Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-08-06


SENT Nro. 571 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 06 DE AGOSTO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en autos: "Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán vs. Chaya, Oscar Rafael y otros s/Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 206/213 por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 18/02/2003 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial.

El pronunciamiento mencionado (fs. 201/202) revocó la sentencia del juez a quo, que oportunamente acogiera la demanda incoada en autos.

A fs. 215/218, los codemandados Oscar R. Chaya y Julio M. Prebich contestan el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible la casación planteada, por sentencia de fecha 21/3/2003 que glosa a fs. 221, por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- En orden al recaudo formal del art. 813 del CPCC, se encuentra satisfecho en la especie. Se trata de una sentencia emanada del tribunal de alzada, que resuelve la cuestión propuesta, de modo definitivo para las partes.

III.- Desde la perspectiva del art. 815 procesal, alega el recurrente que el tribunal de alzada practicó un encuadre erróneo de las cuestiones propuestas y prescindió de pruebas idóneas para la resolución del caso.

Señala que el pronunciamiento descalifica arbitrariamente las pruebas arrimadas por su parte. Concretamente, destaca que el resumen de cuenta y el soporte de facturación objetados, fueron emitidos conforme su carta orgánica y que de ellos surgía en forma detallada y discriminada las fechas de las operaciones realizadas con la tarjeta de crédito, los locales comerciales donde se practicaron, la cantidad de cuotas convenidas, el monto reclamado, la fecha de la mora, etc.

Dice que el resumen de cuenta emitido por su parte está amparado por la preceptiva de los arts. 979 inc. 2° y 980 del Código Civil que se refieren a los instrumentos otorgados por un oficial público dentro del límite de sus funciones. Agrega que la pericia de fs. 83 se practicó en base al libro general Nº 1, rubricado por el H. Tribunal de Cuentas de la Provincia, corroborado a su vez, por el libro de asientos de contabilidad general.

Expresa que a pesar de tratarse de un pleito entre no comerciantes, no debía desmerecerse el valor probatorio de la prueba arrimada por su parte. Denuncia la infracción a los arts. 43, 44, 45, 63 y 64 del Cód. de Comercio.

Considera que se omitió valorar la existencia de otros elementos relevantes para la solución del pleito (la posición asumida por los accionados al negar la celebración del contrato y la deuda, el silencio frente a las intimaciones cursadas mediante carta documento, la pericia caligráfica practicada en autos con resultado positivo, la no impugnación oportuna del resumen de cuenta, los términos de la contestación de demanda, etc.).

Afirma que este déficit supone la violación de lo previsto por los arts. 33, 34, 272 y 273 del CPCC.

IV.- En autos, la Sala a quo explicitó la naturaleza y el valor de los resúmenes de cuenta al momento de reclamar el cobro de los saldos pendientes por el uso del sistema de tarjetas de crédito. Destacó asimismo los recaudos informativos que debían observarse a fin de acreditar la verosimilitud de la deuda y la extensión de los montos reclamados pero así también, a efectos de determinar la posición asumida por el usuario (el consentimiento tácito o la oposición expresa) respecto de la cuenta cuyo cobro se persigue.

Señaló las precisiones que debía contener el resumen de cuenta (nombre del comercio, detalle de las compras, fecha, monto, moneda de la transacción, número de comprobante, saldo anterior, intereses y cargos, pagos realizados, etc.) para que permita conocer la composición de la deuda y justifique el estado de la cuenta generada por el uso de sistema de tarjeta de crédito.

Expresó que "la documentación tendiente a respaldar el importe del crédito pretendido no contiene ni siquiera mínimamente los requisitos apuntados", ya que en el único resumen de cuenta acompañado por la entidad emisora a fs. 10, no se detalla consumo alguno sino solamente los cargos generados a raíz del exceso en el límite de compra, intereses moratorios y punitorios, un cargo administrativo y el sellado que pretende justificar la suma cuyo cobro se persigue.

Desde la perspectiva del tribunal de alzada, el resumen de cuentas acompañado a la demanda no merece tal status jurídico, desde que el déficit señalado impedía el cumplimiento de los fines que le son propios.

Destacó el pronunciamiento que a efectos de respaldar la existencia y extensión del crédito que se reclama al demandado, "resulta necesario adjuntar los resúmenes sucesivos a partir de la fecha en que se configuró el primer incumplimiento de pago hasta la fecha de la baja de la tarjeta, para acreditar así como se ha ido formando el saldo deudor" que se pretende. Siendo así, entendió que el instrumento acompañado a la demanda no resultaba prueba idónea para acreditar la deuda reclamada pues el documento que omite un detalle de consumos, sus fechas e importes y los demás cargos aplicados, veda al deudor el análisis de la composición de su deuda y la posibilidad de cuestionar las sumas demandadas.

La Sala a quo entendió que la inexistencia de un resumen de cuenta acompañado en legal forma impedía la procedencia del reclamo.

Consideró que los soportes de facturación agregados a la causa por la actora y la pericial contable practicada respecto de los libros compulsados a fs. 85/86 tampoco permitían -en el caso- determinar la existencia y la extensión de la deuda mencionada.

V.- En autos, el tribunal de alzada tuvo por cierta la celebración del contrato de tarjeta de crédito y centró su análisis en la controversia respecto de la existencia y composición de la deuda reclamada.

Entendió que quien pretende el cobro de los saldos derivados del uso del sistema, debe acreditar el cumplimiento de ciertos recaudos tendientes a justificar el vínculo contractual (el contrato de tarjeta de crédito) y el crédito emergente del mismo, con un duplicado del resumen detallado que la entidad emisora remite en forma mensual al usuario; extremo éste último, que no se consideró satisfecho.

El pronunciamiento hizo mérito de la prueba arrimada al proceso y concluyó que pese a los elementos aportados, no estaba debidamente acreditada la existencia de la deuda pretendida; criterio que no luce prima facie arbitrario.

De la pericial contable agregada a la causa, surge que los resúmenes de cuenta que obran en autos no son idénticos a los que recibe cada usuario en su domicilio (fs. 86, párrafo 4º) y que lo acompañado a la demanda, son extracciones de los libros "soporte de facturación" de la entidad emisora.

En la doctrina del pronunciamiento se destacó que para acreditar el importe del crédito, resultaba necesario adjuntar los resúmenes sucesivos a partir de la fecha en que se configuró el primer incumplimiento de pago hasta la fecha de la baja de la tarjeta. Y ese extremo no se entendió satisfecho con la prueba arrimada por la parte actora.

La pericia contable de fs. 85 pone en evidencia un saldo deudor que resulta de computar las compras, los intereses y los gastos, con los pagos realizados por el usuario (cfr. la respuesta a la pregunta 1 del cuestionario). Se advierte que la pericia indica un saldo deudor inicial (al 29/9/91) cuyo origen no se precisa y que creció mes a mes, conforme un detalle que se exhibe de modo esquematizado sin otros respaldo que las constancias del propio registro.

Siendo así, la Sala a quo valoró que en el caso, no se habían acompañado a la demanda o compulsado al momento de la pericia, los cupones de compra (cfr. respuesta 2 de la pericia). Señaló que este recaudo, si bien no resultaba imprescindible -como principio- para acreditar la existencia y extensión de la deuda, en el sublite, hubiera cobrado particular relevancia.

En la perspectiva del tribunal de alzada, la pericia practicada sobre los libros de comercio de la actora (conf. fs. 83/86) resultaba insuficiente per se, para acreditar los extremos propios de la acción intentada; criterio no desacertado de conformidad a la naturaleza del contrato cuya ejecución se persigue y a la complejidad del sistema en que se inscribe (la tarjeta de crédito).

En efecto, los arts. 43 y 44 del Cód. de Comercio -citados expresamente por el pronunciamiento impugnado- determinan la obligatoriedad de llevar los libros de comercio con más las constancias contables que integran el sistema de contabilidad respectivo y conforme la importancia y naturaleza de las operaciones desplegadas en el ejercicio de su actividad.

La doctrina ha destacado con particular énfasis, la importancia del deber de información que recae en el emisor de la tarjeta de crédito, precisamente por las consecuencias que se derivan de la complejidad del sistema y de su operatoria (cfr. Rinessi, Antonio, "Tarjeta de crédito y otras conexidades contractuales de consumo", Mario A. Viera Editor, pág. 35; Wayar, Ernesto C., "Tarjeta de Crédito y Defensa del Usuario", Astrea, pág. 234; Villegas, Carlos Alberto, "Tarjeta de Crédito. Ley 25.065", Ediciones Jurídicas Cuyo, pág. 358).

Desde esta perspectiva, resulta insuficiente la mera invocación de la carta orgánica de la entidad emisora (y en especial, el art. 25 inc. g de la ley 5115) para justificar la eficacia que se pretende atribuir a la prueba producida en autos.

La formulación del agravio referido a libros de comercio y a la pericial contable practicada sobre los mismos constituye típica cuestión de hecho y de valoración de la prueba; función propia de los jueces de mérito y ajena a la misión casatoria (cfr. arg. CSJTuc., sent. 452 del 9/8/94, "Ampere S.A. vs. Piero Sogno o Pedro Sogno s/Cumplimiento de contrato").

Pese a la forma en que se presenta la fundamentación recursiva, no se advierte una violación o errónea aplicación de la ley, sino que en definitiva, el recurrente discrepa con la valoración y análisis que el tribunal de alzada efectúa sobre las pruebas; lo que no resulta atacable por la vía intentada, salvo que se invoque y demuestre la conculcación de las reglas de la sana crítica (art.40 CPCC), circunstancia que no ocurre en autos.

VI.- Las costas se impondrán al recurrente vencido, conforme los principios generales sobre la materia.

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 18/02/2003 dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil y Comercial.

II.- COSTAS, conforme se considera.

III.-RESERVAR pronunciamiento de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA