Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-02


ROBLEDO, Daniel Alberto contra BARCELO, Ricardo Cirilo Reg.: A y S t 205 p 239-243.

En la ciudad de Santa Fe, a los dos días del mes de marzo del año dos mil cinco, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctor Rafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "ROBLEDO, Daniel Alberto contra BARCELO, Ricardo Cirilo -Indemnización de Daños y Perjuicios y Declaratoria de Pobreza - Recurso Directo- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. Nro. 60, Año 2.004). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?; SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?; y TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?. Asimismo se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores Vigo, Gutiérrez, Falistocco y Gastaldi.

A la primera cuestión -¿es admisible el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: En el nuevo examen de admisibilidad que prescribe el artículo 11 de la ley 7.055, no encuentro razones para apartarme del criterio de esta Corte -adoptado por mayoría- con que fue concedido el remedio intentado, en ocasión de acoger la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesta por el demandado contra la resolución nro. 11, del 28 de febrero de 2.003, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, al entender que la postulación contaba -prima facie- con suficiente asidero en las constancias de autos e importaba articular con seriedad un planteo que podía configurar una hipótesis de "violación al derecho a la jurisdicción" con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de la instancia extraordinaria (res. reg. en A. y S. T. 194, p. 370, fs. 30/32, Expte. C.S.J. Nro. 219/03, agregado por cuerda).

Por ello, y de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General (fs. 576/577), voto por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los vertidos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la segunda cuestión -en su caso, ¿es procedente?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: 1. Mediante el decisorio impugnado, el A quo resolvió rechazar el recurso de queja por denegación del recurso de apelación extraordinaria interpuesto contra la sentencia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nro. 1 de esta ciudad (obrante a fojas 406/439), aduciendo que si bien éste cumplía el requisito referido al tiempo de interposición, no lo hacía respecto del acompañamiento de las copias requeridas para que la Sala considerase la procedencia del recurso directo ya que se había omitido adjuntar el escrito de apelación y su cargo así como la notificación de la resolución apelada (f. 526).

Contra dicho pronunciamiento interpuso el accionado recurso de inconstitucionalidad por entender que había quebrantado el orden y la seguridad jurídica, vulnerando elementales principios constitucionales.

Señaló que de la lectura del artículo 356 del C.P.C. y C. no surge cuáles son las consecuencias que acarrea para el recurrente la falta de presentación de copias, es decir, no establece cuál es la sanción por la omisión.

También destacó que el artículo 357 del digesto de rito dice que el actuario dará al recurrente las copias el mismo día que se notifique la denegación y que en caso de no darse dichas copias el apelante cumplirá con presentarse ante el superior dentro del término debido. Agregó que el Tribunal bien pudo observar en la cédula de notificación del rechazo de la impugnación que no consta la entrega a su parte de las copias a que refiere el aludido artículo 356, y que tampoco hay constancia en el expediente principal de que se hayan fotocopiado y menos entregado las actuaciones pertinentes al recurso; asimismo, adujo que le solicitó al Tribunal que mandara a pedir el expediente para fallar la queja. Afirmó que la carga que el legislador le impuso al actuario jamás puede ser utilizada en contra del justiciable.

Manifestó que no encontrándose previsto como sanción el rechazo de pleno derecho de la queja en el caso de no acompañarse las mentadas copias, corresponde resolver la cuestión en el marco de los artículos 693 y 21 del C.P.C. y C., normativa que está orientada a que el juzgador agote los medios para mantener vivo el proceso, adoptando todas las medidas conducentes para evitar la nulidad del procedimiento, y cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia; por lo que el camino elegido, sin norma expresa que lo justifique, constituye un típico caso de denegación de justicia y arbitrariedad manifiesta.

No es lógico pensar, aseveró, que la omisión de presentación de una copia, sin sanción alguna en el código de forma y sin intimación previa conduzca "per se" al resultado arribado por el A quo, dejando sin justicia a su parte, por lo que la sentencia carece de motivación suficiente.

Puntualizó que existen remedios legales correctivos utilizados por esa misma Sala en las causas invocadas como fundamento y que fueron omitidos en el decisorio impugnado.

Sostuvo que se ha dado prioridad a una cuestión formal sin norma que lo sustente, fácilmente remediable, en detrimento de lo sustancial, lo que exhibe un exceso ritual en lo resuelto que lo torna arbitrario.

Acusó, por último, el vicio de autocontradicción en el pronunciamiento al remitir a lo resuelto por la misma Sala en otras causas, en las que se le concedió al recurrente un plazo adicional para la presentación de las copias, procedimiento que difiere del seguido en el presente caso (fs. 537/542).

2. Corrido el traslado que prescribe el artículo 4to. de la ley 7.055, la contraparte expresó, en lo que es de interés, que "... oponerse ocasionaría un desgaste procesal y costas. Esta parte actora deja librado a lo que la Excma. Cámara resuelva, y lo acepta. Costas por su orden" (f. 553).

3.1. El examen de las cuestiones traídas a conocimiento de este Cuerpo revela que exhiben una sustancial analogía con las que fueran debatidas y resueltas in re "MEDINA, Luis María c. FORNI, Pedro Carlos -Daños y Perjuicios- s. Recurso de Inconstitucionalidad" (R. A. y S. T. 143, p. 404); "LUNA, Pedro Roberto c. RUCCI, Antonio y/u otros -Daños y Perjuicios-Recurso Directo- s. Recurso de Inconstitucionalidad" (R. A. y S. T. 172, p. 323); "GONZALEZ, Ana Liz contra AMAYA, Luis Fernando -Acción de Reclamación de la Filiación Extramatrimonial- sobre Recurso de Inconstitucionalidad" (R. A. y S. T. 191, p. 20). Debe remarcarse que, con remisión en tales causas a su vez a "AQUERRETA de MUÑIZ DURAN, Claudia Eugenia c. ING. BERTINI, Enrique -Daños y Perjuicios- s. Queja " (R. A. y S. T. 108, p. 53), en "Luna" se sostuvo que constituye "... una arbitraria denegación de justicia privar al recurrente de la instancia revisora legalmente prevista por no haber éste acompañado las copias de las notificaciones que determina la ley adjetiva"; que "... es un deber insoslayable tutelar el acceso real a la jurisdicción, derribando las vallas irrazonables que lleguen a colocar al justiciable en una situación de desamparo que menoscabe su defensa en juicio ... (por lo que) ... al advertir el Tribunal la insuficiencia alegada pudo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley de rito (artículo 21 C.P.C.C.), disponer alguna medida previa dirigida a la recurrente y/o al Secretario del Tribunal interviniente (que tiene el deber de poner las respectivas copias a disposición del interesado -artículo 357 C.P.C.C.-), antes de resolver el rechazo, por no estar satisfecho un recaudo formal"; y que "si bien la custodia de las formas a que deben ajustarse los procesos se halla depositada en los magistrados judiciales, éstos deben atender en todo momento al fin último a que esa actividad se endereza, cual es la realización de la justicia como valor. En esencia, y en suma la función judicial constituye una actividad de asignación -o imputación- axiológica"; y en "Medina", por su parte, se dijo que "... no aparece cumplida por parte del juzgador una razonable preocupación ... para que el justiciable no viera frustrado, con palmario menoscabo de su defensa en juicio, el acceso real a la jurisdicción ...", resultando los reproches idóneos a efectos de lograr la anulación del decisorio cuestionado "... en cuanto (el A quo) da prioridad al no cumplimiento de la carga procesal (en el caso, se trataba de la demostración de la interposición en término del remedio), sin arbitrar ninguna medida previa a fin de tener prueba fehaciente antes de rechazar el recurso por no estar satisfecho, aparentemente, un recaudo formal".

Aplicando dichas pautas, mutatis mutandi, no cabe sino colegir que, en el sub lite, la solución arribada por la Sala sujeta a una "observación estricta de lo dispuesto formalmente en relación con los requerimientos de procedencia del recurso de queja" (v. f. 558), no denota esa mínima preocupación a la que se hizo referencia ut supra (y que sí se manifestara, en cambio, en la actitud asumida por el juez a cargo del despacho frente a circunstancias similares evidenciadas en los antecedentes citados en apoyo de su resolución).

En efecto, ante la presentación insuficiente de los elementos requeridos por el artículo 356 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió derechamente el A quo que al no haberse interpuesto la queja con "todas las copias pertinentes, salvo configuración del extremo del artículo 357, segundo párrafo, del CPCyC", debía ser "desechada liminarmente, sin necesidad de requerimiento alguno".

Dicho criterio, a la luz de las consideraciones vertidas por este Cuerpo en los pronunciamientos mencionados, expresa una severidad inaceptable desde la óptica constitucional, en tanto el A quo procedió al rechazo sin más del recurso por no estar satisfecho un recaudo formal, rehusándose a ordenar, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley de rito y en cumplimiento de sus deberes funcionales -"que no se agotan en éstos, sino en el imperativo de rango superior que le exige poner a resguardo el derecho de defensa de las partes"(vid. criterio de "Aquerreta" y "Medina", ya citados)- alguna diligencia previa dirigida al recurrente o al Secretario del Tribunal que había intervenido, tal como se pusiera de resalto en aquellos precedentes.

Lo resuelto adolece, pues, de un injustificado y lesivo apego a las formas, vicio que determina la invalidez de la sentencia en crisis, en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso "Colalillo", toda vez que el rigor excesivo aniquila las garantías acumuladas en el derecho a la jurisdicción y que la frustración ritual es un muro compacto que impide el acceso a la verdad jurídica objetiva (cfr. A. y S. T. 191, p. 20 y sus citas).

3.2. Corresponde ahora emitir pronunciamiento sobre el planteo efectuado por la parte actora al contestar el traslado del artículo 4to. de la ley 7.055, en cuanto a la imposición de las costas del presente recurso.

Conforme se puntualizara en "Medina", al que se hizo referencia anteriormente (y también en "Díaz", R. A. y S. T. 185, p. 291), "resultaría decididamente injusto aplicar con rigor ciego y textualmente el artículo 12 de la ley 7.055, haciendo pesar sobre la recurrida las consecuencias de un entuerto trabado entre aquélla y el Tribunal y en el que ésta resultó totalmente ajena". Sin embargo, no puede sostenerse que exista similitud entre esos casos -en los que se condenó a la impugnante- y el presente, toda vez que no surge de las actuaciones elemento alguno que permita afirmar que el recurrente, por medio de su actuar negligente, haya dado lugar a la reclamación, como aconteció en aquellos.

Por ello, y atento a lo pedido por la propia actora (f. 553), las costas se distribuirán en el orden en que fueron causadas.

Voto, pues, por la afirmativa.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Vigo y votaron en igual sentido.

A la tercera cuestión -en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo: Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, imponiendo las costas en el orden en que fueron causadas conforme surge de lo expresado al tratar la segunda cuestión. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponde para que dicte nuevo pronunciamiento.

Así voto.

A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctores Falistocco y Gastaldi dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESOLVIO: declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Disponer la remisión de los autos al Tribunal que corresponde para que dicte nuevo pronunciamiento. Costas en el orden en que fueron causadas.

Registrarlo y hacerlo saber.

Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros por ante mí, doy fe.

Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-VIGO-Fernández Riestra (Secretaria)