Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-17


GLIKSTEIN Y Cía. S.A.C.I.A.M. -Dante Enrietto- U.T.E. contra PROVINCIA DE SANTA FEReg.: A y S t 194 p 147-157.

En la ciudad de Santa Fe, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil tres,se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri,Eduardo Guillermo Spuler y Rodolfo Luis Vigo, con la presidencia del titular, doctorRafael Francisco Gutiérrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GLIKSTEINY Cía. S.A.C.I.A.M. -Dante Enrietto- U.T.E. contra PROVINCIA DE SANTA FE sobre RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN" (expte. C.S.J. nro. 442, año 1995), deconformidad con el acuerdo celebrado el día diez del corriente mes y año.A la primera cuestión -¿es procedente el recurso interpuesto?-, el señor Ministro doctor Vigo dijo:

I.1. Las empresas "Glikstein y Cía. S.A.C.I.A.M." y "Dante Enrietto", invocando elcarácter de integrantes de la Unión Transitoria de Empresas "Glikstein y Cía.S.A.C.I.A.M.-Dante Enrietto U.T.E.", adjudicatarias de la obra "Ensanche, repavimentacióny obras complementarias Ruta Provincial nro. 5 - Tramo ruta nacional nro.

11-rutaprovincial nro. 2", deducen recurso contencioso administrativo contra la Provincia deSanta Fe a los fines de que se anule la decisión de la Dirección Provincial de Vialidad instrumentada mediante "nota" del 28.12.1993 (expediente administrativo nro. 16101-0019318-3), la resolución 524/94 de dicha repartición, y el decreto del Poder Ejecutivo1737/95.

Mediante estos actos la Administración rechazó un reclamo de reconocimiento,liquidación y pago de los incrementos producidos en el precio de la obra, en lascertificaciones emitidas a partir del mes de agosto de 1993 inclusive y en adelante, comoconsecuencia del aumento del costo de la mano de obra provocado por la aplicación de las nuevas tablas salariales aprobadas por disposición nro. 1138/93 del Director de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación el 19.8.1993.Solicitan que, a consecuencia de dicha nulidad, se condene a la demandada a pagar la sumade $ 155.070,30, con más sus intereses a partir del 1.8.1995, y hasta la fecha de suefectivo pago.

Relatan que el 28.9.1993 dedujeron el respectivo reclamo, el cual fue rechazado por la D.P.V. mediante la nota del 28.12.1993 (aludida) sobre la base de que "en principio" los artículos 7 y 10 de la ley nacional 23.928 -a la que había adherido la Provincia- seoponían al reconocimiento de esapretensión. Disconformes, dedujeron revocatoria y apelación en subsidio.Según dicen, en aquella oportunidad mencionaron el dictado de los decretos 1312/93,1339/93 y 1936/93 del Poder Ejecutivo nacional; de las resoluciones 154/93, 254/93 y255/93 de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones de la Nación; de los decretos 1611/93, 1612/93 y 1999/93 del Poder Ejecutivo provincial; y de la resolución 231/93 del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia.

Adujeron que el poder público admitió, indubitablemente, que la ley de convertibilidad delaustral, aun con su prohibición indexatoria no enervó el derecho de la intangibilidad dela remuneración del contratista particular, y que, por ello resulta indispensable que el Estado evite que los contratistas de obras públicas se vean obligados a trabajar a pérdida por la falta de un oportuno reconocimiento de las variaciones de sus costos por causas queno le son imputables, llevándolos, inclusive a sufrir la destrucción de sus capitales detrabajo, y la consecuente paralización de los emprendimientos, por razones que, sin dudas,la justicia deberá ulteriormente evaluar y admitir como fundantes del correspondiente resarcimiento.Argumentaron que todos "aquellos ensayos dispositivos" -en alusión a los decretos yresoluciones mencionados- apuntaron a situaciones particularizadas y con pretendidas soluciones parcializadas, y evidentemente insuficientes para resolver, definitiva eintegralmente, la problemática planteada a partir de la vigencia de aquella ley 23.928.

Así, por ejemplo, dijeron que el decreto 1611/93 -entre otras cuestiones- contradiceabiertamente las normas de la ley 5188, que la Provincia dijo tener expresamente en cuenta al adoptar dicha medida y que no se condice con el automatismo que ha observado la Administración cuando debió trasladar las disminuciones de la alícuota del impuesto a losingresos brutos.

También mencionan que entre el ámbito temporal de aplicación del decreto1611/93 y el del 1612/93 queda sin contemplar una amplia franja de contratos celebrados con ofertas formuladas después del 20.3.1991 pero antes del 7.7.1993, como es el del caso,"y que indudablemente fue impactado por las variaciones producidas en los costos de susinsumos, según lo determinan las propias estadísticas oficiales a que recurre el PoderEjecutivo provincial".

Afirmaron que la D.P.V. y U. llegó a incluir en los pliegos normas que permitieronintroducir en los precios un porcentual presuntivo de mayores costos esperados.

Explicaron, por otra parte, que por decreto 1999/93, el Poder Ejecutivo provincialreconoció, por fin, la necesidad de mantener un ajuste permanente de los precios parasostener aquella intangibilidad de la remuneración del co-contratante particular, a losfines de impedir la frustración de la materialización de las obras públicas; y que si bieneste antecedente constituye una significativa flexibilización en la postura del PoderEjecutivo respecto de la temática de variaciones de precios en las obras públicas, estálimitado a dos únicos emprendimientos, y mantiene fijo e inamovible el 20% de los montosde los contratos.

Por otra parte, indican que aclararon en aquella oportunidad las diferencias que existíanentre el régimen de variación de costos y la teoría de la imprevisión; y que aludieron también a que su reclamo hallaría sustento en los principios de la justicia distributiva y también en las pautas del realismo económico material.

Señalan que la D.P.V., mediante resolución 524/94, rechazó la revocatoria y concedió laapelación, sobre la base de que el caso no encuadraba ni en el decreto 1611/93 ni en el1612/93; de que la ley 23.928 prohíbe el reconocimiento de las variaciones de costos; yde que no existe en la Provincia norma alguna que ampare la pretensión ejercida.

En la respectiva expresión de agravios reiteraron los argumentos propuestos en su anteriorpresentación y además introdujeron otros nuevos.

En conc En particular, tachan de falaz a la afirmación de que no hubiera demostrado en sedeadministrativa que realmente se hubiera hecho cargo del aumento en el costo de la mano deobra, "cuando es su obligación -de la Administración- legal y contractual controlar elefectivo cumplimiento de las normas de orden público vigentes en materia salarial respectodel personal afectado a la realización del emprendimiento".

Citan los artículos 55 y 82de la ley 5188; y alegan un caso de trato discriminatorio, agravado por el hecho de queel mismo proviene de una autoridad administrativa.Afirman que la Administración debe velar durante toda la ejecución del contrato para queno se produzca un apartamiento irrazonable de la realidad económica sobre la que seestructura.

Solicitan, en suma, se haga lugar al recurso, con costas.2. Declarada por Presidencia la admisibilidad del recurso (foja 53), comparece laProvincia a estar a derecho (foja 60) y contesta la demanda (fojas 63/69).

Efectúa, ante todo, una genérica negativa que en sustancia abarca a todas las postulaciones de las recurrentes.Seguidamente, dice que la pretensión postulada carece de fundamentación, ya que, tal comosurge de los antecedentes administrativos, la obra en cuestión fue licitada y adjudicada,y el contrato fue suscripto durante la vigencia de la ley de convertibilidad.

Especificaque el artículo 7 de dicha norma prohíbe concretamente la actualización monetaria,indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuerasu causa, haya o no mora del deudor con posterioridad al 1.4.1991; y que el artículo 10 deroga todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan los mecanismosseñalados.En base a ello, postula que la admisión de la pretensión de las actoras implicaría lacontravención expresa de la letra y del espíritu de la ley 23.928.

Por otra parte, tal como lo destacan ambas accionantes, el contrato administrativo deautos no encuentra cabida en los supuestos contemplados en los decretos 1611/93, 1612/93y 1999/93, los cuales "no constituyen antecedentes válidos ... para acceder a supretensión, ni son pautas que indican la flexibilización de la Administración en lo querespecta al tema de la variación de costos...".

En relación con el mencionado decreto 1611/93, destaca que al momento de formular lasactoras su oferta y de vincularse con la Administración a través del contrato, conocíano debían conocer la entrada en vigencia de la norma en cuestión y su ámbito de aplicacióntemporal; y que aquéllas no formularon "ningún tipo de manifestación, reserva uobservación que aluda a su disconformidad con los términos del acto en cuestión".

Afirma que la pretensión esgrimida en autos se traduce en la incorporación de un elementonormativo extraño y ajeno al caso, e importa, necesariamente, una distorsión del postuladode la buena fe contractual y la concesión de una indebida ventaja a las ahora contratistas, que configuraría, sin más, una violación al principio de igualdad de losoferentes, principio que se proyecta sobre la etapa de ejecución del contrato.En cuanto al decreto 1999/93, indica que se trata de un acto que se fundó encircunstancias especialísimas, lo cual impide que sea trasladado al presente caso.Dice que las actoras no acreditaron que se hubieran sobrepasado los límites normales delálea económica que tomaron a su cargo, y que tampoco surge la imposibilidad de preverrazonablemente el acontecimiento perturbador en el momento de celebrar el contrato.

Considera que en el caso ello no ha sido así, dado que al momento de presentarse la ofertase encontraba en plena vigencia la ley de convertibilidad, con las prohibiciones que elloimplica.En otro orden, sostiene que el aumento del precio de la mano de obra no ha producido laruptura de la ecuación económico-financiera en el contrato de autos, ya que "si bien escierto que el aumento salarial dispuesto por disposición 1138/93 se aplica en el ámbitoprovincial a partir del 1 de agosto de 1993, no es menos cierto que no pudo ser acreditadala incidencia en el precio de la oferta y costo de la obra, como tampoco que efectivamentehubieran sido erogadas".

Agrega que de las actuaciones administrativas no sólo no hasurgido el perjuicio del que se quejan las recurrentes, sino que el monto concretamentedemandado resulta infundado.Solicita, en suma, el rechazo del recurso, con costas.3. Abierta la causa a prueba a foja 70, se produce la que consta en autos. A fojas 285/289y 291/301 las partes informan sobre el mérito de la causa.

A foja 302 se llaman autos para resolver. Firme y consentida dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta.II. De la lectura de la demanda es posible extraer que las recurrentes fundan supretensión en dos líneas argumentales. Por un lado, afirman que, operada cualquier variación en los precios, los contratosadministrativos deben ser necesariamente revisados mediante la incorporación de mecanismosde variaciones de costos. Invocan en este punto el principio de la intangibilidad de la remuneración del contratista, y aducen, por ejemplo, que es "indispensable que el Estadoevite que los contratistas de obras públicas se vean obligados a trabajar a pérdida porla falta de un oportuno reconocimiento de las variaciones de sus costos por causas que noles son imputables..." (foja 13).

Por otro lado, también proponen argumentos que tienen que ver con la teoría de laimprevisión. Así, por ejemplo, pueden tenerse en cuenta las alegaciones de foja 19,referidas a que "la distorsión en el costo de la mano de obra, ajena a la voluntad de laU.T.E., ni siquiera podía ser avizorada al tiempo de formular su oferta constituyente del precio contractual de la obra".

Entiendo que cada uno de estos planteos debe ser analizado por separado.1. Con respecto al primer orden de fundamentos, este Tribunal tuvo oportunidad de analizarplanteos similares en el caso "Bonfanti di Biasio S. C. - Enrieto E. C." (de A. y S. T.140, pág. 1) y, más recientemente, en "Construcciones Industriales y Civiles" (de A. y S.T. 190, pág. 197).En dichos fallos se señaló -en consideraciones que resultan trasladables "mutatis mutandi"al presente caso- que el contratista de obra pública, al igual que los demás empresariosque operan en la misma sociedad política, se ve expuesto a un álea normal en sus negocios,lo que puede llevarle a sufrir perjuicios ordinarios o disminuciones en la rentabilidadesperada. Es por ello que resulta improcedente acudir a la mención del principio deintangibilidad de la remuneración a los fines de obtener cobertura frente a esos riesgosy lograr, de ese modo, una especie de seguro que lo cubra aun del álea normal.

Dicho en otras palabras: la protec Por lo tanto, si las actoras por alguna razón entienden que los términoseconómicos del contrato se han tornado irrepresentativos, deben acreditar todos losrequisitos que permiten la excepcional revisión del mismo y no limitarse únicamente areclamar, como una exigencia de la justicia distributiva, el reconocimiento de los mayorescostos que, según dicen, debieron soportar.

En el caso, no puede soslayarse que las recurrentes en ningún pasaje de su demanda sehacen cargo de lo dispuesto en el título "forma de cotización" del Pliego Complementariode Bases y Condiciones Generales, según el cual "los precios unitarios a cotizar por losproponentes deberán establecerse conforme a las precisiones de la ley nacional nro. 23.928(ley de convertibilidad) y sus decretos reglamentarios, y son por lo tanto invariables"(f. 77; expte. adm. nro. 16101-0017315-6; el subrayado no corresponde al original).

Estanorma, por lo demás, se encuentra reproducida en la cláusula segunda del contratorespectivo (v. f. 1230, expte. adm. cit.).Este dato -que no es menor- revela que las actoras elaboraron su oferta teniendo en cuentalo dispuesto por esta cláusula, y que finalmente se vincularon con la Administraciónmediante un contrato que respondía a ella.En tales condiciones, la postulación de planteos tales como el consistente en que la inexistencia de un sistema de reconocimiento de variaciones de costos "generaría una inseguridad jurídica enorme, mediante el traslado al campo del derecho público deregulaciones que han sido construidas atendiendo a la situación en que se encuentran laspartes en una relación de derecho privado" (foja 16 vto.), no pueden ser acogidos, por las encilla razón de que las propias contratistas acudieron a una licitación y finalmente suscribieron un contrato que de modo expreso excluía la aplicación de este tipo demecanismos.

Queda, pues, sin explicar por qué razón en su momento suscribieron dicho contrato siendoque la ausencia de mecanismos de variación de costos les resultaba una circunstanciacriticable y hasta ilegítima -a juzgar por las alegaciones que proponen en la demanda-.

Apoyan esta conclusión los reiterados y sostenidos criterios de la Corte Suprema deJusticia de la Nación según los cuales "la ley de la licitación o ley del contrato es elpliego en donde se especifican el objeto de las contrataciones y los derechos y obligaciones del licitante, de los oferentes y del adjudicatario" (Fallos 308:618;314:491; 316:382);

criterios seguidos por esta Corte también en reiteradas oportunidades("Busaniche", de A. y S. T. 127, pág. 254; más recientemente, en "SYCIC", de A. y S. T.186, pág. 405; entre otros).En "Busaniche" -citado-, esta Corte recordó que en el precedente de A. y S. T. 113, pág.309 tuvo ocasión de pronunciarse respecto de una pretensión de variación Estas consideraciones no se ven alteradas por el hecho de que durante la ejecución delcontrato se hubiera variado -en menos- el porcentaje de reconocimiento del impuesto a losingresos brutos. Es que tal aspecto del desarrollo de la relación jurídica está apenasmencionado en la demanda (puntos "4" y "18" del escrito; fojas 14 y 22); aparece postuladosin ningún sustento argumental; y en la etapa probatoria el perito meramente se limitó aconstatar el acaecimiento de la variación (circunstancia que,por lo demás, puedeverificarse con la sola lectura de los certificados agregados a la causa).

Como seobserva, las actoras no han aportado elementos suficientes que habiliten la conclusión deque la alteración en el porcentaje del reconocimiento del tributo -no discutida por lasempresas, por lo demás- implica automáticamente la posibilidad de que los precios puedanvariarse; máxime en el caso, en el que la invariabilidad consagrada en el pliego y en elcontrato refiere de modo claro a "los precios unitarios a cotizar por los proponentes".Lo hasta aquí expuesto es suficiente para desechar el planteo analizado, y también pararestar decisividad al debate suscitado en la presente litis acerca del impacto que tuvola ley 23.928 en los contratos administrativos de larga ejecución.

A mi modo de ver, esteaspecto está propuesto -una vez más- de un modo genérico y dogmático, soslayando porcompleto el hecho elemental de que la propia voluntad de las contratistas confluyó aperfeccionar un contrato que resolvía la cuestión de un modo claro y preciso: preciosinvariables.

Y también relativiza la decisividad de los argumentos fundados en ciertos decretos yresoluciones nacionales y provinciales -concretamente, las actoras mencionan los decretos1312/93, 1339/93 y 1936/93 del Poder Ejecutivo nacional; las resoluciones 154/93, 254/93y 255/93 de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones de la Nación; los decretos1611/93, 1612/93 y 1999/93 del Poder Ejecutivo Provincial; y la resolución 231/93 delMinisterio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la Provincia-.

Aducen en estesentido que el dictado de estos actos durante la vigencia de la ley de convertibilidad significa que el poder público "admitió indubitablemente que la ley nacional deconvertibilidad del austral (23.928) invocada, aun con su prohibición indexatoria noenervó aquel derecho -de orden público- emergente del conocido principio rector,consagrado por la pacífica doctrina y jurisprudencia en la materia de la intangibilidadde la remuneración del contratista particular, en cuya virtud la Administración debeasegurar al mismo la variación de dicha remuneración cuando, por cualquier causa, se modifiquen las obligaciones a cargo de éste, para mantener o restablecer el equilibrio dela ecuación económico-financiera del contrato..." (foja 13).

Este argumento no mejora la suerte de las actoras.

En efecto: ninguno de los decretos y resoluciones mencionados en la demanda resultaaplicable al contrato de la presente causa.

Así, los decretos y resoluciones del PoderEjecutivo nacional, están referidos, claro, a los contratos celebrados por el Estadonacional; el decreto provincial 1611/93 capta a "los precios de los contratos de obrapública que se liciten a partir del dictado del presente" (7.7.1993; v. copia a foja 89);el decreto 1612/93, refiere a los casos de "obras públicas ofertadas con anterioridad al20.3.1991" (v. copia a f. 96); y la resolución 231/93 del Ministerio de Obras, ServiciosPúblicos y Vivienda de la Provincia consiste en una aplicación de la autorizacióndispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1612/93, recién mencionado.

Y encuanto al decreto 1999/93 -referido a dos obras concretas-, observo que las actoras sobredimensionan su contenido, perdiendo de vista que mediante dicho acto el Gobernadorsólo autorizó la redeterminación de precios de ciertas obras -no dispuso por sí ningún reajuste-, y que lo hizo invocando la teoría de la imprevisión "en la medida que secumplan los requisitos fundamentales que indica" (v. considerando octavo, foja 171).Como se observa, cae por falta de correspondencia con las constancias de la causa, laafirmación postulada al demandar, consistente en que "nuestro caso encuadra perfectamenteen el marco fáctico y jurídico descripto precedentemente" (punto "H" del escrito dedemanda; foja 17).

Queda a salvo únicamente la situación excepcional en la que la variación del costo de lamano de obra exceda el marco de lo previsible afectando en forma importante la ecuacióneconómico-financiera del contrato. Pero esta última alternativa será motivo de análisisseparado en el considerando siguiente.

2. Corresponde analizar ahora si la pretensión de las actoras puede ser acogida por la víade la imprevisión contractual, para lo cual -se aclara- la ley 23.928 no constituyeobstáculo que imposibilite el razonamiento.

En efecto: dicha ley no cancela la posibilidadde revisar los contratos por la razón señalada, debiendo agregarse que así lo ha entendidola Provincia en los considerandos del decreto 1999/93, agregado como prueba a esta causa(v. foja 170).a. Como primer paso, conviene precisar cuáles fueron los hechos de interés de la presente causa.De las constancias administrativas surge que la Dirección Provincial de Vialidad llamóa licitación pública para la ejecución de la obra mediante resolución 669/93, del 8.6.1993(foja 1204, expte. adm. nro. 16101-0017315-6; cuarto cuerpo).

El acto de apertura de ofertas tuvo lugar el 6.7.1993 (f. 193, actuaciones citadas;segundo cuerpo). La oferta de las ahora recurrentes están agregadas a fs. 473/622 de dichoexpediente.La Dirección Provincial de Vialidad dispuso adjudicar la ejecución de la obra medianteresolución 914/93, del 12.8.1993 (f. 1222; mismas actuaciones).

La resolución del Director Nacional de Relaciones del Trabajo nro. 1138/93, invocada porlas actoras para sustentar su planteo de imprevisión fue dictada el 19.8.1993 (foja 16,expte. adm. nro. 16101-0019897-1).El contrato, finalmente, fue suscripto el 20.9.1993 (fs. 1226/1231).

b. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta algunas pautas interpretativas deimportancia.Según una de ellas, "a quien contrata con la Administración se impone un comportamientooportuno, diligente y activo, que obliga a poner de manifiesto las circunstancias susceptibles de modificar las cláusulas contractuales, a los efectos de que el órganoestatal pueda evaluar si conviene al interés público celebrar el contrato o dejar sinefecto la licitación, además de que no resulta viable procurar la modificación del preciocon ulterioridad al hecho que se concurrió a consumar" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 316:382, entre otros; esta Corte local, A. y S. T. 190, pág. 442 y más recientemente, A. y S. T. 193, pág. 228).Otro criterio que debe regir el razonamiento en este punto -en cierto modo, se trata deun corolario del anterior- es el que indica que "en una relación que supone la colaboración entre las partes como lo es la obra pública, la oportuna y eficaz comunicación de los aspectos que puedan alterar el contenido de la relación constituyeun deber de ellas, que surge de la buena fe con que deben conducirse en la ejecución delcontrato" ("Bonfanti di Biasio", A. y S. T. 140, pág. 1; "Eduardo Carlucci Construcciones", A. y S. T. 159, pág. 377). Aclaro que coinciden en estos enfoques la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ("Ripa, Carlos Jorge c. Instituto de la Vivienda", D.J.B.A. 123-391) y también la dela Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal("Ottonello-Santoro S.A.C. c. Corporación del Mercado Central s/ cobro de pesos", publicado en R.A.P., nro. 87, pág. 112), tribunal éste que ha sostenido al respecto que "el principio de buena fe contractual impone al contratista un comportamiento oportuno, diligente y activo, antes que displicente... lo que le obliga ...a poner de manifiesto ante la Administración del modo más inmediato posible la aparición de circunstancias que a su juicio imponían la modificación de la cláusula contractual, a fin de que ésta pudiese a su vez decidir si, ante la nueva situación, convenía al interés público el mantenimiento del contrato o su limitación".

En un contacto más cercano con los hechos que configuran la presente litis, considerooportuno mencionar algunos aspectos de importancia que pueden extraerse del caso"Radeljak" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -Fallos 311:2831-, mencionado porla Provincia al contestar la demanda. Del análisis de dicho fallo puede extraerse que lanoción de "ley de la licitación" o "ley del contrato" -cuya trascendencia en este tipo decausas ya fue destacada precedentemente- no se limita al pliego, sino que se extiendetambién "a las notas de aclaración o reserva que en el caso correspondan y resultenaceptadas por las partes al perfeccionarse el contrato respectivo";

razón por la cual, si "la firma del contrato -sin reservas- tuvo lugar ... después de la publicación de la leyque instituyó el tributo al valor agregado ... y su reglamentación" -tales eran losaspectos allí debatidos- corresponde desestimar la pretensión consistente en que, endefinitiva, "se altere posteriormente el contrato, por vía jurisdiccional, ya que lascircunstancias que alega no podría ignorarlas al ser anteriores a su conclusión...".

Se trata del parecer que, evidentemente, subyace en el precedente "Cobraco" (de A. y S.T. 151, pág. 1), caso en el que entre la postulación da la oferta de la actora y la firmadel contrato había ocurrido nada menos que el dictado de la ley 23.928.

El Tribunal rechazó el recurso allí postulado, sobre la base -sustancialmente- de que "aunque seconsiderara que la contratista fue lo suficientemente previsora al tiempo de la oferta,es claro que no lo fue al tiempo de suscribir el contrato, oportunidad ésta en la queninguna reserva hizo respecto de un mayor costo ..." (razones recientemente reiteradas enA. y S. T. 193, pág. 228).c. Teniendo en cuenta los criterios expuestos se analizarán los hechos de la presentecausa; y se adelanta que la conclusión a la que corresponde arribar resulta adversa a la procedencia del recurso.

En efecto: no se me escapa que al momento en que las actoras elaboraron sus ofertas aúnno se había producido el aumento de los salarios cuya traslación ahora reclaman; nisiquiera ello había ocurrido a la fecha de la adjudicación de la licitación.

Tal circunstancia alcanza, en todo caso, para explicar la omisión de esos valores en losrubros de la oferta, pero de ningún modo puede justificar la conducta de las empresasconsistente en el mantenimiento de una oferta que, según sus propias estimaciones, norepresentaba la estructura de sus costos.

Las actoras, al suscribir el contrato el 20.9.1993, evidentemente conocían que los preciosde la mano de obra se encontraban establecidos por una nueva disposición de la autoridadnacional.

En efecto: tal como se ha visto, entre el dictado de la resolución delMinisterio de Trabajo y la firma del contrato transcurrieron 31 días.En tales condiciones, el compromiso asumido sin reservas ni aclaración alguna de ejecutarla obra "en un todo de acuerdo con su propuesta obrante en el expediente administrativonro. 16101-0017315-6 a fs. 556 a 563" (cláusula primera, f. 1226), declarando que lohacían manteniendo la oferta presentada (misma cláusula; f. 1229) no puede sinointerpretarse como una confirmación de que los costos de la propuesta, en especial los demano de obra, seguían siendo los que había expuesto en su oferta, y por lo ya visto, queeran invariables.

Tal circunstancia les impide efectuar reclamos de contenido incompatibleal que se extrae del propio acuerdo.En otro orden, debe señalarse que coadyuva a debilitar la configuración de un caso deimprevisión el hecho de que el reclamo que origina la presente causa fue deducido el28.9.1993 (f. 1, expte. adm. 16101-0018270-7), esto es, ocho días después de haber firmadoel contrato.

Esta circunstancia -es decir, la notable cercanía que existe entre la firmadel contrato sin reservas y el reclamo- agudiza particularmente la incompatibilidad de laconducta de las actoras. Aclaro que si bien éstas dicen en el escrito respectivo que elaumento salarial dispuesto por disposición 1138/93 sería "sobreviniente a la contratación"(punto "2.1" del escrito), se trata de una afirmación que debe rechazarse por nocondecirse con las constancias de la causa (ya analizadas);

máxime si se repara en que laspropias empresas afirman en esa presentación que la disposición nacional fue dictada el19.8.1993 (punto "1.1"). Debe agregarse que nada hicieron las actoras a los fines siquierade intentar explicar por qué dicha circunstancia no pudo ser puesta de manifiesto antesde la firma del contrato.En definitiva: por aplicación de los criterios expuestos en el punto anterior, corresponderechazar el planteo de imprevisión propuesto por las actoras, por cuanto es claro que no se encuentran reunidas las condiciones para su invocación.

Tal como se ha visto, el hechosupuestamente desestabilizador de la economía del contrato ocurrió antes de la firma delmismo, y las recurrentes tuvieron oportunidad bastante para poner en conocimiento de lademandada dicha circunstancia, lógicamente, antes de celebrar el convenio. No lo hicieron,y dicha omisión juega decisivamente en contra de su postura.

Tal conclusión exime del análisis de la pericial contable producida en autos, la cual seorienta a la cuantificación de las diferencias entre lo ofertado por las empresas en suoportunidad y lo abonado en concepto de salarios al personal.Voto, pues, por la negativa.A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctoresSpuler, Falistocco, Gastaldi y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos porel señor Ministro doctor Vigo y votaron en idéntico sentido.

A la segunda cuestión -en consecuencia ¿qué resolución corresponde dictar?-, el señorMinistro doctor Vigo dijo:Atento el resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde rechazar elrecurso interpuesto. Las costas deberán imponerse a las actoras (artículo 84, ley 4106).

Así voto.A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Gutiérrez y los señores Ministros doctoresSpuler, Falistocco, Gastaldi y Netri dijeron que la resolución que correspondía adoptarera la propuesta por el señor Ministro doctor Vigo, y así votaron.En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

RESOLVIÓ: Rechazar, con costas, el recurso interpuesto.Registrarlo y hacerlo saber.Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Ministros porante mí, doy fe.

Fdo.: GUTIERREZ - FALISTOCCO - GASTALDI - NETRI - SPULER - VIGO - Fernández Riestra (Secretaria)