Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-28


SENTENCIA Nº 93.015 CAUSA Nº 10.836/08 "NOGUERA, JORGE WALTER C/ POLISERVICIOS SA Y OTROS S/ ACCIDENTE- ACCIÓN CIVIL" JUZGADO Nº 40 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 28/2/12 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Cañal dijo:

Contra la sentencia de primera instancia, se alzan las partes mediante los memoriales de fs. 735/748, fs. 750/756 y fs. 757/766, con réplica a fs. 789/790, fs. 791/797, fs. 798/802 y fs. 803/805. Los peritos psicólogo e ingeniero, a fs. 733 y fs. 780, respectivamente, apelan sus honorarios, por reducidos. Las demandadas y la aseguradora, a fs. 769 y fs. 770, respectivamente, apelan los honorarios regulados al perito ingeniero, por elevados.

Las codemandadas Poliservicios SA y Edefor SA, se quejan por la atribución de responsabilidad y por el monto indemnizatorio. También apelan la regulación de honorarios a los profesionales intervinientes, por alta.

La aseguradora Prevención ART SA, se agravia porque se la condena en los términos del artículo 1074 del Código Civil; por el monto de condena y por la regulación de honorarios a favor del letrado del actor, por elevada.

El accionante, por su parte, se queja por el monto de condena y por la fecha a partir de la cual se aplican los intereses.

La juez de anterior grado entiende que no existen elementos para llegar a la conclusión de que las demandadas deban eximirse de su responsabilidad, como así tampoco, que exista prueba que acredite que el actor obró con negligencia, o la existencia de una conducta culposa, al punto de reducir o excluir la responsabilidad que le cabe a la empleadora en los términos del artículo 1113 del Código Civil.

El accionante, sostuvo en la demanda que el 4 de noviembre de 2007, por orden de su capataz, debió subir a doce metros de altura, dentro de la canasta del camión que le facilitaba el ascenso, a fin de terminar con el armado de una línea de media tensión, que supuestamente se encontraba desconectada. Relata que en el momento que tocó el cable de media tensión, sufrió una tremenda descarga eléctrica, Aduce que el impacto lo proyectó hacia atrás y que quedó sentado en el balde del camión, en estado de inconsciencia y de shock. A raíz del accidente, sufrió quemaduras gravísimas en más del 50 % de su superficie corporal, además de sufrir la amputación de ambos brazos.

Las codemandadas reconocen el accidente sufrido por el actor, pero manifiestan que el mismo se produjo por negligencia de aquél, ya que como procedimiento obligatorio indispensable, debió constatar la ausencia de tensión (fs. 140 vta. y 150 vta.).

En cabeza de las accionadas se encontraba la carga de la prueba de este extremo (artículo 377 del CPCCN), es decir, eran ellas las que debían acreditar el obrar negligente del actor para ocasionar el tremendo accidente. Y en autos, no existe prueba alguna que acredite lo aseverado por las demandadas.

Además, en cuanto a la culpa, no existen elementos en la causa que permitan concluir que la conducta asumida por el actor en el desempeño de su trabajo, fuese negligente o culposa al punto de reducir o excluir la responsabilidad que le cabe a las accionadas en los términos del art. 1113 del Código Civil. Ello en atención a su calidad de propietaria o guardiana de la cosa causante del daño.

Conviene recordar que, para que se configure la "culpa de la víctima", como articularon las demandadas, la conducta del actor tendría que haber sido negligente en un grado superior al tolerable en el curso normal de los acontecimientos laborales, de otro modo la previsión del artículo 1113 del Código Civil quedaría reducida a letra muerta, en la medida en que casi siempre existe una precaución o nivel extraordinario de cuidado que hubiera sido capaz de evitar el daño. En el caso de autos, ese extremo no se ha acreditado, por falta de prueba.

Por el contrario, el perito ingeniero informa, en cuanto a la codemandada Poliservicios SA, que no puede especificar las formas y condiciones de trabajo al tiempo del infortunio, ya que no existen registros que puedan ser consultados. Que no le informaron si poseen un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Respecto de Edefor SA, resulta determinante para la solución de este segmento de la queja, lo informado por el experto técnico, en cuanto a que no estaba instalada "la puesta a tierra", que es la que protege al operario durante todo el tiempo que dura la tarea (ver fs. 626 vta.).

En tales condiciones, no quedan dudas sobre la responsabilidad de ambas demandadas en el infortunio padecido por el trabajador, pues no sólo no brindaron los elementos necesarios al perito ingeniero para deslindarse de aquélla, sino que por el contrario, en el lugar de trabajo del actor (Edefor SA) el técnico advirtió que no se hallaba instalada la puesta a tierra. Lo que significa claramente, las malas condiciones de labor, más aún, teniendo en cuenta lo peligroso que resulta trabajar con energía eléctrica. Consecuentemente, mal pueden solicitar las recurrentes que se distribuya la responsabilidad, cuando en su totalidad les corresponde a ellas.

No soslayo que el perito ingeniero, al contestar las impugnaciones, informa que el operario de menor jerarquía es el que tiene a cargo la instalación, pero en ningún momento se advierte que Noguera haya sido el encargado de realizar esa tarea. Nótese que el actor manifiesta en la demanda, que concurrió con una cuadrilla a efectuar la labor encomendada, en presencia del supervisor, circunstancia ésta que no fue negada por las demandadas. Por lo tanto, no existe prueba de que el accionante haya sido el encargado de realizar la puesta a tierra, ya que no era el único que se encontraba trabajando el domingo, día del accidente, por lo que mal pueden pretender las recurrentes que aquél ocurrió por su negligencia.

Ahora bien, la aseguradora Prevención ART SA, se agravia porque se la condena en los términos del artículo 1074 del Código Civil.

La juez de grado resuelve que "nadie mejor que la aseguradora de riesgos del trabajo, como encargada de vigilar y disponer los planes de acción a fin de prevenir la siniestralidad en las empresas y establecimientos, de demostrar los actos cumplidos en pos de su obligación. Nada de ello hizo la aseguradora, ni lo invocó en su contestación de demanda ni lo probó en juicio". En consecuencia, la condena en los términos del artículo 1074 del Código Civil.

Destaco que la Sala II, al confirmar una sentencia que fue dictada por la suscripta, como titular del juzgado Nº 74, ha dicho que "los incumplimientos de las ART de las obligaciones impuestas por la ley 24557 constituyen una conducta encuadrable en los términos del art. 512 del Código Civil, ya que se trata de una omisión de diligencias tendientes a prevenir la configuración de daños a los trabajadores" (SD.90169, del 6/3/02, in re "Duarte Rodríguez, Lorenzo c/ Magire SRL y otro").

Esta lógica es coincidente con el actual criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir la causa "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina SA y otro s/ recurso de hecho" (T 205, XLIV, del 31.03.9), donde sostuvo que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador, derivados de un accidente o enfermedad laboral.". Este argumento, es reiterado por el Alto Tribunal, en autos "Naval, Patricia Elizabeth por sí y en representación de sus hijos menores Rocío Elizabeth Noemí San Martín Naval y Marco Alejandro Isaías San Martín Naval c/ Odipa SRL y otros" (N. 409. XLII; sentencia del 24.05/2011), en donde se modifica el antiguo criterio de la Sala en su anterior composición.

En este marco, adhiero a la jurisprudencia que sostiene que "la ART está obligada al control de cumplimiento de las leyes de higiene y seguridad y a brindar asesoramiento y ofrecer asistencia técnica a los empleadores; tiene a su cargo la obligación legal de supervisar las condiciones del caso (conf. Ferreirós, Errepar DEL 212. Abril/02, TXVII-347). A ello, debe añadirse, que la inconstitucionalidad decretada en el caso, del artículo 39 de la ley 24.557, la conduce al ámbito de la responsabilidad civil y no la releva de la obligación de garantía; por lo que debe extendérsele la condena" (CNAT, Sala VII, del 25/3/04, "Moyano, Miguel c/ Interacción SRT S.A. y otros s/ accidente", en igual sentido de la misma sala, SD36039, del 18/3/02, "Rial, José c/ Decker Indelqui S.A. y otro s/accidente").

A su vez, la Sala IX ha dicho que "la preceptiva sobre riesgos laborales introduce una suerte de delegación del control del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de los sujetos responsables, en modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación aunque, es claro, con alcances e intensidades diferenciadas, siendo aquella función ¨cuasi estatal¨ la que, en caso de omitirse o de cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cuál sea, en concreto, el vínculo o nexo de causalidad necesario para efectivizarla" (SD9302, del 30/11/01, in re "Delgado, Daniel c/ Ledesma S.A. y otro s/ accidente"). La misma Sala ha dicho que "si a pesar de la concertación de los Planes de Mejoramiento, la aseguradora no efectuó las medidas preventivas necesarias, puede afirmarse válidamente que incurrió en una conducta culposa (arts.512 y ccs. del Cód. civil), rigiendo de este modo lo dispuesto por el artículo 1074 del mismo cuerpo legal, ya que las omisiones indicadas ocasionaron u perjuicio" (SD 11000, del 30/10/03, in re "Domato, Mario c/ Witchel S.A. y otro s/ accidente"). Precisamente, en el ámbito del derecho común, esta última es la norma aplicable a la especie.

En igual sentido "Los compromisos concretos que deben asumir estos sujetos, deben interpretarse ampliamente en función del objetivo de prevenir adecuadamente los riegos de trabajo. La ineficacia de las acciones destinadas a prevenirlos, incluidos los controles que debe efectuar la ART, constituye un incumplimiento que contribuye en la cadena causal a generar un daño en la salud de los trabajadores" (CNAT, Sala VI, Sd.55125, del 7/8/02, in re "Gutiérrez, Rosenda c/ Todoli Hnos SRL y otro s/ accidente").

Agrego a todo lo expuesto, que el decreto 1694/2009 (6/11/09), recoge la enorme mayoría de los argumentos vertidos por la CSJN en sus decisiones, (en consecuencia con lo plasmado precedentemente), y ha merecido comentarios favorables, en la inteligencia de que habrá de reducir el nivel de litigiosidad. A la luz de todo lo expuesto hasta aquí, la ART demandada resulta no solo responsable en los términos de la ley de riesgos, sino también por el daño moral sufrido por el actor, en los términos del art. 1074 del Código Civil, permitiéndose de tal suerte la condena por tal concepto.

En efecto, en autos no existe prueba que acredite que la aseguradora cumplió con las obligaciones a su cargo, que es el de prevenir los infortunios y efectuar los pertinentes controles, como así también, el de brindar pautas de mejoramiento. En todo caso, si quería deslindar su responsabilidad, debió denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los incumplimientos de las demandadas.	No es óbice que el accidente no haya ocurrido dentro de la empresa o establecimiento, como alega en sus agravios, pues, el lugar de trabajo del actor era en la calle pública "el establecimiento, para el caso, (art. 6 LCT)" y ella debió arbitrar todos los medios para que aquél no ocurra.

Encuentro importante destacar, la incorrecta diferenciación entre obligaciones de medio y de resultado. Puesto que la provisión de medidas de seguridad, es el resultado que debe asegurar una ART, y en caso de reticencia de la empleadora, este resultado se transmuta en el de denunciar a la Superintendencia, nunca en dar por concluida su labor con un diagnóstico y la indicación de qué corresponde hacer. Hechos estos que, por cierto, no se dan en la especie: memoro el mentado bache en la documentación.

Luego, mal podía la ART verificar si la empleadora había cumplido o no con sus recomendaciones y eventualmente denunciar a la Superintendencia, cuando ella misma no habría satisfecho su obligación principal (art.31, primera parte de la 24.557).

En consecuencia, corresponde mantener lo decidido en la anterior instancia.

Ahora bien, a continuación analizaré en forma conjunta el agravio de las partes referido al monto de condena.

Las demandadas (Poliservicios, Edefor y Prevención ART SA), se quejan porque entienden que las cifras fijadas por la juez de grado, en concepto de daño material y psíquico, como así también las correspondientes a daño moral y gastos, son altamente injustificadas.

La aseguradora, estima que la suma de $ 700.000 fijada en concepto de daño material, resulta elevada, teniendo en cuenta el ingreso base percibido por el accionante.

El actor, por su parte, se queja porque entiende que los montos son exiguos, dado que con motivo del accidente sufrido perdió sus dos brazos.

La sentenciante fija en concepto de daño material y psíquico, la suma de $ 700.000; por el daño moral $ 600.000 y por los gastos médicos $ 200.000.

Llega firme a esta Alzada, que con motivo del accidente padecido por el actor, sufrió la amputación de sus dos brazos a los 33 años, con esposa e hijo menor a su cargo.

A fin de fijar el monto de la reparación por daño patrimonial consideraré distintos elementos de juicio. Para ello, tendré en cuenta la edad, capacitación laboral, la remuneración obtenida por el trabajador, la existencia de cargas de familia, el hecho de que deba llevar prótesis y renovarlas con el transcurso del tiempo, así como la expectativa de vida útil y la asistencia permanente de una persona, puesto que dado que sufrió la amputación de ambos brazos, no sólo no puede volver a realizar ningún trabajo, sino que tampoco puede hacer lo mínimo e indispensable que efectúa una persona, sin la ayuda de otra.

En el caso, el causante era un operario calificado (electricista), de 33 años de edad, que percibía una remuneración de $ 2.318,35 a noviembre de 2007 (según prueba de libros a fs. 633) y que, reitero, sufrió la amputación de ambos brazos. Teniendo en cuenta todos estos datos, considero que la suma fijada en concepto de daño material y psicológico resulta reducida, por lo que propicio elevarla a $ 1.800.000.

En cuanto al daño moral, dado el perjuicio que ha sufrió el trabajador en sus sentimientos o afecciones legítimas como consecuencia de la amputación de ambos brazos y de la quemadura del 50 % de su cuerpo, estimo reducida la suma fijada en la instancia anterior, por lo que propongo elevarla a $ 1.500.000.

Mención aparte merece lo argumentado por las demandadas, en cuanto "al indebido enriquecimiento y a ser generador de fortunas que jamás se habrían amasado". Parece que se olvidan las demandadas de que el trabajador de treinta y tres años y con toda una vida laborativa por delante, perdió ambos brazos, lo que significa que nunca más va a poder trabajar, ni en el mismo lugar ni en ningún otro. Tampoco tienen en cuenta lo que significa en la vida familiar y social, no tener los dos brazos, por lo que no se entiende el significado de "amasar fortuna". El sentido común indica que, por mayor que sea la "fortuna", ningún mortal pueda preferir sufrir la amputación de ambos miembros superiores.

Idéntico criterio tendré, en relación con la suma fijada en concepto de gastos, toda vez que según dictamen de la Comisión Médica (ver hecho nuevo denunciado a fs. 520 y admitido a fs. 585) el actor padece de una incapacidad total y permanente y Gran Invalidez, por lo que la suma fijada en tal concepto, resulta reducida.

Luego, la aseguradora alega que deberá cumplir en el futuro con los gastos médicos, según la ley 24557, por lo tanto, entiende que la suma fijada por la sentenciante, implica un enriquecimiento.

No se rebate en esta instancia que el actor fue sometido a una intervención quirúrgica, que sufrió la amputación de ambos brazos, que padece de quemaduras en el 50 % del cuerpo, que a la fecha de interposición de la demanda llevaba ciento setenta y siete días internado, que necesita apoyo psicológico y la ayuda de otra persona en forma permanente, que deberá recibir la asistencia médica por especialistas en traumatología y ortopedia y que deberá reponer en el momento adecuado las prótesis (ver fs. 400/423, fs. 471/479 y fs. 519/519), todo lo cual, sumado a los datos personalismos y familiares ya referidos, me convence de elevar el monto de condena por tal concepto, a la suma de $ 400.000.

En virtud de lo expuesto, corresponde elevar el monto de condena a la suma de $ 3.700.000 ($ 1.800.000 por daño material y psicológico + $ 1.500.000 por daño moral + $ 400.000 por gastos y asistencia).	A dicha suma, deberán aplicarse los intereses dispuestos en la anterior instancia, que llegan firmes a esta alzada. Cabe aclarar, que toda vez que se encuentra consentida la no aplicación de actualización monetaria, no puedo introducir la cuestión sin violar el principio de congruencia.

Ahora bien, el accionante se queja porque en la instancia previa, se dispone que los intereses se aplicarán a partir de la fecha de la sentencia.

A mi juicio, corresponde que el curso de los intereses comience a correr desde la fecha del accidente (4.11.07), que coincide con la primera manifestación invalidante, extremo que surge de la constancia de haber recibido el trabajador la asistencia médica mediante la ART (ver fs. 400/423), por lo que propongo que se modifique lo resuelto en la anterior instancia en tal sentido.

Por último, el actor solicita que se aplique una multa por temeridad y malicia por la conducta de las demandadas.

Cabe señalar que ha quedado evidenciada la conducta asumida por los demandados, según la cual, para sortear problemas económicos contestaron demanda en los términos de los escritos que acompañaron, imputándole al trabajador negligencia en la realización de sus tareas y luego, ante la sentencia de primera instancia desfavorable a sus intereses, pretendieron convencer a esta Alzada de un enriquecimiento por parte del actor, olvidándose de que se le amputaron los brazos y sufrió quemaduras en su cuerpo del 50 %, lo que le ocasionó terribles dolores.

Esta conducta, debe ser calificada como reñida con la realidad, pues excede los términos del ejercicio del derecho de defensa, por lo que corresponde acceder a la sanción solicitada, dado que la temeridad se configura cuando el litigante sabe a ciencia cierta que no tiene razón valedera y no obstante, abusando de la jurisdicción, impone un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte. A su vez, la malicia implica un ocultamiento doloso o la articulación de defensas que, manifiestamente, tienden a dilatar la tramitación del proceso, circunstancias que, entiendo, se encuentran reunidas en autos.

Digo todo esto, dejando a salvo el celo profesional de los firmantes, puesto que de no entenderlo como el verdadero motivo de la conducta cuestionada, debería responsabilizarlos también a los letrados, lo que, reitero, no es el caso.

Es que la conducta asumida por las partes, entra en absoluta contradicción con la lógica del nuevo paradigma normativo, en donde lo fundamental no es el criterio económico, sino la dignidad.

Recordemos que en el leading case "Camacho Acosta, Maximino c/ Grafi SRL y otros, del 7.8.97", sorprendió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se otorgara una cautelar consistente en un embargo, y en cambio se rechazara la provisión de una prótesis.

Esta nueva lógica, se ha profundizado desde los tiempos de "Camacho", y hoy, en pleno imperio de los derechos humanos fundamentales ("Aquino", "Trejo", "Torrillo", etc.) convierten en inimaginable el argumento de que, quien pierde sus dos brazos trabajando "se enriquezca con una indemnización".

De manera que encuentro indudable que los codemandados Poliservicios SA y Edefor SA incurren en la temeridad y malicia consagrada por el artículo 275 de la LCT.

En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia.

Ante el nuevo resultado del litigio, y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar su determinación en forma originaria, por lo que resulta innecesario analizar las quejas sobre este punto.

Teniendo en cuenta el monto de condena, la calidad y a la extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales, y por el experto interviniente y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora, codemandadas Poliservicios y Edefor SA, en su conjunto, para la aseguradora Provincia ART SA y para los peritos contador, medico, psiquiátrico, psicólogo e ingeniero en 18 %, 14 %, 13 %, 6 %, 8%, 8%, 8 %, y 8 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses (arts. 6,7,8, 9 y conc. de la LA -reformada por la ley 24.432-, 3 del decreto ley 20.266, 7 inc. b) del Dto. 16.638/57, 38 L.O.).

Las costas de alzada serán soportadas por las demandadas en forma solidaria (artículo 68 del CPCCN). Propicio regular los honorarios de los presentantes de fs. 735/748, fs. 750/ 756 y fs. 757/767, en 25 %, 25% y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6,7,8, 9 y conc. de la LA -reformada por la ley 24.432).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

En consecuencia, voto por: Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios. Propongo elevar el monto de condena a la suma de $ 3.700.000 (pesos tres millones setecientos mil), con más los intereses fijados en la anterior instancia, que se aplicarán a partir de la fecha del accidente. Propicio imponer los intereses previstos por el artículo 275 de la LCT, en 1 % del monto de condena sobre el capital de condena, desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago), sin perjuicio de los intereses moratorios que han sido fijados, a las codemandadas Poliservicios SA y Edefor SA. Propongo dejar sin efecto las regulaciones anteriores y fijar los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora, codemandadas Poliservicios y Edefor SA, en su conjunto, para la aseguradora Provincia ART SA y para los peritos contador, medico, psiquiátrico, psicólogo e ingeniero en 18 %, 14 %, 13 %, 6 %, 8%, 8%, 8 %, y 8 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses. También propicio imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas y regular los honorarios regular los honorarios de los presentantes de fs. 742/748, fs. 750/ 756 y fs. 757/767, en 25 %, 25% y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. Por último, propicio cabe remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia El Doctor Catardo dijo:

Que por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios. II.- Elevar el monto de condena a la suma de $ 3.700.000 (pesos tres millones setecientos mil), con más los intereses fijados en la anterior instancia, que se aplicarán a partir de la fecha del accidente. III.- Imponer los intereses previstos por el artículo 275 de la LCT, en 1 % del monto de condena sobre el capital de condena, desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago), sin perjuicio de los intereses moratorios que han sido fijados, a las codemandadas Poliservicios SA y Efedor SA. IV.- Dejar sin efecto las regulaciones anteriores y fijar los honorarios de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes actora, codemandadas Poliservicios Edefor SA, en su conjunto aseguradora Provincia ART SA y para los peritos contador, medico, psiquiátrico, psicólogo e ingeniero en 18 %, 14 %, 13 %, 6 %, 8%, 8%, 8 %, y 8 %, respectivamente, a calcular sobre el monto de condena y sus intereses. V.- Imponer las costas de alzada a las demandadas vencidas y regular los honorarios regular los honorarios de los presentantes de fs. 742/748, fs. 750/ 756 y fs. 757/767, en 25 %, 25% y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. VI.- Remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia	Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Luis A. Catardo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mÍ, Leonardo G. Bloise 2 Secretario