marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Impuesto a las ganancias, multa tributaria, condonación de sanciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FOLICA, Alfredo A. s/ RECURSO DE APELACION - IMPUESTOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-28

Por resolución del Fisco Nacional se impuso a la actora la sanción prevista en el art. 43 de la ley 11.638 (t.o. 1978) por haber omitido cumplimentar en término los requerimientos de fechas 15/5 y 19/6 de 1981 que le fueron formulados a fin de que presentara la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al año 1980.- El art. 4 de la ley 22.681 determina que las sanciones previstas en los arts. 43 y 44 de la ley 11.683 (t.o. 1978) "en tanto no se hubieran cumplido y correspondan a hechos u omisiones incurridos hasta el 31 de agosto de 1982, inclusive, quedan definitivamente redimidos a partir de la fecha de la presente ley".

La multa aplicada quedó redimida en los términos del presente art. 4 -
Acumulación de procesos, competencia, prevención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nicastro, Omar c/ Kricorian, José s/ Daños y perjuicios. Incidente de competencia entre Excmas. Cámaras  Primera y Segunda de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-07-12

La acumulación de procesos reglada por los arts. 188 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, produce una excepción aparente a las reglas de la prevención, pues aquí dos o más procesos se reúnen, y entonces la prevención de Cámara que cuenta es la ocurrida en cualquiera de ellos, pues los expedientes acumulados ya tienen los mismos trámites (art. 188 citado), e incluso tienen normalmente una sentencia única (art. 194). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Contravenciones, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: I, M. s/ Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-01-05

El bien jurídico se caracteriza por ser sistemático e interpretativo, permite clasificar las figuras de las contravenciones e interpretar cada uno de los elementos conforme a la esencia que él irradia. Para ello es preciso determinar claramente cuál es el bien tutelado, tarea que no resulta sencilla. Las mayores dificultades surgen de tres fuentes: la primera consiste en que la asignación de los bienes jurídicos suele ser muy lata y comprende intereses análogos, pero no iguales y así una buena interpretación exige determinar con la mayor precisión cuál es el bien que la figura protege.

El segundo inconveniente proviene del carácter complejo de algunas figuras, es decir, cuando la figura reclama un par de acciones sucesivas o una acción y también un modo o un medio característico, o ciertas circunstancias; es probable que tome en cuenta varios bienes jurídicos. La tercera deriva de la anterior y radica en determinar en qué forma se tutela cada bien cuando la figura protege varios. (Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BORRAS, LAURA ELENA Y OTROS c/ ADMINISTRACION PROVINCIAL DE IMPUESTOS (API) s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-02-14

No puede en verdad considerarse que en el supuesto de autos se configure una ilegitimidad manifiesta, por cuanto el análisis de las cuestiones propuestas por los amparistas (críticas al patrocinio letrado del Administrador Provincial de Impuestos y del Fiscal de Estado en los juicios de ejecución fiscal; y creación de un fondo de distribución de los honorarios generados en tales procesos), al menos con el alcance planteado en la causa, implicaría efectuar un complejo examen de diversas normas, y supondría realizar, entre otras indagaciones de difícil dilucidación, el estudio del alcance de la competencia del Administrador Provincial de Impuestos, del Fiscal de Estado y hasta del propio Gobernador (cuya potestad reglamentaria se invoca), todo en el ámbito de una tarea de innegable trascendencia como es la recaudación de tributos en su fase de ejecución judicial; y en similar orden, los vicios invocados por los amparistas con relación al reglamento establecido a través de la resolución impugnada, que en definitiva pueden resumirse en falsa causa y desviación de poder, suponen una amplitud de debate y prueba que excedería el marco propio de una acción de amparo. - CITAS: CSJStaFe: Strina, AyS T 288, p 182) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 82; Código Fiscal, artículos 14, 15, 17, 18, 21 y 148; Leyes 10792, 10813, 11790 y 11875; Decreto 44 7/92.
Matrimonio, nulidad de matrimonio, costas, costas en el orden causado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D.L.de D.A.P.A. c/ D.A.N. s/ Nulidad de matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-22

Si la causal de impotencia que generó la nulidad quedó configurada legalmente por la incapacidad psíquica de ambos cónyuges y no por la actora, el resultado del pleito ha sido parcialmente favorable a ambos litigantes, debiendo imponerse las costas por su orden.
Servicios eléctricos, corte del servicio, falta de pago, empresa de servicios eléctricos, contratos, competencia contencioso administrativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Municipalidad de la Puerta c/ EdeCat S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2005-05-10

Nuestra ley provincial Nro. 4834 , que adhiere a la nacional Nro.24.065, estipula que la actividad de la industria eléctrica es comercial :"art. 3--A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes comunes, en cuanto no se opongan a la presente".

Asimismo, la ley nacional establece el carácter contractual de la relación usuario- distribuidora.

En virtud de ello, la relación es de derecho privado, civil o comercial, según el caso. Sin embargo, se ha suscitado polémica tanto en la doctrina, cuanto en la jurisprudencia, al pretender determinar la naturaleza jurídica de la relación de derecho que une a usuario y concesionario, en cuanto a la determinación del régimen jurídico que resulta aplicable (derecho administrativo o derecho común o reglamentario).

Ahora bien, la CSJN en un reciente Fallo distingue los efectos del contrato según la prestación del servicio sea uti singuli o uti universi. El caso de autos es uti singuli, pues el usuario se ve privado del suministro de energía eléctrica porque supuestamente no ha cumplido con la obligación principal de este contrato comercial sinalagmático.

Ello así, no interesa que la reglamentación autorice o no a cortar el servicio, pues en los contratos sinalagmáticos si una de las partes no cumple con su obligación principal (pago del precio), la otra no está obligada a cumplir con su obligación (suministro de energía eléctrica).

En conclusión, esta relación es de carácter netamente privado y se rige esencialmente por las leyes del derecho común y, subsidiariamente- en supuestos eventuales- podrá aplicarse alguna norma de derecho administrativo, circunstancia que no transforma a la relación jurídica en una relación de derecho administrativo.

Entonces y conforme lo dispones las leyes citadas supra y el art 4 de la ley 4642 y su modificatoria 4998, este tribunal resulta incompetente para entender en la presente causa.

Del voto ampliatorio del Dr.Cáceres.
Seguros, seguro de automotores, obligaciones del asegurado, culpa grave, apreciación de la culpa
Materia: COMERCIAL
Carátula: VICTOR SALVIA c/ EL PORVENIR COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-13

Cuando la Ley de Seguros habla de culpa grave determina una delimitación subjetiva del riesgo cubierto con la finalidad de mantenerlo delimitado dentro de un marco de normalidad que excluya de la cobertura las alteraciones al comportamiento siniestral previsto, originadas en la falta de adopción de los mínimos recaudos exigibles al asegurado en función de la naturaleza de las obligaciones y de las circunstancias de tiempo, persona y lugar.

Siendo el contrato de seguro uberrimae bona fidei, al asegurado le compete ineludiblemente el mantenimiento del estado del riesgo que ha asumido la cía. Aseguradora, de manera tal que cuando se quiebra ese estado, o el comportamiento normal del riesgo previsto al contratar el seguro, el tomador del seguro debe cargar con las consecuencias que la ley y las partes han previsto. Quedando de esta forma liberado el asegurador de cubrir el siniestro.

La culpa grave debe ser apreciada con criterio restrictivo y con relación a las circunstancias y particularidades de cada situación, configurándose sólo cuando media una manifiesta y grave despreocupación en la que no se hubiera incurrido de no existir seguro, e identificándose más con la voluntad consciente que con el simple descuido, al punto que pueda decirse que la víctima ocasionó voluntariamente el siniestro.

El abandono en la vía pública, por largo tiempo (en el caso un mes), en forma ininterrumpida, del automóvil objeto del contrato de seguro, con medidas de seguridad insuficientes para desalentar o impedir un accionar delictivo (cadena uniendo asiento y volante, llave con candado de combinación), sin guarda alguna y fuera de la esfera de custodia de su dueño, en una época en la que el hurto o robo de automotores es muy frecuente, configura un supuesto de culpa grave previsto en la ley 17.418:70.
Imputado, falso testimonio, declaración autoincriminante
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Flamig, Augusto Tulio César s/ Adulteración de documentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1994-08-30

No corresponde y se desestima la lectura por ante el Tribunal de Juicio de la declaración tomada al imputado a tenor del art. 234 del C.P.C. independientemente de que el contenido de dicha declaración, lo pueda beneficiar o no, pues la misma fue tomada advirtiéndosele las penas establecidas en el art. 275 del Código Penal Argentino. O sea que la declaración prestada en dicho acto procesal, lo fue con oblación de decir verdad, y se le ha vedado la posibilidad hasta de mentir, lo que va de suyo que se ha afectado su legítimo derecho de defensa. Estimo que, doctrinariamente esta figura procesal ha sido un resabio del viejo Código Procesal Criminal, equiparando a la figura del "imputado no procesado" ( art. 236, 2da.

parte.)
Ejecución fiscal, allanamiento, prescripción, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Mercado, José Mario s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-07-31

Entendemos que el ordenamiento ritual da un tratamiento particular al tema de la prescripción debido a que, según el art. 3964 del C.C., requiere petición de parte y no puede ser suplida de oficio por el juez. De allí que hasta el momento en que el demandado -vencedor- articula la prescripción, la actora -vencida- puede ejercer su derecho.

En consecuencia, si la accionante se allana inmediatamente a la defensa de prescripción opuesta por el demandado, las costas deben distribuirse en el orden causado. En cambio, en los supuestos en que la excepción de prescripción es resistida por la actora, rigen los lineamientos generales en materia de costas.
Derecho contravencional, uso indebido del espacio público, transporte de pasajeros, falta de certificado habilitante, sentencia, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Uber y otros c/  s/ s/ 83 - usar indebidamente el espacio público c/ fines lucrativos (no autorizadas) (art.86 según TC Ley 5666 y modif.) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-23

La sentencia recurrida -en cuanto concluyó que la conducta imputada, organizar actividades lucrativas, transporte de personas, no autorizadas en el espacio público, no está captada por el art. 86 del CC vigente al tiempo en que tuvo lugar la conducta imputada- es infundada y debe ser revocada. Al declarar atípica la conducta imputada, los jueces que conformaron la mayoría han prescindido del texto legal, al recortar ilegítimamente el universo de conductas captadas por dicho artículo, según texto consolidado al tiempo de los hechos imputados. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Acción meramente declarativa, legitimación activa
Materia: PROCESAL
Carátula: Jugos del Sur S.A. c/ E.N. (Mº de E. y O.y S.P.) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

La legitimación activa se brinda en el art. 322 del C.P.C.C.N.

en forma residual con carácter subsidiario, similar a los procedimientos excepcionales, como el amparo, donde el actor no debe disponer de otro medio legal para poner término al estado de incertidumbre (Fallos: 304: 310). (Del voto del juez Coviello, consid. IV).
Seguros, régimen de contralor, superintendencia, concurrencia de sanciones, procedencia del recurso, asegurador, indiferencia de la concausa
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-LABORAL
Carátula: Superintendencia de Riesgos del Trabajo c/ Gobierno de la Provincia de Buenos Aires s/ organismos externos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

Procede confirmar la sanción de multa impuesta a la aseguradora accionada. Ello por cuanto, en el caso, la quejosa no puede pretender que por el sólo hecho de ser una entidad de carácter estatal se le establezca un régimen especial de cumplimiento que le permita apartarse de los estrictos plazos que impone la legislación de orden público, pues la misma autorización que le permite operar como aseguradora es la que le impone el sometimiento al régimen establecido por la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas complementarias. Por otro lado, no se trata aquí de probar que ha existido voluntad por parte de la Aseguradora en cumplir con la normativa -lo cual desde ya se presume-, o que no se ha ocasionado ninguna consecuencia perjudicial para las partes, sino si se ha producido o no en el caso concreto la infracción a la normativa que, dada la especialísima actividad desarrollada por las Aseguradoras y trascendencia de sus efectos deben ser consideradas en un sentido riguroso. Y, en el sub lite, la infracción se encuentra configurada. Es que la relevante función social que cumplen las aseguradoras de riesgos del trabajo y el interés público que abarca la actividad que desarrollan, justifica la rigidez en la reglamentación de aquélla y la correlativa exigencia de acatar estrictamente los requerimientos legales.
Cuestiones de competencia, contienda negativa de competencia, cheque sin fondos, contraorden indebida para el pago del cheque, competencia en lo penal económico
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: FORTINI, EDUARDO OSCAR; TUNESSI, OLGA LILIANA s/ Cheque sin fondos, incidente de traba de cuestión negativa de competencia entre  el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N? 8 y el Juzgado en Lo Criminal  de Instrucción N? 45
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-14

En la cuestión de competencia negativa entre los titulares de los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico N. 8 y el Criminal de Instrucción N. 45 corresponde que siga entendiendo el Juzgado Penal Económico pues la entrega de cheques en pago a terceros y la inducción al firmante de los mismos a dar contraorden de pago arguyendo extravío de esos títulos supone la comisión del delito del Art. 302 inc. 3 del CP, delito éste en el que puede incurrir cualquier persona puesto que no se requiere de ninguna calidad especial para ello y la investigación de esos hechos es de competencia del fuero en lo Penal Económico (Cf. Decr.-Ley 4933/63, ratificado por ley 16478 y por el Art. 25 de la ley 24050).
Cuestiones de competencia, competencia por la materia
Materia: PROCESAL
Carátula: Valverde, Clemente Martín c/ Pairone, Bartolomé y Otro s/ Ordinario - Escrituración - Cuestión de competencia entre jueces de primera instancia
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-10-30

Cuando conviven dentro de la organización territorial tribunales cuyas competencias se circunscriben a una problemática jurídica específica, el criterio primordial que orienta el mecanismo de reemplazos de los jueces es el principio de especialización, en virtud del cual se procura que el magistrado llamado a entender en una causa cuya competencia originaria le corresponde a otro, pertenezca a la misma competencia material del excusado. Pero una vez agotadas las posibilidades de subrogación por jueces que comparten competencias funcionales y ante la inexistencia de otros tribunales con idéntica aptitud procesal, se prevé su reemplazo conforme los criterios mencionados en los artículos 21, 23, 25, 29 y 32 de la Ley n° 8435 de la Provincia de Córdoba
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, fuerzas de seguridad, policía, autoridad de prevención
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Colavita,  Salvador y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

El poder de policía de seguridad que corresponde al Estado, no resulta suficiente para atribuirle responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos puede llegar a involucrarla en tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a su intervención directa.
Declaración de inconstitucionalidad, aplicación temporal de la ley, pago de la remuneración, ley provincial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Mercol, Italo s/ Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-07-05

La sistemática del Código Procesal Civil nos señala que, en primer lugar, el plazo de los 30 días para interponer el juicio de inconstitucionalidad previsto en el art. 387, solamente se refiere a normas con efectos patrimoniales, y segundo, que la concreta afectación opera no desde el momento en que por una fictio juris la ley se presume conocida por todos, abstracta y genéricamente, sino desde que sus efectos impactan en la sensible esfera del patrimonio personal.

Los efectos patrimoniales que contiene la ley 5675 se materializan a partir del momento preciso de su aplicación, es decir desde el mismo momento en que, a los accionantes, se les abonó sus haberes con el descuento en efectivo que la ley prevé. (Del voto del Dr. Domingo Carlos Tulián.)
Retiro policial, derecho al beneficio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alberdi, Ilda Lerida c/ Caja de Retiros Jubilaciones y pensiones de la Policía s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Desde el momento en que la Caja Previsional de Policía incorporó a su ámbito el beneficio pensionario de origen asumió el rol jubilador, y no siendo la rehabilitación de pensión solicitada un beneficio distinto sino una derivación del original y producida su petición luego de aquella incorporación, la citada Caja debe abonar los haberes desde la fecha de ese reclamo.
Extorsión, personal policial, coautoría
Materia: PENAL
Carátula: Medina, Héctor O. y otros s/ Extrosión
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-05-18

La acción de los encausados, que en número de cuatro y en virtud de un acuerdo previo de voluntades, actuaron con intimidación, por su número y por la portación de armas, invocando falsa orden de autoridad pública, (ya que dos de ellos, eran policías pero no se encontraban en servicio o situación semejante, ni actuaron en función de la autoridad que les confería el cargo), persiguieron y detuvieron al damnificado con el pretexto de irregularidad en la documentación de su motocicleta, y llevándolo en un auto particular le exigieron dinero a efectos de devolvérsela, aunque finalmente, lo despojaron de dicho vehículo, configuró el delito de extorsión por el que deben responder en calidad de coautores.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, derechos y garantías constitucionales, Constitución Nacional
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SPINOSA, BLAS c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ CONCESION DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. RECURSO CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE Nº 305-85)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-27

Es doctrina de la Corte Nacional que la mera invocación de principio s y garantías constitucionales no importa acreditar relación directa e inmediata (Fallos 295:335); que no procede el recurso extraordinario que, fundado en presuntos quebrantamientos a principios y garantías constitucionales, solo plantea cuestiones de hecho y de derecho común que no guardan relación directa e inmediata con los artículos invocados de la Constitución nacional (Fallos, 300:130); que la simple alegación de que un fallo vulnera determinadas garantías de la Ley Suprema, no guarda nexo directo o inmediato con lo resuelto, si el recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la sentencia impugnada (Fallos 302:561).
Recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables, inapelabilidad en razón del monto, litisconsorcio, monto de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: MOURELLE HECTOR OSCAR Y OTRO c/ AEROLINEAS ARGENTINAS SA s/ DEVOLUCION DE PASAJES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-29

A efectos de determinar si una causa es apelable por razón del monto reclamado (art. 242 del CPCC, texto según la Ley 23.850), corresponde computar -en demandas con pluralidad de actores- cada pretensión en forma autónoma (cfr. CSJN, doctrina de los Fallos:

280:327; 284:392; 289:452, entre otros), tal como lo ha decidido la Sala II en situaciones análogas (cfr. Causa "Gavagnin c/Ministerio de Educación y Justicia", del 3.3.92 y, asimismo, causa 8605/91 del 22.9.94). De este modo, si el reclamo de cada uno de los coactores no alcanza el mínimo legal para la habilitar la instancia de revisión, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación respectivo.
Empleados públicos, relación de dependencia, aplicación de la ley, competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO - LABORAL
Carátula: ROMITI, MAFALDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ ACCIDENTE DE TRABAJO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  56-91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-05-10

Si bien es cierto que podría entenderse que los derechos emergentes de la ley 9688, por integrar el contenido normal de la relación de empleo público, constituyen materia contencioso administrativa, también lo es que, de así entenderse, no serían sin más asimilables -por lo ya dicho- a otros derechos subjetivos de carácter administrativo que sí caracterizan -en lo que es de interés- a la relación de empleo público; sin perjuicio de ello, sabido es que no toda la materia contencioso administrativa ni, por ende, toda lesión a derechos subjetivos de carácter administrativo, habilita la jurisdicción de este Tribunal el que, por el contrario, ha reiteradamente admitido la constitucionalidad de los desplazamientos de competencia contencioso administrativa a otros fueros ("Servi Flet", AyS T 56 p 208); como ocurre con los supuestos contemplados en la ley 10000, con las expropiaciones promovidas por Municipalidades y Comunas, con las multas impuestas por los jueces municipales de faltas, etc. VOTO DE LA MAYORIA. EN DISIDENCIA DR.

BARRAGUIRRE.