Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-11-22


Expte. 8495 R. I. N°92 (S) del 22/11/2011 En la ciudad de Necochea, a los 22 días del mes de noviembre de dos mil once, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario a efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "BLAZQUEZ, Rosa Susana c/JENSEN, Horacio y otros s/Daños y perjuicios" expte. 8495 y su acumulado "YUNES, Sandra Bettina c/JENSEN, Horacio y otros s/Daños y perjuicios" -expte. 876- habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señores Jueces Doctores Fabián Marcelo Loiza, Oscar Alfredo Capalbo y Humberto Armando Garate.

El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S	1ª.) ¿Hay responsabilidad de los demandados en los autos "BLAZQUEZ, Rosa Susana c/JENSEN, Horacio y otros s/Daños y perjuicios" y en los acumulados "YUNES, Sandra Bettina c/JENSEN, Horacio y otros s/daños y perjuicios"?	2.) ¿Qué daños corresponde indemnizar?	3ª) ¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación de fs. 919 del expte. 876 interpuesto por el letrado apoderado de la parte actora?	4ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

I.- Es menester exponer una breve reseña de los antecedentes que dieron origen a ambos procesos:

El día 23 de noviembre de 1998 a las 18:30hs aproximadamente, a la altura del kilómetro 70 de la ruta 88, el vehículo Peugeot 504 dominio B-2.483.700 conducido por el Sr. Saúl Torres, en el cual viajaban las Sra. Rosa Susana Blázquez y Sandra Bettina Yunes, colisionó con el automóvil Torino dominio C-753.313 y luego con el vehículo Fiat Fiorino dominio AAG 643 conducido por el Sr. Curries y cuyo titular dominial es el Sr. De Luca.

El vehículo Peugeot luego del primer impacto quedó detenido en la cinta asfáltica en el carril contrario a la dirección Necochea-Mar del Plata.

Relegando detalles mínimos que obran en los escritos respectivos de demanda y contestación, ese fue el hecho central que originó los conflictos que hoy requieren sentencia.

Acumulados ambos procesos y producida la prueba el a-quo dictó sentencia única (art. 188 CPC) resolviendo rechazar la demanda de Rosa Susana Blázquez contra Horacio Jensen, Gabriel Antonio De Luca y Juncal Cía. de Seguros de autos y patrimoniales S.A., imponiendo las costas a la actora. Así también, rechazó la demanda de Sandra Betina Yunes contra Horacio Jensen, Gabriel Antonio De Luca y Juncal Cía. de Seguros de autos y patrimoniales S.A., imponiendo las costas a la actora. Regulando honorarios para ambos procesos.

Sintéticamente fundó su decisión en los siguientes argumentos: a) Que fue la temeraria conducta del conductor del Peugeot la que produjo el accidente. b) La pericia obrante a fs. 867/874vta. del expte. 17.546. c) La pericia obrante a fs. 925/927 del expte. 17.545. d) Los informes de la Municipalidad de Necochea obrantes a fs. 251/284 del expte. 17.546 y a fs. 147/181 del expte. 17.545. e) que no se ha aportado prueba alguna que acredite la contratación con el demandado Jensen ni la vinculación de la actividad llevada a cabo por aquel con el automóvil protagonista del siniestro.

A fs. 1031 interpone recurso de apelación el Dr. Fuentes Benítez (H) contra los honorarios regulados.

A fs. 1032 interpone recurso de apelación el Dr. Spinelli contra los honorarios regulados.

A fs. 1033 el Dr. Fuentes Benítez (H) interpone recurso de apelación, fundando el mismo a s.f. 1054/1062vta.

En el expediente "Yunes, Sandra Betina c/Jensen, Horacio y otros s/Daños y perjuicios" N° 876 los recursos interpuestos son los siguientes:

A fs. 921 se concede con efecto diferido el recurso de apelación interpuesto a fs. 919 por el apoderado de la parte actora.

A fs. 962 el Dr. Fuentes Benítez interpone recurso de apelación, fundando el mismo a fs. 1004/1011.

A fs. 963 interpone recurso de apelación el Dr. Fuentes Benítez (H) contra los honorarios regulados.

A fs. 977 interpone recurso de apelación el Dr. Conti contra los honorarios regulados.

A fs. 983 interpone recurso de apelación el perito medico contra los honorarios regulados.

II.a.- Agravios de la Sra. Blázquez: Indica la actora recurrente en su primer agravio que le causa perjuicio que el juez a quo entienda que el codemandado De Luca carece de responsabilidad.

Expresa que basta la sola lectura y análisis de los hechos afirmados por De Luca y su aseguradora para tener por acreditada su responsabilidad. Cita fojas de contestación de demanda y de absolución de posiciones.

Sostiene que la aseguradora a fs. 105 afirma que Curries circulaba a una velocidad de 60 Km./h, que por el tipo de vehículo se encuentra imposibilitado de circular a gran velocidad y que Curries intentó frenar con todos los medios mecánicos disponibles; añadiendo que la realidad acreditada en autos es completamente distinta.

En el segundo agravio indica que en cuanto a la responsabilidad de Jensen el juez se equivoca al indicar que no se ha aportado prueba alguna tendiente a acreditar la contratación del demandado del traslado invocado por las actoras, ni la actividad llevada a cabo por aquél con el automóvil protagonista del siniestro. Agregando que se equivoca también al sostener la falta de responsabilidad de Jensen en razón de que no existe habilitación comercial del rubro remissera a nombre de Jensen y sí en cambio solamente de alquiler de automotores sin chofer.

Menciona el oficio de fs. 340, las facturas de Jensen, la fs. 274 del expte. N° 3363/04 de la Municipalidad; la declaración de fs. 828 y la de 829.

Completa diciendo que "Jensen no produjo ninguna de las pruebas que oportunamente ofreciera y ello por la única razón de que los testigos terminarían diciendo la verdad., refuerza lo afirmado su confesional en rebeldía, que no fue analizada ni valorada en todo su contexto por el magistrado a quo".

En su último agravio establece que el juez no valoró los hechos y conductas de autos a la luz de la ley 24.240 en sus arts. 3 y 37 2do párr..

II.b.- Agravios de la Sra. Yunes: Indica la actora recurrente en el expte. 876 en su primer agravio que le causa perjuicio que el a quo rechazara íntegramente la pretensión y tenga por acreditada la exclusiva culpa del conductor del Peugeot 504 sin considerar ninguna de las pruebas rendidas en los autos acumulados "Blázquez R. c/Jensen, H. y otros s/daños y perjuicios".

En su segundo agravio expresa que le causa detrimento que "el sentenciante de grado tenga por acreditado, a fs. 958, que en razón de la "copiosa lluvia y lo mojado de la ruta", el demandado De Luca "no pudo verlo desde más lejos" al vehículo detenido en la ruta, "ni detener el vehículo a tiempo no pudiendo evitar el choque" y sin embargo, lo exime arbitrariamente de toda responsabilidad como si no hubiera debido conducir extremando las precauciones para poseer el completo dominio del vehículo ante tales adversas circunstancias climáticas".

Complementa diciendo que la aseguradora expresa a fs. 775vta. que "Curries circulaba a 60km/h", "intentando frenar el vehículo con todos los medios mecánicos disponibles" (todas las pruebas lo contradicen) para terminar afirmando "asimismo, por el tipo de vehículo (utilitario) se encuentra mecánicamente imposibilitado para circular a gran velocidad (considerando su peso, tamaño y cilindrada)." Indica que Curries miente a fs. 246 de los autos "Blázquez c/Jensen s/Daños y perjuicios" al afirmar que no le comprenden las generales de la ley.

Añade por último la absolución en rebeldía del demandado De Luca.

En su último agravio indica que corresponde revocar la sentencia dictada en cuanto a la responsabilidad del codemandado Jensen. Expresando similares indicaciones que en el segundo agravio del punto II.a.

III.- Adelanto que los recursos reseñados no deben prosperar.

Observando la sentencia del grado y el contenido de los agravios la cuestión primordial es determinar los antecedentes del hecho generador de ambos procesos.

El día lunes 23 de noviembre de 1998 siendo aproximadamente 18:30hs, en la ruta provincial 88 en el kilómetro 70, a la altura de la ciudad de Mechongué (fs. 898vta.) siendo un día tormentoso, nublado (fs. 899), circulaba el vehículo Peugeot 504 dominio B-2.483.700 conducido por el Sr. Saúl Torres; en el mismo viajaban las Sra. Rosa Susana Blázquez, Sandra Betina Yunes y Felisa Teresa Badel, transitando en dirección a Mar del Plata. Al pretender adelantarse a otro vehículo que circulaba en la misma dirección, invade el carril contrario y colisiona de frente con el automóvil Torino dominio C-753.313 guiado por el Sr. José Francisco Valente y acompañado por la Sra. Mónica Balbuena (fs. 900vta.) quienes venían en sentido a Necochea.

Inmediatamente luego del impacto, el Peugeot 504 quedó detenido en la cinta asfáltica en el carril contrario a la dirección en que marchaba, sufriendo un choque con el vehículo Fiat Fiorino dominio AAG 643 conducido por el Sr. Sergio Curries y cuyo titular dominial es el Sr. Gabriel Antonio De Luca; que transitaba en sentido a Necochea (declaraciones testimoniales de las Sras. Badel, Blázquez y Yunes obrantes en el Expte. "Torres Saul s/Homicidio culposo y lesiones culposas" a fs. 72, 171 y 175/176 respectivamente, que corre agregado por cuerda y que todas las partes ofrecieron como prueba en ambos procesos (ver fs. 23; 35; 55vta. y 77 del expte. 17.545).

III.1.- Una vez dilucidado los hechos ingresamos al tratamiento de los agravios, por lo cual debemos coincidir con el juez a quo en que la responsabilidad derivada del accidente de tránsito se encuentra prescripta por el art. 1113, segundo párrafo del C.C., conforme doctrina pacífica y reiterada de la casación provincial (SCBA, Ac 33155 S 8-4-1986, "Sacaba de Larosa, Beatriz E. c/Vilches, Eduardo Roque y otro s/Daños y perjuicios, AyS 1986-I-254 -JA 1986-IV, 579- LL 1986-D, 483; SCBA, Ac 37661 S 22-12-1987, "Ramos Acosta, María del Carmen c/Pomini, Héctor s/Daños y perjuicios", A y S 1987-V-398 - DJBA 1988-134, 118; Ac. 54451 S 10-5-1994, Gangoiti, Carlos Irineo c/Prio, Rodolfo y otro s/Daños y perjuicios"; SCBA, Ac. 61429 S 8-7-1997, "Conforte de Drago, Matilde A. c/Newton, Cora M. s/Daños y perjuicios", A y S 1997 III, 52; entre muchos otros).

En armonía con esa doctrina el propietario o guardián de la cosa riesgosa o viciosa, de pretender eximirse de la responsabilidad, deberá demostrar que la conducta de la víctima causó el daño, en forma exclusiva o, al menos, parcialmente.

En ese marco no puede sino acordar que la causa eficiente del accidente (conf. art. 901 C.C.) ha sido la acción temeraria, desaprensiva y contrapuesta a la ley que realizó el conductor del Peugeot en el que se desplazaban las actoras.

Es él, con su maniobra de adelantamiento, quien desencadena la serie de eventos que dan por un lado fin a su propia vida y por otro producen las lesiones que hoy se reclaman.

Así despreciando las adversas condiciones climáticas que dificultaban la visión y por ende la conducción, el Sr. Torres invade el carril contrario provocando (en el sentido de causa jurídica) el primer choque con el Torino y como resultado el entorpecimiento -de manera súbita e imprevisible- de la vía por la que venía circulando la Fiat Fiorino conducida por el codemandado Curries. Lo que evidencia que el Sr. Torres infringió el art. 52 apartados 1 a 4 Ley 11.430, entonces vigente.

El automotor detenido en la ruta como consecuencia de la colisión resultó un obstáculo insalvable para quien circulaba inmediatamente por detrás de uno de los intervinientes, pues, como indican las máximas de la experiencia, integrantes de la sana crítica, la detención en esos casos (esto es, como resultado de una invasión del carril de marcha) resulta brusca e imprevista y se desarrolla generalmente en un lapso de tiempo menor al de la detención de un automotor por sus propios medios (pericias de fs. 898/905vta., explicaciones de 921/922 ambas de expte. 8495 y pericias de fs. 925/927 y explicaciones de fs. 944 del expte. 806; declaración testimonial del Sr. Curries obrante a fs. 246 expte. 8495; y de la causa penal: croquis ilustrativo a fs. 3/vta., pericias de fs. 41/52vta., declaración testimonial de fs. 72, 171 y 175/176; arts. 163:6°; 384 y 474 C.P.C.C.; 514 C.C.).

En mi opinión atribuirle responsabilidad causal al conductor de la Fiorino en razón de la velocidad supuestamente desplegada, importaría tanto como exigirle que resista circunstancias propias de la fuerza mayor (art. 514 y su nota C.C.).

Esto es que circule a una velocidad tan exigua que lo transforme a él también en un obstáculo de riesgo en el tránsito (art. 78 ley de tránsito citada) o a una velocidad que, en el caso, hubiera implicado arriesgar su propia vida, obligándolo a realizar una maniobra evasiva que ora lo hacía invadir el carril contrario ora lo invitaba a colisionar con el otro automotor (Torino) que restaba detenido en la banquina.

Vale recordar que la ley de tránsito vigente a la fecha del suceso no establecía una distancia determinada sino que fijaba regla amplia (distancia prudente en relación a la velocidad, conf. Art. 59:5° ley 11430) de donde no puede endilgársele incumplimiento de los reglamentos de tránsito al conductor de la Fiorino cuando en el caso no se ha podido determinar que marchara a una velocidad excesiva.

He valorado el testimonio del conductor de la Fiorino (Curries) pese a la expresa descalificación de la recurrente en su expresión de agravios. Es que, más allá de que sus declaraciones cotejadas con las restantes pruebas colectadas lucen verosímiles, y con acreditada razón de sus dichos (art. 456 CPCBA) lo cierto es que la impugnación del testigo es tardía.

Es que habiendo contado con la posibilidad de cuestionar el dicho, en la oportunidad y por la vía pertinente (arts. 440 segunda parte y 456 primera parte del CPCBA) aguardó hasta el dictado de la sentencia contraria a su interés para recién allí criticar la imparcialidad del testimonio, sin producir prueba en el sentido de su crítica, todo lo cual impide considerar la impugnación formulada al testimonio en cuestión.

Por lo demás aún en el caso hipotético de no ser absolutamente fiel en las generales de la ley ello no puede determinar per se la invalidez del testimonio, debe enlazarse argumentalmente aquella supuesta inobservancia con los dichos del testigo para conmover su declaración, todo lo cual no ha sucedido en autos, restando incólume el testimonio cuestionado (arts. 384 y 456 del CPCBA).

Tampoco resulta dirimente la absolución de posiciones en rebeldía rendida por el codemandado De Luca. Es que resulta aplicable el criterio ya sentado por esta Cámara en el sentido que la SCBA le ha "reconocido eficacia cuando lo corroboren los restantes medios, pero [resulta] desechable cuando éstos lo invaliden. Es decir que debe apreciarse en su correlación con el resto de la pruebas atendiendo las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se haría prevalecer la ficción sobre la realidad y la decisión podría alejarse de la verdad material". (CCyC y Gtías. Necochea, Expte. 5697 "Makarhe, Juan C. c/Buffa, Viviana s. Desalojo" reg. int. 178 (S) del 30/09/03; esta Cámara Expte. 141, reg. Int. 15 (S) del 02/03/2010). Con tales parámetros será analizada la prueba en cuestión.

No habiéndose abierto el sobre pertinente en la instancia de grado corresponde hacerlo en este acto. Y examinando el mismo la única posición que coadyuvaría en la postura de la apelante sería la sexta pues hace afirmar a De Luca que el Fiorino circulaba a excesiva velocidad. Sin embargo y tal como surge de las pruebas citadas supra, no existe elemento objetivo de prueba alguno que permita determinar cuál era la velocidad desplegada por dicho automotor, ni tampoco indicios que autoricen su inferencia.

De allí que no pueda concluirse que tal vehículo excedió el límite de velocidad, ni que ello resultara determinante de los daños que aquí se reclaman. Por lo demás a estar a la declaración de Curries(246/247vta.) la velocidad allí admitida -80/90 km.- no importa violación de las máximas toleradas legalmente en rutas que atraviesan zonas rurales (art. 77:3.A, ley 11430) En síntesis la responsabilidad no puede recaer en el codemandado De Luca y su aseguradora pues se ha demostrado que la causalidad adecuada impone que aquella sea atribuida al conductor del Peugeot donde viajaban las actoras (arts. 514; 901; 1113 C.C.).

Por todo ello al haberse acreditado la responsabilidad del conductor del Peugeot 504 (Sr. Torres) se rechazan las demandas respecto del codemandado De Luca y su aseguradora Juncal cía. de seguros de autos y patrimoniales S.A..

III.2.- En lo que respecta a la responsabilidad del codemandado Jensen, es menester indicar que la actora queda obligada a acreditar la intervención que le cupo a la cosa para que la responsabilidad se desplace hacia dicho codemandado; pero al haberse acreditado en el considerando anterior la responsabilidad del conductor del Peugeot 504 y al no haberse probado la calidad de transportista de Jensen, queda éste deslindado de toda vinculación con el presente caso.

En autos la actora debió probar el contrato de transporte con Jensen para que el mismo deviniere en responsable del daño a tenor de la regla genérica del 184 C. Com..

Pero la realidad es que ningún indicio revela que ese viaje haya sido contratado con Jensen. Tal lo que puede predicarse de las testimoniales de Ihigo (f. 828, expte. 17.546) Domínguez y Ramón (fs. 86 y 87 respectivamente del expte. 17.545) quienes se refieren a la actividad genérica del codemandado sin aportar otros elementos decisivos a la causa.

Tampoco se descartó otra vinculación entre chofer y transportadas (transporte benévolo o contrato de transporte) circunstancia que hubiese podido permitir alguna inferencia en dirección a demostrar ese traslado en particular por la organización empresaria conducida por Jensen.

Asimismo, no se trajo el testimonio de la viuda del chofer cuyos datos obraban a fs. 224 de la causa penal; como así tampoco el testimonio de la tercera persona transportada (Sra. Badel) quien prestó declaración en la causa penal a fs. 72.

Finalmente tampoco se produjeron informes de llamados telefónicos entre las actoras y el codemandado, o entre la empleadora de aquellas y este, en algún momento previo al accidente.

Es decir que se prescindió de producir prueba que pudiera, al menos de modo indirecto, sugerir la responsabilidad del supuesto transportista Por otro lado del expediente municipal obrante a fs. 252/284 surge que la Municipalidad autorizó con fecha 26 de noviembre de 1998 al Sr. Horacio Jensen a habilitar un negocio destinado a "oficina receptora de pedidos de alquiler de autos sin chofer" (fs. 272) no al rubro remisse, sin que de la inspección efectuada al local comercial surja algún elemento en el sentido sugerido por las actoras (v. acta de f. 150).

Finalmente la absolución en rebeldía por parte de Jensen no puede, aquí tampoco, erigirse en una prueba plena, máxime cuando el demandado ha negado toda relación con las actoras. Es que las posiciones obrantes a fs. 693/vta. no lucen corroboradas siquiera mínimamente por otros elementos de prueba. Así no hay indicios de relación comercial o laboral entre Torres y Jensen; ni tampoco que se hubiera contratado en forma verbal el viaje con Jensen (arg. arts. 384, 415 CPCBA).

De allí que, tal como sostuvimos en párrafos precedentes respecto del codemandado De Luca, la mera confesión ficta no puede sostener por sí sola una sentencia de condena; dando por reiterados aquí los argumentos referidos al tratar aquella otra probanza.

No probada tampoco una relación de consumo entre las partes, no corresponde hacer lugar a la aplicación de la ley específica (art. 1 ley 24240; 42 CN) En síntesis, no se advierten elementos de prueba válidos para atribuirle responsabilidad objetiva al codemandado Jensen.

III.3.- Todas las consideraciones vertidas en los apartados precedentes son igualmente aplicables a la actora Yunes, en tanto se trata del mismo suceso histórico, lo que permite también rechazar la demanda por ella incoada, por las razones allí dadas.

Ahora bien en lo que respecta al primer agravio expuesto por la Sra. Yunes, es preciso indicar que el juez ha citado en la sentencia de grado fojas de pruebas de ambos procedimientos, por lo cual se descarta que no haya analizado los medios probatorios existentes en el expte. "Blazquez Rosa Susana c/Jensen, Horacio y otros s/Daños y perjuicios".

Del mismo modo, el artículo 384 del C.P.C.C. indica "Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrá el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa".

Cabe resaltar que nuestro más alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.).

Asimismo, y en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

En síntesis, este agravio no debe prosperar.

Los restantes agravios ya han sido materia de examen al tratar los traídos por la actora Blázquez.

Por todo lo expuesto a la primera cuestión planteada voto por la NEGATIVA.

A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CAPALBO DIJO:

1. Discrepo parcialmente con el voto de mi distinguido colega preopinante en lo que concierne a la responsabilidad en el hecho del codemandado Di Lucca, y consiguientemente, como se verá, de la que corresponde asignarle a la citada en garantía.

El estudio del expediente me lleva a concluir que la responsabilidad en el hecho debe atribuirse parcialmente al codemandado De Luca.

2. En efecto, admitido en autos que el primer hecho se produjo al invadir la mano contraria el Sr. Torres, conductor del remisse que transportaba a ambas actoras en las causas acumuladas, provocando la colisión frontal con el vehículo Torino que conducía el Sr. Valente, he de merituar que en lo que respecta a la producción de la segunda colisión que impactara al remisse, no fue ajeno totalmente el accionar del Sr. Curries, conductor del automotor de propiedad del Sr. De Luca, debiendo responder éste dentro de los límites que se propondrán, y en virtud de lo normado en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte del Código Civil que regula la responsabilidad por el daño provocado por la cosa riesgosa.

A dicha conclusión arribo al concatenar los siguientes elementos de la causa:

2.1. A fs. 83/84vta. contesta demanda el Sr. De Luca quien reconoce que el vehículo de su propiedad se desplazaba a la "velocidad máxima permitida" (v. asimismo contestación de demanda obrante a fs. 54/55vta. de los autos acumulados "Yunes, Sandra Betina c/Jensen, Horacio y ots. s/Daños y Perjuicios"); por su parte, al prestar su testimonio a fs. 246/247vta. el Sr. Curries afirma que circulaba a 90 kms/h (v. segunda respuesta); aunque posteriormente en la respuesta cuarta afirma que circulaba a 80 km/h.

2.2. En la misma pieza de fs. 83/84vta., el mismo codemandado también admite que estaba "lloviendo copiosamente", "no existiendo visibilidad"; y agrega que "lamentablemente, en razón de la copiosa lluvia y lo mojado de la ruta, no pudo verlo desde más lejos ni detener mi vehículo a tiempo" (v. en igual sentido contestación de demanda obrante a fs. 54/55vta. de los autos acumulados "Yunes, Sandra Betina c/Jensen, Horacio y ots. s/Daños y Perjuicios").

Asimismo, y al puntualizar las posiciones para que absuelva la actora (v. f. 230), el propio De Luca afirma que "llovía copiosamente" (v. tercera posición); y que a Curries "le fue imposible detener la marcha por lo mojado de la ruta" (v. cuarta posición); lo que importa el reconocimiento de los hechos allí aludidos (art. 409 CPC; este trib., reg. int. 28 (S) 20-11-2008).

Lo mismo sostiene al absolver la posición décimo cuarta puesta por la actora (v. f. 228 vta.). En efecto al requerírsele "Para que jure como es cierto que Curries le manifestó que en razón de la lluvia se vio impedido de detener el vehículo", responde: "Que sí es cierto, él me comenta que venía cerca del otro vehículo para sobrepasarlo y se produce el accidente antes" (v. f. 232).

Por su parte Curries, ante la compañía de seguros, admite que estaba "el tiempo lloviznando" (v. exposición obrante a fs. 97/98); y en su declaración testimonial, al preguntársele "Si algo dificultaba su visibilidad hacia delante al circular atrás del torino" (v. segunda repregunta f. 247/248), señala: "En el momento del accidente, el spray que largaban los vehículos que venían de frente, el torino también largaba un poco de spray, pero a mí lo que más me afectó la visibilidad fue el spray de los vehículos que venían de frente".

2.3. A f. 99, al detallar el accidente ante la compañía de seguros, expone que "otros automotores circulaban en dirección contraria a la mía, tanto detrás como delante" con lo que se reafirma la versión del actor respecto a que era una caravana (v. pto. IV HECHOS, fs. 37) y a su vez asevera que se disponía, no obstante, a adelantarse (v. respuesta tercera testimonio de fs. 246/247vta.)	A la luz de tales probanzas, he de resaltar que la conducta del conductor Curries -quien no resulta ser un tercero ajeno por el que De Luca no deba responder-, fue concurrente en el resultado del hecho acaecido en segundo término, ya que conforme lo edicta el art. 76 de la ley 11430 vigente al tiempo del hecho -y que con razón cita el recurrente- "El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así, deberá abandonar la vía o detener la marcha".

Ha de ponderarse asimismo que aún circulando a la velocidad y en las condiciones climáticas que quedaran reconocidas, se disponía a rebasar al vehículo que lo precedía, esto es el torino que recibe la primera colisión, ello a pesar de que también queda acreditado que por la mano contraria circulaban varios vehículos que le impedían practicar esa maniobra. Quiere decir que esa conducta, posiblemente provocada por la casi nula visibilidad que se registraba, fue lo que le impidió que el choque tuviera, al menos, un menor impacto que el que tuvo a la luz de las fotografías obrantes a fs. 42/44, 47/48vta.51/52vta., 121/127 de la copia de la causa penal que corre agregada por cuerda; ya que como expresara, ni siquiera atinó a frenar.

3. Ello sentado ha de evaluarse la relación causal entre la descripta segunda colisión y las lesiones que fundan los reclamos.

Al respecto, acreditados ambos extremos, pesaba sobre el demandado acreditar que el mismo no se debió a esa colisión sino a la primera, lo que no se hizo, debiendo por ende cargar con los resultados disvaliosos que acontecieran.

Como sostiene Zavala de González, "la víctima no tiene necesidad de averiguar cuál ha sido el auténtico causante del daño y porque pueden haber contribuido a causarlo ambos protagonistas en la colisión. De allí que aquélla puede demandarlos indistinta o conjuntamente por el todo, y sólo se libera quien acredita que el otro ha sido exclusivo causante" (Resarcimiento de daños, 4, Presupuestos y funciones del Derecho de daños, pág. 308, ed. Hammurabi, 1999).

Por lo demás, esta conclusión no resulta incompatible con aquella a la que arriba el Sr. Perito a fs. 898/905vta. y que se transcribe en el conteste de memorial obrante a fs. 1067, ya que el Sr. Perito parte de la premisa de que el "Fiat Fiorino (...) se desplazaba por detrás del Torino" y es precisamente dicha conducta la que se estima culposa.

Ello así puesto que, como se dijera, al marchar "cerca del otro vehículo", con muy adversas circunstancias climáticas y vehículos circulando por la mano contraria, no tomo los recaudos necesarios para conservar el dominio y estar atento a las contingencias del tránsito (art. 51 inc. 3 ley 11.430).

4. En cuanto a la compañía de seguro, amén de que omite mantener en la alzada la defensa de no seguro, cabe ponderar que mediante la carta documento de f. 93 lo que hace es deslindar "cualquier tipo de responsabilidad por las consecuencias que pudieran derivarse de la falta de contestación en tiempo y forma de las demandas", mas tal afirmación implica el reconocimiento de la cobertura pactada en la póliza, lo que expurga toda irregularidad anterior en lo atinente a la denuncia, sin perjuicio de marcar los límites de su obligación respecto de los gastos provenientes del patrocinio letrado al que acudiera ya que no hay razones que ameriten apartarse de lo estipulado en el contrato (art. 4 A, f. 94).

En síntesis, atento los elementos obrantes en la causa citados por mi colega preopinante y los argumentos vertidos precedentemente, estimo prudente fijar en un 20% la concurrencia de responsabilidad en el hecho del codemandado De Luca y la consiguiente condena a la citada en garantía en ese límite.

Con las salvedades expuestas, voto por la AFIRMATIVA.

A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GARATE DIJO:

El acontecer histórico de que trata el acuerdo nos pone frente a un accidente de transito múltiple en el que, fruto de una primera colisión producida por un automotor Peugeot circulando por la ruta Nacional 88, en dirección Necochea-Mar del Plata, invade el carril contrario a su sentido de circulación colisionando con un vehiculo Torino que lo hacía en sentido inverso.

Un tercer automotor Fiat Fiorino transitando por detrás del Torino protagoniza un segundo choque al embestir al Peugeot que, producto de su primer evento quedara atravesado en la ruta y en sentido transversal al carril izquierdo por donde transitaban el Torino y el Fiat Fiorino que lo hacía por detrás de éste .

La cuestión medular consiste en discernir si existió o no responsabilidad del conductor del Fiat Fiorino al producirse el segundo embestimento.

No puede dejar de resaltar los sólidos fundamentos que porta el voto del distinguido y siempre estudioso colega, Fabián M. Loiza, quien ante el reclamo indemnizatorio de dos de las personas que viajaban en el Peugeot se pronuncia por la fractura de la relación causal, destacando el no menos meduloso estudio del Dr. Capalbo para quien la relación causal -hecho-daño- se fracturó parcialmente adjudicándole parcialmente responsabilidad al conductor del vehículo Fiat Fiorino.

Es mi convicción que el propietario registral del último automotor debe responder por las consecuencias dañosas del desgraciado evento producto de la colisión entre el Fiat Fiorino y el Peugeot, aunque en un grado menor.	Que el vehículo Peugeot -hecho- quedara detenido sobre la ruta y atravesado en el carril por el que circulaba el Fiat no me parece suficiente para quebrar totalmente la relación de causalidad que ha de unir al hecho (choque del Fiat al Peugeot) con el daño.

La presencia del Peugeot cruzado transversalmente en el carril opuesto al que circulaba y por donde lo hacían, en sentido inverso, el Torino y el Fiat Fiorino que transitaba detrás de éste, no fue un obstáculo invencible, insalvable e inevitable para éste último conductor que lo exima de responsabilidad en forma total, calificable prácticamente como caso fortuito.

En la causa obran elementos fácticos que me llevan a coincidir con la propuesta de quien lleva el segundo voto:

1.-) Las condiciones climáticas imperantes el día y hora en que ocurrieran los hechos eran totalmente desfavorables para el tránsito vehicular, terminaba de llover (fs. 246, rpta. a la 2ª. Pgta., Test. Curries), sobre la ruta se había depositado mucha agua, por el carril opuesto al que transitaban el Torino y el Fiat circulaba una caravana de automotores (fs. 246 últ. párr., rpta. testigo Curries) que levantaba abundante agua y no "te dejaba ver" (fs. 247, 1er. párr. rpta. test. Curries)" por el spray" que se desprendía de esos vehículos y que también levantaba el Torino, relatando Curries que ".a mi lo que mas me afectó la visión fue el "spray" de los vehículos que venían de frente" (rpta. a la 3ra. Rrpgta. fs. 247 y vta.), el estado de la cinta asfáltica era malo, no estaba marcada "y es la parte más fina de la ruta de Mar del Plata a Necochea, que está panzeada y junta agua" (rpta. a la 2ª. Rpta. test. Curries, fs. 247).

2) El vehículo Fiat que conducía el testigo Curries transitaba a 90 kmtos. por hora, aproximándose al Torino que -según ése testigo-circulaba a 80 kmtos. horarios (rpta. a la 3ra. Pgta. fs. 246). Afirma el declarante que al disponerse a pasarlo observa que por el carril opuesto se acercaban cuatro o cinco coches por lo decide quedarse detrás del Torino para posteriormente pasarlo.

3) Tomada esa decisión ese conductor manifiesta haber transitado a "unos veinticinco metros" de distancia del Torino "esperando para pasarlo" (rpta. a la 4ª. Pgta. fs. 247).

4) Si bien resulta difícil afirmar certeramente que el accidente no se habría producido igualmente si el rodado que conducía Curries hubiera transitado a una velocidad inferior atenta la imprevista aparición del automotor Peugeot detenido sobre el carril de circulación del Fiat, en mi opinión la velocidad a la que éste circulaba, las condiciones climáticas que su conductor relata detalladamente y la escasa distancia que lo separaba del vehículo Torino fueron circunstancias que alcanzaron algún grado apreciable de influencia en la producción mecánica y el desenlace del segundo siniestro, sin que pueda pregonarse su carácter inocuo, que por otra parte se aleja de la simple experiencia vivencial de quien conduce un vehículo en esas condiciones ambientales, especialmente en el caso de la ruta nacional 88 que une Necochea con Mar del Plata.

Constituye una verdadera vivencia, para quien alguna vez haya conducido un automotor por esa ruta, en condiciones climáticas desfavorables, las enormes dificultades que se le presentan al tránsito. La cinta asfáltica posee severas irregularidades, carece, prácticamente, de señalización y de línea divisoria entre carriles y en sus costados que demarcan la separación con las banquinas (art. 384 CPCC).

5) Deviene también trascendente el "denominado tiempo de reacción" del conductor ante la imprevista detención de los vehículos que les preceden o de otros obstáculos que se pueden oponer a su circulación sin perjuicio de que no puede dejarse de reconocer por constituir una verdad indiscutible que si el obstáculo se encuentra detenido resulta más peligroso e imprevisible .

El tiempo "de reacción del conductor" afirma "Mehesz" "es uno de los factores más importantes en la previsión de los accidentes viales" y está constituido por la sumatoria de cinco diferentes micro procesos (la simple advertencia, el reconocimiento de la clase de impedimento, el tiempo que demanda la llegada de lo advertido al cerebro y la toma de la decisión) todo lo cual promedia 0,61 segundos, no más de medio segundo, intervalo que existe entre la advertencia y el inicio de la actuación (Mehesz, Kornel Zoltan, "Accidentes de tránsito", pág. 55, cita voto Dr. Pettigiani, SCBA, Ac. C 79599).

6) Quiere ello decir que sí el automotor Fiorino circulaba -lo afirma su conductor- a 80km/h, el tiempo de reacción consumió una distancia de 13,55 mts. a fin de adoptar la decisión a tomar ante la presencia de un obstáculo en tránsito.

Agrego que la pericia mecánica informa que la distancia necesaria para detenerse ante un obstáculo inmóvil, circulando a 80km es de 50 mts. y el tiempo de detención con piso mojado de 3,44 segundos (fs. 901 y 901vta.).

7)Esas circunstancias demuestran que el conductor de la Fiat Fiorino no circulaba a una velocidad precaucional adecuada a las circunstancias de tiempo, espacio, lugar y personas que permitiera el absoluto dominio de su automotor y la detención ante la presencia de un obstáculo imprevisto ( art. 76 ley 11430).

8) Tan fue así que Curries al declarar en su compañía aseguradora el accidente, no obstante intentar mejorar su situación, reduciendo la velocidad a la que circulaba en la que incluso incurre en contradicciones y extendiendo la distancia que lo separaba del Torino (fs. 97 y 99) reconoce que intenta frenar "mi vehículo con todos los medios mecánicos disponibles" pero que no pudo evitar la colisión (fs. 99) no lo logra y ello se debió, en parte, a la escasa distancia que guardaba con relación al automotor que le precedía y que, embestido por otro que circulaba en contramano le desviara del carril quedando en éste el embistente.

9) La ampliación de la pericia mecánica que se practicara en autos "Blázquez, Rosa Susana c/Jensen, Horacio y ots. s/Daños y Perjuicios" corrobora la interpretación aquí intentada al concluir que si el conductor del Fiat Fiorino "hubiera conducido manteniendo una distancia precaucional y a menor velocidad como lo dispone el Código de Tránsito, el accidente posiblemente se habría evitado" (fs. 922).

10) Una última aclaración, no quedan dudas que el conductor del Fiat Fiorino intentó frenar antes de embestir al Peugeot y que no lo pudo hacer por la velocidad conque circulaba (80 km/h). No sólo porque Curries lo reconoce al declarar en la compañía aseguradora sino porque de la causa penal se desprende que los daños que sufriera la Fiorino no fueron demasiados significativos lo que no habría ocurrido de producirse la embestida del Peugeot 80km/h. ver fotografías que obran a fs. 42, 43 y 44 IPP "Torres, Saúl s/Homicidio Culposo y Lesiones Culposas" cuyas fotocopias obran agregadas por cuerda.

Por ello la ruptura de la relación causal fue sólo parcial alcanzando a un 80% por lo que cabe adjudicar al conductor del vehículo Fiat Fiorino un 20% de responsabilidad.

Con esto argumentos adhiero al voto del Dr. Capalbo.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

I. Compelido por el resultado de la votación a la primera cuestión, he de ocuparme a discernir si los daños solicitados por las actoras en sus respectivas demandas han sido demostrados y en caso afirmativo en qué medida.

I.1. Expte. N° 8495. En lo que respecta a la Sra. Rosa Susana Blázquez en su demanda obrante a fs. 36/49 realiza una descripción de los padecimientos sufridos tanto en la clínica, el post-operatorio, la rehabilitación, las secuelas, una nueva intervención y la lesión estética. Acto seguido reclama:

Daño a la integridad física: Indica que sufrió pérdida de dos piezas dentales, fractura de fémur izquierdo con tercer fragmento con dos plaquetas, implicando por lo menos dos nuevas intervenciones. Añadiendo que el evento destruyó su integridad física y afectó su salud, por lo que se reclama la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000.-).

Daño al proyecto de vida: como resultado del accidente, sostiene que se frustraron los planes de corto, mediano y largo plazo, como así también las actividades propias de esa etapa del matrimonio (búsqueda de otro embarazo, viajar por placer -vacaciones-) por lo que reclama la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-).

Daño a la libertad de acción: expresa que debió padecer meses de postración total y una dura convalecencia, que aún no terminó. Agregando que se vio privada de desempeñar tareas del hogar y familiares elementales por lo que reclama la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-).

Daño estético: alega que perdió piezas dentales, una pierna le quedo más chica y una fea cicatriz en la cara exterior de la pierna, por lo que se estima la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000.-).

Daño psicológico: alega que resulta evidente el cuadro de angustia y depresión, sufre pesadillas avivados por los dolores permanentes que reinan por las noches; no puede conducir más porque le produce pánico, se siente angustiada por su futuro laboral, reclamando la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-).

Daño moral: la actora sostiene haber sufrido un daño y una pérdida en su vida irreparable, baste sólo pensar -afirma- en las relaciones filiales estando ella totalmente postrada y sedada por más de seis meses y con graves secuelas físicas y psíquicas.($ 100.000.-).

Hasta aquí la petición de la accionante.

Esta Cámara, y su antecesora, en línea con la doctrina legal imperante han venido sosteniendo que en el estado actual de nuestro sistema normativo el daño que puede reconocerse en sentencia se determina en dos grandes -y únicos-campos: el daño patrimonial y el daño extramatrimonial. El primero estructurado en su doble faz de daño emergente y lucro cesante (arts. 1069; 1077; 1078 y ccdtes. del C.C.; CCyC y Gtías. en lo Penal de Necochea, Expte. N° 7.784, Gimenez, Angélica c. CIA. Transporte General Necochea" R.I. 81 (S) del 10/06/08; SCBA, C 100299 S 11-3-2009, entre muchos otros).

Ello, claro está, no implica, a priori, una reducción en la indemnización a otorgar sino la adecuada conceptualización de cada rubro para luego imbricarlo en aquellas categorías que tienen linaje legal, cuidando asimismo de no resarcir de manera duplicada, generando un enriquecimiento incausado en cabeza de la víctima.

Vale agregar, por si fuera necesario, que lo que en numerosas ocasiones se denomina como "daño" refiere una lesión a la integridad de la persona, menoscabo que para traducirse en el concepto técnico de daño deberá integrarse a los que brindan las normas positivas, teniendo, como ya lo sostuve, por norte el respeto al derecho a la integridad física, tal como prescribe la Convención Americana de DDHH en su art. 5:1. (mi voto en "Jaung c. Rodríguez" Expte. 7563 RI N° 104 (S) 12/8/2008, CCyC y Gtías. en lo Penal de Necochea).

I.2. Respecto del primer rubro de demanda ("daño a la integridad física") es del caso aclarar que cuando se habla de una lesión como la alegada se comprende mucho más que la faz productora de una persona (ver en tal sentido CCyC y Gtías. en lo Penal de Necochea, Expte. 6265 "Peralta, Noris A. c. Martitegui, Claudina y otros s. Daños y perjuicios" reg. int. 74 (S) del 22/06/04) de donde aún cuando no se reporte una pérdida de capacidad laboral puede existir incapacidad sobreviniente (en igual sentido esta Cámara, Expte. 890 R.I. 30 (S) del 10/05/11).

En autos la actora como consecuencia del choque de marras padeció una fractura del fémur de su pierna izquierda, siendo intervenida quirúrgicamente, colocándosele dos placas con tornillos (osteosíntesis) quedando como resabio de la intervención una cicatriz de aproximadamente 28 a 30 cm. (ver fs. 1179/181; 313/314; pericias médicas de fs. 822/823; 887; 953/954 y 961; pericia cirujano plástico fs. 743/744).

Indica el traumatólogo que intervino en segundo término que "la fractura es muy dolorosa" y que en el caso la víctima "refiere dolor al estar mucho tiempo de pie"; añade que "no hace falta el retiro del material" colocado "ni otra intervención quirúrgica" añadiendo que "la incapacidad tiene relación con el grado de movilidad" (fs. 933/vta.) concluyendo en la estimación del grado de incapacidad parcial y permanente de 14,43%.

Al contestar las impugnaciones de la citada en garantía el experto indica que al fijar el grado de incapacidad también consideró la "limitación de la movilidad que presenta en las distintas articulaciones de su miembro inferior izquierdo, ya que cualquier actividad que implique el estar de pie o caminar le provoca dolor, por lo tanto no las puede realizar" todo lo cual "le provoca dificultad para sus tareas habituales" (fs. 961/vta.).

El informe técnico es refrendado por las testimoniales (fs. 231vta.; 235vta., ambas respuestas a la séptima pregunta; f. 241vta. respuesta a la novena pregunta) las que corroboran la imposibilidad de caminar normalmente, ni subir escaleras, sin sentir dolor.

No creo que pueda añadirse a esa incapacidad el porcentaje determinado por el perito cirujano plástico (25% informe de fs. 743/746) pues la evidente lesión estética -compuesta por la referida cicatriz y la asimetría de los miembros inferiores- no tiene otra repercusión funcional que la disminución mencionada en el párrafo anterior, de donde no puede extraerse sin más una incapacidad como la atribuida por el cirujano plástico, máxime cuando no hay en autos elementos de prueba que lo refrenden (v.gr. actividad relacionada con la imagen personal de la víctima).

Tal como indica la impugnación de la citada en garantía en relación a esta cuestión, la pericia se explaya sobre un punto no solicitado (incapacidad) sin fundarlo suficientemente, pues la mera alegación de recurrir al Baremo de ART -sin otro aditamento explicativo- carece de la seriedad mínima como para ser tomado como informe pericial en ese aspecto (arts. 384 y 474 CPCBA).

Aclarado el punto y tal como sucede en otros tribunales del país, estimo que la llamada fórmula polinómica o matemática es la que, en casos como el presente, mejor determina un piso de marcha para individualizar el monto que la lesión produce. Así también lo ha entendido esta Cámara ("Primo c. Escobedo" expte. N° 15, R.I. N° 17 (S) del 11/11/2008; mi voto en "Frugones c. Nuñez Peñaloza" Expte. 198, R.I. N° 115 (S) del 01/12/2009).

No se trata de traducir, meramente, la significación de una persona a un importe en dinero, sino de ajustar la indemnización al monto que más se acerque al valor de la pérdida, considerando en ese valor el aspecto económicamente productivo y añadirle otros que repercuten patrimonialmente pero que pueden ser algo esquivos en su cuantificación.

En palabras de nuestra SCJBA bien puede decirse que tales fórmulas son útiles "para no fugarse -ni por demasía ni por escasez- del área de la realidad y para brindar, cuanto menos, un piso de marcha apisonado por la razonabilidad y objetividad que pueden extraerse de esos cálculos y sobre el cual caminar con todo el haz de pautas restantes hasta la tarifación buscada" (Ac. 96245 "Medina, Ángel c. Godoy, Walter; en WebRubinzal scjba3.3.1.1r2).

Se procura, con su utilización, reducir la arbitrariedad que a veces se evidencia cuando se salta de la descripción de las lesiones al número final "decidido" para indemnizar tales padecimientos.

La doctrina al respecto indica que "El empleo de fórmulas no importa una restricción a la legítima discrecionalidad judicial, sino a la arbitrariedad" (Acciarri, Hugo - Irigoyen Testa, Matías "La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes" en L.L. 09/02/2011).

La mejor jurisprudencia ha resuelto que "no es arbitraria la sentencia que fija el daño corporal sobre la base de fórmulas matemáticas, se participe o no de tal criterio, si el razonamiento es fundado y el resultado al que se arriba resulta razonable" (voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci -quien cita otros precedentes de ese tribunal- in re "Gálvez c. Sancor" del 15/05/2002 en LL Gran Cuyo 2002, 529).

La fórmula toma en cuenta el ingreso monetario de una persona expuesto a una tasa de interés -anual (3%), decimalizada, esto es 0,03- durante el período de vida productiva (estimada en 79 años) al que se le van restando paulatinamente egresos propios de la existencia, así como se contabiliza la percepción anticipada de tales sumas (ver CCyC Bahía Blanca, Sala I, Expte. 120.084, sentencia 16/12/03 "Miguel c. Sabatini", entre muchas otras, publicado en www.cabb.org.ar; también aplican fórmulas matemáticas, el TSJ de Córdoba desde el precedente "Marshall", LLC 1984-961, y las Cámaras de aquella provincia).

Básicamente la fórmula representa el valor actual de una renta periódica, o sea el capital que es necesario para que colocado a interés permita a las víctimas retiros periódicos de una suma que compense por la disminución de la capacidad de ganancia, por todo el tiempo de la vida útil probable, al término del cual se extingue el capital a causa de las amortizaciones periódicas donde la variable "a" está dada por la extracción periódica, la variable "n" por el número de períodos por el que se hacen retiros y la variable "i" por el interés aplicable (para una ampliación de los conceptos de cada variable incluidos en la fórmula se puede ver entre otros: Iribarne, Héctor P. "De los daños a las personas" Ediar, 1995, Cap. XIII; Casadío Martínez, Claudio A., "Una aproximación a las fórmulas 'Vuoto' y 'Vuoto II' (o 'Méndez'): su significado y cálculo" 11-abr-2011 en Microjuris MJ-DOC-5295-AR; Acciarri, Hugo - Irigoyen Testa, Matías "Fórmulas empleadas por la jurisprudencia argentina para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes" en La Ley Online, diciembre de 2008) lo que se formularía del siguiente modo:

C = a. (1+i)n-1 i.(1+i)n	En autos la actora contaba al momento del hecho con 38 años de edad (fs. 365) estaba casada y era madre de tres hijos (de cuatro, ocho y diez años respectivamente). Los ingresos a esa fecha ascendían a la suma de pesos un mil cuatrocientos ochenta y uno (contabilizando los vales alimentarios como parte integrante del salario) (v. constancia de fs. 508).

Tomando el ingreso anual más aguinaldo -estos es trece períodos- y le aplicamos el porcentaje de incapacidad ya discernido (con lo que variable "a" es igual a $ 2.778,21.-), valorando en esa consideración que existía expectativa fundada de un progreso en la retribución, computando un interés del 3% y una expectativa de vida de 41 años (variable "n") se llega a una resultado de pesos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete con 03/100 centavos ($ 65.497,03.-).

En cuanto a las variables "n" e "i" vale aclarar que, en el presente caso, la primera la he tomado en relación con la "esperanza de vida" que para mujeres estima el INDEC a partir del último censo nacional (2010) esto es 79 años (Fuente: www.indec.gov.ar), procurando ampliar el espectro de alcance de la fórmula, pues se incluyen así períodos posteriores a la jubilación, ello a fin de no limitar la indemnización a la faz meramente productiva laboral. La segunda variable la he fijado en una tasa del 3%, pues con buen criterio la jurisprudencia viene reduciendo la tasa que usualmente se fijaba en el 6%, poniendo atención en evitar la depreciación por inflación (v. CCyC Bahía Blanca, sala 1ª, 18/04/2007, "Anrique, Sergio A. y otros v. Santamarina, Martin y otros" Lexis Nº 70040954).

Aclarado ello cabe agregar que, conforme hemos adelantado, la mera transferencia matemática de los ingresos no refleja suficientemente el valor de la vida humana (CSJN "Aquino c. Cargo", 21/09/04) o, en otros términos, la "multidimensionalidad de la actividad humana" (conf. Acciarri - Irigoyen Testa, ob. cit. ap. B.3 citando a Iribarne) que bien puede detectarse también en la faz patrimonial pues la lesión a la salud conlleva un detrimento allende la tarea remunerada, en tanto toda persona aún mínimamente practica actividades hogareñas o sociales (ver los ejemplos que allí dan los autores citados) las que resultan exógenas a la fórmula pero que requieren consideración por el magistrado (v. testimoniales citadas supra).

De resultas de ese análisis estimo razonable y ajustado a derecho y a las constancias de autos ya referidas establecer como indemnización por "incapacidad sobreviniente" (rubrado en demanda como "daño a la integridad física") la suma de pesos ochenta mil ($ 80.000.-).

I.3. En cuanto al llamado "daño al proyecto de vida" reconociendo las divergencias que existen hoy en día a su respecto, cabe entenderlo como aquel que "atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. La noción del daño al proyecto de vida se elabora en torno a la idea de realización personal y tiene como referencias diversos datos de la personalidad y el desarrollo individual, que sustentan las expectativas del individuo y su capacidad para acceder a ellas. Hay un límite o factor de calificación: la racionalidad o razonabilidad de esas expectativas." (García Ramírez, Sergio "La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones" en AAVV "La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de siglo: 1979-2004", 1ª Ed. 2005, pp. 66 y ss.).

En igual sentido la propia Corte IDDHH ("Loayza Tamayo v. Perú" (Reparaciones y costas) 27/11/98 párr. 144 y ss.; "Gutiérrez Soler c. Colombia" 12/9/2005 párr. 88) cuando lo refirió como aquel que impide "la realización de expectativas de desarrollo personal y vocacional factibles en condiciones normales" o cuando lo vinculó con las "expectativas de realización que toda persona tiene" (Caso "González y otras (Campo Algodonero) v. México" sentencia de 16 de noviembre de 2009, (excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) párr. 589).

Estas valiosas definiciones tienen su aplicación local, pues la doctrina legal se ha referido -aunque sin definirlo- al "proyecto de vida" truncado de una adolescente que vio limitada su capacidad física en razón de un accidente (SCBA, Ac. 78851 "T., S. R. c. Rivero Roberto y ot. Daños" del 20/04/2005, voto del Dr. de Lázzari que hace mayoría) reconociéndolo en el caso como integrante del daño moral.

Análogamente la CSJN en ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los topes indemnizatorios (Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos" 10/08/2010) valoró esta lesión (como "frustración del desarrollo pleno de la vida" o "reformulación de su proyecto de vida") como un aspecto más, por fuera de la capacidad de generar ganancias, que debe analizarse al cuantificar los daños personales.

A su turno desde la doctrina más calificada y a partir del análisis de la jurisprudencia que ha tratado el tema, se concluye que esta lesión se detecta especialmente en aquellos casos graves pues de lo que se trata es de reconocer una entidad superior a un estándar medio de aflicciones a la salud, pues deben afectar la estructura central de un proyecto vital (Galdós, Jorge Mario "¿Hay daño al proyecto de vida?" en especial ap. 5, en L.L. 2005-F-1005, con cita del STJ de Jujuy).

En general esta lesión, a tenor de los conceptos dados, ha de ubicarse en el ámbito extrapatrimonial, pero en casos especiales puede hallárselo también como daño material integrante de la incapacidad sobreviniente (v. Galdós, ob. cit. y la jurisprudencia que se cita en notas 19 y 20; así también lo entendió la CSJN en "Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c/ La Rioja, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios" del 27/05/2003, T. 326 P. 1673)).

En autos se advierte igualmente esa dirección hacia el ámbito extrapatrimonial en el reclamo actoral (v. fs. 42/vta.), por lo que hemos de tratar su acreditación y eventual cuantificación al referirnos al daño moral.

Vale advertir que la lesión cuya indemnización se persigue requiere la prueba de aquellas condiciones de vida que permitan tener por razonables las expectativas que se alegan tronchadas, de lo contrario el rubro no podrá prosperar, pues carecerá de la mínima certeza que la admisión de un rubro indemnizatorio exige.

I.4. Se reclama asimismo un "daño a la libertad de acción".

En sentido similar a lo referido al tratar el anterior rubro, corresponde aquí también -y quizás con mayor énfasis en este supuesto- tenerlo por incluido como uno de los aspectos que pueden dar lugar a la conformación de un daño moral.

Así vale recordar que esta Cámara y su predecesora participan de un criterio que conceptúa al daño moral como aquella lesión que "se configura con la violación de los derechos que protegen la "seguridad personal", paz, tranquilidad de espíritu, privacidad, libertad individual, integridad física, etc.; y las afecciones legitimas tales como el honor, la honra, los sagrados afectos etc., y que acreditada la acción antijurídica lesiva debe tenerse por probado in re ipsa el consiguiente daño moral, correspondiendo al responsable la demostración de la existencia de alguna situación objetiva que permita excluir en el caso concreto ese tipo de perjuicios, no requiriendo el daño moral de prueba si su existencia puede inferirse naturalmente de las circunstancias del caso" (esta Cámara , expte. 48, R.I. N° 20(S) del 11/11/08; CCyC y Gtías. en lo Penal de Necochea, R.I. N° 120 (S) del 29/11/07; reg. Int. 44 (S) del 17/10/92; reg. Int. 111(S) del 19/11/96).

Necesariamente entonces al tratar el daño moral corroboraremos si en él se detecta, para el caso, la lesión en cuestión.

I.5. En cuanto a la petición relativa al "daño estético" es pertinente recordar que tanto la antecesora Excma. CCyC y Gtías. en lo Penal de Necochea, como este Tribunal han procurado ajustar este rubro a los cánones legales vigentes. Así no puede entendérselo como un tercer rubro sino como lesión con detrimento en la faz estética de la persona que puede devenir en un daño patrimonial o en uno extrapatrimonial o en ambos (arg. Expte. 8011, RI 96 (S) del 15/07/08).

En autos, como ya indicáramos al establecer la incapacidad sobreviniente, la prueba rendida es indicativa de una lesión que repercute en el ámbito extrapatrimonial pues se han probado las inhibiciones que le provoca a la actora la cicatriz emergente de la cirugía (testimonios de fs. 235, respuesta a la novena pregunta; de fs. 237 respuesta a la décima y 241vta. respuesta a la novena) lo que luce evidente a partir de la pericia de fs. 743/746. Volveré sobre este aspecto al cuantificar el daño moral.

I.6. Finalmente se reclama la indemnización por "daño psicológico".

En tal sentido es válido recordar que "el daño psicológico (.) se puede manifestar ya como un daño patrimonial, ya como uno extrapatrimonial (.). En el primer caso, consistirá especialmente en su posible gravitación incapacitante, o en la necesidad de tratamiento terapéutico. En el segundo viene a confluir con el aspecto más inmaterial de la persona y se trasluce, como se ha sostenido, en un distinto modo de perfilarse ésta en su mundo circundante (una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial)" (esta Cámara, expte. 102, "Parrota c. Marfany" R.I. N° 11 (S) del 23/02/09, con cita de la obra de Zavala de González).

En el presente caso se revela la existencia de un daño emergente (daño patrimonial) pues la perito ha fijado un plazo de sesiones de psicoterapia de dos años (frecuencia semanal) con un costo de $50 cada una de ellas, lo que a tenor de los relatos de los testigos (v. fs. 234vta. 7ª respuesta; 235 respuesta 11ª; 236vta. 7ª respuesta, 237 respuesta 10ª; 237vta. respuesta a la 4ª repregunta; 241vta. respuesta 8ª) y lo emergente de la historia clínica obrante a fs. 313/314 se aprecia como razonable, sin perjuicio de establecer que las sesiones no necesariamente se darán en todas y cada una de las semanas, correspondiendo ajustar su número (arts. 163; 384 y 474 CPCBA)	Vale aclarar que las impugnaciones de la citada en garantía no aparecen como atendibles. Es que la referida a la pérdida de ingresos referida por la experta no se reporta como decisiva al fijar los daños pues tal cuestión se ha circunscripto a la incapacidad sobreviniente y se ha evaluado oportunamente y a partir de los elementos de prueba allí analizados, no correspondiendo su tratamiento aquí pues implicaría una duplicación impropia de la indemnización.

En cuanto a las herramientas que utiliza la experta así como su fuente de información ambos cuestionamientos confluyen, pues al abordarse la cuestión a través de una entrevista psicológica semidirigida (f. 749) es innegable que la fuente es la propia víctima. Pero ello no invalida el informe pues, justamente, la caracterización de "psicológica" y de "semidirigida" permite concluir que la actora fue evaluada a través de su discurso, sin que la experticia se construya con el mero relato sino a partir de él, con la técnica del psicólogo guiándolo y obteniendo de aquel los elementos que luego se vuelcan en el informe.

Resta pues, en mi opinión, incólume la pericia psicológica y a partir de la lesión que de allí se desprende, y conforme las consideraciones vertidas, corresponde indemnizar a la víctima en concepto de daño emergente por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) sin perjuicio de evaluar la faz extrapatrimonial al fijar infra el daño moral sufrido.

I.7. Daño moral. En el apartado I.3 hemos recordado uno de los conceptos que este Tribunal ha utilizado para definir un concepto tan esquivo como el del presente acápite.

Con ese concepto en mente repasaré las lesiones que se estiman probadas en autos.

El auto que transportaba a la Sra. Blázquez es chocado por dos veces en una misma secuencia temporal, sufre lesiones con grave riesgo para su salud, dolorosas, pierde momentáneamente el conocimiento, es testigo del fallecimiento del conductor (v. declaración en causa penal fs. 171/vta.; historias clínicas de fs. 179/181 y 313/314; pericia fs. 823)	La actora es internada el día del accidente, luego derivada a una clínica privada donde es intervenida quirúrgicamente, egresando para tratamiento en domicilio una semana después (fs. 179/181 y 313/314). Allí, según los testimonios, no pudo ingresar con la camilla y debió trasladarse a la casa de sus padres, abandonando a sus hijos menores y a su esposo, luego pasó a una silla de ruedas, luego usó muletas y finalmente hizo rehabilitación; todo el proceso duró un año aproximadamente, necesitando la atención de otra persona para higienizarse (testimonios de fs. 234/235vta., 236/vta., 239/240; 241/vta.).

Que la resultante de ese evento también es un temor exacerbado a viajar en automotor (conf. pericia psicológica y testimonios ya citados) lo que provocó la postergación o directa cancelación de planes de esparcimiento que impliquen ese tipo de traslado; lo que da cuenta del truncamiento de expectativas razonables en su vida futura, circunstancias todas estimables dentro del presente rubro.

A ello debe adunársele que la lesión estética referida en I.4 repercute en la esfera espiritual pues agravia la imagen armoniosa que toda persona -incluida la víctima- tiene de sí misma y perjudica su vida en relación, máxime tratándose de una mujer lesionada en su pierna (reitero cicatriz de 28 cm. en el muslo izquierdo y asimetría de los miembros inferiores), domiciliada en Necochea, lugar reconocido públicamente como balneario.

En atención a todos estos aspectos y conforme los parámetros que otorgan casos análogos resueltos en la Cámara local estimo prudente fijar el daño moral en la suma de pesos ciento cuarenta mil ($ 140.000.-).

En consecuencia el total discernido para la actora Blázquez es de pesos doscientos veinticinco mil ($ 225.000.-) el que reducido en relación al porcentaje de responsabilidad atribuido en la primera cuestión asciende a pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-) con más los intereses a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10 ley 23928; 622 del C.C. y esta Cámara expte. 195 "Barneche, Elida Elvira c/Pérez, Gustavo Javier y otra s/ Daños y Perjuicios", reg. int. 119 (S) del 10/12/2009).

II.1. Expte. N° 876. En lo que respecta a la Sra. Sandra Betina Yunes en su demanda obrante a fs. 2/7 reclama:

Daño físico: por la pérdida de capacidad pulmonar producto del accidente, ya que no tiene aire suficiente, ni puede realizar ninguna práctica aeróbica; asimismo en razón de las fracturas y golpes es continuo el dolor en el pecho; por lo que se reclama la suma de pesos treinta mil ($ 30.000.-).

Daño estético: en razón de la lesión producida en su frente, le quedó una indisimulable cicatriz se reclama la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-).

Daño psicológico: Indica que cuando comenzó a trabajar todo lo debía delegar, nada podía resolver; también sufre pánico si debe trasladarse en vehículos automotores por lo que reclama por este rubro la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).

Daño moral: expresa que en un accidente como el de autos, presenciando la muerte y viendo y padeciendo el sufrimiento físico propio y ajeno, se produce un antes y un después del accidente tanto en su vida laboral, familiar y sus relaciones por lo que reclama la suma de pesos cien mil ($100.000). Alega, igualmente, una serie de padecimientos que enumera en un acápite distinto, y previo, al tratamiento de los daños que dice sufridos.

Al tratar los daños reclamados por la sra. Blázquez puntualicé los conceptos que estimo corresponden a cada rubro reclamado, por lo que no he de volver sobre tales aclaraciones, dedicándome directamente al discernimiento específico de la indemnización relativo a la actora Yunes.

II.2. En esa tarea diré respecto del llamado en demanda daño físico que a tenor de la pericia médica obrante en autos las secuelas físicas se encuentran reducidas a una "ligera restricción pulmonar" que produce una secuela incapacitante del 7,5% de carácter parcial y permanente. Tal conclusión la deriva el experto del examen físico que efectuara respecto de la víctima así como de una serie de estudios previos que le solicitó (v. fs. 872; 884 y ss.).

Y si bien la citada en garantía impugna el informe por estimarlo contradictorio (v. fs. 896/897) una adecuada y contextualizada lectura del informe devela su consistencia. Es que la primera opinión vertida por el médico actuante es producto del examen físico (por decir así a "ojos vista" por el profesional) mientras que la segunda conclusión se desprende del análisis profesional de los estudios exigido por el perito y que fueron acompañados al entregar su dictamen (v. cargo de fs. 887).

De allí que la conclusión técnica no se ve desmerecida sino que luce ajustada a los exámenes realizados (arts. 384 y 474 CPCBA).

A la luz de las lesiones sufridas (politraumatismo, herida cortante entre cejas, líquido en cavidad abdominal, traumatismo de parrilla costal, conf. fs. 886 del informe que vengo glosando; y en igual sentido informe empleadora fs. 645/6469) la citada incapacidad discernida por el galeno, la edad de la víctima al momento del accidente (31 años aproximadamente, fs. 15)) sus ingresos en una fecha cercana al evento (fs. 132, según informe de su empleadora a junio de 1999. $1063 incluyendo los vales alimentarios como integrantes de su salario) cabe elucidar el monto correspondiente a la incapacidad sobreviniente.

Utilizando la fórmula cuya explicitación hiciéramos al tratar la indemnización de la actora Blázquez, tomamos el ingreso anual más aguinaldo -estos es trece períodos- y le aplicamos el porcentaje de incapacidad ya discernido (variable "a" igual a $1.036,43), valorando en esa consideración que existía expectativa fundada de un progreso en la retribución, computando un interés del 3% y una expectativa de vida de 48 años (variable "n") se llega a una resultado de pesos VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con 52/100 centavos.

En cuanto a las variables "n" e "i" vale aclarar que la primera la he tomado en relación con la esperanza de vida que para mujeres estima el INDEC a partir del último censo nacional (2010) esto es 79 años, procurando con ello ampliar el espectro de alcance de la fórmula, pues se incluyen períodos posteriores a la jubilación, ello en procura de no limitar la indemnización a la faz productiva laboral. La segunda variable la he fijado en una tasa del 3%, pues con buen criterio la jurisprudencia viene reduciendo la tasa que usualmente se fijaba en el 6%, poniendo atención en evitar la depreciación por inflación (v. el ya citado de la CCyC Bahía Blanca, sala 1ª, 18/04/2007, "Anrique, Sergio A. y otros v. Santamarina, Martín y otros" Lexis Nº 70040954).

Aclarado ello reitero lo dicho respecto de la cuantificación de la coactora Blázquez en el sentido que la mera transferencia matemática de los ingresos no refleja suficientemente el valor de la vida humana (CSJN "Aquino c. Cargo", 21/09/04) o, en otros términos, la "multidimensionalidad de la actividad humana" (conf. Acciarri - Irigoyen Testa, ob. cit. ap. B.3 citando a Iribarne) que bien puede detectarse también en la faz patrimonial pues la lesión a la salud conlleva un detrimento allende la tarea remunerada pues toda persona aún mínimamente practica actividades hogareñas o sociales (ver los ejemplos que allí dan los autores citados) las que resultan exógenas a la fórmula pero que requieren consideración por el magistrado (v. testimoniales de fs. 699/vta. y 700/701).

De resultas de ese análisis estimo razonable y ajustado a derecho y a las constancias de autos establecer como indemnización por "incapacidad sobreviniente" (rubrado en demanda como "daño físico") la suma de pesos TREINTA MIL ($ 30.000.-) todo ello en base a los argumentos expuestos supra (arts. 1069; 1083; 1086 del C.C. y 163; 165; 384 del CPCBA).

Como integrante de la indemnización en su faz patrimonial debo añadir la incidencia que el hecho dañoso tuvo en la psiquis de la actora quien requerirá tratamiento psicológico por un año para suprimir y minimizar el padecimiento (v. informe fs 841/842 y explicaciones a f. 860).

Ese tratamiento fue cuantificado por la perito, años ha, en la suma de pesos dos mil, y si bien la impugnación de la citada en garantía (pago del tratamiento por la Obra Social de la actora) es atendible (v. Resolución 201/2002 Ministerio de Salud -BO 19/4/2002- Anexo II, incluyendo dentro del PMO el rubro Salud Mental, 330101, psicoterapia niños y adultos) la sana crítica nos indica que no todos los profesionales trabajan bajo ese sistema y aún los que lo hacen perciben sus honorarios por encima del tope fijado por la prestataria.

A ello sumamos que la indemnización se fija a valores actuales (pues trátase de una deuda de valor) de donde la suma establecida por la perito aparece hoy justificada plenamente (arg. arts. 163 y 165 CPCBA) correspondiendo entonces fijar la suma de pesos DOS MIL ($ 2.000.-) en concepto de daño emergente derivado de la lesión a la psiquis de la actora (arts. 1069; 1083; 1086 del C.C. y 163; 165; 384 del CPCBA).

II.3. Resta analizar aquí las lesiones demandadas y que puedan reconocerse como daño extrapatrimonial o daño moral.

Recordando los conceptos dados supra y repasando las constancias de autos se advierte que sufrió un evento por demás impactante (choque múltiple, con deceso in situ del conductor del auto en el que viajaba, lesiones personales diversas que implicaron riesgo de vida) y fue sometida a distintos tratamientos médicos (incluyendo internación en terapia intensiva, con un tiempo total de internación de 13 días y posterior rehabilitación más tratamiento ambulatorio) sufriendo los dolores propios de semejante trance (v. informe fs. 645/646; pericia fs. 884/889).

A ello cabe agregar que padeció el alejamiento de sus seres queridos pues la internación fue en otra ciudad en momentos en que sus hijos eran todos menores de edad y algunos de los cuales no alcanzaban siquiera los cuatro años de edad (v. certificados de fs. 16/19) Y finalmente quedaron en su ánimo y en su espíritu secuelas demostradas de la dimensión del hecho sufrido. Así, por un lado, la lesión estética resulta una marca permanente en el rostro influyendo negativamente en la autoestima de la víctima, quien como todo ser humano, procura verse y mostrarse ante los demás con la mejor imagen posible, máxime si se trata como en autos de una mujer, por lo que la frustración impacta igualmente en la conformación del daño moral.

Por otro lado los temores, angustias y fobias de origen traumático deben ser en el caso contabilizados bajo este rubro pues la propia pericia psicológica los informa bajo pronóstico reservado (v. f. 841vta.; también la testimonial v. fs. 699/vta.; 700/701 y 795).

Valorando todo ello propicio al acuerdo fijar la suma de pesos CIEN MIL ($ 100.000.-) en concepto de daño moral (arts. 1078 C.C. y 163; 165 384 CPCBA).

En consecuencia el total discernido para la actora Yunes es de pesos ciento treinta y dos mil ($ 132.000.-) el que reducido en relación al porcentaje de responsabilidad atribuido en la primera cuestión asciende a Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos ($ 26.400.-) con más los intereses a la tasa pasiva que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10 ley 23928; 622 del C.C. y esta Cámara expte. 195 "Barneche, Elida Elvira c/Pérez, Gustavo Javier y otra s/ Daños y Perjuicios", reg. int. 119 (S) del 10/12/2009).

III. Con costas a los demandados vencidos (art. 68 CPC).

A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Capalbo votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A la misma cuestión planteada el señor juez doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

Al no cumplir la carga procesal de fundar el recurso interpuesto a fs. 919 se decreta la deserción del recurso de apelación interpuesto (art. 261 C.P.C.C.).

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Capalbo votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por análogos fundamentos.

A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR LOIZA DIJO:

Corresponde: 1) Confirmar el rechazo de la acción respecto del demandado Horacio Jensen, con costas en el orden causado, en tanto las actoras pudieron razonablemente entenderlo como responsable en el evento (art. 68, 2ª parte CPCBA); 2) Revocar la sentencia de grado en cuanto rechaza la demanda respecto de Gabriel Antonio De Luca y Juncal Cía. De Seguros de Autos y Patrimoniales, y en consecuencia condenarlos al pago de la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-) a favor de Rosa Susana Blázquez y Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos ($ 26.400.-) a favor de Sandra Betina Yunes, ambas sumas con más los intereses fijados supra, con costas a los demandados vencidos (art. 68 CPCBA); 3) Declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 919 (art. 261 C.P.C.C.), con costas al apelante vencido (art. 68 CPCBA); 4) Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas y diferirlas para cuando exista base firme para su estimación (art. 31 DL 8904).

ASI LO VOTO.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Capalbo votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

A la misma cuestión planteada el señor juez Doctor Garate votó en igual sentido por los mismos fundamentos.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:

S E N T E N C I A Necochea, 22 de noviembre de 2011.

VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, 1) Se confirma el rechazo de la acción respecto del demandado Horacio Jensen, con costas en el orden causado, en tanto las actoras pudieron razonablemente entenderlo como responsable en el evento (art. 68, 2ª parte CPCBA); 2) Se revoca la sentencia de grado en cuanto rechaza la demanda respecto de Gabriel Antonio De Luca y Juncal Cía. De Seguros de Autos y Patrimoniales, y en consecuencia condenarlos al pago de la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-) a favor de Rosa Susana Blázquez y Pesos Veintiséis Mil Cuatrocientos ($ 26.400.-) a favor de Sandra Betina Yunes, ambas sumas con más los intereses fijados supra, con costas a los demandados vencidos (art. 68 CPCBA); 3) Se declara desierto el recurso interpuesto a fs. 919 (art. 261 C.P.C.C.), con costas al apelante vencido (art. 68 CPCBA); 4) Se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas y se las difiere para cuando exista base firme para su estimación (art. 31 DL 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 CPC). Devuélvase.

Dr. Humberto A. Garate Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dr. Oscar A. Capalbo Juez de Cámara Dra. Norma T. Dominguez Secretaria