marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Usurpación de inmueble, prueba, falta de prueba, sobreseimiento definitivo
Materia: PENAL
Carátula: DUARTE, HECTOR. s/ USURPACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-30

Corresponde sobreseer provisionalmente en la causa, dejando sin efecto el procesamiento del encargado del edificio, porque si bien objetivamente se habrían reunido los requisitos exigidos por el art.

181 C.P. para considerar semiplenamente probada a la luz de lo dispuesto por el art. 366 C.P.C. la situación procesal de aquél, subjetivamente sus dichos no permiten determinar con la certeza necesaria, si su intención fue la de intervertir el título de ocupación de las dependencias que le fueran asignadas en su carácter de encargado de venta, o la de permanecer momentáneamente en la vivienda hasta tanto solucionara su problema de nuevo hospedaje.
Derechos humanos en la administración de justicia, garantía a ser juzgado en un plazo razonable
Materia: PENAL
Carátula: Dr. Fabi n Gabalachis s/ Pedido de Sobreseimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-08-07

El referido principio de raigambre constitucional referido a la "justicia pronta", impone evitar la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil "dentro de lo razonable" empero, la mera prolongación del proceso no afecta de por sí las garantías constitucionales, sino sólo cuando una mayor celeridad es posible dentro del regular trámite legal.
Prueba, prueba pericial, apreciación de la prueba, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Pages, Carlos Alberto c/ Carbajal, Segundo Félix y otra s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1999-04-14

Dentro del análisis de la prueba se debe tener presente que la consulta pericial tiende a darle al Juez un conocimiento más cabal de los hechos que sólo pueden penetrarse a través de una cultura especializada; constituye un elemento de elaboración en la génesis lógica de la sentencia civil.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), trámites judiciales, Superior Tribunal de Justicia, competencia, prescripción de la acción penal, expediente
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: G., H. M. c/  s/ lesiones leves agravadas por el vinculo y el contexto de violencia de genero, privación ilegitima de la libertad doblemente agravada y otros-apelación-sentencia condena prisión efectiva-
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2023-12-05

El examen de las constancias de autos a la luz del plazo de prescripción establecido para los delitos endilgados y las causales de interrupción regladas en el artículo 67 del Código Penal, permite advertir que la acción podría haberse extinguido respecto a algunos de los mismos, por lo que se impone verificar si ello efectivamente ha ocurrido, pues de ser así existiría un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y su objeto habría desaparecido; en consecuencia, excediendo la cuestión la competencia de esta Corte, la que no puede ser ampliada fuera de los supuestos previstos en el artículo 93 de la Constitución provincial, corresponde ordenar la suspensión del trámite de la presente queja a las resultas de la decisión que al respecto tomen los jueces de la causa, debiendo en tal sentido remitirse copia de lo aquí resuelto al Tribunal de origen para que -previo trámite de ley- se pronuncie según lo que legalmente corresponda. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Constitución provincial, artículo 93; Código Penal, artículo 67
Beneficios previsionales, haber jubilatorio, cesión de derechos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: RANDAZZO, GRACIA c/ A.N.Se.S. s/ Reajustes varios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-07

La cesión sólo es válida si está referida a jubilaciones o pensiones ya devengadas; en cambio no se podría ceder las futuras sin afectar sustancialmente los fines del amparo que inspiran las leyes previsionales. Por ello, corresponde otorgar validez a la cesión de un juicio por reajuste de haberes jubilatorios, y reconocer la legitimación del presentante para perseguir el reconocimiento del derecho que eventualmente le correspondiera a la cedente para percibir las diferencias adeudadas.
Competencia contencioso administrativa, caducidad de instancia, extinción de la acción
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: MONTIVERO, HECTOR ORLANDO c/ PODER EJECUTIVO PROVINCIAL s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-08-17

En el caso, de las actuaciones obrantes en la causa, resulta de manera indubitable la comprobación objetiva de la inactividad procesal de la accionante durante el plazo de un año previsto por la ley adjetiva en la tramitación de la causa en esta instancia única, de conformidad con lo previsto por el Art. 310, 1 parte, del CPCC. de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo por imperio del Art. 74 del CCA. y, ante el allanamiento de la actora, a la solicitud expresa de la demandada, así debe ser declarada por este Tribunal al no mediar controversia.

Otra consideración merece la solicitud de la demandada respecto de tener por extinguida la acción, a la que la actora no se allana.

En efecto, la caducidad de la acción debe ser analizada dentro de las características intrínsecas del procedimiento contencioso administrativo, en el que las normas procesales civiles son de aplicación supletoria, en la medida en que no se modifiquen sus normas expresas, cuidando, además, de no alterar el espíritu que informa al ordenamiento positivo administrativo dentro del orden jurídico vigente, presidido por el axioma de que la actividad jurisdiccional es estrictamente revisora del actuar administrativo.

De allí que la caducidad de la instancia por la inactividad procesal de la accionante solo afecta al procedimiento, manteniendo incólume el derecho sustancial con los efectos previstos en la primera parte del Art. 318 del CPCC.
Prescripción, prescripción bienal, cómputo del plazo, responsabilidad del Estado, responsabilidad extracontractual, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Ponce, María Esther c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-12

El plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual del Estado, que es de dos años, comienza a correr desde el momento de producido el daño pero si la víctima lo ignoraba, el plazo corre desde que llega a su conocimiento (Voto del Dr. Gustavo A. Bossert).
Derechos del empleador, ius variandi, abuso del derecho
Materia: LABORAL
Carátula: ALBERTO PAEZ   BERNARDINO REGULON   JUAN ACOSTA   OCTAVIO PAREDES c/ INGENIO LA ESPERANZA  S.A. s/ CASACION - COBRO DIFERENCIA DE HABERES. ACOSTA OCTAVIO PAREDES c/ INGENIO LA ESPERANZA  S.A. s/ CASACION - COBRO DIFERENCIA DE HABERES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 1985-09-23

Frente al uso abusivo del Ius Variandi, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo pareciera que el único derecho que le asiste al trabajador es el de considerarse despedido pero la doctrina reconoce al trabajador la posibilidad de intentar la acción de nulidad del acto lesivo y mantener el vínculo contractual.
Secuela de juicio, reapertura de la instrucción
Materia: PENAL
Carátula: INNOCENTI, HORACIO s/ PRESCRIPCION ACCION - SUMARIO - REAPERTURA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-07-28

Ni la reapertura del sumario, ni las diligencias de investigación adoptadas como consecuencia, constituyen secuela del juicio con efectos interruptivos de la prescripción de la acción.
Administración Pública, subdelegación de facultades, poder de policía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GONZALES ABALOS, CARLOS LEON c/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL COLEGIO DE ABOGADOS s/ RECURSO DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-08-03

En ocasiones, la Administración concedente delega en el concesionario el ejercicio de las potestades de policía sobre los usuarios del servicio. Este ejercicio por el concesionario de las potestades delegadas se traduce en actos (imposición de multas, por ejemplo, al usuario que infringe los reglamentos del servicio ), cuya virtud y eficacia es la misma que si hubieran sido dictadas por la Administración delegante. Se trata, pues, de verdaderos actos administrativos, en la medida en que el concesionario actúa "en lugar" de la Administración Pública como delegado suyo.
Puerto de jurisdicción nacional, estibador, Registro de Estibadores Portuarios
Materia: NAVEGACION
Carátula: Aranda, Oscar Eugenio y Cuello, Angel Leonardo c/ Capitanía de Puertos de Litoral Fluvial s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-24

La resolución Nro. 1 - C - 89 de la Capitanía de Puertos del Litoral Fluvial, que impone el requisito de un mínimo de jornadas trabajadas en un período dado a efectos de la renovación de la inscripción de los estibadores portuarios en el registro correspondiente, establece una exigencia que no se aprecia como de cumplimiento imposible, de consecuencias discriminatorias y tampoco implica una condición autoritaria carente de relación con la tutela de la actividad portuaria, sino que se trata de una condición aplicable a un conjunto de individuos de igualdad de circunstancias.
Prueba, resoluciones inapelables, agregación de la prueba documental
Materia: PROCESAL
Carátula: ARJOVSKY, JORGE c/ CONSORCIO LAMBARE 845 s/ MEDIDAS PRELIMINARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-28

De acuerdo al Artículo 379 del Código Procesal, son inapelables las resoluciones que versan sobre producción denegación y sustanciación de pruebas, quedando incluido en la disposición lo relativo a la oportunidad o extemporaneidad de la agregación de la prueba (conforme Morello-Passi Lanza- -Sosa-Berizonce, Códigos Procesales...,tomo V, página 128 y jurisprudencia allí citada).
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, bien jurídico protegido, derecho a la privacidad
Materia: PENAL
Carátula: Aquino Varela, Carlos s/ Estupefacientes
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-01

1) La tenencia comprobada de material estupefaciente dentro de una funda protectora escondida en la palanca de cambio de un vehículo no traspone el límite de las acciones privadas de los hombres, ya que la salud pública no se ve afectada, al no encontrarse la droga en condiciones de ser observada por terceros 2) El art. 6 de la ley 20.771 no puede ser interpretado de forma que violente la sistemática del Código Penal y genere una notoria desigualdad de tratamiento jurídico del hecho, de modo que quien tiene para otro, a sabiendas, cometería encubrimiento o le serían aplicables las reglas de la participación, y si el autor no ha cometido una conducta típica, porque está amparado como consumidor por el art. 19 de la C.N. , no puede ser que se condene al cómplice o encubridor.
Delitos contra la integridad sexual, abuso deshonesto
Materia: PENAL
Carátula: S., A. H. s/ Abuso Sexual Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-09-23

La ley comprende en la genérica denominación de abuso sexual a todo acercamiento o contacto con el cuerpo del sujeto pasivo, con sentido sexual, acciones que son abusivas por no mediar para los acercamientos o contactos el consentimiento del sujeto pasivo, lo que surge de la enunciación de los procedimientos típicos que puede haber empleado el autor -violencia, amenaza, etc., o por la calidad o circunstancias en que aquel sujeto se encuentra -menor de 13 años, víctima que "por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
Derechos y garantías constitucionales, igualdad ante la ley, extranjeros
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISES AUTOMIBILE c/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON Y OTRO s/ AMPARO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-03-02

El principio constitucional básico en materia de igualdad resulta del art. 16 de la Carta Magna, pero no se agota en esa norma pues se extiende en el art. 20 que impone el reconocimiento a los extranjeros de todas las libertades civiles, entre ellas ejercer industria, comercio, etc.
Contrato de obra pública, rescisión del contrato
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Bricons S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-06-08

La Administración puede declarar la rescisión del contrato, no obstante que la mayor parte de la obra estuviera realizada en dicha momento.
Nulidad del acto administrativo, intervención de terceros
Materia: PROCESAL
Carátula: BERENSOHN, JACK c/ M.C.B.A. s/ NULIDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-11-20

En el caso de una demanda por un vecino tendiente a lograr la nulidad del acto administrativo que otorgó permiso para construir un edificio en el inmueble lindero con una altura superior al máximo autorizado por el Código de Planeamiento Urbano, si se presenta una entidad o asociación vecinal como tercero coadyuvante del actor, solicitando se la tenga por parte con carácter de tercero voluntario adherente a la demanda y persiguiendo idéntico propósito habiendo acreditado sumariamente que la sentencia pudiera afectar un interés propio no puede debatirse acerca de la legitimación de ésta para demandar a su demandada, ya que tal requisito cuando se pretende una intervención adhesiva autónoma o litisconsorcial, la cual tiene por objeto hacer valer un derecho propio frente a alguna de las partes originarias, adhiriendo a la calidad asumida por la otra y otras.
Medicina prepaga, planes de cobertura médica, medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: GIORSETTI  DOMINGO RICARDO Y OTRO c/ DIRECCION DE BIENESTAR DE LAARMADA s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-17

No hay duda en que el peligro en la demora -entendido como el temor grave y fundado de que el derecho que se reclama se pierda o sufra un menoscabo durante la sustanciación del proceso (Falcón, Enrique M. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", 1983; Abeledo Perrot, Tomo II, pág. 235)- se configura en la especie debido a la atención médica especializada que demanda la discapacidad de la actora (trastorno de personalidad borderline y retraso mental leve). En lo que concierne a la verosimilitud del derecho, debe ser tenido en cuenta que los estatutos de las entidades que se organizan para prestar servicios médicos se deben adecuar a la Constitución Nacional y a los Tratados internacionales con rango constitucional y a las leyes en materia de salud. Quiere decir que los reglamentos internos de dichas personas jurídicas no son las únicas disposiciones que confieren derechos a los adherentes. La necesaria correlación entre las normas superiores indicadas y las que permiten el desenvolvimiento de las obras sociales autorizan a extraer una conclusión preliminar positiva para la amparista en la medida en que su situación particular digna de tutela no está contemplada en el estatuto (art. 1.1.03 de la Resolución R.A.-6-753 de DIBA).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, declaración de insania
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: S., O. s/ Insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-11-05

Constituye una cuestión de hecho determinar el estado de salud mental del causante en los procesos de insania, sólo revisable en casación si se alega y demuestra la existencia de absurdo en la apreciación de las probanzas allegadas a la causa.
Facultades del Superior Tribunal, gastos del proceso
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: Volkswagen Argentina SA c/ GCBA (DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR. y sus acumulados: expte. no 6524/09 _\Velarde, Carlos s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA-Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; expte. no 6527/09 _\Monatirsky, Adriana Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/  GCBA - Direccion General de Rentas (Resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e.; y expte. no 6528/09 _\Peloso, Rafael y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en .Volkswagen Argentina SA c/ GCBA- Direccion General de Rentas (resolucion 387-DGR-2000) s/ recurso de apelacion judicial c/ decisiones de DGR_e..
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-10

El art. 249 CCAyT consagra la facultad del tribunal que entiende en un recurso de apelación, de adecuar las costas y el monto de los honorarios al contenido de su pronunciamiento, cuando la sentencia sea revocatoria o modificatoria de la de anterior instancia y al considerarse monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción (conf. art. 19 de la ley 21.839), recién al momento de efectuarse la nueva liquidación podrá verificarse en qué monto se redujo la deuda determinada y la multa aplicada, en comparación con las sumas establecidas en la resolución 4216/DGR/1999, de modo que una vez practicada la nueva liquidación, y conforme lo dispone el citado art. 249 CCAyT, la Cámara deberá realizar una nueva regulación de honorarios, adecuándolos al definitivo monto del proceso y al nuevo resultado del mismo -que, conforme este voto, sería parcialmente favorable para ambas partes-. (Voto de la Sra. Jueza Ana María Conde, al que adhiere el Sr. Juez Carlos F. Balbín. En sentido concordante ver votos de los Sres. Jueces Alicia E. C. Ruiz y Luis F. Lozano).
Prescripción adquisitiva, instrumentos privados, integración de la litis, acción de nulidad
Materia: CIVIL
Carátula: Abrigo, Carlos Daniel c/ Abrigo, Víctor Guillermo s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-02-07

El proceso de usucapión debe ser funcional al derecho de fondo, y por eso sustanciarse contra quien resulte titular del dominio o quienes acrediten ser sus sucesores, y la relación sustancial entre quien pretende ser titular del dominio por prescripción adquisitiva y quien lo es, en principio les es ajena a los anteriores poseedores que cedieron sus derechos al actor de aquél juicio, aunque revistan la calidad de terceros interesados.
Honorarios, ejecución de honorarios, régimen de consolidación de deudas
Materia: CIVIL
Carátula: Lescano, Mercedes c/ Comisión Municipal de la Vivienda s/ Escrituración
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-20

El artículo 1 de la Ley 23.982, entre los supuestos de consolidación, incluye el crédito que sea o haya sido reconocido por pronunciamiento judicial (inciso c), con lo cual no se advierte distinción alguna relativa a obligaciones principales o accesorias, por lo que cabe deducir que ambas se encuentran comprendidas en el ámbito de la norma comentada, máxime que en concordancia con lo dicho ese artículo 1 en su comienzo expresa con sentido amplio el término obligaciones exclusivamente. Los créditos por honorarios regulados en los juicios y a cargo del Estado, se encuentran alcanzados por la referida consolidación; toda vez que cuando el artículo 7 de esa misma ley se ocupa de los recursos para atender dicho pasivo, consagra un orden de prelación que en su apartado b), específicamente apunta a los créditos, entre otros derivados del trabajo o "la actividad profesional ..." En el mismo sentido, puede hacerse referencia al artículo 1, penúltimo párrafo.
Recurso extraordinario, sentencia arbitraria, principio de congruencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-05

Suscitan cuestión federal para su consideración por la vía del recurso extraordinario, pues si bien es cierto que -en principio- la determinación de las cuestiones comprendidas en la litis es materia ajena al ámbito excepcional, ello no constituye óbice para la apertura del recurso cuando, con menoscabo de garantías que cuentan con amparo constitucional, el tribunal ha excedido los límites de su jurisdicción (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti).
Cuestiones procesales, representación procesal, derechos de las partes, escritura pública
Materia: COMERCIAL
Carátula: KOGAN NATALIA c/ FALABELLA SA s/ ORDINARIO S/INCIDENTE ART. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-13

Cabe desestimar la representación invocada por no cumplir el instrumento acompañado con lo previsto por el CPR 47. Es que la enumeración de los actos que deben otorgarse por escritura pública contenida en el CCCN 1017, inc. d) es meramente enunciativa y que, en materia de representación voluntaria, el apoderamiento debe otorgarse en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar (art. 363), concluyen en que, ambas disposiciones, habilitan que la representación procesal se siga justificando con los recaudos exigidos por la ley adjetiva (CPR 47), es decir, como regla, con la pertinente escritura de poder (CNCom, Sala C, 5.6.18, "Kaufman, Sebastián Ariel c/ Criba SA y otro s/ ordinario"; CNCiv, Sala B, 16.10.18, "Vilta, Mauro Damián y otro c/ Lopardo, Jorge Mariano y otro s/ daños y perjuicios", con cita de Arazi, Roland. Revista de Derecho Procesal 2016-1: Capacidad, representación y legitimación, 1a Ed, Santa Fe, 2016, págs. 82/85; Sala G, 13.5.16, "R. V. A. y otros c/ A. M. U. F. A. y otros s/ interrupción de la prescripción"; Sala G, 21.12.18, "T. W. D. c/ R. J. D. y otro s/daños y perjuicios"; Sala H, 20.11.15, "Medina, Alejandra E. c/ Saettone, Sergio Omar y otros s/ daños y perjuicios"; y Sala M, 27.3.17, "B., M. L. c/ P., D. S. s/ daños y perjuicios". Ver también, CCivComSIsidro, Sala III, 25.2.16, "O, C. A. c/ G., R. A. s/ Acción declarativa", y CContAdmFed, Sala V, 6.11.18, "Pace, Rita Paola c/ EN - M Seguridad - PFA s/ personal militar y civil de las FFAA y de SEG", con cita de CContAdmFed, Sala II, 13.9.18, "Monges, Manuel Enrique c/ En-M Interior Op y V DNM s/ recurso directo").
Cobro de sumas de dinero, honorarios, contratos civiles, competencia civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Olegario Fernando y otro c/ Instituto Nacional de Serv. Soc. para Jubilados y Pensionados s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-05-14

Corresponde atribuir la competencia a la Justicia Nacional en lo Civil para conocer en un reclamo efectuado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados por honorarios profesionales que los actores habrían pactado con este último, por su actuación en el marco de un proceso donde representaron a un grupo de sus trabajadores. Esta compleja situación excede el marco de competencia previsto por los artículos 20 y 21 de la ley n° 18345 y también la que disponen el art. 6 inc. 1 y el 501 del CPCCN, toda vez que no se está ante un supuesto de ejecución de sentencia ni se presentan las notas actuales de conexidad y accesoriedad con el juicio laboral donde originalmente se acompañaron los acuerdos de pago. Ello así, dentro del limitado marco de conocimiento que implica la cuestión de competencia y sin perjuicio de lo que surja ulteriormente en atención a la índole de la persona demandada. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz al que adhieren las juezas Inés M. Weinberg y Marcela De Langhe).