Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-10-11


Comodoro Rivadavia, once de octubre de 2007.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "A., A. A. c/ P. R. S. de AHORRO PARA FINES DETERMINADOS s/ SUMARISIMO", Expte. Nro. 16.543/2007, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 1, Secretaría Nro. 2 (Expte. Nro. 110/05).

I.- Llegan a conocimiento de esta Alzada, por haber interpuesto la parte actora a fs. 137, recurso de apelación contra la sentencia de fs. 135/136 que hizo lugar a la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada y se declaró incompetente para actuar en los presentes actuados.

Que, a fs. 139/141vta., obra agregada la expresión de agravios en la que sostiene que el juzgador hizo lugar a la excepción planteada dejando de lado principios y normas tuitivas de los derechos del consumidor, obligando al actor a litigar en una jurisdicción extraña no sólo a la de su residencia habitual sino también a la de la suscripción, compra, pago y celebración de contrato con P. R. Precisa que el contrato se suscribió en esta ciudad en el domicilio del proveedor de Hipólito Irigoyen 2020, en el que según el acta notarial operan en esta ciudad las oficinas de P. R. S., y que el responsable de Proveedora Automotriz comercializadora de Plan Rombo S.A. fue quien se presentó ante la Oficina de Defensa del Consumidor de esta ciudad.

Destaca la aplicación de la disposición de la Resolución Nro. 53/2003 de la Secretaria de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor por tratarse la cláusula de prórroga de jurisdicción, de una cláusula abusiva, debiendo la misma ser removida del contrato.

La demandada contesta el traslado dispuesto, a fs. 143. Indica que la expresión de agravios no ataca la excepción de incompetencia sino que introduce nuevos argumentos. Señala además que la ley especial sobre derechos del consumidor no deroga al art. 1197 del C.C. ni al art. 2 del CPr., que establece la posibilidad de convenir explícitamente la decisión de someterse a la competencia del juez a quien acuden. Precisa que se trata en el caso de una causa sobre derechos patrimoniales derivados del contrato en sí, y que no se trata de una cláusula de adhesión sino una cláusula integrante del contrato. Pide el rechazo de los agravios.

II.- De las constancias de la causa surge que la demandada, al momento de contestar la acción entablada, planteó excepción de incompetencia fundada en la cláusula Nro. 22 de la solicitud de suscripción en que las partes convinieron la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires (ver fs. 8vta.).

Indicó que esta Alzada al resolver sobre la nulidad de la notificación de la demanda planteada por su misma parte, se fundó en tal cláusula que en su segunda parte contiene la aludida prórroga de jurisdicción.

A su turno la actora sostuvo que de acuerdo a la interpretación y aplicación de los principios constitucionales del derecho del consumidor y los extremos fácticos del caso, relacionados con el lugar de suscripción y cumplimiento del contrato en esta ciudad, la cláusula de prórroga de jurisdicción debía considerarse abusiva y en consecuencia no aplicable en virtud del art. 37 de la ley 24.240 y su reglamentación (Decreto 1798/1994), por convertir en gravosa y desigual la situación del actor consumidor reclamante (fs. 126/127).

Contesta vista la Fiscalía a fs. 129vta., considerando que debe primar lo normado por el art. 37 inc. b) de la ley 24.240, y tener por no convenida la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Considerando que la normativa que cita es de orden público y en caso de duda debe estarse a la interpretación más favorable al consumidor.

El criterio del Ministerio Público Fiscal fue reiterado en esta Alzada a fs. 149.

III.- A fin de adentrarnos en la cuestión a resolver, cabe tener presente que los hechos alegados en la demanda -fs.66/70- permiten encuadrar el supuesto de autos como un caso de responsabilidad contractual. Ello, se evidencia nítidamente, a fs. 67, cuando el actor detalla el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la demandada, en violación de lo acordado en la parte C número 14 de las Condiciones Generales del contrato y luego de lo relatado hace caducar el contrato, como argumentos para fundar el reclamo, quedando claramente determinado que la demanda tiene como punto de origen un contrato.

Estos extremos resultan suficientes para evidenciar que la responsabilidad que el actor imputa a la demandada tiene su fuente en un incumplimiento o una mala prestación de una actividad a la que estaría obligada la demandada en razón del contrato. Se sostiene el incumplimiento de una obligación particular, concreta que nace de la relación contractual que vinculó a las partes.

No obstante, el encuadre jurídico dado por el a quo en sentido de tratarse de un asunto exclusivamente patrimonial o de intereses privados, y por ello sujetarse al ámbito de lo convenido contractualmente, no alcanza para dar acogida favorable a la postulación de incompetencia de Plan Rombo S.A..- Es que no es posible soslayar que la vinculación contractual existente entre las partes, se enmarca plenamente en el ámbito del derecho del consumidor en que, la masificación y despersonalización se presentan como notas características. Sostiene Lorenzetti: "La masividad, la organización empresarial que la sustenta, la abusividad y cautividad que presenta la modalidad, hace que deba ser estudiada dentro de las relaciones de consumo" (Cfr. "El contrato de tiempo compartido", LL, 1999 -E- 1097; ídem ver Conclusiones de las Terceras Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal de Junin -1988- comentario de Highton, Smayevsky, también Di Filippo, María "`Tiempo compartido: Su actualización a la luz del derecho de daños", J.A. Suplemento del 5 de febrero de 2003 p. 13).

Así la negociación individual que caracterizó a los contratos típicos ha quedado sustituida en el caso -y en innumerables otros supuestos de la vida moderna- por la contratación de adhesión. El tratamiento de los contratos por adhesión adquiere significativa importancia en el derecho de consumo porque la aplicación lisa y llana de los principios de autonomía de la voluntad y libertad de contratación conduciría a notables injusticias. (Cfr. Ghersi, ob. citada p. 41).

Tal especial naturaleza de la contra-tación determina que ésta deba ser analizada a la luz de los nuevos preceptos constitucionales en el tema y de las normas de orden público de defensa del consumidor dictadas en consecuencia. Es que, la reforma de 1994 ha otorgado rango constitucional a los derechos del consumidor; tanto en el orden nacional -art. 42- como en el provincial -art. 33-. Estos preceptos constitucionales determinan que toda norma anterior o posterior deba adecuarse a ellos y ser interpretada al amparo de la protección del consumidor que expresamente consagran utilizando valores de reconocido rango constitucional como la libertad, la igualdad, el derecho a la información, la protección de la propiedad en sentido constitucional, la integridad psicofísica y la seguridad (Cfr. Sabsay, D. y O. J. M. "La constitución de los argentinos", Errepar, 3º edición actualizada y ampliada, p. 156).

Y bajo tales parámetros, la decisión del a quo aparece desajustada a derecho. La tutela del consumidor no excluye lo relativo a la competencia. Sobre este aspecto se ha dicho que el expreso mandato constitucional nos obliga a la "adecuada interpretación de las diversas normas de competencia en materia de derecho de consumidor, en busca del debido carácter tuitivo que otorga la legislación vigente a la parte más débil en las relaciones contractuales" (Scholer, Rodolfo y Leoni, Fabian D. "Defensa del consumidor-competencia. Encuadre constitucional", LL Litoral- 2001).

Por ello, carece de relevancia la invocación de la existencia de prórroga de la competencia porque la tipificación de la contratación como adhesiva dentro de las relaciones de consumo autoriza largamente el encuadre de la cláusula como abusiva, como señalara el apelante -falta de negociación de la cláusula y desequilibrio procesal importante-, en consecuencia ha de ser tenida como no convenida.

En este orden de ideas, al examinar dentro de los aspectos procesales de las ley 24.240, lo relativo a la competencia, se ha señalado que "de acuerdo con la télesis de la ley 24.240 y en virtud de la naturaleza tuitiva para el consumidor o usuario, tales cláusulas de prórroga de la competencia territorial deben ser enmarcadas dentro de una presunción de abuso, siendo facultativo para el consumidor o usuario presentar su pretensión por ante el juez con competencia originaria o ante el de la competencia prorrogada. Así se invierte la carga de la prueba y queda a cargo de los proveedores de bienes y servicios (art. 2 de la ley 24.240) la demostración de que la prórroga de marras no constituye cláusula abusiva" (Cfr. Rambaldo, Juan "Apuntes analíticos sobre la ley 24240 y sus aspectos procesales", Suplemento J.A. Número especial -6191- "Tutela del consumidor y del usuario", 26 de abril de 2000, p. 43).

Desde ya, en la especie, el excepcionante no ha acreditado tal extremo. Además su defensa se circunscribe a normas propias de la contratación individual cuya aplicación como se ha dicho cede frente al plexo normativo de orden público que rige las relaciones entre los consumidores y proveedores de bienes y servicios con quienes contratan y que debió tener el cuenta el sentenciante. Ha de señalarse también que no se ha generado desventaja procesal alguna al demandado porque Plan Rombo S.A. tiene apoderado -tal como surge de autos- y operadores comerciales en esta ciudad.

Este extremo ha sido meritado por la jurisprudencia nacional, -aun antes del dictado de la Resolución de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor Nro. 53/2003- para llegar a una solución idéntica a la que se propicia donde también se sostuvo "Si bien es cierto que estamos frente a un contrato de adhesión, al Banco para nada le afecta que el presente juicio se tramite en los Tribunales de esta Ciudad, acorde a lo expuesto. En cambio, no obstante lo por él alegado, a la contraria si le afectaría la vigencia de la cláusula compromisoria cuya validez es materia de estudio por el Tribunal. Es que de aceptarse la prórroga pactada, se obligaría al actor establecido en ésta Ciudad a litigar en otra jurisdicción, ocasionándole los obvios problemas que tal situación le acarrearía, probadas por elementales razones de experiencia común (argumento artículo 33 C. P. C. T.), al crearse a favor del Banco una suerte de "fuero de atracción" por la nuda elección de la persona (jurídica) que contrata. De allí que se estima que resulta menester mostrarse particularmente exigente en cuanto a la interpretación de la competencia pactada. Asiste razón a la Sra. Fiscal de Cámara cuando sostiene que la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales es prorrogable por conformidad de partes. Pero si bien el acuerdo de competencia ejecutado por convención escrita en el contrato individual negociado no ofrece mayores dificultades, éstas aparecen cuando la prórroga es establecida en cláusulas compromisorias en la negociaciones generales, donde, por las características del contrato (de adhesión), el Banco se encuentra en un poder de negociación desigual por el uso de contrato formulario. Y es la disparidad de su poder económico lo que le permite la excluyente elección de la competencia, vedada a la contraria. El tribunal entiende que la prórroga de la jurisdicción establecida en el contrato dispuesto configura una verdadera cláusula abusiva y en cuanto tal es ineficaz y debe tenérsela por no convenida. En este sentido, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en su art. 37 conceptúa que: "Sin perjuicio de validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) las Cláusulas que desnaturalicen las obligaciones. ..b) las cláusulas que imparten renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte" (Cfr. C. Civ. y Com. de Tucumán, Sala 1 "R., Rafael R. c. C. S. s/ especiales", 02/10/97, elDial -BB3374-).

Adviértase que con posterioridad al fallo en cometario y a la suscripción del contrato de autos, se dictó, ante la necesidad de limitar el uso de tales cláusulas abusivas y receptando el criterio de la jurisprudencia, la Resolución 53/2003 referida -con las modificaciones que le efectuaran las Resoluciones Nro 3/2203 y 26/2003- disponiendo que los contratos de consumo, no podrán incluir -entre otras- cláusulas que impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de acciones judiciales u otros recursos, especialmente cuando se disponga que las acciones judiciales puedan entablarse en jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo de la celebración del contrato, excepto cuando se disponga que la acción se entable en el lugar del domicilio real del consumidor al tiempo en que aquella se inicie. Lo expuesto constituye el argumento central de la admisión del recurso pero ha de decirse, además que los antecedentes de la causa nos llevan a concluir que, en el caso, el lugar de cumplimiento de la obligación es el del domicilio del aquí actor.

Repárese que se ha sostenido que la etapa precontractual se ejecutó íntegramente en Comodoro Rivadavia, que el contrato se firmó en esta ciudad, que los pagos se efectuaron aquí, y por expresa disposición legal -art. 5 del CPCCCH- debemos estar a los elementos integrantes de la pretensión y no al contenido de las defensas deducidas.

En función de lo expuesto, corresponde entender a los tribunales de esta ciudad en toda acción derivada del contrato celebrado entre las partes.

Esta solución se compadece, además, con el fin que la ley procesal persigue cuando determina la competencia según el criterio territorial que no es otro que el de facilitar a las partes los inconvenientes derivados de la distancia y obtener un mayor rendimiento de la justicia.

Finalmente, ha de señalarse que los fundamentos tenidos en cuenta por esta Alzada al resolver sobre la nulidad de la notificación de demanda planteada por Plan Rombo S.A., en nada obstan a la resolución que aquí se propone. La cláusula de marras está compuesta por dos previsiones bien distintas e independientes entre si en cuanto a sus alcances y fines. Una tiende a asegurar el derecho de defensa de las partes en toda su extensión, para lo cual se debe respetar el domicilio que pactaron para considerar válidas las notificaciones que se realicen con motivo del cumplimiento del contrato, argumento por el cual se decidiera la nulidad de la notificación del traslado de la demandada, habiéndose consignado -además- expresamente que no se hallaba en discusión la validez de la cláusula en tal sentido. Otra muy distinta es convalidar una prórroga de la jurisdicción en clara desprotección del consumidor -actor en los presentes- y en pugna a lo previsto por la ley especial que rige la materia. Por los motivos expuestos, ha de ser revocada la resolución apelada y tener por no convenida la prórroga de jurisdicción contenida en la cláusula 22 2da. Parte del contrato de suscripción.

IV.- Por imperio de la manda del art. 279 del CPr., corresponde readecuar costas y honorarios de ambas instancias la contenido del pronunciamiento.

Las costas de ambas instancia se impondrán al actor vencido en función del criterio objetivo de la derrota (art. 68 del CPr.).

A los fines de la regulación de honorarios se tendrá en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, el mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo, el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en la incidencia por el vencido, y de conformidad a las pautas previstas en los arts. 6, 7, 9, 10, 33, y 14, así como la expresa previsión del artículo 47 "in fine" del Dto.-Ley 2200, y su modificatoria Ley 4335.

Por ello, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, R E S U E L V E:

1)Admitir el recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 137 y en consecuencia, revocar la sentencia de fs.135/136.

2)Tener por no convenida la prórroga de jurisdicción contenida en la cláusula 22 2da. Parte del contrato de suscripción base de la presente acción, declarando competente para entender en los presentes al Juzgado interviniente.

3)Costas de ambas instancias al demandado vencido, conforme lo señalado en el considerando respectivo.

4)Regúlense los honorarios profesio-nales por los trabajos realizados en el trámite de la excepción opuesta en la instancia de grado a los Dres. R. A. H. y F. A. F., conjuntamente, en el quince por ciento (15%) y al Dr. J. R. P. en el doce por ciento (12%), en ambos casos, a calcular sobre los que le sean regulados por su actuación en el proceso principal. Por la labor desarrollada en esta instancia, se regulan los honorarios al Dr. R. A. H. en el treinta por ciento (30%) y los del Dr. J. R. P. en el veinticinco por ciento (25%) de los honorarios que le correspondan -en ambos casos- en la anterior instancia por el trámite de la excepción interpuesta.

5)Regístrese, notifíquese y devuél-vase.

Fdo.:

Graciela Mercedes García Blanco, presidente.

Marta Susana Reynoso de Roberts, Juez de Cámara.

Nélida Susana Melero, Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 179 DEL AÑO 2007 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS