Acción de amparo, amparo por mora, cómputo de la mora, plazo, cómputo del plazo, pronto despacho
Materia: PROCESAL- CONSTITUCIONAL
Carátula: Aciar, Mario Edgardo s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-04-12

El artículo 382 (Requisitos para la procedencia del Amparo), incs. 1º y 2º del C.P.C., establece que la demanda sea interpuesta dentro de los quince días de ocurrido el acto u omisión impugnados, y que el accionante no dispusiere de una vía procesal ordinaria judicial o administrativa para obtener oportuna reparación.

En virtud de las peculiares circunstancias que rodean un caso de Mora por parte de la Administración, surge el interrogante de la pauta que habrá de tenerse presente para originar el desarrollo del plazo. Este aspecto aparece problemático en cuanto a su viabilidad de las posibilidades que le otorgue el ordenamiento procesal administrativo. El primero de ellos consiste en la posibilidad de apelar a la vía recursiva, previa interposición de Pronto Despacho y consideración en caso de denegatoria tácita. Esta derivación es posible cuando se hayan previsto plazos para que la administración se expida; pero no cabe considerarla sólo como una alternativa, sino que, estando prevista por la ley, constituye por sí la vía administrativa pertinente, cuya existencia no autoriza a dejar de usarla para optar por el Amparo, a menos que se argumente sólidamente la ineptitud del proceso regular para la oportuna subsanación del agravio.

El segundo camino a recorrer por el administrado se presenta solo a falta de una norma que obligue a la Administración a expedirse en un plazo determinado (o ante la ineptitud de aquella solución). La indefensión que esta circunstancia provoca al interesado, frente a la posible demora en expedirse por parte de las autoridades requeridas, torna indispensable la prevención legislativa que otorgue alguna posibilidad de reparo. Este reparo, habrá de ser el judicial del Amparo. Sin embargo, es aquí donde se patentiza la necesidad de la imposición de la pauta generadora del desarrollo del plazo.- Sin la existencia de un hito que demarque con precisión el momento a partir del cual se puede considerar a la Administración en mora, carecería de respaldo jurídico atendible la pretensión amparista. Si bien la morosidad podrá ser considerada cuando existen indicios fehacientes de que la razonable demora ha excedido los límites de la tolerancia, no puede dejarse librado a una apreciación subjetiva el acaecimiento de un hecho cierto (mora) susceptible de acarrear consecuencias jurídicas de envergadura. Por ende, aún a falta de previsión normativa, deviene necesario que el interesado, habiendo ocurrido ante la Administración, ante la falta de respuesta de ésta (o sin haber comparecido, cuando ella no cumple con un deber implícito), la intime de modo fehaciente, por un medio apropiado, a que evacue su petición (obligación constitucional, art. 41 Constitución Provincial), bajo apercibimiento de considerarla en Mora.

Esta sistemática, análoga a la del derecho común (art. 509 Cod.Civ.), es la única que permitirá evitar los innumerables abusos que acarearía la posibilidad de declarar la existencia de una Mora configurada a voluntad del interesado, sin que medie intimación alguna.

(Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián - Disidencia)