Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-18


SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y OCHO En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los dieciocho días del mes de septiembre de dos mil trece, la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva, reunida en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte Nº 74/13, caratulados:

"RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Dr. Luciano A. Rojas en contra de Auto Nº 14/13, de Expte. Nº 148/09 - Vega, Mario del Valle -Homicidio culposo", se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es nula la resolución por haber inobservado o aplicado erróneamente la ley sustantiva? ¿Es nula la resolución por haber inobservado normas procesales constitucionales? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? Entiende esta Corte que cabe reputar formalmente admisible el recurso interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas, en su carácter de asistente técnico del imputado Mario del Valle Vega, desde que ha sido presentado en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada.

De acuerdo al orden de votación sorteado a fs. 13, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli; en segundo lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres, y en tercer término, la Dra. Amelia del Valle Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

I. Por Auto Interlocutorio Nº 14/2013, dictado el 28/06/2013 el Juzgado Correccional de Segunda Nominación, resolvió: "I- No hacer lugar al nuevo planteo de Nulidad Absoluta del Auto Nro. 09/2013 que incoara la defensa técnica a fs. 215/217, por resultar manifiestamente improcedente y dilatorio (arts. 185, 186, 187, 189, 444, 190, 445, 335 y concordantes del C.P.P. y art. 76 bis y correlativos del C. Penal).

El hecho por el cual se solicitó la elevación a juicio de la causa es el siguiente: "Que con fecha 23 de marzo de 2008, en un horario que no se puede determinar con precisión, pero que estaría comprendido a horas 23:10 aproximadamente, en circunstancias en que María Angélica del Valle MENA circulaba caminando con su hijo de 13 años de edad, en dirección Sur- Norte, por calle Máximo Victoria (Maipú Norte) a la altura donde la calle gira dejando la dirección Norte para tomar dirección Oeste de esta ciudad Capital, se apersonó Mario del Valle Vega en un vehículo marca Chevrolet C10 sin chapa patente color azul, quien en forma imprudente conduciendo en estado de ebriedad, con 1.60 gs.

De alcohol en sangre (borrachera total) y circulando en idéntico sentido por esa arteria, en perfectas condiciones de visibilidad y de circulación de la calzada, y en forma negligente, arrolló a la misma por la espalda, arrastrándola unos metros con dicho vehículo y provocando con ese accionar la inmediata muerte de la transeúnte por politraumatismo con traumatismo de tórax, con fractura y hundimiento de parrilla costal izquierda con contusión pulmonar y hemotórax, además de fractura de fémur cerrado de muslo izquierdo, fractura facial lo que produjo un shock hipovolémico y traumatismo agudo grave".

II. Contra dicha resolución, comparece el Dr. Luciano Alberto Rojas, asistente técnico del imputado Mario del Valle Vega e interpone recurso de casación invocando los motivos previstos en los incs. 1º y 4º del art. 454 del C.P.P.

II. a. Denuncia la nulidad absoluta de los autos Nº 14/2013 y Nº 9/2013 por considerar que violan garantías constitucionales y afectan al debido proceso.

Califica de inusual el trámite dado por el juez a quo a la solicitud de probation. Critica que se haya analizado este pedido por escrito y no en audiencia única, que es lo establecido por la ley, afectando de esta manera principios constitucionales.

Ya refiriéndose específicamente al auto Nº 9/2013, plantea su invalidez por ser nulo de nulidad absoluta. Sostiene que el tribunal no corrió traslado al Ministerio Público del planteo de nulidad del auto Nº 2/2013 efectuado, contraponiéndose a lo establecido en la ley de enjuiciamiento provincial.

Solicita que el auto atacado sea casado, declarándose la nulidad de los autos Nº 2, 9 y 14.

Hace reserva del caso federal y del recurso contenido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

III. Conforme surge del memorial recursivo, lo que postula la defensa es la declaración de nulidad absoluta de los Autos Interlocutorios Nº 2/2013, de fecha 7 de febrero de 2013 (fs. 197/197 vta.), Nº 9/2013, de fecha 29 de mayo de 2013 (fs. 211/212 vta.) y Nº 14/2013, de fecha 28 de junio de 2013 (fs. 218/219).

Un examen integral de las resoluciones cuestionadas, permite constatar que, la construcción impugnativa se ha formulado reiterando idénticos argumentos a los ya expuestos al momento de plantear los incidentes en la instancia anterior; los que han sido considerados y han recibido respuesta concreta por parte del tribunal a quo.

En efecto, no sólo, que no se advierten nuevos fundamentos que demuestren la afectación a las garantías constitucionales que se denuncia sino que, además, el planteo efectuado denota a todas luces una evidente estrategia dilatoria por parte de la defensa, la que en modo alguno puede tener acogida favorable.

Es que la sentencia deviene nula sólo cuando el defecto formal que a ella se atribuye es dirimente, en el sentido que su eventual corrección posee aptitud suficiente para conducir a una conclusión diferente de la que se impugna.

Por ello, la demostración del valor decisivo del vicio es requerida tanto para la procedencia formal del recurso como para su procedencia sustancial.

En tal sentido, este Tribunal reiteradamente ha declarado que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes, y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés (S. n 58, 12/11/2012; S. nº 35, 03/07/2012; S. nº 30, 29/06/2012).

En esa dirección, el tribunal ha sostenido que "... no puede existir declaración de nulidad, sea ésta genérica o específicamente conminada, absoluta o relativa, sino existe un interés afectado.

Esa condición que ha sido expresamente establecida para las nulidades relativas (arts. 169 C.P.P.N. y 188 C.P.P.Cat.), rige también para las nulidades absolutas, toda vez que ni la insubsanabilidad ni la oficiosidad con que la ley resguarda la situación del imputado tiene por objetivo crear a su favor un sistema de nulidades puramente formales, al margen del 'principio del interés', en virtud del cual una nulidad sólo puede declararse cuando sea susceptible de beneficiar procesalmente a la parte en cuyo favor se hace.

Ese beneficio concurre cuando la declaración de nulidad absoluta tiene un efecto corrector, porque ha existido una efectiva afectación de la garantía constitucional resguardada y, por tanto, ello encuentra reparación a través de la retrogradación" (S. nº 16, 18/08/2009).

Del mismo modo, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun tratándose de nulidades absolutas, al sostener que la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

En materia recursiva, dicho principio tiene expresa acogida en el artículo 430 del C.P.P., según el cual ".El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo".

En consecuencia, esta condición no sólo es un requisito para la procedencia formal, sino también, para la procedencia sustancial de la impugnación.

Por ello, en relación a lo primero, es necesario que en su escrito el recurrente procure demostrar qué perjuicio concreto le ocasiona el defecto que denuncia; con respecto a lo segundo, corresponde analizar -en un examen concerniente al fondo del asunto- si, sorteada aquella primera valla, el agravio es susceptible de ser reparado a través del recurso.

Es decir que el interés existe en la medida que la materia controvertida puede tener incidencia en la parte dispositiva del pronunciamiento, anulándolo o modificándolo, o bien cuando el recurso deducido resulta ser el medio adecuado para excluir el agravio que aparece como posible.

En igual sentido, el Máximo Tribunal ha dicho que "en materia de nulidades procesales prima el criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (C.S.J.N. "Bianchi", B. 66. XXXIV).

Razón por la cual, las nulidades quedan subsanadas cuando quienes tengan derecho a oponerlas hayan consentido, expresa o tácitamente, los efectos del acto. La denuncia del vicio invocado por el casacionista sólo procede en tanto y en cuanto vaya acompañada de la necesaria demostración de una vulneración efectiva de las posibilidades defensivas del imputado que evidencie que la anomalía se ha traducido en un perjuicio concreto a sus intereses" (S. nº 16, 18/08/2009).

En el caso, el presunto vicio denunciado no puede tener acogida favorable puesto que se ha omitido su demostración y fundamentación.

En efecto, el recurrente denuncia genéricamente que se ha vulnerado el derecho de defensa en juicio, el derecho a ser oído, mas omite especificar cuáles son las pretensiones u ofrecimientos (mejorar la propuesta de trabajos comunitarios) de los que se ha visto privado de realizar el imputado, así como, la relevancia de aquéllos a fin de impactar favorablemente en la decisión del tribunal.

Sentado lo anterior, estimo oportuno realizar el siguiente análisis. En primer término, cabe destacar que el Auto Interlocutorio Nº 2/2013, de fecha 7 de febrero de 2007, mediante el cual el Juez Correccional de Segunda Nominación resolvió:

"No hacer lugar al pedido de Suspensión del Juicio a prueba que incoara el encausado Mario del Valle Vega a fs. 190/192 por resultar improcedente (arts. 76 bis y concordantes del C. Penal y art. 355 C.P.P.)", fue debidamente notificado a la defensa con fecha 15 de febrero de 2013 (fs. 198/198 vta.).

Que esta última consintió los efectos del acto procesal que luego, tardía y dilatoriamente, provocando reiterados dispendios jurisdiccionales, intenta tildar de nulidad absoluta. Lo dicho, encuentra sustento en el decreto de fecha 13 de marzo de 2013 (es decir, casi a un mes de notificada la defensa de la denegación de la suspensión del juicio a prueba) obrante a fs. 201, mediante el cual, el tribunal fija fecha de audiencia de debate para el 21 de mayo de 2013 a las 09:30 hs; decreto que también fue debidamente notificado a la defensa del imputado, el día 20 de marzo de 2013.

No obstante ello, recién el día 21 de mayo a las 08:30 hs. (es decir, un mes después de notificado el referido decreto y, una hora antes, de que se diera inicio a la audiencia de debate, fijada con la debida antelación -un mes-), la defensa solicita la suspensión del debate, argumentando que tenía fijada con anterioridad, una audiencia en idéntica fecha y hora (fs. 205/206).

El detalle descriptivo que antecede, conduce a sostener que la explicación lógica es la dilación del proceso, puesto que, luego de haber dejado transcurrir la defensa 67 días desde la notificación de la resolución 2/2013, y habiendo consentido los efectos del acto, ya que pese a haber sido debidamente notificado, el ahora recurrente omitió oportunamente cuestionar dicha resolución mediante el pertinente recurso de casación; a más de dos meses de la referida notificación, haya logrado recién advertir, con fecha 22 de mayo de 2013, el perjuicio nulidificante planteando la nulidad absoluta de la resolución 2/2013.

Como bien lo ha señalado el judicante, el Auto Nº 02/2013 por el que se denegara la suspensión del juicio a prueba está firme y consentido, puesto que la defensa pese a estar debidamente notificada no interpuso oportunamente recurso de casación, lo que evidencia la voluntad de la defensa de generar nuevos episodios incidentales a fin de impedir la concreción del plenario.

En este orden de ideas, resulta importante recordar la denominada teoría de los actos propios, en cuanto plasma la máxima venire contra factum propium non valet, receptada en la fórmula acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual "nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior, deliberada y jurídicamente eficaz" (Augusto Morello y Rubén S. Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L., 1984-A, p. 871/872).

Desde otro ángulo, debo decir que tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal a quo omitió correr vista al Ministerio Público Fiscal del planteo de nulidad articulado.

Y es que, este planteo ya fue resuelto por el tribunal al resolver el segundo planteo de nulidad (Auto Nº 14/2013) formulado por quien ahora recurre en casación, puntualmente argumentó que el art. 189 C.P.P, en su último apartado, prescribe que los incidentes de nulidad seguirán el trámite previsto por el Recurso de Reposición contemplado en el art. 444 del mencionado cuerpo normativo, ello sin perjuicio de lo estatuido en el art. 190 del C.P.P.

Asimismo aclaró que la referida norma determina en forma clara e inequívoca que este tipo de incidentes producidos en la fase preliminar del juicio se resuelven sin trámite y que la resolución que recaiga hace ejecutoria pues no corresponde aquí Recurso de Apelación (art. 445 C.P.P.).

En esta dirección, el juzgador puso de resalto que de lo expuesto se "esplende diáfanamente la total y manifiesta improcedencia del planteo incoado por la defensa, que sólo tiende a obstruir el accionar de la Justicia, a impedir la concreción del Plenario de Ley con el consiguiente juzgamiento del encausado y el dictado de sentencia consiguiente; pues en el afán de la Justicia luce la sustanciación debida y la evitación de un eventual marco de impunidad inaceptable, y todo ello sin perjuicio de las razones éticas que lucen también como elocuente reprochables".

En idéntica dirección, cabe agregar que no encuentra sustento en autos, la afirmación del recurrente al sostener que no se le ha dado participación a la víctima de la solicitud de suspensión del juicio, puesto que de las constancias obrantes a fs. 193, 195/196 vta. surge evidente que el tribunal notificó de dicho pedido a la víctima.

No puedo finalizar sin antes reiterar que la articulación sistemática de recursos por parte del abogado defensor, repitiendo incluso los planteos que ya han sido resueltos oportunamente, conlleva a suponer que aquéllos están siendo utilizados como instrumentos destinados a retardar injustificadamente el curso del proceso, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, además de exhibir una conducta obstructiva, evidentemente dilatoria y reñida con la buena fe procesal, lo que provoca un dispendio jurisdiccional improcedente, razón por la cual, cabe recomendar al citado letrado que ajuste su proceder a la ley que informa el ejercicio de su profesión.

Por todo lo expuesto, voto negativamente a la presente cuestión.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cippitelli, por las razones que él desarrolla. Por consiguiente, adhiero en un todo a su voto y doy el mío en idéntico sentido.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, con arreglo a esas razones, doy mi voto en igual sentido.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli, dijo:

Por el modo en que quedaron resueltas las cuestiones anteriores, soy de la opinión que corresponde dictar la siguiente resolución: I) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en representación del imputado Mario del Valle Vega. II) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto. III) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.). IV) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Adhiero al criterio sustentado y a la solución propuesta por el vocal preopinante y, por las mismas razones, voto en igual sentido.

A la Segunda, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

El señor Ministro Dr. Cippitelli da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero en un todo a su voto y me expido en igual sentido.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el Dr. Luciano Alberto Rojas en representación del imputado Mario del Valle Vega.

2º) No hacer lugar al recurso de casación interpuesto.

3º) Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).

4º) Téngase presente la reserva del caso federal y la del recurso contenido en el art. 2, apartado 3, inc. "b" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

5º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Luis Raúl Cippitelli -Presidente-, José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- CERTIFICO: Que la presente sentencia es copia fiel de la original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.