marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Moyano,  Alejandro  Javier c/ Hoteles  Sheraton  de Argetina SA s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-09

Solamente deben certificarse los aportes y contribuciones efectivamente realizados, pues el segundo párrafo del art. 80 LCT establece la obligación del empleador de confeccionar un certificado en el que deje constancia de los aportes y contribuciones "efectuados". Resulta suficiente para tener por satisfecha la carga documental impuesta, con la entrega de los certificados ordenados en la sentencia que es de donde surge el reconocimiento de los extremos discutidos (antigüedad y categoría profesional). El trabajador puede obtener ante la autoridad administrativa el reconocimiento de los servicios prestados en toda su plenitud; ello sin perjuicio de que quepa efectuar la comunicación prevista en el último párrafo del art.

132 L.O., y de acuerdo a las instancias impartidas por la Res.

de Cámara 27 del 14/12/00 y en virtud del cual el órgano recaudador puede iniciar las acciones pertinentes para obtener el cobro de los aportes y contribuciones omitidas.
Incidentes, acumulación de procesos, resoluciones inapelables, incidente de acumulación, recurso de apelación (procesal), juicio ejecutivo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ELMEC S.R.L. en J: Banco Previsión Social c/ ELMEC S.R.L. s/ Recurso Directo (LIBRO: A138 - 024)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-06-26

El incidente de acumulación de procesos iniciado dentro de un proceso ejecutivo, no es apelable, ello por disposición del art. 245 del C.P.C., en el cual no está prevista la apelación para el auto que pone fin a un incidente de acumulación, desplazando de esta forma la norma (art. 99 inc. VI del C.P.C.) referida a la apelación del incidente de acumulación, que en el caso de autos se inserta como cuestión accesoria dentro del trámite ejecutivo. La excepción a este principio se da en el caso de que expresamente, la normativa procesal prevea la procedencia del recurso en todos los casos como lo dispone el art. 94 inc. IV del C.P.C.
Sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, directorio, acto administrativo, Administración Pública
Materia: COMERCIAL - ADMINISTRATIVO - CONSTITUCIONAL
Carátula: ORGANIZACION METALURGICA ARGENTINA SRL c/ BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE s/ DEMANDA ORDINARIA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-07-07

En un análisis estructural de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, cabe destacar que ellas se disciplinan a través de distintos órganos (asamblea, directorio, sindicatura o consejo de vigilancia), de modo que toda intromisión o pretendida subordinación en las decisiones de los órganos de actuación de estos entes, constituiría un avasallamiento de la aludida personalidad y un indebido avance público que acabaría directamente con la subjetividad que se le atribuye. A título de ejemplo, si las resoluciones de directorio o las decisiones asamblearias se calificaran de actos administrativos, la eventual intromisión o revisión de estas decisiones por el Poder Ejecutivo al encontrarse sometidas a controles externos de legitimidad o de oportunidad-, importaría un grave cercenamiento de normas de rango constitucional y atentaría contra la seguridad jurídica y la estabilidad de las relaciones, importando la derogación de los regímenes societarios implicados.
Recurso in forma pauperis, recurso de revisión (procesal), recurso de casación, abandono del defensor, patrocinio letrado, asistencia del defensor, nulidad procesal, defensa en juicio, estado de indefensión, renuncia del defensor
Materia: PROCESAL
Carátula: M., D. C. s/ Abuso sexual s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-09-18

Dictada la sentencia de condena, la defensora particular renunció al cargo por los graves motivos que expuso, el defensor oficial no aceptó asumir la defensa, se obligó a la defensora particular a continuar con la asistencia técnica, se presentó un "recurso de casación" sin firmas y sin ningún desarrollo argumentativo que la Cámara declaró inadmisible y, tiempo después, cansado de esperar el resultado del recurso de casación (cuya finalidad desconoce) según le dijo su defensora particular, el imputado sigue diciendo que es inocente y expone argumentos por los cuales entiende que la sentencia de condena no es ajustada a los hechos.

De tal forma, con meridiana claridad surge que... tuvo y tiene la intención de que la sentencia de condena sea revisada por otro Tribunal porque la considera injusta, y asimismo se desprende que desde la renuncia al cargo de la defensora particular el imputado sólo contó con una defensa formal. Es decir, careció de un real y efectivo derecho de defensa por la total ausencia de actividad de la esencial asistencia legal (art. 18 Const. Nac.).

Por lo tanto, siendo ésta la primera oportunidad en que este Tribunal toma intervención en el expediente en función de las presentaciones del imputado y su actual defensor y dadas las particularidades del trámite mencionadas, resulta necesario encauzar dentro del marco de legalidad la frustrada vía recursiva que en todo momento intentó el procesado.
Abogados, recursos de la seguridad social, aportes y contribuciones previsionales, CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FORNASARI NORBERTO FABIO c/ GCBA Y OTROS s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-14

Los letrados que realizaron la opción prevista en el artículo 5, segundo párrafo, de la Ley Nro. 1181, o se encuentran alcanzados por las demás excepciones previstas en el artículo 67 de la mencionada ley, quedan liberados de cumplir con el aporte mínimo anual obligatorio (AMAO).

Pero ello no alcanza a los aportes a su cargo previstos en el artículo 62 (inc. 1 y 4) y 72.

Al respecto es pertinente poner de relieve que de los términos del artículo 67 se desprende que el profesional afiliado a otra caja no se encuentra fuera del sistema previsional local.

En efecto, esta norma también denomina 'afiliados' a los profesionales matriculados en esta jurisdicción que se encuentran afiliados a otras cajas además de CASSABA. Dicho de otro modo, la afiliación a otras cajas y el ejercicio de la opción legal no quitan al profesional la condición de afiliado a CASSABA. Ello es así por cuanto la matriculación apareja la afiliación, la cual reviste carácter obligatorio.

Luego, la condición de 'exceptuados' no conlleva la de 'excluidos' del sistema previsional. La ley dispone con toda claridad que, cuando el profesional está afiliado a más de una caja, se halla legalmente facultado a completar el aporte mínimo anual obligatorio solamente en una de ellas; a cuyo fin debe celebrarse el convenio correspondiente (art. 131, inc. 9).

El precepto citado, como también el art. 67, inc. 2, se refieren, justamente, a los afiliados que han ejercido la opción autorizada por el art. 5, y contribuyen a precisar el alcance parcial de la exención en los términos expuestos.
Quiebra, conclusión de la quiebra, avenimiento (comercial), calificación de conducta
Materia: COMERCIAL
Carátula: ARMADORES ARGENTINOS  S.A. s/ INCIDENTE DE CALIFICACION DE CONDUCTA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-27

No corresponde calificar la conducta del fallido, cuando la quiebra concluye por avenimiento, aún en concurso anterior a la vigencia de la ley 22.917.
Sanciones disciplinarias, revisión judicial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Maciel, Maximiliano Exequiel s/ Ejecución de pena - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-02-25

Es el Poder Judicial, a través de los jueces, quien debe llevar a cabo un control garantístico de estas actividades que, en el marco de la ejecución de la pena privativa de libertad, pueden degenerar en lesiones a veces irreversibles de los derechos fundamentales de los condenados y por lo tanto la única objeción por la que uno podría entender que no debe de intervenir un juez por considerar que no son funciones jurisdiccionales es darle al tema una razón formal, lo importante es que el Juez intervenga -y lo haga activamente- para que se pueda completar eficazmente el control de la administración de la justicia penal. No se propone hacer caso omiso de la jurisprudencia que cita el representante del Ministerio Fiscal al peticionar el rechazo del recurso, empero no es de aplicación en este supuesto toda vez que el resolutorio del "a quo" y la referida Resolución Nº 808/09 colisionan con la letra y con el espíritu de la Ley 24660, que más allá de los nuevos institutos que introdujo, revalorizó la dignidad de la persona del condenado, estableciendo en concreto en el artículo 3 que la ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades, estará sometida al permanente control judicial, siendo el Juez de Ejecución o Juez competente quien garantice el cumplimiento de las normas constitucionales, los Tratados Internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley.
Competencia, competencia contencioso administrativa, acto administrativo, Administración Pública, daños y perjuicios, indemnización, actos ilícitos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GEPPEL Y PINASCO SACIC c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      CSJ EXPTE NRO 203-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-04-19

Tratándose de la reparación de un ilícito, no existe ninguna correlación con el objeto y régimen de derecho administrativo que justifique la competencia contencioso administrativa.
Alimentos, deber de asistencia entre cónyuges
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V., M.C. c/ M., N.A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-14

La obligación alimentaria constriñe a proveer los medios materiales suficientes para asegurar al beneficiario la satisfacción de todas sus necesidades esenciales. Así, tratándose de alimentos entre cónyuges se ha determinado que "no debe verse limitada a las necesidades primarias de la esposa, sino que debe dentro de lo posible, tratar de guardar la relación con el nivel de vida económica que goza el matrimonio durante la convivencia".-
Accidente ferroviario, responsabilidad de la empresa ferroviaria, responsabilidad objetiva, caída de pasajero
Materia: CIVIL
Carátula: RIOS, JUAN BAUTISTA Y OTRO c/ FERROCARRILES ARGENTINOS s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-21

Demandados daños y perjuicios contra la empresa Ferrocarriles Argentinos, con motivo de haber sido arrollado un menor por un tren, con el resultado de la pérdida de sus dos brazos, corresponde hacer lugar a la demanda, si el menor se encontraba en el convoy ubicado cerca de las puertas de acceso y al arrancar éste se produce un movimiento violento, unido a que dos personas indeterminadas en ese mismo instante salen del vagón bruscamente provocando la caída del menor por las puertas que se encontraban abiertas.

Influyó para provocar el evento dañoso, la salida apresurada, por la puerta cercana a donde se había ubicado el joven, de dos individuos quienes lo hacen caer hacia las vías. Si bien es cierto que el hecho de estas dos personas indeterminadas actúa como concausa del daño (junto con el movimiento brusco del tren al arrancar y la circunstancia de que el convoy llevaba sus puertas abiertas) tal hecho no exime de responsabilidad a la empresa accionada toda vez que era obligación principal de ésta acarrear a la persona del pasajero sana y salva al lugar de destino.

Esta responsabilidad es objetiva y existe independiente de la culpa del empresario transportador. Tiene fundamento en el riesgo creado por el transporte y pone a cargo de quien ejerce esa actividad el deber de seguridad que se traduce en la obligación de indemnizar los daños que resultan de la misma.

Siendo el fundamento de esta responsabilidad el riesgo creado, de nada vale que el transportador pretenda probar que no hubo culpa de su parte, ni de sus dependientes o subordinados.

Sólo se exonera si prueba que el nexo causal entre el daño y el riesgo del transporte fue interrumpido por una causa ajena al mismo, como ser culpa de la víctima, o de un tercero por quien el transportador no deba responder, o por caso fortuito o fuerza mayor.

Para que el hecho o culpa del tercero libere de responsabilidad al transportador, debe ser exclusiva, pues en los supuestos de culpa concurrente con el transportador o sus dependientes es el transportador quien responde por el total.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba, daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Schultz, Gualterio y otro c/ Rojas, Héctor Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-12

La prueba testifical del "sub lite" alude a que el hijo muerto ayudaba económicamente a los padres, y suministra una estimación de la cantidad que les entregaba, sin ilustrar como tuvieron conocimiento de tal circunstancia. Dentro de la relatividad que suelen ofrecer los testimonios que refieren cantidades, lo cual debe ser apreciado muy prudencialmente, puede computarse como una pauta aproximada lo que allí se relatara, lo cual excluye que de un elemento de juicio que no es certero, pueda deducirse un cálculo matemático estricto para fijar el perjuicio, como se arguye por los actores (art. 1083 Cód. Civil). A su vez, en función de la doctrina legal precitada cabe prescindir de hacer un cálculo del valor vida de las personas fallecidas (hijo y nietos). Simplemente cabe estarse a la frustración de la ayuda económica que significa para los progenitores, la muerte del hijo que los asistía (arts. 1083 y 1084 Cód. Civil).
Concursos, competencia, competencia por el territorio
Materia: PROCESAL
Carátula: STAGNOLI, MIGUEL s/ CONCURSO PREV.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-10

Es incompetente el juez de esta jurisdicción, para entender en el concurso de una persona que, no obstante domiciliarse en esta ciudad, no tiene comercio alguno en esta jurisdicción, y explota comercialmente sus negocios mediante locales ubicados en dos jurisdicciones provinciales diferentes, no obstando a ello la recepción de la correspondencia fiscal en esta sede, pues la ley concursal no menciona al domicilio fiscal como parámetro incidente en el establecimiento de la competencia.
Contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: C.I.F.A. S.C.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

Por comprender situaciones diferentes, los plazos de los arts. 43 y 45 de la ley 6021 no se aplican a la indemnización prevista en el art. 38 de la mencionada ley.
Contratos administrativos, empleo público, reducción salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: M., M. E. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-31

En relación a los contratos administrativos de empleo público, la jurisprudencia ha sostenido la posibilidad de la variación salarial; no obstante lo cual se observan fallos que han aseverado que "el sueldo otorgado significa para el agente un derecho subjetivo al cobro de una suma dispuesta por el Estado y aceptada por aquél, de donde la privación o disminución de la retribución sólo resulta posible con el consentimiento del empleado, o en función de la existencia de alguna causal especial", de donde se sigue que toda detracción arbitraria de las remuneraciones de un agente administrativo, afecta el derecho de propiedad reconocido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Despido, prueba, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Gorzalczany, Fernando Gastón c/ Elektra de Argentina S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-05

La realización de una medida meramente preparatoria previa al inicio del vínculo contractual -como es el examen preocupacional- no puede ser entendida como una pauta concreta de su existencia que genere obligaciones para las partes, en tanto la actora no acercó elemento de juicio alguno del que pudiera extraerse el acuerdo de voluntades apto para perfeccionar el contrato de trabajo, habida cuenta de su naturaleza consensual y máxime cuando ninguna prueba ha producido para acreditar la firma del mismo. En consecuencia y dado que tampoco se configura el supuesto de duda eficaz para activar la presunción del art. 9 L.C.T., corresponde el rechazo de la indemnización por incumplimiento del contrato de trabajo en los términos del art. 24 L.C.T.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, chofer de ambulancia, responsabilidad solidaria, Instituto nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados
Materia: LABORAL
Carátula: CASTRO, GASTON c/ CERVONE, VICENTE Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-23

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados es solidariamente responsable, en los términos del art.

30 de la LCT de las obligaciones incumplidas emanadas de la relación laboral de quien prestaba tareas en el servicio de ambulancias por aquélla institución contratado. Resulta inoponible al accionante la alegada función social y consecuente ausencia de fines de lucro o los meramente hipotéticos perjuicios económicos que ocasionarían al instituto hacerse cargo de todos los reclamos de los empleados de sus prestadores contratados ocasionalmente, consecuencia atribuible eventualmente a la ausencia de los controles sobre los contratistas o subcontratistas que impone el régimen aplicable.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, Impuesto sobre los ingresos brutos, prescripción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA  c/ Bonilla Gonzalo Javier Hugo s/ ejecución fiscal - ingresos brutos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-22

Si en el caso se reclaman anticipos anteriores a la entrada en vigencia del CCyC, los plazos de prescripción quinquenal de la acción de cobro comenzaron a correr desde la fecha de sus respectivos vencimientos -conforme el Código Civil por entonces vigente-. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Decomiso, sentencia condenatoria, pena accesoria
Materia: PENAL
Carátula: Gostanian, Armando c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-18

El decomiso aparece establecido en la sentencia condenatoria como una pena accesoria y, a tal efecto, se invocó como fundamento legal el artículo 23 C.P. conforme su texto original, por resultar el texto vigente a la fecha de comisión del hecho materia de juzgamiento. Dicha norma establecía que: "La condena importa la pérdida de los instrumentos del delito, los que, con los efectos provenientes del mismo, serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse". El pronunciamiento ahora impugnado se motiva en la redacción del art. 23 C.P de acuerdo a su versión modificada por la ley n° 25.188. Así, expresamente se señaló que es a partir de la sanción de esa ley que: "... se incorporó la posibilidad de decomisar los productos del delito que hubieran beneficiado a un tercero a título gratuito" y que "... esa incorporación tiene como base ya no un decomiso in personam accesorio a la condena del imputado, sino que se refiere a un decomiso in rem, que tiene como fundamento el origen ilícito de los bienes", en tanto: "la norma reseñada permite el decomiso de bienes de un tercero beneficiado a título gratuito, circunstancia aplicable al presente caso". No se advierte cómo del temperamento adoptado puede resultar la ejecución del decomiso dispuesto, cuando aquel fue considerado como una pena accesoria al amparo de otro marco legal.
Juicio de apremio, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Volker, Carlos A. s/ Apremio A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

Ninguna norma del Código Fiscal ampara la pretensión de que el pago hecho en término deba comunicarse al ente recaudador a fin de quedar resguardado de las erróneas actuaciones del fisco. La comunicación a que se refiere el art. 128 del código citado debe interpretarse vinculado con los pagos de obligaciones tributarias en mora; y no puede erigirse en una "bill" de inmunidad para el fisco, de forma que lo exima de toda responsabilidad frente al contribuyente no moroso por la promoción de un juicio de apremio injustificado.
Tasa de justicia, acceso a la justicia
Materia: PROCESAL
Carátula: Puente, Ramon Marcelo c/ Taffarel Diego Ramon s/ ordinario- daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-12-28

El impugnado art. 4 de la ley 10.056, no importa en sí un impedimento que vede el acceso a la justicia, pues a la par se brindan vías adecuadas a quienes no pueden soportar los gastos que conlleva la instancia judicial.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Soler, Juan Carlos o Riquelme, Osca o Riquelme Ibáñez, Oscar s/ Robo automotor. Homicidio. Violación, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se denuncia violación del art. 34 inc. 1º del Código Penal afirmando la inimputabilidad del encausado si no se intenta demostrar, en el campo de la prueba y con el debido apoyo legal, la ilegalidad en que habría incurrido el juzgador al resolver lo contrario.
Interpretación de la constitución, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Calabró, Roberto Carlos y otros. s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-04-22

En el recurso de queja se ha planteado un genuino caso constitucional, pues se cuestiona de modo concreto y suficiente la interpretación que los jueces de la causa hicieron de las normas aplicadas al caso (arts. 76 bis, CP y 205, CPPCABA), por considerar que tal hermenéutica lesiona las reglas constitucionales vinculadas al sub examine que estructuran el debido proceso en esta jurisdicción y establecen las competencias y atribuciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad -arts. 13.3 y 124 y 125, CCABA- (voto del Sr. Juez José O. Casás. En sentido concordante voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Jueces, excarcelación, recurso extraordinario
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Ballbe, Guillermo Alberto. s/ CAUSA N.344/84.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-11

Corresponde llamar la atención al juez federal que sin proveer al enjuiciamiento de la necesaria asistencia técnica, y en inadmisible apartamiento de las normas que regulan la vía extraordinaria federal, rechazó la apelación por entender que la denegatoria de la excarcelación -contrariamente a la jurisprudencia de la Corte no era de aquellas que autorizaban su otorgamiento.
Recurso de queja (procesal), obediencia debida, extinción de la acción penal
Materia: PROCESAL
Carátula: Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

El art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no comprende el supuesto del art. 1 de la ley 23.492, que no se vincula con la suspensión del curso del proceso sino con la extinción de la acción penal, la cual presupone la inexistencia de una sentencia firme .