Proceso penal, cuestiones de competencia, nulidad de sentencia
Materia: PENAL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Sánchez, Pedro Miguel s/ Recurso de Casación interpuesto por el Dr. Leandro Marcelo Robledo en contra del Auto Interlocutorio Nº 46/11
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-06-18

Mediante Auto Interlocutorio, la Cámara Criminal de Tercera Nominación no hizo lugar a la solicitada declaración de incompetencia del tribunal, por entender que, por aplicación de la acordada Nº 3028 de la Corte de Justicia, se encontraban vencidos los plazos para la remisión de la causa sin detenido a otro tribunal.

Contra esa decisión se queja el defensor del imputado, e interpone recurso de casación, alegando inobservancia de las normas que el código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad (art. 454 inc. 4 del Código Procesal Penal). Sostiene que no hacer lugar a la declaración de incompetencia de la Cámara de Tercera Nominación, cuando le corresponde intervenir a la Cámara de Segunda Nominación, afecta los principios constitucionales del Debido Proceso y del Juez Natural.

Entiende que, al no haber fecha cierta de la comisión de los hechos investigados, corresponde intervenir al tribunal que se encontraba de turno a la fecha del Requerimiento de elevación de la causa a juicio, el 20 de agosto de 2010.

Considero que los argumentos del recurrente para oponerse a la intervención de la Cámara de Tercera Nominación no deben tener acogida favorable.

Así opino porque, si bien la acordada Nº 3028/91 de esta Corte de Justicia establece el orden excluyente de intervención de los tribunales en función de la fecha de comisión del hecho, la fecha de la denuncia en caso de que aquel sea incierto o de la decisión por la que se dispone la remisión de las actuaciones al ministerio público, también dispone lo relativo a la radicación definitiva de la causa en la que no se encuentren personas privadas de su libertad si dentro de los 30 días de recibida por el tribunal no se plantea ninguna cuestión de turno.

De manera que, si la decisión de la cámara interviniente lo fue en el sentido de mantener su competencia porque había trascurrido en exceso el tiempo útil para disponer la remisión a otro tribunal -que se encontraba de turno a la fecha de la comisión de los hechos delictivos-, entonces no puede alegarse que ello contravenga la reglamentación sobre la distribución de las causas, dispuesta dentro de las facultades propias del Tribunal Superior, lo que, por otro lado, no afecta el derecho a la jurisdicción, entendida como la posibilidad de acceder a un órgano judicial, que sea el juez natural de la causa.

Al respecto, la Corte Federal tiene dicho que "es principio aceptado por la jurisprudencia que la garantía de los jueces naturales es extraña a la distribución de la competencia entre los magistrados ordinarios del Poder Judicial (Fallos, 246-121 y otros)" (J.A. 1962, V, pág. 112).

Justamente, lo que apunta a impedir la garantía del Juez Natural es la constitución de un tribunal especial o la manipulación de los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa, con el fin de asignarle a alguno de ellos el juzgamiento de un caso o de una cantidad específica de casos, lo que no sucede cuando lo decidido lo es en virtud de una norma dictada por el encargado de la organización judicial que, mediante acordada estableció la distribución de las causas en atención del turno y, concretamente, la intervención del tribunal que recibió la causa, de la que no puede desprenderse por haber transcurrido el tiempo útil para hacerlo.

Sumado a ello, advierto que, con la simple alegación de que se encuentran vulnerados los arts. 1 y 38 del código de forma y las disposiciones de las acordadas reglamentarias de la competencia de los tribunales, no satisface el recurrente la carga de fundamentar agravio alguno, derivado del motivo de casación que invoca, por inobservancia de las normas que el código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad.

Reiteradamente ha sostenido esta Corte de Justicia que no hay nulidad por la nulidad misma, sino sólo cuando hay una lesión efectiva al interés de las partes y que tal exigencia tiene por objeto evitar el establecimiento de un sistema de nulidades puramente formales, acogiendo sólo aquellas que por su posible efecto corrector, tengan idoneidad para enervar los errores capaces de perjudicar realmente aquel interés.

También lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resaltar que, aún tratándose de nulidades absolutas, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia (C.S.J.N., Fallos 295:961, 298:1413, 311:2337, entre muchos otros).

Por ello, la omisión en mencionar siquiera cuál es el interés directo para que en la presente causa intervenga la Cámara de Segunda Nominación y no el tribunal que integra la Cámara de Tercera Nominación impide atender el reclamo al respecto.