marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Proceso judicial, etapas del proceso, diligencias preliminares, rendición de cuentas
Materia: PROCESAL
Carátula: "Enecor  SA  -inc  Rendición  de Cuentas c/ Consejo Federal de laEnergía Eléctrica (CFEE) s/ Deligencia Preliminar".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-20

El trámite previsto por la ley procesal relativo a la medida preliminar por la que se procura la citación para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas (art. 323, inc. 10 del C.P.C.C.N.) seguida del previsto por el título IV del Libro Cuarto del C.P.C.C.N. no resulta aplicable en materia regulada por las normas y principios del derecho administrativo (Cons. 9°).
Recurso de revisión (procesal), hechos nuevos
Materia: PENAL
Carátula: Nardini, Angel Hugo s/ Recurso de revisión interpuesto por el nombrado en la causa 63.481
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

No existe violación del art. 315 inc. 8 del Código de Procedimiento Penal si en el caso no se descubrieron "nuevas pruebas que demuestren evidentemente que el delito no existe, o que no es autor del mismo el acusado".
Recurso de casación, improcedencia del recurso, cuestión de derecho común, sentencia arbitraria, pago
Materia: PROCESAL
Carátula: Hernández, Humberto Aníbal c/ Frigorífico Siracusa S.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1994-08-02

El pronunciamiento se funda en que, en el marco de la Convención 32-89, el actor fue personal jornalizado, al que debió retribuirse por semana o por quincena de conformidad al art. 126 inc. "b", Ley Contrato de Trabajo, y ésta aparece como una interpretación razonada de conformidad con el derecho vigente, que se atiene al texto convencional, de tal suerte que excluye todo ataque de arbitrariedad.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lens Héctor Rubén c/ Messina de Pellisari Susana Cristina s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

Encontrándose trabada la litis de desalojo, no figurando la demandada como locataria en la prueba documental ajenada, más allá de lo que logre probar en la instancia procesal oportuna, se torna verosímil el derecho invocado por el actor que si surge como locatario del bien cuyo desahucio persigue; y ante la posibilidad de graves perjuicios, resulta procedente mantener la medida cautelar dispuesta (art. 676 bis del C.P.C.B.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, debido proceso, sentencia condenatoria, acusación, prueba, requerimiento de elevación a juicio, acusación fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: RODRIGUEZ MC CORMACK, MARTA s/ RECURSO DE CASACION Causa 303
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-29

En el actual sistema procesal penal, la acusación se integra con dos actos procesales distintos y complementarios que tienen características particulares tales que impiden sostener que cualquiera de ellos cumple, por sí solo, con la exigencia del art.

18 de la C.N. en el sentido de que, presupuesto de una sentencia condenatoria en materia penal, es que haya mediado acusación y prueba. Que el requerimiento de elevación a juicio regulado por el art. 347 C.P.P.N. es un requisito indispensable para la apertura del juicio propiamente dicho, en tanto él fija el límite de su objetividad fáctica. Que dicho acto de promoción de la acción penal es, por cierto, un acto de acusación sólo en el sentido de que expresa oficialmente la sustancia del interés del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal contra el imputado. (del voto de la Dra. Berraz de Vidal)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, proceso penal, jueces, calificación jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: G., R. E.; G., D. D.; G., R. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA (EXPTE.: C.S.J. NRO. 507 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-03-14

Corresponde rechazar la queja fundada en que se violó la garantía de la defensa en juicio por cuanto los imputados no tuvieron oportunidad de defenderse de un delito que no fuera 'materia de acusación ni prueba durante el juicio", no pudiéndose otorgar validez al cambio de calificación operado en la medida que la condena no recae sobre el mismo hecho investigado durante todo este proceso, desde que no logra demostrar la irrazonabilidad de la respuesta jurisdiccional al arribar a la conclusión condenatoria por la figura penal más gravosa.

Al respecto, debe señalarse que de la sentencia de primera instancia surge que se dictó auto de procesamiento por tentativa de robo calificado contra los imputados, que el Fiscal acusó por tal ilícito, que en las conclusiones se solicitó pena por dicha figura y que la resolución más benigna de baja instancia se fundó exclusivamente en cuestiones de insuficiencia probatoria, y no por una supuesta ausencia de imputación o acusación fiscal sobre el punto.
Propiedad horizontal, consorcio de propietarios, locación de obra, responsabilidad del empresario, ruina
Materia: CIVIL
Carátula: CUSA DE GISPERT, NELLY DORIS c/ CONS.DE PROPIETARIOS CERVIÑO 3523 s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-21

Cuando el problema en el departamento de la actora que apareció al poco tiempo de haber adquirido la unidad, radica en las cañerías estructurales de la unidad las que, sin que se pueda determinar con certeza, probablemente o no existen o están tapadas desde que el departamento se construyó, se trata de un caso de "ruina funcional" por la que debe responder aquél a quien se le haya encargado la obra, sin importar si es sólo una parte aún ínfima y accesoria dentro de la obra total. En su caso, responderá asimismo la vendedora, conforme a lo normado en los arts. 1414, 2164 y concordantes del Código Civil, pudiendo el comprador ejercer la acción oblicua prevista en el art. 1196 del citado ordenamiento contra el empresario. Por estas razones el consorcio de propietarios no es responsable del daño sufrido por el actor.
Recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso, prófugo
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Venturini, Héctor Raúl s/ homicidio culposo y lesiones culposas -Causa nx 26.334-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

La circunstancia de que el recurrente se encuentre prófugo obsta a la procedencia de la queja.
Pensión por invalidez, Derechos humanos
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Silva Leal, Alicia c/ Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales s/ amparos y sumarísimos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-03

Los recaudos exigidos por el decreto 432/97, reglamentario de la ley 13.478 y sus modificatorias, permiten concluir que la norma apunta a reconocer el acceso al beneficio a aquellos que se encuentran en contingencias sociales absolutamente extremas, vale decir, situaciones que ponen en juego la subsistencia misma de la persona humana carente de recursos o amparo, para usar vocablos del propio decreto 432/97 y, con ello, la vigencia efectiva de sus derechos fundamentales básicos (Disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti).
Prueba testimonial, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Yapura, Diego José Antonio s/ Recurso Extraordinario deducido c/ Sentencia Nº 29/11  de Expte. Corte 02/11: Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 57/10 en causa Expte. Letra Q-Y Nº 96/10
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-04-23

La Cámara en lo Criminal condenó al imputado a sufrir la pena de Prisión Perpetua, como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causa.

En contra de esa resolución, el defensor del imputado había articulado Recurso de Casación, al que esta Corte no hizo lugar.

En contra de la nominada resolución de esta Corte, el nombrado defensor interpone el presente remedio federal.

A título de agravio, quien recurre invoca la arbitrariedad de la sentencia por errónea aplicación de la sana crítica racional en la valoración de la prueba.

el recurrente se desentiende de los argumentos de la sentencia vinculados con la valoración de los testimonios de quienes en el juicio, refiriéndose a la personalidad del imputado, dejaron en claro que no es persona de amedrentarse, con lo que sus declaraciones echaron por tierra la justificación ensayada por éste con relación a las supuestas amenazas con que el coautor habría logrado doblegarlo en la oportunidad, primero para impedir su intervención en defensa de la víctima y después para que lo ayude a esconder su cadáver.

Ese concepto de los testigos sobre el carácter del imputado fue ponderado como incongruente con el temor que éste dijo haber sufrido en la ocasión por las amenazas del coautor condenado, y obviamente por la impresión de credibilidad que en el juicio causaron ambos declarantes, sus dichos fueron invocados en la sentencia condenatoria como otro elemento de juicio que desvirtuaba su postura defensiva.

Sin embargo, la defensa omite refutar los argumentos del fallo de esta Corte vinculados con esa valoración y con su compatibilidad con los informes psicológicos que dan cuenta de rasgos propios de conducta manipuladora en la personalidad de su defendido y de la no detección de tendencia a la manipulación en el coimputado. Como consecuencia de ello, por falta de crítica, los fundamentos al respecto quedan en pie como sustento válido de lo decidido.

De modo que, después del escrutinio exhaustivo del recurso concluye el Tribunal que los agravios expuestos carecen de fundamentos que justifiquen la procurada revisión de lo resuelto por la Corte Suprema.

Por lo expuesto, corresponde no conceder el Recurso Extraordinario deducido.
Locación, tácita reconducción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Crich c/ Ruiz Díaz de García s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-08-16

El sólo hecho de haber continuado pagando alquileres, aun en el caso de probar este hecho, no implica la existencia de un nuevo contrato de locación sino una mera tolerancia del locador de carácter precario, que puede ser interrumpida en cualquier momento por éste mediante la respectiva acción de desalojo.
Contrato de obra pública, certificados de obra, Banco Nacional de Desarrollo, banco central, responsabilidad del banco
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VIALCO  S.A. c/ AGUA Y ENERGIA ELECTRICA s/ ORDINARIO - OBRA PUBLICA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-07

Resultan inimputables al B.C.R.A., los daños y perjuicios, cuando este ha sido ajeno al negocio jurídico celebrado entre la actora y el Banco Nacional de Desarrollo, cualquiera haya sido la naturaleza jurídica de la operación crediticia -cesión de certificados o caución de éstos-, lo que no implica que dichos daños puedan resultar de los intereses directos sobre los certificados, previstos en el art. 48 de la ley 13.064 y no los abonados por la actora al BANADE, certificados que por no haber sido abonados en término generó que el mismo debitará a la actora intereses moratorios, cuyo monto es el que reclama en concepto de daños y perjuicios.

No puede la recurrente para hacer valer sus derechos, en una liquidación que si bien practicada por organismos de la demandada, su titular no suscribió el acto administrativo correspondiente por el cual se la reconociere el pretendido derecho.
Recusación, recusación por denuncia o acusación, procesado, jueces, juicio político
Materia: PROCESAL
Carátula: FALBO, Oscar s/ RECUSACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-07-04

La sola denuncia que formula un procesado contra un Magistrado no puede considerarse suficiente para dar lugar a la recusación, pues de admitirse tal circunstancia, se daría lugar a la posibilidad de crear artificiosamente y sin fundamento real, causales de recusación exclusivamente deferidas al puro arbitrio de la parte interesada, teniéndose en cuenta que la recusación del Juez con base en lo prescripto por el inc. 3 del art. 75 del CPC, sólo es procedente cuando se declara hacer lugar a la promoción del enjuiciamiento político, lo que no ha ocurrido aún en el caso de autos.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, ley penal, interpretación de la ley, automotor decomisado, acción de restitución, testaferro
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MEDINA, MARTIN WALTER; GOROSITO, SILVANA JESICA; BARRIOS, VANESA; CANTERO, ARIEL MAXIMO c/  s/ ASOCIACION ILICITA -APELA DECOMISO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-28

Las alegaciones del compareciente invocando una arbitraria y contra legem interpretación del artículo 23 del Código Penal (por cuanto entiende que dicha norma sólo protege a los terceros que tengan alguna pretensión sobre los bienes decomisados pero no a los titulares registrales a los cuales se les decomisa el bien) no logran conmover los argumentos de la Alzada, atento que la resolución de decomiso se sustentó justamente en su calidad de tercero testaferro o prestanombre, sin que pueda dejar de señalarse que lo resuelto no cancela la posibilidad de entablar -por quienes se consideren afectados en sus derechos- las acciones correspondientes por las vías administrativas o civiles respectivas.
Feria judicial, habilitación de feria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: F.A.V. c/ F.T.C. y P. s/ Acción declarativa (art. 322 Cod. Procesal)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-01-29

Las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son aquellas que entrañan para los litigantes riesgo serio e inminente de ver alterados sus derechos para cuya tutela se requiere protección jurisdiccional, pues la intervención de los tribunales de feria tiende, en principio, a asegurar únicamente el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de medidas ya decretadas, debiendo siempre concurrir alguno de los supuestos de excepción contemplados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -art. 153-
Defraudación, estafa, elemento subjetivo
Materia: PENAL
Carátula: G., O.O. s/ Administración Fraudulenta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-31

El factor subjetivo, debe ser ponderado como decisorio en la actividad estafatoria y explica el autor citado que cuando el sujeto activo considera que está actuando conforme a cánones de moral y de derecho, que está procediendo con la seguridad de no incurrir en transgresión, esa apreciación subjetiva elimina cualquier tinte delictivo a su proceder y mal podría atacarse su conducta como ardidosa. El accionar culposo no resulta suficiente y carece de entidad para la determinación de la estafa, pues el dolo es presupuesto obligado de la estafa.
Derecho administrativo, derechos de incidencia colectiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES DEPARTAMENTO ROSARIO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -SUMARIO LEY 10000- - RECURSO DE  INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 176-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

La equiparación entre interés simple e interés difuso que efectúe el legislador de la Provincia al redactar la ley 10000, tiene su explicación. En efecto, lo hizo así en razón de la falta de certeza en cuanto a la naturaleza jurídica de los "intereses difusos" cuestión que provoca y ha provocado consideraciones doctrinarias divergentes- para evitar que, por medio de interpretaciones restrictivas se dejasen sin tutela valores dignos de protección.
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, programa de urbanismo social
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Contreras Atarima, Carmen Rosario c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA).
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-03

No existe un derecho subjetivo de cualquier persona que la habilite a exigir en forma inmediata y directa de la Ciudad de Buenos Aires la plena satisfacción de su necesidad habitacional; sí, en cambio, para que el universo de destinatarios a quienes el GCBA debe asistir, pueda requerir la cobertura habitacional indispensable.
Sentencia arbitraria, declaración de inconstitucionalidad, haber jubilatorio, suspensión del beneficio, pena accesoria, ejecución de la pena, libertad condicional, libertad asistida
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal en la causa Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/ legajo de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-23

Es arbitraria la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 19, inciso 4, del Código Penal toda vez que no observó que la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, con el objetivo de evitar que medidas como la examinada -esto es, inhabilitaciones inherentes, en virtud de la regla del artículo 12 del Código Penal, a las penas privativas de la libertad mayores a tres años - pudieran obstaculizar de algún modo el reingreso a la vida social del penado, dispone que quedarán suspendidas cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad condicional o la libertad asistida (artículo 220). - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, obligaciones solidarias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLAMARIQUE OSVALDO c/ JUAN SUTER s/ d - y p (LIBRO: S085 - 475)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-12-16

No se trata de obligaciones solidarias aunque el efecto esencial de ésta sea el mismo que en estas obligaciones concurrentes, tal el de poder reclamar el total a cualquiera de los deudores. Pero en sus efectos secundarios están las diferencias, porque la obligación solidaria es una sola, mientras que las concurrentes son varias, relacionadas por tener idéntico objeto y beneficiar a un mismo acreedor. Por otra parte tienen un régimen distinto de las solidarias en lo que hace a las relaciones internas de contribución, y que serán objeto, si proceden de las acciones correspondientes.-
Recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RECAMAN, BENJAMIN WASHIGNTON c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     INCIDENTE DE  OPOSICION  A  LA  AMPLIACION  ORIGINAL PLANTEADA EN LA  DEMANDA     CSJ EXPTE NRO 255-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-11-09

La resolución que cause estado es la que confiere la materia para un procedimiento que por su estructura procesal constituye "un verdadero juicio ordinario o común en lo administrativo".
Derechos del empleador, facultad de organización, despido, indemnización por despido, riesgo empresarial
Materia: LABORAL
Carátula: ROMUALDO, CARLOS c/ INSTITUTO  DE  SERVICIOS SOCIALES PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CARNE Y AFINES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

La reestructuración de la empresa es un acto facultativo del empleador y se inserta en su derecho privativo de organización, art.

64 LCT,. Si al vincularse con las relaciones contractuales resulta lesivo a los intereses de los trabajadores, corresponde que el empleador asuma toda la responsabilidad, en el caso indemnización por despido injustificado. Esta solución es inherente al riesgo empresario, concepto que no guarda ninguna relación con el fin de lucro de la empresa.
Demanda, identidad del demandado, individualización del demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: M., L. L. c/ LA COSTA S.R.L. s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS) s/CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-26

Asimismo, la correcta individualización del demandado es un requisito ineludible para evitar el pronunciamiento de un fallo de ejercicio imposible, al no ser la persona condenada aquella que realmente deberá padecer los efectos de la condena".
Sobreseimiento, falta de fundamentación, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: Ibarra, Graciela Aída s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-16

Carece de fundamentación el sobreseimiento si el a quo se limitó a señalar que no se habían incorporado elementos de prueba que permitan despejar la duda en que se fundó la falta de mérito dictada, sin analizar debidamente las probanzas incorporadas al proceso y los deberes que tienen los despachantes de aduana, entre los que se encuentra el de verificar el valor de la mercadería sobre la que le es requerida la documentación para su reexpedición, pues si bien no se pudo acreditar la participación de la encausada en la falsificación de las facturas con valores inferiores a los originales, ello no le quita responsabilidad por sus actos propios, ya que la tarea del despachante de aduana no es la de un mero gestor de documentación sino que debe tomar los recaudos necesarios tendientes a verificar que las operaciones de importación o exportación se lleven a cabo dentro de los márgenes de legalidad establecidos.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por el territorio, menores
Materia: PROCESAL
Carátula: G., C. D. s/ encubrimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-03

Si tanto el menor como su núcleo familiar se domicilian en la jurisdicción del tribunal nacional es ese juzgado al que le corresponde intervenir en las actuaciones motivadas en el secuestro de un ciclomotor.
Adopción, registro de adoptantes, facultades del juez, Convención sobre los derechos del niño
Materia: PROCESAL
Carátula: O., A. B. y F., L. M. s/ GUARDA CON FINES DE ADOPCION s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-10-04

En la nueva ley - 25854 -, el Registro Unico es el que, sin intervención de juez alguno, admite o rechaza las solicitudes de inscripción en la nómina de aspirantes. Si, además, es requisito esencial que el peticionante haya sido previamente incluido en esa nómina para poder obtener la guarda preadoptiva, al juez le estaría vedado ejercer un adecuado control de mérito para conceder las guardas prescindiendo de la nómina de aspirantes, no obstante considerarlo conveniente - de acuerdo con las circunstancias del caso - para preservar el interés del niño.

En tal sentido, no es posible hacer una interpretación literal y estricta del precepto. La realidad del foro ha de mostrar casos en los que, por diversas razones, la prudencia indica la conveniencia de otorgar la guarda y la ulterior adopción de un menor a una persona en particular y no a cualquiera, aunque no fuere escogida de una nómina de aspirantes.

Bien se ha dicho que todo instrumento legal en la materia debe tener como prioridad responder a los intereses de los niños. Si lo que el Registro ha buscado es eliminar los circuitos ilegales de acceso a su crianza o, en general, el tráfico, no es posible hacer del mentado Registro un fin en sí mismo, generando maniobras violatorias del derecho a la identidad de los niños.

Al respecto, también resulta esclarecedor a efectos de dilucidar que debe entenderse por "esencial" la diferencia entre el término "requisito esencial" y "requisito rígido" al que se refiere la Dra. Aída Kemmelmajer de Carlucci en su artículo "De los llamados requisitos rígidos de la Ley de Adopción y el interés superior del niño.

Breve paralelo de la jurisprudencia italiana y argentina" publicado en DJ, 1998 - III - 978, en el que pone de manifiesto el principio del interés superior del menor, reconocido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al que en honor a la brevedad, me remito.