marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado
Materia: CIVIL - PROCESAL
Carátula: HOTELERA RIO DE LA PLATA S.A.C.I. c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ HECHOS ILICITOS DE MAGISTRADOS.    RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.   PRESCRIPCION- CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-04

Corresponde hacer lugar a la prescripción si de las constancias de la causa surge que -aproximadamente un año después de librado el oficio que originó el perjuicio reclamado- la actora solicitó la expedición de un testimonio de varias piezas del expediente entre las que figuraba la copia de la referida comunicación.
Repetición de impuestos, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: ARSENIO SARNOVICH Y COMPAÑIA  S.A.I.C. s/ DEMANDA DE REPETICION - INTERESES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-12

La norma principal en cuanto a intereses en materia de repeticiones, es la prevista en el art. 161 de la ley 11.683 (t.o.

1978) y toda vez que ésta no contempla una determinada tasa, el tema debe resolverse utilizando la del 6% anual que es la que judicialmente se aplica cuando se trata de determinar el interés "puro" es decir el correspondiente a capitales reajustados.
Derecho de retención, medidas de seguridad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SORIA, MARTA E. Y SORIA, ARGENTINA c/ BRAVO, LUIS AARON s/ INCIDENTE SUSTITUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1985-09-17

EL DERECHO DE RETENCION CONSTITUYE UNA MEDIDA DE SEGURIDAD Y DE GARANTIA DE QUIEN LO EJERCE, ASIMILABLE A LAS MEDIDAS CAUTELARES, Y RESULTA ABUSIVO Y ANTIFUNCIONAL QUE SE PRETENDA UTILIZAR ESTE DERECHO COMO INSTRUMENTO DE PRESION PARA OBTENER DE LA OTRA PARTE UNA PRESTACION CUESTIONADA.
Acto administrativo, plazo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PASARELLA NICOLAS LUIS; PALMA EDGAR OSCAR Y ALVARADO MARIO RICARDO RAUL c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLANA JURISDICCION NAVARRO NANCY DEL CARMEN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-03-18|2008-02-22

Dada la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria de que gozan los actos administrativos como expresión de la voluntad estatal, la posibilidad de revisión judicial de éstos se complementa con plazos breves, que son plazos de caducidad. La caducidad de los plazos procesales, torna al acto inimpugnable al extremo de la cosa juzgada y cierra la posibilidad de cuestionarlo ante la Justicia. La fundamentación de este principio estriba en la necesidad de dar pronta seguridad jurídica y estabilidad a los actos de los poderes públicos; sin que se arribe al extremo de propiciar su generalizada aplicación incurriendo en un exceso ritual manifiesto y la pérdida de derechos sustanciales de los administrados, sino más bien tender a asegurar la vigencia del principio de tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución Provincial en su artículo 48.
Expropiación, declaración de utilidad pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de la Capital c/ Isabel A. Elortondo s/ expropiación - inconstitucionalidad de la Ley del 31 de octubre de 1884
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1888-04-14

El derecho de expropiación por utilidad pública, tal como ha sido incorporado a la Constitución y como lo admite la legislación de los países libres, no se extiende a nada más que a autorizar la ocupación de aquella parte de la propiedad privada que sea indispensable para la ejecución de la obra pública.
Estabilidad del delegado gremial, trabajador en condiciones de jubilarse
Materia: LABORAL
Carátula: SALGADO Y SALGADO, ANTONIO c/ ADMINISTRACION  GENERAL DE EMISORAS COMERCIALES DE RADIO Y TELEVISION s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-02-28

El hecho de encontrarse en condiciones de jubilarse, no afecta el derecho del trabajador a ser indemnizado en caso de despido durante el lapso de estabilidad gremial.
Derecho procesal, resoluciones judiciales
Materia: PENAL
Carátula: A. C. A. c/  s/ ABUSO SEXUAL 'IMPUGNACIÓN EXTRAORDINARIA'
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-11-26

El Tribunal de Impugnación (sin que hubiera argumentación en contrario) que el recurrente no ha efectuado algún planteo de inhibitoria o declinatoria ante el tribunal cordobés para neutralizar aquella afectación, hasta ahora inexistente (cfr. minuto 1:55 de la audiencia); situación que excluye el recurso extraordinario federal en tanto el riesgo eventual que menciona deriva de la propia conducta discrecional del apelante (Fallos: 298:220; 302:478 y 1397, entre muchos otros). Ello así, en tanto los derechos renunciados de esa forma obstan a la deducción del remedio federal (ídem, Fallos: 321:1338).
Despido, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Hermida, Marcelino c/ Droguería del Sud S.A. s/ Indemnización por despido, etc. Diaz, Roberto Isaac c/ Pena, Ignacio Emilio s/ Indemnización por despido, etc
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-09-05|1987-10-27

El principal puede incurrir en responsabilidad extracontractual si con motivo o en ocasión de despido comete un acto ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de aquella relación.
Recurso contencioso administrativo, impulso procesal, actos y diligencias procesales, caducidad, confirmación del acto jurídico, consentimiento, fiscal de Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Toretta, Santiago Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Contancioso Administrativo de Plena Jurisdicción. Incidente   de caducidad deducido por la demandada (EXPTE CSJ Nº 194- 86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-01

La sola voluntad de las partes de mantener vivo el proceso resulta inepto como acto interruptivo de la caducidad, si no se exterioriza en actos materiales, realizados en tiempo y forma, tendientes a hacerlo avanzar. La comparecencia a los autos de nuevo apoderado (en el caso, la Fiscal de Estado) y su pedido de intervención, no constituye un acto de impulso procesal, porque mediante él no se insta o realiza diligencia alguna adecuada al estado de la causa, siendo que la relación procesal se hallaba regularmente integrada con la presencia de ambas partes y la presentación no está dirigida a provocar una innovación o mutación en el estado de la causa.
Cuota alimentaria, actualización monetaria, convertibilidad
Materia: CIVIL
Carátula: C. de D.M.C. c/ D.M.C. s/ Alimentos (inc. art. 650  C.P.C.C. )
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-05

Si se aplica estrictamente el régimen previsto en la ley 23.928 de convertibilidad del austral, de continuar la inflación de algún nivel, no podría el alimentario responder frente a los gastos de mantención, de educación, esparcimiento, etc. (art. 267 del Código Civil), sin riesgo de que, al correr de los períodos mensuales de la cuota alimentaria ya no sirva a la finalidad de su imposición, creando la necesidad de los alimentados de promover constantemente sucesivos incidentes de aumento de cuota, lo cual indica que no debe extenderse a la obligación alimentaria el congelamiento impuesto por el art. 10 de la mentada ley 23.928.
Revocación de sentencia, declaración indagatoria
Materia: PROCESAL
Carátula: P., N. J. y otro c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-12-27

El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal "P., N. J. y otro s/ medidas" (Causa n° 59.936/2018) resuelta el 27/12/18 donde, en mayoría, los vocales Hernán Martín López y Mauro Divito revocaron la decisión del juez de la instancia de origen que no hizo lugar al pedido de indagatorias oportunamente solicitado por el fiscal en actuaciones cuya instrucción estaba a su cargo (art. 196 del CPPN) y devolvió la causa.
Homicidio calificado, atenuantes extraordinarias
Materia: PENAL
Carátula: Domingo de Armoa, María Elisa s/ Homicidio calificado Castro, María del Carmen s/ Homicidio calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28|1997-05-13

El inciso 1 del art. 80 del C.P. incluye junto al conyugal otros vínculos (que, por consiguiente, también resultan alcanzados por el último párrafo del art. 80); y la presencia allí de todos ellos sumada a la naturaleza de la calificante evidencian que existe un común fundamento del severo régimen punitivo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pericia médica
Materia: LABORAL
Carátula: Ríos, Santos A. c/ Metalúrgica Rioplatense S.A. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo exhibe el intento de disputar al juzgador la facultad que tiene para la evaluación del material probatorio y en consecuencia adjudicarle -en el caso a las pericias médicas- la eficacia probatoria pertinente.
Control de constitucionalidad, control difuso, facultades del juez, actuación de oficio, división de poderes
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Comisión Municipal de la Vivienda c/ Sazatornil, Vanesa s/ Aut. Adm. Actora s/ Aut. Adm. Actora
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-04-23

Los jueces tienen la atribución y el deber de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión comparándolas con el texto de la constitución, para indagar si guardan o no conformidad con ésta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella. Constituye uno de los fines superiores y fundamentales del Poder Judicial y una de las mayores garantías con que se ha pretendido asegurar los derechos consagrados en la constitución contra los abusos posibles de los poderes públicos, esta atribución que es derivación forzosa de la distinción que la Constitución Nacional formula entre los poderes constituyente y legislativo ordinario y de la naturaleza necesariamente subordinada del segundo (cf. Fallos; 33:162). Tampoco puede verse en tal facultad un desequilibrio de poderes a favor del judicial, en desmedro de los otros dos. Dado que si la atribución de revisar la constitucionalidad de los actos normativos no es considerada una indebida injerencia de los jueces cuando se efectúa a petición de parte, resultaría ilógico sostener que el ejercicio de idéntica facultad produce distintas consecuencias si el control es ejercido de oficio. Si el control de constitucionalidad lesionase la separación de poderes, la petición expresa no purgaría el vicio. Así, no puede verse quebrada la división de poderes, en este proceso, si se efectúa de oficio el test de constitucionalidad de una ley, en el marco de la causa, y limitándose los efectos de la sentencia a la inaplicabilidad de la norma en este caso, careciendo de un efecto derogatorio genérico.
Contrato de hospedaje, ley de defensa del consumidor
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rios Ordoñez, Ignacio María c/ Irsa-Galerías Pacífico SA UT s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Dicho de otro modo, no fue rebatido que, más allá de la condición de consumidor que ostenta el actor, ninguna norma contenida en la ley 24240 fue violentada por la sociedad explotadora del mencionado establecimiento hotelero.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), falta de prueba, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESPINOZA, ADOLFO ANDRES c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-03-16

En cuanto al agravio referido a la arbitrariedad probatoria atribuida por el impugnante al Tribunal a quo respecto a la falta de acreditación del acaecimiento del accidente de naturaleza laboral y de la incapacidad resultante para el actor, es dable advertir que la misma no es tal, toda vez que no luce irrazonable ni se advierte la arbitrariedad endilgada por el recurrente en la decisión del Tribunal a quo, al colegir que la aseguradora demandada rechazó el accidente denunciado, y que el actor no produjo ninguna prueba -ni del efectivo acaecimiento del accidente, ni de las tareas desarrolladas- por lo que no puede considerarse acreditado el nexo de causalidad, como tampoco puede afirmarse que la patología detectada por el perito sea de naturaleza laboral.
Ley procesal, interpretación de la ley, jurisprudencia, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, obligatoriedad del fallo plenario, plazo, leyes, aplicación supletoria de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ Cuestión a resolver: Después de transcurridos cinco años, ¿Es   obligatorio el fallo pleno (artículo 28 de la ley 10160) No   modificado expresamente? (Tribunal pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-13

El anterior Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial (ley 2924), a fin de superar el problema de decisiones contradictorias por parte de distintos tribunales de segunda instancia de la Provincia, en cuestiones de derecho, previó en su artículo 672 que se pudiese dictar sentencia por un "Tribunal Pleno" -integrado por magistrados de las circunscripciones judiciales existentes entonces- "que unificase así la jurisprudencia". La solución adoptada en el artículo 672, no dio los resultados que se esperaban, principalmente por carecer los fallos de imperatividad en el futuro en cuanto a la interpretación establecida. De allí que el nuevo Código (ley 5531) en su artículo 375, dispusiera que en las mismas circunstancias, la tesis mayoritaria que se aceptase en la sentencia que dictase el "tribunal plenario" -formado por todos los miembros de los tribunales de segunda instancia del mismo fuero de la Provincia- "será obligatoria para los tribunales de segunda instancia que entiendan de procesos que se resuelvan con posterioridad al plenario". A su vez, estableció que el criterio adoptado "podrá ser sometido a revisión de oficio o a pedido de parte, después de cinco años de dictado el pronunciamiento". De tal forma salvó la omisión señalada del Código anterior, pero a su vez incurrió en una nueva, al no decir que la interpretación dada también sería obligatoria para los jueces inferiores, tal como lo hace el artículo 29 de la ley 10160.

(Del Voto del Dr. Serralunga).
Intereses, tasas de interés, modificación de la tasa de interés
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Hipotecario Nacional c/ A. Bernasconi y Cía.  S.R.L. s/ Ejecución Hipotecaria
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-15

La alegada exorbitancia de las tasas de interés a aplicar no queda demostrada por su sola mención, sino que dependerá en todo caso en la medida en que el proceso de envilecimiento de la moneda haya afectado a los capitales sobre los cuales esas tasas hayan de jugar.
Ejecución de sentencia penal, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: Paroli, Luis María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-07-27

Corresponde anular la resolución que omitió tratar el planteo efectuado por la defensa, en punto a que la medida de seguridad impuesta no fuera competencia de los jueces de ejecución, sino que debería quedar bajo el exclusivo control de la Justicia Civil. La disidencia sostuvo que es la decisión jurisdiccional de un juez penal ante la imputación delictual del sujeto susceptible de ser sometido a una medida de seguridad, lo que desde su origen decide y define que aquél quede sometido a esa jurisdicción y no a la civil que actúa en los demás casos no concebidos en la ley penal. (Dres. Tragant y Riggi -en disidencia-).
Derechos irrenunciables, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CATENA, FRANCISCO c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

El art. 24 de la ley 24.463 vulnera diversos preceptos constitucionales. Así, aparecen afectados, entre otros: el derecho de peticionar ante las autoridades conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, del que la acción judicial ejercitada a través del recurso es una especie (art. 14); el derecho al goce de los beneficios de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, cuya demora en su eventual reconocimiento y goce podrían tornarlos ilusorios (art. 14 nuevo); la igualdad ante la ley por la posición de privilegio en que se coloca el Estado al dilatar el trámite siendo que, más allá de cualquier eufemismo en torno a la naturaleza jurídica del organismo demandado, lo cierto es que su patrimonio podría verse comprometido por una sentencia adversa (art. 16); el derecho de propiedad, entendido este en sentido amplio (art. 17); las garantías del juez natural, el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18); la garantía de legalidad, pues retroactivamente se privaría al particular de los efectos de un acto -el recurso- legítimamente cumplido (art. 19). Los derechos y garantías hasta aquí citados deben entenderse afianzados aún más por la jerarquía constitucional que otorga el inc. 22 del art. 75 de la Ley Suprema a diversos tratados y concordatos. Por lo expuesto, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo referido. (Del voto del Dr. Fasciolo).
Trabajadores ferroviarios, policía ferroviaria, cesantía
Materia: LABORAL
Carátula: VEGA, ISAURO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-09-30

Pudo válidamente la patronal disponer la cesantía del encargado de turno del cuerpo de vigilancia que no cumplió con el deber de informar los malos tratos a que fue sometido por sus auxiliares un tercero, ni registró la novedad ya que se transformó en cómplice de un hecho grave que afecta el concepto que debe merecerle al público el Cuerpo de Vigilancia de la Policía Ferroviaria. (Voto del Dr.

Vázquez Vialard, en disidencia votó el Dr. Santa María).
Concursos, privilegios (comercial), liquidación del asegurador, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: FEBO CIA. DE SEGUROS SA s/ LIQUIDACION  S/ INC. DE VERIFICACION POR INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-02-28

Procede la repotenciación del crédito privilegiado por la l.17418 Art. 160 y esa actualización goza de igual preferencia; ello con la salvedad de que, dada la índole de la compañía de seguros liquidada, es conjeturable la existencia de otros eventuales acreedores de similar condición a la de la incidentista, por lo que en tal caso, llegado el momento de distribución deberá el liquidador prorratear los importes correspondientes al rubro de que se trata, en proporción al crédito de cada uno de ellos.
Accidente de tránsito, vehículo embistente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez, Hugo c/ Cerrutti, Pedro Antonio y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-14

Cabe presumir que es culpable el conductor del automotor que embiste a otro; presunción que es susceptible de ser desvirtuada por prueba en contrario.-
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Kang, Yong Soo s/ causa Nº 5742.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-15

La omisión del tribunal de última instancia designado por las leyes 48 o 4055 de pronunciarse sobre la cuestión federal involucrada, constituye un obstáculo para que la Corte Suprema pueda ejercer su competencia apelada.
Administración de Parques Nacionales, jurisdicción, parques nacionales, dominio público provincial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Misiones, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ nulidad de acto administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-05-13

No hay ninguna razón que autorice a desconocer la validez de las resoluciones de la Administración de Parques Nacionales 174/06, 007/08 y la resolución 249/08 de la Secretaría de Turismo si el organismo mencionado es competente como autoridad de aplicación de la ley 22.351 para admitir o rechazar el proyecto "Globo Aerostático Cautivo", pese a llevarse adelante en un bien inmueble que pertenece a la Provincia de Misiones luego de ser cedido por la Nación y transferido por el Consejo General de Educación.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, depósito previo, plazos procesales, plazo perentorio, intimación de pago, oportunidad procesal, desistimiento del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Telmex Argentina S.A. c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Telmex Argentina SA s/ infr. art(s). 2.1.15, Zanjas y pozos en la vía pública Hermida, Víctor Daniel c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Hermida, Víctor Daniel c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-28|2018-02-28

El plazo previsto en el artículo 33 de la ley n° 402 (según texto del art. 1° de la ley n° 5092), para la integración del depósito exigido para la interposición del recurso de queja, es perentorio. Voto de los jueces Ana María Conde, Alicia E. C. Ruiz y Luis Francisco Lozano.
Accidentes de trabajo, indemnización tarifada, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: CASTAÑO, LEONARDO c/ LIX KLETT  S.A.I.C. s/ ACCIDENTE - COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-18

Resulta improcedente el reclamo por daño moral cuando el régimen elegido para accionar es de carácter tarifario (ley 9688), que incluye en su sistema indemnizatorio la totalidad de los daños ocasionados a la víctima.
Empleados públicos, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Chillik, Mónica G. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-09-06

La regularidad del nombramiento del agente público debe evaluarse conforme a las normas vigentes a la fecha de la designación.
Querellante, rol de querellante, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Dieguez Herrera, Esteban s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-06

No resulta objetable que sea el querellante quien reclame al tribunal la prosecución del proceso, por más que en el precedente "Santillán" la participación que se habilitó se situaba en un segmento del proceso posterior al analizado, cierto es, que nada impide habilitar la misma función para la etapa preliminar del proceso.