marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficio de litigar sin gastos, recusación sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GUZMAN FRANKLIN W. c/ JUAN CARLOS, GOMEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CUADERNILLO DE OPOSICION JUEZ CIVIL DE 5º  NOMINACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-12-21

No corresponde hacer lugar a la oposición formulada por juez civil a la separación del juez recusado sin causa, si esa oposición se funda en que en el beneficio de litigar sin gastos la parte demandada no dedujo tal recusación, ya que por el hecho de no haberse presentado en ese incidente, (a lo cual no estaba obligada, ya que por tratarse de un proceso voluntario, no hay partes), no puede cercenárcele el derecho de recusar sin causa en el juicio principal, en la que sí le interesa defenderse.
Daños y perjuicios, denuncia, responsabilidad del Estado por actos lícitos, Servicio Nacional de Sanidad Animal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pistone, Ciro Alberto c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

Corresponde confirmar la sentencia que rechazó el reclamo de los daños y perjuicios derivados de la denuncia penal realizada por el SENASA que resultó en el procesamiento del peticionante si no cumplió con la carga de demostrar que los daños que alegó haber sufrido constituyeran un sacrificio desigual, que exceda las consecuencias normales y necesarias derivadas del ejercicio de la actividad estatal lícita desarrollada.
Jueces, intangibilidad de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Donate, Fermín José s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-09-01

La garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados dada su finalidad, no implica desligar a los jueces del deber solidario de sufrir los embates de la inflación, en cuanto la erosión salarial no sea tan significativa que pueda impedir el logro de la finalidad perseguida por la citada norma, de manera que sólo cuando el deterioro salarial excediere de cierto umbral deba considerarse que opera la garantía constitucional, no resultando posible contemplar que cualquier fluctuación pueda determinar la necesidad de corregir la remuneración de los jueces. (Opinión personal: Dr. Gadano).
Cuestiones de competencia, competencia por el territorio, lugar del hecho, estafa, tentativa, cheque, extravío del cheque
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Banco Nación Argentina  -  Suc. Gral. Conesa - s/ remite actuaciones.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Debe conocer en el delito de estafa o su tentativa, perpetrado mediante el uso de cheques extraviados o sustraídos, el juez competente al lugar donde fueron entregados.
Recurso de apelación (procesal), tribunal de alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: Vargas, Mario c/ Codao s/ Impugnación y Daños y Perjuicios s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1996-05-17

Pese a que en virtud del principio de plenitud de la jurisdicción de la Alzada, en nuestro sistema procesal la revisión puede ejercerse con amplitud, los poderes concretos del Tribunal de grado están enmarcados por los límites que el propio apelante impuso a su queja y, por consiguiente, ineludiblemente circunscritos a lo que fue materia de expresión de agravios.
Debido proceso, Pacto de San José de Costa Rica, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: A., C. A. s/ ACCION DE AMPARO s/COMPETENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-03-30

No sólo tengo en consideración lo resuelto en el precedente "RICCHINI", sino también lo decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Informe Nro. 105/99, Caso Nro. 10194, "PALACIOS" (del 29-09-99), oportunidad en la que expresó que el derecho a la tutela judicial efectiva, y al debido proceso, garantizados por los arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponen una interpretación más justa y beneficiosa de los requisitos de admisión a la justicia, y por el principio "pro actione", deben interpretarse en el sentido más favorable al acceso de la jurisdicción.

A su turno la CSJN. tiene decidido que "frente a informes o recomendaciones emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero están obligados a atender a su contenido con el fin de procurar la protección de los derechos humanos involucrados, pues en esta materia la reglamentación legislativa no es requisito indispensable".
Responsabilidad contractual, mora del deudor
Materia: CIVIL
Carátula: A. de R., A. c/ P., R.C. s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-08-20

El eminente civilista rosarino Juan José CASIELLO enseña que "la mora es el requisito previo o la "puerta de entrada" al ámbito de la responsabilidad contractual, por incumplimiento de obligaciones. En principio, pues, sin mora no hay responsabilidad".
Seguros, seguro de caución, prima, pago, póliza, cobertura
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALBA  CIA  ARGENTINA DE SEGUROS  SA c/ CIELMEC  SA  Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-14

El seguro de caución se mantiene vigente hasta tanto el deudor haya sido liberado de su responsabilidad conforme al régimen aplicable al caso, y este deberá abonar los premios por todo el período que se haya prolongado esta responsabilidad. Por ello, las pólizas se emiten sin fecha de vencimiento (en el caso, se explicitó la fecha de inicio de la cobertura "hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre"), y las compañías aseguradoras acostumbran facturar sus primas por períodos que no excedan de un año, no obstante que los trabajos pueden insumir lapsos mucho mas prolongados.
Proceso judicial, principios procesales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lascano, Federico Oscar c/ Sauco, Alfredo Reinaldo y otros s/ Cobro de alquileres y cláusula penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Las conductas desplegadas y las actitudes asumidas por las partes en el juicio se erigen, con el abono de la buena fe, en las pautas interpretativas más sólidas para dirimir la cuestión (arts. 1198, 1º pte. C.C. y 34 inc. 5º CPC).
Pagaré, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bazar Baldi SA c/ Finocheitto, Juan Carlos s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-05

El art. 52 inc. 2 del decreto ley 5965/63 establece los accesorios para el supuesto de retardo, que en caso de no haberse estipulado, ni fijado la tasa correspondiente, corren automáticamente por imperio de la ley desde el mismo momento del vencimiento y se deben calcular al tipo corriente fijado por el Banco de la Nación Argentina a la fecha del efectivo pago (art. 103 decreto ley 5965 /63).
Contrabando de estupefacientes, tentativa, prisión preventiva, cómputo privilegiado de la privación de libertad, derecho a la libertad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Jara Salfate, Juan E. s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-10

La conducta endilgada al condenado por el Tribunal Oral -contrabando doblemente agravado por la intervención de más de tres personas y por tratarse de estupefacientes inequívocamente destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en grado de tentativa- no se halla tipificada en la Ley 23.737 sino en el Código Aduanero (Ley 22.415), cuerpo legal al que el art. 10 no excluyó de los beneficios dispensados por la Ley 24.390. En razón de ello y de lo dispuesto por art. 2 del C.P.P.N. -según el cual toda norma que coarte la libertad personal deberá ser interpretada restrictivamente- no encuentro obstáculo para aplicar al nombrado el cómputo privilegiado solicitado por su defensa no obstante lo cual, considero que es al Tribunal de juicio al que le corresponde practicar por Secretaría el nuevo cálculo de acuerdo a las pautas contenidas en el art. 7 de la Ley 24.390. Si bien resulta loable la lucha contra el narcotráfico, ella no puede suceder con mengua de los principios fundamentales de un Estado de derecho. (Voto del Dr. Fégoli).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Mansilla, Roberto Agustín y otros s/ Robo Medina, Luis Alberto s/ Homicidio culposo García, César Armando y otros s/ Priv. ilegal libertad -  Cuádruple homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-07|1996-03-26|1993-04-13

La contradicción entre lo decidido en una de las cuestiones planteadas por la Cámara y la parte dispositiva de su sentencia significa el quebrantamiento del art. 156 de la Constitución de la Provincia y vicia de nulidad dicho pronunciamiento.
Jubilaciones, prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: KREIG, RAFAEL ADOLFO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  NRO 327-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-02-17

El derecho a reclamar el pago de las diferencias adeudadas por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe, tratándose de haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio, prescribe a los dos años, porque esa situación es encuadrable en lo dispuesto por el artículo 82 párrafo 3 de la ley 18037.
Enriquecimiento ilícito de funcionario público, requerimiento a funcionarios públicos, prueba
Materia: PENAL
Carátula: "COLETTI, Ricardo E. s/ nulidad".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-05-04

Quien impulsa la acción -fiscal- deberá probar con certeza que existió el acrecentamiento patrimonial y que el mismo no puede tener otra explicación que la vulneración del deber de transparencia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, asociación ilícita, responsabilidad penal, evidencia digital, imputado
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: Fernández, German Facundo c/  s/ asociación ilícita y otros delitos-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-05-07

En relación a la aducida arbitrariedad en la valoración probatoria efectuada por el A quo al convalidar la condena al imputado, se observa que los Camaristas valoraron que la responsabilidad penal del encartado en el secuestro y muerte de la víctima se encontraba comprobada a partir del examen conglobado de todo el material convictivo, dentro del cual hicieron especial hincapié en los informes de captación de señal de los teléfonos y en el contenido de las comunicaciones mantenidas entre los sujetos involucrados en el hecho -no sólo durante su desarrollo, sino que también días antes y en momentos posteriores-, señalando que de ello surgía su mutuo conocimiento y vinculación y su presencia en áreas y horarios compatibles al desenvolvimiento del suceso, resaltando asimismo que de la evidencia existente sobre los tramos anteriores y/o posteriores al crimen surgía que la planificación e inteligencia sobre la víctima fue realizada con conocimiento y ayuda del inculpado -resultando aquél, según sus dichos, un objetivo económicamente redituable para ambos- y que aun luego de consumado el delito los mismos habían mantenido comunicaciones debido a la necesidad de reubicar el cuerpo sin vida a fin de lograr su hallazgo.
Concursos, reglas procesales, aplicación de la ley, caducidad de instancia, pedido de quiebra, improcedencia del recurso, morosidad del proceso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bafico Sa le pide la quiebra Cromwell Cooperativa de Crédito Consumo y Vivienda Ltda c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-28

Procede revocar la resolución que declaró operada en los autos la caducidad de la instancia. Ello así, por cuanto desde que se notificó la citación a fin que dentro del plazo de cinco días la presunta falente invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho, bajo apercibimiento de lo dispuesto por la LCQ 84, no se encontraba pendiente ningún acto procesal. Consecuente con ello, al vencimiento del plazo allí dispuesto sin que la demandada se hubiere defendido de modo alguno, correspondió al Tribunal hacer efectivo derechamente el apercibimiento dispuesto (cfr. esta Sala F, "Fogata Factory SA s/ pedido de quiebra por HSBC Bank Argentina SA", del 21/9/10; "Id. Zenobio Marcela Alejandras/ pedido de quiebra p/ Delucchi Martin Cesar" del 17/3/20). Desde tal óptica, si la demora en dictar resolución era imputable al órgano jurisdiccional, no procedió decretar la perención, resultando entonces aplicable al caso la previsión del CPR 313-3° (Conf. esta Sala, "Colasso Andrés Claudio c/ Santo Domingo SRL y otro s/ ejec." Del 18/2/10). Es que si bien, por principio, la carga de los litigantes de instar el procedimiento se extiende a todo el curso de éste, ella desaparece cuando existe, como en el caso, un deber del Tribunal, por lo que la carga del litigante termina donde empieza el deber del juzgador (Conf. Sentís Melendo, "Perención de instancia y carga procesal", Rev. Colegio de Abogados la Plata, año IV, n° 8, p. 437).
Quiebra, cesación de pagos, hechos reveladores, estado de insolvencia, desatención de deudas laborales
Materia: COMERCIAL
Carátula: CEREALES LITORAL  S.A.C.I.A. s/ PROPIA QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-02-23

Constituyen dos hechos objetivos, reveladores de la insolvencia patrimonial de la deudora, y que resultan idóneos para establecer el inicio de la cesación de pagos: a) la desatención de ciertas deudas laborales, y b) la refinanciación de deudas vencidas, que incluye el otorgamiento de garantías reales por esas obligaciones antes comunes.

No empece a ello la circunstancia de que el "grueso de los incumplimientos" de la fallida se evidencien con fecha posterior, pues lo que se trata de establecer es la fecha en la cual puede estimarse razonablemente que comenzó el desequilibrio patrimonial configurativo de la cesación de pagos.
Medidas cautelares, medida cautelar autónoma, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Maggi, Carlos Fabio c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Maggi, Carlos Fabio c/ GCBA s/ medida cautelar autónoma
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-05

La decisión que rechazó la pretensión cautelar formulada por el actor, no constituye una sentencia definitiva en los términos del artículo 26 de la ley n° 402. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi e Inés M. Weinberg).
Recurso extraordinario, interpretación de leyes federales, competencia de la Corte Suprema
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Olivera, Gustavo Eduardo c/ EN - AFIP s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-12

Al encontrarse en discusión el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Competencia de la Corte Suprema, juicio sumarísimo, aplicación temporal de la ley, decreto de necesidad y urgencia, emergencia sanitaria, coronavirus, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-04

El hecho de que el estricto acatamiento de los plazos procesales propios del juicio sumarísimo haya superado al breve plazo de vigencia temporal del DNU -241/2021- impugnado, no resulta óbice para que la Corte emita su pronunciamiento, pues sus poderes se mantienen incólumes para conocer del asunto cuando el desenvolvimiento ordinario de los acontecimientos pudiera sustraer a las cuestiones planteadas de la revisión de la Corte, frustrándose así su rol de garante supremo de la Constitución Nacional.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, prescripción, dispensa de la prescripción, daños y perjuicios, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, Ley Orgánica de los Partidos Políticos
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Olivares, Jorge Abelardo c/ Estado Nacional Argentino. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-16

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que consideró inaplicable la dispensa de la prescripción cumplida (art. 3980 del Código Civil) a la acción por los daños y perjuicios que le habrían causado al actor la detención a que fuera sometido por el Poder Ejecutivo Nacional, por considerar que a partir del dictado de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (22.627) habían cesado las dificultades o imposibilidad de hecho para demandar.
Concursos, costas, verificación tardía
Materia: COMERCIAL
Carátula: Casteln Marcelo Eduardo y Francisco Fragoso Ulises en autos:Tecnosurco S.A.C.I.F.A. s/ Concurso Preventivo S/ Verificación Tardía. Castelán Marcelo Eduardo y Francisco Fragoso Ulises en autos:Tecnosurco S.A.C.I.F.A. s/ Concurso Preventivo S/ Verificación Tardía.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1989-11-13|1989-11-13

La imposición de costas al verificante tardío es uno de los casos de imposición al vencedor, genéricamente justificados por consideración de su conducta procesal, de algún modo contemplados en los artículos 68, in fine y 70 in fine del Código Procesal Civil y Comercial. En el caso del verificante tardío se revela por la incoacción del pleito sin necesidad, por haber tenido una vía procesal más económica y corta (art. 33 ley de Concurso 19551). Concursalmente el basamento reside en no haber ajustado su conducta a la carga impuesta por una norma imperativa y, particularmente, en dificultar la tarea de la sindicatura, la cual carecer de los elementos pertinentes para producir sus informes en las condiciones legales, distorcionándose el buen orden procesal, imponiendo una mayor actividad procesal a todas las partes del litigio incurriendo en mayor dispendio jurisdiccional y de gastos causídicos.
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, Administración Pública, accidentes de trabajo, empleados públicos, indemnización, reconocimiento en sede judicial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOMEZ, ELBA IRMA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     ADMISIBILIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-08-12

Incumple con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 4106, el recurrente que, habiendo reclamado el pago de una indemnización por accidente de trabajo ocurrido durante la prestación de servicios en un Hospital, ante el Director de dicho organismo, intentó equivocadamente el reclamo previo previsto en la ley 7234, a pesar de que ella no regula el trámite recursorio previo a la instancia contencioso administrativa, generando además una innecesaria actividad jurisdiccional que se hubiera evitado, como lo demuestra la posterior actitud de la administración al reconocer el derecho de la reclamante a percibir la indemnización reclamada por el monto indicado.
Propiedad horizontal, obras nuevas y modificaciones, demolición de obra, abuso del derecho
Materia: CIVIL
Carátula: SARUBBI LUIS c/ DEROSA HECTOR s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-18

Resulta ejercicio abusivo de su derecho, en los términos del art.

1071 del código civil, admitir el reclamo del consorcio de propietarios de demolición de la obra nueva llevada a cabo en infracción al art. 7 de la ley 13512, en la medida que traería aparejado un notorio perjuicio del innovador sin un interés atendible o una necesidad protegible a favor de los actores.
Prueba pericial, perito de parte, notificación, defensa en juicio, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL
Carátula: RUIZ, Felipe Daniel. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-28

Si una vez aceptado al perito propuesto por la defensa, se realiza el estudio médico sin su intervención, luego de lo cual se decretó el procesamiento del imputado en orden al delito de homicidio culposo, sin que se desprendan constancias de autos de la notificación de sus resultados, debe declararse la nulidad de la pericia, pues la formulación de conclusiones al margen de su intervención importa una violación al derecho de defensa y el debido proceso garantizados en el art. 18 de la C.N.

En resguardo de su derecho a controlar la prueba, el art. 258 del ordenamiento instrumental impone notificar a las partes de la resolución que ordena la práctica pericial y lo hace bajo pena de nulidad y el art. 262 obliga a los especialistas a practicar unidos el examen, deliberar en sesión secreta y redactar un informe en común o hacerlo por separado si no estuvieran de acuerdo, por lo cual no se advierten argumentos válidos para sanear la omisión de convocar al perito que propuso antes la defensa.
Recurso extraordinario, juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, sentencia definitiva, cosa juzgada, resolución irrevisable en juicio ordinario posterior
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Del Franco, Luis Alberto c/ Lomastro, Eduardo y otro. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-25

Lo decidido por la cámara tiene carácter definitivo a los fines del recurso extraordinario local si al haberse desconocido legitimación procesal al actor para deducir - en nombre propio - la ejecución hipotecaria, dicha parte se encuentra impedida de efectuar un nuevo reclamo de crédito, dado que tal aspecto queda alcanzado por los efectos de la cosa juzgada y no puede ser reeditado ulteriormente (art. 551, cuarto párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires).
Recurso extraordinario, defensa en juicio, contestación de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-08

En resguardo del derecho de defensa, la vencedora en la segunda instancia puede plantear, al contestar el memorial de su contraria, aquellos argumentos o defensas desechados en la etapa anterior que se ha visto impedida de cuestionar por apelación, al no causarle agravio desde el punto de vista procesal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -El juez Rosatti, en disidencia, consideró inadmisible el recurso extraordinario (art. 280 CPCCN)-