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Confirmación de sentencia, siniestro, responsabilidad del asegurador, productor asesor de seguros
Materia: PROCESAL-COMERCIAL-LABORAL
Carátula: Bordón, Angel Andrées c/ Río Uruguay Cooperativa Argentina de Seguros Limitada y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-02

Corresponde confirmar la resolución que admitió la demanda promovida contra una compañía aseguradora y contra el productor de seguros, con motivo del injustificado rechazo del siniestro de robo del camión asegurado por la falta de pago de la prima, toda vez que esto se debió en un error en la emisión de la póliza, que fue entregada al actor luego del vencimiento de la primer cuota. En ese marco, se le atribuyó negligencia al productor en el desempeño de su tarea profesional (CCCN 1724), pues de haber cumplido eficientemente su labor profesional, las dudas del actor se hubieran despejado, la compañía aseguradora habría sido advertida de su omisión, y con todo ello evitado el conflicto.
Fundamentación de sentencias, hábeas corpus, improcedencia del recurso, derecho de enseñar y aprender, traslado de internos
Materia: PENAL
Carátula: PROCUVIN c/  s/ Recurso de casacion.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-15

La disidencia sostuvo que la decisión del magistrado de primera instancia se encuentra ajustada a derecho y a las constancias de la causa, toda vez que los agravios formulados por los recurrentes no encuadran dentro de las situaciones excepcionales que hacen procedente el habeas corpus correctivo, ya que, por un lado, no se vislumbra una "agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad" de los internos, y, por otro, porque la cuestión planteada, esto es, la imposibilidad de que todos los internos alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que se encuentran cursando sus estudios ante el Centro Universitario Devoto (CUD), puedan ser trasladados diariamente, atento la insuficiencia de móviles para ello, excede las facultades del Poder Judicial de la Nación, puesto que se trata de cuestiones netamente reservadas a la órbita administrativa que demandan políticas que exigen planeamiento y consideración de diversos factores, principalmente presupuestarios. (Dres. Hornos y Borinsky -según su voto- y Gemignani -en disidencia-).
Apelación concedida libremente, deserción del recurso, expresión de agravios
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Macagnani, Néstor Hugo y otros c/ B.N.A. y otros s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-12-27

El recurso de apelación interpuesto por el co-actor se encuentra desierto, pues el mismo expresó sus agravios en el escrito de interposición del recurso; desconociendo que se trata de un proceso ordinario donde el recurso fue concedido libremente, por lo que debió presentar el escrito de expresión de agravios ante la Cámara y dentro del plazo legal -art. 259 del CPCCN-. (del voto en disidencia parcial del Dr. Pablo A. Candisano Mera)
Renta vitalicia, pago en dólares, ley de emergencia económica, Superintendencia de Seguros de la Nación, coeficiente de estabilización de referencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "PETROLI, AMALIA SUSANA c/ Poder Ejecutivo Nacional". s/ AMPAROS Y SUMARISIMOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-31

La aplicación de las leyes de emergencia a los contratos de renta vitalicia no resulta un agravio de entidad tal que vulnere derecho constitucional alguno. Ello así, por cuanto a la titular, en virtud de lo dispuesto por la resolución Nro. 28.592 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el crédito mensual le fue pesificado a razón de $1,40.- por dólar, con lo que fue debidamente compensada en el deterioro de su poder de compra. En cuanto sobre dicho importe se debe aplicar el CER -como protección a futuro sobre dicho potencial deterioro-, los derechos de aquella aparecen adecuadamente protegidos (conf. art. 11 de la Ley 25.561, art. 8 del Dto. 214/02 y la Res. Nro. 28.592 de la Superintendencia de Seguros de la Nación). En consecuencia, corresponde ordenar a la compañía de seguros a que, en el futuro, el importe de la renta mensual se calcule a razón de $1,40.- por cada dólar pactado, con más la actualización por el CER que surja de comparar los índices del día 6 de febrero del 2002 (conf. art. 11, ley 25.561) al día anterior del vencimiento de cada renta mensual. (Disidencia del Dr. Díaz).
Cuidado personal compartido, guarda del menor, cosa juzgada
Materia: CIVIL
Carátula: Flores, Dolores Beatriz c/ Vilte, Ernesto R. s/ Medida cautelar-Reintegro de menores
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1998-01-14

La resolución judicial vinculada a la guarda de los hijos no causa estado y es susceptible de modificación ulterior si la necesidad de proveer al interés del menor así lo aconseja.
Marcas, prescripción, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: MUHAFRA, TEOFILO s/ PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

El plazo de prescripción de un año que establece el art. 55 de la Ley 3975 debe contarse desde el momento en que el hecho fue conocido por el propietario de la marca, y este régimen constituye una Ley especial que desplaza a las normas respectivas del Código Penal.
Derecho procesal, procesos especiales, rendición de cuentas, juicio ordinario
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez Castelli, José Alfredo c/ Hsbc Seguros de Vida (Argentina) SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-12

El CPR 652 es claro cuando dice que si el obligado a realizar las cuentas no las rindiere dentro del plazo que el juez fije, "se tendrán por aprobadas las que presente el actor, en todo aquello que el demandado no pruebe que sean inexactas". De ello se deduce que, obviamente, no resulta exigible al actor el cumplimiento de los requisitos formales de rendición de cuentas, pudiendo su presentación limitarse a un simple cálculo de los resultados obtenidos (v. Palacio, "Derecho Procesal Civil", tomo VI, pág. 271, año 1977). Es decir, que frente a la dificultad que pudiese presentársele al actor para rendir las cuentas que su contraria omitió, en el supuesto contemplado en el CPR 652, 2° párrafo, se ve relativizada la exigencia de los requisitos formales de la rendición de cuentas, en cuanto a su precisión, descripción y documentación. Se entiende que si la ley procesal -con absoluta claridad- ha establecido como sanción por el no cumplimiento de la carga de rendir cuentas por parte del requerido, que se tengan "por exactas" las confeccionadas por el requirente, es precisamente, en función de que este último carece de los elementos necesarios para conocer el fin del negocio o de la gestión y así resultaría absurdo que se le exigiera una rendición inversa (cfr. Peyrano, "Una carga procesal de cumplimiento estricto: la que pesa sobre el obligado judicialmente a rendir cuentas", en "Comentarios Procesales", tomo I, p. 77, citado por Gozaíni, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 2011, T. III, p. 562). Pero esto no significa eliminar de la escena a la demandada y vedarle cualquier posibilidad de intervención en el posterior control y observación de dichas cuentas.
Declaración de insania, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: R.M.A. s/ INSANIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-22

La determinación del domicilio del presunto insano con el objeto de fijar el lugar del juicio respectivo, requiere cierta amplitud de prueba, necesaria para el resguardo de los intereses que pudieran hallarse comprometidos (conf. C.S.J.N., Fallos 1191-191 y 219-190).

Si el presunto insano se hallaba internado en un establecimiento de la Capital Federal cuya Justicia Civil había aceptado las medidas pertinentes con arreglo a la ley 22.914, a los fines de dirimir el Conflicto de competencia, hay que atenerse a la residencia que deriva de la internación mencionada (art. 5, inc. 8, párr. 2 del Código Procesal).
Recurso contencioso administrativo, costas, juicio de apremio
Materia: PROCESAL
Carátula: Ludueña, Manuel Luis c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción. Incidente   de apremio promovido por el Dr. Danilo Kilibarda (Expte. CSJ Nº   705-94)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-16

Si bien el allanamiento del actor a la impugnación de liquidación formulada por la Provincia demandada, resta toda materia litigiosa al incidente de apremio y releva al Tribunal de efectuar mayores consideraciones, las costas deben imponerse a la parte vencida por cuanto, más allá de su oportuno allanamiento, ésta, por su culpa, ha dado lugar a la reclamación.
Sobreseimiento, internación
Materia: PENAL
Carátula: C., L. N. y otro c/  s/ Sobreseimiento e internación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-04-17

Rodolfo Pociello Argerich, a cuya propuesta adhirió Jorge Luis Rimondi por compartir en lo sustancial sus fundamentos, precisó que la decisión que dispuso la internación se encuentra ajustada a derecho, debía ser confirmada, sobre todo a partir del informe médico forense que daba cuenta del riesgo inminente que para sí y para terceros importaría la externación del imputado. Sin embargo, estimó que era acertada la petición de la defensa en cuanto a que, de mantenerse la internación, ésta se debía llevar a cabo en un hospital extramuros que cumpliera con las necesidades requeridas para el tratamiento. Indicó que una vez cesada la jurisdicción penal por haberse dispuesto el sobreseimiento del imputado (art. 336, inciso 5, CPPN), correspondía que sea el juez civil quien lleve a cabo el control periódico y/o eventual mantenimiento, atenuación o supresión de la medida.
Retiro militar, pensiones militares, acumulación de beneficios
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: PAIPA, SEBASTIAN s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-08-23

El artículo 80 bis, inciso 1 de la ley 19101, modificado por la ley 22477, al establecer que la percepción del haber de retiro y los beneficios emergentes de la ley 20572, sus modificatorias y complementarias, así como los resultantes de regímenes provinciales o municipales, no son acumulables, imponiendo la opción al personal militar retirado que se encontraba percibiendo alguno de los beneficios mencionados, lesiona el derecho de propiedad del interesado (del dictamen de la PGT. Al que adhiere la sala).
Medidas cautelares, medida de no innovar, cuenta corriente bancaria, préstamo bancario, pesificación, coeficiente de estabilización de referencia, tipo de cambio libre
Materia: COMERCIAL
Carátula: BELLAMAR  ESTANCIAS  SA c/ BBVA  BANCO  FRANCES  SA s/ MEDIDA PRECAUTORIA. (JA 13.11.02).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

Cabe desestimar la pretensión cautelar, toda vez que su admisión importaría desvirtuar la naturaleza de este tipo de medida, ya que por su intermedio se obtendría de un modo anticipado el resultado pretendido en el proceso sustancial al cual, de otra manera sólo podría accederse a través de una sentencia de merito.

(Disidencia Dr. Di Tella)
Accidente de tránsito, prueba testimonial, apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: CIVIL
Carátula: LAURIDIA TOMAS OSCAR c/ MOSQUERA RODOLFO ANDRES s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-22

De acuerdo a las reglas de la sana crítica, pauta orientadora establecida en el ordenamiento ritual para la valoración de la prueba testimonial (art. 386 del Cód. Procesal), es de toda evidencia que el transcurso del tiempo desde la ocurrencia del hecho que presenciara el testigo va borrando de su memoria gran parte de los detalles; esto sucede especialmente en juicios derivados de accidentes de tránsito, pues el encontronazo en si mismo se concreta en un instante, reduciéndose la posibilidad de retener con precisión todas las circunstancias del evento. Este fenómeno se acentúa cuando la persona que depone carece de relación con los intervinientes del ilícito y, por ende, con el resultado del pleito, razón que, paradojalmente, torna más creíbles los dichos de los testigos que incurren en pequeñas ambigüedades, lagunas o imprecisiones, siempre que pueda colegirse que lo sustancial del precepto, residuo del acto de percepción, se ha mantenido en su recuerdo.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, rechazo de la demanda, servicio militar, accidente en acto de servicio, indemnización por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Navarro, Fabián Ernesto c/ Estado Nacional. s/ Accidente en acto de servicio
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-23

El recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó el reclamo por cobro de indemnización a raíz de un accidente sufrido mientras el actor cumplía con el servicio militar obligatorio, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Prisión preventiva, arresto domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Baratta, Roberto c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-13

El voto concurrente destacó que a partir de las normas procedimentales recientemente implementadas deviene necesario un nuevo análisis de la cuestión sometida a estudio, en particular el art. 210 CPPF ha receptado distintas medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva -desde la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal hasta el arresto domiciliario-, para asegurar la comparecencia del imputado o evitar que éste entorpezca la investigación, e impone un nuevo orden de prelación para su dictado. Petrone -voto concurrente-.
Faltas, proceso de faltas, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: RITMO BAILANTERO S.R.L. s/ agresiones físicas y concurrentes en el interior y adyacencias del local y otra - Apelación concurrentes en el interior y adyacencias del local y otra - Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-08-09

La sentencia se considera arbitraria si el magistrado la sostiene sólo en un razonamiento y opinión personales. Para tacharla así debería carecer de todo sustento legal y estar fundada sólo en la voluntad del magistrado, pues la doctrina de la arbitrariedad atiende a las omisiones y desaciertos de extrema gravedad, cometidos en la sentencia, que tienden a su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Capitalización de intereses, anatocismo
Materia: COMERCIAL
Carátula: AURONORTE  SA s/ CONCURSO  PREVENTIVO  S/  INC. DE REVISION PORBANCO CIUDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-16

Procede hacer lugar a la capitalización de intereses si ella estaba prevista por convención existente entre las partes (Cod. civil art. 623); no obstando a ello la doctrina emanada del fallo plenario de ésta Cámara recaído en autos "Calle Guevara, Raúl (Fiscal de cámara) s/ Revisión de Plenario", del 25.8.03, pues ella, precisamente, deja a salvo como supuestos de admisión de la capitalización los casos expresamente previstos en el texto positivo de la ley, entre los que cabe incluir aquellas situaciones en las que, como en el caso, la capitalización había sido convenida por las partes.
Juicio ejecutivo, carga de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. c/ Nicolo, Fernando Fabián y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-09-29

Si el ejecutado excepcionante no ofreció, y por lo tanto no produjo, prueba alguna respecto de los hechos que se alegaron como fundamento de las defensas ensayadas -tal su carga- conduce al rechazo de las mismas (art. 547 del Código Procesal y su doctr.).
Sanciones disciplinarias, acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Linares, Gumersindo José María c/ Pcia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Dictado el acto administrativo impugnado cuando el actor no tenía ya vinculación laboral con la Administración, la sanción que le hubiese correspondido, anotado en el legajo de aquel, no ha producido efectos jurídicos, pues no le ha sido conculcado un derecho administrativo establecido en su favor por una ley, un decreto, un reglamento u otra disposición administrativa preexistente (art. 1 C.P.C.A. y nota).
Recurso de casación, sentencia absolutoria, insuficiencia del agravio, in dubio pro reo, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: G., R. C. por abuso sexual simple (varios hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en perjuicio de G.Y. c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-10-24

Corresponde al Juez meritar de manera congruente el conjunto de las pruebas obrantes en autos a los fines de arribar a una decisión acorde a las reglas de la sana crítica racional.

Los agravios sustentatorios del recurso de casación son insuficientes para demostrar una errónea apreciación de las pruebas valoradas en aras de arribar a un juicio de certeza, por cuanto no se advierte contradicción alguna al admitir en la sentencia, que hipotéticamente los hechos no fueron acreditados debidamente en juicio, siendo un tema dudoso que no habilita al Tribunal a tener la certeza necesaria para condenar o en su defecto para absolver lisa y llanamente por no haberse cometido el hecho.
Recurso contencioso administrativo, empleados públicos, acto administrativo, procedimiento administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pistacchia, Juan Antonio c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte. CSJ   Nro. 805-95)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-10-04

No tiene consistencia la argumentación del recurrente de que se debió oírlo y dársele intervención al servicio jurídico de la Administración, con anterioridad a su adscripción al Tribunal Electoral, por cuanto el estatuto establecido por ley 8525 no exige la participación del agente antes de disponer un traslado y tampoco resultaba inexcusable un dictamen del órgano de administración consultiva desde que la medida no tenía una entidad tal que significase la posibilidad de afectar derechos subjetivos del agente.
Sucesiones, eficacia del acto jurídico, falta de legitimación para obrar, acreedores de la sucesión, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: GUARNERI, Romulo Tranquilino s/ Sucesorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2007-03-19

Ante la pregunta de qué eficacia ha de otorgarse a los trámites llevados a cabo por quien no está investido de parte legítima y que se vincula con el interés de los presuntos herederos en la declaración de nulidad, destacamos que a más de habérseles conculcado el derecho a tramitar la sucesión del causante, se ha dicho que si se les reconociera eficacia no obstante la falta de legitimación del peticionante, "ellos serán plenamente oponibles a quienes, más tarde, puedan invocar intereses legítimos: así, titulares de vocación hereditaria actual que suceden al causante, legatarios, acreedores de la sucesión, etc. Y, puestos en esa tesitura forzoso sería reconocer, en ese caso, la validez de actos cumplidos con la intervención de quien carecía de legitimación para promover el proceso: así, deberían reputarse cargas comunes de la herencia, y por ende a cargo de los bienes de la sucesión, los honorarios profesionales de los letrados intervinientes que por desconocimiento del derecho u otra causa, representaron o patrocinaron a quien no tenía derecho a solicitar la apertura del juicio; serían oponibles y eficaces los reconocimientos de legítimo abono que, respecto de deudas del causante, pudiese haber realizado el promotor no legitimado; incluso, podría llegarse al absurdo de considerar cumplidos otros trámites judiciales como los de entrega de bienes legados, sin intervención de parte legítima, los gastos que se invocaran en tal caso, las designaciones y actuación de un administrador provisional, etcétera.
Asociaciones sindicales, derechos sindicales, tutela sindical, estabilidad del delegado gremial
Materia: LABORAL
Carátula: UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ESTADO MAYOR DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA s/ JUICIO SUMARISIMO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-09

El art. 47 de la ley 23551 está limitado en su aplicación a los supuestos en los que la propia norma no haya regulado la defensa de los derechos por ella consagrados mediante requisitos y procedimientos distintos. En cuanto a la estabilidad y mantenimiento de las condiciones de trabajo de los representantes legales, prima la norma del art. 52 de la misma ley pues resultaría contradictorio hacer prevalecer en esos supuestos la norma expresada en primer término cuando puede vislumbrarse la intención del legislador de utilizar a ésta como medio de cobertura de todas aquellas contingencias frente a las cuales el ordenamiento positivo no contiene un medio expresamente previsto para el mismo fin protectorio.
Sujetos del acto jurídico, accipiens, pago, buena fe, mora, intereses
Materia: CIVIL
Carátula: C. D. P. E. E. de Gaiman c/ C. E. D. D. s/ Cobro de Pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-31

Si el "accipiens" ha actuado de buena fe al tiempo de recibir los pagos, deberá los intereses desde su mora en la obligación de restituir lo percibido. En tal morosidad quedará constituido con la notificación del traslado de la demanda (art. 2433 cód. civ.), salvo que medie prueba de que conocía lo indebido del pago con anterioridad a ese momento. Es que como la buena fe consiste en la persuasión del poseedor, por ignorancia o error de hecho, de la legitimidad de su posesión (art. 2356 ídem), ella cesa al tomar él conocimiento del vicio de la misma (art. 2434 íd.); por tanto, en el instante en que el "accipiens" llega a saber que el pago recibido no le era debido, queda constituido en mora respecto de su obligación restitutoria. Nótese que por ser la mora un estado de conciencia, el adquirente incurre en ella al quedar la suya esclarecida acerca dicha circunstancia, negándose a devolver lo cobrado: es esa negativa, aun implícita, la que lo constituye en mora sin necesidad de interpelación, que resultaría superflua en relación a un deudor que adelantó su decisión de no ejecutar la prestación.
Sanciones procesales, temeridad o malicia
Materia: CIVIL
Carátula: CASTRO MARCELO. c/ GRINSTEIN DAVID Y OTRO. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-13

La calificación de la conducta de las partes como temeraria o maliciosa requiere la concurrencia en forma indubitable del elemento subjetivo que revele la intención de perturbar el curso del proceso con articulaciones dilatorias o desleales. De lo contrario, se correría el riesgo de restringir el derecho de defensa en juicio, de base constitucional.-
Alimentos, alimentos provisionales, obligación alimentaria, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: ORDOÑEZ, CAROLINA ANDREA c/ VISSANI, MARCELO ANTONIO s/ Abreviado
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2012-07-25

Corresponde rechazar el recurso de apelación contra la resolución que fija como medida cautelar el incremento de la cuota pactada oportunamente entre las partes, dado que la misma resulta insuficiente para cubrir los gastos del alimentado teniendo el incremento del costo de vida habido desde la fecha de suscripción del convenio.