Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-11-30


2a Instancia. Buenos Aires, 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia que declara la prescripción de la acción y, por ende, dispone su íntegro rechazo, se alza la parte actora en los términos de su presentación de fs. 1078/1090. Sostiene que el correcto cómputo del plazo de prescripción aplicable, considerando la correcta fecha de inicio de dicho cálculo (30/03/04) y las suspensiones del término prescriptivo derivadas de la intimación fehaciente cursada por el trabajador el 23/03/04 y del trámite llevado a cabo en el SECLO, determinan el rechazo de la excepción en cuestión. También vierte argumentos referentes al pretendido carácter de personal efectivo del actor.

La demandada, por su parte, apela porque se declara la inconstitucionalidad de los decretos 1772/91, 2094/93 y 2733/93 y, consecuentemente, se considera aplicable al caso la legislación nacional (en lugar de la liberiana) y por entender que las costas han sido incorrectamente distribuidas.

Además, el perito calígrafo (fs. 1064), los Dres. Leyro y Laspiur (fs. 1070) y la perito contadora (fs. 1072) se quejan por considerar reducidos los honorarios que les han sido regulados.

II) Si bien razones de orden lógico impondrían, en principio, tratar en primer lugar la cuestión de fondo controvertida (validez del régimen establecido por los decretos 1772/91, 2094/93 y 2733/93), ya que lo que se decida al respecto determinará el régimen legal aplicable en la especie, aspecto imprescindible para establecer el plazo de prescripción que debe computarse (un año si se considera que aquellos decretos son constitucionales y, por ende, se aplica la ley liberiana, o dos años en caso de concluirse lo contrario y, por ende, de aplicar lo previsto en el artículo 256 LCT), cabe entender que la acción intentada se hallaría prescripta cualquiera fuese la conclusión que corresponda adoptar al respecto.

En efecto, de acuerdo con los elementos de la causa, el supuesto más beneficioso para el trabajador en materia de prescripción es el de la aplicación de la ley argentina, ya que ésta contempla un plazo prescriptivo más extenso que el que prevé la ley liberiana (dos años en vez de uno; ver ley marítima liberiana, sección 360, pto. 1, cuya versión traducida al español obra a fs. 452/554), sin que se haya invocado ni probado que dicha ley extranjera establezca pautas para el cómputo del plazo que pudiesen invertir esta conclusión en el caso (p. ej. por la fecha a partir de la cual corresponde el cómputo o por el modo como se hallen regulados - si es que lo están - los supuestos de suspensión y de interrupción del plazo). Y, según la ley nacional, la acción se hallaría prescripta más allá del carácter de "efectivo" o "relevante" que, en definitiva, corresponda reconocer al actor.

Entiendo que lo decisivo para definir la cuestión en análisis es determinar la fecha a partir de la cual corresponde el inicio del cómputo de la prescripción. La parte actora no cuestiona lo decidido por la Juez de grado en cuanto a que el plazo debe computarse a partir de la fecha de extinción del contrato, pero sostiene que el vínculo no finalizó el 6/03/03, como la sentenciante de primera instancia concluye (ver fs. 1062, segundo párrafo), sino que culminó por despido indirecto el 30/03/04 (fs. 1079).

No comparto este argumento. En el último contrato de ajuste celebrado por las partes (suscripto el 27/12/02, conf. fs. 45 del sobre de prueba de la demandada agregado por cuerda, cuya autenticidad surge de lo informado por el perito calígrafo a fs. 1024 y de lo previsto por el artículo 1028 del Cód. Civil) se pactó un plazo de vigencia de 67 días automáticamente prorrogable por los días adicionales que eventualmente pudiesen transcurrir hasta el desembarco. El actor fue efectivamente embarcado el mismo día de la firma de ese contrato (ver fs. 713, parte superior, e informe de fs. 931) y el desembarco se produjo el 3/03/03, decir 67 días después del inicio de la vigencia del contrato.

Si bien los extremos indicados permiten concluir que el vínculo a plazo fijo instrumentado en el citado contrato de ajuste quedó disuelto de pleno derecho el mismo día del desembarco, la solución no sería muy diferente si se considerase que - como la parte actora pretende - la relación fue en realidad por plazo indeterminado, ya que la empresa comunicó fehacientemente al trabajador, mediante telegrama del 6/03/03, el fin del relevo y la extinción del contrato de ajuste, además de indicarle que los haberes pendientes se hallarían a su disposición en la empresa en la fecha que específicamente se especifica. Esta comunicación, recibida por el actor el 7/03/03 (ver copias de fs. 677 y 678, cuya autenticidad surge del informe de fs. 698), no deja lugar a dudas en cuanto a que fue decisión de la empresa poner en conocimiento del actor que el contrato de ajuste se hallaba extinguido, lo que no perdería virtualidad aun cuando se considerase que el vínculo fue por tiempo indeterminado, si bien en este supuesto el actor sería acreedor a determinados rubros indemnizatorios. Tampoco podría sostenerse válidamente - como la parte actora parece pretender - que tal decisión empresaria haya resultado ineficaz porque el actor se hallaba gozando del descanso compensatorio correspondiente a los días que había estado embarcado, ya que esa circunstancia no impide la efectividad del despido, sin perjuicio del eventual derecho del actor al pago de una indemnización sustitutiva del descanso no gozado.

En tales condiciones, corresponde entender que el contrato de trabajo del actor finalizó, a más tardar, el 7/03/03 (cuando el accionante recibió la comunicación extintiva, según el aviso de recibo de fs. 678). En consecuencia, como a partir de entonces Fernández se hallaba habilitado para reclamar el pago de los rubros a que se consideraba acreedor, procede computar el plazo de la prescripción desde ese momento.

Pues bien, desde ese día hasta la fecha de interposición de la demanda (el 2/06/06, conf. cargo de fs. 19 vta.), transcurrió holgadamente el plazo bienal que - en la hipótesis considerada - resultaría aplicable en autos. Pero este modo de cómputo no es correcto porque correspondería descontar seis meses imputables a la suspensión de la prescripción derivada del reclamo deducido en el SECLO (conf. art. 7 de la ley 24635 y doctrina del fallo plenario de esta Cámara Nº 312, en autos "Martínez, Alberto c/ YPF S.A. s/ part. Accionariado obrero", del 6/06/06). Teniendo en cuenta que el trámite ante el SECLO fue iniciado el 26/04/04 (ver fs. 3), correspondería descontar el lapso transcurrido entre el 26/04/04 y el 25/10/04, con lo que cabría concluir que, a los efectos de la prescripción, entre el despido y el inicio de la demanda transcurrieron 2 años, 8 meses y 26 días.

No variaría el análisis la consideración de los efectos que cabría atribuir a las comunicaciones cursadas por el actor en marzo de 2004 (ver fs. 216/217, reconocidos por la demandada a fs. 254, pto. I) de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 3986 del Cód. Civil, que dice: "La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión, sólo tendrá efecto durante un año o el menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción".

En efecto, la intimación cursada por el actor el 23/03/04 sólo tuvo por objeto requerir a la demandada que registrase correctamente el contrato, de modo que no habría implicado una constitución en mora respecto de rubros reclamados en la causa (ver fs. 216).

En la misiva del 30/03/04, en cambio, el actor emplazó a la accionada a que le pagase "(...) indemnizaciones de ley, adicional por rescisión de contrato, indemnización ley 25561, ley 24013" (fs. 217), lo que habría importado la constitución en mora respecto de varios de los conceptos reclamados en la demanda (ver liquidación de fs. 18). En relación con ellos, por lo tanto, se habría producido la suspensión de la prescripción por el término de un año, que, ante la incertidumbre sobre la fecha en la que aquel telegrama fue recibido, consideraré que se extendió entre el 30/03/04 y el 29/03/05.

En consecuencia, considerando que entre el 7/03/03 (fecha del despido) y el 30/03/04 (inicio del plazo anual de suspensión de la prescripción) transcurrieron 1 año y 23 días, y que entre el 30/03/05 (fecha de reinicio del cómputo del plazo bienal de prescripción) y la fecha de interposición de la demanda (2/06/06) pasaron 1 año, 2 meses y 4 días, correspondería concluir que la acción se hallaba prescripta cuando la demanda fue deducida.

Procede aclarar que ninguna incidencia cabría atribuir al trámite ante el SECLO en este último análisis, ya que el período de suspensión de la prescripción derivado de tal extremo (comprendido entre el 26/04/04 y el 25/10/04) se halla íntegramente incluido en el lapso más extenso de suspensión imputable al segundo párrafo del artículo 3986, segundo párrafo, del Cód. Civil, sin que se adviertan razones que justifiquen la acumulación de ambos períodos, como la parte actora parece pretender.

Por lo expuesto, corresponde confirmar el fallo de grado en cuanto declara prescripta la acción, lo que torna abstracto el tratamiento del agravio referente a la ley aplicable.

III) Como la acción se hallaría prescripta cualquiera fuese la ley aplicable en el caso, no cabe entender que existan en la especie razones que justifiquen la conducta del actor en lo que a la oportunidad de su reclamo se refiere, por lo que corresponde imponer íntegramente a éste las costas de ambas instancias (art. 68, primer párrafo, CPCCN).

IV) Por considerar que los honorarios regulados a la representación y al patrocinio letrado de la demandada son reducidos en relación con la importancia y con la extensión de las tareas por ella cumplidas, así como respecto de las pautas regulatorias establecidas en las normas arancelarias aplicables, propongo elevarlos a 16% del monto reclamado en la demanda, sin intereses.

En cambio, los emolumentos fijados a los peritos contadora y calígrafo intervinientes son adecuados a dichos parámetros, por lo que propicio su confirmación.

V) Por lo expuesto, y oída la Sra. Fiscal Adjunta ante esta Cámara (fs. 1121), propongo: 1) Modificar la sentencia apelada e imponer al actor las costas de primera instancia; 2) Elevar los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de la parte demandada a 16% del monto de demanda, sin intereses; 3) Confirmar el pronunciamiento de primera instancia en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 4) Imponer las costas de la alzada al actor y 5) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 1066/1069 vta. y de fs. 1078/1090 en 25% de lo que a cada representación letrada corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

El doctor Oscar Zas dijo:

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada e imponer al actor las costas de primera instancia; 2) Elevar los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de la parte demandada a 16% del monto de demanda, sin intereses; 3) Confirmar el pronunciamiento de primera instancia en lo demás que ha sido materia de recurso y agravios; 4) Imponer las costas de la alzada al actor y 5) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de las presentaciones de fs. 1066/1069 vta. y de fs. 1078/1090 en 25% de lo que a cada representación letrada corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

OSCAR ZAS HÉCTOR C. GUISADO á