Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2013-02-14


RAWSON, 14 de Febrero de 2013.- ------ VISTOS: ----------------------------------- ------ Estos autos caratulados: "D., N. M. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa" (Expte. Nº 22.829 - D- 2012).-------------- ------ DE LOS QUE RESULTA: ----------- ------ 1.- Que a fs. 69/89 y vta. la Sra. N. M. D., en su carácter de acreedora de la S. A. F. de E. - S.- promueve la acción pauliana prevista en el art. 961° del Código Civil, "en defensa de los intereses de su deudora, que constituyen los suyos", para que la demandada cumpla con las obligaciones que -según afirma- derivan de varios actos administrativos "cuya calificación, operatividad y vigencia se analizarán.". Señala que con esta acción "busca" que el Decreto N° 1349/02 sea declarado nulo e ineficaz y que "la obligación establecida entre ambos sea cumplida, siendo esta acción una garantía que consigna la norma, frente actos fraudulentos que lesionaron derechos patrimoniales" (fs. 69), aclarando que deduce "acción contencioso administrativa de nulidad contra la Provincia del Chubut. a fin de que VE ///disponga la nulidad del decreto 1349/02 y la plena vigencia del decreto .1205/77."(fs. 69 vta.).-------------------- ------ Manifiesta haber requerido, el 14 de septiembre del año en curso, por ante la Secretaría Legal y Técnica, la nulidad objeto de la presente acción, lo que no fue resuelto hasta la fecha de esta presentación y justifica la competencia de este Tribunal.------------------- ------ Expone que, como lo acredita con la copia del acta de remate que acompaña, en 1998 adquirió los derechos que tenía el Banco Provincia del Chubut contra S. en dos expedientes -detalla los autos- y además por cesión de derechos y acciones judiciales de crédito en los autos "W., J. H. c/S. s/ Ejecución de Honorarios (Expte. 265-F° 62- 1997) posee el carácter de acreedora mayoritaria absoluta de la empresa S.; "y por la participación accionaria de CORFO CHUBUT en el capital Social" (fs.70) conforme surge -dice- del Estatuto fundacional obrante en la Inspección General de Registro Público de Comercio que oportunamente se requerirá.------ ------ En el Apartado III. MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA pide con urgencia el dictado de la misma, consistente en la "suspensión ex nunc de los efectos jurídicos del acto administrativo decreto 1349/02 cuya nulidad se requiere en la presente demanda" (fs. 70). Justifica que ése es un "acto nacido viciado" porque es el resultado del ejercicio indebido de la Provincia, en la esfera de jurisdicción de la Municipalidad de El Hoyo, desde que las tierras donde se asientan los bosques pertenecen ///al dominio fiscal de la Comuna. Finca la incompetencia del Estado provincial para emitir el acto en crisis, afirmando que el único modo de neutralizar los efectos de dicho decreto es otorgar la medida solicitada para que queden a resguardo sus derechos como acreedora de S.--- ------ Aduce que la falta de declaración de lesividad resulta por sí sola presupuesto suficiente para la admisión de la cautelar requerida y considera demostrado el "fumus de bonis juris" que requiere el ordenamiento para la procedencia de la medida solicitada. Sostiene que la vigencia del Decreto opugnado importa la "explotación de bosques privados por la demandada" mencionando que esa situación se lleva a cabo al día de la fecha. Estima que de continuarse hasta la sentencia "convertiría en nula dicha.sentencia, porque no habrá más bosques para ser explotados por quien resulte en definitiva ser su propietario" (fs. 70 vta.). Ofrece contracautela personal.-------------- ------ Relata que el acto administrativo atacado ha generado "una secuencia ininterrumpida de acciones dañosas" al patrimonio de S. y consecuentemente a sus derechos. Señala que desde que tomó posesión de las 144 has. la Dirección General de Bosques y Parques de la Provincia, vienen siendo explotadas con la autorización de ésta por terceros que cortan rollizos, considerando que ello refuerza el "periculum in mora" reiterando que de continuarse ya no habrá más ///árboles. Entiende acreditada la verosimilitud del derecho de propiedad conforme la Ley I N° 157 explicando que es la que pretende asegurar con la medida solicitada.---------------------- ------ Sintetiza que "no existe otro modo de realizar el derecho que .reclama, que disponer "ut initio" en forma provisoria, el congelamiento, la suspensión inmediata de los efectos del decreto 1349/02, en función de mantener el estado de cosas preexistente, creado por Decreto 1205/77, y su modificatorio N° 1115/87 a través del dictado urgente de la medida cautelar que se peticiona, que asegure la restitución inmediata post sentencia de los bienes de propiedad de S. a su accionaria mayoritaria .D., ilegítimamente apropiados por .la Provincia., ya que desde la incautación de sus bosques privados, la empresa no ha podido cumplir con su objeto social, que es la industrialización y comercialización de su propio patrimonio.sus propias forestaciones artificiales.no ha podido-desde noviembre de 2002- trabajar ni dar trabajo; tiene todo su patrimonio incautado, apropiado.por la Provincia del Chubut.la medida cautelar debe privar de efectos al decreto 1349/02." (fs. 70vta/71 - la negrita se añade).------------- ------ Insiste en que la cautela solicitada debe "privar de efectos al decreto" cuestionado y restablecer la validez de los anteriores, alegando que afecta "groseramente" el derecho de propiedad. Interpreta que significó "legislar para atrás, privando de efectos jurídicos a una transacción entre partes, llevada a cabo con todas las formalidades de ley, con los efectos de una novación de los derechos involucrados." (fs. 71). Afirma ///que los arts. 9°, 10°, 12°, 20° y 21° de la Constitución Provincial otorgan sustento jurídico a la medida requerida y los transcribe.--------- ------ Solicita se cite como Tercero a la Municipalidad de El Hoyo señalando que el Decreto que impugna, al hacer caducar los derechos de adjudicación en venta sobre *** has. ** a. ** cas. ubicadas en la Sección X-III, Fracción X, Lote ** legua del Departamento Cushamen, deja a la Comuna sin disponibilidad de su propia tierra fiscal y de los bosques municipales allí plantados.-------- ------ Reseña la "historia de S." (fs. 71 vta./72 y vta.) y analiza la "estructura legal del decreto". Aduce que fue dictado inaudita parte, porque S. no tuvo acceso al procedimiento previo ni fue notificada como manda la ley. Y más allá de la indivisión -afirma- la demandada debió comunicar las decisiones que tomaba respecto de "una porción de sus propiedades". Destaca que el Dto. N° 1349/02 es un acto jurídico unilateral, realizado en un procedimiento exclusivo y excluyente donde no se tuvo en cuenta -arguye- los derechos subjetivos que S. poseía respecto de la propiedad de los bosques, impidiéndole ejercer su derecho de defensa en juicio; acusa que la Provincia "produjo voluntariamente una afectación al principio de igualdad procesal y de la regular constitución del proceso administrativo, en franco desmedro de la defensa de esta parte." (fs. 73).--------------------------------------- ///--- Resume que lo "grave e irreparable" es que todo ocurrió sin que la Provincia hubiera dado cumplimiento al inevitable proceso de la acción de lesividad, lo que fulmina -colige- el acto administrativo opugnado. Subraya que con los Dtos. N° 1205/77 y su modificatorio (N° 1115/87) se otorgó la adjudicación en venta a la firma S., ello acredita -justifica- que era propietaria titular de las forestaciones de pinos que artificialmente implantó en el área adjudicada. Sostiene que "este derecho instituido originalmente, respetado integralmente durante casi veinticinco años, hasta octubre/2002 fue reconocido nuevamente por la Justicia, al adquirir.los créditos en pública subasta, que hoy la respaldan como actora de la presente demanda" (fs. 73 vta.).---------------------------------- ------ Transcribe D. la parte resolutiva del Decreto cuestionado y esgrime que anula una adjudicación otorgada por el Estado provincial cuando, a tenor de lo dispuesto en los arts. 102° y 105° de la Constitución Provincial sólo podía conceder la explotación de sus bosques nativos. Reitera que en aquél entonces "el uso de las tierras fiscales municipales" estaban a cargo del IAC y sólo pudo la Provincia -señala- conceder el uso de ellas, porque los municipios carecían de capacidad operativa para administrarlas y no habían dictado las Ordenanzas para su manejo, lo que ocurrió -refiere- en la de El Hoyo en 1988 con posterioridad a la Ley N° 2855 (esto es, DJ XVI N° 41). Indica que si la Provincia revocara sus concesiones, subsistiría la propiedad de los árboles sembrados, plantados y forestados porque "NO ES DUEÑA DE LO PLANTADO ARTIFICIALMENTE" (fs. 74) de conformidad -funda- con el art. 5° ///de la Ley N° 264 (esto es, DJ IX N° 2). Y acusa que la Dirección General de Bosques y Parques "toma para sí la posesión de las parcelas forestadas artificialmente por la empresa, que constituyen su propiedad privada ejercitando una especie de juris dictio de la que carece absolutamente. .se apropia ilegalmente de todas las plantaciones de S."(fs. 74 vta.).-- ------ Cuenta la accionante que "se la convenció" que al adquirir los derechos que ejercitaba el Estado provincial por su Banco, éste "no iba a poder, no tendría derecho a quitarle o anularle los derechos procesalmente adquiridos en juicio.porque el Estado era UNO SOLO, aunque actuara a través de sus diversos organismos. Los hechos posteriores vienen a demostrar que esto no es así.el Estado provincial revoca la adjudicación de un bien que formaba parte de una garantía sobre un crédito que el mismo Estado había otorgado; y que una vez pagada por un tercero esa garantía es desobligado el Estado (por su Banco propio) el tercero pagador carece de ningún derecho.mediante decreto 1349/02 el Poder Ejecutivo Provincial revoca la adjudicación a S. privando a .(D.).del cobro de .legítimas acreencias. El dictado de dicho decreto tiene los rasgos propios de una clara maniobra fraudulenta.se trata de una expropiación.carente de los mecanismos legales previstos a tal fin. Se ha violado .derecho de propiedad, .el de trabajar y ejercer industria lícita conf. arts. 14°, 14° bis y 16° de la Constitución Nacional" (fs. 75).--------------- ///--- Describe que su situación se circunscribía a una relación de cesionaria y adquirente de derechos respecto del Banco de la Provincia del Chubut y con los titulares de S., agraviándose de haber descubierto que en el predio adquirido existía una "escuela y un cementerio" y el Poder Ejecutivo lo que hizo -comenta- fue demandar al propio Banco de la Provincia y a quien ahora acciona individualmente como socia de la firma L. SRL en autos "Provincia del Chubut c/ L. SRL s/Prescripción Adquisitiva (Expte. 1640, año 1999 -P), asegurando que con la firma del decreto impugnado "cerró el círculo y se quedó con todo y no debe nada a nadie, ni tiene responsabilidad alguna" (fs. 75 vta.). Dice además, que este modo utilizado por el Estado para insolventar a S. la perjudica como cesionaria de créditos en los autos "W., J. c/S. s/Ejec de Honorarios.".----------------------------------- ------ Considera D. como "más gravosa.la situación en que la Administración." la colocó en las actuaciones previas a la emanación del acto, donde -según sostiene- la privó de la garantía del debido proceso legal, del derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una decisión fundada, porque "nada de ello se ha cumplido". Afirma que, a través de la revocación de las concesiones y decretos anteriores que reconocieron a S. derechos subjetivos como la propiedad de las forestaciones que implantó y que fueron objeto de comercialización durante muchos años, los actos revocados "poseían las atribuciones y características de la cosa juzgada administrativa" (fs. 76). Transcribe el voto del Dr. Torrejón en el fallo "K." para abonar su postura (fs. ///76/77) y concluye que las situaciones son similares, añadiendo que ni S. ni la ahora actora fueron anoticiados por la Provincia de que se encontraba en trámite un procedimiento en el que estaba en juego la propiedad de los bosques artificialmente plantados desde 1969. De ello deriva que "al decreto 1349/02 le corresponden. las definiciones y conclusiones" del fallo mencionado.---------- ------ Precisa que no es necesario establecer quién es el propietario de la tierra sino a quién le corresponden las forestaciones, el "dominio útil" o "desmembrado" para aseverar que pertenecen al "plantador" sea de quien fuere la propiedad de la tierra fiscal" (fs. 77 vta.), sistema previsto -agrega- en la Ley Nacional N° 25580 a la que adhirió nuestra Provincia. Manifiesta que lo único que esa norma declara intransferible es la concesión referida a los bosques nativos. Acusa que el decreto en crisis es un acto unilateral del Poder Ejecutivo decidido sin intervención ni participación en el proceso previo que revoca de oficio -sostiene- un derecho legítimamente adquirido, permitiendo a través de la Dirección de Bosques y Parques -completa- la apropiación indebida de los bienes privados de S., sin haber cumplido con los mecanismos obligatorios previstos en la Ley N° 920 (esto es, DJ I N° 18).----- ------ En el Capítulo 5. "OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA. SINTESIS DEL CASO" resume que "el decreto ///impugnado. implica la resolución del Poder Ejecutivo de cuestiones constitucionales de contenido civil: se trata de la anulación de un derecho de propiedad reconocido y otorgado por el mismo Estado, que no puede ser suprimido por vía de la acción administrativa.; es una circunstancia que demuestra que el Poder Ejecutivo. ha actuado careciendo de la competencia necesaria para ello, invadiendo la esfera de atribuciones de otro Poder del Estado. .cuando el Poder Ejecutivo excede. la órbita de sus atribuciones. se impone el contralor inmediato y urgente del Poder Judicial y el dictado de una medida cautelar.que suspenda la afectación sobre esa propiedad." "La Administración en ningún momento notificó .a la empresa la realización de los actos de instrucción que la involucraran.para que .pudiera efectuar un descargo." (fs. 78 y vta.).----------------------------- ------ Seguidamente, narra D. su "historia" desde su radicación en "la Comarca" (fs. 79/80), cómo adquirió los créditos que el Banco de la Provincia y letrados tenían contra S., detalla las fechas y los instrumentos en las que constan las cesiones de derechos y acciones y haber solicitado embargo sobre los que a S. le correspondieran por su carácter de adjudicatario en venta sobre el inmueble de origen fiscal con una superficie de ***has. ** a. y ** cas., individualizado como "Fracción X, Sección X-III parte de la legua a, Lote **" paraje de Puerto Patriada por la suma de $ 573.845,43.- Expone que se trabó el embargo, realizó un plan de manejo de Puerto Patriada y cuando se disponía a ejecutar el embargo, el Decreto cuestionado "revoca tal adjudicación, privándome del cobro de mis acreencias ///por la vía de dejar sin patrimonio a la sociedad que era deudora de mi parte." (fs. 80).---------------------------------- ------ Alega además que el Decreto en crisis es la consecuencia directa de una serie de actos que configuran una conducta ilegítima de los órganos del Estado de los que no hay razón por la que deba responder y ser víctima. Cuenta que el Banco de la Provincia tomó como garantía de un crédito un bien que posteriormente subastó y adquirió quien ahora acciona, cuestionando que no entiende la conducta antijurídica y explica ".el Banco.al disponer el remate de una escuela y un cementerio para que los abogados del banco.perciban los honorarios que le debieron terceros.son groseras desprolijidades.que al producir un daño cierto y concreto corresponde la obligación de responder y resarcir." (fs. 80 vta.). Destaca que estas conductas no son casuales o involuntarias sino -arguye- perfectamente coordinadas en un "doble juego", la entidad financiera cede a D. un crédito en ejecución que tenía contra S., empresa en cuyo patrimonio se encontraban las *** has. "adjudicadas en venta" y, cuando la ahora actora traba embargo sobre ese predio -esgrime- ".resurge el Estado Provincial y revoca aquella adjudicación firme, privándola del cobro de sus acreencias. al revocarse arbitrariamente los derechos de S. A. F. E., fue la actora la principal damnificada, porque ha visto injustamente disminuido el patrimonio de su deudor, para responder al crédito" (fs. 80 vta./81).----------- ///--- Asimismo, expone que el "procedimiento para la adjudicación de una tierra fiscal" contemplado en la Ley I N° 157 distingue la "precarización" del concepto de "adjudicación en venta" y opina que después de 24 años de trabajo y cuando a S. "no le quedaba otra cosa que las forestaciones artificiales" la Provincia se apropia de todas las de esta naturaleza implantadas por y de propiedad de la empresa nombrada. Realiza (fs. 82 vta./83 vta.) una breve reseña de la propiedad de los bosques y lo relaciona con la situación de S. e insiste en marcar que se trataría de una "confiscación encubierta sustentada en caducidad", reiterando consideraciones esgrimidas antes para sustentar su postura (fs. 84/85 vta.).---------------------------------------- ------ Ofrece prueba documental e informativa, hace "reserva de las cuestiones constitucionales" y realiza petitorio de estilo.------------------------- ------ 2.- A fs. 91 se giran los presentes a dictamen del Sr. Procurador General quien se expide a fs. 92/93. Relata los antecedentes de hecho de la causa y cita precedentes de esta Sala referidos a las cautelas innovativas como la que se pide. Opina que no se presentan en autos los supuestos que la medida de excepción requiere, atendiendo que la decisión administrativa cuya suspensión se solicita fue dictada hace más de diez años, razón por la cual -aprecia- no se verifica el peligro en la demora. Agrega que se trata de un Decreto del Poder Ejecutivo con apariencia de legalidad, controvierte la referencia de la actora cuando sostiene que importaría una "revocación por vicios" reputándola una "caducidad por incumplimiento" y subraya que ambos institutos ///difieren notoriamente. Estima que con los elementos aportados no es posible advertir verosimilitud en el derecho de la pretensión actoral nulificante y aconseja se rechace la cautelar peticionada.------------------- ------ CONSIDERANDO: ------------------- ------ I.- Que la tutela que se solicita es de índole innovativa y, "dentro de las tutelas cautelares o urgentes, la medida cautelar positiva, innovativa o anticipatoria es en todo caso una decisión excepcional porque altera el estado de hecho y derecho existente al tiempo de su dictado, y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que exige una mayor prudencia en los recaudos que hacen a su admisión" (conf. CSJN, Fallos: 316:1833; 320:1663, 325:2347; 326:3729; LLonline AR/JUR/6554/2003; 5369/2004, 18/2006, 3558/2006, 5662/2006, 16928/2008; 30285/2009; STCH SI Nº 5 y 40/SCA/02, 20, 35, 36, 41, 42, 46/SCA/11, 3/SCA/12, entre otras).------- ------ Que para analizar la procedencia del otorgamiento de la cautela requerida, ha de recordarse la doctrina sentada por este Cuerpo, en concordancia con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que las medidas cautelares no pueden aplicarse automáticamente para suspender los actos administrativos en virtud de la presunción de legitimidad de la que gozan, sin perjuicio de lo cual su procedencia es ///aceptada excepcionalmente, previa acreditación y valoración de los requisitos que la condicionan (SCJN Fallos: 250:154, 251:336; 307:1702; LL 1993-B-264, 1993 -E-629; STJCH S.I. N° 11/94, 104/SCA/01, 18 , 56/SCA/08 y 54/SCA/12).------------------------------------ ------ Que esta Sala, en diversos fallos ha prevenido que la doctrina ha expuesto cuáles han de ser en el caso tales recaudos. Siguiendo a PEYRANO, quien se ha dedicado en particular al estudio de la medida innovativa, ha explicado que "si el lesionado postula una medida innovativa debe acreditar la concurrencia del riesgo de que se consume en su detrimento un "perjuicio irreparable", presupuesto éste ineludible (Conc.: "El proceso atípico", PEYRANO - CHIAPPINI, Ed. Universidad, parte segunda pág. 20/21)" (SI N° 72/SCA/11 y 3/SCA/12 y otras).------------------------------- ------ Que -siguiendo a este autor y la jurisprudencia de la Corte Nacional- se advertía que la procedencia del dictado de esta cautelar presupone la concurrencia de los tres requisitos comunes a toda cautela -fumus bonis iuris, periculum in mora y contracautela- y además debe estar presente éste antes referido, que le es propio y característico, tal la irreparabilidad del perjuicio (SI N° 14 y 38/SCA/01, 10/SCA/05, 20, 35, 36, 41, 42, 46/SCA/11, entre otras).-- ------ Que sumado a ello, como expone el Sr. Procurador, este Tribunal viene señalando "...falente la Provincia de Código en lo Contencioso Administrativo, se aplica -en lo que a la índole de la cautela requerida ///respecta- el art. 232° del Código Procesal Civil...en concordancia con el 234º (Ley XIII Nº 5),... siempre que el derecho fuere verosímil; que exista peligro de que si se mantuviera o alterara -en su caso- la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible... (SI Nº 63/SCA/05, 20, 35, 36, 41, 42, 46 y 72/SCA/11, entre otras). Ha señalado asimismo que "este tipo de medidas no exigen de los magistrados un análisis de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. El juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual se agota su virtualidad" (CS Fallos: 306:2060, 306:2060, 323:337; 349; MJJ42326), pero destacado que ello es así, sin perjuicio de la severa apreciación de las circunstancias del caso, y la suma prudencia con que deben habilitarse, si son innovaticias (CSJN Fallos 325:2367 -STCH- SI N° 81/SCA/98, 56/SCA/08, 20, 35, 36, 41, 42, 46 ,72/SCA/11 y 3/SCA/12, entre otras).------- ------ Que el peligro en la demora está vinculado a situaciones de perjuicio irreparables (CSJN Fallos 307:2267, LL 1985-A-46) derivados del transcurso de tiempo que el proceso genere, de tal modo que si se mantienen o no se alteran los efectos del acto, la sentencia a dictarse corre el riesgo de ser ilusoria. La tutela preventiva o justicia ///"provisional", tiende a "impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se quiere obtener a través de un proceso, pierda virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre su inicio y el dictado del pronunciamiento definitivo, intentando salvaguardar la efectividad del cumplimiento de la sentencia favorable" (CN Fed. Cont. Adm. Sala IV - 16/1/95, "Centro de Agrimensores de Entre Ríos..."; Sala II -11/3/97- "Establecimiento Vitivinícola Escorihuela..."; CS 11/6/96 "Milario...", 7/8/97 "Camacho Acosta..." - STCH S.I. N° 81/SCA/98 y 104/SCA/01).- A propósito de este recaudo "se valora especialmente que de las constancias de autos surja el perjuicio inminente e irreparable, ya que cuando se advierte tal situación se declara la procedencia de esta medida" (CN Fed. Cont. Adm. Sala II, ED-65-410).-------------------------------------- ------ II.- En este orden, es claro que en el caso, no se cumplen los presupuestos indicados.------------------------ ------ La verosimilitud del derecho invocado por la actora no se encuentra acreditada en grado suficiente. Así, porque las circunstancias de hecho y de derecho que han sido narradas en la demanda ameritan analizarse en profundidad pues no surge ostensiblemente, en tanto su determinación implica un detallado y pormenorizado examen de las piezas administrativas que han dado origen al acto administrativo que se cuestiona y que oportunamente serán requeridas a la demandada, las que serán materia de estudio al momento de dictarse el fallo definitivo. La intención de demostrarlo ///con la documentación que en copia simple han sido anexada en autos resulta inaceptable, pues involucran actos jurídicos que están sujetos a la presunción iuris tantum de su legitimidad y no permiten siquiera atisbar los vicios que sustentarían la nulidad articulada, menos aún acreditar la verosimilitud. Máxime cuando de manera confusa la accionante refiere a distintas adquisiciones y cesiones de derechos y acciones que habría realizado, en diferentes oportunidades, en varios trámites judiciales pretendiendo justificar con ellos su legitimación para obrar en estos autos y, no está demás destacarlo, de las expresiones contenidas en el libelo inicial se advierte la mención de un inmueble de ** has., ** á. y ** cas. ubicado en Parte de la Legua X del Lote ** - Fracción "X" - Sección X-III que habría adquirido en subasta (fs.8), para cuestionar luego la "declaración de caducidad de la adjudicación de tierras" dispuesta en el acto administrativo en crisis pero que involucra un predio de *** has., **ás., ** cas., de la Legua X, Lote ** - Fracción "X" Sección X-III (fs. 56). A lo que se agrega el acuse de incompetencia de la Provincia demandada para resolver tal cuestión, esgrimiendo que esa jurisdicción pertenecería a una Comuna, a la cual pretende citar como tercero a este pleito. Todo lo cual deberá ser objeto de mayor debate y prueba en otra oportunidad procesal, pues excede ampliamente el acotado marco de estudio y la premura que la medida solicitada requiere.--- ///--- Que, en cuanto al peligro en la demora, que finca en la continuidad de la tala de la "plantación artificial" de propiedad de S. y contenida -según asevera- en el predio fiscal individualizado en el acto administrativo en crisis, agraviándose D. que ello importa una progresiva pérdida de valor económico del inmueble el que a la vez considera como "garantía" de su acreencia, tampoco se demuestra en el grado requerido y antes señalado. Así surge incontrastable del tiempo transcurrido desde que se dictó el acto -año 2002- hasta la promoción de esta acción recién en el 2012. A ello se suman los dichos de la demanda, en donde hace expresa mención que ".S. -no ha podido desde noviembre de 2002- trabajar ni dar trabajo." (fs. 71). Entonces, no puede inferirse que se configure un caso de urgencia que amerite el otorgamiento de una medida con el alcance pretendido por la actora. A más, esta Sala tiene dicho que "el tiempo transcurrido entre el dictado de la Resolución que se ataca de nulidad. (para el caso, léase Decreto). y el de la interposición de la demanda hacen inaceptable el periculum in mora que justifique una cautelar innovativa" (S.I. N° 11/94 y 19/SCA/08).----------------------- ------ Que es aplicable el criterio que ha indicado: "Si bien este Cuerpo ha considerado la jurisprudencia que recepta la doctrina de que el rigor del fumus se puede atemperar, cuando existe riesgo cierto de periculum in mora y viceversa (SI N° 51/SCA/00 conf. CN Fed. Cont, Adm. LL 120- 763, 1984-A- 265- 1993- B - 424, Supl. Der. Adm. LL 20/2/98, SI N° 38/SCA/01), esta compensación es inaplicable en el sub-lite en tanto no se dan -aún mínimamente- ///ninguno de estos requisitos". Como así también, "coincidiendo el objeto de la cautela con el del pleito, esta Sala considera que en esta etapa del juzgamiento no se han reunido elementos de convicción suficientes que autoricen a tener por acreditada suficientemente, aún en grado precautorio, la verosimilitud del derecho invocada .que no aparece manifiesta. tampoco han acreditado ni el periculum in mora ni la irreparabilidad del perjuicio."(S. I. N° 3/SCA/12).------------------- ------ Que por los fundamentos dados y atento el incumplimiento de los requisitos exigidos, procede desestimar la medida solicitada.--------- ------ IV.- Que no cabe imponer costas, en tanto no medió sustanciación, ni regular honorarios ante la inoficiosidad de la actuación profesional, pues conforme fija el artículo 5° inciso d) de la Ley Arancelaria -Ley XIII N° 4, concordante con su art. 3°, la fijación de los honorarios para ser tenida por justa y válida debe guardar relación con el trabajo efectivamente cumplido, de acuerdo a los principios contenidos en el precepto citado.- Explicó esta Sala en S.I. N° 19/SCA/11 que "concordante con ello se ha sostenido ."el art. 6° de la ley de arancel impone valorar el mérito de la labor profesional, la calidad, la eficiencia y la extensión del trabajo realizado, excluyéndose la posibilidad de retribuir tareas que resulten inoficiosas o inconducentes para la defensa de los intereses de su representado (cfr. C.S.J.N., sent. del 07.07.93, "Giordano Fiore c/ Autolatina Argentina ///S.A."). En consecuencia, sólo es procedente la regulación de honorarios respecto de aquellos profesionales que han realizado tareas idóneas con la finalidad perseguida, sin perjuicio del resultado obtenido o de la conclusión de la causa". (C.F.S.S., Sala II - Sent. int. 53421 -25/04/02 - "Flores, Andrés..." (F.-E.-H.)" elDial - AC21A1)".-- ------ Por ello la Sala Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa, de Familia y Minería del Superior Tribunal de Justicia;----- ----------------------------------- R E S U E L V E : ----------------------------------- ------ 1°) RECHAZAR la medida cautelar solicitada en autos por la Sra. N. M. D. conforme los Considerandos precedentes. Sin costas.------------------------ ------ 2º) REGÍSTRESE y notifíquese.--- La presente se firma con dos miembros de la Sala por aplicación del art. 28 Ley V - N° 3.--------------------------- Fdo. Dres. PASUTTI y ROYER.- Recibida y registrada por Secretaría el 14/02/13 bajo el N° 8/SCA/13.