Tribunal: JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO Nro 56
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-20


Dictamen de la Fiscal:

Señor Juez: Vienen las actuaciones en vista a esta fiscalía a fin de que emita opinión en relación con el planteo de inconstitucionalidad formulado a fs. 671/5 y lo demás solicitado.

La parte actora requiere que V.S. dicte un pronunciamiento que ordene al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, abonar al actor las sumas depositadas, en efectivo o en la forma que, en definitiva, peticione. Cuestionado asimismo, la constitucionalidad de la Comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina, como así también toda otra disposición de la Presidencia del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de considerar que las mismas afectan las atribuciones del Poder Judicial de la Nación y derechos fundamentales de los trabajadores, en especial, de libertad y propiedad de disponer, en La forma que consideren conveniente, de sus créditos alimentarios.

La Comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina, del 23 de noviembre de 2010, dirigida a las entidades financieras, dispuse que "la acreditación de los importes correspondientes a las causas judiciales ordenadas por los juzgados intervinientes se realizará mediante transferencias electrónicas desde cuentas a la vista abiertas en entidades financieras o a través de cualquier otro medio de pago distinto del efectivo, cuando se trate de importes superiores a $ 30.000 y preferentemente por esos medios, cuando se trate de depósitos menores o iguales a dicho importe (pto. 5.9.3).

Los pagos a los beneficiario/a designado/a en los respectivos autos se realizarán mediante transferencia electrónica a cuentas a nombre de aquellos cuando se trate de importes superiores a $ 30.000 y, preferentemente por ese medio, para sumas iguales o inferiores a dicho importe con destino a las cuentas abiertas a nombre del/los beneficiario/a designado/a en los respectivos autos. A tal efecto, cada beneficiario deberá informar al juzgado los datos de identificación de la cuenta y su clave bancaria uniforme (CBV) en la cual se considerara cancelado su crédito al momento del depósito (pto. 5.9.4). Las órdenes de pago judicial se integrarán, autorizarán y cursarán a las entidades financieras pagadoras preferentemente de manera electrónica, a través del sistema a que se refiere el punto 5.8.71 en la medida en que los juzgados no utilicen orzas mecanismos para tales requerimientos.

Cuando los beneficiarios de los pagos judiciales no dispongan de una cuenta a la vista, las entidades financieras depositarias de las cuentas judiciales, deberán ofrecerles la apertura de una caja de ahorros y la emisión de una tarjeta de débito (ambas sin costo, por al menos un año -salvo que se trate de pagos periódicos, en cuyo caso deberá mantenerse esa condición de gratuidad, en la medida en que se utilicen exclusivamente para recibir la transferencia del juzgado y realizar la extracción de estos fondos), conforme a lo previsto por la Sección 1 de estas normas.

La referida Comunicación consagra que sus disposiciones serán de aplicación en la medida en que no se opongan con las emitidas por poderes públicos de las distintas jurisdicciones (pto. 5.8).

En esto contexto, he de analizar la procedencia de la petición, acerca de la cual V.S. me ha requerido opinión.

El régimen jurídico vigente (art. 277 L.C.T.) consagrará el pago en juicio, cuya finalidad apunta a garantizar a los trabajadores y sus derechohabientes la percepción de sus créditos reconocidos judicialmente, mediante depósito bancario a la orden del Tribunal interviniente y posterior giro judicial al titular de ese crédito. Se ha sostenido, que en el proceso laboral se pretende la efectivización de un derecho sustantivo fundado en el principio protectorio consagrado con rango constitucional en el art. 14 "bis", como marco a ciertas previsiones de orden público (conf. art. 12 L.C.T.) y que actúa como cerrojo tendiente a tutelar al trabajador en situación de hiposuficiencia (CCCTrab. y Fam. de Cruz del Eje, 4.07.97), en autos "P. E. E. y/o Radio Punilla y/o Ter M. y/o quienes resulten responsables", LLC, 1997-896).

En este marco legal, las disposiciones adjetivas y reglamentarias impusieron el consentimiento de la orden de giro judicial (conf. Acta 2295 C.M.A.T. del 30.06.99) art. 48. C.P.C.C.N. art. 3º, ley 9557), con las salvedades allí establecidas en caso de conformidad de los intervinientes en el proceso, el retiro personal de la orden judicial y su posterior percepción en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales. Todas estas disposiciones han sido dictadas en beneficio del trabajador y la tutela de su crédito.

Ante este entramado jurídico, deberíamos preguntarnos si el régimen adoptado por el Banco Central de la República Argentina, para el pago de los giros judiciales en la referida Comunicación "A" 5147 debe imponerse al trabajador.

Me inclino por considerar que debería privilegiarse el sistema jurídico que emana del art. 277 de la L.C.T., salvo que el trabajador opte, en uso de su exclusiva expresión de voluntad, por acogerse al sistema previsto por esa Comunicación. No es posible desconocer que esta ha sido dictada en un marco de disposiciones tendientes a proteger la seguridad del beneficiario de un giro judicial, frente a hechos de público conocimiento que han generado en estos últimos tiempos, no sólo daños patrimoniales fundamentalmente, personales. Pero cuando un poder del estado (en este caso el Judicial) ha dispuesto, con arreglo a una norma dictada por otro poder (el Legislativo: una orden de pago judicial a favor de un trabajador para ser satisfecha mediante cobro en efectivo ante su presentación en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales, esta decisión no podría ser revocada, en forma imperativa, por una Comunicación del Banco Central, cuya aplicación es desplazada en el caso de que se oponga a normativa emanada de los poderes públicos. Ello claro esta, sin perjuicio del derecho del trabajador de optar por el régimen fijado en la Comunicación "A" 5147 para tutelar, con mayor énfasis, su crédito alimentario.

Considero que la salvedad que el pto. 5.6 en el sentido de que las disposiciones serán aplicables en tanto no se opongan con las emitidas por los poderes públicos de las distintas jurisdicciones, es coherente con el criterio sustentado por el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "EMM S.R.L. c/ Tia S.A. s/ ordinario s/ incidente de medidas cautelares" (20.03.2007), invocado por la parte actora, en el sentido que "la disposición de los depósitos judiciales es de exclusiva incumbencia de los jueces... tanto en tiempos de normalidad como de emergencia...como custodios de los bienes litigiosos...".

En resumen, en mi opinión, no es posible desatender la innegable motivación que ha inspirado la Comunicación "A" 5147, pero entiendo que la compleja tramitación que propone, con una prolongada secuela temporal hasta la efectiva percepción del crédito, no debería imponerse al trabajador de autos como única opción y no podría avanzar -reitero, imperativamente- por sobre la disposición legal dictada y efectivizada por los poderes públicos, para tutelar su crédito.

La solución que propicio, de ser comportada por V.S., devendría abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado por el litigante.

En los términos que anteceden, téngase por cumplida la vista conferida. - María Cristina Prieto.

2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 20 de 2010.

Y Considerando: Que el suscripto comparte lo dictaminado por la Sra. Representante del Ministerio Público a fs. 677/678, a cuyos términos remite.

Que el art. 277 del R.C.T. establece que "todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del Tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechohabientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder...".

Que el modo de cancelación de los créditos integrativos de una condena recaída en un juicio laboral establecido en la norma parcialmente transcripta no es disponible por las partes ni, mucho menos, por terceros, y no otra cosa que terceros resultan ser el Banco Central de la República Argentina y el Banco Ciudad de Buenos Aires en estas y en todas las otras actuaciones que tramitan en el fuero, salvedad hecha -obviamente- de las causas en las que pudieren resultar demandantes o demandados (y más allá, por supuesto, de las cuestiones de competencia que se pudieran suscitar al respecto).

Que no tengo duda alguna acerca de que el "giro judicial" aludido en la norma en análisis no es un cheque bancario, así como no la tengo en relación con la condición de custodio de los fondos (no depositario) que reviste el Banco Ciudad de Buenos Aires. El Banco sólo actúa como depositario en los casos en los cuales el Juez interviniente, que es el único que puede disponer de los fondos en custodia, ordena la inversión en un plazo fijo, y con la limitación temporal de dicha inversión, agotada la cual vuelven a quedar en custodia de la entidad.

Que la bancarización coactiva de las sumas dinerarias, dispuesta parcialmente por el Banco Central de la República Argentina a través de la Comunicación "A" 5147 y profundizada por la decisión del Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires para su aplicación práctica, avanza por sobre la disposición legal antes aludida ejerciendo de facto facultades de las cuales -de jure- se carece.

Que tal bancarización coactiva coloca al titular del crédito en la condición de sujeto pasivo de la aplicación de los gravámenes legalmente establecidos para las transferencias bancarias, lo cual -en el caso de los créditos no imponibles consagrados en favor del trabajador- resulta de insoslayable relevancia.

Que ni el Banco Central de la República Argentina ni el Banco Ciudad de Buenos Aires tienen facultades para eximir de tales gravámenes.

Que si el trabajador voluntariamente bancariza tales créditos, se somete de igual modo a la aplicación de los gravámenes mencionados, y siempre tiene la posibilidad de adoptar tal decisión que -por contrario- no le puede ser impuesta.

Que -y esto constituye una opinión personal irrelevante como fundamento de esta decisión- la bancarización, que contribuye tanto a la seguridad como al blanqueo y sinceramiento de la economía, debería derivarse de un cambio cultural en la sociedad canalizado y/o propiciado normativamente por los representantes del Pueblo en el ámbito constitucionalmente establecido para ello, esto es, en el ejercicio del Poder Legislativo por parte de las Cámaras de Diputados y Senadores, y no a través de la actuación de quienes a nadie representan, en ejercicio de facultades de las cuales -reitero- carecen. Y si lo que se quiere es propiciar e incentivar la bancarización, debería comenzarse por liberar de gravámenes la operatoria de los fondos dinerarios bancarizados.

Que la ilegalidad de la Comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina, así como de la consiguiente decisión operativa del Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, es manifiesta.

Que tales resoluciones son, entonces, ilegales e inoponibles -por imperio de lo normado en el art. 277 del R.C.T.-, a los pagos que deban realizarse en los juicios laborales.

Por todo ello, resuelvo: Ordenar al Banco Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de aplicar la Comunicación "A" 5147 del Banco Central de la República Argentina, y que entregue en efectivo -en forma inmediata contra la presentación de los giros ordenados en autos, salvo requerimiento del titular de su depósito en cuenta bancaria- las sumas dinerarias involucradas. - José Alejandro Sudera.