marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de casación, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: MORON MARIO GUSTAVO c/ QUINTANA MARCELO Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-08-10

Se ha omitido -de forma palmaria- integrar al contexto del proceso judicial en trámite la figura del Ministerio Fiscal, parte integrativa e ineludible en las características, sustancia y extensión del estadio procesal pertinente. Así sustancialmente, sobre la base del incumplimiento de una disposición de caracter legal se impidió el ejercicio concreto de la facultad que le asiste al Ministerio Fiscal de la tutela del orden público (art. 75 icn. a) y art. 78 inc. e) de la Ley 1600) el que, en el caso concreto, se vería configurado por la problemática atinente al fuero de atracción -en tanto asignación de competencia hecha en favor del órgano judicial que conoce en un proceso universal, materia ésta de orden público y susceptible de enmarcar dentro de las atribuciones de aquellos funcionarios (arts. 75 icn. c) y art. 78 inc. c), por lo que debe declararse la nulidad de la sentencia de la Alzada en todas sus partes.
Contrato de trabajo, exclusividad, trabajadores portuarios
Materia: LABORAL
Carátula: O., R.M. c/ S.A.N. SRL s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-03-04

"La exclusividad no constituye un requisito necesario para que se configure una relación subordinada y permanente, razón por la cual nada obsta a que, sin perjuicio de la vigencia del régimen contemplado en la ley 21.429, corresponda la aplicación de las previsiones de la ley de contrato de trabajo, en tanto se vulnera la garantía de la estabilidad impropia que protege al trabajador permanente y que se prevé en dicho ordenamiento legal".
Relación de causalidad, culpabilidad
Materia: CIVIL
Carátula: Castro, Oscar Alfredo c/ Abrany, Fortunato y Otra-s s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-29

Es concepto aceptado que el elemento común de la causalidad con la culpabilidad es la previsibilidad, analizándose en la causalidad la previsibilidad en abstracto y en la culpabilidad en lo concreto. La adecuación de la causalidad, o también lo conocido como relación de causalidad adecuada, requiere seleccionar las condiciones que dentro del conjunto de factores que hayan incidido en un evento que provocó un daño puedan llegar a erigirse en "causa". El carácter de causa por lo tanto es atribuible a aquellas condiciones de las cuales puede inferirse objetivamente la producción del daño.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GARLAND REPARACIONES NAVALES S.A. c/ AREMAR C.I.F.S.A. s/ COBRO DE PESOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-23

Los magistrados no se encuentran obligados a tratar todas y cada una de las argumentaciones y pruebas producidas por las partes puesto que resulta suficiente que atiendan a las que resultan conducentes para decidir el caso. (SALA 1,2038,230983)
Recusación, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: Gorriarán Merlo, Enrique s/ recusación - Causa N° 1141 -.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-03

Las cuestiones de recusación de los miembros de una cámara federal de apelaciones deben ser resueltas por los restantes jueces integrantes del mismo tribunal.
Sentencia de la Corte Interamericana, competencia de la Corte Suprema, prisión domiciliaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Sala, Milagro Amalia Angela Y Otros c/  s/ P.S.A. asociación ilícita, fraude a la administración publica y extorsión
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-05

Corresponde requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentra la detenida que adopte con urgencia alguna de las medidas alternativas a la prisión carcelaria sugeridas en los documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, u otras que surjan del derecho procesal provincial y que aseguren los mismos fines que aquellas (Voto del Dr. Horacio Rosatti).
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: PENAL
Carátula: AUTORES DESCONOCIDOS S.D HOMICIDIO, LESIONES GRAVES, DAÑO CALIFICADO Y OTROS ILICITOS A DETERMINAR E.P EXEQUIEL MELIAN Y OTROS. s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-07

La atribución que tienen los jueces para declarar la inconstitucionalidad de las leyes ha sido calificada como "la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia".
Daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad contractual, procedencia del recurso, sociedad prestadora de servicios médicos, simple damnificado, menores, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Bruno, Marcela Paola y otro  c/ Matercell SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-17

En efecto, surgen de la sección informativa de la página web de la accionada, que integra el marco contractual y obliga a la prestadora (CCCN 1103), la enumeración de diversas enfermedades o dolencias de posible tratamiento con células madre. Y si bien el peritaje médico sostuvo una utilidad de las células madre más estrecha que la contractualmente predicada por la demandada, a los fines de establecer cuál es la chance perdida por los actores, corresponde omitir aquella utilidad más amplia predicada por la demandada, pues ello fue lo formalmente expresado en acuerdo de voluntades y toda interpretación prescindente sería contraria a la buena fe y al principio de protección de la confianza suscitada en los actores (CCCN 961 y 1067).
Legitimación procesal, falta de legitimación para obrar, daño moral, indemnización, conviviente, herederos forzosos
Materia: CIVIL
Carátula: CASTILLO  BLANCA  ESTELA  Y OTRO c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEINTERIOR  POLICIA  FEDERAL ARG. s/ accidente en el ambito military fzas. de seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-20

El art. 1078, segundo párrafo, del Código Civil, confiere legitimación a la víctima de un hecho ilícito para demandar una indemnización por el daño moral ocasionado, y si del mismo resulta su muerte, la legitimación para formular tal reclamo es reconocida a sus herederos forzosos. Dado que el concubino no reúne esta condición de "heredero forzoso", se han esbozado desde antaño -doctrinaria y jurisprudencialmente-, dos soluciones distintas: a) la aplicación literal de la norma -que conduce a la exclusión del concubino como sujeto legitimado para demandar el agravio moral por la muerte de su pareja-, y b) la admisión del concubino como legitimado sobre la base de considerar inconstitucional la limitación bajo análisis. Las tres Salas que componen este Tribunal rechazan la legitimación del concubino para reclamar el daño moral por la muerte de su pareja (Sala I, causa 11.018/95 del 01.10.98; Sala II, causa 8.805 del 12.03.92 y Sala III, causa 2.401/97 del 31.08.99).
Falsificación de instrumento público, falsedad material, dolo
Materia: PENAL
Carátula: Marciales, Juan Osvaldo s/ recurso de casación. Causa: 338
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-04-07

La falsedad material sólo es imputable a título de dolo.
Recurso extraordinario, desindexación, aplicación de la ley
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Sagastume, Miguel y otro c/ Beagle S.R.L. s/ Recurso extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

Corresponde atender los agravios vinculados con la no aplicación de la ley 24.283 si en la forma en que fue resuelto el punto no existe posibilidad alguna de discutirlo nuevamente (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor y Guillermo A. F.

López).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Dama, Guillermo Oscar o Guillermo Omar s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-20

Es irrelevante a los fines de la pretensión de desplazar la aplicación de la figura prevista en el art. 98 del Código Penal lo referido a que no estaba en los planes del procesado un desenlace fatal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de apelación (procesal), recursos, fundamentación del recurso, procedencia del recurso, incumplimiento de los deberes del funcionario público, declaración jurada, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Señora Agente Fiscal Penal Nº 2, María Inés Loyola c/ N.N. (FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA A DETERMINAR), POR OMISION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO" s/ RECURSO DE APLACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-02-28

En cuanto a las obligaciones en materia de control de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos contempladas en las leyes 3382 y 6547, es resorte exclusivo de la Escribanía de Gobierno.

En cambio, las funciones de control de gestión o control de legalidad sobre los deberes a cargo de la citada repartición son propias e indelegables de la Auditoría General (art. 169, ap. III de la Constitución Provincial y art. 32, inc. k) de la Ley 7103), cuyo incumplimiento haría incurrir a los Auditores Generales miembros del Colegio de Auditores Generales, órgano máximo de conducción de la Auditoría General de la Provincia (art. 33 y ccs. de la Ley 7103), en el supuesto delito de Omisión de los Deberes de Funcionario Público, previsto y reprimido por el art. 249 y ccs. del Código Penal, de conformidad con los fundamentos que se vierten en los párrafos que siguen.

El art. 169 de la Constitución Provincial estatuye que: " La Auditoría General de la Provincia es el órgano con independencia funcional, administrativa y financiera, competente para el control externo posterior y auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa en atención a los criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la Hacienda Pública Provincial y Municipal...".

Está visto que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el art. 249 del Código Penal se conforma mediante conductas omisivas ilegales que se refieren a actos que son el contenido de la función. Ello es así, pues "omite el acto del oficio el funcionario que no lleva a cabo", en tanto que "...lo retarda el que no lo realiza en la oportunidad determinada...", sancionándose la negativa del funcionario a hacer algo a que estaba obligado.

La conducta punible sobre los Auditores Generales puede materializarse, en tanto se ha obviado cumplimentar el mandato legal derivado del ejercicio del cargo, como así también no realizarse la auditoría de seguimiento y la auditoría de gestión en tiempo oportuno, en relación a las funciones de controlar la presentación, el registro y el archivo de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos por parte de la Escribanía de Gobierno, de conformidad con el régimen jurídico instituido por la Ley 3382 y su modificatoria 6547, en torno de la obligación expresa que le impone a ese órgano de control externo el art. 32, inc. k) de la Ley 7103.
Contratos, juicio de desalojo, locación, comodato, condominio, traba de la litis
Materia: CIVIL
Carátula: Bonet, Amalia c/ Miqueri, David Miguel s/ desalojo (oralidad)
Jurisdicción: Local — Provincia: Corrientes
Fecha: 2023-06-23

No ha dejado de advertirse que, en el caso de autos se ha invocado para inicar la acción un negocio jurídico, un arrendamiento, y su incumplimiento de parte del demandado. Estos aspectos hacen reconocidos por dicha parte en la traba de la litis. También se destaca que esta invoca y acredita otro título, además de arrendatario, que es la de condómino, oponiéndose al desalojo. Así las cosas, se tiene por un lado, un acción de tipo personal como es el desalojo, en donde se pretende el recupero del uso del bien y por el otro la innovación del derecho al uso con sustento en un derecho real, como es el condominio. Ello denota luego de un análisis exhaustivo de las constancias de la causa, que subyace un posible desacuerdo en la determinación del uso y goce del bien entre los condóminos, arts. 1987 del CCCN y concordantes, como el 1993, que no puede resolverse por el carril de esta acción personal. (Del voto de la Dra. Durand De Cassis)
Servicios sanitarios, servicio de agua corriente, inconstitucionalidad, factura, propiedad horizontal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. -P.E.N.- Mº de Economía y Serv. Públicos- y Otros s/ amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-04

Corresponde revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar sólo en parte al recurso contra ella deducido al ser inadmisible el pedido de inconstitucionalidad del decreto 787/93 por adecuarse a los arts. 72 y 74 de la ley 20.324 y al art. 55 inc. d) del decreto 999/92, acogiendo favorablemente las otras pretensiones, declarando la nulidad de las resoluciones 8 y 12 del ETOSS. (El objeto de las pretensiones deducidas consiste en que se declare la nulidad de los arts. 5 y concordantes del decreto 787/93, de las Resoluciones 8 y 12 dictadas por el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios y de toda otra norma que permita la facturación del componente medido en forma global -a través de un medidor único- en los edificios de propiedad horizontal que individualiza, y la facturación a los consorcios de propietarios de los resultados así obtenidos, y no a los usuarios. En la ampliación de demanda, agregan que la concesionaria, con la supuesta finalidad de adecuar el régimen de cobros a la normativa vigente, pretende modificar el sistema de medición en ella previsto). (Nota: Ver, medida cautelar dictada por la Sala de feria del fuero, en el mismo expediente, el 23/01/96. Ficha nº 4.441).
Falsificación de instrumento público, dolo
Materia: PENAL
Carátula: F., M. del C. s/ Adulteración Documento Público
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-10-23

En el aspecto volitivo, el dolo se informa en la voluntad de presentar lo falso como si fuese verdadero y hacerlo no obstante creer o dudar que de esa actitud puede seguirse un perjuicio para un bien jurídico de un tercero.
Carga de la prueba, hecho negativo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: S., H.J. c/ A.C.SA s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-11-28

El criterio que indica que la carga de la prueba se impone a quien afirma y exime de ella a quien niega, ha sido cuestionado, en tanto parece poner énfasis en la distribución probatoria según se afirme o niegue un hecho, cuando la afirmación o negación puede ser una modalidad de redacción y esta circunstancia no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba, ya que a ello debe atender la naturaleza definida o indefinida del hecho. Además, sin entrar en argumentaciones respecto de los hechos negativos, no debe obviarse que el mismo hecho puede ser afirmativo para una de las partes y negativo para la otra, por ejemplo cuando aquélla afirma que ejecutó un hecho y ésta niega que haya sido ejecutado.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia definitiva, juicio ejecutivo, vivienda única
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: IRIARTE, AMELIA ISIDORA c/ CASTAÑEDA GOROSITO, DANIEL F. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-19

Si bien es regla general que son ajenas al recurso extraordinario las decisiones recaídas en procesos ejecutivos por no ser sentencias definitivas, en el caso cabe tener por cumplido tal recaudo formal por cuanto el tema resuelto en la resolución impugnada -vinculado a la aplicación al caso de la Ley 25.798, no tratándose, según sostiene la compareciente, de la vivienda única y familiar del deudor y tildando de inconstitucional a dicha normativa- no es susceptible de ser juzgado nuevamente en instancia ordinaria alguna, sellando definitivamente la suerte adversa del planteo referido a dicha cuestión, con el consiguiente agravio irreparable que ello acarrea.
Procedencia del recurso, remisión del expediente, sustanciación del recurso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (civil) s/ N.M.B. s/ control de legalidad-ley 26061 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-06-08

Con carácter previo a disponer acerca de la concesión o denegatoria del recurso de inconstitucionalidad, corresponde en el caso dejar sin efecto la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad cuestionada y devolver las actuaciones para que se sigan los pasos previstos en la ley n° 402. Ello así, toda vez que la Cámara, sin sustanciación previa, denegó el recurso de inconstitucionalidad, es decir, no le dio el trámite indicado por la ley n° 402 que abre la oportunidad del traslado del art. 27, a fin de que la parte recurrida pueda ejercer su derecho de defensa. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Daños y perjuicios, responsabilidad contractual, contratos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Perez, Gustavo c/ Go Kart S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-24

En algunos casos la obligación del deudor no se satisface solamente con la prestación convenida sino que se complementa con la obligación, generalmente tácita y siempre accesoria, de velar por la integridad de la persona y los bienes de otro contratante, que tiene su fundamento en la aplicación del principio de la buena fe plasmado en nuestro derecho positivo en el art. 1198 del Código Civil, al que puede agregarse además, el de defensa del consumidor.
Beneficios previsionales, correlación de cargos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cabral, Máximo c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-10-29

Resulta infundada la postura de la demandada cuando niega al actor la posibilidad de invocar el mayor cargo desempeñado en un período de tiempo anterior al cese y su correlación con una categoría vigente como base para la determinación del haber previsional (art.

47 de la ley 8587) aduciendo que al solicitar el beneficio adjunto un certificado del que surgía el desempeño de otro cargo al momento del cese y su equivalencia con una categoría inferior.
Regímenes jubilatorios especiales, cargos electivos, legisladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Deluca, Antonio Héctor c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

En el régimen previsional establecido por la ley 8320 (y su modificatoria, 8577)las normas del sistema de reciprocidad deben ser aplicadas en la medida que resulten compatibles con aquél.
Inscripción de dominio, cosas sin dueño
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE FELICIANO s/ OTORGAMIENTO JUDICIAL POSESION Y DOMINIO INMUEBLES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-31

No obstante se haya decretado sin más trámite la nulidad de lo actuado en el proceso donde interviniera como Defensor de Ausentes un profesional de la lista, y no el Defensor de Pobres y Menores de la jurisdicción, conforme lo exige el artículo 2 punto 2.3 de la ley 7017, reformada por ley 8155, lo cierto es que cuando equivocadamente se dispuso la bajada de autos al Juzgado de 1a. Instancia a fin de suplir tal anomalía, y el Sr. Defensor de Pobres y Menores designado convalida lo actuado, no cabe el dictado de nulidad por la mera satisfacción de pruritos formales que, en rigor, sólo ocasionaría una nueva dilación del proceso, contrariando el espíritu de la reforma de la ley 8155 que tiende a la agilización y abaratamiento del trámite de inscripción de dominio de inmuebles sin dueños dentro de ejidos municipales.
Mutuo dinerario, Estado Provincial, Estado Nacional, condición suspensiva
Materia: CIVIL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Chaco, Provincia del c/ Cía. Azucarera Las Palmas  S.A.I.C.A. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-26

Si en el otorgamiento de un préstamo por una provincia a un particular, las autoridades nacionales se obligaron a su restitución inmediata, estableciéndose que en caso de que ellas transfirieran el apoyo financiero al particular la provincia podría gestionar directamente de éste la devolución, la obligación del particular se halla sujeta a una condición suspensiva.
Régimen de consolidación de deudas, decretos, razonabilidad del acto administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VINELLI, NORBERTO NESTOR c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-15

No hay irrazonabilidad manifiesta en el decreto 377/89 (ratificado por ley 23.697) que, al consolidar deuda nacionales y refinanciarlas mediante la emisión de un título, incluyó en su régimen tanto los créditos de los bancos contra la Nación como a las deudas que éstos contrajeron con terceros para concederlos.
Inconstitucionalidad, ley de emergencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Méndez de Gómez, Delia Paula s/ Acción Inconstitucionalidad-Arts. 31 y 33 Ley Nº 8918 s/Competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1999-02-09

Estando de por medio un derecho adquirido, integrando el derecho de propiedad de los pasivos, el Estado en el marco de una situación de emergencia económica financiera puede disponer legislativamente medidas como las adoptadas en la ley 8918, siempre y cuando resulten fundadas en razones de necesidad, sean razonables y temporales, suspendiendo o aplazando provisionalmente derechos patrimoniales, pero sin que ello se traduzca en la privación a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos, o la negación de su propiedad. Ello así al no preverse legislativamente un sistema de reintegro de los montos deducidos de los haberes jubilatorios o compensación por dicha exacción, se estaría facultando al Estado, no ya a arbitrar medidas que le permitan superar una crisis concreta en aras del interés público y su propia supervivencia económica y financiera, sino propiamente a confiscar la propiedad de los particulares, contrariamente a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Cuestiones de competencia, declaración de incompetencia, jurisdicción, mediación, pérdida de la jurisdicción
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: ACOSTA DE ALIAGA, GABRIELA ELVA c/ CAJA DE SEGUROS DE VIDA SA s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-02-14

Si por no considerar configurada la conexidad invocada por el accionante el magistrado interviniente rechazo la radicación de las actuaciones ante el tribunal a su cargo, con el rechazo de la competencia que le fuera atribuida, se desprendió del conocimiento de la causa, y en consecuencia carece de jurisdicción para expedirse acerca de la regularidad del trámite de mediación previa correspondiente a ella.