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Cuenta corriente bancaria, rechazo del cheque, daños y perjuicios, prescripción
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Díaz Lacoste, Alejandro y otro c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-25

Cuando, como en el caso, la cuenta corriente bancaria respecto de la cual los actores titulares invocaron el rechazo del cheque por una presunta causal errónea, y que motivó el inicio de la presente acción de daños y perjuicios, es la misma de la que emerge el saldo deudor de cuenta corriente que el banco aquí accionado reclamó en el marco de un juicio ejecutivo, trátase -entonces- de la operatividad y funcionamiento de una misma cuenta corriente bancaria que generó planteos de diverso alcance jurídico: el reclamo del saldo deudor de cuenta corriente -por un lado- y la pretensión por los daños y perjuicios derivados del alegado rechazo del cartular objeto de la litis -por otro-. En el escenario descripto, es razonable sostener que el inicio de aquel juicio ejecutivo devino interruptivo del plazo de prescripción de la acción de daños y perjuicios intentada por los aquí actores. Por ello se estima que la promoción del proceso ejecutivo, y las actuaciones defensivas deducidas en dicho proceso por los aquí accionantes (allí demandados) en el contexto fáctico de la misma cuenta corriente bancaria, resultan actos interruptivos del cómputo de la prescripción (CCIV 3986, aplicable al caso). Es por ello que sólo cabe concluir en que el cómputo del plazo de prescripción de diez (10) años, que comenzó a operar, por primera vez, a partir del invocado rechazo del cartular que nos ocupa resultó interrumpido -no suspendido- por la interposición del juicio ejecutivo.
Acción de repetición, demanda, recibo, telegrama, prueba, Estado Provincial, pago indebido
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: FABRICA ARGENTINA DE CALDERAS  S.R.L. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-19

No puede prosperar la demanda de repetición si la traslación patrimonial -base de la acción intentada- no sólo no se encuentra acreditada, sino que de los mismos dichos de la actora así como de los recibos y telegramas agregados surge que no se ha producido.

Ello es así, pues el pago no se ha efectuado a la provincia, sino a los dependientes de la actora, totalmente ajenos a la causa, y sin que tampoco se haya acreditado la imposibilidad de demandar la repetición de lo que se dice satisfecho indebidamente, de quien efectivamente lo percibió.
Sentencia interlocutoria, resoluciones equiparables a definitiva, recurso de casación, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Villagra, María Isabel c/ Delgado, Luis Mario y/o Parrillada Ñaupa s/ Incidente de Nulidad - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-11-18

La actora, interpone recurso de casación en contra de la Sentencia InterlocutorIa dictada por la Cámara de Apelaciones que confirma el pronunciamiento de la primera Instancia y modifica la distribución de las costas imponiéndolas por el orden causado en ambas Instancias, con fundamento en que, existen en autos elementos de valoración suficientes para considerar que tanto el incidentista como sus herederos pudieron entender que les asistía derecho a habilitar esta vía procesal y requerir la nulidad del acto de subasta.

Ante todo, cabe determinar si la interlocutoria recurrida constituye sentencia definitiva. Al respecto, conforme es criterio de esta Corte, el hecho de haberse declarado la admisibilidad formal del recurso, tal pronunciamiento, como expresamente establece es a prima facie, y es en este momento procesal que, con mayor detenimiento se puede y se debe realizar un exhaustivo examen de los requisitos formales que deben estar presentes para habilitar esta instancia extraordinaria.

En ese contexto, por lo general, las decisiones plasmadas en las interlocutorias no constituyen, en principio, sentencia definitiva, más considero que en la especie estamos ante un pronunciamiento equiparable a sentencia definitiva en tanto, si bien se resuelve una cuestión incidental, lo decidido pone fin al pleito y la discusión no puede volver a plantearse.

Allanado este obstáculo y el resto de los requisitos formales satisfechos ratifico la declaración de admisibilidad del recurso.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente, relación de causalidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: López, Juvencio Cesar c/ Textil Formosa S.A. y/o Alpargatas S.A.I.C. y/o  quien resulte responsable s/ Indemnización ley nº 24028 Alpargatas S.A.I.C. y/o  quien resulte responsable s/ Indemnización ley nº 24028
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-05-19

No se presume la responsabilidad del empleador respecto de las enfermedades cuyo origen o agravamiento se imputan al trabajo. Esta directiva es valida tanto para las enfermedades propiamente dichas como para las denominadas enfermedades-accidentes. Es decir que quien alegue que el trabajo efectuado a favor de la empleadora ha sido el factor que provoco o agravó algún proceso patológico, deberá probar el nexo aludido, situación legal que no se da en la presente causa.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, prueba crítica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: DUASO, RAMON s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 123-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-11-28

Si bien no cabe tachar de arbitraria a una sentencia por no considerar prolijamente una a una todas las pruebas o no extraer de ellas todas sus consecuencias razonables, la omisión de considerar expresamente pruebas que a menos de ser descalificadas, aparezcan idóneas para determinar el resultado del pleito, importa motivar insuficientemente la sentencia, con violación del artículo 95 y consecuentemente del artículo 7 de la Constitución Provincial.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, caducidad de instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: JUAN SEBASTIAN LUNA. c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ORDINARIO.    CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-05

La sentencia de cámara que confirmó la decisión que había hecho lugar a la caducidad de la primera instancia, debe considerarse definitiva en los términos del artículo 14 de la ley 48, teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido habría ocasionado la prescripción de los créditos que originan la demanda.
Accidente en acto de servicio, indemnización
Materia: MILITAR
Carátula: Soubie,   Gustavo  Enrique c/ Ejército Argentino - Ministerio de Defensa de la Nación. s/ recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-02-27

El art. 76, inc. 3, ap. c, de la ley 19.101 -modificada por la ley 22.511- establece el pago de una indemnización que obsta a la procedencia de la responsabilidad genérica.
Acción de lesividad, motivación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte Nº 097/2012: ESTADO PROVINCIAL (Decreto D.S. Nº 1724/11) c/  s/ Promueve Acción de Lesividad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-23

En los casos en que la Administración no pueda por si misma ejercer su potestad revocatoria o anulatoria, debe necesariamente reconocer que uno de sus propios actos resulta lesivo a los intereses públicos, declarándolo así en función de posibilitar su posterior revisión jurisdiccional.-
Sentencia arbitraria, oposición del fiscal, suspensión del juicio a prueba, juicio oral, calificación legal, principio pro homine
Materia: PENAL
Carátula: BARRIOLA, Axel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-09

La disidencia señaló: "Que en lo atingente a la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal a la concesión de la suspensión del juicio a prueba, llevo dicho en el precedente "Tortone" (causa n° 14.686, caratulada: "Tortone, Lisandro y otros s/ recurso de casación", reg. 19.676, rta. 16/02/12), que el dictamen fiscal debe reunir las exigencias de fundamentación y sólo es vinculante cuando solicita la suspensión del juicio, pero no a la inversa. Ello así porque del designio incriminante del acusador no se deriva la vinculación necesaria de un juzgador, habida cuenta que -si así fuera- la opinión incriminadora fiscal dominaría sobre la decisión jurisdiccional y la suerte (mala) del encausado quedaría librada a la discrecionalidad -y hasta aún arbitrariedad- del reclamo de parte." (...). "En ese sentido, repárese que el judicante convalida la invocación genérica por parte del representante fiscal de la instrucción dictada en la Resolución PGN N° 18/2018 por la Procuración General de la Nación y la eventual posibilidad de solicitar una pena de efectivo cumplimiento; conclusión que no se halla vinculada con un juicio de inferencia sobre las particulares circunstancias del sub examine por las cuales pretende o considera necesario la realización de un debate oral y público. Asimismo, no puede soslayarse cuanto señala la defensa en punto a que: "[a]l compartir y hacer suyos los argumentos del dictamen fiscal, el Tribunal entiende entonces también que no puede aplicarse retroactivamente la Ley 27.430, siendo entonces más gravosa aún la calificación legal de los hechos atribuidos a BARRIOLA...", extremo sobre el cual no se advierte desarrollo alguno por parte del a quo. Por lo demás, dable es señalar que el ofrecimiento no debe ser entendido como la indemnización prevista en el artículo 29 de la ley material, sino sólo como una posibilidad que propone el encausado, la cual no es óbice para disponer la suspensión del procedimiento a prueba, pues el ofendido conserva habilitada la promoción de la acción civil correspondiente (cfr. causa N° 15.383, caratulada: "Pignataro Ernesto Guillermo s/recurso de casación", reg. N° 463/13, rta. 2/5/13). En estas condiciones, se advierte que el a quo no ha realizado una correcta valoración sobre la fundamentación y logicidad de la oposición fiscal, siendo que, tal como se reseñó, ésta sólo es vinculante cuando solicita la suspensión del juicio, pero no a la inversa." (...). "Por último, cabe recordar que el análisis del artículo 76 bis CP debe ser realizado a la luz del principio pro homine, lo que así ha sido especialmente consagrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo "Acosta" (Fallos, 331:858).". Dr. Slokar -en disidencia-.
Empleados públicos, carrera administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sette,Enrique Angel c/ Caja de Retiros,Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-30

La promoción en la escala jerárquica no es un derecho subjetivo del agente público.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bonifetto, Elba B. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

Si la reclamante prestó servicios en un cargo que con posterioridad a su cese evolucionó jerárquicamente, no corresponde la adecuación de los haberes previsionales tomando en consideración la evolución mencionada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, monto del juicio
Materia: LABORAL
Carátula: Méndez, Albert L. c/ Quequén SRL s/ Despido y salarios. Recurso de queja Marín, Simón y ot. c/ Club San Fernando. Asoc. civil s/ Cobro
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25|1997-09-02

El supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653 se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de normas legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede tal doctrina en caso similar, supuesto que no es el de autos en el que se trae a consideración cuestiones de índole probatoria como son la determinación o no de un ejercicio arbitrario del ius variandi por parte del empleador, o la aplicación e interpretación de un convenio colectivo de trabajo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Excarcelación, principios procesales, libertad, medidas cautelares, coerción personal
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL PENAL
Carátula: M, O s/ RETENCION INDEBIDA     EXCARCELACION      EXPTE NRO 82-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-03-20

El principio de inocencia consagrado en el quinto párrafo del mismo artículo 9 de la Constitución Provincial en consonancia también con el artículo 18 de la Constitución Nacional no supone en modo alguno la prohibición de medidas coercitivas en la legislación procesal, sino y tan sólo la imposibilidad del establecimiento de penas sin proceso previo y ley anterior al hecho de la causa.
Ejecución fiscal, títulos ejecutivos
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ MARQUEZ, Daniel s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-10

Cuando el Estado Nacional o la Comuna, en ejercicio de un poder delegado, reclama el cobro compulsivo de impuestos, tasas o contribuciones, el título ejecutivo fiscal es el documento expedido por el funcionario autorizado para hacerlo, con las formalidades que el ordenamiento legal establece, que comprueba la existencia de un crédito fiscal exigible.
Reconocimiento en rueda de personas, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: BENEDETTI Fernando Primo s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

La diligencia de reconocimiento en rueda de personas resume el valor incontrastable de la prueba testimonial de cargo, y no se desmerece ante la supuesta observación previa de fotografías del procesado por parte de sus integrantes.
Inembargabilidad del salario, empleo público, igualdad ante la ley
Materia: CIVIL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA s/ COBRO EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-10-04

El decreto ley 6754/43 en cuanto dispone la inembargabilidad de sueldos, remuneración, y/o salario de empleados públicos no vulnera el principio de igualdad ante la ley, pues todos los deudores que fueren empleados de la administración pública se encuentran en idéntica situación por resultar beneficiarios de este régimen.
Divorcio, adulterio, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Dallazuana Gerardo Hugo c/ Francou Ana María s/ Divorico Vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-12-22

Es pacífico el criterio de que para la demostración del adulterio no es dable exigir la prueba directa del hecho material que lo constituye, pues ello implicaría imponer a la parte acusadora la carga de una prueba poco menos que imposible, desde que tal hecho, por su naturaleza, hace que se realice en la intimidad.

De ahí que se admita unánimemente la posibilidad de acreditarlo mediante presunciones graves, precisas y concordantes. La causal de adulterio prevista en el inciso 1 del artículo 202 del Cód. Civil se configura por el acto sexual mantenido en forma ocasional o reiterada por uno de los cónyuges con persona extraña al matrimonio, por lo cual la prueba resulta prácticamente imposible, debiendo entonces apuntar a hechos o circunstancias que normal y razonablemente lo acrediten.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, acción de reintegro
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

En la propia práctica judicial es habitual que en los casos regulados por el art. 335 del código procesal el litigio concluya con la decisión judicial que dispone desocupar el inmueble, sin que incluso se inicie el proceso penal propiamente dicho, circunstancia que convierte, en los hechos, a aquella decisión, en la que pone fin al litigio, de modo que ella deviene, en el sentido técnico requerido como condición de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, la sentencia definitiva del proceso. (Voto en disidencia del Sr. Juez Horacio G. Corti).
Contrato de trabajo eventual, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Retamar, Mario Alberto y otros c/ Power Discotheque s/ Diferencias salariales e indemnizaciones por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-10-18

Si la actora trabajó la mayoría de los fines de semana en la limpieza del local bailable, su tarea no aparece como ocasional, y si se tiene en cuenta que por la naturaleza necesaria de las labores, éstas aparecen como imprescindibles para el normal y habitual funcionamiento del local, no se puede considerar las tareas realizadas como eventuales, ya que de las mismas surge vocación de permanencia y continuidad.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad
Materia: CIVIL
Carátula: CACERES NESTOR c/ HIJOS DE ADOLFO CORTINA s/ COBRO DE PESOS-CASACION PESOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-10-05

El plazo de caducidad se suspende cuando por causas independientes de la voluntad de las partes Ústas se hallan en la imposibilidad jurídica o de hecho para formular peticiones con carácter general respecto a todo un proceso. La imposibilidad jurídica puede provenir por...decisi3/4n judicial (art.311 del C.P.N. y 304 in fine del C.P.C.y C.), cuando por ej., el juzgador dispone una medida para mejor proveer, paralizando los efectos del llamamiento de "autos para sentencia".
Administración Pública, desviación de poder, recursos administrativos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SOLIS, ANTONIO CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 522-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-06-04

Si el supuesto de desviación de poder alegado no ha sido acompañado de prueba alguna que permita tenerlo por acreditado, ni existen elementos, más allá de los dichos del propio actor, que sugieran la posibilidad de que la Administración, al separarlo de su cargo, haya perseguido un fin diverso del que justifica la respectiva potestad, no corresponde que dicha intención sea presumida, al menos en las circunstancias del caso, en el que no se arrimaron elementos que, puestos en relación, permitan inferir la persecución de un fin desviado.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: DAGARO S.A.C.I.A. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONCURSO PREVENTIVO- INCIDENTE DE RECURSO DE REVISION PROMOVIDO POR AFIP- DGI (EXPTE.: C.S.J. NRO. 223 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-15

No ha de prosperar la supuesta "omisión de decidir cuestiones propuestas", desde que la interesada intenta tardíamente introducir el tema de las "multas", que no fue materia de agravio en el recurso extraordinario local. En este aspecto, no basta para justificar su pretensión la remisión que formula a lo reseñado en la queja, pues sabido es que ella no constituye una vía a través la cual se puedan mejorar o modificar los fundamentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad. De allí que los nuevos argumentos incorporados por la quejosa en su presentación directa de manera alguna podrían haber sido considerados. De lo contrario se hubiera vedado a la contraparte en juicio la posibilidad de expresarse al respecto y a la Cámara de efectuar el control de admisibilidad que le correspondía, en violación a las normas legales aplicables.
Adopción, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: P., M. de los A. s/ Adopción plena
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-08-27

El art. 10 inc. a de la ley 19134 faculta al pretendiente a obtener la adopción a radicar la demanda ante el juez de su domicilio o ante el juez que otorgó la guarda, por lo que habiendo el solicitante consentido la declaración de incompetencia del juez civil, resulta competente el juez de menores que otorgó la guarda. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cristaldo, Liliana Mabel c/ Calo, Carmelo Antonio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

El nexo de causalidad es condición necesaria para los regímenes contemplados por los arts. 1109 y 1113 del Código Civil.
Acusación fiscal, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MONTIEL, Martín Eduardo s/ Hurto simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-07-13

Sólo los antecedentes de un individuo, no pueden servir para su condena en un hecho no probado, y de ello -el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 224 del C.P.P.-, torna aplicable el art. 266, apoyado por el estado de duda puesto de manifiesto.-
Juicio de desalojo, titularidad del dominio, legitimación procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Rodrigez, Rodrigo Juan c/ Rosses, Raul y otro s/ Desalojo-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-09-29

Si el titular de dominio promueve juicio de desalojo invocando su calidad de propietario, debe acompañar el título (escritura pública) y acreditar u ofrecer prueba para demostrar la posesión de la cosa, porque sino se carece de legitimación para accionar por desalojo. No esta legitimado para promover este proceso, el presunto cedente de un boleto de compraventa, cuyo vendedor no coincide con quien figura como titular registral del inmueble.
Accidentes de trabajo, daño moral
Materia: Laboral
Carátula: QUINTANA, Javier c/ MINAR S.A.P.S. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1986-11-19

No existe razón alguna que justifique que el daño moral deba guardar proporción con el daño material, ya que no es un complemento de este, por el contrario es de distinta naturaleza.
Robo con armas, disminución de la pena, prisión
Materia: PENAL
Carátula: Manjón, Marco Antonio s/ robo con armas y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-09

Corresponde descartar el agravio mediante el cual la defensa reclama una necesaria reducción de la pena, producto de la pena natural sufrida por el imputado a consecuencia del disparo de arma de fuego recibido en una de sus piernas, pues no se hizo cargo de acreditar la gravedad del daño sufrido por el imputado como así tampoco de argüir que en función de las características graves del suceso investigado, la pena finalmente impuesta de siete años fuese desproporcionada, máxime teniendo en cuenta que se aleja tan sólo en cuatro meses respecto del monto mínimo aplicable, dentro de un marco penal que establece un monto máximo de hasta veinte años de prisión (voto del juez Jantus).
Accidente de tránsito, infracciones de tránsito
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Giordano Christian Dario c/ Castet de Mendoza Maria y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Ni la observancia de las leyes de tránsito basta en todos los casos para eximir de responsabilidad al conductor ni la infracción de las mismas implica necesariamente esa responsabilidad, sino que sólo se trata en ambos supuestos, de presunciones o elementos de juicio que los jueces de fondo deben apreciar con criterio privativo.
Doctrina legal, obligatoriedad del precedente
Materia: CIVIL
Carátula: S.A.I. y E. de la P. s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-03

Un problema bien conocido de la técnica del precedente es el de la distinción entre la ratio decidendi y obiter dictum, pues dado que el precedente se obtiene, no a partir de una cierta disposición normativa bien delimitada, sino de todo un conjunto de enunciados y argumentaciones que fundamentan una decisión, es preciso distinguir entre aquello que puede considerarse la razón básica de la decisión y aquéllos otros pronunciamientos que la acompañan, por ejemplo a título ilustrativo o no determinante; sin duda, sólo aquella razón constituye o da lugar a un precedente.