Tribunal: CAMARA DE APEL. CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-11-16


Causa N°28834-00/CC/06 Caratulada: ESPINOSA, Carlos Norberto s/Amparo-Apelación En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de noviembre del año dos mil seis, se reúnen los miembros de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, Dres. Silvina Manes, Jorge A. Franza y Marta Paz, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto a fs.74/76 por el actor.

RESULTA:

1) El Sr. Carlos Espinosa interpuso el 13 de octubre de 2006 acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Educación Vial y Licencias), con el fin de que se declare la invalidez del procedimiento administrativo, el archivo y extinción de la acción penal en la causa iniciada con relación a la licencia de taxi 21162 y, en consecuencia, se le restituya la misma y se habilite el vehículo afectado. Asimismo solicita, como medida cautelar, que se declare la prohibición de innovar en relación a la situación del vehículo y se le otorgue una autorización provisoria dentro de las 24 horas mientras se sustancie el presente litigio.

2) Luego de producido el informe requerido por el art. 8 de la Ley 16.986, la Sra. jueza titular del Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 24 dictó sentencia rechazando la acción de amparo y, contra tal decisorio, recurre el amparista (ver fs. 74/76).

Y CONSIDERANDO:

PRIMERA CUESTION 3) En primer lugar, debe atenderse a si el recurso reúne los extremos objetivos que demanda la ley para su correcta concesión.

El artículo 15 de la ley 16.986 establece que los recursos de apelación contra una resolución definitiva debe interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada.

La resolución fue notificada a la letrada apoderada del actor el día 3 de noviembre de 2006 a las 15:50 hrs. y toda vez que presentó el recurso de apelación el día 8 de noviembre de 2006 a las 10:32 hrs., consideramos que fue interpuesto en tiempo hábil.

En efecto, se ha puntualizado que si bien el término para apelar debe computarse por horas, tal plazo sólo corresponde a días hábiles, por lo cual si entre el término de horas se interponen días feriados o inhábiles, se los debe omitir al contar dichos términos. (Sagüés, Néstor Pedro Derecho Procesal Constitucional, Acción de amparo, Ed. Astrea, 3º edición actualizada y ampliada, pág.499).

Asimismo, la ley exige que el recurso sea fundado, siendo que el escrito presentado cumple con tal condición al haberse indicado los motivos y causas que en el caso concreto llevan a la parte a ejercer su facultad recursiva. Por consiguiente, el recurso de apelación fue presentado en legal tiempo y forma.

SEGUNDA CUESTION 4) El apelante relata que el 1 de agosto de 2006 pagó voluntariamente la multa impuesta mediante el acta B-03902224 labrada al Sr. Pablo Núñez por tarjeta de chofer vencida y, pese a ello, la Dirección General de Transporte del Gobierno de la Ciudad dispuso, de oficio, la iniciación de un expediente administrativo por prestación del servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida..., que aún se encuentra pendiente de resolución, lo que le ha impedido explotar la unidad en violación a su derecho de trabajar.

Así, el planteo efectuado gira en torno a los ámbitos de actuación de la Dirección Administrativa de Control de Faltas y la Dirección General de Transportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tanto el apelante entiende que el pago voluntario de la multa impuesta mediante acta de comprobación nro. B-03902224 implica la extinción de la acción y, por lo tanto, aplicar una sanción respecto del Régimen del Servicio Público de Automóviles de alquiler con taxímetro constituye un doble juzgamiento de la conducta, violatorio de la garantía judicial del ne bis in idem.

5) En primer lugar, debemos señalar que la ausencia de un acto administrativo, toda vez que el Sr. Espinosa pretende ampararse ante un trámite que aún se encuentra pendiente de resolución y, por lo tanto, aún no existiría ningún acto con virtualidad suficiente como para lesionar, restringir, alterar o amenazar algún derecho del recurrente. Lo afirmado no implica requerir el agotamiento de la vía administrativa, vedado por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad, sino analizar si ha existido un supuesto de entidad suficiente, en especial si tenemos en cuenta que el remedio intentado es viable siempre que no exista otro medio judicial más idóneo y está previsto contra todo acto u omisión de autoridades publicas o de particulares que en forma actual o inminente altere derechos de raigambre constitucional.

En las actuaciones aún no se ha producido un acto definitivo, más allá del errado planteo de fondo del amparista y pretender que la acción promovida, por sí misma, causa una lesión constitucional implicaría negarle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la potestad de investigación en ejercicio de su poder de policía.

6) En segundo lugar y como consecuencia de lo señalado, no se encuentra acreditado el requisito sustancial de la acción, ya que de las constancias agregadas en autos no surge actividad de la Dirección General de Transporte teñida de arbitrariedad manifiesta, por el contrario, en su obrar se ha ajustado a las pautas legales previstas para el trámite efectuado.

Adviértase, asimismo, que el planteo del recurrente tiene como supuesto fáctico esencial el pago voluntario efectuado ante el Controlador Administrativo, constancia que no adjunta, y tampoco solicita la oportuna remisión del expediente administrativo cuestionado. Resulta extraño, entonces, que un magistrado pudiera ordenar a la instancia administrativa de faltas que extinga la acción y archive un expediente del que ni siquiera se tomó vista.

Existe reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto cuando se afirma que la acción de amparo es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (art. 1 y 2 inc d ley 16.986), requisitos cuya demostración es imprescindible para la procedencia de aquélla (CSJN, Fallos 306:788) 7) Los fundamentos sostenidos resultan suficientes para rechazar el planteo formulado por el recurrente pero, a mayor abundamiento y a fin de analizar el argumento brindado por el Sr. Espinosa, advertimos que los organismos administrativos en cuestión actúan en ámbitos diferentes con finalidades distintas. La Dirección Administrativa de Control de Faltas impone las sanciones respecto del incumplimiento de las normas contenidas en la Ley de Faltas, mientras que la Dirección General de Transporte examina que se cumplan determinados requisitos tenidos en cuenta a fin de brindar un servicio público, en el marco de su poder de reglamentación.

No puede considerarse, entonces, que estemos ante un mismo tipo de proceso y la conducta reprochada también resulta distinta por cuanto el acta fue labrada al chofer por conducir con su licencia vencida y la Dirección de Tránsito del Gobierno de la Ciudad podría retirar la habilitación del taxi basada en que la persona que explota el vehículo habría permitido tal incumplimiento.

Así se ha expedido el Dr. Lozano en la causa Mancuso, Marcela Lidia, al afirmar ...El otorgamiento de la licencia de servicio de taxi importa conceder un servicio público. Es decir, no es un derecho del que goce toda persona, sino un privilegio que asiste a aquellos que la Administración escoge, siguiendo reglas de selección de naturaleza legislativa, y sobre quienes pesan, a partir del otorgamiento, cargas de las que depende su mantenimiento. El procedimiento administrativo que comenzó a desarrollar la Dirección General de Educación Vial y Licencias no tenía más propósito que expedirse acerca de estas cargas y, en su marco, el retiro de la licencia no es, como principio, una sanción penal, o penal administrativa, puesto que no priva de un derecho, sino que ejerce una potestad de la Administración en el contexto del vínculo de derecho público que la liga con el licenciatario. La compatibilidad entre la sanción de multa impuesta (art. 4.1.9 CF) y la caducidad de licencia (art. 41 bis, ya citado) obedece a que la última guarda relación con la supremacía especial que dimana (...) de la prestación de un servicio o porque existe entre la Administración y el sujeto (...) una relación de supremacía especial. La concurrencia de ambas potestades se admite por la dualidad de fundamento[s] que las justifican (cf. Joaquín Meseguer Yerba, El principio non bis in idem en el procedimiento administrativo s ancionador, ps. 19/22, Bosch, Barcelona, 2000)...

8) Concluído el acuerdo, el Tribunal, en mérito de las razones que preceden, RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 64/68 en cuanto no hace lugar a la acción de amparo deducida por Carlos Norberto Espinosa contra el Gobierno de la Ciudad (art. 43 de la Constitución Nacional, art. 14 de la CCABA y art. 15 de la ley 16.986).

Regístrese, notifíquese en el día a las partes y a la Sra. Fiscal y oportunamente devuélvase al Juzgado interviniente a fin que de cumplimiento a lo ordenado.

Ante mí:

En de noviembre de 2006 libré dos cédulas. Conste.

En de noviembre notifico a la Sra. Fiscal de Cámara. conste Ende noviembre notifico a la Secretaría General la remisión de las actuaciones al Juzgado de origen. Conste.

En de noviembre de 2006 remití las actuaciones al Juzgado en lo Contravencional y de Faltas nro. 24. Conste