Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-07-30


NEUQUEN, 30 de julio de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "PARRA MATIAS ROBERTO C/ VICTORIA ZAMORA ESTEBAN DARIO Y OTRO S/ D. Y P. X USO AUTOM C/ LESION O MUERTE" (EXP Nº 411950/10) venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° Seis a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 267/273 la Sra. Jueza de Primera instancia dictó sentencia haciendo lugar a la demanda iniciada por el Sr. Matías Roberto Parra y condenó a los señores Esteban Darío Victoria Zamora, Miguel Ángel Márquez y Seguros Bernardino Rivadavia Coop. Ltda., esta última en la medida del seguro, a pagar al actor la suma de $20.869,00, con más intereses y costas.

Contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso recurso de apelación a fs. 280 y a fs. 275 hicieron los propio los demandados y la citada en garantía. Además, estos últimos interpusieron recursos arancelarios contra las regulaciones efectuadas a los letrados y peritos intervinientes.

El actor, en primer lugar, se agravia porque considera insuficiente el monto otorgado a su mandante en concepto de gastos de farmacia. Manifiesta que si bien no hay prueba concreta acerca de los gastos a los que hizo frente, cabe hacer lugar al reclamo por cuanto existen circunstancias que tornan verosímil su producción.

También critica por bajo el monto reconocido en concepto de gastos de traslado. Manifiesta que por las graves lesiones que sufrió y la necesidad de asistencia médica periódica, curaciones, placas radiográficas y entrevistas con la psicóloga, entre otras, tales gastos deben presumirse, y que era el demandado quien debía probar su falta de desembolso.

Además se queja por el bajo monto reconocido en concepto de gastos de vestimenta y dice que los mismos debieron presumirse por cuanto el actor viajaba en motocicleta y que debía el demandado probar la inexistencia de los mismos.

En cuarto lugar, critica el rechazo del daño estético como rubro autónomo. Manifiesta que la Sra. Jueza de primera instancia se aparta de la pericia médica presentada en autos, de la cual surge la lesión estética y que para fijar la cuantía de ese daño debe despejarse toda incidencia de orden psicológico, moral o laboral, y que si bien el perjuicio es material o patrimonial, se presenta en forma autónoma. Dice que dicho daño debe ser resarcido, ya sea inmerso en el daño moral, en el daño físico o en forma autónoma.

También cuestiona la sentencia por el rubro tratamiento psicológico. Agrega que quedó acreditada en autos la relación casual entre el prolongado tratamiento recomendado y las secuelas físicas que le quedaron al actor, y estima que dicho item debió prosperar por la suma de $3000.

Además se queja por el rechazo del tratamiento médico futuro, diciendo que en autos ha quedado probado que su parte necesita realizarse una cirugía estética a los fines de corregir la cicatriz existente en la frente. Expresa que la A-quo se apartó de lo dictaminado por el experto.

En séptimo lugar se agravia por el monto otorgado en concepto de privación de uso. Afirma que la Sra. Jueza no tiene en cuenta que el Ing. Fernández expresó que el tiempo de reparación era de 15 días.

También critica el monto reconocido en concepto de daño moral, por lucir manifiestamente escaso e insuficiente para reparar integralmente al actor.

Por último, se agravia por la imposición de la tasa de justicia y contribución al colegio de abogados a su parte por el saldo restante, hasta alcanzar el total correspondiente por el monto de la demanda.

A fs. 307/312 expresan agravios el demandado y la citada en garantía.

En primer lugar, critican la atribución de responsabilidad al demandado, diciendo que quedó acreditada en autos la culpa de la víctima por el hecho de que la motocicleta circulaba sin luces e intentó una maniobra de sobrepaso sin tomar las precauciones del caso.

Expresan que la violencia del impacto de la motocicleta con el vehículo demandado denota la elevada velocidad a la que circulaba el Sr. Parra, contrariando lo dispuesto por la Ley de Tránsito 24.449.

Alegan que el Sr. Victoria Zamora fue exonerado totalmente en orden a la investigación del delito de lesiones culposas y, en consecuencia, las circunstancias en que materializó el hecho se encuentran cerradas para el análisis del debate en autos.

También cuestionan el monto por daño moral por arbitrario.

Corridos traslados de los agravios de las partes a fs. 313, el actor responde y solicita el rechazo del recurso de la contraria, y el demandado y la citada en garantía guardan silencio.

II. Planteadas las cuestiones en esta instancia recursiva, entiendo que por razones de orden lógico, corresponde comenzar por el tratamiento de la apelación deducida por el demandado y la citada en garantía.

1. En forma preliminar, es necesario señalar respecto a la prejudicialidad que invocan los recurrentes que: "La conducta de los absueltos en sede penal puede ser revisada en sede civil cuando no se trata de ninguna de las dos hipótesis que contiene el art. 1103 del Código Civil: que la sentencia absolutoria se deba a la inexistencia del hecho investigado o a la falta de autoría del acusado. Las consideraciones del juez en lo correccional no impiden que la responsabilidad civil sea examinada desde la perspectiva del art. 1113 del Código Civil porque, a diferencia del examen en el derecho penal, existen supuestos en el derecho civil en los cuales, para originar la obligación de responder, basta la prueba de la relación de causalidad entre la cosa riesgosa y viciosa y el daño sufrido sin que sea necesaria la prueba de culpabilidad" (CNCiv., Sala E, "SEIGUERMAN, Luciano c/ NEGRI, José Osvaldo s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", 26/10/07).

Además, tiene dicho el Tribunal Superior de Justicia que: "El art. 1102 del Código Civil, aplicable -como se anticipara- subsidiariamente a la materia, regula, in genere, los efectos que el pronunciamiento penal condenatorio tiene en el juicio civil, donde se ventilan las consecuencias del mismo hecho, relacionadas con el perjuicio sufrido por el damnificado".

"Resulta conveniente aclarar que, antes que otorgar a esa influencia la categoría de cosa juzgada en el sentido tradicional, parece más propio aludir a la prioridad y prevalencia del contenido de una sentencia respecto de la otra, que produce, no todos, pero sí algunos de sus efectos. Más que cosa juzgada, hay una vinculación legal que debe observar el juzgador iusprivatista respecto de la sentencia penal precedente sobre el mismo hecho (cfr. Creus, Carlos, Influencias del proceso penal sobre el proceso civil, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 20/23, Bueres-Highton, Código Civil, Ed. Hammurabi, T. 3-A, p. 316)".

"Según se desprende de la norma en cuestión, después de la condenación criminal no se pueden cuestionar, discutir o desconocer en sede civil dos aspectos: a) la existencia del hecho principal; b) la culpabilidad del imputado. Como es sabido, el juez penal debe analizar necesariamente la materialidad del hecho que se atribuye al imputado y esa materialidad comprende las circunstancias esenciales para resolver la cuestión, de modo que el juez civil debe atenerse a los datos fácticos que el magistrado dio por verificados (Llambías, Jorge, "Límites de la cosa juzgada penal" ES 84-755, SC Mendoza, Sala I, "Buel c/ Cía de Perforaciones Río Colorado", ED 145-454)".

"Sin perjuicio de ello, el criterio prevaleciente indica que no todas las declaraciones que integran la sentencia penal hacen cosa juzgada en sede civil, sino sólo aquellas que el juez penal tuvo necesidad de pronunciar para resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad penal del autor (cfr. Creus, op. cit., p. 68; Bueres-Highton, op. cit, p. 316, Cárdenas-Kemelmajer de Carlucci, Código Civil, Ed. Astrea, p. 306)... Bien se ha dicho que "la jurisdicción no puede fraccionarse en compartimentos estancos, absolutamente independientes entre sí, de modo tal que un mismo hecho o un mismo acontecimiento pueda ser afirmado o negado y sus consecuencias jurídicas resueltas de distinta manera según el tribunal que lo examine. Ese concepto de unidad de lo jurisdiccional, engendrado en esencias jurídicas lógicas, tiene un fin con el que afronta la necesidad social de lo jurídico: el de concretar la seguridad como valor equiparable, en el ordenamiento positivo, al ideal de justicia; y ese valor exige que las soluciones del poder jurisdiccional sobre el mismo acontecimiento resulten, si no uniformes, por lo menos no contradictorias" (cfr. Creus, op. cit, p. 21)..." (cfr. Ac. 24, "ALCAPAN, JUAN OSVALDO Y OTRO C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA", expte. n° 2029/07).

A partir de lo expuesto, corresponde analizar las constancias de autos en relación con la responsabilidad civil del demandado.

Tal como lo expone la Sentenciante, no se encuentran controvertidas en estas actuaciones las circunstancias de tiempo y lugar en que ocurrió el evento dañoso ni tampoco quienes intervinieron como protagonistas en el mismo, sí la mecánica del accidente.

Al respecto, cabe destacar que: "La colisión ocurrida entre dos vehículos en movimiento cae en la órbita del art. 1113 Cód. Civil, ya que se trata del daño producido por una cosa riesgosa". (CNCiv., sala F, en autos "Borysiuk, Juan y otro c. Ibarra, Santiago M. y otro", 02/08/1991, LA LEY 1991-E , 339).

Luego, y conforme surge de las constancias de autos, la eximente alegada por el accionado al contestar la demanda, respecto a la culpa de la víctima, no fue acreditado por las pruebas producidas en autos.

Es que la pericial obrante a fs. 59/67 de las actuaciones penales caratuladas "Victoria Zamora, Esteban Darío s/ Lesiones Graves Culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor", Expte. N° 5790/2010, dice: "De un minucioso análisis del presente, surgiría que el siniestro se produce siendo las 23:35 hs. aproximadamente del día dos de abril del corriente año, sobre la calzada de calle San Martín Esquina Villa Pehuenia de la Ciudad de Neuquén. Acontece en circunstancias que la Motocicleta marca Motomel, modelo 125 cc. Color Azul, dominio 634-CVI, comandada por Matías Roberto PARRA transitaba por la banda sur de calle San Martín en Sentido Este y a la altura de calle Villa Pehuenia, colisiona frontalmente contra el taxímetro tipo Automóvil, marca Chevrolet, modelo Corsa, color amarillo, Dominio FXF-229, conducido en la oportunidad por Esteban Darío VICTORIA ZAMORA, quien se desplazaba por la misma vía que el birrodado pero en sentido opuesto, es decir de Este a Oeste, cuando por razones que escapan a la objetividad del presente, se cruza al carril contrario donde invade la trayectoria del birrodado y colisionándolo con el extremo frontal del lado izquierdo, desplazándose hacia el oeste hasta culminar finalmente con sus movimientos post impacto, haciéndolo el birrodado en sentido contrario al desarrollado originariamente, mientras que el automotor se detiene como producto de la acción de su sistema de frenos, conforme lo evidencian las huellas patentizadas en la calzada (referenciadas en el croquis ilustrativo)" (fs. 63/64 del expediente penal).

En cuanto a la velocidad de los rodados, el experto dijo: "De las operaciones realizadas surge que el taxímetro CHEVROLET Corsa, Dominio FXF-229, en su trayectoria en fricción consumió una velocidad técnica mínima de 62,15 kilómetros por hora. De la motocicleta Motomel Dominio 634-CVI, no es posible estimar la velocidad que animaba su movimiento en los instantes previos a la colisión" (fs. 63 del Expte. N° 5790/2010).

En idéntico sentido se expidió el perito accidentológico designado en autos, quien estimó que al momento del choque, el automóvil marca chevrolet corsa circulaba a una velocidad aproximada de 75 km/h., y que no hay elementos en esta causa, como en las actuaciones penales, que permitan determinar la posible velocidad de circulación de la motocicleta al momento del impacto (fs. 223).

Además, la testigo María Julia Piñaleo declaró en sede penal y dijo: "El día de los hechos veníamos por calle San Martín, en el taxi, y al llegar a la calle Villa Pehuenia, justo en el medio, había un cartel que supongo que decía "peligro", pero caído sobre el asfalto. El taxista al ver eso se inclinó sobre la otra mano y justo venía el motociclista que chocó con la parte delantera izquierda y voló varios metros y cayó a la orilla del cordón" (fs. 84).

Respecto a la velocidad de los vehículos expresó: "Yo estoy acostumbrada a andar en taxi, y ese venía un poco más rápido" (fs. 84). Nada dice la testigo respecto a la velocidad de la moto.

Por otra parte, la pericial mecánica dice: "La motocicleta se encontraba en buenas condiciones de uso y conservación. LUCES. Funcionan correctamente todas las luces, menos las dañadas por el siniestro" (fs. 25 vta. del expediente penal).

En autos no ha quedado acreditada la culpa de la víctima en el evento dañoso (art. 1113 del C.C.). Es que el demandado y la citada en garantía no probaron que el actor al momento del evento dañoso conduciera su motocicleta sin luces reglamentarias, y tampoco que lo hiciera a exceso de velocidad, tal como argumentan la aseguradora citada y los demandados (fs. 23/24, 32/48, 59/60).

En este sentido, jurisprudencialmente se ha sostenido que: "Probado el contacto del rodado de la demandada con la motocicleta del actor y no habiéndose invocado ni probado eximente de responsabilidad alguno al contestar la acción, corresponde condenar al titular del automotor conforme la regla del artículo 1113 del Código Civil, la cual no se destruye por meras inducciones o indicios o excusa no acreditada ni definida, sino sólo ante pruebas que otorguen fuerza a la eximición de responsabilidad atribuida al dueño o guardián de la cosa generadora del daño", CNCiv., sala C, Miotto, Jorge Omar c. Vulcano, Catalina y otros, 10/12/2008, AR/JUR/26116/2008).

En autos, los demandados y la citada en garantía no lograron probar el eximente de culpa de la víctima invocado (fs. 32), lo que deviene lógicamente en el rechazo de su agravio (cfr. art. 377 del C.P.C. y C.).

2. Respecto al primer agravio del actor, referido al monto reconocido como gastos de farmacia, tampoco resulta procedente. Ello así, porque entiendo ajustada a derecho la suma otorgado por la Sentenciante de $150.

Es que, conforme surge de las constancias de autos, inmediatamente después de sufrido el accidente, el actor fue atendido en el Hospital Provincial Neuquén (fs. 43 de las actuaciones penales), dado de alta a escasas horas de ingresado al nosocomio (fs. 43 indicada) y no adjuntó ni ofreció prueba alguna a los fines de acreditar nuevas consultas o tratamientos médicos o gastos farmacéuticos.

Al respecto: "La jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de la prueba concreta y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y tengan adecuada relación con la importancia del tratamiento" (CNCiv., Sala E, "Paez de Tezanos Pinto, Ana M. c. Otermin Aguirre, Julio", LA LEY 1986-A, 469).

En relación con los gastos de traslado y vestimenta, no surge en autos que el actor haya tenido que afrontar tratamiento alguno o concurrir a efectuar consultas médicas que justifiquen los gastos de traslado que alega, como así tampoco que la ropa que portaba al momento del accidente hubiera sufrido daño alguno. Ello me lleva a considerar que la carencia de elementos probatorios sobre tales gastos deviene, lógicamente, en la desestimación del agravio.

También el accionante se queja porque entiende que la Sra. Jueza, al valorar el daño estético, no lo hizo de forma autónoma tomando el porcentaje de incapacidad otorgado por el perito médico.

Al respecto, si bien en la pericial se describen las cicatrices, como las menciona el recurrente, el experto se limita a decir que las mismas le producen al actor una incapacidad física del 22% (fs. 148 vta.), pero no señala cuales son las acciones que se ve impedido de realizar como consecuencia de la cicatriz que describe. Tampoco han declarado testigos en autos que permitan corroborar la conclusión del perito en cuanto a la incidencia en su capacidad física.

Además, el experto, al contestar las explicaciones requeridas por la demandada dijo: "El accidentado NO presenta ninguna incapacidad funcional, como dice el abogado, por la cicatriz localizada en la frente (fs. 199 vta.)" Por lo tanto, se comparte lo afirmado en el fallo respecto a que no resultan acreditadas consecuencias disvaliosas en la esfera patrimonial de las cicatrices, sin perjuicio de su consideración en otro rubro. Es así que la A-quo al valorar el daño moral dijo: "En razón de ello y teniendo en cuenta las condiciones personales de la víctima, edad, vida de relación consecuente, el plano espiritual como consecuencia de la lesión estética sufrida, el lapso de reposo, y la afección derivada de la marca (cicatriz) que el hecho dejara en el rostro del actor, entiendo equitativo establecer para el rubro la suma de $ 8.000".

Por ello, debido a la falta de acreditación de una incapacidad física por el daño estético, los perjuicios que ocasiona se consideran comprendidos en el daño moral, fundamento que se comparte, por lo cual corresponde desestimar el agravio.

Luego, el cuarto agravio, referido al tratamiento psicológico, también será rechazado. Al respecto, la Sala III en autos "GARRIDO ANGEL ERNESTO Y OTRO C/ LAURIN EDITH MARIA CRISTINA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR USO DE AUTOMOTOR C/ LESIÓN O MUERTE" citó: "Los gastos terapéuticos futuros son resarcibles si, de acuerdo con la índole de la lesión o de la disfunción que ocasionó el evento, es previsible la necesidad de realizar o proseguir algún tratamiento curativo o gasto que permita afrontar las necesidades psicofísicas derivadas de una incapacidad o del problema psíquico por el que transita la víctima a raíz del hecho. En consecuencia, debe bastar que el tratamiento o intervención terapéutica aconsejada resulten razonablemente idóneos para subsanar o ayudar a sobrellevar las secuelas desfavorables acaecidas. (Sumario N° 21011 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil). (Autos: PASARELLI Marisa Paula c/ DISCO S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Magistrados: RAMOS FEIJÓO, MIZRAHI - Sala B. 24/02/2011 - Nro. Exp. B561780)".

En el caso de autos, como se desarrolló anteriormente, los dichos del perito psicólogo no se encuentran corroborados por ninguna otra prueba, y por ello, consecuentemente, los gastos de tratamiento (80 sesiones de psicoterapia) señalados en el mismo (fs. 131) no podrán ser valorados de manera distinta a la efectuada por la Sentenciante de grado. Tal como lo señaló la A-quo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido hasta el momento de la realización de la pericia y los escasos fundamentos de la misma, el pedido no resulta procedente.

En cuanto al tratamiento médico futuro, el experto en medicina legal señala que la cicatriz en frente se puede corregir a través de una cirugía estética, cuyo costo aproximado es de $ 10.000, pero no brinda mayor información al respecto, como por ejemplo como incidiría la misma en la lesión y como arriba a dicho monto. Por otra parte, el actor no ha aportado otros elementos que permitan conocer mayores datos sobre la intervención quirúrgica, por lo que el agravio será rechazado.

Respecto al monto otorgado en concepto de privación de uso, la queja del actor también será desestimada. Es que teniendo en cuenta los daños que arroja el informe técnico de fs. 225, considerando el tiempo de reparación señalado por el perito a fs. 224, y la carencia de prueba respecto a los gastos que tal privación traería aparejados al accionante, estimo ajustada a derecho la justipreciación efectuada por la A-quo.

En relación a la queja por el monto reconocido en concepto de daño moral, el recurrente señala que si se tienen en cuenta los padecimientos sufridos por el actor, la cuantía del monto acogida por la Sentenciante, resulta escasa e insuficiente para reparar integralmente el daño.

Al respecto, se ha sostenido que: "Sin daño no hay indemnización, y como elemento integrante de la responsabilidad civil debe acreditarse su existencia. Constituye un principio básico en esta materia que quien lo alega tiene la carga de la prueba de la existencia. El fundamento de la carga probatoria radica en que el damnificado no debe enriquecerse a expensas del responsable y la reparación debe limitarse a restablecer el equilibrio del patrimonio sin que represente fuente de lucro para la víctima", (CNCiv., Sala D, voto del Dr. Bueres en autos "Luque, Juan Miguel c. Cuadrado, Roberto", 10/06/2003, AR/JUR/7697/ 2003).

En autos debe considerarse que no ha quedado acreditado que el actor haya sufrido padecimientos por haber sido sometido a tratamientos y, además, recibió el alta a escasas horas de haber ingresado (fs. 43 de las actuaciones penales).

Tampoco se aportó prueba testimonial alguna que permitiera corroborar lo expuesto por el actor a la perito psicóloga en la entrevista a la que fue citado por ella. En definitiva, el demandante no ha logrado probar que el accidente haya provocado un vuelco drástico en su vida, como alega.

Por otra parte, ha quedado acreditado en autos que el actor, como consecuencia del accidente, padece una cicatriz frontal de 7 cm de longitud en la región frontal izquierda -hasta 1cm. de ancho-, con pigmentación aumentada" (fs. 147 vta. y 148 vta.).

Por ello, a partir de las pruebas producidas, entiendo que los agravios en relación a la apreciación del daño moral y el monto fijado por la A-quo, corresponde que sean rechazados.

Por último, en relación a la queja referida por la imposición del pago de la tasa de justicia a la actora por la diferencia entre el monto reclamado en la demanda y el monto en que procede la sentencia, tampoco prosperará. Es que, conforme lo ha sostenido esta Alzada en EXP Nº 367872/8, QUE-35-12 y ICC Nº 51178/7: "El agravio relativo a las cuestiones atinentes al pago de la tasa de justicia no puede ser canalizado por vía del recurso de apelación, en tanto excede las facultades jurisdiccionales revisoras de esta Alzada, siendo su tratamiento propio de la instancia administrativa, ante la Oficina de Tasas del Poder Judicial." "En efecto: la cuestión netamente jurisdiccional se limita a la imposición de costas, siendo éste el único punto de enlace con la obligación de carácter tributario administrativo, tal es el pago de la tasa." "De hecho, su determinación debe ser hecha por la Actuaria, correspondiendo únicamente al magistrado intimar al pago en las oportunidades debidas." "Si contra esta determinación existiere un reparo, corresponderá formar incidente y la cuestión será analizada en vía administrativa, la cual, agotada, permitirá el control jurisdiccional, pero por vía de las acciones de naturaleza procesal administrativa." "Como se advierte, todo ello excede el ámbito de conocimiento de esta Alzada, el cual, insisto, se circunscribe a la posibilidad de revisión en materia de imposición de costas." "En apoyo de lo expuesto, el Reglamento aprobado por Ac. 4701, punto 6, establece que la Oficina de Tasas Judiciales tiene como funciones y responsabilidades, la de ".Recibir las actuaciones originadas en la oposición al pago o a las determinaciones de las tasas de justicia realizadas de conformidad con el artículo 307 del Código Fiscal y otorgarles el trámite previsto en el presente reglamento. Dirigir el trámite de las actuaciones administrativas que se produzcan con motivo de la oposición al pago o a las determinaciones de las tasas de justicia, de conformidad con la Ley 1284 y el presente reglamento. Controlar las gestiones concernientes a la correcta determinación y percepción de las Tasas de Justicia por parte de los organismos jurisdiccionales y registros públicos respectivos, velando por el estricto cumplimiento de las normas fiscales." "En el Título Segundo, se fija el procedimiento de impugnación, estableciéndose que la interposición del recurso administrativo produce efectos suspensivos con relación al pago de la tasa de justicia y disponiéndose la formación de un incidente, el que debe remitirse a la Oficina de Tasas Judiciales, hasta agotarse la vía: "La resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia causa estado y agota la vía administrativa, conforme al art. 188 de la Ley 1284. Para la interposición de la acción procesal administrativa se debe dar cumplimiento con lo prescripto por el art. 101 del Código Fiscal".

"Se insiste, entonces, en que la cuestión deberá canalizarse por dicha vía." 3. Por otra parte, en relación con los recursos arancelarios por altos y la solicitud de que se aplique el artículo 505 del Código Civil, entiendo que la queja no resulta procedente porque, tal como se dijo en autos "Villamayor Marta Rosa y Otros contra Lecea Osvaldo Daniel y Otros s/ Daños y Perjuicios", EXP Nº 309382/4, "Como ya lo señalara esta Sala en Exptes. N° 331478/5 y 398703/9, siguiendo al Máximo Tribunal Provincial, el límite de responsabilidad por costas establecido en el artículo 505 del Código Civil, según la modificación hecha por ley 24.432, no resulta aplicable: "Este Tribunal ha fijado posición en cuanto a la inaplicabilidad del art. 13 de la Ley 24.432 en el ámbito provincial (conf. lo resuelto in re "Acuña Luis Arturo c/ Nisalco S.A. S/ Accidente Ley 9688", Ac. n° 178/96). Teniendo en cuenta los principios que emanan de los arts. 1°, 2° y 7° de la Constitución Provincial, lo establecido por el art. 101, inc. 16, que establece la facultad de la Legislatura de dictar los Códigos de Procedimientos, el inc. 35 que le confiere la potestad de dictar el estatuto de las profesiones liberales (entre ellas la abogacía) y, finalmente, el inc. 1° en tanto le fija atribuciones necesarias para hacer efectivas las disposiciones de esta Constitución, puede concluirse que la Ley Arancelaria, en cuanto guarda una relación íntima y directa con las normas procedimentales (art. 63 último párrafo, de la Ley 1.594), integra el plexo normativo para cuyo dictado goza de potestad exclusiva la Legislatura Provincial (conf. Acuerdo ya citado)." (cfr.R.I. 6641/9, 09/02/09 "SEPULVEDA, JORGE HORACIO C/ INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" Expte. nº 304/00).

Además, respecto a los honorarios de los letrados intervinientes, realizados los cálculos pertinentes teniendo en cuenta el monto de la demanda, y las etapas cumplidas, la regulación efectuada se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39), por lo que corresponde su desestimación.

Por otra parte, en cuanto a los honorarios de los peritos, efectuados los cálculos correspondientes de conformidad con las pautas habituales seguidas por esta Alzada en anterior composición (conf. EXP Nº 318675/4, del 30 de diciembre de 2010), teniendo en cuenta el monto de condena, la proporción con la regulación de los demás profesionales intervinientes, la complejidad del trabajo realizado y el valor otorgado por la A-quo en la sentencia, se advierte que los regulados a fs. 273 son ajustados a derecho por lo que han de ser confirmados.

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo rechazar los recursos de apelación deducidos por el actor a fs. 292/306; los demandados y la citada en garantía a fs. 275/276, y 307/312 vta., con costas de Alzada por su orden atento el rechazo de los recursos de las partes (art. 68 del C.P.C. y C.).

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia Pamphile dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Rechazar los recursos de apelación deducidos por el actor a fs. 292/306 y los demandados y la citada en garantía a fs. 275/276, y 307/312 vta. y confirmar la sentencia de fs. 267/273 en todo cuanto ha sido materia de recurso y agravios.

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden (art. 68, 2° párr., C.P.C. y C.) y fijar los honorarios profesionales de esta Instancia en el 30% de lo que oportunamente corresponda por la actuación en la instancia de grado (art. 15, LA).

3. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.