Tribunal: JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-06-21


1º Instancia. - San Martín, junio 21 de 2007.

II. Considerando que:

1) Se presenta el Dr. C. F. M., en representación de la empresa Frío Dock S.A., e inicia acción de amparo -en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986- contra la Secretaría de Energía -dependiente del Ministerio de Planificación General, Inversión Pública y Servicios- y contra EDENOR S.A. requiriendo se declare la nulidad de la Resolución S.E. Nº 1281/2006 y sus modificatorias y concordantes y se disponga la inaplicabilidad a su respecto del cargo adicional de facturación por consumo superior a la demanda base de energía eléctrica.

Solicita se decrete medida cautelar que ordene a EDENOR abstenerse de facturar y percibir el cargo adicional referido, o bien alterar la prestación del servicio en razón de la falta de pago del mismo.

2) Conforme expresa en el escrito en despacho, la empresa Frio Dock S.A. considera conculcados -por la aplicación indebida de la normativa observada- sus derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y de ejercer industria lícita. Tacha de arbitraria la pretensión estatal de sancionar pecuniariamente el supuesto exceso en el consumo de energía, tomando como "demanda base" un período de consumo en el que la empresa no operaba plenamente. Agrega que la regulación económica no debe, como sostiene que ocurre en su caso, coartar la posibilidad de crecimiento económico, pues ello resulta incompatible con los fines y limitaciones del poder que dicha actividad estatal debe respetar.

Luego de reseñar las disposiciones normativas contenidas en la Resolución S.E. Nº 1281/2006, reputa de irrazonable y arbitraria la cláusula contenida en el Anexo II que establece que "de tratarse de un nuevo Agente que no contara con un punto de suministro preexistente de un Agente Prestador del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, se deberá considerar que la demanda base es igual a cero (0)".

Narra que Frío Dock convino la locación del inmueble punto de suministro en febrero de 2005, realizando luego la obra civil tendiente a la instalación del centro de transformación de energía eléctrica conforme requerimientos técnicos de la empresa EDENOR. Afirma que, a la luz de tales circunstancias fácticas, resulta irrazonable pretender cotejar el consumo habido en esa primera etapa de desarrollo empresarial con la registrada en abril y mayo de 2007, ya en plena actividad.

3) A la luz de lo hasta aquí expuesto ha de examinarse la procedencia del remedio intentado. Cuadra anticipar que la presente acción no ha de prosperar en virtud de los fundamentos que, en lo que sigue, se desgranan:

Cuadra recordar que tanto bajo el prisma del artículo 43 de la Constitución Nacional cuanto de la ley 16.986 -dispositivo legal éste que mantiene virtualidad en la medida en que no se contraponga al texto de la Carta Magna- la admisión del amparo se supedita a la verificación de tres presupuestos: que el acto de autoridad pública impugnado esté viciado de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas (art. 1); que no existan remedios o recursos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trata (art.2 inc. a); y que la determinación de la eventual invalidez del acto no requiera una mayor amplitud de debate o de prueba, o la declaración de inconstitucionalidad de preceptos legales (conf. CSJN "in re" "Watch Tower Bible and Tract Society (testigos de Jehová) c. Estado Nacional s/amparo", sentencia del 22-12-77).

En tal sentido, cabe insistir que es de proficua y reiterada jurisprudencia que tratándose de cuestiones de hecho o de derecho que en rigor requieran una prueba que reclama una mayor amplitud y debate, ello excede el limitado marco de la vía excepcional del amparo, máxime no mediando una manifiesta arbitrariedad o ilegalidad (Fallos 273:84; 274:186; 282:394; LA LEY, 134-1106, fallo núm. 20.497-S; Rep. LA LEY, XXXI-44,S-52, entre otros).

Ataca la accionante la validez de normativa reglamentaria y regulatoria en materia de prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica.

La res. 1281/06 de la Secretaría de Energía fue dictada en ejercicio de las facultades dadas por el legislador al poder ejecutivo en la ley 24065.

La facultad de regular la actividad de generación, transporte y suministro de energía eléctrica debe responder a ciertos criterios técnicos de administración de los recursos estatales y privado del sector, y dirigida a fines de gran trascendencia social y económica, cuestiones de dificultosa aprehensión en el marco de la acción de amparo.

De modo que la comprobación de la arbitrariedad del plexo normativo atacado respecto de la amparista no podría efectuarse sin entrar en materia de gran complejidad, jurídicamente opinable, que indudablemente requeriría promover actividad probatoria y un debate impropios del acción de amparo (Fallos 306:1253; 307:747; 323:1825).

Todo ello se presenta contrario a la expresa disposición del art.2 inciso "d" de la ley de amparo, que establece que no será admisible cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o prueba.

Como bien sostiene Sagüés, el amparo no puede funcionar para casos de interpretación normativa de suma complejidad exegética, que requieren un mayor debate, una investigación más profunda y un juicio más maduro, raro de obtener en el marco probatorio y plazos reducidos del amparo (Sagüés, Néstor P.; "Derecho Procesal Constitucional (tomo 3): Acción de Amparo", Ed. Astrea, Bs.As. 1995, pg. 245 y ss.).

Por lo expuesto, y a tenor de lo establecido por la regulación adjetiva en la materia (vgr. art. 2º inc. d, y art. 3º de la ley 16.986) corresponde desestimar "in limine" la acción intentada. Así se resuelve. Sin costas.

III. Sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, cabe merituar la cautelar que se requirió -con el carácter previsto en el art.207 del C.P.C.C.- en virtud de la verosimilitud del derecho que invoca y el peligro en la demora que en particular surge del planteo del hecho (ver fs.XXX).

1) Para la procedencia genérica de las medidas precautorias son presupuestos de rigor: la verosimilitud del derecho invocado (fumus bonis iuris), el peligro de un daño irreparable (periculum in mora), ambos previstos en el art. 230 del ritual. El juez debe cerciorarse de que se presenten quedando a su prudente apreciación el cumplimiento de aquellos requisitos, pues no debe constituirse en una medida que acarree perjuicios innecesarios a una parte o signifique desigualdad en la situación jurídica de ambas, evitando emitir opiniones sobre el fondo del asunto.

Es oportuno recordar que la medida reclamada supone un remedio judicial que de ordinario debe aplicarse con carácter restrictivo, cuyo fundamento reside en la necesidad de mantener la igualdad de las partes en el litigio evitando que se conviertan en ilusorias las sentencias que concluyen aquél -cfr. C.S. Fallos 247-63, 265-236, entre otros-.

El primer requisito se entiende como la posibilidad de que exista y no como una incontrastable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite -administrativo o judicial- estando a cargo del actor demostrar la bondad del derecho que invoca para lo cual arrimará los elementos idóneos a fin de producir la convicción en el tribunal sobre la apariencia de certeza o credibilidad, máxime cuando pueda coincidir la petición con el objeto del pleito.

En este punto versa sobre el peticionante la carga de acreditar que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia definitiva que oportunamente se dicte reconocerá su el derecho en que se funda su pretensión. La accionante adjunta documental que acredita el ingente aumento de la facturación. En virtud de las circunstancias indicadas, se advierte como posible una conculcación de derechos constitucionalmente reconocidos, comprobación que será objeto del proceso ordinario a iniciar en el plazo de ley y se determinará al momento del dictado de la sentencia definitiva.

Cabe poner de resalto de la empresa ha abonado los servicios anteriormente facturados por EDENOR S.A. y, en relación a la factura con vencimiento el 23/05/2007, presenta constancia de haber pagado el consumo no impugnado y, en disconformidad, el cargo objetado -habiendo convenido bajo protesta el pago en cuotas-. Este hecho acredita que la accionante no se encuentra en mora y demuestra su voluntad de pago respecto de los consumos que reputa reales y calculados conforme el cuadro tarifario vigente.

Respaldan la petición de la actora las garantías que ofrece nuestra Constitución Nacional, al derecho a trabajar y la propiedad, igualdad ante la ley. Luego de la reforma del año 1994, el artículo 75, inc. 22, de la C.N. integra en un bloque normativo federal -con rango constitucional- numerosos tratados internacionales que legislan al respecto (Pacto de San José de Costa Rica, Declaración Americana de las Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

El segundo presupuesto requerido está relacionado con la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse, es decir, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten inoperantes.

Atento la índole de la cuestión planteada, resulta ocioso extenderse merituando el perjuicio que podría implicar dejar supeditada la decisión judicial sobre el asunto a los tiempos que requiera la sustanciación del proceso. La afectación de los derechos patrimoniales cuya protección se pretende no es susceptible de ser enteramente subsanada posteriormente, tanto en el aspecto comercial -en atención a la vital importancia de la energía eléctrica en el caso de una cámara frigorífica- como en el sentido de garantizar las fuente de trabajo. Las mentadas circunstancias abonan la certeza respecto de la admisibilidad de la medida cautelar pretendida.

El tercer requisito, contemplado por el art. 199 del ritual en forma general para toda clase de medidas cautelares consiste en la contracautela que debe ofrecer la parte por la medida que obtiene. La cuantificación se adecua en relación inversa al cumplimiento del primer requisito señalado arriba: cuanto mayor es la credibilidad menor debe ser la contracautela exigible, que será reglada prudentemente por el magistrado.

En este punto, tiénese por dada suficiente caución real con el pago de la cuota acreditado a fs.60, dinero que queda en poder de EDENOR en calidad de depositario (art. 199 del C.P.C.C.).

En razón de las consideraciones de orden legal explicitadas se encuentran reunidas las condiciones que autorizan al dictado de la medida solicitada en los términos de los arts. 207 y 230 del Código de Procedimientos.

Por lo expuesto, resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada y disponer la suspensión -respecto de la empresa Frío Dock S.A. y en relación al domicilio de consumo Stephenson 3020 de la localidad de Tortuguitas- de la aplicación de la Resolución 1281/2006 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en punto a la pretensión de cobro del costo adicional consignado como "Cargo Adicional Res. S.E. 1281/06", debiendo abstenerse de perseguir el cobro de dicho concepto, -ya sea por intermedio del tercero autorizado -Empresa Distribuidora y Comercializadores Norte S.A. (EDENOR S.A.)-, como por vía administrativa o judicial-, hasta tanto se dicte sentencia sobre el fondo del asunto o se revoque el presente resolutorio.

Hágase saber a la accionante que la presente se dicta con el carácter de medida cautelar autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el art.207 del C.P.C.C. y bajo el apercibimiento de caducidad allí establecido para el caso de no incoarse la demanda ordinaria respectiva en el plazo de diez días.

Líbrense los oficios de estilo al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Secretaría de Energía- y a EDENOR S.A. - Carlos Luft.