Tribunal: CAMARA NAC. APELAC. EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-07


Buenos Aires, 7 de octubre de 1.999.- Y VISTOS estos autos: "Asist Med S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI N° 890/98", y CONSIDERANDO:

I- Que mediante disposición D.N.C.I. N° 890/98 el Director Nacional de Comercio Interior impuso a la razón social Asist Med S.A. una multa de pesos cuatro mil ($ 4.000), por infracción al art. 19 de la ley 24.240. Dispuso que la firma sancionada publicara, a su costa, la parte dispositiva de la resolución en el diario "Clarín", de acuerdo a lo dispuesto en el art. 47 in fine de la ley de Defensa del Consumidor (confr. fs. 51/58). Motivó la sanción la denuncia efectuada por la Sra. María del Carmen Casares de Lanús, afiliada al plan de salud "HOMI", a raíz del incumplimiento por parte de la empresa en la prestación de servicios, toda vez que no suministró en su oportunidad cobertura de atención médica domiciliaria y de materiales descartables, cuando fueron requeridos por la denunciante. II- Que a fs. 70/73, la firma sancionada interpuso y fundó el recurso de apelación previsto en el art. 45 de la ley 24.240, el que fue contestado a fs. 103/119. A fs. 121, el Fiscal General de Cámara se expidió favorablemente respecto de la admisibilidad formal del recurso interpuesto. La sancionada impugna la resolución por basarse en la interpretación errónea de las normas del plan de salud y de emergencias. Manifiesta que el reclamo de la afiliada, en cuanto a la diferencia de precio de las cuotas, fue aclarado y desestimado por no existir infracción. Sostiene que las partes convinieron libremente el precio y el plan de salud elegido. Respecto a la cobertura del material descartable, entiende que el organismo sancionador se basó en un folleto acompañado por la denunciante, que fue desconocido en su oportunidad. Sostiene que en la solicitud de afiliación, figura el plan de salud elegido por la denunciante y los beneficios que lo integran, los que fueron oportunamente informados a aquélla. Agrega que la sanción no se basa en la normativa que rige el contrato del cual surge claramente cuando el material descartable no está a cargo del afiliado. Dice que el hecho de que la denunciante haya posteriormente optado por un plan de salud superior que incluía los materiales descartables, resulta prueba demostrativa del conocimiento de la denunciante de los alcances del plan elegido. En cuanto a la falta de prestación del servicio de emergencia, afirma que no existe incumplimiento toda vez que en su oportunidad, el hijo mayor de la Sra. de Lanús fue atendido en el Hospital Militar Central. Justifica su actuar en el hecho de que desconocía el lugar en donde se encontraba el paciente y señala que la afiliada conocía las instrucciones respecto del uso del servicio de emergencia.

III- Que de las constancias de la causa surge que la Sra. María del Carmen de Casares de Lanús, afiliada a la empresa de medicina prepaga Asist Med S.A. (Homi Plan de Salud) desde el 10/5/96 (confr. fs. 3), presentó denuncia ante el organismo controlador por incumplimiento contractual. Manifestó, en esa oportunidad, que al sufrir un accidente en la vía pública, uno de sus hijos no fue asistido por el servicio de emergencia debido a que se le endilgó falta de pago de las dos últimas cuotas de la cobertura médica y que, luego de las dos intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido otro de sus hijos en el Sanatorio San Lucas a raíz de que padecía neumotorax, se le imputó una deuda por la suma de pesos dos mil doscientos ($ 2.200) en concepto de materiales descartables.

IV- Que el artículo 19 de la Ley de Defensa del Consumidor, que se refiere a las modalidades de prestación de los servicios de cualquier naturaleza, coloca como obligación a cargo de las prestatarias de servicios, de "respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias, conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos".

V- Falta de prestación del servicio de emergencia. La encartada sostiene que el paciente fue atendido en el Hospital Militar Central y que no pudo enviarse una ambulancia por desconocerse el lugar donde se encontraba la víctima del accidente. Lo que se imputa en autos es la falta de prestación del servicio de emergencia, la que debe entenderse comprensiva no sólo de la asistencia posterior del accidentado en un centro asistencial, en este caso el Hospital Militar Central, sino del auxilio a través del envío de una ambulancia al lugar del hecho. De los propios dichos de la sancionada surge que, en esa oportunidad, pudo tomar conocimiento del lugar donde se encontraba el paciente y del nombre del socio. Ello es así por cuanto afirma que el día 16/9/96 recibió una llamada de Diego Lanús, requiriendo asistencia por traumatismo en la vía pública, desde un bar sito en "Arenales y Junín" (confr. descargo obrante a fs. 19). La denunciante sostiene que no enviaron la ambulancia debido a la falta de pago de las dos últimas cuotas, mientras que la empresa sancionada justifica su actuar en el hecho de que en el momento en que se requirió el número de teléfono desde donde se realizaba la denuncia, "se cortó la comunicación" (confr. descargo obrante a fs. 3). Al respecto, debe meritarse la urgencia con que el auxilio de una ambulancia es siempre requerido, la rapidez necesaria para que el servicio de emergencia sea prestado en debidas condiciones, y que, como se señaló en la disposición recurrida, en estos casos se encuentra comprometido el derecho a la protección de la salud (art. 42 de la C.N.). En el caso, la empresa prestataria del servicio de salud, contaba con los datos necesarios para prestar el servicio requerido (socio y lugar donde se encontraba la víctima), por lo que la posterior asistencia recibida por el paciente en el Hospital Militar Central y la alegada ausencia de datos relativos al accidente, no resultan argumentos suficientes para justificar su reconocida inoperatividad. Por ello, deben rechazarse los agravios en este sentido.

VI- Costo del material descartable. La sancionada reitera en esta instancia que, de acuerdo con el plan de cobertura médica elegido en la primer oportunidad por la denunciante (HM 2), el costo de los materiales descartables se encontraban a cargo del afiliado, y que aquélla tenía pleno conocimiento, resultando prueba de ello el hecho de que posteriormente optó por un plan de cobertura en el que los costos de los materiales descartables estaban a cargo de la empresa. Sostiene que el órgano de control basó su decisión en un folleto cuya autenticidad fue desconocida. De acuerdo a los dichos formulados en la denuncia por la Sra. Casares de Lanús, en oportunidad de presentar su reclamo ante la prestadora, el personal administrativo le respondió que "...los catálogos y folletos...son viejos y que no contienen el reglamento actual...y que la culpa es del promotor que ya despidieron....y que debería haberse ocupado de tener los nuevos elementos actualizados" (confr. fs. 2). Cabe señalar, en primer lugar, que el plan de "beneficios de HM2" obrante a fs. 23 en el que pretende ampararse la empresa, tal como lo señalara la resolución recurrida, no contiene fecha de vigencia por lo que mal puede probarse que era el plan vigente a la fecha de la incorporación de la afiliada (10/5/96). Por otra parte, el folleto presentado por la denunciante resulta ser claramente un volante que promociona los beneficios que se obtienen al afiliarse al plan de Salud "HOMI", entre los que figura "...100% en material descartable y medicamentos en internación" (confr. fs. 4). El art. 8° de la ley 24.240 especifica que las precisiones formuladas en los prospectos, circulares u otros medios obligan al oferente y deben tenerse por incluidas en el contrato. La norma citada confiere relevancia jurídica a los contenidos de la publicidad, por lo que el entorno publicitario dado también integra el "marco" de ejecución del contrato por aplicación del art. 1.198 "el principio general de buena fe y lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender" (esta Sala in re: "Instituto Privado de Nutrición y Metabolismo c/Secretaría de Comercio e Inversiones -Disp. DNCI 694/98" del 11 de febrero de 1.999). Por otra parte, las precisiones del oferente realizadas a través de los mecanismos de información al consumidor y la publicidad comercial, son vinculantes para el empresario por la generación de confianza que implican, y por ser generalmente el medio que da origen a las relaciones jurídicas entre anunciante y consumidor o usuario. Cabe agregar que en estos casos, al valorar la prueba deben meritarse las características de la relación que vincula a las partes y la especial competencia que en la materia posee la empresa comercial, considerada "experta" con relación a su contraparte (doctrina de esta Sala in re: "Medicus S.A. c/Secretaría de Comercio e Inversiones Res. -DNCI 39/96" del 8 de octubre de 1996 y "Ciancio José María c/Resolución 184.597 -ENARGAS- (exp. 3042/97)" del 22 de octubre de 1.998) y el principio in dubio pro consumidor, consagrado en el art. 3° de la ley 24.240. Por último, debe señalarse que el hecho de que posteriormente la denunciante haya optado por un cambio de plan no resulta relevante a los efectos de la infracción imputada -incumplimiento de las obligaciones pactadas y publicitadas-. Por otra parte, la elección de un plan superior de medicina prepaga generalmente se encuentra supeditado a un conjunto mayor de beneficios entre los que puede encontrarse la cobertura de los materiales descartables, pero no exclusivamente. Por lo expuesto, se encuentra comprobada la infracción al art. 19 de la ley citada, sin que los argumentos de la sancionada resulten eficaces para revertir lo decidido por el organismo administrativo.

VII- Que el monto de la multa impuesta ($ 4.000), resulta ajustado a derecho, si se tiene en cuenta el límite impuesto por la normativa aplicable -conf. art. 47 inc. b) ley 24.240-, el perjuicio sufrido por la denunciante, la posición en el mercado de la empresa y el riesgo de generalización de este tipo de infracciones (art. 49 de la ley citada). Por ello, corresponde confirmar la disposición DNCI N°890/98, apelada en autos, con costas a la recurrente (art. 68 del C.P.C.C.N.). ASÍ SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO.: M.I. GARZON DE CONTE GRAND - JORGE HECTOR DAMARCO - MARTA HERRERA