marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Noailles Durrieu, Bárbara María c/ Noailles, Luis Vicente y otros s/ juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-12

Para la determinación de la competencia corresponde atender de un modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión.
Despido sin causa, indemnización por despido, pérdida de confianza, establecimientos asistenciales, enfermeros, carga de la prueba, falta de prueba
Materia: LABORAL
Carátula: M. C., C. R. c/ Fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-03

Por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba (art. 377 párrafos 1 y 2 del C.P.C.C.N.) a la demandada le correspondía acreditar las causales invocadas que por su gravedad no consintieren la prosecución del vínculo laboral (art. 242 LCT). Sin embargo, la accionada no ha logrado demostrar la existencia de la filmación de la cirugía, ya que no la ha aportado a la causa. Así, la conducta asumida por la empleadora implicó una violación a los deberes impuestos por los arts. 10, 62 y 63 de la LCT, por lo que el despido devino incausado, debiendo asumir las consecuencias de su obrar ilegítimo (art. 245 de la LCT), porque al no haberse acreditado en la litis que el actor haya filmado la cirugía, no resulta justificativo para el despido el argumento de la pérdida de confianza invocada por el Sanatorio.
Recurso de apelación (procesal), facultades de la alzada
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Martinez, Rubén Dario y otro s/ Apremio Méndez Rubén c/ González Armijo s/ Desalojo por falta pago Banco Integrado Departamental Coop.Ltdo. c/ Fernández, Eduardo y otro s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-28|1998-03-12|1998-06-25

Siendo improrrogable y privativa de la Cámara la competencia funcional de grado (art. 1º CPC; art. 1º y 10 de la ley 5827), cabe a la misma examinar si con respecto a los recursos concedidos se ha cumplido con los recaudos procesales que la ley impone, sin que precluya tal facultad por la circunstancia que el juez de primera instancia así lo hubiese considerado. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regímenes jubilatorios especiales, contadores públicos, cancelación de la matrícula
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Piatti, Carlos Alberto c/ Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La imposición de la cancelación de matrículas profesionales fuera del ámbito bonaerense, interfiere en la regulación de la seguridad social e incide en el ejercicio de la actividad profesional cumplida en ajena jurisdicción, excediendo el poder de policía reservado por la provincia en la materia.
Medidas cautelares, demanda de escrituración, daños y perjuicios, competencia por la materia, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Btelet SRL c/ Restelli, Fernando Pablo s/ medida cautelar s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Para dilucidar los conflictos de competencia debe considerarse principalmente la relación de hechos contenida en el escrito de inicio y después, en tanto se adecue a ese relato, el derecho invocado en sustento de la petición, así como también la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos: 330: 811 y sus citas). (Del voto de la juez Inés Weinberg).
Daños y perjuicios, fuerzas de seguridad, poder de policía, culpa de la víctima
Materia: PROCESAL - CIVIL - PENAL
Carátula: Risso, Claudio Jesús y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-06

No es aplicable el artículo 1111 del Código Civil en el caso de quien resultó herido por los disparos de una comisión policial al intentar alejarse creyendo ser víctima de un asalto, si las circunstancias que rodearon el episodio justificaron tal conducta y la actitud policial aparece como desproporcionada y no se ajustó a las condiciones en que debe ejercerse el poder de policía de seguridad estatal.
Excepciones procesales, defecto legal, daños y perjuicios, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARBERIS C. c/ INSTITUTO DE CARDIOLOGIA S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-24

La necesidad que tendrá la parte de acreditar los presupuestos de imputación de responsabilidad, cuya existencia es lógico determinar antes de verificar la extensión del daño reclamado, no la exime de la carga de indicar su extensión en los términos del código procesal: 330-3ro., De acuerdo con los hechos que invocó como sustento de su pretensión. Dicha cuantificación aún aproximada, no puede ser soslayada aún cuando en definitiva, la determinación del "quantum" se difiera para la etapa probatoria.

Si no existió cuantificación, procede la defensa de defecto legal.
Extinción de la acción penal, prescripción de la acción penal, homicidio con alevosía, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Materia: PENAL
Carátula: Arrillaga, Alfredo Manuel s/ causa n° 14.102
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-12-30

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró prescripta la acción penal y sobreseyó al imputado de ser coautor del delito de homicidio agravado por alevosía en el marco de los hechos de recuperación del cuartel "La Tablada" si incurrió en arbitrariedad al rechazar la pretensión con base en que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes para el Estado argentino, pues debía analizar si se hicieron los mejores esfuerzos para cumplir con la recomendación de ésta, es decir, llevar a cabo una investigación independiente, completa e imparcial acerca de los hechos, en tanto sólo en ese caso podría considerarse infundado el agravio consistente en que se incumplirían compromisos internacionales si se confirmara la extinción de la acción penal. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-. -Los jueces Lorenzetti y Fayt, en disidencia, consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 CPCCN)-.
Materia: LABORAL
Carátula: Zalazar, Romualdo Eduardo c/ Herner Néstor y/u otros y/o responsable. s/ Rubros adeudados y Certificaciones
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-07-31

Dándose la especial circunstancia que la sentencia ha quedado firme con relación a los dos demandados que no contestaron la demanda, respecto de los cuales procedió la acción, siguiendo el criterio de que aún cuando un litisconsorte reconozca un hecho afirmado por la contraparte y otro lo niegue debe ser probado y si no lo es su existencia no es admisible respecto de ninguno, los hechos que han quedado reconocidos por la situación procesal de incontestación de demanda, no pueden ser admitidos respecto de los otros litisconsortes, salvo la efectiva demostración de la veracidad de los mismos.
Elevación a juicio, resoluciones irrecurribles
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Gainza Paz, Guillermo y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-12-16

Corresponde la concesión del recurso articulado por la querella y anular lo decidido por el a quo, puesto que el auto de elevación de la causa a juicio es inapelable (art. 352 del C.P.P.N.); y la irrecurribilidad de las resoluciones judiciales no admite otras excepciones que las expresamente establecidas por ley (art. 432 ídem). Al pronunciarse como lo hizo la Cámara -revocando el auto de elevación a juicio- privó a la querella de la oportunidad de ser oída y del debate amplio en la etapa plenaria del juicio. El dispositivo que se revocó no ponía fin al proceso, así el pronunciamiento contradice terminantes disposiciones legales -art. 352 del C.P.P.N.- y se encuentra viciado de nulidad absoluta. (Voto del Dr. Mitchell, adhieren los Dres. Fégoli y David).
Acción de amparo, inactividad procesal
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Fernández, Encarnación Pilar c/ Secretaría de Seguridad Social. s/ Recurso de Hecho.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-05-04

Si bien la relativa inacción de la interesada en defensa de sus intereses - ante la actividad de la administración en su favor - no se compadece con una situación de extrema necesidad, no es menos cierto que el órgano administrativo requerido sólo se limitó a cuestionar la procedencia formal del amparo, sin aludir a los hechos invocados por la beneficiaria, ni a la existencia de soluciones alternativas, cuya eficacia debió haber sido objeto de comprobación.
Hipoteca, prenda con registro, juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, cláusula de actualización
Materia: CIVIL
Carátula: Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/ Asociación  Cooperadora de Permisionarios "Congreso", Feria Municipal Modelo nro. 77 s/ ejec. hipotecaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-02

Las previsiones del art. 4° de la ley 21.309, en cuanto considera título que trae aparejada ejecución a la constancia del saldo deudor adicional, sólo hallan cabida ante la hipótesis, contenida en el art. 1° de la ley citada, de que exista una cláusula de reajuste.
Competencia, declaración de incompetencia, remisión del expediente, extraña jurisdicción
Materia: PROCESAL
Carátula: VIDAL, ALBERTO - EXPTE. N° 30.794 c/ BBVA BANCO FRANCÉS s/ C. CONTRATO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2005-09-26

Resulta improcedente la remisión de la causa en la cual el juez se declara incompetente, al que se considera competente, cuando éste es de extraña jurisdicción.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, juicios contra el Estado
Materia: PROCESAL
Carátula: Makarevich de Torregrosa Lastra, Lidia  Inés s/ amparo - causa n?14.277.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-23

Para que proceda la competencia originaria de la Corte tanto la provincia como la Nación deben ser parte en el pleito no sólo en sentido nominal, sino también sustancial.
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba
Materia: CIVIL
Carátula: SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA c/ SCAGLIONE GUSTAVO SANTIAGO s/ MEDIDA AUTOSATISFACTIA - CASACION CIVIL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-12-03

Las cuestiones de hecho y prueba, son en principio ajenas a ésta instancia de excepción, salvo los supuestos de absurdo o arbitrariedad. Al respecto, este Tribunal ha expresado reiteradamente que "son irrevisables por la vía de casación, los argumentos que remitan a temas de hecho y prueba propios de los jueces ordinarios de la causa, pero ajenos a la naturaleza extraordinaria de la instancia casatoria, salvo el caso de absurdo". (Minoría u opinión personal).
Competencia del Superior Tribunal de Justicia, diputados, designación de reemplazante, Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, facultades del Poder Legislativo
Materia: ELECTORAL
Carátula: Evolución s/ reconocimiento de Alianza/ Oficialización de candidatos c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-27

Una vez concluida la función administrativa del Tribunal como autoridad electoral en el proceso para elegir autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, es a la Legislatura a quien le compete decidir la incorporación o reemplazo de sus miembros (art. 77 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires). Voto de las juezas Ana María Conde y Alicia E. C. Ruiz. Voto coincidente del juez José Osvaldo Casás.
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, acción de amparo, bien jurídico protegido, Municipalidad, facultades tributarias
Materia: CONSTITUCIONAL-TRIBUTARIO
Carátula: González Riaño, Eduardo y otro c/ Municipalidad de Santa Fe y otra s/ Acción de Amparo (Expte.: C.S.J. Nro. 610 Año 1997)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-10-29

Debe ser dejada sin efecto la sentencia impugnada, toda vez que -más allá de si la vía escogida era la idónea para el tratamiento y decisión de cuestiones como las debatidas en autos (imposición por parte de la Municipalidad demandada de una "Tasa de Alumbrado Público")- lo cierto es que la Alzada ha consagrado en ella una solución que, por no ajustarse a las exigencias de congruencia que recaen sobre todo pronunciamiento judicial, no puede verse como la necesaria derivación razonada del derecho vigente con aplicación a los hechos comprobados de la causa. En el caso, los recurrentes promovieron acción de amparo contra la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe y la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la "inminente pretensión" de implementar por vía de ordenanza como adicional a la tarifa de consumo de energía eléctrica domiciliaria una "Tasa de Alumbrado Público" a fin de sufragar el consumo de electricidad por parte de la Municipalidad con destino al alumbrado público, lo cual "configura una arbitraria e ilegitima amenaza de distorsión de los derechos que como usuarios del servicio de electricidad garantizan los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional y las normas reglamentarias correspondientes".
Costas, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: SIRIÓ, LUIS ALEJANDRO c/ VILLALBA HNOS. SRL s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-02-07

Si bien el principio general en materia de costas consagrado por el Cod. Proc. art. 68 establece que su imposición debe ser cargada a la parte vencida y en la especie lo fue totalmente la accionante, también es cierto que el juzgador debe apreciar las circunstancias de cada caso concreto con arreglo a la equidad. Por ende, procede imponerlas en el orden causado cuando, -como en el caso-, se verifica que la cuestión central de la litis requirió para su dilucidación de exposiciones de índole científica.
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, regulación de honorarios, tope regulatorio, oportunidad procesal
Materia: LABORAL
Carátula: Perez, Hugo Sebastian c/ Unitan S.A.I.C.A. s/ Accion Por Enfermedad Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2013-03-06

El tope indemnizatorio contenido en el art. 505 del C.C. es una defensa a favor del obligado al pago. Cuando la misma se invoca en la apelación, su consideración no es extemporánea, sino prematura ya que, donde realmente debe oponerse, es en la ejecución de los honorarios (del voto en disidencia de la Dra. Boonman).
Estafa, abuso de confianza, empleados de banco, depósito a plazo fijo
Materia: PENAL
Carátula: SANSOBRINO, C. s/ DEFRAUDACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-31

La acción del empleado bancario, que habiendo tenido la oportunidad de ser quien renovaba las operaciones de plazo fijo, los renovó por menor valor que el correspondiente, configura el delito de defraudación reiterada en tres oportunidades (arts. 172 y 55 C.P ), quedando así acreditado el fraude con la consecuente disposición patrimonial en perjuicio de los clientes del banco.

La confianza de la cual abusó preexistía, sin que fuera necesario para su configuración que hubiese desplegado artilugios para hacerse acreedor de ella, ya que el quehacer defraudatorio se sustentó además en la ardidosa confección de los certificados de depósito a plazo fijo.
Contrato de trabajo por obra determinada, prueba, empresas de servicios eventuales
Materia: LABORAL
Carátula: BLANCO, MARIA c/ AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-17

La necesidad de existencia efectiva y prueba de la eventualidad no se suple con el hecho de utilizar a una de las llamadas 'empresas prestadoras de servicios temporarios' porque, aun en el caso de que se encuentren reconocidas por la autoridad de aplicación -como lo prevé el último párrafo del artículo 29 Ley de Contrato de Trabajo-, debe tratarse de 'servicios eventuales' como lo requiere la misma disposición.
Materia: PENAL
Carátula: Canata, Claudio Oscar s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Víctor García en contra de la Sentencia Nº 14/08 recaída en Expte. Nº 224/07 - 1) Guzmán, Jorge Ariel y 2) Canata Claudio Oscar s.a. 1) Hurto Agravado por el uso de llave falsa, 1), 2) Tenencia de arma de Fuego de Uso Civil - Capital - Catamarca
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-25

La conducta de los acusados, al haberse acreditado la tenencia de un arma de fuego de uso civil cargada apta para el disparo en el automóvil en que se conducían, sobre la que tenían la libre disposición y sin la debida autorización legal, debe ser encuadrada en el art. 189 bis, inc. 2 del C.P., esto es, en el delito de tenencia de arma de fuego de uso civil.
Constitución Nacional, derechos y garantías constitucionales, libertad de expresión
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Morales Solá, Joaquín Miguel s/ injurias - causa n° 9648 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

La tutela constitucional de la libertad de expresión no puede limitarse a las afirmaciones que - con posterioridad al hecho son declaradas verdaderas por los tribunales, excluyendo de aquella protección a las que, aún no siendo verdad han sido emitidas - ex ante - en la creencia de serlo (Disidencia parcial del Dr. Petracchi).
Estupefacientes, allanamiento, diligencias de la instrucción, allanamiento sin orden, facultades de la autoridad de prevención, estado de sospecha
Materia: PENAL
Carátula: Galeano Hilda Griselda y otro s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-04-16

Si a los jueces para autorizar la requisa de una persona se les requiere que fundamenten los "motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito", al personal policial no puede exígirsele menos. La norma (art. 230 bis del C.P.P.N.) es muy clara al precisar los dos supuestos que en forma concurrente deben darse: la presencia de "circunstancias previas o concomitantes" y que se practique "en la vía pública o en lugares de acceso público". Por lo tanto, habrá que verificar en cada caso si los estándares referidos por el ordenamiento legal se han cumplido. Éstos constituyen verdaderas garantías secundarias, frente a las garantías primarias (arts. 14, 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.) y permiten reaccionar frente al ejercicio arbitrario del poder estatal. Teniendo en cuenta el modo y tiempo en que se iniciaron las actuaciones, la índole del hecho, la custodia que se desplegaba en la finca allanada y la hora -15,30 hs.- en que se recepcionaron las actuaciones, en la sede del Ministerio Público, no estaban dadas las condiciones ni era tal la urgencia para que el Agente Fiscal ordenara el registro, ni menos aún que el titular de la comisaría ordene la realización de tareas investigativas sin el consecuente contralor de la autoridad judicial. Tampoco surge que hayan existido situaciones de peligro para la integridad física de los policías o de un tercero circundante que pudieron habilitar al personal preventor para disponer la requisa. En consecuencia, en el caso de autos, no se dieron las condiciones mínimas para proteger el accionar policial bajo el estado de sospecha requerido en la especie. (Voto del Dr. Tragant, adhiere la Dra. Ledesma, Dr. Riggi en disidencia).
Juicio ejecutivo, certificado de deuda
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rodriguez, Héctor H. c/ Gallicchio, Nicolás Manuel y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-09

El certificado de deuda emanado de la autoridad municipal pertinente reviste el carácter de instrumento público, según así lo dispone el artículo 797 inc. 5 del Cód. Civil, lo que conduce a que la constancia de deuda expedida por los funcionarios autorizados al efecto es auténtica y hace plena fe sobre los datos y circunstancias consignados, sirviendo consecuentemente de suficiente título ejecutivo para exigir el pago reclamado (arts. 993, 994, 995 Cód.

Civil; 521 Cód. Proc.).
Actualización monetaria, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Banfi, Elsa Rosa c/ Instituto de Previsión Social s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-09-02

Siendo la juridicidad quien crea las relaciones complementarias en el ámbito de la actividad administrativa, aún la irrepetibilidad del pago de una deuda previsional prescripta resulta cuestionable, al amparo del régimen patrimonial contable que rige dichas relaciones,lo que impone mayor rigurosidad en el alcance que se pretenda atribuir a un pago convalidado con exclusivo sustento en deberes morales o de conciencia, o para dar satisfacción a sentimientos éticos o religiosos;cuidando de respetar la doctrina del Tribunal que exige, cuando se acude a la analogía, hacerlo con las discriminaciones surgidas de la naturaleza propia que constituye la sustancia del derecho administrativo.
Cesantía ilegítima, indemnización, procedimiento administrativo, exceso ritual manifiesto
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sarzi, Héctor c/ Municipalidad de Lanús s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-02-26

El reclamo de las remuneraciones devengadas durante el período en que el agente municipal permaneció ilegítimamente privado de su empleo, constituye un pedido implícito de resarcimiento del perjuicio, de modo que su rechazo por haberse formulado la pretensión con escaso rigor terminológico, implicaría un ritualismo excesivo, inconciliable con el adecuado servicio de justicia y la legítima defensa del interés público.
Cuestiones de competencia, Administración General de Puertos, hurto, competencia ordinaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: ANDREANI, Luis s/ competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-29

Con independencia del carácter de funcionarios públicos que pueden revestir los imputados, si el daño al patrimonio -faltante de dinero- está relacionado con servicios de orden local no es competente la Justicia Federal para intervenir en su investigación.

Así no le corresponde a este Fuero y si a la Justicia de Instrucción intervenir en ese caso, dada la naturaleza jurídica de la Administración General de Puertos (DN. 1456/87), que aún siendo una sociedad del estado, ha previsto en su Estatuto (art. 2 ) que "...las actuales administraciones portuarias locales y zonales tienen su domicilio en el lugar de sus respectivas sedes a los efectos relacionados con las funciones de explotación y administración..."
Divorcio, reconvención
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: F., M.E. c/ P., O.E. s/ Divorcio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-03-09

Si el hecho objetivo de la separación por más de tres años sin voluntad de unirse (introducido en la reconvencion), es reconocido por los litigantes y surge de los dichos de los propios testigos, corresponde admitirla como causal de divorcio, toda vez que, complementados con otros medios de prueba, generan absoluta convicción.Quedando acreditada entonces la causal prevista en los artículos 204 y 214, inciso 2, del Código Civil, y dado que ninguna de las partes ha demostrado no haber dado lugar a la separación, deberá decretarse el divorcio vincular, sin que pueda serle atribuida a ninguna de ellas la calidad de cónyuge inocente.-