Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL (MAR DEL PLATA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-09-16


REGISTRO Nro. 238-S FOLIO Nro. 1082/6 Expediente N° 156.627 Juzgado N° 3 En la ciudad de Mar del Plata, a los 16 días del mes de Septiembre de 2014, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "PEDICONI ENRIQUE HUMBERTO S/ QUIEBRA PEQUEÑA", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Pedro D. Valle y Ricardo D. Monterisi.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 916/919? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Valle dijo:

I. A fs. 916/919 se dictó sentencia rechazando "in límine" el pedido de aplicación del régimen establecido por la ley 14.432, que fuera incoado por el fallido a fs. 918/919 y le impuso las costas.

Para así decidir, el a quo sostuvo en primer término que la admisión del planteo importaría la violación directa de la manda contenida en el art. 3 del Código Civil, en cuanto establecen que las leyes valen a partir de su entrada en vigencia no resultando aplicable respecto de hechos consumados con anterioridad a dicha oportunidad.

Consideró que precisamente la etapa del trámite sub examine se encasilla en consecuencias de un suceso pasado que consiste en la oportuna determinación de la ejecutabilidada del único bien componente del activo falencial, pues la apertura del proceso de quiebra del Sr. Enrique Humberto Pediconi se ha producido en fecha 30 de agosto del año 2012 (v. fs. 718/721), es decir en forma previa a la entrada en vigencia de la ley 14.432.

Entendió que ha sido el propio deudor quien inicialmente ha elegido el trámite universal de liquidación del bien inmueble en cuestión, por lo que resulta un contrasentido pretender ahora excluirlo de la masa liquidable, dándose de bruces con la doctrina de los actos propios (arts. 77 inc. 3, 88, 106 y ccdtes. de la LCyQ).

Como otro argumento para rechazar la pretensión, expuso que la circunstancia de que el régimen de inembargabilidad e inejecutabilidad previsto en la ley 14.432 resulta inoponible a acreedores concurrentes que han logrado su inclusión dentro del pasivo, dado que expresamente el art. 5 inc. "c" edicta que no puede ser oponible respecto de deudas originadas en impuestos, tasas, contribuciones que graven directamente la vivienda.

Destacó la respuesta de la sindicatura la que consideró acertada, en cuanto expuso que la normativa provincial citada no puede modificar los alcances de la ley nacional 24.522, toda vez que la jerarquía normativa hace que los gobiernos locales se encuentren obligados a sujetarse a las leyes de la Nación, no pudiendo extender o restringir el alcance de los poderes y derechos delegados.

Dijo que existe una imposibilidad de retrotraer los efectos de un proceso falencial de liquidación, generado a partir de deudas que al momento de su adquisición estaban garantizadas con el patrimonio existente.

Finalmente destacó la conducta procedimental desplegada por el Sr. Pediconi representado en todo momento por el Dr. Teper, extremo que a su criterio, demuestra la extemporaneidad del planteo, amén de un evidente intento de abuso del proceso en perjuicio de los acreedores, mencionando que si se admitiera el planteo, posiblemente nos encontraríamos ante el supuesto reglado por el artículo 233 de la ley falencial, con la consiguiente presunción de fraude que impone la norma, panorama éste que obligaría a comunicar lo acontecido en autos a la justicia en lo penal para la instrucción del sumario pertinente.

II. El pronunciamiento fue apelado por el fallido a fs. 922/923, con fundamentos obrantes a fs. 925/938, que obtuvo respuesta a fs. 942/945.

Expone como primer agravio un error en la interpretación del Código Civil, en lo que a la aplicación y vigencia de las leyes corresponde en el tiempo.

Sostiene que la ley 14.432 no discute la validez de un derecho, ni venda que el acreedor cobre lo que se crea con derecho, simplemente protege el derecho de acceso a la vivienda poniéndolo por sobre un derecho creditorio en relación a un bien específico, pero no limita ni restringe ningún derecho.

Considera que no existe agravio para la masa de acreedores, quienes deberán satisfacer sus créditos con otros bienes.

En el segundo agravio explica que lo que se debe tener presente es que esta ley torna plenamente operativo el derecho constitucional de la protección de la vivienda, que es de orden público, por ende sus normas son aplicables directamente y toda disposición en su contra debe ser dejada sin efecto en cualquier momento, atento que no pueden ser convalidadas.

Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura.

Como tercer agravio propone que el sentenciante limita la cuestión falencial a la liquidación del único inmueble que constituye la vivienda única y de ocupación permanente, indicando que el propio deudor solicito la liquidación del mismo y que ello constituye un error, toda vez que ante la ausencia de mecanismos o institutos específicos, la salida falencial se ha tornado la única legislación expresa, a nivel nacional para mantener el status quo y evitar la subasta del inmueble, no pudiendo endilgarse como un abuso de derecho la pretensión del deudor de defender su patrimonio. Cita doctrina y jurisprudencia en el mismo sentido.

Manifiesta que debe primar una interpretación y aplicación equitativa de la ley, propugnando un equilibrio, buscando la posibilidad superadora del estado falencial para el deudor que sea el más beneficioso y que a su vez redunde en una mayor satisfacción de los acreedores. Nuevamente cita jurisprudencia en apoyo de su postura.

III. Consideración de los agravios Sin perjuicio del resultado que tendría el tratamiento de los argumentos propuestos en el sub lite en sentencia y expresión de agravios, adelanto mi decisión al decir que a mi entender, la ley provincial 14.432 debe ser declarada inconstitucional.

III.1) En la sentencia dictada por la Corte Federal en "Mill de Pereyra Rita Aurora y otros c. Provincia de Corrientes" (Fallos:324:3219, en La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 30-11-2001), se resolvió la procedencia constitucional de la declaración de inconstitucionalidad sin petición de parte.

En el voto de los Dres. Fayt y Belluscio se establecieron los requisitos de procedencia (considerandos 9 y 10), que, estimo se encuentran reunidos en autos:

a) que no exista ningún otro medio para la solución adecuada del conflicto;

b) que no se trate de una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, sino en un caso o conflicto contencioso;

c) que produzca efecto en la causa específica y nada mas, pues esa declaración no tiene efecto derogatorio de la normativa en cuestión.

Misma doctrina fue reiterada por la Corte, con otra integración, en "Banco Comercial de Finanzas" (Fallos: 327:3117).

Luego añadió un recaudo más a la admisión del control constitucional de oficio: el aseguramiento enfático del principio de congruencia, ligado de modo manifiesto al derecho de defensa y al derecho de propiedad. En los casos "Gómez Carlos Alberto c. Argercard" (Fallos:329:5903), y "Strangio Domingo" (Fallos S.1781.XLI del 12-5-2009), la mayoría del Tribunal (integrada por Lorenzetti, Fayt, Highton de Nolasco, Zaffaroni y Maqueda), sostuvo que ese principio es vulnerado por un Tribunal de Alzada si el juez de grado no se expidió acerca de la validez de las normas oficiosamente declaradas inconstitucionales -caso Strangio-, o se obtiene un resultado económico superior al pretendido por la parte que se benefició con la declaración de inconstitucionalidad de oficio -caso Gómez- (ver el análisis de las distintas posturas en la Corte, en Bianchi Alberto B., "¿Quién ha dicho que el control de oficio esta muerto?, en JA-2007-IV-1266; Vitantonio Marina, "La cuestión de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes" en La Ley del 19-6-2009, comentario a "Strangio").

Ninguna de esas violaciones se presentan en el caso, por cuanto el Sr. Juez de primera instancia se pronunció sobre el régimen legal que consideraba aplicable y tampoco se supera el resultado económico pretendido.

El control de constitucionalidad de oficio ha sido reafirmado por el Tribunal en la causa "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis c. Ejército Argentino s. Daños y perjuicios" (sentencia del 27/11/12, R.401.XLIII).

Idéntica postura advierto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, desde "Correa Oscar c. Carboclor Industrias Químicas" (causa N*64.712 del 19-2-2002), dictada luego de que la Corte Nacional modificara su postura tradicional en "Mill de Pereyra", en que los Sres. Jueces Hitters, De Lázzari, Pettigiani, Negri, y Ghione, por mayoría, se pronunciaron a favor de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, posición que fue reiterada luego en la causa n°81.577, "Guzmán Carlos Alfredo c. Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s. Indemnización por Ha sido ratificada en un reciente pronunciamiento en causa L. 97.573, "Pini Ana María c. Club Atlético Once Unidos s. Diferencias salariales", sent. del 23-11-201 accidente de trabajo", sent. del 8-6-2005.

III.2) Al efectuar el control de oficio y explicar los motivos que sustentan mi posición, me remito a lo expuesto recientemente en causa "ERBETTA ALBERTO OSCARC/ TORO MARCELO CARLOS y otro/a S/EJECUCION HIPOTECARIA" RSD 62-S F° 251/4, del 27/02/2014, donde hice referencia a lo resuelto en otro caso en esta Sala, en el sentido de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley 14.432 (esta Sala, 154.558 del 31/10/2013, "BANCO FRANCES S.A. c. ULLUA, María Celia s. EJECUCION").

Las ideas que sustentaron aquella decisión y que comparto, remitieron a la causa "Rabaza Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfil Mar Ltda. Y Otros s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres" (c. 142.750, del 24/09/2013).

Allí se dijo que no es posible desconocer la índole de los derechos en juego. Por un lado, el del acreedor de hacer efectiva la garantía que supone el patrimonio de su deudor y, por el otro, el de este último, a preservar su vivienda única, asiento del núcleo familiar.

Sin embargo, la Corte Federal resolvió dicha tensión en el caso "Banco de Suquía S.A. c. Tomassini, Juan Carlos (causa B. 737.XXXVI, Fallos: 325:428 del 19 de marzo de 2002), al declarar la inconstitucionalidad del art. 58 in fine de la Constitución de la Provincia de Córdoba y de su ley reglamentaria 8067 que abordan la temática de una manera similar que la ley 14.432.

La norma constitucional de esa provincia, incorporada en la reforma del año 1987, dice textualmente: "Todos los habitantes de la provincia tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tienen un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable, en las condiciones que fija la ley." Por su parte, la ley 8067, de agosto de 1991, dispone en su artículo 1ero: "Considérase automáticamente inscripta de pleno derecho como bien de familia a partir de la vigencia de esta Ley, a los fines previstos en el artículo 58 de la Constitución Provincial, la vivienda única que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Nacional N° 14.394 y en la Ley Provincial N° 6074".

Sin desconocer que las decisiones de la Corte Suprema se circunscriben a los casos en concreto que se someten a su conocimiento, no es posible desatender sus doctrinas, ya por su carácter atrapante en los tópicos federales en tanto último y más genuino intérprete de la Lex Máxima, ya por la vinculación moral para los demás judicantes en las cuestiones no federales (SCBA, L 99257 S 11-4-2012).

Es que el fallo de la Corte citado, tiene como fundamento esencial que comparto, que estas normas invadieron las facultades expresamente delegadas al Congreso Nacional por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, pues no se trata de una norma de la seguridad social, sino de fondo o de derecho común y que la cuestión se encuentra regulada por la ley nacional 14.394 de bien de familia (art. 34 y sgtes).

Y también, que pese a ser compartibles los fundamentos y la intención de la ley cuestionada (ver fundamentos notas de elevación de la ley 14.432), teniendo en miras la necesidad de establecer nuevos y más eficaces mecanismos de protección de la vivienda familiar, concluyo que tal tarea corresponde al legislador nacional. Concuerdo con la solución adoptada por la Corte Federal -y por esta Sala en las causas mencionadas ut supra- en cuanto a que es principio constitutivo del derecho que el patrimonio es prenda de los acreedores y que la cuestión está regulada en el derecho común (arts. 505 inc. 3º, 546, 955, 961, 1196, 2321, 3474, 3875 a 3938 del Cód. Civil, arts. 1, 107y 108 de la ley 24.522, entre otros, Cám. Apel. Civ. Com. Mar del Plata, c.154.558, 31/10/2013, "BANCO FRANCES S.A. c. ULLUA, María Celia s. EJECUCION" y "Rabaza Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfil Mar Ltda. Y Otros s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres", c. 142.750, 24/09/2013).

Sostuvo el Máximo Tribunal Nacional que, "Determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor - y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de legislación común, y, como tal, prerrogativa única el Congreso Nacional, lo cual impone concluir que no corresponde que las provincias incursionen en ese ámbito. Ese poder ha sido delegado por ellas a la Nación al sancionarse la Constitución y esta distribución de competencias no podría alterarse sin reformar la Ley Fundamental.", doctrina que posteriormente fue ratificada en la causas "Banco de la Nación Argentina c. Martín Miguel (causa nro B 3949 XXXVIII del 27/05/04) y "Romero, Carlos c. Andrés F. Lema (causa R.756.XLIII del 23/06/2009).

En esta inteligencia, si no existe una ley nacional que disponga la inembargabilidad e inejecutabilidad de todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente de manera automática como la hace la ley provincial 14.432, ésta deviene inconstitucional por tratarse de una materia delegada en los términos del art. 75 inc. 12 de la ley fundamental (Cám. Apel. Civ. Com. Mar del Plata, Sala II, "Rabaza Luis Francisco c/ Cooperativa de Trabajo Alfil Mar Ltda. Y Otros s/ Cobro Ejecutivo de Alquileres" (c. 142.750, del 24/09/2013).

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432.

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisis votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Valle dijo:

De acuerdo al modo en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso de fs. 922/923 y confirmar la resolución apelada de fs. 916/919, declarando al caso la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432. Las costas deben imponerse en el orden causado, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión novedosa de derecho (art.68 2do. Párrafo del CPC).

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso de fs. 922/923 y confirmar la resolución apelada de fs. 916/919, declarando al caso la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.432. II) Imponer las costas en el orden causado, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión novedosa de derecho (art.68 2do. párrafo del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51 dec-ley 8904). REGISTRESE y NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). DEVUÉLVASE.

PEDRO D. VALLE - RICARDO D. MONTERISI Alexis A. Ferrairone Secretario