marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Trabajadores telefónicos, aplicación de la ley, inconstitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: KAPITE, MARIO c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

La ley 21476 tuvo validez hasta vencer el plazo establecido en la ley 23126 y en base a esa característica rigió las relaciones de las partes e incluso debió ser aplicada por los jueces si no se planteó la inconstitucionalidad en forma correcta, vale decir, con individualización de la garantía constitucional afectada y el pertinente razonamiento que busque demostrar porqué la ley es inconstitucional en el caso concreto de quien reclama.
Gratuidad del procedimiento, beneficio de litigar sin gastos, principio protectorio, costas, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: DICHANO, María c/ ENTEL s/ accidente 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-07-16

El beneficio de gratuidad establecido por el art. 20 de la LCT, destinado a no trabar por razones patrimoniales el acceso pleno a la jurisdicción, implica desde una perspectiva protectora, la imposibilidad de gravar el ejercicio de las acciones judiciales o de las peticiones administrativas, pero de ninguna manera puede interpretarse que impide la condena en costas o que desplaza las disposiciones de los arts. 68 y concordantes del CPCCN. En tal sentido se diferencia del beneficio de litigar sin gastos, pues éste sí está expresamente destinado a eximir total o parcialmente de las costas a aquellos que carecen de recursos (Cfr. arts. 78 y 84 del CPCCN). (Ver entre otros, dictamen 16453 del 24/8/94 en autos: "Stangalini, José c/Merez Argentina SA s/accidente 9688").
Recurso de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso, cuestión constitucional, contestación de agravios, facultades de la Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Soto, Pablo José s/ infr. art. 83 CC (ley 1472)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-03

No existe agravio constitucional alguno posible en el modo de abocarse esta Sala a la evaluación de la procedencia de los agravios, toda vez que está dentro de sus competencias hacerlo de la manera que considere más adecuada.
Sanciones disciplinarias administrativas, revisión judicial de actos administrativos, BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, empleados públicos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Quatromano, Guillermo Raúl c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa Villegas, Carlos Adolfo c/ Provincia de Buenos Aires (Min. Salud y Acc. Social) s/ Demanda contencioso administrativa Paterno de Tassano, Silvia Mabel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-24|1998-03-17|2000-04-05

La doctrina judicial que reconoce amplias facultades a la autoridad administrativa para valorar y calificar los hechos y determinar las sanciones se restringe naturalmente por la exigencia de razonabilidad y la debida salvaguarda de los derechos constitucionales del agente, lo que lleva en todo caso a la posibilidad de revisión judicial de tales facultades de la administración. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Aplicación de la ley, jerarquía administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAITAN ADRIANA VERONICA s/ ACCION DE NULIDAD-REINTEGRO DE HIJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-05-26

Atendiendo a los derechos superiores del niño, la resolución sobre su situación no admite dilación en espera de una resolución penal, y deben privilegiarse, según lo previsto en el art. 3 inc. 1 de la convención sobre los derechos del niño, que tiene jerarquía constitucional; (art. 75 inc. 22 Constitución Nacional).
Daños y perjuicios, cosa riesgosa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Pérez c/ Edenor S.A. s/ Ds. y Ps.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2004-10-14

En lo que a la demandada Edenor S.A. concierne, cabe señalar que como propietaria del fluido eléctrico, con cuya explotación se beneficia, no puede desentenderse de los peligros que trae aparejado, sino que debe ejercer vigilancia y control para que el transporte y/o suministro de aquél, se realice en condiciones adecuadas de seguridad, de modo de evitar daños a terceros.
Suspensión del juicio a prueba, leyes, aplicación de la ley, cuestiones opinables, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: B., C. A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LESIONES CULPOSAS (EXPTE. C.S.J.  NRO. 281 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2007-08-15

Tanto la Corte nacional en el fallo "Gregorchuk" como la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo plenario "Kosuta", postularon la inaplicabilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba en casos de pena de inhabilitación conjunta.

Por lo tanto, la jurisprudencia de algunos superiores tribunales provinciales que cita la quejosa, no resulta decisiva para la apertura de esta instancia excepcional, advirtiéndose que la interpretación del artículo 76 bis del Código Penal no permanece pacífica en la jurisprudencia nacional.

Esta solución se justifica a partir de lo resuelto por la Corte nacional -en su actual integración- in re "Mansur" donde declaró inadmisible el recurso interpuesto por el señor Defensor de Cámaras de Rosario ante un planteo similar al de autos y en el cual este Tribunal había adoptado idéntica conclusión a la arribada en la especie.

Por lo demás, en relación a las críticas de "lege ferenda" que puedan articularse sobre alguna deficiencia exegética o contraria a la política criminal actual que podría presentar la disposición legal analizada, es menester recordar que "el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas, no son puntos sobre los que al Poder Judicial quepa pronunciarse, sino sólo cuando trascienden ese ámbito de apreciació n para internarse en el campo de lo irrazonable, inicuo o arbitrario".
Retiro policial, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Capetta, Juan Carlos c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

El carácter supletorio de la legislación previsional general con respecto a los regímenes jubilatorios especiales (en el caso dec.

Ley 9538) resulta admisible en tanto no altere la razón de ser de esta especificidad, y alcanza a la posibilidad de reapertura del procedimiento prevista en el art.64 del dec. ley 9650/80.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), fundamentos insuficientes, resolución denegatoria, sentencia no firme, concursos, incidente de revisión, resoluciones recurribles
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: BANCO BISEL S.A. c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- RECURSO DE REVISION- RECURSO DIRECTO- (EXPTE.: C.S.J. NRO. 44 AÑO 2008)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-09-24

Asiste razón a la Sala al denegar el recurso de inconstitucionalidad por no revestir la resolución impugnada el carácter de sentencia definitiva o auto interlocutorio que ponga término al pleito o haga imposible su continuación, pues, tratándose de un incidente concursal, la cuestión se podría introducir en la oportunidad dispuesta por el art. 285 de la L.C.Q. que dispone la apelabilidad de la resolución que pone fin al incidente de revisión.

Cabe recordar que la normativa citada consigna la inapelabilidad de todas las resoluciones que no sean la definitiva, siendo sólo apelable la resolución que pone fin al incidente, organizando de este modo una suerte de 'recurso diferido'. Por lo tanto, no es definitiva la resolución que no pone fin al incidente -como sería en el caso- pues los eventuales errores pueden subsanarse mediante los recursos de nulidad o apelación contra la sentencia de mérito.

Por ello, y conforme criterio vertido por esta Corte, contando el impugnante con otros remedios ordinarios previstos en la ley concursal para lograr la revisión de la resolución que lo agravia, el tránsito directo hacia la Corte conculca, en el caso, el recaudo de definitividad del decisorio atacado.
Juicio de desalojo, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Rodrigez, Rodrigo Juan c/ Rosses, Raul y otro s/ Desalojo-Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-09-29

Procede desestimar la acción de desalojo, si el demandado ha negado la calidad de propietario del actor e invoca su posesión, y no se respalda solamente en su mera voluntad, sino que se apoya en situaciones de hecho conforme a lo cual ha realizado importantes mejoras en el predio, tiene mensura aprobada para tramitar juicio de dominio por prescripción adquisitiva, ha pagado impuestos y servicios, etc., puesto que no es factible dilucidar lo concerniente al derecho de propiedad o el ius possedendi o al ius possesionis.
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Verde, José c/ Curuchet, Olga y otros s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-05-09

Tratándose del inmueble destinado a la vivienda del concursado no corresponde la aplicación del artº 22 de la ley de concursos, pudiendo el locador hacer valer en juicio -independiente del concurso- todas las causas de resolución del contrato de locación que fija el Código Civil o las leyes de emergencia.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, costas en el orden causado
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Zalazar, Juan Carlos c/ Provincia de Santa Fe s/ recurso de inconstitucionalidad (queja admitida)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-02-27

En oportunidad del examen de admisibilidad del presente recurso, el suscripto sostuvo que las hipótesis de arbitrariedad articuladas por la quejosa carecían de idoneidad para lograr la habilitación de esta instancia de revisión extraordinaria porque la Provincia demandada no lograba persuadir que el criterio de imposición de los gastos causídicos adoptado por la Cámara adolezca de los vicios que le achacaban -arbitrariedad normativa, autocontradicción, apartamiento jurisprudencial y falta de fundamentación-, de modo que pueda dar lugar a alguna de las salvedades a la regla general que excluye la cuestión de costas de la instancia extraordinaria local puesto que, del análisis del acuerdo cuestionado se advertía que la conclusión a la que arribó la Cámara al decidir imponer las costas por su orden, independientemente de su mayor o menor grado de acierto o error, no se exhibía como infundada o notoriamente injusta; y en el nuevo examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, realizado con los autos principales a la vista, no se advierten motivos para rectificar dicho criterio. (De la disidencia del Dr. Falistocco) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 40, p 190; T 44, p 349; T 47, p 355; T 49, p 296; T 81, p 273; T 127, p 107. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055, artículo 11. - Jurisprudencia concordante con Piazza, T 2024, Sentencia N° 47, sumario J0052385.
Tasa de justicia, monto del juicio, valuación fiscal, mutuo, Banco Hipotecario Nacional, acciones reales, acciones personales
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: BANCO HIPOTECARIO NACIONAL c/ GUDIÑO NESTOR Y OTRO s/ INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-18

Cuando la Ley 23.898 se refiere al "objeto litigioso", a los efectos del pago de la tasa de justicia, lo que está en juego es el valor comprometido en el proceso, e indudablemente un contrato de mutuo tiene un valor pecuniario, sea que se persiga el cumplimiento o la extinción del contrato, habida cuenta que todo contrato debe tener valor patrimonial (cfr. Esta Sala, Causas 20.297 del 11.11.96 y 9342 del 19.12.96; Sala 3, Causa 18.400 del 24.9.96). Desestimada así, la pretendida aplicación a la especie de lo preceptuado por el art. 6, Ley 23.898, la tasa de justicia se debe tributar según lo previsto por el art. 4, inc. c) de la citada ley, por cuanto no cabe efectuar distinciones entre acciones "personales" y "reales" que la norma -concebida en términos amplios en lo relativo a cuestiones vinculadas a bienes inmuebles- no hace.
Mediación, reapertura de la mediación, falta de notificación, notificación bajo responsabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: BOZZI DE IRAOLA, MARIA c/ BOZZI HNOS. SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-12

Si de las constancias que reproducen las cédulas remitidas en el marco de la mediación surge que la mayoría de las piezas -dirigidas bajo responsabilidad de la parte actora- fueron devueltas sin diligenciar, cabe concluir que la etapa previa obligatoria no se encuentra cumplida con arreglo a lo normado por la Ley 24573 art. 1, 6, 9, 10, 14 y ccdtes. (cfr. CNCIV, sala G, "Figlioglia, Guillermo Mario", 27.06.00; ídem, "Guazzotti, Lucio", 30.11.00), correspondiendo reabrir la etapa de mediación.
Marcas, marcas confundibles, oposición al registro de marca, superposición de productos
Materia: COMERCIAL
Carátula: SAN ISIDRO TEXTIL ARGENTINA S.A. c/ THE HD COMPANY INC. s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-13

Las marcas "unión made" y "unión star" en su coexistencia en la clase 25 para "indumentaria informal y jeans" resultan manifiestamente confundibles. La posibilidad cierta de crear confusión en cuanto a su verdadero origen, o bien, acerca del efectivo productor de la mercadería de que se trata (ED 96:317), resulta suficiente para repeler su registro por quien se encuentra protegido por la titularidad en el país del radical principal que conforma la denominación de marras para "indumentaria informal y jeans" dentro del registro clase 25. La necesaria diferenciación que debe existir entre las marcas de los productos o servicios para distinguir unos de otros (base del sistema marcario, y muchas veces esencial como factor de elección del consumidor) torna inaplicable el principio de especialidad consagrado en el art. 3°, incs. A y b, ley 22.362, el cual restringe la protección de la marca exclusivamente con relación al producto, objeto o servicio para el que hubiere sido solicitado (cfr. en sentido análogo el reciente pronunciamiento de la sala en la causa n° 4274 in re "pontet", fallo del 26.9.96).
Sociedades comerciales, disolución de sociedades, affectio societatis
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMELLI DE SIDAÑEZ, GRACIELA c/ AMILCAR COMELLI SA Y OTRO s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-12

La pérdida de la affectio societatis no está legalmente prevista como causal de disolución de las sociedades, de tal modo, no parece que un socio pueda "imponer" a los restantes la disolución por tal motivo (desde luego, si todos los socios están contestes en que se ha extinguido en ellos la voluntad de continuar la sociedad, esta podrá disolverse, pero "por la causal prevista en la ley de sociedades art. 1)". Excepcionalmente, las divergencias severas entre los socios podrían dar lugar a la disolución cuando los conflictos entre ellos conduzcan a la paralización de la gestión intrasocietaria y de su actividad comercial o de producción.
Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1959-09-16


DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte:

El fallo apelado ha resuelto exclusivamente cuestiones de hecho y de derecho común que no guardan relación directa ni inmediata con las de carácter constitucional que se articulan en el recurso extraordinario de fs. 263; y, por lo demás, la pretendida contradicción de dicho fallo con una sentencia anterior de otra de las Salas del tribunal a quo configura un agravio para cuya reparación el remedio federal no resulta en la actualidad la vía pertinente.

Por lo tanto, pienso que no procede en este caso la apertura de la instancia de excepción y, en consecuencia, que corresponde declarar mal concedido a fs. 266 vta. el recurso intentado. Buenos Aires, 12 de diciembre de 1958. - Ramón Lascano.

FALLÓ DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 16 de setiembre de 1959.

Vistos los autos: "Da Silva, Juan c/ Piccaluga F. y Cía. S. R L. s./ despido", en los eme a fs. 266 vta. se ha concedido el recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de fecha 1º de agosto de 1958.

Considerando:

Que la invocación de jurisprudencia recaída en fecha reciente por una sala del mismo tribunal, conociendo en un caso estrictamente similar, integra la circunstancia a decidir de la causa y no puede válidamente ser pasada por alto por virtud de lo dispuesto en el art. 113 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley encomienda la decisión de tales supuestos al tribunal en pleno de la causa, el conocimiento de esta Corte por la vía del art. 14 de la ley 48 y con fundamento en la doctrina de la arbitrariedad es viable en supuestos excepcionales. Uno de ellos lo constituye la decisión inmediata anterior de un juicio seguido contra la misma demandada por otro de sus dependientes, de cuyo acogimiento por la Sala III del tribunal omite toda consideración la sentencia dictada a fs. 256. Ocurre así que la referida sentencia ha omitido considerar una cuestión conducente para la decisión del pleito, lo que priva al mencionado fallo de fundamento suficiente para sustentarlo.

Por ello y habiendo dictaminado el Señor Procurador General, se deja sin efecto la sentencia de fs. 256 y se declara que la Sala que sigue en orden de turno debe dictar nueva resolución en los autos por virtud de lo dispuesto en el art. 16, 11 parte, de la ley 48 y con arreglo a lo dispuesto en la presente sentencia.

Benjamín Villegas Basavilbaso - Aristóbulo D. Aráoz de Lamadrid - Julio Oyhanarte.
Acción contencioso administrativa, coparticipación federal, Estado Provincial, Municipalidad, ingresos públicos, leyes, presunción de legitimidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ILEGITIMIDAD (EXPTE.: C.S.J.  NRO. 476 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-20

Es improcedente el recurso contencioso administrativo de ilegitimidad interpuesto contra la ley provincial 11123 y su reglamentación por atentar contra la suficiencia de los recursos financieros municipales, al cargarlos con las consecuencias patrimoniales gravosas del Pacto Federal, desde que no se advierten elementos de los que pueda inferirse que dichas normas, tanto en su texto mismo como en sus derivaciones o proyecciones, tengan aptitud para demostrar una afectación al régimen municipal que surge de nuestra Constitución provincial.

Es que no es dable poner en tela de juicio que la ley constituye el medio normal y natural para reglamentar las políticas financieras del Estado, en función de compatibilizar armónicamente todos los dispositivos aplicables, a la luz de una sistemática integral del texto constitucional y el Municipio no ha invocado, ni tampoco demostrado, que la coparticipación fijada en base a la normativa "histórica" haya sido vulnerada o que esta última base, a la luz de los criterios expuestos más arriba, no haya resultado suficiente "para la eficaz gestión de los intereses locales".
Prueba, ofrecimiento de la prueba, recursos, improcedencia del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: GATTEI, JUAN CARLOS s/ PRUEBA - RECURSOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-06

Resulta improcedente la interposición de recursos contra proveídos vinculados con el ofrecimiento de la prueba concedido a la otra parte.
Derechos subjetivos, contrato de obra pública, recurso contencioso administrativo, resoluciones recurribles
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 372-85 CONSEJO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE c/ MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO s/ APREMIO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 373-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-04-20|1988-04-20

La sentencia atacada -tanto en el voto de la mayoría como en el de la disidencia- reconoce naturaleza administrativa al contrato de obra pública que dio origen a la relación jurídica que vincula a las partes, pero se lo desconoce a ésta, al sostener por mayoría de dos votos contra uno, que en el caso, -en el que se reclama el cobro de honorarios profesionales por la realización de un proyecto de obra pública- no puede hablarse de lesión de un derecho subjetivo de carácter administrativo. Desconoce que los derechos y obligaciones nacidos como consecuencia del contrato y su ejecución, son situaciones jurídicas públicas, de derecho administrativo y que su tutela jurisdiccional se canaliza por la vía del juicio contencioso administrativo regulado por el Código de lo Contencioso Administrativo. (Ley 4106). Entre esas situaciones jurídicas subjetivas administrativas, el cocontratante de la Administración reconoce en el pago del precio estipulado -para el caso, honorario profesional- su prerrogativa más importante.
Intereses, tasa pasiva, convertibilidad
Materia: COMERCIAL - CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Miranda, María T. s/ Causa N. 46.324
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-13

La ley 23.298 prohíbe en sus artículos 7 y 8 la indexación o repotenciación monetaria, más no impide la determinación del curso de los réditos. Por lo tanto, corresponde aplicar, a partir del 1/4/91, la tasa de interés pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. artículo 10 dec.

941/92). Sumario confeccionado por el S.A.I.J.
Acto administrativo, eficacia del acto administrativo, notificación, publicación del acto administrativo
Materia: CIVIL
Carátula: MERLINO c/ M.C.B.A s/ RECLAMO A LOS AGENTES MUNICIPALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Si bien es cierto que el art. 11 de la ley 19.549 supedita la eficacia del acto administrativo de alcance particular al requisito de su notificación al interesado y el de alcance general, a su publicación el Boletín Oficial o Municipal, según el caso y que también el decreto reglamentario Nro.1759/72 en su art. 40 y sigs.

determina los plazos y los distintos medios aptos para la aludida notificación del acto, no lo es menos que éstos no son los únicos medios válidos para la notificación del acto de que se trata ya que no siendo un acto solemne o sacramental, aquélla cumplirá su cometido cuando resulte claro que la parte interesada ha entrado en conocimiento del acto de que se trata.-
Honorarios, perito contador
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARINO, MIGUEL EN J: 89628 (28502) MARINO, MIGUEL c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S238 - 271)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1993-08-23

Los honorarios del perito contador deben regularse, en principio, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 3522 y 4229. teniendo en cuenta además la proporcionalidad que deben guardar los honorarios de los técnicos auxiliares de la justicia en relación a los montos que se determinan para regular los honorarios de los abogados intervinientes, así como la influencia de la pericia y no exclusivamente el monto del peritaje.
Recurso de casación, errónea apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Lujan de Paz, Azucena M. y Otros s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1981-04-20

Las remisiones a constancia de los expedientes sin mostrar el error de apreciación de la prueba... resulta insuficiente para fundamentar el motivo casatorio de errónea apreciación de la prueba, ya que la obligación del que se agravia por esta causal es demostrar la evidencia del error del fallo que se impugna por comparación con el documento que se invoca como sustento.