Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-10-24


--- En la ciudad de Trelew, a los 24 días de Octubre del año dos mil cinco, se reúne la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut bajo la Presidencia del Dr. Carlos Alberto Velázquez y la presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. Carlos Dante Ferrari y Juan Humberto Manino, para celebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos caratulados: "S., F. c/ A. S. S.A. s/ CANCELACIÓN CONTRATO PRENDARIO Y PESIFICACION" (Expte. nº 20469 - año: 2005). Los Sres. Magistrados resolvieron plantear las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿se ajusta a derecho la sentencia apelada? y SEGUNDA:¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? y expedirse en el orden resultante del sorteo practicado a fs. 179.------------------------------------------------- --- A LA PRIMERA CUESTION el Dr. Velázquez expresó:------------------------ ---I.- Vino apelada por la demandada la sentencia de primera instancia que la condenara a cancelar la prenda constituida por el actor, previo depósito por éste a favor de aquélla de la suma de $2,29, que entendió único saldo insoluto de la obligación.--------------------------------------------------------------------- ---------------- --- Arribó la juzgadora a esta última conclusión basándose en que el precio de la compraventa del automotor, pactado en dólares estadounidenses, había quedado convertido a moneda nacional en la relación $1 = u$s 1, con más los ajustes por aplicación del C.V.S. de los importes de las dos últimas cuotas mensuales, ajustes estos de cuyo abono incompleto por el comprador derivaba el saldo deudor mencionado, el que no devengó sin embargo intereses compensatorios por habérselos incluido directamente en los montos originales de dichas cuotas mensuales.---------------------------------------------------------------------- --------------- --- Añadió la sentenciante que tampoco era computable el interés punitorio pactado sobre el saldo deudor total existente a febrero de 2002, ya que la acreedora no usó su opción de hacer caducar los plazos estipulados por la mora del deudor en una sola mensualidad, ni, al recibir los pagos de cuotas del capital, hizo reserva de los intereses.---------------------------------------------------------------------- ------------- --- A la par, la Señora Juez "a quo" desestimó el planteo de reajuste del precio de la compraventa formulado por la demandada, en razón de que ella se limitó a manifestar asertivamente que se había duplicado o triplicado, pero sin demostrar en modo alguno ese alegado mayor valor actual del automóvil.----------------------- --- Las costas fueron impuestas íntegramente a la demandada vencida.--------------- --- Contra tal fallo la recurrente expuso los agravios que a continuación trataré.---- --- II.- Impugnó en primer término la recurrente el decisorio por autocontradictorio, toda vez que, tras determinar que el actor adeuda un saldo de los meses de octubre y noviembre de 2002 y establecer la tasa para el cálculo de los intereses compensatorios, concluyó que el demandante no adeudaba éstos.----- --- Por cierto que los ajustes por aplicación del C.V.S. deben ir acompañados por los intereses contemplados en el art. 4 de la ley 25.713 -texto de la ley 25.796-, mas ocurre que en la especie, cual bien señalara la sentenciante basándose en el dictamen pericial contable que así lo estableciera, tales intereses estaban ya incluidos en el monto mensual de las cuotas de precio. Por tanto, el ajuste del C.V.S. aplicado a cada una incidió tanto sobre la porción del capital comprendido en ella, cuanto sobre la fracción de su importe correspondiente a intereses compensatorios. Pretender que esos intereses ya abarcados en los cuotas generen a su vez nuevos intereses no es sino preconizar un anatocismo que la ley repudia (art. 623 Cód. Civ.).-------------------------------------------------------------------------- --- III.- Sostuvo la apelante que, a tenor de los principios de especialidad de la prenda y de autonomía de la voluntad, no debió la juzgadora de origen separarse de la cláusula contractual que preveía la caducidad de los plazos en caso de incumplimiento del deudor. Esa estipulación no consagraba, afirmó, una opción a favor de la acreedora, sino que los plazos caducaban automáticamente ante el incumplimiento, de modo que, frente a la mora del actor respecto de la cuota de febrero de 2002, el total del capital se volvió exigible y el devengó intereses punitorios. Agregó la demandada que luego de esa mora, ella no recibió cuotas de capital, sino únicamente pagos "a cuenta", de acuerdo a la legislación bamboleante de esos momentos, cuyas conceptualizaciones recién adquirieron alguna claridad con el dec. 1.242/02.----------------------------------------------------------------------- --- --- Es exacto que en los contratos prendarios las partes pueden complementar los formularios oficiales con cláusulas accesorias, entre las que es común hallar la de caducidad de los plazos frente a un incumplimiento del deudor, idónea para tornar exigible la totalidad del saldo pendiente; ella, por virtud de la autonomía de la voluntad, forma para las partes una regla a la que deben sujetarse como a la ley misma (art. 1197 Cód. Civ.).---------------------------------------------------------------- --- Ahora bien, en el subexamen tenemos que a posteriori de la mora del deudor en febrero de 2002, morosidad productora del decaimiento de todos los plazos, la acreedora continuó aceptando pagos de cuotas mensuales, como si dichos plazos siguieran su curso. Así surge de los recibos anejados a la causa, en los que los pagos fueron imputados a las diversas cuotas identificadas por su numeración; en algunos la imputación aparece en el propio sello de tinta verde agregado al texto, rezando "Pago a cuenta cuota n°...vto...." (fs. 44, 46, 48, 54); en otros, la imputación fue realizada en el texto mecanografiado, en el que se hizo constar "prend. ...Vn...." (fs. 43, 45); y en algunos otros la imputación fue estampada tanto en el sello aludido como en el texto mecanografiado (fs.49 a 53).--------------------- --- Lo jurídicamente relevante de esas claras imputaciones a cuotas mensuales cuyos plazos habrían caducado, no lo desdibuja las reiteradas atestaciones de "pago a cuenta". Esos pagos a cuenta no fueron, ni pudieron ser, los previstos en el primitivo texto del art. 11 de la ley 25.561 -esto es, los realizados mientras las partes negociaban la pesificación de la deuda-, pues para las datas en que ellos tuvieron lugar ya estaba en vigencia del dec. 214/02, que cambió el sistema de "pesificación negociada" a otro de "pesificación compulsiva" y no previó pagos a cuenta de ningún tipo, los que fueron reintroducidos en nuestro derecho -bien que en el marco de un debate entre las partes distinto al de la pesificación, como lo es el de reajuste del precio- con la reforma que al art. 11 de la ley 25.561 hiciera la ley 25.820, nuevo texto que entró en vigencia recién el 5/12/03 (art. 5 de la última normativa indicada). Por lo demás, la propia apelante manifestó al expresar agravios que, según su óptica, los pagos eran a cuenta del valor que en definitiva se asignara a las cuotas (fs. 171 vta., párr. 2°), de donde se sigue que en su concepto el régimen de cuotas mensuales seguía vigente, lo que resulta incompatible con la caducidad de plazos invocada.-------------------------------------- --- En suma, si la acreedora recibió pagos y los imputó a diversas cuotas mensuales -así fuera "a cuenta" de ellas-, no pudo luego pretender prevalerse del decaimiento de plazos, pues aquella conducta deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz inspiró en el deudor la confianza de que su cocontratante permanecería en ella.

--- Una pretensión o defensa formulada dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ha señalado Diez Picaso ("La doctrina de los actos propios", ed. Bosch 1963, pág. 223), en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe receptado en el art. 1198 Cód. Civ., del que la imposibilidad de "venire contra factum" es derivación necesaria e inmediata (Diez Picaso, opus cit., pág. 163).

Esa buena fe, cuya vigilancia en la esfera del proceso la ley ha puesto a cargo de los jueces como un "deber" (art. 34 inc. 5º apdo. "d" C.P.C.C.), impone un proceder leal, integrado por la coherencia de comportamiento (confr.: Bianchi-Iribarne, "El principio general de la buena fe y la doctrina venire contra factum proprium non valet", E. D. 106-857, cap. IX), a fin de no defraudar con la conducta siguiente la confianza generada en la contraparte mediante actitudes anteriores (confr.: Morello-Stiglitz, "La doctrina del acto propio", L.L. 1.984-A-865, cap. I).

Ya no se tratará de las razones que adunen dicha pretensión o defensa, sino de la lisa y llana improponibilidad de las mismas, bloqueadas por esta causa de inhabilidad intrínseca, obstativa a su atendibilidad sustancial (confr.: Morello-Stiglitz, ob. ind., cap. XVIII).--------------------------------------------------------------- --- IV.- La tercera impugnación la dirigió la recurrente contra el argumento sentencial de la extinción de la obligación de pagar intereses por el cobro del capital sin reservas en ese sentido. Fundó su ataque en que no recibió pagos cancelatorios del capital adeudado, sino únicamente a cuenta, y en que la renuncia de derechos no se presume.------------------------------------------------------------------<#LINE > --- Aunque los pagos habidos no cancelaran el total de cada cuota mensual, ellos, lo he señalado ya, fueron imputados en los recibos al capital de las cuotas, así fuere "a cuenta" de éste cual si de abonos parciales se tratara, lo que es confirmado por la expresión volcada por la apelante a fs. 171 vta. párr. 2°, relativa al valor de las cuotas que en definitiva resultare. Pues bien, esas percepciones del capital sin formular en cada caso reserva sobre los intereses devengados provocaron la extinción objetiva del derecho a cobrar estos últimos.----------------------------------- --- La norma del art. 624 Cód. Civ. es terminante a tal respecto: la falta de reserva acerca de los intereses "extingue" la obligación del deudor respecto de ellos. Es decir que esa extinción opera "ope legis", por obra de la ley, con prescindencia de la intención del acreedor, resultando pues ineficaces como reserva las manifestaciones tanto anteriores cuanto posteriores de éste (confr.: C. S. Santa Fé, L.L. 2000-C-887; C.N. Civ., sala "E", E.D. 13-488; ídem, sala "C", E.D. 33-126/127; C.N. Com., en pleno, L.L. 1994-E-261; ídem, sala "A", E.D. 100-307; C.N. Civ. y Com. Fed., sala II, L.L. 1998-D-930 sum. 13.040).----------------------- --- "Desde el punto de vista subjetivo -clarificó Busso- el artículo podría ser fundado en una presunta voluntad de renunciar a los intereses que se atribuyera al acreedor, pero interesa señalar que nuestro Código no se ha limitado a consagrar una presunción sino que yendo más allá instituye un modo objetivo de extinción de obligaciones. En tal forma el acreedor no podría pretender la subsistencia del crédito por intereses probando que nunca tuvo real intención de renunciarlos". Proseguía el recordado maestro destacando que aun cuando esa voluntad presunta pueda ser el fundamento mediato de la norma, "lo cierto es que el legislador consagra un efecto jurídico sobre la base de un presupuesto de hecho (el recibo del capital), con total prescindencia del sentido intencional subjetivo con que se haya otorgado el acto humano que es supuesto para la producción del efecto. Siendo así, el intérprete no puede tergiversar el sentido de la norma, si sustituir la voluntad de los particulares a la del legislador" ("Código Civil anotado", EDIAR 1958, IV-334 n° 4 y pág. 336 n° 22).-----------------------------------------------------------------------<#LIN E> --- Puesto que la letra de la norma es la primera fuente hermenéutica, sin que quepa prescindir de sus términos cuando ellos resultan claros y precisos ni aun invocando un error técnico ni opinión de autores (confr.: C.S.N., L.L. 1983-C-139, 1986-E-702, 1992-D-30, 1993-E-106, D.T. 1998-A-775; S.C.B.A., D.J.B.A. 115-137 y 229, 116-133, 129-387), la utilización por el legislador en el precepto de marras de la voz "extingue" disipa toda duda: "si los intereses ya no se deben, no es por presunción de pago sino por extinción de la obligación" (Galli, en Salvat-Galli, "Obligaciones en general", 6ta. ed., I-452 n° 510 "b"); "esto es más que una presunción, ya que se libera al deudor y se priva al acreedor de todo derecho" (Lafaille, "Tratado de las obligaciones", EDIAR 1950, II-169 n° 1.063). La extinción mentada pues se consuma "definitiva y objetivamente, con total prescindencia de la intención que hubiere animado al acreedor" (S.C.B.A., E.D. 39-448).------------------------------------------------------------------------ --------------- --- La finalidad perseguida por el codificador al consagrar el precepto surge palmaria de su fuente inspiradora: suprimir el problema, planteado en otras legislaciones, acerca de si procede o no la justificación de no haberse pagado los intereses que se adeudaban al día del pago del capital (confr.: García Goyena, "Concordancias...", Madrid 1852, IV-80, comentario al art. 1.653; Galli, ob. ind., I-453 n° 510 "b"; Cám. Apel. C. y C. Bahía Blanca, sala I, L.L. 1994-A-82).------- --- De antigua data es asimismo la coincidente interpretación -bien que fundada en la existencia de una presunción "iure et de iure"- que de la disposición ha hecho la Corte Suprema Nacional: "los términos categóricos del texto legal privan de eficacia a otra declaración que no sea la que salve, en el acto de la recepción del principal, la inexistencia del pago de los intereses debidos" (Fallos 183:276). Todavía en posterior pronunciamiento ratificó tal doctrina el Organo Cimero Nacional al declarar que "la reserva exigida por el art. 624 del cód. civ. debe ser formulada en el acto de recibirse el capital, como parte integrante y elemento constitutivo de dicho acto" (Fallos 202:542).--------------------------------------------- --- La solución legal, aunque criticada por parte de nuestra doctrina, no consiente otra interpretación que la que fluye de los términos categóricos del art. 624 Cód. Civ., ante los cuales hemos de inclinarnos. Es deber de los magistrados aplicar las normas vigentes estrictamente y en el sentido que surge de su propio contenido, en su cabal y completo significado, conscientes de su carácter de órganos de aplicación del derecho, que si bien administran justicia, lo hacen con la justicia de la ley, de la cual no les es permitido juzgar; el valor integra ontológicamente la norma, de tal modo que el intérprete no puede desentenderse de él, pues queda inexorablemente ligado al mismo, sin la posibilidad de sustituirlo ni modificarlo.- --- La subsunción del caso en dicha normativa no es impedida por la circunstancia de que fueran pagos "a cuenta" o parciales y ello por tres razones que operan hasta independientemente una de otra: a) podrá debatirse acerca de si la percepción parcial del capital produce la extinción total de la obligación de abonar intereses o únicamente la de pagar los frutos civiles de la porción del principal recibida (ver en Busso, ob. ind., IV-335, n° 16, citas de Messa y Pont), pero es lo cierto que en el caso la demandada percibió todas las cuotas del capital sin formular reserva en ninguna de esas ocasiones; b) el sistema de los pagos "a cuenta" no regía en el régimen del dec. 214/02, vigente para la época en que tuvieron lugar los de marras; c) el tratamiento a dar a los pagos "a cuenta" que, no obstante lo anterior, se hubieran realizado fue establecido en el art. 8 del anexo I del dec. 1.242/02 -norma que atrapa al caso, pues es reglamentaria del dec. 762/02, cuyo art. 5 a su vez establece que sus disposiciones de orden público son aplicables a las relaciones jurídicas vigentes al 3/2/02-, según el cual tendrán efectos cancelatorios tanto por las cuotas pagadas como por la cancelación del importe pertinente del préstamo.- --- Por todo ello concluyo que la obligación del actor de pagar intereses se extinguió y esos accesorios no son computables como deuda pendiente que obste a la cancelación de las garantías prendarias.------------------------------------------------ --- V.- La siguiente queja la enderezó la apelante contra la decisión de cancelar la prenda, pese a declarar la juzgadora la existencia de un saldo deudor de $2,29, que el actor debía depositar en autos. Argumentó la impugnante que únicamente el pago íntegro extingue la obligación, de forma que si existe un saldo deudor, por pequeño que sea, aquélla permanece y la garantía no debe cancelarse.--------------- --- Practicada la actualización de la deuda por aplicación del C.V.S., sin resultar computables intereses compensatorios ni moratorios -cual vengo de expresar-, aquélla quedó ceñida al solo remanente de $2,29. Si esa es la única acreencia de la demandada y ella la percibirá antes de la cancelación de las prendas mediante el depósito en autos que en su favor efectuará el actor -en rigor, ya lo efectuó (fs. 157/158)-, no se columbra el gravamen que la decisión le inferiría, pues al momento de levantarse las garantías habrá cobrado todo lo que tiene derecho a recibir. Para ese entonces el pago habrá sido íntegro, extintivo por tanto de la obligación (arts. 724, 725, 740 Cód. Civ.), y habilitante en consecuencia de la cancelación de las prendas que la garantizaban (art. 25 del dec.-ley 15.348/46, ratificado por ley 12.962, y art. 3236 Cód. Civ.).---------------------------------------- --- Si alguna anomalía resalta en el proceso, es la condena a pagar una suma de dinero pronunciada contra un actor que no fue reconvenido. Mas he aquí que éste, a quien esa condena afectaba, consintió el fallo, que no puede por tanto revisar la alzada pues su competencia se abre con el recurso del interesado y en la medida de los agravios que éste exprese (arts. 265, 266, 271 C.P.C.C., su doc.).---------------- --- Por otra parte, pretender impedir la cancelación de una prenda que garantizó una obligación contraída por u$s 23.856 en razón de que existe un nimio saldo deudor de $2,29 bien puede catalogarse como un ejercicio abusivo del derecho, pues excede los límites impuestos por la buena fe (art. 1071 Cód. Civ.), trayendo a debate judicial una insignificancia con olvido de que, según el clásico aforismo latino, "de minimis non curat praetor".---------------------------------------------------- --- VI.- Cuestionó también la demandada el rechazo de su planteo de reajuste equitativo del precio de la compraventa, destacando que el mismo ya estaba previsto en el art. 8 del dec. 214/02, reiterándolo más tarde la ley 25.820, que hace una especial referencia al valor de reposición de las cosas, añadiendo que si ella no puede concretar tal reposición se configurará un enriquecimiento incausado del acreedor.----------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Tal agravio no satisface, mínimamente siquiera, el requisito de una fundamentación razonada que el art. 265 C.P.C.C. impone al apelante para la suficiencia técnica de su recurso. Es que con lo expresado la impugnante no se hizo cargo del argumento dirimente brindado por la sentenciante en apoyo de su conclusión: la demandada se limitó a manifestar asertivamente que el valor de la unidad vendida se había duplicado o triplicado, pero no arrimó prueba alguna que lo acreditara. Puesto que el intento, en el caso omitido, de destruir el fundamento dado es lo que conforma la esencia del agravio y le confiere a la queja calidad de tal, la aquí traída resulta inatendible, provocando ello la firmeza de lo merituado en la anterior instancia.---------------------------------------------------------------------- ---- --- VII.- Por último, embatió la recurrente contra decisión de imponerle a ella la totalidad de las costas causídicas, señalando que el actor no logró el triunfo de su pretensión de cancelación de la prenda, en tanto se le impuso el requisito previo de depositar el saldo adeudado. En subsidió, argumentó que procedería la eximición de costas por aplicación de lo previsto en el art. 68 párr. 2° C.P.C.C.---------------- --- Triunfantes en la causa las pretensiones de declaración de pesificación de la deuda y de cancelación de la prenda que el actor acumulara en su demanda y desestimados los planteos de inconstitucionalidad de la legislación de emergencia y reajuste del precio del contrato de compraventa formulados por la demandada, el completo vencimiento en la litis de esta última resulta palmario, sin que enturbie ese resultado el requisito impuesto al actor de depositar en autos un mínimo saldo de $2,29. El caso debe subsumirse pues en el principio general de la derrota como base de la condena en costas consagrado por el art. 68 párr. 1° C.P.C.C.------------ --- No veo razón en la especie para eximir a la demandada de esa carga por aplicación del párr. 2° de dicho artículo. Verdad es que en algún precedente así lo hemos decidido, mas siempre apreciando las circunstancias particulares que rodearon la causa, de donde se extrae el "mérito para ello" al que la disposición procesal alude. No se lo advierte en la especie. Para el momento en que fue contestada la demanda -5/9/03 (v. fs. 95 vta.)- el régimen de la "pesificación compulsiva" llevaba ya rigiendo hacía un año y siete meses, pues lo impuso el dec. 214 de febrero de 2002, de manera que al continuar resistiéndola y pretender inclusive "dolarizar" una deuda cuya pesificación había en principio admitido al aceptar pagos a cuenta, no pudo la demandada creerse con derecho a ello; si ello le añadimos su intento de volver sobre sus propios actos en la materia de la caducidad de los plazos, no cabe sino concluir en que no promedian razones atendibles para eximirla de las costas.----------------------------------------------------- --- VIII.- Por los motivos expuestos concluyo que el fallo atacado merece ser confirmado en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente vencida en ella (art. 68 C.P.C.C.), regulando los honorarios de su letrado apoderado, Dr. D. H. G., por sus trabajos de alzada y atendiendo a la extensión, calidad y resultado de ellos, en la suma de $ 175, con más el I.V.A. pertinente (arts. 6, 7, 14, 19 del dec.-ley 2.200; leyes 23.349 y 23.871).------------------------------------------------------------------------ ----- --- Me expido consecuentemente en esta cuestión por la AFIRMATIVA.----------- --- A ESTA MISMA CUESTION, dijo el Dr. Ferrari: -------------------------------- --- I. El Vocal que me precedió en el uso de la palabra ha efectuado ya una suficiente relación de los hechos que informan el caso, así como de los motivos de agravios expresados por la demandada apelante. En consecuencia, abordaré directamente las cuestiones traídas a conocimiento y decisión de esta Alzada.------ --- II. Los intereses compensatorios por los saldos de octubre y noviembre 2002: -------------------------------------------------------------------------------- ----------- --- Ya ha señalado el colega preopinante con precisión las razones que impiden el progreso de este agravio, y nada novedoso podré agregar al respecto. En efecto, la pericia contable (fs. 121/124) permite comprobar que si bien se adeudaban saldos por ajustes según CVS en las cuotas ya referidas, los importes en cuestión ya incluían los intereses respectivos por dichos períodos. Esta circunstancia fue debidamente ponderada por la sentenciante a quo para arribar a la conclusión de que nada se adeudaba por este concepto, lo cual está ajustado a derecho, pues no podrían volver a aplicarse nuevos intereses sobre los saldos así compuestos -que ya los incluían- sin incurrir en la figura del anatocismo, vedado por las normas sustanciales (art. 623, C.Civil).------------------------------------------------------------- --- III. Caducidad de los plazos: ---------------------------------------------------------- --- No puede negarse la existencia y licitud de esta cláusula convencional, tal como surge de los términos de la copia del contrato prendario y sus anexos obrante a fs. 57 vta., por lo que, a no dudarlo, la mora del deudor provocó ese efecto jurídico inmediato. Sin embargo, como lo puntualiza con todo acierto el colega de Sala, la conducta adoptada posteriormente por la demandada ha sido jurídicamente relevante, ya que reveló su voluntad de dispensar, al menos en ese aspecto, al deudor aquí demandante. Esto resulta más que evidente, por cuanto a partir de la mora, dicha cláusula habilitaba a exigirle al actor la totalidad del saldo pendiente, no obstante lo cual, A. S. S.A. prosiguió aceptándole pagos mensuales.--- --- En este orden de cosas, es oportuno recordar que los efectos de la mora pueden cesar total o parcialmente por distintas causales; entre ellas, por la renuncia del acreedor a los beneficios y efectos de la misma (conf. Borda, G.A:, "Tratado...", Olbligaciones, t. I - parágrafo 77 - pág. 86 - Ed. Perrot, 1989). A su vez, esa renuncia puede verificarse en forma expresa o también de modo tácito, como lo es la recepción por parte del acreedor de pagos parciales posteriores; si bien es conveniente aclarar que la concesión de un nuevo plazo importa una renuncia temporaria a exigir el pago de la prestación principal, pero no a reclamar los intereses moratorios (conf. autor, ob. y tomo cit., pág. 87 infra, con citas doctrinarias y jurisprudenciales).-----------------------------------------------------------<# LINE> --- He de compartir, por tanto, el criterio expuesto por mi el Vocal preopinante al asignarle relevancia jurídica a esos actos voluntarios de la acreedora que, al continuar recibiendo pagos mensuales, renunció tácitamente al beneficio de la caducidad automática del plazo operada en virtud de la cláusula contractual respectiva. En este sentido partiendo de que dicha empresa conocía los alcances y efectos de dicha cláusula, así como los derechos que ella le concedía, si no obstante prosiguió aceptando los pagos en forma mensual, el sometimiento voluntario y sin reserva a ese régimen jurídico obsta a su ulterior impugnación; toda vez que no puede ejercerse una pretensión judicial manifiestamente contradictoria e incompatible con una conducta anterior jurídicamente relevante y plenamente eficaz (CSJN, Fallos 290:216; 310:1623; 311:1695 y 317:524, entre muchos otros). Es que el aceptado principio jurídico de los actos propios impide que pueda fragmentarse la conducta de la aquí demandada; de otro modo, ello implicaría aceptar un venire contra factum proprium inadmisible, en contravención a los estándares de buena fe y lealtad contractual, conforme profusa e inveterada doctrina y jurisprudencia.----------------------------------------------------------------- --- --- IV. Recepción del capital sin reserva de intereses: ------------------------------- --- En coincidencia con el Dr. Velázquez, opino que este agravio tampoco puede ser acogido. La expresión "a cuenta" inserta en los recibos -que, como el propio apelante lo expresa en su pieza recursiva, se refería al capital adeudado en dólares sobre el que correspondía aplicar los ajustes de ley- sin haberse hecho al propio tiempo reserva alguna acerca de los intereses correspondientes a cada una de esas cuotas, conlleva a considerar que tales accesorios se han extinguido por aplicación de la regla prevista en el art. 624 C.Civil. Ello no se contrapone con el principio de especialidad en materia prendaria ni con lo establecido en el art. 874 del C. Civil, pues no se trata aquí de una mera presunción, sino de una norma objetiva que así lo consagra en forma expresa y categórica, aun con prescindencia de la intención o voluntad real del acreedor. El propósito de la ley ha sido el de considerar que en estos supuestos se produce la extinción del crédito por intereses, y en ese sentido la doctrina y jurisprudencia se han expedido en forma reiterada, por lo que esta queja debe desestimarse.------------------------------------------------------------------- -- --- En ese contexto, por tanto, es de indiscutible aplicación la regla ya citada, pues tratándose de pagos parciales o por cuotas mensuales, la doctrina y la jurisprudencia son contestes en interpretar que se extinguen los réditos correspondientes al capital devuelto (conf. Borda, ob. y t. cit., parágrafos 498/9 - págs. 412/13).------------------------------------------------------------------------ --------- --- En consecuencia, es ajustada a derecho la decisión de la sentenciante a quo en este aspecto, en tanto consideró extinguida la obligación de pagar dichos accesorios por la porción de capital a la que se imputaron los pagos sin formular reserva alguna respecto de los intereses respectivos.------------------------------------ --- V. Cancelación de la prenda: --------------------------------------------------------- --- Por último, como lo destaca con acierto el magistrado prevotante, el criterio de justicia que aconseja mantener la solución concebida por la a quo se encuentra en principio legitimado por la falta de agravio del demandado, quien, condenado a abonar una suma por la que no fuera reconvenido, consintió esta decisión, no sólo al no deducir recurso a su respecto, sino que además la acató procediendo a depositar dicho monto a través de la boleta glosada a fs. 157.------------------------- --- Al igual que en otro caso reciente de análogas características, opino que nos hallamos aquí nuevamente frente a una situación de excepción al principio general que el Cuerpo ha sostenido en otros precedentes, ya que lo contrario implicaría tutelar un flagrante abuso de derecho, de aquellos que no merecen amparo jurisdiccional (art. 1071, Cód.Civ.; su doctrina).----------------------------------------- --- No puede soslayarse que el monto adeudado refleja una suma ínfima y que, además, ella fue depositada por el deudor en autos al día siguiente de la notificación de la sentencia dictada en autos (ver cédula de fs. 156/vta.), pese a no estar obligada a ello, por cuanto, como acabo de expresarlo, no mediaba pretensión reconvencional de la parte contraria. En este contexto, pues, obligar al actor a tramitar un nuevo pleito para poner fin a esta controversia, cuando la demandada bien puede ver satisfecho su acreencia mediante el retiro inmediato de esos fondos, constituiría un verdadero desatino que, además, atentaría contra principios elementales de buena fe, celeridad procesal y afianzamiento del servicio de justicia.----------------------------------------------------------------------- ------------------ --- Es que como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, "la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma, ello así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial" (Fallos 249:37 y sus citas; Bidart Campos, Germán J., "La Corte Suprema", p. 59 - conf. CNCiv., Sala F, 04/12/2003 - "Vera. G.R. c. Vera, S.B." - L.L. 2004-C, 375).------------------------ --- VI. El reajuste equitativo del precio: ------------------------------------------------ --- Si bien es cierto que dentro del régimen de emergencia económica está prevista la posibilidad de plantear un reajuste equitativo del precio (conf. art. 8, Decr. 214/02; art. 2, Decr. 320/02), puede observarse que el rechazo de esta pretensión se fundamentó en que era presupuesto para acogerla que se probara que el monto así reajustado resultaba inferior al valor de la prestación al momento del pago, y que nada de ello ocurrió (conf. fallo, fs. 154).-------------------------------------------- --- Así las cosas, en concordancia con el Dr. Velázquez, opino que esa fundamentación no ha recibido de parte de la demandada una crítica concreta y razonada que, con el grado de exigencia previsto en el art. 265 C.P.C.C., supere dicho juicio lógico, pues los argumentos vertidos se limitan a reiterar consideraciones acerca de la procedencia legal del pedido, alegándose un perjuicio económico de su parte y un enriquecimiento incausado del actor que no han tenido ningún respaldo probatorio en este proceso. Por ello, opino que este agravio también debe ser desestimado.--------------------------------------------------------------<#LINE > --- VII. Imposición de las costas: --------------------------------------------------------- --- Desde que el actor ha sido objetivamente el vencedor respecto de las cuestiones litigiosas sustanciales, la circunstancia de que se le haya impuesto el depósito de la suma de $ 2,29 para completar el saldo adeudado constituye un aspecto de ínfima repercusión en el resultado global de la contienda, sin mayor trascendencia jurídica ni económica. En consecuencia, ello no justifica apartarse de la regla general en materia de costas ni aplicar la solución excepcional prevista en el art. 68, 2do. párrafo del C.P.C.C., por lo que este agravio tampoco ha de prosperar.-------------- --- VIII. Conclusiones: ---------------------------------------------------------------------- --- Como corolario de todo lo expresado hasta aquí, que se suma a los fundamentos expuestos por el magistrado prevotante, comparto su propuesta de confirmar el decisorio en todo lo que fuera materia de agravios, con costas en la Alzada a la parte apelante (art. 68, C.P.C.C.), fijándose los honorarios del profesional actuante en esta sede -a mérito de las labores desplegadas, su relativa complejidad y eficacia y el resultado obtenido (arts. 6, 14 y conc., Ley 2.200)- en la suma de $ 175.- con adición del I.V.A. respectivo.--------------------------------------------------- --- Voto entonces a esta cuestión por la AFIRMATIVA.------------------------------- ---A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Velázquez respondió:---------------------- --- Visto el acuerdo antes alcanzado, corresponde confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente y regulando los honorarios del Dr. D. H. G., por sus trabajos de alzada, en la suma de $ 175, con más el I.V.A. pertinente.-------------------------- ---ASI LO VOTO.--------------------------------------------------------------------------- - --- A LA SEGUNDA Y ULTIMA CUESTION, el Dr. Ferrari expresó: ----------- --- Tal como ya lo adelanté al votar la cuestión precedente, comparto la resolución propuesta por el colega de Sala en todos sus términos, votando en sentido idéntico.----------------------------------------------------------------------- ----------------- --- Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dejándose constancia que la presente se dicta por dos miembros del Tribunal por haberse logrado la mayoría (art. 9 de la ley 1130, To. de la ley 4550).------------------------------------------------ --- Trelew, 24 de Octubre de 2005.-------------------------------------------------------- --- En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia antecede, la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Noreste del Chubut; pronuncia la siguiente:---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- S E N T E N C I A: ---------------------------------- --- CONFIRMAR la sentencia apelada en todo cuanto fuera materia de agravios, con costas de segunda instancia a la recurrente y regulando los honorarios del Dr. D. H. G., por sus trabajos de alzada, en la suma de $ 175, con más el I.V.A. pertinente.--------------------------------------------------------------------- --------- --- Regístrese, notifíquese y devuélvase.------------------------------------------------ l.

Fdo: CARLOS A. VELAZQUEZ - CARLOS DANTE FERRARI REGISTRADA BAJO EL Nº 50 DE 2.005 - SDC.- Conste.-