Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-06-28


C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho (28) de Junio de dos mil once, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos:

?Mijalchyk César Antonio vs. Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. s/ Cobro de pesos?.

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

1. Contra la sentencia de la Sala III de la Excma. Cámara del Trabajo de fecha 5 de marzo de 2010 (fs. 735/738), el actor interpone recurso de casación, el que fue concedido por resolución del 22/6/2010 (fs. 770). Según informe actuarial de fs. 777, ninguna de las partes ha presentado el memorial previsto en el art. 137 del CPL.

2. La sentencia hace lugar parcialmente a la demanda y condena a la demandada a pagar al actor la suma de $95.486,44 en concepto de indemnización por despido, preaviso, integración del mes de despido, SAC proporcional año 2007 e indemnización del art. 2 ley 25.323; desestima los rubros horas extras, sanción art. 80 LCT y art. 1 ley 25.323; impone las costas y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

La Cámara afirma que son hechos admitidos y, por ende exentos de prueba: la existencia de la relación laboral; la fecha de ingreso, el 01/8/1993 y de cese de la relación laboral, el 10/5/2007 por despido directo incausado; las tareas (supervisor de flota de logística y distribución); la modalidad contractual (permanente); y la autenticidad y recepción de las piezas postales que acreditan el intercambio epistolar entre los litigantes.

Señala que las cuestiones litigiosas y de justificación necesaria son: a) la jornada laboral y la remuneración mensual; b) rubros e importes reclamados y plus petición inexcusable.

Respecto de la primera cuestión (remuneración y jornada laboral), el fallo considera que los recibos de haberes acompañados con el legajo personal del actor (fs. 8/75), cuya autenticidad no fue desconocida por las partes (fs. 516/33), demuestran que el salario de los meses de enero, febrero y marzo/2005, son la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año de trabajo (cf. art. 245 LCT), y que según los aludidos instrumentos, los haberes mensuales están compuestos por los siguientes rubros e importes de carácter remunerativo: a) $2.581 de sueldo básico; b) $438 a cuenta de futuros aumentos que totaliza $ 3.019, y que también consta el pago de $301,90 en concepto de vales alimentarios, ley 24.700.

Señala que ?el informe pericial contable (CPA N° 4, fs. 627/29), cuya observación por el actor se rechaza al ser satisfactorias las explicaciones brindadas por el perito interviniente (fs. 641/3), acredita lo siguiente: a) que la demandada lleva la documentación laboral, contable, previsional e impositiva en regla desde el año 1993 a la fecha (resp. 1); b) el actor figura inscripto en el libro único de remuneraciones como personal jerarquizado con el cargo ?supervisor de ruta de distribución? con ingreso el 01/08/1993 (resp. 2); c) la mejor renumeración normal y habitual es de $ 3.019 (resp. 3 cuestionario del actor, resp. 2 del cuestionario de la demandada); d) no hay prueba de la prestación de horas extras del actor (resp. 6)?.

Añade que ?las planillas de control de asistencia exhibidas por la demandada, correspondientes al período junio/06 a mayo/07 (CPA n° 3, fs. 534/75), acreditan la prestación de servicios diaria del actor en horario vespertino?.

El Tribunal sostiene que los testimonios de Dante E. Buffa (fs. 675), Juan A. Oliva (fs. 677) y Juan C. Farías (fs. 679), ?cuyas declaraciones no fueron tachadas por las partes, son coincidentes y concordantes en señalar que el actor se desempeñó como supervisor de la ruta de distribución de los camiones que salían de la fábrica, sin embargo manifiestan no conocer con exactitud los horarios de prestación de servicios del Sr. Mijalchyk?.

Expresa que los testimonios de Juan C. Farías (fs. 679) y Marcos Magistrati (fs. 687) son ?de escaso valor probatorio porque la credibilidad de sus dichos, respecto a los días y los horarios de la prestación de horas extras del actor, quedaron enervados con la propia declaración del actor en la demanda?.

Considera que está acreditado que el Sr. Mijalchyk revestía la categoría jerárquica de supervisor de flota de logística y distribución, excluida en el art. 4 del CCT n° 311/99, en consecuencia corresponde tenerlo como personal jerárquico fuera del convenio cervecero aludido y por ende del régimen de la ley 11.544 (art. 3 inc. a) que excluye al personal de dirección del pago de horas extras.

Asimismo, que está también admitido por los litigantes que la empleadora abonaba además de la remuneración mencionada, la suma de $301,90 en concepto de tickets canasta, y que ?este rubro no debe incluirse en la remuneración mensual del actor porque la provisión de los vales alimentarios está regulada por la ley 20.744 (art. 103 bis incs. b y c), como un 'beneficio social' reconocido al trabajador, que no tiene carácter remunerativo?, razón por la cual tiene por probado que la mejor remuneración mensual percibida por el actor es la suma de $ 3.019.

Desestima el reclamo de la sanción del art. 80 LCT con fundamento en que el actor ?no acreditó haber requerido de forma fehaciente al principal la entrega de la certificación de cese de servicios.

El acta de constatación (fs. 6), formalizada por el escribano Agustín Scarso, adscrito a la Escribanía de Registro n° 32, única prueba al respecto, acredita que el actor se presentó en la empresa demandada y que la empleadora no le abonó suma alguna de dinero y no resulta prueba suficiente para demostrar que Cervecería Quilmes fue intimada formalmente a entregar dicha certificación?.

Por otra parte la Cámara considera que no corresponde la indemnización prevista por el art. 1 de la ley 25.323 porque no hay pruebas que acrediten la registración deficiente de la relación laboral.

3. El recurrente denuncia que la sentencia no interpreta en forma correcta las disposiciones de los arts. 55 y 80 LCT, 61 y 91 CPL, 31, 33, 34 y 264 CPCyC; que aplica el art. 4º del CCT nº 311/99 pese a encontrarse modificado por acta acuerdo del 29/11/2002 (complementaria del convenio colectivo nº 363/2003 y homologada por resolución nº 3 de la Secretaría de Trabajo, el 20/6/2003 -Organización del Trabajo Basada en Equipos) y omite tratar la aplicación del art. 275 LCT que fue expresa y reiteradamente solicitada a lo largo del proceso. Alega arbitrariedad del fallo.

Entiende que se aparta injustificada e infundadamente de elementos probatorios conducentes y pertinentes, vulnera las reglas de la sana crítica y no interpreta adecuadamente las circunstancias fácticas concurrentes.

Se agravia de la valoración que el Tribunal efectúa de las declaraciones de los testigos Buffa, Oliva, Farías y Magistrati, de las cuales -interpreta- surge que los mismos conocían perfectamente y con toda exactitud los horarios de trabajo del actor, y que con solo cotejar los testimonios con el escrito introductorio se aprecian sus coincidencias.

Agrega que en el cuaderno de prueba del actor nº 3, el juez de primera instancia ordenó que se tenga presente para definitiva la valoración del incumplimiento de la demandada a exhibir el libro de registro de horas extras (art. 6 inc. c, ley 11.544 y art. 8º, 1º del convenio nº 1 de la OIT) y las planillas diarias de salida de ruta, por lo que a su entender ninguna duda existe acerca de que el Tribunal debió aplicar los arts. 55 LCT, 61 y 91 CPL en refuerzo de los claros testimonios producidos.

Se queja de la aplicación parcializada del art. 4 del CCT nº 311/99, segundo párrafo, que reza: ?Quedan comprendidos en el presente convenio los dependientes cuya actividad principal sea la de gestionar ventas y/o cobranzas, visitando efectivamente clientes?.

Invocando el principio de la realidad y los cuatro testimonios de autos, se pregunta qué otra función que visitar efectivamente clientes en pos del servicio de ventas y efectuar cobranzas, realizaba su parte subiendo a los camiones de reparto los días en que, durante la mañana, trabajaba horas extras, a los fines de encuadrarlo en el convenio colectivo citado.

Afirma que percibía, como parte integrante de su remuneración, gratificaciones anuales a cuenta de futuros aumentos y tickets canasta, rubros estos aplicados exclusivamente al personal comprendido en el convenio (conf. convenios colectivos 311/99, 363/03, acta acuerdo del 08/11/99 y acta Santa Fe del 08/01/99).

Prosigue en que, aún subsumido en dichas convenciones, el art. 4º no se encuentra vigente, y por ello es inaplicable a las partes de este proceso, desde que con fecha 29/11/2002 la demandada firmó el acuerdo ?TBE?, complementario de la convención colectiva de trabajo nº 363/2003, homologado por resolución nº 3 del Secretaría de Trabajo.

Sostiene que su parte se encontraba incorporado como personal incluido en el convenio colectivo de la actividad y que, como miembro de trabajo en equipo, no le era aplicable el art. 3 inc. c de la ley 11.544 en tanto sus horas de trabajo excedieron con creces el promedio estipulado en la norma.

Destaca que la demandada nunca afirmó que el actor se desempeñara en cargo jerárquico, sino que las únicas defensas esgrimidas por ésta consistieron en afirmar que era política empresarial que ninguno de sus empleados extiendan su jornada laboral y que era carga del demandante probar la efectiva prestación del trabajo en horas fuera de la jornada laboral legal. Señala que la Cámara vulneró los principios de realidad y de congruencia.

Respecto de la aplicación de la sanción prevista por el art. 80 LCT, el recurrente expresa que la simple lectura del acta notarial n° 00404207 de fs. 6, permite afirmar lo contrario a lo sostenido por el fallo.

Aclara que no impugna este punto de la sentencia, afirmando que le asista razón al cobro de la sanción que establece dicha norma en virtud de su circunstancia de tiempo, sino que la impugnación radica en que los argumentos de sostén carecen de veracidad.

Alega que la Cámara confunde el certificado de trabajo del que habla el art. 80 LCT con la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241, que es la que adjuntó la demandada como prueba documental, y de la que se desprende su incumplimiento con la regla citada.

Sostiene que, acreditado el efectivo cumplimiento de horas extras, la registración de la relación laboral resultó parcial e incompleta, lo que determina la procedencia de la sanción que estipula el art. 1 de la ley 25.323.

Se queja de que el fallo omita el tratamiento de cuestiones expresamente denunciadas y que resultan de toda trascendencia para una correcta solución del caso. Refiere que, en oportunidad de presentar documentación original, el apoderado de la demandada adulteró deliberadamente el contenido de la carta documento n° 86722255 3, de fecha 16/05/07 (fs. 134).

Explica que la adulteración consistió en borrar el último párrafo de dicha misiva, maniobra mediante la cual la demandada deliberadamente intentó inducir a error y engañar al juzgador, la que fue denunciada por su parte y acreditada mediante el informe del Correo Argentino (cuaderno de prueba del actor n° 2 - informes). Señala que esa conducta de la contraria encuadra en la enunciación del art. 275 LCT y que, pese a que fue denunciada y acreditada en autos, la Cámara omitió su tratamiento.

Agrega que la demandada decidió, consciente de su sinrazón y autocontradictoriamente, negar los hechos invocados en la demanda y con ello someter a su parte a la producción de prueba innecesaria y a la tardanza de este pleito, circunstancia que fue advertida al Tribunal a fs. 154 y que, a pesar de estar sancionada expresamente por el art. 275 LCT, fue omitida por la sentencia.

También denuncia la omisión de la Cámara de valorar la conducta, evidentemente obstruccionista y burlesca de la demandada, referida a la negativa de esta a exhibir al juez la documentación laboral y contable (art. 275 LCT).

Cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable al caso, y propone doctrina legal.

4. El recurso fue deducido tempestivamente contra una sentencia definitiva, denuncia infracciones normativas y la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, y siendo actor el recurrente no es necesario cumplir con el afianzamiento (conf. arts. 130/133 CPT). Por lo que el recurso resulta admisible. Es mi voto.

5. Con relación al planteo referido a las horas extras, el recurso no logra demostrar que la argumentación desarrollada por el Tribunal se aparte de las reglas de valoración de la prueba -reglas de la sana crítica-, previstas en el art. 40 y cc. del CPCyC.

Contrariamente, el pronunciamiento impugnado cuenta con fundamentos apoyados en las constancias probatorias de la causa que impiden descalificarlo como acto jurisdiccional válido.

La interpretación de la Cámara sustancialmente se basa en que no existen elementos probatorios que acrediten la prestación de servicios por parte del actor en horas suplementarias, y en que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 3 inc. a de la ley 11.544, el trabajador se encontraba exceptuado del pago de horas extras por tratarse de un empleado jerárquico.

Las apreciaciones del Tribunal referidas a la prueba testimonial no han sido desvirtuadas por la crítica del recurrente. La afirmación de que los dichos de los testigos es demostrativa de que estos conocían perfectamente y con toda exactitud su horario de trabajo y, por ende, que la prueba testimonial no ha sido correctamente valorada por la Cámara, no exhibe fundamentos en las constancias del expediente.

Como lo señaló el Tribunal, las declaraciones testimoniales no son precisas ni concordantes respecto de los días, horarios y tiempo de prestación de los servicios, y no resultan coincidentes con los datos que al respecto éste aportó en la demanda, circunstancia que también fue puesta de relieve por la Cámara.

A modo de ejemplo, se advierte que efectivamente no hay coincidencias ente los dichos de Farías (fs. 679) como de Magistrati (fs. 687) con lo alegado por el actor en su escrito de demanda.

El testigo Farías declaró: ?ese trabajo lo hacía a la mañana como supervisor de ruta, porque salía a trabajar con nosotros un día conmigo y luego con los otros camiones? el subía al camión con nosotros para hacer el control de zona.

Estoy designado a una zona donde se visitaba los días lunes, miércoles y viernes, la otra zona designada se visitaba martes, jueves y sábados? (fs. 679 vuelta), en tanto que el actor sostuvo en su demanda que trabajaba a la mañana los martes y jueves.

Asimismo, el demandante denunció la realización de 5 horas extras diarias los días martes y jueves; sin embargo, el testigo Magistrati dijo que ?los horarios siempre fueron los mismos, dos días a la semana cualesquiera salía a hacer la tarea de ruta? el horario matutino era entre 8.00 y 12.00 hs., cuatro horas diarias, durante la tarde la tarea era la de ruteador y facturador que se desenvolvía entre las 14.00 hs. y las 20.30 hs. aproximadamente? (fs. 687 vuelta).

De allí que la apreciación de la Cámara sentenciante en orden a que los testimonios de estos testigos son ?de escaso valor probatorio porque la credibilidad de sus dichos, respecto a los días y los horarios de la prestación de horas extras del actor, quedaron enervados con la propia declaración del actor en la demanda? no luce irrazonable ni absurda.

Corresponde recordar que esta Corte ha dicho que ?la prueba sobre las horas extras se encuentra en cabeza del trabajador y deben ser concluyentes y fehacientes tanto en lo que se refiere a los servicios prestados como al tiempo en que se cumplieron? (CSJT, ?Segura Vilahur, Carlos Víctor vs. BBVA Banco Francés S.A. s/ Cobro de pesos?, sentencia nº 910 del 02/10/2006).

Tampoco puede prosperar la denuncia de inaplicación de las presunciones de los arts. 55 LCT, 61 y 91 del CPTT. Al respecto esta Corte ha considerado que ?el hecho de que la demandada no le proporcionara documentación alguna al perito sobre la jornada de trabajo realizada, tampoco coadyuva a tener por acreditado el cumplimiento de horas extras en base a los informes de fs. 51 y 55.

Ello así, por cuanto aún en aquellos casos en que opera la presunción a favor del trabajador por la omisión de exhibición de la documentación laboral, se determinó que dicha presunción debía ser corroborada por medios probatorios que demuestren de manera categórica el desempeño de las horas extras laboradas [cfrme CSJT, sent. 263 del 16/4/2001]? (CSJT, ?Pinna, Carlos Alberto vs. Banca Nazionale del Lavoro s/ Diferencias de indemnización?, sentencia nº 116 del 01/3/2006).

En la misma línea este Tribunal señaló que ?respecto a la concreción del apercibimiento previsto en el artículo 61 CPT, sin perjuicio de tratarse de una cuestión que compete a los jueces de grado evaluar y disponer conforme las constancias de autos por lo que, en principio, se encuentra excluida de la instancia casatoria?, en el presente caso la decisión sentencial no resulta reprochable, toda vez que la prueba de presunciones resulta insuficiente para acreditar el efectivo cumplimiento de tareas en horas suplementarias [cfr. CNATr., Sala I, 22-4-76, sent. 35.853; CNATr., Sala IV, 18-3-68, J.A., 1968-III-377].

En esta dirección se ha sostenido que "Aún cuando la empleadora no haya llevado el libro de registro de horas extras, la prueba de la misma a cargo del trabajador debe ser terminante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones totalmente excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del contrato individual de trabajo" [cfr. Cámara del Trabajo de Rosario, Sala I, 30-4-80; "Rodríguez, Rodolfo c/ Constructora Monoblock Mendoza", LL, 1981- 254; CNATr., Sala VIII, 26/2/82, sent. 2132].

"El hecho de que el empleador no lleve registros horarios, no prueba que el dependiente hubiere trabajado las horas suplementarias que reclama ya que la carga del empleador es anotar las horas suplementarias que se trabajen y no las que el trabajador pretenda haber trabajado" [CNATr., Sala VI, 29-9-96, DT, 1996-B- 2096]? (CSJT, ?Díaz, Dante Rubén vs. Siglo XXI S.A. s/ Cobro de pesos?, sentencia nº 1241 del 22/12/2006).

Como antes se señaló, el rechazo de las horas extras se basó, no sólo en la insuficiencia probatoria sino que también la Cámara consideró que, dada la categoría jerárquica de supervisor de flota de logística y distribución que detentaba el actor, correspondía tenerlo por excluido del régimen de la ley 11.544 (art. 3 inc. a), norma que exceptúa al personal de dirección o de vigilancia del pago de horas extras.

La argumentación del recurrente referida a que la demandada nunca afirmó que su parte se desempeñara en cargo jerárquico no logra desvirtuar la arriba referida conclusión del Tribunal.

La norma citada efectivamente prevé que ?en las explotaciones comprendidas en el art. 1 se admiten las siguientes excepciones: a) Cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia?? Y, no habiendo constituido materia de discusión entre las partes, las tareas realizadas por el actor, el encuadramiento de las mismas efectuado por la Cámara en la normativa vigente, exhibe argumentos bastantes -con los que el recurrente podrá o no estar de acuerdo-, que impiden la descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Al respecto no cabe perder de vista que el testigo Oliva declaró que al actor se lo presentan ?como jefe del área donde nosotros trabajábamos? y que ?antes había otro jefe realizando la distribución? (fs. 677). A propósito se ha señalado que ?si se demostró que la tarea cumplida por el trabajador era jerárquica, con funciones de control y supervisión de los empleados a su cargo, bajo la categoría de encargado de movimiento y mantenimiento de planta, a la par que no se verificó que éste se hubiera desempeñado en tareas ajenas a las específicas y propias de dirección, es dentro del régimen de excepción donde cabe enmarcar incuestionablemente su desempeño a efectos del cómputo de la jornada laboral y las horas extras? (CSBA, ?Cárdenas, Enrique B. vs. Cargill S.A.C.I.?, 13/5/2009, LexisNexis online, Lexis n° 1/70058394-2).

Por otra parte, el agravio referido a que es inaplicable el inciso b) del art. 3 de la ley 11.544 porque con fecha 29/11/2002 la demandada firmó el acuerdo ?TBE? (trabajo basado en equipos), es igualmente inviable, desde que el actor no alegó en su escrito de demanda el presupuesto fáctico del referido planteo, esto es, su condición de trabajador por equipos, ni tampoco ello surge de las constancias probatorias de la causa.

Contrariamente, el recurrente incorpora la referida cuestión recién en esta instancia extraordinaria. Cabe tener presente que ?el memorial recursivo debe exhibir la adecuada concordancia entre agravio y fundamento.

De allí que cuando se invoca el motivo sustancial debe respetarse los hechos definitivamente fijados en las instancias de grado. Desentenderse de ello, o modificarlos en base a una diferente apreciación del plexo probatorio, deja al recurso sin la debida sustentación" (CSJT, ?Pérez, Edmundo vs. Tucma S.R.L. s/ Cobro de pesos?, sentencia n° 1047 del 30/10/2006).

Tampoco resulta atendible el planteo vinculado a la parcializada aplicación del art. 4º del convenio colectivo de trabajo nº 311/99, fundado en que las funciones que realizaba el actor consistían en visitar clientes en pos del servicio de venta y efectuar cobranzas, tareas que -a su entender- determinan su inclusión en el referido convenio.

Aquí nuevamente se advierte que en la demanda no se alegó la realización de tales funciones ni se solicitó la aplicación del CCT nº 311/99, lo que vacía de fundamentación la queja del recurrente en examen.

En puntual referencia al agravio relativo a la sanción prevista por el art. 1º de la ley 25.323, el mismo es manifiestamente inviable a la luz de lo resuelto por la Cámara y lo precedentemente considerado con relación al planteo concerniente a la prestación de servicios en horas suplementarias.

También cabe desestimar la solicitud formulada por el recurrente, tendiente a que esta Corte le recuerde a la Cámara que a pesar que el art. 103 bis inc. c) de la ley 20.744 se encuentra derogado por ley 26.341, la Corte nacional se pronunció sobre su inconstitucionalidad.

Ello, porque el actor expresamente reconoce que no impugna el fallo en cuanto niega carácter remunerativo a los vales alimentarios. Y la falta de impugnación concreta de lo decidido torna abstracto cualquier pronunciamiento al respecto pues les está vedado a los jueces emitir resoluciones de carácter general o abstracto.

Tiene dicho el máximo Tribunal nacional que ?la falta de interés económico o jurídico determina la inexistencia de gravamen? (CSJN, ?Rodríguez Saa, Alberto José s/ Interpone recurso de amparo?, 09/05/2000, T: 323 F: 1101).

Respecto de la sanción impuesta por el art. 80 LCT, el recurso tampoco puede prosperar desde que el propio recurrente aclara que no impugna este punto de la sentencia afirmando que tenga derecho al cobro de la sanción que estipula tal regla, sino que la impugnación radica en que los argumentos de sostén de la decisión carecen de veracidad.

Como ya se dijo, la falta de impugnación concreta de lo decidido torna abstracto cualquier pronunciamiento al respecto pues les está vedado a los jueces emitir resoluciones de carácter general o abstracto.

En cuanto a que la Cámara no se pronunció sobre su pedido de entrega del certificado de trabajo formulado en el escrito de demanda como sobre el de aplicación de la sanción prevista en el art. 275 LCT, reiteradamente efectuado durante el proceso, asiste razón al recurrente desde que el actor formalizó ambas peticiones y el pronunciamiento no contiene ninguna consideración sobre las mismas.

Tal déficit del fallo impugnado determina su descalificación como acto jurisdiccional a la luz de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia.

Al no pronunciarse expresamente sobre una cuestión propuesta por el actor, la Cámara ha incurrido en incongruencia por omisión afectando no solo el principio de congruencia, sino también el derecho de defensa en juicio, ambos de raigambre constitucional, a la vez que configura inobservancia al deber de fundamentación impuesto por los arts. 30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, 33, 264 y 265 del CPCyC a los que remite el art. 46 del CPT.

En mérito a lo antes expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por el actor y, por ende, casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III del 5 de marzo de 2010 (fs. 735/738) en base a la siguiente doctrina legal: ?Es arbitraria y, por ende nula, la sentencia que omite pronunciarse sobre planteos pertinentes formulados en el proceso?, y reenviar los autos a dicho Tribunal a fin de que, con la composición que corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

6. Las costas se imponen en el orden causado en razón del resultado del recurso y de que las nulidades declaradas provienen de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 49 CPT y 105, inc. 1°, del CPCCT).

Los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 5 de marzo de 2010 (fs. 735/738), respecto de los planteos analizados en los dos últimos párrafos del apartado 5 de los considerandos.

Consecuentemente, CASAR PARCIALMENTE la referida sentencia en base a la doctrina legal expresada y REENVIAR los autos a dicho Tribunal para que, con la composición que corresponda dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

II.- NO HACER LUGAR, también parcialmente, en relación a los demás agravios considerados en el punto 5, al recurso de casación interpuesto por el actor en contra de la sentencia indicada en el punto I dispositivo.

III.- COSTAS como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANECLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA