Prisión preventiva, prisión domiciliaria, existencia de otras vías, excarcelación, fundamentación del recurso, excesos u omisiones en el pronunciamiento, ley más favorable, dictamen fiscal
Materia: PROCESAL
Carátula: Báez, Lázaro Antonio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-08

Corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, anular la resolución impugnada y reenviar las actuaciones al tribunal para que dicte un nuevo pronunciamiento, toda vez que la decisión recurrida ha sido dictada en exceso de la pretensión del fiscal de juicio, quien presentó su postura favorable al planteo efectuado por la defensa. También, el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, en sus breves notas, hizo suyas las argumentaciones de su par de instancia, validando de ese modo el criterio sustentado. En la misma oportunidad procesal, la defensa reiteró sus agravios en orden a la falta de controversia sobre la necesidad de morigerar la medida cautelar. Además, la parte querellante -Unidad de Información Financiera (UIF)- no se hizo presente ante esta sede. En efecto, si bien los magistrados del a quo sostuvieron otros argumentos que, a su entender, justificaban la persistencia de la prisión preventiva y, por tanto, entendieron que no correspondía hacer lugar a la excarcelación ni a ninguna otra medida alternativa, cierto es que no expusieron razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal. En efecto, el fiscal señaló, en referencia al riesgo de entorpecimiento del proceso, que las acusaciones estaban sustentadas en gran medida en documentación ya incorporada a la investigación y que su ofrecimiento e incorporación al debate resultaba inminente; también entendió que "el modo de funcionamiento del ámbito financiero clandestino prescinde de la presencia de las personas para consumar movimientos de dinero, de modo tal que la detección de fondos ocultos en el presente tiene mayor dependencia de una reacción ágil de las instituciones que conforman el sistema de prevención del lavado que de extender más allá de límites normativos el encierro carcelario del imputado"; resaltó que no se avizoraba la inmediata realización del juzgamiento de los hechos por lo que, aún bajo la interpretación de un plazo de prisión preventiva reanudado, la prolongación de la medida cautelar desembocaría indefectiblemente en el agotamiento del plazo máximo antes de la finalización del proceso; destacó que Báez "lleva detenido en el marco de esta investigación cuatro años y algo más de dos meses de prisión preventiva", por lo que "el plazo razonable para una medida de esta clase, se encuentra agotado"; y, en su opinión, no respetándose los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en la prisión preventiva de acuerdo a los criterios imperantes en la materia, solo le restaba evaluar "las medidas necesarias para que aún cesando la prisión preventiva se asegure la comparecencia del acusado a juicio". Así, estimó viable y necesaria "la aplicación de lo previsto en el inciso I del artículo 210 CPPF, esto es, disponer la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física, con expresa prohibición de alejarse sin autorización del radio de 100 kms del tribunal ... [advirtiendo] también imprescindible la fijación de una caución real adecuada (art. 210 inc H CPPF), la que se deberá ser fijada en el equivalente en pesos a 5.500.000 de dólares". Finalmente requirió se disponga "su monitoreo electrónico mediante pulsera con geo- localizador, la retención de los documentos de viaje (art. 210 inc. E del CPPF), disponer la prohibición de salida del país (art. 210 inc. D del CPPF), fijar domicilio en la jurisdicción del tribunal, de la que no podrá alejarse de un radio de 100 kms, y concurrir semanalmente a la sede judicial (art. 210 inc. c del CPPF). En este orden de ideas, y en cuanto al rol que desempeña el acusador en estas cuestiones, debe tomarse en cuenta la plena vigencia del art. 210 del CPPF, en tanto el modelo procesal que gobierna el procedimiento penal actual permite deducir que la potestad de solicitar la imposición de medidas cautelares es propia 22 de quien lleva adelante la persecución. Frente a este panorama, la ausencia de contradictorio impide la convalidación del fallo adverso impugnado. El voto concurrente resaltó que, al no verificarse en el presente caso controversia entre lo solicitado por la asistencia técnica y lo dictaminado fundadamente por el Ministerio Público Fiscal respecto a la procedencia de la morigeración de la prisión preventiva dispuesta respecto del nombrado en los términos del art. 210 del nuevo Código Procesal Penal Federal (en adelante, C.P.P.F.; cfr. lo establecido sobre el punto en los arts. 210, 221 y 222 del C.P.P.F. actualmente vigentes, que fueron implementados por el art. 1 de la Resolución 2/19 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, BO: 13/11/19), se imposibilita que la resolución cuestionada sea considerada un acto jurisdiccional válido. En esta dirección, y conforme señaló en reiteradas ocasiones, la ausencia de contradictorio entre la defensa y el dictamen fundado del representante del Ministerio Público Fiscal impide, como en este caso, la convalidación del fallo impugnado. Dres. Carbajo y Borinsky -voto concurrente-.