marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Beneficio de litigar sin gastos, suspensión del proceso judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Chenlo Ariel Darío c/ Ventre Luis y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El trámite para obtener el beneficio de litigar sin gastos carece de idoneidad para suspender la litis principal, a menos que la suspensión se pida al demandar (Art. 83 del C.P.C.B.)
Actualización monetaria, obligaciones de dar sumas de dinero, principios generales del Derecho, mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Leon,   Modesto c/ Lotería  Nacional  S.E. s/ juicios  de  conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-07

Si las cláusulas contractuales no previeron el reajuste del fondo de garantía, ni ello surge de las leyes que regulan la materia, es preciso remitirse a los principios generales aplicables al caso. En tal sentido ha establecido que el principio general que rige la actualización monetaria de las deudas de dinero -naturaleza que poseen en el caso los importes retenidos- es el que el reajuste se produzca en caso de mora (C.S.J.N., Fallos: 299:

254; 300: 596; 302: 827; 303: 600 y 1929; 304: 792; 305: 435 y 2182; 306: 1149 y 1963; esta Sala in re Ottonello Santoro S.A. , del 28/5/85 y Copyc Constructora S.A. , del 30/6/88).
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, inexistencia de otras vías
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: FELIPE SANTAELLA c/ ESTADO NACIONAL s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-28

Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios instituidos para la solución de las controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos administrativos y judiciales no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de los derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias, máxime de darse el fundado peligro de que la demora ocasione un agravio insalvable al derecho invocado.
Accidente de tránsito, responsabilidad del transportador, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: BRENNER JAIME c/ PEREZ Y RANDO S.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-30

Quien transporta la cosa se constituye en el guardián de la misma. Como tal tiene a su cargo el cuidado o guarda de la cosa, deber jurídico que consiste en este caso en asegurarse que las cosas por el transportadas lo sean con la mayor seguridad, de manera de impedir cualquier daño a un tercero, más aún si se trata de una empresa destinada a este tipo de transportes la que por su experiencia es conocedora de las eventualidades que pueden presentarse en el camino, debiendo preverlas.
Competencia, segunda instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: ATAMPIS, Hugo Ángel c/ Provincia de San Juan s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-07-30

Resulta inadmisible desde el punto de vista del derecho de fondo y de procedimiento, que el apelante al expresar agravios intente modificar su primigenia postulación, achacando en esta instancia responsabilidad contractual de la Administración en el evento dañoso, con fundamento en las previsiones del art. 522 del C.Civ.

En efecto ello implicaría una franca violación a derechos de raigambre constitucional, v.gr. debido proceso y defensa en juicio; y una evidente inobservancia de las disposiciones del art. 262 del C.P.C., ya que este tema excede la competencia de este Tribunal por cuanto no ha sido sometido a consideración del juez de primera instancia.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, enfermedad profesional, prueba testimonial, Derecho laboral, relación de causalidad, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Escobar, Elsa Margarita c/ Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y otros s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-04-04

La recurrente no alcanza a demostrar suficientemente un supuesto de arbitrariedad -alegando una excesiva rigurosidad probatoria, contradicción y falta de fundamentación- en anto sus cuestionamientos se diluyen al dejar incólume el razonamiento de la Alzada, que valoró la prueba testimonial rendida en autos, entendiendo que si bien relataron sobre la manipulación de productos (cortes de carne) sindicados -sin mayores precisiones- como pesados, tal descripción por sí sola y en ausencia de elementos complementarios con solvencia técnica no evidencia elementos o condiciones de trabajo reveladoras de un riesgo natural concebido bajo la órbita del art. 1113 del Código Civil; y remarcó que la demandante tampoco había individualizado cuáles serían las normas de seguridad mínimas exigibles para la actividad desarrollada que no habría observado la empleadora, a los efectos de postular una omisión negligente con incidencia decisiva en una imputación de responsabilidad civil del tipo subjetiva, más aún cuando las testigos aluden haber recibido capacitaciones sobre higiene y salubridad así como la provisión de ciertos elementos de protección y la actora no se explayó sobre su falta de idoneidad, insuficiencia o precariedad para resguardar su integridad física. (De la disidencia de los Dres. Spuler y Gutiérrez) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Civil, artículo 1113
Declaración testimonial, declaraciones contradictorias, valor probatorio
Materia: PENAL
Carátula: CALZADA, OSCAR HUGO s/ DELITO  CONTRA  LA  LIBERTAD  -  DELITO  CONTRA  LA SEGURIDAD COMUN -  DELITOS  CONTRA  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  MEDIOS  DE TRANSPORTE  Y  DE  COMUNICACION - REBELION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-07-08

No debe exagerarse el requisito de la concordancia de los diversos testigos, hasta exigir que resulte en todos los detalles, porque es contrario a la psicología y a la experiencia que diversas personas capten un mismo acontecimiento con absoluta fidelidad, como si su cerebro y sus sentidos fueran máquinas de fotografías. Por el contrario, los desacuerdos y los diferentes vacíos en las narraciones son más bien signos de espontaneidad y sinceridad en los testigos.
Instrumentos públicos, valor probatorio, redargución de falsedad
Materia: CIVIL
Carátula: AUATT DE JURI CLARA Y OTRA c/ ZAVALÍA BENJAMÍN FRANCISCO s/ NULIDAD DE ESCRITURAS PÚBLICAS, ETC. - CASACIÓN CIVIL FRANCISCO s/ NULIDAD DE ESCRITURAS PÚBLICAS, ETC. - CASACIÓN CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-08-07

Los actos contenidos en los instrumentos públicos gozan de una presunción de veracidad iure et iure en cuanto a los hechos que el oficial publico o fedatario afirman realizarse en su presencia o del estado de las cosas o condiciones de los sujetos que intervienen en la formación del mismo, por lo que la manera de enervar la eficacia del instrumento publico es mediante las acciones especialmente establecidas para tal fin; pero en tal caso, los vicios invocados deben ser probados con absoluto poder de convicción, que lleve al juzgador a la certeza de la existencia de los vicios que invalidan la expresión de voluntad volcada a los fines de romper con la presunción legal establecida.
Derecho administrativo, responsabilidad extracontractual del Estado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: KUKENSHONER, RICHARD ADRIÁN c/ PROVINCIA DE NEUQUEN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-08-15

Esta idea objetiva de la falta de servicio -por acción o por omisión- encuentra su fundamento en la aplicación del art. 1112 del Código Civil y traduce una responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, que no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil. En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éste, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas.
Recurso extraordinario, cuestiones de hecho y prueba, cuestiones procesales, contrato de obra pública, aplicación de la ley, juicio de árbitros
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: IMDO ARGENTINA S.R.L. c/ GAS DEL ESTADO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-05

Corresponde desestimar el agravio referido a la aplicabilidad al caso de los arts. 4 y 39 de la ley 13.064 si, aun siendo aplicable la referida ley, todo lo relacionado con la naturaleza de las erogaciones reclamadas, calificadas como gastos improductivos por el juez de primera instancia, y como gastos generales por la alzada, así como los efectos de la reserva formulada por la contratista en el convenio, y también el alcance atribuido a la decisión del tribunal arbitral al que las partes sometieron sus diferencias, remite al análisis de temas de hecho prueba y derecho procesal, insusceptibles de ser examinados por la vía del recurso extraordinario.
Simulación, cesión de derechos hereditarios
Materia: CIVIL
Carátula: Concilio, Juan Jose y Otro/A c/ De Francesco, Juan Carlos s/ Simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-07

La cesión de derechos y acciones hereditarios instrumentada debe ser declarada nula por simulación, en tanto se acreditó que la verdadera intención oculta detrás del acto fue la de beneficiar a un hijo en detrimento de los demás herederos reclamantes, todo ello de acuerdo a la relación de parentesco existente entre los contratantes, el precio vil de la cesión y la circunstancia y modalidad en que fueron realizados los pagos.
Recurso extraordinario de nulidad, omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Nemecio Rey s/ Abuso de armas - Lesiones Graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-06-21

La falta de tratamiento de la cuestión esencial relativa al cuerpo del delito en que incurre el decisorio en el que se efectúa una descripción parcial del hecho incriminado sin mención de los elementos de convicción que contribuirían a su demostración ni de las normas que regularían la prueba, configura una flagrante violación del art. 10 de la ley 3560 (art. 333 C.P.P.) y quebranta el art. 156 de la Constitución Provincial.
Principios procesales, doctrina de los actos propios
Materia: PROCESAL
Carátula: S., S. D. c/ C. S.A. y/o quien resulte responsable y/o propietario s/ Demanda Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-11-08

La doctrina de los actos propios es, entonces, una limitación al ejercicio de un derecho, que reconoce como fundamento una razón de política jurídica: la protección de la confianza suscitada por el comportamiento antecedente, que luego se pretende desconocer.
Domicilio procesal, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Zarate, María c/ Bielus s/ Ejec. Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-12-14

No puede sostenerse válidamente que la exigencia de notificar por cédula a la contraparte el cambio del domicilio ad-litem rige sólo para los litigantes y no para el órgano jurisdiccional (para las notificaciones que deban hacerse de oficio), ya que ello llevaría a una total incertidumbre sobre la suerte de diligencias que, -como consecuencia de esta interpretación-, deban cumplirse en uno y otro domicilio, de acuerdo a que éstas lo sean por las partes o de oficio por el Tribunal. Esto es así, no sólo porque la norma no lo autoriza, sino porque importaría un desdoblamiento del domicilio procesal que violaría el principio de unidad del mismo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, denegatoria del recurso, prueba, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: Transportes Olivos SACIYF y otros c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Transportes Olivos SACIYF y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

Corresponde rechazar la queja toda vez que la presentación no ha logrado refutar los argumentos brindados por la Cámara para denegar el recurso de inconstitucionalidad; que consideró que los agravios remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba, a la vez que expresan un mero disenso con el alcance asignado a normativa infraconstitucional que rige la concesión del servicio público de higiene urbana. En su lugar, los dichos de la quejosa no superan el nivel de una mera discrepancia, ni fueron acompañados de una exposición seria que los justifiquen o respalden y tampoco constituyen -en mérito de lo señalado- una crítica suficiente en los términos que exige el artículo 32 de la ley n° 402. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Indemnización, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Gallegos, Angélica c/ Provincia del Chubut s/ Indemnización Accidente de Trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-11-27

Consecuente con la naturaleza exclusivamente reparadora que le asigno a esta especie del género indemnización -daño moral-, sostengo que el "quantum" debe estar referido sólo a la dimensión del daño sufrido, correspondiendo entonces atender al tipo de interés lesionado, a las consecuencias que el ilícito acarreó y a la índole del hecho generador de la responsabilidad. Es en este último aspecto donde juega la relación entre la cuantía de la reparación y la gravedad del ilícito, porque para establecer el grado de los sufrimientos a compensar importa tener en cuenta la clase de acción ofensiva ejecutada, pues hiere más el ánimo del damnificado el ataque cuanto más próximo a la intencionalidad se presenta.
Proceso penal, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, interpretación de la ley, interpretación amplia
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Marchini, Héctor Daniel s/ inf. art. 189 bis CP- Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-01-30

No corresponde limitar el concepto de secuela de juicio a los actos procesales practicados durante la etapa de juicio, pues si bien la expresión "juicio" puede ser objeto de una interpretación restringida, el término debe ser conceptuado en el sentido extenso de causa, proceso o procedimiento.

En esta línea de argumentación, se ha sostenido que "... dicha interpretación se compadece con los fundamentos que el legislador tuvo presentes al sancionar la reforma que introdujo la frase en cuestión, y también con la correcta interpretación del término "juicio", tanto gramatical como teleológica. ... la locución "secuela de juicio", que figura en el texto del art. 67 del Código Penal reformado por el art. 1 de la ley 13.569, conducen a admitir que su significado es el de "prosecución o curso del proceso o causa penal lato sensu", siendo opuestas a su sentido léxico-lógico y a la voluntad finalista de la ley, cualesquier otras interpretaciones y, entre éstas, las que parten de considerar que, en la citada locución, la voz "juicio" no comprende al sumario, siendo aplicable, a título exclusivo, a la fase contradictoria del proceso" (CNCP, Sala III "Patat, Juan C.", rta. el 13/2/1995).
Recurso de casación, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALGARROBAL VIEJO S.A. c/ DANIEL HORACIO AYUCH s/ NULIDAD DE INSCRIPCION - CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1997-10-31

Si bien las resoluciones referentes a quien es parte en el juicio no revisten en principio el carácter de definitivas en los términos del art. 282 del C.P.C y C. son asimilables a ellas en caso de imposibilidad de una reparación posterior ya sea en la misma causa o en otra.
Derecho administrativo, cesantía, acto administrativo, revocación del acto administrativo, competencia administrativa
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Altamirano, Yolanda s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1994-09-01

En autos (Casación contra resolución de cámara civil rechazando demanda de Daños y Perjuicios contra el Estado Provincial), el evento generador del daño invocado, lo constituye el Decreto Nº 245 emitido por el Poder Ejecutivo Provincial, ordenando la cesantía de la actora, en su carácter de agente de la Administración Municipal del Departamento General Ocampo.

Emplazado tal instrumento, como la expresión de voluntad de la Administración Pública, su encuadramiento no puede situarse sino, en el ámbito conceptual de lo pacíficamente reconocido como "acto administrativo". El carácter distintivo preeminente de su naturaleza, lo constituye el hecho de ser una expresión de voluntad o de juicio, emanada de la administración pública, en su sentido lato.

La enmienda o más propiamente la revocación de lo que el acto resuelva, le compete de modo inmediato al mismo Organo emisor de la decisión que se censura. Debió plantearse tal formulación revocatoria a través de lo que la legislación administrativa Provincial (Ley de Procedimiento Administrativo 4044), instituyó para conmover toda declaración administrativa que produzca efectos jurídicos individuales sea definitiva o de mero trámite.

Para el caso que tal actividad petitoria, no hubiese satisfecho la pretensión esgrimida quedaba de aquel modo, expedita la vía de la judiciabilidad del reclamo ante el fuero administrativo, para que una vez pronunciado éste en sentido favorable, la reclamación pecuniaria sea sometida a su consideración en la sede jurisdiccional correspondiente.

(voto de la Dra. Juana Perazzo de De la Vega, disidencia)
Amparo colectivo, contrato de turismo, venta por Internet, restitución de sumas de dinero, emergencia sanitaria, coronavirus, asociaciones de consumidores, legitimación procesal
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACCUC) c/ Despegar.com.ar S.A. s/ amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-26

Corresponde revocar el fallo que había rechazado in limine la acción colectiva entablada por una asociación de consumidores contra una empresa de venta de pasajes y paquetes turísticos por internet, con el objeto de que se declare la ilegalidad de la acción de cobro de la totalidad de las cuotas comprometidas por los usuarios, que hubieran adquirido y cancelado como consecuencia de la Resolución 131/20 del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, como condicionamiento para la devolución del importe total abonado, dado que la asociación actora identificó un hecho único que habría causado una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, que serían todos los consumidores que requirieron la devolución de lo abonado como consecuencia de los contratos de servicios turísticos que habrían celebrado con la demandada, que se cancelaron por irrupción de la pandemia del virus Covid-19 y que, en función de la conducta reprochada, se encontrarían en la misma situación. En consecuencia, la demanda interpuesta no sólo encuentra motivo en una causa común, sino que también es dirigida a los efectos colectivos o comunes que ese hecho habría generado, es decir, que la pretensión se habría enfocado en lograr la recomposición de la situación descripta para todos los integrantes del grupo.
Intereses, tasa pasiva
Materia: LABORAL
Carátula: Gambuzza, Miguel Angel c/ Patrone Hnos. s/ Despido, etc. Ramírez, Agustín c/ Levin e Hijos S.A. s/ Ley 9688 Balzi, Luis A. c/ Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G. s/ Enfermedad accidente Sierra de Bibu, Graciela c/ Indico Argentina S.A. s/ Despido Medina, Ramón c/ Tubos y Perfiles SA. s/ Diferencia de indemnización de accidente Stachiotti, Guillermo V. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Enfermedad accidente Blason, Gualterio J. c/ Indeco Minoli S.A.C.I. s/ Enfermedad profesional. Ley 9688, ley 23.643 Rojas, Mario R. c/ Corna S.A. s/ Despido Vassaro, Luis Alberto c/ Anthony Blank y Cía. S.A. y otros s/ Accidente, enfermedad Figueroa, Susana c/ Ministerio de la Producción s/ Accidente de trabajo León Obelar, Norberto c/ Ministerio de Salud y Ación Social de la Pcia. de Bs. As. s/ Accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-14|1994-04-26|1996-12-27|1992-07-07|1993-12-21|1995-11-14|1996-02-20|1997-02-11|1998-03-03|1999-03-02|2000-08-30

A partir del 1 de abril de 1991 los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre capital reajustado (art. 623, Código Civil) conforme la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado el cálculo será diario con igual tasa (arts. 8, ley 23.928; 622 y 1197, Código Civil).
Competencia federal, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: B.L.O. c/ Estado Nacional Ejército Argentino y Otro s/ Prescripción Adquisitiva
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-05-23

No es razonable ni se ajusta a derecho la pretensión de que este juicio o cualquier otro que concierna a la Nación se tramite ante los jueces federales de la ciudad Buenos Aires por la sola circunstancia de que esa sea la sede del Gobierno -lo que determina que buena parte de sus actos se emitan en ese lugar-. Admitir esa posición tornaría superflua la organización de la justicia federal dispuesta por el Congreso de conformidad con el art. 108 de la Constitución Nacional, según la cual existen tribunales federales con asiento en las diferentes provincias que integran la Nación Argentina.
Jubilaciones, pensiones, Fuerzas Armadas
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Ciminiera, Alejandro Benito c/ Res. N. 731 (Mx del Interior) s/ art. 28 ley 15.943/46.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-29

Sólo cabe reconocer el derecho a la jubilación voluntaria a los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas que acrediten la prestación de servicios en el organismo por el período mínimo establecido por el art. 77, inc. a) del decreto "S" 4639/73, sin que quepa tener por cumplida la exigencia legal mediante el cómputo de servicios prestados en organismos no comprendidos en la mencionada reglamentación.
Seguros, denuncia del siniestro, obligaciones del asegurador
Materia: COMERCIAL
Carátula: Federación Patronal Seguros S.A. en j: 100.784/36.550 Barragán, Ricardo Guillermo y ots. c/ Reynaga, Ricardo Ernesto y ots. p/ d. y p. s/ inc. cas.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-12-18

El art. 56 de la Ley de Seguros establece el deber de la aseguradora de pronunciarse dentro de los 30 días de recibida la información que el art. 46 le exige al asegurado y dispone que la omisión de pronunciarse importa aceptación. Tal imposición constituye una carga que opera como deber a ejecutarse en el marco de un contrato de seguro en etapa de ejecución. El cumplimiento de esa carga no puede quedar librado a la voluntad del asegurador bajo pretexto de que se trata de una cláusula de exclusión de cobertura, teniendo en consideración que quien redacta esa cláusula es la propia aseguradora.