Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2009-06-01


Posadas, junio 1 de 2009.

Concedida la palabra al Dr. Roberto Rubén Uset, dijo:

Vienen las presentes actuaciones a consideración de este Superior Tribunal de Justicia a los fines del dictado de nuevo pronunciamiento conforme lo establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Resolución de fecha 26 de septiembre de 2006, según constancia de fs. 220/221, y de conformidad con lo normado en el art. 16 de la Ley Nº 48.

La parte actora interpone Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley (fs. 101/124) contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala III, de la Primera Circunscripción Judicial, de fecha 16 de octubre de 2.003 (fs. 92/93), que resolvió: rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 49, con costas a cargo del apelante vencido.

Del examen del cumplimiento de los requisitos formales de admisibilidad exigidos por el Art. 289 del CPCC, se verifica que el remedio recursivo fue presentado en término, habiendo el recurrente oblado el depósito exigido por el art. 286, y habiendo dado cumplimiento con el Art. 295 (monto del litigio).

En lo que hace a la exigencia del Arts. 289 inc. 2º y 285 de la ley ritual, que determinan que solamente son susceptibles del recurso intentado "las sentencias definitivas de Cámara de Apelación y/o Tribunales Colegiados de instancia única", a mi juicio, en autos no se encuentran acreditados los extremos exigidos por las normas legales precitadas, toda vez que la sentencia de fs. 87 contra la cual se recurre no es definitiva, ni puede ser asimilada a ella, a los fines del recurso extraordinario intentado, ya que no resuelve sobre la existencia o suerte del derecho de fondo (Conf. Resoluciones Nº 471-STJ- 95; Nº 08-STJ-96 entre otras.

Sin perjuicio de lo expuesto, que de por sí habilitaría desestimar el recurso, por incumplimiento del requisito apuntado, y analizando los requisitos sustanciales del recurso, del estudio del mismos se colige que la queja de refiere a cuestiones de hecho y prueba, aspecto no revisable en esta instancia extraordinaria, salvo eficaz denuncia y demostración de absurdo, circunstancia que no se avizora en el sub lite, ya que no se advierte error grave, grosero o manifiesto que conduzca a soluciones incompatibles con circunstancias objetivas del proceso.

Es necesario destacar que el impugnante, a mi juicio, simplemente realiza un replanteo de temas que escapan a la revisión de esta instancia de excepción, al pretender se efectúe un nuevo análisis, selección y valoración de los hechos, las circunstancias y las pruebas de la causa, que han sido apreciadas por los sentenciantes con un criterio propio, interpretando la normativa aplicable, donde no se acredita el supuesto de violación o errónea aplicación del derecho ni de normas constitucionales, ni tampoco el vicio de la arbitrariedad manifestado.

Siguiendo esta línea, se expresa que: " ...las cuestiones fácticas están reservadas, para su conocimiento y ponderación, a los jueces de las instancias ordinarias, y exentas de casación, salvo el supuesto de excepcional de absurdo" (S.C.B.A., Ac. y Sent. 1974, v. III, p. 1145; 1975, p. 935). Que "La revisión de los hechos por vía de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley solo procede cuando se demuestra que los jueces de grado han incurrido en una absurda valoración de la prueba" (Sum. Nº B0048161, Corte Suprema de Justicia, La Plata, Bs. As., Lazarte, Ramón y otros c/ Don Alfredo S.A. y otros si indemnizaciones, Sent. 10 de septiembre de 2.003, 2.000 SAIJ en WWW). Y que "Es insuficiente el recurso extraordinario que sólo evidencia la intención de disputarle al juzgador de grado su facultad de seleccionar y jerarquizar los elementos de prueba, habida cuenta que apartándose de la línea reflexiva de los jueces de grado que los llevó a la decisión objetada, efectúa un nuevo análisis de los hechos y de los elementos probatorios según su propio y personal criterio valorativo, sistema éste impropio para demostrar el absurdo alegado" (Sum. Nº 0045161, Suprema Corte de Justicia, La Plata, Bs. As., García, Guillermo José c/ Municipalidad de Zarate s/ indemnización ...; Sent. 1 de septiembre de 1.998, 2.000, SAIJ en WWW).

Asi sobre la base de una línea reflexiva propio de los jueces de grado, actuando dentro de sus privativas facultades, los sentenciantes a mi juicio, han resuelto la litis adoptando un criterio opinable, pero razonable y fundado, que no resulta absurdo ni arbitrario y que escapa al control casacional, al no ser esta instancia Superior, una tercera vía ordinaria de revisión y de re examen de cuestiones de hecho y prueba.

En cuanto a la tacha de arbitrariedad manifestada por el recurrente, es dable observar que no acreditan que el fallo sea de aquellos "determinados por la sola voluntad del juez", que adolezca de "manifiesta irrazonabilidad" o de "desacierto total" o "exhiban una ausencia palmaria de fundamento" (Lino E. Palacio, El Recurso Extraordinario Federal, Abeledo Perrot 1.992, pág. 221/222). A su vez, este Superior Tribunal de Justicia tiene sentado que "una sentencia es arbitraria cuando su último sustento es la voluntad o capricho de los jueces" (SUM. Fallos STJ-1991, pág. 19-Res. 145), supuesto que no se ha configurado en la sentencia atacada.

Asimismo, cabe afirmar que el recurso deducido no es autosuficiente, no desvirtúa el razonamiento lógico-jurídico de la sentencia. Expresa sí un disenso con la opinión del juzgador -materia ajena a la casación-, pero no se advierte que el tribunal ad-quem haya aplicado erróneamente normas legales no violentado principios constitucionales. El pronunciamiento se encuentra fundado y es derivación razonable del derecho vigente con arreglo a las constancias de la causa.

En base a lo señalado precedentemente, voto para que se declare la inadmisiblidad formal del recurso interpuesto, con costas y pérdida del depósito.

Concedida la palabra a la Dra. Ramona Beatriz Velázquez, dijo:

Vienen los autos a consideración de este Alto Cuerpo a los fines del tratamiento de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada, contra la resolución de fs. 92/93, dictada por la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial.

La alzada desestimó el recurso de apelación y en consecuencia confirmó la decisión de 1a instancia que admitió el levantamiento del embargo decretado sobre el lote matrícula 5654 (4), con fundamento en que en autos quedó acreditado con el informe del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, que el dominio del inmueble pertenece a la incidentista, que del oficio dirigido al Registro de la Propiedad obrante en la causa" Expte. Nº 604 -bis I- 2000" que corre por cuerda, surge que se decretó el embargo sobre el bien en cuestión, lote 5654, y que la circunstancia de que el embargo no se encuentre asentado en el Registro de Propiedad por falta de diligenciamiento del oficio de inscripción, no obsta a su existencia al haber una resolución judicial que lo decreta, por no resultar la inscripción constitutiva de éste.

Contra dicha decisión, la incidentada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agraviándose porque viola o interpreta erróneamente el art. 2505 del Cód. Civil y arts. 2, 10, 11, 12 y 13 de la ley 17.801, y resultar arbitraria. Sostiene que del informe del Registro de la Propiedad no surge que el bien se encuentre embargado, como asimismo que el inmueble que se embargó no resulta ser el cuestionado, pues la matrícula cautelada se dividió con antelación a tal acto, identificando al inmueble objeto del incidente una matrícula distinta a la que fue motivo del gravamen. Además señala que era imposible embargarla porque el dominio del bien pertenecía a otra persona distinta a la ejecutada.

Planteada en estos términos la cuestión, corresponde efectuar en ab initio el examen de los recaudos formales de admisibilidad del recurso que exige el art. 289 del C.P.C. y C.

En tal cometido se observa que el recurso fue interpuesto en término, que el recurrente ha oblado el depósito requerido por el art. 286 del citado cuerpo legal y que cumple también con el art. 295 del Código de forma en lo atinente a la exigencia del monto del litigio.

Ahora bien, en lo que atañe a la definitividad de la sentencia, puede advertirse a mi juicio que la resolución impugnad por vía de este recurso no reúne tal carácter. Ello es así pues constantemente se ha dicho que "Las resoluciones que decretan, levantan, modifican o deniegan medidas cautelares, por principio, no son apelables por vía extraordinaria, salvo cuando se demuestra que el perjuicio que pueden ocasionar es irreparable, requisito que no se suple con la invocación de arbitrariedad o de agravios constitucionales." (cita en obra "La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario" de Alberto Bianchi, Edic.Desalma SRL pág 85/86).

Sin perjuicio de lo expuesto, puede advertirse también que el recurso no reúne los recaudos sustanciales de admisibilidad, por carecer de autosuficiencia.

En efecto, conforme surge del relato del planteo efectuado, se avizora en primer término que el recurrente trae a consideración cuestiones que no fueron sometidas a consideración de los jueces de las instancias ordinarias, como lo es la alegación de que el inmueble embargado se trata de un bien distinto al que motivo el presente incidente, por haber sido dividida la matricula con anterioridad al embargo, circunstancia esta que impide su tratamiento en esta instancia extraordinaria.

Por otra parte, el recurrente no formula una crítica concreta y razonada de los fundamentos en virtud de los cuales la alzada desestimó el recurso de apelación, como ser el que consideró acreditado el dominio con el informe del Registro de la Propiedad inmueble y aquél que estimó que el hecho de que el embargo no estuviera asentado en el Registro de la Propiedad, no implicaba que éste no existiera cuando había sido decretado en la causa.

Tampoco, el recurrente demuestra que la alzada no haya aplicado o interpretado erróneamente la ley o que la decisión fuera arbitraria; por el contrario, se observa que lo resuelto es una derivación razonable de derecho y de las constancias de la causa, lo que inhabilita la instancia extraordinaria.

Por todo ello, considero que corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto con costas y pérdida del depósito.

Concedida la palabra a los Dres. Cristina Irene Leiva y Ornar Muyal (M.S.), dijeron:

Que adhieren al voto que antecede.

Concedida la palabra a la Dra. María LA. de Lojko (M.S.), dijo:

Admitida la procedencia del recurso extraordinario federal, es dejada sin efecto la Resolución 204 del Superior Tribunal de Justicia, dictada el 10 de mayo del año 2004, por falta de unicidad argumental del voto mayoritario que decidiera la cuestión objeto del recurso extraordinario e inaplicabilidad de ley, deducido contra la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que confirmara la decisión de grado, disponiendo el levantamiento de embargo sin tercería.

ACLARACIÓN PRELIMINAR Como antecedente que determina las presentes actuaciones puntualizaré que en autos: "Expte. 604/1994 NUÑEZ PEDRO c./ INMOBILIARIA POSADAS SACIAR y M. s/ RENDICIÓN DE CUENTAS" fue condenada la demandada por rendición de cuentas, al pago del monto resultante de las cuentas aprobadas y sus accesorios legales, promoviendo la actora a continuación, la ejecución de dicha sentencia que tramita por "Expte. 604/2000 ...NUÑEZ PEDRO e HIJOS S.R.L. c/ INMOBILIARIA POSADAS S.AC.I.A.F. y M. s/ Ejecución de sentencia" la que obra por cuerda.

Al promover esta ejecución -a fs. 25 de esos autos- se peticiona la conversión en embargo ejecutivo del trabado oportunamente sobre los bienes inmuebles que quedaron sujetos a embargo preventivo dispuesto precautoriamente en "Expte. 604/ bis 1/ 1998 Núñez Pedro e Hijos S.R.L. c/ Inmobiliaria Posadas S.A.C.I.A.F. y de M. s./ Medida Cautelar".

Al efecto se pidió se libre el respectivo oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para su toma de razón.

Dispuesta la medida interesada a fs. 26, es librado el Oficio 253/2000 cuya copia obra a fs. 28, siempre del Expte. 604-bis/2000 por cuerda.

Entre la lista de los inmuebles cuya afectación con carácter ejecutivo se ordenaba al Registro de la Propiedad con la trasformación del embargo cautelar en ejecutivo, se halla el identificado como matricula 5654 (4), que constituye el antecedente dominial en mayor extensión según informe del Registro de la Propiedad, del inmueble determinado como lote 1 de la Manzana F de la subdivisión de la chacra 69 matriculado al Folio Real Matrícula 32228 del Departamento Capital (4) -fs. 37 y 38 de autos Expte. 25-STJ-2004- del que se dispusiera el levantamiento de embargo materia de este recurso extraordinario.

Firme la sentencia de venta, la misma parte actora instó la designación del martillero y atento al número de inmuebles embargados, solicitó la modalidad de una subasta parcial en etapas, y en consonancia, se ordena el mandamiento de constatación del estado de ocupación de los inmuebles para la subasta, librándose al efecto el mandamiento 589 -fs. 63 del Expte. 604 bis-2000 s/ ejecución de sentencia por cuerda- en cuyo diligenciamiento Fostum de Maruzeck toma conocimiento de la afectación del inmueble de su propiedad.

Es importante destacar que se consignó con precisión como inmuebles sujetos a la constatación del estado de ocupación para la subasta, el identificado como Folio Real Matrícula 5654 (4), compuesto por los lotes 1 al 7 de la Manzana F de la Chacra 69 -fs. 63 del citado Expte. 604 bis-2000 por cuerda-.

Es decir que claramente se identifica como sujeto a las constataciones previas a la subasta el lote 1 de la Manzana F de la Chacra 69, cuya Matrícula 32.228 (4) correspondía al lote cuyo levantamiento de embargo sin tercería, motiva las presentes actuaciones.

Luego, tanto al ser ordenado como diligenciado dicho mandamiento de constatación, estaba perfectamente dispuesta la medida respecto del inmueble de propiedad de la Sra. María Fostum de Mazureck, quien ante estas actuaciones toma conocimiento del embargo, procediendo a acreditar con una fotocopia certificada de la escritura traslativa de dominio a su favor, la titularidad del dominio respecto del lote 1 de la Manzana F proveniente de la subdivisión de la Chacra 69 de Posadas, sujeto a la constatación, y peticiona el levantamiento de embargo sin tercería.

Librado oficio al Registro éste ratifica la titularidad dominial de María Fostum de Mazureck sobre dicho inmueble.

Pese a ello se opuso la parte hoy recurrente a lo solicitado, invocando que el embargo no había sido anotado registral mente.

Resuelto favorablemente el levantamiento del embargo es apelada la resolución de grado, que confirmada por la Alzada, motiva el recurso extraordinario en tratamiento.

ADMISIBILIDAD FORMAL DEL RECURSO:

Procediendo al análisis de los requisitos formales que habilitan esta vía recursiva extraordinaria conforme lo dispuesto por el art. 289 del C.P.C., considero que el recurso ha sido interpuesto en término, que se ha efectuado el depósito judicial requerido con las boletas de fs. 100 y 137, y que la cuestión recurrida -el levantamiento de embargo sin tercena- si bien carece del carácter de sentencia definitiva en si misma, es asimilable a ella, por cuanto su denegatoria obligaría a un desgaste jurisdiccional innecesario, mediante la promoción de un nuevo proceso, cuando los elementos de juicio reunidos en la causa permiten adoptar su solución definitiva.

Razones de economía procesal y efectividad de las resoluciones judiciales, justifican su tratamiento; al haberse sustanciado el levantamiento de manera sumaria, y por ello procederé a considerar a continuación, la cuestión de fondo sometida a decisión del Tribunal.

SUSTANCIA DEL RECURSO Interpreta el Memorial que con el levantamiento de embargo sin tercería, que confirmara la decisión de la Sala IIIra. de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, se habría violado lo dispuesto por el art. 2.505 del C.C., y las normas que enumera de la ley 17.801, lo que constituiría un supuesto de arbitrariedad de sentencia en los términos del art. 296 inc. 4 del C.P.C. y C.

La recurrente reconoce la titularidad del dominio de Fostum de Mazureck sobre el inmueble lote 1 de la manzana F proveniente de la subdivisión de la chacra 69 de Posadas; cuyo levantamiento de embargo es objeto de esta vía recursiva, pero expresa, que sobre tal inmueble no habría sido dispuesto embargo alguno en el proceso de ejecución de sentencia, dado que del informe de fs. 37/38 no surge anotado el mismo.

En rigor, el embargo fue dispuesto en un proceso cautelar anterior sobre dicho inmueble, como parte integrante de otros lotes que en su mayor extensión estuvieron registrados en conjunto al Folio Real bajo Matricula 5654 del Departamento Capital (4) fs. 107 párrafos 6to. y 7mo.

Contradictoriamente expresa también a fs. 107 que: a) el embargo trabado lo fue en mayor extensión sobre la matrícula 5654 (4) por lo que abarcaba el lote 1 de la manzana F de la chacra 69, el que por subdivisión, fuera rematriculado como 32.228 (4) según constancia del Registro de la Propiedad Inmueble obrante a fs. 38.; pero a la vez, en el párrafo subsiguiente, afirma: b) que dicho inmueble no fue nunca embargado.

Es patente que la recurrente confunde palmariamente el embargo ordenado en los autos de ejecución de sentencia, a pedido de la parte ejecutante: con la anotación de dicha medida en el Registro de la Propiedad, cuando cada uno tiene alcances y finalidades diferentes.

Tenemos así, que la medida judicial que dispusiera el embargo es reconocida en su existencia por el recurrente, aun cuando aclare que lo fue en mayor extensión según -matricula 5654 (4), antecedente dominial de la matrícula 32.228 (4) que corresponde al lote 1 cuyo levantamiento de embargo nos ocupa -fs. 38 y 107-.

También admite la titularidad del dominio de la peticionante del levantamiento de embargo sin tercería, sobre el inmueble cuya escritura traslativa de dominio adjuntara -fs. 107 párrafo 8vo.

Carece entonces de interés legítimo la recurrente en oponerse al levantamiento de una medida precautoria respecto de un inmueble, que reconoce explícitamente que ha salido del patrimonio de la ejecutada, y del cual es titular la reclamante.

Alega como razón que nunca se habría trabado embargo concretamente sobre el lote 1 Mz. F Chacra 69 matrícula 32.228 (4) cuyo levantamiento nos ocupa, en razón de que al no estar ya inscripto a nombre de la ejecutada dicho lote, por haber sido trasferido con anterioridad a la ejecución, no pudo el registro haber tomado razón de ese embargo sobre el mismo.

Nuevamente confunde la medida judicial dispuesta a su petición -el embargo preventivo- y luego su posterior conversión en embargo ejecutivo- con la anotación registral del mismo.

La afectación del dominio mediante el embargo se genera y obtiene mediante una orden judicial dispuesta previo cumplimiento de los requisitos procesales respectivos.

Entre las partes y sus sucesores, surte efectos desde su conocimiento, con independencia de su anotación en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Así, el fundamento que sustentaran en lo esencial ambas decisiones jurisdiccionales, afirma que la circunstancia de no existir constancias en autos de haberse diligenciado el Oficio librado al Registro de la Propiedad Inmueble para la toma de razón de esa cautelar que afectara al inmueble objeto de la petición de su levantamiento, no obsta a la existencia de tal embargo.

La anotación de una medida cautelar en el Registro de la Propiedad Inmueble, carece de carácter constitutivo del embargo.

Es unánime la Doctrina y Jurisprudencia que interpreta los alcances del art. 2505 del C.C. en consonancia con las disposiciones de los arts. 2, 4, 16, 17 y 20 de la ley 17.801, que la anotación registral tiene efectos puramente declarativos y como finalidad la publicidad de su estado jurídico frente a terceros, reconoce su oponibilidad, y demás previsiones de la ley, según lo dispuesto por el art. 2 inc. b, de la ley 17.801.

El sistema de publicidad registral introducido por las leyes 17.711 y 17.801 es simplemente declarativo y no constitutivo. (Conf. CNCiv. Sala E La Ley 1980-D-295; con nota de Elena Highton de Nolasco; La Ley 1985-C, 574; E.D. 111-224; Código Civil Anotado y Comentado de SANTOS CIFUENTES. Vol. III pág 300, Ed. La Ley) Así, el embargo existe según la orden judicial que dispone su traba, es decir con anterioridad y con independencia de su anotación registral tratándose de inmuebles, aun cuando tal anotación tenga como efecto generar la prioridad que le asigna entre los derechos de la misma especie los arts. 14, 15 y 17 de la ley 17.801.

Tan es así, que el art. 4 de la ley 17.801 aclara: "la inscripción no convalida el titulo nulo ni subsana los defectos de que adoleciera según las leyes...".

Luego si la anotación registral es simplemente declarativa, y su efecto es su oponibilidad a terceros de los actos registrados, ello nos obliga a concluir que en el caso de autos, el embargo existía por disposición judicial, y que la titular del inmueble afectado, al tener conocimiento concreto del mismo en ocasión de ser diligenciado el mandamiento de constatación del estado de ocupación a los fines de la subasta, estuvo legitimada para solicitar el levantamiento de la medida tal como se dispusiera en sentencia, y la vía elegida era la más apta para evitar un desgaste jurisdiccional más amplio.

Esta conclusión se impondría inclusive conforme al razonamiento de la parte recurrente, pues si efectivamente no medió la anotación registral del embargo respecto del inmueble Matricula 32.228 (4) tal como lo indicaría el informe de fs. 38, ello no obstaba a su existencia.

Sin perjuicio de la publicidad registral instituida legalmente a través de los Registros para facilitar la seguridad en el tráfico inmobiliario, ello no obsta a mi juicio, al conocimiento que pudiera adquirir por cualquier otro medio, el titular de un derecho afectado, y en razón de ese conocimiento que en el caso lo fue concretamente el mandamiento de constatación 589 de fs. 63 de los autos 604-bis-2000 por cuerda, peticione el levantamiento de la medida judicial que afecta al inmueble del cual es titular.

Ese mandamiento si bien indica como matrícula la 5654 (4) enumera también como parte del mismo, el lote 1 de la Manzana F, que reconoce el Memorial, había sido enajenado por la ejecutada con anterioridad a la promoción de la ejecución de sentencia en su contra.

Luego, si el embargo se ordenó a petición de parte, se dispuso sobre un bien que no era de propiedad de la ejecutada, si la conversión de ese embargo en ejecutivo tampoco excluyó explícitamente al lote 1 de la Manzana F, de la Chacra 69, y si además, se dispuso explícitamente en el mandamiento de constatación del estado de ocupación a los fines de la subasta que la diligencia comprendiera concretamente ese inmueble objeto del pedido de levantamiento del embargo; mal puede afirmar la recurrente que: " ...se trataría de un mero error in procedendo que habilitaría la nulidad de lo actuado, mas no una tercería o el levantamiento del embargo sin tercería...".

La Juez interviniente en el proceso de ejecución de sentencia, no actuó de oficio ni menos dispuso de oficio los embargos, ni su conversión, ni los actos preparatorios de subasta, y las peticiones poco precisas de la parte recurrente en cuanto a la determinación concreta de los inmuebles cuya afectación requería, así como la falta de oportunas aclaraciones para la exclusión del inmueble que nos ocupa de las medidas tendientes a la subasta, la obligan objetivamente a cargar con las costas de este levantamiento de embargo sin tercena que es a todas luces procedente.

Finalmente, no es atribuible al martillero la responsabilidad del error u omisión en que se ha incurrido, pues quien tiene la dirección del proceso es el letrado que representa a la parte ejecutante, y quien se opusiera firme y reiteradamente al levantamiento de embargo que nos ocupa.

Considero por lo expresado, que la resolución recurrida no ha violentado el texto ni la interpretación que cabe asignar al art. 2505 del C. Civil, ni menos aún de las disposiciones de la ley 17.801 que se invocaran como fuente de arbitrariedad de la sentencia, y el recurso debe ser desestimado.

Concedida la palabra a los Dres. Cecilia W. de Guirland (M.S.). Silvia M. de Panza (M.S.) y César Tadeo Quirós (M.S.), dijeron:

Que adhieren al voto de la Dra. Ramona Beatriz Velázquez.

Por Secretaría, se deja constancia que no suscribe la presente resolución el Dr. Mario Dei Castelli, por encontrarse en uso de licencia (art. 18 de la Ley Nº 2441).

Por ello, y siendo concordante la opinión de la mayoría (art. 15 de la Ley 2441, modificada por Ley 2819); EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, RESUELVE: I). DECLARAR INADMISIBLE el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto en autos, con costas y pérdida del depósito. - Roberto Rubén Uset. - Mario Dei Castelli. - Ramona Beatriz Velázquez. - Cristina Irene Leiva. - Ornar Muyal. - María L.A. de Lojko. - Cecilia W. de Guirland. - Silvia M. de Panza. - César Tadeo Quirós.