Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-02-29


SENTENCIA DEFINITIVA N° 96.092 CAUSA N° 27.778 /2007 SALA IV "MAIDANA SALVADOR SALUSTIANO Y OTRO C/ KRAWCHIK ERNESTO AARON S/ DESPIDO" JUZGADO N° 09.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 29 DE FEBRERO DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 446/453,) que rechaza en lo principal la demanda de Maidana y totalmente la de Villalba, se alzan los actores a fs. 456/470 y el demandado a fs. 454. Por su parte, la perito calígrafa y la Dra. Marcela Vicent Carreira, apoderada de la parte demandada, apelan sus honorarios por considerarlos reducidos.

Salvador Salustiano Maidana apela porque: a) la sentenciante de grado rechaza los reclamos indemnizatorios por entender justificada la pérdida de confianza invocada por el empleador como causa del despido, a pesar de que la correcta interpretación del motivo del despido (dice que fue la imputación de un delito penal) y de la prueba producida lleva a la conclusión contraria; b) se desestima la indemnización del artículo 80 LCT y las multas por incorrecto registro pese a que -dice- se ha probado la fecha de ingreso invocada en la demanda y c) entiende que las costas han sido incorrectamente impuestas.

Por su parte, Ramona Villalba apela porque se rechaza su reclamo por considerarse no acreditadas las circunstancias en las que se sustenta, cuando -afirma- ellas resultan de las declaraciones de los testigos Fernández, Blanco, Cardozo, Sánchez y Ramírez. También apela lo decidido sobre costas.

La demandada apela los honorarios regulados a su representación letrada y a la perito calígrafa, por considerarlos elevados.

II) El empleador extinguió el vínculo con Salvador Salustiano Maidana por la pérdida de confianza que le generaron los hechos relacionados con su hija menor (Paloma Krawchik, quien entonces tenía 9 años), lo que oportunamente motivó una denuncia penal radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 de Pilar, Provincia de Buenos Aire	Expresamente, la misiva que finalizó con el contrato de trabajo refirió a "la pérdida de confianza que generó la situación denunciada en la causa penal" (ver carta documento cd 813647308 y copia de la denuncia de fecha 30/09/06 acompañadas en el sobre de fs. 20). En su denuncia, Claudia López Monti, madre de la menor, dijo que "en circunstancias en que su hija en cuestión se encontraba en el sector del gallinero de su finca, en compañía del casero de su vivienda, Salvador Maidana, de 63 años de edad, este señor procedió a manosearle las partes íntimas y además trató de darle besos y caricias y ante esto su hija antes nombrada logró salir corriendo del gallinero y le dio aviso de lo sucedido a la denunciante". Es decir que el hecho que generó la pérdida de confianza en el empleador fue el aviso dado por la menor sobre lo que habría sucedido en el gallinero. Por ende, lo que debía probarse en las presentes actuaciones es el aviso de la menor sobre los hechos denunciados y así lo entiendo acreditado.

En efecto, a fs. 334/336 y 337/339 declararon los testigos Néstor Gerardo Flaster y Claudio Ariel Bajour y Duro, respectivamente, quienes son contestes al afirmar que vieron a la hija del empleador corriendo y avisando sobre lo sucedido (que el actor la habría tocado). Estos testimonios son precisos y verosímiles, por lo que no cabe duda de que semejante circunstancia generó en el demandado una razonable sensación de inseguridad y pérdida de confianza que determinó la ruptura de la relación sobre la base de un hecho objetivo y probado: el aviso de la menor Paloma.

Desde ya, lo dicho no implica presumir la culpa del actor en cuanto los hechos denunciados en sede penal por la Sra. Monti, y tampoco soslayo que dicha causa fue oportunamente archivada por falta de pruebas conforme lo permite el artículo 268 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires -ver fs. 275-. Sin embargo, se encuentran probados los hechos en los que se fundó la alegada pérdida de confianza -al aviso dado por la menor- y por lo tanto, encontrándose justificada la causa invocada para el despido, propongo confirmar la sentencia y rechazar la acción iniciada por Maidana.

III) Tampoco tendrán tratamiento favorable las quejas referidas a la fecha de ingreso de Maidana, el reclamo por trabajo no registrado que realiza Villalba y multas por la falta de entrega de los certificados previstos en el artículo 80 LCT. Ello, dado que los apelantes se limitan a copiar extractos de las declaraciones testimoniales producidas sin señalar, razonadamente ni con precisión alguna, en qué aspectos consideran equivocada la sentencia recurrida. Por lo tanto, corresponde declarar desierto el recurso en estos puntos (art. 116, segundo párrafo, L.O.).

Sin perjuicio de ello, coincido con la sentenciante de grado en cuanto a la irrelevancia de tales declaraciones. En primer término, la testigo Claudia Mabel Fernández declara que no sabe si "la señora Ramona Villalba recibía órdenes de algún tipo", que fue en dos oportunidades a la quinta de la demandada, pero sólo señala una fecha, que es la del 8 de junio de 2006 (el actor dice haber ingresado en marzo de ese año, pero de la documental acompañada en el sobre de fs. 20 surge que fue registrado con fecha de ingreso 01/06/06 conforme constancia de alta de AFIP). Luego, tampoco Alejo Blanco, concuñado del actor, logra dar fuerza a los hechos relatados en la demanda. Este testigo dice haber concurrido tres veces a la quinta, una vez en el mes de mayo -no recuerda la fecha, cree que en el mes de mayo- otra vez en junio y en una ocasión más durante los primeros días de julio. Nada de ello resulta idóneo para tener por ciertos los dichos de los coactores.

Lo mismo ocurre con la testigo Cardozo, quien es amiga íntima de los coactores y relata haber estado en la quinta en vísperas del fallecimiento de su esposo -primo del actor- durante julio de 2006. Afirma que sabe que los coactores trabajaban allí desde marzo de 2006 porque ellos se lo dijeron, y se contradice al afirmar que Villalba limpiaba la casa de los patrones para luego agregar que no entró a esa casa, pero que la veía limpiando.

Otro tanto acontece con los dichos de Ramírez, cuñado de Villalba, quien cree que los coactores estaban allí desde marzo de 2006 y que estuvieron un "largo año 2007 o algo así", lo que no es posible porque el vínculo se extinguió en octubre de 2006.

En resumen, ninguna de estas declaraciones resulta verosímil, ya que provienen de amigos, cuñados o concuñados de los coactores y no dan razón de sus dichos más allá de referencias de los propios coactores. Tampoco está acreditado que Villalba prestara servicios como peón del demandado, sino que, tal como bien señala la sentenciante de grado, su presencia resultaba consecuencia de ser la esposa de Maidana, quien sí era empleado.

IV) Cabe confirmar las costas referentes a los coactores Villalba, y Maidana, ya que no se advierten motivos que justifiquen apartarse de la regla que rige en la materia (art. 68, primer párrafo, CPCCN), e imponer a ellas las de la alzada.

V) En relación con los honorarios regulados a la Dra. Marcela Vincent Carreira, teniendo en cuenta la extensión de sus labores desarrolladas y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes, considero prudente elevarlos al 16% calculados sobre el monto reclamado.

Finalmente, propongo confirmar los honorarios regulados a la perito calígrafa, toda vez que no resultan reducidos, sino ajustados a las pautas arancelarias aplicables a la importancia y extensión de la labor desarrollada.

VI) Por lo expuesto, propongo: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y regular los honorarios de la Dra. Marcela Vicent Carreira en 16% del monto reclamado; 2) Confirmar la sentencia en lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 3) Imponer a los coactores las costas de la alzada y 4) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus tareas en la alzada, en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo	Comparto la solución propiciada por mi colega en cuanto considera que corresponde confirmar la decisión adoptada en la anterior instancia aunque haré algunas consideraciones al respecto.

Más allá de que en su expresión de agravios el demandado intenta sostener que se le había imputado un delito y que, en función de la forma en que fue resuelta la cuestión en sede penal, no podría ser acreditada la injuria laboral, lo cierto es que en la especie el despido se fundó, en definitiva, en la pérdida de confianza por una conducta asumida por el dependiente que encuadra dentro de las previsiones del art. 242 LCT.

Por ello si bien, tal como resulta de fs. 275, la causa penal fue archivada pues la Fiscal Adjunta, la cual considera que ".por el momento no obran elementos de cargo suficientes como para tener por acreditada la participación de quién viene señalado como imputado en el hecho materia de estudio, por lo cual." y concluye que habrá de ".arribar a un pronunciamiento expectante conforme el previsto por el art. 268 párrafo cuarto del CPP.", lo cierto es que ello no puede de ningún modo definir la suerte de la cuestión pues la injuria laboral no estaba supeditada a la acreditación del ilícito penal.

En efecto, existen diferencias ontológicas entre el delito y la injuria. En este aspecto, tal como lo señala Alvarez (Alvarez, Eduardo en "Reflexiones sobre injuria laboral y delito en el Derecho deL Trabajo Argentino" Ed. Rubinzal Revista de Derecho Laboral, Extinción del Contrato de Trabajo, 2000-1) el primero está predeterminado con imperatividad en coherencia con la gravedad del perjuicio emergente de la antijuridicidad (para dar lugar a la responsabilidad penal la conducta del agente debe encuadrar con precisión en los moldes que describe la norma, ya que, en función del principio de presunción de inocencia, no puede imputarse el carácter de delincuente sin que el organismo jurisdiccional estatal así lo considere a través de una sentencia condenatoria) y la injuria laboral está descripta ".sobre la base de una textura abierta que remite a una evaluación judicial ulterior y libre dentro de la prudencia de la apreciación subjetiva...".

En el caso, el actor fue despedido por pérdida de confianza, de modo que la causal invocada encuadra dentro del marco del contrato de trabajo, más allá de la existencia o no de una sentencia penal condenatoria.

En la especie, y esto a mi juicio deviene esencial, tal como bien lo señala la Magistrado anterior y no fue debidamente rebatido por el apelante en esta instancia, dos son los testigos que describen la situación vivida por el empleador al narrar que la hija pequeña -nueve años de edad- fue llorando haciéndole saber que había sido manoseada por el demandante. Asimismo, en la causa obran las actuaciones del Tribunal de Menores -fs. 361/391- de las que se desprende, entre otros elementos, la entrevista que la asistente social tuvo con la niña y su progenitora acerca del hecho denunciado (fs. 384/385).

Estas pruebas no fueron cuestionadas a la luz del art. 116 LO pues no se efectuó una crítica concreta y razonada de la valoración dada por la Juez de grado. Repárese en que se limita a manifestar que los testigos fueron mendaces, a pesar de que no objetó sus declaraciones en tiempo oportuno (art. 90 LO).

Desde tal orden de saber comparto lo expuesto por la Magistrado de grado en cuanto concluye que existen elementos probatorios en la causa que permiten configurar la injuria laboral que dio origen al despido de autos (art. 242 LCT).

Asimismo, comparto el resto de los fundamentos y conclusiones de la Dra. Marino, voto al que adhiero en estos términos.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto de la Dra. Silvia Pinto.

Por ello, por mayoría el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de primera instancia y regular los honorarios de la Dra. Marcela Vicent Carreira en 16% del monto reclamado; 2) Confirmar la sentencia en lo demás que ha sido materia de recursos y agravios; 3) Imponer a los coactores las costas de la alzada y 4) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes actora y demandada, por sus tareas en la alzada, en 25% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. SILVIA E. PINTO VARELA	GRACIELA ELENA MARINO	Juez de Cámara	Juez de Cámara HÉCTOR C. GUISADO	Juez de Cámara	ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS	Secretaria