Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-09-04


///MA, 4 de setiembre de 2014.

VISTO: Las actuaciones caratuladas: ANTILLANCA, ADRIAN IGNACIO C/ LIBERTY A.R.T. S.A. Y OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY (Expte Nº 25286/11-STJ), elevadas por la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el fin de resolver el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 101/111 por la parte actora, se decide plantear y votar las siguientes:

- C U E S T I O N E S- 1ra.- ¿Es fundado el recurso- 2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde- V O T A C I Ó N- A la primera cuestión el señor Juez doctor Ricardo R. APCARIÁN dijo:

1.- Antecedentes de la causa: Mediante la sentencia obrante a fs. 86/94, la Cámara del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche rechazó por mayoría- la demanda interpuesta en reclamo de diferencias en el pago de las prestaciones dinerarias por la incapacidad permanente definitiva parcial (19,61% de la total obrera) provocada por el accidente de trabajo que sufrió el actor el 19.02.2009.

En su demanda, este reconoció que se le efectuó una liquidación indemnizatoria con fecha 21.01.2010- de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2.a de la L.R.T. por la suma de $32.298, resultante de la aplicación del tope legal previsto en la norma precitada, que impugnó de inconstitucional con respaldo en la jurisprudencia de la C.S.J.N. en los casos Aquino, Castillo y Vizzoti entre otros-, y en la orientación normativa adoptada posteriormente en el Decreto N° 1694/09, que removió dicho tope a partir del 06.11.09.

/// ///-2- Conforme con el voto mayoritario, la Cámara rechazó la demanda al considerar que no debía condenarse al empleador a pagar las prestaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo porque no era el obligado al pago establecido en dicha ley, y tampoco se lo debía condenar a reparar las consecuencias de un accidente de trabajo si no era pasible de responsabilidad proveniente del derecho civil, toda vez que no hay obligación sin causa (cf. art. 499 del Código Civil).

En cuanto a la A.R.T., manifestó que la doctrina establecida por la Corte en la causa Aquino solo resulta aplicable a quien sea responsable de un daño, mientras que la aseguradora solo queda obligada a cumplir con las prestaciones establecidas por la ley y el contrato de seguro.

Por su parte, el votante en minoría señaló que, si bien la A.R.T. opuso la limitación del contrato de seguro y del valor de la prima en función del riesgo asegurado acotado precisamente por la norma puesta en crisis-, en la causa ASCUA, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ Cobro de pesos la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del tope previsto en la Ley 9688, modificada por la Ley 23643; en consecuencia, con base en dicho criterio propició que se declarara inconstitucional el tope del art. 14, apartado 2, inc. a) de la L.R.T. en la presente causa.

2.- Agravios del recurso: En cuanto cabe aquí tener presente, el actor destaca que su postura halla fundamento en la doctrina de la Corte Suprema en las causas Castillo, Milone, Vizzoti y posteriormente- Ascua; asimismo, expresa que la cuestión de autos resulta exclusivamente de derecho, en razón de las objeciones constitucionales al art. 14.2.a de la L.R.T., anterior a la modificación efectuada por el Decreto N° 1694/09 que acogió la doctrina de dichas causas y eliminó el tope /// ///-3- legal que preveía originalmente la norma.

En tal sentido, manifiesta que su referencia al decreto precitado fue malinterpretada como un reclamo de su aplicación a estos autos pese a que el siniestro padecido fue anterior a su dictado-, pero aclara que en verdad solo lo trajo a colación en su demanda porque aquel se halla motivado en la inadecuación a la realidad y la inconstitucionalidad del tope a partir de entonces derogado.

Cuestiona además que se reputara que la ley no imponía a la aseguradora reparar íntegramente las consecuencias dañosas del contrato de trabajo, sino que solo la obligaba a brindar las prestaciones que establece la misma ley y el contrato de seguro, en la medida en que tal conclusión desatendió el principio constitucional de alterum non laedere, que obliga a la reparación integral del infortunio que sufre un sujeto de especial tutela normativa como es el trabajador. Empero, añade, la protección que brinda la ley se halla afectada puntualmente por dicho tope, al punto de reducir cuantiosamente el resarcimiento.

En ese orden de ideas, expresa que no discute que la aseguradora se obligó a brindar las prestaciones que establece la ley y el contrato de seguro, sino que cuestiona la irrazonable desproporción y la falta de adecuación actual de las limitaciones y los topes indemnizatorios legales, que vulneran así normas constitucionales.

Sostiene por ende que la sentencia carece de fundamento adecuado, en tanto desconoció los precedentes invocados con referencia a los derechos constitucionales previstos en el art. 14 bis de la Const. Nac., por lo que solicita entonces que se la revoque y se resuelva la causa con arreglo a la ley y la doctrina aplicable.

3.- Análisis y solución del caso: Ingresando en el tratamiento del recurso cabe destacar /// ///-4- que, si bien este Tribunal ha sentado su doctrina en el sentido de que la aseguradora responde dentro de los límites de la cobertura, ello no puede ser óbice para que se arribe a una solución distinta en caso de que la liquidación del siniestro de acuerdo con el tope legal conduzca a un resultado manifiestamente irrazonable por exiguo, al punto de motivar que se declare su inconstitucionalidad para los fines de su aplicación al caso concreto.

Tal lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes Ascua, con referencia al tope de la Ley 9688, y Lucca de Hoz, respecto del tope del art. 15 de la L.R.T. antes de la modificación introducida por el Dec. 1278/00, a la luz de los cuales corresponde aquí analizar el límite máximo de cobertura previsto en el segundo párrafo del art. 14 apartado 2 inc. a) de la L.R.T. (antes de la entrada en vigencia del Decreto 1694/09 y de la Ley 26773), que se traduce concretamente en una restricción equivalente a $ 1800 por punto de incapacidad.

En tal supuesto, la eventual fijación de un resarcimiento que exceda los alcances de ese tope no será mera consecuencia de la violación del contrato de seguro, sino de la inconstitucionalidad de una de las cláusulas de su póliza, derivada de la ley tachada de tal (conf. este STJRN in re: GAMBOA, Se. Nº 11 del 25.02.14; RAMÍREZ SEPÚLVEDA, Se. Nº 32 del 11.06.14).

Volviendo al caso de autos, cabe señalar que el examen que corresponde aquí realizar pasa por evaluar si la indemnización resultante consagra una reparación equitativa, o sea, si resguarda el sentido reparador en concreto (v. considerando 5º, último párrafo de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Milone, Fallos 327:4607).

Según surge de autos, la aplicación de la fórmula del art. 14, apartado 2, inciso a) de la L.R.T. determina que la indemnización que hubiera correspondido al actor habría /// ///-5- ascendido a $ 65.701,18 (53 x $ 3.015,98 x 0,1961 x 2,096). No obstante ello, la operatividad del tope máximo provocó que dicha indemnización se redujera a $ 35.298, es decir, prácticamente a la mitad (v. fs. 5).

A propósito de la temática en examen, se ha dicho que una norma es inconstitucional cuando pierde razonabilidad al verse alteradas las condiciones de hecho con base en las cuales fue dictada (CNATrab., sala X, Masia, Gastón Alberto Ramón c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ Accidente ley especial, 30.06.11, La Ley Online AR/JUR/36638/2011). Precisamente eso es lo que sucede en el sub-exámine, teniendo en consideración que la operatividad del tope reduce en un 46% el monto de la reparación, lo que excede en mucho la pauta utilizada por la Corte Suprema en el conocido caso Vizzoti (del 14.09.04), en el que sostuvo que la operatividad de los topes solo es razonable si el importe resultante no implica una merma de más del 33%.

Sin perjuicio de ello, resulta pertinente señalar también que en la citada causa Ascua (Fallos 333:1361), el nudo principal del argumento de la Corte finca en el resultado desproporcionado al que conducía la aplicación del tope en ese caso- de la Ley 9688 (20 años de salarios mínimos, vitales y móviles), al punto que desnaturalizaba la fórmula tarifada de reparación (en ese caso, la indemnización de $ 96.059,91 se reducía a $ 25.250).

En esa ocasión, la Corte declaró que la modalidad indemnizatoria que el legislador escoja para cumplir con la protección constitucional del empleado frente a los daños derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no puede válidamente dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima (cons. 6º del voto de la doctora Highton y 8º del voto de la mayoría), lo que implica una postura clara que también debe ser considerada al resolver respecto del tope aquí en /// ///-6- examen.

Podría decirse que, en el marco de la Ley 9688, quien debía responder por los daños sufridos por el trabajador a raíz del hecho o en ocasión del trabajo era el empleador, mientras que, en el caso de la Ley de Riesgos del Trabajo, responde la A.R.T. en virtud de la obligación asumida por vía del contrato de seguro, cuya ecuación económico-financiera podría verse afectada si se obligara a la aseguradora a responder por encima del tope legal.

Pero he aquí que, pocos días después de dictada la sentencia en los autos Ascua, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en la causa Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro s/ accidente acción civil del 17.08.10, donde por mayoría- dijo que correspondía admitir que la indemnización reconocida no reparaba integralmente a la viuda del trabajador fallecido y afectaba la dignidad de la persona y el derecho de propiedad, ya que la respuesta dada en el fallo con fundamento en que el reclamo se limitaba a las prestaciones reguladas en el art. 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo y no en la reparación integral en los términos del derecho común no lo sustentaba suficientemente y dejaba sin respuesta concreta al planteo de impugnación constitucional de la referida norma.

En ese caso, la Corte dejó sin efecto la sentencia de Cámara que había confirmado la de primera instancia- en cuanto rechazaba el planteo de inconstitucionalidad del art. 15 de la L.R.T. antes de la reforma introducida por el Decreto 1278/00- y mandó a dictar una nueva, lo que, aun en el esquema de la L.R.T., confirma la impugnabilidad del texto legal cuando este conduce a la determinación de una indemnización irrazonable por escasa en su monto (en el precedente aludido, se indemnizaba con la suma de $ 35.008 el fallecimiento de una persona de 46 años de edad).

/// ///-7- En mérito a las razones que anteceden, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO, Liliana L. PICCININI y Adriana C. ZARATIEGUI dijeron:- Coincidimos con lo manifestado por el señor Juez preopinante, por lo que adherimos a los fundamentos por el vertidos y VOTAMOS EN IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión el señor Juez doctor Ricardo A. APCARIÁN dijo:

En mérito a lo expuesto al tratar la primera cuestión, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 101/111, revocar en lo pertinente- la sentencia de Cámara de fs. 86/94 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad en el presente caso del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la L.R.T y condenar a Liberty A.R.T. S.A. a abonarle al actor las diferencias indemnizatorias reclamadas más los intereses correspondientes, calculados según la doctrina Loza Longo (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504). También propicio que en lo que ha sido motivo de agravio- las costas de ambas instancias se impongan a la demandada objetivamente vencida.

La Cámara de grado deberá proceder a efectuar la liquidación que corresponda y ajustar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto.

Finalmente postulo que, por su actuación ante esta vía, se regulen los honorarios de los doctores Victorio Gerometta y Marcelo Catalano en conjunto- en el 30% de los que les correspondan en la instancia de origen calculados en función de las sumas involucradas en la materia objeto de la impugnación, y los de los doctores Justo J. Giraudy e Inés Cambiasso también en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 14 y ccdtes. de la L.A.). ASÍ LO VOTO.

/// ///-8- A la misma cuestión los señores Jueces doctores Sergio M. BAROTTO, Liliana L. PICCININI y Adriana C. ZARATIEGUI dijeron:- ADHERIMOS a la solución propuesta en el voto que antecede.

Por ello, y en los términos autorizados por el art. 39, segundo párrafo de la L.O., atento a encontrarse en comisión de servicios y fuera del asiento del Tribunal el señor Juez doctor Enrique J. MANSILLA, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA R E S U E L V E:

Primero: Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 101/111, revocar en lo pertinente- la sentencia de Cámara de fs. 86/94 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad en el presente caso del tope previsto en el art. 14 apartado 2 inc. a) de la L.R.T y condenar a Liberty A.R.T. S.A. a abonarle al actor las diferencias indemnizatorias reclamadas más los intereses correspondientes, calculados según la doctrina Loza Longo (arts. 296 y ccdtes. del CPCCm y 56, 57 y ccdtes. de la Ley P Nº 1504).

Segundo: Imponer en lo que ha sido motivo de recurso- las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del CPCCm.).

Tercero: Remitir las actuaciones al Tribunal de origen para que proceda a efectuar la liquidación que corresponda y ajustar las regulaciones de honorarios de la primera instancia en función de la solución que se le imprime al asunto.

Cuarto: Por su actuación ante esta vía, regular los honorarios de los doctores Victorio Gerometta y Marcelo Catalano en conjunto- en el 30% de los que les correspondan en la instancia de origen calculados en función de las sumas involucradas en la materia objeto de la impugnación, y los de los doctores /// ///-9- Justo J. Giraudy e Inés Cambiasso también en conjunto- en el 25% calculados de idéntico modo (arts. 14 y ccdtes. de la L.A.), los que deberán abonarse en el plazo de diez (10) días. Notifíquese a Caja Forense y cúmplase con la ley 869.

Quinto: Registrar, notificar y oportunamente devolver.

RICARDO A. APCARIAN Juez- SERGIO M. BAROTTO Juez- LILIANA LAURA PICCININI Jueza- ADRIANA CECILIA ZARATIEGUI Jueza- ANTE MI: GUSTAVO GUERRA LABAYEN Secretario-