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Estupefacientes, secuestro de bienes, cocaína, acta de secuestro, nulidad procesal, prueba, falta de prueba, prueba confesional
Materia: PROCESAL
Carátula: VALENZUELA, Carlos s/ ESTUPEFACIENTES. NULIDAD. ACTA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-29

Habiendo declarado el señor Juez a quo la nulidad del acta de secuestro referida al secuestro de cocaína, no puede arribarse a un pronunciamiento de condena por la sola confesión del imputado, no existiendo forma alguna de determinar el contenido del secuestro.
Beneficios previsionales, edad avanzada
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pacchini, Elidio Esteban c/ Pcia de Bs.As.(Instituto de Previsión Social) s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-10-13

El beneficio extraordinario instituído para cubrir la contingencia de la vejez pierde su razón de ser cuando un beneficio ordinario ampara la misma contingencia en absoluta identidad con la finalidad reparadora de trabajo realizado que define prioritariamente el sistema previsional.
Revocación de sentencia, procedimiento administrativo, nulidad del acto administrativo, caducidad del procedimiento administrativo, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Moreno, Raúl A. c/ Estado provincial e  I.P.P.S. s/ contencioso administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-20

Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento que rechazó la pretensión de nulidad del acto administrativo al sostener que la pretensión se ejerció fuera del plazo de caducidad dispuesto por la ley local, si la modificación de la ley que regula el proceso administrativo - ley 2403 de la Provincia de Catamarca - mediante el dictado de otra norma de igual jerarquía pero que ordena el procedimiento administrativo - ley 3559 y modificatorias - generó un conflicto de interpretación que condujo al a quo a la errónea aplciación del término contenido en el art. 6 de la ley 2403 en lugar del establecido en el art. 118 de la ley de procedimientos 3559 y modificatorias.
Cuota alimentaria, alimentante con recursos económicos, alimentado de escasos recursos
Materia: CIVIL
Carátula: Farjat, Lucy Edith c/ Babiez, Julio Baldomero s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-03-24

Uno de los par metros fundamentales que deben tenerse en cuenta para la determinación de los alimentos, son las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerlos y las necesidades del alimentado.-
Competencia civil y comercial federal, daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Fuerzas Armadas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BALBONI, RICARDO HECTOR c/ ESTADO  NACIONAL  -  GOBIERNO  DE  LA  NACION - MINISTERIO DE DEFENSA s/ RECLAMO   AL  ESTADO  FUNDADO  EN  EL  DERECHO  COMUN  -  COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-19

El actor persigue el cobro de una indemnización por los perjuicios de índole psíquica que dice haber padecido con motivo de su participación, con el grado de Cabo Principal de la Armada Argentina, en el "Operativo Malvinas". Encuadra la responsabilidad de la demandada en el art. 1113 del Código Civil y, si bien cita la ley 9688, lo hace sólo puntualizando que opta por la acción de derecho común que le acuerda el art. 17; señalando -con cita del caso "Gunther"- que la indemnización solicitada lo es sin perjuicio de la pensión por invalidez que le acuerdan las leyes respectivas.

Por virtud de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en el precedente citado y en la causa "Sonnante, Rosa Beatriz c/Estado Nacional y otro s/cobro de pesos", la circunstancia de que corresponda aplicar normas del derecho común conduce a admitir la competencia del fuero en lo civil y comercial federal, sin que forme obstáculo a esa atribución el carácter público y administrativo de la relación que vincula al Estado con las personas incorporadas a las fuerzas armadas -al menos en los conflictos suscitados entre los fueros federales en lo civil y comercial y en lo contencioso administrativo-.
Malversación de bienes privados equiparables a públicos, malversación culposa, secuestro de bienes, depósito de bienes embargados, depositario infiel, secretario judicial, responsabilidad del personal judicial
Materia: PENAL
Carátula: Mestre, H. s/ Malversación de caudales públicos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-16

1) La custodia de expedientes, documentos y bienes secuestrados afectados a las causas, es deber legal del Secretario Judicial conforme lo dispuesto por el inc. 5 del art. 163 de la ley 1.893, 2 de la ley 20.785 y 68 Y 135 del Reglamento para la Justicia Nacional, correspondiéndole la adopción de las medidas de custodia y conservación. (Del voto del Dr. Madueño).

2) La supuesta discrepancia entre el Secretario Judicial y el Magistrado, titular del juzgado, sobre el lugar en que debían guardarse los bienes afectados a una causa judicial, no excusan la responsabilidad del primero, si no se asentó en la causa la orden del juez en tal sentido. (Del voto de la Dra. Catucci).

3) Cabe reputar negligente la conducta del procesado, Secretario Judicial, que omitiendo su deber de vigilancia y cuidado de los bienes afectados a una investigación criminal, al recibir efectos de considerable valor, no extendió el correspondiente certificado en la causa con detalle de los mismos, colocándolos en un armario de metal sin suficiente seguridad, posibilitando con su conducta desaprensiva la sustracción de los valores por autores desconocidos.
Divorcio, sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: Z.J.H. c/ A.V.U. s/ Nulidad de Matrimonio
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-10-18

Ningún matrimonio será tenido por nulo sin sentencia que lo anule, dictada en un proceso promovido por parte legitimada para hacerlo (art. 239 del C.C.) y ante juez competente para ello (art. 227), no pudiendo la autoridad judicial declararla de oficio.

Concomitantemente, es parte legitimada para accionar cualquiera de los cónyuges (art. 219 del C.C.), que invocare como causal alguno de los supuestos contemplados en la norma.
Actualización monetaria, cómputo de la actualización, retiro de fondos
Materia: CIVIL
Carátula: J.V.M. c/ DI L.G.A. s/ EJECUCION DE CONVENIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-18

La depreciación monetaria debe detenerse en el momento en que el acreedor puede razonablemente retirar los fondos depositados por el deudor, en cumplimiento de la prestación debida (conf. C.N.Civ. Sala G, 15.003 del 25-6-85; íd. Sala E, C. 271.253 del 15-5-81; íd. R 282.732 del 16-7-82).
Aplicación de la ley, convenios colectivos de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Abrego, Fernando Carlos c/ Sade ICSA y-u Otros s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

Si en el convenio colectivo que se declaró aplicable a la relación laboral habida entre las partes no existe un plus por zona desfavorable, sino que por el contrario, para diferenciar las remuneraciones de los obreros que trabajan en los distintos lugares del país se ha dividido el mismo en zonas geográficas, tal como se desprende de los artículos 22, 37 y 41 del Convenio Colectivo Nro.

68-89, en modo alguno resulta pertinente aplicar adicionales que figuran en otros convenios, porque sobre el particular no es posible aplicar normas por analogía y menos aún estar a un informe, que -es evidente- resulta equívoco.
Recurso de casación, honorarios del abogado, base regulatoria, constitucionalidad
Materia: CIVIL
Carátula: CAMPOS, RAMON ALBERTO c/ EMPRESA CACORBA S.A.T. Y/O RESPONSABLE s/ INDEMNIZACION INTEGRAL POR OPCION DE LA ACCION COMUN, ETC. CASACION.  - CAJA POPULAR DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA c/ ESTABLECIMIENTO "LA ARMONIA" s/ EJECUCION HIPOTECARIA BRIZ VICENTE Y OTROS c/ TELECOM ARGENTINA S.A. Y/U OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-02-28|2000-05-15|2001-10-23

Si bien son irrecurribles las resoluciones referidas a la regulación de honorarios, cuando se discute la cuantía de éstos y la base establecida para fijarlos, el Superior Tribunal puede conocer en los recursos fundados en la violación de las garantías constitucionales de la propiedad y defensa en juicio, como así también en los casos en que se debaten el sentido jurídico de las normas, es decir, su interpretación, por lo que corresponde hacer lugar al recurso de casación.-
Notificación, nulidad de la notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RUIZ, JUAN c/ SEGUNDO CEJAS s/ REIVINDICACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-05-04

Es de interpretación restringida la nulidad notificatoria, por ello el juez, ante una situación concreta, puede convalidar la omisión o defecto de notificación dentro del marco del proceso si resulta inequívoco el conocimiento de los actos procesales cumplidos.
Fundamentación insuficiente, prueba testimonial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rendón Medinacelli de Márquez, Dora y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-27

Adolece de motivación la sentencia que otorgó "suficiente valor convictivo" a los dichos de un testigo -el querellante- afectado de inhabilidades relativas tales como interés, encono y fama discutibles, que además incurrió en inexactitudes y contradicciones sobre aspectos relevantes de lo que tales dichos estaban destinados a probar, e hizo lo propio con las manifestaciones de otro testigo, también afectado por su interés evidente en el desenlace de la causa, cuando aquéllas merecen decisivos reparos en cuanto a su credibilidad.
Pena, graduación de la pena, individualización de la pena, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, aplicación errónea de la ley, pena única, monto de la pena, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Silva, Esteban Nahuel s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-07

El tribunal de la instancia anterior omitió mencionar cuales eran las circunstancias referidas a la naturaleza del hecho, como a la personalidad del imputado, que había tenido en cuenta y de qué manera unas u otras influyeron en la graduación de la pena a imponer -positiva o negativamente- y cuál fue la impresión que el encausado causó durante el debate. Tal omisión define un claro defecto de fundamentación que, como tiene dicho esta Sala, constituye también inobservancia de la ley sustantiva reguladora de la graduación de la sanción aplicable (arts. 40 y 41 del C.P.). Corresponde además adecuar el monto de la pena única que se le impuso al nombrado -comprensiva de la anterior y de la pena de dos años de prisión en suspenso recaída en el Tribunal Oral en lo Criminal cuya condicionalidad fuera revocada-, fijándola en 4 (cuatro) años y 6 (seis) meses de prisión y accesorias legales. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhiere el Dr. Hornos, Dra. Berraz de Vidal, en disidencia parcial).
Fertilización asistida, recurso extraordinario federal
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: M.M.A y otros c/ I.A.P.O.S. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-03-19

Resulta admisible el recurso extraordinario federal tendiente a obtener la cobertura de la terapia de fertilización asistida, pues sin perjuicio de que la resolución impugnada no resultaría sentencia definitiva al disponer el reenvío de la causa al tribunal subrogante, la cuestión federal planteada por los impugnantes, por su naturaleza, reclama apartarse excepcionalmente de la pauta aludida a fin de lograr una tutela sin dilaciones, máxime teniendo en cuenta la decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa "Artavia Murillo y otros- Fecundación in vitro- vs. Costa Rica", que refiere a la obligación del Estado de asegurar el acceso a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva (del voto del Dr. Erbetta).
Robo en banda, concepto de banda
Materia: PENAL
Carátula: Q., J.N. - A., M.A. - G., J.C. s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1975-07-17

El concepto banda requiere, además de la intervención de dos o más personas, que concurra la asociación ilícita con fines delictivos que reprime el art. 210 del Código Penal.
Juicio de desalojo, legitimación activa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SALONICA S.A.C.I.A. c/ LATIN, ROBERTO NICOLAS s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-06-23

El adquirente de un inmueble que invoca una escritura traslativa de dominio pero que no ha entrado efectivamente en posesión del bien, no puede accionar por desalojo, imputando al ocupante la calidad de intruso.
Convenio de partición de bienes, nulidad procesal, revocación del mandato
Materia: CIVIL
Carátula: R, F. S. - V., D. I. s/ Homologación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-11

Revocado por uno de los cónyuges el mandato conferido a un letrado para la representación conjunta en el trámite del divorcio vincular, la posterior presentación de ese letrado, en otro expediente, solicitando la homologación del convenio de liquidación de sociedad conyugal -aun cuando se haya convenido que dicha homologación podía ser pedida por cualquiera de los firmantes- sin informar que el mandato le había sido revocado, provoca la nulidad de todo lo actuado, pues la revocación del mandato modificó el sustrato del convenio, en el cual ambos esposos designaron a ese letrado para que, con su intervención, cualquiera de ellos pudiera pedir la homologación.
Prueba confesional, confesión calificada, duda
Materia: PENAL
Carátula: RICARDO, GUSTAVO s/ LESIONES CULPOSAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-31

"El A Quo ha hecho apreciación plena de la confesión del prevenido, sin advertir que el mismo había calificado su confesión.....( Situación que imponía establecer la veracidad de las citas efectuadas por el procesado ) e incluir la conducta del prevenido en lo dispuesto por el art. 34 inc. 1° del Código Penal"....."...la falta de investigación de las circunstancias señaladas imponen una grave omisión que impide analizar con certeza la realidad de los hechos. Vacío que sólo la evacuación de las citas del prevenido podrían haber llenado; y omisión más grave aún ya que en atención a la naturaleza jurídica de la indagatoria ( medio de defensa ), importa la violación de las garantías constitucionales que hacen al debido proceso, y que solo puede superarse a fin de darle solución correcta a la causa, mediante la aplicación al caso de los beneficios dispuestos por el art. 431 del Código de Procedimiento Penal..." ( Arts. 130, 227 y 269 del Código de Procedimiento Penal - Arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires )
Embargo, levantamiento del embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rovetta y Cía. S.A. c/ Frantalini O.N. s/ Embargo preventivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27

La interpretación restrictiva que debe hacerse del art.104 del C.P.C. impone que, además de que la documentación adjuntada sea decisiva para justificar el dominio y la posesión invocadas, debe mediar una aprehensión real y efectiva de las cosas motivo del embargo, precisamente en el propio acto de la medida cuyo levantamiento se reclama. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, energía eléctrica, responsabilidad objetiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GREGORIO DE LIRANGI ROSANA Y OTRO c/ EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORODOBA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-02-21

La vigilancia es a cargo de quien genera y distribuye la cosa riesgosa, como la energía eléctrica, en un ámbito de uso público.

Si la E.P.E.C. genera la electricidad y la distribuye, accediendo en el caso, que sea la Municipalidad quien lo haga con el alumbrado público, a quien le vende la energía, no puede pretender librarse de la responsabilidad objetiva que emerge del art. 1113, apartado segundo, segunda parte, C.C., pues como responsable de la generación y distribución, es guardiana de un uso inicuo, es decir, tiene que velar por el adecuado mantenimiento de la red de distribución, no obstante que ésta sea propiedad de quien presta el servicio.

Los particulares tienen el derecho a exigir que la distribución de energía eléctrica se efectivize en condiciones tales que no pueda dañar o perjudicar sus intereses, su integridad, sus pertenencias.

Es claro que esos principios no son aplicables a los infortunios que tienen lugar dentro del ámbito de un domicilio particular, porque allí concluyó la distribución del fluido por parte de la E.P.E.C. y el cuidado y manutención de las instalaciones, es a cuenta del particular titular del ámbito privado. En cambio la distribución dentro del ámbito público no concluye en el punto de medición, sino que se extiende en todo el espacio en que se presta el servicio de alumbrado público, a cuya distribución por la Municipalidad, accedió la empresa generadora.-
Arma de fuego, DEBER DE ACTUAR CON IDONEIDAD
Materia: PENAL
Carátula: N., P. R. s/ Denuncia Tentativa de Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-05-12

Se exige que se pruebe la potencialidad vulnerante de un arma de fuego conforme con su destino específico, si es que se ha utilizado como arma propia en un caso concreto. Ello radica y se sustenta en el peligro real que pueda sufrir el damnificado, sea en su vida o en su integridad física, hipótesis que de no acontecer hace desaparecer la razón legal para calificar o agravar el hecho. El juicio relativo a la idoneidad de las armas en orden a la aplicación de la agravante del art. 166 inc. 2 del Código Penal, entiende este Cuerpo, atento al sistema de libre convicción o sana crítica razonada de valoración de la prueba que rigen en el proceso penal, que no depende de prueba específica, pudiendo inferirse de las circunstancias del hecho o de otros elementos de convicción.
Municipalidad, personal municipal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lozano, Julio César c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-07

Las sanciones establecidas en el art. 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades son de naturaleza correctiva (llamado de atención o apercibimiento) y otras de naturaleza pecuniaria, tal la multa y el cargo el que cuando equivale a la totalidad de los montos en juego tal como autoriza el art. 243), alcanza naturaleza verdaderamente resarcitoria o reparatoria del perjuicio.
Caducidad, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: MARTINI VDA. DE ZOPPI, S. I. c/ BERSANO, A. s/ DEMANDA EJECUTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-21

En el pronunciamiento denegatorio de la perención, no hay vulneración del derecho a concluir el proceso en el estado en que se encuentra, sino decisión sobre esa pretensión; decisión cuya entidad no es gravosa para el posterior desarrollo del proceso, encontrándose entre aquellas inapelables dada la distinción que impera por virtud del art.

346 inc. 2 del CPCCSF; en cuya virtud si no es justo equiparar, tornar igualmente recurribles la decisión que acoge con la que rechaza la perención por solo objeto temático es también claro que garantiza el despliegue jurisdiccional hacia su culminación dentro de cuyo concepto no entra la decisión denegatoria de la perención. (del voto del Dr.

Donati, mayoría).
Recursos, fundamentación del recurso, rechazo del reclamo, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CIVIL
Carátula: G.C.B.A. s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en MAIPLAS S.A. contra G.C.B.A. y otros Sobre otras Demandas contra Autoridad Administrativa c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-20

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la sentencia que declaró parcialmente desierto el recurso de apelación por considerar que no observaba las exigencias mínimas de fundabilidad del código CAyT, en tanto no había introducido agravios idóneos para controvertir los fundamentos de la resolución atacada. La presentación del recurrente no logra rebatir concreta y fundadamente las razones dadas por la Cámara de Apelaciones al denegar el recurso de inconstitucionalidad que pretende sostener: que las objeciones formuladas -relativas a la exclusión del actor del Padrón de Alto Riesgo Fiscal y la condena a devolverle el crédito retenido- fueron tratadas y desestimadas, y únicamente remiten a cuestiones de hecho y de derecho infraconstitucional y de índole procesal. Ello así, la recurrente trasunta su discrepancia con la resolución de la Sala y, más allá del acierto o error de la decisión adoptada, no logra poner en evidencia que el a quo haya excedido el límite de las facultades que le son propias. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Responsabilidad civil, empresa de servicios públicos
Materia: CIVIL
Carátula: EDESA S.A. s/ Recurso de apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2004-04-20

Con relación a las facultades del ENRESP, dice la recurrente que sólo puede determinar la responsabilidad de la Distribuidora, pero no establecer el quantum del daño.

Resulta ilustrativo reafirmar lo ya sostenido por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en cuanto que el art. 14 de la Ley 6.835 establece que el Ente Regulador de los Servicios Públicos debe decidir en forma previa "toda cuestión contenciosa que se suscite entre las licenciatarias, las sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados, en relación directa con la prestación de los servicios públicos previstos en esta ley, incluyendo las derivadas del ejercicio de las potestades ablatorias y las responsabilidades por daños".

Tal norma no contiene ninguna limitación, sino que la atribución que otorga al Ente es amplia: para resolver "toda cuestión contenciosa" que se suscite entre las licenciatarias, sublicenciatarias y las concesionarias con los usuarios y terceros interesados relacionadas con la prestación de los servicios públicos,y "las responsabilidades por daños", tal referencia es para aclarar que las mismas quedan también sujetas a la jurisdicción del Ente, pero no para limitar sus atribuciones a la mera declaración de responsabilidad, excluyendo la determinación de los perjuicios.

Esta interpretación no se adecuaría a la finalidad perseguida por la norma, que como se indica en los "considerandos" del Decreto de Necesidad y Urgencia 55/95 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta- que luego se transformó en la Ley 6835- ha otorgado facultades jurisdiccionales al Ente como una forma "de dar solución al creciente grado de conflictividad social que, naturalmente, no puede ser respondido por la actividad jurisdiccional judicial".

Sería contrario a todo criterio práctico que los usuarios debieran transitar dos instancias para obtener respuesta a su reclamo: primero la administrativa para la sola determinación de la responsabilidad de las licenciatarias y concesionarias, con la apelación prevista en el art. 14; y luego la judicial para la determinación de los daños.
Títulos ejecutivos, preparación de la vía ejecutiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Terra Texas Company c/ Hispano Americana de Petróleo S.A. s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-05

"Todo el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva tiene que conducir a realizar actos que tiendan a hacer que un título ejecutivo, que por sí solo no trae aparejado ejecución, sea apto, idóneo, para la realización de ella. Si por su propia naturaleza los actos antedichos no pueden nunca llegar a convertir el título en ejecutivo, no corresponde comenzar dicha vía".