Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-05-22


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 22 días del mes de mayo del año dos mil siete, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los doctores Juan Pedro Cortelezzi, Alejandro Javier Panizzi y Jorge Pfleger, con la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "L., U. D. - C., A. E. s/ Robo en grado de tentativa" (Expediente N° 20.674 - 248 - 2006).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo de fojas 117: Pfleger, Panizzi y Cortelezzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Convoca la atención de esta Sala la sentencia emitida por el titular del Juzgado en lo Correccional de la ciudad de Comodoro Rivadavia que el día 22 de septiembre de 2006 resolvió sobreseer definitivamente a U. D. L. y a A. E. C. en orden al delito de robo en grado de tentativa, en calidad de coautores, por el que fueran requeridos sus respectivos juzgamientos, en relación con el hecho ocurrido en esa ciudad de Comodoro Rivadavia, el día 25 de agosto de 2003 en perjuicio de E. C., al estimar que se había extinguido la capacidad estatal de perseguir por exceder el caso el plazo razonable hasta su juzgamiento (arts. 320 C.P.P.; 18 y 44 de la Constitución Provincial, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y artículo 8 apartado 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos).

II. El hecho que dio base a la intervención del Juez que dictó la medida es el que de continuo se reseña y fue postulado en la pieza acusatoria por el Ministerio Fiscal "... el día veinticinco de Agosto de 2003, siendo aproximadamente las 07:00 hs. los imputados de autos U. D. L. y A. E. C. intentaron sustraer seis minis radios FM portátiles marca "Precison" del interior del local comercial "V. M." sito en calles R. Nro. 19.., propiedad de E. C. Que a ese efecto provocaron la rotura del cristal de la vidriera utilizando para ello una piedra. Que el Sgto. Ayte. J. L. C., de franco de servicio, al pasar por el frente del lugar advirtió el accionar de los imputados, dirigiéndose a la Seccional Segunda -distante a dos cuadras- a solicitar apoyo, procediendo una vez en el lugar junto al Sgto. J. C. y el S. R. D., a la inmediata aprehensión de los encartados los que se encontraban en la intercepción de Av. R. y calle S. con los elementos secuestrados en su poder..." III. La resolución del Magistrado de grado fue recurrida a fs. 91/103 vta. por la señora Fiscal General, doctora Verónica Escribano de Gutiérrez Hauri, quien interpuso casación denunciando errónea aplicación de la ley sustantiva (art. 415 inc. 1ro. del C.P.P.) Afirmó en su escrito que "...el cierre definitivo del proceso, se erige en una violación al derecho a la tutela judicial efectiva que corresponde con propiedad a la víctima y a la sociedad, que en cada caso solicita el control judicial..." Consideró que, en el caso, restando sólo fijar la fecha en que habría de realizarse el debate, o proveer la solicitud de suspensión del juicio a prueba peticionada por la defensa del imputado, cualquier violación del plazo se había subsanado.

Aludió a que, de esa manera, se hubiera obtenido, a corto plazo, una resolución definitiva del pleito que habría puesto fin a las restricciones que implica el mero sometimiento del imputado al juicio penal.

Destacó la circunstancia de que, aun reconociendo la demora en el trámite de la presente, no podía soslayarse que desde el momento de su activación, el proceso adquirió un ritmo regular, que permitía aventurar que se ingresaría en breve lapso en el tramo final del proceso constituido por el debate y la sentencia.

Puso el acento en que el tiempo que el Estado cuenta para realizar la persecución penal encuentra su límite legal en el plazo de prescripción, que en el caso no había operado.

Por último remarcó conceptos relacionados con el derecho de la víctima a que se hiciera justicia en el caso concreto, para solicitar, en el epílogo, que se hiciera lugar al recurso ordenándose la prosecución del trámite según su estado.

IV. Evocada la decisión recurrida y los argumentos dados por la impugnante, iré derechamente a la resolución de que se trata y anticiparé que, pese al destacado esfuerzo desplegado, la razón no asiste a la casacionista, cuyo planteo propiciaré que se rechace.

Se bien que he de ingresar en terreno escabroso, pero no he de esquivarlo.

También que el precedente será un precedente fuerte que podrá determinar la fortuna de otros procesos idénticos al caso.

Pero habiendo meditado seriamente sobre lo que es motivo de convocatoria, no hallo otra solución que homologar la decisión del Juez que pondero atinada.

Señalo, en primer lugar, que el "a quo" no ha actuado fuera de los niveles de sus propios antecedentes. Ya en otras ocasiones aplicó el criterio de ahora sin que el Ministerio Público instara una revisión casatoria, como sucede.

De igual manera considero oportuno dejar sentado mi idea acerca de la función de garantía que cumple el derecho procesal penal, como un elemento que pone un brete al ejercicio del poder jurisdiccional del Estado, dicho esto en sentido amplio.

Es que las normas de derecho procesal, además de operar como dinamizadoras del derecho sustantivo para el restablecimiento del orden jurídico cuando es alterado, constituyen la herramienta sistemática que le otorga al perseguido -o al menos lo pretende- ciertas seguridades, frente a un coloso de varias cabezas, cuales son la persecución en manos de las agencias policiales y del acusador público, la judicatura y las instituciones conexas, entre otras, todas en manos del Estado.

Por ello, el juego limpio amerita una mirada prudente y meticulosa cuando se trata de igualdad de fuerzas y de derechos entre las partes.

Y es en ese aspecto, que interesa a la seguridad jurídica, en donde encuentra pábulo la idea de evitar -al perseguido- la sujeción a un proceso innecesariamente prolongado, que se erija como una lesión a su tranquilidad espiritual y en una transgresión al precepto constitucional consagrado en el artículo 44, 4to. párrafo de la Constitución Provincial que establece, expresamente, que: "... Todo proceso debe concluir en un término razonable...".

Por cierto que la palabra razonable no es un vocablo pacífico y en muchas ocasiones se la expone vacía de contenido.

De manera que es menester asociarla al sustantivo que califica, en este caso "el plazo" que es el quid de la cuestión que se debate.

A eso me dirijo.

Es verdad que, como sostiene la señora Fiscal apelante, todo parece indicar que el plazo que las leyes otorgan al estado para realizar la acción penal es el que la norma penal de fondo establece en su art. 62 cuando regula acerca de la manera en que se extingue el poder de perseguir (el lapso de prescripción que es igual al máximo de la pena prevista para el delito, nunca inferior a dos años ni superior a doce).

Debe convenirse, también, que el orden procesal que rige este pleito contiene normas de caducidad que habilitan a la culminación del proceso a través del sobreseimiento (por ejemplo la hipótesis del art. 294 inc. 6º del C.P.P. Ley 3155) Pero por otro lado, no debe perderse de vista los expresos reconocimientos de los arts. 21 y 22 de la Carta Provincial que aseguran la operatividad de sus preceptos garantizadores y de aquellos consignados en los pactos internacionales sobre derechos humanos que imponen la interpretación "pro homine" del orden vigente. (sobre el tema evocar el art. 7 inc. 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en los supuestos de detenidos; art. 14 inc. 3 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ejemplo, ambos parte del bloque constitucional federal por imperio del art. 75 inc. 22) No obstante lo dicho no es mi propósito penetrar en honduras, sino que, en todo caso, volveré a girar en torno del tema atinente a darle contenido al vocablo "plazo razonable", y en esa dirección a apuntar que la razonabilidad del lapso estará dada por las particulares características del caso en relación con el tiempo que hubiera demandado su tramitación, el comportamiento estatal en esa circunstancia y las razones de la eventual dilación, todo cuanto puede quedar librado al prudente arbitrio de Juez encargado de las garantías.

Es entonces que el concepto debe apreciarse en concreto e insisto, bajo los parámetros anunciados.

En esa inteligencia se me ocurre necesario poner de relieve que el ilícito que nos ocupa tuvo como base un hecho simple, por su desarrollo y por su solución, ya que los imputados fueron aprehendidos en flagrancia cuando intentaban sustraer seis radios de un local comercial, los testigos directos de cargo fueron los mismos policías que frustraron la maniobra delictiva y el sumario de prevención culminó de manera célere quedando en manos del señor Juez de Instrucción.

Conforme las constancias de folios surge que la Policía actuó de la manera vista, pero que la actividad jurisdiccional resultó morosa.

En la instancia de grado el devenir se dilató por dos años y once meses, lapso en el cual el trámite estuvo paralizado en dos oportunidades a saber: Por catorce meses, desde el 12 de Septiembre de 2003 al 4 de Noviembre de 2004, en una primera ocasión y por diecisiete meses, desde el 8 de Noviembre de 2004 hasta el 19 de abril de 2006, en la segunda oportunidad, situación que, a la luz de lo que consta, carece de explicación y enerva la legitimidad de la persecución a la hora de abogar por el interés en la realización de la Ley, pues en su momento el proceso no recibió estímulo fiscal alguno.

Digo esto ya que, sin explicaciones a la vista, se ha visto alterada la progresión sana y regular del procedimiento perjudicando a los encartados, sujetos a una larga investigación, en relación con el hecho concreto.

No es que, como C., se me ocurra rasgarme las vestiduras respecto de la impenitente mora judicial que encuentra innumeras razones, entre ellas el exceso de trabajo, la burocratización del sistema, hoy superada, la falta de medios y la escasez presupuestaria a la que hacen oídos sordos los dueños del poder de administrar el dinero y de distribuirlo en los estamentos del Estado.

He transitado durante años, en demasía, los meandros tribunalicios cometiendo o consintiendo los vicios de los sistemas para ponerme, ahora, a censurar a quienes afanosamente laboran para la realización de la ley en magras condiciones.

Lo que digo es que un caso fácil no ha encontrado solución pronta y no se ha dado una explicación adecuada (que ninguna explicación, es mejor afirmar) que permita justificar la dilación.

Luego, no reprocho a los jueces ni a los fiscales que intervinieron, sino que, sencillamente, homologo el tino del señor Juez Correccional quien procedió con equidad y sentido de justicia, dando solución a este caso.

Verificada, entonces, una adecuación del fallo a la ley en los extremos controvertidos por el casacionista, la crítica formulada deviene insuficiente para desbaratar el camino del razonamiento trazado por el tribunal de mérito que fluye con nitidez del texto de la sentencia y encuentro acertado.

V. Corresponde declarar improcedente el recurso de casación, sin costas, y confirmar la sentencia atacada.

Así sufrago y voto.

El Juez Alejandro J. Panizzi dijo:

I) El hecho objeto del proceso, la expresión de los agravios contenidos en el recurso y demás antecedentes del caso, han sido adecuadamente consignados en el voto del doctor Pfleger que precede a éste, lo cual, me dispensa de transcribirlos.

II) El Señor Juez en lo Correccional que dictó la sentencia, el doctor Guillermo Alberto Müller, sobreseyó definitivamente a Ulises David Lescano y a Ariel Enrique Contreras por el delito de robo en grado de tentativa en calidad de coautores, por el hecho ocurrido en la ciudad de Comodoro Rivadavia el día 25 de agosto de 2003, en perjuicio de Edgard Cabezas, al haberse extinguido el plazo razonable de juzgamiento (artículos 320 del Código Procesal Penal; 18, 44 de la Constitución Provincial; 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 8°, apartado 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos).

Contra esa decisión, recurrió el Ministerio Público Fiscal, objetando la interpretación que el a quo realizó de la garantía del plazo razonable pues la consideró parcializada, y por estimar que existió una infracción a las normas constitucionales que rigen el procedimiento.

III) Es verdad, como anotó la recurrente, que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas supone practicar los trámites en un tiempo lo más breve posible, considerando todas las circunstancias del caso.

Pero no menos cierto es que el delito investigado en autos consistió en un robo ejecutado sólo en grado de tentativa, donde los imputados fueron detenidos en flagrancia con las mercaderías sustraídas en su poder, y en el que -además- la demora consistió en prorrogar catorce meses la citación a uno de los agentes policiales intervinientes en el hecho para prestar testimonio en la causa (v. fs. 50), a quien se le recibió la declaración diecisiete meses después de aquel llamado.

Este retraso, imputable a quien hoy recurre en casación intentando recuperar el ejercicio de la acción que no cumplió durante el curso del proceso, no puede ir en desmedro del derecho que la Constitución Provincial le otorga a todos los ciudadanos en el artículo 44, cuando establece que "Todo proceso debe concluir en un término razonable".

La razonabilidad es del resorte exclusivo de los jueces, y si no es posible traducir ese "término razonable" en un número determinado de días, semanas, meses o años, siempre debe estar relacionado con el juicio de que se trata y con las particularidades de cada caso para resolver.

El de razonabilidad es el único principio absoluto del orden jurídico y, en el caso, advierto su evidente trasgresión, pues las circunstancias en las que se desenvolvió el hecho y su investigación, no presentaron una complejidad tal que justificara los poco menos de tres años que duró la instrucción.

Como lo expresó el doctor Pfleger en el voto anterior, de haberse impulsado eficazmente durante la etapa de instrucción, el proceso habría tramitado sana y regularmente, sin perjudicar a los encartados. Es decir que los fiscales no cumplieron con su deber de custodia de la jurisdicción y competencia de los tribunales y de la eficiente prestación del servicio de justicia que les imponen los artículos 195, inc. 2º de la Constitución de la Provincia del Chubut; 1º y 11 de la Ley Nº 5057, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

IV) Por lo expuesto, coincido con la solución formulada por mi colega preopinante y el recurso de casación deducido por el Ministerio Público Fiscal deberá rechazarse, sin costas, y confirmar la sentencia en todas sus partes.

Así voto.

El Juez Cortelezzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Alejandro Javier Panizzi, existe mayoría de votos para conformar la voluntad de la Sala Penal; de modo que haré uso de la facultad que prevé el artículo 357 del Código Procesal Penal (texto según ley 4550).

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

- S E N T E N C I A 1º) Rechazar el recurso extraordinario de casación deducido por la Sra. Fiscal General Dra. Verónica Escribano de Gutierrez Sauri a fs. 91/103 vta., sin costas (artículo 24 inciso 2°, 415, 485 y concordantes del Código Procesal Penal);

2º) Confirmar la sentencia protocolizada bajo el N°164 del año 2006, que luce a fs. 82/84 de autos;

3°) Protocolícese y notifíquese.- Fdo: Dres. Cortelezzi, Panizzi, Pfleger.-