Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-15


2º Instancia.- Buenos Aires, febrero 15 de 2008.

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?.

El doctor Kölliker Frers dijo:

I) Los hechos del caso (1) Liliana Luján Navarro, promovió acción ordinaria contra "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" (en lo sucesivo, "Agrosalta") y "Repetto & Anghileri", productora de seguros de Marisa Reppeto, reclamando el cobro de la suma de $ 11.650 (pesos once mil seiscientos cincuenta), con más sus respectivos intereses; pretensión que fuera fundada en los daños y perjuicios derivados del incumplimiento por parte de las demandadas del contrato de seguro oportunamente celebrado con estas, a raíz del robo perpetrado sobre el automotor de su propiedad marca Volkswagen Gol GLD 1997, motor Nº BEA018883, Dominio Nº BHF 441.

Sostuvo que, habiendo contratado con la demandada un seguro de responsabilidad civil con límite que cubría los riesgos por pérdida total y parcial, incendio y robo o hurto sobre el rodado individualizado supra, le fue asignada la póliza nº ... con vigencia desde el 28.07.00 hasta el 28.01.01.

Relató que entre la noche del 14.09.00 y las primeras horas del día siguiente, en las adyacencias de la calle Guise, entre Paraguay y Mansilla, le sustrajeron el mentado rodado, cuyo valor en plaza ascendía a la suma de $ 10.450. Fue así como efectuó tanto la correspondiente denuncia policial en la Comisaría 21, tomando a raíz de ello intervención el Juzgado de Instrucción en lo Criminal Nº 23, Secretaría Nº 158, quien instruyó la causa penal Nº 99557/00, como la denuncia ante la compañía de seguros demandada; hecho este último que tuvo lugar el día 15.09.00.

Adujo que, una vez transcurrido el plazo legal, la accionada le requirió que acompañara el certificado de "no hallazgo", expedido por el juzgado penal como, asimismo, que presentara cierta documentación a la productora de seguros, como ser, la denuncia de hurto original FORM 04 triplicado, denuncia de hurto/robo, constancias de titularidad, formulario 02 triplicado, certificado de dominio, copia del pago bancario, constancias de pago de patentes, llaves del vehículo, libre deudas de infracciones, etc. Aclaró que la referida documentación fue entregada a la compañía accionada con fecha 28.09.00.

Indicó que, transcurridos varios días sin obtener respuesta a sus reclamos, el 21.10.00 recibió de su contraria carta documento Nº 355478178 AR, mediante la cual se le notificó el rechazo del siniestro fundado en la suspensión de la cobertura por falta de pago de la prima, deslindándose de toda responsabilidad frente al siniestro, misiva que fue contestada por su parte por carta documento Nº 344147728 AR, rechazando dicha postura por temeraria, maliciosa e improcedente, toda vez que contaba con los recibos Nros. 0000-00001670, de fecha 31.07.00, y 000000001810, de fecha 30.08.00, por el importe de $ 55 cada uno, emitidos ambos en concepto de pago de las cuotas 01/12 y 2/6, respectivamente, y que, por lo tanto, acreditaban el pago de la prima. Señaló que envió carta documento en similares términos a la productora de seguros Marisa Repetto de Repello & Anghileri, en su calidad de dependiente directa y solidariamente responsable de ésta, a fin de hacerla responsable por el supuesto incumplimiento aludido por la compañía aseguradora.

Por último, frente al fracaso de las tratativas extrajudiciales tendientes a obtener el resarcimiento del perjuicio ocasionado se vio obligada a iniciar la presente acción.

(2) Al ser convocada a juicio, la demandada "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" contestó demanda a fs. 123/5, oponiéndose al curso de la pretensión y solicitando su rechazo con costas.

Tras efectuar una negativa general de los hechos invocados por la actora en su escrito inaugural negó, en particular, que la actora hubiese contratado con su parte la póliza Nº 504236 como, asimismo, el carácter de productora o cobradora -o de agente institorio- atribuido a la co-demandada Marisa Repetto. Desconoció también la autenticidad de los recibos Nros. ... y ..., aduciendo que, a todo evento, en el supuesto de ser auténticos, no obligaban a su parte.

Opuso, asimismo, excepción de falta de legitimación pasiva toda vez que la cobertura de la póliza 504236 había sido suspendida por falta de pago del premio. Arguyó, con base en ello, que la pretensora había contratado un seguro a través de una productora independiente que intermedió en la contratación de la mentada póliza, como lo evidenciaba el sello incorporado en la parte inferior de la documentación, que rezaba "Productora Asesora de Seguros", motivo por el cual, el pago de la prima sólo podía ser acreditado mediante recibo emanado de la aseguradora, extremo que no había acontecido en el sub-lite. Además, indicó que el pago alegado por la actora como base de su pretensión resarcitoria no había sido efectuado a su parte, de modo tal que, a la fecha del siniestro, la cobertura ya se hallaba suspendida.

Para concluir, puntualizó que, tal como surgía de la póliza arrimada con la demanda, el premio establecido por su parte ascendía a la suma de $ 340. Agregó que si bien surgía de la póliza que el vencimiento del pago operaba contra la entrega de ésta, los recibos acompañados por su contraria resultaban contradictorios, habida cuenta que el datado el 31.07.00 se hallaba imputado a la cuota 1 de 12, mientras que el correspondiente al 30.08.00 lo era respecto a la cuota 2 de 6, ambos por el importe de 55 cada uno, aclarando que ninguno de ellos se condecía con el precio del premio.

(3) A fs. 126 la accionante contestó la excepción interpuesta por su contraria, aduciendo que, atento que la productora de seguros Marisa Repetto había sido quien gestionó la emisión de la póliza ante la compañía, siendo también la encargada de percibir las cuotas correspondientes a ésta, la validez de todo acto realizado por la productora alcanzaba directamente a la compañía de seguros. Agregó que su parte siempre se había conducido con buena fe al abonar las cuotas en el plazo estipulado. Prueba ello eran los pagos de las cuotas, ya que en los recibos emitidos por la productora, factura Nº ... de fecha 31.07.00, no fue agregado el número de póliza como consecuencia de que, en aquel momento, aquella todavía no había sido confeccionada por la compañía (recién fue emitida con fecha 08.08.00), mientras que en la segunda factura, abonada el 30.08.00, surgía claramente el número de póliza.

(4) Efectuada la citación de la codemandada "Repetto & Anghileri", productora de Marisa Repetto, dicha parte no compareció a juicio ni contestó demanda, razón por la cual a fs. 141 se la tuvo por rebelde en los términos del art. 59 CPCC.

(5) Producida la prueba que da cuenta la certificación de fs. 175, se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de tal derecho únicamente la parte demandada, conforme pieza que luce agregada a fs. 270, llamándose finalmente a autos para dictar sentencia a fs. 273.

II) La sentencia En el fallo recurrido, el Señor Juez de grado resolvió rechazar la demanda deducida por Eliana Luján Navarro contra "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" y hacer lugar a la demanda contra "Repetto & Anghileri", productora de Marisa Repetto, condenando a esta última a abonar a la primera la suma de $ 11.650, con más sus respectivos intereses, devengados desde la fecha del siniestro -14.09.00- y hasta su efectivo pago, calculados a la tasa equivalente a la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones habituales de descuento a treinta (30) días, sin capitalizar; imponiéndole también las costas correspondientes al progreso de la acción dada su condición de vencida. En cuanto a las accesorias por el rechazo de la demanda respecto de la codemandada "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada", las impuso en el orden causado, habida cuenta que la accionante pudo haberse creído con el derecho para reclamar judicialmente.

Para decidir de ese modo, entendió que, ante la negativa de la compañía aseguradora de la calidad de agente institorio de la codemandada, era carga de la actora acreditar tal extremo fundante de su pretensión; circunstancia que no aconteció en el sub-examine toda vez que no produjo prueba alguna en ese sentido, sin que la rebeldía de la supuesta productora fuera conducente a los fines de probar la procedencia de su reclamo contra la aseguradora, pues ello excedía los efectos de la contumacia.

Argumentó, asimismo, que los recibos de fs. 8 que hacían referencia a las cuotas 1/12 y 2/6 no concordaban con los términos de la póliza, como así tampoco, con el premio convenido y que de la pericia contable realizada sobre los libros de la aseguradora surgía que, al momento del siniestro, las cuotas del premio se hallaban impagas. Consecuentemente, consideró que correspondía rechazar la demanda entablada contra "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada".

En cuanto a la productora rebelde, concluyó que la falta de contestación de la demanda motivaba que el Tribunal tuviera por veraces las afirmaciones de la peticionante en cuanto a la existencia de la relación contractual que la vinculara con la contraparte, como así también, la autenticidad de la documentación acompañada y la existencia de la deuda reclamada, por lo que, decidió que la codemandada contumaz debía afrontar el pago del resarcimiento requerido, pues, de haber obrado correctamente, el vínculo con la aseguradora se habría trabado y -consecuentemente- el perjuicio de la actora no se habría producido.

Un síntesis, rechazó la demanda deducida contra "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada", imponiendo las costas por su orden, e hizo lugar a la demanda contra "Repetto & Anghileri" -productora Marisa Reppetto-, a quién condenó a abonar a la actora, la suma de $ 11.650, con más sus respectivos intereses y costas.

III) Los agravios Contra dicho pronunciamiento se alzó únicamente la parte actora mediante el recurso de apelación interpuesto a fs. 282, el que una vez concedido a fs. 282 fue fundado a fs. 304/5; no habiendo la demandada contestado los agravios respectivos, no obstante el traslado que se le corriera.

(1) En primer término, se agravió la actora del hecho de que el Magistrado a quo, pese a haber hecho lugar a la demanda contra la codemandada "Repetto & Anghileri" -productora Marisa Reppetto-, haya rechazado al mismo tiempo la acción dirigida respecto de la aseguradora Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada.

Sostuvo que el a quo incurrió de ese modo en contradicción, toda vez que, por un lado, no tuvo por acreditados los alcances de la rebeldía para eximir de responsabilidad a la aseguradora, mientras que, en relación a la codemandada "Repetto & Anghileri" -productora Marisa Repetto-, tuvo por veraces las afirmaciones de la accionante en cuanto a la existencia de la relación contractual y la deuda pretendida. Argumentó que tal apreciación implicaba una contradicción al alcance otorgado a la rebeldía declarada en autos, por cuanto al tenerse por cierta la existencia de la relación contractual habida entre las partes con la documentación animada a la causa debió haberse hecho extensiva la responsabilidad a la compañía aseguradora codemandada.

(2) Se agravió, asimismo, de que el a quo no haya tenido por acreditada la responsabilidad de ésta última por el hecho de sus dependientes, destacando que el simple desconocimiento de la calidad de productor de seguros de la compañía por parte de esta última no era suficiente para exonerar a aquélla de responsabilidad.

(3) De su lado, controvirtió también la decisión del Juez de grado sobre este punto en cuanto implicaba haber omitido valorar que la compañía de seguros había emitido, frente al pago realizado al productor, la correspondiente póliza de seguros, destacando lo incomprensible que resultaría que la aseguradora, por un lado, desconociera a la productora, a los efectos de asignar virtualidad a los recibos de pago acompañados y, por otro, la reconociera implícitamente al emitir la póliza de seguros a su nombre; dado que esto implicaría una infracción a la teoría de los propios actos.

Sostuvo que el pago de la póliza realizado a la productora condenada tenía alcance directamente vinculante respecto de la compañía aseguradora para quien realizaba sus tareas y a quién debió, por ende, hacerse extensiva la condena por aplicación del art. 1113 del Cód. Civil.

(4) Por último, criticó la valoración que de la pericia contable rendida en autos efectuó el sentenciante de grado, toda vez que de dicho medio probatorio se desprendía que "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" no había acompañado la documentación requerida pese a las reiteradas intimaciones cursadas, que determinó que el perito contador debiera elaborar su dictamen sobre la base de las constancias de autos, constancias que, a criterio de la apelante, evidenciaban suficientemente que los pagos fueron efectuados por su parte a la productora de la compañía -como era de práctica- según recibos acompañados con el escrito inicial.

Postuló, por ello, que se revocara el pronunciamiento recurrido en todo aquello que fue materia de agravio, con expresa imposición de costas.

IV) La solución propuesta 1º) Más allá de los diversos agravios planteados por la recurrente, entiendo que el Mema decidendum reside en determinar si el pago a los premios de la póliza en cuestión a la productora de seguros "Repetto & Anghileri", alcanzaron para obligar a la compañía de seguros demandada a fin de determinar su responsabilidad de indemnizar el siniestro acaecido.

En primer lugar, cabe señalar que la relación obligacional emergente del contrato de seguro genera, desde la perspectiva del asegurado como sujeto pasivo o deudor, el deber jurídico de satisfacer una prestación principal, encuadrable en una obligación de "dar" (art. 495, Cód. Civil), que tiene por objeto una suma de dinero (arts. 616 y sgts., Cód. Civil), cual es la obligación de pagar la "prima" convenida en el contrato como contraposición de la obligación del asegurador de indemnizar al asegurado en caso de acaecer el hecho previsto en el contrato como riesgo asegurado. Tal suma de dinero constituye el precio, equivalente al valor de la prestación que el contrato pone en cabeza del asegurador, consistente, como se dijo, en dejar indemne al asegurado en caso de acaecimiento de un siniestro alcanzado por la cobertura (Stiglitz, Rubén S., "Derecho de Seguros", cit. Vol. II, pág. 307). Se trata de la principal obligación del asegurado cuya inejecución, aunque sea parcial, provoca la pérdida de todo derecho (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 06.12.84, in re "Corona vda. de Schellmann C c. La Defensa Cía. Arg. de Seg.").

2º) En la especie, no hay mayor Controversia y está demostrado además a través de los respectivos recibos que la actora había abonado las dos únicas primas que hasta la fecha de acaecimiento del siniestro se venían devengando; pagos éstos que fueron efectuados a la productora de seguros codemandada. Pese a ello; en los libros de comercio de la aseguradora no se encontraban registrados -al menos hasta el mes de septiembre de 2000-, los referidos pagos (v. pericia contable de fs. 262 vta., ap. 3).

La codemandada "Agrosalta" adujo a este respecto que su productora carecía de facultades para recibir esos pagos en representación de la compañía, planteo que el juez acogió con base en que era la actora quien tenía la carga de probar que sí tenía esas facultades.

Pues bien, con respecto a la carga de la prueba en relación a este punto, es verdad que de acuerdo con una lectura superficial de la regla establecida por el 377 del CPCC, podría concluirse que ante la expresa negativa formulada por la compañía aseguradora en su contestación de demanda en punto a las atribuciones de la codemandada "Repetto & Anghileri" -en calidad de productora de seguros de su cartera-, con la consiguiente suspensión de la cobertura asegurativa convenida, prima facie hubiese incumbido a la actora avalar con elementos idóneos su afirmación inicial, en el sentido que se encontraba facultada para recibir aquellos pagos. Sin embargo, si se hace un análisis más profundo de dicha norma se advierte que en realidad dicha carga pesó sobre "Agrosalta". Es que la base de su defensa fue -precisamente- que la codemandada "Repetto & Anghileri" no era productora de seguros de su compañía y, por lo tanto, los supuestos pagos efectuados por la actora no obligaban a su parte. En efecto, le cupo a la aseguradora accionada demostrar que "Repetto & Anghileri" no representaba a su parte y, por ende, no estaba facultada para percibir pagos por no pertenecer a su staff de productores de seguros o agentes institorios, en tanto tales hechos fueron invocados por dicha parte como presupuestos de la respectiva defensa o excepción (CPCC: 377, párr. 2º).

Tales circunstancias, no hacen más que poner en cabeza de la compañía de seguros demandada la acreditación de aquel hecho, carga de la que además tampoco debió desentenderse, ya que en el moderno derecho procesal se atenuaron las reglas absolutas en la materia, por el contrario, predomina el principio de las "cargas probatorias dinámicas", según el cual la acreditación del hecho controvertido se coloca en cabeza de la parte que se encuentra en mejores condiciones para producirla, es decir, no hay preceptos rígidos, sino la búsqueda de la solución justa según las circunstancias del caso concreto (Peyrano, Jorge; Chiappini, Julio, "Lineamientos de las cargas probatorias dinámicas", E.D. 107-1005; Peyrano, Jorge, "Doctrina de las cargas probatorias dinámicas", La Ley, 1991-B, 1034; esta CNCom, esta Sala A, 30.09.96, "Frinca S.R.L. c. Arinda de Viola, Aurora s. ordinario").

En definitiva, el mero desconocimiento de que "Repetto & Anghileri" fuera productora y/o cobradora de su parte no eximió per se a la compañía demandada de la carga de acreditar fehacientemente que la primera no componía el "staff" de agentes instituidos a tal fin (v.g. presentando un listado de productores y agentes institorios que efectivamente trabajaban para la compañía); extremo éste que -como se sostuviera- no se encuentra acreditado en el sub-judice.

3º) De su lado, aún en el supuesto en que "Agrosalta" hubiese acreditado que "Repetto & Anghileri" efectivamente no tenía facultades para recibir los pagos aludidos, ello no necesariamente la hubiese liberado de responsabilidad frente a la accionante en virtud de la llamada "teoría de la apariencia", como se analizará seguidamente.

En ese orden de ideas, la ley 17.418 (sección XIV arts. 53 a 55) distingue a los "agentes de seguros" en "institorios" y "dependientes o no institorios" según que revistan o no, la representación de la compañía aseguradora; categorías que recoge al contemplar, por un lado, los que tienen facultad para celebrar contratos y emitir pólizas y, por otro, los que solamente poseen el encargo de promover la oferta pública. De ello se colige que los primeros tendrían una actividad jurídica, los segundos una actividad meramente material, sin perjuicio de alguna tarea de índole jurídica como puede ser la percepción de primas (cfr. "Corona Vda. De Schellmann..." cit. supra; en igual sentido, 19.07.07, in re "Kupferberg Alejandro c/ Juncal Cía Arg. de Seguros de Autos y Pat. S.A. s; ordinario").

Los agentes institorios -art. 54- tienen amplísimas facultades que se extienden a todos los actos pertenecientes y necesarios para el comercio del principal, conceder esperas, otorgar recibos, recibir declaraciones de cambio y agravación de los riesgos, rechazar propuestas de los contratos, su prórroga o rescisión, modificar contratos en curso, recibir declaraciones de siniestros, liquidar daños, etc., pudiendo incluso apartarse de las condiciones generales y aceptar riesgos excluidos o no previstos (véase: "Corona Vda. De Schellmann..." cit. más arriba; Halperín, "Seguros", pág. 121 y ss.; Meilij, Gustavo R. - Barbato, Nicolás H., "Tratado de Derecho de Seguros", Nº 200, pág. 125).

En cambio, los agentes "dependientes" o "no institorios" solo están facultados para realizar actos materiales de intermediación aunque con la posibilidad de ejecutar algún acto jurídico aislado como podría ser el cobro de la prima (cfr. Meilij - Barbato ob. cit., pág. 227 Nº 327; ídem, Donati, A. "Seguros Privados", Ed. Bosch Barcelona, España, 1960, Nº 154, pág. 273/4, oh. cit., pág. 160/1 Nº 87). A ellos se refiere el art. 53 de la L.S., incluyendo entre sus atribuciones las de recibir propuestas de celebración y modificación de contratos, entregar instrumentos emitidos por el asegurador (pólizas, prórrogas, etc.) y aceptar el pago de la prima "si se halla en posesión de un recibo del asegurador". ("Corona Vda. de Sehellmann..." cit. precedentemente).

De manera que, en principio, sólo los actos celebrados por los agentes o productores de seguros que revistan la categoría de "institorios" -en tanto detentan la representación del asegurador- obligan a su principal; los de los "no institorios" (auxiliares o dependientes), en cambio, sólo excepcionalmente lo harán, en la medida que hayan obrado con facultades suficientes (v. "Kupferberg Alejandro c/ Juncal...", cit. supra).

Sin embargo, este principio, actualmente recogido en los arts. 53/55 L.S. citados, no puede ser entendido en modo alguno de una manera absoluta ya que encuentra importantes limitaciones derivadas del principio de la apariencia jurídica y el de la buena fe.

Así, se ha dicho, particularmente en lo relativo al agente no institorio que es el que mayores conflictos ha suscitado en la práctica, que la apariencia con que éste actúa en sus relaciones con los asegurados, ha sido tenida especialmente en cuenta por la jurisprudencia para morigerar el principio general antes referido cuando su aplicación lisa y llana hubiera constituido una lesión al principio de buena fe (cfr. Meilij - Barbato; pág. 228 Nº 328 y ss.). Aluden los citados autores a fallos de este Tribunal donde se ha responsabilizado al asegurador por los actos del agente carente de representación, decidiendo que la demora del productor en transferir los fondos recibidos del asegurado -o su falta de entrega a la compañía- no puede afectar al tomador que ha efectuado el pago en término y otras cuestiones similares. Concluyen de ahí que sin perjuicio de las facultades que la ley concede a los agentes no institorios, toda vez que haya un mandato tácito resultante de la apariencia con que actúa el agente a la vista del asegurador, este último resultará responsable en virtud de lo dispuesto por el art. 1874 del Cód. Civil.

Es que en ámbito del seguro es común esta apariencia tolerada, pues a menudo forma parte del esquema comercial de la actividad; no solamente se admite el ropaje con que se viste el agente, sino que con frecuencia es provisto por el propio asegurador. Evidentemente, si toda esta ostentación es tal vez artificiosa y destinada a la captación de clientela, esta circunstancia no trasciende al público, y por ello sus efectos no pueden desdoblarse, de manera de que quien la provoca aproveche sus aspectos positivos que genera la apariencia creada Meilij-Barbato, págs. citadas; ídem, Bolaffio Rocco Vivante, ob. cit., pág. 49 Nº 22).

En tal perspectiva, si existen irregularidades en el proceder del agente, ello es responsabilidad de la empresa aseguradora, toda vez que es ella la que lucra con tal actividad, de gran repercusión pública, a la par que tiene la obligación de elegir cuidadosamente a sus agentes generadores de esperanza y confianza públicas (cfr. esta CNCom. esta Sala A, in re "Corona..." cit. precedentemente; íd., 29.11.00, "Martínez, Enrique c. Solvencia S.A. de Seguros Generales y otro s/ sumario"... íd., 31.10.97, "Lizza, Francisco c. Unión Comerciantes Cía. de Seguros").

Es importante señalar -en este sentido- que las relaciones derivadas del contrato materia de autos deben ser apreciadas conforme a la norma del art. 1197 del Código Civil, resultando asimismo de aplicación la regla contenida en la primera parte del art. 1198 del texto legal citado.

Al respecto, resulta indiscutible que la "buena fe" negocial es una exigencia de estos tiempos que domina todo el ordenamiento jurídico, no sólo en lo referente a la constitución de la relación sino también en su ejecución e interpretación de cualquier aspecto de la convención (art. 1198 del CCiv.). Pero es indudable que, en materia de seguros, dicho principio tiene una mayor extensión habida cuenta su naturaleza contractual de "uberrimae bona fidei" (cfr. Halperín, I., "Seguros", pág. 39/40, Nº 18; Soler Aleu, A., "El nuevo contrato de seguro", 1970, pág. 17; esta CNCom., Sala A, 20.12.91, "Caviglia de Kutsera, María E. y otro c. Galicia y Río de la Plata Cía de Seguros S.A."; íd. 24.09.97, "Estanterías Japonesas S.R.L. c. La Hispano Argentina Compañía de Seguros S.A."). Es por eso que en él se exige un comportamiento acentuadamente transparente de ambas partes para que pueda funcionar adecuadamente, requisito que no se agota en las fórmulas contractuales que la aseguradora estableciera, sino que también debe extenderse al período de vigencia y liquidación del siniestro, facetas en las que las partes deben seguir desplegando una conducta clara, diligente y sincera.

Y dentro de este marco, una de las consecuencias del deber de obrar de buena fe es la exigencia de un comportamiento coherente. Este imperativo de conducta significa que cuando una persona ha suscitado en otra con su proceder, en el marco de una relación jurídica, una confianza fundada en su actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de su comportamiento anterior, no debe defraudar la confianza despertada, resultando incompatible, por ello, cualquier actuación incompatible con ella (cfr. esta Sala, 10.07.01, "Alicia Hilda Haydee Mancinelli S.A.c. San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales").

Es que, no obstante lo dispuesto por el art. 1938 del Cód. Civil, el asegurado tiene la facultad pero no la obligación de comprobar en cada oportunidad, si el mandato existe o subsiste y el alcance de los derechos del productor de seguros con quien traté, pues para asegurar las relaciones jurídicas debe ampararse a quienes confían en las apariencias, máxime cuando las circunstancias que rodean la gestión del que obra sin poderes suficientes hacen suponer fundadamente y de buena fe que actúa en representación del asegurador. Por ello, éste queda obligado frente al contratante de buena fe cuando por su pasividad ha creado una apariencia de mandato, al consentir las extralimitaciones en sus funciones del productor (cfr. esta Sala, in re, "Lizza...").

En tal inteligencia, analizada la cuestión desde el tamiz que suministran las reglas precedentemente enunciadas, cuadra destacar que, en el sub lite la compañía de seguros supeditó la emisión de la póliza contra la entrega del pago de la prima (v. copia de fs. 64), de lo que se infiere que la suma abonada por la actora a la productora "Repetto & Anghileri" en concepto de premio fue receptada y consentida -de alguna manera- por la compañía de seguros, de lo contrario nunca habría emitido la mentada póliza.

Se advierte aquí un nuevo fundamento para desestimar el proceder de la aseguradora puesto que su comportamiento en este terreno se muestra contradictorio con su conducta anterior desplegada durante la vigencia del contrato, en clara infracción a la regla que veda fundar un derecho o prerrogativa en un comportamiento contradictorio o incoherente ("venire contra factum proprium non valet").

En efecto, la conducta asumida por "Agrosalta" en punto a alegar que los pagos efectuados a la productora de seguros rebelde no la obligaban de modo alguno por no tratarse de un "agente institorio" aparece como francamente contradictoria con la que exhibiera en oportunidad de emitir la póliza de seguro en cuestión frente al pago de la primera prima por parte de su agente.

Síguese de ello, que con tal proceder la demandada soslayó la doctrina "de los propios actos", que halla sustento en el -ya referido- principio de la buena fe (CCIV: 1198), fundamental del sistema legal argentino, con el efecto de impedir que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar.

Es que si uno de los contrayentes se atribuye facultades contrarias a las previsiones contractuales y la otra brinda libremente su aquiescencia con ello o luego de un "iter" contradictorio termina aviniéndose a las nuevas condiciones, no puede luego desconocer los efectos que su conducta ha provocado porque ello contraría el principio general de la buena fe -C.Civil:1198- y aquel otro que es su consecuencia conforme al cual no es lícito volver sobre los propios actos (cfr. esta CNCom., esta Sala A, 30.04.85, in re "Beotegui. Rodolfo c. Carfina Cía. Fciera. S.A."; íd., 20.02.80., "Bellone"; íd., 15.11.89, "Urundel del Valle"; íd.; Sala B, 09.09.92, "Saint Honore SA c/ Medias París SA s/ ord."; íd, 03.11.97, "Cavallaro, Orlando c/ Sinopoli, Nicolás s/ sum."; íd., 28.09.93, "Plásticos las Marianas SA c/ Pesquera Santa Elena s/ ord."; íd., 30.05.97, "Industrias de Maíz c. Holande SA entre muchos otros).

Este imperativo de conducta significa que, cuando una persona dentro de una relación jurídica ha suscitado en otra con su proceder una confianza fundada, conforme a tal principio en una determinada actuación futura, según el sentido objetivamente deducido de la conducta anterior, no debe defraudar la confianza despertada y es inadmisible todo comportamiento, incompatible con ella (cfr. Luis Diez de Picaso Ponce de León, "La doctrina de los propios actos", Ed. Bosch, Barcelona, pág. 142; íd., esta CNCom., esta Sala A, 24.11.80, in re "Copes Juan Carlos c. Codic Producciones S.R.L.").

La doctrina moderna, sobre todo la alemana, ha elaborado, con base en la jurisprudencia de los tribunales, una serie de supuestos típicos a los cuales resulta aplicable la idea de que la buena fe opera como un límite del ejercicio de los derechos subjetivos y, entre ellos, el que se ha venido señalando. Venire contra factum proprium, quiere decir conforme lo precisa Luis Diez Picaso en su prólogo a la obra de Franz Wieacker, "El principio general de la buena fe", Ed. Civitas, pág. 21, que el acto de ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad es inadmisible cuando con él la persona se pone en contradicción con el sentido que objetivamente y de acuerdo con la buena fe habría de darse a su conducta anterior, conformándose de ese modo la regla antes mencionada de acuerdo a la cual se encuentra vedada cualquier pretensión incompatible o contradictoria con la conducta anterior.

4º) Todo lo hasta aquí expuesto conduce a concluir que los pagos efectuados a la productora de seguros, sirvieron para justificar el cumplimiento por parte de la actora de la obligación a su cargo (es decir, abonar la prima de seguro), quedando así -por ende- la aseguradora demandada obligada a abonar la indemnización correspondiente al siniestro acaecido por no haber operado en definitiva la causal de suspensión de cobertura por ella alegada.

Corresponde, en consecuencia, hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia apelada en cuanto rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la aseguradora, haciéndose lugar a la demanda también contra la codemandada "Agrosalta".

V) Conclusión Como corolario de lo hasta aquí expuesto, propongo al Acuerdo: 1) Estimar el recurso de la parte actora, con el alcance explicitado en los considerandos precedentes; 2) Modificar la sentencia apelada y, por consiguiente, 3) Desestimar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" y hacer lugar a la demanda contra esta última en los mismos términos que la pronunciada en la anterior instancia respecto del restante codemandado. 4) Imponer las costas de ambas instancias relativas a la codemandada "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada", a esta última, dada su condición de vencida (art. 68 y 279 CPCCN). Así voto.

Por análogas razones, la doctora Uzal y la doctora Míguez adhieren al voto precedente.

Por los fundamentos del Acuerdo precedente, se resuelve: 1) Estimar el recurso de la parte actora, con el alcance explicitado en los considerandos precedentes; 2) Modificar la sentencia apelada y, por consiguiente, 3) Desestimar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada" y hacer lugar a la demanda contra esta última en los mismos términos que la pronunciada en la anterior instancia respecto del restante codemandado. 4) Imponer las costas de ambas instancias relativas a la codemandada "Agrosalta Cooperativa de Seguros Limitada", a esta última, dada su condición de vencida (arts. 68 y 279 CPCCN).-María Elsa Uzal.- Isabel Míguez.- Alfredo Arturo Kölliker Frers.