Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-22


AUTOS N° 21.606 (8° JUZGADO CIVIL N° 137.263) "ASOCIACIÓN SANJUANINA DE HOCKEY -Amparo" L. DE A. T° 186, F° 48/53 SAN JUAN, 22 de marzo de dos mil trece.

Y VISTOS:

Para resolver en estos autos N° 21.606 (8° Juzgado Civil N° 137.263), caratulados: "ASOCIACIÓN SANJUANINA DE HOCKEY -AMPARO" sobre el recurso que interpone el Presidente de la Institución actora, quien actúa con patrocinio letrado a fs. 35/40 vta., contra la resolución de fecha 11-03-13 que rechaza liminarmente la acción interpuesta por considerarla formalmente improponible y manifiestamente improcedente.

La demanda está dirigida a que se levante la intervención de la institución y el reintegro de los cargos institucionales, a las personas que los detentaban con anterioridad a la medida que consideran ilegal.

Las razones que expresa el a quo, con las que sostiene la decisión desestimatoria, consistieron en considerar la improponibilidad objetiva y manifiesta de la acción, toda vez que a su criterio no aparece nítida la denunciada arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que configurarían el acto lesivo del derecho constitucional.

Considera que la vía elegida se torna improcedente si es necesario realizar una investigación profunda para saber si la conducta es ilegal o arbitraria, ya que el acto de intervención de la persona jurídica no aparece como ilegítimo de forma palmaria, patente, clara o inequívoca, al primer examen jurídico. Que la acción tiene como finalidad que se suspendan los efectos de la Resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas y se ordene levantar la intervención decretada, encontrándose fundada en las normas de la Ley N° 3.907 que habilitan al Sr. Inspector General a tomar dicha decisión, conforme lo establecido por el art. 6 en relación a las Asociaciones civiles, de lo que se deduce el actuar dentro de un marco de legalidad.

Continúa diciendo que de los elementos probatorios aportados a la causa por la amparista, si bien advierte que en la resolución puesta en crisis se refiere a resoluciones anteriores o antecedentes que ya han sido dejadas sin efecto o subsanados oportunamente por la entidad, no deja de observar que en la misma resolución se refieren denuncias, en un expediente que supera las doscientas fojas, la intervención de la Asesoría letrada y, finalmente, que el inspector general dicta la misma con la totalidad de los antecedentes mencionados y constancias del legajo social de la entidad, considerando necesario dictar las medidas a fin de hacer cesar las causas que motivan el estado de anormalidad de la institución, todo ello en resguardo del interés público, tal como lo autorizan los arts. 3, 6 y 9 de la ley aplicable.

Agrega que no aparece claro y contundente el acto lesivo, desde que los actos de la Administración se presumen legítimos y no se encuentran configurados los recaudos de admisibilidad de la acción, adoleciendo la presente de fundamentos suficientes que permiten otorgarle el trámite previsto por los arts. 565 y ss. del C.P.C.

Que no corresponde abrir la vía jurisdiccional para irrumpir sobre materias que la ley especial prevé y faculta expresamente al poder Administrador, si a la luz de los hechos expuestos y la documentación aportada el juez advierte que inicialmente no se encuentran reunidos los recaudos mínimos de procedibilidad de la acción.

Que el amparo está reservado para aquellas cuestiones en que la carencia de otras vías constitucionales legales aptas para zanjarlas pueda afectar derechos constitucionales, o cuando se está en presencia de hipótesis particularizadas en las que deba repararse un daño concreto, grave y preciso, considerando que la amparista no ha encausado su obrar en los parámetros que prescribe la normativa vigente, para que proceda favorablemente en sede judicial el remedio de excepción que ha elegido, ni surge de la prueba que aporta la actora que la situación producida en la Asociación no sea lo suficientemente grave como para justificar la intervención decretada.

Advierte también que la propia Ley N° 3.907 establece en su art. 16 que las resoluciones de la Inspección General de Personas Jurídicas serán recurribles por la vía administrativa judicial según los casos, por lo que no encontrándose aún agotada la vía administrativa que la propia norma prevé, la acción no puede ser admitida.

A fs. 35/40 vta. la accionada apela y funda manifestando que le agravia que se califica a la acción de amparo como un proceso extraordinario con respaldo en normas constitucionales, cuando el art. 565 del C.P.C., el art. 40 de la Constitución Provincial y art. 43 de la Constitución Nacional, indican que la acción de amparo procede cuando no solo se ve afectado un derecho o garantía constitucional, sino que también abarca a aquél derecho o garantía contenido en un tratado o ley. Disiente también en considerarlo como un proceso extraordinario, toda vez que dicha acción tiene como objetivo facilitar un remedio expeditivo y breve en auxilio de quienes han sufrido una trasgresión en sus derechos. Cita doctrina y jurisprudencia.

Expresa que no se ha valorado la prueba documental aportada por su parte, ya que de ella surge en forma manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad del acto administrativo emitido por el Inspector General de Personas Jurídicas.

Considera que se equivoca el a quo al decir que no hay nitidez en la ilegalidad de la Resolución 0116-IGPJ, cuando 7 meses antes se había dictado resolución 0732-IGPJ-2012, conforme lo manifestado en la demanda, expresando que no es justo y legal dar por finalizado un expediente administrativo mediante resolución firme y luego, meses más tarde reiniciarlo de oficio, afectando el derecho al debido proceso y defensa en juicio.

Que no entiende como el juez no ve con nitidez que una supuesta denuncia ocurrida en mayo de 2011, que provoca la anulación de una asamblea, le sirve para intervenir la institución en marzo de 2013.

Agrega que el Inspector General de Personas Jurídicas actuó en abierta violación de la ley, siendo su acto ilegal y arbitrario por cuanto en la resolución no se hace mención a algún artículo del estatuto o alguna ley que se haya violado por parte de las autoridades de la Asociación intervenida.

Que le agravia el hecho de que el a quo no haya solicitado el expediente, que obra en poder de la Inspección de Personas Jurídicas, si con la documentación aportada no era suficiente para la proponibilidad de la acción.

Que se ha violado el derecho de defensa y debido proceso, por cuanto a su parte no se le dió intervención en las denuncias que dieron lugar a la intervención.

Formula una larga referencia a los actos de la administración, concluyendo que la resolución 0116-IPGJ no es un acto administrativo, perdiendo la presunción de legitimidad. Que la necesidad de que el acto administrativo exprese el interés público, queda garantizada a través de la figura de la "desviación de poder" que invalida a aquél que no resulte ser el instrumento para asegurar la finalidad prevista y querida por la ley por haberla reemplazado por otra diferente.

La razonabilidad del acto administrativo es vulnerada cuando aquél prescinde de las pruebas sin fundamento razonable, lesionando el derecho de defensa en juicio.

Que como entidad deportiva y representativa de jugadores de todas las edades, administrada por personas sin conocimientos y especialización en la materia, conduce a daños irreparables. Agrega que sobre todas las cosas, el derecho a la libre asociación y a cumplir los objetivos sociales conforme la decisión de la mayoría dentro de un país libre se ve avasallada y desvirtuada por medidas ilegales que no se deben permitir.

Concedido el recurso de apelación sin efecto suspensivo y elevados los autos a esta Alzada, a fs. 44 obra el certificado de adjudicación a estudio.

Y CONSIDERANDO:

Sostiene la apelante: " . . disiento con V.S. en que el amparo sea un proceso extraordinario . . .", terminando por transcribir doctrina y jurisprudencia.

La mera disconformidad con lo resuelto, aparece insuficiente para sostener el recurso. En los fundamentos del fallo apelado hay razones puntuales por las que se desestima el planteo impugnatorio, las que no han sido siquiera mencionadas en la queja. Interesa entonces destacar que este tribunal, en concordancia con innumerables precedentes jurisprudenciales, ha sostenido reiteradamente: " Ninguna duda cabe, la presentación efectuada a fs. 157/158 dista de ser "una expresión de ciencia de la parte recurrente, fundada en la razón" como expresa Rivas al tratar sobre el contenido de la expresión de agravios (Rivas Adolfo - Derecho Procesal - Tratado de los Recursos Ordinarios, Tº 2, pág. 473). Este Tribunal reiteradamente se ha expedido sosteniendo: "Bien se ha dicho que la expresión de agravios no es una simple fórmula carente de sentido, la carga procesal que impone debe cumplir con la finalidad señalada por la propia ley: "deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Esto implica señalamiento, acusación y precisión, punto por punto, de los errores u omisiones que supuestamente adolece el pronunciamiento, refutando cada una de las cuestiones de hecho y de derecho que dan fundamento al fallo. Desde esta óptica, cabe recordar que el ámbito del recurso de apelación se da en una instancia revisora, donde deberá necesariamente atacarse y destruirse la médula del razonamiento seguido en el pronunciamiento, pero no se hará con argumentos que busquen un replanteo nuevo fuera de la oportunidad procesal adecuada, sino en razón de las falencias o desaciertos cometidos por el juzgador que importen errores fundamentales que descalifiquen al fallo como respuesta jurisdiccional acorde a derecho. El concepto de crítica "concreta" y "razonada", que ha de dar contenido a la expresión de agravios (art. 265 del CPC), exige al apelante la carga de realizar una exposición sistemática de la interpretación seguida en el fallo señalando los errores in iudicando o in procedendo de las cuestiones decisivas relativas a los hechos y el derecho aplicado. Y esto debe precisarse, parte por parte; pues si no fuera así, los errores, omisiones y demás deficiencias atribuidas al fallo recurrido, darían pié a que fuera revocado sin mayor análisis ante alegaciones genéricas y aisladas, siendo éste un verdadero despropósito, inconcebible en la teoría de la impugnación, que desvirtuaría la función jurisdiccional del tribunal de Alzada." (Autos Nº 17.295 Fernández Margarita E. c/ López Bárriga, Mauricio y otro - Cobro de Alquileres" L.de S. Tº 86 Fº 53/57). AUTOS Nº 19.129 (7178/9462 - 1º FAMILIA) "TARABAY OCHOA, CINTHIA NOEMÍ C/ CHAVES, AMÉRICO GUILLERMO - DIVORCIO VINCULAR - ORDINARIO". L. DE S.Tº 98, Fº 1/5 - FECHA: 8/10/07.- Por ello entiendo que, lo desarrollado en punto I no constituye agravio suficiente como para desvirtuar las motivaciones contenidas en la sentencia bajo recurso.

Siguiendo con el análisis del escrito recursivo, no logra conmover tampoco los claros fundamentos esgrimidos por el a-quo, respecto de la valoración de la "arbitrariedad e ilegalidad" manifiesta del acto administrativo impugnado.

El recurso de amparo deducido tiene por objeto suspender los efectos de la resolución N° 0116-IGPJ-2013 y disponer el levantamiento de la intervención decretada y la restitución al estado anterior (fs. 21). Esto importa paralizar una resolución ya dictada por la Autoridad Administrativa competente que, como acto administrativo, goza de la presunción de legitimidad.- Sin duda que, la pretensión esgrimida en autos mediante la vía elegida, importa en los hechos la suspensión del acto administrativo que, únicamente en casos excepcionales, es admisible y acotado al control constitucional. Por el principio constitucional de división de Poderes del Estado, que implica división de competencias constitucionales, materia en la cual el Poder Judicial debe ser muy cuidadoso en respetar los límites de su jurisdicción, se evitan las ingerencias indebidas en la esfera privativa de los poderes políticos.

Oportuno resulta considerar a ésta altura, que en el presente es necesario precisar lo ya expresado por este Tribunal sentando doctrina judicial, siguiendo los lineamientos fijados por la Corte de Justicia Provincial, quien ha sostenido que "...para la procedencia de la acción de amparo regulada en el art. 40 de la Constitución Provincial y art. 582 y ss. del C.P.C., en forma unánime la doctrina autoral y tribunalicia coincide en que está determinada por la concurrencia de tres requisitos: a) la lesión al derecho o garantía constitucional; b) la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto lesivo y c) inexistencia de otro remedio legal para la tutela del derecho o posibilidad de proferir un daño grave o irreparable remitiendo la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales. Estos recaudos legales, interpreta nuestro máximo tribunal, que son taxativos y conjuntos, es decir que si faltare alguno de los requisitos establecidos por la norma citada, la vía de amparo no procede" (C.J.S.J., SALA II, Expte. nº 1305/95 "Bustos, Alberto Marcelo c/ Provincia de San Juan - Acción de Amparo - Inconstitucionalidad", 4/3/96, P.R.E. Tº 1, Fº 27/37; Cam. Ap. Civ. Sala I, autos Nº 27.622-14.527 "Válvulas de Precisión Arg. S.A. c/ Gob. de la Pcia. -Amparo", L. de A. Tº 69, Fº 93/97; 979/96; autos Nº 29.146 (9º Civil)-14.622 "Riquelme, Jorge Pedro c/ Obra Social de la Pcia. y/o Secretaría de Salud Pública de la Pcia. de San Juan - Acción de Amparo" (L. de A. Tº 92, Fº 153/155 - 22/11/96).

Sentados estos antecedentes, consideramos que los agravios seguidos por la recurrente pueden atenderse analizando sólo una de las exigencias mencionados precedentemente, cual es la "inexistencia de otro remedio legal para la tutela del derecho o posibilidad de proferir un daño grave o irreparable remitiendo la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales".- En el caso bajo examen, estamos frente a un "acto administrativo" dictado por la Autoridad competente que goza, como se apuntara, de la presunción de legitimidad. Si a ello agregamos que el objeto de la acción lo constituye la "suspensión " de la resolución administrativa y la " restitución al estado anterior" ( en referencia a las autoridades de la Asociación actora), importa analizar si, la vía elegida del amparo, resulta la adecuada para procurar esos efectos o bien, ". . .existen otros remedios procesales para la tutela de los derechos que se consideran violentados." Para ello, entendemos deben considerarse dos situaciones distintas, para terminar por considerar la procedencia o no del amparo deducido: a) suspensión de los efectos de acto y b) nulidad del acto pretendida, al demandar volver las cosas al estado anterior.

Conforme lo expresamente normado por los artículos 17, 18 y ss de la ley aplicable N° 3907, los actos administrativos emitidos por la IGPJ son recurribles. En la misma norma, se prevé el procedimiento del recurso y, en lo que nos interesa, que puede solicitarse o decretarse la suspensión del acto administrativo.

En esta inteligencia fácil es colegir que, en la misma Ley 3907 se preveen los recursos administrativos y las pretensiones de suspensión de los efectos del acto, resultando esos recursos los adecuados - si consideraba lesión a derechos - para pretender la nulidad del acto y/o su suspensión.

Conforme los principios y normas que informan el proceso de amparo, vía elegida por la impugnante, podemos concluir en que, la falta de utilización de remedios en sede administrativa (recursos previstos), impone el rechazo de la acción deducida tal cual lo resuelve el a-quo.- Tiene dicho este Tribunal: "Se sostiene plenamente la conclusión denegatoria a la que arriba. Situación similar a la que toca resolver dió lugar al fallo de fecha 13-10-05, en autos nº 18.440 "Otarola, L. c/ Caja de Acción Social de la Provincia - Amparo", donde dijimos, "Entendemos acertado el criterio sostenido por el juez para analizar la procedencia de la acción de amparo; y de allí también correcto el argumento desestimatorio referido a la existencia de una vía apta para lograr la reversión de la situación que dice el amparista le aqueja y afecta derechos de raigambre constitucional. No basta para rebatir tal argumentación sostener que es un desacierto porque está demostrado que la única vía eficaz para remediar el perjuicio es la del proceso de amparo. Y ello, porque el carácter restrictivo de interpretación que impone la vía de amparo se estrecha más aun tratándose el atacado de un acto emanado de Autoridad Pública en uso de las facultades conferida por la ley, que goza de la presunción de legitimidad que le acuerda el art. 12 de la ley 3.784. ...La falta de cuestionamiento y utilización de remedios en sede administrativo - a la que venimos aludiendo - va a vedar la admisión del amparo.Es que si lo que procura es privar al acto de ejecutividad inmediata, es el mismo art. 12 de la ley de procedimiento administrativo quien acuerda la posibilidad de pedir la suspensión si es que pretende evitar "perjuicios graves", lo que pone a las claras la existencia de una vía idónea para impedir los efectos del acto, cuyo intento no ha sido demostrado por la amparista". (Protocolizado en L. de S. Tº 92, Fº 55/60l), en autos nº 19.277 (94.956 - 9º CIVIL) caratulados "TIRITERA, JOSE LUIS C/ PROVINCIA DE SAN JUAN (POLICIA DE SAN JUAN) - AMPARO".L. DE S. T° 97, F° 73/79 - FECHA 3/9/07.- En fin, teniendo en cuenta que "la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que, la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, máxime cuando su apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y la demostración, por añadidura, de que el daño concreto y grave ocasionado, solo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita del citado proceso constitucional" (CSJN, 04/10/94, in re Ballesteros José s/ Acción de Amparo) y siguiendo el criterio expuesto, consideramos que debe rechazarse el recurso de apelación traído a decisión.- Para terminar, estamos frente a un acto administrativo, dictado por la Autoridad Administrativa competente que goza de la presunción de legitimidad; la ley aplicable al caso concreto, prevé los recursos administrativos para atacar el acto (incluso solicitar la suspensión de sus efectos); la pretensión de nulidad de dicho acto, requiere mayor debate y prueba. Concluimos entonces que la vía del amparo, como remedio de excepción, aparece improcedente como para reparar los perjuicios apuntados por el actor.

Por ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación, con costas.- Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.