Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-07


SENT Nº 101	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Siete (07) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Carsa S.A. vs. Cardozo Juan Carlos s/ Cobro ejecutivo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte actora a través de su representación letrada (fs. 89/104) contra la sentencia nº 96 de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala IIª, dictada en fecha 2 de mayo de 2011 (fs. 84/85). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 27 de julio de 2011 (fs. 119) del referido Tribunal de Alzada.

II.- En autos, la firma actora inicia cobro ejecutivo por la suma de $ 1.612,17 en contra de Juan Carlos Cardozo, sobre la base de un Pagaré sin protesto librado por el demandado a favor de Carsa S.A. por la suma de $ 3.325,21. La actora reconoce la existencia de pagos parciales y, por ello, reclama sólo el saldo.

El demandado se presenta en autos y opone excepción de pago total, la que funda a partir de señalar que el pagaré que se ejecuta responde a una compra de artículos del hogar por la suma de $ 1.565,29, la que -según el ejecutado- fue pactada mediante un crédito de quince cuotas, cada una por la suma de $ 221,68, con la particularidad de que para el supuesto de que se abonara la totalidad del precio de compra ($ 1.565,29) -en un pago y en forma previa a la fecha de vencimiento de la primera cuota- tan sólo se cobrarían los intereses devengados hasta la fecha del referido pago. Aduce el ejecutado que intentó pagar la deuda antes de la fecha de vencimiento de la primera cuota, pero ante la negativa de la firma actora de recibir el pago en esas condiciones (sin la financiación en quince cuotas y, en consecuencia, sin los intereses de la misma), realizó la denuncia en la Dirección de Comercio Interior (en adelante D.C.I.). Posteriormente, destaca el demandado que en el marco de una audiencia de conciliación convocada por la D.C.I., la actora acepta el pago cancelatorio conforme fuera pactado y con intereses sólo hasta el día 10/10/2005, sin embargo, relata que a pesar de sus reiterados intentos recién pudo realizar el pago en fecha 8 de diciembre de 2005, circunstancia en donde pagó la suma de $ 1.800 (adjunta recibo del referido pago obrante a fs. 28), imputando de ese monto $ 1.716,66 a pago de capital y el resto a otro concepto, y manifestando que, en aquella oportunidad, el gerente de la firma actora le informó que nada adeudaba, y sin embargo, no le entregó el pagaré.

Por sentencia de primera instancia se resuelve rechazar la excepción de pago total y se ordena llevar adelante la ejecución en contra del demandado. Para alcanzar la mencionada solución, dicho pronunciamiento señala que "constituye un requisito de admisibilidad de la excepción en estudio que el pago se halle documentado en instrumentos emanados del acreedor" y en los que surja clara la imputación al crédito que se ejecuta sin que sean necesarias otras averiguaciones. A su vez, señala el pronunciamiento de primera instancia que el recibo de fs. 28 no contiene una imputación concreta al crédito que se ejecuta en autos y destaca que la "índole sumaria del juicio ejecutivo no admite la apertura y producción de pruebas tendientes a demostrar la veracidad de la afirmación del excepcionante en el sentido de que los pagos realizados corresponden a la deuda que se ejecuta", además, observa que los argumentos del excepcionante "apuntan a la relación causal de la obligación, cuya indagación está vedada en el juicio ejecutivo, resultando por ello inadmisibles".

Apelada la sentencia de primera instancia por el demandado (fs. 66) y expresados los agravios a fs. 69/73, la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones - Sala IIª, resuelve el recurso de apelación en fecha 2 de mayo de 2011 (fs. 84/85). Dicho pronunciamiento de Cámara analiza los hechos conforme fueran relatados por el demandado, es decir, que la emisión del Pagaré obedece a una compra de artículos para el hogar (en el local comercial denominado Red Megatone), y que a pesar de los intentos del demandado de pagar en forma anticipada (antes del vencimiento de la primera cuota) y con intereses sólo hasta la fecha de pago, el mismo no fue aceptado; que ésta situación derivó en la denuncia ante la D.C.I. y una audiencia de conciliación en la cual la actora habría aceptado la forma de pago consistente en la entrega del valor de los productos comprados más intereses sólo hasta el 10/10/2005.

De allí, interpreta la Cámara que el pago realizado por el ejecutado en fecha 08/12/2005 por la suma de $ 1.800 (según ticket de fs. 28) responde a ese acuerdo arribado en la D.C.I., y que el referido ticket consigna un "número CRE: 176-26090" que es justamente el número del Pagaré que se ejecuta, por lo que la Cámara considera que el referido pago debe ser imputado al pago del Pagaré en las condiciones del acuerdo, es por ello que interpreta que fue un pago cancelatorio, y destaca que "así se pactó en el convenio al que arribaron las partes" y fuera homologado en la D.C.I..

Por las razones señaladas, la Cámara resuelve hacer lugar al recurso de apelación del demandado y, en consecuencia, receptar favorablemente la excepción de pago total articulada por el demandado rechazando la acción ejecutiva. III.- Frente a la sentencia de Cámara, la representación letrada de la parte actora deduce recurso de casación (fs. 89/103), invocando que la sentencia de fecha 2 de mayo de 2011 incurre en infracción a normas de derecho y una arbitraria valoración de los elementos probatorios. La parte recurrente realiza una detallado análisis de los antecedentes de la causa, realiza comentarios críticos sobre la sentencia de Cámara y explica los motivos por los que interpreta que se justificaría declarar la admisibilidad del recurso, en especial, sostiene que la sentencia impugnada es definitiva, y que su agravio no puede ser replanteado en la oportunidad del artículo 527 del CPCCT.

En cuanto al contenido de los agravios, se observa que la firma recurrente -en primer término- cuestiona al pronunciamiento de Cámara por haber incurrido en una violación al régimen cambiario, aduce que prescindiendo de los rasgos de literalidad, abstracción y autonomía del título ejecutado, ingresó indebidamente al análisis de las supuestas causas del mismo. Ante ello la recurrente realiza una explicación de las características de literalidad, completitud y abstracción, señala que resultan indebidas las consideraciones del pronunciamiento de Cámara sobre la supuesta compraventa, el supuesto pago en cuotas, y todos los demás elementos externos considerados que no hacen al título ejecutado y que, según el recurrente, desnaturalizaron el curso del proceso ejecutivo.

Asimismo, la firma recurrente cuestiona que la sentencia de Cámara haya interpretado que el pago realizado en fecha 08/12/2005 pueda ser imputado al pago del pagaré, solo por encontrarse consignado en el cuerpo del ticket de fs. 28 el número del pagaré, sin ningún otro elemento que permita una imputación clara e inequívoca que lo vincule con el pagaré ejecutado, y señala el recurrente que el referido número "CRE 176-26090" (presente en el ticket de fs. 28 y en el pagaré ejecutado) constituye un código interno que tiene como finalidad identificar al cliente dentro de la base de datos de la empresa y que se incluye en los pagarés para identificar, justamente, al cliente. A partir de allí, desliza la firma recurrente que el pago de fecha 08/12/2005 puede responder a otras compras, pero que de ninguna forma constituye un pago cancelatorio de la obligación instrumentada en el pagaré ejecutado en autos, dado que si así fuese se hubiese entregado el documento. Afirma también la recurrente que las actuaciones en la D.C.I. obedecen a otra cuestión y que aún en el supuesto de que el pago de fecha 08/12/2005 debiese imputarse al pagaré quedaría un saldo de $ 1.525, por lo que la excepción sólo debería prosperar por $ 86,96.

Por su parte, manifiesta la firma recurrente que la sentencia de Cámara incurre en una arbitraria valoración de los elementos probatorios que tornan al pronunciamiento impugnado reñido con las reglas de la sana crítica y la lógica, en especial, señala la recurrente que resulta infundada y arbitraria la consideración de tomar por cierta la afirmación de la demandada de que se presentó a pagar durante 20 días y le dijeron que estaban a la espera de la liquidación enviada por casa central y la supuesta comunicación telefónica con un empleado. Afirma también, que no se acompañó la documentación original, que la documentación agregada es sólo fotocopia y que su posterior agregación resulta extemporánea.

Señala que la sentencia de Cámara desnaturalizó el proceso ejecutivo y propone doctrina legal. De conformidad a las consideraciones reseñadas, solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, realiza reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley, la parte demandada solicita el rechazo del recurso de casación interpuesto, por las razones expuestas en su presentación de fs. 108/115. Por auto interlocutorio de fecha 27 de julio de 2011 la Sala IIº de la Excma Cámara Civil en Documentos y Locaciones concede el recurso de casación (fs. 119), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de depósito (fs. 88) y presentación tempestiva, sin embargo, se advierte que el recurso de casación sub examine resulta inadmisible, por las consideraciones que se exponen a continuación.

El agravio que analizamos, relativo a cuestionar la decisión de la Cámara de receptar favorablemente la excepción de pago total opuesta por la parte demandada, tal cual está planteada y se la trató, impide interpretar que la sentencia atacada cuente con el requisito de definitividad que exige el CPCCT. Es que la sentencia impugnada, si bien pone fin a éste pleito -procedencia o no de la pretensión ejecutiva-, no es sentencia definitiva a los fines casatorios, en atención a lo dispuesto por el artículo 749 del CPCCT, cuando señala que "Las sentencias definitivas que dejen abierta una vía de reparación, sea por conocimiento ordinario o sumario, en ningún caso son pasibles de este recurso".

En la especie, se observa que la cuestión debatida -referida a cuestiones de hecho-, presenta limitaciones de pruebas en el marco del juicio ejecutivo y, por ende, a diferencia de lo afirmado por la recurrente, las mismas sí podrán ser nuevamente discutidas en un proceso de conocimiento posterior -de conformidad a los términos del artículo 527 del CPCCT-, en donde la parte ejecutante podrá establecer los alcances y demás circunstancias relativas a la relación jurídica sustancial, examinándose integralmente la causa de la obligación y determinándose allí los derechos de las partes con relación al negocio causal del título ejecutado en autos.

Así, esta Corte Suprema se ha pronunciado en el sentido de que "Respecto de la excepción del pago total, la resolución atacada no reviste el carácter de definitiva, requerido por la norma del art. 813 de la ley procesal. ... Se trata entonces, en los términos del tercer párrafo del art. 544 (a contrario), de un pronunciamiento que resuelve cuestiones de hecho debatidas y resueltas en un juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba tiene limitaciones establecidas en la ley, y por ende pueden ser nuevamente discutidas en juicio de conocimiento posterior, previsto en el primer párrafo de la misma norma. Consecuentemente, la sentencia atacada si bien resuelve el fondo del asunto -procedencia o no de la pretensión ejecutiva-, en relación a la excepción de pago deja abierta al recurrente una vía de reparación, quedando por ello aprehendida en el supuesto previsto por el art. 814 del CPCC, que determina en tales casos, la inadmisibilidad del recurso de casación" (CSJT, sent. n° 688 del 30/9/1996).

Siendo el recaudo de definitividad un requisito propio y autónomo del recurso del recurso extraordinario local que no se satisface ni se suple por la invocación de arbitrariedad o de infracción a normas de derecho (CSJT, sentencia nº 487 del 12/06/2007), el recurso de casación resulta inadmisible, correspondiendo declarar mal concedido el mismo.

VI.- En cuanto a las costas de esta instancia recursiva, corresponde que las mismas sean impuestas a la parte actora vencida (artículo 105 del CPCCT).

Los señores vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR INADMISIBLE, y por ende mal concedido, el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia nº 96 de fecha 2 de mayo de 2011, dictada por la Sala IIª de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones a fs. 84/85, conforme lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030686-01.