marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ausencias injustificadas, prueba, certificado médico, sanciones disciplinarias
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: BREDANINI MILESSI, MARIANO OSVALDO c/ NATION S.A. Y OTRO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-09-13

La endilgada arbitrariedad al resolver los jueces la causa del distracto no se corresponde con el pronunciamiento atacado, toda vez que el Tribunal destacó que conforme a la Convención Colectiva de Trabajo 379/04 el uso del derecho de licencia con goce de haberes en los casos de internación de familiares incluyendo a los padres debe ser acreditado por medio fehaciente para su admisibilidad; que el accionante no había cuestionado la suspensión al haberse ausentado injustificadamente por tres días consecutivos pero que luego se había colocado en situación de despedido indirecto con invocación de injuria al volver a ser suspendido tras no asistir dos días seguidos a su trabajo por entender vulnerado su derecho a la licencia; y que -finalmente- el actor no había cumplimentado con el extremo necesario para que la licencia procediera al no presentar un certificado médico que comprobara fehacientemente la causa de sus inasistencias, por lo que la Cámara juzgó que la empleadora se encontraba capacitada para aplicar medidas disciplinarias. (De los fundamentos de los Dres. Falistocco y Erbetta)
Ministerio Público Fiscal, sentencia arbitraria, menores, arresto domiciliario, tráfico de estupefacientes
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodas, Silvina Úrsula c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

El voto concurrente destacó que el representante del Ministerio Público Fiscal en el recurso de casación en estudio, no explicitó la insuficiencia de las medidas de coerción impuestas a la imputada de conformidad con lo establecido en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal. Por su parte, la disidencia señaló que el tribunal de la anterior instancia ha incurrido en una falta de fundamentación. Si bien se tomó en cuenta que la imputada tiene hijas menores de edad, no se ha acreditado de modo alguno que aquéllos se encuentren en una situación actual de vulnerabilidad, desamparo y/o inseguridad material, es más, muy por el contrario, según lo que se desprende de las constancias a las que hemos tenido acceso de manera remota. La falta de exposición de los motivos por los cuales el arresto domiciliario otorgado a Rodas sería beneficioso para sus hijos surge aún de forma más evidente a partir de los agravios postulados por el representante del Ministerio Público Fiscal relativo a que el tribunal a quo soslayó ponderar que, conforme surge de la requisitoria de elevación a juicio, los hechos imputados a Silvina Úrsula Rodas -tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización-, los habría cometido, junto a su pareja, en el domicilio en el que residía con sus hijas. Tal como lo indicó el fiscal recurrente, si bien el tribunal de la anterior instancia recordó los parámetros que -según surge de las recomendaciones de la mencionada Acordada 9/20- deberían tomarse en consideración a los fines de evaluar la posibilidad de conceder la prisión domiciliara en el contexto de la pandemia actual, lo cierto es que, en el caso de Rodas, omitió valorar el punto 3) de la aludida Acordada, que establece que deberá analizarse con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de esas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno. Silvina Úrsula Rodas, de 40 años de edad, no presenta patologías previas de relevancia y no se encuentra incluida dentro de los grupos vulnerables o en riesgo. El tribunal a quo no valoró ni rebatió los argumentos esgrimidos por el ministerio público, en ocasión de contestar la vista que le fue conferida, en relación a la existencia de riesgos procesales (gravedad de la pena establecida para los delitos reprochados, las posibilidades ciertas de obstaculizar la investigación, la seriedad del delito imputado y que la situación de arraigo alegada fue el marco dentro de la cual se habían desarrollado las acciones que se le reprochan), que imponían a su criterio la necesidad del mantenimiento de la prisión cautelar en un establecimiento penitenciario. Dres. Barroetaveña -en disidencia-, Figueroa y Petrone -voto concurrente-.
Seguros, seguro de responsabilidad civil, culpa grave, automotores, robo
Materia: COMERCIAL
Carátula: BALIAN  SARKIS c/ SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LTDA.S/ s/ RDINARIO. (JA 4.8.04).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-12

No constituye falta grave, al punto que pueda decirse que la victima ocasionó voluntariamente el siniestro, el haber dejado transitoriamente abierto su automotor en el breve lapso que le insumía la apertura de la puerta del garage de su domicilio, pues esta conducta es la comunmente seguida por los automovilistas en circunstancias analogas.
Verificación de créditos, daños y perjuicios, mala praxis, derecho a la salud, acreedor privilegiado
Materia: CIVIL
Carátula: Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia c/  s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-06

Atento a la situación de vulnerabilidad que requiere de una solución que la atienda con urgencia, al tiempo transcurrido desde el reconocimiento del crédito por los daños y perjuicios sufridos y a la duración que tuvo el trámite del incidente de verificación, corresponde que, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 16, última parte, de la ley 48, se ponga fin a la discusión en examen y se fije para el crédito el privilegio especial de primer orden en los términos en que fue reconocido por el juez de primera instancia (Disidencia del juez Maqueda).
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, aplicación analógica de la ley, obras públicas, contrato de obra pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EDUARDO SANCHEZ GRANEL OBRAS DE INGENIERIA S.A.I.C.F.I. c/ DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. s/ DEMANDA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-09-20

Determinado el proceder administrativamente legítimo del Estado, la reparación a efectuarse al damnificado debe atender, ante la falta de normas expresas sobre el punto al modo establecido en instituciones análogas (art. 16 del Código Civil). En ese sentido, de los arts. 53 y 54, inc. f), surge que la ley 13.064 ha establecido, en los supuestos de modificación sustancial del contrato atribuible a la Administración -lo que puede mirarse como culpa en el derecho civil, por representar una alteración unilateral de la voluntad pactada-, el derecho del cocontratante de rescindir, pero sin obtener lucro cesante. De aquí se deduce, a fortiori, que en los casos en que el Estado no tuviere culpa hay mayor razón para no autorizar el pago del lucro cesante, cuando la obra ni siquiera ha sido comenzada (Disidencia de los Dres. José Severo Caballero y Carlos S. Fayt).
Juicio ejecutivo, causa de las obligaciones
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Banco Francés SA c/ Otamendi y Ossa SA s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2001-11-23

El proceso ejecutivo aparece caracterizado por un trámite comprimido como corolario de la contundencia del derecho que se invoca como soporte del mismo, de donde se desprende en principio, la indiferencia de la causa de la obligación.
Medidas cautelares, jubilados, obras sociales, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL
Carátula: GROSSO TERESA MARIA c/ UNION PERSONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-13

Corresponde hacer lugar a una medida cautelar solicitada por una afiliada luego de haber obtenido su jubilación a fin de que su obra social arbitre los medios para mantener su cobertura médico asistencial y la de su esposo, toda vez que existe verosimilitud del derecho por cuanto el art. 16 de la ley 19.032 permite conservar la afiliación obligatoria de los trabajadores que acceden a la jubilación a la obra social correspondiente al servicio prestado en actividad, así como los derechos y deberes derivados de esa relación.
Expresión de agravios, suficiencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alonso c/ Porchetto s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

No puede existir una crítica concreta y razonada de la sentencia en la argumentación que desconoce los fundamentos del fallo atribuyéndole decir lo que no dice ú omitir lo que efectivamente dice (arg. arts. 260, 261 CPCC).
Honorarios, regulación de honorarios, base regulatoria, juicio de alimentos
Materia: CIVIL
Carátula: T., A.S. c/ R., J.E. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-02-15

En numerosas oportunidades, y como derivación directa de conflictos familiares serios, en los procesos de alimentos subyacen pasiones y rencores inusitados en otras causas y por ello en ocasiones presentan complejidades probatorias e incidentales engorrosas, que prolongan y recargan la tarea del abogado por lo que la limitación temporal y cuantitativa del art. 25 de la ley 21.839 puede consagrar una regulación baja con relación al esfuerzo desplegado por los profesionales del derecho. Bajo esta óptica la propia ley de honorarios contiene pautas adecuadas para efectuar regulación acorde con la tarea desplegada sin que sea necesario, apartarse de ellas en función de la atribución que confiere el art. 13 de la ley 24.432. (Sumario N°20712 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Relación de dependencia, presunción de contrato de trabajo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ASOC.ARG.DE ORGANIZADORES Y PROVEEDORES DE EXP.Y CONG. c/ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/ IMPUGNACION DE DEUDA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-25

Para determinar el carácter dependiente de una prestación, diversas son las pautas que cabe tener en cuenta al momento de decidir: la sujeción a las órdenes del supuesto empleador, la ajenidad de los riesgos derivados de la ejecución de la labor, la posibilidad de aplicar medidas disciplinarias al trabajador, el cumplimiento de ho-rarios, la regularidad de las remuneraciones, etc.; elementos todos ellos que incidirán -en mayor o menor medida- al tiempo de dar certeza a la presunción de tratarse de un contrato de trabajo en sentido estricto. (Del voto de la mayoría. La Dra. Dorado votó en disidencia).
Costas, fiscal de Estado, gastos superfluos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: VILLARROEL LUIS ALEJANDRO c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPTIAL s/ Beneficio Litigar sin Gastos (LIBRO: A130 - 448)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-01

Se aprecia que la incidencia articulada por el señor Fiscal de Estado en el "sub-examine", en tanto en rigor reitera el "incidens" de caducidad incoado por la entidad comunal, configura un gasto supérfluo, al cual no debe ser condenado el vencido, quien no está obligado a pagar en concepto de costas "por los incidentes de caducidad", los gastos realizados sin motivo atendible. Y como, por otra parte, el prementado funcionario de rango constitucional no puede percibir honorarios del ente municipal, se juzga no correspondía regular honorarios al mismo; y si la regulación ha ido en desmedro de los de los letrados de la Municipalidad de la Capital, la eliminación de aquellos debe traducirse en el correlativo incremento de los de los últimos.
Transporte de carga, responsabilidad del transportador, descarga, cláusula FIOS
Materia: NAVEGACION
Carátula: La Meridional Cía. Seg. c/ Cap. y/o Arm. y/o Prop. Bq. "Lady Isabel" s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-30

La cláusula FIOS sólo opera como traslado de gastos de descarga, pero no de los riesgos. De esto se sigue que es el transportista el que debe responder por el faltante producido durante la descarga.
Retroactividad de la ley, derechos y garantías constitucionales
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Gaggiamo, Héctor José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso contenciosoadministrativo de plena jurisdicción.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-19

Las leyes, en nuestro ordenamiento, pueden tener efecto retroactivo, bajo la condición obvia e inexcusable de que su retroactividad no afecte garantías constitucionales.
Contrato de obra pública, mayores costos, contratista, licitación pública, cláusula de actualización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BUSANICHE HERMANOS Y COMPAÑIA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 655-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-06-12

En el contrato de obra pública para lograr la revisión de lo pactado en lo referente a los gastos financieros, no le basta al contratista señalar la mera irrepresentatividad de las fórmulas pactadas sino que resulta imprescindible que tal efecto sobre la economía general del contrato sea consecuencia de hechos imprevisibles al tiempo de la conclusión del acuerdo.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia contravencional, declaración de incompetencia, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Instituto F.S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 72 y 73 Aires s/ Artículo 72 y 73
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-15

No está claro para los actores del proceso contravencional, el criterio que podría considerarse correcto toda vez que se aprecia que en ciertas oportunidades los fiscales declaran la incompetencia en forma directa, y en otras solicitan al Juez dicha declaración.

El artículo 2 de nuestra ley procedimental atribuye la competencia en el conocimiento y decisión de un hecho que aparezca como pasible de ser encuadrado dentro de alguno de los tipos contravencionales que describe el Código de Contravencional, tanto al Juez como al Fiscal competente; ello conforme al sistema procesal adoptado, a través del cual lo que podríamos denominar instrucción preparatoria está en cabeza del acusador -con intervención obligada del Juez cuando entren en juego garantías de tipo constitucional o legal-, produciéndose la plena intervención judicial una vez abierta la etapa de juicio, en la que el acusador asume su calidad de parte.

De dicho sistema surge la facultad fiscal de disponer de la acción, disponiendo el archivo de las actuaciones, en los supuestos que describe el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Contravencional.

No obstante lo que dicha norma legisla, la facultad de declarar la competencia o incompetencia de esta Justicia Contravencional no puede recaer sobre la Fiscalía, en razón, por una parte, de que tal decisión no está abarcada por la regla del artículo 39 de la Ley de Procedimiento Contravencional antes mencionado, y por la otra, que siendo las cuestiones de competencia de orden público, no puede obviarse la intervención judicial al respecto, tomando entonces plena operatividad el artículo 2 de la Ley de Procedimiento Contravencional, siendo de recordar al respecto que el ejercicio de la jurisdicción recae sobre el juez, que es quien puede y debe fijar los límites de la misma a través de las disposiciones que regulan su competencia; debe tenerse también en cuenta que una actividad de tal tipo llevada a cabo unilateralmente por la Fiscalía, podría resultar violatoria de la cláusula constitucional que protege el derecho a ser juzgado por el juez natural de la causa -artículo 18 de la Constitución Nacional.

En definitiva entendemos que el criterio a aplicar en casos como el presente consiste en que el Fiscal plantee la cuestión de competencia -positiva o negativa- y que sea el Juez quien la decida, quedando abierta la posibilidad de acudir por ante esta Cámara en caso de disidencia entre ambas posturas.
Dirigente gremial, nombramiento
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ ROBERTO A. c/ MASSALINN PARTICULARES S.A. Y/O RESPONSABLE S/HORAS EXTRAS IMPAGAS, ETC. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-03-19

La jurisprudencia predominante se ha expedido en el sentido que si el empleador al tomar conocimiento de la designación del delegado o representante, no formulara en forma inmediata la impugnación correspondiente, consintiendo el ejercicio de funciones representativas por el trabajador designado, no puede posteriormente, cuando se ha producido la ruptura de la vinculación laboral, alegar ese vicio o deficiencia formal para justificar un desconocimiento de la estabilidad gremial del trabajador.
Ley vigente, cierre de cuenta bancaria, preaviso de rescisión
Materia: COMERCIAL
Carátula: OVEJERO, SEBASTIAN C/BBVA BANCO FRANCES SA S/ORDINARIO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-17

El régimen general aprobado por el Código Unificado de 2015 referente a la rescisión unilateral de contratos de tiempo indeterminado aprueba, como regla, la posibilidad dada a las partes de desvincularse dando preaviso a la otra, sin necesidad de exponer una causa para ello (CCCN 1279, 1492, 1508, 1522-d); Stiglitz, R., "Contratos Civiles y Comerciales - Parte General", Buenos Aires, 2015, t. II, ps. 242/243, n° 735).
Juicio sumarísimo, impugnación de decisión asamblearia, vacío legal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Goncalves, Claudio Javier y otros c/ sumarisimo s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-07

Cuando -como en el caso- los socios no establecieron el modo en que se deliberarían ni se cuestionarían las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno; frente a la ausencia de previsión específica, hay consenso en aplicar por analogía las normas de las sociedades anónimas a las sociedades de responsabilidad limitada para cubrir este vacío legal, lo cual no presenta mayores dificultades cuando la resolución se adopta en reunión de socios o por declaración escrita de todos ellos (conf. Sánchez Herrero, Pedro, "Tratado De La Sociedad De Responsabilidad Limitada", t° 2, pág. 206, ed. Astrea, Buenos Aires, 2018, con citas de Martorell, "Sociedades de Responsabilidad Limitada", p. 322; Nissen, "Ley de Sociedades Comerciales, t. 3; Cabanellas de las Cuevas, "Derecho Societario. Parte general. Los socios. Derechos, Obligaciones y Responsabilidades" t. V, p. 548; Polak, "Sociedad de responsabilidad Limitada, p. 211; Vítolo, "Sociedades Comerciales. Ley 19550 comentada", t° III, p. 264;, Moro, "Sociedad de Responsabilidad Limitada", en Martorell (dir), "Tratado de Derecho Comercial", t° VII, p. 559). Ello así pues, los socios de la SRL pueden establecer en el acto constitutivo o en una reforma posterior un régimen diferente al previsto para las impugnaciones de resoluciones del órgano de gobierno de la SA, hábida cuenta de que aquel no es de aplicación imperativa (Rodríguez de la Puente, "Resoluciones Sociales", en Richard (dir), "Sociedad de Responsabilidad Limitada", pág. 414). No obstante, la ausencia de cualquier tipo de previsión torna operativo el mecanismo regulado en la LGS 251.
Trabajadores de la construcción, fondo de desempleo, indemnización por despido, indemnización agravada, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario
Materia: LABORAL
Carátula: GUZMAN, LEOPOLDO c/ PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A. DE CONSTRUCCIONES Y MANDATOS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-28

Atento a la naturaleza jurídica que reviste el Fondo de Desempleo (art. 17 de la ley 22250), no procede la duplicación reclamada con fundamento en el art. 16 de la ley 25561, en tanto ella se refiere a las indemnizaciones que, de conformidad a la legislación laboral vigente, corresponden a los trabajadores para el caso de despido sin causa justificada (resarcimientos que la ley 22250 no prevé).
Sentencia condenatoria, trata de personas, violencia de género, igualdad ante la ley
Materia: PENAL
Carátula: LEIVA, Gustavo Daniel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Corresponde señalar además que debe tenerse especialmente en cuenta que en el presente caso el encartado fue condenado por hechos que se vinculan íntimamente con una de las temáticas más preocupantes del universo de los derechos humanos: la trata de personas, considerada la esclavitud moderna, que afecta en lo más profundo la dignidad de todo ser humano. Por ello, sin perjuicio de que lo hasta aquí sostenido luce suficiente para la resolución del caso sometido a análisis, corresponde efectuar un test constitucional y convencional en la presente causa, teniendo presente el género de la víctima. ".nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -Mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones". Hoy la violencia contra las mujeres es considerada violación de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas, y como preceptúa el artículo 3 de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", "toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado".
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia condenatoria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENITEZ, ALDO RICARDO Y OTROS c/  s/ FALSEDAD IDEOLOGICA DE DOCUMENTO PUBLICO AGRAVADO POR SER FUNCIONARIO PUBLICO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-21

Esta Corte no puede resolver la presente queja, correspondiendo en consecuencia anular el auto denegatorio dictado por los Jueces del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal sólo en relación al rechazo de los agravios expuestos contra la condena a los imputados como autores del delito de encubrimiento agravado, en tanto respecto de este planteo no se ha cumplido el trámite previsto en la ley 7055, desde que la resolución sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa sólo abarcó una parte de sus agravios, dejando a los restantes sin respuesta -no pudiendo considerarse tal a la mera alusión a su extemporaneidad-. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055. - Jurisprudencia vinculada: Bustos, AyS T 325, p 15/21, sumario J0051319.
Muerte del trabajador, cónyuge supérstite
Materia: LABORAL
Carátula: Guequen, A. E. y Otro c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo A.R.T. S.A. s/ IndemnizacióN
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2014-08-07

El reclamo de la cónyuge supérstite debe ser desestimado, y el monto total de la condena derivada del accidente de trabajo causante de la muerte del esposo, ha de ser distribuido en partes iguales entre ambos actores -conviviente y vástago del causante- y la tercera interviniente -primera hija del occiso-, en tanto si bien alegó depender económicamente del marido, no acreditó haber estado recibiendo alimentos ni haberlos reclamado en juicio, conforme lo establece el art. 53, últ. párr., de la Ley 24.241