marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Intervención estatal, Comisión Nacional de Valores, empleados públicos, presidente del directorio, extinción de la relación funcional, falta de prestación de servicios, salarios caídos, falta de prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DE ESTRADA PABLO LUIS MARIA c/ COMISION NACIONAL DE VALORES Y OTRO s/ JUICIO CONTRA LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

No habiéndose impugnado ni tachado de inconstitucional el decreto 988/88 que intervino la Comisión Nacional de Valores designando un interventor, no puede en este caso, controvertirse la remoción de su presidente, por ser su lógica consecuencia. El actor, por las razones referidas, no ha prestado servicios y, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, no le corresponde la percepción de los salarios caídos. Además, el accionante no demostró la existencia real y concreta de los daños ni que, de haber existido, éstos fueran consecuencia del acto que dispuso su remoción.
Interrupción de la prescripción de la acción penal, sentencia firme, sentencia condenatoria, responsabilidad penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Reggi, Alberto s/ art. 302 Código Penal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-10

Los diversos hechos criminales no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado.
Trabajadores telefónicos, extinción por jubilación del trabajador, crédito laboral, prescripción
Materia: LABORAL
Carátula: BELACHUR, HILDA c/ ENTEL s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-04-26

El beneficio previsto por el art. 66 del convenio 165/75 consiste en el pago de una suma de dinero a los trabajadores de la accionada que tengan determinada antiguedad y opten por jubilarse, consecuentemente la fecha del título de la obligación, a partir de la cual comienza el curso de la prescripción liberatoria, art. 3956 del C.Civil, es la del egreso del trabajador por jubilación.
Ex empresas del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bonos de goce y de participación, compraventa
Materia: LABORAL
Carátula: ROMANO  RENE  EDUARDO  Y  OTROS C/ YPF S.A. S/ PART. ACCIONARIADO OBRERO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-04-30

El art. 13 de la ley 24.145 dispone que "exlusivamente" en las ventas previstas en el anexo V de esta ley S.A. concederá al personal que, al momento de la transferencia se encuentre afectado directamente a cada una de las privatizaciones, hasta el diez por ciento (10 %) del producido de la operación de que se trate, de conformidad a las condiciones que se establezcan en la reglamentación respectiva. Estas condiciones son establecidas en el decreto reglamentario 546/93, que en su art. 8 fija aquel beneficio en "el 10% del precio, neto de la contribución prevista en el art. 31 de la ley 23.696, obtenido por la venta de los activos incluídos en el anexo V de la ley 24.145 y para los cuales se adopta exclusivamente esa modalidad de privatización...". La venta exigida en la reglamentación no puede ser leída en sentido amplio, sino que constituye una de las modalidades de la transferencia prevista en el conjunto de normas aplicables (leyes 23.696, 24145 y decreto 546/93). Los propios anexos a los que se remiten las normas que reglamentan el beneficio distinguen los procesos de asociación y venta, aún cuando en este último supuesto se incluye tanto la venta directa como la realizada a través de un proceso de licitación. (Del voto del Dr. Guibourg, en minoría).
Costas, costas al vencido, principio objetivo del vencimiento
Materia: CIVIL
Carátula: Sanchez, Francisco c/ Sanchez, Martin Osvaldo s/ inc. cesacion de cuota alimentaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2011-07-07

Corresponde confirmar la imposición de costas al apelante vencido en virtud del principio objetivo de la derrota -artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de Neuquén-, pues se ha resuelto el cese de la obligación alimentaria a su favor y no se configura ninguna circunstancia de excepción que permita apartarse de tal principio.
Exceso en la legítima defensa, racionalidad del medio empleado, homicidio simple
Materia: PENAL
Carátula: VILLAREAL, Gustavo R. s/ Causa 32.544
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-12-22

Comete exceso en la legítima defensa quien, al ser agredido por más de una persona, toma un cuchillo hiriendo mortalmente a uno de sus agresores, pues si bien la inferioridad de condiciones en que se hallaba, justifica la herida a uno de ellos, en los términos del art.

34, inc. 6°, C.P., resulta desproporcionada dado el efecto letal causado.
Prueba pericial, reproducción de la pericia, reconocimiento en rueda de personas, fotografía
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Lares, Mario Héctor s/ Nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-22

Se ha señalado que el reconocimiento de personas en sí mismo es susceptible de reproducción y que las objeciones que comúnmente se realizan para considerar inválida una repetición en realidad tan sólo inciden en su eficacia probatoria, "pues la imposibilidad la ley la valora desde un punto de vista material . y no psicológico" (conf. Navarro-Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 660, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, con referencia al art. 200 citado)".

Siendo así es pertinente tener en cuenta que "la práctica del reconocimiento fotográfico no impide ni invalida el ulterior reconocimiento en persona . pues previamente a su realización se debe interrogar al reconocedor si ha visto anteriormente la persona 'en imagen' ." (conf. Navarro-Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 668, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, y sus citas)".
Recurso extraordinario de inconstitucionalidad, admisibilidad del recurso
Materia: PENAL
Carátula: González, Carlos R. s/ Inf. art. 96 inc. f), dec. ley 8031/73 o. 1987 Bonillo, Cristian Alberto s/ Infrac. art. 96 inc. F), dec. ley 8031/73, t.o. 1987 Ferreyra, Sergio G. s/ Tenencia ilegal de arma de uso civil condicionado. Recurso de hecho
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-03-31|1999-02-02|2000-04-05

El recurso establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia se abre en el único supuesto en que la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos confrontados con normas de la Constitución provincial, supuesto éste que no se da en el caso, pues no sólo falta la decisión previa sobre el tema en la instancia de grado que abra la apelación extraordinaria, lo cual de por sí es suficiente para su rechazo, sino que además los fundamentos del recurso se vinculan con normas de la Constitución nacional. (Minoría u opinión personal)
Estabilidad del empleado público, ingreso a la función pública, reglamentación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CORREGIDOR NORA DEL MILAGRO c/ GCBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-10-03

Los principios que consagra la norma fundamental, como es el derecho a trabajar, no son absolutos, sino sujetos a las leyes que los reglamentan.

En el caso, la actora peticiona su ingreso en calidad de abogada al Ministerio de Educación con el sólo cumplimiento del requisito de la idoneidad, pero no demuestra en qué forma tal derecho pueda razonablemente derivar de la estabilidad como docente que ella alega tener. En consecuencia, no corresponde hacer lugar a su petición.
Subasta judicial, adquirente en subasta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Javes de Leitman, Rosa y otra c/ Karl y Artj Meinrad y otro s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-14

Pretender la reedición de un acto traslativo de dominio ya consumado, no es otra cosa que requerir de la jurisdicción un nuevo pronunciamiento sobre la misma materia, esta vez sobre la base de una contienda entre partes que no se encontraban legitimadas para serlo, la una porque ya ostentaba el derecho esgrimido, las otras, en razón de no resultar los sujetos obligados a la prestación, pues su dominio quedó extinguido cuando se perfeccionó la venta en remate público.
Honorarios del contador, constitucionalidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Amestoy de Pedrosa, Mariana c/ Arena Cosntructora Inmobiliaria s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-12

Si no se ha planteado la inconstitucionalidad de la ley 10620 y si, por evidente desinterés de las partes, no existe la posibilidad de aplicar la doctrina invariablemente seguida por esta Sala, con respecto a la proporcionalidad que debe existir entre honorarios de peritos y abogados que tramitan el pleito, siguiendo las pautas de los más Altos Tribunales de la Nación, y de la Provincia, y, sin perjuicio del criterio que nos merece la mentada ley arancelaria, el que no se puede valer de oficio, los honorarios del profesional de Ciencias Económicas deben ceñirse al referido texto legal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Jurisprudencia, cambio jurisprudencial, doctrina
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Leones, Jalime María c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Laboral (Expte.: C.S.J. nro. 745 año  2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-02-26

Existirían inconvenientes en que los tribunales, en casos de confianza fundada (en la permanencia de una jurisprudencia), deban resolver el caso que se les someta -que por cierto se refiere a un hecho ocurrido en el pasado- todavía conforme a la jurisprudencia judicial de hasta entonces, pero anunciar a la vez que, en el enjuiciamiento de los casos que ocurran en el futuro, habrán de poner como base otra opinión jurídica. Los tribunales habrían de resolver entonces el caso según una máxima que ellos mismos han reconocido ahora que no era correcta; al mismo tiempo, respecto al enjuiciamiento de casos futuros, que ellos no conocen todavía en absoluto, habrán de atenerse a una determinada opinión jurídica.

Pero esa opinión jurídica podría necesitar una revisión cuando en los casos futuros aparezcan aspectos que el caso en cuestión no ha dado motivo alguno a considerar. Los tribunales deben evitar tales compromisos, ante la necesaria flexibilidad de la jurisprudencia judicial. Estas observaciones nos conducen directamente a la técnica del prospective overruling, conforme a la cual se anuncia el nuevo criterio que habrá de seguirse en el futuro -en una suerte de "profecía"-, pero al mismo tiempo se falla el caso sometido a decisión conforme al criterio anterior, técnica originada en el ámbito anglosajón que ha sido empleada por la Corte norteamericana a partir de considerar los intereses de la parte afectada por el cambio "in the law". (Del Voto de la Mayoría. En Disidencia el Dr.

Falistocco. Fundamentos del Dr. Vigo)
Tribunal oral, facultades del juez, calificación legal, cambio de calificación legal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: AUGUSTE, Maximiliano s/ Abuso sexual agravado -con acceso carnal-
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 2005-09-06

Si bien el art. 370 del C.P.P. autoriza al Tribunal a fijar la calificación legal que considere corresponder con independencia del pedido fiscal y de la establecida anteriormente en el proceso -siempre sin alterar los hechos-, la modificación no puede ser extremadamente radical.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia, subrogancia del juez, reenvío
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GALAN, MARIA CRISTINA GUADALUPE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-07-14

Si bien la crítica de la impugnante a la sentencia dictada por la Cámara subrogante se centra en la carencia de fundamentación suficiente que a su criterio exhibe la misma, por entender que la respuesta resulta insuficiente para satisfacer adecuadamente el derecho a la jurisdicción que le asiste, con lo argumentado al respecto no logra demostrar que el Tribunal se hubiera desentendido de las directrices expuestas por esta Corte al anular el pronunciamiento anterior. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Gutiérrez y Spuler)
Quiebra, pedido de quiebra, prueba sumaria del crédito, locación, locación de cosas
Materia: COMERCIAL
Carátula: URGE MEDICINE  S.A.  POR MACONTA  S.A.C.E I. s/ PEDIDO DE QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-29

La solicitud de declaración de quiebra, con fundamento en un contrato de arrendamiento de cosa mueble (en el caso un equipo de procesamiento de información), invocándose la calidad de acreedor por alquileres devengados e impagos, con una pieza interpelatoria supuestamente recibida por el sujeto pasivo, no alcanza para tener por acreditada la prueba sumaria a que se refiere el art. 90 de la ley 19.551, no obstante el criterio amplio orientador de dicho estatuto, en tanto la ley adjetiva, para tales supuestos, establece un trámite especial (art. 320, inc. 2, ap. d), demostrativo de la carencia de fehaciencia o exigibilidad requerida en la prueba sumaria del dispositivo legal anteriormente citado.
Cuestiones prejudiciales, juicio ejecutivo, cosa juzgada
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PACHECO, EDGARDO MANUEL c/ GOROSTIZA SERVICIOS SOCIALES s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-03-12

Los preceptos sobre prejudicialidad deben interpretarse en forma estricta, pues importan una limitación al derecho a la jurisdicción.

Desde este norte importa destacar que la sentencia dictada en juicio ejecutivo, solo hace cosa juzgada formal, ya que resulta revisable en juicio ordinario posterior, por tanto no es susceptible de ser encuadrada dentro de lo preceptuado por el art. 1101 del Código Civil
Caducidad de instancia, juicio ejecutivo, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: BAUTISTA WALDO c/ MOYANO JOSE s/ EJECUTIVO-INCONSTITUCIONALIDAD Y CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1990-11-07

Si bien el art. 527 del C.P.C. sienta el principio de que cuando no se han opuesto excepciones en el juicio ejecutivo el Juez sin otra sustentación dictará sentencia de remate, ello no debe entenderse como que a partir de ese momento cesa la carga del actor de instar el proceso, por cuanto el art. 236 del Código Tributario establece que está obligado a reponer la mitad del gravamen fiscal no pagado por el demandado y además pedir que se dicte la sentencia del remate.
Prueba, dictamen pericial, jueces, apreciación de la prueba, pericia médica, determinación de la incapacidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Diaz Vergara Emilio Fernando s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-09-15

El art. 234 del C.P.C. establece que el dictamen pericial será apreciado libremente por el Tribunal conforme a los principios de la sana crítica, pudiendo separarse del mismo aún cuando las conclusiones sean terminantemente asertivas, pero en su pronunciamiento deberá dar las razones determinantes de su convicción.

El sentenciante de autos, descalificó las conclusiones de la pericia, basado en un único argumento. Que el informe pericial se efectuó valorando la TAC (Tomografía Axial Computada) y la RMN (Resonancia Magnética Nuclear), que glosa como parte del informe pericial, las que fueron desconocidas expresamente por la accionada y cuya autenticidad no fue acreditada por el actor, según su carga procesal.

Haciendo abstracción de los estudios complementarios (TAC y RMN), queda solo el examen físico que realizó el médico para acreditar la incapacidad, su grado y el nexo causal con el accidente, por cuanto lo que refiere al facultativo, la persona examinada, (que a su vez es una de las partes del proceso) no puede ser tenido como prueba a su favor si no es ratificado por probanzas independientes.
Juicio de apremio, juicio ordinario posterior, sentencia, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Unión c/ Fiorito, Oscar s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad - Sumario -  Apremio (Expte.: C.S.J. Nro. 147 Año 2003)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-20

En los juicios de apremio, la sentencia sólo puede ser recurrida por el actor, sin perjuicio de regir respecto de aquélla lo que establece el artículo 483 del Código de rito, esto es, la posibilidad con que cuenta el ejecutado de promover con posterioridad juicio ordinario en pos de obtener la satisfacción de sus derechos.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de trabajar, libertad sindical, empleados públicos
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: GARETTO, MARIO ALBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 248 AÑO 1989)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-04-13

En el artículo 1 del decreto reglamentario 467/88 de la actual Ley de Asociaciones Sindicales 23551 (publ. 22.4.1988) se expresa: "A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien desempeña una actividad lícita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla". En otras palabras, el ordenamiento no distingue entre empleados públicos y dependientes privados. Su ámbito personal de aplicación es general, no hay norma que autorice trato diferenciado o que excluya algún sector. Ello por cuanto la materia de que trata y puntualmente las garantías que consagra, se definen y operan a partir del resguardo de la función que desempeñan los dirigentes y no conforme al sector al que pertenecen.
Procedimiento laboral, plazo
Materia: LABORAL
Carátula: SÁNCHEZ PEDRO MARCO c/ EMPRESA CONSTRUCTORA CONORVIAL Y/U OTROS s/ HABERES IMPAGOS POR INCAPACIDAD LABORAL, ETC. - CASACIÓN LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-03-19

Los términos establecidos en la ley de procedimiento laboral son fatales y fenecen, con pérdida de los derechos que se han dejado de usar.
Procedencia parcial, sucesión ab intestato, acervo sucesorio, regulación de honorarios, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: Kenny, Alberto Julio c/  s/ sucesión ab-intestato
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2022-04-05

Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la heredera incidentada, y en consecuencia, detraer del activo hereditario el 50% de las erogaciones asumidas por la heredera, con más los intereses fijados, dado que para establecer el monto del acervo hereditario sobre el cual deben calcularse los honorarios de los profesionales intervinientes en el juicio sucesorio, al valor del activo se le debe restar el pasivo dejado por la persona fallecida, en el que no corresponde incluir las denominadas cargas de la sucesión y/o cualquier gasto producido después de la muerte, por el juicio sucesorio y/o con motivo de algún bien del acervo.
Honorarios, base regulatoria
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Pegoraro, Jorge Omar c/ Raimundo Fuentes y Esther Quintana de Villa s/ Reivindicación. Pegoraro, Jorge Omar c/ Raimundo Fuentes y Esther Quintana de Villa s/ Reivindicación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1992-03-31|1992-03-31

Si no surge en modo alguno que lo que se pretendió reivindicar fue un inmueble en su totalidad, sino solamente fracciones del mismo, cuyas medidas se encuentran determinadas en autos, lógico es concluir que la valuación fiscal debe hacerse sobre fracciones de terrenos baldíos, no comprendiendo la edificación del mismo, ya que significaría cargar con elevados e injustos honorarios a la parte condenada a su pago. El art.21 de la Ley Arancelaria dispone -última parte- que relacionando la cuota parte defendida si la gestión fuera en el solo beneficio del cliente o tuviere ésto por finalidad.
Cuestión federal, sentencia arbitraria, recurso extraordinario federal, resoluciones equiparables a definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Manzoratte, Lorenzo Alberto c/ Provincia de Buenos Aires s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1971-07-28

Si la colisión de un acto de autoridad provincial con una ley federal es uno de los supuestos que habilitan la instancia extraordinaria, la solución no puede ser otra cuando el acto cuestionado invoca arbitrariamente, sin aplicación de ella, una ley federal. Ello acontece, en el caso, respecto del decreto por el que se deja cesante a un agente de la Provincia de Buenos Aires, invocándose normas de la ley 17.401, sin que hayan jugado en modo alguno las disposiciones sobre calificación de comunista que ella contiene.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA E INDUSTRIAL c/ ESTADO PROVINCIAL (JUJUY) s/ IMPROCEDENCIA  DEL  RECURSO EXTRAORDINARIO - SENTENCIAS ARBITRARIAS -  AGUAS - VERTIENTES - BIENES PUBLICOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-04-24

La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto corregir en una nueva instancia pronunciamientos equivocados o que se reputen tales, pues sólo se refiere a los supuestos de omisiones o desaciertos de gravedad extrema.
Razonabilidad del acto administrativo, facultades discrecionales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: H., J.P. y Otro c/ M.T. s/ Juicio Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-05-14

Aun en aquellos actos en los que se admite un núcleo de libertad no puede desconocerse una periferia del derecho, toda vez que la discrecionalidad otorgada a los entes administrativos "no implica el conferirles el poder para girar los pulgares para abajo o para arriba".
Ley de defensa del consumidor, información al consumidor, mutuo dinerario, multa
Materia: CIVIL
Carátula: Creditos Formosa - Marta Silvia Maglietti s/ Apelacion (Ley Pcial. Nº 1.480)
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-11-07

Debe confirmarse la multa impuesta a una entidad financiera, por infracción por omisión al deber de información, pues si bien el apelante cumple mínimamente con la norma -comunica la cantidad de cuotas mensuales elegidas y su amortización- , no lo hace de manera integral, dado que no se informa lo señalado en los incisos "d" y "f" del artículo 36 de la Ley Nº 24.240, siendo dichas situaciones especialmente requeridas dado que la información otorgada al que concierta la operación de crédito, debe ser completa, clara y accesible, no bastando únicamente lo presentado en su oportunidad y lo que eventualmente pueda ser cubierto de manera verbal por los empleados de dicha entidad.
Acción de revisión, sentencia, cosa juzgada
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: F, M.P. s/ Corrupción de menores reiteradas. Recurso de revisión penal (Expte  CSJ Nº 571-97)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-03

La excepcionalidad de la acción de revisión ha sido puntualizada ante la circunstancia de la exclusividad de su objeto, vale decir del acto atacado, que lo distingue de todo otro tipo de impugnación en materia penal. Éste debe consistir en una sentencia condenatoria, abstracción hecha de que haya adquirido autoridad de cosa juzgada. Ataca la firmeza de la condena penal, aunque en algunas legislaciones pueda actuarse antes de su obtención.