Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2010-10-15


AUTOS N° 20.561 (77.760 - 5° CIVIL) "YAPUR Julio C/ O.S.S.E. - Cumplimiento de Contrato" L. DE S. T° 108, F° 147/151 En la ciudad de San Juan, a 15 días del mes de octubre del año dos mil diez, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, y los señores Vocales DRES. GILBERTO A. RIVEROS y PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N° 20.561 (77.760 - 5° CIVIL) caratulados "YAPUR JULIO C/ O.S.S.E. - CUMPLIMIENTO DE CONTRATO", dictada en fecha veintiséis del mes de agosto del año dos mil nueve, obrante a fs. 248/260, de estos autos originarios del Quinto Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, por sus fundamentos dijo:

El a quo, en su sentencia dictada en fecha 26 de agosto de 2009, cuya copia obra agregada a fs. 248/260, encontró fundamento suficiente para rechazar las excepciones de incompetencia, falta de legitimación pasiva y prescripción, con costas a la vencida y, a partir de ello, en el punto 2°) resolvió hacer lugar a la demanda condenando a O.S.S.E. le abone al Dr. Julio Yapur por la suma de $ 464.293,28, en concepto de honorarios, con mas los intereses de la ley 4119 desde el 30 de noviembre de 2008 hasta su efectivo pago.

Este resolutorio fue apelado por la demandada a fs. 261 de autos, el cual fue concedido libremente.

Elevado los autos a este tribunal se presenta la parte recurrente a fs. 281 a expresar sus agravios contra la sentencia. En ese escrito solicita que el fallo sea declarado nulo y revocado en todas sus partes.

Luego de transcribir los fundamentos de la sentencia sostiene que la sentencia adolece de graves vicios para ser tenida por acto jurisdiccional válido.

En primer lugar, punto IV a) hace referencia a la omisión de consideración de la prueba documental ofrecida. En ese sentido, sostiene que ofreció como prueba la decisión N° 374/96 que es el instrumento legal en virtud del cual el Presidente de la Sociedad autoriza a los apoderados de la misma a firmar el convenio de procuración. En función de ello entiende que resulta absolutamente absurdo interpretar que la Sociedad debía pagar honorarios judiciales sin que haya mediado recuperación del crédito a través de la gestión judicial, dado que imponer la solución que propone el a quo importa reconocer flagrante perjuicio fiscal, habida cuenta que OSSE debería pagar honorarios judiciales de un crédito aún no efectivizado. Recuerda que la demandada se encuentra controlada por el Tribunal de Cuentas.

También sostiene que se ha omitido en la consideración la decisión N° 122/89 que fuere planteada en la contestación de la demanda de fs. 122/131 en ocasión de interponer la excepción de falta de legitimación pasiva, que en su art. 6 establece que los agentes o apoderados judiciales no podrán percibir honorarios de OSSE y solo podrán percibir los devengados en las causas a cargo de los demandados en un todo de acuerdo al art. 238 de la ley 2150 de la provincia de San Juan. En este orden de ideas cabe advertir que Obras Sanitarias jamás pudo haber aprobado y puesto en vigencia un contrato que viole lo preceptuado en dicha decisión y que importe un perjuicio fiscal para la sociedad, pues si se consagra la obligación de pagar honorarios judiciales sin que los mismos hayan sido percibidos de los demandados, se estaría legitimando un perjuicio patrimonial para la empresa.

En el punto IV c) insiste en la omisión de considerar la Decisión N° 374/96 entiende que en la misma se establece claramente que OSSE no se hace cargo del pago de honorarios del actor al expresar que se hace necesario implementar un procedimiento legal que permita incrementar la cantidad de profesionales que se aboquen a esta gestión, sin que ello implique relación de dependencia con la sociedad ni mayores costos por la gestión.

Otro tanto ocurre con la Decisión N° 437 del 15/9/1993 modificatoria de la cláusula 5° del Convenio de referencia y la instrumentación del sistema informático actual, hace que todo plan de pago que se formalice en ese lapso no incluya honorarios devengados. Asimismo la cláusula 4 ap. 2) del convenio de procuración hace referencia al informe periódico que recibirán los procuradores relativos a los planes de pago implementados por los usuarios, destacando que la falta de pago de dos cuotas consecutivas del plan de pago obligará al abogado procurador a impulsar el procedimiento. En síntesis del punto dice que para que la accionada sea deudora de honorarios frente al actor en virtud del convenio de procuración, este debió acreditar u ofrecer probar que OSSE cobró honorarios a los usuarios demandados y que no le fueron liquidados de acuerdo a las pautas contractuales.

Por su parte en el punto IV d) refiere a la prueba testimonial conducente y relevante que entiende ha sido omitida. Así trascribe y analiza las declaraciones testimoniales de los Dres. Marcelo Navas, Raúl de la Torre, Gustavo Nacusi, Alejandro Montaña, Ingeniero Fernando Moya. Respecto de ellas dice que surge en forma diáfana y contundente cual era y es el mecanismo de percepción y liquidación de los honorarios correspondiente, objeto de la litis, es decir, que el derecho del apoderado a su cobro se encuentra condicionado a que el deudor ejecutado concurra a la empresa a honrar la deuda, ya sea de contado o mediante los distintos planes de pago que OSSE ofrece. Cita doctrina judicial en apoyo.

En el apartado IV e) cuestiona la falta de análisis y consideración de la buena fe contractual sosteniendo que el a quo no ha ponderado correctamente la aplicación de este principio pues asevera que en ocasión de desarrollar el planteo de la excepción de falta de legitimación activa, puso especial énfasis en el correcto y adecuado análisis de los términos del contrato, objeto de juicio, por parte de los abogados ejecutantes a favor de OSSE para que esta cobre administrativamente honorarios profesionales a los usuarios con gestión judicial en la forma modalidad y condiciones que establece el convenio de procuración.

El ese sentido, estima que la demandada jamás pudo haber garantizado al actor el pago de sus honorarios sin que antes los demandados honraran su deuda, pues del análisis del convenio surge que la gestión de procuración fue encomendada a 14 abogados.

A continuación hace una estimación de los honorarios comprometidos habla de $ 13.685.289 comprometido en honorarios por las 16.800 causas comprometidas.

Conforme lo expresado surge en forma diáfana que OSSE no asumió en ningún momento y de ninguna manera la obligación de pago a su cargo, de tales honorarios. El actor, concluye, que el actor solo tendría derecho a reclamar los honorarios convencionales, en el caso de acreditar que el usuario demandado pagó los honorarios a OSSE por gestión judicial y ésta no se los hubiere liquidado conforme lo pactado. Cabe insistir, continua, que la Decisión N° 122/89 en su artículo N° 6 expresamente establece que los agentes o apoderados judiciales no podrán percibir honorarios de OSSE y solo podrán percibir los devengados en las causas a cargo de los demandados en un todo de acuerdo al art. 238 de la ley 2150 de la provincia.

Consecuentemente afirma que el objeto de los contratos son honorarios y el mismo se encuentra condicionado a que los usuarios ejecutados concurran al pago administrativo de la deuda, a partir de allí nace la obligación de OSSE de cobrarle al usuario honorarios profesionales por gestión judicial, de acuerdo a la etapa procesal en que encuentra el juicio para luego liquidarlo al abogado.

En los párrafos siguientes reitera tautológicamente su posición.

Posteriormente, en forma subsidiaria impugna la tasa de interés aplicada para la actualización del capital de condena, marcando que ello contraviene la Ley provincial N° 7675, citando doctrina judicial.

Finalmente, mantiene cuestión constitucional.

Corrido traslado a la contraria, la cual se presenta a fs. 294 y en función de las razones que expone solicita la desestimación de la pretensión recursiva y formula reservas.

Planteado de este modo el recurso corresponde precisar que el recurrente focaliza su queja en cuestionar la sentencia porque la misma ha omitido la aplicación de las Decisiones N° 437/93 y 122/89 al contrato celebrado entre las partes, en su razonamiento que termina por declarar procedente la sentencia.

Así en primer término, sin lugar a hesitación se debe tener en cuenta que es de plena aplicación el principio de buena fe que impone el deber de celebrar, ejecutar e interpretar de ese modo los contratos conforme el art. 1198 del Código Civil, pero en este caso se debe tener de igual modo en cuenta que ha sido celebrado entre profesionales del derecho lo cual implica presumir que ellos conocían perfectamente el alcance del contenido contractual suscripto.

En segundo lugar, corresponde precisar que los deberes que debía cumplir el actor y derechos que podía exigir de OSSE estaban precisado en el texto de contrato, por cuanto el no es parte de la estructura administrativa sino un profesional contratado para actuar como abogados procuradores judiciales para la gestión extrajudicial y la procuración de causas tramitadas ante la Justicia Ordinaria y de Paz de la Provincia.

Ello viene a colación para descartar como quejas válidas para sustentar la pretensión recursiva todos los argumentos que vierte el recurrente relativo a los actos que debían cumplir y responsabilidades que tienen los funcionarios a cargo de la conducción de OSSE. No corresponde a este tribunal evaluar si los antes mencionados funcionarios realizaron bien o mal el contrato con el abogado actor conforme a la normativa orgánica de la entidad, sino cuales son los efectos jurídicos del contrato efectivamente celebrado entre las partes que obra agregado a fs. 52 y que fuera debidamente aprobado por el señor Presidente de ese momento, mediante Decisión N° 383-24/10/1996.

Respecto de ello, en la cláusula tercera inc. A) De los abogados procuradores, se estableció que "tienen derecho al cobro de honorarios por la gestión extrajudicial y judicial conforme lo establece la Decisión N° 374/96 de la Presidencia de O.S.S.E. y en la forma que se estipula en la cláusula quinta del presente".

Por su parte, en la cláusula Quinta: Honorarios, se convino que "A todos los efectos, se calcularán los honorarios sobre la base del monto total de la deuda de los usuarios, conviniendo que el veinte por ciento (20%) del total corresponde a los apoderados y el ochenta por ciento (80%) del total, corresponde a los abogados procuradores, conforme el siguiente detalle: 1) Demanda notificada, el quince por ciento (15%). 2) Sentencia notificada, el veinte por ciento (20%). 3) Otras etapas procesales, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%). Para esta última etapa, los abogados procuradores se abstendrán de impulsar cualquier procedimiento sin el expreso consentimiento de los apoderados".

Antes de continuar con el análisis de los efectos jurídicos del contrato en miras a la pretensión recursiva, cabe señalar que únicamente la Decisión 374/96 dictada por Presidencia de O.S.S.E. debe ser tenida en cuenta en la merituación por cuanto la misma pasó a formar parte del contrato al ser expresamente mencionada en la cláusula tercera.

En esa Decisión, conforme lo sostiene la propia demandada, el Presidente autoriza a los apoderados de O.S.S.E. a firmar el Convenio de Procuración que es la base legal de la demanda, pero en él nada se especifica sobre el modo de abonar los honorarios sino pautas generales.

En función de ello, se debe recordar que a partir de la desregulación de la economía, los honorarios de los profesionales no son de orden público, razón por la cual pueden legalmente pactar su cuantía con sus mandantes.

Específicamente, los profesionales de la abogacía pueden cobrar los honorarios por su actuación profesional en las ejecuciones de los créditos, de sus propios mandantes por aplicación de las normas contenidas en el Código Civil (art. 1627 y conc. del C.C.) o de su contraparte cuando hayan obtenido la condena en costas a favor de su parte (art. 74 y sig. del C.P.C. Ley 3738 y art. 233 de la ley N° 2150) en cuyo caso en vencedor podrá repetir del perdedor.

Además de ello, la renuncia a este derecho no puede presumida sino que debe ser expresamente pactada por las partes y ello no consta en el convenio. De igual modo, acontece si se asevera que el cobro estaba condicionado al pago de las deudas por parte de los usuarios. Finalmente, se debe tener en cuenta que la percepción por O.S.S.E. de las remuneraciones devengadas a favor de sus abogados procuradores y apoderados, por las actividades procesales realizadas al momento de aceptar el usuario un plan de pago no implica por si que ello sea una condición obstativa para la percepción de los honorarios por parte de los abogados dado que ellos son los titulares del derecho a su percepción y no O.S.S.E.

De todo lo expuesto se deduce fácilmente que cuando el convenio de procuración quedó sin vigencia, el profesional actor correctamente puede cobrar sus honorarios a los demandados en base a la condenación en costas o a su propio mandante, contra el cual deberá estarse al contenido del pacto de cuantificación de honorarios que suscribió y que es la base de esta reclamación.

En función de ello, propongo al tribunal se desestime la pretensión recursiva intentada por O.S.S.E., con costas.

El DR. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por las mismas razones, voto en igual sentido.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: Desestimar la pretensión recursiva intentada por O.S.S.E., con costas.

Los DRES. CARLOS E. FERREIRA BUSTOS y GILBERTO A. RIVEROS, dijeron:

Por iguales razones, votamos en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Desestimar la pretensión recursiva intentada por O.S.S.E., con costas.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.