Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-03-13


En la ciudad de Trelew, a los 13 días de marzo del año dos mil ocho, se reúne la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones esta ciudad, con la Presidencia del Dr. Raúl Adrián Vergara y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Sergio Rubén Lucero y Carlos Dante Ferrari, para celebrar Acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "R. , G. c/ A. DEL S. S.A. s/ Daños y Perjuicios" (Expte. N° 22.316 - año 2007) venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 403 e integración de fs. 404. A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Lucero dijo: -- Vienen estos actuados a conocimiento de la Alzada con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (fs. 364) y por la parte demandada (fs. 366), en contra de la sentencia definitiva dictada en autos (fs. 351/356 vta.), por la cual se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios formulada por el Sr. G. R. y rechazando la pretensión deducida en subsidio por resolución contractual; condenando a la sociedad denominada "A. del S. S.A." a que, en el plazo que fija, abone al actor la suma de $ 10.175, con más los intereses calculados en la forma indicada en el considerando tercero "in fine", imponiendo las costas en un 75% al actor y en el 25% restante a la parte demandada.-- El escrito de expresión de agravios de la parte actora se encuentra glosado a fs. 374/383 vta.. A fs. 384 se ordena correr traslado a la contraria, siendo éste evacuado por escrito que luce agregado a fs. 391/396.---- A fs. 399, obra sentencia interlocutoria registrada bajo número 127/2007 del protocolo respectivo de este cuerpo, por la que se declara desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 366.------ I.- La parte actora recurrente formula los siguientes agravios, a saber: 1) Inexistencia del contrato de compraventa de automotor - cláusula de reserva de venta: Previo a conceptualizar como un contrato comercial el correspondiente a la compraventa de un automotor por tratarse el vendedor de una sociedad anónima sujeto del derecho mercantil con cita jurisprudencial y doctrinal, y afirmar que en tal órbita las señas son confirmatorias del contrato salvo cláusula en contrario considerándose las sumas entregadas a cuenta del precio y signo de ratificación del contrato (art. 475 del Cód. Com.), señala que su parte acompañó recibo Nº 001400018964 emitido por la demanda con fecha 13/11/2003 por la suma de pesos Un Mil ($ 1.000) entregado en concepto de "seña Hilux SRV C/D 4x4 OKm". Expresa que dicho recibo responde a la cotización obrante a fs. 19 de autos, de donde surge las modalidades de la operación. Hace notar que ambos instrumentos se refieren al mismo vehículo "Toyota Hilux SRV C/D 4x4 OKm". Afirma que monto y causa del pago han sido confirmados además por la prueba pericial contable producida en autos, prueba que además evidencia -dice- el ingreso de las sumas de dinero al patrimonio societario de la demandada. Indica que dicho recibo y su calidad de seña ha sido admitido y reconocido por la demandada en la contestación dando dicho recibo prueba inequívoca que el actor celebró un contrato de compraventa con la demandada adquiriéndole un rodado como el individualizado.

Cuestiona que se hubiera prescindido de lo dictaminado por el perito contador en el punto 2do. de su dictamen cuando expresa que evidentemente los recibos fueron emitidos por pagos a cuenta de la compra de un vehículo. Asevera que ello desvanece las teorías esgrimidas por la demandada y receptadas en la sentencia, negatorias del contrato de compraventa de automotor que le adjudica naturaleza de simple ofertas formuladas al actor. Asimismo, se queja de la interpretación dada por el juzgador a la intimaciones cursadas por su parte a la demandada (fs. 15 bis y fs. 17) en cuanto a que la demandada se negó a formalizar la operación convenida lo que es demostrativo de que el contrato se limitó a tratativas y reservas de compra. Tal aserción, expresa, resulta insostenible ya que denota una interpretación superficial que se contradice con la esencia de la intimación cursada y con una interpretación integradora de todo el texto de la misiva la que en su parte final concluye: "Intimo y emplazo término de 15 días arbitre todos los medios para ejecutar prestación convenida.". Asegura que no quedan dudas y surge evidente el contrato de compraventa de automotor celebrado entre su parte y la demandada en razón de los pagos efectuados en concepto de seña por aplicación del Código de Comercio, por lo que, estima sobreabundante hacer más críticas al fallo. 2) Errónea aplicación del art. 1.202 del Código Civil: Insiste que tratándose de un contrato comercial no corresponde la aplicación de la norma citada. Manifiesta que si bien su parte en las cartas documentos de fecha 16/02/2004 y 24/03/2004 citó erróneamente la norma del art. 1.204 del C.C., error que repite en la demanda apartado VII, no deja de tener vigencia el principio "iura novit curia", que establece que dentro de las facultades del juez, al sentenciar, se encuentra la de suplir el derecho silenciado por las partes o mal invocado y tal interpretación no importa arbitrariedad ni violación de la defensa en juicio. Agrega que la hermenéutica correcta indica como acertada la aplicación del derecho mercantil al sub-exámine, en especial el art. 475 del Código de Comercio, del que se concluye que la seña es confirmatoria de la existencia de un contrato de compraventa de automotor y el arrepentimiento no es posible salvo pacto expreso de las partes.

3) Errónea valoración de los hechos y de la prueba: Critica que el juzgador hubiera afirmado que reforzaba su razonamiento en el sentido de que el vínculo que unía a las partes de autos se redujo a meras ofertas y que los recibos de fs. 20/22 no se corresponden a una única operación de compraventa ya concretada la circunstancia de que los recibos hacen referencia a distintos vehículos -varía el modelo- (considerando segundo 1er. párrafo in fine). Expresa que el juzgador no da explicaciones de porqué efectuó tal afirmación no individualizando cual es la documental que indica un modelo y cual es la que indica otro modelo de vehículo, ni tampoco individualiza cuales serían los modelos "en pugna", lo que hace suponer -dice- que en su análisis fue superficial y erróneo se refirió a la documental de fs. 19 por ser el único instrumento donde se mencionan dos modelos diferentes. Explica que dicho documento de fecha 13/11/2003 la demandada cotiza una unidad 0 Km (Toyota Hilux, C/D 4x4 Full) en $ 71.390 -1er. renglón- y también cotiza el vehículo usado que entregaba su parte (Toyota Hilux, C/D SRV Full modelo 2002) en la suma de $ 63.000 -3er. renglón- destacando la frase "toma usado". La locución "toma" en la práctica mercantil de venta de automotores indica la entrega de un auto usado del comprador a la agencia. También se suele hablar del valor de la "toma" o precio de cotización del vehículo del comprador. Otro error en la apreciación de los hechos por parte del sentenciante, expresa, lo configura la afirmación en la que dice "el argumento del actor de que no entregó la unidad usada porque debía hacerlo en forma simultánea con la nueva no resulta suficientemente.porque debe repararse que ni siquiera se identifica a la unidad usada a entregar, por lo que la cotización que allí figura debe considerarse estimativa, ya que es obvio que una cotización definitiva se realiza sobre un vehículo concreto (remite a la pericia contable punto 2.3 fs. 312". Explica que surge de la práctica mercantil inveterada en la compraventa de automotores que las unidades usadas se entregan contra entrega de automotores, que las unidades usadas se entregan contra entrega de la unidad 0 Km, cualquier persona que haya adquirido un automotor conoce de tal circunstancia. Además, parte de una cuestión empírica que el cliente no puede quedarse sin automotor hasta que le entreguen el 0 Km y resulta también habitual que el vehículo 0 km demore un tiempo prudencial en llegar habida cuenta de las distancias entre ésta ciudad y las terminales de automotores. Añade que es de público y notorio que en la generalidad de estas operaciones son "sub-instrumentadas" y es muy común que el comprador carezca de la constancia instrumental de la compraventa. Solo cuando se entrega el 0 Km, el vehículo sale de la concesionaria debidamente inscripto en el Registro del Automotor y patentado. Pero, sostiene, el análisis del juzgador vuelve a ser superficial y erróneo al calificar de "estimativa" la cotización realizada por la demandada cuando se trata -asevera- de una cotización suscripta por la demandada que fija el saldo de previo, plazo de entrega, color del vehículo, gastos de flete y patentamiento.

La alusión al punto 2.3 de la pericia contable resulta inconducente, ya que resulta obvio que si la operación no se concretó y la actora está afirmando que la unidad usada ingresaba a la agencia contra entrega de la unidad 0 Km, no puede figurar en los estados contables de la demandada. La praxis negocial actual torna necesario eludir la figura "aislada" y "congelada" del contrato tradicional que parece orientar el análisis del sentenciante para definir la realidad empírica que persigue -en el caso- la compraventa del automotor. Cita la ley del consumidor y su fuente constitucional. Insiste que el erróneo análisis del juzgador obedece del superficial e incorrecto análisis de la documental de fs. 19. Sostiene que no es cierto que existieron dos "ofertas" y ninguna compraventa, sino por el contrario se trató de una única operación comercial, tal como oportunamente fuera invocada por su parte al demandar. 4) Rechazo de la pretensión subsidiaria de resolución contractual: Se agravia que el Sr. Juez a quo hubiera tenido por determinada la inexistencia de incumplimiento contractual endilgable a la demandada y la consiguiente inexistencia de resolución contractual (3er. considerando, 1er. párrafo). Postula que tal afirmación es dogmática y no se compadece con los medios probatorios arrimados a la causa ni tampoco es una derivación razonada del derecho vigente. Refiere que ya dijo que la seña confirmatoria de la relación jurídica no obsta a la procedencia del pacto comisorio para el supuesto incumplimiento, pues lo prescripto en el art. 475 del Código de Comercio implica la imposibilidad de arrepentimiento, más no la de ejecutar el derecho contenido en el art. 216 del Código de Comercio para el supuesto de incumplimiento contractual. Efectúa cita doctrinal en apoyo de tal tesitura. Manifiesta que establecida la relación contractual, instrumentada con los documentos de fs. 19 y los tres recibos de fs. 20, 21 y 22, deberá observarse que la actora realizó dos intimaciones de fs. 15 bis y 17, emplazando a la demandada por el término de 15 días. Explica que la invocación de la norma del art. 1204 del Código Civil, en nada altera el tenor de la intimación ya que el art. 216 del Código de Comercio exige idéntico emplazamiento y recaudos que la norma civil, con lo que los derechos defensivos del demandado quedaron a buen resguardo. Precisa que la intimación que citara -de fs. 15 bis del 16/02/2006- se reiteró a fs. 17 -de fecha 24/03/2004- y se verifican el cumplimiento de la totalidad de los recaudos exigidos por el art. 216 del Código de Comercio refiriéndose a la intimación para que cumpla ,la fijación del plazo para hacerlo y el apercibimiento de resolución de contrato. Señala también que en la instrumental de fs. 19 se fijaba un plazo de entrega de la unidad 0 Km de 30 días, a contar del día 13/11/2003.

Ello da cuenta, dice, que no ejecutada la prestación por parte de la concesionaria, el acreedor requirió al demandado el cumplimiento de su obligación en el plazo legal fijado, dentro del cual el moroso tenía la posibilidad de atribuir la responsabilidad al requirente o bien accionar por cumplimiento. La negativa de la existencia del contrato por parte de la demandada ante los requerimientos de su parte importa una verdadera manifestación de voluntad en los términos del art. 919 del Código Civil, citando doctrina en el sentido que puede haber silencio hablando o expresándose sin relación con el acto de interrogación de que se trata. Se patentiza de la respuesta de la demandada, que no imputó incumplimiento de su parte, que éste último era cumplidor de sus obligaciones convencional y en tal carácter se encontraba legitimado para efectuar la intimación del art. 216 del C.Com., ya que de lo contrario en vez del desconocimiento del convenio, el demandado debió replicar por incumplimiento del actor y al no hacerlo se torna aplicable -afirma- el art. 919 del C.C.. Ninguna de tales consideraciones que fueron invocadas en el escrito de demanda han sido considerados por el sentenciante. Por el contrario el demandado remitió carta documento con fecha 30/03/2004 -fs. 25 y 60- rechazando el emplazamiento, negando la relación laboral, calificando de temerario el reclamo y haciendo reserva inclusive de imputarlo criminalmente.

Con semejante manifestación, expresa, resulta evidente que el demandado abdicó de su posibilidad de atribuir responsabilidad requirente, cerrando el capítulo de la interacción comunicativa. Puntualiza que en dicha misiva la demandada negó que exista vigente en la actualidad algún convenio del 13/11/2003. Fácil es advertir que se había fijado un plazo de entrega del vehículo de 30 días (fs. 19) en que ya existía una intimación de su parte de fecha 16/02/2004 (fs. 15 bis) que permaneció incontestada, por lo que su decisión no fue para nada intempestiva, abusiva o arbitraria. Refiere a la teoría de la inexistencia como expresión de la ineficacia más radical con cita doctrinal extranjera y nacional, indicando que fue la invocación de esa inexistencia la que determinó su pretensión resolutoria de su parte materializada vía extrajudicial mediante comunicación fehaciente con fecha 02/04/2004. 5) Omisión de la consideración de la "doctrina de los actos propios": Sostiene que el juzgador omitió considerar el comportamiento de la demandada en la etapa contractual, verificada en actos sucesivos y demostrativos de la mala fe. Existe un hecho de la demandada que revela no solo la contradicción del demandado en sus propios actos sino una evidente mala fe contractual. Con fecha 30/03/2004 negó la existencia de convenio alguno con su parte, calificó de temerario el reclamo efectuado y efectuó reserva de imputarlo criminalmente. Resulta paradojal que con fecha 03/04/2004, la demandada manifestara ".intimamos que en un plazo perentorio de 15 días a partir de recibida la presente integre el total del mismo (el pago).En caso de silencio, negativo o nuevo incumplimiento daremos por malograda la seña que entregara.". Precisa que para que haya pago es menester que exista una obligación (art. 725 del C.C.), por lo que no se entiende como el demandado puede reclamar el pago en su misiva cuando tal pago da por sentado la existencia de una obligación, siendo que a esa altura el accionado había negado la existencia de todo vinculo convencional. Advierte que la demandada al tan solo cuatro días antes de la citada misiva había alegado inexistencia del acto jurídico, calificando de temerario el reclamo anunciando que podía ser sujeto pasivo de un delito criminal. Allí se advierte, entiende, la inadmisible dicotomía instalada en el comportamiento de la demandada, primero desconoce el contrato, luego intima el cumplimiento de una prestación contractual y más tarde, al contestar la demanda, vuelve a negar la existencia de un contrato de compraventa que los vincule con lo cual vuelve a contradecirse respecto a la misiva del 03/04/2004. Cita jurisprudencia de la Corte Federal y tribunales nacionales relativa a la doctrina de los actos propios a la que me remito en aras de la brevedad.

6) Admisión parcial de la demanda por daños y perjuicios: Siguiendo un orden lógico, manifiesta, si tal como lo refiere la sentencia no hubo contrato, tampoco pudo haber incumplimiento y, por ende, tampoco resolución y daños y perjuicios. Refiere a que lo que debió decir en tal sentido en su parte resolutiva el fallo es que se restituye la seña según se desprende de las propias citas que realizara el a quo en los considerando (3er. considerando, 2do. párrafo). Concluye de ello que es errónea la afirmación de que se hace lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios, toda vez que no tuvo andamiento en el fallo apelado la resolución contractual y, por ende, tampoco los daños y perjuicios. 7) Rechazo de los daños y perjuicios reclamados: Sostiene que dicho rechazo no fue consecuencia de una decisión expresa, positiva y precisa, sino más bien se "desliza" del rechazo de la pretensión de resolución contractual. Y segundo porque el tenor literal de la sentencia refiere un acogimiento parcial de los daños y perjuicios cuando, como lo señalara antes, no es así, sino en puridad importa una devolución de la seña. Solicita la revocación de la sentencia apelada y que se haga lugar a la indemnización reclamada incluyendo todos y cada uno de los ítems del apartado VI (puntos A, B, C y D) que configuran el daño patrimonial ocasionado a su parte. 8) Imposición de costas: Indica que le causa agravio a su parte el punto III de la parte resolutiva del fallo apelado en cuanto se le impone en un 75% solicitando que sean impuesta a la parte demandada.------------II.- El los limites aportados por los agravios que acabo de reseñar ingresaré al tratamiento de los mismos siguiendo el mismo orden numérico con el cual fueran formulados denominándolos del mismo modo en que se los titulara a efectos de facilitar su ubicación y lectura. Asimismo, en su caso, se tratará en conjunto aquellos que pudieran encontrarse vinculados por conexidad o continencia.-----------1).- 2).- 3).- 4).- y 5).- Inexistencia del contrato de compra y venta de automotor-"reserva de venta"-errónea aplicación del art. 1.202 del Código Civil-errónea valoración de los hechos y de la prueba-rechazo de la pretensión subsidiaria de resolución contractual y omisión de considerar la doctrina de los actos propios:--- ----------Comienzo por establecer desde un principio que el marco legal de aplicación al supuesto traído a resolución de este tribunal es la regulación mercantil. Y ello, para mi, no da lugar a duda alguna merced a la intervención que ha tenido en el negocio jurídico que motivara el conflicto la concesionaria demandada "A. del S. S.A.", que como es de ver, adoptó el ropaje jurídico de sociedad anónima. De allí que por vía de lo dispuesto por los arts. 2 de la ley 19.550, y concordantemente con ello, las normas de los arts. 5, 7 y 8 del Código de Comercio, la cuestión que transita por este proceso es indudablemente un supuesto de hecho configurativo de la materia comercial y, por ende, sujeto a la legislación comercial.---------Y dejo sentada opinión "ab initio" en tal particular aspecto dado que ello importará, eventualmente, variar la óptica del análisis de cada una de las situaciones que pudiera presentar el caso.----------Asimismo, es también útil tener presente, a la par, que como regla general, el contrato de compraventa no requiere el cumplimiento de formalidad que fuera impuesta por la ley como condición de existencia rigiendo a su respecto el principio general contenido en el art. 974 del Código Civil (de aplicación por vía de art. I del Título preliminar y art. 207 del Código de Comercio). De allí que se perfecciona por el simple consentimiento de las partes comenzando, a partir de logrado el mismo, a surtir sus efectos propios. Ello aún en los supuestos de contratos de compraventa que cuenten con leyes especiales que establezcan algún recaudo específico vinculado a la naturaleza de los bienes objeto del mismo (caso inmuebles) o bien en cuanto a su carácter de bienes muebles registrables (como es el caso de automotores como en la especie), donde se exige el recaudo de inscripción con efectos constitutivos sobre la titularidad dominial del rodado. Es que en tales supuestos se ha dicho, con criterio que comparto, que tales solemnidades no operan sobre el título (contrato) sino en el modo o en el acto necesario requerido para la efectiva transmisión del derecho de dominio sobre la cosa objeto del contrato.----------Dicho ello, también considero que, de la manera que fuera planteada la controversia y el modo en que se decidiera, la presente cuestión de la que trata este agravio es la realmente relevante para decidir en la presente litis en tanto, según se decida sobre ella, proyectará indefectiblemente sobre las demás cuestiones involucradas sus efectos.-El juzgador ponderó que de la prueba que reseñara se acreditó que de la documental de fs. 19, firmada por un asesor externo de la demandada (Sr. F), "...no se colige la suscripción de contrato de compraventa alguno..." (sic)(ver: considerando segundo -fs. 354). Estimó, en cambio, que dicho documento consistió en una oferta destacando que se menciona un plazo de validez, lo cual le dio a entender que se trató de una tratativa pre-contractual en la cual se estimaba el valor de la unidad usada a entregar por el actor.- ---------La invitación efectuada a ofertar o a entrar en tratativas, es diferente de la oferta que legisla el art. 1048 del Código Civil (de aplic. por vía del art. I del Tit. Preliminar y art. 207 del Cód. de Com.), pues aquella no va dirigida a persona determinada ni debe contener todos los elementos del contrato. Para que exista "oferta" u "promesa" de un ofertante, cuya aceptación por la otra parte constituye un contrato especial -en el caso, compraventa-, es menester que se dirija "a persona o personas determinadas" sobre tal contrato y "con todos los antecedentes constitutivos de los contratos" (Conf. art. 1048 Cód Civ.).------Pues, en tales términos, compartiré con la parte actora recurrente que de la documental de fs. 19, de fecha 13/11/03 en estricta consonancia con el presupuesto emitido en la misma fecha suscripto por el presidente de la sociedad demandada obrante a fs. 48, documental ésta que la evalúo en concordancia con el recibo 0014-00018964 que data de la misma fecha (fs. 21), en concepto de seña, todas instrumentales emitidas en formularios donde se identifica clara e indubitablemente a la concesionaria demandada "A. del S. S.A.", no puede inferirse la existencia de meras "tratativas extracontractuales" como lo interpretara el juzgador del anterior grado. Al contrario, tengo para mi, que de ella surge propiamente la concertación de un verdadero y perfeccionado contrato de compraventa que, con el simple consentimiento de las partes se comenzó a ejecutar el mismo día, lo que se traduce por el cumplimiento de una de las prestaciones acordadas y asumidas por los contratantes, al menos en lo que refiere al pago de la seña en la fecha de la emisión de la oferta tal como se indica en el "presupuesto" de fs. 48 "in fine", del que se lee en el campo relativo a "condiciones de pago" la leyenda "seña a pagar en la fecha, un mil pesos ($ 1.000), la cual como indicara se acreditó con el recibo de fs. 21, fue satisfecha por el actor y que se acredita con la instrumental citada.----------- Asimismo, reitero compartiendo con la recurrente igualmente que el negocio jurídico compraventa convenido, como lo expresara al comienzo, se encuentra dentro de la órbita de regulación del Derecho Comercial por tratarse la demandada de una sociedad comercial (art. 2 de la ley 19.550) siendo, entonces, de aplicación al supuesto por vía de la previsión normativa que delimita la materia de regulación comercial contenida en los arts. 5, 7 y 8 del Código de Comercio. Y, añado, por otro lado, que descarto que pudiera ser de aplicación al caso la ley del consumidor por cuanto ha sido probado en autos que el actor es, a su vez, un comerciante dedicándose como profesión habitual a la compra y venta de automotores, tal como lo reconociera puntualmente el Sr. R. en su confesional (ver resp. a la posición14ava.- fs.273/274-) en concordancia con algunos testimonios prestados en autos en el mismo sentido (ver: resps. a la 8va. de fs. 108; 119; 140; resp. 12ma. de fs. 252; y, resp. 6ta. de fs. 257) y la informativa de fs. 201/202 (Conf. arts. 386, 423 y 456 del C.P.C.C.). Ello, habida cuenta que la delimitación de la noción de consumidor en nuestra legislación está dada desde una concepción finalista "el que contrata para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar", o sea quien se sitúa en el momento final de un circuito económico (conf. arts. 1 de la ley 24.240; ver: Lorenzetti, Ricardo "Consumidores", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2003, págs. 84/86).-------En tal sentido no abrigo duda alguna, en contrario de lo que interpretara el Sr. Juez a quo, que el documento obrante a fs. 19, suscripto por el Sr. G. F. , complementado con el obrante a fs. 48 de la misma fecha 13/11/2003 por el Sr. R. S. V. , en calidad de presidente de la firma demandada, importó una concreta y autosuficiente oferta de venta en tanto claramente se encuentra dirigida a persona determinada (véase en ambos instrumentos citados la indicación en el primer campo existente en el lado izquierdo del anverso del documento de fs. 19 "Sr. G. R. "; y destacado en el centro la leyenda "G. R. " del documento de fs. 48), en ambos se precisa el valor de adquisición de un automotor indicándose sus especificaciones "TOYOTA HILUX NACIONAL, DC-SRV-TD, 4x4, AÑO 2003-NUEVA...", la bonificación "política comercial Toyota" y la "propia de Autos del Sur", los gastos de gestoría (flete, preentrega y patentamiento) y demás condiciones de la venta, como ser: el plazo de entrega con un plazo máximo supeditado al plazo de vigencia de la bonificación especial de Toyota (el que se encontraba vinculado a la fecha tope para el patentamiento -hasta el 15/12/2003-), condiciones de pago, seña a pagar a la fecha de su emisión (esto es, el mismo 13/11/2003), color del vehículo, indicación del n° de chasis, forma de pago al contado contra entrega (no financiado) y el precio total de la operación "contado contra-entrega".------------- -------------Esto es, insisto, resulta indudable para mi, que cuanto menos esta instrumental da suficiente andamiento para considerar que en la especie, en el marco de tratativas previas a las que, de manera coincidente, los testigos deponentes en autos refirieron son usuales y connaturales al mercado de compra y venta de automotores, acredita más que una simple tratativa como lo interpretara el sentenciante del anterior grado tornándose ya estrictamente una oferta de venta.---Es que en las "tratativas previas de un contrato" -o de "pourparlers", como las denomina las doctrina francesa- ninguno de los interesados queda todavía ligado hacia el otro y cada uno puede, en principio, darlas por terminadas sin responsabilidad (Ver: Orgaz, Alfredo, en "Tratativas contractuales y formación del contrato" en Rev. La Ley, T. 75-239).Es decir, no soslayo que el acuerdo de voluntades que concurren a la celebración del contrato puede lograrse en "un instante", sin tiempo apreciable en su formación, o a través de un proceso, más o menos lento. Depende, obviamente, del tipo de contrato y de su relevancia económica. Este proceso de gestación desarrollado a través de las tratativas previas comprende el período de ideación o de elaboración del acuerdo, compuesto por actos y actitudes que son las que pueden denominarse "meramente predispositivos", por como ejemplo, ingresar a preguntar el valor y características de un vehículo, posibilidades de financiación, eventual toma de un automotor usado como parte de pago del precio informado, etc., complementado con información que puede necesitar ser recabadas en instituciones bancarias que financien la operación o las relativas a las condiciones del vehículo a entregar en parte de pago -verificación técnica para su tasación-, etc., todo lo cual implica fijar los elementos y cláusulas que podrán ser parte integrante del futuro contrato sin originar por ello vínculo alguno y, por tanto, sin limitar la facultad de apartarse. Y, por el otro, el período de concreción del acuerdo a mérito de actos que aun siendo provisorios o preliminares del contrato definitivo, pueden ser vinculantes -si así lo acuerdan los tratantes-.-------------- -----A su vez, en este período de tratativas preliminares es donde pueden existir las ofertas verbales que son hijas de la confianza y responden a un criterio de simplificación o sencillez. Luego éstas al transformarse en ofertas escritas, como resultado precisamente de las tratativas previas, incluyendo un plazo de vigencia con sucediera en la especie en principio deben ser mantenidas durante dicho plazo. En suma, pues, las ofertas verbales son por lo normal "ofertas simples", sin plazo de duración, esencialmente retractables; las escritas pueden ser "ofertas a término", que el emisor se obliga a mantener hasta una época determinada. Ahora bien, si ésta fue aceptada inmediatamente por medio del pago de la seña acordada, ya no es retractable por cuanto ya se cerró el circuito vinculatorio produciendo sus efectos propios para ambas partes contratantes.-------------En tal sentido se ha dicho que los términos "promesa" u "oferta" reflejan un mismo significado, esto es, existe una sinonimia entre tales términos, señalándose que la oferta o promesa de contrato como la llama el Código Civil argentino, constituye un acto jurídico a partir del cual consta en forma inequívoca cuáles serán las bases de lo que va a constituir la materia de la declaración de voluntad común. Es, pues, en esencia, una exteriorización unilateral de voluntad receptiva y, por supuesto, debe estar como dijera "supra", dirigida a persona determinada, sobre un contrato en particular y con referencia a todos los elementos de ese contrato (Conf. Art. 1.148 del Cód. Civil, de aplic. al caso por vía del art. I del Titulo Preliminar y art. 207 del Código de Comercio).----Todos estos requisitos son satisfechos en la documentación de fs. 19 y su correlativa de fs. 48, ambas emitidas con membrete de la sociedad demandada, aún cuando en la primera de ellas con la suscripción de un agente "externo" o "trabajador independiente" o "gestor de ventas" o "datero" o como quisiera denominarse la intermediación que el Sr. F. tuviera en la época en la que interviniera en la operación objeto del litigio. Pero, lo más trascendente es que en la misma fecha de la documentación suscripta por el mencionado G. F. , es emitida también la documental de fs. 48 con idénticos datos relativos a la unidad automotriz puesta a la venta pero suscripta ya por el presidente de la sociedad, Sr. R. S. V. . Los datos consignados en esta última documental, insisto, son los mismos que los obrantes a fs. 19, con la única salvedad de que no incluye la toma de un vehículo usado ni, por ende, el valor asignado a esa susodicha dación en pago del precio de la compraventa pactada con un tiempo de vigencia de la oferta (15/12/2003), el que se encontraba atenido al vencimiento del incentivo que como política comercial la empresa concedente había establecido hasta dicho dies a quo, tal como lo expresar en su escrito contestatario la demandada (fs. 78 vta.)(ver también la instrumental acompañada por la demandada obrante a fs. 49/50).-------------- Ahora bien, en tal marco de entendimiento se inserta de manera relevante, a mi juicio, el pago de la seña por la suma de $ 1.000, la que fuera abonada por el actor el mismo día de la instrumentación de la oferta de venta que implicara la documental de fs. 19 (13/11/2003), según se acredita con el recibo 0014-0001xxxx, también emitido en formulario y sello de la sociedad demandada, el que es corroborado con la pericia contable producida en autos (ver: punto 1ro. de fs. 220; y, punto 2.1. y 2.2. de fs. 312/313)(Arts. 386 y 477 del C.P.C.C.). Y digo de tal manera por cuanto en la órbita comercial la seña cumple una finalidad confirmatoria del negocio y de comienzo de ejecución del contrato como muestra de un interés serio en su celebración y cumplimiento. Sabido es al respecto que en la compraventa mercantil la seña posee carácter confirmatoria de la operación (conf. Art. 475 del Cód. de Com.), lo cual significa que el dinero entregado por el comprador en carácter de "señal o arrás" se considera que ha sido entregado a cuenta del precio y como forma de ratificación del contrato. Y tal presunción debe ser entendida "juris et de jure" (conf. CNCom., sala C, 29-05-1981 "De Atucha, Jorge M.C.C. c. Terrabusi de Reyes de Roa, Elena M. y otro", en E.D., 94-775; id. CNCom., sala A, 26-08-1986, "Garrido, Norberto A. c. Rodríguez Torres, Edgardo" L.L., 1987-A-449).---Así, no existe para las partes posibilidad de arrepentimiento o retractación, salvo pacto en contrario (conf. art. 475 2do. párrafo del Cód. de Com.), supuesto que no aconteció en el caso. Entonces, a falta de pacto expreso, no procede la retractación sino que el contrato debe considerarse perfeccionado, ya que la seña actúa como principio de ejecución, y por ende, el conflicto suscitado relativo al incumplimiento denunciado debe resolverse en base a las normas inherentes a la resolución del contrato. Y tal herramienta jurídica tendiente a lograr la extinción del contrato ya existente y con comienzo de ejecución era susceptible de ser utilizada por ambas partes contratantes si se denuncian incumplimientos recíprocos y paralelamente ambas ofrecen o manifiestan tener intención de cumplir con la prestación a su cargo tal como podría inducirse de la postura asumida por la concesionaria en su argumentación esgrimida al contestar los agravios vertidos por la parte actora recurrente (vide: escrito de fs. 391/392).------- -----Ahora bien, ello no justifica o, al menos, no encuentra amparo jurídico alguno, la pretensión de ésta de considerar que la que cataloga como "nueva oferta", de fecha 29/12/03, es a la cual se debe imputarse tanto la seña como el siguiente pago efectuado por el Sr. R. por la suma de $ 9175 (recibos de fs. 20 y 22 con sello de caja del 29/12/03). Este último pago de manera evidente se encuentra imputado al contrato que ya se había perfeccionado antes con la aceptación de la oferta que fuera efectuada por el Sr. G. F. , a través del pago de la seña convenida (conf. arts. 1150, 1151 y conc. del Código Civil, de aplic. por vía del art. 207 del Cód. de Comercio -En tal punto, me detengo en el testimonio del Sr. J. S., quien manifestó ser gerente comercial de "A. del S. S.A.". Dicho testigo indicó cual es la mecánica por la cual en dicha empresa se considera lo que denomina "operación"(sic), expresando ante la pregunta "De qué manera se entiende aceptadas esas ofertas", lo siguiente: "...como explique antes la oferta llega a la gerencia comercial y al directorio, una vez examinada son aprobadas o no y en caso de ser aprobadas se transforma en aceptada por la empresa"(sic)(fs. 252). Es evidente el desajuste conceptual, desde el punto de vista jurídico, del "mecanismo" descripto para considerar operada la concertación del negocio jurídico compraventa. Y pongo en el tapete especialmente este testimonio por cuanto se trata de la persona que es mencionada en el escrito por el cual se trabara la litis para postular que no hubo contrato finiquitado con el actor sino solo una oferta no aceptada en el plazo de caducidad por el cual ésta se encontrara vigente (ver: fs. 79 vta./80). Resulta palmario, reitero, allende que no fue estrictamente el susodicho mecanismo descripto por el mencionado testigo el argüido por la demandada al responder a la acción, que se soslaya adrede y sin basamento ni fáctico ni jurídico, que el pago de $ 1.000 efectuado el mismo día de la emisión del primer documento en el cual se formulaba la oferta con plenos efectos vinculantes para las partes implicó una aceptación. Ello así, desde el punto de vista de los efectos presumidos legalmente derivados de la seña comercial, salvo pacto expreso en contrario.------- -Finalmente, brevemente señalaré con relación a la intervención que le cupo al Sr. G. F., testigo declarante en autos a fs. 139/140, en cuanto niega la demandada en su contestación de demanda y lo sugiere en esta instancia a partir de basarse exclusivamente en la documental fechada el 23/11/03 de fs. 48 y la de fecha 29/11/03 de fs 47, que con su intervención hubiera podido ser obligada de manera alguna respecto al el Sr. R. (ver negativas de fs. 74 vta. "in fine" y 82), que éste no solo actuó del modo en que lo hizo hallándose dentro del local comercial de "A. del S. S.A." (ver: testimonio de T. -fs. 141-), emitiendo documentos como el de fs. 19 de la concesionaria, suscribiéndola también con un sello que además de su nombre consigna debajo la denominación social por la que supuestamente actuara, sino que, además, la mencionada sociedad participó emitiendo varios recibos con imputación a "SEÑA HILUX SRV C/D 4X4 O km" (fs. 21), o con imputación a "PAGO HILUX SRV-4X4 D/C" (fs. 20 y 22). Como, así también, con la emisión de un "PRESUPUESTO", emitido el mismo día 13/11/03, suscripto por su presidente Sr. Rubén S. Vázquez, para el Sr. G. R. , con la misma individualización del automotor ofertado a la venta e idénticas condiciones del plazo y monto del pago de seña, conteniendo los mismos valores configurativos del precio pactado en el instrumento firmado por el Sr. F. (fs. 48). En este sentido, puede decirse que, cuando quien actúa o dice actuar por una sociedad -en la calidad que fuera- genera en los terceros de buena fe que contratan con él, la razonable apariencia de la legitimidad de su actuación, su actuar vincula a la sociedad no pudiendo válidamente, al menos, alegarse que no tenía facultades para obligarla, máxime en el cuadro fáctico circunstanciado precedentemente que generó una expectativa jurídica razonable de satisfacción del adquirente en la compraventa de la que se trata en la especie (Conf. Lorenzetti, Ricardo, en "Tratado de los Contratos", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, t. II, págs. 161 y sgtes.; también, Andorno, Luis, O., "La teoría de la apariencia", E.D., 116-931).- -Con lo expuesto considero haber estimado positivamente a los agravios numerados como 1 y 2 relativos a la existencia de un contrato y a la aplicación de las normas comerciales al negocio jurídico contractual habido entre las partes. También lo hice respecto a la valoración de las instrumentales acompañadas en autos por las partes, bien que en sentido diametralmente distinto a como lo hiciera el juzgador del anterior grado. Solo añadiré, ahora puntualmente en referencia a la instrumental valorada "supra", que no advierto como lo hiciera el Sr. Juez a quo, que pueda decirse con certeza que de los recibos de fs. 20 y 22 se hiciera referencia a modelos de automotores distintos para derivar de ello que los pagos estuvieron dirigidos a ofertas también distintas (ver: sentencia -fs. 355-). No tiene caso añadir nada a lo ponderado por el juzgador del anterior grado en relación a la falta de entrega del automotor al valor asignado en la oferta instrumentada y agregada a fs. 19, para imputar en parte del pago del precio de compra acordado. Ello así de la valoración de las testimoniales prestada en autos (ver: Parra -fs. 118 vta.-; Curcio -fs. 119 y vta.-; F. -fs. 139/140-; Tosca -fs. 141 y vta.-; y, Robla -fs. 257/258-). Todos los testimonios citados fueron prestados por personas que se desempeñan profesionalmente en el mercado automotor e indicaron concordantemente que la entrega de la unidad usada tomada en parte de pago de la operación de compra de una unidad nueva se realiza simultáneamente con retiro del rodado 0 km. (Conf. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.). Es por ello que no resulta un dato dirimente que no exista registro de ingreso de la toma efectiva -y por ende, de la entrega- del automotor que integrara el acuerdo originario, magüer de su falta de individualización completa que no resulta trascendente para el presente caso, desde que se introdujo en el proceso una pretensión declarativa de resolución y de condena por daños y perjuicios derivados de la misma y no de cumplimiento, donde podrían haber sido trascendentes tales circunstancias.Por lo demás, en el plexo prestacional acordado, a cargo del comprador estaba el pago del saldo del precio por la suma de $ 10.000, más la entrega del rodado comprometido en parte de pago (Hilux SRV D/C full, modelo 2002), entrega que, como se señalara precedentemente, se efectivizaría contra-entrega del vehículo 0 Km. de la vendedora.-----------Abro un paréntesis para puntualizar respecto a este último aspecto que acabo de destacar, que el art. 218 inc. 4° del Código de Comercio confiere relevancia hermenéutica a los hechos de los contratantes posteriores a la celebración del contrato. La conducta asumida por las partes en la etapa de ejecución del contrato resulta decisiva a la hora de interpretarlo pues se trata de actos propios, reveladores de su real intención, a veces más elocuentes que las propias palabras (facta concludentia). Así se ha señalado que el modo y la forma en que las partes ejecutan el contrato es la prueba más concluyente que puede tenerse acerca de la intención contractual, pues constituye la traducción en los hechos de aquello que resulta dudoso en la palabra (Conf. CNCom., Sala C, 24/11/1995, L.L., 1996-B-248).------------Pues, en la especie el actor no solo abonó el mismo día en que se documentara la condiciones de la oferta, 13 de noviembre de 2003, la seña que integraba las condiciones de la misma, sino que si bien no en el plazo acordado de su vigencia, abonó el saldo del precio en efectivo restante también acordado a su cargo, de $ 10.000 (conformado por la seña de $ 1.000 más los $ 9.000 abonados a posteriori), pago éste último que fue no solo aceptado, allende de su extemporaneidad, sino que también fue imputado por la demandada con la leyenda "Detalle: PAGO HILUX SRV 4x4 D/C"(sic). En esto, no abrigo duda alguna que se encuentra también involucrada y es de plena aplicación la doctrina de la prohibición de ir contra los propios actos propios válidos y jurídicamente eficaces (ver: recibo emitido por A. del S. S.A. obrante a fs. 22, de fecha 29-12-03 y pericial contable de fs. 220 y vta. -punto 2, apart. b)- y fs. 312/313).----------- -----Como tal entrega del automotor que se pretendiera adquirir no se efectivizó nunca, la intimación cursada a la demandada a "concretar la operación convenida", emplazándola para que lo haga por el plazo de quince (15), y merced a que ésta respondió negando lisa y llanamente la existencia de la operación, se justifica plenamente la resolución dispuesta por el Sr. R. (ver: despachos telegráficos adjuntos con la contestación de demanda obrantes a fs. 59; 60 y 62). Es que la única porción de la prestación a cargo del comprador pendiente, se encontraba supeditada o condicionada a la entrega del vehículo que él adquiriera y que la vendedora demandada en autos se obligara a transferir en dominio en el plazo de 30 días (ver: documental de fs. 19 y 48). En tal dirección ha dicho correctamente por el juzgador del anterior grado que se encuentra probado con los testimonios aportados, que es de práctica en el comercio automotor que cuando se recibe en parte de pago del precio de compra de un automotor otro vehículo, éste se entrega en la misma fecha en que se retira el 0 Km. a fin de evitar que el comprador se quede a pié mientras el automotor que adquiriera llegue a la zona y pueda retirarlo de la agencia. Y en tal hermenéutica de la situación y el comportamiento debido a cargo de cada una de las partes, es que concluyo que el actor cumplió con su prestación no haciéndolo del modo que fuera acordado, en cambio, por la contratante demandada (Conf. Arts. 217, 218, incs. 4° y 6°; 219 del Cód. de Comercio y art. 1.198 del Código Civil).---------En tal inteligencia es que considero que al momento de decidir extrajudicialmente la resolución contractual el Sr. R. no era incumplidor encontrándose perfectamente habilitado a ejercer su facultad extintiva del vínculo contractual "por autoridad del acreedor", entendida ésta como el medio por el cual el otorgante que se mantuvo fiel al cumplimiento de lo pactado, se dirige a extinguir el vínculo obligacional válido que lo ligara a quien, en forma legalmente inexcusable, no satisfizo lo prometido (Conf. Bergel, Salvador D, en voz "Resolución de contratos" en Enciclopedia Jurídica Omeba, T. XXIV, pág. 788) (Conf. art. 216 del Cód. de Comercio).----------- ------Por lo demás, no cabe duda que en el particular supuesto bajo estudio la prestación incumplida a cargo del vendedor, a los efectos de apreciar su gravedad, era la principal pues se trata nada menos que de la entrega del bien que pretendiera adquirir el comprador (Conf. Ibáñez, , Carlos M., en "Resolución por incumplimiento", Ed. Astrea, pág. 183 y doctrina citada en nota n° 43; id. Ramella, Anteo E., en "La resolución por incumplimiento", Ed. Astrea, ed. año 1975, págs. 53 y sgtes., & 19; id. Miquel, Juan L., en "Resolución de los contratos por incumplimiento", Ed. Depalma, ed. año 1979, págs. 124 y sgtes.).------Concluiré de todo lo expuesto, que corresponde admitir los agravios bajo análisis en todo lo que trasciende a la consideración que ingresaré de inmediato a realizar de los siguientes dos agravios pendientes de tratamiento. Así lo dejo propuesto al acuerdo.-----6).- y 7) Admisión parcial de la demanda por daños y perjuicios-rechazo de los daños y perjuicios reclamados: Ingreso al examen conjunto de estos dos últimos agravios de los formulados por la parte actora desde que, en puridad, de la lectura del fallo -en particular del tratamiento que mereciera el tópico en el considerando tercero del mismo (fs. 355 vta/356)-, surge que el contenido de la condena del punto II del fallo en crisis no es fruto de que se admitiera parcialmente reparación alguna en concepto de daños y perjuicios, sino que la misma es fruto del enfoque jurídico dado por el juzgador de primera instancia a la anterior cuestión ya tratada en los agravios precedentes. Ello habida cuenta que consideró que las sumas abonadas por el actor lo fueron por reserva de compra y venta, estando fundada dicha condena, pues, a título de "restitución" de las sumas entregadas por el actor.------------- -A partir de lo dicho, entonces, corresponderá ingresar a esta cuestión contemplando el modo en que se controvirtiera al momento de la traba de la litis.--------En primer lugar, es dable establecer que es principio rector en materia de efectos de la resolución contractual por pacto comisorio, que la parte que opta por la resolución, además del efecto resolutorio que pretende, tiene derecho a la indemnización de los daños y perjuicios que pudieran haber derivado de la inejecución del contrato, de modo de quedar colocada en la misma condición que si se hubiera cumplido, para lo cual debe ser resarcida de acuerdo con los principios generales (Conf. CNCiv., Sala C, 28-08-81, E.D., 96-306).-----No obstante ha de tenerse presente, a su vez, que es válido excluir al importe que fuera abonado por el actor de la evaluación que merezca la pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios denunciados merced a que, a tenor del modo en que se concluyera del análisis que merecieran los agravios anteriores, he tenido por resuelto extrajudicialmente el contrato por autoridad del acreedor por lo que la restitución de las sumas que fueran abonadas por él en cumplimiento de la prestación a su cargo es producto del efecto resolutorio que opera retroactivamente, en los límites contemplados por el párrafo 2do. "in fine" del art. 216 del Código de Comercio -Al respecto no huelga puntualizar que la resolución por incumplimiento no se puede ubicar dentro de la órbita de la responsabilidad porque ésta se refiere al deber de reparar los daños causados por el incumplimiento, o sea, que se vincula a una diferente racionalidad o fundamento, al punto de que es admisible la resolución sin la presencia de daños. Esto es, una cosa es la resolución y otra diferente son los daños y perjuicios e, incluso, es posible que, aún existiendo daños y perjuicios, el acreedor se conforme con la resolución y no reclame la pertinente indemnización (Conf. Ibáñez, Carlos M., en Resolución por incumplimiento", Ed. Astrea, ed. año 2003, pág. 71 y citas de nota n° 5; id. Miquel, Juan L., "Resolución de los contratos por incumplimiento", Ed. Depalma, ed. año 1979, págs. 210 y sgtes.; id. Gastaldi, José María, en "Pacto comisorio", Ed. Hammurabi, ed. año 1985, págs. 427 y sgtes.).

-------En tal marco de entendimiento es que puntualizaré que la obligación de restituir las sumas abonadas por el actor ($ 10.175), con motivo de la resolución dispuesta por él en su calidad de contratante cumplidor, es derivada del carácter retroactivo de la extinción de las obligaciones emergentes del contrato de compra y venta. Es por tal motivo que el contratante incumpliente demandado en autos debe restituir lo que hubiese recibido en virtud del contrato resuelto con intereses a computar desde el día en que recibió cada suma parcial comprendida en el importe a restituir (Conf. arts. 207 y 216 del Cód. de Com.; y, arts. 555, 608/613, 616, 1371, inc. 2° , 1374 y conc. del Código Civil)(vide: Ibáñez, op. cit., págs. 296 y sgtes., & 143 y 154; id. Ramella, Anteo E., " La resolución por incumplimiento", ed. Astrea, ed. 1975, pág. 231).---------Asimismo, adelanto que ingresaré al referido análisis de procedencia de los rubros de la cuenta indemnizatoria pretendida desde el extremo más favorable al actor, cual es: la hipótesis que habilita catalogar el actuar de la contratante incumplidora "A. del S. S.A." -como lo postula en su demanda el actor- endilgándole haber incurrido en una inejecución maliciosa del contrato (vide: punto V de fs, 30/31-). E interpreto al término "malicia" no como la intención de dañar sino, al menos en la especie, por la indiferencia de la contratante incumplidora tuvo al asumir su posición de las consecuencias dañosas que muy probablemente o previsiblemente le podría haber provocado al actor (Conf. Bustamante Alsina, "Teoría General de la responsabilidad civil", Ed. Abeledo Perrot, 9na. ed., año 1997, págs. 285/286; ver también: Goldenberg, Isidoro, en "La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil", Ed. La Ley, ed. año 2000, págs80/83).------------Ello así, en el marco hermenéutico que armónicamente se extrae de las normas contenidas en los arts. 521 y 902 del Código Civil, toda vez que la profesionalizad de la demandada en el desarrollo de su actividad comercial amerita que se le exija un acabado conocimiento y previsión de las consecuencias derivadas de su actuar, de acuerdo al régimen jurídico al que se encuentra sometida y; de allí, entonces, es de ponderar que su posicionamiento en el conflicto configura un desborde de los límites de la mera inejecución culposa según los términos del art. 512 del mismo cuerpo legal.---------Tal circunstancia posibilita que se le pueda atribuir no solo las consecuencias necesarias e inmediatas sino, inclusive, las mediatas derivadas de su incumplimiento contractual. Es que, de otro modo, resultan inabarcables desde la perspectiva de la culpa contractual todos los rubros indemnizatorios pretendidos.-------- ---Efectuada tal disquisición que determina la base sobre la cual se apoyará el análisis de procedencia de los daños reclamados y que proyecta una visión panorámica más amplia y comprensiva de la totalidad de la pretensión indemnizatoria deducida, paso derechamente al examen de los daños y perjuicios pretendidos por el Sr. R. , a saber: a) restitución de sumas percibidas; b) mayor valor del bien que pretendiera adquirir; c) pérdida de ganancia por la frustración del contrato de locación del automotor; y, d) daño moral.-----------a) El denunciado como "daño" en el escrito de demanda, ya he expuesto "supra" que la condena que dispone la restitución de las sumas abonadas no responde al concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la inejecución de la obligación a cargo del contratante incumpliente (conf. arts. 511, 519 y conc. del Código Civil), sino a un efecto específico de la extinción de las obligaciones derivadas de la resolución contractual (Conf. art. 216 del Cód. de Com. y normas del Código Civil subsidiarias de aplicación al caso). En consecuencia me remito a lo ya expuesto.----b) En referencia al mayor valor del automotor que se quiso adquirir en dominio, toda vez que solo se enuncia el dato consistente en que un vehículo idéntico valdría más a la fecha de interposición de demanda que el que tenía al tiempo de concertarse el contrato resuelto (ver: escrito de demanda, punto VI, apart. "B" -fs. 31 y vta.-), queda sin sustento fáctico la pretensión indemnizatoria deducida. Es que desprovista de toda posible relación de causalidad adecuada tal pretensión desde que se encuentra dicha circunstancia -mayor valor de mercado- ajena en absoluto al incumplimiento contractual. Esto es, el susodicho mayor valor de venta que es indicado como "daño" de la cual pudiera atribuirse el deber de responder a la demandada. Tengo para mi para efectuar tal aserto que el daño como presupuesto de la responsabilidad civil debe ser entendido como la lesión o menoscabo a un interés patrimonial o extrapatrimonial acaecido como consecuencia de una acción. Y basta con advertir que el valor de las cosas en el mercado depende básicamente de la oferta y de la demanda, siendo indiferente para establecerlo en el caso y también genéricamente, el incumplimiento contractual tenido por cierto en estos actuados, desde que no es un dato ponderable a los fines de fijar su valor en el mercado el índice estadístico de cumplimiento o incumplimiento de los contratos de compraventa que los tenga por objeto ya sea de los compradores o de los vendedores.---------- ------Desde otra óptica, también cabe señalar que ni siquiera se sugiere en el escrito de demanda que se hubiera intentado adquirir un vehículo de similares características y ante su aumento de valor en el mercado tuviera que haber afrontado el pago de una diferencia, o bien, haberse visto perjudicado por serle imposible su adquisición de modo tal que el porcentual de mayor valor sea factible de mensurar como constitutivo del "perjuicio" denunciado en demanda. En tal sentido, cabe advertir que la eventual diferencia de valores debiera extraerse siguiendo el mismo mecanismo por el cual se conviniera la operación de compraventa frustrada por incumplimiento. Esto es, se debería computar la entrega de una Pick Up de la misma marca y similares características, de un modelo de dos años de antigüedad, a efectos de deducir su valor de mercado al precio de adquisición de una 0 Km. vigente a la fecha de comparación. Recién allí se obtendría eventualmente un potencial mayor valor denunciado. No verificado en autos ni las hipótesis fácticas aludidas ni tampoco tal cálculo de valores de comparación imposible resulta evaluar siquiera la procedencia del presente reclamo. A todo evento resulta improponible la manera en que se planteara el reclamo por este rubro, desde que remitiéndose el actor a postular el supuesto mayor valor a partir de un valor de fecha anterior -mensurado a la fecha del contrato- para de allí computar un valor de fecha posterior -a la fecha de la demanda-, implicaría alterar sustancialmente los términos del negocio jurídico tenidos a la vista por las partes al contratar.---------Es por lo dicho que propongo al acuerdo se desestime el presente rubro. Así lo voto.

---------c) El daño emergente por la pérdida de ganancia por rentas que se viera frustrado el actor de percibir como consecuencia del contrato de locación del automotor que pretendiera adquirir a través del contrato resuelto y que, se afirma, se había ya acordado con el Sr. P. T. con fecha 05 de diciembre de 2003 (fs. 8); el que, a su vez, fuera resuelto por el frustrado locatario por despacho del 26 de abril de 2004 (fs. 18); magüer de la negativa y desconocimiento que mereciera de parte de la demandada tanto de la responsabilidad que se le atribuye mediatamente, como del contrato en sí mismo (fs. 76), en mi opinión, tampoco puede prosperar.-----Ello habida cuenta que el contrato de locación adjunto en autos suscripto por el Sr. R. en calidad de locador y el Sr. T. como locatario y que luce agregado a fs. 8, a pesar de encontrarse este expresamente reconocido en su existencia, autenticidad y contenido por el co-contratante T. (ver informativa obrante a fs. 201/202), no es oponible a la demandada "A. del S. S.A.", en los términos normados por los arts. 1034 y 1035 del Código Civil.------------Aclaro que, para mi, no hay lugar a duda alguna en que tales normas del Código Civil citadas son de plena aplicación al caso de marras, aún cuando como se estableciera al inicio del presente análisis éste se encuentra bajo la regulación comercial, ello por vía del párrafo primero del título preliminar y del art. 207 del Código de Comercio (Conf. Salvat-Lopez Olaciregui, "Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General", Ed. TEA, ed. año 1954, págs. 491 y sgtes., n° 2245/2249; id. Colombo, Leonardo, "La fecha cierta en los documentos comerciales", en L.L. 23-821 y s.s.).---------- ---Esto es, el instrumento privado firmado por los mencionados en primer término en tanto carece de fecha cierta anterior a la de su presentación a este proceso resulta inoponible a demandada en estos actuados.---------Por ello, entonces, propondré al acuerdo la desestimación de la pretensión resarcitoria por lucro cesante o pérdida o frustración de ganancia denunciada por el Sr. R. . Así lo voto.--d) Finalmente, tal como fuera pedido el resarcimiento por daño moral, igualmente tengo para mi, que el mismo tampoco habrá de prosperar.------ -Nótese que en el modo de pedir por daño moral (punto D.- del escrito de demanda -fs. 32 y vta.-), se confunde el hecho antijurídico -incumplimiento contractual- con el daño mismo cuando se tratan estos de presupuestos del deber de responder distintos.----Sabido es que el daño como presupuesto de la responsabilidad civil está claramente establecido por el art. 1.067 del Código Civil en cuanto prescribe que "No habrá acto ilícito punible para los efectos de éste Código, si no hubiese daño causado u otro acto exterior que lo pueda causar"(sic). También, en materia de incumplimiento contractual los arts. 506 y 511 del Código Civil prescriben que el deudor es responsable al acreedor, de los daños e intereses; esto es, nada debe reparar si no ocasionó daños. Esto es, pueden existir ilícitos extracontractuales como incumplimientos de obligaciones convencionales sin que generen daños, pero es preciso que el nocimiento suceda como consecuencia del tales conductas para que exista "punibilidad civil", vale decir, obligación de reparar. En síntesis: no hay responsabilidad sin daño.Lo dicho descarta absolutamente una supuesta sinonimia entre daño y antijuridicidad por cuanto no tiene porqué generarse daños con motivo de la mera infracción a un deber jurídico (Conf. Stiglitz-Echevesti, en "Responsabilidad Civil", Ed. Hammurabi, director Jorge Mosset Iturraspe, cord. Aida Kemelmajer de Carlucci, 2da. reimp., año 1997, págs. 212, & 102 y 103).---Establecida tal necesaria diferenciación resulta útil igualmente recordar qué se entiende por daño moral. Para ello siguiendo a destacada doctrina que acordara una definición en las "II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil" realizadas en la provincia homónima en el año 1984 y que ha sido adoptada por éste tribunal en antecedentes análogos al presente, diré que se entiende por tal: "...una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial...", o con más precisión "...una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial" (sic) (Conf. Pizarro, Ramón D., en "Daño Moral", Ed. Hammurabi, ed. año 1996, pág. 47 y nota n° 23; id. Zavala de González, Matilde, en "Resarcimiento de daños", ed. Hammurabi, 2da. ed. ampliada, 3ra. reimp., año 1996, T. 2-a -daños a las personas-, pág. 49, & 8 t nota n° 17).-------Y más específicamente se ha dicho que el daño moral contractual "...es un perjuicio espiritual derivado del incumplimiento o mal cumplimiento de un convenio; así como también, y en general, de la inejecución de obligaciones previamente contraídas entre el responsable y la víctima (declaraciones unilaterales de voluntad, gestión de negocios, etcétera)." (sic) (Conf. Zavala de Gonzáles, Matilde, en "Resarcimiento de daños", Ed. Hammurabi, ed. año 2005, T. 5ª, -cuánto por daño moral-, pág.145, & 45).--Y como todo daño resarcible, el mismo debe ser cierto lo cual deriva la cuestión bajo análisis a verificar si éste se ha probado. Aparenta esto último ser un aspecto meramente práctico sin embargo estimo que resulta ser el más sustancioso por sus posibles implicancias en la especie.------------ ------Abro un paréntesis para expresar "ab initio" que no comparto la tesitura que pregona que se debe ser más riguroso respecto de la prueba del daño moral derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales que respecto de las obligaciones extracontractuales. Ello es dicho en base a la distinta redacción de los arts. 522 y 1078 del Código Civil que, se afirma, en un caso establece una responsabilidad con base judicial -el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral, dispone el art. 522 del Código Civil- y en el otro una responsabilidad legal, genérica y abstracta -la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende...la reparación del agravio moral, según el texto del art. 1078 del Código Civil-.--------Tengo para mi que, en cambio, que el tópico se encuentra vinculado a la carga de la prueba más que a cualquier otro tipo de diferenciación que se pretenda realizar a partir de la órbita de intereses sobre los que el daño proyecta sus consecuencias perjudiciales, sea la extracontractual o la contractual. Y en tal sentido tampoco encuentro que exista una mayor o menor exigencia de rigurosidad en la apreciación de la prueba que, en todos los casos, ha de aportarse sobre la existencia cierta del daño que se denuncia ha provocado el hecho antijurídico (Conf. Cifuentes Santos, "El daño moral por incumplimiento de un contrato comercial. Perspectiva actual de su admisión y naturaleza de la función que cumple", en la E.D., T. 184-318; id. Pizarro, Ramón D., "Daño moral contractual", en J.A. 1986-IV-923.--------Y, desde este punto de partida es indiscutible que respecto al daño moral existen supuestos en los que el peticionario nada tiene que probar, ni directa -fuente de evidencia o medio probatorio- ni indirectamente -fuente de conjetura o indicios-, y en otros sí tendrá que cumplirse con la carga de probar el daño moral que se denuncie haber sufrido. Tal aserto se explica a partir de contemplar que no existe necesidad de probar aquello que se conforma con el estado normal y habitual de las cosas (Conf. Ghorpe, Francisco, en "De la apreciación judicial de las pruebas", Ed. Temis, 3ra. reimp de la 2da. ed., año 2004, pág. 126).-----------Los hechos normales se basan en un estándar jurídico, de nivel medio de conducta, de comportamientos, de reacciones, que la ley permite a los jueces tener como ciertos. Y tal calificación el juzgador la efectúa a partir de las máximas de la experiencia o de los hechos notorios según el caso. La primeras son el conjunto de conocimientos que el juez obtiene de su vivir, forma parte de su caudal cultural y no es necesario su acreditación. En cambio, el hecho notorio es conocido por el juez fuera del proceso pero a diferencia de su experiencia, se tratan de hechos que son indiscutibles para la colectividad (Conf. Devis Echandía, Hernando, en "Compendio de la prueba judicial", Ed. Rubinzal Culzoni, ed. año 2000, T. I, pags. 115 y sgtes.; ver también: Couture, Eduardo J., en "Fundamentos del derecho procesal civil", Ed. Depalma, 3ra. ed. póstuma, año 1997, págs. 231 y sgtes., nros. 149 y 150).---------- ------En tal sentido, indico a título de ejemplo que sería una apreciación compartible para el común de los integrantes de la comunidad que la muerte de un ser querido o las lesiones infringidas a una persona, por sus secuelas o por los tratamientos que debió soportar para sus curaciones, producen sufrimientos, molestias, agravios o, en general, ataque a las afecciones legítimas; esto es, ocasionan daño moral según el concepto transcripto "supra". A la inversa, es de predicar, por el contrario, que quien pretenda que en el caso de que se trate, por circunstancias excepcionales que se invoquen, tal daño no se produjo, tendrá la carga de probar lo que estimo es "anormal".--En cambio, ante el incumplimiento contractual, como el acontecido en el caso de marras, ello no ocurre del mismo modo. Aquí, en principio, la indemnización que se pretende sea reconocida se encuentra supeditada indefectiblemente a la prueba de existencia del daño moral que se denuncia padecer como producto de tal ilicitud. Y ello es de tal manera porque las máximas de la experiencia no permiten calificar como hecho "normal" los padecimientos del acreedor por el incumplimiento obligacional de su deudor, en grado tal como para ser resarcible. Máxime, añado, cuando como en el caso éste -el acreedor de la prestación incumplida- es un comerciante acostumbrado por su propia calidad de tal a asumir riesgos propios e inmanentes a tal actividad (ver en tal inteligencia Cam.Civ. y Com., Mar del Plata, Sala II, 12/08/03, en E.D., 206-80, cit. por Zavala de González, Matilde en "Resarcimiento de Daños", op. cit., págs. 158/160; id. Agoglia-Boragina-Meza, "La prueba del daño moral", en "La prueba del daño-I", Rev. de Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni, T. 4, págs. 167/172, puntos VII y VIII).-----Y desde tal posicionamiento encuentro que, en el particular caso bajo estudio, lejos se encuentra el actor de haber satisfecho la necesaria acreditación de la existencia daño moral del que pretende ser resarcido por la suma de $ 30.000.----------Por lo expuesto, propondré al acuerdo la desestimación del agravio. Así lo voto.------8) Imposición de costas: Merced al modo en que se concluye del desarrollo de los distintos motivos de agravios, ciertamente la atribución de las costas devengadas en el anterior grado deberán ser motivo de adecuación a este pronunciamiento.----------- ----Ello es de tal manera si se atiende a las razones que expresara el juzgador de primera instancias para distribuirlas en un 75% a cargo de la actora ahora apelante y el 25% a cargo de la demandada han variado. Nótese que el Sr. Juez a quo señaló: "...dada la forma en que se decide la cuestión y en atención a que el grueso de la pretensión de la actora -existencia de contrato, incumplimiento, resolución contractual y consiguiente indemnización de daños y perjuicios- fue desestimado..." (sic) (ver considerando cuarto de la sentencia - fs. 356-). Pues bien, fácil es constatar que del tratamiento que merecieran tales cuestiones y de las conclusiones a las que se arribara en cada uno de los agravios formulados el resultado obtenido es diametralmente distinto, esto es, se tuvo por existente el contrato, se lo tuvo por incumplido y por resuelto extrajudicialmente, no obstante que se desestima la pretensión resarcitoria por daños y perjuicios por las razones que se expresaran.----------Es en punto a esta nueva circunstancia del proceso, entonces, que corresponde como ya lo adelantara, adecuar a este decisorio la imposición de costas del anterior grado. Así lo dejo propuesto al acuerdo.------------III.- Conclusión: -- ---Por todo lo expuesto corresponderá confirmar, en lo principal que decide, el fallo venido en apelación, aún cuando por un camino argumental diametralmente distinto a seguido por el juzgador del anterior grado; para modificarlo únicamente en cuanto a la imposición de las costas devengadas en primera instancia las que deberán ser soportadas por su orden, en virtud a las nuevas motivaciones que sustentara tal resultado y que se proyectan a la admisión de la pretensión resolutoria y sin mella para la desestimación de los daños también pretendidos y, por ende, a la atribución de los porcentuales de vencimientos mutuos logrados por ambas partes en el proceso (Conf. arts. 68, 71 y 279 del C.P.C.C.).--------------Asimismo, será menester adecuar a este resolutorio los honorarios de los letrados intervinientes en el primer grado. Apreciando la actuación que les cupo a los letrados por su extensión, calidad y eficacia, estimo adecuado regularlos del siguiente modo: a los Dres. H. A. G. y S. A. K. , ambos letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, en la suma equivalente al 18,2%; y al Dr. D. H. G. , letrado apoderado de la parte demandada, en la suma equivalente al 18,2%. En ambos casos, a computar las alícuotas sobre el capital de condena que se liquide en la etapa de ejecución de sentencia, con más el I.V.A. pertinente (Arts. 6, 7, 9, 19, 37, 39, 47 y conc. de la ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------- -Admitidos los agravios relativos a la existencia, incumplimiento y resolución contractual, pero desestimados los vinculados a la pretensión indemnizatoria por daños y perjuicios, se delinea en esta segunda instancia igualmente, un vencimiento parcial y mutuo que impone atribuir las costas devengadas en ella por el orden causado por cuanto se corresponde, a mi entender, a la porción de éxito y fracaso obtenido en este proceso por cada una de las partes (arts. 71 y 279 del C.P.C.C.).---------Los honorarios de los Dres. H. A. G. y S. A. K. ; y, los del Dr. D. H. G. , por sus labores de alzada, por aplicación de idénticas pautas apreciativas y de lo preceptuado por el art. 14 de la ley del arancel, deben fijarse en la suma equivalente al 5,46%, para cada representación, del aludido monto del pleito y con más el I.V.A. correspondiente.----Finalizo el tratamiento de esta cuestión expidiéndome en ella PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.------------ A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----- 1. Llegan a conocimiento de este Tribunal las presentes actuaciones como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes a fs. 364 y 366, que fueran concedidos libremente a fs. 365 y 367, contra la sentencia de la anterior instancia de fs. 351/356 y vta. que hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por G. R. y condenó a A. DEL S. S.A. a abonar la suma de $10.175.-, con más sus intereses, y rechazó la pretensión subsidiaria de resolución contractual, con imposición de costas en un 75% al actor y en un 25% a la demandada.- Los agravios de la parte actora lucen a fs. 374/383 y vta., el traslado conferido a fs. 384 fue contestado a fs. 391/396, a fs. 399 se declaró la deserción del recurso de apelación interpuesto por la demandada, y la relación sucinta de las cuestiones planteadas fue desarrollada por el vocal que me precediera en la votación, motivo por el cual y atendiendo a razones de brevedad procesal me remito a tales expresiones, sin perjuicio de las consideraciones que en cada caso corresponda realizar.- 2. Comenzaré por señalar que aun cuando por hipótesis la compraventa no fuera comercial para el comprador, desde que si lo es para el vendedor - sociedad anónima dedicada en forma habitual a la venta de automotores en su calidad de concesionaria oficial de una marca de autos (arts. 1 y 8, inciso 1 y 2 del Código de Comercio)-, la operación celebrada queda sujeta a la ley mercantil, conforme al art. 7 del citado ordenamiento.------ La solución del caso la encontramos de todas formas en lo dispuesto en los arts. 7 y 8, inc. 2 Cód. Com. En el sentido expuesto se ha expedido la jurisprudencia al asignar carácter mercantil a una compraventa, aunque sólo fuera comercial en relación al comerciante vendedor (Rouillón, Director, "Código de Comercio: Comentado y Anotado", La Ley, 2005, T. I, pág. 522).------- Con el propósito de evitar los inconvenientes del doble régimen legal, el código de comercio somete a su propia regulación la totalidad del acto o negocio cumplido (Fontanarrosa, "Derecho Comercial Argentino. Parte General: 1", Zavalía Editor, 1997, pág. 239).-------- Pero lo relevante del caso es que el acto es comercial para las dos partes pues el actor es comerciante por dedicarse a la reventa de autos, conforme alegación de la demandada de fs. 78 que fuera dato admitido por el actor a fs. 273 (respuesta a la 14a. posición), y sin perjuicio de la prueba testimonial rendida en tal sentido (Curcio, respuesta a la 5a. repregunta, fs. 119; Tosca, a la 2a. repregunta, fs. 141 vta.; Salguerio, a la 12a. pregunta, fs. 252; Robla a la 6a. y 10a. pregunta, fs. 257).--------- Se cumple así con la finalidad de adquirir la cosa para revenderla o alquilar su uso prevista en el art. 450 del Código de Comercio y que constituye el segundo elemento tipificante de la compraventa mercantil. Y en el caso de la compra efectuada por un comerciante, la cuestión de la exteriorización o no de la finalidad de lucro al momento de la celebración del contrato no presenta, en principio, mayores dificultades porque el eventual conflicto que tengan las partes deberá ser solucionado en base a lo dispuesto por el art. 5 Cód. Com.: los actos de los comerciantes se presumen siempre actos de comercio, salvo prueba en contrario (Rouillón, obra y tomo citado, págs. 522/523).-------- Por ello, indudable resulta la aplicación al caso de autos del ordenamiento mercantil, con la aclaración que no le alcanza la normativa prevista por la ley 24.240 ya que el actor es comerciante dedicado a la compra y venta de automotores en forma habitual por lo que está excluido de la noción de consumidor prevista en su art. 1.--- -- Para este derecho, consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza, como destinatario final, bienes o servicios cualquiera sea su naturaleza. En cierto modo la expresión "consumidor" aparece tomada más desde el punto de vista económico que del jurídico: los bienes producidos sirven para satisfacer necesidades, no volviendo a ser usados como bienes de cambio (Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, 2004, págs. 18/19).--- Con ese alcance, el contrato de compraventa mercantil es consensual ya que queda perfeccionado por el simple consentimiento de las partes y sus efectos surgen desde la celebración del mismo, y no formal ya que la ley no exige una determinada forma para la celebración del contrato de compraventa, pudiendo celebrarse incluso en forma verbal (Rouillón, obra y tomo citado, pág. 525). Ello, sin perjuicio de precisar que en el sistema argentino en materia de automotores la compraventa es el título, pero la tradición no es suficiente siendo necesaria la inscripción registral que es constitutiva (conf. Lorenzetti, "Tratado de los Contratos", Rubinzal - Culzoni Editores, 1999, T. I, pág. 196), por lo que en cuanto al modo se requiere el cumplimiento de formalidades especiales (art. 1 de la ley 22.977 que sustituye, entre otros, a los arts. 13 y 14 del decreto ley 6582/58, t.o. por decreto 1114/97).- Y el Sr. Juez de la anterior instancia consideró a fs. 354 que con la documental de fs. 19 no puede considerarse que se suscribió contrato de compraventa alguno sino que se trató de una oferta con plazo de validez en el marco de una tratativa precontractual, para concluir a fs. 355/vta. que el contacto social entre las partes se limitó a tratativas y reservas de compra, por lo que no existió contrato de compraventa y en consecuencia no cabe enrostrar incumplimiento contractual a la accionada ni tener por resuelto un vínculo que no llegó a concretarse en un contrato.- Sin embargo, teniendo en cuenta el recibo de fs. 21 emitido en concepto de seña, en la misma fecha que la oferta de fs. 19, y lo dispuesto por el art. 475 del Código de Comercio, no hay posibilidad alguna de considerar que hubo meras tratativas, las que comienzan con la "presentación", que alguna doctrina denomina "carta de intención", se prolongan a través de conversaciones o "pour parle", pasando por hitos o momentos individualizados por su trascendencia, y culminan en el consentimiento, cuando se arriba a un final feliz, o en la ruptura de las tratativas, el apartamiento (Bueres-Highton, "Código Civil .", Editorial Hammurabi S.R.L., 2000, T. 3 B, pág. 548).-------- ------ Existió una oferta de la vendedora dirigida a persona determinada (G. R. ) con especificación de la unidad y condiciones de venta, y una aceptación por el comprador cuya voluntad se exteriorizó con el pago de la seña (arts. 1148 y 1154 del Código Civil, remisión del art. 207 del Código de Comercio).--- De la oferta realizada y que se instrumentara con la documental de fs. 19 no tengo dudas, pues aun cuando se considerara a la persona firmante de la misma (Sr. G. F. ) como agente externo, no puede admitirse que una oferta aceptada por el cliente debe ser posteriormente sometida a la aprobación de la gerencia comercial y del directorio como sostiene el testigo S., gerente comercial de la demandada (contestación a 25a. pregunta, fs. 252).----------- Si existió una oferta aceptada mal puede el oferente retractarse de la misma después de su aceptación. Por lo demás, ante las negativas de la sociedad en el sentido que el Sr. F. no actuó ni contrajo obligación alguna en su nombre (fs. 74 vta., in fine), lo cierto es que no puede dejar de ponderarse que la oferta de fs. 19 tiene membrete de la sociedad, el sello aclaratorio de firma que luce al final del mismo identifica a la sociedad, y que a pesar de la negativa vertida por la citada persona (respuesta a la 13a. pregunta, fs. 139) tengo por acreditado que a la fecha de la operatoria (noviembre de 2003) dicha persona tenía un box para atención de clientes dentro de la concesionaria (Tosca, respuesta a la 13a., 14a., y 15a. pregunta, fs. 141), declaración que presenta fuerza convictiva suficiente, conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.). En ese contexto, no abrigo dudas que su actuación, invocando el nombre de la sociedad al utilizar papelería con membrete y sello aclaratorio con identificación de la misma, y dentro de sus dependencias, generó frente a los terceros de buena fe (la que se presume de acuerdo al art. 4008 del Código Civil) una razonable apariencia basada en la suposición de obrar ejerciendo un mandato, máxime si se considera que aun cuando no fuera empleado en relación de dependencia prestaba "servicios de supervisión de ventas" que es "un puesto que discierne las operaciones que podrían tener curso (S., gerente de ventas, respuesta a la 4a. y 5a. repregunta, fs. 253).

Con frecuencia una persona obra a nombre de otra sin poderes suficientes y sin embargo, las circunstancias que rodean su gestión hacen razonable suponer que obra en ejercicio de un mandato. En el conflicto entre el interés de quien no pidió poderes suficientes y el del tercero de buena fe que creyó por razones serias que había mandato, la ley se inclina frecuentemente por éste, protegiendo de este modo la seguridad jurídica. La prudencia de tal solución no es dudosa cuando la apariencia de mandato ha tenido como origen una culpa del dueño del negocio; pero a veces aun sin culpa suya se admite su responsabilidad. En la actividad de contratación, ha dicho un tribunal, es fundamental la apariencia de poderes, que ampara y proporciona acción a quien se encuentra inerme frente a un representante sin mandato (Borda, "Tratado de Derecho Civil. Contratos", Editorial Perrot, 4ta. ed., 1979, T. II, págs. 540/541).- En lo que hace a la aceptación, el pago de la seña considerada en el régimen mercantil a cuenta del precio (art. 475 del Cód. Com.) actuó como principio de ejecución y por tanto perfeccionó el contrato que pasó a tener efectos desde ese momento. Es que, en la compraventa mercantil la seña posee carácter confirmatorio de la operación -art. 475 Cód. Com.- Significa que en el régimen mercantil el dinero entregado por el comprador en carácter de "señal o arras" se considera que ha sido entregado por cuenta del precio y como forma de ratificación del contrato. No existe para las partes posibilidad de arrepentimiento o retractación , salvo pacto expreso que las partes incluyan en el contrato. A falta de pacto expreso, no procederá la retractación sino que el contrato se considerará perfeccionado -ya que la seña habrá actuado como principio de ejecución- y por ende el eventual conflicto que suscite relativo al incumplimiento del mismo, deberá resolverse en base a las normas inherentes a la resolución del contrato. La norma en análisis (art. 475) establece que las cantidades entregadas como seña se entiende que ha sido entregadas siempre a cuenta del precio y en signo de ratificación del contrato. La doctrina sostiene que se trata de una presunción juris et de jure. Las partes pueden pactar diversamente, mas también es cierto que tal cláusula, según lo requiere enérgicamente la ley, debe ser 'especial', o sea, requiere 'pacto expreso', habiéndose llegado a sostener que, en ausencia, se presume iuris et de iure que las arras son confirmatorias. Nuestros tribunales han aplicado la norma en análisis en reiteradas oportunidades (Rouillón, obra y tomo citado, págs. 532 y 626/627) (el subrayado me pertenece).

--- Con tales pautas, desde que el recibo N° 00014-00018964 del 13/11/03, emitido por la demandada por $1.000.- que ingresara a la sociedad indica "SEÑA HILUX SRV C/d 4x4 0km" (fs. 21 y pericia contable, fs. 312, p. 2.1.), no puede considerarse como afirmara el juzgador que hubo meras tratativas.--------- Nótese que el propio gerente de ventas señaló que "no es habitual" que se reciba dinero sin encontrarse concretada la operación (Salguerio, respuesta a la 6a. repregunta, fs. 253).--- Y el art. 475 del Código de Comercio prescribe que la cantidad entregada como seña se entiende "siempre" que es a cuenta del precio y en signo de ratificación del contrato, y al no mediar cláusula "especial" en contrario el importe recibido es principio de ejecución del contrato, por lo que a las cuestiones que se susciten entre las partes vinculadas a eventuales incumplimientos le son aplicables las normas relativas a la resolución del contrato.- En ese contexto, la demandada no acreditó que los recibos Nos. 0014-00019185 y 0014-00019184 por $175.- y $9.000.- (fs. 20 y 22) correspondan a una nueva oferta toda vez que la actora al contestar a fs. 87 el traslado conferido a fs. 86 desconoció, entre otros documentos, los presupuestos de fs. 47 y 48 ("Y en particular desconocemos la siguiente documentación: 1.- Presupuesto de fecha 29 de Diciembre de 2.003.- 2.- Presupuesto de fecha 13 de Noviembre de 2003.- .").----- Y la sociedad no demostró que se entregara tal documental al actor y tampoco que los fondos ingresados por $9.175.- correspondan a una operatoria distinta de la que surge de la documental de fs. 19 (ver pericia contable, fs. 312/313).- Y en ese direccionamiento, en modo alguno resulta que los recibos de fs. 20 y 22 hagan referencia a otro modelo de automotor. En todos los casos, las especificaciones contenidas en la documental de fs. 20, 21 y 22 corresponden a un mismo y único modelo: Hilux SRV - 4X4. La única diferencia que se observa radica en el uso indistinto de "D/C" y "C/D" que significa doble cabina o cabina doble.-- Nótese incluso que en el presupuesto de fs. 47, que según la demandada corresponde a otra operatoria, se indica "C/D", coincidiendo con la oferta de fs. 19. Y a su vez, el presupuesto de fs. 48 supuestamente emitido el mismo día que la oferta de fs. 19 indica "DC" en lugar de "C/D".--- ----- Ello denota que esa especificación es la misma y que fue utilizada indistintamente. No dejo de advertir que de atenerse estrictamente a las condiciones fijadas en el documento de fs. 19 no tiene explicación el importe de $175.- ingresado recién el 29/12/2003 (recibo de fs. 20), pues el monto de $10.000.- ya incluía los gastos de gestoría, flete y patentamiento, pero la deficiencia probatoria existente pesa sobre la parte que alegó la existencia de una operatoria distinta, dato fáctico que sirviera de sustento a su defensa (art. 377, 2do. pár., del C.P.C.C.).------ Respecto del monto de $9.000.-, cabe señalar también que se ingresó el 29/12/2003 (recibo de fs. 22) ya vencido el plazo de la oferta (30 días a contar del 13/11/2003, fs. 19), pero ello fue consentido por la sociedad generando en el comprador una razonable expectativa en cuanto al mantenimiento de la contratación de acuerdo al principio de buena fe. La buena fe ilumina toda la vida del contrato .Pero la buena fe es, asimismo, un criterio o principio de indudable vigencia en orden a la interpretación del contrato, en cuanto: a) Ordena conductas probas, dignas, leales, y descarta todo proceder contrario a esas pautas -buena fe objetiva-. b) Manda ajustarse a la apariencia, a lo que el otro contratante pueda entender o creer, para no defraudar la confianza suscitada -buena fe subjetiva- (Bueres-Higton, ob. cit., 1999, T. 3 C, págs. 45/46).---- Y la recepción de ese monto importa la ratificación de la compraventa celebrada, pues es una de las reglas de interpretación de los contratos comerciales la conducta seguida por las partes subsiguiente al contrato (art. 218, inc. 4, del Código de Comercio) que se perfeccionó con la oferta de fs. 19 y la aceptación de la misma con el pago efectuado en concepto de seña (a cuenta de precio, art. 475 del Código de Comercio) que luce a fs. 21.------ --- El art. 218 (inciso 4°) Cód. Com. confiere relevancia hermenéutica a los hechos de los contratantes, posteriores a la celebración del contrato. La conducta asumida por las partes en la etapa de ejecución del contrato, resulta decisiva a la hora de interpretarlo pues se trata de actos propios, reveladores de su real intención (Rouillón, obra y tomo citado, pág. 456).-------- Tocante a la falta de entrega del vehículo usado individualizado en la oferta que luce a fs. 19, el fallo de la anterior instancia tuvo por acreditado a fs. 354 que es práctica comercial la entrega simultánea de la unidad nueva y de la usada. Ese aspecto del decisorio adquirió firmeza ante la falta de apelación de la demandada y por lo demás resulta de la prueba testimonial rendida por personas que se dedican en forma habitual a la compra y venta de automotores (P. , C. y T. , respuesta a la 2a. y a la 5a. pregunta, fs. 118, 119 y 141, respectivamente).---------- En tales condiciones, desde que la concesionaria no cumplió con su obligación de entregar la unidad nueva no podía requerirse al comprador la entrega del vehículo usado, por lo que podía hacer uso de la facultad resolutoria que está en cabeza de quien no ha incumplido.- Se prefiere hacer referencia a la parte no incumpliente, en vez de la cumpliente o cumplidora, porque podrá utilizarse esta facultad resolutoria no sólo quien haya efectivamente cumplido, sino quien quiso cumplir y le fue impedido, y quien ofreció cumplir puntualmente; asimismo, parece más atinado considerar que el derecho de aniquilar el negocio compete a la parte no incumpliente, dado que no es imprescindible que el pretensor haya cumplido su obligación, pues bien puede suceder que la misma todavía no se tornara exigible (Ghersi-Weingarten, "Código de Comercio .", Nova Tesis, 2006, T. I, pág. 328).-- El comprador al resultar no incumpliente se encontraba facultado a resolver extrajudicialmente el contrato, previo requerimiento al incumplidor a fin que cumplimente la obligación en un plazo no inferior a quince días (art. 216 del Código de Comercio).---------- Esa carga se cumplió mediante la intimación contenida en la carta documento del 24 de marzo de 2004, y ante la negativa a cumplir de la sociedad, quedó expedita la vía extrajudicial resolutoria que se materializó con la carta documento del 02 de abril de 2004 (documental agregada por la demandada con su escrito de contestación, fs. 62, 60 y 59, respectivamente).-- ---- Desde ya que la negativa a cumplir hizo innecesario esperar al vencimiento del plazo legal como se indicara en la pieza de fs. 59 ya que la negativa de la vendedora contenida en la carta documento de fs. 60 al considerar que no tenía obligación de entregar el vehículo exteriorizó claramente su voluntad de no cumplir.--- Así, se señala que la doctrina y jurisprudencia han enunciado casos excepcionales en los que el acreedor no incumpliente puede omitir la concesión del mencionado plazo, cuando se presente como una formalidad inútil, entre otros casos, si se sabe que no querrá cumplir al haber manifestado que no cumplirá o ser indubitada su voluntad de no cumplir (Ghersi-Weingarten, obra, tomo y página citada). Y debe ponderarse la entidad del incumplimiento para resolver el contrato.--------- Para ser idónea a tal efecto, la inejecución debe alcanzar tal entidad que afecte una prestación sustancial; o, en otros términos, que de haber sabido el acreedor que la prestación no habría de cumplirse en su integridad, no hubiese celebrado el contrato (Fontanarrosa, ob. cit., "2: Doctrina General de los Contratos Comerciales", 1997, pág. 112).------- Y en el caso se trató de la obligación nuclear del vendedor que es la de dar la cosa al comprador (Lorenzzetti, obra y tomo citado, pág. 268).---- Por tales razones, se acogen favorablemente los agravios vertidos en este aspecto por haberse resuelto en forma extrajudicial el contrato de compraventa celebrado entre las partes por incumplimiento de la vendedora de su principal y nuclear obligación consistente en la entrega de la cosa.- 3. La resolución del contrato importa la extinción del vínculo y sus efectos operan retroactivamente, por lo que la vendedora debe restituir las sumas percibidas con más sus intereses desde el día que las percibió, ya que la parte incumplidora se asimilada al poseedor de mala fe (arts. 788, 590 y 2438 del Código Civil).----------- Por ello, las partes que han quedado desvinculadas, deben restituirse recíprocamente todo lo que hubieren recibido con motivo del contrato resuelto. Corolario del efecto retroactivo son los efectos reintegrativo y resarcitorio, porque -admitiendo que la resolución produce la extinción del contrato y que su consecuencia natural es que las cosas retornen al estado en que se hallaban con anterioridad a su celebración- se deduce fácilmente que las partes deben restituirse recíprocamente lo que del mismo modo recibieron con motivo del negocio jurídico extinguido o pagarse las indemnizaciones compensatorias o resarcitorias correspondientes (Miquel, "Resolución de los contratos por incumplimiento", Depalma, 1979, págs. 207/208 y 210/211).-------------- ---- La resolución por incumplimiento contractual tiene igual efecto que la nulidad de los actos jurídicos, o sea que es retroactiva, pues se ratifica el efecto ex tunc de la extinción, su alcance retroactivo (Bueres-Highton, ob. cit., T. 3 C, pág. 65). También que la obligación de reintegro se subsume en el pago sin causa, pues la causa existente (compraventa) quedó cesante como consecuencia de la resolución habida, conforme lo establecido por el art. 793, parte final, del Código Civil.----------- En el momento de pagar existía la obligación, pero luego un hecho sobreviniente aniquila la obligación precedente, la que queda destruida retroactivamente: luego el pago resulta sin causa (Llambías, "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones", Editorial Perrot, 1970, T. II, par. 1702. b), pág. 1019). Se trata de una causa existente que dejó de existir (Condictio ob causa finita) (Bueres-Highton, ob. cit., 1998, T. 2 B, pág. 212). Y verificada la ausencia de causa para el pago, o cualquiera de las otras situaciones que se asimilan a un pago sin causa, se impone la restitución al pagador. El "accipiens" resulta un simple poseedor de los bienes pagados (Llambías, obra y tomo citado, par. 1711, págs. 1027/1028).------- Por ello, ante la resolución contractual la restitución al comprador de las sumas percibidas por el vendedor es un efecto reintegrativo, y si el obligado a restituir es quien ha dado lugar a la resolución debe ser tratado como un poseedor de mala fe, y debe restituir los intereses y los frutos que hubiera producido o podido producir lo recibido desde el día lo recibió (arts. 788, 590 y 2438 del Cód. Civil) (Miquel, ob. cit., págs. 229/230).---- En tal sentido, determinada la obligación a reintegrar a cargo de la vendedora incumplidora, ésta resulta asimilada al poseedor de mala fe, con los alcances del art. 788 del Código Civil, normativa que si bien alude al pago por error se aplica igualmente al pago sin causa.------- El art. 788 asimila al accipiens precisado a restituir, en razón de un pago indebido, con el poseedor de mala fe (Belluscio, Director, "Código Civil .", Astrea, 1981, T. III, par. 2, pág. 633). Y si el accipiens es de mala fe tendrá que devolver la cantidad de dinero recibida, con más los intereses desde el momento del pago (Bueres-Highton, obra y tomo citado precedentemente, pág. 206).---- Es que, debe repararse que la parte incumplidora se asimila a un poseedor de mala fe, y en tal caso la obligación de restituir comprende los frutos de la cosa por aplicación del art. 2438 del Código Civil.----- --- En ese mismo direccionamiento, el deudor que poseyó de mala fe está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos (art. 590 del citado ordenamiento), y el fundamento está dado por aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 2438 sobre el poseedor de mala fe (Bueres-Highton, ob. cit., 1998, T. 2A, pág. 367). Con tal alcance debe señalarse que los intereses lucrativos, comúnmente denominados compensatorios, constituyen frutos civiles del capital (arts. 2424 y 2330) (Belluscio, Director, ob. cit., 1981, T. 3, pág. 116). Los frutos civiles son las rentas que produce la cosa (art. 2424, 3ª. cláusula; v. gr. las de un capital) (conf. Bueres Highton, ob. cit., 1997, T. 5, pág. 190).- Así, no hay que olvidar que los intereses compensatorios son frutos civiles del capital, y este tipo de intereses constituye la renta o "ganancia del acreedor", y se los suele llamar también lucrativos (Crovi, "Clases de intereses. Sus razones jurídicas y económicas", en "Intereses", Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley, Director Julio César Rivera, Julio 2004).-- Por tales razones, la vendedora incumplidora en virtud del efecto reintegrativo se encuentra obligada a restituir las sumas percibidas con más sus intereses desde el día que le fueron entregadas, conforme a la tasa de interés establecida en el fallo en crisis.----- Con tales alcances, debe precisarse asimismo que en materia de incumplimiento la mayoría de nuestra doctrina y jurisprudencia sostiene la asimilación, en materia contractual, entre "dolo" y "malicia", ya que si a la "inejecución maliciosa" se le asigna un significado distinto que a la "inejecución dolosa", tendríamos un tipo más de incumplimiento, una nueva categoría de inejecución, que no tiene ningún motivo de justificación, y además desconecta la norma de imputación de daños del art. 506 del Código Civil, que sólo contempla el "dolo" del deudor, con la que ahora fija sus límites del artículo 521 (Trigo Represas, "Extensión de la responsabilidad por incumplimiento contractual", en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Responsabilidad contractual - I, Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, pág. 28).----------- La conducta maliciosa a que se refiere el art. 521 del Código Civil debe considerarse equivalente al dolo entendido como la inejecución consciente y deliberada de la prestación debida, sin que sea necesario el designio específico de dañar al acreedor (Goldenberg, "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", La Ley, 2000, págs. 80/81).------------- --- En el área contractual el dolo importa la inejecución maliciosa de la obligación contraída, la que implica el incumplimiento deliberado: el querer jurídicamente relevante, en esta especie de dolo, va dirigido hacia no cumplir pudiendo hacerlo, pero no es menester que lleve la intención de dañar (Miquel, ob. cit., pág. 240).------- Esto es, la malicia no es identificable con la intención de causar un daño, sino con una actitud deliberada de incumplir. Ello así, no advierte diferencias entre el incumplimiento doloso -previsto en el art. 506, Cód. Civil- y la inejecución maliciosa descripta en el art. 521, en comentario (Agoglia, Boragina y Meza, "Responsabilidad por incumplimiento contractual", Hammurabi S.R.L., 1993, págs. 301/302). En ese contexto, atento el carácter de comerciante de la demandada con específico conocimiento de la actividad que despliega en el mercado automotriz, es evidente que asumió una conducta ex profeso, o de propósito, no cumpliendo lo que el deudor debía y podía cumplir (Bustamante Alsina, "Teoría general de la responsabilidad civil", Abeledo-Perrot, 9a. ed., 1997, pág. 286), por lo que esa inejecución maliciosa determina que deba responder incluso por las consecuencias mediatas en los términos del art. 521 del Código Civil.------- 4. En lo que hace a los daños reclamados, debe distinguirse claramente entre la acción antijurídica y el daño que eventualmente es su consecuencia: la convicción sobre la primera no apareja un juicio positivo sobre el segundo, desde que no siempre aquélla causa un perjuicio. El principio expuesto ha sido particularmente aplicado en materia contractual, en cuanto no todo incumplimiento hace nacer un crédito resarcitorio (Zavala de González, "Resarcimiento de daños", Editorial Hammurabi S.R.L., 2da. ed., 1997, T 3, pág. 155). Con ese alcance y respecto del mayor valor del bien reclamado, debe distinguirse el daño al interés positivo y al interés negativo.- El daño al interés positivo engloba las perspectivas favorables que el acreedor podía legítimamente esperar como resultado del cumplimiento de la obligación. Por eso se lo denomina también "interés de cumplimiento". El acreedor tenía en su crédito un título válido y eficaz, que constituía una causa legítima de las ventajas esperadas: si el deudor no cumple la obligación ha de responder por la frustración de los beneficios que contaba el acreedor y que se fundaban en la virtualidad de su título. Por ejemplo si A promete a B la venta de un inmueble y luego no cumple, pueden entrar en este renglón los siguientes rubros: mayor valor adquirido por ese inmueble. . El daño al interés negativo supone la invalidez o ineficacia del acto jurídico que había originado la obligación, la cual queda consiguientemente sin causa y por ello carente de la virtualidad que le era propia. El interés negativo del acreedor consiste, en esta hipótesis, en el resarcimiento de los daños y perjuicios que no habría sufrido, si no se hubiera constituido la obligación. Si el acreedor no es culpable de la invalidez o ineficacia del acto originario de la obligación no es justo que sufra las derivaciones de esa contingencia. En la consideración del interés negativo del acreedor se mira hacia el pasado, tratando de restablecer el statu-quo patrimonial anterior a la constitución de la obligación que ha resultado desvanecida. Por el contrario, en la consideración del interés positivo se mira hacia el porvenir, computando como medio idóneo de incremento patrimonial el título del acreedor que lo habilita para exigir el cumplimiento de la obligación y obtener con ello las ventajas esperadas (Llambías, ob. cit., 1967, T. I, págs. 268/269).------- -- Y, se discute si en el caso de optarse por la resolución del contrato se produce un daño al interés positivo por tratarse de un interés en el cumplimiento del contrato.----- Se sostiene que la responsabilidad contractual se extiende a supuestos en los cuales el perjuicio no puede fundarse en lo que el acreedor hubiese obtenido, porque éste opta por la resolución del contrato (art. 1204, Cód. Civil) . Aquí no puede decirse que el daño infligido consista en la lesión a un interés patrimonial o económico derivado de un derecho subjetivo al cumplimiento del contrato (ya que si se optó por la resolución, la opción lo hace ineficaz ex tunc; si medió culpa in contrahendo, el contrato no llegó a celebrarse; si el contrato se anuló, no existe jurídicamente la posibilidad de alegar un derecho subjetivo al cumplimiento de prestaciones dependientes del negocio inválido). Excluido el interés de cumplimiento, al que puede llamarse "interés positivo", los daños se consideran en razón de un interés que la doctrina ha llamado "interés negativo" o interés de confianza", y cuyo contenido está representado por el daño emergente o por el lucro cesante (Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", Astrea, 3ra. ed., 2005, págs. 137 y 139, respectivamente).--- ----- Y aun cuando se afirma que corresponde el resarcimiento del interés positivo en los supuestos de incumplimiento del contrato; se expresa que corresponde la indemnización del interés negativo en las hipótesis de nulidad de contrato (conf. art. 1056), de disolución de contrato (resolución o rescisión), y de culpa "in contrahendo" (Llambías, obra y tomo citado precedentemente, pág. 270).-- Frente a esa postura se señala que establecido que la parte no incumplidora que optó por la resolución del contrato tiene derecho a ser indemnizada, se plantea la cuestión de determinar si puede reclamar al incumplidor una indemnización de daños y perjuicios en función del interés contractual positivo o sólo en la medida del interés contractual negativo, es decir, si puede reclamar todo lo que hubiera obtenido en caso de cumplirse el contrato o sólo pretender colocarse en la situación anterior al contrato resuelto. La tesis a la cual adherimos admite que puede reclamarse el interés positivo (Ibáñez, "Resolución por incumplimiento", Astrea, 2003, págs. 330 y 333, respectivamente). La resolución del contrato por incumplimiento culpable de una de las partes da derecho a la otra al resarcimiento de los daños y perjuicios, por lo que la indemnización debe resarcir tanto el interés positivo como el interés negativo (CNCom., sala "A", agosto 23-977, "Metalúrgica T S.R.L. c. V y V S.A.", E.D. 77-337).--- Cuando se trata de un negocio perfeccionado y válido que se incumple, se debe indemnizar el interés positivo de cumplimiento, el cual comprende todo lo que el acreedor tendría si el negocio fuera válido (Brebbia, "Responsabilidad contractual", Ediciones La Rocca, 1987, pág. 221).

De todos modos, entiendo que no es necesario recurrir a esta postura amplia, pues en definitiva se trata de resarcir el daño producido al interés negativo a fin de evitar un perjuicio conjurable que consiste en amparar la capacidad económica que tenía el comprador de adquirir el vehículo al momento de la celebración del contrato.---------- Por eso, y desde que la finalidad es la de restablecer la situación patrimonial existente al momento de la constitución de la obligación, considero que no necesitaba la parte no incumplidora alegar con una mirada hacia el futuro que tenía intención de comprar otro vehículo o que se vio perjudicado por serle imposible su adquisición, como lo sostiene el Dr. Lucero.----- Simplemente basta con no haber podido realizar la operación o haberse frustrado la posibilidad de concretar un negocio distinto. El daño presente consiste en la situación patrimonial negativa en que se encuentra el acreedor y que no habría padecido si no se hubiera constituido la obligación. Su fundamento radica en la frustración del contrato. No hay razón alguna para cercenar el daño producido al interés negativo que mira hacia el pasado y no hacia el futuro, por lo que no es justo que sufra las derivaciones de esa contingencia.- La parte que ejerce la facultad resolutoria pudo haber simplemente perdido la oportunidad de obtener la prestación por medio de un negocio distinto, en razón de la confianza que tuvo en que el contrato se cumpliría . Entonces se advierte que el daño presente consiste, por así decir, en la situación patrimonial negativa en que se encuentra el acreedor, con relación a la que se encontraría si el contrato no se hubiera celebrado. ¿En que consiste esa situación patrimonial negativa? En la comparación entre la situación actual y la situación patrimonial anterior a la constitución de la obligación que ha quedado desvanecida (Ibáñez, ob. cit., pág. 137).------- En tales condiciones, debe acogerse favorablemente la indemnización requerida por mayor valor del bien. Tocante al momento de su valuación se destaca que debe tomarse en cuenta el valor en el momento más próximo al pago que sea posible (Ramella, "La resolución por incumplimiento", Astrea, 1975, pág. 251; Miquel, ob. cit., pág. 247). Plantear el problema es resolverlo: un daño actual requiere ser indemnizado con un valor también actual. Sólo así se satisface la finalidad de la indemnización que es, en la medida de lo posible, borrar el daño restableciendo el estado patrimonial del damnificado a la situación anterior al hecho perjudicial (Llambías, ob. cit., T. I, pág. 287).------ El momento de la sentencia liquidatoria es relevante en orden a la medida del daño, en cuanto tiene en consideración el valor que en tal momento subsistiría en el patrimonio del perjudicado si el daño no se hubiese producido, por lo que se pretende crear, mediante el resarcimiento a favor del perjudicado, una situación correspondiente a aquella que existiría de faltar el daño ocasionado. Debe distinguirse, sin embargo, entre la valoración de la medida del daño y su liquidación propiamente dicha. Lo que Ascarelli denomina, respectivamente, la aestimatio y la taxatio (Zannoni, ob. cit., págs. 309/310).------ -- Por ello, atendiendo a que el accionante requirió el mayor valor de "un vehículo cero kilómetro" y sujetó el cobro de la suma a "lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse" (acápites VI.B y I, fs. 31 y 26, respectivamente), deberá considerarse el valor de la unidad al momento de la presente sentencia.-- No omito destacar que el dato alegado en demanda en cuanto a que el costo de un vehículo 0Km., marca Toyota, Hilux 4x4, C/D SRV Full, ascendía a la época de la promoción de la demanda a $92.400.- (p. VI. B., fs. 31/vta.) fue negado expresamente por su contraria (acápite III y VII, fs. 76 y 83, respectivamente), y que la prueba informativa cumplida a fs. 144 no aporta elemento alguno.----- A pesar de ello, de ese dato referido al valor de plaza pueden los jueces hacer mérito aun cuando no exista una prueba directa por tratarse de un hecho público y notorio, pues los precios de venta surgen publicados en revistas de la especialidad y ese conocimiento es de dominio público.--------- Es que, están excluidos de prueba los hechos notorios, de acuerdo con la regla notoria non egen probatione, cuyo origen se remonta hasta el derecho canónico. Se entiende por hecho notorio aquel cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el momento en que la decisión se pronuncia. No pueden darse a su respecto reglas precisas . pero su característica es el dominio público, es decir, que nadie lo pone en duda, de tal manera que la convicción que de ella surge es tan firme como la que emana de una prueba directa y por ello puede el juez tenerlo por cierto en su sentencia aun cuando las partes no lo hubieran invocado (Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", EDIAR, 2da. ed., 1958, T. III, págs. 247/249).-- En tales condiciones, toda vez que el vehículo marca Toyota, modelo Hilux 4x4 D/C SRV Full (oferta de fs. 19) dejó de fabricarse en el año 2005, corresponde tomar el valor de un vehículo similar de la misma clase, Toyota Hilux 4x4 D/C SRV 3,0 TDI, cuyo importe asciende a enero de 2008 a $116.100.-, información que surge de la página web www.cca.org.ar y que suministra la Cámara del Comercio Automotor, y que resulta coincidente con la indicada por la revista "Info Auto", Año XII, N° 143, pág. 149, correspondiente al mes de febrero de 2008.------ --- Por tales razones, el mayor valor de esa unidad asciende a $44.710.- (116.100.- menos 71.390.-), con más los intereses pedidos (ver p. I, fs. 26), conforme a la tasa activa que utiliza el Banco ...... S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento a computar desde la fecha de la resolución contractual decidida extrajudicialmente por el comprador ante la mora producida (art. 509 del Código Civil) como consecuencia de los términos del emplazamiento y reserva que contienen las cartas documentos que lucen a fs. 17 y 11, respectivamente, agregadas también por la demandada a fs. 62 y 59, cuya autenticidad a su vez resulta del informe del Correo Argentino de fs. 172, copias de fs. 163 y 158, respectivamente, y hasta la fecha del efectivo pago.-- 5. Tocante al daño emergente reclamado por pérdida de ganancias alegó el actor que celebró contrato de locación de automotor y transporte con el Sr. P. T. el 5 de diciembre de 2003.- Ese dato fáctico y documental agregada a fs. 8/vta. fue objeto de expresa negativa por la demandada (p. III, fs. 76 y 76 vta., respectivamente), por lo que al resultar controvertido estaba a cargo de la actora producir su prueba (art. 377 del C.P.C.C.).

Y la prueba informativa cumplida a fs. 201/202 no resultó el medio idóneo para acreditar la autenticidad de la firma atribuida al Sr. P (b)al T , y por ende, tampoco el contenido del documento, pues con ella se intentó reemplazar el medio probatorio específico, cual es la testimonial.----- Y existe una clara diferencia entre la prueba testimonial y la prueba informativa.

La diferencia con el testigo es más simple. Este último participa de un conocimiento por medio de sus sentidos, conocimiento personal. En el informe, el informante sólo es el intermediario entre el pedido y el registro que vuelca conforme a dicho pedido. Ya la jurisprudencia ha señalado que se entiende que es prueba de informes al decir que la prueba de informes no es un simple remedo de la testimonial. Por lo tanto, vulnera el principio de especificidad de los medios probatorios valerse de ellos para hacer "declarar" a los informantes sin sujetarse a los requerimientos y sanciones eventuales que impone el CPCC, sin tomarles el juramento de ley, sin indagar sobre la existencia de compromiso o analizar su posible interés (en el caso: arts. 426 y sig., 440 y 441 y concs.), y fundamentalmente, sin otorgar la posibilidad -el derecho- de controlar y preguntar a la contraria, comprometiendo así los principios del debido proceso, adecuada bilateralización y defensa en juicio. El carácter subjetivo de la declaración del testigo y la diferencia con el informe se asienta en que la fuente del testigo es personal y la del informe real, siendo quien informa -en este último caso- sólo un vehículo objetivo de la constancia a la que se refiere (Falcón, "Tratado de la prueba", Astrea, 2003, pág. 928). De tal modo, la prueba de informes no resulta admisible para sustituir otro medio de convicción (art. 397 del C.P.C.C.) que específicamente corresponda, por lo que deviene inadmisible si versa sobre hechos que debieron justificarse mediante la prueba de testigos.-- -- Desconocida por el accionado la documentación acompañada con la demanda, no puede acudirse a la vía de informes. Por ello es inadmisible la prueba en análisis para tener por acreditada la autenticidad de una firma. Concordantemente se ha añadido que no puede confundirse una pseudo prueba de informes con la testimonial pretendiendo sustituir ésa por aquélla, si se trata del reconocimiento de un documento por un tercero; quien lo suscribe debe ser llamado como testigo a fin de que la contraria pueda fiscalizar la sinceridad de sus declaraciones (Morello, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales .", Librería Editora Platense - Abeledo- Perrot, 1991, T. V-A, pág. 489, y cita de fallos).--------- No habiendo acreditado entonces la parte actora la autenticidad de la firma del Sr. P. T. y por ende el contenido del contrato agregado a fs. 8/vta., corresponde desestimar la queja.--- En tal sentido, el daño es esencial extremo constitutivo de la acción resarcitoria, por lo que su demostración incumbe al actor. Dentro de tal perspectiva, se ha señalado que "el daño no existe en el mundo del derecho sino cuando la sentencia acredita su existencia", y que "la deficiencia o no probanza del daño gravita en contra del damnificado sobre quien recaía dicha carga probatoria" (Zavala de González, obra y tomo citado, pág. 156).------ Al actor le incumbe la prueba de los hechos constitutivos del derecho que invoca en la demandada. En consecuencia, al damnificado que pide el resarcimiento le corresponde probar la existencia del daño (Bustamante Alsina, ob. cit., pág. 180).----- Y por tratarse el actor de un comerciante el daño no se presume, aunque se trate de relaciones entre comerciantes, por lo que quien reclama la reparación del derivado del incumplimiento de un contrato debe probar su existencia (conf. Salas, "Código Civil .", Depalma, 1981, T. I, par. 9, pág. 277 y cita de fallos).---------- Por lo demás, aun cuando en materia comercial prevalece el criterio de que la fecha cierta puede probarse por otros medios (Rouillón, obra y tomo citado, pág. 434), esto es, la veracidad de la fecha no tiene las limitaciones de prueba del art. 1035 del Cód. Civil, estas pruebas deben ser directas y referirse al instrumento de que se trata (Falcón, ob. cit., T. I, pág. 861), por lo que la falta de tales pruebas impide que la fecha consignada en el contrato resulte oponible a la demandada, tercero ajeno a esa contratación (art. 1034 del Código Civil). Por tales razones, la deficiencia probatoria incurrida recae sobre la parte actora y ello conduce al rechazo del daño reclamado por ese concepto.- 6. Reclama el actor en demanda el daño causado a sus legítimas afecciones, por consiguiente daño moral resarcible, derivado del incumplimiento contractual de la sociedad accionada.--- Al respecto, por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba, el daño moral debe ser probado por quien reclama su reparación. Este es el principio general. Y el daño moral por el incumplimiento del vendedor de la obligación de entregar la cosa vendida ha sido resuelto por nuestros tribunales con criterio marcadamente restrictivo (Pizarro, "Daño Moral", Editorial Hammurabi S.R.L., 1996, págs. 562/562 y 543, respectivamente).- Desde esta perspectiva, por tratarse de daños a bienes materiales (en el caso la falta de entrega del vehículo por el incumplimiento contractual habido), corresponde distinguir distintos supuestos, ya que no es lo mismo los daños causados a la vivienda familiar, o a bienes que por su carácter generan sentimientos de afección legítimos (recuerdos de familia), que los ocasionados a un comerciante al no disponer de un bien para aplicarlo a una actividad mercantil, sea su reventa o su alquiler. Es que, el menoscabo de bienes patrimoniales con valor de afección no es presumible, ni surge a partir de los hechos mismos (in re ipsa), por lo que requiere prueba concreta.------ -- Criterio ya adoptado por esta Alzada, por su sala "A", S.D.C. 3/99 y 15/03, y por esta sala "B", c. 16.358, S.D.C. 21/04, y también en c. 20.521, S.D.C. 43/2005.-------- El art. 1078 del Código Civil sólo consagra una presunción normativa limitadamente para los casos en que se afecten bienes personalísimos del damnificado (vgr. salud, honor, privacidad en el caso de los damnificados directos -párrafo primero de dicho precepto- o la vida del causante, en el supuesto de los damnificados indirectos -párrafo segundo de dicha norma-). Pero va de suyo que cuando se afecten exclusivamente bienes patrimoniales la citada presunción no resultará operativa. Por lo tanto, por regla, la prueba del daño moral recae siempre sobre las espaldas del actor, cualquiera sea la fuente de responsabilidad civil (Agoglia, Boragina y Meza, "La prueba del daño moral", en Revista de Derecho de Daños, La prueba del daño - I, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, págs. 170/171).------ Por lo demás, si se trata del daño moral derivado de la destrucción, pérdida o deterioro de bienes patrimoniales se requiere de una prueba más categórica, a fin de persuadir al juzgador sobre la existencia de un interés no patrimonial cierto, ligado a un bien patrimonial, conculcado por el ilícito, y de una minoración espiritual que es consecuencia de esa situación (Pizarro, ob. cit., pág. 532).--- Así, por daño moral indirecto debe entenderse el menoscabo a un interés no patrimonial que es consecuencia del ataque a un bien patrimonial de la víctima. Es decir que el daño moral, en tal caso, es la derivación del hecho lesivo a un interés patrimonial. Pero esa relación cualitativa debe ser objetivamente constatable, de acuerdo a las circunstancias del caso. La reparación de los llamados "sentimientos de afección" vinculados a cosas -objetos patrimoniales- no es arbitraria. El art. 1078 (Código Civil) aludía a afecciones legítimas, denotando -de algún modo- no cualquier sentimiento de afección, variable según cada persona y conforme su especial carácter o susceptibilidad, sino a aquellos sentimientos de afección derivados de la circunstancia de que, a través del bien patrimonial, de la cosa dañada, la víctima satisfacía un bien jurídico distinto de carácter no patrimonial, que no se restituye o restablece con la mera reposición o resarcimiento del valor económico o pecuniario, ni siquiera con la reparación por equivalente. Sólo en estas condiciones es razonable plantear el resarcimiento del daño moral provocado por la destrucción, pérdida o menoscabo de bienes patrimoniales con valor de afección. El "valor de afección" no es, en principio, el que se sufre ante el daño patrimonial en sí, sino el que se tutela en virtud de un interés extrapatrimonial, jurídicamente relevante, que existe además del interés económico o pecuniario. Es posible plantear algunos ejemplos. Si se sustrae del domicilio de la víctima cosas que representan recuerdos de familia, el hurto o el robo, si bien interesan valores patrimoniales, afectan, además, un valor de afección reconocido por el derecho, en cuanto tales objetos integran ese ámbito de intimidad, inalienable, que conforma la tutela del domicilio mismo . debe privar un criterio restrictivo, en principio, respeto al reconocimiento de un daño moral resarcible por el menoscabo, pérdida o destrucción de cosas (Zannoni, ob. cit., págs. 452/453, y 454/455, respectivamente).---------- -- Con tales alcances, ante la falta de prueba concreta y toda vez que el daño moral indirecto no se presume, se rechaza el agravio vertido.------- 7. En consecuencia, propicio al Acuerdo revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por G. R. al tener por operada extrajudicialmente la resolución del contrato de compraventa celebrado entre las partes, condenando a A. DEL S. S.A. para que en el plazo de diez días a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, pague la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco ($54.885.-), con más sus intereses que se liquidaran conforme a la tasa utilizada por el Banco .......... S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, desde que cada una de las sumas fueran percibidas por la vendedora en el caso de los importes que se ordena restituir y que ascienden a $10.175.-, y desde la fecha que operó en forma extrajudicial la resolución contractual respecto del monto establecido por daño material de $44.710.-, en ambos casos hasta el efectivo pago.

De compartirse la revocatoria parcial que se propicia deberá adecuarse el régimen de imposición de costas y los honorarios regulados en primera instancia (art. 279 del C.P.C.C.). Al respecto, aun cuando la jurisprudencia ha establecido como principio general que, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, de origen contractual o extracontractual, las costas integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere en su totalidad (Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", Astrea, 1998, pág. 402), en reiterados antecedentes señalé que tal criterio no significa aplicar a ultranza el principio de la reparación integral, pues en cada caso deberá ponderarse el cúmulo de pretensiones que prosperan, su magnitud si los montos reclamados resultan manifiestamente exagerados, y la actitud asumida por las distintas partes del proceso, a fin de realizar un análisis global del pleito que permita una valoración en conjunto.- Con ese alcance, atendiendo a que le asiste razón a la parte no incumplidora respecto a que operó la resolución del contrato en forma extrajudicial, y a que a su vez prosperaron dos de sus pretensiones referidas a la restitución de las sumas percibidas por el vendedor y a la indemnización por mayor valor del vehículo, en tanto que se desestimó el reclamo por pérdida de ganancias y daño moral, estimo prudente imponer las costas de primera instancia en un 70% a cargo de la demandada y en un 30% a cargo del actor, por ajustarse así en forma proporcional y adecuada a los vencimientos recíprocos habidos en función del resultado final del proceso (art. 71 del C.P.C.C.).------- Asimismo, al adecuar a este decisorio los honorarios de la anterior instancia, atendiendo a la extensión, mérito, eficacia y resultado que arrojan los trabajos profesionales cumplidos, entiendo que resulta prudente fijar los emolumentos de los Dres. H. A. G. y S. A. K. , letrados patrocinante y apoderado del actor, en forma conjunta, los del Dr. D. H. G. , letrado apoderado de la demandada, y los de los peritos contadores, calígrafo y técnico en transporte, R. V. L. , G. L. M. , M. P. R. , y C. A. M. , en las sumas porcentuales equivalentes al 19,6%, y 16,8%, 1,5%, 1,5%, 2%, y 1%, respectivamente, del monto final del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 6, 7, 9, 19, 38, 47 y 61 de la ley 2.200), con más el I.V.A. correspondiente.-- Si bien se desestiman los agravios referidos a la pérdida de las ganancias y daño moral, el éxito de los vertidos en cuanto al incumplimiento y resolución contractual y mayor valor del bien, y la potencialidad de los mismos en función al resultado final del pleito, llevan a imponer las costas de alzada en iguales porcentuales a los establecidos para la primera instancia, por responder así en forma prudencial a las porciones de éxito y fracaso obtenido por el apelante (art. 71 del C.P.C.C.). Finalmente, conforme a las pautas apreciativas ya indicadas y lo dispuesto por el art. 14 de la ley del arancel, por los trabajos profesionales de segunda instancia, entiendo prudente regular los honorarios de los Dres. H. A. G. , S. A. K. , y D. H. G. , los dos primeros profesionales en forma conjunta, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,48% y 4,45%, respectivamente, del ya aludido importe del proceso, con más el I.V.A. pertinente.---------- Cierro mi intervención y a la primera cuestión voto PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.----------- A ESTA MISMA CUESTIÓN, dijo el Dr. Ferrari: ------ I. La reseña de los hechos ya efectuada por el Vocal de primer voto me releva de abundar sobre ese aspecto, ya que se encuentran cumplidas así las exigencias rituales de los arts. 163, inc. 3° y 164 C.P.C.C. en lo pertinente.------ II. Por otra parte, han coincidido ambos colegas preopinantes en cuanto a: 1) la existencia y principio de ejecución del contrato de compraventa de automotor habido entre las partes; 2) la naturaleza comercial y no civil de la contratación; 3) la procedencia de la resolución demandada por incumplimiento de la vendedora demandada; 3) la obligación de esta última de restituir al actor las sumas abonadas a cuenta de precio con más sus intereses; 4) la calificación del incumplimiento de la demandada como "malicioso", lo cual la hace responsable incluso por las consecuencias mediatas de dicha conducta (art. 521, C.Civil); 5) la improcedencia de los resarcimientos reclamados en concepto de daño moral y de daño emergente por pérdida de ganancias basadas en la frustración de un contrato de locación de automotor suscripto entre el actor y un tercero.- Sobre los aspectos enunciados anteriormente se ha formado la mayoría necesaria, por lo que me abstendré de emitir opinión, haciendo uso de la facultad conferida por el art. 9 de la Ley 1.130 (t.o. seg. Ley 4550) y art. 271, C.P.C.C..---------- III. La discrepancia de los colegas, en síntesis, se reduce a la procedencia o no de la indemnización demandada a título de daño patrimonial por la frustración del contrato, consistente en el mayor valor de una unidad "cero kilómetro" igual a la que fuera objeto de la compraventa resuelta. Sobre el punto, el Dr. Lucero se ha inclinado por la desestimación del reclamo, al considerar que el perjuicio alegado carece de toda posible relación causal, siendo ajeno en absoluto al incumplimiento contractual. A su turno, el Dr. Vergara, en postura contraria, opina que se ha configurado un daño al interés negativo, pues se trata de restablecer la situación patrimonial del actor existente al momento de constitución de la obligación, y que se concreta en la situación patrimonial negativa en que se encuentra el acreedor y que no habría padecido si no se hubiera constituido la obligación. Como derivación de la diversa solución que proponen uno y otro colega, ella trae aparejada una diferente propuesta en punto a la imposición de las costas. A estos rubros, pues, he de limitar mi pronunciamiento.------------- ---- IV. En este cometido, puedo adelantar desde ya mi total coincidencia con la postura sustentada por el magistrado sufragante en segundo término. Y aunque nada novedoso podría agregar a su claro razonamiento, a fin de cumplir con la manda constitucional que impone fundamentar mi voto (art. 169, Const. Prov.) expresaré a continuación los motivos que me llevan a acompañarlo en su propuesta, aun cuando para ello deba incurrir en la forzosa reiteración de algunos conceptos ya delineados por el citado colega.--- Los antecedentes fácticos que informan el caso, al igual que los agravios vertidos por los apelantes, han sido ya motivo de extensas consideraciones por parte de los colegas prevotantes, de modo que carece de objeto incurrir en innecesarias repeticiones a su respecto. En concreto, lo cierto es que se ha tenido por resuelto el contrato de compraventa de un automotor cero kilómetro a raíz del incumplimiento de la demandada, y esta inconducta contractual genera la consiguiente responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.------ Con esto en claro, opino que no existen dudas acerca de la relación causal mediata entre el incumplimiento y el perjuicio invocado por el demandante al que aludieran los colegas en sus respectivos votos. Se trata, en efecto, de un daño provocado por la frustración del contrato ya aludido, y objetivamente puede comprobarse la variación en el status económico del actor, quien, para adquirir un bien de esas características al momento de concertar aquel vínculo, debía realizar un esfuerzo patrimonial notoriamente diferente al actual en términos pecuniarios. En efecto, como lo señala con acierto el Dr. Vergara, el valor de una unidad Toyota Hilux 4x4 D/C SRV Full 0 km en el año 2003 ascendía a $ 71.390.-(conforme a los términos del contrato - fs. 19) y su equivalente en el año 2008 -teniendo en cuenta que aquel modelo dejó de fabricarse y hoy lo reemplaza la Toyota Hilux 4x4 D/C SRV 3,0 TDI- se ha elevado a la suma de $ 116.100.-, datos que surgen de las fuentes de público acceso ya citadas por el colega ya nombrado.-------- -- Esto permite verificar que si ha de colocarse al actor en análoga situación patrimonial a la existente a la fecha de concertación del contrato fallido, debe entonces resarcirse ese mayor valor, consistente en un monto de $ 44.710.- pues es lo cierto que, con independencia de si el comprador decida o no en la actualidad concretar la compra de una unidad de esas características, tiene en todo caso el legítimo derecho a ser colocado en esa posible situación, frustrada hoy por el incumplimiento malicioso de la demandada que diera lugar a la resolución contractual (arts. 207, 216, 2do. párrafo, C.Com. - id. arts. 512, 521 y conc., C.Civil; su doctrina). Se trata, en definitiva -y como bien lo expresara el colega de esta Sala, Dr. Velázquez, en un caso de análogas características- de resarcirle a la parte inocente de la resolución del contrato resuelto la pérdida de chances relacionadas con otras operaciones que probablemente se hubieran realizado de no haber existido ese contrato luego malogrado, compensándole por ese sendero el menoscabo a dicho interés negativo, a la confianza defraudada por el incumplimiento que condujo a la resolución (confr.: Llambías, "Obligaciones" cit., I-268/270, n° 242 y "Código Civil anotado" ind., II-A-157/158, n° 14), y de restablecer el "statu quo" patrimonial anterior indemnizando los perjuicios ocasionados por la celebración de un contrato que más tarde no produjo efectos y que, de no celebrarse, no hubieran sobrevenido (confr.: Salvat-Galli, opus cit., I-101, n° 83 "j" - conf. esta Cámara, sala "A", en autos: Parra, Rubén G. c. Antomar S.A., 18/12/2003 - Expte.18892 - S.D.C. 48/03 - LLPatagonia 2004 (agosto), 469). - V. Conclusiones: - A mérito de las razones expuestas, he de sumar mi voto a la propuesta del Dr. Vergara en cuanto al monto por el que ha de prosperar la condena, esto es, por la suma de $ 54.885.- con más sus intereses conforme a la tasa ya acordada por los colegas preopinantes, y respecto de la suma de $ 44.710.-, computables desde que operó la resolución extrajudicial, configurándose la mora (art. 509, C.C.; su doctrina).- En tanto este resultado proyecta una necesaria modificación en las costas y honorarios de primera instancia (conf. art. 279, C.P.C.C.), me inclino asimismo por compartir la distribución propugnada por el colega de segundo voto, atendiendo a los respectivos vencimientos parciales y mutuos, a fin de que las costas correspondientes a aquella sede, al igual que las de esta Alzada, sean soportadas en un 70% por la parte demandada y en el 30% restante por cuenta de la actora (71, C.P.C.C.). Y en cuanto a los honorarios de primera instancia, concuerdo en las regulaciones propuestas por el Dr. Vergara, ya que las mismas se adecuan a la extensión y eficacia de las respectivas tareas cumplidas, según las escalas arancelarias vigentes (arts. 6, 7, 9, 19, 39, 47, 61 y conc., Dec. Ley 2.200), las que doy aquí por reproducidas, brevitatis causae.------ También me sumo a las retribuciones sugeridas en términos porcentuales a calcular sobre el monto del proceso debidamente liquidado para compensar las labores letradas en esta sede, a saber: a) para los Dres. S. A. K. y H. A. G., en conjunto, en el 5,48% y b) para el Dr. D. H. G. , en el 4,45%.--- Voto entonces a esta cuestión PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.---------- ---A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Lucero dijo: ----------El pronunciamiento que corresponde dictar es el siguiente, a saber: 1) CONFIRMAR, en lo principal que decide, el fallo venido en apelación, modificándolo únicamente en lo relativo a la atribución de las costas quedando redactado el punto III de la parte resolutiva en los siguientes términos: "Las costas se imponen por el orden causado...". 2) FIJAR, por adecuación a la presente, los honorarios de los Dres. H. A. G. y S. A. K. , en la suma equivalente al 18,2%; y al Dr. D. H. G. , en la suma equivalente al 18,2%; alícuotas que se computarán sobre el capital de condena a liquidar en la etapa de ejecución de sentencia y con más el I.V.A. pertinente. 3) IMPONER las costas de segunda instancia por el orden causado. 4) REGULAR los honorarios de los Dres. H. A. G. y S. A. K. , en la suma equivalente al 5,46%; y al Dr. H. D. G. , en igual suma equivalente al 5,46%, en ambos casos del aludido monto del pleito, con más el I.V.A. pertinente.-----------ASI LO VOTO.- A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Vergara dijo: ----- Atento el acuerdo alcanzado por mayoría al votar la primera cuestión, corresponde: a) revocar parcialmente la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por G. R. , condenando a A. DEL S. S.A. a pagar, dentro del plazo de diez días a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco ($54.885.-), con más sus intereses que se liquidaran conforme a la tasa utilizada por el Banco d. C. S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, desde que cada una de las sumas fueran percibidas por la vendedora en el caso de los importes que se ordena restituir y que ascienden a $10.175.-, y desde la fecha que operó en forma extrajudicial la resolución contractual respecto del monto establecido por daño material de $44.710.-, en ambos casos hasta el efectivo pago; b) imponer las costas de ambas instancias en un 70% a la parte demandada y en el 30% restante a la parte actora; c) fijar, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. H. A. G. , S. A. K. , y D. H. G. , los dos primeros profesionales en forma conjunta, y los de los peritos contadores, calígrafo y técnico en transporte, R. V. L. , G. L. M. , M. P. R. , y C. A. M. , por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 19,6%, 16,8%, 1,5%. 1,5%, 2%, y 1%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; d) regular los emolumentos de los Dres. H. A. G. y S. A. K. , en conjunto, y los del Dr. D. H. G. , por los trabajos de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,48% y 4,45%, respectivamente del ya aludido importe del proceso; y e) declarar que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.--- Así lo voto.---------- A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. Ferrari expresó: - Tal como ya lo he adelantado, comparto la resolución propuesta por el Dr. Vergara en todos sus términos, votando en sentido idéntico.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar: ----- --- S E N T E N C I A: -------- Y VISTO: Por los fundamentos del Acuerdo precedente, la Sala "B" de la Cámara de Apelaciones con asiento en la Ciudad de Trelew, por mayoría, RESUELVE: ------ REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia venida en apelación para hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por G. R. , condenando a A. DEL S. S.A. a pagar, dentro del plazo de diez días a contar desde que quede firme la resolución que apruebe la liquidación final, la suma de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco ($54.885.-), con más sus intereses que se liquidaran conforme a la tasa utilizada por el Banco ...... S.A. para sus operaciones ordinarias de descuento, desde que cada una de las sumas fueran percibidas por la vendedora en el caso de los importes que se ordena restituir y que ascienden a $10.175.-, y desde la fecha que operó en forma extrajudicial la resolución contractual respecto del monto establecido por daño material de $44.710.-, en ambos casos hasta el efectivo pago; ---------- IMPONER las costas de ambas instancias en un 70% a la parte demandada y en el 30% restante a la parte actora; ----- FIJAR, por adecuación al presente decisorio, los honorarios de los Dres. H. A. G. , S. A. K. , y D. H. G. , los dos primeros profesionales en forma conjunta, y los de los peritos contadores, calígrafo y técnico en transporte, R. V. L. , G. L. M. , M. P. R. , y C. A. M. , por sus tareas de primera instancia, en las sumas respectivas equivalentes al 19,6%, 16,8%, 1,5%. 1,5%, 2%, y 1%, respectivamente, del importe del proceso que resulte de la liquidación a practicarse en la etapa de ejecución de sentencia; -- REGULAR los emolumentos de los Dres. H. A. G. y S. A. K. , en conjunto, y los del Dr. D. H. G. , por los trabajos de Alzada, en las sumas porcentuales equivalentes al 5,48% y 4,45%, respectivamente del ya aludido importe del proceso; ------- DECLARAR que los honorarios regulados precedentemente deberán ser incrementados con el I.V.A. correspondiente.-- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------ Fdo: RAUL ADRIAN VERGARA - SERGIO RUBEN LUCERO (en disidencia) - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL N° 07 DE 2008 - SDC.- Conste.- CECILIA INES CORNEO - SECRETARIA DE CAMARA