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Nulidad procesal, existencia del agravio, nulidad de la notificación, domicilio legal, domicilio constituido, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: CANTERO, OSCAR RUBEN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION- INCIDENTE DE APREMIO POR HONORARIOS- RECURSO DE NULIDAD (EXPTE.: C.S.J. NRO. 417 AÑO 2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-06

La sanción de nulidad constituye la última ratio del sistema y su declaración no puede efectuarse por la nulidad misma cuando no se encuentran configurados los requisitos que de manera positiva exige la ley y que la doctrina ha tipificado como 'principios de especificidad y trascendencia'. Estos imponen abstenerse de declararla en aquellos supuestos en que dicha sanción no esté impuesta legalmente (art. 124 C.P.C.C., supl. aplic.) y cuando no se demuestra, al menos argumentalmente, la existencia de un perjuicio insusceptible de ser reparado sin tal declaración (art. 126 del mismo cuerpo legal). En el caso, no se ha producido violación alguna de la ley que merezca la sanción solicitada en razón de que la notificación cuestionada por el ejecutado fue diligenciada en el domicilio especial a los efectos legales constituido en la causa. A esos efectos, debe señalarse que el artículo 38 del ordenamiento procesal provincial, aplicable supletoriamente (art. 23, ley 4106), dispone que "el domicilio legal producirá todos sus efectos desde la fecha de la providencia que lo tenga por aceptado", y que el mismo "se reputará subsistente mientras no se designe otro...".Por lo tanto, las notificaciones de las que ahora se queja el impugnante se ajustaron a las pautas procedimentales correspondientes no gozando de vicio alguno que produzcan su nulidad.
Cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, rectificación de cuenta corriente, acción de impugnación, oportunidad procesal
Materia: COMERCIAL
Carátula: BIDOU, JUAN CARLOS c/ BANCO DE CREDITO ARGENTINO SA s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-26

Si la entidad bancaria incumple con la obligación de remitir a sus clientes los extractos de la cuenta, estos se verán compelidos a concurrir a retirarlos y, en su caso, impugnar tempestivamente la integración del movimiento experimentado en la cuenta. Por lo tanto, si el cliente no realiza el cuestionamiento en forma y tiempo útil, el banco los tendrá por conformados tácitamente por no haber sido observados.
Recurso de casación penal, admisibilidad del recurso, doctrina de la arbitrariedad, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: SUAR FELIPE OSVALDO Y OTROS s/ ESTAFA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-04-30

Los motivos de casación invocados encuadran en lo preceptuado por la ley adjetiva, en tanto se alega fundadamente la violación de normas procesales y constitucionales y la arbitrariedad del pronunciamiento por falta de fundamentación de la sentencia. A su vez, el recaudo de definitividad de la sentencia impugnada -declaró la nulidad de la resolución de la Juez de Instrucción que sobreseyó la causa- debe considerarse satisfecho en la especie, toda vez que la cuestión planteada trasciende el interés meramente personal de las partes, concurriendo en el caso el supuesto de gravedad institucional previsto en el artículo 469, 2 parte CPP, al encontrarse cuestionada la estructura esencial del proceso con incidencia directa en el normal desarrollo del servicio de justicia.
Recurso de apelación (procesal), recursos, proceso penal, juicio sumario, juicio abreviado, prueba, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio, debido proceso
Materia: PROCESAL
Carátula: GARNICA, Francisco Javier c/ TORRES, Marcos Ezequiel Carin s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-06-23

La alusión al pedido de pena se encuentra circunscrito a los casos en que resulta viable la posibilidad del Juicio Abreviado. De allí que la norma exprese "...en su caso, el pedido concreto de pena".

Es sabido que en el Procedimiento Sumario no resulta posible la realización del trámite previsto en el art. 360 del CPP, en atención a que no existen elementos probatorios propiamente dichos, sino sólo datos que fueron recabados por el Fiscal Correccional para dar sustento a la acusación -requerimiento de Juicio-, de modo que la prueba se producirá recién en la etapa del Plenario.

Así planteada la cuestión resulta indudable que no puede la norma exigir "concreto pedido de pena" en el Requerimiento de Juicio del Procedimiento Sumario toda vez que se carecen de los elementos mínimos necesarios para ello, de conformidad al art. 41 del CP. Por lo que de efectuarse un pedido de pena en la etapa inicial, sería arbitrario por falta de fundamentos que lo sustenten.

Respecto a la Garantía de Defensa en Juicio, debe señalarse que la misma no se ve afectada, por cuanto si el Sr. Fiscal mantiene su Acusación durante la etapa de Juicio, solicitará la condena como así el modo y el quantum de la misma, circunstancia que permitirá al Defensor alegar y contra argumentar sobre ello, quedando enteramente satisfecho el Debido Proceso.-
Homicidio culposo, lesiones graves, accidente de tránsito, ebriedad, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: EL MIRADOR S.A. c/  s/ C M., S. D. c/  s/ recurso de inconstitucionalidad penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-10-30|2018-09-10

Un accidente de tránsito puede tener múltiples causas pero hace al deber del juez, a la hora de motivar una sentencia frente a la imputación de un delito culposo, buscar si entre los factores esenciales que determinaron la producción del hecho se encuentra un aporte concreto del acusado asociado a la violación de su deber de diligencia. En este sentido, el aporte causal del acusado no encuentra justificativo en la imprevisibilidad, ya que con un mínimo de cuidado hubiera evitado el resultado. En efecto, sumado al estado de intoxicación alcohólica del acusado no actuó diligentemente ya que pese a frenar, el camión siguió avanzando hasta embestir a la víctima, tal como lo reconoció. Esta afirmación conlleva el reconocimiento de la conducción a velocidad y la calidad de embistente, lo que en definitiva justifica la condena impuesta.

En la causa quedó acreditado que medió un obrar negligente del acusado, decisivo para la producción del hecho y es lo que importa para declararlo responsable, sin que a ello obste que la víctima pudiera haber efectuado un aporte de carácter culposo o no para la concreción del accidente. La conducta culposa del afectado, cuando confluye con la del acusado, es un factor que tiene relevancia a los fines de una necesaria consideración para una adecuada mensura de la pena. Este último aspecto, puede en todo caso servir para atenuar la culpabilidad que es la base del reproche penal, pero no tiene el efecto de eliminarla; actúa como reductor de la reprochabilidad en el ámbito de la medición de la sanción aplicable. En materia penal, a diferencia del ámbito civil, no incide la existencia de culpa concurrente.

La negligencia es una forma pasiva de la imprudencia; es decir, omisión de la diligencia debida, falta de aplicación o de atención a lo que debe ser objeto de ésta; descuido u omisión de las precauciones ordinarias; omisión y olvido de una precaución impuesta por la prudencia, y cuya observancia hubiera prevenido el homicidio. El fundamento de la incriminación es también la imprevisión, por parte del agente, de un resultado previsible. (Del voto en Mayoría de los Dres. Catalano, Cornejo, Samsón, Dras. Ovejero Cornejo y Bonari y Dr. Posadas)
Competencia federal, Estado Provincial, competencia provincial
Materia: PROCESAL
Carátula: Tenorio, Eduardo F. c/ Municipalidad de Lomas de Zamora y  EFA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-04-21

No por la sola circunstancia de que un hecho se produzca dentro de los perímetros reservados al Estado Nacional cabe reputarlo de competencia federal, ya que las provincias mantienen su jurisdicción siempre que su actividad no afecte directa o indirectamente intereses nacionales o fines para los cuales esos lugares están destinados.
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, revisión judicial, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Juárez, Pedro Alejandro c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

Quien pretenda la revisión judicial de una decisión adoptada en los proceso de remoción de un magistrado deberá demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio que, asimismo, exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa, en función de la directa e inmediata relación que debe tener la cuestión federal invocada con la materia del juicio (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la ley 48).
Amparo por mora, competencia originaria, admisibilidad del recurso, apercibimiento
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Babot, María Elena del Valle c/ Administración General de Asuntos Previsionales s/ Acción de Amparo por Mora de la Administración
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-07

Comparece el apoderado de la actora, interponiendo acción de amparo por mora de la Administración. Invoca el carácter de peticionante en gestión administrativa que tramita por ante la Administración General de Asuntos Previsionales, en relación a las actuaciones administrativas tramitadas con fecha 14 de diciembre de 2006 y 28 de junio de 2007, requiriendo el reconocimiento de deuda sobre diferencia de haberes erróneamente confiscadas por la entidad sobre su jubilación desde el mes de febrero de 2007, sin que medie respuesta alguna.

La Ley 4795 - modificada por la Ley 4850- en sus Arts. 5 y 6, establece que esta Corte de Justicia tiene competencia originaria e improrrogable para entender en la acción de amparo por mora de la Administración.

Conforme se desprende del memorial de demanda se encuentra acreditado el presupuesto fáctico de admisibilidad de la acción, mediando una situación objetiva de demora administrativa en pronunciarse ante el requerimiento del administrado.

Asimismo, satisfechos los requisitos exigidos por el Art. 7 del ordenamiento adjetivo, corresponde declarar la jurisdicción y competencia del tribunal para entender en la presente causa.

Conforme lo dispuesto en el Art.10 de la Ley 4795 -modificada por Ley 4850- fijase el término perentorio de cinco días para que presente informe circunstanciado de los antecedentes del caso y la causa de la demora, bajo los apercibimientos previstos en el Art.11 del mismo Cuerpo Legal.
Régimen penal tributario, declaración impositiva falsa, responsabilidad penal de los directivos de empresas, procesamiento
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: TRANSPORTE SUDAMERICA S.A.-DI MARI, CARLOS DANIEL-FERNANDEZ, OSVALDO JORGE. s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación del auto de procesamiento dictado respecto de Carlos Daniel Di Mari y Osvaldo Jorge Fernández.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-10-14

1 - La Ley Penal Tributaria, cuando menciona las "declaraciones engañosas", no establece ninguna acotación, de donde se sigue que puede tratarse de declaraciones hechas por escrito y firmadas, como solía ser habitual, o bien por otros medios, como lo es, en la actualidad, las transmisión por vía electrónica.- 2 - Corresponde confirmar el procesamiento de los gerentes a quienes se les atribuye la presentación de declaraciones juradas engañosas con las que habrían defraudado al fisco en el pago de la tributación sobre el valor agregado adeudado por la sociedad anónima, toda vez que si bien no se ha incorporado un texto escrito y firmado de la declaración cuestionada, se cuenta con su reproducción por vía electrónica presentada por el organismo denunciante y no se advierten razones para dudar de su autenticidad o para suponer que hubiesen sido efectuadas por personas distintas de quienes gestionaban los negocios de la sociedad, y si bien los cuestionamientos al respecto obligan al juez a la averiguación del origen de las comunicaciones electrónicas, ello no es óbice a la pertinencia del auto de procesamiento.
Tránsito automotor, accidente de tránsito, velocidad reglamentaria
Materia: CIVIL
Carátula: Brizuela, Honorio y Otra c/ Empresa SADE SACCIFIM y Otro s/ Sumario -Daños y Perjuicios-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-02-07

"Aunque se respeten los máximos y mínimos generales, la velocidad máxima no debe significar peligro para las personas o las cosas, ya que el conductor debe conservar en todo momento el dominio del vehículo y adoptar todas las presunciones necesarias para evitar el accidente".
Mediación, procesos de conocimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Mariani, Juan Esteban y otro c/ Gargano Logística SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-28

Sin embargo, aunque la audiencia de mediación no constituya un acto procesal, sí lo es la presentación en sede judicial del acta prevista por el art. 2 de la ley 26589, en tanto documento que acredita el cumplimiento de un acto realizado en mira al trámite del juicio de conocimiento y que, a su vez, implica el presupuesto necesario para el cumplimiento de un acto procesal -en el caso, la interposición de la demanda de autos-; pues ninguna duda cabe en punto a su idoneidad para producir un efecto directo e inmediato sobre el proceso (en similar sentido, Palacio, L. y Alvarado Velloso, C., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Santa Fe, 1989, t. IV, ps. 24/25).
Costas, desistimiento de la acción, costas al demandante
Materia: PROCESAL
Carátula: Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. c/ González, Luis Héctor s/ Sumarisimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1997-10-20

La imposición de costa a la demandante que ha desistido del proceso, es la lógica y jurídica consecuencia de la derrota en juicio, es decir la carga impuesta al vencido; y ello sin perjuicio de que el desistimiento sobrevino en razón de haberse modificado las circunstancias fácticas de los litigantes con posterioridad a la promoción de la demanda.
Municipalidad, personal municipal, remuneración, liquidación, política salarial
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pascale, Osvaldo José y otros c/ Municipalidad de Rafaela s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte.:  C.S.J. Nro. 107 año 1991)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-09-18

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por agentes municipales de Rafaela por el que pretenden el cobro de diferencias salariales por la no aplicación del coeficiente previsto en el artículo 78 del Anexo I de la Ley 9286, desde que de las constancias vinculadas a las gestiones llevadas a cabo por la Junta de Reclamos y por la Comisión creada por decreto 10.061 no surge que los recurrentes tenga razón, por cuanto no es posible extraer que lo allí resuelto hubiera significado la aplicación retroactiva de la escala establecida en dicho artículo. En efecto, mas allá de que la Junta de Reclamos carecería de competencia para fijar la posición del ente demandado en cuestiones salariales (no debe perderse de vista en este sentido la limitada competencia que el artículo 128 del Anexo I de la ley 9286 le asigna a este órgano), no puede dejar de señalarse que las actas que dan cuenta de su intervención en nada coadyuvan a los argumentos propuestos por los actores. Asimismo tampoco aporta ningún dato conducente lo resuelto por la Junta mediante acta 58, oportunidad en la que meramente sugirió que "en acuerdo de partes se establezca la forma de aplicación del artículo 78 del Escalafón -Ley provincial 9286- teniendo en cuenta la situación económica de la Municipalidad y de sus agentes".
Despido por fuerza mayor, empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Pividori Francisco Daniel c/ Ramírez de Piorozzi Dora Alicia y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2002-11-26

Corresponde a la accionada demostrar no solo el aspecto objetivo de la situación prevista en el art.247 LCT, sino, también su inimputabilidad, es decir la ajenidad de las circunstancias que han determinado esa situación económica, así como también debió alegar y probar la adopción de medidas concretas tendientes a paliar esa situación de crisis.
Acceso a la justicia, in dubio pro actione
Materia: CIVIL
Carátula: CAJAL NORMA GUILLERMINA c/ NIGRO GRACIELA RITA s/ ACCION DE NULIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-12

Si existe duda razonable en orden a la procedencia del rechazo in limine de la demanda, por aplicación de la garantía de la tutela judicial efectiva, y del principio pro actione, corresponde disponer que en la instancia de grado se de trámite a la demanda.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, tribunales de instancia única, juicio de apremio, honorarios, abogados, recurso de reposición (procesal)
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: RAMOS, NORMA c/ FERNANDEZ, HORACIO s/ AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 112-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1985-05-02

Obsta a la admisibilidad de la queja interpuesta la falta de definitividad del pronunciamiento atacado -resolución dictada por juez de trámite del tribunal colegiado de juicio oral que mandó llevar adelante la ejecución del apremio por cobro de honorarios profesionales-, ya que, sin entrar a juzgar las facultades del juez de trámite para dictar el decisorio atacado, no cabe duda que contra el mismo cabía la revocatoria ante el tribunal en pleno, atento la mecánica procedimiental del juicio oral, debiéndose en consecuencia haber utilizado el remedio procesal común para lograr la corrección del vicio alegado, y no interponer derechamente el recurso de inconstitucionalidad.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, Derecho laboral, indemnización por despido, despido indirecto, comunicación del despido por escrito
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: ROSSO, ALICIA MARIA c/ PAVIOLO, VALENTINA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-06-30

Todos los cuestionamientos de la impugnante, se diluyen al dejar incólume el núcleo sentencial de la Alzada, la cual al resolver el fondo del asunto argumentó que la apelante no logró rebatir el motivo central en el cual fundó la Jueza de baja instancia el rechazo de los rubros indemnizatorios derivados del auto-despido ante la omisión de la comunicación del distracto por escrito, la que -no obstante su flexibilidad en cuanto al criterio para valorar las formalidades aptas para tener por configurada la extinción del vínculo con justa causa- juzgó imprescindible para tenerlo por configurado en los términos del artículo 243 de la Ley 20744. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 243
Accidentes de trabajo, acción civil, asegurador, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: MONZON, MARIO ANTONIO c/ MOLINOS ARGENPAM S.A. Y OTRO s/ ACCIDENTE - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

La conducta negligente de la aseguradora traducida en su falta de adopción de medidas preventivas adecuadas y concretas, constituyó el obrar antijurídico que culminó con la enfermedad del trabajador y las consecuentes secuelas incapacitantes. Dicha enfermedad pudo haber sido eficazmente evitada si no hubiera actuado con su obrar antijurídico, consistente en el incumplimiento de los deberes a su cargo de disminuir los riesgos de las tareas del actor. De modo que se encuentra acreditada la responsabilidad de Consolidar ART S.A. en los términos del art. 1074 C.C. por las omisiones en cumplir sus obligaciones de contralor a su asegurada en materia de prevención de riesgos. Desde dicha perspectiva, y en atención a la doctrina que asentó la CSJN en el fallo "Torrillo", se debe extender el monto total de condena en forma solidaria a la misma en los términos del art. 1074 C.C.
Actos ineficaces de pleno derecho, concursos, cuestiones prejudiciales, actos jurídicos, cesación de pagos, acción revocatoria, estado de insolvencia, presunciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Birman, Marcos c/  s/ quiebra c/birman marcos y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-07-18

Corresponde confirmar la sentencia en punto a que debe prosperar la acción revocatoria concursal en los términos de la LCQ 119, declarándose como consecuencia de ello la ineficacia respecto de los acreedores de la quiebra de la compraventa de cierto inmueble, celebrada durante el periodo de sospecha y por la que además hay prueba suficiente del conocimiento que el tercero co-contratante del fallido tuvo o debió tener del estado de cesación de pagos, mediante escritura pública. Aun comprendiéndose las motivaciones que llevaron a los demandados a actuar como lo hicieron, en indiscutible defensa del interés familiar y del de sus hijos, absolutamente entendible en situaciones como la que se vio verificada en la especie; sin embargo, la Sala no se encuentra habilitada a juzgar la situación de los nombrados desde una perspectiva humanitaria, en función de la cual puede resultar comprensible lo que fuera obrado, sino desde una perspectiva jurídica, en función de la cual no puede menos que decidirse la cuestión en función de las normas jurídicas que regulan situaciones como la de la especie que llevan insoslayablemente a la ineficacia del acto realizado, aunque no sea esta la solución más simpática para el drama humano que la situación cobija. Es que se encuentra demostrado que el acto cuestionado no solo fue celebrado dentro del período de sospecha, sino que dicha operación ha ocasionado un indiscutible perjuicio a los acreedores del fallido.
Cuestiones de competencia, Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, haber jubilatorio, intereses, competencia federal
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: RODRIGUEZ, ASTOLFO c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ SEGURIDAD SOCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Corresponde declarar la incompetencia de la C.N.A.S.S. y remitir las actuaciones al organismo de origen cuando el titular, beneficiario del Sistema Nacional de Previsión Social, presentó directamente ante la Justicia Federal (la que en segunda instancia, se declaró incompetente) el reclamo del pago actualizado con intereses de sumas a las que resultaría acreedor. Ello así, por cuanto respeta más eficazmente el derecho de defensa del accionante al posibilitarle elegir la vía que resulte más idónea, habida cuenta los eventuales problemas de competencia y constitución de domicilio.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Kittlein, Mónica Esther c/ Alpesca S.A. s/ Indemnización por despido, etc. Arena, Carlos A. y ots. c/ Comarcon S.A.C.I.F. y A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-20|1999-04-06

Constituye un método totalmente inapropiado para denunciar el absurdo la pretensión de disputar al tribunal del trabajo su facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso.
Expropiación, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fiscalia de Estado c/ Luca y Barbagallo Nestor s/ Expropiación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

Si bien la expropiación no puede ser motivo de empobrecimiento, y que el concepto de integridad ínsito en el instituto debe ser objetivo, sin estar supeditado a factores formales, circunstanciales o inciertos; la prudencia judicial debe conciliar los valores jurídicos en juego, a fin de insertar en el valor del bien el factor "justicia" expresamente contemplado en el art. 8 de la ley 5708.-