Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-23


En la Ciudad de Buenos Aires a los 23 días del mes de octubre de 2006 se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Marcela De Langhe, Pablo Bacigalupo, y Fernando Bosch, para resolver en la presente causa.

Y VISTOS:

La cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional Nº 7, Daniela Dupuy, interpuso recurso de apelación (fs. 254/258) contra el auto del Magistrado de grado -fs. 245/249- en cuanto ordenó suspender a prueba el proceso seguido a los imputados -imponiendo por su parte la aplicación de reglas de conducta-.

Para decidir de ese modo el a quo consideró que "frente a una opinión que no aparece fundada en derecho... sino más bien en razones discrecionales, el juzgador no puede permanecer fuera del conflicto y prestar su aquiescencia a la decisión fiscal de continuar con la persecución contravencional..." (fs. 247 vta.); y que de convalidar su temperamento se afectarían los derechos de defensa en juicio e igualdad ante la ley (conf. fs. 248 vta).

Contrario a ello, la Dupuy centralmente sostuvo que: "en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la titularidad de la acción corresponde al Ministerio Público Fiscal, por lo que de no existir acuerdo con el Fiscal de la causa, la suspensión del proceso a prueba se trunca. Por tanto no es el Juez quien concede el beneficio y fija las instrucciones o condiciones a las que debe someterse el imputado, su actuación se limita a un control de legalidad mediante su aprobación, una vez acordada con el Ministerio Público la aplicación del instituto" (fs. 258 "in fine"/ vta).

A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara dictamina a fs. 264/268 que debe declararse la nulidad de lo resuelto a fs. 233 -designación de audiencia del art. 293 CPPN- y de todo lo obrado en consecuencia por no haber sido observadas las disposiciones expresamente previstas en la ley. Asimismo, y toda vez que -a su entender- existió prejuzgamiento por parte del Letner en los presentes obrados propugna el apartamiento del Magistrado (fs. 267).

Finalmente, solicita el sobreseimiento por prescripción de la acción respecto del imputado Miranda, atento la fecha de comisión del hecho que oportunamente se le enrostrara -28 de Enero de 2005- y en virtud de no haber existido en autos ninguna causal interruptiva de la misma (fs. 267 "in fine"/268 vta.).

En la oportunidad prevista por el art. 51 de la LPC, la asistencia técnica mantuvo los términos de su anterior planteo al tiempo que disintió con las argumentaciones del Fiscal ante esta instancia (fs. 271/274).

Cumplidos los pasos y plazos procesales se encuentra el legajo en condiciones de ser resuelto.

CONSIDERANDO:

I- En lo que atañe a la procedibilidad subjetiva, la apelante ha respetado los recaudos pertinentes por cuanto, contando con legitimidad para hacerlo, presentó su escrito en tiempo y forma ante el Magistrado de grado.

Sentado ello corresponde examinar el presupuesto objetivo, esto es si el interlocutorio atacado por no ser sentencia definitiva resulta equiparable a ella con sustento en que ocasiona un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, a fin de verificar si la resolución puesta en crisis puede ser objeto de impugnación (art. 432 y 449 C.P.P.N, de aplicación supletoria conforme el art. 6 de la ley 12).

En este sentido, la doctrina ha señalado con acierto que "si bien no se trata de sentencia definitiva ni extingue la acción o pena, tiende a extinguirlas iniciando una etapa que, si se cumplen las condiciones, extingue la acción penal. Por eso el recurso debe proceder ab initio... tanto con el auto que concede la suspensión de juicio a prueba (recurso del Ministerio Público Fiscal) como del que la deniega (recurso del imputado), porque priva a éste del derecho a evitar la pena, por lo que su gravamen (es) irreparable y la decisión tiene a ese respecto carácter definitivo" (De la Rúa, Fernando "La Casación Causa nº12995-00-CC/2006. Sala II Penal", Editorial Depalma, 2° edición, 1994, págs. 185/186), razón por la cual aquél resulta apelable.

II- Conforme a lo expuesto, habiéndose sorteado exitosamente los recaudos de admisibilidad, se impone seguidamente, a modo de consideración previa, enunciar la cronología de los actos procesales pertinentes practicados en el presente legajo para luego abocarnos al análisis de la decisión del judicante a fin de constatar el acierto o desacierto de tal temperamento.

En este punto, ante el pedido de la defensa de suspender el proceso a prueba, el Magistrado, citando el precedente de esta Sala "Luraschi, Carlos Alejandro" de fecha 31 de agosto de 2005, resolvió rechazar el planteo en virtud de no existir en autos el acuerdo fiscal requerido por el art. 45 del CC y continuar con la tramitación de las actuaciones seguidas a Nicolás José Miranda Valdez y Alejandro Agustín Novillo -fs. 215-. Como consecuencia de ello, la Marcela Millán solicitó la suspensión de la audiencia del art. 46 LPC oportunamente señalada, al tiempo que interpuso recurso de apelación contra el interlocutorio recaído -fs. 216 y 223/229 respectivamente-.

El Juez de grado -so pretexto de haber realizado un nuevo análisis de la cuestión suscitada- en lugar de expedirse sobre la admisibilidad de la vía intentada por la Defensa Oficial, convocó a audiencia en los términos del art. 293 del CPPN en la inteligencia de que "en caso de llegar a un acuerdo ambas partes se tornaría innecesario proseguir con el trámite de la apelación presentada, evitando de ese modo dilaciones innecesarias como así también un dispendio jurisdiccional prematuro" -fs. 233-, ello pese a la negativa expuesta por la representante del Ministerio Fiscal en su dictamen de fs. 203.

Dicha audiencia, fue llevada a cabo el día 12 de julio de 2006 -fs. 243/244-, donde los intervinientes una vez más expusieron sus posturas encontradas en punto a la concesión del instituto.

Sorpresivamente, con fecha 7 de agosto de 2006, el Letner desandando los argumentos por los cuales originariamente rechazara la "probation", y tildando ahora de "arbitraria" la oposición de la Giocco, revocó por contrario imperio el auto de fs. 215, declaró abstracto el recurso incoado por la Sra. Defensora, y suspendió a prueba los procesos seguidos contra los encartados, fijando en aquel acto las reglas de conducta respectivas para cada uno de ellos -fs. 247/249-; auto por el cual se agraviara la representante del Ministerio Público Fiscal y que motiva el conocimiento por parte del Tribunal de Alzada -fs.254/258-.

Llegado a este punto adelantamos que el decisorio de grado será invalidado conforme a los fundamentos que seguidamente se expondrán, a las circunstancias del caso y al modo en que ha de resolverse.

Como reiteradamente lo sostuviéramos en los precedentes de esta Sala: causa nº 187-00-05: "Luraschi Carlos Alejandro s/ inf. art. 38" -citada por el judicante a fs. 215-; legajo nº 054-00-/06: "Monti, Sebastián s/ inf. art. 96" y 350-00-05: "Kler, Roberto Luis s/ inf. art. 84", entre otros, en el presente caso no se encuentran reunidos la totalidad de los requisitos legales previstos en el art. 45 del ordenamiento local toda vez que, según surge de las actuaciones, el representante del Ministerio Fiscal no prestó su "conformidad" a fin de celebrar el acuerdo exigido en materia contravencional que posibilite la aplicación del instituto (ver dictamen de fs 203 y acta de audiencia de fs. 243/244).

En este sentido, oportunamente se dijo que: "...en cuanto al 'consentimiento del fiscal' su inclusión aparece como innecesaria de momento que, por tratarse el nuestro de un sistema acusatorio, es el mismo representante del Ministerio Público quien -a diferencia del nacional- debe 'acordar' la suspensión del proceso a prueba; limitándose la actuación del Juez a un control de legalidad mediante su aprobación o no, en su caso (art. 45 del C.C., párrafo primero, "in fine"). Justamente por ello es también el Fiscal -y no el órgano jurisdiccional- quien establece las reglas de conducta a cumplir y su lapso, que no podrá exceder de un año. De esta manera, queda en claro entonces que si no hay acuerdo con el Fiscal no hay posibilidad alguna de que se suspenda el proceso a prueba por ser el hito de partida o condición 'sine qua non' para su eventual viabilidad; esto es, sin el no hay posibilidad de iniciar siquiera trámite alguno..." (in re: "Luraschi" citado).

Por su lado, y en cuanto a la posibilidad del a quo de ejercer contralor respecto a la razonabilidad o legitimidad del criterio adoptado por la parte acusadora, dicho embate cobraría virtualidad en causas penales donde podría Causa nº12995-00-CC/2006. Sala II discutirse dogmáticamente sobre su carácter vinculante y control de logicidad, pero nada quita ni pone en el ámbito local donde, insistimos, ningún dictamen debe existir de momento que la vía queda expedita una vez que existe acuerdo entre imputado y Fiscal. Es por ello que no resulta de aplicación en autos el precedente de la Sala I de la Excma. Cámara del fuero "Sánchez Rubén Gerardo s/infr. art. 189 bis CP", cnº 459-00-05, citado por el Letner a fs. 248 del resolutorio, ya que tal como surge de la calificación misma del legajo el hecho allí investigado era de materia penal y no contravencional como el de los presentes actuados.

Así las cosas, las razones esbozadas por la representante fiscal no pueden ser tildadas de infundadas toda vez que, amén de la vista glosada a fs. 203, según se desprende del acta de audiencia obrante a fs.243/244, la Gioco enunció los motivos -se compartan o no- que la llevaron a adoptar tal temperamento.

No resulta posible entonces que el Juez de grado realice un examen de legalidad sobre la voluntad contraria de la Fiscalía para la suscripción de un pacto que ni siquiera, en virtud de la oposición formulada, ha existido. Ni mucho menos entonces suplir su voluntad y resolver en consecuencia otorgando el beneficio de "probation" a los imputados como lo hizo en estos obrados.

Es que como reiteradamente lo hemos sostenido, conforme el sistema acusatorio que rige en nuestra ciudad (art. 13, inc. 3 de la Constitución local), el órgano acusador tiene a su cargo el ejercicio de la acción y es por ello que cuando expresa su negativa a la aplicación del instituto manifiesta inequívocamente su intención de proseguir con el ejercicio de la acción contravencional.

A contrario de ello, y según lo prescribe el art. 45 del CC, en caso de existir acuerdo previo entre las partes el rol del Juzgador se limitará a homologar el mismo o rechazarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones al momento de la negociación o que ha actuado bajo coacción o amenaza. Son éstos y no otros los supuestos que fija la norma en cuanto a la intervención jurisdiccional, por lo que no cabe apartarse de ellos sobre la base de prácticas exegéticas que le obligan decir a la ley lo que ella no establece.

Incluso, teniendo el instituto en estudio regulación propia en nuestra normativa de fondo, no corresponde echar mano supletoriamente al ritual nacional, ni tampoco hacer un uso antojadizo de una y otra transformando en un híbrido su aplicación final al caso de que se trate.

Ligado a lo recientemente expuesto, nada impide al Magistrado celebrar las audiencias que estime pertinentes, ya sea que se trate de conciliación, de conocimiento personal de los encausados o a los efectos de intentar acercar a las partes, más pese a ello corresponde señalar la improcedencia de hacerlo en los términos del art. 293 del CPPN, ya que a lo dicho, debe adunarse que la normativa local en la especie -sin perjuicio de ser de derecho sustantivo- estipula también los pasos procedimentales a seguir.

A mayor abundamiento, si se realiza una lectura del texto del art. 293 del C.P.P.N. se advierte sin duda alguna que el trámite allí descripto se opone frontalmente al estatuído por la ley 1472 conteste con el sistema acusatorio, al ser el Juez o Tribunal Oral quien concede el beneficio de marras y fija, en su caso, las instrucciones e imposiciones a que debe someterse el imputado.

En el caso, no sólo suplió la voluntad de la representante del ministerio Público Fiscal sino que se arrogó facultades que le son ajenas al momento de decidir conceder el instituto y establecer las pautas que éstos debían observar, competencia que por su parte es propia del órgano acusador, violentando de este modo el principio acusatorio consagrado constitucionalmente en el ámbito local (art. 13 inc. 3º, de la Constitución de la CABA).

Así en relación, al sistema acusatorio, Maier ha dicho: " La característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su principio fundamental, que le da nombre al sistema, se afirma en la exigencia de que la actuación de un tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo Causa nº12995-00-CC/2006. Sala II (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo (nemo iudex sine actore y ne procedat iudex ex officio) y, por otra parte, a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye...", asimismo: "la persecución penal se coloca en manos de una persona de existencia visible (no de un órgano del Estado), el acusador, sin él y la imputación que dirige a otra persona no existe el proceso; el tribunal tendrá como límites de su decisión el caso y las circunstancias por él planteadas...". (El destacado nos pertenece).

En virtud de ello, y toda vez que el a quo ha traspolado el límite de las atribuciones que le confiere nuestra Carta Magna, apartándose acabadamente de las prescripciones normativas aplicables, corresponde a esta Alzada declarar la nulidad del pronunciamiento de grado, como así también la invalidez de todo lo actuado en consecuencia, según fuera dictaminado, aunque con algunos matices, por el Sr. Fiscal de Cámara ante esta instancia (fs. 267).

Teniéndose en cuenta que los puntos I y II del interlocutorio de grado fs. 249- han sido consecuencia lógica de la decisión de mérito adoptada por el Magistrado -suspensión a prueba del proceso-, es que debe invalidarse la totalidad del pronunciamiento dictado, tal como lo enunciáramos precedentemente.

Por su parte, no habiéndose expedido el a quo sobre la cuestión de fondo investigada en autos como tampoco se ha constatado que haya existido prejuzgamiento en los actuados por haberse expedido fuera de la oportunidad procesal correspondiente, según fuera aducido por el Ministerio PúblicoFiscal -fs. 258 vta. (pto.2º del petitorio) y fs. 267 "in fine"-, no corresponde decidir acerca del apartamiento del Letner.

III- En otro orden de ideas, y en relación a la pretensión de sobreseimiento por prescripción de la acción del imputado Nicolás Miranda Valdez introducida por el Fernández, cabe tener en cuenta que, según se desprende de la constancia actuarial obrante a fs. 279, se encuentra en trámite ante el juzgado interviniente la solicitud de prescripción incoada por la Defensa Oficial en favor de ambos imputados, por lo que a efectos de evitar una multiplicidad de pronunciamientos sobre la cuestión, como asimismo, resguardar el principio de seguridad jurídica y eventualmente, la garantía del doble conforme, entendemos que deberá estarse a lo que oportunamente se decida en el juzgado de origen.

Por las razones expuestas y habiendo concluido el Acuerdo, el Tribunal, RESUELVE:

I- DECLARAR LA NULIDAD del interlocutorio obrante a fs. 245/249, INVALIDANDO asimismo todo lo actuado en consecuencia (arts. 166, 167 inc. 2º, 168 y 172 CPPN).

II- TENER PRESENTE la reserva de caso federal planteada por la apelante en el punto 3) del petitorio del libelo referido.

Tómese razón, notifíquese por nota a la Fiscalía de Cámara y devuélvase a su Juzgado de origen quien deberá practicar la restante notificación. Sirva el presente de atenta nota.

Fdo: Pablo A. Bacigalupo, Fernando Bosch, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara.

Ante mí: Marina R. Calarote. Secretaria de Cámara.