marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso penal, acción civil, prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: HISSE ENRIQUE BAHILL s.d. HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRANSITO e.p. SOSA RAMON OSVALDO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-12-02

El código de rito criminal ha estructurado en materia de la acción civil en el proceso penal, un sistema en que la prueba se produce antes de la demanda en sí misma (la que se produce en la etapa de los alegatos) y de la correspondiente contestación. Por ello, es obvio que un razonable resguardo del derecho de defensa en juicio impone que el demandado civil conozca (al notificársele de la instancia), cuáles son, materialmente hablando, los perjuicios que se le reclamarán a fin de que se ofrezca o pueda ofrecer la prueba que estime pertinente.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, intereses, tasa activa, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, indemnización tarifada, inflación, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VACCARI, SERGIO DANIEL c/ LA CAJA ART S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-09-28

En cuanto al planteo relacionado con la tasa de interés confirmada por la Sala -una vez y media la tasa activa del Banco de la Nación Argentina-, ha de recordarse que, en principio, dicha temática no resulta ser objeto de la vía extraordinaria por tratarse de una cuestión privativa de los jueces de la causa, salvo que se demuestre arbitrariedad o lesión de la garantía constitucional de defensa en juicio, circunstancia que no se encuentra configurada en la especie, ya que es de ver que la Alzada, luego de referir a las pautas postuladas por este Cuerpo in re "Olivera" y con apoyo en doctrina y en jurisprudencia remarcó que la tasa de interés establecida por los bancos, cuenta dentro de sus elementos con componentes tendientes a mantener el valor de la moneda y paliar, por ende, el efecto de la inflación, y su consiguiente devaluación monetaria; y así, tras ponderar los pisos aplicables en autos -conforme resoluciones 34/13 y 3/14 de la Secretaría de Seguridad Social-, la Sala entendió que la determinación de una tasa pura, tal como lo solicitó la demandada, sólo compensaría el paso del tiempo y no, por ejemplo, el proceso inflacionario, resultando insuficientes los reproches de la recurrente en orden a exponer con precisión cual sería la concreta conexión entre los intereses determinados en el sub lite y la cuestión constitucional invocada. (Del voto del Dr. Spuler, al que adhiere el Dr. Gutiérrez) - CITAS: CSJStaFe: Olivera, AyS T 278, p 295. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Resoluciones SSS 34/13 y 3/14.
Daño punitivo, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Almada, Gastón José c/ Telecom Argentina S.A. s/ sumarísimo (civil)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-05-31

En razón de que el daño punitivo es un instituto de tipo disuasorio y sancionatorio más no resarcitorio, es improcedente aplicar intereses al monto condenado en concepto de multa civil. En todo caso, los intereses se devengarán en forma posterior a su determinación en el supuesto de incumplimiento de la condena en el plazo asignado para su efectivización por parte del condenado.
Extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, garantías procesales, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Amadeo  de  Roth,  Angélica  Lía s/ lesiones culposas -Causa N°1395/81-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-04

Corresponde revocar la sentencia, declarar extinguida por prescripción la acción penal y disponer su sobreseimiento, si el a quo rechazó la excepción de prescripción con argumentos que significan no sólo apartarse de las constancias de la causa -que tramitó durante más de veinte años- sino, especialmente, desconocer el significado de la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la Constitución Nacional y del art. 8°, inc. 1°, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Voto de los Dres. Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano).
Accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, daño, gastos de reparación del automotor, prueba, indemnización, monto del juicio, convertibilidad, desindexación, honorarios, ley provincial
Materia: CIVIL - PROCESAL - CIVIL
Carátula: Servio, Miguel Angel c/ González, Alejandro y otros s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-03-03

Tratándose de colisión de automotores en movimiento es prioritario aplicar los principios de la responsabilidad objetiva por riesgo creado plasmados en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte C. Civil, en cuya virtud el dueño guardián de cada uno de los vehículos que intervinieron en la colisión debe responder por los daños causados al otro de manera integral, salvo que mediare causal eximitoria debidamente acreditada.

No existiendo norma legal que requiera la prueba pericial para acreditar la existencia del daño de un vehículo automotor y su cuantía económica, todos los medios de prueba son idóneos para que el juzgador alcance el grado de convicción de la verdad de los hechos afirmados por el damnificado, valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional, porque la libertad probatoria está ínsita en derecho probatorio, cuyo enfoque tiene actualmente consagración legislativa de acuerdo a la doctrina del art. 202 C.P.C. (Ley 8465).

En materia de aplicación de la Ley 24283 quien pretenda la reformulación del monto de la condena no solo debe invocar la ley sino también demostrar la razonabilidad de la pretensión fijando un valor de referencia que pueda ser controlado, respetándose el principio de bilateralidad del proceso, a cuyo efecto deberá realizar las operaciones aritméticas que demuestren la existencia del agravio, esto es demostrar de manera concreta que el procedimiento de reajuste utilizado por el Juez no es adecuado.

La ley 24432 solamente pone un límite a la condena en costas, ratificando que los honorarios deben regularse conforme las leyes locales.
Prisión preventiva, derechos y garantías constitucionales, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: GUZMAN FRANCISCO VICTORIANO; OVEJERO MIGUEL ANGEL Y GALVAN CARLOS ROBERTO s/ RECURSO DE HABEAS CORPUS EN SU FORMA CORRECTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-02-04

El carácter restrictivo que se otorga a toda norma de excepción en materia de libertad personal que no esté basada en sentencia firme deriva del constitucional principio de inocencia. Por lo que, el cumplimiento de las garantías judiciales consagradas en la Constitución Nacional exige que en todos los casos, sin excepción alguna, los magistrados justifiquen plenamente la prisión preventiva de una persona que, aún no existiendo un fallo condenatorio, no se encuentra con sentencia firme y por tanto goza del principio de inocencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Deberes del funcionario público, incumplimiento de los deberes del funcionario público
Materia: PENAL
Carátula: Quilodran, Guillermo N. y Otros s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-26

El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es de aquéllos en los que el dolo resulta esencial para su configuración, exigiéndose en el autor la conciencia del fraudem legis, excluyente del error o de la culpa.
Prueba, reglas de la sana crítica, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: C., R.J. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-09-08

He de reinvindicar y dar un concepto de certeza, como estado de conciencia del Juez; y de sana crítica, como método de interpretación de la prueba, capaz de generar o no aquella certeza. Sobre la primera me pronuncio diciendo de ella que es básicamente "estar en lo cierto" acerca de lo que se predica sobre algo que es objeto de análisis, en el proceso penal la existencia de un hecho delictual y la culpabilidad del imputado. Y ese estar en lo cierto es nada menos que estar en posesión de la verdad; verdad que es tan difícil asequir en el juicio penal en cuyo decurso se intenta la reconstrucción ideológica de un hecho presentado por el Ministerio Fiscal como plataforma o campo de discusión y que -insisto- los jueces sólo podrán configurarlo en su mente, debiendo dar razones fundadas al momento de pronunciarse positiva o negativamente.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, emergencia económica, reordenamiento del sistema financiero, límite a la extracción de fondos, medidas cautelares, acción de amparo, competencia federal, Estado Provincial, división de poderes, autonomía provincial, leyes, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: MARTOCCHIA, JUAN RUBEN Y OTRA c/ B.B.V.A- BANCO FRANCES s/ Cuestión a resolver ¿son competentes los tribunales ordinarios para  entender en las acciones contra instituciones financieras por  cumplimiento de contratos bancarios relacionados con las  disposiciones contenidas en la ley 25561/02, sus reglamentaciones y  complementarias? (Expte.: nro. 108, año 2002) (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-04

La Ley Nro. 25.587 vulnera las autonomías provinciales en clara contravención a lo establecido por la Constitución Nacional, no sólo afecta en determinados artículos relacionados con las medidas cautelares el principio de división de poderes que consagra el art.1 de la Constitución Nacional al establecer el sistema republicano de gobierno, sino además vulnera el art.43 que recepciona constitucionalmente el amparo como garantía de los derechos individuales, afecta asimismo el principio esencial relacionado con la irretroactividad de la ley al disponer su aplicación respecto de medidas cautelares ordenadas con anterioridad a su vigencia, y además en lo que tiene relación directa con el tema en tratamiento, atenta contra los principios federales de la Constitución al disponer obligatoriamente la competencia federal en esta clase de juicios. (Del Voto del Dr. Cordini).
Reforma de la justicia, Consejo de la Magistratura, inconstitucionalidad, ley vigente, ley anterior, elecciones nacionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13) s/ acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18

Debe el Tribunal, en cumplimiento de su deber constitucional, adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización de la administración de justicia por lo que cabe aclarar que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables -artículos 2°, 4°, 18 y 30 de la ley 26.835 y 1°, 2°, 3° y concordantes del decreto 577/13-, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080, no debiendo afectarse en modo alguno el proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 501/13
Pensiones, movilidad del haber jubilatorio, ley vigente
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Reidel, Aaron c/ Caja  Nacional  de  Previsión para TrabajadoresAutónomos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La vigencia del régimen de movilidad dispuesto por el art. 38 de la ley 18.038 - según las variaciones - no ha quedado derogada por la ley 23.928, ni por el art. 7, inc. 1 ap. b) de la ley 24.463 (Disidencia de los Dres. Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio y Gustavo A. Bossert).
Diferencias salariales, Tribunal de Cuentas de la Nación, habilitación de instancia, plazos procesales, cómputo del plazo, procedimiento administrativo, ley vigente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mazzafera, Francisco José y otro c/ EN - (ex TCN) s/ empleo público
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-11-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que no dio curso a la demanda iniciada por ex empleados del entonces Tribunal de Cuentas de la Nación que solicitaban el pago de diferencias salariales -luego de un proceso que había culminado por haberse declarado la caducidad de la instancia- por considerar que no se encontraban cumplidos los recaudos para habilitar la instancia al haber vencido holgadamente el plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, si cuando los actores se notificaron del rechazo del reclamo administrativo, la ley 19.549 no prescribía un plazo perentorio para la interposición de la demanda judicial y esta exigencia fue incorporada con posterioridad cuando el art. 12 de la ley 25.344 -que entró en vigencia el 30 de noviembre de 2000- modificó la redacción del art. 31 de la ley 19.549
Contrato de trabajo, entrega del certificado de trabajo, reglamentación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Berns,  Jesica  Lorena c/ Hoteles Sheraton de Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-17

Resulta inconstitucional el decreto 146/01 que al reglamentar el art. 45 de la ley 25.345 exige al empleado esperar un plazo de treinta días corridos a partir de la extinción del contrato de trabajo, para que el empleador haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria que se impone al trabajador constituye un exceso reglamentario en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 ley 25.345). De acuerdo con lo dispuesto por el art. 99, inc. 2 de la C.N., referido a los decretos reglamentarios, éstos no deben alterar el espíritu de la ley que reglamentan con excepciones reglamentarias, esto es, que el decreto reglamentario está jerárquicamente subordinado a la ley. El decreto no debe afectar la sustancia del texto legal.

El decreto 146/01 desnaturaliza la ley que reglamenta pues la requisitoria que el mismo impone al trabajador excede claramente lo que establece la norma superior que reglamenta. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría. En igual sentido se expidió en los autos "Daix Odina Elizabeth c/La Tortería S.R.L. s/despido", S.D. 39.717 del 09/11/2006, Expte. Nest 19.358/2005, publicado en el Boletín de Novedades Nº 264).
Recurso de casación penal, inadmisibilidad del recurso, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: A., S. s/ Retención Indebida
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-02-15

"Cuando por falta de recurso del Ministerio Fiscal, la sentencia ha quedado firme en la faz penal, la extensión de los agravios del actor está marcada por la ley civil conforme a las relaciones establecidas por los artículos 1102 y 1103 del Código Civil: si la sentencia ha sido penalmente absolutoria, el actor civil no podrá debatir en su recurso lo que el citado artículo 1103 no le permite desconocer de ella..."
Proceso penal, prueba, prueba testimonial, idoneidad del testigo, autoridad de prevención, apreciación de la prueba
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

Los preventores son testigos sospechosos que no merecen entera fe, no sólo porque iniciaron las actuaciones sino también por haber denunciado el delito de resistencia a la autoridad.

Su falta de objetividad se evidencia en la ausencia de toda diligencia necesaria para la recolección de la prueba tendiente a acreditar el ilícito que dicen haber presenciado (portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal), no habiendo siquiera procurado conservar intacta la escena a través de la presencia inmediata y permanente de testigos imparciales.

En este sentido, el testigo sospechoso es aquel cuya deposición no parece digna de entera fe o aquel de quien hay graves motivos para sospechar. Y la duda más grave de sospecha resulta del interés que pueda tener en el desenlace del proceso, interés que puede muy bien extraviarle el camino de la verdad. Son sospechosos, entre otros, la parte agraviada: desde el momento en que el delito le causa un perjuicio el agraviado no ha debido conservar toda su serenidad y que desde luego ha podido escapársele más de una circunstancia accesoria, la pasión o el interés que pueda tener para hacer declarar culpable al acusado son con frecuencia bastante fuertes para inducirle a mentir. El denunciador es un testigo sospechoso: empleará todos sus esfuerzos en sostener su denuncia y demostrar su sinceridad (confr. Karl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba en materia penal, Fabián J. Di Plácido Editor, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 319/330).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, cuestión de derecho común, quiebra, fuero de atracción, concursos
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Rovaletti, Néstor José c/ Candelaria Laurel y otros s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-26

La declaración de quiebra atrae al trámite universal todas las acciones judiciales contra el fallido por las que se reclamen derechos patrimoniales, ya que dicho trámite se dirige a convertir los bienes del deudor en una masa única constituida en vista de una liquidación colectiva, rígida e igualitaria, considerando los privilegios del patrimonio del deudor.
Demanda, rectificación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Complejo SOIP c/ Genine, Carlos s/ Homologación de convenio de desocupación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-15

Nuestro ordenamiento procesal, solo permite la "adecuación" de demanda (que incluye cualquier tipo de modificación al escrito inicial) si se dan las condiciones del art. 331 del CPC. Esto es que la demanda aún no haya sido notificada al accionado, o que se trate del supuesto de vencimiento de cuotas o plazos de la misma obligación. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Instrumentos privados, valor probatorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cianci, Antonio c/ Larrez, Héctor Honorio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-02

Para desvirtuar la eficacia probatoria de un instrumento privado, respecto de la realización de los hechos aseverados bajo la firma de las partes, es menester demostrar su falsedad, la cual no puede resultar sino de la prueba de adulteración del documento, mediante el incidente de redargución de falsedad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, carácter excepcional, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I. J. I. V. c/ Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-09-28

La Corte Suprema de la Nación ha expresado que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba, extremos cuya demostración es decisiva para su procedencia, añadiendo que el art. 43 de la Constitución Nacional mantiene el criterio de excluir la acción cuando no se da el requisito de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" en la afectación de los derechos y garantías constitucionales, requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla.
Sociedades comerciales, disolución de sociedades
Materia: COMERCIAL
Carátula: OTAEGUI,  JAVIER  FRANCISCO c/ GHERGHERIAN, ALEJANDRO GREGORIO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-06

La disolución de una sociedad es un hecho o acto jurídico que abre el proceso liquidatorio conducente a su extinción, mediante la realización de todos los actos necesarios para que queden totalmente extinguidas las relaciones jurídicas entre la sociedad y los terceros, entre aquélla y los socios, y las de éstos últimos entre sí.
Situación del imputado, condiciones de detención
Materia: PENAL
Carátula: García de la Mata, Ángel María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-05-18

A diferencia de los casos en que la incapacidad es previa o contemporánea a la comisión del delito, cuando la situación mental del condenado no ha incidido en la comisión de delito alguno, no puede prorrogarse el sometimiento de la persona al régimen punitivo estatal por un tiempo mayor que el que surge de la culpabilidad del delito por el que fuera condenada, sino que -según art. 25 CP- debe cumplir el resto de su condena en un lugar adecuado a sus condiciones mentales, y debe darse intervención a la justicia civil a los efectos de brindarle los mecanismos de protección que su estado de salud requiere.
Sociedad conyugal, asentimiento del cónyuge
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Bolatti, Miriam Edith c/ Záccaro, Carlos Rafael y otros s/ Nulidad de escritura de hipoteca
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-03

Si no concurren el asentimiento de la esposa (el cónyuge no administrador y no disponente) ni la autorización judicial, el acto, realizado por quien carece de legitimación para hacerlo sin tales presupuestos, es ineficaz para producir efectos en la esfera jurídica de aquella e irrelevante a su respecto. El negocio es válido y eficaz entre las partes contratantes, pero irrelevante e ineficaz con respecto a los titulares de otros patrimonios o esferas jurídicas sobre los que normalmente -y de satisfacerse el presupuesto de legitimación- habría de producir efectos.
Trabajador autónomo, afiliados previsionales, antigüedad en la afiliación, declaración de inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: IRIARTE, Dora Estela c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ Seguridad Social
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-25

Cabe declarar la inconstitucionalidad de la resolución n° 2569/81 en cuanto exige la existencia de antigüedad en la afiliación en el régimen de trabajadores autónomos a efectos de hacerlos valer ante otro régimen, ya que afecta las previsiones de los arts. 16 y 17 de la Ley Fundamental, puesto que introduce discriminaciones entre los peticionantes e impide, en muchos casos, la obtención de un beneficio en pugna con lo normado por el art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
Régimen penal de la minoridad, finalidad de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Q., J.M. s/ Violación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-02-05

La justificación de toda medida represiva en perjuicio de un menor depende de que el Estado -a través de los Jueces- aplique la retribución sólo como último recurso -Convención sobre los Derechos del Niño, art. 37, b-, durante el período más breve que proceda -ibíd.- y trate al niño que ha infringido las leyes penales de una manera que contribuya a su reintegración a la sociedad -art. 40 inc.

1-.
Tenencia de estupefacientes, cigarrillo de marihuana
Materia: PENAL
Carátula: Lamas, Ángel Rafael s/ recurso de revisión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

La tenencia de un cigarrillo tipo artesanal de características similares a los denominados "porros", semicombustionado, conteniendo una sustancia de color verde amarronada, dentro de una zapatilla, en el baúl del auto del imputado, no comporta la existencia de un peligro real, siquiera lejano, para la salud pública, así como tampoco para la seguridad pública o la subsistencia de la familia, la nación o la humanidad toda que justifique la intromisión del Estado en su vida y menos aún, mediante el ejercicio de su poder punitivo.
Hipoteca, nulidad del acto jurídico, compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: IZUEL ROBERTO BERNARDINO. c/ BANCO CORONEL DORREGO S.A. s/ COMPRAVENTA. HIPOTECA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1984-07-17

ACEPTAR LA SUSTITUCIÓN HIPOTECARIA CONOCIENDO DE LA VENTA A TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE, IMPORTA SIN DUDA CELEBRAR UN ACTO CONTRARIO A LA REGLA DEL ARTÍCULO 1071 CC Y SU SÓLA APLICACIÓN IMPORTA LA NULIDAD DE LA ESCRITURA ATACADA.