Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-30


SECRETARIA DE TRABAJO contra LA GALLEGA SUPERMERCADOS Reg.: A y S t 205 p 488-492.

Santa Fe, 30 de marzo del año 2.005.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la sentencia nro. 22 de fecha 21 de abril de 2004 dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario en autos "SECRETARÍA DE TRABAJO contra LA GALLEGA SUPERMERCADOS -Infracción- (Expte. 330/03)" (Expte. C.S.J. nro. 465, año 2004); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que por sentencia de fecha 21.04.2004 la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Rosario resolvió: a) revocar la resolución nro. 1722 del 19.09.03 dictada por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Provincial Regional Rosario y dejar sin efecto la sanción aplicada a "LA GALLEGA SUPERMERCADOS S.A." debiendo devolverse a la recurrente el importe ingresado en concepto de multa con más sus intereses dentro del término de diez días de quedar firme el presente; b) imponer las costas al Organismo Administrativo.

Contra este pronunciamiento interpone la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social recurso de inconstitucionalidad por considerar que el mismo incurre en la causal prevista por el artículo 1 incisos 2 y 3 de la ley 7.055 y por vulnerar los derechos de defensa, debido proceso, propiedad, protección del trabajo y el principio de división de poderes.

Afirma que la resolución que impugna es irrazonable y arbitraria por cuanto negó expresas facultades de raíz constitucional a la Secretaría de Estado de Trabajo como organismo administrativo laboral que detenta el poder de policía del trabajo.

Alega que el Tribunal ignoró la competencia del organismo para aplicar sanciones en cumplimiento de sus funciones como Policía del Trabajo, cuando del expediente administrativo surge en forma evidente la comisión de una infracción: el fraude laboral.

Explica en este orden que el control que le compete de acuerdo a las facultades señaladas abarca todos los aspectos, incluida esta figura que se encuentra puntualmente descripta en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Sostiene también que la Sala efectuó una valoración parcial de las pruebas producidas en autos.

Refiere en este punto al informe efectuado por el Ministerio de Cultura y Educación, apreciando que los sentenciantes sólo valoraron una parte del mismo al considerar que lo actuado por el Supermercado aparece ajustado a la normativa vigente en la materia (el decreto 340/92), en tanto -afirma el recurrente- fue ese mismo Ministerio el que informó que no se aplicaba el decreto mencionado y que no se habían aprobado las pasantías.

Entiende que el fallo creó una inexistente contradicción en la que habría incurrido el organismo, desde que no diferenció entre el dictamen acusatorio circunstanciado emitido con anterioridad al sumario y la resolución sancionatoria dictada una vez agotada la etapa sumarial, y producida y valorada toda la prueba.

En este sentido expresa que el dictamen es "...la apreciación del funcionario durante la tramitación de los actuados (art. 48 ley 10468), en tanto que la segunda es el resultado de toda la actuación administrativa y es dictada una vez agotado el sumario, ofrecida, producida y valorada toda la prueba...".

Expone así que el primero no obliga al segundo, porque de lo contrario el dictamen equivaldría a una condena anticipada.

Señala que es el propio Tribunal el que incurrió en autocontradicción en tanto por un lado aseveró que no se advertía manifiestamente la existencia de fraude laboral pero por otro acotó que "...llama sí la atención la cantidad de pasantes con que en tal oportunidad habría contado la empresa y que en los instrumentos respectivos no se consigne el plazo de duración de las pasantías...". Indica la quejosa que la figura del fraude laboral debe valorarse a la luz de la realidad y no sólo a través del viso de las formalidades, advirtiendo que si en un establecimiento se contrata al 40% del plantel bajo una figura que no es laborativa pero ese porcentaje de personas desempeña las mismas tareas que el resto, no sólo debe llamar la atención, sino que debe entenderse que se trata de empleados, y así lo consideró la Secretaría.

Reitera que el pronunciamiento aplicó una normativa que la misma autoridad de aplicación (el Ministerio de Educación) expresamente excluyó en su informe.

Valora que lo decidido por el Tribunal a quo "...no hace más que fomentar conductas como las, supuestamente, criticadas en el fallo y anular toda posibilidad de freno al negar facultades indelegables del Estado..." pues considera que si la Sala entendió que en realidad existían verdaderos contratos de trabajo debió haber confirmado lo actuado en sede administrativa.

Alega que la resolución impugnada invadió esfera de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, negándole su potestad de control del efectivo cumplimiento de la legislación laboral.

Por último afirma que la sentencia es arbitraria en tanto convalidó irregularidades y violaciones a los legítimos derechos de defensa, propiedad y debido proceso.

La Sala por auto nro. 79 de fecha 13.10.2004 resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto, ante lo cual acude la quejosa en vía directa a esta sede insistiendo con las causales de arbitrariedad oportunamente esgrimidas.

2. En primer lugar debe señalarse que no corresponde subsumir el presente caso en la hipótesis prevista por el artículo 1, inciso 2, de la ley 7.055, tal como pretende la recurrente.

Y ello es así por cuanto, al respecto, este Cuerpo reiteradamente ha sostenido que la norma mencionada requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él, por lo que no corresponde subsumir en él la situación debatida en autos.

Por ende, delimitado el ámbito de impugnación al inciso 3 del artículo mencionado, cabe señalar que, pese al matiz constitucional que la compareciente pretende otorgar a sus planteos impugnatorios, lo cierto es que los mismos no traducen sino el disenso para con lo resuelto por la Alzada al revocar la resolución adoptada por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social, por cuanto la labor efectuada remite a la valoración de cuestiones de índole fáctica y probatoria, como así también a la interpretación y aplicación de normas de derecho común, circunstancias que, en principio y salvo configuración de algún supuesto de arbitrariedad, impiden la apertura de esta vía de excepción.

En efecto, se agravia la recurrente en tanto considera que el Tribunal a quo al disponer la revocación de su resolución, le desconoció las facultades que la invisten como organismo administrativo laboral que detenta el poder de policía en este ámbito, ignorando su competencia para aplicar sanciones en casos de fraude a la ley del trabajo.

Mas, de la liminar lectura del pronunciamiento impugnado no puede inferirse que tal vicio se encuentre configurado en el caso.

Y ello es así pues, tal como correctamente lo señala la Alzada en el auto denegatorio, la facultad constitucional del organismo de ejercer su función como policía del trabajo no excluye la posibilidad del control recíproco entre los poderes del Estado, y en definitiva, el Tribunal analizó el conflicto suscitado entre un particular y la Secretaría de Trabajo como consecuencia de la competencia material que le reconoce el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -"...cada Cámara (de Apelación en lo Laboral), por medio de sus Salas, conoce de las impugnaciones que se interponen contra las decisiones de autoridades administrativas por incumplimiento de leyes laborales..."-.

A su vez, se debe considerar que es la misma Ley 10.468 la que, al establecer el procedimiento para la aplicación de sanciones, en su artículo 52 estipula que la resolución que imponga sanción podrá ser apelada por ante la Cámara de Apelación en lo Laboral con competencia en el lugar en que se verificó la infracción .... en las apelaciones sólo procederán las excepciones referidas a la inexistencia de legitimación, de infracción, prescripción de la acción o de la sanción, litis pendencias o cosas juzgadas...", por lo que quedan sin sustento las alegaciones de la quejosa respecto a la supuesta invasión de esfera de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, y en relación al vicio endilgado al fallo por considerar la recurrente que la Sala valoró parcialmente las pruebas producidas en autos y aplicó una norma expresamente excluida por su autoridad de aplicación (conforme el informe elevado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia), es de destacar que el a quo consideró que lo actuado por el Supermercado se ajustaba a la normativa en cuestión (el decreto 340/92) en razón de constar en la causa la existencia de un Acuerdo Marco entre una unidad educativa (el "Instituto de Capacitación José Troyano y Cía.) y "Supermercados La Gallega"; acuerdos individuales denominados "Plan de Prácticas de Pasantías", y la aprobación del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia para el año 2.001.

Y este razonamiento no puede tacharse de irrazonable pues, como se expresa en la denegatoria del recurso, ni el Ministerio ni el organismo administrativo intentaron explicar las razones por las cuales en el informe citado se señaló que el decreto 340/92 no se aplica en estos casos, apreciando entonces los sentenciantes que tal aseveración constituye una afirmación dogmática sin respaldo en las constancias de autos, no logrando la compareciente desvirtuar en su presentación directa estos fundamentos.

Asimismo destacaron que si tal decreto no era aplicable como pretenden, no se entiende en virtud de qué normativa -ya que ninguna aparece citada- la Dirección Provincial de Educación para Adultos, Alfabetización y Educación no formal emitió las disposiciones nros. 283/98 y 50/01 avalando el dictado de Cursos de Capacitación que realizó el instituto mencionado, agregando que además esta institución se encontraba inscripta en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y tales argumentos de ningún modo pueden considerarse debidamente desvirtuados por la impugnante quien únicamente insiste con su postulación relativa a la inaplicabilidad del decreto en cuestión.

A su vez, en la misma denegatoria advirtieron los juzgadores que el decreto de mención no fue tachado de inconstitucional, ante lo cual habiendo estimado que las pasantías se ajustaban a las exigencias contenidas en el mismo, concluyeron en la inexistencia de fraude laboral.

Respecto al planteo esgrimido en torno al agravio que le ocasiona a la quejosa la contradicción que la Sala advirtió en la resolución de la Secretaría, es de señalar que la misma sentencia deja sin base este cuestionamiento, pues en definitiva la decisión de revocar la resolución administrativa se fundó en la ausencia de infracción, lo que eximió al Tribunal a quo de ingresar a la consideración de este tema.

En cuanto al vicio de autocontradicción que la recurrente endilga al pronunciamiento en crisis -alegando que por un lado la sentencia descartó la existencia de fraude laboral y por otro resaltó la cantidad de pasantes en el supermercado-, tal como lo expresa el a quo en el auto denegatorio se trató de una "...apreciación subjetiva que no incide en la solución del caso ya que el decreto 340/92 -aplicable al sub lite por los motivos expuestos- no dispone límites en cuanto al número de pasantes..." y de estos argumentos no se hace cargo la compareciente, por lo cual queda sin sustento el agravio enderezado.

Tampoco cuentan con asidero las apreciaciones efectuadas por el organismo relativas a que lo decidido fomenta conductas empresariales que esconden verdaderos contratos de trabajo y convalida irregularidades y violaciones a los legítimos derechos de defensa, propiedad y debido proceso, pues la sentencia en modo alguno luce irrazonable, sino que aparece ajustada al derecho vigente y con suficiente apoyo en los hechos y pruebas de la causa.

En definitiva, los reproches de la impugnante no alcanzan a descalificar al fallo como acto jurisdiccional válido denotando únicamente su disenso para con lo decidido, debiendo, por ende, desestimarse la presente queja.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)