marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de trabajo, vigiladores, asignaciones no remunerativas
Materia: LABORAL
Carátula: CASTIGLIONI  CHRISTIAN ADRIAN C/ SEARCH ORGANIZACION DE SEGURIDAD S.A. Y OTRO S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-13

El art. 4 del convenio 194/92 establece que el negocio colectivo comprende al personal no jerarquizado que desempeña funciones específicas de vigilancia y seguridad; y, a pesar de que hace referencia a ciertas tareas o actividades, expresamente aclara que "no son excluyentes de otras no enumeradas pero comprendidas en la formalización inicial..", por lo que, las tareas administrativas realizadas por un trabajador que se desempeñaba como vigilador en ámbito de una empresa dedicada a brindar servicios de seguridad y vigilancia, quedan encuadradas en la formulación genérica que efectúa la norma convencional.

Asimismo, a la luz de la doctrina que emana del Acuerdo Plenario Nª 36 "Risso, Luis P. c/ Química La Estrella" del 22/3/57, no cabe duda alguna que dicha convención resulta aplicable a todo el personal de la empresa -no jerárquico- aún cuando no realice una tarea directamente vinculada a la vigilancia (ver el voto del Dr. Pirolo en la SD 95.284 del 9/10/2007 in re "Argañaraz Teófilo Niceo c/ Search Organización de Seguridad SA s/ despido", Expte. Nª 27.860/2005). Por estas razones el actor resulta acreedor a los beneficios dispuestos por los Decretos 392/2003 y 1347/2003
Seguros, asegurador, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: P. S. I. c/ P., H. y otros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-05-05

El vínculo en virtud del cual el asegurador es traído y participa en un pleito, es el derivado del seguro de responsabilidad civil, contrato mediante el cual el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado de cuanto éste debe satisfacer a un tercero como consecuencia de la responsabilidad prevista en el contrato y derivada de un hecho ocurrido durante la vigencia de la relación aseguradora. O dicho de otro modo, es el seguro contra el riesgo de quedar gravado el patrimonio de la persona asegurada por la obligación de indemnizar a un tercero y que pudiera derivar de la responsabilidad que se le atribuya en relación a un accidente. No es, pues, la prestación asumida por la aseguradora recurrente asumir los daños causados a la víctima, sino los que producirían al patrimonio del asegurado el tener que afrontar de su peculio los causados por él -y por los que debe responder- al tercero damnificado.
Servicio de agua corriente, conexión domiciliaria, prueba de informes, carga de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Aguas del Valle S.A. c/ Estado Provincial y EN.RE. s/ Acción de Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-18

El conflicto que suscita nuestra competencia revisora se origina con motivo de la obligación de reparar la vivienda de una usuaria particular que el EN.RE. le impone a la actora- empresa concesionaria del servicio de agua potable- una vez determinado que el daño se produce a causa de la pérdida de agua en la conexión domiciliaria o del caño maestro Insistentemente en la demanda se hace referencia a un informe que tendría que haber contestado el Instituto Provincial de la Vivienda y del cual surgirían, a juicio del actor los vicios redhibitorios de las construcciones. Se afirma que las decisiones administrativas han sido emitidas sin tener en cuenta dicho elemento de prueba.

Al respecto, cabe apuntar que el oficio remitido al Organismo referido se limita a requerir informe circunstanciado acerca de todas las tramitaciones que existan en el mismo, respecto de los daños producidos y constatados en el Barrio Parque América, de esta ciudad. A su vez se solicita la totalidad de las actuaciones administrativas, motivadas en los reclamos de la usuaria.

En la contestación del informe, el IPV remite tal cual se solicita copia debidamente certificada de las actuaciones tramitadas por la usuaria reclamante. Por lo tanto, forzoso es señalar el error en que se incurre cuando a través de la prueba de informes se pretende probar el hecho afirmado en el procedimiento administrativo y sostenido en la demanda como relevante para influir en la decisión final del litigio, sin tener en cuenta que el objeto de la misma está reservado solamente para aquellas cuestiones para las que está destinado, transferir de manera vehicular el conocimiento de un documento, registro o fuente de entidades públicas, privadas o escribanos de registros.

No puede servir para incorporar prueba documental fuera del período pertinente, ni tampoco para constituirse en testimonial o pericial indirecta"(Falcón, Enrique M. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. III, p.228).

De ello surge entonces, que si el hecho conducente residía en la demostración de los defectos de construcción que presentaba la vivienda de la usuaria, el medio probatorio por excelencia tendría que haber sido aquel que nos brinde los conocimientos especiales que la materia debatida impone. No siendo ello así, ha de soportar la parte a quien correspondía proponer un medio idóneo, las consecuencias adversas que provoca la incertidumbre del hecho controvertido.
Facultades del juez, facultades del fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: MORONI, RUBEN EMILIO. s/ Infr. art. 189 bis, CP s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-03-31

La pretensión de determinar el contenido de los actos del representante del Ministerio Público Fiscal a través de un alegado control de legalidad, implica su reemplazo en vulneración de la autonomía funcional constitucionalmente consagrada y una alteración de roles en los actores del proceso (voto del Sr. Juez José O. Casás).
Cuestiones de competencia, quiebra, fuero de atracción, asegurador, citación en garantía, sentencia firme
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Wagner de Prada, Juana M. y otro c/ Stadelman, Francisco y otro s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

La doctrina por la cual "la citación en garantía a instancias del asegurado implica el ejercicio de una acción judicial -de contenido patrimonial- contra el asegurador, que se ve comprendida en el fuero de atracción (art. 136 de la ley 19.551)", no se ve modificada por el hecho de existir una sentencia firme.
Daño moral, daño material, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: Chávez de Illanes, Francisca Florinda c/ Menachez, Juan Bautista y otros s/ Daños  y Pejuicios-Sumario II cuerpo-Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2001-04-17

No corresponde confundir las indemnizaciones dirigidas a reparar el daño patrimonial que sufren el cónyuge e hijos de la víctima con el daño moral que el mismo suceso les infringe, daño éste que es por esencia extrapatrimonial. En el primer caso quedan incluidos el daño emergente, lucro cesante y la pérdida de chances, mientras que con el segundo, sabido es, se tiende a reparar aquellos perjuicios de naturaleza espiritual, tales como los padecimientos, aflicciones, angustias, etc. que sufren los familiares como consecuencia del fallecimiento del cónyuge y padre.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, trabajo inoficioso
Materia: LABORAL
Carátula: SCHUNK EVARISTO JUSTINO c/ FRIGORIFICO REGIONAL SANTA ELENA Y OTRO s/ COBRO DE PESOS POR ACCIDENTE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-31

A la expresion de agravios contesta el fiscal de Estado. La codemandada presenta posteriormente su contestacion que es una copia textual de lo manifestado por el primero. En consecuencia considero tal escrito como totalmente inoficioso y que exime de regulacion de honorarios de Alzada por el mismo.
Participación criminal, desaparecidos
Materia: PENAL
Carátula: Acosta, Jorge Eduardo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-04-23

La infiltración del teniente en grupos cristianos o de derechos humanos constituye una conducta delictiva por la finalidad que tuvo ese accionar: el secuestro, las torturas y, en algunos casos, el deceso de las víctimas por su presunta filiación ideológica, siendo el accionar del imputado el aporte necesario e indispensable para individualizar a este grupo.
Querella, sentencia condenatoria, facultad de interponer recursos
Materia: PENAL
Carátula: Godoy, Pedro Santiago y Feito, Alfredo Omar s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-30

Atento a que el CPPN reconoce facultad recursiva tanto al titular de la vindicta pública como a la querella, aunque con alcance limitado -arts. 458 y 460 CPPN-, también se multiplican las posibilidades que la CFCP de revisión dicte condena e, incluso, imponga pena, previa realización de la correspondiente audiencia de visu del imputado, prevista en el art. 41 CP
Prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Rivero, Emilio Ernesto; Rojas, Sergio Daniel; Moyano, Eduardo Dionisio s/ Violación agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La habilidad o no del testigo se debe determinar conforme a las pautas señaladas en el art. 150 del Código de Procedimiento Penal y ninguna relación tiene ello con el principio relativo a la carga de la prueba de la culpabilidad.
Querellante, muerte de las partes, insolvencia fraudulenta
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: M., C. D. y otro s/ defraudación por desb.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-04-23

Debe tenerse como parte querellante a las hijas de una mujer -que falleciera durante el proceso y revestía tal carácter- en la causa iniciada contra su esposo por insolvencia alimentaria fraudulenta, dado que dicho fallecimiento de ningún modo obsta a la constitución de las hijas como querellantes, pues no caben dudas que el delito que se investiga determina que las mismas están comprendidas en las disposiciones de los arts. 82 y 83 del C.P.P.N., habida cuenta que serían las beneficiarias directas de los alimentos reclamados.
Certificado de trabajo, director técnico de fútbol, aportes de trabajadores autónomos
Materia: LABORAL
Carátula: García Cambón, Carlos María c/ Club Atlético Boca Juniors s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-30

No se encuentra la accionada obligada a acompañar certificado de aportes jubilatorios según lo previsto en el art. 80 LCT. Ello así, pues, atento lo previsto en el art. 2 de la ley 24.622, los técnicos de fútbol deben aportar a la caja de autónomos.
Daños y perjuicios, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: SCHELL, JOSE I. c/ SCHMIDT, MARCELINO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1991-06-17

En materia de prueba testimonial en accidente de tránsito, es variada la gama de posibilidades para determinar la valoración de sus dichos, pudiendo establecerse dos tipos fundamentales de testigos: a) de la atendibilidad plena, que comprende a las personas que han presenciado el evento, contestes entre si de la versión que den del hecho, aunque existen divergencias de detalles entre ellos y su valor se acentúa si han declarado en sede policial de la misma manera o figuran en el acta de choque y b) los de atendibilidad restrictiva, que comprenden al testigo único, que no figura en el acta policial, al conductor y acompañantes, de uno de los rodados intervinientes en el siniestro, o que demuestren interés en beneficiar al proponente.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, falta de fundamentación, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Villar, Carlos David y otro s/ causa N° 5045.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-04

Resulta arbitrario por carecer de fundamentación el rechazo del recurso de casación si la interpretación del alcance de la materia revisable se contrapone con la garantía internacional de revisión del fallo condenatorio y con el texto del art. 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en forma alguna veda la posibilidad de revisión en el fallo casacional. -Los Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt y Carmen M. Argibay remitieron al precedente "Casal"-.
Alimentos, reducción de cuota alimentaria, mayoría de edad
Materia: CIVIL
Carátula: N. N. y N. N. s/ Divorcio Vincular Presentación Conjunta - Inc. de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-03-04

La reducción del porcentual se hace en función del cumplimiento del tiempo que la ley prevé la obligación alimentaria para los hijos mayores de 18 años que es hasta los 21 años. La caída del deber alimentario es automática, ipso jure conforme el art. 265 del C.C., razón por la cual no corresponde dar traslado al Ministerio de Menores, ni a la parte sino que objetivamente se puede verificar el fenecimiento del plazo.

La resolución no afecta al menor cuando la cuota alimentaria está fijada en porcentual, lo cual tiene como variable de ajuste automático el incremento de los ingresos salariales del alimentante. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la cuota alimentaria debe satisfacer las necesidades de los menores, debe fijarse en el marco de la realidad social que le tocó vivir.
Tribunal: CAMARA EN LO CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-25


SALTA, 25 de marzo de 2013.

Y VISTOS: la presente Causa 4654/12 seguida contra TEJERINA, Leonardo por el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Convivencia y, CONSIDERANDO Que las presentes actuaciones son elevadas nuevamente a este Tribunal, por el Juzgado de Instrucción Formal 6º Nominación, mediante decreto de fs. 335.

Que la Requisitoria Fiscal de Elevación de Juicio de fs. 295/297 y vta., incrimina al imputado Leonardo Tejerina el delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Convivencia la que contiene el siguiente pedido concreto de pena de diez años de prisión de cumplimiento efectivo fundando el mismo por la Sra. Agente Fiscal Penal Nº 2, en lo dispuesto por los arts. 341 y 360 del C.P.P. y la Resolución Nº 05/07 del Procurador General de la Provincia.

Atento a lo expuesto el Tribunal entiende que, si bien la pena prevista en la ley de fondo por el delito incriminado en esta causa al imputado Leonardo Tejerina, no permitiría la aplicación del procedimiento de Juicio Abreviado, corresponde señalar que la Corte de Justicia local, en fallo de fecha 07 de Agosto de 2007 declaró la Inconstitucionalidad del tope de seis años previstos en el Art. 360 del C.P.P. conminado en abstracto, por considerar que "... si se pretendiera argumentar que la distinta gravedad del hecho es el factor diferencial, que torna aceptable que se niegue o se conceda el Juicio Abreviado, habría que advertir que dado la elasticidad de las escalas penales se podría llegar al absurdo de que un delito para el que se ha pedido una pena muy baja en el marco del art. 360 (por ejemplo un supuesto robo en poblado y en banda para el que se requirió una pena de cuatro años), quedará excluido del enjuiciamiento, no así uno para el que se pidió un castigo más leve en el marco de una escala con mínimo mayor (un robo simple para que se pidiera cinco años) (Expte. Nº CJS 28.603/06 Reg. T. 117: 703/716). Asimismo, debemos tener en cuenta que con la reforma del C.P.P. ( ley 7690), si bien no se encuentra vigente su aplicación a los Tribunales de juicio, debemos tener en consideración que el mismo al tratar el Instituto del Juicio Abreviado, en su articulado no se establecen límites en cuanto al monto de pena para su viabilidad.

En mérito a lo oportunamente señalado , corresponde a) DECLARAR la Inconstitucionalidad de la norma del Art. 360 del C.P.P., b) FIJAR AUDIENCIA PRELIMINAR para el día 19 de abril del cte. año a horas 10:00 (diez); c) DESIGNAR como Juez Unipersonal al Dr. Antonio María Morosini, d) NOTIFICAR a las partes.

Por todo ello la CAMARA TERCERA EN LO CRIMINAL, RESUELVE:

I) DECLARAR la Inconstitucionalidad de la norma del Art. 360 del C.P.P.

II) FIJAR Audiencia Preliminar para el día 19 de abril de 2013 a horas diez (diez) III) DESIGNAR como Juez Unipersonal al Dr. Antonio María Morosini para el trámite del presente.

IV) NOTIFICAR al Ministerio Público Fiscal y al Dr. Armando Jorge Arias.

V) CÓPIESE y REGÍSTRESE.-
Transporte aéreo, transporte aéreo de carga, prueba del contrato, presunciones
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Aconcagua Cía. de Segs.  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

"El transporte aeronáutico - como el marítimo - es un negocio jurídico complejo, que implica una serie de operaciones desde la compra y embarque de las mercaderías hasta su arribo, descarga y depósito, con intervención de terceros y control de organismos estatales, circunstancia que obliga a no circunscribir esa realidad comercial únicamente a los documentos emanados de las partes... De allí que para determinar la naturaleza de la carga sea pertinente atender a lo que surge del conjunto de la documentación, cabiendo inclusive definir la cuestión sobre la base de presunciones..."
Porcentaje de incapacidad, daño moral
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FABRINI SERGIO M. c/ H. PEREZ ORIHUELA s/ Dañor y Perjuicios (LIBRO: S153 - 354)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-02

El porcentaje de incapacidad debe valorarse en cuanto incide y se proyecta en la vida futura productiva. La invalidez médica en el caso de autos, no repercute en la faz productiva, ni de relación.- La incapacidad sólo tiene la virtualidad de generar DAÑO MORAL, producto del padecimiento sin que le impida trabajar, ni practicar deportes.- La incapacidad no se identifica con el dolor sino con la aminoración de potencialidades.-
Tierras fiscales, dominio público, adjudicación, Constitución Provincial, carta orgánica municipal, validez del acto jurídico, acta de tenencia, responsabilidad del portador, revocación del acto administrativo, reintegro de gastos, daño emergente, reconocimiento en sede judicial, adjudicación de tierras
Materia: CIVIL
Carátula: Pereira, Paula Fernanda c/ Municipalidad de Centenario s/ Acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-07-31

Corresponde rechazar la pretensión de la parte actora de continuar ocupando la fracción de tierra ubicada en el Barrio Sarmiento de la localidad de Centenario, que en su oportunidad le fuera entregada en tenencia precaria por la Directora General de Tierras del municipio y supeditada al refrendo del Consejo Deliberante. Ello es así, pues, de las constancias de autos resulta claro que el Concejo Deliberante -se reitera, Órgano con competencia en razón de la materia involucrada- no ha tenido voluntad de ratificar la entrega del lote y las decisiones que se han tomado en el ámbito municipal son contestes con esa posición.
Entidades financieras, liquidación de entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco de Crédito Rural Argentino  S.A. c/ Res. 639/87 s/ B.C.R.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-15

A los fines de tener por configurada la causal de liquidación de las entidades financieras que contempla el art. 45, inc. a) de la ley 21529, no es menester el cumplimiento de los requisitos que exige la ley común a la que envía para los supuestos que esta última regula, sino que basta la comprobación de la pérdida del capital social por parte de la autoridad de aplicación del régimen financiero, en el curso de un procedimiento en el que ejecute sus funciones de fiscalización y verificación.
Derecho procesal, recusación, recusación con causa, causales de revocación, denuncia, querella, improcedencia del recurso, concursos
Materia: PROCESAL-CIVIL-PENAL-COMERCIAL
Carátula: Haras El Moro SA c/  s/ concurso preventivo s/ incidente de recusación con causa
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-27

Procede rechazar la recusación con causa formulada en los términos del CPR 17-5°. Ello por cuanto, sabido es que en el marco de su actividad jurisdiccional, cabe al magistrado denunciar la desobediencia de las partes; y en la especie, el juez a quo no instó una denuncia penal en orden a un interés propio, sino que el magistrado, en cumplimiento de sus obligaciones legales, dispuso remitir los antecedentes a la Justicia Penal a efectos de que se investigara la posible comisión de delitos en virtud de lo acontecido en el trámite de una causa sometida a su conocimiento.
Recusación, jueces, denegatoria del recurso, derechos y garantías constitucionales, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Envíos Ya SA y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de recusación - amparo - otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-31

Corresponde rechazar el recurso de queja toda vez que no se aprecia una relación directa entre la causal invocada por el recurrente en el marco de una recusación y las medidas adoptadas por el magistrado, por lo que tampoco pueden ser equiparadas como decisiones no susceptibles de reparación ulterior. Esta deficiencia determina que la queja carezca de la fundamentación exigible a ese tipo de recursos, por lo que entiendo aplicable mutatis mutandis la doctrina de la CSJN en lo concerniente a los fundamentos que deben exponer las quejas por recursos denegados (Fallos 287:237; 298:84; 302:183; 311:133 entre otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Beneficios previsionales, sueldo anual complementario, régimen jubilatorio provincial, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Riachi De Mansilla, Gloria del Valle c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

El beneficio reconocido a los trabajadores en actividad por el art. 82 del Reglamento de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, aprobado por Dec. Provincial 1578/86 ("todo el personal gozará del beneficio del doble aguinaldo que se abonará de la siguiente forma: a) el primero con el sueldo del mes de junio; b) el segundo con el sueldo del mes de diciembre"), no es "per se" aplicable al personal jubilado que hubiere trabajado en ese organismo, en la medida que el régimen previsional por el que fue otorgada la prestación no lo prevea expresamente. La descripción de remuneración contenida en el art. 33 de la ley 4.094, bajo cuyo amparo -en el caso- fue obtenido el beneficio, no basta para dar fundamento a la pretensión de que se incluya el adicional de "doble aguinaldo".
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, autoridad administrativa del trabajo, conciliación, homologación del acuerdo laboral, invalidez del acto administrativo, principio de irrenunciabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: Vivas,  Miguel  Angel c/ Peugueot  Citroen  Argentina  S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-19

En el ámbito nacional, los jueces del trabajo tienen competencia para entender en todos los conflictos individuales de derecho (art. 20 ley 18345), lo que incluye la facultad de apreciar la validez o invaliez de los actos que incidan en la resolución de los referidos conflictos, aunque los mismos hayan sido homologados por actos administrativos. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las partes y homologados por el Ministerio de Trabajo, surgen violaciones al orden público que impplican renuncia de derechos (art. 12 LCT), tales actos no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que, al no haber una justa composición de los derechos e intereses de las partes (art. 15 LCT) pueden ser declarados inválidos por el juez laboral competente (cfr. CNAT Sala IV sent. 54279 14708/01 Gimenez Fortunata y otro c/ Finexcor S.A. y otro ).(del voto del Dr. Zas).