Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-04-24


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de abril del año de dos mil doce, se reunió en Acuerdo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada con los señores Ministros Alejandro Javier Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell, presidida por el primero de los nombrados para dictar sentencia en la causa caratulada "M., M. - L., G. N. s/Robo en grado de Tentativa" (Expte. N° 22.349 - Folio 47 - Año 2011- Letra M).

El orden para la emisión de los votos que resulto del sorteo es el siguiente: Pfleger, Rebagliati Russell y Panizzi.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Introducción al caso a. La sentencia recurrida.

El tema traído a esta Sala es el recurso extraordinario de casación deducido por el Defensor Público Oficial, doctor Eduardo Marcelo Cerda, en desmedro de la resolución número 03/11 de la Cámara en lo Penal de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En aquella se dejó sin efecto el tiempo transcurrido hasta aquel momento, y se prorrogó el plazo de prueba para posibilitar a G. N. L. cumplir con las reglas que se le fijaran en el punto 2° de la sentencia N° 8/06 del 6 de marzo de 2006. La extensión fue por el término de seis meses a contar de la fecha de su efectiva notificación (art. 27 bis, último párrafo, del Código Penal), bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena allí impuesta y ordenarse su inmediata detención.

b.- El recurso de casación Luego de una síntesis sobre los antecedentes que generaron el recurso, el Defensor sindicó como agravio que, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la sentencia firme sin que su asistido hubiese cometido un nuevo delito, correspondía aplicar la norma del artículo 27 del Código Penal y tener a la condena como no pronunciada, y no prorrogar el plazo de prueba como irracionalmente entendió que pretendía el "a-quo".

Sostuvo que la condenación en suspenso implicaba una sanción sometida a condición resolutoria que suspendía la pena durante el tiempo de prueba y que, cumplida esa condición, no solo hacía desaparecer la pena, sino que también la condena. Citó la opinión de Eugenio Zaffaroni vertida en el "Manual de Derecho Penal, Parte General" en lo que concernía.

Afirmó que, corrido el lapso previsto en el artículo 27 del Código de fondo, lo dispuesto en dicho texto legal opera "ipso iure" y sin necesidad de ninguna declaración al respecto por el órgano jurisdiccional, siempre que durante su transcurso el recurrente no hubiere cometido un nuevo delito.

Consideró ilógico la prórroga de seis meses que le otorgó el Tribunal, en el marco de la prevención especial, para que cumpla con las presentaciones al Cuerpo de Delegados que incumplió, con la finalidad de prevenir que cometa nuevos delitos, cuando en realidad hace cinco años que no los cometía. Destacó que dicho criterio respondía a un capricho del "a-quo".

En el final peticionó que se revocara la resolución en crisis y se tuviera la pena de prisión impuesta a G. N. L. como no pronunciada, en concordancia con la solución prevista en el artículo 27 del Código Sustantivo.

c. La posición del señor Procurador General El Procurador General, doctor Jorge Luis Miquelarena, en uso de la facultad que otorga el artículo 426 del Código Procesal Penal, manifestó que sin perjuicio de las opiniones emitidas con anterioridad, en función de la condicionalidad de la pena de un mes impuesta, habiendo transcurrido mas de cuatro años desde la sentencia firme sin que el condenado cometiera nuevo delito y tratándose de un hecho que data del día 03 de marzo de 2003 y que L. no poseía antecedentes penales, correspondería la aplicación de la primera parte del artículo 27 (del Código de Rito) y tener a la condena como no pronunciada.

Dijo: ". Es de la esencia de la institución, y así lo establece el art. 27, que si ese plazo de cuatro años transcurre sin que el condenado cometa un nuevo delito, ya no podrá exigirse el cumplimiento de la pena (Código Penal Baigún-Zaffaroni, Tomo 1, Hammurabi, pag. 398)." Culminó interesando a la Sala a hacer lugar al recurso deducido.

II. La solución.

Entiendo que, en el caso, la cantidad de días transcurridos desde la sentencia hasta que fue dictada la resolución ahora en crisis, adquiere una importancia relevante, si se mira desde dos puntos diferentes.

Una fas resulta significativa porque fue la propia inactividad, o demora en la gestión de las instituciones judiciales las que permitieron que se dilatara el cumplimiento de condiciones impuestas en una condena pasada en autoridad de cosa juzgada, situación que no puede recaer sobre el incuso.

Otra, lo constituye la entidad que adquiere el lapso en cuestión a la luz del precepto contenido en el primer párrafo, primera parte del artículo 27 del Código Penal que reza: ".La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito." En línea con este enunciado, cobra vigor referencial el hecho comprobado de que, en dicho tiempo, el condenado no cometió otro hecho registrado como delito por el sistema penal argentino, condición negativa que, por haberse cumplido, veda la capacidad del Estado de hacer penar por la causa que nos ocupa.

Se suma la manda contenida en el mismo párrafo in fine, cuando establece: ". Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas.".

Este texto refuerza la importancia que cobra la comisión de un nuevo delito en el periodo de prueba, que castiga con el cumplimiento de la primera en forma efectiva más la pena recaída por el segundo hecho.

Luego, constatada la no comisión de un nuevo delito y en "favor rei" debe cumplirse lo prometido en el artículo 27, y revocarse la resolución en crisis, liberando al condenado de la amenaza que representa en su horizonte temporal la posibilidad de cumplir una pena de encierro.

III. Por lo expuesto, propicio se declare procedente la casación interpuesta y se revoque la pieza en crisis.

IV. Asimismo, propicio se fijen los honorarios profesionales del Abogado Defensor en la suma de setecientos pesos ($ 700.-) Así me expido y voto.

El Juez Daniel Alejandro Rebagliati Russell dijo:

I) En el voto que precede se han expuesto con suficiencia los antecedentes del caso y los agravios vertidos por la defensa del acusado, de modo que me abstendré de hacer una ociosa repetición.

II) En cuanto a la solución del caso, habré de coincidir con la propuesta del juez Pfleger.

III) La Cámara Primera en lo Criminal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, mediante sentencia dictada el 6 de marzo de 2006, condenó a G. N. L. a la pena de un mes de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de robo en grado de tentativa. Asimismo le impuso la regla de conducta prevista en el inciso 1° del artículo 27 bis del Código Penal por el término de dos años.

Con fecha 21 de marzo del mismo año se declaró firme el fallo y se remitieron los autos a la Secretaría de Ejecución de Sentencia a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 3°, 4° y 7° del dispositivo condenatorio.

En esta etapa el Cuerpo de Delegados del Patronato informa que el condenado no cumplió con ninguna de las presentaciones a las que se encontraba obligado -v.fs.240-.

A fs. 245 obra el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, en donde consta que G. N. L. no registra antecedentes.

Finalmente, con fecha 7 de febrero de 2011, el Tribunal decide dejar sin efecto el plazo transcurrido y lo prorroga para que el condenado pueda cumplir con las reglas que se le fijaran oportunamente. Contra esta decisión se alza la defensa, y solicitó la revocación y que se tuviera por no cumplida la pena de prisión impuesta, conforme lo dispuesto en el artículo 27 de Código Penal.

En esta instancia se corrió vista al Procurador General, quien acompañó la postura sostenida por la defensa.

IV) Como bien lo indica el doctor Pfleger la inacción inmediata del tribunal de ejecución al advertir el incumplimiento del condenado no debe recaer en perjuicio del mismo.

Si estas actuaciones se hallaron traspapeladas casi dos años después del dictamen fiscal que solicita la sanción, y el imputado no cometió nuevo delito desde la sentencia firme, la condena dictada con fecha 6 de marzo de 2006 se deberá tener como no pronunciada -C.P., art. 27-.

Por lo expuesto, coincido en declarar procedente el recurso interpuesto y revocar la resolución obrante a fs. 252 y vta.

V) Por último adhiero a la regulación de honorarios efectuada en el primer voto.

Así voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

Con los sufragios coincidentes de los doctores Jorge Pfleger y Daniel Alejandro Rebagliati Russell existe mayoría de votos para conformar la voluntad del Superior Tribunal de Justicia; de modo que haré uso de la facultad que prevé el C.P.P., art. 357 (texto según ley 4550, art. 7).

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

-----------S E N T E N C I A -------------- 1º) Declarar procedente la impugnación interpuesta a fs. 254/256, sin costas.

2º) Revocar la resolución protocolizada con el número 03/2011, de fs.252/vta.

3°) Regular los honorarios profesionales de la Defensa Pública, en la suma de setecientos pesos ($ 700.-) no incluye IVA (Ley XIII Nro. 4, artículo 14).

4°) Protocolícese y notifíquese.

Fdo. Alejandro Javier Panizzi-Jorge Pfleger-Daniel A. Rebagliati Russell-Ante mi: José A. Ferreyra Secretario.