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Causalidad adecuada, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: N., A. C. c/ T. F. P. S.R.L. y P. A. de R. del T. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-05-30

A diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, la de la causalidad adecuada considera que no todas las condiciones concurrentes pueden ser equiparadas, debiendo distinguirse entre la "causa" y la "mera condición". La idea-fuerza de esta posición es que no basta que un hecho haya sido, en el caso concreto, condición sine qua non del daño, sino que se requiere además que, en virtud de un juicio de probabilidad, resulte la causa adecuada de ese daño.

La causa es, entonces, una condición; pero no cualquier condición, sino una de la que puede predicarse una probabilidad calificada de haber desencadenado el resultado. Causa y condición tienen entonces una relación de género a especie. La condición es el género, la causa una especie de ella, muy particular y calificada y con alta eficacia para desencadenar el resultado.
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, prisión preventiva, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica
Materia: PROCESAL - PENAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Bramajo, Hernán Javier s/ incidente de excarcelación - causa n° 44.891.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Si bien la ley 24.390 fija plazos para la procedencia de la libertad caucionada, de ello no se deriva que vulnere lo establecido por el art. 7°, inc. 5°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que la comisión no prohíbe que cada Estado Parte establezca plazos de duración de la detención sin juzgamiento, lo que no admite es la aplicación de aquellos en forma automática sin valorar otras circunstancias.
Declaración de inconstitucionalidad, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Z.V., F.G. s/ Inconstitucionalidad - Nulidad - Sanción disciplinaria. Inst. 43.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-24

La declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico, conforme doctrina de la Corte Federal.
Delito penal, lesiones agravadas, amenazas, violencia de género, facultades jurisdiccionales, competencia penal, competencia criminal y correccional
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de competencia en autos Balentini, Juan Leonardo c/  s/ s/ Lesiones agravadas s/ Conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

Corresponde radicar la causa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional si de las conductas descriptas por los magistrados surge que los hechos investigados serían prima facie encuadrables en los tipos de lesiones agravadas y amenazas y la causa ya se encontraba pendiente de resolución en la Justicia Nacional con anterioridad a la transferencia dispuesta por la ley n° 26702 -lo que determina que siga entendiendo la Justicia Nacional conforme la Cláusula Transitoria del Anexo a dicha ley-. Por lo demás, las lesiones agravadas resultan más severamente penadas que las amenazas, sean estas últimas simples o coactivas. (Del voto del juez Luis Francisco)
Estupefacientes, nulidad procesal, nulidad de sentencia, saneamiento del vicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: NACUCCHIO, OLGA B. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO Causa 656
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-28

La omisión del tribunal "a quo" de disponer sobre los elementos secuestrados, no constituye un elemento esencial de la parte dispositiva de la sentencia ya que esta omisión podría ser subsanada con posterioridad mediante el dictado de un auto al respecto, conforme a las normas del Título III, Capítulo III, del Código de Procedimientos Penal de la Nación que regulan el secuestro.
Recurso de inconstitucionalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia, límites del pronunciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ROSSIA, SILVIA ALEJANDRA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-10-06

El pedido formulado por la actora para que este Órgano se pronuncie sobre el fondo de la cuestión encuentra un obstáculo legal que surge del artículo 12 de ley que regula el remedio extraordinario local, el cual -a diferencia del artículo 16 de la ley 48- no autoriza a la Corte a emitir el pronunciamiento que dirima la litis, dado que no es misión de este Alto Tribunal sustituir a los jueces de la causa en el ejercicio de su función jurisdiccional, sino sólo controlar la adecuación de los pronunciamientos al ordenamiento jurídico fundamental, afirmación que no se ve conmovida por los argumentos de la presentante en orden a sostener la existencia de un supuesto de gravedad institucional por la demora en obtener un pronunciamiento definitivo, en tanto sus alegaciones resultan insuficientes en orden a demostrar que la cuestión debatida exceda el interés de las partes y afecte de manera directa a la comunidad en sus valores "más sustanciales y profundos".

Lo dicho no significa desconocer el largo tiempo trascurrido desde el inicio del reclamo de la actora, lo que autoriza a esta Corte a recomendar a los magistrados encargados de conocer en el expediente que adopten los recaudos necesarios para el cumplimiento de la función de administrar justicia que les ha sido encomendada, en un lapso breve, de modo tal que no se frustren los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, sin perjuicio de los remedios que en las instancias ordinarias pudieran llegarse a utilizar en orden lograr una satisfacción anticipada de la pretensión.
Despido discriminatorio, tutela sindical, carga de la prueba, indemnización adicional
Materia: LABORAL
Carátula: Orellana, Oscar Alfredo c/ Industrias Lear de Argentina SRL s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-01

En el caso, existen indicios graves, precisos y concordantes de que el despido dispuesto se relaciona con la actividad gremial ejercida por el accionante y la decisión extintiva, y, por otro lado, el empleador no probó la alegada "reducción y pérdida de negocios". Sobre la base de lo normado por los arts. 522 del Cód. Civil de Vélez Sarsfield y el art. 1738 del Cod. Civil y Comercial de la Nación, y el art. 1 de la ley 23.592 corresponde reconocer en favor de la víctima del acto discriminatorio el derecho a una indemnización extra-tarifaria adicional. Y asimismo confirmar el fallo de la anterior instancia. (Se agravia la parte demandada por cuanto la sentenciante a quo concluyó que el despido incausado por la empleadora, respondió a que el actor desarrollaba actividad sindical).
Recurso de casación, procedencia del recurso, sentencia, fundamentación de sentencias, falta de fundamentación, nulidad de sentencia, remisión del expediente
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: LUJAN DE CASTELLANOS, MARIA c/ MONOSSA, AMERICO s/ Reconstrucción de los autos Nº 234/89 "Lujan de C. c/ Monossa A. s/ Resolución de Contrato" acumulado autos Expte. Nº 1096/90: "Urritigoity, Arturo c/ Luj n de C. s/ Escrituración y Daños y Perjuicios" s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-17

En el caso la cuestión se origina en una demanda de resolución de contrato de compraventa inmobiliaria por falta de pago del saldo del precio, al contestar la demanda el ahora recurrente, articula excepción de falta de legitimación pasiva para obrar, alegando no ser él el verdadero comprador del inmueble en cuestión, ya que la compra se efectuó en comisión, conociendo esta circunstancia la actora.

Esta situación, a su vez, generó la demanda por escrituración más daños y perjuicios que el verdadero responsable de la operación dedujo en contra de la actora.

Decidida en primera instancia la acumulación material de las causas, las que se sustanciaron en forma conjunta, se arribó a una sentencia única que resolvió la totalidad de las cuestiones planteadas, acogiendo la excepción de falta de legitimación, rechazando la acción de resolución de contrato y receptando la acción de escrituración.

Apelada la sentencia, la Cámara la revoca rechazando la excepción planteada y ordena la continuación del trámite de resolución de contrato. Esta es la decisión que el recurrente- excepcionante- impugna en casación, alegando sustancialmente arbitrariedad de sentencia.

Para así resolver la Alzada no esboza otro fundamento que la falta de acreditación del mandato habido entre las partes -comprador y comitente-.

Dicho proceder origina la nulidad de la sentencia, ya que habiéndose sustanciado íntegramente ambos procesos, la sentencia debió decidir al mismo tiempo y luego de un examen conjunto, todas las cuestiones propuestas y resueltas en primera instancia, no pudiéndose fraccionar la contienda de la causa expidiéndose por separado y en tiempo diferentes sentencias independientes.

Así, el fallo de grado al no esgrimir razón alguna que justifique la falta de tratamiento de la cuestión relacionada con la acción de escrituración y que la sentencia apelada resolviera favorablemente, altera, sin duda, la estructura esencial del procedimiento.

En consecuencia, corresponde casar la sentencia impugnada y declarar su nulidad al carecer de una debida fundamentación que no da lugar a subsanación, en tanto el vicio afecta el derecho al debido proceso legal, y ordenar el reenvío de los presentes autos a la Alzada a efectos de que se pronuncie respecto del agravio referido. Del voto del Dr. Cáceres- Según su Fundamento-Por la Mayoría
Acción de amparo, carácter excepcional, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ACCION DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 325 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

El Máximo Tribunal Nacional ha sostenido que la acción de amparo resulta inadmisible cuando el vicio que comprometería garantías constituciones no resulta con evidencia, de manera que la dilucidación del conflicto exige una mayor amplitud de debate y prueba.

Ello así pues los jueces deben extremar la prudencia para no resolver materias de complejidad fáctica y técnica por la vía expedita del amparo a fin de no privar a los justiciables del debido proceso mediante pronunciamientos dogmáticos.

Si bien el proceso de amparo no es excluyente de cuestiones que necesitan demostración, si descarta aquellas cuya complejidad o difícil comprobación requiere un aporte mayor de elementos de juicio de los que pueden producirse en el procedimiento previsto por la ley 16.986
Leyes, aplicación de la ley, ley penal más benigna
Materia: PENAL
Carátula: B, S A s/ LESIONES CULPOSAS      EXPTE NRO 59-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-10-21

A la fecha del hecho se hallaba vigente la ley 23077 que establecía como sanción para las lesiones culposas una multa que oscilaba entre setecientos cincuenta a treinta mil pesos argentinos lo que hoy representaría en la nueva denominación de A 0,75 a 30 A y por imperio de lo normado por el artículo 2 del Código Procesal, corresponde en el caso aplicar esa ley por ser más benigna.
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho laboral
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: BARTOLOTTA, JOSE ANTONIO c/ SADAIC -ROSARIO- s/ NULIDAD DE DESPIDO -   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  402-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-09-11

Deviene procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia de Alzada por ausencia de motivación suficiente, cuando el fundamento de ésta no es coherente e incurre en afirmaciones dogmáticas. En el sub judice, la sentencia de Alzada afirma que su decisión se debe limitar al rechazo de la "reconvención consignación", por cuanto el actor no había pretendido expresamente el cobro de las indemnizaciones por despido incausado, omitiendo brindar una razón de peso para arribar a esa conclusión.
Decreto reglamentario, publicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALANCAY MARIANO c/ ADMINISTRACION GENERAL DE JUEGOS Y SEGUROS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1995-12-20

Si bien los decretos gozan de iguales prerrogativas que las leyes, no resulta aplicable al caso el decreto de marras al no haberse efectivizado su publicación, razón por la cual no ha cumplimentado las etapas requeridas por ley a los fines de su obligatoriedad.
Obediencia debida, delitos cometidos durante actividades antisubversivas, Servicio Penitenciario Federal, médicos, responsabilidad médica, responsabilidad penal, régimen penitenciario
Materia: PENAL
Carátula: Marinoni, Horacio José y otros s/ abandono de persona seguido de grave daño en la salud.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Escapa a la previsión del art. 1° de la ley 23.521, el hecho atribuido a médicos del Servicio Penitenciario Federal consistente en no haber prestado atención psiquiátrica a una persona detenida por su presunta vinculación con actividades subversivas, omisión que habría sido la causa de su suicidio.
Despido, indemnización por despido, reincorporación, opción del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: PASTRANA, ROBERTO c/ MATERIALES TEXA  S.A.  ARGENTINA  C.I.F.I. s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-05

Aun cuando en la misma fecha el trabajador haya solicitado la reinstalación en su puesto con más los salarios caidos durante la tramitación judicial, el percibir las indemnizaciones que por despido prevé la ley de contrato de trabajo, debe interpretarse como la opción por la disolución del vínculo laboral que autoriza el artículo 52 de la ley 23551, por cuando aquella manifestación cede ante el accionar concreto de presentarse en la empresa y cobrar el importe correspondiente al distracto.
Accidentes de trabajo, enfermedad accidente
Materia: LABORAL
Carátula: DE LOS SANTOS, JUAN RAMON c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-27

La enfermedad- accidente , es una dolencia no profesional pero que la jurisprudencia ha asimilado al accidente como un supuesto mas del concepto amplio del art. 1 de la 9688, que comprende aquellas situaciones en que el obrero, por la incidencia del trabajo incumba una dolencia que perjudica su capacidad laborativa, que bien puede ser el producto de un desarrollo lento.
Prueba, apertura a prueba, hechos nuevos, segunda instancia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO c/ ALEJANDRO SPASITELEN s/ QUERELLA POR COBRO DE ALQUILERES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-05-17

No puede prosperar la pretensión de la querella en el sentido de abrir la causa a prueba en 2da. Instancia, tendiente a acreditar la ocurrencia de un hecho nuevo, consistente en la subasta judicial de la guía hidráulica prendada, en un juicio que por cobro de alquileres se le sigue a la S.R.L. de la cual forma parte el procesado. En modo alguno corresponde la pretendida apertura a prueba, toda vez que, en todo caso, trataríase de un hecho sobreviniente e independiente del que es objeto de proceso sobre el que ni siquiera medió acusación ni defensa.
Medida cautelar innovativa, medidas autosatisfactivas
Materia: PROCESAL
Carátula: E., D.O.A. c/ Municipalidad de Rawson s/ Medida Autosatisfactiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-21

Para despachar favorablemente una medida autosatisfactiva, se deberán dar al menos los siguientes extremos: a) fuerte probabilidad de la existencia del derecho sustancial, un "fumus boni iuris", más intenso que el exigido para las medidas cautelares, b) firme convencimiento de que el perjuicio invocado es irreparable e inminente y c) una urgencia "extrema".
Constitución Nacional, defensa en juicio, ley anterior, jueces naturales, principio de legalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: CITREX  S.A.I.C. s/ APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Es necesario que haya una ley que mande o prohiba una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido, y que se determinen también las penas a aplicar.
Pericia médica, valor probatorio
Materia: LABORAL
Carátula: GARNICA BERNARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ INDEMNIZACION POR ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-02-17

La valoración del peritaje médico, es relevante para acreditar los daños físicos y la consiguiente incapacidad, por tratarse de materia técnica, en donde el magistrado es un sujeto cognoscente de segundo grado y que de ordinario no posee los conocimientos científicos que le permitan llegar directamente al objeto primario. Consecuente con ello, la determinación del valor probatorio del peritaje debe efectuarse atendiendo primordialmente a éste mismo y verificando los juicios del experto mediante un análisis lógico y de sentido común.

Pero lo expresado no debe llevarse a extremos de exceso ritual manifiesto, ya que lo que importa no es tanto una precisa denominación científica y sí, más bien el aporte de circunstancias, detalles o encuadramientos que permitan comprender en sustancia la afección de que se trata y sus concretas repercusiones sobre la vida productiva e integral de la víctima.
Daño material, prueba, gastos de sepelio
Materia: CIVIL
Carátula: ALARCÓN MARÍA ELISABET c/ COOPERATIVA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y AFINES DE GUALEGUAYCHÚ LTDA. Y OTROS s/ ORDINARIO DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2016-04-22

El gasto de sepelio constituye un daño material que requiere acreditación, pues no se trata de gastos de urgencia donde la conservación de comprobantes es dificultosa, y si bien cabe presumirlos realizados, pudo afrontarlos un tercero, incluso haber sido parte de la cobertura social con la que contaba el trabajador fallecido. Además, cuando el art. 1745 CCyC regula la "Indemnización por fallecimiento", en su inc.a) contempla "los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima", pero a su vez establece que "el derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal", lo que da cuentas de la reposición de un gasto que necesariamente debe encontrarse documentado.
Daño moral, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lattuada, Juan Carlos c/ Giangiácomo, Carlos José y otros s/ Resolución de contrato - Daños y pejuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-18

El resarcimiento de daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo, para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezca de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega sufrido. En tal sentido se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica, que no puede ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del modo de los pleitos o de los negocios.-
Proceso contravencional, costas, costas al vencido, Ministerio Público, ley supletoria
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: L, A. G. y S, H. A. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-29

El principio general que rige en materia de costas es que las mismas deben ser soportadas por el vencido. Sin embargo, el artículo 532 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria en virtud del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional, establece que no podrán ser condenados en costas, ni los representantes del Ministerio Público, ni los abogados y mandatarios que intervengan en el proceso, con excepción de los casos en que especialmente se disponga lo contrario, y no obstante las sanciones disciplinarias o penales que pudieran corresponder. (Del voto de la Dra. Robledo con adhesión del Dr. Ventureira)
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, solidaridad previsional
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Díaz, Enrique Raynerio c/ ANSeS. s/ amparos y sumarísimos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-06

El art. 19 de la ley 24.463 mantiene el recaudo establecido por el art. 24, inc. 6, apartado a, del decreto-ley 1285/58, modificado por ley 21.708, atinente a que la tercera instancia ordinaria sólo procede contra sentencias definitivas, entendidas por tales a esos efectos las que ponen fin a la controversia o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho.
Caducidad de instancia, ampliación de la demanda, interrupción de la caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: MUÑOZ Daract Héctor Domingo Antonio c/ Carmona Amanda Elisa y Otros s/ Escrituración - Actuaciones para Elevar al Superior Elisa y Otros s/ Escrituración - Actuaciones para Elevar al Superior
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-08-16

La ampliación de demanda tiene eficacia interruptiva de la perención.

Esta Sala ha sentado criterio precedente, favorable al efecto interruptivo del acto de ampliación de la demanda, este Tribunal dijo: "Si se ha rectificado o ampliado la demanda, tanto respecto de su contenido como en cuanto a los sujetos que comprendía, e incluso se ofreció nueva prueba, resulta evidente que son actos idóneos para interrumpir la perención, pues hicieron progresar el curso de la instancia, al innovar con referencia a lo actuado, en el sentido de que, a partir de cada uno de ellos, el proceso queda en situación distinta.
Sociedad conyugal, disolución de la sociedad conyugal, indivisión postcomunitaria, condominio, valor locativo, uso exclusivo de la cosa común, bienes inmuebles
Materia: CIVIL
Carátula: K. de F.C. c/ F.A. s/ INCIDENTE LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-25

En la indivisión postcomunitaria de la sociedad conyugal, el ocupante del inmueble común adeuda al otro comunero su porción en el valor locativo desde la fecha de notificación de su formal reclamo.

La indivisión post comunitaria sobre algún bien, configura un condominio sobre el mismo y, por ello le son aplicables las disposiciones de los arts. 2680, 2691 y 2702 del Código Civil, de los que emerge la obligación del comunero que utilice en su exclusivo beneficio la cosa común de pagar a sus condóminos un alquiler. Nada tiene que ver esa obligación con la de prestar alimentos y ambas no pueden ser compensadas, porque tal compensación está expresamente prohibida en el art. 374 del citado cuerpo legal.
Régimen de consolidación de deudas, honorarios del abogado, regulación de honorarios, ley de consolidación de la deuda pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Muñoz, Julio César c/ E.N. s/ Haber de Retiro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-11

Debe considerarse alcanzada por las disposiciones de le ley 23982, como deuda consolidada, la que corresponde a un crédito por honorarios profesionales de causa anterior al 1 de abril de 1991, por tareas cumplidas en casos en los que en la sentencia no se condenó pago de una obligación consolidable, por rechazo de la demanda.

Debe considerarse alcanzada por las disposiciones de la ley 23982, como deuda consolidada, la que corresponde a un crédito por honorarios profesionales de causa anterior al 1 de abril de 1991, cuando en la sentencia se condenó el pago de una obligación consolidable que se encuentra totalmente cumplida.

(Nota: Modificó los puntos 3 y 4 de la doctrina legal del Plenario "Tudor" del 21 de junio de 1994)