Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-04-23


SENT Nº 169	San Miguel de Tucumán, 23 de Abril de 2013.- VISTO: El planteo de caducidad de instancia formulado por la letrada apoderada de la Provincia de Tucumán en estos autos caratulado: "Ferrari de Cangemi María Isabel s/ Prescripción adquisitiva"; y C O N S I D E R A N D O:

Que viene a conocimiento de esta Corte para resolver el planteo de caducidad de instancia formulado por la letrada apoderada de la Provincia de Tucumán (fs. 171/172 y vta.) en el marco del presente proceso de prescripción adquisitiva.

Entre los antecedentes relevantes de la causa, se destaca que la actora (Sra. María Isabel Ferrari de Cangemi) inicia demanda de prescripción adquisitiva "sobre un inmueble rural ubicado en el lugar denominado 'El Potrerillo', Departamento de Tafí del Valle de esta Provincia" -en el Juzgado Civil y Comercial Común de la IIª Nominación-, consignando los datos del referido inmueble y manifestando desconocer quien resulta el titular de dominio del inmueble en cuestión.

Con posterioridad se realizaron diversos trámites tendientes a identificar al titular de dominio del inmueble que se pretende usucapir, así como también se observa un traslado de demanda a la firma S.A. Azucarera Justiniano Frías (fs. 83), la contestación de esta firma negando ser titular del inmueble (fs. 90/93) y el posterior desistimiento de la actora en contra de la referida sociedad (fs. 98).

En fecha 27 de marzo de 2007, la parte actora, ante la imposibilidad de determinar el titular de dominio, solicita se cite por edicto a quien o quienes se crean con derechos sobre el inmueble en cuestión (fs. 97) y así se ordena por providencia de fecha 4 de abril de 2007 (fs. 98). Los edictos se publican por diez días en el Boletín Oficial desde el 10/5/2007 hasta el 01/6/2007 (conforme surge de fs. 99/100) y, en el mismo, se consignan los datos del inmueble y se cita a quienes se creyeran con derechos sobre el referido inmueble a fin de que dentro del término de seis días se apersonen y comparezcan a estar a derecho en el presente juicio.

Con posterioridad a la publicación mencionada y ante la falta de presentación alguna, se remiten los autos al Defensor Oficial "a fin de que tome intervención en representación del ausente" (conf. fs. 102). A fs. 103/105 se presenta el Defensor Oficial y solicita se libre un oficio al Área de Inmuebles Fiscales de la Dirección General de Catastro a fin de que informe si el inmueble que se pretende usucapir en autos, se encuentra registrado como propiedad de la Provincia de Tucumán, asimismo, solicita se tenga por interrumpido el plazo para contestar demanda.

Por providencia de fecha 14 de agosto de 2007 (fs. 106) se dispone suspender los plazos para contestar demanda y se ordena librar oficio conforme lo solicitó el Defensor Oficial. De la contestación de oficio referenciado, surge que el inmueble que se pretende usucapir forma parte de un inmueble de mayor extensión, propiedad de la Provincia de Tucumán. En consecuencia y por cuestiones de competencia, se remiten las actuaciones a esta Corte Suprema de Justicia, la que declara su competencia mediante sentencia de fecha 10 de septiembre de 2010 (fs. 150/151).

En fecha 11 de mayo de 2011, la parte actora modifica demanda a los fines de adecuar los datos del inmueble en cuestión a la nueva realidad catastral y solicita se ordene un nuevo traslado a la Provincia de Tucumán. Por providencia de fecha 20 de mayo de 2011 (fs. 164), se dispone correr traslado de la demanda a Provincia de Tucumán.

A fs. 171/172 se apersona la letrada apoderada de la Provincia de Tucumán y plantea caducidad de instancia, sosteniendo que desde providencia de fecha 25/7/2006 (fs. 96) hasta la presentación de la actora de fecha 27/3/2007 (fs. 97), transcurrió el plazo de caducidad de instancia, sin que exista durante el mismo, ninguna actividad procesal por parte de la actora en autos. Por su parte, a fs. 175/176 y vta. la parte actora contesta el planteo de caducidad de instancia, solicitando el rechazo del mismo y, a fs. 178, obra dictamen del Ministerio Fiscal.

La causa se halla en estado de resolver (fs. 179).

1.- Las presentes actuaciones prolijamente reseñadas indican que la instancia contra el Superior Gobierno de la Provincia, susceptible de perimir, no aprehende el período temporal invocado por la demandada al formular acuse de caducidad de la instancia.

La accionada alega que desde el 25/7/2006 -fs. 96, cuando se ordena reservar los planos en caja de seguridad- hasta el 27/3/2007 -fs. 97, cuando la actora desiste de la acción contra Justiniano Frías- ha transcurrido el plazo de caducidad.

Para la adecuada resolución de esta cuestión incidental, resulta menester examinar en primer término las particularidades de la instancia abierta susceptible de perimir, en tanto presupuesto ineludible para declarar su perención. A tal efecto, considero decisivo advertir que en la presentación agregada a fs. 163 y vta., la actora modificó su demanda con los alcances allí indicados, y requirió la reapertura de los términos procesales suspendidos a instancias del señor Defensor de Ausentes. Mediante providencia de fecha 20/5/2011, el señor Presidente del Tribunal dispuso tener presente dicha modificación, reabrir los términos suspendidos y notificar a la demandada Provincia de Tucumán, en la persona de su representante legal, "para que se apersone a estar a derecho en la presente causa y se le corra traslado de la demanda por el término de seis días".

Acerca de las actuaciones anteriores que invoca la incidentista, cabe hacer notar que en el escrito de fecha 27/3/2007, la actora manifestó desistir de la acción dirigida contra S.A. Azucarera Justiniano Frías, y requirió citación por edictos debido a la imposibilidad de determinar la titularidad de dominio. El planteo fue receptado por el titular del juzgado donde inicialmente se radicó el expediente, quien resolvió dar intervención al señor Defensor Oficial de Ausentes, debido al resultado negativo de aquella citación. Destaco que al apersonarse, el funcionario manifestó que previo a intervenir como Defensor, estimaba procedente agotar la búsqueda de los supuestos ausentes, dado que a su criterio no estaba aún agotada sino que era posible que las personas demandadas o sus herederos se apersonaran a estar a derecho (cfr. presentación del 09/8/2007, fs. 103/105). Fue así que a su pedido, se libraron oficios a fin de constatar la titularidad registral del inmueble que se pretende usucapir. De manera expresa, fueron suspendidos los términos procesales.

A partir de entonces se sucedieron diligencias encaminadas a individualizar al titular dominial del inmueble, contra quien debí a dirigirse la demanda, lo que finalmente ocurrió. Establecida aquella titularidad en cabeza del Superior Gobierno de la Provincia, esta Corte Suprema de Justicia declaró su competencia para intervenir, y en esta sede la actora procedió a modificar la demanda, de la que se corrió traslado por seis días al legitimado pasivo. Al respecto, cabe reiterar que el señor Defensor de Ausentes no había asumido representación alguna, toda vez que en la referida presentación se limitó a requerir diversos informes "previo a intervenir como Defensor", para determinar el o los legitimados pasivos contra quienes debía dirigirse la acción intentada. Si bien la norma procesal (art. 284, CPCC) determina la alternativa de citar al demandado por edictos, cuando el demandado no tuviese domicilio conocido o se tratase de citación de personas inciertas, es claro que en el caso de autos, el señor Defensor requirió (previo a su intervención en representación del presunto ausente) el agotamiento de las diligencias encaminadas a su individualización. No se verificó, en el caso, el consentimiento del señor Defensor de Ausentes porque no había asumido la representación de la parte demandada.

Con la información obtenida, la actora pidió se remitan los autos a este Superior Tribunal por su competencia, y se corra traslado de la demanda al Superior Gobierno de la Provincia.

2.- El desistimiento del proceso consiste en la declaración por la cual el actor comunica al juez su voluntad de abandonar la pretensión (cfr. Fenochietto, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Vol. 2, pág. 162 y ss., Astrea, 1999). Según dispone el art. 198 del CPCC, de esta declaración de voluntad se deriva que las cosas vuelven al estado anterior a la demanda, y no impide reiterarla en otra oportunidad.

Tal lo acontecido en autos, contra una persona distinta, aunque el trámite haya continuado en el mismo expediente.

A nuestro criterio, la instancia contra el Superior Gobierno de la Provincia quedó formalizada con el escrito de fs. 163, cuando la actora modificó la demanda en los términos allí indicados, y pidió se dé traslado de la misma por el término de ley. Antes de ello, se la tuvo por desistida de la pretensión contra S.A. Azucarera Justiniano Frías, (cfr. providencia de fs. 98). A su vez, las actuaciones posteriores de la demandante y del Defensor Oficial estuvieron orientadas a individualizar a la parte contra quien debía dirigirse la demanda para integrar debidamente el contradictorio. Ello dio lugar a la modificación de la demanda, y a la radicación de la causa ante esta Corte Suprema de justicia, que dispuso dar traslado a la incidentista por el término de ley. La modificación de la demanda y su ulterior notificación a quien resultó titular dominial del inmueble que se pretende usucapir, muestran que la instancia contra la incidentista, susceptible de perimir, se abrió con esa presentación; toda vez que lo actuado anteriormente corresponde a un proceso desistido, y luego a las diligencias encaminadas a lograr la identificación del titular dominial del inmueble y la consiguiente legitimación pasiva para ser demandado por usucapión.

Consideramos que la incidentista no puede prevalerse de actuaciones cumplidas en un período anterior, cuando no había sido demandada. Si bien la instancia se abre con la sola promoción de la demanda, aunque no hubiera sido notificada la providencia que dispone su traslado (arg. art. 203, CPCC), en todo caso habrán de se consideradas las particulares circunstancias del proceso; y en el sublite, no puede eludirse que el señor Juez Civil y Comercial Común tuvo a la actora por desistida de la acción contra S.A. Azucarera Justiniano Frías (cfr. providencia del 04/4/2007); y que luego de las diligencias reseñadas previamente se produjeron modificaciones sustanciales relativas al contenido de la demanda y a la individualización del sujeto pasivo, con implicancias en el tribunal competente.

Lo expuesto impide la declaración de caducidad y en consecuencia procede rechazar el planteo de perención de la instancia impugnativa abierta por la demandada. Las costas se imponen por el orden causado, en mérito a la novedad y complejidad de las cuestiones planteadas.

Por ello, encontrándose excusado el señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, en uso de licencia el señor vocal doctor René Mario Goane y oído el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

I.- NO HACER LUGAR al incidente de perención de la instancia promovido por la letrada apoderada del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- FIRME la presente resolución, prosiga la causa según su estado.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR CLAUDIA BEATRIZ SBDAR (En disidencia) (En disidencia) BENJAMÍN MOISÁ ALBERTO MARTÍN ACOSTA ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia del señor vocal doctor Antonio Gandur:

Que del análisis de la causa se observa que si bien entre la providencia de fecha 25/7/2006 (fs. 96) hasta la presentación de la actora de fecha 27/3/2007 (fs. 97), no existió actividad impulsora y en dicho lapso se cumplió el plazo legal de caducidad -seis meses de conformidad al art. 203 del CPCCT (de aplicación a los juicio de competencia originaria de esta Corte -conf. CSJT, sentencia Nº 792 del 02/12/2000-), el planteo de caducidad de instancia debe ser rechazado, dado que se ha producido la purga de la caducidad de la instancia por los fundamentos que se exponen a continuación.

Sobre el particular, esta Corte señaló que "En el sistema procesal local, cuando los plazos han vencido y las partes o el Tribunal realizan actos impulsorios, la caducidad no se produce si la parte los consiente; configurando lo que se denomina subsanación, purga, convalidación o saneamiento de la instancia en la cual se habían cumplido los requisitos legales para que opere la perención. En general, los actos idóneos para interrumpir la caducidad son igualmente aptos para lograr la subsanación, si se cumplen luego de vencido el plazo de caducidad. De otra parte, la mera articulación del incidente de perención es suficiente para excluir el consentimiento que mencionan los distintos ordenamientos procesales provinciales, pues la presentación acusando la caducidad de la instancia importa el no consentimiento de la actuación impulsora, que no se encontraba firme (cfr. Louftayf Ranea-Ovejero López, ob. cit., pág. 449)" (CSJT, sentencia Nº 746 de fecha 29 de septiembre de 2004).

En efecto, "para que se opere la purga o convalidación de la caducidad de la instancia, deben concurrir los requisitos siguientes: a) vencimiento del plazo legal de caducidad; b) impulso procesal posterior al vencimiento del plazo antes mencionado; y c) consentimiento del acto de impulso procesal posterior al vencimiento del término de caducidad" (CSJT, sentencia Nº 552 de fecha 1 de julio de 2005).

En la especie, a partir de la presentación de fecha 27 de marzo de 2007 (fs. 97), la actora desiste de continuar la acción en contra de la firma S.A. Azucarera Justiniano Frías y pide la citación mediante edictos a quien o quienes se crean con derechos sobre el inmueble en cuestión. Como consecuencia de ello, se dictó providencia de fecha 4 de abril de 2007 (fs. 98), en donde además de tener desistida a la actora en contra de la mencionada sociedad, ordena la citación mediante edictos a quienes se creyeran con derechos sobre el inmueble "bajo apercibimiento de designárseles como su legítimo representante al señor Defensor Oficial de Ausentes que por turno corresponda". La citación por edictos se produce en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán, que se publican por diez días desde el 10/5/2007 hasta el 01/6/2007, conforme surge de fs. 99/100. En el mismo, se consignan los datos del inmueble y se cita a quienes se creyeran con derechos sobre el referido inmueble a fin de que dentro del término de seis días se apersonen y comparezcan a estar a derecho en el presente juicio. A pesar de ello, no existió presentación alguna.

Ante la falta de presentación en esa instancia -posterior a la publicación de edictos- por parte de la Provincia de Tucumán y, en consecuencia, la ausencia de planteo alguno en esa oportunidad a pesar de que fuera debidamente citada mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán -organismo que depende justamente de la Provincia de Tucumán-, se produce la purga, convalidación o saneamiento de la instancia en la cual se habían cumplido los requisitos legales para que opere la perención, y no obsta a lo concluido las modificaciones en los datos catastrales (conf. 117), dado que, a pesar de ello, la Provincia de Tucumán se encontraba en condiciones de advertir que el inmueble pertenecía a su propiedad a partir de los datos consignados en la publicación -como de hecho ocurrió-. En ese sentido, calificada jurisprudencia señaló que "Tiene decidido la sala que la falta de apersonamiento del demandado, pese a la citación que por edictos se le efectuara, purga la perención que pudiera haberse operado en el proceso y, por lo tanto, de conformidad con lo establecido por el art. 315 del Código Procesal, no puede la Defensora Oficial acusar una caducidad de instancia que se encuentra subsanada ('Capozzolo, Héctor Francisco Domingo c. Fariña, Luis', del 30/10/2001)" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, "Baek Jim Min s/ Ped. de quiebra" de fecha 14/12/2004).

Por su parte, en autos, ante la falta de presentación de persona alguna con posterioridad a la publicación de edictos, se remiten las actuaciones al señor Defensor Oficial de turno a fin de que tome intervención en representación del ausente (fs. 102), el cual solicita medidas tendientes a la identificación del titular de dominio del inmueble en cuestión -lo que constituye un acto de impulso procesal-, concretamente, requiere que se libre un nuevo oficio al Área de Inmuebles Fiscales perteneciente a la Dirección General de Catastro a fin de que informe si el inmueble objeto del juicio se encuentra registrado como propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán y se acompañe copia de plano de mensura (conf. fs. 103/105). Al actuar de ese modo el Defensor Oficial -que interviene en representación del demandado (conf., Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, in re "La Media Luna S.A. vs. Provincia de Buenos Aires", de fecha 21/4/2010)-, es decir, sin plantear nada sobre la caducidad de instancia, no pueden quedar dudas que se ha producido la convalidación de lo actuado en el proceso, quedando purgada la caducidad alegada.

La posterior presentación en autos de la Provincia de Tucumán, luego de las actuaciones referenciadas y de efectivizada la medida solicitada por el señor Defensor Oficial (en presentación de fs. 103/105), y el planteo de caducidad de instancia efectuado por la Provincia (fs. 171/172 y vta.), no puede pretender retrotraer válidamente o prevalerse del periodo anterior en que el curso de la caducidad se hubo cumplido, soslayando de esa forma la existencia en autos de las actuaciones por las que se advierte purgada la caducidad y que, por otra parte, han sido antecedentes de su presentación en juicio. Es decir, en las peculiares circunstancias del caso bajo estudio -en donde la Provincia de Tucumán fue notificada mediante edictos-, no debe confundirse el traslado dispuesto a la Provincia de Tucumán mediante providencia de fecha 20 de mayo de 2011 (fs. 164) a los efectos de garantizar en forma plena el derecho de defensa del titular de dominio del inmueble que se pretende usucapir, con la posibilidad de realizar planteos sobre cuestiones precluidas o circunstancias purgadas en las actuaciones previas a su primera citación -realizada a través de edictos-.

Corresponde recordar aquí, que esta Corte destacó reiteradamente que "la perención de instancia debe analizarse de conformidad con las particularidades de cada caso, por lo que, tratándose de un modo anormal de terminación del proceso corresponde su interpretación restrictiva, atendiendo a la necesidad de conservar la instancia en supuesto de duda" (CSJT, sentencia Nº 679 de fecha 8 de julio de 2009), de conformidad también, a lo establecido en el art. 203, in fine, del CPCCT. En tal sentido, y resultando las circunstancias de autos suficientes para evidenciar la purga, convalidación o saneamiento de la instancia en la cual se habían cumplido los requisitos legales para que opere la perención, en tanto se encuentra presentes los requisitos de la misma, a saber: a) vencimiento del plazo legal de caducidad; b) impulso procesal posterior al vencimiento del plazo antes mencionado; y c) consentimiento del acto de impulso procesal posterior al vencimiento del término de caducidad, corresponde, en consecuencia, el rechazo del planteo de caducidad de instancia deducido por la Provincia de Tucumán a fs. 171/172 y vta..

Las costas se imponen a la demandada vencida, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 105, primera parte del CPCCT).

ANTONIO GANDUR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ Voto en disidencia de la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar:

Comparto la solución del caso formulada en el voto del señor vocal preopinante del doctor Antonio Gandur en el sentido que se ha producido la subsanación de la perención alegada en autos toda vez que -como lo advierte el dictamen del Ministerio Fiscal de fs. 178- "luego de la publicación de los edictos de ley en el Boletín Oficial no se presentó la titular de dominio, de modo que la caducidad quedó purgada por el transcurso del plazo de ley para interponer el respectivo incidente (art. 207 CPCC), que no fue formulado oportunamente".

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.