Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-06-27


AUTOS 35.328 (C.C.Nº19.274) DEL Octavo Juzgado Civil, CARATULADOS: "ENERGIA SAN JUAN S.A. C/ E.P.R.E. - Contencioso Administrativo".- PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2008- del Tº II- Fº99/105.- En la Ciudad de San Juan a 27 días del mes de junio de 2008, reunida en Acuerdo la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, bajo la presidencia del Dr. Oscar Roberto Otiñano y los Sres. Vocales Dres. Alejandro Largacha Quiroga y Octavio Augusto Sánchez, a fin de conocer los recursos concedidos mediante decreto de fs. 735, contra la sentencia de fecha 13 de septiembre del año dos mil seis, recaída en los presentes autos Nº35.328 (C.C. Nº19.274) caratulados: "ENERGIA SAN JUAN S.A. C/ E.P.R.E. - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", dictada por el Sr. Juez titular del Octavo Juzgado Civil, obrante a fs. 724/729 vta..- EL DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA, DIJO:

La sentencia obrante a fs. 724/729 vta., de fecha 13 de septiembre de 2006, resuelve desestimar la demanda contenciosa administrativa promovida por Energía San Juan S. A. contra el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), con costas en el orden causado. La demanda que se rechaza es la promovida por la actora contra la demandada pretendiendo la declaración de nulidad de la Resolución Nº 025/98 - EPRE, por entender que la misma adolece de graves vicios y arbitrariedad, y el dictado de un nuevo acto administrativo conforme a derecho.

El a-quo en la sentencia, al comenzar los considerandos, estima que en primer lugar corresponde tratar la defensa deducida por la demandada relativa a la falta de agotamiento de la vía administrativa. Análisis que debe hacerse por la autoridad jurisdiccional, aun de oficio dice, en virtud de lo previsto por el art. 761 del C.P.C: "no se dará trámite alguno sin que previamente se acredite por el interesado haber agotado sin éxito los recursos administrativos para obtener de la autoridad competente en última instancia, el reconocimiento o denegación del derecho reclamado. . .". Agrega que la ratio del precepto no obedece a una mera imposición formal sino que por el contrario encuentra fundamento constitucional, toda vez que la intervención de la Jurisdicción Judicial en materia de "actos administrativos" que emanan de cualquiera de los poderes del Estado resulta trascendente en materia de "orden público institucional", esto es, que la norma marca el límite constitucional en defensa de las potestades jurídico administrativas que le son propias a la administración, prohibiendo la intervención de la jurisdicción judicial hasta que aquella no se encuentre debidamente concluida. Por otra parte -dice después-, el límite citado tiene por objeto mantener el derecho al debido proceso legal y el derecho de defensa que también rigen para la administración y no sólo para el administrado, ello conforme lo dispuesto por el art. 33 de la Carta Magna Provincial que recepta a su vez los principios emanados del art. 18 de la Constitución Nacional. Reseña inmediatamente que la actora en la demanda (punto III Hechos- Descripción de Antecedentes, apartado 4, fs. 392) expresa que: "Se aclara que no hay recurso administrativo en tanto y en cuento, de conformidad a la norma vigente (art. 79 de la ley 6.668) las resoluciones del E.P.R.E. no son recurribles en vía administrativa siendo esta la única forma de impugnar las decisiones definitivas", como que la demandada al contestar la demanda acusa la falta de agotamiento de la vía administrativa al no esta acreditado haber deducido recurso de reconsideración contra la resolución que se pretende poner en crisis por la vía contencioso administrativa. Ahora bien -sigue diciendo-, la norma del art. 79 de la ley 6.668 que determina el Marco Regulador de la Actividad Eléctrica Provincial debe tener una interpretación integrada adecuadamente con la Ley de Procedimiento Administrativo (ley 3.784 y Dec. Reg. 655 G - 73). Esto así porque en modo alguno puede pretenderse que el E.P.R.E. como entidad estatal dependiente del Poder Ejecutivo Provincial (art. 51 ley 6.668) pueda evadirse del marco de regulación legal del Derecho Administrativo como rama especial de aplicación directa u obligatoria. En tal sentido, el art. 74 de la ley 6.668, aunque adolece de una redacción defectuosa desde el punto de vista técnico administrativo, cuando dice que "las resoluciones que emanan del E.P.R.E. no son recurribles ante la instancia administrativa superior", de ninguna manera puede interpretarse como que significa que no deba deducirse para agotar la vía administrativa el recurso de reconsideración del art. 84 del Ordenamiento Procesal Administrativo, puesto que de ser así se cercenaría indudablemente la potestad de revisión y auto corrección que impera en materia administrativa como una de las potestades- facultades propias e inmanentes de la administración, que como se ha dicho antes tiene sustento en normas de raigambre constitucional. Indudablemente la procedencia de la acción en sede judicial no tiene por qué variar o ser especial o particular para cada entidad autárquica, descentralizada o autónoma del Estado Provincial. Esto daría lugar a un desequilibrio en los derechos y garantías no sólo de los administrados sino del propio Estado que se vería impedido de revisar sus propios actos, lo cual constituye no sólo una potestad originaria sino la ratio legis que motoriza el "recurso de reconsideración" (art. 84 Dec. Reg. 655/73). Ello es así -agrega- toda vez que el art. 74 de la ley 6.668 no determina excepción alguna al carácter de definitividad del acto administrativo que requiere el ordenamiento procesal administrativo (art. 759 del C.P.C.) para habilitar la instancia judicial. Sigue diciendo, que a estas alturas resulta útil definir que se entiende por "resolución administrativa definitiva". "Resolución definitiva es la que dicta la autoridad administrativa superior y que ya no puede reverse por la propia autoridad" (Rafael Bielsa "Sobre lo contencioso administrativo", pag. 124); "mientras que la resolución administrativa causa estado cuando ella constituye la decisión final de la administración, previo haberse agotado todos los recursos previstos en la ley de procedimientos administrativos" (Manuel María Diez "Derecho Procesal Administrativo", pag. 54). De allí entonces que el art. 25 de la ley 3.784 deja establecido como principio que rige la materia y que se constituye como presupuesto del juicio contencioso administrativo, el haber agotado la instancia administrativa, obteniendo una resolución Administrativa que cause estado. Cita a continuación jurisprudencia de la Excma. Corte local registrada en P.R.E 1978 y otra más reciente del mismo tribunal que dice: "el agotamiento de la vía administrativa es impuesto en un sentido general por el art. 25 de la ley 3.784 haciendo excepción a esa regla en los supuestos enumerados en el art. 27 ibidem. Pero estar eximido de agotar la vía administrativa no implica estar eximido de contar con una resolución definitiva de naturaleza administrativa, no existiendo tal resolución no se encuentra habilitada la instancia judicial". (P.R.E. 2003, Sala Segunda, Tº III, Fº 421). De lo dicho surge ahora con mayor claridad que la Resolución E.P.R.E. 025/98, que no ha sido recurrida por la parte actora, carece de definitividad en los términos del art. 25 de la ley 3.784 y al no haberse articulado el "recurso de reconsideración" (art. 84 decreto 655/73) tampoco puede considerarse agotada debidamente la vía administrativa para dar paso a la acción judicial intentada (Conf. Art. 761 del C.P.C). Por ello estima debe desestimarse la demanda. En cuanto a las costas y dada la dificultosa redacción del art. 74 de la ley 6.668, que exige interpretación, lo que pudo hace considerar a la actora con derecho a litigar, dispone imponerlas en el orden causado.

Contra el citado pronunciamiento se alzan demandada y actora mediante recursos de apelación concedidos a fs. 735, sostenidos luego a fs. 745/747 vta. y 748/753 vta., respectivamente.

Recurso de la demandada: La demandada se agravia de la sentencia en la parte en que impone las costas en el orden causado, por entender que la misma se aparta del principio general en la materia previsto por el art. 74 del C.P.C., sin que concurra ninguna de las situaciones de excepción que lo justifiquen. Expresa la recurrente al efecto, que la dispensa a la vencida de la carga de las costas no responde en la sentencia del a-quo a fundamentos serios ni se inspira en motivaciones profundas y reales que se adecuen a las constancias de autos. Por el contrario, la actora ha generado el pleito y sometido la cuestión a los tribunales porque ha creído tener la razón de parte suya, resultado luego derrotada sin encontrarse en ninguna situación de excepción que justifique la liberación de la carga de ellas.

Recurso de la actora: La actora se agravia, en primer lugar, de que se rechace la demanda por entender el a-quo que su parte no agotó la instancia administrativa -vía previa- según lo previsto por el art. 761 del C.P.C. para ocurrir a la sede judicial. No obstante coincidir con el sentenciante en el sentido de que lo previsto por el art. 74 de la ley 6.668 debe interpretarse en armonía con la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 3.784 y Dec. 655/73), considera que el a-quo se aparta de ello y no tiene en cuenta lo previsto por el art. 27 de la ley 3.784 en consonancia con las previsiones de los artículos 74 y 79 de la ley 6.668, ni tampoco lo previsto por el art. 27 inc. f) de aquella, de lo que resulta la innecesariedad del reclamo administrativo frente a las resoluciones del E.P.R.E. pudiendo recurrirse directamente a la instancia judicial. En este sentido el fallo resulta contradictorio y no apegado a la ley. Critica luego que en la sentencia el a-quo sostenga que el art. 74 de la ley 6.668 tiene una redacción defectuosa y que no pueda interpretarse en el sentido de excluir o dispensar el recurso de reconsideración que prevé el art. 84 del Decreto 655/73 puesto que así se cercenaría la potestad de revisión y autocorrección que impera en materia administrativa. Sostiene la recurrente que el texto del artículo 74 es muy sencillo y claro, no surgiendo del mismo ningún condicionamiento para ocurrir a la acción judicial contra las resoluciones del E.P.R.E. (art. 74: "Las resoluciones del E.P.R.E. con irrecurribles, y sólo procederá la acción en sede judicial."). En el caso el juez se está convirtiendo en legislador porque impone con su interpretación un requisito que en la norma no existe y que, además, la contradice directamente. Alega también la recurrente desconocimiento del derecho por parte del a-quo, e insiste en que resulta claro que la Ley de Procedimiento Administrativo y la ley 6.668 le dan a las resoluciones del E.P.R.E. el carácter de definitivas, por eso no son recurribles y sólo procede contra ellas la acción judicial. Critica también que se pretenda apoyar la sentencia en un fallo de la Excma. Corte que el a-quo cita y transcribe en parte (P.R.E - 2003-III- 421) y del que, contrariamente a lo que se dice, surge que el agotamiento de la vía administrativa impuesto en sentido general por el art. 25 de la ley 3.784 no rige para los supuestos enumerados en el art. 27 de la ley referida. También resulta claro que cuando en el aludido fallo se dice: "Pero estar eximido de agotar la vía administrativa no implica estar eximido de contar con una resolución definitiva de naturaleza administrativa, y que no existiendo tal resolución no se encuentra habilitada la instancia judicial", se está refiriendo a una situación totalmente distinta a la de autos porque aquí sí hay una resolución administrativa definitiva. Se agravia, por último de la imposición de las costas, las que entiende deben imponerse a la demandada, de prosperar el recurso.

Tratamiento de los agravios Agravios de la actora Estimo que el recurso de la actora es atendible, puesto que en el caso (impugnación resolución del E.P.R.E.) puede ocurrirse directamente a la vía judicial sin tener que deducir previamente reconsideración contra la resolución de que se trate.

Esto así, en primer lugar, porque en la ley específica que rige el caso (ley 6.668) en su artículo 74 expresamente dice: "Las resoluciones del E.P.R.E. son irrecurribles, y sólo procederá la acción en sede judicial". Obsérvese en el texto que no dice que las resoluciones del E.P.R.E. son inapelables, sino "irrecurribles", lo que descarta, al menos como condición para agotar la vía administrativa, todo recurso administrativo; lo que es confirmado con la parte final del texto del artículo al decir que contra esas resoluciones "sólo procederá la acción en sede judicial".

El criterio señalado por el texto del art. 74 de la ley 6.668, es reiterado nuevamente en la misma ley en su artículo 79 cuando se refiere a las resoluciones que aplican sanciones: ". . .Las sanciones aplicadas por el E.P.R.E. podrán impugnarse ante la justicia, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación".

Estimo que ante la claridad de los textos citados no pude sostenerse la interpretación de que pese a ello lo mismo es necesario agotar la vía administrativa deduciendo el recurso de reconsideración ante el mismo órgano que lo dictó. Digo esto porque una interpretación semejante sería directamente contraria a lo que los textos legales dicen.

No obsta a lo dicho la jurisprudencia de la Excma. Corte sentada en el caso: "Godoy, R. R c / Provincia de San Juan - Cont. Administrativo - Casación e Inconstitucionalidad", registrado en P.R.E 1978, Fº 28 y sgtes., que el a-quo cita a fs. 728 vta., jurisprudencia que por otro lado comparto, puesto que en caso tenido en cuenta en el fallo referido es distinto al de autos. Allí se trataba de la impugnación de un decreto, dictado de oficio, por el máximo órgano de la administración y donde no había ninguna previsión legal expresa en sentido contrario para ocurrir a la vía judicial como ocurre en el caso, donde la ley 6.668, arts. 74 y 79 dicen que cabe directamente ocurrir a la acción judicial.

A más de lo que llevo dicho, la propia Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 3.784) en su art. 27 dice que: "El reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos anteriores no será necesario si mediare una norma expresa que así lo establezca y cuando: . . .f) Se demandare a un ente descentralizado con facultades para estar en juicio. . .". En nuestro caso concurren los dos casos de excepción: hay norma expresa que indica la procedencia directa la vía judicial (arts. 74 y 79 de la ley 6.668) y la resolución de que se trata emana de un organismo autárquico (art. 52 ley 6.668), es decir de un organismo con plena capacidad jurídica para estar en juicio (esto es lo que cuenta), además de su autonomía económico financiera, de donde la objeción de la demandada de que aquí no concurre el caso del inciso f) del art. 27 porque el E.P.R.E. no es un organismo descentralizado sino autárquico no es atendible.

En el sentido apuntado este tribunal ha tenido oportunidad de decir que el reclamo administrativo previo no es exigible frente a la resolución de organismos descentralizados a autárquicos. Así en los casos registrados en L. de S. año 1983 -III- 455/456 y L. S. 1984 - I - 1/3 se expresó: "De conformidad a lo establecido en el art. 27 inc. f) de la ley 3.784, el reclamo administrativo previo a que se refieren los artículos 25 y 26 de la misma ley, similares en su redacción y en lo pertinente, a lo dispuesto en los arts. 761 y 762 del C.P.C., no es exigible, entre otros casos, cuando se demanda judicialmente a un ente descentralizado o autárquico, como lo es la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia".

Se agregó también en los citados casos que: "En apoyo de tal interpretación, resulta válido tener presente la previsión contenida en el art. 94 del Decreto nº 655 - G- 73, reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto señala que contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la reclamación o pretensión del administrado -emanados del órgano superior del ente autárquico-, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente, lo que demuestra una vez más que el recurso de reconsideración previsto en el art. 84 del mismo ordenamiento reglamentario, no constituye una exigencia ineludible para abrir la instancia judicial en tales casos". Esta misma norma (por aplicación analógica) puede explicar la razón por la cual frente a las resoluciones del E.P.R.E el administrado puede optar por deducir reconsideración (recurso que además no está prohibido) en vez de ir directamente a la vía judicial, pero esa posibilidad no significa que no tuviera la acción judicial expedita y pudiera intentarlo como lo ha hecho (ver art. 9 y 95 del Decreto 655 - G - 73), con lo que se desestima el argumento que en tal sentido hace la demandada al contestar la expresión de agravios.

Voto, entonces, por el acogimiento del recurso de la actora y la revocatoria de la sentencia, con costas de ambas instancias a la demandada, debiendo bajar los autos al juzgado de origen para que se expida sobre el fondo de la demanda.

Recurso de la demandada El recurso de la demandada y atento al resultado al que arribo al tratar el recurso de la actora debe rechazarse.

EL DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ DIJO:

Por sus fundamentos adhiero al voto precedente el que doy por reproducido.-	EL DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO DIJO:	Por razones análogas a las aducidas por el Dr. Alejandro Largacha Quiroga, voto en el mismo sentido.- Por el mérito que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede SE RESUELVE:

I- Hacer lugar al recurso de apelación concedido a la actora a fs. 373 contra la sentencia de fs. 324/329 vta., que se revoca en todas sus partes; disponiendo en su lugar rechazar la defensa de falta de acción que la demandada propone por no haber agotado la actora la vía administrativa, con costas, y remitir los presentes autos al juzgado de origen para que se pronuncie sobre el fondo de la demanda propuesta.

II- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 735 a la demandada.

III- Imponer las costas de alzada a la demandada, difiriendo las pertinentes regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.