marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, cobro de expensas comunes, intereses, tasas de interés, cláusula penal, modificación de la cláusula penal
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Edificio Costanera c/ Tossi Antonio y Finelli s/ Ejecución de Expensas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-12-30

Constituyendo el pacto de intereses en materia de expensas una cláusula penal estatuida en beneficio del consorcio y no de un acreedor particular, y que desempeña una función más compulsiva que resarcitoria, resulta lógico que la tasa de interés convenida en estos casos sea, por regla general, más alta que en otras especies de deudas de dar dinero, sin que esta circunstancia sea óbice a la facultad judicial de reducir penalidades excesivas, cuando las estipuladas no guardaren relación con la gravedad de la falta del deudor y demás circunstancias del caso (art. 656 C.Civ.), o cuando, por su magnitud, pudieren implicar el ejercicio irregular del derecho, por exceder los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, contrariando los fines que la ley tuvo en miras al reconocerlo (art. 1071 Cód.cit.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Derecho procesal, debido proceso, actos y diligencias procesales, notificación
Materia: PROCESAL
Carátula: Segal, Jorge c/ HSBC Bank Argentina SA y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

Corresponde revocar la resolución de grado que declaró extemporánea la contestación de agravios y ordenó su desglose. Ello así, puesto que en la oportunidad de considerar la tempestividad de la presentación en cuestión, se desconocía la existencia de una nueva funcionalidad incorporada al sistema de gestión LEX 100, relativa a las notas digitales, que en la actualidad se encuentra apartada de la línea de 'Actuaciones'. Ello indujo al error y a no advertir que se había dejado nota electrónica en estas actuaciones. En tal situación, siendo que el co-demandado quedó notificado ministerio legis del traslado de agravios, la contestación presentada resultó tempestiva.
Clausura de la instrucción, elevación en consulta
Materia: PROCESAL
Carátula: Querellante s/ Incidente de Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-04-03

El solo argumento de que no se comparte la postura expuesta por el Fiscal de la instancia de origen al requerir el sobreseimiento de los imputados sin explicar los motivos por los cuales el juez de grado considera que corresponde la prosecución hacia la etapa del juicio oral y público , en modo alguno satisface la exigencia prevista por el art 123 del C.P.P.N por ello debe declararse la nulidad del auto que eleva las actuaciones en consulta.
Empleo público, sanciones disciplinarias, sumario administrativo, instrucción del sumario administrativo, caducidad de instancia, plazo, aplicación de la ley, tratados internacionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PRATI MARIA TERESA c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-23

En el caso, corresponde hacer lugar al amparo impetrado con el objeto de que se impida la continuidad de los sumarios y declarar la perención de los sumarios incoados contra la agente.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 18 que "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, determina que toda persona acusada de un delito, tiene derecho a ser juzgada "sin dilaciones indebidas".

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ...".

En el caso que nos ocupa, el deber temporal impuesto por la norma mencionada en último término, no ha sido cumplido si se tiene en cuenta el holgado lapso que la accionante ha estado sometida al proceso de instrucción de sumarios administrativos, en claro desconocimiento de los plazos legales vigentes.
Procedimiento laboral, competencia previsional, accidentes de trabajo, incapacidad temporaria
Materia: LABORAL
Carátula: Principe,  Cristian Adrían c/ Prevenci3/4n A.R.T. S.A. s/ accidenteley 9688.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-24

En el caso de perseguirse el cobro de salarios devengados durante el período de incapacidad laboral temporaria determinada por la Comisión Médica, resulta competente -de acuerdo a lo dispuesto por el art. 46 LRT- la Justicia Federal de la Seguridad Social. En este orden de ideas ha sostenido la CSJN que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias, cuando de recursos se trata, son indicativas de una determinada especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales que impongan una distribución distinta (Fallos: 313:542, ente otros). (Del voto de la Dra. González, en minoría).
Recurso de inconstitucionalidad, voto en disidencia, exceso ritual manifiesto, doctrina de la arbitrariedad, leyes, acceso a la justicia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LENCINAS, GISELA IVANA c/ NATAL S.A. Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-02-15

La postulación de la recurrente -invocando un supuesto de rigor formal y de afectación del derecho a la jurisdicción- cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de la causa y habilita el franqueamiento del remedio extraordinario, desde que en su presentación extraordinaria sostiene que las resoluciones dictadas por esta Corte local la habrían llevado a entender como suspendidos todos los plazos y que, por tal motivo, su parte interpuso su escrito con posterioridad a la reanudación expresa, aseverando que, si bien se autorizaba la realización de ciertos actos procesales, ello sólo refería a la validez y eficacia de los casos de urgencia, sin que implicara un supuesto de excepción al receso administrativo dictado, remitiendo a los fines de avalar su postura, a jurisprudencia dictada por el Máximo Tribunal de la Nación en donde se proclamó la máxima prudencia que requiere la interpretación de cualquier norma que pueda llevar a la pérdida de un derecho o que impida el acceso a la instancia de apelación con fundamento en la deserción del recurso, y asimismo, por su parte, la Cámara de Apelación concedió el remedio extraordinario al afirmar que no resultaba apropiado propiciar una interpretación inflexible del contexto normativo con total independencia de la finalidad que se tuvo en miras con su instrumentación ante una situación de emergencia sanitaria, esto es, la continua búsqueda de la más adecuada prestación posible del servicio de justicia. (De la disidencia de la Dra. Gastaldi, a la que adhiere el Dr. Erbetta).
Prueba pericial, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Goezueta Raúl c/ Ojeda Alberto s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-04-03

No corresponde en segunda instancia argumentar puntos de pericia si no se lo hizo en la primera instancia y la pericia quedó consentida.

Sólo el Juez puede o no aceptar lo dicho por el perito.
Poder Judicial, Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, jurisprudencia vinculante, jueces, facultades del juez
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: XX s/ Primero ¿Es constitucional la disposición del artículo 28 de la Ley   10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "Defecto de caso  concreto"? Segundo ¿Si la expresión "Banda" comprendida en el  artículo 167 inciso 2 del Código Penal indica solamente una   pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos tres sujetos o   si por el contrario deben darse los requisitos típicos del artículo   210 del mismo cuerpo legal? (Tribunal Pleno)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-08-20

Nuestro Poder Judicial, conforme resulta del artículo 108 de la Constitución Nacional, es ejercido por una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores (por una Corte Suprema de Justicia, Cámaras de apelaciones, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces que establezca la ley, según artículo 83 de la Constitución de nuestra provincia), esto es, no presenta una estructura de corte verticalista sino horizontal, en la que cada juez al dictar sentencia en un caso concreto, actúa en ejercicio directo y originario del poder judicial, no pudiendo por ende en ese momento estar sujeto absolutamente a ningún deber de obediencia, salvo por supuesto, al debido a la ley (distinta fue la situación durante la vigencia del texto constitucional de 1949, pero es evidente que no se quiso volver a esa situación ni aún habiéndose tenido oportunidad durante el curso de la Convención reformadora de 1994). Siendo evidente que la pretendida obligatoriedad de los fallos plenos afectaría la independencia de criterio del magistrado al tratar de imponerle una determinada solución para el caso que tiene resolución, es para mi claro su enfrentamiento con lo que resulta de las normas constitucionales citadas y, más claro aún, su oposición a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos -hoy con rango constitucional- respecto a que conforma una garantía judicial el derecho de toda persona a ser oída "...por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial..." (artículo 8 del citado tratado, ley interna 23054).

(Del Voto del Dr. De Olazábal). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨es constitucional el artículo 28 de la ley 10160 en cuanto a la posibilidad de pronunciarse en "defecto de caso concreto"?
Abogados, ejercicio profesional
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Ricci, Federico Carlos c/ Queiroz, Gabriela Alejandra Amelia s/ divorcio vincular
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

Debe omitirse regular honorarios al letrado que interviene en su carácter de abogado jubilado, patrocinando a su hijo, y así lo ha solicitado.
Beneficio de litigar sin gastos, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: FREDES, Ramón A. c/ CARDONI, Adrián D. s/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-01

La resolución que, a pesar de la caducidad de la instancia decretada y firme en el proceso principal, se pronuncia sobre la continuidad del beneficio, no prejuzga sobre el resultado de este último, garantizando, en cambio, en todas las etapas procesales, el derecho de defensa en juicio del beneficiario, fin último para el cual ha sido instrumentado ese derecho adjetivo.-
Sistema representativo, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Seco, Luis Armando y otros s/ acción de amparo por falta de jurisdicción y competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

No es admisible la representatividad (art. 5. de la Constitución Nacional) que nazca al margen de la Constitución.
Alimentos, obligación alimentaria entre parientes
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: D., M. c/ T., J. s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La obligación de pasar alimentos es sucesiva (art. 367 del CCI ley 23264) y el pariente mas cercano está mas obligado que el de un grado posterior. Es decir, el orden legal de los parientes obligados al pago de alimentos es subsidiario y no simultaneo; por ello la obligación alimentaria de los abuelos con respecto a los nietos tiene esa condición y se debe justificar la insuficiencia de recursos, o bien la imposibilidad de suministrarlos, para poder reclamarlos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, apreciación de la prueba, accidentes de trabajo, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: Celis, Bernabé Antonio c/ Policía de la Provincia de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que hizo lugar a la excepción de prescripción si no resulta razonable atribuir a un dictamen el carácter de hecho determinante que haya permitido al actor conocer su incapacidad, pues con posterioridad fue sometido a diversas juntas médicas, a resultas de las cuales se le concedieron numerosas licencias.
Enfermedades, incapacidad laboral, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Cano, Jorge Héctor c/ Frigorífico de Aves Soychú S.A.I.C.F.I.A. s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-13

Que el actor conozca que tenga una dolencia física, o que los resultados de estudios médicos arrojen patologías, no implica automáticamente que esté impuesto de que padece una incapacidad laboral y mucho menos que padezca de una enfermedad que le genere una minusvalía concreta y consolidada. En autos, el actor no da cuenta de haber tomado conocimiento de una incapacidad, sino del curso de una enfermedad o dolencia, que no es lo mismo (Voto Welp, en minoría)
Decreto judicial, resoluciones inapelables, gravamen irreparable
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: BREU, Urs s/ recurso de queja Causa nro. 13.259
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Como reiteradamente ha sostenido este Tribunal, para los decretos la inapelabilidad es la regla, salvo que se den las condiciones excepcionantes: cuando expresamente se conceda el recurso o cause gravamen irreparable.
Sanciones disciplinarias, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Torrubia, Mario César c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-08-05

Si la causal que invoca en el acto sancionatorio puede referirse tanto a sanciones correctivas, como a expulsivas, su fundamentación debió ser suficiente para distinguir la razón que decidió aplicar la cesantía.
Boleto de compraventa, prueba, testigos, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: Ledesma, Verónica Marisa c/ Bassini, Leonela y otros s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-03-15

Aún teniendo en cuenta que el boleto de compraventa no exige formas determinadas, y que puede acreditarse por cualquiera de los medios que autoriza el art. 1190 del CCiv, sin que rija la limitación impuesta a la prueba de testigos por el art. 1193 del mismo código de fondo, los testigos que no presenciaron la operación ni el pago del precio supuestamente pactado, resultan ser testigos de oídas, pues no describieron hechos que hubieran pasado por sus sentidos y como tales, insuficientes para probar la existencia del contrato de compraventa.
Excusación por razones de decoro y delicadeza, planteo oportuno
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Castro, Roberto Rafael y otro c/ Sucesión de Genaro Lindolfo Leiva y otros s/ Beneficios Laborales
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-08-19

Las causales de excusación motivadas por razones de decoro y delicadeza deben fundarse en motivos graves, cuya consideración debe efectuarse con estrictez en razón que la jurisdicción atribuida a una persona determinada nace de la ley constituyendo una garantía de seguridad jurídica. Asimismo la causal invocada solo es admisible cuando el motivo es de fecha anterior al pleito, pero no cuando el juez ha comenzado a conocer el asunto puesto que en tal supuesto, si se producen conductas agravantes se deben aplicar las sanciones que la ley ha previsto a tal efecto en miras de mantener el buen orden en el proceso.

Corresponde hacer lugar a la oposición efectuada por la magistrada de igual grado, debiendo continuar entendiendo en los autos el magistrado actuante.
Juez de ejecución, cuestiones de competencia, Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal
Materia: PENAL
Carátula: Galvez Vazquez, Manuel s/ reucros de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-10-21

Corresponde a la Cámara Nacional de Casación Penal la jurisdicción revisora de las decisiones de los magistrados a cargo de la Ejecución Penal. La excepción, confirmatoria de la existencia de un principio, se encuentra en la disposición del art. 24 del CPPN en cuanto atribuye competencia a la cámara de apelaciones respectiva en los recursos interpuestos contra las resoluciones de los jueces de ejecución, cuando corresponda, para los casos de suspensión del proceso a prueba (art. 515 del CPPN).

El voto concurrente expresó que con la incorporación del art. 72 bis a la ley 24.121 (cfr. ley 26.371, art. 11) ha quedo superada toda discusión en cuanto a que la CNCP es el órgano jurisdiccional competente para revisar decisiones dictadas por los jueces de ejecución en el marco de las facultades que le asigna el art. 515 del CPPN. (Dres. Hornos, González Palazzo y Diez Ojeda -según su voto-).
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Barcos, Fabio A. c/ Unidad Penal Nro. 4 y/u otros s/ Indemnización
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-10-07

No existiendo dudas que la lesión sobreviniente al accidente dificulta seriamente la función de la mano, impidiendo la realización de actividades con amplitud y libertad, lo cual debe entenderse como incapacidad, sin que el mantenimiento del salario obste al progreso de la acción, dicha incapacidad debe ser indemnizada toda vez que, por el curso normal y ordinario de las cosas, es presumible -presunción hominis- que el actor vea afectada su aptitud para ascender dentro del escalafón del Servicio Penitenciario al que pertenece.
Uso de documento adulterado, cuestiones de competencia, excepción de cosa juzgada
Materia: PENAL
Carátula: Botazzini, Daniel Alberto s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-08

Si bien la decisión que dirimió la cuestión de competencia se ha apoyado en una concepción fácticamente errónea, jurídicamente sesgada, y contraria a toda economía procesal al sostener la tesis de la independencia entre el uso del documento de identidad adulterado y el fraude, la violación a las reglas del concurso ideal en que se incurrió al escindir los procesos no puede, pues, perjudicar al imputado por lo que corresponde hacer lugar la excepción de cosa juzgada, y dictar su sobreseimiento, porque el sobreseimiento dictado por el juez federal es un obstáculo para la persecución penal a partir que quedó firme. El voto concurrente agregó que atento a que el imputado fue sobreseído por el juzgado federal, decisión que adquirió carácter de cosa juzgada, no puede examinarse ahora a su respecto la estafa atribuída sin vulnerar la garantía contra la doble persecución penal por mediar entre ambos procesos un concurso ideal. (Dres. García, Yacobucci y Catucci -según su voto-).
Policía federal, personal policial, declaración de ineptitud, sanciones administrativas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Gallardo,  Alejandro  Cristián  Diego c/ M° del Interior -PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-15

El término "inepto para el servicio efectivo" carece de connotaciones de tipo subjetivo, configura una calificación reglamentaria relacionada con la estructura piramidal de los niveles de conducción dentro de la institución y no una sanción o pena como alega el policía recurrente, (Cons. VIII).
Pena única, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Sotelo, Rubén Emilio y otro s/ Robo simple, defraudación reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-05-13

Según el art. 27 del Código Penal "lo dispuesto sobre acumulación de penas" presidirá la fijación de la pena única sobre la materia constituida por "la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito". Estas últimas palabras no pueden analizarse aisladamente, pues el reenvío a las reglas de la acumulación de penas le asigna a las mismas su verdadero significado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Tratados internacionales de derechos humanos, ius cogens, jurisprudencia internacional, estado parte, torturas, principios del derecho internacional de los derechos humanos, violación de derechos humanos, tipo penal
Materia: DERECHOS HUMANOS-INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala c/  s/ Sentencia de fondo, reparaciones y costas
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2003-11-27

La prohibición categórica y absoluta de la tortura en cualesquiera circunstancias, que recae en el dominio del ius cogens internacional, es una conquista definitiva de la humanidad y representa un criterio infalible de medición del grado de civilización alcanzado por cualquier país, independientemente de que sea o no Parte en los tratados de derechos humanos y reside, efectivamente, en el trato dispensado por las autoridades públicas a las personas detenidas, debiendo recordarse que la definición del crimen de tortura, elaborado por las distintas Convenciones contra la Tortura, debe su contenido a la propia jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos, y no a la tipificación del crimen de tortura en el plano del derecho interno. (Del voto concurrente del Juez A.A. Cancado Trindade).
Daños y perjuicios, indemnización, daño por vicio o riesgo de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: DE SIMONE, HUGO ADALBERTO c/ AGFA GEVAERT ARGENTINA  S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-13

El art. 1113 del Código Civil, en la segunda parte del segundo párrafo, contempla la hipótesis del daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, hipótesis en la cual el dueño o guardián sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa a la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o la existencia de fuerza mayor extraña a la cosa.

Demandados daños y perjuicios por los daños que sufriera el demandante al salir del edificio de aquélla sin advertir la existencia de un vidrio fijo que hacía las veces de pared, que al fracturarse en distintos pedazos de diferente tamaño le produjo lesiones en la nariz y en una pierna, es de aplicación la norma del art. 1113 del código citado sin que sea obstáculo para ello que se esté en presencia de una cosa inerte y cuya intervención fue pasiva.

No se responde por la mera causación del daño; hay de por medio un factor objetivo de atribución: el haber creado el riesgo del cual se sigue el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas, sus animales o sus empresas, multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de dañosidad. De ahí que no toda cosa dañadora sea en sí una cosa riesgosa.

La accionada al colocar un vidrio sin demarcación alguna y cuya fractura tuvo esas características -sea por vicio o defecto o por calidad inadecuada-, contribuyó a aumentar las posibilidades de daño.

El accionante actuó con negligencia, sea porque estaba apurado y no prestó atención o porque se distrajo al colocarse los anteojos, máxime si conocía la entrada del edificio y su distribución, por haber concurrido en varias oportunidades y si las puertas de vidrios -ubicadas en la misma línea que el panel de igual material e inmediatamente después- poseen sendas barras de madera, que sirven de manijones para su empuje, no se hace difícil distinguirlas del vidrio fijo, puede concluirse que con un mínimo de atención hacia donde se dirigía hubiera podido evitar el choque.

Tanto la presencia de la cosa riesgosa como la conducta negligente de aquél fueron factor concurrente y necesario en la producción del daño, de allí que, ante la falta de prueba sobre la incidencia que le cupo a ambos factores ya que la pericial producida no la pudo fijar y sin desconocer lo dificultoso que podría resultar establecerla en esa hipótesis, corresponde que el resultado dañoso se distribuya por mitades.