marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Admisibilidad del recurso, interés superior del niño, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos BV sobre 5 c - comercio de estupefacientes o cualquier materia prima para su producción / tenencia con fines de comercialización y su acumulado expte. n° 194616/2021-4 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-28

Corresponde conceder la queja y el recurso de inconstitucionalidad si los jueces de la Cámara, al abordar aspectos del caso que ponen en juego la situación de niños, niñas y adolescentes, omiten explícitamente la intervención de la Asesoría Tutelar. Esta permite, en el plano local, dar cumplimiento a las exigencias procesales interpretativas que establece la Recomendación General n° 14 del Comité de los Derechos del Niño acerca de cómo garantizar una efectiva consideración del interés superior del niño en el caso concreto. Máxime cuando se trata de padres o madres que se encuentren sometidos al proceso penal, toda vez que la tutela del interés superior del niño exige extremar las posibilidades de aplicar medidas no restrictivas de la libertad. La exclusión de medidas alternativas en estos casos está sujeta a un análisis riguroso que la resolución atacada no exhibe. Y más importante aún, al omitir toda consideración desde la perspectiva del principio de interés superior del niño y su desarrollo, omiten escuchar la voz de las niñas. Esta omisión ha implicado una flagrante violación del debido proceso. (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Código aduanero, infracciones aduaneras, sanciones aduaneras, interpretación de la ley
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA  s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-29

El bien jurídico tutelado por el art. 954 del Código Aduanero -que sanciona las declaraciones inexactas-, es, según su Exposición de Motivos, el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación aduanera, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite)
Juicios contra el Estado, Constitución Provincial, presupuesto provincial, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: López, León Mariano c/ Provincia de Río Negro s/ Accidente de trabajo s/ Inaplicabilidad de ley Masello, José c/ Provincia de Río Negro (Jefatura de Policía) s/ Enfermedad accidente s/ Inaplicabilidad de ley e Inconstitucionalidad Pinchulef, Carmelo c/ Provincia de Río Negro (Departamento Provincial de Aguas) s/ Indemnización por enfermedad accidente s/ Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1997-12-02|1997-12-02|1997-12-02

La modalidad prevista por la ley 2959 (especialmente el art. 3), en tanto dispone la traslación a futuros ejercicios presupuestarios de acreencias que deben satisfacerse con arreglo a lo señalado por el art. 55 de la Constitución Provincial, supone, en el caso, un claro apartamiento de lo preceptuado por esta última cláusula, originando un agravamiento de la garantía que en ella se establece. Y es que, en este particular, el precepto va más allá del plazo que el dispositivo superior le fija al Estado para efectivizar el pago;

esto es: el ejercicio inmediato a la fecha en que la sentencia adquiere firmeza.
Compraventa inmobiliaria, prehorizontalidad, ley de orden público, aplicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: SANDONATI, ADRIANA ANGELA R. c/ ALVAREZ CRISORIO, MABEL EDITH. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-04

Los artículos 1 y 12 de la ley 19.724, al representar normas de orden público, pueden ser aplicadas de oficio por el juzgador (conf.

C.N.Civ. Sala E, c. 279.936 del 10-5-82; Sala C, E.D. 92-111; íd., E D. 92-113; íd., E.D. 104-646; íd. E.D. 110-664).

Dicho carácter se otorga por entender que las disposiciones que poseen tales propiedades no pueden quedar a merced de los intereses de los particulares, dado que están comprometidos principios superiores en los que se cimenta la sociedad toda, motivo por el cual el propio Código Civil coloca a dichas normas por encima de la regla de "autonomía de voluntad" consagrada en el artículo 1197 (conf. art. 21). Son, por consiguiente, en principio, irrenunciables y aplicables de oficio y en cualquier instancia del proceso (conf.

Busso, "Código Civil Anotado", t. I, p. 196 nos. 67 a 75).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, OSEP, enfermo terminal, competencia del Superior Tribunal de Justicia, competencia originaria
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: URQUIZA, PATROCINIO GUILLERMO c/ O.S.E.P. Y PROVINCIA DE CATAMARCA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-11-03

El art. 1 de la Ley 4642, establece que: "la acción de amparo ser admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública ...".

En el caso la acción se articula ante la inactividad o negativa de la administración demandada- obra social de los empleados públicos-, a la petición concreta del actor-afiliado- para que se le provea de un medicamento indispensable para su calidad de vida ante la enfermedad mortal que padece- Carcinoma de Células Renales-.

En consecuencia, la conducta de la administración que importe vías de hecho o el acto administrativo que debe dictarse en el ejercicio de atribuciones legales propias, dentro de normas regidas por el derecho administrativo, determina la competencia de este Tribunal para entender en la causa, en orden a lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial, jurisprudencia sentada a partir del caso "Altamirano", y posterior reforma legislativa del Art. 4 de la Ley 4642, por el Art. 1 de la Ley 4998.-
Responsabilidad penal, responsabilidad del director de obra, responsabilidad del arquitecto
Materia: PENAL
Carátula: A.A.P.M. s/ HOMIDICIDIO CULPOSO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2003-09-08

Los elementos convictorios meritados, a la sazón los testimonios de los obreros que integraban la cuadrilla que realizaba la tarea de zanjeo y colocación de caño, son contestes en señalar al imputado como el responsable de la dirección y ejecución de la obra municipal. Asimismo está plenamente acreditado que el encausado es arquitecto, título universitario que lo habilita para dirigir la obra en cuestión. Tal cuadro de situación, amén de su condición administrativa de Secretario Municipal, lo coloca en una posición de garante que potencia su deber de cuidado, frente a la muy riesgosa tarea que había encomendado a personal inidóneo para tal cometido, sin tomar las precauciones mínimas en tanto los riesgos de desmoronamiento eran evidentes y visibles y así lo han testimoniado quienes depusieron en autos, no obstante lo cual continuó adelante, por lo cual asumió el riesgo.
Responsabilidad del Estado por actos lícitos, actos ilícitos, acto administrativo, facultades de la administración, Derecho civil, indemnización, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: El Jacarandá S.A. c/ Estado Nacional s/ juicios de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-07-28

Cuando la actuación del Estado es legítima, la extensión de la indemnización por los daños causados a los administrados debe ser diferente de la que correspondería en el caso de una actuación ilegítima, pues en el obrar lícito no existe una relación de contradicción entre la actuación administrativa y el ordenamiento jurídico considerado como un todo coherente y sistemático (Voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
Recurso de inconstitucionalidad, Derecho constitucional, clausura administrativa, Derecho administrativo, sanciones administrativas, cuestión constitucional, personalidad de la pena, ley tributaria, doctrina de la arbitrariedad, derechos y garantías constitucionales
Materia: PROCESAL
Carátula: GERENDO'S S.A c/ DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-21

El art. 51 inc. f) del Código Fiscal, incorporada por ley 7200, establece, en lo que aquí interesa, que "serán sancionados con clausura de uno (1) a cinco (5) días de sus establecimientos comerciales, industriales o de servicios, los contribuyentes o responsables que incurran en algunos de los hechos u omisiones que a continuación se configuran, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en este Código: ... f) cuando ante tres (3) pedidos de informes y/o requerimientos, en el mismo período fiscal, por parte de la Dirección y por igual tributo objeto del requerimiento o pedido, para que suministre información y/o documentación propia o de terceros, o que presente declaraciones juradas, no lo hiciere dentro del término establecido, sin causa justificada, o lo hiciere de manera incompleta...".
Derechos de la mujer, salud reproductiva y sexualidad
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: F., A. L. s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

El derecho a la salud reproductiva de la mujer esta reconocido por los arts. 10.2, 12.1 y 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales; los arts. 10, 11.2, 11.3, 12.1, 14.2 de la Convención de la Mujer; arts. 24.1 y 24.2 de la Convención del Niño y por los pfs. 89, 92 y 267 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

El 20 de Marzo de 2007, nuestro país, ratificó el Protocolo Adicional a la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención que entró en vigor el 3/9/98. El Comité, por ella creado, formula recomendaciones generales y particulares, a todos los Estados-Parte sobre medidas concretas que corresponde adoptar para el desempeño de sus obligaciones en virtud de la Convención.
Poder Ejecutivo, facultades reglamentarias, reglamentación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Firpo, Arnaldo Roberto c/ Estado Nacional (Ministerio de Educación) s/ ordinario (F. Pública).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-31

El art. 86, inc. 2° de la Constitución Nacional, que fija los límites de la atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo, impone que lo haga "cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias", que es lo que, en definitiva importa.
Menores, protección a la familia
Materia: CIVIL
Carátula: P. J. F. c/  s/ Incidente de declaración de adoptabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2019-09-11

El Superior Interés del Niño es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del menor puramente abstracto, excluyendo toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso.(del voto del doctor Pettigiani)
Actos y diligencias procesales, doble instancia
Materia: CIVIL
Carátula: HAMMAN, EDUARDO JULIO S/RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: JUAREZ JUAN MATEO Y OTROS c/ JUNGLA INMOBILIARIA S.A. s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VEINTEAÑAL - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-05-15

Ordenándo el Superior Tribunal de Justicia una nueva pericia para determinar el monto litigioso, en razón de haberse dejado sin efecto la anterior determinación del monto, tal diligencia y la consecuente regulación de honorarios debe cumplirse ante el Juez de Primera Instancia, bajo el control y la garantía de la doble instancia.-
Accidentes de trabajo, indemnización, tasas de interés
Materia: LABORAL
Carátula: E.M.S.A. s/ Recurso Extraordnario de Inaplicabilidad de Ley.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2001-12-11

A la suma fijada en concepto de indemnización laboral debe aplicársele una tasa de interés acorde con la que hubiera obtenido el empleado de haberle sido restituido el capital en tiempo oportuno, y atendiendo a la realidad económica de la provincia. A dichos fines la tasa de interés es la pasiva, pudiéndose aplicar otra distinta sólo en el caso, debidamente acreditado, que haya tenido que recurrir -por ejemplo- a préstamos.
Recurso extraordinario de nulidad, cuestión desplazada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Almirón, Santiago Valeriano y otra c/ Cavassa de Quatrefages, María B.C. y otra s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

No existe violación del art.156 de la Constitución de la Provincia si el tema que se denuncia preterido fue descartado por el juzgador.
Contratos administrativos, teoría de la imprevisión
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: INCOME  S.A. c/ PROVINCIA DE FORMOSA s/ ACCION ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1990-06-25

La aplicabilidad de la Teoría de la Imprevisión a los contratos administrativos está sujeta a determinados requisitos: a) Que se trate de un contrato administrativo propiamente dicho -en curso de ejecución-. b) Necesidad de una acontecimiento excepcional ajeno a la voluntad de las partes que altere la economía del contrato, acontecimiento que debe responder a un área económica y no administrativa, es decir, no imputable al Estado, ya que de lo contrario sería un "hecho de la administración". c) Necesidad de que el acontecimiento no haya podido entrar en las previsiones de las partes. d) Necesidad que el acontecimiento imprevisto haga excepcionalmente onerosa la ejecución del contrato. e) Necesidad que el co-contratante no haya suspendido la prestación del servicio o la ejecución del contrato. f) Que se trate de una situación anormal, temporaria y no definitiva.
Competencia, sucesiones, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ OSCAR c/ SUCESION DE MANUELA PAREJAS DE SUAREZ s/ Titulo Supletorio (LIBRO: A108 - 463)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1985-11-21

El fuero de atracción de las sucesiones no comprende la acción declarativa de usucapión (titúlo supletorio).- El fuero de atracción del sucesorio sólo surte efectos en caso de acciones personales pasivas, es decir, acciones dirigidas contra la sucesión.-
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, sentencia, sufragio, expediente, vocal del Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: T., S. L. c/ R., F. C. s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Reclamación  de filiación. Observaciones: se ataca la Constitucionalidad del   fallo pleno de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario,  registrado como acuerdo Nº 132 del 03-06- 1997 (Expte. CSJ Nº 205-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-09-06

El planteo de inconstitucionalidad de un fallo pleno (en tanto juzga que el Vocal que viene a integrar la Sala debe votar en tercer término, sorteándose la causa entre los miembros titulares) fundado en que el mismo legitima una costumbre "contra legem", prescinde del texto legal aplicable (artículo 382, Código Procesal Civil y Comercial) y menoscaba la deliberación -principio elemental de la colegiación-, debe desestimarse si no se demuestra que lo resuelto por el pleno colisione con los elementales principios que gobiernan el modo de deliberación de los tribunales colegiados y no refuta adecuadamente los motivos brindados por los Sentenciantes. Éstos ratificaron formalmente la norma ya vigente por el derecho consuetudinario con los siguientes argumentos: a) los artículos del código procesal no disciplinan el orden de sorteo, aunque tal silencio se encuentra cubierto por una regla de derecho consuetudinario procesal: que dispone que cuando en una Sala existen dos vocales titulares y uno subrogante, este último estudia el caso en tercer término; b) ese derecho consuetudinario es "praeter legem" y no "contra legem" media silencio o laguna en la norma formal; c) tal solución no afecta la directriz constitucional de igualdad ya que el orden de estudio de una causa en nada afecta la paridad de los Vocales de Cámara -se expidan en primer, segundo o tercer orden puesto que vierten, en su estudio y votos lo que al respecto quieran expresar-; quien vota en tercer término puede coincidir -total o parcialmente-, diferir en algo con los preopinantes o sustentar una tesis absolutamente diferente; por ende , votar en tercer orden no importa ninguna situación de inferioridad o discapacidad; y d) tampoco la conclusión arribada puede entenderse opuesta a las pautas fijadas por la Corte in re "Solari" y posteriores precedentes desde que el meollo de la doctrina refiere a que con dos votos coincidentes de Vocales de Cámara es factible expedir una sentencia siempre que el tercer camarista cuente con la posibilidad de pronunciamiento y que la eventual abstención de votar del tercer Juez de Cámara debe estar expresa y personalmente acreditada en el fallo. La solución arribada por la Sala, en nada perjudica la doctrina de la Corte pues refiere al orden de estudio de los expedientes, donde de ningún modo se planteó la hipotética exclusión de un Vocal del acto decisorio sino lo contrario.
Superior Tribunal de Justicia, competencia, tutela de la competencia, competencia contencioso administrativa, recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, sentencia, sentencias de segunda instancia
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE s/ AMPARO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº  671-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-07-28

El respeto de la competencia constitucional atribuida a este Tribunal no puede ser considerado más valioso que el resguardo de las formas que hacen a la mejor y más correcta administración de justicia por parte de los jueces, sobre todo si la superación de la etapa de admisibilidad puede posibilitar la satisfacción de ambos cometidos. Cabe concluir, entonces, que la consideración acerca de la existencia en el mundo jurídico de la sentencia de un tribunal de grado que sólo aparentemente sería tal -fue firmada por un Vocal en uso de licencia-, no deviene estéril por la sola circunstancia de que pueda mediar en el caso competencia contencioso administrativa.

DE LOS FUNDAMENTOS DEL DR. IRIBARREN.
Seguros, seguro de vida
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: HERRERA  ENRIQUE Y OTRO c/ PROTECCION BUENOS AIRES CIA DE SEGUROSS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-26

En los contratos de seguro colectivo de vida, a diferencia del seguro de vida individual, además de la figura del asegurado y asegurador se incorpora el tomador o contratante. Si bien éste es quien negocia los términos del contrato, los concluye, se encarga de recaudar y pagar las primas, etc.; técnicamente, es un tercero que contrata por cuenta ajena (es decir: por los componentes del grupo que son los asegurados). Ello pues no hay coincidencia entre la persona que materialmente celebra el contrato -tomador/contratante- y aquella en cuyo interés el convenio se concluye (en tal sentido, Morandi, Juan Carlos F., "Estudio de derechos de seguros", Ed. Ediciones Pannedille SAECIFI; Buenos Aires, 1976, página 375 y ss; en similar sentido, Facal, Carlos José, "El seguro de Vida en la Argentina", Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, página 151).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, multa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: GUGLIELMONE JUAN CARLOS c/ EL GONZALO S.A. s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-09-11

La decidida imposición de multa a la recurrente por su conducta en el proceso, al ser constitutiva de una cuestión de hecho ajena a la casación, salvo arbitrariedad, no es demostrada por el recurrente más allá de genérica invocación de violación al derecho de defensa en cuanto precisamente la decisión sancionatoria se sustentó en un obstruccionismo verificado que superaría el ejercicio de tal derecho.
Medidas cautelares, seguros, citación en garantía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Belinche, Hugo c/ Manuli, Obdulio s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Si la aseguradora citada en garantía tiene una limitada legitimación derivada de su situación contractual (obligación de indemnidad), que no incluye las facultades y prerrogativas propias de quienes revisten el carácter de "parte" en el proceso, resultándole, la relación tercero-víctima y asegurado, totalmente ajena ya que no es parte sustancial ni formal de ella, carece de todo sustento la pretensión cautelar que requiere la actora a esta altura del debate, en atención a la especial naturaleza del vínculo que la liga a la aseguradora, sin perjuicio de los efectos que luego pudieran derivarse de una sentencia condenatoria para el demandado, eventualmente declarada extensiva a su aseguradora. (Minoría u opinión personal)
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SEBASTIANI MARIO c/ ESTADO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 1995-07-13

La condena en costas al vencido es regla y su dispensa la excepción.

De manera que el ejercicio de la facultad judicial de apartarse de la directriz genérica debe ser excepcional y de interpretación restringida.
Proceso penal, prisión preventiva, prisión domiciliaria, cuestiones procesales, pandemia, derecho a la salud, falta de agravio concreto, cuestión no federal, inadmisibilidad del recurso, medidas de seguridad
Materia: PENAL
Carátula: ALONSO RECALDE, Ezequiel s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-19

Corresponde declarar inadmisible el recurso interpuesto, en tanto la defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para denegar la prisión domiciliaria de Ezequiel Alonso Recalde. En efecto, el tribunal a quo, en consonancia con el criterio postulado por el representante del ministerio público fiscal de la instancia anterior, valoró la necesidad de mantener la prisión preventiva del nombrado, en tanto existían indicadores de riesgos procesales, dada la escala penal prevista para el delito que se le imputa -tráfico de estupefacientes- que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena de prisión que podría corresponderle impediría su ejecución condicional. Por otra parte, con relación al Covid-19, se ponderó que los profesionales de la División Cuerpo Médico del Complejo Penitenciario Federal II han descartado la inclusión de Alonso Recalde como paciente de riesgo frente a la pandemia del coronavirus y que, de momento, atento el carácter dinámico de la pandemia, no hay razones plausibles que justifiquen acceder a lo peticionado. Además, se tuvo especial consideración, dado la gravedad del tipo penal enrostrado a Alonso Recalde, a lo establecido en el punto 3° de la Acordada 9/20 de esta CFCP. Por último, cabe señalar que la sola alusión a la pandemia del COVID-19 y al mayor riesgo de contagio en el ámbito carcelario no habilita automáticamente a modificar la modalidad de detención; a más de ello, tal como señala el tribunal a quo, no se verifica en el caso una situación de riesgo concreta y actual para la salud de Alonso Recalde que justifique acceder a lo solicitado. Sin perjuicio de ello, corresponde encomendar al tribunal de la instancia anterior que continúe el seguimiento dispuesto con relación a la unidad carcelaria en la que Ezequiel Alonso Recalde se encuentra detenido. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña -voto conjunto-.