Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-09


CAUSA N° 459-00/CC/2005 "Sanchez, Ruben Gerardo s/ art. 189 bis CP -Apelación-" //n la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de marzo de 2006, se reúnen los integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Emilio A. Capuccio, cotitular de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 4 a fs. 103/111, contra lo resuelto a fs. 98/102 por la Sra. Juez de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas, Claudia Alvaro, de la presente, de la que, RESULTA:

I.-Que a fs. 61/62 vta. obra el requerimiento de elevación a juicio, formulado por el cotitular de la Fiscalía en lo Contravencional y de Faltas nº 9, Gabriel E. Unrein, por el que imputa a Ruben Gerardo Sánchez la portación no autorizada de un arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, párrafo tercero del C.P.), solicitando la imposición de una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, y las costas del proceso.

II.-Que a fs. 66/vta., la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba, en los términos del art. 76 bis, C.P. y 56 inc. 4º, LPC.

III.- Que durante la audiencia prevista en el art. 293 CPPN -fs.98/102-, el Sr. Fiscal de Grado se opuso a la concesión de la "probation" solicitada por la defensa por entender que la escala penal prevista en abstracto para el delito imputado al encartado, torna improcedente la aplicación del citado beneficio, por cuanto el art. 76 bis, primer párrafo del C.P. determina que el otorgamiento de dicho instituto se encuentra supeditado a que el máximo de la pena de prisión o reclusión prevista para el delito de que se trate no exceda los tres años.

Así, con cita de los antecedentes parlamentarios de la ley 24.316, doctrina y jurisprudencia se pronunció en favor de la tesis restringida para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba. Si bien destacó que el anterior Procurador General de la Nación, -Nicolás Becerra-, se expidió por la tesis amplia, mencionó que el Fiscal General de la Ciudad aún no lo hizo, razón por la cual consideró que se hallaba en libertad de criterio, optando por la tesis del plenario "Kosuta" de la Cámara Nacional de Casación Penal.

Finalmente, concluyó que la circunstancia de que en el requerimiento de elevación a juicio haya peticionado la imposición de una pena menor a los tres años no modifica su línea interpretativa respecto del art. 76 bis, CP, por cuanto con ello sólo se cumple con el requisito previsto en el cuarto párrafo de la norma en cuestión, restando las demás exigencias previstas en los otros párrafos de dicho artículo, que deben ser analizadas en forma conjunta y no como supuestos independientes.

IV.-Luego de desarrollada la audiencia prevista en el art. 293 CPPN, la Magistrada de Grado resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba presentado por la defensa en virtud de la oposición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Entendió que la conformidad del Sr. Fiscal para la concesión de la "probation" resulta una condición indispensable para su procedencia y que su ausencia, que en autos fue debidamente fundada, torna improcedente su aplicación.

V.-Que a fs. 103/111 obra el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Oficial contra la decisión supra mencionada, solicitando su revocación.

En primer lugar, cuestionó la omisión de la Sra. Juez de Grado de llevar a cabo el control de legalidad y motivación de la posición adoptada por el representante del Ministerio Público Fiscal quien, según su criterio, se opuso a la concesión de la "probation" sin argumentos válidos desde una perspectiva constitucional. Así, entendió que la resolución recurrida carece de una debida fundamentación, por carecer de un adecuado examen acerca de lo discutido en la audiencia prevista en el art. 293 CPPN, que incluyera el debido análisis de la legalidad y razonabilidad de la postura elegida por la parte acusadora.

Además, destacó que el representante de la Fiscalía no se opuso a la suspensión del proceso a prueba sobre la base de alguna objeción vinculada a las características del caso o a las condiciones personales del imputado, sino que su negativa se debió a la forma de interpretar el art. 76 bis, CP.

Por otra parte, puntualizó que la "probation" no es una facultad arbitraria de los fiscales, sino un derecho del imputado en tanto se encuentre dentro de las condiciones establecidas por la ley para ser beneficiario de dicho instituto; circunstancia que se verifica en el presente caso de acuerdo a lo normado en el cuarto párrafo del art. 76 bis, CP. Además, destacó que el imputado no registra antecedentes, ha ofrecido una reparación en la medida de sus posibilidades y ha manifestado su interés en cumplir con las condiciones que le puedan ser impuestas como reglas de conducta.

Así, con cita de doctrina y jurisprudencia criticó la posición escogida por el Sr. Fiscal de Grado y defendió la tesis amplia, en cuanto a la interpretación del art. 76 bis, C.P.

VI.-Que a fs. 116/118, el Sr. Fiscal de Cámara entendió que correspondía rechazar el recurso intentado y confirmar la resolución recurrida.

VII.-Que a fs. 121/123 vta. al contestar la vista conferida, la defensa destaca que si bien es cierto que a los fines del cuarto párrafo del art. 76 bis, CP aparecería como necesaria la conformidad del Ministerio Público Fiscal, ello no implica que su negativa sea óbice para que el juez se pronuncie favorablemente si aquél no ha proporcionado argumentos válidos para su rechazo; circunstancia que, según su criterio, ha ocurrido en el presente caso.

VIII.-Que a fs. 124 pasan los autos a estudio del Tribunal para resolver.

PRIMERA CUESTIÓN:

El escrito de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma contra una resolución que si bien no se trata de una sentencia definitiva, tiene capacidad de irrogar al impugnante un gravamen de insusceptible reparación ulterior (art. 55 LPC y 449 CPPN).

En efecto, la decisión que deniega el beneficio de la suspensión del juicio a prueba es pasible de desentrañar el mentado perjuicio, pues implicaría para el imputado la inevitable sujeción a un juicio que su defensa quiere evitar, por lo que corresponde afirmar que el recurso ha sido correctamente concedido.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Ingresando al análisis del agravio formulado por la defensa, se advierte que la Sra. Magistrada de Grado resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba efectuado por la defensa en virtud de la oposición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal. Ello, por entender que la conformidad de dicha parte resulta una condición indispensable para su procedencia y que su ausencia, que según su criterio, fue debidamente fundada, torna improcedente su aplicación.

Siendo así, la cuestión a resolver radica en determinar si el dictamen del Fiscal resulta vinculante para el Juez a fin de proceder a la concesión del instituto o si, por el contrario, el Magistrado se encuentra habilitado para otorgar la "probation" aún sin el beneplácito de dicho ministerio.

En principio, cabe destacar, teniendo en cuenta el criterio amplio para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, adoptado por esta Sala, in re, "Aguilera, César Alberto s/ inf. art. 189 bis, C.P. -Apelación" (causa nº 408-00/CC/2005), resuelta el 19/12/05, que el art. 76 bis, C.P. requiere el dictamen favorable del fiscal como condición de admisibilidad de la suspensión del juicio a prueba en los casos previstos en el cuarto párrafo de dicha norma.

Es decir, según la norma citada, el consentimiento fiscal favorable para la viabilidad de la "probation" debe verificarse en aquellos casos en los que al imputado se le endilgue un delito cuyo máximo supere los tres años de prisión, pero resulte procedente, de acuerdo a las circunstancias, la aplicación de una condena de ejecución condicional.

Sin embargo, corresponde establecer cuáles son los alcances del carácter vinculante del dictamen fiscal cuando se opone a la concesión de este instituto y en qué condiciones reviste tal efecto.

En primer lugar, la falta de consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal debe encontrarse debidamente motivada. De este modo, una disconformidad fiscal infundada -o no fundada en la inexistencia de un presupuesto legal de procedencia- no puede, en ningún caso, impedir la suspensión del proceso a prueba. (conf, Vitale, Gustavo, ob. cit., p. 190; en igual sentido, se expide, entre otros, Edwards, Carlos, La probation en el Código Penal Argentino, ley 24.316, 2da. edición actualizada, ed. Marcos Lerner, 1997, p. 57/58).

Como es dable de advertir, lo expuesto no significa en modo alguno que los jueces deban adoptar ciegamente la posición escogida por los representantes de la vindicta pública, sino que, muy por el contrario, siempre conservan la facultad de controlar la legalidad y razonabilidad de aquellos dictámenes; función que deben ejercer en todos los casos de forma ineludible, a fin de garantizar el respeto por el debido proceso legal.

Ahora bien, en la presente causa se observa que el Sr. Fiscal de Grado se opuso a la concesión de la "probation" por entender que dicho instituto se encuentra supeditado a que el máximo de la pena de prisión o reclusión prevista para el delito de que se trate no exceda los tres años; circunstancia que -según su criterio- no se verifica en autos, por cuanto al imputado se le atribuye la comisión del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, inc. 2º, párrafo tercero, CP). Ello, sin perjuicio de que al momento del requerir de elevación de la causa a juicio solicitó la imposición de una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.

Así, con cita de los antecedentes parlamentarios de la ley 24.316, doctrina y jurisprudencia se pronunció en favor de la tesis restringida para la viabilidad de la suspensión del juicio a prueba, adoptada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el conocido plenario "Kosuta".

Sin embargo, al momento de resolver la cuestión, la Sra. Juez de Grado se limitó a rechazar la solicitud de la defensa en virtud de la oposición formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal sin analizar, siquiera mínimamente, la razonabilidad de tal dictamen, máxime cuando tanto la doctrina como la jurisprudencia han puesto en evidencia que la interpretación del art. 76 bis, CP no es tan clara y unívoca como pretende la Fiscalía.

En efecto, tal como lo ha señalado esta Sala, in re "Doura, Eduardo Miguel s/ inf. art. 189 bis, C.P. -Apelación", resuelta el 21/4/05, las múltiples discrepancias interpretativas suscitadas alrededor del art. 76 bis CP desde su sanción, en virtud de su defectuosa regulación, han obligado a recurrir al uso de distintas técnicas hermenéuticas, con el objeto de lograr una aplicación justa y razonable del instituto en cuestión, sin perder de vista la finalidad que se ha tenido en mira con su incorporación al Código Penal; esto es, básicamente, evitar que el imputado cargue con los efectos estigmatizantes de una eventual condena y, por otro, que el sistema penal se concentre sobre el universo de delitos más graves, permitiendo una mejor administración de los recursos.

Pese a lo expuesto y a la omisión incurrida por la Magistrada de Grado, lo cierto es que en el caso de autos se plantea una situación paradojal puesto que no puede sostenerse que el dictamen fiscal resulte infundado y arbitrario, por apoyarse en una postura jurídica acerca de la interpretación del alcance del art. 76 bis, CP que difiere con la sostenida por esta Alzada in re "Aguilera" -ya citado- y con la imperante en la doctrina.

Por lo tanto, la cuestión a resolver radica en establecer qué circunstancias alegadas por la Fiscalía deben ser consideradas vinculantes para el Juez para decidir acerca de la concesión o rechazo de la "probation"; es decir, cuál debe ser el alcance del carácter "vinculante" del consentimiento del Fiscal, requerido por el art. 76 bis, CP; y si éste debe incluir -como en el presente- cuestiones atinentes a lo que debería ser considerado como "la correcta interpretación de una norma".

Sobre el punto, cabe destacar que la función interpretativa que corresponde a los jueces no puede quedar proscripta por la escogida por el órgano acusador. En efecto, si bien los arts. 120 CN, 124 y 125 CCABA, como el art. 5, CPPN le otorgan al Ministerio Público Fiscal la titularidad de la acción penal, ello no significa que el poder de interpretar las leyes deba residir en dicha autoridad.

Al respecto, se ha dicho que la interpretación de las normas es tarea específica del Poder Judicial (CSJN, Fallos 254:315, 314:1415, entre otros), pues "los jueces tienen la misión de desentrañar el contenido de las normas penales, sus presupuestos, delimitar los hechos punibles y los no punibles [...] En este sentido, la interpretación judicial constituye una de las funciones primordiales de la actividad jurídica de un estado de derecho con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas frente al poder del estado, erigiéndose así, en conquista irreversible del pensamiento democrático. Para alcanzar acabadamente este objetivo, lo cual significa que la tarea interpretativa adquiera legitimidad, es requisito indispensable que ella permita la aplicación racional de las normas jurídico penales." (Fallos 309:5).

En ese orden de ideas, cabe destacar que "la misión judicial no se agota con la sola consideración indeliberada de la letra de la ley, porque es ineludible función de los jueces en cuanto órganos de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente, determinar la versión, técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso" (Fallos 301:1162, del voto del Enrique Santiago Petracchi).

Así, "la interpretación judicial de la ley es también siempre un juicio sobre la ley misma, que corresponde al juez junto con la responsabilidad de elegir los únicos significados válidos, o sea, compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos fundamentales establecidos por las mismas" (conf. Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías. La ley del más débil. ed. Trotta, 1999, p. 26).

De ello se desprende que en el caso de autos, la falta de consentimiento del Sr. Fiscal de Grado, por fundarse en un criterio interpretativo de la norma en cuestión, no resulta vinculante para la Magistrada quien, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional tiene el deber de interpretar la norma contenida en el art. 76 bis CP, a fin de determinar su sentido y alcance. De lo contrario, las decisiones judiciales quedarían siempre ligadas a las del Ministerio Público Fiscal, en desmedro del principio de imparcialidad del tribunal.

Ello en modo alguno implica vulnerar el principio acusatorio que nos rige, sino que, muy por el contrario, implica su reafirmación, puesto que de acuerdo a él, las funciones estatales de perseguir y juzgar se encuentran desdobladas, dado que es un órgano distinto a los jueces el encargado de excitar la actividad de éstos; no puede haber actuación de oficio y los magistrados en su rol de terceros imparciales son encargados de resolver los puntos que las partes debaten. Esta separación entre el que acusa y el que juzga, como así también el ejercicio y mantenimiento de la acción por el que acusa, resultan los elementos esenciales del sistema acusatorio formal (Asencio Mellado, José María, Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal, Madrid, 1991, p. 17/18; Armenta Deu, Teresa, Principio acusatorio y Derecho Penal, Barcelona, 1995, p. 31/32, cit. por Gil Lavedra, Ricardo, "Legalidad vs. acusatorio -una falsa controversia-", en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal nro. 7, Ad Hoc, p. 836).

En el mismo orden de ideas, se ha sostenido que "otorgar valor vinculante al consentimiento del fiscal respecto de los requisitos legales de procedencia de la suspensión del procedimiento, cuya verificación y definición corresponde obligatoria y exclusivamente al tribunal implica, al mismo tiempo, desconocer el valor de la decisión del tribunal en cuanto a la verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas como presupuestos legales de la aplicación del instituto. Ello significa, entonces, que el consentimiento del fiscal, para no usurpar la función jurisdiccional, debe tener por objeto, necesariamente, algo distinto a las exigencias legales, cuya verificación exige el control judicial. Sin embargo, este punto de vista no impide que el fiscal se pronuncie sobre los presupuestos legales. Pero tal pronunciamiento no obliga al tribunal ni integra el consentimiento requerido legalmente" (conf. Bovino, Alberto, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal Argentino, ed. del Puerto, p. 159).

Siendo así, el sentido de la exigencia del consentimiento del acusador estatal, como titular de la acción penal, en el marco de un sistema de justicia penal orientado hacia un modelo acusatorio formal "sólo puede consistir en un juicio de oportunidad político criminal respecto de la persecución penal de un caso particular" (conf. Bovino, ob. cit.).

Por último, y yendo aún más lejos, se ha dicho que el cuarto párrafo de la norma citada, en cuanto exige el dictámen fiscal favorable para la concesión del instituto "es de dudosa constitucionalidad, porque cada provincia organiza su justicia y distribuye competencias, no pudiendo la ley federal, entrometerse en ello. En segundo lugar, otorga funciones judiciales al ministerio público, porque condiciona la decisión del juez o tribunal; el único caso que el dictamen del fiscal obliga al tribunal es cuando éste solicita la absolución en el debate, pero esto sucede porque no hay acusación, es decir, por falta de un elemento necesario para que haya juicio" (conf. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alagia, Alejandro, Slokar, Alejandro, "Derecho Penal. Parte General. ediar, Bs. As., 2000, p. 929).

Teniendo en cuenta dichas circunstancias, se observa que la interpretación expuesta impide la vulneración de tales principios y permite compatibilizar la norma en estudio con la Constitución Nacional.

En virtud de las consideraciones que anteceden, y que no puede descartarse de plano la viabilidad de la "probation", -pues al imputado se le atribuye la comisión del delito de portación no autorizada de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis, punto 2, tercer párrafo, CP) y el Sr. Fiscal ha solicitado, para el hipotético caso de recaer condena, la aplicación de una pena de ejecución condicional-, corresponde revocar lo resuelto por la Sra. Juez a fs. 102 quien deberá verificar si concurren los demás extremos requeridos por el art. 76 bis, CP.

Por todo ello, el Tribunal, RESUELVE:

I.-REVOCAR lo resuelto por la Sra. Juez a quo a fs.102, en cuanto rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por la defensa. Regístrese, notifíquese con carácter urgente y devuélvase al Juzgado de origen a efectos que la Sra. Juez de Grado resuelva el pedido de la defensa, debiendo verificar si se cumplen los requisitos exigidos por el art. 76 bis del CP.

Ante mí:

Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas