Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-31


Comodoro Rivadavia, 31 de octubre de 2006.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "S M A c/ A P M y Otro s/ Sumario" Expte. Nro. 14.889/2006,venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Nro. 2 (Expte no. 1141/05), por haber interpuesto la actora recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria de fs. 174/175 vta., que declara la caducidad de instancia con costas a la actora.

Concedido el recurso en relación y con efecto suspensivo, se elevan las actuaciones a estudio de la Alzada.

Se agravia la recurrente en su memoria de fs. 179/181 vta., contra el referido decisorio por considerar que el mismo no se ajusta a la petición específicamente formulada por la parte requirente. Agrega que la resolución no guarda conformidad con la cuestión formulada, fallando extra petita y ultra petita. Alega que no procede la declaración de caducidad de oficio por un periodo distinto al peticionado.

Afirma que el plazo de caducidad se había purgado por el acto de impulso procesal producido su parte. Se agravia además respecto a los honorarios regulados en la instancia de grado.

A fs. 183/185, contesta el traslado de los agravios la contraria, con expresa petición de que se declare desierto el recurso.

En primer lugar atento la petición de declarar desierto el recurso de apelación, corresponde abordar el tratamiento de la suficiencia técnica del recurso. Al respecto, se destaca que esta Cámara ha sostenido invariablemente un criterio amplio de admisión.

Ello en virtud de las posibles consecuencias disvaliosas que tendría respecto del derecho de defensa de la recurrente, la declaración de deserción. Por lo expuesto y señalando además que los agravios guardan estricta relación con la cuestión resuelta, nos pronunciamos por su admisibilidad formal.

Adentrándonos en la cuestión ha resolver caducidad de instancia, sabido es que tal modo anormal de terminación del proceso supone el abandono voluntario del trámite procesal durante los lapsos que la ley determina y, precisamente, la inactividad que configura uno de los presupuestos de la misma se exterioriza en la no ejecución de acto alguno por ambas partes o por el órgano judicial, o por la realización de actos carentes de idoneidad para impulsar el procedimiento (Cfme Palacio "Derecho procesal Civil", T IV, pág 221).

Señalado ello, es dable precisar que el pedido de caducidad de instancia fue presentado el día 2 de junio de 2006. En el mismo se alega que el último acto de impulso procesal fue el día 10 de agosto de 2005, produciéndose la caducidad de instancia el día 11 de noviembre de 2005. Señala, asimismo que no consiente ningún acto impulsorio posterior a la fecha mencionada.

Frente al pedido concreto de la parte, al momento de resolver, el juez de grado examina lo actuado en autos y concluye que el cómputo del plazo de caducidad no debe hacerse como lo propone el incidentista, ya que señala como último acto impulsorio el del 28 de febrero de 2006 auto de apertura a prueba y verificando que a partir de tal proveído no ha existido actividad procesal alguna en los plazos legalmente estatuidos, declara la caducidad de instancia.

Del estudio del expediente surge que efectivamente el último acto procesal de la parte actora previo al pedido de caducidad de instancia es el de apertura a prueba de fecha 22 de febrero de 2006 fs. 147 y que el último acto impulsorio del procedimiento es el proveído dictado en su consecuencia que abre la causa a prueba, de fecha 28 de febrero de 2006 fs. 148. A fs. 148 vta., se notifica personalmente el letrado patrocinante del actor con fecha 1ro de marzo de 2006, pero tal acto carece de identidad para instar el procedimiento.

A los fines del cómputo del plazo de caducidad de instancia en el caso, de tres meses debe considerarse como momento inicial de éste, a la fecha de la última petición de las partes, resolución o actuación del tribunal impulsiva del trámite.

Plazo que se cuenta desde el día siguiente del acto impulsorio, no correspondiendo incluir el día que tuvo lugar el acto (art 156 del CPr) (Cfme Palacio Alvarado Velloso. "Cod. Procesal Civil y Comercial de la Nación", Tomo 7º, págs 86). Esto es así, pues el día que se realizó el último acto de impulso del proceso no integra el tiempo de paralización del proceso, sino que representa el último día en que fue instado el trámite.

Ahora bien, tomando como punto de partida el día siguiente al último acto idóneo (apertura a prueba de fs. 148), se colige que el plazo de caducidad en el presente operaba el día 2 de junio de 2006 a las 9 horas, como consecuencia que las disposiciones del artículo 124 del CPr., respecto al plazo de gracia son aplicables al plazo de perención (en este sentido, CNCiv., 28/9/76, JA 1977I548; CNCom. D, 8/10/2004 E A SRL c. C A SA, DJ 2/3/2005, 522).

De lo expuesto, se concluye que el escrito de la contraria de fs. 149/152 vta., devino prematuro pues al momento de su interposición 2 de junio de 2006 a las 7:25 hs no había aún operado el plazo de caducidad de la instancia.

Conforme lo señalado, siguiendo el criterio predominante que establece que al instituto de caducidad de instancia corresponde aplicar una interpretación restrictiva, debiendo presidir el principio de conservación procesal indicador que en caso de duda, debe estarse por la declaración de vigencia o validez de determinados actos procesales, se concluye que corresponde hacer lugar al recurso del actor revocando la sentencia de grado. En este sentido, Superior Tribunal de Justicia, SD nro. 5/SRE/97 y SD nro. 29/SER/2004.

Atento el modo en que se resuelve la cuestión, la queja respecto de los honorarios deviene abstracta, siendo aplicable al presente las previsiones del artículo 279 del CPr.

Las costas de ambas instancias, en atención al principio objetivo de la derrota y sin que se encuentre mérito para apartarse de él, se imponen al actor perdidoso (arts. 68 y 69 CPr.).

La regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en ambas instancias se efectuara teniendo en cuenta el resultado obtenido y la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada y, atento el estado del proceso, en porcentuales, todo de acuerdo a las previsiones de ley arancelaria (arts. 6, 7, 33, 47, 14 y ccs. de la Ley 2.200, t.o. Ley 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1) Hacer lugar al recurso de apelación de fs. 177 y, revocar la sentencia de fs. 174/175 vta. en todas sus partes.

2) Costas de ambas instancias a la demandada vencida. Regular los honorarios profesionales correspondientes al incidente de caducidad de instancia del Dr. M C, en el 13% y los del Dr. G K en el 10%, de los que correspondan en el principal.

3) Regular los honorarios profesionales por la actuación en la Alzada, del Dr. M A C en el 30% y los del Dr G K en el 25% de los que resulten del presente incidente.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia se dicta por dos vocales de Cámara en virtud de encontrarse en uso de licencia el señor Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre y concordar en la solución del caso (arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley 4550, modif. Ley 1130).

Fdo. Silvia N. Alonso de Ariet Presidente; Fernando Nahuelanca Juez de Cámara.

REGISTRADA BAJO EL N° 216 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS