Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-09-30


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 30 de 2008.

Y VISTOS: el recurso de apelación deducido contra la resolución de fs. 132/132 vta. por el Estado Nacional (ver fs. 138/138 vta., fundamentación de fs. 145/150 vta. y cuyo traslado fue contestado a fs. 181/182 vta.) y CONSIDERANDO:

I. Mediante la resolución del 21 de febrero de 2007 el señor Juez de primera instancia admitió la pretensión de Kaleu Kaleu S.A. disponiendo el embargo e interdicción de salida del buque pesquero congelador "Marcala IV" -matrícula nacional 0351- hasta cubrir la suma de 2.497.197,26 con más la de $ 500.000 para responder a intereses y costas (fs. 51/52).

A fs. 94/121 Marcala S.A. -propietaria del buque- pidió el levantamiento de la interdicción de navegar decretada alegando la conclusión de la temporada 2007 de pesca del calamar y la necesidad de llevar a cabo tareas de reparación del buque. Corrido el traslado pertinente, la acreedora beneficiaria de las medidas se opuso al levantamiento de la interdicción y, además, pidió que se trabara embargo sobre el permiso de pesca otorgado al buque (fs. 131).

El señor Juez de primera instancia rechazó la pretensión de Marcala S.A. y admitió la de Kaleu Kaleu S.A. mas ordenando la indisponibilidad del permiso de pesca aludido (fs. 132/132 vta.).

La resolución fue apelada por la apoderada del Estado Nacional -Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía- (fs. 138/138 vta., auto de fs. 139 y memorial de fs. 145/150).

La recurrente afirma que la indisponibilidad del permiso de pesca le fue notificada el 22/11/07, esto es, un día después de que él dejara de existir por decisión del Consejo Federal Pesquero. Alega que la concesión de la cautelar le causa gravamen porque le impide cumplir con la instrucción de dicho Consejo "en resguardo de derechos adquiridos de terceros" (fs. 145, punto 1, tercer párrafo).

Corrido el pertinente traslado (fs. 150 vta.), la actora no contestó solicitando el rechazo del recurso por entender, en suma, que el Estado Nacional no era parte y que carecía de interés legítimo (fs. 181/182 vta.).

II. La primera cuestión a dilucidar radica en discernir si la resolución de fs. 132/132 vta. le causa al Estado Nacional un gravamen susceptible de ser reparado por vía de apelación.

A ese efecto cabe consignar que dicha decisión fue adoptada en el marco de una disputa entre particulares. Por un lado, Kaleu-Kaleu S.A. solicitó las medidas cautelares indicadas teniendo en miras promover una demanda arbitral contra su deudora, Marcala S.A., que está concursada (v.gr. fs. 43/43 vta. y fs. 284/286); por el otro, esta última pretendió el levantamiento de las precautorias invocando las razones ya señaladas. A fs. 128 la síndico del concurso dio cuenta de que había cesado su intervención.

La situación de hecho tenida en cuenta por el magistrado fue la existente al tiempo del dictado de la providencia, esto es, el 16 de noviembre de 2007 (fs. 132 cit.).

Lo apuntado en los dos párrafos anteriores permite concluir que el señor Juez de de grado no decidió -expresa ni implícitamente- sobre las atribuciones del Consejo Federal Pesquero (CFP) ni de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca (SAGP y A). La explicación de que ninguno de esos organismos haya sido parte en el proceso se debe, precisamente, a que ni la zona de reserva de la Administración (ver memorial, fs. 148 vta.) ni el alcance y ejecución de las funciones previstas en la ley 24.922 -Ley Federal de Pesca- (fs. 146) integraron la controversia (art. 163, incisos 3º, 4º y 6º del Código Procesal). En cuanto a la decisión del CFP de instruir a la autoridad de aplicación para que tramitase la extinción del permiso de pesca del buque Marcala IV -que según la recurrente habría adoptado el organismo un día antes de ser notificado de la medida (ver fs. 145/145 vta.)-, no consta en autos que haya sido conocida por el a quo a la fecha de la sentencia (art. 163, inc. 6º, segundo párrafo, del Código Procesal). Tampoco fue parte del debate la interpretación y aplicación del artículo 28 de la ley 24.922 que establece la caducidad de los permisos de pesca que hubieran permanecido sin operar durante ciento ochenta días consecutivos (ver copia del Acta del CFP, en especial, fs. 154). Por lo tanto, no cabe concluir que la resolución apelada importe otra cosa que la prohibición de transferir el permiso a terceros, sin desmedro de las funciones ejercidas por la recurrente (ver presentación de fs. 284/287).

Las razones expuestas llevan a responder negativamente el interrogante planteado en el primer párrafo de este considerando, lo que no obsta a que el apelante le informe al señor Juez de primera instancia las circunstancias que, a su entender, impiden el cumplimiento de la cautelar acreditándolas debidamente.

Por ello, SE RESUELVE: declarar formalmente inadmisible el recurso de apelación deducido a fs. 138/138 vta. y fundado a fs. 145/150. Las costas se distribuyen por su orden debido a que la novedad y complejidad del caso pudieron llevar al Estado Nacional a creerse con derecho para apelar (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. -Ricardo Gustavo Recondo. -Graciela Medina. -Guillermo Alberto Antelo.