Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-07-07


MOLINAS, María contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 198 p 367-371. En la ciudad de Santa Fe, a los siete días del mes de julio del año dos mil cuatro, se reunieron en acuerdo los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia doctores María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez y Mario Luis Netri con la presidencia del Ministro decano doctor Rodolfo Luis Vigo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "MOLINAS, María contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (Expte. C.S.J. nro. 320, año 1994), de conformidad con el acuerdo preparatorio celebrado el día treinta de junio del corriente año.

A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: I.1. María Molinas deduce recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Provincia de Santa Fe a los fines de que se dejen sin efecto el decreto 862/94 y los actos administrativos que le precedieron; y que, en consecuencia, se condene a la demandada al pago en forma actualizada de "licencias ordinarias no gozadas, diferencias remunerativas, aguinaldos y demás rubros salariales que correspondiesen por el período comprendido entre el 1.6.1978 y el 31.12.1986"; con intereses y costas.

Relata que a partir del 1.6.1978, comenzó a prestar servicios en la Dirección Provincial de Rentas, cumpliendo tareas de limpieza en horario vespertino con jornada completa, situación que se mantuvo hasta principios del año 1986, en que suscribió con la Dirección sucesivos contratos hasta su designación como agente temporaria mediante decreto 5350/86, carácter en que revistó hasta su incorporación a la planta permanente, lo que tuvo lugar por decreto 260/89.

Indica que las funciones que desempeñó no variaron en el período 1978-1986, en el que se le incorporaron tareas administrativas al suscribir los contratos con la Administración.

También que si bien el ingreso pudo haber tenido un carácter eventual o temporario, los servicios prestados a la Administración se mantuvieron por un lapso de 8 años y 7 meses, período reconocido por la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe por resolución 2001, del 16.8.1990.

Señala que pese a que en el período junio 1978 -diciembre 1986 prestó en forma ininterrumpida servicios en la Dirección Provincial de Rentas con jornada completa y cumplió tareas propias de personal permanente, nunca le fue reconocida ni abonada una remuneración acorde a tal carácter, procediendo la Dirección a abonarle por Habilitación por tareas de limpieza y atención del refrigerio del personal, por días trabajados y por un monto muy inferior al correspondiente al personal comprendido en el escalafón general que cumple idénticas tareas.

Alega que dicha situación notoriamente injusta motivó la presentación mediante la cual reclamaba la regularización de su situación laboral mediante su designación en la planta permanente y el reconocimiento y pago de las diferencias salariales resultantes, el que fue efectuado el 29.10.1994 mediante expediente 204.262 del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Agrega que a raíz de la desaparición de las actuaciones, y producido el reconocimiento de los servicios que originan este recurso por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, formula el reclamo administrativo tendiente al reconocimiento y pago actualizado de licencias ordinarias no gozadas; diferencias salariales; aguinaldos y demás rubros que correspondiesen en virtud del reconocimiento señalado.

Dice que el reclamo fue inicialmente rechazado por resolución 641/91 del Ministro de Hacienda y Finanzas, por entender, según lo informado por el Departamento Personal y lo dictaminado por la Dirección General de Asesoría Letrada que no correspondía hacer lugar a lo solicitado en lo referente al pago actualizado del adicional por antigüedad, por cuanto a la fecha en donde se establece el derecho a percepción ya se habían liquidado los años de servicio reconocidos por resolución 2001/90 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones y que en lo que respecta al cómputo de los servicios para la licencia anual ordinaria se debería tener en cuenta desde el año 1990, adeudándose la diferencia de días resultante de dicho cómputo.

Destaca que "ningún pronunciamiento se produjo, ni por la resolución 641/91 ni por los informes técnicos que le dieron fundamento, sobre la procedencia o improcedencia del reclamo concreto y preciso planteado ... respecto al reconocimiento y pago de las diferencias salariales por el período 1.6.1978 al 31.12.1986".

Afirma que el recurso de revocatoria que dedujo fue rechazado por resolución 123/93; y que, planteada la respectiva apelación, el Poder Ejecutivo la rechazó mediante el decreto 862/94.

Aduce que la Fiscalía de Estado, en su intervención, consideró que el reconocimiento de servicios efectuado por la Caja no opera sobre los ítems que integran la remuneración, circunscribiéndose sus efectos al pago de la antigüedad y el correlativo derecho al goce de las licencias anuales; y que fue de ese modo que el Ejecutivo se expidió "sin haber dilucidado nunca la cuestión de fondo planteada".

Entiende que, tal como surge de todas las circunstancias administrativas y actuaciones donde se dictaron las resoluciones denegatorias de su derecho, nunca ha estado discutido o controvertido el hecho cierto y probado que efectivamente prestó servicios en forma personal y directa como agente de la Dirección Provincial de Rentas, dependiente, por ese entonces, del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Destaca que tales servicios fueron reconocidos por los propios jefes de las áreas donde se desempeñó mediante sendos informes que obran en las actuaciones antes mencionadas y por la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia a los fines previsionales.

Añade que las tareas de servicio -ordenanza, limpieza- son las normales y permanentes que realiza el personal permanente, por lo que tampoco puede invocarse el carácter de extraordinarias o transitorias, máxime luego de que esta situación se ha mantenido por espacio de ocho años.

Alega que el reconocimiento previsional no es el hecho generador del crédito por diferencias salariales, sino un medio de prueba más que deviene de un organismo dependiente del mismo empleado; y, en definitiva, que es únicamente imputable a la Administración provincial el hecho generador del crédito en su favor.

Solicita, en suma, se haga lugar a la demanda, con costas.

2. Declarada por Presidencia la admisibilidad formal del recurso (foja 17), se emplaza a la demandada a que comparezca a estar a derecho, lo que hace a foja 24. A foja 26 contesta la demanda. Afirma que la recurrente le ha asignado a la resolución de reconocimiento de servicios efectuada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones, efectos que van más allá de los propios de este acto, al pretender que el mismo tenga consecuencias sobre su vinculación con la Administración, anterior a su ingreso a planta permanente.

Sostiene que la vinculación de carácter eventual o temporario se distingue de la relación de los agentes que integran la planta permanente en que sus derechos y deberes se regulan por las cláusulas convencionales pactadas con la Administración, de modo tal que las tareas a realizar, retribución, vacaciones, tiempo de prestación, son regidas por cada contrato, aun en los casos que se efectúen remisiones al Estatuto del Personal de la Administración Pública o al Escalafón respectivo.

Añade que los únicos efectos que pueden extraerse de la resolución 2001/90 de la Caja tienen que ver con la antigüedad para obtener el beneficio jubilatorio, y, en todo caso, los otros efectos posibles de dicho reconocimiento son para la licencia anual ordinaria y para el adicional particular por antigüedad para la determinación de la retribución del agente.

Opone defensa de prescripción, con base en que la actora inició su reclamo el 12.11.1990, y, por aplicación del art. 4027 del Código Civil, alcanzaría a la deuda anterior al 12.11.1985, es decir que estaría afectada la que corre desde el término inicial del 1.6.1978 hasta aquella fecha.

Agrega que, para el supuesto de que la recurrente quisiera prevalerse de la gestión que presuntamente inició el 29.10.1984, corresponde su rechazo en tanto no le consta que en dicha gestión estuviera comprendido el reconocimiento y pago intentado en el reclamo del 12.11.1990, "y, si así fuera, la mencionada gestión tuvo efecto interruptivo solamente por el término de un año, conforme al art. 3986, segundo párrafo del Código Civil; es decir, que habría renacido el 29.10.1985" (foja 28).

También dice que si la actora alegara las dificultades o imposibilidades de hecho previstas en el art. 3980 del Código Civil, derivadas de la situación institucional provocada por el gobierno de facto, tendría que haber hecho valer sus derechos en el término de tres meses, y no lo hizo.

Abierta la causa a prueba (foja 29), se produce la que consta en autos.

A fojas 47/48 y 49/50 las partes informan sobre el mérito de la causa.

A foja 51 se llaman autos para resolver, providencia que es notificada a las partes mediante cédulas de fojas 52 y 53.

Firme la misma, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

II. Tal como surge de lo expuesto, la recurrente solicita que se condene a la Provincia al pago en forma actualizada de "licencias ordinarias no gozadas, diferencias remunerativas y demás rubros salariales que correspondiesen por el período comprendido entre el 1.6.1978 y el 31.12.1986..." (foja 5/vto.).

Al contestar la demanda, la Provincia opone excepción de prescripción.

Ella debe ser admitida; y adelanto que, en las circunstancias del presente caso, es suficiente para rechazar el recurso en su totalidad.

Para así concluir debe tenerse presente que esta Corte ha sostenido en la causa "Volta" (de A. y S. T. 197, pág. 366) que en materia de prescripción de reclamos derivados de la relación de empleo público, y ante la ausencia de norma en el derecho público local, ha de preferirse la integración analógica con normas del derecho laboral, concretamente, con el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En consecuencia, el plazo de prescripción aplicable a este tipo de casos es el de dos años, solución que no se afecta por el hecho de que la resistente hubiera invocado una norma distinta a la señalada, ya que ello "no inhibe al Tribunal de aplicar, en ejercicio de sus facultades y deberes de juzgamiento, la norma pertinente, subsumiendo en ella los hechos que considere jurídicamente relevantes" ("Volta", citado).

Tal como se dijo, en el sub judice, el reclamo de la actora se encuentra prescripto, toda vez que dedujo su reclamo en sede administrativa el 12.11.1990 (foja 1 expte. adm. nro. 00301-0018892), solicitando el reconocimiento de diferencias salariales supuestamente devengadas en períodos que excedían los dos años mencionados.

Se aclara que tal decisión no implica pronunciamiento sobre si la actora tenía razón respecto de los rubros que reclama.

Finalmente, corresponde señalar que no constituye obstáculo para esta solución la supuesta existencia de un reclamo similar deducido por la actora en el año 1984.

Ello, por cuanto la recurrente no ha logrado probar que aquella presentación -siquiera mencionada en el reclamo del 7.11.1990 (v. foja 1 expte. adm. 00301-0018892-4)- hubiera referido efectivamente a la misma pretensión que ejerció en el año 1990, resultando manifiestamente insuficiente sus propias afirmaciones en tal sentido para convencer acerca de la configuración de tal extremo. Por lo demás, puede agregarse que dicha similitud no puede sin más ser presumida en el caso, toda vez que, a juzgar por la fecha en que aquel reclamo habría sido deducido, no estaría refiriendo al mismo período aquí reclamado.

Lo expuesto basta para rechazar el recurso interpuesto.

Voto, pues, por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Gutiérrez y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Gutiérrez dijo: Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior corresponde declarar improcedente el recurso interpuesto.

En cuanto a las costas, deben imponerse por su orden.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Ministro decano doctor Vigo y los señores Ministros doctores Gastaldi y Netri, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Gutiérrez y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIÓ: Declarar improcedente el recurso interpuesto.

Costas por su orden.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto firmando el señor Ministro decano y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)