Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-18


Buenos Aires, 18	de junio de 2008	Vistos: los autos indicados en el epígrafe, resulta:

1. La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su Secretario General, el Sr. Gustavo Daniel Horacio Sacco, promovió acción declarativa de inconstitucionalidad, en los términos del art. 113, inc. 2º, de la CCBA, a fin de que se declare la inconstitucionalidad y pérdida de vigencia de: a) el art. 20, incs. a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n y o, ley nº 2.386, en tanto modifica el art. 2, incs. 3 a 6, el art. 20, incs. 3, 9, 12 y 13, el art. 29, incs. 1 y 2, el art. 30, incs. 1 a 3, y el art. 31, inc. 6, respectivamente de la ley nº 31; b) el art. 5, ley nº 2.386 en tanto reforma el art. 3, el art. 18, incs. 3, 4, 5, 6, de la ley nº 1.903; c) art. 6, ley nº 2.386 en tanto modifica el art. 21, incs. 1 y 2, ley nº 1.903; d) el art. 8, ley nº 2.386, en tanto modifica el art. 23, ley nº 1.903; e) el art. 10, ley nº 2.386 en tanto modifica el art. 25, ley nº 1.903 y f) el art. 5, ley nº 2.386, en tanto modifica el art. 28, ley nº 1.903 (fs. 178/192), por cercenar indebidamente "la actividad institucional del Consejo de la Magistratura según la planificación constitucional local" consagrada por el art. 116 CCABA (fs. 192).

2. A fs. 197/201, el Tribunal rechazó in limine la petición formulada por la actora en el punto 9 "Excusación obligada del representante del Ministerio Público" y decidió, por mayoría, correr vista al Sr. Fiscal General por el plazo de 5 (cinco) días, para que se expidiera en relación con la admisibilidad formal de la acción planeada en autos.

3. A fs. 208/213, el Sr. Fiscal General emitió su dictamen y opinó que "no se encuentran satisfechos los recaudos legales que tornan admisible la acción intentada" de acuerdo a lo establecido por el art. 19, inc. 2, ley Nº 402, porque no se definió clara y concretamente cuáles son las disposiciones atacadas ni tampoco se fundamentó suficientemente la pretensión.

En su opinión la presentación sólo evidencia "la mera disconformidad con la forma en que legalmente se encuentran repartidas las funciones de gobierno en el Poder Judicial" de la Ciudad y que el objeto procesal de la demanda debe "buscarse a través de acciones de certeza" (fs. 212 vuelta).

Fundamentos:

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la presente demanda con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de las "leyes 1.903, según texto ordenado por la ley 2386, y ley 2386", que redistribuyen algunas de las competencias funcionales de los órganos intra poder que integran el Poder Judicial de la Ciudad, establecidas por la ley nº 31.

La pretensión resulta formalmente improcedente en los términos del art. 113, inc. 2, CCABA, y los arts. 17 y concordantes de la ley n° 402, sustancialmente por dos razones, que expondré a continuación.

2. En primer lugar porque el objeto procesal que, en sustancia, exhibe la presentación, constituye un caso, causa o controversia. incompatible con la vía intentada.

Lo expuesto se advierte, por una parte, a partir de las propias expresiones de la actora en cuanto expresa "la peculariedad que inviste la acción regulada en el art. 113 de la C.C.B.A. no implica que aquí se ejerza una pretensión meramente consultiva. En el particular advertimos claramente la presencia de un `caso` o `causa´ en los términos del art. 116 de la C.N, en tanto el pronunciamiento que se pretende no asume el carácter de encuesta o consulta meramente académica, sino que se sustenta, primero, en la diáfana alteración del orden institucional proyectado por el constituyente local (...), y segundo, que la normativa impugnada incide en el ejercicio regular y eficaz de la acción sindical a la que se debe ajustar la demandante, generando el nuevo cuadro normativo un desequilibrio en las condiciones de trabajo de los presentados frente a la duplicidad de regímenes normativos, con evidente trato discriminatorio en la selección del personal - en detrimento de una porción considerable del universo de empleados-, lo que configura una grave afectación del art. 14 bis de la C. N." (fs. 179 vuelta).

Por otra parte -y en rigor de verdad-, la configuración del caso, causa o controversia resulta apreciable en todo el contenido de la demanda, por ejemplo cuando se sostiene que: a) la norma atacada "incide en forma directa en las incumbencias propias del sindicato, de modo tal que la puesta en ejecución de la ley tergiversa y duplica, de modo innecesario, la actividad colectiva de representación" (fs. 178 vuelta); b) "[C]oncurrentemente con la invalidez normativa pretendida, la asociación persigue la tutela y defensa de los derechos de los trabajadores comprendidos en el ámbito de su representación, resguardando la igualdad de condiciones de trabajo, de oportunidad y de ascenso escalafonario" (fs. 178 vuelta); c) "[E]l punto de partida de todo análisis de legitimación sustancial está vinculado al interés que esta parte invoca para ser protagonista de la reclamación institucional (...), en tanto se presenta invocando una representación sindical" (fs. 179 vuelta); entre otras varias expresiones que denotan, sin lugar a dudas, la existencia de un reclamo de índole particular.

Esta conclusión se ve corroborada con la documentación agregada a fs. 123 (Acta N 07/2007 de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad), en la cual se formalizó la voluntad de la Asociación de instar la presente acción, cuando alude a que "no sólo trata de una cuestión institucional, en defensa del sistema y división de poderes dentro del Gobierno de la Ciudad, sino de la presentación y defensa concreta del personal comprendido por esta Asociación, resguardando la igualdad de oportunidades, de régimen laboral y del derecho al ascenso escalafonario" puesto que "ya se han producido casos que alteran esa igualdad ante la ley, generando favoritismos y afectaciones que son lesivas de los derechos y garantías por lo que procedería la acción declarativa".

Desde sus primeros pronunciamientos, el Tribunal señaló que la acción declarativa de inconstitucionalidad del ámbito local, y de competencia originaria y exclusiva el Tribunal Superior, tiene por único objeto impugnar la validez constitucional de una norma de carácter general emanada de las autoridades locales por ser contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución y que no puede confundirse el control concentrado y en abstracto de constitucionalidad, con el control difuso que, reconocido a todos los jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones jurídicas individualizadas (Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T I, ps. 56 y ss., Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, in re, Massalin Particulares SA c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5 de mayo de 1999 y Constitución y Justicia, Fallos del TSJBA, T II, ps. 426 y ss., Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, in re "Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de buenos Aires c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 577/00, resolución del 30 de noviembre de 2000) y que la inclusión -ya sea de modo incidental o como fundamento jurídico de condena- de una cuestión constitucional en el marco de una acción que en definitiva procura el ejercicio del control difuso de constitucionalidad, no convierte la acción en la prevista en el inciso 2 del art. 113 CCBA, pues es menester que el único objeto de ésta última sea el control abstracto de constitucionalidad (cf. este Tribunal in re "Farkas, Roberto y otro c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", exp.. nº 7/99 SAO, resolución del 28/06/1999; "Oronoz de Bigatón, Celina c/ GCBA s/ amparo", expte. Nº 98/99 SAO, resolución del 29/09/1999; "Finkelberg, Oscar Guido c/ GCBA s/ acción declarativa (art. 322 CPCC)", expte. nº 136/99 SAO, resolución del 17/11/99 e "Iráizoz, Juan Fermín c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 158/99 SAO, resolución del 15/12/1999, entre muchos otros).

3. En segundo lugar, la interesada no logra articular un planteo apto en los términos del art. 19, inc. 2º, ley nº 402, en tanto ello exige, por un lado, la mención precisa de las normas que se estima contrarias a la CN o a la CCABA y, por el otro, el desarrollo adecuado de los fundamentos que sustentan tal contradicción.

En efecto, este Tribunal ya ha advertido "que es un requisito esencial del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad que quien la inicie precise con claridad cuales son las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad, y cuales los preceptos y principios constitucionales, con los que las primeras entran en colisión. También es ineludible que explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad (in re "Massalín" ya citado).

En este punto, y tal como lo señala el Sr. Fiscal General en el punto V de su dictamen (fs. 209/210), resulta relevante la falta de precisión que evidencia la demanda al momento de determinar si la acción se dirige contra las leyes reformadas (leyes nº 31 y nº 1.903) o contra la ley "reformante" (ley nº 2.386), pues las consecuencias son muy distintas y no parece posible que, frente a una demanda de esta naturaleza y de trascendencia institucional, sea el Tribunal quien precise su objeto (cf. este Tribunal in re Villegas, Héctor c/ GIBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", Constitución y Justicia, t. III, p. 620 y siguientes).

Pero además, la presentación en examen exhibe otra severa deficiencia consistente en que la razón central alegada para fundar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas reposa casi excluyentemente en el fallo arribado por este Tribunal en la causa "Ministerio Público (Defensoría General y Alegoría General de Menores e Incapaces) c/ Consejo de la Magistratura s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 70/1999 (ver punto 5.2, fs. 181 vuelta/182 vuelta) y en el debate parlamentario de la ley nº 2.386 -éste último también contrastado a su vez con el fallo del Tribunal recién referenciado (fs. 5.4, fs. 186 vuelta//190)-; empero adolece de un desarrollo argumental autónomo, claro y serio, que establezca una adecuada vinculación con la afectación de algún precepto o garantía constitucional local o nacional, tal como lo requiere una acción de esta naturaleza.

Argumentos como los aludidos, que sólo expresan una discrepancia con los criterios sustentados desde la Legislatura para legislar, no resultan suficientes para dar curso a la acción de inconstitucionalidad prevista en el Art. 113 inc. 2do CCABA; menos aún cuando el fundamento de la impugnación lo constituye, centralmente, la contraposición con lo dicho por el Tribunal en un fallo anterior donde resultaba escrutada una ley, la n° 31, que no se encuentra en juego en esta oportunidad. En este sentido, creo necesario destacar que la validez constitucional de una ley anterior que establecía un modelo institucional diferente para el Ministerio Público no indica, sin más, que una ley posterior que adopta otra estructura, no pueda revestir igual condición de constitucionalidad, ya que, de lo que se trata por medio de esta vía es de demostrar -en cada caso- la falta de compatibilidad de las normas impugnadas con los preceptos constitucionales.

Por último, no está de más recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo que corresponde exigir a quien pretenda obtenerla un sustento argumental sólido que contenga la propuesta de un debate constitucional serio y fundado (cf. mi voto en "Tórtora, Carlos Alfredo c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 4884/06, resolución del 1º de noviembre de 2006), notas -en suma- que no advierto en la demanda interpuesta.

4. Por las razones expuestas en los puntos precedentes voto por declarar inadmisible la demanda planteada a fs. 178/192.

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

1. Coincido con la jueza de trámite, Ana María Conde, en declarar inadmisible la demanda presentada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Son requisitos esenciales del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad (artículo 113 inciso 2 de la CCBA) que quien la inicie precise con claridad las normas de carácter general sobre las que solicita el control de constitucionalidad y los preceptos y principios constitucionales con los que colisionarían y explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad.

Los recaudos indicados arriba no han sido satisfechos por la actora cuya presentación carece de argumentos suficientes que pongan en crisis, desde la óptica constitucional, las leyes nº 1.903 y nº 2.386. En efecto, el escrito de fs. 178/192 sólo contiene reproches a fragmentos de deliberación parlamentaria y referencias genéricas a jurisprudencia que emitiera el Tribunal antes de que se dictaran las normas objetadas.

Asimismo, lo peticionado a fs. 178/192 (clarificar el escenario de actuación gremial de la Asociación) no guarda correspondencia con el objeto de la acción declarativa de inconstitucionalidad que no comprende el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas.

3. Por ello, voto por declarar inadmisible la acción promovida por al Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fs. 178/192.

El juez Julio B. J. Maier dijo:

Me adhiero al voto de la Sra. jueza de trámite y agrego:

1. El planteo de fs. 178/192 vta. resulta ineficaz a los efectos de identificar inequívocamente la voluntad impugnativa de la actora y el objeto procesal de la acción. En efecto, la demanda, en principio, no sigue el temperamento impuesto por el TSJ, pues, en lugar de identificar normas específicas, en pugna con las Constituciones Nacional o local, pretende la declaración de inconstitucionalidad virtualmente in totum -o, cuando menos, radicalmente indeterminada? de la ley nº 2.386, en tanto ésta impacta en la reforma de:

a) catorce disposiciones de la ley nº 31 (Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, sancionada el 28/05/1998), referidas a temas de tal magnitud como las atribuciones y competencias del Consejo (art. 2, incs. 3, 4, 5 y 6); las facultades del Plenario del Consejo (art. 20, incs. 3, 9, 12 y 13); la competencia de la Comisión de Administración y Financiera para elaborar el anteproyecto de presupuesto anual y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público (art. 29, incs. 1 y 2), la definición de las funciones de la Comisión de Disciplina y Acusación (art. 30, incs. 2, 3 y 6) y la definición de las faltas disciplinarias (art. 31, inc.6); y b) diez disposiciones de la ley nº 1.903 (Ley Orgánica del Ministerio Público, sancionada el 06/12/2005), relativas a la autonomía funcional del Ministerio Público (art. 3); las facultades de la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar que, en sus respectivos ámbitos, tienen a su cargo el gobierno y la administración del Ministerio Público (art. 18, incs. 3, 4, 5 y 6); las atribuciones de este órgano en punto a la administración general y financiera (art. 21, incs. 1 y 2); la ejecución del presupuesto asignado (art. 23), las facultades disciplinarias (art. 25) y la aplicación de sanciones a cargo del Tribunal de Disciplina (art. 28).

De este modo, bajo la hipótesis de que este profuso número de decisivas normas sea, efectivamente, el objeto de la impugnación intentada por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la CABA (sobre este punto, ver las esclarecedoras consideraciones del Sr. Fiscal General, punto V de su dictamen), la demanda no cumple con la carga de identificar, con la debida especificidad, cuáles son las normas de alcance general que la actora pretende que el Tribunal invalide, y cuáles son las razones por las cuales cada una de ellas es puesta en crisis a través de la ultima ratio del orden jurídico, esto es, la pretensión de que se declare su falta de adecuación constitucional.

Como sostuvo este Tribunal en la causa "Villegas, Héctor c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 1254/01, resolución del 15/11/01, en Constitución y Justicia [Fallos del TSJ], cit., t. III, ps. 622/623, el actor tiene la carga de identificar precisamente la o las reglas particulares del orden jurídico local cuya exclusión del catálogo que lo conforma el actor (razonablemente) pretende. Debe citar con absoluta precisión el texto o segmento normativo cuya pérdida de vigencia demanda, como efecto de la sentencia que dictará el Tribunal (art. 113, inc. 2, CCBA), pues no parece posible que, frente a una demanda de esta naturaleza, sea el Tribunal quien precise su objeto (cfr., asimismo, la doctrina del Tribunal en las causas "Oliveto, Noemí Flavia y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2660/03, resolución del 11/02/04, "Rodríguez Simón, Fabián c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 3055/04, decisión del 15/05/04, primer considerando, y "Asociación Argentina de Compañías de Seguros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. n° 2953/04, resolución del 12/04/04, mi voto, primer considerando).

Reitero, a modo de énfasis y desarrollo, que el Sr. Fiscal General, en su dictamen, extrema esta crítica al escrito de interposición de la demanda, al afirmar que la actora no aclara o explica tan siquiera si la impugnación que pretende se dirige contra las leyes nº 31 y nº 1.903, según la reforma de la ley nº 2.386 o, derechamente, contra la reforma operada por la última. "Dilucidar, entonces, si la acción se dirige contra las leyes reformadas, o contra la ley 'reformante' no es menor, pues las consecuencias son muy distintas ... Atacar la ley de reforma, pero también la ley reformada, constituye un binomio en que sus partes repelen el tratamiento unificado que propone el recurrente: rechazar la acción en un sentido, implicaría necesariamente rechazarla en el otro, pero a la inversa, hacer lugar a uno de ellos, conllevaría la imposibilidad de hacer lo propio respecto del otro" (fs. 210).

2. También resulta un requisito ineludible del trámite preliminar de admisibilidad de la acción declarativa de inconstitucionalidad que quien la inicie explique de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad. El voto de la Dra. Ana María Conde expone con suficiencia el fracaso de la demanda en este aspecto y, por razones de brevedad, me remito a esa exposición (ver punto 3 de su meditado voto). Profundiza el carácter deficitario de la fundamentación del escrito la inatinencia del desarrollo e ilustración profusa del par conceptual 'interés individual / interés colectivo' (fs. 180 y ss.), que deriva en el relevamiento por la actora de las supuestas concepciones de autores como Bourdieu, Bachelard, Kant, Hume y Leibniz en esta materia (fs. 180 vuelta).

Finalmente, las consideraciones de la actora en cuanto al modo en que la normativa en crisis incide en las incumbencias del sindicato -y sus pretensiones orientadas a que sus obligaciones y potestades gremiales resulten esclarecidas a través de la sentencia de este Tribunal? no se corresponden con el carácter abstracto del test de validez constitucional que articula el art. 113, inc. 2, de la CCBA, como lo indican las Sras. juezas Conde y Ruiz en el punto 2 de sus respectivos votos.

Por las razones expuestas, voto por declarar inadmisible la demanda planteada.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. La Asociación de Empleados del Poder Judicial (en adelante AEJP) se encuentra legitimada para promover la acción declarativa de inconstitucionalidad (art. 18 inc. 2, ley 402).

Es cierto que en varios pasajes de la demanda, la actora, invoca la representación de un interés colectivo. En efecto, señala que posee "legitimación sustancial del sindicato para requerir el cumplimiento de una estructura institucional de índole fundacional / constitucional, procurando así el mantenimiento de las condiciones colectivas de trabajo dentro del marco de la Constitución", y sostiene que en el particular se advierte "la presencia de un 'caso' o 'causa' en los términos del art. 116 de la CN". Incluso apunta que los preceptos impugnados en tanto distribuyen, entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, competencias que la CCBA asigna privativamente al primero de los órganos mencionados, representa un peligro "(.) en ciernes de las condiciones de trabajo" porque a su criterio, "(.) están en juego 'las condiciones de vida y trabajo (de los trabajadores)'" circunstancia por la cual, según postula, "(.) el reclamo se encuentra dentro del objeto de actuación de la organización sindical" y en línea con "(.) la legitimación amplia que otorga el artículo 43 de la Constitución Nacional para la actuación de intereses colectivos y difusos". Por ello, para lo que ahora importa, la accionante sostiene que "(.) la pretensión articulada procura la satisfacción de un interés colectivo" (fs. 179/ 180).

Lo anterior podría conducir a considerar que, la demanda articulada por la AEPJ, excede el ámbito propio del control de constitucionalidad abstracto dentro del que se desenvuelve el proceso previsto por el art. 113, inc. 2, de la CCBA. Sin embargo, analizada la cuestión desde la perspectiva que brinda la organización del Poder Judicial delineada en los arts. 106 y 113 de la CCBA, en la que el control de constitucionalidad difuso (concreto y, por regla, inter partes) convive con el concentrado (abstracto y con efectos erga omenes), aquella conclusión resultaría apresurada.

2. Es una realidad innegable que la expansión de la legitimación originada a partir de la reforma de la CN ocurrida en 1994, receptada también en la CCBA (art. 14), permite que un sujeto que no es titular exclusivo del derecho puesto en juego, busque un reconocimiento judicial que lo comprenda como parte de un universo más vasto de titulares cuando ese derecho es de incidencia colectiva. En estos supuestos, la intervención judicial solicitada puede registrar un grado variable de vinculación con relaciones jurídicas concretas, según sea la colectividad fruto del carácter indivisible o acumulativo de la prestación, y corresponderá al ámbito del control difuso. En cambio, cuando como en autos, la pretensión se circunscribe a solicitar el control abstracto de normas vinculadas al interés colectivo que la actora representa, por considerar que ellas entran en pugna con la Constitución Nacional y la CCBA, el único cauce posible para debatir el punto es el previsto por el art. 113 inc. 2 de la CCBA.

Dicho en otras palabras, la circunstancia de que una norma sea atacable por constituir un obstáculo al reconocimiento de un derecho de incidencia colectiva y consiguiente progreso, en el marco de una causa, de una pretensión apoyada en él, no puede erigirse en impedimento para hacerlo opcionalmente por la vía del art. 113 inc. 2 cuando concurren los recaudos que la habilitan.

3. Dentro del esquema de organización judicial mixta que diseñó el constituyente local, la pretensión de la parte actora, relativa a un interés colectivo pero, al propio tiempo, formulada al margen de cualquier relación jurídica concreta (como lo serían discusiones gremiales en curso o sanciones disciplinarias o de superintendencia resistidas), remite necesariamente al proceso abstracto previsto en el art. 113 inc 2 de la CCBA. Mientras que en la acción declarativa de inconstitucionalidad allí prevista, el objeto del juicio es controlar la coherencia del ordenamiento jurídico y su forma de producción en abstracto, los jueces llamados a intervenir en el marco de causas (art. 106 de la CCBA), en cambio, no puede pronunciarse, ni siquiera en la acción de certeza (art. 277 del CCAyT) y aún cuando se requiriera tutela en relación con derechos de incidencia colectiva, si la pretensión esgrimida no asegura que la sentencia operará sobre derechos comprometidos por relaciones jurídicas concretas.

Parece evidente que la altísima demanda requerida al servicio de justicia para acceder al goce básico, o a veces más completo, del catálogo de derechos incluido en la CN y en la CCBA, sumado a los nuevos horizontes que demarca, por ejemplo, la ley ambiental (nro. 25.675), los tratados internacionales o el propio art. 43 de la CN, han llevado a la propia CSJN a extremar sus esfuerzos para responder a las exigencias actuales. Para ilustrar el punto basta con remitir a la lectura de las sentencias recaídas en los casos "Lavado, Diego J. y otros c/ Provincia de Mendoza y otro s/ acción declarativa de certeza" (Fallos 330:111), "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza- Riachuelo" (Fallos 329:2316)" y "Mujeres por la Vida - Asociación Civil sin Fines de Lucro -filial Córdoba-c/ E.N. -P.E.N.- Mº de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo" (Fallos 329:4593), por mencionar sólo algunos de los precedentes característicos de los nuevos desafíos que enfrenta la organización judicial moderna. Este desafío, en la CABA, cuenta con una herramienta procesal que debe ser aprovechada pues, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito propio del control difuso, son características naturales de la acción declarativa de inconstitucionalidad tanto el carácter abstracto del debate como el posible efecto erga omnes de la sentencia estimativa. Por eso, los recaudos propios de la acción declarativa de inconstitucionalidad, previstos en el art. 113 inc. 2 de la CCBA, buscan equilibrar su potencia con el derecho de defensa de quienes no integran la litis, la división de poderes y el efecto expansivo de una eventual sentencia estimativa.

Ello no significa que todo derecho de incidencia colectiva de pábulo a una acción del art. 113, inc. 2, de la CCBA a condición de eliminar la pretensión propia de dicho derecho sino, solamente, que algunas situaciones permiten optar por un camino u otro, asumiendo las distintas consecuencias de una y otra acción. Así, por ejemplo, no sería posible requerir la reparación de daños ambientales o el desarrollo de acciones de reposición del ambiente en el marco de una acción del art. 113, inc. 2, citado; sí, en cambio, la eliminación de una ley relativa al ambiente si su contenido fuera conculcatorio de disposiciones constitucionales.

4. En tal contexto, una pretensión como la articulada en la demanda que, según quedó dicho, requiere la declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley 2386 sin vincularlos a relaciones jurídicas concretas, conduce a que quepa el control de constitucionalidad abstracto mientras que no estarían reunidos los extremos que habilitarían el difuso ante una pretensión personal o colectiva una de cuyas bases jurídicas fuera esa misma inconstitucionalidad. Más allá del significado ambiguo que se pudiera asignar a ciertos pasajes de la demanda, a esta altura del proceso, resulta dirimente que el planteo de inconstitucionalidad no remite al análisis de situaciones jurídicas concretas, ni individuales ni colectivas.

Por otro lado, según tiene dicho el TSJ, si bien la acción declarativa de inconstitucionalidad no requiere que el promotor del proceso ostente la condición de titular de la situación jurídica involucrada en la norma de alcance general cuestionada, tampoco excluye del universo de legitimados a quienes se encuentran dentro de su ámbito de aplicación, en la medida que estos últimos circunscriban su pretensión a requerir la declaración de inconstitucionalidad como requiere el art. 113, inc. 2, de la CCBA (cf. TSJ, "Unión Transitoria de Agentes S.A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 1268/2001, y su acumulado "Héctor Villegas c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. 1276/2001, sentencia del 26 de diciembre de 2001).

Las consideraciones enunciadas, aplicadas al supuesto que nos convoca, permiten concluir que la AEPJ, representante de los derechos colectivos que le encomienda la ley 23.551 de asociaciones sindicales, requiere la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos que estima contrarios a los arts. 116, 124 y 125 de la CCBA, al margen de toda relación jurídica concreta de la que fuera parte. En tales condiciones, en este aspecto, la demanda satisface las exigencias previstas para admitir una pretensión como la formulada a fs. 192 vuelta.

5. Sin embargo, la acción incoada no puede ser admitida por cuanto, como sostiene mi colega Ana María Conde, la presentación de la AEPJ no cumple con el recaudo de fundamentación exigible para esta clase de procesos.

Desde sus primeros pronunciamientos, este Tribunal ha exigido que el promotor de la acción declarativa de inconstitucionalidad cumpla con explicar "de manera clara y pormenorizada las razones en las que sustenta la tacha de inconstitucionalidad" (in re "Massalin Particulares S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resol. del 5/5/99, Constitución y Justicia [Fallos del TSJBA], T. I, ps. 56 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, entre otros). Por su parte, el art. 19 inc. 2 de la ley 402 establece que la acción debe contener "los fundamentos que motivan la pretensión, indicando los principios, derechos o garantías constitucionales presuntamente afectados". Como expresé en otras oportunidades, la exigencia de fundamentar la acción declarativa de inconstitucionalidad debe ser observada por quien la insta con mayor intensidad que en aquellas presentaciones que involucran la competencia asignada a este Tribunal por el art. 113.3 CCBA, pues la actora, al escoger la primera de las vías de impugnación constitucional mencionadas, obra en interés de la ley, (cf. art. 17 de la ley 402), lo que implica que el vigor con que esta acción es esgrimida resulta vital para que un debate, organizado con formato judicial, rinda sus mejores frutos o, mejor aún, no arroje resultados no queridos, exigencia que no queda satisfecha si los argumentos sobre los que pretende apoyar la impugnación no se hacen cargo, al menos, de las objeciones que previsiblemente puedan aducirse para respaldar la compatibilidad o coherencia de las normas cuestionadas con los preceptos de la Constitución local que se aducen vulnerados (cf. mi voto in re "Fedecámaras c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 3725/2004, sentencia del 16 de marzo de 2005, entre otros).

El control bajo una apreciación rigurosa del estándar enunciado no proyecta consecuencias irreversibles. Por el contrario, la inadmisibilidad de la acción dispuesta en las condiciones aludidas, no obsta su promoción posterior, sea por el mismo contradictor o por uno diverso, toda vez que la previsión contenida en el art. 20 de la LPTSJ se limita a los supuestos en que el Tribunal rechace la acción, es decir, aquellos procesos en los que se produjo un debate basado en argumentos que podían interpretarse -a priori- consistentes, y se arribó a un resultado opuesto a la pretensión de inconstitucionalidad. De suerte que, no habiéndose arribado al rechazo de la acción, ésta quedaría habilitada para ser incoada nuevamente para impugnar idénticas normas, introduciendo al debate fundamentos con el vigor que la acción amerita.

6. Desde la perspectiva que brindan las consideraciones formuladas en los párrafos precedentes, la impugnación que la AEPJ efectúa respecto de las disposiciones normativas contenidas en la ley 2386 -detalladas en los resultas de esta resolución-, en cuanto introducen modificaciones a la ley 1903 (ley del Ministerio Público) y, por su intermedio, a la ley 31 (ley orgánica del Consejo de la Magistratura), y que redundan, principalmente, en la atribución de ciertas competencias al Ministerio Público en materia reglamentaria, presupuestaria y disciplinaria con relación a dicho órgano, limitando correlativamente las potestades del Consejo de la Magistratura, por considerar que son contrarios a los arts. 116, 124 y 125 de la CCBA, no cumple con el recaudo de fundamentación en los términos enunciados.

La objeción constitucional es clara y no correspondería exigir a su respecto mayor desarrollo dialéctico, porque se entiende que la actora estima incompatible con la CCBA cualquier distribución de las competencias que los arts. 116, 124 y 125 atribuyen al Consejo de la Magistratura. El problema no es, entonces, la oscuridad del argumento, sino que el desarrollo argumental de la demanda soslaya toda respuesta en relación con motivos previsibles para postular la compatibilidad o coherencia de las normas cuestionadas con los preceptos constitucionales que se aducen vulnerados.

En efecto, el principal argumento en que la actora respalda su pretensión, se reduce a la invocación del precedente de este Tribunal in re "Ministerio Público (Defensoría y Asesoría General de Menores e Incapaces) c/ Consejo de la Magistratura s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 70/99, sentencia del 22 de octubre de 1999, en el que se abordó una cuestión semejante a la ahora involucrada. En aquella oportunidad, como sostiene la accionante, se cuestionaba la constitucionalidad de diversos artículos de la ley 31, y de la resolución 52/99 CM, en cuanto conferían competencia a este órgano para definir por reglamento la estructura orgánica del Ministerio Público y para establecer normas de nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados que integren el Ministerio Público. Sin embargo, aunque en aquella oportunidad el Tribunal rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, en virtud de una exégesis de las normas impugnadas que las exhibió como compatibles con el reparto de competencias delineado por la CCBA, ello no resulta suficiente para sostener la pretensión de inconstitucionalidad introducida en esta oportunidad, pues aquella interpretación no excluyó la posibilidad de que el órgano representativo de la voluntad popular dicte, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 117 CCBA, otras normas que también armonicen con el marco delineado por la CCBA. En otras palabras, el actor no se hace cargo de un argumento muy obvio: que las normas que reglamentan las disposiciones constitucionales involucradas pueden variar sin que ello signifique necesariamente vulnerar el mandato constitucional en juego.

Por su parte, las referencias que se efectúan a los debates legislativos tampoco logran conmover la solución auspiciada, ya que la opinión de minoría según la cual las mentadas competencias serían sólo atribuibles al Consejo de la Magistratura, no muestra automáticamente la invalidez constitucional de la reglamentación legal sancionada por la mayoría.

En suma, por las razones dadas, voto por declarar inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Empleados del Poder Judicial.

El juez José Osvaldo Casás dijo:

1. Participo de la opinión de mis colegas, en la medida en que concluyen que la presente acción declarativa de inconstitucionalidad no resulta formalmente admisible, por cuanto la parte actora no ha logrado fundamentar con suficiencia los motivos que la conducen a afirmar que el conjunto de normas legales cuya pérdida de vigencia reclama es susceptible de vulnerar preceptos de la Constitución nacional y/o de la local.

2. En efecto, si bien el escrito de inicio contiene una crítica general sobre un extenso número de disposiciones contenidas en las leyes nos 1.903 y 2.386 que se refieren a la organización del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reproche que -en definitiva- se orienta a demostrar que el reconocimiento de determinadas atribuciones en materia reglamentaria, presupuestaria y disciplinaria en cabeza del Ministerio Público local resultaría contrario a ciertos preceptos de rango constitucional, lo cierto es que la fundamentación de la tacha señalada se muestra insuficiente para dar andamiento a la vía elegida, en tanto se construye, básicamente, a partir de la remisión a una sentencia de este Tribunal y a algunos pasajes del debate parlamentario que precedió a la sanción de las normas impugnadas.	3. En cuanto a la referencia a la sentencia de fecha 22 de octubre de 1999 recaída en la causa nº 70/99 "Ministerio Público (Defensoría y Asesoría General de Menores e Incapaces) c/ Consejo de la Magistratura s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", mediante la cual este Tribunal descartó diversas impugnaciones formuladas contra la ley nº 31, estimo que ella es insuficiente para respaldar los planteos de inconstitucionalidad deducidos en este expediente. Para concluir de esta forma, basta poner de resalto -tal como lo hace en el punto 6 de su voto mi colega, el doctor Luis F. Lozano- que el alcance del precedente citado de ningún modo permite afirmar que cualquier regulación legal distinta a la contenida en la ley nº 31 resulta, sin más, inconstitucional.

Similar línea de razonamiento viene a frustrar también el fundamento cimentado en la opinión de ciertos legisladores que intervinieron en el debate parlamentario previo a la sanción de las normas legales objeto de tacha. En este caso, el sólo hecho de haberse constatado la presencia de una posición minoritaria que propició un criterio distinto a la hora de establecer el reparto de competencias entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, no permite afirmar, sin mayor desarrollo argumental, que las normas finalmente sancionadas sean contrarias a la Constitución.

4. Por todo lo expuesto, considero que la acción deducida -en los términos en que ha sido formulada- debe ser declarada inadmisible, pues no se ha dado cumplimiento a la exigencia de fundamentación para motivar la pretensión, establecida en el art. 19, inc. 2, de la LPTSJ y en la jurisprudencia del Tribunal (in re: "Massalin Particulares SA c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", expte. nº 31/99, resolución del 5/5/99, Constitución y Justicia [Fallos del TSJBA], Ed. Ad.Hoc, Buenos Aires, 2001, t. I, pág. 56 y siguientes, entre otros).

Así lo voto.

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el señor Fiscal General, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Declarar inadmisible la acción de inconstitucionalidad planteada a fs. 178/192 por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2. Mandar que se registre, se notifique y se archive.