marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Imputado, prueba, sistema acusatorio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: MARIAUX, MATIAS EXEQUIEL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-03-07

Si bien la compareciente invoca que lo decidido -en relación a la admisión de reproducción o exhibición de los registros de las audiencias imputativa y de prisión preventiva del encartado en la audiencia de juicio- afecta sustancialmente los principios estructurales del sistema acusatorio irrogándole un gravamen irreparable, con sus genéricas alegaciones la impugnante no logra demostrar que la resolución atacada le acuse un efectivo perjuicio, que resulte de imposible o insuficiente reparación ulterior, y sus invocaciones no logran demostrar que se configure en autos una concreta restricción o menoscabo al ejercicio de algún derecho de los que este Tribunal ha admitido para sortear la falta de definitividad referida. (Del voto de la Dra. Gastaldi) .
Daños y perjuicios, valor vida, muerte de un hijo
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Casado, José c/ Dirección Hidraúlica s/ Daños y perjuicios Rasetti, María Cristina c/ De La Canal, Hugo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-02|2000-04-18

Por el juego de los arts. 1084 y 1085 del C.Civil se admite que en caso de muerte de un menor, lo que debe resarcirse es el daño futuro cierto que corresponde a la esperanza, con contenido económico, que constituye para la familia modesta la vida de un hijo muerto a consecuencia de un ilícito; esa indemnización cabe, si no a título de lucro cesante, por lo menos como pérdida de una oportunidad de que en el futuro, de haber vivido el menor, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico para sus padres. Esa pérdida de posibilidad es un daño futuro que bien pueda calificarse de cierto y no eventual, aunque para su cuantificación, debe merituarse que en el curso ordinario de las cosas, ese hijo hubiese a su vez constituido su propia familia a la que también le corresponde la carga jurídica y moral de sostener.
Procedimiento administrativo, acto administrativo, legalidad objetiva, Derecho administrativo, Administración Pública, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CABALLERO MARTIN, CARLOS Y OTROS c/ PROVINCIA    DE   SANTA  FE  -DECRETO  PODER  EJECUTIVO  N.  4018/90- s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-12-27

El principio de "legalidad" de la actuación administrativa se refiere esencialmente al conjunto de las normas que conforman la rama del ordenamiento jurídico administrativo y que a ella conciernen, es decir, al ámbito regido por el Derecho Administrativo, al cual debe ajustar su obrar la Administración Pública; con esto se excluye, en principio, cualquier otro sistema normativo que discipline actividades distintas a las administrativas y que ejerza el Poder Ejecutivo, porque la actividad de éste no se agota en el ejercicio de la administración pública, sino que va más allá y comprende otras. Por eso la función ejecutiva es la multiforme, constante e ininterrumpida actividad que despliega el Estado para alcanzar sus fines inmediatos y concretos, que, por otra parte debe actuarlos dentro de los límites que señalan las normas jurídicas surgidas del ejercicio de la función legislativa.
Transporte de estupefacientes, secuestro de bienes
Materia: PENAL
Carátula: Baier Fillo, Mario Theobaldo s/ recurso de casación c/  s/ Baier Fillo, Mario Theobaldo s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-28|2020-02-28

Corresponde proceder al decomiso del camión pues el hecho bajo análisis encuadra dentro de uno de los supuestos previstos por el art. 23 del Código Penal: toda vez que el camión que fuera oportunamente secuestrado ha servido para cometer el hecho. En concreto, el rodado en cuestión fue precisamente el instrumento necesario para configurar el verbo típico en el que se encuadró la conducta delictiva -transporte de estupefacientes, prevista en el art. 5°, inc. "c", de la ley 23.737, y si bien no existen dudas respecto de que el camión era propiedad de la empresa de transporte -y no del imputado-, las especiales circunstancias del caso no permiten valorar que sus miembros desconocían el empleo ilícito de tal bien.
Sentencia interlocutoria, daños y perjuicios, recursos, recurso de queja (procesal), admisibilidad del recurso, monto del juicio, procedencia del recurso, determinación del monto
Materia: CIVIL
Carátula: Cardano, Gustavo Fabián c/ Gigli, María Luisa Liliana Margarita s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-02-26

Ante el supuesto de demanda rechazada donde ha resultado insatisfecho el conjunto de capital más la actualización, reclamada conforme la expresión " lo que en mas o en menos surja de las probanzas de autos" , ello constituye el valor del agravio sin que obste a ese análisis la postura que se adopte para juzgar dicho rubro -actualización-, cuestión que hace a la procedencia del recurso y por lo tanto no debe infectar el estadio previo de admisibilidad. del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.(doctor de Lázzari, minoría)
Bien de familia, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: CIVIL
Carátula: GERARDI, Raquel s/ SUCESION AB-INTESTATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-18

El hecho de que ya no exista el núcleo familiar formado por el constituyente, no torna inaplicable al régimen del bien de familia, en la medida en que subsista algún beneficiario. Es que, la intención del legislador, al permitir la constitución del "bien de familia", ha sido la defensa del núcleo que existía en el momento de su constitución. El fin tuitivo de la ley no puede ser burlado cuando, precisamente, el interés exige proteger a uno de sus miembros.-
Falta de fundamentación, homicidio calificado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: SALAS CLAUDIO FABIÁN c/  s/ HOMICIDIO DOLOSO AGRAVADO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-24

Corresponde hacer lugar parcialmente a la impugnación incoada por la Defensa y, consecuentemente, revocar la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación, estrictamente en lo que hace a la calificación legal del hecho, por falta de fundamentación (art. 248, inc. 2° y ctes. del C.P.P.N.), pues si bien dicho Tribunal brindó respuesta adecuada y sin fisuras los agravios que se refieren a la legítima defensa y a su eventual exceso, como así a ciertas valoraciones del dolo que contiene, a modo de crítica, el documento casacional, no se ha satisfecho en la instancia anterior un examen pleno de la sentencia condenatoria, en torno a la figura legal por la que ha sido condenado el imputado [a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta por igual término y demás accesorias legales, por hallarlo autor del delito de Homicidio Calificado, previsto y reprimido en el artículo 80, inciso 9° del Código Penal], pues no hay una motivación razonada en torno a un aspecto especial (abuso del cargo) atinente al tipo penal aplicado. Ello, claro está, más allá de su mención genérica a lo largo del fallo en los votos que prepararon los magistrados (cfr. fs. 1055 vta. y 1056). (del voto del Dr. Kohon).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa, excepción de pago, notificación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: Muñoz Horacio c/ Termas Villavicencio s/ Sumario (LIBRO: S016 - 240)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-02-29

Es inadmisible la excepción de pago articulada por la demandada, si ha depositado la suma indemnizatoria en sede administrativa, pero no prueba haber notificado fehacientemente a la actora de dicho depósito con anterioridad al inicio de la acción judicial.-
Competencia, cuestiones de competencia, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PENAL
Carátula: ROLON 1000 S.R.L. s/ Cheque sin fondos, Incidente de traba de competencia negativa  entre  este Tribunal y Juzgado en lo Criminal y Correccional de San  Isidro  Causa Nro. 3375.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-22

1-Conforme con el art. 24, inc. 7), del decr.ley 1285/58, ratificado por la ley 14467, tanto en cuestiones de competencia como en los conflictos entre distintos jueces que no tienen un órgano superior jerárquico común, debe conocer la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- 2-Deben ser elevadas las actuaciones a la Corte Suprema pues, en el caso, el conflicto se ha planteado entre el Juez en lo Penal Económico y un Juez en lo Criminal y Correccional de San Isidro, Prov. de Buenos Aires, por lo que no se da la situación de excepción que contempla la norma mencionada, cuando el conflicto es entre distintos jueces nacionales de primera instancia, en cuyo caso hubiera correspondido resolver a este Tribunal.
Publicidad registral, tercería de dominio
Materia: CIVIL
Carátula: Ottone, Alberto Carlos c/ Frontera, Jorge Eduardo y Otros s/ P.V.E. - Alquileres - Tercería de Dominio del Sr. Juan Diomendes Yañez Hermosilla
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-11-08

En cuanto a los restantes agravios referidos a supuestos defectos del procedimiento, y que son meramente enunciados, sin desarrollarse de modo alguno, debe sucintamente señalarse que la oportunidad para efectuar los referidos planteos precluyó de modo definitivo al dictarse el decreto de autos.- De las constancias que emergen del proceso se desprende que el quejoso fue debidamente anoticiado de la providencia que disponía el pase de la causa a fallo tal como da cuenta la cédula agrada en autos, por lo que tuvo ocasión de efectuar la manifestación que correspondiente respecto a la supuesta causal de nulidad que a esta altura del proceso pretende denunciar. En atención a las razones expuestas es que corresponde rechazar el agravio. II.- El Vocal de tercer voto agrega que sin perjuicio del criterio minoritario sustentado en el caso "AVILA VAZQUEZ HIPOLITO AMADEO C/ HECTOR HUGO REYNAFE Y OTRA - EJECUTIVO - TERCERIA DE DOMINIO- N° 819143/36", 1/11/05 (AI Nº 479), donde examinó el enfrentamiento entre la publicidad posesoria del comprador de buena fe y la publicidad registral del titular anotado. Estimo que las pruebas rendidas en el proceso, en especial las actas del Oficial de Justicia, son contundentes para verificar que el pretendido tercerista no se encontraba en posesión efectiva del inmueble en cuestión, no pudiendo de tal manera, invocar los beneficios de la publicidad posesoria. Por otro lado, las probanzas de las que intenta valerse el apelante para demostrar su efectiva posesión resultan endebles y no proveen el sustento necesario a los fines de revertir la decisión cuestionada. En consecuencia se rechaza el recurso de apelación intentado y confirma el Auto cuestionado en todo cuanto dispone. Costas al apelante vencido (art. 130 del CPCC).
Licencia de radiodifusión, licencia de televisión, señal televisiva, control estatal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Provenzano Sergio Luis y otro c/ E.N. -Comité Federal de Radiodifusión- y otro s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-31

Las emisiones llevadas a cabo por medio de la televisión hertziana pueden ser objeto de múltiples interferencias no sólo con señales de otras cadenas del mismo Estado sino también con señales emitidas por otros países, de ahí la necesidad de intervención de los poderes públicos para la correcta ordenación y utilización del espacio electromagnético, tanto en el ámbito interno como en el interestadual. En este sentido, la ley de radiodifusión 22.285 declaró la actividad de interés público y sujeta al otorgamiento de licencias para poder funcionar (confr. art. 4º y 39º de la ley).

(Del voto de la Dra. Garzón de Conte Grand, consid. III).
Facultades del querellante, impulso procesal
Materia: PENAL
Carátula: Vestiditos S.A. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-08

Corresponde anular la decisión que declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el pretenso querellante contra la resolución que desestimó la acción a instancia del Ministerio Público Fiscal si el fiscal general -superior jerárquico del que solicitó la desestimación- no fue debidamente notificado del trámite recursivo iniciado, ya que la cámara ha desconocido al pretenso querellante un derecho de apelación concedido por la ley y ha frustrado la posibilidad de audiencia al fiscal de cámara, afectando así, no sólo la intervención del pretenso querellante sino también la de la fiscalía. El voto concurrente consideró que el querellante se encuentra legitimado para impulsar el proceso en solitario desde el comienzo de la causa penal. (Dres. Mitchell -voto concurrente-, Yacobucci y García).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, robo, agravantes de la pena, robo con armas, intimidación, arma descargada, simulada o defectuosa, leyes, interpretación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: V, M y OTRO s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal - Robo (Expte.: Nro.  149 año 2003) (Tribunal Pleno) En el caso la cuestión a resolver es: El   empleo de un arma de fuego inhábil para el disparo por defecto, ¿conforma    la circunstancia agravante prevista en el art. 166, inc. 2º del Código Penal?
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-05-27

Las referencias a casos eventuales en los cuales la intimidación procurada con el arma descargada o defectuosa realmente no se verificó porque el sujeto pasivo advirtió o conocía ese estado del artefacto, son supuestos equiparable al de la víctima que advierte el ardid de su pretenso estafador. Al igual que en la estafa, donde se valora la idoneidad del ardid en abstracto y atento al normal proceder de un ser humano medio, también aquí la ley debe por lógica definir en su texto -también en abstracto- una conducta o comportamiento como generalmente idóneo para intimidar, más allá de que en algún caso puntual no haya cumplido tal cometido. De allí que si en algún caso concreto la víctima sabía con certeza que el arma estaba descargada o era inhábil para el disparo -por ejemplo por tratarse de la suya que le acababan de sustraer en el mismo hecho- ninguna intimidación habría sufrido con su empleo; no se habría entonces configurado la situación que la norma quiere atender al no estar presente la funcionalidad otorgada por la ley a tal elemento, y la agravante por tanto no se verificaría; salvo el caso de su uso de modo impropio. (Del Voto Del Dr. Jukic)
Coautoría, participación necesaria, allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado
Materia: PENAL
Carátula: Patti, Luis Abelardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-07

El Subinspector policial resulta coautor de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional agravada e imposición de tormentos agravados y partícipe primario de homicidio doblemente agravado e imposición de tormentos agravados por ser integrante de grupos operativos, encargados dentro del ámbito policial de participar en los secuestros y traslados de personas y que podían integrarse a los interrogatorios realizados a las víctimas al participar activamente en los lugares de reunión de los detenidos, y por las tareas de inteligencia desempeñadas, estando demostrado el accionar conjunto entre el ejército y la policía bonaerense.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, decreto reglamentario, costas, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Fernández, Claudio Marcelo c/ Liderar ART S.A. y otros s/ recurso de inconstitucionalidad (queja parcialmente admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-11-21

En relación a los cuestionamientos formulados por la quejosa al fallo cuestionado por inaplicar el decreto 1022/2017 al caso de autos -relativo a la exclusión de las costas y gastos causídicos de las obligaciones del Fondo de Reserva-, el remedio debe ser declarado procedente, desde que surge de los argumentos del pronunciamiento impugnado que el A quo rechazó la aplicación de la normativa señalada con fundamento en resultar ser una norma dictada temporalmente en forma posterior al nacimiento de la deuda; mas dicho razonamiento de la Sala, no puede ser convalidado, en virtud de que aunque los intereses, costas y gastos causídicos se correspondan a la indemnización reclamada, dicha postura soslaya que la norma que invoca el recurrente ostenta naturaleza reglamentaria de la ley 24557 (art. 34), al modificar el decreto 334/96 y, por ende, resulta integrativo y de igual alcance y aplicación que aquella, imponiéndose la solución del precedente "Ceballos" en el que se debatieron cuestiones análogas que fueron materia de conocimiento y decisión en esta oportunidad, sin que se adviertan configuradas en el caso razones de hecho o derecho relevantes, o nuevos argumentos de peso que motiven un apartamiento del criterio trazado en el precedente referido. - CITAS: CSJStaFe: Ceballos, AyS T 303, p 31. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Decreto 1022/2017; Ley 24557, artículo 34; Decreto 334/96
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bertucci, Héctor E. y otro c/ Sampayo, José Eusebio s/ Daños y perjuicios Clemente, Pedro Manuel c/ Navarro Hnos. SACIFI s/ Cumplimiento de contrato. Daños y perjuicios Masuonave, María Teresita y otros c/ Pampa S.A. s/ Beneficio de litigar sin gastos. Daños y perjuicios ACOGRAN S.R.L. c/ Banco Credicop Coop. Ltdo. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-08-25|1992-03-03|1993-05-11|1991-10-22

Constituye garantía de los derechos de las partes la obligación judicial de fundar las sentencias de modo que se perciba claramente el itinerario lógico y jurídico del que deriva la resolución final.
Competencia penal, competencia contravencional y de faltas, doble instancia, aplicación supletoria de la ley, código procesal penal, doctrina de la arbitrariedad
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la CABA- c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Flecha, Hugo Hernán s/ art. 79, cuidar coches sin autorización legal, CC (art. 82 según TC Ley 5666 y modif.)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-02-11

Corresponde hacer lugar a la queja toda vez que el recurso de inconstitucionalidad - que fuera interpuesto contra la sentencia que revocó la absolución de primera instancia- ha sido mal denegado con relación al planteo vinculado al derecho a acceder a la revisión de la sentencia condenatoria por un tribunal distinto del que pronunció la condena. La garantía de la doble instancia es aplicable a las contravenciones sino por imperio del Tratado de San José de Costa Rica, por el de la ley que regula la materia y el alcance de dicha revisión y, consecuentemente, el ámbito en que tendrá lugar está directamente relacionado con el contenido de los agravios de la defensa, por lo que corresponde remitir el expediente a la Sala de la Cámara que siga en orden de turno para que trate del recurso de la defensa. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano).
Medidas cautelares, medida de no innovar, prestadores médicos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: MAYA,  ANTONIO  JOSE c/ INSTITUTO  ARGENTINO  DE  DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO SA S/ s/ EDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-20

Procede la solicitud de que se ordene, mediante el dictado de una medida cautelar innovativa, el mantenimiento del servicio de consultorio que el pretensor había contratado con el instituto médico defendido cuando, -como en el caso-, se verifica que se rescindió el contrato de consultorio sin expresar causa alguna, pues ello comporta una circunstancia bastante para considerar prima facie acreditada la verosimilitud en el derecho invocado. Máxime, si surge que el peticionario padeció de una fractura conminuta en extremidad proximal de humero y, según lo afirmado, ese accidente le impidió ejercer su profesión de médico cirujano, y le acarreo dificultades económicas por no generar los ingresos que habitualmente constituían su sustento; en tal sobreviniente situación, puede presumirse -con la provisionalidad propia de la cognición cautelar (CPCCN art. 202 y su doctrina)-, la existencia de peligro en la demora.
Contrato de trabajo, protección contra el despido arbitrario, ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, suspensión de despidos, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: Ranelucci, Juan c/ Peugeot Citroen Argentina S.A. s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-28

El art. 14 bis de la Constitución Nacional dispone que las leyes garantizarán al trabajador "protección contra el despido arbitrario", y el modo en que ello se consigue es una cuestión librada al razonable arbitrio legislativo, fundado en razones de oportunidad y conveniencia, inmunes a la censura judicial. En el caso del art. 16 ley 25.561, frente a una situación de emergencia se suspendió, virtual y temporalmente el ejercicio de la libertad de despido ad nutum. La ley no privó de eficacia a los actos realizados en transgresión a esa suspendión. Los sometió a un régimen de indemnizaciones agravadas. Más allá de que ello implica un aumento de la carga indemnizatoria, y con ello, de los costos de las empresas, no se advierte que afecte el derecho de propiedad de los empresarios más allá de cómo lo hace la existencia misma de un régimen cualquiera de indemnizaciones por despido. En cuanto al cuestionamiento del art. 4 del decreto reglamentario 264/02 por haber ampliado el alcance del artículo 16 en lo que se refiere a la duplicación de las indemnizaciones, corresponde duplicar los rubros derivados del despido Art. 245 LCT, Arts. 232 y 233 LCT para fijar la indemnización del art. 16.
Posesión, pago de servicios
Materia: CIVIL
Carátula: GEADA,  Hernán  Adolfo  y otro c/ AMADO, Norma Cristina y otro s/ DESALOJO: INTRUSOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-12

El pago de servicios es insuficiente para alegar la calidad de poseedor por cuanto solo es una pauta que cabe considerar conjuntamente con las demás constancias de la causa, a lo que cabe agregar que no son actos que supongan intervertir el título porque se trata de la atención de consumos propios.

(Sumario N°18939 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Recusación con causa, prejuzgamiento
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Heit, Zulma c/ Microomnibus Quilmes S.A. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-08-10

Si los fundamentos dados para sustentar la recusación formulada no se ajustan estrictamente a ninguna de las causales previstas por el artículo 17 del Código Procesal, insinuándose un prejuzgamiento sin tipificarlo en forma clara y categórica en el supuesto de hecho contemplado en el inciso 7 del citado artículo 17, ya que la mera referencia incidental de la prueba pericial a realizarse, en modo alguno puede ser considerada como prejuzgamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)