Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-18


En Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de dos mil dos, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos seguidos por "MARCORI, HORACIO OSVALDO Y OTRO C/BANCO MERCANTIL ARGENTINO S. A. S/ORDINARIO" (exp. 45.260), en los que, al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctores Monti, Caviglione Fraga, Di Tella.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 586/592? El Señor Juez de Cámara Doctor José Luis Monti dice:

I) El juez de primera instancia, en su sentencia de fs. 586/592, admitió parcialmente la demanda de daños y perjuicios promovida por Horacio Osvaldo Marcori y Helena Concepción María Simonetti de Marcori contra el Banco Mercantil Argentino S.A.

Los codemandantes reclamaron el pago de una indemnización derivada del robo que tuvo lugar en una de sus sucursales en octubre de 1992, ocasión en que fue violada la caja de seguridad que allí tenían y en la que habían depositado diversos valores. Indicaron que varios de esos bienes no habían sido hallados durante la investigación que siguió al hecho delictivo y sobre la base de ese faltante dedujeron el reclamo resarcitorio de autos.

El banco demandado se opuso al progreso de la acción.

II) El juez de primera instancia tuvo por acreditada la responsabilidad del banco. En cuanto al monto indemnizatorio, consideró relevante la prueba indirecta y presuncional. Así, con sustento en la profesión del coactor Marcori, sus ingresos económicos constatados mediante declaraciones impositivas, el hallazgo de algunos de los bienes que se encontraban dentro de la caja -que predicaba sobre la buena fe de los coactores al denunciar los valores no hallados- y las declaraciones de los testigos, consideró corroborada la existencia en la caja de seguridad atacada de U$S14.800, que condenó al banco a pagar a los accionantes. También hizo lugar al resarcimiento por el robo de diversas joyas, que fijó en $8.200. Por último, confirió una indemnización por daño moral de $20.000. Todo ello con intereses desde la fecha del robo en los primeros dos casos, y desde la fecha de mora en el cumplimiento de la sentencia en lo concerniente al resarcimiento a título de daño moral.

En cambio, desestimó la demanda en cuanto se refería a una serie de monedas y seis lingotes de oro de 10 gramos cada uno presuntamente depositados en la caja de seguridad violentada. Lo hizo con fundamento en que la actora no había impulsado la valuación ofrecida por ella como prueba, sin que tampoco hubiese tratado el punto en el alegato y sin que la prueba de autos fuese, a juicio del a quo, concluyente sobre el particular.

III) Si bien apelaron ambas partes, la demandada omitió sostener su recurso en esta instancia; por lo que sólo corresponde atender el de la actora. Ésta cuestiona la sentencia en cuanto no admitió el reclamo resarcitorio por el robo de las monedas y los lingotes de oro. Sostiene que las declaraciones de los testigos dieron cuenta de la existencia en la caja de seguridad de aquellos objetos y que hubo en autos una tasación relativa al valor de una moneda "argentino de oro", que fue fijado en $350. Asimismo, reclama que los intereses derivados del monto del resarcimiento por daño moral se calculen desde la fecha de presentación al banco de la denuncia de bienes robados (memorial de fs. 603/604, contestado a fs. 611/612).

IV) Como se advierte, pues, la cuestión sub lite quedó centrada en la existencia o no en la caja de seguridad de los bienes que el juez de primera instancia excluyó del resarcimiento, en tanto la atribución de responsabilidad a la entidad demandada está fuera de debate en esta instancia.

En relación con la prueba de la existencia de los objetos sobre los que insisten los codemandantes, considero que esa cuestión debe ser apreciada no sólo de acuerdo a las constancias directas reunidas en la causa, sino también con sustento en la prueba presuncional. Cabe recordar en este punto lo expresado en causas precedentes en cuanto a que "si se exigiera al peticionante del resarcimiento por violación de una caja de seguridad una prueba rigurosa e inequívoca sobre la veracidad de su contenido que dice sustraído, recaería sobre el invocante del hecho una carga cuyo cumplimiento sería virtualmente impracticable, dada la ausencia de exteriorización que se sigue respecto de los objetos ingresados en ese lugar" (v. sentencias de esta Sala del 6.8.02 in re "Grinberg de Ekboir, Julia y otros c/Banco Mercantil Argentino S.A. s/ord."; 1.2.02 in re "Martín, Raúl Pedro c/Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ord."; y 25.8.97 in re "Rodo, Jorge E. c/Banco de Galicia y Buenos Aires s/ord.").

En ese orden de ideas pongo de relieve que el testigo Raúl A. Saveski manifestó que los coactores guardaban en la caja de seguridad, entre otros bienes, "monedas mejicanas de oro y de plata" y "lingotes de oro", añadiendo que había visto las referidas monedas (acta de fs. 262/265, resp. 7ma. y 13ra.; interrogatorio de fs. 261). Asimismo, el testigo Pedro Da Re consignó que el coactor Marcori le había dicho que le habían robado "monedas del mundial 78, monedas de oro mexicanas ..." (acta de fs. 266/269, resp. 8va.; interrogatorio de fs. 261). Los elementos de juicio allegados a la causa permiten concluir que el actor pudo razonablemente contar con los valores referidos en los testimonios indicados en el párrafo anterior. En tal sentido, destácase que por sus actividades profesionales, como decorador y constructor, el coactor Marcori manejaba constantemente mucho dinero en efectivo y había tenido una gran clientela en 1992, según observó el juez con remisión a diversas declaraciones testimoniales (v. fs. 590 vta.). Además, cabe inferir que la condición socioeconómica de los codemandantes era holgada, a juzgar por los informes relativos al dominio sobre bienes inmuebles de fs. 243, 289 y 294 y la realización de frecuentes viajes al exterior del país (v. fs. 590 vta.). Si bien la Sra. de Marcori se desempeñó como maestra de una Escuela de la Provincia de Buenos Aires, los ingresos conjuntos de los coactores que surgen de las copias de declaraciones impositivas adjuntas a la demanda corroboran los restantes elementos probatorios. En fin, no es desdeñable como indicio de la verosimilitud del reclamo que algunos bienes denunciados inicialmente como robados fueron hallados luego, abandonados por los ladrones (v. fs. 9/14 y fs. 35 vta./36), es decir que efectivamente habían estado en la caja de seguridad de los demandantes.

A mi juicio, los antecedentes reseñados, que se suman a las declaraciones testimoniales citadas, constituyen elementos de convicción que no cabe desdeñar y que se erigen en presunciones basadas en las constancias de la causa, a las que cabe asignar el valor probatorio previsto por el art. 163, inc. 5to., del Cód. Procesal. Con ese sustento es que estimo verosímil la alegación sobre la que insisten los recurrentes en punto a la preexistencia de las monedas y de los lingotes de oro. No es ocioso apuntar en cuanto a estos últimos que, por su pequeña dimensión, la pretensión esgrimida con apoyo en el robo denunciado no se muestra excesiva.

En tales condiciones, corresponderá hacer lugar al reclamo indemnizatorio aquí examinado y admitir la demanda también en el sentido de condenar al banco demandado a la entrega de las monedas y lingotes de oro indicados supra, prestación que, en caso de no poder cumplirse en especie, deberá resolverse en el pago de una indemnización sustitutiva, cuyo monto será precisado de acuerdo a lo que seguidamente expresaré, y que se añadirá al resarcimiento ya ordenado por el juez de primera instancia. Dicho monto devengará intereses de acuerdo a lo establecido por el a quo con respecto a la indemnización por la sustracción de dólares y joyas.

V) En cuanto a la determinación del resarcimiento, observo que no hay constancias en autos del valor de los objetos de que se trató en esta instancia. Hago notar que la estimación referida en el recurso se vinculó con una moneda distinta a aquellas reclamadas por la parte apelante. Sin embargo, esa ausencia, claro está, no impide tener por demostrada la entidad en sí del perjuicio; sólo hace necesario diferir la fijación del resarcimiento a la etapa de ejecución de la sentencia.

En tal sentido, teniendo en cuenta las particulares circunstancias del sub lite, considero apropiado que de conformidad con lo previsto por el art. 516 del Código Procesal se designe un perito árbitro para que determine el valor actual de los bienes en juego y que habían sido enumerados a fs. 34 (monedas del mundial de fútbol 78; cuatro mejicanos de oro; diez monedas de plata mejicana y seis lingotes de oro de 10grs. cada uno de la firma Vildex).

VI) Con respecto al inicio del cálculo de intereses del resarcimiento por daño moral, también corresponde admitir el recurso. En virtud de que la mora se produjo cuando el banco incurrió en el incumplimiento de la obligación de restituir los bienes depositados en la caja de seguridad de los codemandantes, los intereses deberán calcularse desde que aquéllos presentaron a la entidad demandada la denuncia de robo, momento en que cabe considerar cristalizado el daño moral resarcible (v. copia de fs. 14).

Por tal razón, deberá modificarse la sentencia apelada en el sentido de computar los intereses por la indemnización del daño moral desde el 14.10.92.

VII) Por los motivos expuestos, si mi criterio fuera compartido, deberá admitirse el recurso e incluir en la condena la obligación de entrega de valores mencionada en el considerando IV o, en su defecto, el pago del resarcimiento cuyo monto resultará del peritaje arbitral indicado. Asimismo, habrá de modificarse la sentencia en lo que concierne a los intereses, conforme lo explicitado en el apartado VI anterior. Las costas de Alzada deberán imponerse a la demandada (art. 68, 1er. párrafo, Cód. Proc.). Así voto.

Por análogas razones, los Señores Jueces de Cámara Doctores Bindo B. Caviglione Fraga y Héctor M. Di Tella adhieren al voto anterior.

Con lo que termina este Acuerdo, que firman los Señores Jueces de Cámara.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2002.- Y VISTOS:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, se admite el recurso y se revoca la sentencia en lo que fue materia de agravios. En consecuencia, deberá a) incluirse en la condena la obligación de entrega de valores mencionada en el considerando IV del voto del vocal preopinante o, en su defecto, el pago del resarcimiento cuyo monto resultará del peritaje arbitral allí indicado; y b) modificarse la sentencia en lo que concierne a los intereses del resarcimiento por el daño moral, que deberán computarse desde el 14.10.92. Las costas de Alzada se imponen a la demandada.

Di Tella, Caviglione Fraga, Monti.

Ante mí: Paula María Hualde.

Es copia del original que corre a fs. de los autos