marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, proceso en trámite
Materia: PROCESAL
Carátula: Gerardino Sánchez c/ Estado Provincial-Ministerio de Economía s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. Nº B- 56.814/00 Amparo. L.A. Nº 44 Fº 880/884 Nº 400 José Raimundo González c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N° B-74296/01 Amparo Piras de Sona, Ana c/ Estado Provincial s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el expediente Nro. B-66.272/2000 Amparo.L.A. N 45 F 61/64 N 25.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-09-11|2001-10-31|2002-02-14

Resulta improcedente que la actora haya acudido al instituto del amparo alterando los regímenes propios de las instituciones procesales ordinarias vigentes sin un motivo justificante. No se justifica que en lugar de formular un simple pedido ante el Tribunal de origen alegando el hecho nuevo, se haya iniciado un nuevo juicio, ante un Tribunal distinto, causando un inútil dispendio jurisdiccional y elevación de los costos judiciales.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, gravamen irreparable, cuestiones de competencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jure, Jorge Hernan c/ Círculo de Inversores S.A. y otros s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Daños y   perjuicios (Expte. CSJ Nro. 957-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-01

Si bien se mantiene como circunstancia obstativa a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad interpuesto la falta de definitividad de la resolución impugnada (artículo 1 de la ley 7055), desde que el pronunciamiento de la Alzada resuelve una cuestión de competencia acogiendo la excepción interpuesta por el demandado -por lo que no se resolvió una cuestión de fondo, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación-, la Corte local ha atemperado esas exigencias introduciendo el concepto de autos que causan gravamen irreparable, pero, sin apartarse de la consideración de que se trata de supuestos de excepción en los que el perjuicio no ha de poder ser aventado por medio alguno jurisdiccional, sin irremediable detrimento del interés comprometido. Y en el caso, si bien el recurrente invoca la existencia de un perjuicio con apoyo en que la resultancia de lo decidido conllevaría al archivo del proceso y al posterior inicio de uno nuevo en Capital federal con los que costos que ello implicaría, lo cierto es que dichas argumentaciones recién son expuestas en el recurso directo, que como es sabido no es el medio idóneo para formular nuevas alegaciones ni para mejorar el planteo inicial o introducir argumentos no invocados en el recurso de inconstitucionalidad.
Declaración de insania, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Materia: CIVIL
Carátula: S. A. s/ artículo 152 ter. Código Civil
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

Corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que dispuso la interdicción del causante -recurso fundado en que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la ley 26.378 establece la obligación de preservar la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y, de ser necesario, fijar un sistema de apoyaturas y salvaguardas que contemple específicamente la situación y necesidades del individuo- pues abunda en argumentaciones relacionadas con los principios que se encuentran en juego pero, al momento de proyectar su incidencia en el caso concreto, no explica cómo traduciría jurídicamente la figura del apoyo que propone en la toma de decisiones patrimoniales ni asume las consecuencias para la validez de los negocios jurídicos que pudiera celebrar el causante de admitirse una solución como la procurada mediante el recurso en análisis.
Interpretación de la ley, caja otorgante, trabajador autónomo, otorgamiento del beneficio, antigüedad en la afiliación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CISCATO, MARIA c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-04-25

El art. 16, inc. c) de la ley 18.038, al decir "...sin perjuicio de lo determinado en el segundo párrafo del art. 80 de la ley 18.037", expresa la prevalencia del criterio de éste artículo, o sea, que será caja otorgante de la prestación aquella a la que corresponde el mayor tiempo con aportes. Dicha interpretación compatibiliza con el sentido que cabe asignar a las leyes previsionales en casos que se acredite un extenso período de servicios con aportes. En consecuencia, no hay obstáculo legal para que la Ex-Caja de Autónomos asuma el rol de otorgante del beneficio solicitado, aunque el peticionante no acredite el requisito de antigüedad en la afiliación. (Del voto de la mayoría. El Dr. Laclau votó en disidencia).
Pago, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diulio, Daniel Ricardo c/ Clínica Santa Cecilia s/ Cobro australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-04-15

Constituye un principio fundamental de derecho que quien invoca haber pagado (cumplimiento exacto de la prestación que hace el objeto de la obligación) debe probar fehacientemente tal extrema, aportando toda la prueba necesaria al respecto, prueba cuyo criterio de apreciación es riguroso. Más aún cuando -como en el caso- los elementos más importantes obraban en poder del deudor o en su ámbito de disposición y sobre ellos debía realizarse la prueba definitoria, tal como lo es la pericial contable.
Seguridad social, presupuesto, leyes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Velázquez,  María  Ofelia c/ Instituto  de Seguridad Social delNeuquén s/ acción procesal administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

Si bien se admite la posibilidad de que una ley de presupuesto ratifique una norma de jerarquía inferior, ya que -con abstracción de que pudiera constituir una "falta de metodología legislativa"- la función legislativa en materia presupuestaria no se agota en la facultad de aprobar gastos o recursos, siendo la ley de presupuesto una ley en el sentido institucional del vocablo con plenos efectos jurídicos, cuando tal ratificación se refiera a una normativa reguladora de derechos previsionales que son reducidos, ella no puede ser sino expresa y nunca tácita, habida cuenta la necesidad de contar con una motivación declarada que la justifique (Disidencia de los Dres. E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Luis Lorenzetti).
Inexistencia de cuestión federal suficiente, acordada de la Corte Suprema, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Taborda, Carolina Beatriz c/ Provincia de Rio Negro s/ contencioso administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2018-09-27

Tampoco el recurrente ha cumplido acabadamente con los recaudos impuestos por la CSJN mediante Acordada N° 4/2007 por cuanto no introdujo en forma oportuna la cuestión federal que debe plantearse en la primera oportunidad posible y sostenerse en todas las instancias, por cuanto tanto la aceptación como el rechazo de las pretensiones debatidas en juicio, constituyen hechos previsibles. La finalidad de tal reserva es conferir a los Jueces de la causa oportunidad para ponderar la cuestión y juzgar la relación existente en su posible dimensión y el derecho constitucional, cuya eventual valoración se invoca. Así, el elemento temporal se encontrará satisfecho al introducir la cuestión federal en tiempo oportuno, esto es, en principio en la primera oportunidad procesal que resulte posible al litigante exponer ante el Tribunal las cuestiones constitucionales que desea resguardar (vgr. demanda, contestación de demanda o en la primera oportunidad posible), dado que la introducción de la cuestión federal no puede ser el fruto de una reflexión tardía o de una mera ocurrencia (cf Fallos: 188:482; 210:718; 302:468; 314:110). En este sentido, cabe tener siempre presente, que tanto la admisión como el rechazo de las pretensiones de las partes, por una sentencia, son contingencias o eventualidades previsibles (cf. Fallos: 325:3255; 326:3058 y 3939) de modo que el recurrente debió haberse representado tal circunstancia y articular la cuestión federal al momento de introducir su demanda. (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Zaratiegui y Dra. Piccinini sin disidencia)
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, cuestiones prejudiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Ríos, Maximiliano c/ Barraco, Jorge Adrián y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2022-03-30

Es claro que el curso de la perención se hallaba suspendido por disposición del tribunal (art. 340 CPCC) fundado en la prejudicialidad penal (art. 1775 CCCN) de modo que el actor quedó eximido de la carga de instar el trámite y por ello la caducidad de la instancia nunca pudo operar.
Competencia previsional, aportes a obras sociales, contribuciones a obras sociales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Jarpa  Eduardo y otros c/ EN - M° Defensa -Ejercito - IOSE - Dto1478/97 s/ personal       militar       y       civil
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-14

Máxime, teniendo en cuenta que en el artículo 2° inc. f) de la ley 24.655 se determina la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social en "las causas actualmente asignadas a la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo por el artículo 24 de la ley 23.660 referida "al cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, interese y actualizaciones adeudados a las Obras Sociales." sin realizar distinción alguna entre personal en actividad y en situación de retiro. VII. Que por lo tanto, y teniendo en cuenta el dictamen referido anteriormente -a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad- corresponde declarar la incompetencia de aquel fuero para entender en la presente causa (esta Sala, causa N° 17.106/2010, caratulada "Sorbello, Diego Claudio y otros c/ EN-M° de Justicia-PFA- Dtos. 582/93 1866/83 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", del 23/12/2010; Causa nº 8.844/2010 "Secuel, Norma Mabel c/ EN-Mº Justicia-PFA- Dto 2744/93 1419/07 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.", del 14/4/11; entre otros). Por lo expuesto, SE RESUELVE: declarar la competencia del fuero de la seguridad social y -previa noticia al titular del Juzgado 2 en lo contencioso administrativo federal- remitir las actuaciones al Juzgado N 3 de la seguridad social.
Contrato de trabajo, comisiones, empleados de AFJP
Materia: LABORAL
Carátula: "Micciche, María c/ Met AFJP y otro s/ Despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-17

Los valores denominados "PACO" y "BOCA" constituyen una manera sofisticada de retribuir la obtención de resultados concretos para el empleador, traducidos en la concertación de negocios (en el caso afiliaciones o traspasos), retribución que se encuadra dentro del concepto de comisión (cfr. Fernández Madrid, Juan C.

en "Ley de Contrato de Trabajo comentada" de López, Centeno y Fernández Madrid, 2º Ed. Tomo I, pág. 632). El valor "BOCA" (Bono de Crecimiento de Cartera) es una cantidad por cada nueva afiliación o traspaso obtenido por el agente, mientras que el PACO es un porcentaje sobre el sueldo base del afiliado al momento de aprobarse una afiliación o traspaso. Ambos valores constituyen una forma de retribuir la obtención de resultados útiles para el empleador, es decir una comisión.
Honorarios, base
Materia: PROCESAL
Carátula: BOSCAROL IRINEO c/ ALBERTO D. ALTIERI s/ COBRO DE PESOS - DEMANDA - COMPARENDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-05-27

Si se trata de un incidente sin contenido económico propio, y no hubo tramitación, sólo con traslado a las partes, rige el art. 80 inc. 2do., 2da. parte. Luego la base económica primigenia es el monto de la demanda, que con sus intereses, según el art. 8 del Decreto 529/91 (convertibilidad) a la fecha de la resolución, da el monto económico base, y ésta la es para el abogado del demandado apelante que triunfó en el recurso (art. 29 inc. 1ro. 1ra. parte).

Sobre ello, se aplica en primer lugar el art. 34, luego el art. 80 que representa el importe sobre el que hay que aplicar el art. 37 de la segunda instancia .

Respecto del letrado del actor apelado y vencido, su situación encuadra dentro del art. 29 inc. 2do. 3ra. parte, tomándose el porcentaje de la cifra que surge del art. 34 Código Arancelario.-
Procedencia del recurso, AFIP, derechos de exportación, acción de repetición
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gut Metal S.R.L c/ EN- AFIP s/ Dirección General de Aduanas
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-05

La jueza de primera instancia rechazó la demanda entablada contra la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de lograr la repetición de la suma de dinero reclamada en concepto de derechos de exportación durante los períodos de octubre y noviembre de 2018, con más los accesorios correspondientes. El Tribunal de Alzada hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante, dejó sin efecto la sentencia apelada, declaró la nulidad del Decreto N° 793/18 y reconoció el derecho de la parte actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los despachos de importación involucrados en la causa.
Contratos comerciales, incumplimiento del contrato, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, expendio de combustibles, estación de servicio, lucro cesante, indemnización
Materia: COMERCIAL - CIVIL
Carátula: BRAVO GABRIEL C. Y OTRO c/ YPF s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

Para la determinación de este crédito se debe contemplar no solo lo que a la actora se le privó de ganar en los dos meses de suspensión efectiva, sino el detrimento en las ventas que se proyectó en los meses inmediatamente siguientes. Si YPF no proveyó de combustible a la actora en ese período y por consiguiente se vió interrumpida la actividad habitual de la estación de servicio, la recuperación de la comercialización hasta llegar a los niveles normales debió requerir un cierto tiempo. Dicho criterio se entiende adecuado, por cuanto se trata de un incumplimiento contractual por parte de YPF (al aplicar una sanción no prevista) y, por consiguiente, debe responder por las consecuencias inmediatas y necesarias de dicho incumplimiento (art.

520, Cód. Civil).
Emergencia económica, pesificación, depósito bancario, restitución de sumas de dinero, daños y perjuicios, juicio ordinario posterior
Materia: ECONOMIA
Carátula: Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional - dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-12-27

La decisión de la Corte que restituye el capital no impide que el titular demande por la vía ordinaria los daños y perjuicios que hubiere sufrido en su condición de ahorrista (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Competencia por el grado, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: S.E. y O.M. Puerto Madryn c/ Municipalidad de Puerto Madryn s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-02-25

Todo lo vinculado a la competencia por grado es de orden público, no puede desde ningún aspecto obligarse al Tribunal de Alzada a intervenir en un asunto que no le corresponde; y es él, quien en definitiva debe resolver sobre tal cuestión. La Alzada -se dice- "es el juez del recurso" y sólo ella regula la competencia funcional que le concierne, la que surge únicamente de la ley.
Declaración indagatoria, aplicación temporal de la ley, abandono del defensor
Materia: PENAL
Carátula: NOVELLI, Mauro Rodrigo y otro. s/ ROBO TENTATIVA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-18

Habida cuenta que las reglas del art. 353 bis, C.P.P.N. no establecen un plazo dentro del cual el encartado deba efectuar el pedido de prestar declaración indagatoria, debe entenderse que es posible hacerlo hasta la clausura del sumario (*).
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Solans, Hector R. y Otro c/ B.C.R.A. s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-20

No es posible exigir a los actores la demostración de la no existencia de anomalías o irregularidades internas respecto a sus depósitos, como tampoco la exigencia de una engorrosa y desmesurada documentación para demostrar la disponibilidad de las sumas depositadas. De lo contrario sería muy fácil para el B.C.R.A. no cumplir con los pagos dentro de los términos que le impone la ley y alagarlos "sine die" y a su voluntad, lo que no resulta justamente el espíritu de la norma en cuanto a la garantía de los depósitos se refiere ("Tancredi", Sala II, 4/6/87).
Accidentes de trabajo, cosa riesgosa, máquinas
Materia: LABORAL
Carátula: ARRUBIA, ALBERTO c/ PRUDUCUER  S.A. s/ ART. 1113 C.C.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-29

Cuando el trabajador no es un operario de máquina en tren de producción sino un oficial de mantenimiento que, consecuentemente, cumple con su tarea cuando la cosa normalmente no se encuentra en funcionamiento, el carácter riesgoso de aquélla resulta de la índole del trabajo que realiza quien es dañado por ella. Este supuesto puede tornar irrelevante la mecánica del accidente y hacer recaer, en cambio, sobre el objeto la participación activa y protagónica en la producción del daño cuando aquél, aún inerte puede originar una lesión.
Viajantes de comercio, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Peralta, Carlos Rubén c/ José Luis Rosciani y/o quien resulte responsable s/ Comisión por venta
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1997-07-17

No es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, alegando que el accionante no se desempeñó en relación de dependencia con el demandado, sólo realizó ventas de productos para el mismo por su cuenta, abonándosele cada vez que ellas se realizaban. El fundamento proviene de éstas debidamente acreditado que el actor realizaba un trabajo que tenía por objeto principal la concertación de ventas de la mercadería de la demandada, en nombre, a riesgo y por cuenta de ésta en forma habitual percibiendo una remuneración pactada por tal presentación. La instrumental aportada a la causa de la cual se extrae que los pedidos eran confeccionados en formularios con el membrete del empleador, que los precios y condiciones los fijaba el demandado, proporcionando incluso muestras que se encuentran reservadas conjuntamente con la prueba practicada. Se encuentra también sustento en el art.23 de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y el art.11 de la Ley 14546 quedan comprendidas en dicho sustento los viajantes exclusivos o no que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de uno o más comerciantes y/o industriales concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representantes mediante una remuneración.
Derecho de la navegación, buques, contratos de utilización de buques
Materia: NAVEGACION
Carátula: LOS  CARTONS  S.A. Y OTRO c/ SILOS ARENEROS BUENOS AIRES S.A.C. YOTRO S/ s/ AÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-19

Los contratos sobre buques requieren de una publicidad especial, dada por la inscripción en el Registro Nacional de Buques y en el certificado de matrícula para ser invocados frente a terceros. (Ray, José Domingo, Derecho de la Navegación, Tº II, pág. 222, Simone, Osvaldo Blas, "Compendio de Derecho de la Navegación", Ed. Ábaco, pág. 297). El régimen de publicidad por vía de un registro es común a distintas cosas, en general de cierta entidad económica (inmuebles, aeronaves, automóviles, buques), para garantizar los derechos de sus propietarios y de terceros, y confiere un tinte publicístico a la detentación de derechos sobre las cosas citadas, colocando el cumplimiento de determinadas formalidades por encima de la mera voluntad de las partes. En todos los casos se requiere de una inscripción en un registro especial para hacer valer los derechos erga omnes. En autos, tal como surge de la constancia de folio real del buque Mediterráneo (matr. Nº 01703), el contrato alegado no figura allí asentado, lo cual ha sido dado por probado por el a quo y consentido por la apelante.
Daños y perjuicios, culpa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: DIAZ, JUAN ANTONIO c/ PEREZ IGNACIO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-08-01

Si el daño que alguien sufre ha sido causado por su exclusiva culpa, carece de derecho a indemnización.
Suspensión del juicio a prueba, oposición del fiscal, consentimiento del fiscal
Materia: PENAL
Carátula: Soto García, José María s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-12

Corresponde rechazar el efecto vinculante del dictamen fiscal cuando este se opone a la suspensión y propicia, en cambio, el obligatorio juzgamiento del imputado. La pretensión legal de obligatoriedad de juzgamiento podría llevar a un "indebido desplazamiento de la potestad jurisdiccional" hacia el fiscal y el abandono del control de legalidad que perjudica los derechos del imputado". Si el fiscal se opone a la suspensión, la decisión quedará en manos del órgano judicial, quien, en caso de concurrir las condiciones de admisibilidad legal, deberá ordenar la suspensión del proceso. Pero para que la decisión de disponerla o rechazarla no sea el producto de la más absoluta discrecionalidad (fiscal ni judicial), es importante que, en los casos del cuarto párrafo del art. 76 bis del C.P., se determine la existencia de los tres requisitos legales previstas por la norma. El predominio de las características acusatorias, no debe llevarnos a propugnar una actuación arbitraria o según su propio parecer del fiscal, sino que, por el contrario, su potestad debe estar limitada por la determinación legal de los criterios de admisibilidad de la suspensión del proceso a prueba, para evitar precisamente iniquidad. Tomando en cuenta esta consideración, puede sostenerse que, si la facultad denegatoria del órgano judicial es entendida sólo como un segundo control de legalidad, esa intervención jurisdiccional constituiría un control razonable que no desnaturalizaría la potestad del fiscal requirente. Pues, más que un "consentimiento" es una "comprobación o verificación" primera de admisibilidad que efectúa el fiscal. En tanto el "consentimiento fiscal" constituye una exigencia que viene impuesta desde la propia ley sustantiva (art. 76 bis, párr. 4to., C.P.), pero siempre que se ejerza legalmente, si el órgano judicial verifica que concurren en un caso determinado los presupuestos legales de procedencia, el imputado tiene derecho a la suspensión del proceso a prueba y, como correlato, el Estado tiene el deber de disponerla (cualquiera sea la opinión del fiscal al respecto). (Dres. Hornos, Diez Ojeda, González Palazzo).
Empleados públicos, cargo, asignación de funciones, remuneración, reescalafonamiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GARCIA TAVELLA, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N 560-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-10-04

Si del análisis del expediente administrativo, surge que el desempeÑo de la función asignada al actor por la resolución ministerial 143-83 derivó en la supresión de un cargo con categoría 15 de la planta de personal permanente y la creación de uno encasillado en la categoría 16, ello dio lugar a un acto administrativo formal, que reveló la voluntad inequívoca de establecer esas funciones y de asignárselas al actor. Y no existe norma legal ni principio aplicable a la relación de empleo público en virtud de la cual el actor hubiera debido desenvolver esas funciones sin aumento en la contraprestación, ni eran funciones que pudieran serle encomendadas en base a norma legal pero sin derecho a aumento salarial.