marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Accidentes de trabajo, responsabilidad del empleador, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: BAZAN GABRIELA DE LOS ANGELES c/ RIBAS JULIO ALBERTO Y OTRO s/ DESPIDO - RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-02-15

En desacuerdo con los motivos supra expresados, la Señora Vocal da su voto por la negativa, según las siguientes consideraciones: "Entiende que es necesario partir del principio constitucional que autoriza la interpretación legal sobre la base de que el trabajador es sujeto de preferente tutela.

Este constituye un standard inconmovible de evaluación que además contribuye a asignarle un sentido específico. El legislador, al incorporar el art. 30 a la LCT, tuvo en cuenta dos realidades subyacentes.

Por un lado -observa-, los empresarios intenten ahorrar costos trasladando trabajos o servicios a otros, desvinculándose de obligaciones laborales y de la previsión social, y por el otro -subraya- tales conductas conspiran contra los derechos del trabajador ocupado por las empresas subcontratistas o delegadas configurándose una conducta fraudulenta de carácter laboral y social.

En consecuencia, el legislador se hace cargo de que debe reglar esas conductas desalentando tales prácticas para lo cual dicta una norma imponiendo un cerrojo que impida eludir la responsabilidad laboral y social mediante el recurso de establecer una solidaridad legal respecto de las obligaciones que el empleador directo tenga con el trabajador durante el contrato y al tiempo de su conclusión ("incorporación del valor de lo que es justo" y que debe ser identificado como "la función rectora de la norma" en análisis).

En el particular cobra virtualidad la motivación precedente, por lo que propicia la ratificación de la condena solidaria de la codemandada y que ordenó el a quo. (Voto de la Dra. Blanc de Arabel, en minoría).
Contratos comerciales, contrato de agencia, rescisión del contrato
Materia: COMERCIAL
Carátula: TERCAL SA c/ IBM ARGENTINA SA s/ ORD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-02-13

Concluido un contrato de agencia, los meses por los que debió ser formalizado el preaviso, no se corresponde con exactitud numérica, ni con el número de años por el que se extendió la relación ni con el número de meses faltantes para concluir el período contractual, sino que el plazo de preaviso debe ser aquel que se estime suficiente para permitir la reinserción o reacomodamiento del agente a la nueva situación creada.
Accidente de tránsito, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Piacente, Omar Armando c/ De Luca, Jorge Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-02-11

Independientemente que el actor haya hecho reparar o no la unidad siniestrada, el daño por "privación del uso" comienza a configurarse desde el momento mismo en que a raíz de la colisión que da origen al pleito, aquél se ve privado de disponer de la unidad para su movilidad y la de su familia, hasta que haya transcurrido el plazo previsto para su reparación. Por lo tanto el mismo constituye un daño cierto y actual, no futuro e incierto, pues el daño actual es el ya producido al momento en que el juez toma en cuenta para fijar el resarcimiento (art. 1069, Código Civil).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jueces, Poder Judicial, personal subrogante, leyes, Superior Tribunal de Justicia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: F, O. V. E. s/ Recurso de Inaplicabilidad de la doctrina legal (Expte. Nro. 9- 87)  -Tribunal plenario-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-05-30

Fuertes razones de orden práctico pueden mover a postular, dentro de lo opinable, una interpretación que contemple la rápida provisión de reemplazantes de los jueces para no resentir la eficacia de la prestación de Justicia. También, a prohijar como conveniente una interpretación que afirme los actos cumplidos en procesos que han permitido la debida defensa en juicio dentro de un sistema legal ya no vigente. Pero tales razones no pueden constituir más que una parte importante para una correcta interpretación, pero por sí sola incapaz de fundar en definitiva la validez de una interpretación jurídica no afirmada por el texto de la Ley. Considero en tal sentido que el artículo 191 de la Ley Orgánica de Tribunales según modificaciones de la Ley 8650, incluida la operada por Ley 9683, no contempla en su texto la facultad de designar subrogantes de jueces bajo licencia o con impedimentos temporarios, fuera de la nómina de los que se encuentran en funciones. (De los Fundamentos del Dr.

Bernardini -En Disidencia-). En la causa, la cuestión a resolver es:

¿Es válido el ejercicio de la jurisdicción por quien ha sido investido como Juez por disposición de la Excma. Corte Suprema de Justicia, aplicando las reglas sobre subrogación previstas por la Ley Orgánica de los Tribunales?
Responsabilidad del asegurador, defensa del consumidor, cobertura
Materia: CIVIL
Carátula: Manuel Zunilda, Aurora c/ Campisi, Fernando Oscar y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2013-11-06

La compañía aseguradora no debe cubrir los daños derivados del incendio que provocó una embarcación asegurada, la cual estaba destinada al transporte de pasajeros, pues el asegurador se obligó a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero como consecuencia de responsabilidad civil extracontractual, circunstancia ésta que no resulta aplicable al caso por cuanto la responsabilidad que aquí se endilga, si bien es objetiva, surge del marco contractual al que se agregó además, sin salir de ese parámetro, lo relativo a la aplicación de la LDC
Poder Legislativo Provincial, diputados provinciales, tribunal de enjuiciamiento, juicio político, ley provincial, control de constitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: ATE. San Juan, Secretario General Héctor Sánchez s/ juicio político - inconstitucionalidad. juicio político - inconstitucionalidad.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-08-18

La revisión judicial de la decisión de la Sala Juzgadora de la Cámara de Diputados provincial no puede efectuarse al margen de lo establecido en claras disposiciones de derecho público local arts.

12 a 17 de la ley 5496 de San Juan -, cuya constitucionalidad no fue cuestionada, las que no requieren que se expliciten los motivos concretos que dan lugar a la destitución.
Recurso extraordinario, interposición del recurso, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: SAMARDICH, MIGUEL. s/ LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-07-31

Es requisito para la admisibilidad del recurso extraordinario que el escrito de interposición se baste a sí mismo, dado el carácter autónomo que posee, y su sola lectura tiene que ser suficiente para la comprensión del caso, para lo cual es preciso que contenga un relato claro y concreto de los hechos relevantes de la causa a fin de que sea posible advertir el vínculo que guardan con las cuestiones que se quiere someter a la Corte como de índole federal.
Ley de emergencia, suspensión de las garantías constitucionales
Materia: CIVIL
Carátula: GARCIA DE CAMPOS ANGELA DEL VALLE c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GONZALEZ GOLRIA DEL VALLE s/ JUICIO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº6016 JUGO HERNAN ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6.016 JUGO HERNAN ALFREDO c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6.016 VIZCARRA, YOLDE AMERICO ORLANDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESP. s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY Nº 6016 GEREX, RAIMUNDO ARISTOBULO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O RESPONSABLE s/ INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 6.016.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-03-10|1997-04-23|1997-06-19|1997-06-19|1997-12-02|1998-02-09

La regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales, por las leyes de emergencia dictadas en momentos de perturbación, social y económica tiene carácter transitorio.
Empleados públicos, remuneración, suplemento por inspección, licencia gremial, leyes, interpretación de la ley, dirigente gremial, nombramiento
Materia: ADMINISTRATIVO-LABORAL
Carátula: Martínez, Heriberto Angel c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nº 309-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-05-12

No cabe hacer lugar a la pretensión del actor consistente en el reconocimiento y pago del suplemento por inspección previsto en el artículo 63 del decreto acuerdo 2695/83, bajo el argumento que, habiéndole sido otorgado dicho plus en virtud de sus funciones específicas, el derecho al cobro se incorporó a su patrimonio, sin que obste a tal derecho la circunstancia de encontrarse con permiso gremial, por invocación del artículo 50 del decreto 1919/89, ya que uno de los requisitos exigidos para acordar el suplemento por inspección radica en el efectivo desempeño de tales funciones en forma personal y la norma invocada en relación a la "Licencia gremial" sólo resulta aplicable "cuando el agente fuere elegido o designado para desempeñar cargos en las Comisiones Directivas de las Asociaciones de Trabajadores con personería gremial, contemplados en la ley nacional respectiva, o designado en representación de éstas en comisiones creadas por el Poder Ejecutivo, circunstancia que no acredita.
Accidente de tránsito, prioridad de paso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia c/ Iajnuk, Sara s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-07

Es doctrina legal de necesario acatamiento -sin perjuicio de la disidencia de esta Sala- que la prioridad de paso establecida por el art. 57 de la ley 11.430 (t.vig., otrora art. 71 ley 5.800) es absoluta, y la norma es suficientemente clara al disponer que quién viene por la izquierda sólo podrá continuar su marcha si luego de frenarla hasta casi detenerla, advierte que no circulan autos con esa prioridad de paso, lo que no está condicionado al arribo simultáneo a la encrucijada, y ello es así sin discriminar quién fue el primero que llegó a la bocacalle.
Reajuste jubilatorio, defensa en juicio, reclamo administrativo previo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Acuña, Noemí c/ ANSES y otro - Pcia. de Salta s/ reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-02

La sentencia que consideró que a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.344 y la consiguiente sustitución de los arts. 30, 31 y 32 de la ley 19.549 se había consagrado como condición insoslayable para la viabilidad de la acción judicial la interposición de un reclamo administrativo previo, resolvió en forma dogmática, sin hacer mérito de los expedientes administrativos agregados a la causa, lo cual ha redundado en desmedro de la garantía de defensa en juicio de la apelante consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional
Injurias graves, incumplimiento de la obligación alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: A, E.J. c/ M. de A., R.A. s/ Divorcio vincular.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-06-01

La falta de cumplimiento de las obligaciones materiales derivadas del deber de asistencia, así como la falta de los alimentos es injuria grave causal de divorcio.
Acción contencioso administrativa, ausencias injustificadas, pericia psicológica
Materia: PROCESAL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

En el caso, el accionante durante el periodo julio-noviembre tuvo 24 inasistencias, dentro de las cuales pueden distinguirse aquellas en las cuales solicita licencia por salud en forma correcta y justifica las mismas, pero nunca por un estado como el que se pretende hacer valer; y las inasistencias que no fueron autorizadas ni justificadas. Asimismo, cuando se le abre un segundo sumario atento la no presentación de estudios médicos, el descargo refiere a un trastorno anímico y ninguna de las pruebas que ofrece está vinculada a su salud mental, por lo que no se probó que Villanueva estuviera imposibilitado de comprender las consecuencias de sus actos, cuando se realizan las actuaciones administrativas. Entonces si las razones de salud por las que sacó licencia y justificó más los testimonios que permiten inferir que en ningún momento el actor en su trabajo exteriorizó situaciones que impidieran detectar una incomprensión de sus actos, es evidente que la pericial psicológica desde todo punto de vista era inadmisible, y no habiéndose podido probar en este contencioso que ese supuesto estado depresivo lo pudo privar de poder discernir de su responsabilidad laboral durante el periodo que incurrió en una gran cantidad de ausencias sin aviso y sin justificación, resulta evidente que las actuaciones administrativas no traspasaron el límite legal avasallando los derechos del actor, por lo que corresponde desestimar la acción interpuesta.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, política salarial, paritarias, acto administrativo, razonabilidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RIVERO, HECTOR BENIGNO Y OTROS c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 389-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-02

Los regímenes salariales establecidos por la Comisión Paritaria podrán suscitar disconformidades en determinados sectores del personal, pero de ningún modo puede entenderse que hayan sido -en los aspectos sometidos a decisión- arbitrarios o irrazonables. Por el contrario, surge de las planillas respectivas que durante el año 1987 las Asignaciones de Categoría que se establecieron fueron coincidentes con las que habrían resultado si se hubiera aplicado el artículo 78 de la Ley 9286 (Anexo II), es más, si existió alguna diferencia, ésta fue en favor del personal.
Mejoras, mejoras útiles, forestación, dictamen pericial, mayor valor del bien
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BUENOS AIRES, PROVINCIA DE c/ PERALTA RAMOS, MARIA GERTRUDIS CARBONI DE s/ COBRO DEL VALOR DE MEJORAS UTILES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-01

Si los trabajos de forestación y accesos, atendiendo a los dictámenes periciales revisten, en el caso, el carácter de mejoras útiles, así resultaron para los actuales poseedores y aumentaron el valor del bien habida cuenta los fines a que se lo afecta (art. 2441, del Cód. Civil).
Resolución administrativa, poder de policía, medidas cautelares, concesión administrativa, concesionario (administrativo), crédito laboral, licitación pública, suspensión de la licitación, bienes públicos del Estado, puertos, Puerto de Buenos Aires, revisión judicial de actos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO - PROCESAL
Carátula: Díaz, Gustavo Marcelo y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Obras y Servicios Públicos - Secretaría de transporte. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-13

Corresponde dejar sin efecto la resolución que - con motivo de la falta de pago de créditos salariales adeudados por la anterior concesionaria, reclamados también al Estado con fundamento en el poder de policía - suspendió cautelarmente el llamado a licitación para la concesión de una terminal en el Puerto de Buenos Aires ya que, atento que cabe presumir al Estado dotado de solvencia suficiente, la afectación específica de bienes era irrazonable.
Docentes, prohibición de trabajar, daños y perjuicios, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CASALIS, BEATRIZ MARIA DEL ROSARIO c/ ESTADO  NACIONAL  (  S.N.E.P.    - MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION) s/ ORDINARIO - CONSTITUCION NACIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-18

Si la administración ha impedido a una persona el ejercicio de la docencia actividad para la cual estaba específicamente preparada y habilitada a través de estudios especializados y a la que se encontraba dedicada exclusivamente y tal prohibición no encuentra sustento legal y fáctico alguno, el Estado debe resarcir el daño causado que es la pérdida de los salarios que pudo percibir durante el tiempo que media la inhabilitación sin que sea óbice para ello la posibilidad de que haya desempeñado otras actividades, toda vez que el acto ilegítimo lo privó a la afectada la posibilidad de obtener su sustento del desempeño de su profesión a la que estaba habilitada.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, compraventa, automotores, responsabilidad de la concesionaria, mora, juicio ordinario
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Bunader, Claudia c/ Sva SACIFI y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-04

1. Corresponde admitir la demanda de daños y perjuicios incoada por un consumidor contra una concesionaria automotriz, un fabricante de automotores y una compañía de seguros, con motivo del incumplimiento del servicio técnico oficial, ya que el taller designado retrasó 5 meses la entrega del vehículo del actor. En ese marco, la concesionaria que prestó el servicio es indubitablemente la responsable directa por la demora en la que se incurrió en las reparaciones. La superioridad técnica del prestador del servicio (CCIV 902 y CCCN 1725) lo responsabiliza agravadamente desde que es quien está en mejor posición para establecer las condiciones bajo las que acepta brindarlo, tales como el plazo de la entrega. 2. Por otro lado, la demora en la obtención de los repuestos a causa de dificultades con las importaciones, no puede ser alegada como una circunstancia eximente de responsabilidad, desde que no era desconocida para el fabricante y la concesionaria. Ello, en tanto las recurrentes son quienes reconocen expresamente que se trataba de un hecho notorio, careciendo entonces de la imprevisibilidad que requiere el caso fortuito y/o la fuerza mayor para surtir sus efectos. 3. El concesionario no puede pretender excusarse de responder por incumplir la entrega del vehículo reparado en la fecha que él mismo comprometió, ya que ello constituye una conducta incompatible con una manifestación suya anterior válida, deliberada, voluntaria, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que hace aplicable el conocido principio "venire contra factum proprium nulli conceditur".
Daño moral, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: JARA NORAMBUENA JOSE Y OTROS c/ BUSTAMANTE JOSE ANGEL s/ SUMARIO (DAÑOS Y PERJUICIOS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1993-03-30

El importe tendiente al resarcimiento por daño moral no es de fácil determinación ya que no se halla sujeto a pautas matemáticas, sino a la prudente ponderación sobre la lesión y a las afecciones íntimas del perjudicado, los sufrimientos que el mismo experimentara y la incertidumbre sobre su restablecimiento, estado futuro, o sea los agravios que se configuran en el ámbito espiritual de la víctima, que no siempre resultan claramente exteriorizados. Por ello su importe debe quedar librado a la interpretación que haga el sentenciante a la luz de las constancias aportadas a la litis, tratando siempre de analizar, en cada caso, sus particularidades y tener presente que la reparacion, si bien no puede ser fuente de un beneficio inesperado ni de un enriquecimiento injusto, debe compensar o satisfacer, en la medida de lo posible, el demérito sufrido por el hecho, en compensación o mitigando las afecciones espirituales sufridas.
Accidentes de trabajo, incapacidad, daño emergente, compensación económica
Materia: CIVIL - LABORAL
Carátula: QUIROGA, CARLOS ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  N. 431-87)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-02-28

La reparación del daño emergente -actual o futuro- se aplica a la incapacidad permanente, sea parcial o total. Pero cuando es parcial, el damnificado es acreedor, además, por la mengua de su capacidad laboral, a una indemnización que teóricamente le compense su menor ingreso (comprendiendo los que pueden presumirse normales); lo que tiene absoluta pertinencia, aun cuando el trabajador continúe prestando servicios y en su ubicación laboral no haya sufrido perjuicio, pues su actitud laboral está disminuida y en el mismo trabajo, para hacer lo mismo, el esfuerzo es mayor. Por lo demás, no puede asegurársele que no será despedido, supuesto en el cual deberá acudir con su grado de incapacidad a competir buscando empleo con otras personas totalmente aptas, debiendo soportar sobre sí un mayor porcentaje de coerción, al haber perdido parte de su libertad de opción.
Procedimiento administrativo, contratos administrativos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: F.L., J.R. c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-12-17

La actividad del Estado es esencialmente formal.- Su determinación volitiva, como la de cualquier persona física o jurídica en tanto productora de efectos jurídicos, debe necesariamente exteriorizarse, ponerse de manifiesto.- Y ello es más importante en el campo del Derecho Público que en el del Derecho Privado, importancia que no deriva tanto de la diferencia que media entre el procedimiento de la formación de la voluntad del sujeto privado, y el de formación de la determinación volitiva de la Administración Pública, como de la función de garantía que las formalidades están llamadas a ejercer en la organización estatal.

En tanto esa actividad debe ser producida en los límites de la competencia de los órganos, por los medios o instrumentos establecidos, según procedimientos predeterminados, de conformidad con la norma objetiva y de acuerdo con la finalidad de interés público que le es propia, el medio por el que la voluntad se formaliza es a la vez signo de existencia, regularidad, certeza y legitimidad, posibilitando -además- su control.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, interpretación de la ley, ley federal
Materia: PROCESAL
Carátula: Trincado, Cándido Alberto c/ INV. por apelación. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-22

Procede el recurso extraordinario cuando la decisión involucra la inteligencia de la ley federal 14.878 y la decisión de cámara ha sido contraria al derecho fundado en ella (art. 14, inc. 3., ley 48).
Prueba, reconocimiento en rueda de personas, actos y diligencias procesales, notificación, nulidad procesal, declaración de oficio
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: P., C. L. s/ Auto de procesamiento (Expte Nº  158-93, Resolucion Nº  82, Tomo 1,  Folio 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-11-18

El reconocimiento de personas debe ser considerado un acto definitivo e irreproductible (al menos irreproductible en igualdad de condiciones) y tal como lo establece el art. 205 CPP. en resguardo de su validez, es exigible la notificación previa a las partes, bajo sanción de nulidad, siendo aplicable al no haber previsión expresa, el plazo común de tres días. La notificación efectuada el mismo día de realización del acto no satisface tales exigencias, y es imposible convalidar actos que lesionen el derecho de la defensa en juicio -por otro lado, si mediase urgencia, puede apelarse al art. 206, de manera fundada-. En este caso la nulidad es declarable de oficio -nada importa la eventual tolerancia de la parte- ya que está expresamente prevista por la ley (art. 164, 2º párrafo CPP.).