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Contrato de obra pública, contratista, responsabilidad del contratista, mayores costos, costo financiero
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ESMORES, RAMON MANUEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 343 AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-25

En el contrato de obra pública, si la empresa contratista decide vincularse con la Administración a través de una normativa contractual que no prevé en forma discriminada el mayor costo que pudiere derivarse del incremento de los materiales que debía proveer, quiere decir que ha sido consciente y previsora en cuanto al riesgo que implicaba tal forma de contratación, en cuanto al alcance del mismo, y en cuanto a la forma más adecuada de ponerse a resguardo de él.

Consecuentemente, no es posible con posterioridad pretender el reconocimiento de cualquier modificación en los costos de los materiales, con fundamento en el artículo 82 de la ley de obras públicas 5188, quedando a salvo únicamente la situación excepcional en la que la variación de los elementos del costo de la obra exceda el marco de lo previsible afectando en forma importante la ecuación económico financiera del contrato.
Impulso procesal, impulso de parte, argumentos de las partes
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Cogo, Flavio Alfredo s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Cogo, Flavio Alberto c/GCBA s/daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-10-29

Se encuentra en controversia si efectivamente hubo, o no, una inactividad de la parte actora -sobre quien pesa la carga de hacer avanzar el proceso- durante el lapso de seis meses previsto por el artículo 260 del CCAyT, y en el pronunciamiento atacado, la Sala I no atendió los planteos del recurrente dirigidos a demostrar la improcedencia de la declaración de caducidad de la instancia. (Voto del Sr. Juez José O. Casás, al que adhieren los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y Luis F. Lozano).
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, principio de congruencia, sentencia, iura novit curia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BENZADON, SOL c/ BENZADON, LAURA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-11-05

No puede tener favorable acogida la acusación de incongruencia planteada por haber aplicado oficiosamente la Sala los precedentes "Ferrando" de esta Corte provincial y "Francisco Costa e Hijos" de la Corte nacional, toda vez que, como apuntaran los Sentenciantes en el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, lo que el Tribunal consideró fue el marco temporal involucrado en la especie, tarea que resulta necesaria para la determinación -aun oficiosa- de la ley aplicable; y, siendo ello así, no se advierte el alegado apartamiento de la litiscontestación, pues los Juzgadores, para resolver el caso y en virtud de la regla procesal iura novit curia, acudieron a normas y/o principios jurídicos consolidados, que aun cuando no hubieran sido invocados por las partes, no se apartan de la plataforma fáctica involucrada en la especie. (Del voto de la mayoría. En disidencia parcial: Dr. Falistocco) - CITAS: CSJN: Francisco Costa e hijos, Fallos 319:1915; CSJStaFe: Ferrando, AyS T 235, p 242; AyS T 194, p 284.
Despido, injuria laboral
Materia: LABORAL
Carátula: LA TORRE, CARLOS ALBERTO c/ TRANSPORTES MOTOR'S  S.A. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-09

Si bien no se requiere absoluta inmediatez entre el comportamiento injurioso de una parte y la reacción de la otra, la inacción durante un lapso prudencial (en el caso 2 meses) actúa como verdadero plazo de caducidad que obliga a entender que el incumplimiento contractual ha sido consentido.
Prueba confesional, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: Romero, Eugenia c/ Marchessi, Juan José y otro s/ Daños y  perjuicios  (accidente  de  tránsito con lesiones o muerte)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-27

No corresponde presumir que el absolvente al absolver posiciones no haya oído o entendido lo que se le preguntaba si dicha circunstancia no resulta del acta respectiva. Sus respuestas tienen que ser valoradas de conformidad con los hechos y elementos arrimados a juicio.
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Romang Ciuza Ramona c/ Graziosi Luis Enrique y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-24

Si no hay daño económico no existe ningún perjuicio económico para indemnizar, pues la vida humana sólo tiene dicho valor en la medida de lo que produce o puede producir (art.519 C.C.).-(SCBA. Ac.35428 del 14-5-91; Ac.41216 del 21-5-91; Ac.42786 del 21-5-91)-
Recurso extraordinario, admisibilidad del recurso, sentencia definitiva, resoluciones, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Seery, Daniel Jorge c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Es admisible el recurso extraordinario contra las resoluciones que decretan medidas cautelares, cuando lo decidido puede ocasionar un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Prueba confesional, absolución de posiciones, sociedades comerciales, representación procesal, gerentes
Materia: PROCESAL
Carátula: AVELLA, OSVALDO c/ FRIGORIFICO MINGUILLON  S.A.C.I.F.I. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-02-15

Los directores o gerentes de las personas de existencia ideal (artículo 87 Ley Orgánica) deben estar munidos no solamente del mandato societario que los habilite a absolver posiciones sino también de los documentos de donde surja su designación. De ese modo la ley intenta evitar la creación de cargos y figuras 'ficticias' al solo efecto de cumplir con los requerimientos judiciales.
Instrumentos privados, títulos de crédito
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: NAVARRO DE QUATRINI, ANALIA E. c/ GONZALEZ, LUCY Y/U OTRO s/ COBRO DE PESOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2003-03-04

El título cambiario es un instrumento privado que no obstante goza de una presunción de certeza emanada del Derecho de fondo.
Delitos contra la humanidad, violación de derechos humanos, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Arancibia Clavel, Enrique Lautaro c/  s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros Ccausa n° 259C.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-24

Los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan habitualmente para justificar el instituto de la prescripción no resultan necesariamente aplicables en el ámbito de los delitos contra la humanidad (Voto del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Caducidad de instancia, Asesoría de menores, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes, falta de intervención, falta de notificación
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fisicaro, Horacio Domingo c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios y otros s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-04

En los términos en que ha quedado planteada la cuestión, la intervención del Defensor Oficial en las presentes actuaciones lo fue en su carácter de "Asesor de Menores e Incapaces" y en función de la representación promiscua que la ley le atribuye (art. 59, Cód. Civil) respecto de los hijos menores del actor, también demandantes en el proceso.

Por tal razón, no son de aplicación a su respecto las normas relativas a la notificación automática como así tampoco las disposiciones atinentes a los deberes de los procuradores disciplinados en el art. 11 inc. 2 de la ley 10.996, sino que, por lo contrario, se encuentra comprendido en el supuesto contemplado en el art. 135, última parte del ordenamiento de rito.

En tales condiciones, la circunstancia de que el Defensor Oficial no haya podido ejercer las específicas funciones que le atañen durante todo el tiempo que demoró la tramitación del beneficio y en el cual no hubo actividad en el principal se debió a que el expediente nunca fue remitido a su despacho y ello comporta un óbice para la declaración de la caducidad desde que, por tal razón, se debió considerar que concurrió a su respecto una verdadera imposibilidad de obrar.
Accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: BARRERA, MARTIN GIL c/ ATILIO DON Y ALBERTO DON Y/O PROP. Y/O RESP. s/ INDEMNIZACION POR DESPIDO, ACCIDENTE DE TRABAJO, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1999-09-06

La presunción que establece el art. 5 de la ley 9688, se refiere exclusivamente a la culpa del patrono, pero no exime al accidentado de acreditar: el hecho mismo del accidente; la existencia del vínculo de dependencia (relación de trabajo); el nexo causal entre el accidente y las lesiones sufridas; el monto del salario recibido; el grado de la incapacidad invocada y en general, el perjuicio causado, teniéndose en cuenta, en la apreciación de la prueba, las posibles dificultades que encuentre la víctima para producirla. (Minoría u opinión personal)
Recurso de inaplicabilidad de ley, sentencia definitiva, guarda del menor
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: De Lima, Olga. s/ Solic. entrega en guarda c/fines adoptivos de su hija menor Luana Abigail de Lima a favor del matrimonio Muscio-Julia.
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2003-02-13

En atención a que la decisión impugnada es definitiva, o asimilable a tal por sus efectos -guarda de menores-, que fue dictada por una Cámara de Apelaciones, que el recurso se interpuso en tiempo hábil y que se trata en principio, de despejar una cuestión jurídica, encontrándose el recurrente, exento del depósito establecido por el Art. 286 del C.P.C., voto por declararlo formalmente admisible.
Costas, allanamiento
Materia: PROCESAL
Carátula: SAN RAMON S.A. c/ Cooperativa Eléctrica Agroindustrial de Caucete Ltda. s/ Ejecutivo - Incidente de Responsabilidad - Actuaciones para elevar a Cámara
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-04-09

"La facultad de eximir de costas al vencido es excepcional y de interpretación restringida. Las excepciones a tal regla, contempladas en los dos incisos del art. 76 del C.P.C., lo son con la salvedad, en el primero, de que el vencido no hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación; y, en el segundo, de que el allanamiento sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

Por otra parte, el Tribunal está facultado para eximir total o parcialmente de las costas al litigante vencido, si encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad. Es importante destacar que, el allanamiento a la demanda no significa que no medie un vencido a los efectos de la condenación en costas.

Es que la actitud del allanamiento supone vencimiento por admisión de la pretensión contraria, y sólo circunstancias de excepción permiten dispensar de costas al demandado que se allana. "Se debe atender en forma primordial el derecho que tiene el vencedor del pleito de ser resarcido de sus gastos judiciales".
Aportes de trabajadores autónomos, Estado Provincial, abogados, ejercicio profesional, matrícula profesional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Rebagliati, Carlos Alberto c/ Caja  de  Previsión  Social  para  Abogados de la Provincia de Buenos Aires. s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-10-08

La exigencia impuesta por los arts. 39 y 40 de la ley 6716 de la Provincia de Buenos Aires, a los abogados, de cancelar la matrícula en las restantes provincias o en el ámbito nacional sólo tiene la naturaleza de una condición o requisito impuesto por el legislador para que accedan al goce de la jubilación quienes se hallan sometidos a su jurisdicción por haber cumplido o desempeñado su actividad profesional en el ámbito territorial de aplicación de la norma: la Provincia de Buenos Aires.
Competencia, Poder Judicial, Superior Tribunal de Justicia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: BONAHORA DE HANNE ROXANA c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2013-12-18

En el orden federal, se propicia la competencia de los jueces de primera instancia del fuero contencioso administrativo en la razón de materia en la revisión de los actos administrativos del poder judicial. Dicha posibilidad está limitada dentro de la estructura organizativa local, en tanto el Superior Tribunal de Justicia es instancia originaria, única y exclusiva en materia contencioso administrativa, según lo disponen los arts. 18 y cc de la Ley Nº 2297. Dicha norma, debe sin embargo, ser interpretada en armonía con lo dispuesto por la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Provincial que crea el fuero especial y mantiene la competencia de este Tribunal, hasta tanto se organice el mismo. Asimismo, al efecto, deberá tenerse en cuenta la disposición del art. 24 de la Ley Orgánica de Tribunales Nº 3752 para la integración del tribunal con miembros diferentes a los que conforman la Excma. Sala de Superintendencia. Ello se compadece con el principio constitucional de derecho de defensa en juicio ante los jueces naturales. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, falta de agravio concreto, juicio, partes, procedimiento laboral, prueba, apertura a prueba, hechos nuevos
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL - PROCESAL
Carátula: ROMERO, JUAN c/ OPRANDI, EDUARDO s/ COBRO RUBROS LABORALES     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 613-90)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-12-29

Si el pedido de apertura a prueba efectuado en la expresión de agravios -atento al hecho nuevo denunciado (artículo 62, Código Procesal Laboral)- no fue proveído por el juzgado, el que se limitó a correr traslado a la actora de los agravios formulados, debió el recurrente dentro de los tres días de quedar notificado de tal providencia -la que se produjo ministerio legis por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 del Código Procesal Laboral-, pedir que se provea su solicitud (artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 128, ley 7945). Consintiendo dicha providencia, el propio interesado contribuyó -al no utilizar los medios que el ordenamiento jurídico le brindaba- a la producción de la situación de indefensión contra la cual hoy se queja, lo que resta sustento a su agravio, siendo inadmisible el recurso de inconstitucionalidad.
Competencia, prórroga del plazo
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Raposo de Martín Celestina Mónica Teresa c/ N.N. s/ Usucapión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-13

La competencia territorial en asuntos patrimoniales es prorrogable mediando conformidad de las partes, razón por la cual mientras una de ellas no plantee la incompetencia resulta inviable la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio (arts.1, 2 y 5 del CPCC). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Impuestos municipales, anticipos impositivos, Impuesto sobre los ingresos brutos, liquidación de impuestos, declaración jurada impositiva
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Tejidos Argentinos Noreste  S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ repetición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-24

La circunstancia de que los pagos a cuenta ingresados en concepto de anticipos reconozcan como base de liquidación los importes efectivamente registrados en las operaciones correspondientes al lapso que comprende la obligación, es irrelevante, per se, para conferirle los alcances propios de la declaración jurada anual, que concreta en forma definitiva el monto debido en el ejercicio fiscal por el gravamen a los ingresos brutos.
Derechos y garantías constitucionales, derecho de asociación, asociaciones civiles, personería jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M.F., M. y Otro c/ C.D.P. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-25

Entre los derechos que integran la libertad de asociación -reconocida por el artículo 14 de la C.N. y 18, in. 7 de la de la Provincia- se encuentra el derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones.

Es decir, que sean aceptados jurídicamente los efectos de la asociación y a que las acciones de las asociaciones sean jurídicamente relevantes.
Acción de amparo, perjuicio económico
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: O.R.P.I. S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-09-10

En la hipótesis que invoca la amparista y que por su trascendencia le irrogaría un perjuicio de tal magnitud que haga ilusoria la reparación posterior que podría obtener por los procedimientos ordinarios, la imposibilidad de cumplir regularmente con la prestación que el contrato le impone, de modo alguno se encuentra acreditada.

Es decir, no ha probado que la resolución que señala como nula, le impida cumplir con tales prestaciones.La pretensión de la accionante no sale del marco de un mero crédito pecuniario, que en principio está excluido de la acción excepcional del amparo. De seguirse esta tesis quedarían sin sustento todas las vías ordinarias como lo establece la doctrina sentada por la Corte en el caso "Traverso Conrado".-
Accidente de tránsito, culpa concurrente
Materia: CIVIL
Carátula: Romero, Raúl Alberto c/ Díaz, Oscar s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1993-03-17

"Reiteradamente este Alto Cuerpo ha conceptualizado la culpa concurrente en el sentido que se configura cuando el daño sea el resultado de la conducta de ambas partes, por haber sido cada una de ellas condición indispensable para que se produzca el perjuicio, es decir que la culpa de ambos coautores del evento sean factores conjuntos en su producción"
Derecho constitucional, división de poderes, facultades del Poder Ejecutivo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ / queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Aspiro, Norma Beatriz c/ GCBA s/ amparo, expte. nº 13572/16
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

El GCBA, en ejercicio de la competencia discrecional que tiene asignada, es el organismo habilitado para valorar las necesidades del servicio de educación pública y el encargado de gestionar los recursos humanos. (Del voto del juez José Osvaldo Casás).
Designación de jueces, intervencionismo estatal, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Orfila, Fernando. s/ recurso de habeas corpus a favor de Alejandro Orfila
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1929-04-12

La designación de jueces hecha por el interventor nacional en Mendoza, no comporta una violación del principio sancionado por el artículo 95 de la Constitución, según el cual en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o restablecer las fenecidas; y la competencia de esos magistrados es general y comprensiva de todos los habitantes de la provincia, se aplica tanto a los hechos o delitos anteriores a la fecha del nombramiento, como los que produzcan después, y si los jueces propios o naturales de los habitantes de la provincia intervenida para el caso de excepción previsto por los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional, investidos de una jurisdicción que existía organizada antes de cometido el hecho de la causa, con lo que se satisface la garantía del artículo 18.
Cómputo del plazo, excarcelación, derechos y garantías constitucionales, cumplimiento de la pena
Materia: PENAL
Carátula: GUERRERO ROJAS, Oscar  (Registro N° 2419/16) c/  s/ recurso de casación Registro N° 2419/16
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-12-06

Debe computarse el plazo que el condenado estuvo gozando de su libertad en virtud de la excarcelación -como si hubiera obtenido la libertad condicional- toda vez que aquella libertad estuvo sujeta al cumplimiento de las reglas que prevé la ley. Esta interpretación in bonan parte tiene como objetivo evitar que la violación a las garantías constitucionales que padeció el nombrado se extienda aún más. Pero además, debe recordarse que lo que es aplicable a los penados debe extenderse a los que cumplan pena sin condena, pues el encierro -en ambos casos- no sólo es equivalente en términos materiales (pena), sino que su identidad deriva del reconocimiento normativo del art. 11, por lo cual se conceden al imputado los beneficios del condenado y en estos supuestos el tiempo durante elcual hubiese cumplido las condiciones de la libertad condicional, deberá computarse como cumplimiento de pena.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Pirillo, Antonio Pascual s/ Homicidio calificado por el vínculo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-06

Es improcedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que basa su queja en haber descartado la Cámara la concurrencia de inconsciencia por emoción (art. 34 inc. 1, C.P.) y discute solamente si ella es posible sin falla alguna de la memoria pues no demuestra que se haya incurrido en error al considerar que por su propia naturaleza el estado de inconsciencia por emoción vulnera en alguna medida el registro de la memoria.
Recurso contencioso administrativo, BANCO DE SANTA FE SAPEM, impuesto inmobiliario
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CAÑADA DE GOMEZ c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-11

El vicio referido a la incompetencia de la Provincia demandada al haber excedido sus facultades legales y constitucionales al intervenir -a través de Fiscalía de Estado para resolver el conflicto interadministrativo suscitado entre la Municipalidad y el Banco de Santa Fe SAPEM-, no se encuentra configurado en el caso porque no se comprueba que se haya expedido sobre la validez y legitimidad de una ordenanza municipal, ni que haya juzgado la razonabilidad de su dictado invadiendo -como argumenta la recurrente- la esfera propia de atribuciones municipales en materia de tasas y sus ajustes, por lo que no corresponde declarar la ilegitimidad del acto impugnado.
Derecho constitucional, acción de amparo, derecho a la salud
Materia: LABORAL
Carátula: Medina, Constanza c/ Instituto de Seguridad Social del Neuquén s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-04-25

[...] considerando la pericia y las declaraciones testimoniales y restante prueba producida, se ha acreditado que la bomba de infusión de insulina con sensor peticionada por la actora es el tratamiento indicado para su patología, y no existe ningún elemento que desvirtúe lo expresado en la pericia y los dichos del médico tratante, salvo las reiteradas afirmaciones de la demandada, que asevera insistentemente en que no se han agotado otros tratamientos previos, o que la actora no cumple con las indicaciones, sin sustento probatorio alguno. el a quo ha valorado la totalidad de la prueba rendida de conformidad con las reglas de la sana crítica y que además ha sido suficiente el debate y pruebas producido, siendo ésta la vía idónea para el reclamo en el caso concreto de la situación de la actora. En el requisito de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta se contempla en el art. 43 de la CN, que establece la garantía constitucional del amparo como vía expedita para proteger derechos fundamentales, cuya implementación por los Estados partes es exigida por el art. 25 de la CADH: "Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.".