Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2005-05-09


Salta, 9 de mayo de 2005.

Y VISTOS: Estos autos caratulados: "UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR - U.T.A. vs. ALE HERMANOS S.R.L. - INCIDENTES" - Expte Nº 63297/02 del Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades 2° Nominación (Expte. N° CAM 83789/3 de Sala II), y, CONSIDERANDO:

La resolución de fojas 63/66 que rechaza el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por la actora, es apelada a fojas 69 por la misma .

Presentados los agravios a fojas 75/82, expresa en ellos que la sentencia incurre en contradicciones en torno a lo que se entiende por "orden público laboral" consagrado en la Ley de Contrato de Trabajo, manifestando que el mismo se encuentra vulnerado. Que tampoco es cierto que hagan sacrificios todos los involucrados, ya que el único involucrado es el trabajador en relación de dependencia. Además no se da la situación de emergencia que el Juez cita para limitar los derechos, toda vez que la cesación de pagos no es creíble, ya que la misma es una contingencia natural en el desarrollo de las empresas en la economía capitalista.

Expone una serie de argumentos, con un extenso análisis y citas de autores, destinados a demostrar que la limitación que introduce el artículo 20 de la L.C. al derecho de los trabajadores, viola todos los derechos laborales aplicando "la emergencia de la cesación de pagos", realizando también un análisis del fallo de la Corte Suprema que se cita .

Transcribe del artículo 20 de la L.C. los párrafos referidos al contrato de trabajo que dicen: "La apertura del concurso preventivo deja sin efectos los convenios vigentes por el plazo de tres años, o el de cumplimiento del acuerdo preventivo, el que fuere menor". "La concursada y la asociación sindical legitimada negociaran un convenio colectivo de crisis por el plazo del concurso preventivo, y hasta un plazo máximo de tres años".

Según lo que expresa a fojas 39/48 la inconstitucionalidad se basa en el tratamiento desigual que se dispensa a los acreedores laborales, ya que dice, mientras la totalidad de los acreedores post concursales como son por ejemplo los proveedores de combustible, o los proveedores de materias primas y de servicios a la empresa cobran el 100% de su crédito, el crédito de los trabajadores que también son posteriores a la presentación del concurso, tienen que perder su convenio por dos años, lo que afecta el derecho de igualdad ante la ley. además de no respetar la garantía constitucional de los gremios a concertar libremente los convenios colectivos de trabajo. Sostiene por otra parte, que la discriminación que sufren en las remuneraciones los que trabajan en relación de dependencia en empresas concursadas con respecto a los empleados de empresas no concursadas, infringe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en la parte que consagra el principio igual remuneración por igual tarea".

En la sentencia de fojas 63/66 la señora Juez de primera instancia no hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad planteada por la U.T.A. Con apoyo en la opinión doctrinaria de los autores que cita y de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionados, juzgó que la disposición contenida en materia laboral en el artículo 20 de la ley 24.522, es una regulación autónoma e independiente de la L.C.T. y del resto de la legislación del trabajo. El convenio de crisis que en virtud de esta norma suplanta al convenio colectivo es constitucionalmente válido. Tiene sustento en la jerarquía superior de la ley sobre la convención colectiva y la necesidad de anteponer el interés general sobre el sectorial. Se trata de una solución limitada en el tiempo, un medio razonable, válido y proporcional al estado de cesación de pago de la empresa, mediante la cual el legislador busca beneficiar el interés de todos los involucrados, incluidos lo trabajadores.

A fojas 75/82 la U.T.A. presenta el memorial de agravios. Este escrito, lo mismo que el presentado a fojas 39/48 tienen como columna vertebral de la inconstitucionalidad, dos principios concordantes, a saber: el de igualdad ante la ley, y el de igual remuneración por igual tarea.

Que como respuesta al asunto planteado hay que comenzar señalando que ninguno de los derechos y de las garantías constitucionales son absolutas. Las limitaciones tienen origen en el artículo 14 de la Constitución Nacional según el cual el goce de los derechos "debe ser conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio". El Congreso resulta así investido con la potestad de dictar todas las restricciones que nacen del conjunto de medios y de recursos ideados por la misma Constitución para afianzar la justicia, consolidar la paz, y procurar el bienestar de todos; "y si no se hubiese dado al Congreso aquella facultad, cada individuo, pudiendo gozar sin ninguna restricción de sus derechos absolutos, habría destruido el orden social" (Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, pág.110, sumario 90, editorial Estrada 1971).

Con respecto a la igualdad, el principio está consagrado en la segunda cláusula del artículo l6 del siguiente modo: "Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

"En su sentido más positivo, o sea del punto de vista de su aplicación a los fines protectores,...la igualdad de todas las personas ante la ley no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unas, de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. De aquí se sigue que la verdadera igualdad consiste en aplicar, en los casos ocurrentes, la ley según las diferencias que los constituyen y caracterizan. Cualquiera otra inteligencia o aceptación de este derecho, es contraria a su propia naturaleza y al interés social" (op. cit. pág. 126, sumario 107).

Por lo expresado es obvio que en el caso ocurrente, la U.T.A. no puede poner en un plano de igualdad a la empresa que se halla en estado de concurso preventivo, con otra que tiene su patrimonio saneado. No es lo mismo la situación de la que está en cesación de pago, de la que se halla in bonis. Entonces, tratándose de circunstancias diferentes el principio de igualdad ante la ley no resulta afectado.

Aunque las tareas sean iguales tampoco se resiente el principio de igual remuneración. En las empresas con patrimonio saneado no es necesario modificar el estatuto laboral. Distinta es la situación de las empresas en estado de concurso preventivo. El ejercicio de los derechos del trabajador en las empresas en crisis está reglamentado por el artículo 20 de la 24.522. La medida tiende a solucionar el estado de cesación de pago y ha sido dispuesta por el legislador en uso de las facultades que tiene el Congreso de la Nación. Por lo tanto la suspensión provisional del convenio colectivo aunque afecte las remuneraciones es constitucionalmente válido.

En el mensaje de elevación de la ley al Congreso se advirtió que resulta dificultoso obtener el saneamiento de las crisis empresarias haciendo prevalecer la estabilidad de las condiciones laborales, porque con el transcurso del tiempo y de la crisis esta solución no permite la recuperación de la empresa, sino que produce mayores perjuicios a los trabajadores.

La posición intransigente del gremio conduciría a este resultado pues el fracaso del concurso preventivo determinaría la quiebra de la empresa, con la consiguiente desaparición de la fuente de trabajo. Si en cambio se admite el convenio de crisis en reemplazo del convenio colectivo, la regulación se haría como dice la señora Juez, teniendo en cuenta los ingresos genuinos de la concursada y la manera de distribuirlos, buscando que la solución prevista en la ley impacte de la menor manera posible en los salarios del trabajador (último considerando reverso fs.65/66).

Por lo expuesto y por sus propios fundamentos se confirma la resolución apelada, con costas al recurrente.REGÍSTRESE, notifíquese y baje.