Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-19


Salta, 19 de Marzo de 2013 Y VISTOS: Estos autos caratulados "AGUILAR LEGAL, Verónica vs. COSTA, Juan Pablo - Aumento de cuota alimentaria", Expte. Nº 301.868/10 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 6ª Nominación, Expte. Nº CAM 411.053/12 de esta Sala Tercera y, C O N S I D E R A N D O I) Se encuentran estos autos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 249, contra la resolución de fs. 248, que aclaró la sentencia de fs. 240/242 y dispuso que la cuota alimentaria allí ordenada regirá desde la fecha de la interposición de la demanda. El apelante aporta su memoria a fs. 252/256. En primer lugar invoca un hecho nuevo, y adjunta documentación emitida por la pediatra Gladys Victoria Villarruel, especialista en gastroenterología, de fecha 15 de marzo de 2011, por la cual la médica declara que el paciente Máximo Costa presenta un examen físico normal desde la incorporación de lácteos, extremo del cual infiere que el menor no requiere alimentación especial. Solicita se haga lugar a la confesional de la contraria de conformidad a lo dispuesto por el art. 257 inc. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial; también a la prueba testimonial de la Dra. Villarruel y pide que la profesional informe el estado actual de salud del menor Máximo Costa, y por último prueba pericial a fin de que se evalúe el estado de salud del alimentante.

Destaca que la Sra. Verónica Aguilar Legal también es contadora, que él es copropietario junto a sus hermanos de los inmuebles que posee, que no trabaja en el Ministerio de Obras Públicas sino que tenía un contrato de locación de servicios de 5 meses; que el micro emprendimiento en el que trabajaba no cumplió sus expectativas y que la licencia de taxi que reconoce tener, ha sido alquilada y que dicho contrato de alquiler es anterior al convenio de alimentos, todo lo cual lo lleva a afirmar que no ha tenido un incremento patrimonial.

Dice por último que la incidentista ha actuado con patrocinio letrado y que al respecto se detectan irregularidades en diversas presentaciones.

Corrido traslado fue contestado por la actora a fs. 260/262 solicitando la deserción del recurso, en tanto a fs. 249 el demandado interpuso recurso de apelación contra el auto resolutorio de fs. 248 y no contra la sentencia de fs. 240/242, por lo cual esta última se encuentra firme. Sin embargo, al presentar memorial funda el mismo como si hubiese apelado la primera resolución sin hacer mención al auto efectivamente recurrido. También argumenta que resulta improcedente la apertura a prueba solicitada en consideración a la forma en que fue concedido el recurso de apelación.

A fs. 275 la Sra. Asesora de Incapaces Nº 8, ante la vista conferida sobre el recurso en tratamiento, remite a su dictamen de primera instancia obrante a fs. 238, en el cual se pronunció a favor del aumento de la cuota alimentaria en un porcentaje no inferior al 20% de los haberes percibidos por el Sr. Costa.

A fs. 277 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara quien se pronuncia por la deserción del recurso en tanto la apelación interpuesta a fs. 249 pretende la revocación de la sentencia aclaratoria, y luego en su expresión de agravios fundamenta su recurso sólo con cuestionamientos a la decisión de fs. 240/242.

II) Encontrándose cuestionada la procedencia formal del recurso corresponde en primer término proceder a su análisis.

De las constancias de autos surge que a fs. 249 el incidentado dedujo recurso de apelación expresando que lo hacía contra la resolución de fs. 248, que aclaró la sentencia de fs. 240/242 y dispuso que la cuota alimentaria allí ordenada rige desde la fecha de la interposición de la demanda, y que luego al fundar su recurso las criticas realizadas refieren exclusivamente a la sentencia de fs. 240/242.

Resultado de la propia actividad desplegada por el demandado -o si se quiere de su propia decisión omisiva- es que, la sentencia de fs. 240/242 efectivamente se encuentra firme, en tanto no fue objeto de recurso de apelación. Se ha resuelto que si una resolución se encuentra firme, no existe posibilidad de reverla, por cuanto ello importaría el regreso a etapas o momentos procesales ya extinguidos o consumados (Fenochietto y Arazi: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Bs. As., Astrea, t. I, 1987, págs. 512/513; CNCiv., Sala B, L.L. 117-831, 11.561-S; Id., Sala B, L.L. 127-1146, 15.737-S; CApel.CC. Salta, Sala III, t. 1999, fº 549; Id. Id., 20-8-02, t. 2002, fº 769).

Todo juicio, cual más cual menos, enseña Chiovenda (Instituciones, tomo III, pág. 277), para asegurar la precisión y la rapidez en el desenvolvimiento de los actos judiciales, pone vallas al ejercicio de ciertas facultades procesales, con la consecuencia siguiente: fuera de esos límites esas potestades ya no pueden ejercitarse. Por lo tanto, al impedirse a un litigante la renovación de una cuestión ya decidida y firme, se suele sostener que resulta improcedente por haberse operado la preclusión (Cám. Nac. Civ. Sala F, en L.L. 1977-A-541 y CApel. CC. Salta, Sala III, año 1994, f° 222, íd. 1995, f° 314, íd. íd. año 1999, f° 549; íd. íd. año 2004, f° 820). Y las normas y principios que vedan reeditar etapas procesales precluidas son de orden público. La estabilidad de las etapas procesales cumplidas así como la de las decisiones jurisdiccionales, en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica es también exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional (Cf. CSJN Rev. La Ley, l981-C-667-J, Agrup. Caso.4407;CApel.CC. Salta, Sala III, 1-6-06, "Arana vs. Rodríguez", expediente de sala n° 7443/89, tomo año 2006, f° 513; año 2007, f° 496, entre tantos otros precedentes del Tribunal).

Respecto al recurso de fs. 249 entonces, corresponde que sea declarado desierto por insuficiencia de memorial, en tanto los pretendidos fundamentos de fs. 252/256 en nada se refieren a la resolución recurrida, sino a la sentencia de fs. 240/242 que fue -como se dijo- ha sido consentida por el Sr. Costa.

Así entonces, el memorial no aparece como una crítica concreta y razonada de la resolución apelada; por consiguiente, no reúne los requisitos exigidos por el art. 255 del Código Procesal, toda vez que no contiene una descalificación de las partes del pronunciamiento que se aprecian equivocadas (Lino E. Palacio: Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, 1975, t. V, pág. 265 y ss. y CApel.CC. Salta, Sala III, año 1987, pág. 686). La jurisprudencia ha señalado que la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que debe contener el memorial de agravios, ha de consistir en la indicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones y demás deficiencias que se le atribuyan a la decisión recurrida; en ausencia de fundamentos especiales referidos a las consideraciones determinantes de la sentencia adversa a las aspiraciones del recurrente, no hay agravio para atender en la Alzada (C.S.J.N., Rep. E.D. 10-937, n° 58; Sala E, E.D. 86-818). Lo que se requiere es un razonamiento coherente que demuestre a la vez el desacierto del análisis contenido en el fallo que se impugna, máxime cuando este último ha sido adecuadamente expuesto (CNCiv., Sala C, en E.D. t. 67-206). Ello quiere decir que la parte debe leer el fallo adverso, examinar los fundamentos de hecho y derecho que contiene y señalar cuáles son los errores que estima ha cometido el sentenciante y que su corrección concluirá en una solución distinta que es la que se pretende con el recurso (CApelCC Salta, Sala V, año 1994, f° 543; id. Sala III, año 1996, f° 1). Y en caso que tales recaudos no se cumplieran, como sucede en el "sub-lite", cabe declarar desierto el recurso de apelación.

En virtud del análisis que antecede, y compartiendo el dictamen fiscal, corresponde declarar desierto el recurso interpuesto a fs. 249.

III) Las costas en esta instancia se imponen al apelante en su calidad de parte vencida, en tanto la insuficiencia del memorial de agravios fue advertida por la apelada (art. 67 del Código Procesal).

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, I ) DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto a fs. 249 por el demandado contra la resolución de fs. 248. CON COSTAS al demandado (art. 67 del Código Procesal).

II) REGÍSTRESE, notifíquese y REMÍTASE.