Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-13


En la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, República Argentina, a los trece días del mes de marzo del año dos mil siete, se reúne en Acuerdo la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, bajo la presidencia de su titular Dr. Jorge Luis Früchtenicht, y con la asistencia de los Sres. Jueces de Cámara Dres. Günther Enrique Flass y. Benjamín Moisá, a fin de dictar sentencia definitiva en los presentes autos caratulados: "S., H. J. c/ S., M. A. s/ Laboral" (Expte. Nro. 10/07 CANO), venidos en apelación a esta Alzada.- Practicado a fs. 310 el sorteo establecido por el art. 268 del C.P.C.C., correspondió el siguiente orden para la votación: Dres.: FRÜCHTENICHT - FLASS - MOISÁ.- Acto seguido se procedió a plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 279/284 vta.? y SEGUNDA: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?.-- A la PRIMERA CUESTION el Dr. Früchtenicht dijo:-- Identificación de la sentencia apelada: A fs. 279/284 y vta., luce agregada la sentencia de fecha 05 de diciembre de 2006, dictada por el Sr. Juez de grado, Dr. Claudio Alejandro Petris y registrada bajo el Nro. 82 del año ppdo., mediante la cual dispuso I.- Rechazar la demanda laboral por cobro de indemnizaciones por despido indirecto y demás rubros pedidos, entablada por H. J. S. contra M. A. S., con la única excepción de la entrega del certificado de trabajo; II.- Disponer la entrega del certificado antedicho, bajo apercibimiento de astreintes;

III.- Imponer las costas del proceso en un 90 % al actor y el 10 % restante a la demandada; y IV.- regular los honorarios profesionales en la forma dispuesta a fs. 284vta.

2. Trámite posterior a la sentencia: Que contra el acto jurisdiccional identificado en el punto precedente, se alza en apelación la demandada, recurriendo a la vez los honorarios regulados a favor de los letrados de la parte actora, por considerarlos "...sumamente elevados..." (v. fs. 285), expresando sus agravios a fs. 288/289 y vta.

De idéntica manera -y por su propio derecho- apela el letrado apoderado de la parte demandada por estimar bajos los honorarios regulados a su favor (v. fs. 286).- Que los recursos impetrados son concedidos por el Sr. juez apelado a fs. 287.- A fs. 296/299 y vta., y anticipándose a la eventual apelación de la actora vencida, la demandada informa los motivos por los cuales debe confirmarse la sentencia de primera instancia.- Que a fs. 294 impetra apelación el actor vencido, siéndole concedida a fs. 295, y no habiendo aquél expresado sus agravios en tiempo oportuno, a fs. 301 se declara desierto el recurso concedido en su favor.-- -- Que la presente causa tiene su ingreso en esta Alzada en fecha 2 de febrero de 2007, según cargo de fs. 302.- --Que en fecha 28 de febrero de 2007 se practica el sorteo que dispone el art. 268 del ritual, quedando los autos en estado de resolver.-- 3. Los agravios Los expresados por la demandada apelante en su presentación de fs. 288/289 y vta., pueden resumirse así: 1º.- Se agravia por cuanto el Sr. juez apelado no aplicó al actor vencido la multa que por temeridad y malicia dispone el art. 45 del ritual provincial.

Describe la "sinrazón" de la demanda intentada y se explaya acerca de la buena fe que debe regir durante la celebración, ejecución y extinción del contrato o relación de trabajo. Cita doctrina y jurisprudencia que -afirma- le asisten; 2º.- Se agravia así también por la imposición y distribución de las costas dispuesta.

Cita antecedentes de este Cuerpo y de otras jurisdicciones; 3º.- Se ofende, también, de los honorarios regulados a favor de los letrados de la parte actora vencida, estimándolos elevados. Invoca en su favor antecedentes de este Cuerpo y la vigencia del art. 1627 del Código Civil; 4º.- Se agravia por cuanto en la sentencia apelada, el Sr. juez apelado no estableció de manera expresa que los honorarios del experto contador quedaban a cargo del actor o -en su defecto- de la Provincia del Chubut.

Cita jurisprudencia que -dice- le asiste; y 5º.- De la misma forma, se agravia por entender elevados los honorarios regulados a favor del perito contador, invocando la aplicación del art. 61 de la Ley Provincial del Arancel Nro. 2200. Finalmente, pide se eleven los autos a esta Alzada.- Que en oportunidad de presentar el informe que autoriza el art. 62 de la Ley Provincial Nro. 69 de Competencia y Procedimiento en Conflictos del Trabajo, la demandada vencedora refuerza los fundamentos de la sentencia antes atacada, exponiendo sobradamente los motivos que deben llevar a este Cuerpo a su confirmación.

4. Consideración de los agravios: Determinado a analizar los agravios expuestos por la demandada apelante, encuentro que le cuestión nuclear de aquéllos resulta ser: a) La desestimación de aplicar la multa que por temeridad y malicia prevé el art. 45 del ritual; y b) La imposición proporcional de las costas, ítem éste que definirá la suerte de los agravios 3º, 4º y 5º de fs. 289 y vta., ya referenciados en el punto que precede.

En su consecuencia, en el orden indicado procederé a considerarlos a fin de emitir mi voto.- 4. a) La multa del art. 45 del CPCC: Entiendo por temeridad la conducta asumida por la parte que deduce pretensiones o defensas cuya injusticia o falta de fundamento no puede ignorar de acuerdo con una mínima pauta de razonabilidad. Por lo tanto, la temeridad se configura frente a la conciencia de la propia sin razón.- La malicia, en cambio, consiste en la conducta procesal que se manifiesta mediante la formulación de peticiones destinadas exclusivamente a obstruir el normal desenvolvimiento del proceso o a retrasar su decisión, pese a que los códigos de rito -en general- asimilan los efectos de ambas figuras. Por ello, entiendo que el reclamo de la demandada sobreviene por entender que existió temeridad en la conducta procesal del actor.- Así las cosas, y tratándose la del art. 45 del CPCC de una sanción procesal, su interpretación -necesariamente- debe formularse restrictivamente.- Debo advertir que el proceso de formación de la convicción en el juez consiste en crear en su espíritu un estado de convencimiento acerca de la existencia de las circunstancias relativas -en nuestro caso- a un real despliegue de temeridad, ello con los argumentos y la prueba de los hechos, y que adquiera una entidad tal y suficiente para crear en el juzgador la firme convicción de su existencia con la consecuente imposición de la multa prevista en el art. 45 del ordenamiento procesal.- Entiendo que en el sub iúdice, no se presentan los extremos expuestos ni el apelante ha podido rebatir el criterio expuesto por el Sr. juez de grado en ocasión de dictar su decisión jurisdiccional de mérito que puso fin a este proceso. Por ello, estimo que el primer agravio no puede prosperar y así lo voto.- 4.b.) La imposición de las costas: Respecto de ellas, el art. 59 Ley Provincial Nro. 69, textualmente dispone que "La sentencia condenatoria traerá aparejado, auque no se solicitare, la imposición de costas a la parte vencida".

Tal manda ha llevado a este Cuerpo a sostener en jurisprudencia reiterada (v. "H., M. A. c/ M., E. J. s/ Laboral" Expte. 75/02 CANO; STJ Chubut Sentencia definitiva 000A-000047 del 03/09/92), que las costas deben ser impuestas a la demandada pese a que triunfó en un amplio porcentaje de la suma reclamada -en rigor de verdad, la acción por indemnización por despido indirecto no prosperó- aunque sí tuvo andamiaje en orden al certificado de servicios que dispone el art. 80 de la LCT.

Mas, la ausencia a agravio de la parte actora con más la prohibición de reformatio in pejus, me imponen confirmar la sentencia en orden a este rubro y así lo voto.- Resuelta la cuestión anterior, corresponde entonces analizar los restantes agravios expuestos por la demandada y su letrado.

Así, y en orden a la apelación por altos contra la regulación de los honorarios de los letrados de la parte actora vencida, estimo que, no existiendo monto del proceso en los términos que lo dispone el art. 19 de la Ley del Arancel Nro. 2200, el monto del juicio será el contenido en la demanda (cfr Cám. Nac. Civ.; 30/09/75, plenario "M. S.A. c/ C. P. B. M. 2257/59" ; ED. 64-250; JA 1976-I-535; y LL, 1975-D-297).

Ello así, por cuanto el interés económico del pleito no varía según que la pretensión prospere o sea desestimada integralmente.

Dicho criterio, fue sostenido por este Cuerpo -aunque con diferente integración- entre otros, en el Expte. 10/05 CANO, rotulado "U. M. N. c/ A. del S. S.R.L. y Ots. S/ Laboral" De idéntica forma, y en función del precedente de este Cuerpo ya citado, corresponderá adicionar a dicho monto los intereses correspondientes, calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, resultando en su consecuencia que el monto del proceso debe tenerse en la suma de $ 145.570.- A dicha suma resultante, habrán de aplicarse los porcentajes que surgen del art. 7 de la Ley del Arancel.

Con base en tales criterios, entiendo apropiados los emolumentos regulados a favor de los letrados de la actora vencida y los del perito contador, los que deberán confirmarse y así lo voto.- En cuanto hace a los honorarios del perito contador, los mismos deberán ser soportados por las partes en la proporción en que fueron distribuidas las costas en la instancia anterior.-- En relación a la apelación intentada a fs. 286, entiendo que distinta suerte deben merecer los honorarios regulados a favor de los letrados de la demandada victoriosa, los que deberán fijarse en la suma de $ 30.600, en conjunto y en la proporción de ley, con más el IVA pertinente (Arts. 6, 7, 8, 9, 39 y 47 Ley 2200) Así lo voto.

A la MISMA CUESTIÓN el Dr. Flass Dijo:- A fs. 30/32 el Sr. H. J. S. a través de sus apoderados los Dres. L. C. y E. C., inicia demanda laboral contra la Sra. M. A. S. tendiente a que se lo indemnice por los distintos rubros que se detallan y se le haga entrega de las constancias de aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social (art. 80 L.C.T.).

A fs. 41/44 y vta. la Sra. M. A. S. contesta demanda mediante su representante el Dr. R. T. G. L., oponiéndose al progreso de la acción.

A fs. 279/284 y vta. se dicta sentencia nº 82/2006 del 5 de diciembre de 2006 mediante la cual: 1-Se rechaza la pretensión resarcitoria; 2- Se ordena la entrega de la documentación reclamada (art. 80 L.C.T.) bajo apercibimiento de astreintes; 3- Se imponen las costas en un 90% al actor y un 10% al demandado 4-Se regulan los honorarios de los apoderados en $17.368,57 y 23.881,79 para los de la actora y la demandada respectivamente, a su vez se estiman los honorarios del perito en $4.342,14.- Contra el mencionado acto jurisdiccional se levanta la demandada (fs. 285), el Dr. R. T. G. L., en ejercicio de propio derecho apela por bajos sus honorarios (fs. 286). La actora por su parte también apela a fs. 294.- La actora no sostiene su recurso pues omite expresar agravios en término razón por la cual se lo tiene por decaído (fs.301).-- La demandada expresa agravios a fs. 288/289 los cuales pueden sintetizarse en los siguientes: Primero: Se queja de que no se hubiera aplicado al actor la multa por temeridad del art. 45 C.P.C.y C.

Segunda: Entiende que las costas debieron imponerse en su totalidad al actor vencido; Tercero: Considera injustificadamente altos los honorarios de los apoderados de la actora en relación a la labor desarrollada y solicita su reducción conforme a lo dispuesto por el art. 1.627 C.Civ.

Cuarto: Solicita que los honorarios del perito sean a exclusivo cargo del actor o de la Pcia. de Chubut. Quinto, se queja por considerar altos los honorarios de perito contador.- Resumidos en la forma precedente los agravios corresponde su tratamiento en el orden propuesto.- Primer Agravio. La multa por temeridad:

Se queja el recurrente de que el a quo no haya aplicado la multa por temeridad y malicia prevista en el art. 45 C.P.C.y C. Entiende que la conducta del actor es temeraria pues pretendió pergeñar un despido indirecto cuando ya contaba con un nuevo empleo y maliciosa pues introdujo a fs. 46/48 y vta. una dúplica siendo que solo se le había corrido traslado para que se expida sobre la prueba acompañada y ofrecida por la contraria.- Temeraria es la conducta de quien sabe o debe saber que no tiene motivos para litigar, y que no obstante lo hace, abusando del servicio de justicia. La malicia se configura cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarde, provoca articulaciones manifiestamente improcedentes, mañosas, con el solo propósito de dilatar la tramitación del proceso.

La malicia reside entonces en los propósitos obstruccionistas o dilatorios que traducen las articulaciones rechazadas; mientras que la temeridad finca en el conocimiento que tuvo o debió tener el litigante de su propia sinrazón y del abuso que implicaba al servicio de justicia.

Es temerario el litigante desconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin meditar sus consecuencias, carente de fundamentos, razón o motivo. El alto valor que debe tener en una sociedad el servicio de justicia hace necesario tomar recaudos para que no se torne en instrumento de ignominia ni en el ámbito propicio para el ejercicio de intereses espurios, de allí que nuestra ley de rito sancione este tipo de conductas imponiendo multa.

No obstante lo dicho, la mencionada norma debe interpretarse en forma tal de no obstaculizar el pleno ejercicio de la garantía de defensa en juicio reduciéndose su aplicación a los casos en que el exceso sea inequívoco pues "El propósito del legislador al establecer estas sanciones no ha sido, entonces, lesionar la defensa en juicio - art- 18 Constitución Nacional - Es por ello que los jueces al aplicarlas, deben actuar con suma prudencia y mesura...el juez debe ser prudente en la aplicación de sanciones, por cuanto si bien es necesario arbitrar los medios y establecer soluciones que permitan moralizar la tramitación del proceso, ello no puede significar que por el solo hecho de oponer defensas, tal extremo lleve indefectiblemente a que las partes y sus letrados sean sancionados, porque podría acarrear el peligro de ser vulnerada la garantía de la defensa en juicio" (CNECC, IV, 30/9/81 ED 115-483) queda en claro que "De todos modos, en caso de dudas, el juez debe inclinarse por la no aplicación de la sanción (CNCiv. A 9/12/76, LL 1977-A-247). - En el caso de marras resulta que el actor ha intimado a su empleador para que haga lugar a reclamos por supuestos incumplimientos que databan de mucho tiempo antes, también ha quedado acreditado que a ese entonces ya contaba con una oportunidad clara y concreta de trabajo en el cual comenzó a desempeñarse al día siguiente de la intimación, sin embargo ninguna constancia existe que en caso de haber sido aceptada favorablemente su pretensión de recategorización, pago de diferencias, etc.

El trabajador no hubiera optado por su anterior trabajo renunciando al nuevo. Dice el a quo que la actitud del actor ha denotado mala fe y que el tiempo transcurrido entre la supuesta falta del empleador y el reclamo del empleado tornan improcedente su pretensión y no siendo motivo de agravios no corresponde a esta alzada analizar el acierto de tal afirmación pero tal como lo ha dicho la jurisprudencia " Es necesario distinguir la conducta contractual de la mantenida a lo largo del proceso. Esta última es la única que los tribunales están llamados a reprimir por malicia o temeridad" (CNCom., B, 25/2/70 LL 140-762) , entonces no basta que una de las partes se haya conducido con mala fe en la relación contractual sino que a los efectos de la sanción por temeridad es indispensable que la conducta reprochable se registre en el proceso y no es tal la de quien alega hechos que en definitiva no puede probar pues de lo contrario todo derrotado sería a la vez temerario y malicioso.

Mención aparte merece el escrito de fs. 46/48 y vta. invocado por el recurrente como demostración de temeridad y es que el auto de fs. 49 impide tenerlo por obrante, solución coincidente con el pedido de tacha que el demandado solicitara a fs. 50. Tampoco puede el escrito de fs. 46/48 y vta. ser apreciado como conducta maliciosa ya que siendo una presentación del actor no hay en él interés dilatorio.- A modo de conclusión, en atención al carácter restrictivo que debe tener la aplicación de sanciones previstas por art. 45 C.P.C. y C. y a la falta de contundencia en la temeridad o malicia invocada por el recurrente corresponde se rechace el agravio impetrado.

Segundo Agravio. La imposición de costas:- Se queja el recurrente de que se le hubieran impuesto costas en un 10 % cuando entiende que ellas deben ser afrontadas en su totalidad por la actora vencida pues, sostiene que, la sola procedencia de la obligación accesoria de entregar el certificado a que fue condenada su parte no le quita a la contraria el carácter de vencido.

El artículo 59 Ley 69 contiene un claro apartamiento del sistema de imposición de costas del C.P.C.y C. pues dispone que existiendo condena, las costas se impondrán al condenado independientemente de que esta sea total o parcial e independientemente también de la proporción en que se hayan considerado procedente las distintas pretensiones esgrimidas.

Esto ha hecho sostener a esta CANO en forma reiterada y prolongada, tanto en su anterior como actual composición que la condena al empleador demandado, por mínima que sea amerita se le impongan la totalidad de las costas del proceso ya que con su actitud reticente ha motivado el litigio.- En la causa de marras, la parte actora no se ha opuesto a la imposición compartida de costas y el principio de congruencia nos impide adecuar la sentencia a la doctrina largamente sustentada por este tribunal, mas no encuentro motivos para modificar la condena que - en menor porcentaje - se le impuso a quien debió afrontar el todo y es que el incumplimiento voluntario de una obligación (entrega de certificados)tornó necesaria la actividad jurisdiccional quedando justificada así la condena en costas aun cuando el resto de las pretensiones procesales no hubieran tenido igual destino.- Aun cuando estuviéramos en un proceso propio del derecho patrimonial paritario tampoco resultaría desajustado a derecho la imposición de costas en un 10% para quien, si bien ha resultado mayormente vencedor también fue derrotado en parte.- La entrega de los certificados, constancias de aportes y contribuciones (art. 80 de la L.C.T.), no son cuestión menor ni carente de importancia para el trabajador pues por un lado le permiten acreditar su conocimiento y práctica en el oficio y por el otro peticionar - en su oportunidad- la prestación jubilatoria. Es por lo expuesto que resulta justificada la acción tendiente al cumplimiento de esta prestación e igualmente justificada la imposición de costas generadas para ello.

Considero entonces se debe confirmar la sentencia de grado a este respecto.- Tercer Agravio. La Regulación de los Apoderados de la Actora: Se agravia la demandada por entender que los honorarios regulados a los letrados de la actora resultan altos en relación a la labor desarrollada.- En primer lugar cabe destacar que la recurrente tiene interés en el presente agravio derivado de la condena parcial en costas.

Coincido con el Sr. Juez preopinante en que a los efectos del cálculo de los honorarios se debe tomar como base lo reclamado en la demanda con mas los intereses correspondientes según tasa activa del Banco de la Nación Argentina.- Así conformada la base de cálculo y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 7º ley 2.200, los honorarios regulados no exceden lo dispuesto por la ley arancelaria.

En cuanto a la manda del art. 1627 del C. Civ., el apartamiento de las normas arancelarias exige que el resultado de la aplicación de estas últimas conlleve a un desequilibrio a la vez evidente e injustificado entre el emolumento y la labor cumplida.

Dados los escritos presentados por los letrados, su carácter en el proceso, la actividad probatoria, el sostenimiento de la acción, el tiempo empleado y la calidad profesional, no considero que se haya producido un desequilibro evidente ni injustificado que amerite la reducción conforme a criterios de equidad y todo esto independientemente del resultado pues esta última cuestión ya es evaluada por la Ley 2.200 y en base a la misma se procedió a la regulación.

Por lo expuesto considero que el presente agravio debe seguir igual resultado negativo que los anteriores.

Cuarto. El pago de los Honorarios del Perito:- Pretende el recurrente que los honorarios del perito contador sean impuestos a la actora y solventados por la Provincia de Chubut en virtud de lo dispuesto por el art. 39 in fine Ley 69.

De la letra del citado artículo surge con palmaria claridad que cuando el obrero es condenado en costas, los honorarios de los peritos serán afrontados por el gobierno provincial siempre que se demuestre la insolvencia del obligado, mas esto no puede hacerse extensivo a quienes no revisten el carácter de obreros, en consecuencia si bien la Provincia de Chubut habrá de hacerse cargo del pago de los honorarios respecto a la proporción en la cual fue condenado el obrero y siempre que se demuestre sumariamente su falta de recursos, no puede predicarse lo mismo de la proporción que debe asumir el demandado y que evidentemente no se halla alcanzada por la manda del mencionado art. 39 in fine.

Concretando, si el Sr. S. es insolvente, la Provincia de Chubut deberá pagar el 90% del emolumento del perito contador mas no así el 10% restante que corresponde al demandado por virtud de la condena parcial que se halla justificada conforme lo considerado al tratar el segundo agravio. Es por lo expuesto que el presente agravio debe ser rechazado.- Quinto Agravio. El Monto de los Honorarios del Perito Contador:- Se agravia el demandado recurrente por considerar que los honorarios regulados al perito resultan excesivos en atención a la extensión del mismo y el tiempo insumido propugnando su reducción conforme a lo dispuesto por art. 61 Ley 2.200.

Cabe destacar en primer lugar que la apreciación del trabajo de los expertos a los efectos de regular sus honorarios no se ha de hacer exclusiva ni principalmente por la extensión de su trabajo ni el tiempo insumido sino en base a los conocimientos desplegados y la influencia que la experticia tuvo en el resultado de la litis.

Por otro lado, la responsabilidad patrimonial por el ejercicio de la profesión del perito viene dada en importante proporción por la magnitud de los valores patrimoniales en juego y esto es reconocido por la ley arancelaria desde que propicia la regulación en base al monto del litigio, en consecuencia para apartarnos de tales parámetros es necesario que su aplicación denote una noria injusticia y no se dan - a mi entender- en la causa motivos suficientes para considerar tal a la regulación efectuada, en consecuencia adelanto mi voto en contra del agravio impetrado.- Los honorarios del apoderado de la demandada:- Se queja el Dr. R. T. G. L. - por propio derecho - de que sus emolumentos resultan injustificadamente bajos.- En atención al monto que ha de tomarse como base para la regulación y que es el de la demanda con más los intereses en la forma especificada al analizar el tercer agravio de la demandada, así como también la labor desarrollada, el tiempo insumido, la actividad probatoria y principalmente el resultado del litigio, los mismos aparecen como injustificadamente bajos de allí que voy a propugnar el incremento de los mismos a la suma de $30.600.

A la SEGUNDA CUESTION, el Dr. Früchtenicht, dijo:- Que conforme alo expuesto en ocasión de votar la primera cuestión, estimo corresponde:

I.- CONFIRMAR la sentencia de fs. 279/284 y vta. apelada, MODIFICANDOLA en cuanto al monto de los honorarios regulados a los Dres. R. T. G. L. y R. L. G., en conjunto, fijándolos en definitiva en la suma de $ 30.600.-, con más el IVA pertinente y II.- IMPONER las costas de esta Instancia a la recurrente y REGULAR los honorarios profesionales del Dr. R. T. G. L. en la suma de $ 500.-, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada.- A idéntica cuestión, el Dr. Flass Dijo:- Conforme lo manifestado al analizar la primer cuestión, propongo al acuerdo: a) CONFIRMAR parcialmente la sentencia nº.82 del 05 de diciembre de 2006,. MODIFICÁNDOLA solo respecto a la regulación de los honorarios de los Dres. R. T. G. L. y R. L. G., en conjunto, que se han de estimar en la suma de $30.600, con más el IVA pertinente, c)IMPONER costas de esta instancia a la recurrente vencida c) REGULAR los honorarios del Dr. R. T. G. L. en la suma de $.500.-, con más el IVA pertinente, por la tarea desarrollada en esta Alzada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, quedando acordado dictarse la siguiente:

S E N T E N C I A Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Excma. Cámara de Apelaciones del Noroeste del Chubut, resuelve:

1°) CONFIRMAR la sentencia Nº 82 de fecha 05 de diciembre de 2006 (fs. 279/284 y vta) modificándola en cuanto al monto de los honorarios regulados a los Dres. R. T. G. L. y R. L. G., en conjunto, fijándoselos en definitiva en la suma de $30.600.-, con más el IVA pertinente 2°) IMPONER las costas de esta Instancia a la recurrente (art. 59, Ley Nº 69; art. 68, CPCC).

3°) REGULAR los honorarios profesionales del Dr. R. T. G. L. en la suma de $500.-, con más el IVA pertinente, por la labor desarrollada en esta Alzada. (art. 14 Dto. Ley 2.200).- 4°) REGISTRESE, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es dictada por dos Jueces de Cámara por haberse alcanzado la mayoría (arts. 8 y 9 de la Ley 1.130, texto según Ley 4.550) y no haber hecho uso el Dr. Benjamín Moisá de la facultad que le asiste conforme a lo dispuesto por el art. 271, último parte, del C.P.C. y C., texto según Ley 4.550.- JORGE L. FRÜCHTENICHTGÜNTHER ENRIQUE FLASS REGISTRADA BAJO EL Nº 08 DEL AÑO 2007. CANO.- Norma Marrero Secretaria.