y que la base cálculo incluiría conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente, cabe entender que se trata de una disolución del contrato de trabajo por mutuo acuerdo o voluntad concurrente de las partes. Las pautas establecidas por la accionada a los efectos de acceder al régimen de retiro voluntario no alteran el encuadre normativo del caso, sino que tales recaudos se establecen a fin de mantener un cierto orden en el sistema implementado, atento a la cantidad de personal con que cuentan entidades como la demandada. Así, el acuerdo formalizado por las partes fue homologado por el Minsiterio de Trabajo en los términos del art. 15 de la LCT, no advirtiéndose la existencia de fraude laboral ni de violación al art. 12 de dicha ley, razón por la cual resulta eficaz para extinguir cualquier crédito vinculado con la relación que uniera a las partes. Este acuerdo queda comprendido en la doctrina del Fallo Plenario Nº 137 de la CNAT.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gómez de Medina Viviana Marina c/ Cíclope SA. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-21

La eximición total por causa puesta por la víctima requiere de la demostración no sólo de ese factor, sino que éste sea de características excluyentes, es decir de tal índole que hiciera imposible la existencia de toda otra.
Recursos administrativos, plazo, consentimiento, pensiones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MAIDANA DE ACOSTA, MARÍA ALICIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE  NRO 275-80 FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCÍON  CSJ EXPTE NRO 275-80
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-04-11

Si ante el pedido del actor de prórroga del plazo para recurrir contra la resolución denegatoria de la pensión solicitada, la administración omitió toda expresión de voluntad, puede validamente concluirse que su silencio importó el acogimiento favorable del pedido por el período máximo otorgado en el régimen procedimental.
Control de constitucionalidad, recusación, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A.C. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Incidente de recusación. Incidente de recusación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-15

Respecto del planteo de inconstitucionalidad del artículo 8º de la Ley Nº 12, al no prever la Ley de Procedimiento Contravencional el instituto de la recusación, evidentemente el legislador ha querido evitar planteos recusatorios que atenten contra la celeridad que debe primar en los procesos contravencionales; no se advierte que la disposición cuestionada afecte algún tipo de derecho constitucional, ni tampoco el requirente señala cuáles son los vicios de la ley, entendidos como ataques a los derechos y garantías de orden constitucional, que obsta a su vigencia y aplicación.

El artículo 8º en sus párrafos segundo y tercero, habilita igualmente a la parte que sospecha de la imparcialidad del juez, a someter la cuestión directamente a esta Alzada, evitando pasos intermedios; resulta entonces que lejos de afectar derechos constitucionales, la normativa en cuestión establece un procedimiento que garantiza, con rapidez, el conocimiento y la decisión judicial atinente a una o más eventuales causas de recusación, que debieron haber llevado al juez a excusarse.