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Poder Judicial, jueces, causales de remoción, tribunal de enjuiciamiento, resoluciones, resoluciones recurribles, cuestión no justiciable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: V.,  A.;  P.,  J. M. E. I,  D.  G. -FISCALES DE CAMARAS TRIBUNALES  DE  ROSARIO-  ELEVAN  INFORME  S/INVESTIGACION REALIZADA EN CUMPLIMIENTO  DE LO DISPUESTO POR ACTA ACUERDO Nº 24 DE FECHA 11-3-91 (JUZGADO DE INSTRUCCION  DE  LA DECIMA  NOMINACION: DR M. F., F.) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE Nº 74-94) B., G. B. s/ Tribunal de enjuiciamineto. Queja por denegación del recurso de   inconstitucionalidad (EXPTE CSJ Nº 696-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-07-02|1995-02-22

Resulta incontrastable que lo atinente a la interpretación de la ley 7050 en orden a las causales de remoción de los magistrados y, desde luego, la apreciación de los hechos materia de acusación, conforman ámbitos atribuidos por la Constitución provincial a la exclusiva y definitiva decisión del Tribunal de Enjuiciamiento y, por lo tanto, no revisables judicialmente en principio. Entender lo contrario significaría, en suma, convertir el control judicial de los enjuiciamientos a magistrados o juicios políticos, destinado sólo a verificar el respeto al derecho de defensa, en una forma de penetrar en el ámbito de lo que debe seguir siendo no justiciable, porque así lo requieren principios que son inseparables del sistema político de la Constitución. Por ello, lo atinente a la interpretación de la Constitución en orden a las causales de destitución por juicio político y la apreciación de los hechos materia de acusación conforman ámbitos depositados por la Ley Fundamental en el exclusivo y definitivo juicio del Senado (en nuestro caso, el Jury de Enjuiciamiento) y, por tanto, no revisable judicialmente.
Cómputo de servicios, evasión previsional, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RUBINO DE CESARINI HERNANDEZ, Virginia c/ Caja Nacional de Previsión para la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-12-30

Si bien el art. 25 de la ley 18.037 impone al trabajador la carga de denunciar los incumplimiento en que incurre el empleador respecto al régimen de seguridad social, tal disposición se refiere a aquellos casos en que el trabajador tiene un efectivo conocimiento del incumplimiento por parte de su dador de empleo, y en esa condición tiene el carácter de copartícipe en la violación de la ley (cfr.

C.N.A.T., Sala II del 24.8.88, "Campoy, Ana María"). Tales circunstancias deberán ser consideradas por el organismo previsional, previa producción y valoración de los elementos de juicio que a tal fin se estimen pertinentes.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos bancarios, tarjeta de crédito, clonación, resumen de cuentas, facturación errónea, cargo deudor, acción de responsabilidad, resoluciones judiciales, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Moraes De Sousa, Elizete c/ First Data Cono Sur SRL y otro s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-15

Corresponde modificar la resolución de grado que admitió la demanda incoada por una tarjetahabiente contra la entidad administradora del sistema de tarjeta de crédito y el banco emisor, pues fueron desconocidos ciertos cargos fraudulentos efectuados mediante la clonación de la tarjeta, y sin embargo a pesar de la oportuna impugnación del resumen, la demandada no solo facturó los cargos ilegítimos sino que además la informó como deudora crediticia en las bases de datos del Banco Central. En ese marco, la remisión de información de la actora como deudora al BCRA, sólo pudo ser efectuada por el banco emisor, sin intervención alguna de la administradora de tarjeta de crédito, por lo que la condena rectificar la información resulta de cumplimiento imposible para esta codemandada. De tal modo, es la entidad bancaria quien debe solicitar a la central de deudores que sean practicadas las modificaciones necesarias en sus bases de datos.
Nulidad de la subasta, recurso de casación, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Moreno  y  otros en autos 042/00: Incidente de Nulidad de subasta en autos 367/97  Ejecución  de  Sentencia (Astreintes) en autos 114/94: Moreno y otros c/Silva S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2002-09-18

En el caso, se presenta la municipalidad solicitando la suspensión de la subasta argumentado que quien resultare adjudicatario del inmueble en remate podría verse perjudicado, dado que en los edictos no constaba que la propiedad había sido declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación y que además no se había notificado al juez embargante de una causa iniciada por el municipio contra la demandada. Se hace lugar a la suspensión por este último fundamento, fijándose nueva fecha, la municipalidad pide nueva suspensión la que es denegada. Realizada la subasta el municipio inicia incidente de nulidad de la misma, el que rechazado en primera instancia es acogido por la Alzada mediante la pertinente apelación, resolución que a su vez se impugna por el presente recurso de casación, fundado en las causales a) y c) del art. 298 del CPC.

En principio corresponde analizar los requisitos formales que habilitan esta vía extraordinaria local y en ese sentido la definitividad del pronunciamiento constituye uno de los esenciales de admisibilidad y su ausencia no se suple por el hecho de invocar arbitrariedad o agravio constitucional.

Ello así, esta Corte ha conferido el carácter de sentencia definitiva a aquellos pronunciamientos que obstan a la prosecución de la causa dando por finalizado el pleito o que lo hagan de imposible o insuficiente reparación ulterior en el mismo u otro proceso.

En esa inteligencia, la sentencia impugnada no tiene carácter de definitiva ni tampoco resulta equiparable, toda vez que se trata de una interlocutoria que hace lugar a un incidente de nulidad de subasta en un proceso de ejecución de sentencia, pues el recurrente no ha satisfecho el requisito de expresar y demostrar en forma clara el perjuicio o gravamen que la decisión apelada la ha causado y que podría convencer al tribunal de apartarse de la regla, a la que cabe agregar que el crédito que se pretende ejecutar puede trasladarse sobre el monto depositado por la nulidicente, o bien recaer sobre otro bien del accionado.

En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación por improcedente.
Recurso de casación, filiación, reconocimiento en sede judicial, daños y perjuicios, prueba, interés legítimo
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: BONTE VDA. DE CASTIÑEIRA, FLORIANA HELIA c/ QUIROGA, VICTOR SANTOS Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-11-07

Interpretando lo establecido en el art. 1079 en concordancia con los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, aún ante el reconocimiento filiatorio invocado, deben incorporarse los elementos probatorios pertinentes a los fines de la procedencia indemnizatoria reclamada, ya que no encuadra la reclamante en la presunción de los herederos forzosos respecto del daño cierto sufrido. Con lo cual, delimitada la acción en la reclamación de un daño patrimonial, ante un ataque a un "...derecho subjetivo o bien jurídicamente protegido por la ley...", es decir afectando al damnificado en un interés legítimo, no puede encauzarse el desarrollo argumental sobre la base de una acción ajena a la presente, ya que ella puede prosperar sin perjuicio de la relación parental invocada. Que, en consecuencia, y en orden a lo prescripto en el art. 1079 del Código Civil, no hace a la esencia del mismo la acreditación del parentesco con la víctima, máxime en el grado de la exigencia de la solemnidad probatoria con que se requirió en la anterior instancia. Por ello, ante la errónea interpretación legal (confr. art. 3 inc. 'a' Ley 1687-Recurso de Casación) deberá casarse la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en cuanto confirma la procedencia de la excepción de falta de legitimación para obrar en el actor resuelta en primera instancia.
Accidente de tránsito, medidas cautelares, daños y perjuicios, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: TADELVA- TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL VALLE S.R.L. c/ MAMANI, Oscar Rodolfo s/ EMBARGO PREVENTIVO Y SECUESTRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-12-30

En los juicios de daños y perjuicios las medidas cautelares deben ser otorgadas con criterio restringido y solo proceden cuando existe una clara verosimilitud en el derecho invocado, lo que, si bien no implica exigir prueba acabada del mismo, sí impone la acreditación de una mayor densidad del fumus boni iuris del peticionante, por las caraterísticas complejas que ofrece un accidente de tránsito. En ese sentido, la prueba traída por el peticionante de la cautelar debe mostrar que únicamente el relato de los hechos brindado por él es el verosímil, y no que tal verosimilitud aparezca volcada también a favor de quien habrá de ser demandado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Falta de contestación de la demanda, declaración de rebeldía
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Bartels, Jorge Horacio c/ Distribuidora Río Negro s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-11-22

La falta de contestación de la demanda implica un reconocimiento de los hechos expuestos en el escrito inicial y crea una presunción de verdad de los sucesos afirmados por el pretensor, con lo que el silencio que supone la rebeldía por falta de contestación de la demanda podrá estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refiera; y en el caso de los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso; correspondiendo agregar que en caso de duda, la rebeldía declarada y firme constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración.
Impuestos, exenciones impositivas, interpretación restrictiva
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "D.G.I.  (Autos  Espeche  Maldonado  Gironelli SH) TF 23.723-I c/ D.G.I.".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-04-26

Las exenciones deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicación de las normas que la establezcan, y fuera de esos casos corresponde la interpretación estricta de las claúsulas respectivas(Fallos: 319: 1311 y 1855, 321:1660) (Cons. IX).
Sentencia, responsabilidad del Estado, desaparecidos
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: CASO GELMAN c/ URUGUAY s/ Supervisión de cumplimiento de sentencia
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2013-03-20

Toda vez que la Corte Interamericana constató que el Estado uruguayo organizó cursos de derechos humanos destinados a funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, sin informar acerca del carácter permanente de dicho programa ni brindar el plan de estudios y contenidos habido en ellos, el Tribunal solicita que el Estado informe en forma precisa y detallada lo relativo a esta medida de reparación, por lo que continuará supervisando su cumplimiento.
Recusación, excusación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHAVARRI, ENRIQUE VICTOR c/ CONSEJO GENERAL DE EDUCACION s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-06-12

Resulta inconveniente autorizar, salvo casos muy justificados, de causales expresas, la excusación de magistrados en un proceso sumarísimo. Máxime aún, cuando no se justifica invocar una mera razón de delicadeza personal que no es susceptible, de provocar una situación de violencia moral capaz de torcer la rectitud del juez.
Acción de amparo, empleo público, recomposición salarial, discriminación salarial
Materia: CIVIL
Carátula: GREMIO JUDICIAL DE EMPLEADOS JUDICIALES DE SANTIAGO DEL ESTERO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-05

La norma que dispone la vigencia de un régimen de recomposición salarial, de aplicación para toda la administración del Estado, con la sola salvedad de las fuerzas de seguridad, no presenta aristas de discriminación. Los empleados judiciales (amparistas) por consiguiente, no han sido excluídos de un beneficio general de austeridad administrativa.-
Daños y perjuicios, indemnización, intereses, impuesto a las ganancias, base imponible
Materia: TRIBUTARIO-CIVIL
Carátula: PEÑER DE FRAINBERG, Rosa c/ CONSORCIO CHARCAS 3421 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-06

En tanto de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 de la ley 20628 y sus modificatorias, para ser imponibles las rentas deben tener una periodicidad tal que impliquen la permanencia de la fuente que los produce, si se trata de accesorios devengados con relación al monto de la indemnización por los daños y perjuicios provocados por un hecho ilícito, al no existir permanencia en la fuente del ingreso susceptible de generar su imponibilidad, los intereses adeudados no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias
Contratos administrativos, oferta, precio, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SERENI JORGE AQUILES c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA s/ IMPUGNACION ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-24

En materia de contrataciones públicas, la oferta más conveniente -como exige el Decreto Nro. 5720/72- no es necesariamente la de menor valor, pues el precio es sólo uno de los criterios de selección y no la regla de la adjudicación, ya que influyen otros factores tales como la mayor capacidad técnica, el tipo y calidad de los materiales ofrecidos.
Diligencias preliminares, prueba anticipada, medidas cautelares, prueba documental, póliza
Materia: PROCESAL
Carátula: DAMNIFICADOS  FINANCIEROS  ASOCIACION CIVIL P/ SU DEFENSA c/ BBVABANCO FRANCES S/ s/ RUEBA ANTICIPADA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-05

Resulta procedente desestimar el pedido de prueba anticipada como medida cautelar, de secuestro de polizas de seguro de vida colectivo conectadas con préstamos de dinero de cualquier naturaleza realizado por la entidad financiera demandada, tanto en la sede de esta como en la de la aseguradora. Ello asi por cuanto, el aseguramiento de pruebas en los términos del cpr: 326 constituye una via procesal de excepción (cfr. fassi, "codigo procesal civil y comercial de la Nación", t. 2, p. 19) que solo debe admitirse si se comprueba que el proponente se halla expuesto a perder la probanza o que la misma le resultara imposible o de muy difícil realización en una ulterior oportunidad, no advirtiendose acreditado que se configuren los requisitos necesarios para admitir una medida como la pretendida -secuestro-, pues no es suficiente a esos fines la sola invocación de la posibilidad de que pueda alterarse o modificarse o incluso desaparecer la documentación requerida, sin constancias u otros indices que permitan inferir que esto pudiera suceder realmente, lo cual justifica la desestimación de los agravios.
Tributos, facultades de la Municipalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Aguas Argentinas S.A. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora s/ Inconstitucionalidad Ordenanza 7751/95
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-03-07

Las facultades de los municipios bonaerenses en materia tributaria son limitadas, pues de acuerdo a la Constitución local -en la que hallan fundamento- están sujetas, bajo pena de nulidad a los límites de las facultades otorgadas por la Legislatura. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Acción de amparo, empleo público, concurso de cargos, acto administrativo, nulidad absoluta, revocación del acto administrativo nulo, facultades de la administración, pago sin causa, igual remuneración por igual tarea, aumento salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Novik, Jorgelina Carla y Wlodowski Irene c/ G.C.B.A. s/ Amparo Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-08-30

En el caso, los agentes han accedido al nivel salarial como consecuencia de su nombramiento en un cargo con jerarquía superior. Su retribución, cuyas diferencias reclama la Dirección de Rentas, fue correlato directo del reecasillamiento y de efectivas tareas desempeñadas, y lógica consecuencia de la nueva situación de revista. No aparece configurado en el caso un supuesto de pago sin causa del que deba derivar una obligación de restituir. Por el contrario, la devolución implicaría, en las condiciones pretendidas, un enriquecimiento indebido a favor de la administración, y una conculcación del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis CN).
Tribunal de impugnación penal, derechos y garantías constitucionales, doctrina legal
Materia: PENAL
Carátula: D. G. W. D. c/  s/ abuso sexual - ley 5020
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2023-06-23

El Tribunal de Impugnación, cuyo mandato como tribunal intermedio consiste en el análisis integral de condenas, absoluciones o resoluciones que impongan una medida de seguridad (art. 25 inc. 1 y 228 CPP), tendrá a su cargo un riguroso análisis para determinar si el remedio pretendido puede ser admitido excepcionalmente en dicha instancia, en virtud de la trascendencia de los agravios que involucren eventuales afectaciones de garantías constitucionales, en los términos de la jurisprudencia de la Corte y de la doctrina legal atento a la específica referencia del inc. 2° del art. 242 del Código Procesal Penal. (Voto de la Dra. Piccinini, Dra. Criado, Dr. Ceci, Dr. Barotto y Dr. Apcarian)
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios del abogado
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Serantes, Miguel Angel y otro c/ Baigol, Walter Alberto y otro s/ Indemnización de daños y perjuicios Mazza de Amicone, Filomena c/ Asociación de Bomberos Voluntarios del Partido de Morón y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06|1999-07-06

No obstante la limitación impuesta por el art. 57 del dec. ley 8904, la decisión que determina -con fines regulatorios- si ha mediado o no transacción es recurrible porque es un planteo ajeno a la normativa arancelaria por tratarse de una cuestión estrechamente vinculada al derecho mismo a la regulación.
Requisa personal, facultades de la autoridad de prevención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Corituma Malache, José Luis s/ Procesamiento y embargo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

La actuación de la prevención, como cualquier manifestación del ejercicio del poder de policía estatal, debe estar sujeta a los límites impuestos por la razonabilidad (cfr. Fallos: 298:223)" (Del voto en disidencia del Dr. Farah).
Facultades del Poder Judicial, división de poderes
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guadalupe Hernández, Simón Fermín s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

Es el Poder Judicial el llamado para sostener la vigencia de la Constitución y un avance en desmedro de las facultades de los demás poderes revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden público.
Daños y perjuicios, indemnización, costas al demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: Flores, Crispín Gabino c/ Quiquinto, Justo Sergio s/ Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 400/404, Nº 193) Recurso de Inconstitucionalidad  (L.A. Nº 35, Fº 400/404, Nº 193)
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1992-07-16

Aunque la demanda hubiese prosperado por un rubro mínimo, en los casos de daños y perjuicios por el principio de integridad de la indemnización las costas son impuestas a la demanda. Es que el responsable del daño experimentado quien no asumió o dio cumplimiento a su obligación resarcitoria, es el que ha dado lugar a la promoción del juicio, por lo tanto, todos los gastos efectuados por la víctima para obtener el reconocimiento de su derecho deben recaer sobre el autor de la conducta ilícita, de lo contrario el resarcimiento concedido, tiene como finalidad producir el equilibrio patrimonial del accionante, no dará satisfacción a él sino que se verá disminuido en la medida de las costas y será en tal proporción que la reparación no será integral.-
Ejecución prendaria, juicio ejecutivo, denegatoria del recurso, prenda con registro, registro de la propiedad automotor, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados c/ Badriotti Héctor Antonio s/ Ejecución prendaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-05-28

Se rechaza la ejecución prendaria pretendida por la ejecutante en razón de la caducidad de la inscripción del contrato de prenda con registro que se produce de pleno derecho y por el mero vencimiento del plazo legal y resulta inoficioso. La promoción de la acción prendaria no impide la caducidad de la inscripción, no existiendo la posibilidad de que el plazo se suspenda o interrumpa tampoco es procedente el recurso de apelación interpuesto por la misma.
Recurso extraordinario, resoluciones anteriores a la sentencia, juicio ejecutivo, juicio de apremio
Materia: CIVIL - COMERCIAL - PROCESAL
Carátula: BANCO MARIVA S.A. c/ EXPRESO ESTEBAN ECHEVERRIA S.R.L. s/ JUICIO EJECUTIVO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-03-20

Las decisiones recaídas en los juicios ejecutivos y de apremio, no son, como principio, susceptibles del recurso extraordinario, pues no revisten el carácter de sentencia definitiva en los términos del art. 14 de la ley 48, máxime si el a quo ha desestimado las defensas con fundamentos de hecho y de derecho procesal bastantes para excluir su descalificación sin que la discrepancia de la apelante con los alcances asignados a normas no federales en juego justifique la apertura del remedio de excepción.
Inadmisibilidad formal, recurso extraordinario federal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Carrió, Elisa M. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-26

Es inadmisible el RE si el impugnante no ha cumplido con los recaudos para la interposición del remedio federal establecidos en los arts. 14 y 15 ley 48 y en la Ac. CS 4/2007 -art. 3, incs. a), d) y e)- (art. 11 de dicha acordada). (Dres. David, Slokar y Ledesma).
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia, interpretación de la ley, multa, solve et repete, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: El Serrano S.R.L. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 234 Año 1988)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-07-08

En la causa "Industrias Frigoríficas Nelson", la Corte provincial tuvo ocasión de considerar, en el marco del recurso de inconstitucionalidad previsto en la ley 7055, si la exigencia del previo pago de una multa podía significar violación del derecho de defensa, llegando a la conclusión de que tal requisito no configuraba por sí solo violación de dicha garantía constitucional.

Y más recientemente y ya en el marco de las nuevas pautas introducidas por la reforma de la Carta Magna nacional de 1994, luego de reiterar que la regla del "solve et repete" no ha sido derogada expresamente en nuestro ordenamiento, dijo que el criterio formulado en torno de aquella exigencia no se altera por la consagración con jerarquía constitucional del tratado antes citado (art. 75, inc. 22, de la C.N.). Ello así por cuanto la Corte nacional ha sostenido que los alcances que cabe otorgar a lo dispuesto por el artículo 8, inciso 1), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos son equivalentes, en relación con el principio "solve et repete", a los fijados por la jurisprudencia del Tribunal elaborada con mucha antelación a dicho tratado con fundamento en el derecho de defensa garantizado por el artículo 18 de la Constitución nacional. (De Los Fundamentos De La Dra. Gastaldi)