Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2015-02-03


NEUQUEN, 3 de Febrero del año 2015.

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "ROSA JUAN JOSE S/ SUCESION AB-INTESTATO", (Expte. Nº 442104/2011), venidos en apelación del Juzgado Civil N° 4 a esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación, la Dra. Patricia CLERICI dijo:

I.- Los herederos Juan José, Juan Sebastián y María Valeria, todos de apellido Rosa y Olga Ziade plantean recursos de apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 836/842.

a) Los herederos Juan José y Juan Sebastián Rosa se agravian por la regulación de honorarios al Dr. ... y por la distribución de las costas procesales por la oposición a la regulación.

1.- Sostienen que no existe a la fecha base cierta y definitiva para la determinación de los emolumentos, no sólo por cuanto no ha sido precisado el valor de los bienes integrantes del acervo, sino porque tampoco existe cuenta particionaria, por lo que la regulación efectuada deviene improcedente.

Dice que la tasación presentada por la administradora del sucesorio ha sido impugnada por uno de los herederos, en tanto que el proceso impugnatorio no se encuentra terminado (sustanciación y decisión), conforme lo resuelto en el mismo auto que se apela. Ello determina, a criterio de los apelantes, que se desconozca en esta instancia si, una vez decidida la impugnación, los herederos arribarán a un acuerdo sobre el valor de los bienes o sobre la bondad de la valuación presentada. Agregan que, en caso de no llegarse a un acuerdo, por imperio de la ley, se procederá a designar un tasador. En otras palabras, continúan su argumentación los quejosos, se retomará el carril del art. 748 y siguientes del CPCyC, por fracaso de la instancia conciliatoria.

Siguen diciendo que este tasador vendrá a cumplir con la función que el ritual le asigna, y no a resolver una impugnación. Esta circunstancia, importa, a criterio de los recurrentes, que los herederos y la jueza de grado desconocen cuál será el valor final que se establezca respecto de los bienes, pues en la hipótesis de designarse un tasador, éste podrá establecer un valor de los bienes superior o inferior a la valuación presentada, ya que ésta no lo vincula. Manifiesta que en este último caso, es posible que alguno de los herederos cuestione el valor asignado por el tasador por bajo, pero tampoco cabe descartar que nadie impugne, o que ese menor valor resulte fundado y ajustado al valor de mercado, por lo que el menor valor establecido por el tasador quedaría firme y consentido.

Señalan que lo expuesto determina que carezca de lógica jurídica y formal la afirmación de la a quo respecto a la inexistencia de perjuicio al regular los honorarios por imposibilidad de que se disminuya la base, quedando, entonces, sin sustento el fundamento principal en el que se afirma la regulación en esta instancia procesal.

Expresan que existe un riesgo cierto de que se regule por sobre lo que corresponda, y que la ley de honorarios no puede permitir (aunque no lo prohíba) que medie una regulación de honorarios firme sobre una base inexistente, o que en el futuro pueda verse disminuida. Cita jurisprudencia.

2.- También formulan queja porque al regular los honorarios la a quo ha prescindido de las deudas del causante, ya sea que graven a los bienes o no, ya que ellas no se transmiten y una vez incluidas en la respectiva cuenta particionaria deben ser deducidas de aquello que recibirán los herederos y, por ende, afectan la base regulatoria.

Dice que el fallo recurrido ignora que los herederos han aceptado la herencia con beneficio de inventario, tornando de ese modo más gravosa la retribución a cargo de ellos. Citan doctrina y jurisprudencia.

Reiteran que el fallo de grado viola las reglas de la transmisión beneficiaria, en tanto se está ignorando que previo a la incorporación de los bienes en el patrimonio del heredero beneficiario, es menester satisfacer las deudas del causante y, recién satisfechas éstas, el remanente se incorpora al patrimonio del heredero.

Señalan que la solución consagrada por la a quo viola el art. 24 de la ley arancelaria, ya que la norma citada, al referir al patrimonio que se transmite como base para determinar los honorarios hace alusión a aquello que se incorporará efectivamente al patrimonio de los herederos y que, por ende, constituirá la medida del beneficio que les reporte el actuar profesional.

Sostienen que resulta evidente que tal aspecto no quedará determinado antes de confeccionar la cuenta particionaria, pues recién allí se han de consignar las deudas que pesan sobre la sucesión; y recién cuando se apruebe la cuenta particionaria quedará determinado el quantum o la porción que efectivamente recibirán los herederos. Agregan que este dato no es menor, pues tratándose de honorarios comunes deben se soportados por cada heredero en la misma proporción de lo que reciban del causante.

3.- Los herederos apelantes se agravian porque la resolución de grado pretende aplicar en el sub lite el art. 48 de la Ley de Aranceles, y al realizar regulaciones provisorias, no respeta las pautas del artículo en cuestión, y determina arbitrariamente una regulación irrazonable, imposible de afrontar por los herederos en esta instancia.

Dicen que el resolutorio en crisis regula honorarios provisorios al Dr. ... por considerar que la ley no lo prohíbe en este tipo de procesos, y a tal fin utiliza, dentro de la escala del art. 7° de la ley arancelaria, un porcentaje del 16%, previo aplicar sobre los montos de la valuación los deméritos previstos en el art. 25 de la Ley de Aranceles.

Entienden que si bien la norma arancelaria no prohíbe efectuar regulaciones provisorias en los procesos voluntarios, no puede pasarse por alto que el silencio del legislador no equivale a su descuido. Siguen diciendo que son las particularidades del proceso sucesorio las que llevan a descartar que la norma contenga previsiones al respecto, pues es claro que en tales casos resulta complicado llevar a cabo una regulación provisoria sin correr el riesgo de atentar contra los derechos de las partes.

Señalan que doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener la imposibilidad de practicar regulaciones parciales y/o provisionales dentro de las sucesiones. Cita jurisprudencia.

Concluye en que si la a quo quería aplicar el art. 48 de la Ley 1.594 debía respetar las pautas por él impuestas, y regular el honorario mínimo, equivalente a cinco JUS. Señala que esto ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en autos "Cooperativa de Vivienda de Empleados Mercantiles c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción Procesal Administrativa".

Seguidamente agregan que, aún si se considerara que existe base de cálculo, debió aplicarse el mínimo de la escala del ya citado art. 7°, con la posibilidad de elevarla en oportunidad de ponderar los restantes elementos.

4.- Plantean la nulidad del auto regulatorio por falta de fundamentación.

Dicen que en el auto referido no se encuentra ponderación alguna sobre las pautas establecidas en el arancel, sin que pueda conocerse porqué se utilizó un porcentaje del 16% de la escala, que arroja la suma de $ 1.413.534,52 en concepto de regulación provisoria.

Señalan que la a quo se ha limitado a exponer las etapas en las que intervino el letrado y en que calidad, para seguidamente realizar cálculos aritméticos.

Sostienen que ese proceder genera indefensión para su parte, por carecer de fundamentos y motivación. Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.

5.- Sin perjuicio de lo expuesto respecto de la falta de fundamentación del decisorio de primera instancia, los apelantes sostienen que la regulación practicada resulta excesiva y no guarda adecuada relación con la importancia, extensión y calidad de la labor desarrollada.

Señalan que la tarea del letrado ha sido concreta y concisa pero no ha revestido ninguna complejidad, conforme sucede al transitar la primera y segunda etapas de los procesos sucesorios.

Manifiestan que conforme lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el monto del proceso es importante y no existe una actuación profesional que guarde estrecha vinculación con la composición del mismo, no cabe limitarse a aplicar una fórmula matemática a partir de un porcentual escogido de la escala arancelaria, sino que debe ponderarse prioritariamente que el resultado no arroje una regulación excesiva y desproporcionada de las tareas realizadas, alejándose así del concepto de una retribución justa.

6.- Se agravian por la decisión de hacer soportar a los herederos los honorarios regulados sobre los gananciales que corresponden a la cónyuge supérstite y sobre las tareas de representación a favor de ésta.

Dicen que la a quo ha aplicado el art. 25 de la Ley de Aranceles de un modo contrario a su texto legal, tornando más gravosa la contribución de los herederos en los honorarios por las actividades en interés común de todos ellos.

Señalan que todos los bienes son gananciales, por lo que la mitad de esos bienes corresponden al cónyuge supérstite por disolución de la sociedad conyugal, y la mitad restante a los herederos por trasmisión hereditaria.

Adunan que el error en la aplicación de la norma consiste por una parte en los defectos de cálculo, y por la otra, en que se procede a sumar ambas determinaciones en lugar de mantenerlas divididas. Insisten en que los herederos no tienen por qué soportar gastos de representación de la administradora, en tanto no se ha hecho representar por el Dr. ..., quién sólo intervino como patrocinante de los mismos. Entienden que queda claro que no es posible adicionar el 40% en concepto de representación a la regulación que se practique sobre la porción de gananciales que integran el acervo y que se transmiten a los herederos por causa de muerte.

7.- Formulan queja por la imposición de costas por la oposición planteada.

Dicen que se carga a su parte con costas a pesar de que no existió ninguna actividad profesional del letrado requirente por el trámite de la oposición.

8.- También se agravian por la negativa de la magistrada de grado a cumplir con el procedimiento establecido en el ritual para la designación de valuador, concretamente la falta de fijación de la audiencia prevista por los arts. 748 y 745 del CPCyC.

Sostienen que se priva a las partes de la posibilidad conciliatoria que siempre ofrece una audiencia, vulnerando lo decidido el derecho de postulación y de asumir personalmente el ejercicio de los actos que el ritual permite a las partes.

9.- Hacen reserva del caso federal.

b) La heredera Olga Antonia Elena Ziade expresa agravios a fs. 863/878.

Desarrolla agravios similares a los expuestos por los herederos Juan José y Juan Sebastián Rosa y hace reserva del caso federal.

c) La heredera María Valeria Rosa expresa agravios a fs. 879/882.

1.- Se agravia por el monto de los honorarios regulados al Dr. ..., sosteniendo que mal puede establecerse una regulación, siquiera provisoria, sobre una base que se encuentra cuestionada, discutida y sin sustento actual.

Dice que al tener que designarse un tasador, la tasación que éste realice bien puede ser inferior a la que se tomó como base para la regulación de los honorarios del Dr. ....

Entiende que por tratarse de una regulación provisoria es por demás elevada; en todo caso, agrega, de regularse ese tipo de honorarios debe hacerse de modo tal de no afectar a los herederos ni a las regulaciones futuras y definitivas.

Señala que el hecho que el art. 43 de la Ley 1.594 determine que los procesos sucesorios se encuentran divididos en tres etapas, no quiere decir que cada etapa deba valer lo mismo, ya que habrá etapas más importantes y trascendentes que otras. Manifiesta que esta tercera etapa que se está transitando conlleva mucho más avocación, estudio y tratamiento por parte de los profesionales intervinientes que aquellas en que actuó el Dr. ....

2.- Denuncia que no existe base cierta para efectuar una regulación, siquiera provisoria.

Recuerda que la tasación presentada por la administradora judicial fue impugnada, haciéndose lugar a la impugnación del heredero Juan José Rosa, surgiendo, en definitiva, de la tasación que efectúe el tasador judicial el monto a considerar.

3.- Formula queja por la omisión de deducir las deudas del acervo, que aún no se han expuesto ni cuantificado. Cita jurisprudencia.

d) El heredero Juan Pablo Rosa apela los honorarios regulados al Dr. ... por altos (fs. 885).

Asimismo se agravia por la imposición de costas a su cargo por la incidencia relativa a la designación de un tasador judicial.

Dice que no correspondía aplicar el principio objetivo de la derrota pues existía una decisión judicial previa que brindaba sustento a la postura de su parte y que se mantuvo al contestar los recursos de revocatoria interpuestos por los coherederos. Entiende que, en todo caso, las costas debieron imponerse por su orden.

e) Los letrados ... y ..., por derecho propio, se agravian por cuanto se ha omitido regular sus honorarios profesionales.

Dicen que el auto regulatorio considera que el Dr. ... intervino casi exclusivamente en la segunda etapa al publicar los edictos, librar las planillas al Registro de Juicios Universales y citar mediante cédula al heredero Juan Pablo Rosa, en tanto que los apelantes han intervenido solamente al peticionar el dictado de la declaratoria de herederos. Entienden que esto es equivocado ya que la actuación que les cupo implicó la presentación espontánea del heredero Juan Pablo Rosa y el pedido de dictado de la declaratoria de herederos, acto que cobra vital importancia porque la cédula de notificación nunca fue diligenciada por el Dr. .... Agregan que también han confeccionado y diligenciado el oficio al Registro de Juicios Universales, materializando la inscripción de la declaratoria de herederos, acto que culmina la segunda etapa del proceso.

f) El heredero Juan Pablo Rosa contesta el traslado de la expresión de agravios de la heredera María Valeria Rosa señalando que él también ha apelado los honorarios regulados al Dr. ... por altos.

En tanto que a fs. 906/vta. contesta el traslado de los agravios expresados por los restantes coherederos reiterando su apelación arancelaria.

Luego, y en cuanto al procedimiento fijado para la designación de tasador judicial dice que no apeló el resolutorio, por lo que se someterá a la modalidad dispuesta por la jueza de grado. Agrega que dado el nivel de conflictividad existente entre los coherederos no sería inadecuado prescindir de la celebración de la audiencia ya que el resultado será el mismo, si las propuestas de tasador se realizan por escrito.

g) Los herederos Olga Ziade y Juan José y Juan Sebastián Rosa contestan le traslado de la expresión de agravios de la coheredera María Valeria Rosa a fs. 907, señalando que son contestes en un todo con lo expuesto por dicha apelante.

h) La heredera Olga Ziade contesta el traslado de la expresión de agravios del heredero Juan Pablo Rosa a fs. 917/922.

Dice que la pieza recursiva no representa una verdadera expresión de agravios, omitiendo el recurrente exponer citas legales o jurisprudenciales que abonen el denunciado desacierto jurídico que endilga al fallo de grado, y realizando meras apreciaciones subjetivas y afirmaciones dogmáticas.

Sin perjuicio de ello, rebate los agravios formulados señalando que el recurrente silencia que la posición adoptada por la a quo en el auto revocado tuvo como antecedente la postura propuesta por el propio quejoso, en tanto fue el señor Juan Pablo Rosa quién, al impugnar las valuaciones presentadas por la administradora, solicitó la designación de un perito tasador. Agrega que intentada la revocatoria por la señora Ziade y sustanciada con el quejoso, éste se mantuvo en su posición inicial en todos los aspectos; en tanto que la sentenciante de grado revoca su decisión, hace lugar al planteo de la administradora en todas sus partes e impone las costas al ahora apelante.

En cuanto a la presentación de los Dres. ... e ...z reitera la imposibilidad de regular honorarios en esta etapa del proceso, agregando que los letrados apelantes no se han desvinculado del trámite, en tanto que la regulación provisoria a favor del Dr. ... tiene como fundamento su desvinculación de la causa.

Hace reserva del caso federal.

i) Los herederos Juan José y Juan Sebastián Rosa contestan el traslado de la expresión de agravios de su par Juan Pablo Rosa, a fs. 923/926 vta., en los mismos términos que la heredera Olga Ziade.

j) La heredera María Valeria Rosa contesta el traslado de la expresión de agravios del heredero Juan Pablo Rosa a fs. 927/930 vta. en similares términos que los restantes coherederos.

En la misma presentación rebate los agravios vertidos por los Dres. ... e ..., reiterando términos ya expuestos en oportunidad de impugnar la regulación de honorarios efectuada a favor del Dr. ....

k) A fs. 941/951 el Dr. ... contesta los traslados de las expresiones de agravios de los herederos Juan José, Juan Sebastián y María Valeria Rosa y Olga Ziade.

Señala que como base regulatoria se ha utilizado el informe presentado por la administradora judicial que ha sido consentido por los apelantes y sólo cuestionado por el heredero Juan José Rosa, por considerarlo exiguo. Por ende, a criterio del letrado, no existe el riesgo de que los honorarios regulados provisionalmente sean equivocados, más aún en una situación económica como la actual, con depreciación del valor de la moneda, y revalorización de los bienes que integran el acervo hereditario.

Dice que el art. 25 de la Ley 1.594 nada dice respecto a que la referencia al patrimonio que se transmite exija la previa deducción de deudas, no alude al activo neto. Sin perjuicio de ello, manifiesta que las deudas que se han alegado son meramente hipotéticas, ya que no se han invocado ni mucho menos acreditado en autos. Sigue diciendo que, en todo caso, la única deuda que se ha referido es la que disminuye el valor del complejo de calle Leloir en un 15%, la cual se ha deducido por la propia administradora, conforme surge de su informe.

Califica como irrazonable la propuesta de los quejosos referida a que sus honorarios profesionales debieran fijarse en el mínimo arancelario, recordando que las partes impugnantes han consentido la base regulatoria establecida como monto del juicio ($ 19.632.425,50) en la fijación de estipendios profesionales en el decisorio de fecha 19 de septiembre de 2014.

Sostiene que la a quo ha ponderado debidamente su labor profesional, explicando con amplitud las operaciones aritméticas para arribar a los resultados expuestos. Agrega que nada dicen los quejosos respecto a que durante su intervención como patrocinante no hubo conflictividad alguna entre los herederos y la cónyuge supérstite, circunstancia que debe adjudicarse como factor de ponderación favorable al abogado.

Señala que su actuación favoreció al conjunto de los herederos, con la única excepción del honorario regulado por la representación de la señora Ziade, en la que coincide que debe ser asumido exclusivamente por ella.

l) A fs. 953/958 vta., el heredero Juan Pablo Rosas expresa agravios respecto de la resolución de fecha 19 de septiembre de 2014.

1.- Sostiene que la resolución recurrida viola el principio de preclusión, en tanto el fallo de fecha 10 de diciembre de 2013 se encuentra firme y consentido.

Dice que se acordó que los herederos debían presentar las tasaciones, pero se dijo, en el último de los fallos citados, que ante la falta de acuerdo se designaría un perito tasador. Sigue diciendo que la falta de acercar tasaciones no priva a su parte del derecho de impugnar.

Cita el art. 3.466 del Código Civil y señala que en este juicio no se designó perito, sólo se dijo que las partes acercaran tasación de los inmuebles, sino se haría por designación judicial.

Manifiesta que lo agravia el rechazo de la impugnación ya que se priva a su parte del derecho de proteger su propiedad y se limita su libertad de peticionar conforme a derecho. Reitera que impugnar una tasación particular no puede ser limitado o cercenado y, menos aún, calificar su libertad como falta de probidad o buena fe. Agrega que la impugnación es una facultad que emerge del art. 3.466 del Código Civil.

Dice que su parte señaló respecto de cada inmueble circunstancias precisas y específicas que permiten retasar la cosa, entendiendo que las objeciones planteadas no son vaguedades sino precisiones.

Afirma que lo contradictorio es que cuando su parte impugnó, la a quo no rechazó la impugnación, sino que dio traslado de las objeciones a la contraria y dispuso que se sorteara perito tasador; cambiando abruptamente al dictar la sentencia que se recurre, donde sostiene que se actúa con falta de buena fe y probidad.

Expresa que el ejercicio de los derechos no debe ser juzgado como innecesario, aún cuando quien lo ejerce sea minoría de parte procesal. Rechaza la existencia de mala fe, toda vez que el art. 3.466 del Código Civil autoriza a pedir una retasación. Señala como prueba de su buena fe que no impugnó la tasación de los rodados aunque el valor otorgado es inferior al precio de mercado.

2.- Señala que si nos encontramos en la tercera etapa del proceso sucesorio no es legal regular honorarios hasta tanto no se la concluya.

Dice que también o agravia la imposición de las costas, ya que la a quo ha dicho que serían soportadas por quién resulte más lejos del valor que asigne el perito tasador, directiva que responde a la doctrina judicial de esta Cámara de Apelaciones.

Entiende que las costas deben fijarse en el orden causado porque mediaron razones suficientes en la conducta procesal de su parte, siendo una facultad legal solicitar que la tasación se haga judicialmente.

Apela la totalidad de las regulaciones de honorarios porque aún no se aprobó el inventario y porque son altos en relación con los valores propuestos por los herederos mayoritarios.

ll) Los coherederos Ziade y Juan José y Juan Sebastián Rosa contestan el traslado de la expresión de agravios a fs. 964/976.

Dice que lo que en realidad cuestiona el quejoso es el resolutorio de fecha 25 de agosto de 2014, punto VI, el que no fue recurrido por el ahora apelante.

Sigue diciendo que el señor Juan Pablo Rosa ha consentido que correspondía resolver las impugnaciones que él realizara y que ello debía suceder en forma previa a cualquier otro acto tendiente a determinar el valor de los bienes, por lo que contrariamente a lo afirmado al expresar agravios, la a quo no está alterando lo decidido en fecha 10 de diciembre de 2013, sino que está dando cumplimiento a lo expresamente resuelto en fecha 25 de agosto de 2014.

Luego advierte que la cuestión sometida a decisión de la jueza de grado en oportunidad del dictado del auto de fecha 19 de septiembre de 2014 fue la admisión o rechazo de las impugnaciones realizadas por el apelante contra las tasaciones presentadas por la señora Ziade. Agrega que si existió algún aspecto que no resultaba claro para el quejoso debió pedir la aclaratoria pertinente.

Afirma que la jueza de grado ya había resuelto el procedimiento a seguir mediante auto de fecha 25 de agosto de 2014 punto VI, señalando claramente que si una vez resueltas las impugnaciones, los herederos no se ponían de acuerdo en el valor, se procedería a la designación de perito tasador a propuesta de la mayoría, determinando que la proposición tendría que ser hecha por escrito.

Manifiesta que el quejoso omite advertir a la Alzada que el pronunciamiento de fecha 25 de junio de 2014 fue dejado sin efecto mediante lo decidido en el punto VI del auto de fecha 25 de agosto de 2014, firme y consentido. Por ende, a criterio de esta parte, no existe violación del principio de preclusión, dado que el auto que se pretende ignorado ha sido revocado en todas sus partes.

Partiendo de lo ya señalado en cuanto a que la resolución de fecha 25 de agosto de 2014 se encuentra firme, ni se genera violación alguna a la legislación procesal ni de fondo.

Pone de manifiesto que no existe auto alguno que disponga como se llevará a cabo la partición, en tanto si los herederos llegan a un acuerdo antes de que se formalice la partición judicial, siempre tendrá prioridad la consensuada.

Aclara que no existe ninguna resolución en estas actuaciones que disponga que si los herederos no acercaban tasaciones de los bienes se designaría un perito judicial, sin que la real situación es que si no se arriba a un acuerdo luego de resolver las impugnaciones, se designa un perito a propuesta de la mayoría.

Por otra parte, aduna esta parte, nadie le negó al apelante la posibilidad de impugnar sino que, por el contrario, ha impugnado amplia y sobradamente la tasación presentada por la señora Ziade.

Aclara que la resolución de la jueza de grado de rechazar la impugnación formulada por carecer de elementos objetivos no puede ser interpretada como un cercenamiento del derecho a impugnar. Recuerda que el art. 3.466 del Código Civil establece que el juez puede ordenar una retasa cuando alguno de los herederos demuestre que la tasación no es conforme al valor que tienen los bienes.

Destaca que la expresión de agravios no importa un ataque a la médula del fallo, que es que se rechazan las impugnaciones por cuanto carecen de todo sustento, ni ha demostrado ni ofrecido demostrar, el impugnante, que existen elementos objetivos que avalen su reproche.

En cuanto a las costas señala que no son por la tercera etapa del sucesorio sino por la incidencia.

m) La contestación a la expresión de agravios de la heredera María Valeria Rosa fue considerada extemporánea (fs. 982).

II.- Reseñadas en la medida de lo posible las farragosas presentaciones de los herederos de autos, advierto que en este momento se cuestionan ante la Alzada dos resoluciones interlocutorias dictadas por la jueza de grado.

Una es la obrante a fs. 837/842, y la otra es la resolución interlocutoria de fs. 901/904.

Respecto de la primera resolución dictada en el tiempo los agravios refieren a la regulación de honorarios realizada a favor del Dr. ..., a la imposición de costas al heredero Juan Pablo Rosa por la revocación del resolutorio que ordenaba el sorteo de perito tasador, y a la falta de fijación de audiencia a efectos de designar al tasador.

He de comenzar el análisis de los recursos de autos por estos agravios, y en primer lugar por los planteados respecto de la regulación de honorarios al Dr. ....

Sobre este primer aspecto, las quejas refieren a la improcedencia de regular honorarios provisorios en los procesos voluntarios, a la inexistencia de base regulatoria y a lo elevado de la suma establecida en tal concepto.

El art. 48 de la Ley 1.594 establece: "En los juicios contenciosos, cuando el abogado o el procurador se separen del patrocinio o representación por cualquier causa que fuere, podrá solicitar la regulación y cobrar de inmediato el mínimo del honorario que le hubiere correspondido, conforme a las reglas establecidas, sin perjuicio de cobrar el saldo una vez dictada la sentencia, si de acuerdo al resultado del pleito la retribución debió ser mayor.".

Del texto legal surge que las regulaciones de honorarios provisorias que la norma regla se refiere a los supuestos de juicios contenciosos. La a quo ha entendido que no existe óbice para que similar regulación se de en los procesos voluntarios, especie a la que pertenece el juicio sucesorio.

Sin embargo, el texto legal es claro respecto a que la regulación de honorarios provisoria solamente tiene cabida en los procesos contenciosos en los cuales no ha sobrevenido ni sentencia ni transacción.

La jurisprudencia es conteste a este respecto. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, determinó que no se considera pertinente regular honorarios provisionales en un juicio sucesorio (autos "B., J.", 7/5/1985, LL 1985-D, pág. 5). En igual sentido la Sala A de la misma Cámara señaló que "la regulación provisoria prevista en el art. 48 de la Ley 21.839 sólo es aplicable en un proceso de conocimiento en el que no se hubiere dictado sentencia o sobrevenido transacción, por lo que resulta inaplicable en juicios voluntarios como es una sucesión" (autos "Siri, Olga s/ suce.", 2/12/2002, DJ 2002-3, pág. 1.088); al igual que su par Sala C, tribunal que sentenció que en los juicios voluntarios no procede realizar regulaciones de honorarios parciales o provisionales sujetas a posteriores reajustes, ya que la ley arancelaria admite este tipo de regulaciones solamente en los procesos contenciosos (autos "Rafowicz, Samuel", 13/2/1996, LL 1996-D, pág. 859).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación si bien anuló un fallo que negaba la regulación de honorarios provisorios en dos juicios sucesorios, fundado en la improcedencia de este tipo de regulaciones en los procesos voluntarios, destacó que tal decisión se adoptaba por la complejidad y extensión de los juicios sucesorios, reconocida por los herederos, el tiempo transcurrido desde que había cesado el patrocinio de los letrados y en el entendimiento que aguardar a que se halle claramente definido el patrimonio relicto para practicar las regulaciones importaría postergar de modo extremo el momento en que han de percibir su retribución, al punto de afectar la protección que a ésta acuerdan los arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional (autos "Alzaga de Sánchez, Josefina y otro", 24/7/1979, Fallos 301:590). De ello se sigue que, en principio la Corte respeta la limitación establecida por la ley arancelaria de habilitar la regulación de honorarios provisorios solamente en los procesos contenciosos, habiendo hecho excepción a este principio por las particulares circunstancias de la causa.

Cabe señalar que los aportes doctrinarios que entienden que este tipo de regulación procede en los juicios voluntarios, en especial los de Graciela Medina que hacen expresa referencia al proceso sucesorio ("Proceso Sucesorio", Ed. Rubinzal-Culzoni, 2011, T. II, pág. 345/346), toman como base la Ley 21.839 (U-1158, DJA), que tiene, en la norma pertinente, una redacción diferente a la local. En efecto, el art. 48 de la norma arancelaria nacional no diferencia, en su primera parte, entre procesos voluntarios y contenciosos, sino que solamente reza: "Los profesionales podrán solicitar la regulación de honorarios y cobrarla de su cliente, al cesar en su actuación"; haciendo referencia exclusivamente a los procesos contenciosos en su segundo párrafo, en cuanto determina que en tal caso debe regularse el mínimo legal.

No obstante ello, ya se ha visto que la jurisprudencia interpreta el texto legal en sentido contrario al propiciado por la Dra. Medina.

Consecuentemente, siendo claro el texto legal local en cuanto a que la regulación provisoria solamente resulta procedente en los procesos contenciosos, no encontrándose cuestionada su validez, y no habiendo invocado el letrado peticionante razones excepcionales que pudieran ser consideradas para apartarse de la legislación vigente, habrá de revocarse el auto regulatorio que fija honorarios provisorios al Dr. ....

III.- Lo expuesto en el apartado precedente me exime de analizar los restantes agravios formulados respecto de la regulación de honorarios a favor del profesional señalado; con excepción del referido a la imposición de las costas procesales por la oposición a la regulación, el que será abordado seguidamente.

IV.- Con relación a las costas por la incidencia suscitada en torno del pedido de regulación de honorarios formulado por el letrado ..., y más allá del resultado de la apelación, deben ser impuestas en el orden causado dado que se trata de una cuestión arancelaria y, además, porque la decisión que adopto, en definitiva, solamente pospone la regulación peticionada, pero no se desconoce el derecho del profesional a percibir emolumentos por la labor desarrollada (arts. 69 y 68, 2do. párrafo, CPCyC), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales para el momento procesal oportuno.

V.- De lo dicho en el apartado II también se sigue la improcedencia de lo peticionado por los abogados ... y ..., agregando que tampoco se da en su caso la cesación de la actuación profesional.

VI.- Con relación a la queja referida al trámite impreso para la designación de perito tasador, el agravio deviene no sólo desierto desde el momento que no se rebaten las razones dadas por la a quo para desechar la fijación de audiencia (las que se comparten plenamente), sino que también deviene abstracto ya que, al rechazarse las impugnaciones formuladas por el heredero Juan Pablo Rosa respecto de la tasación presentada en autos, se ha eliminado el desacuerdo sobre la valuación del acervo hereditario, por lo que no resulta procedente la designación de un perito tasador, conforme se desarrolla más adelante.

VII.- En lo atinente a las costas por la incidencia referida a la designación del perito tasador, teniendo en cuenta que la designación del tasador no fue rechazada sino pospuesta para luego de resolverse sobre las impugnaciones formuladas a la tasación de la administradora judicial, y que lo que fue dejado sin efecto es el sorteo de perito -pretendido por el heredero Juan Pablo Rosa-, pero tampoco se hizo lugar a la fijación de la audiencia solicitada por los restantes herederos, las costas han de ser impuestas en el orden causado conforme lo dispuesto por el art. 71 del CPCyC.

VIII.- Resta por abordar la apelación planteada por el heredero Juan Pablo Rosa respecto de la resolución interlocutoria de fs. 901/904.

Analizados los agravios del quejoso adelanto opinión respecto a que el recurso no puede prosperar.

La resolución de fecha 10 de diciembre de 2013 (fs. 598/599) dispuso establecer el plazo de cinco meses, durante el cual los herederos debían arrimar al expediente las valuaciones de los bienes integrantes del acervo hereditario, vencido el cual sin existir acuerdo respecto de la totalidad de las valuaciones se procedería a designar un perito tasador.

La heredera y administradora judicial Olga Ziade presenta valuación a fs. 701/702 y 760.

La heredera María Valeria Rosa presta conformidad con la valuación presentada en el expediente a fs. 766.

El heredero Juan Pablo Rosa impugna parcialmente la valuación presentada a fs. 768/769 y 771/vta.

En la resolución que aquí se apela, la a quo rechaza las impugnaciones formuladas a la valuación del acervo hereditario.

Ahora bien, se equivoca el recurrente en sus apreciaciones toda vez que parte de un concepto errado y es que la impugnación que formulara fue rechazada porque no acompañó a autos una tasación de los bienes relictos. Ello no se compadece con los términos del resolutorio cuestionado.

En efecto, de los Considerandos del fallo de grado surge que el rechazo de la impugnación formulada por el heredero Juan Pablo Rosa se basa en la inexistencia de elementos objetivos que la respalden, y en la norma del art. 178 del CPCyC. Sobre estos extremos nada dice el recurrente, por lo que han devenido firmes.

Cabe señalar que para impugnar una tasación que cuenta con el respaldo de un profesional no basta con afirmar que el valor otorgado a determinados bienes es inferior al precio de mercado o exiguo, sino que resulta necesario acompañar, a su vez, elementos objetivos que avalen la objeción formulada, conducta que no ha seguido el recurrente.

Si bien pareciera que la jueza de grado también ha tenido en cuenta la conducta del heredero impugnante para rechazar la impugnación, de todos modos han quedado firmes los fundamentos referidos a la falta de respaldo objetivo de las objeciones, los que resultan suficientes, por si solos, para avalar la resolución tomada en la primera instancia.

Tampoco encuentro que se haya impedido al apelante el ejercicio de sus derechos en pos de la protección de los bienes del acervo hereditario, ya que se le brindó la oportunidad de aportar su propia tasación, y además, pudo impugnar la valuación presentada en autos.

Luego, la falta de presentación de valuación del acervo hereditario y los defectos de la impugnación formulada son cuestiones que responden a la conducta del interesado y que de ninguna manera afectan la posibilidad de ejercer sus derechos, la que le fue otorgada en tiempo y forma.

El recurrente invoca la manda del art. 3.466 del Código Civil, pero olvida que consintió la resolución de fs. 598/599 que estableció una modalidad de realización de la valuación del acervo hereditario, por lo que hay que estar a este último procedimiento.

No dándose en autos ninguno de los supuestos previstos por el art. 3.465 del Código Civil, los herederos pueden realizar la partición en la forma y por el acto que por unanimidad juzguen convenientes (art. 3.462, Código Civil), por lo que siendo parte del proceso de partición, la valuación del acervo hereditario, el consentimiento prestado respecto de la resolución judicial de fs. 598/599 equivale a haber optado por un determinado procedimiento, por lo menos para tasar los bienes que formaban parte del patrimonio del causante.

Luego, tampoco se ha violentado el procedimiento establecido en la ya citada resolución de fs. 598/599, toda vez que se ha acompañado una sola valuación, la que fue impugnada por uno de los herederos (y consentida expresa o tácitamente por lo demás) -acto que podría equipararse a la existencia de desacuerdo-.

Pero, habiéndose zanjado judicialmente el desacuerdo (al rechazarse la impugnación), éste ya no existe, no siendo necesario, entonces, conforme lo adelanté, la designación de perito tasador. Reitero en este punto que el heredero apelante tuvo la oportunidad de acompañar su propia tasación, y no lo hizo, habiendo optado por la impugnación a la valuación presentada -desechada correctamente por la jueza de grado-.

IX.- En cuanto a las costas impuestas en la resolución de fs. 901/904, dado lo desarrollado en el apartado precedente y toda vez que ellas refieren únicamente al incidente planteado en torno a la tasación presentada en el expediente, en el que ha resultado perdidoso el heredero Juan Pablo Rosa, tal imposición resulta ajustada a derecho (art. 69, CPCyC).

La apelación arancelaria también ha de ser desestimada toda vez que, tal como lo desarrolla la a quo en su resolutorio, ha sido practicada dentro de las previsiones de la ley que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores.

X.- Sin perjuicio del tratamiento dado a cada uno de los agravios formulados, cabe llamar a la reflexión a los herederos y sus letrados sobre la inconveniencia de continuar con dilaciones generadas por la agresividad y enemistad existentes entre ellos, las que redundan en perjuicio de los intereses patrimoniales de los primeros, instándolos a concluir prontamente con el presente trámite, tratando, a tal fin, de encontrar puntos mínimos de acuerdo que posibiliten la distribución del acervo hereditario en forma concertada.

XI.- En mérito a lo antedicho, propongo al Acuerdo; 1) revocar parcialmente la resolución interlocutoria de fs. 836/842 en cuanto determina honorarios provisorios a favor del Dr. ... (puntos III, IV y V de la parte resolutiva), y rechazar el pedido de regulación de honorarios formulado por el abogado mencionado, con costas en el orden causado, y difiriendo la fijación de los emolumentos profesionales para el momento procesal oportuno; 2) dejar sin efecto la imposición de costas procesales determinada en el punto VIII) de la parte resolutiva de la sentencia interlocutoria de fs. 836/842, distribuyendo las costas por esa incidencia en el orden causado y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para el momento procesal oportuno; 3) confirmar la resolución interlocutoria de fs. 836/842 en todo lo demás que ha sido motivo de agravios; 4) no hacer lugar a la regulación de honorarios peticionada por los Dres. ... y ...; 5) confirmar la resolución interlocutoria de fs. 901/904; 6) hacer saber a los herederos y sus letrados lo dicho en el punto X de estos Considerandos.

A efectos de distribuir las costas por la actuación en segunda instancia se ha de considerar que ha existido una única actuación por los recursos planteados, y sopesando el resultado de los mismos y los planteos de los quejosos y de las contestaciones de agravios, aquellas se han de imponer en el orden causado (arts. 69 y 68, 2do. párrafo, CPCyC), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para cuando se cuente con base a tal fin.

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala II, RESUELVE:

I.- Revocar parcialmente la resolución interlocutoria de fs. 836/842 en cuanto determina honorarios provisorios a favor del Dr. ... (puntos III, IV y V de la parte resolutiva), y rechazar el pedido de regulación de honorarios formulado por el abogado mencionado, con costas en el orden causado, y difiriendo la fijación de los emolumentos profesionales para el momento procesal oportuno.

II.- Dejar sin efecto la imposición de costas procesales determinada en el punto VIII) de la parte resolutiva de la sentencia interlocutoria de fs. 836/842, distribuyendo las costas por esa incidencia en el orden causado y difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para el momento procesal oportuno.

III.- Confirmar la resolución interlocutoria de fs. 836/842 en todo lo demás que ha sido motivo de agravios.

IV.- No hacer lugar a la regulación de honorarios peticionada por los Dres. ... y ....

V.- Confirmar la resolución interlocutoria de fs. 901/904; 6) hacer saber a los herederos y sus letrados lo dicho en el punto X de estos Considerandos.

V.- Imponer las costas por la actuación en segunda instancia en el orden causado (arts. 69 y 68, 2do. párrafo, CPCyC) por los motivo expresados en los considerandos, difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para cuando se cuente con base a tal fin.

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen.

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA.