Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-23


SENT Nro. 815 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 23 de Octubre de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Alberto José Brito -por no existir votos suficientes para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido- bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Soto, Maximiliano José y otros vs. Provincia de Tucumán s/Contencioso Administrativo (Incidente de ejecución de honorarios promovido por el letrado Francisco Sassi Colombres )".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato, Antonio Gandur y Alberto José Brito, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- La parte demandada, a fs. 130/135, plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 27 de agosto de 2002, corriente a fs. 119/123 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal del 31-10-2002 (cfr. fs. 142), habiéndose dado cumplimiento en forma previa al trámite previsto en el último párrafo del artículo 816 del CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Sostiene la recurrente, para fundar su recurso de casación, que la sentencia la agravia porque en forma arbitraria, con desapego total a la normativa vigente y a la jurisprudencia aplicable, declara la inconstitucionalidad de las Leyes números 6987 y 6995, ordenando llevar adelante la ejecución.

Aduce que lo manifestado por el sentenciante en el párrafo que transcribe y la cita de los fallos "Petracca", "Bunader Valperga" y Alfaro", demuestra la contradicción y errada interpretación de los textos legales.

En esta dirección arguye que esta Corte en los autos "Petracca, Miguel Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ Escrituración y fijación de plazo", por sentencia Nº 244, declaró constitucionales las leyes Nº 6974, 6987 y 6995 por tratarse de una deuda no consolidada, cuyo pago debía obtenerse a través del procedimiento del artículo 14 de la Ley Nº 6271. En su criterio, de ello surge que este Tribunal declaró aplicables a las precitadas leyes respecto de una deuda originada con posterioridad al 31-3-91, resultando contradictorio declarar la inconstitucionalidad de las mismas en el incidente del rubro, cuando lo que se demanda es el pago de una suma de dinero por honorarios generados también con posterioridad a aquella fecha, y al que también le fue de aplicación el mentado artículo 14.

Apunta que deviene atentatorio a la seguridad jurídica que situaciones idénticas obtengan resultados distintos, por lo que no puede declararse constitucional los textos de las Leyes Nº 6974, 6987 y 6995 en los autos "Petracca", e inconstitucionales en este expediente, cuando en ambos se reclaman deudas posteriores al 31-3-91.

Indica que debe aplicarse inexorablemente en el sub iudice, la jurisprudencia sentada en aquella causa y la Ley Nº 6987, habida cuenta que a la fecha de su dictado el ejecutante no tenía ningún derecho adquirido al amparo de otra ley, su crédito no había sufrido tampoco suspensión alguna, ni se encontraba sometido a la eventualidad de una postergación sine die.

Resalta que jamás se pudo basar el fallo en los casos "Bunader Valperga" y "Alfaro", por contemplar estos últimos situaciones distintas, y concluye que "De todo lo hasta aquí expuesto por esta parte, de los textos legales, de los antecedentes jurisprudenciales y de la conducta del ejecutante surge en forma inexorable que en estos autos es de estricta aplicación la ley 6.987, 6.995 y 6.974, no pudiéndose arribar a otra conclusión ni aducirse que se pretende consolidar una deuda ya consolidada" (cfr. fs. 134).

III.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte por su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, el pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación incoado, corresponde entrar a su tratamiento.

Sobre el particular, destaco que ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 125 y del cargo actuarial inserto a fs. 135; el acto judicial impugnado resulta aprehendido en el supuesto del artículo 813, inciso b; se dio cumplimiento con el depósito que marca la ley de rito (cfr. fs. 126); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone doctrinas legales, y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por tal motivo, el recurso es admisible; voto porque así se declare.

IV.- En la inteligencia de resumir y precisar los agravios de la recurrente y, por ende, determinar con claridad la materia a decidir en la pretensión impugnativa incoada, cabe destacar que del contenido del escrito casatorio se infiere que constituye argumento esencial de la Provincia el que se asienta en la alegada similitud que presentarían los autos "Petracca, Miguel Eduardo vs. Provincia de Tucumán s/ Escrituración y fijación de plazo", con el que se ventila en la presente causa, al tratarse en ambos casos de créditos originados con posterioridad al 31-3-91, subsumibles en las previsiones del artículo 14 de la Ley Nº 6271. Por tal motivo se valora, so pena de incongruencia, que resultaría extensible a esta última lo resuelto en el primero, en cuanto allí se declaró aplicables por constitucionales las leyes Nº 6974, 6987 y 6995. También se imputa al pronunciamiento en recurso que se hubiera basado en los casos "Alfaro, Juan Carlos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ejecutivo" (sentencia Nº 104, del 05-3-2001) y "Bunader Valperga, Rodolfo Edgardo vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Cobro ejecutivo" (sentencia Nº 105, del 05-3-2001), que contemplan situaciones distintas a la que se debate en estos actuados, y que a la fecha de dictado de la Ley Nº 6987 el actor no tenía ningún derecho adquirido al amparo de otra ley, ni su crédito había sido suspendido ni se encontraba sometido a la eventualidad de una postergación sine die.

¿Qué decir de estos agravios? Al respecto, interesa hacer notar, preliminarmente, que no existe la identidad de situaciones que se invoca entre el caso Petracca, resuelto por sentencia de esta Corte Nro. 244 del 12-4-2000, ante la que se tramitara originariamente, y estas actuaciones, por lo que no se impone necesariamente para estos dos supuestos una misma solución jurídica.

Ello así por cuanto, si bien en ambas causas se trata de créditos de causa o título posterior al 31-3-91 sometidos a las previsiones de su artículo 14, es decir, que no se encuentran consolidados por la Ley Nº 6271, en los autos "Petracca" el accionante no llegó a encontrarse en la situación fáctica y jurídica en que se encuentra el actor en estos autos, en los que se dio acabado cumplimiento con todos los recaudos y el trámite establecido en el artículo 14 de dicha norma y actuado de conformidad a sus previsiones para el cobro de su acreencia, hasta el punto de haberse contemplado el crédito del demandante en la Ley de Presupuesto Nº 6976, lo que lejos estuvo de configurarse en aquella causa. Y son justamente estas circunstancias, además del tiempo transcurrido a la fecha del fallo (cfr. fs. 122), la que destacó el pronunciamiento impugnado (y que constituye el basamento en que se sustentó la violación al derecho de propiedad del accionante) para declarar, en el punto III de su parte resolutiva, la inconstitucionalidad de las Ley es números 6974 y 6987 en relación al crédito motivo de la incidencia, además de lo expresado en el parágrafo III.c de los considerandos (cfr. fs. 121 vta./122), lo cual no mereció observación por parte de la recurrente, reduciéndose a aseverar, en contra de las constancias de autos -véase fs. 28 vta., 29 y 50/51-, que el embargo no se había hecho efectivo al no existir transferencia patrimonial.

En efecto, allí la Sala a quo sostuvo con absoluta razonabilidad y ausencia de arbitrariedad, en lo que concierne a la Ley Nº 6271 y su artículo 14, que ella, dentro de la emergencia, había regulado un cierto camino o modalidad para la percepción o cancelación de dichas deudas, y que de las constancias de autos surgía que el crédito del actor fue previsto en el presupuesto del año 1999, aprobado por Ley Nº 6976, por lo que el demandante había cumplimentado lo administrativamente necesario para procurar el cobro de su acreencia.

A renglón seguido, también con la misma racionalidad ponderada precedentemente, transcribió parte de las consideraciones vertidas por esta Corte en los autos "Bunader Valperga", en los siguientes términos: "....el acreedor que ha cumplido con todo el trámite necesario previsto en una ley anterior para ser solventado en su crédito, no puede posteriormente -ni aún en aras de la emergencia económica (en el caso invocada por segunda vez)- ser obligado a pasar por similares trámites con todo el dispendio temporal que ello implica. La solución contraria implicaría desconocer la noción de consumo jurídico. En efecto, los hechos pasados y cumplidos durante la vigencia de una ley, no pueden ser alterados por el dictado de una ley posterior. Todos los hechos y consecuencias consumados durante la vigencia de la Ley Nro. 6271 quedan firmes y no pueden ser alterados por una nueva ley dictada (arg. art. 3 del Código Civil)" (cfr. fs. 121 vta.). Y concluyó citando conceptos desarrollados por el más Alto Tribunal del país (CSJN, 21/5/76, ED 67-412) -a los que esta Corte había hecho referencia en los autos "Alfa ro" y "Bunader Valperga"-, que vienen a dar forma definitiva a su razonamiento, diciendo que puntualizó que "Cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y requisitos formales en ella previstos para ser titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay un derecho adquirido" (cfr. fs. 121 vta.).

Es conveniente también enfatizar que de la simple confrontación de los agravios con las consideraciones de la sentencia arriba referidas en punto a la aplicación, en la especie, de la noción de derecho adquirido, irretroactividad y consumo jurídico (parágrafo III.b., fs. 121 y vta.), se desprende que la Provincia de Tucumán no realizó una crítica adecuada de estas apreciaciones del juzgador, al limitarse a enunciar de manera genérica que el ejecutante no tenía ningún derecho adquirido a la época de la sanción de la Ley Nº 6987, ni su crédito había sido suspendido o postergado sine die, centrando sus agravios en las cuestiones descriptas al comienzo de este apartado, lo que explicita la pretensión de cuestionar al acto jurisdiccional en crisis desde otra perspectiva.

De otra parte, juzgo que tampoco resulta arreglado a derecho lo señalado por la recurrente en el sentido que el tribunal de grado habría erróneamente asimilado el expediente de referencia con los casos "Alfaro" y "Bunader Valperga", aduciendo que no se podía consolidar nuevamente una deuda ya consolidada.

Es que de la lectura integral de los considerandos del fallo se colige sin la menor duda que en ninguna parte de los mismos se estimó que en el presente caso concurría una situación idéntica a la existente en aquellas causas, por haberse consolidado dos veces la misma deuda. Es así que la transcripción que se efectúa a fs. 121 vta. de parte de los desarrollos que se hicieran en el expediente "Bunader Valperga" (que fueron reproducidas ut supra), exterioriza conceptos absolutamente compatibles y aplicables al caso de autos, y que además constituyen la conclusión de lo que se venía afirmando en párrafos anteriores, en los que indiscutiblemente se dejaba establecido que en el sub lite se estaba en presencia de créditos posteriores al 31-3-91 sujetos al régimen del artículo 14 de la Ley Nº 6271, esto es, no consolidados. Lo propio cabe predicar con relación a la cita de los fallos de la Excma. Corte Suprema de la Nación de fs. 121 vta. y 122 vta. (autos "Cassin, Jorge y otros vs. Provincia de Santa Cruz").

De allí que no pueda la demandada invocar en su favor que la sentencia atacada, al hacer alusión a las declaraciones de inconstitucionalidad recaídas en "Alfaro" y "Bunader Valperga" hubiera dicho: "...por las especiales consideraciones efectuadas en dichos pronunciamientos, que estimamos aplicables al presente caso" (cfr. fs. 121), toda vez que, como quedó expuesto, tales expresiones se encuentran ceñidas y circunscriptas a las consideraciones que más adelante se realizan, las que denotan que en ningún momento se arribó al resultado de marras merced a una equiparación indebida asentada en una doble consolidación de deudas, sino todo lo contrario.

Lo hasta aquí considerado, a mi modo de ver, es revelador de la legitimidad de lo resuelto por el a quo, y la impertinencia de los fundamentos esgrimidos en el escrito casatorio para acreditar la incorrección de las razones en que apoyó aquél la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes Nº 6974 y 6987 "...en relación al crédito que motiva esta incidencia" (cfr. fs. 123), al reputar que las mismas no eran razonables en cuanto no se presentaban como un medio adecuado a los aspectos particulares del caso y al tiempo transcurrido a la fecha del fallo (cfr. fs. 122).

Concordantemente, ha expresado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia del 22-8-2002, recaída en los autos "Tobar, Leónidas c/ E.N. Mº Defensa-Contaduría General del Ejército-Ley 25.453 s/ amparo-Ley 16.986" que "...el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto (Fallos: 136:161; 317:1462 entre otros). En estos casos, el gobierno esta facultado para sancionar las leyes que considere convenientes, con el límite de que tal legislación sea razonable y no desconozca las garantías o las restricciones que impone la Constitución (...) y que cuando se configura una situación de grave perturbación económica, social o política, que representa el máximo peligro en el país, el estado democrático tiene la potestad y aún el imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional, o sea, un conjunto de 'remedios extraordinarios', destinados a asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político de la Constitución requiere (...) Sin embargo, sus poderes no son ilimitados, y han de ser utilizados siempre dentro del marco del art. 28 de la Carta Magna y bajo el control de jueces independientes quienes, ante el riesgo al menos teórico de extralimitación de los órganos políticos de gobierno, tiene que desempeñar con 'cuidadoso empeño' su función de custodios de la libertad de las personas (Fallos: 313:1638)".

En suma, resulta claro que las leyes de emergencia y las medidas que ellas traduzcan y se pretendan aplicar, deben adecuarse a la regla de la razonabilidad -concebida por la CSJN como la debida proporción entre los fines propuestos y los medios empleados para su consecución (Fallos: 299:428)- y a las peculiares circunstancias de la situación de que se trate, a fin de evitar lesionar los beneficios o derechos legítimamente adquiridos y no transgredir los límites constitucionales. Es así que, en el sub examine, se puede concluir que la Excma. Cámara se ajustó a derecho al estimar conculcada por la aludida legislación los derechos constitucionales del actor.

Por lo expuesto, me pronuncio en el sentido de rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 27-8-2002, obrante a fs. 119/123 de autos.

V.- Atento al resultado a que se arriba, teniendo en cuenta las peculiares circunstancias de la causa y la naturaleza de la cuestión, las costas de esta instancia casatoria se imponen por el orden causado (artículos 106, inciso primero, del CPCC, y 89 del CPA).

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, vota en igual sentido El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

Manifiesto mi disidencia con el voto del Sr. Vocal preopinante Dr. René Mario Goane, y me pronuncio por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la apoderada del Gobierno de la Provincia, por los siguientes fundamentos.

1.- El recurrente se agravia de que la sentencia de fecha 27 de agosto de 2002 declaró la inconstitucionalidad de las leyes 6974 y 6987 en forma arbitraria. Sostiene que habiéndose devengado el crédito por honorarios con posterioridad al 1/04/1991, el mismo queda aprehendido por la ley de consolidación 6987 y su modificatoria Nro. 6995, que la Corte Suprema de la Provincia declaró constitucionales y aplicables en autos "Petracca, M. E. vs. Provincia de Tucumán s/ escrituración y fijación de plazo", sentencia Nro. 244 del 12/4/2000. Refuta los fundamentos del fallo afirmando que no se pudo fundar la inconstitucionalidad de las leyes 6987, 6995 y 6974 en los precedentes de "Alfaro" y "Bunader Valperga", porque se trató de casos diferentes al presente.

2.- Considero que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto por el Superior Gobierno de la Provincia, por las siguientes razones.

Según lo enuncia el incidentista a fs. 1, el crédito por honorarios que se pretende cobrar se devengó con posterioridad al 31 de marzo de 1991, por lo cual quedó excluido del régimen de consolidación de deudas establecido en la ley 6271.

El crédito en cuestión quedó aprehendido en el régimen de consolidación establecido en el art. 3 de la ley 6987 (B.O. 15/11/1999), que dispuso la consolidación de "las obligaciones vencidas de causa o títulos operados al 31 de octubre de 1999, aunque tuvieren reconocimiento en sede administrativa y/o sentencia firme en sede judicial, que consista o se resuelva en el pago de suma de dinero, con excepción de las derivadas de proceso expropiatorio". La ley 6995 (B.O. 09/12/1999) modificó el artículo 5 de la ley 6974 y estableció el trámite a seguir para obtener el pago de las deudas consolidadas conforme a ese régimen.

3.- La aplicación y constitucionalidad de las leyes referidas fue objeto de tratamiento por esta Corte en sentencia dictada en el juicio "Petracca M. E. vs. Provincia de Tucumán s/ escrituración y fijación de plazo", de fecha 12/4/2000, en la cual esta Corte se pronunció a favor de la constitucionalidad de la ley de consolidación Nro. 6987, criterio que reiteró en fallo Nro. 627 de fecha 25/8/2003 recaído en "Quiroga, Jorge R. vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ medida preparatoria, cobro de alquileres y daños".

En esa oportunidad este Tribunal declaró que "existe un estado de emergencia económica provincial que produjo el dictado de estas leyes. Tal cual rezan los primeros artículos de la ley 6987, ellas fueron dictadas en atención a la situación económico financiera en que se encuentra la Provincia de Tucumán, a fin de superar el peligro colectivo creado por las graves circunstancias económicas y sociales que ella está padeciendo". Expresó que "igualmente ocurre con el carácter transitorio de estas normas. Las medidas que las mismas establecen, esto es: consolidación de obligaciones vencidas, suspensión de ejecuciones judiciales e inembargabilidad de los recursos estatales, reconocen un límite temporal (31 de diciembre de 2001 para la situación de emergencia económica y 31 de diciembre de 2003 para la inembargabilidad), lo que reviste a las mismas del carácter de circunstanciales, a la vez que pone de manifiesto que, acotar en el tiempo la vigencia del contenido de la norma -eminentemente restrictivo de derechos y garantías constitucionales-, ha sido la voluntad explícita del legislador. De otro lado, y soslayando -en aras del respeto al principio de división de poderes- cualquier pronunciamiento sobre la eficacia o conveniencia de las medidas adoptadas, éstas aparecen como razonables en tanto se presentan como medios adecuados y proporcionados al fin que se proponen. Lo expuesto se ve reforzado tan pronto se considera que, de modo alguno pueden tenerse a estas leyes como atentatorias y frustratorias de derechos constitucionales, sino que importan tan sólo la suspensión provisoria sin menoscabo del respeto por los mismos; aserto éste que se corrobora no bien se advierte que: a) esta suspensión en modo alguno implica desconocer la cosa juzgada de la sentencia en trámite de ejecución o la virtualidad de su eficacia en tanto no desconoce el derecho sino que otorga al titular de los que están reconocidos la posibilidad de cobrar por el proce dimiento especial previsto por la ley 6987; se trata -desde la perspectiva de los carriles normales-, de una modalidad atípica de pago, previo cumplimiento de los recaudos y condiciones estipuladas en la norma y b) la suspensión dispuesta, atento las razones que se invocan para el dictado de las normas que regulan la emergencia económica, no se presenta como irrazonable, ya que está restringida a un lapso determinado de tiempo, como ya se explicitara".

En la referida sentencia esta Corte expresó que "la emergencia, conforme lo expresó la Corte Nacional, abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de época y de sitios. Se trata de una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social, con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e indigencia, origina un estado de necesidad al que hay que poner fin. Se trata, en esencia de hacer posible el ejercicio de facultades indispensables para armonizar los derechos y garantías individuales con las conveniencias generales, de manera de impedir que los derechos amparados por esas garantías, además de correr el riesgo de convertirse en ilusorias por un proceso de desarticulación de la economía estatal, puedan alcanzar un grado de perturbación social acumulada, con capacidad suficiente para dañar a la comunidad nacional (cfr. Sent. Nro. 137 del 22/3/99). También se expresó que "la emergencia económica, tal cual fue conceptualizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se vincula con el contenido de la regulación legislativa sancionada por el Congreso (en nuestro caso la Legislatura), caracterizado por una intensa restricción a los derechos individuales, que no altera el principio de división de poderes. Ello significa atender a la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la que reposan los derechos y garantías individuales. Para que éstas tengan concreta realidad, es esencial la subsistencia del Estado, de su estructura jurídica y su ordenamiento jurídico y político (cfr. sent. nro. 25 del 16/02/99)". (Cfr. Sent. Nro. 244 del 12/4/2000 dictada en "Petracca, M. E. vs. Provincia de Tucumán s/ escrituración y fijación de plazo").

4.- Corresponde resaltar que los precedentes a los que se remitió el fallo recurrido -sentencias Números. 104 y 105, ambas del 05/3/2001 dictadas en "Alfaro" y "Bunader Valperga"-, responden a casos diferentes del presente, por lo que no resultan aplicables al sub lite. En aquéllos esta Corte aclaró que no podía hacerse extensivo a tales casos lo resuelto en "Petracca", pues se trataba de deudas que sí habían estado consolidadas por la ley 6271, por lo que se consideró inconstitucionales en esos casos a las leyes 6974, 6987 y 6995. El criterio de "Alfaro" y "Bunader" fue que una deuda consolidada según la ley 6271 no podía ser nuevamente sometida al régimen de consolidación de la ley 6987.

Por el contrario, en el caso de autos el crédito del actor fue consolidado por primera vez por la ley 6987, la cual no contiene ninguna excepción que permita deducir que este crédito se encuentre excluido de su régimen. La circunstancia de que el acreedor haya efectuado el trámite previsto por el artículo 14 de la ley 6271 y obtenido su inclusión en la ley que aprobó el presupuesto para el año 1999 (ley 6976) no obsta la aplicación del régimen de la ley 6987, ya que ésta no contempla ninguna previsión para los casos en que los acreedores hubieran llevado a cabo el trámite contemplado en el artículo 14 de la ley 6271, por lo que no cabe por vía de interpretación introducir excepciones a la regla establecida en el artículo 3 de la ley 6987.

5.- Debe recordarse que el principio de separación de poderes y el necesario autorespeto por parte de los tribunales de los límites constitucionales y legales de su competencia impone que, en las causas en las que se impugnan actos que otros poderes han cumplido en el ámbito de las facultades que les son privativas con arreglo a lo prescripto en la Constitución Nacional, la función jurisdiccional de los jueces no debe interferir en el ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades del Estado. En ese orden de ideas, lo atinente al gobierno, administración de la hacienda y patrimonios públicos, y las políticas respectivas, son materia propia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Compete al Poder Judicial decidir -en casos judiciales- acerca de su legalidad, especialmente en cuanto concierne a su confrontación con la Constitución Nacional, pero no de su acierto, oportunidad o conveniencia. Ha expresado el supremo Tribunal Nacional que "tan correcto es afirmar que en la esfera que le es exclusiva, la competencia del Poder Judicial debe ser ejercida con la profundidad y energía que mejor respondan a los mandatos de la constitución Nacional y las leyes, como que una de sus misiones más delicadas "es saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabo de l as facultades que incumben a otros poderes o jurisdicciones" (Fallos: 313: 228; 863; 315:2217), de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial, evitando así enfrentamientos estériles (Fallos: 317:126)". (Cfr. Fallos: 321:449 en "Lavandera de Rizzi c. IPV").

6.- Por las razones expuestas considero que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 27/8/2002 dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en mérito a la siguiente doctrina legal: "Corresponde descalificar la sentencia que prescindió de aplicar las normas que rigen el caso y las declaró inconstitucionales, sin dar razón válida para ello".

Por lo expresado se casa la sentencia, y se dejan sin efecto los ítems II, III y IV de la parte dispositiva de la sentencia recurrida (fs. 123), y se dicta la siguiente sustitutiva de los mismos: "SUSPENDASE el curso de la presente causa conforme se considera".

7.- Atento al resultado al que se arriba, y considerando las singulares circunstancias de esta causa, las costas de la instancia casatoria se imponen por su orden (art. 106 inc. 1° del CPCC y 89 del CPA).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR, con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de casación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 27-8-2002, glosada a fs. 119/123 de autos, conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como están consideradas.

III.-DIFERIR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

ANTONIO GANDUR (en disidencia) RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO ALBERTO JOSE BRITO