Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-20


NEUQUEN, 20 de Noviembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados "RINCON GUSTAVO ADRIAN C/ OLMEDO EDUARDO VICTOR S/ INCIDENTE" (INC Nº 1527/2013) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO.1 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1.- Vienen los autos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contra la sentencia de primera instancia que declara la insuficiencia patrimonial del empleador con relación al pago de la suma de $287.043 en concepto de indemnización por accidente de trabajo de conformidad a la sentencia dictada en los autos principales.

Plantea el recurrente que no están dados los requisitos para que opere el pago a través del Fondo de Garantía previsto en la LRT. En tal sentido, señala que el art. 29 de la ley 24.557 es claro en establecer que las prestaciones serán financiadas por la SRT con cargo al Fondo de Garantía cuando el empleador no esté asegurado o sea autoasegurado. Pero el empleador condenado en este caso se encontraba afiliado a QBE Argentina ART al momento del accidente del actor.

Esgrime que el art. 28, inc. 2, de la ley 24.557 establece que en aquellos casos en que el empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones y podrá repetir del empleador el costo de éstas.

Indica que se vulnera su derecho de defensa, puesto que al no ser parte del proceso principal, es la única oportunidad que tiene para manifestar sobre la procedencia o no del pago por parte del Fondo de Garantía que administra.

Como segundo agravio, se queja del monto que se le intima a pagar, sin aplicar el tope establecido en el decreto 410/01 reglamentario del decreto 1278/00.

Postula que no le es oponible la sentencia recaída en las actuaciones respecto a la inconstitucionalidad del decreto 1278/00 en tanto no fue parte ni pudo defender la constitucionalidad del mismo, siendo éste el único momento para poder hacerlo.

Plantea así, que el fondo de garantía solo puede abonar las prestaciones de ley, las que prevén un tope indemnizatorio.

Agrega que ese Fondo debe existir, subsistir y ser aplicado, sin que se desnaturalice su esencia, a fin de que pueda, a lo largo del tiempo, cumplir su cometido.

Le resulta también agraviante la falta de tratamiento por parte de la sentencia sobre la ausencia de identidad entre la SRT/Fondo de Garantía y el demandado.

Por todo ello, pide se revoque la sentencia apelada.

Corrido el traslado de ley, la contraria contesta a fs. 85/86 vta. Solicita su rechazo, con costas.

2.- Llega firme a esta instancia que el empleador (Sr. Eduardo V. Olmedo) no posee suficiencia patrimonial para hacer frente a las prestaciones previstas en la LRT, a cuyo pago ha sido condenado en los autos principales.

Si bien la Superintendencia de Riesgos de Trabajo invocó en su primera presentación que no se trataba aquí de un supuesto de "empleador no asegurado", ofreció prueba documental que en rigor no acompañó, ni siquiera luego de ser intimada, dándosele por decaído el derecho a valerse de dicha prueba (fs. 67 y 69).

No se observa, entonces, la afectación del derecho de defensa que invoca, ni razones que permitan acoger el primer agravio deducido.

En cuanto al segundo, más allá de que deba concederse al recurrente que no existe identidad entre las obligaciones a cargo del empleador y las que se financian a través del Fondo de Garantía, puesto que la obligación del Fondo de Garantía alcanza únicamente al monto de las prestaciones, excluyéndose expresamente los intereses, costas y gastos causídicos (art. 19, inc. 5, del Dec. 334/96, reglamentario del art. 29 de la LRT), la limitación que se esboza en el recurso de apelación (referente a los topes indemnizatorios) no puede, en el caso, ser admitida por las siguientes razones.

La primera, toda vez que constituye una cuestión que no fue sometida al Juez de la instancia anterior y, por tanto, marginada de la esfera de conocimiento de esta Alzada (art. 277 CPCC).

Nótese que en la presentación de fs. 48/62, la SRT hizo expresa alusión a la limitación del monto de las prestaciones a cargo del Fondo de Garantía, pero alegó solamente la imposibilidad legal de pagar intereses, costas, gastos causídicos y multas por incumplimientos a la normativa vigente.

Y contrariamente a la postura asumida en esta instancia, luego de citar el Dec. 334/96 (art. 19, inc 5), dijo: "...solicito que en el hipotético caso de que sea el Fondo de Garantía de la LRT quien, ante la declaración de insuficiencia patrimonial del empleador, deba responder por lo peticionado en autos, la condena se adecue a la normativa mencionada, disponiendo el pago a cargo de mi mandante por el monto de las "prestaciones" preestablecidas en autos" (fs. 55).

Por otra parte, la impugnación de la liquidación que se insinúa en el punto IV de su escrito, no puede entenderse tal, desde que ningún fundamento concreto se invocó para sustentar la aludida objeción.

Es más: el modo en que fue invocada ("para el caso que se declare la insolvencia") permite inferir que se hizo a modo de reserva, lo cual tampoco era pertinente: sabido es que los derechos no se reservan, se ejercen; máxime cuando esa era la oportunidad procesal para discutir el monto concreto que la contraria requería sea afrontado por la SRT (ver fs. 27/29).

Discusión para la cual, incluso, debía soslayarse lo previsto en el régimen que la propia parte entiende aplicable: "...al contestar el traslado, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO podrá solicitar únicamente medidas de prueba referidas al caudal ejecutable del obligado a otorgar las prestaciones" (art. 19, inc. 3, in fine).

En virtud de estas consideraciones, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación deducido por la SRT. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Confirmar la resolución de fs. 72/74 en cuanto fue materia de recursos y agravios.

2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.