Daños y perjuicios, indemnización por muerte, valor vida, daño moral, responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, negligencia, fuga del enfermo, suicidio
Materia: CIVIL
Carátula: Carrera, Julio Rafael y otro c/ Instituto Privado de Psicopatología y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-28

Demandado daño moral y valor vida como consecuencia del fallecimiento del hijo de los demandantes, quien se encontraba internado en una clínica psiquiátrica y se fugó para luego suicidarse, corresponde hacer lugar al mismo si el contrato de asistencia médica permanecía vigente pues la fuga no ocasionó resolución ni rescisión y tampoco se agotó el contenido de la convención de la que era principal la guarda del paciente, pero la guarda profesional, científicamente desarrollada y legalmente impuesta (art. 11 de la Ley 22.914).

Era deber de los responsables de la clínica psiquiátrica, legal y convencional, proveer a la internación de quien se había fugado, a despecho de que circunstancialmente se hubiera refugiado en el domicilio paterno. No era suficiente que uno de sus facultativos le sugiriera al padre que lo trajera de regreso, y le insistiera en ello, porque ello sería, sino imposible, muy dificultoso, porque para internarlo la primera vez fue necesario administrarle una inyección que lo sedó, y lo durmió.

Existió relación de causalidad entre el deceso y la omisión de la clínica. No solamente por la fuga, opinable en cuanto que derivación mediata o inmediata de ella fuera el suicidio, sino porque de las obligaciones emergentes del contrato de asistencia médica, quizá la principal que es mantener la internación al paciente, aparece visiblemente incumplida. Y es aquí donde se discierne lo formal y lo substancial del contrato, consiguientes servicios, y la conducta esperable de las partes en orden a la previsión del art. 1198 del Código Civil.

Establecido el lugar donde se encontraba el paciente fugado, correspondía inmediatamente que el responsable de su atención y guarda, que no quedaba desplazada por la momentánea instalación en la casa paterna, se constituyera en el domicilio indicado y llevara al enfermo a la clínica. Para que se relevara de estas obligaciones, convencionales y legales, era menester que mediara oposición real y formalmente efectuada por los parientes. Ni siquiera ello hubiera obstado la internación, si el Juez interviniente así lo disponía, lo que conllevaba tenerlo al tanto, junto con el Asesor de Menores e Incapaces, de la situación, para que se decidiera las medidas conducentes para la mejor conveniencia del enfermo (arts. 5 y 11 de la Ley 22.914).

Sostener en el medio de un tratamiento psiquiátrico de envergadura que incluyó "bioestimulación", que en el escape y ulterior regreso del enfermo al domicilio agotaba las obligaciones de la clínica, y que los parientes constituían continente adecuado para un paciente de esas características, constituye un claro apartamiento de los principios rectores del contrato, y una destitución del régimen legal de internaciones.

Se trató de las obligaciones emergentes para la clínica en punto a lo principal, que no es la prestación de hotelería. No hubo desplazamiento de la guarda y el circunstancial amparo en el domicilio de los padres, no lo configura porque no fue consecuencia de una decisión deliberada, apoyada en la autoridad judicial competente. Es lo que fluye entre otras disposiciones, del art. 5, inciso b, de la Ley 22.914, cuando se regula acerca de los permisos de salida del interno por decisión del director del establecimiento y también del inciso c, cuando se refiere a "alta provisoria", para lo cual se requiere autorización judicial, como para disponer la transferencia del internado a otro establecimiento, o su externación definitiva, por lo que cabe atribuir responsabilidad a la clínica, en rigor a su Director y exonerar de responsabilidad a los padres del menor, por la fuga y posterior suicidio del internado.