marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Riesgos del trabajo, determinación de la incapacidad, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Pérez, Luis Rubén c/ Federación Patronal ART S.A. otro s/ Ley 24.557
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-14

El desplazamiento de la competencia operado por el art. 14 de la ley 27.348 (publicada en el B.O. de fecha 24.02.17, cuyas disposiciones son de orden público de acuerdo a su art. 23), que modificó el art. 46 de la ley 24.557 texto originario, es de aplicación inmediata, pues las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en caso de silencio, se aplican de inmediato a las causas pendientes, sin que pueda argumentarse un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las normas sobre procedimiento y jurisdicción son de orden público, circunstancia que resulta compatible con la garantía del artículo 18 de la Carga Magna (cfr. Fallos 329:5586, entre otros y sentencia de fecha 11.12.14 in re "Urquiza Juan Carlos c/ Provincia ART S.A. s/daños y perjuicios (accidente de trabajo)", en la que el Alto Tribunal adhirió a lo dictaminado por el Procurador General Subrogante Dr. Marcelo Adrián Sachetta).
Concursos, concurso declarado en el extranjero, exhorto diplomático, aplicación de la ley, Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889
Materia: COMERCIAL
Carátula: DIAMINT  SA s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-09-12

En el ámbito de aplicación del tratado de montevideo, no procede la apertura de un proceso concursal en el país extranjero (en el caso, Perú), en que se encuentran radicados bienes de la fallida, ello así pues dicho tratado establece el principio de unidad de concursos con el presupuesto de que no existan establecimientos independientes del deudor, con la formación de un solo juicio de quiebra y la opción facultativa a favor de los acreedores situados en los estados en los que no se declaro la quiebra, para que puedan pedir la apertura de un nuevo juicio de quiebra en el estado en el que son acreedores locales, solicitándolo dentro de los 60 días de publicación del hecho de declaración de quiebra y de medidas preventivas dictadas.
Impuestos, régimen penal tributario, instrucción, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: CENGI S.A.BETSCH s/ Régimen Penal Tributario Causa 31449
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-02

1- No obstante tratarse el informe que regula el Art. 16 de la Ley Penal Tributaria 23771 de un elemento fundamental en la investigación, de ningún modo está condicionado a él el ejercicio de las atribuciones que incumben al encargado de la instrucción, tanto en orden a las averiguaciones a efectuar, como a la adopción de otras medidas o aún también al cierre del proceso (Cf. Código de Procedimientos en Materia Penal (Ley 2372), Art. 196 y Art. 432).- 2- Durante la tramitación del Sumario, instancia donde no se admiten debates ni defensas, y no habiéndose convocado a prestar ninguna declaración, ya fuere como sospechoso o en algún otro carácter, no cabe dar sustanciación a ninguna controversia, discutiendo supuestas formas o requisitos de las medidas ordenatorias que debe disponer el Juez encargado de la instrucción o las solemnidades o caducidades del trámite a cumplir en sede administrativa.
Acción de amparo, selección de causas
Materia: CIVIL
Carátula: Vivacqua, Carlos Luis c/ Provincia de Formosa y/u otros s/ Acción de Amparo s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-12-20

La actividad jurisdiccional tendiente a analizar la pertinencia o no de las medidas de pública aplicación que conlleven la alteración en el tiempo de derechos adquiridos en la faz económica por los ciudadanos, se ve altamente restringida en momentos como lo descripto por la Corte Suprema.

Ello no obstante, este Tribunal entiende que en última instancia si el particular que reclama justicia resulta damnificado en forma especial y excepcional por la medida, de manera que la misma afecte en forma irreparable derechos humanos esenciales, esta circunstancia lo excluye de la masa de afectados y coloca su caso entre los atendibles.

En este entendimiento, más allá del imprescindible acatamiento a las pautas interpretativas establecidas por nuestro más Alto Cuerpo, entendemos que dos son los parámetros que irremediablemente han de quedar aún reservados al criterio jurisdiccional, uno el alcance temporal de la emergencia y la lógica en cuanto a la temporalidad de la alteración de los referidos derechos económicos afectados y en segundo término la evaluación de aquellos casos que por su singularidad y excepcionalidad, autorizan a excluirlos del contexto general y ameritan una resolución individual de los mismos.
Cámara de Apelaciones, vocal del Tribunal, recusación, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: STRUMIA, GABRIEL HECTOR s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-02

Advirtiéndose que la parte querellante impugna el rechazo de la recusación de los integrantes de la Sala por afectación de la imparcialidad de sus integrantes y tal temor se disipó por la efectiva decisión de la Cámara en el sentido propiciado por la recurrente- confirmando el rechazo del pedido de sobreseimiento de los imputados-, la intervención de este Tribunal aparece -por el momento- innecesaria, sin perjuicio de los eventuales recursos que pudieran interponerse contra esta última resolución.-
Indemnización por despido, aumento de la indemnización, despido con causa, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: RIVERO, OMAR c/ LA FARMACO ARGENTINA ICSA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-28

El empleador que invoca como justa causa un incumplimiento susceptible de ser encuadrado en el concepto de injuria del art. 242 LCT, no ofrece prueba u ofrece como tal la que no lo es, o no intenta en absoluto producir la ofrecida, sugiere con su conducta negligente que ha comunicado el despido con invocación de una justa causa ficticia, con la finalidad de evadir la sanción impuesta por la ley 25323, cuyo propósito disuasorio de los despidos no está en discusión. En esas condiciones será lícito considerar que produjo un despido ad nutum, incluido en los presupuestos del art. 2º de la norma citada. Desde una perspectiva opuesta se llega a la eximición de la sanción cuando ha existido actividad probatoria tendiente a la justificación de la causal del distracto. (Del voto del Dr. Morando).
Banco central, responsabilidad del banco, régimen de garantía de los depósitos, estados contables, falta de registro de las operaciones, responsabilidad del depositario
Materia: COMERCIAL
Carátula: GOÑI CASAUX, MARIO ISMAEL c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-26

El obrar irregular de los depositarios no puede imputarse a los depositantes y salvo que una connivencia fuere terminantemente probada, la ley no autoriza a exigir de éstos conductas más gravosas que las que habitualmente exigen las entidades financieras a quienes les confían sus ahorros.

Por ende, no corresponde hacer recaer sobre los depositantes las consecuencias de la falta de contabilización de sus créditos por las entidades, ni el hecho de que éstas no conserven los duplicados de las boletas de depósito. En tal sentido - agrega la Corte Suprema - "resultan inoponibles a los depositantes los defectos y omisiones en que puedan incurrir el depositario".
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Heredia Liliana E. en autos Exptes. Cám. Nro. 010/99 caratulados "Heredia, Liliana E." c/ Cooperativa de Transportes Cuyo (TAC) y/o Díaz, Carlos L. y/o Q.R.R. s/ Beneficios Laborales - Interpone R. de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-12-15

Si la sentencia de Cámara declaró la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación de la demanda porque la codemandada no fue debidamente notificada, carece de los rasgos de definitividad que deben acompañarla para tornar viable el Recurso de Casación, porque se limita a resolver sobre un aspecto netamente formal, declarando la nulidad de los actos procesales por defectos o vicios producidos durante la tramitación de la causa, sin entrar a merituar el fondo de la cuestión llevada a resolver.

Por lo tanto, es formalmente inadmisible el Recurso de Casación interpuesto.
Cuestiones de competencia, competencia comercial, concursos, ley de orden público, sociedades comerciales, domicilio social
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Vido Construcciones s/ concurso preventivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Para determinar la competencia en materia concursal, cuyas normas son de orden público, cabe estar, en principio, por tratarse de una sociedad regularmente constituida, al domicilio legal inscripto (art. 3°, inc. 3°, ley 24.522).
Juicio político, tribunal de enjuiciamiento, Cámara de Senadores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Balaguer, Luis Armando c/ E.N.  (Honorable Senado) s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-03

Parece razonable no negar - en forma absoluta -, al Senado de la Nación constituido en tribunal de enjuiciamiento, la atribución de suspender al juez o funcionario sometido a juicio político ponderando situaciones de excepción en donde dicha suspensión puede llegar a imponerse "por la fuerza incontestable de los hechos de la causa".
Sociedades comerciales, nulidad de las resoluciones de la asamblea, caducidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: MONTES Nicolasa Maria del Carmen c/ Francisco Monstes Sacif s/ Nulidad de Asamblea
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-09-02

El plazo señalado en el art.251 L.S. para promover la acción de impugnación de nulidad de las decisiones asamblearias de una sociedad, constituye una figura de "caducidad". La caducidad existe allí donde se presentan derechos que constituyen más bien facultades o medidas de defensa que se otorgan por voluntad, convención, disposición de última voluntad o resolución judicial y se extinguen por la acción del tiempo.

La razón y fundamento de la caducidad difieren de los de la prescripción en que en la caducidad no depende del hecho subjetivo, ni de la inercia del titular del derecho durante cierto tiempo, sino exclusivamente del hecho objetivo de la falta de ejercicio del derecho en el tiempo establecido, se funda en la limitación en el tiempo del ejercicio de un derecho (art.2962 Códg. Civ.), cuando el diligente ejercicio del mismo se estima conveniente para el interés individual o superior.
Acción de amparo, derecho a la salud, tratamiento médico
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: LEICACH NATALIO c/ SWISS MEDICAL SA s/ SUMARISIMO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-08

Teniendo en cuenta especialmente que el demandante debió iniciar la acción judicial para obtener que se le suministre el tratamiento de radioterapia de intensidad modulada, considerando especialmente el informe del Cuerpo Médico Forense, resulta claro que ante la demora incurrida por la accionada en el cumplimiento de sus obligaciones y frente al riesgo que ello implicaba para la salud del amparista -que padecía cáncer de próstata-, éste se vio obligado promover la presente acción (cfr. esta Sala, causas 2.820/02 del 3/10/02, 9.108/01 del 3/12/02, 9.587/06 del 8/5/08, 8.917/06 y 8.918/06 ambas del 5/6/08 y 9263/06, citada, entre otras). En tales condiciones, la decisión del señor juez en orden a las costas es correcta, en la medida en que la cuestión devino abstracta, no voluntariamente, sino por el imperativo del cumplimiento de una orden judicial -que apelada por la demandada, fue confirmada por este Tribunal en el marco de una pretensión cautelar promovida accesoriamente por esta vía.
Competencia, competencia federal, competencia por la persona
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aguilar Belkys, Elvia c/ Ferrovías S.A,C. s/ Daños y perjuicios, sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-05-27

Si bien la empresa FE.ME.SA. aparece en varios matices como una persona de derecho privado, por encontrarse sujeta al régimen legal de las sociedades comerciales (ley 19.550), incluso en lo referente a su liquidación (arts. 1, 14, y cc. del decreto 502/91), lo cierto es que el paquete accionario o capital social de la empresa mencionada pertenece al Estado Nacional a través del Ministerio de Economía en un 99% y sólo en un 1% a Ferrocarriles Argentinos (art. 1 del decreto citado), circunstancia ésta que por sí sola demuestra la posibilidad de que resulte comprometida la responsabilidad del Estado, esto es, la eventual afectación de su patrimonio.

Y en este sentido, cabe destacar que no sólo se halla comprometido el activo estatal, sino también que la liquidación de la empresa ha sido dispuesta por el Ministerio de Economía de la Nación a través de la Resolución 3/97.

Por tanto, resulta aplicable a la especie el art. 2 inc. 6 de la ley 48, que establece la competencia federal, en general, en todas aquellas causas en que la Nación o un ente recaudador de sus rentas sea parte.
Bancos provinciales, tribunal de cuentas, fiscalización estatal
Materia: ADMINISTRATIVO-COMERCIAL
Carátula: Banco de Catamarca c/ Tribunal de Cuentas s/ Acción CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE ILEGITIMIDAD Y Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-04-08

Conforme a su Carta Orgánica, el Banco de Catamarca es -en forma directa o indirecta- administrador de bienes ajenos y por lo tanto queda atrapado sobre principios generales del derecho en cuanto está obligado a rendir cuentas de sus actos y de la gestión realizada al titular del patrimonio en nombre de quien o por quien se administran dichos bienes, obligación que adquiere mayor importancia cuando estos bienes son del erario público.

La provincia ha instituido constitucionalmente el Tribunal de Cuentas precisando cuáles son las instituciones que puede fiscalizar y requerirle juicio de cuenta, en donde el Banco Oficial se encuentra incluido. En efecto, el Tribunal de Cuentas fiscaliza y vigila todas las operaciones y cuentas de la hacienda para-estatal, es decir aquellas entidades de derecho privado en cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado o a las cuales éste hubiera asistido garantizando materialmente sus solvencias o utilidades o les haya acordado concesiones, privilegios o subsidios para su instalación o funcionamiento -art. 189 C.P., inc. b-. De lo que se concluye que este organismo resulta competente para someter al Banco de Catamarca al juicio de cuentas y responsabilidad, inclusive en actividades financieras, en la medida que no exista repugnancia efectiva con la actuación del Banco Central.
Inimputabilidad, ebriedad
Materia: PENAL
Carátula: A., M. s/ Homicidio y lesiones - Procesamiento (Resolución Nro. 176, Tomo 57,  Folio 259)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-07-31

Si el justiciable se desplazaba en una bicicleta, vehículo en el que habría llegado al lugar del hecho en compañía de su hijo, su desplazamiento manteniendo el equilibrio sobre el birrodado desde su lugar de procedencia, luciría incompatible con una ebriedad absoluta y completa. Esta se caracteriza, entre otras cosas, por el automatismo de las reacciones, alteración manifiesta de la voluntad, incoherencia de la asociación de ideas, automatismo de los movimientos, etc., pautas que no muestran apoyatura científico-técnica en autos como para estimar que en ese estado se encontraba el imputado al momento del injusto típico... sin olvidar que llevó consigo un cuchillo, con lo que de alguna manera aceptó la criminalidad del acto.
Hurto simple, tentativa, lesiones leves, concurso real
Materia: PENAL
Carátula: Vera, Justo s/ Concurso de delitos - Hurto - Lesiones - Política Penal
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-27

La acción del procesado que al ver frustrado su propósito de culminar una sustracción por la presencia de un testigo que lo delató y al que golpeó, por ese motivo, produciéndole lesiones de carácter leve, configura hurto en grado de tentativa en concurso real con lesiones leves agravadas.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Cibitillo Orlando Alberto y Otros c/ Aguirre Daniel Fabián s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-26

Aunque no es legalmente exigible la aplicación de un criterio matemático para la determinación del quántum indemnizatorio, el mismo puede, en ciertos casos, suministrar pautas suficientemente objetivas para su determinación, porque constituye un método útil, especialmente cuando se incorporan a los términos de la ecuación, en lo posible todas las circunstancias que pueden y deben ser prudentemente ponderadas
Superior Tribunal de Justicia, recusación
Materia: PROCESAL
Carátula: SCARZI, HUGO ALBERTO A. Y BLOIS, JOSE FABIAN c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-03-23

Debe desestimarse el planteo efectuado por el recurrente solicitando se aplique analógicamente el trámite establecido en el artículo 15 del Código Procesal Civil y Comercial local y se ordene la formación de un Tribunal ad hoc a los efectos de la revisión de la desestimación de las recusaciones planteadas contra los señores Ministros de esta Corte y el señor Procurador General, por cuanto lo solicitado por el interesado no se ajusta al procedimiento de recusación, excusación y reemplazo de los integrantes de este Tribunal, que se encuentra establecido en los artículos 12 y 13 de la ley 10160, sino que el trámite que propone el peticionante está previsto para los jueces que cuentan -dentro de la organización del Poder Judicial-, con Órganos de instancia superior, situación que claramente no se configura cuando se trata de recusaciones a integrantes de esta Corte Suprema de Justicia.
Concursos, acreedor verificado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Telenta, Horacio A. s/ Quiebra-Incidente de Impugnación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-03-27

El acreedor verificado detenta el carácter de parte durante el proceso concursal, con facultades suficientes para la defensa de sus derechos, no sólo frente al deudor concursado o fallido sino también frente a los restantes acreedores que toman intervención en dicho frente a los restantes acreedores que toman intervención en dicho procedimiento -cfr. artículos 35, 36, 38, 40 de la Ley 24.522-.
Sociedades comerciales, intervención judicial, improcedencia del recurso, concursado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Petinari, Adriana Gisela c/ Pedro Petinari e Hijo SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-04

Procede confirmar la resolución que rechazó la medida cautelar de intervención societaria solicitada. Ella en tanto, la sociedad imputada se encuentra en concurso preventivo, extremo que de suyo exhibe que ella ya se encuentra intervenida, bajo la veeduría del síndico designado (LCQ 15), de lo que se infiere que los hechos puestos a consideración de la Sala deben ser examinados primero por el juez que interviene en tal concurso, que es naturalmente competente para evaluar la conducta del deudor y la forma en que el síndico está prestando su función, a los efectos que pudieran corresponder (LCQ 17).
Intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Limpiz, Manuel Enrique c/ Empresa de Transporte "El Pampeano" S.A.C.I.I.F.A. s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-12-02

La citación sólo tiene por fin que en eventual acción de regreso, las citadas no puedan oponer la excepción de un mal proceso antecedente, alegando en el juicio que son citadas las defensas que estime le asistan; así, en la hipótesis de ser demandadas, opongan y puede imponérseles las consecuencias del juicio antecedente.
Mercado cambiario, haber jubilatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: B.Y.O., V. c/ P.E.N. y Otro s/ Emergencia Económica
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-11

Corresponde hacer lugar al amparo interpuesto por el beneficiario de una pensión proveniente del exterior en moneda extranjera, tendiente a que se declare la inaplicabilidad de las restricciones a las operaciones cambiarias mediante las cuales se dispuso la liquidación del beneficio previsional en pesos a la cotización oficial, dificultando e impidiendo el acceso a moneda extranjera, pues se evidencia una actuación arbitraria e ilegítima de la Administración, quien no solo omitió dictar un acto debidamente fundado violándose los derechos de los administrados, sino que también le vedó a la amparista el acceso al mercado cambiario a los fines de poder gozar de su beneficio.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, intereses, tasa pasiva
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La trascendencia de los principios jurídicos en juego y su connotación económica fue puesta de relieve por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar "Yacimientos Petrolíferos Fiscales c- Provincia de Corrientes y Banco de Corrientes". En esa ocasión, la mayoría del Tribunal, en un juicio de competencia originaria y referido a contratos administrativos, asumió decididamente la cuestión, estableciendo la aplicación de la tasa de interés pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.

Ese pronunciamiento expresó la posición de la Corte Nacional ante la serie de interrogantes que había desatado la vigencia de la ley 23928 y determinó una orientación firme para los distintos tribunales del país.
Accidente de tránsito, responsabilidad concurrente, licencia de conducir
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dibbo, Rubén Hadar c/ Vicinanza, Enrique s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-20

Si bien la desaprensiva y negligente actitud observada por la víctima al cruzar una avenida de intenso tránsito vehicular, contribuyó en gran medida en la producción del accidente, ello no puede excluir al demandado del juicio de reproche que desde la esfera de la responsabilidad objetiva y por el sólo contacto de la cosa riesgosa de su propiedad con el cuerpo de aquélla, le viene impuesto por el art. 1113, 2do. párrafo, 2da. parte del Código Civil, más aún si se tiene en cuenta que el conductor del rodado al tener lugar el accidente tenía vencido desde largo tiempo el carnet habilitante para conducir vehículos. Consecuentemente, cabe distribuir la responsabilidad en un sesenta (60) por ciento a cargo del demandado y el restante cuarenta (40) por ciento a cargo de la víctima.
Administración General de Puertos, responsabilidad de la administración portuaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: "EL PLATA  S.A.  ARG. DE SEG." c/ ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS s/ ADMINISTRACION  GENERAL DE PUERTOS - RESPONSABILIDAD - LIQUIDACION DE  AVERIAS - VALOR PROBATORIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-08

Mal podría eximir su responsabilidad en función de lo preceptuado por el art. 287, inc. 5, de la ley 810 para lo cual hubiera debido demostrar, ante todo, que se dieron en el caso las condiciones fácticas de exención previstas en dicha hora. Además el principio general en esta materia es el de la responsabilidad de la administración portuaria, debiéndose interpretar restrictivamente las excepciones.-