Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso, medidas autosatisfactivas, caducidad, plazos procesales
Materia: CIVIL
Carátula: Anaquín, Gustavo Rodolfo c/ Avilez Torres, Agapito; Segovia, Cristina s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-09

Según el art. 207 del Código Procesal de la Provincia, se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiere la demanda dentro de los 30 días siguientes al de su traba.

Dice Palacio al respecto, comentando la norma adjetiva del ordenamiento de rito nacional que le sirviera de antecedente a nuestro Código que desde un punto de vista genérico, el proceso cautelar puede extinguirse si no se insta el curso de la correspondiente instancia y que el instituto se haya sujeto a un régimen específico de caducidad en la hipótesis de que la medida o medidas dispuestas se hayan trabado con anterioridad a la iniciación del proceso principal.

El fundamento del principio del art.207 ya transcripto es doble, pues estriba no sólo en la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida, sino también en la necesidad de evitar los perjuicios que ésta puede irrogar a su destinatario.

Juegan, pues, valoraciones jurídicas de paz y de orden, no cabiendo, por otra parte, desdeñar la posibilidad de que, en la situación prevista, opere como una suerte de medida intimidatoria, finalidad que, como es obvio, no puede en modo alguno contar con amparo legal.

Similar es la opinión de Novellino cuando dice que su fundamento es el de evitar que una de las partes pueda ejercer presión sobre la otra utilizando el poder jurisdiccional en violación del principio de igualdad, ya que, al decretarse y cumplirse la cautelar sin audiencia de la parte afectada, no puede ésta quedar indefinidamente trabada por la medida.

Lo que no debe perderse de vista en el tratamiento del instituto es que las medidas cautelares carecen de autonomía como tales, pues están preordenadas a la actuación del derecho sustancial que presuponen, y sometidas al plazo de caducidad establecido en el art. 207 del Código Procesal, cuyo fundamento responde a un doble orden de propósitos: la presunción de desinterés que cabe extraer de la inactividad procesal del beneficiario de la medida y la necesidad de evitar los perjuicios que ésta puede irrogar a su destinatario.

De la misma manera que el Código Procesal otorga la posibilidad de obtener una medida cautelar antes de que se haya promovido el juicio, debe disponerse su cesación cuando la demanda no se entable dentro del plazo fijado desde su traba, pues de otro modo la ley concedería a una de las partes la facultad de presionar a la otra utilizando el poder jurisdiccional.

También las doctrinas que asignan autonomía conceptual al llamado "proceso cautelar" exigen una correspondencia entre la cautela y la carga de instar el procedimiento contingente de la pretensión asegurada. Así lo demuestra el art. 207 del Código Procesal, del cual se infiere que aquélla cae por omisión de proponer la demanda en diez días (en nuestra Provincia de treinta días).

Esto traduce un principio general operante también en la hipótesis de caducidad de la instancia, que requiere lapsos sustancialmente mayores.

Se ha sostenido por la jurisprudencia en tal orientación que para que opere la caducidad que nos ocupa es menester que la obligación cuyo cumplimiento se trata sea exigible es decir que no esté sujeta a plazo o condición o a cualquier otro obstáculo de hecho o de derecho que impidiera la promoción de la demanda.

Si la acción para actuar el derecho no estuviere expedita, el plazo de caducidad debe computarse desde el día siguiente al vencimiento del término o cumplimiento de la condición o de haber desaparecido el obstáculo jurídico o de hecho para deducir la demanda. La obligación exigible como principio, supone la posibilidad de iniciar la acción judicial dentro del plazo establecido .

Y, vinculado al plazo, se ha sostenido que reviste carácter perentorio , que sólo se computan los días hábiles ; y que inicia desde la traba de la medida precautoria, sin contarse el día en que ello ocurrió.