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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, derechos de incidencia colectiva, Superior Tribunal de Justicia, jurisprudencia no vinculante, educación pública, tutela, emergencia económica, leyes, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: FEDERACION DE COOPERADORAS ESCOLARES y otros c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LEY 10000 (EXPTE.: C.S.J. NRO. 514 AÑO 2006)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-02-27

Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Federación de Cooperadoras Escolares aduciendo que la Cámara se aparta de lo decidido por esta Corte en el antecedente homónimo, en tanto sostuvo en aquel precedente lo contrario, esto es que la pretensión - a su juicio idéntica- no era de contenido económico.

Ello es así, ya que en el precedente citado la pretensión de la actora estaba dirigida a que se ordenase a la Provincia "retener" de la coparticipación impositiva de la Municipalidad los importes correspondientes a los aportes incumplidos por el municipio (arts. 2, 3, s.s. y c.c., decreto 5085/68 y sus modificatorios), mientras que en autos se discute una concreta suma de dinero a aportar por la Provincia para el mantenimiento, ampliación y construcción de los edificios escolares de propiedad provincial, municipal o comunal (art. 1, decreto 5085/68), y ello no aparecía compatible o asimilable con ninguno de los bienes tutelados por el artículo 1 de la ley 10000, pues se trataba de inversiones a realizar por la Provincia, vinculadas al presupuesto y, por lo tanto, a la política en materia de infraestructura escolar.

Claramente la plataforma fáctica no se presenta con la identidad invocada por la recurrente y tampoco podrían soslayarse las situaciones cambiantes que se han operado desde entonces en nuestro país, en gran manera producidas por la aparición del complej o marco normativo referido a la emergencia económica, el cual impactó no sólo en cuestiones atinentes a los gastos y a su previsión presupuestaria (incluídos los necesarios a los fines de cumplir con sentencias judiciales firmes), sino que han modificado leyes procedimentales que regulaban las vías como por ejemplo el amparo o la misma ley 10000 (recuérdese la influencia sobre el "sub examine" de la ley 12015). (De los Fundamentos de la Dra. Gastaldi)
Litisconsorcio pasivo, sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castellano, Angel Mario c/ Viggiano, Carlos Alberto y Grillo, Jorge Luis s/ xxxx Grillo, Jorge Luis s/ xxxx
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1995-10-19

En el supuesto de existir pluralidad de ejecutados, resulta inadmisible que se dicte sentencia respecto de uno solo de ellos sin que previamente se haya intimado de pago y citado para defensa a los restantes, pues dentro de un mismo juicio procede el pronunciamiento de una sentencia única que comprenda a todos los litis consortes pasivos, salvo que el ejecutante haya desistido parcialmente de su pretensión.
Violación, abuso sexual calificado por acceso carnal, abuso deshonesto, recurso de casación
Materia: PENAL
Carátula: ALBARRACIN, JULIO OSCAR s/ VIOLACION  - ABUSO DESHONESTO - FELLATIO IN ORE - RECURSO DE CASACION  - RAPTO - CONCURSO IDEAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-08-31

El art. 119 del C.P. define como conducta punible el acceso carnal con persona de uno y otro sexo, abusando de su inmadurez, estado mental o indefensión o usando violencia.

No existe uniformidad doctrinaria acerca de que debe entenderse por "acceso carnal" y, por consiguiente, tampoco respecto a qué conductas deben considerarse propias de la violencia carnal.

Para una parte de la doctrina, acceder carnalmente significa la introducción , aunque imperfecta, del órgano sexual masculino en el cuerpo de la víctima, sea según "natura", por vía vaginal, sea "contra natura", por vía anal.

Otros entienden que el acceso carnal es la penetración del órgano genital masculino en orificio natural de otra persona sea por vía normal o anormal, de modo que dé lugar al coito o a un equivalente anormal de él.

No cabe duda que existe acuerdo entre los autores en que "tener acceso carnal" significa la introducción del órgano masculino en el cuerpo de la víctima, pero mientras la primera tesis circunscribe la penetración violenta al ano y a la cavidad vaginal, la segunda amplía la acción y le resulta indiferente el punto por el que se realiza el concúbito, siempre que dé lugar a un equivalente abnorma del coito.

Consecuentemente, para la primera corriente de opinión el coito oral (fellatio in ore) no constituye "acceso carnal", mientras que para la segunda, por ser una conjunción aunque anormal, queda comprendido en el art. 119 C.P.

Argumentos de índole científica, que se fundan en razones anatómicas y fisiológicas, convencen de la corrección de la tesis restrictiva.

En efecto, la vagina es el órgano destinado por la naturaleza para ser vaso receptor de la copulación natural por poseer glándulas de evolución y proyección erógenas. Una función semejante aunque, antinaturalmente, cumple el año en su contacto con el órgano masculino, por cuanto también tiene glándulas de esa naturaleza.

En cambio, esto no ocurre con la boca la que, careciendo de este tipo de glándulas, no es idónea para mantener concúbito, aunque se le pueda utilizar como sustituto funcional de la vagina y sirva para el desfoque libidinoso del autor y del paciente.

La "inmissio penis" que es un atentado a la reserva sexual de la víctima, si se dan las condiciones exigidas por la ley, podrá ser reprimido como abuso deshonesto más no como violación .
Acción de amparo, Consejo de la Magistratura, jueces, designación de jueces, concurso de cargos judiciales
Materia: PROCESAL
Carátula: "Espinosa  María Cristina c/ EN Consejo Magistratura-Resol 392/06(Concurso 127) s/ Amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-08

No parece irrazonable la interpretación hecha en la especie sobre el alcance de las normas sobre la forma de efectuar las votaciones del dictamen de la Comisión de Selección. Y ello es lógico, puesto que si hay reservas sobre algunos de los postulantes el dictamen no se aprueba. La afirmativa o negativa no sería, entonces, parcial sino total, antes bien una lectura atenta de la redacción del art. 193 del reglamento de la Cámara de Diputados muestra que ello sería así al incluirse el adverbio "precisamente" sobre la forma que está escrito -en lo que aquí interesa- la "proposición" (y no otra cosa es el dictamen de la Comisión de Selección) (Del voto del juez Coviello, cons. 7° 1.).
Beneficio de litigar sin gastos, irretroactividad de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Fara, Jose Amado s/ beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2013-05-31

Corresponde otorgar el beneficio de litigar sin gastos peticionado alcanzando el mismo los gastos de iniciación del juicio principal, sin que por ello se pueda entender afectado el principio de la irretroactividad de los efectos del pedido establecido en el inciso 2 del art. 270 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba, con el texto de la ley 9874 (también modificado por la ley 10012 eliminando el tercer párrafo del inciso), dado que, no sólo que el proceso no experimentó ningún avance desde la presentación de la demanda hasta la fecha de este pedido, a la que ni siquiera le fue impreso el trámite correspondiente, sino que juntamente con el libelo introductorio de la acción fue requerido el beneficio y rechazado liminarmente por motivos formales (falta de la declaración jurada exigida por la misma norma), circunstancia esta que descarta de plano la presunción de que al deducir la demanda el actor se haya encontrado en situación patrimonial apta para afrontar los gastos del juicio.
Recurso de apelación (procesal), beneficios previsionales, excepciones procesales, excepción de prescripción
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: Meza, Petrona c/ ANSeS s/ prestaciones varias.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-11-17

Resulta improcedente la excepción de prescripción liberatoria planteada por el organismo al contestar la demanda, ya que no se ha debatido en la causa el pago de un crédito sino el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de fondo para acceder a un beneficio jubilatorio, máxime cuando la inactividad del titular, al dejar firme la primera resolución administrativa que denegó la prestación, ha determinado la modificación de la fecha inicial de pago prevista por el art. 44 de la ley 18.037, por aplicación del decreto 1377/74, reglamentario de la ley 20.606
Quiebra, desapoderamiento, bien de familia, desafectación del inmueble (civil), facultades del síndico del concurso
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTAB. BETEDEBE S.C.A. S-QUIEBRA c/ TUCULET DUMAS, B. s/ ACCION REVOCATORIA CONCURSAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-31

1. Declarada la quiebra, surge la necesidad de recomponer y restaurar la integridad del patrimonio del deudor, a fin de conservar su finalidad de garantía de los derechos de los acreedores con arreglo al principio de la "pars condictio creditorum".

2. En función de ello, el síndico se encuentra legitimado para demandar la desafectación como bien de familia de un inmueble del fallido, cuando la cesación de pagos ha sido anterior a la afectación en tal carácter del bien.

3. La suerte del bien de familia, una vez declarada la quiebra del titular, está determinada por la existencia de algún acreedor verificado que sea titular de un crédito anterior a la inscripción del bien en ese carácter (ley 14.394: 35 Y 38). La circunstancia de que su constitución sea inoponible a uno o varios acreedores del instituyente, en razón de ser los títulos de éstos anteriores a la afectación, torna imperativa la incorporación del inmueble a la masa de bienes sujetos a la ejecución concursal: el bien de familia cuya ejecución sea inoponible a un solo acreedor quedará sujeto al desapoderamiento consecuente a la declaración de falencia.

4. Ello en tanto si uno o varios acreedores se encontraban habilitados para embargar y vender el bien por serles inoponibles su incorporación al régimen de la ley 14.394, Idénticas facultades asisten a la masa como consecuencia del concursamiento y desapoderamiento del deudor.

5. Tal legitimación del síndico no contradice lo normado por la ley 14394: 38. En la especie, el acreedor ha concurrido a insinuar su crédito en el pasivo cuya verificación ha obtenido, lo cual le obliga a someterse a las reglas que rigen el procedimiento concursal 6. Si propuesta por el síndico la acción tendiente a la desafectación del inmueble, el acreedor no se ha opuesto a su tramitación, objetivo y resultado, ello implica un consentimiento tácito de su parte sobre la legitimación asumida por el síndico como funcionario y órgano del concurso para promoverla.
Daños y perjuicios, indemnización, valor vida
Materia: CIVIL
Carátula: CARMELLI, RICARDO J. c/ CONS.   PROP.  LARREA 1466 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-22

La vida humana en sí representa un valor económico que debe indemnizarse a ciertos parientes, cuando ella se pierde por un cuasidelito. El monto resarcitorio debe guardar relación con las circunstancias de cada caso, edad de la víctima, ayuda que prestaba o podría prestar en el futuro, grado de parentesco y daño pecuniario traducido en el tiempo que la desaparición de aquélla causará en el seno del grupo familiar de que formaba parte.

Los artículos 1084 y 1085 del Código Civil consagran un régimen a favor del heredero forzoso de la víctima, mediante la presunción de la existencia de un perjuicio cierto que deja sólo librado a la prudencia de los jueces la determinación del "quantum".

Tratándose de una madre viuda, cabe presumir, ante la falta de prueba que la desvirtúe, que en el ejercicio de la patria potestad concurría a los gastos de crianza, educación, alimentación y habilitación de su único hijo.

De cualquier manera, la "chance" consistente en la probabilidad suficiente de beneficio económico del hijo menor, de obtener alimentos de su progenitora, sería igualmente indemnizable por aplicación de los principios generales consagrados en los artículos 1068, 1079 y conc. del Código Civil, puesto que en todo caso, se ha impedido en forma irreparable la eventualidad de procurarse los alimentos exigibles, lo cual constituye de por sí un perjuicio indemnizable.
Interés del menor, situación de vulnerabilidad, pena privativa de la libertad, derecho del menor a ser oído
Materia: PENAL
Carátula: Cejas Meliare, Ariel c/  s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-22

Corresponde reafirmar que los niñas, niñas y adolescentes gozan de todos los derechos constitucionales y convencionales existentes en nuestro sistema jurídico y que además se trata de un colectivo que se encuentra en una doble situación de vulnerabilidad en razón de la privación de la libertad y de la edad, por lo que deben ser sometidos a jurisdicción y trato especial. En este contexto, la idea misma de especialidad supone un reconocimiento y una reafirmación de la desigualdad de hecho que existe y de las distintas soluciones jurídicas que corresponde establecer frente a este panorama de diversidad y está claro que los Estados deben contar con instituciones, personal, instalaciones y medios idóneos para garantizar la eficaz y oportuna protección de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Sin dudas la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño ha establecido un nuevo paradigma en el derecho de la infancia, que se caracteriza por dejar de considerar a las personas menores de edad como objeto de protección para ser consideradas sujetos de derecho y en esa consideración deben ser escuchadas en sentido amplio. En función de ello, resulta ineludible la efectiva intervención de la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en el adecuado resguardo del derecho a ser oído del niño, niña o adolescente pues es aquél el órgano que se encuentra en condiciones de alegar, objetivamente y de un modo no condicionado, sobre el punto, en tanto debe intervenir en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de menores o incapaces y puede entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinentes. Valerse de la especialidad del colectivo para restringir a la PPN el libre acceso a los establecimientos donde se alojan jóvenes privados de su libertad resulta, en definitiva, paradojal y riesgoso para los niños en la medida en que no es posible auditar las condiciones en las que se encuentran, tal como ha quedado demostrado luego de los monitoreos realizados por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.
Recurso de revisión (procesal), admisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Sanatorio Modelo S.A c/ Homisa S.A s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2002-03-08

La revisión de la sentencia por el Tribunal de Alzada está condicionada a que exista el correspondiente recurso, situación que no se configura si quien apela no es la misma parte que formula el memorial de agravios y carece de interés en el resultado del recurso. Cuando la carencia de legitimación es manifiesta debe desestimarse el embate sin entrar a considerar los agravios, por haber aquí una hipótesis de inadmisibilidad.
Confirmación de sentencia, régimen de consolidación de deudas
Materia: PROCESAL - COMERCIAL
Carátula: Ré, José J. P. y otra c/ Nación Argentina (Ejército Argentino) s/ indemnización daños y perjuicios).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

Es correcta la sentencia de cámara en tanto confirma la decisión de primera instancia que aplicó de oficio el decreto 2140/91, reglamentario de la ley de consolidación n. 23.982, ya que tal solución se ajusta a lo dispuesto por los arts. 16 de la ley y 3.

del decreto.
Robo con armas, arma impropia, destornillador
Materia: PENAL
Carátula: GARCIA, Ricardo s/ ROBO - AGRAVANTES - ARMA IMPROPIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-02-13

Califica el robo el empleo de un destornillador, por ser éste un arma impropia, puesto que dicho instrumento pudo infundir en el ánimo del denunciante un poder más vulnerable; de ahí el funcionamiento de la circunstancia calificativa de agravación del art. 166, inc. 2 del C.P.
Honorarios del abogado, declaración de inconstitucionalidad, revocación de sentencia, facultades del Poder Judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Vargas Zavala, Isabel Mercedes c/ Tula, Jessica y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-18

Corresponde revocar el fallo que había declarado, de oficio y de modo general, la inconstitucionalidad de la totalidad de la ley 27.423 (Ley de Honorarios de Abogados), pues si bien el a quo cuestiona que existan distintos parámetros para regular los honorarios de los abogados con los de los peritos y no considera razonable la fijación de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), la CSJN ha sostenido en forma reiterada que no incumbe a los jueces sustituirse a los poderes del Estado en atribuciones que le son propias, ya que la función más delicada del Poder Judicial es saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción. Además, cabe destacar, que el máximo tribunal ha venido aplicando sistemáticamente la Ley 27.423 en todos los casos cuyos trabajos se realizaron a partir de su entrada en vigor.
Gobierno municipal, Municipalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: F., A. C. Y M. F., D. E. c/  s/ HOMICIDIO CALIFICADO - RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Luis
Fecha: 2008-02-19

Cabe tener presente que el gobierno municipal regula materias propias de carácter edilicio y urbano, casi toda la materia de seguridad e higiene y en especial sobre bienes públicos.

El gobierno de asuntos locales, está contemplado en el art. 5 de la Constitución, cuando impone a las constituciones provinciales que aseguren el régimen municipal.

La mayor parte de estos cuerpos legales autorizan a los órganos deliberativos municipales, a sancionar normas reglamentarias de la libertad y de los derechos individuales.

En esas ordenanzas no hay ninguna delegación legislativa; son simples disposiciones reglamentarias de normas establecidas en leyes generales municipales para y en beneficio de la gestión del municipio (Cfr. Dromi, Roberto; Derecho Administrativo, Ed. Ciudad Argentina, 7ma. Edición Actualizada, 1998, p. 685/686).
Uniones convivenciales, muerte del concubino
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: GIL, Margarita Inés c/  s/ Información Sumaria
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2016-11-03

Al producirse la muerte del conviviente (24/6/2014) la relación concubinaria quedó extinguida ya que el hecho generador de tal extinción fue precisamente su fallecimiento, por lo que si se sanciona una nueva ley al respecto con posterioridad al deceso, las consecuencias se encuentran producidas y los efectos que de dicho hecho se derivan se han cumplido y no pueden ser alcanzados por normas posteriores que lo alteren o modifiquen.

La Orgánica de Tribunales establece que corresponderá a los Jueces de Paz Letrados el conocimiento y decisión de las constataciones de hechos fuera de juicio y de las sumarias informaciones en general, y considerando que la competencia de la Justicia de Paz está precisamente delimitada, entendemos que el presente procedimiento debe tramitarse y resolverse ante este fuero, salvo modificación normativa posterior.
Accidente de tránsito, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: López de Tatángelo, Norma y otros c/ Gallo de Kalhawy, Mabel y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-11-29

En términos generales, suelen ser más frecuentes los traumatismos en el pasajero delantero que en el conductor del rodado -como señala un estudio estadístico de Avendaño confecionado en 1966-. Ahora bien, el volante es la causa en el conductor de contusiones torácicas, fractura de esternón, fracturas costales, y otras lesiones internas de mediastino, corazón y pulmones. En cambio, es más típico de los pasajeros las lesiones de cara y cráneo, fracturas de maxilares, rupturas dentarias, ruptura de los huesos propios de la nariz y del macizo facial, por proyección contra el parabrisas, el panel de instrumentos o contra los parantes delanteros.-
Recurso extraordinario, Corte Suprema de Justicia de la Nación
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Corchuelo, Amanda Matilde c/ Bojanich, Pedro Ricardo s/ Filiación extramatrimonial.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1996-10-07

Debe rechazarse el recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de justicia, ya que examinados los agravios vertidos desde la óptica aludida, se arriba a la conclusión de que los mismos carecen de aptitud para habilitar la instancia de excepción, toda vez que constituyen la exposición de la discrepancia con lo resuelto en el proceso; omite la crítica frontal y pormenorizada de los argumentos que estructuran la sentencia recurrida y vuelve a atacar la sentencia de la Cámara de Apelaciones, argumentos que resultan insuficientes para habilitar esta instancia extraordinaria, ya que los mismos no hacen una crítica concreta y razonada de los motivos en que se funda el fallo apelado, la crítica del recurrente es insuficiente, ya que no se expone con la claridad cual es la infracción que alega ni demuestra la solución que entiende correcta.

Deviene asimismo, inidónea la crítica generalizada de aspectos determinados del fallo, sin demostrar cual es el texto legal quebrantado. La denuncia de error en la apreciación de los hechos y la falta de fundamentación, no pueden ser considerados por esta vía, pues resultan inaudibles las denuncias de causales de arbitrariedad ya que la reparación que se pretende debe hacerse valer por vía del recurso de inconstitucionalidad, específicamente previsto por nuestro ordenamiento en el Decreto ley 1407/62.
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, interpretación de la ley, voluntad del legislador
Materia: PENAL
Carátula: Abregu Salinas, Juan s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-13

De la normativa vigente, surge con claridad que el legislador ha querido incriminar la tenencia de estupefacientes, aún en el caso que fuera para uso personal (art. 14, párrafo 2do. Ley 23.737). (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Contrato de trabajo, empleo público, locación de servicios, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley de contrato de trabajo, aplicación analógica de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: BERNER, NORBERTO CARLOS c/ GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

El tema de la sucesión de contratos en la Administración Pública, no está contemplado legalmente. Así entonces, privado el agente de la estabilidad que le consagra el art. 14 bis de la CN es justo aplicar, analógicamente, las normas que reglamentan la garantía menos intensa de protección contra el despido arbitrario y, por lo tanto, reconocerle una indemnización idéntica a la de un trabajador privado, en sus mismas condiciones, hubiera obtenido al extinguirse la relación de trabajo sin su culpa. (En el caso, el actor ingresó a trabajar para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desempeñando tareas administrativas comunes en el área legal de la Dirección General de Deportes del Gobierno de la Ciudad, realizando funciones correspondientes al personal de planta permanente).