marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Empleo público, jubilación por invalidez
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Villazón, María Cristina c/ Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires s/ Cobro de Pesos Buenos Aires s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-12-28

El Decreto Nacional Nro. 1645/78 no prevé obligación, ni en consecuencia plazo para que la administración reincorpore a sus tareas al jubilado por invalidez que recupera su capacidad laborativa, ya sea en forma total o parcial, por lo cual, la administración no tiene el deber de hacerlo, ya que el vínculo laboral ha quedado extinguido. Debido a la extinción del vínculo, la actora no sufre un daño concreto sino que el mismo es general, común a todo administrado como consecuencia de la desocupación. Según surge de distintos dictámenes, la actora podía realizar tareas pasivas que implicaba, la creación de un nuevo cargo y no era obligatorio para la administración crearlo.

Teniendo en cuenta que la jubilación extingue el vínculo laboral entre la actora y la demandada, y la posibilidad de reincorporación es una facultad privativa de las administración, máxime teniendo en cuenta que no se encontraba habilitada para reincorporarse en las mismas funciones que antes ejercía. A mayor abundamiento, tanto la jurisprudencia como la doctrina concuerdan en establecer como principio, el requerimiento del ejercicio efectivo de la función por parte del funcionario o empleado para tener derecho a percibir el sueldo, ya que de no ser así el pago carecería de causa jurídica. No procede el pago de sueldos entre el lapso de separación del cargo del agente y su reincorporación cuando no ha desempeñado tareas.
Derecho penal, delitos
Materia: PENAL
Carátula: G, J D Y T, J C s/ HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE N. 142-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-30

Para Liebnitz el "azar" es sólo la ignorancia de las leyes físicas y no puede ser ingrediente del concepto de "tipicidad".

Si bien el tipo del artículo 84 del Código Penal es abierto -lo que significa que el juez tiene que ir a buscar fuera de él los parámetros de comparación-, ello no significa para nada que el azar juegue papel alguno en esa búsqueda.
Juicio ejecutivo, inhabilidad de título
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cardo, Concceto c/ Muele de Zarazola, Elvira Noemí s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-10-25

Si el ejecutado reconoció la existencia de la deuda, aunque por una suma menor a la reclamada, y la firma de los pagarés en cuestión; dicha actitud procesal importa el reconocimiento expreso de la obligación que se reclama, circunstancia que hace de por sí irrelevante analizar los aspectos formales del documento, ya que la cuestión ha sido zanjada con la admisión de la condición de deudor arts. 495, 496, 497, 499, 503, 505 inc. 1, 507, 509 y 616 C.C.; 354 inc. 1, 484 y 547, CPCC).
Presunción de contrato de trabajo, carga de la prueba, prestación de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: V., N.E. c/ B., A.A. y/u Otro s/ Demanda Laboral -Haberes e Indemnizaciones de Ley-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-03-13

Cuando se prueba la prestación de servicios por cuenta ajena, puede presumirse la existencia de un contrato de trabajo y que, uno de los caminos para probar la relación laboral es la presunción surgida del hecho de las tareas para terceros, corriendo a cargo de estos demostrar que se han realizado por una causa distinta del contrato de trabajo.
Trabajadores portuarios, estibador, indemnización por despido
Materia: LABORAL
Carátula: AMARILLA, PULIO JULIAN c/ EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS ELMA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-22

La ley 21429 no impide que las prestaciones diarias del estibador -repetidas para el mismo empleador- desplacen la índole ocasional y transitoria de la prestación y la transformen en una de carácter permanente con la incorporación efectiva del dependiente al giro empresario (conforme Sala V, sentencia 32791, 20 de diciembre de 1983, "Vargas, Marcelino c/ ELMA SA."), pero ello no impide que, para que el dependiente portuario tenga derecho a las indemnizaciones por despido, su condición de trabajador regular deba subsistir al momento del distracto.
Prueba documental, prueba extemporánea
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: APUD, Elías Norberto; TORFE DE APUD, Rossana Soledad c/ YARAD, Marcelo Gabriel s/ ORDINARIO: Rescisión de Contrato - Daños y Perjuicios - Secuestro
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1992-03-09

No puede aceptarse como prueba, con posterioridad a la interposición de la demanda, el documento de fecha anterior a ella, que aparece suscripto por quien lo presenta, pues tal circunstancia descarta su desconocimiento por parte de aquel. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), divorcio, muerte, sentencia
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: A., D. E. c/ M., L. P. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

En cuanto al planteo de abstracción formulado, la Sala evidenció que la sentencia fue dictada aproximadamente dos meses y medio antes de producirse el deceso del actor, sin embargo la sentencia, como acto jurisdiccional, no deja de ser válida por no haber sido posible su notificación al promotor del divorcio en virtud de su fallecimiento, debiendo reiterarse la importancia que reviste, en la actualidad de los procesos de divorcio, garantizar el cumplimiento de la voluntad del o los esposos que no desean continuar con el matrimonio, voluntad que fue manifestada y mantenida expresamente por el accionante hasta poco antes de su deceso; destacando el Tribunal en ese marco de razonamiento, que aún admitiendo la incidencia que la muerte de una de las partes podría tener en el proceso de divorcio atento a su particular naturaleza y finalidad, lo cierto es que ello podría tener relevancia antes del dictado de la sentencia de mérito y no con posterioridad a ella -siendo esto último lo ocurrido en los presentes-; empeñándose la quejosa en su pieza recursiva en imponer su propia apreciación de la causa, dedicando gran parte de la misma a insistir en que la Alzada habría soslayado las circunstancias particulares del caso, además de reiterar cuál sería la recta inteligencia que cabe asignar a las normas en juego, mas sin conseguir esbozar una crítica concreta a los argumentos de la denegatoria del recurso, en especial, en lo que refiere a la ajenidad de la vía extraordinaria -más allá del grado de acierto o error- en el ejercicio de funciones propias de los jueces de la causa.
Propiedad horizontal, partes comunes, columnas de distribución de agua
Materia: CIVIL
Carátula: TRAVERSO ANA MARIA c/ LEONART MARIA DEL CARMEN s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-22

Las columnas de distribución de agua en el régimen de propiedad horizontal, son de propiedad común mientras las cañerías de distribución que sirven "exclusivamente" a las diversas unidades, en principio, son privadas y el propietario de la unidad responde por los daños que de ellas resulten.
Delito culposo, accidente de tránsito, secuestro de bienes, automotor decomisado, devolución de objetos secuestrados, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: N., P. s/ Lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de vehículo automotor s/ Casación" (Expte. Nº 27072/14 STJ).
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2014-10-22

La propia ubicación de la norma en el código ritual da cuenta de que se trata de un artículo que rige para otro estadio procesal, distinto del que se encontraba transitando el presente expediente, ya que se ubica concretamente en el Libro Quinto, referido a la "ejecución" de sentencias, y más específicamente en el Título III referido a la "ejecución civil", y dentro de este, al Capítulo III ("restitución de objetos secuestrados").

Pero no solo su ubicación dentro del código demuestra que resultaba inaplicable en el caso - es importante recordar que lo resuelto tuvo lugar cuando se había fijado fecha para el debate y las partes se encontraban analizando la posibilidad de que se suspendiera el juicio a prueba -, sino que la propia terminología de la norma pone en evidencia que su aplicación presupone la existencia de una sentencia de condena (al aludir, por ejemplo, al "condenado", a una entrega que se hubiera realizado "antes de la sentencia", a la imposición de responsabilidades pecuniarias e incluso a la existencia de gastos y costas).

Como consecuencia de lo anterior, también resulta desacertado el razonamiento del a quo que estimó que no resultaba aplicable en esa instancia el art. 216 del rito por considerar que "el bien que ahora nos ocupa ya ha sido sometido a secuestro, de modo que dicha norma cede frente al imperio del Capítulo III del mismo compendio legal, que prevé el destino de los objetos que ya han sido sujetos a incautación". (Voto del Dr. Mansilla sin disidencia).
Daños y perjuicios, determinación del monto
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Nubile, Nelly Luisa c/ Antonucci, Jorge Mario s/ Resoluc. Contrato Desalojo - Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Si la actora en su presentación inicial, dejó a salvo que el "quantum" de la indemnización era provisoria y sujeta a lo que en más o en menos resultara de la prueba a producirse, no se vulneran garantías constitucionales en perjuicio del accionado si la sentencia, sobre la base de tal reserva, acuerda una suma mayor que la pedida en el momento de interponer la acción en caso de que los elementos de convicción incorporados a la causa así lo justifiquen.
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: PIORNO, Gabriel Lorenzo c/ ALVAREZ, Hector Jorge y otros s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1997-02-24

La mera reiteración de los fundamentos esgrimidos al plantear el recurso de inconstitucionalidad no satisface el requisito de debida fundamentación de la queja y provoca su desestimación.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba, apreciación del juez
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: CALVET, RAMON SIXTO c/ SOCIEDAD MEDICA DE SANTA FE s/ COBRO RUBROS LABORALES     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-05

Debe tenerse en cuenta que una cosa es prescindir de prueba conducente a la solución del pleito y otra, bien distinta, exigir al Tribunal la evaluación analítica de todas y cada una de las aportadas como demostración de no haberse incurrido en causal de descalificación de lo resuelto, pues sabido es que el fallo, de acuerdo a las características del tema, puede fundamentarse en una adecuada síntesis del material probatorio para el desarrollo de su fundamento racional.
Acciones de filiación, prueba de ADN
Materia: CIVIL
Carátula: T. E. I. P/ C. B. G. c/ C. J. E. . T. E. F s/ Ordinario por impugnación de filiación y reclamación de filiación por impugnación de filiación y reclamación de filiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-08-19

Siendo que la pericia de A.D.N. a los fines de conformar el grado de certeza requerido para la viabilidad de la acción de filiación, no pudo realizarse por falta de colaboración del accionado, quien presentó un escrito oponiéndose a su realización, torna que la conducta desplegada de indiferencia, negación y falta de colaboración en la producción de la misma, deba interpretarse como una presunción contraria al demandado, pues revela un temor frente al posible resultado negativo, tal como lo sostiene el Art.4 de la ley 23.511.(Sumario confeccionado por el SAIJ)
Cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: STETTLER RODOLFO R. c/ DIEGO HERNANDEZ Y OTRO s/ Cobro de Alquileres (LIBRO: S123 - 298)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-24

El principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1197 del Código Civil no significa que las claúsulas penales deban admitirse en forma absoluta, y corresponde a los jueces reducirlas a límites adecuados, cuando su monto resulta lesivo a la moral y al sentimiento de justicia; por ello, la pena debe aplicarse dentro de los límites que fijan los principios rectores de nuestro derecho, consagrando la supremacía de la moral sobre los fueros de la autonomía de la voluntad.
Expropiación, indemnización expropiatoria, reparación integral, minerales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación c/ Viviani, Angel Pablo s/ Expropiación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Salta
Fecha: 2012-05-09

A fin de no sesgar el derecho del expropiado a obtener una reparación integral, el monto indemnizatorio debe incluir el valor de un yacimiento de dolomita existente en la finca expropiada, pues se está en presencia de un mineral con riqueza insita por sus aplicaciones y utilidades, las que no desaparecen por el hecho circunstancial de que en un momento dado no se esté explotando, y cuya privación genera un detrimento concreto al expropiado.
Disolución de la sociedad conyugal, indivisión postcomunitaria, bienes gananciales, hogar conyugal, atribución de la vivienda, valor locativo
Materia: CIVIL
Carátula: TREUER, Claudia Renata c/ GODOY, Norberto Julián s/ FIJACION DE VALOR LOCATIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-07-04

La circunstancia de tratarse de una finca que fue sede del hogar conyugal y en la que se ha desenvuelto la vida familiar, obliga a restringir la entidad económica de los reclamos a lo estrictamente necesario para retribuir la exclusividad del disfrute de la vivienda común, sin que pueda extenderse al precio de los objetos que en él se encuentren.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, falta de legitimación para obrar
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sícaro, Juan Carlos c/ YPF s/ escrituración (Bq. tanque "Luján de Cuyo").
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

No puede plantearse ante la Corte lo relativo a la legitimación de la actora para reclamar la escrituración, si el apelante omitió hacerlo ante la alzada, lo que debió hacer si estimaba que las apreciaciones incidentales del juez acerca de la ausencia de dicho presupuesto podían perjudicarlo en la decisión final de la cámara.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, Superior Tribunal de Justicia, superintendencia, Poder Judicial, retenciones salariales, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Centurión del Valle, Luis Antonio s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Suspensión de agente judicial   (Expte. CSJ Nro.  971-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-15

Ante la solución que la Corte adoptó en el ejercicio de atribuciones derivadas de su competencia en materia de Gobierno del Poder Judicial -suspensión preventiva del agente en su cargo, sin goce de haberes, por encontrarlo incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 192, inciso 1, de la ley 10160 (actual artículo 208, inciso 1, Ley Orgánica del Poder Judicial, t.o. dto.

0046/98)- no depara cuestión idónea en orden al franqueo de la instancia extraordinaria el agravio del recurrente que sostiene que se han efectuado afirmaciones dogmáticas al rechazar la impugnación por él planteada, por considerar que su licencia por enfermedad carece de influencia sobre el artículo 192, inciso 1, de la ley 10160. En efecto, el dogmatismo alegado sólo responde a la particular tesis que sostiene el impugnante en punto a las consecuencias que se derivarían de hallarse gozando de licencia por razones de enfermedad (situación que según, su parecer, lo pondría a resguardo de la aplicación de la norma conforme a la cual no pueden actuar en el Poder Judicial los "procesados por delito doloso"), extremo que por cierto resulta insuficiente en orden a demostrar la arbitrariedad de la respuesta de la Corte, que encuentra asidero bastante en la norma aplicada (como así también en la que le atribuye competencia para suspender preventivamente a cualquier integrante del Poder Judicial que aparezca en principio como autor responsable de un delito doloso -artículo 19, inciso 12- y en los principios vinculados con el buen funcionamiento del Servicio de Justicia que se encuentran implícitamente involucrados en ella), no advirtiéndose por ello atisbo alguno de que en el caso se hayan dado fundamentos sólo aparentes o se haya omitido la ponderación de aspectos relevantes de la cuestión involucrada de suerte tal que lo resuelto sólo sea el producto de la mera voluntad de sus autores y deba por tal motivo ser reparado en esta instancia.
Exenciones impositivas, confirmación de sentencia
Materia: PENAL
Carátula: Puigbonet, Enrique s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-22

La disidencia expresó que el requisito para gozar de la exención impositiva residía en que los combustibles mencionados fueran utilizados como materia prima o insumo en la elaboración de otros productos, circunstancia que no se verifica en el caso de autos, sino, por el contrario, un mero fraccionamiento de las sustancias adquiridas que no logra desvirtuar la original composición del solvente. (Dres. Riggi, Catucci y Borinsky -en disidencia)-
Derechos del consumidor, responsabilidad contractual, obligación de seguridad, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: García, Alberto c/ Elías, Ricardo s/ Recurso de Inconstitucionalidad -Daños y perjuicios- (Expte. C.S.J.   Nro. 465 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-15

Algunos autores sostienen que -respecto del vendedor directo no fabricante- no existe razón para no incluir en el contrato la obligación de seguridad de resultado consistente en la provisión de una cosa inocua, es decir, no dañina y que sirva adecuadamente a su destino normal de uso o consumo, con la consecuente responsabilidad de tipo objetiva cuyo fundamento o factor de atribución -objetivo, por cierto- podrá ser un deber de garantía, crédito a la seguridad, o tutela especial del crédito. Aclaran los autores que, se dirá, en defensa del comerciante intermediario, que éste no puede garantizar, por ejemplo, productos que ya vienen envasados, pero sostienen que no existen motivos para eximirlo en tal caso de responsabilidad frente al consumidor, sin perjuicio de su acción de regreso contra el fabricante, pues si alguien se dedica a la venta de determinadas mercaderías, debe asumir la garantía de seguridad frente al comprador por lo que vende. Sin embargo, otros sostienen que el intermediario puede invocar la ruptura del nexo causal por un hecho del fabricante. (De la Disidencia Parcial del Dr. Falistocco)
Recurso extraordinario, recurso de queja (procesal), emergencia económica, moneda extranjera
Materia: PROCESAL
Carátula: Figueiredo  Do  Nascimento,  Ignez  Helena c/ Malagoli, Enrique yotros.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-13

Si los argumentos expresados en el recurso extraordinario y mantenidos en la presentación directa, en cuanto se relacionan con la aplicación de normas de emergencia respecto de obligaciones expresadas originariamente en moneda extranjera, podrían prima facie involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48, el recurso de queja resulta procedente, sin que esto implique pronunciamiento sobre el fondo del asunto (art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Prescripción, crédito laboral, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Gómez, Ramón Oscar c/ O.C.A.S.A. s/ Indemnizaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-09-11

El efecto interruptivo de la demanda se prolonga todo el tiempo que dure el proceso, por lo que el nuevo plazo de prescripción ha de computarse a partir de la finalización del proceso judicial anterior que produjo la interrupción del plazo prescriptivo. Si la sentencia de 1ra. instancia en lo Federal, omitió expedirse sobre el punto referido a la indemnización del art. 212 de la L.C.T. y la propia actora no apeló ni exigió definición sobre tal omisión, habiendo quedado firme esta situación por no haber sido sometida a apelación en 2ra. instancia, lógico es concluir que se extinguieron los efectos interruptivo para este rubro, no en fecha 22 de agosto de 1997 como pretende la actora, sino cinco días después de notificada la sentencia -art. 244 C.P.C. de la Nación-, o sea, el día 16 de diciembre de 1996. De este modo, el plazo bianual prescriptivo -art. 256 L.C.T.- se encontraba suficientemente cumplido a la fecha de interposición de la presente, el día 19 de agosto de 1999.
Recurso extraordinario, plazo
Materia: PENAL
Carátula: López, Jorge A. s/ Quiebra. Inc. de reposición. Rec. de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

El recurso extraordinario interpuesto lo ha sido fuera del término legal (art. 279, Código Procesal Civil y Comercial) y aún después de vencido el plazo de gracia previsto por el art. 124 del Código citado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
IVA, honorarios, honorarios del abogado, hecho imponible, ejercicio profesional, obligación tributaria, sujetos imponibles, sociedades civiles, inoponibilidad a terceros, transmisión de las obligaciones
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: LABORATORIOS BAGO SA c/ SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-13

Ceñido el art. 4°, Ley 23.349, a aquéllos servicios gravados que preste el "agrupamiento societario" en cuanto tal -que pueden ser muchos, de diferente naturaleza-, es claro que en tanto los letrados no demuestren que por su situación ante el IVA son acreedores a que el vencido en costas deba hacerse cargo del tributo, la cesión argüida no cambia el status jurídico, desde que no es admisible que por ese medio se agrave la prestación del deudor ajeno a dicho mecanismo (art. 1195, Código Civil; J. J. Llambías, "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T. II, ed. 1970, N° 1329, p. 640); criterio que se adecua al principio general que establece el art. 3270 C.C..
Competencia, competencia por el territorio, defraudación, desbaratamiento de derechos acordados, prenda con registro
Materia: PROCESAL
Carátula: Zubieta, Norma Beatriz y Casenave, Pedro Antonio s/ estafa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-14

Resulta relevante para decidir sobre la competencia en el delito de defraudación por desbaratamiento, el lugar en el que se dispuso del bien gravado, sustrayéndolo sin conocimiento del acreedor, de su esfera de control, debiendo presumirse por tal el domicilio de donde aquél debió estar localizado a tenor de lo establecido contractualmente.
Improcedencia del recurso, suspensión del proceso judicial, juicio de apremio
Materia: CIVIL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN c/ AMX ARGENTINA S.A. s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-10-31

Corresponde rechazar la suspensión del juicio de apremio, pues medidas como la solicitada, como regla, resultan inadmisibles si interfieren en el cumplimiento de pronunciamientos judiciales o si son empleados para impedir u obstaculizar el derecho de índole constitucional de ocurrir ante la justicia para hacer valer sus derechos. En definitiva, importa volver sobre aquella cuestión ya decidida; la misma parte lo asume al indicar que "como consecuencia de no haberse ordenado la medida cautelar solicitada, la Municipalidad ha promovido la ejecución fiscal de la misma deuda cuya legalidad se encuentra discutiendo."