marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, cuestiones de competencia, competencia por el turno
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: G.Z.F. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 41 Artículo 41
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-09-28

Siendo la asignación de turnos solamente una manera de organizar el trabajo, haber dado una errónea intervención al Juzgado que no le correspondía por turno, no es una circunstancia que permita per se considerar siquiera amenazadas las garantías constitucionales que resguardan al imputado; en tal sentido la presunta violación al principio de juez natural no es más que un ejercicio intelectual, toda vez que, como es sabido, todos los jueces de este fuero son competentes para conocer en las causas que se inician en relación a presuntas infracciones al Código Contravencional.

Es obvio que los Juzgados deben ajustarse a los turnos fijados, pero de ello no deviene que si, como en el caso, algún Juzgado conoce incidentalmente, por error, en un hecho que por aplicación del sistema de turnos debe ser asignado a otro, tal circunstancia deba ser considerada como una infracción constitucional; de prosperar dicho criterio, debería ser nulificado todo lo actuado en el legajo, lo que sin duda aparece como exorbitante, si recordamos que las causales de nulidad deben ser consideradas restrictivamente, y no corresponde el dictado de nulidades por la nulidad misma.

Resulta ajustado a elementales razones de equidad, dirimir el conflicto asignando el conocimiento de la presente causa al juzgado que efectivamente se encontraba de turno a la fecha de inicio de la actuaciones.

Del voto de los Dres. Dessanti y Lucangioli.
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, caso fortuito, fuerza mayor, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Unirrol SA c/ Flow SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-03

1. Es claro que aún cuando el legislador se refiere muchas veces en forma conjunta al caso fortuito y la fuerza mayor (CCIV 1568), se trata de conceptos claramente diferentes aunque las consecuencias de ambos sean similares. Así el artículo 514 define el caso fortuito como aquel que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse. 2. Si bien no hay una definición legal para el término "fuerza mayor", la doctrina ha dicho que el mismo alude a la acción ajena incontrastable que la voluntad del deudor no puede superar; a diferencia del "caso fortuito" que parecería más afín al azar o casualidad y que es la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar y cuyas causas se ignoran (Llambías, J.J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, T. I, página 232; n° 187). 3. Para que pueda ser invocado como eximente de responsabilidad el caso fortuito o fuerza mayor, el mismo debió ser imprevisible (imprevisibilidad razonable, de acuerdo a las circunstancias del caso); inevitable (amén de ello irresistible para el deudor); inimputable (ajeno a la culpa del deudor o de las personas por las que debe responder); actual (en punto a afectar el cumplimiento de la obligación cuando esta es exigible); y volver imposible en forma definitiva el cumplimiento de la prestación (Orgaz, A. La culpa (actos ilícitos), págs. 257/259; Córdoba, 1992).
Movilidad del haber jubilatorio, reajuste jubilatorio, peligro en la demora, medida cautelar innovativa, edad avanzada
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: NESTOR FERNANDO CAPA c/ ANSES Y OTROS s/ REAJUSTES VARIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-10-16

Se ha sostenido que el peligro en la demora como aval para la concesión de la medida cautelar debe existir en forma fehaciente, juzgado de acuerdo a un criterio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros. En el específico marco de humanidad en que se inserta la acción judicial de naturaleza alimentaria el peligro en la demora no es material, sino vital, es la vida misma del actor que se apaga frente a la penuria que es sortear el laberinto procesal a que lo somete el Estado. No tengo duda que ante la íntima evidencia de un derecho, que se envilece en su poder de compra, el peligro en la demora, se deriva de la propia naturaleza humana .Por lo tanto, aun cuando pudiera objetarse la cautelar, desde una perspectiva procesal ortodoxa enraizada en los abstractos fines de la precaución, a mi ver, existe un bien jurídico mayor a resguardar por sobre la mera formalidad, que no es otro que un deber moral que legitima a un orden justo en cuanto rescata a la dignidad del hombre como objeto del derecho y también existe un deber ético del ejercicio judicial que como magistrado no puedo desconocer, frente un requerimiento de naturaleza alimentaria.
Contrato de trabajo a plazo fijo, nombramiento, personal de planta permanente
Materia: PROCESAL
Carátula: Delebecq Darci Noemi c/ Municipalidad de Senillosa s/ Acción procesal administrativa, Expte. N° 127/2001, y sus acumulados: "Felipe Luz María c/ Municipalidad de Senillosa s/ APA, Expte. N° 117/01, y "Carmona Julio Abelardo c/ Municipalidad de Senillosa s/ APA"
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-04-24

La existencia de uno o varios contratos a plazo, renovados o no y la presunción de una tácita reconducción, son insuficientes frente a la inexistencia de un acto de designación en planta permanente: el nombramiento debe acreditarse. (del voto del Dr. Kohon, en mayoría)
Daños y perjuicios, responsabilidad del asegurador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Flores, Nasario c/ La Primera Cía. de Seguros Generales s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La omisión en expedirse respecto al derecho del asegurado en el término que señala la ley, produce el efecto de estimarse que hay reconocimiento tácito de responsabilidad. El asegurador, entonces, deberá reconocer el derecho del asegurado o rechazarlo antes de que se cumpla el plazo de 30 días, el que se computará como lo hemos señalado, desde que fue recibida la información o prueba o desde la fecha del siniestro.-
Daños y perjuicios, indemnización, injurias, calumnias
Materia: CIVIL
Carátula: M.S.E. y otros c/ L.H. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-05-03

La obligación de reparar los daños ocasionados por una publicación injuriosa se origina por la voluntad y conciencia de efectuarla (art. 1089 del Código Civil)o porque aun sin malicia el autor hubiese obrado con culpa o negligencia (art. 1109 del mismo cuerpo normativo), puesto que en materia de derechos personalísimos la protección civil es más amplia y se desentiende del tipo penal y del dolo. Por otro lado para la responsabilidad generada por el ilícito contemplado en el art. 1089 no es indispensable que exista calumnia sino que el supuesto también prevé la injuria para admitir la indemnización. (Sumario N°20233 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).
Responsabilidad del Estado, error judicial, daños y perjuicios, indemnización, valor de reposición del automotor
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: CAPRA, Fabián Hector c/ E.N. s/ varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-22

La principal pretensión contenida en la demanda, por daños y perjuicios sufridos por la indebida venta-atribuida a error judicial, tendiente a obtener el valor de reposición del automotor de que fue desposeído el actor, debe ser admitida.
Conciliación obligatoria, competencia laboral, ejecuciones especiales
Materia: LABORAL
Carátula: NIGRETTI, Claudio c/ CLUB ATLETICO BANFIELD s/ ejec. de créditos laborales
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-30

El art. 26 de la ley 24635 otorga aptitud jurisdiccional a esta Justicia Nacional del Trabajo, para entender en todas las ejecuciones de los acuerdos celebrados en el seno del SECLO, sin excepción, máxime cuando se observa inactividad de las partes y comisión del SECLO en la etapa procesal oportuna, referida a los supuestos del art. 1 de dicha normativa. (Del voto del Dr. Billoch en mayoría).
Recurso extraordinario, denegatoria del recurso, sentencia no firme, reenvío, jurisprudencia aplicable
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VALLEJOS, HECTOR RAUL c/ ASOCIART ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-18

El pronunciamiento impugnado adolece del recaudo de definitividad establecido por los artículos 14 de la ley 48 y 3, inciso a) del reglamento aprobado por la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto esta Corte declaró procedente el recurso interpuesto por la actora y ordenó el reenvío de las presentes actuaciones al tribunal subrogante a los fines de un nuevo decisorio conforme a las exigencias constitucionales requeridas que contemplen una motivación suficiente; conceder el remedio extraordinario federal interpuesto, importaría habilitar el acceso a una nueva instancia ordinaria, extremo que excedería los límites funcionales e institucionales impuestos por la Constitución y las leyes a la jurisdicción conferida al Máximo Tribunal. (Del voto de la Dra. Gastaldi) - CITAS: CSJN: Fallos 290:95; 291:572; 302:502; 310:405; CSJStaFe: AyS T 58, p 307; T 59, p 319; T 61, p 149; T 134, p 294. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 48, artículo 14; Acordada 4/2007 CSJN, artículo 3, inciso a).
Actualización monetaria, pago, economía procesal
Materia: CIVIL
Carátula: DIL Julio c/ DI FALCO Jorge s/ DESVALORIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

Ante las fluctuaciones monetarias y a fin de preservar el poder adquisitivo del monto de la condena, resulta justo extender el período de aumento por desvalorización monetaria hasta el efectivo pago. Con ello, se vela por el principio de economía procesal (art.

34,inciso 5 apartado e del Código Procesal), puesto que las partes tienen establecidas de antemano las pautas fijadas para el cumplimiento. Además ello no importa decidir para después de la sentencia sino preveer el camino a seguir por incremento monetario en caso de incumplimiento mas allá del plazo otorgado.-
Domicilio electrónico, notificación automática, denegatoria del recurso, depósito previo, interpelación, acordada de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Duarte, María Laura c/ Greco, Rodolfo Aurelio y otros s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-23

Cabe revocar el pronunciamiento que desestimó el recurso de queja por no cumplir -en el plazo fijado en la intimación- con la acreditación del pago del depósito previo, pues la circunstancia de que el recurrente haya omitido denunciar su domicilio electrónico según lo requerido en las acordadas 31/2011 y 3/2012 del Tribunal, carece de incidencia en el modo en que debía practicársele tal intimación, dado que el art.

286 del CPCCN establece que para las hipótesis de omisión de depósito o de integración insuficiente, la intimación a regularizar la situación debe realizarse "personalmente o por cédula. -Disidencia del juez Juan Carlos Maqueda-.
Daños y perjuicios, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, daño causado con la cosa, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: CIVIL
Carátula: PICCINI, SILVIA SUSANA Y OTRO c/ LA RIOJA, PROVINCIA DE Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

La última parte del art. 1113 del C.Civil sólo excluye la responsabilidad del dueño o guardián en cuanto tales, en los supuestos de daÑos causados por las cosas que prevé el apartado segundo, pero no impide el juego de la responsabilidad que como principal puede caberles, cuando el autor del hecho es su propio dependiente.
Contrato de trabajo, moneda extranjera, mora del deudor, intereses
Materia: LABORAL
Carátula: KOBYLANSKI, RODOLFO HUGO c/ CLUB ATLETICO TALLERES s/ CONTRATO DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-05-17

Aún cuando se considere que la contratación en moneda extranjera debe entenderse como de dar cantidad de cosas o se admita la aplicación del art. 617 C. Civil modificado por Ley 23928 a relaciones y situaciones jurídicas constituidas con anterioridad a su vigencia (que equipara el tratamiento de las obligaciones pactadas en moneda extranjera a la de dar sumas de dinero), las consecuencias de la mora son reparables.

La actualización por depreciación monetaria apunta a una situación distinta que no puede asimilarse a la función que cumplen los intereses. Estos buscan reparar el daño causado por la demora en el pago, indemnización al acreedor por la privación del uso del capital.

Las partes, al establecer la pauta dólar han querido paliar las consecuencias de la desvalorización del capital a causa de la inflación, fijando una cláusula de ajuste, lo cual no apareja el resarcimiento por la mora en el cumplimiento de la obligación.

Por tanto, las sumas condenadas a pagar en dólares se le adiciona una tasa de interés del 15% anual desde que fueron debidas hasta el 31 de marzo de 1991. A partir de esta fecha y hasta el efectivo pago se deberá aplicar la tasa pasiva promedio mensual según la encuesta que publica el B.C.R.A. para operaciones en dólares estadounidenses.
Denegatoria del recurso, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, ejecución fiscal, embargo preventivo
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en GCBA  c/ Cascardo Santiago Rubén s/ ejecución fiscal - ABL - pequeños contribuyentes
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-06

Corresponde rechazar la queja dirigida a cuestionar, en último término, la resolución que en el marco de una ejecución fiscal, hizo lugar al embargo peticionado por el GCBA sobre "el bien en el cual recae la deuda en ejecución", en vez de disponer trabarlo sobre los fondos y valores depositados en las cuentas de la parte demandada mediante el sistema SOJ. Ello así, porque en el caso, no estamos ante la puesta en vilo de un sistema orientado a resguardar y garantizar el cobro de un tributo (el SOJ), toda vez que el a quo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 184 del CCAyT, trabó embargo preventivo en el automóvil sobre el que recaía la deuda a ejecutar, y la recurrente no trae un agravio a ese respecto. En estos términos, la situación dista de aquella que se dio en "Castelucci" y la queja luce infundada. (Del voto en disidencia del juez Luis Francisco Lozano, por remisión a sus fundamentos en "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en GCBA contra González Funez Matías Emanuel sobre ejecución fiscal - radicación de vehículos", expte. n° 405033/2022-1; sentencia del 13-09-2023).
Medidas cautelares, acto administrativo, presunción de legitimidad, doctrina de la arbitrariedad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PESQUERA COSTA BRAVA S.A. c/ MINISTERIO de ECONOMÍA y AFIP s/ Amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-19

Si bien la declaración de medidas cautelares dictadas contra la administración pública deben atenerse a un criterio eminentemente restrictivo frente a la presunción de legitimidad de la que gozan sus actos, no es menos cierto que dicha presunción cede cuando efectuada una valoración "prima facie" del derecho invocado por el afectado, la misma es favorable a la pretensión del peticionante, debiéndose para ello apreciar la presunta arbitrariedad con un criterio de probabilidad acerca de su existencia, sin que ello implique prejuzgar sobré la solución de fondo. Con esta medida, este Tribunal pretende mantener un equilibrio entre una razonable protección al derecho que se pretende tutelar y al derecho de la empresa de no ver trabado su desenvolvimiento económico y laboral pues lo contrario y frente a esta situación, podría caerse en un abuso del derecho.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), imputado, prisión preventiva, intención de eludir la acción de la justicia, prófugo, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ALEGRE, DARIO VICENTE c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-06-06

Los planteos de arbitrariedad y falta de motivación de la recurrente no logran traspasar el umbral del mero desacuerdo con los fundamentos brindados en la resolución atacada -en la cual el Vocal actuante sustentó su decisión en la existencia de testigos directos, reconocimientos positivos y en la situación de prófugo del justiciable-, toda vez que no logra demostrar que se haya soslayado la concurrencia de circunstancias específicas que enervaran la sospecha de fuga o entorpecimiento probatorio en el sub lite, ni el desacierto de los argumentos dados por el Tribunal para confirmar la resolución de primera instancia que había dispuesto la prisión preventiva. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Denegatoria del recurso, querellante, insuficiencia del agravio
Materia: PENAL
Carátula: Anzorreguy, Marcos s/recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-17

Los agravios vertidos en los recursos de casación, interpuestos por las partes querellantes, además de resultar cuestiones de hecho y prueba, ajenas por regla a la instancia casatoria en un recurso proveniente del acusador, ciertamente tampoco logran poner en evidencia ilogicidad en el razonamiento de la sentencia atacada. Pese a los esforzados intentos no han conseguido poner en crisis de algún modo la resolución, el intento de fundamentación presenta serias deficiencias de argumentación, que en definitiva, imponen el rechazo de la vía intentada.
Costas, exención de costas
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ LUIS ALBERTO Y OTRO c/ ENRIQUE RIZO PATRON s/ INDEMNIZACION POR JORNADAS IMPAGAS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-03-19

La práctica constante y uniforme ha llevado a los tribunales laborales a transformar la excepción en regla, exceptuando al trabajador de las costas a través de la mera invocación del art. 122 de la Ley 3603, más ello, no es óbice para establecer que la palabra "algún" antepuesta a "derecho", contenida en dicho artículo sólo conlleva el ánimo de atenuar el principio general de imposición de costas al perdidoso en atención a la particular naturaleza del derecho laboral y al principio de gratuidad a favor del obrero que rige en la materia, pero de manera alguna significa que el trabajador está siempre exceptuado de su pago.Es más, dicha prerrogativa debe ser de carácter excepcional e interpretación restrictiva y sólo podría funcionar en los casos en que exista una convicción fundada respecto a la existencia del derecho que se invoca.Es decir, debe existir una convicción razonable acerca del derecho que se pretende hacer valer en el pleito.
Divorcio, injurias graves, injurias vertidas en juicio de divorcio, reconvención
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: R., E. c/ C., M.A. s/ DIVORCIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-07-12

1- Las injurias vertidas en juicio pueden presentarse en cualquier momento de la litis y para configurar causal de divorcio deben ser emitidas con "animus iniuriandi", y resultar innecesarias para la defensa. 2- En este sentido la reconvención en la que se alude a que el cónyuge era francamente "bígamo" que navegaba en páginas de Internet en busca de personas del otro sexo para mantener relaciones, la morbosidad y perversión y otras graves imputaciones que quien las formula dice haber consentido y participado a fin de reconstruir el matrimonio son reveladoras de este tipo de injurias. 3- Por lo demás nadie consiente estas conductas si no lo hace por placer, satisfacción u otros motivos, hechos que se juzgan voluntarios es decir efectuados con discernimiento, intención y libertad (arts. 897, 910 y 936 del Código Civil)porque no puede alegarse que hayan sido practicadas por error, ignorancia o intimidación, menos aun cuando se prueba que se continuó con esa aceptación con posterioridad a la demanda de divorcio.
Recurso de apelación (procesal), honorarios, plazo
Materia: PENAL
Carátula: S.R.A. s/ Lesiones Culposas-Recurso de Queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2001-03-28

Es del caso señalar que el agraviado, que tuvo intervención como perito en la causa de marras, no es un profesional del derecho y el trámite de esta vía recursiva en relación a los honorarios profesionales, se rige por los postulados de la ley de aranceles de abogados y procuradores (Nº 7046) conforme expresamente lo prevé el art. 136 de la Ley Orgánica de Tribunales. No estando expresamente establecido en la referida norma la forma en que deben contabilizarse los plazos, debemos convenir que siendo la regulación de honorarios hoy puesta en crisis la consecuencia de lo actuado en el presente proceso, se impone que los plazos de apelación corran la misma suerte que el de cualquier otro auto vinculado al fondo de la cuestión.
Daños y perjuicios, culpa de la víctima
Materia: CIVIL
Carátula: Cueto, Adriana Mabel c/ Telias, Walter Horacio. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

La conducta de la víctima es trascendente sólo cuando haya influido causalmente en el momento de producirse el hecho generador de los da!os.
Recurso de apelación (procesal), deserción del recurso
Materia: CIVIL
Carátula: Ayala Benicia c/ Los Cipreses SA s/ lesión y/o muerte de pasajero trans. marítimo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-07-12

Declara desierto ambos recursos de apelación. Considera que los memoriales bajo examen no reúnen las condiciones exigidas en el código de rito, en tanto en ellos los recurrentes se limitan a expresar su disentimiento con lo decidido.
Daños y perjuicios, responsabilidad por embargo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ragonese, Rodolfo c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-08-25

Aún cuando hubiese asistido derecho al embargante para requerir la medida, debe responder por los perjuicios que ésta provocó, derivados de la negligencia incurrida en la confección del oficio que efectivizó la traba (arts. 512, 1071,1109, C.C.; 208 C.P.C.).
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, Superior Tribunal de Justicia, sentencia, fundamentos suficientes, jueces, facultades del juez, recurso contencioso administrativo, caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Gómez, José Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la   Nación. Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción   (Expte. CSJ Nº 172-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-03-14

La resolución impugnada -sentencia de la Corte provincial- constituye innegablemente derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso, si -frente a ella- el recurrente no ha aportado razones que permita vislumbrar siquiera prima facie la posibilidad de que exista un supuesto de arbitrariedad que habilite el excepcional acceso a la instancia extraordinaria. Ello, por cuanto si bien le imputa al decisorio "apartamiento de la ley" -por entender que no tuvo en cuenta la norma del artículo 233 segundo párrafo del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia, que impone la carga de acusar la caducidad antes de consentir ningún trámite del procedimiento-, tal agravio no aparece configurado en sus argumentaciones que se enderezan a tratar de anteponer su propio criterio por sobre la interpretación que el Tribunal ha formulado, y denota una disímil postura respecto del alcance de la carga de comparecer a estar a derecho.