Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-05-11


EXP 30675 / 12 Salta, 11 de mayo de 2.017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "MONASTERIO, MARIA AZUCENA C/ BANCO MACRO S.A. S/ ORDINARIO", EXP - 30675 /12; originario del Juzgado de 1ª Instancia Nº 6, para resolver la apelación interpuesta por el demandado a fs. 281/288 y 300/301, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo:

I.- Vienen los presentes autos a esta Alzada en virtud de la apelación interpuesta por el Dr. Pablo de la Merced en representación de la firma demandada BANCO MACRO S.A obrante a fs. 281/288 en contra de la sentencia definitiva de fs. 273/288, dictada en primera instancia que hace lugar parcialmente a la demanda incoada; y la apelación de fs. 300/301 en contra de la resolución que hace lugar al embargo preventivo solicitado.

Entiende el recurrente que la sentencia le causa gravamen irreparable en cuanto hace lugar parcialmente a la demanda y condena al pago de la indemnización por despido, integración mes de despido, falta de preaviso e indemnización del art. 2 de la Ley 25.323 por considerar injustificado el despido interpuesto. Que no obstante detallar en los considerandos las irregularidades en las que incursionó la actora, la jueza entendió que la sanción impuesta resultó desproporcionada. Que la irregularidad consistió en el incumplimiento de la normativa y el procedimiento interno previsto por el banco, el cual fue obviado por la actora. Que yerra la sentenciante ya que en ningún momento exigió a la actora conocimientos específicos de técnicas grafológicas. Que manifieste que no se dio igual trato a la actora y a las restantes personas involucradas, ya que la participación de ellas sólo permitió que los fondos se acreditaran en la cuenta, pero no tuvieron ninguna participación en la extracción de los mismos de dicha caja de ahorro. Que haya considerado que el comportamiento de la actora es costumbre y que ha cumplido con la normativa interna del banco. Concluye que la sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho y de los hechos debidamente acreditados en autos. Por último agravia al apelante la procedencia del art. 2 de la Ley 25.323. Entiende que la sentenciante ha aplicado automáticamente dicho precepto legal, obviando la segunda parte del mencionado artículo. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal.

En relación a la medida cautelar decretada, el apelante manifiesta que la resolución que hace lugar a la misma causa gravamen irreparable y que ha realizado una aplicación automática del art. 212 inc 3 del CPCC, sin que exista peligro en la demora y sin considerar las constancias de la causa. Entiende que no ha valorado que la demandada resulta ser una entidad financiera solvente, y en consecuencia no existe riesgo de que se torne ilusorio el crédito que eventualmente pueda corresponder al actor. Cita jurisprudencia.

Que a fs. 302/306 vta. y 316/317 obra contestación del actor del traslado del memorial de agravios formulados por el demandado. Formula reserva.

II.- Entrando en el análisis de recurso interpuesto por la demandada advierto que, la actora afirma la ilegitimidad de la causal de despido invocada por el empleador y en consecuencia la viabilidad de su pretensión indemnizatoria; que el demandado sostiene la existencia de justa causa para despedir por tanto la improcedencia de la demanda, y que su queja se funda en el examen y conclusión a la que arriba la jueza a quo al considerar que no quedó configurada la causal invocada para extinguir el contrato de trabajo.

De las constancias surge que MONASTERIO fue despedida con justa causa como consecuencia de haberse acreditado, que el pago erróneo que efectuara el día 02/08/2.012 en la caja de ahorro número 4-100-0941078437-5 de titularidad de Mercado Mariana, por la suma de $23.400 a una persona que no era la titular de la cuenta, fue posible como consecuencia del incumplimiento a la normativa interna del banco, ya que no obstante haber advertido que la firma realizada en un primer momento no correspondía a la verdadera titular de la cuenta, procedió a destruir el comprobante, imprimiendo uno nuevo y girando el monitor de su terminal hacia la persona desconocida a fin de que pudiera visualizar la firma digitalizada y copiarla, cuando debía anular la operación.

Ahora bien, producido el despido con causa, la carga de probar la misma compete al empleador, ello es así en los términos del art. 377 del CPCC de aplicación supletoria al fuero laboral conforme el art. 90 del CPL y en virtud del brocardo affirmanti incumbit probatio. "Producido el despido directo, la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del empleador y de no ser así cae la justificación de rescisión del vinculo más allá de la existencia o no de actividad probatoria del trabajador" (CNAT Sala VII,2-3-2006, Rojo Eliberto c. Matriplast S.A s/ Despido). Por otra parte la injuria invocada como fundamento de la disolución del vínculo laboral debe ser valorada, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo, lo dispuesto por la ley, las modalidades y circunstancias personales en cada caso.

La gravedad de la injuria puede ser apreciada con un criterio cualitativo o cuantitativo. Una sola falta puede constituir, por su entidad, justa causa de resolución, por el contrario, una falta leve, que considerada aisladamente no sería motivo suficiente de extinción del vínculo, podría ser considerada grave al ser apreciada con criterio cuantitativo, esto es, al ponerla en relación con una reiterada inconducta. Asimismo deben considerarse los antecedentes disciplinarios del trabajador; las tareas que desarrolla; la antigüedad en el empleo, debe ponderarse, si el tiempo de trabajo es breve cabe ser más flexible en el ejercicio de la facultad disciplinaria o rescisoria. Influye el ambiente contractual, la disciplina habitual de la empresa, la tolerancia demostrada con faltas anteriores y las consecuencias; la jerarquía del cargo que ostenta es un aspecto a valorar, ello por cuanto cuando mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.

De la plataforma probatoria producida no surgen hesitaciones en relación al hecho que desencadenó el despido de la actora (haberse acreditado que el pago erróneo que efectuara el día 02/08/2.012 en la caja de ahorro número 4-100-0941078437-5 de titularidad de Mercado Mariana, por la suma de $23.400 a una persona que no era la titular de la cuenta, fue posible como consecuencia del incumplimiento a la normativa interna del banco, ya que no obstante haber advertido que la firma realizada en un primer momento no correspondía a la verdadera titular de la cuenta, procedió a destruir el comprobante, imprimiendo uno nuevo y girando el monitor de su terminal hacia la persona desconocida a fin de que pudiera visualizar la firma digitalizada y copiarla, cuando debía anular la operación). Corresponde determinar si tal circunstancia fue lo suficientemente gravosa para provocar la ruptura del vínculo laboral, o como lo planteó la actora resultó ser, el despido, desproporcionado, irrazonable y discriminatorio (arts. 17 y 81 LCT).

Entendió la jueza y coincido con los argumentos que esgrime en el fallo, que quedó acreditado conforme surge de las testimoniales obrante en autos que el comportamiento desplegado por la actora resulta ser una práctica consuetudinaria, habitual y cotidiana. Cavalli Inés dijo ".cuando me dijeron que no iba a poder cobrar el cheque que era un día viernes, y le digo "no es la firma del tesorero la que está ahí", y me dio vuelta la pantalla." (fs. 237 vta); luego Mendoza Álvaro manifestó que ".para mi es habitual que giren la pantalla." (240 vta.); Fernández Castro Lucrecia, ante la pregunta de la juez si en su calidad de cajera alguna vez mostró la pantalla para que un cliente copiara la firma. La respuesta fue contundente y sin vacilaciones, ".si, si lo hice y lo hacen casi todos." (fs. 242 vta.); Rubio Alberto, quien también se desempeñara en relación de dependencia para la demandada, al ser indagado sobre la habitualidad de girar la pantalla para que el cliente viera firma que tiene registrada dijo ".todos los cajeros, por eso me da gracia este tema porque todos los cajeros mostramos la firma." (fs.243) La prueba testimonial producida en autos no presenta signos de mendacidad tampoco incoherencias o contradicciones que permitan invalidarla, todo lo contrario, los dichos de los testigos fueron plenamente convincentes y relatados sin hesitación alguna.

No consideró la demandada, al momento de despedir a la actora, su antigüedad (14 años) su edad (58) ni sus antecedentes disciplinarios o legajo personal, en este orden considero que el despido causado invocado por la firma ha vulnerado los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Quedó demostrado que la conducta desplegada por la actora es netamente irregular, también es cierto que tal incumplimiento no justifica la adopción de la máxima sanción por el proceder de aquella. Teniendo en cuenta, no sólo las testimóniales vertidas, sino también de que se trataba de una relación laboral de casi 14 años, la decisión de rescindir el vínculo aparece reñida con el principio de proporcionalidad que debe guiar ineludiblemente la apreciación de la entidad de la injuria en los términos del artículo 242 de la LCT. En este orden resulta el despido dispuesto una sanción desproporcionada que constituye un abuso de la potestad disciplinaria, tornando en consecuencia injustificada la ruptura unilateral del vínculo y desplazado el principio de conservación del contrato de trabajo.

Al respecto se ha dicho que "La proporcionalidad, elemento cuantitativo, está dada por la relación que debe existir entre la injuria y la sanción impuesta. Cabe al juzgador, en virtud de la facultad conferida por el art. 242 2º párrafo, merituar si la reacción resulta proporcionalmente adecuada al incumplimiento y razonablemente justificada por la gravedad objetiva de la falta, elementos que estimo presentes en el caso". (Causa: "Lezcano, Juan c/Maggioni Antonio y/o quien resulte jurídicamente responsable s/Acción Común" -Sentencia N° 57/03- de fecha 28/11/03; del voto de los Dres. A. Gallardo, M. Franco, J. Saettone).

Que el hecho existió, no se discute, que resultó ser contrario al procedimiento previsto para realizar operaciones crediticias, tampoco. Ahora bien conforme a lo manifestado por los testigos, dos de los cuales prestaron servicios para entidad financiera, es práctica habitual que los cajeros volteen la pantalla de su monitor y la exhiban a los clientes, no obstante resultar un procedimiento irregular y contrario a las disposiciones y reglamentaciones internas. Concluyo que no existían elementos objetivos que permitieran valorar que los hechos demostrados revistieran una gravedad tal como para impedir la continuidad del vínculo laboral, toda vez que, en el marco del ejercicio de las facultades disciplinarias, la accionada tenía la opción de aplicar una sanción menos grave.

Por las razones expuestas considero que corresponde rechazar los agravios formulados y en este sentido advierto que la sentencia ontológicamente se encuentre fundada y que de su argumentación surge clara la explicación de los motivos que sostienen la justificación, la exposición y demostración de lo que definitivamente resuelve. Con costas (art. 67 CPCC).

En relación al agravante indemnizatorio previsto en el art. 2 de la Ley 25.323, entiendo asiste derecho al apelante por las razones que a continuación expongo.

Sin perjuicio de lo concluido en los párrafos precedentes, lo cierto es que la demandada ha producido prueba tendiente a demostrar la existencia del incumplimiento de la normativa interna de la empresa y la inobservancia del procedimiento, para realizar la operación crediticia, es decir que en su inteligencia han existido razones justificadas para que no se efectuara el pago de las indemnizaciones ante la intimación del actora, ya que la demandada tenía derecho a someter el caso a la valoración de los jueces, tal como lo autoriza y dispone el art. 242 LCT. Estimo que, si el empleador tenía motivos suficientes para creerse con derecho a despedir, la imposición de la indemnización agravada importaría una lesión de su derecho de defensa en juicio. En este sentido se ha dicho que: "Corresponde rechazar la demanda en cuanto se pretendía la indemnización prevista en el Art. 2º de la ley 25.323, pues, si bien el a quo, al otorgarle un alcance distinto al hecho injurioso invocado por el empleador para fundar el despido, juzgó que este resultaba injustificado, ello demuestra que el motivo del desenlace del contrato fue controvertido en sede judicial, y por ello debe usarse la facultad que otorga la última parte de la mencionada norma". (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, 26/04/2007, "Maldonado, Daniel A. v. Ventura Hermanos SACIF" citado por Julio Armando Grisolía en Régimen Indemnizatorio del Contrato de Trabajo, Ed. Nova Tesis, año 2007, pág. 481/482). Por lo que expuse voto por hacer lugar al agravio planteado y en este línea me he manifestado en autos Romero Fernando V. c/ Geminis Gas S.R.L s/ ordinario Exp. 5665/14.

III.- Corresponde a la postre abocarme a la apelación interpuesta en contra de la resolución que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.

Las medidas cautelares, entre ellas el embargo preventivo, tienen por objeto garantizar preventivamente la eficacia práctica de la sentencia que deba recaer en el juicio principal, es decir que su cumplimiento no se torne materialmente irrealizable por el mero transcurso del tiempo entre la iniciación del proceso y el dictado del pronunciamiento definitivo.

El art. 212 inc 3) del CPCC habilita a la parte que consiguió un pronunciamiento jurisdiccional favorable a su postura en el proceso, a peticionar contra la contraria un embargo preventivo en resguardo del cumplimiento de la decisión recaída en el juicio. Al respecto la CNAT ha dicho que "Corresponde confirmar el embargo preventivo sobre los fondos de titularidad de la demandada, puesto que quien obtiene una sentencia favorable, aun cuando estuviese recurrida, puede pedir un embargo preventivo (art. 212, 3er párrafo del CPCCN). Es decir, que resulta suficiente para la obtención de la medida una decisión a favor de quien la peticiona, sin que sea necesario acreditar otro supuesto". (CNAT Sala III Expte Nº 2344/2013 Sent. Int. Nº 63.641 del 21/8/2014 "Estevez, Fernando Javier c/Tiro Federal Argentino Asociación Civil s/despido - incidente" (Cañal - Rodríguez Brunengo). .

Las razones que expuse me llevan a la convicción de que el recurrente no logra a lo largo de su discurso, demostrar la configuración de los agravios que denuncia en el decisorio criticado. Por lo expuesto de ser compartido mi voto considero rechazar el recurso de apelación interpuesto. Con costas (art. 67 CPCC).

En los términos del art. 13 del Decreto Ley Nº 324/63, sus modificatorias y la acordada Nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia.

La Dra. Maria de las Mercedes Domecq dijo: adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA I F A L L A I) HACIENDO LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la demandada y en su mérito REVOCANDO parcialmente la sentencia de primera instancia, que condena al pago de la indemnización agravada prevista en el art. 2 de la Ley 25.323. RECHAZANDO los restantes agravios formulados. Con costas (art. 67 CPCC).

II) RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra la resolución que hace lugar a la medida cautelar. Con costas (art. 67 CPCC) III) TENIENDO presente las reservas formuladas.

IV) DISPONIENDO que en la oportunidad procesal correspondiente, se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de lo que se regulare en la primera instancia (Acordada 12.062 y art. 13 Decreto Ley 324/63).

V) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I.