Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-10-03


SENT Nro. 715 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 03 DE OCTUBRE de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada al efecto, por los señores vocales doctores Américo Valentín Marcial, Ana Rodríguez Prado de Basco, Ana L. Manca y Arnaldo E. Alonso, bajo la Presidencia del doctor Américo Valentín Marcial, para considerar y decidir sobre el recurso de casación deducido por la actora en autos: "Fontán, Carmen y otros vs. Sindicato Luz y Fuerza de Tucumán s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Américo Valentín Marcial, Ana Rodríguez Prado de Basco, Ana L. Manca y Arnaldo E. Alonso, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Américo Valentín Marcial, dijo:

Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación deducido por la parte actora, contra la sentencia del 26/3/2002 de la Sala III de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones, que corre a fs. 130 y vta. de estos autos, confirmatoria de la dictada en primer instancia, que hizo lugar al planteo de perención de la instancia formulado por la demandada, a fs. 45/50.

Del examen de las constancias de autos, referida al tema o cuestión a resolver, resulta que la parte actora, inicia demanda, por daños y perjuicios, por rescisión contractual, intempestiva y arbitraria, de la locación de servicios profesionales, que tenía celebrada, con la entidad demandada.

En presentación de fs. 15/17 acompaña constancia de pago de la tasa de justicia y abundante documentación, que fundan el derecho invocado, incluso diversas carpetas.

La actora inicia su demanda, en el Juzgado Civil y Comercial de la IV Nominación, que a fs. 18 y como primera providencia dictada, con fecha 30 de junio de 1998, dispone reservar en caja de seguridad toda la documentación acompañada, a la vez, que su Titular se declara incompetente en razón de la materia, con fundamento en lo dispuesto por el art. 62 inc. a) de la Ley Orgánica de Tribunales, disponiendo pasar los autos, a Mesa de Entradas, para su remisión al Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones en turno, para su tramitación.

Se notifica a la accionante; quien solicita un decreto ampliatorio con especificación concreta de la documentación acompañada con la demanda. Se provee, que informe la Actuaria. Ante la falta de dicho informe, ordenado, se hace una serie de presentaciones, por la actora requiriendo el mencionado informe, según consta en autos, hasta que a fs. 26 y con fecha 18 de mayo de 2000, se produce el informe requerido y ordenado y luego de puesto en la Oficina, se ordena remitir los autos al Juzgado correspondiente por medio de Mesa de Entradas. Con fecha 22 de junio de 2000, se decreta, hacer conocer a las partes, el Juzgado que entenderá en la litis.

Luego de devolver los autos a Mesa de Entradas, para corregir la carátula, se provee, ante un pedido de la actora, correr traslado de la demanda. Y es así, que la demandada, a fs. 45/50, plantea la caducidad de instancia, fundado, en que luego de reconocer, los distintos pedidos de la actora, a que se formalice el informe de la Actuaria, menciona, en concreto, que existe un pedido a fs. 23 del 18/3/99 y otro nueve meses más tarde del 19/11/99 (fs. 24) cuando ya se había cumplido el plazo del art. 210 inc. 1° procesal.

En tal circunstancia, en síntesis, funda su planteo de caducidad de la instancia. La sentencia de primera instancia, como la de segunda instancia, hacen lugar al pedido de caducidad de la demandada aceptando el argumento de la demandada.

Es principio procesal, que toda acción deberá deducirse ante el Juez competente, que es quien detenta la jurisdicción, para resolver el caso, de conformidad a las reglas contenidas en el código procesal pertinente. Si el Juez ante quien se inicia la acción se declara incompetente, por razón de la materia, como ocurrió en este caso, de hecho y automáticamente se produce la suspensión del proceso, ya que no puede seguir tramitándose, el mismo en cuanto al fondo del asunto; es lo que surge del art. 9° procesal, cuando existe una cuestión de competencia, como ocurrió en el caso de autos y estando suspendido el procedimiento, no puede existir caducidad de la instancia, como en este caso; pues recién se reabre el procedimiento, cuando es aceptada la competencia, por el nuevo Juez a quien se remite la causa, y en el caso que se trata, ello ocurrió recién con el decreto de fs. 31 de fecha 24 de noviembre de 2000 que ordenó dar curso a la providencia de fs. 30, que ordenaba citar al demandado a estar a derecho y contestar la demanda; es lo que prescribe el art. 13 procesal, que dispone, que, admitida la competencia, el proceso continuará su trámite, lo que implica, que hasta ese momento, el trámite del proceso estaba suspendido, lo que impide se produzca la caducidad de la instancia.

En consecuencia, corresponde sentar como doctrina legal: "Que la declaración de incompetencia en un proceso, produce la suspensión del proceso, lo que impide la caducidad de instancia".

Por lo considerado cabe casar la sentencia motivo del recurso y devolver los autos a su origen, para continuar su trámite. Costas: Se imponen a la demandada vencida.

La señora vocal doctora Ana Rodríguez Prado de Basco, dijo:

I).- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de casación interpuesto por la parte actora conforme presentación del letrado Luis Iriarte, fs. 134/147) en su carácter de apoderado común, contra la sentencia de fecha 26-3- 2002, dictada por la Sala IIIa. de la Excma. Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones.

El fallo (fs. 130) dispone rechazar el recurso de apelación contra la sentencia que acoge el incidente de perención de instancia deducido por la contraria (fs. 87/88).

A fs. 151/157 la accionada contesta el traslado del recurso oponiéndose. Cuestiona la admisibilidad y procedencia, solicitando en consecuencia su rechazo.

El tribunal ad quem declara admisible la vía de la casación mediante fallo del 10-6-2002 (fs. 161), sin perjuicio de lo cual corresponde en esta instancia y, en forma previa el re-examen acerca de la admisibilidad de la vía procesal tentada.

II).- Se encuentra satisfecho el presupuesto formal contenido en el art. 813 inc. a) del C.P.C. y C., esto es la condición de definitivo el fallo impugnado. En efecto la sentencia interlocutoria de la alzada al confirmar el pronunciamiento del a quo, que acoge el incidente de perención de instancia, deviene equiparable a una sentencia definitiva, en cuanto imposibilita la continuidad del pleito. En tal sentido se ha expedido el Tribunal en numerosas oportunidades (sentencias nro. 9 y 13 del 6-02-98 y 19 del 11-02-98).

III).- El recurrente alega que el Tribunal de Alzada habría omitido considerar y tratar todas las cuestiones propuestas en el memorial de agravios y sometidas a decisión, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 34 del C.P.C. y C. Agrega que el fallo se limita a efectuar una mera afirmación dogmática sin sustento fáctico ni jurídico.

Tal como lo expone el quejoso las omisiones pueden sintetizarse:

La ausencia de la conducta contemplada por el art. 210 del C. de P. como exigencia para que se opere la perención, esto es "no haber instado el curso del proceso".

La situación de imposibilidad jurídica de instar.

La interpretación de lo que se considera o puede entenderse como "instancia".

El enfoque erróneo, al interpretar que se trata de un supuesto de demora de los auxiliares del juez.

El no haber tomado en consideración el dictamen fiscal de primera instancia.

La falta de interpretación armónica entre la ley procesal y la ley orgánica del Poder Judicial.

La falta de aplicación al supuesto de autos de las reglas contenidas en los arts. 36 y 211 del C. de P.

Tampoco habría evaluado la alzada, que la jurisprudencia citada por el a quo resulta inaplicable al caso.

Aduce que no existe abandono imputable de la tramitación y que no se habría operado la perención.

Para arribar a tal conclusión interpreta que solo nos enfrentamos a "instancia" siempre que se trate de actos procesales que se tramitan ante juez competente, ya que solo en tal caso el destino natural del trámite es la obtención de la sentencia definitiva fin último del proceso.

Alega que habría existido imposibilidad jurídica de instar el curso del proceso en los términos del art. 210 del C. de P., en mérito a que el juez actuante se había declarado incompetente en razón de la materia. Tratándose de un supuesto en que está comprometido el orden público, por tanto improrrogable, su parte se encontraba en la imposibilidad de activar la marcha del proceso. Existía la imposibilidad jurídica de instar el curso del proceso ante un juez que se declara incompetente.

El efecto citado o sea la imposibilidad fáctica y jurídica de activar el curso del trámite se configura, a decir del recurrente, por cuanto declarada la incompetencia por declinatoria, se clausura el trámite cesando la obligación de su parte a concurrir al juzgado para oír providencias o para impulsar el procedimiento mediante actos idóneos tendientes al dictado de la sentencia que dirima el conflicto.

Acusa al fallo de haber incurrido no solo en un equivocado apartamiento de las constancias obrantes en autos, sino de la derogación de normas aplicables, en especial de los arts. 6 y 210 del C.P.C. y C., al fundar la solución del incidente en la afirmación que la responsabilidad del secretario de cumplir con la orden judicial de informar, no releva a la parte de la carga de mantener viva la instancia.

De la interpretación armónica de la reglas formales conllevan, a criterio del quejoso, a considerarse eximido de la carga de activar el proceso. Ello así en cuanto el art. 6 expresa que: "Toda gestión judicial deberá promoverse ante el juez competente de turno...", lo cual implica que únicamente puede promoverse gestión ante el juez competente, condición ésta que se determina cuando los autos se encuentren radicados ante el juez competente. Siendo la remisión una responsabilidad propia a cargo y de resorte exclusivo del juzgado, no puede exigírsele a la parte actividad procesal.

La inexistencia de una instancia útil, al declararse incompetente el Magistrado y desprenderse de la causa, no puede producir los efectos jurídicos de la caducidad.

Invoca así mismo como agravio el hecho que no puede imputársele a su parte conducta que pueda calificarse como abandónica.

Cuestiona la imposición de las costas que ordena el fallo, en tanto la improcedencia del planteo.

IV).- Los hechos:

Los actores deducen acción por daños y perjuicios contra la accionada, ante el Juez del Fuero Civil y Comercial Común, Secretaría de la IV Nominación.

Cumplidas las exigencias previas acerca de la documentación acompañada, el Juez actuante se declara incompetente, ordenando pasen los autos a mesa de entradas a los fines de su remisión al Juzgado en lo Civil de Documentos y Locaciones que por turno corresponda (providencia de fecha 30-6-98, fs. 18).

La actora solicita un decreto ampliatorio, conforme presentación de fs. 20, el cual receptado y sorteados los trámites necesarios finalmente, los autos se radican en fuero y ante el juez competente.

Corrido el traslado de la demanda, la accionada se apersona a fs. 45 planteando incidente de caducidad de instancia, que es receptado favorablemente por el fallo de fecha 7-9-2001, fs. 87/88.

El argumento del fallo se sustenta en que se configuran los presupuestos para que se opere la perención. 1) instancia abierta y susceptible de perimir, 2) inactividad procesal y 3) cumplimiento de los plazos legales.

El Tribunal de Alzada, rechaza el recurso de apelación promovido por la actora, apoyando básicamente su decisión en el argumento central que, aun cuando el acto procesal útil para hacer avanzar el trámite corresponda al juez, funcionarios o auxiliares, esta circunstancia no releva a la parte de la carga de impulsar o instar el trámite.

Sobre esta premisa concluye el pronunciamiento que entre la providencia dictada en fecha 22-3-1999 (fs. 23 vuelta) por la cual se ordena practicar informe a la actuaria, hasta el 24 de noviembre del mismo año en que la parte reitera la petición ante el juez, ha transcurrido el plazo legal de seis meses establecido por el art. 210 del CP, sin que la actora hubiera dinamizado el trámite instándolo, frente a lo cual el recurso es rechazado, confirmándose la sentencia recurrida.

1) En primer lugar cabe resolver por constituir uno de los agravios vertidos por el recurrente, si en el caso bajo análisis la instancia se encontraba operable, esto es abierta, ya que solo con la existencia de una instancia en tales condiciones puede operarse la caducidad.

En efecto, el instituto de la perención presupone la existencia de tres condiciones. Una instancia abierta, sea principal o incidental, inactividad procesal absoluta o jurídicamente irrelevante y el transcurso de los plazos de inactividad establecidos por la ley.

2) Si la parte interesada estaba eximida de instar el procedimiento por corresponder actividad exclusiva del órgano jurisdiccional y 3) Si como afirma la actora existía imposibilidad fáctica y jurídica de urgir la actividad del juzgado.

La apertura de la instancia se opera con la interposición de la demanda. En tal sentido y en lo pertinente lo interpretan prestigiosos juristas entre los que podemos citar: Lino Palacio al decir que se entiende por "instancia" el conjunto de actos procesales que se suceden desde la interposición de la demanda hasta el dictado de la sentencia ("Derecho Procesal Civil", tomo IV, p. 219). El Maestro Alsina sigue el mismo criterio al tomar como inicio de la instancia la interposición de la demanda (Tratado de Derecho Procesal, t. IV, p. 219 2ª ed.). Fenochietto - Arazi, (Código Procesal, 2, p.26) lo extiende a todo procedimiento que comienza con la demanda judicial. Por su parte, la Corte Suprema de la Nación, ha acordado al término "instancia" a los efectos de la perención, una amplitud comprensiva a toda pretensión que las partes hagan valer en justicia (CSJN, fallo de fecha 20-8-58, JA, 1959-III-324, ídem 241:188; 234: 380).

La interpretación apuntada es aplicable aún al supuesto que no se hubiera dado curso a la demanda, o como en el caso de autos que el juez se declare incompetente.

El único caso que podría suscitar dudas si la "instancia" está o no abierta a los fines de la perención, es en el supuesto que presentada la demanda no hubiera merecido ningún decreto por parte del juzgado, situación que no se configura en la presente, en el que el juez originario ha tomado intervención a los fines pertinentes y dictado de providencias no cuestionadas, por la actora.

Luego la instancia se encontraba abierta, en los términos de lo dispuesto por el art. 210 del Código Procesal al decir "...La instancia se abre con la promoción de la demanda, aunque no hubiere sido notificada la providencia que dispone su traslado..."; siendo inaceptable jurídica y doctrinariamente la postura del recurrente al interpretar la inexistencia del presupuesto tratado.

2) El segundo punto a dilucidar, es si existía imposibilidad fáctica o jurídica, para que la interesada dinamizara el proceso.

Abierta la instancia pesa sobre el actor la carga de instar el proceso, este deber-obligación sólo cesa por razones de fuerza mayor o causas graves discrecionalmente apreciadas, que impidan la realización de actos a la parte, o cuando por imperio de la ley o por acuerdo de partes se suspendan los términos, conforme a lo preceptuado por el art. 211 del C. de P.

Ello significa que los plazos, que en principio son perentorios e improrrogables, no corren cuando existe una disposición legal que lo suspenda, o mutuo acuerdo de los contrincantes o hechos graves que impidan la continuidad.

En la presente no se advierte la imposibilidad fáctica, ni jurídica que se invoca como eximente de preservar la instancia urgiéndola.

El interesado se encontraba en condiciones de requerir la actividad del juez que se declara incompetente, a fin lograr que cumpla con el trámite previsto por la ley para el caso. Debía usar los medios legales e insistir y movilizar la actividad ("Medios Para Urgir La Actividad Jurisdiccional" Capítulo V, Libro I, Título I, del Código de Procedimientos) a efecto de lograr la finalidad perseguida. La meta conforme al estado de la causa era que la misma se encuentre radicada ante el fuero y juez competente. En este caso que los autos sean remitidos y receptados por el juzgado que corresponda. Este se constituía como el trámite útil y adecuado a la situación procesal de la causa.

El quejoso al plantear el agravio confunde la actividad tendiente a posibilitar y obtener el dictado de una sentencia de fondo válida, con la que se corresponde a la utilidad y adecuación procesal vigente. Es que hasta que no se diera cumplimiento del trámite previsto por el art. 6 del C. de P., es ante el juez incompetente que la actora debía requerir la actividad jurisdiccional apta y adecuada, siendo esta actividad en definitiva también tendiente a obtener el dictado de una sentencia válida.

De hecho el interesado ha instado en varias oportunidades la actividad jurisdiccional, sin que nada se lo hubiera impedido, luego no puede en esta instancia volver sobre sus propios actos y alegar la mentada imposibilidad de agilizar el trámite.

La causa grave como justificación de la suspensión debe ser apreciada discrecionalmente por el magistrado (art. 125 del C. de P.), lo cual implica necesariamente una decisión judicial que así lo disponga, dada la trascendencia que la suspensión implica para los justiciables. Es por otra parte lo que se infiere de la exigencia que tanto la suspensión de los términos como la reanudación sean de notificación personal (art. 154 inc. 6° del C. de P.) a fin de revestirla de certeza en el conocimiento de las partes.

Tampoco existe imposibilidad jurídica toda vez que para ello es menester una norma legal que en forma expresa suspenda el curso del plazo, ni el quejoso logra determinarla.

No se configura en la presente el supuesto de suspensión contemplado en el art. 9 del Código Procesal, cuando se suscitara una cuestión de competencia entre dos jueces de una misma jurisdicción territorial. La norma expresa "Entre jueces de la misma jurisdicción territorial, las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por declinatoria, en la forma y oportunidad que se determina para cada clase de juicio".

"Si la jurisdicción fuese improrrogable, podrá deducirse en cualquier estado de la causa o declararse de oficio. Durante la contienda ambos jueces suspenderán los procedimientos sobre el principal, salvo las medidas precautorias o cualquier diligencia de cuya omisión pudiera derivar perjuicio irreparable" El hecho que se hubiera declarado incompetente el magistrado interviniente, no implica la existencia de un "conflicto" de competencia que autorice la suspensión del trámite. Este solo se producirá si el juez que recepta los autos cuestionara la remisión o su propia intervención, o lo hiciera la parte demandada.

Alsina precisa el concepto al decir: "Llámanse cuestiones de competencia, las que se susciten con motivo de la oposición del juez o del demandado a que él intervenga en una causa respecto de la cual se le considera incompetente, o por su negativa al requerimiento de otro juez para desprenderse del conocimiento de una causa que considera de su competencia... Es decir, que hay cuestión de competencia en cualquier caso en que se niegue al juez facultad de ejercer su jurisdicción en un litigio determinado". (Derecho Procesal, t. II, p. 678).

En consecuencia no se configura el presupuesto de suspensión, "cuestión de competencia" que la parte invoca como eximente de cumplir con la carga de instar el procedimiento.

3) Como se dijera ut supra, a partir de la apertura de la instancia corresponde al actor la responsabilidad de mantener viva la instancia, so pena de incurrir en la conducta con consecuencias disvaliosas que contempla el art. 210 del Código Procesal.

Es que nuestro sistema legal ha adoptado tal postura, consagrando en lo pertinente el principio dispositivo. El art. 218, es taxativo en la enunciación de los supuestos en que no puede operarse la perención y en consecuencia sólo en estos supuestos, en que no le es exigible a las partes actividad alguna. La norma no contempla como presupuesto que releve a la parte de la necesidad de urgir el proceso, la circunstancia que la actividad impulsiva dependa del juzgado.

Luego en caso de conducta morosa u omisiva de los deberes o funciones del órgano, no desobliga a la parte de arbitrar los medios aptos para incitar la actividad jurisdiccional a fin de evitar la perención.

4) Que la ley formal en el art. 36 haya confiado a los jueces el impulso procesal, no implica que el órgano judicial sustituya a las partes en mantener dinámico el proceso. Se trata de una responsabilidad compartida y concurrente, que no modifica ni hace cesar la carga de las partes al respecto. El deber de actuar del juzgado coexiste con la carga que pesa sobre las partes.

Es oportuno señalar que los precedente citados por el recurrente en lo pertinente, tienen su respaldo jurídico en otro sistema procesal. El art. 313 del C.P.C. de C. de la Nación contempla en el inc. 3) como causal de improcedencia de la caducidad que la actividad dependa del dictado de una resolución y la demora en dictarla fuese imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que en el sistema se imponga al secretario o al oficial primero, norma que no tiene su correlato en nuestro código.

Al respecto expresa Falcón Enrique ("Caducidad o Perención de Instancia", p. 171) "La reforma de la ley 22.434 sólo es aplicable en los ámbitos de competencia federal y los que han seguido su lineamiento", que no es el caso de esta Provincia. De haberlo querido en otro sentido el legislador lo hubiera incluido en forma expresa en el art. 218 del Código.

5) La conducta del interesado ha sido de solicitar y reiterar peticiones al juzgado; entre ellas que informara el actuario, tal como había sido ordenado por el juez, sin embargo entre la actividad jurisdiccional de fecha 22-3-99 y la del requerimiento de fecha 24-11-99, ha dejado transcurrir el plazo de inactividad establecido por la ley.

Ello implica que la parte no ha desplegado la conducta útil que le es dable requerir en consideración a la etapa del juicio. Ha existido abandono por el término legal, en consecuencia no se ha logrado preservar la vida de la instancia, habiéndose en consecuencia producido la perención de la misma.

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de casación impetrado, con costas a los vencidos por ser ley expresa (art. 106 procesal).

Los señores vocales integrantes del Tribunal doctores Ana Lucía Manca y Arnaldo E. Alonso, dijeron:

Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, integrada al efecto R E S U E L V E :

I.- DESESTIMAR el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 26-3-2002 conforme lo analizado.

II.- COSTAS a la vencida conforme a lo considerado.

III.-TENGASE presente la reserva del Caso Federal.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.- AMERICO V. MARCIAL (en disidencia) ANA M. RODRIGUEZ PRADO DE BASCO ANA LUCIA MANCA ARNALDO E. ALONSO