Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-10


2º Instancia. - Buenos Aires, abril 10 de 2007.

La doctora Manes dijo:

Resulta: 1) A fs. 219/223 y con fecha 28 de diciembre de 2006, la Sra. Juez de grado, Claudia Amalia Alvaro, resolvió absolver a José Mario Pablo Quintana en relación a la contravención prevista y reprimida en el art. 82 del Código Contravencional.

2) El 7 de febrero de 2007 la Dra. Claudia Barcia, cotitular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas Nº 11, interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia definitiva (fs. 224/232), el que fue concedido a fs. 233.

3) A fs. 238/239 contestó traslado el Sr. Fiscal de Cámara, propugnando se revoque la sentencia impugnada.

Y Considerando 1º cuestión. - 4) El recurso ha sido interpuesto en las condiciones y plazos establecidos por el art. 50, LPC, cumpliendo con los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, en cuanto fueran planteados por quien se encuentra autorizado para hacerlo por la ley procesal, y por tener un interés jurídico en la impugnación contra una sentencia definitiva, resultando formalmente admisible.

2º cuestión. - ¿Se ajusta a derecho la sentencia recurrida? 5) Corresponde en primer lugar justipreciar los agravios vinculados a la valoración de prueba producida en la audiencia de juicio oral y público desarrollada sin la presencia de la suscripta, deducidos por el Ministerio Público Fiscal.

Cabe destacar que los agravios se centran exclusivamente en la valoración que efectúa la Magistrada a quo sobre los testimonios brindados en el debate, por interpretar aisladamente dichas pruebas.

6) De las constancias obrantes en el acta de debate -fs. 193/197 y 207/212- surge que Guillermo Alberto Francos, al ser preguntado por la Sra. Fiscal, manifestó que "...desde que vivía ahí sufría de los ruidos molestos externos como internos del edificio. Se trató de buscar una solución pero no se llegó a nada. Los días jueves siempre, piensa en irse de su casa, porque el ruido es insoportable, y no puede dormir. Que los ruidos consisten en música del interior del local, como música de los autos que paran sobre la vereda del local o enfrente, también se escuchan voces, gritos. Hay gente que sale del local alcoholizada, gritan y se pelean. Todos estos reunidos se combinan con murmullos que se escuchan del interior del local. Esta situación ocurre todos los días pero principalmente, los días jueves, viernes y sábados. Toda esta situación me impide descansar...".

Humberto Antonio López explicó que "... desde la cocina de su casa escuchaba ruidos los días viernes y sábados... que los ruidos provenían del frente del edificio donde vive. Que no hay otro lugar ni vecinos de donde provengan los ruidos... Que también llegó a las tres de la mañana y advirtió que el ruido se repite en el interior del local. Que los ruidos se repiten cuando el local está abierto...".

La testigo Rosaura Haydee Díaz, por su parte, refirió que "... hizo una denuncia por ruidos en el local, en la calle, por la rotura de los porteros eléctricos y de una blindex. En cuanto a los ruidos de música y gritos, provienen del local, mientras que insultos del exterior del local... Que los ruidos duran hasta las siete de la mañana los días de verano... Que esos ruidos le impiden el descanso y que por ello no puede buscar una actividad laboral... Que vive angustiada, llora y no la deja dormir. Que el ruido es mayor cuando hay bandas de música. Que el sábado pasado había Mariachis hasta altas horas de la noche. Que todo ello ocurre de miércoles a sábado hasta las siete de la mañana los días sábados. Que ello ocurre desde antes de realizar la denuncia... Que bajó en varias oportunidades en horario nocturno, que llamó a la policía desde el 21 de marzo de 2006. Que después de llamar, baja a la espera de que llegue el patrullero, que termina hablando con el imputado y se labran varias actas contravencionales...".

Laura Josefina Mollo de García refirió "...un grupo de vecinos formuló una denuncia, ante una situación desastrosa. Que a las 3.15 horas los ruidos son insoportables. Que la gente que va a ese lugar, es demasiada, va más gente que la permitida, por lo que la gente se queda en la calle... Que la gente cruza enfrente del parque para orinar, que resulta imposible dormir y que si lo hace, no por más de quince minutos. Que a veces hay música en vivo y que puede ser cuando ingresan con los amplificadores. Que aparte de la música del interior del local, también hay música afuera del local. En la parte de abajo de su edificio, hay gente que se pone a tomar cerveza. Que los ruidos se producen durante toda la noche... Desde la denuncia se producen siempre ruidos... Que ello le altera la salud, que está tomando medicamentos...".

María Cristina Sorín dijo en la audiencia que "...llamó a la Fiscalía por los ruidos molestos. Que su ventana da a la cocina y a los baños de James Bar. Que vive en La Pampa 841 piso 1º de esta ciudad. Que escucha música, gritos desde adentro, ruidos de la cocina, de la calle... En invierno tiene que poner el caloventor para aminorar el ruido exterior en su casa... Que esta situación sucede desde abril o mayo... Los ruidos se producen desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana... Frente a sus reclamos, se hicieron algunos arreglos de las ventanas de los baños pero no es suficiente... Cuando hablan siente que están en el interior de su casa, escucha cuando abren y cierran la puerta. Retumban los ruidos de la música desde las 8 hasta las 10 horas. No hay nada que evite pasar la música...".

Reanudado el debate, Luis Samudio refirió que "... respecto del hecho ocurrido el 23 de junio de 2006, ... fue al lugar porque había recibido un llamado de una persona, que cuando llegó la misma estaba afuera... Que cuando se entrevistó con ella, le dijo que no se podía dormir. Que la hizo pasar a un corredor y pudo escuchar algunos ruidos. Que luego habló con alguien del bar y bajaron la música... que sólo entró al pasillo y desde ahí se escuchaba la música. Que no constató los ruidos en la pieza de la denunciante...".

Por su parte, Carlos Acevedo explicó que "...labró un acta contravencional. Que se constituyó por denuncia de ruidos molestos". El testigo dijo en una primera oportunidad que percibió música a tono moderado, sin embargo, luego de habérsele leído su manifestación a fs. 51, refirió que "pasó tal cual lo había dicho en su declaración. Que pudo haber ocurrido que se haya podido confundir con otra acta, ya que labran muchas...".

Raúl Reinaldo José Ripamonti expuso que "... hizo ... denuncias al bar "James Bar" porque no lo dejaban dormir, porque habían roto las puertas de entrada al edificio. Que su hijo, su mujer ni él pueden dormir, que nadie del edificio puede dormir. Cuando dejan abierta la puerta del bar es cuando se escucha los ruidos molestos y ahí trasciende los gritos y la música. Si el local no existiese podría dormir. Hace un año atrás no podía dormir los sábados y domingos pero ahora era casi todos los días... Que durante la noche se le interrumpe en dos o tres oportunidades el sueño...".

Por último, Andrea Viviana López manifestó que "... hizo denuncias por los gritos, por los autos que se detienen con la música alta; y los que provienen del interior del local. Que los de adentro interactúan con los que hay en el exterior... Hay gritos que provienen del interior del local... Que los ruidos se producen durante la noche... Que los gritos de adentro hacia afuera son los que más trascienden. Que eso ocurre entre la 11 y las 3 de la mañana, o a veces hasta las 2 ...Que sabe de la interacción aludida porque mira desde el balcón de su departamento. Cuando escucha está en su dormitorio y después sale a ver al balcón...". (...).

7) Al emitir su fallo absolutorio, la Dra. Claudia Amanda Alvaro, fundamentó su decisión, exclusivamente, en que las declaraciones brindadas por los testigos durante la audiencia de juicio no permitían tener por acreditados ninguno de los hechos imputados por la Sra. Fiscal de grado en el requerimiento de elevación a juicio de fs. 73/75vta. -hechos acaecidos los días 23 de junio y 7 de julio del corriente año-.

Así, entendió que:

a) "Si bien los testigos domiciliados en el edificio de Pampa 845 manifestaron de diferente forma sentirse afectados por los ruidos provenientes del local en cuestión, ninguno hizo referencia a lo acontecido en los dos días, por el contrario cada uno de ellos relató diferentes circunstancias tanto respecto de los horarios, como también de los tipos de ruidos".

b) "El interrogatorio de la acusación y las respuestas de los testigos fueron extremadamente amplias, genéricas y basadas en ciertos patrones de habitualidad, que... no son suficientes para generar positivamente un estado de certeza frente a una acusación consistente en dos hechos acotados, sobre los cuales ninguno de los testigos pudo recordar algo en particular...".

c) "... si bien hubo afirmaciones de los testigos de que todos los residentes de los departamentos "A"del edificio de La Pampa 845 se encontraban afectados por los ruidos molestos, sólo algunos de ellos brindaron sus testimonios, pero no resultaron contestes en los horarios en que se producían ruidos, si bien todos mencionaron horarios nocturnos, y en qué consistían puntualmente aquéllos".

d) "... si bien tanto el Inspector Samudio como el Inspector Acevedo refirieron haber escuchado música proveniente del local "James Bar", ninguno de ellos comprobó que la misma trascendía al domicilio de la Sra. Sorín y ésta por su parte ... si bien reseñó las molestias sufridas y las consecuencias que le acarreaban, no pudo recordar qué días se vio afectada...".

e) "... si bien con el análisis probatorio realizado puedo tener por acreditada la producción de ruidos de música y voces dentro y fuera del local denominado "Jame's bar", no puedo tener por comprobado que éstos hayan trascendido hacia el interior de los domicilios de las personas individualizadas por la Sra. Fiscal, los días 23 de junio y 7 de julio...".

8) Entiendo que la fundamentación de la sentencia absolutoria cuestionada adolece de defectos lógicos que me llevan a sostener su revocatoria, pues el análisis efectuado por la a quo es fragmentario y autocontradictorio.

En efecto, como primera cuestión, cabe destacar que la totalidad de los testigos domiciliados en la calle Pampa, al deponer en la audiencia de debate, afirmaron que sufrían ruidos molestos provenientes del local denominado James Bar, consistentes en gritos y música, tanto dentro como fuera del local, en el horario de madrugada.

De allí que si por un lado la sentenciante afirma la existencia de ruidos molestos pero por otro lado los descarta infundadamente durante los días que se denunciaron, tal circunstancia afecta la estructura lógica del razonamiento efectuado.

En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta Capital ha sostenido que "...(V)a más allá del razonable ejercicio de la crítica a la prueba testimonial el pretender extraer indicios desincriminantes en favor del imputado a partir de lo que los testigos no dijeron. De prosperar este criterio, ningún testimonio dejaría de producir indicios desincriminantes, pues si a cualquiera de ellos se los sometiera a este proceso de injustificada complementación lógica, quedaría refutado todo aquello que el testigo hubiera dicho, por el simple hecho de oponerle todo lo que, en cada caso, no hubiera manifestado... Al documentarse en un acta, ésta es el universo de discurso de cada prueba testimonial, y su interpretación debe integrar no sólo cada respuesta con su respectiva pregunta, sino compatibilizarse con todas aquéllas. Por otra parte, las naturales carencias humanas limitan la percepción, por lo cual, sólo algunos datos del caótico mundo circundante pueden ingresar en el campo actual de su conciencia y, ulteriormente, aflorar a través de la evocación que pueda lograr su memoria. Al respecto, debe recordarse que las circunstancias de tiempo y lugar son altamente variables, y su conjunción situacional determinan los parámetros de lo que puede percibirse y de aquello que, un testigo determinado, efectivamente percibió. Por eso, los testigos no sólo no pueden sentir el universo en su totalidad, sino que sus testimonios son siempre una versión parcial, no total, de cada situación. En suma, todo testimonio dice algo muy pequeño de un todo" (CNCRIM. Sala I (Def.) Ouviña, Tozzini, Rivarola (Sent. "F", sec. 11) c. 41.246, Imbelloni, Norberto, rta.: 7/12/92).

En este orden de ideas, cabe consignar que casi todos los testigos domiciliados en la calle Pampa 845 refirieron expresamente sentirse afectados por los ruidos molestos provenientes del local en cuestión los días viernes por la madrugada; por su parte, Raúl Ripamonti expresó que ello acaecía casi todos los días, con lo cual se encuentra implícito también el día viernes. María Cristina Sorín fue la que efectuó las denuncias de los días 23 de junio y 7 de julio, con lo cual siendo que dichas fechas coinciden con el día viernes, también reconoce que ese día las molestias existieron.

De lo expuesto surge que la casi totalidad de los testigos coincidieron en que los días viernes sufrían ruidos molestos -por ser reiterados y persistentes- por la madrugada. Una regla básica de lógica permite concluir que ello habría acontecido también los días 23 de junio y 7 de julio a la 1.30 horas, aproximadamente.

Nótese que en oportunidad de fundamentar la sentencia, fue la propia jueza quien reconoció que los testigos "describieron las perturbaciones que sufrían generalmente los días que funcionaba el bar por la presencia de los vehículos de los concurrentes, los gritos de éstos, la música en alto volumen tanto fuera como dentro del local y los gritos provenientes del interior del mismo...." (v. fs. 221) sin embargo, concluyó sin ambages en una solución absolutoria; de ahí que la estructura lógica de la sentencia deba ser tachada de arbitraria por resultar autocontradictoria.

A idéntica conclusión arribo respecto del análisis que se efectúa en relación a los testimonios de los policías intervinientes pues si bien la sentencia reconoce que tanto el Inspector Samudio como el Inspector Acevedo refirieron haber escuchado música proveniente del local, se descarta su testimonio por considerar que ninguno de ellos comprobó que el ruido trascendiera al domicilio de la testigo Sorín, pese a que Acevedo reconoció haber entrado al pasillo y desde ahí haber escuchado la música.

9) Los errados razonamientos puntualizados en los párrafos anteriores obligan a revocar el fallo puesto en crisis, en atención a que, tal como adelantara, resulta autocontradictorio.

La sentencia "debe ser legal (fundada en pruebas válidas), veraz (no podrá "fabricar" ni distorsionar los datos probatorios), específica (debe existir motivación para cada conclusión) y arreglada a las reglas de la sana crítica racional (principios de la lógica, las ciencias y la experiencia común)" (Cafferata Nores, "Garantías y Sistema Constitucional", en Revista de Derecho Penal, Tomo 2001-1 "Garantías constitucionales y nulidades procesales - I", Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 160), aspectos éstos que no se vislumbran en el fallo criticado ya que adolece de errores en su motivación.

Vale recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha esbozado conceptos genéricamente definitorios de arbitrariedad en el sentido que cuadrarían dentro de aquella hipótesis las sentencias que aparecen "determinadas por la sola voluntad del juez" (Fallo 238:23), adolecen de "manifiesta irrazonabilidad" (Fallo 238:566) o de "desacierto total" (Fallo 242:179) o exhiben una "ausencia palmaria de fundamentos" (Fallo 296:177).

La sentencia recurrida resulta arbitraria ya que no es una derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias de la causa.

De ahí entonces que, como sostuvo el Juez Maier en el expte. nº 358/00 "Iwán, Félix Jonás s/ art. 72 del Cód. Contravencional s/ recurso de inconstitucionalidad", rto. el 9 de agosto de 2000: "...lo que existe en realidad es un defecto en los fundamentos de la sentencia. Ella tiene la obligación de explicar razonablemente -sana crítica racional- tanto la plataforma fáctica sobre la cual se asienta la decisión (conducta concreta que estima existente), como la premisa jurídica que compone la solución. A mi criterio ha fracasado este segundo paso, la conformación de la regla jurídica en la cual se subsume el caso reconstruido, muchas veces elaborada con diferentes sectores del orden jurídico, que, con lesión de principios constitucionales, ha prescindido, en este caso sin razón suficiente, de uno de esos sectores. Este defecto de la sentencia constituye un vicio formal, la falta de fundamentación prevista como motivo de la declaración de su nulidad o eliminación (ver CPP Nación, 404, inc. 2: "faltare o fuere contradictoria la fundamentación", art. 6º de la ley nº 12)".

10) Tal como fuera resuelto in re Causa Nº 16167-00/CC/06, "Richichi, Sergio Daniel s/ infr. art. 82 ley 1472", no corresponde a esta Sala dictar nueva sentencia, al no prever la Ley de Procedimiento Contravencional (nº 12) un recurso ordinario o amplio ante otro órgano judicial, para impugnar una primera sentencia condenatoria dictada en segunda instancia.

El Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que "... cuando los tribunales de apelación revocan fallos absolutorios o que no hacen lugar a la demanda, dictan ellos la primera resolución adversa para el demandado, esto es, reconocen por primera vez la obligación y condenan por primera vez. Se trata, entonces, de una decisión que, aunque dictada en una segunda instancia, si nos remitimos a la línea de organización jerárquica, es, para el demandado, una primera decisión de condena..." (conf. punto 4 del voto del Dr. Julio Maier "in re" "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Farias, María Antonia c. GBCA s/empleo público", expte. 3565/04, resolución del 26-5-05).

En estos supuestos el recurso de inconstitucionalidad (art. 53 de la Ley nº 12 y art. 27 de la Ley nº 402) sería el único camino para la defensa; sin embargo, extender la competencia de dicho Tribunal Superior hasta abarcar cuestiones que no podría abordar supone desnaturalizarlo, y para ello consideró la remisión del expediente a otra Sala de la misma Cámara para que jueces diferentes a los que ya intervinieron en el proceso resuelvan como tribunal de mérito (apelación) los agravios del recurrente, brindando una solución a la omisión inconstitucional del legislador (TSJ, fallo "Alberganti, Christian A. s/art. 68 CC- apelación s/recurso de inconstitucionalidad concedido" (Expte. nº 3910, rta. el 5 de mayo de 2005), conf. voto de la Dra. Alicia Ruiz consid. 1º, y voto del Dr. Lozano consid. 5º).

Sin embargo, es evidente que una Sala de la Cámara de Apelaciones no es "tribunal superior" de otra Sala del mismo tribunal, como lo exige el "derecho al recurso" contemplado en el art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14, inc. 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El concepto de "juez o tribunal superior" significa que es "superior" sólo en tanto es más alto jerárquicamente que el que dictó la sentencia de condena.

Al vincularse este problema con el de la ubicación en la escala recursiva del tribunal de apelaciones, a fin de asegurarse no solamente el derecho al recurso sino también la garantía de imparcialidad -que se vería resentida en el caso que el mismo tribunal de apelaciones (que se divide en salas por motivos estrictamente funcionales) se transforme en tribunal de mérito y a su vez, revisor- es que se debe disponer el reenvío de las presentes actuaciones a la instancia inferior.

Ello entonces es lo que dispondré, para que se proceda al sorteo de un nuevo juez de primera instancia a fin de que, previa celebración de un nuevo debate, se dicte sentencia de acuerdo a derecho, garantizándose asimismo de esa forma la imparcialidad del tribunal.

Por otra parte, la propia Corte en el precedente "Weissbrod" (Fallos, 312:597), señaló que la nulidad declarada en la causa -anulación de la primera sentencia dictada en primera instancia, que absolvía al imputado, por la existencia de vicios esenciales en el procedimiento- no implicaba vulnerar el principio ne bis in idem, "ya que de ser así, la nulidad -recurso contemplado en los códigos procesales- carecería de todo sentido en tanto jamás se podría condenar al imputado sin que se lesione el non bis in idem, razonamiento que resulta inaceptable".

Es que si la sentencia resulta arbitraria en el plano de la propia valoración de la prueba y la consecuente determinación de la base fáctica, ello implica que no se cuente con una reconstrucción histórica de los hechos imputados que haya quedado firme, por lo que para dictar una sentencia en la que se resuelva sobre el mérito de la prueba no habrá más alternativa que llevar a cabo un nuevo juicio, consecuencia que, según doctrina de la Corte Suprema de la Justicia Nacional fijada en "Alvarado", "Verbeke" y "Rivarola", resulta lícita y no vulnera principios de preclusión y progresividad, ni el ne bis in idem.

Asimismo, dos derivaciones directas del principio de inmediación determinan la necesidad de reeditar el juicio: las reglas llamadas "identidad física del juzgador" y "concentración de los actos del debate y la sentencia".

En virtud de la primera se sostiene que la sentencia sólo puede ser dictada por los mismos jueces que intervinieron en el debate desde el comienzo hasta el fin, que oyeron al acusado, que recibieron la prueba (conf. Vélez Mariconde, "Derecho Procesal Penal, 3a. Ed. Córdoba, 1982, t. I., págs. 428 y sgtes.).

La segunda de las formas o reglas referidas designa un límite temporal para la tarea del juzgador que asegura que la sentencia se dicte inmediatamente después de que sea examinada la prueba que ha de darle fundamento y de la discusión de las partes (conf. Vélez Mariconde, ob. cit., pág. 430).

Sentado ello, el principio de inmediación otorga verdadero sentido a la relación de continuidad entre el debate y la sentencia, razón por la cual la etapa de debate no se encuentra realmente precluida cuando la sentencia presenta vicios que hacen a cuestiones verificadas durante el debate, es decir con la valoración de las pruebas durante aquél producidas.

Explica Roxin en ese sentido que, en caso de absolución en la instancia de mérito, no es posible que el tribunal de casación dicte una condena. La sentencia absolutoria no ofrece garantías acerca de que estén presentes las comprobaciones necesarias y suficientes como para que el tribunal de casación pueda condenar (cf. º 267, v). Existe el peligro de que el tribunal de casación funde su fallo en comprobaciones efectuadas incorrectamente o con lesiones a la ley procesal. Agrega que se debe aceptar una lesión al art. 101, I, 2, GG, cuando el tribunal de casación mismo establece las comprobaciones necesarias para la declaración de culpabilidad a través de la propia valoración de los resultados probatorios. Si el tribunal inferior ha sobreseído el procedimiento, el tribunal de casación debería, también aquí, prescindir de pronunciar por sí mismo un fallo condenatorio (confr. Roxin, Claus, "Derecho Procesal Penal", Ed. del Puerto, Buenos Aires, 2000, pág. 485/486).

No desconozco que la Cámara que integro es de Apelaciones, sin embargo tal circunstancia no puede ir en desmedro de garantías constitucionales básicas, tal como señalara precedentemente.

11) Por todo lo expuesto considero que corresponde anular la sentencia apelada, y disponer el reenvío a primera instancia para que se celebre un nuevo juicio en el juzgado que resulte desinsaculado (art. 82 ley 1472, arts. 50 y 51 ley 12).

Así voto.

El doctor Franza dijo:

Por los fundamentos expuestos, adhiero al voto de la doctora Silvina Manes. Así voto.

La doctora Paz dijo:

1) Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la fiscal de grado contra la sentencia de fecha 28 de diciembre de 2006 que dispuso absolver a José Mario Pablo Quintana en relación a los hechos oportunamente imputados que fueron encuadrados en el art. 82 del CC (fs. 224/231 vta.).

2) La sentencia señala que los dichos de los testigos "a mi modo de apreciar la prueba no son suficientes para generar positivamente un estado de certeza frente a una acusación consistente en dos hechos acotados, sobre los cuales ninguno de los testigos pudo recordar algo en particular. No puedo tener por probados dos hechos concretos" (fs. 221 vta.).

3) La fiscal se agravia señalando que "no coincide con la resolución adoptada... Entiendo en este sentido que la valoración de los testimonios prestados, debe ser efectuada de modo prudente y global, esto es si los testigos dicen que sienten ruidos de manera permanente... es obvio que los testigos sintieron ruidos molestos los días 23 de junio y 7 de julio de dos mil seis" (fs. 229).

Pide se revoque el pronunciamiento recurrido y se dicte uno conforme a lo solicitado oportunamente por el Ministerio Público Fiscal.

4) El fiscal de cámara "Entiende que la forma de llevar adelante los interrogatorios corresponde a lo que en doctrina se ha dado llamar 'Preguntas impropias'... ya que la forma en que se plantearon los interrogatorios estaban orientados a lograr respuestas... sostiene por imperativo procesal el recurso" (fs. 238/239) y se remite a sus argumentos.

5) He tenido oportunidad de señalar en otros fallos que el problema de la decisión consiste en la individualización de la hipótesis de máxima correspondencia entre una narración de los hechos y un supuesto de hecho jurídico: la máxima correspondencia se obtiene cuando una narración de los hechos integra perfectamente el esquema fáctico del supuesto de hecho legal destinado a constituir el criterio jurídico de decisión, permaneciendo inamovible que en cierta medida también la elección del supuesto de hecho "justo" depende de la determinación de los hechos y, por tanto, de la narración de los mismos que parezca más aceptable.

El derecho a la prueba que normalmente se reconoce a las partes sólo puede adquirir un significado apreciable sobre la base de una concepción racional de la convicción del juez. La concepción racional de la valoración de las pruebas incide, en distintos sentidos, sobre la libertad del juez en el uso de las pruebas.

Por un lado, aquella concepción implica que esta libertad esté "orientada" y no equivalga a una discrecionalidad absoluta o a una arbitrariedad subjetiva en el juicio de hecho, es orientada desde que el juez debe utilizarla únicamente con el objetivo de alcanzar una determinación tendencialmente verdadera de los hechos del caso y debe usar criterios racionales para ello.

La libertad de elección de los elementos de prueba relevantes para la decisión puede y debe ser ejercida de forma racional y controlable. La obligación de motivar asume un significado muy preciso, consistente en hacer que el juez, justificando mediante argumentaciones racionales sus propias elecciones, las someta al control externo que puede efectivizarse sobre la motivación, que se cumple en el caso de autos, reuniendo tales recaudos la sentencia recurrida, por lo que debe ser confirmada.

6) Se advierte que en la presente causa el cargo no encuentra corroboración en los testimonios en relación a las fechas concretas de imputación en la causa, lo que permite establecer que el razonamiento de la a quo en relación a la incomprobada existencia de ruidos que excedieran la normal tolerancia en las fechas concretamente imputadas no está sustentado en su mera voluntad, por lo que no puede fundar la tacha de arbitrariedad de la sentencia.

Fue correcta la aplicación del beneficio de la duda a favor del imputado al no haberse podido acreditar la existencia de los hechos en los días y horarios que fueran objeto de imputación, porque la prueba producida no permitía tenerlos por acreditados con el grado de certeza necesario que una condena requiere.

7) La propia fiscal al interponer el recurso de apelación manifestó que los testigos en la audiencia de juicio expresaron no tener recuerdos concretos de los hechos ventilados en la audiencia, lo que reitera el fiscal de Cámara.

El sentenciante al merituar la prueba producida durante el debate concluyó que la actividad comercial desarrollada por el imputado y que generaba ruidos y voces dentro y fuera del local denominado "James bar", pero "no se comprobó que éstos hayan trascendido hacia el interior de los domicilios de las personas individualizadas por la fiscal los días 23 de junio y 7 de julio de 2006" (fs. 222 vta.).

No se produjo en autos pericial conducente a acreditar la intensidad de los ruidos molestos que motivaran la denuncia contra el imputado Quintana. No existen mediciones, ni del ruido existente en el local del Bar James ni tampoco en las fincas de los denunciantes.

De la prueba testimonial surge que Rosaura Haydee Díaz manifestó que: "llamó a la policía desde el 21 de marzo de 2006... labraron el acta correspondiente pero no recuerda que fue lo que consignaron" (fs. 194).

El testigo Humberto Antonio López expresó que: "respecto del día 23 de junio de 2006 a las 1,30 horas, no recordó nada de lo ocurrido al igual que respecto del hecho del día 7 de julio de 2006... se le exhibió el acta de fs. 59, a lo que dijo no recordar" (fs. 194 vta. 195 y vta).

Josefina Mollo de García dijo que: "respecto del 23 de junio del cte. año, no recordó haberse entrevistado con algún policía ni tampoco respecto del día 7 de julio de 2006" (fs. 195 vta./196).

El testigo Colla declaró que: "para él no había ruidos molestos" (fs. 207 y vta.).

El testigo Samudio (policía preventor), dijo que: "habló con alguien del bar y bajaron la música... que no constató los ruidos de la pieza de la denunciante" (fs. 208 vta.).

A su vez, el testigo Acevedo (también policía preventor) sostuvo que: "se constituyó por denuncia de ruidos molestos. Que ingresó al pasillo y pudo percibir música a tono moderado. Que luego de ello fue al local a que bajaran la música, lo que así hizo el encargado del local y luego se labró el acta contravencional". Agregó Acevedo que: "pudo haber ocurrido que se haya podido confundir con otra acta, ya que labra muchas... que no ingresó al domicilio de la denunciante..." (fs. 208 vta./209).

Por su parte el testigo Ripamonti preguntado qué había pasado el 7 de julio contestó: "que no recordaba lo que había sucedido ayer y que tenía problemas de memoria ya que no podía dormir... que respecto al hecho ocurrido el día 23 de junio, dijo que no recordaba, al igual si concurrió gente de calidad ambiental a su casa... que no recuerda qué pasó el 15 de julio del corriente..." (fs. 209 y vta.).

La testigo Andrea Viviana López dijo que: "no recordó qué pasó el 23 de junio ni el 7 de junio del corriente... que seguro que el 6 de julio, que es su cumpleaños, no estaba en su casa... que no es la única molestia, ya que no puede tomar un taxi en su casa, porque cuando llama alguno, los borrachos que están en la puerta no lo dejan tomar el mismo... que no sabe a qué hora cierra el local..." (s. 209 vta. y 210).

Corresponde señalar que no escapa a esta Magistrada que la secuencia del debate de fs. 193 en adelante está mal compaginada. Es así que lo que debió ser la continuación del testimonio del Dr. Francos que comienza a fs. 193 sigue a fs. 195 (que debió ser 194) 194 vta. está correctamente a fs. 194 vta. Y 194 correspondería que obrase a 195. No obstante haber observado este error que reputo involuntario he podido inteligir adecuadamente lo que se dijo en ese acto procediendo a su lectura en la forma de la que ahora dejo constancia.

8) Existiendo una mera discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por la jueza a quo, debido a la mediatez con que la misma se valora en esta instancia debe prevalecer la efectuada por la misma.

Teniendo en cuenta que: "El criterio de verdad constituye un requisito sine qua non cuando se trata de la imposición de una pena por la comisión de un delito: sólo será legítimo penar al culpable verdadero luego de que su culpabilidad haya sido plenamente acreditada. Esta es una exigencia constitucional derivada del principio de inocencia, implícitamente consagrado en el art. 18 de la C. N. y expresamente establecido en las convenciones internacionales incorporadas a ella... que presupone la no culpabilidad del acusado hasta que se pruebe la verdad de lo contrario, y consecuentemente establece para el caso de duda sobre la verdad de la acusación, originada en la ausencia o insuficiencia de pruebas, la imposibilidad de penarlo." (José I. Cafferata Nores. "Cuestiones actuales sobre el proceso penal", pág. 118, Editores del Puerto SRL, 2º ed. actualizada. 1998), debe rechazarse el recurso del fiscal y confirmarse la sentencia absolutoria en virtud de la duda existente sobre la existencia de los hechos imputados.

No se ha acreditado, como correctamente señala la sentencia, que en el lugar, fechas y horarios objeto de denuncia se produjeron los ruidos contravencionalmente reprimidos que han sido imputados a Quintana.

9) Por todo lo expuesto corresponde:

Rechazar el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y confirmar la sentencia recurrida que absolvió a José Mario Pablo Quintana con relación a los hechos imputados.

Así lo voto.

Por las razones expuestas, en mérito del acuerdo que antecede, este Tribunal resuelve:

I. Anular la sentencia de fs. 219/223, en cuanto absuelve a José Mario Pablo Quintana respecto de los hechos imputados a fs. 73/75 que fueran subsumidos en el art. 82 de la ley 1472.

II. Disponer el reenvío a primera instancia para que se celebre un nuevo juicio en el juzgado que resulte desinsaculado (art. 82 ley 1472, arts. 50 y 51 ley 12).

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítanse las actuaciones a la Secretaría General de esta Cámara a fin de que desinsacule el juzgado de primera instancia que deberá continuar interviniendo. -Silvina Manes. -Marta Paz. -Jorge A. Franza.