Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2018-10-29


AUTOS N° 10651 "CANO MAMANI Yamil Miled C/ Quiroga, David S/ Apelación de Sentencia"	En la ciudad de San Juan, a veintinueve días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Germán Parra, Guillermo Baigorrí y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 10651, caratulados "CANO MAMANI YAMIL MILED C/ QUIROGA, DAVID S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DR. GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: I) Que vienen estos autos a estudio, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva dictada por el Titular del Cuarto Juzgado del Trabajo.

Que radicados los mismos en esta Cámara, y asignados por sorteo a esta Sala Segunda; luego de cumplidos todos los trámites de rigor y estando consentida la integración de la misma, corresponde avocarme al tratamiento del recurso.

II) Que a fs. 254/264 obra la sentencia definitiva, por la cual se ha resuelto admitir parcialmente la demanda, imponer costas en un 90% a la demandada y en el 10% a cargo de la actora y regular honorarios profesionales; cuyos fundamentos, si bien serán abordados a lo largo del presente, por cuestiones de brevedad, al fallo me remito.

II-1) A fs. 273/284 vta. obra la expresión de agravios de la apelante; y su contestación por parte de la accionante a fs. 289/296.

II-2) De la expresión de agravios, se extrae que el apelante cuestiona la decisión del Juez de a) determinar que el actor realizó horas extras y que existe un incumplimiento por parte de la demandada en el pago de las mismas; b) El segundo agravio está dirigido contra la decisión del a quo de considerar que la relación laboral cesó por el despido indirecto en que se colocó el actor y no por abandono de trabajo; c) en el tercer agravio se queja la recurrente porque el a-quo considera que existe incumplimiento de su parte que justifica la conducta del actor; d) en el cuarto agravio cuestiona la apelante la determinación de deuda en concepto de horas extras y diferencias salariales en liquidación de SAC; e) el quinto agravio está dirigido contra la condena fundada en el art. 80 LCT; f) en el sexto agravio se queja por la aplicación de la sanción prevista en el art. 2° de la ley 25323; g) el séptimo agravio se dirige contra la condena atinente a deuda de ropa de trabajo; y, h) finalmente, en el octavo agravio se queja por el modo de imposición de costas dispuesto en la sentencia, solicitando que, una vez que se admita la apelación interpuesta por su parte, se exima totalmente de costas a su parte.

II-3) De la contestación de agravios, se advierte una clara oposición a la crítica de la apelante, sostiene que la expresión de agravios no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida; realiza una ferviente defensa de la doctrina del fallo; cuestiones éstas que serán tenidas en cuenta como fundamento de esta resolución.

III) A efectos de emitir mi voto, corresponde en primer lugar, pronunciarme sobre el cuestionamiento acerca de las formalidades y el contenido de la expresión de agravios.

Sobre el tema, es menester traer a colación que existe sobrada jurisprudencia que, interpretando el espíritu del art. 253 de la ley ritual, establece que: "La expresión de agravios no importa una simple fórmula, sino que constituye una verdadera carga procesal, debiendo contener el estudio minucioso y preciso de la sentencia que se apela y condensar los argumentos y los motivos que demuestren los errores cometidos por el juez inferior para que el tribunal de alzada pueda apreciar en qué puntos y por qué razones el apelante se considera perjudicado en sus derechos". (Cam. Nac. Civ. Com. Rosario, Sala III, 12/2/91, RepZeus, 9-1014, ídem 24/11/95, JA, 1999-I-1302).

En la misma dirección nos hemos pronunciado en esta Sala en reiteradas oportunidades, dejando en claro que así como constituye un deber para el Juez dar debido cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 33 inc. 4° y 164 incs. 65 y 6 del CPC, fundando en derecho y acabadamente su sentencia, no cabe dudas de que la contrapartida para el apelante es atacar debidamente los términos de la decisión o demostrar algún error en el pronunciamiento de grado.

En esta inteligencia considero que la expresión de agravios planteada por el apelante en estos autos contiene una crítica concreta de las partes del fallo que considera equivocada, formulando suficientemente un desarrollo lógico de los errores advertidos, con clara y concreta referencia de las constancias de las causa y demás circunstancias desarrolladas; lo que me permite aseverar, que lejos de constituir un simple desacuerdo con la doctrina del fallo, resultan una serie de argumentos que al menos cuentan con entidad suficiente para reabrir el análisis de las cuestiones decididas por el a-quo. Por ello, considero que debe entrarse al tratamiento de los agravios expuestos por el apelante.	III-1) Despejado lo precedente, corresponde ahora analizar los agravios expuestos por la apelante; aclarando que los agravios primero, segundo y tercero serán analizados en forma conjunta, toda vez que los mismos versan en torno a la cuestión principal, cual es el cese de la relación laboral.

Como ya se mencionara precedentemente los tres primeros agravios se dirigen contra la decisión del a-quo de determinar que el actor realizó horas extras y que existe un incumplimiento por parte de la demandada en el pago de las mismas; también por considerar que la relación laboral cesó por el despido indirecto en que se colocó el actor y no por abandono de trabajo; y porque el a-quo considera que existe incumplimiento de su parte que justifica la conducta del actor.

El a-quo luego de analizar lo atinente a horas extras y declarar su procedencia -tema que será motivo de análisis en otro de los agravios expuestos por la accionada-, pasa a analizar los rubros reclamados, comenzando por los indemnizatorios.

En dicha tarea sostiene que: "se advierte prima facie que la empleadora no ha probado en modo alguno el abandono de trabajo que usa como defensa, ni que le hubiera otorgado vacaciones al actor a su pedido, ya que como lo expresa el Art. 154 de la LCT, las vacaciones las debe otorgar el empleador dentro del período establecido en dicha norma. Por su parte, como se ha analizado, la demandada no cumplió con la intimación efectuada por el trabajador ante el requerimiento de regularizar su situación laboral no haciendo efectivos lo adeudado en concepto de las horas extras reclamadas. De consiguiente, sin hesitación concluyo, que medió injuria de la empleadora para con el trabajador accionante, con gravedad suficiente que impidió absolutamente la continuidad de la relación de trabajo, desplazándose el principio de conservación que, a prima facie, debe privilegiarse en todo contrato de trabajo (Arts.10 y 242 de L.C.T.)." (sic. fs. 261 in fine/261 vta.).

Analizada la documental arrimada al proceso se advierte que el actor en fecha 26/08/2009 remite a la patronal un telegrama denunciando no habérsele asignado tareas desde el día 14/08/2009, ni permitirle desempeñar sus funciones laborales diarias no obstante haberse presentado en el lugar de trabajo y considerando tal actitud de la empleadora como privación ilegítima de tareas, intima para que en el plazo de 48 hs. se le aclare su situación laboral; asimismo en idéntico plazo intima a que deposite por ante la Subsecretaría de Trabajo, "los siguientes rubros adeudados: "Diferencias Salariales por falta de pago del ítem 4.1.12 y 4.1.13 según CCT 40/89, SAC PROP. 2da. cuota '08, horas extras ordinarias y extraordinarias, ya que su horario de trabajo, era de 12 horas diarias (de 7 a 19 hs. o de 19 hs a 7 hs.) de lunes a sábados y dos domingos al mes, ropa de trabajo, etc. y todo otro rubro laboral que me corresponda todo ello bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido indirecto por graves injurias por su exclusiva culpa, en virtud de lo por la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) y Convenio Colectivo aplicable. Además INTIMOLE Y EMPLAZOLE a que en el término perentorio de TREINTA DÍAS CORRIDOS de recibida la presente proceda a consignar en la documentación laboral, recibos de sueldo "Chofer de 1ra Categoría", con nueve meses de antigüedad efectiva, bajo apercibimiento de los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013 y Modificatorias) y art. 1 Ley 25.323. Colaciónese..." (lo resaltado sic. fs. 55 PDPA reservada).

Por su parte, la demandada responde en fecha 01/09/2009, rechazando por falaz e improcedente el telegrama del trabajador de fecha 26/07/2009; niega también que se le haya negado tareas; desconoce y rechaza que el trabajador se haya presentado en el horario y lugar habitual de trabajo. Asimismo expresa que como es de conocimiento fehaciente del trabajador, las tareas desarrolladas por la empresa en la provincia de Tucumán, donde prestaba servicios el mismo, fueron suspendidas en su totalidad por la contratante hasta nuevo aviso y que el hoy actor solicitó por tales motivos sus vacaciones, las que le fueron otorgadas. Niega también adeudar rubro laboral alguno, y en especial los correspondientes a los ítems 4.1.12 y 4.1.13 del CCT 40/89, SAC 2008, horas extras ordinarias y extraordinarias. Niega el horario de trabajo que denuncia el trabajador; niega adeudarle ropa de trabajo, que por convenio vigente fue entregada en tiempo y forma. Solicita aclare el trabajador qué otro rubro laboral le corresponde que según, su emplazamiento, se le adeuda. Rechaza emplazamiento por registración defectuosa, afirmando que de acuerdo a las constancias laborales de la empresa el trabajador está registrado con una remuneración acorde a su categoría profesional y con debida antigüedad y desde la fecha de ingreso denunciada CCT 40/89. Que atento el abandono itempestivo de su puesto de trabajo el día 31.08.2009 intima al empleado por el término de 48 hs. a presentarse en el domicilio de la empresa de la localidad El Algarrobal- Las Heras-Mendoza (ver fs. 51 PDPA reservada).

Finalmente el actor produce el despido indirecto mediante telegrama de fecha 05/09/2009, que dice, en su parte pertinente: "Niego abandono intempestivo e injustificado de mi puesto de trabajo desde el día 31/08/2009, siendo la realidad que Ud. me negó tareas desde el 14/08/2009. Que ante la negación de los rubros reclamados ... y la magnitud de los mismos, siendo la deuda salarial de una suma considerable y, fundamentalmente la falta de aclaración de mi situación laboral, siendo que jamás me ha otorgado vacaciones alguna, es que, considerando el texto de su C.D. como una grave injuria a mis intereses y por su única y exclusiva responsabilidad, me considero en situación de despido indirecto..." (ver fs. 58 PDPA reservada).

Analizando los textos transcriptos de las comunicaciones intercambiadas por las partes, se advierte, por un lado, que existe una incoherencia o falta a la verdad entre lo que el actor relata en su demanda y lo que plasma en el telegrama; toda vez que a fs. 3 vta, quinto párrafo, reseña que en el mes de agosto/2009, "luego de trabajar 21 días..." se lo baja del camión...; sin embargo en la misiva denuncia "no habérsele asignado tareas desde el día 14/08/2009". Por otro lado, se advierte que los reclamos consignados por el actor en dicha comunicación, adolecen de imprecisión en tanto, tal como se observa en la parte resaltada del texto del primer telegrama del actor, el mismo reclama de manera precisa en primer lugar, diferencias salariales por los ítems 4.1.12 y 4.1.13 del CCT 40/89; en segundo lugar menciona el SAC 2da cuota 2008; en tercer lugar horas extras; y por último ropa de trabajo; para terminar con un reclamo que no contiene precisión o identificación alguna que dice "...etc. y todo otro rubro laboral que me corresponda".

Sin embargo, el a-quo considera como incumplimiento de gravedad suficiente que impidió la prosecución del vínculo laboral, sólo a uno de los rubros identificados en dicha misiva por el actor, que es el que se refiere a las horas extras.

Si observamos el análisis que el a-quo realiza del resto de los reclamos contenidos en dicha misiva, se advierte que los rubros correspondientes a los ítems 4.1.12 y 4.1.13 del CCT 40/89 y el SAC 2008, fueron rechazados conforme surge de fs. 262 y vta.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han decidido en forma uniforme, que la valoración de los hechos calificados como injuriosos, a los fines de la extinción del contrato, queda sujeto a la prudente apreciación de los jueces en el marco de las pautas ínsitas en el art. 242 de la L.C.T.

Grisolía, en "Manual de Derecho Laboral", pág. 239, sostiene que doctrinalmente se han establecidos distintos requisitos o principios que deben ser cumplimentados, para que el ejercicio del poder disciplinario sea válido. Agregando que hay tres requisitos esenciales: la contemporaneidad, la proporcionalidad y la no duplicación de sanciones.

Pirolo Miguel Angel, en "Legislación del Trabajo Sistematizada", al comentar el art. 242 L.C.T., sostiene que: " El legislador ha omitido enumerar los incumplimientos que encuadrarían en el concepto de injuria, dejando la valoración a la prudencia de los jueces, aunque destaca dos pautas a tener en cuenta: las modalidades de la relación y las circunstancias personales en cada caso. El Juez es un tercero imparcial que, en definitiva, ha de apreciar los hechos o el estado de cosas que se alegan como constitutivos de justa causa."	La doctrina y la jurisprudencia han establecido ciertos criterios para valorar la injuria: 1) deber estar relacionada con situaciones concretas; 2) debe valorarse a la luz de la buena fe; 3) no puede disponerse el despido si el trabajador fue sancionado con anterioridad por la misma falta; 4) la sanción debe ser proporcional al incumplimiento incurrido; 5) la injuria no requiere la existencia de un perjuicio; 6) no resulta necesario que exista dolo; 7º) el despido debe ser contemporáneo la decisión de ruptura que pretenda fundarse en ella; debe tenerse en consideración la antigüedad en el empleo, así como el carácter jerárquico o no del empleado, y 9) resultan relevantes los antecedentes desfavorables del dependiente si fueron oportunamente sancionado, aunque siempre debe existir un último incumplimiento que se sume a dichos antecedentes y temporalmente cercano a la decisión de ruptura, para que se considere justificado el despido (Fernández Madrid, Tratado Práctico, t. II, p. 1617).

De la normativa mencionada, se puede concluir que el encuadramiento de los incumplimientos para determinar el concepto o tipificación de "injuria", en derecho laboral deberá ser valorada prudencialmente por el magistrado, destacando las pautas a tener en cuenta, las modalidades de la relación y las circunstancias personales en cada caso.

Haciendo aplicación de la legislación, jurisprudencia y doctrina al caso sub-examine, advierto que la falta de pago por parte de la empleadora de las horas extras al trabajador, que el a-quo ha declarado procedentes -y que será motivo de análisis del recurso traído a estudio-, no constituye una falta de tal magnitud que no consienta la prosecusión del vínculo contractual, tal como lo ha decidido el a-quo en su pronunciamiento. Ello, teniendo en cuenta que la antigüedad del actor no alcanzaba al año, por lo tanto bien pudo el actor exigir el cumplimiento de dicho rubro y mantener el vínculo laboral. Hay que tener presente que en virtud de la aplicación del principio de conservación del contrato, consagrado en el art. 10 de la LCT, cabe sostener que no toda deuda salarial encuadra como injuria en los términos del art. 242 de la LCT, sino solo aquella que por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo, debiendo agotar el trabajador todos los medios de reclamo a su alcance, manteniendo así su fuente de trabajo (Trib. Trab de San Pedro de Jujuy, sala IV, 26-11-2010, "Rementeria Hugo Marcelo c/ Barrenechea Augusto s/ Indemnización por despido"). Este es el criterio sostenido por esta Sala en numerosos pronunciamientos, citando a modo de ejemplo los AUTOS N° 9592 "RIVAS, INES C/ZOGBE RICARDO JOSE Y OTRO S/APELACIÓN DE SENTENCIA", fecha 12/08/2015 - SENTENCIAS TOMO III - Fº 563.

Además de ello, entiendo que yerra el a-quo en su sentencia al establecer que ante tal incumplimiento ha quedado desplazado el principio de conservación que debe privilegiarse en todo contrato de trabajo (ver fs. 261 segundo párrafo). Nótese asimismo, que ante la intimación del trabajador a que se aclare su situación laboral, la patronal responde emplazándolo al empleado a presentarse a trabajar, con lo cual está demostrando la empleadora su vocación por mantener el vínculo contractual; no obstante lo cual, el trabajador, en vez de acudir a la convocatoria de la patronal, opta por darse por despedido. Resultando evidente así que el desplazamiento del principio de conservación del empleo se patentiza con la actitud del trabajador, más que con el incumplimiento en el pago de horas extras por parte de la patronal, como lo afirma el a-quo en su pronunciamiento.

A esta altura del análisis, considero pertinente traer a colación que el compendio normativo de la especialidad que nos convoca, encabezado por el Régimen de Contrato de Trabajo, normas especiales y Convenios Colectivos de Trabajo, tienen en común un principio que protege o defiende la permanencia de los contratos laborales; principio éste que complementado con otras obligaciones que la ley impone a las partes del contrato de trabajo -tales como la buena fe, lealtad y fidelidad- que deben ser respetados no solo durante la vigencia del vínculo laboral, sino también al momento de su extinción; han llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a desarrollar una especial prudencia para valorar el comportamiento de las partes del contrato de trabajo.

Así, hemos apreciado favorablemente la conducta que tiende a la "Conservación del Empleo" agotando todas las instancias previas y buscando la solución a cualquier conflicto ocurrido entre las partes y cuando los mismos han sido causal de reclamo justificado.

En esta inteligencia, las normas del Derecho del Trabajo, reglamentando el derecho constitucional de la "Protección contra el Despido Arbitrario", han desarrollado los presupuestos necesarios para la justificación de la extinción del contrato de trabajo. En dicha tarea se han descripto los requisitos para tener por configurada la "justa causa del despido", ya sea que se trate de un despido directo o indirecto.

Los elementos comunes para ello son la existencia de injuria; la que se compone de los siguientes requisitos: a) Incumplimiento o inobservancia de las obligaciones que corresponden a cada parte; y b) que la gravedad de tal incumplimiento revista una magnitud que no consienta la prosecución del vínculo laboral.

Además, las normas facultan a los jueces para apreciar la configuración de estos extremos, teniendo en cuenta las características particulares de cada caso concreto, y sin omitir la necesaria confluencia de otros elementos que la Jurisprudencia ha agregado y que son la "Oportunidad", "Contemporaneidad", "Inmediatez", etc; todo lo que está relacionado con el momento en que la decisión extintoria se toma; y por otro lado la "razonabilidad" o "proporcionalidad" de dicha decisión.

Razón por la cual, insisto, no todo incumplimiento del trabajador o del empleador resulta ser causa justificada de despido, sino que los mismos deben reunir las características descriptas precedentemente.

A lo dicho cabe agregar que el buen entendimiento del "Principio de Conservación del Empleo" y demás principios laborales mencionados, nos indica que la conducta deseada para el comportamiento de las partes, sería la de intimar a la contraria (salvo situaciones de extrema intolerancia) a deponer su actitud y ajustar su conducta a las obligaciones que las normas laborales le imponen.

Por otro lado se destaca en los presentes autos otro aspecto no considerado por el Magistrado de grado, referido a la intimación del actor contenida en la misiva de fecha 26/08&2009 -transcripta precedentemente-, la que adolece de imprecisiones, como también ya lo señalara. En este punto, se podría afirmar que la falta de requerimiento, o el requerimiento general o incompleto, acarrearía que la conducta así descripta, resulte apresurada y carente de justificación suficiente para disponer el despido directo o indirecto.

También, como dije precedentemente, se podría llegar a la conclusión que la intimación resulta imprescindible como garantía del derecho de defensa de la parte intimada. En esta inteligencia, y siguiendo esta misma lógica de razonamiento, se debe ser especialmente cuidadoso en controlar que la intimación resulte clara y precisa acerca de la imputación de incumplimientos achacados a la contraria, puesto que de otra manera no se estaría garantizando el derecho de defensa, ni tampoco describiría suficientemente el presupuesto de injuria que se pretende invocar, lo que integra el principio de la garantía del derecho de defensa.

Adquiere relevancia que no podemos soslayar, que además de la falta de precisión en el requerimiento, ninguno de los incumplimientos resultan inmediatos al despido, ni proporcionales y/o razonables, puesto que no surge que el supuesto incumplimiento en el pago de horas extras que el a-quo señala para tener por justificado el despido producido por el trabajador, revista una gravedad tal que tornara imposible la prosecusión del vínculo laboral; quedando por demás acreditado que el actor había mantenido la relación durante un lapso de nueve meses sin formular reclamo alguno. Por ello, y aún en la hipótesis que la falta de pago de las horas extras por parte de la patronal pueda interpretarse como un incumplimiento grave; no se observa por parte del actor que haya agotado las vías para obtener el pago de las supuestas horas extras adeudadas, sino una conducta apresurada en disponer el despido. En el caso que nos reúne, a mi criterio, dicha "falta de pago de horas extras", no resulta de suficiente entidad para considerar que torne imposible la prosecución del vínculo laboral, como lo sostiene el a-quo en su pronunciamiento; sino que -más bien- se traduce en un oportunismo del trabajador pretendiendo obtener beneficios indemnizatorios -el encomillado me pertenece, y se debe a que el análisis respecto de dicho reclamo, horas extras, lo realizaré infra-.

De todo lo hasta aquí expuesto, puedo concluir que no resulta acertada la decisión del sentenciante de grado respecto de la justificación del despido y, como consecuencia de ello, la procedencia de los rubros indemnizatorios.

Razón por la cual, propongo se admitan los agravios de la demandada en torno a este aspecto y se revoque la sentencia de grado considerando injustificado el despido producido por el actor, y en consecuencia rechazar los rubros indemnizatorios cfr. arts. 232, 233 y 245 LCT.

III-2) Corresponde ahora analizar el cuarto agravio. Mediante esta queja la apelante tilda de errónea la determinación de deuda en concepto de horas extras y en virtud de ello diferencias salariales en liquidación de SAC.

En primer lugar corresponde analizar lo atinente al reclamo correspondiente a "horas extras", que el a-quo declara procedente en su sentencia.

El a-quo parte de la controversia existente entre las partes acerca de la jornada de trabajo que cumplía el actor. En ese sentido sostiene que la modalidad de trabajos rotativos que desempeñaba el trabajador, no exime a la patronal de cumplir la exigencia prevista en la Ley 11544 (art. 6 y decreto reglamentario 16115 art. 20 y Provincial N° 79 -K-, referida a la entrega de planillas horarias y descansos y la publicación de las mismas en lugar visible; exigencia ésta que afirma el a-quo, no ha cumplido la demandada.

En consecuencia, sostiene el Magistrado que "Si la demandada no ha acompañado al proceso constancia alguna que permita confirmar la extensión de la jornada cumplida por el actor, cabe concluir que el accionante ha probado indirectamente el presupuesto de hecho de su pretensión, si frente a la presunción que opera a favor de sus afirmaciones, el empleador no ha producido prueba alguna que permita determinar lo contrario." (sic. fs. 257 segundo párrafo). Mediante este argumento el a-quo asimila la falta de entrega o exhibición de las planillas de horario a la presunción prevista por el art. 55 LCT e innova en lo atinente a la carga de la prueba respecto del cumplimiento de horas suplementarias por parte del trabajador.

Entiendo que la modalidad de trabajos rotativos no implica que deba producirse un apartamiento de la doctrina y jurisprudencia pacíficamente sostenida en cuanto a la carga de la prueba de las horas extras.

Cabe recordar que en esta materia, cuando se ha negado por el empleador la prestación de horas extras, se genera la carga de la prueba para quien lo invoca, es decir, el trabajador, quien deberá producir una prueba fehaciente y concluyente, conforme lo ha sostenido pacíficamente la mayoría de la doctrina y jurisprudencia. (Ver en tal sentido a Sardegna, "Ley de Contrato de Trabajo, Comentada, Anotada y Concordada", pag. 444).

En esa dirección, insisto en que, de acuerdo a las reglas generales de la carga de la prueba, pesa sobre el actor la carga de acreditar el presupuesto de hecho que sirve de fundamento a la pretensión. Ello así, en tanto: "La prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva". (cf. Autos: Kopex Sudamericana SAI. y C. c/ Buenos Aires Provincia de y otros s/ daños y perjuicios. Tomo: 318 Folio: 2555 Ref.: Carga de la prueba. Magistrados: Moliné O'Connor, Fayt, Belluscio, Petracchi, Boggiano, López. Disidencia: Abstención: Nazareno, Vázquez, Bossert. Exp.: K. 51. XXIV. - Fecha: 19/12/1995).

Siguiendo dichos lineamientos, la prueba de las horas extraordinarias, respecto tanto al número, como al lapso y frecuencia, está a cargo del trabajador, en virtud del principio procesal que impone la carga de la prueba de un hecho a quien lo invoca y no a quien lo niega (art. 340 del CPC).

Asimismo, y tal como ha predominado tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia, y ya lo adelantara supra, tales horas extraordinarias requieren de una prueba terminante y exhaustiva de su existencia y extensión. En tal sentido se ha resuelto "Esta Sala ha sostenido en innumerables precedentes que para que sea viable el pago de horas extras, el trabajador carga con la prueba del número, modalidades, frecuencia y lapso de las mismas, debiendo producir en las actuaciones prueba asertiva y categórica relacionada con el quántum de las tareas extraordinarias cumplidas, así como su fecha y duración" (Sala II Cámara Nac. de Apelac. Del Trabajo, en autos "Ciechanowski c/ Arcos Dorados SA" 22/6/05).-"	Ahora bien, revisando la causa, se advierte que la única prueba que aportó el apelante para acreditar el trabajo en horas suplementarias es la testimonial. Sostiene el a-quo en su pronunciamiento que "los testigos que han declarado en autos son coincidentes con la jornada denunciada por la actora (Sres. Jorge Olivera a fs. 109 y vta., Mercado a fs. 124/125 y Leonardo Olivera a fs. 126 y vta.), dos de los cuales han sido compañeros de trabajo del actor y no han merecido objeciones al declarar" (sic. fs. 258 segundo párrafo).

Cuando se trate de dar por probado un hecho sólo por prueba de testigos, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, sinceras y no dejar lugar a dudas, requisitos que, como dije, no reúne la prueba testimonial referida .

Además, no se puede perder de vista que, como lo ha sostenido inveterada jurisprudencia que comparto, el juzgamiento de la realización de horas extras se debe realizar con carácter restrictivo.

Así se ha resuelto: "El trabajo realizado fuera de la jornada legal debe ser interpretado restrictivamente. Quienes reclaman horas extraordinarias cargan con la prueba de las mismas, ya que no rige la presunción prevista para la jornada legal. Su existencia y habitualidad debe ser probada por el actor. Por lo tanto, el reclamo de horas extras no puede prosperar ya que queda acreditado en autos que el trabajador realiza una jornada de 8 horas"( Autos: Ledesma Luis Eliseo C/ C/ Tronos Srl S/P/ Despido - - Fallo N°: 20000005473 - Ubicación: S000-000 - - Expediente N°: 25111 - - Tipo de fallo: Sentencia - Mag.: FERNANDO JAIME NICOLAU - - Cuarta Cámara Laboral Mendoza - - Circ.: 1 - - Fecha: 05/03/2014).

Si analizamos la prueba testimonial producida en autos, se advierte que asiste razón a la apelante en la crítica que plantea; en el sentido que dichos testimonios no pueden, bajo la regla de la sana crítica, autorizar a tener por acreditado que el actor cumplía las horas extraordinarias que reclama; máxime cuando solo dos de ellos han sido compañeros de trabajo del actor, pero por lapsos de tiempo muy acotados -uno o dos meses-, y trabajaban en un espacio donde lo hacían muchísimas personas y para distintas empresas, razón por la cual es imposible que hayan tenido conocimiento directo de los hechos, y en particular, dar precisiones acerca de días y horarios de trabajo. De hecho, se desprende de los testimonios que el testigo Jorge Olivera fue compañero de trabajo del actor entre febrero o marzo del 2009 (ver respuesta a la cuarta pregunta fs. 109 vta.); y el testigo Mercado al responder a la segunda pregunta y segunda ampliación fs. 124 y vta. precisa que trabajó para el demandado no más de dos meses. Con respecto a la declaración del Sr. Leonardo Olivera (fs. 126 y vta.) ninguna precisión puede aportar respecto al hecho que analizamos.

Como puede advertirse del análisis precedente, dicha prueba carece de la contundencia necesaria para tener por probado el trabajo del actor en horas extraordinarias. No cumpliendo así con la carga probatoria a la que me he referido en los párrafos precedentes.

Pasando al otro aspecto que el a-quo considera para tener por acreditado el trabajo en horas extras; esto es, la presunción que aplica en su sentencia como consecuencia de la falta de planillas horarias (art. 55 LCT); entiendo que dicha apreciación es errónea.

La Jurisprudencia autorizada en la materia ha sostenido al respecto: "No son suficientes las meras presunciones para acreditar el cumplimiento de trabajo extraordinario, aun cuando la empleadora no haya exhibido el libro de registro de horarios, ya que la prueba que la ley requiere en la materia debe ser concluyente y categórica, en razón de tratarse de prestaciones excepcionales y ajenas al desenvolvimiento común del trabajador en el contrato de trabajo" (C. Nac. Trab., sala 1ra., 31/03/1998, "Córdoba, Basilia A. v. Coto CICSA"); en sentido similar: "La falta de exhibición de tarjetas horarias no trae aparejada ninguna consecuencia para la accionada por cuanto no existe disposición legal o reglamentaria que obligue a conservarlas ni exhibirlas, ni cabe a su respecto aplicar la presunción del art. 55 LCT, toda vez que ésta sólo puede proyectarse en relación con las obligaciones impuestas al empleador en el art. 52 del citado cuerpo legal." (C. Nac. Trab, sala 7ma., 30/9/1994, "Gómez, Jorge v. Bedelaborde, Roberto").

Todo lo hasta aquí analizado, conduce a sostener que el actor no ha logrado acreditar el trabajo en horas extraordinarias, por lo que propicio admitir el agravio de la accionada en este aspecto y revocar también la sentencia en tal aspecto, rechazando el reclamo.

La misma solución cabe respecto del cálculo de diferencias salariales, en tanto, por un lado, si bien las mismas se incluyen en la liquidación adosada a la demanda, no surge del escrito de demanda el fundamento en el cual asienta el reclamo. Entiendo que la sola inclusión de un ítem en la liquidación no basta para que el mismo sea analizado y menos aún declarado procedente; es imprescindible que los cálculos se encuentren respaldados por un relato efectuado en forma clara y precisa acerca de los fundamentos que lo sostienen. De lo contrario no se cumple con la exigencia procesal que impone el art. 67 del CPL.

Por otro lado, y aún cuando lo señalado precedentemente, resulte suficiente para admitir el agravio en este aspecto, entiendo que resulta de aplicación el art. 340 CPC -de aplicación supletoria en el fuero cfr. art. 161 CPL- que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho o de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión. En consecuencia, frente a la falta de acreditación por parte de la accionante y debida fundamentación de la real situación salarial en la cual asentó su reclamo, corresponde admitir el agravio expuesto por la apelante y revocar el fallo recurrido en este aspecto, rechazando el reclamo correspondiente al rubro Diferencias Salariales. Lo que así propicio.

Como vemos, con lo analizado en este acápite, cae la única causal por la cual el a-quo considera justificado el despido producido por el actor y la consecuente procedencia de los rubros indemnizatorios.	III-3) El quinto agravio está dirigido contra la condena prevista por el art. 80 LCT. Al respecto sostiene la recurrente que yerra el a-quo al considerar que su parte incurrió en mora en la entrega de la certificación de servicios, ya que se cumplió con la entrega recién a la fecha de contestación de demanda; continúa diciendo la apelante que el a-quo ha desconocido que oportunamente su parte ha comunicado fehacientemente al actor que la certificación se encontraba a su disposición y debía presentarse a retirarla en la sede de la empresa; lo que surge de las CD obrantes a fs. 136/138 de autos y certificación agregada a fs. 39/41 de autos.

Analizada la sentencia apelada se advierte que el a-quo afirma: "Con relación a la defensa esgrimida, cabe advertir que la accionada si bien acreditó haber puesto la certificación de servicios a disposición del actor, lo efectuó en forma extemporánea. Es que conforme surge de la pba. doc. del actor, este intimó primeramente a la entrega de la certificación de servicio a la demandada, en fecha 05-09-2009 y posteriormente volvió a intimar en fecha 23-09-2009, y 15 de octubre de 2009. De la documental que se encuentra reservada en Secretaría a fs. 11 a 13, la que quedó pacíficamente incorporada a la causa, se desprende que en oportunidad de contestar demanda en fecha 19-12-11 el demandado acompañó la certificación de servicios y remuneraciones." (sic. fs. 263 último párrafo).

De las constancias de la causa surge que asiste razón a la demandada; la empleadora puso en conocimiento al actor que se encontraba a disposición la certificación y lo emplazaba a retirarla por la dirección de la empresa, tal como surge de las cartas documento que la propia actora acompaña (ver fs. 52 y 53 PDPA reservada) de fechas 12 y 26 de setiembre de 2009. Por lo tanto, se advierte que la empleadora respondió al requerimiento del actor; por el contrario, es el actor quien -con su conducta reticente a retirar dicha documental por el domicilio de la empresa- incurrió en mora.

Entiendo que la circunstancia que la demandada haya acompañado la certificación de servicios conjuntamente con la contestación de demanda, lejos de implicar un incumplimiento, conlleva la observancia al reclamo formulado por el actor en su demanda a fs. 2 vta. primer párrafo. Por otro lado, contestada que fuera la demanda y acompañada la prueba -entre la que se encuentra la certificación de servicios-, conferido el traslado de la documental a la actora, dicha parte al evacuar el mismo a fs. 56 y vta. no la impugna expresamente; formulando una vaga impugnación que reza "Además, vengo temporal y formalmente a impugnar la documentación presentada por el demandado en los presentes actuados, solicitando a V.S. se tenga presente esta impugnación al momento de dictar sentencia definitiva. Que así impugno toda documentación que no sea de expreso reconocimiento de mi parte." (sic. fs. 56 vta. pto III.-). Dicha impugnación resulta insuficiente a los fines de tener por impugnada la certificación de servicios presentada por la accionada en ocasión de contestar demanda.

Por último se advierte que tampoco el actor en dicha ocasión solicitó al Juzgado la entrega de la mentada certificación de servicios, demostrando con ello, nuevamente una actitud reticente, desinteresada; o, mas bien, nuevamente encaminada a obtener un resarcimiento económico injustificado.

Ahora bien, sin perjuicio de ello y compulsadas las constancias de la causa, surge claramente que la actora en la comunicación epistolar previa, reclamó "se le entregara la Certificación de servicios y remuneraciones" (ver fs. 58 PDPA reservada). Tal pretensión, se encuentra plasmada en el objeto de la demanda donde claramente se advierte que la actora puso en movimiento el aparato judicial, en procura de recibir la Certificación de Servicios y remuneraciones (ver fs. 14 vta. primer párrafo, de autos); como así también percibir la multa derivada del art. 80 de la LCT.

Desde la perspectiva procesal, y echando mano a los conceptos básicos de esa rama del derecho, cabe dejar sentado que si bien la demanda es el instrumento por el cual se accede a la justicia, esta demanda tiene distintas partes, entre las que surge con principal relevancia el "Objeto" de la demanda, que debe entenderse como la pretensión de la actora. En esta inteligencia, el art. 67 de nuestra norma ritual, es absolutamente prístina en el inc b) al decir: "designación de lo que se demanda...".

En virtud de lo expuesto, de la lectura de las comunicaciones previas a la instancia judicial y del objeto de la demanda; a mi criterio surge sin hesitación alguna que la actora pretendía la entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones.

La que, a mi criterio, y tal como lo he analizado supra, fue puesta a disposición del trabajador al momento del intercambio epistolar y no retirada por el actor del domicilio de la empresa; y fue adjuntada al momento de contestar demanda conforme fs. 11/13 PDPA reservada en secretaría, que tampoco fue retirada por el actor durante la tramitación del proceso.

Ahora bien, aún en la certeza que la actora jamás reclamó el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la LCT; considero menester efectuar algunas consideraciones al respecto, que han sido el fundamento de mi postura en relación a este tema en numerosos pronunciamientos.

Entiendo pertinente dejar sentado que el tema en cuestión se encuentra alcanzado por los arts. 79 y 80 de la LCT; la ley 25.345; Ley 24.576 y tangencialmente, por el art. 12 inc. g de la ley 24.241. Frente a ello, cada norma podrá interpretarse en forma aislada, lo que por cierto nos indicaría una propuesta de solución al entuerto, o por el contrario, formular una interpretación armónica e integral de todos los preceptos, considerando para ello, además de la letra fría, el espíritu perseguido por el legislador.

En esta dirección, considero que no podemos adoptar una posición "ius positivista" a partir de la cual las normas no son ni buenas ni malas, sino que son normas y por tal deben ser aplicadas; sino que por el contrario, en cumplimiento de la tarea que la Constitución nos asigna; y como prestadores del servicio de justicia, comprometernos con la interpretación amplia de la norma, en la búsqueda de una solución verdaderamente razonable y justa para el caso.

Con respecto al tema en debate referido a la decisión del a-quo de hacer lugar a la multa prevista por el art. 80 de la LCT; entiendo que el sentenciante de grado ha utilizado para su decisión una interpretación estrictamente literal de la misma. En ese sentido, estimo que lo que corresponde es ir más allá de la fría letra de la misma, y a los efectos de una correcta hermeneútica de la norma, analizada en forma sistémica con el resto de la normativa laboral y los principios rectores propios del derecho del trabajo; deben aplicarse otros criterios de interpretación más amplios y que seguramente nos permitirán arribar a una solución más justa para las partes. Entiendo, que no podemos omitir el espíritu del legislador tenido en vista al momento del dictado de la citada norma.

Como presupuesto de trabajo, traigo a colación que el origen de la multa atacada en este primer agravio, viene del art. 45 de la Ley 25.345, llamada Ley Antievasión, de donde se desprende que el legislador con el fin de combatir la evasión previsional, puso en cabeza del empleador la obligación de entregar al trabajador, cuando éste lo solicitare o al momento de la extinción del vínculo: a) constancia documentada del cumplimiento de las obligaciones frente a los organismos sindicales y de la seguridad social, y b) Un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones de tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes efectuados con destino a los organismos de la Seguridad Social.

La norma citada, también prevé una sanción pecuniaria a favor del trabajador para el caso de incumplimiento de dichas obligaciones.-	Dentro de la finalidad de combatir la evasión fiscal perseguida por la Ley 25.345, esta sanción pecuniaria es a favor del trabajador, y tiene su justificación en que si bien es cierto que los organismos previsionales y sindicales podrían perseguir el cobro de tales aportes, la norma pone un incentivo a favor del trabajador para que sea éste quien exija periódicamente el cumplimiento de dichas obligaciones.

También podría derivarse de la norma, que la sanción pecuniaria allí contenida, podría tener como objetivo el resarcimiento de algún daño al trabajador derivado de la falta de entrega de las constancias documentadas que describe la norma.

Siguiendo con el desarrollo lógico abordado, me permito aseverar que la redacción de la norma, además de poco feliz, resulta distorsionador del espíritu de la ley 25.345 y de poca aplicación práctica si se interpretan en forma armónica todas las normas involucradas en el caso.

Adviértase que en cuanto a la primera obligación descripta por el art. 80 de la LCT, la misma ha perdido vigencia a partir de las nuevas modalidades adoptadas por los Organismos de previsión social para la recaudación de aportes y contribuciones, a partir de la cual, los empleadores hacen sus depósitos en forma integral para toda la plantilla de trabajadores, lo que entorpece la posibilidad de entregar constancias documentada del pago de los mismos, y por otro lado, en virtud que por la instrumentación de las nuevas herramientas informáticas, el trabajador cuenta con la posibilidad rápida y concreta de tomar conocimiento del pago de dichas obligaciones.

Sobre el particular dice Miguel Angel Pirolo: "La obligación contenida en primer término, pudo tener alguna relevancia práctica en épocas pasadas, en las cuales el trabajador carecía de medios para obtener una rápida información acerca del cumplimiento efectivo por parte del empleador de las obligaciones previstas en el art. 79 de la LCT y, por ende, de la obligación contractual que, respecto de aquélla, establece el art. 80 de la LCT; ... . Hoy, a través del ingreso a la página web respectiva ("Mis aportes"), el trabajador está en condiciones de apreciar en forma inmediata el cumplimiento o no de tales obligaciones por lo que, realmente creemos poco probable que se verifiquen causas "razonables" para exigir la emisión de la "constancia documentada" durante la vigencia del contrato.

El trabajador también puede requerir esa "constancia documentada" después de extinguido el contrato; pero, realmente, se trata de una previsión legal carente de todo sentido práctico. ..." (Tratado Jurisprudencial y Doctrinario. Miguel Angel Pirolo. Tomo I, pág. 279).

De todas maneras, en el caso que nos reúne, la entrega de la referida constancia documentada de pago a los organismos de la Seguridad Social, no ha sido motivo de debate, me eximo de pronunciarme al respecto.

Ahora bien; lo que ha sido motivo de agravios en el presente es lo atinente a la segunda obligación descripta por el art. 80 de la LCT. Como he referenciado precedentemente, es obligación del empleador entregar a la finalización del contrato, un certificado de trabajo que consigne los elementos detallados precedentemente en cuanto al tiempo y a la naturaleza de la prestación de servicios, las remuneraciones percibidas y los aportes y contribuciones efectuados; es dable remarcar que la norma, no indica formalidad alguna que deba cumplir dicho certificado. En esa inteligencia, y aún cuando pueda sostenerse que el origen de la obligación es distinta, los usos y costumbres, en la mayoría de los casos, han llevado a tener por cumplida la obligación de entregar el Certificado (art. 80 LCT) con la entrega de la Certificación de servicios y remuneraciones (art. 12 inc. g de la Ley 24.241 - formulario PS 6.2); toda vez que salvo el detalle de aportes y contribuciones efectuado y a lo que ya me he referido precedentemente, cumple con todas las exigencias del Certificado de Trabajo.

Si se tiene en cuenta que la certificación de servicios, le alcanza al trabajador para justificar dicho extremo, siendo los organismos de la seguridad social los facultados para ejecutar los aportes y contribuciones impagos; y además que de configurarse tal extremo, el trabajador hubiere podido requerir la aplicación del art. 132 bis de la LCT; me parece por demás excesivo, la aplicación de la multa prevista en el art. 80 de la LCT; habida cuenta que ello configuraría un enriquecimiento sin causa por parte del trabajador y una sanción injustificada en contra de la empresa.

Un comentario especial merita el texto de la Ley 24.576 al decir: "además de lo prescripto en el artículo 80, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación." En tal sentido, y si bien configura para el empleador la obligación de consignar la calificación profesional obtenida por el trabajador; la circunstancia que esta obligación haya sido impuesta por la ley 24.576 que data de cinco años antes que la ley 25.345, que modificó el art. 80 e impuso la multa en cuestión sin la incorporación del párrafo transcripto; me lleva a la conclusión que la falta de consignación de dicha calificación profesional del trabajador, no está alcanzado por la imposición de la multa.

Ahora bien, en el caso particular que nos reúne, entiendo que no se configura ninguno de los objetivos perseguidos por el legislador tenidos en vista al momento de su dictado, ya que la demandada comunicó al trabajador durante el intercambio epistolar que la certificación se encontraba a su disposición en la sede de la empresa y que luego la acompañó en su conteste, en cumplimiento con el requerimiento de la actora, lo que demuestra a las claras el cumplimiento de sus obligaciones; y por otro lado tampoco el actor ha demostrado una actitud favorable a los fines de contar con dicha documentación, dada su reticencia en ambas ocasiones a retirarla.

Si bien es cierto que la jurisprudencia al respecto esta dividida, me enrolo con aquella que sostiene: "El formulario emitido por la Administración Nacional de la Seguridad Social P.S.6.2 resulta suficiente para tener por configurado el cumplimiento del empleador en la entrega de los certificados de trabajo, ya que constituye un documento escrito firmado por el principal, cuyos requisitos fueron diseñados por el organismo competente solicitando sólo aquéllos datos necesarios para esa administración, en tanto los aportes y contribuciones figuran en sus sistemas y se hallan disponibles en cualquier momento para el dependiente interesado." (CNTrab., Sala V, 12/12/2008 - Lopez, Paola c. Sobreaguas SA y otro - DT, 2009 - Junio, 681).

Imponer la multa aún cuando el formulario PS 6.2 ha sido puesto a disposición del trabajador durante el intercambio epistolar y entregada a juicio en la oportunidad correspondiente, a mi criterio, importa un exceso de rigor formal y a todas luces una medida atentatoria contra el derecho de propiedad, ya que implica una detracción de una porción de su riqueza a favor del trabajador en forma irracional e injustificada.

Por lo expuesto, y las particulares circunstancias de la causa, considero que debe admitirse el recurso, y en consecuencia eximirse al demandado del pago de la sanción derivada del art. 80 de la LCT. con costas a la actora vencida.

III-4) En el sexto agravio se queja la recurrente por la condena de la sanción prevista en el art. 2° Ley 25.323. La admisión de este agravio resulta una consecuencia del análisis efectuado en el pto. III-1) donde se concluye que el despido indirecto producido por el trabajador resultó injustificado, rechazando por tanto los rubros indemnizatorios derivados del despido. Como consecuencia de ello, propicio también se revoque la sentencia en cuanto al reclamo derivado de la aplicación del art. 2° de la ley 25323, rechazando el mismo.

III-5) En el séptimo agravio, se queja el apelante por la procedencia declarada por el a-quo en su sentencia respecto del reclamo atinente a ropa de trabajo. Funda su apelación el quejoso sosteniendo que consta tanto en la prueba documental actora como en la de la demandada, reservadas en secretaría, un recibo suscripto por el actor que da cuenta de la entrega de los equipos de trabajo.

Como antes se consignara, la demandada no ha impugnado la documental acompañada por la demandada, en debida forma, al momento de evacuar el traslado de la misma; sólo ha efectuado una impugnación vaga y general que resulta insuficiente para restarle valor probatorio a la acompañada por la demandada en su conteste.

Autorizada doctrina enseña que: "Frente al supuesto de presentarse documentos por el demandado, el CPCN, 358 y normas concordantes imponen la concesión de un traslado a la parte actora, el que debe notificarse por cédula. En oportunidad de contestar el traslado, incumbe al actor expedirse en la forma exigida por el CPCN, 356, 1° y normas concordantes, es decir reconociendo o negando categóricamente la autenticidad de los documentos. Por consiguiente, el silencio, las respuestas evasivas, o la negativa meramente general en relación a aquéllos, determinará -conforme el criterio que predomina en la legislación analizada- que se los tenga por reconocidos o recibidos, según el caso" (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Explicado y Anotado, Lino Enrique Palacio-Adolfo Alvarado Velloso, T 7°, p. 460).

A más de ello, cabe señalar, que el actor, en oportunidad de absolver posiciones -fs. 91 vta., respuesta a la primera ampliación- ha reconocido la firma estampada en dicho recibo (ver fs. 15 PDPD reservada); circunstancias éstas que no han sido valoradas por el a-quo en su pronunciamiento, limitándose a sostener "Respecto del rubro ropa de trabajo, su procedencia resulta incuestionable a tenor de lo que dispone sobre el ítem 3.6.1 del C.C.T. Nº 40/89, considerando que la accionada no ha acreditado haber cumplido con la obligación de entregar esos equipos, en forma completa...Esta compensación encuentra su razón de ser en el hecho de que si no se le proporcionó al trabajador la ropa de trabajo se entiende que debió utilizar la de su propiedad o adquirir de su peculio la que él utilizaba. Todo ello sin perjuicio que la demandada acompañó un recibo de un equipo de ropa, pero no surge del mismo a que año pertenece, ni tampoco el mismo acredita el total cumplimiento de la norma convencional, por lo que cabe hacer lugar a lo reclamado por el actor." (sic. fs. 262 vta. in fine/263). Haciendo caso omiso a las disposiciones de Derecho Común en lo atinente a reconocimiento de firma art. 314 Nuevo Código Civil Ley 26994 -antiguo art. 1028 C.C. "Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece... El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, o declarado auténtico por sentencia, o cuya firma está certificada por escribano, no puede ser impugnado por quienes lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto del reconocimiento...".

Tampoco se advierte que el actor haya producido prueba tendiente a acreditar que el documento fue firmado en blanco (cfr. art. 315 nvo. C.C.).

En consecuencia, presentado que está el documento suscripto por el actor, no impugnado en la oportunidad prevista en el art. 320 CPC; reconocida su firma por el actor en absolución de posiciones, y no acreditado que ha sido firmado en blanco de acuerdo a las prescripciones del art. 315 C.C. Ley 26994, sólo corresponde tenerlo por cierto.

Todo lo cual conduce a propiciar este agravio, revocando la sentencia en cuanto a la procedencia del reclamo atinente a ropa de trabajo; el que se declara improcedente.

III-6) En el octavo agravio, se queja la apelante por la imposición de costas a su parte; solicitando que una vez admitido el recurso se modifiquen las mismas.

En este aspecto y atento que, conforme la solución que propicio, han prosperado todos los agravios expuestos por la apelante, con lo cual; corresponde admitir este último agravio, y por aplicación del art. 264 CPC, modificar las costas de Primera Instancia las que se imponen en el 90% a la accionada y en el 10% a la demandada (art. 125 CPL).

IV) Atento la solución que propongo, corresponde, también en función de lo previsto por el art. 264 CPC, modificar los honorarios de los letrados regulados en Primera Instancia, los que se fijan de la siguiente manera: A favor de los Dres. Ana Iris Navarro y Edgardo Fernández Leiva, en doble carácter y hasta sentencia en el 23% y 14% conforme normas pertinentes Ley 56 -O-, respectivamente; porcentajes que serán calculados sobre la liquidación que se practique de los rubros declarados procedentes en el pronunciamiento de primera instancia y que no han sido motivo de recurso.	V) Imponer las costas de esta instancia a la parte actora vencida (art. 125 CPL).

VI) En lo atinente a honorarios de esta instancia, corresponde fijar los honorarios profesionales de los Dres. Ana Iris Navarro y Edgardo Fernández Leiva en doble carácter en el 50% y 30%, respectivamente; de lo regulado a dichos profesionales en el pto. IV) por su intervención en Primera Instancia (art. 21, inc. a) de la ley 56-O).

Así voto.-	EL DR. GERMAN A. PARRA DIJO:

En relación al quinto agravio formulado por la recurrente, si bien coincido con la solución final propuesta por el vocal preopinante, considero necesario realizar algunas aclaraciones que justifican mi decisión.

La quejosa sostiene que el a quo yerra al considerar que su parte incurrió en mora, ya que cumplió con la intimación al momento de contastar la demanda, lo que justifica la imposición de la multa prevista por el art. 80 de la LCT. En su opinión, el a quo desconoce que la empleadora comunicó al trabajador que la documentación requerida se encontraba a su dispocisión en la sede de la empresa, lo que surge de la prueba documental acompañada a la causa, lo que implica que cumplió con la obligación legal impuesta por el art. 80 de la LCT.

A los fines de resolver la cuestión, cabe tener presente que la obligación prevista por el art. 80 LCT se integra por la entrega de un certificado de trabajo y una constancia documentada de aportes, que no deben confundirse con la "certificación de servicios y remuneraciones" prevista por la ley 24241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2), en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por la LCT.

En efecto, considero que el formulario PS.6.2 de la ANSES, llamado "certificación de servicios y remuneraciones", no es ninguno de los instrumentos contemplados en el art. 80 LCT. Es evidente que no resulta ser el certificado de trabajo, por más que contenga datos similares (aunque no siempre coincidentes), pues ambos tienen finalidades distintas ya que este último está destinado a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo; mientras que la certificación del formulario expresado debe utilizarse para la obtención de un beneficio previsional. Tampoco constituye la constancia de aportes exigida por el art. 80 LCT, dado que carece de las constancias documentadas de los aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento, por más que resulte aprobado por el ente previsional y -supuestamente- pueda ser calificado como innecesario por cuanto no se vulneraría la finalidad que perseguiría el citado art. 80.

En ese orden de ideas, cabe tener presente que en la comunicación epistolar previa a la demanda, la accionante reclamó la entrega de la "certificación de servicios y remuneraciones", reclamo que luego reiteró en el escrito de demanda. Consecuentemente, entiendo que no corresponde condenar a la empresa por la falta de entrega de los documentos previstos por el art. 80 de la LCT por cuanto el accionante nunca requirió su entrega.

Así voto.

LA DRA. SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto del Vocal preopinante adhiere al mismo.

Por todo ello el Tribunal, por mayoría	RESUELVE:

I) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandada; modificando el pronunciamiento de Primera Instancia en el sentido de rechazar los rubros Indemnización por despido, Indemnización sustitutiva de Preaviso e Integración mes de Despido; horas extras y diferencias salariales; sanción prevista en el art. 80 LCT; multa prevista en el art. 2° Ley 25323 y Ropa de Trabajo; por los fundamentos expuestos al tratar cada uno de los agravios. Imponer las costas de esta Instancia a la parte actora vencida (art. 125 CPL).

II) Conforme lo previsto por el art. 264 CPC, modificar las costas de primera instancia, imponiéndose en el 90% a la accionada y en el 10% a la demandada (art. 125 CPL). Asimismo modificar los honorarios regulados en Primera Instancia a los letrados, los que se fijan a favor de los Dres. Ana Iris Navarro y Edgardo Fernández Leiva, en doble carácter y hasta sentencia en el 23% y 14% conforme normas pertinentes Ley 56 -O-, respectivamente; porcentajes que serán calculados sobre la liquidación que se practique de los rubros declarados procedentes en el pronunciamiento de primera instancia y que no han sido motivo de recurso.	IV) Regular los honorarios de esta instancia a favor de los Dres. Ana Iris Navarro y Edgardo Fernández Leiva en doble carácter en el 50% y 30%, respectivamente; de lo regulado a dichos profesionales en el pto. III) por su intervención en Primera Instancia (art. 21, inc. a) de la ley 56-O).

V) Ténganse presentes las reservas de derecho formuladas.

VI) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.

VII) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.