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Recurso de inconstitucionalidad, procedencia del recurso, cuestión constitucional, cuestión de derecho común, doctrina de la arbitrariedad, proceso penal, imputado, libertad condicional, unificación de penas, debido proceso
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: AYALA, FABIO EDUARDO c/  s/ AMENAZAS CALIFICADAS-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

Si bien la cuestión se vincula con la interpretación de normas de derecho común, temática que resulta ajena en principio al recurso previsto en la ley 7055, corresponde hacer excepción a dicha regla, toda vez que lo decidido en el voto mayoritario de la sentencia del A quo al confirmar la decisión de revocar la libertad condicional y unificar penas a pesar de haber sido el imputado condenado por el segundo delito una vez que la primera pena estaba agotada, traspuso efectivamente el límite de razonabilidad y afecta, por tanto, la garantía del debido proceso. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 7055
Recurso de inconstitucionalidad, inadmisibilidad del recurso, asociaciones civiles, legitimación activa, representación procesal, defensa del consumidor
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: ASOCIACION PROTECCION CONSUMIDORES DEL MERCADO COMUN DEL SUR c/ EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA (EPE) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CAMARA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-30

Respecto al agravio que gira en derredor de la arbitraria atribución de legitimación activa que el Oficio habría concedido a la actora, más allá que la argumentación vertida por la Sala adolezca de algunas imprecisiones, al introducir junto con la noción de representación el concepto de legitimación, echa de verse que el A quo entendió que la Asociación no hacía otra cosa que "representar" los derechos de una usuaria de un servicio público, es decir, que no está actuando por sí sino que está representando los derechos de quien asume el papel de parte en el litigio. En ese orden de reflexión, el temperamento del Tribunal cuando sostiene que "el régimen tuitivo instaurado por la ley de defensa del usuario y del consumidor puede ser aplicado al caso, donde el afectado canalizó su reclamo a través de la Asociación, otorgando carta-poder a la misma" no puede interpretarse de otra forma que la de conferir a la Asociación de referencia tan sólo una representación legal.
Sentencia, contrato de publicidad, interés público
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: MEREB c/ SAAD DE NAPADENSKY s/ RECURSO DE REVISION-SENTENCIA:FORMALIDADES.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-08-04

La falta de lectura de la sentencia en audiencia pública en la forma prescripta por el art. 1334 CPC. es causa de nulidad del pronunciamiento, el que no puede considerarse regularmente dictado en ausencia de esta formalidad impuesta por la ley.-Cuando la carta manga de la pcia ordena que "los tribunales colegiados acordarán en público sus sentencias..."(art. 136 ant.) y el rituario reverenciándola, prescribe que "las sentencias serán dictadas en audiencia con asistencia de todos los vocales..." (art. 1334 CPC.), está señalado: el "locus acti", el "publicum actum" y la "constitutio offici" como requisitos indispensables para la validez del acto.-Es notorio que la exigencia de publicidad excede -aunque no excluye-el ámbito del inter es privado de los particulares intervinientes y compromete el inter es público en la justa composición de los litigios como fundamento de la paz social por lo que ni a las partes ni a los jueces les esta permitido infringir el texto legal que impone a estos últimas obligaciones insoslayables de presencia y actuación, efectivo cumplimiento de la exigencia legal de publicidad y sin que, por ende, les sea concedido convalidar el vicio derivado de esa inobservancia, porque en la regularidad del acto esta comprometido un adecuado servicio de justicia "qui interest rei publicae".
Competencia federal, Fuerza Aérea
Materia: PROCESAL
Carátula: M.C.B.A. c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

Resulta competente la Justicia Federal en la acción promovida por la M.C.B.A. contra la Fuerza Aérea Argentina, por estar esta última sometida a dicho fuero de excepción. No resulta de aplicación al caso lo normado por el art. 1 de la ley 19.983 (régimen para resolver las reclamaciones pecuniarias entre organismos administrativos) pues la nueva investidura de la Ciudad de Buenos Aires torna vacía de contenido dicha normativa.-
Sentencia penal, cosa juzgada, sentencia condenatoria, responsabilidad civil, suspensión del juicio a prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: DELIKAT SA c/ GONZALEZ FELIPE OMAR s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

1. La sentencia de procesamiento no tiene la eficacia prevista por el artículo 1102 del Código Civil, toda vez que no es una sentencia condenatoria. En efecto, para que la sentencia penal haga cosa juzgada en materia civil con relación a la existencia del hecho y la culpa del autor, debe ser ella -tal como lo exige el mencionado precepto- una sentencia de "condenación" (conf. Belluscio, A. y Zannoni, E., "Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado", Buenos Aires, 1984, t. 5, p. 307, n° 2), condición que claramente no tiene el auto de procesamiento que, como es bien sabido, solo importa una declaración acerca de la probable culpabilidad del imputado en un hecho delictuoso, por el cual puede ser llevado a juicio (conf. Almeyra, M., Código Procesal Penal de la Nación, comentado y anotado, Buenos Aires, 2007, t.

II, p. 550).

2. El pedido de suspensión a prueba de acuerdo a lo previsto por el artículo 76 bis del Código Penal (probation), no implica confesión o reconocimiento de la responsabilidad civil en contra del imputado, incumbiendo a su adversario en la causa civil la prueba de los extremos fácticos que perfilen la procedencia de la reclamación que hubiera incoado, lo que significa, entonces, que en sede civil puede decidirse y resolverse sobre la procedencia de la responsabilidad del acusado examinando desde la perspectiva de las normas de derecho privado si se dan los presupuestos para que ella pueda ser declarada, teniendo el juez civil amplia libertad para decidir la cuestión (conf. Cifuentes, S. y Sagarna, F., "Código Civil comentado y anotado", Buenos Aires, 2011, t. II, p. 535 y fallos allí citados).
Responsabilidad del principal por los hechos del dependiente, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa, incendio de la cosa, deber de obrar con prudencia, bancos
Materia: LABORAL - CIVIL
Carátula: CALO, ALDO c/ CAVA HNOS. Y OTROS s/ ACCIDENTE-ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-31

Siendo el Banco codemandado el propietario del ventilador que motivara conjuntamente con la emanación de gases tóxicos e inflamables provenientes del cemento de contacto utilizado para la instalación del piso, la explosión y posterior incendio que causara los daños por los que el actor acciona, su responsabilidad en los términos del art. 1113 del C.Civil deviene clara aún cuando no haya sido empleadora directa del demandante y la misma no le sea imputable en los términos del art. 75 LCT. En tal caso, le son aplicables las normas del art. 512 del C.Civil, en orden a la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, o de lo que manda el art. 902 del mismo código respecto a que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos.
Contravenciones de juego, bien jurídico protegido
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: C, A. M. s/ Ley 255
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-28

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene el monopolio de la explotación del juego (artículo 50 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y lo recaudado en tal concepto forma parte de los recursos del erario público (artículo 9 inciso 10 de la misma).

En la medida que un porcentaje de dichos recursos est n destinados a la asistencia y desarrollo social, esos ingresos que obviamente se estiman, se verían afectados por el juego clandestino y desde ese punto de vista se afecta la seguridad pública, por poner en peligro el llamado bienestar común, a un indeterminado número de personas e instituciones que comparten tradicionalmente los beneficios que este irroga. (Del voto del Dr. Ventureira)
Sustracción de menores, consumación del delito
Materia: PENAL
Carátula: Inverso, Jorge A. s/ querella.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-27

El delito de sustracción de menores debe entenderse consumado con cualquier acto que tienda a remover el menor de la custodia de sus padres contra su voluntad expresa o presunta.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, depósito previo, beneficio de litigar sin gastos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Primucci, Emilio M. c/ González, Sandra s. y ot. s/ Ejecución hipotecaria. Recurso de queja Rodríguez, Alberto c/ Balian, Jorge s/ Cumplimiento de contrato. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13|2001-09-12

El art. 280 del código Procesal Civil y Comercial exime de la obligación del depósito previo a quienes al recurrir gocen del beneficio de litigar sin gastos por lo que, conforme ha expresado reiteradamente este Tribunal, dicho beneficio debe obrar efectivamente en cabeza del recurrente al momento de examinar las condiciones de admisibilidad. (Minoría u opinión personal)
Excarcelación, recurso de queja (procesal), improcedencia del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Santos, Manuel y otro s/ queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-11-19

Corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta toda vez que el a quo ha fundado la existencia de riesgos procesales que obstan a la excarcelación solicitada en favor del imputado, aspecto que no fue rebatido con éxito por la defensa, por lo que dicha parte no ha demostrado la existencia de un agravio federal que habilite la vía impugnativa y en el caso se ha garantizado la "doble conformidad judicial".
Sucesiones, administrador provisional
Materia: CIVIL
Carátula: FERNANDEZ DE LELA SARA s/ SUCESION TESTAMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-20

Las funciones del administrador provisional se extiende hasta la designación del definitivo (conf. Fassi "Código Procesal..." III 2822).
Constitución Nacional, inconstitucionalidad, convenios colectivos de trabajo
Materia: CONSTITUCIONAL - LABORAL
Carátula: GUSTAVO JORGE NORDENSTHOL c/ SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES.  SOCIEDAD DEL ESTADO. s/ DESPIDO.    CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO.    CONSTITUCION NACIONAL.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-04-02

El art. 2do., inc. a), de la ley 21.476 -en tanto deroga todas las normas convencionales que establecían mayores beneficios que los consagrados en el régimen de contrato de trabajo- resulta violatoria del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Responsabilidad parental, privación de la responsabilidad parental
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: O. de R. M. D. c/ V. G. A. s/ Pérdida patria potestad y tutela.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-11-07

Para que el abandono reglamentado por el inciso segundo del art. 307 del C.Civil se configure, es menester que se materialice por parte del progenitor la renuncia al ejercicio de aquellos deberes-función que constituyen la patria potestad. Se tipifica a través de inconductas paternas reñidas con los fines de esta institución que aspira a la protección y formación integral de los menores, requiriéndose que el progenitor se haya desentendido de los deberes a su cargo establecidos por el art. 265 del Código Civil y que no son otros que aquellos que devienen esenciales al normal desarrollo pisco-físico de los menores, tales como alimentación, educación, formación, vestimenta, asistencia, etc., no siendo suficiente para considerarlo configurado el cumplimiento más o menos irregular de los deberes ya referidos.
Juicio ejecutivo, ejecución hipotecaria, intimación de pago
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: BANCO FRANCES DEL RIO DE LA PLATA S.A. c/ CEJAS, Rubén Alberto s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-30

No puede pretenderse la citación prevista en el art. 599 del Código Procesal contra el hipotecante no deudor, sino que debe intimárselo en la forma establecida en los arts. 596 y siguientes del Código citado, por resultar obligado en los términos del contrato hipotecario.-
Declaración de incompetencia, intervención de terceros, Estado Nacional
Materia: PROCESAL
Carátula: Garrido, Vicente Luis y otros c/ Solvay Argentina SA y otros s/ amparo colectivo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-16

Resulta prematura la declaración de incompetencia efectuada tras haber citado en calidad de tercero interesado a un organismo nacional si éste ha tomado intervención en él y en consecuencia, no tuvo oportunidad de invocar su prerrogativa a la jurisdicción federal. Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite.
Retiro militar, accidente en acto de servicio, haber de retiro
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Croci Néstor Carlos c/ E.N. (Mº de Defensa) s/ haber de retiro de Fuerzas Arm. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-15

En 1950, se sancionó la ley 13.996, que derogó la ley 12.913, y en el art. 140, modificado por decreto-ley 5165/58, se previó la aplicación del art. 99, inc. 1º a los militares que a la fecha de promulgación de la ley se encontraban en situación de retiro, en tanto reunieran las condiciones allí previstas. En este último precepto se estableció que a quienes hubieran pasado a retiro por inutilización provocada por actos del servicio, que hubiera redundado en una incapacidad inferior al 100% de la total, se les liquidaría el sueldo y suplementos generales íntegros del grado inmediato superior.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CASTAÑEIRA ESTEBAN ADALIO c/ LEVI ROMERO EUGENIO Y OTRO s/ ACCIDENTE DE TRANSITO - DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-12-22

Aunque es exacto que la prueba más idónea para demostrar la desvalorización del vehículo es la pericia mecánica, nada impide acreditar ese hecho por cualquier otro medio de convicción que sea adecuado para revelar la existencia de las secuelas del choque no eliminadas por el arreglo.

y no puede negarse que un chapista posee los conocimientos y experiencias necesarias para verificar e ilustrar al tribunal sobre ese hecho que es propio de su oficio.

Es sabido que los indicios de la reparación son m as evidentes y significativos en los rodados de fabricación reciente por la dificultad que existe para restituir o reproducir la calidad propia del modelo de fábrica.

La experiencia indica que el hecho de pintar todo un costado de un automóvil nuevo basta normalmente para disminuir su valor de reventa, pues por mayor destreza que pueda poner el pintor, no siempre es posible reproducir la pintura original y disimular el retoque, para pasarlo inadvertido, en el mercado de comercialización del usado, en el cual cualquier vendedor es experto en la localización de esos parches.
Accidentes de trabajo, indemnización, gastos médicos
Materia: LABORAL
Carátula: Claros Zurita, Valerio c/ Saieva Patagónica S.A. y Otra y-o Quien Resulte Responsable s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-04-22

Los gastos soportados por el trabajador como consecuencia de un infortunio laboral deben ser documentados; o por lo menos, estimarse y acreditarse con pautas y parámetros que permitan al juzgador su fijación, conforme a la facultad prevista por el artículo 165, último párrafo del C.P.C.C..
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, ley penal, inhabilitación especial
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: BROGGI, GUILLERMO JORGE c/  s/ APELACION SENTENCIA CONDENATORIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2021-10-05

La suerte de la presente impugnación no puede variar a la luz de las postulaciones recursivas vinculadas con la pena de inhabilitación impuesta al imputado, toda vez que la cuestión apunta exclusivamente a discutir la interpretación efectuada por los Sentenciantes de las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal tenidas en cuenta para graduar la sanción, asunto que en la medida que fue decidido con suficientes fundamentos dentro de los límites establecidos por las leyes respectivas, por opinables que resulten, no habilitan la apertura de esta instancia de excepción y, en el caso, de la lectura del memorial recursivo surge que la recurrente ni siquiera pretende descalificar desde la óptica constitucional la motivación ensayada por la Alzada al convalidar la misma, en tanto endereza derechamente sus reproches contra los fundamentos brindados por la Jueza de grado y al respecto, ha de tenerse presente que sobre este tópico la Cámara explicó los motivos por los cuales estimó que la sanción penal debía confirmarse, pues, tras resaltar que la querella se encontraba habilitada para solicitar dicha pena, brindó fundamentos propios sobre las circunstancias concretas del hecho para concluir que la imposición de inhabilitación resultaba operativa en el caso, al ser evidente que el imputado utilizó sus conocimientos profesionales y simuló ser representante legal de los acreedores para materializar los ilícitos, insistiendo en esta oportunidad la interesada con sus alegaciones en torno a la falta de motivación y de proporcionalidad de la sanción impuesta, afectación del principio de no trascendencia de la pena y autocontradicción, empero, no alcanzando a demostrar una aplicación indebida o una violación de las pautas legales de mensuración de la respuesta punitiva, al no hacerse cargo de rebatir idóneamente los argumentos brindados por la Alzada. - CITAS: CSJStaFe: AyS, T 204 p. 224; T 219 p. 131. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Penal, artículos 40 y 41.
Proceso penal, acusación, elevación a juicio, sentencia absolutoria, derechos y garantías constitucionales, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Marcilese,  Pedro  Julio y otro s/ homicidio calificado -causa Nº15.888/98-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-15

Si el representante del Ministerio Público, luego de haber ampliado la acusación contenida en el requerimiento de elevación a juicio, solicitó la absolución del procesado, la condena dictada no afecta la garantía de la defensa en juicio porque respeta el principio acusatorio formal y la exigencia de que al juicio preceda una acusación, y a la vez, se mantiene incólume el sometimiento al principio de contradicción (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
Improcedencia del recurso, inexistencia de cuestión federal suficiente, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Romero Nieves, Narciso c/  s/ Recurso de queja
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-10-20

Si bien la resolución recurrida cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva, dicha condición no basta para que esta Cámara intervenga como tribunal intermedio, pues es necesario que el recurrente demuestre fundadamente una cuestión de índole federal. En el caso, se ha garantizado el doble conforme por lo que tampoco se vislumbra una violación a la garantía prevista por el art. 8 ap. 2 h) de la CADH. (Dres. Gemignani, Borinsky, Hornos).
Relación de consumo, cuestiones de competencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Ianni, Ariel Fernando c/ BMW Argentina S.A. y otro s/ Cumplimiento de contratos civiles-comerciales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2018-08-15

Resulta evidenciada la relación de consumo de un producto elaborado -como es el vehículo cero kilómetro prometido pero no entregado por la concesionaria- a la que le es aplicable la ley 24.240, texto ley 26.361 y en razón de la cual el conflicto de competencia debe resolverse en dicho marco normativo, que claramente establece la regla de atribución de la competencia a quien resulte más favorable al consumidor, esto es, la correspondiente a su domicilio real (arts. 1, 3, 65 de la citada ley ).
Embargo, levantamiento del embargo, bienes muebles
Materia: PROCESAL CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, Margarito c/ VILTE, Clarisa Estela s/ Piezas Pertenecientes al Levantamiento de Embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1988-05-16

Si no se demuestra que el domicilio donde se efectivizó el embargo de bienes muebles es el del deudor, juega en favor del embargante que los posee, la presunción de propiedad del art. 2412 del Cód.Civil y procede el levantamiento de embargo ya que la carga probatoria pesa sobre el embargante. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recusación y excusación, excusación por razones de decoro y delicadeza
Materia: PROCESAL
Carátula: Dr. A. G. S., Juez del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 2 de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia en autos: "CH. I., E. y Otro c/ T. D. S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS" s/ INCIDENTE (Art. 31 del Código Procesal Civil y Comercial  del Chubut")
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-27

Este Tribunal ha señalado en anterior invocación, respecto de la inexistencia de causal suficiente para apartarse del entendimiento de las actuaciones que el Código Procesal impone al juez la obligación de apartarse del conocimiento de la causa cuando se hallare comprendido en algunas de las causales de recusación previstas en el art. 17. Inclusive, le otorga el derecho de hacerlo por otras razones fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. La fórmula en este caso es de carácter flexible y obedece a motivaciones subjetivas del juez.
Tributos, IVA, subasta judicial
Materia: COMERCIAL-TRIBUTARIO
Carátula: "Sefag SAIC s/ Quiebra y Guanieri J.R. s/ Apel. -TF 11888-I".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-05

Toda vez que la creación de tributos sólo puede hacerse mediante una ley, tal como surge de lo que establece la Constitución Nacional en sus arts. 4, 7, 52, 75 y 99 (Fallos: 155:293; 182:412; 198:258; 211:930; 218:231 y 294:152) a lo que cabe agregar que la C.S.J.N. en el precedente dictado el 14/10/93 in re "Eves Argentina SA s/rec. de apelación IVA", estableció que, cuando se ha querido gravar una determinada actividad lo ha señalado expresamente en la ley y que cualquier extensión analógica se exhibe en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo, lo cierto es que, si la reforma introducida por la ley 23.349 del Impuesto al Valor Agregado incorpora como objeto del hecho imponible a la "subasta judicial" (art. 2) y también como sujeto pasivo del impuesto a los "fallidos" declarados en procesos de quiebra o concurso civil (art. 4) no corresponde interpretar que el propósito del legislador haya sido abarcar hechos ocurridos con anterioridad respecto de sujetos pasivos no contemplados en la ley anterior, pues ello conduciría a una indebida retroactividad del tributo en violación al principio de legalidad consagrado en la C.N. (Sala IV "Ruster SA (su quiebra)", 9/04/2002) (Cons. V. 4 y VI).