Tribunal: CAMARA NACIONAL DE CASACION PENAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-09-30


En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre del año dos mil once, se reúnen los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Casación Penal, doctores Liliana E. Catucci, W. Gustavo Mitchell y Eduardo R.

Riggi bajo la presidencia de la primera de los nombrados, asistidos por el Prosecretario de Cámara, doctor Walter Daniel Magnone, con el objeto de dictar sentencia en la causa n/ 13.570, caratulada: "Pérez, Lucas Maximiliano Nicolás;

Jiménez García, Leandro Javier; y, Mega, Lucas Hernán s/recurso de casación". Repre-senta al Ministerio Público el señor Fiscal General el doctor Raúl Omar Pleé, y ejercen la defensa pública de los procesados, la Dra. Laura Beatriz Pollastri por Pérez y Mega y, la Dra. Eleonora Devoto, por Jiménez García.

Efectuado el sorteo para que los señores Jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden: Catucci, Riggi y Mitchell.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

La señora Juez, Dra. Liliana E. Catucci, dijo:

PRIMERO:

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal a raíz de los recursos de casación interpuestos a fs. 670/679 vta. por la Defensa Pública Oficial de Maximiliano N. Pérez y Lucas H. Mega; y a fs. 680/689 por la Defensa Pública Oficial de Leonardo Jiménez García, contra el pronunciamiento dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal n/ 8 de esta Ciudad, obrante a fs. 652/661, que CONDENÓ a LUCAS MAXIMILIANO NICOLÁS PÉREZ (a) MATÍAS FABIÁN HERNAN PÉREZ, a la pena de CINCO AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo, agravado por el uso de arma (arts. 12, 29, inciso 3/, 45 y 166, inciso 2/, primer párrafo, del Código Penal; 403, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Integró esa sanción con la pena de un año y seis meses de prisión, de ejecución condicional, impuesta el 30 de junio de 2009, en la causa n/ 4883/5000/4510/4552/4664 del registro del Tribunal Oral de Menores N/ 1, cuya condicionalidad se revocó (art. 58 del Código Penal), en la PENA ÚNICA DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES, y costas.

Además, le impuso la medida curativa prevista en el art. 16 de la ley 23.737.

A su vez, CONDENÓ a LEANDRO JAVIER JIMÉNEZ GARCÍA o GIMÉNEZ GARCÍA, a la pena de CINCO AÑOS y SEIS MESES DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo, agravado por el uso de arma y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, en concurso real entre sí (arts. 12, 29, inciso 3/, 45, 55, 166, inciso 2/, primer párrafo y 277, inciso 3/, apartado "b" del Código Penal; 403, 530, 531 y concordantes del Código Penal); y, le impuso la medida curativa prevista en el art.

16 de la ley 23.737.

Por último, CONDENÓ a LUCAS HERNÁN MEGA, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, de ejecución condicional y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (arts. 27, 29, inciso 3/, 45, y 277, inciso 3/, apartado "b" del Código Penal; 403, 530, 531 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación).

Sujetó la condicionalidad de la condena impuesta a Mega a que, por el término de tres años, fije residencia y se someta al control del patronato de liberados, y que previo examen médico que acredite su necesidad y eficacia, se someta a un tratamiento de rehabilitación por su adicción a las sustancias estupefacientes, en las condiciones y por el término que los profesionales intervinientes consideren necesario (art. 27 bis, incisos 1/ y 6/ del Código Penal).

Concedido por el a quo los remedios intentados a fs. 691, ante esta Cámara, las Defensas Públicas Oficiales los mantuvieron a fs. 710 y 711, respectivamente.

Durante el término de oficina, las Defensas Públicas Oficiales a fs. 713/714 vta., y 730/732 vta., solicitaron la viabilidad del recurso de casación interpuesto mientras que el el Fiscal General requirió sus rechazos (fs.

721/723 vta.).

Celebrada la audiencia prevista por el artículo 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la Defensa Pública Oficial de Leandro Javier Jiménez García, en las breves notas de fs. 738/739, señaló que resulta arbitraria la pena que se le impuso a su defendido, pues no se individualizaron concreta-mente los atenuantes y agravantes.

Finalizó solicitando que, sin reenvío, se le imponga al nombrado Jiménez García el mínimo de pena previsto por la ley. Hizo reserva del caso federal.

En tales circunstancias, el expediente quedó en condiciones de ser resuelto.

SEGUNDO:

A.1) La Defensa Pública Oficial de Lucas Maximiliano Pérez y Lucas Hernán Mega asentó el recurso de casación en ambos incisos del art. 456 del C.P.P.N..

Adujo insuficiente fundamentación, y arbitrariedad por haberse violado las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio (arts. 18 C.N. y 399 y 404, inc. 2/ del C.P.P.N.).

Planteó la errónea calificación de la conducta atri-buida a Pérez, pues en lugar de robo agravado por el uso de arma debió calificarse como robo simple (art. 164 del Código Penal) ante la falta de certeza en la prueba de la agravante del robo. Expresó que la víctima Marini refirió que el que tuvo de frente durante el robo extrajo un cuchillo tipo "Tramontina", con mango azul, al tiempo que el restante delincuente la aferró por detrás, y la inmovilizó.

La recurrente manifestó que como no podían sacarle el bolso, pues Marini lo tenía cruzado sobre su cuerpo, cortaron la correa con el cuchillo y se lo robaron, dándose a la fuga por la calle Somellera hasta la Avda. Daract.

Recalcó que la damnificada en el juicio dijo que no la amenazó sino que directamente le cortó la correa de la cartera tipo morral que tenía, versión con la cual queda sin sustento la calificación escogida por el órgano sentenciante.

Hizo referencia a que el uso del cuchillo se enmarcó dentro del ejercicio de la fuerza propia del robo, ya que estuvo destinado a obtener la cosa y por consiguiente ese accionar debe encuadrarse como robo tentado (art. 164 del Código Penal).

A.2) También discrepó la defensa con la figura de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro que se le endilgó a Mega (en el art. 277, inc. 3/, apartado "b" del Código Penal), sino que debió aplicarse la establecida en el art. 277, inc. 1/, apartado c) del C.P., sin ánimo de lucro.

Indicó que sólo hubo por parte de Mega una simple receptación, pues la moto no se encontraba en una situación que permitiese inferir que podía ser objeto de provecho o beneficio alguno, lo que torna improcedente la aplicación de la agravante "fin de lucro". Lo contrario importaría dejar vacío el contenido del apartado c) del primer inciso del art.

277, ante la posibilidad de que por la mera tenencia se presuma la finalidad de lucro, con lo cual se lesionaría el principio de legalidad (art. 18 de la C.N.).

Puso de manifiesto la impugnante, que al momento de tomarle declaración indagatoria, si bien se le imputó el delito de encubrimiento con ánimo de lucro, no se le explicó esa agravante.

Concluyó en que los elementos colectados no permiten inferir con certeza, que la receptación de la moto tuvo una ultraintención distinta: el ánimo de lucro, ante la inexistencia de constancias sobre la finalidad de obtener un provecho patrimonial, y que en consecuencia debe prevalecer el beneficio del encartado (art. 1/ del C.P.P.N.).

Finalizó solicitando que se haga lugar al recurso de casación interpuesto. Hizo reserva del caso federal.

B) Por su parte la Defensa pública oficial de Leandro Jiménez García o Giménez García, asentó el recurso de casación en el inc. 1/ del art. 456 del C.P.P.N..

Se agravió por las calificaciones jurídicas asignadas a los hechos que se les reprocharon a su defendido.

En cuanto al suceso que perjudicó a Graciela Marini, dijo que la intimidación sufrida por la nombrada quedó circunscripta a la presencia de los dos sujetos y a la exigencia de su bolso, sin haberle exhibido un arma blanca, que se uso con el único fin de cortar el morral. Por consiguiente la calificación debió limitarse al robo simple del artículo 164 del código de fondo.

Agregó la recurrente que esa agravante se aplica cuando el arma se utiliza con el fin de intimidar a la víctima, y disminuir las posibilidades de su oposición.

En lo que atañe al segundo hecho, la recurrente indicó que no quedó probado el ánimo de lucro en la tenencia de la moto. Acotó que ese ánimo requiere un propósito, por su actividad o por su mera intención, de vender la cosa en todo o por partes y que de no ser así, se estaría abrogando la figura del delito de encubrimiento simple, y revirtiendo la carga de la prueba sobre el animus lucrando.

Pidió que se modifique la calificación legal de este hecho como encubrimiento simple y, que en consecuencia, se reduzca el monto de la pena que se le impuso a su defendido.

Finalizó solicitando que se haga lugar al recurso de casación, haciendo reserva del caso federal.

TERCERO:

A) Hecho N/ 1.

El tribunal oral tuvo por acreditado que el día 15 de enero de 2009, alrededor de las 22.40 horas, en la intersección de la Avda. Cobo y del Bañado, de esta Ciudad mientras Mónica Graciela Marini caminaba por la calle, fue abordada por Lucas Maximiliano Nicolás Pérez y Leandro Jiménez García o Giménez García quienes le sustrajeron, mediante el empleo de un cuchillo, una cartera de su propiedad que en su interior contenía: un DNI, una tarjeta de crédito y otra de débito Visa del Banco Galicia, aproximadamente treinta pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, uno marca "Siemens" y otro "Sagem", dos juegos de llaves y otros efectos personales que se desconocen. Uno de ellos sostuvo a Marini desde atrás para inmovilizarla, mientras el otro, exhibiéndole un cuchillo, le sustrajo la cartera que la víctima llevaba, cortando para ello su correa, tras lo cual ambos se dieron a la fuga pie por la calle Somellera, en dirección a Daract, de esta ciudad.

Ante ello la damnificada dio aviso a un policía de la seccional 34/ de la Policía Federal Argentina que cumplía funciones en la zona, quien comenzó a perseguir a los imputados, logrando aprehender a Leandro J. Jiménez García o Giménez García en las inmediaciones. Posteriormente, con la colaboración de personal de la seccional 12/ de la Policía Federal Argentina, en tránsito por la zona, procedieron a la detención del otro, a quien se le incautó un cuchillo y un teléfono celular.

El tribunal oral tuvo por probado este suceso con la declaración de la víctima Mónica Graciela Marini, con la de los preventores Alberto Edgardo Blanco, y Sebastián Marchese; y, con el croquis confeccionado por el preventor Blanco, donde detalló su recorrido de persecución, y el de los delincuentes en la fuga.

Además, con las actas de detención de fs. 3 y 11, los informes médicos legales de fs. 16, 28 y 103, las vistas fotográficas de fs. 30/33, el informe pericial de fs. 50, las actas de ingreso a la Unidad n/ 28 del S.P.F. de fs. 59 y 61, los informes médico-forenses de fs. 16/18 del Legajo de Perso-nalidad de Jiménez García O Giménez García de fs. 30/31 y del Legajo de Personalidad de Pérez, y los efectos reservados en Secretaría detallados a fs. 177.

Hecho N/ 2.

El día 6 de diciembre de 2008, alrededor de las 00.30 horas dos sujetos que no se pudieron individualizar, mediante la exhibición violenta de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se pudo acreditar, sustrajeron la motocicleta marca Honda, modelo "NF 100 Wave", dominio 467- EBR, como así también una billetera conteniendo dos licencias de conducir correspon-dientes al DNI n/ 26.317.826, una cédula de identidad y una tarjeta de crédito y una de débito del Banco Santander Río, de propiedad de Daniel Rodrigo Cicero.

Ello ocurrió mientras el nombrado Cicero que circulaba con la motocicleta aludida por la calle Rosario de esta Ciudad estaba detenido por la luz del semáforo momento en el cual ambos acusados lo interceptaron exhibiéndole un arma de fuego y le exigieron la entrega del vehículo diciéndole "dame la moto", a lo que Cicero accedió, logrando el desapode-ramiento de la moto y de los elementos que se encontraban debajo del asiento del conductor.

El 11 de diciembre de 2008, alrededor de las 13.30 hs., cuando Leandro Javier Jiménez García o Giménez García y Lucas Hernán Mega circulaban con esa moto a gran velocidad, fueron parados en la intersección de las calles Libertad y Batolomé Mitre de esta ciudad, por el preventor Walter Zelaya. Al no poder acreditar la titularidad del rodado, con la colaboración del personal de la Comisaría 12/ los condujeron detenidos.

El tribunal oral tuvo por acreditado este hecho con las declaraciones del damnificado Daniel Rodrigo Cicero tanto en sede policial como en el debate (fs. 283 y 392); con las contestes de los policías Walter Zelaya, que detuvo a los nombrados a bordo de la moto Honda y de Edelmiro Catalán que se encontraba en el móvil policial y que colaboró con Zelaya.

Asimismo, con las actas de detención (fs. 255 y 256), y de secuestro (fs. 257), el inventario de fs. 276, el examen médico legal de fs. 281, los informes periciales de fs. 112 vta., y de fs. 393, las fotografías obrantes a fs.

344, el informe de fs. 269/271, y la documentación de fs.

285/287 y 394.

El tribunal oral tuvo razonablemente comprobada, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional, la existencia material de los hechos y la intervención activa y responsable de los imputados que en cada suceso que les endilgó (arts. 398, segunda párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación).

El órgano sentenciante calificó las conductas de:

1) Lucas Maximiliano Pérez como constitutiva del delito de robo agravado por el uso de arma (arts. 12, 29, inciso 3/, 45 y 166, inciso 2/, primer párrafo del Código Penal; 403, 530, 531 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación).

2) Leandro Javier Jiménez García o Giménez García como la del delito de robo, agravado por el uso de arma en concurso real con encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (arts. 12, 29, inciso 3/, 45, 55, 166, inciso 2/, primer párrafo y 277, inciso 3/, apartado "b" del Código Penal; 403, 530, 531 y cc. del C.P.P.N.).

3) Lucas Hernán Mega como la del delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro (arts. 27, 29, inciso 3/, 45 y 277, inciso 3/, apartado "b" del Código Penal; 403, 530, 531 y cc. del Código Procesal Penal de la Nación).

B) En cuanto a los agravios esgrimidos por las defen-sas Pérez y Jiménez García o Giménez García, relativos a la errónea aplicación de la agravante del arma (hecho n/ 1), de la lectura del recurso se advierte que no se ha refutado la respuesta a este agravio dada por el tribunal oral.

Se basó en el testimonio de la víctima Marini quien dio cuenta de la intimidación sufrida con el cuchillo que llevaban Lucas Maximiliano Nicolás Pérez y Leandro Jiménez García o Giménez García, para cometer el robo y que usaron cuando la nombrada se negó a darles la cartera, desistiendo cuando vio el arma. Con sólo reproducir sus dichos en el sentido de que cuando extrajo el cuchillo lo hizo "decidido", que ".lo exhibió hacia mí.a la altura de su brazo extendido.", se obvian más comentarios El argumento defensista que intentó desplazar el uso del cuchillo hacia la cartera, que cortó para sacársela a la dueña, no resiste el más mínimo embate, dada las secuencias causídicas relatadas en el pronunciamiento que se intentó atacar. Se advierte en consecuencia que la recurrente incurrió en una valoración parcial y fragmentaria de las piezas probatorias que pretende sostener en una modificación de los hechos probados, intento no viable en esta instancia.

Quedó claro en el fallo, entonces, de que no existieron dudas de que los acusados -Pérez y Jiménez García o Giménez García- se valieron de la exhibición de un arma blanca para aumentar su poder de intimidación sobre la víctima y, seguidamente, ante la reacción de esta última, que en un primer momento se negó a darles su cartera, usaron un cuchillo, para concretar el despojo.

Es de señalar que la sola exhibición amenazante, pone de manifiesto ante los ojos, la posibilidad de su uso inmediato, y la consecuente concreción de la agresión física latente. En tal sentido, a fin de amedrentar a su víctima, no existe significativa diferencia entre exhibirla o esgrimirla, pues en cualquiera de los dos casos se cumple el objetivo buscado.

A lo dicho por el tribunal oral he de agregar que al votar en esta Sala III se señaló (in re: "Villán, Walter Darío y Villán, Mariela Margarita s/recurso de casación", causa n/ 10.796, Reg. N/ 414/10, rta. el 7 de abril de 2010) que: ".la razón de ser de la agravante de la figura básica del robo, cuando se comete con armas, es el mayor peligro real en la integridad física corrido por el o los sujetos pasivos, que enfrentan un riesgo serio y cierto de agresión corporal inmediato y de gravedad mayor que si no se emplean tales elementos, sean propios o impropios. El uso del arma (sea o no arma en sentido propio) para cometer un robo, coloca al delincuente en una situación ventajosa sobre su víctima, dado el poder intimidante que el arma ejerce sobre ésta y el mayor estado de indefensión de la misma".

En tales condiciones, la solución dada por el órgano sentenciante no es susceptible de objeción alguna pues se ajusta a la doctrina fijada en las causas in re: "Cardozo, Guillermo s/recurso de casación", causa n/ 4968, reg. n/ 6322; "Alfonzo, Cristian D. s/recurso de casación", causa n/ 2923, reg. n/ 3701, del 20/8/00; "Fernández, Antonio s/recurso de casación", causa n/ 2695, reg. n/ 3384, del 15/3/00, entre otros de la Sala I de esta Cámara Nacional de Casación.

En esos precedentes se sostuvo que el sujeto activo de un desapoderamiento compulsivo (robo) que sabiendo que dis-pone de un arma, lo hace conocer a su víctima, cualquiera que sea el modo (blandiéndola o mostrándola, entre otros) logra con ello vencer más fácilmente la resistencia del despojo. Crea con tal actitud un mayor riesgo hacia el agraviado y a la vez simplifica su labor delictiva. En esa interacción de sujeto activo y pasivo en el que ambos saben los diferentes roles que encarnan, uno dueño de la situación controlándola con un plus de violencia que la tenencia del arma útil y el otro dominado por el peligro al que es expuesto, es donde se advierten las ventajas o facilidades que aquél obtiene para delinquir, que justifican plenamente la aplicación de la figura agravada. Por lo que basta con que la víctima conozca que el agresor cuenta con un arma o con un elemento que está dispuesto a utilizar como si lo fuera, cumpliéndose así con la existencia propia de la agravante:

"la mayor entidad incriminante y el peligro realmente corrido por la víctima".

En igual sentido, esa Sala I en oportunidad de resolver la causa nº 5240 "Chimarostti, Hernán Javier s/ recurso de casación" (Reg. 769/05 del 19/9/05) estableció que "arma es todo aquel instrumento específicamente destinado, diseñado, construido o creado con el objeto de herir, dañar o lesionar a las personas, o todo artefacto que aumente el poder ofensivo del hecho; como así también cualquier otro objeto -sin distinción- que sea transformado en arma por su destino, es decir, al ser empleado como medio, instrumento o elemento contundente, aunque dicha transformación sea temporaria o transitoria. Esta última es la categoría de las llamadas armas impropias... el artículo 166, primer párrafo del inciso 2do., del Código Penal prevé reclusión o prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años, 'si el robo se cometiere con armas'. El tipo legal cuando se refiere a arma lo hace en forma genérica -no hace distinción alguna entre armas impropias-, contemplado y abarcando por lo tanto todo objeto que incremente el poder vulnerante de quien lo esgrima, o cualquier instrumento que pueda ser utilizado como arma según lo 'ut supra' expuesto".

Respecto a la oportunidad de su empleo, cabe adunar que "La modalidad comisiva 'uso de armas' que especializa la figura básica agravará el robo cuando su utilización se produzca en cualquiera de los tramos del iter criminis contemplado en la figura simple, es decir, antes del hecho, durante o después de cometido para lograr la impunidad. La violencia requerida por el artículo 164 del código penal es la ejercida para lograr la impunidad del robo realizado -aún cuando recaiga sobre una persona distinta de la que haya sido víctima-, y abarca los actos posteriores inmediatos realizados por el autor. Debe descartarse pues el argumento de que el empleo de arma debe efectuarse exclusivamente al momento del desapoderamiento (o intento). De ser estrictamente así no se aplicaría nunca la expresión contenida en la norma genérica "después de cometido" (o sea después de consumado)" (Sala III, causa nº 3832 "Calderón, Mauricio Javier s/ recurso de casación", Reg. 369/02, rta. El 6/8/02), sin que sea "necesaria la portación previa como requisito para la configuración de la agravante" (Sala I, causa nº 7704 "Pascual, Roberto Rafael s/ recurso de casación", Reg. 9991.1 del 27/12/06).

En consecuencia, toda vez que el tribunal de mérito ha escogido la calificación legal adecuada -robo agravado por el uso de un arma-, corresponde desestimar el planteo de la defensa Pública Oficial de Pérez y Jiménez García o Giménez García.

C) En punto al planteo de las Defensas Públicas Oficiales de Mega y Jiménez García o Giménez García, relativo a la calificante de lucro en el encubrimiento atribuido a los mencionados, es de señalar también en este caso la insuficiencia argumental de los recursos de las defensas para controvertir la base de sustentación que luce el fallo.

En efecto, se lee en el fallo que respecto a ese lucro es suficiente tener en miras la obtención de la ventaja derivada del empleo de una cosa que tiene un innegable valor pecuniario.

En ese sentido llevo dicho que la ley 25.246 (B.O.

10/05/00) modificó el delito de encubrimiento por receptación eliminando del tipo básico el haber actuado "con ánimo de lucro". Incorporó esa finalidad lucrativa como circunstancia agravante común a cualquiera de las modalidades de dicho delito previstas en el art. 277 del Código Penal. La intención de la reforma ha sido la de obtener la represión del receptor aunque hubiese actuado sin aquel especial ánimo -supuesto en el cual la escala penal es de seis meses a tres años de prisión-, y duplicar los extremos de esa escala cuando el elemento subjetivo esté presente (cfr. C.N.C.P.

Sala I "Rodríguez, Oscar Horacio s/recurso de casación", registro n/ 6599.1, rta. el 01/04/2004).

Abonan ese particular elemento subjetivo de ánimo de lucro el valor, características particulares de la moto involucrada, y la ventaja económica que implica su posesión y su uso.

En tal sentido, se ha entendido por ánimo de lucro "...toda finalidad tendiente a lograr una ventaja patrimonial apreciable económicamente, que no necesariamente debe traducirse en dinero, sino que puede tener referencia al valor de la cosa, a su uso, etc., en tanto ello reporte un beneficio al autor..." (confr. Buompadre Jorge E., Derecho Penal, Parte Especial, t. III, pág. 478, Ed. Mave, 2003, y su cita de Millán, Alberto S., "El delito de encubrimiento", Abeledo- Perrot, Bs. As., 1970, pág. 168 y ss.; Donna, Edgardo A., Derecho Penal, Parte Especial, T. III, págs. 514/17, Ed.

Rubinzal-Culzoni, Sta.Fe, 2000, incluidas doctrina y jurisprudencia de la C.N. Crim. y Correc.).

El fin de lucro resulta manifiesto y acreditado con la simple ventaja que reporta al menos el uso de la moto.

Por ende, tampoco ha de prosperar este agravio deducido por las defensas de Mega y Jiménez García o Giménez García.

D) En cuanto al tema introducido por la Defensa Pública Oficial, en las breves notas de fs. 738/739, relativo a la falta de fundamentación de la pena que se le impuso a Leandro Javier Jiménez García o Giménez García, he de atenerme a lo sostenido por esta Sala III en las causas n/ 489, "Silberstein, Eric s/recurso de casación", Reg. n/ 106/96 del 15 de abril de 1996 y 3914 "Griguol, Luciano F. y Romero Da Silva, Orlando R. s/rec. de casación", Reg. n/ 448/02, del 28 de febrero de 2002, en cuanto a que ".en la sistemática de nuestro Código Procesal Penal el Tribunal debe limitarse exclusivamente al estudio de los motivos propuestos ab initio al interponerse el recurso (cfr. mutatis mutandi, causa n/ 9, 'Sokolovicz, Mario Rubén s/rec. de casación', Reg. n/ 13, del 29/7/93), sin perjuicio de que, de advertirse un caso de nulidad absoluta, abierta como está su jurisdicción, correspondería actuar de acuerdo a lo dispuesto en el art. 168, segundo párrafo, del código de rito".

Lo expuesto no colisiona con la doctrina del fallo C. 1757.XL, "Casal, Matías Eugenio y otros s/robo simple en grado de tentativa -causa n/ 1681-" (C.S.J.N., rta. el 20/9/05), pues allí el Sr. Procurado Fiscal dictaminó que correspondía reducir los requisitos formales de interposición y admisibilidad del recurso de casación (vgr., patrocinio letrado, autosuficiencia, etc.) extremo no receptado por el Alto Tribunal, que amplió el marco tradicional del recurso de casación en lo concerniente al análisis de cuestiones de hecho y prueba, sin modificar ni suprimir las cuestiones instrumentales, y permite deducir que se mantienen vigentes para las partes y para este Tribunal (cfr. causa n/ 6153, "Quiroga, Cristian Sebastián s/rec. de casación", Reg. n/ 33/06 del 10 de febrero de 2006, de esta Sala). Criterio este, por otra parte, avalado por el Tribunal cimero, in re:

"Soria David Rubén s/causa n/ 8857", S. 587. XLIV. Recurso de hecho, rta. el 24 de agosto de 2010.

En este contexto, no corresponde examinar el punto aludido, sin perjuicio de lo cual habré de señalar que, no se advierte, ni se ha demostrado, un vicio de fundamentación en el monto de la pena que se le impuso al nombrado Jiménez García o Giménez García (cfr. C.N.C.P., Sala I, in re:

"Chociananowicz, Víctor H. s/recurso de casación", c. n/ 73, Reg. n/99, del 15 de diciembre de 1993, a cuyos argumentos me remito por razones de brevedad).

En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos, con costas.

Tal es mi voto.

El señor Juez, Dr. Eduardo R. Riggi, dijo:

1- Coincidimos con el voto de la distinguida colega que lidera el presente acuerdo, pues el decisorio en crisis se encuentra adecuadamente fundado y no se advierte en el caso vicio alguno de arbitrariedad en orden a la acreditación de los hechos y la participación responsable de los imputados.

2- Asimismo, compartimos lo sostenido por la doctora Catucci en orden al agravio vinculado a la calificación legal y el concepto de "arma" previsto en el artículo 166, inciso 2/, párrafo 1/, del Código Penal, pues la cuestión resulta sustancialmente análoga a la ya resuelta por esta Sala en ocasión de dictar sentencia en la causa n/ 114 de esta Sala III, caratulada "González, Horacio s/recurso de casación" (reg. 123, del 19/04/1994), cuyos fundamentos hemos sostenido al votar en las causas n/ 6551 "García, Ariel Eduardo s/ recurso de casación" (reg. 437/06, del 16/05/06);

n/ 7144 "Méndez, Luis Sebastián s/recurso de casación" (reg.

1546/06, del 19/12/06); y n/ 8544 "Soria, Emanuel s/recurso de casación" (reg. 1888/07, del 27/12/2007), entre otras, a las que nos remitimos a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

3- Finalmente, y en cuanto a la aplicación de la agravante del encubrimiento, las consideraciones efectuadas por la colega preopinante se ajustan al criterio sostenido al emitir nuestro voto en las causas n/ 7873 "García de la Mata, Angel s/rec. de casación" (reg. 1052/07 del 7/8/07), y n/ 1070'6 "Pescio, Leonel s/rec. de casación" (reg. 1370/09 del 2/10/09), razón por la cual también compartimos el criterio expuesto por la doctora Catucci.

El señor Juez, Dr. Gustavo W Mitchell, dijo:

Que se adhiere a los votos precedentes.

Por ello, en mérito al resultado habido en la votación que antecede, el Tribunal, RESUELVE:

RECHAZAR los recursos de casación interpuesto por las Defensas Públicas Oficiales, con costas (arts. 123, 404, inc. 2/, 456, 470, 471, a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).

Regístrese, hágase saber y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Fdo: Liliana Elena Catucci y W. Gustavo Mitchell.

Ante mi: Walter Daniel Magnone, Prosecretario de Cámara.

//ta: Se deja constancia que el Dr. Eduardo R. Riggi participó de la deliberación y votó, pero no firma la presente por encontrarse en uso de licencia (cfr. art. 399, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación).

Conste.