Facultades de la Cámara de Apelaciones, apartamiento del fiscal, fallos de la Corte Suprema, inconstitucionalidad, elevación en consulta, querellante, impulso procesal, derecho a ser oído, deberes del juez, deber de imparcialidad, debido proceso, defensa en juicio
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: CICCONE CALCOGRAFICA S.A. s/ Régimen penal tributario, Incidente de apelación deducido por la querella.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-21

1 - Por el fallo "Quiroga", la CSJN declaró la inconstitucionalidad del art. 348, segundo párrafo, primera alternativa, del CPP, en cuanto a la facultad otorgada a la cámara de apelaciones para apartar al fiscal interviniente e instruir a otro fiscal para remitir la causa a la etapa del debate oral en los casos en los cuales, por no estar de acuerdo con el sobreseimiento solicitado por el fiscal, el magistrado la elevara en consulta al superior en grado, pero dicho pronunciamiento expresó también que ello no resulta aplicable a los supuestos en los que la discrepancia se plantea entre el fiscal, que se manifiesta a favor del sobreseimiento, y el querellante, que pretende que la causa sea elevada a juicio, pues en tales casos, en principio, no es posible suponer una afectación genérica de la imparcialidad del tribunal, en la medida en que su intervención quede limitada a asegurar que el querellante pueda ejercer el derecho que la ley le concede a ser oído en juicio oral y público (conf. doctrina caso "Santillán", Fallos: 321:2021) ni una afectación intolerable a la independencia del Ministerio Público (De los votos de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 2 - A partir de lo dispuesto por la CSJN in re "SANTILLÁN" (Fallos 321:2021), por el cual se reconoció la facultad del querellante particular de impulsar el proceso autónomamente hasta el dictado de una sentencia en juicio oral, cabe concluir que cuando hay un particular damnificado constituido en parte querellante y éste impulsa la acción, sin perjuicio de la opinión del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación está obligado a examinar la viabilidad del pedido, por lo cual, ante la desestimación parcial de la denuncia solicitada por el fiscal de la instancia anterior, el juez deberá pronunciarse sobre los hechos denunciados a fin de salvaguardar los derechos de quienes se presentaron en el proceso como pretensos querellantes (De los votos de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 3 - Ante una eventual discrepancia entre la resolución del juez, en caso de estimar la existencia de mérito suficiente para la instrucción de la causa como propugnara el querellante, y lo dictaminado por el fiscal, quien solicitó la desestimación de la denuncia, no se constituye la imposibilidad de proceder prevista por el Art. 180, último párrafo, del CPP, pues si se tiene en cuenta lo dispuesto por el Art. 1, último párrafo, de la ley 24946, y por las Resoluciones 32/02 y 13/05 dictadas por la Procuración General de la Nación, así como lo expresado por la CSJN in re "Quiroga", en el considerando 37, en cuanto a que si bien declaró la inconstitucionalidad del Art. 348, segundo párrafo, primera alternativa, del CPP, estableció que ello no resulta aplicable a los supuestos en los que la discrepancia se plantea entre el fiscal, que se manifiesta a favor del sobreseimiento, y el querellante, que pretende que la causa sea elevada a juicio, cabría efectuar la consulta al Fiscal General de Cámara para el correspondiente control interno del superior jerárquico que exige la ley que reglamenta la actuación del Ministerio Público Fiscal (De los votos de los Dres. Grabivker y Pizzatelli).- 4 - Las alternativas que surgen del segundo párrafo del Art. 348 del CPP son dos: la primera se presenta cuando el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal y la segunda, cuando sólo el querellante estimara que debe elevarse la causa a juicio. Por el fallo de la CSJN in re "Quiroga" se ha declarado la inconstitucionalidad sólo de la primera alternativa (del Art. 348, segundo párrafo, del CPP), por lo que debe interpretarse que cuando existe parte querellante y ésta estima que debe elevarse la causa a juicio, no se vería afectada la independencia del Ministerio Público Fiscal establecida por el Art. 120 de la Constitución Nacional ni aquellas garantías de imparcialidad del tribunal, de defensa en juicio y de debido proceso, también de raigambre constitucional (Del voto del Dr. Pizzatelli).-