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Recurso extraordinario, sentencia definitiva
Materia: LABORAL
Carátula: ALVAREZ VALDEZ LUIS S/RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: EXPTE.Nº 12.247 "ALVAREZ VALDEZ LUIS S/QUEJA EN: SALVATIERRA VICTOR c/ CARLOS FERNANDEZ Y/O ESTABLECIMIENTO FERNANDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS EN ACCIDENTE DE TRABAJO ALVAREZ VALDEZ, LUIS S/RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: EXPTE.Nº 12.247 "ALVAREZ VALDEZ LUIS S/QUEJA EN: SALVATIERRA VICTOR c/ CARLOS FERNANDEZ Y/O ESTABLECIMIENTO FERNANDEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS EN ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-04|1996-10-04

El Recurso Extraordinario sólo procede respecto de sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de la causa, una vez agotadas las instancias locales.-
Robo en poblado y en banda, agravantes de la pena, asociación ilícita, participación criminal
Materia: PENAL
Carátula: Gómez Fernández, María Elena y otros s/ Recurso de casación. Causa: 2116
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-04

A los fines de la aplicación de la agravante del artículo 167, inc. 2 del Código Penal es suficiente que tres o más personas hubiesen tomado parte en la ejecución del hecho -empleada esta expresión en el sentido del artículo 45 del mismo código- sin necesidad de que tales partícipes integren a su vez una asociación ilícita de las que describe el art. 210 del código sustantivo.
Ejecución hipotecaria, tercer poseedor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Sud S.A. c/ Piscicelli Mario y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-15

La acción personal se dirige sólo contra el deudor pues es la única persona que está relacionada jurídicamente con el acreedor. Luego se abre el camino de la acción real, que se dirige contra el inmueble hipotecado, y para ello es indiferente que el mismo pertenezca al deudor o a un tercero.
Jubilaciones, acción contencioso administrativa, resolución que causa estado
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTINEZ ANTONIO c/ CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA s/ CONTENCIOSO    ADMINISTRATIVO  -  PREVISIONAL  -  ACCION  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-04-24

Desde que del contenido del acto impugnado se desprende que se trata de un instituto de indiscutible naturaleza procesal destinado a dar curso a las distintas pretensiones previsionales, no puede el administrado aducir la posesión de "un derecho de carácter administrativo establecido con anterioridad" (art. 1ro. Inc. "C" del C.P.C.A. - Ley 3897). En tal supuesto el "interés" del actor carece de entidad suficiente para legitimar sustancialmente la acción de plena jurisdicción que se ha articulado. Si bien el actor no preciso la acción incoada consintió e insto su trámite como acción contencioso administrativa de plena jurisdicción.La resolución impugnada no causa estado pues no reúne los recaudos exigibles por la ley de la materia para impugnarla en acción contencioso administrativa. La habilitación de instancia proveída carecía de efecto preclusivo en atención al orden público comprometido (art. 11 del C.P.C.A.). La ley 5846 -régimen general de jubilaciones- en su artículo 72 establece un procedimiento recursivo para el caso de que el administrado considere que se han vulnerado los derechos que en general la norma reconoce y otorga, procedimiento que era necesario como surge de una interpretación armónica del citado artículo con el artículo 73 de su decreto reglamentario y artículos 63, 74 y 83 ley 5350/77.
Derecho comercial, sociedades comerciales, objeto social, responsabilidad de la sociedad, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: COOPERAGRO LTDA. c/ AGROVITICOLA DOS PINOS COOP. LTDA. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-31

El art. 73 de la ley 20337 en concordancia con el art. 58 de la ley 19550, en cuanto admite dentro de la amplitud del objeto social y el principio de capacidad plena de las sociedades, todo tipo de acto de representante o administrador que obligue a la misma, mientras no sean notoriamente extraños al objeto social o cuando el tercero tuviera conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción de la representación plural. Ambas leyes establecen responsabilidad para la sociedad frente a los terceros contratantes de los actos celebrados por sus administradores o sus representantes, aun en infracción de la organización plural y específicamente, en el caso de las obligaciones contraídas mediante títulos valores.
Juicio de menores, régimen penal de la minoridad, cómputo de la pena, disminución de la pena, facultades del juez
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Nuñez, Dante y otro s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-04

El art 4 de la ley 22278 establece que la imposición de pena respecto del menor estará supeditada a que concurran determinados requisitos, a saber: a) que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y civil -si correspondiere-, conforme a las normas procesales; b) que haya cumplido dieciocho años de edad; c) que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Por otro lado indica que una vez cumplidos dichos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá (Voto del Dr. David).
Suspensión del juicio a prueba, comisión de nuevo delito
Materia: PENAL
Carátula: Vázquez Mujica, Jean Carlos s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-11-20

Está debidamente revocada la suspensión del juicio a prueba si, transcurrido el tiempo de la probation, cuando todavía no había habido pronunciamiento respecto del cumplimiento de las reglas de conducta, el imputado cometió otros delitos y tiene dos procesos y dos sentencias de condena, ambas en suspenso, ya que su situación no se ajusta al supuesto del art. 76 ter cuarto párrafo CP, sino que calza en el tercer párrafo última parte de dicha norma, porque durante el lapso de decisión del beneficio y antes de la resolución pertinente sí cometió nuevos delitos. La disidencia sostuvo que transcurrido el plazo concedido de suspensión del juicio a prueba, el imputado tiene derecho a que se verifique el cumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la reparación ofrecida del daño y que no ha cometido un nuevo delito, para, entonces, declararse -si correspondiere- la extinción de la acción penal respectiva, sin que la mera sustanciación de nuevas causas penales pueda ser tenida en cuenta como una causal válida y suficiente de revocación de la suspensión del juicio a prueba.
Fundamentación de sentencias, medios de prueba, responsabilidad penal, declaración de la víctima
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Benito, Abel Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Corresponde rechazar el planteo de la defensa de arbitrariedad de la sentencia toda vez que el estudio de las constancias de autos permite afirmar que la sentencia se ha sustentado en diversos elementos de prueba independientes entre sí, que han convergido para reconstruir la materialidad del hecho delictivo aquí juzgado y fundar la responsabilidad penal del encausado de modo lógico y suficiente. Además, en lo que hace al contexto en el cual deben ser enmarcado los hechos, tampoco se comparten los argumentos de la defensa, en tanto, al analizar la responsabilidad concreta del imputado en lo que hace a la acusación, lo primero que hizo el juez de sentencia, fue poner un punto, respecto del "contexto de género", dándole un marco y fundamento no sólo en el derecho interno, sino también en el derecho internacional de los DDHH fundando los motivos por los que sitúa la conducta imputada en este andarivel.

Por otra parte, concretamente respecto de la prueba, cabe señalar que el elemento central lo constituye la declaración de la víctima, quien el mismo día de los hechos lo denunció, haciendo una descripción detallada de lo ocurrido. Estos fueron coincidentes con la declaración prestada en el curso del debate, en todo lo que hace a las circunstancias de hecho, modo, tiempo y lugar. La claridad del relato, el detalle de las circunstancias que lo rodearon y el hecho que refirió que se quedó entre 5 y 10 minutos sin poder reaccionar, fueron los motivos por los que el juez de sentencia le dio certeza a los dichos.

Además otras circunstancias referidas en la sentencia le otorgan veracidad a los dichos de la víctima, es que transcurridos los hechos, recurre a quien conoce dentro del servicio penitenciario, busca a su cuñado, que también trabaja dentro del servicio y le relata lo sucedido, "nerviosa", "llorando". Este estado emocional, da cuenta del trauma por el que atravesó la víctima. Pasado este instante, se suman otras autoridades y funcionarios del servicio, el Director de la Unidad, la psicóloga y los abogados y estos últimos, ante la verosimilitud del relato la acompañan a formular la denuncia en la fiscalía, que además, destaca el tribunal, coincide con lo expuesto en el debate.
Derechos de los agentes de la administración pública, antigüedad, carrera administrativa, ascenso laboral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ROGGERO, Raúl Arturo c/ E.N. (Min. de Relac. Ext. y Culto) s/ EMPLEO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-06-09

La antigüedad en el cargo traduce, desde un enfoque objetivo, el grado de experiencia adquirido en el ejercicio real de una función.

De allí que se lo tenga, entre otras cosas, como elemento coadyuvante de valoración de los postulantes a un ascenso.
Recurso de casación, extinción del contrato de trabajo, pérdida de confianza
Materia: LABORAL
Carátula: PATANCHON CARLOS ALBERTO c/ BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. s/INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD s/ CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-02-14

No es el Superior Tribunal de Justicia el que debe examinar si la invocada pérdida de confianza aparece o no debidamente sustentada en función de los hechos que la originaron. Dicha tarea apreciativa supone primeramente analizar los acontecimientos que dieron motivo al distracto y, seguidamente realizar una serie de juicios de valor respecto a los mismos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, mayoría de opiniones
Materia: PENAL
Carátula: Benítez, Adrián Lorenzo y otro s/ Robo. Homicidio Barbulovic, Norma Beatriz; Almeida, Jorge Rodolfo s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-27|1994-04-26

No corresponde la anulación de oficio de la sentencia si no se encuentra afectado el recaudo de la mayoría de opiniones (art. 156, Const. prov.), pues si bien los magistrados que se expiden en segundo y tercer término no manifiestan expresamente que adhieren al primer voto se advierte que esa ha sido la intención, aún cuando no hayan empleado la fórmula más adecuada para dejar sentada la opinión.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Nasario c/ La Primera Cía. de Seguros Generales s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La circunstancia que el precepto legal no haya sido mencionado o citado por el actor no puede obstar a su aplicación si de los hechos traídos a colación se desprende inequívocamente que lo argumentado guarda directa relación con esa norma. En consecuencia, los agravios sustentados en el quebrantamiento del principio de congruencia (violación de los arts. 163 inc. 6 del código procesal y 18 de la Constitución Nacional), son infundados.-
Caducidad de instancia, segunda instancia, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: S. DE A. c/ A. s/ ALIMENTOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-11-06

La segunda instancia se abre con la concesión del recurso y al apelante le compete mantener vivo el proceso a fin de no perder ese derecho, lo que ocurriría en el supuesto de que no lo activara dentro del plazo a que alude el art. 310, inc. 2do. del Código Procesal (conf. C.N.Civ., Sala C, 12/9/79; íd.; Sala F, 18/10/79 entre otros).
Aplicación temporal de la ley, ley vigente
Materia: CIVIL
Carátula: G., C.A. c/ T. XX SRL y P.A. SA s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-11-04

"Es principio uniforme, doctrinario y jurisprudencial en materia laboral, conteste por otra parte con el tratamiento que a la cuestión brinda nuestro Código Civil en su artículo 3º, que las situaciones fácticas alcanzadas por sus diversos institutos, deben ser analizadas y resueltas de acuerdo a la normativa vigente al momento de su producción, salvo, naturalmente, que una nueva regulación dispusiera de manera expresa lo contrario".
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B.E.M. c/ T.M.G. s/ Ejecución de Sentencia s/ Queja s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-10-21

Se interpone recurso de casación en contra de la sentencia interlocutoria dictada por la Cámara de Apelaciones que rechaza el recurso de queja deducido.

El agraviado expresa que la parte actora omitió ofrecer prueba de ADN al interponer demanda, sin embargo el tribunal la incluye al momento de proveer la prueba, lo que motivó un planteo de nulidad de su parte y por el cual el tribunal revoca por contrario imperio dicha providencia; luego de que se clausura el periodo de prueba, el tribunal ordena nuevamente proveer la prueba de ADN, por lo que su parte plantea recurso de apelación, habiendo sido denegado en virtud del Art. 379 del CPC; contra dicho decisorio se plantea recurso de queja el cual es denegado por el tribunal de alzada.

Sostiene que la resolución en crisis ha interpretado erróneamente la ley y la doctrina legal, que se denegó el recurso de apelación en virtud del Art. 379 del CPC cuando el periodo de prueba ya se encontraba clausurado, y que la cámara de apelaciones excedió el ámbito de su competencia ya que aquello que debió tratar estaba circunscrito al recurso de queja y no sobre la cuestión de fondo.

Corresponde en este estado procesal determinar la admisibilidad del recuso deducido.

En cuanto a ello cabe expresar que de su lectura surge claramente la ausencia de los requisitos formales necesarios para habilitar esta instancia extraordinaria de excepción.

En primer término la sentencia impugnada no reviste el carácter de definitiva por cuanto resuelve sobre una cuestión de forma. La definitividad se patentiza en los términos del Art. 288 del CPC, cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo; los vicios vinculados con cuestiones de procedimientos resultan ajenos a esta instancia extraordinaria desde el momento en que este recurso tiene por objeto la sentencia definitiva o aquella equiparable a tal.

Si bien ello es suficiente para su rechazo, se observa asimismo la ausencia de otros requisitos tales como falta de fundamentación autónoma por cuanto intenta asentar la critica en la causal de errónea aplicación del derecho sin demostrar en qué consiste la misma, luego expresa la causal de violación a la doctrina legal y no indica cuál es el antecedente jurisprudencial en donde este Tribunal se pronuncio de modo diferente en un caso idéntico al planteado en autos.

Por ultimo no se observa la existencia del gravamen invocado por el recurrente, toda vez que no logra establecer en qué consiste el mismo, en virtud de que se trata de una prueba de ADN cuya realización, conforme las circunstancias que rodean el caso, no puede afectar ningún derecho de defensa como lo expone el recurrente.

En tales condiciones el recurso debe rechazarse por ausencia de los requisitos básicos del recurso extraordinario de casación.
Proceso penal, hecho diverso, aplicación de la ley, acusación alternativa, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Jorge Abel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor Pinto en causa Expte. Nº 119/07 caratulada "Romero, Jorge Abel, Aragón, Armando Ronal; Brizuela Pedro Claudio; Vega Fabián Daniel p.s.a. Homicidio agravado en calidad de autor, Homicidio agravado en calidad de partícipe necesario e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público en Concurso Real; Omisión de denunciar agravado en Concurso Ideal s/ Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público - Coneta - Valle Viejo - Dpto. Capayán -  Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-11-11

Contra la sentencia que encontró al imputado -funcionario policial- autor penalmente responsable del delito de tortura con resultado de muerte de la víctima en calidad de coautor, y lo condenó a prisión perpetua, la defensa técnica interpuso recurso de casación. A la luz del motivo formal del art. 454 inc. 4 C.P.P. denuncia la nulidad de la sentencia por haber violentado el derecho de defensa del imputado y, por ende, el debido proceso por violación de garantías constitucionales (art. 18 C.N).

Cuestiona la interpretación que hizo el tribunal de sentencia de desestimar el hecho diverso planteado por la defensa, bajo el fundamento de que la potestad acusatoria es exclusiva del Ministerio Público, ha afectado las garantías constitucionales del imputado.

La defensa, en efecto, planteó la posible existencia de un hecho diverso, aunque reconoció que ésta es una facultad que únicamente le compete al Fiscal de Cámara. El tribunal, rechazó dicha solicitud argumentando que el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público y dicho órgano acusador, en ejercicio de sus facultades, solicitó la reformulación de la redacción del hecho nominado primero.

El tribunal, al aceptar lo solicitado como una acusación alternativa, intimó al imputado por la nueva acusación, haciéndole conocer las pruebas existentes en su contra, como así el derecho que le asiste de prestar declaración o abstenerse de hacerlo sin que ello signifique presunción de culpabilidad en su contra, intimación a la que el incoado respondió que no iba a declarar. A continuación, el Presidente informó a las partes que en razón de la nueva acusación contaban con el derecho de pedir la suspensión de la audiencia y ofrecer nueva prueba, oportunidad en la que la defensa solicitó una inspección, a lo que el Presidente hizo lugar.

De lo expuesto surge claramente que la defensa plantea un mero argumento de disconformidad con el resultado. Sumado a ello, no se vislumbra concretamente en qué se afectó la garantía invocada, o la posibilidad de defenderse, probar y alegar sobre la acusación cuestionada.

En definitiva, no se advierte ni el recurrente demuestra lesión alguna a derechos de raigambre constitucional como la defensa en juicio o el debido proceso legal, por lo que corresponde el rechazo del recurso en relación con este agravio.

(Del voto del Dr. Cáceres según su fundamento)
Divorcio, regulación de honorarios
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: C. L. S. C. y otro c/  s/ divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2023-06-28

Los honorarios de los letrados patrocinantes regulados en el marco de un proceso de divorcio deben elevarse dado que, si bien el Código Civil y Comercial ha simplificado sustancialmente el trámite para arribar a una sentencia de divorcio, lo cierto es que atendiendo al valor del jus vigente a la fecha de la regulación ($ 8.335,08) y ajustando el mínimo previsto en el segundo supuesto del artículo art. 9 apartado I de la Ley 1594, en orden a la simplicidad de este tipo de procesos, la complejidad del asunto y, el mérito de la labor profesional desplegada, en un 25%, obtenemos como resultado la suma de $ 65.515,00 para los letrados recurrentes, en conjunto.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, falta de fundamentación, pago, intimación de pago, excepciones procesales, copias, redargución de falsedad
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SEVEL ARGENTINA S.A. c/ EFECE AUTOMOTORES S.A. s/ JUICIO EJECUTIVO- EXCEPCIONES    EFICACIA Y VALOR PROBATORIO DE LOS INSTRUMENTOS    INSTRUMENTO PUBLICO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-20

Es descalificable el pronunciamiento que rechazó la revocatoria del auto que declaró tardías las excepciones de novación y pago documentado opuestas por la demandada, ya que afirmar exclusivamente el carácter de instrumento público del original del mandamiento de intimación de pago y citación de remate constituye un fundamento sólo aparente, pues no desvirtúa la misma eficacia e igual presunción de legitimidad que la ley asigna a la copia, que había sido invocada por la apelante.
Prueba pericial, dictámenes, jueces, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ACUÑA DE GUILLAMENT ANA MARIA c/ ISAIAS SCHRAGE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-24

Para poder apartarse el juzgador de las conclusiones allegadas por el técnico, debe tener razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las normas procesales no acuerdan al dictamen el carácter de prueba legal y le permiten al magistrado formar su propia convicción al respecto, en la medida que la pericia contiene una apreciación crítica ajena al hombre de derecho, es necesario estimar otros elementos de juicio que permitan fehacientemente concluir el error o el inadecuado uso que en el caso el perito ha hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante ha de suponerse dotado.
Relación de dependencia, negación de los hechos, temeridad o malicia, multa procesal
Materia: LABORAL - PROCESAL
Carátula: SCAGNOLARI, Lidia y otro c/ ROHER SA s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-30

Corresponde calificar el obrar de la demandada como temerario y malicioso y en consecuencia aplicarle una multa del 10% del monto de la condena, toda vez que negó una relación laboral que se había extendido por 14 años exponiendo la mera negativa de los hechos sin sustento jurídico alguno, produciendo la dilación del procedimiento de manera innecesaria y ocultando las registraciones laborales que obraban en su poder.