Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-16


SENT Nº 133 San Miguel de Tucumán, 16 de Marzo de 2012.- Y VISTO: El recurso de queja por inconstitucionalidad denegada deducido por la parte actora en autos: "Correa Monterrubio María Victoria y otra vs. Colegio de Escribanos de Tucumán s/ Amparo. Recurso de queja por inconstitucionalidad denegada interpuesto por las actoras"; y	C O N S I D E R A N D O :

1.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de queja por inconstitucionalidad denegada interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 25/02/2011 (fs. 26) de la Sala IIª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo. Dicho pronunciamiento denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad deducido contra la resolución de fecha 06/10/2010 (fs. 1/3), la que a su turno, declaró inadmisible la demanda de amparo promovida en autos.

2.- El auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad que motiva la queja se funda en que "no se da el presupuesto del caso constitucional que especifica el art. 91 del CPC", pues los planteos contenidos en el escrito recursivo "no encuadran en ninguno de los incisos del art. 92 del CPC ni la impugnación satisface las previsiones del art. 93 de dicho digesto procesal".

Alega la quejosa que contrariamente a lo entendido por la Cámara, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su parte, satisface los requisitos formales contemplados en la normativa del Código Procesal Constitucional.

Afirma que la sentencia impugnada "ostensiblemente vulnera derechos y garantías amparados por la Carta Magna local". Expresa que "siendo así, no podría dicho pronunciamiento haber sido controvertido en la causa que el tribunal resuelve, ni tampoco ser la materia principal del juicio del que es su consecuencia, sencillamente porque era entonces inexistente". Señala que "mal podría controvertirse la constitucionalidad o inconstitucionalidad (art. 91 del Código Procesal Constitucional) del acto emanado, como en el sub examine, de la Sala 2° de la Cámara en lo Contencioso Administrativo en un juicio con trámite ante ella misma, salvo en etapas procesales -como la que se abre por esta vía- en las que sea otro órgano jurisdiccional que entienda, ya que la Cámara no podría ser juez y parte.".

Considera que "atento a ello, no es exigible en la especie, como recaudo de admisibilidad, que la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto -el fallo del 6/10/2010- sea la discusión principal entre las partes, por resultar lógica y temporalmente imposible".

Entiende que "la interpretación estrecha del tribunal sobre el recurso de inconstitucionalidad deja fuera de su ámbito a un acto de autoridad provincial sumamente grave como lo es la sentencia inconstitucional". Advierte que "un fallo arbitrario es inválido porque la arbitrariedad comporta violación del orden constitucional.".

Expresa que "partiendo de la premisa mayor de que el recurso de inconstitucionalidad comprende los actos de autoridades provinciales; y la premisa menor de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo es una autoridad de la provincia, concluimos que aquel remedio es a priori admisible contra los actos inconstitucionales emanados del tribunal que dictó el fallo.

Alega que el tribunal rechazó el amparo por inadmisible y que con el argumento de que no existe pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, el recurso deducido por su parte es improponible. Afirma que este argumento sentencial deja en manos del órgano jurisdiccional "desestimar un planteo con sustento constitucional" y "denegar el recurso contra aquella decisión, si tuvo la previsión de soslayar la cuestión de fondo.". Agrega que "de aceptarse esa inadmisible concepción, estaríamos frente a un círculo vicioso: no me pronuncio sobre la cuestión de fondo; como no lo hago, deniego el recurso contra el acto jurisdiccional omisivo".

Considera que "denegar este remedio procesal contra el rechazo de una acción de amparo -fundando lo resuelto en lo que el mismo tribunal decidió, por aserción o por omisión- entraña erigir a la Cámara a quo en juez exclusivo de la admisibilidad del aquel remedio.".

Luego de transcribir lo establecido por el art. 92 del CPC, señala que "no es preciso calar hondo en el sublite para advertir que el caso traído a conocimiento tiene trascendencia institucional o general puesto que mientras pasan los años.se advierte una desproporción respecto del número de habitantes y la cantidad de escribanos de registro, lo que ciertamente atenta contra el normal desenvolvimiento de la función notarial.afectando así al conjunto poblacional de nuestra provincia".

Afirma que lo decidido en autos asume caracteres de gravedad institucional. Cita doctrina de esta Corte y alega que la afectación de la función notarial a los vecinos de Las Talitas y Juan Bautista Alberdi va más allá del "más que digno de tutela derecho constitucional de trabajar como escribanas de registro" de las actoras. Insiste en la existencia de un interés público comprometido.

En mérito a las alegaciones reseñadas, pide se admita el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y oportunamente se haga lugar al mismo.

El 29/7/2011 se presenta la doctora María Teresa Ivancow en el carácter de Delegada Provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) e invocando calidad de amicus curiae, formula las manifestaciones que corren agregadas a fs. 94/113.

3.- La queja ha sido interpuesta en término, se basta a sí misma, se acompañan copias de ley y el depósito previsto en el art. 102 del CPC no resulta exigible (conf. art. 24 de dicho digesto procesal).

4.- El recurso de inconstitucionalidad no observa la totalidad de las exigencias de admisibilidad previstas en la ley procesal (arts. 91/93).

El art. 91 sienta el principio rector en lo concerniente al recurso de inconstitucionalidad legislado en el Título III, Capítulo III de dicho digesto formal, al disponer como requisito ineludible de admisibilidad del mismo, que la cuestión constitucional haya sido materia principal de discusión entre las partes (CSJT, sent. 34 del 12/02/2003; sent. 1110 del 28/12/2001; sent. 541 del 29/6/2001; sent. 133 del 12/3/2001; entre otras). Asimismo y concordante, el art. 93 preceptúa que "cuando se entable el recurso de inconstitucionalidad que autoriza el artículo anterior, debe deducirse con arreglo a lo allí prescripto, de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga un relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial". Esta Corte ha entendido que "resulta manifiesto que el art. 91 del CPC, que integra el Capítulo III, del Título III del referido cuerpo legal, por la acusada semejanza con el texto del art. 106 de la Constitución Provincial, compone la orgánica reglamentación procesal del recurso de inconstitucionalidad cuya fuente es, precisamente el precitado dispositivo constitucional que expresa: "Corresponde a la Corte Suprema conocer: De los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas de los Tribunales inferiores, dictadas en causas que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que estatuyan sobre materias regidas por la Constitución de la Provincia, siempre que esto formase la materia principal de la discusión entre las partes..." (CSJT, sent. 541 del 29/6/2001).

Como se dijo, del texto del citado art. 91 se desprende que el objeto y alcance del recurso de inconstitucionalidad se reduce a aquellos casos en que se controvierta la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos respecto a la Constitución Provincial, y siempre que ello forme parte de la materia principal del debate.

Esta interpretación es corroborada en el art. 92 del CPC que especifica los supuestos de procedencia del recurso de inconstitucionalidad respecto de las sentencias referidas en el art. 91 y por lo preceptuado en el art. 93, el que bajo el título de "Fundamentación", determina que el recurso debe deducirse con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior (se refiere al art. 92), "...de tal modo que su fundamento aparezca de los autos y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones de validez de las disposiciones de la Constitución Provincial". En la misma directriz debe entenderse el inc. 3 del art. 92 cuando la impugnación recursiva que específicamente está reglamentando se dirige a una sentencia de las aludidas en los arts. 91, 92 inc. 1 y 2, "...sea arbitrario porque se ha afectado la protección constitucional a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y sus derechos o al debido proceso legal" (CSJT, sent. 1110 del 28/12/2001, "Maldonado, Mariela Ester vs. Caja de Seguros S.A. s/Medida autosatisfactiva por vía de amparo").

En el sublite, la inconstitucionalidad alegada, se circunscribe exclusivamente a un supuesto déficit del sentenciante, en un error de juzgamiento, que tipifica la falta de agravio constitucional suficiente (cfr. arg. CSJT, sent. 34 del 12/02/2003, "Zampollo de Carona, Silvana vs. Acha Sanjinés, José M. y otro s/Daños y perjuicios"; sent. 1110 del 28/12/2001, "Maldonado, Mariela Ester vs. Caja de Seguros S.A. s/Medida autosatisfactiva por vía de amparo"). La impugnación promovida sobre la conducta asumida por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Tucumán no justifica la concurrencia del presupuesto referido a la existencia de agravio constitucional establecido en los arts. 91 y 92 del CPCT y, tampoco resulta idónea para configurarlo, la tacha de arbitrariedad que se formula contra el decisorio del tribunal.

En efecto, en el escrito recursivo no se ha invocado controversia alguna respecto a la inteligencia de una norma de la Constitución Provincial que haya sido materia principal del debate de autos. Debe tenerse presente por otra parte, como ya se dijo, que la arbitrariedad a que hace mención el inciso 3 del art. 92 del CPCT se refiere únicamente a la impugnación recursiva contra una sentencia de las aludidas en el artículo e incisos anteriores, y que no se encuentra habilitada la apertura de esta vía extraordinaria local cuando la pretendida inconstitucionalidad se circunscribe a un alegado déficit del Tribunal (como acontece en el caso, al imputársele afectación del debido proceso, violación al derecho de defensa, a obtener una sentencia fundada, etc.) y no de alguno de los dispositivos normativos indicados en el artículo e incisos recién mencionados. En otros términos, la arbitrariedad como motivo del recurso de inconstitucionalidad está circunscripta a "causas en que se hubiere controvertido la constitucionalidad o inconstitucionalidad las leyes, decretos y reglamentos que regulan materias regidas por la Constitución Provincial y siempre que ello forme la materia principal de la discusión entre las partes".

No cabe perder de vista que si bien todo planteo puede tener incidencia, en mayor o menor grado, sobre principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, lo decisivo es que la cuestión constitucional haya sido la materia principal de la discusión, y que exista una relación directa e inmediata el acto cuestionado y alguna disposición de la Carta Magna local, lo que como se dijo, no se verifica en el sub examine.

A lo hasta aquí expuesto cabe agregar que la gravedad institucional denunciada es inatendible, desde que carece de fundamentos mínimos la alegación de que las consecuencia o impactos generales denunciados emergen del pronunciamiento impugnado.

No guardando por lo tanto, los cuestionamientos ut supra reseñados, la necesaria relación directa e inmediata con la Ley Fundamental para que, en el sublite, la cuestión constitucional pudiera haber sido la materia principal de la controversia, el recurso de inconstitucionalidad deviene inadmisible (CSJT, sent. 1062 del 21/12/2010, "Rivadeneira Vilma Edith vs. Provincia de Tucumán (Ministerio de Educación) s/ Amparo/ Medida cautelar"; sent. 1074 del 13/11/2006, "Banco Francés S.A. vs. Payeres Mirta Beatriz s/ Cobro ejecutivo"; sent. 534 del 23/6/2006, "Espinosa, Alberto Alfredo vs. Banco Macro Bansud s/ Hábeas data"; entre otras).

Por ello, compartiendo las conclusiones a las que arriba el Sr. Ministro Fiscal a fs. 43/45, y encontrándose excusados los doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane, Antonio Gandur, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Daniel Oscar Posse,se	R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al recurso de queja por inconstitucionalidad denegada interpuesto en los autos "Correa Monterrubio, María Victoria y Erpen, Adriana Griselda vs. Colegio de Escribanos de Tucumán s/Amparo".

HÁGASE SABER.

HORACIO RICARDO CASTELLANOS SERGIO GANDUR	CARLOS MIGUEL IBÁÑEZ ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030782-01.