marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cámara de Apelaciones, segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: BALMACEDA, JUAN Y OTRO c/ SUCESORES BRUNO PICCOLO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - COBRO DE AUSTRALES - PIEZA  SEPARADA (CSJ EXPTE NRO 591-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-09-20

En el caso, frente a la originaria regulación de honorarios, la parte obligada al pago reclamó su revisión en la Alzada y, a su vez, el destinatario de ellos bregó azarosamente para que ella se concretara. Sin embargo, con igual pertinacia, la Sala rehusó su deber de juzgamiento acudiendo a variados resortes formales para concluir, finalmente, en una declaración de nulidad que implicó la privación de una segunda instancia legalmente instituida. En otras palabras, la decidida manifestación del apelante y la reiterada conducta de la apelada en pos de obtener un pronunciamiento de la Alzada fueron marginadas ostensiblemente por ésta, como si hubiera mediado, en cambio, un negligente consentimiento de la resolución inferior.
Prueba, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dominguez, Ricardo c/ HAUYQUI S.A. s/ Det. reajuste hon. (R. de H.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-03

Cualquier cuestionamiento que con posterioridad a la conclusión del período probatorio se suscite sobre producción, denegación y sustanciación del algún medio que pueda dársele el alcance de probatorio, no debe ser considerado excluido del marco cognoscitivo del art. 377 del C.P.C.. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia, fundamentos insuficientes, contrato de obra, precio, interpretación del contrato, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SANCHEZ, IGNACIO J. Y MIRAVELLI, EDUARDO J. c/ COIRINI CONSTRUCCIONES S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - DEMANDA ORDINARIA (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 356 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto desde que asiste razón a la parte actora al alegar que la Cámara soslayó considerar la oralidad del contrato de locación, que exigía la propia estimación del precio de la obra, y, excederse de los términos de la traba de la litis al sostener la inexistencia del derecho al cobro. Ello por cuanto el reclamo de las diferencias pretendidas se encontraba absolutamente enlazado con la determinación del precio de la obra. De ahí que los actores hayan pretendido el pago del saldo a su favor de acuerdo con la estimación del precio de la obra o con la que estimara el Tribunal. Y es que a la pretensión por "diferencias no pagadas" se le imbricaba otra, la de "determinación del precio de la obra" en tanto la primera sólo podía nacer como fruto de la segunda o, en otras palabras, ésta constituía el antecedente necesario de aquélla. He aquí el déficit constitucional que contiene el pronunciamiento atacado. Pues sostener que no se acreditó el precio de la obra implica soslayar el pedido de estimación cuantitativa de los trabajos, obrando, así, como una suerte de absolución de instancia respecto del juzgamiento de las diferencias, solución que se fortalece aun más cuando la propia jurisprudencia que se ha elaborado en torno al artículo 1627 del Código Civil otorga a los jueces amplias facultades para fijar directamente el precio de la obra conforme las pruebas aportadas en el juicio, aspecto sobre el cual no puede decirse que había orfandad probatoria, pues las periciales obrantes en la causa descartan de plano ese juicio de valor. (Del Voto De La Mayoría. En Disidencia, La Dra. Gastaldi)
Cuestiones de competencia, competencia por la materia, competencia civil y comercial federal, competencia previsional, ejecución fiscal, aportes a obras sociales, sistema nacional del seguro de salud, aplicación de la ley previsional, interpretación de la ley, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD c/ Obra Social de Directores de Empresas que Actúan en Frutos del País
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-30

En pleno funcionamiento de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, la C.S.J.N. declaró la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo -in re Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina c/ Gerialeph S.A., sent. del 21.05.98- por tratarse de una pretensión ordinaria y no de un título ejecutivo como la hipótesis del art. 24 de la ley 23.660, señalando que no se puede, transgrediendo el orden público implicado en las normas sobre competencia, dotar de una jurisdicción material a quien no la posee normativamente; principio que eventualmente alcanza tanto a la jurisdicción civil y comercial como a la de la seguridad social (del dictamen del Procurador General de la Nación). En consecuencia, toda vez que no se deriva de la jurisprudencia del más Alto Tribunal que se haya hecho distingo alguno respecto a la naturaleza de las causas en las que sean parte los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para determinar la competencia del fuero Civil y Comercial Federal, y que no existe normativa legal expresa que establezca el conocimiento del fuero de la Seguridad Social, debe concluirse que corresponde a aquél entender en una demanda ordinaria por la que se persigue el cobro de aportes, contribuciones, recargos, intereses, actualizaciones y multas en virtud del aporte creado por el art.

17, inc. f) de la ley 19.322. (Disidencia del Dr. Fernández)
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Peralta, Daniel Edmundo s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-03-27

La aptitud del elemento "arma", como cualquier otra circunstancia, debe ser probada, sin que a ese fin sea indispensable la mediación de modos específicos de prueba.
Responsabilidad internacional del Estado, excarcelación, extradición
Materia: PENAL
Carátula: Pagano, Francisco Salvador s/ Legajo de apelación/excarcelación s/ extradición
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-06-18

En la medida en que el artículo 26 de Ley 24767 no refleje o incorpore una regla o norma de derecho internacional consuetudinario, o en la medida en que no se acredite que un Estado extranjero, en condiciones de reciprocidad, hubiese requerido formalmente su aplicación en un caso concreto, mal se podría hablar de "una eventual responsabilidad internacional del Estado Argentino" en virtud de lo estipulado por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, máxime teniendo en consideración que el Estado Argentino ha satisfecho y honrado a la fecha sus compromisos internacionales desde que ha procedido ya a la detención del imputado, dando total cumplimiento a las "alertas rojas" de Interpol (del voto del Dr.

Jiménez).
Tasas de interés, tasa pasiva, facultades discrecionales del juez
Materia: CIVIL
Carátula: Municipalidad de la Ciudad de La Rioja s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-02-21

Existe el Decreto Reglamentario Nº 941/91 de la Ley Nº 23.928, que no puede ser soslayado, puesto que consagra el carácter potestativo o facultativo de los juzgadores, en lo concerniente a la aplicación de las tasas pasivas del Banco Central de la República Argentina en el cálculo de los intereses adeudados a partir de la fecha 01/04/91, en razón de reiterar el verbo "podrá" en su articulado respectivo.

Por otra parte existe flexibilidad en el criterio que deben tener los magistrados en la fijación de los intereses de conformidad a la naturaleza de los créditos.
Revocación de sentencia, quiebra, subasta de inmuebles
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Tetedetuti SA c/  s/ quiebra s/incidente de realización de bienes sito en ciudadela
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-08-18

Procede revocar la resolución que desestimó el pedido de la compradora en subasta de dos inmuebles del fallido, para que se ordene la inscripción registral de los bienes a su nombre. Ello por cuanto, no se advierte que la demora incurrida por la adquirente desde que así se lo declarara pueda convertirse en un obstáculo para concederle la jurisdicción al apelante, en razón de que su denegación no encontraría apoyatura legal (conf. esta Sala "Inagro 25 SA s/ Quiebra", del 26/02/16). Aquí solo se quiere ejercer el derecho a la inscripción de la compraventa de los bienes en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble; y las vicisitudes que pudieron haberse generado en torno a la posesión en todo este tiempo serían cuestiones ajenas al interés de esta quiebra.
Acción de reintegro, defensa del consumidor, trámites judiciales, cumplimiento de normas generales, acciones de clase, sociedad colectiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Michan, Laura Elena c/ Prisma Medios de Pago SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-06-18

Cuando, como en el caso, las demandadas han omitido acompañar los contratos que hubieran avalado su derecho a cobrar por los servicios de pago de gastos de otorgamiento y cobertura de vida, estipulados en los contratos de tarjeta de crédito, en caso de que ellos hubieran sido efectivamente prestados por la misma entidad o a través de terceros, en ese marco, esa omisión sirve de fundamento suficiente para rechazar el reclamo, en aplicación del principio según el cual "...ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato." (CCCN 1338 y LDC 36).
Imputado, situación del imputado, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: QUIMICA FARM. PLATENSE s/ archivo Causa nro. 26.627
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-22

No obstante que el art. 72 del Código Procesal Penal de la Nación señala que la condición de imputado se adquiere a partir de la detención o la indicación de una persona como partícipe de un hecho delictuoso, tal extremo no basta para que éste pueda reclamar se dicte sobreseimiento a su respecto. Ello sólo tendrá lugar cuando se haya materializado un grado de sospecha suficiente, mediante el acto concreto de ser llamado a prestar declaración indagatoria por parte del Juez interviniente.

(del voto de la mayoría: Dres. Cortelezzi y Vigliani ).
Acto administrativo, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, competencia
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-10

Los actos administrativos de la Administración Pública porteña deben ser cuestionados ante el Poder Judicial del mismo Estado local, máxime cuando se trata de una relación de derecho público local, como lo es el ejercicio del poder de policía. (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Divorcio, prueba confesional
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Sciarra Roberto Luis c/ Núñez María Inés. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-02

Sabido es que en los juicios de separación personal o divorcio vincular, no será suficiente la prueba confesional ni el reconocimiento de los hechos, de lo que se extrae que aquélla- a diferencia del régimen anterior- es proponible en este tipo de proceso, sin perjuicio de que debe corroborarse con otros elementos de convicción ya que no es por sí sola suficiente en cuanto a la correspondiente eficacia probatoria.-
Sanciones del Colegio Profesional, tribunal de disciplina, exclusión de la matrícula, homicidio, sentencia condenatoria
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: Prellezo, Gustavo Daniel  c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal  s/ ejercicio de la abogacía - Ley 23187, art. 47
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-10

Es nula la decisión del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que sancionó con la exclusión de la matrícula, en los términos de los artículos 44, inciso a), y 45, inciso e), de la ley 23.187, y de los artículos 26, inciso b), y 27 del Código de Ética, a quien fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio y se recibió de abogado en la cárcel, dado que la conducta del reclamante que fue examinada y sancionada, referente a la condena penal, es ajena a la competencia asignada al Tribunal de Disciplina. Asimismo, los hechos involucrados en la causa penal no exhiben ninguna vinculación con la actividad profesional desarrollada como abogado matriculado, la conducta reprochada no fue desarrollada en el ejercicio de su profesión de abogado, y la misma dio lugar a la imposición de una pena prevista en el Código Penal antes de haber solicitado su matriculación.
Responsabilidad penal, eximentes de responsabilidad, causas de justificación, legítima defensa, prueba, carga de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: P., S. L. s/ Homicidio (Expte. Nro.  595-93, Resolución Nro.  74, Tomo 2, Folio 227)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-10-18

"Probada la conducta y su adecuación típica, toca a quien esgrime la legítima defensa arrimar los datos que permitan reunir elementos de juicio que demuestren su presencia, si no con total certeza, al menos con suficiente verosimilitud como para generar un grado de probabilidad suficiente, que instale la duda fundada, razonable y seria, y haga operativo el principio del art. 5 Cód. Proc. Penal."
Medidas cautelares, peligro en la demora, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Gandolfi, Fabiana Ester y otros c/ Provincia de Tierra del Fuego s/ Acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-02-28

Los actores no han producido ni ofrecido producir prueba alguna respecto de las circunstancias que configuran el peligro en la demora. La exigencia de probanzas en relación con dicho tópico deviene de lo dispuesto, con carácter general, en el art. 375 CPCCLRM (no encuadrando las manifestaciones efectuadas en las excepciones del art. 374) y en particular del art. 225 que admite la realización de información sumaria para obtener medidas precautorias.
Sociedades comerciales, querellante, calidad de parte, poder, falta de documentación, rechazo del querellante
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Inc. de apelación. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-21

Quien pretenda ser querellante por la sociedad deberá acompañar copia del estatuto social, del acta de asamblea que designa directorio, de la decisión de éste de hacerlo y del acta de la que se desprenda su condición de presidente y en caso de que se otorgue poder a un profesional, dicho poder deberá ser especial (art. 83) y deberá contener aquellas especificaciones, a las que se añadirá el acta testimoniante de la decisión del órgano de otorgar poder a tal fin a ese profesional.

Por ello, ante la ausencia de los requisitos de forma exigidos por el artículo 83 y siguientes del C.P.P.N., corresponde confirmar el auto que no hizo lugar a la petición de ser tenida como parte querellante.
Concursos, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Demicheli y Arana e hijos. Sociedad de hecho s/ Quiebra
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-05-07

No cabe asimilar al recurso de reposición previsto en los arts. 238 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial el estatuido en el art.

100 de la ley 19551, porque este último constituye una modalidad especial regulada propia y específicamente, y es resultado de la transformación del otrora denominado "levantamiento de la quiebra" que originado en resoluciones judiciales aludía a una forma de dejar sin efecto la sentencia que la declaraba) en "recurso de revocación de la quiebra que se decide sin trámite incidental".
Universidades, facultades universitarias, superintendencia, establecimientos educacionales, derecho de enseñar y aprender, política educativa
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: González de Delgado, Cristina y otros c/ Universidad Nacional deCórdoba.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-19

Resulta imposible sostener que el art. 14 de la Constitución Nacional otorgue a los padres el derecho a que se mantenga un régimen de educación diferenciada por sexos -cuestión que eminentemente hace a la política educativa del establecimiento-, que las autoridades competentes consideran contrario al progreso que debe seguir la institución.
Responsabilidad objetiva, cosa riesgosa, daños y perjuicios, relación de causalidad, caso fortuito, fuerza mayor
Materia: CIVIL
Carátula: Lazzari de Milanesi, Nora c/ Messulam, Miguel Angel y otros s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y perjuicios (Expte. CSJ No.   629-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-05

Pese a la intervención de una cosa riesgosa en un accidente puede no haber responsabilidad si se prueba la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad a que alude el artículo 1113 del Código Civil; pero ella debe revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco).
Ley de empleo, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: De Zan, Juan Pablo c/ Credichu S.A.C.I.F.I.A. y/u otra y/o responsable s/ Despido, diferencias salariales y Ley Nº 24.013
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-19

La intimación del artículo 11 de la ley 24013 debe contener como requisito sustancial, para que sea hábil y pueda producir las consecuencias fijadas en las normas respectivas, la remuneración real cuando ésta es la circunstancia deficientemente registrada.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL
Carátula: I., R. c/ C., E.H. y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-14

El tema relativo a la prioridad de paso del conductor que marcha por la derecha, y su carácter de absoluto o no, no puede dar lugar a una unificación doctrinaria de aplicación indiscriminada, ya que en cada caso concreto se deberá dilucidar el grado de responsabilidad en el accidente, conforme a los elementos de prueba, obrantes en la causa.
Divorcio, injurias graves, insultos en público
Materia: CIVIL
Carátula: L. c/ V. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

La conducta desplegada por la cónyuge sacando a la calle a sus hijos y pronunciando improperios contra éstos y su esposo, configura la causal de injurias graves, en tanto medió un trato injurioso por resultar lesivo, agresivo y perturbatorio del buen clima que debe presidir las relaciones parentales derivadas del matrimonio y la convivencia.
Poder Judicial, funcionarios judiciales, acción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anglada, Carlos Raúl c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-22

La demanda contencioso administrativa no es procedente si la afectación del derecho preexistente que le sirve de andamiento no proviene de los actos atacados mediante ella sino de la norma de alcance general al que aquéllos debieron atenerse, por lo que no puede prosperar el reclamo del agente que careciendo del título requerido, pretendía se declarara la nulidad de las resoluciones de la Suprema Corte por las cuales se denegó su solicitud de que se le abone el adicional por bloqueo de título prevista en el artículo 41 de la ley 10.475 que, según la reglamentación establecida por la Acordada 2172, alcanza a todos los magistrados, funcionarios y empleados con título de abogado, escribano o procurador que se desempeñan en el Poder Judicial con inhabilitación legal para el ejercicio profesional.
Excarcelación, voluntad del legislador
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Guzmán, Daniel Gerardo y otros s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-10

El art. 319 del C.P.P.N. configura una hipótesis de excepción para los casos que resulte objetivamente procedente la excarcelación o la exención de prisión, si lo excluyente fuera únicamente la posibilidad de que el procesado intente eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones así lo hubiera establecido expresamente el legislador, sin ninguna necesidad de formular previamente los arts. 316 y 317, que carecerían por completo de sentido y resultarían absolutamente innecesarios e inútiles para el sistema. La falta de previsión o la inconsecuencia no pueden presumirse en el legislador. (Voto de los Dres. Catucci, Madueño y Bisordi).
Caducidad de instancia, notificación
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ROLDAN, RICARDO RAUL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-06-14

Corresponde rechazar la queja interpuesta, toda vez que de la confrontación del pronunciamiento atacado con los argumentos expuestos en el escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad y el de la queja, surge tan sólo la discrepancia del recurrente frente a la solución adoptada por la Cámara que -en una labor interpretativa y aplicativa de normas de derecho público local- consideró que procedía la declaración de caducidad al haberse comprobado en el caso las dos condiciones para su procedencia: la inactividad por el lapso de tiempo establecido por el legislador y la falta de impulso imputable a la parte recurrente; teniendo presente que si bien la notificación sólo al Gobernador no cumplía con la previsión establecida en la Ley de Defensa en Juicio del Estado (requiriéndose la propia a Fiscalía de Estado) aún en el hipotético caso de computarse la misma, también estaría caduca la instancia. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gastaldi, Erbetta y Falistocco).
Demanda, contestación de la demanda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hernández, Sergio A. c/ Vega, Jorge H. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

En virtud de lo dispuesto por el art. 354 inc. 1º del Cód. Procesal.

La negativa opuesta a los hechos establecidos en el escrito de promoción de la acción debe ser explícita y clara, y referida a cada uno de los, pues si es genérica o ambigua los jueces de grado están facultados para estimar esa actividad como un reconocimiento de las afirmaciones del actor. La contestación, ciertamente, no debe dejar duda alguna sobre la admisión o negación de cada uno de los hechos, por lo que no son admisibles contestaciones ambiguas, obrepticias u oscuras -las cuales podrán ser apreciadas por el juez "como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos" (art. 354 inc. 1º, cód. cit.)-, con mayor razón si se trata de hechos en cuya producción concurrió el demandado -hechos personales - o que tuviere una obligación de conocerlos.
Pueblos originarios, participación ciudadana, Estado Provincial, Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

La creación del municipio de Villa Pehuenia exigía que la Provincia del Neuquén hubiese requerido la participación de la comunidad indígena involucrada, pues no se trata de crear un Estado dentro de otro Estado, en tanto está claro que en nuestro país las diversas etnias, culturas y nacionalidades que habitan el suelo argentino se congregan, a los fines institucionales y con sus matices, bajo el mismo techo constitucional; de lo que se trata es de hacer viable la máxima vigencia posible de los derechos diferenciales reconocidos, y no de minimizarlos considerándolos implícitos dentro de las prerrogativas comunes al resto de la población (Voto del juez Rosatti).