Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-06


Autos N° 21.970 (N° 107.446 - 1° CIVIL), caratulados: "SÁNCHEZ Adriana del Valle C/ Rodríguez Rodolfo Eduardo y Otra S/ Daños y Perjuicios" En la Ciudad de San Juan, a 06 días del mes de julio del año dos mil quince, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, el señor presidente, Dr. Pascual Alferillo y el señor Vocal, Dr. Gilberto Riveros, a fin de celebrar acuerdo sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs.164 de los autos N° 21.970 (N° 107.446 - 1° CIVIL), caratulados: "SÁNCHEZ ADRIANA DEL VALLE C/ RODRIGUEZ RODOLFO EDUARDO Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", contra la resolución dictada en fecha 14 de octubre de 2014, obrante a fs.160/162 de estos autos originarios del Primer Juzgado Civil, Comercial y Minería de San Juan, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue: 1° Cuestión: ¿Es adecuada a derecho la resolución venida en recurso? 2° Cuestión: En su caso; ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? A la Primer Cuestión: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO dijo:

1) El caso:

Los autos fueron elevados a esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs.164 por el apoderado de Caja de Seguros SA, que fuera concedido a fs. 165 contra la sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 2014 obrante a fs.160/162, cuya fundamentación luce a fs. 166-170. Los agravios son replicados a fs. 177-178. Los autos son adjudicados a estudio a fs. 199.

El a quo en la sentencia apelada resolvió: "I) Desestimar el incidente de Perención de Segunda Instancia deducido por la Citada en Garantía "CAJA DE SEGUROS S.A." y en consecuencia, continúe la causa según su estado. II) Imponer las costas del incidente en el orden causado. III) Regular los honorarios profesionales por la labor desarrollada en el incidente de Caducidad de Segunda Instancia al Dr. FRANCISCO RICARDO FURLOTTI, en simple carácter, ganancioso, en la suma de $1.200 y al Dr. RICARDO MARCELO DRAGONETTI, en doble carácter, perdidoso, en la suma de $ 700; los que se fijan a la fecha de la presente sentencia." Para así resolver consideró que el decreto de fs. 149, omitió la expresión concreta "notifíquese, y que por lo tanto la Dra. Sánchez no tuvo conocimiento del mismo, por lo que no es pasible de atribuírsele falta de impulso.

Contra dicha sentencia se alza la codemandada Caja de Seguros SA, e interpone recurso de apelación a fs. 164, el que fue concedido a fs. 165.

A fs.166/170 expresa agravios, los que fueron replicados a fs. 177/178. Ambas partes hacen reserva de plantear los recursos extraordinarios previstos en Ley 2275 y del caso federal art. 14 Ley 48.

Los autos son elevados a fs. 194 y adjudicados a estudio a fs. 199.

2-Agravios:

a) La aseguradora centra su crítica en que el juez a quo pretende corregir de oficio una providencia simple que no fue recurrida por la contraria, y que se encuentra firme y consentida.

En segundo lugar, le agravia que el juez sostiene en el fallo atacado que las cargas impuestas por Cámara-cumplir el sellado adeudado y realizar las notificaciones ordenadas-estaban referidas a la causa principal, no a la etapa recursiva, y que además, pesaban para ambas partes. Señala que quien debía cumplir con dicha carga era el actor, por lo que se cumplió el plazo de inactividad procesal establecido por el código.

El tercer error que endilga, es que el juez a quo impone las costas por su orden, solicitando que se modifique el resolutorio y se impongan las costas al actor.

3- Tratamiento de los agravios:

1- El instituto de la perención de la instancia es un modo anticipado de conclusión del proceso, cuyo fundamento - en definitiva- radica en la presunción de desinterés que exterioriza esa inactividad, a la vez que su propósito responde a la necesidad de evitar la duración indeterminada de los juicios, como medio de proteger su seguridad jurídica.

También esta Sala ha sostenido, acompañando criterios de la jurisprudencia nacional que "la caducidad de la instancia tiene su fundamento objetivo en la inactividad de los litigantes por un tiempo determinado quienes ante el desinterés demostrado de esta forma tienen su sanción. Persigue evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, en detrimento de los valores jurídicos de paz y seguridad y, en definitiva, de una buena administración de justicia. De tal suerte que el único medio adecuado para demostrar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la presunción que indica la inactividad de la parte, consiste precisamente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al estado de la causa a los efectos de posibilitar el avance del procedimiento" (Autos n° 15.206 caratulados "Montilla, Héctor Eduardo, Medidas Cautelares. Acción de exclusión de socio", L. de A. Tº 101 - Fº 44/47, Fecha: 08/03/99; Autos N° 19.889 (N° 36.228 - 3° CIVIL) caratulados "Fuentes Rosendo Aníbal C/Alamo S.R.L. Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios", L. de A. T° 163, F° 151/156, fecha 20/03/09).

Para que proceda la caducidad de instancia es necesario la concurrencia de cuatro presupuestos: a) existencia de una instancia; b) inactividad procesal absoluta o actividad procesal jurídicamente inidónea; c) transcurso de determinados plazos de inactividad y d) el pronunciamiento de una resolución que declare operada la caducidad.

El art. 274 inc. 2° del CPC (988-O) establece que se producirá la perención de segunda instancia si no se insta el procedimiento durante el plazo de tres meses.

En el presente caso, y conocido el contenido del fallo dictado por la Corte de San Juan, expuesto en autos n° 5853/12 Lozada Ricardo Walter c-Provincia de San Juan y suc de Quiroga Pedro Rodolfo. Inconstitucionalidad y Casación, PRE S 1° 2013-III-444, y siguiendo la doctrina mayoritaria, en el sentido que la segunda o ulterior instancia se abre con la concesión del recurso ordinario o extraordinario, aún cuando no se hubiese elevado los autos supeditado a notificaciones pendientes", o bien con su interposición, con prescindencia de si ha sido concedido o no.

En el caso de autos, la segunda instancia se abrió con la interposición del recurso en fecha 15 de octubre de 2013, (fs. 126), momento desde el cual comienza la obligación de las partes interesadas a compulsar el expediente en los días establecidos por el Código, en este caso los días martes (art. 132 del CPC). Es desde ese instante que el régimen procesal hace pesar sobre el solicitante -en el caso quien dedujo la apelación- la carga de impulsar el proceso, pues es obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

Ahora bien, elevados los autos al Superior, esta Sala solicitó previo a hacer conocer el Tribunal bajen los autos a los fines del cumplimiento de notificaciones y reposición de sellado faltante. Si bien debió ordenarse que dicho decreto se notificara por cédula conforme lo dispuesto en el art. 135 inc.7 del CPC (988-O), la omisión en que incurrió el juez aquo, no hace encuadrar la situación en la obligación del Juzgado de notificar, ya que la carga de la misma recaía sobre el apelante, por lo que corre durante ese lapso la obligación de la parte de activar el recurso, por lo que el primer agravio no debe prosperar.

El segundo agravio también es procedente. Como señalé precedentemente, pesaba sobre el apelante la carga de impulsar el procedimiento para que se encuentre en condiciones de elevar a la Cámara.

Con relación a la reposición de sellado, la falta de pago requerido al apelante imposibilitó que los autos se encontraren en condiciones para que este Tribunal se expidiese sobre el recurso de apelación interpuesto.

El último acto impulsorio efectuado por este Tribunal fue el dictado del decreto requiriendo el pago del sellado a la actora apelante y distintas notificaciones, en fecha 6 de marzo de 2014; desde ese momento y hasta que se acusó la caducidad, es decir hasta el día 25 de junio de 2014, ha transcurrido el lapso de inactividad procesal para que ésta se opere (art. 274 inc. 2° del C.P.C. -Ley 8.037),(988-O) sin que consten durante el mismo actos interruptivos de la instancia de ningún tipo.

Considero por ello, corresponde decretar que ha operado la perención de la segunda instancia ya que ha sido superado el plazo de tres meses previsto por el art. 274, inc. 2°, del C.P.C.M., (988-O), sin que el apelante haya impulsado el procedimiento, pues era obligación de éste activarlo a fin de que el tribunal de alzada se halle en condiciones de pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

Es decir, que verificado el período de inactividad procesal por el lapso que la ley ritual establece sin que haya mediado acto suspensivo o interruptivo alguno de las partes, no cabe sino decretar la perención de la segunda instancia, pues es un deber procesal del recurrente el de activar el procedimiento para evitar que se produzca la caducidad de esta instancia. Es que la deducción de un recurso de apelación no impide, de ordinario, la prosecución del proceso. No libera de la carga del litigante de producir actos que conduzcan al proceso al estado del dictado de la sentencia en la segunda instancia. De lo contrario se llegaría al absurdo de que el apelante pueda dejar transcurrir más de tres meses, e incluso años sin producir acto impulsorio alguno luego de haber planteado el recurso de apelación, y sin que pueda declarase la perención de la segunda instancia.

En relación a las costas, también es errónea la solución del juez aquo, por lo que corresponde imponerlas a la actora vencida.

Por lo expuesto voto por acoger el planteo de perención de segunda instancia. Costas a la vencida. Regular los honorarios por lo actuado en segunda instancia en el 30% de lo regulado en primera instancia y a la fecha de la presente resolución.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: I) Acoger el planteo de perención de segunda instancia, con costas a la vencida. II) Regular los honorarios por lo actuado en segunda instancia en el treinta por ciento (30%) de lo regulado en primera instancia y a la fecha de la presente resolución.

El DR. GILBERTO RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

I) Acoger el planteo de perención de segunda instancia, con costas a la vencida. II) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en esta instancia recursiva en el 30% de lo regulado en primera instancia y a la fecha de la presente resolución.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A; T° I-2015; F° 169/172; FECHA:6 de julio de 2015 DRES. ALFERILLO - RIVEROS