Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-10-03


En la ciudad de Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, a los tres días del mes de octubre del año dos mil once, se reunieron en Acuerdo los integrantes de la Sala en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia integrada por los señores Ministros Jorge Pfleger, Alejandro Javier Panizzi y Daniel Alejandro Rebagliati Russell, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para dictar sentencia en los autos caratulados "I., M. E. s/ denuncia abuso sexual" (Expediente N° 22.215 - Folio 24 - Letra "I" - Año 2011).

El orden para la emisión de los votos resultó del sorteo practicado de fs. 209: Rebagliati Russell, Pfleger y Panizzi.

El Juez Daniel A. Rebagliati Russell dijo:

I. La cuestión traída a esta Sala es la sentencia registrada bajo el número 26 del año 2010, emitida por la Cámara en lo Penal de la ciudad de Puerto Madryn, que confirma la sentencia dictada por el Tribunal colegiado de la misma ciudad con fecha 17 de junio de 2010.

II. A fs. 169/71 vta. obra la impugnación extraordinaria del doctor C. G. D. M., defensor de confianza de P. M. R..

Sostiene que la sentencia condenatoria es arbitraria ya que se ha valorado únicamente los dichos de la menor en Cámara Gessell, el testimonio de la madre y la declaración de la psicóloga forense.

Denuncia que tanto la sentencia de mérito como la de revisión aprueban la condena de una persona sin pruebas objetivas.

Esta situación, a juicio de la defensa, violenta los principios de presunción de inocencia e igualdad ante la ley.

Además asegura que la sentencia no guarda relación con lo que se ha producido en el Debate. Así refiere que la víctima indicó como testigo presencial de los sucesos denunciados a la hija del imputado, quien al declarar en audiencia dio por tierra todos y cada uno de los dichos y hechos que la menor había relatado. Esta circunstancia, continúa, no fue evaluada por ninguno de los tribunales que intervino.

Por último critica la calificación jurídica dada al hecho, en lo atinente a la cantidad de hechos probados. Asegura en este sentido, más allá de no compartirlo aclara, que sólo se ha probado un hecho de abuso teniendo en cuenta lo preceptuado por el médico forense. Es por ello que solicita al finalizar su exposición que se readecue la sentencia fijando un solo hecho de abuso sexual, y quede sin efecto la agravante de convivencia bajo un mismo techo que no ha sido acreditada. III. Fijada la audiencia prevista en el artículo 385 del C.P.P., los interesados no concurrieron a la misma.

IV. Previo a continuar con el análisis del caso es preciso aclarar, teniendo en cuenta el monto de la pena impuesta, que la revisión solicitada será sin las limitaciones previstas en el ordenamiento adjetivo para este tipo de impugnaciones.

V. Aclarado ello, habré de ingresar directamente al tratamiento de las cuestiones planteadas.

A fin de facilitar la comprensión del voto, describiré nuevamente la plataforma fáctica de la acusación, la cual se describió de la siguiente manera: ´. desde el año 2007 hasta el día lunes 23 de febrero de 2009, P. M. R., en el domicilio sito en Barrio X, casa N° ** (al fondo), sobre calle Chaco de esta ciudad, ha obligado a la niña P. C. (10 años), sobrina, la que convivía con su abuela, en el mismo predio de R. quien aprovechándose de esta situación de preeminencia sobre ella, la obligaba a que le chupara el pene, y se tragara su líquido seminal tapándole la boca y la nariz, mientras le hacía la cabeza hacia tras para lograr que lo tragara, que durante ese tiempo también fue accediéndola carnalmente por el ano la mayoría de las veces y por vagina al menos en dos ocasiones una a doce horas de la realización del examen médico y otra a cinco días aproximadamente de la realización del mismo examen. Estos episodios ocurrían tanto en el baño, como en el cuarto de la vivienda que habitaba R., mientras se encontraba solo con la niña. Asimismo el día 23 de febrero de 2009, en horas de la mañana en el domicilio de R., Barrio X casa **, la niña P. C. se encerró en la casa de su abuela, mientras R. luego de abrir a la fuerza la puerta, la agarró arrastrándola hasta el cuarto de su vivienda, y bajándole los pantalones la accedió carnalmente por la vagina a la niña P. provocando un nuevo desgarro en hora siete de 3 mm., conforme surge del examen médico realizado´. VI. La materialidad y autoría han sido debidamente acreditados en el juicio.

El Tribunal de Mérito logró reconstruir los hechos denunciados, utilizando el material aportado por las partes.

Esta tarea la realizaron concienzudamente, valorando aquella prueba que consideraron relevante y desechando aquélla que no lo era.

El testimonio de la menor víctima fue evaluado exhaustivamente por los tres magistrados, y lo relacionaron de un modo coherente y lógico con las restantes probanzas rendidas en la audiencia de debate.

El examen físico fue un elemento contundente que permitió acreditar la existencia de penetración.

Y me detengo en este punto ya que el recurrente no hace mención a este dato objetivo acreditado en autos, lo cual implica una seria merma en el proceso lógico que pretende demostrar.

Otra prueba de cargo la constituyó el rastro psíquico relatado por los peritos psicológicos, que describieron las conductas observadas, compatibles con la práctica sexual denunciada.

También indicaron los magistrados la impresión que les causó el relato de la damnificada, al que calificaron como verídico.

Asimismo M. E. I., tía de la víctima, narró los episodios que le contara su sobrina, y fue la primera persona en tomar conocimiento de lo ocurrido.

Idéntica observación merece la atribución del hecho al imputado.

Desde el inicio de la investigación la niña señaló a su tío como el autor de los hechos, y mantuvo esta imputación a lo largo de todo el proceso.

Esta circunstancia fue analizada por el tribunal, y sostuvieron que no advirtieron que la víctima fabule o tenga algún tipo de interés para efectuar una falsa imputación a R..

Observo así que estas dos cuestiones han sido evaluadas por los camaristas, quienes respondieron a los agravios denunciados por la defensa, y explicaron con claridad el motivo por el cual decidieron confirmar la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Mérito.

VII. También coincido con la calificación jurídica escogida.

Al ser uno de los puntos atacados por la defensa en la apelación ordinaria, el tribunal revisor analizó los distintos aspectos de la figura.

De esta manera, poco me queda por agregar. Sólo destaco que la penetración vaginal quedó debidamente acreditada (C.P., art. 119, 3° párrafo), como también la relación de convivencia preexistente, lo que fue confirmado por los distintos miembros de la familia.

VIII. Por último y en cuanto a la pena impuesta, observo que la sanción seleccionada ha sido debidamente fundada y se encuentra dentro de la escala punitiva legal.

IX. Conforme las argumentaciones expuestas, corresponde declarar improcedente la impugnación extraordinaria interpuesta, con costas, y confirmar lo decidido en ambas instancias. Así lo voto.

El Juez Jorge Pfleger dijo:

I. Brevísimo introito.

La reseña que ha formulado respecto del caso el señor Ministro doctor Rebagliati Russell es suficiente para exponer cuál es el objeto de intervención de la Sala y cuáles los agravios que denunciara el apelante para justificar la censura de la sentencia del Tribunal del recurso ordinario, que atiende -en ese carácter- los casos de condena.

Pasaré, consecuentemente, a decir mi posición.

II. El recurso y la Consulta.

Creo relevante principiar éste, mi voto, con algunas precisiones respecto de la Consulta que, por imperativo constitucional y legal, esta Sala está obligada a tratar, sin perjuicio del recurso que, en detrimento de la sentencia, se ha incoado.

Y digo esta Sala, pese a mi pertinaz opinión de que se trata de una competencia que la propia Constitución y el Digesto Procesal reglamentario atribuyen al pleno (art. 179 inc. 2° y 377, respectivamente).

De todas maneras este criterio no es compartido por la mayoría del órgano que integro de suerte tal que sólo procedo a su marcado para, una vez más, dejar nota de cuál es la proposición que yergo.

No obstante, aprovecharé la ocasión para intentar definir a este instituto, pues saber qué es la cosa llevará a dimensionar la geografía del análisis.

En un trabajo presentado antaño ante el pleno, y luego de rendir honores al meduloso estudio del instituto realizado por José Alberto Ferreyra, Secretario de este Tribunal, señalé el acierto de un concepto que este autor había dado sobre el tema. En efecto, dijo el doctor Ferreyra a la sazón que: "... tradicionalmente, dadas dos o más escalas funcionalmente jerárquicas, de consuno excitadas a pedido de parte, el legislador predispone a las superiores para que, en ejercicio de amplias potestades revisoras, prescinda del requisito voluntario (instancia) y, en una competencia "sui generis" estatuida en beneficio de la persona, no de la ley, apruebe, elimine o rectifique la expresión jurisdiccional del inferior...". He aquí el quid de la Consulta.

También expuse que esa definición marcaba el tono de cualquier consideración que pudiera hacerse al respecto.

Sostuve que, a mi parecer, el legislador originario tuvo en miras evitar o disminuir, desde un orden político que en lo jurisdiccional poseía un talante vertical, las consecuencias de una resolución injusta que trajera aparejada penas de igual condición inicua y de consecuencias irreparables.

También señalé que, de todas formas, la consulta había sobrevivido a las mutaciones de orden ideológico que experimentaron los procedimientos y sigue en pie sin discusión, irguiéndose como una efectiva garantía adicional en el proceso criminal, a pesar de que sus orígenes encuentren una fuente decididamente ajena de aquella que nutre el proceso penal actual.

Indiqué, por lo demás, que la consulta no era un recurso, como no lo es. Que ello resultaba relevante pues echaba por tierra un obstáculo que en inteligente juego dialéctico, había sido esbozado para sostener lo equivocado de la posición que se sostiene.

Me refería al hecho que es verdad que la propia constitución atribuye competencia al pleno o a cada una de las salas para conocer "... conforme lo determinen las leyes de los recursos procesales que éstas establecen...", lo que pondría en paridad a ésta y aquellos, pudiendo incluso llegarse a la afirmación que la amplitud del recurso del imputado tornaba inocua a la consulta.

Pero argumenté que esa idea, aguda, tropezaba con otro concepto que no era menos verdadero y le restaba validez. A diferencia de las impugnaciones, la consulta, ajena a los recursos que no lo es, repito, está fuera de las limitaciones que los agravios imponen a la competencia revisora, ya que más allá de la amplitud que autoricen las impugnaciones, no limita al examen sino que éste puede concernir a todos los aspectos de las sentencias emitidas, como ya se verá en este trabajo.

La locución ". El Superior Tribunal de Justicia conocerá del proceso sin las limitaciones previstas en las normas precedentes." (Regulativas de la impugnación extraordinaria y de los motivos absolutos de impugnación formal) importa la realización de un estricto escrutinio sobre la sentencia de ambas instancias. Los Jueces de este Tribunal pueden escudriñar el universo de decisiones para tocar los puntos que les sugieren esenciales a la determinación del caso y sus consecuencias jurídicas, más allá de lo postulado por las partes y de los alcances de la oposición procesal.

De otra manera sería absurda la postulación del art. 377 del C.P.P. en sentido que, aún mediando recurso de parte, el Tribunal conocerá: ". sin las limitaciones previstas en las normas precedentes.".

Así demarcado los lindes de la tarea a realizar, consideraré otros aspectos que son- según entiendo- capitales.

III.- De la prueba en general y de la prueba en los delitos sexuales.

No se espere novedad en las palabras que referiré en los renglones que siguen.

Son consecuentes con ponencias que he instalado para su consideración por mis pares de Sala, en otros precedentes.

Así y respecto de la prueba, mantengo que libres de cualquier tasación, los Jueces pueden evaluar toda demostración que sea legalmente incorporada al proceso, brindándole valor.

Ni el testigo único ni el incorrectamente denominado "testigo de oídas" son inaceptables en tanto fuentes de prueba, en un contexto determinado, aún cuando fueren de cargo.

Mucho menos el relato de una menor víctima de un delito sexual, o las opiniones técnicas a partir de las cuales se forma convicción, sobre lo que reflexionaré en las líneas que vendrán.

En este sentido traigo a colación a Michele Taruffo quien en su "Simplemente la verdad" alude a la construcción del relato de los jueces y su confirmación y enseña: ". el grado de confirmación de un enunciado resulta de inferencias lógicas que toman en cuenta la cantidad y calidad de las pruebas disponibles respecto de un determinado enunciado, su grado de fiabilidad y su coherencia. Se trata de un análisis racional que se funda en argumentos y contra argumentos en valoraciones y comparaciones, al final del cual se determina cuál es el grado de fundamentación racional que corresponde a ese enunciado." (Autor y obra, Ed. Marcial Pons, 2010, página 248).

Y sigo con él en la nota al pie de aquella página cuando -el italiano- afirma: ". Vale al respecto la regla epistemológica según la cual la combinación de varios elementos de prueba tiene mayor valor que la confirmación que cada elemento de prueba singular puede atribuir a la conclusión, de modo que la combinación de diversos elementos de prueba, cada uno de los cuales atribuya a la conclusión un grado de confirmación débil, puede sin embargo, producir un grado de confirmación conjunto bastante fuerte. Esta posibilidad depende de varios factores, como la intensidad con que cada elemento de prueba individual confirma la conclusión, la fiabilidad de cada elemento de prueba considerado en sí mismo y la cantidad de elementos de prueba disponibles." (Ver nota 139 en la misma obra y página). Desde el ángulo visto puede derivarse que es facultad de los Magistrados el seleccionar el caudal probatorio que es producido en la etapa de juicio, poniéndolo en valor mediante la técnica de la sana crítica o la libre convicción que, como herramienta, cimienta la construcción del discurso de justificación que se vierte.

Sobre algunas pruebas en particular, los testimonios especialmente, tengo dicho que el juicio sobre la convicción acerca de la virtud de un testigo para emitir un predicado no es una cuestión de fe, entendida ésta como la creencia en algo por la autoridad o la fama de quien lo emite (quinta acepción de la Real Academia del idioma).

Todo testigo ha de ser examinado en sí y en relación con las demás evidencias que nutren el debate, otra manera de dar contenido a las categorías "coherencia interna" o "externa" de un relato que orbitan alrededor del examen. Con menos pulcritud y sapiencia, la noción de Taruffo.

Cuando el relato del testigo se expone en un discurso que es expresión de una vivencia posible, carece de alteraciones, no es contradictorio en sí mismo, es nítido y persistente, cuando exterioriza acerca de percepciones ostensibles en un contexto temporo espacial concreto, hay coherencia interna.

Cuando se corresponde con evidencia palpable, cuando se vincula con circunstancias de la causa que han sido traídas por otra vía, cuando encastra perfectamente con el todo, como una pieza que completa el damero, allí hay coherencia externa.

Cuando se produce ese enlace la validez es indiscutible.

Si la testigo se mantuvo silente hasta que detonó un episodio que la condujo a hablar, es harina de otro costal.

Las conductas humanas guiadas por sentimientos variados (el miedo, el afecto, la ausencia de compromiso) son a veces inexplicables o inextricables.

Pero en la sentencia no se analizan las sensaciones. Pueden someterse a un test de validación los motivos que conducen a hablar en un momento y lugar determinado; pero la importancia- despejado cualquier contra argumento- no quita verdad a la versión que una persona brinda cuando la ocasión es propicia, ni la descalifican porque sí.

En relación con los tipos de delito de la naturaleza del que ocupa debo admitir que se trata de "casos difíciles", pues como todo asunto que concierne a la determinación de abusos sexuales "crónicos" que además suceden en un contexto familiar, existen numerosos factores que inciden en el análisis de la prueba de cargo o de descargo.

Esto conduce a aguzar los sentidos cuando, sana crítica mediante, se efectúa lo que los viejos maestros llamaban el pasar por la "zaranda procesal" a los elementos que se tuvieron a la mano a la hora de emitir un juicio.

Alguna vez he citado a Aída Kammelmajer de Carlucci quien, en el epílogo de un artículo de su autoría titulado "El inestable equilibrio entre el interés superior del niño y el derecho de defensa en juicio" ( ver Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal n° 9, editorial "Ad hoc", pág. 215 a 235) referidos al tema decía que "...los conflictos planteados y sus dificultades muestran qué importante es tener una Magistratura sensible, especialmente preparada para responder a los nuevos requerimientos de los tiempos. El legislador debe dictar normas claras y eficaces, pero la interpretación y la aplicación de la ley, fundamentalmente en este tipo de materia no pueden desentenderse de las especiales circunstancias de la causa y de las consecuencias futuras de la decisión. Por eso, el equilibrio sólo puede marcarlo el juez; pero para que la decisión cumpla con el famoso recaudo de la proporcionalidad, no solo se requiere sentido común, sino razonabilidad y eficiencia, elementos afanosamente buscados por los destinatarios del sistema de justicia...".

El testigo niño es un testigo "especial" en tanto merece protección "especial"; pero no es un testigo calificado, en todo caso sus dichos son obtenidos mediante procedimientos especiales (para su protección) y sometidos a sistemas de validación diferentes que - en interacción- son analizados por los jueces en el marco en que se ha expuesto.

Pero, y es tautológico, son éstos no otros los que otorgan peso a las expresiones del testigo, menor o mayor, y no son suplidos por otros órganos cuya experticia también es objeto de tamiz.

Me refiero con esto a lo que, quizás impropiamente, llamamos "validación" del testimonio del menor, pero que llámese como se llame solamente importan técnicas de abordaje a ese órgano de prueba que, como "especial", merece atención en los términos dados.

Por fin no menos correcta es la aseveración tantas veces formulada de que la certeza se construye sobre la base de confrontación de hipótesis probables en torno al hecho de que se trata y se afirma, en un sentido u otro, cuando prima la más consistente, sin dejar de lado que en toda especulación siempre hay una última anfibología que indefectiblemente se plantea y que debe revisarse para asegurar que la lógica aplicada es la prevaleciente.

IV. El caso.

Si en el marco de la consulta -que extralimita a los agravios- se han analizado las sentencias de ambas instancias recorridas en el proceso, no hay razón para objetarlas.

Ambas han sido muy claras y prudentes al ponderar las evidencias objetivas (el cuadro lesional que en la zona pudenda presentaba la niña al tiempo de ser examinada por el forense) con lo afirmado por ella misma y M. I. (su interlocutora original) y las conclusiones de los profesionales C. M. F., R. D. A. -en lo que concierne- y H. G., todos escuchados en el debate (ver acta de hoja 95 reverso).

Verdad es que las sentencias se han afirmado en dos grupos básicos de evidencia devenida en prueba: a. el testimonio de la menor que se ha predicado víctima; b. la opinión testimonial de los profesionales forenses que intervinieron: la licenciada F. el perito de parte y el doctor G.(médico del Cuerpo Judicial) También es cierto que los que juzgaron en la instancia oportuna, dieron menor valor al testimonio que aportó la defensa.

Con todas estas precauciones, empero, mantengo la firme convicción de que los sucesos ocurrieron tal lo determinaron las sentencias, las que deben homologarse en este sentido.

Y lo hago porque ambos Tribunales analizaron de modo inobjetable, ya lo dije, un plexo consistente y coherente.

He leído una y otra vez los párrafos en que se trascribió la relación verbal de la niña P. y no puedo menos que coincidir en el resultado que causa en el proceso reflexivo.

La perseverancia en el relato, la utilización de un lenguaje poco acorde con su edad, la especificación de objetos (los profilácticos) a través de una decodificación pueril (una bolsita) pero expresiva acerca de su utilidad (para no quedar encinta) implican, como significaron para los jueces, una sexualidad precoz y torcida.

La aseveración acerca del autor, y la posibilidad cierta del contacto, suman; como suma la coincidencia de aquello con lo expuesto por la testigo I., cuyos dichos son contestes con los de la niña, a la que escuchó en una circunstancia especial, cuando se liberó del entorno en el que se producían los abusos.

Y los indicadores señalados por los expertos y sus conclusiones, todo cuanto los Magistrados tomaron en cuenta a la hora de fijar los hechos contenidos en la acusación, con la salvedad de la penetración anal la que dieron por no ocurrida. Debo señalar que esto no se proyecta negativamente en la comprobación de los demás hechos, asunto hábilmente considerado por la Juez Martos con cuyo desenlace argumental coincido en lo que a ello respecta, y me remito a lo expresado en cuanto a la selección del material probatorio que es facultad de los que sentencian, cuando lo hacen-como lo efectuaron- con razonada justificación.

Las improntas de acceso que presentó la menor (puestas en evidencia por el doctor G.) son una cabal confirmación de que la hipótesis de imputación de las sentencias es la correcta, tal lo expuse más arriba.

Los signos de penetración que dejaron estigmas cierra (o abre, según adonde se lo ubique) la reflexión y, ciertamente, no se han vertido por el recurrente contra argumentos que descalifiquen a las inspeccionadas.

Es más, en la expresión de agravios (ahora sí en el ámbito del recurso) la crítica sobre el fallo de la Cámara Penal ha versado sobre el valor asignado a la prueba, pero no ha expuesto- al menos con la claridad exigible en la instancia- cuál es el contenido de la palabra "arbitrariedad" o "error evidente" en la decisión.

Confrontando las categorías teóricas con las conclusiones, el epílogo es el que anticipaba. La sentencia debe ser confirmada.

V. La calificación legal.

Comparto los fundamentos de mi colega pre-opinante en lo que atañe a la calificación legal.

Ella es la adecuada a la situación fáctica comprobada en todos sus extremos.

Los fundamentos dados por el impugnante son desdeñables pues no se ha brindado una razón válida que conmueva el predicado que afirma la relación de poder existente, calificante de la figura escogida.

VI. La pena.

Considero que la sanción conminativa ha sido impuesta siguiendo los parámetros de la ley.

Cada uno de los sentenciantes ha vertido razones más que razonables para justipreciar el disvalor de la acción culpable, típica y antijurídica, de modo que por la confirmación me inclino.

Así me expido y voto.

El Juez Alejandro Javier Panizzi dijo:

I. El defensor particular de don P. M. R., el doctor C. G. D. M., dedujo impugnación extraordinaria -hojas 169/171 y vuelta- contra la sentencia emitida por la Cámara en lo Penal de Puerto Madryn, registrada bajo el número 26 del año 2010, cosida en los folios 151/166 y vuelta de autos.

Los antecedentes del caso, la relación de los hechos que son objeto del proceso y la reseña de los agravios, han sido sentados en los sufragios de los magistrados que me precedieron. De manera que, omitiré toda referencia a ellos, a efectos de no repetir innecesariamente la tarea.

II. En su pronunciamiento, el profesor Pfleger ha realizado un estupendo análisis del instituto de la consulta, con cita de autoridad del doctor José Alberto Ferreyra. No obstante la agudeza intelectual con que se examina la materia, respetuosamente discrepo de la conclusión a la que allí se arriba.

Soy de la opinión que la competencia del Superior Tribunal de Justicia en la consulta se delimita a garantizar dos cosas: por un lado, que se haya cumplido la doble conformidad del fallo condenatorio con una revisión integral (a cargo de otro tribunal) y sin distinciones que predeterminen la materia a revisar, excluyendo de antemano ciertos aspectos, como ocurre con la clasificación entre cuestiones de hecho y de derecho. Por otro lado, que la sentencia de revisión no fuera dictada arbitrariamente, sin fundamentos que la doten de legitimidad. Por brevedad, me remito a los argumentos de mi voto en la sentencia definitiva "G., J. s/ Homicidio e/ víctima s/ Impugnación", del 24/06/2011; registrada bajo el Nº 39/2011 (entre otras).

No obstante ello, acataré el criterio sentado por esta Sala, por mayoría, en cuanto a que la revisión debe ser amplia, esto es, sin limitaciones. En el caso, la Cámara en lo Penal produjo la aprobación judicial duplicada de la condena, para lo cual, valoró todo el material probatorio producido en el debate y analizó cada uno de los puntos de agravio propuestos por la defensa.

Los pronunciadores de la sentencia inspeccionada además, analizaron el modo en que los juzgadores del juicio oral llegaron a la condena, reflexionando que su conclusión era la jurídicamente correcta.

Los jueces de la sentencia recurrida, para acreditar el evento, meritaron cada una de las fuentes aportadas. Así, partieron de la denuncia formulada por M. I., tía de P. A. C., a quien la niña le relató lo sucedido. Posteriormente, esa revelación fue ratificada por el progenitor de la víctima, don J. Á. C. L..

Luego, valoraron las manifestaciones de P. C. en Cámara Gesell. La pequeña señaló con absoluta claridad a su tío R. como la persona que la accedía carnalmente y la obligaba a practicarle sexo oral.

A su turno, el dictamen pericial de la Licenciada F., exhibió las secuelas psicológicas que el hecho provocó en P., validó su relato y descartó signos de fabulación en la niña. En tanto que el perito de parte, Licenciado D. A., llegó a la misma conclusión.

Los sentenciadores cerraron el cuadro cargoso con el testimonio del doctor G., médico forense, quien dio cuenta de los rastros físicos hallados en la víctima.

III. Como se sabe, en los delitos de intimidad como el abuso sexual, cuando las víctimas son niños, cobran relevancia como elementos de convicción sus dichos, aunados (como lo fueron) a la prueba indiciaria inferida de los demás elementos de convicción, tales, las pruebas periciales médicas y psicológicas, testimoniales y documental.

En conclusión, juzgo que el razonamiento desplegado por la Cámara en lo Penal es el acertado. Aquél abarcó cada una de las partes de la sentencia y alcanzó todos los argumentos en los que se sustentó la condena, la pena impuesta, la calificación legal escogida y los agravios del recurrente.

IV. En otro orden, considero correcto el encuadre jurídico de la conducta desplegada por P. M. R. en perjuicio de la pequeña P. C..

Con los informes del médico forense, se acreditó el acceso por vía vaginal y, a través de los testimonios de la víctima y familiares, se probó la relación de convivencia entre la menor y su tío.

V. La sanción penal impuesta es la acertada pues ha sido determinada en el marco que establece la figura legal en la que se subsumió el accionar del condenado y siguiendo las pautas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Código Penal.

Se ha vulnerado la dignidad de la víctima, con un grado de ofensa o injuria de mucha entidad, lo cual fue tenido en cuenta por los jueces para mensurar la pena, basada en la inmensa cuantía del daño causado, consistente en las grandes secuelas psicológicas y perturbaciones que el delito provocó en la víctima.

V. En virtud de lo expuesto, la impugnación extraordinaria deducida será rechazada, con costas y la sentencia en crisis, confirmada en todas sus partes.

Así voto.

Con lo que finalizó el Acuerdo, pronunciándose la siguiente:

S E N T E N C I A 1º) Declarar improcedente la impugnación interpuesta a fs. 169/171 y vuelta, con costas.

2º) Confirmar la sentencia registrada bajo el número 26/2010, de fs. 151/166 y vta.

3°) Protocolícese y notifíquese.