Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2011-03-28


En Mendoza, a veintiocho días del mes de marzo del año dos mil once, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 99.513, caratulada: "SANTAMARIA LUIS Y OTS. EN J° 182.485/42.334 JOFRE HUGO RAUL Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ EJEC. HON. S/ INC. CAS." De conformidad con lo decretado a fs. 70 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. JORGE H. NANCLARES; segundo: DR. FERNANDO ROMANO; tercero: DR. CARLOS BÖHM.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 4/13 los recurrentes en autos dedujeron recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 69/70 dictada por la Primer Cámara de Apelaciones de esta Circunscripción Judicial en los autos N° 182.485/42.334, caratulados: "JOFRE HUGO RAUL Y OTS. C/ PROVINCIA DE MENDOZA P/ EJ. HON." A fs 26 se admiten formalmente ambos recursos ordenándose correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 39/43 vta. y 48/51 vta., solicitando su rechazo.

A fs.55/56 obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo de ambos recursos. Llamados los autos al acuerdo para sentencia, a fs. 70 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERACUESTION: ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos? SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. JORGE NANCLARES, DIJO:

Los antecedentes de la causa relatan que los ahora recurrentes, el 6/11/2008 promovieron la ejecución de sus honorarios profesionales que fueron regulados por la Sala Segunda de este Tribunal en la causa N° 82.263, caratulada: "GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ ACC. DE LESIVIDAD", en sentencia del 29/8/2007.

Cuando se notifica tal presentación a la demandada, comparece Fiscalía de Estado y afirma que se ha procedido a registrar la deuda y que se hará estricta aplicación de la ley presupuestaria.

A fs. 27 se ordena librar mandamiento de pago y embargo. Contra la ejecución, Fiscalía de Estado opone excepción de pago. Afirma que con fecha 3/2/2009, se ha procedido a efectuar el depósito de los honorarios ejecutados, en las actuaciones principales en las que los mismos fueron regulados.

Los ejecutantes solicitan el rechazo de la excepción y afirman que el pago les resulta inoponible, en razón de haberse efectuado en otro proceso distinto al de la ejecución y que nunca les fue notificado, invocan la aplicación del art. 68 ap. XIII del C.P.C..

En primera instancia se rechazó la excepción articulada, se adujo que el deudor cuando pagó se encontraba en mora y la ejecución ya se había iniciado, por lo que el pago correspondía tenerlo en cuenta para el momento de la liquidación de la deuda.

La resolución fue apelada por Fiscalía de Estado y el Tribunal de Apelaciones hizo lugar al recurso y admitió la excepción de pago articulada. Para así decidir sostuvo que conforme la legislación aplicable (Ley 7045 y Dec. 674/2000), en el caso de autos el Estado cumplió con su obligación de presupuestar la deuda, pagando a comienzos del año 2009, pero omitió comunicarlo al interesado, quien luego de esperar la registración en setiembre de 2007 terminó iniciando la ejecución, en noviembre de 2008, es decir 13 meses después de la registración. Consideró que si bien la ausencia de información no hace a la mora, tiene que ver con el deber de lealtad procesal, que esa ausencia fue lo que motivó que se articulara la ejecución. Concluye en el rechazo de la ejecución y la imposición de las costas por su orden en ambas instancias.

Contra la sentencia los profesionales interpusieron recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

Invocan como fundamento del recurso de Inconstitucionalidad el supuesto contemplado en el inciso 3 del art. 150 del C.P.C. Afirma que la resolución en recurso vulnera el principio de congruencia al resolver una excepción de falta de ejecutoriedad de la sentencia (ausencia de mora) cuando la excepción opuesta fue la de pago.

Como otro agravio señala que, sin que nadie invoque nada, la sentencia da por supuesto que no existían fondos en el presupuesto 2007 para afrontar la condena.

Como fundamento del recurso de Casación, invoca los supuestos contemplados en los incisos 1 y 2 del art. 159 del C.P.C..

Afirman que se ha interpretado erróneamente el art 44 de la Ley 6754, modificado por la Ley 7045 y se han inaplicado los arts. 731 inc. 1, 744 y 747 del Código Civil.

SOLUCION DEL CASO.

1-Recurso de Inconstitucionalidad.

En punto a la queja constitucional y como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido tiene dicho el Tribunal siguiendo el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (LL 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local, no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. En principio tal doctrina reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; por lo que, si la sentencia es suficientemente fundada, cualquiera sea su acierto o error, es insuceptible de la tacha de arbitrariedad.

En esta línea de pensamiento se ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446, 209-348, etc.).

En el ocurrente el núcleo básico de la queja se asienta en la imputación de arbitrariedad de la sentencia de Cámara, tachándola de incongruente en razón de pronunciarse sobre defensas no opuestas. Ello así en razón que Fiscalía de Estado opuso la excepción de pago, y el Tribunal de Alzada analizó en definitiva la existencia de la mora del demandado, para determinar si resultaba procedente la ejecución.

Entiendo que el agravio no puede prosperar desde que la existencia o no de mora en el deudor, resultaba una condición indispensable para analizar si era o no procedente la excepción de pago interpuesta, habida cuenta que el depósito se realizó con posterioridad al inicio de la ejecución. La situación del estado de mora fue expresamente invocada por la sentencia de primera instancia y rebatida por la apelante Fiscalía de Estado, quien afirmó que al momento de la ejecución existía una situación de espera legal.

Es en este contexto que la sentencia recurrida analiza cuál es el procedimiento a seguir para el pago de las deudas del Estado, conforme lo determina la legislación aplicable (Art. 44 Ley 6754 y su modificatoria Ley 7045 y Dec. 674/2000). Es así que señaló que en el caso se trató de una deuda registrada con posterioridad al 31/8/2007, por tal razón no podía estar incluida en el ejercicio del año 2008 porque al 31 de agosto se confecciona el presupuesto para el año siguiente. Desde esta óptica entendió que el Estado había cumplido con su obligación de presupuestar la deuda y abonarla en el año 2009.

Este elemento decisivo, no logra ser desvirtuado por los recurrentes quienes manifiestan que la sentencia da por supuesta la falta de fondos del Estado cuando tal circunstancia no ha sido acreditada en autos. Tal argumento no resulta procedente en razón que el presupuesto y depósito efectuado fue realizado en término, conforme la legislación vigente, circunstancias éstas que el excepcionante acreditó en autos. El agravio referido a la no acreditación de fondos suficientes por parte del Estado, no resulta atendible, en razón que el depósito se efectuó dentro del ejercicio del Presupuesto General correspondiente, teniendo en cuenta que la registración de la deuda fue después del 31/8/2007.

Tal como lo ha sustentado este Tribunal, el procedimiento reglado por el art. 44 de la Ley 6754 texto modificado por la ley, Decreto Reglamentario N° 674/00, prevé que las deudas registradas con posterioridad al 31 de agosto sean presupuestadas recién el año subsiguiente, siguiendo un estricto orden de priorización. En tal aspecto ha afirmado que la imposición de una espera en el cobro del crédito cuando no se cuenta con partida presupuestaria en el correspondiente ejercicio, es una regla ordenadora de la actividad del Estado en cuanto le permite dar cumplimiento a las sentencias judiciales de particulares que han sido reconocidos como acreedores de entidades estatales, que la espera se compensa con el pago de intereses cuyos montos deben ser incluidos también en el presupuesto (Autos 80.787, y 68.679 L.S 412-80; 369-61).

Bajo estas pautas y conforme surge de las constancias de autos, la deuda fue registrada el 21/9/07, con posterioridad a la fecha límite (31/8/07) para quedar incluida en el presupuesto del año 2008, por lo que debía ser atendida con el presupuesto del año 2009. Bajo estas circunstancias la liquidación efectuada al 30/12/2008 fue realizada en término al igual que el depósito obrante en las actuaciones principales el 3/2/2009.

Si bien esta circunstancia no fue debidamente notificada a la contraria, ella fue debidamente valorada por la sentencia impugnada, lo que motivó la imposición en costas de ambas instancias en el orden causado, cuestión ésta que no ha sido objeto de impugnación.

Estas razones me convencen de la improcedencia de la queja de inconstitucionalidad deducida, en razón de la inexistencia de la incongruencia denunciada y encontrarse fundado el fallo en las constancias objetivas de la causa a la que se ha hecho referencia.

2Recurso de Casación. Las consideraciones vertidas en el tratamiento del recurso de Inconstitucionalidad ha sellado la suerte de la queja casatoria deducida desde que no se verifica error normativo alguno en la sentencia, conforme las constancias fácticas existentes.

Por tal razón, voto por el rechazo de la queja casatoria.

Sobre la misma cuestión los Dr. BÖHM, adhiere al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dr. BÖHM, adhiere al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTIÓN EL DR. JORGE H. NANCLARES, DIJO:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden, corresponde imponer las costas de ambos recursos en el orden causado, en razón del modo de imposición efectuado en las anteriores instancias. Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dr. BÖHM, adhiere al voto que antecede. Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A :

Mendoza, 28 de marzo de 2.011.

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, R E S U E L V E :

I. Rechazar los recursos de Inconstitucionalidad y Casación articulados a fs. 4/13.

II. Imponer las costas en el orden causado.

Notifíquese.

Ng.

DR. JORGE H. NANCLARES DR. CARLOS BÖHM CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Fernando ROMANO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 28 de marzo de 2.011.