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Recurso de inconstitucionalidad, doble instancia, Ministerio Público, fiscales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., A. O. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - HOMICIDIO  (EXPTE.: C.S.J. NRO. 169 AÑO 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-20

No ha de merecer respuesta positiva por parte de la Corte el planteo del Sr. Fiscal de Cámaras en torno al menoscabo del derecho a la segunda instancia que -de acuerdo a su criterio- se habría configurado en autos, al no advertirse que la citada garantía guarde una relación inmediata y directa con el caso, de suerte tal que la decisión del mismo dependa de aquélla. En efecto, el impugnante afirma que se ha vulnerado el referido derecho a partir de haber excedido la Sala su competencia funcional al arrogarse funciones instructoras sin posibilidad de recurrir; sin embargo, el examen de los argumentos que sobre el punto expone permite concluir que no llegan a demostrar la existencia de una inequívoca conexión del caso con la referida garantía, la cual -cabe recordar liminarmente- no e s por sí misma, salvo en materia criminal, requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso. Más aún, cuando el impugnante no es la "persona inculpada de delito" a que refiere el artículo 8 párrafo 2 apartado "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo que la garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada sólo en beneficio del inculpado. Cabe concluir, entonces, que en tanto el Ministerio Público es un órgano del Estado y no es el sujeto destinatario del beneficio, no se encuentra amparado por la norma con rango constitucional, sin que ello obste a que el legislador, si lo considera necesario, le conceda igual derecho.
Radiodifusión, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Radio  y Televisión Trenque Lauquen SA- Inc. Competencia c/ E.N. s/ medida cauelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-27

El sistema jurídico de radiodifusión integrado por la Constitución Nacional, las leyes 22.285, de radiodifusión, y 25.750, de preservación de bienes y patrimonios culturales, tiene por finalidad la reglamentación de garantías constitucionales expresas, como las emanadas de los artículos 14 y 20 de la Constitucion Nacional en particular; la ley 22.285 comporta un régimen especial, en tanto el esquema normativo implementado (por ella, sus modificatorias y preceptos reglamentarios), persigue la regulación integral del sistema de radiodifusión en su contenido sustancial y funcional, con el propósito de delinear las pautas de su fisonomía y funcionamiento a los fines de proveer a la tutela de los bienes públicos comprometidos en la radiodifusión, en la medida que el bienestar general requiere su protección colectiva y universal (Cons. IX).
Insuficiencia del agravio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público, modificación de la jornada de trabajo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Rodriguez Ruiz, Nelsa Carolina c/ GCBA  s/ incidente de apelación - amparo - empleo público-otros
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Corresponde dar por concluido el trámite de la queja que fue interpuesta, en último término, contra la resolución que ordenó al GCBA que se abstuviese de reprogramar la jornada laboral de la actora -enfermera franquera de un hospital público- en días hábiles mientras no se acreditasen circunstancias excepcionales que justificasen su modificación transitoria. Ello así, toda vez que los planteos del GCBA recurrente han perdido actualidad dado que se vinculan con la aplicación de una resolución (n° 499/MHFGC/20) que actualmente no se encuentra vigente. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Inés M. Weinberg, Marcela De Langhe y Alicia E. C. Ruiz).
Inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco Integrado Dep. Coop. Ltdo. c/ Diaz Shedden, Miguel A. s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-03

El requerimiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal, debe ser formulado en la primera oportunidad procesal propicia, en las instancias ordinarias y respetando la audiencia de la contraria.
Tercero demandado, vista de las actuaciones, traslado, defensa
Materia: PENAL
Carátula: SOLANO, M s/ ACUSACION - TRASLADO - TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-06-15

Corresponde conferir traslado al tercero civilmente responsable en la forma y término legal establecidos por el art. 463 C.P.C.
Honorarios, honorarios del abogado, regulación de honorarios, intereses, capitalización de intereses, novación, régimen de consolidación de deudas, convertibilidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Clan  SACIFI c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

La Ley 23.982 tiene por objeto modificar la forma de pago del capital y de sus accesorios. La circunstancia de que la ley hable de novación no implica que se capitalicen los intereses. Se trata de cosas distintas.

La novación es la transformación de una obligación en otra y la capitalización es la incorporación al capital de los intereses devengados produciendo nuevos intereses.

Tampoco es lo mismo capitalización y consolidación puesto que se puede consolidar una deuda sin que se capitalice.

Precisamente, en este sentido cabe señalar que el artículo 17 de la ley citada distingue claramente entre "la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios" lo cual exterioriza la independencia del capital y de los intereses. A su vez, el nuevo art. 623 del Código Civil (a partir de la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 23.928) mantiene el principio sentado en el anterior, en el sentido de que - como excepción a la regla general que lo prohíbe - en las deudas de intereses la capitalización es posible si existe convención expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que acuerden las partes o cuando liquidada la deuda judicial con los accesorios, el juez mandase a pagar lo que resultare y el deudor fuere moroso en hacerlo (conf. esta Sala, causa 2021, del 31/3/92; entre otras).

Por lo tanto, no hay razones para apartarse de la reiterada jurisprudencia de esta Sala que, recogiendo la doctrina de la Corte Suprema en la materia, tiene dicho que los intereses que se han devengado durante el curso del proceso (a diferencia de los anteriores a la demanda) no se deben computar a los efectos de establecer la base regulatoria).

Sin embargo, conforme con lo resuelto en la causa 301/92 fallada el 15 de abril pasado, no se debe seguir igual criterio a partir del 1/4/91.

En efecto, desde entonces queda vedada la corrección monetaria. Pero se siguen devengando intereses en favor del acreedor cuya finalidad es también la de paliar "los efectos que puede tener la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y que compense las consecuencias propias de la falta de pago" (conf. Corte Suprema, 24/3/92 "Jucalán Forestal S.A. c/ Pcia. de Buenos Aires", en J.A. de 25/11/92).
Daños y perjuicios, Organización Veraz
Materia: CIVIL
Carátula: "Ruiz,   Graciela   Susana c/ B.C.R.A.  y  Otros s/ Daños  yPerjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

Los datos que utiliza Organización Veraz S.A. para su base son los que provienen del B.C.R.A. de instituciones financieras autorizadas y listados de juicios que son públicos; que en cada caso señala la fuente que informa. Así no parece suficiente por sí solo, que al dar información con indicación de la fuente pueda ser sustento de reproche de antijuridicidad (Del voto de la juez Garzón de Conte Grand, cons. VII).
Defraudación, administración fraudulenta, delito penal, estafa, establecimientos minoristas, supermercado, connivencia dolosa, administración de bienes, bienes de terceros
Materia: PENAL
Carátula: Martínez, Gabriel C. y otro s/ Defraudación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-04

Constituye delito de administración fraudulenta, y no de estafa, la acción de la procesada, cajera de un supermecado, que en connivencia con otro sujeto, omitió registrar y cobrar parte de la mercadería que pasaba por la caja, ya que, por su función, obtenida a través del empleo, -acto jurídico- le es confiada en forma parcial la administración de los bienes del comercio, teniendo el manejo y cuidado de bienes de terceros.
Recurso de casación penal, expresión de agravios, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: SANTILLAN RAMON GUSTAVO Y OTROS S.D. HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA Y CON EL CONC. PREMEDITADO DE DOS O MAS PERSONAS EN GRADO DE PARTICIPE SECUNDARIA E.P. DE PEREYRA CARLOS E. s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2004-03-17

En lo que respecta al allanamiento de domicilio sin orden de juez debe ser rechazado como tópico agraviativo, toda vez que el recurrente efectúa la denuncia, pero sin las mínimas referencias a circunstancias de tiempo y lugar en que la misma hubiera ocurrido y cómo ha afectado esto a su defendido en la sentencia condenatoria.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, recurso de rescisión, interpretación de la ley, Derecho laboral, celeridad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: FABRIZI, ALDO ALBERO c/ HORST S.R.L. Y/O HORACIO LUIS HORST s/ Cobro de pesos - Laboral (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-05-02

Admitir la aplicación en el proceso laboral de las normas sobre recurso de rescisión contenidas en los arts. 83/86 del C.P.C.C. importaría la aceptación de la prohibición absoluta por el término de seis meses de ejecutar la sentencia conforme art. 82 del C.P.C.C. . La única posibilidad del demandante, ante una situación como la prevista por el art. 82 del C.P.C.C., es la de afianzar la restitución de lo que la sentencia mande abonar. Y aquí se advierte una nueva diferencia con el procedimiento civil, pues el demandante no es un acreedor hipotecario ni un propietario de inmueble a desalojar ni un prestamista de dinero, etc., etc., que pueda esperar el cobro de su crédito o contar con medios o relaciones que le permitan ofrecer fianza. En los juicios laborales, el actor reclama rubros cuya percepción necesita para su subsistencia y la de su familia, por lo que una inactividad procesal de seis meses después de haberle sido reconocido su derecho le causa graves perjuicios, los que difícilmente podrá sortear por cuanto, generalmente, ni él ni su entorno a nivel humano se encuentran en condiciones de ofrecer una fianza que resulte aceptable para el sentenciante. Por otra parte el colocar al trabajador en la situación de tener que afianzar ó soportar la paralización del proceso por imperativo legal, no guarda concordancia con otras disposiciones del C.P.L. ni del derecho de fondo establecidas en beneficio del trabajador con el objeto de paliar la desigualdad de condiciones en que se encuentra el mismo con la otra parte de una relación laboral, tales como la gratuidad consagrada por el art. 19 del C.P.L. y por el art. 20 de la L.C.T. el que a su vez prohibe que la vivienda del trabajador pueda verse afectada al pago de costas, como así también la inembargabilidad de salarios é indemnizaciones pertenecientes al trabajador que según el monto de sus ingresos disponen los arts. 120, 147 y 149 L.C.T., art. 13 de las leyes 9688-23643, art. 13, ley 24028 y el Decreto N 484/87. (Del Voto de la Dra. Bugni de Basualdo) En el caso, la cuestión a resolver era la procedencia de la aplicación del recurso de rescisión en el procedimiento laboral.
Acción de amparo, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Madoni, Mónica Graciela c/ Gobierno de la Pcia. de Tierra del Fuego s/ Amparo por mora
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1996-04-15

El análisis jurisdiccional entró, por ello, al fondo del reclamo llevado al estrado; y decidió el mismo como resultado del examen practicado al respecto, al desechar la existencia de la mora aducida. Adviértase, además, que la sentencia fue dictada oportunamente, una vez concluido el procedimiento de sustanciación, sin que se encontrase medida probatoria alguna pendiente de producción. Siendo ello así, es claro que el decisorio dictado por el señor Juez del Trabajo -aparte de la forma adoptada- deniega la actuación de la pretensión objeto de la litis; extremos que configuran la sentencia definitiva del caso, en palabras de Lino E. Palacio (ver su Derecho Procesal civil, T.V, parág. 517, Ed. Abeledo-Perrot, 4 reimp.) (del voto de los Dres. Carranza y Hutchinson).
Competencia, Superintendencia de Seguros de la Nación, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: "La  Ibero  Platense Cia de Seguros S.A. c/ E-Superintendencia deSeguros de la Nación s/ Daños y Perjuicios".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

El control de las entidades de seguros por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación demandada tiene una directa vinculación con el derecho comercial, debiendo por tanto atenderse a la atribución de competencia efectuada por el legislador en el art. 83 de la ley 20.091
Recurso extraordinario, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, recurso contencioso administrativo, sentencia, ejecución de sentencia, costas, sentencia condenatoria, juicio de apremio, recursos administrativos, honorarios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: SISTERE, FERNANDO FRANCISCO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   RECURSO EXTRAORDINARIO PARA  ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION.     CSJ EXPTE NRO 5-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-03

No se aduce cuestión constitucional que justifique conceder el recurso extraordinario (ley 48), si el planteo concierne a los alcances y efectos que el tribunal otorgó a actuaciones procesales cumplidas en los autos los que, salvo manifiesta arbitrariedad, es de su resorte exclusivo.

En el caso, el recurso se funda en que las actuaciones posteriores a la sentencia dictada en el juicio principal, importaron por parte del tribunal y de la contraria el reconocimiento de que los honorarios por la actuación en sede administrativa integraran la condena en costas dispuesta en el juicio contencioso administrativo, y que por ello la cuestión no era susceptible de ser revisada al fallar el juicio de apremio por cobro de esos honorarios.
Tenencia ilegítima de armas de guerra, prueba, arma defectuosa
Materia: PENAL
Carátula: Villalba Aquino, Edgardo José c/ infracción art. 189 bis apartado (2) 6º párrafo s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-25

No resulta argumento válido la invocación de una anomalía en el arma secuestrada en las actuaciones consistente en una falla en la cola del disparador que debe ser colocado nuevamente en posición de disparo manualmente luego de presionarla por primera vez, si se verificó que aquella era apta para el disparo y se encontraba cargada con municiones también aptas, puesto que el defecto que se alega en nada obsta a la posibilidad de efectuar disparos sino que únicamente afecta la repetición de una eventual segunda detonación ni la defensa explica de qué modo ello obturó la posibilidad de generar un riesgo (voto del juez Días al que adhirieron los jueces Sarrabayrouse y Morin).
Excepciones procesales, defecto legal
Materia: CIVIL
Carátula: ALVAREZ MARIO ROBERTO. c/ M.C.B.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

La excepción de defecto legal que establece el inc. 5to. del art.

347 del Código Procesal tiende a impedir que el incumplimiento de las formalidades que el art. 330 señala para el escrito de demanda coloque al accionado en estado de indefensión al no poder conocer lo que constituye el reclamo que se formula o los hechos en que se funda el pedido (conf. C.N.Civ. Sala G, 12-5-80, c. "Bialostocki c Woldorf" y 20-2-81, c. "Melian c-Marguil"; Sala E, 23-6-81, c.

"Consorcio Moldes 2247 c-Conava").

No toda imprecisión torna procedente la excepción ya que es necesario para ello que la ambigüedad del escrito de demanda sea de tal gravedad que deje al accionado en la imposibilidad o gran dificultad para refutar los hechos expuestos por el actor y ofrecer las pruebas que pudieran corresponder.
Concubinato, sociedad de hecho
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: F., V. c/ V., R. B. (Sucesión) s/ Reconocimiento sociedad de hecho. División y posterior partición
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-09-11

El concubinato no constituye una presunción de existencia de sociedad de hecho.
Recurso extraordinario, sentencia definitiva, resoluciones anteriores a la sentencia, recurso de queja (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Coronati,  Carlos  Gustavo c/ Sociedad  Argentina  de Autores yCompositores de Música y otros. s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-21

Corresponde desestimar la queja si el recurso extraordinario cuya denegación la origina, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48).
Sucesiones, acervo sucesorio, base regulatoria
Materia: CIVIL
Carátula: Toro Edgar Isaias s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2006-12-29

Habiendo actuaciones de beneficio de interés general la base regulatoria debe ser la totalidad de acervo hereditario, sin perjuicio de que para los trabajos de interés particular del representado se tenga la medida de ese interés y, en general la etapa a que se refiera y los profesionales intervinientes.

Corresponde, en consecuencia, que se tome como base para los trabajos de beneficio común la totalidad del acervo hereditario, que como luego se dirá resulta de la valuación fiscal de los bienes hereditarios, más las sumas de dinero quedadas a la muerte del causante, y para los de beneficio particular la parte del acervo que le haya correspondido.
Incidentes, honorarios del abogado, tercerías
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Podestá Oscar Mario c/ Castillo Saturnino Luis y ot. s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-02-21

El artículo 47 del Decreto Ley arancelario se aplica a los incidentes, esto es, a las cuestiones conexas que se plantean, se sustancian y se resuelven, siempre que las mismas estén relacionadas con el objeto principal del pleito. Cuando falta esa relación, nos encontraremos frente a meros trabajos complementarios o incidencia, a la que alude el artículo 28 de la Ley de aranceles en su último párrafo, que cuando tiene autonomía procesal y valor económico propio, encuentra en él su base regulatoria, siempre que no sea superior al monto reclamado en el principal. Este principio que informa el Decreto Ley arancelario encuentra explicación explícita en materia de tercerías, donde debe tomarse el valor de ellas cuando resulte menor que el del principal (arts. 16 Cód. Civil y 175 Cód.

Proc.).
Trámites judiciales, competencia laboral, consentimiento
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Herrera Duberlin en j: Herrera Duberlin c/ Domingo Brunetti s/ Cobro ordinario - Inconstitucionalidad (Libro: S064-442)  Corte en pleno
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-06-04

Si el recurrente no reclamó con anterioridad a la lectura del veredicto -procedimiento laboral-, por los distintos cuartos intermedios decretados -suspensiones de la vista de la causa- se ha consentido el trámite convalidando cualquier vicio procesal que hubiere existido.
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, revocación de sentencia, tribunales militares, juzgamiento de civiles, actividades subversivas, estado de derecho, jueces naturales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAUNA, ROBERTO ANTENOR s/ ASOCIACION ILICITA, ETC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-01-09

Habiéndose dejado sin efecto la sentencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas con fundamento en que el hecho de la superación del episodio subversivo es suficiente para excluir a los civiles de la jurisdicción militar, y que la restauración del Estado de Derecho supone que los jueces de la Constitución sean los únicos facultados para juzgar y dictar sentencia final en las causas criminales, corresponde declarar que la decisión también alcanza a los condenados que no apelaron, a menos que alguno de ellos, o todos, optaren por el mantenimiento de la condena, si la consideraren más favorable a sus intereses.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

La declaración oficiosa de una inconstitucionalidad sólo es procedente, como razón última y cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa.
Daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, Municipalidad, ordenanzas municipales, Código de edificación, excepciones al Código de edificación, permiso de obra
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Promenade  S.R.L. c/ Municipalidad de San Isidro s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-24

Si el dictamen del Asesor General de Gobierno, previo a la sanción de la ordenanza derogatoria, sostuvo que la autorización para construir no estuvo viciada, en su origen, de ilegitimidad manifiesta, no puede argüirse sobre la irregularidad patente de las autorizaciones concedidas a la actora, con el objeto de negarle todo derecho a la reparación de los perjuicios que le irrogó la actuación del municipio demandado.
Sentencia, nulidad de sentencia, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BAZAN CESAR OSVALDO s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-03-06

Resulta ser una imposición obligatoria para el juzgador de someter al procesado a un exámen médico que se pronunciara sobre su estado mental y capacidad para delinquir, siendo este necesario que se produzca previo al juicio de responsabilidad que supone la sentencia.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, empleados públicos, sanciones disciplinarias administrativas, cesantía
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Greco, José L. c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Los agravios referentes a la inexistencia de conducta reprochable de parte del empleado público que justificase la aplicación de una sanción disciplinaria, y la forma en que fueron valoradas las diversas pruebas, resultan ineficaces para habilitar la instancia extraordinaria.
Docentes, adicional por zona
Materia: CULTURA - EDUCACION
Carátula: Kuttel, Horacio Itálico y Otros c/ Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-05-20

La compensación del 80 es aplicable sobre "la asignación presupuestaria correspondiente al cargo desempeñado", equivalente al primer rubro que forma el salario del docente: "la asignación por el cargo que desempeña", establecido en la Ley 14.473 y su modificatoria Ley 19.891, a las que adhirió la Provincia, por medio del Decreto 291-75 y Ley 2.152.