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Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, indemnización por incapacidad, relación de dependencia, presunciones
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: DUBOIS, RICARDO LUIS c/ ALERTA MEDICA S.R.L. Y OTRA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO  -COBRO DE PESOS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 339 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-09-13

Es inadmisible la queja desde que la Sala, no obstante admitir la inexistencia de prueba directa en la ocurrencia del accidente de trabajo alegado, otorgó relevancia a indicios para juzgar acreditado el accidente y el daño sufrido por el actor, decisión que tornó procedente la pretensión indemnizatoria (por incapacidad ) reclamada por aquél.

Así, consideró perfiladas las características de subordinación jurídica y de subordinación económica precisando que en estos particulares supuestos, por tratarse de profesionales médicos que prestan servicios, la subordinación técnica aparece diluida.

Tales ponderaciones condujeron a la Alzada a sostener que la relación habida entre las partes se encuentra regida por la normativa laboral por encontrarse acreditada la prestación de servicios y que la misma se efectuó en relación de dependencia, no habiendo demostrado la accionada que se hallase vinculada con el actor a raíz de la invocada locación de servicios.
Progresividad del régimen penitenciario, estímulo educativo, cumplimiento de la pena, pena privativa de la libertad, disminución de la pena
Materia: PENAL
Carátula: Boudou, Amado y otros c/  s/ cohecho y otros (arts. 256 y 258 del Código Penal y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 CP)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-01-29

Cabe precisar que con la reforma introducida por la Ley 26.695 se ha pretendido destacar la importancia que la educación tiene en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad, sistema que, a su vez, actúa como un estímulo que, conforme los logros académicos adquiridos, implicará un beneficio a través de la reducción de plazos. En tal sentido, la educación en el ámbito carcelario debe necesariamente ser entendida como un derecho del condenado que puede o no ejercerlo. Es decir, que al igual que las otras actividades que integran los objetivos del programa de tratamiento individual diseñado por la ley 24.660, ésta resulta una actividad voluntaria, aunque de no estar dispuesto el incuso a utilizarla, habrá de repercutir negativamente en su calificación conceptual (art. 62 del Decreto 396/99), circunstancia que irá en desmedro de su avance en el régimen progresivo.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, sana crítica racional, proceso penal, imputado, autoría
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Rodríguez, Miguel Angel c/  s/ homicidio agravado por uso de arma de fuego (dos hechos), homicidio agravado por uso de arma de fuego en grado de tentativa (un hecho), portación de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal, todos en concurso real-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-10-03

Los reproches defensivos por arbitrariedad y afectación de principios y garantías constitucionales -en el entendimiento de que la Alzada convalidó la condena del encartado en el caso pese a la ausencia de certeza-, aparecen como la reiteración de los esgrimidos en las instancias ordinarias y, por ende, han sido analizados y rechazados por el A quo con argumentos que la impugnante no logra descalificar desde la óptica constitucional, puesto que del pronunciamiento atacado surge que los Magistrados explicaron las razones que les permitían concluir -en consonancia con los Sentenciantes de grado- que el imputado había sido el autor de los disparos que causaran los decesos de dos de las víctimas y las lesiones de la tercera; y ante tal fundamentación, los planteos de la compareciente se limitan, en definitiva, a cuestionar las significaciones de algunos de los medios de confirmación producidos, los que constituyen una reedición de los expuestos en el mismo sentido en la instancia ordinaria, y por ende, resultan insuficientes para habilitar la presente vía dado que, como es sabido, los agravios referidos al grado de convencimiento que las pruebas pueden acarrear no constituyen -por regla- cuestión constitucional alguna, cuando, como ocurre en este caso, se advierte que lo decidido se encuentra suficientemente fundado en las constancias de la causa y en la normativa de fondo aplicable, sin que se demuestre que el A quo hubiere soslayado las reglas de la sana crítica racional, y sin que la quejosa logre convencer que el fallo impugnado se encuentre disociado de las exigencias que el ordenamiento jurídico fundamental impone para el dictado de una sentencia válida.
Contrato de trabajo, fletero
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Carlos Alberto c/ Provincia ART SA s/ accidente-ley especial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-02-28

No puede excluirse la existencia de relación laboral ante el caso del fletero que se encontraba vinculado con una organización empresaria ajena con facultad de disponer de sus servicios personales, y como accesorio de la prestación de los medios materiales cuyo dominio pertenece al fletero. De tal manera, el actor en modo alguno puede ser considerado empresario. No basta para excluir estas conclusiones que algunos testigos digan que el actor no prestaba servicios con exclusividad para la demandada, ya que la exclusividad no es una nota distintiva del contrato de trabajo. Si la empresa demandada tenía el poder de organizar y dar el trabajo (todos los testigos dan cuenta de que el actor era "contratado" de acuerdo a las necesidades de distribución de la empresa a sus clientes), el poder disciplinario se encuentra ínsito en la relación, aun así sea informal, ya que la posibilidad de exclusión de las tareas de modo temporario o definitivo, total o parcial, constituye el sustento del poder disciplinario del empleador.

Fuente del sumario: OFICIAL
Seguridad social, Administración Pública Provincial, carácter irrenunciable, inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Guillermo Balbino Rodríguez c/ Poder  Ejecutivo  de  la Provincia de Santa Cruz y Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda    Contencioso    -   Administrativa  -  Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-06-13

El art. 130 de la Ley 1.782 no es violatorio del art. 14 bis de la Constitución Nacional, pues al atribuir carácter irrenunciable a los beneficios de la Seguridad Social, debe entenderse que comprende a los derechos que aseguran aquéllos, pero no en el sentido que conculca un derecho sine die al cobro de las sumas derivadas de ellos, cuando el pago de éstos no sea reclamado dentro de los plazos que la legislación contemple, cuya validez ha administrado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: López de D'Amore, Angela c/ Horacio Guisasola S.A. y otros s/ Indemnización por daños y perjuicios (art. 1113, C.C.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

La prueba del daño es indispensable para que prospere la demanda por indemnización pero no así la de su cuantía que puede ser suplida por la prudente estimación judicial conforme con el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.
Beneficios previsionales, determinación del haber jubilatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Besoky, Juan c/ Provincia de Buenos Aires (I.P.S.) s/ Demanda contencioso administrativa Casco, Zelmar Roberto c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa Mieri, Jorge Raúl c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-04-08|1999-11-03|2000-06-21

No resulta justificable ni razonable exigir como uno de los requisitos para acceder al pago del adicional establecido en el art.

23 inc. "b" de la ley 10.430 a quienes se encuentren en estado de pasividad, la acreditación de que al tiempo en que desarrollaron la función pública lo hubieren percibido o hubieren prestado servicios con un exceso horario equivalente al exigido al activo, ya que el exceso de horario constituye una cuestión de hecho que para el jubilado resulta de imposible demostración.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, obras públicas, daños y perjuicios, prescripción, plazo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: LOPEZ, HUGO RAMON c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-07-30

En lo referente al agravio de la demandada relativo a que al momento de interponerse la demanda había prescripto la acción de los actores, el A quo memoró lo resuelto en la sentencia impugnada en el sentido de que, según surgía de las pruebas rendidas en la causa, la demora reconocida por el mismo Municipio en la ejecución de la obra (se planeaba por 9 meses y terminó siendo por más de 5 años) había agravado el daño producido a los actores; siendo que el plazo de prescripción se iniciaba cuando aquéllos habían conocido cabalmente los perjuicios que la ejecución de la obra pública les había ocasionado, de manera de que asumieran un carácter cierto y susceptible de apreciación pecuniaria, y no al comienzo de la obra como pretendía la demandada, pues en ese caso se estaría ante una demanda por un daño eventual y dudosamente previsible.
Recurso extraordinario, cuestión federal, cuestiones federales simples, interpretación de leyes federales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cambiaso Péres de Nealón, Celia María Ana y otros c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-08-28

Es formalmente admisible el recurso extraordinario, toda vez que está en juego la inteligencia de las leyes 23.661 y 24.754 -y de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia por el Ministerio de Salud- de carácter federal, y la decisión final del pleito ha sido adversa a los derechos que la apelante funda en ellas (art. 14, inc. 3, de la ley 48) (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Derecho laboral, descanso semanal, honorarios, leyes, jerarquía administrativa, Estado Provincial, facultades no delegadas, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: COTO CIC S.A. c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-12-05

Aun de aceptarse, hipotéticamente, que la ley 13441 y la ordenanza 9516/16 no legislarían propiamente sobre el descanso semanal del trabajador ni sobre la prestación de servicios en días feriados sino que, en verdad, al reglamentar los horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales en el territorio provincial, se insertarían más bien en el entramado normativo de la regulación estatal de la economía -a modo de ejercicio del poder de policía del comercio interprovincial o local-, lo cierto es que incluso desde esa óptica puede advertirse la configuración de un supuesto de violación al orden formal de jerarquía normativa, toda vez que la Provincia de Santa Fe adhirió -mediante artículo 1 de la ley 10787- a los principios de desregulación económica fijados por las normas del decreto nacional 2284/91 (ratificado por ley 24307) que, entre otras disposiciones, suprimió toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios de venta, empaque, expedición, administración y otras actividades comerciales afines (sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador) en el entendimiento de que la eliminación de barreras que impedían la libertad horaria favorecería a la competencia y a la mejor atención al público; y acordó adecuar los decretos, resoluciones y disposiciones emanados del Poder Ejecutivo que contraríen los principios de desregulación a los cuales adhiere. (Del voto del Dr. Netri. En disidencia: Dres. Falistocco, Gastaldi y Erbetta) - Jurisprudencia vinculada: Castets y Tanino; Foschiatti y Supermercado Reconquista, AyS T 279, p 142/236.
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GONZALEZ, DANIEL c/ GAYOSO, CESAR AUGUSTO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-11-11

No pueden las partes, al someter la cuestión al ámbito jurisdiccional, dejar de hacer notar a la judicatura las aristas del caso que lo vinculan con derechos o garantías constitucionales que ya estima como pasibles de ser conculcadas según el sentido en que se resuelva el planteo, toda vez que si en conocimiento de esas emergencias no advierte al magistrado de la posibilidad de dictar un pronunciamiento descalificable del acto decisorio, no puede negarse que ha habido -de la parte que ha omitido la información que permitiera al sentenciante la investigación de los argumentos constitucionales adecuados- una voluntaria contribución al dictado de ese pronunciamiento del cual luego pretende su nulificación, ya que no someter la cuestión a consideración del sentenciante ha impedido a éste contar con la totalidad de los elementos de juicio que le permitieran motivar y fundar su posición frente a la cuestión constitucional reservada "in pectore" por la parte, luego manifestante de disconformidad con su sentencia (De la ampliación de fundamentos del Dr. Cúneo)
Transporte aéreo, líneas aéreas, responsabilidad del transportador aéreo, daños y perjuicios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BORLENGHI  NORBERTO  JORGE  Y  OTROS c/ CUBANA DE AVIACION SA s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-02-19

No puede admitirse que por tratarse de un desperfecto técnico la demandada puede eximirse sin más de responsabilidad. Para ello debe tratarse de un evento insuperable actuando con diligencia y previsión y la empresa debe hacer todo lo posible para superarlo a la mayor brevedad. La Sala II de este Tribunal ha resuelto que cuando una compañía aérea realiza su actividad comercial a título oneroso, y lo hace especificando días y horas de salida de sus vuelos, en el desarrollo de esa actividad -tanto más cuando la misma máquina que parte hacia un destino, horas antes arribó desde aquel- es previsible que puedan presentarse problemas e inconvenientes técnicos -máxime en aeronaves de algunos años de vuelo- y, por tanto, debe estar adecuadamente equipada en tierra para superar con prontitud esas eventualidades, de manera que -salvo que sean razonablemente insuperables- no se proyecten en desmedro de los derechos del usuario (causa 5667/93, del 10-4-97). La empresa no acreditó por qué no era posible arreglar el desperfecto en un tiempo razonable o conseguir una nave alternativa que no tuviera que partir de Buenos Aires casi doce horas después.
Recurso de inaplicabilidad de ley, violación de la ley o doctrina legal, personal municipal, concurso de cargos, ascenso automático, ordenanzas municipales
Materia: LABORAL
Carátula: I. F., J. F. c/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-08-29

El fallo del a quo incurre en violación de la doctrina legal de este Cuerpo. En efecto, en conformidad con las prescripciones de los arts. 43 de la ley orgánica, 286 inc. 3) del CPCC - que resulta aplicable en lo pertinente al ámbito laboral por la remisión del art. 53 de la ley 1504 - y el art. 52 inc. b) de la ley 1504, la doctrina legal obligatoria es la emanada de este Cuerpo en los últimos cinco años anteriores a la fecha del pronunciamiento en crisis. Sentado ello, cabe destacar que las cuestiones planteadas en las presentes actuaciones resultan sustancialmente análogas a las consideradas y decididas en los precedentes invocados por el recurrente in re "BENITEZ".
Daños y perjuicios, indemnización por muerte, pérdida de la chance, muerte de un hijo
Materia: CIVIL
Carátula: VERA, ROBERTO ALEJANDRO c/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS PIEDRAS 178/180/182 s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-21

Corresponde hacer lugar a la pérdida de "chance" por la muerte de un hijo en un accidente, pues no se trata de acreditar lo que efectivamente el hijo fallecido aportaba para la subsistencia de su padre, sino de medir el resarcimiento de la misma. Aun cuando, por la edad del padre no hubiese éste requerido ayuda económica del descendiente, se trata de evaluar la posibilidad de recibir verosímiles aportes en el futuro. La pérdida de la "chance" es un daño actual, no hipotético, indemnizable cuando implica una probabilidad suficiente de beneficio económico que resulta frustrado por culpa del responsable o por la responsabilidad que cabe al obligado por su condición de dueño o guardián de cosas viciosas o que engendran riesgo. Esa "chance" puede ser valorada en sí misma aún prescindiendo del resultado final incierto, en su intrínseco valor económico de probidad.
Propiedad horizontal, reglamento de copropiedad y administración, violación del reglamento de copropiedad, multa civil
Materia: CIVIL
Carátula: CONSORCIO ROOSVELT 2506/40 c/ OLMOS ORLANDO s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-11-16

Es equitativo y razonable reducir al mínimo la multa prevista en el art. 15 de la ley 13.512, cuando no ha existido un ocultamiento malicioso de la transgresión al reglamento de copropiedad.-
Competencia, fuero de atracción, sucesiones, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTURANO, Ignacio c/ ROJKIN, Enrique s/ EJECUCION HIPOTECARIA - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-12

Debe tramitar ante el juez del sucesorio la ejecución hipotecaria respecto de un bien que integra el acervo relicto, no obstante que la acción se encuentre dirigida contra el cónyuge supérstite, que suscribiera el contrato. Es que, aún cuando tal demanda no figure expresamente contemplada en el art. 3284 del Código Civil, corresponde su aplicación, ya que, de acuerdo a su resultado, tendrá relevancia en la división de los bienes.-
Domicilio, domicilio real, nulidad procesal
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Orona, Elvia Elizabeth  c/ Ramírez, Marcelo Héctor y otro  s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-11

El demandado fue declarado rebelde por no haber contestado la demanda que le fuera notificada bajo responsabilidad de la parte actora. El Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 73 establece que la persona humana tiene su domicilio en el lugar de su residencia habitual. El domicilio que informe el RENAPER -que es válido a los fines electorales- no modifica la noción de domicilio real y en tanto se demuestre que el domicilio real es diferente, este prevalece por sobre el que esté registrado en el DNI. En esta línea, habiéndose acreditado que a la fecha de la notificación de la demanda, el domicilio real del demandado no era aquel en el cual le fuera notificada, corresponde declarar la nulidad de lo actuado desde ese momento, y toda vez que el señor juez interviniente se expidió sobre el fondo de la cuestión, deben remitirse las actuaciones al juzgado que le sigue en orden de turno a los efectos de su ulterior trámite. En consecuencia, se declara la nulidad de lo actuado a partir de la notificación del traslado de la demanda, al accionado, y se dispone la remisión de las actuaciones al Juzgado que sigue en orden de turno a los efectos de su ulterior trámite.
Fraude a la propiedad intelectual, venta ilegal de obra intelectual, películas, derechos de autor, acción civil en el proceso penal, daño material, indemnización, producción de la prueba
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: SERPI, F. s/ PROPIEDAD INTELECTUAL - ACCION CIVIL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-06

1) La utilización de un documento vinculado a un contrato anterior para comercializar un film sin consentimiento del legítimo titular de los derechos de autor, implica infracción al art. 72 inc.

a) de la Ley 11.723 en función de los arts. 71 ley cit. y al art.

172 C.P.

2) Si bien el pedido de indemnización por daño material no debe necesariamente reunir fórmulas sacramentales, lo cierto es que debe resultar claro el propósito de reclamar la indemnización en concordancia con la pretensión punitiva, lo que no se ha dado en el caso de autos en que el solo pedido reparatorio, sin producir prueba conducente, ni reclamar actualización por desvalorización monetaria, inhibe un pronunciamiento del Tribunal, pues ello implicaría suplir una omisión que dada su naturaleza es del exclusivo resorte de quien lo pretende, pues la falta total del prueba no es lo mismo que el defecto de plena prueba del 1er. inciso del art. 29 C.P.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, ley procesal, interpretación de la ley, jurisprudencia contradictoria, jueces, deberes del juez, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: XX s/ ¿Debe el juez excusarse -o puede desestimar la recusación- en   función de lo dispuesto en el artículo 10 inciso 3) Si las hipótesis  previstas en dicha norma se registran respecto de entidades   públicas o privadas bancarias, aseguradoras, prestadoras de   servicios prestados de salud, emisoras de tarjetas de crédito y   prestadoras de servicios públicos concesionados o privatizados, en   las cuales participan o con las cuales contratan el magistrado o su   conyuge? -Tribunal pleno-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-24

La cuestión propuesta al Pleno no constituye interpretación a una norma de rito (artículo 10 inciso 3 en función del artículo 11 Código Procesal Civil y Comercial) oscura o sujeta a diversas interpretaciones posibles (artículos 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) ni derivada de jurisprudencia contradictoria. Se trata de supuestos de hecho insusceptibles de aprehensión apriorística que lleva a criterios de discernimiento reservado en cada caso a los jueces en su deber-facultad de excusarse como, en su caso, al respectivo Tribunal dirimente. Al interrogante planteado, válido sería responder que en toda ocasión que el juez sea deudor o acreedor de alguno de los litigantes, su abogado o procurador, debe excusarse. Lo cual implica reiterar el contenido claro de la norma y para nada un criterio formalista sobre la cuestión. (Del Voto del Dr. Donati -En Disidencia-).
Pena, graduación de la pena
Materia: PENAL
Carátula: VARGAS, Héctor Osvaldo s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-10

La circunstancia que el encausado estuviera a orden conjunta del Magistrado nacional que le impuso la sanción de la que se descontó la prisión preventiva sufrida, tanto como a la orden del Magistrado provincial que entendía en esta causa, no tiene por efecto generar la posibilidad de que el descuento vuelva a repetirse. El hecho de que alguien se encuentre a orden conjunta de dos o más magistrados, no hace más que resolver problemas burocráticos administrativos relativos al manejo del preso.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regímenes jubilatorios especiales, odontólogos, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gabriele, Delicia c/ Caja de Odontólogos s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-11

El decreto ley 9650 sólo comprende en sus disposiciones a todas las personas que prestan servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los poderes del Estado o las municipalidades siendo, por lo tanto, un régimen previsional de carácter general para los empleados públicos y ajeno a la normatividad que regula la seguridad social de quien ejerce una profesión liberal como la odontología.