Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-15


Expte. n° 8251/11 "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'legajo de nulidad en autos: 'Núñez, Eduardo Irineo y otros s/ infr. art. 181 inc. 1, CP'"	Buenos Aires, 15	de febrero de 2012	Vistos: los autos indicados en el epígrafe.	Resulta	1. El Sr. Defensor General de esta Ciudad -en representación de los Sres. Eduardo Irineo Núñez y Oscar Núñez- interpuso recurso de queja (fs. 111/124) contra la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas (fs. 107/109) que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad (fs. 94/103) deducido, a su vez, contra la sentencia de la Sala II (fs. 90/92) que confirmó la decisión dictada por el juez de primera instancia (fs. 10/11). Mediante este último pronunciamiento se resolvió, en lo que ahora importa, rechazar la nulidad que había articulado la defensa respecto del dictamen de la fiscalía en cuanto denegó la propuesta realizada para que se aplique en este caso la vía alternativa prevista por el art. 204 del CPP local.

2. En el recurso de inconstitucionalidad denegado por los jueces de la Sala II, el Ministerio Público de la Defensa señaló que la resolución recurrida resultaba equiparable a definitiva en tanto el sometimiento de los imputados a un juicio veda de forma irremediable la posibilidad de que los involucrados resuelvan su conflicto mediante una mediación. Asimismo, la defensa afirmó que lo resuelto por la Cámara importó una afectación del sistema acusatorio, de los principios de legalidad e igualdad ante la ley y de las garantías de ne bis in idem y debido proceso.

3. El Sr. Fiscal General, al emitir su dictamen (fs. 128/131), opinó que la decisión objetada mediante el recurso de inconstitucionalidad sí se trataba de un auto equiparable a definitivo, pero, a pesar de ello, este Tribunal debía rechazar esta queja porque, además de que la defensa se había olvidado de mencionar los agravios vinculados con el ne bis in idem y la igualdad ante la ley en esta nueva presentación, no había planteado un caso constitucional.

Fundamentos La jueza Ana María Conde dijo:

1. La presente queja, aunque fue interpuesta en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

2. En primer lugar, el recurso de inconstitucionalidad -que el recurso directo viene a defender- no se interpuso contra una "sentencia definitiva" (art. 27, ley nº 402), ni contra un auto equiparable a ella, en la medida en la cual mediante el pronunciamiento del tribunal a quo solamente se dispuso la continuación del proceso hacia la decisión de mérito acerca de la condena o la absolución de los imputados. Este Tribunal tiene dicho que las decisiones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido al proceso no reúnen -por regla- el carácter exigido para habilitar la competencia de esta instancia de excepción.

La defensa, a su turno, no ha fundamentado de manera suficiente que la resolución de la Cámara, que confirmó el rechazo de la nulidad que había articulado la defensa contra el dictamen de la fiscalía por el cual ésta no hizo lugar a una segunda solicitud de la defensa para que se realice una segunda instancia de mediación -porque, en principio, ya habrían fracasado algunas reuniones conciliatorias previas entre los involucrados, y, además, porque se conocieron ciertas particularidades con relación a uno de los imputados que tornaban desaconsejable esta vía alternativa- pueda ser equiparada a una "sentencia definitiva" en razón de sus efectos y tampoco ha argumentado de manera suficiente que lo decidido por los jueces intervinientes se vincule de forma directa con una garantía que sólo sea susceptible de tutela inmediata.

En este sentido, tampoco advierto que en esta causa se verifiquen los extremos excepcionales que fueron considerados por nuestro Tribunal y que justificaron lo resuelto en el precedente "Del Tronco" (27/09/10) y también en esta causa -por remisión a aquél-, porque, con independencia de que en esta oportunidad sólo ha acudido en queja la defensa, los jueces de la Sala II no han vuelto a declarar la inconstitucionalidad -de oficio, en perjuicio del imputado o en abstracto- de la regulación local del instituto de la mediación penal, sino que han brindado otros argumentos para sustentar por qué razón en el caso concreto no procede esa vía alternativa de solución del conflicto.

3. En segundo lugar, y aun dejando de lado la cuestión relativa a si en autos se recurrió o no una decisión equiparable a definitiva, lo cierto es que los agravios presentados por el recurrente no logran demostrar la presencia de un caso de naturaleza constitucional. En efecto, el quejoso se ha limitado a reiterar algunos de los motivos de impugnación que había planteado en su recurso de inconstitucionalidad, e incluso parece haber abandonado algunos otros -tal como lo dictaminó el Fiscal General-, pero los fundamentos que ha invocado para habilitar la intervención anticipada de nuestro Tribunal, por un lado, no alcanzan para constituir una crítica concreta y razonada respecto del auto denegatorio, y, por el otro, son insuficientes para ver configurado en el caso una cuestión constitucional. Ello así, porque, más allá de la mención formal de diversos principios constitucionales, no se advierte de qué manera lo resuelto por las instancias inferiores habría desconocido algún derecho de los imputados. Al respecto, viene al caso recordar que este Tribunal también ha dicho que la referencia ritual a derechos y principios constitucionales, si no se acredita fundadamente su cercenamiento, es en sí misma insuficiente para habilitar nuestra intervención y para dar sustento a una impugnación de esta especie.

En efecto, la discusión que el recurrente pretendió traer a estudio del Tribunal se limitaba, en el mejor de los escenarios, a la simple confrontación entre dos interpretaciones del instituto de la mediación: por un lado, aquella que propuso de acuerdo a la cual la mediación podía ser intentada, pues, en principio, las partes involucradas habían aceptado la posibilidad de mediar y los motivos que adujo la fiscalía para oponerse a ello resultaban inválidos; y, por el otro lado, aquella que han expuesto todos los jueces intervinientes, en virtud de la cual correspondía dar preeminencia a la evaluación de la fiscalía sobre la inconveniencia de utilizar esta vía con respecto a los imputados. Sin perjuicio del mayor o menor acierto de la postura de privilegiar la voluntad de los involucrados por sobre la del titular de la acción, el recurrente en ningún momento cuestionó la validez de la regulación procesal que prevé que es la fiscalía la única que está facultada para "proponer" o no a los involucrados la posibilidad de mediar y, claramente, las razones por las que la mediación no fue propuesta o consentida por la fiscalía interviniente remiten al análisis de cuestiones vinculadas con el examen discrecional de oportunidad que la ley parece haber puesto en cabeza exclusiva del MPF.

En tal sentido, los jueces de la Cámara parecen haber tenido la última palabra en cuanto a aquellas razones, cuando sostuvieron que, a partir de la lectura que realizaron respecto del art. 204 inc. 2 del CPP local, el dictamen fiscal sobre la inconveniencia de resolver este caso mediante una mediación "se sustenta en argumentos suficientes y no puede ser entendida como producto de la mera arbitrariedad, como en definitiva lo pretende la defensa" y que, consecuentemente, "[t]ales argumentos podrían ser o no compartidos por los distintos intervinientes en el proceso, pero lo cierto es que la sola eventual disidencia a ese respecto no puede justificar una descalificación de la validez de aquel acto" (fs. 91 vuelta).

El recurrente, frente a ello, no ha expuesto cuáles son los argumentos constitucionales por los cuales considera que el significado que asigna a las normas procesales aplicables debe sustituir al que le ha dado la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo PCyF, es decir, por qué la exégesis efectuada por esta última resulta incompatible con la CCABA o con el texto de la ley o de qué manera importa un manifiesto avasallamiento de las garantías de los imputados.

4. Por lo expuesto, corresponde rechazar la queja interpuesta y tener presente el beneficio de litigar gastos concedido (fs. 84).

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Tal como lo expone la doctora Ana María Conde en su voto, la queja, si bien fue interpuesta por escrito, ante el Tribunal y en tiempo oportuno (art. 33, ley nº 402), no puede prosperar.

2. Este Tribunal repetidamente ha dicho que las resoluciones cuya única consecuencia sea la obligación de continuar sometido a proceso, por regla, no reúnen el carácter de sentencia definitiva a los fines del art. 27, ley nº 402 ("Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04, entre muchos otros).

Además, el recurrente no ha demostrado que la decisión cuestionada -que confirmó el rechazo del planteo de nulidad del dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal que había cerrado la posibilidad de recurrir a la instancia de mediación solicitada por los imputados- pueda ser equiparada a una sentencia definitiva en razón de sus efectos. En ese sentido, la defensa no ha logrado conectarla con garantías que requieran de una tutela inmediata por parte de este Tribunal (ver, entre otros, mutatis mutandi "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Benitez, Sergio David s/ art. 189 bis del CP'", expte. n° 4994/06, resolución del 23/5/2007).

3. Por lo demás, el recurrente no ha demostrado la existencia de una cuestión constitucional en el caso.

La decisión de la Cámara que se pretende impugnar tiene sustento en una cuestión central a la que el recurrente ha omitido referirse en sus recursos. En efecto, los jueces afirmaron que los diversos motivos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal daban fundamentación suficiente a la oposición que efectuara ante la propuesta de mediación de los imputados. En la sentencia se señaló, además, que la eventual disidencia con respecto a aquellos motivos no resultaba suficiente para descalificar la validez de la oposición. En consecuencia, los jueces confirmaron la decisión que rechazó el planteo de nulidad y la solicitud de mediación que había efectuado la defensa oficial. En ese escenario, sella la suerte de la pretensión del recurrente la omisión de exponer en sus recursos un cuestionamiento constitucionalmente fundado en torno a la potestad que -según, en definitiva, lo entendieron los jueces de la causa- posee el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la utilización de una vía alternativa de las previstas en el art. 204, CPP. A ello se suma la ausencia de desarrollo alguno al momento de señalar las supuestas afectaciones constitucionales que aquellos fundamentos, expuestos por el fiscal, generarían a los imputados en el caso. Nótese que la queja sólo expone los motivos por los que entiende que la oposición del fiscal en el caso genera agravios constitucionales en cabeza de sus defendidos, en un breve párrafo de su presentación (fs. 121 in fine/vta.) Al respecto, alcanza con señalar que "la referencia ritual a derechos constitucionales, si no se acredita precisa y fundadamente su cercenamiento, es insuficiente, ya que si bastara la simple invocación de un derecho o garantía de raigambre constitucional este Tribunal se vería convertido, de ordinario, en tercera instancia obligada de todos los pronunciamientos dictados por el Poder Judicial de la Ciudad" (cf. "Carrefour Argentina SA s/ recurso de queja", en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], t. II, ps. 20 y siguientes). 4. Por las consideraciones expuestas corresponde rechazar el recurso de queja obrante a fs. 111/124.

En cuanto al depósito que reclama la queja vencida (art. 34, segundo párrafo, ley n° 402), no corresponde su integración por haberse concedido el beneficio de litigar sin gastos a los imputados (foja 84).

Así lo voto.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La queja debe ser rechazada porque el recurso de inconstitucionalidad no está dirigido contra una sentencia definitiva, ni se ha acreditado que deba ser equiparada a una de esa especie. Ello así, toda vez que no se advierte conexión entre lo allí resuelto y las garantías que la parte recurrente invoca como requeridas de tutela inmediata; circunstancia que impide advertir en qué consistiría el perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior invocado, frente a una resolución que no puso fin al proceso ni impidió que continuase, sino que confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto allí se rechazó la nulidad de la oposición del fiscal al pedido de mediación (cfr., mutatis mutandi, "Ministerio Público -Defensoría en lo Contravencional y de Faltas n° 4- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Posta, Felipe y Berbegall, Rodolfo s/ infracción ley 255 -apelación-'", expte. n° 3338/4, resolución del 01/12/04; "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Alemán, Carlos Alberto s/ infr. art. 111, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes -CC-'", expte. n° 6470/09, resolución del 20/10/2009; y "Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Coarite, José Alejandro s/ infr. art.(s) 111 CC'", expte. n° 7724/10, sentencia del 27/4/2011).

En tal sentido, como indica el juez Casás en su voto, la defensa ha omitido exponer en sus recursos un cuestionamiento constitucionalmente fundado en torno a la potestad que posee el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la utilización de una vía alternativa de las previstas en el art. 204, CPP. 2. Sin perjuicio del beneficio de litigar sin gastos concedido, por las razones que di en mi voto in re "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad en: 'Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC -apelación- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado'", expte. nº 3996/05, resolución del 14/9/05, a las que remito, no corresponde exigir el depósito previsto en el art. 34 de la ley n° 402.

Por lo dicho, voto por rechazar la queja de fs. 111/124.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. La queja que interpuso el defensor general de la Ciudad cumplió con las formas exigidas por el artículo 33 de la Ley N° 402, en tanto hizo su presentación por escrito, dentro del plazo que fija la citada ley, y fundamentó su crítica contra el decisorio de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, de fecha 11 de Julio de 2011, que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad oportunamente deducido.

Del recurso presentado surge que la crítica efectuada por el defensor general ha sido concreta, razonada y autosuficiente. Por lo tanto, admito el recurso directo.

2. Corresponde a continuación evaluar si la defensa logró exponer un caso constitucional que amerite la procedencia del recurso de inconstitucionalidad.

En este sentido, la parte agraviada pretende se declare la inconstitucionalidad de la sentencia de la Sala II de fecha 10 de marzo de 2011 que confirmó el decisorio del juez de primera instancia, quien no hizo lugar al planteo de nulidad orquestado por la defensa oficial de los imputados en contra del decreto fiscal que se opuso al pedido de mediación por los antecedentes penales de una de las partes acusadas. Sostuvo el fiscal: ".entiendo que las figuras precedentemente señaladas (beneficio de suspensión del proceso a prueba y mediación), deben ser analizadas en forma conjunta y sistemática, ya que a los efectos de la aplicación del instituto de la suspensión del proceso a prueba, nuestro código de forma exige la reunión de requisitos específicos, -entre los cuales se encuentra la falta de antecedentes penales-, por lo cual, mal puede aplicarse en el presente caso, el instituto de la mediación." (fs. 2).

En su recurso de inconstitucionalidad, la defensora general adjunta expresó que "[e]n efecto, la Sala II confirmó la resolución del juez de primera instancia que rechazó el planteo de nulidad del decreto por el cual el fiscal se oponía a la realización de una mediación; en lugar de resolver lo que fue sometido a su juicio, mediante el recurso de apelación de la defensa, avaló la mencionada decisión invocando que la '. casi absoluta carencia de un marco regulatorio de la mediación tampoco permite evaluar la corrección o incorrección de la tesis sostenida por la Fiscalía.', es decir, interpretó la ley en contra de los intereses de las partes, sin indagar -para ello- la voluntad de aquellas de dar al proceso una salida alternativa." (fs. 97 vuelta). En concordancia con ello, planteó los siguientes agravios constitucionales: afectación al principio de legalidad, debido proceso, garantía ne bis in ídem y el derecho a la igualdad ante la ley.

3. Comenzaré por analizar el agravio referido al principio de legalidad.

El artículo 204 (2) del CPP establece como una facultad del órgano fiscal la aplicación del instituto de la mediación, por cuanto una literalidad en los términos del articulado así lo dispone: ".el/la Fiscal podrá: .Proponer.". Ello indica el sentido de una "posibilidad" que no la anticipa ni como una obligación para el órgano fiscal ni tampoco la fija como un derecho para el/la imputado/a u ofendido/a. Empero, no debe considerarse discrecional el fundamento que utilice el órgano acusador para rechazar, como en este caso concreto, su aplicación.

En este sentido, entiendo que cabe hacer lugar al agravio constitucional deducido por la defensa de los Sres. Nuñez sólo en cuanto a la lesión al principio constitucional de legalidad, siendo este eficiente para sostener el recurso interpuesto. El fiscal interino incurrió en una desmesurada interpretación de carácter restrictiva, avalada luego por las distintas instancias jurisdiccionales, al sostener -como destaca la Sala II en su resolutorio- que los antecedentes penales constituyen un obstáculo para el acceso al instituto alternativo de la mediación. Esto implica asignarle al dispositivo de la mediación un requisito que el artículo 204 (2) del CPP no contempla.

Así, el citado artículo prescribe que "[n]o procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I -Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho -artículo 8° de la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar-". Tampoco se admite "una nueva mediación penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en trámite anterior, o no haya transcurrido un mínimo de dos (2) años de la firma de un acuerdo de resolución alternativa de conflicto penal en otra investigación." Obsérvese que la normativa es concreta y clara en relación a la no procedencia de aquella; en ninguna parte de su texto figura como impedimento los "antecedentes penales". Por ello no puede condicionarse la mediación penal a la ausencia de antecedentes penales.

Cabe agregar que tanto el fiscal como la Sala II propiciaron, en contra de los imputados, una analogía prohibida entre la mediación y la suspensión del juicio a prueba. Así, consideró la Cámara que "frente a la falta de regulación, cabe aplicar a la mediación exigencias propias de la suspensión del proceso a prueba" (fs. 91 vuelta). De acuerdo con lo hasta aquí decidido, no es necesario expedirme sobre los demás agravios planteados por la parte defensista.

4. Voto en consecuencia por hacer lugar a la queja, hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad en cuanto al agravio que afectó el principio de legalidad, revocar la sentencia que lo motivara y reenviar a la Cámara a sus efectos.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General, por mayoría, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de queja interpuesto.

2. Mandar que se registre, se notifique y oportunamente se remitan las actuaciones a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas.