Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27


Poder Judicial de la Nación TS06D 63785 27-03-12 SALA VI EXPEDIENTE Nro. 20.345/06 JUZGADO Nro. 43 AUTOS: "GUALDI GRACIELA C/ VISA ARGENTINA S.A. Y OTROS S/ DESPIDO" Buenos Aires, de de 2012.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda interpuesta, vienen en apelación tanto la codemandada Visa Argentina S.A. como la codemandada Compañía Financiera Argentina SA.

Visa Argentina S.A. presenta su memorial recursivo a fs. 548/552 y Compañía Financiera Argentina S.A., por su parte, lo hace a fs. 555/560; ambos recursos fueron replicados por la parte actora a fs. 565/567.

Asimismo, la perito contadora a fs. 553 cuestiona los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos.

En primer lugar analizaré en forma conjunta los agravios vertidos por ambas codemandadas en relación con la decisión del Sr. Juez "a quo" de condenarlas solidariamente en virtud de la normativa prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El sentenciante de grado entendió, en mi opinión, acertadamente, que tanto Visa Argentina SA como Compañía Financiera Argentina SA son solidariamente responsables en virtud de lo dispuesto por el art. 30 LCT junto con el tercero citado Fabián Ferreyra, porque las tareas que realizaba la actora, consistentes en captar clientes para la adquisición de tarjetas de crédito Visa resultan indivisibles de la actividad principal por aquéllas prestada.

De los elementos de prueba colectados en la causa surge que la actora cumplía tareas de promoción y venta de servicios financieros y tarjetas de crédito para la codemandada Compañía Financiera quien comercializaba tarjetas de crédito Visa.

Asimismo, de los términos del informe pericial contable (fs. 477) surge que la actividad principal de Visa Argentina SA es "servicios empresas" y su objeto social consiste en "dedicarse por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: el ejercicio de representaciones, mandatos, gestión de negocios, administración de bienes, capitales y empresas, así como la explotación de sistemas de administración y venta, métodos de organización comercial, industrial y financiera; la prestación de servicios de registración, clasificación, análisis y estadística de información para empresas y explotación de todo tipo de servicios".

Es decir, que tanto la comercialización de las tarjetas de crédito, como el servicio de autorizaciones, situaciones de pago, vigencia, límites y pago de las mismas, forman parte de un mismo giro empresario; puesto que la actividad de Visa Argentina SA no podría llevarse a cabo sin la actividad comercial desarrollada por Compañía Financiera Argentina SA en la que intervenía la actora.

Por lo expuesto, y no encontrando en el escrito recursivo en examen elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto, propongo se mantenga lo decidido en origen al respecto.

Corresponde adentrarme en los restantes agravios vertidos por la codemandada Compañía Financiera Argentina SA, basados fundamentalmente en la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas por el art. 80 LCT; en la procedencia de la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25561; en la condena a abonar la multa prevista por el art. 2 de la ley 25323; en la procedencia de las multas de la Ley de Empleo (arts. 8 y 15); y, en la tasa de interés aplicada.

En cuanto a la condena a hacer entrega de las certificaciones previstas por el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, adelanto que la queja no tendrá favorable acogida, puesto que la obligación de entregar las mismas se encuentra comprendida entre las previstas en el art. 30, LCT para el deudor solidario (comprende las obligaciones emergentes de la relación laboral y de la seguridad social, sin distinguir entre las obligaciones de dar sumas de dinero o de hacer).

En relación a la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25561 (25972) cabe señalar que el texto del art. 1° de la Ley 25.561, en su redacción original, declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, y delegó al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley, todo ello hasta el 10 de diciembre de 2003, plazo que luego fue ampliado.

Dentro de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 10 de Diciembre de 2003, se encontraban las necesarias para "Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales".

En consecuencia, el art. 16 del Título VII de la Ley 25.561 debe ser interpretado y aplicado en forma armónica con todas las normas que la componen, y en especial dentro del marco de la emergencia "social" cuyo plazo de vigencia original recién expiraba el 10 de Diciembre de 2003.

Por lo tanto, cuando el 27 de mayo de 2002 el Poder Ejecutivo Nacional decide prorrogar el plazo dispuesto por el art. 16 de la Ley 25.561, no hizo otra cosa que aplicar las facultades delegadas por el Congreso de la Nación para que en el marco de la emergencia social que se encontraba vigente, adoptara medidas tendientes a "mejorar el nivel de empleo", como parte de la reactivación de la economía y del mejoramiento de la distribución de ingresos.

En lo que se refiere a los decretos posteriores, cabe sostener que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que las circunstancias que caracterizan la emergencia dificultan establecer de antemano el tiempo preciso de su duración, por lo que corresponde afirmar que la emergencia dura todo lo que subsistan las causas que la han originado (entre otros, Fallos 243:449); doctrina que fue receptada por esta Sala en autos "Cipriano, Lorena Débora c/ Markamania S.A. y otros s/ Despido" (S.D. N° 56.736 del 15/12/03) al que remito en honor a la brevedad.

Por lo expuesto, propongo confirmar la sentencia en este aspecto, y mantener la condena a abonar la indemnización correspondiente conforme art. 16 Ley 25.561.

Idéntica suerte negativa debe correr el cuestionamiento vertido por la accionada respecto del incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323, pues esta Sala, que integro, reiteradamente ha sostenido que el precepto citado se aplica tanto cuando el empleador despide sin causa, cuando los motivos invocados como "justa causa" no resultan probados, como en los supuestos como este de despido indirecto. En igual sentido, se ha dicho, en términos que suscribo, que no existe disposición legal alguna que limite la aplicación de lo establecido por el art. 2 de la ley 25323 a los supuestos de despido directo, excluyendo por tanto los casos de despido indirecto. El artículo mencionado sólo hace referencia a los despidos incausados, tanto cuando sean concretados por el empleador como cuando el dependiente deba poner fin al vínculo por alguna conducta injuriosa de aquel.

En cuanto la procedencia de las multas de la Ley de Empleo (arts. 8 y 15) atento la irregularidad registral del vínculo dependiente que uniera a las partes, y sin que se aporten en el escrito recursivo en examen elementos objetivos que justifiquen un apartamiento de lo decidido al respecto, propongo se mantenga lo decidido en este punto.

Tampoco resulta atendible el planteo vertido en relación con la tasa de interés aplicada por el Sr. Juez "a quo" puesto que la misma resulta ajustada a las pautas previstas en el acta 2357 de esta Cámara y el quejoso no aporta fundamentos que permitan una solución diferente.

La imposición de costas a las demandadas vencidas (art. 68 CPCCN) resulta ajustada al principio general de la derrota que rige en la materia, por lo que también en este aspecto del decisorio propongo su confirmatoria.

La regulación de honorarios resulta adecuada al mérito y extensión de los trabajos profesionales cumplidos en autos, al resultado final del pleito y a las pautas arancelarias vigentes (art. 38 LO y dto. 16.638/57) por lo que, de prosperar mi voto, propicio se mantenga.

Las costas de esta alzada también estarán a cargo de las apelantes vencidas (art. 68 CPCCN) a cuyos efectos estimo los honorarios de los presentantes de fs. 565, y de fs. 548 y fs. 555 en el 25% para cada uno de ellos, de lo regulado en la etapa anterior.

EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido motivo de agravios. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de las apelantes vencidas. 3) Regular los honorarios de los presentantes de fs. 565, y de fs. 548 y fs. 555 en el 25% para cada uno de ellos, de lo regulado en la etapa anterior.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

alf.

GRACIELA L. CRAIG	JUEZ DE CAMARA	LUIS A. RAFFAGHELLI	JUEZ DE CAMARA