marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concurso preventivo, verificación de créditos, personería
Materia: COMERCIAL
Carátula: LA DELICIA FELIPE FORT SAIIC Y F s/ CONCURSO S/INCIDENTE VERIFICACION TARDIA DE CREDITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-02-16

El incidente de verificación tardío es una verdadera demanda, donde el acreedor inviste el rol de actor y el deudor será la parte demandada. Al decir de Oscar Galíndez (verificación de crédito ,ED 1990,238), la norma del art. 59 párrafo primero de la ley de concursos prevé el procedimiento a observar en el supuesto de insinuación tardía al pasivo, contemplando expresamente la vía incidental "quienes hubieren deducido incidente por no haberse presentado en termino....Pueden impugnar el acuerdo" como demanda que se interpone directamente ante el órgano jurisdiccional, debe reunir los recaudos formales de ley, siendo obligatorio el patrocinio letrado, por lo que la justificación de la personería se efectuara de conformidad con los arts.45 y 47 del CPCC y 1.184, inc.

7 del Código Civil.
Corredor, actos prohibidos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zabalza, Ricardo c/ Arla Andrés-Búfalo Blanco Agroganadera s/ Acción de simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

En los supuestos de adquisiciones hechas por el corredor para sí o para su familia de cosas cuya venta le haya sido encargada o dadas para vender a otro corredor corresponderá en tales casos la nulidad de los actos, por aplicación del art.18 del Código civil, que despoja de todo valor a los actos prohibidos por las leyes cuando éstas no establezcan otro efecto para el caso de contravención.
Culpa penal, obediencia debida
Materia: PENAL
Carátula: Ramón Juan Alberto Camps y otros c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ #TIPO_TRIBUNAL: CS c/  s/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

Cuando se está en presencia de delitos de aplicación de tormentos, la gravedad y manifiesta ilegalidad de tales hechos determinan que resulte absolutamente incompatible con los más elementales principios ético-jurídicos sostener que en virtud de la obediencia debida se excluya la antijuridicidad de la conducta, o bien el reproche penal por el ilícito cometido.
Usurpación de inmueble, despojo, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, J. C. s/ USURPACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-11

Las pruebas reunidas en autos no permiten poner en cabeza del procesado, haber violentado la puerta para despojar del departamento a los damnificados, sino que sólo permiten tener por debidamente comprobado la ocupación que el acusado y sus familiares hacían de la vivienda ajena, quedando indeterminado cómo accedieron a ella.

Empero, mantenerse en ella implicaría también despojo si para hacerlo se utilizara violencia, engaño o abuso de confianza, lo que tampoco se halla probado en autos.
Prestación de servicios, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: Falbo, Susana Noemí c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-11

Es loable que el Estado no deba afrontar el pago de remuneraciones sin la correlativa prestación de servicios, pero si ello ocurre como consecuencia exclusiva de su conducta ilegítima, no puede tal obrar recaer sobre el empleado quien no tuvo injerencia alguna en la resolución de la Administración, sino que por el contrario, fue víctima de tal decisión.(del voto del doctor de Lázzari)
Defensa del consumidor, acción judicial, debido proceso, acciones de clase, abogados, representante legal, idoneidad profesional
Materia: COMERCIAL
Carátula: Otero, Matias Damian c/Red Bull Argentina SRL y otro s/ ordinario c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-18

Tratándose de una demanda iniciada por una persona humana miembro de la clase, el control de representatividad adecuada respecto de la parte que promovió el proceso colectivo se apoya esencialmente en la inexistencia de significativos conflictos de interés. Además, el análisis de la representatividad del afectado individual, aunque principalmente versa sobre lo atinente a la inexistencia de conflictos de interés, no se circunscribe a ese aspecto y comprende también asuntos tales como su honestidad, su credibilidad, sus conductas anteriores, el control que efectivamente ejerce sobre el abogado y su condición de salud (conf. Klonoff, R., "The judiciary's flawed application of Rule 23's "adecuacy of representation" requirement", Michigan St. Law Review, 2004, p. 677/679).
Sociedades comerciales, representante legal, disolución de sociedades, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: Balbuena, Gabriela Andrea c/ Ranucchi, Marcelo Gustavo Eduardo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-12

Los socios de las sociedades de hecho tienen derecho a pedir cuentas y explicaciones de sus actos a sus consocios, en tanto estos actúen en nombre de la sociedad. De allí que durante el período liquidacional los socios responsables deben rendir cuentas de su gestión en cuanto a las que no hubieran sido aprobadas durante la vigencia de la sociedad y hasta la concreción de la participación, resultando de ella los saldos deudores o acreedores en cada caso (Verón, Alberto Victor, "Sociedades Comerciales, ley 19550", Buenos Aires. Astrea, 2007, T° 1, pág. 224). La rendición de cuentas se debe a la sociedad y no a los socios individualmente. Por otro lado, una vez producido el estado de liquidación, el socio que la tuvo a su cargo debe presentar al liquidador de la sociedad que se designe una completa y total rendición de cuentas de los actos ejecutados para la realización del activo y la cancelación del pasivo. Ello así pues, será el liquidador quien en la etapa liquidatoria, exigirá de los socios que tuvieron la administración o de terceros las rendiciones de cuentas correspondientes.
Acción de amparo, improcedencia del recurso, servicios eléctricos, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL
Carátula: COOPERATIVA DE TRABAJO GRAL. SAVIO LTDA. c/ S.E.G.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-25

Además de que no aparece constancia alguna que torne verosímil el peligro de un eventual corte en el suministro de energía eléctrica que provocaría daños en el proceso de producción de la cooperativa actora, cuadra señalar que ésta no ha agotado la vía administrativa reglamentaria a fin de establecer el estado de cuentas emergente de su relación con SEGBA), teniendo también a su alcance la acción meramente declarativa - en la que eventualmente podría caber una medida precautoria que se presenta como apta para aclarar la situación jurídica de las partes a través de la producción de pruebas que, como principio, son improcedentes en los juicios de amparo. En tales condiciones, existiendo otras vías aptas para la tutela del derecho, se torna improcedente el remedio excepcional del amparo.
Recurso de apelación (procesal), tercera instancia, juicios en que la Nación es parte
Materia: PROCESAL
Carátula: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria c/ TIMEN  S.A.C.I.F.  Y/O CHINCUL  S.A.C.A.I.F.I. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-08

Para la procedencia del recurso ordinario de apelación en tercera instancia, en causa en que la Nación directa o indirectamente revista el carácter de parte, resulta necesario demostrar que el valor disputado en último término, o sea aquél por el que se pretende la modificación de la sentencia o monto del agravio, excede el mínimo legal a la fecha de su interposición, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 24, inc. 6x, ap. a) del decreto ley 1285/58, según las leyes 21.708 y 22.434.
Recurso extraordinario federal, revocación de sentencia, ejecución fiscal, AFIP DGI, Seguridad social, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa
Materia: PROCESAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Fisco  Nacional  (D.G.I) c/ Gattoni, Jorge Norberto s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó la ejecución fiscal promovida por la D.G.I. con el objeto de obtener el cobro de la suma adeudada al régimen nacional de seguridad social pues la decisión -so color de juzgar aplicable lo dispuesto en el art. 623 del Código Civil- ha prescindido inmotivadamente -sin que medie debate y declaración de inconstitucionalidad- de las disposiciones que regulan la materia: decretos 589/91, 507/93 y 2102/93.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, ley previsional, interpretación de la ley, voluntad del legislador, personal policial, retiro obligatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Izaguirre, Miguel Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-12-05

El Juzgador debe hacer una armónica y racional interpretación del ordenamiento jurídico y, considerando las particularidades del caso, establecer las bases sobre las que debía realizarse el cálculo del tiempo de servicios policiales acreditables, siendo la primera regla de interpretación de un texto legal la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente inicial es la letra de la ley y, en tanto la inconsecuencia del legislador no se supone, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyéndolas unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos, desde que el régimen previsional prevé en su artículo 17 que para que el retiro obligatorio sea con derecho a haber, el personal debe acreditar como mínimo 20 años de servicios policiales, es decir que requiere un mínimo de servicios prestados efectivamente, y en el mismo sentido, el artículo 8 de la ley 11530 hace referencia al cómputo del tiempo de tales servicios y señala que se tendrán en cuenta los años de servicios prestados desde el ingreso hasta la fecha del decreto de retiro o baja o la que él mismo establezca o hasta la fecha en que percibió el haber mensual, en el supuesto que ésta sea posterior a aquella, en la forma y con arreglo a las disposiciones que para este cómputo establezca la ley del personal pertinente; no quedando dudas que tal como surge de la lectura de la norma, su interpretación debe integrarse con la ley que regula la actividad que exige la efectiva prestación de servicios. (Del voto del Dr. Falistocco, al que adhieren los Dres. Gutierrez y Spuler) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11530, artículos 8 y 17
Regímenes jubilatorios especiales, martillero, cómputo de servicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capurro, Nemesio c/ Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La ley 7014 es clara en punto a la modalidad probatoria impuesta para acreditar el ejercicio contínuo y permanente de la profesión, al que erige en fundamento del sistema previsional que instaura, computando los años de servicio a partir de la primera operación sobre muebles o inmuebles inherentes a la actividad profesional del afiliado (art. 19). En este cometido distingue dos períodos: a) Con anterioridad a su entrada en vigencia -y funcionamiento de los registros de aportes consecuentes- requiere en primer término la exhibición de los libros de comercio llevados de acuerdo a la ley; y sólo en su defecto, admite supletoriamente "...la documental o instrumental pública o privada, juntamente con el testimonio de dos colegiados del lugar" (art. 19 cit.). b) Con posterioridad a esa fecha, la continuidad en el ejercicio profesional debe surgir, necesariamente, del monto de los aportes efectuados por el afiliado sobre toda remuneración de origen profesional, registrados en la Caja (arts. 19 y 38 inc. "a"), independientemente del monto mínimo de contribución mensual (art. 38 in fine).
Derecho procesal, actos y diligencias procesales, escritos judiciales, firma, firma digital, firma electrónica
Materia: COMERCIAL
Carátula: Acosta, Yamila Soledad  c/ Fravega SACIEI y Otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-31

La firma digital permite suscribir documentos electrónicos digitalmente con la misma validez jurídica que una firma de puño y letra (pues la firma se encuentra bajo control del firmante en todo momento), mientras que la firma electrónica tiene fuerza legal, aunque no tiene el mismo valor de prueba que la firma digital. Es decir, si alguien niega una firma digital debe acreditar que la misma es falsa, en cambio, si se desconoce una firma electrónica, es la otra parte quién debe probar que su firma es auténtica. Resumiendo, la firma digital es comparable a la firma certificada en papel y, la firma electrónica lo es a la firma simple.

En esa línea, debe puntualizarse que se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma (ley 25506: 2). Se ha dispuesto que cuando la ley requiera una firma manuscrita, esa exigencia también queda satisfecha por una firma digital (art. 3). De su lado, se entiende por firma electrónica al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carezca de alguno de los requisitos legales para ser considerada firma digital (art. 5).
Cosa juzgada, orden público, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Godoy, Miguel Angel c/ Banco Central de la República Argentina s/ sumario - daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-13

Si bien la cosa juzgada es una institución de orden público y raigambre constitucional, ello no significa la posibilidad de extender sus efectos respecto de cuestiones no planteadas en la litis, de modo de confundir el hecho jurídico que se invoca como fundamento de la acción con el objeto del litigio, esto es, con el bien que se pide en la demanda.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia penal, competencia por conexidad
Materia: PROCESAL
Carátula: TESTIMONIO DEL SUMARIO 5607 MORAN BUSTAMANTE JULIO. s/ VIOLACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-08-21

Las reglas de conexidad contenidas en el Código de Procedimientos en Materia Penal sólo son aplicables a las contiendas de competencia trabadas entre magistrados nacionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, nulidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Alonso, Hugo César y ots. c/ P.L.S.A. y ot. s/ Haberes. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-17

El pronunciamiento del Tribunal del Trabajo que rechazó la nulidad de actuaciones interpuesta contra la decisión que decretó la nulidad de lo actuado por la gestora recurrente, no reviste carácter de definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Bancos, entidades financieras, Banco Central de la República Argentina, recurso directo
Materia: PROCESAL
Carátula: Secretaría de Defensa del Consumidor c/ Banco de la Nación Argentina s/ Recurso de apelación directa
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-12-20

La prestación de servicios financieros o bancarios no constituye un hecho sometido a la jurisdicción material de las provincias en los términos del artículo 41 de la ley 24.240, debido a que compete al Banco Central de la República Argentina controlar los servicios que prestan las entidades financieras. Y si bien el art. 45, último párrafo, de la ley 24.240 faculta a las provincias para establecer su régimen de procedimiento y regular la aplicación de la ley por parte de las autoridades provinciales, la competencia de éstas no se extiende a la fiscalización de los órganos del Estado Nacional -en el caso, el Banco de la Nación Argentina- que están sujetos a la jurisdicción federal. En la Ley de Defensa del Consumidor la actuación de las autoridades de aplicación nacional en las jurisdicciones provinciales es la regla general, mientras que las facultades de las autoridades locales tienen su fundamento en una expresa habilitación. Desde esa perspectiva, deben ser acogidos los agravios dirigidos a cuestionar el pronunciamiento apelado, toda vez que, si bien el art. 45, último párrafo, de la Ley 24.240 faculta a las provincias para establecer su régimen de procedimiento y de regular la actuación de las autoridades provinciales para aplicar la ley, la competencia de estas últimas no se extiende a la fiscalización y al control de los órganos del Estado Nacional que, por la materia, están sujetos a la jurisdicción federal. Desde ese punto de vista, apelante no podía ser sancionado por la autoridad provincial y juzgado mediante el procedimiento local, pues la "prestación de los servicios financieros y/o bancarios" no constituían "hechos sometidos a su jurisdicción" material, aun cuando se tratara de circunstancias acaecidas en el ámbito territorial de la Provincia. En tal sentido, la autoridad de aplicación en el sub lite, no era otra que el Banco Central de la República Argentina, a quien compete controlar los servicios que prestan las entidades financieras. Una interpretación distinta sería forzar la letra y el espíritu de la ley, sin olvidar que, en este sentido, según la jurisprudencia de la Corte, el poder de policía de los estados provinciales no puede invadir en su ejercicio el campo en que se mueve cualquiera de las facultades exclusivas conferidas o delegadas al gobierno de la Nación. Máxime cuando en la Ley de Defensa al Consumidor la actuación de las autoridades de aplicación nacional en las jurisdicciones provinciales es la regla general, mientras que las facultades de las autoridades locales tienen su fundamento en una expresa habilitación por lo que entonces cabe dejar sin efecto la Resolución recurrida, dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A, A M c/ T, R A Y G, G H s/ INJURIAS     QUEJA  POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE  N. 494-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-05-22

La admisión de las pretensiones de las partes constituye una eventualidad que impone el oportuno planteamiento de los agravios constitucionales que pudieran derivar, dando ocasión para que los jueces de la causa puedan considerarlos y decidirlos.
Cheque sin fondos, procesamiento
Materia: PENAL
Carátula: DIAZ DE MANGIALAVORI, MARIA CRISTINA s/ Cheque sin fondos, incidente de apelación del auto de  procesamiento, Causa: 38152.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Corresponde confirmar la resolución apelada que dispuso el procesamiento por el delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos, pues estando previsto por el art. 302, inc. 1 del Código de fondo que, será punible "el que dé en pago o entregue por cualquier concepto...un cheque", los argumentos defensistas referidos a que los cheques fueron entregados como títulos de crédito no pueden ser favorablemente acogidos.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno, recurso extraordinario
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: APREA, JUAN JOSE c/ MONACO, JULIO JUAN s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.   CSJ EXPTE NRO 300-83
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-06-12

No cumple con la exigencia del oportuno planteo de cuestión constitucional la alusión en el escrito recursorio a que "la norma del artículo 566 inciso 1 del procesal civil, se torna inconstitucional en supuestos que la competencia ha sido modificada correspondiéndole exclusivamente a tribunales de primera instancia y en consecuencia, los tribunales de alzada carecen de posibilidades de expedirse sobre el caso, haciendo reserva de derecho para recurrir ante la suprema Corte de justicia por violación del derecho constitucional"; desde que tal planteo está dirigido con exclusividad a la citada norma sin que se mencione ni siquiera escuetamente, la conculcación de garantías constitucionales en que habría incurrido el pronunciamiento inferior.
Recurso extraordinario federal, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, rechazo de la demanda, accidente de tránsito, responsabilidad objetiva, responsabilidad del titular del automotor, conductor no titular
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pardo,   Rodolfo  Osvaldo  y otros c/ Doscientos Ocho Transporte Automotor y otro. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-08

Contiene defectos graves de fundamentación, que justifican su descalificación como acto jurisdiccional, el pronunciamiento que rechazó la demanda respecto del titular del dominio del automóvil con apoyo en el desistimiento de la acción que efectuaron los actores en relación al conductor del vehículo, solución que importa un apartamiento del sistema de responsabilidad objetiva que consagra el art. 1113 del Código Civil.
Expropiación, honorarios, regulación de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ CAICHIOLO,  EDUARDO  Y GRACIELA ELSA GARCIA DE CAICHIOLO Y-O QUIEN EN DEFINITIVA RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION     RECURSO DE REVOCATORIA (CSJ EXPTE Nº 156-83)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-11-26

Si bien la actividad del representante del expropiado en la Comisión de Tasaciones genera a su favor el derecho al cobro de honorarios, no es imperativo que los mismos se fijen con arreglo al arancel pertinente, sin perjuicio de que el mismo sea utilizado como parámetro orientador a los fines de justipreciar el trabajo realizado.
Recurso de inconstitucionalidad, trámites judiciales, subrogancia del juez, reenvío, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: L, M. y otro s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Retención indebida (Expte. CSJ Nº   695-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-04-26

La Sala concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender que "reconduciendo el cuestionamiento a la interpretación de lo resuelto en la instancia superior" (en su anterior intervención, la Corte declaró procedente el recurso por entender que la sentencia había incurrido en los vicios de prescindencia de prueba decisiva y de contradicción con inequívocas constancias de autos), no existían dudas de que "el único autorizado para expedirse sobre el nuevo planteo es el órgano que declaró el vicio constitucional en el anterior pronunciamiento". No obstante ello, en el juicio de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, se propicia una respuesta discordante con la sustentada por el Tribunal de Alzada, por cuanto el examen de la causa evidencia que no concurren razones que habiliten a sostener siquiera prima facie que la nueva decisión consagre un "desconocimiento esencial" o un "inequívoco apartamiento" de lo resuelto por la Corte en su anterior intervención, extremo que sí depararía cuestión idónea para el franqueo de la instancia, y, eventualmente, para la procedencia del recurso de inconstitucionalidad.