marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Denegatoria del recurso, admisión del querellante, secuestro extorsivo, prueba, violencia de género
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrazzone, Rubén Ernesto c/  s/ recurso de casación reg. 1081/17
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-08-24

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido contra la confirmación de la denegatoria a la solicitud del pretenso querellante-esposo de la víctima- de ser tenido como parte si, habiéndose desestimado la primigenia imputación de secuestro extorsivo, a raíz de las pruebas arrimadas al expediente -el vínculo entre quien efectuara la llamada extorsiva y el pretenso querellante, el hallazgo de restos de sangre en el dormitorio y la ducha, los diversos testimonios relativos a los conflictos de la pareja-, no cabe descartar que el pretenso querellante hubiera tenido una activa participación en la desaparición de su esposa y/o encubrimiento.
Acuerdo preventivo, votación del acuerdo preventivo, AFIP, direcciones provinciales de rentas, crédito quirografario
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE SAN FRANCISCO LTDA. s/ CONCURSO PREVENTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-03-22

Los votos de la AFIP y Dirección General de Rentas Provincial integran la base de cómputos de mayorías previstas en la Ley de Concursos en lo relativo a la porción quirografaria, no siendo procedente su exclusión, pudiendo crearse una categoría especial para no afectar la solución preventiva, pues cualquier acreedor puede imponer al deudor concursado sus exigencias para votar afirmativamente, estando a la Resolución AFIP 970/01 y la Resolución del Ministerio de Finanzas 154/2005, que establecen las pautas que debe reunir la propuesta de acuerdo de pago de los créditos fiscales de carácter quirografario. (del voto en disidencia del Dr. Victor H. Peiretti)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, improcedencia del recurso, incidente de verificación, honorarios, verificación de créditos, prenda, moneda, depreciación monetaria
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: TRANSPORTADORA CORAL ARGENTINA  S.A. s/ HONORARIOS  - DEPRECIACION MONETARIA - JUSTICIA CONMUTATIVA - DERECHO  DE PROPIEDAD - PERITO CONTADOR - ARANCEL - INCIDENTE
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-17

No procede el recurso extraordinario si, al solicitar el ajuste del monto de los honorarios por depreciación monetaria, la recurrente perito contadora que intervino en un incidente de verificación de crédito prendario- no se hace cargo de la circunstancia de que la actualización de la suma consignada en la sentencia es sólo posible, pues está sujeta a las alternativas que incidirán en su liquidación final. Ello impide atender el argumento que resulta así meramente conjetural, máxime cuando la perito -si bien admite la aplicación supletoria de la ley 21.839-, no se refiere a las previsiones contenidas en su art. 47, tercer párrafo, sino que pretende un remedio actual para su agravio.
Beneficios previsionales, inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: Pennacchiotti , Horacio Adrián c/ ANSES s/ Prestaciones varias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-07-15

Corresponde rechazar el recurso interpuesto contra la sentencia de la anterior instancia que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 2, inc. c) de la ley 25.995. Ello así, toda vez que mediante el mismo se procura soslayar el cumplimiento de un requisito razonablemente impuesto para el acceso al beneficio (acreditar domicilio legal en un área de 200 Km. con centro en la ciudad de Sierra Grande, Pcia. de Río Negro), en consonancia con los fines que inspiraron el dictado de la ley de excepción que, como tal, ha de ser objeto de interpretación y aplicación restrictiva. (cfr. C.F.S.S., Sala III, en autos "Moreno, Melitón Antonio c/ A.N.Se.S s/ Inconstitucionalidades Varias", Expte. 7204/2010, Sent. 144904 de fecha 16.05.12). Por ello, no procede se otorgue el beneficio perseguido en autos a quien no cumple con todos los requisitos que establece la ley 25.995. (Disidencia del Dr. Fernández).
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, prueba del concubinato, deber de cohabitación
Materia: CONSTITUCIONAL-SEGURIDAD SOCIAL-CIVIL
Carátula: SANCHEZ, LILIANA EVANGELISTA c/ CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES y OTRO s/ RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION- COBRO DE PENSION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 322 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-06-01

Corresponde denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cuanto la impugnante no aporta en el memorial del recurso federal nuevos argumentos que demuestren que este Tribunal, al decidir declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido y convalidar la decisión de la Cámara en cuanto consideró que no hubo concubinato, lo hubiera hecho con una fundamentación rigorista en desmedro de garantías constitucionales.

En el caso, la Sala entendió que la cohabitación es un requisito imprescindible a la hora de perfilar el concubinato, con apoyo en doctrina, conforme a la cual "a pesar de las diferencias entre los autores respecto del grado de importancia de otros requisitos- todo indica que la convivencia (el vivir con) bajo un mismo techo está presupuesto en cualquier versión competente de lo que debe entenderse por concubinato" y que no era distinta la conclusión analizando los regímenes legales.

En tal sentido el artículo 53 de la ley 10.727 -que rige el asunto- acuerda el beneficio de pensión a la "conviviente", y trató el planteo de la compareciente consistente en que la exigencia de cohabitación en sentido típico constituye un exceso formalista que debía ceder frent e la modernidad de los hábitos, considerando ademas, que resultaba singular la postura esgrimida al demandar de la recurrente, que entendía que existía convivencia cuando la misma acontecía en tres domicilios y "con acento los fines de semana", juzgando que las razones esgrimidas -enfermedad de un hijo- no justificaban la prescindencia de la comunidad de domicilio.
Impuestos provinciales, Impuesto de sellos, pagaré
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Esmitalte, Gladys Mabel c/ Karlen, Vanesa Lorena s/ cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-10-27

Corresponde tributar el impuesto de sellos establecido en el art. 253 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires en relación a un pagaré librado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos efectos se producen en ésta provincia, dado que no ha sido demostrado el pago del tributo en la jurisdicción de origen.
Corretaje, comisión del corredor, teoría de la frustración
Materia: COMERCIAL
Carátula: MARTIN LLAURO  S.A.  INMOBILIARIA Y FINANCIERA c/ CHRISTOFERSEN Y NOWODWORSKI s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-02

En caso de frustración del negocio y su posterior conclusión, sin la intervención del corredor originario, el obligado a resarcir los perjuicios causados - esto es la doble comisión a la que se refiere el CCOM 111 párr.1 -, es el contratante culpable, es decir, el que provocó u ocasionó el fracaso del negocio o separó arbitrariamente al corredor para luego concluir la negociación por sí mismo o con intervención de otra persona.
Delitos contra el honor, ofensa en telegrama, sentencia absolutoria, nulidad de sentencia, falsa denuncia
Materia: PENAL
Carátula: PEREZ, O. s/ NULIDAD SENTENCIA. CALUMNIAS E INJURIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-13

1) Es nula la sentencia que absuelve al querellado de los delitos de calumnias e injurias por los que fuera acusado, por entender que las ofensas son las mismas que constituyeron la promoción de otra causa por estafa y que concluyó con sobreseimiento definitivo; ya que los telegramas que la querella consideró injuriosos y calumniosos son preexistentes a la formulación de la otra querella y el único nexo que puede advertirse es la referencia que se realiza respecto de la existencia de telegramas remitidos entre las partes.

2) O sea que la acción no es la misma, pues muy distinto resulta enviar telegramas, que acudir ante la autoridad a promover querella, tanto más cuando media tiempo entre ambas acciones y que cuando el ahora querellado la formuló estaba anoticiado de la promoción de la acción privada que origina esta.

3) Aún cuando pudiera corresponder investigar el posible delito de querella calumniosa, ello no puede determinar que quede sin juzgamiento una acción distinta de la que configuraría eventualmente este ilícito, preexistente en el tiempo.
Locación, locatario, locador, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: LIPCEN, FELIPE Y OTRA c/ VIOLA, LUIS RAMON s/ DESALOJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-12-22

Las partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad y la libertad de las convenciones (art. 1137 del Código civil), han estipulado la obligación del locatario de efectuar determinadas mejoras en la cosa arrendada, sin la obligación del locador de reembolsar su importe. En realidad, si todo ello significa un enriquecimiento para el locador, tal circunstancia debió preverse por el locatario. Además, no puede calificarse tal beneficio como un enriquecimiento sin causa, puesto que la causa radica justamente en el contrato celebrado. El locatario insiste en que lo que debe pagársele es el importe de aquellas mejoras que excedieron la superficie convenida en el contrato; los cuales fueron realizadas con el consentimiento tácito del locador. Al respecto tampoco puede reclamarse el pago de dicho excedente, ya que en el contrato se estipuló que quedarían a beneficio del propietario. Por otro lado, nuestra ley tampoco le concede derecho alguno. Seg un lo dispuesto por el art. 1539 del Código civil, cuando la locación concluye sin culpa de las partes. Por ultimo, con respecto a los principios sobre edificación en fundo ajeno -arts. 2587 a 2590 del Código civil - no pueden ser invocados ya que, los mismos se aplican solamente al que detenta un inmueble "animus dominis" y no a quien procede en virtud de un contrato celebrado con el dueño, como el locatario.
Pacto de San José de Costa Rica, sistema interamericano de Derechos Humanos, obligaciones del Estado miembro
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Tyrone Dacosta Cadogan s/ solicitud de medidas provisionales respecto del Estado de Barbados - Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2008-12-02

Conforme el artículo 1.1 de la Convención Americana, es deber de los Estados Parte el respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, garantizando su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, obligación que debe extremarse aún más respecto de quienes se encuentren involucrados en procesos iniciados ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos
Marcas, registro de marca, dominio web
Materia: COMERCIAL
Carátula: MISSONI SPA c/ FILATO SRL s/ MEDIDAS CAUTELARES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-19

La mera titularidad de una marca no determina per se el derecho sobre un nombre de dominio que coincida con esa designación, ello deberá ser confrontado con el interés legitimo del titular del dominio invocado, en el marco amplio de debate de un proceso de conocimiento, dadas las circunstancias particulares que surgen de la causa.
Derechos personalísimos, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: ANZOATEGUI IGNACIO B. Y OTRO c/ EDITORIAL PERFIL  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - DERECHO A LA INTIMIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-05

El art. 1071 bis del Código Civil se refiere en forma general a la intromisión en la vida ajena, publicando retratos, correspondencia o turbando de cualquier forma la intimidad, es decir que carece de trascendencia la intención injuriante, porque la norma aludida busca primeramente resguardar ese derecho personalísimo de la tranquilidad del individuo y de su familia, el respeto de sus ideas o de sus principios religiosos, sin tener en cuenta el propósito con el cual se lo cercenase. No es justificada la argumentación de no ser el accionante la figura central del artículo publicado, dado que el fin de la norma se vería desvirtuado de requerirse que el damnificado fuera el protagonista de la nota.

Aplicando "a contrario sensu" la definición del art. 898 del Código Civil resulta claro que el proceder de la accionada en contra de la disposición legal, art. 1071 bis del código citado constituye un hecho ilícito, aún cuando no llegara a configurar un delito penal, ni que tampoco se hubieran seguido procesos contra la accionada por exhibiciones obscenas.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, honorarios, juicio de apremio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: VORCHHEIMER, SILVIA DEMANDADO: ESCOLA, RICARDO#NUMERO_INTERNO: AST220P323 s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-APREMIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 562 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-07-04

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que el recurrente no logra demostrar que los sentenciantes hubieran desbordado los límites interpretativos que el ordenamiento les brindaba al sostener que la normativa procesal civil que prevé la procedencia del apremio contra los "deudores de costas judiciales" (artículo 507, C.P.C. y C.) emplea una expresión que comprende 'a cualquier sujeto' que reúna tal calidad, no requiriendo como presupuesto necesario la condena en costas. Y así, con apoyo en diversa jurisprudencia sentada en torno al derecho del perito a reclamar honorarios a las partes y su relación con el régimen de costas, afirmar que el título ejecutivo hábil lo constituye la regulación de honorarios independientemente de cuál ha sido la imposición causídica.
Acción de inconstitucionalidad, impuestos, contribuyentes
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Pradier, María Luisa. s/ Demanda de Declaración de Inconstitucionalidad de la Ley Nº 3201.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1998-04-01

Las razones de solidaridad que han tenido en cuenta al sancionar la Ley 3201, interesan por igual a todos los habitantes de la Provincia. Resulta innegable que la Ley pueda diferenciar categorías de contribuyentes, pero no se advierte cómo, sin desconocimiento del ordenamiento jurídico y el programa constitucional cuyas normas se identificaron, puede derivarse la discriminación arbitraria; la exclusión de empleadores privados o con las municipalidades.

La alteración importa violación al principio de generalidad incito en el art. 16 y 28 de la Constitución Nacional y 71 de la Constitución Provincial, e irrazonabilidad del medio elegido en materia de emergencia.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, contratos, depreciación monetaria, inflación, teoría de la imprevisión
Materia: CIVIL
Carátula: Basso Inmobiliaria c/ Maunelli, Daniel s/ Resolución de contrato. Cuestión a resolver: Las medidas económico  Financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible  Y Extraordinario que posibilita aplicar la Teoría de la Imprevisión?  (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

Aún Alberto Juan Pardo -que cree advertir un error de concepto en quienes sostienen que si la depreciación monetaria asume un grado tal de gravedad que escapa a toda previsión, el envilecimiento monetario obliga a considerar el hecho como supuesto de la teoría de la imprevisión- admite sin embargo que la desvalorización puede ser presupuesto para la revisión del contrato, en los casos en que no responda a leyes económicas y signifique medidas excepcionales de gobierno, con fines político- económicos generales. En tal caso, la causa origen de la excesiva onerosidad es el hecho del gobernante, excepcional y general, ajeno a las partes -características de la fuerza mayor- que trae como consecuencias un disloque contractual excesivo. (Del Voto del Dr. Elena). En el caso, la cuestión a resolver era si las medidas económico- financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible y extraordinario que posibilita aplicar la teoría de la imprevisión?
Tribunales de instancia única, recurso extraordinario, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: IOSSA, ROGELIO ANGEL c/ RENSI, JOSE MARIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE   INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 723-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-05-19

Si bien el Código Procesal no lo "impone", tal como intempestivamente lo establece para la Corte la ley 7055 en el recurso de inconstitucionalidad, la Cámara puede volver a revisar el juicio de admisibilidad que emitiera en oportunidad de admitir la queja.
Fuerzas Armadas, retiro militar
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cuzzoni, Siro c/ Estado Nacional (Estado Mayor General de la Armada) s/ cobro de haberes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

El uso de las facultades del Comando en Jefe de la Armada mediante el dictado de la resolución 455/84 "R" fijando el procedimiento para la restitución de la antigüedad debida del personal a su cargo no implicó en modo alguno el compromiso de promover a quien no cumplía con los requisitos mínimos exigidos por estar en situación de retiro.
Tutela sindical, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Arcos, Tomás Ariel y otros c/ Minera Sierra Grande S.A.MCC s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2022-02-14

Si se analizan las previsiones de la Ley 23551, en particular la tutela sindical específica del art. 52 y las causales de exclusión de aquélla, previstas en su art. 51, podemos decir que la interpretación que se impone al respecto será la que nos lleve a guardar debida proporción con las circunstancias que las motivan, es decir, en el sentido de que deben responder a una finalidad constitucional de bien común que, por tanto, no se funden meramente en una concepción individual o grupal, sino en aquella que se basa en el texto constitucional y cuya finalidad será la vigencia de la libertad y de la dignidad humana. (Voto del Dr. Ceci sin disidencia)
CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, penas contravencionales, finalidad de la pena
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires c/ M, C. y V, A s/ artículo 72 artículo 72
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-03-19

Como modo de condena en todo derecho de naturaleza penal (como lo es el contravencional), es deseable que la pena tenga como norte un criterio de utilidad, ya sea si este fin consiste en la intimidación en la generalidad, es decir, en inhibir los impulsos delictivos de autores potencialmente indeterminados o si sólo consiste en obrar sobre el autor del hecho ilícito cometido para que no reitere la conducta (estos son, básicamente, criterios de prevención general y especial, respectivamente). A los efectos de encausar el fin mismo de la pena, debe tenerse en cuenta que tanto la prevención general y especial deben coexistir como finalidades de ella, pudiendo el hecho punible ser evitado tanto mediante la influencia sobre la generalidad como sobre el individuo, con lo que ambos instrumentos se subordinarían a una razón última.(Del voto de los Dres. Lucangioli y Dessanti)
Recurso extraordinario, cuestión federal, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Ruíz, Roque A. s/ HURTOS REITERADOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

Existe cuestión federal bastante para la apertura de la instancia prevista en el art. 14 de la ley 48, si la sustancia del planteo conduce en definitiva a determinar el alcance de la garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo.
Municipalidad, recurso de apelación (administrativo), derecho de opción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cooperativa Falucho de Viviendas Ltda. c/ Municipalidad de Rada Tilly s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1996-09-19

Es la protección del derecho común la que admite la opción del art.

131 de la Ley 3098, aún cuando se la estimare de materialidad contenciosa.
Recurso de casación, contrato de trabajo de temporada, principio de congruencia
Materia: PROCESAL LABORAL
Carátula: Díaz, Víctor Edgardo c/ M. Fernandez y Cía. S.A. s/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-08-23

Aplica erróneamente el art. 98 LCT, así como los arts. 4 y 7 CCT 1/76, la sentencia que entiende que al no haberse puesto el trabajador de temporada a las órdenes de la empresa en tiempo oportuno su presentación posterior no obliga al empleador, cuando como en el caso- la defensa esgrimida por la demandada se circunscribió a sostener que el trabajador no fue convocado porque no era necesario y que no se incorporó a ninguna persona de menor antigüedad -de lo colectado por el grado quedó demostrado lo contrario- pero en ningún momento intentó probar o tan siquiera manifestó que el actor se puso a su disposición extemporáneamente.
Recurso contencioso administrativo, resolución ministerial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Restelli Agustín Carlos c/ Estado Provincial de Misiones s/ Recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1986-04-03

Las resoluciones dictadas por los Ministerios no son actos administrativos que revistan el carácter de definitivas, por no provenir de la más alta jerarquía administrativa provincial, en ejercicio de una competencia que le es propia, o sea del titular del Poder Ejecutivo.
Martillero, corredor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braun, Rosana Lilian s/ Martillero y corredor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Los arts. 88 inc. 1 del Código de Comercio, y 1 inc. "c" de la ley de facto 20666 conculcan facultades propias de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto a su administración de justicia, que en manera alguna ha delegado al gobierno federal. En el caso dos normas nacionales deciden sobre la competencia de tribunales provinciales, atribuyéndoles determinado "conocimiento" en materia que, para remate, no es jurisdiccional; se contradice, de tal manera, el texto y el espíritu de los arts. 1, 5, 28, 31 75 incs. 12, 20 y 30, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. No resulta ello modificado por la remisión genérica que efectúan a aquellas normas nacionales cuestionadas, algunas disposiciones provinciales (así: arts. 99, ley 5827 t.o.; 1 inc. "a", y 5 incs. "b" y "g", ley 10973), porque esa suerte de delegación o renuncia es írrita, al conculcar derechos propios del Estado Provincial y estar referidas a un acto ya viciado de inconstitucionalidad: "de nihilo nihil" (arts. antes citados y 3 de la Const. Prov.; doctrina arts. 18, 19, 21, 872 y 1044 del Cód.

Civil).