Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-05-21


SENTENCIA NÚMERO: DIECINUEVE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil doce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia del Valle Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 57/11, caratulados "RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Víctor Manuel Pinto por la Defensa Técnica del imputado José Antonio Pomo en contra de Sentencia Nº 14/2011 recaída en Causa caratulada "Expte. Nº 64/11 -Pomo, José Antonio s.a. Homicidio en grado de tentativa en calidad de autor -Los Altos - Dpto. Santa Rosa - Catamarca", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nulo el resolutorio en crisis por haber inobservado o aplicado erróneamente las normas previstas para la individualización de la pena? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? El recurso de casación interpuesto en contra de la Sentencia Nº 14/2011, dictada en los autos principales, reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos por el art. 460 del C.P.P. El recurso interpuesto es formalmente admisible debido a que fue presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige en contra de la sentencia condenatoria que pone fin al proceso y que, por ello, es definitiva.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva y, en tercer término, el Dr. José Ricardo Cáceres.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Sentencia Nº 14/2011, dictada el 13/07/2011, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, a través de su sala unipersonal, resolvió: "1) Declarar culpable a José Antonio Pomo, de condiciones personales relacionadas en la causa, como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves (art. 45 y 90 del C. Penal), condenándolo, en consecuencia, a sufrir la pena de cuatro años de prisión con más accesorias de ley (arts. 40, 41 y 12 del C. Penal). Con costas (arts. 407, 536 y concordantes del C.P.P.).".

II. Contra el decisorio aludido, comparece el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su calidad de asistente técnico del imputado José Antonio Pomo, e interpone recurso de casación esgrimiendo el motivo previsto en el inc. 3º del art. 454 del C.P.P.

II.a. El recurrente denuncia inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización de la pena, argumentando que ello causa gravamen irreparable. Sostiene que el a quo ha realizado una valoración errónea considerando circunstancias no agravantes y omitiendo las atenuantes. Denuncia que ha incurrido en doble valoración al ponderar la naturaleza y el daño causado, y que ha valorado erróneamente la peligrosidad de su defendido. Refiere también, que aunque dice considerar circunstancias atenuantes, el tribunal no las tuvo en cuenta al fijar el monto de la pena impuesta a su asistido. Cita jurisprudencia en sustento de las críticas que efectúa y argumenta que existe una desproporción en la comunidad valorativa de los elementos de prueba legalmente incorporados al debate. Sostiene que, en este caso en particular, existen más elementos atenuantes que agravantes contra Pomo, que no se ven reflejados en la graduación de la pena impuesta. Finalmente, solicita al Tribunal que declare la nulidad de la sentencia por la defectuosa valoración que contiene de las circunstancias atenuantes y agravantes; y que aplique una pena proporcional al hecho cometido.

Por último, formula expresa reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

II.b. El tema a dilucidar radica, entonces, en analizar si efectivamente el a quo ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de las normas previstas para la individualización judicial de la pena (arts. 40 y 41 del C.P. y 454 inc. 3º del C.P.P.).

El recurrente cuestiona la fundamentación de la pena impuesta al acusado Pomo. En tal sentido, denuncia, por un lado, que el a quo ha incurrido en doble valoración; por otro, que ha omitido ponderar circunstancias que, a su entender, deben ser consideradas atenuantes; como así, que ha ponderado agravantes, que a su entender no funcionan como tales.

Ingresando puntualmente a lo que aquí se discute, debo decir que, en lo atinente a la crítica de doble valoración, el recurso de casación no puede prosperar. El recurrente, motivado por una errónea percepción, omite considerar que el a quo no duplica la ponderación de circunstancias tenidas en cuenta al establecerse el tipo penal de las lesiones graves (art. 90 del Código Penal), sino que, cuando se refiere a que Pomo agredió a la víctima con un machete, aplicándole dos puntazos en la zona abdominal -y demostrando un total desprecio por la vida humana-, alude a la modalidad delictiva; es decir, a la manera en que fue ejecutada la acción constitutiva del delito, y este modo de ejecución es particular de cada hecho y revela múltiples aspectos que pueden y deben ser valorados, ya sea como atenuante o agravante, al momento de cuantificar en la pena la intensidad del reproche penal dirigido contra el agente.

Advierto, además, del análisis de la causa, que gravitan en la imposición de la pena impuesta, que el hecho se ejecutó aprovechando que la víctima ingresó sola a la vivienda precaria de su propiedad, ubicada en el campo, dentro de la cual se encontraba únicamente Pomo, quien había sacado muebles hacia la galería; como así, todo el cerramiento de la galería que era de plástico y el alambrado que delimitaba el terreno de Romero con el de aquél, y que fue este último quien atacó a Romero tras el reclamo de éste por las cosas que se encontraban fuera de su casa; de modo que la víctima no tuvo posibilidad de pedir auxilio debido a que su ocasional acompañante se había quedado en la camioneta estacionada al frente al terreno en donde ocurrieron los hechos.

De igual modo, considero como agravante la actitud del imputado posterior al delito. Digo ello, porque si bien Pomo intentó mejorar su situación procesal al referir que fue él quien dio aviso de lo sucedido a la policía, ello ha quedado plenamente desacreditado con las constancias obrantes en autos, material probatorio que ha sido debidamente incorporado a debate. En efecto, del Acta Inicial de Actuaciones (fs. 1/1 vta.) surge que el que puso en conocimiento del hecho a la policía fue el propio Romero en compañía de su empleado, Ramón Ignacio Díaz, y en virtud de ello, se realizó una inspección ocular en el lugar y se logró ubicar a Pomo en inmediaciones del domicilio del mismo, caminando por la calle y aún con el "machete" en una de sus manos, procediéndose a su inmediata detención y al secuestro del referido machete.

Dicho ello, corresponde también referir que no pueden tener acogida favorable las críticas que el recurrente efectúa con relación a la ponderación desfavorable por parte del tribunal del "grado de peligrosidad" demostrado por el imputado al ejecutar el hecho. En efecto, una simple lectura de la fundamentación de la pena, permite advertir que lo que el a quo ha meritado aquí, es el medio ofensivo escogido para ejecutar la acción; es decir, para causar la lesión a la víctima, poniendo de resalto que dicha agresión se llevó a cabo con un machete -arma blanca-, aplicándole a Romero dos puntazos en la zona abdominal. Se advierte, entonces, que lo que agrava la penalidad es la elección del medio ofensivo elegido que disminuyó la posibilidad de defensa de la víctima.

Desde otro ángulo, el recurrente considera que la edad del acusado debió ponderarse a su favor y no en sentido negativo, argumentando que con su avanzada edad (59 años) ha demostrado durante su larga vida el acatamiento a las normas de convivencia. En el caso, observo que efectivamente la mencionada circunstancia ha sido debidamente valorada a favor del imputado, al analizar la falta de antecedentes, las buenas costumbres y ambiente en el que vive, sumado al positivo informe socio ambiental de Pomo.

Por lo que no juzgo como arbitrario el razonamiento del a quo al ponderar la edad y la educación del acusado como indicadoras del grado de madurez y del grado de asentamiento de ciertas características de su personalidad, que harían más fácil la evitación de la conducta prohibida. En efecto, el juzgador puntualizó que: "La edad y educación también juegan en su contra, ya que la madurez y el nivel de escolaridad alcanzado le permitieron apreciar los conocimientos necesarios para el accionar delictivo y, por supuesto, son las acordes para comprender lo que estaba haciendo".

Antes de finalizar, corresponde poner de resalto que, si bien la defensa denuncia desproporción en el monto de pena impuesta a su asistido, con relación al análisis efectuado por el a quo de las circunstancias atenuantes y agravantes, cabe recordar, en primer término, lo sostenido por esta Corte en el precedente Manzini, en donde expresamente se aclaró que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08). Ello así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen". Circunstancia que, como se advierte, no se vislumbra en el caso bajo examen.

Asimismo, estimo necesario puntualizar que la defensa se ha limitado a cuestionar la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P., pero ha omitido denunciar que la individualización de la pena salga de la escala penal aplicable, lo que torna insuficiente la vía recursiva intentada, debido a la falta de especificación del modo en que se compone la sanción (S. nº 17, 07/08/08). Concretamente, el yerro del casacionista consiste en la omisión de demostrar, a través de la vía recursiva intentada, de qué manera hubiese impactado favorablemente en la determinación final del quantum de la condena, la consideración de las atenuantes cuya ponderación se pretende, como así, la omisión de las agravantes consideradas por el tribunal.

En el sub examine, cabe especificar que a los fines de la graduación de la pena, la figura en cuestión (lesiones graves, art. 90 C.P.) tiene conminada en abstracto una pena de prisión cuyo mínimo es de 1 año y su máximo de 6 años. En tal sentido, adviértase que el tribunal estimó justo aplicar al imputado la pena de cuatro años de prisión. Ahora bien, siguiendo el criterio fijado por esta Corte en el mencionado precedente Manzini (S. nº 26, 23/12/08), en donde se sostuvo la necesidad de partir del punto medio de la penalidad amenazada, y que a partir de allí comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso. En efecto, no advierto, en modo alguno, que el tribunal haya ejercido su potestad jurisidiccional de fijar la pena de manera arbitraria, máxime cuando se ha omitido denunciar arbitrariedad alguna en el monto de pena atribuido al imputado José Antonio Pomo; es decir, no ha especificado de qué manera las denuncias efectuadas (en relación a la omisión de circunstancias atenuantes y a la errónea interpretación de las agravantes), hubiesen impactado en el quantum de la condena, ni desarrollaron cómo habrían influido en su accionar delictivo a los fines de disminuir la pena aplicable que, se supone, pretende.

En razón de lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión. A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

A mérito de lo resuelto al tratar la cuestión precedente y atento a la votación que antecede, corresponde: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado José Antonio Pomo. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por lo que adhiero a la misma en un todo votando, en consecuencia, de igual forma.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 1/9 vta., por el Dr. Víctor Manuel Pinto, en su carácter de asistente técnico del imputado José Antonio Pomo.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y del recurso contenido en el Art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria-ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.