marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, relación de causalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Puppo, Juan Angel c/ Manrique Soto, Enrique S. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-03-22

Si resulta la lesión en el ojo de la víctima causada por el disparo del arma propiedad del accionado, es irrefragable la relación causal inmediata existente entre la actuación de la cosa y el daño; el cual pudo ser comprendido en el riesgo de aquella.-
Extradición, traducción de documentos, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Larrain Cruz, Carlos Alberto s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-07

Los jueces pueden examinar de oficio las traducciones.
Denuncia, denunciante, denunciante analfabeto, valor probatorio, acta judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: DI GIOIA, ALBERTO s/ DOCUMENTO PUBLICO - NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-06-07

Son válidas las actas en las que se volcaron las manifestaciones del denunciante, analfabeto, aunque se asentara que las había leído antes de firmarlas.

Las actas a través de las cuales el denunciante deja manifestados los hechos del procesado, que asegura lo perjudican, si bien son documentos públicos por su valor formal, no tienen como finalidad tener valor probatorio documental, -al que se refiere el art. 349 C P.M.P. - materializándose únicamente a través de ellas, probanza de índole testimonial.

Las formalidades previstas a través de los arts. 248 y 250 del C.P M.P. , deben ser estrictamente observadas en la declaración indagatoria, más no en la denuncia, cuyas exigencias rituarias emergen de los arts. 157 a 160 del C.P.M.P. .
Homicidio culposo, teoría del delito, culpa penal, violación al deber de cuidado
Materia: PENAL
Carátula: BIO DIAGNOSTICO LOPARDO S.R.L. s/ competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-30

La teoría de la causalidad adecuada orienta en la solución correcta de delitos culposos ya que penetra en el ámbito de la culpabilidad en aquellos casos en que, en virtud de poseer determinados conocimientos especiales, un individuo está en condiciones de preveer consecuencias de su obrar que no le es dado representarse a quienes no posean esos conocimientos. (Voto del Dr. Fégoli).
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, medidas cautelares, medida de no innovar, poder de policía
Materia: PROCESAL
Carátula: CARLES  DE  AHORRO  Y  PRESTAMO  PARA  LA  VIVIENDA    S.A.   Y BANCO COMERCIAL HIPOTECARIO Y EDIFICADOR DE CORDOBA  S.A. c/ Banco Central de la República Argentina. s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-28

Es equiparable a sentencia defintiva el pronunciamiento que dispone una prohibición de innovar si puede llegar a frustrar las consecuencias de las disposiciones legales dictadas en ejercicio del poder de policía y control del sistema financiero.
Funcionarios judiciales, inhabilitación especial
Materia: PENAL
Carátula: Ahumada Saavedra, Raúl Alfredo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-12

El accionar desplegado por el imputado, en su condición de funcionario del Poder Judicial que acordó la entrega de una suma de dinero a cambio de su promesa de lograr que los jueces del tribunal en el que se desempeñaba suscribieran una resolución que beneficiaba a un procesado, que de ese modo hubiera logrado su libertad anticipada, está previsto en el art. 256 bis segundo párrafo CP y no en la defraudación como alegó la defensa. La inhabilitación especial prevista en el art. 256 bis CP reconoce su propio fundamento en la CN, circunstancia que enerva toda alegación de ilegitimidad, armoniza con los compromisos internacionales asumidos al ratificar las convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción, sin que pueda afirmarse que esa pena impida al condenado resocializarse o reinsertarse en la sociedad, mucho menos su "muerte civil", ya que sólo lo afecta respecto del ejercicio de la función pública, la cual merece ser resguardada de su propia corrupción.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, recurso contencioso administrativo, plazo, competencia previsional, exceso ritual manifiesto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Jiménez, José Lorenzo c/ Provincia de Santa Fe s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-14

La Cámara apoyó la denegación del recurso de inconstitucionalidad sobre la base de que esa conclusión no se veía menoscabada en el caso por la sola presencia de materia previsional, puesto que la técnica del acto firme no es, en principio, extraña al ámbito previsional, lo que se resolvió citando precedentes de esta Corte; y nada trae el recurrente en el escrito de queja capaz de rebatir en modo suficiente los fundamentos con que los Sentenciantes denegaron la concesión del remedio extraordinario de inconstitucionalidad local, quedando los planteos efectuados como mera expresión de su disconformidad con lo resuelto en ejercicio de funciones propias, sin demostrar que alguna de las hipótesis de arbitrariedad esbozadas encontraran conexión con lo decidido en autos, toda vez que del razonamiento seguido por el Tribunal, surge que lo resuelto no excede, tal como pretende genéricamente hacer ver la impugnante, los límites propios de los jueces de la causa al valorar los hechos y la normativa aplicable al caso, y no se ha demostrado que la Cámara hubiere analizado con rigorismo ritual alguna circunstancia con entidad suficiente para resolver de otra manera, no encontrándose obstáculo al planteamiento de nueva demanda que -excepcionando la vía administrativa previa- persiga el reconocimiento por los períodos posteriores a la denegatoria expresa del Gobernador. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Daños y perjuicios, accidentes de trabajo, aplicación de la ley, ley vigente
Materia: PROCESAL
Carátula: BENITEZ DE PEREIRA, Rosa c/ ARMOR S.R.L. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-20

Cuando las acciones judiciales se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 24.557, no corresponde su aplicación.
Nulidad de sentencia, inimputabilidad, sobreseimiento
Materia: PENAL
Carátula: C., K. N. c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-02

Corresponde anular la sentencia que tras declarar inimputable y sobreseer al encartado por los hechos reprochados, impuso una medida de seguridad ordenando que por el momento continúe alojado en el PRISMA (art. 511 CPPN) y una vez firme lo resuelto, dar intervención al juzgado de ejecución, dada la falta de sustento legal de la intervención de la jurisdicción penal respecto de personas inimputables, a partir de la sanción de la ley 26.657 (ley de Salud Mental). Al respecto, el a quo debió considerar la doctrina de este tribunal según la cual la citada ley otorga competencia a la jurisdicción civil -junto con los órganos e instituciones médicas que allí se contemplan- así como, por su parte, la ley 26.061 brinda al juez civil una función de contralor, para casos de inimputables en razón de su edad, respecto de las decisiones que ciertos organismos de carácter administrativo puedan adoptar en relación con el menor del cual se trate (voto de los jueces Magariños y Huarte Petite con remisión a "O., J. A.", Reg. 1479/2018 y "M., D.L.", Reg. 3226/2020)
Fallos de la Corte Suprema, constitucionalidad, tope indemnizatorio, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Tognoni, Hilda Luz c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires y Otro s/ Accidente de trabajo - Acción especial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-03-04

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente A. 374. XLIII, "Ascua, Luis Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos, (sent. del 10-VIII-2010), descalificó la validez constitucional del tope indemnizatorio previsto en la anterior legislación sobre accidentes de trabajo (art. 8 inc. "a" de la ley 9688, texto según ley 23.643) y descartó expresamente que el criterio por ella establecido en el precedente "Vizzoti c/ Amsa", (sent. del 14-IX-2004), resulte aplicable a las indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.(doctor Soria, sin disidencia)
Suspensión del juicio a prueba, interpretación de la ley, interpretación restrictiva, pena, escala penal, constitucionalidad, igualdad ante la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: CARCIONE, Norberto R. s/ Causa 44.335
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

Disidencia del Dr. Donna: El instituto de la ley 24.316 se trata de una forma modificada de aplicación de la pena privativa de libertad, y no hay motivo alguno para interpretar la ley de manera restringida, esto es, sólo para delitos cuya escala penal no exceda de tres años, más aun, cuando la ley da pie para ello. Por el contrario, deberá estarse a la pena que puede llegar a imponerse en concreto, esto es, que pueda ser de ejecución condicional (art. 26, C.P.). Sería de dudosa constitucionalidad que la institución se redujera a un problema de tipos penales, y no a montos de penas, ya que con ello se estaría violando el principio del art. 16 de la C.N. sobre la igualdad constitucional que obliga a una igualdad de tratamiento para igualdad de circunstancias, en virtud de lo cual, por ej. seis meses de prisión es igual para la persona, y para la sociedad, se trate de un hurto o una estafa por lo que no se entiende un dispar tratamiento.
Empleo público, concurso de cargos, procedimiento de selección, medidas cautelares, suspensión del concurso, igualdad ante la ley, seguridad jurídica, interpretación de la ley, Consejo de la Magistratura
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Anganuzzi, Mario Lucio c/ Consejo de la Magistratura s/ Otros Procesos Incidentales
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-20

En materia de concursos de magistrados, la relevancia de precisión de las "reglas claras de juego" a las que deben atenerse las personas, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica, se aprecia cuando se tiene presente el fin último al que se endereza el proceso concursal: seleccionar los mejores candidatos para ocupar cargos en la magistratura de la Ciudad.

En efecto, si tal elevada función fue otorgada por los constituyentes a un órgano como el Consejo de la Magistratura, dotado de una plural integración a fin de conciliar un razonable equilibrio entre los representantes populares, del Poder Judicial, del ámbito profesional y académico; si se le encomendó seleccionar candidatos (art. 116 de la Constitución local) con base en la idoneidad científica y ética y sin pautas discriminatorias ni exclusiones ilegítimas, la transparencia del sistema destinado a superar la crisis del Poder judicial, a recuperar la confianza del ciudadano en los magistrados y a permitir la participación de la sociedad en el proceso de toma de trascendentes decisiones de gobierno de la cosa pública, como es la designación de cada juez de la Ciudad (ver doc. de Fayt, en "Recurso de hecho deducido por Gustavo Carranza Latrubesse en la causa Carranza Latrubesse, Gustavo s/ acción de amparo", del 23/05/06) no se concilia en modo alguno con la posibilidad de tomar medidas intempestivas que tiñen de parcialidad las reglas de selección de candidatos.

Decisiones como esa podrían frustrar una magnífica oportunidad para que el Consejo de la Magistratura pueda cumplir fielmente con el preciso e indeclinable mandato encomendado por la Constitución y por las leyes reglamentarias de seleccionar cuidadosa y desapasio nadamente a los aspirantes a magistrados con sustento en la idoneidad y en los valores republicanos, mediante un proceso con reglas claras y conocidas que resulte honesto, limpio y riguroso.
Plazos procesales, plazo perentorio, plazo legal, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: D. F. E. c/ M. G.D. s/ abuso sexual" - impugnación extraordinaria - Art. 242
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2019-10-04

Todo plazo legal establecido en miras a la razonabilidad, ya sea de duración del proceso o bien de duración de una medida cautelar, no configura una mera sugerencia del legislador, sino una manda constitucional reglamentada, de aplicación restricta e indisponible, y si -además de ello- se ha establecido una sanción procesal al vencimiento, dicho plazo legal resulta perentorio y fatal. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Jurisprudencia, aplicación de la ley previsional, deuda previsional, principio de solidaridad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INCZE, MARIA EVA c/ A.N.Se.S s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-28

La C.S.J.N., al fallar en autos "Rei Rosa, Alfredo " (20/02/86), sostuvo que lo prescripto por el art. 31 de la ley 18.038 debía ceder ante lo dispuesto por el art. 34 inc. d) de dicha ley, pues, de esa suerte, se respetaba la finalidad tuitiva de las leyes de previsión social mediante las facilidades brindadas al afiliado para cumplir con la obligación-derivada del principio de solidaridad social-de ingresar los aportes adeudados y, al mismo tiempo, se respetaba "la orientación del sistema nacional de previsión en el que no tiene cabida la pérdida del derecho a jubilación por el sólo hecho de no haberse realizado aportes (cfr. Fallos 287:466 y otros). Por otra parte, esa doctrina constituye una pauta hermenéutica merced a la cual se intenta volver compatibles entre sí a dos disposiciones integrantes de un cuerpo normativo que, en cuanto tal, debe ser interpretado de suerte que sus preceptos aislados puedan armonizarse en un todo coherente. (Del voto del Dr. Laclau).
Abandono de personas, inexistencia de delito
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: L., I. S. y otros. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-25

A fin de que una conducta pueda encuadrarse bajo el tipo legal de abandono de persona, resulta necesario que se ponga en peligro la vida o la salud de una persona, ya sea colocándola en situación de desamparo o abandonándola a su suerte.

Para ello debe realizarse por parte de los que se hallan obligados a actuar -denominados garantes-, una conducta que ponga en peligro a una persona que no se hallaba en esa circunstancia, u omitir prestar toda colaboración a una persona incapaz de valerse por sí misma; impidiendo, asimismo, que terceras personas presten la colaboración necesaria a fin de hacer cesar dicho peligro.

Si los denunciados no han colocado en peligro al denunciante, la actitud desaprensiva y desinteresada hacia el padecimiento de su enfermedad podrá ser valorada desde el punto de vista moral, pero si no ha creado un peligro para aquél según lo exigido por el tipo penal en cuestión, debe confirmarse el auto por el cual se desestiman las actuaciones por inexistencia de delito.
Bebidas alcohólicas, venta de bebidas alcohólicas, prohibición de venta a menores, cuestiones de competencia, competencia contravencional
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: T, S.M. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 51 Artículo 51
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-04-06

A nuestro criterio el conflicto que se plantea entre la disposición del artículo 1 de la Ley Nacional Nro. 24788 y el artículo 51 del Código Contravencional es solo aparente, ya que tanto la Nación como la Ciudad Autónoma, dentro del marco de sus respectivas competencias y jurisdicciones, pueden establecer disposiciones que impliquen proteger determinados grupos de personas, siendo en el caso específico de las normas antes citadas los menores de edad los tutelados a través de ellas.

Al respecto, el punto en cuestión reside en determinar si la norma prohibitiva del artículo 1 de la Ley Nro. 24788 crea una figura delictiva, o si se trata de una norma contravencional, lo que habilitaría una u otra competencia. La penalidad establecida para quienes infrinjan el mencionado artículo 1 de la Ley Nro.

24788 consiste en multa o clausura del local o establecimiento -cf. artículo 14 del mismo cuerpo legal- siendo que esta última no está prevista como pena en el catálogo del artículo 5 del Código Penal; ello nos lleva entonces a concluir en que la conducta descripta no es constitutiva de delito, sino de contravención, no alcanzando a conmover tal conclusión lo expuesto en el artículo 2 de la ley antedicha, en cuanto declara de interés nacional la lucha contra el consumo excesivo de alcohol, ya que la norma local del art. 51 del Código sustantivo no hace más que aportar a esa lucha, no contradiciendo sino coadyuvando en tal tarea.

Así entonces nos inclinamos por considerar competente a esta Justicia para conocer en esta causa.
Conflicto de poderes, gobierno municipal, competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Madrid, María Elizabeth c/ Municipalidad de Tordillo y/o Intendente Municipal de Tordillo s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-04-02

La competencia que le confiere el art. 196 de la Const. Prov. a la Suprema Corte comprende a las contiendas que involucren a los dos departamentos que componen el poder municipal, siempre y cuando se susciten con motivo de sus respectivas atribuciones, como cuando uno desconoce al otro la competencia que éste se atribuye o invade directa o indirectamente la esfera del otro
Instrumentos públicos, acta notarial, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: Multiscope  S.A. c/ Agencia Marítima Dodero  S.A. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-03-20

El acta notarial resulta ser instrumento público que hace plena fe de los hechos que han pasado en presencia del oficial público, ello hasta que sea argüido de falsedad. En el caso, da fe de como estaban las cajas y no de porqué se encontraban así.
Temeridad o malicia, multa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Strubolini, Stella M. c/ Culjak, Antonio y otro s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Al ensayar defensas que no han tenido otro objetivo que retardar en forma deliberada e injustificada el litigio, que "ab initio" se presentaba fáctica y jurídicamente favorable a la actora, corresponde que el letrado apelante sea pasible de la sanción que se le ha impuesto, aunque reducida al diez (10) por ciento del valor del juicio, que se determinará por el equivalente a veinticuatro (24) meses de alquiler, actualizados hasta el 31 de marzo de 1991 (art. 45, C.P.C.C., según ley 8699; art. 40 decreto ley 8904/77).
Honorarios del abogado, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: LANDABURU, JORGE s/ INC. DE NULIDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

Cuando los honorarios no han sido regulados, su prescripción se rige por el artículo 4032, inciso 1 segundo párrafo del Código Civil, es decir vencido el plazo de dos años.
Privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, retención ilegal de un detenido o preso, policía, averiguación de antecedentes
Materia: PENAL
Carátula: VEGA, ROBERTO s/ PRIVACION ILEGAL LIBERTAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-11

Configura el delito de privación ilegal de la libertad, la conducta del oficial de policía que, con abuso de sus funciones, invocando la facultad de detener a una persona por 24 horas en averiguación de antecedentes, en verdad privó ilegalmente de su libertad personal al damnificado hasta el día siguiente.

El abuso funcional resulta de que se privó de su libertad a una persona sin que mediaran circunstancias que lo justificasen (art. 5 1. ley orgánica Policía Federal), toda vez que no se investigaba la conducta o los antecedentes de aquélla, sino que a través de una insólita e ilegal cadena de 11 detenciones anteriores, en las mismas condiciones se quería llegar a la aprehensión del nombrado, quien podía estar complicado en actividades delictuosas que la División Prevención del Delito investigaba preventivamente.
Empleados de banco, retiro voluntario, acuerdo económico por renuncia, base indemnizatoria del despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: MATA, José y otros c/ BANCO NACIONAL DE DESARROLLO s/ DIFERENCIAS SALARIALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-30

Toda vez que la particular compensación establecida por la propia demandada para los dependientes con cierta antigüedad que aceptaran adherirse al retiro voluntario se rige por pautas diferentes a las establecidas en el despido incausado (art. 245 LCT), no existe ningún indicio como para que el aguinaldo se encuentre excluido. Los únicos recaudos que la resolución establece a los fines del cálculo de la indemnización, es que se trate de remuneraciones normales y habituales y que no estén referidas a cancelar el cumplimiento de horas extraordinarias.
Periodistas, carnet de periodista, estatuto del periodista
Materia: LABORAL
Carátula: Haedo Leonardo E. c/ MLS SA. yO. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-09

De conformidad con lo establecido por el art. 51 de la LCT, la circunstancia relativa a la falta de exhibición del carnet profesional o constancia alguna que acredite la inscripción del actor en la matrícula de periodistas (requisitos exigidos por los arts. 4 y 21 de la ley 12908) no resulta óbice para la aplicación del régimen normativo que se pretende.
Agravio concreto, calidad de parte, control estatal, prueba, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A. (EDESA) c/ ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE SALTA s/ RECURSO DE APELACIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-14

El memorial debe expresar con claridad y corrección, de manera ordenada, los motivos de la disconformidad, indicando cómo el Juez ha valorado mal la prueba, omitido alguna que pueda ser decisiva, aplicado mal la ley o dejado de decidir cuestiones planteadas.

Debe el litigante poner de manifiesto, mostrar lo más objetiva y sencillamente posible los agravios, cumpliendo así con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida al recurso y, sobre todo, limitando el ámbito de su reclamo.

Las "Bases Metodológicas" aprobadas por Resolución ENRESP nº 137/99 participan de la misma naturaleza del contrato al que acceden para integrarlo; por consiguiente y con sujeción a las normas de derecho público aplicables a la concesión del servicio público de distribución de electricidad en la Provincia, tanto el contrato como los documentos que lo complementan constituyen para las partes la ley misma a la que deben someterse y, por ende, resultan primera fuente normativa para la decisión del conflicto.

Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, principios aplicables al ámbito de los contratos administrativos.

Por ser ello así, es dable exigir a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que -merced a sus actos anteriores- se ha suscitado en el otro contratante.