marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prescripción, honorarios del perito, liquidación judicial, falta de liquidación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Cía. de Seguros Del Comercio De Cordoba c/ B.C.R.A. s/ juicio de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-07

Al no practicar las partes la liquidación ordenada en el fallo de primera instancia, el curso de la prescripción para que el perito de oficio solicitara la regulación de sus honorarios no había comenzado a correr (arg. art. 4032, inc. 1º C.C.); (conf. esta Sala, 23/9/93, "Deutz Argentina S.A.I.C. y F."; 15/5/97 "Monjo Félix Alberto", entre otras).
Contrato de trabajo, publicidad gráfica, páginas web
Materia: LABORAL
Carátula: Díaz Luis Adrián c/ Developtik SA y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-04-27

El actor trabajó, sucesivamente, para dos empresas comercializadoras exclusivas de la marca de anteojos Infinit en nuestro país, desempeñándose como encargado de coordinación y redacción de blogs y redes sociales y de contenidos en la web. Refirió las tareas cumplidas, tanto en la página web de la empresa, como en Facebook, Youtube y Twitter, a partir de sus conocimientos informáticos. Los demandados negaron la existencia de relación laboral y sostuvieron que el accionante era el asistente y administrador de las redes sociales de la empresa, y tenía una actividad profesional propia. De conformidad con las reglas del onus probandi, habiendo los demandados reconocido la prestación de servicios brindada por el actor, se torna operativa la presunción del art. 23 L.C.T., y a su cargo se hallaba la obligación procesal de demostrar que, de acuerdo a las circunstancias, las relaciones o causas que motivaron dicha prestación, no se trató de un contrato de trabajo. Ni el lugar de trabajo, cumplimiento de horarios, o la falta de exclusividad u otra serie de elementos netamente formales resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, como en el caso se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal.
Estupro, tentativa
Materia: PENAL
Carátula: S., O.H. s/ Violación en Grado de Tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2002-09-10

Si, un sujeto, conduce en su automóvil a una niña de 11 años de edad a un lugar despoblado, y, luego de haberle ofrecido dinero a cambio de accederla carnalmente, la desnuda de la cintura para abajo, haciendo él otro tanto, y en el momento en que se hallaba inclinado hacia el costado de la puerta del acompañante -lugar donde se encontraba la menor- es sorprendido por la autoridad policial, el hecho debe subsumirse en la figura del Abuso sexual agravado por acceso carnal en grado de tentativa.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, telegrama, despido, notificación, prueba documental
Materia: LABORAL
Carátula: Peres, Roberto y otros c/ Cooperativa Agrícola General Pueyrredón s/ Diferencia de salarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-12-02

Incurre en absurda interpretación de la notificación telegráfica mediante la cual el trabajador se da por despedido el fallo que hace caso omiso de la causal por la cual aquél se considera injuriado, atribuyéndole motivaciones no invocadas.
Requisitoria fiscal, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Narvaez, Marcelo I.-Larrea, Héctor A. s/ Robo doblemente calificado por uso de arma, despoblado y  banda-Rec.  de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-15

La descripción fáctica de la pieza requirente nos está evidenciando una redacción confusa donde si bien se trata de un solo evento criminoso, no se señala en forma certera cual es la imputación que le cabe a uno de los encartados. Tal situación se patentiza aún más en relación a uno de los imputados toda vez que la atribución primigenia parece sólo dirigida a su consorte procesal. Y conforme tiene dicho reiteradamente este Tribunal que el conocimiento claro, preciso y circunstanciado que el imputado debe tener de la acusación para de esta manera ejercer su derecho constitucional de defensa previsto en el art. 18 de la Carta Magna, resulta notablemente violado en supuestos como el presente tornándose nula la Requisitoria Fiscal. Por otra parte, el hecho es de ligamen entre acusación y sentencia, de aquella ese hecho debe pasar inmutable a la segunda y ello en razón de que la sentencia debe reposar sobre esa plataforma fáctica en el contradictorio, al cual se lo suprime si ese pronunciamiento se refiere a un hecho distinto o confuso como en el caso que nos ocupa, por lo que corresponde declarar la nulidad de la Requisitoria Fiscal. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cuestiones de competencia, inscripción de nacimientos, filiación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: JAIME JOSE LEOPOLDO s/ RECTIFICACION DE PARTIDA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-02-17

En el caso a estudio, la pretensión está dirigida a modificar la inscripción de la ya registrada legalmente en el acta de nacimiento, -art. 16 del Decreto Ley 8204/63- para que se inscriba como padre de la niña B.N.O.J. a D.A.O., contradiciendo la filiación anteriormente establecida art. 250 del Código Civil.

En estos términos la cuestión queda aprehendida en el inciso b del art. 63 de la ley orgánica del Poder Judicial, por lo tanto resulta competente para conocer la presente causa el Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la VIa. Nominación.
Contratos comerciales, actos ilícitos, dependientes, responsabilidad del principal por los hechos del dependiente
Materia: COMERCIAL
Carátula: BULLRICH S.A. c/ GOLDMAN Y COMPAÑIA S.A. s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

La inobservancia de las diligencias y cuidados que aconsejan una prudencia común debe ser más severamente apreciada en el hombre de negocios mientras se desenvuelve en la esfera de su actividad. Y en el caso, tal comportamiento no luce ajustadamente cumplido si se atiende a que la facultad de que gozaba el subordinado constituía un riesgo potencial o real para facilitar la ejecución de posibles ilícitos.

Corresponde, entonces, admitir la demanda sólo en un 75% de su cuantía en virtud de admitirse la existencia de culpa concurrente, que debe fijarse en un 25% con un criterio de razonable equidad.
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), aplicación temporal de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: EMPRESA DE TRANSPORTE 19 DE JULIO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL s/ RECURSO DE AMPARO. APELACION.-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-09-18

Ya que al momento de entrar en vigencia la nueva ley de amparo la causa se encuentra a estudio de la Excma. Sala Civil y Comercial, y a pesar de la Acordada de éste Alto Cuerpo que dispone su aplicación inmediata, no debe perderse de vista la excepcionalidad que ella consagra para los actos ya cumplidos y actos tramitados conforme la ley anterior. Tratándose justamente de actos a los que alude la excepción, corresponde tratar la causa bajo imperio del régimen anterior.-
Excepción de pago, aportes sindicales, certificado de libre deuda
Materia: LABORAL
Carátula: Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda c/ Auchan Argentina S.A. s/ Cobro de Aportes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-07-31

La excepción de pago documentado opuesta a la ejecución del pago de los aportes sindicales, debe ser rechazada, dado que no es de recibo el argumento de que sindicato accionante reconoció el pago de la deuda reclamada mediante un certificado de libre deuda, pues el título ejecutivo con el que se inició el proceso fue emitido con posterioridad a aquél con el que se pretende probar la inexistencia de la deuda, máxime cuando soslaya el demandado que el objeto de la deuda lo constituyen específicamente los aportes sindicales correspondientes a un grupo de trabajadores respecto de los cuales medió una controversia en torno a si correspondía o no efectuar ese tipo de retenciones, y no demostrado que éstos pudieran haber quedado comprendidos en el aludido certificado de deuda, desde que ni siquiera ha intentado rebatir la afirmación relativa a que, para que prospere la excepción de pago, es imprescindible que del instrumento que se la pretende fundar surja de manera indudable que el mismo se refiere a aquella deuda cuya cancelación se alega.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, Corte Suprema de Justicia de la Nación, competencia provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Santillán, Juan E. y otros c/ C.G.Z. s/ DESPIDO INDIRECTO. COBRO SALARIOS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-28

Si bien incumbe exclusivamente a la Corte juzgar sobre la existencia o no de un supuesto de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales llamados a dictar pronunciamiento de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la doctrina del Tribunal, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad.
Recurso de casación, competencia penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Fiscal c/ Evans, Carlos H.; Caplan, Benedicto y Teisaire A. s/ Malversación de caudales públicos y violación de funciones públicas  - Casación (Libro: A028A-237)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1957-08-27

En la sustanciación del recurso de casación (materia penal) es inadmisible el ofrecimiento de prueba.
Adopción, citación de los padres de sangre, facultades del juez
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: A., L.J. s/ ADOPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-04

No obstante las diversas posturas doctrinarias existentes con relación a la intervención de los padres biológicos en el juicio de adopción que sigue a la guarda preadoptiva en la que se han observado las previsiones de los arts. 316 y 317 del Código Civil, el juez de la adopción conserva las atribuciones que le otorga el art. 321 inc. c) del Código Civil, y desde esa postura se encuentra facultado, en principio, a oír a los progenitores del menor si las circunstancias del caso así lo aconsejaren y sin perjuicio de lo que se pudiera resolver en definitiva. Del voto de la mayoría: Dres. Gatzke Reinoso de Gauna y Kiper.
Escribanos públicos, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: GONZALEZ JOSE DOMINGO Y OTROS S.D. ESTAFA, FALSEDAD IDEOLOGICA EN CONCURSO REAL E.P. ESTADO PROVINCIAL s/ CASACION CRIMINAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2009-05-14

El notario del registro, es considerado funcionario público cuando actúa como fedatario, así las actividades del notario se basan en su calidad de funcionario público, y tal función del notario en la vida estatal y social está caracterizada por el cargo público con que se le ha investido. La fe pública es una potestad política del estado y es inherente a sus atribuciones para garantizar la seguridad jurídica.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Concubinato, sociedad de hecho, liquidación de sociedades, liquidación de la sociedad conyugal
Materia: CIVIL
Carátula: B., E.B. c/ V., J.M. s/ LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-07-04

No resulta aplicable para la liquidación de los bienes comunes de los concubinarios la preceptiva que regula la liquidación de la sociedad conyugal, que reposa sobre principios de orden público, concernientes al régimen de bienes - de comunidad de ganancias - del matrimonio, el cual responde a la integración que, también en lo patrimonial, la ley pretende que exista entre los cónyuges. Nada tiene que ver con la razón de ser de las normas de la sociedad conyugal, la liquidación de una invocada sociedad de hecho entre quienes no están unidos por matrimonio.-
Régimen de faltas, intervención del Ministerio Público
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:  'González Núñez, Solange María s/ inf. art. 4. 1. 1.2, habilitación en infracción -L 451-'
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-11

En el régimen de faltas la intervención del Ministerio Público Fiscal es de naturaleza facultativa y no ha sido legalmente prevista tal intervención como una condición necesaria para rodear de validez o legalidad al "juzgamiento" que puede celebrarse, incluso, en ausencia de aquel, a diferencia de lo que ocurre con relación a los delitos o las contravenciones (arts. 17.3, LOMP, y 221, CPPCABA). (Voto de la Dra. Ana María Conde).
Resoluciones posteriores a la sentencia definitiva, ejecución de sentencia, liquidación, recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Lavagnino, Valeria Julieta y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde rechazar la queja toda vez que el recurrente no lograr rebatir con éxito el fundamento dado por la Cámara para denegar el remedio extraordinario que aquél pretende sostener, en cuanto sostuvo que las sentencias dictadas en el marco de liquidaciones judiciales, al no resolver sobre el fondo de la cuestión, no son susceptibles de ser cuestionadas por vía del recurso de inconstitucional, sin que el recurrente haya aportado un desarrollo argumental tendiente a demostrar por qué el pronunciamiento sería equiparable a uno de carácter definitivo. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Extradición, interpretación de tratados internacionales, pena de muerte
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Calafell, Roque Esteban s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-06

Corresponde declarar improcedente la extradición solicitada si, más allá de la relación que pudiera existir entre la "Fiscal Estatal Asistente" del Estado de Florida que prestó declaración bajo juramento y la "autoridad ejecutiva" del Estado requirente, lo cierto es que ello no basta para interpretar que las Partes Contratantes se hayan apartado del principio convencional de que sea el "Estado" requirente quien brinde la "garantía" exigida por el art. 6° del tratado aplicable (ley 25.126), a través de su representación diplomática acreditada en el país, quien representa al Estado Federal en sus relaciones internacionales según prescribe el artículo 3.1.a. de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por decreto-ley 7672/63, ratificado por ley 16.478, sin perjuicio de que, más allá de la problemática en punto a la "autoridad" competente para brindar la "garantía" en cuestión, ésta debe recaer, desde un punto de vista material, sobre la "no imposición" o, en su caso, "no ejecución" de la pena de muerte, siendo insuficiente para ello el compromiso de que "no se solicitará la pena de muerte" (Disidencia parcial de la Dra. Carmen M. Argibay y disidencia de los Dres. Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni).
Deuda pública, régimen de consolidación de deudas, inembargabilidad de fondos
Materia: PROCESAL
Carátula: BAYON  ANDRES  DONATO  Y  OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DEECONOMIA Y PRODUCCION S/ s/ ROCESO DE CONOCIMIENTO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-24

El art. 134 de la ley 11.672 establece que se tendrá por acreditado el cumplimiento de la comunicación al Congreso de la Nación, que impone el art. 22 de la ley 23.982 a los fines de la inembargabilidad de los medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del sector público nacional (art. 19 de la ley 24.624), mediante la certifiación que en cada caso extienda el servicio administrativo contable del organismo o entidad involucrada. De acuerdo con ese marco legal, o se puede soslayar que el demandado se ha limitado a sostener que el crédito del perito "debe cancelarse en el ejercicio financiero correspondiente al año 2012" sin haber acreditado -hasta el momento- que cumplió con la comunicación prevista en el art. 132 de la ley 11.672 -norma que expresamente invoca en su memorial-, en la forma establecida en el art. 134. En esas condiciones, el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación, tal como lo prevé el art.

22 de la ley 23.982 (Fallos 322:2132 citado).
Accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad de entidades deportivas, daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL
Carátula: SANMARCO, CLAUDIO GABRIEL c/ CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE BUENOS AIRES s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-30

No cabe admitir la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida contra un Club Deportivo por quien fue herido perdiendo la visión del ojo derecho debido a un piedrazo proveniente de un grupo de personas que se dirigían a la cancha, si la víctima no se encontraba dentro de las dependencias del Club cuando fue herido, ni en el restaurant o confitería o saliendo de ella.

El empresario o promotor del espectáculo asume una obligación de seguridad frente al espectador, en virtud de la cual le promete la realización de un espectáculo deportivo, en todo su desarrollo, sin detrimento para su persona, al menos desde el punto de vista físico o somático, y si se plantea el supuesto de daño sufrido por la persona de un espectador, es cuestión contractual, por incumplimiento de la obligación tácita de seguridad que pesa sobre el empresario u organizador. Es evidente que el espectador, al adquirir las entradas pretende como contraprestación principal la de asistir al espectáculo, pero no solamente ello, sino también la de no sufrir eventualmente daños. Dicha responsabilidad se extiende a la zona de influencia o a aquellos lugares donde éste puede actuar, en procura de seguridad para los espectadores, siendo ello, lógicamente el estadio y la sede social, no así a la vía pública, donde el deber de seguridad queda circunscripta al Estado.

La ley 23.184 regula la responsabilidad del promotor y organizador de partidos de fútbol y en su art. 33 limita la responsabilidad de las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo a los daños sufridos por los espectadores "en los estadios y durante su desarrollo", por lo que no responden por ilícitos cometidos fuera de los estadios "aunque sean cometidos inmediatamente antes o después" del espectáculo.
Impuestos, monotributo, clausura del establecimiento, pago de tributos, falta de pago, fondo de comercio
Materia: PENAL
Carátula: PERIS, JUAN SEBASTIAN. s/ Infracciones tributarias.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-10

Corresponde confirmar la sanción de clausura impuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos a un contribuyente que omitió exhibir en un lugar visible al público la placa indicativa de inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la constancia de pago del último mes vencido - conducta exigida por los artículos 26 y 27 inc. a), punto 2, de la ley 25865 -, y no obsta a ello el argumento del apelante en cuanto que éste no continúa con la explotación del local comercial en donde se procedió a la inspección y que por la clausura se vería afectada una persona ajena al hecho, dado que la sanción es impuesta a la persona sancionada y se refiere a su local de comercio, cualquiera sea el lugar en que se encuentre en la actualidad; los derechos que pudieran asistir a terceros cesionarios de un fondo de comercio transmitido de conformidad con la ley 11687 podrán hacerse valer en oportunidad de efectuarse la clausura.
Recurso de apelación (procesal), objeto del proceso, deberes del juez, principio de congruencia
Materia: COMERCIAL
Carátula: BARUJEL, LEONARDO c/ GALERIAS BROADWAY SRL s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-11

Efectuar la valoración de un argumento no esgrimido como defensa, llevaría a exceder los límites que determina concretamente el cpr 277, dado que no es admisible que en la alzada se decida dejando de lado el contenido de la relación procesal como ha sido trabada en los escritos constitutivos del proceso.
Ius variandi, cambio de categoría, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: SERRA, HECTOR VICTORIO c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ DIFERENCIA DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1972-04-25

'En el caso de que al trabajador se le rebaje unilateralmente de categoría, si optó por mantener el vínculo sólo tiene derecho a percibir la remuneración fijada para aquella en la cual efectivamente prestó servicios'.
Nulidad procesal, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Fernández, Sol Victoria s/ Guarda
Jurisdicción: Local — Provincia: Tierra del Fuego
Fecha: 1997-11-12

Si bien es cierto que la demostración del interés no resulta imprescindible cuando se trata de nulidades esenciales que afecten el derecho de defensa, no es menos cierto, que dicho derecho no aparece afectado a la hora de resolverse una medida de índole precautoria que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 226.1 del C. Procesal se decreta y cumple sin audiencia de la otra parte. Aunque puedan recurrirse por vía de reposición o vía de apelación subsidiaria o directa (C.P.C.C.L.R.M., art. 226.3) (del voto del Dr.Carranza)
Condominio, obligaciones de los condóminos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Establecimiento Textil Cuadritex S.R.L. c/ Liberman, Esteban Javier y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-07-15

Teniendo como causa la obligación una ilicitud en el obrar, y no un acto inherente al mantenimiento de la cosa común o a su administración, la responsabilidad simplemente mancomunada de los comuneros (tanto si se considera que hay un condominio como que hay una herencia indivisa), cede en la especie frente a la solidaridad que impone la ilicitud de la causa (arts. 2687, 2688, 3498, 1109 y concts. Cód. Civ).
Concursos docentes, paritarias
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RICCI, FLORENCIA PAOLA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-02

Las manifestaciones de la amparista no se erigen como suficientes para demostrar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la reglamentación atacada, atento que ésta se presenta como una facultad válida que la autoridad administrativa efectuó en el ejercicio de funciones propias; y no resulta menor el dato de que tales cuestiones han sido convenidas en Paritarias celebradas entre las partes (representada la amparista en tales tratativas por el gremio al cual pertenece) y dicha resolución no fue tildada por el sector gremial como manifiestamente inconstitucional y violatoria de los docentes del sector privado, sino que por el contrario, el Sindicato prestó su consentimiento, convirtiéndose en obligatoria para quienes la suscriben y también para todos los trabajadores de esa específica actividad; lo que no importa negar el derecho que pudiera eventualmente asistirle a impugnar la reglamentación en cuestión por los carriles que el ordenamiento legal le confiere. (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dres. Falistocco, Spuler y Gutiérrez).