Prueba documental, telegrama, reconocimiento de la prueba documental, carta documento, demanda, confesión ficta, recurso de casación, apreciación de la prueba, carga probatoria dinámica, propiedad intelectual
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: S.A.D.A.I.C. c/ Alfredo José Colman s/ Recurso directo - Recurso de casación".
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-08-25

En todo supuesto, ya sea telegrama simple o colacionado, en los que se haya acompañado copia del mismo, resulta indispensable para que dicho instrumento tenga eficacia probatoria demostrar su autenticidad.

Respecto al procedimiento dispuesto para comprobar la autenticidad y por ende su contenido del documento aludido, en los casos que el accionado no lo reconozca expresamente, puede acudirse al original mediante el informe respectivo a la oficina de correos para que informe la fecha de emisión, día y hora de recepción y persona que lo recibió, o bien requiriéndose copia autenticada.

La contestación de la oficina sobre esos puntos expresando si el texto acompañado concuerda con su original, configura una verdadera autenticación, que otorga idoneidad probatoria al telegrama.

Pero en cambio, si se está ante una carta documento, cuya autenticación por parte del correo luce en el ejemplar agregado al expediente, al igual que la constancia de recepción, resultaría sobreabundante oficiar al correo para que reitere una constancia de autenticidad y recepción que ya obran en el juicio.

Si en la contestación de la demanda ha mediado expresa de la recepción de la carta documento por el demandado, resulta aplicable el art. 166 del C.P.C. (ley 1419), que habilita a tomar ese silencio como confesión.	Hoy, el C.P.C. en el art. 192 ha receptado expresamente "la negativa general". De ahí, que la confesión tácita emergente de la contestación de demanda es suficiente para acreditar la recepción de la carta documento acompañada.

La hipótesis del inc. 1 del art. 383 C.P.C. no autoriza al Tribunal de casación a sustituirse en la actividad de los jueces de mérito para corregir o modificar las conclusiones extraídas de la prueba y de la interpretación de las normas de derecho sustantivo, pues ese cometido excedería notoriamente los límites impuestos por la ley al motivo de casación, que se reduce a la fiscalización de las formas y solemnidades prescriptas para el dictado de la sentencia.

No basta sostener, que el criterio del sentenciante contraría normas expresas, para tener por configurado un vicio de actividad, si la discrepancia entraña una divergente interpretación de las normas de derecho, o una diferente valoración de la prueba producida.

Los reclamos por cobro de aranceles iniciados por la entidad civil "S.A.D.A.I.C.", en base a liquidaciones unilaterales que constan en planillas, refieren a obligaciones que por su conformación revisten características peculiares. Las leyes especiales que rigen la materia (11.723 y 17.648 dec. reg. 41.233/34 y 5.146/69, respectivamente) determinan una recíproca colaboración en orden al aporte de elementos objetivos tendientes a determinar el monto que en concepto de arancel debe percibir la entidad autorizada.	Así "S.A.D.A.I.C." tiene facultades de contralor de ingresos, boleterías, taquillas y demás valores y el usuario de presentar declaraciones juradas u otros elementos que permitan al ente recaudador verificar la exactitud de sus afirmaciones, elementos que no sólo facilitan la percepción, sino que fundamentalmente están previstas para resguardo del usuario al conformarse con datos aportados por el mismo.	El usuario tiene los elementos contables en su poder para controvertir la configuración de las liquidaciones efectuadas por "S.A.D.A.I.C.".

Al establecer las leyes 11.723 y 17.648 una recíproca colaboración en el aporte de los datos objetivos que conforman el arancel, la carga de la prueba en caso de negativa al reclamo impetrado- recae sobre ambos sujetos de la relación obligacional, y particularmente en cabeza de quien se encuentre en mejores condiciones de acreditar los extremos favorables a su pretensión. Debe receptarse la "teoría de las cargas probatorias dinámicas" cuando las reglas tradicionales o clásicas no resulten idóneas, en función de las particularidades de la causa.	Ello no implica que la liquidación formulada por S.A.D.A.I.C deba tenerse necesariamente como correcta, frente a la inactividad probatoria del demandado, debiendo encontrar respaldo en prueba documental, que expresa la causa de la obligación liquidada.