Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-05-29


AUTOS Nº 67422 (C.C. SALA IV Nº 73) DEL Primer Juzgado Civil, CARATULADOS: "SORIA Hilda Dermelinda y Otros C/ Provincia de San Juan - Daños y Perjuicios." En la Ciudad de San Juan a los 29 del mes de Mayo de dos mil trece, reunida en Acuerdo la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia de la Dra. María Josefina Nacif y los Srs. Vocales Drs. Juan Jesús Romero y Estela Zorrilla, a fin de resolver en estos Autos Nº 67422 (C.C. Sala IV Nº 73) del Primer Juzgado Civil, caratulados: "SORIA HILDA DERMELINDA Y OTROS C/ PROVINCIA DE SAN JUAN - Daños y Perjuicios", el recurso de Apelación interpuesto a fs. 301 por el Dr. Jorge ALVO, contra la sentencia de fecha 12 de junio de 2009 de fs. 290/291 dictada por la Sra. Juez del Primer Juzgado Civil; el que fuera concedido por el decreto de fs. 304.

LA DRA. MARIA JOSEFINA NACIF, DIJO:

Habrá de determinarse en autos si la resolución dictada es ajustada a derecho; y, en su caso, que pronunciamiento corresponde dictar.

I. Que por la resolución cuestionada la Sra. Jueza interviniente dispuso: "Rechazar por extemporáneo el planteo de inconstitucionalidad del art. 22 de la Ley 7675 formulado por el Dr. Jorge Eduardo ALVO VARELA, por derecho propio, a fs. 272/274, con costas." Que contra dicho pronunciamiento se alza el letrado mencionado expresando agravios a fs. 307/311, los que son contestados por el apoderado de la demandada mediante el libelo de fs. 317/320 vta.

Que dictada sentencia por la Sala III de esta Cámara Civil y deducidos en su contra recursos de Inconstitucionalidad y Casación por parte de la accionada, la Sala Primera de la Corte de Justicia mediante la sentencia que luce a fs. 373/378 resuelve hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, anular la sentencia recurrida y que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación del Dr. Alvo. Ello, con la aclaración que debe considerarse firme lo resuelto por dicha Sala sobre la oportunidad del planteo, por lo que sólo deberá juzgarse sobre la inconstitucionalidad en sí misma. Imponiendo las costas del recurso en el orden causado (art. 20 de la ley 7675).

Que siendo de la competencia de esta Sala IV el tratamiento del recurso impetrado y habiendo quedado consentida su integración como consta en autos a fs. 394 y 396, procederé a su consideración en los términos ordenados por el Superior conforme señalé en el parágrafo que antecede. II. AGRAVIOS. Concisamente reseña el apelante al expresar agravios (fs. 307/11), en lo que atañe solamente a la inconstitucionalidad alegada, que el art. 22 de la Ley 7675 que dispone que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, vulnera flagrantemente los arts. 28 y 31 de la Constitución Nacional, normas de rango superior que de modo alguno pueden ser alteradas por normas procesales-provinciales.

También entiende que vulnera en forma notoria los arts. 8 y 150 inc. 1° de la Constitución Provincial, la garantía de propiedad, art. 18 de la C.N., Tratados Internacionales con rango constitucional, art. II Declaración de los derechos y deberes del hombre; art. 24 Convención Americana de Derechos Humanos, arts. 14 y 16 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (sic). Asimismo dice que al promover la demanda por capital e intereses la norma que se impugna viola el derecho de propiedad y el carácter alimentarios del crédito (honorarios) art. 17 de la C.N.

Afirma que sostener que los intereses demandados resultan ser contingentes como dispone la norma cuestionada, se encuentra ampliamente rebatido por la C.S.J.N., y que de modo alguno una norma procesal-provincial puede legislar sobre una cuestión amparada por las normas de fondo citadas porque vulnera el art. 31 de la Const. Nacional. Pide se tenga presente las reservas y mantenimiento del caso federal, y oportunamente se revoque la sentencia y se admita la inconstitucionalidad del art. 22 de la ley 7675, con costas en ambas instancias. Por su parte la apelada al contestar agravios (fs. 317/20 vta.), compendiadamente sostiene que no es cierto que el art. 22 de la Ley 7675 vulnere los artículos de la Constitución Nacional y Provincial referidos por el apelante. Advierte que esta ley instituye un régimen adjetivo para los procesos judiciales en que la Provincia sea parte, y que se trata de una materia que incumbe exclusivamente a los poderes locales, conforme el art. 505 in fine del Código Civil (ley 24432) que difiere la implementación de la regulación de honorarios a las leyes arancelarias locales. Señala también que la ley 7675 es acorde a las previsiones del art. 13 del plexo procesal nacional mencionado. Afirma que en el caso los intereses son una contingencia variable y ajena a la actividad profesional.

Finalmente, luego de señalar el concepto constitucional del derecho de propiedad, destaca que es insostenible que el incidentista alegue infracción a este derecho por no compartir la base regulatoria implementada por la ley. Pide el rechazo del recurso.

III. a. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. Previo a considerar el caso a zanjar, estimo oportuno precisar los postulados que rigen esta materia dada la gravedad institucional que implica tachar de inconstitucional una norma dictada por uno de los poderes del Estado facultado por la propia Constitución para cumplir con esa función. En razón de ello es que toda petición de declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser analizada con gran cautela dado además el efecto sanción que conlleva. En tal contexto, se encuentra definitivamente establecido por la doctrina y jurisprudencia, que la declaración de inconstitucionalidad de una ley debe ser considerada como la ratio final del orden jurídico, y por tanto debe manifestarse nítidamente en el caso concreto, frente a los agravios expresados, y con efectos particulares para el caso. "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, por lo cual debe ser considerado como ratio final del orden jurídico". (Voto del Dr. Enrique Petracchi). Jurisprudencia de la Nación. Corte Sejean, Juan Bautista c/ Ana María Zaks de Sejean. T. 308, p. 2268). "La descalificación constitucional de una ley, decreto, ordenanza, etc., es considerada dentro del orden jurídico como ratio última, lo que implica que la función de control de los jueces debe ser ejercitado con extremo cuidado (C.S.J.N., fallos 242: 73; 14:432; 247:121). En consecuencia es dable exigir que el requirente demuestre acabadamente que existe una insuperable contradicción entre la norma impugnada y la ley fundamental, que no podrá ser reparada de ninguna otra forma que con la declaración de su inconstitucionalidad...". GIOVANNIELLO GARCIA SERGIO ARIEL C/PROVINCIA DE TUCUMAN s/ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD, Fecha: 20/09/2011{F}, Sentencia Nº: 410, Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala 3.

También, como ha entendido el Tribunal Cimero de la Nación en innumerables fallos, incumbe a quien invoca la inconstitucionalidad de una norma su alegación y prueba respectiva. "La declaración de inconstitucionalidad de una ley, o de cualquiera de sus partes, constituye un acto de suma gravedad institucional, por lo que debe ser considerada como última ratio del orden jurídico. A ella sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía. A estos efectos, está a cargo de quien invoca una irrazonabilidad la alegación y prueba respectiva (conf. CSJN, fallos: 288:325; 295:455 y 850; 298:511; 300:241; 301:904 y 962; 302:761 y 1440; 311:394; 312:122, 435, 1437, 1681 y 2315; 314:407; 315:923; 316:779, 842, 1718 y 2624; entre muchos otros). "La declaración de inconstitucionalidad de una norma requiere plena prueba, clara y precisa, de su oposición con la Constitución" ("Perisse, Fallos, 209:200). El resaltado me pertenece.

Teniendo en cuenta estos principios, y que la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe necesariamente sustentarse en una manifiesta oposición entre la regla cuestionada con el texto constitucional implicado, me centraré en el caso que me ocupa.

b. CONSIDERACIONES DEL CASO. Por la ley 7675 y su modificatoria se regula el procedimiento que deberá seguirse en las causas en que el Estado sea parte, como actor o demandado, previendo en caso que el juicio deba resolverse por sentencia, lo atiente a las costas, su imposición, y la base regulatoria de los honorarios profesionales (art. 22 ibídem). Esta norma, tachada de inconstitucional, establece que ". los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, por ser una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional. En consecuencia las regulaciones deberán calcularse sobre el monto del capital".

Norma que para determinar su constitucionalidad deberé confrontar con las disposiciones constitucionales que el apelante afirma que son vulneradas. Razonamiento que en el sub lite se me presenta complejo o dificultoso, ya que las explicaciones dadas por el agraviado para fundar su petición se encuentran cimentadas en consideraciones escuetas, bajo la invocación general que la norma puesta en crisis quebranta las disposiciones de los arts. 17, 18, 28, y 31 de la Constitución Nacional; los arts. 8 y 150 inc. 1° de la Constitución Provincial; art. II de la Declaración de los Derechos y Deberes del hombre; art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 14 y 16 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Postulación que contraría los axiomas que mandan en esta materia. "La declaración de inconstitucionalidad de una norma, no puede fundarse en consideraciones generales, ni basta la mera invocación genérica de que se han vulnerado derechos y garantías constitucionales, siendo preciso, además no solo que se individualicen aquellas cuya constitucionalidad está cuestionada, sino fundamentalmente, que se muestre indudablemente el agravio que se causa". (Id. del fallo: 98163359. Cám. Cont. Adm. 1° Nom. "Souteliño, Gloria c/Caja Prev. de abogados y procuradores. S/Plena jurisdicción Lex9).

No obstante entiendo que corresponde circunscribir la cuestión a dos ejes esenciales y definitivos para solucionar el caso. Primero estipularé si el art. 22 de la ley 7675 infringe los derechos constitucionales de propiedad y el debido proceso como afirma el apelante; y segundo si la norma infringe notoriamente los arts. 8 y 150 inc. 1° de la Constitución de la Provincia, como sostiene el Dr. Alvo. Si bien hoy no admite discusión el alcance constitucional otorgado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al término "propiedad", en cuanto comprende todos los bienes apreciables en dinero; tampoco hoy admite debate que los derechos reconocidos por la constitución no son absolutos, ya que se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. ".El principio de "inviolabilidad" del derecho de propiedad que emerge del texto constitucional importa, en definitiva, una aplicación específica del principio genérico previsto en el art. 28 de la C.N., extensivo a la generalidad de los derechos individuales amparados por la carta magna. Ello no quiere decir, obviamente, que los derechos patrimoniales no puedan ser reglamentados o incluso sufrir restricciones, ya que son susceptibles de reglamentación, más lo que la constitución garantiza es que esos derechos no sean suprimidos arbitrariamente ni restringidos más allá de lo razonable...". Autos: INDUSTRIA METALURGICA PLÁSTICA ARGENTINA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE ACTUACIONES SEPARADAS. - Ref. Norm: Constitución Nacional: 28. - Cámara Comercial: A. - Mag.:Kölliker Frers - Míguez - Uzal. - Fecha: 12/08/2010. Lex 9.

En el caso el art. 22 de la ley 7675 no despoja a los profesionales del derecho a percibir honorarios, sino que excluye los intereses de la base regulatoria para determinar sus emolumentos al considerar que ellos no son fruto de la actividad profesional. Al respecto advierto que dicho artículo se patentiza acorde al criterio ya sentado por máximo órgano de interpretación de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En sentencia de fecha 30-04-2013 dictada en Autos S-2899-2002, T 38, caratulados: "Sociedad del estado-Casa de Moneda c/ Misiones, Provincia de, Secretaría de Hacienda, Finanzas, y Servicios Públicos S/Cobro de Pesos" la Corte se remite al precedente sentado en Fallos: 322:2691 respecto que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, pues ellos son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional.

Conjuntamente también advierto que no es la única norma que permite restringir o morigerar los aranceles de los profesionales. V.gr. el art. 13 de la ley 24.432, norma imperativa a la cual adhiere la Provincia por ley 7674, establece que los jueces debemos regular los honorarios profesionales sin atender a los montos o porcentajes mínimos establecidos en los regímenes arancelarios nacionales o locales, cuando las características de las tareas realizadas indicaren razonablemente que la aplicación lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución percibida.

Tampoco puedo soslayar del análisis que esta legislación es de orden público y aplicable aún de oficio (art. 27), y por tanto se trata de un plexo legal imperativo, irrenunciable, de cuyas disposiciones no es dable apartarse porque responden a un interés general, colectivo (por oposición a las cuestiones de orden privado en las que sólo juega el interés particular), y por ello son aplicables aún contra la voluntad de los interesados.

Como corolario, y por compartir el criterio mantenido por la Corte de Justicia de la Nación que los intereses son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional, por tanto ni integran la base regulatoria, es que el art. 22 de la ley 7675 no se me exhibe como palmariamente inconstitucional, como se requiere en estos casos para tomar tan grave decisión. Con más claridad aún se puede instituir que en marras no se ha vulnerado el derecho de defensa ni del debido proceso legal del apelante, atendiendo que no se ha visto privado de su ejercicio mediante su efectivo acceso al órgano judicial y las distintas instancias revisoras.

La otra cuestión deducida por el incidentista es que la norma de análisis viola la garantía de igualdad ante la ley, porque da diverso tratamiento a los intereses en los juicios entre particulares que en aquellos que interviene el estado, en contraposición -a su juicio- a lo dispuesto por el art. 8 de la Constitución provincial que prevé que la Provincia puede ser demandada sin privilegio alguno.

En cuanto a ello diré, que la Corte de Justicia de la Provincia, en autos Nº 9582 - 65224 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Zenitran S.A. Agric. y Com. - Ejecutivo" (-Ef-4937 E.B.T. P.R.E. S.1ª.- 2011-I-175), determinó el alcance jurídico que debe darse a esta norma de la Constitución que establece: "La Provincia como persona jurídica de carácter público estatal, puede ser demandada ante la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa y sin privilegio alguno".

En dicho caso en instancias inferiores se declaró la inconstitucionalidad del art. 102 del Código Tributario, por el cual se duplica el plazo para que opere la caducidad de instancia en las ejecuciones fiscales; bajo el argumento que la norma se encuentra en flagrante contraposición con lo dispuesto por el art. 8 de nuestra Constitución Provincial, que dispone que cuando el "Estado sea parte en un juicio actuará desprovisto de privilegios y en un plano de igualdad". También se entendió que se vulneraba el principio de igualdad (art. 16 Const. Nac.) en tanto "implicaría aceptar un trato desigual entre los sujetos procesales iguales". La Corte de Justicia local revocó el decisorio siguiendo el criterio reiteradamente sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se sintetiza en el siguiente principio: "La garantía de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni comporte ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupo de personas, aunque su fundamento sea opinable" (Fallos, 322:2346 y sus citas).

Para concluir la ley 7675 y su modif. 7967 indudablemente se trata de una normativa de procedimiento, e indiscutiblemente su dictado, al igual que las normas arancelarias (v. gr. Ley 2150), son de la competencia exclusiva de las provincias, por tratarse de una de las materias no delegadas por éstas a la Nación. En tal sentido y como prueba de ello baste señalar que el art. 505 in fine del Código Civil (texto agregado por ley 24432) remite a las disposiciones de las leyes arancelarias locales. Por tanto esta ley ha sido dictada por la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan en el marco de sus atribuciones constitucionales.

En el entendimiento que corresponde aplicar las normas especiales que rigen al caso, ya que "El derecho administrativo integra un sistema orgánico que tiene autonomía respecto a las otras ramas del derecho, por consiguiente son de aplicación sus propias normas, tanto procesales como de fondo... ("Fiorini", Que es lo Contencioso, p 15); y que la norma puesta en crisis se avizora constitucional conforme lo reseñado, es que propicio el rechazo del recurso de apelación deducido. Con costas en el orden causado, conforme prevé el art. 20 de la ley 7675. Así voto.

EL DR. JUAN JESÚS ROMERO DIJO: Por idénticos fundamentos adhiero al voto del miembro informante.

LA DRA. ESTELA ZORRILLA DIJO: Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.

Por el mérito de la votación que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso apelación interpuesto y declarar la constitucionalidad del artículo 22 de la ley 7675 conforme los argumentos precedentes. Costas en el orden causado (art. 20 ley 7675). Protocolícese, notifíquese, y bajen los autos al juzgado de origen previa reposición del sellado si correspondiere.

FDO. DRA. MARÍA JOSEFINA NACIF. PRESIDENTE. DR. JUAN JESÚS ROMERO Y DRA. ESTELA ZORRILLA. VOCALES. ANTE MI: OSCAR ROLANDO CABRERA.- SECRETARIO.- PROTOCOLIZADO: LIBRO DE SENTENCIAS -T°1 -F°100/105- AÑO 2013.-