Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-06-09


Comodoro Rivadavia, Nueve de junio de 2005.- VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "G., G. A. s/ PRUEBA ANTICIPADA" Expte. Nº 14.767/2004, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia Civil y Comercial N° 3, (Expte. N° 80/2003), por haber interpuesto la parte actora a fs. 73, recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs.69/71.

Que en el memorial de expresión de agravios de fs. 77/79, se agravia la actora con relación al punto 3) que declara la nulidad de las actuaciones de fs. 39/41 presentadas como dictamen pericial y el punto 4) que impone las costas a su parte.

Que en primer término señala que el juez de grado incurre en un rigorismo formal excesivo violando así su derecho de defensa en juicio, al considerar que el informe del perito no reúne los requisitos mínimos de un dictamen pericial y declara la nulidad del mismo. Sostiene que se convierte la prueba anticipada ofrecida por su parte en una simple prueba informativa. Agrega que no se ha violado el principio de bilateralidad ni la defensa en juicio de la contraria, en este caso la A.

E., en virtud que la misma fue debidamente notificada de la pericia, ni se advierte perjuicio alguno. Manifiesta que el informe presentado reúne los requisitos de un informe pericial. Continúa que sólo se puede reprochar al perito la falta de firma del mismo (fs. 39/40). Insiste que no puede atribuírsele a su mandante responsabilidad alguna porque el perito haya adjuntado un estudio realizado anteriormente al momento de la autopsia del hijo de la actora al fallecer el mismo. Concluye que el a-quo no ha realizado una crítica razonada de la prueba pericial y de los supuestos vicios de la misma.

A fs. 83/92 vta., contestan los agravios los apoderados de la A. E. de S. M. de Comodoro Rivadavia, rechazan cada uno de los agravios de la actora, solicitan se declare desierto el recurso y hace reserva del caso federal.

De las constancias de autos surge que a fs. 4 la actora solicita, en virtud de lo dispuesto por el art. 326 del CPCCCH, que se efectúen como prueba anticipada dos medidas: a) el secuestro de la historia clínica de la señora G. A. G. en la A. E. de S. M. de Comodoro Rivadavia; b) practicar análisis de anatomía patológica sobre el feto de G. G., como así también de la placenta. A fs. 9 se denuncian como futuros demandados a la A. E., Dra. A. V., Dr. B. y la obra social OOSS O.. A fs. 13 se designa como perito único de oficio a la Dra. M. G. (sic). Posteriormente, a fs. 18/30, la A. E. remite la historia clínica correspondiente a la actora. A fs. 38, con fecha 3 de julio de 2003; la Dra. G. acepta el cargo de perito médico y a fs. 39/40 adjunta un estudio histopatológico correspondiente a la paciente G. G., protocolo nro. 54970, sin firma, fechado el 17 de marzo de 2003 y según surge del mismo, impreso el 3 de julio de 2003, manifestando a fs. 41 "cumplo en entregar lo peticionado en autos". Consta a fs. 42 el retiro de las copias de la pericia por la actora. Corrido el traslado de la pericia a la contraria, la misma contesta el traslado a fs. 44 y solicita la nulidad de la pericia médica por los fundamentos expuestos en su presentación. La actora presenta un escrito a fs. 58 por el que contesta el traslado de la caducidad planteada a fs. 53 y en el punto IV del mismo solicita se sustancie la nulidad del dictamen pericial interpuesta por la contraparte.

A continuación, a fs. 69/71 se dicta sentencia interlocutoria nro. 82/2004, haciendo lugar al pedido de nulidad de la pericia médica de fs. 39/41 de autos, la que se dicta sin sustanciación previa por considerar el juez de grado que se trata de una nulidad manifiesta encuadrando la misma en las disposiciones del art. 172 3er. párrafo del CPCCCH.

Delimitada así la cuestión que viene a estudio y, peticionado por la contraria que se declare la deserción del recurso de la actora, se debe tener presente que impera un criterio amplio y flexible respecto al juzgamiento de la suficiencia técnica de los recursos. Conforme a dicho criterio se ha resuelto que: "Una expresión de agravios deficiente o incompleta no autoriza a declarar desierto el recurso si es dudoso que no reúne los méritos exigidos por aquella pieza procesal"( LL 100-809, LL 137-857, entre otros). Por ello y en virtud de las graves consecuencias que conlleva al derecho de la parte la aplicación de un excesivo rigorismo formal en la declaración de deserción del recurso, se rechaza la pretensión de la contraparte.

Seguidamente, respecto a la prueba anticipada como sostiene la jurisprudencia dominante la misma no constituye una categoría jurídico-procesal autónoma, por el contrario, es un modo excepcional de producir la prueba. El control de la contraparte es necesario y su incorporación al proceso puede ser definitiva e imposible de rever en el futuro, por lo que es fundamental la observancia del principio de bilateralidad (CN Fed. Cadm. Sala I 7-3-95 A. SA s/ Queja. Rev. Derecho Procesal.

Prueba- I. Rubinzal Culzoni Editores. Págs 340 y ss). En virtud que el objeto de la prueba anticipada consiste en impedir que la parte que las propone pueda perderlas por resultarle imposible o de muy difícil realización en el periodo procesal pertinente, resulta evidente que sus diligencias forman parte del proceso y, por ende, su valor probatorio debe ser apreciado con el mismo criterio que aquellas producidas durante el periodo de prueba (Rev. Derecho Procesal citada).

La valoración por parte del juez de la prueba anticipada no escapa a las reglas de la sana crítica comunes a la apreciación de toda prueba. Sin embargo, y a pesar de las facultades otorgadas al juzgador por el art. 36 del CPr, la búsqueda de la verdad material no puede violar el principio de igualdad de las partes y el derecho de defensa en juicio, requiriéndose un mínimo de actividad del litigante, no pudiendo el a-quo suplir la inactividad o negligencia de una de las partes en el ofrecimiento o producción de la prueba en desmedro de la otra.

En el presente, tal como se ha dicho, se cuestiona el informe presentado a fs. 39/41 por la perito médica, Dra. G., por no reunir el mismo los requisitos de un dictamen pericial, declarándose la nulidad del mismo sin sustanciación por tratarse de una nulidad manifiesta (art. 172 del CPr.). La prueba pericial es admisible cuando para la apreciación de los hechos controvertidos es necesario tener conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, por lo que se requiere la colaboración como auxiliares de la justicia, de peritos expertos para cada supuesto en particular. Designado el perito, aceptado el cargo y determinados los puntos de pericia, el perito, debe practicar la misma y presentar el informe o dictamen respectivo con copias de ley, el que deberá contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas, principios científicos en que se funda y las conclusiones (art. 472 CPr). Como sostiene la doctrina y jurisprudencia dominante, el dictamen debe estar fundado, debiendo el perito suministrar los antecedentes y explicaciones que justifiquen convicción sobre la materia en que se expide para asesorar al juez a quien corresponde valorar el acierto de las conclusiones periciales. Deben exponerse las diligencias practicadas, indicando el razonamiento en que funda la opinión técnica, no puede consistir la pericia en una mera opinión del perito que prescinda del sustento científico, que no se tiene que dar por sobreentendido, sino que debe exponerse con detalle suficiente. Es decir que la pericia no constituye una proposición dogmática ni una investigación de gabinete divorciada de un objetivo procesal concreto (Palacio y Alvarado Velloso. Cód Proc Civil y Comercial de la Nación. Tomo 8º. Art 457 y ss).

Del cotejo de las actuaciones de fs. 39/40, surge que las mismas no se encuentran firmadas por el perito designado en autos, no contienen los fundamentos por los cuales se realizaron las operaciones técnicas, ni conclusiones del mismo. Es más, de acuerdo a la fecha de las actuaciones agregadas, las mismas se han realizado con anterioridad al requerimiento judicial, sin la debida participación y contralor en su producción de la contraria, no habiéndose respetado la debida bilateralidad y respeto de derecho de defensa en juicio de la otra parte, prueba que se encontraría encuadrada en las llamadas pruebas pre-constituidas requeridas intencionalmente por una de las partes y a pedido de la misma, con lo cual carece de eficacia probatoria como para ser considerado como informe pericial, siendo los vicios que adolece de tal entidad que corresponde la nulidad absoluta de la misma, asistiendo razón al juzgador cuando así lo establece. A mayor abundamiento, la apelante reconoce que el informe presentado es previo al requerimiento judicial, al manifestar en su expresión de agravios (punto III) la falta de responsabilidad su parte por la conducta del perito que agrega un informe que se confeccionó al realizar la autopsia del feto de la actora en aquella oportunidad.

Carece asimismo de fundamento el agravio de la actora con relación a la supuesta conversión por el juez de la prueba pericial en informativa, en virtud que la misma actora a fs. 4 requirió el secuestro de la historia clínica en el sanatorio de la A. E., medida que fue producida en autos.

A todo evento, no se trata de endilgar responsabilidad a la actora, pero sin dudas el proceder que reconoce evidencia la inexistencia de la pericia encomendada. La actora tuvo oportunidad de requerir explicaciones u observar el informe del perito cuando fue notificada a fs. 42, con fecha 12 de agosto de 2003, de modo tal que la referencia al debido proceso es írrita.

En cuanto a la imposición de las costas, siendo la actora la vencida en la incidencia planteada, por el principio objetivo de la derrota es ajustado a derecho la imposición determinada por el juez de grado. Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 73, confirmando la resolución de fs. 69/71.

Las costas de la Alzada se imponen a la apelante vencida (art. 68 CPCCCH). Los honorarios profesionales se regulan teniendo en cuenta la labor cumplida, etapa procesal, éxito obtenido y demás pautas de la ley de aranceles profesionales aplicándose al presente el mínimo legal (arts. 6, 7, 33 y ss ley 4335 t.o). Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1º).- Rechazar el recurso de apelación de la actora de fs. 73 y confirmar la sentencia interlocutoria de fs. 69/71 en cuanto fuera materia de recurso.

2º) .- Costas de la Alzada a la apelante vencida. Regular los honorarios de los Dres. E. N., M. M. N. M. N., en forma conjunta, en la suma de Pesos Cien ($ 100,00). Los honorarios de la Dra. I. B. P. y M. X. P., en forma conjunta, en la suma de Pesos Cincuenta ($ 50,00).

3º).- Tener presente la reserva del caso federal de fs. 92.

4º).- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Fdo: Julio Antonio Alexandre -Presidente-; Silvia N. Alonso de Ariet -Juez de Cámara-; Fernando Nahuelanca -Juez de Cámara-.-	REGISTRADA BAJO EL N° 088 DEL AÑO 2005 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS