Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-05-04


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 15 San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de mayo de 2.006.

Y VISTOS:

Estos autos Corte Nro. 18/06 "K, Alberto Alcides y otra c/ Dcción. Pública de Gestión Privada y Poder Ejecutivo Acción de Amparo", traídos a despacho para dictar sentencia, habiéndose procedido al sorteo correspondiente conforme al acta obrante a fs. 51, y CONSIDERANDO: (El Dr. Oviedo dijo):

Los actores en autos, en ejercicio de la patria potestad, inician acción de amparo en contra de la Dirección Pública de Gestión Privada del Gobierno de la Provincia de Catamarca y Poder Ejecutivo a efectos que se otorgue una nueva prórroga para acreditar la legalización del certificado de matrícula y asistencia de su hija y se autorice una nueva inscripción condicional. Del relato de los hechos surge que inscribieron a su hija C. en el 2.005, a comienzo del ciclo lectivo en el colegio Pía Didoménico, en segundo grado, que es el correspondiente al tercero del Ecuador a pesar que ya tenía aprobado ese curso; a los fines de la inscripción se adjuntó a la escuela la documentación certificada por Escribano Público. Los certificados analíticos fueron remitidos al Ministerio de Educación de la Provincia, quien por su parte los envió al Ministerio del Interior de la Nación donde resuelve que dichos papeles deben estar debidamente legalizados por el Ministerio del Interior de Ecuador para que tengan validez. La Dirección Pública de Gestión Privada decidió que la inscripción tendría carácter de condicional hasta la legalización del analítico. En septiembre de 2005 se pide prórroga para presentar el mismo, la que es concedida por dos meses. Que en noviembre se pide nueva prórroga la que no es contestada y en marzo de 2006 se le informa que la Dirección de Gestión Privada no había autorizado la inscripción condicional para el nuevo ciclo lectivo.

Ofrece prueba y solicita medida cautelar. A fs. 30/31, previa vista a la Procurador General subrogante, se declara prima facie la competencia del Tribunal para entender en la presente causa, se hace lugar a la medida cautelar solicitada ordenando a la Dirección Provincial de Educación Pública de Gestión Privada conceda al amparista plazo de tres meses a efectos que presente la documentación exigida y se disponga la inscripción provisoria y condicional de la menor y se requiere al accionado la remisión de informes circunstanciados de la medida impugnada. A fs. 42/49 responde la autoridad administrativa expresando que no se dan los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción de amparo; que no hubo omisión por parte de Estado sino que su intervención se limitó al otorgamiento de sucesivas prórrogas a fin de que los progenitores pudieran cumplimentar con la documentación requerida. Que la misma Subsecretaría de Educación tomó a su cargo la tramitación de la documentación haciendo conocer a los progenitores la respuesta del encargado de relaciones institucionales; asimismo alude a la falta de legitimación pasiva, puesto que la que debe proceder a la inscripción de la menor es una escuela privada, a quien el Estado no puede obligar, situación que se traslada a la imposibilidad de cumplimentar la medida cautelar ordenada no pudiendo obligar al establecimiento privado la inscripción por ser competencia exclusiva del mismo, ofreciendo la inscripción en establecimiento escolar público.

Quedando los autos en estado de dictar sentencia, inicio el estudio de la cuestión planteada y examen de las constancias obrantes en la causa de donde se aprecia que:

C.K.V. fue inscripta y cursó el 2do. año del Nivel EGB a partir del 2 de junio de 2005 en el colegio privado Pía Didoménico.

Que la matriculación se realizó en forma condicional hasta cumplimentar, los progenitores, con la debida legalización de la documentación que proviene del sistema educativo de Ecuador, país de origen de la menor y donde cursó los años anteriores.

Que el colegio puso en conocimiento de las autoridades de educación del Estado Provincial la situación de la menor, precisamente de la Dirección Pública de Gestión Privada de la cual depende.

Que de esta forma el Estado se avocó al conocimiento del caso autorizando la inscripción, en forma condicional, en el 2do. año y concedió prórroga a fin que los progenitores regularicen la documentación.

Que a fin de año los progenitores solicitaron nueva prórroga ante las dificultades de conseguir la legalización de la documentación que debe gestionarse en otro país y la autorización de inscripción provisoria anoticiándose el primer día del ciclo lectivo que no se había concretado la matriculación por falta de autorización por parte del Estado. Ante ello cabe destacar, que si bien las escuelas privadas adscriptas tienen facultad de inscribir, ello es conforme a la reglamentación oficial vigente, que en el caso específico exige la legalización de la documentación por el Ministerio de Educación de Ecuador y ante la falta de ésta, y entiendo que con este propósito, es que la autoridad del colegio privado puso en conocimiento de la situación de la alumna al Director de Dirección Pública de Gestión Privada, por ser el órgano estatal que ejerce el contralor al respecto. Que así las autoridades de Educación de la Provincia toman intervención en el caso conceden prórroga y autorizan la inscripción provisoria de la menor, decisión ésta que los padre de la alumna requieren sea renovada. Que dentro de este marco de apreciación estimo que la vía excepcional del amparo debe proceder en razón de:

Que la omisión de conceder la extensión del plazo solicitado ante los motivos exculpatorios expuestos por los padres de la menor, dado que de hecho el trámite no resulta sencillo y demanda su tiempo en tanto debe diligenciarse en otro país y, por ende, negarse la autorización de inscripción condicional de la menor en tercer grado, resulta manifiestamente arbitraria ante estas especiales circunstancias del caso, y evidente, el perjuicio grave que se causaría a la estudiante, lesionando sus derechos de aprender al privarse o impedirse asistir al colegio, cursar el grado correspondiente, perder la enseñanza impartida y compartir el aprendizaje junto al resto de sus compañeras, es decir el daño grave y concreto a la menor es innumerable e indiscutible como así también la lesión de los derechos constitucionales que alegan los accionantes, cobrando magnitud ante la posibilidad de poder evitarse.

Por todo ello sostengo que esta particular situación merece otra oportunidad de ampliar el plazo solicitado y autorizar la inscripción provisoria de la menor en 3er. Grado.

Que ello no obsta a lo sostenido por el Estado en cuanto a carecer de competencia para ordenar la inscripción en un colegio privado como así también su alegada falta de legitimación pasiva, puesto que solo va a "autorizar" y no ordenar la inscripción provisoria por el término que se expida la prórroga, con las mismas atribuciones y en el mismo carácter con las que ya autorizó y otorgó las anteriores en este caso particular en el que tuvo participación a instancia del mismo colegio.

Por todo lo expuesto concluyo que debe hacerse lugar a la acción de amparo, debiendo el Estado a través de la autoridad Educativa competente autorizar la inscripción y prórroga solicitada.

Con costas a la vencida (Art. 17 Ley Nro. 4642). Es mi voto. Voto del Dr. Cáceres:

Que adhiero al meduloso fundamento y solución propiciada por el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, por lo que voto en el mismo sentido. Voto de la Dra. Sesto de Leiva:

Que adhiero "in totum" al voto del Sr. Ministro Dr. Oviedo, votando en consecuencia en el mismo sentido. Así voto.

Por todo ello y por unanimidad de votos, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta; consecuentemente, hágase saber a la Dirección Provincial de Educación Pública de Gestión Privada que deberá conceder el plazo de tres meses para que los amparistas presenten la documentación requerida debidamente legalizada y se disponga la inscripción provisoria de la menor C.K.V. en el Tercer Año del Nivel EGB. 2) Con costas a la vencida.

3) Protocolícese, hágase saber y oportunamente por Secretaría procédase a la devolución al organismo correspondiente del Expte. Administrativo agregado por cuerda y archívense.

Fdo: Dr. César E. Oviedo José R. Caceres Amelia Sesto de Leiva Autos Corte Nro. 18/06