marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cambio de horario, ius variandi, novación
Materia: LABORAL
Carátula: Troncoso Héctor Martín c/ Frigorífico de Aves Soychú SAICFIA s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-12

De muy diversos modos la relación individual de trabajo se va modificando a lo largo del tiempo (cambio de categoría, cambio de remuneración, eventualmente cambios de horarios y de otras condiciones de trabajo) y ello puede suceder por nuevos acuerdos expresos o tácitos entre partes o por el ejercicio válido del ius variandi. Por el contrario, cuando tales cambios avanzan sobre las prestaciones básicas del contrato se produce una novación objetiva de las obligaciones, del tipo que regula el art. 933 C.C.C. (ex art. 801 del C.C.), razón por la cual el imperium del empresario resulta insuficiente para generarlas válidamente per se, requiriéndose en tal caso la anuencia del trabajador, es decir el acuerdo de partes (Voto Ronconi. Adhesión Welp)
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, prenda comercial, certificados de obra, contrato de obra pública, jueces, funcionarios públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: COMPAÑIA FINANCIERA SIC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ. s/ RESPONSABILIDAD   DEL  ESTADO  POR  LOS  ACTOS  DE  SUS  FUNCIONARIOS  PUBLICOS-  DERECHO    REAL    DE  GARANTIA  -  PRENDA  COMERCIAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-10

La responsabilidad extracontractual del Estado que se ve comprometida por la actividad de uno de sus órganos, genera un daño independiente de la antecedente relación entre la parte actora y su respectivo deudor.
Recurso de queja (procesal), Impuesto sobre los ingresos brutos, actividad industrial, alícuota
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	 s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR Recurso de Inconstitucionalidad denegado en "Martínez y Lutz SRL c/ DGR (Res 3642/DGR/2000) s/ Recurso de Apelación Judicial c/ Decisiones de DGR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-14

Si bien la interpretación de los preceptos impositivos en el orden local, a diferencia de lo que ocurre en materia federal (art. 14 de la ley 48), no habilita la vía recursiva de excepción (art. 113, inc. 3 CCBA y  art. 26, inc. 4 de la ley nro. 7), la regla cede cuando el recurrente demuestra en forma suficiente que se encuentra en juego en forma concreta y directa la interpretación, aplicación o afectación de normas contenidas en la Constitución nacional o local. (Del voto del Dr. Muñoz).
Apreciación de la prueba, cuestiones procesales, personal policial, instancia judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Prio, Juan Martín s/238 4 - atentado contra la autoridad agravado por poner las manos en la autoridad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Si los cuestionamientos realizados por la defensa oficial giran en torno al modo en que las instancias inferiores valoraron las pruebas producidas en el juicio y tuvieron por demostrado que el imputado había protagonizado un episodio de evidente e injustificada agresión en perjuicio de un funcionario de la Policía de la Ciudad; estos aspectos en principio, no suscitan la competencia de este Tribunal y quedan reservados a la decisión de los jueces de mérito. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg, Marcela de Langhe y Santiago Otamendi).
Derecho a la salud, derecho a la información, derechos personalísimos, derechos y garantías constitucionales, derechos del paciente, Salud pública, consentimiento del paciente
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Benitez, María Romilda c/ Gobierno de la Cdad. de Bs. As. s/ Medida Cautelar As. s/ Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-16

El derecho a la información y, en particular, el derecho a consentir o rechazar estudios o tratamientos médicos tiene fundamento en el principio de la autonomía individual -artículo 19 de la Constitución Nacional-. Este proclama el respeto por la persona e implica un derecho de no interferencia y un deber de no coartar acciones autónomas. Es decir, por un lado, el entendimiento y, por el otro, la libertad de optar por un plan de vida según sus propios valores y creencias. En el ámbito de la salud, la aplicación del principio de autonomía implica que el médico debe respetar la decisión del paciente, después de una adecuada información referente al estudio o tratamiento. Es, en consecuencia, el concreto reconocimiento a la autodeterminación, materializado a través de la fórmula del consentimiento informado. Su fundamento radica en la dignidad de la persona, el respeto a la libertad personal y el derecho a decidir su propio plan de vida.
Hurto, concubinato
Materia: PENAL
Carátula: AGUERO FLORES MONICA BEATRIZ s/ HURTO CALIFICADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1993-06-24

Respecto a lo peticionado para la exención de responsabilidad criminal, invocando las situaciones previstas en el art. 185 inc. 1 del Código Penal, en tal norma tampoco se prevé al concubino.
Cargos gremiales, sanciones disciplinarias administrativas, exclusión de la tutela sindical
Materia: LABORAL
Carátula: FARIAS, Ramón c/ HOSPITAL DE PEDIATRIA S.A. PROFESOR JUAN P. GARRAHAN s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-13

Aún dentro del ámbito del empleo público el sistema de tutela establecido por la ley 23551 comprende todas las iniciativas disciplinarias e incluso intentos de modificar la estructura del vínculo con el trabajador que se desempeña en cargos gremiales. Por ello siempre es necesario recurrir al procedimiento de exclusión de tutela (art 52 de la ley citada).
Conflicto de poderes, concejo deliberante
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Rojas,  Luis;  Gutierrez, José y Luna de Pana, Clara (Concejales del Municipio de Icaño - Dpto. La Paz) s/ Conflicto de Poderes
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1999-11-22

Este Tribunal ha expresado reiteradamente que debe entenderse por "conflicto de poderes" toda cuestión que se plantee dentro del seno del Concejo Deliberante que haga imposible su normal funcionamiento.

La intervención de la Corte en esta materia no es como un tribunal de apelación, sino como una especie de contralor extraordinario y excepcional tendiente, en primer término, a verificar la legalidad y constitucionalidad del procedimiento seguido para determinado acto por el Concejo, verbigracia si tuvo mayoría suficiente en el cuerpo deliberativo, pero nunca tratar de revisar la cuestión de fondo, o sea si los motivos o argumentos dados por el Concejo Deliberante son o no son erróneos; no se pretende sustituir el criterio de los concejales por el criterio de la Corte.

En autos, se cuestionan la regularidad y legalidad de una sesión de este órgano deliberativo de la Municipalidad, en la que un grupo de concejales eligió intendente interino del municipio a uno de los integrantes de ese cuerpo.

Puesto que del análisis de las constancias de autos surge que no se produjeron la notificación y citación regulares de la totalidad de los miembros de un bloque, el vicio invalida la sesión cuestionada.

Asimismo, la sesión bajo análisis también se encontraría afectada en su regularidad en cuanto a la constitución de la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para la decisión cuestionada, ya que tal mayoría no puede formarse con tres miembros, según las prescripciones del Reglamento Interno, porque de hacerlo así se violarían la ley de la materia y los principios generales del derecho que señalan que, de un nuevo total de cinco integrantes, los dos tercios son cuatro de ellos. De otro modo se aceptaría incorrectamente la coincidencia de la mayoría simple con la mayoría calificada, desvirtuando la mayor exigencia de consenso que la letra y el espíritu de la ley imponen a los cuerpos deliberativos para la realización de actos jurídicos políticos determinados.

Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad de la sesión realizada por el Concejo Deliberante y, consecuentemente, dejar sin efecto todos los actos realizados que de ella dependan. (Del voto del Dr. Cáceres)
Aclaratoria (procesal), indemnización por accidente de tránsito
Materia: PROCESAL
Carátula: González, Raúl Alberto c/ Transp 25 de Mayo SRL y otro/a s/ daños y perj. autom. s/lesiones (exc. estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-11-12

Corresponde modificar la sentencia que condenó a una empresa de transportes a abonar los daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, dado que adolece de un error numérico, en tanto el monto final no se condice con la sumatoria de los parciales admitidos en la resolución impugnada.
Proceso penal, calificación legal, situación del imputado
Materia: PENAL
Carátula: Silveira, Luis H. s/ Hurto simple en conc. real con violac. domic. y otros-Recurso de  Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-07

Manteniéndose inmutable la plataforma fáctica sobre la cual fue imputado el encartado, no es causal nulificante del acto sentencial la diferente calificación legal atribuida al hecho en el pronunciamiento condenatorio puesto en crisis, debido a las claras e inequívocas atribuciones que el artículo 408 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal de grado, quien analizó en la segunda cuestión planteada el encuadramiento típico de la conducta del encartado y en concordancia con el alegato fiscal la subsumió dentro de las figuras del Robo simple en concurso real con Violación de domicilio, previstas en los artículos 164 y 150del Código Penal, sin que tal calificación importe en sí misma una variación del factum oportunamente imputado.
Leyes, interpretación amplia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Carranza, Elvira c/ Consorcio Edificio Aruba s/ Apremio. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 708- 95) Moyano, Ramon c/ Cappelletti S.R.L. s/ Cobro de australes. Recurso de Inconstitucionalidad (Expte. CSJ Nº   161-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-23|1997-11-26

Cuando de las palabras de la ley se deduce indudablemente el sentido de la voluntad legislativa, no es admisible, so pretexto de interpretar la norma, indagar un pensamiento y una voluntad distinta.

Y es que hay un límite infranqueable para la discrecionalidad de la aplicación. Cuando se traspasa ese límite, se produce la contradicción entre la especie y el género normativo, que es un rasgo típico de arbitrariedad, y que reconoce como significativas variantes las hipótesis de que el intérprete se arrogue el papel de legislador, sin sentirse limitado por el orden jurídico o brinde pautas de excesiva latitud en sustitución de normas positivas directamente aplicables.
Procedencia del recurso, intereses, tasa pasiva, daños y perjuicios, indemnización
Materia: PROCESAL
Carátula: Agnelli Enrique Angel  y otro c/ Circulo de Inversores S.A. y otros s/ ordinario - repetición - recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2016-12-29

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido por los actores y, en consecuencia, modificar parcialmente la sentencia atacada disponiéndose que la suma mandada a pagar en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios devengue intereses conforme a la aplicación de la Tasa Pasiva que publica el B.C.R.A. con más el 2% nominal mensual y hasta su efectivo pago, pues frente a las diferentes posiciones de nuestros magistrados, tanto de primera como de segunda instancia, el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, ejercitando la función unificadora determinó como ajustado a derecho que a partir de la ley de convertibilidad y en virtud de la estabilidad del mercado financiero y la consiguiente baja de intereses, el contenido del crédito quedara resguardado por la aplicación de dicha tasa.
Hipoteca, revocación de la hipoteca, inscripción registral, plazo legal, período de sospecha
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FRIGORIFICO GUALEGUAYCHU S.A.(SU QUIEBRA) c/ BANCO DE CREDITO RURAL ARGENTINO S.A.(EN LIQIDACION POR EL B.C.R.A.) s/ ACCION DE REVOCATORIA CONCURSAL DE GARANTIA HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-28

La hipoteca es revocable cuando su inscripción se haya efectuado durante el período de sospecha aún cuando el contrato hipotecario se hubiera celebrado antes, a excepción de lo preceptuado en los artículos 3135 y 3149 del Código Civil en cuyo caso la hipoteca inscripta dentro del término establecido en la ley nacional de registros de la propiedad producirá efectos desde la fecha de celebración del acto; y ello sea dicho en razón, precisamente, que la casación concierne a la legalidad objetiva,no a la justicia del fallo ni a la protección de los derechos subjetivos.-
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, mora, bancos, cuenta corriente bancaria
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Banco de Entre Ríos c/ Astilleros  Mestrina  S.A.I.C.  y  F  Construcciones  y  Reparaciones Navales. s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que al tratar el tema referente a la prueba de la recepción de la comunicación cursada (segundo párrafo del art. 509 del Código Civil) y juzgar que ella era de fecha anterior al certificado del saldo deudor de la cuenta corriente bancaria que se ejecuta y que el importe consignado en el telegrama diferiría del reclamado en el documento, colocó el ejecutante en peor situación que si la demandada hubiera contestado el mandamiento de intimación de pago y citación de remate.
Despido verbal, validez de las decisiones
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ,  Ivana Yanina c/ LA FABRICA S.R.L. (jugos Minyo) s/ Apelación de Sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-06-06

Que realizando una interpretación literal del 243 LCT, de la que no se puede prescindir de modo alguno, queda claro que la ley no impide el despido verbal y exige la comunicación por escrito, sólo cuando la disolución del contrato se pretende producir con invocación de causa.

Procedimiento, por otra parte, que se justifica al hacer una interpretación finalista de la norma y de la voluntad del legislador, en tanto apunta a impedir que las partes puedan luego modificar o agregar otras causales, para enervar los derechos de la contraria, violando el principio de buena fe que debe presidir sus actos, tanto al momento de la celebración, como cumplimiento o disolución del acuerdo; formalismo que no se requiere cuando la disolución se produce verbalmente, pues tal acto conlleva la obligación de indemnizar. Arts. 62 y 63 de la L.C.T.
Régimen penitenciario, libertad asistida, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: E., J. s/ Libertad asistida (Expte Nº 59-98, Resolución Nº  44, Tomo 4, Folio  1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-18

El juicio que debe arriesgarse sobre los riesgos personales o sociales derivables del acordamiento de "libertad asistida" al condenado, deberá tener en cuenta lo informado por el organismo técnico- criminológico y por el consejo correccional del establecimiento -informaciones que nunca podrán resultar obligatorias-, pero, antes de pronunciarse en forma adversa a la procedencia, deberá tener presente que por la excepcionalidad señalada para semejante medida, no cualquier riesgo temible deberá impulsarlo al rechazo de la petición, sino sólo aquél que sea "grave" (palabras de la ley), es decir, se manifieste ostensible o claramente como de probable concreción. Ciertamente la emisión de un pronóstico de este tipo, que deberá explicitarse en la resolución que imperiosamente ha de ser "fundada", no es para nada sencillo -pareciera en verdad disfrazada bajo nuevas palabras la vieja idea de la "peligrosidad"- pero en todo caso la existencia de dudas, deberá llevar al otorgamiento de la libertad.
Tribunal electoral, competencia electoral, junta electoral, convocatoria a elecciones, elecciones municipales, partidos políticos
Materia: ELECTORAL
Carátula: C., V. s/ AMPARO s/APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-04-17

En cuanto a la cuestión puntual que viene a resolución, debe tenerse en cuenta que el procedimiento electoral establecido por el art. 66 de la Ley Nro. 2430, establece que el Tribunal Electoral tiene jurisdicción en grado de apelación respecto de las resoluciones de las Juntas Electorales Municipales, conforme a lo dispuesto por el plexo normativo ya descripto a partir del art. 239 inc. 2) de la C.P. y las Leyes Nro. 2430, Nro. 2431 y cc.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: OCRAL S.A. c/ Biocca, Daniel s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

El inc. 2° del art. 219 del C. Procesal se refiere a los instrumentos o elementos necesarios para el trabajo individual, quedando excluido de la inembargabilidad las instalaciones, maquinarias o instrumental mecánico que importan una acumulación de capital o todo lo que traduzca la idea de empresa comercial e industrial. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de poderes, gobierno municipal, competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guerra, Marta M. c/ Consej. Escolar de Gral. Sarmiento y Cuerpo de Consejeros Escolares s/ Conflicto art.73 Ley 10.589
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires confiere a esta Suprema Corte la atribución de conocer y resolver, originaria y exclusivamente, en "... las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia.... art. 149 inc. 2º) y de dirimir los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia (art. 187). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de casación, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: Salgado Vera, María T. Herrera de s/ Homologación de Convenio de Desocupación - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-05-24

La letrada solicita regulación de los honorarios profesionales por su actuación en esta instancia como patrocinante de la parte demandada, consistente en la presentación del recurso de casación.

Conforme surge de autos se dictó Sentencia Interlocutoria por la cual se resuelve declarar formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto, con costas.

La base a tener en cuenta para la regulación está dada por la regulación de honorarios efectuada por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación y que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300).

Este Tribunal entiende que, conforme lo prescribe el Art. 14 de la Ley Nº 3956/83 y el resultado obtenido, corresponde aplicar para el abogado patrocinante de la parte demandada el porcentaje del 30% del valor establecido por la norma sobre el monto base señalado precedentemente.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: PROCESAL COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE POCITO c/ VITIVINICOLA VENADO S.R.L. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-12-06

La excepción de inhabilidad de título solo puede fundarse en ataques a la forma extrínseca sin adentrarse en los aspectos causales, tal como lo previene la legislación adjetiva en el inc. 4º del art.

529, había cuenta que el limitado marco cognoscitivo de los juicios compulsorios vedan analizar cuestiones que hacen a la relación sustancial insita en el título ejecutivo. Es decir, que estando, en principio, prohibida la discusión de la causa de la obligación en el proceso ejecutivo, la viabilidad del título puede ser enervada solamente por motivos que se refieran a sus requisitos formales y obviamente, a su falsedad material. Estriba la ratio legis de esta disposición, en conciliar los postulados de justicia con los intereses de la circulación de buena fe.
Medidas cautelares, peligro en la demora
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Arias Juan José c/ Fosque María Del Rosario s/ Incumplimiento contractual y daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-26

Tratándose de un secuestro que recae sobre la cosa litigiosa, no corresponde exigir el peligro en la demora, ya que dicho recaudo no es necesario tampoco en materia de embargo de bienes en litigio, según lo prescripto por el art. 210 inc. 4° del C.P.C.. (Minoría u opinión personal)
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Aguirre, Anastacio c/ Bencer S.A. s/ Despido, Expte. nro. 150/97
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-06-12

Los antecedentes relatados dejan en claro que el discurso argumental empleado resulta contradictorio. Si en la propia motivación se ha sostenido que la mutación de horario exigía la aceptación del empleado para realizar el cambio querido por el patrón -sea esta premisa acertada o no-, no podía resultar razón suficiente para rechazar la pretensión, la falta de abono por parte del accionante respecto de sus dichos en el sentido de haber sufrido perjuicio por ese cambio, sino que el análisis debió dirigirse a la concurrencia o falta de la aceptación en cuestión (...) (Por ello) la línea de pensamiento que sirve de sostén al primer votante es autocontradictoria en dos extremos decisivos para sustentar el fallo, lo que trae aparejado necesariamente su anulación.
Prueba, testimonio, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CONTRERAS MOISES Y OTROS s/ PRUEBA - NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1982-11-02

Si bien la omisión de consignar en la actas la fecha de recepción de los testimonios que contienen, acarrearía nulidad de las mismas a tenor de lo dispuesto por el art. 125 C.P.P., juegan a favor de mantener los efectos de tales actos la sanatoria que contempla el art. 117 C.P.P., si de los datos que se extraen de las actas y constancias de autos, se puede establecer con certeza la fecha en que se cumplieron.-
Acción de repetición, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Franco Automotores c/ Torres, Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-01

A una Agencia de venta de automotores no puede ni debe pasarle desapercibida una adulteración del número de chasis, como la que ostenta el automóvil que diera motivo a esta litis (el número se encuentra grabado con cuños originales sobre sector de chapa cortada y soldada en forma de ventana), mal puede reclamar de su enajenante un resarcimiento por el daño moral que dice haber sufrido en razón de ello. Su reclamo no puede ir más allá de la repetición del precio por él entregado (Cód. Civil art. 2106).