Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-12


SENT.DEF.N°: 19697	EXPTE. N°: 51.426/10 (28.856) JUZGADO N°: 21	SALA X AUTOS: "BOULOT ALEJANDRA ADRIANA Y OTRO C/ CONSOLIDAR A.F.J.P. S.A. S/ DIFERENCIAS DE SALARIOS" Buenos Aires, 20/04/2012 El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO, dijo:

El Sr. Juez "a-quo" desestimó la aplicación del C.C.T. 264/95 a la relación que mantuvieron las partes y, consecuentemente, rechazó las diferencias salariales pretendidas a partir de tal norma convencional (básico y adicionales por antigüedad, refrigerio y almuerzo), como así también las sustentadas en la denominada "bajas comisionales" (por tope al salario del afiliado, por reducción del porcentaje y por los llamados rotadores), por no cumplimentar el reclamo las exigencias del art. 65 L.O., ya que la sola enunciación de las personas que integran los listados de fs. 49 vta. y 52 vta. sin un relato fáctico no permite verificar si los montos son efectivamente adeudados o le fueron abonados de modo insuficiente; extremo que tampoco se revierte con las declaraciones rendidas a instancia de los actores, porque no saben cuáles eran los porcentajes pactados en concepto de comisión ni que hubieran sufrido rebaja. Por último, el sentenciante agregó que, al no verificarse diferencias salariales, no existía crédito alguno para proyectar sobre lo abonado por la demandada en concepto de indemnización arts. 232, 233 y 245 L.C.T. (to) e incremento previsto por el art. 2 de la ley 25.323, ni resultaba procedente la reclamación incoada a partir del art. 80 L.C.T. (to), porque los accionantes recepcionaron las certificaciones previstas por dicha norma y no acreditaron haber cumplido el emplazamiento a que se condiciona tal reparación.

Contra tal decisión recurren ambas partes. La demandada, a tenor del memorial de fs. 437/8, y la parte actora en los términos que da cuenta la presentación de fs. 440/9. Por su parte, la perito contadora apela por bajos los honorarios regulados a su favor (ver fs. 421).

Razones de orden me llevan a tratar, en primer término, la queja de la parte actora; y en lo particular, por lo desordenado de su exposición en función a los ítems objeto de apelación (por ejemplo, llevaría a determinar primero el modo de imposición de las costas y los honorarios regulados en la instancia de grado, para luego analizar el convenio colectivo aplicable a la relación que unió a las partes), corresponde alterar -como un modo también de evitar repetir conceptos- el orden adoptado por los accionantes.

Dicho esto, en lo atinente al C.C.T. que resulta aplicable a relaciones de trabajo como las de autos, ya he tenido oportunidad de expedirme en igual sentido al resuelto por el Dr. Gorla porque no advierto que encuadre la relación de trabajo con los actores en el C.C.T. 264/95 -tal como se pretendió en el inicio-, celebrado entre Sindicato del Seguro de la República Argentina, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Aseguradores del Interior de la República Argentina y la Asociación de Aseguradores Argentinos (extraído de la página web: la ley on line), pues no es el o los productos comercializados por la empleadora lo que determina su encuadre convencional, sino su actividad principal (conf. Plenario Nº 36, dictado por la Excma. C.N.A.T. en autos: "Risso, Luis c/Química La Estrella") y que hubiera estado representada en la suscripción del convenio colectivo que se pretende aplicarle -conf. 4 ley 14.250- (S.D. 19.549, del 20/3/2012, en autos: "Perez, María Ines y otro c/ Consolidar AFJP S.A. s/ Diferencias de Salarios" y S.D. 19550, del 29/2/2012 in re "Lang Olga y otro c/ Consolidar AFJP S.A. s/ Diferencias de Salarios" En el caso, el CCT 431/01 "E" es un convenio de empresa celebrado entre el Sindicato de Seguro de la República Argentina y la aquí demandada, específico para su actividad, esto es, la administración de fondos de jubilaciones y pensiones, sistema creado con arreglo a lo dispuesto en la ley 24.241 (ver art. 1º y 2º de dicho convenio).

En consecuencia, teniendo en cuenta que los coactores se encontraban encuadrados correctamente por la accionada dentro del CCT 431/01 "E", corresponde rechazar el reclamo de los mismos en concepto de diferencias por básico de convenio.

Agrego además, que no es la categoría laboral de un trabajador o la denominación que se le hubiere dado al cargo que desempeña lo que permite el encuadre convencional de dicho personal, sino como antes quedó expuesto, el ámbito de representatividad dispuesto por la ley 14.250. Tampoco los convenios colectivos de trabajo son de aplicación extensiva o analógica (conf. art. 16 L.C.T. to).

Bajo el título "teoría de las cargas probatorias dinámicas" los recurrentes sostienen que "el sentenciante de grado insólitamente contradice las constancias de la causa diciendo que el perito informa que las operaciones reclamadas por mi parte fueron rechazadas, observadas o anuladas cuando justamente el experto lo que dice.", o que "usa en sus considerandos argumentos vinculados a las pruebas habidas en expedientes que no son este", para posteriormente, bajo la denominación "crítica considerandos", incluir que "la sentencia en crisis desestima.porque cuando el perito contador concurre a la empresa el encargado de libros le manifiesta que no puede exhibir nada" (ver fs. 442 vta.), lo cual evidentemente (así lo entiendo) incumple las prescripciones del art. 116 de la L.O., pues ninguna de tales afirmaciones se corresponden con las razones en las que el Dr. Gorla sustentó el rechazo de las diferencias por comisiones.

De otra parte, no está demás agregar que se le achacan al Sr. Juez "a-quo" requerimientos probatorios que no mencionó, ni es correcta la lectura que efectúan los apelantes de la doctrina del plenario N° 317, dictado por esta Excma. Cámara en autos "Aguirre, Olga M. c/ Consolidar A.F.J.P. S.A." (del 27/12/07), en orden a que la empleadora está obligada a exhibir al perito contador las constancias firmadas por los trabajadores del rechazo administrativo con el sello de la Superintendencia de AFJP (no se compadece con ninguno de sus puntos); y tampoco se invocó que "el actor" fuera supervisor, sino que son dos los accionantes y revistaron (lo cual no es un hecho controvertido) como ejecutivo de cuenta junior (ver además fs. 288). El agravio identificado como "liquidación pretendida" no cumplimenta la exigencia impuesta por el art. 116 L.O., pues no es más que el detalle de los conceptos e importes a los que aspiran los recurrente, por lo que corresponde declararlo desierto.

Tampoco tendrá favorable recepción la crítica dirigida al rechazo de la indemnización establecida por el art. 80 L.C.T. (to art. 45, ley 25.345), porque aunque se pudiera tener por demostrado, a tenor de las piezas postales anexadas por la demandada, que los apelantes intimaron la entrega de las certificaciones dispuestas por dicha norma, lo cierto es que ello en nada altera lo resuelto en grado, porque, en primer lugar, los recurrentes dejan incólume el primero de los argumentos del Dr. Gorla (que conforme constancias de fs. 81/2, recepcionaron las certificaciones en cuestión, y -agrego- de modo previo a su requerimiento telegráfico); y en segundo lugar, a propósito de esto último, porque las respuestas patronales a distintos requerimientos de los reclamantes datan de marzo y julio de 2.010 (ver fs. 75/7), o sea, no sólo cuando ya hacía tiempo que las habían retirado (23/12/08 -Boulot- y 6/3/09 -Rolón-), sino que tales intimaciones las cursaron luego de iniciado el trámite ante el S.E.C.L.O. (marzo 2.010 -ver fs. 7-), lo que torna extemporáneo, criterio éste que, cabe recordar ha sido adoptado por esta sala al señalar que mal puede considerarse cumplimentado el emplazamiento previsto en el art. 3 del decreto 146/01 debe ser efectuada con anterioridad al inicio de las acciones legales (ver SD N° 11.886 del 14/7/03, in re "Hackbartt Hector Horacio c/ Peugeot Citroen Argentina SA y otro s/ despido", SD 15928 del 29/02/2008 "Huide Hernán Gabriel c/ Maquicenter SA y otro s/ despido").

Desde que no se acreditó diferencia salarial alguna que permita rever o calificar como insuficiente lo que le abonó la demandada a los apelantes en concepto de indemnización a consecuencia del despido que dispuso el 9/12/08, no corresponde tampoco el agravamiento previsto por el art. 2 de la ley 25.323.

En tanto los actores recibieron, con motivo de la extinción del contrato de trabajo, tal como antes mencioné, las certificaciones previstas por el art. 80 L.C.T. (to), no corresponde condenar a la empleadora a extender nuevamente tales constancias, o imponer astreintes, tal como se peticiona, por una obligación que cumplimentó en su momento.

La imposición de costas resuelta en la instancia de grado (en el orden causado y las comunes por mitades -conf. art. 68, 2da. parte C.P.C.C.N.), fue sustentada por el Dr. Gorla en atención a que los accionantes pudieron considerarse asistidos de un mejor derecho; y este argumento no mereció crítica o reproche alguno por la demandada, quien se limitó a cuestionar el modo de imposición "porque la demanda ha sido rechazada en su totalidad y el temperamento adoptado choca contra disposiciones adjetivas de aplicación al caso" (ver fs. 437 vta.), lo cual incumple las prescripciones del art. 116 L.O., pues la disposición antes citada, de indudable aplicación, expresamente prevé, como excepción al principio general, la facultad del sentenciante de eximir, total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, expresando el mérito para ello, que es lo que hizo el Dr. Gorla, sin merecer, en este punto, crítica alguna.

La apelación que dedujo la parte actora contra el modo de imposición de costas en la instancia anterior no merece tratamiento favorable, porque dado al resultado al que se arriba, no es factible declararlas a cargo de la demandada (art. 68 C.P.C.C.N.).

Considerando en el rechazo de la acción instaurada, opinó que la regulación de honorarios no depende exclusivamente del monto del pleito y de las escalas dispuestas en la ley de aranceles por cuanto cabe considerar asimismo - para de ese modo regular en función del específico proceso - ciertos elementos concretos de cada contienda como la índole y complejidad del asunto así como el mérito, importancia y extensión de cada labor profesional realizada (art. 38 ley orgánica y cctes. ley arancelaria). Lo dicho precedentemente se encuentra en armonía con el art. 13 de la ley 21.839 (con la modificación introducida por su similar -ley 24.432) ya que allí se establece el deber del juez de apartarse de los montos y porcentuales mínimos para privilegiar las pautas del art. 6º de la ley 21.839 en tanto la estricta aplicación de las escalas arancelarias ocasionaría una irrazonable desproporción, aunque con la obligación de dar fundamento a la resolución respectiva.

Desde dicha perspectiva de análisis, en el caso que ahora interesa, considero, en atención a la importancia y extensión de las respectivas tareas de los profesionales letrados y de los peritos contador y calígrafo, que los emolumentos fijados en origen resultan reducidos y, consecuentemente, sugiero elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada del actor, de la demandada y los correspondientes al perito contador a las respectivas sumas de $25.000; $30.000, y $10.000 para cada uno de ellos a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento.

En atención al resultado de los recursos intentados por las partes, sugiero imponer las costas de alzada en un 90% a cargo de la parte actora y el restante 10% a cargo de la demandada (art. 71 del CPCCN), regulándose los honorarios correspondientes a la representación letrada de las partes en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen.

Por las consideraciones expuestas precedentemente, voto por: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2) Mantener la imposición de costas de la anterior instancia y elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la demandada y los correspondientes al perito contador las respectivas sumas de $25.000; $30.000, y $10.000 para cada uno de ellos a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento; 3) Imponer las costas de alzada en un 90% a cargo de la parte actora y el 10% restante a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de las partes por las labores efectuadas en esta etapa en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen (art. 14 de la ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH, dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. DANIEL E. STORTINI, no vota (art. 125 de la L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en lo principal que decide; 2) Mantener la imposición de costas de la anterior instancia y elevar los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora, de la demandada y los correspondientes al perito contador las respectivas sumas de $25.000; $30.000, y $10.000 para cada uno de ellos a valores vigentes a la fecha del presente pronunciamiento; 3) Imponer las costas de alzada en un 90% a cargo de la parte actora y el 10% restante a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios correspondientes a la representación letrada de las partes por las labores efectuadas en esta etapa en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en origen (art. 14 de la ley arancelaria).

Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Ante Mí.