marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sucesiones, colación, colación ficticia
Materia: CIVIL
Carátula: ZEGARRA SANDRA s/ SUCESIÓN POR INCIDENTE. AC COLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-02-02

La colación ficticia supone computar en la masa partible el valor de las donaciones que el causante hubiere hecho en vida a un heredero forzoso e imputar en su propia porción ese valor, para compensar a los demás herederos en bienes hereditarios equivalentes a los que fueron donados al colacionante. La computación es una agregación o adición contable del valor de lo donado al caudal relicto.

La imputación supone la aplicación del valor donado a la cuota hereditaria del colacionante.

La colación no tiene lugar en nuestro derecho mediante la restitución de bienes a la masa hereditaria sino por medio de una operación aritmética realizada con motivo de la partición -de la cual la colación es un incidente- asignando al heredero donatario una porción menor, de modo de equilibrar su participación en el haber hereditario con la de sus coherederos, es decir, tomando menos o, si se ha recibido mas de lo que corresponde, devolviendo.

La obligación de colacionar, en definitiva, es una deuda de valor, de modo que el heredero que debe la colación no restituye en especie los bienes recibidos, sino que aporta o devuelve valores correspondientes al acervo sucesorio, para someterlos a la distribución entre todos los herederos que fuese arreglada a derecho.-
Inexistencia de cuestión federal suficiente, principio de congruencia, empleo público, cesantía, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: GCBA c/ GCBA SOBRE EMPLEO PÚBLICO (NO CESANTÍA NI EXONERACIÓN) s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en ESTIGARRIBIA SUSANA SOLEDAD Y OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Los votos de los jueces que conforman el tribunal a quo confluyen en el porcentaje que apunta la ordenanza n° 45241 y quizá también lo hagan respecto de la base de cálculo. Sobre esta decisión, el GCBA no muestra comprometida una cuestión constitucional o federal toda vez que, en primer lugar, no acredita que la sentencia que en definitiva ataca, tenga hacia el futuro un alcance más extenso que del de una meramente declarativa acerca de la relación jurídica que vincula a las partes. En segundo lugar, no muestra que el alcance en el tiempo de la ordenanza exceda el margen de interpretación propio de los jueces de la causa ni, a su turno, que las razones que al respecto le dio la Cámara sean insostenibles, cualquiera sea el mérito de ellas. Finalmente, la invocada violación al principio de congruencia no viene mínimamente explicada y tampoco se hace cargo de que, en la lectura de la Cámara, fue el propio GCBA quien le arrimó la discusión acerca del carácter remunerativo otorgado a las sumas adeudadas. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano).
Deuda pública, facultades del gobierno provincial, caducidad
Materia: PROCESAL
Carátula: L., B. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-06-15

Si de algún modo puede discutirse la atribución de las Provincias para disponer por sí la prescripción de las acciones, no es cuestionable la facultad de establecer plazos de caducidad dada su naturaleza procesal, reservada la materia a su atribución.- En este orden, pudo estipular válidamente uno distinto -más amplio- del establecido por la norma nacional- y comprender en él particularmente, el límite para reclamar judicialmente deudas de causa o título anterior al 1 de Abril de 1991, como efectivamente ocurrió por vía de la Ley Nº 4105, más allá de haberlo hecho por adhesión a aquélla.- El interés público vinculado a estas situaciones -particularmente el ordenamiento definitivo para su satisfacción con los medios disponibles- del pasivo del Estado en situación de emergencia, así lo exigía.
Determinación de impuestos, impuesto a las ganancias, erogaciones no documentadas, compraventa de acciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Bolland y Cía SA (TF 21122-I) c/ DGI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-21

Si no solo se encuentra identificada la causa de las erogaciones realizadas -compraventa de acciones- sino que además se hallan individualizados los beneficiarios respecto de los que la AFIP pudo llevar adelante los pertinentes procedimientos de determinación, más allá de la distinta inteligencia asignada al art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1997) por los tribunales de las anteriores instancias, dichas erogaciones no debían ser alcanzadas por dicha norma en tanto una salida de dinero carece de documentación -a los fines de ésta- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien la hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Competencia federal, telecomunicaciones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TIKAL S.R.L.Confitería c/ TELECOM Arg. s/ Rectificación de factura
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

La acción interpuesta por un particular contra Telecom Argentina -Stet-France Telecom S.A. pretendiendo la rectificación de facturas del servicio telefónico prestado por tal empresa en cuanto licenciataria de la Nación por la prestación del servicio público telefónico en parte de esta Provincia de Buenos Aires- actividad sometida a la jurisdicción nacional según lo dispuesto por la Ley Nacional de Telecomunicaciones (art.3,inc.c.)impone que sea dirimida por órgano de la Justicia Federal (art.100 C.N.).. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Igualdad ante la ley, leyes, ley anterior, ley posterior
Materia: CONSTITUCIONAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Bozzano, Edgardo Omar c/ Estado Nacional - Estado Mayor General de la Armada. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-13

La diferencia existente entre las situaciones anteriores y las posteriores a la sanción de un nuevo régimen legal - el de la ley 22 511, con relación al de la 19.101 - no configura agravio a la garantía del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Seguro de caución, incumplimiento del contrato, información ampliatoria, silencio
Materia: COMERCIAL
Carátula: FUNDACION  SANIDAD  EJERCITO ARGENTINO c/ SEGURIDAD CSL Y OTRO s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-14

Condenada una compañía aseguradora al cumplimiento de un seguro de caución, no puede alegar que aún no se había cumplido el plazo previsto en la Ley 17418 art 56, en razón de que la beneficiaria a quien le había requerido información complementaria (L.S. art.46) no la habia presentado en su totalidad, cuando ante la respuesta de la beneficiaria a tal requerimiento guardó silencio, sin manifestar la necesidad de mayor indagación, máxime considerando los términos vagos e imprecisos que utilizara en esa solicitud, sin detallar además cuales serían los elementos de convicción faltantes, con lo cual cabe tener por debidamente satisfecha la carga de información con la presentada por la beneficiaria, y por cumplido desde entonces el plazo del art. 56, sin que la aseguradora nada dijera.
Legitimación pasiva, defecto legal
Materia: LABORAL
Carátula: Barreto Osmar Alberto y Otro c/ La Lorena S.C.A. y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-08-04

Debe revocarse el auto apelado del juez de primera instancia que hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva respecto de la razón social codemandada, por tratarse de la individualización errónea del real sujeto demandado, como surge del propio escrito del excepcionante, constituyendo solamente un defecto formal de la demanda.
Recurso de queja (procesal), doble instancia, contravenciones, cuestión constitucional
Materia: CONTRAVENCIONAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Contravencional y de Faltas nº 2 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-05

La exigibilidad del derecho a la revisión de la condena ante los estrados locales encuentra su fundamento en la mención expresa que sobre el punto realiza el art. 13, inc. 3, de la CCBA.

El derecho a acceder a la doble instancia en favor del ahora condenado reside en el carácter represivo del Derecho contravencional que torna aplicable, a nuestro juicio contravencional, todas las garantías propias del sistema penal.

En este sentido, las normas de los arts. 18 y 75, inc. 22, de la CN; art. 8, inc. 2, h, CADH; y art. 14, inc. 5, del PIDCP -que gozan de jerarquía constitucional- exigen la revisión amplia de la condena dictada en segunda instancia, por impulso del propio condenado a través del recurso de inconstitucionalidad.
Cuestiones de competencia, delitos contra la humanidad, resoluciones equiparables a definitiva, competencia federal
Materia: PENAL
Carátula: Averiguación  desaparición forzada de personas (Pozo de Banfield) s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Si bien no revisten el carácter de sentencia definitiva ni constituyen fallos equiparables a tal categoría los que deciden temas concernientes a la atribución de competencia, la Sala -siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- entiende que -por vía de excepción- son equiparables, por sus efectos, las decisiones que, como la que aquí se impugna, pudiesen revestir gravedad institucional o poner en juego el alcance que corresponde otorgar a garantías principios reconocidos constitucionalmente. Y en autos se destaca la particular naturaleza de los bienes en juego y la relación directa o inmediata de éstos con normas constitucionales. Por lo tanto por razones de conexidad objetiva y subjetiva entre los centros de detención investigados y su unidad de dirección y funcionamiento, y en virtud de las garantías y principios constitucionales que resguardan el debido proceso legal y el juez natural de la causa al que le corresponde la investigación de los hechos denunciados en esta incidencia, resulta conveniente la asignación de la competencia a la justicia federal de la ciudad de La Plata, independientemente del lugar en donde se haya encontrado el centro clandestino de detención, dado que estos sitios sólo corresponderían a una fracción del conjunto de presuntas comisiones de delitos de lesa humanidad ocurridos en la totalidad del llamado "circuito Camps". Los hechos investigados en las presentes actuaciones relativos a la presunta comisión de delitos de lesa humanidad se encontrarían inescindiblemente conectados con el objeto de las actuaciones que tramitan actualmente en la Secretaría Especial del Juzgado Federal de la Plata. (Voto de la Dra. Catucci, adhieren los Dres. Madueño y Rodríguez Basavilbaso).
Transporte de carga, importaciones, derechos de importación, mercaderías despachadas a plaza, responsabilidad del asegurador, monto de la indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: Solvencia Cía. Arg, de Segs. c/ A.G.P. s/ Costas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-05-27

En poder de la aseguradora quedaron los restos de la mercadería, que fueron abandonados por la consignataria y puestos a disposición de las partes. Si esos restos quedaron en poder de la actora es porque la máquina fue despachada a plaza y, como surge del reclamo extrajudicial que le formuló a la AGP , ella misma manifestó que "hasta la fecha no se ha logrado vender la chatarra", lo que importó un reconocimiento inequívoco de que resultaba posible la recuperación parcial de su valor mediante la venta en esas condiciones. Por lo que se debe concluir que la aseguradora había incorporado a su patrimonio los restos de la máquina importada que significaron un recupero - bien que mínimamente parcial - del daño que indemnizó a la empresa importadora, que debe detraerse de la suma abonada en concepto de indemnización ya que el límite de la pretensión de la aseguradora está dado por lo indemnizado a su aseguradora.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones de hecho y prueba, estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, beneficios para detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Dragoevich, Héctor Ramón c/ Mº J y DD.HH s/ art.3 ley 24.043 ( resol.612/01)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-12-02

Cabe confirmar la sentencia que ratificó la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que rechazó la indemnización prevista en la ley 24.043, pues el a quo realizó un análisis de los elementos probatorios obrantes en autos antes de llegar a tal conclusión, lo que deja en evidencia que para resolver la apelación extraordinaria no cabe recurrir a la interpretación de las normas invocadas sino al examen de cuestiones eminentemente fácticas ajenas a dicha vía (Del voto de los Dres. Carlos S. Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Carmen M. Argibay) -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió el voto-.
Poder Ejecutivo, facultades de la administración, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Bustelo Rafaél Justo c/ E.N. M° de Educación s/ Empleo Público".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-03

La Corte Suprema de Justicia avala la posibilidad de una "zona de reserva de la administración" tanto con anterioridad como con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 (Fallos: 305:980, 316:2454 y 319:371) (Cons. 3° i).
Honorarios del abogado, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: ETCHEVERRY DE ROSSI, MARIA A Y OTROS. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. s/ EXPROPIACION INVERSA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-06

La sentencia que reguló los honorarios de los letrados de la parte actora sobre un porcentaje menor al que resulta de aplicar el mínimo de la escala prevista en el art. 7 de la ley 21.839, e importó prácticamente derogar el citado artículo aplicable en el caso por imperio del art. 28 del mentado arancel, no se compadece con la misión judicial, ya que la hermenéutica de las leyes debe practicarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto. Dicha interpretación encuentra sustento en el mensaje que acompaÑó al proyecto de la ley 21.839, en el cual se alude a que las bases sentadas en el capítulo I del título II de aquélla, que habrán de considerarse para fijar los honorarios respectivos, son las "que permitirán a los jueces moverse dentro de los topes mínimos y máximos permitidos", lo que -por otra parte- no significa innovación alguna respecto del régimen anterior, resultante del decreto-ley 30 439/44 ratificado por ley 12.997 y modificado por ley 14.170.
Embargo preventivo, bienes, representantes de la empresa, responsabilidad penal de los directivos de empresas, decomiso
Materia: PENAL
Carátula: Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/ embargo preventivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-31

Resulta procedente trabar embargo preventivo sobre los bienes de la sociedad, por la presunta comisión de actos de corrupción por el cobro ilegitimo de sobreprecios en la adjudicación de obras públicas, para asegurar el eventual decomiso de las ganancias que constituyen el provecho del delito, lo cual no se revela como la imposición anticipada de una pena, sino que, en forma cautelar, tiende a asegurar la eventual aplicación del decomiso en caso de recaer sentencia de condena sobre los autores o participes que habrían actuado en su provecho como órganos, administradores o miembros.
Prueba del pago, recibo, factura, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: La Segunda Coop. Ltda. de Seguros Generales c/ Elis, Florencio y-u Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-07-30

"La acreditación del pago deviene del recibo que constituye la prueba por excelencia de la formalización del mismo, no pudiendo aceptarse que se lo tenga por configurado por figurar en un campo de la factura la mención de que es "venta al contado".
Derechos y garantías constitucionales, daños y perjuicios, responsabilidad civil, ley sobre riesgos del trabajo
Materia: PENAL
Carátula: IRISARRI CARLOS ARIEL c/ LIBERTY ART SA s/ ACCIDENTE LEY ESPECIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

El principio general que sienta el art. 19 de la Carta Magna, según el cual se prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación y la reglamentación que hace el Código Civil en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-.
Locación, prórroga del plazo, prórroga verbal
Materia: CIVIL
Carátula: MEDINA VIUDA DE MILOS, NOEMI NORBERTA c/ ESTADO    NACIONAL   -  MINISTERIO  DE  TRABAJO  Y  SEGURIDAD  SOCIAL s/ DESALOJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-06

Si bien es cierto, que ocurrido el vencimiento de la locación, en esto las partes están contestes, hubo un acuerdo verbal entre ellas para prorrogarla hasta tanto la demandada pudiera formalizar un nuevo contrato no lo es menos que dicha situación, no podía extenderse in eternum. Además, la jurisprudencia es prácticamente uniforme, en el sentido de que seria atentatorio de la buena fe y correctas practicas, que deben guardarse entre las partes, pretender prevalerse de la condescendencia del locador, cuando este no exige imperativamente el desalojo ante el vencimiento del contrato. Ello así también, porque lo contrario nos llevaría a sostener la existencia de la tácita reconducción situación esta expresamente vedada por el art. 1622 del C.Civil.
Recurso de casación, violación de la ley o doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz, Carlos Eduardo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-10-01

El recurso de Casación por violación o errónea aplicación de la ley sustantiva, requiere el señalamiento de la norma que se reputa violentada y el modo en que se verificó la trasgresión; en otras palabras, la expresión de los argumentos por los que se trata de demostrar que ocurrió el motivo invocado.
Intereses, tasa activa, cuenta corriente bancaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO PLATENSE S.A. c/ RAFAG S.R.L. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-06

Cuando se ejecuta el saldo deudor de una cuenta corriente bancaria y el banco privado actor no incorpora el contrato base firmado por el cuenta correntista en oportunidad del inicio de la relación comercial, debe estarse a las normas respectivas que regulan la cuenta corriente bancaria en el cod. de comercio; y concretamente en el tema de los intereses, al no acreditarse pacto especial, se determina que deben aplicarse los intereses legales, que son los que cobran los bancos públicos, esto es, la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina.-
Pensiones, divorcio, denegatoria del beneficio, acción de nulidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ANDREOLI DE MOROS, MARGARITA YOLANDA c/ A.N.Se.S. s/ PENSION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

Corresponde desestimar la acción por la que la peticionante, ante la denegatoria del beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su ex cónyuge y la concesión del mismo a la concubina del causante, promovió la acción de nulidad directamente ante los estrados judiciales en lugar de hacerlo previamente en sede administrativa, conforme lo regula el art. 6 de la ley 23.570. Ello sin perjuicio del derecho de la titular a plantear la nulidad conforme el procedimiento previsto en el art. 3 del Dec.

166/89, reglamentario de la ley antes referida.
Prueba confesional, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coscia, Oscar Miguel y Otros c/ Rosas, Aldo Rene y Otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Ningún valor cabe acordarle a las negativas expuestas por el accionado al absolver posiciones, pues la confesión constituye plena prueba solamente en el caso en que una de las partes, mediante proposiciones afirmativas, introduce un hecho y logra la adhesión de su contraria (conf. doctr. arts. 409 párr. 2do., 411 regla primera y 421 del Código Procesal) y la explicación que agregue el absolvente contraria al hecho propuesto por el ponente, sólo constituye una mera alegación y, como tal, requiere apoyatura probatoria.-
Defensa del consumidor, derecho a la información
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Oroño, Clara Ofelia c/ Lampertti y Cía. S.R.L. (SESEVI Servicios Sociales S.R.L.) s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-03-31

Para que la declaración de salud hubiera tenido el efecto pretendido por la demandada de hacer opertativa la cláusula 10ª, debió haber sido precedida de una información cierta, explícita y detallada, proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión sobre esa característica esencial del contrato, conforme lo exige el artículo 4 de la Ley 24240.
Daños y perjuicios, reparación integral, daño emergente
Materia: CIVIL
Carátula: Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios. Fernández, Juan Carlos Antonio c/ Repetto, Carlos Omar y/o quien resulte responsable s/ Indemnización de Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-05-08|1992-05-08

Más que la situación de rebeldía de los co-demandados debe tenerse en cuenta el principio de reparación integral en la indemnización por actos ilícitos, tendientes a reintegrar o colocar a la víctima en la situación anterior a la producción del daño. Ello porque si bien aquellos han sido declarados rebeldes, encontrándose debidamente notificados por cédula, corresponde considerar si mediante las pruebas producidas y las presunciones legales han quedado acreditados los hechos en que se apoya el pretendido derecho indemnizatorio, máxime frente a la posición de los otros co -demandados, quienes contestaron la demanda negando que en el interior del baúl del vehículo del actor se encontraban las revistas y diarios detallados en el acta de constatación.
Daños y perjuicios, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pometti, Omar c/ Urbanavicius, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-03-21

En la perspectiva de la responsabilidad objetiva, el papel de la culpa, negligencia o falta de previsión del ofensor (v. gr. el embistente) carece de relevancia: para liberarse de la responsabilidad que ya le atribuye la ley, debe probar que la culpa de la víctima la ha excluido, total o parcialmente. El nexo causal, a su vez, sólo requiere el mero contacto.
Sociedad anónima, impugnación de decisión asamblearia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes c/ Iglesia, Daniel y otro s/ Rendición de cuentas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-06

No es acertada la conclusión que, ante la inexistencia de un plazo de caducidad de la acción de revisión -derivado de la falta de previsión estatutaria- acepta la pretensión iniciada varios años después de celebrada la asamblea, porque ante la omisión contractual debe acudirse a un marco normativo más amplio.