Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-12-17


2º Instancia. - Buenos Aires, diciembre 17 de 2007.

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL DR. Ricardo Li Rosi, DIJO:

I.- La sentencia de fs. 640/643 admitió la demanda entablada por Julio César Danura, quien falleciera en el transcurso del proceso, contra "Caminos del Río Uruguay S.A.", por cuanto encontró responsable a la concesionaria vial por el accidente ocurrido el día 17 de junio de 1995, en circunstancias en que se produjo una colisión entre el rodado Fiat Ducato, patente B-..., conducido por su hijo Fernando Daniel Danura, y un equino que se cruzó en la ruta nacional nº 14, a la altura del kilómetro 257. En consecuencia, la condenó a pagar, dentro del plazo de diez días, la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8000), con más sus intereses y las costas del juicio, haciendo extensiva la condena contra la aseguradora "La Construcción S.A. de Seguros".

Apeló la demandada, cuya expresión de agravios de fs. 669/676 no fue replicada por la contraria.- II.- A fin de analizar las quejas vertidas en materia de responsabilidad civil de la concesionaria vial, esta Sala, en su anterior composición, había mantenido un criterio coincidente con otras Salas de este Tribunal, en el sentido de que esas empresas deben responder cuando la causa del siniestro está consustanciada con la utilización de la ruta, es decir, referida a los daños que provengan por el mal estado del pavimento, de roturas, baches, montículos o en la deficiente iluminación o señalización que hacen peligrar la circulación de los vehículos y no por la aparición imprevista y excepcional de un animal (conf. C.N.Civ., esta Sala, L. 257.253 del 6-5-99, public. en LA LEY, 2000-D, 40, con nota del Dr. López del Carril; ídem. L. 315.876 del 10-8-01; L. 315.557 del 11-12-01; ídem., L. 384.806 del 25-2-04, public. en J.A. 2004-III-179; íd., Sala "I", Papasidero, Agostino c/ Camino del Atlántico S.A. s/ daños y perjuicios" del 24-11-98; íd., Sala "H", "Feity, Gisela c/ Ríos, Rafael y otros s/ daños y perjuicios" del 11-9-99; íd. ,Sala "D", "Roa, Juan Manuel c/ Semacar S.A. s/ daños y perjuicios" del 5-6-98; íd., Sala "L", "López, Marcos c/ Caminos del Oeste S.A. s/ daños y perjuicios" del 23-6-98; etc.).

Tal era, también, mi postura como Juez de primera instancia, plasmada en los autos "Perata, Gloria Silvana y otros c/ Campodónico, Pascual Alberto y otro s/ daños y perjuicios" (expte. nº 56.469/97) y su acumulado "Campodónico, Pascual Alberto c/ Nuevas Rutas S.A. y otro s/ daños y perjuicios" (expte. nº 57.689/98) de fecha 24-6-2002.

En este mismo sentido se había expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando en el año 2000 dictó los primeros pronunciamientos sobre esta materia en las causas "Colavita" y "Bertinat" (ver LA LEY, 2000-E, 495), en las cuales fijó un criterio restrictivo sobre la responsabilidad del concesionario vial que, en lo medular, sólo era admitida en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones o deberes asumidos en el régimen legal-reglamentario por medio del cual el Estado nacional le otorgó a las empresas la concesión del servicio, con sustento en un factor subjetivo de atribución, eximiéndolas en general y por vía de principio, en los supuestos de aparición de animales sueltos en la ruta (ver notas críticas de Galdós, Jorge Mario, en "Peaje de animales sueltos. ¿La clausura de un debate?" en LA LEY, 2000-E, 495; Sagarna, Fernando "Responsabilidad de las concesionarias de peajes y del Estado por animales sueltos en rutas", en LA LEY, 2000-B, 754).

El 21 de marzo de 2006 la Corte Suprema, con su parcialmente renovada composición, dictó un pronunciamiento en los autos "Ferreyra, Víctor D. y otro c/ V.C.O.V.S.A.", que fuera seguido por otro in re "Caja de Seguros c/ Caminos del Atlántico S.A.", donde la mayoría rechazó el recurso extraordinario interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior del Chaco, en el primer caso, y por la Sala "M" de esta Cámara en el segundo, por estimar que no era arbitraria la interpretación plasmada en esos fallos donde se había condenado a las empresas viales por la sorpresiva presencia de equinos, encuadrando la cuestión en la relación de consumo y la aplicación del principio "in dubio pro consumidor".

Pero a fines de ese año 2006 el Alto Tribunal dictó finalmente sentencia en el caso "Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/ Provincia de Buenos Aires y otros" (7-11-06 public. en DJ, 2006-3-950 con nota de Carlos Ghersi y Celia Weingarten y en LA LEY, 2007-B, 287 con nota de Jorge Mario Galdós), en el ámbito de su jurisdicción originaria, donde sentó el criterio que entre el concesionario de la ruta y el usuario existe una relación contractual, donde aquél no asume una obligación de dar el uso y goce de la cosa, sino de prestar un servicio, lo cual cobra relevancia porque hay una obligación nuclear en el contrato, constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y también deberes colaterales con fundamento en la buena fe, entre los cuales se encuentra el deber de seguridad, que obliga al prestador a adoptar las medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten previsibles. La previsibilidad de los riesgos que adjetiva la obligación de seguridad a cargo del concesionario de rutas, puede variar de un supuesto a otro, porque no todas las concesiones viales tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones geográficas, ni grados de peligrosidad o siniestralidad, por lo cual en muchos casos podrá establecerse un deber de previsión -art. 902 del Código Civil- que no puede ser exigido en otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación.

La Corte asimismo ratificó el criterio de que la responsabilidad que el art. 1124 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián de un animal por los daños que cause, no es exclusiva ni excluyente de la responsabilidad de distinta índole y causa que puede caberles a los concesionarios viales por el incumplimiento de los deberes propios, entre los cuales no son ajenos -bajo ciertas circunstancias- los atinentes a la previsión y evitación de la presencia de animales en la ruta.

Según interpretó la Corte Federal en ese precedente, el deber de seguridad a cargo de las empresas concesionarias es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente del camino, su señalización, la remoción inmediata de elementos extraños que se depositen, el retiro sin demora de animales que transiten por el lugar y toda otra medida que pueda caber dentro del referido deber, a los efectos de resguardar la seguridad y la fluidez de la circulación, asegurando que la carretera se mantenga libre de peligros y obstáculos. Por ende, la responsabilidad de la concesionaria de rutas por el daño que sufra el usuario es de carácter objetivo, ya que asume un carácter de seguridad por resultado, consistente en que aquél debe llegar sano y salvo al final del recorrido, en consonancia con el principio de buena fe que integra la convención y permite interpretarla, al igual que el deber de custodia que sobre aquella recae.

Desde otro punto de vista, dicho Tribunal Superior se inclinó a reconocerle al vínculo existente entre el concesionario de una ruta y el usuario, naturaleza contractual, en tanto aquél realiza la explotación por su cuenta y riesgo, por lo cual cabe atribuirle responsabilidad directa y personal por las consecuencias derivadas del cumplimiento del contrato. Esa fuente contractual hace nacer una obligación de seguridad, pues se trata de prestar un servicio de carácter continuado, sin que pueda existir una deliberación previa que permita al usuario modificar los términos de la prestación (conf. Ghersi, Carlos A. en LA LEY, 2006-C, 490; Pizarro, Ramón Daniel, LA LEY, 2006-B, 451; Correa, José Luis, LA LEY, 2006-C, 55; Rinesi, Antonio J., DJ, 2006-2-985).

Ese criterio de Nuestro Alto Tribunal fue plasmado por esta Sala, por mayoría, en los autos "Milanese, José Mario y otros c/ Servicios Viales S.A. Concesionaria de rutas por peaje y otro s/daños y perjuicios", libre n( 469.308 del 23-04-07, con primer voto del Dr. Hugo Molteni, al que adherí, aunque contó con la disidencia de mi otro colega, Dr. Jorge Escuti Pizarro, quien pese al novedoso encuadre efectuado por la Corte Suprema, reafirmó su criterio que había consagrado, entre otros, in re "Trefontane, Sergio A. c/ Caminos del Uruguay S.A. s/ daños y perjuicios", del 6-5-99, publicado en LA LEY, 2000-D, 39, con nota de Gonzalo López del Carril, "Pautas Interpretativas de la Responsabilidad del Concesionario Vial".

Bajo esta concepción objetiva de la responsabilidad que ha impuesto la Corte Suprema en este precedente, corresponde sin duda coincidir en que, así aprecie la situación de la emplazada desde el prisma de las prerrogativas que consagra la ley 24.240 en favor de los usuarios o meramente desde el deber de seguridad contractual, debe reconocerse que la misma no ha logrado soslayar esos factores de imputación y descargar su responsabilidad, porque por lo pronto, no ha demostrado que en el accidente haya incidido la actuación culposa de las víctima -ya que no se probó que se desplazara a velocidad excesiva o en forma poco cuidadosa-, ni tampoco se acreditó que la aparición del caballo atropellado en la cinta asfáltica, conformara un caso fortuito, que no pudo superarse a pesar del asiduo control de la muy transitada ruta 14. La demandada debió al menos demostrar, bajo este nuevo encuadre, que la presencia del animal fue imprevisible y un hecho insólito, que conformó una circunstancia que no había nunca acontecido en la zona, lo que justificaba la falta de presencia de carteles advirtiendo a los usuarios sobre esta peligrosa circunstancia (ver testimonios de fs. 277/278).

La omisión de la demostración de esos extremos hace que permanezca incólume aquella atribución de responsabilidad, generada en el compromiso de la concesionaria de ofrecer una vía carente de sorpresivos obstáculos que impidan la circulación segura a las velocidades permitidas (del voto del Dr. Hugo Molteni en libre nº 469.308 del 23-04-07 citado anteriormente), lo que me lleva a coincidir con el temperamento condenatorio del pronunciamiento de grado.

III.- Voto, en definitiva, para que se confirme la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios. Las costas del Alzada deberían distribuirse en el orden causado, atento a la falta de réplica del memorial (arg. art. 68 del rito).

El Dr. Jorge Escuti Pizarro dijo:

Disiento con la conclusión a que arriba mi distinguido colega, sin dejar de ponderar que el primer votante, Dr. Ricardo Li Rosi, adhiere al nuevo criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición, pues tengo ya opinión formada sobre el tema.

En efecto, he sostenido "in re" "Trefontane, Sergio A. c/ Caminos del Uruguay S.A. s/ daños y perjuicios", (esta Sala del 6.5.99, publicado en La Ley 2000-D-39, con nota "Pautas Interpretativas de la Responsabilidad del Concesionario Vial" del Dr. López del Carril, Gonzalo), caso que guarda analogía con el presente, en cuanto a que: a) Discrepaba con el distinguido sentenciante de grado, en cuanto encasillaba el caso en examen en la órbita de la responsabilidad contractual; b) que no se me escapaba que la relación entre el poder concedente y la concesionaria es contractual y de derecho administrativo, bajo cuyos parámetros deben decidirse también las relaciones en la concesionaria y el usuario, siendo criterio mayoritario tanto en doctrina como en jurisprudencia, que deben contemplarse desde la óptica de la responsabilidad contractual, pues el peaje es una contribución de naturaleza tributaria y no el pago de un precio por la utilización de la ruta, es la percepción de una tasa, por el uso de determinada obra, destinada a costear su construcción y mantenimiento, importando el derecho, en favor del contratista, de exigir a los administrados un precio por la utilización de la obra, cuyo monto y forma de pago deben ser establecidos en el momento de formalizarse la concesión o puede fijarlos posteriormente la Administración, por ser una facultad que le corresponde sólo a ella (conf. voto citado, considerando III) y sus citas doctrinarias, jurisprudenciales, incluso de la C.S.J.N. en anterior composición).

Acoté, además, que en la especie, resultaba obvia la responsabilidad de la emplazada por los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros durante la circulación de la ruta, para lo cuál deben adoptarse las medidas de seguridad concomitantes con su explotación, que de quebrantarse en perjuicio de terceros, la harían responsable extracontractualmente. Empero, para que esto ocurra sería preciso que la causa del siniestro estuviere en sí misma, como por ejemplo el mal estado del pavimento, roturas, baches, montículos, o en la falta de señales o de iluminación que comúnmente hacen posible la circulación de vehículos. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando el siniestro se produce por la aparición de animales en ruta, como ocurrió en el sub-examen, desde que el contrato de concesión no ha puesto a cargo de la concesionaria la vigilancia de animales de terceros, que se rige por el derecho común, debiéndose tener en cuenta fundamentalmente la extensión de la ruta concesionada.

Tal postura la mantuve aún con posterioridad al dictado, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del fallo "Bianchi", en el caso "Milanese, José Mario y otros c/ Servicios Viales S.A. Concesionaria de rutas por peaje y otro s/daños y perjuicios", libre n( 469.308 del 23-04-07, con primer voto del Dr. Hugo Molteni.

En conclusión, debo disentir con las consideraciones del primer votante en cuanto declara la responsabilidad del concesionario vial por el accidente que aquí se debate por lo que, a mi juicio, debiera revocarse la sentencia de grado.

Así voto.

El Dr. Hugo Molteni, votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Ricardo Li Rosi.

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve por mayoría confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y fue objeto de agravios. Con costas del Alzada en el orden causado (arg. art. 68 del rito). Los honorarios serán regulados cuando se haga lo propio en la instancia de grado. -Ricardo Li Rosi. -Jorge Escuti Pizarro (en disidencia). -Hugo Molteni.