Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-04


En la ciudad de Trelew, a los 04 días de abril del año dos mil seis, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut, bajo la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Edgar María de la Fuente para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., J. R. c/ I., R. E. s/ RENDICIÓN DE CUENTAS" (Expte. N° 20.921 - año 2006) venidos en apelación.

Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Que pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 280.- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: - Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación deducido por la parte actora (fs. 260), en contra del pronunciamiento definitivo dictado en autos (fs. 251/257), por el cual se rechaza la demanda de rendición de cuentas y restitución de saldos entablada por el Sr. J. R. S. al Sr. R. E. I., por prematura; hace lugar a la demanda de disolución de sociedad de hecho interpuesta por I. con efectos a partir del 8 de julio de 2004, ordena en el plazo que fija su inscripción en el registro público de comercio; y, rechaza la indemnización de daños y perjuicios incoada por el Sr. I. en contra del Sr. S..

Finalmente impone las costas de la demanda y de la disolución de la sociedad de hecho al actor e impone las costas de la indemnización de daños al demandado reconviniente.

El escrito de expresión de agravios luce agregado a fs. 267/278, cuyo traslado, ordenado a fs. 279, no fue evacuado por la contraria. - I.- La parte actora recurrente formula los siguientes agravios, a saber: 1) Falta de legitimación activa del reconviniente: Cuestiona que se haya desestimado la excepción de falta de legitimación para reconvenir de I.

Transcribe parcialmente el relato de los hechos expuesto en la reconvención respecto a la resolución pedida y también cita el capítulo dedicado el derecho aplicable invocado por la reconviniente, indicando que la cita legal fue del art. 1.204 del Código Civil.

De allí, señala que el demandado reconviniente enmarcó sus pretensiones en el instituto del pacto comisorio tácito del referido artículo esto es, dice, en el instituto de la resolución contractual por incumplimiento imputable a una de las partes de un contrato con prestaciones recíprocas, debiendo defenderse su parte de las pretensiones así enmarcadas. Sostiene que no puede exigírsele que encauzara su defensa en institutos no invocados por la contraparte.

Por ello, agrega, en la contestación a la reconvención su parte interpuso la excepción de falta de legitimación activa pues el ordenamiento jurídico veda al socio de una sociedad de hecho -calidad alegada por el demandado-, las acciones intentadas por el reconviniente. En primer lugar, puntualiza, porqué no resulta aplicable en el caso de los contratos de sociedad el pacto comisorio tácito.

Refiere a la contestación que transcribe y a lo cual me remito por razones de brevedad. Insiste en que el reconviniente, invistiéndose de una calidad de socio de una sociedad de hecho, carecía del derecho sustancial de intentar la acción de resolución contractual por incumplimiento lo que tornaba procedente la excepción de falta de legitimación articulada por su parte.

En segundo lugar, continúa transcribiendo partes de lo dicho en el anterior grado al contestar la reconvención a lo cual igualmente remito, señalando respecto al reclamo de resarcimiento de daños y perjuicios que también carecía del derecho para demandar el resarcimiento por daños y perjuicios supuestamente provocados por el incumplimiento achacado a su parte, por lo que también -concluye- es procedente el acogimiento de la excepción de falta de legitimación esgrimida.

Sin embargo, dice, confundiendo los términos en que fue deducida la demanda y el objeto de la litis, la sentenciante de grado, para rechazar la excepción que si consideraba que la acción era inadmisible no se entiende que precisamente su parte haya iniciado contra el accionado la demanda de rendición de cuentas, estimando que si I. está legitimado para ser demandado también lo está para ser reconviniente.

Manifiesta que en definitiva el único argumento de la Sra. Juez a quo para rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta contra el reconviniente fue que si el actor demandó por rendición de cuentas el demandado pudo reconvenir por resolución contractual por incumplimiento y por daños y perjuicios sin merituar los fundamentos de fondo de la defensa articulada. Acota que su parte interpuso la demanda de rendición de cuentas no en carácter de socio de una sociedad de hecho, desde que niega que haya existido tal sociedad, sino en calidad de una persona que ha entregado dinero a otra con un fin determinado y exige conocer en qué se han utilizado los fondos confiados pues no fueron aplicados al propósito encomendado.

Vuelve a remitirse a lo dicho en el escrito de demanda, punto III "Procedencia de la acción" y efectúa cita doctrinal a cuya lectura envío. Resume diciendo que los términos en los cuales han sido concebidas la demanda y reconvención son sustancialmente distintos y no admiten comparación a los fines de evaluar la legitimación activa de ambas como -sostiene- erróneamente lo ha hecho la sentenciante. Presenta una hipótesis de conflicto vinculado a un posible reclamo por daño moral por falta de reconocimiento de un hijo efectuado por su madre según lo realice a nombre propio o por el hijo citando jurisprudencia vinculada al tema a lo que me remito.

Termina diciendo que para determinar si el actor o reconviniente posee legitimación para obrar, debe estarse a la calidad atribuida para intentar la acción emprendida. Indica contradicciones en la juzgadora pues luego de desestimar la defensa en párrafos siguientes afirma que los socios de las sociedades no constituidas regularmente tienen vedado demandar a los consocios por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato social, con lo cual reconoció -asegura- la falta de acción esgrimida por su parte en la excepción articulada, de lo cual concluye que debió hacer lugar a la excepción articulada rechazando en todas sus partes la reconvención deducida.

2) Aplicación del Iuria novit curia: Sostiene que la Sra. Juez a quo hizo una aplicación impropia del "iuria novit curia" transformando la acción intentada por la contraria -resolución contractual por incumplimiento- en una acción de disolución de sociedad de hecho, siendo que las mismas tienen distinto presupuestos de hecho y por ende, diferentes "causas petendi".

Indica que el presupuesto básico de la acción de resolución contractual prevista en el art. 1204 del Cód. Civil, (y también del art. 216 del Cód. de Comercio) es el incumplimiento de una de las partes respecto de las prestaciones recíprocas comprometidas.

Cita con trascripción doctrina relacionada, agregando que también se requiere para tal acción la culpa de la parte incumplidora según jurisprudencia que califica de mayoritaria, y por último indica como necesaria la falta de culpa del demandante.

En consecuencia, el juicio de resolución contractual estará encaminado a probar los requisitos mencionados. Dicho de otro modo, destaca, la "causa petendi" de la acción es el incumplimiento de la otra parte y si no fuera por dicho incumplimiento su parte desearía permanecer vinculado a la otra parte en el contrato.

Refiere a continuación de los distintos presupuestos exigidos por el art. 22 de la ley 19.550 para ejercer la acción de disolución de una sociedad irregular o de hecho, indicando que basta la exclusiva voluntad del socio demandante para entablar dicha acción siendo la "causa petendi" en tal caso la voluntad de un socio de no pertenecer más a una sociedad de hecho sin que sea menester que su pretensión esté motivada por algún incumplimiento.

Con transcripción de una porción de la sentencia postula que la juzgadora del anterior grado ha transformado la acción intentada por el reconviniente alterando los fundamentos fácticos de la pretensión de la contraria mutando la "causa petendi" de la reconvención y vulnerado el derecho de defensa de su parte.

Transcribe parte del escrito de demanda-reconvención relacionado a las razones invocadas por I. para pedir la resolución en las cuales alude a incumplimientos de su parte, manifestando que de ello queda claro que la pretensión del reconviniente fue el incumplimiento achacado a su parte, y sobre tal imputación debió defenderse.

Sostiene que nada habilita a conjeturar que de no haber mediado el alegado incumplimiento el reconviniente tuviera intención alguna de disolver la mentada sociedad de hecho que insiste, fue negada por su parte.. Advierte que en las misivas enviadas por I. a su parte no achaca incumplimiento alguno ni someramente cumplimiento del reconviniente y por lo tanto sin que haya probado la causa de pedir de las pretensiones del demandado reconviniente la sentenciante atribuye a éste la voluntad disolutoria y hace lugar a una demanda de disolución que no había sido articulada.

Refiere a que al contestar la reconvención adujo que la única acción que podría haber planteado la contraria invocando la sociedad de hecho sería la de disolución incausada que no ha intentado. Cita fallo de la Corte federal con transcripción parcial del mismo vinculado al tema.

Precisa que en el caso la Sr. Juez de primera instancia atribuyó al reconviniente una voluntad rescisoria incausada que no fue manifestada por éste, quien basó sus pretensiones en el presunto incumplimiento imputado a su parte alterando de tal modo las bases fácticas del litigio mutando la causa petendi de la reconvención.

3) Imposición de costas: Cuestiona que se le haya impuesto las costas siendo que no se le ha dado oportunidad de defenderse respecto a la disolución de la sociedad de hecho. Insiste que sin perjuicio de la carga de defenderse jamás se lo notificó de una demanda de disolución. Postula que no recibió ningún requerimiento extrajudicial sobre alguna decisión de I. referida a la disolución de sociedad, citando a Nissen para concluir que no habiendo tenido la oportunidad de defenderse y que no se opuso a la disolución pues negó la existencia de la sociedad, por lo que mal puede resistirse a su desaparición, corresponde que las costas de la reconvención sean impuestas en el mejor de los casos en el orden causado.

4) Inexistencia de una sociedad de hecho: Se agravia que se haya tenido por acreditada la existencia de una sociedad de hecho entre su parte y el demandado y que por tal motivo se haya rechazado la demanda de rendición de cuentas. Puntualiza que el único elemento en el que la sentenciante basa su conclusión respecto a la existencia de una sociedad de hecho es el recibo presentado en el que se menciona la entrega al Sr. I. de $ 8.000 a cuenta de aporte de capital para la conformación de un contrato de sociedad.

Sostiene que dicho instrumento no tiene el alcance que pretende darle la Sra. Juez a quo, sino que -aduce- que la intención de su parte era integrar una sociedad de responsabilidad limitada que, según le había manifestado -asevera- el demandado, éste estaría gestionando. El Sr. I. se encargaría de hacer confeccionar el contrato escrito de la sociedad y de realizar los trámites para su inscripción en el Registro Público de Comercio. Con tal propósito es que su parte entregó la suma de $ 8.000 el 13/03/00, instrumentado mediante el recibo presentado, y la de $ 7.000 el 16/04/00 sin recibo.

Remarca que su parte desde un primer momento tuvo una clara intención de integrar una S.R.L. y no otra clase de sociedad y en todas las conversaciones que tuvo con sus allegados fue explícito en manifestarse en tal sentido. Cita los testimonios de los Sres. S., L. y C., quienes son contestes en afirmar que los comentarios suyos y de su padre se referían al tipo societario aludido cuando hablaban del proyecto que encararían con el demandado.

Indica que si el iter constitutivo de una S.R.L. comienza con la confección del contrato cabe sostener que no habiendo contrato, ni siquiera existió una sociedad en formación. El demandado recién alegó la existencia de una sociedad de hecho al contestar la demanda no haciendo ninguna referencia respecto a la misma cuando contestó las misivas remitidas por su parte y ninguno de sus testigos mencionó figura societaria alguna cuando fueron preguntado por las intenciones del demandado respecto del inmueble remodelado.

De la lectura de los testimonios recolectados por I., surge que refaccionó el garaje para convertirlo en un local comercial con el propósito de lograr un lucro personal -venderlo o alquilarlo- pero no para aportar su uso a un emprendimiento societario. Así, menciona que el testigo A., quien señala que vive frente del local en cuestión, narró que antes del taller gráfico habilitado en el año 2002, funcionaron allí una heladería y un quiosco regenteados por el demandado en forma unipersonal aproximadamente en el año 2000.

El testigo R., quien -dice- es propietario de una inmobiliaria, relató que en el año 2000 el demandado le encomendó la venta del local comercial y que la finalidad de remodelar un garaje en un local comercial fue para obtener una renta. Indica que el testigo L. afirmó que en el año 2000 el local del demandado estaba en alquiler pero que después no quiso alquilarlo porque lo estaba reformando y finalmente se lo vendió a su socio G. en el año 2002. Por su parte el testigo G., confirmó que adquirió el inmueble en el año 2002.

En resumen, concluye, ninguno de los testigos de I. Siquiera sugirió que el local hubiera estado destinado en algún momento a un emprendimiento societario de éste. Por el contrario, todos fueron coincidentes en sostener que la finalidad de la transformación del garage en un local comercial respondió a la intención de lucro personal del demandado y no a un aporte a un ente societario, por lo que no se puede afirmar que no hubo aporte del demandado a la pretendida sociedad ni en bienes, ni en especie, ni en trabajo, por lo tanto no hay un fondo común susceptible de ser repartido en una liquidación.

Tampoco hubo gestión común, es decir, no se realizó ni un solo acto en nombre de algún ente societario. Advierte que todos los recibos, facturas y comprobantes acompañados por el demandado en su responde figuran solo a nombre de I., sin indicación de que las adquisiciones de bienes o servicios las hiciera en representación de una persona distinta de él. Y al no haber un fondo común ni una gestión común ante terceros no puede hablarse -dice- de un resultado común.

Se pregunta si la sociedad de hecho existió entonces contestándose que ninguna.

Cita doctrina vinculada a la prueba de la sociedad de hecho a la cual igualmente remito. Destaca que la contraria simplemente alegó haber puesto el local comercial a disposición de la mentada sociedad pero dicha aseveración es desmentida categóricamente por las probanzas producidas por cuanto -expresa- jamás se lo notificó formal o informalmente de tal circunstancia, nunca funcionó en el inmueble algún negocio dedicado al rubro regalería y los propios testigos ofrecidos por el demandado expusieron que el local no estuvo destinado a un emprendimiento societario.

Señala en relación a la gestión común que el demandado no mencionó ni siquiera tangencialmente que se hubiera realizado algún acto -comercial o no-en nombre de algún ente societario, de lo cual deviene fútil -dice- cualquier elucubración sobre la posibilidad de que exista un resultado común. Cita jurisprudencia y doctrina relativa a la prueba de la sociedad de hecho a cuya lectura envío. Se pregunta finalmente si puede sostenerse la existencia de una sociedad de hecho del texto de un recibo, del cual el propio demandado aportante niega que el dinero entregado estuviera destinado a la formación de dicha figura societaria.

Insiste que de las probanzas colectadas no puede inferirse que la pretendida sociedad de hecho haya tenido realidad en el mundo fenoménico, pues no hay ningún indicio que habilite presumir que alguno de los supuestos integrantes haya obrado en nombre del ente, o haya actuado con la finalidad de participar en ganancias comunes y repartir pérdidas. Vuelve a citar jurisprudencia a la cual remito. Postula que la única verdad objetiva que surge del expediente es que su parte entregó dinero a I. y éste jamás explicó qué uso le dio al bien confiado por aquél.

Añade que de las propias manifestaciones del responde se puede inferir que utilizó el dinero en beneficio personal transformado un garage en un local comercial que luego vendió. Advierte que no es casual que todos los gastos efectuados para la refacción del garage sean realizados después del 13 de marzo de 2000. Se pregunta si aportó algo I. a un emprendimiento societario. Y si el aporte comprometido hubiera sido el uso y goce del local, tal obligación resultó de cumplimiento imposible desde el año 2002 época en que vendió el inmueble al Sr. G.. 5) Dispendio jurisdiccional inútil:

Manifiesta que si se entendiera que hubo una sociedad de hecho debe considerarse acreditado el aporte de $ 8.000, que el demandado no realizó ningún aporte, que no hubo actos negociales del ente societario, y por ende no hay pasivo, no hay créditos que cobrar ni deudas que pagar. De ello concluye que para liquidar la supuesta sociedad basta con que el demandado devuelva a su parte el aporte dinerario ya que al no haber comenzado a operar el emprendimiento ningún otro movimiento contable habría ocurrido, ni hay comprometidos intereses de terceros.

De allí sostiene que los pasos de liquidación serían inútiles y carentes de sentido práctico.. Hace reserva de caso federal. II.- En los límites delimitados por los agravios que se han reseñado precedentemente, ingresaré al tratamiento de los mismos siguiendo para ello un orden impuesto por la lógica que impone ingresar al examen de aquellos tópicos que, según el resultado al que se arribe a su respecto, pudieran influir sobre los demás.

De tal modo, evidente resulta para mi, que de la lectura del fallo en crisis se proyecta alguna contradicción argumental. Es que ello surge de establecer en primer lugar la improcedencia de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la parte actora en contra del reconviniente, fundada en que la ley de sociedades en su art. 23, 2do. apart., veda expresamente la posibilidad de que los socios puedan reclamarse entre sí derechos o defensas nacidos de la sociedad de hecho que invocaran, para a continuación interpretar que la pretensión de resolución contractual deducida por el demandado reconviniente implica un pedido de disolución de una sociedad de hecho que, antes, tuvo por acreditada a partir del recibo obrante a fs. 5.

Me detengo en este último aserto, me refiero a la sociedad de hecho que de consuno invocaran en distintas oportunidades las partes del litigio. Digo así, por cuanto surge de la lectura del escrito de demanda que, de modo explícito, se afirmó por parte de S. la entrega al demandado de la suma de $ 8.000, como aporte de capital para conformar un contrato de sociedad para la explotación del rubro "regalería" en el inmueble sito en G.

de Trelew (vide: punto II "hechos", 1er. apartado -fs. 23-). - Ello aún, cuando paradójicamente, reclama al Sr. I. rendición de cuentas y es el propio actor quien trae a colación la norma de la ley de sociedades citada que veda la viabilidad de tal pretensión, al contestar la contrademanda que le dirigiera I. por resolución contractual y daños y perjuicios interpuesta en su contra.

Asimismo, el demandado no obstante ser cierto que negó específicamente que hubiera estado conformando una Sociedad de Responsabilidad Limitada (ver: fs. 104 vta.-), luego en el relato de los hechos expuso la existencia de una relación que configura en la práctica reconocer la existencia de las tratativas previas y comienzo de ejecución, a través del relato de los aportes comprometidos, admitiendo inclusive la ejecución parcial del aporte a cargo del actor reconvenido por la suma de $ 8.000 (ver: fs. 105 y vta.).

Es al responder la reconvención cuando, reitero, el actor reconvenido invoca la ley de sociedades, enmarcando su defensa de falta de legitimación en las normas que regulan las sociedades de hecho el conflicto suscitado.

Ante este cuadro de situación no resulta extraño que trascienda de toda la argumentación impugnaticia el denunciado desfasaje entre lo pedido y lo decidido finalmente por la Sra. Juez a quo. - En primer lugar, señalo, la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta al demandado reconviniente y desestimada en el fallo, punto éste motivo de específico agravio del actor en autos, y desde la perspectiva de la juzgadora del anterior grado no hay lugar a dudas que los intervinientes como partes en el presente proceso se encuentra legitimados para demandar y ser demandados en la litis.

Empero, no es desde tal horizonte que hay que visualizar tal excepción en el supuesto, sino que la cuestión dirimente se encuentra en la existencia o inexistencia de un interés jurídico tutelable que, como presupuesto de la acción procesal, debe concurrir para propiciar obtener un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto.

Si bien, también resulta cierto que existen diferencias conceptuales entre la falta de legitimación y la falta de interés, puesto que la primera se refiere pura y exclusivamente a la cualidad de titular o no de la relación jurídica sustancial, mientras que la segunda es un elemento sustancial del llamado "derecho de acción", que más apropiadamente proyecta un tipo de improponibilidad objetiva de la pretensión deducida por el reconviniente, toda vez que adolece de un defecto en sus requisitos intrínsecos que hace a la atendibilidad sustancial de la pretensión incoada.

En tal aspecto, sabido es que, en general, las condiciones de fundamentación o procedencia de la pretensión deben ser verificadas por el juzgador en la sentencia de mérito.

Esto es, en la decisión final que recaiga sobre la atendibilidad sustancial de la pretensión deducida, determinará si en el caso concurren las condiciones de su acogimiento (por caso: legitimación para obrar de las partes; interés jurídicamente protegido; objeto jurídicamente posible; causa lícita; inexistencia de cosa juzgada). Y tal verificación no suscita mayor lugar a duda que debe ser efectuada en el marco de la sentencia de mérito. - De allí, que opino que con la conclusión a la cual arribara en el análisis efectuado en el punto II de los considerando (fs. 253 vta./254), debió dar un cierre a la cuestión traída a resolución de la jurisdicción desde que tanto el actor como el demandado reconviniente se encontraban abarcados por la misma normativa de aplicación a las sociedades de hecho que tuvo por acreditada en su existencia.

Es que si los socios entre sí no pueden invocar derechos y defensas nacidas del vinculo derivado de una sociedad de hecho, ningún otro análisis merecía ser realizado so riesgo de interesar el principio procesal de congruencia y el que, a su vez, puede encontrarse involucrado en él, cual es, el debido resguardo del principio de contradicción o bilateralidad. - Destaco en tal sentido que fue el propio actor ahora recurrente quien habilitó el debate de tal cuestión jurídica a partir de la defensa esgrimida en su contestación a la reconvención. Y allí, entonces, ningún espacio de posible indefensión cabe reconocer (ver. fs. 133/134 vta.). Lo dicho en último término deriva el presente análisis en la cuestión dirimente a elucidar, cual es: los límites admisibles del brocardo "iuria novit curia" para no conculcar el principio de congruencia según el juego armónico de los arts. 34, inc. 4to. y 163, incs. 5° y 6° del C.P.C.C..- Básicamente presentaré el tema a dilucidar de un modo más explícito: si el actor pretendió que se le rindan cuentas, el demandado contestó no tener obligación a rendir cuentas y reconvino por resolución contractual invocando un incumplimiento de su co-contratante, con más daños y perjuicios derivados de dicho denunciado incumplimiento, la pregunta que se impone responder consiste en la siguiente: ¿es válido que en ejercicio del iuria novit curia la juzgadora haga lugar a una disolución de sociedad de hecho que no conformó como indudablemente aconteció en la especie, la traba de la litis sobre la cual debía expedirse?. - La respuesta a tal interrogante, en mi opinión, se proyecta en sus efectos a todos y cada uno de los demás agravios formulados.- Pues bien, el derecho procesal se ha ocupado tradicionalmente del iuria novit curia como una circunstancia que exime a las partes de alegar y probar el derecho del caso, por un lado, y que justifica que el juez pueda apartarse de las consideraciones jurídicas que realicen aquellas, por el otro.

Respecto a esta última cuestión, la Corte federal ha repetido en numerosos precedentes que, con arreglo a esta regla, el juez no sólo tiene la facultad sino también el deber de discurrir los conflictos y dirimirlos según el derecho aplicable calificando autónomamente la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas jurídicas con prescindencia de los fundamentos que enuncian las partes (Conf. S.C.J.N., Fallos: 296:633; 299:78/429; 300:1034; 305:405; 308:778; 310:1536, etc). - El problema es determinar hasta dónde llega la libertad del juez en la selección de la norma (iuria novit curia) sin traspasar los límites de la "causa petendi" como elemento configurador del objeto del proceso, extralimitación que, de producirse, daría lugar al vicio de incongruencia.- Este problema, se dijo, es quizás el de más difícil solución de todo el Derecho Procesal Civil, hasta el punto de que probablemente nunca llegue a resolverse satisfactoriamente en la doctrina ni en la jurisprudencia (Conf. Marín Castán, Francisco "Capacidad de influencia del juez sobre el objeto de proceso y congruencia de la sentencia", Madrid, Consejo General del Poder Judicial, "Cuaderno de Derecho Judicial", año 1996, N° XXIII, pág. 512). - En tal contexto, pues, estimo que el presente caso pone en el tapete como juegan dos reglas técnicas de la actividad de sentenciar, como lo es el iuria novit curia y la de la congruencia que si bien de ninguna manera da pié a afirmar que resulten incompatibles, lo cierto es que a poco que se ingresa a su análisis da lugar a advertir cierta tensión, una puja entre ambas -y que no es más ni menos que la tensión que existe entre los poderes y los límites del Juez- que torna necesario encontrarle el punto de equilibrio en cada caso a examinar.

Antes de entrar al tratamiento de la calificación legal y sus límites, es preciso abrir un paréntesis para precisar el concepto de pretensión por tratarse de un aspecto medular de la cuestión a resolver. A tal efecto, considero clarificador en la especie traer a colación la diferenciación que efectúa Adolfo Alvarado Velloso, quien distingue la pretensión de la pretensión procesal.

Respecto de la primera, mira la actividad que se cumple en la vida jurídica, sostiene que la pretensión es una declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social mediante la cuál se intenta subordinar a la propia una voluntad ajena (ejemplo: "págame lo que me debes"). Si esa pretensión -por ahora ubicada en el plano de la realidad social- es satisfecha ("te pago"), la cuestión concluye allí. Pero si es insatisfecha por la aparición contemporánea de una resistencia a ella ("te pagué" o "no te debo"), se origina en esa realidad social el conflicto intersubjetivo de intereses.

Suscitado el conflicto y obviamente no solucionado el mismo en el plano de la realidad social, como aconteció en el caso bajo tratamiento, la pretensión que lo originó y que se encuentra expuesta en los despachos telegráficos obrantes en autos que fueran reconocidos (fs. 7/12 y 104), se traslada al plano jurídico del proceso mediante el ejercicio del derecho de acción que se materializa con la demanda judicial.

Allí se perfila recién el concepto de pretensión procesal, como aquella declaración de voluntad hecha en una demanda (plano jurídico) mediante la cual el actor (pretendiente) aspira a que el Juez emita -después de tramitado el proceso- una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio que le presenta a su conocimiento (Conf. aut. cit. en "introducción al Estudio del Derecho Procesal", 1ra. parte, reimpresión, Ed. Rubinzal Culzoni, págs. 97 y sgtes.). - En esta dirección, queda en claro que toda pretensión procesal implica entonces la afirmación de la existencia de una relación jurídica, es decir de un vínculo que surge entre dos sujetos con motivo de un acontecimiento de trascendencia para el derecho. Y, por lo tanto, en toda pretensión al igual que en toda relación jurídica, puede advertirse la existencia de tres elementos que la integran: sujeto, objeto y causa. Los sujetos de la pretensión serán el actor y el demandado, que son las partes de una relación bipolar.

El objeto de la pretensión (petitum), es obtener de la jurisdicción una resolución con contenido favorable a la petición hecha en la demanda. Así, Palacio sostiene que el objeto de la pretensión debe ser considerado desde un doble punto de vista: el objeto inmediato, que es el tipo de resolución o pronunciamiento que se reclama (por: ejemplo que se declare la obligación a rendir cuentas o la resolución contractual o que se condene al pago de daños y perjuicios); y el objeto mediato que es el bien jurídico sobre el cuál debe recaer en forma concreta el pronunciamiento reclamado (por ejemplo: la suma de dinero cuyo reintegro se persigue o el pago de los alquileres dejados de percibir con motivo del vinculo asociativo que se dice incumplido).

La causa de la pretensión ("causa petendi"), consiste en la invocación de una concreta situación de hecho a la que se le asigna una determinada consecuencia jurídica (Conf: Palacio Lino Enrique, "Manual de Derecho Procesal Civil", 16ta. ed., Ed. Abeledo Perrot, ed. año 2001, págs. 97 y sgtes.).

A su vez, resulta útil destacar que Alvarado Velloso repensó la mencionada concepción de la "causa petendi" y a modo de innovación propicia distinguir dos sub-elementos dentro de dicha causa: el primero constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda y, eventualmente, reconvención, a los cuales se le asigna por el actor o reconviniente trascendencia jurídica, convirtiéndose así en la base o fuente del derecho pretendido; y el segundo sub-elemento constituido por la imputación jurídica que el actor efectúa al demandado o reconvenido en base a aquel hecho (Aut. y op. cit., pág. 99).

Como se verá tales precisiones conceptuales y distinciones tendrán relevancia para delinear la frontera entre el poder que el juzgador ejerce por vía de la calificación jurídica de la pretensión aplicando el iuria novit curia, con el límite impuesto por el principio procesal de congruencia.

Antes, es pertinente distinguir entre objeto litigioso o relación jurídica litigiosa y pretensión procesal para determinar a cuales de tales situaciones alude el deber de calificación del Juez al que venimos refiriendo. Puede decirse que objeto litigioso es aquel que en el proceso se contradice entre las partes y que debe ser materia de resolución en la sentencia. Esto es, no puede identificarse el mismo ni con la petición, ni con la pretensión, ni con la resolución que se pide al tribunal.

Es decir, el objeto litigioso es la controversia efectivamente concretada entre las partes, en el momento o etapa de afirmación y negación respectiva. Es decir, cuando ha quedado trabada la litis (Conf. Falcón, Enrique M., en "Derecho Procesal...", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, T. I, pág. 147/148).

E igualmente, es necesario indicar qué se entiende por calificación jurídica.

Ella es subsumir o encuadrar los hechos en una norma jurídica. Esto es, fijados los hechos de la litis (aquellos afirmados y confirmados) deberá determinar el juzgador si existe en el ordenamiento jurídico alguna norma que, como antecedente -supuesto de hecho abstracto normativo- prevea la situación de hecho concreta probada en el supuesto, y, a partir de allí, si el efecto jurídico que la norma prevé para ese supuesto de hecho -consecuencia jurídica- concuerda o no con la perseguida por las partes.

Es tal operación intelectual del sentenciante la que constituye la calificación jurídica que es tarea propia de los jueces derivada de la regla iuria novit curia e impuesta como deber a los jueces (Arts. 34, inc. 4to. y 163, inc. 6to. del C.P.C.C.).

Acordados que fueran tales conceptos y precisiones, tengo para mi que la calificación jurídica delegada como facultad-deber del juez opera solo sobre el objeto litigioso. Esto es, no puede el juez en ejercicio del iuria novit curia calificar la pretensión sino el objeto litigioso conformado por lo afirmado y contradicho respectivamente. Habida cuenta de ello, el juez deberá merituar la imputación jurídica efectuada por el pretendiente pero con relación a la reacción opuesta por el demandado y, en ese estado, calificar legalmente y aplicar el derecho que corresponda. En consecuencia, así como por la regla de la congruencia no podrá bajo ningún concepto el juzgador variar las condiciones fácticas que son el fundamento de la situación que generó la controversia, tampoco podrá, so pretexto de "calificar legalmente" o "aplicar el derecho" sustituir la pretensión o pretensiones por otra que no fueron articuladas por las partes y, por ende, debatidas en el proceso.- Es en este punto del análisis que cabe recordar la concepción del procesalista rosarino, profesor Adolfo Alvarado Velloso que ya citara "supra" en cuanto distinguió dos sub-elementos de la "causa petendi", el primero constituido por el hecho o hechos afirmados en la demanda y contestación-reconvención, a los cuales cada parte les asignan trascendencia jurídica, y el segundo, constituido por la imputación jurídica que cada una de ellas efectúa en base a aquellos hechos.

Pues, ninguna de tales elementos puede ser alterados o sustituidos por el juzgador. Y en la especie, queda claro que en particular en relación a la imputación jurídica que efectuaran a los hechos controvertidos cada una de las partes en autos, ha sido indisputablemente alterada por la Sra. Juez a quo, excediéndose en el ejercicio del iuria novit curia, en cuanto se apartó de lo debatido en el proceso o lo que es lo mismo decir, del objeto litigioso que conformó el "thema decidendum" sobre el cual debía expedirse congruentemente. - De lo expuesto, en síntesis, la respuesta al interrogante que formulara al inicio y que se obtiene de tales razonamientos, en el particular supuesto traído a resolución de la Alzada no es otra que aquella que vengo sugiriendo antes, cual es que la juzgadora del anterior grado debió restringirse a rechazar tanto la demanda como la reconvención, dado que allende de las razones normativas que bien citara -aunque parcialmente- para establecer la improcedencia de los derechos y defensas que mutuamente se invocaran entre aquellos que, a su turno, consideró socios de una sociedad de hecho, no debió extralimitar los límites impuestos por el principio de congruencia pronunciándose sobre una pretensión que no fue introducida por ninguna de las partes, esto es, sobre la disolución de la mentada sociedad de hecho y posterior liquidación. - No es dable soslayar que la Sra. Juez a quo, quizás guiada por un criterio que si se me permite calificarlo puede ser entendido como pragmático, no reparó que emite un fallo "extra petita".

Ello así, desde que en aras de aprovechar toda la actividad procesal desplegada por las partes quiso dirimir jurídicamente el conflicto indicando, casi pedagógicamente, el camino que entendía era el correcto para dar curso a las pretensiones (me refiero a aquellas que operan en el plano de la realidad social) y que conforman el núcleo del conflicto derivado de la relación jurídica sustancial habida entre S. y I., y que luego erróneamente fue planteado a través de pretensiones procesales que, como varias veces ya lo he dicho, debieron ser desestimadas por improcedentes sin más dada la prohibición legal normada por el Art. 23 de la Ley 19.550.- La máxima iuria novit curia no implica descargar a las partes de la alegación de las normas jurídicas que les son favorables; significa tan solo que es innecesario probar el derecho vigente y alegarlo con completa precisión y total exhaustividad. El límite a las facultades de aplicación del derecho por los jueces viene exactamente determinado por los límites que los litigantes hayan querido establecer respecto a sus derechos subjetivos, su medida y la amplitud de su ejercicio.

En definitiva, la habilitación que se reconoce a los órganos jurisdiccionales para examinar la pretensión a la luz de un tratamiento jurídico distinto del que le dota la aparte, encuentra el límite infranqueable de la identidad de la propia pretensión, cuya configuración pertenece al ámbito del poder de disposición de los sujetos involucrados en el conflicto.-- A todo evento, corresponde puntualizar que el peligro que significa habilitar que, a través de resolver aquello que no se planteó y que por ende, no pudo ser objeto de defensa, genera un peligro de afectación del derecho de defensa en juicio y también, por extensión al principio de seguridad jurídica, que desplaza por su propio peso una eventual economía y celeridad procesal, a la cual buenamente se intente dar tributo supliendo a las partes en aquello que no fue pretendido por ellas.

Es que, en definitiva, participo de la idea que, en el marco de un proceso predominantemente dispositivo como el que rige en la provincia del Chubut, la convalidación de la auto atribuida función del juzgador de "enderezar" el proceso, aún cuando ejerza un razonable arbitrio, aparece como mucho más peligrosa que la propia ineficacia que pueda derivar de un proceso frustrado por el rechazo de todas las pretensiones deducidas en él.

Ello dicho así, solo por la inevitable consecuencia de indefensión para alguna o ambas partes que puede derivar de una posición más flexible respecto al tópico.

En tal contexto, propondré la revocación parcial del fallo venido en apelación, para dejar sin efecto el punto 2 del resolutorio que contiene y añadiendo al rechazo de la rendición de cuentas y de la reclamación indemnizatoria por daños y perjuicios, el rechazo de la resolución contractual que fuera deducida por el demandado reconviniente.

Que atento a lo dicho deviene impuesto como consecuencia que corresponderá readecuar las costas del anterior grado por lo que me eximo de analizar el contenido del agravio vinculado a su atribución en Primera instancia. Igual consecuencia me exime de hacerlo en relación al agravio titulado "dispendio jurisdiccional inútil". III.- Conclusión:

Por tales razones, propiciaré entonces que se revoque parcialmente el fallo venido en apelación, en cuanto en el punto 2 de la parte resolutiva determina: "Haciendo lugar a la demanda de disolución de sociedad de hecho interpuesta por R. E. I. contra J. R. S., a partir del 8 de julio de 2004..."(sic), como asimismo, en cuanto dispone inscribir la mentada disolución en el Registro Público de Comercio incorporando a dicho resolutorio el rechazo de la demanda de resolución contractual deducida por el reconviniente I.; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios. Desde que finalmente se rechaza la rendición de cuentas pedida por el actor; como así también la resolución contractual y reclamación resarcitoria por daños y perjuicio deducida por el demandado reconviniente; se delinea en el anterior grado, al igual que en la Alzada, un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuir las costas devengadas en ambas instancias por el orden causado (Arts. 71 y 279 del C.P.C.C.). Por imposición de la última norma de cita, corresponderá asimismo, adecuar la regulación de honorarios de Primera Instancia a este nuevo resolutorio; para lo cual se tomará en ambos caso, esto es, tanto para la demanda por rendición, como para la reconvención por resolución y daños y perjuicios, como base económica de regulación sobre la cual habrán de aplicarse las alícuotas porcentuales que se fijarán, el monto pretendido en demanda y en la reconvención con más sus intereses también pretendidos hasta la fecha del pronunciamiento de la anterior instancia (Conf. mi voto, Sala B, S.D.C., Nro. 01/01, c. 16.600¸ id., S.D.C., Nro. 29/02; id., Nro. 38/02; id. S.D.L., Nro. 18/04, entre otras, CANE). Atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado arrojado por las labores profesionales de Primera Instancia, opino que deben fijarse los emolumentos de los Dres. C. R. Z. y R. F., letrado apoderado y patrocinante, respectivamente, de la parte demandada reconviniente, en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%; y a los Dres. L. R. S. y E. R., letrado patrocinante y apoderado respectivamente, del actor, en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%. En ambos casos, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 10, 13, 19, 37, 39, 47 y conc. de la Ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).

Por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la ley del arancel, entiendo que los honorarios de los Dres. E. O. R. y C. H. A., por sus tareas de Alzada, deben fijarse, en conjunto, en la suma equivalente al 3,85%, del aludido monto del pleito y con más el I.V.A. correspondiente. - Por todo lo expuesto me expido en esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. A LA MISMA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: - Llega a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 260, que fueran concedidos a fs. 261 libremente y en relación, en este último caso respecto de los honorarios regulados, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 251/257 que rechazó la demanda de rendición de cuentas y restitución del saldo resultante instaurada por J. R. S. contra R. E. I., y asimismo hizo lugar a la reconvención deducida por el demandado en cuanto a la disolución de la sociedad de hecho a partir del 8 de julio de 2004 y rechazó la indemnización de daños y perjuicios solicitada por el Sr. I., imponiendo las costas de la demanda y de la disolución de la sociedad al actor vencido y de la indemnización de daños al reconviniente.

Los agravios lucen a fs. 267/278, el traslado conferido a fs. 279 no fue evacuado por su contraria, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en cada caso corresponda realizar. - 2. Se agravia el apelante por el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa en el reconviniente que opusiera.

En tal sentido, la queja es reiteración de la postura asumida en la oportunidad en que planteara dicha excepción (acápite II, fs. 133/134 y vta.) y ello no es agravio.- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal.

Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia; o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (conf. Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 357/358 y cita de fallos).

Así, el despliegue argumental resulta estéril ya que de tal modo el apelante evita hacerse cargo de los fundamentos volcados por la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 253 y vta..

Y lo que ahora está en tela de juicio es el razonamiento del juez, que es el objeto del recurso de apelación (CNCiv., sala "B", mayo 15-979, "C., H. N. y otro c. B., J. J.", L.L. 1979-C, 76), por lo que resulta estéril el escrito de agravios cuando no despliega una crítica concreta respecto del razonamiento que resultó dirimente en la sentencia, conforme lo exige el art. 265 del C.P.C.C.. Queda sí patentizado el incumplimiento de la manda impuesta por el art. 265 del C.P.C.C. que determina la necesidad de efectuar una crítica concreta y razonada del decisorio, y tal requisito encuentra sólida base en la correlación que existe entre el deber del juez y la carga procesal del justiciable, desde que así como el magistrado debe fundamentar adecuadamente la sentencia, la parte asume la carga de criticarla, no siendo razonable permitirle que reproduzca alegaciones anteriores que, precisamente, fueron replicadas en el fallo (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 357 y cita de jurisprudencia).

Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "P. e H., J. c. P. P. M. S.A.", L.L. 1985-A, 309).

Pero aun obviando tal circunstancia procesal para ingresar en el agravio, adelanto que la excepción resulta inadmisible pues si demandó por rendición de cuentas en virtud del aporte de capital efectuado para conformar un contrato de sociedad (" . hice entrega de $8.000,00 (PESOS OCHO MIL) al Sr. R. E. I. en concepto de aporte de capital para la conformación de un contrato de sociedad .", p. II, fs. 23), el esfuerzo argumental desplegado por el recurrente no impide considerar que es evidente que tal aporte lo realizó en calidad de socio a los fines de constituir una sociedad con el demandado. Ninguna otra interpretación puede realizarse por lo que resulta inadmisible que ahora varíe su posición y venga a sostener que la suma de dinero entregada lo fue ". en calidad de persona que ha entregado dinero a otra con un fin determinado y exige conocer en qué se han utilizado los fondos confiados ." (fs. 268 vta.).

Y tal dualidad de criterios consistente en afirmar por un lado que entregó una suma de dinero como aporte de capital para conformar una sociedad, y por el otro, sostener que la demanda la interpuso no como socio sino como persona que entregó un dinero con un fin determinado que no especifica, merece su repulsa.-- Es que, la dualidad de actitudes sobre un mismo asunto importa un "venire contra factum proprium nemo potest" que merece en derecho su repulsa, toda vez que a nadie es dado contradecir su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.

Se trata de la doctrina de los actos propios que, emanada de los términos del art. 16 del Código Civil, constituye un principio general del derecho. Es derivación directa del principio de buena fe con fundamento en los arts. 1071 y 1198 del Código Civil, y su aplicación es deber inexcusable para el órgano jurisdiccional, de acuerdo al art. 34 inciso 5 apartado d) del C.P.C.C. (López Mesa, "La doctrina de los actos propios en la jurisprudencia", Depalma, 1997, págs. 74/76, y cita de fallos).

Una pretensión o una defensa que se formula dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ya que ello infringiría el principio de buena fe ante la imposibilidad de "venire contra factum", del cual es derivación necesaria e inmediata (conf. Diez Picazo, "La doctrina de los actos propios", Bosch, Barcelona, 1963, págs. 223 y 163, respectivamente). - La esencia de la conducta contradictoria es el impedimento de hacer valer el derecho que en otro caso se podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la que precede.

La ilicitud reposa en el hecho de que la conducta incoherente contraría el ordenamiento jurídico considerado éste inescindíblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual -y también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción, la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1984-A-866; Morello, "Dinámica del contrato.

Enfoques", Editora Platense, 1985, págs. 59/60).

El fundamento estará dado en razón que la conducta anterior ha generado confianza en que, quien la ha emitido, permanecerá en ella, pues de lo contrario importaría incompatibilidad o contradicción de conductas emanadas de un mismo sujeto, que afectan injustamente la esfera de intereses de quien suponía hallarse protegido pues había depositado su confianza en lo que creía un comportamiento agotado en su dirección de origen (Morello-Stiglitz, ob. cit., pag. 866).

Y tal conducta contradictoria asumida por el actor fue puesta de relieve con todo acierto por el juzgador al señalar que del escrito de contestación de la reconvención surge que esta defensa fue opuesta no porque el demandado no sea la persona habilitada por la ley para discutir el objeto de la litis, porque no tenga un interés legítimo, sino porque la acción es inadmisible dado que de acuerdo al actor carecía de derecho para accionar por defensas nacidas del contrato que los unió.

Ahora bien, si considera que la acción es inadmisible no se entiende que precisamente él haya iniciado contra el accionado la demanda de rendición de cuentas. Si I. está legitimado para ser demandado por esa acción, también lo está para ser reconviniente por hechos surgidos de la relación que los uniera. Por tales fundamentos se rechaza la queja vertida en ese aspecto.

3. En cuanto a la invocada inexistencia de una sociedad de hecho (p. D, fs. 273 y sig.), el alcance que pretende atribuirle el quejoso al recibo de fs. 5 sólo denota el particular punto de vista del recurrente, al desarrollar en forma paralela un análisis propio para arribar a una persona conclusión, sin asumir los fundamentos expuestos por el sentenciante a fs. 254. - En ese direccionamiento, si lo que ocurre es que se prescinde de la argumentación básica que respalda la sentencia, o si el recurrente no refuta las conclusiones del juez de grado sino que desarrolla en forma paralela un análisis propio de la causa para arribar a una personal conclusión, distinta de la del fallo, sin detenerse a puntualizar la crítica del mismo, sino limitándose a manifestar su disidencia, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto.

Lo mismo ocurre cuando carece de suficiencia técnica, pues la suficiencia se relaciona con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia (Morello, Sosa, y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 371 y 373, y cita de fallos). Y aun ingresando al análisis del agravio, las manifestaciones realizadas acerca que ". la intención del actor era integrar una sociedad de responsabilidad limitada . que en el caso de autos ni siquiera llegó a existir una "sociedad en formación", como también que jamás fue su intención ser socio de una sociedad de hecho, no impide considerar que es obligación de los socios efectuar los actos que permitan alcanzar la constitución de una sociedad regular, obligación que evidentemente comprende al actor ya que si bien su existencia puede surgir por la propia dinámica de la actividad mercantil también responde a la negligencia o dejadez de sus integrantes (conf. Nissen, "Ley de sociedades comerciales", Editorial Abaco, 2da. ed., 1993, T. 1, pág. 215).

En tales condiciones, la falta de concreción del contrato social de acuerdo a alguno de los tipos autorizados por la ley de sociedades y como consecuencia la falta de constitución regular de la sociedad, imputable a todos los socios, conlleva necesariamente a la existencia de una sociedad de hecho cuyo objeto era comercial a tenor de las manifestaciones vertidas por el propio actor (art. 21 de la L.S.).

Y bien precisó el sentenciante a fs. 254 que aun cuando no llegó a suscribirse ningún contrato escrito entre las partes, ello no empece a que no haya existido una sociedad como la mencionada. Esto es así, por cuanto el propio actor reconoció que aportó la suma de $8.000 como capital para emprender un negocio destinado a vender artesanías y artículos de regalos - actos de comercio según lo establecido en los arts. 8 inc. 1 y 451 del C. de Comercio- y el demandado aportaría el bien inmueble donde funcionaría aquel.

Que fue él mismo quien acompañó el recibo de fs. 5 en el que figura que el 13/3/00 le entregó al demandado dicha cantidad a "cuenta de aporte de capital" para la conformación de un contrato de sociedad para la explotación del rubro (regalería) . - Y son sociedades de hecho las que carecen de instrumentación, aun cuando puede existir otro tipo de instrumentalidad, tal el caso de recibos de uno de los socios (Nissen, obra y tomo citado, págs. 218 y 221, respectivamente; en igual sentido, Perciavalle, "Sociedades irregulares y de hecho", Errepar, 2000, pág. 11), tal como lo señalara con todo acierto la Sra. Juez de la anterior instancia a fs. 253 vta..- En ese marco, bien preciso el fallo de la anterior instancia a fs. 254 vta. que los socios de las sociedades irregulares o de hecho carecen de derecho a demandar por rendición de cuentas a los administradores, en los términos que dispone el art. 70 del C. de Comercio, sin demandar la disolución de la sociedad como tampoco demandar a los consocios por daños y perjuicios derivados del incumplimiento del contrato social .

Que conforme a lo expuesto, como el accionante no entabló acción por disolución de la sociedad, sino que solicitó directamente la rendición de cuentas, esta demanda debe rechazarse por resultar prematura, dado que recién se la puede solicitar luego de disuelta la sociedad y en el trámite de liquidación posterior, a quien ha sido el administrador designado contractualmente o de hecho, carácter este último que ha revestido el demandado. Por dicho motivo, tampoco puede prosperar la restitución del saldo peticionada. Es que, con respecto a la norma que veda a los socios invocar derechos o defensas nacidas del contrato social (art. 23), la Ley de Sociedades Comerciales consagra así el principio de la inoponibilidad de éste entre los socios, de modo que éstos, hasta la disolución de la sociedad, no pueden solicitar judicialmente la protección de sus derechos: . demandar por daños y perjuicios . demandar por rendición de cuentas (conf. Verón, "Sociedades comerciales", Astrea, 1982, T. 1, par. 5, pág. 189) (el resaltado me pertenece).

Con tal alcance se desestima esa porción de la queja. 4. Los fundamentos expuestos en los parágrafos precedentes llevan a confirmar el decisorio en cuanto rechaza la demanda por rendición de cuentas y restitución del saldo resultante, por lo que corresponder ingresar a la queja referida al alcance del punto 2 del fallo en crisis.- Al respecto, surge con toda claridad que el demandado reconviniente en modo alguno pretendió la disolución del contrato de sociedad, pues señaló que ". le asiste el derecho para resolver el contrato por incumplimiento de la contraria y demandar por los daños y perjuicios ." (fs. 105 vta., último párrafo), motivo por el cual no comparto el criterio del juzgador expuesto a fs. 255 vta. al interpretar que con ello se pretendió la disolución del mismo, declarando disuelta la relación habida por aplicación de la regla "iura novit curia".- Y para arribar a esta distinta conclusión corresponde precisar el alcance del título o causa de pedir y los límites de la facultad conferida a los jueces por el principio iura novit curia. - La pretensión es concreta y el pretensor aspira a algo, y por ello la pretensión procesal es una declaración de voluntad en cuyo mérito se solicita una actuación del órgano jurisdiccional en miras a la satisfacción de un interés concreto (Peyrano, Jorge W., "El proceso atípico", pág. 218).

Tiene que haber en toda pretensión procesal la formulación de una exigencia que se sostiene como fundada en derecho. Este elemento, que, según la tesis del que produce la pretensión, viene a justificarla jurídicamente es el que se denomina fundamento, título o causa de pedir : causa petendi de la misma, y constituye el tercero y último ingrediente básico de la figura estudiada.

El fundamento de la pretensión procesal no es su motivación, invocada o no, sino los acaecimientos de la vida en que se apoya, no para justificarla, sino para acotarla, esto es, para delimitar de un modo exacto el trozo concreto de realidad al que la pretensión se refiere.

El fundamento de la pretensión no es lo que permite al Juez, caso de ser cierto, pronunciarse a favor de la pretensión, sino lo que permite al Juez conocer qué ámbito particular de la vida es el que la pretensión trata de asignarse. Por ello, la invocación del fundamento no opera como justificante, sino como determinante de la pretensión misma, tal como ahora se estudia.

La petición que comprende la pretensión procesal tiene que ir apoyada en la invocación de tales acaecimientos, los cuales se pueden denominar fundamentos de la misma, siempre que se tenga presente el sentido en que fundan la pretensión procesal: no como cimientos en que se basa, sino como muros que la delimitan (conf. Jaime Guasp, "Derecho Procesal Civil", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1968,Tomo Primero, págs. 226/227). - La causa, fundamento o título de la pretensión consiste en la invocación de una concreta situación de hecho, de acaecimientos de la vida en la que se apoya. Pero con el alcance que a esa invocación de acaecimientos el actor asigna una determinada consecuencia jurídica. Tal invocación no actúa, en rigor como razón justificante de la pretensión, sino que tiene por objeto particularizarla o delimitarla, suministrando al juez el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgar en el caso. El juez, en efecto, debe decidir si se ha operado o no la consecuencia jurídica afirmada por el actor.

No es por lo tanto la norma la que individualiza la pretensión, sino los hechos afirmados en la medida de su idoneidad para producir un determinado efecto jurídico (conf. Lino Enrique Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo-Perrot, 1967, T. I, pág. 397) (el subrayado me pertenece). - En ese direccionamiento, la causa de pedir del reconviniente consistió en asignar como consecuencia jurídica la resolución del contrato por incumplimiento y no la disolución del mismo con los efectos previstos en la ley de sociedades comerciales.

Se tratan de dos consecuencias jurídicas distintas, una es la facultad resolutoria por incumplimiento y consiguiente pedido de daños y perjuicios (arts. 1204 del Código Civil y art. 216 del Código de Comercio), y la otra la disolución societaria (art. 94 de la ley 19.550, entre otras causales). Consecuencias diversas que se asientan en la diferencia existente entre los contratos con prestaciones recíprocas y los contratos de cambio respecto de los contratos asociativos. En los contratos con prestaciones recíprocas, cada una de las partes se compromete a efectuar una prestación. Existen, por consiguiente, dos prestaciones contrapuestas. De esto se sigue que cada contratante es, simultáneamente, acreedor y deudor del otro. En los contratos de cambio la prestación de una de las partes se contrapone a la contraprestación de la otra en una posición de interdependencia o reciprocidad. Los contratos de cambio son contratos con prestaciones recíprocas.

Los contratos asociativos presentan otra fisonomía: en ellos, las partes, sin perder de vista sus intereses individuales, en lugar de ponerse la una frente a la otra en posición antagónica, se unen con la finalidad de perseguir un objetivo común. Los contratos asociativos (v. gr., asociación, sociedad) son plurilaterales (conf. Fontanarrosa, Rodolfo O, "Derecho Comercial Argentino", Zavalía Editor, 1997, T. 2, par. 49 y 50, págs. 139 y 140). - Por tales razones, no nos gusta hablar de resolución en materia de sociedades porque resolución es figura que se emplea en los contratos de cambio, al igual que "rescisión"; y "disolución parcial" no es un término adecuado, ya que la disolución sólo puede ser un estado final sujeto de derechos con efectos totales extintivos sobre el mismo, haciéndolo ingresar en un estado precario que se llama de liquidación (conf. Etcheverry, "Análisis del sistema de invalidez e ineficacia en la ley de sociedades comerciales", La Ley, 150-1101).- Por eso en materia de resolución por incumplimiento (art. 216 del Código de Comercio) se sostiene que en materia comercial interesa destacar la exclusión de la facultad resolutoria en los contratos plurilaterales, solución expresamente seguida por la Ley de Sociedades Comerciales al regular el instituto de la resolución parcial y al dar tratamiento a la nulidad en razón del vínculo (arts. 16, 90 y 91) (conf. Rouillon, Director, "Código de Comercio .", La Ley, 2005, T. I, pág. 447).

La disposición del art. 216 (al igual que el art. 1204 del Código Civil) se extiende a los contratos con prestaciones recíprocas, y por eso no se aplica a los contratos plurilaterales, verbigracia: contrato de sociedad, pues en ellos las prestaciones no están vinculadas por un nexo de reciprocidad sino que están dirigidas a un fin común, de modo que cada parte adquiere derechos y obligaciones con relación a todas las demás (Ramella, Fontanarrosa) (conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Director, "Código de Comercio Comentado", Errepar, 2000, par. 6.5., pág. 374). Con ese alcance estimo que se dictó sentencia extra petita al interpretar que el demandado reconviniente pretendió la disolución del contrato y en su consecuencia lo declaró disuelto.

Dictar sentencia "extra petita" comporta decidir sobre lo que no está en el juico -materia de debate-, conteniendo el fallo algo distinto a lo que fue objeto de la pretensión y de la oposición. Está así vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio.

Y en lo que hace al principio de congruencia en cuanto a la causa, los elementos de la pretensión son no sólo los sujetos activo y pasivo y los objetos mediato e inmediato, sino también la causa, fundamento o título, es decir, la invocación de una concreta situación de hecho a la cual el actor (o como en el caso el demandado reconviniente) le asigna una determinada consecuencia jurídica, que resulta determinante de aquélla y que salvo supuestos excepcionales no puede ser modificada posteriormente sin desmedro de la afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio.

Como corolario de lo expuesto, entre otros casos, se ha declarado que si el reclamo se funda en determinado título, no corresponde acceder a su pretensión por otro diferente del invocado, desde que ello importa violar el principio de congruencia que el juzgador debe observar (conf. (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit, 1986, T. II-C, págs. 81/82 y 90/91 y cita de fallos).

Y respecto de la regla "iura novit curia", si bien el sentenciante puede suplir el derecho silenciado por las partes o mal invocado, el deber consagrado en esta norma (art. 163, inc. 6°) reconoce como limitación, la de que los jueces no pueden convertir una acción en otra distinta, que ni virtualmente ha sido invocada por las partes.

Es que en salvaguardia del principio de congruencia debe ajustar sus decisiones a las peticiones oportunamente formuladas por los litigantes al trabarse la relación procesal. No cabe arribar a lo que resulta extraño a la acción intentada.

No obstante que de acuerdo al referido aforismo "iura novit curia" los jueces pueden apartarse del derecho invocado por las partes, no lo es menos que en preservación del principio de congruencia deben ajustar sus decisiones a las peticiones formuladas al trabarse la litis (conf. Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 75 y cita de pronunciamientos).

Así, en cuanto a la regla "iura novit curia" el único límite a respetar está dado en función de que por amplias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable, no puede variar los términos de la litis, pues siempre ha de respetar el postulado de congruencia.

En conclusión, los jueces pueden decidir el pleito con arreglo a razones jurídicas distintas a las invocadas por las partes, siempre que lo decidido, desde luego, no comporte la introducción de pretensiones o cuestiones no debatidas (conf. Morello, Sosa y Berizonce, ob. cit., 1982, T. I, pág. 121, y pág. 356 y cita de fallos). Por los fundamentos vertidos y desde que la declaración de disolución de la sociedad importó exceder el título de la pretensión jurídica formulada por el demandado reconviniente ya que esa parte le asignó una consecuencia jurídica distinta, cual fue la resolución contractual por incumplimiento en el marco de una relación con prestaciones recíprocas, la sentencia se apartó de la causa de pedir violando así el principio de congruencia (art. 163, inciso 6, del C.P.C.C.), lo que lleva a acoger favorablemente la queja vertida en ese aspecto y hace innecesario pronunciarse sobre el agravio referido al dispendio jurisdiccional inútil. - En consecuencia también propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación dejando sin efecto el punto 2 del decisorio en cuanto declara la disolución de la sociedad de hecho y dispone su inscripción, y en consecuencia rechazando en todas sus partes la reconvención deducida por resolución contractual e indemnización por daños y perjuicios. - En lo que hace a las costas de la anterior instancia, la necesidad de su adecuación hace innecesario ingresar a la queja vertida a su respecto (art. 279 del C.P.C.C.). Y si bien cuando existe acumulación de pretensiones cada una tiene su régimen específico de costas (conf. Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, par. 27 c), pág. 56), en la presente causa las posturas de ambas partes resultaron injustificadas por lo que al no haber ningún vencedor como consecuencia del rechazo de sus respectivas pretensiones, ello permite delinear vencimientos recíprocos que llevan a la imposición de las costas en el orden causado (art. 71 del C.P.C.C.).- En cuanto a la adecuación de los honorarios, atendiendo al mérito, extensión y eficacia de los trabajos profesionales cumplidos, estimo prudente los emolumentos que propone regular el Dr. Lucero a fa Tocante a las costas de Alzada, la derrota y el éxito que respectivamente comprendieron los agravios vertidos por el actor reconvenido permiten delinear en esta instancia un vencimiento parcial y mutuo que conduce a distribuirlas en el orden causado, por responder así a las porciones de éxito y fracaso obtenido por el apelante en esta instancia (art. 71 del C.P.C.C.). - Con iguales pautas que las ya indicadas, también propicio regular los emolumentos de los Dres. E. R. y C. H. A., en forma conjunta, en la suma porcentual equivalente al 3,85% del monto establecido precedentemente (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2.200), con más el I.V.A. pertinente. - Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA. - A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo:

El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación dejándose sin efecto el punto 2, de su parte resolutiva, rechazando la resolución contractual deducida por el demandado reconviniente Sr. I.; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios. 2) IMPONER las costas de ambas instancias por el orden causado.

3) FIJAR por adecuación a la presente, los honorarios de primera instancia, a los Dres. C. R. Z. y R. F., en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%; y a los Dres. L. R. S. y E. R., en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%; ambas regulaciones a aplicar sobre el monto final del pleito que se determine en el etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente.

4) REGULAR los honorarios de los Dres. E. R. y C. A., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma equivalente al 3,85%, del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.- ASI LO VOTO.

A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION el Dr. Vergara dijo: El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. Lucero, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.

Así lo voto. Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, textos de la ley 4550), pasándose a dictar: S E N T E N C I A:

Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste; RESUELVE:- REVOCAR PARCIALMENTE el fallo venido en apelación dejándose sin efecto el punto 2, de su parte resolutiva, rechazando la resolución contractual deducida por el demandado reconviniente Sr. I.; confirmándolo en todo lo demás que fuera materia de agravios;- IMPONER las costas de ambas instancias por el orden causado;

FIJAR por adecuación a la presente, los honorarios de primera instancia, a los Dres. C. R. Z. y R. F., en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%; y a los Dres. L. R. S. y E. R., en conjunto, en la suma equivalente al 15,40%; ambas regulaciones a aplicar sobre el monto final del pleito que se determine en el etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente; REGULAR los honorarios de los Dres. E. R. y C. A., por sus tareas de Alzada, en conjunto, en la suma equivalente al 3,85%, del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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LUCERO VERGARA REGISTRADA BAJO EL N° 17 DE 2006 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA