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Daños y perjuicios, indemnización, pérdida de la chance, responsabilidad del banco, información errónea o desactualizada, banco de datos personales, titular de cuenta corriente, inhabilidad para cuentas bancarias
Materia: CIVIL-BANCARIO
Carátula: BURGUEÑO, WALTER RICARDO c/ BANCO MERCANTIL SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-22

Si como consecuencia de la errónea inclusión del cliente de un banco en la base de datos de personas inhabilitadas por el Banco Central para actuar como cuentacorrentista, aquel se hallo imposibilitado de operar con cuentas bancarias, situación que le habría impedido ser proveedor de ciertos hipermercados y alquilar un local en una galería sobre una importante avenida, en ubicación que le habría importado una ventajosa ganancia -lo que quedó debidamente demostrado en la causa-, el banco deberá resarcir a su cliente en concepto de perdida de la chance, en razón de una posibilidad frustrada de obtener ganancias, derivada tanto de los impedimentos para vender los productos a ciertos mercados, como de tener que alquilar un local menos redituable, mas considerando la existencia de una segunda inhabilitación -22.12.95- imputable al cliente, y a partir de la cual comparten responsabilidad por el estado de inhabilitación, la indemnización pertinente se fijara en la suma de $7000, con mas intereses desde la fecha de la notificación del traslado de la demanda, a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento.
Contrato de obra pública, actualización monetaria
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pypsa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (A.G.O.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Corvin S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dcción. Gral. Escuelas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08|2000-05-31

Tratándose del reajuste de un crédito emergente de un contrato de obra pública, el índice de depreciación a aplicar estará dado por el promedio entre los índices de precios al consumidor nivel general y de costo de la construcción emanados del INDEC.
Medida de no innovar, verosimilitud del derecho invocado
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Wilche, Juan Manuel c/ Municipalidad de Río Gallegos s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1998-07-02

Enfocando el presupuesto básico de procedibilidad de la medida cautelar solicitada, debemos establecer que prima facie corresponde determinar si al peticionante le asiste el derecho al reclamo. Esta demostración debe ser sumariamente probada a fin de que surge la verosimilitud de la petición. De este análisis, deben surgir posibilidades o probabilidades de la existencia del derecho, no requiriéndose definición de certeza, juicio éste que se formulara en definitiva al resolverse la causa. (Voto en disidencia: Dr. Moron y Dr. Ballardini)
Llamamiento de autos, prescripción de la acción penal, recurso de inconstitucionalidad, falta de autorización judicial
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Ministerio Público - Fiscalía de Cámara Norte de la CABA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de recurso de inconstitucionalidad en autos Gómez, Roberto Marcelo s/ 79 - cuidar coches sin autorización legal (Art. 82 según TC Ley 5666 y modif.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-23

Corresponde rechazar la queja toda vez que no rebate los argumentos que dio la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad, relativos a la ausencia de un caso constitucional que habilite la intervención de este Tribunal (art. 26, ley n° 402). Los argumentos expuestos en la presentación directa insisten en que el sobreseimiento por atipicidad dispuesto por la Cámara se aparta del principio de legalidad, pero sólo dejan entrever una interpretación distinta de los hechos del caso y del tipo contravencional en cuestión. Más allá del acierto o error de lo decidido, no logra conectar aquellos agravios con un postulado constitucional que habilite la jurisdicción de este Tribunal (art. 26 de la ley n° 402). (Del voto en disidencia de la juez Inés M. Weinberg).
Mandato, mandato oculto, efectos del contrato, simulación
Materia: CIVIL
Carátula: DI GIORGIO, Genoveva c/ DI GIORGIO DE ACCINELLI, María Rosa s/ SIMULACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-08

En el caso del mandato oculto no existe simulación ya que el mandatario adquiere a su nombre obligándose frente a terceros, sin perjuicio de la obligación de transmitir lo recibido al mandante en virtud del contrato que lo une a él. De manera que, ante el incumplimiento, la acción a entablar no es la de simulación sino la proveniente del mandato.
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica, testigos
Materia: LABORAL
Carátula: C., J.L. c/ E.J. SA s/ Diferencia de Haberes e Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-02-03

Conforme las reglas de la sana crítica, a quien en buena medida protagonizara los hechos no puede tenérselo por testificante imparcial de la conducta que asumiera en la emergencia, por ser esa supuesta calidad contraria a la índole de la naturaleza humana.
Juicio ejecutivo, excepción de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Carabetta, Juan y otros c/ Mauri Sociedad en Comandita por Acciones s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-04

Resulta una seria presunción en contra de quien dice haber efectuado el pago, no haber tomado las precauciones necesarias para demostrar que lo ha realizado y por qué concepto.
Constitución Nacional, modificación de la ley, jerarquía de las leyes, derechos y garantías constitucionales, solve et repete
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: AZUCARERA JUAN M. TERAN S.A. c/ D.G.I. s/ FINANCIACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-30

Los tratados introducidos por la reforma a al Carta Magna de 1994, si bien tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución, y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas (art. 75, inc. 22, C.N.), entendiéndose como derechos relativos, susceptibles de reglamentación teniendo en cuenta la naturaleza y alcance de los mismos. En consecuencia, debe concluirse que mantienen vigencia el principio "solve et repete".
Suspensión del trabajador, faltas disciplinarias
Materia: LABORAL
Carátula: HILDEBRANDT, Marcelina c/ YOYA, Carlos Orlando s/ Salarios, Indemniz., S.A.C. y ot.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-08-15

En las comunicaciones de las sanciones de suspensión, no es menester describir detalladamente los hechos que configuran la conducta sancionada, la norma del artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo no lo impone expresamente, su recta télesis y el principio de buena fe exigen el deber de hablar claro. (Voto Dr. Ponce).
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, sentencia definitiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: G., M. R. c/ C., L. A. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-03

Para determinar si una sentencia es definitiva, es necesario saber si el tema puede ser renovado en otra oportunidad o en otro juicio, pues la "nota de definitividad" se patentiza cuando se decide de modo final sobre la existencia o suerte del derecho de fondo.
Concursos, derecho a la carrera, derechos subjetivos
Materia: COMERCIAL
Carátula: FERNÁNDEZ, Norberto Godofredo c/ Dirección Provincial de Vialidad s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2008-12-19

Plantea además la parte actora, que la decisión administrativa tomada, lesiona su derecho subjetivo, pues la suspensión del concurso del que formó parte, lo privó ilegítimamente de una posibilidad cierta de ascenso.- En tal sentido, y si bien los fundamentos expuestos anteriormente, alcanzan para declarar la inadmisibilidad de la presente acción, a mayor abundamiento, resulta útil destacar que " la posibilidad de ser nombrado en virtud del concurso, ese interés en la suerte del concursante, se convierte en derecho subjetivo al empleo, si el candidato triunfa en el concurso, " (conf. BIELSA, Rafael, "Sobre lo Contencioso Administrativo", 2da ed., Buenos Aires, Tipografía Llordén, 1954, pags. 140/141).- En el caso que nos ocupa, el actor sólo participó de un concurso de antecedentes y oposición, que fue suspendido por razones de oportunidad y conveniencia, no ganó el concurso, por lo tanto, no existe derecho subjetivo alguno vulnerado por el acto administrativo cuestionado.-
Competencia federal, concurso ideal, estafa, falsificación o adulteración de moneda extranjera, circulación de moneda falsa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Inc.  de  comp.  en  causa  34.502  del  Juzgado Criminal Nx 8 de San Martín y el Juzgado Federal de Morón. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-01

Media entre la estafa y la puesta en circulación de moneda extranjera falsa un concurso ideal del que debe entender la justicia federal.
Indemnización por despido, reingreso a la actividad remunerada
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, ARMANDO RAUL c/ BARRACAS SUEIRAS  S.R.L. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-27

Siendo la indemnización por despido uno de los derechos concedidos en función de la antig^uedad, conforme lo normado por el artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo corresponde computar la antig^uedad total al servicio de la empleadora y no únicamente los años transcurridos a partir de la jubilación.
Docentes, estabilidad laboral, indemnización, concursos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ricardo Alberto HASE c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL s/ PRINCIPIO  DE  CONGRUENCIA  -  PROFESOR UNIVERSITARIO - ESTABILIDAD -  EMPLEADOS PUBLICOS - CONCURSOS - INDEMNIZACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-04

Aún cuando los profesores universitarios perdieron su estabilidad al ser puestos en comisión en virtud del art. 58 de la ley 20.654 esa medida tenía por objeto posibilitar la provisión de las cátedras mediante concursos organizados según las disposiciones de la misma ley y por lo tanto, si bien podían ser sustituidos por quienes fuesen designados para ocuparlos mediante el procedimiento legal, ello no justificaba que se los separase sin causa antes de que dicho procedimiento se cumpliera. En consecuencia, corresponde confirmar la sentencia que, al estimar que la actora sufrió un perjuicio efectivo, que no podía subsanarse con las previsiones de la ley 23 068, estableció previa analogía -ley 21.274- las pautas para la determinación del monto a indemnizar.
Despido, despido por falta o disminución de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Piñeyro, Rubén Oscar y otros c/ Braceplast S.A. s/ Nulidad de prueba preliminar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-07-28

La acreditación de la disminución de la actividad del principal y la existencia de una crisis en la industria de que se trata, como tampoco la aplicación de medidas posteriores para paliar los efectos de la misma es insuficiente a los efectos a que se refiere el art.

247 de la L.C.T., si no se ha demostrado también que el empleador es ajeno a las causas del desajuste económico, pues es allí donde debe encontrarse la inimputabilidad a que se refiere dicha norma.
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo Eduardo Raúl c/ Asociart ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-10

Resulta inconstitucionalidad la normativa de adhesión (arts. 1, 3, 4 y 5 de la ley 10.532), como así también el art. 1º de la ley 27.348. Ello porque la primera prevé una adhesión que implica delegar en favor de la administración nacional la totalidad de las competencias necesarias de las cuales están constitucionalmente investidas las provincias, es decir, no sólo la facultad de dictar normas de procedimiento, sino también funciones jurisdiccionales, al punto que las decisiones de la administración federal tienen la virtualidad de hacer cosa juzgada (art. 2, Ley 27348), poniendo -además- límites a la revisión judicial provincial estrechando plazos que señala de caducidad. Las provincias deben asegurar la administración de justicia en forma autónoma (Voto Welp)
Jurisdicción y competencia, competencia provincial, tesoro nacional, malversación de caudales públicos
Materia: PENAL
Carátula: ACISER. s/ defraudación de las rentas nacionales.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Corresponde a la justicia provincial entender en la causa donde se investiga la denuncia acerca de irregularidades en la asignación y posterior utilización de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN.) a la Asociación Civil Integración Solidaria de Entre Ríos (ACISER.) si los magistrados intervinientes coinciden en que los ATN.

fueron transferidos a la Tesorería General de la provincia por lo que cabe concluir que esos fondos, una vez recibidos, se incorporaron al patrimonio provincial y su presunta afectación o uso indebido sólo habría perjudicado a las rentas provinciales.
Concursos, tasa de justicia, aplicación de la ley, homologación del acuerdo
Materia: COMERCIAL-PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bianchi, Edmundo Horacio  c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-23

La tasa de justicia correspondiente al concurso del fiador debe calcularse incluyendo los créditos admitidos en su concurso, así como aquellos admitidos en el concurso del deudor garantizado. Ello por cuanto, la ley 25563: 13 dispone que la tasa de justicia en los procesos concursales, se determina en función de todos los créditos verificados comprendidos en el acuerdo.

En tal sentido, no corresponde hacer distingo alguno en caso que dicho pasivo pudiera resultar coincidente en varios concursos, puesto que en todos ellos media un servicio de justicia que debe ser prestado en forma independiente, sin que obste a tal conclusión que una o varias acreencias se encuentren verificadas en el concurso del obligado principal y de su garante (CNCom, Sala B, en autos "Álvarez Romina Julieta s/ concurso preventivo", del 22/11/18; Sala A, en autos "Zanniello Paola Alicia s/ concurso preventivo", del 08/02/18; Sala D, en autos "Petropol SA s/ concurso preventivo s/ inc. de tasa de justicia", del 29/12/97; entre otros).

Asimismo, la tasa judicial no es un impuesto que pesa sobre los pasivos, sino el pago de un servicio, que utiliza como parámetro el monto del pasivo verificado en cada concurso.
Encubrimiento, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Procurador Fiscal nº 3 s/ Presentación
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-08

"Debe tenerse presente que la infracción al artículo 277, inc.

11 del Código Penal se consuma cuando ha vencido el término legal o reglamentario fijado para formular la denuncia o cuando, no prescribiéndose un plazo, pueda afirmarse la existencia de un retardo injustificado, sin que aquella se haya formulado".
Alimentos, juicio de alimentos, prescripción, cómputo del plazo
Materia: CIVIL
Carátula: S. de H., S. y otros c/ EMPRESA VIEL TEMPERLEY S.A. s/ EJECUCION DE ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-17

El derecho a reclamar alimentos es imprescriptible, aunque la respectiva acción ha sido omitida en la enumeración del art. 4019 del Código Civil, pero sí prescriben las cuotas vencidas y no reclamadas, en el plazo de cinco años, desde que la pensión se devengó (conf. art. 4027, inc. 1º del Código Civil).
Homicidio calificado, legítima defensa, estado de necesidad, fuerzas de seguridad, auto de procesamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ALMADA, Rubén Darío. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-03-02

Para la concurrencia de la legítima defensa, se requiere la agresión ilegítima. La antijuridicidad de la agresión es el elemento necesario y suficiente para desencadenar la legítima defensa, ello es, para permitirle al ciudadano la defensa de sus bienes personales ante el ataque antijurídico.

Si la víctima no portaba un arma de fuego, sumado a que luego de que recibiera los disparos, se escucharon otras detonaciones, por lo que el imputado no pudo haber repelido una agresión, resultan elementos suficientes para afirmar que el imputado no fue víctima de una agresión ilegítima por parte de la víctima que haya justificado su accionar, primera y esencial condición para que sea procedente la legítima defensa.

Habrá de excluirse la posibilidad de un exceso, puesto que se ha descartado la existencia objetiva de una situación de legítima defensa, ya que sólo existe legítima defensa cuando la acción defensiva es necesaria para repeler la agresión: descartada como está la agresión, mal puede analizarse la necesidad de la defensa o la racionalidad del medio empleado.

El estado de necesidad disculpante, como excluyente de la culpabilidad, se refiere a la acción típica y antijurídica para apartar de sí, o de una persona cercana, un peligro que amenace la vida, la integridad física o la libertad y descartado ese peligro, ésta causal no procede.

Si al tiempo del suceso, el imputado pertenecía al numerario de la Policía Federal Argentina, y realizaba la actividad usando el arma reglamentaria que le fuera confiada por aquélla fuerza de seguridad, se encuentra configurada la agravante prevista en el art. 80, inc. 9° del C.P., ya que se configura una situación de abuso de la función a que alude la norma.

Por ello, corresponde confirmar el procesamiento del imputado en orden al delito de homicidio agravado (art. 80, inc. 9°, del C.P.).
Ius variandi, empleo público
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rossi, Angel Carmelo c/ Estado Provincial y otro s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-06-20

La asignación a un agente público de otras tareas dentro del organigrama municipal, incluso el traslado a secciones distintas por acto administrativo del órgano competente para hacerlo, importa el ejercicio de las potestades de gobierno propias del Departamento Ejecutivo que no alteran la esencia o sustancia de la relación de empleo público. Ello es así en tanto signifique la medida la búsqueda de una mayor eficiencia en el quehacer, siempre que el acto de la autoridad no importe un abuso de poder o se adopte la decisión por un órgano carente de la competencia necesaria para hacerlo, o que tenga un efecto remuneratorio perjudicial para el asalariado, aún cuando pueda importar la pérdida de un adicional por la función dejada de prestar, lo que carece -en principio- de incidencia dirimente al respecto; o que tengan un inequívoco carácter agraviante, menoscabante o indigno para el afectado, escondiéndose bajo la cosmética de esa nueva asignación de tareas una sanción adoptada sin satisfacer los recaudos previos inexcusables para su imposición. Si ello no acontece, las reglas básicas de la relación de empleo público no se habrán alterado.
Prescripción, suspensión de la prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Dalul, Domingo c/ Blanco, José Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-11-26

La mera denuncia que no es equiparable a la querella, carece de efectos suspensivos del curso de la prescripción ( art. 3982 bis Código civil).
Inhabilitación especial, inhabilitación para conducir, homicidio culposo, transporte de pasajeros
Materia: PENAL
Carátula: COTAL, Jorge s/ HOMICIDIO CULPOSO. INHABILITACION. FALLOS PLENARIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-03-19

La inhabilitación por homicidio culposo limitada a transporte público de pasajeros, se contrapone a la doctrina del fallo plenario 'Castro' del 30/12/75, razón por la cual corresponde que aquélla pena le sea impuesta al procesado para conducir todo tipo de automotores, llamándose la atención a la Magistrada por el incumplimiento de lo dispuesto en el art. 27 del Dec. Ley 1285/58, ratificado por la ley 14.467, en atención a la obligatoriedad de los fallos plenarios.
Costas, costas al vencido
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Aldecoa, Oscar c/ Firestone de Argentina s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-08-03

El carácter de vencido, se configura para la demandada si la acción prospera, aún cuando lo sea en mínima parte, máxime si no se desestimó un rubro íntegro de la demanda, sino simplemente que progresando el reclamo el Tribunal lo fijó en una suma que no equivale exactamente a lo señalado en el escrito inicial.
Proceso penal, acusación, lesiones
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10

El acuerdo 242-A-93 consideró falta objetiva a la conducta desplegada por los actores. La norma legal en cuestión no ha sido derogada por la disposición constitucional contenida en el art. 23 inc. 13 Const. Pcial., atento lo dispuesto por la disposición transitoria 10 de la propia Constitución, en el sentido de que subsisten los actuales regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias, no estando prevista en ellas la cuestión de que se trata. En definitiva en la litis resulta innecesario instrumentar un procedimiento sumarial, ya que se encuentra asegurado el derecho de defensa del agente al permitírsele impugnar las sanciones a través de la vía recursiva, con posibilidad de efectuar su descargo, ofrecer las pruebas que hagan a su derecho, y a obtener en definitiva una decisión fundada de la autoridad administrativa. vaguedades, de manera tal que no pueda provocar una confusión acerca de la pretensión que se hace valer, y que la circunstanciación, exige que sean puestas de manifiesto todas aquellas circunstancias jurídicamente relevantes (modo, tiempo, lugar y persona) en que esa conducta se exteriorizó. El recurrente le reprocha a la acusación que no ha sido precisa ni circunstanciada porque no describió cuáles fueron las lesiones inferidas a la víctima de un homicidio culposo, pero no se advierte que el nivel de detalle que exige tenga sustento en la regla que denuncia vulnerada conforme a la interpretación expuesta en el párrafo precedente. Si la acusación relata, en forma sucinta, la colisión acaecida del vehículo guiado por el acusado con la moto en que se conducía la víctima, detallando la fecha, las calles por las que cada uno circulaba, la acción concretamente enrostrada al acusado y el resultado de ella (como consecuencia de la colisión las lesiones del motociclista y su muerte como secuela causal), ha satisfecho razonablemente la exigencia legal y el imputado no se ha visto por lo tanto privado de defenderse eficazmente. La posibilidad del daño eficaz al derecho de defensa del imputado, se hubiese verificado si de los términos de la acusación no hubiese surgido la vinculación entre la muerte sufrida por la víctima como producto de las lesiones, con las circunstancias de tiempo y lugar mencionadas y el efecto de la acción enrostrada al acusado, pues esas eran las circunstancias jurídicamente relevantes y que fueron negadas por el acusado al rechazar tanto la excesiva velocidad cuanto que el fallecimiento se hubiera debido al accidente. En este último aspecto, la acusación no se presta a duda alguna, más allá de que no se hayan detallado pormenorizadamente las lesiones sufridas, debiéndose destacar que en todo caso constituía una carga exclusiva del acusador la prueba de la existencia de ellas en las circunstancias narradas en el relato y de su incidencia causal en la muerte.