marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso extraordinario, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE GUALEGUAYCHU c/ FRIGORIFICO DE GUALEGUAYCHU  S.A. s/ RECURSO  DE INAPLICABILIDAD DE LA LEY - TRIBUNAL SUPERIOR - SENTENCIA  DEFINITIVA - RECURSO EXTRAORDINARIO - PROCEDENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-14

No procede el recurso extraordinario, si el apelante se limita a propiciar una solución jurídica que no guarda vinculación con las razones que sustentan lo decidido por la Cámara.
Empleo público, retiro voluntario, indemnización, adicionales de remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS DE GARCIA, ANA M. c/ INST. AYUDA FINANC. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

Los rubros antigüedad y permanencia no pueden reputarse como retribución a la que se adquiere derecho por las características individuales del agente, pues ambos resultan comunes a todos los agentes, una vez reunidos determinados requisitos que son consecuencia lógica en el transcurso de la relación laboral.
Insuficiencia del agravio, responsabilidad solidaria, incumplimiento del contrato, plan de ahorro previo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Guzmán Fabiana Estela c/ Mercantil Andina  s/ daños y perjuicios - Expte. N° 794/18
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2023-08-07

En lo que refiere a la solidaridad, deviene improcedente el agravio, pues tratándose de un incumplimiento que se origina en el marco de un contrato de plan de ahorro previo tanto la administradora del plan como la concesionaria y a su turno la compañía aseguradora integran la cadena de comercialización que se genera en este tipo de operatorias. En este contexto se vislumbra un fenómeno de conexidad contractual, lo que supone superar el clásico principio de la relatividad de los contratos -art. 1137 del CC- y extender la responsabilidad que de ellos derive en forma solidaria a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización de acuerdo a lo dispuesto por el art. 40 de la LDC, sin perjuicio de las acciones de repetición que entre sí pudiesen promover los sujetos vinculados.
Concursos, honorarios, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: COINGSA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE APELACION c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-05

Cabe revocar la resolución que rechazó la pretensión de los letrados de que la concursada fuera intimada a pagarles los honorarios que les habían sido regulados en autos; con base en que esa pretensión se encontraba vinculada con la que los letrados habían deducido a efectos de cobrar la retribución resultante a su favor del convenio de honorarios que había sido celebrado entre las partes. Es que si bien la Sala acepta que entre el convenio de honorarios celebrado y los resultantes de la regulación judicial existe la interrelación que surge del texto del contrato en cuestión, esa circunstancia no inhibe la viabilidad de la pretensión. Ello por cuanto, las partes se encuentran discutiendo si el contrato fue o no cumplido por los letrados y, en consecuencia, si ellos tienen o no derecho a reclamar los honorarios pactados. Empero, aun cuando se arribara a la conclusión de que ese convenio no puede considerarse vigente, esa conclusión solo acarrearía la evidencia de que los recurrentes no tendrían derecho a cobrar en sus términos, lo cual dejaría expedita su acción para reclamar el honorario judicial. En ese contexto, el honorario resultante del acuerdo sería muy superior al que fue fijado en la regulación de que se trata, lo cual nos conduce a una de estas dos alternativas: a) o el acuerdo fue cumplido por los letrados y ellos, entonces, no pueden reclamar los honorarios regulados sino el resultante del convenio; o b) el acuerdo no se encuentra vigente por haber sido incumplido, por lo que los nombrados deberían acotar su reclamo al menor emolumento que resultó de la referida regulación. Dado que la primera de esas hipótesis exhibe el derecho de los letrados a una mayor retribución, la decisión de reconocerles ese derecho en los términos de la segunda alternativa, no puede causar a la concursada ningún agravio. En ese marco, los nombrados se encuentran habilitados a exigir el honorario regulado, sin perjuicio de los descuentos que, en su caso, debieran practicarse a raíz de los pagos que ellos recibieron a cuenta del convenio.
Concurso preventivo, juez del concurso, verificación de créditos, medidas cautelares, AFIP
Materia: COMERCIAL
Carátula: Telepiu SA c/  s/ concurso preventivo s/incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-05

Cabe revocar la autorización de la apertura de una cuenta bancaria inembargable e incautelable a nombre de la concursada para que depositen allí (exclusivamente) las sumas que correspondan a sueldos, contribuciones, cargas sociales y todo impuesto derivado de las relaciones laborales mantenidas con aquella. Es que no se plantea en el caso un conflicto de prelación en el cobro entre créditos de carácter laboral y créditos fiscales, por lo que la doctrina del precedente "Pinturas y Revestimientos Aplicados SA s/ quiebra" (resuelto por la CSJN, el 26.3.14) carece de relación directa e inmediata con la materia controvertida. Esta última, en efecto, se desenvuelve en un terreno completamente distinto, cual es el de que no puede ser limitado el poder de agresión de los acreedores por causa y título posterior al concurso preventivo estableciéndose cuentas inembargables e incautelables de esta última por parte de aquellos. (En el caso la AFIP -acreedora posconcursal- apeló la resolución que ordenaba la apertura de la cuenta bancaria a nombre de la concursada con carácter inembargable).
Indemnización tarifada, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: VEIRA MONICA PATRICIA c/ EDITORIAL PERFIL S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-12

La circunstancia de que el estatuto del Periodista Profesional prevea un régimen indemnizatorio por despido sin causa distinto del establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, no justifica su exclusión pues el art. 16 de la ley 25561 (según redacción vigente al momento del despido) dispone, para los casos de despidos sin causa justificada, el pago de un incremento sobre las indemnizaciones que correspondiese percibir al trabajador "de conformidad a la legislación laboral vigente", sin establecer exclusiones respecto de tales normas laborales (SD 87361 del 6.12.05 en autos "Chamorro, Matías c/ Telearte S.A. s/ despido" del registro de esta sala). (Sumario confeccionado por el Saij)
Recurso extraordinario, recurso de casación penal, auto de procesamiento, prisión preventiva, procedencia del recurso, gravamen irreparable, fallos de la Corte Suprema
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GARCIA, Miriam y otros s/ rec. de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-11

Si bien la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el auto de procesamiento no constituía sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la Ley 48 ni equiparable a ella ( Fallos: 301: 1181; 302:345; 304:152;306:2090 y 307:1186, entre otros) se han reconocido excepciones a este principio a partir de Fallos 310:2246, en donde se estableció que el mencionado auto interlocutorio, en tanto restringe la libertad del imputado con anterioridad al fallo final de la causa, ocasionando un perjuicio de imposible reparación ulterior, es equiparable a una sentencia definitiva cuando se encuentre involucrada alguna cuestión federal y no es factible que se suspendan sus efectos propios -entre los que estan la privación de la libertad- por otra vía que la intentada, de tal modo que constituya la ocasión pertinente para la tutela del derecho constitucional que se estime vulnerado. Mas recientemente nuestro mas Alto Tribunal, ratificó dicha doctrina sorteando también la necesidad de que la decisión emane de tribunal superior de la causa en Fallos "P.1042.XXXVI "Pabceira, Gonzalo" y S. 471 XXXVII "Stancanelli, Nestor E." Es decir, que para los supuestos en que el procesado está sometido a prisión preventiva con su libertad ambulatoria comprometida y se dan las circunstancias especificadas en los precedentes señalados, La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió que quedaban bajo su jurisdicción, señalando asimismo que la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un Tribunal intermedio cuya competencia no puede ser mas restrictiva que la de la propia Corte Federal. Tal es el caso en el que se alegan supuestos vicios de fundamentación acerca de la valoración de la prueba reunida en la causa y oportunamente realizada por esta Alzada que conllevaría a la arbitrariedad de ella. De esta manera, resulta procedente el recurso de casación.
Convención Internacional sobre La Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, trabajador migrante, alcance de la cobertura, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares - Observación general No. 1 - Trabajo doméstico y migrantes - Obligaciones de los Estados de origen, de tránsito y de empleo c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2011-02-23

Puesto que de acuerdo a lo establecido por la Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, es trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no es nacional, corresponde que el Comité indique el alcance de la protección normativa, el que incluye no sólo al momento en que se encuentra trabajando sino que también abarca todo el proceso de la migración, esto es: su preparación, partida, tránsito, el período de estancia y ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo y el regreso, en caso que así sea, al Estado de origen o al de residencia habitual.
Locatario, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Felice, Luciano. c/ Cuello, Andrea. s/ Sentencia. Congruencia. Locación. Desalojo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1986-11-27

El locatario no tiene obligación de presentar los recibos que acrediten su derecho para evitar el lanzamiento cuando la demanda de desalojo se inició contra otro departamento aún cuando -como en el caso de autos- haya sido notificada en el inmueble ocupado por aquél.
Recurso extraordinario, concesión parcial del recurso, nulidad procesal, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Paccagnini, Norberto Rubén y otros c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-17

Nada releva a los órganos judiciales de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes, pues de ser seguida una orientación opuesta, la Corte debería admitir que su jurisdicción extraordinaria se viese, en principio, habilitada o denegada sin razones que avalen uno u otro resultado, lo cual irroga un claro perjuicio al derecho de defensa de los litigantes y al adecuado servicio de justicia de la Corte (Voto del juez Rosenkrantz).
Marcas, marcas confundibles, superposición de clases del nomenclador, cotejo de marcas, medicamentos
Materia: CIVIL
Carátula: Centro Asistencial de Medicina Integral  CAMI c/ Cooperativa  Limitada  de  Provisión    COMI    de  Medicina Integral s/ Nulidad Reg. marcas y Cese uso indebido de designación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Si bien se ha admitido la posibilidad de que se puedan superponer un producto y un servicio, tal situación no se presenta entre los artículos farmacéuticos y medicinales de la clase 5 y los instrumentos médicos de la clase 10, por un lado, y los servicios de medicina integral de la clase 42, por otro, ya que tienen una diferencia sustancial y no existe una razonable probabilidad de confundir al público consumidor acerca de su procedencia u origen.

En este orden de ideas la leve diferencia entre COMI y CAMI es suficiente, por cuanto el rigor del análisis gráfico, fonético o gramatical se atenúa cuando mayor es la diversidad del producto.
Jurisdicción y competencia, competencia federal, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: C.P.N. S.A. c/ Sempre y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

Para que una provincia pueda ser tenida como parte y proceda, en consecuencia, la competencia originaria de la Corte Suprema prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional, es necesario que ella participe nominalmente en el pleito -ya sea como actora, demandada o tercero- y sustancialmente, es decir, que tenga un interés directo, de tal manera que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción penal, denuncia
Materia: PENAL
Carátula: M.P., F. s/ Abuso Sexual y Corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-30

"El legislador confiere el derecho de provocar la acción pública, sin someter el hecho de la denuncia a una formalidad estricta, rigurosa y solemne".
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual, delitos, uso indebido de marca o designación, prescripción
Materia: CIVIL-PENAL
Carátula: Florentin, Mario Maximiliano  c/ Leader Music SACIM y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-30

En el marco de una demanda de daños y perjuicios promovida por un artista musical contra una compañía discográfica con motivo de la utilización indebida de su imagen en la portada de ciertos discos y casettes, corresponde aplicar el plazo de prescripción de dos años previsto en el CCIV 4037. Ello así, pues el accionante no invoca la existencia de una relación contractual, sino que imputa a la demandada una responsabilidad extracontractual por la supuesta comisión de un hecho ilícito (cfr. ley 11723: 31, concordante con CCCN 1071 bis). Y si bien los derechos personalísimos como el derecho a la imagen son imprescriptibles, porque los bienes sobre los que recaen están fuera del comercio, la prescripción liberatoria recae sobre la acción por el resarcimiento de los daños patrimoniales (CNCiv, Sala I, in re "Montaño Ortiz, Lisa María c/ Editorial Perfil SA s/ daños y perjuicios", del 30/04/21, y sus citas).

En consecuencia, toda vez que la Ley de Propiedad Intelectual no estipula un plazo de prescripción, corresponde acudir a las normas del derecho común (ley 11723: 12). Así, resulta aplicable el plazo de dos años previsto en el CCIV 4037 para las acciones de responsabilidad civil extracontractual a los reclamos patrimoniales derivados del uso ilegítimo de la imagen (doctr. CSJN, Fallos: 312:2257, "Casiraghi"; entre otros).
Recurso extraordinario, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Provincial del Seguro de Misiones s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-05-12

Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades este Superior Tribunal, "el monto del litigio está referido a la cuantía del agravio en sí", es decir que el mínimo no se refiere al monto de condena, sino del agravio que hace que se recurra a esta instancia.
Preclusión, Derecho procesal, consentimiento
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: RAPIMAN FRANCISCO PATRICIO EN J° 31.124/106.561 RAPIMAN FRANCISCO PATRICIO. (EXPTE. N°  88.083 ) c/ ISEN ARTURO ARMANDO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2007-08-17

Ante un decreto emanado del Tribunal, debidamente notificado a los litigantes, que tuvo por reconocida formalmente prueba documental que los demandados habían desconocido al contestar demanda, eran éstos quienes debían cuestionar tal providencia, por lo que su silencio los hace cargar con los efectos procesales de su inactividad. En consecuencia, no cabe otra conclusión que considerar que son los demandados los que deberán soportar la carga de su inactividad y consentimiento y, en virtud de ello, tener a la prueba instrumental acompañada por el actor como no desconocida ni negada en su autenticidad.
Procedencia del recurso, revocación de sentencia, defensa en juicio, abogado no matriculado
Materia: PROCESAL
Carátula: Escudero, María de los Milagros c/ Cañete, Rosa Alejandra s/ juicio ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2022-05-10

Cabe hacer lugar al recurso extraordinario planteado por la parte demandada, revocando la sentencia en lo que hace a la representación para estar en juicio, ello de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, dado que un apego irracional a las formas trae aparejado inequidades e injusticias, denegando a la parte recurrente la participación en el juicio por actuar a través de un representante convencional no matriculado, cuando su derecho de defensa se encuentra resguardado por la asistencia técnica de un profesional habilitado que actúa como patrocinante. Claro está, que la representación procesal tiene lugar cuando la parte designa un abogado para que la represente en juicio, otorgándole poder ya sea general o especial -arts. 1320 y 375 del CCyC-, disponiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial que sólo los abogados matriculados pueden ejercer su profesión en la Provincia de Formosa -art. 108-, evitando que ésta sea representada por quien carece de conocimientos técnicos-jurídicos y la sitúe en un estado total de indefensión.
Procedimiento administrativo, notificación, carta certificada, nulidad de la notificación
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: SAMAJA TORO, JUAN ALFONSO c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-06-08

La carta certificada con aviso de recibo es un medio de anoticiamiento que no se halla previsto entre los enumerados en el art. 41 de la ley de procedimientos administrativos l9.549. Tal modo de notificación no sirve como tal, pues solo acredita la recepción de la misiva pero no su contenido, por lo que se impide saber a ciencia cierta si la receptora ha sido fehacientemente notificada y en caso afirmativo de cuál acto. (1)
Apreciación de la prueba, facultades ordenatorias, medidas para mejor proveer
Materia: PROCESAL
Carátula: L. R. S. c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: L. R. S. c/ Rozenbaum, Jorge y otros s/ responsabilidad médica
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-10-07

La decisión del juez de primera instancia que, apelando a las facultades ordenatorias contempladas en el artículo 29 del CCAyT, decide incorporar nuevamente al proceso la prueba de parte declarada caduca, suple claramente la negligencia procesal de la actora y vulnera el principio de igualdad de las partes y el derecho a defensa de la demandada. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Caución real, monto de la caución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Fusca, Daniel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-24

La opción por una caución real debe ser establecida atendiendo no sólo a su finalidad, sino a la situación económica del encausado, de manera de no vedarle la posibilidad de obtener su libertad. (Dres. Hornos, Diez Ojeda y González Palazzo).
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, quiebra, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: SAMPOL, EMILIO RAUL. s/ QUIEBRA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Teniendo en cuenta que en el expediente se solicita la quiebra de quien, según se ha acreditado, es integrante de la sociedad cuya falencia fue dispuesta anteriormente, el carácter universal de este juicio, la competencia otorgada al juez interviniente para decidir la extensión de la quiebra, y lo dispuesto en los arts. 8, 87 y 88 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 136, 164 y 165 de la ley 19.551 y 3 inc, 1), y 165, inc. 1), de la ley 22.917, corresponde, por razones de economía procesal, unificar los proceso s y atribuir competencia al juez que ha declarado la quiebra en su jurisdicción.
Denegatoria del recurso, agravantes de la pena, delitos contra la salud pública, cantidad de estupefacientes
Materia: PENAL
Carátula: Canabiri, Julio César c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-22

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la determinación de la pena impuesta si las pautas apuntadas por el tribunal de mérito para fundamentar lo resuelto prestan un sustento mínimo pero suficiente al fallo y lo ponen a cubierto de la tacha de arbitrariedad alegada, ya que consideró -con acertado criterio- que había sido intención del legislador establecer penas elevadas frente a este tipo de flagelo delictivo y a partir de ese parámetro valoró como agravante el impacto en el bien jurídico protegido (la salud pública) de la importante cantidad de estupefaciente secuestrado (más de 56 kg de cocaína), también tuvo en cuenta que el hecho no fue improvisado sino consecuencia de una adecuada planificación y, como atenuantes, tuvo en cuenta la edad avanzada del acusado, su personalidad y su conflictiva historia de vida, sin perder de vista que se hizo cargo de su proceder.

Fuente del sumario: OFICIAL
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco del Suquía S. A. c/ Selva, Graciela  S. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

La cuenta corriente que fue utilizada para un fin diverso al de su creación -lo que supone la inexistencia misma de la cuenta corriente bancaria, que se caracteriza fundamentalmente por la posibilidad del cliente de efectuar extracciones por medio del libramiento de cheques-, no autoriza al banco a emitir un certificado válido en los términos del art. 793 del Cód. de Comercio.
Recurso de inconstitucionalidad, querellante, proceso penal, imputado, denunciante
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ruiz Moreno, José Manuel c/  s/ defraudación (constitución de querellante-apelación fiscal y defensa resolución de fecha 27.06.22 que admite como querellante a López, Edgar Ariel-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-12

En relación a la aludida vinculación de los hechos denunciados por el recurrente y aquéllos que lo tienen como imputado, las consideraciones realizadas por el A quo merecen su descalificación constitucional al demostrarse configurados en el sub judice los agravios de la compareciente, toda vez que el Juez de Cámara, sin contar con elementos necesarios y totalmente desenmarcado del análisis que estaba llamado a realizar, arribó al rechazo de la constitución del impugnante como querellante mediante apreciaciones conjeturales, parcializadas y sesgadas respecto a otro proceso que se encontraba en trámite y que lo tiene como imputado al pretenso querellante, concluyendo así que el mencionado no podía ostentar diferentes roles procesales en un mismo contexto delictivo, pese a que aquél afirmaba enfáticamente que se trataban de procesos separados, y que así lo había considerado el Titular de la acción al llevar a cabo investigaciones autónomas.