Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-10-25


Comodoro Rivadavia, 25 de octubre de 2004.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados: "M. F. M. y otro c/ C. D. P. S/ACCION DE AMPARO" Expte N°14.663/04, venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Rural y Minería Nro 3 (Expte no 437/2004) por haber interpuesto a fs. 104/115 la parte actora recurso de apelación contra la sentencia de fs.100/102 que rechaza la acción de amparo promovida por los actores e impone las costas a los mismos.

A fs 116 se concede el recurso interpuesto.

Se agravia en primer lugar el apelante por entender que pese a que la prueba producida acredita la violación al Estatuto Social y afectación de los derechos de los asociados el juez sostiene que el club se desenvolvió durante cuatro décadas en forma ajena a las normas estatutarias con el consentimiento de todas las partes. Insiste en que dicha afirmación sólo se funda en la sola voluntad del juzgador.

Seguidamente manifiesta que no se puede considerar que el incumplimiento del estatuto haya sido consentido por los actores dado que al momento de tomar conocimiento de la irregular convocatoria a Asamblea trataron de ejercer los derechos de los que fueron privados. Continúa diciendo que se le ha negado el derecho a los actores de participar en la asamblea por desconocerse su calidad de socios y negarse a cobrar las cuotas sociales y sostiene que es intrascendente, desde el punto de vista jurídico, que en algún momento de la institución no haya habido un apego estricto al Estatuto si de ello no se siguió un agravio.

Manifiesta que se pretende evitar la participación de los actores en la asamblea la que tiene como objetivo vender el bien inmueble que funciona como sede social, aprobar balances y elegir nueva comisión directiva, sin permitir a los otros socios expresar su opinión.

Expresa que la irregularidad de la convocatoria cuya nulidad se persiguió es patente y se encuentra debidamente acreditada y que todo ello no ha sido considerado en la sentencia.

Se agravia también la apelante porque se afirma en la sentencia que el amparo no es el remedio procesal adecuado, sosteniendo que el derecho a asociarse con fines útiles es un derecho constitucional y que la inminencia de la convocatoria de la asamblea y la afectación al derecho de los actores hacen que la vía elegida sea la idónea para el caso. Sostiene que la Constitución Nacional en su art. 43 no categoriza los derechos y garantías constitucionales amparados por ella y, que el único recaudo exigido respecto al derecho afectado es la existencia de un daño específico, un cambio del derecho que lo desnaturalice o bien una amenaza cierta.

Considera que se ha caído en un ritualismo inútil y que el juez debió decirlo al momento de presentarse la demanda y no luego del desarrollo de todo el proceso donde además se produjo abundante prueba que avala su pretensión.

Sostiene que por todo lo expresado el fallo es contradictorio.

A fs. 120, la demandada presenta memorial solicitando el rechazo de la apelación interpuesta por la actora. Mantiene su argumentación inicial: que los actores no son socios de la institución, que no han probado esa calidad en autos y que tampoco han probado lesión a derecho alguno por parte de la institución.

Previo a la consideración de las cuestiones sometidas a revisión, es pertinente realizar unas breves consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de las asociaciones civiles, tal es el carácter de la demandada que servirán de punto de partida para el análisis de aquellas.

La asociación civil no nace de un contrato sino de un acto constitutivo de carácter plurilateral de organización determinante de su estatuto del que resultan los derechos y obligaciones. La nota distintiva que las caracteriza es que la causa determinada de su constitución es la obtención del bien común. Esa finalidad debe ser puesta de manifiestos por los constituyentes del ente civil, al momento de su constitución. Sin embargo no se circunscribe exclusiva y excluyentemente a estos particulares; trasciende a ellos y se proyecta a toda la comunidad. Se trata de un presupuesto necesario, tasado cuya concurrencia es verificada por el Estado legalmente (art. 33 y 45 del Código Civil) y cuya satisfacción permite a la entidad gozar de ciertas prerrogativas de las cuales no gozan las simples asociaciones (cf. Curá, José María "La disciplina asocional y su revisión judicial", LL 2003 F 663).

Se desprende de lo expuesto, por un lado el carácter institucional de la asociación civil, (cfr. Borda "Tratado de Derecho Civil, t. I, P. 540/541, Ed. Perrot, 5º edición actualizada, Bs. As. 1979) y, por otro lado, la existencia de un orden normativo del que da cuenta el estatuto.

En orden a lo expuesto, tiene dicho la jurisprudencia: "La subordinación de intereses personales al interés general o colectivo presuponen el poder disciplinario que integrado en el 'poder interior' constituye el derecho de reglamentar por medio del estatuto las relaciones del grupo y de aplicar estos estatutos a los miembros y a los organismo del grupo" (CNCiv. sala A, octubre 17-1984 - Sebasti Francisco J. c. Sociedad Rural Argentina, LA LEY, 1985-A, 272, DJ, 985-34-104, ED, 112-329).

La adhesión a los estatutos por parte de los asociados fundadores o de los que se incorporan luego cumpliendo pautas estatuarias muestra una inicial relación jurídica de subordinación a la voluntad de la colectividad de donde nacen derechos y obligaciones.

Desde lo funcional lo que caracteriza a las asociaciones es que en las mismas no hay aportes iniciales, sino meros desembolsos periódicos efectuados por los asociados a los fines de mantener los costos de la institución y es por ello que el voto de éstos en las asambleas se computa por persona y no por capital. Por su parte, los asociados carecen del derecho al dividendo o cuota liquidatoria, características estas últimas que son obviamente incompatibles con la naturaleza y finalidad de las asociaciones civiles y ello lo diferencia nítidamente de las sociedades comerciales (Conf. "Abbatángelo, Angelo Pablo c.Lub Atlético Boca Juniors", fallo de primera instancia del 7/11/200 confirmado por la CNCiv, Sala F, LL 2002-A- 876).

Hechas estas aclaraciones en orden a la naturaleza jurídica de las asociaciones es dable señalar que la revisión judicial de las decisiones de sus órganos se halla enmarcada en la verificación de la observancia de las disposiciones estatutarias y de la regularidad del procedimiento utilizado (CNCiv, sala E, setiembre 9-980 "Club Atlético River Plate c- Inspección General de Personas Jurídicas LL 1981-A-54).

La actora ha solicitado la declaración de nulidad de la convocatoria a asamblea en ese marco pero la demandada le ha negado su carácter se integrante de la asociación. Tal negación ha servido también para negar la legitimación activa en el presente amparo; va de suyo que esta cuestión esencial debió ser objeto de tratamiento expreso -y previo a toda otra- en la sentencia. La ausencia de tratamiento y la reiteración del tema por parte de la demandada en el memorial de sostén imponen su consideración.

En este orden de ideas, hemos de señalar que el estatuto prevé cuatro categorías de socios: honorarios, vitalicios, activos y cadetes (art. 5, título II "De los asociados").

Los actores han revestido la calidad de socios activos. Ambas partes son contestes en este extremo, con la salvedad que la demanda considera que ha perdido esa calidad por falta de pago de las cuotas sociales; sin embargo no ha acreditado esta circunstancia en debida forma.

No queda dudas que la calidad de socio activo se vincula al pago de las cuotas sociales pero también que la morosidad en el pago de las cuotas no hace perder la calidad en forma automática.

El artículo 8 establece que son socios activos aquellos que abonen una cuota social adelantada y la de ingreso cuyo monto fijara la asamblea; en forma concordante el artículo 14, inciso b, bajo el nomen Obligaciones y derechos" fija para este tipo de socios la obligación de abonar mensualmente.

El artículo 11 determina que la condición de socios puede cesar por fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión. Su inciso a) enumera como una de las causas de cesantía o expulsión la falta de cumplimiento del estatuto o reglamento y conforme lo expuesto el pago de las cuotas es una obligación estatutaria. Pero, sin dudas se requiere de una decisión expresa; además con una secuencia procedi-mental específica prevista para los casos como el que nos ocupa de incumplimiento de la obligación que norma el inciso b del artículo 14. Así, la norma citada "in fine" establece que el atraso en tres mensualidades da lugar al apercibimiento por carta certificada, pasando un mes de la misma sin que se normalice la situación de morosidad será separado de la institución.

En este contexto, no se puede convalidar la decisión de la demandada de negarle la calidad de socios a quien no han abonado las cuotas y consecuentemente tampoco la negación a exhibirle los padrones ni a informales el monto adeudado por cuotas atrasadas pero no ha perdido su calidad de asociado.

Cabe señalar que, incluso establece el estatuto en su artículo 15 que el socio moroso -una vez separado- podrá pedir su reincorporación. La solicitud será resuelta por la comisión directiva previo pago de lo adeudado, a la fecha de su cesantía; puede además no perder la antigüedad si abona la totalidad de las cuotas desde la fecha de separación hasta su reingreso.

Superado el cuestionamiento relativo a la legitimación activa, corresponde adentrarse en lo relativo a la procedencia formal de la vía elegida. Es dable señalar que si bien es cierto que la tutela del amparo no se extiende a todos los derechos sino que ha de ceñirse a los derechos que son fundamentales; no puede perderse de vista que en el sub-lite se advierte claramente la afectación de un derecho que encuentra fuente directa en normas preeminentes de nuestro ordenamiento, tal como es el de asociarse.

Sostiene la doctrina que entre los derechos que integran la libertad de asociación -reconocida por el artículo 14 de la C.N. y 18, in. 7 de la de la Provincia- se encuentra el derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones. Es decir, que sean aceptados jurídicamente los efectos de la asociación y a que las acciones de las asociaciones sean jurídicamente relevantes (Cf. Gelli, María Angélica, "Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada", 2º edición ampliada y actualizada, Ed. La Ley, Bs.As. 2003, p. 104) Este perfil del derecho de asociación que se vincula con la juridicidad de las asociaciones es el que el amparista sostiene vulnerado y que anudado con la negativa de la calidad de socio permite la habilitación del amparo.

Las vías estatutarias a las que correspondería recurrir o cuando se discute entre una entidad y sus afiliados situaciones de hecho regidas por los estatutos han perdido aptitud en el caso ante negativa de la calidad de socio.

Así, el amparista ha logrado acreditar su calidad de afectado al negársele la calidad de socio y, por lo tanto, la posibilidad de regularizar la situación de morosidad que le hubiera permitido, eventualmente, ejercer sus derechos. -Luego, también ha probado el incumplimiento de normas estatutarias vinculadas a la convocatoria de asambleas. A su vez, de una asamblea prioritaria para la vida social desde que surge del orden. Efectivamente, el se lee como punto tercero la "Ampliación de la autorización de venta otorgada en Asamblea General Extraordinaria de fecha 28 de febrero de 2004 y ratificación de lo actuado en consecuencia".

En esta marco fáctico y jurídico, el amparo se erige efectivamente en la vía apta desde lo formal y desde lo sustancial. No puede perderse de vista que éste es un proceso constitucional urgente que nace como una necesidad de inmediata protección de los derechos constitucionales. Esa urgencia junto con la comprobación de los presupuesto que le dan andmiaje -arbitrariedad manifiesta, existencia de daño inminente y cierto vinculado en forma directa con un derecho reconocido por la Constitución- han sido demostrados y es lo que permite el acogimiento de la acción.

Si bien, no se puede desconocer que el tema presenta aristas complejas, la dificultad no debe desembocar en una interpretación restrictiva del amparo. Ya hemos dicho todo asociado tiene derecho a la comprobación judicial de la fiel observancia de la ley y de los estatutos de las asociaciones; cabe agregar que como este tema se vincula con el principio de legalidad de una entidad vinculada al bien común y ello excede el interés particular no pudiendo obviarse el tratamiento jurisdiccional del tema sometido a debate (CFr. Sentencia Definitiva nº 14/2003, Sala "A").

Por todo lo expuesto corresponde señalar que ha de hacerse lugar al amparo, declarándose la nulidad de la convocatoria a asamblea para el día 28 de agosto de 2004 por falta de cumplimiento del procedimiento preceptuado por el artículo 35 del Estatuto.

Las costas se imponen a vencida en ambas instancias por el principio de la derrota ( art 68 CPCCCH y art 17 ley 4572). Los honorarios profesionales de los letrados intervinientes se regularán de acuerdo a la naturaleza del proceso, merituando la labor profesional y el resultado obtenido en virtud de lo dispuesto por la ley de aranceles (arts. 6,7,36 del decreto 2200 t.o. ley 4335).

Por ello, la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia, RESUELVE:

1)Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a fs 104 y revocar la sentencia de primera instancia de fs 100/102.

2) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por los señores M. M. F. y M. C. B. M. contra el Club D. P. y declarar, en consecuencia la nulidad de la convocatoria a asamblea para el día 28 de agosto de 2004, conforme lo señalado en el considerando respectivo. 2)Costas de ambas instancias a la ven- cida. Regúlanse los honorarios profesionales de Primera Instancia de la Dra M. T. B. en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00) y los de los Dres M. A. P., N. J. M. y A. F. F. L. en forma conjunta en la suma de PESOS SETECIENTOS ($ 700,00). En la Alzada, se regulan los honorarios profesionales de la Dra M. T. B. en la suma de Pesos Trescientos ($ 300,00 ) y los de la Dra M. A. P. en la suma de Pesos Doscientos ( $200,00). 3)Notifíquese, regístrese, devuélvase.

FERNANDO NAHUELANCA - Presidente JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara SILVIA N. ALONSO de ARIET - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL N° 095 DEL AÑO 2004 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS