Proceso penal, indulto
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: S., A.A. s/ Indulto o conmutación de pena
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-09-18

Ante el indulto o conmutación de pena solicitados por el interno S. ante la Secretaria General de la Gobernación, se requiere el informe respectivo de esta Corte de Justicia, conforme lo manda la Constitución Provincial. En el art. 149 se establecen las atribuciones del Gobernador, entre las que se cuenta la de "indultar o conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, o disminuirlas por la inmediata inferior, previo informe motivado y favorable de la Corte de Justicia." (inc.8º).

En esa tarea, nos corresponde poner en conocimiento del órgano ejecutivo los antecedentes relativos a la pena, a las modalidades del hecho delictivo y la personalidad del condenado, a fin de que el titular de la facultad de indultar, pueda ejercerla con prudencia y conocimiento del caso.

En el caso, el Juzgado de Ejecución Penal informó que S. fue condenado a la pena de nueve años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Abuso sexual con acceso carnal agravado.

De la Planilla de Antecedentes, se desprende que lleva cumplidos un año, nueve meses y diez días de condena -al 14/08/2012-; que no recibió ninguna rebaja o beneficio; que posee conducta y concepto ejemplares.

Del Acta del Consejo Correccional Nº 281/2012 y de la Resolución interna Nº 252/12 surge que, debido a que no ha cumplido aún ni la mitad de la condena, ni ha obtenido ningún beneficio carcelario que permita evaluar su conducta extramuros, no se considera viable la solicitud efectuada, por lo que se propone no hacer lugar a ésta.

Como reiteradamente se sostiene, las reglas fundamentales que rigen la ejecución de la pena privativa de la libertad están contenidas en la ley Nº 24660, cuya anunciada finalidad es la de ".lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social" (art. 1), lo que ya estaba consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5, apartado 6) y en el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 10, apartado 3), con rango constitucional a partir de la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22, segunda cláusula, C.N.).

El tratamiento programado y particularizado a implementarse en la institución penitenciaria procurará, siempre con el control del Juez de Ejecución, la resocialización del interno, respetando el cumplimiento de normas constitucionales y tratados internacionales, en cuanto prevén que "toda pena privativa de libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación de los condenados (art. 5to, inciso 6to de la CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10 inciso 3ro del PIDCP)".

De manera que el rigor que implica el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad, resulta atemperado por el legislador mediante la institución de mecanismos que, antes del cumplimiento total de la pena permiten el acceso paulatino del condenado al medio libre. Lo que en el caso aun no se ha materializado, atento lo exiguo del tiempo de cumplimiento de la pena impuesta a S.

Entonces, atento a que se encuentra en plena vigencia el régimen que regula la ejecución de la pena privativa de la libertad, respetuosa de las normas internacionales que rigen la materia, es que no corresponde emitir opinión favorable respecto de la conveniencia y oportunidad del otorgamiento del beneficio solicitado.