Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-14


Reg.: A y S t 280 p 391/396. En la ciudad de Santa Fe, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil diesciocho se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler con la Presidencia de su titular doctor Rafael Francisco Gutiérrez a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "HORN, CLAUDIA ELISABET contra PROVINCIA DE SANTA FE -SENT. ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD TRABAJO" (CUIJ 21-04660298-3) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. CUIJ NRO. 21-04660298-3). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Gutiérrez, Spuler, Netri y Falistocco. A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Mediante pronunciamiento registrado en A. y S. T. 277, págs. 86/89 esta Corte admitió la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra el fallo de fecha 23 de noviembre de 2016, dictado por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, al verificar -desde el análisis mínimo y provisorio que correspondía a ese estadio- que la postulación de la recurrente contaba, prima facie, con asidero en las constancias de la causa y suponía articular con seriedad un planteo idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. El nuevo examen de admisibilidad que impone el artículo 11 de la ley 7055, efectuado con los autos principales a la vista, me conduce a ratificar la conclusión arribada por el Cuerpo en aquella oportunidad, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 212/215 vto.). Voto, pues, por la afirmativa. A la misma cuestión, los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: 1. Claudia Elisabet Horn entabló demanda por cobro de indemnización por accidente de trabajo contra la Provincia de Santa Fe, por la suma correspondiente a la incapacidad laboral que surgiría de la Junta Médica a realizarse ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Relató que en fecha 28 de julio de 2010, realizando sus tareas habituales de asistente escolar, al ingresar a la sala de profesores, tropezó con una baldosa o zócalo que e encontraba a desnivel en el piso, sufriendo las lesiones que dieron lugar a la demanda. Añadió que nunca le fueron depositadas las sumas adeudadas; y que la vía administrativa se encontraba agotada ya que la falta de constitución de la Junta Médica impidió la continuación del trámite, lesionándose con ello sus derechos laborales. Sostuvo que si el empleador no cumplió con la obligación in vigilando, deber de seguridad y de prevención respecto del riesgo derivado del trabajo, es responsable a tenor de los artículo 512, 1109, 1072 y 1074 del Código Civil. También citó en apoyo de su reclamo a los artículos 902 y 1113 de dicho digesto legal y planteó la inconstitucionalidad del artículo 39 de la LRT. La Provincia contestó la demanda, se celebró la audiencia del artículo 51 de la ley 7945, se produjeron las pruebas ofrecidas y alegaron las partes, quedando así el expediente en condición de que se dicte sentencia. La Jueza en lo Laboral de la Cuarta Nominación de Santa Fe resolvió, en fecha 6 de agosto de 2015, hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, ordenar que la Provincia de Santa Fe abone a la actora la suma que resulte de la liquidación a practicarse conforme a las pautas establecidas en el decisorio, con costas a la vencida. En los considerandos del fallo dispuso que todas las prestaciones dinerarias a cargo de la condenada se liquidasen al momento del pago, conforme a las modificaciones previstas por los artículos 3, 8 y 17.6 de la ley 26773, declarando la inconstitucionalidad del art. 17.5 de la ley 26773 y del art. 17 del Dec. 472/14. La demandada impugnó dicho pronunciamiento. Luego de contestados los agravios, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral corrió traslado a las partes, a fin de que expresen lo que estimen conveniente a su derecho, teniendo en cuenta la doctrina del fallo "Espósito", la doctrina relativa a la inconstitucionalidad del artículo 12 de la LRT conforme al fallo de ese Tribunal "Antuña", como así también el criterio de intereses definido en "Ibarra". Posteriormente, la Sala, mediante pronunciamiento de fecha 23 de noviembre de 2016 resolvió: 1) hacer lugar al recurso de apelación de la demandada y, modificando la sentencia de grado, dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del artículo 17.5 de la ley 26773 y del art. 17 del Decreto 472/14, ordenando liquidar la indemnización de la ley 24557 sin aplicación del RIPTE y asimismo, dejó sin efecto la condena al pago de la indemnización prevista en el artículo 3 de la ley 26773; 2) declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, disponiendo que la indemnización por incapacidad laboral permanente se liquide tomando como base para el "cálculo, liquidación y ajuste" la remuneración que la víctima percibió, debía percibir o hubiera percibido de no mediar el impedimento en el mes inmediatamente anterior al que se practique la liquidación administrativa o judicial de su acreencia. Ordenó que una vez establecido el capital de la prestación, la suma resultante devengaría intereses retrospectivos desde la mora y el momento de la liquidación, como así también intereses prospectivos (desde la liquidación del capital con más los moratorios hasta entonces) hasta el cumplimiento. Para los primeros fijó una tasa del 12% anual, ya que indemnizan la pura indisponibilidad del capital en tiempo oportuno; para los segundos dijo que correspondía estar a la doctrina de la Sala en el precedente "Ibarra" del 28.08.15; 3) Impuso las costas en la Alzada el orden causado atento al cambio de jurisprudencia. 2. Contra dicho pronunciamiento interpuso la accionada recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el supuesto previsto en el artículo 1ro., inciso 3ro., de la ley 7055, por considerar que lesiona las garantías constitucionales de ser oído en el proceso y de obtener una decisión fundada, no reuniendo las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción. Afirma que la Alzada omitió el tratamiento del agravio respecto de la imposición causídica resuelta en la sentencia de baja instancia, en tanto consideraba que el vencimiento era parcial, en virtud de que en la misma se habían desestimado los rubros vinculados al daño material y moral reclamados bajo los parámetros civiles. Por otra parte, sostiene que la Sala incurrió en reformatio in pejus al declarar la inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 24557, desde que esta cuestión no fue propuesta en la apelación para que fuera revisada, lo cual traduce también -a su criterio- un notorio apartamiento de las constancias de la causa y de la solución normativa prevista para el caso. Cita en apoyo de su postura lo resuelto por la Corte nacional in re "González c. Liberty ART SA", antecedente en el cual el Alto Tribunal remitiendo al dictamen del Procurador señaló que la aplicación de una inconstitucionalidad no pedida colocó a la única apelante en peor situación que la resultante de la sentencia apelada, lo que constituye una violación en forma directa e inmediata de las garantías de defensa en juicio y propiedad. En ese orden de razonamiento aduce que el mismo vicio se configuró respecto de la tasa de interés aplicada por la Sala, cuya elección es dogmática. Afirma que el Tribunal efectuó una visión parcializada del caso, y que su pretensión no implica cuestionar aspectos procesales sino evidenciar la ausencia de validez en lo fallado. Señala que su parte -única apelante- pidió la revisión de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 17, inciso 5, de la ley 26773 formulada por el Juez inferior, en razón de la consecuente aplicación retroactiva del índice allí previsto, y también la revisión de la orden de pago de la prestación adicional prevista en el artículo 3 de esa ley. Explica que al ingresar al tratamiento del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, la Alzada operó el quiebre del principio de congruencia y la regla de bilateralidad, lo que no se supera con el traslado conferido, ya que su parte advirtió que la doctrina de "Antuña" e "Ibarra" no podía justificar un tratamiento de aspectos no llevados a la apertura de la instancia de apelación, tutelados por la cosa juzgada derivada de la no impugnación oportuna. Sostiene que los juzgadores soslayaron los argumentos que en su momento expuso, en un claro apartamiento de las circunstancias fácticas y legales. En este aspecto considera necesario detallar el contexto de la causa y así explica que el presente es una acción por reparación de daños sistémicos o tarifados derivados de una enfermedad accidente (y no por distracto), juicio durante el cual dice que el actor no dejó de percibir su remuneración ni ninguna de las prestaciones asistenciales previstas en la Ley 24557. Es por tal razón que considera equivocado el fundamento expuesto por la Sala a fin de motivar la relación entre el daño resarcible, el interés aplicable, y la medida de la reparación. Así, remarca que el fundamento vertido en el fallo para aplicar la tasa máxima del B.C.R.A. más el 15 % de interés, consistente en la necesidad de financiación alternativa para el trabajador, en el caso no es correcto por cuanto Horn no tuvo necesidad de ocurrir al mercado financiero de créditos en razón de que continuó percibiendo el salario, salvo que existieran otras razones no imputables a la Provincia demandada. Puntualiza además que tampoco es trasladable analógicamente a este caso la figura del "empresario", ya que la actividad del Estado excluye la hipótesis de que se financien con créditos bancarios los gastos corrientes habilitados presupuestariamente, y a su vez porque se desconoce el carácter de empleado público del actor. Por último, entiende que la resolución carece de fundamentación suficiente al no explicar el perjuicio ni surgir acreditados los presupuestos en los que se apoyaría la inconstitucionalidad del artículo 12 mencionado. 3. Denegada por la Sala la concesión del recurso extraordinario interpuesto, la compareciente se presenta en forma directa ante esta Corte, logrando por esa vía el acceso a la instancia de excepción prevista en la ley 7055. 4. El estudio de la presente causa me conduce a la conclusión de que la sentencia impugnada no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción que asiste al justiciable, por lo que corresponde ser descalificada desde una óptica constitucional. En efecto, ante todo, en relación a los agravios vinculados a la declaración de inconstitucionalidad de oficio efectuada por la Sala del artículo 12 de la ley 24557 -como consecuencia de haber admitido el recurso de apelación parcial de la demandada respecto a la aplicación temporal de la ley 26773 conforme la doctrina del fallo "Espósito" de la Corte nacional-, debe señalarse que las cuestiones aquí debatidas fueron motivo de análisis y resolución por esta Corte en el precedente "Ojeda c/ Asociart ART SA" (Expte C.S.J. CUIJ Nro. 21-05166941-7), a cuyas consideraciones me remito y doy aquí por reproducidos a efectos de fundar la anulación de lo resuelto al respecto. En relación al cuestionamiento relativo a la tasa de interés fijada por remisión al fallo "Ibarra" de esa Sala también debe tener favorable acogida dado que lo decidido resulta descalificable en esta instancia excepcional conforme a lo expuesto por esta Corte in re "Olivera" en fecha 30.10.2017. Sólo cabe agregar que la arbitrariedad en el caso se hace aun más evidente ya que la remisión genérica de la Sala a dicho precedente se efectúa sin siquiera advertir que estamos ante un trabajador del sector público que siguió percibiendo su salario, y cuyo empleador no es una "empresa", sino el Estado provincial. Finalmente, también resulta procedente el agravio de la compareciente relativo a la imposición a su parte de la totalidad de las costas en Baja Instancia, dado que el mismo no recibió un tratamiento adecuado por parte de la Alzada, al dejar en definitiva sin respuesta suficiente el planteo vinculado a que mediaba un vencimiento parcial de la pretensión indemnizatoria bajo los parámetros de la ley civil, debiendo distribuirse las costas conforme al artículo 102, in fine, del C.P.L. En suma, los déficit puntualizados evidencian la arbitrariedad de la decisión de la Sala, de suerte tal que lo decidido no resulta derivación razonada del derecho vigente con sujeción a los planteos de las partes y a las circunstancias particulares de la causa, debiendo ser anulada en lo que fue materia de recurso. En cuanto a las costas, deben ser soportadas en el orden causado atento a que -en lo esencial- la jurisprudencia en que fundó el A quo su decisión, pudo generar razonablemente en la actora la creencia de que existía razón bastante para litigar. Por todo lo expuesto, voto pues por la afirmativa. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Presidente doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido. A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿que resolución corresponde adoptar?- el señor Presidente doctor Gutiérrez dijo: Atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Así voto. A la misma cuestión los señores Ministros doctores Spuler, Netri y Falistocco dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Presidente doctor Gutiérrez y así votaron. En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado en lo que fue materia de recurso, con costas en el orden causado. Remitir los autos al Tribunal que corresponda para dicte nuevo pronunciamiento conforme al presente. Registrarlo y hacerlo saber. Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros, por ante mí, doy fe. FDO.:GUTIÉRREZ - FALISTOCCO - NETRI - SPULER - FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación en lo Laboral, Sala II, Santa Fe. Otro Tribunal interviniente: Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral de la Cuarta Nominación de Santa Fe.