marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Tributos, remisión de deudas, impuesto inmobiliario
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- c/ PUESTO VASKO S.A. s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-09-26

El C.I.S.I. se fija en base a la valuación fiscal del inmueble (conforme art. 136 de la ley 5.637 texto consolidado) y no de acuerdo al Impuesto Inmobiliario. Sin perjuicio de esto último, corresponde agregar que la mera circunstancia de que el C.I.S.I. hubiese tomado como base al Impuesto Inmobiliario, de ninguna forma puede traducirse en que la condonación de este último se extienda a cualquier tributo que simplemente tome como referencia cuantitativa el valor del tributo condonado, especialmente, cuando se tiene en cuenta que las condonaciones de deuda fiscal son medidas excepcionales (como los Decretos Nº 1999/3, Nº 2940/3 y Nº 3545/9) y por lo tanto deben interpretarse con criterio restrictivo (conf. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala 2º, in re "Club Colón de San Justo (T.F. 10.125-I) vs. D.G.I." causa: 2392/98, de fecha 21/6/2001).
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, prescripción bienal, cómputo del plazo, cese del patrocinio, terminación del proceso, sentencia, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: TALLARICO, OSCAR LUIS c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

En virtud de lo dispuesto por el art. 4032 del Código Civil, el crédito por honorarios no regulados del abogado que cesó en su ministerio, cualquiera que sea la causa que le dio origen, prescribe a los dos años desde el hecho determinante de la cesación.

Cuando se trata de la hipótesis de finalización del proceso, el "dies a quo" es el de la notificación de la sentencia definitiva, pues con ello finalizó al faz ordinaria del proceso, ya que tuvo la virtualidad de poner fin a la controversia suscitada entre los litigantes.

No enerva esta conclusión que se haya interpuesto recurso extraordinario, puesto que nada impedía a los profesionales requerir la regulación de sus honorarios por las tareas cumplidas hasta ese momento.

Aún en el supuesto que se considerase que ha existido una imposibilidad o dificultad de hecho de que hace al tema del art.

3980 del Código Civil, y que hubiérase impedido temporalmente el ejercicio del derecho durante el tiempo que el expediente estuvo en la Corte Suprema de Justicia para el tratamiento del recurso de queja impetrado, debe considerarse que dicho obstáculo cesó con la denegación del mismo quedando expedita la vía para peticionar a partir de la fecha en que los autos fueron devueltos al juzgado de origen.
Derecho de enseñar y aprender, acción de amparo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castaño, Francisco y otra s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-11-08

La intervención del Estado en la enseñanza, ha sido resuelta por la Const. Nac. de manera concluyente, poniendo a cargo del estado el ejercicio de la función educativa. El congreso federal está autorizado para proveer lo conducente...al progreso de la ilustración dictando planes de instrucción general y universitaria art.67 inc.16). Es un deber del estado intervenir directamente en la enseñanza, haciéndose cargo de ella en cuanto sea conveniente a los intereses públicos, si bien respetando la acción privada, en cuanto sea lícita y útil. La acción privada está protegida por expresa declaración del art.14 C.N.,confirmada por el art.25. Un régimen que concilie los extremos será la verdadera expresión o solución: 1) de la libertad individual de enseñar y aprender; 2) del derecho y la necesidad del estado de educar e instruir al pueblo para los fines supremos de la Constitución.
Proceso judicial, habilitación de feria, peligro en la demora
Materia: PROCESAL
Carátula: "AFIP-DGI  30002/11  (AG  20) c/ SA LA NACION s/ MEDIDA CAUTELARAFIP".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-01-09

Esta cámara ha dicho que "[c omo principio, las razones de urgencia que determinan la habilitación del feriado judicial son sólo aquellas que entrañan para los litigantes un riesgo cierto e inminente de ver frustrados los derechos para cuya tutela se requiere la protección judicial", y que es preciso que se justifique "el perjuicio que irrogaría la demora en adoptar la decisión requerida" y "los motivos de urgencia que la tomen ineficaz por el mero hecho de que se resuelva en el período ordinario" (sala de feria, causas "Mercado Directo SRL cl Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación", pronunciamiento del 24 de julio de 1997, "Ciccone Calcográfica S.A el EN -PFA- Resol 3658105 4504105 s/ Medida Cautelar (autónoma) ", pronunciamiento del 17 de enero de 2006, y "Tubos Trans Electric SA c/EN -M Producción- SIC (SOl: 241841/10) s/amparo por mora", pronunciamiento del 13 de enero de 2011, entre otros).
Aplicación de la ley, prisión preventiva, presunción de inocencia
Materia: PENAL
Carátula: De Vido, Julio Miguel c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-13

La implementación de determinadas normas del nuevo C.P.P.F. -ley 27.063- resulta impostergable, ante la necesidad de brindar criterios concretos y uniformes para todos los tribunales del Poder Judicial de la Nación que eviten situaciones de desigualdad ante la ley, así como pautas claras y previsibles para los ciudadanos y justiciables. El "principio de principios" en materia de encarcelamiento preventivo, es sin duda, el principio de inocencia.

La prisión preventiva no puede tener fines que no sean procesales, ni carácter punitivo a la par que no debe establecerse como una regla general en el proceso.

Por el principio de mínima intervención no basta acreditar que una determinada medida cautelar resulta idónea para asegurar la realización de la ley sustantiva, sino que ella tampoco es sustituible por otro modo de intervención estatal menos intenso.
Ejecución fiscal, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: IFONA c/ RIOS, ANTONIO JESUS s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-07

La indicación de una suma liquida no implica la renuncia al reajuste del crédito en los términos del art. 9 de la ley 21695 al que se hace referencia en el certificado en ejecución, es decir, a la actualización monetaria correspondiente al período anterior a la fecha de iniciación de la ejecución.
Acción, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Alberdi, Ilda Lerida c/ Caja de Retiros Jubilaciones y pensiones de la Policía s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

La negativa de la autoridad al tratamiento de una cuestión por razones formales infundadas no puede impedir el acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, pues el sometimiento de dicha cuestión de fondo para producir la instancia previa a la intervención judicial revisora, le ha conferido ya a la Administración la posibilidad para su conocimiento.
Recurso de queja (procesal), trámites judiciales
Materia: PROCESAL CONSTITUCIONAL
Carátula: GUILLERMO FEDERICO EVANS s/ RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1984-05-03

Al no encontrarse reglado en el Cód. de forma la queja por denegatoria del recurso extraordinario cabe aplicar el procedimiento de denegatoria del recurso ordinario de apelación que regulan los arts. 278 y sgtes. del C.P.C. y C.
Régimen de consolidación de deudas, depósito judicial
Materia: COMERCIAL
Carátula: KODAK ARG.  S.A.I.C. c/ A.N.A. s/ VARIOS (EJECUCION DE SENTENCIA)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-10

Cuando la suma, ya depositada a la orden del Juzgado, no resulta alcanzada por el régimen de consolidación de deudas dispuesto por la ley 23982, art. 1 inc.b), se excluyen las deudas cuya atención haya sido dispuesta o instrumentada por otros medios, no corresponde hacer lugar a la transferencia de los fondos depositados a la orden de los actuados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta del Fisco Nacional en el Banco de la Nación Argentina - suc.

A.N.A.
Remuneración, remuneración en dólares
Materia: LABORAL
Carátula: SAIGG, HUMBERTO c/ ANTARTICA PESQUERA  S.A. s/ SALARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-29

Si las partes pactaron la remuneración en dólares, dicho acuerdo implica una cláusula de reajuste, valor dólar, que resulta válida pues supera los beneficios mínimos acordados al trabajador por las normas de derecho del trabajo, art. 7 de la LCT, que no preveen la actualización automática del salario antes de su exigibilidad.
Contrato de trabajo, empleo no registrado, interpelación, obligaciones del empleador, forma ad solemnitatem
Materia: LABORAL
Carátula: ALE DE MONTENEGRO CARMEN DEL VALLE c/ CIA CIRCUITOS CERRADOS S.A. s/ COBROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-09-26

La citada intimación ha sido cursada vigente la relación laboral y el despido indirecto de la actora se ha concretado antes de que transcurra el plazo legal de espera de 30 días luego de efectuada la pertinente intimación ante la negativa de existencia de relación de trabajo.

En efecto; si bien es cierto que la intimación para que se concreten las registraciones fue realizada por C.D. de fecha 18-8-98), el demandado, por C.D. de fecha 20-8-98, rechazó la aludida intimación negando la relación de trabajo, ello lleva a deducir que, si bien el requisito formal previsto en este artículo, en cuanto establece un plazo para que el empleador cumpla con su deber de registración, establecido para preservar el deber mutuo de buena fe que deben guardarse las partes, en modo alguno importa un requisito 'ad solemnitatem' que invalide el despido indirecto del dependiente, cuando el empleador niega la relación laboral, lo que de suyo supone que no cumplirá con la registración.

Requerir el cumplimiento estricto de la formalidad temporal exigida en el artículo 11 de la Ley Nro. 24.013, en caso de existir la pieza postal del demandado, cuyo contenido no puede ignorarse -en el caso C.D. - cuando de su texto se desprende que, ante la intimación del actor dando cumplimiento con todas las exigencias del citado artículo, es respondida con la negación total del contrato de trabajo que vinculaba a las partes, y que quedó acreditada en la causa, significaría un exceso de formalismo ritual, incompatible con la índole misma del derecho laboral y, aún más, con la garantía innominada del debido proceso en sentido adjetivo y sustancial.
Desistimiento, monto del juicio, regulación de honorarios
Materia: PROCESAL
Carátula: F.N.  (D.G.I. c/ S.G.S. Arg.  S.A. s/ Ejecución Fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-07-28

Cuando se trata de desistimiento, debe tomarse como monto del juicio el importe reclamado en la demanda, y tenerse en cuenta para graduar los honorarios la etapa en que el desistimiento se produjo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 40 de la ley 21.839.
Reincidencia, leyes, interpretación de la ley, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., A. R. y B., C. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - ROBO CALIFICADO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 385 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-03-19

El alcance interpretativo del artículo 50 del Código Penal impone la consideración de una reincidencia real, como se señalara en el decisorio " Mannini" del Alto Cuerpo nacional cuya fuerza vinculante cabe igualmente tener particularmente en cuenta, en el sentido de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte quien asume el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.
Recurso de queja (procesal), plazo, acción de amparo, resoluciones recurribles
Materia: PENAL
Carátula: Badura, Susana Cid de la Paz s/ Recurso de amparo. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Sin perjuicio de puntualizar que contra las resoluciones denegatorias de los recursos extraordinarios dictadas por las Cámaras de Apelación en lo Criminal y Correccional, el recurso de hecho contra las mismas debe interponerse dentro del plazo establecido por el art. 356, "in fine", del Código de Procedimiento Penal, requisito no cumplido en el caso; es de señalar de todas maneras que la propia ley de amparo 7166 establece la irrecurribilidad por vía extraordinaria de las decisiones dictadas por dichos tribunales a través de la remisión al procedimiento de habeas corpus establecido por el art. 25 de la mencionada ley.

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso judicial, intervención de terceros, entes autárquicos
Materia: PROCESAL
Carátula: Mº de E. y O.S.P. -Estado Nacional- c/ Banco de Credito Argentino S.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-11

La sola circunstancia de que las entidades cuya comparecencia en los términos del art. 94 del Código Procesal constituyan entidades autárquicas del Estado Nacional no es motivo suficiente para enervar la citación. Similar razonamiento se podría extender a la del B.C.R.A. y no obstante fue admitida. (Consid. IV).
Despido del delegado gremial, despido sin causa, indemnización agravada
Materia: LABORAL
Carátula: SILVA CLIVES, CELEDONIO c/ UNION FERROVIARIA s/ COBRO DE APORTES Y CONTRIBUCIONES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-29

El representante del personal, dentro de un sindicato, que forma parte de una comisión de reclamos regulada por la CCT que abarca dicho personal y reconocida por parte de la entidad gremial, tiene derecho a ser protegido especialmente en caso de despido arbitrario.

Esto es así en tanto dicho sindicato reconoció expresamente que su personal debía tener una representación como parte diferenciada de la empleadora según es corriente y natural en toda organización empresarial. El sindicato no deja de ser una empresa en cuanto a la organización de bienes y personas con una finalidad gremial.
Robo, resistencia a la autoridad, concurso ideal
Materia: PENAL
Carátula: Reina,  Carlos  Roberto;  Duarte,  María  Cristina s/ recurso  decasación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-02-14

Para descartar el delito de resistencia a la autoridad es necesario determinar si la maniobra del imputado era para lograr la impunidad del robo. La expresión "procurar la impunidad prevista en el delito de robo" requiere una limitación temporal respecto de las conductas efectuadas con posterioridad al hecho. Es así que, el elemento que debe tenerse en cuenta para que pueda hablarse de un concurso ideal entre los delitos mencionados es si existe una solución de continuidad entre el apoderamiento y la violencia. De ello, puede concluirse que "la violencia que tiene lugar después de cometida la sustracción para lograr la impunidad, es decir, para mantener la cosa sustraída, se concreta cuando el ladrón al momento de la huida dispara contra quien lo persigue. Esta violencia requiere la inmediatez que sigue al apoderamiento". Para poder considerar que el imputado intenta lograr ese fin debe existir una inmediatez entre el robo y su "resistencia". Esto es, cometido el hecho, el imputado efectúa diversas maniobras para lograr profugarse. En el caso traído a estudio, esta solución de continuidad no se presenta si tenemos en cuenta que, desde el desapoderamiento a las víctimas, hasta la detención de los imputados transcurrió aproximadamente una hora, por lo que debe descartarse la pretensión de la defensa referida a que no existió resistencia a la autoridad por parte de uno de los imputados. (Voto de la Dra. Ledesma, adhieren parcialmente los Dres. Riggi y Tragant según sus votos).
Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, responsabilidad internacional del Estado, violencia de género, derechos de la mujer, idoneidad profesional, Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer - S. V. P. Vs. República de Bulgaria - Derecho a la salud - Derecho a una indemnización eficaz c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2012-10-12

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se ve en la obligación de recordar a los Estados, que la violencia basada en el género es un problema de salud crítico y que dentro de las obligaciones asumidas por aquéllos se encuentra la de promulgar y aplicar de manera eficaz leyes, formular políticas y protocolos sanitarios y procedimientos hospitalarios que aborden la violencia contra la mujer y los abusos deshonestos a niñas, prestando servicios adecuados con la intervención de trabajadores de la salud debidamente capacitados en cuestiones relacionadas con el género.
Prueba, segunda instancia
Materia: LABORAL
Carátula: Figueroa, Juan Alberto Jorge c/ Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos s/ Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-21

La apertura a prueba en segunda instancia es de carácter excepcional y sólo puede admitirse respecto de aquellas que hubieran sido denegadas contra derecho en primera instancia y no puede por esta vía, corregirla la negligencia de una de las partes.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, jueces, sentencia arbitraria, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Sánchez, Diego Carlos c/ Del Punta, Héctor Santiago -causa Nx 46.320-. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-25

Si bien la selección y apreciación del material probatorio es una facultad propia de los jueces de la causa, tal circunstancia no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos excepcionales en que la conclusión de la cámara sólo cuenta con un sustento aparente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia, obligatoriedad del precedente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, HECTOR DANIEL c/ LA GALLARETA S.A.I.C.A. Y OTROS s/ Recurso de inconstitucionalidad - cobro de pesos laboral (Expte.:  C.S.J. Nº. 212 Año 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-04-02

No obstante que es tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "...sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos...", los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos, toda vez que "...por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (arts. 100, Constitución Nacional -hoy 116- y 14 de la ley 48). Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento, de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifique n la posición adoptada por el Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.
Responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, culpa civil
Materia: CIVIL
Carátula: Vila Mónica Ines c/ Avila Orlando Ismael y Otro s/ Daños y Perjuicios - II Cuerpo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-09-19

La culpa nada tiene que ver con el régimen de responsabilidad contemplado por el art. 1113 del C.C., que se apoya en la teoría del riesgo, fundándose el impedimento de aquélla exclusivamente en la causa generadora del daño, por lo que ninguna circunstancia impide o disminuye el deber de resarcimiento a cargo del dueño o guardián de la cosa, quien está obligado a reparar la totalidad del daño.

En los casos de riesgo o vicio de la cosa, la culpa o negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, sino de indicar que, al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad, no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, desde una perspectiva integral.
Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, empleados públicos, cesantía, falta de vista previa, defensa en juicio, ausencias injustificadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ARTIOLI, MIRIAN BEATRIZ c/ MUNICIPALIDAD DE GRANADERO BAIGORRIA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (QUEJA ADMITIDA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-10

Corresponde anular el pronunciamiento recurrido en tanto se aparta de las constancias de la causa en el entendimiento de que basta para anular el acto de cesantía la falta de vista previa, desde que queda demostrado acabadamente que la agente tuvo la oportunidad del adecuado ejercicio de su derecho de defensa, puesto que la intimación de la autoridad administrativa al reintegro a sus tareas laborales haciéndole saber, además, que eran injustificadas las inasistencias en que había incurrido, fue respondida por ella rechazando el contenido y reiterando reclamos anteriores; sin que se advierta que el ente público, al llevar a cabo el procedimiento establecido para el supuesto de inasistencias injustificadas del personal de municipalidades y comunas, incurriera en alguna violación al derecho de defensa de la agente ni la colocara en una situación de indefensión. (Del voto del Dr. Netri, que hace mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: Blanche, AyS, T 203 p. 113 - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 9286, artículo 63, inciso a).
Pensiones, Seguridad social
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: FRAGA NAIARA EVELYN c/ A.N.Se.S. s/ Pensiones c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-29

Conforme se desprende de los destinatarios de la cobertura de la seguridad social -rama del derecho con criterios interpretativos propios a la finalidad a la que se encuentran enderezadas sus disposiciones y que no cabe asimilar a otras-, si bien la protección legislativa se encuentra destinada a cubrir la contingencia que resulta del estado de necesidad revelado por el fallecimiento de quien era el sostén del hogar, dicha protección no se presume por el sólo hecho del fallecimiento, sino aunada a la situación de la persona a quien la seguridad social habrá de proteger, que no constituye al familiar por su sola condición de tal, sino al familiar que, ya sea por su edad, o por su estado de incapacidad física para desarrollar empleo o actividad lucrativa alguna, no pueda procurarse el sustento por sí mismo. (Del voto en disidencia de la Dra. Cammarata).
Concausa, examen preocupacional
Materia: LABORAL
Carátula: Ortega Alicia c/ Prevención ART S.A. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-04-16

Es dable ponderar que para escindir las cuestiones laborales de las degenerativas, como dos patologías sin conexión entre sí, y asignar a la primera nexo causal con el accidente, y a la segunda el carácter de enfermedad inculpable, se hace imprescindible contar con elementos probatorios que así lo acrediten, y el medio adecuado para determinar la preexistencia de la lesión y así excluirla del ámbito de la LRT, es el examen preocupacional, tal como lo dispone la LRT y la Resolución 43/97 de la SRT (que agrega los periódicos a cargo de la ART). En mérito a ello, no acreditada la supuesta preexistencia, queda establecida la relación causal entre el accidente y la minusvalía indicada por el galeno -Voto del Dr. Romero (mayoría: Dr. Romero, con adhesión según su voto del Dr. Welp)