marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Estado Nacional, empleados públicos, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: GIARDINA  LUIS ALBERTO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEL INTERIORGENDARMERIA NACIONAL s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-05

El Estado Nacional no puede desconocer los efectos de su propia actividad administrativa; no está en mejor condición que cualquier otra persona en lo que atañe a la buena fe con que debe obrar, tanto frente a terceros como frente a sus dependientes (conf. esta Sala, causa 7.177/01 del 14/03/06; Sala II, causas 2.299/93 del 12/11/02 y 2.531/91 del 25/02/03). Al quedar relacionado el accidente con la prestación de los servicios rigen los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según los cuales el accionado tiene que afrontar el menoscabo patrimonial y el daño moral sufridos por sus agentes en hipótesis como la de autos (Fallos: 308:1118; 308:1109;

330:5205; esta Sala, causa 5810/06 del 5/8/10). Huelga agregar que el ACV sufrido por el actor en modo alguno puede equipararse a la "acción bélica" o al "acto de beligerancia" que constituyen excepciones al principio enunciado en el párrafo anterior (conf. CSJN, Fallos: 321:3363, considerandos 6º y 7º).
Concurso preventivo, entidades deportivas, síndico del concurso, abogados
Materia: COMERCIAL
Carátula: CLUB ATLETICO RACING s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-09-13

Tratándose la formación de concurso preventivo de un club, cuya personería jurídica fue otorgada por el Poder Ejecutivo, se está en presencia de las llamadas "asociaciones sin fines de lucro" cuya fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Sociedades Jurídicas de la Provincia, en el Departamento "Asociaciones". Conforme a ello, es imposible apartarse de tal configuración legal, para situarla en el concepto de empresa económica por lo que es de aplicación al caso el criterio según el cual: "en el concurso de persona no comerciante que no desarrolla su actividad en forma de empresa económica la sindicatura es ejercida exclusivamente por abogados de la matrícula, con lo que salta a la vista, que lo que se ha puesto en discusión no es el propósito de lucro sino la forma de actividad".

La calificación de los clubes en cuestión como asociaciones civiles sin fines de lucro, con personería otorgada al efecto por el Poder Ejecutivo Provincial, obstaculiza cambiar dicha calificación teniendo en cuenta la complejidad de tipo empresarial a que el funcionamiento de la misma debiera llegar. Es lógico colegir que los clubes no se organizan como empresas económicas no obstante el lucro que se derive como consecuencia de estimular el deporte entre sus asociados. Por cierto que tal situación engasta en la segunda parte del inc. 4to. del art. 277 de la Ley 19.551.-
Partidos políticos, nombre partidario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Partido Alternativa Progresista de Corrientes s/ reconocimiento de personería jurídico - política como partido de  distrito.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

El sistema de la ley 23.298 procura eliminar la confusión del electorado y la captación indebida de adherentes mediante una restricción más intensa del principio de la libre elección del nombre.
Lesiones graves, legítima defensa, tentativa de homicidio, exceso en la legítima defensa, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ARCE, Jorge Luis. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-16

Para que no se desnaturalice la figura del exceso en la acción justificadora y conduzca a un abuso punible según las reglas ordinarias correspondientes al hecho penalmente típico por el agente, es necesario que esa falta de moderación en el modo no sea intencional (*). En la disputa sobre si el exceso es imputable a título de culpa o de dolo, lo más adecuado es decir que la desproporción objetiva del medio de ejecución empleado, subjetivamente debe obedecer a un estado de excitación o perturbación del ánimo del autor o a un abandono por parte de éste de las reglas de prudencia observables en el caso, que sin alterar su finalidad de ejecutar la ley, ejercer su autoridad o sortear el peligro, lo ha llevado al exceso.

El reiterado disparo del arma en cinco oportunidades, dos de los cuales impactaron en el cuerpo de la víctima produciéndole graves heridas, demuestra que el imputado se habría asustado ante el porte físico y la menor edad de su contrincante y desplegó un incontrolado uso del peligroso medio escogido contra su agresor con desproporción con el ataque y la necesidad de sustraerse a él.

No obstante, ello no evidencia que el incuso haya obrado con el fin de cegar la vida de la víctima pues al partir del carácter exclusivamente doloso que reviste la figura de la tentativa no se advierte que la conducta defensiva que se le atribuye se pueda compatibilizar con el dolo requerido por el art. 42 del C.P.. Su accionar resulta comprensivo del resultado causado, tenido en consideración la naturaleza mas bien imprudente de los actos cometidos en exceso.

Por ello, corresponde confirmar el auto que decretó el procesamiento del imputado en orden al delito de lesiones graves reiteradas cometidas con exceso en la legítima defensa cuya penalidad por imperio del art. 35 de la normativa de fondo, deberá ser reducida a la prevista por el art. 94 del ordenamiento penal (arts. 34, inc. 6°, 35, 55, 90 y 94 del C.P.).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Albertengo, Elena Juana Guadalupe s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Concurso   preventivo. Hoy quiebra (Expte CSJ Nº 738-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No son suficientes para lograr la apertura de la instancia de excepción, meras afirmaciones acerca de la existencia de cuestión constitucional o afectación de garantías de ese tipo, sino que es necesaria la demostración de su conexión con las constancias de la causa en directa vinculación con el pronunciamiento que se recurre.
Proceso penal, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, sentencia, sentencia condenatoria, Ministerio Público Fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Alcaraz Héctor Juan ó Ríos, Ramón Alberto s/ inf. art. 189 bis C.P. - APELACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-06

El artículo 61 de la Ley Nro. 1287 no le concede al Ministerio Público Fiscal derecho a la vía recursiva, por no cumplirse uno de los dos recaudos que requiere para tal -en este caso, al no haberse dictado sentencia absolutoria-. El otro recaudo que prevé la Ley de Procedimiento Contravencional para que pueda recurrir el Fiscal, es la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva.

Las provincias tienen derecho a diseñar su propio organigrama judicial y pueden, por ende, determinar que una causa concluya en primera instancia sin recurso ante la cámara local o corte local.

El Poder Legislativo es quien está exclusivamente facultado para regular esta materia y no se ha infringido, por otra parte, ningún tratado internacional previsto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional ya que en ellos sólo se prevé la doble instancia a favor del imputado (Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Libertad condicional, residencia habitual, Ley de Ejecución de Pena Privativa de Libertad
Materia: PENAL
Carátula: Villagrán, César Augusto s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-30

La obligación de residencia es un requisito de cumplimiento y no de procedencia de la libertad condicional atento que, aún ante la ausencia del mismo, se debe proceder a dar intervención a los organismos correspondientes para la ubicación de un lugar de residencia al interno (art. 172 de la ley 24.660). Por ello, la inconveniencia del domicilio propuesto, o incluso su ausencia, no pueden ser valorados a los efectos de rechazar la incorporación del interno al instituto de la libertad condicional. La disidencia sostuvo que el a quo había efectuado una correcta aplicación de le ley penal y el recurrente no ha logrado demostrar el error jurídico atribuido al decisorio.
Impuestos municipales, constitucionalidad, tasas, carga de la prueba
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Corporación Misionera S.A c/ Municipalidad de Caraguatay s/ Demanda de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-12-23

Siendo la tasa la contraprestación de un servicio, corresponde al actor la prueba de la no prestación del mismo, o en su caso la desproporción entre el monto establecido y el bien afectado.
Carga de la prueba, prestación de servicios, medios de prueba, contrato de trabajo
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Attonaty Juan Carlos Alberto  c/ Club Sud América  s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-03-17

Desconocido el vínculo laboral invocado en autos, la carga de acreditar el hecho de la prestación de servicios recaía sobre quien la invoca, pues si bien es cierto que la legislación laboral prescribe una serie de presunciones favorables al trabajador, incluida la existencia misma del contrato de trabajo, todas ellas sólo entran a jugar una vez que aquel ha demostrado la premisa básica, cual es la efectiva prestación de servicios en beneficio de la contraparte. Y como bien destacó el juzgador, ante el flagelo del trabajo clandestino, la interpretación jurisprudencial debe autorizar el ofrecimiento de medios probatorios con suma amplitud. Ahora bien, cuando solo se recurre a prueba testimonial, las declaraciones de quienes deponen deben ser claras, sinceras, categóricas y concordantes. En el caso del actor llama la atención en primer lugar que no obstante alegar que prestó tareas en un lugar sumamente "público", como es un Club en esta ciudad, no haya podido convocar nada más que a dos personas. Y si a esto se suma que quienes declararon a su instancia dieron una versión que difiere enormemente de lo que narró en el promocional (donde nunca mencionó haber sido instructor en el gimnasio) entonces su caso se desmorona (Voto Ronconi. Adhesión Romero)
Obligaciones de dar sumas de dinero, actualización monetaria, fallo plenario
Materia: CIVIL
Carátula: Calvo, Juan c/ Serra, Jorge s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-15

La repotenciación de los créditos, en base a índices oficiales, al margen de las diferencias que pueda arrojar en tiempos de aguda inflación constituye una pauta objetiva, habitualmente aceptada, que permite establecer el valor adquisitivo de la moneda, con las falencias propias de toda obra humana y que no puede ser reemplazada en función del incremento del valor de las reservas de cada aseguradora. Este procedimiento al par que haría procedente el reajuste de los importes adeudados sólo cuando se hubieran acrecentado las inversiones del asegurador, violando al criterio sentado por esta Cámara en el fallo plenario del 9-9-77 en el caso "La Amistad c/Iriarte", vulneraría el derecho de propiedad y el principio de la igualdad ante la ley que impone nuestra Constitución.
Candidatos, cronograma electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: BENITEZ MODESTA s/ IMPUGNACION A CANDIDATA A CONCEJAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1993-09-01

El cumplimiento del cronograma electoral,-cuya inobservancia pondría en riesgo la realización de los comicios convocados para que el pueblo de la Provincia concurra a elegir los representantes que concretar n la normalización de su vida institucional-, debe prevalecer sobre la eventual inclusión indebida de un candidato en las listas presentadas, toda vez que esta situación puede hallar remedio ulterior mediante la adopción de medidas adecuadas para impedir que el candidato supuestamente inhabilitado - y por hipótesis- indebidamente oficializado como tal, asuma el cargo para el que fue propuesto, en caso de resultar elegido.
Seguros, obligaciones del asegurado, denuncia del siniestro, asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: F., M.E. c/ SUAREZ, Héctor y otro
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

1- El art. 56 de la ley de seguros 17.418 es aplicable de oficio por el juez. De tal modo, el silencio guardado por el asegurado acerca del pronunciamiento de su asegurador requerido por dicho artículo no es óbice para aplicar lo dispuesto en esa norma.- 2- El plazo legal de treinta días para que la aseguradora se pronuncie debe computarse desde que se verifica la denuncia del siniestro, pues ese acto constituye la primera información con eficacia contractual recibida por el asegurador. Lo expuesto surge "a contrario sensu" de lo dispuesto por el art. 56 de la ley de seguros 17.418, que fija al asegurador dicho plazo para pronunciarse una vez recibida la información complementaria prevista en el art. 46 de la misma ley.- 3- Si el asegurador, luego de recibida la denuncia del siniestro, no reclama al asegurado informaciones complementarias ni prueba instrumental, el plazo de treinta días para pronunciarse corre desde la fecha de la denuncia del siniestro.-
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Correa, Diego Miguel y otros p.s.a.  c/  s/ asociación ilícita
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2019-10-18

El actual art. 303 del C.P contempla la amplia gama de acciones vinculadas al proceso de lavado de activos, las cuales serán juzgadas de forma independiente del delito precedente.
Contrato de trabajo, ex empresas del Estado, bonos de goce y de participación, prescripción, cómputo del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: "Alfaro,  Luis  y  otros c/ Ministerio  de  Economía  y Obras yServicios     Públicos     y    otro s/ art.    29    ley    23
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-07

Teniendo en cuenta el carácter laboral -aunque regulado por la ley comercial- del reclamo referido al art. 29 de la ley 23696, y como corolario de esa calificación, debe aplicarse el régimen prescriptivo gobernado por el art. 256 LCT. En efecto, un análisis más profundo de la cuestión lleva al convencimiento de que los bonos de participación del personal constituyen un beneficio laboral nacido del contrato de trabajo con la entidad societaria respectiva, con innegable carácter salarial, todo lo cual excluye su encuadramiento, a los fines del instituto prescriptivo, en el art. 256 LCT y la aplicación del plazo bianual.(Del voto del dr. Maza, en minoría).
Beneficios previsionales, caja otorgante
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ferro, Luis Antonio c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-04-08

Es legítimo el acto del Instituto de Previsión Social que denegó el beneficio jubilatorio solicitado con invocación de la ley nacional 21.119 si se fundó en que el peticionario no reunía el mínimo de años de servicios con aportes para atribuir el papel de caja otorgante a ese organismo, desde que voluntariamente se había marginado del régimen provincial por los servicios prestados como Intendente, al optar por su afiliación a la Caja Nacional, en ejercicio del derecho conferido por el art. 21 inc. "a" de la ley 5425 t.o. 1959.
Recurso de casación, procedencia del recurso, prisión domiciliaria, lavado de activos, sentencia arbitraria, sentencia ultra petita, sentencia firme, acuerdo del fiscal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-09-07

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto y estar a la decisión dictada por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal, que otorgó la prisión domiciliaria al imputado en el marco de una causa por la cual se lo investiga en orden al delito de lavado de activos, medida que viene siendo rechazada por el Tribunal Oral Federal, habida cuenta que el pronunciamiento de los jueces de la instancia anterior es arbitrario porque se abocaron a decidir acerca de la pertinencia, o no, del arresto domiciliario ya concedido al imputado por resolución que se encuentra firme al no haber sido recurrido por la defensa ni por el fiscal, revelando un exceso de jurisdicción. En consecuencia, la solución adoptada por el tribunal oral lesiona el principio acusatorio pues, sin que ninguna parte lo haya requerido, deja sin efecto una decisión consentida por ellas y convalidada por la jurisdicción.
Redargución de falsedad, instrumentos públicos
Materia: PROCESAL
Carátula: BORISONIK, S. s/ INSTRUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

La redargución de falsedad de un instrumento público debe ser resuelta en un procedimiento judicial en el cual el oficial público que expidió el documento pueda ser oído (art. 395, último párrafo del Cód. Proc. Civil y Comercial).
Adhesión provincial, prórroga del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: I.C.E.S.   S.A.C.I.I.F. c/ DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE FORMOSA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA VIALIDAD DE FORMOSA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1991-04-30

La adhesión dispuesta por la Ley Provincial N. 888 a la Ley Nacional N. 23.696 alcanza también a su prórroga dispuesta por el Decreto Nacional N. 1.605/90 - por el cual se prorroga el estado de emergencia antes declarado. Ello toda vez que la Ley N. 888 sigue la suerte de la ley a la cual se adhirió, de la cual depende su razón de ser.
Reconvención, responsabilidad parental
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L.C.M.A. c/ U.M.R.A. s/ Privación ejercicio responsabilidad parental
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-12-18

Es procedente la reconvención introducida por la contraria al contestar la demanda. Ello por cuanto la acción deducida por la actora pretendió privar al progenitor de la menor de la responsabilidad parental, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 700 del Código Civil y éste reconvino solicitando el cuidado personal de la menor en forma compartida, conforme lo disponen los artículos 650 y concordantes del Código Civil. En ese marco a la acción se le dio trámite de juicio sumario. El artículo 487 del Código de rito permite la deducción de la reconvención de las pretensiones en ella deducidas y que derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda. Consiguientemente, si bien asiste razón a la sentenciante en cuanto no hay una relación estricta entre ambas pretensiones dada la existencia de hechos y prueba diferentes, ello no es obstáculo para que sea procedente la sustanciación de la pretensión deducida por el accionado, toda vez que se da el segundo supuesto previsto por la norma procesal antes indicada.
Inimputabilidad, dictamen pericial, diagnóstico médico, junta médica
Materia: PENAL-PROCESAL-SALUD PUBLICA-LABORAL
Carátula: P., M. A. c/  s/ privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-12

Informe insuficiente para analizar la situación del imputado con el rigor que merece por no ser las conclusiones de los médicos concluyentes. Necesidad de practicar una junta médica con la participación de los profesionales del Ministerio Público Fiscal, en los términos solicitados por el Fiscal General en su memorial, a los efectos de evaluar las facultades mentales del imputado conforme lo previsto en el artículo 34, inc. 2 del Código Penal. Encausado que ha estado bajo tratamiento a disposición de un juzgado civil por lo que los profesionales que intervengan también deberán expedirse sobre su capacidad actual para corroborar si luego de este tiempo en el que debió haber recibido tratamiento se encuentra compensado, puede ejercer su defensa material y ser sometido a proceso, ello a los efectos de determinar la necesidad de proceder conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación. Revocación.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: PENAL
Carátula: Panis, José Luis s/ Robo calificado, lesiones graves, violaciones continuadas y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-02-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia la inaplicabilidad de los arts. 55, 90 y 166 inc. 2 del Código Penal, así como el quebrantamiento por inaplicación del art. 166 inc. 1 del mismo Código si la Cámara luego de abordar el tratamiento de la materialidad ilícita de los distintos hechos dio respaldo probatorio a lo resuelto en orden a la calificación de los mismos y el recurrente debió y no lo hizo impugnar los hechos tal como se tuvieron por acreditados con la pertinente denuncia de la violación de las normas en cuestión.
Concurso preventivo, competencia, fuero de atracción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: OESTE EMBOTELLADORA S.A. c/ A.F.I.P. - D.G.I. s/ Impugnación de deuda
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-19

Teniendo en cuenta el dictamen del Procurador Gral. de la Nación, al cual remite la C.S.J.N. in re "Dominio Consultora S.A." (sent. del 10.10.00), en el sentido que "el fuero de atracción previsto por el art. 21 de la ley 24.522 para el concurso preventivo y por el art. 132 de ese cuerpo normativo para la quiebra -al igual que las normas análogas de la anterior ley 19.551- no es de aplicación cuando, en el juicio con sentencia de primera instancia, ésta se halla apelada con el recurso concedido y pendiente de resolución. Si bien en la especie se trata de una decisión administrativa recurrida, tal principio debe aplicarse por analogía en el sublite, ya que la instancia jurisdiccional del recurso está expresamente prevista en el art. 9 de la ley 23.473 y sus modificatorias. Así el Alto Tribunal ha dicho que la Cámara que corresponde debe entender en los recursos y dictar sentencia, sin perjuicio de la posterior remisión al juez de la quiebra (Fallos 310:735)", la C.F.S.S. resulta competente para entender en el presente recurso.
Contratos, locación, contrato de servicios, derechos de las partes, obligaciones de las partes, tallerista, reparación de la cosa, acción de responsabilidad
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Responsabilidad Profesional SA y otro  c/ Habana Automotores SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-02

Corresponde condenar a un taller automotriz a devolver las sumas percibidas con motivo de la deficiente reparación del vehículo del actor, toda vez que el demandado reconoció haber realizado un trabajo insatisfactorio, ya que ofreció bonificar la mano de obra para llevar a cabo las tareas necesarias para subsanar la unidad. En ese marco, el ofrecimiento de una opción de reparación más económica -pero incompleta-, sumado a la omisión informativa acerca de alternativas viables, debe ser juzgado en relación el standard de responsabilidad agravada que pesa sobre la accionada dada su especialización en la materia y su propio comportamiento.
Cuestiones prejudiciales, culpa civil, culpa penal
Materia: CIVIL - PENAL
Carátula: Minervino de Caldentey, Graciela Marta c/ Cuevas, Alfredo Héctor y otro. s/ Accidente de tránsito
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-10

Llevada la cuestión - ya resuelta en sede penal - a los estrados de la justicia civil puede indagarse - en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y naturaleza de la penal - si no ha mediado de parte del procesado una falta o culpa civil que lo responsabilice pecuniariamente.