marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Competencia, defensa del consumidor
Materia: PROCESAL
Carátula: "Sir Home SA c/ SIC y T-GCBA- RESOL 95/01 (Expte 174/00)".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

Para la impugnación de un acto emanado del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, autoridad local de aplicación de la ley 24.240 respecto de un hecho ocurrido en su jurisdicción resulta aplicable el procedimiento la norma local -ley 757- y teniendo en cuenta lo que ella dispone acerca de la jurisdicción, ete tribunal resulta incompetente para entender en la cuestión (en el mismo sentido: Sala IV de esta Cámara "Furlong S.A. c/ SIC y TGBA-Resol 350/98 -Expte. 35.531/98-", del 4/12/01 y "Tintorería Sandoz SRL c/ SIC y TGBA- Resol 56/00 -Expte. 31788/00-" del 25/11/03) (Cons. II).
Concurso preventivo, quiebra, quiebra indirecta, recurso de reposición (procesal)
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEREZ, JUAN ROBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO-INCIDENTE DE REVOCATORIA Y NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-04-06

El deudor, para embestir la sentencia declarativa de su quiebra indirecta utilizó de manera autónoma las vías concursales del recurso de reposición primero y luego, el de apelación traído al Tribunal (artículo 98 y 296 inciso 4 de la Ley Concursal).- La doctrina y la jurisprudencia mayoritaria interpretan que el recurso de reposición regulado en la Ley Concursal, es inaplicable para los casos de quiebra indirecta y, aunque se opine que en ciertos supuestos tal regla pueda ceder, lo cierto es que la especie no configura una excepción admisible, porque sencillamente, deviene inequívoco el estado de cesación de pagos del deudor, que confesara al presentarse en concurso preventivo y corrobora su memoria cuando hace caso omiso de tan esencial recaudo.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Cobertura médica, obras sociales
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: C.,J.C. en representación de su hija c/ Instituto Provincial de Atención Médica (I.P.A.M.) s/ Amparo (ley 4915) N° 248460/37 - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2014-09-19

La cobertura integral que debe brindar una obra social a una afiliada menor de edad, debe alcanzar todas las prestaciones médicas y de rehabilitación que fuera menester para su tratamiento, mas no incluye las prestaciones de carácter asistencial tales como su alimentación y vivienda, las que quedan a cargo del grupo familiar al que pertenece, ni a los viáticos y honorarios de capacitación de los profesionales de la salud, por más que sean aquellos que asisten a la menor, pues lo contrario llevaría a sostener que la demandada debe asumir la capacitación de los facultativos y auxiliares que atienden a sus afiliados que padecen discapacidad, lo que a todas luces deviene desproporcionado.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Abelleira, Ramón s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-07

Es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley en el que se discute la atingencia de los elementos probatorios que invocara el tribunal a fin de acreditar la materialidad ilícita del hecho en juzgamiento, si el recurrente omite relacionar sus planteos con las normas que denuncia como genéricamente transgredidas, de modo que pueda advertirse cómo se habrían violado las mismas al tener el cuerpo del delito por acreditado.
Procedimiento laboral, excepciones procesales, competencia por la materia
Materia: LABORAL
Carátula: SINDICATO UNICO DE TRAB.DE PELUQUERIA ESTETICA Y AFINES DE BUENOS AIRES c/ ORTIZ, SANDRA MABEL s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-05-30

Esta Justicia Nacional del Trabajo carece de aptitud jurisdiccional para revisar lo acontecido en sede administrativa -por vía recursiva- en el marco del procedimiento regulado por la ley 24.642, porque no existe norma legal que le atribuya dicha facultad. Ello sin perjuicio del reexamen judicial de la decisión en el marco del proceso ejecutivo, en el régimen de los arts. 544 del CPCCN y cctes. ó en el juicio ordinario posterior (art. 553 del CPCCN).
Daños y perjuicios, responsabilidad extracontractual
Materia: LABORAL
Carátula: Atela, Nancy y por su hijo menor c/ Zubiarrain de Rapallini, María Magdalena s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

Carece de relevancia establecer en casación si la víctima del accidente y la parte demandada estuvieron vinculadas o no por un contrato de trabajo si la imputación de responsabilidad atribuida a ésta por las consecuencias del siniestro no deriva de la existencia de un vínculo contractual entre ambas, sino del acaecimiento de un suceso extraño a la invocada relación convencional y que se determina por la responsabilidad de carácter extracontractual.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, causas civiles, quiebra, fuero de atracción, seguros
Materia: COMERCIAL
Carátula: Martínez, Marcos Aurelio c/ Ramón Borda s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-02

La citación en garantía de la aseguradora se encuentra comprendida en el art. 136 de la ley 19.551, sin que obste a ello que se encuentre en juego la liquidación judicial de la empresa aseguradora citada en garantía, toda vez que este trámite ha de ajustarse a las disposiciones para las quiebras: art. 52 de la ley 20.091.
Extradición, sentencia, falta de notificación
Materia: PENAL - INTERNACIONAL - PROCESAL
Carátula: Revello, Aldo s/ extradición.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

No cabe acoger el planteo referido a que la potencia requirente de la extradición no envió las constancias de las notificaciones de las sentencias de las anteriores instancias, si el apelante no rebatió los argumentos del tribunal de grado con respecto a que éste tomó conocimiento de las mismas cuando se encontraba en prisión, contemporáneamente a la sustanciación de dichas etapas procesales, por lo que la omisión de acompañar las notificaciones en la que se centra su argumentación es insustancial.
Medidas cautelares, verosimilitud del derecho invocado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez, Miguel c/ Andrés, Mirta s/ Medida cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-08-24

La verosimilitud del derecho debe ser apreciada con un criterio amplio, ya que no puede requerirse la prueba terminante y plena del mismo, lo que sólo se logrará al agotarse el trámite. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Ley de defensa del consumidor, daño punitivo
Materia: CIVIL
Carátula: SORIA Gustavo Luis c/ S.O.E.M.E. s/ Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2014-04-07

En relación al daño punitivo, jurisprudencialmente ya se ha resuelto que la impugnación constitucional del mismo es improcedente, pues su regulación específica resulta acorde a lo dispuesto por el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto la defensa del consumidor es una necesidad que surge a raíz de las relaciones asimétrica que el tráfico económico actual impone a los usuarios y consumidores, e incluso a terceros ajenos a una relación contractual.

También en la doctrina se ha considerado que "su admisión en el derecho argentino debe ser bienvenida porque no contraría principios jurídicos fundamentales y puede tener suma utilidad incluso más allá del derecho del consumo".

A ello debe agregarse que, la figura contenida en el art. 52 bis no tiene diferencias sustanciales con otras de características similares y vigentes desde hace mucho tiempo, tanto en el derecho en general como en el derecho del consumo en particular, como son las multas previstas para las relaciones laborales en las leyes 24.013 y 25.323, y la contenida en el art. 31 LDC, por lo que el agravio referido a la alegada inconstitucionalidad del art. 52 bis de la LDC debe ser rechazado.
Iura novit curia, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Sánchez, Jorge c/ Autotransporte San Juan S.A.C.I.F.I. s/ Apelación auto interlocutorio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1998-05-12

Cabe holgadamente en las facultades de la regla "iura novit curia" subsumir la petición mal formulada en las normas jurídicas que corresponden a pesar de la incorrecta enunciación de la parte. En cambio está vedado al magistrado otorgar a la parte un rubro que no ha sido reclamado y que consecuentemente no ha podido ser objetado por la contraria ni integra la litis.
Recurso de casación, honorarios
Materia: LABORAL
Carátula: LUCIO CARLOS c/ NUEVO BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DIFERENCIAS, ETC.-CASACION DIFERENCIAS, ETC.-CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2001-07-11

Es improcedente el tema honorarios en materia casatoria. Esta vía solo se constituye como válida, cuando el decisorio es absurdo o arbitrario.
Concesión errónea del recurso, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Salerno de Gaspari, Zulema c/ DIBA y Superintendencia de Servicios Salud  del  Minist.  Salud  y  Acc. Social de la Nación s/ amparo - medida cautelar
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-06

El recurso de apelación deducido por la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de Salud ha sido mal concedido, por cuanto dicha entidad carece de legitimación para deducir dicho recurso en orden a la estimación de honorarios practicada, toda vez que las costas en la sentencia -firme y consentida- fueron impuestas a la Obra Social demandada.
Beneficios previsionales, prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Fieiras, Haydeé c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-05

Los efectos de un acto interruptivo de la prescripción en materia previsional (presentación de la solicitud del beneficio conf. arts.

90 de la ley 8587, 56 del dec. ley 9650/80) duran mientras se mantenga la instancia administrativa; la que sólo decae por la existencia de una resolución firme y consentida o por declaración de caducidad, supuesto del que quedan expresamente exceptuados los expedientes previsionales (art. 127 del dec. ley 7647/70).
Quiebra, deberes del síndico del concurso, multa procesal, subasta de inmuebles
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: DONATTI HNOS SA s/ QUIEBRA. INC. ART. 250.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-29

Si el síndico concursal incumplió lo ordenado por el a quo en cuanto a: a) invertir cierta suma de dinero depositada como saldo de precio de un inmueble subastado en autos, a cuyo efecto debía confeccionar y diligenciar el pertinente oficio, y b) luego de que un acreedor hipotecario retire parcialmente la referida suma, invierta los fondos sobrantes, procede -como aconteció en el caso-, imponerle una multa pecuniaria. No constituye óbice a lo expuesto, que el sancionado alegue la inconveniencia de la citada inversión, toda vez que tales argumentos los debió introducir en su oportunidad y no adoptar una resolución unilateral que perjudique a la masa, puesto que los fondos estuvieron sin producir rédito alguno.
Banco central, poder de policía, entidades financieras
Materia: ADMINISTRATIVO - COMERCIAL
Carátula: Banco Peña S.A s/ recurso  de apelación - art. 46, ley 22.529 BCRA. -  resoluciones 211  y 315/88.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-27

La intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros afecta en forma directa e inmediata todo el espectro de la política monetaria y crediticia en el que se hallan involucrados vastos intereses económicos y sociales, en razón de los cuales se ha instituido el sistema de contralor permanente por el Banco Central, que comprende desde la autorización para operar hasta la cancelación de la misma.
Subterráneos de Buenos Aires, autoridad administrativa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-21

El planteo que invoca las leyes 20705, 22070 y 19550 para sostener que la empresa Subterráneos Buenos Aires no es una autoridad administrativa sino un sujeto de derecho privado carece de desarrollo y no supera la mera afirmación, que ignora ciertas técnicas del Derecho administrativo (descentralización, concesión, delegación, etc.) que han permitido desde antiguo al Estado conferir el ejercicio de determinadas potestades públicas a sujetos que no se unifican en la personalidad jurídica única del Estado (local en este caso). (Voto del Dr. Julio B. J. Maier).
Competencia por conexidad, sucesiones, información sumaria
Materia: PROCESAL
Carátula: SZUCHMACHER, Rubén Rolando s/ INFORMACIÓN SUMARIA s/ COMPETENCIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-08

No se configuran los supuestos que caracterizan la conexidad relevante apta para producir el desplazamiento de la competencia entre un proceso de información sumaria promovida con el objeto de acreditar la convivencia con el causante hacia el proceso sucesorio, pues la primera no se encuentra prevista en el art. 3284 del Código Civil. Es que el resultado de la información sumaria no incidirá en lo que hace a los bienes del causante y derechos del juicio universal, ni se ventilan en ella cuestiones atinentes a la titularidad de los bienes del causante.
Sentencia, apreciación de la prueba, facultades discrecionales del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: Farmacia Castore s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-04

No todas las cuestiones planteadas por los litigantes deben ser consideradas por el sentenciador, los jueces no están obligados a seguir y decidir, paso a paso todas las alegaciones de las partes, como tampoco a ponderar una por una, todas las pruebas agregadas al expediente sino tan solo los capítulos, cuestionados y probanzas pertinentes para la correcta solución del litigio. Solo carecerá de fundamentos aquel decisorio que omita pruebas necesarias y temas conducentes para componer el litigio.

El Juez debe elegir y aplicar correctamente el precepto jurídico, con independencia del nombre jurídico que las partes hayan dado a la relación.
Contrato de trabajo, obligaciones del empleador, entrega del certificado de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: MUSTAFA ZULEMA VICTORIA c/ INSTITUTO SANTO DOMINGO S.H. Y OTRO s/ COBRO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2011-12-06

Efectivamente, el art. 80 establece en su párrafo tercero que "cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social". El párrafo 4to. de la mencionada preceptiva agrega que "si el empleador no hiciera entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en los apartados segundo y tercero de este artículo dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor. Esta indemnización se devengará sin perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente (párrafo incorporado por art. 45 de la Ley N° 25.345, B.O. 17/11/2000). Por su parte, el art. 3 del Dec. Nº 146/01 (que reglamenta el art. 45 de la Ley Nº 25.345, que a su vez incorporó el último párrafo al art. 80 de la LCT antes citado), dispone que "el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. por Decreto Nº 390/76) y sus modificatorias, dentro de los TREINTA (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo". De la reseña legal precedentemente desarrollada se sigue que para justificar la procedencia de la sanción peticionada con fundamento en el citado art. 80 de la LCT, se imponía analizar si el trabajador observó el recaudo formal de intimar la entrega del certificado de trabajo en tiempo y forma (conf. el art. 3 del Dec. Nº 146/01) y, eventualme nte, si concurren en el caso los extremos propios de la figura (el incumplimiento de la obligación de entregar el certificado o su cumplimiento defectuoso conforme lo establecido en el tercer párrafo del mencionado art. 80 de la LCT).
Contrato de obra pública, cesión de derechos, subcontratista, falta de acción, rechazo de la demanda, rendición de cuentas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ANKOBER SA c/ COLL, JAIME s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-19

Si los titulares -adjudicatarios- de una obra publica la subcontrataron totalmente cediendo a cada sub-contratista el 50%, así como la dirección técnica, administración y financiación, estos últimos pasan a ser realmente cesionarios, ya que ha existido una sustitución total, y por ende no pueden eludir tal carácter amparados en la prohibición derivada del derecho administrativo -de ceder derechos y obligaciones de la obra antes de concluir el 30% de la misma- pues aun cuando ese pacto privado se haya tratado de una actuación encubierta, ellos -cesionarios- también lo aprovecharon para entrar en el negocio, seguramente porque resultaba atractivo económicamente y no dudaron en participar sin reparo alguno en esa actividad, en miras de beneficiarse protegidos bajo la pantalla del ejercicio insincero de los adjudicatarios en la realización de la obra, cuando en realidad ya se habían desprendido del negocio. Por lo tanto, habiéndolo realizado en ejercicio pleno de su libertad contractual no pueden impedir que tenga los efectos plenos de los actos lícitos, pues aun cuando se considerase ilícita la cesión, desconocerlo iría contra la doctrina de los propios actos, y aunque resulte inoponible al comitente, ello carece de relevancia para la solución de la causa en que las partes pretenden resolver el conflicto suscitado en el ámbito del derecho contractual del consorcio empresario creado para regular sus relaciones a los efectos de la ejecución de la obra. Ello así, corresponde hacer lugar a la excepción de falta de acción incoada por los titulares de tal obra y su apoderado -luego cesionario-; rechazándose en consecuencia la demanda que por rendición de cuenta entablara -en la especie- una de las subcontratistas, eludiendo su carácter de cesionaria.
Tenencia de estupefacientes, tenencia de estupefacientes para consumo personal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DIAZ CASTAÑEDA, Jorge A. s/ Susp. juicio a prueba - Causa 15.348
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-11

En el marco de la Ley 24.316 (art. 76 del C.P.), el monto punitivo máximo con que se reprime el delito previsto en el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 23.737, permite la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, de acuerdo a lo previsto por el Art. 76 bis, primer párrafo, del Código Penal.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación parcial
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navone, Ricardo y Navone, Susana E. s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-08-30

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se desentiende de la estructura jurídica del fallo, apartándose de su línea argumental y jurídica, parcializando con ello su ataque.
Medidas cautelares, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rizzo, Jorge Gabriel y Otro c/ EN - PEN - Ley 26.855 s/ Amparo - causa n° 21.897/2013
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-06-06

Cabe hacer lugar a la medida cautelar tendiente a que se suspendan los efectos de los artículos 2, 4, 6, 18 y 30 de la ley 26.855, pues las normas citadas vulnerarían las nociones de equilibrio y representación consagradas por la Ley Fundamental en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura. Asimismo, de la lectura del texto de la propia ley surge acreditado el peligro en la demora y su irreparabilidad, pues su promulgación importa la convocatoria a elecciones de candidatos a Consejero de la Magistratura, lo que implicaría una situación de muy difícil reversión posterior.
Recurso de casación, principio de inmediación, nulidad de sentencia
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., M.E. s/ Encubrimiento-Esquel
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-24

Corresponde al tribunal de mérito, sin perjuicio de las excepciones autorizadas por el Ordenamiento Adjetivo, el examen de aquello que sostenga la acusación y el descargo, con el control de las partes, exigencia no contemplada por el A-quo en la audiencia de debate, lo que constituye un vicio de procedimiento que tiñe de nulidad la sentencia dictada.
Jerarquía de las leyes, jerarquía constitucional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Escobar, Jorge Alberto s/ Acción Meramente Declarativa - Sumarísimo - Inconstitucionalidad; y  en Expte. N 1990 - Inconstitucionalidad y Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-03-03

Las disposiciones y términos constitucionales son más abiertos o, si se quiere, menos precisos y concretos que los de cualquier norma de rango inferior. Esta amplitud autoriza una interpretación de tales disposiciones con un mayor margen de elaboración personal del intérprete. Ello permite incluir en la norma constitucional a las nuevas situaciones que se presenten, y que quizá no habían sido previstas por los constituyentes. Ello tiene sustento normativo en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto por una parte el art. 15 del Código Civil establece que los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley;

el art. 16 del mismo cuerpo legal ordena que si una cuestión no pueda resolverse por una palabra, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.
Recurso de apelación (procesal), depósito
Materia: LABORAL
Carátula: SABO HECTOR HORACIO c/ FRIGORIFICO  REGIONAL  SANTA  ELENA  S.A.  Y/O  EUROMARCHE  S.A.  Y/O FRIGORIFICO    RIOPLATENSE    S.A.   Y/O  QUIEN  RESULTE  RESPONSABLE s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-29

Las codemandadas se presentan adjuntando boleta de depósito por el monto condenado con más el 30 por ciento para responder a intereses y costas. Con ello no se cumplimenta el requerimiento de la ley ritual - artículo 125 del Código Procesal Laboral ya que cada una debió depositar dichas sumas para mantener su recurso. No corresponde a la Alzada determinar a cuál codemandada aplicar el depósito realizado sino que éstas debieron determinar tal extremo.

En consecuencia sólo cabe declarar mal concedido los recursos de apelación interpuestos por las codemandadas.