Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25


Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.

Vistos los autos:

"Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Siancha, Omar Rubén c/ Anfimar S.A.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando: Que, como acertadamente señala el dictamen del señor Procurador General de la Nación, la cuestión planteada es sustancialmente similar a la resuelta por esta Corte en Fallos: 323:3905. Por ello, y de conformidad con el mencionado dictamen, se rechaza la queja.

Declárase perdido el depósito de fs. 1.

Notifíquese, devuélvanse los autos principales y, oportunamente, archívese.

JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR (en disidencia) - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO (en disidencia)- GUILLERMO A. F. LOPEZ (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA. ES COPIA DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON EDUARDO MOLINE O´CONNOR Y DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUILLERMO A. F. LOPEZ Considerando: 1) Que la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había rechazado el incidente de nulidad de la notificación de la demanda. Contra tal decisión la demandada dedujo el recurso extraordinario cuya denegación motivó la queja en examen. 2) Que para decidir así el a quo consideró que la peticionante, al deducir la nulidad, no había expresado el concreto perjuicio sufrido ni había invocado los vicios que, a su entender, adolecían los actos reputados nulos. Agregó que, al momento de practicarse la notificación cuestionada, su domicilio social era el consignado en dicho instrumento (confr. fs. 559/559 vta. de los autos principales a cuya foliatura se hará referencia en lo sucesivo).

3) Que la recurrente expresa haber planteado la nulidad de la notificación del traslado de la demanda, en tanto la cédula -diligenciada bajo responsabilidad de la parte actora- si bien dirigida al domicilio social de la empresa, no había llegado a la esfera de su conocimiento. Destacó que todos los actos vinculados con el contrato celebrado con el actor tuvieron lugar en la ciudad de Villa Gesell donde se halla el domicilio administrativo de la entidad y el del propio demandante. De ahí que, la petición de la notificación bajo responsabilidad en un domicilio distinto Cabandonado tiempo atrás, conforme surgía de la primera cédula devuelta sin diligenciarC configuraba un obrar contrario a la buena fe. Agregó que todas estas circunstancias, habían quedado demostradas mediante la prueba producida en autos de constatación, confesional del actor, testifical, entre otras obrantes a fs. 502/502 vta.; 420/421 y 452/453 respectivamente. 4) Que los agravios de la apelante suscitan cuestión federal bastante para su consideración en la vía intentada, no obstante referirse a cuestiones de naturaleza fáctica y procesal, pues tal circunstancia no constituye óbice decisivo para la apertura del recurso cuando lo decidido importa un tratamiento inadecuado del planteo propuesto y redunda en menoscabo de los derechos constitucionales invocados (Fallos: 310:1638). 5) Que, cabe señalar que, al enfocar la cuestión con estricto apego a las reglas previstas en los arts. 90 del Código Civil y 11 de la ley 19.550 y omitir toda consideración acerca de la conducta reprochada por la demandada con insistente invocación de la buena fe, los jueces incurrieron en un examen excesivamente formal e irrazonable de las constancias del caso, ya que prescindieron de elementos objetivos que debían ser ponderados con arreglo a las pautas propias del curso natural y ordinario de las relaciones humanas, como una derivación propia de las reglas de la sana crítica (doctrina de Fallos: 316:247 y arts. 34, inc. 5 ap. d y 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 6) Que, al no considerar las constancias emergentes de la primera notificación Cque resultó frustrada de acuerdo a lo informado por el oficial notificador porque el requerido no vivía allíC con relación a las restantes probanzas arrimadas al proceso y otorgar preeminencia al diligenciamiento bajo responsabilidad de la parte actora, la cámara ha desatendido que esta modalidad de notificación ha sido admitida en la convicción de que se ha de actuar con la rectitud y buena fe que debe presidir el ejercicio de las acciones ante los órganos judiciales, especialmente cuando se trata de la citación al demandado, acto de trascendental importancia en el proceso desde que guarda estrecha vinculación con la garantía constitucional de la defensa en juicio (Fallos: 306:392; 316:247). 7) Que como ha expresado este Tribunal, el principio cardinal de buena fe que informa y fundamenta todo nuestro ordenamiento, tanto público como privado, está enraizado en las más sólidas tradiciones éticas y sociales de nuestra cultura, siendo una de sus derivaciones el derecho de todo ciudadano a la veracidad ajena y al comportamiento leal y coherente de los otros (Fallos: 316:3138, voto de los jueces Petracchi y Moliné O´Connor). 8) Que en este sentido, el ejercicio de todo derecho debe tener lugar dentro de los límites impuestos por la buena fe, traspasados los cuales aquél deviene abusivo y no resulta amparado por la justicia (art. 1071 del Código Civil). Por ello no puede otorgarse preponderancia al rigor formal, cuando se encuentran en juego derechos fundamentales como el de la defensa en juicio, cuya inviolabilidad se encuentra consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional.

9) Que, dentro de tal contexto, resulta dogmático lo expresado por el a quo en el sentido de que el incidentista no había demostrado el perjuicio del que derivaría el interés en obtener la declaración, argumento que se revela como la mecánica aplicación de un principio procesal fuera del ámbito que le es propio, y expresa un ciego ritualismo incompatible con el debido proceso adjetivo cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído, y de ejercer sus derechos en la forma y con las solemnidades que establecen las leyes procesales (Fallos: 280:72; 312:61, entre otros). 10) Que, en tales condiciones, al irrogar el pronunciamiento apelado un gravamen insusceptible de reparación ulterior, corresponde hacer lugar al remedio federal deducido, pues lo resuelto se traduce de manera directa e inmediata en una seria lesión de los derechos de defensa en juicio y de propiedad (art. 15 de la ley 48), lo que justifica la descalificación del fallo sin que ello implique abrir juicio alguno sobre las cuestiones atinentes al fondo de la pretensión. Por ello, y oído el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 1. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

EDUARDO MOLINE O'CONNOR - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ.

ES COPIA DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION XXXVII. RECURSO DE HECHO "Siancha, Omar Rubén c/ Anfimar S.A." Suprema Corte:

-I- La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó lo decidido en primera instancia, y no hizo lugar al planteo de nulidad interpuesto a fs. 383 y sgtes. respecto de la incorrecta notificación de la demanda (fs. 559). Contra dicha resolución, la accionada interpuso recurso extraordinario cuya denegatoria motivó esta presentación directa (fs. 590/598 y 608 respectivamente).

-II- De autos surge que la demandada -persona jurídica- planteó la nulidad de notificación del traslado de la acción, fundando su planteo en que, en oportunidad de practicarse dicho acto la sociedad no funcionaba en esa dirección, hecho éste que manifiesta era conocido por la actora. El titular de primera instancia rechazó el reclamo (fs. 541/543) con fundamento en que, la notificación había sido efectuada de conformidad con lo dispuesto por el art. 11 inc. 2 de la ley 19.550, o sea en el domicilio social que ella tenía constituido en la Inspección General de Personas Jurídicas. Apelado dicho decisorio la alzada entendió que la quejosa al oponer la nulidad "no ha expresado el concreto perjuicio sufrido como así tampoco los vicios de los que estima, adolecieron los actos que pretende sean anulados; sino que de sus propios dichos, surge claramente que al momento de efectuarse la notificación...el domicilio social estaba constituido en la dirección donde fue diligenciada la cédula" rechazando así el planteo interpuesto. -III- Ahora bien, las cuestiones debatidas en las presentes actuaciones guardan, en lo sustancial, analogía con lo resuelto por V.E. -conforme lo dictaminado por esta Procuración General- en cuanto no es arbitraria la sentencia que desestimó el planteo de nulidad de notificación de la demanda sobre la base de que la cédula respectiva había sido diligenciada en el domicilio social inscripto pues, el art. 11 inc. 2 de la Ley de Sociedades establece la validez de las citaciones practicadas en aquél (Fallos: 323:3905). Por lo expuesto soy de opinión que V.E. debe desestimar la presente queja.

Buenos Aires, 27 de junio de 2002 Es Copia Nicolás Eduardo Becerra