Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-03-03


Autos Nº 22.085 (35.811 Juz. Civil, Comercial de Jáchal) caratulados: "DOMÁNICO Eduardo A. Posesión Veinteañal".

En la Ciudad de San Juan, a 03 días de marzo del año dos mil dieciséis, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL y MINERÍA DE SAN JUAN, los señores Vocales, Dr. GILBERTO RIVEROS y Dr. PASCUAL ALFERILLO, a fin de celebrar acuerdo en los autos Autos Nº 22.085 (35.811 Juz. Civil, Comercial de Jáchal) caratulados: "DOMÁNICO EDUARDO A. Posesión Veinteañal", sobre el recurso de apelación que se interpusiera a fs. 102 por el actor con patrocinio letrado contra la resolución dictada en fecha 30 de septiembre de 2014 obrante a fs. 96/100 de estos autos originarios del Juzgado Civil, Comercial de Jáchal, recurso que una vez concedido tuviera la debida sustanciación. Seguidamente se fijan las cuestiones que deben considerarse en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Vienen los autos a estudio por recurso que interpuso la actora contra el fallo del 30 09 14 que hizo lugar al incidente articulado a fs. 42/48 decretando la nulidad de todo lo actuado, impuso las costas a la actora vencida, ordenando se comunique lo allí resuelto a la Dirección de Geodesia y Catastro.

A fs. 42 había concurrido el abogado Pablo Oritja diciendo ser apoderado del Sr. Víctor Fuentes, y acompañó resolución administrativa (decreto) N° 0544 MHF de fecha 25/04/12 que hace lugar a los recursos jerárquicos interpuestos por el Ing. Enzo Ferrarini y por el Sr. Víctor Fuentes contra la Resolución N° 180 DGC 10 de Dir. de Geodesia y Catastro que dejaba sin efecto el legajo de mensura N° 17 1914 00 (por el cual Sr. Fuentes había iniciado los autos N° 32.192 "Fuentes Víctor S/Posesión Veinteañal). En base a que su legajo había recobrado vigencia es que considera nulo el plano de mensura acompañado al inicio de esta acción; a la vez que se encuentra legitimado para intervenir en la causa y ejercer todos los derechos que creyera tener sobre el inmueble objeto de la acción.

La sentencia atacada, en vista de ese Decreto, decide volver al status quo anterior que le otorgaba plena validez al plano de mensura N° 17 1914 00, entendiendo que no se podría haber otorgado otro plano sobre el mismo inmueble para iniciar una nueva usucapión si ya había uno válido con anterioridad, toda vez que no pueden existir dos posesiones veinteañales con el mismo objeto, causa y plano de mensura distintos.

Al expresar agravios el actor sostuvo que yerra la juez en tanto el abogado Oritja carece de personería por no haber acompañado el poder que invocó; y el Sr. Fuentes de legitimación para intervenir en la causa, en razón de que el proceso de usucapión debe sustanciarse con el titular registral, en el caso, Sr. Marasco.

El apelante señala que el plano de mensura por él acompañado, se encuentra aprobado por la Dirección de Geodesia y Catastro, único organismo con facultades para nulificarlo; facultades de las que carece el a quo.

El actor resalta que el a quo no puede decretar la nulidad del proceso por suponer nula una mensura que en realidad es válida y sobre la cual el Sr. Fuentes nunca ha solicitado la declaración de nulidad por vía administrativa o judicial.

El segundo agravio lo funda en que la resolución atacada debió expedirse sobre el incidente de fs. 67 y su traslado, el que resulta extemporáneo; también sobre la incidencia de falta de legitimación planteada por su parte a fs. 54 contra la resolución de fs. 49 y no sobre la nulidad del Dr. Oritja quien nunca acreditó legitimación y ni interés legítimo.

Estos agravios son contestados a fs. 130/31 por el apoderado del Sr. Fuentes.

Tratamiento de los agravios:

A fin de ordenar las presentes consideraciones diré que en autos se intentó promover una incidencia a fin de obtener la declaración de nulidad de todo lo actuado (fs. 42); luego, la impugnación de la personería de quien concurre a hacerla; y de la legitimación de quien la intenta; a lo que siguen los recursos que se cruzan los litigantes que va a finalizar con el llamado de autos para resolver la reposición planteada a fs. 67, según decreto del 04 09 13 que obra a fs. 95.

Frente a esta trama la juez se expide en la resolución bajo recurso haciendo lugar a la "...incidencia articulada a fs. 42 48, decretando la nulidad de todo lo actuado en autos ...".

Así las cosas, cabe despejar el entuerto procesal en los distintos aspectos, de cuyo análisis adelanto va a resultar la nulidad del fallo.

Esto así porque tal como lo señala el actor, quien concurre a fs. 42 es el abogado Pablo Oritja, sin acompañar el testimonio del poder que dijo ostentar del Sr. Víctor Heriberto Fuentes, incumpliendo lo previsto por el art. 50 del C.P.C..

Sin advertirlo, el Tribunal lo tuvo por parte y en el carácter invocado (fs 49) situación que pretende corregir el actor mediante el recurso que deduce a fs. 54, que a su vez da lugar al de fs. 67.

Y si bien todas las incidencias que se suscitaron en el expediente pudieron ser resueltas en un solo acto, dada la limitación recursiva que resulta de la naturaleza del proceso abreviado (según fs. 32, y art. 451, del C.P.C.) y que podían ser resueltas al ser los traslados corridos en calidad de autos por lo que era innecesario el llamamiento de autos de fs. 95 (art 187 ibid), ello no eximía a la Juez a quo de hacerlo en el orden lógico, y con la coherencia que las cuestiones imponían.

Es decir que, si no se define la cuestionada personería y legitimación del incidentista, mal podía expedirse respecto a la postulación, sin saber si tenía derecho a peticionar y obtener una resolución.

Nada de lo planteado fue resuelto en forma completa, ni en orden, es decir definiendo primero si la presencia del abogado Oritja era hábil; luego si el Sr. Fuentes tenía legitimación; después, según sean el resultado de esas decisiones previas, y si correspondía, ingresar al estudio del planteo nulitivo de fs. 42.

Sin dar solución, ni definición a esos conflictos, la juez resuelve y admite la postulación del concurrente al resolver, en primer lugar tenerlo por parte y en el carácter que invoca (fs. 49), y pese a que el demandante señalara la cuestión va a dictar sentencia haciendo lugar a la incidencia (42) promovida por quien ha concurrido sin mandato.

El déficit de tramitación que exhibe el proceso conduce a reconocer la invalidez de la sentencia, y por ende que se declare su nulidad.

Dicha solución, y conforme lo previsto por el art. 264 bis del C.P.C. impone que sea este Tribunal quien aborde las cuestiones no resueltas.

En cuanto al trámite de los incidentes cabe decir que los traslados se han corrido en calidad de autos, y habiendo el abogado Oritja contestado a fs. 68 vta. cabe dictar pronunciamiento.

Respecto a la personería de quien interpone la incidencia de nulidad del proceso a fs. 42, diré que el abogado Oritja lo hace sin el testimonio de poder que acreditaría ser apoderado del Sr. Fuentes. Y en esa ocasión no invoca alguna causa que imposibilitaría acompañar el testimonio pertinente, exposición que hubiera permitido que el juez acordara un plazo para hacerlo, (art. 50 , en concordancia con el 309 inc. 2° del C.P.C.); sino que persiste en su actitud a través de la presentación de fs. 67, y no hay subsanación, ni ratificación de la parte que valide dicha actuación.

Cierto es que la falla es subsanable pero entiendo que no corresponde intimar al interesado a subsanarla habida cuenta que el letrado que concurrió se ha apartado de la causa; y a la vez cuando el Sr. Fuentes comparece a fs. 93, mediante otro apoderado, no ratifica la actuación de fs. 42. Circunstancia que es suficiente para considerar inexistente o desistido el planteo nulitivo que contiene. Y fundamentalmente por las consideraciones que siguen que no son otras que las articuladas en aquel planteo, y que deben tratarse de oficio en tanto se refieren a presupuestos de validez del proceso.

En este momento, y frente al dilema que nos encontramos, es oportuno distinguir la representación de la parte (intentada a fs. 42), de la legitimación del Sr. Fuentes quien finalmente comparece en forma a fs. 93.

Respecto a la legitimidad del Sr. Fuentes, diré que el Código de rito expresamente dispone que el traslado de la demanda se cursará al propietario o al Estado, según el caso y que "serán además citados los que se consideren con derecho sobre el inmueble" (art. 679 del C.P.C.) cabe concluir que el Sr. Fuentes tiene legitimación para participar en esta contienda.

En ese orden observo el testimonio autenticado del Dec. 0544 MHF 12, el cual tiene directa injerencia en la acción de prescripción adquisitiva que se desarrolla en estos autos al estar referido al plano de mensura encargado por el Sr. Víctor Heriberto Fuentes que evidencia una superposición en el inmueble pretendido, instrumento agregado a fs. 39 41 que cabe valorar por el principio de adquisición procesal, como así por la actuación de fs. 104 108 que son copias de otro decreto que refiere puntualmente al primero.

De todo ello que debe admitirse la comparencia del Sr. Fuentes a fin de la correcta integración de la litis a fin que pueda afectarle la sentencia a dictarse; decisión que cabe adoptar aun de oficio habida cuenta que los sujetos necesarios en el proceso constituye un presupuesto de validez del mismo.

Considero que de allí surge su interés en participar en la presente causa, en los términos del art. 679 del C.P.C. a efectos de ejercer los derechos que pudiere tener sobre el referido inmueble. Por tal motivo el incidentista reviste legitimación para intervenir en la causa.

Ahora bien, paso a tratar la cuestión relativa a la validez del plano de mensura obrante a fs. 1 de autos. Esto, sin perjuicio de la deficiente objeción de fs. 42, habida cuenta que la ley 14.159 prescribía en su art. 24 inc. b entre los requisitos formales de admisión de la demanda de usucapión, acompañar plano de mensura, suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva; exigencia que ha sido receptada en el art. 677 ap. III del C.P.C. Además, que la juez a aquo en el fallo puesto en crisis trató el tema puntualmente, y fue objeto de agravios.

Al respecto parto de meritar el Dec. 0544 MHF 12, incorporada a autos, y su incidencia sobre el plano adjuntado al inicio, en esta causa (fs. 1), por el Sr. Dománico, y de aquel que ha recuperado validez ordenado por el Sr. Fuentes, y que diera lugar a otra acción (autos N° 32.192 "Fuentes Víctor S/Posesión Veinteañal) con igual objeto y pretensión.

En primer lugar digo que el acompañamiento del plano es impuesto por las normas citadas busca determinar con exactitud la cosa objeto del juicio de usucapión, pues sin el mencionado plano el juez no sabría a ciencia cierta cuál es el inmueble cuyo dominio el actor pretende adquirir por prescripción. Dicho instrumento permite cumplir la exigencia de expresar con exactitud la cosa demandada como lo estatuye el art. 293 inc. 3° del C.P.C.

Sobre la existencia de varios planos que exhiben el mismo inmueble, este tribunal se ha pronunciado respecto a la entidad de la mensura diciendo que : " .... es una operación técnica, geodésica, individual que determina el contenido y extensión física de la cosa con sujeción a un título; o, en base a la superficie que el poseedor pretende someter a un proceso de usucapión; y cuya finalidad está limitada a individualizar el inmueble, determinando con exactitud la superficie poseída, sus medidas y linderos, de modo que exista coincidencia entre el inmueble en su aspecto físico y el título que resultare"; y sobre su trascendencia en los procesos, que " Tal operación no afecta derechos de dominio ni de posesión en donde las oposiciones deberán limitarse a cuestiones meramente técnicas que el juez puede tomar en consideración al tiempo de dictar resolución, ", enseña Velert Frau, en su obra "Código Procesal Civil ..., T° 4, pág. 131 132) al analizar el acto de mensura". (cfr. L. de S T ° II F° 176/186 Año 2015). Así también lo entendió la Administración en las motivaciones del Dec. 0544 MHF/12 con cita de José D. Belaga en "Aporte del Catastro a la Seguridad Jurídica en la constitución de Derechos Reales".

En el caso venido a estudio el actor Sr. Eduardo Dománico acompaña en forma conjunta con la demanda el plano de mensura N° 17 2389 10 referido a la N.C 1790 090280, por él ordenado, registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro según se lee en esa pieza , sin observaciones técnicas, apto para iniciar el trámite judicial de usucapión del inmueble objeto de esta acción, de fecha 23 03 2010.

Por su parte decreto N° 0544 MHF de fecha 25/04/12 (fs. 38) hizo lugar a los recursos jerárquicos interpuestos por el Ing. Enzo Ferrarini y por el Sr. Víctor Fuentes contra la Resolución N° 180 DGC 10 de Dir. de Geodesia y Catastro que anulaba el legajo de mensura N° 17 1914 00 por el cual Sr. Fuentes inició autos N° 32.192 "Fuentes Víctor S/Posesión Veinteañal; el que también tramita ante el Juzgado Letrado de Jáchal; así surge de los considerandos de ese Decreto.

Del desarrollo de la causa, entiendo que el actor ha cumplido con el recaudo de admisibilidad de la demanda previsto en la ley 14.159 art. 24 inc. b y 677 inc. 3° del C.P.C., acompañando a tal efecto el plano de mensura del inmueble que pretende usucapir firmado por profesional matriculado, determinativa del área, linderos, ubicación del inmueble y el que se encuentra debidamente registrado en el organismo pertinente; aprobado y visado como hábil para iniciar prescripción adquisitiva, siendo la Dirección de Geodesia y Catastro el único organismo provincial competente para expedirse en esta materia conforme las facultades conferidas por la ley N° 5445.

No existe en el proceso ninguna prueba que permita tener por nulo el plano de mensura N° 17 2389 10. El apelado en ningún momento ha probado, ni ofrecido probar, que el plano de mensura acompañado al inicio de esta causa ha perdido vigencia o ha sido declarado nulo. No existe constancia de resolución alguna que declare la nulidad del referido plano, por lo que no podría dudar de su vigencia y aptitud para el trámite de esta causa. Consecuentemente, tal acto administrativo resulta hábil y se encuentra vigente para iniciar esta acción.

La existencia de otro plano "válido" sobre el mismo inmueble, otorgado para iniciar otro proceso de usucapión, no resulta fundamento suficiente para decretar la nulidad del proceso, en el cual no advierto la existencia de vicios que lleven a arribar a tal decisión.

Cabe destacar, tal como lo sostuve en párrafos anteriores que el plano de mensura no afecta derechos de dominio ni de posesión, es un requisito formal de admisión de la demanda de usucapión, más no posee eficacia alguna para probar la realización de actos posesorios. El requisito del plano se vincula con identificación del objeto de la usucapión, es una operación técnica de delimitación del bien.

En razón de lo expresado, al coexistir ambos procesos de usucapión referidos al mismo inmueble, encontrándose en juego derechos de raigambre constitucional, el interés público, y por razones de economía procesal, propicio que la Sra. juez, además de su consideración de fs. 100, incluya en la parte resolutiva analizada las circunstancias de ambos juicios el instituto de la acumulación de procesos, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias que pudieren recaer en diversos procesos que versan sobre materias tan íntimamente ligadas (art. 190 y ss del CPC).

2 Propicio que el segundo agravio sea desestimado, en vista de la nulidad que se decreta del fallo de primera instancia, y las conclusiones a que se arriba con relación a la situación procesal del expediente.

En mérito a ello propongo revocar la resolución. Las costas de primera instancia sean impuestas por su orden atento al resultado y fundamentos que sostienen esta resolución.

Las costas de esta segunda instancia se imponen al apelado vencido.

En mérito a ello, voto por admitir el recurso de apelación interpuesto por el actor. En consecuencia corresponde revocar en todas sus partes la sentencia dictada en fecha 30/09/2014, con costas al apelado vencido.

El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

Por sus fundamentos, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

En mérito a ello, voto por admitir el recurso de apelación interpuesto por el actor. En consecuencia corresponde revocar en todas sus partes la sentencia dictada en fecha 30/09/2014, con costas al apelado vencido.

El DR. PASCUAL ALFERILLO, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

1 Admitir el recurso de apelación interpuesto por el actor. Anular la sentencia venida en recurso. En su lugar revocar el decreto de fs. 49. Mantener el decreto de fecha 01 07 13 (fs. 94). Ordenar que el Juez a quo merite y decida respecto de la acumulación de procesos. Las costas de primera instancia se imponen por el orden causado atento al resultado y fundamentos que sostienen esta resolución. Las costas de esta segunda instancia se imponen al apelado vencido.

2 Proceder a la regulación de honorarios en esta instancia recursiva una vez que sea efectuada la regulación en primera instancia.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y bajen los autos al Juzgado de origen.

PROTOCOLO: L. de A ; T° I 2016; F°23/28; FECHA:3 de marzo de 2016 DRES.RIVEROS ALFERILLO.