Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-09


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 9 días del mes de octubre del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Nélida Susana Melero y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"G., H. C. c/ M., G. E. s/ DESALOJO", Expte. nro. 15.342/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 1 (Expte. nro. 1400/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 162), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Nélida Susana Melero.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 132/136? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan en apelación (fs 137) de la sentencia de fs 132/136 que hace lugar a la demanda promovida por el Sr H. C. G. y condena a la locataria demandada Sra G. E. M. y/o quien resulte subinquilino y/o ocupante a desalojar el inmueble sito en la calle Pasaje C. ... Dpto ".." de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el término de diez días contados a partir de la notificación de la sentencia, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza (Art. 686 inc. 1º del C Proc.; impone las costas a la demandada vencida y regula los honorarios.

A fs 147/151 vta se agrega la expresión de agravios, y es a partir de fs 149 vta que se refiere a lo que la agravia.

Sostiene que la contradicción a la que hace mención el sentenciante, reconocer el contrato, haber sido intimado de pago y fecha de vencimiento, para luego negarlo, no pudo ser probado ante la negativa a admitir las pruebas por entender que no se encontraban previstas en el Art. 658 del CPCCCh, pero que luego las tuvo en cuenta en los considerandos.

Aduce que se trataba de un contrato adhesivo, art. 37 de la ley 24240, habida cuenta del estado de necesidad, su impericia y la avidez del locador.

Se refiere a la inconstitucionalidad planteada y rechazada, con cita de jurisprudencia.

Solicita la apertura a prueba, petición que fue desestimada a fs 153/154.

A fs 158/159 el actor contesta los agravios.

En la resolución mencionada se advirtió que ante un criterio amplio que sustenta la Cámara, se admitían los agravios.

No obstante ello, la quejosa, persiste en dar argumentos para modificar la sentencia que no alcanzan ese mínimo que preceptúa el Art. 265 del CPCCCh, y que se requiere, pues se encuentra firme no sólo el rechazo de las excepciones sino la apertura a prueba.

No ha realizado una crítica concreta y razonada del fallo, no se ha hecho cargo de rebatir los fundamentos del aquo, lo que revela la insuficiencia del intento.

De allí que opino que el recurso deberá ser desestimado toda vez que la presentación del quejoso no satisface las exigencias rituales, que requieren un estudio detenido del pronunciamiento que se pretende revertir, aportándose elementos y demostrando en esta instancia de las equivocaciones de las deducciones, inducciones y resultado al que arriba el sentenciante.

Y he de señalar someramente cuáles fueron la motivaciones esenciales que no han sido eficazmente rebatidas (Art. 266 última parte).

Nótese que indica que se trata de un contrato adhesivo, y no surge de la lectura de la contestación que se haya planteado en dichos términos, ya que sólo advierto que menciona la ley 24.240.

Asimismo se encuentra agregado en autos y no fue desconocido el contrato de locación.

El sentenciante dio razones por las cuales los ítems impugno cláusula y pedido de inconstitucionalidad, fueron desestimados, y ello no fue controvertido de manera que lo requiere el ordenamiento procesal, sino que se limitó a citar jurisprudencia, que no se refiere a las razones dadas por el aquo.

"Es necesario que existan elementos de juicio contundentes que demuestren, en el grado provisorio del juzgamiento precautorio, el enfrentamiento de la norma con el derecho o garantía constitucional invocado", STJ. Nº 14/01.

Se equivoca cuando aprecia lo dicho por el sentenciante (fs 149 vta), pues la prueba que se negó en la instancia de grado y luego en esta instancia, en nada hubiera modificado el reconocimiento que realizó en la demanda y la forma en que recibió el inmueble.

Lo dicho trae aparejado la sanción que impone el Art. 266 del CPCCCh.

Las costas deben ser soportadas por el demandado apelante vencido.

A fin de regular los honorarios de los profesionales, valoraré el trabajo realizado, la posibilidad que las pretensiones prosperen, el resultado obtenido y demás pautas de los Arts 7 y 14 de la ley de aranceles.

Tener presente la reserva del caso federal.

A las segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo que corresponde:

1) Declarar desierto el recurso interpuesto a fs 137 por la parte demandada.

2) Imponer las costas al apelante vencido.

3) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

4) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 151 vta.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 336/2006 del juzgado de Ejecución de la jurisdicción que hizo lugar a la acción incoada por H. C. G. y ordenó a G. E. M. y/o quien resulte inquilino u ocupante el desalojo del inmueble sito en calle pasaje C., cuyos datos proporciona el fallo en cuestión, e impuso las costas a la perdidosa (fs. 132/6, fs. 137, fs. 147/151).

Tratándose que he de expedirme en segundo orden, me eximo de detallar los fundamentos expuestos en el memorial de agravios por encontrarse cumplimentada la exigencia procesal y no ser requisito contenido en la manda constitucional (Art. 163 CPCCCh y 169 Const. Pcial.).

Coincido con el análisis, fundamento y decisión de la magistrada prevotante, no obstante y en cumplimiento de exigencias constitucionales, dejaré sentada con mayor extensión mi decisión, sin perjuicio de recordar que el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia en autos "C. J. c/ P. s/...", sent. Definitiva nro. 005/2002, sostuvo que "también acusa deficiencia e insolvencia, el fundamento que pretende radicar el quebrantamiento de las formas en el incumplimiento del Art. 169 de la Constitución Provincial, por entender que el segundo votante incumple con la exigencia de voto individual.

Si bien el Sr. Procurador General comparte el argumento, no coincido con la apreciación, el camarista, aunque escueta y limitadamente, ha sustentado su opinión, la cual se dirige fundamentalmente a exponer su convicción de la ineptitud del recurso anta la alzada, fuere por no haber agregado en su memorial ningún elemento trascendente que permitiese conmover la decisión de primera instancia, fuere porque el libelo no importa crítica razonada de lo decidido, sino mera discrepancia lo que inducía a la deserción.

De este modo, el decisorio da paso a la aplicación de la doctrina que enseña, que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, y deben solucionar las causas con independencia de los planteamientos de las partes (CS fallos 261:193, 263:32, 282:209, JA 231974388 y muchos otros)".

Reitero que aun con la doctrina expuesta que habilitaría simplemente señalar mi adhesión, para considerar cumplidos los recaudos constitucionales, dejaré sentado los fundamentos que conllevan a la omisión de fundamentación del recurso y su consecuente sanción de deserción.

Como argumento recursivo, pretende el apelante retrotraer el proceso a etapas precluidas como es la producción de prueba oportunamente denegada y firme (fs. Sent.39/05).

Por otra parte sin la más mínima indicación de cuál sería la incidencia de la misma para variar los fundamentos y argumentos del sentenciante de grado, esencialmente en punto al reconocimiento del contrato locativo, y a la falta de embate en la contestación de demanda cuando solo menciona la ley 24.240 y el supuesto carácter de adhesivo del contrato.

Carece el memorial de agravios de razones que apunten a los fundamentos del fallo lo que conlleva a la sanción prevista en el Art. 266 del ritual.

"Advierto una llamativa pobreza argumental si de refutar las conclusiones del Tribunal de alzada se trata.

Es doctrina incólume, intacta del STJ Pcial sobre el contenido de la expresión de agravios que ésta es el acto procesal mediante el cual el recurrente fundamenta la apelación refutando total o parcialmente las conclusiones establecidas en la sentencia.

Por sus alcances importa una demanda tendiente a obtener la apertura de una instancia, pues sin ese memorial, el Tribunal se encuentra imposibilitado de entrar a verificar la justicia o la injusticia de la sentencia apelada y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina "demanda de impugnación".

La expresión de agravios no es una simple fórmula vacua y carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal y para que cumpla su finalidad debe constituir una exposición jurídica que contenga una crítica razonada y concreta de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas.

Lo concreto se refiere a lo preciso, determinado, debe decirse cuál es el agravio, no es bastante la enunciación de estos.

"...No se advierte en el escrito ninguna crítica pormenorizada de los fundamentos del fallo, la mínima suficiencia técnica sobre los eventuales errores de la sentencia.

Brilla por su ausencia la refutación de los argumentos de hecho y de derecho considerados por el Aquo para arribar a la resolución recurrida, y nada permite a este Tribunal siquiera comenzar a dilucidar acerca de la presencia de un error de omisión en el fallo" (Dr. Royer).

"No es expresión de agravios la simple historia o comentario de actuaciones preteridas, la que representan solo una disconformidad con lo resuelto, o aquella que expone solo una opinión personal no vinculada con los fundamentos que sustentaron la sentencia, ni los argumentos no eslabonados con los fundamentos del fallo" (Dr. Caneo) (STJ Chubut, 20050222, Autos "G.R.A.T. c/ Pcia. del Chubut").

La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio (Conf. CS.JA 1972V13333; LL 1980C,255), pero ello no puede conducir a admitir presentaciones que carezcan de los mínimos elementos para hacer posible su tratamiento en la Alzada como ocurre en la especie.

No lo será la mera reedición de argumentos que se encuentran examinados en la anterior instancia (Fallos: 307:2216).

Por los motivos expuestos y la concordancia a la que hice referencia, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art.266 del código ritual.

Las costas de la Alzada se imponen al apelante vencido, conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales al momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Propongo:

1. Declarar desierto el recurso de fs. 137, confirmando la sentencia venida en crisis.

2. Imponer las costas a la demandada apelante, difiriendo la regulación de los honorarios al momento del Acuerdo según considerando respectivo.

3. Tener presente la reserva del caso federal de fs. 151 vta.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del C.P.C.C.Ch. (reforma Ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Melero no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar y suscribir la siguiente SENTENCIA:

1) Declarar desierto el recurso de fs. 137 y confirmar la sentencia de fs. 132/136 venida en crisis.

2) Imponer las costas a la demandada apelante, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del Dr. J. E. A. en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280) y del Dr. G. A. C. en la suma de PESOS CIEN ($100).

3) Tener presente la reserva del caso federal de fs. 151 vta.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 68 DEL AÑO 2006 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS