marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Servicio militar, accidente en acto de servicio, daños y perjuicios, indemnización, constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: MANCINELLI, Vicente A. c/ LA NACION s/ HABER DE RETIRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-07

La reforma introducida por la ley 22.511, que entre otros conceptos, estableció una indemnización para los conscriptos que al momento de ser dados de baja presenten una disminución equivalente al 66% del trabajo para la vida civil -confr. con el régimen anterior que preveía el otorgamiento de un haber previsional (arts.

77 y 78 de la ley 19.101)- no vulnera la C.N. (confr. esta Sala in re Córdoba , del 10-3-92, confirmada por la C.S.J.N., el 30-12-92;

Dentone , del 29-4-93 y Lucero , del 18-5-93).
Regulación de honorarios, competencia laboral
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: Tustanoski, Aldo Antonio y otros c/ Empresa Nacional de Correos y Telégrafos. s/ RECURSO DE HECHO Fagotti, Domingo y otros c/ Administración General de Puertos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20|1993-02-02

El art. 38 de la ley 18.345 contempla una facultad de ejercicio excepcional que requiere apoyo en una resolución fundada.
Accidentes de trabajo, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: VELAZQUEZ, PEDRO ANTONIO c/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y OTROS s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-09-25

En el caso concreto, no existe contradicción entre ambos informes periciales simplemente el segundo aclaró con mayor precisión aspectos no tenidos en cuenta en el primero de ellos.

De ahí que ambos informes cuenten con la credibilidad necesaria a los fines de formar convicción. Esta Sala tiene dicho que si bien es cierto que todo medio de prueba debe ser motivo de prudente ponderación, también lo es que respecto a algunas circunstancias de hecho existen medios adecuados y completos para generar la necesaria convicción del juzgador, por lo que se impone el acudir a ellos antes que a otros insuficientes para suplirlos; tal la prueba pericial por forenses para determinar la existencia, naturaleza y grado de la incapacidad laboral -CCCO03 CO 3540 6500228 S, 22/08/95, Juez: Rovira (sd), "Sánchez, C. c/ Pindapoy S.A.A.I.C. s/ Cobro De Pesos indemnización Art. 212 L.C.T. y Otros), Publicaciones: LAS, tº II 950822, pág. 315, Mag. Votantes: Rovira-Ponce-Spinelli-.
Jubilaciones, pensiones, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muñoz de Roggero, Lilia Berta c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

A los fines de determinar qué sumas integran el cálculo del haber previsional habrá de estarse a normas que fijan la remuneración del cargo efectivamente desempeñado por el causante.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Biglieri Nelson José c/ CIAR S.A. y otro s/ Cumplimiento de contrato y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-05-11

La mención de la documental ofrecida dentre del relato de los hechos en el escrito de demanda, cumple con lo impuesto por el art. 332, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial aún cuando no fue reiterado en el ofrecimiento de prueba. (Minoría u opinión personal)
Contrato de trabajo, interpretación de la ley, grupo económico, conducta fraudulenta, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, aplicación de la ley
Materia: LABORAL-COMERCIAL
Carátula: MUENTE, SIRO Y OTRA c/ LABORATORIOS AMSTRONG S.A. Y OTROS s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-19

En los casos de empresas relacionadas o subordinadas o que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, rige el art. 31 de la LCT que les impone responsabilidad solidaria por los créditos de los trabajadores, cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. Esta frase final destacada, incorporada por la ley 21297 al primitivo art. 33 de la LCT, ha establecido una exigencia propia de los procesos concursales, ya que en el marco de una controversia individual de trabajo es, si no imposible, ciertamente difícil, la valoración de la conducción del conjunto que la norma requiere como presupuesto de operatividad de la extensión de la responsabilidad a sus componentes.
Recurso de apelación (procesal), resoluciones irrecurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Saurit Enrique Leopoldo y Bahler de Saurit Sylvia c/ Alvarez de Prokopij Faustina y otros s/ Ejecución de Honorarios-Pieza separada en autos: Prokopij Y. y/o  Yaroslav-Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-04-27

Resulta improcedente para el deudor el recurso contra la resolución Bque despacha la ejecución, ya que podrá oponer las excepciones del caso o plantear el incidente de nulidad respectivo.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Honorarios, honorarios del administrador judicial, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: CABEZAS, María Eugenia c/ CABEZAS, Luis M. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-04

Si bien, en principio, para fijar el honorario del administrador judicial cabe ponderar el monto de las utilidades realizadas durante el desempeño de las funciones encomendadas, esta directiva no es única, porque en ausencia de tales ingresos netos, o desproporcionados en relación a los ingresos brutos, no puede desdeñarse la importancia de los trabajos cumplidos y de los intereses afectados, por la gestión administrativa, es decir, la incidencia de esta última en la suerte del patrimonio administrado, y el beneficio pecuniario estimativo, aunque no traducido en una entidad contable propiamente dicha. Pues tales trabajos son acordes con el cometido específico de la administración judicial, la cual consiste en procurar el normal rendimiento y conservación de los intereses sometidos a su gestión, pero que no siempre equivale a la producción de utilidades y recursos, sino que puede reflejarse en vigilar y encauzar el normal desenvolvimiento de los bienes confiados al administrador, a quien compete, entonces, y conforme a las circunstancias patrimoniales existentes salvaguardar y rescatar en lo razonablemente posible el patrimonio regenteado.
Bancos, cheque
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tabuenca, Darío Edgardo c/ Banco Francés S.A. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-11-16

Si bien el cambio de sistema de cheque amplía considerablemente el amparo judicial y la ley no es muy clara acerca de la imprescindibilidad o no del dictado previo de una resolución, sí lo es acerca de la necesidad inexcusable de que el banco girado notifique al librador del cheque que se ha hecho pasible de una multa por cuanto éste cuenta con quince días de plazo para ejercer sus derechos (Cftr. al respecto en sentido análogo Giraldi en "Sanciones y recursos en la reforma del régimen del cheque ley 24.760" en ED, T 173, pág 1138 y Villegas en "Régimen de la factura de crédito Reforma a la ley de cheques 24.760", pág 311, Ed. Rubinzal 1997). En el sub-júdice, no se encuentra cumplimentado tan esencial recaudo en tanto la demandada no acreditó haber notificado la sanción que impusiere al actor porque frente a la expresa negativa de éste en haber recepcionado la comunicación que dá cuenta la fotocopiada pieza y el acuse de recibo, ambos obrantes en el legajo nro. 2 de la documentación adjunta, era carga procesal a élla inherente demostrar tan superlativo recaudo en el pleito -y no lo hizo- correspondiendo que asuma las adversas consecuencias que de tal omisión derivan.
Aplicación errónea de la ley, tiempo de detención, inexistencia de cuestión federal suficiente
Materia: PENAL
Carátula: D. D., N. c/  s/ violación y coacción
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

Cabe rechazar el cuestionamiento de la defensa respecto de la decisión del tribunal de la instancia anterior que decidió denegar la solicitud de computar el tiempo de detención con fines de extradición practicada por el país requerido junto con el de la detención transcurrido desde que la imputada ingresó al país, en tanto no se advierte una interpretación errónea de las normas legales aplicables al caso. Al respecto, la invocación de la regla convencional contenida en el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resulta del todo inadecuada y hace inadmisible el intento de articular una cuestión federal, en la medida en que el recurrente no ha logrado demostrar la relación directa e inmediata que exige la norma. Es decir, no basta con la invocación de una regla constitucional o convencional para plantear adecuadamente una cuestión federal, sino que hay que demostrar cuál es en el caso la relación directa e inmediata que posee la regla invocada para la resolución del caso.
Retiro policial, incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Muñoz, Jorge c/ Estado    Nacional   (Ministerio  del  Interior  -  Policía  Federal) s/ Cobro Beneficio Jubilatorio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-10

No parece injusta la decisión que rechazó la demanda instaurada con el fin de obtener la modificación del retiro policial y el reconocimiento de los beneficios previsionales de la ley 20.774 si el recurrente sólo pidió dichos beneficios tras saber, o poder suponer fundadamente, que no sería ascendido en el servicio activo pese a que su dolencia sería de fecha muy anterior.
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Ramón c/ Taller Arte Fina de Héctor Difilipo s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-10-25

En cuanto a la fecha de ingreso y categoría que revistaba el actor, debe primar el principio de primacía de la realidad, según el cual se debe investigar la verdad material por encima de la formal, a cuyo fin el material probatorio que debe ser cuidadosamente analizado de conformidad con las reglas de la sana crítica. Sobre este tópico se recurre al dictamen de un experto para que éste establezca una realidad acerca de un conocimiento científico, técnico o artístico que posee, inherente a un punto en litigio. De consiguiente, siendo cierto que la fecha de ingreso de un trabajador puede surgir de un libro o registración contable, no lo es menos que en definitiva refiere a un hecho para cuyo conocimiento no se requiere de un científico, técnico o experto, en manera alguna.

Ninguna de las reglas de la sana crítica aconsejan dar preeminencia al dato que surja de haber compulsado documentación laboral, por sobre los dichos de testigos que presenciaron el hecho del ingreso.
Coprocesado, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Blanco y otro s/ Homicidio Calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-11

La desvalorización de la imputación del coprocesado cuando con ello se exculpa, tiene por fundamento una vehemente sospecha de mendacidad, que nace de una natural intención de defenderse. Pero cuando antes o paralelamente a referirse a la conducta del otro, se sientan las bases para el propio reproche penal, se desvanece tal sospecha hasta desaparecer.
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, encargados de casas de renta
Materia: LABORAL
Carátula: Techeira Alfonso Daniel c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Arévalo 1930 y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-08

En el caso, mientras el actor realizaba sus labores como encargado, tres hombres ingresaron ilegalmente al edificio y le propiciaron una puñalada en la zona abdominal. Como consecuencia de los daños sufridos demanda a su empleador con fundamento en la ley 24.557. Valorados los elementos de juicio aportados cabe concluir que el actor no ha logrado acreditar que la herida de arma blanca que sufrió a raíz del suceso delictual guarde relación de causalidad adecuada con un factor subjetivo u objetivo de imputabilidad atribuible al empleador, imprescindible para sustentar la pretensión resarcitoria. Se trata de un acto delictivo perpetrado por terceros que asaltaron y agredieron al actor y que, para causar daño, utilizaron una cosa (arma) que no estaba bajo la guarda de la empleadora. De modo que no se observa que la empleadora hubiera incurrido en omisiones que deriven en el incumplimiento al deber de seguridad, en virtud del cual todo empleador está llamado a preservar la integridad psicofísica de sus dependientes (art. 75 L.C.T.). Tampoco que hubieran mediado acciones u omisiones culposas, en los términos de los arts. 1109 y 1074 del Código Civil, que conlleven la responsabilidad civil de la empleadora por un hecho delictivo, cometido por un tercero por quien no debe responder.
Regulación de honorarios, escala arancelaria, facultades del juez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INGENIERO AUGUSTO SPINAZZOLA s/ HONORARIOS- PORCENTAJE-
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-27

El apartarse, en forma fundada, de la escala del art. 7 de la ley 21.839 no significa que el juez se erija en legislador modificando una escala que no viene impuesta coactivamente en esos límites. El juzgador verifica la razonabilidad de dicha escala en relación al caso particular, sin que ello signifique descalificar el propósito de la norma en cuestión.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Carlos Alberto y otro c/ Gobierno de la Pcia. de San Luis s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que desestimó la nulidad del decreto que dio de baja a los actores considerando que las razones de servicio alegadas por la Administración eran causa suficiente para la validez de la medida adoptada, pues para determinar la real existencia de tales razones era necesario un previo análisis de la conducta de la administración que sólo cuatro días antes de disponer las bajas, había modificado la planta de personal permanente en las áreas en que se desempe$aban los agentes, con el fin de reencasillarlo de conformidad con sus pedidos y las normas locales vigentes.
Accidentes de trabajo, derecho de opción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANDINO OSCAR ENRIQUE c/ GREFAR S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

La demanda en sede laboral y con el sostén de la Ley 9688, a determinada sociedad como contratista principal y responsable directa del personal de la otra firma citada al juicio afectado a las tareas de mantenimiento de su planta industrial, implica involucrarla en el régimen de la aludida ley. Con ello, el actor concretó oportunamente la opción prevista por el art. 17 de dicha normativa, que concluyó con la condena de aquella contratista, elección que importó la renuncia a intentar la acción ahora promovida por ante este fuero civil, según prevé la misma disposición.
Delitos, robo calificado, robo con armas, prueba, arma de juguete, proceso penal, imputado
Materia: PENAL
Carátula: R., M. A. s/ Robo calificado por uso de armas - Procesamiento (Expte. Nro. 165-01,  Resolución Nro. 61, Tomo 57, Folio 122/123)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-04-11

La prueba no ha afirmado convenientemente que el hecho se haya consumado mediante el empleo de un arma. En lo declarado ante la preventora testimonialmente, se menciona la existencia de un arma de fuego, esgrimida en el hecho. Dicha arma no fue hallada -lo que por sí mismo no impide la prueba sobre su existencia-. La admisión del imputado en sede prevencional sostiene que se trataba de un arma de juguete que portaba y exhibió. La ausencia de antecedentes delictuales en ambos imputados y las características del hecho en torno a cierto grado de liviandad en su producción, permite arribar a una prudencial conclusión con base a lo actuado hasta el momento (en la medida en que un arma de juguete es un juguete, no un arma, y no se advierte que haya o pueda haber adquirido en el caso las características de arma en sentido impropio) de que debe calificarse como robo del art. 164 del C.P.....".
Contrato de servicios, estados contables, omisión de estados contables, valor probatorio
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Reviello Mestre, Matías Ezequiel c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-31

Cabe condenar a la demandada por el saldo pendiente de las facturas emitidas, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios (provisión de dispensers y botellones) suscripto por las partes. Es que ante la ausencia de asiento de la operación por parte de la demandada, al no ser contradictorios los registros, no corresponde prescindir de la prueba pericial contable. Por el contrario, se configura en el caso, el supuesto previsto en el CCCN 330 párrafo 3 (que recepta el anterior CCOM 63, párrafo 3ro) que establece que la contabilidad prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otros sujeto que tiene contabilidad, éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. El artículo citado establece normas de carácter general acerca del valor probatorio de los libros de comercio, y ante la variedad de situaciones que se puedan presentar, el juez debe formar su convicción basándose en las reglas de la sana crítica (CPR 377). No cabe, entonces, descalificar los libros de la accionante si no ha habido impugnación alguna referida a adulteración o preconstitución de prueba a fin de reclamar el crédito en cuestión. Voto del Dr. Heredia:.

Corresponde hacer lugar a la demanda. Es que de acuerdo al CCCN 330, párrafos tercero y cuarto), ante la falta de asiento contrario en la contabilidad de un litigante (en el caso, el banco demandado), el asiento presentado por el otro (la actora) hace prueba a su favor. En otras palabras, la controversia se resuelve en contra de quien no hizo anotación alguna. Y ello es así, pues el hecho de que una determinada operación no aparezca registrada no implica que exista un asiento a favor de quien no registró, ya que en realidad se trata de una "ausencia de asiento" que nunca puede identificarse con un asiento "contrario"; en este sentido, la "falta de asiento" no es precisamente un "asiento". Voto del Dr. Vassallo:.

Cabe hacer lugar a la demanda, por cuanto la demandada se encontraba obligada a acreditar la devolución de los dispenser reclamados. Es que el peritaje contable muestra que los libros presentados por el Banco no registran la operación invocada por su contraria, lo cual descarta la existencia de "asientos contrarios" para, como lo señala el colega que se pronuncia en segundo término, encontrarnos frente al supuesto de "falta de asiento". Esta situación, como también se destaca, podría derivar de una actuación negligente del Banco al tiempo de llevar su contabilidad lo cual habilitaría la aplicación de la regla legal. Pero también podría deberse a la inexistencia del negocio que es aquí invocado como causa del crédito reclamado. Sin embargo, como bien han dicho mis colegas, existen diversos elementos que prueban la realidad de la operación comercial, cuya extensión temporal difiere además largamente de la invocada por el Banco.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Superior Tribunal de Justicia, competencia, recursos administrativos, recurso de apelación (procesal), cámara de apelación en lo civil y comercial, competencia contencioso administrativa, leyes, ley posterior, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES CIVILES DEL ESTADO, resoluciones
Materia: ADMINISTRATIVO - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PARA, MARIA ASUNCION GALUPPO DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.     EXCEPCION DE INCOMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-22

Es competente esta Corte para resolver un recurso interpuesto contra la resolución de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, si el acto impugnado fue dictado y recurrido durante la vigencia de la ley 9816, agotándose la vía administrativa mediante decreto del Poder Ejecutivo, exigencia establecida por dicho ordenamiento legal para habilitar el acceso a esta jurisdicción y eliminada por la ley 10472 de Emergencia Económica y Reforma del Estado que establece la actual competencia de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial. La nueva ley no le atribuye competencia a la justicia ordinaria para entender de las impugnaciones contra los actos dictados por el Gobierno de la Provincia, sino sólo -y en grado de apelación- respecto de las decisiones de la Caja, con lo que podría demorarse el acceso a la jurisdicción ante un eventual conflicto de competencia.
Concubinato, prueba del concubinato
Materia: PROCESAL
Carátula: Nally, Carlos Alberto c/ ANSeS s/ pensiones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-18

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó la demanda por considerar que la unión de hecho invocada no había sido debidamente demostrada pues el recurrente no advirtió que tanto los elementos de juicio obrantes en el expediente administrativo como los producidos en la información sumaria son de índole testifical, por lo que sólo podrían tener alguna eficacia si se encontraran respaldados por constancias documentales, según lo dispuesto por el art. 1° del decreto 166/89, aspecto que, al no haber sido cumplido en la causa, sella la suerte adversa de su pretensión.
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Goldman, Simón Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (Multas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-28

Debe entenderse agotada correctamente la instancia administrativa si el actor ha sustanciado recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio motivado en la circunstancia de que el acto que decidió la multa, provenía de un funcionario de menor jerarquía. (Minoría u opinión personal)
Caducidad de instancia, impulso de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Caja de Prevision Social para Martilleros y Corredores Publicos de la Pcia. de Buenos Aires c/ Piergiacomi, Roberto s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-11

El incumplimiento de determinadas actividades que de oficio debe desarrollar el órgano jurisdiccional, no puede ser imputado a la parte, ya que la facultad que ésta tiene de instar la realización, no puede imponérsele como carga; y que el deber de los litigantes de instar el procedimiento, aunque en principio se extienda en todo su curso, desaparece cuando existe un deber del Tribunal o de sus auxiliares, porque la obligación del litigante termina donde empieza la del juez. (Cód. Proc., art. 313, inc. 3°)
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, días inhábiles, funcionarios judiciales, medidas de fuerza, huelga
Materia: COMERCIAL
Carátula: BONOESTE SA s/ QUIEBRA  S/  INC.  DE  REVISION  POR  BANCO  CENTRAL  DE LA REPUBLICA  ARGENTINA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-28

A los efectos de declarar la caducidad de la instancia, no cabe sostener que deban descontarse días de conflicto laboral: el cpr 311, 1. Párr., Solo autoriza a hacerlo con las "ferias judiciales" y no respecto de los demás días declarados inhábiles por haber ocurrido huelgas.