Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2008-09-09


ACUERDO N° 25/2008: En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo nombre, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo el Tribunal Superior de Justicia con la Presidencia de su Titular, Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, e integrado por el señor Vocal Dr. EDUARDO FELIPE CIA, y los señores Vocales subrogante Dres. ALBERTO MARIO TRIBUG, HÉCTOR O. DEDOMINICHI y JOSÉ VÍCTOR ANDRADA, con la intervención del señor Secretario, titular de la Secretaría Penal, Dr. ANDRÉS CLAUDIO TRIEMSTRA, para dictar sentencia en los autos caratulados "M.,L.A - A.,S.G - F.,M.C - L.,M S/ LESIONES LEVES AGRAVADAS" (expte. n° 132 - año 2006) del Registro de la mencionada Secretaría; se procedió a practicar la pertinente desinsaculación, resultando que en la votación debía observarse por los señores Jueces el orden siguiente: Dr. Eduardo F. Cia; Dr. Ricardo Tomás Kohon; Dr. Alberto Mario Tribug; Dr. Héctor O. Dedominichi y Dr. José Víctor Andrada.

ANTECEDENTES: Que por Providencia del Juzgado de Instrucción de la V Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mirtha Graciela Felau, se resolvió (fs. 115): "Atento los pedidos de suspensión de juicio a prueba presentados precedentemente, por extemporáneos, no ha lugar (art. 314 del C.P.P.)".

En contra de tal resolución, el señor Defensor en lo Penal, Dr. Germán Pollitzer, interpuso recurso de apelación, la que fue resuelta por la Cámara de Juicio en lo Criminal de la III Circunscripción Judicial por interlocutoria nº 198/06, disponiendo: "I.- CONFIRMAR la providencia de fs. 115, en todo cuanto fuera materia de recurso..." (fs. 122/123). Asimismo, contra esta última interlocutoria, el señor Defensor Oficial de Cámara, Dr. Miguel Enrique Manso, dedujo recurso de inconstitucionalidad y de casación; y por Resolución Interlocutoria de este Cuerpo Nº 157/2007 (fs. 131/134), se declaró la inadmisibilidad del primero y la admisibilidad parcial respecto del segundo (casación) de los recursos deducidos.

Por aplicación de la ley 2.153 de reformas del Código Procesal (ley 1.677), y lo dispuesto en el art. 424, párrafo 2° del C.P.P. y C., ante el requerimiento formulado, el recurrente no hizo uso de la facultad allí acordada, por lo que a fs. 146 se produjo el llamado de autos para sentencia.

Cumplido el proceso deliberativo que prevé el art. 427 del Código de rito, el Tribunal se plantea las siguientes CUESTIONES: 1°) Es procedente el recurso de casación interpuesto?; 2°) En su caso ¿qué solución corresponde adoptar? y 3°) Costas.

VOTACIÓN: A la primera cuestión el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: I.- En contra de la interlocutoria de la Cámara de Juicios en lo Criminal de la ciudad de Zapala que resolvió confirmar la providencia del Juzgado de Instrucción de la V Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mirtha Graciela Felau, que dispuso (fs. 115), no hacer lugar por extemporáneo (art. 314, inc. 3º del ritual local) a los pedidos de suspensión del juicio a prueba, presentados por los imputados y su defensor; el señor Defensor de Cámara interpuso recurso de casación. Concretamente, el señor defensor invoca la errónea aplicación de la ley ritual, porque considera que la misma carece de fundamentación. El impugnante sostiene que la señora Juez de Instrucción ha resuelto y la Cámara a quo confirmado la denegatoria, sin otro fundamento que declarando extemporáneo el pedido, por aplicación del art. 314 del Código Procesal Penal provincial.

Considera la defensa que si lo que persigue la ley de fondo (art. 76 bis del Código Penal) es evitar la estigmatización que significa una condena penal por hechos menores, al tiempo que se busca descongestionar los tribunales del exceso de causas por hechos menores cometidos por personas sin antecedentes, limitar el alcance del pedido hasta el momento de la notificación del requerimiento de elevación a juicio es ir contra la télesis de la propia ley.

Agrega que "lo que se suspende es el juicio, no la primera parte del proceso" y en nuestro código de forma, la instrucción se clausura con la decisión del juez de remitir la causa a correccional o elevarla a juicio criminal para luego ingresar en la etapa preliminar del juicio, donde se ofrece prueba, momento más que propicio para solicitar la 'probation'".

Considera que el "abrupto corte que efectúa el art. 314, inc. 3 disponiendo 'bajo pena de caducidad' que deberá efectuarse en el término de tres días es contrario a la ley nacional que no fija esa limitación y que por lo tanto restringe un derecho reconocido en ella, ley de jerarquía superior a la local". En apoyo de su postura cita doctrina.

Finalmente sostiene que la resolución en crisis cercena el derecho reconocido por la ley de jerarquía superior, debiendo casarse la misma devolviéndose las actuaciones a origen para que lleve a cabo la audiencia de "probation" peticionada.

II.- Que luego de realizado un análisis del legajo, la resolución interlocutoria censurada y del recurso, soy de opinión - y así lo propongo al Acuerdo - que la casación deducida debe ser declarada procedente. Doy mis razones:

1°) Tenido a la vista las actuaciones, estimo oportuno mencionar ciertas constancias del legajo. Veamos:

Con fecha 20 de enero de 2006, la señora Juez de Instrucción de Chos Malal, al estimar que la instrucción estaba completa, dispuso que se corra vista al Sr. Agente Fiscal por el término de ley (art. 311 del C.P.P. y P.), resolución que fue notificada en fecha 25 del mismo mes y año (fs. 108).

La vista conferida fue contestada en fecha 6 de febrero de 2006, por el Agente Fiscal, donde consideró que la instrucción estaba completa y solicitó que se elevaran las actuaciones a juicio correccional (fs. 108/111).

En fecha 7 de febrero de 2006, la Sra. Juez de Instrucción proveyó: "Del requerimiento de elevación a juicio, notifíquese a la defensa por el término de Ley (art. 314 del C.P.P.)", decreto que fue notificado al Sr. Defensor Oficial en fecha 8 del mismo mes y año (fs. 112).

Posteriormente a fs. 113 y 114, se agregan los pedidos de suspensión de juicio a prueba de los imputados M.C.F y M.L, respectivamente, los que fueron recibidos en el Juzgado el día 16 de febrero de 2006.

Asimismo, a fs. 115 y con fecha 20 de marzo de 2006, la Sra. Juez de Instrucción dictó la providencia que dio origen a la apelación, y luego al recurso de casación que motiva el presente que dice: "Atento los pedidos de suspensión de juicio a prueba presentados precedentemente, por extemporáneos, no ha lugar (art. 314 del C.P.P.)".

Por su parte la Cámara de Juicio en lo Criminal de la ciudad de Zapala, por Resolución nº 198/2006, de fs. 122/123, resolvió confirmar la providencia de la Sra. Juez de Instrucción con el siguiente fundamento: "III.- Por compartir el criterio de la Magistrada apelada, este Cuerpo habrá de confirmar la resolución en crisis, toda vez que el Art. 314 inc. 3º del ritual, fulmina bajo pena de caducidad, la presentación extemporánea de la solicitud" (fs. 123).

Que respetuosamente, habré de disentir con la señora magistrado de grado. En efecto:

El repaso de los actos que circunscriben la materia en trato me lleva a afirmar, compartiendo parcialmente los fundamentos del señor Defensor de Cámara expuestos en su escrito recursivo, que tanto la interlocutoria del a quo, como la providencia del Juez de Grado que rechaza por extemporánea la solicitud de suspensión de juicio a prueba de los imputados F. y L, carecen de fundamentación. Veamos.

Como se dijo, todo el argumento dado por la a quo para confirmar el rechazo de la suspensión del juicio a prueba, fue por considerar extemporáneo el pedido y en virtud de lo dispuesto por el art. 314, inc. 3 del código ritual, es decir, haciendo una aplicación estricta de la norma procesal. Ello, en mi criterio y por las circunstancias apuntadas de la causa durante la etapa final de la instrucción, aparece como de un exceso ritual en la aplicación lisa y llana de la norma procesal que deja de lado la viabilidad del instituto en cuestión. Nos explicamos.

A) En primer lugar, no desconozco -ciertamente- que las oportunidades procesales para solicitar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba son las previstas en el art. 314 y 358 bis del Código Procesal Penal. Este criterio fue fijado por el Cuerpo al resolver en Acuerdo N° 24/2004, los autos "MERILLAN", en fecha 19/9/2004, entre otros. Sin embargo entiendo que la situación traída a conocimiento del Cuerpo, y dadas las circunstancias del caso en cuanto a las fechas en que se produjeron los actos procesales descriptos ut supra, debió conducir al a quo, sin perjuicio de lo dispuesto por la norma ritual citada (art. 314, inc. 3), a la realización de los trámites previstos en los arts. 310 bis y siguientes, a fin de considerar la viabilidad o no del instituto.

¿Y por qué sostengo tal posición?.

En primer término, desde una perspectiva de análisis lógico, un razonamiento sobre el cumplimiento de los plazos en que se realizaron los actos procesales que rodearon el rechazo de la petición de los imputados, permiten la aplicación de las normas que regulan el instituto de la suspensión del juicio a prueba. Me explico: Si bien los pedidos de los imputados fueron ingresados en el Juzgado de Instrucción el día 16 de febrero de 2006, es decir, dos días después de que venciera el plazo de tres días por el que se le corrió vista al Sr. Defensor a los fines del art. 314 del C.P.P. y C., también es cierto que tal demora no puede ser computada en perjuicio de los imputados.

En tal sentido se comparte el fundamento de la defensa en cuanto a que, para resolver sobre el tópico, debió primar una interpretación teleológica del instituto de la suspensión del proceso a prueba que su incorporación ha consultado, entre otros aspectos, el de evitar el efecto estigmatizante de condenas privativas de libertad de corta duración (en este caso: de un mes a dos años prisión con la posibilidad de aplicación de la modalidad de ejecución condicional).

La interpretación que se postula fue receptada por este Tribunal Superior de Justicia, a través del Acuerdo nº 20/2006, in re "CONTRERAS", rta. el 14/06/07; y tiene también sustento doctrinario, al decir de Andrés José D'Alessio - Mauro A. Divitto que: "La implementación de este instituto responde a la intención de (...) instaur[ar] al mismo tiempo un mecanismo que tiende a posibilitar la reinsersión social del sujeto que fue sometido a proceso y a evitar la estigmatización que implica la prosecución misma de una causa criminal y la eventual imposición de una condena, aun cuando su ejecución hubiese podido ser pronunciada en forma condicional" (Cfme. Código Penal -comentado y anotado-, Parte General, Ed. La Ley, pág. 743).

Con igual interpretación comulga Carlos Edwards, en su trabajo "La probation en el Código Penal Argentino - Ley 24316", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1994, p. 139. B) Por otra parte, aparece como irrazonable y sin fundamento, que la señora Juez de Grado y dadas las particularidades del caso en examen, rechace los pedidos por extemporáneos cuando fueron planteados con dos días de vencido el plazo de la vista conferida al defensor, si la providencia que así lo dispone fue dictada luego de más de un mes de ingresada la solicitud (16 de febrero al 20 de marzo de 2006), sin otro argumento que la cita del artículo en cuestión.

Tal postura encuentra apoyo además, en la interpretación fijada por este Tribunal Superior de Justicia, en el Acuerdo nº 20/2006, in re "CONTRERAS", citado supra, donde se consideró que la oposición del Fiscal a la concesión del instituto que "tuvo como fundamento una cuestión meramente procesal (la extemporaneidad del planteo) que, por carecer de una motivación sustantiva, es insuficiente".

A todo ello agregamos que la solución que propongo, se enmarca en la más reciente línea jurisprudencial fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al fallar justamente, en una causa donde se recepta el criterio amplio respecto a la interpretación del art. 76 bis, cuarto párrafo del Código Penal, sosteniendo "... el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal..." (C.S.J.N., "Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, primer párrafo de la Ley 23.737 - causa nº 28/05, del 23/04/2008).

En concordancia con tal línea jurisprudencial se puede sostener que, si bien es cierto que nuestro legislador provincial estimó correcto fijar como plazo máximo para presentar la solicitud el término del art. 314 del Código ritual; también lo es, que casos como el que nos toca decidir, no puedan ser rechazados, en perjuicio de los imputados, con la sola invocación del vencimiento del plazo cuando la resolución que así lo disponga, se dicte sin fundamento alguno, luego de transcurrido más de un mes de la presentación.

En tal sentido conviene tener presente que los pedidos fueron ingresados en un todo de conformidad con los requisitos de presentación, pues el beneficio sería viable para ambos imputados, toda vez que carecen de antecedentes condenatorios, el monto de la pena en abstracto prevista para el delito atribuido permite la concesión del mismo (art. 76 bis, 1º párrafo del Código Penal -de un mes a dos años de prisión-), ofrecieron la reparación del daño (cincuenta pesos -$ 50-), y el escrito cuenta con firma de los imputados y su defensor.

En mérito de lo expuesto, considero haber demostrado la razón por la cual, la casación deducida, debe ser declarada procedente. Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero al voto del señor Vocal preopinante en primer término, por compartir la respuesta que da a esta primera cuestión. Así voto.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Que comparto la solución sustentada por el Vocal preopinante en primer término, atento los fundamentos dados a la presente cuestión. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Por compartir las conclusiones dadas por el señor Vocal que sufragara en primer término, adhiero a la solución que propicia. Así voto.

El Dr. JOSÉ VÍCTOR ANDRADA, dijo: He de disentir con la solución propuesta por los señores Vocales que me han precedido. En tal sentido, y por los motivos que seguidamente he de explicitar, propicio -y así lo propongo al Acuerdo-, se declare improcedente la casación deducida. Doy razones:

I.- El tema central de discusión - que se trasluce del agravio expuesto por la Defensa - gira en derredor a la problemática de la oportunidad para conceder el beneficio de la suspensión del proceso a prueba y en tal sentido este Tribunal - si bien con otra integración - ya se ha expedido a través del Acuerdo n° 24/2004, en los autos "MERILLAN, ALFREDO", de fecha 19/9/2004, en posición que comparto.

Es así que, para dar una respuesta adecuada al mismo se hace necesario, con carácter previo, recordar que existe un plazo para solicitar el beneficio y ese plazo es el establecido por el artículo 314 del Código ritual.

No se me escapa que desde una perspectiva doctrinaria se ha dicho que, como la ley sustantiva no ha fijado reglas respecto a la oportunidad, corresponde al interprete establecerla. En esa línea argumentativa, Jorge De la Rúa entiende que, en cuanto al plazo final, "una razonable interpretación, que atienda a los claros términos de la ley (suspensión del juicio en sentido técnico, pues así lo utiliza la misma ley en el art. 64), supone que una vez iniciado el contradictorio la facultad cesa. Los términos de la ley hablan de 'suspender la realización del juicio' (art. 76 bis, 4°), no interrumpirlo"; aclarando, enseguida, que se utiliza la expresión "contradictorio en el sentido de 'debate', en el sistema oral prevaleciente en el país" (cfr. "Código Penal Argentino. Parte General", 2ª edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, p. 1171 y nota n° 22).

Empero, aún cuando no se comulgase con la tesis precedente (que pareciera inclinarse en el sentido que, la fijación de este plazo, es atribución nacional) y se sostuviera - como lo hace la Defensa en una obra encomiable (cfr. Gustavo L. Vitale, "Suspensión del proceso penal a prueba", 2ª edición, Editores del puerto, Bs. As., 2004, p. 277) - que la dilucidación de este aspecto es de naturaleza procesal, integrando, como tal, "el ámbito de competencia legislativa local, por tratarse de un poder no delegado por la Constitución Nacional al gobierno federal"; lo cierto y concreto es que, de acuerdo a nuestra normativa local -como se dijo-, el plazo máximo para la solicitud del beneficio, expira en la oportunidad del artículo 314 de la ley de enjuiciamiento Provincial. En esa oportunidad, y "bajo pena de caducidad", la defensa debe solicitar el beneficio.

Es decir que, tampoco comparto la crítica relativa a que, la ley procesal de la Provincia, ha cercenado el ejercicio de este instituto. La opinión de Jorge De la Rúa mencionada en el acápite expuesto ut supra de este voto, da cuenta de porqué, el término máximo de suspensión debe llegar hasta antes del momento de la iniciación del debate; criterio receptado por nuestra legislación procesal, al asumir su competencia legislativa en orden a la determinación de la oportunidad; con la única excepción - por lo demás razonable - de la hipótesis prevista por artículo el 358 bis del digesto local.

En mérito de lo expuesto, considero haber demostrado la razón por la cual, la casación deducida, debe ser declarada improcedente. Es mi voto.

A la segunda cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Atento al modo en que se resolviera la cuestión precedente, propongo al Acuerdo, se haga lugar al recurso de casación y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Resolución Interlocutoria nº 198/2006, de fs. 122/123 impugnada, y la nulidad del decreto de la Sra. Juez de Instrucción de Chos Malal, obrante a fs. 115 por falta de fundamentación (artículos 415, inciso 2; 106 y 155, párrafo 2º, todos del C.P.P. y C.); debiendo reenviarse (art. 429 del C.P.P. y C.) los actuados al Juzgado de origen para que, continúen los autos conforme a lo resuelto en el presente, debiendo continuarse con el trámite previsto en los arts. 310 bis y sgts. del C.P.P. y C.. Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Comparto la conclusión sustentada por el Vocal preopinante, atento los fundamentos dados a la primera cuestión. Mi voto.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Por compartir la solución dada a esta segunda cuestión, por el Dr. Eduardo F. Cia, voto en igual sentido.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Atento los fundamentos propiciados a la primera cuestión planteada, comparto la solución dada por el señor Vocal de primer voto a esta segunda cuestión.

El Dr. JOSÉ VÍCTOR ANDRADA, dijo: En mérito de los argumentos explicitados al fundar la respuesta a la primera cuestión, considero que el tratamiento de la presente deviene abstracto. Mi voto.

A la tercera cuestión, el Dr. EDUARDO FELIPE CIA, dijo: Sin costas en la instancia (artículos 491 y 492 a contrario sensu del C.P.P. y C.). Tal es mi voto.

El Dr. RICARDO TOMÁS KOHON, dijo: Adhiero a lo propuesto por el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG, dijo: Comparto lo manifestado por el señor Vocal de primer voto a esta tercera cuestión. Mi voto.

El Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI, dijo: Corresponde eximir de costas como lo expresa el Dr. Eduardo F. Cia. Así voto.

El Dr. JOSÉ VÍCTOR ANDRADA, dijo: Corresponde eximir de costas en la instancia al recurrente perdidoso en atención a que, por la naturaleza de los temas debatidos pudo haber tenido razón plausible para litigar (arts. 491 y 492 del C.P.P. y C.).

De lo que surge del presente Acuerdo, SE RESUELVE: I.- HACER LUGAR al Recurso de Casación deducido por el señor Defensor de Cámara, Dr. Miguel Enrique Manso, a favor de los imputados M.C.F y M.L. II.- DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución Interlocutoria nº 198/2006, de fs. 122/123, y del decreto dictado por la señora Juez de Instrucción de Chos Malal, obrante a fs. 115 por falta de fundamentación (arts. 415 inciso 2 y 106 y 155, párrafo 2º, todos del C.P.P. y C.). III.- REENVIAR (art. 429 del C.P.P. y C.) los actuados al Juzgado de Instrucción de Chos Malal a fin continuar con el trámite previsto en los arts. 310 bis y sgts. del C.P.P. y C. IV.- Sin costas (arts. 491 y 492 a contrario sensu del C.P.P. y C.). V.- Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de Juicios en lo Criminal de la ciudad de Zapala.

Con lo que finalizó el acto firmando los señores Magistrados, previa lectura y ratificación por ante el Actuario que certifica.Dr. RICARDO TOMÁS KOHON. Presidente - Dr. EDUARDO FELIPE CIA - Dr. ALBERTO MARIO TRIBUG. Vocal subrogante - Dr. HÉCTOR O. DEDOMINICHI. Vocal subrogante - Dr. JOSÉ VÍCTOR ANDRADA. Vocal subrogante - En disidencia.

Dr. ANDRÉS C. TRIEMSTRA - Secretario.