Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-10-31


000061/2008 --- En la ciudad de Trelew, a los 31 días de octubre del año dos mil ocho, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Carlos A. Velázquez y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Marcelo López Mesa, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "P., N. L. c/ O. B. L. C. s/ Indemnización" (Expte. 91 - Año 2008) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y, SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sorteo practicado a fs. 35.------------------------- A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: --------- Que a fs. 20/22 el Sr. Juez de grado hizo lugar a la demanda promovida por la actora contra la O. B. L. C., condenando a la demandada a abonarle a la actora en el término de diez días la suma de $ 2.694,24 más intereses. Asimismo se condenó allí a la accionada a pagarle a la Srta. P. en concepto de astreintes la suma diaria de PESOS CINCUENTA ($50,00) por incumplir con la obligación legal de entrega del certificado de trabajo de la actora (art. 80 LCT, y art. 666 Código Civil). Impuso el a quo las costas del pleito a la O. B. L. C., en atención a su calidad de vencida en la litis. -------------------------------------------------------------- Que contra dicha sentencia la actora interpuso recurso de apelación a fs. 24, el que fue concedido a fs. 25 y fundado a fs. 27/28.------------------------------------------------------------- Se agravia la accionante de que se haya omitido considerar el reclamo promovido por su parte de que se aplique en el caso lo dispuesto por el art. 9 de la ley 25013 y el art. 275 LCT. Puntualmente cuestiona que no se haya considerado temeraria y maliciosa la conducta de la demandada de autos, cita jurisprudencia y solicita que se revoque la sentencia apelada en este aspecto, con costas.------------------------------------------ Que corrido traslado de los agravios a la contraria a fs. 29 no es contestada la vista.----- Ingresaré al análisis del único agravio de la actora, no sin antes manifestar mi profunda extrañeza por la índole de su pretensión y la naturaleza de sus alegaciones efectuadas en pro de fundar la primera. ------------------------------------------------------------------- Comenzaré por el principio. La primera pretensión del recurrente se funda en el art. 275 LCT. Esta norma establece que "Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces, atendiendo a la conducta procesal asumida. Se considerarán especialmente comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos por accidente de trabajo, atendiendo a las exigencias más o menos perentorias provenientes del estado de la víctima, la omisión de los auxilios indispensables en tales casos, o cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho".---------------------------------------------- La norma en su segundo párrafo contiene una enunciación meramente enumerativa de supuestos que pueden configurar temeridad o malicia. No se trata de un listado taxativo, como la propia norma lo dice indirectamente al utilizar la palabra "especialmente", además de que la taxatividad es un principio excepcional que solo procede ante una norma expresa que lo establezca, lo que no ocurre en este caso.---------- Pese a que el listado contenido en la norma es enumerativo, igualmente de él surgen importantes consecuencias. El segundo párrafo, en lo que atañe a este caso, menciona supuestos y da pautas tales como "cuando sin fundamento, y teniendo conciencia de la propia sin razón, se cuestionase la existencia de la relación laboral, se hiciesen valer actos cometidos en fraude del trabajador, abusando de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho", los que encuadran arquetípicamente en el supuesto de temeridad o malicia.------------------------------------------------------------------------ ---- Claro que puede haber otros que éstos, pero a la luz de la norma aplicable tengo para mí como, una verdad incuestionable, que la imposición de una sanción por temeridad o malicia, basada en el art. 275 LCT o en cualquier otra norma sustancial o procesal, requiere de una serie de requisitos esenciales, sin cuya reunión o concurrencia jamás puede imponerse una multa de este tipo. El primero de esos requisitos es el ejercicio del derecho de defensa del sujeto a quien se pretende imponer la multa. Si éste no contesta la demanda, no se opone a la pretensión actora, no impugna sin razón los documentos que ésta presentara o niega temerariamente asertos fácilmente comprobables, no puede existir ni temeridad ni malicia, justamente porque no hay actuación.---------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Ni la temeridad ni la malicia son variedades que puedan crecer en el vacío, esto es, sin raíces en la actuación del supuesto responsable. La recurrente ha pretendido crear una variedad -por así llamarla- hidropónica de temeridad y malicia, plasmando una pretensión inacogible, al extremo de su absoluta insustentabilidad jurídica y lógica.---------- El problema básico en autos es que no sólo no se da ninguno de los requisitos sustanciales ni procesales para la imposición de la multa pretendida, sino que si no fuera que el único recurrente era la actora, habría que anular la sentencia, dado que se ha infringido en la sentencia de grado el instituto de la cosa juzgada, al acoger pretensiones que debieron integrar la litis original tramitada entre ambas partes. ------------- Dos juicios tramitados entre las mismas partes, en ambas ostentando idénticas calidades de actor y demandada, sobre la base de una pretensión surgida de idéntica relación sustancial, no pudieron llegar ambos a sentencia, dado que la cosa juzgada obligaba al rechazo del segundo, por aplicación del principio de la cosa juzgada implícita, que obligaba a la actora a concentrar sus pretensiones en la primera demanda, so riesgo de serle vedado el reclamo posterior de pretensiones que pudieron y debieron integrar aquella litis.-------------------------------------------------------------------------- ----- Bien se ha resuelto que a los efectos de la excepción de cosa juzgada, es irrelevante la circunstancia de tratarse de acciones diferentes, cuando las mismas dimanan de la misma relación jurídica y porque los efectos de la sentencia alcanzan a todos aquellos aspectos que han sido motivo de un pronunciamiento expreso o implícito en el juicio anterior, ya que la cosa juzgada cubre tanto las cuestiones debatidas y resueltas, como las que no fueron objeto de debate, pudiéndolo haber sido.(CNCom., sala A, 19/2/82, "Viappiani, Enzo c. Viappiani, Dídimo", en LL online).---------------------------------------------- ---- En este sentido, en voto minoritario, el Sr. Juez de esta Sala Dr. Carlos A. Velázquez -actuando como vocal del Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia- en un voto sólido declaró que "...se asiste hoy al florecimiento de una corriente doctrinaria enderezada a repensar los alcances subjetivos y objetivos de la cosa juzgada (confr.: Peyrano, "A propósito del redimensionamiento de los alcances de la cosa juzgada", L.L. 1.985-E-174), hemos de concluir que ha recibido el espaldarazo aquella construcción -tampoco flamante ni novedosa- que incluía en el contenido de la cosa juzgada las cuestiones implícitamente decididas en el fallo (confr.: Guasp, "Derecho procesal civil", 3era. ed., I-562 n° 5; C.S.N., Rep. L.L. XXXI-434, sum. n° 6; S.C.B.A., Ac. y Sent. 1.960-I-87 y 1.960-V-325), incluso aquéllas que pudiendo haber sido planteadas no lo fueron (confr.: C.N.Civ., sala "C", E.D. 86-277; ídem, sala"E", E.D. 88-686; íd., sala "F", L.L. 1.980-A-556 y L.L. 1.981-C-96; Cám. Apel. C. y C. San Isidro, sala I, E.D. 93-515). Al referirse al instituto de la preclusión, ilustraba Chiovenda sobre el punto que "precluída no está solamente la facultad de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas, sino que precluída está también la facultad de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido plantearse" ("Cosa juzgada y preclusión", en "Ensayos de derecho procesal civil", trad. de Sentís Melendo, EJEA 1.949, III-229) (STJ Chubut, voto del Dr. Velázquez, en sentencia del 21 de Junio de 2001, in re "R., R. R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda por cobro de intereses" (Expte. Nº 16.873 -R- 99).----------------------------------------------------------------------- Se dijo luego en ese voto que "Por aplicación de tal doctrina es que no puede admitirse esta nueva demanda por el rubro intereses, cuestión abarcada por continencia, conexidad y accesoriedad en la anterior causa "Pimentel...", donde ya recayera sentencia definitiva desestimatoria por no haber sido esos accesorios objeto de la pretensión allí incoada (confr.: C.N.Civ., sala "C", L.L. 1.988-E-334 y sgts.; C.N. Com., sala "B", L.L. 105-827; C.N. Cont. Adm. Fed., sala III, B.C.N. Fed. dic. 1.980-170, n° 411). En la laudatoria nota que acompañara la publicación del primero de los recién indicados precedentes -ya mentada por el Dr. Torrejón en su voto- se señaló, precisamente, que "la solución es correcta y adecuada a los principios sintéticamente recordados en esta nota. Admitir lo contrario significaría desconocer el ´buen orden´ y la certeza emanada de los actos procesales, haciendo del proceso un juego reglado por la malicia del litigante ímprobo.- Retomamos así la categoría de la preclusión destinada a asegurar aquellos valores, al poner vallas infranqueables para la realización tardía de actos o impedir su reproducción, aparejando la pérdida definitiva del derecho no ejercitado oportunamente, tal como ha ocurrido en el caso juzgado" (Fenochietto, "Cuestiones litigiosas amparadas por la cosa juzgada", L.L. 1.988-E-338)". Idéntico criterio corresponde plasmar en este caso, donde se pretende reclamar aquí rubros que ya fueron -y otros que debieron ser- motivo de reclamo en anterior proceso tramitado entre las mismas partes.------------------------------------------------------------------------- -------------- Es que todas las cuestiones planteadas y debatidas en un proceso y resueltas en forma expresa o implícita en la sentencia, una vez firme ésta han devenido inmutables, es decir que nos encontramos en presencia de la cosa juzgada formal y material, por lo que no pueden ser ventiladas en ése o en un nuevo proceso. (Cám. Civ. Com. Azul, 31/5/93, "Di Giácomo y Consalvo S. A. c. Santomauro, Donato A.", DJ 1994-1, 834).-------- Y que "es efecto propio de la preclusión impedir que se traten nuevamente cuestiones ya decididas en forma expresa o implícita en el juicio o fuera de él, aún cuando se sustenten en otras razones jurídicas, máxime si los planteos en que se fundan las impugnaciones no fueron hechos oportunamente por razones imputables a la propia interesada, siendo los derechos nacidos de la preclusión tan dignos de protección constitucional como los surgidos con motivo de la cosa juzgada" (Corte de Justicia de la Provincia de Salta, 27/4/05, "S., H. José M. c. C., Oscar D.", LLNOA 2005 (agosto), 974 y DJ 2005-3, 130; en similar sentido, Cám. Nac. Apels. en lo Civil y Comercial Federal, sala I, 25/3/99, "La B. A: Cía. de seguros c. Defisa.", La Ley 1999-E, 247).-------------------------------------------------------- ------------------------ El problema es que, habiendo apelado solamente la actora el fallo de grado, aplicar en autos la cosa juzgada llevaría a modificar la situación que ella cuestionara en su perjuicio, plasmando un caso de reformatio in pejus, lo que no procede.------------------------- Ello así, me concretaré a analizar el único agravio de la actora, no sin antes exhortar al juez a evitar este tipo de pronunciamientos en posteriores litis.---------------------------------- Dejando atrás lo anteriormente expuesto, en aras de dar correcto tratamiento al agravio traído, debo decir liminarmente que cuesta comprender el motivo de la apelación introducida por la actora contra la sentencia de fs. 20/22.------------------------------- La pretensión del apelante resulta peregrina e inacogible. Como primera medida cabe aclarar al recurrente que este reclamo ya integró su pretensión en el expediente tramitado previamente apiolado al presente (cfr. fs. 4/vta. del expte. 22363, año 2007), siendo acogida tal pretensión por la sentencia dictada por esta Sala en dicho proceso (cfr. fs. 153vta./154 del expte ya citado, apiolado a autos).------------------------------------------- No puede existir una nueva aplicación de multa por una misma relación sustancial ya resuelta y firme, porque ese punto está alcanzado por la cosa juzgada y resolverlo así no provoca reformatio in pejus. En tal situación, el Sr. Juez de grado debió rechazar expresamente este tópico, al igual que los restantes, pero en este caso, por existir cosa juzgada no implícita, sino expresa.------------------------------------------------------------------------ -- En segundo lugar, en este caso son diferentes las circunstancias respecto del anterior proceso fallado por esta Sala, pues aquí no ha habido contestación de la demanda. Y cabe dejar sentado que sin contestación de la demanda, esto es, sin contradicción no puede haber ni temeridad ni malicia, formas diversas de disfuncionalidad o exceso en el ejercicio del derecho de defensa de un derecho suyo por un sujeto procesal.----------------------------------------------------------------------- ------------------- Justamente la existencia de cualquiera de estas disfuncionalidades del ejercicio del derecho de defensa requiere de la existencia de contradicción. Debo expresar mi extrañeza por la liviandad de la actuación de la recurrente que parece no comprender que nunca puede -ni conceptual ni prácticamente- existir temeridad ni malicia cuando la parte no ha contestado la demanda ni se ha opuesto a la pretensión actora. --- Ontológicamente la malicia consiste en el empeño en una litis de pretensiones que se sabe injustas, abusivas, ilícitas o inmorales, actuación que trasunta o evidencia propósitos obstruccionistas y dilatorios. En cambio, se configura la temeridad cuando se actúa en forma inconsiderada, imprudente, carente de razón o motivo, debiendo tales hechos -para que la sanción se torne procedente- resultar plenamente acreditados en juicio no resultando de ninguna manera suficiente la desestimación de la pretensión ya que de ser así se podría comprometer el derecho de defensa en juicio (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 2ª, 23/4/91, "Marrochetti, Mariana c/ López, Juan Carlos y otro s/ Desalojo"; ídem, 15/4/93, "Battauz, Héctor Orlando c/ Borocci, Luis y otros s/ Disolución y liquidación de sociedad" e ídem, 11/8/94, "Scicolone, Manuel c/ Prantera, Omar s/ Daños y perjuicios", todos en Juba sum. B150356).-------------------------------------------------- Bien se ha dicho también que se entiende por temeridad la conducta del actor o del demandado que saben a ciencia cierta que no tienen razón valedera, que no están asistidos por la razón, no obstante lo cual, abusando de la jurisdicción componen un proceso del cual se ha de generar un daño a la otra parte. La malicia, en cambio, se revela durante el desarrollo del trámite, mediante actitudes manifiestamente improcedentes, mañosas, con el sólo propósito de dilatar el trámite del proceso (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 3ª, 19/12/89, "Alegre de Sotés, Delia y otros s/ Quiebra s/ Incidente de acción revocatoria concursal y cobro de pesos", en Juba sum. B350199).------ Sin ser irónico, se me escapa una pregunta sutil ¿cómo podría corporizarse en el caso temeridad o malicia si no ha existido oposición de la accionada al planteo actor, justamente porque no ha habido contestación de la demanda y la cuestión ha sido declarada de puro derecho?.----------------------------------------------------------------------- ----------- El recurrente parece no comprender el alcance de estos conceptos, al pretender su aplicación en una litis como la presente. Igualmente ha hecho mal el juez en no pronunciarse expresamente sobre este punto del reclamo de la actora.-------------------------- La inviabilidad sustancial y procesal de la pretensión actora resulta indisimulable. -------- No pudo soslayar esa parte, además, que temeridad y malicia no son conceptos equiparables ni -menos aún, sinónimos-. La actora los equipara, pero son conceptos diversos e incompatibles, pues o se actúa con malicia o se lo hace con temeridad, siendo la actitud y la intención evidenciada por el litigante en uno y otro radicalmente distinta e incompatible su acumulación. Ello, al punto de que nunca se puede actuar con ambas a la vez.---------------------------------------------------------------------------- ----------------------- Igualmente, es dable aclarar que no obstante la diferencia de concepto que existe entre temeridad y malicia, ambas tienen un común denominador: la mala fe de quien las realiza (Cám. CC 2ª La Plata, Sala 3ª, 19/12/89, "Alegre de Sotés, Delia y otros s/ Quiebra s/ Incidente de acción revocatoria concursal y cobro de pesos", en Juba sum. B350200).----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- Por otra parte no es dable dejar de tener en cuenta que "para que se torne procedente la temeridad y malicia los hechos que la configuren deben resultar plenamente acreditados en juicio y no resulta de ninguna manera suficiente la desestimación de una pretensión ya que de ser así se podría comprometer el derecho de defensa en juicio" (Cám. CC 1ª La Plata, Sala 2ª, 21/4/92, "Lissa, Miguel c/ Seoane, Olga Beatriz s/ Simulación de acto jurídico", en Juba sum. B150879).---------------------------- De lo anterior se deducen sin esfuerzo varias reglas aplicables en materia de temeridad y malicia: -------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 1) el juzgador debe ser sumamente cauteloso al formular la evaluación de la conducta, teniendo presente que cualquier exceso conduciría al menoscabo de la defensa en juicio, por lo cual la duda debe resolverse por la inaplicabilidad de la multa (CNCom., sala A, 29/8/97, "Netco S.A. v. Hilotex S.R.L.", JA 1998-I, síntesis).-------------------- 2) La imposición de multa cuando se declarase maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo perdiere total o parcialmente, exige que tal inconducta haya perjudicado a la contraria al ocasionar una demora en la sustanciación del proceso. Es decir, deben vincularse dos elementos esenciales: a) conducta maliciosa o temeraria; y b) existencia de un perjuicio, real y concreto, en desmedro de la otra parte (CNCiv., sala L, 22/2/94, "Romero, Rodolfo v. Moretta, Norma E.", JA 1995-I-3, voto en disidencia del Dr. Polar).------------------------------------------------------------------------- ----------- ------ 3) La conducta temeraria o maliciosa prevista en el art. 275 LCT. consiste en litigar con plena conciencia de la sinrazón. Tanto la falta de derecho como la conciencia de ello deben resultar positivamente de las probanzas de la causa, ya que en este punto rige el principio penal según el cual la duda se resuelve a favor del imputado. Encontrándose en juego en estos casos el principio constitucional de la defensa en juicio de la persona y de los derechos, la multa procesal debe aplicarse en aquellos casos en que la sinrazón para litigar aparezca tan evidente y manifiesta que impida un margen mínimo de duda al juez (CNTrab., sala 4ª, 20/2/07, "Lobnik, Helena E. v. Hermanas del Niño Jesus y otros, despido", en AbeledoPerrot online).------------------------------ 4) La conducta temeraria o maliciosa no surge del hecho de que el empleador haya perdido el pleito o que sus pretensiones carezcan de sustento jurídico. La primera muestra una antijuridicidad objetiva y la segunda una ilicitud subjetiva. por ello, cuando la parte interesada solicita la sanción del art. 275 LCT o el juzgador siente el llamado interior a imponer una multa por ese motivo, ha de conjugar el derecho de legítima defensa y la necesidad de reparar los daños causados por la conducta procesal asumida por el empleador demandado (CNTrab., sala 6ª, 11/8/97, "L., Osmar v. LA PHOTO SA, despido", en en AbeledoPerrot online, voto del Dr. Capón Filas).------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 5) La determinación de una tasa punitoria no puede superar en forma exorbitante el monto del capital de condena, creando una situación inequitativa y contraria a los principios de la ley. La sanción impuesta en el art. 275 LCT. está dirigida a reprimir la malicia procesal pero carece de aptitud para justificar una evidente desproporción transformando su originario propósito represivo en una fuente injustificada de enriquecimiento (CNTrab., sala 6ª, 21/8/03, "Rizzi, Norberto v. Cámara Industrial Gráfica Argentina, despido", en AbeledoPerrot online).------------------------------------------------------------- 6) Toda duda debe resolverse por la inaplicabilidad de una multa por temeridad o malicia (C. Nac. Com., sala A, 6/6/97, "Raccioppi v. Ricciotti", JA 1998-I, síntesis).----------- Todas estas razones militan en pro de la inacogibilidad de la primera pretensión del recurrente, procediendo sin más el rechazo de su agravio relativo a la falta de aplicación del art. 275 LCT, dada su improponibilidad sustancial y procesal en este caso.------------- --- En cuanto al subagravio relativo a la ausencia de aplicación del art. 9 de la ley 25013, dicho aspecto no fue reclamado en la demanda que abriera el proceso anterior, apiolado a autos, habiendo debido serlo, al aplicarse al caso el principio de la cosa juzgada implícita, ya desarrollado en profundidad en el inicio de este voto. Con las consideraciones allí expuestas, las que doy por reproducidas aquí brevitatis causae, alcanza para comprender que el rubro que analizo no podía ser acogido por el a quo ni, menos aún, puede serlo en esta instancia, procediendo sin más su rechazo por existir a su respecto cosa juzgada implícita respecto de un proceso anterior en que debió haber sido reclamado este rubro.-------------------------------------------------------------------------- -------- --- A mérito de todo lo expresado, soy de la opinión de que debe confirmarse el decisorio apelado en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios, imponiendo las costas de alzada al recurrente (art. 68 CPCyC). -------------------------------------------------------- De compartir esta solución los distinguidos colegas de Sala, propongo regular los honorarios por la actuación profesional cumplida en esta instancia por el Dr. F. A. P. en el 25% de lo que le sea determinado como honorarios de grado, determinación que se compadece con la índole de sus trabajos en alzada, así como con el resultado obtenido por ellos (arts. 6, 7, 9, 14 y 19, Ley 2.200).----------------------------------- Por lo expuesto hasta aquí, a la primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA ------ --- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ---------------------------------------------------- I. En la introducción de su voto, el Dr. López Mesa ha sintetizado los antecedentes del caso y los motivos de agravio expuestos por la actora apelante, de manera que no tiene objeto abundar en consideraciones acerca de dichos aspectos, ya que se han satisfecho las exigencias rituales (arts. 163, inc. 3°; 164, C.P.C.C.; art. 76, Ley N° 69). Por tal motivo, en los apartados siguientes abordaré directamente las cuestiones traídas a decisión en esta Alzada, aunque seguiré un diferente orden expositivo.----------------------- II. Como lo ha señalado con acierto la apelante, el fallo registra una omisión parcial de pronunciamiento al no expedirse respecto del pedido de aplicación de lo dispuesto en los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la L.C.T., lo cual determina que esta alzada deba suplir dicha falencia en lso términos del art. 277,C.P.C.C., de aplicación supletoria en este fuero laboral (conf. art. 76, ley N° 69).----------------------------------------------------------- III. En cuanto a la sanción prevista en el art. 9 de la ley 25.013, considero que dicho pedido actoral resulta improponible en la presente causa. Ya el Dr. López Mesa señaló en su voto la existencia de otro juicio anterior entre las mismas partes y en base a la misma relación jurídica sustancial (Expte. 22363 - año 2007 - S.D.L. 73/07), por lo que el dictado del fallo definitivo selló la suerte de todos aquellos aspectos que han sido motivo de un pronunciamiento expreso o implícito en aquel proceso. Ello es así por cuanto la cosa juzgada cubre tanto las cuestiones debatidas y resueltas como las que no fueron objeto de debate, pudiendo haber sido planteadas en la debida oportunidad procesal (demanda o contestación). Dicho en otras palabras, esto implica que aquéllas cuestiones que, pudiendo haber sido planteadas, no lo fueron, una vez firme la sentencia de mérito han devenido inmutables, es decir que no pueden ser ventiladas en ese o un nuevo proceso (en el mismo sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F o 26/02/1981 o Penin, Néstor c. Meis, Juan C. y otro o LA LEY 1981-C, 96; entre muchos otros). De tal manera, si la actora consideraba que la demora en el pago de las indemnizaciones colocaba a su ex empleadora en la hipótesis prevista en el citado art. 9 de la ley 25.013, entonces pudo y debió introducir dicha reclamación en la primera demanda, y en tanto no lo hizo en aquella oportunidad, ha precluido su derecho a plantearlo en un nuevo proceso.------------------------------------------------------------------------ --- Podrá decirse que idéntica conclusión debería recaer respecto de la pretensión acogida en el decisorio en recurso, mas no resulta posible declararlo así en esta alzada, ya que este aspecto no mereció una concreta objeción de parte de la contraria, quien consintió la condena pecuniaria impuesta al no articular recurso de apelación a su respecto, de modo que tanto el principio de congruencia como la limitación impuesta por la reformatio in pejus circunscriben la temática decisoria a los términos del recurso abierto en esta Alzada e impiden, por lo tanto, revisar o modificar ese aspecto del decisorio (arts. 34, inc.4º, 163, inc. 6º, 271, 277 y conc. C.P.C.C).--------------------------------- IV. Tampoco resulta audible el agravio relativa a la multa prevista en el art. 275 L.C.T., como bien lo ha puntualizado ya el colega de primer voto.---------------------------------- Veamos. Para comenzar, la norma del art. 275 de la ley de contrato de trabajo supone la existencia de malicia o temeridad en la conducta del empleador, las cuales deben ser sancionadas por el juez de trabajo. En segundo lugar, dicha penalidad sólo se viabiliza en casos extremos y cuando de las actuaciones resulta un proceder que debe quedar perfectamente configurado, dejando en el ánimo de quien corresponde aplicarlas el convencimiento absoluto de que se ha actuado con dolo o culpa grave en grado sumo. En tercer término, el concepto que informa dicha norma es de carácter netamente procesal y se refiere a la inconducta del empleador durante el proceso: no se trata de un rubro integrativo de la demanda -como indebidamente lo planteara la actora en su escrito de postulación- sino que tendrá la posibilidad de requerir su aplicación en el curso del juicio, si se presentaran los extremos previstos en la norma, esto es, que la contraparte actuara evidenciando propósitos obstruccionistas o dilatorios. Sin embargo, como se desprende de la causa, la demandada no tuvo ninguna actuación en este juicio, ya que ni siquiera contestó la demanda, por lo que mal podría imputársele inconducta procesal alguna en los términos del citado art. 275 L.C.T.-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- V. A mérito de lo expresado, opino que debe rechazarse la apelación incoada, con costas a la actora (art. 59, Ley N° 69), fijándose los honorarios del letrado actuante en esta sede -dada la breve extensión, escasa calidad e ineficacia de su labor- en el 25% de los que le correspondieron por sus tareas en la anterior instancia (arts. 6, 14, 47 y conc., Dec.Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ----------------- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.------------------------------------------------ A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Marcelo LÓPEZ MESA, dijo: ---- --- Los desarrollos realizados respecto de la primera cuestión planteada, convencen de la pertinencia del rechazo del recurso de fs. 27/28, y correlativamente de la confirmación de la sentencia de fs. 20/22 en cuanto fuera materia de recurso y agravios, imponiéndose las costas de alzada al recurrente (art. 68 CPCyC). -------------------------------- De compartir esta solución los distinguidos colegas de Sala, propongo regular los honorarios por la actuación profesional cumplida en esta instancia por el Dr. F. A. P. en el 25% de lo que le sea determinado como honorarios de grado, determinación que se compadece con la índole y mérito de sus trabajos en alzada, así como con el resultado obtenido por ellos (arts. 6, 7, 9, 14 y 19, Ley 2.200).--------------------- Así lo voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: --------------------------------------------- Según lo he anticipado al votar la anterior cuestión, comparto la resolución propuesta por el Dr. López Mesa en todos sus términos, votando en sentido idéntico.------------------ --- Tal mi voto.--------------------------------------------------------------------------- ------------------------- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, Textos ley 4550).-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- Trelew, de octubre de 2.008.----------------------------------------------------------------- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- --------- S E N T E N C I A: --------------------------------------- --- 1) RECHAZAR el recurso de fs. 27/28.----------------------------------------------------------------- 2) CONFIRMAR la sentencia de fs. 20/22 en cuanto fuera materia de recurso y agravios.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 3) IMPONER las costas de alzada al recurrente (art. 68 CPCyC). ----------------------------- 4) REGULAR los honorarios por la actuación profesional cumplida en esta instancia por el Dr. F. A. P. en el 25% de lo que le sea determinado como honorarios de grado, determinación que se compadece con la índole y mérito de sus trabajos en alzada, así como con el resultado obtenido por ellos (arts. 6, 7, 9, 14 y 19, Ley 2.200).------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.---------------------------------------------------------------<#LINE > --- REGISTRADA BAJO EL Nº 75 DE 2.008 - SDL.- Conste.------------------------- PAULO EDUARDO KÖNIG SECRETARIO DE CAMARA