Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-20


ALONSO, María Cristina; FLORES, Marina Angélica; AGUIRRE, Lidia María; MARTINELLI, Edith Josefina; PERALTA, Fausto La Cruz; PENDYSKI, Domingo; MONCAGATTA, Dante Víctor y MOYANO, Carlos Enrique contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 206 p 245-251.

En la ciudad de Santa Fe, a los veinte días del mes de abril del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri, Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ALONSO, María Cristina y otros contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 156, año 1993) y sus acumulados "FLORES, Marina Angélica contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 196, año 1993), "AGUIRRE, Lidia María contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J.

nro. 203, año 1993), "MARTINELLI, Edith Josefina contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 204, año 1993), "PERALTA, Fausto La Cruz contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 205, año 1993), "PENDYSKI, Domingo contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 206, año 1993), "MONCAGATTA, Dante Víctor contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 207, año 1993) y "MOYANO, Carlos Enrique contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 208, año 1993), de conformidad con el acuerdo celebrado el día trece del corriente mes y año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: 1. María Cristina Alonso de Bussi, Juan Salvador Lidi, Marta María Castiglioni, Ramón Lorenzo Aguirre, Mirtha Nelly Marani, Alberto Enrique López, Vicente Lázaro Morales, María del Carmen Rafel, Mónica Emma Cervera, Susana del Huerto Brutti, Ada Zulema Vouilloz, Stella Maris Gualini, Graciela Mónica Capello Bono de Molino, María Luisa Beletti de Callegaris, Federico Guillermo Cervera, Edgardo Exequiel Bosser, Graciela Victoria Bittel, Martín Niklison, Gabriela Guadalupe Pérez, Mario Guillermo Leconte, Benito Zurbriggen, Ricardo Bochinfuso, Rodolfo Isidro Comuzzi, Abel Antonio Marega, María Eva Diozque, Olga Antonia Cabaleri de Fontanilla, Augusto José Schaumburg, René Humberto Rodríguez, Daniel Adolfo Goldsack, Marina Angélica Flores, Lidia María Aguirre, Edith Josefina Martinelli, Fausto La Cruz Peralta, Domingo Pendyski, Dante Víctor Moncagatta y Carlos Enrique Moyano, promueven recursos contencioso administrativos de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe, invocando "denegación manifiesta" del reclamo que interpusieron ante el Poder Ejecutivo, en orden a obtener la reliquidación de sus haberes de conformidad con el Plan de Equiparación dispuesto por Acta Paritaria 9 -homologada por decreto 2839/88-, el pago de los porcentajes dejados de abonar, y la liquidación de los retroactivos adeudados desde noviembre de 1991. Solicitan, en consecuencia, se dispongan dichas liquidaciones y pagos, con más actualización, intereses y costas.

Relatan que mediante la citada Acta Paritaria, el Poder Ejecutivo provincial se obligó a equiparar los haberes de todos los agentes de la Administración Pública provincial, basado en el principio de "igual remuneración por igual tarea", por lo que, consecuentemente, se comprometió a eliminar los suplementos institucionales que contradijeran tal principio y a concretar tal equiparación en el plazo de cuarenta meses (con vencimiento en noviembre de 1991), tomando como meta final el suplemento institucional más alto que a la fecha se estuviera abonando para cada categoría.

Manifiestan que la Administración dio principio de ejecución a su compromiso mas incurrió en mora en el cumplimiento, puesto que, vencido el plazo establecido, no se alcanzaron las metas equiparativas convenidas, en tanto sí cumplió la obligación asumida con el personal del I.A.P.O.S..

Señalan que el Poder Ejecutivo reconoció el Plan de Equiparación respecto del personal del I.A.P.O.S., con quienes cumplió la obligación asumida en la misma Acta Paritaria, en el plazo de veinte meses, cuya finalización operara en marzo de 1990.

Concluyen diciendo que la falta de cumplimiento les provocó un daño grave, disminuyendo su salario y lesionando su carácter alimentario e intangible; y que no son aplicables al caso las normas de emergencia económica dictadas por la Provincia.

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.

2. La Presidencia del Cuerpo, mediante auto registrado en A. y S. T. 146, página 163 (fs. 359/361), declaró admisibles los recursos deducidos, con excepción de los interpuestos por Domingo Pendyski, Dante Víctor Moncagatta, María Eva Diozque y Ricardo Bochinfuso.

Emplazada la demandada a que comparezca a estar a derecho (f. 362); comparecida ésta (f. 366) y corrido traslado de la demanda, la contesta a fojas 369/376.

Luego de negar las postulaciones sustentadas en la demanda, expresa que, a los fines de implementar en concreto las medidas aprobadas y homologadas por decreto 2839/88, se dictó el decreto 3157/88, que fijó nuevas remuneraciones para el personal de la Administración Central y concretó, para los empleados comprendidos en la ley 10052, el denominado Plan Meta, liquidándolo a partir del 1.8.1988 con un porcentaje del 5% de la asignación de la categoría.

Menciona que el 8.1.1990, se dictó la ley 10472, en virtud de la cual la Provincia adhirió a la ley nacional 23696 de emergencia económica. Agrega que el decreto reglamentario de la misma -877/90- estableció, en razón del estado de emergencia, que las condiciones de trabajo y el régimen salarial del personal de la Administración comprendido en la ley 8525 se suspendían en su aplicación; un tope remunerativo para dicho personal y que todos los adicionales y suplementos se mantendrían invariables en sus valores nominales a los últimos liquidados.

Enumera una serie de decretos posteriores -1504/90, 4271/88, 5527/88 y 3395/89-, dictados en torno a la cuestión debatida.

Finalmente -dice- cobraron vigencia los decretos 1938/93 y 586/94. Por el primero de ellos -prosigue-, se homologó el acta 5/93, reconociéndose al personal comprendido en el acta 9/88 las diferencias pendientes del "Plan Meta", comenzándose a pagar en julio de 1993 las mismas (punto 2), imputándose para ello una suma global (punto 6) y afectando las mayores disponibilidades a las categorías inferiores (punto 7); mientras que por el segundo, se dispuso la cancelación total de la deuda originada como consecuencia de la aplicación del "Plan Meta" a partir de la liquidación de la novena cuota "generada por aplicación del Acta Paritaria nro. 5/93".

Concluye que ello demuestra que "ha dado fiel y total cumplimiento a la totalidad del compromiso asumido como consecuencia de la instrumentación del denominado 'Plan Meta'".

Advierte que, si bien hubo algunos atrasos en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, éstos estuvieron fundados en la situación de emergencia declarada en jurisdicción de la Provincia, debidamente sustentada en normas jurídicas dictadas en tal sentido.

Menciona que no existe constancia de que los actores hubieran cuestionado los actos administrativos arriba enumerados, con lo que entiende que consintieron la manera en que dichos decretos dispusieron que se liquidaran y pagasen las diferencias salariales vinculadas al Plan Meta. Agrega que dichos actos tuvieron adecuado sustento legal y que, frente a la presunta mora de la Administración, los recurrentes no opusieron los medios previstos legalmente para la defensa de sus derechos.

Finalmente, sostiene que los reajustes derivados del apartado a-4 del punto a) del Acta Paritaria 9, fueron oportunamente practicados y liquidados, conforme establecieron los decretos 4271 y concordantes; que el principio de ejecución del Plan Meta no implicó que la Administración -con fundamento legal adecuado- no pudiera postergar por razones de interés general el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia salarial; y que tampoco correspondería el pago de actualización monetaria en función de la vigencia de la ley de convertibilidad.

3. Abierta la causa a prueba (f. 377), producida la que consta en autos, informan las partes sobre su mérito (fs. 670/672 y 673/676 vto.). Dictada (f. 677) y consentida la providencia de autos, se encuentra la presente causa en estado de ser resuelta. 4. Como surge del relato que antecede, las pretensiones deducidas en esta causa refieren -básicamente- a la percepción de sumas que, según manifiestan los actores, la demandada les adeuda por la aplicación del "Plan Meta" de equiparación salarial, aprobado por Acta Paritaria 9/88, homologada por decreto 2839/88.

Debe pues precisarse el alcance de la normativa citada por ambas partes para la dilucidación del conflicto.

4.a. Ello así, por decreto 2839 del 29.7.1988 se homologa el Acta 9 emitida por la Comisión Paritaria provincial convocada a los fines de entender y promover la conciliación de los conflictos planteados por diversos sectores de la Administración Pública provincial.

En fecha 16.8.1988 el Gobernador de la Provincia mediante decreto 3157 dispone: "Art.

3. Establécese, a partir del 1 de agosto de 1988, para el personal comprendido en las normas de la ley 10052, un suplemento por equiparación, el que se liquidará como `Suplemento Decreto Acuerdo Nro. ..../88', y resultará de aplicar a la asignación de la categoría y al complemento bonificable vigentes a esa fecha, el porcentaje del 5% (cinco por ciento)".

Posteriormente, se dictan sucesivos decretos homologatorios de varias actas paritarias, por las cuales se establecían los porcentajes pertinentes conforme lo acordado en el Plan Meta (decretos 4271/88, 5527/88, 3396/89, 4557/89, 1504/90 y 4287/90).

El 31 de agosto de 1992, por decreto 2670, el Gobierno provincial resuelve cumplir con el objetivo del Plan Meta, fijando los porcentajes del Suplemento por Equiparación.

Por decreto 1938/93, se homologa el acta 5, por la cual se acordó el mecanismo de pago para la conclusión del Plan Meta, estableciendo un cronograma, a partir del mes de julio de 1993, a los efectos de cancelar las diferencias pendientes.

Finalmente, se dictan los decretos 377/94 y 586/94, mediante los cuales "se cancelan" las deudas en virtud del Plan Meta.

4.b. En referencia a los planteos de las partes, los actores señalan que se les debe pagar sus remuneraciones de acuerdo a dicho plan, los porcentajes correspondientes y los "retroactivos adeudados" desde noviembre de 1991.

A ello se opone la accionada, entendiendo que se cumplió con lo estipulado en el marco del denominado "Plan Meta", y que no obstante las demoras en cumplirlo en el plazo de cuarenta meses, la Provincia canceló las deudas pendientes, en virtud de los decretos 1938/93 (homologatorio del acta 5), 377/94 y 586/94, los cuales fueron consentidos por los actores.

5. Primeramente, del derecho objetivo en cuestión reseñado surge que los actores estaban comprendidos en el denominado Plan Meta de equiparación salarial, por el cual se estableció un suplemento por equiparación, "como objetivo para equiparar los salarios de todos los trabajadores del Estatuto Escalafón 2695/83 con el suplemento institucional más alto que a la fecha pagaba el Gobierno para cada categoría... en el plazo de 40 meses...

hasta el 30/11/91, fecha de vencimiento del plan" (ver nota n 84, de la Dirección Gral.

de Administración del M.A.G.I.C., fs. 641/643).

Dicho suplemento resultaba de aplicar a la asignación de la categoría y al complemento bonificable vigentes, un porcentaje que se determinaba, por lo general, por convención paritaria, fijándose el primer porcentaje en un cinco por ciento.

Ahora bien, de la normativa citada (la cual en su mayoría refiere a decretos homologatorios de actas paritarias fruto de la negociación del Poder Ejecutivo provincial y los representantes gremiales de los empleados de la Administración provincial en el marco de la ley 10052), se extrae que los porcentajes, progresivamente, fueron incrementados; y del decreto 2670/92 (art. 1 y Anexo I) (corroborado por el informe de foja 641), que el tope al que debía llegarse en noviembre de 1991 recién se alcanzó en agosto de 1992.

Del cuadro descriptivo de las categorías obrante a foja 642, se desprende cuáles eran los porcentajes del suplemento y el organismo al cual se pretendía equiparar. Dichos porcentajes son lo que se abonan por el concepto Suplemento Plan Equiparación a los empleados de la Administración, sin comprender al personal incluido en las disposiciones del artículo 85 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública provincial, que perciba el suplemento porcentual más alto del régimen de cada categoría, "el que será tomado como meta final del Plan Equiparación" (ver artículo s/n Suplemento Plan de Equiparación, a continuación del artículo 80, decreto 2695/83).

Las constancias de autos permiten razonablemente considerar que el Plan de Equiparación o Plan Meta fue puesto en práctica por la Administración -contrariamente a lo afirmado por los actores quienes postulan que no ha sido así aunque admiten cierto principio de ejecución del Plan-. Basta para así considerarlo con referir a elementos tales como: el informe de la Dirección General de Administración del M.A.G.I.C. (fs. 641/642), aceptando que el Plan Meta tuvo comienzo de ejecución mas no fue cumplido en el plazo de cuarenta meses, originando una deuda a favor de los empleados públicos involucrados a partir de diciembre de 1991; los actos administrativos traídos con el responde; y, finalmente, los recibos de haberes acompañados por los actores, en que los que consta un rubro denominado "Supl. Plan Equiparación", identificado con número de código 72 (fs. 399/419). En similar sentido puede observarse lo resuelto por este Cuerpo in re "Rolón" (A. y S. T. 158, pág. 169), reiterado en "Belmonte" (A. y S. T. 189, pág. 398).

Pero no es menos cierto que las constancias de la causa son manifiestamente insuficientes para concluir que el referido Plan de Equiparación ha sido cumplido acabadamente, esto es, que se haya efectivamente abonado a los agentes aquí reclamantes la totalidad de lo convenido en el Acta de Paritarias 9 (homologada por decreto 2839/88) y en las actas paritarias y actos administrativos sucesivos.

Siendo que en el responde la Administración demandada manifiesta que el plan en cuestión se había cumplimentado en su totalidad (mencionando los actos que así lo habían dispuesto), le correspondía la demostración de tal extremo, esto es, que las diferencias resultantes habían sido abonadas a los agentes aquí reclamantes.

Y, en ese sentido, puede advertirse que no obran en autos constancias que permita arribar a dicha conclusión. No es ocioso señalar al respecto que ni siquiera se han traído al juicio las planillas de haberes de los reclamantes en los períodos correspondientes para así desvirtuar la posición de éstos de que no se les canceló la deuda originada en el Plan Meta, conforme lo dispuesto en el Acta Paritaria 5/93 y decretos 1938/93, 377/94 y 586/94.

Obsérvase, además, que en otros reclamos similares al de autos ante este Cuerpo, el Tribunal declaró que la cuestión había devenido abstracta, en tanto luego del dictado de los decretos por los cuales de dispuso liquidar las deudas pendientes del Plan, los actores manifestaron haber percibido tales diferencias (ver "Rolón y "Belmonte", citados). En el caso no existe ningún elemento que permita arribar a idéntica conclusión.

Tales circunstancias bastan a los fines de declarar procedente -en los límites señalados- el recurso interpuesto, sin que ello implique pronunciamiento acerca del alcance del reconocimiento que se postula, ni sobre la incidencia que en él puedan tener las pruebas rendidas en la presente causa, cuestiones que deberán dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia.

Las costas del presente habrán de ser impuestas a la demandada (art. 84, ley 4106).

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por la señora Ministra doctora Gastaldi y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, la señora Ministra doctora Gastaldi dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto a las resultas de lo que surja de la etapa de ejecución de sentencia. En consecuencia, condenar a la demandada a abonar a los actores (con excepción de aquéllos a quienes se declaró inadmisible el recurso por auto registrado en A. y S. T. 146, página 163) las diferencias que en su caso resulten entre las remuneraciones correspondientes al Plan de Equiparación denominado Meta, con deducción de lo percibido por tal concepto -según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor a veinte días-, actualizado en legal forma y con más un interés del 6% anual (desde que se reclamó en sede administrativa) para las que se hubieren devengado con anterioridad al 31.3.1991. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio prevista en el artículo 10 decreto nacional 941/91 hasta su efectivo cobro, al igual que para las diferencias que eventualmente se hubieren devengado con posterioridad a la fecha indicada (y desde que se reclamó cada suma).

A la misma cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Netri, Spuler y Vigo, dijeron que la decisión que correspondía dictar era la propuesta por la señora Ministra doctora Gastaldi, y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto a las resultas de lo que surja de la etapa de ejecución de sentencia. En consecuencia, condenar a la demandada a abonar a los actores (con excepción de aquéllos a quienes se declaró inadmisible el recurso por auto registrado en A. y S. T. 146, página 163) las diferencias que en su caso resulten entre las remuneraciones correspondientes al Plan de Equiparación denominado Meta, con deducción de lo percibido por tal concepto -según liquidación que deberá practicarse en un plazo no mayor a veinte días-, actualizado en legal forma y con más un interés del 6% anual (desde que se reclamó en sede administrativa) para las que se hubieren devengado con anterioridad al 31.3.1991. De allí en más, deberá computarse la tasa pasiva promedio prevista en el artículo 10 decreto nacional 941/91 hasta su efectivo cobro, al igual que para las diferencias que eventualmente se hubieren devengado con posterioridad a la fecha indicada (y desde que se reclamó cada suma).

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)