Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-19


BANDEIRA, Marcelo contra OBRA SOCIAL SEGURO Reg.: A y S t 202 p 68-71. Santa Fe, 19 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Marcelo Bandeira contra la sentencia 13 de fecha 13 de marzo de 2003, dictada por la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "BANDEIRA, Marcelo contra OBRA SOCIAL SEGURO -Cobro de Pesos- (Expte. 48/01)" (Expte. C.S.J. nro. 486, año 2003); y, CONSIDERANDO:

1. Mediante la sentencia impugnada, la Sala Segunda -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario, y, en lo que aquí resulta de interés, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionada contra la sentencia de baja instancia, y en consecuencia, rechazó la demanda impetrada por Marcelo Bandeira contra la Obra Social Personal del Seguro y contra el Sindicato del Seguro de la República Argentina, dejando sin efecto la procedencia de los rubros de condena y desestimando los agravios del actor en orden a la existencia de relación de trabajo entre las partes, todo ello, con costas a la parte actora en ambas instancias (fs. 1/5vto.).

Contra dicho pronunciamiento interpuso la parte actora recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario como así también violatorio de derechos constitucionalmente tutelados como lo son la protección salarial y contra el despido arbitrario y el derecho de propiedad, así como también de una norma internacional con jerarquía constitucional, esto es el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el memorial recursivo centra sus reproches en una única causal de arbitrariedad dentro de la cual circunscribe la totalidad de sus agravios: la omisión de prueba sustancial respecto de la existencia de la relación laboral.

En tal sentido señala que el fallo recurrido soslaya la importancia de una serie de elementos de prueba emanados de la propia demandada, como lo son: el pago de remuneraciones, el otorgamiento de recibos, la realización de aportes y la entrega de certificación de servicios y aportes jubilatorios; como así también actos procesales acreditantes de la relación existente entre la actora y las co-demandadas; tales como la absolución de posiciones, testimoniales e informativas.

Sostiene además, que el fallo objeto del recurso resta importancia probatoria a la documental aportada al proceso -certificaciones de servicios, telegrama no contestado, y actuaciones ante la Secretaría de Trabajo- en las cuales en ninguna de sus presentaciones las co-demandadas niegan la existencia del vínculo laboral.

Agrega que la sentencia que cuestiona soslaya considerar los actos propios de las demandadas quienes, habiéndose negado a entregar la certificación de servicios durante más de un año, y con la negativa expresa de su apoderado judicial en la contestación de la demanda, luego lo hicieron otorgando además recibos de remuneraciones, tickets canasta, aportes a Futura A.F.J.P, aportes al I.S.S.S., todo lo cual resulta una expresión concreta de la existencia del vínculo laboral entre las partes.

Por otra parte, indica que el A quo yerra en la apreciación de la absolución de posiciones dado que identifica a ambas co-demandadas como si se tratara de las mismas personas jurídicas de las cuales recibía una "compensación por la realización de tareas gremiales"; que efectuó una valoración aislada y parcial de las testimoniales rendidas en la causa y que omitió hacer referencia a la informativa de la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de la cual surge que la Obra social del Personal del Seguro actuó como agente de retención de aportes previsionales, y que prolongó esta obligación de efectuar los aportes hasta varios meses posteriores a la fecha del distracto.

Por último, menciona que la sentencia soslaya un elemento de prueba demostrativo del ejercicio del poder disciplinario por parte de las demandadas, y que constituye uno de los rasgos distintivos de la relación laboral, esto es, el rechazo de una carta documento cursada por su parte, en la cual se lo acusa de "gruesas irregularidades en el manejo administrativo", a cuyo efecto dicen haberle iniciado sumario.

En tal sentido, afirma que si se considerara -tal como lo hizo la Sala- que la relación entre las partes era como una "relación entre iguales", no se comprende cómo se lo amenaza con un sumario administrativo y no con actos tales como la separación o la destitución que son los propios de la actividad gremial.

2. El Tribunal a quo, mediante resolución 56 de fecha 17 de septiembre de 2003 denegó la concesión del remedio intentado, lo que motivó la presentación directa de la perdidosa ante esta sede (fs. 24/25).

3. En primer lugar, en orden al análisis que corresponde efectuar a esta Corte, resulta menester señalar que torna inadmisible el recurso de inconstitucionalidad la insuficiencia del escrito introductorio, cuando omite exponer con claridad y precisión la base fáctica y los recaudos sobre la admisibilidad del mismo; en demostración de la concurrencia de los requisitos formales necesarios para viabilizar la presente impugnación.

En el caso, la impugnante en el memorial recursivo omitió efectuar un relato de los antecedentes de la causa, conforme lo exige el inciso 2do. del artículo 3ro. de la ley 7055, a fin de tener por cumplido el recaudo de autoabastecimiento. Recién lo hizo, suscintamente, en su escrito de queja; mas, al respecto, conviene precisar que "es doctrina indiscutida en el ámbito local la que establece que no está permitido mejorar el ineficaz planteo inicial o introducir en el escrito de queja argumentos no invocados por el recurrente en el memorial introductorio del recurso de inconstitucionalidad, ya que conforme a la mecánica del citado medio extraordinario local, se establece un contralor de parte y un examen de admisibilidad a cargo del Tribunal a quo (para la concesión o no del recurso) que, de otra forma, se verían afectados" (A. y S., T. 97, pág. 156, T. 128, pág. 382, etc.).

Tales falencias aparejan sin más la inadmisibilidad del recurso intentado.

Sin perjuicio de ello, y en tren de abundar, cabe consignar que de la confrontación del decisorio en recurso con los agravios esgrimidos por la quejosa sólo surge la mera disconformidad de ésta con lo resuelto por los Sentenciantes sobre cuestiones de índole fáctica, probatoria y de interpretación de normas comunes, al sustentar, en definitiva, la inexistencia de relación laboral entre las partes, razonamiento éste que, al margen de su acierto o error, no puede ser tildado de inconstitucional, pues no se vislumbra que resulte ilógico, absurdo o irrazonable.

Adviértase al respecto que el memorial, -y la queja- en nada distan de ser una expresión de agravios de una apelación común, en las cuales el quejoso enuncia reproches relacionados con la valoración de la prueba producida, disintiendo en ello con la labor efectuada por la Cámara, mas sin aportar elementos idóneos que permitan demostrar de qué modo se habría configurado la pretendida arbitrariedad de sentencia.

En efecto, la Sala principió su razonamiento efectuando una distinción entre aquéllos delegados del personal que ejercen su representación en los lugares de trabajo (por elección efectuada entre sus mismos compañeros) de aquéllos que fueron elegidos por la voluntad de la mayoría de los afiliados o delegados congresales mediante el voto directo a fin de ejercer la dirección y administración de la asociación profesional de su actividad.

Al respecto, indicó que en relación a los primeros, no existen dudas, que ante el cese de actividades de la empresa, cesa su mandato, más en el segundo de los casos -que involucra al actor- a fin de que prevalezca la autonomía de la voluntad colectiva, aún cuando mediare cesación de actividades del establecimiento patronal, el elegido deberá continuar en el ejercicio de su cargo durante el tiempo de vigencia del mandato conferido.

Partiendo de tales premisas, y en orden a la valoración de las probanzas arrimadas a la causa -testimoniales, confesional, absolución de posiciones, entre otras-, concluyó: que el actor, no comenzó a desarrollar ta Frente a tales argumentos, los planteos de la impugnante -relacionados con la prescindencia de prueba decisiva- no logran traspasar el límite de la mera discrepancia, y reflejan, más bien, una distinta valoración de la prueba que se señala como omitida, lo que no depara caso constitucional idóneo para franquear el acceso a esta instancia de excepción. De allí que, habiendo proporcionado la Alzada una respuesta razonada la tema debatido, el planteo queda reducido al desacuerdo de la recurrente con el criterio sustentado, por tanto ajeno a la materia constitucional, y, sin que las alegaciones formuladas por aquélla permitan tener por configurado un supuesto de excepción que autorice apartarse de lo señalado.

En suma, la cuestión traída ante estos estrados no resulta idónea para franquear la vía excepcional, atento que queda comprendida dentro del marco de ponderación que efectuara el Tribunal a quo en torno a cuestiones de prueba y derecho común, materia ésta que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso al decidir las causas sometidas a su juzgamiento y que resultan insusceptibles de ser revisadas en esta sede, a menos que se demuestre su arbitrariedad, lo que no acontece en el "sub examine".

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)