Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-08-25


En Buenos Aires, el 25 de agosto dos mil tres, se reúnen los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial para pronunciarse en la causa " Calle Guevara, Raúl (Fiscal de Cámara) s/ Revisión de Plenario" (Expediente Nº S. 2572/2001), en virtud de la convocatoria a tribunal plenario requerida por el señor Fiscal de Cámara conforme a la facultad que le confiere el art. 37, inc. e) de la ley 24.946, con el objeto de resolver las siguientes cuestiones:

1.Corresponde modificar la doctrina plenaria sentada en los autos "Uzal SA c/ Moreno, Enrique s/ ejecutivo" del 2.10.91 2.En caso afirmativo : "Además de los supuestos establecidos explícitamente en el texto positivo de la ley, corresponde en otros la capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado se encuentra en mora; en su caso, cuál debe ser la modalidad de la capitalización?"	I. Los señores jueces de Cámara doctores: Isabel Míguez, Julio J. Peirano, Carlos Viale , Enrique M. Butty, José L.Monti, Hector M. Di Tella y Bindo B. Caviglione Fraga, dijeron:

1. A instancias del entonces Fiscal General ante esta Cámara, Doctor Raúl Calle Guevara, se dispuso la convocatoria de este Acuerdo Plenario con el propósito de rever la doctrina fijada hace una década en la causa "Uzal v. Moreno" del 2.10.1991. Con ese alcance se han formulado los interrogantes que hemos sido llamados a responder.

2. La primera cuestión, concerniente a si corresponde modificar la mencionada doctrina plenaria, será contestada afirmativamente. En el transcurso de los diez años de aplicación de ese plenario, su incidencia en las causas que debieron ser resueltas en este Fuero condujo con frecuencia a situaciones francamente disvaliosas, como sostuvo el Fiscal General en su requerimiento y lo pone de manifiesto el cuadro comparativo de evolución de las tasas de interés -con y sin capitalización- que adjuntó a su presentación. Esa circunstancia dio origen a sucesivas intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendientes a descalificar las decisiones basadas en dicho plenario, las cuales pueden ser agrupadas en dos vertientes, a saber:

Por un lado, son numerosos los pronunciamientos en los que la Corte dejó sin efecto las soluciones concretas que habían adoptado los jueces de la causa con base en la doctrina plenaria. Uno de los primeros recayó en la causa "García Vázquez, Héctor y otro v. Sud Atlántica Cía. de Seguros", sentencia del 22.12.1992, donde expresó que "la aplicación de la sentencia de la alzada que por remisión al fallo plenario del fuero dictado en la causa 'Uzal S.A. v. Moreno, Enrique', convalida la capitalización permanente y en breves lapsos, lleva a una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor, cuya obligación no puede exceder el crédito actualizado con un interés que no trascienda los límites de la moral y las buenas costumbres (arg. arts. 953 y 1071 del Código Civil)".

Por tales razones consideró que la sentencia vulneraba garantías constitucionales y debía ser descalificada como acto jurisdiccional (Fallos: 315:2980). El criterio se reiteró en ulteriores decisiones (ver Fallos: 316:3131; 317:53 y sus citas; 318:1345; 319:973; entre otros).

De otro lado, vario	Como lo ponen de manifiesto esos precedentes, particularmente los últimos citados, el criterio establecido por la Corte Suprema sobre esta cuestión excede el margen de contingentes circunstancias propias de los casos examinados y tiende a descalificar puntualmente el núcleo de la doctrina plenaria, a la que considera contra legem. Y aún al margen de una reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal que cita el Dr. Calle Guevara en su requerimiento, en el sentido que los tribunales inferiores deben adecuar sus decisiones a las adoptadas por la Corte en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (conf. Fallos: 307:1094; 311:1644; 320:1660; 321:3201; 323:2322, entre muchos otros). He aquí pues otro motivo de cierta gravitación para rever la doctrina plenaria de que se trata.

3. La respuesta afirmativa a la primera cuestión nos conduce ahora al planteo del tema sustancial propiamente dicho, vale decir, si "además de los supuestos establecidos explícitamente en el texto positivo de la ley, corresponde en otros la capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado se encuentra en mora", y en su caso, cuál debiera ser la modalidad de la capitalización.

Respondemos negativamente a esta segunda cuestión. Diversos argumentos contribuyen a sustentar tal convicción, muchos de ellos ya expresados en el voto de la minoría del recordado plenario "Uzal", cuya tesitura venía precedida de diversos fallos que habían adoptado un criterio contrario a la capitalización de intereses, a excepción, claro está, de las hipótesis expresamente establecidas por la ley en los arts. 569, 570, 788 y 795 del Código de Comercio y en el art. 623 del Código Civil (conf. CNCom., Sala A, "Santi, Roberto A. F. y otros v. De Fasio, Aníbal, y otros s/sum.-incid. de rendición de cuentas-", 28/7/88; ídem, Sala C, "Goniodzki, Eduardo, v. El Talar s/sum.", 20/12/88; ídem, Sala D, "Finur S.A. v. Torres, Oscar, y otra, s/ejecutivo", del 10/3/87, disidencia del doctor Arecha, entre otros).

A modo de introducción, cabe recordar que si bien la ley 23.928 produjo una modificación importante en la materia al cambiar la redacción de la primera parte del art. 623 del Cód. Civil, dejó intacta su segunda parte y, por cierto, tampoco alteró las otras disposiciones específicas que rigen supuestos particulares de capitalización de intereses y determinan condiciones igualmente especiales para su admisibilidad.

En rigor, el temario que suscita esta reunión del Tribunal en pleno, por los propios términos de su formulación y a poco que se examine el orden jurídico en su integridad, no parece admitir sino una respuesta negativa. Basta advertir que el citado art. 623 in limine, del	Por lo demás, los limitados supuestos que se han previsto legislativamente denotan que la ley ha seguido en este tema un criterio restrictivo y estricto, evitando efectuar aplicaciones con sentido genérico. De manera que resulta necesario proceder con cautela en la adopción de una solución que importaría prescindir del texto expreso de la norma con invocación de la existencia de una realidad que contradice el presupuesto de hecho contemplado en ella.

Uno de los fundamentos considerados por la tesis permisiva respecto de la capitalización de intereses radicaría en la operatoria bancaria corriente en plaza; mas tal argumento no se compadece con la circunstancia que en esa modalidad media consentimiento de ambas partes, que es precisamente una de las excepciones previstas en el ordenamiento positivo para autorizar el anatocismo, y aun cabe consignar que en la renovación automática de depósitos bancarios se reitera la aceptación tácita del depositante en tanto no recupera su depósito, admitiendo asimismo la reiterada oferta bancaria de renovar esas condiciones.

Por otra parte, si bien es cierto que en situaciones particulares el daño efectivo sufrido por el acreedor pudiera quedar insatisfecho con la sola reparación dada por los intereses moratorios (conf. J. J. Llambías, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, 1975, t. II, p. 220, n° 917, nota 89), el mismo principio que predica su reparación integral indica que el acreedor debería cuanto menos alegar que la indisponibilidad del dinero le obligó en concreto -y no como hipótesis teórica- a obtener en plaza el capital equivalente al suyo en las condiciones que pretende imponer a su deudor. Es decir que el acreedor perjudicado por el incumplimiento podría aspirar por vía indemnizatoria a una reparación mayor, pero esto requiere -como cualquier acción resarcitoria- acreditar el daño cierto y actual, toda vez que el conjetural o hipotético no es suficiente para fundar una condena.

De otro lado, para sostener que las situaciones de excepción especialmente consagradas de un modo explícito -en la ley civil y en la comercial- no agotan el catálogo de los supuestos de capitalización viables, se hace hincapié en el art. 565 del Cód. Com.. Y se sostiene que en tanto éste remite "a los intereses que cobran los bancos públicos", los jueces estarían habilitados para imponer al deudor moroso no sólo la alícuota que tales bancos utilizan, sino también el mismo modo de aplicarla, lo que abre la puerta a la capitalización de esos intereses, sin cortapisa en cuanto a los períodos de acumulación.

Al razonar así, sin embargo, no se ha reparado en una serie de objeciones con que tal criterio interpretativo tropieza.

El art. 565 del Cód. Com. presupone ya una "estipulación de intereses" en la cual las partes omitieron consignar la tasa o el período en que se devengarían los réditos, y para suplir esas omisiones remite al interés "que cobren los bancos públicos" y "sólo por el tiempo que transcurra después de la mora". Más allá de cierta incoherencia en la redacción de este precepto (ver la observación que hiciera Raymundo L. Fernández, "Código de Comercio Comentado", t. IV, p. 592), lo cierto es que el alcance del artículo está fijado en su letra y no cabe extenderlo en ningún sentido. Ni en cuanto alude al período de mora (comp. Malagarriga, Carlos C., "Tratado elemental de Derecho Comercial", t. II, p. 304 y sigtes.), ni en cuanto remite a la tasa de interés percibida por los "bancos públicos", ámbito al cual queda circunscripta la eventual aplicación de esta norma.

No es posible, pues, encontrar en ella una habilitación conferida a los jueces para generalizar un sistema específico como el que caracteriza la operatoria bancaria. No sólo porque significaría incorporar en su texto algo que no está escrito en él, sino porque el régimen de las entidades financieras tiene modalidades propias y se aplica en un contexto donde, como hemos anticipado, se parte de un consentimiento de los clientes, además de un estricto contralor del Banco Central.

También sería erróneo suponer	En suma, para despejar toda duda, se impone reiterar con la Corte Suprema que el criterio favorable a la capitalización receptado en la doctrina plenaria de cuya revisión se trata, implica autorizar "la violación de una norma expresa de orden público (art. 623 Código Civil) sin que concurran los supuestos legales de excepción".

II. El señor Juez de Cámara doctor Martín Arecha dice:

En ocasión de votar en el plenario " Uzal S.A. c/ Moreno, Enrique s. ejecutivo" expuse los fundamentos por los cuales sostenía posición contraria a la cuestión entonces sometida a plenario, fijando una posición restrictiva respecto a la capitalización de intereses moratorios, solo admisible en los limitados supuestos previstos por la ley.

La cuestión se reedita con motivo de ésta convocatoria, y considero que las razones que invoqué en aquella oportunidad, resultan plenamente aplicables motivo por el cual las reitero íntegramente para sostener que corresponde responder negativamente al punto 2 de la presente convocatoria.

III. Los señores Jueces de Cámara doctores: Carlos María Rotman, María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, Ana Isabel Piaggi, Felipe M. Cuartero, Helios A. Guerrero y Rodolfo A.Ramírez dijeron:

1. Consideramos que por consecuencia de los fallos del Superior mencionados en el voto mayoritario -algunos de los cuales observaron críticamente los efectos que producía la aplicación del fallo plenario dictado por esta Cámara in re "Uzal SA c/ Moreno, Enrique", y otros juzgaron que la doctrina legal establecida por ese fallo era violatoria de la regla del cciv 623-, procede revisar esa doctrina legal; pero pensamos que la misma no debe ser modificada, puesto que se mantienen los fundamentos jurídicos y fácticos que justificaron su establecimiento en el fallo del 2.10.91.

Como es sabido, la doctrina establecida en las sentencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es obligatoria para los tribunales inferiores, pues ninguna norma positiva establece esa obligatoriedad.

Empero, en consideración al valor intrínseco de esas sentencias -y en atención, también, a un criterio pragmático que hace tanto a la seguridad jurídica, cuanto a la economía procesal- aceptan los suscriptos que solo cabe apartarse de la doctrina de los precedentes del Alto Tribunal, en tanto ese apartamiento esté expresamente fundado en razones diversas de las consideradas en los precedentes de que se trate, o bien realizado sobre la base de "nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia" (Fallos 307-1097).

En la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Okretich" -fallo que, como "Anexo A", obra al inicio de este expediente de revisión del plenario dado in re "Uzal SA"- el Superior juzgó que esa doctrina plenaria "...autoriza la violación de una norma expresa de orden público (art. 623 del Código Civil) sin que concurran los supuestos legales de excepción, de modo que la resolución adoptada por el a quo aparece desprovista de fundamento..."	Pues bien: la razón diversa de las consideradas por el Alto Tribunal -o el nuevo argumento que exponemos quienes suscribimos este voto minoritario en este nuevo fallo plenario-, consiste en lo siguiente: en nuestro parecer, la regla del ccom 565 (a) no es violatoria sino distinta de la del cciv 623, y (b) en tanto que aplicable extensivamente a todo el ámbito del Derecho Comercial, establece en ese ámbito un régimen específico distinto del aplicable en general a partir de la regla del cciv 623, de modo que (c) puede decirse que la norma comercial y la civil no resultan exactamente contradictorias -por aplicarse en ámbitos distintos-, sino que se integran en un conjunto armónico del que forma parte, también, el cciv 622; consecuencia de ello es que (d) la aplicación del ccom 565 no viola el cciv 623, sino que aquella norma desplaza a ésta en materia comercial.

Desde luego, fundaremos las anteriores afirmaciones. Diferentemente, no reiteraremos aquí las consideraciones expuestas por la mayoría en el fallo "Uzal SA", pues es suficiente una simple remisión a lo allí dicho; sólo volveremos sobre tales argumentaciones cuando ello sea necesario para la mejor comprensión de las que aquí expresaremos.

2. a) Ante todo, cabe destacar que la capitalización de los intereses devengados y no pagados no es en sí misma inmoral ni contraria a las buenas costumbres, como lo demuestra el hecho que el cciv 623 no la prohíbe en términos absolutos, sino que se limita a regularla: ella procede cuando una convención expresa autorice la acumulación del accesorio civil al capital. Cabe recordar que antes de la modificación por la ley 23.928, la regulación del cciv 623 era un tanto más severa, pues exigía un pacto posterior; la nueva regulación no supone, ciertamente, que el legislador haya valorado negativamente la capitalización de intereses.

La moralidad de un acto resulta del acto en sí, y no de formular o no formular una suerte de preaviso al deudor -mediante pacto expreso-, en el sentido de que en caso de incurrir en mora pagará intereses sobre el capital y, si no satisface ese accesorio, pagará intereses de intereses. Por lo demás, el deudor de una deuda generada por causa comercial debería en todo caso conocer esas consecuencias de su mora, porque el devengamiento de intereses sobre el capital deriva del cciv 622, y el de intereses sobre intereses constituye una notoria práctica bancaria -práctica a la que remite el ccom 565-.

2. b) Por otra parte, la acumulación de intereses al capital se halla expresamente autorizada por el ccom 788, y elevada a la categoría de regla por el ccom 795.

Desde luego, no se nos oculta que la segunda norma citada arriba -que es la que aquí más interesa de ambas- se refiere a un contrato propio de la actividad bancaria; pero, precisamente, son los intereses cobrados por los bancos la pauta legal dada por el ccom 565 para la determinación del interés.	La mencionada norma del ccom 565 también se refiere concretamente a un contrato comercial: el de préstamo.

Sin embargo, esa norma es generalizable para su aplicación a todos los contratos y actos comerciales, dado que no existe en la ley comercial otra disposición de mayor amplitud referida al devengamiento de intereses (argumento ya utilizado en el voto mayoritario del fallo plenario dado en "Uzal SA", segundo párrafo del considerando 2°), ni otra disposición que la contradiga o la limite.

En tales circunstancias, la concreta norma del ccom 565 literalmente referida al mutuo comercial, se eleva a la categoría de principio general aplicable a todos los contratos comerciales.

Coméntase que en este fuero en lo Comercial es práctica constante esa interpretación expansiva del ccom 565 desde el contrato comercial de mutuo a todos los contratos comerciales, y así fue expuesto -aunque con palabras distintas a las aquí usadas- en el fallo plenario dictado por esta Cámara el 27.10.94 en "SA La Razón s/ quiebra, s/ inc. de pago de los profesionales".	Agregamos que -reducido el examen a las normas que aquí interesan-, la regla del ccom 565 es la única que proporciona un dato concreto para la determinación de la tasa por aplicar en ausencia de convención de partes para el cálculo de los intereses moratorios.

En efecto: la norma del cciv 622 establece que si no hay interés convenido o establecido por alguna ley especial, "los jueces determinarán el interés [que el deudor moroso] debe abonar"; pero esa norma no proporciona pauta alguna para la determinación judicial.

De tal modo, el ccom 565 se integra con el cciv 622, al proporcionar a los jueces una pauta para la determinación judicial del interés -aunque también podría pensarse que los intereses referidos en la norma comercial constituye el interés legal al que remite la norma civil-; nótese, pues, una primera relación armoniosa entre las disposiciones de ambos Códigos.

2. c) Tal armonía parece no existir entre el ccom 565 -interpretado en los términos en que lo hizo esta Cámara en su fallo plenario "Uzal SA", según los cuales procede la capitalización de intereses moratorios devengados y no pagados, pues ése es el modo en que operan los bancos públicos aludidos en esa norma- y el cciv 623 -conforme con el cual no se deben intereses de intereses, salvo pacto expreso que los autorice-.

Sin embargo, tal desarmonía en realidad no existe, y la razón de ello es que en el ámbito comercial el ccom 565 desplaza la aplicación del cciv 623.

El núcleo de nuestro pensamiento puede sintetizarse así: consideramos que (a) dado que el Código de Comercio contiene normas que autorizan expresamente la capitalización de intereses -como las del ccom 788 y 795- o que la autorizan por remisión a la operatoria bancaria -como es el caso del ccom 565-, (b) el buen método interpretativo aconseja acudir antes a reglas propias de los contratos del mismo Derecho Comercial -en el caso, y particularmente: el ccom 565-, que a las reglas generales contenidas en el Código Civil -en el caso: su art. 623-	Fontanarrosa ("Derecho Comercial Argentino - Parte General", pág. 82, n° 55, de Zavalía, Buenos Aires, 1956) plantea la cuestión relativa a si un tema propio del Derecho Comercial que no tiene solución expresa dada por la ley mercantil, debe resolverse con remisión a las normas del Derecho Civil o sobre la base de principios internos de la ley comercial.

El mencionado autor afirma que "La primera solución es la que parecería surgir de lo dispuesto por los arts. I del título preliminar y 207 del código de comercio, y es sostenida en doctrina por autorizadas opiniones. Pero tal impresión se desvanece cuando se recuerda que hemos concebido (retro, n° 10) el derecho mercantil como un sistema de normas, del cual es posible extraer algunos principios generales, los que siendo propios de la materia comercial, deben ser aplicados con preferencia al derecho civil. Éste actúa únicamente como legislación supletoria, es decir, cuando el caso no tiene solución ni por la letra ni por los principios básicos de su legislación específica".

Es nuestro juicio, pues, que en el sistema del Código de Comercio, su art. 565 se expande y resulta aplicable a todos los contratos y actos comerciales, y se erige en principio propio de ese sistema; consecuentemente, el tema de la capitalización de intereses debe resolverse por aplicación de ese principio interno del régimen mercantil, sin acudir a la norma del cciv 623 -la cual, insistimos, no queda violada, sino que desplazada en el sistema comercial por el principio propio de éste-.

2. d) Dejamos así fundado, pues, nuestro juicio en el sentido que la aplicación en materia mercantil del ccom 565 -y la consecuente capitalización de los intereses moratorios generados a partir de un contrato o acto comercial- no es violatoria de la norma del cciv 623, norma no contradicha sino que desplazada por aquélla propia del Derecho Comercial.

3. En otro orden de cosas, recordamos que en algunos precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación observó críticamente los efectos de la acumulación de intereses al capital -y la generación de intereses sobre esos intereses capitalizados-, pues ese procedimiento "lleva a una consecuencia patrimonial equivalente a un despojo del deudor" (causa "García Vázquez", citada por el voto que forma mayoría en este fallo plenario).

No se trata ya de la colisión -que creemos sólo aparente- entre el cciv 623 y el ccom 565, sino de los efectos de la capitalización de intereses, que conducen a un despojo del deudor -consecuencia que, por cierto, se presenta como moral y jurídicamente repudiable-.

Sobre el tema, ante todo creemos pertinente señalar que la tasa del interés que cobran los bancos públicos -pauta del ccom 565, recordamos- está compuesta por dos elementos: a) el cuantitativo -la alícuota del interés, expresada con un número-, y b) el temporal -lapso considerado para aplicar la alícuota elegida, expuesto en días, meses, o años-. Así, v.gr., se habla de un interés del 1 % (dato cuantitativo) diario (elemento temporal), del 10 % mensual, etc.

Entonces, para aplicar el modelo legal constituido -según el ccom 565- por el interés cobrado por los bancos públicos, debe tomarse tanto la cuantía de la tasa, cuanto el lapso previsto para aplicar esa tasa: la liquidación del interés no depende sólo de la cuantía de la tasa, sino que resulta de la aplicación de una fórmula integrada por la medida o cuantía del interés y también por el tiempo durante el cual se devengó el interés por liquidar.

Pues bien: ese cálculo del interés devengado periódicamente por el capital de una deuda en mora, los bancos no lo hacen in abstracto sino que tiene una de estas dos consecuencias concretas: o bien el interés es pagado oportunamente por el cliente deudor, o bien es capitalizado por el banco acreedor.

Es decir: el crédito por intereses insatisfecho por -v.gr.- el cuentacorrentista es debitado en la cuenta corriente, y pasa a integrar el crédito por capital con el efecto de generar nuevos intereses; tal es, notoriamente, el modo de operar de los bancos, al cual remite el ccom 565.

Si de ese sistema se siguiese un exceso en la determinación del crédito total del acreedor y un despojo del deudor, el Derecho provee de medios para corregir el exceso y reducir el monto de esa acreencia; pero no creemos que la solución del exceso sea desechar, lisa y llanamente, la capitalización de intereses: los posibles abusos resultantes del sistema legal aplicable en materia mercantil a los intereses no deberían ser solucionados con la prohibición absoluta del uso de ese sistema, pues tal prohibición lleva a un exceso igual -pero de sentido inverso- al que se quiere corregir: el despojo del acreedor.

Piénsese en lo siguiente: un prestamista -bancario o extrabancario, esto no interesa- otorga un préstamo comercial con la intención de obtener a su debido tiempo la devolución del capital (que reinvertirá en otro préstamo o negocio, o que consumirá; es decir: de algún modo reutilizará ese capital) y de ganar en las oportunidades previstas un interés (que podrá reinvertir o consumir, esto es: que de algún modo utilizará).

Desde cierta perspectiva -por cierto que no técnica, pero realista- el acreedor de un deudor moroso puede ser considerado como un forzado prestamista de su deudor, quien retiene -sin derecho- el capital adeudado, y los intereses devengados durante el lapso de la mora; obvio es, pues, que ese acreedor no podrá utilizar su capital, y tampoco podrá utilizar los intereses devengados durante la mora -pues en tanto no los recibió al tiempo de su devengamiento, no puede invertirlos ni consumirlos-.

La privación de aquel capital adeudado será reparada con estos intereses moratorios devengados por ese capital. Mas en la hipótesis de no aceptarse o de no admitirse que los intereses devengados generen, a su vez, nuevos intereses, la imposibilidad de uso de los intereses devengados pero no pagados por el deudor, no será compensada de modo alguno.

En ello, pensamos, radica el despojo del acreedor y el desconocimiento de su derecho de propiedad -latu sensu- sobre esos intereses que, devengados pero no pagados por su deudor, no pueden ser utilizados por el acreedor que, pese a tal imposibilidad creada por el deudor, no recibe reparación alguna por parte de éste.

Reiteramos, pues, que el posible despojo al deudor que podría resultar de la aplicación del sistema de capitalización de intereses, no debe corregirse mediante un despojo al acreedor -que resultaría de la prohibición del sistema, que decide este fallo plenario-.

Coincidimos, por tanto, con las conclusiones expuestas en el punto 8 de fs. 36 de este expediente por la señora Fiscal General Adjunta ante esta Cámara, en el sentido que "...no me parece conveniente modificar una doctrina plenaria correcta, cuando sólo se trata de atender disfunciones que se suscitan en situaciones de excepción porque el período de mora ha sido excesivamente extenso. Esa corrección procederá cuando el deudor demuestre concretamente el presupuesto fáctico de su reclamo -la desmesura- lo que sólo puede tener lugar al tiempo en que efectivice el pago de la suma que estima corresponder o cuando se precipite la ejecución forzada".

4. Como corolario de las precedentes consideraciones, damos las siguientes respuestas a las cuestiones por atender en el presente fallo:	a) Al punto 1: no corresponde modificar, aunque si revisar la doctrina plenaria sentada en los autos "Uzal SA c/ Moreno, Enrique s/ ejecutivo" del 2.10.91.

b) Al punto 2: a) además de los supuestos establecidos en el texto legal positivo, existen otros en lo que cabe la capitalización del interés devengado por un crédito cuyo obligado se encuentre en mora y b) así , cuando la decisión judicial remita al "interés cobrado por los bancos públicos" -o concepto equivalente- y ello se refiera a una tasa de corto plazo -menor que el lapso de la mora- el acreedor está habilitado para liquidar el interés del modo en que lo haría la banca tomada como referencia de esa tasa".

IV. Por los fundamentos del acuerdo precedente, se fija como doctrina legal que:

Además de los supuestos establecidos explícitamente en el texto positivo de la ley, no corresponde en otros la capitalización de intereses devengados por un crédito cuyo obligado se encuentra en mora.

Firmado por Carlos María Rotman, María L. Gomez A. de Diaz Cordero, Martín Arecha, Isabel Miguez, Julio J. Peirano, Carlos Viale, Enrique M. Butty, Ana I. Piaggi, José Luis Monti, Héctor Di Tella, Bindo B. Caviglione Fraga, Felipe M. Cuartero, Helios A. Guerrero, Rodolfo A. Ramirez., por ante mí: Máximo Astorga. (Secretario General)