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Recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso, autosuficiencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: C., R. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - TENTATIVA  DE HOMICIDIO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 301 AÑO 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

Para cumplir con la exigencia formal del artículo 3 de la ley 7055, tras enunciar el cumplimiento de las cuestiones formales, el recurrente debe articular, en su escrito de interposición del recurso, una hipótesis abstracta de arbitrariedad y demostrar su aplicabilidad al caso de autos, para luego señalar de qué manera concreta una solución distinta haría cambiar la suerte de la litis y redimiría el agravio constitucional que le causa el decisorio que ataca. En el sub judice, la profusa y dispersa postulación del quejoso, plena de relatos parciales y teñidos de subjetivismo, en tanto carece de una clara exposición de la base fáctica, resulta insuficiente en orden a demostrar los fundamentos de fondo relacionados con la cuestión constitucional presumiblemente planteada, en tanto no persuade acerca de la conexión inexorable que debe existir entre los hechos relevantes de la causa y la cuestión constitucional que se quiere someter a la Corte, sin que tal exigencia pueda tenerse por cumplida con la mera invocación de arbitrariedad, en tanto y en cuanto el recurrente no explicite ni demuestre en concreto cómo efectivamente se ha operado.
Acción de inconstitucionalidad, inamovilidad de los jueces
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Autos Corte Nº 114/2015: VELARDE de CHAYEP, Nora Silvia c/ PROVINCIA DE CATAMARCA s/ Acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2017-03-28

Debe hacerse lugar a la acción que deduce la Magistrada y declarar la inconstitucionalidad, en lo pertinente, del Art. 195 de la C.P., toda vez que el límite etario que contiene el precepto constitucional provincial, controvierte el principio de inamovilidad consagrado en la C.N., y son propiamente las razones fundantes del criterio de los Jueces que emitieron los pronunciamientos, los que me conducen a señalar que tal límite -"edad de 65 años"- no encuentra justificación en la hermenéutica de nuestra Ley Suprema.
Locación, obligaciones del locador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Solino, Jorge c/ Carbone, Blanca Gladys s/ Consignación de llaves rescisión red de precio. etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-04

El logro del fin práctico al que servía el concreto contrato de locación que vinculara a las partes (y según el cual el locador se comprometía a hacer usar y gozar al locatario la vivienda arrendada "en perfecto estado de uso y conservación...") aparece manifiestamente perturbado y menoscabado -cuando no frustrado- si el uso y goce prometido se hacían en las condiciones habitacionales que delatan las imágenes fotográficas de autos (sucios dibujos y los mapas ulcerosos que la humedad dejara en cielorrasos, paredes, zócalos y empapelado; grosero boquete abierto al costado del depósito del inodoro por el que se filtraban miradas, ruidos y olores desde el baño a la habitación aledaña).
Daños y perjuicios, indemnización, monto de la indemnización, obligaciones de las partes
Materia: CIVIL
Carátula: LOPEZ, MARIA c/ PALACIOS, RICARDO ANIBAL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-04

Esta Cámara tiene reiteradamente dicho que, en materia de agravios vinculados con los importes fijados en concepto de resarcimiento, es menester que las partes no se circunscriban a la manifestación de que son altos o bajos, sino que es imprescindible que expliquen porqué lo son.
Honorarios del abogado, regulación provisoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Odein S.A. c/ Sterini s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

La resolución del Juez de primera instancia en cuanto regula los honorarios de la abogada en forma provisoria resulta inapelable, toda vez que no causa gravamen irreparable (art.242 inc.3 del CPCC).

En consecuencia y en virtud de lo resuelto en forma reiterada por este Tribunal, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto (art.271 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, calificación legal, monto de la pena, sentencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Y., P. G. c/  s/ ABUSO SEXUAL SIMPLE AGRAVADO POR HABER SIDO COMETIDO CONTRA UN MENOR DE 18 AÑOS APROVECHANDO LA SITUACION DE CONVIVENCIA PREEXISTENTE -APELACION -SENTENCIA CONDENA PRISION EFECTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

Siendo el único punto descalificable del fallo impugnado la falta de determinación de la pena a imponer al justiciable a partir de la nueva calificación del hecho escogida por el A quo al acoger el recurso de apelación deducido por el Actor penal, y no existiendo ningún obstáculo constitucional ni de otra índole que torne desaconsejable que sean los mismos Magistrados del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal los que subsanen tal omisión, evitándose así que otros tres jueces deban votar sobre la pena interiorizándose para ello con las constancias de la causa, lo cual -además- generaría un mayor dispendio temporal, conviene hacer excepción al reenvío de la causa al tribunal subrogante para que sea nuevamente juzgada y, en cambio, utilizar la solución legalmente prevista para los casos de revocación de la sentencia con reenvío al mismo tribunal para que dicte sentencia conforme a la doctrina constitucional sentada por esta Corte. (Del voto del Dr. Erbetta, al que adhieren los Dres. Gutiérrez y Spuler. En disidencia: Dra. Gastaldi. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 12.
Administración fraudulenta, defraudación
Materia: PENAL
Carátula: Aguiar, Raúl Adrián y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

En el caso en estudio, empleados de la oficina de servicios y cobranzas de una entidad bancaria, utilizando sus claves informáticas personales, burlando el control del supervisor y violando los sistemas de seguridad, efectuaron a través del sistema de computación, débitos en una cuenta propiedad de la entidad, al tiempo que, acreditaban iguales montos en cajas de ahorro o cuentas corrientes propias o de terceros, por lo que nos encontramos ante una defraudación por administración fraudulenta (art. 173, inc. 7 del C.P.), no siendo aplicable a este caso la figura de estafa, ya que los autores de las maniobras abusaron de la confianza que les fue conferida, excediéndose dolosamente en el poder que, de hecho, se les otorgó para que desempeñasen la gestión que se les encomendó, pues la tarea significaba el manejo de intereses ajenos. (Voto de la Dra. Capolupo de Durañona y Vedia, adhieren los Dres. Mitchell y Hornos).
Aplicación de la ley, acción de amparo, inscripción de nacimientos, competencia contencioso administrativa y tributaria
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros contra GCBA y otros sobre amparo c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-04

La interpretación armónica del ordenamiento jurídico aplicable al caso y los términos en que fue planteada la acción de amparo -que se refiere al reclamo sobre el registro de los nacimientos-, conducen a afirmar la competencia de la justicia local para entender en los actuados, pues no debe perderse de vista que se trata del ejercicio de funciones administrativas propias -locales- por parte de una autoridad administrativa local, lo que configura una obligación de los jueces resguardar la competencia local, no sólo porque garantiza la intervención del juez natural sino porque, además, se trata de una cuestión de orden público. Por tal motivo, le asiste la razón a los recurrentes en cuanto a que resulta competente este fuero Contencioso Administrativo y Tributario local.
Defensa del consumidor, acción judicial, ley procesal, acciones de clase, asociaciones de consumidores, falta de legitimación para obrar, improcedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria y otro c/ Compumundo SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-29

Procede revocar la resolución que admitió la excepción de falta de legitimación activa de la asociación de consumidores, actora. Ello por cuanto, en el caso, las accionantes cuestionan una supuesta práctica abusiva que estarían llevando a cabo las accionadas, referida a la emisión de contratos de seguros bajo la engañosa denominación de "garantías de reparación" incumpliendo las exigencias normativas impuestas por la ley de seguros, omitiendo informar debidamente y por escrito a los consumidores sobre los conceptos que integran el premio del seguro, y percibiendo comisiones por la gestión realizada, encareciendo con ello el costo del mismo. Desde tal óptica, la falta de legitimación activa de las asociaciones actoras no puede reputarse manifiesta. En efecto, las demandantes han propuesto una particular interpretación respecto de su legitimación para deducir la presente acción en defensa de invocados "intereses colectivos" y resulta en esta oportunidad dificultosa la certera determinación de los alcances de la misma. Por esa razón, en lugar de desestimar la defensa, debió diferirse su tratamiento para el dictado de la sentencia definitiva.
Delito penal, robo con armas
Materia: PENAL
Carátula: C., C. R. s/ Robo simple, encubrimiento y defraudación especial por estelionato en  concurso real (Expte Nº  128-93, Resolucion Nº  70, Tomo 2, Folio 3)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-30

El Código Penal vigente acepta como forma comisiva del robo la fuerza en las cosas y la violencia en las personas, y no la intimidación como antes de la ley 23.077. En el robo con arma el empleo de ésta implica en los hechos una situación similar a la de la violencia de la figura básica, es decir un robo con una violencia equiparable al apremio físico (Núñez), también denominada violencia tácita, no motivante del desapoderamiento sino paralizante (Soler).
Seguro de responsabilidad civil, cobertura
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Freddini, Silvia del Rosario c/ Allois, Marcelo Raúl y otro s/ Sumario por indemnización de daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-20

La cláusula contractual de exoneración por falta de registro habilitante, no opera en forma automática, ante la mera comprobación de la ocurrencia de la situación allí prevista, sino que el tema debe ser analizado en conjunción con la norma general contenida en el artículo 114 de la Ley de Seguro, de conformidad con la cual el asegurado tiene derecho a ser mantenido indemne, a menos que el siniestro se produzca por su dolo o culpa grave, y esa disposión no puede ser objeto de restricción por vía de inclusión de supuestos de exclusión de riesgos para casos que no entrañen, estrictamente, supuestos de dolo o culpa grave. En suma, se ha sostenido que la falta de carnet habilitante sólo será causa de exclusión de cobertura cuando, a su vez, sea configurativa de falta grave, lo que a mi juicio no ocurre en el subcaso.
Sentencia, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Carrillo de Teglia, María Rosa s/ Tentativa de extorsión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-05-26

No hay omisión de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial si la remisión al fallo de primera instancia, efectuada por la Cámara, referida a la habilidad de un testimonio no fue realizada en forma integral sino dentro de un contexto completado por diversas consideraciones sobre la cuestión.
Recurso de apelación (procesal), fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: KREUTZER, ALEJANDRO s/ Contrabando, Incidente de apelación interpuesto por la defensa de  Juan Antonio Tosco Causa 35546
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

El recurso de apelación ha sido mal concedido si al interponerlo el apelante no lo ha motivado en las condiciones exigidas por la ley procesal, de tal manera que la Alzada no se vea obligada a reexaminar las cuestiones consentidas por el recurrente.
Ministerio Público, orden público
Materia: CIVIL
Carátula: NN s/ Filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2000-10-13

Las funciones del Ministerio Público son las de intervenir en los procesos relativos al estado civil de las personas y en todas aquellas cuestiones de Familia en las que resulte comprometido el interés público. Se recuerda, en general, que el orden público es la parte del orden jurídico que asegura los fines esenciales de la colectividad. Su noción, se vincula con un sistema de operaciones que cada colectividad realiza y eleva a la categoría de valores objetivos que el legislador acepta y convierte en necesarios. Por ello, el orden público es especial, nacional, condicionado y variable según el tiempo y el espacio. Fundamento de la Dra. Elsa Cabrera de Dri.
Tutela sindical, procedencia del recurso, prueba de informes, despido
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Fernandez Enrique Elvis  c/ El Tehuelche SACICI s/ sumarisimo Art. 47 Ley 23551
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-10-09

Si el fallo de Alzada exige, para que opere la tutela gremial pretendida, que se acredite la notificación previa de la candidatura del trabajador a la empleadora y, bajo tal premisa, considera que ello no ha acontecido en el caso; la sentencia impugnada infringe lo dispuesto por el artículo 50 de la LAS y la doctrina que sobre el tópico ha fijado este Tribunal Superior de Justicia, relacionada al comienzo de la vigencia de la tutela sindical en el caso de los candidatos con la postulación, toda vez que decide que la protección opera desde la notificación a la empleadora. Con tales fundamentos el pronunciamiento en crisis incurre en las causales previstas en el artículo 15, incisos "a" y "b", de la Ley Casatoria. Consecuentemente, resulta procedente el recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido por el actor, por la causal referida, revocándose la sentencia pronunciada por la Cámara de Apelaciones. De conformidad con lo prescripto por el artículo 17, inciso "c", de la Ley N° 1406, corresponde recomponer el litigio, lo cual conduce al dictado de un nuevo pronunciamiento. En efecto, en este proceso consta que el actor ya había realizado su postulación ante el CEC. Así lo informa el Sindicato a la autoridad administrativa del trabajo, conforme surge de la prueba informativa. Incluso, al día siguiente, la entidad gremial cursa la notificación correspondiente a la empleadora anoticiando la postulación. De modo que, al momento del despido el actor gozaba de la garantía establecida en el artículo 48 de la LAS. Consecuentemente, corresponde desestimar el recurso de apelación deducido por la demandada, confirmando en lo que es materia de agravio, la decisión de grado.
Sentencia firme, cosa juzgada, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajuste por movilidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-27

El carácter intangible de los pronunciamientos judiciales firmes no es ajeno a la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18 de la Constitución Nacional) pues la sentencia dictada de modo regular integra el debido proceso que dicha cláusula asegura a todos los habitantes del país.
Empleo público, intereses
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Rojas, Francisco Ramón c/ Administración General de Juegos y Seguros y Poder Ejecutivo s/ Acción Contencioso Administrativa de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-06-06

Si el Estado Provincial, en su carácter de empleador, tiene la carga de descontar automáticamente de los haberes de sus agentes las primas correspondientes a seguros colectivos y transferirlos a la aseguradora, de acuerdo al reglamento de seguros, su omisión en tal sentido -en el caso, por un error del centro de cómputos- es la que influye causalmente en el acaecimiento de la consecuencia legalmente prevista, como lo es la caducidad de los derechos del asegurado para el cobro del seguro en cuestión, y en la que se basa, precisamente, la falta de la responsabilidad de la aseguradora codemandada. De ahí entonces que no pueda cuestionarse la conducta del asegurado, quien no detectó ni denunció la omisión en que incurriera la Administración, pues aun en el caso en que se admitiera incumplido el deber de información que pesa sobre el mismo, el que comprende la denuncia de este tipo de anomalías, jamás pudo asignársele el resultado perjudicial que los demandados pretenden, ya que dicho incumplimiento es en relación a una mera obligación secundaria del asegurado, cuya consecuencia no puede ser la pérdida del derecho al cobro del seguro, ya que dicho efecto no surge de manera expresa o implícita del reglamento de seguros. En consecuencia, corresponde condenar al Estado Provincial al pago de la indemnización debida por el acaecimiento del siniestro -fallecimiento de la cónyuge del actor- descontándose del capital a recibir por el asegurado el monto total de las primas dejadas de debitar, aplicándose la tasa pasiva promedio que publica el BCRA. con más un medio por ciento (0,5%) nominal mensual, desde el momento en que la Aseguradora rechazara expresamente el pago.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dalmao, Carlos Alberto c/ Altube, Sergio José y otros s/ Daños y perjuicios Fernández, Horacio c/ Lara, Rodolfo Julián y otros s/ Reivindicación Rocco de De Pera, María c/ Labandeira, Orlando s/ Daños y perjuicios Martorani, Felipe y otra c/ Fiordelli, Alfredo A. y otro s/ Escrituración Mateos, Norberto Horacio c/ González de Segnana, Antonia, sublocatarios y/u ocupantes s/ Desalojo García de Outon, María Susana c/ Cohen Arazi, R. Moisés y otro. s/ Nulidad de escrituras. Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-02-07|1996-06-14|1992-04-07|1994-05-31|1991-11-05|1993-04-13

Resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que transita por carriles distintos a los que vertebran la sentencia y se desentiende de la estructura argumental y jurídica del fallo.
Sucesiones, acreedores de la sucesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BOLZAN CARLOS ALBERTO s/ SUCESORIO - INCIDENTE DE LEGITIMO ABONO PROM. MA. EVA VERDON
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-20

La solicitud de quien se titula acredor debe tramitar por vía incidental. Frente al silencio de los herederos o a su negativa, resulta imperativo para el pretenso acreedor la promoción de una acción autónoma.
Plazos procesales, plazo perentorio, seguridad jurídica, exceso ritual manifiesto
Materia: PROCESAL
Carátula: Paredes, Carlos c/ Francisca Blanco viuda de Mateu y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-30

Las razones de seguridad jurídica que fundamentan la perentoriedad de los plazos impiden considerar - salvo supuestos excepcionales - que el sometimiento a ellos importe desvirtuar tales razones, susceptible de constituir exceso ritual.
Deber de asistencia familiar, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar
Materia: PENAL
Carátula: TESTA, WALTER s/ INCUMPLIMIENTO DEBERES ASISTENCIA FAMILIAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-09-26

"Nuestro máximo tribunal tiene dicho que: "La omisión maliciosa del incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en perjuicio de los hijos menores va más allá de lo necesario para satisfacer el concepto de "substraerse" a que se refiere el art.1° de la ley 13.944 y, por consiguiente, lo incluye. Si el procesado declaró que un parcial incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar a sus hijos menores obedeció a que no pudo efectuar las prestaciones de ley, no se atribuyó haberse sustraído a ellas ni, por consiguiente, haber realizado la acción típica descripta en el art.1° de la Ley 13.944, pues el concepto legal "substraerse" a dichas obligaciones requiere que la omisión lo sea de algo que pudo cumplirse" ( SCJBA. P. 33.679 AS. 1985-II-Pág.417 )."
Prueba pericial, dictamen pericial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: PACHECO, OSCAR ABEL c/ BREA, GUILLERMO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-18

Procede apartarse del dictamen pericial como medio de prueba para el resultado de la litis, cuando -como en el caso- surge que la pericia no determina la velocidad del rodado al momento de la colisión, debido a que el experto no tuvo las especifcaciones técnicas necesarias para elaborar su informe (registro de huellas de frenado en el pavimento, punto de impacto, posición final de los rodados, etc.). De modo, que tales carencias hacen que el informe sea carente de toda importancia para la resolución del pleito, ante la ausencia de conclusiones certeras basadas en juicios objetivos.
Derechos y garantías constitucionales, derecho a la salud, derecho a la vida, valor vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Etcheverry, Roberto Eduardo c/ Omint Sociedad Anónima y Servicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La conceptualización del derecho como justicia y equidad impone al tribunal la necesidad de afirmar que valores tales como la salud y la vida están por encima de todo criterio económico (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez).