marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Interpretación de la ley, criterio de razonabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Provincia del Chubut c/ Asociación A.A. y Otros s/ Amparo - Medida Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-15

La razonabilidad es un standard valorativo que permite escoger una entre varias alternativas, más o menos restrictivas de los derechos, en tanto ella tenga una relación proporcional adecuada entre el fin de salud, bienestar o progreso, perseguido por la norma cuya constitucionalidad se discute y la restricción que ella impone a determinados derechos. En otras palabras, una norma reglamentaria es razonable cuando guarda adecuada proporción entre el objetivo buscado y el medio (intensidad de la restricción) empleado. . Así, la Corte suprema de Justicia ha expresado que procede comparar en sede judicial la relación existente entre la norma utilizada y el logro del bien social que se procura con ella, que una ley es arbitraria (lo contrario de razonable) cuando los medios que ella utiliza no se adecuan a los objetivos cuya realización procura.
Compraventa inmobiliaria, cláusula dólar, tipo de cambio, tipo de cambio oficial, dólar paralelo, conversión de la deuda
Materia: CIVIL
Carátula: FELDER MANUEL c/ G.O. PROPIEDADES y otro s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-05

Celebrada una reserva de compra por la cual el adquirente de un inmueble entregó una cantidad de dólares para aplicar a dicha reserva, operación en la que intervino una inmobiliaria como intermediaria y que quedaba supeditada a la aprobación de la propietaria del bien, conviniéndose que en el supuesto de no ser aceptada la propuesta se le devolvería al oferente la suma abonada, la cual quedaría automáticamente a favor de la inmobiliaria si el comprador no se presentaba al acto de la firma del boleto el día señalado para su suscripción, además de fijarse una comisión de venta sobre el precio estipulado para la intermediaria, si presentes las partes no llegó a hacerse debido a la tasa de cambio a aplicarse para realizar la operación de conversión de dólares a pesos argentinos, por pretender el adquirente que se usara la cotización oficial y la otra parte el vigente en el mercado libre o paralelo, pero encontrándose probado que en todo momento se mencionó el precio oficial del dólar, es procedente la demanda por restitución a los adquirentes de lo entregado como reserva por aplicación "contrario sensu" de lo preceptuado por el art. 111 del Código de Comercio que obliga al pago de la comisión cuando el negocio no se realiza por culpa de alguno de los contratantes, ya que resulta injusto que el comisionista se beneficie por una errada redacción del contrato, a costa de quien resultó víctima de ese proceder. Corresponde la restitución de la suma abonada, con su correspondiente actualización a partir del reclamo realizado mediante carta documento con sus respectivos intereses.

La obligación de pagar moneda extranjera, que no tiene curso legal en el país y cuya adquisición constituye un acto ilícito, puede cumplirse mediante dinero nacional a la cotización del día del pago y no puede exigirse que lo haga en dólares billetes, si no media un a previsión expresa en tal sentido en el documento otorgado.
Leyes, interpretación de la ley, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: "Gerardo Ramón y Cía. SAIC (T.F. 9116-A) c/ D.G.A.". s/ .
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-05-30

No cabe al tribunal apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquella (Fallos: 218:56;

299:167), de otro modo, podría arribar a una interpretación que -sin declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal equivaliese a prescindir de su texto (Fallos: 300:687; 301:958 y 313:1007; y esta Sala, 10/8/93, "Sidertec S.A.").
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: INFANTE SOSA ERNA ERIKA c/ PETROSAN S.A. C/ INTEGRACIÓN MES DESPIDO, ETC s/ CASACION LABORAL ROLDAN JORGELINA ANDREA c/ INSTITUTO DE INFORMACIONES COMERCIALES s/ INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD, ETC. - CASACION LABORAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-12-27|2009-05-06

Evaluar la conducta de las partes previo a la rescisión del vínculo laboral a los fines de establecer la existencia o no de injuria, como así también el examen de las circunstancias fácticas que hacen nacer la presunción "iuris tantum" consagrada por el art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo es, en principio, función propia de los jueces de grado y ajena en consecuencia a la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Contrato de trabajo, presunción de contrato de trabajo, prestación de servicios, relación de dependencia, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Miranda, Norma Alejandra c/ Bruno, Raimundo Juan s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-03-29

Debe desestimarse la demanda laboral deducida por quien alegó haber realizado tareas domésticas y de auxiliar de la actividad comercial para el demandado, en tanto no se acreditó la prestación de tareas subordinadas de parte de la pretensora bajo la categoría profesional y modalidades planteadas, sino que de las pruebas producidas pudo demostrarse que existió una relación de amistad personal y familiar entre ambos.
Contrato de obra pública, obligaciones del contratista
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bash S.A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

La obligación del contratista en materia de obras públicas es de las llamadas de "resultado" y el comitente tiene la pretensión de obtener una obra completa, exenta de vicios, prestación que es de naturaleza indivisible y como tal no puede cumplirse sino por entero.
Citación en garantía, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Bodegas Esmeralda S.A. c/ La Gremial Económica Compañía Argentina de Seguros s/ Ordinario (LIBRO: S127 - 242)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-23

No pueden acogerse las defensas de la compañía de seguros interpuetas en el juicio de repetición que le inicia su asegurado, cuando habiendo sido citada en garantía en el juicio preexistente que la víctima siguiera contra su asegurado, aceptó la citación, contestó demanda y tomó la dirección del proceso, sin reservas de ningún tipo.
Dirigente gremial, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez, Carlos María y sus acumulados c/ Petrotandil S.A.C.I. e I. s/ Indemnización ley 23551
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

La posibilidad de dejar de prestar servicios que el ordenamiento sindical consagra en el art. 48 constituye una prerrogativa reconocida por el legislador para permitir el desempeño de los cargos, pero de ningún modo puede entenderse que configure un presupuesto al que se subordine la actuación de la ley.
Sentencia penal, efectos de la sentencia penal en sede civil
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Gorosito de Ravassa, Elba Dora c/ Sosa, Raúl Alberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-05-16

Si la absolución en sede penal del demandado fue debida a la inexistencia de vínculo causal entre su conducta y la muerte de la víctima resulta plenamente aplicable la prohibición contenida en el art. 1103 del Código Civil
Honorarios, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: TOGNINI, GRETEL NORA c/ ASOCIACION MUTUAL SOCIAL Y DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEPORTIVA ATLETICO DE RAFAELA s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-10-13

El recurso interpuesto resulta inadmisible desde que la Alzada -para adherir a la argumentación expuesta en la resolución que desestimó el recurso de revocatoria contra el auto regulatorio de los emolumentos profesionales- aludió a la necesidad de evitar resultados absurdos derivados de regulaciones exorbitantes y a la facultad conferida por el Código Civil a los jueces en orden a reducir equitativamente el precio de los servicios prestados por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida; y el ejercicio de tal facultad constituye una materia privativa de los jueces de la causa, que el legislador ha dejado en manos de su juicio prudencial y que representa un asunto en principio irrevisable en sede extraordinaria, a menos que se demuestre que se trata de un supuesto de ejercicio irrazonable o caprichoso, extremo que no aparece demostrado en el caso. (Del voto del Dr. Erbetta. En disidencia: Dres. Spuler y Gutiérrez).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro c/ Ruiz s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-30

Con relación a la aplicación de los baremos por parte de los expertos, doctrina y jurisprudencia reiterada señala que la valoración de la incapacidad es en definitiva una decisión que compete a los Jueces. A tales fines, no los obliga la prueba pericial, ya que en un sistema regido por las reglas de la sana crítica no hay tal imposición. Tampoco la ley puede obligarlos.

Las que han establecido baremos mediante sus decretos reglamentarios se cuidan bien señalar que ellos resultan obligatorios en sede administrativa y no judicial(ley 24.028). Sin embargo, los baremos otorgan un principio de certeza, y constituyen una guía importante para el Juez. Igualmente, son variables de grado sumo, puesto que las técnicas de elaboración pueden ser distintas y además varían con el progreso científico y el cambio tecnológico.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: PROCESAL
Carátula: Martínez, Horacio y otros c/ E.N.Tel. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-27

La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto constituir, a la Corte Suprema, en una tercera instancia ordinaria que sustituya a los jueces de la causa en la decisión de las cuestiones que le son propias, sino que requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.
Derecho a la salud, personas con discapacidad
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Y., G. N. c/ Obra Social de la Policía Federal s/ inc. apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-04

El derecho a la salud es ampliamente garantizado en nuestro ordenamiento constitucional, especialmente en favor de las personas con discapacidad (art. 75, inc. 23, Constitución Nacional, art. 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; arts. 25 y 26, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arts. 4, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la asistencia integral a la discapacidad constituye una política pública del país. - Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite -. - El juez Rosenkrantz, en su voto, no adhiere al presente párrafo -
Licitación pública, pliego de bases y condiciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pastrian, Roberto Saturnino -Transporte Centenario- y otro c/ Municipalidad de Trelew s/ Demanda de Inconstitucionalidad - Medida de Innovar
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1995-08-10

Cuidar que los pliegos de condiciones favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad de postores, no significa que el Estado renuncie a su facultad de fijar los requisitos de la prestación que será objeto del contrato.
Daños y perjuicios, daño moral, asistencia médica, recién nacido, responsabilidad médica
Materia: CIVIL
Carátula: O., M.F. c/ SANATORIO FRANCHÍN y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-01

La concesión del reclamo del daño moral en los términos del art. 522 del Código Civil debe ser restrictiva, pero no puede tener una aplicación absoluta cuando, como en el caso, se trata de una afección inequívoca -aunque temporal- a la integridad del niño, quien debe ser especialmente protegido por su condición misma y por el interés superior que le ha atribuido por norma supralegal (arts. 2.2 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño)en el marco del incumplimiento contractual de una obligación médica. La interpretación del art. 522 del Código Civil debe ser realizada de acuerdo a dicha convención de jerarquía constitucional y en cuanto se desprende de ella que el niño tiene derecho a una protección especial. Con este enfoque, no debe desestimarse el daño moral causado al niño por más que se entienda que las lesiones han sido de mínima entidad y que aún luego se ha recuperado íntegramente por el tratamiento seguido. La recuperación del menor, es importante, pero solo a la hora de considerar la extensión del resarcimiento y no releva de resarcir el menoscabo causado aunque se trate de un menor de pocos meses de vida. Es que la falta de recuerdos acerca de las percepciones carece de importancia porque no equivale a no sufrir, de modo que es innecesario para admitir el resarcimiento la exigibilidad del discernimiento para experimentar el sufrimiento, aunque este pueda considerarse mínimo. Del voto de la mayoría (Dres. Racimo y Dupuis)
Alimentos, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: T., S.I. s/ Incidente de Aumento de Cuota Alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-11-15

Es exacto que a medida que crecen los hijos aumentan las necesidades en materia de alimentación, educación, vestimenta, esparcimiento y vida de relación, con el consiguiente incremento de los costos, lo que hace que, sin necesidad de producir prueba concreta al respecto, se pueda solicitar un incremento en la cuota fijada para el hijo menor, en razón de su mayor edad respecto de la que tenía al fijarse o convenirse la cuota originaria; mas ello no otorga la posibilidad de interponer pedidos de aumento en virtud de que, constantemente, crecen los hijos, sino que el pedido debe fundarse en argumentos razonables, como ser el paso del hijo de la escuela primaria, a la secundaria o el haber transcurrido varios años desde la fijación de la cuota.
Improcedencia del recurso, inimputabilidad, sentencia absolutoria, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, Martín s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-04-22

Corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia que -al declarar inimputable al encartado- lo absolvió y le impuso la medida de seguridad contemplada en el art. 34 inc. 1 CP, con internación en el Hospital Penitenciario del Servicio Penitenciario Federal, por haberse establecido que es peligroso para sí y para terceros, ya que el recurrente no logra rebatir las fundadas conclusiones a las que arribaron los sentenciantes -al concluir que al momento de la comisión de los hechos el imputado no comprendió la criminalidad de sus actos ni pudo dirigir sus acciones de acuerdo a dicha comprensión y descartar la alegada simulación-, sino que reedita los planteos efectuados en la instancia anterior, debidamente contestados por el a quo.
Derecho procesal, juicio ejecutivo, cuestiones de competencia, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: G. M. H.  c/ C. H. L.  s/ Sum. -Cumplimiento de contrato- Daños y Perjuicios, Expte. N° 712/2023
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2023-11-14

El Superior Tribunal de Justicia sostiene que para determinar la competencia, ha de estarse al contenido de la demanda como acto constitutivo de la relación jurídico-procesal. Las constancias de la causa demuestran que el juez competente para entender en el caso, es el que corresponde al lugar del domicilio del demandado a tenor de lo dispuesto por el art. 5 inc 3 del CPr. Esta alternativa es la que corresponde, dado que la sociedad aquí accionada es una tercera ajena al contrato de locación de obra invocado, cuyo derecho de defensa debe ser protegido.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, cuestiones de hecho y prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos barros, juan manuel sobre 92 - agravantes (conductas descriptas en los artículos 89 / 90 y 91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-09

Corresponde rechazar la queja de la defensa debido a que los planteos que pretende traer a consideración del Tribunal -por versar sobre los hechos y su prueba- no son de aquellos que suscitan nuestra competencia por esta vía, y el recurrente no muestra que la conclusión a la que el a quo arribó sobre aquéllos, resulte insostenible. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Accidente de tránsito, falta de licencia de conducir
Materia: CIVIL
Carátula: BUNDA Mauro c/ Roble Marcelo Domingo s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-03-10

"La carencia del registro habilitante por parte del conductor del rodado, resulta una circunstancia que obra en su contra, ya que si bien ello constituye una falta de índole administrativa permite presumir la ineptitud de quien no lo posee".

"Si bien la falta de registro para conducir no es por sí sola una prueba de culpa exclusiva, constituye una importante presunción en contra de quien no lo posee, por no reunir los requisitos establecidos por la normativa vigente (art.36 inc.b de la ley 13.893), pues la ley presume que por ese motivo se carece de la necesaria habilidad para evitar o sortear las dificultades del tránsito.

Las prescripciones del art. 36 inc. b de la ley 13.893 involucran toda especie de automotores, en la que se encuentran comprendidos los automóviles, las motocicletas y ciclomotores y toda máquina accionada por un motor. Art. 36 inc. b), de la Ley 13.893.- t. p.).

"Quien carece de la licencia de conducir lisa y llanamente no debe hacerlo porque la autoridad de control no ha verificado que sepa manejar, que tenga aptitudes psicofísicas y que conozca las normas que regulan el tránsito, y por lo tanto se presume - sin admisión de prueba en contrario - que no sabe ni lo uno ni lo otro.

Es que, las normas reguladoras del tránsito no son letra muerta ni mero material de estudio.

Esa fuerte presunción de que quien carece de carnet habilitante no sabe manejar ni conoce las reglas del tránsito conduce a que debe estar fehacientemente acreditado que absolutamente ninguna relación causal con el accidente tuvo tal falta de habilitación".

"La carencia del registro habilitante por parte del conductor del rodado, resulta una circunstancia que obra en su contra, ya que si bien ello constituye una falta de índole administrativa permite presumir la ineptitud de quien no lo posee".
Divorcio, causales de divorcio y separación personal, divorcio contradictorio, separación de hecho, reconvención
Materia: CIVIL
Carátula: R., O. H. c/ C., M. I. s/ Divorcio vincular
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-23

Al haber solicitado uno de los cónyuges el divorcio vincular, por la causal objetiva normada por el inciso 2do.) del artículo 214 del Código Civil, y el otro reconvenido por las causales de los incisos 2), 4) y 5) del artículo 202 del mismo cuerpo legal, debe concluirse que la causal objetiva cede ante la subjetiva. No sólo no existe prohibición legal en tal sentido, por lo que debe reputarse subsistente la posibilidad jurídica de invocar causal, sino también que, de aceptarse la tesis restrictiva, se llegaría al absurdo de limitar las causales del divorcio o la separación personal a aquéllas que dan lugar a la ruptura de la convivencia, sin computar otras ofensas producidas durante la vigencia del matrimonio, que el cónyuge que las sufrió, de haber tomado la iniciativa, bien hubiera podido invocarlas.
Tercería de mejor derecho, boleto de compraventa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chatruc, Oscar H. y otros s/ Tercería Solimo, Raúl Elido s/ Tercería de dominio en autos Alberdi c/ Mauritania s/ ejecución  sentencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-04|1992-08-25

El derecho real de dominio inmobiliario y la condición de "dominus" no se consolidan en cabeza de los terceristas por el solo concurso del boleto de compraventa y la tradición de los inmuebles objeto de tales negocios, sin mentas, siquiera de las mal llamadas escrituras públicas traslativas del dominio, ese "título suficiente" que el artículo 2602 exige para la trasferencia de tal derecho en materia inmobiliaria, el cual para ser tal, ha de estar revestido de las formalidades impuestas por el legislador en los arts. 1184 inc. 1 y 2609 del c.c., arts. 944, 946, 973, 976, 986, 1182, 1183, 1184 inc.

1, 1185, 1187, 2602, 2609, 4010, 4011 y concs. del C.C.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, fondo de asistencia legal, supervisión de cumplimiento de sentencia
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso del Penal Miguel Castro Castro c/ Perú s/ Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-07-29

Si bien la Corte Interamericana ha indicado que los recursos del Fondo de Asistencia tienen como destino solventar los costos del litigio de fondo durante el desarrollo del caso contencioso previo a la emisión de la sentencia -atenta su escasez en tanto lo integran contribuciones voluntarias-, el Tribunal admitió la posibilidad excepcional de considerar peticiones de recursos fuera del marco del litigio de fondo cuando las víctimas o sus representantes deban incurrir en gastos futuros durante la etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia, y siempre que se trate de gastos razonables y necesarios, respecto de los cuales aquellos prueben la carencia de los recursos económicos suficientes para asistir a una convocatoria a audiencia.
Amparo colectivo, improcedencia del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: Díaz Federico Gustavo y otro c/  s/ amparo colectivo art. 250 CPCC) s/ apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-11-05

Cabe precisar, que si bien el art. 20 de la Ley B 2779 (cf. modif. Ley 5270 BO: 12/04/18 N° 5660) prevé que serán recurribles las sentencias definitivas que resuelvan los amparos promovidos en el marco de la presente ley, como también las que decidan sobre las medidas cautelares peticionadas, el caso de autos ha sido erróneamente enmarcado dentro del amparo colectivo, sumado a que no se dan los recaudos de admisibilidad de la acción prevista en el art. 43 de la Constitución Provincial. (Voto de la Dra. Piccinini por la mayoría)