Empleo público, docentes, estabilidad del empleado público, cambio de tareas, ius variandi, acto administrativo, razonabilidad tributaria, consentimiento
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gache Nelly B. c/ Estado Provincial de Córdoba s/ Plena Jurisdicción - Recurso de apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-11-07

1- El Decreto Número 611/96 -encasillamiento de personal docente-, se enmarca dentro del ejercicio de la potestad variandi que caracteriza la relación de función o empleo público, y que excluye la invocación de un derecho adquirido de carácter absoluto como óbice para la modificación legal de carácter general y para el futuro, de aspectos estructurales de esa relación.

2- El ejercicio de esa potestad variandi de la Administración en orden a los agentes públicos, es un status objetivo, legal o reglamentario, modificable -bajo ciertos condicionamientos- en sus modalidades, siempre que tales alteraciones no comporten una retrogradación jerárquica o una reducción confiscatoria de la justa remuneración. Los límites sustanciales que deberán respetarse frente al ejercicio de tales prerrogativas -la de organización general de la Administración y de modificación unilateral de las condiciones de la relación jurídica estatutaria- deben hallarse, por una parte, en la garantía de una remuneración justa (art. 14 bis de la Constitución Nacional).

3- Los contratos administrativos de empleo público comprenden cláusulas implícitas, que son aquéllas exorbitantes "virtuales" que constituyen expresiones de potestades o prerrogativas que le corresponden a la Administración Pública en su carácter de órgano esencial del Estado. Entre ellas cabe mencionar a la que faculta a la Administración a "modificar" unilateralmente las obligaciones de su cocontratante. Así en todo contrato administrativo las cláusulas exorbitantes aunque no aparezcan escritas existen siempre en forma virtual o implícita como resultante de la índole misma del contrato que no requiere norma expresa que la establezca. A través de ellas se le reconocen al Poder Administrador prerrogativas de poder que no se conciben en otros tipos de contratos. Tales prerrogativas tienden a la eficaz satisfacción de los respectivos fines específicos o funciones esenciales del Estado.

4- La Administración puede introducir todas las modificaciones que considere oportunas, las cuales serán válidas en tanto sean razonables, no arbitrarias y no trasunten una desviación de poder. La reubicación o traslado de un empleado puede ser considerado inválido si constituyese un medio encubierto para obligar al agente a que renunciare a su empleo ante la imposibilidad cierta de cumplir las tareas asignadas en el nuevo destino, lo que implicaría una modificación sustancial de la relación originaria.

5- No corresponde identificar a la estabilidad con la inmovilidad, pues se trata de conceptos dispares. La estabilidad se refiere a la permanencia en el cargo, en tanto la inmovilidad apunta al lugar donde se ejerce la función o cargo. Por principio la inmovilidad de los empleados administrativos no existe, halla su negación en la potestad de la Administración de "trasladar" a sus agentes. Todo traslado que implica una modificación del respectivo contrato no debe alterar la esencia o substancia misma de la relación.

6- El acto administrativo que dispuso otorgar al agente tareas pasivas permanentes, el cual se encuentra firme y consentido por aquél, integró la situación jurídico-subjetiva como una norma jurídica de carácter individual. Los alcances preclusivos de un acto administrativo consentido, en cuanto frustran su ulterior revisión judicial, hacen la legitimidad del mismo.