Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-12-20


2º Instancia.- La Plata, diciembre 20 de 2005.

1º ¿Resulta ajustada a derecho la apelada resolución dictada a fs. 233/234? 2º ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 1º cuestión.- El doctor Marroco dijo:

I) Mediante resolución de fs. 233/234, el Sr. Juez de la instancia previa estableció el orden de preferencias para el cobro de los distintos créditos concurrentes sobre el producido de la subasta realizada en autos, ubicando en primer lugar a los honorarios y gastos por la etapa de ejecución de la sentencia, luego los impuestos, tasas y demás gravámenes que afectan al bien subastado hasta la fecha de toma de posesión por el adquirente y finalmente los honorarios correspondientes a las etapas que van hasta el dictado de la sentencia. En cuanto a los créditos que se hallen en un mismo grado de prelación estableció que su pago se efectivizará en forma proporcional con los restantes créditos que gozan de igual preferencia.

II) Esa forma de decidir motivó el alzamiento del actor -abogado en causa propia- y de su letrada patrocinante, quienes explicitaron sus agravios a fs. 245/246 vta. y fs. 248/249 vta. respectivamente, los que llegan sin réplica de la contraria (ver fs. 256).

III) Dando comienzo a la tarea revisora comienzo por señalar que vendido judicialmente un bien, se produce una suerte de concurso, donde todos los acreedores (embargantes, hipotecarios, por impuestos, tasas, etc.) concurren a cobrar sus acreencias sobre el precio obtenido (arts. 581, in fine, 584, in fine del Código Procesal), en el orden de preferencia que, a tal efecto, les ha concedido la ley a cada uno de ellos (arts. 3879, inc. 2do. 3880, inc. 5to., 3900, 3918, 3920, 3921 y concordantes del Código Civil; 218 y 590 del Código Procesal). Ello implica que el bien de que se trata sale del patrimonio del deudor como consecuencia de su venta e ingresa, en su lugar, el monto obtenido en la subasta, sobre el cual habrán de cobrar los acreedores, quedando en principio dicho bien, libre de los gravámenes y deudas que lo afectaban (esta sala causa 94.549, reg. int. 271/00).

Sentado lo anterior, es menester puntualizar que los gastos de justicia revestidos de la preferencia de los arts. 3879, inc. 1º y 3900 del Código Civil, sólo pueden extenderse a los honorarios y gastos por la etapa de ejecución de sentencia (C1º, sala II, La Plata, causa 210.587, reg. int. 35/92).

Es que no toda la labor desplegada por el letrado del actor ejecutante redundó en beneficio del acreedor hipotecario, sino sólo aquella desplegada con posterioridad a la sentencia de trance y remate, pues la cumplida con antelación al susodicho estadio lo fue en el interés o beneficio directo de quien le encargó la tarea para llegar al reconocimiento de su derecho.

En tal sentido se ha decidido que debe excluirse del orden de prelación correspondiente a los privilegios que concurren sobre el precio de venta de un inmueble, al crédito por honorarios regulados a los letrados del actor por su actuación en el proceso principal, toda vez que sólo debe reconocerse preferencia a aquellos honorarios regulados por las tareas inherentes a la etapa de ejecución de sentencia, pero no a los retributivos de las labores efectuados con anterioridad, pues los mismos fueron realizados en el interés privado del accionante (Highton, E., "Juicio Hipotecario", Tº 3, p. 93, Nº 10, 121, Nº 25, 123, Nº 35; Castro Hernández, M. H. "Privilegio de ciertos gastos de Justicia en relación al crédito con garantía hipotecaria", en ED Tº 172, p. 107 y sigtes.; CNCom., sala E, LA LEY, 1991-A, 303; CCiv. y Com. Fed. sala II, ED Tº 191, p. 265; CNCiv., sala C, ED diario del 8/3/02, fallo 51.324).

De ello se deriva, que en este juicio ejecutivo iniciado por el actor se encuentran incluidos como gastos de justicia con privilegio, los trabajos concernientes a los trámites directamente encaminados al remate del bien afectado por la garantía, mas no los generados por las actuaciones vinculadas con el reconocimiento previo del crédito del ejecutante, pues éstos no fueron efectuados en forma directa en interés común de los acreedores sino en forma indirecta en beneficio de aquéllos.

IV) En consonancia con lo expuesto, los gastos de Justicia que atienden a la subasta del inmueble, entre los que deben incluirse los honorarios del letrado ejecutante a partir de la etapa de ejecución de sentencia y demás gastos vinculados con el remate, tienen privilegio frente a todos los acreedores que pretenden cobrar sobre el precio obtenido del bien inmueble (arts. 3879 inc. 1º y 3900, Código Civil; esta sala, causa 94.573, reg. sent. def. 31/04).

Consecuentemente voto, por la afirmativa.

El doctor Sosa dijo:

Por coincidir con las motivaciones desarrolladas en el voto que antecede adhiere al mismo (art. 266, C. Procesal) y, en consecuencia, vota también por la afirmativa.

2º cuestión.- El doctor Marroco dijo:

Atendiendo al Acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución de fs. 233/234 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por los apelantes dada la suerte adversa de ambos alzamientos (arts. 68, 69 del Código Procesal).

Así lo voto.

El doctor Sosa dijo:

Que coincidiendo con la solución propuesta en el voto que antecede, también se expide en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente sentencia:

Por ello, y demás fundamentos expuestos se confirma la apelada resolución de fs. 233/234 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a los apelantes.- Carlos S. Marroco.- Gualberto L. Sosa.