Medidas para mejor proveer, designación de perito
Materia: CIVIL
Carátula: ARTAZA, ANGELICA DEL VALLE. c/ SUCESION DE PISENI DE GONZALEZ, MARIA ADELINA. s/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2014-11-28

Al ordenar el juez la realización de una nueva pericia sobre las firmas insertas en el boleto de compraventa, no se advierte que supla la actividad probatoria de las partes, ya que la prueba pericial fue oportunamente ofrecida y producida. Lo que se busca con la medida para mejor proveer es que se realice la pericia de la mejor forma posible, que el resultado de la misma sea apropiado en términos de producir el convencimiento del juzgador, a cerca de la autenticidad o no de las firmas. Lo contrario podría admitirse si el juez ordenaría alguna diligencia probatoria que hasta ese momento haya sido ajena al proceso, es decir que no se haya ofrecido o producido por las partes, pudiendo o debiendo estas haberlo hecho en el término probatorio. Por otra parte tampoco se advierte negligencia en lo que se refiere a la actividad probatoria, ya que las deficiencias o dificultades en la realización de la pericia fueron por causa ajenas a los litigantes. Así, los límites establecidos en el art. 39 no se ven transgredidos en este caso, toda vez que la medida busca aclarar y complementar la prueba ofrecida y producida en autos. En este sentido también resulta pertinente lo dispuesto por el art.

350 C.P.C.C., según el cual "Si el juez no se considerara suficientemente informado por el dictamen, podrá designar de oficio otro u otros peritos, en cuyo caso podrá proceder como se indica en el artículo 39, inciso 3 ." En este sentido resulta incuestionable el proveído apelado, puesto que el juez no ha hecho más que ejercer facultades que le son propias, dentro de los límites establecidos por la ley. Cabe reiterar que no se advierte en autos una afectación al derecho de defensa del recurrente, ni un desequilibrio o desigualdad en la situación de los litigantes. Los agravios expresados por el mismo no están referidos a estas cuestiones, ni resultan, en modo alguno, suficientes para revocar el decisorio en cuestión. Cabe aclarar que el transcurso del tiempo y la falta de responsabilidad del actor en ello, no resultan, en este caso, un argumento atendible frente a la potestad del juez a-quo de ordenar medidas dirigidas a esclarecer los hechos de la causa. Cabe tener presente lo que nuestra jurisprudencia ha resuelto al respecto "a fin de evitar que se desnaturalice la función judicial, resulta razonable acordar al juez ciertas y limitadas facultades para investigar el litigio por si mismo a través de lo aportado por la parte y en la medida necesaria para completar su información o aclarar alguna situación dudosa, ignorando de antemano a quien beneficiará o perjudicará la medida a adoptar -Conf. Alsina, Hugo "Tratado Der.

Proc." T. II p. 234-; ésta es la razón por la que se conceden las medidas para mejor proveer. Esta facultad del juez se encuentra sujeta a ciertos recaudos, entre ellos que las pruebas se hayan ofrecido y producido en el pleito conforme a las normas que gobiernan dicha actividad procesal (no puede suplir la negligencia de las partes); que a pesar de las pruebas ofrecidas el juez carezca de convicción plena sobre la justa solución de la controversia y que mantenga la igualdad garantizando el derecho de defensa." ( Cam. Civ. Doc. y Locaciones y Flia. y Sucesiones, Sala en Doc. y Loc., Sentencia N°57, 24/05/2013 ). En consideración a lo hasta aquí analizado, entiendo que no debe prosperar la apelación, y ello no porque el proveído en cuestión sea irrecurrible por tratarse de una medida para mejor proveer, sino porque el mismo se encuentra ajustado a derecho en el marco del presente proceso. Al respecto se ha resuelto que esta clase de medidas son, en principio, irrecurribles, por resultar potestativas de los jueces, sin que las partes puedan oponerse a ellas, a menos que se trate de suplir su negligencia, se quebrante la igualdad del proceso o se vulnere el derecho de defensa en juicio (CSJ Tuc., sentencia N° 75 del 26/02/2009, Gonzales Juan Antonio vs. Dávalos José Alfredo s/Cobro Ejecutivo). Es decir que podrían ser perfectamente recurridas o impugnadas frente a una situación de afectación del debido proceso y de los derechos y garantías de una de las partes del litigio. Por ello la necesidad de merituar, en el caso en particular, si las medidas ordenadas se adecuan a lo dispuesto por el art. 39 C.P.C.C. Esto porque al ser la irrecurribilidad de una disposición una seria limitación al principio de la doble instancia, como garantía del derecho de defensa, su interpretación y admisión habrá de ser restrictiva. (DEL VOTO AMPLIATORIA DE LA DRA. NEGRO).