marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Pago por consignación, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Pérez, Gustavo Adolfo c/ Edificios S.R.L s/ Consignación de Precio
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2000-03-30

La consignación judicial es una forma de pago excepcional, impuesta por el deudor al acreedor, que consiste en el depósito de la suma adeudada, depósito que luego es aceptado o aprobado por el Juez.

Para ser válida, debe cumplir con los requisitos exigidos para que el pago sea válido. Es el recurso legal que tiene todo deudor cuando se enfrenta con una dificultad seria que le impide la liberación, puesto que ésta no puede depender de que el acreedor quiera recibirle el pago. Ahora bien, el deudor tampoco puede, so pretexto de liberarse de una obligación, forzar un pago que no surge claramente determinado como objeto de la obligación.

En autos existe un contrato de compraventa inmobiliaria pactado verbalmente, según el cual, a criterio del deudor, debía abonar el valor del inmueble en cincuenta cuotas, mientras que , según el demandado vendedor, las cuotas pactadas formaban parte del saldo del precio que se financiaba, el cual se integraba también con una suma que debía entregarse en el momento de firmar el boleto de venta.

Este contrato verbal sólo pudo generar una obligación de hacer, es decir que el actor, antes que consignar, debió haber reclamado la pertinente instrumentación.

No se puede admitir una acción que para su validez requiere esencialmente la concurrencia de requisitos relativos a la persona, objeto, modo y tiempo del pago, si ellos no están instrumentados.

Esos requisitos de validez de la consignación permiten descubrir si la manera de cumplir del deudor se ajustó a lo pactado en forma íntegra y completa y a lo que las partes verosímilmente entendieron o quisieron entender. En autos estos aspectos del pago no pueden precisarse porque los indicios prueban que hubo un contrato verbal, pero no sus términos, que es lo necesario para que proceda la consignación.

La consignación es una forma excepcional de liberarse que tiene el deudor cuando su derecho resulta coartado. En este caso no puede aseverarse que ello haya sucedido, justamente porque aparece controvertida la circunstancia relativa al precio, por lo que tampoco puede juzgarse como injustificada la negativa a recibirlo.

Por lo tanto, al fallar el principio de identidad e integridad, es decir, al estar indeterminado el objeto del contrato, requisito imprescindible para dar eficacia al pago por consignación, se impone el rechazo de la consignación y debe ser acogida favorablemente la apelación interpuesta por el demandado, revocando el punto del decisorio recurrido que hizo lugar a la demanda. (Del voto del Dr. Crook, por la minoría).
Libertad de expresión, legítimo ejercicio de un derecho, obligaciones del Estado miembro, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Recomendación general N° 35 - La lucha contra el odio racista c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-26

Si bien el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado por cuanto entraña deberes y responsabilidades especiales, pudiendo estar sujeto a ciertas restricciones en amparo de los derechos o la reputación de otras personas, corresponde que el Comité contra la Discriminación Racial, en su tarea de intérprete de la Convención indique a los Estados Parte que la expresión de ideas y opiniones en el contexto de debates académicos, compromisos políticos y actividades similares, sin incitación al odio, el desprecio, la violencia o la discriminación, deben ser consideradas como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión e incluso cuando esas ideas sean controvertidas.

Fuente del sumario: SAIJ
Derecho procesal, recurso extraordinario, doctrina de la arbitrariedad, error judicial, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA s/ medidas cautelares.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-15

En punto a la arbitrariedad planteada, la Corte Suprema no ha dejado de advertir reiteradamente, que no es su función sustituir su propio criterio al que, en materia no federal, está reservado a los jueces de la instancia ordinaria y que, por eso mismo, en tanto las sentencias contengan fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial, la doctrina de la arbitrariedad no es invocable en torno a supuestos de error en la solución acordada, incluso en los casos en que tal error pudiera existir a juicio del propio Tribunal ( Fallos: 251:243; 254:505; 255:211; 261:223; 290:95 y 295:365, entre otros), pues la existencia del recurso extraordinario no se ha pensado para rectificar cualquier desacierto que pueda existir en un fallo de las instancias inferiores (Fallos: 172:149), ni importa extender la jurisdicción de la Corte más allá de sus prerrogativas constitucionales y legales (Fallos: 186:497 entre otros). En el pronunciamiento atacado, esta Sala ha dado fundamentos no federales suficientes, los cuales -más allá de su acierto o error- resultan suficientes para sustentar jurídicamente lo decidido, extremo que descarta la pertinencia de la tacha de arbitrariedad deducida.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión no planteada
Materia: LABORAL
Carátula: Silvero, Julián c/ Ocvie S.R.L. y otra s/ Indemnización accidente de trabajo y otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2007-09-26

La falta de consideración en el fallo impugnado de un reclamo que no fue sometido a juzgamiento de los jueces de grado en la oportunidad debida, no infringe el art. 168 de la Constitución provincial y, consecuentemente, no provoca su nulidad.
Letra de cambio, protesto, pagaré
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hermida, Eliseo y Cía S.A.C.I. c/ García Fernandez, Vicente Antonio s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-10-11

La función del protesto consiste en dejar documentada la mora del deudor, tiene por objeto poner de manifiesto la falta de pago de la obligación ante su requerimiento y conforme a lo que dispone el art.

63 del dec. ley 5.965/63 solamente puede efectuarse por alguno de los dos procedimientos que la norma citada indica.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: The  Bank  of  New  York  S.A. c/ Instituto de Servicios SocialesBancarios s/ medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-06

Si bien, por regla, las resoluciones dictadas en materia de medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas a los fines del recurso extraordinario, ello es así, en tanto su mantenimiento o rechazo no genere, en virtud de las particularidades del caso, consecuencias de insuficiente o imposible reparación ulterior.
Sucesiones, honorarios del abogado, regulación de honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BARRUTI, Rodolfo Alfredo y GARCIA GONZALEZ, Rebeca s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

Si bien conforme a lo dispuesto por el art. 24 de la ley 21.839, en caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el del patrimonio transmitido en cada una de ellas, cuando se transmiten los mismos bienes a los mismos herederos no es pertinente aplicar rígidamente tal principio, pues ello importaría que los profesionales perciban una doble retribución por una única labor.
Medidas de seguridad curativas, internación, inimputabilidad, sobreseimiento definitivo, incidentes, declaración de insania, aplicación analógica de la ley, curador público, defensor
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ALBARRACIN, RAUL s/ INIMPUTABILIDAD    MEDIDA DE SEGURIDAD    SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO    INCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-07-31

Existe evidente incompatibilidad entre las normas del Código de Procesamientos y las del Código Penal generada por la no previsión en el primero de la imposición de la medida de seguridad prevista en el art. 34 inc. 1 del segundo, explicable por la aparición de esa institución con posterioridad en el tiempo a la sanción de las prescripciones de rito.

El modo procesal correcto de procurar realizar el derecho penal de fondo, atendiendo escrupulosamente a no violar los principios constitucionales, se encuentre si el magistrado instructor, habiendo concluido en que por aplicación del art. 34 inc. 1 C.P. debe sobreseer definitivamente a quien encontró autor del hecho típico, ordena -si considera que puede darse la posibilidad de aplicación de la medida de seguridad prevista en el citado artículo- hacer incidente destinado a resolver sobre la posible internación duradera y sujeta a control terapéutico judicialmente supervisado del inimputable; incidente que deberá tramitar con aplicación subsidiaria y analógica de las normas del Cód. Proc. Civil y Com.

para la declaración de demencia o inhabilidad (arts. 624/636) y en el que el defensor cubrirá el papel que atribuye al curador el trámite civil (arts. 632 y 633).
Adulteración de aguas potables, bien jurídico protegido
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Lorusso, Sergio Gustavo y otros s/ Envenenamiento o adulteración de aguas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-27

Si se contaminan las aguas potables con cianuro, no sólo se afecta la salud de las personas, sino también de todo el ecosistema de la zona poniéndose en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, la diversidad biológica y la conservación de todo el ambiente.
Concursos, fuero de atracción, juicio de desalojo, competencia comercial
Materia: COMERCIAL
Carátula: MESSINA  DE  MESSINA,  MARIA s/ CONCURSO  PREVENTIVO S/ INC. DEAPELACION (ART. 250 CPR).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-12-30

Del dictamen fiscal 92649:

La acción de desalojo del inmueble en donde la concursada desarrollaba su explotación comercial constituye una acción de contenido patrimonial, razón por la que debe considerarse comprendida entre las mencionadas por la L.C.art.21-1°, que dispone la radicación ante el juez del concurso, habida cuenta que no se halla prevista su exclusión entre las excepciones indicadas por la citada norma.

(En la especie, se consideró competente el magistrado concursal para entender en la demanda de desalojo).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, concepto de arma, leyes, interpretación de la ley, doctrina
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El empleo de un arma de  fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2 del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

El sentido común señala que a nadie se le ocurriría decir que un automóvil con su tanque de combustible vacío, o con un defecto mecánico que le impide funcionar, deja por ello de ser tal. Mientras estuvieron en vigencia las normas penales del decreto ley 6582/58 de automotores, no hubo doctrina o jurisprudencia que descartara la aplicación de las agravantes allí contempladas en casos de sustracción de automotores sin combustible en el tanque o con defectos que le impedían funcionar.

El Dr. Julio Chiappini, en un comentario al plenario "Moglia", decía que un hombre sigue siendo hombre aunque le falten brazos y piernas. Un piano sin cuerdas sigue siendo un piano y volverá a sonar apenas le coloquen nuevas; y un caballo seguirá siendo caballo aunque haya perdido su aptitud de semental. Un revólver defectuoso seguirá siendo un revólver, y volverá a tener aptitud ofensiva apenas un armero le repare el defecto que hoy impide su normal funcionamiento.

Nadie que haya comprado un arma de fuego sin proyectiles tendrá duda alguna de que compró un arma y que deberá registrarla y cumplimentar todos los trámites establecidos por la legislación; y tampoco tendrá esa duda si el arma comprada no funciona por defecto, y únicamente recurrirá a la garantía del fabricante para que la repare. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, prueba, prueba insuficiente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CORREA FLORA. c/ TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.R. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-30

Ante la limitación de la prueba producida sobre la verdadera entidad del daño corresponde ser muy prudente en la fijación del monto indemnizatorio ya que de tal omisión no puede derivar un beneficio indebido en favor de quien tuvo la carga respectiva y no la ha cumplido.
Defensa en juicio, secreto del sumario
Materia: PENAL
Carátula: CARBALLAL, Martha s/ Secreto de sumario, Causa nro. 29.547
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-12

El Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones, que el secreto de sumario no afecta a la garantía de la defensa en juicio.
Robo, prueba, pericia dactiloscópica
Materia: PENAL
Carátula: BALLESTEROS, RICARDO D. s/ ROBO AMENAZAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

Es absolutamente improcedente y violatorio de las normas del derecho penal adjetivo la forma en que se practicó la referida pericial dactiloscópica y su introducción al proceso, ya que no obra en toda la actuación el acta de levantamiento de rastros y huellas como así tampoco el informe que debe ser acompañado con el pertinente cotejo y dictamen circunstanciado de las características papilares cotejadas.
Caducidad de instancia, interrupción de la caducidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Varelli, Norman Osvaldo c/ Soria, Rito Rubén s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-12-05

El retiro de la causa para expresar agravios constituye un acto de impulso cuando dicho retiro importa la notificación de un auto previo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Incapacidad, indemnización, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Torres, Eduardo Raúl c/ Indunor S.A. y/o responsable s/ Accidente de Trabajo.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-04-16

No es procedente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del a-quo en cuanto al porcentaje de incapacidad fijado por ella. Ello así, ya que se debe aplicar la ley vigente al momento en que el actor toma conocimiento de la incapacidad y en el caso se produce en el momento en que se notifica de la Junta Médica oficial administrativa, que se produce en fecha en que estaba vigente la Ley 24028, y si se considera que ésta eliminó la teoría de la indiferencia de la concausa y que en casos como el presente, lo que se indemniza es la parte proporcional en que ha influido el trabajo de la incapacidad que presenta el actor, lo que no establecen los médicos en su dictamen, la jurisprudencia se ha pronunciado pacíficamente como lo hace la Juez en establecerla en un 50% de la incapacidad determinada.
Procedimiento administrativo, silencio de la administración
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Perdigón, Olga Elena c/ Dirección de Medicina Asistencia y/o Ministerio de Salud de la Provincia s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-09-24

Nuestro ordenamiento positivo local -art.25 de la LPA-, en referencia al acto administrativo en general, en su segunda parte establece: "El silencio de por sí, es tan solo una conducta administrativa inexpresiva, únicamente cuando el orden normativo expresamente dispone que ante el silencio del órgano, transcurrido cierto plazo, se considerará que la petición ha sido denegada o aceptada, el silencio vale como acto administrativo".

De ello se sigue que no existe acto, sino que la técnica del silencio está instrumentada para favorecer a los administrados, constituyendo una presunción legal establecida a favor de los particulares, de la que no puede prevalerse la administración para eximirse de su deber de pronunciarse.

Tampoco puede escudarse en tal dispositivo para no dictar resolución expresa, sino que es precisamente el administrado quien le asigna sentido, no pudiendo suplirse su voluntad a los fines que ulteriormente persiga, ni tal sentido puede de oficio serle asignado para tener por configurados actos inexistentes.
Empleados públicos, trabajadores temporarios, personal de planta permanente, remuneración, reducción salarial, categoría administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Amaya, Alberto Regalado c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 581 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-12-18

No puede prosperar el planteo del recurrente vinculado a la rebaja de categoría y disminución salarial que habría sufrido al pasar de la planta temporaria a permanente, desde que la ley 10.201 no garantizaba en modo alguno el mantenimiento de la categoría en base a la cual cobraba o del nivel salarial alcanzado mientras revistaba como transitorio, sino que el escalafonamiento definitivo se efectuaría teniendo en cuenta las funciones efectivamente desempeñadas, por lo que su alegación de que mientras revistó como contratado cobraba con una categoría más alta no es idónea para hacer nacer derecho alguno en dicho marco normativo.
Diferencia de haberes jubilatorios, cajas de previsión, cajas provinciales
Materia: CIVIL
Carátula: AZCURRA, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-08-26

El planteo de inconstitucionalidad de la ley 9504 de consolidación de deudas e inembargabilidad de fondos de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, debe postergarse para la etapa de ejecución respectiva, luego de practicarse las liquidaciones pues según las resultas de éstas y el devenir del proceso procederá asumir el tratamiento de dicha cuestión constitucional
Enfermedad profesional, incapacidad laboral, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Ramos José c/ Encotel s/ Laboral
Jurisdicción: Federal — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-04-29

Debe revocarse la sentencia que concluyó que el trabajador no había probado el daño en la salud reclamado- calambre del telegrafista- al sostener que desde el accidente de trabajo hasta que obtuvo su jubilación ordinaria sus retribuciones no revelaron disminución alguna, pues bastaría que cualquier empleador mantuviese inalterado el salario del dependiente incapacitado para neutralizar la procedencia de cualquier indemnización que correspondiera a influjo de la ley 9688 en sus distintas versiones; De allí podría seguirse, como corolario, que la prueba pericial médica carecería de todo sentido porque en tal hipótesis no sólo la reducción dispuesta por el empleador sería prueba acabada del daño, sino de su origen en una causa vinculada con el trabajo prestado por el dependiente a sus órdenes.
Ejecución de la pena, cómputo de la pena, remisión del expediente, excesos u omisiones en el pronunciamiento, dictamen fiscal, resoluciones recurribles, Ministerio Público Fiscal, ley penal más benigna
Materia: PROCESAL
Carátula: Bello, Pablo Ariel c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-15

Corresponde hacer lugar, sin costas, al recurso interpuesto por la defensa, anular la resolución recurrida -por cuanto no hizo lugar al planteo relacionado con el computo de pena efectuado- y, reenviar a su procedencia a fin de que, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a la doctrina aquí establecida (arts. 471, 530 y ccds. CPPN). Ello así, toda vez que la posición asumida por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en su dictamen (que solicitó que se compute el tiempo de detención sufrido en un proceso paralelo en trámite sea computado en la pena a imponerse en estas actuaciones) -el que alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación, más allá de su acierto o no- sella la suerte favorable de la solicitud y limita la jurisdicción para adoptar una solución más gravosa. El voto concurrente señaló que en función de los lineamientos que guían el Código Procesal Penal Federal (ley 27.063, texto ordenado por Decreto 118/2019) y por estricta aplicación de los principios de benignidad e igualdad ante la ley, expresados en la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que hacen operativa la preeminencia de la postura fiscal en materias que resultan disponibles para las partes, y más allá de la opinión que sostenga respecto al tema en cuestión, se debe acoger favorablemente el remedio casatorio de la defensa. Dres. Slokar y Yacobucci -voto concurrente-.
Recurso contencioso administrativo, inadmisibilidad del recurso, auto de Presidencia, recurso de reposición (procesal), acto administrativo firme, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia aplicable, policía, personal policial, destitución
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ríos, Rodolfo Horacio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción-Revocatoria   (Expte. C.S.J. Nro. 744 Año 1993)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-03-20

En casos de patente improcedencia formal, se justifica declarar inadmisibles recursos aun por causas no mencionadas en el artículo 25 de la ley 4106. Es lo que ocurre en el sub judice, en que, conforme surge del auto de Presidencia atacado, la inadmisibilidad se dispuso con fundamento en normas positivas y criterios jurisprudenciales reiteradamente sostenidos por la Corte, concretamente, el que requiere que, en caso que se pretenda la revisión de una destitución firme, los vicios que se invocan no sean, por su naturaleza, susceptibles de haber sido alegados mediante los recursos ordinarios contra dicho acto, y el que impone al recurrente la carga de cuestionar la legitimidad de las razones de índole formal por las que la Administración rechazó en definitiva los recursos deducidos en dicha sede -en el caso, la inadmisibilidad del recurso de revisión por extemporaneidad de la presentación de sus fundamentos o por no haber acompañado pruebas del error o injusticia del cese-.
Competencia, juicios en que es parte una provincia
Materia: PROCESAL
Carátula: Medina Gutiérrez, Eulalia Rachel c/ Dirección General de Escuelas y Cultura de la Pcia. de Bs. As. s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-02

Para que una provincia sea parte nominal, se requiere que figure expresamente como tal en el pleito.
Sentencia, principio de congruencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Frene, Miguel y otros c/ Carlos F. Laviano y Cía s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-07

Si ambas partes convinieron el reajuste de sus acreencias conforme a determinada pauta, se infringe el principio de congruencia si inmotivadamente se deja de lado dicha pauta.