Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-23


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 73873 . SALA V. AUTOS: "CACERES, ROLANDO EXEQUIEL MAXIMILIANO C/ MAXIMA AFJP S.A. S/ INDEM. ART. 80 LCT L. 25345" (JUZGADO Nº 54).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 23 días del mes de febrero de 2012 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 176/179 formula la parte actora a tenor del memorial obrante a fs. 184/185, replicado por la contraria a fs. 200/204. Por su parte, a fs. 187 apela la demandada por altos los honorarios regulados a favor de la representación letrada de la parte actora y del perito contador.

II. Con el formulario Anses PS 6.2 entregado por la demandada en fecha 17/01/2009 (ver copia a fs. 38/39) la sentenciante de grado dio por cumplida la obliga-ción prevista en el citado artículo 80, por entender que el trabajador podía obtener la información relativa a sus aportes previsionales concurriendo con su DNI a la UDAI más cercana a su domicilio o gestinando la clave en la Udai para efectuar posteriormente la consulta a través de la página web de esa administración. De este modo, rechazó íntegramente la acción intentada en procura del cumplimiento total de la obligación contenida en el artículo 80 de la L.C.T. y del pago de la indemnización prevista en la última parte de dicha norma legal.

Ello motiva la crítica recursiva en análisis mediante la que la apelante sostiene que la demandada solo entregó al actor el formulario PS 6.2 y que, además, éste no cumple con la normativa dispuesta en las Resoluciones 2316/07 AFIP y 601/08 Anses.

Adelanto que, por mi intermedio, la queja habrá de tener favorable acogida.

En efecto, tal como tuve oportunidad de sostener al votar en un precedente de es-ta Sala V de aristas similares al presente (ver "Taborda, Graciela Beatriz c/ Bombonería Elite S.A. c/ Cert.. Serv. y Aport. Previs.", S.D. Nº 73.307 del 15 de julio de 2011), el artículo 80 de la L.C.T. dispone que una vez extinguido el contrato de trabajo, y luego de haber sido fehacientemente intimado por el trabajador a tal efecto, el empleador tiene obligación de hacerle entrega de:

1) Un certificado de trabajo en el que debe constar lo siguiente:

a) el tiempo de prestación de los servicios, esto es, la fecha de ingreso y de egre-so.

b) naturaleza de dichos servicios, es decir, las labores que cumplía, cargo o cate-goría profesional, etc.

c) los sueldos percibidos.

d) los aportes y contribuciones realizados por el empleador con destino a los or-ganismos de la seguridad social pero no debe confundirse con la "constancia documen-tada" que el art. 80 precitado contempla en su primer párrafo como excepción.

e) la calificación profesional que hubiere obtenido en los puestos de trabajo en que se desempeñó el trabajador.

2) La certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241 y que se ex-pide en un formulario de la Anses (PS 6.2) en el que se vuelcan datos similares aunque no del todo coincidentes con los que exige el art. 80 de la L.C.T., pues en dicho formulario se deja constancia de la remuneración mensual sujeta a pagos previsionales de los últimos diez años.

Obsérvese que ambas certificaciones tienen una finalidad diferente y no se reem-plazan entre sí, pues el "certificado de trabajo" le resulta de utilidad al trabajador para conseguir otro empleo y se confecciona en una hoja membretada del empleador y con la firma y sello del responsable correspondiente, debiendo contener la información que exige el art. 80 de la L.C.T. Mientras que la "certificación de servicios y remuneraciones" tiene como objeto poder gestionar y obtener un reconocimento de servicios o un beneficio previsional quedando luego archivada en la Anses y se confecciona en un formulario especial (PS 6.2) el que también debe llevar la firma de un responsable de la empresa y estar debidamente certificada ante un banco, escribano, etc.

3) Una constancia documentada de aportes en la que deben constar todos los aportes efectuados por el empleador durante la vigencia del vínculo laboral. No se encuentra instrumentada en formulario alguno y puede considerarse cumplimentada con la entrega de las boletas de pago de cargas sociales certificadas por banco, escribano, etc., es por ello que no resulta suficiente la sola entrega del precitado formulario PS 6.2 de la Anses.

En otro orden de ideas, tal como tuve oportunidad de sostener al intervenir como segundo vocal en un caso de la sala IV de este Fuero del Trabajo (ver "Agrocomodities S.A. c/ Barrotti Acuña, Marcelo Gustavo s/ Consignación", S.D. Nº 94.950 del 22 de octubre de 2010), la Resolución General de la AFIP Nº 2316, publicada en el Boletín Oficial con fecha 27/9/2007, aprobó en su art. 1º "el sistema informático que permitirá a los empleadores generar y emitir la certificación de servicios y remuneraciones prevista en el artículo 80 de la ley Nº 20.744 y sus modificaciones y en el artículo 12, inc. g) de la Ley Nº 24241 y sus modificaciones". Allí se aclara que "el sistema utilizará la informa-ción proveniente de: a) las declaraciones juradas determinativas y nominativas de aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la seguridad social, presenta-das por los empleadores; b) el sistema mi simplificación y c) las bases de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social". En su artículo 5º la norma dispone que "el sistema generará la certificación de servicios y remuneraciones en un formulario que se emitirá con los datos y bajo las condiciones que establezca la Administración Nacional de la Seguridad Social".

Con fecha 28/7/2008 la Anses dictó la Resolución 601/08 por la que aprueba "el sistema informático que permitirá a los empleadores comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), generar y emitir la Certificación de Servicios y Remuneraciones prevista en el artículo 12, inciso g) de la ley Nº 24241" (art. 1º). En consecuencia estableció que la generación de certificación de servicios y remuneraciones deberá realizarse mediante un formulario que contendrá "los datos correspondientes al carácter de los servicios, remuneraciones, ausencias y licencias sin goce de haberes, tiempo de servicios reales prestados, bajo las condiciones dispuestas por la ANSES (art. 2º). Este sistema entró en vigencia el "primer día hábil de agosto de 2008, debiendo emitirse las futuras certificaciones a través de este mecanismo, dejando sin efecto cualquier otro medio para su emisión".

En el caso de autos, el despido data del 28/11/2008 y la certificación de remune-raciones y servicios fue emitida -conforme certificación de firma de fs. 38/39- el 3 de diciembre de 2008.

Sentado lo anterior, corresponde hacer lugar al reclamo inicial y condenar a la ac-cionada a cumplir acabadamente la obligación dispuesta en el artículo 80, L.C.T., conforme todo lo expuesto precedentemente y dentro del plazo de veinte días a partir de la intimación que practicará el juzgado, bajo apercibimiento de aplicar astreintes (conforme artículos 666 bis, CC y 37 del C.P.C.C.N.), cuyo monto será fijado en su oportunidad por la Sra. magistrada de 1ª instancia interviniente.

III. Igual suerte correrá el agravio vertido en torno al rechazo de la indemnización prevista en la última parte del citado artículo 80 pues, de conformidad con lo antes expuesto, el cumplimiento de la obligación fue solo parcial, encontrándose satisfecho el recaudo de intimación previsto en el art. 3º del Decreto 146/2001, tornándose en este caso abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad de dicha norma formulado por la parte actora a fs. 8, pto. VIbis, por haberse efectuado dicho emplaza-miento con posterioridad a los treinta días de extinguido el vínculo laboral con la misiva enviada por el trabajador en fecha 20 julio de 2009, que obra a fs. 5 y que fue expresa-mente reconocida por esta última a fs. 76, pto. VI -recuérdese que el distracto operó el 28/11/2008-.

Ergo, corresponde admitir también este segmento del reclamo inicial, para lo cual tendré en cuenta la mejor remuneración, normal y habitual informada por el perito contador a fs. 148, que asciende a la suma de $ 7.706,66 y que no mereció impugnación de las partes. De este modo, la indemnización en cuestión asciende a la suma de $ 23.119,98, cifra que devengará intereses desde el vencimiento del plazo establecido por el decreto 146/01 -contados desde la intimación cursada según fs. 5- y hasta su efectivo pago a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos según la planilla que difunde la Prosecretaría Gral. de esta Cámara (art. 622 C. Civil y Acta C.N.A.T. nº 2357 del 7 de mayo de 2002 texto sustituido por Resolución de Cámara nº 8 del 30-5-2002).

IV. La solución propuesta lleva a dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios y a adecuarlos al nuevo resultado del litigio (conf. art. 279, C.P.C.C.N.), tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos al respecto.

Teniendo en cuenta que en relación con la entrega de certificados y valor asigna-do al formulario Anses PS 6.2 existen fallos jurisprudenciales de distinto signo y dadas las circunstancias del caso, sugiero acudir a la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N. e imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.

En cuanto a los honorarios, en atención al mérito, importancia y extensión de las labores efectuadas, las etapas cumplidas en el proceso y las pautas arancelarias vigentes, considero que deberían fijarse, por la instancia anterior, los de la representación letrada de la parte actora, los de la demandada y los del perito contador en el 15%, 13% y 6%, respectivamente, porcentajes a calcular sobre el monto de condena, comprensivo de capital e intereses (conf. art. 38, L.O.; ley 21.839/24.432 y decreto-ley 16.638/57) y los de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25% para cada uno de ellos de los que les corresponda percibir por las labores efectuada en la etapa anterior (art. 14, L.A.).

LA DOCTORA MARIA C. GARCÍA MARGALEJO dijo:

1) En la apelación de fs.184/185 la parte actora cuestiona la validez del formula-rio PS.6.2.

Por mi parte, en forma reiterada ya me he expedido en cuanto a que dicho formulario cumplimenta adecuada y suficientemente lo previsto por la L.C.T. art. 80 en lo que respecta a aportes y contribuciones (entre muchos otros casos "Espíndola, Juan Jorge c/ Fidelitas S.A. s/ Cert. Serv. y Aport. Previs.", sentencia definitiva de esta Sala nº 67.323 del 28-10-2004 y "Kiernan, María c/ Proyecto Profesional Recursos Humanos S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 68.399 del 28-4-2006; y posteriormente con la Sala integrada por el Dr. Fernández Madrid ante la vacancia en la vocalía nº 3 entre otros en "Rodríguez, Stella Maris c/ Swiss Medical S.A. s/ Despido", sentencia definitiva nº 70.804 del 30-6-2008 y "López, Paola Vanina c/ Sobreaguas S.A. y otro s/ Despido", sentencia definitiva nº 71.247 del 12-12-2008). Aunque pueda admitirse que, formalmente, no conste en estos formularios mediante los cuales se expiden los certificados, el importe de los aportes y contribuciones efectuados -sí consta la fecha de ingreso y egreso-, éstos se deducen tácitamente de las remuneraciones de las que sí se deja expresa constancia (los porcentuales del aporte surgen de normas legales y/o reglamentarias y, no tratándose de relaciones clandestinas, los trabajadores tienen mes a mes indicados en sus recibos -de los cuales se les suministra copia a esos efectos, entre otros- los montos de las retenciones correspondientes, de modo que no veo que en tales casos se puedan generar dudas tales que impidan el objetivo legal).

En este caso además, aclaro que en este caso no se han denunciado pagos "en negro".

Del mismo modo se expidió la Sala en los casos "Dupla'a, Lilian Eve c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25.345" (sentencia definitiva nº 73.305 del 15-7-2011), "Medina Laura Graciela c/ Máxima S.A. AFJP s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345" (sentencia definitiva nº 73.399 del 31-8-2011), "Acuña Flores, María Elisa c/ Consolidar A.F.J.P. S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" (sentencia definitiva nº 73.401 del 31-8-2011) y "Ojeda, Rafael Gerardo c/ Consolidar Comercializadora S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L.25345" (sentencia definitiva nº 73.427 del 20-9-2011).

Considero que lo que la L.C.T. art. 80 prescribe es que debe entregarse una "constancia" de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Aquí no está en duda que hay una constancia de las remuneraciones (fs. 38/39), y no está en tela de juicio que se hayan hecho los aportes; y se está presen-tando además un certificado plasmado en un formulario que suministra la autoridad pública -en el caso la ANSES-, con firma certificada (fs. 38 vta.), y cuyos requisitos fueron diseñados en su momento por el organismo competente solicitando solo aquellos datos necesarios para esa Administración, ya que los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas según reiteradamente ha informado aquella en juicios de similares caracte-rísticas (me remito a la sentencia en "Espíndola c/ Fidelitas" antes citada). Además, los interesados pueden solicitar concurriendo personalmente con documento de identidad a cualquier unidad de atención integral de la ANSES, un informe de sus aportes y contribuciones ingresados al sistema; e incluso consultar el tópico vía Internet.

En la época en que entró en vigencia el art. 80 cit. en su redacción original, el sistema y la forma de retención y depósito de los aportes y contribuciones jubilatorios, eran diferentes a los actuales; no existían las actuales aplicaciones de los sistemas informáticos en las relaciones entre las empresas y los entes recaudadores ni, ciertamente, podía consultar el empleado como particular on line vía "Mis aportes" si el patrono había cumplido o no sus obligaciones; nadie le enviaba a los trabajadores a su domicilio un reporte periódico de los aportes que le habían sido efectuados. Es en ese marco en el que debe juzgarse lo que la norma disponía y su actual aplicación.

Efectuando una interpretación "finalista" de la normativa, no es posible obviar que el objetivo propuesto no es un mero formalismo, ni se busca que aquella disposición resulte ser meramente la vía para obtener una indemnización (art. 80 cit. último párrafo en su actual redacción), sino procurar que el patrono cumpla con sus obligaciones de ingreso de los aportes y que el dependiente esté anoticiado de ello; y desde una perspectiva histórica debe admitirse que el contexto en el que la norma primigenia fue establecida no es igual al actual, y ha perdido de hecho toda utilidad práctica la constancia a los efectos de conocer la realidad de los aportes efectuados, cuando el trabajador puede simplemente obtener el informe por su cuenta directamente con resultados más precisos y ajustados. El simple formalismo no debería prevalecer por encima del real objetivo perseguido por la ley. Sí tiene utilidad práctica -y no ha perdido en modo alguno vigencia- el formulario PS.6.2 cuando se trata de obtener los beneficios jubilatorios y/o el reconocimiento de servicios, pues la agencia gubernamental lo exige. Pero, justamente, en esos casos lo que se necesita es el citado formulario y no otras constancias a partir de las cuales aquella administración no habrá de dar curso al trámite, porque deben necesariamente seguirse los pasos y utilizarse los instrumentos que ella misma diseña.

Así, el citado formulario tiene indudablemente -al menos- una doble finalidad: informativa para el trabajador, y formal necesaria para el trámite que debe forzosamente realizarse ante la autoridad previsional. En tanto que la entrega de otro tipo de constancia por el empleador -cuando la realidad de los aportes (efectuados o no) puede obtenerse por vías mucho más fidedignas en cuanto a su resultado-, resulta ser en definitiva un mero formalismo; y, dado que la finalidad de la norma no es viabilizar un medio para obtener una suma de dinero -ya sea por la vía de las astreintes en caso de no entrega, o a través de la indemnización que el último párrafo del art. 80 prevé- privar al formulario de valor a estos efectos (reuneraciones, aportes y contribuciones) no me parece atendible ni razonable.

Lógicamente lo expuesto reivindica la postura del empleador que sí cumple con sus obligaciones, efectúa los aportes pertinentes y entrega el certificado previsto por la ley y la reglamentación; en modo alguno puede ser utilizado para justificar a aquellos que no cumplen sus obligaciones o no entregan los certificados en legal forma en cuyo caso, sí, deben ser condenados sin duda a la entrega y/o a la indemnización pertinente.

2) Sin embargo, lo cierto es que en casos de similares aristas (esta Sala, sentencia definitiva nº 73.799 del 8-2-2012 "Echeverría, María Paola c/ Máxima AFJP S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25345" y sentencia definitiva nº 73.789 del 30-12-2011 "Cabral, Claudio Gabriel c/ Transmedic International Group S.A. s/ Despido") los distinguidos colegas de Sala Dres. Arias Gibert y Zas han finalmente coincidido en una solución que se compatibiliza con lo aquí propuesto por el segundo de ellos, por lo que solo ante razones de economía procesal -y sin que implique ello en modo alguno abdicar de mi propia opinión al respecto- considero que debo adherir a esa posición mayoritaria.

Sí coincido con el primer voto en que, a partir de la decisión de la AFIP relativa a la expedición del certificado por vía informática, es lógico que los empleadores deban adecuarse a tal temperamento. Precisamente, ahora que es esa la forma en que se emite el certificado, ello no hace sino reforzar mi propio criterio, pues el informe que así se emite atraviesa incluso los datos y controles del propio organismo recaudador y así, más que nunca, el citado formulario PS.6.2 adquiere fuerza constatadora de los aportes y contribuciones efectuados y viene a respaldar -desde esa óptica- todo lo que he venido sosteniendo hace años y que aquí expresé en el punto 1.

Pero -reitero- en aras de la economía del procedimiento y para evitar un inútil dispendio, habré de seguir lo que propugnan los colegas de esta Sala.

3) En lo demás, por análogos fundamentos a los que lucen en el voto que antecede, a ello me sumo.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Revocar la sentencia apelada y condenar a MAXIMA AFJP S.A. a entregar a ROLANDO EXEQUIEL MAXIMILIANO CACERES dentro del plazo de veinte días a partir de la intimación que formulará el juzgado, los certificados individualizados en el considerando II del primer voto de este pronunciamiento; 2) Condenarla asimismo a abonarle dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique, y mediante depósito judicial, la suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 23.119,98), con más los intereses dispuestos en el considerando III del primer voto del presente acuerdo; 3) Dejar sin efecto lo resuelto en la sede de grado en materia de costas y regulaciones de honorarios, imponer las primeras en ambas instancias en el orden causado y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la forma dispuesta en el considerando IV del primer voto del presente acuerdo. 4) Reg., not. y dev. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que el Sr. Juez Enrique Néstor Arias Gibert no vota en virtud de lo dispuesto por el art. 125 de la ley 18.345.

MLF Oscar Zas María C. García Margalejo Juez de Cámara Juez de Cámara