Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-02-22


Nro. de Sentencia: 010 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 22 días del mes de febrero del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"V. V., M. L. c/ M. A. O. s/ SUMARIO", Expte. nro. 14.988/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 674/02), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 876), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 729/731? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por el letrado de la actora por derecho propio por la regulación de los honorarios profesionales, por la actora y la parte demandada, contra la sentencia definitiva nro. 29/2005 del juzgado Letrado en lo Civil, Comercial, Rural y de Minería nro. 2 de la jurisdicción conforme fs.729/31, fs. 796, fs. 797 t fs. 798.

La sentencia atacada hizo lugar parcialmente a la demanda, aunque la parte pertinente no lo dice expresamente, pues no falló conforme los importes dinerarios indemnizatorios solicitados, condenando a M A O a abonar al actor M L V V la suma de $259.420.- con más los intereses (que variaron según el momento), hizo extensiva la condena a la Cía. aseguradora en los limites de la póliza, La S Cooperativa Limitada de S G; impuso las costas a la parte demandada.

1.- El letrado de la actora sostuvo que los honorarios regulados por el juzgador de grado resultan inferiores a lo establecido en la ley arancelaria (fs.796).

2.- La parte demandada en representación unificada del Sr. O y La S Cooperativa Limitada de S G, expresa los agravios que le causa el fallo. Los embates recursivos van dirigidos a los montos de condena.

Con relación al daño material sostiene que es una imposición dogmática, por incapacidad sobreviniente estableció el juez $120.000 basado únicamente en la historia clínica y el informe AFIP, si la remisión de la experticia fue a la ley 24557 que tiene como tope por vida $180.000, el monto por ese guarismo no debió superar $71.586, no solo sin sustento sino fuera de los precedentes, cita jurisprudencia en su respaldo.

Agrega que la condición y profesión era de vendedor autónomo la pericia da cuenta que no llevaba los libros de comercio, la actora ocultó el ingreso teniendo una conducta obstruccionista, debió acreditar el ingreso para cuantificar el perjuicio, citando jurisprudencia de esta Cámara en la que se evaluó con el criterio del ingreso genuino neto no el bruto. Lucro cesante, también cuestionado porque no hubo una prueba categórica y fehaciente de las ganancias dejadas de percibir por la actora.

Daño emergente, sin determinar la acreditación del rubro requerido el Aquo acordó la indemnización. Se explaya respecto del daño psicológico indocumentado, sosteniendo que no genera resarcimiento haciendo referencia a antecedentes de esta Alzada, y que además hay que tener en cuenta que los gastos de tratamientos fueron cubiertos por la obra social. Con relación al daño moral la suma le resulta desajustada a los parámetros seguidos por este cuerpo, la jurisprudencia y doctrina nacional a la cita extensamente.

Daño material del rodado, el juez fijó una suma que supera el valor del Renault 12 de 1972, si a ello se le agrega la condena sobre desvalorización y privación de uso se supera en un cuarenta y cinco por ciento el valor del rodado a la fecha de la condena. Se explaya respecto del período en que el actor estuvo imposibilitado, de 24 meses, por ello resulta infundado condenar la imposibilidad de uso del automotor en forma independiente sin atender esa circunstancia, lo mismo hace referencia al menor valor fijado a la fecha del evento que excedería el costo de un auto remitiéndose a resolución de la AFIP 183/05 que da valores inferiores.

Las últimas quejas versan sobre la tasa de interés y la imposición de costas y regulación de los honorarios profesionales, en lo que no se atendió que la demanda no prosperó por lo reclamado. Mantiene la reserva del caso federal.

3.- Memorial del actor que luce a fs. 849/60 vta.: en síntesis se queja de los montos de condena, en primer término de la indemnización por incapacidad sobreviniente, adelanta que le afecta la imposición de intereses a partir de la sentencia y no del hecho. El Aquo ignoró las pericias neurológicas y psiquiátricas, omitió la edad del actor y las secuelas, transcribe la parte pertinente de la pericia neurológica de la Dra. P y del psiquiatra K que determinó este último una incapacidad para realizar las tareas laborales y sociales en un 90%, informes rebatidos por la contraria no alteran lo que contundentemente expusieron.

La errónea fijación del grado de incapa-cidad sobreviniente con la valoración exclusiva de un informe emitido por AFJP P SA la junta de la comisión médica que se pronunció está integrada por médicos que no tienen la especialidad de los peritos. Peticiona se haga lugar a lo reclamado en el escrito de inicio.

La omisión de tratar el juez de grado el daño psicológico integrando la incapacidad sobreviniente, fue peticionado como incapacidad laborativa.

Los gastos terapéuticos futuros fueron indemnizados por una suma irrisoria, necesita dos entrevistas semanales a un importe de $50, lo condenado no alcanza a cubrir un año de tratamiento. Hay que tener en cuenta que al momento del hecho tenía 48 años, de acuerdo a un promedio de vida de 72 años, le quedan 23 de terapia por lo cual el importe debe ser de $100.000.- También omitió tratar todos los medicamentos que requerirá el actor para su vida que emergen del informe de la terapeuta ocupacional, que requerirá un test neurológico, recuerda lo pedido en la demanda como "el valor de todos los medicamentos que deba consumir a lo largo de su vida y que sean consecuencia de las secuelas del accidente.".

El importe por daño moral es cuestionado, con doctrina y jurisprudencia sobre el caso, toma como pautas los informes de los médicos que lo atendieron en el Hospital Regional, que no podía hablar por el golpe, y la índole de las heridas sufridas.

El momento de inicio del cómputo de los intereses que el juez estableció a partir de la sentencia, entendiendo que corresponde a partir del momento del hecho citando doctrina y jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

Análisis de las cuestiones:

No existe discordia en esta Alzada en punto a la atribución de responsabilidad, ambas partes se quejan por diversos motivos e intereses de los montos de condena, por lo cual trataré los agravios en forma conjunta.- 1.- Rubro indemnizatorio por incapacidad sobreviniente:

La incapacidad sobreviniente o indemnización por daño material, comprende la merma genérica en la capacidad futura del damnificado, que se proyecta en todas las esferas de su personalidad y constituye un quebranto patrimonial indirecto. En este orden de ideas y a los efectos de su determinación, no solo ha de tenerse en cuenta de qué manera incide su gravitación en las aptitudes de la víctima para el trabajo o en la frustración de obtener beneficios económicos, pues esa incidencia no es única ni exclusiva a los fines resarcitorios.

Por tales motivos tampoco puede hacerse lugar a la proyección matemática pretendida por el actor.

A los efectos de fijar el resarcimiento no existen pautas fijas como podrían ser los métodos basados en cálculos actuariales sobre la probable vida útil del afectado, puesto que debe adoptarse un criterio flexible que tienda a valorar las circunstancias de la causa, variable por diversos factores y librados al prudente arbitrio judicial.

Al incoar demanda efectuó una serie de consideraciones fundantes de su reclamo (fs. 191/5)en lo que denominó secuelas y atribuyó un porcentaje de incapacidad del 75%, fue fundante la secuela psicológica-psiquiátrica-. Quedó demostrado en autos que el porcentaje era del 39%, se tuvieron en cuenta los informes médicos neurológicos y psiquiátricos, lo cual da cuenta el fallo atacado y no veo desacreditado en este aspecto por ninguno de los apelantes.

Variando con respecto al monto de condena que el Aquo fijó en $120.000.- Teniendo en cuenta los informes contables de fs. 5 el contador efectúa un promedio de ingresos de los once meses anteriores a octubre de 1999, dejando constancia que tuvo a la vista la documentación respaldatoria (ingresos remitidos y libros no rubricados) lo que es tomado en consideración por la perito que informa a fs. 617, aclarando posteriormente que el libro cuestionado por el demandado no es obligatorio para el caso del comerciante unipersonal. Advierto que ambos profesionales son coincidentes en la terminología utilizada "ingresos promedio", y ello me invita a efectuar dos reflexiones, la primera que en diciembre de 1998 el ingreso fue de $6250, mientras que en abril y mayo de 1999 los montos ascienden a $1677 (redondeo las cifras para desarrollar la idea) lo que indica y demuestra una actividad fluctuante, y por otro lado la terminología en cuestión dice ingreso, que no significa ganancia.

En síntesis el Sr. V V no percibía mensualmente la suma de $4100.- ni ello se desprende de los informes obrantes en autos, porque no se indica que todo aquello que ingresó y contabilizó, significa que lo hubiera percibido en ese mes contabilizado y que ello represente una ganancia, ya que no se produjo un informe balanceado con los gastos (adquisición de los productos que se distribuían -gastos propios de la actividad). Los denodados esfuerzos del actor no resultan suficientes para demostrar que era el denunciado en la demanda el ingreso mensual y que deba ser utilizado para efectuar las bases de cálculo conforme promedio de vida, como desarrolló y continúa utilizando como embate contra la sentencia.

Respecto de las secuelas, tanto el psiquiatra como el neurólogo a fs. 629/3, fs. 692/3, fs. 640/2, fs. 694/5, (P, K) son coincidentes en los problemas de memoria derivados del accidente e indican tratamiento para corregir.

Los porcentajes de incapacidad, tal el caso, se aproximan al 40%, solo deben ser considerados como orientadores, toda vez que cualquier fórmula rígida de cálculo porcentual sobre la magnitud de una incapacidad debe ponderarse en conjunto con las demás particularidades que la causa presenta.

No fue acreditado en el expediente el ingreso real del actor y me refiero al dinero con el que contaba o disponía mensualmente, lo que podría denominarse un sueldo de considerarse el monto de la demanda, se encuentra en un terreno amplio de suposiciones, agravándose de aplicarse una fórmula matemática lisa y llana sin otro tipo de consideraciones, ha de aclararse también que la edad para alcanzar el beneficio de la jubilación, para considerar la vida rentable o productiva del actor es hasta los 65 años de edad, con lo cual resultan 215 meses evaluando que el accidente invalidante se produjo a los 48 años y 11 meses de edad, y que resultaría reparable con los tratamientos específicos, es lo que debe considerarse; por cuanto el promedio de vida de 72 años que dice a fs. 193 es inaceptable a estos fines por cuanto se infiere que la persona que trabaja aporta para su vejez, que no puede saberse cuál es el lapso por el que se prolonga, e incluso el promedio al que alude no está extraído de ningún organismo especializado que lo avale.

La cifra condenada es a mi modo de ver excesiva, atento la jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia que dejó sentada la doctrina que en reiteradas oportunidades esta Cámara recepto, que la indemnización se percibe por única vez, los antecedentes de este Cuerpo en autos "S, T c/ E SRL", Expte. nro. 11091, sent. def. nro. 28/000 que obra en los registros de tribunal, que analógicamente pueden aplicarse, que puedo considerar que los salarios -o ingreso mensual de bolsillo- del actor es en un cincuenta por ciento inferior al invocado, estimo conveniente adecuar la indemnización prevista por el juez de grado, determinar como monto indemnizatorio por el rubro en análisis la suma de $50.000.- El tema de los intereses y su cómputo lo abordare in fine.

2.- Lucro cesante y daño emergente: Bajo estos nomen el Aquo hizo lugar a lo reclamado por lucro cesante condenando al pago de $98.400 por los dos años de inactividad del actor, cuestionado por la parte demandada; por daño emergente estableció $5000 correspondiente a los gastos en que incurrió el actor y $4.000 por los médico asistenciales futuros.

La aplicación del derecho no puede desentenderse de los criterios correctivos que permitan resolver el conflicto de acuerdo con las nuevas condiciones que impone el continuo cambio social, considerando la buena fe, la equidad y el ejercicio funcional de los derechos como instrumentos idóneos para satisfacer la insoslayable necesidad de justicia en las relaciones humanas, así como también los requerimientos de orden social (CNCiv.Sala G 30-10-80 RED 20-A,693 nro.3).

La equidad no ha sido establecida en nuestro ordenamiento independiente de la ley. No es fuente directa del derecho. Solamente se aplica por sí misma cuando la ley se remite a ella para determinadas instituciones. Es claro que importa un elemento de indiscutible valor para la interpretación de las normas positivas, para lograr la justicia que el caso requiere, pero no cabe acudir a la equidad para soslayar las directivas concretas del sistema legal vigente (CNCiv.Sala C 27-4-90 JA 1991-I-66).

La consideración del lucro cesante y de la pérdida de chance laboral como pautas para establecer el rubro de incapacidad, y que pretende el recurrente sean considerados al peticionar que se compensen los ingresos que no percibirá debido precisamente a su minusvalía; se encuentran comprendidos en el mismo ítem, desde que ambos rubros son absorbidos por la partida en análisis (Llambias, JJ "Tratado de Derecho Civil Obligaciones", t.IV-A, pág. 210, nro. 2373; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio y Zannoni "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", t.5 pág.219, nro.13, Cazeaux-Trigo represas, "Derecho de las Obligaciones" t.III, pág.122; Borda G.A. "Tratado de Derecho Civil Argentino-Obligaciones", t.I pág.150 nro.149; Mosset Iturraspe, J."Responsabiidad por daños", T.II-B, pág.191, nro.232; Alterini-Ameal López Cabana, "Curso de Obligaciones", t.I, pág. 292, nro. 652).

La incapacidad sobreviniente como secuela irreversible, cubre todas las erogaciones futuras, atendiendo a la índole de la actividad impedida, sea o no productiva, por cuanto la reparación comprende no solo el aspecto laborativo sino también las consecuencias que afecten la personalidad (ver LL 1997-B,344 y sus citas de Llambías, Borda, Trigo Represas, Mosset Iturraspe, Kemelmajer de Carlucci-Ameal-Lopez Cabana).

Situación está contemplada con anterioridad en diversos decisorios de este Tribunal -Sala A y B-, transcribo los conceptos en cuestión que fueron vertidos "...la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS "Puddu, Julio Jorge c/ Jorge Sequenza SA", 18-8-87 y Excmo. Superior Tribunal de Justicia Provincial tienen presente que la indemnización se paga de una sola vez y la mayor parte de las veces consiste en un capital que puesto a una renta mensual, ".

Genera en el actor un restablecimiento exactamente como sea posible del equilibrio destruido por el hecho ilícito y colocar a la víctima en situación equivalente a la que se encontraba antes de suceder aquel..." autos "C, M A c/ empresa R C SA", Expte. 13309-C-91, reiterando que la cantidad prudencialmente fijada ha de corresponder "al capital necesario para constituir una renta periódica que compense la pérdida sufrida." (sent. def. 62/2001, sala A). Tales factores son conducentes para fijar la prestación resarcitoria conjuntamente con el principio de equidad expuesto. Debiendo precisarse, identificar la virtualidad de cada uno de ellos para establecer las indemnizaciones.

La reparación integral no está sujeta a fórmulas matemáticas y que cualquiera que se utilice solo sirve como orientadora de la decisión pero nunca como limitadora de la misma (DJ 1991-2-882) como se señalara precedentemente.

La decisión se adopta en ejercicio del arbitrio jurisdiccional fluyente del art.165 del Código Procesal. Obsérvese que cuando se habla de reparar el hecho ilícito se hace referencia a partir del mismo, es decir, no solo lo que no percibió cuando estuvo convaleciente los dos años de tratamiento médico donde ya se exteriorizo el daño y luego con la secuela invalidante, resulta inadmisible dividir, los primeros dos años después del hecho y los que siguen pues la imposibilidad es desde un primer momento, y este fue el hecho ilícito producto del accionar atribuido al demandado, lo que podía haberse contemplado y no fue peticionado fueron los gastos incurridos durante ese periodo de dos años posteriores al accidente, lo que reitero no ocurrió en este ítem sino independiente que tratare seguidamente.

Por lo cual modifico sustancialmente lo dispuesto en este punto por el sentenciante de grado, incluyendo en el daño material, la incapacidad sobrevieniente el período posterior al evento dañoso con la indemnización establecida en el punto primero de este voto.

Demandó gastos terapéuticos, de atención y gastos futuros que el Aquo recepto, en $5000 los primeros y $4.000 los segundos, cuestionados por las partes.

Respecto de los primeros, los incurridos por el actor para su atención inmediatamente después de producido el hecho dañoso, he de sostener que en caso de lesiones cuyas secuelas se extendieron por muchos meses (en el caso 24), se entiende que la víctima debió soportar gastos de farmacia, de recuperación, de movilidad, etc. que, por su habitualidad, hacen presumir la veracidad de los mismos, sin que sea menester para su admisión la exigencia de pruebas fehacientes y así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, y ante la inexistencia de pruebas contundentes de los gastos incurridos encuentro que el Aquo ha determinado conforme atribuciones del art.165 del ritual, una suma adecuada y la confirmo (ver elDial - WFA6D entre otros).

Cito a modo de referencia: "La reparación solicitada de los demás gastos (es decir, médicos y de farmacia, de movilidad y transporte, y de personal de servicio -enfermera y mucama-) debe ser también acogida; aparte de incluir erogaciones posibles y razonables que guardan vinculación con las lesiones padecidas, la propia naturaleza de estas los tornan verosímiles. Por tal razón debe ser enmendado este aspecto de la decisión apelada y aun cuando no exista una prueba precisa respecto de la cuantía de los gastos aludidos, ello no es óbice para no acordar el resarcimiento, dado que la razonabilidad de tales desembolsos es la que presta sustento al reclamo.

Si bien parte de estos gastos han sido cubiertos por la "obra social" que asiste a la actora, no se puede prescindir del derecho que ella tiene de elegir el prestador que habrá de atenderla. La sola circunstancia de contar con tal asistencia tampoco autoriza a descartar que los beneficiarios se hallen exentos de abonar ciertas prestaciones y una parte del costo de los medicamentos.

Bastando entonces la prueba de la existencia del perjuicio para fijar la indemnización con sujeción a pautas prudenciales. Corresponde, pues, la estimación del daño con criterio flexible (art. 165, tercer párrafo, código procesal)" (M c/ hospital pediatría A Prof. Dr. G y otro s/ responsabi-lidad medica, citar: elDial - AF279C).

Los gastos futuros, aquellos que se producirán como consecuencia de la dolencia de V V.

El daño futuro y cierto es tan resarcible como el daño actual y cierto (CNCiv. Sala D, febrero 29-96, voto Dr. Alberto Bueres DJ 1996-2-644).	Para evaluar el monto de la indemnización se tendrán en cuenta las necesidades expuestas por el perito conforme la índole de la dolencia, y la equidad que impregna el art.165, apart.2 del Código Procesal, y se aplicará el criterio que la suma por este daño se percibe de una sola vez, con lo que podrá generar una renta que permita asistirse al actor.

La demandante no probó en juicio el quantum debeatur, tal y como fue señalado por tratarse exclusivamente de estimaciones sujetas a aleatoriedad no solo de la vida misma sino de mejorías o no del actor, por lo cual la suma que propongo es el resultado de la aplicación de la norma de equidad del citado art.165 del Código Ritual, en $10.000.- Asiste razón al actor recurrente en punto a la omisión del Aquo de expedirse específicamente sobre el daño psicológico, que reconoce su demanda en el decisorio venido en crisis, y atendiendo a las pericias obrantes en la causa, lo incluye en apariencia en el daño moral sin especificar ni fallar al respecto de su inclusión o exclusión en dicho resarcimiento.

Así lo decía Podetti "Con o sin recurso de aclaratoria, debe el tribunal ad quem resolver todas la cuestiones planteadas", auxiliado por una incipiente pero vigorosa línea jurisprudencial que se fue consolidando y que se receptó en una ley positiva.. El Tribunal dispone el art.278 del CPN podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no hubiese pedido aclaratoria, siempre que lo solicitara en el respectivo pronunciamiento al expresar agravios (José V. Acosta "Procedimiento Civil y comercial en segunda instancia", tomo II, pág. 84 (c) Rubinzal Culzoni-82).

El art. 277 prohíbe al tribunal de segunda instancia pronunciarse sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez en grado; pero no que el ad quen se pronuncie sobre los puntos que habiendo sido planteados en primera instancia no han sido resueltos por el juez Aquo; a este supuesto se refiere el art.278 del ritual señalando que el Tribunal de Alzada "podrá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios (Rober-to Loutayf Ranea "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil", pág. 178, Ed. Astrea-89).

Han sido reconocidas las terapias psicológicas dentro del rubro daño material tratado precedentemente, y conforme sostuvo reiteradamente la doctrina y la jurisprudencia en forma mayoritaria que este daño (psíquico) no constituye una categoría autónoma dentro de daños materiales y morales, así puede decirse que "El daño psíquico no es concepto autónomo. Cabe diferenciar el bien jurídico que puede verse afectado, de sus consecuencias. Así, la integralidad psíquica forma parte de un derecho de la personalidad y es de carácter extrapatrimonial, pero si el desmedro sufrido produce efectos patrimoniales, como la incapacidad para la realización de tareas productivas o el costo del tratamiento necesario para la recuperación, genera daños patrimoniales indirectos.

Por el contrario, si no los origina, se trata de un daño extrapatrimonial que debe ser evaluado para la fijación del daño moral" (Carlos A. Ghersi, "Daño moral y psicológico" pág. 215/216 Ed. Astra-2002).

El daño psíquico se configura por la alteración o modificación patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica. El trauma se caracteriza según explica Weingarten, por un estímulo súbito, de inusual intensidad que sorprende y desarticula la arquitectura simbólica del aparato psíquico (obra y autor citados, pág.205).

Surge de la pericia psiquiátrica y también neurológica que los padecimientos del actor son derivados y consecuencia del evento dañoso, y la afección que ello produce es un sufrimiento que lo lleva a la necesidad de contar con apoyo de esa índole médica por las angustias y dolores que padece.

Por lo cual entiendo que no puede desligarse de lo que es el resarcimiento por daño material lo que ocurrió en el caso, como también estimado el tratamiento en los gastos médicos futuros, lo que ya fue tratado.

3.- También es materia de queja en los agravios, el monto establecido por daño moral.	En el estado actual del derecho argentino, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral constituye un problema de solución aleatoria y subjetiva. Ello es así, evidentemente por la falta de correspondencia entre un perjuicio espiritual y el patrón dinerario con que se resarce. Pero además, debido a que falta todo un criterio normativo regulador, que establezca algunas pautas comunes, con lo cual el tema queda abandonado a la intuición y discrecionalidad judicial (Bueres, A. "Código Civil ...", Tomo 3 A, pág. 182, Ed. Hammurabi-99).

Otro referente para establecer el monto resarcitorio lo constituyen los antecedentes jurisprudenciales, desde esta óptica no puede atenderse la queja del actor, pero sí al demandado, considero que el monto condenado resulta superior ampliamente a lo establecido por este Cuerpo en reiterados pronunciamientos, por ello y conforme las facultades conferidas por la ley procesal adecuo el monto de condena estableciéndolo en $10.000.- 4.- Previamente y antes de avanzar sobre los otros rubros cuestionados, establezco el criterio a aplicarse respecto del momento a partir del cual comienzan a computarse los intereses al capital en condena. No es novedad, y reiterado por esta Cuerpo acorde con la doctrina y jurisprudencia nacional, que su cómputo es a partir del momento del hecho dañoso.

"En materia de daños derivados de un hecho ilícito impera el principio de reparación integral y los intereses en todo caso deben liquidarse desde la fecha del acaecimiento del mismo. La indemnización debida, debe ser acompañada por el pago de intereses, que tienen como función esencial "asegurar al acreedor la reparación integral a que tienen derecho evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla".

Estos intereses comienzan a correr a partir de cada perjuicio, y con ello se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que estaría si hubiese recibido la reparación en el mismo momento en que sufrió el daño" (29-12-2000, Superior Tribunal de Justicia - Rawson Citar: elDial - AS1397).

5.- Daño Material del rodado. El Aquo condenó al pago de $5095, esto es cuestionado por el demandado. Tuvo el magistrado de grado en consideración los daños que surgen de la actuación policial y los dichos del perito.

La pericia da cuenta que el automóvil del actor es un Renault Modelo 12 Dominio U084160 (fs. 579) omitiendo la antigüedad lo que emerge de las actas policiales. No obstante la omisión que a mi modo de ver es trascendente, a fs. 588 vta. dice el Sr. perito que el valor del auto al momento del accidente es de $4500.- Si el costo de las reparaciones de la unidad dañada, es superior al valor del vehículo en buen estado de conservación, la reparación del daño nunca puede superar el valor de la cosa, pues en tal caso cabe considerar que la destrucción es total, en función de lo normado por el art. 1094 del Cód. Civil, no pudo condenarse a pagar lisa y llanamente un monto que excede el principio de la justa reparación. ("V, A R c/ R, F V y otro s/ Daños y perjuicios" - 23-3-1995 Citar: elDial - WDA54).

Si el costo de las reparaciones de la unidad dañada, es superior al valor del vehículo en buen estado de conservación, la reparación del daño nunca puede superar el valor de la cosa, pues en tal caso cabe considerar que la destrucción es total, en función de lo normado por el art. 1094 del Cód. Civil, no pudo condenarse a pagar lisa y llanamente un monto que excede el principio de la justa reparación (Citar: elDial - WDA54).

Por lo expuesto ha de reducirse la indemnización acordada al importe de reposición del vehículo estimado por el perito.

Influye esta decisión respecto del rubro menor valor venal del rodado, habida cuenta que por dicho concepto se tiende a reparar la desvalorización que sufre el automóvil producida por el accidente y las consecuentes y necesarias reparaciones, y la relación con la reventa del mismo, lo que no ocurre cuando se satisface con el importe de otro vehículo idéntico, por lo que modifico la sentencia venida en crisis en este aspecto, desestimando el concepto pedido.

Así lo entendió también la doctrina en la materia "Si el rubro daños de reparación se limitó al valor del automóvil, lógicamente no es procedente la adición de la supuesta desvalorización, porque el limite mencionado también implica una cortapisa insuperable para el reclamo por depreciación. .En razón de otorgarse una suma que cubre el reemplazo del vehículo no procede el reclamo por desvalorización del automotor" (Hernán Daray "Derecho de daños en accidentes de tránsito", t.1, págs. 427 Ed. Astrea-01).

Varía la suerte del demandado apelante en punto a la indemnización por la privación de uso. Los argumentos esgrimidos no enervan la posición seguida por quien suscribe en atender el reclamo en cuanto el vehículo se afecta al patrimonio y uso personal de diversas manera y con diversos fines, si bien el actor estuvo internado, la posibilidad de disponer de dicho bien de uso no se vio modificada por su lesión sino por el accidente y debió haber generado mayores inconvenientes al no contar con el auto a su servicio, motivo por el cual confirmo el decisorio.

5.- Costas: Habiendo sido modificada la sentencia venida en crisis por imposición del art. 279 del código ritual, la imposición de las costas y la regulación de los honorarios de la instancia de grado han de readecuarse.

Sostuve reiteradamente que no pueden imponerse las costas del pleito con un sentido aritmético, sino jurídico, ello implica contemplar tanto el principio objetivo de la derrota como así también las situaciones en las cuales la actora no ha visto satisfecha por completo las pretensiones contenidas en la demanda. La medida del éxito o el fracaso de cada litigante es la pauta para la distribución prudente y equitativa de las costas (Fenochietto-Arazi "CPCCN", t.I, pág. 280).

En este orden de ideas haciendo una síntesis de los pasos procesales, indico que la parte actora reclamó una suma que superó holgadamente la corroborada como debida por las constancia de autos, hecho señalado. No obstante afirmo, como indicara precedentemente, no corresponde hacer un análisis meramente matemático de la cuestión, sin dejar de advertir que le fueron desestimadas a la actora rubros peticionados, readecuados otros, que emergen de la lectura del presente voto y que siendo el principio objetivo de la derrota el seguido por esta Sala, el mismo ha sido atemperado en circunstancias especiales cuya casuística si bien reducida es merituada por las peculiares de la situación y en la convicción que el mismo no es absoluto.

Existió una razón fundada para litigar, el actor accionó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio. No se trató de una mera creencia subjetiva del litigante en orden a la razonabilidad de su pretensión, sino la existencia de circunstancias objetivas que han demostrado la concurrencia de un justificativo suficiente.

Al contemplar el código de procedimiento distintas excepciones algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el art.68 en su párr.2do., norma que importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un marco de arbitrio, que debe ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificado el apartamiento.

En el caso el derecho del reclamante no ha quedado desprovisto del respaldo jurisdiccional por causa de la reducción y desestimación de ciertos rubros y montos indemnizatorios, se demostró la existencia de una deuda de la demandada, lo que conlleva a colocar a dicha parte (accionada) en vencida, pero debe ser beneficiada por la regla de excepción contenida en el art.68 del código adjetivo (DJ rep. pág. 423 y 424 109, 105, 80,84), bajo tales parámetros y desestimando la aplicación del art. 71 del ritual, conforme lo dicho precedentemente y por imposición del art. 279 del mismo cuerpo legal, modifico la sentencia en este punto, e impongo las costas en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la actora.

En cuanto a los honorarios de los profesionales actuantes, se tendrán en cuenta las pautas de regulación establecidas en la ley arancelaria, y se considerará especialmente el monto del proceso.

"La determinación del monto del proceso a los efectos de la regulación de los honorarios debe ser apreciada por el tribunal en cada caso, según las circunstancias, procurando preservar la "ratio legis" que orienta la referencia legal a dicha cuantía, que es la justa distribución de las remuneraciones en orden a la solvencia patrimonial de quienes deben sufragarlas y al grado de responsabilidad del profesional por los intereses en juego, conjugándose estas pautas con la complejidad de la cuestión y el mérito de la labor desempeñada" (CNCiv.Sala C, nov.6-984 LL 1985-B-548, ídem CNT, sala I dic.30-88 DT1990-A-58).

Siguiendo criterios sustentados con anterioridad acordes con doctrina del Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia, no puede prescindirse del monto de la liberación que obtiene el profesional para su cliente respecto de las pretensiones serias que se reclaman en la demanda, entendiendo por liberación económica la diferencia entre la suma demandada con los intereses conforme la ley arancelaria vigente y el monto admitido como indemnización por el fallo (del voto del Dr. Martín en Sent. Def. 50/93, cita de ese STJ sentencias definitivas nros. 9/85, 32/88, 9/91, esta Sala B en sentencia definitiva nro.32/2001, entre otras que obran en los registros del Tribunal).

No está demás aclarar la extensa, trascendente, importante y decisiva labor profesional de los letrados de ambas partas, que si bien se encontraría cumplida la carga procesal de fundar con hacer mención al articulado de la ley 2200, he de poner de relieve, en esta circunstancia y valoraré al momento de decidir los montos. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en la instancia de grado para el momento del Acuerdo en que se tendrá en cuenta lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 10, 47 y concs.de la ley 2200 (t.o.4335).

Las costas de la Alzada existiendo vencimientos parciales y mutuos las impongo por el orden causado, difiriendo asimismo la regulación de los honorarios profesionales al momento del acuerdo, en que se tendrá en consideración lo dispuesto en el art. 14 de la ley arancelaria.

6.- Por como fueron resueltas las cuestiones esenciales del pleito, la modificación de costas y honorarios impuesta por la ley carece de virtualidad jurídica expedirse sobre la apelación y agravios de honorarios por carecer de virtualidad jurídica.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por todo lo expuesto esta vocalía propone para el Acuerdo:

1.- Hacer lugar parcialmente a los agravios de las partes, modificando parcialmente los montos la sentencia venida en crisis, conforme considerandos respectivos. Modificar el punto primero y tercero de la sentencia nro. 29/05, condenando a M A O a abonar a M V V la suma de $50.000 en concepto de incapacidad sobreviniente, $5.000 para gastos asistencia farmacéutica, terapéutica, $10.000 por gastos médicos futuros, $10.000 por daño moral; $4.500 daño material del automóvil, y $1250 por privación de uso.

Las sumas de condena se adicionarán con los intereses que comienzan a computarse a partir del momento del evento dañoso y a la tasa dispuesta en la sentencia atacada.

2.- Costas de la instancia de grado en un 80% a la parte demandada y en un 20% a la actora, las correspondientes a la Alzada en orden causado. Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en ambas instancias al momento del Acuerdo.

3.- Carece de virtualidad jurídica expedirse sobre la apelación por honorarios conforme considerando respectivo.

A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que vienen las presentes actuaciones a la Alzada en apelación de la sentencia de fs 729/731 que hace lugar a la demanda y condena a M A O, a abonar en el término de diez días de firme la sentencia al actor M L V V, la suma de doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos, en concepto de incapacidad sobreviniente, lucro cesante, daño moral, daño material, privación de uso del automotor y pérdida del valor venal, con más los intereses fijados en el considerando respectivo y desde las fechas fijadas, hace extensiva la condena a la aseguradora "La S Cooperativa Limitada de S G" quien responderá dentro de los límites del seguro. Impone las costas al demandado y regula los honorarios.

A fs 796 el Dr D, por derecho propio, apela los honorarios por bajos y en representación de la parte actora apela la sentencia.

A fs 798 el Dr C A por la participación acordada apela la sentencia, agregándose la expresión de agravios a fs 828/848.

Se agravia por los montos indemnizatorios, por la tasa de interés así como por la regulación de honorarios, los que le resultan excesivos.

Con relación al daño material, siguiendo al Dr Morello señala que los jueces no pueden prescindir de apreciar los elementos probatorios y que tratándose de una cuestión de derecho debe acudir desde la norma expresa hasta los principios generales del derecho y tratándose de una cuestión de hecho, ceñirse a las reglas que regulan la distribución de la carga de la prueba, caminos que han sido omitidos por el sentenciante.

Indica que la indemnización requerida no ha prosperado y que los rubros admitidos no se ajustan a los criterios existentes.

Agrega que el decisorio atribuye por incapacidad sobreviniente la suma de $120.000, con remisión a la historia clínica e informe de P S.A.,pero desprovista de valoración, pues si la remisión fue a la ley 24557, el monto por ese guarismo no debió superar la suma de $71586, sin que ello importe reconocimiento de monto alguno por el que deba prosperar la acción.

Señala que invocando la condición de vendedor autónomo exhibe parcialmente sus cuentas fiscales (no lleva los libros del art.43 Cód. de Comercio) a efectos de revelar el ingreso real y genuino, ocultando el consumo del ingreso, excediendo ello lo que se puede considerar habilidad para litigar, inscribiéndose la conducta de la actora en "abuso por omisión".

Se basa en lo sostenido por el Dr Nahuelanca en autos que menciona para destacar la relevancia de ponderar el ingreso genuino neto no bruto.

Lucro cesante, respecto a este rubro el juez establece la suma de $98.400, al multiplicar $4100 por veinticuatro períodos, alegando el quejoso que en una actividad desprovista de relación de dependencia, el ingreso nunca puede ser tomado en forma íntegra, ya que casi la totalidad habrá de consumirse en actividad producto del oficio o profesión. Cita doctrina en apoyo de lo dicho.

Daño emergente (gastos terapéuticos fu-turos y gastos de farmacia y movilidad), son acordados por el a-quo, desprovisto de toda justificación y razonabilidad. Los tratamientos son cubiertos por la obra social y acordar un resarcimiento por tal concepto sumado al de gastos medicamentosos y futuros no probados es un abuso, más cuando son cubiertos en el marco de la ley 23660.

Indica que la indeterminación del rubro y la falta de concreción del monto vinculado a documentación respaldatoria impiden una justa e integral defensa.

Daño moral: se agravia por la suma de $25000, otorgada por este rubro, con cita de doctrina y jurisprudencia, entiende que no ha sido la prudencia y la mesura la que ha motivado la cuantificación admisoria del rubro en crisis.

Daño material del rodado: luego de determinar los montos indemnizatorios fijados en la sentencia, siguiendo las pautas del informe del perito mecánico, pero obviando afirmar que el Renault 12 año 1972 no vale el monto que pretende invertir en el arreglo.

Alega, que si a ello le agrega lo que concede el a-quo por desvalorización venal y la indisponibilidad, se pasa en más el cuarenta y cinco por ciento el valor del rodado. No debe, trasponerse ni fugarse de la equidad y justicia y al haber exceso reparatorio se afecta el derecho de justicia.

Privación del rodado: Sostiene que se debe acreditar la existencia del perjuicio, y resulta que el actor nunca pudo utilizar el vehículo por encontrarse imposiblitado de hacerlo, no probándose el daño cierto que se exige para poder ser indemnizado.

Pérdida del valor venal: la suma otorgada supra, acota el valor venal, más allá que no se acreditó que el vehículo fuera reparado, por lo tanto una hipotética depreciación en el valor de venta no pasa de una mera conjetura.

Tasa de interés: lo agravia la acordada en la sentencia, requiriendo para el supuesto de acogimiento parcial de la demanda, se fije la tasa pasiva que liquida el BCRA, mediante comunicación A-14290. Cita jurisprudencia del STJ de la provincia y del país, así como doctrina para sostener lo peticionado.

Los honorarios regulados le resultan excesivos, y las costas deben ser distribuidas, por existir vencimientos parciales y mutuos.

Hace reserva del caso federal.

A fs 849/861 se agrega la expresión de agravios del actor, quien pretende se eleven los montos de la condena y se establezca que los intereses corran a partir del momento del hecho dañoso.

La indemnización por incapacidad sobreviniente resulta insuficiente, ya que no ha tenido en cuenta las circunstancias acreditadas, limitándose al análisis de algunas cuestiones, cuando la incapacidad es del 90%.

Ha sufrido un deterioro gravísimo en la salud que de ninguna manera puede estimarse en el 39,77%, y aún admitiendo el mismo, la indemnización fijada por el a-quo carece de toda razonabilidad y resulta exigua.

El informe de la Junta Médica de la Comisión, conforma sólo una base de prueba que coadyuva a la restante, tal como la resonancia magnética, periciales neurólogicas plasmadas en los informes periciales emitidos por la Dra. P y el Dr. K.

Recuerda que si bien los informes fueron impugnados por el demandado, las mismas carecen de sustento técnico y resultan meras manifestaciones, no alterando la fuerza probatoria.

Solicita se readecue el monto establecido para dicho rubro indemnizatorio, teniendo en consideración la existencia de un 90% de incapacidad, los informes periciales, la edad, el ingreso mensual y las testimoniales, toda vez que el sentenciante sólo se limitó al análisis de algunas cuestiones, refiriéndose sólo a la informativa brindada por la AFJP P S.A. la que determinó que presenta una invalidez del 39,77% y estimó el monto en relación a dicho porcentaje.

Agrega que aún admitiendo tal incapacidad, la indemnización fijada carece de razonabilidad, pues los médicos que conforman la junta médica 19, no son neurólogos o psiquiatras, y sin restar total valor probatorio a la decisión de la Junta, es esta sólo una base que coadyuva a la restante, pero no prevalece el dictamen informado por AFJP P AS sobre los informes periciales.

Se queja ante la omisión del fallo de tratar el daño psicológico integrando la incapacidad sobreviniente, pues sin perjuicio que el sentenciante lo incluya sólo en apariencia en el daño emergente al tratar los gastos terapéuticos futuros, no especifica la inclusión o exclusión en la incapacidad sobrevinien-te.

La exigua indemnización en concepto de gastos terapéuticos futuros le resulta totalmente irrisoria y contradice las circunstancias de hecho comprobadas en autos.

No puede dejarse de reconocer, agrega, que la gravedad de las secuelas informadas por los peritos, permite inferir que los tratamientos terapéuticos deberá realizarlos por vida. Considera la edad, el costo anual del tratamiento, la edad promedio de vida, arribando a la suma que pretende,$100.000.

También omitió, considera, el a-quo, dentro del rubro gastos futuros, los peticionados con relación a los medicamentos cuya necesidad surge de los informes periciales.

El daño moral le provoca queja, argumentando que el a quo dice haber considerando ciertas pautas que de haberlo hecho no hubiese llegado a tan irrisoria suma. Enumera los sufrimientos padecidos, las constancias de la historia clínica, el riesgo de vida corrido, avalando sus pretensiones con citas jurispru-denciales.

Entiende que los intereses deben correr desde el mismo momento en el que se produjo el evento dañoso en los rubros que enumera. Cita jurisprudencia para sostener lo pretendido.

Hace reserva del caso federal.

No entraré a determinar la responsabili-dad del Sr O o de la Cía. Aseguradora, en el hecho que se produjo el día 26 de octubre de 1999 y en el que interviniera el vehículo Ford Fiesta, dominio *** como embistente del Renault 12, dominio U-084260 conducido por el Sr V V, y que como consecuencia del impacto se desplazó el último hacia la mano contraria embistiendo frontalmente a la camioneta Ford F-100, siendo despedido el actor con las consecuencias que surgen de auto, ya que la misma ha quedado consentida y no es materia de controversia en esta instancia, sino que se debe establecer el monto indemnizatorio, toda vez que actor y demandado se agravian sobre los que fijara el sentenciante de la instancia anterior, el primero por considerarlos bajos y los segundos excesivos.

La Corte viene sosteniendo, como lo transcribe la resolución 2/05 del STJ, desde hace tiempo que para la determinación del resarcimiento, las normas aplicables confieren a la prudencia de los magistrados un significativo cometido, más no los autoriza a prescindir de uno de los requisitos de validez de los actos judiciales, cual es la fundamentación.

Dicho de otra manera: el hecho de que se ejercite una facultad discrecional no justifica ni legitima la omisión del deber de fundar el pronunciamiento. De allí que sea descalificable el fallo que al determinar el monto adopta como pautas generalidades que no permiten la apreciación certera del proceso racional seguido por el sentenciante. La motivación no tiene pautas asépticamente jurídicas, sino que al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento no deben ser desatendidas las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad.

Se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas, prudentemente, y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables (CSJN, 4/10/94, JA.1995-II-19; 10/1/92, JA 1994-I-159; 24/9/96, JA.1997-III-142).

Y es tal actitud la que debe asumirse en esta instancia, atento lo que surge del fallo y la apelación de las partes.

Incapacidad Sobreviniente: Sabido es que la incapacidad sobreviniente abarca cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, Código Civil Comentado, Anotado y Concordado" t.5, pág. 219, CNCiv., sala E, septiembre de 2004 (ED, 212-2005-pág.119).

Es que la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo real (Conf. Zavala de Gonzalez, obra citada, pág. 41, cita del fallo de la CNC que vengo siguiendo).

El actor ha sufrido una invalidez, entiende el a-quo de 39,77, de acuerdo al informe de fs 326/352 y teniendo en cuenta la edad y el trabajo que efectuaba, otorgó una indemnización por la suma de $120.000, suma considerada al momento de la sentencia.

Monto que es cuestionado por ambas partes.

Del análisis de las pruebas acompañadas surge que el perito, médico psiquiatra, refiere que la incapacidad del Sr V V, es permanente y el porcentual es de 90%, datos dados el 30 de diciembre de 2004, asimismo el perito neurólogo informa que las secuelas son de carácter permanente.

Y si bien dichos informes son impugnados, el médico psiquiatra responde tal impugnación a fs 694/695, dando las razones del informe, efectuando lo mismo la neuróloga a fs 692/693.

Advierto que el actor nada dice en la apelación sobre las impugnaciones efectuadas y el sentenciante tampoco hace mención a ellas, y no encuen-tro motivos serios para apartarme de las mismas, pues si bien las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (ED t.212, pág.121).

No encuentro probanzas de mayor o simi-lar rigor técnico que permitan apartarme de las pericias.

Y si bien es cierto que a fs 326/352 la AFJP P S.A., informa que la Comisión Médica 19, deter-minó que la incapacidad sobreviniente era de 39,77, asiste razón al quejoso en punto a la especialidad de los médicos intervinientes.

Asimismo tal decisión se produce en septiembre del año 2000 y los informes requeridos a los peritos son de diciembre de 2003, y febrero de 2004 y la contestación a las impugnaciones llevan fecha mayo de 2004. Junto a ello he de considerar que los estudios realizados al actor y del que se munen los peritos son posteriores al informe de la AFIP.

Ante ello la incapacidad de la junta médica no será decisiva sino complementaria de lo que dispusieran los peritos.

Y previo a fijar el monto indemnizatorio sobre la queja que abordo, daré respuesta a los agravios del demandado con relación al lucro cesante.

Se agravia el demandado ante la suma $98483,97, concedida por el sentenciante por tal rubro, con fundamento en que estuvo sin realizar actividad laboral alguna por el término de 24 meses y que percibía la suma de $4.100.

El quejoso sostiene que no existen pautas objetivas para medir que se mantuviera incólume la facturación supuesta del actor y mucho menos que no hubiera reducción por gastos de facturación. Agrega que no puede dejarse de considerar que el monto que integra una potencial reparación habrá de dejar de incluir gastos y detracción necesaria y habitual para considerar sobre el neto y no sobre el bruto.

En la contestación a los agravios el actor, si bien coincide que la indemnización por lucro cesante no debe incluir los gastos de la actividad, dice, que no es menos cierto que la suma otorgada por el a-quo resulta razonable. Agrega que el período a considerar debe ser mayor a 2 años sin que ello importe coexistencia con la incapacidad sobreviniente.

Advierto que el demandado alega que de prosperar aún en mínima medida el rubro cuestionado, única manifestación respecto al rubro acordado, lo que sería insuficiente para admitir el agravio, pero, atento que el sentenciante no ha fundado el mismo, resolveré en principio si corresponde otorgar indemni-zación por lucro cesante y si así fuera consideraré el monto.

El actor reclamó a fs 194 indemnización por lucro cesante, pues luego de permanecer internado tras la compleja intervención quirúrgica cerebral, se indicó reposo sin actividad alguna por el plazo de 24 meses. De allí y teniendo en cuenta que el ingreso era de $4103,49,la suma que requiere es de 98.483,76.

Tal pretensión es desechada por el demandado, con argumentos similares a los desarrollados al tratar el agravio en punto a su procedencia.

La suma requerida en la demandada es acordado por el sentenciante.

Ambas partes concuerdan en que el lucro cesante es la ganancia dejada por percibir por el damnificado, entendiendo el actor con cita de jurisprudencia, que la indemnización por incapacidad sobreviniente, no puede superponerse por que responden a conceptos diversos.

Al decir de la Dra Zavala de Gonzalez en "Resarcimiento de daños", "Daños a las personas", 2ª, pág. 294, las consecuencias materiales o económicas atinentes a los llamados "lucro cesante" e "incapacidad" no varían en lo fundamental, de modo que no hay verdadera diferencia -esencial u ontológica entre estos rubros en lo que hace al daño mismo, refiriéndose sólo a las proyecciones materiales.

Continúa diciendo que en ambos casos nos hallamos ante un "lucro cesante", sólo que en la primera hipótesis ésta se conecta con la etapa terapéutica y hasta el momento del restablecimiento, y en la segunda se atiende a secuelas no corregibles sino luego de un mayor plazo (incapacidad transitoria) o bien no subsanables en modo alguno (incapacidad permanente).

Y agrega que desde el punto de vista estrictamente conceptual, atinente al daño mismo, no es válida la diferenciación entre "lucro cesante e "incapacidad". Sin embargo la distinción obedece a un interés práctico perceptible, especialmente vinculado con la carga probatoria.

En efecto, cuando el lucro cesante es referido a la frustración de ganancias conexas con la etapa terapéutica, se advierte que la interrupción más o menos provisoria de la actividad normal de una persona no necesariamente, ni de modo probable y sí sólo con carácter eventual, genera alguna pérdida de réditos o beneficios económicos.

En autos se ha probado que el actor ha debido dejar de desarrollar la actividad, en principio durante los 24 meses que el médico determinara de reposo absoluto, pero también es cierto que no se ha probado acabadamente que el ingreso que percibiera era de $4100, ya que el perito a fs 616, habla de dicho monto, sin establecer como arriba al mismo, incumpliendo con la carga que le impone el CPCCh, aún cuando da las explicaciones a fs 677. Asimismo de la documentación agregada por el actor a fs 10 surge que las comisiones son variables, percibiendo en tres meses una suma menor a la que pretende se establezca mensualmente.

Y en el detalle de fs 5, se consignan los ingresos desde el mes de diciembre de 1998 al mes de noviembre de 1999, por la actividad de distribuidor, no desprendiéndose de ello si se trata de cifras que reflejan las ventas o las comisiones.

A fs 12 se consigna que las ventas a septiembre de 1999 habían disminuido.

No obstante existe una verdad, y es que el actor se desempeñaba como vendedor, y por ende percibía una remuneración, que al no haber sido determinada fehacientemente, con las pautas acercadas la determinaré en la suma de $1600, máxime cuando el actor al contestar los agravios coincide con el quejoso en punto, que la indemnización por lucro cesante no debe incluir los gastos de la actividad.

Si bien existió un primer período de inactividad, que fueron de 24 meses, el actor en ningún momento reanudó la actividad, en consecuencia retomando lo transcripto sobre el ítems, es que incluiré el mismo en la indemnización por incapacidad sobreviniente.

He de referirme antes de avanzar en el resto de las quejas a la omisión, que considera el actor, por parte del a-quo de tratar el daño psicológico integrando la incapacidad sobreviniente, como fuera solicitado en la demanda, fijando un monto indemnizatorio, que se refiere a los gastos efectuados como los futuros para atender al tratamiento psicoterapéutico, lo que resulta diferente a lo requerido.

He decidido en anteriores pronunciamientos, que el daño psíquico, siguiendo doctrina y jurisprudencia, carece de autonomía y que estos detrimentos pueden tener proyecciones -potencialmente- en el daño material o en el daño espiritual (conf. Zavala de Gonzalez, Matilde, "Daños a la persona. Integridad psicofísica", p. 335, id. CNC.X, Sala D, "M de L, L v. APS s/ sumario" con voto del Dr Bueres, igual cámara y sala "C, J A. y otro c/ R, C A." 20-12-2000.

En autos, atento, los informes de los peritos, sobre los que ya me he detenido, y lo declarado por los testigos fs 457/459 vta, las consecuencias psíquicas del accidente son relevantes, incidiendo en las posibilidades lucrativas, máxime si se tiene en cuenta lo ya determinado en cuanto edad, familia, y dificultades para integrarse a su labor.

Ante ello entiendo que es ajustado a derecho, computar la incidencia de este perjuicio, dentro del concepto de incapacidad sobreviniente y así lo dispongo.

En consecuencia a fin de fijar el monto que corresponda, agregaré a lo dicho la edad del actor a la época del accidente 48 años; estado civil (mujer y cuatro hijos), que se encontraba desempeñado tareas remunerativas, que obtenía aproximadamente un sueldo de $1600, condiciones socio económicas, lo que surge de las testimoniales y del beneficio de litigar sin gastos.

Todo ello me convence que la suma de $120.000 (ciento veinte mil pesos) es justa, suma reitero que es abarcativa de la incapacidad sobreviniente, lucro cesante y daño psicológico peticionado.

Gastos terapéuticos futuros - Gastos de Farmacia y movilidad: El demandado en forma genérica se agravia de lo resuelto por el aquo bajo el rubro, gastos terapéuticos futuros, gastos de farmacia y movilidad, por la razones que ya detallara.

La sentencia fijó la suma de $5.000 para resarcir los gastos médicos y farmacéuticos, guardando silencio sobre la movilidad, pero ello no ha sido motivo de queja.

Como lo afirma la Dra Zavala de Rodríguez en "Resarcimiento de daños", "Daños a las personas", 2, pág. 113 y sgtes "los gastos terapéuticos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad sicofísica de la víctima del hecho".

El Sr V V ha sufrido un daño físico y psíquico que debe reparar o intentarlo, de allí que la indemnización debe consistir en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido.

Constituyen, a decir de la autora citada, un daño patrimonial indirecto, por implicar un perjuicio económico y refleja a raíz del mal hecho a la persona, derechos o facultades de la víctima (art.1068 CC).

La jurisprudencia a su vez, ha sentado un criterio amplio en torno a la admisión de este tipo de erogaciones para cuyo acogimiento no exige los comprobantes respectivos, sino que se presume su desembolso en función de la entidad de las lesiones sufridas, ya que la intervención quirúrgica (fs 756), así como la convalecencia han hecho incurrir en gastos, que entiendo alcanzan la entidad que admitiera el juez, por lo que coincido con la suma otorgada.

En punto a los daños terapéuticos futuros, que el a-quo acordara en la suma de $4000, sobre ello también el actor se queja.

Está acreditado en autos que el actor debe efectuar rehabilitación neurológica con el objetivo de realizar entrenamiento de las funciones, especialmente la memoria y de determinar la necesidad de adaptación del ambiente o la utilización de auxiliares externos (fs 689); que se considera conveniente que el Sr M L V, pudiera someterse a un abordaje psicoterapéutico con el propósito de revisar su posición subjetiva, se sugiere un control psicofarmológico, en virtud del trastorno de sueño (fs 629); debe realizar tratamiento con terapia ocupacional y psicológica, creyendo la neuróloga, la necesidad de la realización de test neuropsicológicos, evaluación de funciones cerebrales superiores y electroencefalograma (pericia de fs 640/642 de fecha 17 de febrero de 2004).

No cabe duda que la víctima debe seguir tratamientos para no sólo una mejor calidad de vida sino para mejorar su salud, y que son necesarios de acuerdo a las pericias que transcribiera.

Ante lo dicho, he de coincidir con la camarista preopinante que la suma otorgada por el a-quo con relación a los gastos futuros es exigua, pero no en la medida que los pretende el quejoso, ya que como el mismo lo reconoce no debemos encuadrarnos en fórmulas matemáticas, por ende, la suma que dispuso la Dra García Blanco me parece apropiada, máxime que como lo señala, dicho monto se recibe de una sola vez (Conf. Autos caratulados: "C, E A c/ Cía de P R C S.A.", Expte 12948-C-1991 STJ, entre otros).

Omisión en el fallo: La queja del actor se sustenta en que el juez de grado, omitió dentro del rubro que fuera solicitado en el punto E.4, el valor de los medicamentos que debe consumir a lo largo de la vida, y entiendo que al tratar los gastos terapéuticos futuros, concedió tal rubro aún cuando no haya hecho referencia específica, sin perjuicio de ello y habiendo modificado el monto por éstos gastos, futuros, el reclamo se encuentra incluido.

Daño material del vehículo:

Sostengo, en principio, que la indemnización del costo de reparación de un automóvil siniestrado no puede exceder el valor del mismo al momento del accidente, y ello es así pues a decir de Daray en "Accidente de tránsito", Astrea 1997, pág. 343, Nº 6), si el costo de la refacción excede el valor de plaza, esto significaría que el actor que percibiera dicho importe experimentaría un beneficio económico representado por la diferencia entre el valor de otro coche idéntico y la mayor cantidad que recibiría para realizar las reparaciones del suyo, de forma que lejos de establecerse el equilibrio patrimonial tendría lugar un enriquecimiento incausado de la víctima.

La suma requerida por el actor y la otorgada por el sentenciante aparece excesiva, máxime en un vehículo que al momento del accidente, se desconoce la antigüedad que tenía, pero que indudablemente portaba una depreciación natural en razón de ello, por lo que no es posible receptar el monto pretendido por el actor teniendo presente que no es un medio para favorecer omisiones sino para resarcir daños reales, legalmente acreditados.

Por ello y que el perito informa que "que el vehículo en cuestión debió tener un valor aproximado de $4.500 a la fecha del accidente, pero reitero no se ha fijado la antigüedad del vehículo a esa fecha y que la suma otorgada y peticionada, es superior, aún con tales omisiones a la que surge de fs 588, otorgará, la suma de $2.000 (dos mil pesos).

Privación de uso:

No se aventa duda alguna sobre la obligación de indemnizar por quien es responsable de la colisión el tiempo en que el damnificado se ha visto privado del uso del automotor.

En autos el a-quo estimó la indemnización en la suma de $1250; tuvo en cuenta lo dictaminado por el perito que el tiempo de reparación era de aproximadamente 25 días y al no existir el valor diario de alquiler de un automóvil, se valió de la facultad que le otorga el art. 165 del CPCCh.

El demandado se agravia por entender que no se acreditó el perjuicio, y que durante el lapso que considerara el sentenciante el actor estuvo imposibilitado de utilizar el vehículo.

Es cierto que la privación del uso del automotor produce por sí misma un daño indemnizable, pues tiende a reparar el perjuicio sufrido por la inmovilización exigida por la reparación, lo que ya he sostenido en otras oportunidades, en "B de R, C c/ M, E M y otros S/ Daños y perjuicios", Expte 10020/97, SD 39/89 compartiendo lo argumentado por la sala "A" decía:

"que aún una reparación de envergadura no es normal que insuma más de treinta días, resultando ajenas y por tal razón extrañas a la indemnización de los perjuicios sufridos por el evento dañoso, tanto las circunstancias personales del damnificado como la de los talleres, que indisponen el uso del automotor", en igual sentido SD1/01; Sala "A"· y 28/01 admitiendo por su evidencia en la materia, que el daño al automotor produce la indisponibilidad, pero dentro de los parámetros establecidos ya que dicho lapso, debe ser apreciado en forma razonable, no siendo justo hacer soportar al demandado un período excesivamente largo, y tampoco otorgando una suma que no se condiga con la realidad.

Asimismo la sola indisponibilidad acarrea trastornos, no sólo laborales, sino sociales, familiares, de esparcimiento. Y si a ello le agregamos la situación que atravesaba el Sr V V, surge insoslayable el perjuicio que la falta de disposición de su automóvil le acarreaba.

Y atendiendo a tales parámetros, me resulta justa la indemnización que por tal rubro otorgara el a-quo.

Pérdida del valor venal: Le causa agravio al demandado que el sentenciante haya otorgado la suma de $675 a octubre de 1999, superando la cuantificación actual el valor del bien, más cuando no se probó que el vehículo fue reparado.

"El automotor experimenta ?salvo excepcionales supuestos? por razón de las reparaciones y por ese motivo, una disminución en su valor venal. Se trata de una consecuencia propia del hecho y aplicación de lo que comúnmente acaece.

C0102 LP 210227 RSD?164?92 S 24?9?92, Juez Rezzónico, J. C. (SD) CARATULA: P, M del C c/ G, R F s/ Daños y perjuicios. AG. VOTANTES: Rezzónico, J. C. ? V. "En los juicios por indemnización de daños y perjuicios se busca colocar al damnificado en la situación que se encontraba con anterioridad a la producción del hecho dañoso, o bien compensar económicamente los perjuicios ocasionados.

Por ello acreditada la existencia de averías en el rodado del actor, resulta irrelevante la circunstancia de que el accionante haya efectivizado o no el pago de los arreglos, o hasta sus reparaciones; ya que de un modo u otro, el importe del presupuesto por el cual se admitió el reclamo, constituye la expresión monetaria del daño que se pretende reparar y que habría o habrá de posibilitar que el damnificado se encuentre en el estado que hubiera mantenido de no haberse producido el evento", Accidente de tránsito, Daray, Tomo 2, pág.74 y sgtes.

Pues a no dudarlo, todo vehículo, como consecuencia de una accidente experimenta una desvalorización en el mercado, y aún más cuando son tantos los daños producidos, rotura completa en l parte frontal, torpedo y columna de dirección rotas, puertas delanteras abolladas, paragolpe trasero, chapón trasero, y guardabarros derechos posterior abollados, enumerados por el perito (fs 87) y fotografías de fs 29 y 30 de la causa encordelada.

Y si bien es cierto que se pueden ponderar los daños, y no la antigüedad del Renault, la suma fijada por el a-quo resulta elevada, por lo que deter-minaré la misma en $200 (doscientos pesos).

Daño moral: Y he de adelantar que no ca-be duda alguna que la situación disvaliosa provocada a consecuencia del accidente automovilístico y que dieron origen a estos actuados, conlleva implícito desasosiego, intranquilidad espiritual, que debe indemnizarse y para establecer su monto, he de tener presente las circunstancias y vicisitudes que surgen de la causa, así como los informes de los peritos.

La índole de la afección de que se trata es consecuencia inmediata y necesaria de las lesiones en el cuerpo y salud, ambos bienes de la personalidad, provocando un daño moral, perjuicio que se produce "in re ipsa" y no requiere ser demostrado.

Esta indemnización contempla la reparación del daño íntimo sufrido por la víctima y para estimarlo cuantitativamente, son bien conocidas las dificultades que existen, atento su naturaleza extrapatrimonial y por eso, más que cualquier otro, su determinación queda librada al prudente arbitrio judicial (art. 163, inc. 5°, 165 y cc. CPCC).

Y como tantas veces se ha dicho, tanto pueden ser los montos indemnizatorios por esta causal como jueces intervengan.

No es ocioso recordar que la indemnización por daño moral posee doble carácter, predominantemente satisfactorio, ya que busca compensar la conmoción íntima que el padecimiento genera, mediante el alivio que puede importar la suma que se otorga, y a la vez admonitorio y desalentador de conductas como la aquí juzgada.

No se ignora que en nuestra doctrina los autores han acentuado la preponderancia de uno u otro aspecto, procurando descalificar el opuesto (ver las diversas opiniones en Llambías, Jorge J., "Obligaciones", Tratado, Abeledo Perrot, Bs. As., 1983, t. I, p. 330 y ss., nros. 258 a 262), inclinándose la mayoría por el carácter resarcitorio y punitivo (ver Raymundo M. Salvat, "Tratado de Derecho Civil Argentino", Obligaciones, ed. actualizada por Enrique V. Galli, TEA Bs. As., 1952, p. 214 y s., nº 187, y 187 a; Alfredo Orgaz, "El daño resarcible", Depalma, Bs. As., 1967, p. 190 y s., nro. 57, entre otros ).

Creo, empero, que un punto de vista exclusivamente unilateral, que mire sólo a la conducta ofensiva del causante del daño (v. gr. Llambías, ob. cit.) o sólo a la situación de la víctima, habría de parcializar la realidad en que ambos se encuentran involucrados y en la que han tenido un rol protagónico.

Si sólo se atiende a la conducta del ofensor, como bien observa Cifuentes (Santos Cifuentes, "Naturaleza jurídica del daño moral y derivaciones de su concepción", en Estudios en homenaje al Dr. Guillermo A. Borda, La Ley, Bs. As.1984, p. 84), el damnificado y sus padecimientos morales son puestos en el margen del problema, cuando, en rigor, las normas aplicables aluden a la "reparación" del daño moral (ver arts. 522 y 1078, cód. Civil) y de eso se trata primordialmente (art. 1083, cód. cit).

Pero es preciso advertir que tampoco es indiferente al derecho -no podría serlo- la calificación o las características del obrar del autor del daño (v. gr. arts. 521, 1069, parte 2ª, 1082 y 1109 in fine, cód. Civil), pues tales circunstancias también inciden en el rigor o la magnitud de la sanción aplicable. De allí ese carácter bifronte que, creemos, es el que mejor refleja los perfiles normativos de la indemnización por daño moral.

Conceptos todos que transcribo por compartir y responder a lo aquí tratado. Buenos Aires, de octubre de 2003.- Fdo.: CARLOS ALFREDO BELLUCCI-LEOPOLDO MONTES DE OCA; Pizarro, Ramón Daniel - Daño Moral, págs. 540 y 561.

Y más allá de los dicho, existen en la causa informes que dan la magnitud del desasosiego que el hecho le produjo al actor.

Así K a fs 629 informa que "existe un desequilibrio espiritual", "la capacidad anímica del Sr M L V V se encuentra perturbada para afrontar diligencias futuras" a lo que agrega "Su severo compromiso en la memoria"; "trastorno amnésico" "y cambio de personalidad"; "no puede llevar adelante una vida socio-laboral y familiar normal" (fs 694). La Neuróloga a fs 641 se refiere a que las secuelas orgánicas producidas son de carácter permanentes, tiene trastornos mnésicos, de la atención, impulsibilidad, labilidad emocional, así como trastornos miccionales y de carácter sexual, dando las explicaciones solicitadas a fs 692, concluyendo que tiene afectadas sus funciones cerebrales superiores, especialmente la memoria.

Y tales trastornos, entiendo, forman parte inescindible del daño moral.

Ello me persuade que la suma que determinara el senteciante se ajusta a derecho y así lo resolveré, desestimando los agravios de ambas partes.

Intereses, fecha a partir de cuando deben aplicarse: Fijar el monto de la indemnización a la fecha del pronunciamiento, no satisface el principio de reparación integral. Los intereses compensan el precio del dinero en el mercado y su encarecimiento, es consecuencia de los avatares del proceso económico y un factor que los jueces no pueden desconocer, ni dejar de lado en sus sentencias, adeudados los mismos desde el hecho ilícito, porque es en ese momento en que se daña el patrimonio del reclamante compensándose así la demora en efectuar la reparación", SDN34/SRE/00; 027 SRE/02 y 2/SER/05.

También ha sostenido que es criterio que se comparte que en materia de daños impera el principio de reparación integral y los intereses en todo caso deben liquidarse desde la fecha del acaecimiento del mismo. La indemnización debida, debe ser acompañada por el pago de los intereses, que tienen como función esencial "asegurar al acreedor la reparación integral a que tiene derecho evitándole el mayor perjuicio que pudiera significarle la demora en obtenerla".

Estos intereses comienzan a correr a partir de cada perjuicio, y con ello se logra colocar al damnificado en las mismas condiciones que estaría si hubiese recibido la reparación en el mismo momento en que sufrió el daño", Sala de Casación (José Luis Pasutti-Agustín Torrejón. AC) A, B c/ T M SRL y-o quien resulte responsable s/ daños y perjuicios, 29 de diciembre de 2002; Sala de Casación (Fernando Royer-Agustín Torrejón-AC) F, C c/ Provincia del Chubut s/ Daños y perjuicios.(19 de febrero de 2002).

Lo transcripto resulta suficiente para admitir los agravios del actor.

Los honorarios apelados; expedirse carece de virtualidad, pues de acuerdo a las pautas establecidas por los arts 6 y 7 de la ley de aranceles y el art. 279 del CPCCCh, corresponde adecuarlos a la modificación de la sentencia, la que se produce en autos al variar la tasa de interés a aplicar, difiriendo la determinación de los mismos para el momento del acuerdo; los que se fijarán de conformidad a la labor desarrollada, el resultado obtenido con relación a las pretensiones, el monto del proceso, concordantemente con lo que dispone la ley 2200 y su modificatoria, ley 4335, siguiendo las pautas de los arts. 6, 7, 9, 19 y 61. Los de esta instancia se los aplicarán siguiendo iguales pautas, y el art 14 de la ley de aranceles.

Las costas dado el carácter indemnizatorio del juicio y por el principio objetivo de la derrota estarán a cargo del demandado.

Téngase presente la reserva del caso federal.

A la segunda cuestión la Sra.Juez de cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Rechazar parcialmente los agravios de las partes y modificar parcialmente la sentencia de fs 729/731, punto 1) y condenar a M A O, a abonar en el término de diez días de firme la presente al Sr M L V V, la suma de $163.450 en concepto de incapacidad sobreviniente, de acuerdo al considerando respectivo, daño moral, daño material del vehículo, daño por privación de uso y pérdida del valor venal, con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago.

2) Costas de ambas instancias al demandado vencido.

3) Diferir la regulación de los honorarios de ambas instancias para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quienes votan precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a las mismas me remito.

I.A) Advierto que han llegado firmes a mi consideración por la mayoría lograda por mis colegas preopinante, la temática sobre:

a)la procedencia de lo conceptos incapacidad sobre-viniente, lucro cesante y daño psicológico;

b)concepto y monto de la atención y gastos futuros y gastos terapéuticos;

c) precedencia daño material de vehículo;

d)concepto y monto de la privación del uso del automotor;

e) la fecha partir de la cual se computan los intereses y d) la carencia de tratamiento de la apelación de horarios por carecer de virtualidad jurídica.

Quedando como desacordadas las cuestiones atinentes a:

1)monto del salario del actor y el porcentual de incapacidad sobreviniente;

2) monto del daño material del rodado;

3) monto del daño moral;

4) procedencia del valor venal del automotor y 5) la imposición de costas en ambas instancias.

La circunstancias apuntadas hacen que me avoque a la emisión de mi voto sobre los puntos individualizados como desacordados en virtud de lo establecido por el art. 271 del CPCCh, ya que resulta suficiente para adoptar decisión los votos coincidentes de quienes me precedieron, máxime cuando el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de esta Provincia ha admitido en sentencia de 01/06/98, mediante voto del Dr. Torrejon, que "La circunstancia que un magistrado haya tratado con mayor relevancia en su voto no significa discordancia, pues los jueces son libres de decidir los elementos que forman la convicción, siempre que se ajusten a los criterios de valoración de las pruebas, establecido en el orden procesal, y a todo evento llegan por distintos caminos a idéntica conclusión, formando así la mayoría legal suficiente para justificar el fallo".

I.A-1-a) En cuanto al monto del salario del actor (agravio de la demandada - fs. 830/832) y b) el porcen-tual de incapacidad sobreviniente (agravio actor - fs. 850/852) es dable precisar que es entendimiento de la suscripta que la suma que pueda acordarse, de ninguna manera puede surgir como una resultante de un cálculo estricto efectuado en base a la expectativa de vida que pudiera tener la víctima, o a los porcentuales rígidos de incapacidad que surgen de los dictámenes periciales pertinentes.

Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto sostener que el resarci-miento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio.

En este sentido ha determinado el Superior Tribunal de Justicia de nuestra Provincia que "Cierto es que para determinar la valoración de la indemnización por incapacidad sobreviniente no existen pautas fijas, por depender de circunstancias que varían según el caso que se presenta, librados a la prudente apreciación judicial que atenderá a las condiciones particulares del damnificado y al modo en que el infortunio habrá de inferir negativamente en todas sus posibilidades de vida futura, además de la específica disminución de las aptitudes para el trabajo (STJCH, 12-04-1991, Sentencia Definitiva, "C B, S c/ S S.A. s/ Laboral"; STJU Sent. Def. Nro.9 -85 STJU Sent. Def. Nro.32 -88), no des-echando ninguno de los sistemas que en la práctica se utilizan para fijar el monto indemnizatorio (STJCH, 10-08-1998, Sentencia Definitiva, "B, J A c/ B y Cía. S.A. s/ Demanda Laboral -Accidente de Trabajo; íd. STJCh, SD n° 34, año 1991; SCBA, 6-11-84, causa "E, M J c- M A y Cía. S s/ Accidente"; 16-4-91 causa "A, G c/ C Q S.A. s/ Accidente de Trabajo", SD n° 30, año 1993, STJCh, SD n° 46; "C, M A c/ E R C S.A." expte. Nº 13.309-C-1991-, SD n°38, año 1992; "A, A y otros c/ Municipalidad de Trelew s/ Indemnización de accidente de Trabajo", SD n° 46, año 1995).

I.A-1-a) Respecto del salario a tener en cuenta, ha venido concordado por las colegas preopinantes que el actor no probó acabadamente que el ingreso que perci-biera fuera la suma de pesos cuatro mil cien ($4.100), teniendo en cuenta la variabilidad del mismo, la actividad de distribuidor que detentaba el actor, su capacidad económica conforme emerge del beneficio de litigar sin gastos (expdte. nro. 675/02), considero ajustado estimar una remuneración mensual de un mil seiscientos ($1.600).

I.a-1-b) En cuanto a la merituación del daño sufrido por el actor, de la confrontación efectuada, en cuanto a la merituación del daño sufrido por el actor, tanto de la Historia Clínica nro. 230.592 (fs. 431/449, como de los dictámenes periciales médicos efectuados los días 24/12/03 (629/630vta.), 17/02/04 (fs. 640/642) y explicaciones del 05/05/04 (fs. 692/693)- a los que merito por haber sido realizados en forma efectuadas por profesionales especializados en la materia y por ser más cercana a la toma de la valoración real de las consecuencias sufridas por el accionante a raíz del infortunio sufrido atento que el Dictamen de la Comisión Médica de la AFJP (fs. 332/334) data del día 01/11/00, razones todas ellas por las cuales el porcentaje de incapacidad ha tener en cuenta al momento de justipreciar el monto de la indemnización es el de noventa (90%) por ciento.

I.A-2) Respecto del monto del daño material del rodado, si bien no emerge ni de las constancias obrantes en el expdte. penal nro. 1773/01, ni del informe del perito mecánico (fs. 579/588vta.) la antigüedad del automotor Renault 12 dominio *** que era conducido por el actor, considero que tratándose de una deuda de responsabilidad civil, la víctima tiene derecho a obtener la indemnización necesaria para lograr la recomposición cabal del objeto lesionado, a fin de que se preserve la misma situación económica anterior al accidente, aunque dicha suma no traduzca con exactitud la disminución porcentual del valor del objeto.

Ello es así, porque en la realidad económica del país, frecuentemente el precio de refacción parcial se aproxima al valor de adquisición del automotor, lo cual se aplica razonablemente por la clase y complejidad de la tarea de reparación, y sin vinculación necesaria con el valor que tendría el rodado en el mercado de no estar afectado (conf. crit. "R. 276917 - "S, N C/ M, G S/ Daños y Perjuicios" - CNCIV - SALA H - 09/03/2000; elDial - AA3E6).

Por las razones invocadas y considerando ajustada a la realidad del mercado mobiliario automovilístico local la suma determinada por el perito a fs. 588vta, la sentencia de primera instancia ha de ser readecuada en esta sentido y, en consecuencia, establecer la suma de pesos cuatro mil quinientos ($4.500) en concepto de daño material del rodado.

I.A-3) En lo referente a la indemnización por daño moral, considero, siguiendo al Dr. Teodoro Gelber en su obra "El art. 1113 del Código Civil en los Accidentes y Enfermedades del Trabajo", Edit. Hammurabi, pág. 100 y 101, que no corresponde fijar el resarcimiento por daño moral en un porcentaje de la indemnización por los perjuicios materiales, sino en una suma prudencialmente establecida en consideración a las particulares circunstancias de cada caso, las consecuencias de orden moral, el dolor sufrido por la víctima del infortunio y las limitaciones que ha de padecer en su vida futura (conf. CNAT, Sala III 29/08/80, "B, U c/ R A Q. y T. S.A.", en LT, 1980-1052). Dicho criterio ha sido el sustentado por la Corte Suprema de la Nación en autos caratulados: "Ortiz v. Ferrocarriles Argentinos" (JA 1990-IV-616).

Advirtiendo que dichos entendimientos han sido seguidos por el a-quo conforme lo explicita a el pto. 2-d (fs. 730/vta); son entendimientos todos ellos por los cuales arribo a la conclusión que corresponde confirmar la sentencia en este sentido.

I.A-4) En lo atinente a la procedencia del valor venal del automotor estimo que en una acción en la que se reclama dicha indemnización es de ponderar que todo siniestro de cierta magnitud produce desvalorización, toda vez que aún cuando las reparaciones se llevan a cabo con el mayor cuidado y se reemplazan piezas usadas por otras nuevas los arreglos pueden ser advertidos por personas expertas y de hecho conducen -en general- a disminuir su precio en el mercado. Por tanto, un criterio práctico aconseja asumir esta posición cuando surge que las secuelas de los daños fueron apreciables.

Siendo la desvalorización venal del automotor una materia técnica y circunstanciada, resultó importante el peritaje mecánico efectuado a fs. 579/588 vta. en cual se practicó un examen del vehículo esclarecedor del carácter y gravitación de los desperfectos, el estado del automotor, la necesidad de los arreglos (conf. crit s. 85 - "G H S c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ Daños y Perjuicios", nro. 88056/36 - Cámara 6ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba - 18/05/2005: elDial - AA2E11).

Son todos ellos entendimientos por los cuales arribo a la conclusión que corresponde fijar por dicho concepto, teniendo en cuenta la indemnización dada en concepto de daño material del vehículo, la suma de pesos doscientos ($200) en concepto del valor vena del automotor.

I.C) Atento a cómo se han decidido las cuestiones corresponde imponer las costas tanto de primera como de segunda instancia a la demandada vencida (art. 68 y 279 del CPCCh). Difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modifica-toria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

I.B) Atento a cómo se ha decidido, difiero para el momento del acuerdo la regulación los honorarios de los profesionales intervinientes la que se efectuará de conformidad a la labor desarrollada, el mérito y extensión de la misma, la trascendencia para las partes según las pautas del Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335 art.14 y ccdtes.).

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Atento las coincidencias parciales con las colegas prevotantes, propongo como fórmula postulatoria para el momento del acuerdo la siguiente:

1) Hacer lugar parcialmente a los agravios planteados y revocar parcialmente la sentencia de fs. 729/731 y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente al demanda condenando a M A O, a abonar, dentro del término de diez (10) días de firme la presente, a M L V V, la suma de pesos ciento sesenta y cinco mil novecientos cincuenta ($165.950), con más los intereses conforme los considerando respectivos.

2) Costas de ambas instancias al demandado vencido. Diferir la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo (Dto. Ley Pcial Nro. 2000 y su modificatoria Ley Pcial 4335, arts. 6, 7, 14 y cdtes.).

3) Téngase presente la reserva del caso federal.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con las disidencias parciales señaladas, la siguiente SENTENCIA:

1) Rechazar parcialmente los agravios de las partes y modificar parcialmente la sentencia de fs 729/731, punto 1) y condenar a M A O, a abonar en el término de diez días de firme la presente al Sr M L V V, la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($165.950) en concepto de incapacidad sobreviniente, de acuerdo al considerando respectivo, daño moral, daño material del vehículo, daño por privación de uso y pérdida del valor venal, con más los intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha del accidente hasta el efectivo pago.

2) Costas de ambas instancias al demandado vencido.

3) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en primera instancia del Dr. N D en la suma de NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($93.000), del Dr. V M C A en la suma de SETENTA Y UN MIL PESOS ($71.000), del perito mecánico L A M en la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($4.500), de la perita contadora M T N en la suma de SEIS MIL PESOS ($6.000), del perito psiquiatra M R. K en la suma de SEIS MIL PESOS ($6.000) y de la perita neuróloga A P en la suma de SEIS MIL PESOS ($6.000).

Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. N D en la suma de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS ($21.300) y del Dr. V M C A en la suma de VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($23.280).

4) Tener presente la reserva del caso federal.

5) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 10 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS