Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-02-26


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los días del mes de febrero del año dos mil diez, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de las señoras Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "C. SRL c/ G., R. O. s/ ORDINARIO", expte. nro. 210/09, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 (expte. nro. 843/01), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 271 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 442), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 380/389? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. La sentencia apelada y los agravios.

El juez de grado rechazó la demanda interpuesta por C. SRL contra el Sr. R. O. G. en todas sus partes, impuso las costas a la parte actora vencida y reguló los honorarios profesionales (sentencia de fs. 380/389).

La actora apeló la resolución a fs. 390, el recurso fue concedido a fs. 392 y fundado a fs. 409/414. La parte demandada no contestó el traslado que de la expresión de agravios presentado por la contraparte, le fue conferido. En el punto I (Objeto) esboza el único agravio que ha dado origen al recurso. Concretamente dice: "Pedimos que V.E. al resolver, por haber incurrido el a-quo en exceso de jurisdicción, declare "Arbitraria" y consecuentemente "Nula", la sentencia definitiva de primera instancia dictada, en estos autos, en fecha 22 de octubre de 2008".

Seguidamente en un capítulo describe los antecedentes procesales de la causa que motivan "la nulidad de la sentencia dictada en estos autos en fecha 22 de octubre de 2008 (fs. 380/389)" -n° II fs. 409vta. y 410- y en el capítulo siguiente transcribe las resoluciones judiciales de fs. 338 a 341, manifestando su sorpresa por la resolución dictada el 23 de marzo de 2006 por este tribunal. El capítulo siguiente, titulado bajo el nombre de "Las resoluciones antipreclusorias vulnerantes del derecho de propiedad" contiene tan solo una cita doctrina y jurisprudencial que se afirma, dogmáticamente, son aplicables al caso.

El último capítulo contiene otra referencia y transcripción de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y, a partir de tal decisión, se sostiene que el juez de primera instancia carecía de jurisdicción para dictar el fallo que se impugna.

2. Tratamiento de los agravios.

Adelanto que el recurso no puede prospe- rar, aún superando toda observación relativa a su dudosa suficiencia técnica, con base en la adhesión a un criterio amplio en el juzgamiento de los fundamentos de los recursos, debo señalar que existen insuperables observaciones técnicas que impiden su admisión.

La decisión de este tribunal del 23 de marzo de 2006, de remitir la causa al juez de primera instancia para que se expida sobre una cuestión no resuelta -fs. 341 vta.- fue debidamente notificada a las partes -fs. 342 y 343- y no fueron impugnadas. Luego, el juez de grado tuvo por devueltos los autos y ordenó la notificación personal o por cédula de esa providencia -fs. 345-; la parte actora presentó un escrito que en su último párrafo textualmente dice: "Manifestamos que nos consideramos notificados a partir de la presentación de la presente de la providencia del 25 de abril de 2006 que tiene por devueltos estos actuados por la Cámara de Apelaciones de esta ciudad" -fs. 347-; el juez de grado tuvo a la parte por notificada -fs. 348- y ésta, luego de presentar la pertinente cédula para notificar a la contraparte de la devolución de los autos, expresamente presentó un escrito en los términos que se siguen: "Que en concordancia con el estado procesal de la presente causa solicito se llame autos para sentencia" -fs. 350-; este pedido fue reiterado a fs. 354, 356, 359 y 364, 366, 371. La secuencia procesal trascripta demuestra que el actual planteo del recurrente no puede prosperar por aplicación del principio o regla de la preclusión procesal. La decisión de este tribunal que ordenó el reenvío a primera instancia de estos autos para resolver la cuestión de fondo no fue impugnada. Además, la parte ha efectuado actos de impulso procesal que contradicen abiertamente su actual postura; en efecto, ha pedido al juez, que hoy pretende carece de jurisdicción, que dicte sentencia. La preclusión ha sido definida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal; el caso se verifica por no haber observado el or-den señalado por la ley para su ejercicio.

La falta de interposición de recurso contra la providencia de este Tribunal que ordenó remitir los autos a la instancia de grado determinó que lo decidido adquiera firmeza; ergo, ésta decisión no puede ser atacada con posterioridad por la preclusión operada. Tempranamente ha dicho la jurisprudencia que "Cualquiera sea la forma irregular en que se recibiera la causa, si fue consentida la intervención del juez ante el cual quedó radicada, no puede volverse sobre el tema a raíz de la preclusión" (CNCiv., Sala A, LL, t. 130-495).

A lo expuesto se suma, como ya he puesto de relevancia que, además realizó, actividades compatibles con ese consentimiento, al solicitar en más de una oportunidad al juez de grado que dicte sentencia. Por supuesto, esta actividad ya cumplida es incompatible con su actual impugnación.

Con base en lo expuesto, debe ser rechazado el recurso interpuesto.

3. Costas y honorarios.

Las costas de esta instancia se imponen a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota.

Los honorarios se fijan de conformidad con las pautas contenidas en el artículo 5 de la ley arancelaria vigente y por aplicación de las escalas previstas en dicho cuerpo legal. En función de lo expuesto, propongo la cuantificación de los honorarios de los letrados de la parte actora en la suma de pesos cinco mil. A la segunda cuestión la Dra. Silvia Noemí Alonso de Ariet dijo:

1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 390; en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia obran-te a fs. 380/389. 2°) Costas de esta instancia a la parte actora vencida.

3°) Regular los honorarios de esta instancia a favor de los Dres. M. A. O., H. J. O. y M. C. M. C., en forma conjunta, en la suma de pesos cinco mil, con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de esta Alzada, por lo cual, a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien abre el recurso la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a ella me remito.

I.A) A fs. 409/414 la parte actora expresa agravios solicitando la nulidad de la sentencia de fs. 380/389.

Del análisis efectuado de las constancias de autos advierto que la providencia del 23/03/06 de la Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones (fs. 341vta. donde se ordena el reenvió a los fines de dictarse pronunciamiento respecto de la pretensión contenida en a demanda entablada y su responde fue notificada por cédula a la apelante actora (fs. 342vta.), obrando posteriormente, y ante primera instancia, los siguientes escritos: a) de presentación y solicitación a fs. 347 de fecha 03/05/06, b) de solicitud de llamado de autos para sentencia el 04/07/06 (fs. 350), reitera-do a fs. 354 el día 13/09/06; fs. 356 el 15/03/07; fs. 359 el día 12/04/07; fs. 364 del 06/07/07, fs. 366 del 20/12/07 y fs. 371 del 04/04/08), sin que en ninguno de ellos refiriera los argumentos que en esta Alzada expone.

Las circunstancias apuntadas hacen entender fue notificada debidamente a la apelante actora, quien la consintió la decisión que hoy recurre, por la cual ésta ha pasado en autoridad de cosa juzgada, instituto que encuentra fundamento en la necesidad de tutelar la seguridad jurídica, a los fines de dotar de estabilidad a firme, por lo que resulta inapelable. Tal criterio ha sido admitido por la doctrina y la jurisprudencia (cf. Palacio, L.E., "Derecho Procesal Civil, 1979, T. V, p. 91, nota 21; Colombo, C.J., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado, 1969, p. 45, entre otros), pues de lo contrario se habilitaría una nueva vía de impugnación de las resoluciones, con desmedro del principio de preclusión, que generaría una situación de inseguridad acerca de la firmeza de los actos procesales cumplidos.

En este sentido se ha expedido la jurisprudencia cuando ha expresado que: "La perentoriedad de los plazos procesales tiende a la preclusión automática de los distintos estadios del proceso, obedeciendo ello a normas y principios de orden público y siendo su fin no sólo la celeridad del procedimiento sino -y aquí lo más importante- la seguridad para los justiciables que en él intervienen" (cf. crit. "O., R. S. c/ L., S. R. s/ Nulidad matrimonio" - CC0002 - SM 41047 RSI-377-96 I - 5-12-1996, Magist. votantes Dres. Mares - Cabanas -Occhiuzzi: elDial - W12587).

En concreto, quien consiente una decisión de esa naturaleza no puede impugnar posteriormente su procedencia, a menos que haya una variación en el contexto ponderado para decretarla, ya que en tales hipótesis resulta aplicable el principio de preclusión, que impide articular cuestiones que ya han sido tratadas y resueltas o que no fueron planteadas en el momento oportuno y, por ello, se produjo la consumación de una facultad procesal.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas arribo a la convicción de que deben ser rechazados los agravios expuestos por la parte actora a fs. 409/414, confirmando la sentencia de fs. 380/389 en cuanto fuera materia de agravio.

I.B) Atento a cómo se ha decidido la cuestión corresponde imponer las costas a la apelante citada en garantía vencida (art. 69 del CPCCCh - Ley XIII, nro. 5 Anexo A). Atento a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes, se regula la actuación de los letrados actuantes en la suma de pesos cinco mil ($5.000) según las pautas del Régimen Arancelario para el Servicio Profesional de Abogados y Procuradores Ley XIII, nro. 4 (antes Ley Nro. 2200) arts. 5, 13 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con las fórmula postulatoria de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y considerar que esta parte del voto no está comprendida en la manda constitucional del art. 169, a la misma me adhiero.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 274 y 275 del CPCCCh, se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. García Blanco no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 390; en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia obran-te a fs. 380/389. 2°) Costas de esta instancia a la parte actora vencida.

3°) Regular los honorarios de esta instancia a favor de los Dres. M. A. O., H. J. O. y M. C. M. C., en forma conjunta, en la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000), con más el impuesto al valor agregado si correspondiere.

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

REGISTRADA BAJO EL nro. DEL AÑO 2010 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "CyC".