Declaración indagatoria, auto de procesamiento, requerimiento de elevación a juicio, garantía a ser juzgado en un plazo razonable, violencia de género, responsabilidad internacional del Estado
Materia: PENAL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: Benito, Abel Ignacio c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-01

Del análisis del recurso intentado se advierte que no hay cuestionamiento respecto a los hechos imputados en la declaración indagatoria, el auto de procesamiento, el requerimiento de elevación a juicio y el alegato, el ilícito atribuido al imputado se han mantenido inalterable en lo esencial. En tales términos no se advierte inexistencia de la necesaria correlación entre acusación y sentencia en lo relativo a la plataforma fáctica.

Respecto del agravio referido a la afectación de la garantía del plazo razonable, más allá de que el recurso no rebate los argumentos del tribunal para rechazarlo y ahora intenta reeditar, pero sin razón que permita contrastar los elementos considerados para denegarlo oportunamente y que este solo elemento es suficiente para no hacer lugar al mismo, cabe agregar además que la defensa no se ha hecho cargo de demostrar que las circunstancias particulares del caso sean asimilables a las que justificaron el dictado de aquellos fallos en los que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha hecho excepción a los extremos previstos en el artículo 457 del código de rito ("Mattei", "Barra" y "Losicer" -Fallos: 272:188; 327:327; 335:680 respectivamente-, entre otros). Es del caso destacar que tal doctrina requiere la demostración de lo irrazonable de esa prolongación (Fallos: 330:4539), pues en esta materia no existen plazos automáticos o absolutos, extremo que el recurrente no ha efectuado en el caso particular.

Cabe agregar que los hechos por los cuales fuera condenado el encausado en estas actuaciones, se vinculan con una de las temáticas más preocupantes en el universo de los Derechos Humanos, cual es la violencia de género. Violencia que del análisis de la cultura androcéntrica impone que deban tomarse las medidas judiciales adecuadas para prevenir, sancionar y evitar la repetición de esos delitos. Nuestro Estado Constitucional de Derecho, especialmente a partir de la reforma de la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22 le otorgó jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos, entre ellos a la "Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer" -CEDAW-, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen todas las sociedades -mujeres, niñas, adolescentes, ancianas-, a la participación en la vida del país, en igualdad de condiciones con los varones. Cabe destacar que también preservando la integridad física y psíquica de las mujeres, adoptando políticas públicas para evitar la violencia contra éstas, Argentina ratificó la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer", aprobada en Belem Do Pará, Brasil, en vigor desde 1995, por lo que tiene en el país jerarquía superior a las leyes internas, en virtud de lo preceptuado por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Frente a la incidencia de violencia contra las mujeres, con las graves consecuencias para éste colectivo, el Estado sancionó la ley 26485 en el año 2009, de "Protección Integral a las mujeres, para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contras las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales", la que también sanciona diferentes tipos de violencia: física, sexual, simbólica, económica, patrimonial, psicológica, entre otras, visibilizando que éstas conductas son el producto de un esquema patriarcal de dominación, entendida como el resultado de una situación estructural de desigualdad de género. La evolución operada en materia de violencia de género es considerada violación de los Derechos Humanos, con jerarquía constitucional y/o superior a las leyes internas, por esa razón el delito en análisis no puede ser soslayado y como preceptúa el artículo 3 de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". De no observarse, el Estado Argentino incumpliría el derecho convencional y sería responsable ante la comunidad internacional.