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Intervención de entidades financieras, certificado de depósito a plazo fijo, valor probatorio, declaración jurada, secreto fiscal
Materia: TRIBUTARIO - ADMINISTRATIVO
Carátula: LOIACONO, JULIO c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-09

El art. 101 de la ley 11.683 obliga al Fisco a guardar secreto sobre lo declarado por el contribuyente y no el supuesto contrario, es decir, a éstos sobre los elementos de juicio que los puedan beneficiar, dado que su fin es asegurar a los responsables que el cumplimiento de sus deberes fiscales no les acarreará compromisos de otro orden. (En el caso, aunque consta la registración de los certificados pierde validez tal registro si los libros se rubricaron en fecha coincidente con la intervención de la entidad financiera y siempre posterior a la de la imposición discutida. Tampoco se acompañaron comprobantes o referencias sobre la existencia de alhajas, ni de los ahorros familiares invocados, u otra información sobre ingresos, declarando los actores como única actividad lucrativa el comercio mediante una SRL que no lleva otro libro que el de compras y ventas de IVA que no resulta idóneo para acreditar la debida imputación del depósito).
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la Constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   Plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El Instituto de la suspensión del   Juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter Y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Los institutos tendientes a evitar el efectivo cumplimiento de las penas cortas de prisión son principalmente la condena condicional y la llamada "probation", medidas éstas que más que dos instituciones distintas representan dos procedimientos diferentes (y de distinta intensidad) para lograr un mismo propósito inicial, que es impedir al delincuente ocasional, autor de una infracción no grave, el contacto carcelario que resultaría de una pena corta privativa de la libertad, cumplida efectivamente. (Del Voto de la Dra. Burrone de Juri). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Sentencia arbitraria, excesos u omisiones en el pronunciamiento, prescripción, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: PACHECO ELSA MARIA c/ SUC. DE JUAN TAWIL Y OTRA s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-12-22

Es arbitraria la sentencia que omite pronunciarse sobre la prescripción liberatoria de los créditos emergentes de una relación de trabajo planteada oportunamente por los demandados.
Jubilación ordinaria, aportes previsionales
Materia: LABORAL
Carátula: ESTEBAN, AGUSTIN c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1993-09-17

El art. 90 de la ley 2092 exigía para quienes pretendían acceder al beneficio jubilatorio y hubiesen ejercido cargos electivos en esta provincia, acreditar veinticinco -25- años de aportes previsionales de los cuales diez -10- como mínimo debían ser a la caja rionegrina.

En el articulado siguiente se establece que a los beneficiarios que se hubieren acogido a las leyes de moratoria previsional- a los fines de lo dispuesto en el art. 90 inc a) -se les deberán acreditar como aportes realizados, los que correspondieren al período de servicios declarados a la misma. Es evidente que el legislador equipara de esta manera los aportes declarados a los aportes realizados, pero siempre referidos a servicios declarados y por cierto prestados ("Fiscal Gimenez", SE. 83/91). Y para el cumplimiento de la restante condición del inc. a) ya mencionado -diez años de aportes mínimos a la caja de previsión de la provincia-, a los potenciales beneficiarios que les faltaren aportes mínimos se les permite abonarlos de una sola vez o en cuotas; pero esos eventuales aportes faltantes deben estar sustentados en servicios prestados, tal como el principio receptado para acreditar la primera exigencia. Ello resulta coherente para determinar los montos que habrán de ingresar en concepto de aportes faltantes:

entenderlo sin la necesidad de esos servicios, convertiría a la cantidad a ingresar en una suma antojadiza sin sustento en el haber remuneratorio.-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: MARTINEZ, Ramón s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-31

No corresponde interponer recursos respecto de decisiones futuras de los órganos jurisdiccionales, de manera que para la viabilidad del recurso, es forzosa la existencia del pronunciamiento que motiva el agravio.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Confirmación de sentencia, cómputo de la pena, excarcelación
Materia: PENAL
Carátula: Ramírez Zambrano, José c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-20

Corresponde confirmar la decisión que no hizo lugar a la observación del cómputo de pena, puesto que pese a que se pretende que se compute como pena aquel tiempo en el que el imputado estuvo excarcelado en los términos del art. 317, inc. 5º, del Código Procesal Penal de la Nación, lo cierto es que sólo se está en presencia de tiempo transcurrido en libertad conforme los términos de la aludida disposición, sin que la defensa indique cuál es el sostén normativo que fundamenta la pretensión de que el tiempo que transcurrió en libertad conforme la excarcelación decidida en los términos del art. 317 inc. 5º, CPPN, pueda ser computado como cumplimiento de pena (voto del juez Morin)
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, proceso arbitral, tribunales arbitrales, laudo arbitral, recurso de nulidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Color S.A. c/ Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad del laudo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el recurso de nulidad deducido contra el laudo del tribunal arbitral es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, intereses, jueces, criterio de razonabilidad, inflación
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ESPADAS, LUCIA AGUSTINA c/ LA CAJA ART S.A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-05-11

En principio, la temática en juego (tasas de interés) no resulta ser objeto de la vía extraordinaria por tratarse de una cuestión privativa de los magistrados de la causa, salvo que se demuestre arbitrariedad o lesión a la garantía constitucional de defensa en juicio, circunstancia que la recurrente no acredita en la especie pues, si bien la quejosa expresa el resultado al que entiende que arribaría el cálculo de los intereses definidos en el decisorio puesto en crisis, no se aprecia que justifique la irrazonabilidad y/o exorbitancia económica del monto en cuestión, máxime si se tiene en cuenta la escalada inflacionaria de los últimos años y la necesidad de reparar -además- la demora en el pago, todo conforme se sostuvo en la sentencia recurrida.
Recurso de inconstitucionalidad, igualdad ante la ley, jubilaciones, aplicación de la ley, leyes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: JEISON, AIDA c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-11-22

En las especialísimas circunstancias de la causa, negar a la solicitante el derecho de opción, derivaría en una agraviante desigualdad entre situaciones personales prácticamente idénticas (hipótesis de dos beneficiarias, exactamente con los mismos años de servicios y aportes hechos, que obtengan jubilaciones sustancialmente distintas en función de los años computables), que se traduciría en el caso concreto como una discriminación arbitraria en perjuicio de la actora (beneficio congelado vs. beneficio no congelado), pues evidentemente importaría excluirla de un derecho que se concede a otros en similar situación -considerada por el propio legislador como posiblemente injusta e inicua-, sin otro motivo que la existencia del acto administrativo otorgante, cuya invocada inmutabilidad no resulta atendible en autos; conclusión que resulta abonada, en sentido análogo, por la parte final del precepto bajo estudio, que deja expresamente a salvo la posibilidad de que ciertos beneficiarios -los de la máxima categoría- accedan bajo determinados presupuestos -concernientes a los aportes realizados- a otra mejora en el haber incorporada también novedosamente con la ley 13290, no obstante hallarse ya en el goce de sus prestaciones al tiempo de entrada en vigencia de la misma. (Del voto del Dr. Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil y Comercial, artículo 2; Ley 13290, artículo 22.
Prueba confesional, confesión ficta, valor probatorio
Materia: CIVIL
Carátula: VASALLO VDA. DE FELIZI c/ CORTES CARLOS s/ CONTRATO DE LOCACION COSAS-DESALOJO-CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-06

El art. 423 del C. Procesal dice: "la confesión judicial expresa constituirá plena prueba". Luego establece salvedades. Pero el principio general de la plena prueba está definitivamente referido a la confesión expresa. A. "contrario sensu", no es plena prueba la confesión ficta o tácita. En otros términos: la propia ley no le otorga a la confesión ficta el carácter de plena prueba.-
Daños y perjuicios, contrato de obra pública
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Fundar S.A.C.I.F.I. y A. s/ Daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-18

A los efectos de hacer efectiva la responsabilidad del contratista incumplidor en los casos en que la Administración se decida por la continuidad de los trabajos o su ejecución por administración, no es necesaria ninguna "interpelación administrativa previa" que determinase la existencia del crédito ni menos aun "cantidad líquida" del mismo, pasos todos estos vinculados con la posibilidad de cobrar el crédito mediante la subasta pública de los equipos y materiales retenidos al contratista, según el procedimiento reglado por el dec.5488/59, para el supuesto en que la Administración decida no proseguir con la obra.
Relación de dependencia, inspección del trabajo, valor probatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "MARTÍNEZ,  LUIS  ÁNGEL c/ A.F.I.P.  -  D.G.I. s/ Impugnación dedeuda".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

Cuando la administración lleva a cabo las tareas de inspección no prueba los hechos que justifican su pretensión primera, sino que comprueban los presupuestos que legitiman su criterio. Será, posteriormente, la actividad jurisdiccional la que verifique la corrección de la comprobación de la inspección (cfr. en sentido conc. Días, Vicente Oscar, "Inspección Tributaria y Derecho de los Administrados", pág. 50 y ss.)
Contrato de obra pública, recepción de la obra, vicios redhibitorios
Materia: CIVIL ADMINISTRATIVO
Carátula: Provincia del Chubut c/ Empresa O.C.E.P. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1979-12-20

En lo que a responsabilidad, caducidad y prescripción atañe, debe resolverse a tenor de lo establecido en el art. 1647 bis del C.C., si mediaron supuestos de "recepción" y "entrega" de la obra pública a los que se refiere la norma y, en su caso, por qué acto. Porque las soluciones que prevé la ley, tanto respecto de los vicios aparentes como de los ocultos, parten de la circunstancia de que existiendo recepción y entrega pacífica de la obra hubo también en el caso "aceptación" de ésta por el dueño. La recepción no debe confundirse con la entrega material de la cosa, ya que puede suceder antes o después de ese acto y después, entre otros supuestos, precisamente cuando "...por las circunstancias particulares del caso -el dueño- ha tenido que tomar posesión antes de la terminación completa de la obra".
Notificación, notificación por edictos, publicación de edictos
Materia: PROCESAL
Carátula: Rebora, María Dolores s/ Solicita autorización judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-06-30

Habiendo la parte declarado bajo juramento el desconocimiento del domicilio del demandado y denunciado el último que se le conociera, no corresponde la exigencia de otros requisitos a los señalados en función de lo dispuesto por los arts. 320, 146 y 147 del C.P.C. y C., por lo que corresponde ordenar la publicación de edictos peticionada en los términos del art. 320 citado y art. 148 del C.P.C. y C.
Acción de amparo, amparo por mora, legitimación activa, pronto despacho
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Andrada LIgia del Valle y Otros c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-21

La circunstancia de que el amparo por mora de la Administración no haya sido regulado como alternativa procesal específica no resulta óbice para su procedencia, pues considerando que el particular puede tener concreto interés en obtener un positivo pronunciamiento del órgano competente, es preciso reconocerle la facultad de ocurrir a la jurisdicción en protección del derecho a obtener un pronunciamiento de la Administración.

Es que el amparo por mora no constituye sino una especie de la acción de amparo regulada en los artículos 42 de la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la Ciudad. Y dado que esta acción procede también contra omisiones de la Administración (artículo 14 CCABA), podrá acudirse a esa vía siempre que demorare el dictado de la resolución que requiera el interesado, lesionando de este modo, el derecho del administrado a obtener una respuesta por parte de la Administración al planteo efectuado.

En consecuencia, el amparo por mora se configura como la vía apta para obtener una orden judicial de pronto despacho, pudiendo deducirlo quien revista la condición de parte en un procedimiento administrativo cuando el órgano interviniente haya dejado vencer los plazos fijados, o en ausencia de éstos, si hubiera transcurrido un plazo razonable sin emitir el dictamen o la resolución de mero trámite o de fondo oportunamente requerida.
Entidades financieras, depósito bancario, régimen de garantía de los depósitos, connivencia fraudulenta entre depositante y depositario, prueba, presunciones, certificado de depósito a plazo fijo, títulos de crédito
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sergi Vinciguerra, Antonio c/ B.C.R.A. s/ cobro de australes.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

La reprochable maniobra de concierto fraudulento entre el depositante y las autoridades de la entidad requiere, para ser aceptada como excluyente de la garantía de los depósitos, si no prueba directa, por lo menos fuertes indicios de alguna vinculación dolosa entre el personal de la entidad y el titular del certificado, ya que, de otro modo, resulta inverosímil cualquier planteo que pretenda justificar la tenencia de un certificado de depósito sin el correspondiente ingreso de dinero (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Antonio Boggiano y Guillermo A. F. López).
Proceso contravencional, sistema acusatorio, facultades del juez, facultades del fiscal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: E.C.S.A.T. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Recurso de queja. Recurso de queja.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-11-30

Entre los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires e integrando un plexo normativo con garantías a la libertad de las personas y como parte inviolable de su dignidad, se encuentra la imposición del sistema acusatorio para el juzgamiento de contravenciones contenidas en el llamado Código de Convivencia (artículo 13, inciso 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y Ley Nro.12).

En virtud de dicho principio constitucional, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo en forma exclusiva la investigación preliminar o preparatoria del hecho a investigar, en tanto considere la presunta existencia de una contravención y siempre y cuando no resuelva el archivo de las actuaciones. Por ello, puede tomar declaraciones, reunir las pruebas que sirvan y den envergadura al proceso que, eventualmente, culminan en el requerimiento de juicio (artículos 39, 41, 43, 44 y Ley de Procedimiento Contravencional).

Recién en esa instancia procesal y formulado en teoría el requerimiento de juicio comienza la actuación del juez, salvo que hubiera sido llamado a intervenir para resolver alguna medida cautelar, y en su primera actuación está prácticamente obligado a fijar la audiencia de juicio donde se desarrollará el debate de acuerdo remitiéndome a lo normado en los artículos 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Contravencional. Del voto del Dr. Ventureira con adhesión de la Dra. Robledo.
Divorcio, exclusión del hogar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: V. de R., M. A. c/ R., J. s/ Divorcio vincular; reintegración hogar tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-07-16

Si bien la cuestión interesa a la persona de la parte actora, no puede perderse de vista la compleja urdimbre afectiva que involucra a los menores que "prima facie" prefieren convivir con el padre en el hogar conyugal, por lo que se difuman -al presente- los caracteres de verosimilitud o peligros ciertos desde el hontanar tuitivo y proteccional que para la accionante pueda implicar su reintegro al inmueble del cual se retiró, por razones que no es la ocasión procesal meritar.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Laurona, Juan Francisco c/ Bahía Blanca Refrescos S.A. s/ Despido Romero Ubal, Jorge Luis c/ Metalúrgica Rioplatense S.A. s/ Art. 212, L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-07-27|1996-04-09

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que omite toda cita de disposición legal o doctrina violadas.
Contrato de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: CORVALAN JOSE ALEJANDRO c/ JULIO VENECIA s/ DEMANDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-05-06

Debe el demandado acreditar la "grave disminución de trabajo no imputable", por tratarse de una causal que lo eximiría del pago de la mitad de la indemnización prescripta para los despidos sin causa por el art. 245 del R.C.T. y esa prueba debe ser contundente y precisa en tanto afecta el derecho del trabajador a la percepción de las indemnizaciones por extinción de la relación laboral. Muy escaso ha sido el esfuerzo realizado por la patronal en tal sentido, omitiendo peritaciones contables o informativas del sector de actividad, que pudieran dar una idea mas acabada de la disminución del trabajo aducida y de su inimputabilidad, debiendo rechazarse tal pretensión .
Proceso contravencional, recurso de apelación (procesal), admisibilidad del recurso, nulidad procesal, prófugo, defensa en juicio
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Incidente de nulidad en autos: MARTINEZ, Osvaldo c/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación s/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación inf. Art. 83 ley 1472-Apelación s/ inf. Art. 83 ley 1472-Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-08

Si bien hemos sostenido antes que el imputado que voluntariamente se sustrae de la acción de los jueces carece de facultad de deducir peticiones al tribunal, por sí o por intermedio de su defensor o apoderado -a excepción de limitadísimos supuestos, vgr. exención de prisión y prescripción-, y hemos descartado en consecuencia la existencia de un interés jurídico susceptible de respaldar la admisibilidad de sus recursos, este principio sólo cede en el caso de que exista con toda evidencia un vicio en la génesis del proceso de tal magnitud que constituya una nulidad absoluta, de orden general, de aquellas declarables de oficio en cualquier estado del proceso y que, además, resulte decisiva y determinante de la suerte del proceso en sentido desincriminante y definitivo, lo cual de alguna manera la equipara -mutatis mutandi- a un supuesto de extinción de la acción que pone fin irremediablemente a la situación de enjuiciamiento, y torna irrazonable entonces la subsistencia de una orden restrictiva de la libertad, que siempre presupone la existencia de un proceso llevado a cabo conforme a derecho.
Principio de congruencia, traba de la litis, debido proceso
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: D., E. E. y otro c/ CONSORCIO DE PROP. EDIF. "L. T." s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

Una de las garantías del debido proceso se encuentra plasmada en el principio de congruencia, por el cual debe mediar conformidad entre la sentencia y los términos en que ha quedado trabada la litis, en función de los hechos articulados en la demanda y contestación, así como en cuanto a la identidad de la personas, objeto y causa; delimitada así la contienda, el juez no puede exceder de ese marco sin quebrantamiento del aludido principio consagrado, entre otros, en el artículo 163 inciso 6° del Código Procesal del fuero.
Concursos, privilegios (civil), verificación de créditos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Fundymec SACI s/ Concurso
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-18

Respecto de la caducidad de la prenda, la falta de reinscripción no enerva en lo más mínimo la relación entre las partes, ya que ésta subsiste -obligación y garantía prendaria-, desde que la anotación juega para los terceros; por ende conservan plena vigencia los derechos y obligaciones de prendante y prendatario. Respecto de la competencia de la acción prendaria, la misma se dirimió ante el Tribunal del lugar convenido, el cual resulta competente. Además del juego armónico de los arts. 23 y 126 de la ley 24.522 la verificación efectuada con el privilegio pertinente -una vez admitida la ejecución prendaria- es totalmente válida. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jubilaciones, derecho de propiedad, confiscatoriedad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: CARLOS JOSE VITALE s/ JUBILACION Y PENSION - MOVILIDAD - DERECHO DE PROPIEDAD -   CONFISCATORIEDAD - ORDENANZAS MUNICIPALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-09-23

Si bien los montos de los beneficios jubilatorios pueden ser disminuidos para el futuro sin menoscabo del derecho de propiedad, esa reducción no debe ser confiscatoria ni arbitrariamente desproporcionada.