marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Simonutti, Guillermo c/ Microomnibus Primera Junta s/ Daños y Perjuicios Cevasco, José Juan y otro c/ Quintans, Alberto Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-08-02|1990-10-16

Aún cuando el propietario carezca de medios para proceder a la reparación del automóvil, ello constituye una consecuencia mediata en los términos del art. 901 "in fine" C.C. y que puede calificarse de casual, porque es discreto concluir que ello resultaba imprevisible para el causante del accidente, pues a nadie se le ocurre pensar que éste podía preveer que aquélla persona, en razón de su situación económica, no estaría en condiciones de proceder a la reparación de su vehículo.
Costas, costas en el orden causado, régimen de consolidación de deudas, acción de repetición, multa administrativa, nulidad del acto administrativo
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Yeh Wen Jinn c/ Registro de la Prefectura Naval Argentina. s/ Nulidad de multa-restitución de sumas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

Corresponde imponer las costas por su orden, si la naturaleza de la cuestión (aplicación de la ley de consolidación a la restitución de una multa declarada nula) pudo crear en el actor la convicción de que contaba con razón suficiente para litigar (art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Morales, Juan Carlos c/ Transporte General Las Heras S.R.L. s/ Recurso de inconstitucionalidad. Cobro de australes (Expte. CSJ Nº   899-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-20

La simple lectura del texto de la ley 23643 da la idea de que el legislador implementó una reforma integral del régimen específico de reparación de los infortunios laborales, pero no dijo expresamente si esas modificaciones tendrían un tiempo determinado para entrar en vigencia. En estas condiciones parece claro que el tema quedó diferido a las prescripciones de la ley común, esto es, los artículos 2 y 3 del Código Civil, de modo tal que la nueva ley entró a regir el día 16.11.88. Por ende, no existe conflicto intertemporal habida cuenta de que no dispuso su eficacia retroactiva ni se mantuvieron dos normas simultáneamente en vigor.
Despido, diagnóstico médico, subsistencia del contrato, cambio de tareas
Materia: LABORAL
Carátula: A., E. F. c/ C. W. S.A. s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-11

"El despido dispuesto por la empleadora sobre la base de un único informe médico, el cual no determinaba el carácter irreversible de la imposibilidad de prestar las tareas habituales, resultó injustificado y por ello el actor resulta acreedor a las reparaciones previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T.

En atención al principio de conservación del contrato recogido por el art. 10 de la L.C.T., la empleadora debió requerir otras opiniones médicas y determinar de modo fehaciente y concluyente que el estado de salud del demandante era de carácter permanente. A la empleadora incumbía la carga de acreditar no sólo la inexistencia de vacantes en tareas acordes a la capacidad del trabajador sino además la imposibilidad de efectuar una rotación que permita al empleado una ocupación compatible con su estado de salud.
Relación de dependencia, ius variandi
Materia: LABORAL
Carátula: Avalos, Julin c/ Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitadas (U.C.A.L.) s/ Indemnización por despido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1995-08-24

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del a-quo que considera bien ejercido por los demandados el ius variandi y el despido justificado. Ello así, ya que si bien el caso citado se trata de una persona que se dio por despedida, para el caso en tratamiento valen los argumentos, pues justifica el despido el hecho de la negativa permanente del actor a la prestación laboral o a condicionarla como por último pretendió, si de autos no surge que la variación en la modalidad de trabajo hubiere producido una variante perjudicial, para el obrero actor, moral-material o física, ya que el sueldo no variaba, el lugar de trabajo tampoco, y el lugar de prestación era el mismo.
Contrato de trabajo, empleador conjunto, bingo, primacía de la realidad
Materia: LABORAL
Carátula: Coronel Juan Marcelo c/ Unión Bar S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-28

El empleador plural o múltiple constituído por un grupo de personas jurídicas no es un sujeto de derecho sino ante todo una praxis gestional de la mano de obra. La situación del trabajador que había ingresado a trabajar para Union Bar S.A. (empresa de gastronomía) que presta servicios en varios Bingos y agencias hípicas, habiéndose desempeñádo indistintamente en cualquiera de sus sedes; debe considerarse que se trató de un solo contrato de trabajo con un empleador múltiple, conjunto o plural en los términos del art. 26 de la L.C.T. y que dicha empresa asumió materialmente la titularidad del emprendimiento. A los efectos de la imputación jurídica de las diversas obligaciones empresariales, no es la forma jurídica de la empresa, ni la actuación en nombre propio, sino que lo relevante es la participación en el ejercicio de un poder de dirección y organización empresarial unitario en aras de la satisfacción de un propio interés económico-productivo. Y es el principio de la realidad el que constituye una regla de interpretación para el juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber montado las partes se impone la realidad resultante de los hechos cumplidos durante la relación, primando así la realidad sobre las formas.
Defensa del consumidor, responsabilidad del banco, información errónea o desactualizada, daño punitivo
Materia: COMERCIAL
Carátula: Díaz Augier, Luis María c/ Banco Santander Río SA s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2022-03-30

A la hora de valorar el daño punitivo, uno de los presupuesto a tener en cuenta es la envergadura de la empresa y la posición que tiene en el mercado - es de público conocimiento la importancia que tiene la entidad bancaria demandada-, y se debe fijar una suma de dinero que sea realmente significativa para la empresa. Otro elemento a considerar es el perjuicio ocasionado al destinatario de la conducta antijurídica, quien se vio perjudicado en su esfera patrimonial, al ver truncada la posibilidad de concretar operaciones financieras y por otro lado vio lesionado derechos extrapatrimoniales, como ser el honor y la dignidad, al resultar informado en el Banco Central por incumplimiento financieros (inexistentes). Y el último presupuesto a tener en cuenta a la hora de fijar los daños punitivos es cuan gravosa resultó la actividad antijurídica desplegada por la parte infractora, la cual faltó a su deber de profesionalidad que exige su actividad, y por otro lado, violentó lo establecido por el art. 1097 del CCCN y art. 8 bis de la Ley 24240, que se refieren al deber que tiene todo proveedor de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios, conforme lo tienen también establecido los tratados de derechos humanos. Por ello, el daño punitivo fue fundamentado y ajustado a derecho.
Derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, prueba, ofrecimiento de la prueba, plazos procesales
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: ESMA s/ -  Hechos  que  se  denunciaron  como  ocurridos  en  el ámbito de la  "Escuela de Mecánica de la Armada"
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-30

No comporta afectación a garantías constitucionales lo decidido en materia de plazos para ofrecimiento de prueba, si cualquiera fuera el acierto del concedido inicialmente y de sus prórrogas, los avatares del trámite posterior del proceso han venido a determinar que, de hecho, la defensa haya contado con más de un año para preparar el correspondiente ofrecimiento.
Prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gasalla Antonio c/ Salceduc s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

Siempre que se trate de determinar si el ofrecimiento de prueba realizado por el litigante se hizo dentro del plazo legal, la providencia respectiva no está alcanzada por la inapelabilidad que establece el art.377 del CPCC. Habida cuenta de ello, cabe tratar el recurso planteado que cuestiona el auto que da por perdido el derecho a ofrecer prueba a la parte que lo hizo prematuramente. Si bien es cierto que el ofrecimiento de prueba formulado antes de la oportunidad prevista por el art.365 del CPCC supone una irregularidad, no lo es menos que la misma no reviste tal entidad como para justificar el tener por no presentada la ofrecida en los escritos postulatorios del proceso. La prueba ofrecida prematuramente -en procedimiento que solo corresponde para el juicio sumario y sumarísimo- no constituye una alteración suficiente al buen orden procesal que valide una sanción tan grave como la que corresponde a la falta de ofrecimiento. Equipar sin más en tales supuestos el acto prematuro con el acto omisivo lesiona el derecho constitucional de defensa en juicio, tanto más cuanto no hubo una oportuna y expresa desestimación de la prueba ofrecida antes de tiempo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, ley penal más benigna, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PENAL
Carátula: DISTAL S.R.L.TELIAS, OSVALDO s/ Régimen Penal Cambiario Causa 33119
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-11

La cuestión referida a la aplicación del principio de ley penal más benigna, por tratarse de cuestiones de derecho común, no puede hacer lugar al recurso extraordinario, pues la doctrina de la arbitrariedad se refiere a aquellos casos en que la sentencia no deriva razonablemente del derecho aplicable según las circunstancias comprobados de la causa (CSJN-FALLOS 295:535, 291:202) (Del voto en disidencia del Dr. Hendler).
Honorarios del abogado, honorarios extrajudiciales, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: KILLNER, Ernesto Gerardo c/ HUARTE, Adriana Mabel s/ COBRO DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Cuando existe una actividad judicial, los trabajos extrajudiciales paralelos, que naturalmente pueden ser anteriores y abarcar otros aspectos legales que los reflejados en la disputa judicial, cuando no tienen una definida entidad particular, quedan abarcados en principio por la regulación que practique la justicia.
Tasa de justicia, conciliación, transacción
Materia: PROCESAL
Carátula: Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/ Saldaño, Raul Bernabé s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-09-30

Resulta correcto eximir del pago del 2% del monto homologado correspondiente a tasa de justicia, en vista de que el artículo 21 in fine del Código Procesal Laboral, establece que; en los casos de conciliación o transacción el beneficio de la justicia gratuita se extenderá a la totalidad de las partes y de las actuaciones respectivas.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título, títulos ejecutivos, fianza
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ PERRONE, JUAN CARLOS Y OTROS s/ PROP. VIA EJEC. AUSTRALES 30.000
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-21

En cuanto a la procedencia de exigir el pago de las fianzas por vía ejecutiva, se debe señalar que dicho instrumento resulta título ejecutivo hábil, en la medida en que los documentos demostrativos de la obligación principal y aquel por el que se constituyó la fianza sean exigibles por ese procedimiento.

En consecuencia las fianzas acompañadas a la causa, son hábiles en la medida en que garantizan documentos - pagarés -, que sin lugar a dudas habilitan la vía ejecutiva.
Competencia, obras sociales, fallos de la Corte Suprema, competencia civil y comercial federal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "ASOCIACIÓN  BANCARIA (SOCIEDAD EMPLEADOS DE BANCOS) c/ Institutode Servicios Sociales Bancarios". s/ EJECUCION LEY 23660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-04-15

La C.S.J.N., respecto de los jueces que deben conocer en procesos en que son parte las obras sociales, unificó la competencia en la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal (Cfr. "Talarico, M. c/ Clínica Privada Banfield", Fallos 315:2292; "Obra Social de Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos y otros c/ Estado Nacional", sent. del 10.12.97; "Centro Quirúrgico Cardiovascular c/ Obra Social del Personal de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento). Así también lo entendió la Excma. Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, al sostener que no corresponde declarar la competencia del fuero de la seguridad social cuando el objeto de la pretensión deducida no se relaciona con la materia jubilatoria previsional, ni encuadra en ninguna de las causas mencionadas en el art. 2 de la ley 24.655 (cfr. Sala III, sent. del 28.10.97, "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ Dirección de Ayuda Social Congreso de la Nación"). (Del voto de la mayoría. El Dr. Herrero votó en disidencia).
Recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, estafa procesal, delitos
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: AUDISIO, RAUL ALFREDO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-08-06

Corresponde el rechazo de la queja interpuesta, desde que la hermenéutica propiciada por el Tribunal no ha sido suficientemente cuestionada por la recurrente, pues si bien ésta aduce una interpretación diferente de las normas jurídicas involucradas y de las pruebas incorporadas al expediente, lo cierto es que no logra trasladar esos reparos a la resolución objetada, quedando claramente la cuestión ceñida al desacuerdo de la recurrente con el criterio con que el A quo interpretó y aplicó al caso las disposiciones contenidas en el artículo 172 del Código Penal, que no puede tildarse de grosera, absurda o irracional a punto tal de descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido. En efecto, los sentenciantes entendieron que la conducta desplegada no podía considerarse un ardid idóneo para generar un error en el Juez, ni había habido desplazamiento patrimonial ilegítimo, exigido como requisito propio del injusto, no sólo porque se trata de una figura penal en grado de tentativa sino porque la admisión en sede civil por parte de la dueña registral del inmueble de la capacidad económica del imputado, que le permitió adquirir el predio cuya escrituración se demanda en esa sede, teniendo a su vez en cuenta el momento o circunstancia en que se efectúa dicho traspaso, como una manera de resguardar su patrimonio ante la situación financiera que atravesaba en ese momento, impiden dirigir un reproche penal, pues no es posible tener por acreditado el dolo requerido por la figura legal que se le imputa, por lo que su conducta deviene atípica.
Honorarios, escala arancelaria, límite legal
Materia: LABORAL
Carátula: SANTONI LUIS c/ ZENARDO TOMAS TEODORO s/ PAGO POR CONSIGNACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-12-03

Los alcances de la Ley 24.432 en orden al porcentaje máximo que pueden alcanzar los honorarios profesionales, sólo funciona respecto de los devengados en la instancia principal, no comprendiendo los trabajos incidentales.

Por tratarse de una norma que restringe los derechos de los profesionales a percibir honorarios conforme lo que resulte de aplicar las leyes arancelarias pertinentes, debe ser objeto de interpretación restrictiva.
Lesiones leves, pericia médica, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: G., C. A. s/ Denuncia Amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-03-22

...los diagnósticos médicos deben ser confeccionados y ponderados según las típicas exigencias mensurativas de la ley penal: días de inutilización para el trabajo, no días de curación.
Escritos judiciales, falta de firma
Materia: PROCESAL
Carátula: E.C.B. INTERNATIONAL BANK c/ MONZON, Martín José y otros s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-30

Careciendo el escrito de la firma de la parte, tal presentación efectuada no constituye un acto jurídico atribuible a aquélla y, por ende, no resulta susceptible de convalidación, confirmación o saneamiento, circunstancia que puede ser declarada, incluso de oficio y en cualquier tiempo.-
Caducidad de instancia, actos no interruptivos, desistimiento de la acción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ADMINISTRADORA DE LA SUCESION SANCHEZ JUAN CARLOS EN J: SANCHEZ J.C. c/ CORONADO RODRIGUEZ CRISTOBAL s/ Daños y Perjuicios Casación (LIBRO: S275 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-10-30

El desistimiento de la acción no constituye un acto impulsorio de la instancia, puesto que, por sí mismo, no produce ningún avance del procedimiento, sino la extinción de éste en el caso de desistirse del proceso, o de la acción en el otro supuesto; el trámite queda en el mismo estado que estaba, requiriéndose de otra actividad para lograr el impulso procesal adecuado.-
Juicio, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ INVESTIGACION  PRESUNTO ILICITO PENAL. REQUERIMIENTO DEL SEÑOR FISCAL      COMPETENCIA.     CSJ EXPTE NRO 281-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-05-29

El ordenamiento ritual santafesino, tras ordenar la unificación del tribunal en caso de pluralidad de causas, dispone en el artículo 36 inciso 3 "si no pudieran aplicarse estas normas, el tribunal que debe resolver las cuestiones de competencia tendrá en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia", con lo que será juez competente aquel que permita "un trámite ágil y efectivo de las causas", conjugándose eficazmente de este modo la concentración que impone la unificación de tribunal y la ratio que orienta la máxima "locus commissi delicti", salvaguardándose debidamente las garantías constitucionales.
Recurso contencioso administrativo, prueba, Administración Pública, notificación, actos y diligencias procesales, nulidad del acto jurídico, carácter excepcional, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Miniello, Jorge Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de nulidad (Expte. CSJ Nº 336-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01

La ley 4106 no contempla que la recepción de los oficios contestados deba ser notificada por cédula y, de hecho, tampoco sanciona con la declaración de nulidad la falta de ese acontecimiento. Por lo tanto, corresponde rechazar el pedido de declaración de nulidad de lo actuado, si la recurrente no ha demostrado los perjuicios que le irroga a su parta la falta de notificación por cédula de la recepción de los oficios con que se fueron contestando pruebas informativas solicitadas, y desde que habiendo tomado conocimiento de la presentación de dichos oficios, pudiendo controlarlos, no ha cuestionado en término el contenido de ninguno de ellos, ni la necesidad de ampliarlos o impugnarlos, tal como manifiesta en el escrito donde plantea la nulidad.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, juicio, sellado judicial, partes, obligaciones, tasa de justicia, principio de solidaridad, CÓDIGO FISCAL DE SANTA FE, leyes, interpretación de la ley
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: XX s/ Sellados judiciales. Pago. Obligación (Tribunal pleno)  En el caso, la cuestión a resolver   es: ¿qué interpretación ha de darse a los artículos 226 y 227 del   código fiscal en cuanto a la obligatoriedad, o no, respecto de la   parte actora y al momento de arribarse al dictado de la sentencia,   de satisfacer el 50% restante del sellado judicial no pagado con   anterioridad?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-08-14

El artículo 237 del Código Fiscal ("Ninguna resolución será notificada a las partes sin las previas reposiciones que correspondan..."), al contemplar la notificación a "ambas partes", también apunta a la dualidad de obligados ya que, de otro modo, no se concebiría que si el demandado tiene interés en la notificación se vea impedido de hacerlo cuando es el actor quien no ha pagado la tasa. El artículo 241 también ahuyenta la posibilidad de que, durante la tramitación del juicio, exista un único responsable del pago del gravamen. ("El actuario deberá confeccionar en el respectivo expediente en todos los casos y sin mandato judicial ni petición de parte, una liquidación de la tasa proporcional de justicia, sellado, estampillas profesionales y demás gravámenes creados por esta Ley que se adeudaren en el expediente. La liquidación será puesta de manifiesto en la oficina por el término perentorio improrrogable de tres días, pasado el cual el juez la aprobará de oficio o reformará si fue bien observada por las partes durante el manifiesto. El auto mandará intimar al deudor el pago dentro de cuarenta y ocho horas bajo apercibimiento de que si no paga sufrirá ipso facto una multa del décuplo"). Por de pronto, el uso de la forma impersonal del tiempo futuro del modo subjuntivo (se adeudaren) no propicia la conjetura de un "único" deudor. Esa contingencia tampoco se ve alentada por la efectiva posibilidad que tienen ambas partes de observar la liquidación, pues resultaría ilógico que pudiera hacerlo el demandado sin tener interés personal y actual (presupuesto de admisibilidad de toda impugnación y no otra cosa es esta "observación").Y, por fin, la indefinición que sugiere la expresión deudor es más que significativa para orientar la cavilación, porque no se justificaría esa fórmula ante la perspectiva de que el obligado únicamente fuese el actor. (De la Disidencia de la Dra. García)
Apropiación de cosa perdida, in dubio pro reo
Materia: PENAL
Carátula: OBELLA s/ DEFRAUDACION. APROPIACION COSA PERDIDA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-06

De acuerdo a la doctrina sentada en el plenario "González Adrián Marcelo" del 28 de octubre de 1983, por tratarse de una goma colocada en un vehículo sustraído y luego abandonado, debe considerarse que la figura penal atribuible a título de autor responsable a Obella es la de defraudación por apropiación de cosa perdida prevista en el artículo 175 inciso 1 del Código Penal. Como se cierne la duda respecto al momento en que fue detenido y porque no puede soslayarse que fuera sorprendido infraganti -aspecto no dilucidado con el careo entre Claudino Nuñez y Raúl Alfredo Garzón;

debe estarse a la posición más favorable (artículo 13 del código de forma) y entender que el delito no quedó perfeccionado.
Fuero de atracción, procedimiento laboral
Materia: PROCESAL
Carátula: Pinfruta S.A. s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-15

El llamamiento de autos para dictar sentencia fecundó el derecho a pronunciamiento del Juez especializado, y dada esta circunstancia, no puede ser abortado por la aplicación de la nueva norma (art. 21 de la Ley 24.522) que recién opera cuando en un concurso a quedado firme la resolución de apertura, decisión judicial que no afecta las situaciones jurídicas consolidadas sino a aquellas futuras que no sean consecuencia del acto que por estar incorporado a aquél ha tenido principio de ejecución.(Dra. Poggiese de Oudín:En disidencia).