Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2013-04-30


NEUQUEN, 30 de abril de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "BARROS MIREYA DEL CARMEN C/ MAPFRE ARGENTINA SEG. S.A. S/ DESPIDO POR FALTA PAGO HABERES" (EXP Nº 383357/8) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

I. A fs. 246/248 la demandada apela la sentencia dictada a fs. 230/234 vta. que hace lugar parcialmente a la demanda entablada y condena a la accionada al pago de la multa establecida en el art. 80 L.C.T.

Sostiene que en forma totalmente contradictoria el sentenciante considera procedente la sanción porque la presentación del certificado previsto en la aludida norma, fue extemporánea.

Agrega que de la prueba documental acompañada, surge claramente que se ha cumplido con la finalidad de la norma, razón por la cual la aplicación de la multa resulta violatoria de su derecho de defensa y propiedad.

También se agravia de que el magistrado entendiera aplicable la multa del art. 45 de la ley 25.345, aun cuando considera incumplido el art. 3 del decreto 146/01.

En ese sentido dice que, de oficio y de manera ultrapetita, el sentenciante ha suplido la deficiencia material de la actora, al entender que la interposición de la demanda surte los mismos efectos de la interpelación a que se refiere el art. 3 del dec. 146/01.

Por último, cuestiona la imposición de costas a su cargo y los honorarios regulados a favor de la letrada de la actora, por considerarlos elevados.

Corrido el traslado pertinente, la contraria guarda silencio.

II.- Así planteados los agravios, adelanto que el primero de ellos no podrá prosperar: la multa impuesta en la instancia anterior debe confirmarse aunque por fundamentos distintos a los desarrollados por el sentenciante, conforme explicaré a continuación.

Más allá de la cuestión atinente a la posibilidad de suplir el requerimiento fehaciente previsto en la normativa aplicable (arts. 80 LCT, 45 de la Ley Nº 25.345 y 3 del dec. 146/01), con la demanda judicial (cuestión sobre la que ya me he expedido en autos "Acuña, Daniela c/ Tatedetuti S.A.", expte. Nº 358009/07, en sentido similar al planteado por el apelante), lo cierto es que tal disquisición no resulta necesaria en los presentes.

Ello es así puesto que, conforme surge de la misiva agregada a fs. 7 (cuyo envío y recepción ha sido confirmado por el Correo Argentino a fs. 185/7), la actora intimó fehacientemente la entrega de los certificados de trabajo, servicios y remuneraciones, bajo el apercibimiento contenido en las normas citadas.

Si se tiene en cuenta que la trabajadora se dio por despedida el 28/03/08 (fs. 3) y que el TCL de referencia es de fecha 20/05/08, es claro que tal requerimiento se realizó transcurridos con exceso los treinta días corridos de operada la desvinculación.

Ahora bien, tal como se ha apuntado reiteradamente, el art. 80 L.C.T. prevé la entrega de dos instrumentos distintos.

" .la obligación prevista en el art. 80 de la LCT, con la reforma introducida por la ley 24.345, se refiere a dos certificados (y no a tres) y que la multa, resulta procedente ante la falta de entrega de uno o de los dos certificados.

Así en autos, "Rosales Máximo" (PS: 2009- N° 23- T° I- F° 122/128, de esta Sala II, 12/02/09) sostuve;

"Respecto a que se trata de dos documentos distintos ya no cabe duda y por lo tanto resultan aplicables las sanciones previstas en la norma, cuando no se satisface la entrega de uno o de los dos..." ("Derecho del Trabajo on Line La Ley Comentario al artículo 80 de la ley 20.744-Jorge Rodríguez Manzini").

"En igual sentido "... la norma en examen establece el régimen de certificaciones que el empleador estará obligado a efectuar en determinados supuestos y que los dependientes tienen derecho a exigir, reglamentado en dos instrumentos diferentes, así como los momentos en que pueden ser exigidos por el dependiente. Así, regula en el primer párrafo: una "constancia documentada" del ingreso de los aportes y contribuciones a la seguridad social y relativo a los de carácter sindical. Seguidamente, en el párrafo segundo, prevé un segundo tipo de instrumento al que llama "certificado de trabajo" ..."(Sala II, "Cañicura c. Zille", Nº 377378/8).

En este caso, con anterioridad al pleito la empleadora sólo hizo entrega del primer documento referido (fs. 97/99), no así del segundo (es decir, el "certificado de trabajo"), pese a la intimación formal que la trabajadora le había cursado en tal sentido, lo cual cumplimenta casi un año después (fs. 109/110).

No encuentro tampoco que el certificado de mención hubiese estado a disposición de la actora con anterioridad, no sólo por la fecha que surge del sello de la autoridad certificante, sino también atento que la demandada, luego de entregar el primer instrumento, consideró que "nada más adeudaba" (ver fs. 82), postura que mantuvo a fs. 105 vta. en su responde, cuando niega que el actor hubiese devengado la multa en cuestión "por cuanto recibió al momento del egreso la certificación de servicios y remuneraciones del art. 80 de la L.C.T. debidamente confeccionada".

Estas son las razones, por las que considero que la multa dispuesta debe ser confirmada, así como los intereses fijados, que no han sido motivo de agravio por la contraria.

III.- Distinto es lo que ocurre con la queja referente a la imposición de costas, la cual sí habrá de prosperar.

He sostenido que en esta materia no cabe atenerse forzosamente a un criterio exclusivamente aritmético, sino apreciar las posturas asumidas por las partes en sus respectivos escritos de constitución del proceso.

Así: "para evaluar el carácter de vencida de la parte ha de estarse a las pretensiones que progresan y a las que son rechazadas, y no al valor económico de cada una de ellas. Asimismo, en materia laboral debe tenerse presente que los créditos del trabajador tienen naturaleza alimentaria, por lo que corresponde ser más cuidadosos al momento de apreciar el vencimiento parcial y su incidencia en la imposición de las costas procesales" (cfr. "BASIGALUPE" Exp Nº 414642/10, con cita de Sala II, "MORAND", Exp. Nº 378320/8).

Bajo estas pautas, entonces, teniendo presente que la mayor parte del reclamo formulado por la actora ha sido rechazado sustancialmente (indemnización por despido incausado y multa art. 2 ley 25.323), considero que debe modificarse la distribución de costas e imponérselas en un 70% a la accionante y en un 30% a la demandada (art. 17 ley 921).

IV.- Por último, dada la variación de la imposición de costas, deben dejarse sin efecto los porcentajes de honorarios fijados en la instancia anterior y diferir su regulación hasta contar con pautas para ello, deviniendo abstracto el recurso arancelario también deducido.

Costas de Alzada en el orden causado, atento el progreso parcial del recurso.

Tal mi voto.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, modificar la imposición de costas dispuesta en el fallo de fs. 230/234 vta., las que se fijan en un 70% a la actora y en un 30% a la demandada.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (arts. 17 ley 921 y 71, del C.P.C. y C.).

3.- Dejar sin efecto los porcentajes de honorarios fijados en la sentencia recurrida, los que se adecuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con más los intereses devengados.

4.- Regular los honorarios a los profesionales, por la actuación en esta instancia, en el 30% de lo que corresponda a los letrados de la demandada, por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.