Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-25


Buenos Aires, 25 de febrero de 2003.

Vistos los autos:

"Recurso de hecho deducido por Marcelo Alejandro Villaamil y José Villaamil en la causa "Ferro de Goce, Haydée c/ Asencio, Francisco y otros", para decidir sobre su procedencia.

Considerando: Que los agravios de los apelantes han sido objeto de adecuado tratamiento en el dictamen del señor Procurador General, cuyos fundamentos esta Corte comparte y a los cuales se remite en razón de brevedad.

Por ello, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se deja sin efecto la decisión apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito. Notifíquese y remítase. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA.

ES COPIA DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DEL LA NACION Suprema Corte:

-I- Contra la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, que confirmó lo resuelto por el estrado inferior desestimando la aplicación al sub lite de la ley 24.283, de desindexación (fs. 414/416 de los principales, a los que me referiré en adelante), los coaccionados Marcelo Alejandro y José Villaamil interpusieron el recurso extraordinario de fs. 466/480 que, al ser denegado, motiva la presente queja. En el proceso, la actora promovió acción de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito producido en fecha 12 de mayo de 1986, protagonizado por el colectivo en el que viajaba y un automóvil propiedad de José Villaamil, que conducía su hijo Marcelo Alejandro (fs. 1/2). El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión en favor de la actora, y condenó a los recurrentes, a la empresa Transporte Automotor Varela S.A., a las aseguradoras Fortaleza Cooperativa de Seguros Ltda. y El Refugio Compañía de Seguros Generales S.A., y al chofer del colectivo, al pago de $ 23,50 en concepto de indemnización (fs. 246/260). En la etapa de ejecución de sentencia, la accionante presentó una liquidación por capital repotenciado e intereses de $ 3.408.186,05 al 29 de febrero de 2000 (fs. 312/314). Corrido el traslado de la misma, los quejosos la impugnaron y solicitaron la aplicación de la ley 24.283, de desindexación (fs.346/348). En este estado del proceso, el Juzgador procedió a rechazar el planteo de los co demandados Villaamil respecto a la aplicación al sub lite de la ley de desindexación, e -invocando el principio de la cosa juzgada- aprobó la liquidación (fs. 361/364). Apelada dicha decisión, y como ya adelanté, la Cámara desestimó el recurso, con fundamento en que la ley 24.283 prevé un régimen denominado de desindexación, sólo aplicable cuando debe actualizarse el valor de una cosa. También, que en el caso de autos el monto de la liquidación aprobada por el inferior comprendió sólo el diez por ciento de actualización monetaria, estando constituido el noventa por ciento restante por intereses moratorios y compensatorios. Además -expresó el Tribunal- La disconformidad de los recurrentes con la liquidación aprobada fue expuesta en forma de genérica impugnación, y sustentada en una hipotética exorbitancia cuya desproporción no fue explicada ni mensurada, constituyendo en derecho una base insuficiente para modificar lo decidido.

Por ultimo, la Cámara dijo que si los señores Villaamil hallaban desmesurada la indemnización estimada en relación al daño sufrido por la actora, debieron plantear apelación para procurar la revisión en la alzada de las pautas de la sentencia de primera instancia, y que el argumento de la impugnación de la tasa activa no pudo ser tratado en esa instancia pues no fue propuesto al inferior (art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

En su recurso extraordinario Marcelo Alejandro y José Villaamil invocan la doctrina de la arbitrariedad y sostienen que el decisorio en crisis omite aplicar una ley nacional , es de un excesivo rigor formal, altera los hechos comprobados en la causa, y desconoce la realidad económica, en violación de sus derechos y garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio. -II- Previo ingresar al análisis de la cuestión estimo necesario precisar que, de las causales del recurso, corresponde considerar en primer lugar la arbitrariedad, puesto que de existir, en rigor, no habría sentencia propiamente dicha (Fallos 317:1455; 312:1034;311:1602, entre muchos otros). Situados en ese marco señalo que -ciertamente- no desconozco la reiterada jurisprudencia de V.E. en orden a que lo atinente a la existencia de cosa juzgada es un problema de hecho y de derecho procesal, y que como regla es inadmisible la instancia extraordinaria contra las resoluciones dictadas con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia definitiva (Fallos 314:1353; 311:121; 308:122).

Empero, ese Alto Tribunal también ha destacado que ello no impide conocer un planteo de dicha naturaleza cuando su examen por los jueces del proceso extiende su valor formal más allá de límites razonables, y omite una adecuada ponderación de aspectos relevantes de la causa, todo lo cual redunda en un evidente menoscabo a los derechos y garantías constitucionales de propiedad y debido proceso (Fallos 321:2730; 318:2068; 317:381; 316:3126 y suscitas; 314:423, entre otros). Dichas consideraciones, en su substancia, las ha extendido al problema de la preclusión (Fallos 317:1845; 313:1223; 302: 1430). -III- En el sub examine, la actora, que al momento de producirse el hecho tenía 46 años de edad, sufrió daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito mientras viajaba en un colectivo. El perito médico psiquiatra evaluó que la señora Ferro de Goce (con una personalidad previa dispuesta a las depresiones a raíz de su patobiografía poliomelítica), padeció los meses posteriores al percance una neurosis posttraumática que remitió, dejando como secuela una depresión neurótica reactiva que requería un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapeútico, de una duración variable de entre 6 y 18 meses. ■La depresión -dictaminó el perito en relación a la actora- por la inhibición de conducta que provoca,afecta parcialmente su capacidad laborativa y su vida de relación. En el aspecto psíquico dicha incapacidad se estima en el 4% de la T.O.■(ver fs. 198 vta.). Por su parte, el perito especialista en ortopedia y traumatología determinó la inexistencia de incapacidad laboral alguna; señaló, sí, la existencia de daño estético que a su criterio debía ser evaluado por los jueces de la causa como daño moral (ver fs. 224 y fotografías del daño estético aportadas por la pretensora a fs. 10). Por último, la perito odontólogo refirió una incapacidad del 3% correspondiente ■..a las pérdidas dentarias y al desmedro de sus funciones masticatorias, fonética y estética■ (fs. 290). Partiendo de este diagnóstico, conforme al dictamen de los peritos de oficio designados en la causa, aparece como claramente desproporcionada la suma de $ 3.408.186,05 idéntica cantidad en dólares estadounidenses por paridad cambiaria fijada por los jueces del proceso al 29 de febrero de 2000. -IV- Si bien en el sub lite la sentencia de primera instancia que los condenó al pago de $23,50 quedó firme, los demandados introdujeron, como ya vimos, la cuestión de la exorbitancia de la condena desde el momento en que se les corrió vista de la liquidación practicada por la actora. Tiene dicho V.E. frente a casos excepcionales como los que estamos examinando, que la interpretación de dispositivos procesales no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento se vea turbado por un excesivo rigor formal, incompatible con el servicio de justicia y las reglas del debido proceso.

También, que no resulta admisible que los tribunales de la Nación, so pretexto de causas formales, consagren soluciones totalmente apartadas de la realidad (Fallos 322:1526). En este contexto, la suma de $ ó U$S 3.408.186,05 en concepto de indemnización por los daños sufridos por la actora -y que detalla supra- aparece como claramente irrazonable, y originada en el desquicio que motiva la aplicación automática de los índices de indexación y de tasas activas de interés. Esa desproporción se comprueba per se, desde que se torna imperioso el examen de la realidad económica al momento de los pronunciamientos judiciales (Fallos 316:1972; 315:2558), ya que los mecanismos de actualización o la aplicación de tasas de interés sólo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento. Si ello no opera así, tal como sucede en autos, el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser dejado de lado, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas (Fallos 323:2562; 319:351; 316:1972; 315:2558, entre otros). Conforme a lo que he venido expresando, entiendo que la resolución en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en el proceso, a causa de su excesivo rigor formal y al apartamiento de la realidad económica, por lo que desde mi punto de vista deviene en arbitrario, en concordancia con la doctrina de V.E. que cité.

Por ello, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada, y disponer se dicte por quien corresponda nuevo pronunciamiento. Buenos Aires, 29 de agosto de 2002. NICOLAS EDUARDO BECERRA