Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-04-24


000013/2008 En la ciudad de Trelew, a los 24 días de abril del año dos mil nueve, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Aldo Luis De Cunto y presencia del Sr. Juez del Cuerpo Dr. Raúl Adrián Vergara, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "B., I. F. c/ G., V. y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios" (Expte. 13 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 304.-------------------------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto dijo:----------------------------------------------- Vienen estas actuaciones a conocimiento de la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 276, contra la sentencia de fs. 267/273 por la cual se rechaza la demanda entablada por I. F. B. contra V. G., con costas al actor. A fs. 292/295 obra la expresión de agravios del actor, de la cual se confiere traslado a fs. 296, el que es contestado por el demandado a fs. 297/298.------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- I.- Comenzaré por reseñar los agravios de la actora y la respectiva contestación del accionado.---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 1) La actora señala, en primer lugar, que el decisorio es arbitrario en cuanto rechaza el reclamo efectuado por denuncia calumniosa, y luego de transcribir diversos párrafos del decisorio señala que la sentencia no se ajusta a la realidad fáctica, ya que no obstante los excelentes argumentos jurídicos desarrollados en el fallo, se omitió o se valoró parcialmente la prueba arrimada a la causa. Para ello expresa que en el análisis y valoración de los hechos debe tenerse en cuenta las costumbres de la zona y el estilo de vida de los habitantes del lugar. A tal efecto indica que es costumbre en la actividad ganadera de la zona patagónica que anualmente se junte la hacienda en cuatro oportunidades, sin perjuicio que cada 20 o 30 días el puestero controle el estado y la cantidad de los animales. También es costumbre el regular control del estado de los alambrados del establecimiento. Como consecuencia de ello manifiesta que si el demandado hubiera cumplido con estos controles se habría dado cuenta en forma inmediata de la desaparición de animales que luego denunciara. Le resulta llamativo que la contraria sufriera la falta de animales desde el mes de abril y no obstante faltarle 90 ovejas, recién siete meses más tarde, al buscar un potro extraviado, efectúa la denuncia porque vio unos cueros con su señal en el campo lindero. Destaca que el sentenciante no valoró la conducta omisiva y negligente de G. ni que conocía el mal estado de la alambrada y que sus ovinos podían haber pasado por allí. Hace referencia a la prueba testimonial pertinente para demostrar el estado del alambrado. Considera que atento ello, la denuncia de la contraria importó una conducta abusiva, amén de la falsedad por referirse a sustracciones tipo "hormiga" y a que vio cueros de su propiedad en el puesto del actor. Destaca una contradicción en cuanto a quién vio los mencionados cueros.------------------------------------------------------------------------- ----------- Agrega que de las constancias de la causa penal no surgen elementos que lo incriminen como autor de los hurtos, ya que se ha demostrado que el ganado secuestrado le pertenece por haberlo adquirido en legal forma y que él desconocía que los animales adquiridos en Telsen tenían la misma señal que la de G. A ello añade que este último no justificó ser propietario de la cantidad de animales cuya desaparición denunció tardíamente, ya que no se realizó el conteo de ganado ni se constató faltante alguno, habiendo invertido el juez penal la carga de la prueba. Culmina este agravio señalando que no se pretende justificar que las ovejas que hallaron en poder del actor eran del denunciante, sino que algunas ovejas, dado el mal estado del alambrado, podrían haber pasado al campo de B. y que ello era conocido por G., de allí que entiende que hubo abuso del derecho en la denuncia realizada.---- Como segundo agravio indica que le causa perjuicio que el juzgador no hubiera hecho lugar al pedido de devolución de los animales secuestrados a B. con el argumento de que el juez penal denegara la misma. Considera que esta razón es incorrecta ya que era el demandado quien en sede penal debía acreditar la posesión de los ovinos. Señala que su parte aportó prueba documental para acreditar la legítima tenencia de los animales por haberlos adquirido a las hermanas O., según una permuta cuya validez fue acreditada de acuerdo a los arts. 1012 y 1026 del C. Civil. Indica que fue un error prescindir de las guías de transporte ya que se excluyó la presunción de legalidad de la propiedad que emana del art. 2412 del C. Civil, amén de tratarse de instrumentos públicos en los términos del art. 979, inc. 2 del mismo código. Explica que ello no resulta invalidado por el hecho de que el personal policial advirtiera una serie de anomalías en las guías, y que la negativa del juez penal a devolver la hacienda, no puede servir de sustento para no ordenar la devolución en sede civil. Refiere que su postura es corroborada con la prueba testimonial.------------------------------- Añade en otro apartado que el actor fue condenado dos veces, primero por los prejuicios del magistrado penal que supuso que B., un simple empleado de T. no podía tener dichos animales ni haber encarado un pequeño emprendimiento rural. En segundo término lo fue por el "a quo" en cuanto no hizo lugar a la devolución de los animales pese a haber demostrado la legitimidad de su posesión. Entiende que la falta de devolución del ganado al accionante importa un enriquecimiento sin causa del demandado, quien con una mera denuncia penal incorporó a su patrimonio animales que no le pertenecen. Agrega que el juez de grado, por desconocer las costumbres rurales, no sabe que en los 16 departamentos de la provincia las señales y marcas son similares, lo que explica por qué B. adquirió en Telsen ovinos con la misma señal que los que se encontraban en el establecimiento del denunciante. Señala que también se omitió acreditar que el hecho denunciado fuera cometido por el actor, así como que la acción penal se encontraba prescripta al tiempo de dictar sentencia.----------------------- Por último refiere que B. acreditó no sólo haber adquirido 110 ovinos sino que también probó su traslado y su legítima tenencia. Por su parte, continúa diciendo, la contraria nunca demostró la cantidad de hacienda que poseía en su predio rural, siendo quien se hallaba en mejores condiciones para hacerlo, por lo que el juez debió haber aplicado la teoría de las cargas dinámicas. A tal fin indica que G. debía haber exhibido la documentación contable pertinente para probar la veracidad de sus afirmaciones. Finaliza efectuando el petitorio de estilo.------------------------------------------------ 2) La demandada, al contestar los agravios de su contraria, expresa que los animales que se encontraban en poder del actor fueron secuestrados por orden judicial en base a probanzas arrimadas en la causa respectiva, existiendo abundante prueba que demuestra la imposibilidad del actor de contar con los animales cuya propiedad se atribuye. Destaca que basta recurrir a los boletos de señal que el accionante acompañó en sede penal, los cuales no se encontraban en regla. Advierte que ni siquiera la testigo O. O. reconoció la documental en la que B. funda su pretensión. Añade que la contraria no acreditó la legítima posesión de los animales.------------------------------------- En cuanto a la devolución de la hacienda que reclama el actor, indica que la misma no se ordenó en razón de que no sólo no se acreditó que el ganado fuera de B., sino que se encuentra probado que dichos animales pertenecían a G. Finaliza mencionando prueba testimonial relativa a los requisitos con que deben contar las guías para que tengan validez, no reuniendo, las exhibidas por la contraria, las exigencias legales a los fines de acreditar la tenencia legítima de los animales.--------------------------- II.- Delimitada la materia sobre la cual habrá de ejercer este Cuerpo la facultad revisora, considero conveniente referirme, en primer término, al razonamiento dirimente que expusiera el juzgador de grado para desestimar la demanda para un mejor confronte del mismo con los argumentos desarrollados por el recurrente en su expresión de agravios.----------------------------------------------------------------------- ------------------- 1) El juzgador de origen encuadró la pretensión del actor en el art. 1090 del C. Civil, es decir que la responsabilidad atribuida al demandado tiene su germen en la denuncia o acusación calumniosa referidas en dicha norma (ver sentencia a fs. 268 vta. "in fine"/269, 1er. párrafo). Es de resaltar que dicha subsunción jurídica de los hechos resulta en un todo conforme con lo peticionado por el propio actor (ver demanda a fs. 09 vta., pto. V). Luego de destacar los elementos tipificantes de este tipo de responsabilidad (ver fs. 269/270, 1er. párrafo), el "a quo" esgrimió, entre otros, los siguientes argumentos para concluir en la desestimación de la acción. Es así que señaló: "De todos modos, no se trata aquí, obviamente, de reeditar el juicio penal, sino de determinar si la denunciante actuó de manera tal que hubiera incurrido en responsabilidad civil (cf. Art. 1109, 1089, 1090 y 1072 del Código Civil), lo cual, por lo expuesto, considero que no ha ocurrido, sobremanera si se tiene en cuenta que son aplicables aquí las razones que aconsejan adoptar un escrutinio estricto para efectuar la valoración de los hechos y que ha llegado a afirmarse que no basta la simple falsedad de la imputación, siendo menester que el denunciante haya obrado sin razón ni fundamento alguno y con pleno conocimiento de la inocencia del acusado...y que es suficiente la concurrencia de algunos antecedentes que justifiquen moralmente el ejercicio de la facultad de denunciar, o sea que el denunciante tenía motivos para pensar que los hechos podían constituir delitos, para que no prospere un reclamo indemnizatorio en su contra... (ver fs. 271 "in fine"/vta., 1er. párrafo)...la actora debía demostrar, conforme se lo impone el art. 377 del código de rito, que éste haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito, teniendo plena conciencia de que no lo ha cometido, o que actuando el acusador bajo una imputabilidad culposa configure un cuasi-delito, formule cierta atribución ligera o imprudente de un obrar ilícito, para que prospere la pretensión indemnizatoria... (ver fs. 271 vta., 2do. párrafo)...En la especie, el actor ni siquiera fue absuelto o sobreseído provisional o definitivamente, simplemente se dispuso la reserva de las actuaciones, hasta la aparición de nuevos elementos probatorios o hasta que opere la prescripción de la acción penal. Es evidente, entonces, que a la luz de la prueba producida, no resulte convincente que el demandado haya obrado con grave negligencia o imprudencia ni, menos aún, con dolo. Ello es así debido a que existían elementos, invocados al formular la denuncia, que podían haber inducido a su presentación, ya que habiendo detectado animales con la señal de su propiedad en el predio cuya explotación pertenecía al actor, realizó la correspondiente denuncia, y el personal policial que intervino en el allanamiento constató efectivamente la presencia de los animales y advirtió una serie de anomalías en las guías de transporte de hacienda exhibidas en esa oportunidad por el actor, para intentar justificar la presencia de animales en el establecimiento que explotaba. En otras palabras, no se advierte en el procedimiento instruido en sede penal, y que derivó en el allanamiento del predio explotado por el aquí accionante, un obrar negligente del demandado en el hecho ilícito denunciado (arts. 512, 901, 902, 906, 909, 1109 y ccs. del Cod. Civil)" (ver fs. 272, 2do. párrafo).----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 2) Cabe decir que el sentenciante de grado apreció correctamente los extremos que habilitan la responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1090 del C. Civil. Es que dentro de los requisitos para la procedencia de esta acción de responsabilidad se enumeran los siguientes. En primer lugar debe existir una denuncia o acusación ante la autoridad, la inexactitud de la imputación, el daño sufrido por el sujeto pasivo de la denuncia y derivado causalmente con ésta, y por último un factor subjetivo de atribución contra el denunciante (conf. Z. de G.: "Resarcimiento de daños", Tº 2 c, pág. 384). El primer requisito, como queda claro de las constancias de fs. 01/vta. de la causa penal que corre acollarada (13494-344-2003-F 15), se encuentra cumplido con la denuncia allí formulada ante la autoridad policial. El segundo extremo es la inexactitud de la imputación. Esta inexactitud consiste en que exista discrepancia objetiva entre el hecho atribuido y la realidad y la misma puede provenir de la inexistencia del hecho, de la ausencia de participación real del denunciado en un hecho real, o bien de hechos básicamente ciertos y ejecutados realmente por el denunciado, pero adjudicándoles o bien silenciando precisiones o circunstancias que los hacen aparecer como delictivos cuando en realidad no lo son (conf. Z. de G., op. cit., idem, págs. 388/389). Obviamente la responsabilidad civil del denunciante presupone la absolución o el sobreseimiento definitivo del denunciado, ya que si este último es declarado culpable debe asumir el daño derivado de su propia conducta (conf. art. 1111 del C. Civil). Como quedara dicho y no está controvertido, en la especie, en la causa penal, se dispuso la reserva de las actuaciones hasta la aparición de nuevos elementos probatorios o hasta que opere la prescripción de la acción penal (ver fs. 64 del expediente penal), por lo que no ha existido ni absolución ni sobreseimiento definitivo. Es más, si el sobreseimiento definitivo no se fundamenta en una causal equivalente a la absolución no existe impedimento para coartar el reclamo resarcitorio en sede civil, ya que el actor bien puede ser inocente en relación al delito imputado aunque la justicia penal no lo haya así declarado, sólo que el juez civil deberá analizar con particular rigor los datos que pudieron autorizar a formular la denuncia a fin de esclarecer si era verosímil o no la comisión de un hecho delictivo por el denunciado, ya que en caso afirmativo debe descartarse la responsabilidad del denunciante (conf. Z. de G., op. cit., ídem, pág. 393).--------------------------------------------------------------------------- -------------------- El tercer requisito enumerado es la relación causal entre la denuncia y el daño del denunciado. Al respecto se ha considerado que no siempre se perfila claramente la relación causal entre la denuncia o acusación y el daño sufrido por el afectado, y ello se debe a la interposición de actos de terceros como los de las autoridades que llevan adelante el proceso penal (conf. Z. de G., op. cit.-, ídem, pág. 400). Es sabido que en este punto rige el sistema de la causalidad adecuada en virtud del cual se responde no sólo por las consecuencias inmediatas sino también por las mediatas previsibles (arts. 901 a 906 del C. Civil), es decir, las que resultan de la conjunción del hecho fuente con un acontecimiento distinto y se imputan al autor de aquél en tanto no exista interrupción anómala o extraordinaria del nexo causal (conf. Z. de G., op. cit. ídem, pág. 400). En el "sub exámine", es claro que existe nexo causal adecuado entre la denuncia y el allanamiento por el cual se retiraron del establecimiento del actor los animales, de los cuales reclama el valor del rinde de la lana (ver fs. 09 "in fine"/10, 1er. párrafo), atento las constancias de fs. 08 de la causa penal, en virtud de que dicha diligencia fue consecuencia de la denuncia del aquí demandado. Y cabe presumir el nexo casual entre la citada denuncia y el daño moral cuya indemnización reclama (ver fs. 10/vta.), dado que la ofensa al honor que se infiere de una falsa denuncia siempre causa un perjuicio espiritual y con frecuencia también de naturaleza económica (conf. Z. de G., op. cit., ídem, pág. 520 "in fine").---------------------------------------------- En cuanto al factor de atribución se ha expresado que debe ser subjetivo, dolo o culpa. Debe recordarse que "la simple existencia de una decisión judicial que absuelva o sobresea al imputado es insuficiente para que éste pueda reclamar daños y perjuicios, puesto que bastan algunos antecedentes que justifiquen moralmente la denuncia para que se declare la improcedencia de la acción de daños y perjuicios" (conf. CN. Fed. Civ. y Com., Sala 3era., 19/03/86, JA, 1987-II-349). En el mismo sentido se consideró que "Aún en el supuesto de existir absolución del imputado, tal circunstancia no habilitaría la procedencia de la acción resarcitoria, pues en tal hipótesis la ley sólo la admite cuando ha sido calumniosa u obedeció a una conducta culpable. No se puede exigir a las víctimas de delitos que formulen la acusación munidos de pruebas incontestables que no dejen dudas sobre la autoría, pues ello llevaría al extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de la manifestación que formulan ante la autoridad. No toda denuncia de delitos es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que los nombrados fueran ajenos al hecho, ya que la ausencia de una actitud reprochable del que formuló la denuncia, que traduzca una evidente desaprensión en involucrar de manera antojadiza a personas notoriamente ajenas al hecho delictual, no autoriza a descubrir ese tipo de culpabilidad" (CN. Civ., Sala A, 23/11/88, JA, 1989-II-504). Incluso algunos fallos han requerido la existencia de temeridad, malicia o al menos ligereza en la conducta del denunciante (conf. CN. Civ., Sala D, 29/03/68, LL, 133-370; SCBA, 09/09/69, Rep.LL, XXIX-620, 259-S; CN. Civ., Sala D, 23/04/71, LL, 147-687, 28.956-S). Es de destacar que en la especie ni siquiera existió absolución ni sobreseimiento definitivo. En cuanto a la gravedad de la culpa requerida, la doctrina mayoritaria opina que la responsabilidad civil del denunciante exige una culpa grave o grosera que se configura cuando el agente se arriesga con una temeridad equivalente al dolo, cuando se denuncia un hecho sin fundamento objetivo alguno, sea un hecho falso o bien a una persona cuya inocencia conocía o debía conocer (conf. De Olmos: "La responsabilidad del denunciante frente a la absolución del imputado", JA, 1984-IV-710). El argumento de esa postura reside en el interés social en la investigación y represión de los delitos y en el peligro del desaliento a quienes pretenden colaborar con las autoridades mediante el ejercicio de la facultad y a veces obligación de denunciar los presuntos delitos (ver opinión de Kemelmajer de Carlucci y Paellada, citada en Z. de G., op. cit., ídem, pág. 412). En esta línea se ubica la jurisprudencia que requiere culpa grave o grosera sin que pueda exigirse al denunciante una exigencia mayor que la que normalmente corresponda una situación semejante, no habiendo responsabilidad alguna si no se procede con temeridad, no pudiéndose hablar de culpa grave del denunciante cuando la propia conducta del acusado generó dudas sobradas sobre su eventual responsabilidad en el suceso objeto de la denuncia (CN. Fed. Civ. y Com, Sala 1era., 01/03/86 ED, 118-471). En una postura minoritaria se ubica Z. de G., quien entiende que basta la simple culpa, es decir si el actuar del agente ha sido ligero, no precedido por un cuidadoso examen de los elementos con que contaba antes de proceder a efectuar la denuncia, de manera que no ha adoptado las precauciones indispensables antes de formular, ligera y gratuitamente imputaciones lesivas del honor ajeno, excluyéndose la responsabilidad civil del denunciante cuando ha existido una "causa probable" para su conducta, es decir, "una convicción razonable fundada en los hechos llegados a conocimiento del acusador, respecto de la culpabilidad de la persona acusada o denunciada" (conf. Z. de G., op. cit., ídem, págs. 413/414).-------------------------- 3) El sentenciante de la instancia de origen, como quedara explicitado, consideró que no existió culpa, ligereza, y mucho menos dolo en la denuncia del demandado, ya que de la causa penal se desprende que se constató la existencia de animales y cueros con la señal de G. en el campo explotado por B., así como que se advirtió una serie de anomalías en las guías de traslado de hacienda exhibidas por B. (ver fs. 270 "in fine"/vta. 1er. párrafo). Frente a dicha argumentación, en el primer agravio, el apelante arguye que el juez no tuvo en cuenta las costumbres rurales de la zona y que en virtud de ello debió haber advertido que si el demandado hubiera reunido la hacienda la cantidad de veces que resulta habitual no habría tardado siete meses en advertir el faltante de ganado y habría efectuado la denuncia en cuestión en abril y no en octubre de 2003, por lo que imputa a G. una conducta negligente al respecto (ver fs. 292 vta./293, primeros párrafos). Cabe decir con relación a este punto, que el actor hizo referencia en la demanda, al reclamar el daño moral (ver fs. 10), a la conducta negligente en la tardanza en la denuncia que endilga al demandado. Sabido es que no satisface los requisitos de suficiencia técnica del art. 265 del rito, la expresión de agravios que transcribe pasajes de la demanda, ya que se olvida que debe criticarse la sentencia y no reeditar argumentos esgrimidos en primera instancia (conf. Fenochietto-Arazi: "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 942). En el mismo orden de ideas, se ha sostenido que la expresión de agravios carece de contenido si reitera argumentos esgrimidos en anteriores presentaciones (conf. CN. Fed. Civ. y Com., Sala III, 6/9/91, LL, 1992-A-84). Como se puede apreciar en esta parte del agravio el recurrente se limita a transcribir párrafos que expusiera en la demanda al justificar su reclamo de resarcimiento del daño moral, desentendiéndose de los argumentos expuestos por el juzgador, relativos a la existencia de animales con la señal de G. en el campo explotado por B. y a los vicios de la guía de transporte exhibidas por éste, para concluir que el denunciante no actuó negligentemente. Todo ello me conduce a proponer que en este punto se declare la deserción parcial del recurso.------------------------------------------------------------------------ ------ Lo mismo cabe manifestar con relación a los aspectos que enfatiza el quejoso, con relación a la prueba testimonial a fin de demostrar el mal estado del alambrado o que existe discordancia respecto a quién vio los cueros con la señal de G. en su establecimiento (ver fs. 293, 3er. párrafo y sigs./vta., primeros dos párrafos). Cabe decir que estos argumentos no se hacen cargo del razonamiento del juzgador, en cuanto a que no existió negligencia del denunciante por cuanto se constató en el campo explotado por el actor animales y cueros con la señal del denunciante. Y la expresión de agravios debe contener un análisis de la sentencia, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido (conf. Fenochietto-Arazi, op. cit., ídem, pág 942). Lo que debe demostrarse en la expresión de agravios es el desacierto del razonamiento contenido en la sentencia que se impugna (conf. CN. Civ., Sala D 12/9/79, D, 86-442), y el apelante no demostró por qué el razonamiento del juez fue desacertado al concluir que la denuncia no fue efectuada con negligencia dado que se encontraron animales con la señal del mismo en el establecimiento explotado por B.. No atacó concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. C. 1era. Apel. San Nicolás, 29/4/71, LL, 143-100), sino que se limitó a enfatizar otros argumentos -el estado del alambrado o la confusión acerca de quién vio los cueros en su campo-, los cuales, en todo caso, no contradicen el punto central en el cual se erigió el allanamiento en sede penal y la sentencia en sede civil, esto es la existencia de animales con la señal del demandado en el campo del actor. Por tales motivos es que también propongo en este aspecto la deserción del recurso.------------------------------------------------- El resto de los argumentos desgranados al final del primer agravio, no pasan de ser reiteraciones de los anteriores (ver fs. 293 vta., 5to. a 7mo. párrafos). Y con relación a lo manifestado en cuanto a que su parte demostró haber adquirido los lanares y que el demandado no justificó ser el propietario de dicha cantidad de animales (ver fs. 293 vta., 3er. y 4t. párrafos), es de destacar, sin perjuicio de lo que se dirá más abajo al tratar el segundo agravio, que el magistrado de grado mencionó un argumento que no recibiera crítica alguna, es más fue omitido por el apelante, y es que el propio actor, al absolver posiciones, admite que los animales que le secuestraron tenían la señal del demandado (ver sentencia a fs. 270 vta., 1er. párrafo "in fine" y absolución de posiciones de fs. 109, respuesta tercera). En síntesis de todo lo expuesto, concluyo en que procede declarar la deserción del recurso en cuanto a lo que al primer agravio se refiere.------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- 4) El segundo agravio incluye distintas cuestiones, todas referidas en definitiva a invocar que el actor es el legítimo tenedor de los animales y que por dicha razón, los mismos le tuvieron que ser devueltos. En primer lugar señala que el juez yerra al considerar que su parte no intentó recuperar los animales luego de la negativa del juez penal al respecto, dado que fue el actor quien requirió que se intimara al denunciante a presentar la documentación pertinente para que acredite la propiedad de los ovinos (ver fs. 293 vta. "in fine"/294, 1er. párrafo). El juez de grado hizo mérito de que B. no intentara recuperar los animales con posterioridad a la reserva dispuesta por el juez penal en julio de 2004 (ver fs. 27 vta. "in fine"), como un elemento indicativo más de que la denuncia del demandado se basaba en hechos razonablemente verosímiles para aventar alguna conducta culpable en ella. Por lo demás, en efecto, luego de la reserva dispuesta a fs. 64 de la causa penal el 08/07/04, el aquí actor no realizó ninguna presentación en el sentido de recuperar la hacienda, por lo que es incorrecto lo manifestado en el agravio.------------------------------------------------------------------------ ---------- Seguidamente el quejoso argumenta en el sentido de que es legítimo tenedor de los animales por haber demostrado su adquisición mediante un contrato de permuta que fuera reconocido. Al respecto, y sin perjuicio de que no hubo reconocimiento en esta sede (ver fs. 192/vta.), es de manifestar que el reconocimiento a fs. 40 de la causa penal del recibo de fs. 20 del mismo expediente, en todo caso prueba entre las partes del eventual contrato o entre sus sucesores (conf art. 1026 del C. Civil), pero no acredita frente a terceros, como el denunciante (conf. arts. 1034 y 1035 del C. Civil).----- El recurrente añade que en virtud de lo dispuesto por el art. 2412 del C. Civil ostenta la presunción de legalidad de la propiedad. Sobre este aspecto, olvida el actor que el ganado cuya propiedad dice que se presume en su favor en virtud de la norma mentada, no es una cosa mueble común, sino semoviente. Es así que para que la posesión considere el derecho de dominio debe ser de buena fe, conforme el art. 2412, y en materia de semovientes no hay buena fe si no existe la marca o señal correspondiente o el certificado de transferencia del dominio. Este el sistema que rige en nuestra vida jurídica, la propiedad de los animales se prueba por la marca y, en caso de que el propietario original venda el animal a un tercero, por la contramarca o el certificado de venta que debe estar visado por la autoridad administrativa competente, que varía según los Códigos locales (conf. Borda: "Tratado de Derecho Civil", Derechos Reales II, Ed. Perrot, 1978, págs. 504/505). Y con relación a este punto, ya se ha dicho que el actor ha admitido que los animales secuestrados registraban la señal del demandado (ver fs. 109, respuesta tercera), a lo que cabe añadir que ello mismo se desprende de las constancias de fs. 03, 08, 10, 13, 32 y 36 de la causa penal. En cuanto al fundamento esgrimido por el quejoso relativo a la función probatoria de las guías de transporte de hacienda, y que en virtud de lo dispuesto por el art. 979, inc. 2 del C. Civil las mismas son un instrumento público, el actor no se hace cargo de las anomalías indicadas sobre las mismas a fs. 38/39 de la causa penal y que destacara el juzgador de grado a fs. 270 vta., 1er. párrafo, por cuanto no se encuentran visadas por la autoridad policial, lo cual resulta un requisito impuesto por el art. 44 de la ley provincial 4113 (t.o. conforme ley 4779). A ello debe sumarse que el art. 39 del mismo texto legal (t.o. conforme ley 4144) otorga a las guías de transporte el único valor de servir de autorización para el traslado de lo indicado en ellas, entre un punto de la jurisdicción donde fue emitida y el de destino, por lo que no resulta un instrumento idóneo de presunción de la propiedad de los animales.-------------------------------------------- En cuanto al alegado enriquecimiento sin causa (ver fs. 294 vta.), lo argüido en este apartado no es más que una consecuencia o reiteración de conceptos vertidos en los párrafos anteriores referidos a justificar la legítima tenencia de los animales cuya devolución reclama el actor. Por un encadenamiento lógico de afirmaciones, al sostener que los ovinos le pertenecen, la circunstancia de que no se le devuelvan es considerado por B. como un enriquecimiento sin causa por parte del demandado. Es así que lo razonado con relación a la invocada tenencia legítima resulta de aplicación para desestimar el pretendido enriquecimiento sin causa, dado que se ha visto que, en virtud de lo dispuesto por la ley 4113, lejos de acreditar la referida tenencia y mucho menos la presunción de dominio, resulta ser el accionado G. quien ha demostrado el registro de la señal correspondiente y por ende la mentada presunción.---------------------- Finalmente el recurrente entiende que, dado que acreditó haber adquirido los lanares y que el demandado no demostró la cantidad de hacienda que poseía, el juez de grado invirtió el onus probandi. Hace referencia a la documental contable que debió aportar la contraria a fin de justificar su patrimonio y de esa manera la propiedad de los animales en disputa. Cabe mencionar respecto a la carga de la prueba con relación a la responsabilidad por acusación calumniosa, que la ausencia de culpa del denunciante surge de las propias constancias de la causa penal, cuando el imputado es absuelto por deficiencias en la prueba y en virtud de la presunción de inocencia penal, pero dejándose constancia de la existencia de antecedentes comprometedores para el querellado (conf. cita de Pecach: "Responsabilidad civil por denuncias precipitadas o imprudentes", JA, 65-115, en Z. de G., op. cit., ídem, pág. 416). La jurista mediterránea continúa diciendo que el problema se presenta en ausencia de prueba eficaz en un sentido o en otro, es decir cuando falta certeza sobre si el denunciante ha obrado o no reprochablemente, ya que en tal caso el juez debe fallar en contra de quien debía probar y no lo hizo. Y aquí también las aguas de la doctrina se hallan divididas, ya que existe la opinión de quienes consideran que la absolución o el sobreseimiento del denunciado no permiten inferir el dolo o la culpa del denunciante, debiendo así el damnificado acreditar el factor subjetivo endilgado (ver en Z. de G., op. cit., ídem, págs. 416/417). Otra corriente, entre la que se ubica la autora cordobesa, considera que es el denunciante quien debe acreditar que obró diligentemente, de manera que, a partir de la absolución o sobreseimiento del denunciado, opera una inversión del "onus probandi". Sin embargo la autora destaca que el juez debe apreciar cuidadosamente la eventual culpa ya que no corresponde responsabilizar al denunciante cuando ha tenido datos o elementos objetivos que lo indujeron a creer o a sospechar razonablemente sobre la comisión del delito (conf. aut. cit., op. cit., ídem, pág. 418).--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- En la especie, como se dijo, ni siquiera existió en la causa penal, absolución o sobreseimiento, sino reserva de las actuaciones. A ello se agrega que el demandado denunciante arrimó elementos objetivos que lo indujeron razonablemente a sospechar de la comisión de un delito por parte del aquí actor, al haber acreditado la señal a su nombre. Por lo demás reitero, el actor quejoso invoca como título justificatorio una operación de permuta que es inoponible al demandado y unas guías de transporte que ya se explicó que no contaban con los requisitos necesarios para tener validez.------------ En definitiva, por los argumentos aquí expresados, corresponde desestimar también este segundo agravio analizado.---------------------------------------------------------------------- ---- III.- Como conclusión, corresponderá propiciar al acuerdo que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio, con costas al actor apelante, en virtud de lo dispuesto por el principio objetivo de la derrota (conf. art. 68 del CPCC).-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- En cuanto a la regulación de honorarios por los trabajos realizados ante la Alzada, atendiendo a la regulación efectuada en la primera instancia, a la extensión y eficacia de las tareas, así como al resultado obtenido, propongo regular al letrado apoderado del actor, Dr. A. E. M., la suma de pesos mil cien ($ 1.100), y al letrado apoderado del demandado, Dr. P. O. A., la de pesos dos mil ciento cincuenta y uno ($ 2.151), en ambos casos con adición del I.V.A. correspondiente (arts. 6, 9, 14, 47 y concs. de la ley 2200).--------------------------------------------------------------------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.--------------------------------------------- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------------------------------------------- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 276, que fuera concedido libremente a fs. 277, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 267/272 y vta. que rechazó la demanda por daños y perjuicios instaurada por I. F. B. contra V. G., con imposición de costas al vencido.--------- Los agravios lucen a fs. 292/295, el traslado conferido a fs. 296 fue evacuado por su contraria a fs. 297/298, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el Dr. De Cunto, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en su caso corresponda realizar.-------------------------------------------------------------------- 2. Requirió el accionante que su pretensión encuadrará en los arts. 1090 y 1109 del Código Civil (acápite V, fs. 9 del escrito de inicio) y el juzgador con acierto subsumió los hechos en dicha normativa al indicar a fs. 269 con cita de doctrina: En el ámbito en que estamos incursionando aparece la figura prevista en el art. 1090 del Código Civil, que corresponde a la acusación calumniosa para cuya configuración se requiere la imputación de un delito de acción pública (con formulación de la pertinente denuncia ante la autoridad competente), y la falsedad del acto denunciado con conocimiento de esa falsedad por parte del denunciante, esto es el dolo delictual. Pero ello no impide la posibilidad de que también surja la responsabilidad del denunciante en base a su culpa y en los términos generales del art. 1109 del Código Civil como cuasidelito. En este último caso la figura se llama simplemente acusación o denuncia culposa.--------------------------------------------- Así, luego de mencionar a fs. 269 vta. aquellos elementos que hacen a la procedencia de la reparación derivados de una denuncia, esto es, cuando el denunciante ha obrado con malicia, temeridad o por lo menos ligereza culpable, o sin razón ni fundamento y con pleno conocimiento de la inocencia del acusado, o con precipitación, ligereza o imprudencia de hecho o de derecho al impetrar la denuncia, según se trate del delito de acusación calumniosa (art. 1090 del Código Civil) o cuando actúa sin dolo delictual ... y su comportamiento encuadra en la previsión genérica del acto ilícito culposo (art. 1109 del Código Civil), precisó también que esta clase de delitos o cuasidelitos civiles deben juzgarse con criterio restrictivo.-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- Y fue razonamiento dirimente del fallo en crisis para dilucidar la cuestión a fs. 271 vta./272 que la actora debía demostrar, conforme se lo impone el art. 377 del código de rito, que éste (el denunciante) haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito, teniendo plena conciencia de que no lo ha cometido, o que, actuando el acusador bajo una imputabilidad culposa que configure un cuasi-delito, formule cierta atribución ligera o imprudente de un obrar ilícito, para que prospere la pretensión indemnizatoria. Para a continuación destacar que: a) las condiciones del alambrado del fundo vecino no puede ser considerado un argumento con suficiente entidad como para responsabilizar al accionado, y dentro del contexto antes apuntado no resulta tampoco acreditado el mal estado o deterioro del mismo; y b) el actor ni siquiera fue absuelto o sobreseído provisional o definitivamente, simplemente se dispuso la reserva de las actuaciones, hasta la aparición de nuevos elementos probatorios o hasta que opere la prescripción de la acción penal.----------------------------------------------------------- Y luego de analizar la prueba producida consideró que no resulta que el demandado obrara con grave negligencia o imprudencia, menos aún con dolo, para finalmente concluir que no se advierte en el procedimiento instruido en sede penal, y que derivó en el allanamiento del predio explotado por el aquí accionante, un obrar negligente del demandado en el hecho ilícito denunciado, con cita en particular del art. 1109 del Código Civil.-------------------------------------------------------------------------- --------- Y son requisitos para que se configure la acusación calumniosa: 1) imputación de un delito de acción pública; 2) acusación ante la autoridad competente, sea mediante querella criminal o denuncia que origine un proceso penal; 3) falsedad del acto denunciado; y 4) conocimiento de la falsedad por parte del acusador, que en la especie actúa con dolo. También que el factor de atribución que exigen los arts. 1090 y 1109 del Código Civil para dar nacimiento al deber de indemnizar los daños sufridos por quien se presenta como ofendido invocando haber sido víctima de una acusación calumniosa es de naturaleza subjetiva (López Mesa, "Código Civil ...", Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 1a. ed., 2008, T. II, págs. 516/517 y 519, respectivamente).------------------------------ Respecto de la imputación y acusación ante autoridad competente, tales requisitos surgen de la denuncia obrante a fs. 01 y vta. de la causa penal agregada por cuerda (Expte. Nº 13.494, Fº 344, Año 2003, Letra F 15).--------------------------------------------------- En cuanto a la responsabilidad civil por el daño derivado de una denuncia presupone que la imputación delictiva sea inexacta, y esa inexactitud puede ser la inexistencia del hecho o la ausencia de participación del denunciado en un hecho real (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 517). También como lo señala el Dr. De Cunto si se tratan de hechos básicamente ciertos pero adjudicándoles o bien silenciando circunstancias que los hace aparecer delictivos cuando en realidad no lo son.---------------------------------------- Pero para que exista dicha responsabilidad del denunciante cabe señalar que la absolución o el sobreseimiento del imputado es un elemento esencial, constitutivo del derecho a ser indemnizado, tanto es así, que si esta resolución faltase, no habría posibilidad de plantear la cuestión en sede civil. El condenado no podrá invocar su inocencia para reclamar la indemnización (Belluscio-Zannoni, "Código Civil ...", Astrea, 1984, T. 5, pág. 257). Para la procedencia del delito civil de acusación calumniosa es condición sine que non de su existencia que el juez penal haya concluido su intervención disponiendo la absolución del encartado o su sobreseimiento definitivo, porque esto último pone de manifiesto, con total objetividad, la falsedad dolosa o culposa del denunciante (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 521).------------------------- Y en el presente caso no hubo ni absolución ni sobreseimiento definitivo.---------------- Tocante a la relación de causalidad entre el daño y el hecho puede constatarse la existencia del nexo causal por cuanto a consecuencia de la denuncia se produjo el allanamiento del que dan cuenta las constancias de fs. 08 y vta. del expediente penal, lo que llevó al actor a reclamar como daño el valor de la lana que los ovinos hubieran producido en la zafra de tres años (p. V., fs. 9 vta./10, último y primer párrafo, respectivamente).--------------------------------------------------------------- ------------------------------ En lo que hace al factor de atribución subjetivo cabe señalar que requiere una culpa grave o grosera; esa solución se funda en que es imprescindible preservar el interés social de la investigación y represión de los delitos penales (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 519).--------------------------------------------------------------------------- ------------------- Y debe exigirse la existencia de una culpa grave o grosera, sin que se pueda requerir al denunciante una diligencia mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante (Belluscio,-Zannoni, obra y tomo citado, pág. 259).--------------------------------------------------------------------------- ------------------- Y como lo puntualizara la sentencia venida en apelación a fs. 272, segundo párrafo, el actor no fue absuelto ni sobreseído, provisional o definitivamente, pues a fs. 64 de la causa penal se resolvió " Disponer la RESERVA de las presentes actuaciones hasta la aparición de nuevos elementos probatorios o hasta que opere la prescripción de la acción penal".------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 3. En ese contexto, el Sr. Juez de la anterior instancia consideró que a la luz de la prueba producida, no resulte convincente que el demandado haya obrado con grave negligencia o imprudencia ni, menos aún, con dolo ya que existían elementos, invocados al formular la denuncia, que podían haber inducido a su presentación, ya que habiendo detectado animales con la señal de su propiedad en el predio cuya explotación pertenecía al actor, realizó la correspondiente denuncia, y el personal policial que intervino en el allanamiento constató efectivamente la presencia de los animales y advirtió una serie de anomalías en las guías de transporte de hacienda exhibida en esa oportunidad por el actor.------- Frente a tales fundamentos el quejoso manifestó que el magistrado debió tener en cuenta las costumbres de la zona y la idiosincrasia de sus habitantes, como también la costumbre de controlar en forma regular el estado de las alambradas.------------------------ Tales expresiones son simples generalizaciones que como tales importan afirmaciones dogmáticas carentes de una crítica concreta y razonada del decisorio, por lo que no hay agravio que atender.----------------------------------------------------------------------- No constituye así una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas, o las apreciaciones personales y valoraciones sociales y económicas subjetivas, o las afirmaciones enfáticas que no son más que simples generalizaciones (Morello, Sosa, y Berizonce, "Códigos Procesales ...", Librería Editora Platense - Abeledo-Perrot, 1988, T. III, págs. 354/355 y cita de fallos).------------------------ En cuanto a las manifestaciones efectuadas en el sentido que no se puede entender como un ganadero que atiende personalmente su establecimiento y desde el mes de abril empieza a notar la falta de animales deja transcurrir cinco meses y no hace ninguna denuncia, y recién en ocasión de buscar un potro extraviado y ver los cueros en el campo vecino siete meses después efectúa la denuncia, todo lo cual demuestra la endeblez y la carencia total de veracidad de dichas imputaciones y que ello importa una conducta omisiva y negligente que no valoró adecuadamente el sentenciante (fs. 292 vta./293), las mismas son reiteración de la postura asumida en el escrito de demanda (ver acápite V., fs. 10), por lo que no hay agravio que atender.----------------------------------- Se ha puesto de relieve de modo coincidente que si el agravio constituye una reproducción casi literal de una anterior presentación, ello no constituye la crítica requerida por el artículo 265 del código procesal. Idéntica conclusión desestimatoria se ha declarado cuando la queja se insinúa con fundamento en lo expresado en presentaciones anteriores a la sentencia, o si se limita a reiterar argumentos esbozados en primera instancia (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, pág. 357, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ De este modo, el quejoso no se hace cargo del razonamiento del sentenciante en cuanto a la existencia de animales con la señal de G. en el campo explotado por B. y anomalías que presentaban las guías de transporte de hacienda exhibida en esa oportunidad por el actor, que le permitió concluir que no hubo en el demandado un obrar negligente en el hecho ilícito denunciado.------------------------------------------------------ Y la ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CNCom., sala "D", abril 24-984, "Persiani e Hijos, José c. Productos Pulpa Moldeada S.A.", L.L. 1985-A, 309).----------------------------- No lo hizo así el apelante ya que no demostró cual fue el desacierto en que incurrió el sentenciante en su razonamiento, por lo que la queja se revela como una mera disconformidad que no es agravio, pues no constituye expresión de agravios idónea el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista (Palacio, "Derecho Procesal Civil", Abeledo Perrot, 1975, T. V, pág. 267).--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Así, los agravios expuestos por todo recurrente deben alcanzar suficiencia técnica, pues de lo contrario se origina la deserción de la apelación que se intenta. Tal suficiencia se relaciona a su vez con la necesidad de articulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre errores de la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de perder la jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crítico mediante el cual se demuestre, acabadamente, los motivos que tenían para considerarla errónea. De allí que, si no se rebaten, ni se critican razonadamente los fundamentos o motivaciones de la sentencia apelada en forma directa y concreta, bastaría remitirse a las mismas para que las argumentaciones del agraviado quedaran contestadas. Esta pauta, da lugar a que deba considerarse desierto el recurso. Como corolario de ello, si la expresión de agravios contra la sentencia de primera instancia no satisface la carga procesal que prevé el artículo 265 de Código procesal, procede aplicar lo dispuesto en el art. 266 de dicho cuerpo legal y declarar -a petición de parte o de oficio- desierto el recurso (Morello, Sosa y Berizonce, obra y tomo citado, págs. 373/374, y cita de fallos).------------------------------------------------------------------------ ------------ Dicho de otro modo, el agravio carece de contenido, cuando como en el caso .d) Simplemente disiente o discrepa de la interpretación judicial, sin dar fundamentos a la oposición o formula apreciaciones subjetivas . h) No ataca concreta y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (Fenochietto-Arazi, "Código Procesal ...", 1983, T. 1, págs. 838/839).----------------------------------------------------------------------- ------------------------- En consecuencia, no formuló crítica concreta y razonada del decisorio en lo que hace a la existencia de animales con la señal del denunciante en el predio cuya explotación estaba a cargo de B. toda vez que omitió ese aspecto del fallo para volcar otros argumentos referidos al estado del alambrado y persona que vio los cueros.---------------- En cuanto a las manifestaciones volcadas a fs. 293 vta., párrafos tercero y cuarto, las mismas son una mera transcripción de las ya expuestas en el escrito inicial a fs. 10, dos últimos párrafos, por lo que no hay agravio que atender.------------------------------------------- Por lo demás, en cuanto a la pretendida propiedad invocada de los animales tampoco se hace cargo de un aspecto que pusiera de relieve el fallo en crisis y es que el mismo actor, quien al absolver posiciones a fs. 109, admite que los animales que le secuestraron en virtud de los allanamientos referidos, tenían la señal del demandado (ver resp. a la TERCERA) (fs. 270 vta., primer párrafo), ello sin perjuicio del tratamiento en el segundo agravio de la cuestión referida a la invocada legitimidad de la tenencia de los animales.----------------------------------------------------------------------- ----- En consecuencia, en este tramo de la queja el apelante incurrió en deserción parcial del recurso por deficiencia técnica de su expresión de agravios (arts. 265 y 266 del C.P.C.C.).---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 4. En su segundo agravio señala el quejoso la equivocación del Juez de grado acerca de que no intentó recuperar los animales después de la negativa del magistrado de la sede penal, para lo cual argumenta que solicitó al juez penal a que intimara al denunciante a presentar libros, inventarios, balances y registros correspondientes.-------- Sin embargo, en este aspecto el sentenciante ponderó a fs. 270 vta., parte final, que desde que se dispuso la reserva de las actuaciones en julio de 2004 (fs. 64 de la causa penal) el actor no intentó recuperar los animales, que según sostenía, eran de su propiedad, con anterioridad al inicio de las presentes actuaciones.----------------------------- Tales consideraciones se ajustan a las circunstancias comprobadas del expediente penal por lo que no se advierte cual es la crítica que intenta ensayar.-------------------------- Las restantes manifestaciones del apelante se centran en postular que con la documentación aportada acreditó la legítima tenencia de los animales.----------------------- Para ello alude al contrato de permuta celebrado con O. y argumenta su validez probatoria (arts. 1012 y 1026 del Código Civil) al ser reconocidas sus firmas.--------------- Desde ya que no existió tal reconocimiento en este proceso para lo cual basta con remitirse a la oposición formulada en el acta que luce a fs. 192/vta. y resolución favorable a la misma (fs. 192 vta., parte final). Y en cuanto al habido en sede penal respecto del recibo de fs. 20 (ver declaración testimonial de O. B. O., fs. 40/41), lo cierto es que en todo caso tal reconocimiento judicial de ese instrumento privado sólo prueba entre partes pero no frente a terceros, tal el caso del denunciante (arts. 1026 y 1034 del Código Civil -entre los que lo han suscrito y sus sucesores, y aún después de reconocidos no prueban contra terceros o contra los sucesores-,respectivamente).---------------------------------------------------- ----------------------------------------- Sostiene asimismo la presunción de legalidad de la propiedad basada en el art. 2412 del Código Civil, pero omite considerar que el ganado es un semoviente.--------------------- Y si bien esa normativa genera la presunción de propiedad a partir de la posesión de buena fe de una cosa mueble, cabe recordar que una de las excepciones a ese principio la constituye el ganado.------------------------------------------------------------------------- - Su régimen lo regula la ley 22.939, que distingue (en su texto originario) tres supuestos: ... 2. Animales marcados o señalados: se presume salvo prueba en contrario que pertenecen a quien tiene registrado a su nombre el diseño de la marca o señal aplicada al animal (actualmente con referencia al ganado mayor marcado y al ganado menor señalado, y con inclusión del modo de identificación alternativo, conforme modificación de la ley 26.478). También se presume (iuris tantum) que las crías no marcadas pertenecen al propietario de la madre, si éstas se encuentran al pie de ellas (art. 9º) (Bueres-Highton, "Código Civil ...", Editorial Hammurabi S.R.L., 2da. ed., 2004, T. 5A, pág. 254). -------------------------------------------------------------------------------- -------------- Es que, en 1983, con la sanción de la ley nacional 22.939 (modificada por la ley 26.478) que unifica el régimen de marcas y señales en todo el país, el conflicto entre el Código Civil y las legislaciones quedó superado (Zannoni-Kemelmajer de Carlucci, ob. cit., 2005, T. 10, pág. 368).--------------------------------------------------------------------------- ------ Y dicho ordenamiento prescribe en su art. 12 que todo acto jurídico mediante el cual se transfiera la propiedad de ganado mayor o menor, deberá instrumentarse con un certificado de adquisición que, otorgado por las partes, será autenticado por la autoridad local competente, conforme al contenido fijado en su art. 13. ------------------------------------ Y la ley 22.939, modificada por ley 26.478, con vigencia en todo el territorio de la República Argentina (art. 19) establece la formalización de convenios entre el Poder Ejecutivo nacional con los gobiernos provinciales para la obtención de un régimen uniforme en materia de marcas, señales y documentación (art. 18).---------------------------- Así, la ley provincial 4113, con las modificaciones introducidas por las leyes 4144, 4344 y 4779, establece en su art. 35 que el certificado de adquisición de semovientes mayores y/o menores, debe cumplimentar los requisitos establecidos por los arts. 12 y 13 de la ley 22.939, y que los jueces de paz y autoridad de aplicación del Registro General de Marcas y Señales son competentes para autenticar el instrumento.------------- A su vez, en caso de transferencia del derecho de uso de marcas y señales el art. 12 contempla el modo de formalización cuyo contenido establece el art. 24 del decreto 48/1999.------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- Por tales razones, no cabe aplicar la regla prevista por el art. 2412 del Código Civil como equivocadamente pretende el recurrente, y respecto de la señal aplicada a los animales secuestrados el accionante reconoció que correspondía al demandado (respuesta a la 3ª posición (pliego de fs. 108 y acta de fs. 109), lo que resultó corroborado por el boleto de señal, allanamiento, informe técnico, y constancia que lucen a fs. 3 y 32, 8/vta., 10, y 36, respectivamente, de la causa penal agregada por cuerda.------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- En tales condiciones, tampoco puede el apelante invocar como prueba de su pretendida legítima tenencia la guía de transporte para traslado de hacienda, pues esa documentación debe expedirse en la forma que establecen las disposiciones locales (art. 16 de la ley 22.939).------------------------------------------------------------------------ ------------ En este último aspecto, nuevamente el quejoso no se hace cargo de las anomalías que presentaban las guías de traslado de hacienda y que pusiera de relieve el juzgador a fs. 270 vta., en virtud del testimonio obrante a fs. 38/39 de la causa penal y dichos del personal policial que lucen a fs. 142/143 y 201/vta. de este expediente.----------------------- Dichas anomalías están concretamente referidas a la falta de visado por la autoridad policial que le quita validez a las guías (respuesta a la 8ª y 9ª pregunta, fs. 142/vta., E. J. G.; y a la 6ª y 8ª pregunta, fs. 201, R. R. V.), exigencia impuesta por el art. 44 de la ley 4113, modificado por el art. 1 de la ley 4779, que determina que las Guías deberán ser indefectiblemente intervenidas por la autoridad policial más próxima (el subrayado me pertenece).-------------------------------------------------- Por lo demás, la guía se otorga a fin de brindar licitud al tránsito de ganado (art. 16 de la ley 22.939), y en consonancia con ello el art. 39 de la ley 4113, texto conforme modificación introducida por la ley 4144, determina que "El único valor de la guía de transporte es la autorización para el traslado de lo indicado en ella (semovientes y/o frutos) (la cursiva me pertenece), por lo que dicho documento no presume propiedad alguna.------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- En cuanto al enriquecimiento sin causa invocado por el apelante, cabe señalar que esa invocación resulta a partir de considerar que de su parte había una legítima tenencia, por lo que no acreditada esa tenencia y menos aún la presunción de dominio por las razones ya vertidas en cuanto al alcance de las disposiciones de la ley nacional 22.939 y ley provincial 4113, con las modificaciones introducidas por las leyes 4144, 4344 y 4779, ello conduce a la desestimación de la queja.----------------------------------------- n	Finalmente plantea el quejoso que por haber acreditado la adquisición y traslado de los ovinos y no haber acreditado la accionada la cantidad de hacienda que poseía en su predio rural el juez de grado invirtió el onus probandi.---------------------------------------------- En tal sentido, no resulta cierto que acreditó la adquisición de ese ganado y tampoco que poseyera documentación idónea para el traslado del mismo por las consideraciones ya vertidas en párrafos anteriores, y bien señaló el sentenciante a fs. 271 vta. que era carga de la parte actora, conforme al art. 377 del C.P.C.C., demostrar que el denunciante atribuyera falsamente la comisión o autoría de un delito, teniendo plena conciencia de que no lo ha cometido, o que en caso de una imputabilidad culposa que configure un cuasi-delito, formule cierta atribución ligera o imprudente de un obrar ilícito.------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- Ninguno de esos extremos fueron acreditados por el actor apelante.----------------------- También cabe destacar que a partir de la absolución o sobreseimiento del denunciado, opera una inversión de la carga de la prueba respecto de la culpa del denunciante (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 522), supuestos que no se dan en el caso de autos ya que no hubo absolución ni sobreseimiento, sino reserva de las actuaciones.-------------------------------------------------------------------- -------------------------------- De todas maneras puede perfectamente ser absuelto el acusado y, sin embargo, no haber incurrido el querellante o denunciante en el delito de acusación calumniosa, ni contraer responsabilidad civil, cuando la forma en que se presentan los hechos que dan margen a la querella realmente autorizan la opinión de la existencia de un delito (Bueres-Highton, ob. cit., 1999, T. 3A, pág. 283).---------------------------------------------------- Y no puede hablarse de culpa grave del denunciante que origine la obligación de resarcir, cuando la propia conducta del acusado ha generado sobradas dudas sobre su eventual responsabilidad en el suceso objeto de la denuncia (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 521).--------------------------------------------------------------------------- ------------------- Y en ese contexto, corresponde el rechazo de la acción de daños y perjuicios por acusación calumniosa o culposa que entabló el imputado en una causa penal contra la parte querellante, si la absolución de aquél no se debió a que quedara demostrada cabalmente su inocencia, sino a la falta de esclarecimiento completo del hecho investigado, por lo que se aplicó el principio in dubio pro reo (López Mesa, obra y tomo citado, pág. 522), máxime cuando no hubo absolución como ya se indicara.----------------- De tal modo, la falta de absolución o sobreseimiento impide considerar una inversión de la carga probatoria como pretende el apelante, debiendo asimismo ponderarse que el denunciante aportó elementos que objetivamente permitieron considerar prima facie la posible existencia de un delito desde que acreditó que la señal de los animales secuestrados le pertenecía (boleto de señal e informe técnico, fs. 03 y 32, y 10, respectivamente, de la causa penal; absolución de posiciones del actor, fs. 109 de este proceso), y por el contrario el actor pretendió justificar la propiedad del ganado con una permuta que no le era oponible al accionado y con guías de transporte que, por un lado, no presumen propiedad, y por el otro, carecían de validez por falta de visado policial.---- Por tales fundamentos se desestima el agravio.-------------------------------------------------- 5. En consecuencia, también propicio al Acuerdo confirmar la sentencia venida en apelación en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de Alzada al apelante vencida, conforme al n	criterio objetivo de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.).--------------------- Asimismo, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, estimo prudentes los honorarios que propone regular el Dr. De Cunto a favor de los profesionales actuantes por las partes actora y demandada, en las sumas de $1.100.- y $2.151.-, respectivamente (arts. 6, 7, 9, 14, y 47 de la ley 2200), con más el I.V.A. pertinente. ------------------------------------------ Finalizo el tratamiento y a la primera cuestión voto POR LA AFIRMATIVA.--------------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. De Cunto expresó:--------------------------------------- En vista del acuerdo arribado acerca de la cuestión precedente, corresponde por tanto: I.- Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravio.------------- II.- Imponer las costas de esta sede al actor recurrente vencido (conf. art. 68 del rito).-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- III.- Regular los honorarios, por las tareas desempeñadas en esta instancia de la siguiente manera: al Dr. A. E. M. en la suma de $ 1.100, y al Dr. P. O. A. en la de $ 2.151, en ambos casos con más el IVA correspondiente.------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo:------------------------------------------------ El pronunciamiento que corresponde dictar es el propuesto por el Dr. De Cunto, expresión de la decisión del Cuerpo que se ha formado con la anterior votación.----------- Así lo voto. -------------------------------------------------------------------------------- --------------- Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por recusación del Dr. Sergio Rubén Lucero (art. 8 de la ley 1130, To. ley 4550), pasándose a dictar: -------------------------------------------------------------------------------- ------------ S E N T E N C I A: ----------------------------------------------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, RESUELVE: --------- I.- CONFIRMAR el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravio.---- II.- IMPONER las costas de esta sede al actor recurrente vencido (conf. art. 68 del rito).-------------------------------------------------------------------------- ----------------------- III.- REGULAR los honorarios, por las tareas desempeñadas en esta instancia de la siguiente manera: al Dr. A. E. M. en la suma de $ 1.100, y al Dr. P. O. A. en la de $ 2.151, en ambos casos con más el IVA correspondiente.---------------------------------------------------------------- ---------------------- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > REGISTRADA BAJO EL N° 17 DE 2009 - SDC.- Conste.----------------------- CECILIA INES CORNEO SECRETARIA DE CAMARA