Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-25


SENT Nro. 157 San Miguel de Tucumán, 25 DE MAYO de 2003.- Y VISTO: El planteo de per saltum (art. 107 ley 6944), interpuesto por el señor Fiscal de Instrucción Penal, de la 6ª Nominación, Dr. Esteban Jerez, en los autos caratulados: "Lobo Aragón Jorge Bernabé s/ Recurso de hábeas corpus" C O N S I D E R A N D O :

1.- El señor Fiscal de Instrucción Penal de la 6ª Nominación, Dr. Esteban Eduardo Jerez, formula a fs. 6/11, planteo de "per saltum", en contra de la resolución dictada por el señor Juez de Instrucción de la 1ª Nominación de fecha 11/3/2003 recaída en las actuaciones caratuladas: "Lobo Aragón Jorge Bernabé s/ Recurso de hábeas corpus".

Invoca como motivo de procedencia de la vía excepcional, prevista por el art. 107 de la ley nro. 6944, la gravedad institucional que representa el pronunciamiento que impugna, por el cual se hizo lugar a la denuncia de hábeas corpus presentada por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón, dejando sin efecto la orden impartida por el suscripto en fecha 05/3/2003 en su carácter de Fiscal de Instrucción Penal, titular de la acción pública, en lo que respecta al comparendo por medio de la fuerza pública del amparado.

Relata que como Fiscal de Instrucción con fecha 05/3/2003, dispuso el comparendo del señor Jorge B. Lobo Aragón, para que fuera conducido por la fuerza pública el día 12/3/2003, que la defensa técnica del citado, esgrimiendo que el actuar del fiscal era arbitrario e ilegítimo, que se excedió en su competencia y usurpó las facultades del juez de instrucción es que interpuso la denuncia de hábeas corpus.

Señala que, es menester considerar en cuanto a la facultad del llamado bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y la aplicación de dicha facultad. Al respecto destaca, que el Fiscal de Instrucción es el que lleva adelante la Investigación Penal Preparatoria, es el director de ella, quien determina cuales son las medidas conducentes para el descubrimiento de la verdad (arts. 301/302 y 303 CPP). Agrega, que para llevar a cabo dicha tarea, la ley lo inviste de atribuciones autónomas de investigación, como lo establece el art. 301 procesal y otras referidas a la coerción. Destaca que el art. 328 CPP contiene el principio de cómo actuará el representante del Ministerio Público en la investigación que le compete en virtud del art. 71 , como así también el Capítulo 4 de Actos y Resoluciones del Ministerio Público, establece en el art. 153 Normas Aplicables, haciendo referencia a los arts. 138, 139, 140, 144, 145, 148, 149, 150 y 151. Que al respecto el art. 138, establece el poder coercitivo del que puede hacer uso el Tribunal. Expresa que en ejercicio legal de las funciones que le fueron atribuidas al Ministerio Público, es que el suscripto cita a prestar declaración como imputado al señor Lobo Aragón, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Que el llamado a prestar declaración como imputado es discrecional del que lleva adelante la investigación. Afirma que de la interpretación armónica con el art. 175 procesal, surge como corolario, que el suscripto tiene facultades otorgadas por el Código de Rito para hacer comparecer al imputado por la fuerza pública, puede recurrir, dirigirse a la autoridad policial y ordenar directamente el auxilio de la fuerza públic a, ante la renuencia del requerido. Todo ello, agrega, en aras a una pronta administración de justicia, que se concreta en la celeridad del trámite procesal.

Como segundo punto expone, que dispuso el comparendo por la fuerza pública del señor Lobo Aragón, ante reiteradas citaciones en las que fue debidamente advertido que en caso de incomparecencia sería conducido por la fuerza pública. Que ante la citación se debió agotar los medios legales disponibles, en el caso de existir agravios por parte del requerido haciéndose valer los recursos legales correspondientes. Al respecto, hace referencia que mediante decreto de fecha 13/6/2002 en los autos principales, se citó a comparecer al señor Lobo Aragón, debiendo ser conducido por la fuerza pública ante reiterados incomparendos. Pone de relieve que ante esta situación la reacción fue distinta y acorde a derecho, ya que la defensa del imputado interpuso oposición y nulidad, con argumentos tendientes a dilatar el proceso, planteo que se encuentra aún sin resolver por la señora jueza interviniente, a pesar de los planteos formulados de pronto despacho y retardo de justicia esgrimidos por su parte.

Remarca que como Fiscal de Instrucción tiene facultades para solicitar el auxilio de la fuerza pública para el comparendo, que de ningún modo se está en el caso de la detención. Que el proveyente utilizó la totalidad de las medidas otorgadas por el Código de Forma, solicitud de detención, declaración de rebeldía, etc., sin lograr por la interferencia de los señores jueces la comparecencia del imputado para que prestara declaración. Afirma que la presente cuestión, constituye una extralimitación en las funciones asignadas al juez de garantía, quien fuera del marco legal declara admisible el recurso de hábeas corpus, fundado en el suscripto carece de facultades.

Concluye fundado el planteo, en la gravedad institucional del caso que pone en peligro el funcionamiento del Ministerio Público ya que lo deja impotente, limitado, ante el accionar dilatorio de una de las partes, acatando fielmente lo que ella solicita, olvidándose, resalta, que el juez de garantía debe velar por el estricto cumplimiento de las garantías constitucionales y el debido proceso legal. Alega que dicho comportamiento convierte en estéril al Ministerio Público, quien deberá estar sometido a la exclusiva voluntad de los imputados, para que comparezcan cuando quieran, impidiendo que se cumpla con la finalidad de la investigación penal preparatoria, cual es de impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. La actuación directa e inmediata del suscrito dentro del marco de su competencia, afirma, es obligatoria, obligación que no puede ser cumplida por las continuas restricciones sufridas en su ejercicio. Por último solicita que esta Corte intervenga en el presente caso, teniendo en cuenta la gravedad institucional de la resolución atacada, la cual viola en forma clara el sistema penal acusatorio instituido 6203.

A fs. 13/5, corre agregado dictamen del señor Ministro Fiscal.

2.- Es doctrina de esta Corte Suprema de Justicia, que el per saltum regulado en el art. 107 de la ley 6944 constituye un remedio de carácter excepcional, para cuya procedencia es menester, no sólo la manifiesta evidencia de que las cuestiones involucradas revisten gravedad institucional o un interés constitucional, sino que además, es preciso demostrar que esta vía constituye en el caso concreto, el medio legalmente eficaz para la protección del derecho comprometido; lo que se vincula estrechamente a la necesidad de un urgente pronunciamiento jurisdiccional, que autorice a prescindir de los requisitos formales exigidos para transitar otros carriles impugnaticios. (Conf.: "Haskour Raúl A. s/ pedido de informes y avocación", sentencia nro. 581 del 01/8/2000 CSJT, entre otros pronunciamientos ).

De la reseña del caso efectuada por señor Fiscal de Instrucción, Dr. Esteban E. Jerez, no cabe sino concluir que el pedido de avocación en examen no encuadra en la preceptiva de la norma legal citada precedentemente, a tenor del cual esta Corte Suprema de Justicia está autorizada a prescindir de los requisitos de procedencia formal de los recursos respectivos a los efectos de un inmediato pronunciamiento, si la solución no admite demora alguna, cuando en un caso pendiente excepcionalmente de resolución recaída revista interés constitucional o gravedad institucional.

En el sublite, las cuestiones planteadas por el presentante no demuestran la urgencia de un pronunciamiento que justifiquen la supresión de las instancias recursivas establecidas en la norma de forma.

En el caso, la procedencia del carril intentado se sustenta en la alegada resolución del señor juez de Instrucción por la cual se deja sin efecto la orden impartida por el Fiscal de Instrucción de la 6ª Nominación de fecha 05/3/2003.

Decisión que no aparece impugnada por el representante del Ministerio Público, por los medios previstos en el ordenamiento jurídico procesal penal para obtener la revisión de lo resuelto.

La procedencia de este remedio excepcional está sujeta a la manifiesta evidencia de que las cuestiones de gravedad institucional encuentran en esta vía el único medio eficaz para la protección de esos derechos, extremos cuya acreditación incumbe al recurrente, lo que en la especie no ha acontecido. De otro modo, se autorizaría el remedio excepcional instituido por el art. 107 CPC, para eludir las instancias asignadas a otros órganos que conservan competencia sobre la causa, excediendo el riguroso marco de actuación que habilita la norma aludida, con afectación directa al debido proceso.

Por otra parte, de la lectura de la sentencia de fecha 11/3/2003, contra la cual se plantea el per saltum, no se desprende una absurda interpretación de las normas de procedimiento penal, atento la exigencia que prevé el art. 31 del la Constitución Provincial.

Las razones expuestas por el señor Fiscal de Instrucción de la 6ª Nominación expuestas a fs. 6/11 , no evidencian por sí mismas, la alegada existencia de gravedad institucional, con el alcance de prescindir de otros medios de impugnación propios de la instancia ordinaria.

A mérito de lo expresado, procede desestimar la solicitud de per saltum que diera origen a estas actuaciones.

Por ello y oído el señor Ministro Fiscal, se R E S U E L V E :

DESESTIMAR el pedido de intervención per saltum formulada por el señor Fiscal Penal de Instrucción de la 6ª Nominación, Dr. Esteban Eduardo Jerez.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR