marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Estado, división de poderes, distribución de competencias, sistema republicano, Poder Judicial, Constitución Nacional, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: NN s/ Cuestión a resolver: Constitucionalidad de la facultad otorgada al  Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto (Tribunal  pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-08-27

El criterio de pragmatismo ante un eventual y futuro conflicto interpretativo no puede anteponerse a la esencia de la jurisdicción conforme se la ha delimitado constitucionalmente y la ha entendido nuestro más alto Tribunal de Justicia. No se puede sostener en este punto que lo que no se prohíbe está permitido, en una suerte de traslación del principio de reserva de artículo 19 Constitución Nacional al ámbito de las competencias de los poderes públicos, cuando aquél aparece claramente destinado a garantía de los particulares; en una ejemplificación radicalizada podría afirmarse que tampoco ninguna norma constitucional vedó al Poder Judicial dictar leyes o al Legislativo ejercer funciones de juzgamiento (la conminación expresa lo es para el Poder Ejecutivo, artículo 95 Constitución Nacional) pero nadie dudaría en afirmar que tales funciones excederían el cauce constitucional de las propias competencias porque conducirían a una flagrante violación a la división de poderes, ínsita en el sistema republicano declarado por el constituyente. Ni más ni menos ocurre cuando el Poder Judicial se arroga per se la facultad de emitir pronunciamiento fuera de los casos sometidos a su jurisdicción, que es el único modo de actuación, que le reservó el constituyente. En materia de poderes del Estado, el alcance de las atribuciones de cada uno de ellos no debe apreciarse por la omisión de prohibición sino por su expresa asignación y en el marco de los criterios rectores del esquema institucional establecido por la Constitución, sea en su letra, sea en su espíritu. (Del Voto del Dr. Giménez). En el caso, la cuestión a resolver era la constitucionalidad de la facultad otorgada al Tribunal pleno para expedirse en defecto de caso concreto.
Remuneración, viáticos, prueba insuficiente
Materia: LABORAL
Carátula: De Caso Adolfo Arturo c/ Sontec S.A. y/o responsable s/ Diferencia de Haberes, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-12-23

Al considerar tema propuesto al conocimiento de la alzada el referente a los viáticos cuyo reclamo fuera desestimado en origen en la expresión de agravios, destaca que la demandada abonaba en negro el equivalente a 1.500 litros de nafta, diré, que dicho aspecto de la relación, carece, a mi entender, de pruebas, tal como lo considera la Juez a-quo con apoyo en la absolución de posiciones, testimoniales y contrato celebrado por las partes, todo con cita de doctrina y jurisprudencia de nota. Incluso del pormenorizado estudio encargado a la perito del poder judicial se repara que luego del exhaustivo análisis de la variada documental concluyó la Perito en que no surge dato alguno sobre el rubro.
Recibo de sueldo, ley de contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Bringa Claudio Alejandro  c/ Campana Motor S.R.L.  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-20

Los recibos de haberes agregados a juicio en tanto satisfacen los requisitos esenciales prescriptos por los arts. 138, 139, 140 y 141 de la LCT, sirven no sólo para demostrar los pagos recibidos (o efectuados en el caso por la empleadora), sino también para acreditar otros contenidos fundamentales del contrato, tales como la fecha de ingreso, modalidad de la relación, calificación profesional, período al que corresponde el pago, existencia de cargas de familia, descuentos realizados, etc. (Voto Romero)
Acumulación de acciones, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Perez de Morea, Patricia c/ Beus de Destasio, Rosalía E. s/ Restituciones y límites al dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado que la omisión del tratamiento por separado es violatorio del art. 26 de la ley 8904, cuando se hubieren acumulado acciones.
Amparo por mora, actos u omisiones de autoridades públicas, mandamiento de ejecución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Serrone, Amalia y otros c/ Ministerio de Bienestar Social s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-68133/01 Amparo por mora. L.A. Nº 44 Fº 644/647 Nº 262 Social s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B-68133/01 Amparo por mora. L.A. Nº 44 Fº 644/647 Nº 262
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-06-21

Por la vía del amparo por mora puede exigirse a la administración la ejecución de actos. Se entiende que, si es factible peticionar a la Justicia que ordene a un órgano administrador con poder de decisión que se pronuncie expresamente respecto de determinada pretensión de administrado, con mayor razón aún es posible hacerlo en relación a funcionarios de menor jerarquía que sólo tienen a su cargo el cumplimiento material de lo ordenado. Es decir que, si para que el acto ordenando sea cumplido se requiere una actividad posterior de la administración que, a la sazón no se ejecuta, es admisible demandar por mora en virtud del menoscabo que tal omisión significa.
Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes, jerarquía administrativa, voto en disidencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-22

Los poderes estatales no pueden admitir dispositivos que, sin razón de ser y justificación alguna, vayan contra una directiva de derecho internacional público incorporada legítimamente en función de la delegación constituyente de esta materia a la Nación. Así, la aplicación absoluta de la inmunidad de proceso al caso neutraliza los otros términos de la ecuación (investigar, enjuiciar y/o fallar) a los que la República Argentina, en Naciones Unidas, frente a la Comunidad de Naciones, se comprometió a respetar y proteger; debiendo tener en cuenta que las normas locales cuentan con menor jerarquía que las que surgen de los Tratados Internacionales, en tanto -después de la reforma constitucional de 1994- a su artículo 31 hay que coordinarlo con el 75, inciso 22 en lo que atañe a los Tratados Internacionales; y por ende, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, los decretos provinciales, y la totalidad de las normas y actos provinciales se subordinan a: a) la constitución federal y los instrumentos internacionales que por el artículo 75, inciso 22 tienen jerarquía constitucional; b) los demás tratados internacionales que por el artículo 75 inciso 22 tienen rango superior a las leyes, y las normas de derecho comunitario que derivan de tratados de integración a organizaciones supraestatales, y que por el artículo 75 inciso 24 también tienen nivel supralegal; c) las leyes del congreso federal; d) toda norma o acto emanado del gobierno federal en cuanto tal. (De la disidencia del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución nacional, artículos 31 y 75, incisos 22 y 24. - DOCTRINA: Bidart Campos, Germán J, "Manual de la Constitución Reformada", Editorial Ediar, 2da. reimpresión, Bs. As. 2001, Tomo I, pág. 440.
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, empleados públicos, estabilidad del empleado público, asignación de funciones, ius variandi
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Pistacchia, Juan Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso extraordinario- Recurso contencioso administrativo de plena   jurisdicción (Expte. C.S.J. Nro. 805 Año 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-27

Cabe denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde que carecen de entidad para lograr su apertura las alegaciones relativas a que la sentencia de la Corte no advirtió la falta de motivación de los actos impugnados -que entiende el recurrente significaron un desmedro en sus funciones, a su derecho a la estabilidad-, cuando en la misma se consideró que "la señalización de la proximidad de los comicios provinciales que debían llevarse a cabo en el año 1995, aunque breve, permite comprender, sin dificultad, la razón que determinó a la Administración a disponer la adscripción de diversos agentes al Tribunal Electoral para poder cumplir cabalmente esa trascendente misión inescindiblemente ligada a los principios democráticos que nuestra Provincia ha asumido (art. 1 Constitución provincial)", coligiéndose de ello el sólo empeño por parte del recurrente en lograr una diferente interpretación y valoración -opuesta a las que efectuó la Corte- de las circunstancias fácticas acontecidas en orden a meritar la procedencia de la pretensión de que se anulen los actos pertinentes y se lo incorpore a la estructura funcional del Servicio Provincial de Catastro e Información Territorial.
Prescripción adquisitiva, prueba testimonial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Duré Pedro Enrique s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-06-09

La sentencia que haga lugar a la prescripción adquisitiva no puede basarse exclusivamente en la prueba testimonial (Dec. Ley 5766/58). No significa ello que la prueba testifical sufra menoscabo; de hecho y en la generalidad de los casos, el proceso de reconstrucción de los hechos habría de tener su principal sustento en dicha prueba, de donde es preciso que -a través de ella y de manera inequívoca- puedan apoyarse consideraciones que demuestren: a) la existencia de actos posesorios; b) la continuidad de la posesión; c) la inexsistencia de actos turbatorios; d) el carácter público de la conducta desplegada y e) la antiguedad de la posesión que exceda el lapso exigido por la ley. Acreditados estos extremos el juez podría integar su convicción merituando cualesquier otro elemento de juicio que tenga valor probatorio y que no sea otra mera constancia testifical.
Defensa en juicio, recurso directo, recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad.   Reclamación de filiación (Expte. CSJ Nº 205- 98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-05-02

Dada la posibilidad prevista por el legislador local, a fin de salvaguardar el derecho de defensa, de recurrir directamente ante el superior pidiendo la concesión del recurso frente a resoluciones denegatorias de los mismos, el planteo del recurrente no logra demostrar ritualismo en que la Corte entendiera no refutado el fundamento dado por la Alzada en la denegatoria, al juzgar insatisfecho dicho extremo por no haber deducido el recurso específico del que disponía. Por tanto, no puede juzgarse adecuada para sustentar un agravio constitucional la argumentación del recurrente en cuanto aduce que se soslaya analizar la omisión en que, de las cuestiones de fondo, había incurrido la Alzada. Tampoco puede entenderse que satisfaga tal recaudo la insistente mención que efectúa aquél en el sentido que la Corte oculta dicha abstención bajo el ropaje de las formas. Es que, el desarrollo impugnativo, se ciñe en tildar de ritualista la respuesta jurisdiccional brindada por el Tribunal, más sin lograr perfilar que en el sub lite se diera un supuesto de excepción que autorizara a apartarse de la regla que indica que las cuestiones procesales, en principio, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, ni que se configuraran los vicios descalificantes que intentaba imputarle a la Sala al resolver el recurso de apelación extraordinaria.
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Marutke de Espósito, María c/ Coop. textil de trabajo s/ Enfermedad accidente Burgos, Mabel c/ Complejo Pesquero Marplatense S.A.I.C. s/ Incapacidad temporal Spnoli, Elida c/ Clínica de la Merced S.A. s/ Cobro de pesos por incapacidad Ramírez, Nicolás c/ Fortunato Bonelli y Cía. s/ Enfermedad accidente Romero, Jesús Felipe c/ SOMISA s/ Enfermedad accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-12-03|1986-08-12|1987-10-20|1992-10-06|1993-12-21

La circunstancia de que la pericia médica no obligue al tribunal del trabajo, no significa que pueda apartarse arbitrariamente de la misma; en todo caso la desestimación de la conclusiones debe ser razonable y científicamente fundada.
Daños y perjuicios, accidente de tránsito
Materia: CIVIL
Carátula: MONTIEL, ANA MARIA Y OTRO c/ RIPIERA DEL VALLE S.A. s/ PROCESO SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1996-04-10

La circunstancia de que el menor protagonista del accidente (conducía una bicicleta) contara con solo trece años, significa que carecía de habilitación para conducir, lo que puede hacer presumir su impericia, pero sobre todo que carecía de la madurez y experiencia suficiente como para afrontar las alternativas y los riesgos del tránsito automotor. En el caso de autos esto probablemente explique su proceder irreflexivo, tanto al introducir en una ruta evidentemente vedada a la circulación como al intentar acceder al tramo menos apto, sin tener la precaución al menos, de detenerse para ver en que situación se encontraba.-
Caducidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ovis, Héctor Pedro c/ Costas, Olegario Faustino y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

Contrariamente a lo que ocurre con la prescripción, la caducidad puede ser declarada de oficio de modo tal que puede ser dictada aun cuando no hubiera sido solicitada por ninguna de las partes.
Derechos de los agentes de la administración pública, estabilidad del empleado público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Guida, Liliana c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ empleo público.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-02

El derecho a la estabilidad en el empleo público (art. 14 bis de la Constitución Nacional) no es absoluto, de modo que coloque a sus beneficiarios por encima del interés general, al obligar a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por motivos de economía o por otras causas igualmente razonables.
Recurso extraordinario, cuestión federal, Administración Pública Provincial, empleados públicos, personal municipal, ordenanzas municipales, derechos y garantías constitucionales, estabilidad del empleado público, defensa en juicio
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO - LABORAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Carma, José Antonio c/ Municipalidad de Valle Viejo. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-10

Existe cuestión federal, si la decisión ha sido favorable a la validez de la ordenanza 037 -Estatuto del Empleado Municipal- de la Municipalidad de Valle Viejo, y adversa a los derechos que el actor fundó en los arts. 14 bis y 18 de la Constitución Nacional.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, obras sociales, competencia, leyes, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Sindicato de Estaciones de Servicios OG, P y LA c/ Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ¨Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ¨Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98)  -Tribunal Pleno- Leiva, Juan y José María y/u otro s/ Aportes. Cuestión a resolver: La Justicia Provincial ?Es competente   Para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y   Contribuciones de las obras sociales reguladas por las leyes 23660 y  23661? Y, en su caso ?Bajo cuales circunstancias? (Expte. Nro. 113-98) -Tribunal Pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-02-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho una interpretación estricta de la letra del artículo 24 de la Ley 23660, cuya proposición claramente indica que se trata de competencia material referida al cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las Obras Sociales. (Del Voto del Dr. Machado). En el caso, la cuestión a resolver es si la justicia provincial es competente para entender en las causas que persiguen el cobro de aportes y contribuciones de las Obras Sociales reguladas por las Leyes 23660 y 23661. Y, en su caso, bajo cuáles circunstancias.
Recurso de apelación (procesal), medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: ZAMPEDRI, JOSE ANTONIO c/ BANCO DE FORMOSA S.A. Y OTROS s/ JUICIO ORDINARIO Inc. Legajo Art. 250 del CPCC s/ JUICIO ORDINARIO Inc. Legajo Art. 250 del CPCC
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-08-23

Es improcedente el recurso de apelación interpuesto dado que la admisibilidad de las medidas cautelares se encuentra subordinada a la concurrencia de los presupuestos básicos de verosimilitud del derecho invocado y "peligro en la demora", de conformidad con lo establecido en el ordenamiento procesal.
Recurso de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ipucha, Luis Alberto c/ Playas del Faro S.A.I. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2003-11-18

Para revisar las cuestiones de hecho no le basta al recurrente con denunciar absurdo y exponer -de manera paralela- su propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario poner en evidencia la existencia de tal extremo en tanto error grave y grosero que supone tal vicio de la lógica.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestiones de hecho y prueba, cuestión de derecho común, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: López, María Elena c/ Caja  Nacional  de  Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-06

Aun cuando los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas, por su naturaleza a la instancia extraordinaria, procede la apertura del recurso cuando lo decidido conduce a la frustración de derechos que cuentan con amparo constitucional.
Acto administrativo, prueba, carga de la prueba, legalidad objetiva, presunción de legitimidad
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: C., R. H. c/ Municipalidad de Camarones s/ Recurso Contencioso Administrativo (Expte. N° 16371- 2007).
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-01

GORDILLO señala que, en materia probatoria, el Derecho Procesal Administrativo no se aparta de las reglas básicas del Derecho Común (coincide GONZÁLEZ PÉREZ), aunque su dinámica pueda ser diferente, y -citando al italiano TREVES, sostendrá que "la presunción de legitimidad del acto administrativo importa en todo caso una relevatio ad onere agendi pero nunca una relevatio ad onere probandi; de allí se sigue, en palabras de MICHELI, que "de por sí la presunción de legitimidad no es suficiente para formar la convicción del juez en caso de falta de elementos instructorios" y que no puede en modo alguno sentarse el principio de "en la duda a favor del Estado".

En otras palabras -acota- la presunción de legitimidad del acto administrativo no invierte, pues, la carga de la prueba, ni libera a la administración de aportar las pruebas según su posición. La prueba -sigue- está a cargo primariamente de las partes y está dirigida al juez y esa carga -dependiendo de la naturaleza de la pretensión- puede que repose en una de las partes más que en la otra.. Esa verdad jurídica material u objetiva no es -como lo enseña MORELLO- una verdad absoluta y abstracta, sino que debe entenderse como "un estado subjetivo del juez cuyo acceso a esa verdad (certeza) se ha ajustado a un procedimiento reglado y a pautas y guías lógicas y de experiencia y en consecuencia a una certeza suficiente sobre los hechos.

La presunción de legalidad. no evita -añade- que la Administración Pública -frente a una concreta impugnación tenga la carga jurídica de acreditar la conformidad de su conducta con el ordenamiento jurídico, pues. la carga que sobre el particular pesa de instar la acción judicial no desplaza la carga de la prueba que recae sobre ambas partes de acreditar los supuestos de hecho de la norma jurídica cuya aplicación reclaman en el caso concreto".
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Santillán, Eduardo Rubén. c/ Legislatura de la Prov. de Tierra del Fuego A.I.A.S. s/ Demanda Contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-09-04

Le asiste razón al recurrente acerca de que lo decidido por la alzada respecto de que la demanda se habría promovido mas allá del plazo perentorio de los noventa días hábiles judiciales previstos en el art. 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos nro. 19.549, no fue materia de la apelación que abrió la jurisdicción de la segunda instancia y que constituye el marco de la misma. Cabe concluir que la Cámara carecía de facultades para introducir dicha cuestión oficiosamente, pues ello es lesivo de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio y contrario a lo expresamente establecido en el art. 277 C.P.C.C.N.
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: LEGUIZAMO, CARLOS c/ IRIBARNE CARLOS s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

Difícilmente se produce un choque en una bocacalle si no ha mediado negligencia de ambos conductores, ya que es suficiente que uno de ellos mantenga el pleno dominio de su vehículo y actúe con mediana pericia para que no se produzca.
Prenda comercial, prenda con registro, ejecución prendaria, subasta judicial, designación de martillero
Materia: COMERCIAL
Carátula: VOLKSWAGEN  S.A.  DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS c/ HERNANDEZ, RAUL s/ EJEC. PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-20

La facultad de designar martillero integra los derechos sustanciales de la garantía real, a la que complementa, por ello no puede cercenarse al acreedor este derecho.
Recurso extraordinario federal, principio de congruencia, acusación, sentencia condenatoria, apreciación de la prueba, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: L. G., G. R. s/ QUEJA EN: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL s/INVESTIGACIÓN L. G. s/PTO. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" (Expte. Nº 21197/06 - STJ-)
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-02

Es de destacar que conforme al precedente "Brusa" y específicamente a la remisión que se efectúa al considerando 23 del voto concurrente del precedente "Nicosia" y su cita, han sido rechazados expresamente los planteos relativos a la falta de congruencia entre la acusación y el fallo. Los mismos fundamentos, son aplicables a esta causa a los que remitimos "brevitatis causae". Lo mismo ocurre respecto a los planteos de nulidad y a la valoración de la prueba testimonial; y por último, merece igual ponderación la que se refiere a las supuestas contradicciones en que hubiera incurrido el juzgador en orden a las reglas de valoración de la prueba, conforme a la expresa remisión hecha a los considerandos 15, 20 y 23 del precedente "Nicosia" al que se remite para determinar la improcedencia del recurso extraordinario intentado.