Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2007-05-21


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: OCHO.- En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca a los 21 días del mes de Mayo del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los Señores Ministros titulares Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, JOSÉ RICARDO CÁCERES y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA; bajo la presidencia del Dr. Oviedo, Secretaría Dra. Cristina del Valle Salas Martínez, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nº 67/05 "SOSA, Guillermo Ricardo y Otros c/ EL ENCUENTRO S.A. - s/ Cumplimiento de Contrato - s/ Recurso de Casación", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1) ¿Es procedente el Recurso de Casación interpuesto? En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde.

2) Costas.

Practicado el sorteo correspondiente, conforme al acta obrante a fs. 35 vlta., dio el siguiente orden de votación: Ministros Dres. CÉSAR ERNESTO OVIEDO, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y JOSÉ RICARDO CÁCERES.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que la parte actora recurre en casación la Sentencia Definitiva Nº 46/05 emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación por considerar que ha aplicado e interpretado erróneamente la ley.

Que en relación a los hechos refiere que se demanda por cumplimiento de contrato a raíz de haber cedido a la demandada sus derechos posesorios sobre un inmueble ubicado en El Tala.

A esos fines mediante escritura pública de fecha 10/11/94 pactan el precio de U$S 100 (cien dólares estadounidenses) por hectárea a pagarse en tres partes, la primera equivalente al 33% del precio total conjuntamente con la firma de la escritura traslativa de dominio y el saldo en dos cuotas iguales sin intereses ni actualización a los 180 y 360 días respectivamente.

Que la primera cuota es abonada cuando finaliza el juicio de prescripción adquisitiva y la sentencia de fecha 01/05/99 determina que el dominio sea inscripto directamente a nombre de El Encuentro S.A..

Transcurrido el plazo de la segunda cuota, Sosa intima mediante carta documento el pago con fecha 15/02/00 la que es respondida con fecha 01/03/00 negando sus derechos. Con fecha 08/08/00 la demandada retira oficio para la inscripción del inmueble en Catastro y Registro de la Propiedad.

Con fecha 11/04/01, se intima el pago total del saldo, menos lo equivalente a los honorarios del letrado en el juicio de prescripción. Con fecha 26/04/01 responden rechazando los términos.

En primera instancia se hace lugar a la demanda la que no obstante es apelada por ambas partes, reprochando puntualmente la actora lo referente a la mora del deudor establecida a los 180 y 360 días a partir de librarse, en el juicio de prescripción, los oficios de inscripción del inmueble, - 26/02/01 y 26/08/01- y la inaplicabilidad de la Ley 25.560 por encontrarse en mora el obligado antes de su entrada en vigencia.

En segunda instancia se resuelve hacer lugar en lo relativo al vencimiento de la obligación estableciendo que operaron para ambas cuotas 15 días después de la última intimación es decir el 11/05/01, se confirma la aplicación de la Ley 25.560 y se revoca el fallo en lo apelado por la demandada disponiendo la conversión de la deuda en U$S 1 = $1 más el CER y se imponen las costas en un 75% a la demandada y el 25% a la actora.

Sostiene que la sentencia ha aplicado e interpretado erróneamente la Ley 25.561 y el Decreto 214/02 y ordena la pesificación de la deuda en dólares convirtiéndola U$S 1= $1.

Que dicha normativa, específicamente el Art. 11 es inaplicable al caso porque la obligación fue asumida con anterioridad al 06/01/02 y también su vencimiento es de fecha anterior - 13/07/98-.

Que en tal sentido la obligación consolidada por la mora no puede ser reestructurada por la ley de emergencia y afectada por la pesificación. Que las normativas citadas resultan inaplicables también en concordancia con los Arts. 617, 619 y 740 del C. Civ.

También se agravia porque la Cámara establece la mora de la 2da. y 3ra. cuota a los 15 días de recibida la carta documento de fecha 11/05/01, aduce que en el contrato hay plazo cierto, la 2da. a los 180 días y la 3ra. a los 360 días desde el pago de la primera cuota.

Que se aplica erróneamente el Art. 509 del C. Civ., afirma que no era necesaria la intimación ya que la mora era automática por el vencimiento del plazo, las intimaciones efectuadas, eran un plazo de gracia a la mora ya producida y no perdón de la mora.

Que asimismo solicita se aplique el interés del 6% anual, que es lo que corresponde al haberse opuesto a la pesificación de la deuda, siendo una falacia el argumento de la Cámara que al no haber sido cuestionado en 1ra. instancia el interés dispuesto quedó firme.

Finalmente solicita la inconstitucionalidad de la Ley 25.820, Art. 3 expresando que aunque no fue aplicada en el caso la misma lesiona su derecho adquirido de cobrar su crédito en base al valor real de la moneda pactada afectando su derecho de propiedad e igualdad de partes y las garantías de defensa en juicio Arts. 17, 16 y 18 de la C.N..

Hace reserva de la cuestión federal.

Que a fs. 22/27 responde traslado la contraria oponiéndose al recurso en virtud de que el recurrente replantea cuestiones de hecho e introduce otras que debieron ser planteadas y resueltas por la instancia de origen. Analiza los agravios y rebate los fundamentos solicitando en definitiva el rechazo del recurso.

Que a fs. 31/34 obra dictamen del Sr. Procurador General de la Corte opinando en sentido negativo del recurso.

Que a fs. 35 quedan los autos en estado de dictar sentencia.

Que del estudio del planteo sometido a decisión estimo en coincidencia con el Sr. Procurador General de la Corte que el mismo no puede tener andamiento positivo y expongo mi razón.

Que a esos fines y en trance de abordar la cuestión cabe tener presente que el recurrente funda todos sus agravios que el decisorio le provoca en la causal de errónea interpretación y aplicación de la ley.

Que en este aspecto, su primer queja apunta a la aplicación de la Ley 25.560 y el Decreto 214/02 aduciendo que al encontrarse en mora la demandada, la deuda reclamada queda fuera de la ley de emergencia económica y su cumplimiento debe hacerse en la moneda extranjera pactada.

Que, igual reproche fue introducido en la oportunidad de apelar y respondido por la Alzada con precisos fundamentos en base a una de las interpretaciones jurisprudenciales y doctrinarias en torno a la aplicación de dicha ley, sustento que no fue rebatido por el recurrente quién desatendiendo las manifestaciones de los sentenciantes se limita a exponer un criterio diferente al del juzgador siguiendo solo un razonamiento distinto resultando de éste modo insuficiente el remedio procesal intentado.

Ello así, puesto que en esas circunstancias la impugnación enunciada no encuadra en la causal citada como motivo de la casación toda vez que no hay errónea interpretación y aplicación de la ley cuando el fallo con fundamento decisivo se apoya en una de las corrientes doctrinarias y jurisprudenciales generadas en el ámbito jurídico del derecho.- Luego a su vez se observa que el escrito recursivo traduce una serie de discrepancias en torno a la interpretación de materia ajena a la casación como son las típicas cuestiones de hecho y apreciación de prueba privativas de los jueces de las instancias de méritos, irrevisible en casación salvo supuesto absurdo.

Que en esa línea de razonamiento tanto la interpretación del contenido, voluntad y conductas de las partes en un contrato, la determinación de la mora en una obligación conforme a los pormenores del caso, como así también el interés y la distribución de costas pertenece a la infinita gama de éstas situaciones cuya revisión no es posible por esa vía si no hay denuncia y cabal demostración de arbitrariedad o absurdo, las que ausentes en la expresión de agravios resultan determinantes del fracaso del intento recursivo.

Que en ese entendimiento siempre se dijo que, "determinar si existió o no mora es cuestión de hecho insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria si en el recurso se omite decir que leyes que gobiernan el mérito de la prueba han sido infringidas, salvo absurdo en la valoración probatoria o arbitrariedad en las conclusiones" (SC Bs. As., 22/04/75, ED t., 67, p. 557).

Con el mismo alcance se sostuvo que "La determinación de los rubros capital e intereses constituye una típica cuestión de hecho librada a la prudente apreciación de los jueces de la instancia ordinaria, por lo que a la Corte solo le está permitido su corrección ante un caso claro de decisión absurda invocado y probado por el interesado" ( SC Bs. As. 14/10/75, ED, t. 67, p. 160) mas, no obstante en el particular no haberse denunciado y demostrado el absurdo, resulta igualmente inatendible la pretensión de revisión de la tasa de interés al no haber formulado el reclamo pertinente en la etapa oportuna del proceso, dado que son ajenos a éste recurso los temas que no fueron sometidos a las instancias ordinarias, ya que, "Por vía del recurso de inaplicabilidad de ley la casación no puede conocer en una cuestión que no fue tratada por no haber sido motivo de la expresión de agravios" (SC Bs. As 08/04/80, ED, t. 90).

De este modo tampoco la revisión de costas es posible sin demostrarse que el criterio de distribución es absurdo, "no está habilitada la Corte para modificar la imposición de costas porque es facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar, en consecuencia, a una u otra las costas del juicio" (SC Bs. As. 01/10/85, JA, t. 1986 - IV, p. 867).

Finalmente en relación a la inconstitucionalidad de la ley estimo que es improcedente su tratamiento al no haber mediado oportunamente planteo y posterior decisión en torno al caso formulado. De hecho el recurrente expresa que no ha sido mencionada en el fallo y solicita su inconstitucionalidad ante la posible aplicación por parte de este Tribunal, de una ley cuya finalidad es prorrogar los efectos de una anterior cuyo único reproche fue su errada aplicación y no su inconstitucionalidad.

Que por los motivos expuestos considero que el recurso debe ser rechazado y en esa dirección doy mi voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a las consideraciones y al modo en que se resuelven las cuestiones debatidas en el voto precedente y voto en el mismo sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que adhiero a las consideraciones y conclusiones expuestas por el Sr. Ministro que inaugura el acto, Dr. Oviedo, para la solución de la causa, votando en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Oviedo dijo:

Que conforme al criterio objetivo de la derrota, las costas deben aplicarse al recurrente que resulta vencido. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que consecuente con lo expresado en la primera de las cuestiones, estimo que las costas deben estar a cargo de la parte actora que resulta vencida.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Que una vez mas adhiero a los votos de los Sres. Ministros preopinantes, votando en consecuencia en el mismo sentido. Es mi voto.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, y oído el Sr. Procurador General en su Dictamen Nº 57/06, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la parte atora a fs. 2/21 y vlta. de autos, por improcedente.

2) Con costas a la parte actora.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de Segunda Nominación que deberá proceder a transferir el depósito judicial obrante a fs. 1 de autos, a la cuenta "Ley Nº 4347 de Casación", que gira bajo el Folio Nº 23037 del Banco de la Nación Argentina - Suc. Ctca.

4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes.

5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen.