Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2015-05-04


Expte. Nº 754 "ILLANES Alberto Ceferino c/ Asociart ART y otro - ordinario (en contencioso administrativo) - S/Conflicto de Competencia" San Juan, cuatro de mayo de dos mil quince.- --- VISTO: El conflicto negativo de competencia suscitado entre las jueces titulares del Quinto Juzgado del Trabajo y del Juzgado Contencioso Administrativo, donde la primera se declara incompetente para entender en la causa en función de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 8452, y por su parte, la juez del Juzgado Contencioso Administrativo entiende que al caso de autos resulta aplicable lo resuelto por esta Corte en expediente N° 722 "Sánchez Leonardo Silvestre c/ Asociart S.A..", en que se dispuso atribuir competencia al juzgado laboral por ser la primera manifestación invalidante anterior a la publicación de la Ley 26.773.- --- Al recibir nuevamente los autos, la magistrada del fuero laboral, entre otras cuestiones, recuerda que el dictado de los códigos procesales es una potestad exclusiva y excluyente de los gobiernos provinciales. Señala también, que el legislador provincial al sancionar la Ley 8452 determina, para los casos previstos en el artículo 4 de la Ley 26.773, la competencia en razón de la materia, es decir, la del fuero civil y del contencioso administrativo. Opina, asimismo, que la circunstancia de que la causa de la pretensión derive de una relación de tipo laboral, no influye respecto de la competencia en tanto la base jurídica de la acción dirigida a la reparación integral de los supuestos daños ocasionados tiene su fundamento en las disposiciones del Código Civil y en la opción ejercida por el actor de someterse a las disposiciones del derecho común. Finalmente, cita un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Urquiza Juan Carlos c. Provincia ART S.A.", de fecha 11 de febrero de 2014, en que se establece la competencia del fuero civil para las acciones fundadas en el Código Civil por infortunios laborales anteriores a la Ley 26.773.--- --- El Fiscal General de la Corte ha dictaminado que debe entender en la causa el Juzgado Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley 8452.----------------- --- Y CONSIDERANDO: Que la demanda se dedujo el 14 de febrero de 2013, ante el fuero laboral que era el entonces competente, con el objeto de obtener las prestaciones reparatorias de la Ley 24.577 de Riesgos del Trabajo y, complementariamente, la reparación integral del daño sufrido por el accionante.-------- --- Que, con posterioridad a la interposición de la demanda, entró en vigencia la Ley 8452, cuyo artículo 1 establece que en los supuestos de acciones judiciales previstas en el artículo 4, último párrafo de la Ley 26.773, modificatoria de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo (las iniciadas por la vía del derecho civil), será competente la justicia civil. Además, el artículo 2 de aquel cuerpo normativo provincial dispone que, en tanto ley de orden público, será aplicable no sólo a las causas que se inicien a partir de su entrada en vigencia, sino también a las que se encuentren en trámite, aún cuando se hubiere trabado la litis y no se haya proveído la prueba ofrecida por las partes, en cuyo caso, el juzgado interviniente deberá remitir las actuaciones a la Mesa General de Entradas del fuero civil, para su prosecución allí.-------- --- El caso bajo examen consiste en una acción civil, en trámite ante el fuero laboral, en la que no se ha proveído la prueba ofrecida.--------------- --- Si bien es cierto, en precedentes donde se juzgaron casos que tienen cierta analogía con el del sub examen, esta Sala sentó criterio en el sentido de que conforme lo dispuesto por la Ley 8452 correspondía atribuir la competencia a la justicia civil siempre que la primera manifestación invalidante se hubiera producido a partir de la publicación de la Ley 26.773 (art. 17 inc. 5°), en este caso, un más detenido análisis lleva a variar dicho criterio en los términos que dan cuenta las siguientes consideraciones.---------------------- --- El artículo 4 último párrafo de la Ley 26.773 al disponer que "En los supuestos de acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil", determina cuál es el derecho material o sustantivo con la que ha de juzgarse el caso, como así también las reglas que han de regir para interpretar dichas normas e incluso las atinentes al procedimiento que ha de permitir llevar adelante el pleito hasta el dictado de la sentencia con la que el juez declare el derecho. Por su parte, el artículo 1 de la ley provincial 8452, establece que en la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 4 antes transcripto, la competencia para entender en el pleito corresponderá al fuero civil o al contencioso administrativo provincial.------------- --- La regla anterior, esto es, que cuando la acción es de naturaleza civil, la competencia corresponde al fuero civil o contencioso administrativo, no resulta condicionada ni es susceptible de variar por lo dispuesto en el artículo 17 inc. 5° de la Ley 26.773. En efecto, el momento en que se produzca "la primera manifestación invalidante", a que alude esta última norma, sólo ha de incidir en la resolución que deberá adoptar el juez competente -vale decir el juez en lo civil o en lo contencioso administrativo- respecto a si en el caso concreto sometido a su juzgamiento, corresponde o no aplicar "las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie" contempladas en la misma Ley 26.773, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, hecho -este último- que acaeció el 26 de octubre de 2012.------------------ ---- Cabe recalcar que mediante el claro texto del art. 17 inc. 5° arriba transcripto, el legislador ha dispuesto que el momento en que se produzca la primera manifestación invalidante, condiciona la vigencia, no de la ley en su integridad, sino sólo de "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie" en ella contempladas. Así entonces, siendo que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y no cabiendo suponer que la distinción que formula el legislador en su redacción es superflua, corresponde concluir que la competencia determinada por la Ley 8452, norma de carácter adjetivo y de orden público, debe aplicarse tal como ella lo indica, aún de oficio, a todas las "acciones judiciales previstas en el artículo 4 último párrafo de la Ley Nacional N° 26.773", siendo en lo que hace a la determinación del juez competente, irrelevante el momento en que se produjo la primera manifestación invalidante.--------- --- Por ello, se RESUELVE: I) Declarar que el Juzgado Contencioso Administrativo resulta competente para entender en la presente causa y disponer la remisión del expediente a dicho Juzgado. II) Encomendar a su titular que informe lo resuelto al Juez del Quinto Juzgado del Trabajo, con copia de la presente (art. 11 CPC).--- --- Protocolícese y agréguese copia al expediente. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Jorge Daniel de Oro - Secretario Letrado.

Cc-754 CS PROTOCOLO CAUSAS DE COMPETENCIA AÑO 2015 F°6.