marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Ley provincial, interpretación de la ley, principio de legalidad, competencia del Superior Tribunal de Justicia
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429 DGR/2000) s/ recurso de apelación judicial c/ decisiones de DGR s/ recurso de inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. n° 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)' inconstitucionalidad concedido" y sus acumulados expte. nº 2538/03: "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR (art. 114 Cod. Fiscal)'" y expte. nº 2585/03: "Compañía Meca SA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Compañía Meca SA c/ DGR (Res. nº 429/DGR/2000) s/ recurso apel. jud. c/ decisiones de DGR  (art. 114 Cod. Fiscal)'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-12

No integra la competencia de este Tribunal, según lo pretende el recurrente, la actividad de valoración de la prueba introducida ante el tribunal de mérito (sólo posible pues, dado el carácter escrito del procedimiento, rige en cualquier instancia la par conditio), ni tampoco la determinación e interpretación de las reglas locales comunes (infraconstitucionales) que rigen el caso. De otro modo, toda desinteligencia con la interpretación de la ley común (infraconstitucional) constituiría un problema de legalidad del tributo, esto es, un problema constitucional que autorizaría el recurso extraordinario respectivo. Con ello se vaciaría de contenido no sólo el principio de legalidad, que sería inútil y pasaría a formar parte del Derecho común, sino a otros tantos principios relativos a los límites de la discusión litigiosa. Y, de paso, el recurso por inconstitucionalidad pasaría a conformar un recurso ordinario, tan ordinario como el de apelación, del cual no valdría la pena distinguirlo.
Tercería de dominio, posesión, presunciones
Materia: CIVIL
Carátula: Varela, María Carmen en autos expte. Nro. 533/96 Monteverde, Carlos Jorge c/ Vizzoni, Luis Alberto s/ EJECUTIVO S/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1998-08-10

A efectos de accionar por tercería de dominio, el tercerista deberá acreditar que se encontraba en posesión del bien mueble en el momento en que éste fue embargado. Ahora bien, si en la oportunidad de trabarse el embargo los bienes se hallaban en posesión del embargado la carga de la prueba se invierte, mientras al embargante le basta invocar la posesión de las cosas por parte del embargado al tercerista incumbe la demostración de un derecho de dominio y por lo tanto la carga de desvirtuar aquella presunción contra su derecho. En el caso, encontramos que los bienes en cuestión le pertenecen a la tercerista y fueron dados en préstamo -comodato. al demandado, lo que a todas luces resulta insuficiente para desplazar la presunción del 2412 del C.C., en atención a que para lograr tal cometido se requiere una probanza fehaciente de que quien detenta la cosa no es el propietario de la misma, lo que efectivamente no ocurre en autos.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Benitez, Elsa Susana y otra c/ Fundación médica Mar del Plata s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-04-12

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no sólo omite la denuncia de violación de todas las normas que dieron suficiente fundamento legal a la sentencia sino también porque, invocando absurdo en la valoración de la prueba, no consigue demostrar que la decisión no constituya una derivación razonada del derecho vigente, ni logra desvirtuar las motivaciones del fallo.
Locación, excepciones procesales, falta de legitimación para obrar, trámites judiciales
Materia: CIVIL
Carátula: DRUKER ROBERTO J c/ AGUNIN ENRIQUE s/ CONTRATO DE LOCACION-COSAS-DESALOJO-CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-10

La defensa de falta de legitimación sólo puede ser resuelta como cuestión previa cuando es manifiesta o sea, cuando puede declararse sin otro trámite que el traslado de la excepción a la actora, y sobre la base de los elementos de juicio inicialmente incorporados a la causa, no siendo necesario esperar a la sentencia para su tratamiento; pero si la misma no es manifiesta, toda vez que al respecto debe producirse la prueba que las partes entienden relacionada con su derecho, la excepción mentada no puede resolverse como artículo previo, sino que debe ser decidida al dictarse la sentencia definitiva.
Intereses moratorios, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL
Carátula: Correa, Alicia Nilda c/ Poseidón S.A. s/ Accidente de Trabajo e Indemnización por Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-06-12

La justicia y equidad conducen a que el dañado sea indemnizado de la manera más completa posible, procurando colocarlo en la situación que disfrutaría si la mora "debitoris" no hubiera acontecido. La iniquidad estaría dada por la fijación de un tipo de interés que no le compense el desembolso a tasa activa que presumiblemente ya realizó por culpa de quien lo perjudicó con el incumplimiento imputable de la prestación a su cargo. El enriquecimiento sin causa sería de éste último, al que se le disminuiría su pasivo patrimonial de permitirle, sin fundamento jurídico, cancelar la deuda con el pago de un monto menor al realmente debido, a expensas del correlativo empobrecimiento del acreedor, quien no vería plenamente indemnizado el daño moratorio sufrido, forma de enriquecimiento injustificado que tampoco el derecho consiente.
Suspensión del juicio a prueba, política criminal
Materia: PENAL
Carátula: Fleitas, Rodrigo Daniel s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-24

Si bien no está prohibida la renuncia de la suspensión del juicio a prueba, resulta razonable exigir que se funde en algún motivo plausible, atento el significado político-criminal del instituto (voto del juez Sarrabayrouse)
Calificación legal, homicidio criminis causa, robo seguido de homicidio
Materia: PENAL
Carátula: Grieco, Guillermo P. s/ Recurso de casación Causa n. : 2140.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-03

La muerte resultante debe estar conectada, como en los demás delitos preterintencionales, bajo la forma de responsabilidad culposa, porque lo que sea resultado de un puro caso fortuito no es un resultado de la acción deplegada para robar; de exigirse el dolo en la acción de matar, se desplazaría a la figura de homicidio "criminis Causae" (art. 80, inc. 7? del Código Penal).
Recusación, excusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PEREA HECTOR ANDRES c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION DE HONORARIOS TALAVERA FRANCISCO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN PEREA HECTOR ANDRES c/ CONSEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO s/ RECURSO DE AMPARO - APELACION DE HONORARIOS PALAVECINO, HUMBERTO HIGINIO c/ GOBIERNO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-09-06|2008-05-08|2005-09-06|2009-05-06

Nadie mas indicado para apreciar si median o no motivos íntimos de decoro y delicadeza que quien se ve afectado por ello, por lo que imponerle la continuación en el conocimiento de la causa no obstante su oposición, podría significar forzarlo en el fuero íntimo, o que pudiere hallarse realmente afectado en su imparcialidad o su independencia, o la objetividad de sus opiniones.
Contratos de adhesión, cláusulas predispuestas
Materia: CIVIL
Carátula: M., V. A. c/ S. C. D. S. L. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-02-17

En tanto el adherente no tuvo oportunidad de pretender la corrección de los términos del contrato de adhesión al celebrarlo, debe tener las más amplias posibilidades de obtener corrección en sede judicial, y esas "amplias posibilidades" incluyen un criterio de interpretación favorable al adherente.
Seguros, acción subrogatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pergamino Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Muñoz, Alfredo A. y/u otro s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-21

Habiendo la aseguradora justificado el pago de las indemnizaciones debidas con motivo del siniestro, a quedado expedita, por efecto de la subrogación legal, la acción de aquella contra el tercero responsable del daño (arts. 375 del cód. procesal; 767, 768 inc. 3, 771 del cód. civil y el art. 80 de la ley 17418).-
Recurso extraordinario de nulidad, prescripción, impugnación errónea
Materia: PENAL
Carátula: Garnica, Walter A. y Hernández, Gustavo A. s/ Hurto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Una eventual insuficiencia de la cita legal por falta de indicación de otra u otras normas -además de la del art. 62 inc. 2 del Código Penal- es un tema ajeno al recurso extraordinario de nulidad y propio del inaplicabilidad de ley.
Contrato de trabajo, lugar de cumplimiento del contrato, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: PLAVNIK, SAUL c/ YPF S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-17

En el caso, el actor comenzó a prestar servicios para la demandada YPF SA habiendo sido contratado específicamente para desempeñarse como "Gerente de Compras y Contratos-Proceso Perforación" en Buenso aires. El contrato se suscribió en España (Madrid) entre el actor y Repsol YPF España, aunque la contratación estaba dirigida al cumplimiento de tareas en Buenos Aires y para YPF SA. Dado que en ese momento se encontraba residiendo en la ciudad de Río de Janeiro, Repsol Brasil SA intervino en la etapa inicial de la relación laboral (aunque nunca laboró en Brasil), encargándose ésta de coordinar ciertos aspectos formales de la contratación, por aplicación de la normativa intraempresaria referida a los trabajadores expatriados. Se le hizo saber la finalización de su condición de empleado expatriado en Argentina, requiriéndosele su presentación en las oficinas de Repsol YPF en Río de Janeiro. Resulta aplicable lo dispuesto en el art. 3 L.C.T., norma que en consonancia con lo dispuesto en el art. 1209 del Código Civil, fija la aplicabilidad de la ley del lugar de ejecución, por lo que no cabe duda que en el caso, en el que el accionante cumplió su débito laboral en la sede de YPF SA, corresponde aplicar las normas previstas en la L.C.T., más allá de que la extinción del vínculo se hubiera producido en Brasil. Tal temperamento fue aplicado recientemente por la CSJN en la causa "Willard, Michael c/Banco de la Nación Argentina s/despido" del 13/9/2011.
Contrato de agencia, ejecución del contrato, prueba insuficiente, incumplimiento del contrato, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Gire SA c/ Sosa Alfonzo, Natalia Carolina s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-04-04

Procede revocar la resolución que hizo lugar a la demanda por el cobro de cierta suma en virtud del incumplimiento de un contrato de agencia que uniera a las partes. Ello por cuanto, como es sabido, el "iter" de un contrato supone distinguir entre su celebración y su concreta ejecución, siendo en el marco de esta última que, según la demandante, se habrían producido los incumplimientos de su adversaria. Sin embargo, lo único que se ha probado es que la demandada suscribió la llamada "solicitud de alta como agente". No ocurrió lo propio, en cambio, con respecto a los demás extremos que hubieran debido acreditarse para que, por un lado, se pudiera aceptar que el contrato había entrado en vigencia; y, por el otro, que hubiera sido incumplido. En ese marco, no existe en este expediente ni siquiera ese dato elemental, susceptible de habilitar a tener por cierta la deuda reclamada. Es imperioso destacar que la llamada prueba de libros careció de toda significación en el contexto de esta causa. Es que más allá de que la demandante no ofreció peritaje sobre los libros de su contraria, lo cierto es que los registros a su favor practicados por la actora no tienen credibilidad suficiente si se acepta, como debe aceptarse, que esos asientos carecen de respaldo específico, al punto de que ni siquiera los pagos que supuestamente la demandada habría realizado, pueden entenderse acreditados, desde que se trata de depósitos que carecen de vinculación concreta con ese supuesto contrato celebrado entre ambas. Ello así, era carga de la actora acreditar que efectivamente había celebrado con su adversaria el contrato de marras y que, en ejecución de ese convenio, esta última le había quedado adeudando las sumas que reclama. No hay, se reitera, elementos suficientes para acreditar que ese contrato entró en vigencia en aplicación de las mismas pautas que en él habían sido dispuestas por la predisponente, sin que esta orfandad haya merecido la menor explicación por parte de la accionante. En consecuencia, esa falta de prueba conduce al rechazo de la demanda.
Alteración de la tranquilidad pública, bien jurídico protegido, explotación sexual, lugar público
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: A.V. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Artículo 71 Artículo 71
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-12-28

El Legislador al prohibir la oferta y demanda de servicios sexuales en la vía pública no hace otra cosa que tratar de compatibilizar y equilibrar derechos entre las personas que tienen libre acceso a ella y cuya utilización sectorial por parte de un grupo de individuos De allí, que nuestra ley regule la conducta incriminada en este caso como uno de los tópicos comprendidos en el capítulo "uso del espacio público", que sería el bien jurídico protegido y que se ve amenazado por las transacciones de servicios sexuales que potencialmente derivan en la alteración de la tranquilidad pública. Del voto del Dr. Ventureira.
Coacción, estado de necesidad, eximentes de responsabilidad penal
Materia: PENAL
Carátula: Encinas, María de las Mercedes s/ c. 43.614
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-07-08

La esencia de la eximente de responsabilidad de la no exigibilidad de otra conducta consiste en que cualquier persona, en la supuesta situación de la encartada que alegó haber sido coaccionada por las otras personas que con ella cometieron el delito, habría actuado de la forma en que ella lo hizo, pues en tal caso tendría que haber elegido entre dos bienes, (la vida de la víctima o la de sus hijos), uno de los cuales le afectaba de manera altamente personal, y así al derecho no le interesa el castigo de quien elige en esas condiciones, a su pesar; sin embargo el hecho de abusar sexualmente de la víctima, intentar prenderle fuego y golpearla brutalmente hasta matarla, denota claramente el dolo con que actuó, muy distante de la eximente alegada.
Juicio ejecutivo, reconocimiento de las obligaciones, inhabilidad de título
Materia: CIVIL
Carátula: Viglianco, Stella Maris y Otros c/ Sucesores de Frediani, Aldo Luis s/ Cobro Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-12-11

Para la habilidad del título ejecutivo de reconocimiento de deuda, no es valladar el hecho de que la deuda sea expresada en quintales de soja sí dicho instrumento establece que se pagará en su equivalente en pesos, pues entonces es una obligación de dar suma de dinero fácilmente liquidable, dado que el monto de cada cuota se determina al convertir el número de quintales de cereal respectivo, al valor de éste al momento de pago según el precio de mercado indicado y ello consiste en un simple cálculo aritmético.
Sociedad constituida en el extranjero, denominación social, transmisión de acciones
Materia: COMERCIAL
Carátula: WEBESPACIOS COM SA c/ BBDO ARGENTINA SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-19

Si una sociedad extranjera titular del 40% de las acciones de una sociedad nacional que por razones de publicidad incluía su nombre, decidió desvincularse de esta transfiriendo su paquete accionario al grupo controlante, con el compromiso de los adquirentes de excluir su nombre de la denominación social, y con posterioridad junto con la constitución de una nueva sociedad con su nombre otorgó a la otra sociedad nacional de la que se había desvinculado una licencia no exclusiva para utilizar también su nombre, esto no puede entenderse como que esta le transfirió su nombre y mucho menos que ello haya significado una transferencia del fondo de comercio, por lo que la nueva sociedad no puede ser perseguida por un acreedor de la sociedad originaria en los términos de la ley 11867.
Honorarios del abogado, regulación de honorarios, monto del juicio, convenio de partición de bienes, nulidad del acto jurídico
Materia: PROCESAL
Carátula: PUENTE DE STEFANI, R.O. c/ STEFANI, V. s/ CONSIGNACION DE HONORARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-08

Al perseguirse la nulidad de un convenio de liquidación de la sociedad conyugal que contempla la totalidad de los bienes que la integran, el monto del pleito está configurado por aquél interés en función del cual se persigue la unidad, que no es otro que la parte que corresponde recibir al cónyuge demandante, una vez recompuesta la división atacada.-
Contrato de trabajo, antigüedad
Materia: LABORAL
Carátula: Kerbs, César Alejandro c/ Estado Provincial de Entre Ríos s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2000-02-21

La acción se rechaza por cuanto, lo reclamado, no reviste el carácter de derecho constitucional ilegítimamente vulnerado (artículos 1 y concs. de la Ley 8.369), por no encuadrar en el artículo 21 de la Constitución Provincial, cuyo texto preceptúa que la persona se desempeña en un cargo en relación al cual goza de estabilidad (naturalmente, reuniendo los restantes requisitos). El cargo no existe aún, lo que obviamente conlleva que no pueda mediar estabilidad, dado que no se detenta un puesto en orden al cual gozarla. El acceso preferencial a un puesto de trabajo permanente, no es un derecho constitucionalmente reconocido en nuestra Carta Magna. Es criterio de la C.S.J.N. negar estabilidad a los contratados en la administración pública, al margen de la extensión que hubiere insumido su desempeño y el carácter de las tareas ejecutadas.
Tasa de justicia, hecho imponible, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., E. c/ D., R. s/ SEPARACION PERSONAL ART. 205 CODIGO CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-02

La acción de liquidación de la sociedad conyugal no configura un hecho imponible hasta tanto no se pronuncie sentencia firme de divorcio o se haya disuelto la comunidad por las causales expresamente establecidas (art. 1291 del Código Civil).
Armas de guerra, tenencia de armas
Materia: PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Incidente de apelación en autos Cervantes Sánchez, Jover Wilmer s/ 189 bis (2) - tenencia de arma de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-11-27

El agravio asentado en que los jueces de mérito tomaron en cuenta, a los efectos de confirmar el rechazo del pedido de excarcelación, la existencia de una condena dispuesta en otro proceso a 7 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento pese a que ella no se encontraba firme, no resulta conducente para plantear una cuestión constitucional (art. 113.3 CCBA y 26 de la ley n° 402) o federal, en tanto la decisión fue apoyada en otros argumentos independientes cuyo contenido o suficiencia tampoco fue objetado. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano, al que adhiere la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, acciones societarias, compraventa, compraventa de acciones, falta de pago, resoluciones
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Martinenghi, Ruben Adrian y otro c/ Marin, Fernando Alfredo s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-09-26

1. Admitida una demanda de resolución contractual incoada contra el adquirente del paquete accionario de los actores, con motivo del relevante incumplimiento del demandado, quien reconoció haber dejado de pagar el saldo del precio de la compraventa de acciones, y toda vez que la resolución del contrato obliga a las partes a recomponer la situación de hecho al momento de la celebración, máxime que en el caso se trató de un contrato de ejecución instantánea y con una prestación indivisible, corresponderá retrotraer los efectos del contrato al tiempo de su celebración. 2. En ese sentido, en tanto el negocio fincó en la compraventa de las acciones, el demandado debería restituir a los actores los títulos transmitidos y estos últimos devolver la suma percibida sin intereses por no haber mediado mora de estos. Sólo en caso que la parte inocente alegue que tal devolución no restituye la situación al tiempo del contrato, podrá en los términos del CPR 513, requerir que la condena sea complementada con un resarcimiento económico, acreditando previamente aquel desfase (Sánchez Herrero, "Resolución de los contratos por incumplimiento", págs. 665/666).
Proceso judicial, caducidad de instancia, recurso de apelación (procesal)
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: "Aldrovandi  Luis Gabriel c/ EN -Honorable Senado de la Nación (DP-0883/05) s/ medida cautelar (autónoma)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-03-02

La resolución sobre la caducidad de la instancia sólo será apelable cuando se admite (art. 317 del C.P.C.C.N.) (Del voto del juez Coviello, cons. IV).
Contrato de impresión gráfica, prueba del contrato, presunciones, factura
Materia: COMERCIAL
Carátula: TALLERES GRAFICOS EPANDI  S.R.L. c/ WARAT  S.A.I.C.F. s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-06-24

Constituye indicio probatorio que la empresa gráfica actora tenga copia de los trabajos presuntamente realizados para la demandada, porque sería claramente contrario al "quod plerumque accidit" que un impresor dispusiera de ejemplares archivados de trabajos que nadie hubiera encargado.

Siendo un hecho notorio que los establecimientos comerciales disponen siempre de facturas de venta, debe inferirse que la demandada hubo esos instrumentos de algún impresor o proveedor; y como solamente ella puede declarar de quien los adquirió, su reticencia sobre el particular constituye un antecedente favorable a la afirmación de la accionante en el sentido de haber sido ésta la proveedora de las facturas.
Expropiación, indemnización, mejoras
Materia: ADMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ OTERO, LIDER PEDRO Y-O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-22

En lo que refiere a la instalación eléctrica ubicada en la fracción de terreno a expropiar, la actora, a su cargo, deberá gestionar la reinstalación en un lugar equivalente conforme al destino otorgado al bien de que se trata, o reintegrar los gastos que eventualmente por tal concepto pudo el demandado efectuar en caso de que haya asumido por su cuenta dicha reinstalación, previa demostración del monto a que ascienden.