Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-02-26


Salta, 26 de febrero de 2014.

Y VISTOS: estos autos caratulados "GUANTAY, Miguel Aldo vs. PROVINCIA DE SALTA - Sumario de Daños y Perjuicios, Expte. nº 201.983/07 de Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial 6ª Nominación y Expte. CAM 258.436/09 de la Sala Quinta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, y CONSIDERANDO:_ El Dr. Mario Ricardo D'Jallad dijo:

1) A fs. 565, el actor apela el decisorio de fs. 552/562 y a fs. 570 hace lo propio la Provincia de Salta. El primero lo sostiene a fs. 579/582 y contestado a fs. 585/588. El segundo lo sostiene a fs. 589/595 y contestado por el actor a fs. 597/601.

Recurso del actor: En su fundamentación de fs. 579/582, se agravia por el monto indemnizatorio fijado por la sentenciante, el que considera exiguo y apartado de las probanzas de autos que, dice, no han sido analizadas. Argumenta que se han calculado las sumas correspondientes al daño moral, desde la fecha del fallo cuando, a su criterio, el accidentado es acreedor de la indemnización por reparación integral, desde el momento de padecido el perjuicio. Se agravia asimismo, que se ha estimado la incapacidad laboral y la pérdida de chance a la fecha del retiro obligatorio (12/06/06), aunque después se la ha computado desde el 31/03/10. Sostiene que el cálculo debe comenzar desde la ocurrencia de los hechos traumáticos en 1994 y 1996 pues, desde tales siniestros ha sufrido la imposibilidad de insertarse en el mercado laboral y la afección espiritual. Subsidiariamente, solicita que el cómputo se efectúe desde la realización de la Junta Médica en el 2004 o desde la fecha de su retiro obligatorio en el 2006. Por otra parte, considera agraviante que se haya unificado la indemnización por incapacidad laborativa y la que corresponde por pérdida de chance ya que se trata de dos rubros distintos. Señala que se ha omitido analizar que el recurrente no pudo retirarse con un cargo más alto pues se vio imposibilitado de ascender debido al accidente y agrega que en el fallo se reconoce que podría haber continuado ascendiendo normalmente, de no haberse producido el siniestro. Finalmente, se queja que se ha prescindido referirse a la indemnización por el daño estético, sin consideración alguna del perjuicio sufrido. _ A fs. 585/588, el representante de la Provincia de Salta, pide se declare desierto el recurso por carecer de una crítica razonada de la sentencia en crisis. Subsidiariamente, replica la expresión de agravios del actor._ Recurso de la demandada: Se agravia de la sentencia por haber rechazado la excepción de prescripción. Considera que el fallo es arbitrario por haberse apartado de la ley vigente y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. Advierte contradicciones en las argumentaciones de la sentenciante quien, a fs. 165/166, se expidió respecto de la incompetencia planteada destacando el carácter indemnizatorio de la pretensión y el contenido patrimonial del reclamo, apartándose del derecho público y sin embargo, al momento de considerar el plazo de prescripción en el ámbito civil, destacó que no había un desplazamiento de las normas del derecho público en este sentido. Destaca que el hecho generador de los perjuicios ocurrió el día 6 de mayo de 1994, fecha a partir de la cual se debe computar la prescripción, la que, a su entender, se encontraba cumplida en la oportunidad de la interposición de la demanda. Niega la virtualidad interruptiva de los reclamos administrativos por no resultar idóneos y efectivos para tal fin y no existir un texto legal expreso que les atribuya dicho efecto. Se agravia del valor probatorio decisivo que se le confirió en el fallo, al dictamen de la Junta Médica de fecha 7/11/02 ya que tal informe sólo indicó la relación existente entre la patología constatada en dicha oportunidad y la lesión sufrida en 1994, sin que ello implique concluir la existencia de un nexo de causalidad directo y excluyente entre la lesión y el estado de salud del actor al momento de la realización de la Junta. En los mismos términos, observa la valoración efectuada al dictamen de la junta médica efectuada en 2004 y niega que haya existido un acto administrativo que admitiera los reconocimientos con los alcances que advirtió la juez de grado. Considera que la sentencia no ha precisado en forma concluyente la causa del agravamiento de la lesión original y que, al no haber demostrado fehacientemente el actor que ha cumplido con las prescripciones médicas, se ha desplazado el nexo causal entre las lesiones existentes al momento de la demanda y su parte. Afirma que se ha soslayado la entidad objetiva de las actuaciones administrativas que llevaron al otorgamiento del retiro obligatorio al actor en el marco del derecho público. Sostiene que el retiro del agente Guantay resultó obligatorio por causales legales como la edad, el exceso de licencias por enfermedades no motivadas en actos de servicio, además de la que originariamente pudo relacionarse con la función ejercida, aunque no así su agravamiento, situación que no puede debatirse en la presente instancia por haberse agotado en sede administrativa. Se queja también que la magistrada conmensuró los perjuicios discriminando montos por servicios adicionales que el agente podría haber prestado en períodos de licencia y reconociendo la pérdida de chance por la falta de ascensos sin advertir que se trata de rubros enmarcados en la normativa del retiro obligatorio, ajeno al accidente laboral discutido y no indemnizables por lo que niega la configuración de pérdida de chance por inexistencia de lucro cesante alguno. Además niega el daño moral por falta de acreditación del nexo causal entre el hecho y la lesión inicial, con la constatada en las juntas médicas. En el mismo marco referencial, se agravia por la condena por daño psíquico, manifestando que el informe pericial no resulta determinante a los fines de establecer la responsabilidad del estado Provincial por no estar probado el nexo causal. Por último, se agravia por la tasa de interés establecida en la sentencia, por excesiva. _ A fs. 597/601, el actor contesta los agravios expresados por la Provincia de Salta y solicita el rechazo del recurso con costas.

2) Primeramente, se atenderán las observaciones efectuadas por el demandado respecto de la suficiencia de los agravios del actor. Al respecto nuestro máximo Tribunal provincial, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene sosteniendo, de manera reiterada, que el mérito de la consideración de la suficiencia o no de la expresión de agravios, debe seguirse con un criterio amplio sobre su admisibilidad, ya que éste es el que mejor armoniza con un escrupuloso respeto del derecho de defensa tutelado por la Constitución Nacional a fin de no limitar la mas amplia y completa controversia de los derechos de los litigantes, ya que un mero defecto técnico podría conducir a soluciones injustas en perjuicio de los litigantes quienes recurren en procura de justicia, buscando ser oídos y que se les brinde la posibilidad de ejercer así su legitimo derecho de defensa en juicio (C.S.J.N. Fallos 306: 474.- C.J.Salta libro 44:1109). En ese entendimiento, las quejas del actor resultan razonables y la procedencia del recurso debe ser examinada._ 3) Por razón de orden y lógica, resulta necesario tratar en primer término el agravio de la parte demandada referido a la prescripción de la acción, ya que solo su eventual rechazo sería la puerta que habilite el análisis de las demás quejas de ambos apelantes.

Liminarmente, corresponde dejar sentado que, tal como fue sostenido por la Corte local en la causa Mercado, Elva vs. Provincia de Salta del 25 de agosto de 2003 (CJS, tomo 86:809/818), "al haber la demandante ejercido la opción de accionar por los derechos e indemnizaciones que le pudieren corresponder según el derecho civil, corresponde la aplicación "in totum" de las normas de fondo, de las de forma y de los principios correspondientes a ese régimen (conf. segundo párrafo del art. 16 de la ley 24.028), lo que incluye las normas aplicables en materia de prescripción." Consecuentemente, siendo la reclamación de naturaleza extracontractual, se encuentra sometida al régimen de prescripción de dos años de conformidad a lo dispuesto por el 4037 del Código Civil.

El artículo 3.947 del mismo cuerpo legal, dispone que los derechos reales y personales se adquieren y pierden por la prescripción. La prescripción es un medio de adquirir un derecho, o libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo. A su vez, el artículo 3.949 expresa que "la prescripción liberatoria es una excepción para repeler una acción por el solo hecho de que el que la entabla, ha dejado durante un lapso de tiempo de intentarla, o de ejercer el derecho al cual se refiere". Por su parte, el artículo 4.017 del mismo código establece que "por sólo el silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación. Para esta prescripción no es preciso justo título ni buena fe". No hubo discrepancias sobre la afirmación de la sentencia que el plazo de prescripción aplicable al caso es el bienal establecido en el artículo 4.037 del Código Civil por tratarse de una acción por responsabilidad civil extracontractual. La controversia radica en que el actor sostiene que el plazo de prescripción comenzó a correr a partir del dictamen de la segunda Junta Médica y que no se encontraba cumplido con anterioridad a su demanda a causa del reclamo administrativo previo que suspendió su curso. Por su parte, el accionado afirma que dicho plazo comenzó a correr a partir del día de ocurrido el accidente que motiva el reclamo efectuado (06/05/94) y quita virtualidad suspensiva al reclamo administrativo previo.

a) Antecedentes: La presente causa se origina por el reclamo del Sr. Miguel Aldo Guantay a la Policía de la Provincia de Salta para obtener el pago de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos en cumplimiento de servicios adicionales, revistando como Cabo 1º de la División Bomberos de la Unidad Regional Nº 1 (ver Resolución nº 118/95 de la Jefatura de la Policía del 09/02/95). El 06/05/94 fue lesionado en su rodilla derecha y trasladado al Hospital San Bernardo donde le diagnosticaron "esguince de rodilla derecha con inflamación de la misma", coincidente con el informe médico de fs. 16 del Expte. Nº 488/94 de la Policía de la Provincia (reservado en Secretaría y que se tiene a la vista). A fs. 86, (05/10/94) se diagnostica "síndrome meniscal - inestabilidad de rodilla" y se indica artroscopia de rodilla derecha y sesenta días de reposo laboral. Si bien el 17/03/95 las actuaciones son archivadas (fs. 103), se reactivan el 19/07/02, con una nota del actor solicitando estudios médicos de las secuelas de la lesión sufrida, acompañando una copia de un certificado médico. Tres meses después, Guantay solicitó dinero para una intervención quirúrgica conforme al certificado que agrega (fs. 136/137). El 07/11/02, la Junta Médica dictamina: "las lesiones descriptas guardan relación con la lesión que sufriera el 06 may/94, debiéndose realizar tratamiento quirúrgico" (fs. 147).

Por otra parte, del expediente administrativo en análisis surge que, mediante Resolución nº 186/97, se reconoce que el actor sufrió otro accidente, golpeándose la misma rodilla derecha, con un nuevo traslado al Hospital San Bernardo, e idéntico diagnóstico que el de dos años atrás. Lesión que el médico tratante manifestó fue producida por un sobreesfuerzo, curable en diez días con siete de incapacidad laboral salvo complicaciones y/o secuelas. En julio de ese mismo año fue sometido a un nuevo examen, de donde surge que las lesiones no se han curado y que necesita una intervención quirúrgica. En dicha resolución, se declara al actor exento de responsabilidad administrativa y se le reconoce la lesión sufrida.

Las actuaciones administrativas continuaron en trámite y recién el 26/09/03 se reconocieron los gastos para la operación (fs. 200), lo que se pone a su disposición el 10/03/04 (fs. 234), ello es, un año y cuatro meses, aproximadamente, después de la indicación médica del 2002. El dinero fue destinado a la intervención quirúrgica, conforme a la constancia de fs. 235. El 26/07/04, una nueva Junta Médica dictamina la incapacidad total y permanente del 30% de la total obrera que lo incapacita en forma total para la función en el escalafón de seguridad y defensa u otra actividad dentro de la institución policial, manteniendo el criterio de que las lesiones guardan relación con las sufridas en 1994. Allí mismo se sugiere el retiro obligatorio.

El 14 de febrero de 2005 el demandante inicia el reclamo administrativo previo que, en términos generales, coincide con la demanda de autos. A partir de este punto, deben precisarse dos aspectos. Primero, desde cuando ha comenzado a correr la prescripción y, segundo, si el reclamo administrativo previo ha suspendido el plazo.

b) Inicio del cómputo: Con el dictamen de la segunda Junta Médica, se produjo el definitivo conocimiento del trabajador del alcance y de la medida de su incapacidad laboral. Consecuentemente, con el mismo, se inicia el cómputo del plazo de prescripción. En efecto, el término comienza a correr desde que el daño es cierto y su apreciación posible. De allí que, a los fines del cómputo del plazo de la prescripción, no es suficiente el conocimiento primario que el trabajador pudiera tener de su afección, sino que debe tener un conocimiento cabal, certero, objetivo en qué forma y con qué magnitud, se encuentra incapacitado. La mera existencia de sintomatología, o episodios impeditivos de la aptitud, o de alguna minusvalía (subjetivo), no bastan de ordinario para inferir que el daño resultaba definitivo. Es menester que medie una determinación o apreciación (objetivo), que aleje toda duda al afectado, que el daño es cierto y susceptible de apreciación. Tal objetividad se configuró con el dictamen de fecha 26/07/04. En consecuencia, desde ese momento, el trabajador pudo ejercitar la acción. Así pues, el plazo de prescripción comienza cuando el interesado tiene la posibilidad jurídica de ejercer la potestad o sea desde el día en que la acción pudo ejercitarse o el derecho hacerse valer. La CSJN, señaló que "lo correcto para el cálculo del plazo de prescripción, es arrancar desde el hecho que determina la incapacidad en forma fehaciente, lo que requiere una apreciación objetiva que ponga de manifiesto el cabal conocimiento de su invalidez por parte del operario" (Fallos 306:337). En otro precedente, la Corte Nacional ha resuelto que el inicio del cómputo del plazo de prescripción debe hacerse a partir del momento en que el demandante tomó conocimiento de los daños que reclama, sin que obste a ello la circunstancia de que los perjuicios pudieran presentar un proceso de duración prolongado, pues el curso del plazo comienza cuando sea cierto y susceptible de apreciación el daño futuro (Fallos, 320:1081, causa "Cooper Oil Tool Argentina S.A. vs. Provincia de Buenos Aires", sentencia del 22 de mayo de 1997, considerando 4° y su cita)._ c) Efectos del Reclamo Administrativo Previo: Sentado entonces, que el cómputo del plazo prescriptivo comenzó a correr desde el 26/07/04, corresponde examinar si el reclamo administrativo previo de fecha 14/02/05 (fs. 245/255 del Expte. Adm.), ha suspendido el curso de la prescripción.

El reclamo administrativo previo es un remedio que se acuerda al particular, orientado a lograr el restablecimiento de la juridicidad en la Administración Pública cuando su orden ha sido vulnerado. En tanto presupuesto procesal para iniciar la demanda, resulta útil en la medida en que le concede la oportunidad para revisar su conducta y constituye un medio para evitar la promoción de un juicio, pues tiene por objeto que los órganos administrativos competentes examinen las pretensiones de los administrados con aquel fin y, también, que los estamentos estatales puedan promover de modo más eficaz a la defensa del interés público (Julio Rodolfo Comadira, "Procedimientos Administrativos", t. I, Editorial La Ley, Buenos Aires, Año 2.003, pág. 506).

En la Provincia de Salta este requisito del reclamo administrativo previo en las demandas contra ella, sus reparticiones autárquicas y las municipalidades, está establecido en las Leyes 5.018 y 5.095 y en el art. 338 del Código Procesal. Sin embargo, cabe prescindir de este recaudo cuando se advierte la ineficacia cierta del instituto (CJS L 64:695; L 84:207; L 94:25, entre otros). En este sentido se ha dicho que: "El reclamo administrativo previo instituido por la Ley 5.018 constituye un privilegio otorgado al Estado, que tiene por objeto sustraer a los entes estatales de la instancia judicial en una medida compatible con la integridad de los derechos, evitando juicios innecesarios, y que por constituir una facultad que no afecta el orden público, puede ser renunciada, pudiéndose prescindir de ella cuando se advierte la ineficacia cierta del procedimiento. La verdadera finalidad de la instancia administrativa previa es producir una instancia conciliatoria anterior al pleito, que otorgue a la administración la posibilidad de enmendar un error, revisar el caso y promover el control de legitimidad de lo actuado" (CJS., L 64: 695/702; ÍD. 96: 153/158). Esta excepción ha tenido amplia aplicación en los casos en los que la Administración se ha negado sistemáticamente al progreso de acciones similares (CJS. L 99: 1069/1080), o cuando de la actuación previa de la demandada, puede deducirse una clara conducta del Estado que hiciera presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando al reclamo en un "ritualismo inútil" (CNCAF., Sala II, 23/10/01, en E.D., Suplemento de Derecho Administrativo del 30/11/01; CApelCC Salta, Sala III, T. 2011, 27/7/11, fº 786/788).

En orden a los efectos del reclamo administrativo previo, precedentes de este Tribunal (Sala IV, T.XXII, fº 168/171) siguiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Lagos" (CSJN, La Ley, t. 2008-B, p. 426, con nota de Miguel H. E. Oroz, "Las actuaciones administrativas y el curso de la prescripción. Proyecciones del criterio jurisprudencial sentado por la CSJN en el caso Lagos") se ha sostenido que la reclamación configura interpelación auténtica en los términos del art. 3986 segundo párrafo del Código Civil, y por ende tiene efectos suspensivos del curso del plazo de prescripción en tanto la pretensión ejercida en esa sede guarde coherencia con la demanda ejercida en autos, en orden a su contenido y al sujeto pasivo del reclamo._ No obstante, con arreglo a lo prescripto por el art. 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es preciso tener en cuenta que es doctrina de la Corte de Justicia de Salta que la reclamación administrativa previa tiene efecto interruptivo, habiendo expresando al respecto que "para los efectos de la interrupción de la prescripción, el concepto de demanda debe ser amplio, incluyéndose en él a todo acto judicial y ciertos extrajudiciales, como la reclamación administrativa, que sean indicativos de la debida diligencia del acreedor y de la voluntad de interrumpir el curso del término, quedando librado a la prudencia de los jueces establecer, en cada caso, si se ha operado o no el efecto interruptivo (CJS, Tomo 120: 201/206, 25 de octubre de 2007). Y esa virtualidad la tiene aunque no constituya un requisito previo ineludible para demandar, sino el ejercicio de una facultad u opción por el damnificado, por la circunstancia de encuadrarse en el supuesto de la citada norma del Código Civil, que como las demás atingentes al instituto de la prescripción, son supletoriamente aplicables en el ámbito administrativo (cf. CSJN, fallos, 307: 771; 317: 1437; 320: 2289, entre otros)._ En ese marco de ideas puede concluirse que el plazo de prescripción bienal que comenzó a correr desde el día 26/07/04, fue interrumpido con la gestión administrativa de fecha 14/02/05, efectuada por el actor en el Expte. Nº 481/05 (acumulado a los anteriores y que se tiene a la vista), cuyo contenido guarda coherencia con la demanda que origina el presente proceso y denota la voluntad del accionante de interrumpir el curso prescriptivo (ver fs. 264 del Expte. Adm.). El trámite administrativo posterior se ha extendido por más de dos años, pero, en el ínterin (el 06/11/07), es decir antes de su finalización, se ha iniciado el juicio por daños y perjuicios (ver fs. 96 de los presentes autos). Tal solución que se impone, se ajusta al criterio restrictivo que debe imperar en la interpretación del instituto de la prescripción liberatoria, por cuanto la pérdida de la pretensión accionable debe interpretarse en forma restrictiva (CJSalta, Sala I, L.L. 143-604, 26.873-S; L.L. 1976-C-128); y en caso de duda debe estarse por la solución que signifique la subsistencia del derecho (CJSalta, Sala I, L.L. 143-604, 26.873-S; C Apel CCSalta, Sala IV, T XXXIV-S, 6/8/12, fº 670/672; L.L. 1976-C-128; CNCiv., Sala C, L.L. 121-687, 13.140-S; SCBs. As., L.L. 1976-B-91; C2°CC. La Plata, Sala III, 22-7-69, Rep.L.L. XXIX-1632, n° 32). Con lo que el agravio de la demandada en este punto no prospera.

4) Dicho lo anterior debe atenderse la queja relativa a la existencia del nexo de causalidad: La responsabilidad civil extracontractual nace cuando concurren ciertos extremos: 1) antijuridicidad de la conducta, 2) perjuicio o daño, 3) culpa, dolo o algún factor de atribución y 4) relación de causalidad entre el hecho y el daño (conf. Félix Trigo Represas y Rubén Compagnucci de Caso en Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores, vol. II, pag. 39 y ss.). En el presente, la demandada controvierte este último elemento al sostener que el informe de la Junta Médica que la sentenciante consideró determinante para la condena, sólo dictaminó la relación existente entre la patología constatada en dicha oportunidad y la lesión sufrida en 1994, sin que ello implique concluir la existencia de un nexo de causalidad directo y excluyente entre dicha dolencia y el estado de salud del actor al momento de la realización de la Junta.

Según el maestro Alfredo Orgaz, los requisitos del daño patrimonial indemnizable, pueden resumirse en :1) que haya relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño; 2) que el daño sea cierto; 3) que sea personal del accionante; 4) que resulte de la lesión de un derecho subjetivo o de un bien protegido por la ley, de suerte que el accionante pueda ser considerado realmente un damnificado, en sentido jurídico y no solo de hecho (El daño resarcible, Pág.51, Omeba, ed. 1960)._ El Maestro, refiriéndose netamente a la cuestión de la causalidad y de la culpabilidad sostiene que las mismas son cuestiones diferentes. "La primera tiene por objeto establecer cuando y en que condiciones un resultado cualquiera -o más concretamente un daño- debe ser imputado objetivamente a la acción o a la omisión de una persona. Tiene por fin establecer lo que los prácticos de la Edad Media llamaban imputatio facti, y responde a la siguiente pregunta: ¿Debe ser considerado tal sujeto como autor del daño? La segunda cuestión, la de la culpabilidad, se propone determinar cuando y en que condiciones un resultado debe ser imputado subjetivamente a su autor. Se trata ahora de establecer la imputatio juris y responde a esta otra pregunta: El autor del daño ¿debe ser también considerado culpable de él a los fines de la responsabilidad? La primera cuestión es, como se ve, previa a la segunda, desde que antes de resolver sobre si el daño se debió a la acción culpable de una persona, hay que establecer que fue realmente su acción la que lo produjo. El adjetivo, como siempre, presupone el sustantivo. (op. cit. pág. 57, Ed. 1960, Omeba) (CApelCC Salta, Sala V, T XXXI-S, fº 1395/1398, 3/8/11). Dicha primer cuestión ha sido reconocida por la demandada en la Resolución nº 370/94 dictada a fs. 88 del Expte. Administrativo, donde consta que el Cabo 1º Miguel Aldo Guantay ha sufrido el siniestro que lesionó su rodilla y derivó en una lesión incapacitante, como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de la función policial, y sin responsabilidad alguna de su parte.

Surge de inmediato el interrogante si existe alguna relación de causalidad, entre el estado actual incapacitante del actor y esa primer lesión pues, como es sabido en nuestro derecho los límites de la responsabilidad están dados por el dolo o la culpa. A esta altura y con la prueba producida, se puede afirmar objetivamente, sin margen de error alguno, que existe relación de causalidad entre el acto de servicio del 06/05/94 y la lesión en la rodilla del actor y entre ésta y su agravamiento hasta la situación actual. En efecto, no se observa que el interesado haya incurrido en negligencia en sus tratamientos según la imputación de la accionada. Por su parte, ningún documento médico ni conclusión de los facultativos intervinientes durante el proceso de intento de recuperación, aluden a un empeoramiento por falta de cumplimiento por parte del actor, de las prescripciones médicas dadas. Antes bien, no pueden soslayarse las tardanzas burocráticas a las que tuvo que someterse el actor para que se le diera respuestas a sus pedidos, las que fueron demoradas sistemáticamente. Los certificados médicos y las conclusiones de las Juntas resultan coincidentes y, en todo caso, debió la Provincia desvirtuar tales pruebas a los fines de sostener válidamente que el agravamiento de la condición de salud del Sr. Guantay es imputable a su dejadez. En tal sentido, y como se advirtiera supra, la conclusión de la primer Junta Médica cuya copia se agrega a fs. 373, establece que las lesiones que se describen guardan relación con la sufrida en 1994. En oportunidad de la segunda Junta Médica, se establece la misma relación (fs. 375). No se ha indicado un solo hecho que permita concluir que se ha roto la cadena de causalidad irrumpiendo en el orden natural de las cosas. Por el contrario son numerosos los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas en los que el demandante denuncia sus dolencias y solicita asistencia económica. No se advierte circunstancia alguna que conduzca a pensar que ha tenido una conducta omisiva o negligente con el fin de empeorar su situación.

Orgaz, concluye un largo capítulo acerca de la relación de causalidad en los siguientes términos: "El problema jurídico de la conexión causal consiste en determinar, de conformidad a la ley, cuando o con que criterio un resultado debe ser atribuido a una persona determinada. Según nuestra ley, debe contestarse: hay conexión causal entre un acto y un resultado, cuando ese acto ha contribuido de hecho a producir un resultado, esto es, ha sido una de las condiciones sine qua non de él y además, debía normalmente producirlo, conforme al orden natural y ordinario de las cosas (art. 901)." (op. cit. pág. 87). En autos, y aún cuando resulte obvio de lo que se viene analizando, debe ponerse de resalto una vez mas, que la lesión sufrida por el actor, generó responsabilidad del Estado, sin que pueda imputársele a Guantay su agravamiento. Por ende, se ha generado una fuente de obligación del Estado frente a la situación actual de incapacidad del demandante.

Cabe señalar que cuando las pruebas no acercan con exacta precisión a la verdad de los hechos, el juzgador puede sentenciar igualmente aplicando parámetros usuales y universalmente conocidos, máximas de experiencia en la materia, lógica y sana crítica, conforme a la doctrina del art. 386 del CPCC. En ese sentido, se ha sostenido que es perfectamente admitido que el juez puede complementar la apreciación de la prueba con "máximas de experiencia" que son conocimientos de la vida y de las cosas que posee el juez, no significando ello que se introduzcan elementos probatorios emanados del mismo juez (cfr. Arazi, "La prueba en el derecho civil", ed. La Rocca, p. 105/56/57). En consecuencia, al no haber logrado el demandado desvirtuar los fundamentos dados por la señora jueza de grado y acreditar que los daños actuales alegados no tuvieron su origen directamente en el accidente de marras, corresponde desestimar las quejas en este punto._ 5) El principio que rige en materia de responsabilidad civil es el de la reparación plena, en cuya virtud el obligado debe resarcir el daño causado a fin de reponer las cosas a su estado anterior. Reiteradamente se ha indicado que la indemnización integral debe ser justa, alcanzando sólo este estatus cuando exime de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se logra si el perjuicio persiste en cualquier medida. La reparación implica entonces intentar volver las cosas al estado que tendrían si no hubiera ocurrido el evento dañoso (Garrido Andorno: "El artículo 1.113 del Código Civil", pág. 491; CApel. CC. Salta, Sala III, año 2004, f° 653; id. id. año 1995, f° 512). En el marco de los lineamientos de la reparación integral del daño, se examinarán los planteos efectuados._ i) Daño moral: El daño moral, llamado también extrapatrimonial, ha sido definido como toda modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir y que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquel que se hallaba antes del hecho, provocando padecimientos físicos o se perturbe la tranquilidad y el ritmo normal de la persona (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2001, f° 482/485). En el punto, el demandado se agravia por su reconocimiento, argumentando que no existe un nexo de causalidad, lo que ha quedado desvirtuado con las consideraciones precedentes. Ahora bien, respecto de su observada justipreciación, no puede soslayarse que la lesión ha sido producida en un ataque sufrido en ocasión de prestar servicios dentro de la fuerza de policía, tratándose de un riesgo al que naturalmente se encuentran sometidos quienes ejercen la defensa policial. De allí que, considero justo disminuir su monto a la mitad, ello es a la suma de $30.000. Ahora bien, ese daño moral se ha configurado con la lesión primigenia y ha permanecido a lo largo del tiempo. No puede sostenerse válidamente que el daño moral se originó recién con el dictamen de la Junta Médica, por lo que resulta justo establecer que la indemnización por tal dolencia es debida desde el 06/05/1994.

ii) Daño por incapacidad laborativa y por pérdida de chance. Retiro Obligatorio: La disminución de la capacidad funcional con causa reconocida en la patología que el actor padece desde el accidente que provocó su incapacidad para trabajar, ha sido considerada a partir del retiro obligatorio, lo que resulta ajustado a derecho.

"La incapacidad permanente (sea para las actividades laborales o de otra índole...) debe ser resarcida aunque la víctima no haya dejado de ganar, pues la integridad tiene en sí misma un valor indemnizable" (CApel.CC. Morón, sala II, "Gubitosi de Miller, Yolanda c. Núñez, Carlina - daños y perjuicios", en Rev. de Jurisp. Pcial. Bs. As., septiembre de 1995, p. 798; C. Civil y Com. Junín, 7/12/94, "Segovia de Navarro María c. Tabaré Juan", en L.L. Bs.As. 1995-931). Esta es la opinión de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, compartiendo el criterio de Mosset Iturraspe, al sostener desde la sala I de la Suprema Corte de Mendoza que "la incapacidad no sólo atiende a las pérdidas laborales, sino que alcanza a la disminución de las lesiones que deterioran la vida de relación, el llamado en diferentes lenguas "loss of amenities of life", préjudice d'agrément, etc." (Sup. Corte de Justicia de Mendoza, Expte. Nº 55.497, 16/3/95, "Belgrano, Soc. Coop. Ltda. de Seg. y ot. en j: Cerrutti Olguín Adrián Rubén c. José Capel y ots. p/D. y Perj. s/ Inc. Cas.", en separata de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, "El daño a la persona en la jurisprudencia de la sala I de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza", p. 26)._ Al fijar el monto, debe tenerse en cuenta además el detrimento de su capacidad laborativa que necesariamente ha redundado en una merma proporcional de ingresos, por no haber podido realizar servicios adicionales durante las licencias médicas originadas en el accidente. Ahora bien, entrando a analizar el rubro concerniente a resarcimiento por lucro cesante, no cabe sino coincidir con el razonamiento de Matilde Zavala de González, en cuanto a que las consecuencias materiales o económicas atinentes a los llamados lucro cesante e incapacidad no varían en lo fundamental de modo que no hay diferencia (esencial u ontológica) entre esos rubros, en lo que hace al daño mismo. Ello es así, porque el concepto de lucro cesante debe ser entendido más ampliamente que en su vértice tradicional, hasta comprender la mutilación de las potencialidades económicas de la persona, en razón de sus mediatas y futuras repercusiones patrimoniales. Pero cualquiera sea el nomen juris bajo el que se encuadre, lo relevante es que si ya se computa la pérdida patrimonial del sujeto, no se confiera como indemnización autónoma el de otro daño económico de similar sustancia y por análogo motivo. De lo contrario se configuraría una injustificada duplicidad resarcitoria por el mismo título (Daño a las Personas - Integridad psicofísica, t. 2ª, páginas 247 y siguientes). Coincidentemente, precisa la Dra. Kemelmajer de Carlucci en el voto citado más arriba (remitiéndose a su comentario al art. 1086 en el Código Civil Comentado y Anotado dirigido por Belluscio y coordinado por Zannoni, ed. 1984, t. 5, p. 218, siguiendo jurisprudencia de diversas salas de la Cámara Nacional Civil), que si la incapacidad es permanente debe fijarse una suma única que comprenda todos los daños y es improcedente fijar otra suma por salarios perdidos; es decir, el resarcimiento de esa clase de incapacidad absorbe el lucro cesante.

Habiéndose computado al fijar el resarcimiento por la incapacidad laborativa, los ingresos de los que se vio privada la víctima derivado ello de su incapacidad, la queja referida a este punto no corresponde que sea acogida. El monto total resarcitorio fue calculado de acuerdo a los valores de marzo de 2010, ello es, coincidiendo con el informe de fs. 338, pero corresponde su pago desde la fecha del retiro obligatorio, como se señala en la sentencia, ya que hasta esa fecha ha continuado prestando servicios, por lo que tampoco procede el agravio a su respecto.

iii) Daño estético: Predomina en la doctrina la postura que sostiene que el daño estético no es un concepto autónomo, pues si genera consecuencias patrimoniales es un daño material indirecto; y si afecta la esfera extrapatrimonial, en cuanto al sentimiento negativo que genera en el sujeto que lo sufre, debe ser considerado como daño moral (CNCiv., Sala G, 19-3-99, J.A. 1999-IV-597; íd., Sala D, 29-3-95, L.L. 1996-E-494; CNCiv. y Com. Federal, Sala 1°, 15-7-83, L.L. 1984-A-83, J.A. 1984-I-115, y E.D. 106-403; CCiv.Com. Mercedes, Sala 2°, 28-5-98, J.A. 1999-IV-289; Zavala de González, Matilde: "Daños a las personas", Bs. As., Hammurabi, 1990, pág. 164; Bueres, Alberto: El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la vida de relación y a la persona en general, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 1, 1994, pág. 266 y ss.; Bustamante Alsina, Jorge: Incapacidad sobreviniente y lesión estética (no son rubros resarcibles por sí mismos sino en cuanto causan daño patrimonial o moral), L.L. 1989-C-521; Vázquez Ferreyra, Roberto: El daño en la Responsabilidad Civil, Bs. As., Astrea, 1993, pág. 161; El daño a la persona en la Jurisprudencia, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal y Culzoni, tomo 1, 1994, pág. 302; Socolovsky, José I. Y Ammirato, Aurelio L.: Lesión o daño estético, J.A. 2000-III-988; CApel. CC. Salta, Sala III, año 2001, f° 488)._ Este Tribunal tiene dicho que el daño estético no configura de por sí un daño autónomo, sino que es resarcible en su aspecto patrimonial cuando repercute negativamente sobre la esfera productiva de la víctima, o en su aspecto moral, al incidir negativamente en su psiquis afectando su seguridad en sí mismo, sus tendencias gregarias, etc. (López Mesa-Trigo Represas, Tratado de la Responsabilidad Civil - Cuantificación del Daño, p. 61; CApelCC Salta, Sala IV, T. XXX, fº 700/705, 28(8/08) De allí que la alegada omisión de la sentenciante no ha sido tal, desde que ha justipreciado el daño psicológico comprensivo del estético.

iiii) Daño psicológico: Tiene dicho este Cuerpo que a veces se confunde el daño psicológico con el agravio moral. La doctrina, sin embargo, distingue ambos rubros. Cifuentes dice que el desmedro psíquico desmejora la condición humana básica. La vida, agrega, es psicosomática; hay quien podrá sufrir dolores resarcibles, pero no por ello soportar deméritos que los psiquiatras y psicólogos pueden detectar. Y así como un daño en el cuerpo importa padecimiento moral, un daño en la psiquis da un resultado parecido; el daño psicológico, de igual manera que puede dejar secuelas resarcibles en sí mismas, también puede provocar sufrimiento moral, que es cosa diferente (Santos Cifuentes: Responsabilidad del Estado por impropias indiscreciones de los Miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. Daño psicológico y moral por la ofensa del honor, J.A. 1999-III-183, ap. IV). Igualmente, Matilde Zavala de González advierte que no toda alteración anímica a consecuencia del hecho constituye una lesión psíquica en sentido propio. Ésta, se trata de una enfermedad más o menos estable o bien transitoria o accidental. Es un concepto de la naturaleza, propio de la ciencia médica, que constituye la fuente de un criterio jurídico: el daño indemnizable. El daño psíquico reside en la alteración misma de la personalidad, y tiene gravitación en la capacidad de la víctima, dado que el perjuicio en la psiquis de un individuo, desde el momento que produce perturbaciones en todo el área de su comportamiento, se traduce en una disminución de las aptitudes para el trabajo y para la vida de relación. Pero ello, sin perjuicio de las consecuencias que el daño psicológico puede tener respecto del equilibrio espiritual del sujeto y de la correspondiente configuración de un daño moral (Matilde Zavala de González: Daños a las Personas - Integridad psicofísica, Bs.As., Hammurabi, 2 a, 1990, págs. 219/221; conf. Hernán Daray: El tema del daño en los accidentes de tránsito, E.D. 87-915, específicamente págs. 964/965; CApel.CC.Salta, Sala III, año 2000, f° 842; íd. íd. año 2004, f° 653).

Conforme a los antecedentes de la causa, la jueza ha basado sus conclusiones en la pericial de fs. 469/470, por lo que resulta suficientemente argumentado el reconocimiento de este perjuicio. En el informe, la perito interviniente destaca que el evento en cuestión marcó un antes y un después en la vida del actor, que era "una persona dinámica con inquietudes, planes e iniciativas por mejorar su calidad de vida en lo económico y profesional...Sin embargo el accidente fue el inicio de una serie de acontecimientos posteriores que fueron postergando año tras año sus proyectos, su calidad de vida, siendo motivos de sus cambios de humor, inestabilidad emocional con claras repercusiones en el desarrollo y desempeño de su trabajo...se observan claros síntomas depresivos, sentimientos de inferioridad...". De allí que el agravio referido a este rubro no resulta procedente.

6) Tasas de interés: En atención al criterio seguido por esta Cámara en casos análogos (CApelCCSalta, Sala IV, T. XXXII, f° 573/574) corresponde modificar la sentencia en crisis y determinar que los intereses se liquiden a la tasa del 12% anual desde el 06/05/94 hasta el mes de diciembre del 2009 y al 18% anual a partir de allí hasta su efectivo pago, por considerar que de este modo, se reparan suficientemente los perjuicios sufridos.

7) Las costas, se disponen en esta Sede por el orden causado, al haber prosperado parcialmente los agravios de ambas partes (art. 71 del Código Procesal).

En consecuencia, con la modificación dispuesta en lo relativo a la justipreciación del daño moral, se modifica la condena integral del fallo en crisis, que se fija en la suma de $172.509,40._ El Dr. Oscar Gustavo Koehle dijo: que por sus fundamentos y conclusiones, se adhiere al voto que antecede.

Por ello, LA SALA QUINTA DE LA CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL:

Modifica la sentencia de fs. 562/561, reduciendo el monto de la condena a la suma de $172.509,40 (ciento setenta y dos mil quinientos nueve pesos con cuarenta centavos) y estableciendo los intereses con la tasa del 12% anual desde el 06/05/94 hasta el mes de diciembre del 2009 y a partir de allí hasta su efectivo pago, con la tasa del 18% anual.

Impone las costas por los recursos interpuestos a fs. 565 y 570, por el orden causado.Dispone se registre, notifique y baje.