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Recurso de nulidad, recurso de apelación (procesal), resoluciones inapelables
Materia: CIVIL
Carátula: REICH DE ROSENBERG ANITA. c/ ZBAR DE REICH BERTA Y OTRO. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-07

El recurso de nulidad no se encuentra regulado en forma autónoma, sino que está comprendido dentro del de apelación en una reunión necesaria (art. 253 Código Procesal). Por tanto, si un decisorio no es apelable, no puede requerirse su nulidad de manera independiente (conf. C.N.Civ. Sala G, L.L.1982-A-218; íd. Sala B, R. 20.273 del 25 4-86; Palacio, "Tratado...", T.V, p. 141).-
Inconstitucionalidad, derecho de propiedad, aportes previsionales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Mosconi, Emilio Florencio c/ A.N.S.E.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Surgiendo del expediente administrativo que el titular ingresó al sistema aportes por un período mayor a 50 años, tener en cuenta para el cálculo de su la Prestación Básico Universal (PBU) sólo 45 años, sería colocarlo en una situación desventajosa, y se estaría afectando el derecho de propiedad garantizado en el art. 17 de la C.N. En consecuencia, corresponde declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del art. 20, inc. b) de la ley 24.241, y ordenar al organismo previsional que recalcule el haber inicial de la PBU del peticionante, todo ello hasta la sanción de la ley 26.417.
Conflicto de poderes, intendente, suspensión del agente, concejo deliberante, Superior Tribunal de Justicia, control de legalidad, control de constitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Manti, Eduardo Orlando - Intendente de Villa Poman s/ CONFLICTO DE PODERES
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-13

Ante un conflicto de poder suscitado entre el Concejo Deliberante autor, mediante resolución de una suspensión al Intendente, esta Corte tiene sustentado que los Concejos Deliberantes tienen facultades para suspender transitoriamente a los intendentes como medida precautoria y por un lapso reducido y que el control que va a ejercer este Tribunal es un control de legalidad y de constitucionalidad. En ese orden de ideas, no existe ninguna ilegalidad en el instrumento que sirve de base para la suspensión del Intendente, habida cuenta de que la forma por la cual se expresa el Concejo Deliberante a los efectos de lograr la suspensión no puede ser nunca -tal la queja del mismo- la de una ordenanza, habida cuenta que ésta podría ser vetada por el Poder Ejecutivo Municipal, siendo la persona que debe ser investigada.
Responsabilidad del Estado, obligación de seguridad, falta de servicio público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: S., C. N. c/ E.N. - M. Justicia DDHH  s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-22

El servicio de seguridad no se encuentra definido de manera determinada ni se identifica como una garantía absoluta de indemnidad, y no es posible soslayar las puntuales circunstancias del caso, que resultan susceptibles de tornar concreto aquel mandato y, ante su inobservancia, comprometer la responsabilidad estatal por falta de servicio. En otros términos, aun cuando el incumplimiento al deber de seguridad no suscite, como regla, la obligación de responder, en algunos contextos ve potenciada su especificidad pues, en ciertas ocasiones, como consecuencias de ese escenario concreto, aquélla carga pasa a traducir un deber específico de actuación, cuyo incumplimiento puede comprometer la responsabilidad estatal.
Sociedad anónima, intervención de sociedades, derechos del socio, convocatoria a la asamblea de accionistas
Materia: COMERCIAL
Carátula: BUENAVENTURA, FELIX c/ PERU 155 (S.A.) s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-08

En los estrechos límites de la cognición cautelar, y con base normativa en la LS: 236, la invocación del socio de una sociedad anónima (titular del 40% del paquete accionario) de haber sido desatendida su petición de convocar a una asamblea, es argumento prima facie suficiente para fundar una medida cautelar respecto del ente societario. Además si -según argumento del accionante- se verifica la participación de ciertos accionistas en diferentes decisiones asamblearias, a pesar de que tendrían intereses personales contrarios a los de la sociedad, revelaría una aparente desatención de la prohibición instituida por la LS: 248, en protección de los accionistas y la sociedad. Por tanto, si bien las anomalías descriptas no justifican apartar a la administración natural del ente, pues ello importaría una intromisión prematura con arreglo a los elementos descriptos, sin embargo, autorizan a disponer una veeduría para observar el desenvolvimiento de la sociedad y evitar situaciones mas dañosas que las que se pretende prevenir (LS: 113 y cc.).
Proceso penal, medidas cautelares, inhibición general de bienes, oportunidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: LABIADA, Liliana G.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-05

La inhibición de bienes, así como cualquier otra medida cautelar de tipo económico tiene como presupuesto el dictado de auto de procesamiento; excepcionalmente puede admitirse su anticipación, máxime cuando medie convocatoria a indagatoria.
Confirmación de sentencia, extinción de la acción penal, prescripción, sobreseimiento, calificación legal, declaración indagatoria, violencia de género, comisión de nuevo delito
Materia: PROCESAL-PENAL-CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: M., M.  c/  s/ prescripción de la acción penal (Causa Nº 40.207/2020)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-07-04

Extinción de la acción penal parcial por prescripción. Sobreseimiento parcial del imputado.

Vocal Laíño: Máximo de la pena prevista para la calificación legal aplicable -amenazas simples y desobediencia reiterada en dos oportunidades, todas ellas en concurso real que ha transcurrido sin actos interruptivos o suspensivos de la prescripción desde que el imputado fuera llamado a prestar declaración indagatoria por primera vez. Normativa que establece expresamente que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito. Argumento sostenido por la querella de que se excepcione la aplicación de la norma bajo el argumento de que no puede descartarse la posibilidad de que se configure un delito continuado determinado por el contexto de violencia de género en que habrían tenido lugar, que corresponde descartar ya que hacerse eco de ese razonamiento de manera indiscriminada, implicaría soslayar las normas internas -también vigentes- que establecen el límite temporal contemplado por el Estado para ejercer su poder punitivo (Sala VI, c. 59300/2018, "R., L. B. y otro s/amenazas y lesiones", rta. el 11/2/22). Directivas del Procurador General invocadas por la parte que tampoco son de aplicación ya que el artículo al que hace referencia señala que se interrumpe por la comisión de un nuevo delito, situación que sólo puede determinarse fehacientemente a través de una sentencia condenatoria, lo que no sucede en la situación bajo análisis. Vocal Pinto: Adhiere a la solución de Laíño por ajustarse al criterio que sostuviera al expedirse en la causa c. 59300/2018, "R., L. B. y otro s/amenazas y lesiones" del 11/2/2022. Doctrina emergente del Plenario "Prinzo" invocada por el recurrente que no corresponde aplicar y sentencia condenatoria firme que declare la inexistencia del delito y la culpabilidad del imputado que, en el caso, no existe (Sala V, c. 810037074/2012, "Huerta González, J. s/prescripción", rta. 4/3/16; c. 31708/2017, "Silva, M. A. s/hurto y encubrimiento", rta. 18/11/2020; entre otras, y Sala I, c. 74895/2016, "G., J. A. s/prescripción", rta. 29/5/2020).

Confirmación.
Despido sin causa, licencia por exámenes
Materia: LABORAL
Carátula: Carrizo, Carlos Rodolfo c/ Humberto Basso e Hijos S.R.L. y/o Q.R.R. s/ HABERES ADEUDADOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-18

Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, si de autos surge que el despido dispuesto por la patronal deviene incausado. En efecto, si la licencia que solicitó el trabajador fue para rendir exámenes de estudio, y si los mismos se han llevado a cabo en parte, y en parte no por razones de fuerza mayor ya que el día fijado por el establecimiento educativo para rendir examen coincidió con un asueto provincial, motivo que llevó a la postergación de dicho examen, y si de tales circunstancias la patronal estaba perfectamente al tanto, en este orden de cosas el despido dispuesto por la demandada deviene no sólo injustificado sino hasta desproporcionado, ocasionando dicho proceder el quebrantamiento de los principios de lealtad y buena fe. Ello sin perjuicio de considerar que en el caso de autos el actor no arrimó la prueba de haber rendido el examen para lo que solicitó la licencia, no obstante lo cual ello no impide comprobar que la licencia otorgada fue utilizada para los fines que fue solicitada, porque como bien lo sostiene la doctrina la obligación de acreditar el motivo por el cual se pide una licencia reside en la circunstancia de evitar que el trabajador pueda gozar de beneficios que en efecto no le corresponden.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, delitos, robo, robo en banda, asociación ilícita, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: R O R, J N y Q, G G s/ Señor Fiscal de Cámaras Dr. Arealdo Dante Bertoldi s- Solicita   Integración de Tribunal Pleno. Robo (Expte.. Nro. 136-95)-Tribunal   pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-05-20

Es cierto que puede discreparse en torno a si la banda se identifica por la asociación ilícita -cuestionándose la asimilación del elemento normativo del tipo contenido en la figura agravada con la previsión legislada en el artículo 210 del Código Penal-, pero no cabe duda que tal equiparación consulta con una mejor tutela del principio de estricta legalidad, al exigir al agravante un plus de circunstancias integradoras de un tipo penal especialmente previsto en el catálogo legislativo y referido a una pluralidad de sujetos intervinientes en el delito. El núcleo de la problemática abordada está directamente vinculado con el tema de la interpretación de la ley. Es allí donde reside la evidente paradoja, porque quienes adhieren a una hermenéutica amplia en otras reas normativas del sistema, acogiendo concepciones teleológicas y aún la connotación equitativa "favor rei", se ciñen, en cambio, al paradigma dogmático y restrictivo en lo concerniente a la interpretación del tipo básico y agravado en la línea de la incriminación de la conducta enjuiciada por sometimiento al principio de legalidad sustancial. La imprecisión semántica de la expresión "banda" no puede traducirse en mera pluralidad de intervinientes, sino que hace referencia a la modalidad exigente que denota el artículo 210 del Código Penal. En el caso, la cuestión a resolver era si la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal indicaba solamente una pluralidad de partícipes ejecutivos de por los menos tres sujetos o si por el contrario debían darse los requisitos típicos del artículo 210 del mismo cuerpo legal. (Del Voto del Dr.

Ríos). En el caso, la cuestión a resolver es la interpretación del alcance de la expresión "banda" comprendida en el artículo 167 inciso 2 del Código Penal.
Acto administrativo, denuncia de ilegitimidad, impugnación del acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Ilegitimidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-12-18

La suspensión del acto administrativo atacado - ordenanza municipal - resulta improcedente por cuanto no adolece, en principio, de vicios de ilegitimidad, ya que ha sido emanado del órgano competente en virtud de facultad expresamente conferida por ley, siendo además criterio fijado por este Superior Tribunal que en los recursos de ilegitimidad no se contempla la suspensión de la medida administrativa.
Delitos, pena, graduación de la pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: F, A E s/ HOMICIDIO CULPOSO     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 245-88
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-02-28

Resulta insusceptible de revisión judicial la determinación que abstractamente hace el legislador conforme su criterio poliítico criminal de la pena en relación a la infracción cometida, en tanto la afectación de bienes jurídicos del condenado, en su calidad o extensión, no repugne a elementales garantías constitucionales.

Admitir lo contrario importaría erigir al Juez en legislador y contradecir el fin perseguido por el derecho, esto es, la seguridad jurídica.
Procedencia del recurso, violencia de género, lesiones agravadas, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de Apelación presentado por el Dr. Di Bez, Marcelo Defensor Oficial de la Unidad de Defensa Pública Nº 3 en representación de E. M. D. en relación a la causa principal por el delito de lesiones agravadas c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-10-29

El art. 554 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta prevé -al emplear la conjunción disyuntiva "o"- dos motivos o causales de inconstitucionalidad: el recurso de inconstitucionalidad propiamente dicho, que procede contra la sentencia o auto contrario a las pretensiones del recurrente que hubiere cuestionado la constitucionalidad de la ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia regida por la Constitución; y el recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad, como el "sub lite", que solo se encuentra habilitado respecto de "sentencias arbitrarias en el sentido interpretado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", conforme lo tiene dicho este Tribunal en forma pacífica y reiterada (Tomo 194:407; 208:631; 219:953; 226:947, entre otros).Y, en esta línea, debe entenderse por sentencia no solo a aquella que pone término al proceso después de su tramitación (conf. art. 171 del C.P.P.; "sentencia definitiva"), sino también la que provoca un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación posterior ("equiparable a definitiva"; CSJN, Fallos, 328:2056; 336:720; 341:1768; 342:654, entre muchos otros), calidad que carece la cuestionada en autos por referirse a la denegatoria de la concesión del beneficio de la suspensión del juicio a prueba (conf. CSJN, Fallos, 330:1564; Tripputi, Juan Pablo s/ recurso extraordinario federal causa 13/07, T. 441. XLIII, sent. del 11/08/09).
Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, bloque parlamentario
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sanseverino, Pablo y Otro c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" y sus acumulados: Exptes. nº 8511/11 "Raffo, Julio César y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" y nº 8595/11 "Campos, Antonio Rubén y otros c/ GCBA (Legislatura de la CABA) s/ nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-03-19

Es indudable que si contemporáneamente con la propuesta de Auditores por "Proyecto Sur" no se produjo la correlativa adhesión del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur" de modo formal y expreso, ello fue una consecuencia de que en el mencionado sector político existía la convicción de que -conforme al Reglamento Interno de la Legislatura y de la doctrina resultante de los dos casos en que la integración de la Auditoría fue debatida ante los estrados de este Tribunal- no era viable elegir por "Interbloques", lo que recién se definió, en este caso, en el ámbito parlamentario al votarse la resolución impugnada, de modo que parece desmedido exigir a la apuntada fuerza política que, producida la postulación explícita del único integrante del "Bloque Movimiento Socialista de los Trabajadores en Movimiento Proyecto Sur", conformara formalmente un "Interbloque ad-hoc", poniéndose en contradicción con la propuesta interpretativa realizada de consuno. (Voto en disidencia del Sr. Juez José O. Casás).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, nulidad procesal, competencia, competencia por la persona
Materia: LABORAL
Carátula: Scarione, Dora Rosa c/ Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs.As. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-23

Debe considerarse definitivo, en los términos del art. 278 del C.P.C.C., el fallo del Tribunal del Trabajo que al desestimar la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco de la Provincia y el pedido de nulidad de la notificación del traslado de la demanda dando por perdido el derecho de contestarla, conculca definitivamente sin posibilidad de ulterior reparación, principios y normas constitucionales, tanto de la Nación como de la Provincia (en el caso, art. 18, Const. Nacional y art. 143 de la local).
Incidentes, trámites judiciales, costas, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Cía. Limitada Pesquera Nan An c/ Estado  Nacional (Ministerio de Defensa - Prefectura Naval Argentina) s/ Cobro daños y perjuicios - Beneficio litigar sin gastos -
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-17

El artículo 69 del Código Procesal establece que no se sustanciarán nuevos incidentes promovidos por quien hubiese sido condenado al pago de las costas en otro anterior, mientras no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo (v. espec.

segundo parágrafo). La norma bajo examen (según el texto de la Ley 22.434 y que no innovara con relación al régimen anterior en cuanto implica, en definitiva, un requisito de admisibilidad) sienta una regla que ha sido considerada como inflexible, toda vez que el propósito moralizador la torna de rigurosa aplicación.
Falsificación de patente, patente extranjera
Materia: PENAL
Carátula: Hillar Osvaldo s/ Infracción al Art. 289 del C.P
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2015-04-17

Resuelve rechazar la denuncia formulada contra los integrantes de un programa británico por la presunta sustitución de la chapa patente de un vehículo, pues surge de la documental aportada que el rodado se encontraría registrado en el Reino Unido bajo ese dominio, que dicha legislación permite la adquisición de matrículas de casi cualquier denominación, y que el reemplazo de la chapa patente se realizó al solo efecto de evitar mayores inconvenientes con la ciudadanía, por lo que mal puede atribuírsele conducta dolosa en los términos del delito imputado.
Transporte aéreo, accidente de aviación, indemnización
Materia: AERONAUTICO
Carátula: BRESCIA, MIGUEL ANTONIO c/ AUSTRAL LINEAS AEREAS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-01

Esta Sala ha determinado que el valor del Argentino Oro debe calcularse a la fecha del accidente, no existiendo razón alguna para apartarse de este criterio, habida cuenta el texto claro del art.

144 del Código Aeronáutico.
Recurso de inconstitucionalidad, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., M. c/ L., C. L. s/ FILIACION - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJAS ADMITIDAS) (CSJ  EXPTE N. 703-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-09-19

Es necesaria la revisión constitucional de leyes (igualmente la pauta resultaría aplicable a actos o sentencias) frente a situaciones en las que se afecta la autonomía personal, o se impongan ideales de excelencia humana, o se atente contra los mecanismos democráticos institucionalizados.
Procesamiento, revocación de sentencia, evasión previsional, pago en negro, médicos
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: SERVICIO DE SANIDAD SOCIAL S.R.L.-FAJO, RAUL ENRIQUE-SACCONE, MARIO RAUL s/ Régimen Penal Tributario, incidente de apelación del procesamiento de Raúl Enrique Fajo y de apelación del sobreseimiento parcial de Mario Raúl Saccone.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-08

Corresponde revocar el procesamiento del imputado, que se basó en la estimación que éste habría evadido el pago de aportes o contribuciones al sistema de seguridad social ocultando la relación de dependencia establecida con los profesionales que prestaban servicios médicos por cuenta de una sociedad comercial cuyos negocios gestionaba el imputado, en tanto éste negó dicha imputación, los testigos no corroboraron la denuncia efectuada y, aún cuando fuese cierto que los contratos celebrados con cada uno de los médicos establecieran una relación de dependencia y obligaban al pago de aportes o contribuciones previsionales, no puede atribuirse al imputado una ocultación constitutiva de delito del Art. 7 de la Ley 24769, dado que todos los pagos fueron exterioriados con la respectiva documentación y dieron lugar, en algunos casos, a retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias.
Compraventa mercantil, factura, deudor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION  DE OBRAS SOCIALES DE LA PROVINICA DE LA RIOJA c/ OBRASOCIAL  DEL  PERSONAL  DE  LA  INDUSTRIA  DE  LA  ALIMENTACION S/ s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-11

Las facturas existen materialmente, que fueron recibidas por la deudora en las fechas que surgen de los originales que en sobre reservado se tiene a la vista, y que ésta no las impugnó, se impone juzgar que esta falta de cuestionamiento expreso y oportuno -respecto de las aludidas faturas- implicó el reconocimiento de las cuentas (confr. esta sala, causa 6190/92 del 19.8.93). El Tribunal ha considerado que el principio del art. 474 del Código mercantil tiene un alcance que excede el campo de la compraventa comercial y es comprensivo de todas las negociaciones mercantiles como la de autos, donde los créditos son instrumentados por el sistema de facturas (conf. esta Sala, causas: 5918 del 29.7.88; 7164 del 13.3.90; 7494 del 29.6.90; 25.564/94 del 23.6.95; 4519/91 del 3.9.96; 12.951/95 del 25.6.98; 15.168/94 del 3.8.99, entre muchas otras). Y, conforme con esa doctrina, esta sala ha resuelto que el silencio guardado al recibir las facturas por un plazo más extenso al convenio en el contrato, produce el reconocimiento de las cuentas (arts. 919 del Código Civil y 474 del Cód. de Comercio). Ello es así, pues, si el demandado quisiera acreditar lo contrario, esa facultad le asistiría sólo en el caso de haber impugnado las facturas porque, de no ser así, las cuentas se tienen como liquidadas (confr. Sala I, causa 5130/91 del 30.12.03).
Intereses, tasa activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Provincia de Buenos Aires c/ Intile, Francisco Antonio y otra s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-03

No puede soslayarse que la tasa activa está integrada no solamente por la renta y la depreciación de la moneda sino también, y en gran medida, por el desmesurado costo generado por la intermediación financiera, circunstancia que lleva a diferencias impropias de una economía estable y que no deben, salvo supuesto particulares y prueba en contrario, ser soportadas por el deudor.-