marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de queja (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Comisaria 11° (vict. fatal: Rodríguez Axel Maximiliano)  c/ Llavel, Hernán Sebastián s/ homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-06-02

En ciertas ocasiones este Superior Tribunal ha convalidado la tarea de análisis que utiliza el método de la remisión a lo dicho en la instancia previa (o en la misma, por el propio tribunal) como motivación acorde con el art. 200 de la Constitución Provincial, mientras que en otros precedentes la ha calificado de insuficiente, con reenvío del legajo al origen para un examen integral adecuado. Es imposible desarrollar a priori un catálogo completo de los supuestos por los cuales, atento a su estructura formal, determinados cuestionamientos pueden implicar una crítica concreta y razonada de lo decidido, mientras que otros solo exhiben una discrepancia subjetiva con una decisión contraria a los intereses del recurrente y, por tanto, inidóneas para provocar el control extraordinario de este Cuerpo. (Voto de los Dres. Barotto y Ceci sin disidencia)
Daño estético, daño moral, daños y perjuicios, indemnización, remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: M.G.G.I. c/ DESCA - Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-15

El daño estético para ser concedido en sí mismo y de modo diferenciado debe demostrarse que la actora fue privada de tener ingresos por la afectación a la armonía del cuerpo, por ende la cicatriz debe ser computada dentro del daño extra patrimonial o daño moral.
Suspensión del juicio a prueba, límite temporal, interpretación de la ley
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Goicoechea, Humberto Omar  c/  s/ homicidio en hecho de transito - Ley P 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-03-19

El art. 98 del Código Procesal Penal permite despejar cualquier ambigüedad sobre el límite temporal para solicitar la suspención del juicio a prueba, en tanto en la última parte de su primer párrafo indica que el momento final en el que la parte puede solicitar la aplicación del instituto es "hasta la apertura del caso a juicio", es decir, previo a la disposición prevista en el art. 168. (Voto del Dr. Apcarian, Dr. Barotto, Dr. Ceci, Dra. Piccinini y Dra. Criado)
Responsabilidad del Estado, Estado Provincial, establecimientos educacionales, víctima menor de edad, responsabilidad objetiva, exoneración
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL
Carátula: V.A.M.S. y otro c/ Provincia de Rio Negro s/ daños y perjuicios (ordinario) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-27

Tratándose el asunto traído a juicio de un supuesto de responsabilidad objetiva, correspondía que los requeridos demostraran que el daño que le fuera ocasionado a la víctima habría acontecido inexorablemente por un hecho fortuito y con independencia del obrar del jardín de infantes y el de sus dependientes, mas de las constancias probatorias no se advierte un acontecimiento que pueda ser encuadrado como hecho fortuito. (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Compensación judicial, daño moral, monto de la indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: M.G.G.I. c/ DESCA - Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-15

El daño moral puede "medirse" en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones, esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial. Ahora, la individualización de los bienes o servicios necesarios para dispensar el placer compensatorio del daño moral, debe efectuarse desde la perspectiva de una persona de condición patrimonial media, con prescindencia de la que verdaderamente tenga la víctima, y habrán de ser aquellos que, por su relevancia y cuantía, hagan posible esparcimiento o un mayor confort, suficientes para producir la satisfacción que compense por el sufrimiento ocasionado, pues el dolor no puede medirse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia.
Contratos, seguros, deber de información, alcance de la cobertura, doctrina, fallos del Superior Tribunal
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cabana Crozza, María Lujan c/ Banco Patagonia S A y Sura Seguros S A. s/ daños y perjuicios -Ley 24240 (sumarísimo) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-07-31

Es importante tener presente que la solicitud de alta del seguro completada por el asegurado en la etapa precontractual, no sustituye el deber de información que la aseguradora debe garantizar para que el usuario comprenda plenamente los términos del contrato. Si bien la entrega de la póliza no es parte constitutiva del contrato, cierto es que resulta la forma más apropiada para dar cumplimiento a aquella obligación del proveedor, quien en caso de no hacerlo, deberá demostrar por otros medios fehacientes que informó en debida forma. El deber de información incluye también las obligaciones de asesoramiento y advertencia, las cuales cobran aun mayor relevancia dada la naturaleza técnica del contrato de seguro. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Mandamiento de ejecución, aplicación de la ley, doctrina legal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Asociación Civil Árbol de Pie y otro c/  s/ mandamus
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-06-12

Según la jurisprudencia consolidada de este Cuerpo, el mandamiento de ejecución (también denominado "mandamus") resulta ser la vía a utilizar contra actos u omisiones en el plano técnico del campo administrativo de las personas frente al Estado, pero siempre que no se cuente con otras vías idóneas para ello y, además, se cumplan con los restantes recaudos de procedencia del amparo genérico (cf. STJRNS4 Se. 47/90 "GARRIDO", Se. 87/05 "EMPLEADOS", Se. 06/18 "URBAN", Se. 109/20 "LASTRA", Se. 105/22 "MARTÍNEZ", Se. 35/23 "SALOMONE", Se. 153/23 "WIEMAN", Se. 244/24 "PÉREZ"). (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Acción de amparo, doctrina, fallos del Superior Tribunal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Y. F. y otros c/ Concejo Deliberante Río Colorado y otros s/ amparo - apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-05-29

Los recaudos del amparo son receptados por el Código Procesal Constitucional de Río Negro (Ley 5776), al establecer los requisitos para la protección de los derechos y libertades humanas reconocidos por el art. 43 la Constitución Provincial. Así, de conformidad con el art. 14 del mencionado cuerpo legal, es preciso acreditar: a) un acto situación de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta en la restricción de derechos, cuya determinación no requiera mayor debate y prueba; b) urgencia extrema; c) un daño grave e irreparable; d) la inexistencia de otras vías idóneas más adecuadas (cf. STJRNS4 Se. 43/25 "N.R.A.", Se. 52/25 "G.E.Y.", 70/25 "VIEGENER"). (Voto del Dr. Ceci por la mayoría)
Accidente de tránsito, automotores, bicicleta, concausa, culpa concurrente, relación de causalidad
Materia: CIVIL
Carátula: ANDRADA Miguel Angel y Otro c/ Pizarro Juan Carlos s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-01

Si se tiene en cuenta la conducta desplegada por dos conductores y no cabe duda que los hechos de ambos tienen incidencia causal en la producción del siniestro del que emerge el daño cuyo resarcimiento se reclama, el que tiene lugar cuando el prejuicio sufrido por la víctima reconozca como causa fuente, además de la culpa del victimario, su propio quehacer y cuando la victima omitiera realizar los actos encaminados a evitar o a disminuir el daño, concurrencia ésta que opera concausa del accidente.
Control de constitucionalidad, concurso preventivo, tasa de justicia, control de razonabilidad, Constitución Nacional, derecho de propiedad, jerarquía constitucional, valuación del activo, pasivo societario
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: Corceba SRL. Gran Concurso Preventivo. Cuerpo de Copia de Apelación interpuesto por la Tasa de Justicia, Caja de Abogados y Caja de Profesionales de Ciencias Económicas c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2025-06-10

Frente a puntuales planteos de inconstitucionalidad del porcentaje fijado para la tasa de justicia no puede cristalizarse una posición y sostenerla en toda hipótesis, sin atender a las particularidades del caso concreto donde las normas impositivas no han fijado un límite (tope) máximo, más allá del cual no exista obligación alguna y la base del cálculo está representada por el activo del sujeto en concurso, sin consideración alguna respecto del pasivo, ni del patrimonio neto. En efecto, resulta menester determinar si los importes resultantes de la aplicación de las directivas legales sobre el activo involucrado en la causa luce excesivo, irrazonable y desproporcionado, al punto de producir una afectación concreta al derecho de propiedad del concursado (art. 17, Constitución Nacional) y a los principios de supremacía constitucional y razonabilidad (arts. 31 y 28 de la Constitución Nacional).
Daños y perjuicios, determinación de la incapacidad, baremo, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Kucich, Tomas Alejandro c/ Bianchi, Santiago s/ daños y perjuicios (ordinario) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-04-29

En el fuero civil, no existe una norma que imponga el uso obligatorio de las tablas de incapacidad laboral contenidas en el Decreto N° 659/96; a diferencia de lo que ocurre en el ámbito del fuero laboral. Su empleo depende del criterio del magistrado interviniente en origen, aplicado y conforme a las circunstancias del caso. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Responsabilidad del Estado, Estado Provincial, establecimientos educacionales, víctima menor de edad, responsabilidad objetiva, daño psíquico
Materia: ADMINISTRATIVO-PENAL-CIVIL
Carátula: V.A.M.S. y otro c/ Provincia de Rio Negro s/ daños y perjuicios (ordinario) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-06-27

Asiste razón a la parte demandada cuando sostiene la errónea aplicación de la doctrina legal establecida en el precedente "LINARES" (cf. STJRNS3 Se. 90/18), por cuanto no se habría acreditado el eventual grado de incapacidad para la reparación del daño psicológico ni que el mismo resulte permanente en el tiempo. La Corte en sentido coincidente con "LINARES", tiene resuelto que "aunque se reconozca autonomía conceptual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser individualizado como un rubro resarcitorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o moral, toda vez que solo debe ser reparado de esa manera en la medida que asuma la condición de permanente" (cf. CSJN, Fallos: 347:128; Fallos: 347:178). (Voto del Dr. Barotto sin disidencia)
Riesgos del trabajo, indemnización, doctrina, fallos del Superior Tribunal
Materia: LABORAL
Carátula: Villalba, Sofia Micaela c/ Provincia de Rio Negro (Jefatura de policía) s/ ordinario - queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-07-22

Aunque la doctrina sentada por este Superior Tribunal a partir de los precedentes "Jara" (STJRNS3 Se. 133/20) y "Fuentealba" (STJRNS3 Se. 122/21) sostiene que no puede declararse en abstracto la inconstitucionalidad de la opción establecida en el art. 4 de la Ley 26773, tampoco corresponde admitir apriorísticamente su constitucionalidad, ya que debe fundarse jurídica y fácticamente en el caso concreto bajo análisis. En efecto, en los precedentes citados se sostuvo que es posible habilitar la acumulación o "doble vía" cuando el trabajador demuestra que se vio obligado a percibir la indemnización tarifada de la LRT por hallarse en estado de necesidad. También se afirmó que procede dicha acumulación cuando la solicitud proviene de los derechohabientes del trabajador fallecido, quienes, a raíz de su muerte, se habrían visto privados del sustento alimentario que este les proveía. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Daños y perjuicios, deber de vigilancia, empresa de servicios eléctricos, obligaciones del proveedor, prestación del servicio público, suministro de energía eléctrica
Materia: CIVIL
Carátula: M.G.G.I. c/ DESCA - Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-15

La prestataria del servicio público que provee energía eléctrica carga con una obligación de supervisión que es propia de esa actividad, y que exige ejercer una razonable y concienzuda vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona para evitar consecuencias dañosas a terceros, habida cuenta del alto grado de profesionalidad que es dable esperar de la concesionaria del servicio en cuestión.
Acción de amparo, defensa en juicio, fiscal de Estado, interpretación de la ley, actos y diligencias procesales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O.J.D. -en rep. de L.Y.S.- c/ Provincia de Río Negro -Ministerio de Salud s/ Hospital López Lima- S/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-07-30

El resguardo de la correcta constitución de la relación procesal adquiere particular relevancia en los amparos. La estructura de este proceso no admite mayor producción de prueba y el informe o descargo inicial representa la única oportunidad de la requerida para ejercer su defensa. Por ello, cuando el requerimiento se dirige a una autoridad u organismo público provincial, no puede omitirse la notificación simultánea del pedido de informe a la Fiscalía de Estado, en cumplimiento del mandato expreso del artículo 17 del Código Procesal Constitucional, dado que aquella es parte necesaria y legítima en el proceso (art. 190 de la CP y Ley 88). (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Daños y perjuicios, contratos, seguros, prueba, control de razonabilidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CIVIL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Martínez, Silvia Elizabeth y otros c/ González, Liliana Beatriz y otro s/ daños y perjuicios (ordinario) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-06-27

Corresponde declarar la inconstitucionalidad del límite de cobertura fijado en la Resolución 39.927/2016 ($ 6.000.000), vigente a la fecha del siniestro, y, consecuentemente, la nulidad de la cláusula que replica dicho límite indemnizatorio en la póliza emitida por la aseguradora citada en garantía. Sucede que la pretensión de limitar la cobertura al monto nominalmente pactado entre seis y siete años atrás, en una economía severamente afectada por la inflación, resulta incompatible con el principio de buena fe contractual y constituye un ejercicio irregular de los derechos, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 9 y 10 del Código Civil y Comercial. Esta situación implica una indebida transferencia de los efectos perjudiciales de la depreciación monetaria al asegurado, afectando su derecho a la indemnidad patrimonial; cuestión que asume especial relevancia si se considera que, durante el tiempo que el proceso estuvo en trámite, el valor de la prima experimentó sucesivos incrementos que no se reflejaron proporcionalmente en el monto de la cobertura. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Acción reivindicatoria, fallido, poseedor, quiebra, tenedor
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: RODRÍGUEZ Laura Alicia c/ La Nueva Sarmiento S.A. s/ Quiebra y Otra - Restitución de Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-02-04

La acción reivindicatoria, conforme lo prevé el art. 2255 del Código Civil y Comercial (CCC), puede ser ejercida contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante, a menos que se trate de un sub adquirente de un derecho real de buena fe y a título oneroso, en cuyo caso regirá lo dispuesto por el art. 2260 (CCC). En el caso de la acción del art. 138 de la Ley de Quiebras (LCQ), la misma debe dirigirse en contra del fallido. Entre los distingos, tampoco debe perderse de vista que el pedido de restitución de bienes en los términos de la (LCQ), no habilita a reclamar daños y perjuicios; a diferencia de quien promueve una acción reivindicatoria según las previsiones del Código Civil y Comercial.
Deberes y facultades del juez, interpretación y aplicación de la ley, legisladores
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RODRÍGUEZ Laura Alicia c/ La Nueva Sarmiento S.A. s/ Quiebra y Otra - Restitución de Inmueble
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-02-04

Los jueces deben sujetar su actuación a la ley, razón por la cual no pueden asumir el rol de legislador para crear previsiones o excepciones no admitidas por este, por convenientes, necesarias o valiosas que pudieran parecer a los magistrados.
Daño moral, deberes y facultades del juez, monto de la indemnización, reparación integral
Materia: CIVIL
Carátula: M.G.G.I. c/ DESCA - Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-15

La Valuación del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, por lo que corresponde a los jueces de la causa establecer su quantum indemnizatorio prudentemente, tomando en cuenta la gravedad del padecimiento inflingido, su función resarcitoria y el principio de reparación integral.
Daños y perjuicios, determinación de la incapacidad, baremo, indemnización
Materia: CIVIL-LABORAL
Carátula: Kucich, Tomas Alejandro c/ Bianchi, Santiago s/ daños y perjuicios (ordinario) - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-04-29

La Cámara, al imponer el uso obligatorio de la tabla de incapacidades prevista en el Decreto N° 659/96 en reemplazo del Baremo Altube-Rinaldi utilizado y no cuestionado en la instancia de grado, introduce una modificación sorpresiva que asume relevancia para la determinación de la incapacidad total padecida por el actor a consecuencia del siniestro. Resulta evidente que la sentencia impugnada resolvió el conflicto con un criterio jurídico diferente al consentido por las partes y aplicado por el Juez de Grado, excediendo los límites procesales e introduciendo una alteración sustancial en las bases del debate, lo que distorsiona su verdadero alcance jurídico (arts. 34, inc. 4°; 277 y cc.; actuales 32, inc. 4° y 246 del CPCyC). Por estas razones, corresponde admitir el agravio vinculado al baremo adoptado para la determinación de los porcentajes de incapacidad y confirmar el desarrollado por Altube-Rinaldi empleado por el Magistrado de Primera Instancia. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Declaración de inconstitucionalidad, improcedencia del recurso, control de razonabilidad, doctrina legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: N.R.G Argentina S.A. c/ Municipalidad de Cipolletti s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-05-30

La prohibición de la circulación en el ejido urbano de camiones de las características detalladas, advertencia de incurrir en infracción al Código de Faltas Municipal y determinación de controles para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto, guardan proporcionalidad con dichos objetivos, que tienden a garantizar el bien común de la sociedad, sin que haya sido probada la irrazonabilidad o inadecuación de aquellas. En definitiva, los argumentos vertidos por la accionante no logran demostrar que la Resolución impugnada infrinja las cláusulas invocadas de la Constitución Nacional ni Provincial que establecen el régimen municipal, lo cual conduce a rechazar la demanda. (Voto de la Dra. Piccinini sin disidencia)
Facultades del juez, impedimentos impedientes, plazo, prescripción
Materia: CIVIL
Carátula: PADRO Enrique c/  s/ Sucesorio (Legajo para Tramitar Apelación sin Efecto Suspensivo)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-01

El Juez se encuentra facultado a liberar de las consecuencias de la prescripción al acreedor o al propietario, siempre que cesada la imposibilidad se hubieren hecho valer los derechos en el plazo de tres meses; esto lógicamente si el titular del derecho ha estado impedido por circunstancias de hecho, para ejercer la acción. Se ha entendido así que, más que una suspensión es una prolongación del plazo, cuando su titular ha estado en la imposibilidad material de obrar, pero ha ejercido su derecho en cuanto ha podido, ello de conformidad con lo previsto por el art 3980 del Código Civil y Comercial
Derecho a ofrecer y producir prueba, instrumentos privados, medios de prueba, oposición a la prueba, prueba documental
Materia: PROCESAL-CIVIL-COMERCIAL-LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: ESCUDERO Victor Guillermo c/ Martínez Sansó Gustavo Gabriel s/ Apelación de Sentencia Definitiva - Ley 2628 O (Proceso Oralidad Plena)
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-06-27

Quien impugna una prueba documental, no se encuentra obligado a ofrecer una contraprueba de suficiente entidad para desbaratar la prueba aportada, en tanto el proceso de adversación de documentos establecido en el Código Civil y Comercial, para los instrumentos privados no firmados, solo requiere negarlos.
Sumario administrativo, Consejo de la Magistratura, derecho a la sentencia, doctrina legal
Materia: ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Guerra Labayen, Gustavo c/  s/ queja en autos: Guerra Labayen Gustavo s/ sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-03-25

La resolución del Consejo de la Magistratura Provincial que el impugnante pretende que sea revisada por este Superior Tribunal (Acta que desestimó la producción de prueba solicitada por el sumariado y dispuso el pase de las actuaciones al Procurador General en los términos del art. 32 inc. c de la Ley 2434) no constituye la decisión final del procedimiento disciplinario, conforme surge de las constancias acompañadas. Tampoco resulta asimilable a definitiva, en la medida en que no se verifica la configuración de un agravio actual, de imposible o tardía reparación posterior. (Voto del Dr. Apcarian, Dra. Piccinini, Dr. Barotto, Dra. Criado y Dr. Soto)
Daños y perjuicios, derechos del usuario, obligaciones del proveedor, prestación del servicio público, suministro de energía eléctrica, usuario de servicio público
Materia: CIVIL
Carátula: M.G.G.I. c/ DESCA - Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2025-04-15

Quien se obliga a la prestación de un servicio público esencial (en el caso, el de electricidad) lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que fue pactado y resulta responsable, de los perjuicios que cause su incumplimiento o su irregular ejecución. Por otra parte, a los usuarios les asiste el derecho, de rango constitucional incluso, a la calidad y eficacia de los servicios públicos, así como a la protección de su seguridad e intereses económicos.
Responsabilidad del Estado, Derecho administrativo, gobierno provincial, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Millapi, Diego Del Valle c/ Provincia de Río Negro (Jefatura de Policía) s/ contencioso administrativo - queja
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2025-03-13

La responsabilidad estatal constituye un instituto cuya regulación pertenece al derecho administrativo, ingresando así en la órbita de las competencias normativas de los gobiernos locales -art. 121 Constitución Nacional- (cf. STJRNS1 Se. 15/19 "PROVINCIA"). Resulta evidente que, como parte del régimen de responsabilidad, el curso de la prescripción liberatoria debe regirse por el derecho local, Ley N° 5339. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)
Seguro de automotores, cláusulas leoninas, acción indemnizatoria, control de razonabilidad, doctrina legal
Materia: COMERCIAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Ilu Carlos Julio y otra c/ Bernardino Rivadavia Seguros Coop Ltda. s/ ordinario - casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2025-03-13

La aplicación de la suma asegurada a valores históricos ($ 60.400) no solo implicaría un incumplimiento de la aseguradora en su obligación de indemnizar, ya que se concretaría en valores económicos insignificantes que no guardan relación con la entidad del daño que se pretende reparar, sino también una violación al principio constitucional de razonabilidad -art. 28 C.N.-. (Voto del Dr. Apcarian sin disidencia)