marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Compraventa inmobiliaria, escrituración, rechazo de la demanda, subasta
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: JAIME HECTOR A. c/ SILBERBERG EDELSTEIN s/ ESCRITURACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-24

Si sólo se reclamó la escrituración sin formular ninguna pretensión subsidiaria para el supuesto de ser aquélla imposible, ante la propia aseveración del accionante de que el inmueble había sido rematado por orden de un Juzgado de otro fuero, no cabe otra solución que el rechazo de la demanda, porque no es posible condenar a escriturar lo que ya fue transmitido a un tercero y tampoco hay otra condena supletoria de la pretendida en la demanda.
Contrato de trabajo, remuneración, asignaciones no remunerativas, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Zunino  Hector  Rene  y  otros c/ Telefonica de Argentina SA s/ Diferencia                       de                      salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-19

Es posible restar validez y vigencia a una norma proveniente de un convenio colectivo de trabajo a través de un planteo de inconstitucionalidad, ya que en nuestro sistema, todas las normas jurídicas (cualquiera sea su fuente) son susceptibles de esa tacha. Tanto es así que recientemente la CSJN ha declarado la inconstitucionalidad de una norma de ese origen en la causa "Madorrán Marta C. c/Administración Nacional de aduanas s/reincorporación" sentencia del 3/5/07 M. 1488 XXXVI. El hecho de que el rubro se origine en un convenio colectivo no priva al órgano jurisdiccional de la posibilidad de analizarlo en su legitimidad porque la disponibilidad colectiva no puede avanzar sobre garantías consagradas por la CN y por los Tratados Internacionales. (Del voto de la Dra. González, en la que deja a salvo esta postura minoritaria y termina adhiriendo, por razones de economía procesal al criterio de los Dres. Maza y Pirolo).
Ejecución de la pena, libertad asistida
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: FUNES, Raúl Alberto, en causa IC 026/07 (reg. J. I. y C. nº 1 de la IIIª C.J.) s/solicitud de libertad asistida s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-11-14

El instituto de la libertad asistida es una de las nuevas modalidades que se introdujeron en la Ley nro. 24660 como una alternativa para aquellos casos en que un condenado sin la accesoria del artículo 52 del C.P. o que fuera reincidente, pueda egresar del establecimiento carcelario seis meses antes de agotar la pena privativa de libertad que se le impuso.- Más allá de que en la ley de ejecución privativa de la libertad se origine el "absurdo" o un "caso especial", como denomina SALT "no advertido por el legislador", pues en las condenas menores al año de prisión "el plazo que permite obtener la libertad asistida se cumple antes que el plazo que faculta a obtener la libertad condicional que la ley penal ha fijado como mínimo en ocho meses de prisión" (RIBERA BEIRAS, Iñaki - SALT, Marcos. Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina. Editores Del Puerto. Buenos Aires, 1999: p. 253), esta circunstancia resulta ajena al condenado.- Si bien el otorgamiento de esta medida es una facultad judicial, su denegatoria debe fundarse sólo en motivos que signifiquen que el egreso anticipado sea un peligro para el condenado y la sociedad.
Concursos, honorarios, regulación de honorarios, prescripción
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGROMONTE  S.A. c/ PAZMALLMANN  S.A. s/ CONSIGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-10

La circunstancia de encontrarse transitoriamente bloqueada la posibilidad de recabar regulación judicial por no haberse completado la información sobre la cuantía de los bienes cuyo monto condiciona la fijación del honorario, constituye una dificultad de hecho que si bien no posterga el nacimiento de la acción de cobro, autoriza en cambio a dispensar al profesional de la prescripción cumplida, siempre que él accione en el término de tres meses de cesado el impedimento.
Derechos de los agentes de la administración pública, funcionarios públicos, moral y buenas costumbres
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C., F. S. c/ Provincia del Chubut s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-04-19

La dignidad de la conducta no se circunscribe solo al ejercicio de la función o empleo, sino que se extiende a la vida privada del agente, por cuanto su personalidad es única, esto es, no puede haber una conducta irreprochable en la actividad pública y una conducta inmoral fuera de ella. El fundamento jurídico para esa extensión reside en lo siguiente: la ausencia de decoro en la vida privada del agente público incide, inevitablemente, en la gestión de los intereses de la Administración que le han sido confiados. Si este principio no puede ser discutido con eficacia, principalmente desde el punto de vista teórico, es indudable que, en su aplicación, presenta dificultades. En efecto, cuáles son sus limitaciones ante la norma constitucional que preceptúa: "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados (CN art. 19).
Contratos innominados, contrato de franquicia, celebración del contrato, fuerza mayor, exclusividad, reserva de compra, acción de repetición, seña
Materia: COMERCIAL
Carátula: AMOROS DE BERLANGA, MONICA SILVIA c/ SYSEM SA Y OTRO s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-24

Procede hacer lugar a la restitución de la reserva de exclusividad zonal, entregada por el reclamante con motivo de una eventual franquicia comercial que le otorgarían para comercializar ciertos productos, si por razones de fuerza mayor no pudo perfeccionarse el contrato. Ello así por cuanto, la referida reserva no puede ser equiparada con la seña o arras contractual, ya que esta última puede ser confirmatoria o penitencial, pero partiendo ambos institutos del supuesto de un contrato concluido, no puede ser ello aplicable analógicamente a la reserva de zona cuando esta fue recibida con expresa mención de que la eventual contratación se encontraba supeditada a la aprobación del franquiciante, lo cual implica la inexistencia de relación contractual ya perfeccionada. Así, la seña o arras siempre se pierde, ya sea por el arrepentimiento o porque se imputa su valor a cuenta de precio, pero el capital no es repetible, la reserva si.
Extranjeros, derechos políticos, docentes
Materia: LABORAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-31

La Constitución Nacional no prescribe ni impone igual trato entre extranjeros y nacionales cuando se refiere al ejercicio de derechos políticos, para los cuales en forma expresa requiere la condición de ser argentino (arts. 48, 55, 89 y 111), limitación que también se encuentra prevista a nivel local (arts. 62, 70, 97 y 112 CABA), aunque, por excepción, se permite al extranjero residente votar (art. 62, 2do. párrafo, CABA).
Principios procesales, principio de congruencia, deberes del juez, contestación de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Junta Nacional de Granos c/ Ibañez, Juan Carlos s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-05-22

La contestación de la demanda determina definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba, así como delimita el "thema decidendum", toda vez que la sentencia definitiva sólo puede versar sobre las cuestiones planteadas por las partes.

Con la referida contestación queda integrada la llamada relación jurídica procesal. Por otra parte, el ámbito de conocimiento del Tribunal de Alzada se halla circunscrito por las cuestiones articuladas en el proceso, vale decir, los que el art. 277 del citado código denomina capítulos propuestos a la decisión del Juez de primera instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Municipalidad, contribución de mejoras, impuestos
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEMANDADO: CENTRAL TERMICA SORRENTO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 204 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-06-27

Es inadmisible el recurso de inconstitucionalidad desde el recurrente no logra demostrar que el fallo impugnado haya soslayado la temática vinculada a que la contribución del 10 % del consumo a cargo de los consumidores de gas, dispuesta por la ordenanza municipal 5295 viola la ley federal 24076, por cuanto concretamente, la Cámara entendió que no había incompatibilidad entr e el régimen legal establecido por la ley 24076 y la ordenanza 5295/91 por cuanto ésta grava el consumo de gas con un destino específico, y, en cuanto a la prescindencia de hechos notorios, trascendentes para la resolución del caso, cuales son que el tributo se cobra a un grupo determinado -consumidores de gas- y se destina a beneficiar otro grupo distinto de personas -futuros adquirentes de viviendas que se construyen, futuros consumidores de gas, rentas generales de la Municipalidad, por lo que -en definitiva- dicho tributo no es más que un impuesto y no una contribución, la Sala consideró que era una temática respecto de la naturaleza de la gabela que no podía someterse a revisión.

Pero a más de ello, la prescindencia no es tal porque el Tribunal trató específicamente los presupuestos de la obligación fiscal y, en este sentido, expresó que la contribución era conocida por la quejosa al momento de licitar el servicio siendo indiferente la ausencia de estipulación en torno a asumir el carácter de agente de retención y que el hecho imponible estaba identificado como el consumo de gas por red dentro del Municipio.
Despido, licencia por enfermedad, tratamiento médico, pago, responsables, conservación del empleo, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: EXPTE. N° 31.259 ZAMORA JOSE LUIS c/ GINART ANTONIO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2004-12-28

Corresponde que el empleador pague la suma necesaria para el tratamiento médico del empleado, aún cuando se encuentre en la etapa de conservación del empleo, siempre que se encuentre acreditado en autos el vínculo laboral, la enfermedad laboral inculpable, el tratamiento médico en curso con la necesidad imperiosa de contar con los ingresos mensuales por ser el jefe de familia y único sostén, en cumplimiento a lo normado por los arts. 10, 80 de la L.C.T. y 20 apart. 1 de la L. R.T. y 32 de C.P. Laboral, debiendo el trabajador mantener su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo (art. 211, LCT) sin percepción de remuneración y sin obligación de efectuar aportes y mientras dure su tratamiento medico.
Declaración de inconstitucionalidad, presentación extemporánea
Materia: CIVIL
Carátula: VEGA DE PECCI LIDIA ANGUSTIA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-08

Si en un juicio por inconstitucionalidad, se computan literalmente las fechas de su iniciación, resultando que la presentación es extemporánea, es causal suficiente para no darle curso y disponer su archivo.
Procedimiento laboral, nulidad procesal, defectos del procedimiento, nulidad relativa
Materia: LABORAL
Carátula: Ávila, Santos Dantés c/ Industrias ERPLA S.A. s/ accidente.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-18

Incumbe a quien deduce una nulidad explicitar en forma adecuada y circunstanciada cómo llegó a su conocimiento el vicio que invalidaría las actuaciones, abarcando esta exigencia tanto los aspectos concretamente temporales que hacen al suceso como los materiales.

Con esta postura no se trata de prescribir una exigencia más allá de lo normado por la ley adjetiva, sino simplemente de dar al art. 59 de la L.O. una interpretación que permita desplazar la aseveración relacionada al conocimiento del vicio del ámbito subjetivo al objetivo, para evitar que, en base a afirmaciones dogmáticas, no puedan ser confirmadas las nulidades que por esencia son relativas.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, emergencia sanitaria, actividad presencial, coronavirus, prueba
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Romani, Adriana Alcira  c/ Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Rios (Iapser)  s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-06-01

La presunción en el caso que corre a favor de trabajador, me refiero a que el Covid la adquirió con motivo del trabajo, y más allá de estarse como bien marca ante una acción con basamento en la acción especial, surge de la interpretación del régimen normativo que se estableció en nuestro país a partir de la vigencia de la pandemia que afectó al mundo entero. Y digo ello, porque la enfermedad referida el actor la adquirió durante el mes de marzo del año 2021 -los síntomas ya estaban vigente para mediado de tal mes por el hisopado nasofaríngeo que se le practicare el día 17/3/21-, conforme surge de la prueba colectada y de la pericia medica obrante en autos. Ello nos coloca temporalmente, dentro del plazo previsto por el art. 7° del D.N.U. 39/2021, o sea los 90 días corridos a partir de su entrada en vigencia, el cual establecio que el COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, se considerará "presuntivamente" una enfermedad de carácter profesional -no listada- en los términos del ap. 2 inc. b) del art. 6 de la Ley 24.557, respecto de la totalidad de los trabajadores dependientes incluídos en el ámbito de aplicación personal de la Ley de Riesgos del Trabajo, y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular. Anteriormente al mismo, el D.N.U. 367/2020 había dispuesto que el Covid-19 se consideraría presuntivamente una enfermedad profesional no listada respecto de los trabajadores dependientes excluidos mediante dispensa legal del cumplimiento de aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el D.N.U. 297/2020 y normas complementarias, con el fin de realizar actividades esenciales (Voto Romero, en adhesión a Stettler)
Acción de amparo, fundamentación del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VAYO MIGUEL ENRIQUE y otros  c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-31

El artículo 106 de la CCABA -al igual que el actual 116 de la CN- establece como presupuesto procesal y requisito imprescindible para excitar la iurísdictio la existencia de un "caso", "causa" o "controversia" judicial; éste se verifica cuando se persigue en concreto -no en forma eventual, meramente consultiva, hipotética, abstracta o general- la determinación de un derecho debatido entre partes adversas (Fallos 156:318, y también 243:176, 306:1125, 333:1023, entre otros). Esto les exige a estas últimas -como presupuesto- la acreditación de una afectación "suficientemente directa", "inmediata", "especial", "sustancial", de "suficiente concreción e inmediatez", o bien de un "perjuicio concreto"-en los términos del cimero Tribunal- respecto de los derechos que invocan como conculcados (Fallos 326:3007 y sus citas, entre otros). En palabras de la CSJN debe existir una "colisión efectiva de derechos" (Fallos 2:253, 24:248, 130:157, 256:103, 263: 397, entre muchos otros), en esto se plasma la aludida concreción. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Encubrimiento, sentencia absolutoria
Materia: PENAL
Carátula: Bártoli, Guillermo s/ recurso de casación y sus acumuladas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

Corresponde absolver al imputado en orden al delito de encubrimiento agravado pues el a quo no se ha ocupado de fundar debidamente por qué se puede tener por acreditado que al momento en que el imputado arrojó el plomo desnudo de un proyectil al inodoro, y en el que el coimputado realizó una llamada telefónica para impedir el ingreso de la policía, sabían que la víctima había sido asesinada. El extenso desarrollo argumentativo del fallo se reduce en lo que respecta a la acreditación de los extremos subjetivos de la tipicidad, a lo sumo, a tener por cierto que estos dos imputados, tuvieron ciertas dudas sobre la mecánica de la muerte de la víctima, pero aun admitiendo eso la duda de ningún modo puede considerarse suficiente para tener por cierto el conocimiento del delito precedente que requiere el encubrimiento. (Del voto en disidencia parcial del Dr. Celesia)
Acuerdo preventivo extrajudicial, homologación del acuerdo preventivo, recurso de apelación (procesal), presentación extemporánea, notificación por edictos, sentencia arbitraria
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Buenos Aires Tur S.R.L. s/ acuerdo preventivo extrajudicial
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

Al declarar extemporánea la apelación deducida por la fiscal de primera instancia, considerándola notificada por edictos de la decisión que homologó el acuerdo y contando el plazo desde su publicación, sin hacerse cargo de que el recurso versaba precisamente sobre la inconstitucionalidad de tal medio de notificación en este tipo de proceso, la cámara dio por resuelta la cuestión sin siquiera examinarla incurriendo en una petición de principio, al tomar como antecedente para su conclusión el punto que fue cuestionado por el Ministerio Público, sin examinar la procedencia del planteo (Disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).

-La mayoría desestimó los recursos extraordinarios por considerarlos inadmisibles (art. 280 CPCCN)-.
Medicina prepaga, menores, personas con discapacidad, Convención sobre los derechos del niño
Materia: CIVIL
Carátula: K., B. J. y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ Incumplim. de prest. de obra soc./med. prepaga
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-05

Pesa sobre la demandada, por imperio legal y pese a la ausencia de expresa previsión contractual, la obligación de brindar las prestación asistencial a la menor discapacitada a efectos de procurarle "el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes el país, sin discriminación social económica, cultural o geográfica", porque lo que se intenta es preservar la calidad de vida de una niña discapacitada, por vía de una adecuada asistencia (confr. mi voto causa 2361/13 del 22.12.2017). Aquí se cumplen todos los requisitos que exige la ley 24.901, que resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33) (Sala I causa 7841/99 del 7.2.00). Es por ello -que en mi criterio- no se puede impedir que en casos particulares -que responden a la concreta y precisa recomendación de médicos especializados en la materia- se pueda requerir una prestación asistencial específica valorando que los derechos del niño tienen protección de naturaleza constitucional, en los arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recursos, actualización monetaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ALBARRACIN C. c/ L. GINI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S067 - 458)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1990-10-08

Si la aclaratoria no se encuadra en alguna de esas causales que la informan, debe mantenerse la sentencia como acto de voluntad, dado que ello exteriorizada la integralidad ideologica del razonamiento mismo del tribunal. No existe error material en la determinacion del indice de depreciacion, pues ella no responde a una cuestion matematica, sino que tiende a la correccion de valores atendiendo los antecedentes y circunstancias de la causa, de acuerdo al prudente arbitrio judicial.-
Competencia civil, daños y perjuicios, responsabilidad médica, responsabilidad de la obra social
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Herminia Elvira c/ ALONSO, Antonio Miguel y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-04

Cuando la demanda de daños y perjuicios se dirige contra una obra social y contra un médico, invocando la presunta negligencia y mal desempeño de los profesionales que atendieron al accionante (art.

43, inc. c) y art. 43 bis, inc. c) in fine del decreto ley 1285/58), resulta competente el fuero civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso extraordinario, admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Albertengo, Henry Alonso c/ Dirección Provincial de Vialidad y Comuna de El Trébol s/ Indemnización de daños y perjuicios- Recurso directo- Sobre Recurso  de Inconstitucionalidad (Expte.: C.S.J. Nro. 324 año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-12

A contrario de lo que acontece con la ley 7055, que deslinda separadamente y con claridad los aspectos atinentes a la admisibilidad y a la procedencia del recurso de inconstitucionalidad, el Código Procesal Civil y Comercial no ostenta esa precisión. Sin embargo, aun a falta de regulación expresa, la distinción se impone porque resulta inherente a la propia mecánica recursiva.
Daños y perjuicios, daño material, presunciones, prueba
Materia: CIVIL
Carátula: Nazzar, Miguel Marcelo y Otra c/ Nazar, Nancy Teresa s/ ordinario acción reivindicatoria
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-11-23

La frustración e incertidumbre de la persona ante la imposibilidad de finiquitar toda conflictividad relativa a la herencia que debió recibir reconocida por sucesivas sentencias firmes, es inferible de los hechos, y resulta indemnizable si existe un factor de imputación subjetivo de responsabilidad atribuible a los condenados por ser artífices de tácticas evasivas para satisfacer los derechos de aquélla.
Mediación penal, oposición del fiscal, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Oeste de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Martínez, Cesar Eduardo s/ 183 - daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

El pronunciamiento que revocó la resolución de primera instancia en cuanto denegó la solicitud de mediación, resulta equiparable a definitiva para el Ministerio Público Fiscal. Ello así, en tanto le impide continuar con el ejercicio de la acción, al truncar su pretensión de celebrar el juicio. Por lo demás, si se arribara a un acuerdo a tenor del art. 204 del CPP y se cumplieran sus condiciones, conduciría a la extinción de la acción y provocaría la consecuente cancelación de la pretensión punitiva del fiscal. No hay entonces otra oportunidad eficaz para que el recurrente haga valer sus razones constitucionales. (Del voto del juez Santiago Otamendi).