marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, daño resarcible, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRIZIO ERNESTO. c/ NACION ARGENTINA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-07-08

Si el actor se vió privado de ejercer su específica profesión, es indudable que algún daño debe habérsele ocasionado; pero en el caso de que se omita demostrar la cuantía del daño indemnizable -que estaría representada por la diferencia entre lo que habría obtenido en su profesión y lo que ha percibido por la realización de otra actividad laboral de la que no pudo ni debió prescindir-, cabe determinarlo prudencialmente ya que dicha omisión no es susceptible de convertirse en fuente de indebido beneficio para quien no cumplió con la carga probatoria que le incumbía. (S1,1881,080783)
Locación de cosas, juicio de desalojo, falta de pago
Materia: CIVIL
Carátula: ASOCIACIÓN  MUTUAL  APLA c/ BALVACHAN,  Mario  Daniel y otro s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-14

Por efecto del artículo 1498 del Código Civil, al enajenarse el inmueble, el comprador se convierte en sucesor de los derechos del locador originario y, de tal manera, durante toda la vigencia del contrato los derechos y obligaciones que de él emergen vincularán al locatario con dicho comprador como parte legítima. La transmisión y su desalojo del bien que se encontraba alquilado, no obstante que mientras no sea notificado el locatario que existe un nuevo propietario, son válidos los pagos efectuados en la persona del locador, ya que es con quien celebró el contrato. La notificación puede ocurrir -como en el caso- cuando el locatario toma conocimiento de la venta forzada del bien, no sólo por la diligencia en la que se otorga la posesión al nuevo adquirente, sino porque se presenta en el proceso en el que tuvo lugar el remate del bien locado para hacer valer sus derechos frente al actual titular. (Sumario N°20189 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Nulidad de sentencia, thema decidendum, sentencia extra petita, principio de congruencia
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Gomez, José M. R. y Otros c/ Estado Nacional s/ Juicio de Conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-03-04

La sentencia en la que el magistrado se apartó de los expresos términos insertos en la demanda y en la presentación posterior a la recalificación del proceso, es nula por ser violatoria del principio de congruencia y extra petita, correspondiendo el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho por el Tribunal que declara la nulidad, ya que no puede fundarse en el principio de la doble instancia para no resolver sobre el fondo de la cuestión, entendiendo además que este principio en materia civil no tiene raigambre constitucional, salvo cuando las leyes lo establecen específicamente.
Recurso de casación, inadmisibilidad del recurso, promiscuidad de causales
Materia: PROCESAL
Carátula: Velázquez, Oscar c/ Antomar S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-04-15

...el impugnante ha incurrido en un error al invocar como causal de la casación la arbitrariedad de la sentencia cuando dentro de la violación de la ley se encuentra precisada como otra causal independiente la omisión de pronunciamiento sobre cuestiones planteadas. De allí que el desarrollo del escrito casatorio sea promiscuo, pues lo que se concibe como violación de la ley se presenta también como omisión de pronunciamiento y ambos como arbitrariedad, siendo manifiesta la confusión que se desprende del memorial sobre la causal que justifica el remedio extraordinario, afectando su operatividad. No se cumple de esta manera con la exigencia legal de que los recursos han de deducirse en términos claros y precisos, lo que acarrea en este aspecto la insuficiencia del recurso interpuesto, al no haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 289 inc, "a" última parte del CPCC, en el sentido de que "cada motivo se expresará separadamente".
Reconocimiento en rueda de personas, debate, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: ANDRES, PEDRO Y OTROS s/ RECONOCIMIENTO DE PERSONAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1974-08-27

La ley disciplina el reconocimiento en los arts. 273 a 278, pero su valor resulta del art. 208 del C.P.P. antes de practicar el reconocimiento de la persona, la ley impone al juez -razón de seguridad y de garantía, garantía de justicia- que quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata y para que diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen (C.P.P., art. 274).

De ello resulta que la validez de un reconocimiento supone una actividad que sirve de presupuesto y es la señalada en el art. 274 C P.P..Su omisión vuelve inoperante el acto, por defecto sustancial En el caso, el problema no es si se planteó la nulidad del acto impugnado -un reconocimiento-o bien si no se impugnó de inadmisible la prueba ofrecida, sino si antes de entrar al debate, el fiscal, las partes y el mismo tribunal, pueden oponerse a su incorporación, por no haberse observado las normas de la instrucción judicial, ya que antes de producirse la introducción en el debate de los actos de reconocimiento realizados sin observarse las exigencias legales, la defensa se opuso a su oralización por la lectura, a lo que la Cámara, inexplicablemente, no resolvió el planteo, obligando a la defensa a reiterar la reserva para recurrir en casación y al presidente ordenar las lecturas.
Fraude a la Administración Pública, aplicación de la ley, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Eiroa, Ignacio Gabriel c/  s/ Defraudación por administración fraudulenta
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-13

En torno a la operatividad del art. 59, inc. 6º, CP, existen al menos dos posiciones bien diferenciadas: una que hace prevalecer la remisión que efectúa la norma a la legislación procesal, y otra que se esfuerza por su aplicación inmediata con el objeto de hacer prevalecer su vigencia uniforme en todo el país, fijando las condiciones mínimas que son racionalmente exigibles a pesar del vacío legal. Ciertamente se trata de una norma incompleta, y la remisión que se efectúa a los ordenamientos locales resulta correcta para corregirla adecuadamente, puesto que lo que el legislador ha omitido no tiene que ver con su instrumentación procesal, sino con la determinación de sus condiciones esenciales, que forma parte de las atribuciones que -parcialmente- reconoció al prescribir que la acción penal se extingue por los institutos aludidos (voto del juez Jantus al que adhirió el juez Rimondi) Cita de "Aquino, Daniel César s/ robo", CNCCC 28889/2016/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. nro. 1361/2018, resuelta el 24 de octubre de 2018 y "Verde Alva", CNCCC 25872/2015/TO1/CNC1, Sala 2, Reg. nro. 399/2017, resuelta el 22 de mayo de 2017
Interpretación del contrato, interpretación de la voluntad de las partes, buena fe
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: D.F. Ingenieros Civiles SA c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-20

La interpretación de un negocio -sigue el autor- a diferencia de la aplicada a la ley que es objetiva, es predominantemente subjetiva, sin perjuicio de presentar un cariz objetivo al tener que desentrañar en ocasiones, el sentido y alcance del texto que enuncia la voluntad mediante la aplicación de estándares de conducta -de pautas que se consideran normales en el ámbito de las relaciones negociales.- Esta doble faz objetiva- subjetiva incide para que deba distinguirse entre las normas de interpretación que persiguen reconstruir la voluntad real (histórica) de las partes, y aquellas que ante esa imposibilidad, tratan sólo de eliminar dudas y ambigüedades en la manifestación, fijando la voluntad presunta.- La reconstrucción de la primera exige el análisis del comportamiento de las partes -anterior, simultáneo y posterior al negocio- conforme las circunstancias de lugar y tiempo que debe ser captada in re ipsa en la declaración.- En los actos bilaterales, deberá rehacerse su proceso de formación, y no atenerse a las declaraciones aisladas de las partes, que deben considerarse como elementos de un mismo fin práctico perseguido.- El negocio debe ser interpretado asimismo de manera sistemática, teniendo en cuenta su contexto general, tomando el acto jurídico como un todo.
Derecho laboral, prescripción, suspensión de la prescripción, demanda
Materia: LABORAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Altamirano, Emilse Fabiana  c/ Morillo, María Lujan y otros S/ DESPIDO s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-07

La accionante cuestiona que la magistrada de grado haya admitido la excepción de prescripción opuesta por los demandados, que se haya tomado como fecha de inicio de la acción aquella en la que se digitalizó el escrito de demanda y no la fecha en que, conforme a la Acordada CSJN N° 12/20, inició el trámite ante la C.N.A.T., destacando que a esa fecha aún no se encontraba vigente la Acordada CSJN N° 31/20. El momento de nacimiento de la acción tuvo lugar con el despido directo de la actora que conforme surge de la documental acompañada constituyó en mora a la codemandada e inició el trámite administrativo ante el SeCLO actos que implicaron la suspensión de la prescripción por el plazo de seis meses (conf. arts, 2541 del Código Civil y Comercial de la Nación y 7 de la ley 24.635 de acuerdo al Fallo Plenario N° 312 de fecha 6/6/2006. Es dable aclarar que dicho efecto no se duplica mientras estuvieron superpuestas temporalmente las referidas causales. No se advierte que la actora haya aportado elemento alguno que permita corroborar que una vez creado el expediente previo envío del formulario respectivo, intentado mediante los procedimientos contemplados en la mentada acordada, ya sea ante el Juzgado de Feria y luego ante el Juzgado N° 20, incorporar el escrito de la demanda y de todo otro documento que haga a su presentación antes del vencimiento del plazo prescriptivo. Teniendo en cuenta los dos eventos suspensivos que fueron acreditados en la instancia anterior, la prescripción habría operado, es decir contemporáneo al ingreso de la actora. Ante el agotamiento del plazo del evento suspensivo, la actora debió incorporar al expediente los escritos digitales de demanda y documental y ante la imposibilidad de cumplir tardíamente debió efectuar gestiones urgentes tendientes a solucionar el problema antes del vencimiento del pazo prescriptivo, lo que no se invoca ni advierte que se hubiere intentado. Teniendo en cuenta el momento del nacimiento de la acción y los eventos suspensivos mencionados, a la fecha de presentación del escrito de demanda, la presente acción se encontraba prescripta. Cabe confirmar lo decidido en la instancia anterior.
Recusación, Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso extraordinario, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Giardelli,  Martín  Alejandro c/ Estado Nacional  -Secretaría deInteligencia del Estado. s/ control de constitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-08

En los términos de los arts. 14 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la oportunidad para introducir la recusación respecto de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deben intervenir en los recursos del art. 14 de la ley 48, es el momento de la interposición de la apelación extraordinaria y no del recurso de hecho por su denegación.
Accidentes de trabajo, enfermedad profesional, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Chandia, Mario Angel c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ enfermedad profesional con ART
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-03-15

Corresponde declarar procedente el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo por la causal de infracción a la ley por cuanto la decisión impugnada consagra un equívoco apartamiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" y por este Tribunal Superior de Justicia, desconociendo lo sustancial de la decisión adoptada, y en consecuencia casar parcialmente el pronunciamiento de la Alzada, remitiéndose los autos al Juzgado de origen, a fin de que proceda a determinar el monto de la condena el que deberá liquidarse teniendo en consideración los lineamientos brindados al efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la norma vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante y las demás cuestiones que se deriven por la aplicación de las normas que rigen el caso (Ley N° 24557 con las modificaciones introducidas por el Decreto N° 1694/09).
Proceso penal, acción civil, actor civil, legitimación procesal, auto de sobreseimiento, recurso de apelación (procesal), recurso extraordinario, recurso de inconstitucionalidad, interposición del recurso
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESAL
Carátula: C, H J D DE, EN AUTOS: A, H J Y C, R J M s/ AUTO DE SOBRESEIMIENTO     QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-09-12

Si bien el actor civil carece de legitimación para apelar el auto de sobreseimiento, está legitimado para deducir el recurso extraordinario, pues tiene "interés jurídico" (CS La Ley 118-270);

"interés legítimo" (CS La Ley Rep XXVI, 1340 sumario 33 y Rep XXVII, 1615 sumario 72) e "interés actual" (CS La Ley 131-506 y 14 399 28109-S), invocando "gravamen irreparable" (CS La Ley 146-100).
Defensa de la competencia, recurso de apelación (procesal)
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: IPH  Netherlands  Cooperatief  UA  y otro s/ recurso de queja porrecurso directo denegado.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-03

La Resolución 115/08, mediante la cual la CNDC rechazó el recurso de apelación interpuesto, es nula porque está firmada por sólo dos de los cinco miembros que componen el órgano, tal como lo han planteado las recurrentes en su escrito de queja. La Comisión fue creada con la integración de cinco miembros (art. 7 de la ley 22.262), por lo que, como órgano colegiado que continúa interviniendo hasta la creación del TNDC (art. 58 de la ley 25.156), su voluntad sólo se puede manifestar mediante el voto mayoritario de sus miembros (CSJN, doctr. Fallos 310:2236 y 311:936; esta Sala, causa 2319/03 del 5-10-2004). La nulidad de la Resolución 115/08, que tuvo por objeto principal rechazar la apelación deducida -más allá de las conclusiones del organismo respecto del trámite cumplido-, no hace necesaria la remisión de las actuaciones para que la Comisión dicte un nuevo pronunciamiento acerca de la procedencia del recurso. Ello es así, pues en el ámbito de esta queja no se trata de decidir acerca de una cuestión técnica cuyo conocimiento incumbe al órgano administrativo, sino sobre un aspecto estrictamente de carácter procesal. Por lo tanto, este Tribunal de Alzada, como juez del recurso, procederá a su examen en esta oportunidad.
Escritos judiciales, defraudación por sustitución o supresión de documento
Materia: PROCESAL
Carátula: GUARDIA, JORGE SERAFIN c/ ULIARTE, ROGELIO s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-09-06

El empleo de citas falsas o parciales de forma de cambiar su sentido, con el evidente propósito de inducir a engaño a la contraria o al tribunal; y la transcripción dentro de la expresión de agravios (y sin aclararlo) de un alegato que ya había perdido vigencia, son irregularidades aptas para que se aplique al profesional infractor un apercibimiento.
Principios generales del Derecho, interpretación de la ley, aplicación analógica de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: R.U.A.  (REMOLCADORES UNIDOS ARGENTINOS) c/ Y.P.F. s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-19

El principio de la analogía constituye también un elemento importante. Es como dice F. Gény cit. por Llambías el instinto profundo de nuestra naturaleza por la cual experimentamos el deseo de justicia y aspiramos a que las mismas situaciones de hecho se rijan por análogos principios jurídicos y está estrechamente emparentado con los principios generales del derecho, invalorable sustituto ínsito en toda controversia humana.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), delitos, concurso real, unificación de penas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRIGUEZ, PABLO SEBASTIAN c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-05-12

Corresponde rechazar la queja interpuesta, pues más allá de que el límite máximo de la pena privativa de la libertad divisible en casos de concurso real sea el fijado en el artículo 55 del Código Penal, lo cierto es que la impugnante no ha logrado demostrar que efectivamente en el caso la resolución de la Alzada- por la cual se impuso al condenado la pena de 32 años de prisión y, accesorias legales, manteniendo la declaración de reincidente-, se traduzca en la imposición de una pena unificada excesiva o que importe el cumplimiento efectivo de una pena irrazonable (De la disidencia del Dr. Netri) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículo 55.
Honorarios del abogado, sucesiones, monto del juicio, acervo sucesorio, valor del bien
Materia: CIVIL
Carátula: GRZYBEK LEA s/ Sucesión ab-intestato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-05-14

Cuando se trata de un sucesión a título universal se comprende que el monto del respectivo proceso sucesorio no puede ser, en principio, sino coincidente con el valor del patrimonio que se transmite (artículo 24 de la ley 21.839), en la medida en que la transmisión, acaecida con el deceso de su autor (art. 3282, Código Civil), requiere del trámite judicial en el que se desplegara la labor profesional letrada, que entonces se revela como conducente a la concreción de aquélla.

La denuncia de los bienes que integran el acervo relicto depende de la iniciativa del sucesor. Sin embargo, va de suyo que la circunstancia de no realizarse oportunamente tal exteriorización en el expediente sucesorio no suprime la virtualidad, en su caso de la tarea profesional cumplida con relación a los bienes omitidos, de donde, circunscripta a la legítima finalidad de obtener la correspondiente retribución, se comprende que no hay duda acerca del derecho del profesional de invocar su trabajo también útil a la sucesión referente a los mismos.

Este temperamento no importa en absoluto avanzar sobre el derecho del heredero, sino proveer a la prerrogativa del letrado emanada de los servicios rendidos, derecho que no puede verse coartado por la mera voluntad sin fundamento del obligado.

Dicho criterio no implica más que la ponderación, en función del bien de marras, de los trabajos cumplidos según la división en etapas arancelarias (conf. C.N.Civ. Sala D, R.7.803 del 26-7-84), frente a la circunstancia incontrovertida de que los trabajos desempeñados han contribuido al progreso del juicio sucesorio entendido como una unidad, por lo que se trata de asegurar una adecuada contraprestación por los servicios profesionales, a fin de respetar en la materia el principio de justicia conmutativa y el derecho de propiedad del letrado que garantiza el artículo 17 de la Constitución Nacional (C.S.J.N. E.D. 82-754; C.N.Civ. Sala D, R. 260 067, del 30-11-79).
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Abaca, Delia E. c/ Prov. de Bs. As. (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-12-22

En virtud del régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo se exige la obligatoriedad de la articulación de por lo menos un recurso administrativo contra el acto cuya validez se pretende enjuiciar, requisito exceptuado únicamente en los casos de resoluciones desestimatorias de recursos resueltos por la vía jerárquica o por autoridad competente en un procedimiento impugnatorio. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Conflicto de intereses, competencia por la materia, competencia laboral, competencia contencioso administrativa y tributaria, competencia de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ejecución de multas, certificado de deuda, autoridad administrativa
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/ Aires del Río SA s/ Ejecución multas previstas en la Ley 265 s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

La cláusula transitoria tercera de la ley n° 265, que atribuye a la Justicia Contencioso Administrativa la intervención judicial prevista en dicha ley, todavía resulta aplicable en tanto los tribunales del trabajo de la Ciudad no se han constituido y la justicia Nacional del Trabajo no ha sido transferida a la órbita local; a pesar de que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio y que las competencias que actualmente ejercen no son federales sino locales ni tampoco puede inferirse que de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Corrales", "Nisman", "Bazán" y "Romero" (Fallos: 338:1517, 339:1342, 342:509, y CNT 053404/2016/CS001, respectivamente) se derive el traspaso de los juzgados nacionales a la Ciudad, no solo porque dichas sentencias no lo dicen, sino porque esa interpretación implicaría dejar sin efecto la necesidad, establecida en el art. 6 de la ley n° 24588 y en la Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de la suscripción de los correspondientes convenios de transferencia entre el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Menores, patria potestad, adopción
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Muller, Jorge s/ denuncia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

Los menores sólo pueden, en sentido estricto, ser titulares de derechos, a cuya protección concurren sus representantes, el ministerio público y los jueces, y nunca objeto de derechos de terceros, sean éstos sus padres o sus adoptantes.
Acción de amparo, Ley Nacional de Salud Mental, personas con discapacidad, atención médica domiciliaria
Materia: CIVIL
Carátula: D'Alessandro, Ricardo Jerónimo c/ Omint S.A. de Servicios s/ Amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-13

Que -en cuanto al deterioro neurocognitivo moderado que sufre el amparista- la ley 26.657 instituye los derechos de las personas con padecimientos mentales, dentro de ellos establece en el art. 7°, inc. a): ". recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud". Se infiere de ello que esa prestación evita la institucionalización o internación del afiliado. Desde esa perspectiva, la norma citada determina que el proceso de atención del enfermo debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario, considerando que la internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social (cfr. arts. 9 y 14 de la ley 26.657, esta Sala, causa 4316/17 del 30/11/2017, entre otras). No es ocioso agregar a ello que del certificado de discapacidad que se le expidió al actor surge que la orientación prestacional para éste consistiría en: "asistencia domiciliaria, hogar, prestaciones de rehabilitación y transporte.".