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Pago, notificación por cédula
Materia: PROCESAL
Carátula: N. DE F.D. c/ F.R. s/ DIVORCIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-08

El depósito de una suma de dinero no resulta suficiente para extinguir la obligación aunque su monto pueda coincidir con el total adeudado. Es menester además poner a la acreedora en conocimiento de ese depósito, extremo éste que pesa exclusivamente sobre el deudor.

Se encuentra a cargo del deudor, si quiere liberarse de la obligación emergente de una sentencia judicial, hacer conocer su intención de pago, ya que si bien tiene ese derecho, dicha intención de pagar quedará supeditada a la aceptación por parte del acreedor, o a la decisión judicial que, ante la negativa de él, se dicte analizando las circunstancia de tiempo, modo y lugar, en que se intentó consignar la suma que debía el depositante.

Para que la consignación hecha por vía judicial pueda tener efectos de verdadero pago, no tiene que haber sido impugnada por el acreedor (art. 759, 1 parte del Código Civil). Si bien éste tiene el deber de expedirse dado que su silencio equivale a conformidad (art. 919 del Código citado), debe tenerse certeza de que tomó conocimiento del depósito, el que no se obtiene haciendo aplicación de la notificación automática que regla el art. 133 del Código Procesal.

La trascendencia del acto y los derechos constitucionales comprometidos (art. 17 y 18 de la ley fundamental), obligan a que la notificación se realice por cédula en el domicilio constituido por el interesado.

Si no se procedió de esa manera, no cabe liberar al deudor a la fecha en que se efectuó el depósito y la actualización debe prosperar hasta la oportunidad en que el acreedor tomó conocimiento del mismo, sin perjuicio del posterior reajuste.
Sociedad conyugal, bienes propios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bernabe, Eduardo Hugo c/ Ambrosetto, Edda Antonia s/ Calificación de un bien como ganancial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Si bien entre cónyuges el cumplimiento del requisito de dejar constancia en la escritura del origen del dinero no es requisito ineludible, hecha la manifestación con el concurso de ambas voluntades, no puede luego el marido, que reconoció el carácter propio del inmueble adquirido, pretender restarle eficacia a dicha declaración, pues a ello se opone el hecho de que no puede ponerse en contradicción con su anterior conducta, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz.
Accidente de tránsito, falta de prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: TRONCOSO JORGE LUIS c/ DANIEL AMENGUAL s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S080 - 465)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-02-24

El accionante no probó que hubiera alquilado un automóvil, ni que hubiera necesitado recurrir a otros vehículos para el desempeño de sus tareas habituales. Por ende no se ha probado el daño que pretende le sea resarcido, lo que implica que no cabe reparación por el monto expresamente invocado por el alquiler de una auto. Sólo cabe una indemnización razonable, por las molestias que de por sí causa tal privación.-
Sucesiones, derecho de habitación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Asins Martinez David s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-29

Para que el cónyuge supérstite pueda hacer valer el derecho real de habitación que le confiere el art. 3573 del Código Civil, agregado por la ley 20.798, se requiere: a)Que el causante hubiere dejado un sólo inmueble habitable como integrante del haber hereditario; b) Que el inmueble hubiera constituido el hogar conyugal y c) Que el valor del mismo no sobrepase el indicado como límite máximo a las viviendas para ser declaradas bien de familia. Además la disposición citada determina claramente que es "a la muerte del causante", el momento en que deben estar reunidas las condiciones que hacen a la procedencia del derecho mencionado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, prueba, producción de la prueba, negligencia procesal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: IZAGUIRRE, RAMON JORGE c/ SAN GABRIEL S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-06-16

Las imputaciones intentadas para la descalificación constitucional del fallo impugnado, confrontadas con los fundamentos del decisorio denotan que, magüer el tinte constitucional que el recurrente pretende imprimirles, sólo trasuntan su discrepancia con lo decidido por la Sala al confirmar lo resuelto en baja instancia en materia probatoria, y concluir -con anclaje en las constancias de autos- que resultaba imputable al recurrente la falta de producción oportuna de la prueba pretendida, señalando que había contado con tiempo suficiente para llevarla adelante, pudiendo inclusive haber requerido el auxilio de la fuerza pública si estimaba que la incomparecencia de los testigos no tenía como causa la ausencia de notificación, destacando que el profesional de la actora no tomó las medidas pertinentes en resguardo de los derechos de su parte -más aún teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 60 del C.P.L.-, demostrando inequívoca negligencia en la producción de las pruebas.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, comercialización ilegal de estupefacientes, ley penal más benigna, bien jurídico protegido
Materia: PENAL
Carátula: Ponce, Mónica y otros s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

No es factible sostener que la tenencia de estupefacientes comprobada no lesiona el bien jurídico tutelado - salud pública - en el caso en que la investigación fue iniciada por datos recogidos por la posible comercialización de estupefacientes, que culminó con la detención de la acusada a quien se le secuestró un paquete que contenía - en forma descompuesta - clorhidrato de cocaína dispuesta en siete sobres, que a las claras se compadece con las perspectivas criminosas de distribución, por lo que, si bien la prueba se presenta insuficiente para atribuir la figura de comercialización, tampoco es viable adjudicar la tenencia comprobada a un deseo de consumo individual, trascendiendo la conducta la esfera privada caracterizándose el delito de tenencia ilegítima de estupefacientes (artículo 6 de la Ley 20.771 y 2 del C.P. ).
Contrato de trabajo de temporada, colonias de vacaciones
Materia: LABORAL
Carátula: COUNTRY CLUB DE BANFIELD c/ CASFEC s/ APELACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

Los profesores de educación física y maestros de un jardín de infantes que la demandada hace funcionar en sus instalaciones en época estival se encuentran vinculados con aquélla por un contrato de trabajo por temporada, art. 96 de la ley de contrato de trabajo, susceptible de repetirse cíclicamente, en tanto prestan servicios personales por tiempo determinado a cambio de una retribución cierta en dinero y son ajenos a los frutos que la empresa obtiene al poner dichos servicios a disposición de la comunidad, conforme arts. 21, 22 y 23 de la ley de contrato de trabajo.
Superior Tribunal de Justicia, competencia por la materia, recurso de casación penal, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: MORILLO, RODOLFO Y OTROS s/ PRUEBA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1961-06-19

El tribunal superior no es un tribunal de segundo grado con facultad para corregir todos los errores de hecho y de derecho que puede cometer el inferior, sino un supremo guardián del derecho sustantivo y procesal para evitar la inobservancia de las formas prescriptas bajo pena de nulidad e inadmisibilidad (c.P.P.,art. 493, ley 3831). La potestad jurisdiccional de este tribunal es excepcional, carece de facultad para corregir posibles errores de hecho, su competencia esta limitada por los motivos en que puede basarse el recurso, la norma que la determina debe ser interpretada restrictivamente.

El recurso de apelación es el remedio idóneo para provocar un examen ex novo de los hechos que constituyen el objeto procesal, bajo todos los aspectos.-
Derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, allanamiento domiciliario, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiorentino, Diego Enrique s/ tenencia ilegítima de estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

El art. 18 de la Constitución Nacional consagra el derecho individual a la privacidad del domicilio de todo habitante correlativo del principio general del art. 19 en cuyo resguardo se determina la garantía de su inviolabilidad, oponible a cualquier extraño, sea particular o funcionario público. Aunque en rigor no resulta exigencia del art. 18 que la orden de allanamiento emane de los jueces, el principio es que sólo ellos pueden autorizar esa medida, sin perjuicio de algunos supuestos en que se reconoce a los funcionarios la posibilidad de obviar tal recaudo (confr. en el orden nacional los arts. 188 y 189 del Código de Procedimientos en Materia Penal).
Daños y perjuicios, competencia, club de campo, servicio telefónico
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOCIEDAD   ADMINISTRADORA  CLUB  DE  CAMPO  LA  ESPERANZA  SA c/ TELEFONICA  DE  ARGENTINA  SA s/ incumplimiento  de servicio detelecomunic.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

La Sociedad Administradora del Club de Campo La Esperanza SA promovió demanda contra Telefónica de Argentina SA, a fin de ser resarcida de los supuestos daños y perjuicios que le imputó al accionar de la demandada, al no brindarles el servicio de telefonía oportunamente acordado en un convenio celebrado en 1998. Fundó su pretensión en los arts. 499, 506, 902 y concordantes del Código Civil. No aparecen involucradas "prima facie" disposiciones o principios relativos a la prestación del servicio básico de telefonía, sino normas de derecho civil, conforme el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "García, Margarita Gladis c/ Telefónica de Argentina SA s/ daños y perjuicios", del 14-10-08 y en igual sentido doctrina de Fallos: 330:1286; esta Sala causa 5460/10 del 8-2-11), corresponde atribuir el conocimiento de las presentes actuaciones a la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil.
Actividad industrial, tareas de limpieza, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: RABONI, Carlos c/ LESONYE SRL Y OTROS s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-20

Las tareas de limpieza son accesorias y conceptualmente escindibles de la actividad de fabricación de margarinas, emulsiones y levaduras para alimentos, desarrolladas por la demandada. Así, no corresponde aplicar la solidaridad consagrada en el art. 30 LCT para la actividad secundaria, aunque haga a la actividad permanente y habitual del establecimiento.
Ejecución de sentencia penal, período de prueba del condenado, salidas transitorias
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: RECIO MACIEL, Celso Eric s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-06

El estímulo educativo previsto en el art. 140 ley 24.660 no resulta de aplicación respecto de las salidas transitorias, las cuales conforman un régimen alternativo de cumplimiento de la pena privativa de libertad que requiere para su viabilización, entre otros extremos, que el condenado se encuentre transitando el período de prueba, y no constituyen en sí mismas ningún período en los términos del art. 12 de dicha ley, sino un beneficio dentro del período de prueba. El período de prueba no está conformado por fases, las que sí se encuentran normativamente previstas -art. 14 ley de ejecución de la pena y art. 14 decreto 396/99- para la etapa que antecede, esto es, el período de tratamiento. El voto concurrente agregó que el estímulo está circunscripto a un avance en las etapas de progresividad del régimen de condenados sustentado en la constancia, disciplina y esfuerzo del justiciable, valores que sólo inciden en un acortamiento de los lapsos legales establecidos para pasar de una fase o período al siguiente.
Daños y perjuicios, incapacidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Milla, Claudio Jorge c/ Fernández de Alonso, Rosa M. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Para evaluar económicamente la incapacidad sobreviniente y fijar la indemnización deben tenerse en cuenta las condiciones personales del damnificado, sin atenerse a normas fijas ni a las pautas de la ley 9688, debiendo resarcirse no solo la incapacidad laboral, sino también la genérica, de suerte que "la indemnización debe ser fijada no solo en función del aspecto laborativo, sino en todas las actividades del sujeto y de la proyección que la secuela tiene sobre la personalidad integral de la víctima; debe además, aplicarse un criterio dotado de suficiente fluidez, que tenga en cuenta las características particulares de cada caso (sexo, edad, condición social y económica del damnificado, situación familiar, etc.).-
Caducidad de instancia, escritos judiciales, cargo, copias
Materia: PROCESAL
Carátula: The First National Bank of Boston c/ Bercomat S.A. y otros s/ juicio ejecutivo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-12

La falta de objeciones por parte del tribunal acerca de la autenticidad de la fecha que consta en el cargo de un escrito en tanto no concuerda con la asentada con un fechador mecánico en la copia-, o bien importa una conducta errónea del tribunal, o bien una falsedad en las afirmaciones del justiciable y la alteración del instrumento, y ello debe dar lugar a la correspondiente denuncia y no impedir la descalificación de la decisión que declaró la caducidad de la instancia.
Homologación del acuerdo laboral, derechos del trabajador, deberes del juez
Materia: LABORAL
Carátula: FRANCO ALEJANDRO JOSE c/ NUEVO DIARIO Y/O RESPONSABLE s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-02-04

En materia laboral, el control judicial propio de la homologación, adquiere una mayor preponderancia y amplitud dada la naturaleza del derecho de que se trata, ello en razón de que el Derecho Laboral tiene como finalidad esencial la protección del trabajador, entendiéndolo como la parte más débil de la relación laboral. Es más, generalmente, el obrero tiene un nivel socio económico y cultural inferior al de la patronal, por lo que el juez actuante debe extremar su accionar en defensa de sus derechos y ser muy cauteloso cuando se trate de aprobar un convenio presentado para su homologación. Como la finalidad de dicho pronunciamiento es otorgar firmeza a ciertos actos de las partes, el juez deberá examinar previamente los recaudos exigidos por imperativo legal, es decir que el mismo no contenga renuncias ni afecte los derechos del trabajador, sino que contenga una justa composición de los intereses en pugna.
Procedimiento administrativo, debido proceso, defensa en juicio, derecho a ser oído
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Agencia Marítima Christophersen S.A. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.: C.S.J. Nro. 159 año 1992)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-03

Las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de inexcusable observancia en todo tipo de actuaciones, inclusive en los procedimientos administrativos de naturaleza disciplinaria, para lo cual resulta indispensable que la persona en cuestión haya sido notificada de la existencia del procedimiento que se le sigue o haya seguido, y que además se le dé la oportunidad de ser oída y de probar de algún modo los hechos que creyere conducentes a su descargo".
Encubrimiento, falsificación o adulteración de la identificación de armas, sobreseimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARISI, Gonzalo E. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-12

No procede el encubrimiento del delito de supresión de números identificatorios.

Si bien la eliminación de la numeración del arma sí constituye un accionar típico de acuerdo al tipo previsto en el art. 289 inc. 3 del C.P., no puede sostenerse que su obtención se haya logrado mediante la comisión de un delito, requisito indispensable para configurar el encubrimiento .

Si el revenido químico practicado solo permitió identificar, parcialmente, la numeración registral del bien, ello impide continuar con la investigación en vías de individualizar al legítimo propietario o cualquier otro elemento que permita sostener que la obtención del arma se haya logrado mediante la comisión de un delito, requisito indispensable para configurar ese tipo penal.

Razón por la cual, debe revocarse la resolución que amplía el procesamientodelimputado y sobreseerlo parcialmente con relación al hecho de la erradicación de numeración del arma secuestrada calificado como encubrimiento art. 277 inc. 1 c del C.P.
Accidentes de trabajo, ley especial, comisiones médicas, recurso directo, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Villanueva Adriana Beatríz c/ Galeno ART SA s/ queja expte. administrativo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-17

La trabajadora deduce recurso directo ante la Cámara, destinado a cuestionar, en los términos del art. 2 del Decreto 54/2007, lo resuelto por la Comisión Médica Central referido a la incapacidad que dice padecer por una enfermedad profesional. La presentación es inadmisible desde una perspectiva formal. El mencionado decreto que la funda ha perdido virtualidad con la promulgación de la ley 27.348 del 24/02/2017, y si bien esta norma dispone un diseño idéntico, está supeditada en su vigencia a la implementación cabal de un sistema que debe ser reglamentado y que, sin perjuicio de la subsistencia de las comisiones médicas implica toda una reformulación del acceso a la jurisdicción, que no es susceptible de aplicación retroactiva en reclamos ya en trámite. Si bien la presentación se ha efectuado bajo el ámbito temporal del citado decreto, esta disposición, más allá del parecer que podría suscitar, también preveía para su aplicación un ordenamiento por parte de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que no se llevó a cabo en la fecha en que se dedujo el recurso. Por lo tanto, cabe considerar la inexistencia de la vía elegida por la recurrente en el momento en que acudió a esta Cámara, y se impone, su rechazo. (Del dictamen del Fiscal General, al cual adhiere la Sala).
Tentativa de homicidio, lesiones graves, prisión preventiva
Materia: PENAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros contra GCBA y otros sobre amparo c/  s/ NN c/  s/ art. 90 CP - lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-04|2019-06-04

Corresponde disponer la prisión preventiva por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, y subsidiariamente, tentativa de lesiones graves o incendio doloso consumado agravado por el riesgo de muerte para el acusado de arrojar líquido inflamable y prender fuego a dos personas en situación de calle, toda vez que el hecho se encuentra suficientemente acreditado con un alto grado de comprobación y que los elementos objetivos existentes permiten sostener la sospecha de que en caso de que permanezca en libertad, el imputado podría amedrentar o intimidar a las víctimas y testigos de los hechos, ya que se trata de personas en alto grado de vulnerabilidad por su precaria condición social.
Lavado de activos, administración de bienes, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Rodríguez, Roberto Eduardo; Aquino, Santa Elba; Villalba, Daniela Rocío; Ramos, Rosa Gladys; Glibota, Jose Rafael; Herrera, María De Los Ángeles y Sosa, Gricelda Romina  c/  s/ infracción art. 303 C.P.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Corrientes
Fecha: 2018-03-15

Nos encontramos con un comportamiento que se subsume con claridad en el delito de lavado de activos toda vez que los incriminados, actuando de manera organizada, en tanto miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de lavado de dinero, convirtieron, transfirieron, administraron, vendieron, y pusieron en circulación de distinto modo, dinero y/o bienes provenientes de un ilícito penal, los que adquirieron apariencia de un origen lícito, superando la condición objetiva de punibilidad por la reiteración de hechos vinculados entre sí.
Juicio por jurados, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, fundamentación de sentencias, juicio por jurados populares, razonabilidad tributaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comisaría 18 de Los Menucos  c/  s/ investigación homicidio agravado - Ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-03-09

El requisito de racionalidad debe verificarse en las sentencias en que intervengan jurados populares y es perfectamente posible su control, tal como estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "CANALES" (cf. Fallos: 342:697), "toda vez que la verdadera fundamentación no radica en la expresión escrita de razonamientos, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia". (Voto del Dr. Apcarian, Dr. Ceci y Dra. Piccinini sin disidencia)
Allanamiento domiciliario, consentimiento del morador, secuestro de estupefacientes, prueba prohibida, derecho a la intimidad
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Fiorentino, Diego Enrique s/ tenencia ilegítima de estupefacientes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

Descartada la existencia de consentimiento que pueda juzgarse como causa válida de la presencia de los agentes policiales en la vivienda del imputado, se sigue que los efectos secuestrados a raíz de tal introducción ilegal en la esfera de la intimidad de aquél no pueden ser admitidos como elementos probatorios en la causa, pues el método seguido para su obtención ofende al sentido de justicia (Voto del Dr. Enrique Santiago Petracchi).
Proceso contravencional, sentencia, sentencia condenatoria, presunción de inocencia, sana crítica racional, revisión judicial
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: SOLANO RIOS, CARLOS ANDRÉS s/ Infr. art. 83 ley 1472- APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-14

Sólo la certeza sobre la culpabilidad del imputado autorizaría una condena en su contra (artículo 3, "a contrario sensu" , del C.P.P.N.), pues gozando éste de un estado jurídico de inocencia constitucionalmente reconocido (Art.18 de la C.N.) y legalmente reglamentado (art.1 del C.P.P.N.), únicamente podría ser declarado culpable cuando las pruebas hayan producido, no ya la probabilidad, sino la más plena convicción del tribunal al respecto.

Y en tal aspecto, este Tribunal está autorizado y debe verificar su la sentencia logró la certeza necesaria para dictar pronunciamiento de condena en virtud del control de logicidad de la motivación (arts.404, inc.2, en función del artículo 399, del Código Procesal Penal de la Nación aplicable en virtud del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional).

Ello en virtud del sistema de la sana critica racional que, a diferencia de que ocurre el de la íntima convicción exige que las conclusiones a que se llegue sean el fruto racional de las pruebas en que se las apoye.