Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-06-27


Dictamen de la Fiscal General Subrogante de Cámara:

1. En la resolución apelada de fs. 174 (copiada a fs. 178/179) el juez de primera instancia admitió la revisión promovida por Elba Sonia Yameo. En dicha oportunidad declaró verificado un crédito por la suma de $ 15.150,99 discriminado de la siguiente manera: $ 7052,28 con privilegio especial y general (arts. 241:2 y 246:1 LC), $ 4283,41 con privilegio general (art. 246:1 LC) y $ 3815,30 como quirografario.

2. Apeló el incidentista. Expresó agravios a fs. 187/188.

En primer término se agravió del monto verificado en concepto del art. 2º ley 25.323, y de que no se hubiese reconocido privilegio alguno al crédito reconocido en ese concepto.

Sostuvo al respecto que dicha norma se limita a incrementar determinadas indemnizaciones consagradas por la ley de contrato de trabajo cuando se verifican determinadas circunstancias de hecho. Por lo tanto, concluyó que debería reconocérsele al crédito en concepto de incremento indemnizatorio del art. 2º de la ley 25.323 los mismos privilegios que tienen los créditos por indemnizaciones laborales que éstos acrecen.

Por otra parte, se agravió de que se hubiera verificado el monto correspondiente a intereses únicamente con privilegio general. Afirmó que el art. 242 LC dispone que los privilegios se extienden en el caso de los créditos enumerados en el art. 241 inc. 2 LC a los intereses devengados por dos años a partir de la constitución en mora.

3.1. La ley falimentaria en su art. 241 inc. 2 reconoce privilegio especial a los créditos provenientes de indemnizaciones por antigüedad.

Dicho privilegio especial alcanza -a mi entender- a la totalidad del monto correspondiente a dicho rubro, debiéndose incluir no sólo el monto que surja de la liquidación efectuada en los términos del art. 245 LCT sino también toda suma adicional que el legislador haya determinado en el entendimiento de que concurrían particulares circunstancias agravantes, que exigían ser resarcidas.

A mi juicio, tal es el caso del art. 2º de la ley 25.323 que estipula que podrá incrementarse la indemnización debida -en el caso, aquella regulada en el art. 245 LCT- en un 50 % en caso de que el empleador no la abonara habiéndoselo intimado fehacientemente.

Por ello, considero que debe extenderse al crédito reconocido por el art. 2 ley 25.323 el privilegio especial del que participa la indemnización por antigüedad.

Esto, porque dicho crédito integra la indemnización debida por despido. El art. 4 de la ley 25.323 no crea un nuevo crédito a favor del trabajador, sino que consagra normativamente una directiva para calcular el quantum de la indemnización debida por despido, la que viene a adicionarse a las pautas que consagra el art. 245 LCT.

Por iguales motivos que los expuestos supra, debe reconocerse al crédito devengado en concepto de haberse configurado la circunstancia reseñada en el art. 2º de la ley 25.323 el privilegio general que consagra el art. 246 inc. 1 LC.

3.2. Por otra parte, considero que asiste razón al recurrente en cuanto a que el art. 242 LC dispone que los privilegios se extienden en el caso de los créditos enumerados en el art. 241 inc. 2 LC a los intereses devengados por dos años a partir de la constitución en mora.

Por lo tanto, debe reconocerse tanto el privilegio especial como el general a los intereses devengados en concepto de créditos a los que se le reconocen tales privilegios.

3.3. Por último, destaco que el agravio introducido por el recurrente respecto del monto del crédito verificado en concepto del art. 2º de la ley 25.323 remite a aspectos de hecho y prueba vinculados con la relación laboral invocada entre la incidentista y la fallida. Tales tópicos no implican afectación del interés general cuyo resguardo me compete; no me expediré, pues, al respecto.

En consecuencia, opino que V.E. debe revocar la resolución apelada con los alcances expuestos. - Junio 16 de 2005. - Alejandra Gils Carbo.

2º Instancia. - Buenos Aires, junio 27 de 2005.

1. La incidentista apeló contra el decreto de fs. 178/9 en cuanto se liquidó en forma errónea el concepto previsto por la ley 25.323:2.

Asimismo solicitó se reconozca a tal concepto privilegio especial y general, en oposición a la condición de crédito quirografario establecida por el a quo.

También reclamó el privilegio especial y general sobre los intereses respecto del capital correspondiente a los rubros sueldo mes de noviembre de 2001, preaviso e indemnización por antigüedad (fs. 177; memorial en fs. 187/8, contestado por la sindicatura en fs. 203.

2. El art. 2º de la ley 25.323 establece que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los arts. 6º y 7º de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 %.

Esto implica un recargo en la indemnización por antigüedad, la sustitutiva del preaviso, y la integración del mes de despido.

Tales rubros, computados conforme el peritaje contable obrante en fs. 138vta., ascienden a un total de $ 6597,30.

El 50 % de tales conceptos asciende pues a la suma de $ 3298,65, en concepto de capital, suma por la cual habrá de prosperar el agravio, con más los intereses correspondientes.

En relación al privilegio reclamado, tal agravio no habrá de prosperar.

Es que el incremento indemnizatorio previsto por la ley 25.323:2, si bien refiere en su misma enunciación a un argüido tópico resarcitorio, no es tal, sino que representa una suerte de sanción respecto de aquel empleador que no reconociere extrajudicialmente reclamos por despido, y de tal modo provocare la promoción de actividad administrativa o judicial tendiente a su percepción por parte del trabajador.

El sentido de tal apreciación surge de la lectura del último párrafo del mentado art. 2º de la ley 25.323.

Ese apartado prescribe, luego de reconocer aquel incremento del 50 % sobre la indemnización laboral, que si hubieran existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago.

Esta legislación importa una sanción análoga a las conminatorias previstas por el C.Civ. art. 666bis, lo cual da cuenta de la relatividad objetiva en la procedencia de tal rubro, en función de circunstancias eventuales y potestades de los jueces que podrían rebatir este incremento.

Tal carácter impide el reconocimiento sobre el tópico de un privilegio.

Ello así en tal preferencia debe ser interpretada restrictivamente con arreglo a la ley, con apartamiento de apreciaciones fundadas en la analogía.

En cuanto al reconocimiento del privilegio especial y general sobre los intereses, cabe decir que la LC 242 establece expresamente que tal preferencia se proyecta sobre los accesorios de los conceptos previstos en la LC 241-2 hasta dos años posteriores a la mora.

Por tanto, en coincidencia con lo sostenido por la Fiscal de Cámara en su dictamen, cabe reconocer a tales intereses el privilegio especial y general previsto por la norma citada.

3. Por ello, modificase la resolución de primera instancia conforme lo expuesto en sub 2.

Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (Cód. Proc. art. 36 inc. 1º) y las notificaciones pertinentes.

Actúan los suscriptos de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones 177/04, 251/04 y 472/04 del Consejo de la Magistratura y Acuerdos del 30.6.04 y 15.12.04 de esta Cámara. El doctor Monti no interviene por hallarse en uso de licencia (RJN 109). - Felipe M. Cuartero. - Maria L. Gómez Alonso de Díaz Cordero.