Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-07-04


SENT Nro. 522 San Miguel de Tucumán, 04 DE JULIO de 2003.

Y VISTO: El incidente de nulidad planteado por la defensa técnica de la imputada, en la causa: "Pérez, Mirta Yolanda s/Homicidio culposo"; y C O N S I D E R A N D O :

I.- A fs. 751/757 la defensa técnica de la imputada Mirta Yolanda Pérez plantea incidente de nulidad de la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal de fecha 24-02-2003, que no hizo lugar al recurso de casación incoado por su parte, contra la sentencia del señor Juez Penal en lo Correccional de la IIa. Nominación del 23-4-98. El pronunciamiento de mérito condenó a su defendida a la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por cinco años para el ejercicio y desempeño de su actividad como médica, bajo cualquier forma de prestación o servicio, por ser autora responsable del delito de homicidio culposo en perjuicio de Juanita Ruth Pérez (cfr. fs. 553/582).

El fallo en recurso fue emitido con los alcances establecidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del 11-6-2002 (fs. 726); que hizo lugar al recurso extraordinario federal deducido por la defensa de la imputada, contra el anterior pronunciamiento de la Corte provincial de fecha 28-5-99.

Invoca el recurrente violación del artículo 18 de la Constitución Nacional, y de los artículos 408, inciso 1º in fine e inciso 3º, artículos 186 y 388 del CPP, por ilegítima alteración del hecho descripto en el requerimiento fiscal; tanto durante el debate como en la sentencia misma. Reclama en tal sentido, se aplique la doctrina legal sentada por esta Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 438 del 17-6-98 (causa "Navarro, Gabriel y otros s/lesiones culposas"); aclarando que este precedente fue dictado con posterioridad a la interposición del remedio casatorio declarado inadmisible.

Alega que en autos existió una indebida ampliación de la base fáctica, determinante no sólo de la nulidad de la sentencia que impugna, sino de todo lo actuado a partir del debate oral -incluida la sentencia de mérito-; dada la situación de indefensión en que se habría colocado a su asistida. Según afirma, del requerimiento fiscal de fs. 144/149 surge como definitorio, el hecho de que la recién nacida era una bebé de 32 semanas de gestación; o sea siete meses aproximadamente. De ello extrae que las conductas omitidas consistirían en no haber hecho una buena valoración de la edad gestacional de la presunta víctima, y no haber dispuesto su internación en un servicio de neonatología.

Cita además el contenido del auto de sobreseimiento de fs. 183/186, luego revocado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción (sentencia del 21-9-95, fs. 205/207). Pone de relieve que en esa oportunidad, el Tribunal de alzada destacó la importancia de establecer la edad gestacional; ya que sólo en el supuesto de que éste fuera de 32 a 33 semanas hubiesen correspondido las diligencias a las que se refiere el informe de fs. 106. En suma, postula que la conducta exigible a su defendida estaba indisolublemente ligada al tiempo de gestación; destacando que en este punto, la prueba de autos habría sido ampliamente favorable a aquélla.

Continúa expresando que en forma sorpresiva, el fallo condenatorio del 23-4-98 puso énfasis en que se trataba de una bebé nacida pretérmino, cualquiera fuera su fecha de gestación, siempre por debajo de 37 semanas; para luego aseverar que ello exige un seguimiento profesional más profundo, que en el caso no se dio. Estima que la situación es totalmente diversa, lo cual provoca indefensión e insuficiencia en la defensa técnica, ante del apartamiento del hecho objeto del requerimiento fiscal. A su entender, tal déficit fue advertido en la sentencia de este Tribunal cuya nulidad reclama; agraviándole la omisión en aplicar su propia doctrina, sentada en el precedente antes citado. Refiere en particular a lo expuesto en el considerando 2.2, donde se ha afirmado que la edad gestacional no ha sido el motivo único y determinante de la acusación fiscal, ni de la decisión condenatoria; lo cual importaría describir el vicio procesal denunciado como motivo de nulidad. Se remite nuevamente al contenido del fallo de sobreseimiento -luego anulado-; afirmando que el mismo consigna la correcta descripción del hecho.

Puntualmente, reclama la omisión del órgano jurisdiccional en aplicar el procedimiento de excepción previsto en el artículo 388 del CPP, en perjuicio de la estrategia defensiva. Por ende, requiere se aplique la doctrina legal que cita en su memorial; previa trascripción de diversos párrafos contenidos en dicho precedente, y que valora relevantes en relación al sublite.

Por último, plantea la inaplicabilidad de la doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que sustenta la resolución Nº 222 del 06-4-2000, dictada en la presente causa (cfr. fs. 702/703). Manifiesta en tal sentido, que el artículo 186 de la ley adjetiva ordena declarar de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en los incisos 1º al 3º del artículo anterior que impliquen violación de normas constitucionales; por lo que concluye en la procedencia de la declaración de nulidad impetrada.

2.- Cabe señalar que según admite la defensa, en ninguna de las instancias pertinentes ha sido planteada la invalidez del pronunciamiento, por violación al principio de congruencia. El reclamo nulificante se basa en principios que emergen claramente de la ley procesal, por lo que debió ser articulado en la oportunidad correspondiente; esto es, en la misma audiencia de debate, cuando según el incidentista se habría producido la indebida ampliación del hecho intimado. La defensa nada dijo al respecto; como tampoco ha planteado tal nulidad al deducir recurso de casación (fs. 594/614); incidente de nulidad contra el fallo que lo declaró inadmisible (fs. 645/649); ni al interponer recurso extraordinario federal (fs. 659/679). Cabe añadir que a la fecha de deducir estas dos últimas impugnaciones, la Corte local ya se había pronunciado en el precedente cuya doctrina legal reclama de aplicación al sublite.

Desde este enfoque, el planteo aparece como una reflexión tardía, dirigida a retrogradar el procedimiento; pues no sólo pretende dejar sin efecto la sentencia de este Tribunal, sino que el reclamo nulificante involucra la propia sentencia de mérito, y las resoluciones dictadas con posterioridad en la presente causa.

No obstante, tampoco escapa al Tribunal que, de verificarse el vicio denunciado por la defensa, podría a todo evento configurarse el supuesto descripto en el artículo 185, inciso 3º del CPP local, y en lo pertinente, artículo 186, segundo parágrafo del mismo cuerpo legal. En tales casos, la sanción de nulidad resulta trascendente, ante la comprobación de déficits con entidad para alterar algún principio fundamental del procedimiento penal.

El planteo incidental en análisis se vincula a la garantía del debido proceso legal y a la defensa en juicio, con cita de lo dispuesto por el artículo 185 del CPP, a tenor del cual se entenderá siempre prescripta bajo pena de nulidad, la observancia de las disposiciones concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que la ley establece (inciso 3º). A su vez, el artículo 186 segundo párrafo prevé que sólo deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en los incisos 1 a 3 del artículo anterior, que impliquen violación de normas constitucionales, o cuando así se establezca expresamente.

Desde este enfoque, procede analizar el planteo de la defensa, y su confrontación con los antecedentes de la causa, en miras a establecer si en autos se ha configurado la hipótesis de nulidad absoluta alegada. Ello en tanto el incidentista alude a la debida e inescindible correlación entre acusación y sentencia, que se vincula a la estructura esencial del procedimiento penal.

3.- La validez de la requisitoria fiscal de elevación a juicio está sujeta a la observancia de las exigencias contenidas en el artículo 355 del CPP; y el cumplimiento de tales requisitos hace al ejercicio del derecho de defensa del acusado, pues el requerimiento constituye la base del juicio, sobre la que el imputado ejercerá su defensa. Si el mismo contiene una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, el elemento objetivo de la acusación se encuentra satisfecho.

Es sabido que la hipótesis fáctica contenida en la acusación determina y circunscribe la actividad de los sujetos del proceso, de modo que sobre ella incide todo examen ulterior: la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del Tribunal acerca del fundamento de las pretensiones jurídicas deducidas. Para que pueda responder a la finalidad legal, el documento requirente debe contener una relación circunstanciada del hecho, la cual se obtiene mediante la mención de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la conducta del imputado se exteriorizó. Si estas circunstancias están suficientemente descriptas en la pieza acusatoria, con mención de los elementos valorados, debe considerarse cumplida la exigencia legal.

3.1.- En el caso, se advierte que el reclamo de nulidad se sustenta en una indebida restricción del contenido de la acusación; toda vez que la defensa lo presenta limitado a la presunta condición de sietemesina de la niña fallecida, alegando que sobre esa base se habría estructurado la estrategia defensiva.

La atenta lectura de esta pieza procesal revela que, conforme a los elementos reunidos en la etapa instructoria, el señor Fiscal relató en primer término la versión del doctor Ramón Armando Arias, y las circunstancias en que la señora Mirta Gladys Acevedo de Pérez ingresara en el Sanatorio CIMSA; mencionando que le fue proporcionada medicación a fin de evitar que se produzca el alumbramiento y procurar el maduramiento de la criatura, ya que se trataba de una sietemesina, "puesto que era inminente la amenaza de un parto prematuro con el consecuente riesgo que ello significa". Más adelante, señaló que la recién nacida fue entregada inmediatamente para su asistencia profesional a la médica pediatra imputada, quien la conduce a neonatología a realizarle los controles de rutina; luego de lo cual, y advirtiendo el buen estado general de la criatura, decide entregarle a la partera y ésta a su padre para que llevara la nena a su esposa inmediatamente.

Continúa expresando que a partir de entonces, la criatura permaneció junto a su madre; "quien advierte ciertas anormalidades como ser las manos moradas". "Al asistir el médico de cabecera doctor Arias que no había asistido al parto, como a horas 20:00 la paciente le transmite su inseguridad con respecto al estado de salud de la nenita y aquél decide llamar a la doctora Pérez, quien luego de revisar a la misma le dijo que la niña se encontraba bien que no tenía nada malo. Sin embargo los síntomas se hicieron más manifiestos hasta que la niñita tomó una coloración morado negro y comenzó a contraerse, se encontraba con el cuerpo caliente y transpiraba; por lo que se reclama la asistencia de la menor" (cfr. fs. 144 vta./145). Expresó el señor Fiscal que a horas 20:00 del mismo día, la pediatra Pérez consignó en la hoja de evolución, que la niña se encontraba en buen estado general. Conforme a la misma documentación citada, a horas 21:30 se deja constancia de que la menor había sufrido un paro cardiorrespiratorio, y ante el desmejoramiento requirió el traslado a un Instituto de Neonatología.

En el requerimiento se destaca que según la imputada, la niña nació bien y permaneció así incluso hasta horas veinte, en que la examinó en su habitación y no consideró necesario derivarla a neonatología. Si bien el Instructor consideró que la no realización de la necropsia impedía conocer con certeza cuál fue la causa de la muerte de Juanita Ruth Pérez y poder dictaminar con mayor firmeza, se atuvo a los restantes elementos de juicio colectados "y así llega a la definición de que probablemente Mirta Yolanda Pérez obró negligentemente en la atención profesional dispensada en su carácter de pediatra a la recién nacida". Pese a las dudas que la misma Instrucción se formula, estimó que las mismas no son óbice para decidir "que existen elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de la imputada Mirta Yolanda Pérez" (cfr. fs. 147).

La referencia a la presunta edad gestacional aludida por la defensa, no excluye que el mismo requerimiento menciona a un bebé pretérmino; expresando que la inadaptación al medio por inmadurez puede provocar síntomas específicos, como el tinte morado advertido por la madre y constatado también por el doctor Arias (fs. 41 vta.). Añadió, puntualmente, que tampoco debía omitirse "considerar también la declaración de María Graciela Acevedo (hermana de la paciente), cuando sostiene que de a ratos la criatura lloraba como si le doliera algo, un llanto lastimoso y cortito y otros síntomas", que el señor Fiscal instructor ha vinculado con el informe de la Facultad de Medicina de fs. 106.

Finalmente, destacó como punto incuestionable que la niña quedó a cargo de la doctora Mirta Yolanda Pérez, como ella misma lo sostiene y el doctor Avila lo corrobora; "es decir que todo lo referente a la evolución o involución de la niña corría por su exclusiva cuenta y debió entonces extremar los recursos y la asistencia en procura de resguardar la salud de la beba y esa es su específica función". Seguidamente, menciona la probable "desatención" atribuida a la imputada como causa del fallecimiento; sobre lo cual la Fiscalía señala que carece del grado máximo de certeza. No obstante ello, valoró como suficiente el cuadro indiciario reunido para formular acusación.

3.2.- La reseña precedente muestra que los fundamentos de la sentencia condenatoria, y los expuestos por este Tribunal en la sentencia atacada de nulidad, guardan correspondencia sustancial con la requisitoria del Ministerio Público; lo que excluye el planteo de nulidad formulado por la defensa.

Cabe poner de relieve que el auto de sobreseimiento reiteradamente invocado por el recurrente, ha sido luego anulado por la entonces Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. En consecuencia, su contenido y fundamentos carecen de incidencia en la determinación de los hecho intimados; desde que ninguna aptitud poseen para modificarlo o limitarlo, según pretende la defensa. A su vez, la sentencia de fs. 205/207 tampoco permite extraer las conclusiones a que arriba el nulidicente. En efecto, el fallo que revocó el sobreseimiento alude a que la querella apelante "concreta la actitud negligente en la falta de internación y ante la aparición de los síntomas descriptos en el punto e) de la pericia médica no toma los recaudos del caso según la circunstancia, concluyendo que la menor falleció después de una larga y penosa lucha por sobrevivir con falta de oxígeno producto de la negligencia médica" (cfr. fs. 205 vta.). Tales consideraciones integraron el pronunciamiento; debiendo señalarse que, más allá de las interpretaciones que ahora formula la defensa, los agravios que sustentan la nulidad planteada deben resolverse en consideración al contenido de la requisitoria fiscal obrante a fs. 144/148; por ser éste el acto procesal que concreta el hecho objeto de la acusación, y en relación al cual debe verificarse la observancia del principio de congruencia.

3.3.- La requisitoria fiscal establece los límites subjetivos y objetivos de la imputación; de modo tal que la sentencia debe versar única y exclusivamente sobre la imputación debidamente intimada, en resguardo del derecho de defensa del acusado. Ello así, el fallo condenatorio sólo podrá serlo en lo relacionado con aquellos hechos de los que fue acusado y respecto de los cuales ejerció el derecho de defensa. Esta garantía se ve afectada al lesionarse el principio de congruencia, cuando la subsunción jurídica efectuada por el juez respecto del hecho incriminado importa la modificación del acontecimiento por el que ha sido intimado el imputado al tiempo de su indagatoria, y que debe mantenerse invariable en los distintos tramos del proceso, incluido el debate oral. La sentencia debe referirse al mismo acontecer histórico; a la concreta conducta humana puesta en tela de juicio. En consecuencia, el sentenciante está constreñido a fallar respecto de los hechos materia de acusación; mas ello no autoriza a reclamar nulidades sin que existan variacion es sustanciales del hecho; lo cual importaría desconocer la verdadera naturaleza de la garantía constitucional invocada. La Corte local ha destacado que la sentencia penal debe guardar adecuada correlación entre la acusación y el pronunciamiento, a fin de salvaguardar el principio de congruencia, cuya observancia integra la garantía de la defensa en juicio. El carácter constitucional del principio de congruencia, como expresión de la defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos (CSJNac., Fallos... 315:106).

En el sublite, el núcleo fáctico de la acusación ha permanecido invariable; e inequívocamente involucró la negligencia atribuida a la acusada, en la atención que dispensara a la recién nacida en las horas previas a su fallecimiento. Los agravios de la defensa no se corresponden con los antecedentes previamente reseñados; debiendo señalarse que formula el planteo de nulidad, luego de haber transitado la causa por todas las instancias ordinarias y extraordinarias, sin deducir observación al respecto Es así que en rigor, tales planteos carecen de vinculación con el fallo que ataca; toda vez que el presunto déficit se habría verificado ya en el debate que precedió al dictado de la sentencia de mérito.

Conforme a lo expresado, se concluye que la acusada conoció en todo momento los hechos que se le atribuían, y por los que resultara condenada; los cuales de ningún modo se presentan circunscriptos a su presunta condición de sietemesina, como elemento excluyente de la imputación. La requisitoria obrante a fs. 144/148 muestra que el señor Fiscal Correccional fijó de manera clara y suficiente el objeto de la acusación, y que el mismo guarda correlación con el pronunciamiento de condena. Ello así, la imputada pudo conocer cabalmente el hecho que se le atribuyera y sus circunstancias; contestarlos y ofrecer la prueba pertinente; con lo que ha sido debidamente resguardado el ejercicio de su derecho a la defensa.

El impugnante expresa que la estrategia defensiva se habría visto alterada ante la variación de la base fáctica que denuncia; mas tal genérica afirmación es ineficaz para advertir de qué modo se vio perjudicada la defensa en relación a los hechos intimados. Esto no ha sido explicado en suficiencia; y tampoco aparece evidenciado en autos, con el alcance de configurar un supuesto de nulidad absoluta declarable de oficio, en cualquier etapa o grado del proceso.

Se trata, en definitiva, de preservar la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio en relación a los hechos que fueron materia de acusación; y tal déficit no se verifica en el sublite. Las constancias de autos muestran una correlación esencial sobre el hecho, lo cual excluye la hipótesis de hecho diverso planteada como motivo de nulidad. En consecuencia, no se advierte violación del derecho de defensa; toda vez que el conocimiento de los hechos descriptos en la requisitoria fiscal permitió a la acusada contradecir las circunstancias fácticas que le han sido atribuidas.

4.- Finalmente, es oportuno señalar que el caso en examen difiere sustancialmente del juzgado en la causa que citara la defensa; donde la Sala Civil y Penal de la Corte provincial estableció como doctrina legal, que "Es nula la sentencia de condena, fundada en la comprobación de hechos que no han sido descriptos en la requisitoria fiscal de elevación a juicio, con la significación jurídico penal propia de la imputación delictiva. La indebida ampliación de la base fáctica lesiona la defensa material y técnica del acusado, con directa e inmediata afectación de la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional".

Conforme a lo considerado, tal hipótesis no se presenta en el sublite, donde se imputó a la acusada negligencia en la atención de la menor, siempre en las horas posteriores al alumbramiento. Por lo contrario, en la sentencia Nº 438 del 17-6-98 se destacó que lo atribuido al imputado Lobo Zavalía, fue la ausencia de control médico de la paciente con posterioridad a la cirugía practicada; conducta que fuera descripta por la señora Fiscal, como el antecedente causal jurídicamente relevante de las lesiones que presentara la paciente. La nulidad declarada se fundó en que dicha pieza acusatoria no contuvo ninguna imputación que involucre hechos anteriores o simultáneos al acto quirúrgico; y no obstante ello, el señor Juez Correccional fundamentó su condena, en presuntas infracciones verificadas en las etapas denominadas preoperatoria e intraoperatoria, a las que asignara incidencia causal decisiva, incurriendo de este modo en una indebida ampliación de la base fáctica.

En el caso, ninguna conductas previa al nacimiento de la criatura fue imputada a Mirta Y. Pérez; y tampoco se advierte que del debate resultaran hechos ajenos a la acusación, según lo considerado precedentemente.

Cabe recordar que en el mismo pronunciamiento, el Tribunal precisó que la verificación de este requisito debe hacerse teniendo en cuenta la finalidad de la norma; no siendo necesario que contenga todos y cada uno de los detalles del hecho, en tanto carezcan de relevancia jurídico penal. En todo caso, lo decisivo será examinar si la base acusatoria fue trasladada a la sentencia con mutaciones fundamentales; en tanto de ello resulte que el imputado ha sido condenado por hechos respecto de los cuales no pudo defenderse, alegando y probando lo que consideraba que hacía a su derecho. Dicha constatación "no puede determinarse a priori, sino que ello depende de la noción del delito de que se trate, y de las circunstancias que rodearon el o los hechos cuya comprobación diera lugar al pronunciamiento de condena" (cfr. CSJTuc., sentencia Nº 438 del 17-6-98).

5.- En suma, la nulidad que se reclama sólo procede en caso de que la mutación denunciada hubiera imposibilitado la producción de prueba diversa por parte de la imputada, en indebida restricción al ejercicio de su derecho de defensa; lo que no se verifica en el caso de autos. La descripción contenida en la sentencia de mérito, y a la que refiere el pronunciamiento de este Tribunal, no evidencia alteración material en el comportamiento atribuido a Mirta Yolanda Pérez, ni en las circunstancias fácticas contenidas en el requerimiento fiscal. La acusación, mantenida en el plenario, de ningún modo indica que el hecho atribuido estuviera limitado a la pretensa desatención de una bebé sietemesina; con el alcance de que la sola prueba de una edad gestacional superior debía conducir inexorablemente a la absolución de la acusada, según lo postulado por la defensa.

Se concluye que en el caso de autos existe la debida concordancia entre acusación y sentencia, por lo que no se advierte violación al principio de congruencia. En consecuencia, corresponde rechazar el incidente de nulidad en análisis, con costas a la incidentista (artículo 551, CPP).

Por ello, y oído el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

NO HACER LUGAR al incidente de nulidad deducido a fs. 751/757 por la defensa de la imputada Mirta Yolanda Pérez, contra la sentencia de esta Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Penal del 24-02-2003, y lo resuelto por el señor Juez Penal en lo Correccional en el pronunciamiento del 23-4-98, con costas a la incidentista.

HAGASE SABER.

RENE MARIO GOANE EMILIO PAEZ DE LA TORRE JULIO FRANCISCO SILVA