Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-16


En n la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de agosto del año 2006, se reúnen los miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Mario César Olivera, representante legal de Clínica y Sanatorio Olivera SRL, a fs. 644/667 de la presente, de la que:

RESULTA:

I. Que se inician las presentes actuaciones a raíz de los hechos consignados en las siguientes actas de comprobación: a) 2-0860360 labrada el 21/9/2005, por no tener plano de habilitación de un ascensor-montacarga, libro de inspección, seguro de responsabilidad civil y por poseer cables expuestos de 220 v. al alcance de las manos en tableros (fs. 3); b) 2-0860361 labrada el 21/9/2005, por tener un solo matafuego sin carga ni tarjeta vigente de un total de cuatro y pantallas y estufas sin ventilación fija, por no poseer plan ni plano de evacuación ni disyuntor en tablero principal (fs. 4); c) 2-0860362 labrada 21/9/2005, por tener insuficientes señalizaciones de medios de salida en primer piso y dos habitaciones y un baño sin ventilación directa en planta baja (fs. 5); d) 2-0860363 labrada el 21/9/2005, por no tener rampa de acceso para discapacitados ni baño de discapacitados, por carecer en puerta de acceso de baños de una placa identificatoria en sistema braile (fs. 6); e) 2-0860364 labrada el 21/9/2005, por carecer de certificado de tratamiento ignífugo en cilorrasos en oficina de director y oficina administrativa (fs.

7) ; f) 2-0860365 labrada el 21/9/2005 por no presentar certificado de análisis bacteriológico de agua del tanque y no presentar libretas sanitarias de Oscar Minones y Lourdes de León (fs. 8); g) 2-0860545 labrada el 21/9/2005 por no tener pasamanos en ambos lados en la escalera principal ni certificado de medición de puesta a tierra (fs. 9); h) 2-0860543 labrada el 21/9/2005 por no tener chapa mural, libro de registro de inspecciones, solicitud de trámite de habilitación ni plano de habilitación (fs. 10); i) 2-0860544 labrada el 21/9/2005 por no tener plano de instalación electromecánica, ventilación mecánica, final de obra de instalaciones contra incendio ni certificado de medición de puesta a tierra (fs. 11); j) 2-0860546 labrada el 21/9/2005 por no tener certificado de limpieza y desinfección de tanque de agua, certificado de desinsectación y desratización ni certificado de inscripción como generador de residuos patogénicos (fs. 12).

II.- Que a fs. 23/43 obra copia del expediente CA Nº 4637/DGFyC/2005 remitido por la Dirección General de Fiscalización y Control respecto del establecimiento sito en Constitución 1526 de esta ciudad. Asimismo, a fs. 61/75 se agrega respuesta al oficio remitido a los efectos de verificar si se han subsanado las infracciones constatadas el 21/9/2005.

III.- Que a fs. 92/532 consta el descargo presentado por el representante legal de la encartada, adjuntando a tal efecto prueba documental.

IV.- Que a fs. 536/543 se agrega la resolución del Controlador Administrativo Nº 28, Sergio D. A. Thau, quien luego de considerar el descargo efectuado por el Sr. Olivera resuelve, el 23/3/2006: I.- Sancionar a la empresa Clínica y Sanatorio Olivera SRL a la pena de multa de catorce mil pesos ($ 14.000) por resultar autora de las conductas documentadas en las actas de comprobación nº 2-0860543, art. 2.2.14 Ley 451 ($ 200 primera imputación, no tener chapa mural); Nº 2-0860544, art. 2.1.1 Ley 451 ($ 1000 segunda imputación, no tener final de obra de instalaciones contra incendio) y art. 2.1.2 Ley 451 ($ 500 tercera imputación, no tener certificado de medición de puesta a tierra); nº 2-0860545, art. 2.2.14 Ley 451 ($ 200 por no tener pasamanos en ambos lados de la escalera principal); 2-0860546, art. 1.3.17 Ley 451 ($ 5.000, no tener certificado de inscripción como generador de residuos patogénicos); nº 2-0860360, art. 4.1.1 Ley 451 ($ 300 primera imputación, no tener plano de habilitación de un ascensor montacarga, ni libro de inspección ni seguro de responsabilidad civil) y art. 2.1.2 Ley 451 ($ 700 segunda imputación, tener cables expuestos de 220 v. al alcance de las manos); nº 2-0860361, art. 2.1.1 Ley 451 ($ 1.500 primera imputación, tener un solo matafuego sin carga ni tarjeta vigente), art. 2.1.1 ($ 1.500, segunda imputación, no tener plan ni plano de evacuación), art. 2.2.14 Ley 451 ($ 200 tercera imputación, tener pantallas y estufas sin ventilación fija) y art. 2.1.2 Ley 451 ($ 700 cuarta imputación, no tener disyuntor en tablero principal); nº 2-0860362, art. 2.2.14 L ey 451 ($ 200 primera imputación, tener insuficientes señalizaciones de medios de salida) y art. 2.2.14 Ley 451 ($ 200 segunda imputación, tener dos habitaciones y un baño sin ventilación directa en PB); nº 2-0860363, art. 2.2.14 Ley 451 ($ 200, no tener rampa de acceso ni baños para discapacitados y carecer en puerta de acceso de baños de una placa identificatoria en sistema braile); nº 2-0860364, art. 2.1.1 Ley 451 ($ 1.500, carecer de certificado de tratamiento ignífugo en oficinas) y nº 2-0860365, art. 1.1.6 Ley 451 ($ 200 segunda imputación, no presentar libretas sanitarias de Oscar Millones y Lourdes de León). II.- Disponer el archivo administrativo por acreditación de la inexistencia de la falta imputada de las siguientes actas: nº 2-0860543 (segunda y tercera imputación, no tener libro de registro de inspecciones, ni solicitud de inicio de trámite de habilitación y carecer de plano de habilitación), nº 2-0860544 (primera imputación, no tener plano de instalación electromecánica y de ventilación mecáni ca), nº 2-0860546 (primera y segunda imputación, no tener certificado de limpieza y desinfección de tanque de agua, ni certificado de desinsectación y desratización) y nº 2-0860365 (primera imputación, no presentar certificado de análisis bacteriológico de agua del tanque). III.- Mantener la clausura hasta que el imputado presente el plano de habilitación con las medidas existentes y el certificado de medición de puesta a tierra.

V.- Que a fs. 544 consta la solicitud de pase de las actuaciones a la Justicia Contravencional efectuada por la encartada.

VI.- Que a fs. 547/vta. la Juez Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado Nº 21, Cristina Beatríz Lara, dispone notificar al encartado y correr vista al titular del Ministerio Público Fiscal -a fin de que se expida acerca de su intervención-, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Nº 1217.

VII.- Que a fs. 561 la Sra. Fiscal de Grado, María Valeria Massaglia, toma intervención en la presente y ofrece prueba.

VIII.- Que a fs. 566/vta. la Judicante provee la prueba -sin que se haya verificado por parte del representante de la infractora, ofrecimiento de prueba alguno distinto de la documental agregada a fs. 95/532 (fs. 557) y fija audiencia de juicio para el día 15/6/2006, la que se celebra en dicha fecha -según consta a fs. 602/608-, en la que desiste de su intervención la Sra. Fiscal de Primera Instancia y culmina con el fallo de la Magistrada que resuelve no hacer lugar a los planteos de nulidad impetrados por la imputada, absolverla con relación a los hechos vinculados a las actas de comprobación nº 2-0860360 por tener cables expuestos de 220 v al alcance de las manos en tableros, 2-0860544 por falta de certificado de medición de puesta a tierra; nº 0860364 por carecer de certificado de tratamiento ignífugo y nº 2-0860545 por falta de pasamanos en escalera principal; y condenar a Clínica y Sanatorio Olivera SRL al pago de la multa de siete mil pesos ($ 7.000) por las restantes infracciones (actas nº 0860360 por n o tener plano de habilitación de ascensor montacarga ni libro de inspección ni seguro de responsabilidad civil; 2-0860361 por tener un solo matafuego sin carga ni tarjeta vigente, no poseer plan ni plano de evacuación, tener pantallas y estufas sin ventilación fijas y carecer de disyuntor en tablero principal; 2-0860362 por tener insuficientes señalizaciones de medios de salidas y dos habitaciones y un baño sin ventilación directa; 2-0860363 por no tener rampa de acceso ni baños para discapacitado y carecer en puerta de acceso de baños de una placa identificatoria en sistema braile; 2-0860365 por no presentar libretas sanitarias de Oscar Millones y Lourdes de León; 2-0860543 por no tener chapa mural; 2-0860544 por no tener final de obra de instalaciones contra incendio y 2-0860546 por no tener certificado de inscripción como generador de residuos patogénicos), y disponer la clausura hasta tanto se presenten en el organismo correspondiente los planos aprobados de instalaciones contra incendios, por ser respons able de la infracción a los arts. 2.2.14, 4.1.1, 2.1.1 segundo párrafo, 1.1.6 y 1.3.17 del anexo de la Ley Nº 451, en concurso real entre sí. Con costas. Los fundamentos de la sentencia se agregan a fs. 609/633 vta.

IX.- Que a fs. 644/667 obra el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la encartada, el que divide en tres partes, cuestionando en la primera de ellas: 1) La veracidad de las actas labradas por el Sr. Pauls, puesto que según refiere el funcionario no ha acreditado debidamente su identidad, ha utilizado datos falsos, no aclaró su cargo, ni su firma y no colocó un sello, lo que implica que las actas carezcan del valor probatorio conferido por el art. 5 Ley Nº 1217, por no encontrarse reunidos los requisitos establecidos por el art. 3 de dicha norma que hacen a su validez. 2) Las declaraciones del inspector Pauls, consignadas en el acta 2-0860360, puesto que según refiere sus afirmaciones fueron falaces tanto al labrar el acta como al declarar en la audiencia de juicio en razón de lo que él ha identificado como un ascensor o montacargas, claramente se trata de un montaplatos. En el segundo de los escritos, expresa que: a) Las pruebas aportadas por su parte permiten tener por acreditado que el establecimiento, antes de la aplicación de la sanción, poseía "certificado de habilitación previo y en funcionamiento". b) En cuanto a la falta de inscripción del Sanatorio como generador de residuos patogénicos, refiere que se trató de un error puesto que su parte interpretó que al encontrarse inscriptos en la Secretaría de Medio Ambiente, los archivos correspondientes se encontrarían en el registro, expresa que lo único que omitió presentar fue el formulario en cuestión puesto que todos los demás recaudos exigidos (inscripción, control, recibos de destrucción, formularios de retiro, controles periódicos) fueron realizados debidamente. Finalmente, en el último de los escritos reitera el agravio relativo a la infracción de falta de habilitación, y agrega que en cuanto a la falta de ele mentos de prevención contra incendios en su opinión la Judicante apreció erróneamente la prueba documental expuesta por su parte. Al respecto, afirma en primer término que se equivoca la Magistrada al condicionar el levantamiento de la clausura a la aprobación de los planos de instalaciones contra incendios puesto que el gobierno de la ciudad no los "aprueba" sino que únicamente los "registra", y expresa que lo único que no obtuvo su parte fue el Registro del Plano Final de las instalaciones contra incendio, pero en forma alguna ello puso en peligro la concurrencia de la gente de la institución. Asimismo, se agravia respecto del monto de la pena impuesto, en razón de que su parte no posee antecedentes, no se puso en peligro la seguridad de las personas que concurrieron al establecimiento y no fue constatada la ausencia de los cuatro extinguidores puesto que la declaración del inspector fue mendaz.

X.- Que a fs. 687/689 el impugnante mejora los fundamentos expuestos en el recurso de apelación. Al respecto, afirma que siendo que su parte no registra antecedente alguno la Sra. Juez de Grado debió aplicar la sanción en suspenso que prevé el art. 32 de la Ley Nº 451, y refiere igualmente que el monto de la sentencia excede el mínimo legal previsto normativamente. Asimismo, y en cuanto a los fines de la pena expresa que teniendo en cuenta que la Clínica se encuentra clausurada desde el 29/9/2005, lo que claramente importa una pena anticipada, la imposición de una sanción menor a la establecida en la sentencia cumpliría acabadamente los fines retributivos y sociales de la pena.

XI.- Que a fs. 690, pasan los autos a resolver, siendo las cuestiones a tratar: ¿Resulta admisible el recurso de apelación impetrado En su caso, ¿Resulta conforme a derecho la resolución recurrida PRIMERA CUESTIÓN:

En primer término, cabe mencionar que el recurso de apelación ha sido interpuesto en las condiciones de tiempo y forma establecidos por el artículo 57 de la Ley Nº 1217, y por quien posee legitimación para hacerlo.

Con relación al juicio de admisibilidad, en el caso examinado la Sra. Juez de Grado si bien refirió que la mayoría de los planteos formulados por el impugnante consisten en una mera discrepancia con lo resuelto en la sentencia, y no lograría demostrar la existencia de alguno de los requisitos previstos en el art. 56 de la Ley Nº 1217, resuelve conceder el recurso impetrado. Ello, por entender que siendo que el Sr. Olivera no contaba con asistencia letrada, por lo que corresponde interpretar el primero de los argumentos esgrimidos (falsedad de las actas labradas por el inspector Pauls) como un supuesto de arbitrariedad previsto normativamente, atento que ello podría implicar que se ha arribado a una decisión condenatoria basándose en un razonamiento falaz.

Sin perjuicio de ello, y en esta tarea de análisis del juicio de admisibilidad del recurso bajo estudio, corresponde recordar también que, a diferencia de lo que ocurre con aquellos medios de impugnación que, al no prever motivos específicos de procedencia, podríamos caracterizar como "genéricos" (v.gr.: art. 50 LPC) -dónde la eficacia del mismo apareja como consecuencia que el recurso sea concedido en su totalidad (y no "en base a agravios")-, en el caso de los que sí prevén específicos motivos de procedencia, como el que nos ocupa (art. 56 ley 1217), la circunstancia de que la Juez encargada de efectuar el primer tamíz de admisibilidad verifique que alguno, o algunos, de los agravios propuestos entrañan cuestiones que tornan legalmente posible que su decisión sea revisada por esta Cámara, debe conceder el recurso únicamente en base a ese motivo (o "agravio"), notificando la decisión al impugnante, quien, en caso de desacuerdo posee vías legales para lograr la corrección de lo que considera errado (art. 58 ley 1217).

Ahora bien, y teniendo en cuenta que del análisis efectuado por la Judicante en el resolutorio obrante a fs. 679/681 no se desprende un debido estudio de los distintos agravios y no evalúa la procedencia, o no, del relativo a la pena impuesta, por razones de economía procesal y a fin de no dilatar el trámite de la causa, corresponde que este Tribunal supla tal omisión y realice un motivado juicio de admisibilidad a fin de dilucidar si los fundamentos expuestos en el recurso configuran alguna de las causales que tornarían admisible la vía procesal intentada a partir de lo dispuesto por el art. 56 de la Ley 1217, o sí constituyen -tal como afirma la Juez a quo- una mera discrepancia de criterios.

A partir de lo expuesto, y con excepción del agravio referido a la pena impuesta y su graduación, el que podría encuadrar en la causal de violación de la ley, los restantes agravios, tal como refiere la Sra. Juez de Grado, deberán ser analizados a la luz de la arbitrariedad de acuerdo a lo establecido en el art. 56 Ley Nº 1217.

Arbitrariedad:

En primer término, y previo a analizar separadamente los agravios esgrimidos, es importante mencionar que en este punto corresponde valorar si del remedio procesal intentado se desprende un contenido crítico que, al denunciar defectos jurídicos apreciables, permita revisar la decisión de la Jueza a quo o si, por el contrario, encubre una mera discrepancia con la forma en que, a partir de la inmediación, valoró la prueba producida en la audiencia de debate.

Así las cosas, es dable recordar que la tacha de arbitrariedad de una sentencia exige que la misma posea errores graves en la fundamentación o en el razonamiento, sea al considerar la prueba o al aplicar la ley vigente, y son éstos los extremos que tornarán -en su caso- admisible el recurso en cuanto a este agravio.

A mayor abundamiento, es dable recordar que una sentencia resulta arbitraria si "... se apoya en fundamentos que se apartan de circunstancias acreditadas en el proceso, las que fueron seleccionadas y valoradas fragmentariamente, todo lo cual importa franquear el límite de la razonabilidad que está subordinada la valoración de la prueba y, en esas circunstancias, el pronunciamiento que contiene esos defectos no constituye un acto juridiccional válido ... este defecto de fundamentación constituye una causal definida de arbitrariedad en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resiente la motivación lógica del fallo, y desatiende el mandato de los artículos 123 y 404 inc 2 del CPPN, en cuanto exige que las decisiones judiciales sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias comprobadas en la causa" (CNCP- Sala III "Cabral, Jorge Carlos s/recurso de casación", rta. del 18/12/1996).

Teniendo en cuenta ello, es menester realizar un estudio discriminado de los agravios a fin de poder concluir si todos o alguno de ellos pueden ser traducidos como cuestiones que configuren la causal de arbitrariedad, que habilite la competencia de esta Alzada.

I.- En primer término, refiere el impugnante que los inspectores no han acreditado debidamente su identidad, que los datos consignados en las actas resultan falsos, y que no han aclarado debidamente su firma ni han colocado un sello, por tanto las mismas no reunirían los recaudos exigidos por el art. 3 la Ley Nº 1217 para su validez; lo que las tornaría carentes de valor probatorio conforme lo dispuesto por el art. 5 de dicha norma. Asimismo refiere que resultan mendaces los dichos del inspector Pauls en cuanto han afirmado la presencia de pacientes, la existencia de pantallas sin ventilación y las condiciones desfavorables de higiene de la institución.

Al respecto, y tal como ha afirmado la Sra. Juez de Grado todos los instrumentos cuestionados reúnen los recaudos normativamente previstos para su validez, y en lo que aquí respecta poseen las firmas de los inspectores que las labraron, la aclaración de su firma y el número de ficha, conforme lo exige el inc. g) del art. 3 de la Ley de Procedimiento de Faltas (Ley 1217).

Por tanto, es dable afirmar que los planteos del recurrente resultan meras afirmaciones dogmáticas que carecen de sustento jurídico fáctico, por lo que corresponde declarar mal concedido el recurso en este punto, máxime cuando en forma alguna el impugnante pudo demostrar la falsedad que pretende.

II.- Como segundo agravio refiere que resulta mendaz lo expuesto por el inspector Pauls, tanto lo consignado en el acta de infracción (2-0860360) como sus dichos en la audiencia de juicio, en razón de que aquello que el mismo ha identificado como un ascensor o montacargas, claramente se trata de un montaplatos.

De lo expresado se desprende que las afirmaciones del impugnante constituyen una reiteración de los planteos esgrimidos ante la Sra. Juez de Grado sin efectuar una crítica de los fundamentos brindados a tal efecto para denegarlos, y del análisis de los fundamentos del recurso impetrado se desprende únicamente una discrepancia con la valoración de las pruebas realizada por la Judicante en la sentencia impugnada. Es decir, la crítica se traduce en la mera reiteración de los argumentos rendidos en primera instancia que no se hace cargo de las razones brindadas para desecharlos (respecto de si se trataba de un ascensor o un montaplatos) y una distinta ponderación de las pruebas aportadas por su parte respecto a la que efectuó la a quo.

En efecto, resultan acertados los fundamentos de la Judicante, en cuanto ha referido que las manifestaciones del inspector actuante resultan contundentes al afirmar que no podría haber confundido un ascensor con un montaplatos y que las dimensiones del mismo eran las de un ascensor común, dichos que se encuentran convalidados por las inspecciones posteriores. En razón de ello, y tal como expresa la Magistrada no se advierten en la causa elementos probatorios que sustenten las afirmaciones del impugnante, sin que tengan éxito en esa dirección las nuevas pruebas fotográficas - no aportadas oportunamente sino en ocasión de la apelación- mediante las que pretende reeditar la aludida controversia fáctica.

Por tanto, y siendo que la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios esgrimidos en este punto solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta, se puede concluir que la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden la tacha de arbitrariedad, y por ende corresponde declarar inadmisible el recurso por este motivo pues la denuncia de arbitrariedad encubre, en realidad, como se demostró, una discrepancia con la apreciación y valoración de la prueba.

III.- En relación a la condena por falta de habilitación respecto del acta 2-0860543, expresa el impugnante que las pruebas aportadas por su parte permiten tener por acreditado que el establecimiento en cuestión, antes de la aplicación de la sanción, poseía "certificado de habilitación previo y en funcionamiento".

No obstante ello, y conforme se desprende de la sentencia cuestionada si bien la Judicante condenó a su parte por la infracción prevista y reprimida en el art. 4.1.1 de la Ley Nº 451 que sanciona al "... titular o responsable de un establecimiento en el que se instale o ejerza actividad lucrativa sin la debida habilitación o permiso, o en infracción a la autorización concedida ....", sin embargo y conforme se desprende claramente de la resolución, la condena fue impuesta por la falta de chapa mural lo que implicaría el ejercicio de una actividad en infracción a autorización concedida (fs. 625 vta/626 vta.).

Así la Magistrada ha afirmado, "... el establecimiento no poseía la chapa mural al momento de realizarse las inspecciones ... uno de los requisitos indispensables para obtener la autorización para funcionar fue incumplido con posterioridad a la obtención de la habilitación. Por ello resulta razonable afirmar que la infractora se encontraba ejerciendo su actividad en violación de la autorización concedida ..." (fs. 626 vta.).

Por tanto, son éstos los argumentos que debió atacar el impugnante, puesto que la infracción relativa a la ausencia de libro de inspecciones y de habilitación fue desestimada por el controlador administrativo (fs. 536/543). En razón de ello, y siendo que los planteos esgrimidos por el impugnante resultan ajenos al hecho que fuera objeto de sanción, corresponde declarar inadmisible el recurso en relación a este agravio.

IV.- La misma solución cabe propiciar respecto a la infracciones relativas a la falta de inscripción del Sanatorio como generador de residuos patogénicos y a las referidas a ausencia de elementos de prevención contra incendios.

Al respecto, el recurrente ha expresado que la Judicante apreció erróneamente la prueba documental ofrecida por su parte, puesto que según afirma la institución que representa se encontraba inscripta en la Secretaría de Medio Ambiente como generadora de residuos patogénicos, lo que lo llevó a interpretar que la subsecretaría en cuestión tendría los archivos correspondientes. No obstante ello, expresa que lo único que omitió presentar fue el formulario puesto que todos los demás recaudos exigidos (inscripción, control, recibos de destrucción, formularios de retiro, controles periódicos) fueron cumplimentados debidamente. Asimismo, afirma que se equivoca la Magistrada al condicionar el levantamiento de la clausura a la aprobación de los planos de instalaciones contra incendios puesto que el gobierno de la ciudad no los "aprueba" sino que únicamente los "registra", y a su turno expresa que lo único que no obtuvo su parte fue el Registro del Plano Final de las instalaciones contra incendio pero en forma alguna se puso en peligro la concurrencia de la gente de la institución.

Ahora bien, en relación a falta de inscripción de la institución como generadora de residuos patogénicos la Sra. Juez de Grado ha dispuesto sancionar a la Clínica por omitir inscribirse en el registro creado por el Decreto 1886/01 reglamentario de la Ley Nº 154. Al respecto, ha señalado que siendo que la imputada ejerce entre otras la actividad médica, claramente genera residuos patogénicos, debía desarrollar su actividad observando las previsiones legales, entre las que se encuentra la inscripción en el registro creado por la Ley Nº 154.

Asimismo, y en relación a la ausencia de los elementos de prevención contra incendios, la Sentenciante ha afirmado que conforme se desprende de las constancias de la causa, al momento del labrado de las actas, la encartada carecía del plano final de obra de instalaciones contra incendios y su aprobación por parte del organismo competente, uno de los matafuegos no tenía constancia legal de carga y no poseía un plan y plano de evacuación, por tanto la misma ha incumplido las exigencias establecidas en el Capítulo 4.12 "De la protección contra incendio" del Código de Edificación y por tanto su conducta resulta subsumible en las previsiones del art. 2.1.1 de la Ley Nº 451.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí expresado, es dable de advertir que los agravios expresados por el impugnante se encuentran construidos en torno a cuestiones de valoración probatoria las que no pueden ser revisadas por esta Alzada, conforme se ha afirmado anteriormente, salvo supuestos de arbitrariedad. En efecto, tal como ha señalado este Tribunal, el art. 56 de la Ley Nº 1217 impide a este Tribunal ingresar en dicho extremo (causa nº 444-00-CC/2005 "Hoyts General Cinema Argentina S.A. s/ cables expuestos y otras- Apelación", rta. el 24/02/2006).

Asimismo, esta Sala, en ocasión de recibir planteos similares advirtió que los únicos motivos por los cuales está autorizado a intervenir se vinculan, básicamente, con cuestiones de derecho y sólo excepcionalmente con cuestiones de hecho a través de la doctrina de la arbitrariedad (causa nº 362-00-CC/2004, "Godiñho, Juan José s/ tarjeta de chofer vencida", rta. el 19/11/2004, causa nº 051-00-CC/2006 "Farmcity S.A. s/ falta de libretas sanitarias y otras alimentos contaminados y otras- Apelación" rta. el 9/5/2006). En el caso de autos, el recurrente se limita a justificar las omisiones en las que ha incurrido la firma que representa, expresando que las mismas se encontrarían subsanadas, lo que no demuestra en forma alguna un defecto de entidad tal en la apreciación de la prueba por parte de la Judicante que justifique su inclusión en alguno de los supuestos del art. 56 de la norma antes citada. Por lo expuesto, cabe declarar inadmisible el recurso en este punto.

Violación de la ley En relación, al restante agravio esgrimido por el impugnante en el remedio procesal impetrado, ello es el relativo al tipo de sanción impuesta, el monto de la misma, que en su opinión excede el mínimo legal previsto, así como "la anticipación de pena" que implicaría la clausura, cabe mencionar que del mismo se desprende que ha sido sustentado en el presupuesto de inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva previsto normativamente como motivo de impugnación de la sentencia, puesto que ha cuestionado fundamentalmente las disposiciones normativas en las que la Judicante fundó la pena, por lo tanto corresponde declarar admisible el recurso de apelación interpuesto en relación al agravio en cuestión.

Por último, cabe dejar constancia que los hechos a que hacen referencia las actas nro 2-0860361 (infracción al art. 2.2.14 por tener pantallas y estufas sin ventilación fija y no tener disyuntor en tablero principal), 2-0860362 (infracción al art. 2.2.14 por insuficiente señalización de medios de salidas y tener dos habitaciones y un baño sin ventilación directa) 2-0860363 (infracción al art. 2.2.14 por no tener rampa de acceso, ni baños para discapacitados y carecer en puerta de acceso de baños de una placa identificatoria en sistema braile) y 2-0860365 (por infracción al art. 1.1.6 no presentar libretas sanitarias de Oscar Millones y Lourdes de León), no serán objeto de análisis toda vez que en relación a ellos ningún agravio específico se formuló en la apelación, con excepción del cuestionamiento relativo a la validez de las actas -que ha sido declarado mal concedido de acuerdo a lo expuesto anteriormente- razón por la cual lo decidido a su respecto ha quedado firme.

SEGUNDA CUESTIÓN:

Admitido parcialmente el recurso en sub examine, corresponde abocarse al estudio del agravio esgrimido, relativo a la pena impuesta y su graduación por parte de la Judicante.

En este punto, se agravia el impugnante por el tipo de sanción impuesta por la Judicante, que a su entender debió ser en suspenso, conforme lo dispone el art. 32 de la Ley Nº 451 puesto que no posee antecedentes y ha subsanado las omisiones en las que ha incurrido. Asimismo, refiere que resulta excesivo el monto de la pena impuesto, toda vez que excede el mínimo legal previsto normativamente, cuando en forma alguna se puso en peligro la seguridad de las personas que concurrieron al establecimiento, y en su opinión una sanción de multa menor cumpliría acabadamente los fines retributivos y sociales de la pena puesto que el establecimiento se encuentra clausurado desde el 29/9/2005, lo que claramente implicó una pena anticipada.

Ahora bien, en cuanto a las sanciones a imponer la Ley Nº 451 en su título IV "Individualización de las sanciones por faltas" establece criterios para aplicar las sanciones por infracciones a dicha norma (art. 28). Asimismo, y tales parecieran ser las normas cuya imposición solicita el impugnante, confiere la posibilidad al Magistrado de atenuar la sanción por imposición de una amonestación (art. 30) y dejar en suspenso su cumplimiento en los casos de primera sanción (art. 32).

Por tanto, y de la lectura de ambas normas se desprende que no resulta una imposición legal para el juez atenuar la sanción o dejar en suspenso su cumplimiento sino que la ley lo faculta a hacerlo si se encuentran reunidas las condiciones allí establecidas, pero siempre teniendo en cuenta los criterios especificados en el art. 28 de la Ley Nº 451. En razón de ello, corresponde rechazar los agravios esgrimidos por el impugnante en este punto, puesto que si bien la Judicante tuvo en cuenta tanto la ausencia de antecedentes de la encartada como el hecho que algunas de las infracciones fueron subsanadas, consideró conveniente -de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 28 antes citado- imponer una pena de multa de cumplimiento efectivo .

Ahora bien, en relación a la graduación de la sanción puesto que la a quo se ha apartado del mínimo legal, cabe recordar que ninguna duda cabe acerca de que la tarea de individualización de la pena no es una cuestión que se encuentra sujeta a la exclusiva discrecionalidad del Juez, sino que debe fundarse en criterios racionales explícitos (conf. causa Nº 450-00-CC/2005 "Supermercados Norte S.A. s/alimentos contaminados y otras- Apelación", rta. el 15/2/2006).

De este modo el art. 28 de la Ley Nº 451, mencionado anteriormente, establece que el juez al momento de graduar la sanción deberá tener en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad considerando especialmente la extensión del daño causado o el peligro creado, la intensidad de la violación al deber de vigilancia o de elección adecuada, la situación social y económica del infractor y la existencia de sanciones impuestas por infracciones a normas contempladas en una misma Sección en el transcurso de los últimos dos años.

A partir de ello, de la lectura de la sentencia bajo examen se desprende que la Sra. Juez de Grado ha realizado un análisis de las circunstancias y los factores tenidos en cuenta para la graduación de la pena que se ajustan en un todo a lo normado por el citado art. 28, no resultando suficientes la discrepancia del impugnante para tener por configurada una violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, máxime cuando en el caso examinado se limita a discrepar con los argumentos de la Magistrada para imponer una sanción de multa superior al mínimo legal, los que se fundan en el hecho de entender que la conducta omisiva de la encartada puso en peligro la seguridad de las personas que concurrieron al establecimiento, sumado a las numerosas falencias constatadas.

Asimismo, es importante señalar que conforme se desprende de la sentencia (fs. 637/638), la Sra. Juez de Grado ha considerado como circunstancias atenuantes o con influencia para disponer el pago de la multa en cuotas el hecho que la imputada haya subsanado la mayoría de las infracciones, así como la falta de antecedentes de la institución.

A mayor abundamiento, y en cuanto a la proporcionalidad de la pena ha expresado Santiago Mir Puig "...hay dos aspectos o exigencias que hay que distinguir en el principio de proporcionalidad de las penas. Por una parte, la necesidad misma de que la pena sea proporcionada al delito. Por otra parte, la exigencia de que la medida de la proporcionalidad se establezca en base a la importancia social del hecho (a su nocividad social)" (Mir Puig, Santiago, "Derecho penal", Ed. Tecfoto, Barcelona, 1996, pág 100). En razón de lo dicho, y siendo que las penas impuestas cumplen con ambos aspectos del principio de proporcionalidad, corresponde confirmarlas.

En otro orden de ideas, y finalmente cabe dejar constancia que este Tribunal no comparte el modo en que la Sra. Juez de Grado apreció las distintas conductas violatorias del Código de la Edificación, en el sentido de considerarlas como "hechos únicos". En efecto, es opinión de esta Sala que las distintas infracciones comprobadas a dicha norma (no tener plano de habilitación de un ascensor-montacarga, tener pantallas y estufas sin ventilación fija, no tener disyuntor en el tablero principal, tener insuficiente señalización de medios de salida, tener dos (2) habitaciones y un (1) baño sin ventilación directa, no tener rampa de acceso para discapacitados y carecer de placa identificatoria en sistema braile) constituyen un concurso real, es decir "varias conductas que caen dentro del mismo o diferentes tipos penales" (Zaffaroni, Eugenio Raúl, "Manual de Derecho Penal- Parte General", Ed. Ediar, Bs.As. 2001, pág 617), puesto que se trata de conductas independientes entre sí, aún cuando ellas infrinjan la misma norma jurídica (art. 2.2.14).

Las mismas consideraciones corresponde efectuar respecto a las infracciones a las normas de seguridad en la prevención contra incendio (art. 2.1.1 Ley N' 451), es decir tener un matafuego sin carga ni tarjeta vigente de cuatro (4), carecer de plano de evacuación y de plano final de obra de instalaciones contra incendio.

Por todo lo hasta aquí expuesto, este Tribunal RESUELVE:

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación en relación a los agravios referidos al planteo de nulidad de las actas de infracción, a la inexistencia de un ascensor-montacargas (2-0860360), a la ausencia de chapa mural (2-0860543), al incumplimiento de los recaudos legales exigidos en materia de prevención contra incendios (2-0860361, 2-0860544) y a la falta de inscripción de la Clínica como generadora de residuos patogénicos (2-0860546).

II.- CONFIRMAR la sentencia impugnada, obrante a fs. 609/633 vta., en cuanto CONDENA a Clínica y Sanatorio Olivera SRL al pago de la multa de siete mil pesos ($ 7.000) y clausura del establecimiento hasta tanto se presenten en el organismo correspondiente los planos aprobados de instalaciones contra incendios, por ser responsable de la infracción a los arts. 2.2.14, 4.1.1, 2.1.1 segundo párrafo, 1.1.6 y 1.3.17 del anexo de la Ley Nº 451, en concurso real entre sí, con costas (arts. 4, 18.1, 19 y 23 de la Ley Nº 451 ; 33 y 55 de la Ley Nº 1217).

Regístrese, notifíquese con carácter de urgente y oportunamente remítase al Juzgado de Primera Instancia interviniente, a sus efectos.

Ante mí Se deja constancia que el José Sáez Capel no firma por encontrarse en uso de licencia.

RI