marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, base regulatoria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: ANTOLIN FERNANDEZ c/ CARLOS A. LENZI s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-02-14

Cuando existen valores o montos determinados o que pueden liquidarse en base a simples operaciones aritméticas, no corresponde formar un incidente tendiente a ijar base económica sino que deberá el Juez aplicar directamente las pautas de la ley 7046, dando los fundamentos pertinentes, con posiblidad de ulterior cuestionamiento por el proesional o el obligado al pago, por la vía prevista en el artículo 109 de la Ley Arancelaria.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones de hecho y prueba, prueba pericial, apreciación del juez, enfermedad accidente, relación de causalidad
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: Andrés, Yolanda c/ Telecom Argentina s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Demanda   laboral (Expte. CSJ Nº 2-99)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-06-30

La conclusión de la Alzada que reputó insuficientes las pruebas aportadas para acreditar que la trabajadora -en su actividad laboral- tuvo que adoptar actitudes incómodas y exigentes, o posturas antiergonómicas, que pudieran hacer presumir con elevada probabilidad de certeza que fueron el motivo de lesiones en la columna vertebral y que participaron en la aparición o agravamiento de la enfermedad varicosa, queda comprendida dentro del marco de la ponderación que debe efectuar el Tribunal a quo en torno a cuestiones de hecho, pruebas y derecho común, materia ésta que ingresa en la esfera de las facultades de los jueces del proceso cuando resuelven las causas sometidas a su decisión y, por ende, insusceptible de ser revisada por la vía de excepción intentada.
Compraventa, obligaciones de las partes, factura, valor probatorio, medios de prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: ESTANCIA  LAS ENCADENADAS SA c/ AGROPECUARIA HISPANO ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-12

La negativa formulada por la accionada sobre la recepción de la factura cuyo cobro se persigue no constituye por si mismo obice a la procedencia de la demanda, sino solamente a la aplicación del ccom: 474, desde que la falta de recepción de la factura impide hacer jugar lo dispuesto por su parrafo 3° en el sentido de establecer una presunción iuris tamtum de cuentas liquidadas frente al silencio posterior; más, el cobro de los importes que se consignan en facturas comerciales, no depende de que tales documentos hubieran sido previamente recibidos por la parte deudora, pues de ser asi con sólo negarse a su recepción facilmente se eludiria la obligación de pago de dichos importes; de tal manera, puede tenerse por acreditada por otros medios de prueba y admitirse asi, su cobro judicial.
Privatizaciones, reforma del Estado, derechos del trabajador
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Saddakni, Lidia Inés c/ E.N.Tel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones y otros s/ despido.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-03-13

La ley 23.696 contempla la vigencia de las instituciones del derecho laboral que tutelan al trabajador en los procesos de privatizaciones.
Dictamen pericial, valor probatorio, facultades del juez
Materia: CIVIL
Carátula: ETCHEBERRY, Juan c/ BENITEZ, Jorge s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-03-18

Si bien el dictamen pericial carece de fuerza vinculante para el sentenciante, éste, para apartarse de las conclusiones del experto debe contar con argumentos técnicos y lógicos lo suficientemente sólidos como para contradecir la estimación del perito y prevalecer sobre ella.
Convenio de honorarios, acción civil, objeto del acto jurídico, honorarios del médico
Materia: CIVIL
Carátula: Medilewski, Jacobo Rubén c/ Szarfman, Isaac. s/ RECURSO DE HECHO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-04

Si la pretensión de la parte actora se sustenta en una especie de convenio de participación de honorarios, el cual, con indiferencia de la causa que lo origine. constituye un procedimiento a todas luces deshonesto y contrario a la dignidad profesional, conforme lo establecido en el Código de Etica aprobado por la confederación Médica y el art. 20 de la ley 17.132, la ilicitud de tal objeto contractual basta para declarar la nulidad de tal convenio y privar a quienes lo pactaron de acción para demandarse su cumplimiento (arts. 21, 953, 1047, 1167, 1655 y 1659 del Código Civil).
Habilitación de feria, diligenciamiento de oficios
Materia: PROCESAL
Carátula: PINKASZ, ROBERTO c/ AMORUSO Y ARCURI, DANIELA s/ AMPARO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-01-14

Resulta improcedente solicitar la habilitación de feria a fin de que se libre un mandamiento de constatación y de un oficio a la dirección de planeamiento del gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires cuando, -como en el caso-, surge que el peticionante contó con tiempo material suficiente durante el período ordinario de actividad tribunalicia para el libramiento de los mentados instrumentos, sin que esgrimiera impedimento alguno en tal sentido.
Obligaciones, actualización monetaria
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Corporación Médica General San Martín c/ Alcalá, Héctor s/ Cobro de Australes
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-05

La indexación de las obligaciones dinerarias en épocas de exacerbada inflación, no cumple el efecto resarcitorio de la mora en el pago que se cubre con los intereses (arts. 508 y 622 Cód. Civ.), sino que su finalidad es mantener la integridad de lo debido (arts. 725 y 740 Cód. Civ.). Para que opere, no es por ello necesaria la interpelación previa que requiere la mora cuando se trata como en autos de obligaciones de exigibilidad inmediata o puras y simples (doct. art. 509 Cód. Civ.). Aquí se trata de mantener la moneda a valor constante, de modo que la suma que se reciba tardíamente mantenga el mismo valor adquisitivo que la que debía cobrarse si el pago se hubiera realizado cuando correspondía.
Recurso de queja (procesal), derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA) Autónoma de Buenos Aires c/ Kostzer, Moisés s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado" en: "Kostzer, Moisés c/ Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo (art. 14 CCABA)
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

El argumento desarrollado por la recurrente para desplazar la aplicación al caso del art. 12, inc. 2, CCBA, parte de un error: invierte los términos de una hermenéutica lógica de la cláusula constitucional en juego. En efecto, la ley nro. 104 define el alcance del derecho a la información en relación con la administración (central y descentralizada, incluidas empresas, sociedades y organizaciones en las que la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias), el poder Legislativo y el Judicial (en cuanto a su actividad administrativa) y, finalmente, con los órganos establecidos en el Libro II de la Constitución local (básicamente partidos políticos). Dentro del ámbito de aplicación de esta norma no están comprendidas las personas jurídicas públicas no estatales como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (cf. art. 1, ley nro. 466). En cambio, el art. 12, inc. 2, CCBA, consagra en pleno "[E]l derecho a comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente (...) por cualquier medio y sin ningún tipo de censura". No sería correcto entonces sostener que la ley nro. 104 debe limitar, en el caso, el acceso a la información requerida. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dada su naturaleza jurídica, no integra los cuadros de la administración y se caracteriza, en lo que aquí interesa, por ejercer determinadas potestades públicas delegadas que subsumen su actividad bajo un régimen de Derecho también público (arts. 1, 2 y 73 de la ley nro. 466). La Cámara, al emitir su fallo, aplicó con acierto la norma constitucional para resolver la controversia -es decir el art. 12, inc. 2, bajo la directiva del art. 10- sin reparar en una ley ajena a la situación en juicio.
Recurso contencioso administrativo, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buffets y Servicios S.R.L. c/ Municipalidad de Rosario s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ No.   242-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-08-12

No puede prosperar el pedido del recurrente de que la Corte ordene a la Administración se abstenga de dictar "un nuevo decreto que pueda llamar a una licitación pública y-o una contratación directa", desde que los argumentos en que funda la pretensión cautelar -y particularmente, los esgrimido en sustento de su pretensión principal- son insuficientes a los fines de considerar que el caso es susceptible de ser encuadrado en el artículo 14 de la ley 11330 ya que están apoyados básicamente en una supuesta "reconducción tácita" del contrato al que alude, lo que -como bien lo afirma la demandada- remite al análisis de cuestiones que, en principio, exorbitan el limitado ámbito de discusión de estas cautelares.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, honorarios
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Empresa Gral. José de San Martín Sociedad Anónima de Transporte c/ Garro, Ricardo Osvaldo y ot. s/ Acción social de responsabilidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-04

Queda habilitada la competencia de la Corte en materia de honorarios cuando al efectuar la regulación se desconoce una decisión anterior que se encuentra firme, precluida y amparada por los efectos de la cosa juzgada.
Daño moral, carácter resarcitorio, muerte del damnificado, muerte del padre
Materia: CIVIL
Carátula: B.L.E. Y OTROS c/ MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA FEDERAL ARGENTINA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-26

El daño moral tiene un carácter resarcitorio y su cuantía no tiene por qué proporcionarse a la del daño material sufrido. En este caso, el daño moral debe ser resarcido por otro motivo diferente al mencionado, dado que la víctima (quien falleció como consecuencia de un tiroteo con policías en ocasión de estar participando en un hecho delictivo) era el esposo y padre de los actores. En efecto, los familiares de la víctima han debido experimentar un dolor moral por su pérdida, y es ese dolor el que debe ser resarcido. No es el mérito de la víctima lo que debe ser tomado en cuenta , sino su relación de parentesco con los actores. (Sumario confeccionado por el SAIJ)
Daños y perjuicios, mala praxis, obligaciones del médico, intervención quirúrgica, consentimiento del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: DE LUCA MARTA SUSANA c/ MARCO MARCELO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-19

La ley únicamente exige la forma escrita para la conformidad del enfermo en las operaciones mutilantes, salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitiera dilaciones (art.

19, inc. 3 de la ley 17.132). (Sumario confeccionado por el SAIJ).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, agentes diplomáticos, cónsules, organismos internacionales, inmunidades diplomáticas, Naciones Unidas
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Castello, María Cristina c/ Guzzetti, Gerardo Isidoro. s/ Competencia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-01

La jurisdicción originaria de la Corte comprende a los embajadores y ministros públicos (art. 101 de la Constitución Nacional) y toda vez que esta limitación no es susceptible de extensión legislativa, los privilegios diplomáticos de que pudieran hallarse munidos los funcionarios de un organismo internacional (conf. art. V, secc. 18, inc, "a" de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas) no pueden alterar dicha competencia.
Daños y perjuicios, resolución del contrato, presunción de culpa, incumplimiento del deudor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lucero de Ríos Sara y Ot. c/ S.U.P.E. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S139 - 140)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-09-02

Sabido es que la parte cumplidora, puede exigir de la incumplidora el cumplimiento de la prestación o su resolución, mas daños y perjuicios en ambos supuestos (art. 1204 C.Civil), presumiéndo se la culpa de la parte incumplidora, carácter que en el "sub-lite" reviste la demandada...frente a la presunción de culpabilidad que juega en su contra, sólo podía liberarse de la responsabilidad del resarcimiento de los daños, demostrando no tan sólo su no culpa, sino que la imposibilidad del cumplimiento fue por causas irresistibles e imprevisibles ajenas a su voluntad (Miquel, Juan Luis, "Reso lución de los contratos por incumplimiento", Bs. As. 1.979, págs. 233 y sig.¨). Opuesto al incumplimiento imputable y presumido -riesgo creado, culpa, etc.- sólo se encuentra el incumplimiento fortuito o casual. La prestación se vuelve objetivamente imposible por un hecho extraño al deudor, en cuya producción nada ha tenido que ver y cuya evitación ha escapado a sus fuerzas (Mosset Iturraspe, Jorge, "Responsabilidad por daños -eximente", Bs. As. 1.980, T. III, págs. 109 y sig.).
Obligación alimentaria, cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: P., K. A. c/ R., M. D. y P. de R., I. M. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-12-17

Al momento de fijar la cuota alimentaria a favor de las menores han de tenerse en cuenta las posibilidades del alimentante (art. 265 del Código Civil), no menos cierto es que si alguno de los padres no efectúa tareas remuneradas por estar abocado a la atención del hogar y del hijo, configurándose de ese modo una distribución en los roles familiares que es dable presumir que fue consensuada entre los progenitores, no es posible pretender que tras la culminación de convivencia de los mismos el progenitor que se encontraba en tal situación se inserte inmediatamente en una actividad rentada, pues es sabido que ello le puede resultar más o menos dificultoso en atención al momento en que atraviese el mercado laboral en general y a sus propias aptitudes y condiciones personales, a lo que cabe sumar que si existen hijos menores de once (11) y siete (07) años, es frecuente que el progenitor que los atendió en mayor medida hasta ese entonces -en general la mujer- deba seguir cuidándolos, mermando de esa forma su disponibilidad horaria para afrontar tareas lucrativas.
Abuso sexual calificado, delito continuo
Materia: PENAL
Carátula: F., A. M. s/ infracción al art 119 C.P.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2014-03-12

La doctrina concuerda en sostener que el delito continuado se configura a través de una pluralidad de hechos dependientes con identidad o similitud de encuadramiento, cuya ejecución sucesiva los presenta como la continuación de un mismo delito, cuyo contenido de injusto intensifican, y precisamente el mayor contenido del injusto ante la reiteración delictiva, influyen decisivamente en la determinación de la pena.
Recurso de apelación (procesal), expresión de agravios, fundamentación del recurso, fundamentación insuficiente
Materia: PROCESAL
Carátula: LOZANO, CARLOS c/ SANCHEZ, YOLANDA s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-16

Si no se expresa agravio sobre cada uno de los puntos que integran el tema en debate, y que fueron considerados separadamente por el a quo, quedan consentidos aquéllos sobre los cuales no se da cumplimiento a esa obligación procesal. En sentido concordante se consideró que el escrito en el que se expresa una mera discrepancia con el monto de la condena es contrario a lo que taxativamente dispone la ley ritual. También se ha dicho que la expresión de agravios carece de contenido si se limita a calificar de elevadísima la condena fijada.
Ejecución fiscal, fuero de atracción, verificación de créditos
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA Contra TECNODOCK S.R.L. sobre ejecución fiscal c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-10-26

Corresponde que el presente juicio continúe su trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario, toda vez que la sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución contra la sociedad demandada es anterior a la declaración de quiebra y se encuentra firme. La regla instituyente del fuero de atracción que ejerce el concurso (arts. 21 y 132 de la ley n° 24522) importa una excepción a las reglas de la competencia y, como tal, sólo puede hacerse efectiva sobre los juicios que se hallen en trámite, y no sobre los que a la fecha de la declaración de quiebra ya hubieran concluido por sentencia firme (Fallos: 325:154). Ello así, resulta en el caso improcedente el fuero de atracción de la quiebra de la aquí ejecutada y el expediente debe permanecer en el juzgado de origen, sin perjuicio de que el cobro de la acreencia esté sujeto a la verificación del crédito en el proceso universal. (Del voto de los jueces Alicia E. C. Ruiz, Santiago Otamendi, Marcela De Langhe e Inés M. Weinberg)
Accidentes de trabajo, aplicación de la ley, comisiones médicas, validez de la ley, constitucionalidad
Materia: LABORAL
Carátula: Mattos Pablo Jesús c/ La Segunda ART S.A. s/ Enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-05-04

La decisión de la Ley 27.348, al establecer que un conflicto de índole privada, que involucra a un sujeto doblemente hiposuficiente (un trabajador siniestrado, o que alega serlo), sea abordado por profesionales de la medicina, a quienes se les requiere que se expidan (que digan el "Derecho") sobre cuestiones jurídicas, no resiste la mínima crítica ni el cedazo de la más liviana criba constitucional. En mi sentir, este es el punto álgido de la cuestión bajo examen y con el mismo basta y sobra para considerar que este novel aggiornamento al sistema de prevención y cobertura de daños derivados de los riesgos del trabajo es constitucionalmente inválido (Voto Ronconi)
Daños y perjuicios, daño moral
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Díaz Ruben Dario y otro c/ Banco de Entre Ríos y otro s/ Acción por daños
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-11-07

El artículo 108 inciso 6 de la Ley 24522, por otra parte no realiza distinción alguna exigiendo que el daño moral tenga origen en el incumplimiento contractual o en un acto ilícito. Interpretando armónicamente el inciso referido con el resto de los incisos, la indemnización del dano moral ya sea en el supuesto de responsbilidad contractual o extracontractual, es un bien excluído del desapoderaiento, en cuanto se sustenta en la lesión de bienes personalísimos del fallido.-
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, apreciación de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Spreafiche, Marcos Carlos c/ Bodegas y Viñedos Giol y otros s/ Diferencias salariales
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-07-08

Cuando la Suprema Corte rompe la barrera del derecho y entra a analizar los hechos por la vía del absurdo, no corresponde pedirle al impugnante la cita de las normas legales, desde que en este caso la Corte no se avoca a controlar el derecho, sino la apreciación de los hechos y de las pruebas aportadas a la causa. Cuando se llega al absurdo, la valla del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial desaparece, y corresponde que el órgano jurisdiccional lo trate sin necesidad de cita legal alguna. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, admisibilidad del recurso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Doce, Eduardo Adolfo y Otra c/ Gubiani, Maria Graciela Beatriz s/ Ejecución de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-06-24

El examen extrínseco por parte de la Cámara deberá fundadamente determinar si la sentencia recurrida por parte legitimada a ello es o no definitiva;si el recurso ha sido interpuesto en el plazo legal;

si se formalizó adecuadamente el depósito exigido y la suficiencia del recurso. Respecto a este último concepto,se entiende que la Cámara debe controlar la debida individualización en el escrito postulatorio de la norma o la doctrina legal que se invoca violada o erróneamente aplicada sin avanzar sobre la fundabilidad del recurso y manteniéndose esecontrol dentro de los límites formales antes descriptos.
Indemnización, daño moral, valor vida, pautas
Materia: CIVIL
Carátula: BLANES DE SANCHEZ, ROSA M. c/ ECHEGARAY, JULIO A. Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-SUMARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-23

"Tratándose de la pérdida de la vida de una persona no existe forma de establecer el equilibrio perdido en el ilícito en la medida en que no puede utilizarse un parámetro al no haberse desquiciado una situación patrimonial, sino que han resultado afectados los mas íntimos sentimientos; de allí que la determinación de la cuantía queda reservada al prudente arbitrio judicial, en la medida en que no puede hablarse de valor económico del perjuicio sufrido, ni sostenerse la eventualidad de un enriquecimiento sin causa."
Trabajadores de la salud, enfermeros, incapacidad laboral, incapacidad permanente, brazo derecho, porcentaje de incapacidad, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: CIPRIANO DE FAMIGHIETTI, LUISA c/ ASOCIALCION  ISRAELITA  DE  BENEFICENCIA  Y  SOCORROS  MUTOS  "EZRAH" s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-24

Cuando la afección padecida por el trabajador (en el caso una enfermera de 58 años de edad con un 90 % de invalidez en su brazo derecho -54 % de la total obrera-) le impide desarrollar sus actividades habituales (evidente y eminentemente manuales) o sustituirlas razonablemente por otras compatibles con sus aptitudes profesionales, aunque no exceda el 66 % de la total obrera que la jurisprudencia acostumbra computar como absoluta, "convierte" al trabajador en un incapaz "absoluto" para esas tareas.