Graduación de la pena, escala penal, fallos del Superior Tribunal, recurso de casación
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Leiva Suárez, Paulo Manuel y otro s/ RECURSO DE CASACIÓN presentado por el Dr. Pedro Justiniano Vélez  por la defensa de Paulo Manuel Leiva Suárez en contra de Sentencia Nº Catorce/2010 recaída en causa Expte. Nº 192/08, caratulado: 'Leiva Suárez, Paulo Manuel y otro -  ss.as. Robo Calificado etc. - Capital - Catamarca'
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-12-14

Contra la sentencia que condenó al imputado, como autor penalmente responsable del delito de Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Intervención de dos o más personas, a sufrir la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, los asistentes técnicos interponen recurso de casación.

Subsidiariamente, los recurrentes introducen como segundo motivo casatorio el previsto en el art. 454 inc. 3º del C.P.P., esto es inobservancia o errónea aplicación de las reglas previstas para la individualización de la pena.

Es oportuno recordar que en el precedente Mancini (S. nº 26, 23/12/08) reiteró esta Corte que "La inexistencia de agravantes y la concurrencia de atenuantes no implican por sí la necesidad legal de imponer el mínimo de pena contemplado para el delito respectivo (S. nº 4, 03/03/09; S. nº 26, 23/12/08). Ello es así, puesto que tanto los máximos sancionatorios como los mínimos legales, resultan de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen".

En el referido precedente (S. nº 26, 23/12/08), también quedó sentado el criterio de partir del punto medio de la penalidad y que, a partir de allí, comiencen a operar las atenuantes o agravantes, en una y otra dirección de la escala sancionatoria, de forma tal que ninguna atenuante y/o severizante tenga el mismo peso relativo, dependiendo su incidencia en la escala correspondiente de las circunstancias del caso, metodología de selección que se presenta en la actualidad como la más justa, desde que suministra un parámetro de fijación equidistante, estableciendo así un punto de ingreso certero para la libre y racional dosificación sancionatoria.

En el citado fallo, sostuvo el tribunal que posicionarse en los extremos de cada escala para desde allí, ascender o descender de acuerdo a la evaluación de las atenuantes o severizantes verificadas, importa, desde lo dogmático, generar situaciones de iniquidad y si se quiere, hasta poner en crisis los conceptos de justicia y de igualdad ante la ley.

Por lo demás, quienes así abrevan, desatienden la inveterada doctrina legal por la cual se dejara sentado nítidamente que la posición penal tanto de los máximos sancionatorios como de los mínimos legales, resulta de excepción y se encuentran reservados exclusivamente para los supuestos extraordinarios que así lo justifiquen.

Luego de precisado el criterio del tribunal sobre el tema, se advierte que surge de la sentencia atacada que, a fin de individualizar la sanción a imponer al incoado, consideró el a quo que la escala penal establecida para el tipo determinado (Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la Intervención de dos o más personas - Hecho Nominado Sexto-), previsto y penado en el art. 119, tercer párrafo, en función del art. 119 cuarto párrafo inc. d y 45 del Código Penal, es de ocho a veinte años de prisión o reclusión.

En ese marco legal, el pronunciamiento impugnado no sólo no presenta el vicio denunciado por doble valoración de la circunstancia referida a la concurrencia de otra persona, sino también que el monto punitivo discernido, apenas dos años superior al mínimo previsto en la norma y nada menos que diez años inferior de la máxima sanción aplicable, dista significativamente de la que podría ser considerada como una pena severa.

Muy por el contrario, con arreglo al grave daño ocasionado a la víctima y al accionar previo al hecho, ponderados en la sentencia como agravantes del reproche, la cantidad de pena impuesta al condenado no exhibe exceso en su perjuicio que deba ser corregido en esta instancia.

En razón de lo expuesto, no se observala existencia de un ejercicio arbitrario de las potestades discrecionales del tribunal de juicio -recuérdese que la facultad discrecional de fijar la pena es en principio exclusiva del Tribunal de juicio, y sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia (S. 18, 21/09/09; S. nº 6, del 25/03/09, entre muchos otros).

Tampoco se advierte que el a quo haya vulnerado el principio del non bis in idem, ni que haya incurrido en arbitrariedad en cuanto a la aplicación de la pena, puesto que la misma ha sido impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable. Este es el criterio sostenido por este Tribunal en numerosos precedentes (S. nº 14, 31/03/10; S. nº 24; 13/11/09, entre otros), en donde se dijo que "...la arbitrariedad, no consiste en una mera discrepancia con el monto de la pena impuesta dentro de los márgenes de la escala penal aplicable.

En efecto, tal desacuerdo, no habilita la excepcional competencia para controlar el ejercicio de una facultad atribuida en principio a otro órgano judicial...".

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.