Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-21


SENT Nro. 928 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 21 DE NOVIEMBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Véliz, Elvira Rosa vs. Berarducci de David, Rosa s/Cobro de pesos".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1. Contra la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Cámara del Trabajo el 18/12/2002 (fs. 183/185), la parte demandada interpuso recurso de casación, el que fue concedido mediante interlocutoria del 02/4/2003 (fs. 214). Según informe actuarial de fs. 230 sólo la parte actora presentó la memoria prevista en el art. 137 del CPTT.

2. La sentencia impugnada hizo lugar parcialmente a la demanda por la suma de $10.194,98 y rechazó los rubros: indemnización por preaviso, integración mes de despido, SAC s/preaviso omitido, SAC s/integración mes de despido y adicional por título. Asimismo impuso las costas a la demandada y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes.

3. En primer término sostiene la recurrente que la sentencia no tuvo en cuenta que la accionante ya había agotado el año de licencia paga prevista en el art. 13 de la ley 24.557 y percibido de la ART los beneficios a los que tenía derecho mientras duró su incapacidad laboral temporaria. Afirma que, a partir de entonces, cesó la incapacidad laboral temporaria para transformarse en incapacidad permanente parcial provisoria, que le daba derecho a percibir la indemnización del art. 14 LRT, pero no remuneraciones. Prosigue en que si no prestó servicios, por no haber sido dada de alta, sino recién el 04/6/2001, no tenía derecho a continuar gozando de licencia paga, tampoco a percibir remuneraciones con posterioridad al 03/02/2001 pues ésta es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo, pero aún si hubiere tenido derecho a percibir cualquier prestación, hubiere estado a cargo de la ART y no de su ex empleadora, de acuerdo a los arts. 28 y 29 LRT. Agrega que la actora no se encontraba en condiciones de trabajar durante los meses de marzo a junio de 2001 y que existe una prueba categórica e irrefutable que la sentencia omitió considerar, la respuesta a la posición nro. 8, en la que reconoció que "...yo no me reintegré en ese tiempo porque no tenía el alta médica y todos esos meses me hice tratar con los médicos". En consecuencia, señala que la condena a abonar las remuneraciones de marzo, abril, mayo y junio de 2001 como las diferencias de SAC y vacaciones/2001 contraría las disposiciones de los arts. 7 inc. c) y 13, 14, 28, 29 y 39 de la ley 24.557 y 103, 121, 150, 155 y 156 LCT.

Por otra parte, expresa la recurrente que la sentencia ha condenado extra petita pues, reclamadas las diferencias salariales por todo el período no prescripto, es decir los del mes de octubre de 1999 hasta la extinción de la relación laboral en junio de 2001, se condena a pagar diferencias desde el mes de marzo de 1999.

Se agravia además de la categoría laboral reconocida a la actora. Sostiene, respecto de la tacha de su parte contra la testigo Galván, que fue descalificada sin explicar por qué, contrariando el deber de fundar la sentencia que exige el art. 28 de la CP. Continúa señalando que su parte ofreció cuatro testigos y sus tachas no han sido admitidas, pero que la sentencia no da ningún argumento para enervar o restar valor a los mismos y que sorprendente e infundadamente resuelve que ante la duda aplica el principio in dubio pro operario y tiene por cierta la afirmación de la actora en el sentido de que desempeñaba las funciones de cajera. Al respecto la recurrente puntualiza que cuando existen testimoniales contradictorias (una sobre cuatro), el Juzgador tiene el deber de explicar por qué le atribuye mayor valor al primero, caso contrario la decisión es infundada y que la invocación del principio "in dubio pro operario" desinterpreta el art. 9 LCT y contraría todos los precedentes jurisprudenciales de la CSJT, ya que sólo se aplica en caso de duda acerca de la aplicación de las normas de derecho, prevaleciendo la más favorable al trabajador.

Agrega que, en caso de progresar este rubro, el monto es muy inferior. Asevera que la sentencia no toma en cuenta las disposiciones del CC 26/88, pues el Fondo Compensador por Falla de Caja es igual al 10% del básico sin escalafón y que la condena debe limitarse al período trabajado y no prescripto que es de octubre a febrero de 2001.

4. El recurso de casación ha sido interpuesto en término contra un pronunciamiento definitivo, cumple con el afianzamiento y denuncia la infracción de normas de derecho sustancial y formal (arts. 130, 131, 132 y 133 del CPTT). La suficiencia de la impugnación será analizada, en relación a cada uno de los agravios.

5. En orden al primer planteo, referido a la improcedencia del reclamo de haberes correspondientes al período marzo al 11 de junio de 2001 se advierte que el mismo se apoya en una versión de los hechos de la causa, respecto de la cual la quejosa desarrolla sus efectos jurídicos, que resulta ajena a las constancias del expediente y que no fue computada por la sentencia impugnada, como así también, en el sentido y alcance asignado a la declaración prestada por la actora en oportunidad de responder el pliego de posiciones.

En efecto, el razonamiento de la recurrente parte de la base de que agotado el año de licencia paga, prevista en el art. 13 de la ley 24.557, percibiendo la actora los beneficios a que tenía derecho mientras duró su incapacidad laboral temporaria, cesó esa ILT para transformarse en incapacidad permanente parcial (IPP) provisoria y que no habiendo prestado servicios, por no haber sido dada de alta hasta el 04/6/2001, no tenía derecho a continuar gozando de licencia paga ni a percibir remuneraciones con posterioridad al 03/02/2001, puesto que la actora no se encontraba en condiciones de trabajar durante el período marzo a junio de 2001, lo que surgiría de la declaración de fs. 166, que no habría sido considerada por la Cámara.

Como se advierte, por un lado, la referida argumentación no tiene en cuenta que en el caso de autos no se produjo el cese de la ILT por haberse declarado la IPP provisoria, sino que la misma comenzó a tener efecto a partir de su declaración, es decir, varios meses después de que la actora finalizó la percepción de la prestación correspondiente a la ILT, contemplada en el art. 14 de la ley 24.557. Ese planteo se integra con la idea de que en ese lapso de tiempo (marzo a junio de 2001) la empleada no se habría encontrado en condiciones de trabajar, basada sustancialmente en una lectura parcial y subjetiva de la respuesta a la pregunta del pliego de posiciones nro. 8, según se desprende de las constancias de fs. 166 vta.

De allí, el agravio en tratamiento no se ajusta a la exigencia de bastarse así mismo, prevista en el art. 132 del CPTT y, consecuentemente, debe ser declarado inadmisible. La misma calificación corresponde al planteo, referido a las diferencias de SAC y vacaciones 2001, porque está subordinado a la improcedencia del reclamo de remuneraciones por el período marzo-junio de 2001.

6. Con relación a las diferencias salariales que la Cámara condenó a abonar a la actora con fundamento en que la actora habría cumplido funciones de cajera, le asiste razón a la recurrente cuando calificó de infundada a la sentencia, en mérito a que el tribunal no explicó porque asignó mayor valor a una testimonial que a otras y a que el principio "in dubio pro operario" es propio de la interpretación legal. Efectivamente, la resolución impugnada, en el punto en examen, no se ajustó a los principios de la sana crítica ni se encuentra motivada con arreglo a la ley, infringiendo las disposiciones de los arts. 28 de la CP, 40 y 272 y 273 inc. 4 del CPCCT, supletoriamente aplicables en virtud de lo dispuesto por el art. 14 del CPTT, toda vez que, sin explicación, no computa testimoniales admitidas y conducentes y resuelve dilucidar la cuestión de la categoría de la empleada, aplicando el principio "in dubio pro operario", que se vuelve operativo ante la duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales o en la interpretación o alcance de la ley. Consecuentemente, y sin que ello signifique emitir juicio acerca del valor probatorio de las testimoniales producidas en autos ni sobre la procedencia, o no, de las diferencias salariales reclamadas, corresponde Casar, en este punto, el fallo impugnado, en base a la siguiente doctrina legal: "Es nula la sentencia que, prescindiendo infundadamente de testimoniales admitidas y conducentes, dilucida la categoría de la actora, aplicando el principio in dubio pro operario", y remitir los autos a la Cámara, para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.

7. La nulidad precedentemente dispuesta torna inoficioso el tratamiento y resolución de los agravios referidos a que la sentencia habría condenado al pago de las diferencias salariales, admitiendo la categoría de cajera, por períodos prescriptos, y a que el cálculo de tales diferencias, puntualmente del adicional Fondo compensador por falla de caja, se habría apartado de lo dispuesto por el art. 25 del CCT 26/88.

8. Las costas del recurso serán soportadas, en un 50% a cargo de la recurrente y el resto, por su orden, atento a que la nulidad proviene del órgano jurisdiccional (arts. 106 inc. 1° y 109 del CPCCT y 49 del CPTT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR PARCIALMENTE MAL CONCEDIDO, en relación a los agravios tratados en el punto 5 de los considerandos, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Sala VIa. de la Cámara del Trabajo el 18/12/2002 (fs. 183/185). HACER LUGAR PARCIALMENTE al mencionado recurso, respecto del planteo considerado en el apartado 6, en base a la doctrina legal enunciada y REMITIR el expediente a la Cámara, para que por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte, en lo pertinente, nuevo pronunciamiento, y DECLARAR DE INOFICIOSO TRATAMIENTO los agravios indicados en el punto 7 de los considerandos.

II.- COSTAS, como se tratan.

III.-RESERVAR PRONUNCIAMIENTO sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO