marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Autoridad administrativa, protección constitucional del trabajo, recursos, interrupción de la prescripción, expresión de agravios, resoluciones judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Centro Médico Vilella SA  c/ Dirección General de Protección del Trabajo s/ otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia que confirmó la declaración de prescripción de la acción sancionatoria prevista en el art. 24 de la ley n° 265 sobre competencias, atribuciones y funciones de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello así, toda vez que no rebate en forma suficiente la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad intentado (arts. 113 inc. 3° de la CCABA y 27 de la ley n° 402) basada en que el GCBA recurrente no había planteado adecuadamente un caso constitucional; que los agravios expuestos remitían al análisis de cuestiones de hecho, a la valoración de la prueba y a la interpretación de normativa infraconstitucional (ley n° 265), y al descarte de un supuesto de arbitrariedad de sentencia. La queja insiste en aspectos que ya fueron abordados por el a quo, sus dichos lucen genéricos y no superan el nivel de una mera discrepancia. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Actuaciones administrativas, impugnación del acto administrativo, devolución de saldos, depósito previo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Administración Hotelera Argentina SA y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Corresponde declarar desistido el recurso de queja y devolver el depósito integrado si la transferencia de las sumas en ese concepto fue realizada en forma extemporánea, es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en la providencia que intimó a la integración para dar cumplimiento al art. 34 de la ley n° 402. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi. Voto en igual sentido de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daño moral, indemnización, medios de prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Bengochea, Juan Francisco  c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Cabe admitir la reparación por daño moral solicitada por el actor, siendo que en el caso los elementos aportados en la causa resultan suficientes para proponer el reconocimiento del menoscabo moral de la demandante. En efecto, fue acreditado que el accionante efectuó el pedido de corrección de los montos indebidamente debitados por la demandada sin respuesta de esta última y que derivaron en el inicio de la mediación -la que finalizó sin acuerdo-. Luego de ello la entidad bancaria procedió a intimar al accionante a abonar el saldo deudor de la cuenta corriente incluyendo los montos indebidamente debitados, lo que motivó el presente proceso.
Gastos de traslado, asistencia médica, prueba
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Tellez Mora, Estela Maris  c/ Hotel 11 de Junio y otros  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-27

En cuanto a los gastos de traslado, de manera análoga a lo resuelto en relación a los gastos de asistencia médica, no necesitan ser acreditados cuando la naturaleza de las lesiones padecidas por la actora hacen presuponer su existencia.
Lesiones graves, recursos, oportunidad procesal, fundamentación de la resolución, incidentes, expresión de agravios, excesos u omisiones en el pronunciamiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ministerio Público - Defensoría General de la CABA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Incidente de Apelación en Autos A., C. M c/  s/ 90 - lesiones graves
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-03

Los cuestionamientos relacionados con la violación del derecho al recurso (arts. 13, inc. 3° de la CCABA, 8.2.h de la CADH y 14.5 del PlDCyP) y el derecho del niño a ser oído (art. 12.2 de la CDN) no pueden prosperar -por falta de fundamentación suficiente- si la defensa no indica, por ejemplo, qué motivos de agravio oportunamente planteados habrían sido desconocidos o tratados de manera deficiente; y, en cambio, se dedica a expresar su desacuerdo con la manera en la que esos motivos fueron tratados, sin dar sustento a la relación que pretende establecer entre lo resuelto y la garantía invocada. (Del voto de los jueces Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg).
Seguro de vida, beneficiario del seguro
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cuellar, Gastón Rodrigo  c/ Liderar Compañía General de Seguros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-14

En los seguros de vida por causa de muerte del asegurado (titular del interés) es el tercero beneficiario, aunque sea indeterminado, quien tiene un derecho -basado en el contrato- autónomo y propio (LS 143, segundo párrafo), y su interés no nace de su interés sobre la vida del asegurado sino de la estipulación hecha a su favor en el contrato, a punto que es el tercero beneficiario el que se convierte en titular del derecho contra el asegurador. En efecto, el asegurado estipulante no adquiere para sí el derecho a la suma asegurada y luego lo transmite al tercero beneficiario. Ese derecho no pasa del asegurador al asegurado y de éste al tercero beneficiario, sino que se transmite directamente a este último sin transitar por el patrimonio del asegurado. Con lo que va dicho que, verificada la muerte del asegurado sin revocación del beneficio, el derecho del tercero beneficiario debe considerarse como si hubiese existido desde el origen del contrato, porque la condición cumplida -el deceso del asegurado- tiene efecto retroactivo. Tiene tal tercero beneficiario, una acción directa contra el asegurador que le corresponde por derecho propio (conf. Morandi, J., Estudios de Derecho de Seguros, Buenos Aires, 1971, ps. 305/308, n° 4 a 8; y ps. 314/321, n° 13 y 14; en el mismo sentido: Stiglitz, R. y Stiglitz, G., Derecho de Seguros, Buenos Aires, 2016, T. V, ps. 455/457, n° 1991, ap. c, d y e).
Actuaciones administrativas, impugnación del acto administrativo, devolución de saldos, depósito previo
Materia: ADMINISTRATIVO-TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Administración Hotelera Argentina SA y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Sobre la base de lo establecido por el art. 34 de la ley n° 402, corresponde rechazar el pedido de prórroga para integrar fuera del plazo conferido, el depósito previo. Ello así, debido a que no hay razones atendibles que justifiquen conceder, de forma excepcional, una extensión del plazo otorgado. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Incumplimiento del contrato, responsabilidad del banco, autorización para girar en descubierto
Materia: CIVIL
Carátula: Bengochea, Juan Francisco  c/ Banco de Galicia y Buenos Aires SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Cabe hacer lugar a la acción por incumplimiento del contrato. Ello por cuanto, la práctica llevada a cabo por el banco demandado no contó con la autorización del cliente. Y torna responsable a la entidad de las consecuencias irrogadas por su proceder. Es que, la demandada debió acreditar no sólo la existencia de la autorización para debitar montos en descubierto sino, también, en tal caso, el monto correspondiente; cosa que la defendida no hizo. Así, no puede aquélla argumentar que se limitó a cumplir "instrucciones" con sustento en la Comunicación "A" 5054 del Banco Central de la República Argentina; antes bien, al no contar con autorización de su cliente para girar en descubierto y careciendo la cuenta de fondos suficientes para hacer frente a los débitos, debió rechazarlos. La defendida no solo no corrigió el yerro cometido sino que incluso procedió a emitir un certificado de saldo deudor contabilizando los montos indebidamente debitados -adicionando intereses no pactados- e intimó a su pago (deuda que, pese a haber sido nuevamente desconocida por el actor, luego fue informada al BCRA). Así las cosas, la conducta del banco importó una concesión de adelanto transitorio de caja unilateral, inconsulta, no informada y abusiva, que acarreó daños al consumidor. De allí que deberá la entidad cargar con las consecuencias de su obrar.
Asegurador por riesgos del trabajo, Constitución Nacional
Materia: LABORAL
Carátula: Rios, Ramón Ernesto  c/ Swiss Medical Art SA  s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-15

En el marco de una acción por incumplimiento de la aseguradora de riesgos del trabajo accionada, resulta procedente analizar la relación contractual habida entre las partes bajo el tamiz de la LRT y complementariamente de la LDC, en tanto no existe impedimento y, consecuentemente, el trabajador asegurado también puede estar respaldado con los derechos y garantías protectorios que instaura la norma tutelar con anclaje constitucional en la CN 42
Daños y perjuicios, indemnización, incumplimiento del contrato
Materia: CIVIL
Carátula: Ferreiro Rodríguez, Carlos Alberto y otro c/ Despegar.com.ar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

En suma, la gravedad del incumplimiento requiere la aplicación de daños punitivos, cuya función excede la mera reparación del daño sufrido.
Banco de datos personales, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Suarez, Fabian Dario  c/ Telefónica Móviles Argentina SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-21

Cabe admitir la demanda impetrada contra la empresa telefónica en razón de incluir en la base de datos de empresas destinadas a brindar informes crediticios el carácter de deudor del accionante y derivado de ello, se impidió el otorgamiento de un crédito bancario cuyo objeto era la adquisición de cierto inmueble. En el caso, no cabe duda que el episodio padecido por el actor excedió una mera molestia o incomodidad, habiéndose visto privado concretamente de la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario por una deuda que no le era imputable. Es posible concluir entonces que tal circunstancia le ocasionó una considerable afectación de sus intereses extrapatrimoniales y -razonablemente- lo sumió en un estado que afectó desfavorablemente su estabilidad emocional que justifica su reparación (conf. Zavala de González, Matilde "El concepto de daño moral", J.A. 1985-I-726; Mazeaud Tunc, "Responsabilidad Civil", T. 1, pág. 425; CNCom, Sala C, in re "Rodríguez, Alicia c/ Banco Río", del 26/05/95).
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SAN JUAN, competencia por el territorio, acceso a la justicia, centro de vida de niñas, niños y adolescentes, interés superior del niño, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: C/ A.E.O. c/  s/ Abuso Sexual en perjuicio de A.P.A.D. (Representado por A.A.O. - Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-09-10

Es competente el juez o tribunal del lugar en el que el hecho delictivo se cometió (art. 78 de Ley 1851-O), fijando así, la regla general en materia de competencia territorial. Sin embargo, cuando en determinadas circunstancias se encuentran involucrados derechos y garantías de sujetos que reclaman atención especial de la jurisdicción, como lo es, el caso de los niños, niñas y adolescentes, las reglas de atribución de competencia deben ser interpretadas evitando que las mismas se conviertan en un impedimento real para el acceso a la justicia. Es por ello que, en estos casos, resultará competente el juez del lugar donde el menor de edad tiene su centro de vida, de manera tal que la regla de competencia territorial se establece, a modo de excepción y para este particular tipo de supuestos, en función de la persona menor de edad, ya que de lo contrario la aplicación estricta de esta regla puede implicar un menoscabo al interés superior del niño.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, competencia por la persona, responsabilidad de la provincia, falta de servicio público, litisconsorcio, incompetencia, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Robledo, María Alicia y otros  c/ Programa Federal Incluir Salud (ex Programa Federal de Salud) - Ministerio de Salud de la Nación y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-10-01

No procede la competencia originaria de la Corte ratione personae para entender en la demanda iniciada contra el Ministerio de Salud de la Nación y el de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener una indemnización por el fallecimiento de quien fuera en vida el conviviente y padre de los actores, ocurrida a raíz de la falta de entrega de un equipo de marcapasos, pues la acumulación subjetiva de pretensiones que se intenta efectuar contra la provincia y el Estado Nacional resulta inadmisible, en tanto el hecho de que se les atribuya responsabilidad a las dos jurisdicciones no exige que ambas cuestiones deban ser necesariamente acumuladas en un proceso, ya que no se advierte razón para afirmar que no se puedan pronunciar dos sentencias útiles en cada uno de los juicios que se instruya.
Cuestiones de competencia, competencia nacional, competencia federal, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, competencia de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Usín, Leandro Gustavo y otros  c/  s/ incidente de incompetencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-10-01

Los conflictos de competencia suscitados entre los magistrados nacionales ordinarios y los federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que sean resueltos por esta Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Empresa de servicios públicos, cumplimiento de órdenes e instrucciones, plazo, recursos, entes reguladores
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Metrovías SA S/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Metrovías S.A.  c/ Ente Único Regulador De Los Servicios Públicos De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires  s/ recurso directo sobre resoluciones del ente único regulador de servicios públicos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Corresponde declarar desistido el recurso de queja y devolver el depósito integrado si la transferencia de las sumas en ese concepto fue realizada en forma extemporánea, es decir, con posterioridad al vencimiento del plazo establecido en la providencia que intimó a la integración para dar cumplimiento al art. 34 de la ley n° 402. Ello así, toda vez que se trata de un plazo perentorio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 139, primer párrafo del CCAyT. (Del voto de los jueces Luis Francisco Lozano, Alicia E. C. Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi).
Derechos del consumidor, derecho a la información
Materia: COMERCIAL
Carátula: Ferreiro Rodríguez, Carlos Alberto y otro c/ Despegar.com.ar SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-22

Cabe destacar la gravedad de los hechos que dieron lugar a estas actuaciones. La gravedad no solo está vinculada con la naturaleza y relevancia de los derechos afectados -esto es, el derecho de los consumidores a obtener información adecuada y veraz, a la libertad en las elecciones y al trato digno-, sino en el carácter generalizado e indeterminado de los sujetos afectados. En efecto, la documentación acompañada por la parte actora sobre la simulación de la compra de un paquete turístico similar al que dio lugar a estas actuaciones demuestra que no se trató de un acto aislado sino de una política publicitaria extendida de la demandada. En estas circunstancias, es dable pensar que no solo los actores resultaron engañados por paquetes ofertados en 12 cuotas sin interés que, luego, no eran tales, sino que innumerables consumidores fueron captados por la demandada a través de esas publicidades engañosas vinculadas a esa modalidad de pago. Voto de la Dra. Vásquez
Daño moral, daño punitivo, indemnización, tarjeta de crédito
Materia: CIVIL
Carátula: Zaya, Ivan Federico c/ Banco de Servicios Financieros SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-13

Cabe condenar a la entidad accionada, a indemnizar al actor el daño moral padecido, en tanto en la especie, se determinó en primera instancia, que no medió causa legítima para que el banco demandado estableciera el incumplimiento de una obligación derivada del uso de la tarjeta de crédito que pretendía endilgarle al accionante. Ello, por cuanto, de la pericia caligráfica producida sobre el contrato, surge que la firma atribuida no era de su autoría. Asimismo, ha sido probado que el damnificado había efectuado la pertinente denuncia de extravío del DNI con el cual un tercero celebró el contrato de tarjeta de crédito que se le pretendía atribuir. En este marco, no cabe duda que la entidad bancaria demandada informó una calificación del actor con base en una obligación que puede reputarse como carente de causa lícita. Ello, pues la información brindada al Banco Central de la República Argentina respecto de su situación crediticia resultó errónea e involucró un obrar culposo de parte de la entidad, máxime teniendo en consideración el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas que se le imponían ante los reclamos del accionante y en los que debió profundizar, por lo que debe responder en la medida del daño que pueda haber producido. Ello así, también cabe acceder a una indemnización por daño punitivo.
Daño moral, indemnización, cancelación de vuelo
Materia: CIVIL
Carátula: Pereyra Holm, Julián Alejandro y otros  c/ Almundo.Com SRL  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-03-12

Cabe hacer lugar a la indemnización por daño moral, solicitada por el actor. Ello por cuanto, si bien en el caso no se trata de la frustración de un viaje ya iniciado o en curso de desarrollo, sino a la cancelación por parte de una empresa aérea -con antelación al inicio- de los pasajes integrantes de un "paquete turístico" y su sustitución por los de otra compañía aeronáutica, íntegramente abonados por los actores antes del día previsto como de inicio del periplo, así como de la erogación efectuada para cubrir una noche extra de hotel y otros cargos en función de la referida sustitución; con lo cual las circunstancias fácticas no evidencian, entonces, por sí mismas y necesariamente la presencia de un significativo daño moral (como lo sería el propio de la interrupción de un viaje ya comenzado), pero tampoco lo descartan a la luz de la especial perspectiva señalada por el juez a quo de que los actores debieron efectuar reclamos y padecer lógicas molestias que exceden las normales de una contratación.
Autoridad administrativa, protección constitucional del trabajo, recursos, interrupción de la prescripción, expresión de agravios, resoluciones judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Centro Médico Vilella SA  c/ Dirección General de Protección del Trabajo s/ otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia que confirmó la declaración de prescripción de la acción sancionatoria que prevé el art. 24 de la ley n° 265 sobre competencias, atribuciones y funciones de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello así, toda vez que no acredita la existencia de un caso constitucional que habilite la revisión extraordinaria de este Tribunal (art. 27 de la ley n° 402) ni logra demostrar que la decisión impugnada, más allá de su acierto o error, adolezca de errores de lógica o fundamentación de tal entidad que impidan considerarla como una "sentencia fundada en ley" en la inteligencia establecida por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. En efecto, el GCBA recurrente basó su estrategia en proponer una lectura distinta de la normativa infraconstitucional a la sostenida por la jueza de primera instancia. Según el recurrente, el efecto interruptivo de la prescripción debía mantenerse hasta tanto se dictase la resolución definitiva en el sumario, en virtud de lo establecido en el art. 22, inciso 9° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. En estos términos, sus argumentos solo dejan traslucir su disenso con la decisión atacada en cuanto no le fue favorable, mas no logran configurar un genuino caso constitucional. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe, al que adhiere el juez Santiago Otamendi).
Autoridad administrativa, protección constitucional del trabajo, recursos, interrupción de la prescripción, expresión de agravios, resoluciones judiciales
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja por Recurso de Inconstitucionalidad Denegado en Centro Médico Vilella SA  c/ Dirección General de Protección del Trabajo s/ otras demandas contra autoridad administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-07-31

Corresponde rechazar la queja dirigida, en último término, a cuestionar la sentencia que confirmó la declaración de prescripción de la acción sancionatoria prevista en el art. 24 de la ley n° 265 sobre competencias, atribuciones y funciones de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello así, debido a que no rebate la razón por la cual la Cámara denegó el recurso de inconstitucionalidad. El GCBA insiste en sostener que operada la interrupción de la prescripción (cf. el primer párrafo del art. 24 de la ley mencionada), por imperio del art. 22, inc. e), ap. 9° in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos, además, se debe suspender ese plazo durante todo el tiempo que dure el procedimiento administrativo; pero ese planteo no se hace cargo del fundamento sobre cuya base la Cámara resolvió el pleito: que el plazo de tramitación que insumió el sumario violó la garantía a ser juzgado en un plazo razonable (conf. la lectura que la Cámara hizo de la sentencia de Fallos: 335:1126). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, responsabilidad de la provincia, responsabilidad civil, daños y perjuicios, falta de servicio público, incompetencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Robledo, María Alicia y otros  c/ Programa Federal Incluir Salud (ex Programa Federal de Salud) - Ministerio de Salud de la Nación y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: 
Fecha: 2024-10-01

Es ajeno a la competencia originaria de la Corte Suprema el examen de un caso que se califica como de responsabilidad civil de un Estado provincial, cuando se atribuya a la falta de servicio o remita al examen de materias no regladas por disposiciones dictadas por el Congreso de la Nación, sino por las autoridades locales de gobierno, en ejercicio de una atribución no delegada a la Nación. -Del precedente "Barreto" (Fallos: 329:759) al que la Corte remite-