marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Cobro de sumas de dinero, carga de la prueba, presunción de contrato de trabajo, certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Frutos Guillermo Nicolas c/ Monica Aguilar s/ cobro de pesos y entrega de certificacion laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-09-20

Si quien invoca una relación de trabajo y debe probar -tan solo- la prestación de servicios que alega para, luego, descansarse en la presunción de laboralidad con que el art. 23 de la LCT lo beneficia, debe esmerarse en la búsqueda y ofrecimiento de pruebas que demuestren aquella prestación de labores. En autos, resulta evidente que el reclamo laboral del accionante se apoya solo en los dichos de tres personas. Y si bien los testigos se pesan y no se cuentan queda claro que, dado el contexto público en que el actor dijo haberse desempeñado (al frente de un locutorio en la -única- terminal de ómnibus de la ciudad) no se explica que no haya podido mencionar otras personas con conocimiento de lo que afirmó al demandar (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Reincidencia, detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Rosales, Sandro Adrián s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

El mero encierro procesal no puede catalogarse como cumplimiento de pena, pues en aquel estado el recluso conserva la calidad de procesado con todas las presunciones y garantías legales que le son inherentes, sin que pueda ser alcanzado por ninguno de los efectos atinentes a la pena impuesta por sentencia condenatoria. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Accidentes de trabajo, intereses, asegurador por riesgos del trabajo, liquidación del asegurador, crédito laboral
Materia: CIVIL
Carátula: FLORES SERGIO OSCAR C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2022-02-24

En cuanto a la fecha en que debieron computarse los intereses, es el Fondo de Reserva el que debe responder, y no la ART en liquidación, en función de lo cual el plexo normativo aplicable es el de la ley de riesgos del trabajo. Por consiguiente, las prestaciones a las que alude la norma de fondo deben interpretarse como comprensivas del capital más los intereses, en tanto estos constituyen un accesorio de la obligación principal, persiguiendo la indemnidad del trabajador y, por lo tanto, se devengan desde la exigibilidad del crédito (fecha de la contingencia) hasta el efectivo pago. (Del voto de la Dra. Cecilia Pamphile, en mayoría).
Accidente de tránsito, eximentes de responsabilidad, relación de causalidad, peatones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRAVO BERN ARDO POR SU HIJO MENOR c/ FRANCISCO GARCIA Y OMEGA COOP.DE SEGUROS s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S152 - 098)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-06-08

La eximición de responsabilidad no debe buscarse en la culpa, sino en la falta de relación causal. Como la relación causal es presupuesto de toda responsabilidad, no necesita estar incluída en forma expresa como eximente, aunque de hecho lo está.- Estamos ante la aparición inesperada, que no era factible de anticipar, porque el menor salió corriendo desde el interior, atravesando el puente. Por no ser posible anticipar dicha conducta, es que el hecho es imprevisible. En tales supuestos el automóvil es condición y no causa del accidente.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, relación de causalidad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rochón, Rubén H. y otra c/ Municipalidad de Bahía Blanca y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-10

Establecer la relación de causalidad entre el incumplimiento atribuido y el daño provocado es una cuestión de hecho, inabordable en casación si no se logra demostrar que el juzgador ha incurrido en absurdo en la valoración de las pruebas.
Seguro de responsabilidad civil, culpa grave
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pichinini, Luis María c/ Baldres, Rafael s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-04-23

Si el accionado no calculó que su actitud de cruzar la ruta, interfiriendo en la contramano por algún momento, en una noche lluviosa, podría provocar confusión en el automovilista que había divisado acercarse -sin que se descarte la imprudencia de situarse finalmente en la banquina de la ruta reservada a los que transitaban en sentido contrario al suyo-, no es procedente la defensa de 'culpa grave' articulada por la aseguradora, pues no supera un error de evaluación que no excede la conducta media del hombre común tomada en cuenta por la compañía cuando estructuró la cobertura y calculó su contraprestación (arts.66 inc. 1ro., segundo párrafo, 72 inc.1ro., tercer párrafo, 85 y conc. de la ley 5800; arts. 512 y conc. del Código Civil).-
Prueba pericial, médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Arbello, Luis Justo c/ Vandenfil S.A.I.A. s/ Enfermedad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-07-29

La circunstancia de que la peritación médica no haya sido impugnada no cancela la facultad judicial de ponderar el grado de convicción que era posible adjudicarle en ejercicio de propias e indisponibles facultades de apreciación.
Nulidad de sentencia, reglas para dictar sentencias, garantías procesales
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: ROJKES, Ernesto J. s/ Causa 20.266
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-08

Resulta nula la sentencia en la que el juez no dio respuesta a ninguno de los argumentos deducidos por la defensa, pues tal omisión es inadmisible si se tiene en cuenta que resulta ser obligatorio para aquél, en virtud de lo claramente dispuesto por la regla tercera del art. 495 del C.P.M.P., lo que no puede ser saneado por la alzada, pues si esto fuera así, al margen que la primera instancia estaría de más, constituye un claro atropello a la garantía de la defensa en juicio que preconiza nuestra Constitución.
Martillero, honorarios, cesión de derechos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Capellán, José Mateo c/ Sucesores de Bartolomé Zagame s/ Fijación de honorarios y gastos s/ Fijación de honorarios y gastos s/ Fijación de honorarios y gastos s/ Fijación de honorarios y gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-07-07

El texto de la ley 10973, expresamente, prevé que en las tasaciones particulares, el obligado al pago de los honorarios es el comitente (art. 58). Dicha solución no se ve resentida por la cesión de derechos y acciones hereditarios que efectuaran los demandados toda vez que, si bien es cierto que el cesionario asume las deudas hereditarias, el contrato no surte efectos respecto del acreedor cedido, si no cuenta con su conformidad. De las constancias de autos no surge que el corredor haya consentido la referida cesión, siendo irrelevante el conocimiento posterior que pudo tener de ella (art. 1461, C. Civil).
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: PROCESAL
Carátula: O., B. A. c/ C., E. J. y/o Q' RLTE. RESP. DE "K. B.-T." s/ COBRO DE HABERES E INDEMNIZACION DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-04-29

En nuestro sistema procesal, caracterizado por el escalonamiento de etapas preclusivas, la primera limitación impuesta a las potestades del tribunal de alzada viene dada por la relación procesal trabada con la demanda y su contestación.

Juegan en ello principios liminares que hacen, de un lado, al derecho de defensa en juicio y la igualdad de las partes, evitando sorpresas causídicas y efectivizando el orden en la tramitación de los procesos; del otro, a la esencia misma del régimen de la doble instancia, porque en el sistema escriturario la apelación no configura un nuevo juicio que posibilite a las partes la incorporen de nuevas pretensiones y oposiciones.

También en este grado rige el principio de congruencia, pauta general consagrada para todo el proceso, y, por lo tanto, las cuestiones que no han sido materia del litigio, porque en la demanda y su contestación no fueron introducidas, no pueden ya ser incorporadas en la alzada, ante la que resulta inadmisible la ampliación de un debate cuya continencia quedó fijada al trabarse la litis (arts. 271 últ. párr., 277 CPCyC).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Elena María Agustina y Otras c/ Superior Gobierno de la Pcia. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-11-21

La sentencia recurrida no es definitiva,por tanto deviene inabordable en casación,al diferir la resolución de lo controvertido a la etapa final de la liquidación del juicio -la no deducción de montos pagados con anterioridad en concepto de fondo compensador - siendo el agravio extemporáneo por prematuro en orden a la expresa motivación del fallo sobre la materia propuesta a decisión - improcedente en esta instancia .
Insuficiencia del agravio, deserción del recurso, empleo público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Schroder Alberto Santiago c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

Por vía de principio no hay cuestión que habilite la competencia del Tribunal en los términos del artículo 27 de la ley n° 402 si la Cámara de Apelaciones declaró desierto el recurso de apelación de la parte recurrente. Ello así, en tanto "... lo atinente a establecer la insuficiencia de los escritos de expresión de agravios y la consiguiente deserción del recurso, remite al estudio de una cuestión de hecho y derecho procesal, propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario" (Fallos: 311:2629; 314:800; 323:1699 entre otros). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Medidas cautelares, deuda previsional, acción meramente declarativa
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General Impositiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-30

En principio, resulta inadmisible el otorgamiento de medidas precautorias que conllevan la suspensión de la exigibilidad de las deudas previsionales, cuando esa decisión es adoptada en el ámbito de una acción de certeza que, por su índole, está destinada a agotarse en la declaración del derecho.
Silencio del trabajador, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: ESCALADA MIGUEL c/ MONTE LIBANO S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2000-08-24

Si bien el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo asigna valor al silencio del empleador ante la interrogación del trabajador, no es menos cierto que el Juez está facultado dentro de la valoración de la injuria a interpretar las diversas actitudes de las partes que indican generalmente una conducta definida en tal sentido, pero ello no implica invertir la carga de la prueba, toda vez que el Juzgador no aplica presunción alguna, sino que valora la situación en que se coloca el trabajador frente a un emplazamiento concreto al incumplir con su obligación de responder.
Incidente de nulidad, procedencia del recurso, recurso de reposición (procesal), vicios de forma, error judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: EXTPE. Nro. 37308 PETROLERA S.A. c/ GULLOTA, HUGO ALBERTO Y OTS. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-02-01

La distinción entre lo que puede ser materia de un recurso de reposición y lo que es susceptible de ser atacado a través de un incidente de nulidad, no deriva de la naturaleza de la resolución que se cuestiona, sino de la esencia del vicio que se denuncia y cuya corrección se pretende. Por tanto, si de lo que se trata es de un vicio "in iudicando", el remedio adecuado para intentar la subsanación del vicio que lo afectaría es el recurso de reposición y, si lo que se persigue es que se deje sin efecto una resolución por haber incurrido en su dictado en un defecto formal, conducente a una violación a la garantía del debido proceso, el remedio procesal previsto para este supuesto es el incidente de nulidad; en uno y otro caso, con independencia del tipo de resolución de que se trata.
Juicio ejecutivo, prescripción, sentencia definitiva
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucio- nalidad denegado" en: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Giuseppino SRL s/ ejecución fiscal denegado" en: "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Giuseppino SRL s/ ejecución fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-01

La Procuración de la Ciudad cuestiona la decisión de Cámara que declaró desierto el recurso articulado contra la sentencia de primera instancia que admitió la prescripción del poder fiscal para reclamar el pago del impuesto sobre los ingresos brutos adeudado por la sociedad ejecutada. No se trata de un pronunciamiento que ponga fin a la controversia ni la recurrente tampoco denuncia que la decisión que declara desierto el recurso contenga vicios que la invaliden. La propia conducta procesal de la quejosa aniquiló su legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad dirigido a cuestionar algo más que el rechazo de su apelación por falta de fundamentación.
Contratos civiles, prueba, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: González c/ Cavo s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-11-23

Para recurrir a la prueba por presunciones, acerca de la existencia y contenido de un contrato, debe acreditarse alguna de las situaciones que permitan excepción al principio de la instrumentación escrita, o sea, en los casos en que media principio de prueba por escrito, imposibilidad de obtener o presentar el instrumento, o principio de ejecución, o bien cuando mediara dolo o violencia, extravío de la prueba apropiada y/o confesión de la contraparte.
Recurso contencioso administrativo, BANCO PROVINCIAL DE SANTA FE, empleados públicos, cesantía, exoneración, empleados de banco, faltas, estabilidad laboral, reescalafonamiento, retiro voluntario, opción del trabajador
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FERNANDEZ, GRACIELA BELKIS DURUSSEL DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 330 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-09-15

Es procedente el recurso contencioso administrativo interpuesto ppor la recurrente, desde que es ilegítima la resolución de cesantía dictada por la Comisión Interventora del Banco por cuanto no se ajusta a la normativa aplicable al no configurarse en el presente caso, los presupuestos fácticos de cumplimiento ineludible para la aplicación de dicha sanción, cuales son: que la desobediencia grave y reiterada se invoque como causal de despido sobre la base de imputación de hechos que hayan sido motivo de sumario; y que se hayan producido dentro del último año. De conformidad a ello, las consecuencias de la ilegítima cesantía deben analizarse a la luz de la estabilidad consagrada en el estatuto que regía al momento de decidirse la medida expulsiva, correspondiendo declarar que la agente cesanteada tiene derecho a ser reintegrada en el cargo de conformidad a lo establecido en los artículos 2, inciso a) de la ley 4141, 3 inciso a) y 4 -y concordantes- de su decreto reglamentario 1409/52, en especial artículos 7 y 18, 4 párrafo). Pero ante las especialísimas circunstancias del caso, dadas -principalmente-, por el tiempo transcurrido desde la cesantía y por las modificaciones operadas en la propia estructura del ente donde la actora se desempeñaba (ex- Banco Provincial de Santa Fe), deben tenerse presentes los derechos que fueron reconocidos a los trabajadores de la mencionada institución financiera, principalmente, por el artículo 6 de la ley 11.387, según el cual los agentes continuarían desempeñando sus funciones en la propia entidad o podrían ser reubicados en el ámbito de los tres poderes del Estado, autorizándose al Poder Ejecutivo a establecer, además, un régimen de retiro voluntario. Así, la situación jurídica de la accionante se enmarca, en las circunstancias actuales, en la posibilidad de ser reubicada en alguno de los sectores del Estado provincial en los términos del decreto 309/97 ("sistema de reubicación voluntaria") o, en su defecto, a ejercer el derecho de optar por la percepción del retiro voluntario reglamentado por el decreto 820/97. A tales efectos, resulta pertinente otorgar a la recurrente el plazo de treinta días a partir de que la presente sentencia adquiera firmeza para que formule, ante este Tribunal, la correspondiente opción entre las posibilidades recién señaladas.
Prisión preventiva, prórroga del plazo
Materia: PENAL
Carátula: López, Justo s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-11-25

Si el Ministerio Público Fiscal, luego del vencimiento de los dos años, solicitare una prórroga de la prisión preventiva, la excarcelación no procedería durante dicho plazo y si la prórroga solicitada fuere de un plazo menor de un año -máximo contemplado por la ley- al vencimiento de la misma, el detenido estaría en condiciones de beneficiarse con este Instituto. (Minoría u opinión personal)
Estado de sitio, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, responsabilidad del Estado, detención, prisión domiciliaria, libertad condicional, medios de prueba, daños y perjuicios, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Hanke de Fernandez Gladys Leonor c/ Ministerio del Interior -art.3º Ley 24.043-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-16

Si bien la ley nº 24.043 previó, asimilándolas como situaciones pasibles de ser indemnizadas, tanto al arresto efectivo como a los supuestos de arrestos domiciliarios o libertades vigiladas, en el art. 4º, segundo párrafo dispuso que para el cómputo del lapso de privación de libertad deberá tomarse en cuenta el acto del Poder Ejecutivo Nacional que decretó la medida o arresto efectivo no dispuesto por orden de autoridad judicial competente, y el acto que la dejó sin efecto con carácter particular o como consecuencia del cese del estado de sitio. La atenuación de la medida, y en el caso específico la atenuación del arresto efectivo por el régimen de libertad vigilada debía ser instrumentada a través del dictado del pertinente decreto del Presidente de la Nación Argentina en el que se determinaba el lugar en que debía cumplirse la disposición, y en el caso específico del régimen de libertad vigilada, los límites del desplazamiento del arrestado y la autoridad ante la que debería presentarse (confr. arts. 2º y 5º de la ley nº 21.560). El artículo 4º del decreto 1023 de fecha 24 de junio de 1992 -reglamentario de la ley nº 24 .043- estableció taxativamente los medios de prueba de que podía valerse el actor para acreditar la situación anteriormente descripta, no pudiendo en la especie, pretender como lo hace la accionante, acreditar la detención vigilada mediante probanzas no previstas en la normativa legal; siendo pertinente agregar, que el dictado del decreto nº 205/97 (B.O.: 17/3/97) si bien sustituyó el art. 4º de la reglamentación de la ley citada, aprobada por el decreto nº 1023/92, sólo flexibilizó los medios de prueba para el cómputo del lapso indemnizable en los casos de arresto efectivo, más no para los casos de libertad vigilada. (cons. V).
Principio de congruencia, carga de la prueba, reconocimiento en sede judicial
Materia: LABORAL
Carátula: Dominguez, Angel Felipe c/ Frigorifico de Aves Soychu S.A. s/ laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-29

Conforme el principio de congruencia, la carga de afirmación que tienen las partes en los respectivos escritos introductorios de la litis delimita la pretensión a decidir, de manera tal que quien pretenda el reconocimiento de un derecho, deba acentuar su actividad en la exposición del presupuesto de hecho.
Robo, víctima del delito, denuncia, prueba testimonial, idoneidad del testigo
Materia: PENAL
Carátula: Ruiz Díaz, José María s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-03

El carácter de víctima y denunciante no implica la inhabilidad del testigo, pues cualquier deseo de perjudicar a alguien sólo sería imaginable -en materia de autoría responsable- como dirigido contra el autor del robo y no sobre un tercero inocente.
Cobro de sumas de dinero, testigos, deber de imparcialidad, medios de prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Dalvano, Patricio Daniel c/ Pardo, Víctor Gilberto y otros s/ cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-02-13

Si bien los testigos indican tener cierta vinculación de amistad con el actor, no surge que ella fuera manifiesta u obstensible que afecte de modo irreparable sus declaraciones en lo relativo a la imparcialidad requerida, debiendo tenerse en cuenta que esto por si solo no resulta causal de invalidez de tales dichos, ni lleva en principio por sí a dudar de la veracidad cuando estos declararon bajo juramento. Máxime si no se acreditaron elementos probatorios que den cuenta de contradicciones en sus manifestaciones o su falsedad, y en todo caso los mismos deben ser apreciados con mayor prudencia y estrictez, lo que lleva a que sus dichos deban ser corroborados con otras probanzas idóneas (Voto Romero. Adhesión Welp)
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: M., M.D. c/ L. y S. SRL y Otros s/ Cobro de Pesos - Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-06-18

La ley procesal requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del magistrado aquel argumento que constituye estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica.
Recusación, secretario judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: GERARDI, Oscar R. s/ DENUNCIA. SECRETARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-11-27

La pretendida animosidad del secretario de la causa para con el encausado, debe encontrar remedio por la vía de lo prescripto por el art. 109 y concordantes del C. Proc. Penal, cuyo conocimiento le es discernido al magistrado de quien depende el funcionario fedatario (arg. del art. 110 cód. cit.) debiendo en consecuencia, archivarse las actuaciones.
Despido, injuria laboral, recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación insuficiente, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Mercado, Angel Marcos c/ Calzados Catamarca y/o Q.R.R. s/ Beneficios laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-03-12

Debe confirmarse el fallo del A-quo que hizo lugar a la indemnización por despido y otros beneficios laborales, toda vez que los agravios no tienen entidad suficiente para modificar el decisorio, por no haber probado la demandada que el actor haya ejecutado los hechos generadores del despido.

En efecto, no incurre en contradicción el juez que tiene por acreditado el hecho -incidente entre un grupo de operarios y el guardia- que culminó con insultos a este último y concluir al analizar la prueba, que ha encontrado contradicciones respecto de la participación de la actora en los hechos que fundaron el despido por injuria, el que por ello fue considerado incausado.
Impuestos, pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Silverio, Aquino c/ El Expreso Libertad s/ Tercería
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

En lo que respecta a obligaciones de pagos de impuestos, tasas, contribuciones, debe señalarse que tratándose de formularios impresos provenientes de entes nacionales, provinciales o municipales en donde sumado a ellos consta por existencia de sello de percepción o timbrado respectivo, revisten la calidad de instrumentos públicos y en tal sentido merecen fe acerca del acto que encierran -pago- debiendo presumirse que la satisfacción de la obligación cumplida lo fue por parte de quién detenta tales documentos.-