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Asignaciones familiares, aplicación de la ley, ley derogada, acción de amparo, medida de no innovar, decretos, recurso de apelación (procesal), denegatoria del recurso
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: MARCHIONI, LUIS c/ ESTADO NACIONAL s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-11

Una vez que ha entrado en vigencia la ley 24.714 (sanc.

2/10/96 y prom. parc. el 16/10/96. Pub. B.O. 18/10/96) se instituyó, con alcance nacional y obligatorio, un nuevo régimen de asignaciones familiares, con la derogación de la ley 18.017 y sus modificatorias, así como también los decretos 770/96, 771/96 y 773/96 y toda otra norma que se oponga a la nueva ley. En tal sentido, se torna abstracto el objeto de la acción de amparo que perseguía la prohibición de no innovar referida a los decretos mencionados. La existencia de interés actual en el gravamen constitucional invocado por los actos tachados de lesivos, es un requisito insoslayable para juzgar la procedencia actual de la prohibición de innovar pretendida, por lo que no son indispensables otras consideraciones para propiciar la denegatoria del recurso de apelación y el mantenimiento del rechazo que recayera en primera instancia, deviniendo inoficioso para el cometido asignado a esta alzada el examen específico de los fundamentos que formaron el rechazo en la sede de origen.
Recurso de casación penal, aplicación errónea de la ley, fundamentación del recurso, autosuficiencia, improcedencia del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BALDURI, ADOLFO GUSTAVO s/ RECURSO DE CASACION - Causa: 1257
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-16

Es requisito de admisibilidad no sólo mencionar las normas que debieron aplicarse, sino también suministrar la inteligencia de la aplicación que se pretende. La ley exige que el recurrente señale la interpretación que debe darse a tales disposiciones indicando en que consiste el error de derecho que atribuye a la sentencia.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, obras sociales, medicina prepaga
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Pereyra, Adriana Priscila c/ Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) s/ amparo contra actos particulares
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-17

OSDE debe abonar el depósito previo (art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) cuando esté en juicio como entidad de medicina prepaga, por no estar comprendida en el art. 13 de la ley 23.898 ni en el art. 39 de la ley 23.661, en tanto un criterio contrario consagraría un indebido privilegio en favor de la demandada respecto del resto de las empresas de dicho sector.
Daños y perjuicios, privación del uso del automotor, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: JORGE MARASI c/ PREVISION DEL HOGAR SOC. COOP. DE SEGUROS LTDA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-22

La indemnización por daños y perjuicios derivados de la privación del uso del automotor procede sólo en el supuesto de que se acredite la existencia de un daño, pues el uso del automotor a su vez acarrea gastos de magnitud considerable y puede ocurrir que la reparación se convierta en una fuente ilícita de lucro a favor del perjudicado en el supuesto de que dichos gastos compensen o sean de mayor entidad que el propio perjuicio.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fea de Guerendiain, Laura Regina y otro c/ Banco Local Cooperativo Limitado s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

Si la sentencia penal determinó la existencia de relación causal, ésta no puede controvertirse en sede civil (art. 1102, C. Civ.).
Relación de dependencia, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: PRETTO CARLOS MARCELO c/ ACUDA S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-18

La actora se encontraba subordinada a las necesidades de la demandada ya que atendía, con los medios materiales y de personal, las urgencias que le eran requeridas a su empleadora.
Extinción del contrato de trabajo, despido verbal
Materia: LABORAL
Carátula: Villar, Bilma Noemí c/ Suárez, Jorge Marcelo s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-10-22

La forma escrita prevista en el artículo 243 se refiere únicamente a los efectos de la invocación de la causa del distracto, la comunicación oral de lo decidido por el empleador que es reconocida y manifestada expresamente por el dependiente, surte plenos efectos en la misma fecha en que se la efectúa sin prolongarse en el tiempo.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SESCAM c/ SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL S/ COBRO DE PESOS ORDINARIO s/ CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2006-03-15

Es una facultad vedada al Superior Tribunal en la instancia extraordinaria de la casación el reexamen de las cuestiones de prueba, siendo los jueces de grado soberanos tanto en la fijación de los hechos litigiosos como en lo relativo a la admisión y valoración de las pruebas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Robo, retención indebida, locación de inmuebles, cosas accesorias
Materia: PENAL
Carátula: López Etcheverry, Manuel s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-14

La obligación de restituir que implica el contrato de locación de un inmueble, abarca tanto el edificio como las cosas accesorias mientras no hayan sido separadas del inmueble principal (art. 2315 y ss. del Código Civil), de tal forma, recuperado el inmueble con el mandamiento de desahucio por parte de la locadora, cesó así la obligación contractual de restituir, de manera que el apoderamiento ilegítima por parte del inquilino de las cosas accesorias, que fueron previamente removidas por la fuerza recuperando su carácter de muebles, no puede configurar el delito de defraudación por retención indebida sino el de robo consumado.
Acción de amparo, derecho a la información, legitimación activa, ombudsman
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-29

La locución empleada por el legislador en el artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información establece que la titularidad del derecho a obtenerla recae sobre "toda persona", transmite claramente una idea de máxima amplitud, de voluntad de inclusión y no de exclusión-Luego, esa misma amplitud debe proyectarse a la legitimación para promover la acción de amparo que el mismo texto legal contempla en su artículo 8. Las funciones de control que el constituyente ha conferido a la Defensoría del Pueblo -de las cuales resultan manifestación las facultades de acceso a la información-, y la legitimación procesal que, sin límites, le otorga el Estatuto de la Ciudad (artículo 137) y la Ley Nro. 3, deciden sin duda afirmativamente el interrogante destinado a establecer si aquélla se encuentra legitimada para promover la acción de amparo prevista por el artículo 8 de la Ley Nro. 104. Si el convencional constituyente y el legislador no han limitado la legitimación de la Defensoría, no ha de hacerlo el intérprete. La consideración de la naturaleza y entidad de los derechos que constituyen el objeto último de la protección, aporta una perspectiva axiológica que abona igual solución.(Del voto de los Dres. Carlos F. Balbín e Inés M. Weinberg de Roca).
Concursos, extensión de la quiebra, confusión patrimonial, simulación ilícita
Materia: COMERCIAL
Carátula: POO  SA  DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS c/ LAGORIO SA s/ EXTENSION DE QUIEBRA S/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-28

1 - Si bien la conducción unitaria en el sentido que los administradores de la fallida sean los mismos de las otras personas morales, o la unidad de la sede, de servicios, sea de abastecimientos o de personal o financiera no siempre serán elementos suficientes para determinar la extensión de quiebra; éstas son causas que con otras pueden llevar a probar que hubo una actuación que, si bien diferenciada, es una ficción desprovista de realidad que la ley exige para brindarle protección. En estos supuestos, desestimada la personalidad jurídica formal, la existencia de una única persona titular del único patrimonio que cae en quiebra importa la quiebra de la persona ficticia (Montensi, Víctor: "Extensión de la quiebra", Ed. Astrea, Bs. As., 1985, pág. 83). 2 - Asimismo, lo que ocurre entonces, es que no puedan delimitarse los activos y los pasivos -o la mayor parte de ellos- sino que esa perfectamente posible delimitación -en lo registral y contable- es reputada irríta por simulada, fraudulenta y/o inoponible (cfr. CCIV: 955 y 957). Se trata invariablemente de la interposición simulada de una o más personas jurídicas en beneficio de otras u otras -o de las personas físicas que las controlan- del trasvasamiento de sociedades, de la asunción por ciertas sociedades, del costo de las materias primas, de las cargas salariales o de los quebrantos impositivos mientras que otra u otras sólo recogen los beneficios sin contraprestación real alguna, etc; ello es lo que resulta inescindible de la confusión patrimonial, es una conducta dolosa constitutiva de simulación ilícita, fraude o abuso de personalidad societaria (Ribichini, Guillermo: "De la confusión patrimonial a la gestión promiscua. Reflexiones sobre la mutación interpretativa de una figura prescindible art. 161 inc. 3 de la ley de concursos y quiebras"; LL 2002-B-1039).
Autoría, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: Velazquez, Luis del Valle s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2013-06-14

Estando acreditado que el bebé falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo por sacudimiento, que, cuando su madre ingresó a bañarse se hallaba en perfectas condiciones de salud, que luego comenzó a llorar y abruptamente cesó su llanto y que al salir de la ducha la madre lo ve en brazos de su pareja, no cabe duda alguna que la autoría del severo sacudimiento que ocasionó las lesiones cerebrales debe ser atribuido a éste último, toda vez que fue la única persona que estuvo en contacto con el niño en el intervalo de tiempo inmediatamente anterior a que se manifestaran sus consecuencias.
Procedimiento administrativo, caducidad del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Monje, Humberto Daniel c/ Obras Sanitarias de la Nación. s/ Recurso de Hecho Nación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-23

No puede concluirse que el plazo de caducidad establecido por el art. 25 de la ley 19.549 se encontraba vencido al momento de demandar, si se encuentra fuera de discusión que la resolución que rechazó el recurso articulado contra el acto que dispuso la baja, nunca fue notificado al interesado ni tuvo conocimiento de ella por otro medio.
Procedimiento laboral, notificación, demandado, denominación social, mala fe
Materia: LABORAL
Carátula: CARDOZO,MARISA     ROMINA c/ ASISTENCIA    MEDICA    EMPRESARIAS.A.S/ s/ SPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-11-30

Obró de mala fe la demandada que pudiendo conocer el nombre del dependiente remitente del telegrama por el cual se la intimaba a regularizar una relación, no recibió la comunicación porque se consignó su denominación social con un error que no impedía saber que era la notificada. Dado que la empresa no estuvo privada de inteligir que la comunicación estaba dirigida hacia ella, obró de mala fe al amparo de ese error de la actora.
Menores, filiación
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: E., M. E. c/ M., H. A. s/ Reconocimiento de filiación Ayala, Sofía s/ Art. 10 ley 10.067
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-16|2002-06-19

La jerarquía de los derechos vulnerados, que interesan sin duda alguna al interés público, y la consideración primordial del interés del menor deben guiar la solución del caso en orden a restablecerlos por una parte y hacerlo con el menor costo posible -entendiendo esto último en términos de economía y celeridad procesales-, atendiendo a razones de elemental equidad, todo ello sin mengua de la seguridad jurídica, valor igualmente ponderable por su trascendencia en toda decisión que tomen los jueces. (Minoría u opinión personal)
Procesos de conocimiento, verdad jurídica objetiva, prueba, apreciación de la prueba, deberes y facultades del juez, derechos y garantías constitucionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: GUNPLEX  SA c/ MUTUAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  PREFECTURA  NAVALARGENTINA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-03-28

El proceso tiene como "norte" el establecimiento de la verdad jurídica objetiva y esta es la obtención de la certeza positiva o negativa sobre el material fáctico en que las partes han fundado sus respectivas pretensiones y la determinación de su significación jurídica en función de la legislación aplicable;

no pudiendo los jueces ser meros espectadores convalidantes de actos o hechos que no guardan congruencia jurídica ni fáctica con el caso a decidir, pues el logro de la justicia como valor fundamental requiere que ella sea entendida como lo que es, una virtud al servicio de la verdad sustancial y, adicionalmente, cabe señalar que la búsqueda de la verdad reconoce base constitucional, pues su ocultamiento viola la garantía prevista en la  CN: 18. (Cncom, sala b, 23.5.02, "Ladefa S.A. c/ Río de la Plata tv S.A. Canal 13", dj 2002-3-553, considerando iv-c; con cita de Claria Olmedo, "Derecho Procesal", t. i, Depalma, 1982, Pág. 140, n° 125, y csjn, fallos 279:239; 295:61 y 296:65).
Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa, excepción de incompetencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Liberti, Andrés Francisco c/ Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de cultura y Educación y/o Unidad Coordinadora s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción Díaz, Horacio Adrián c/ Poder Ejecutivo Provincial y Ministerio de Cultura y Educación y/o Unidad Coordinadora s/ Acción Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-02-15|2006-02-16

La excepción de incompetencia es la de uso más frecuente en los procesos contencioso administrativos y se le da un alcance particular, permitiendo controvertir no la competencia del tribunal -en el sentido atributivo de competencia de otros ordenamientos procesales- sino en el sentido de verificar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la acción o de la demanda, ya que, según el Código de la materia -Art. 25, Inc. 1-, sólo puede sustentarse "en que la resolución reclamada no da acción contenciosoadministrativa o en que la demanda ha sido presentada fuera de término", es decir, que sólo puede fundarse en la naturaleza de la resolución recurrida y/o en la fecha en que la demanda se presenta.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, honorarios, base regulatoria, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Passe, Carlos Alberto c/ Cidelo SRL s/ Consignación. Escrituración. Cuestión a resolver: ¨Es posible  computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuaniaria  para regular honorarios en juicios de escrituración? (Tribunal  plenario) (Expte Nro. 170-79)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

La corrección nominal de los valores de los bienes en litigio a efectos del cálculo de los honorarios, lejos de causar agravio sustancial a los derechos de las partes, reafirma la garantía de la propiedad, habida cuenta que admitir lo contrario importaría tanto como reconocer una retribución mermada o confiscatoria por los servicios prestados, con menoscabo también del respeto por la tarea cumplida por los letrados y de la propia administración de justicia.

(Del Voto del Dr. Elena). En el caso, la cuestión a resolver es la posibilidad de computar el valor real de los bienes en litigio como pauta pecuniaria para regular honorarios en los juicios de escrituración.
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, base regulatoria, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Banco Patagonia S.A c/ Valenti, Franca Miriam s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2012-06-19

Si bien esta Sala ha sostenido reiteradamente que, tratándose de un proceso ejecutivo, la base regulatoria está conformada por el 50% del monto del capital de condena, en oportunidad de dictarse la sentencia de trance y remate (1ª etapa) y el 50% restante para los trámites posteriores hasta el efectivo pago (2ª etapa), por imperio del art. 40 de la ley 1594, un nuevo análisis de la cuestión, a la luz del criterio adoptado a partir del fallo "Paineman Montecinos C/ Dandre" (P.S. 2010-VI, fº 1114/1122), lleva a concluir en que asiste razón al recurrente en orden a incluir los intereses en la base regulatoria.
Régimen disciplinario administrativo, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Montes de Saez, María Estrella s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción Orue de Kunz, Eva Milfrida c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1981-11-13|1988-04-07

Son requisitos de validez del acto administrativo disciplinario: 1) Que se haya asegurado al imputado - a través de su oportuna declaración - el derecho de ser oído. 2) Haber tenido el mismo la oportunidad de ofrecer y producir la prueba de sus afirmaciones y efectuar su descargo. 3) Que la sanción aplicada haya sido prevista por un régimen disciplinario pre - instituido. 4) Y no de naturaleza distinta a las que establece dicho régimen. 5) Atribución de la autoridad administrativa de la cual emana el acto, para sancionar. La carencia en la formación del acto administrativo de alguno de los recaudos citados, lo hace revisible judicialmente por "vicios de ilegitimidad" contemplados en el art. 14 inc. "d" de la Ley 52.
Quiebra, fallido, detención, facultades del juez
Materia: COMERCIAL
Carátula: JUAN  DOURADINHA  SOBRE  QUIEBRA  SOBRE  INCIDENTE  DE  REVISION  DEL CREDITO DE INES BARBERIS RUSCA, PROMOVIDO POR EL FALLIDO. s/ INCIDENTE DE REVISION DEL CREDITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-31

En tanto no resulte cuestionada la constitucionalidad de los LC:

106 y 107, ellos obligan al fallido a prestar al juez toda la colaboración que le requiera para el esclarecimiento de la situación patrimonial y la determinación de los créditos, y sancionan la injustificada inobservancia de esa obligación con el arresto.

La adopción de esa medida restrictiva de la libertad personal no importa el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas. De tal suerte, no resultan aplicables a ellas los principios constitucionales relativos a la aplicación de la ley penal, ni las prescripciones legales referentes a los delitos.
Recurso contencioso administrativo, direcciones de catastro, reorganización de la empresa, entes autárquicos, transferencia del personal, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Del Sastre, José Alberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 232 año 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-11

Es improcedente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el recurrente tachando de ilegítima a la ubicación escalafonaria asignada una vez disuelto el EN.FI.RE. S.A.P.E.M., desde que las funciones que desarrolla el recurrente en el Servicio de Catastro e Información Territorial son las mismas que llevaba a cabo en la Dirección de Catastro y en cuanto al aspecto salarial, el encasillamiento dispuesto por el acto impugnado no le ha ocasionado perjuicio económico, quedando reducido su agravio a una cuestión de denominación. Respecto de ello, soslaya el actor que, mediante el decreto impugnado se dotaba al nuevo organismo de una - obviamente- nueva estructura orgánico-funcional, en donde, a los efectos de posibilitar la designación de las autoridades y del personal, era necesario crear las pertinentes plantas de cargos y que no existía una correspondencia total de funciones entre los cargos que existían en la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía y los que se creaban en el nuevo organismo. En tales condiciones, resulta de aplicación al caso la conclusión a que arribó la Corte local de que no puede en verdad sostenerse que los agentes cuenten con un "derecho adquirido" al mantenimiento de una determinada nomenclatura que a cierta función se le asignaba en una estructura orgánica anterior.
Concursos, cesación de pagos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grenoble Automotores SA s/ Pedido de quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-09-21

Si bien es cierto que el estado de cesación de pagos es aquél que patentiza un evidente desequilibrio en el patrimonio del deudor, circunstancia que eventualmente puede ofrecer al acreedor dificultades de prueba, también lo es que la ley sólo exige al acreedor la invocación de "hechos reveladores" de ese estado (arts.

86 y 90 de le ley 19551).
Proceso penal, jueces, fiscales, acusación, división de poderes
Materia: PENAL
Carátula: Marcilese,  Pedro  Julio y otro s/ homicidio calificado -causa Nº15.888/98-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

No puede exigirse que el juez quede atado ineludiblemente a una evaluación de los hechos y a una interpretación del derecho realizadas por el fiscal, sobre la base de motivaciones de las que no participa, apartándose así de su convicción acerca de la verdad real. Si se pretende ser consecuente con el principio acusatorio formal, como garantizador de la imparcialidad del tribunal de juicio, no se puede al mismo tiempo postular que sus decisiones queden ligadas a las de otro órgano del Estado (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), proceso penal, prisión preventiva, trámites judiciales, nulidad procesal, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: P., A. D. c/  s/ PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD, ABORTO SIN CONSENTIMIENTO Y OTROS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-12-03

Las alegaciones en torno a la falta de sustanciación alegada por la quejosa se diluyen en cuanto se confronten con la motivación brindada por el Magistrado en orden a la normativa vigente, desde que -tal como se señaló en el auto denegatorio-, al apelar la defensa la prórroga de prisión preventiva peticionada por el fiscal en primera instancia, la Cámara le ha dado la posibilidad de efectuar planteos de entidad suficiente que -por no haber sido expuestos anteriormente- pudieran hacer torcer los argumentos brindados por el Juez de grado. Ello, dentro del trámite que, en definitiva, la normativa aplicable autoriza. (De la ampliación de fundamentos del Dr. Falistocco. En disidencia: Dr. Erbetta)
Caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: HERNANDEZ, Pedro y HOYOS, B. del C. s/ RECURSO DE QUEJA, BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-07-30

Según el art. 317 del Código Procesal sólo es apelable la sentencia sobre la caducidad cuando ésta fuera declarada procedente. Es inapelable la que la desestima, sea in limine o luego de sustanciado el incidente. Así prima la norma específica del art. 317 sobre la general del artículo 179 que admite la apelación con efecto devolutivo en el caso de rechazarse in límine un incidente.-