Tribunal: CAMARA DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2010-06-22


2º Instancia.- Mendoza, junio 22 de 2010.

1º Existencia de la relación laboral 2º Rubros reclamados 3º Intereses y Costas.

1º cuestión.- La doctora de la Roza dijo:

La actora invoca en apoyo de su pretensión indemnizatoria por las consecuencias incapacitantes en su salud, las tareas de esfuerzo realizadas en el marco de la relación laboral que lo unía con el Departamento General de Irrigación desde el 3 de marzo de 1970 como empleado de mantenimiento y servicios clase 6 hasta el 07 de octubre de 2004, en que se le da de baja por Resolución Nº 926 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación por el beneficio de la prestación previsional correspondiente a Retiro Transitorio por Invalidez, según Res. 1260/04 del ANSES; extremos legales fundantes, que recaen como peso probatorio sobre la accionante.

Atento que la demandada no ha controvertido tales extremos y al acuerdo de litis arribado a fs. 218 en el que reconoce expresamente las tareas realizadas por el actor, resultan operativas las presunciones legales contenidas en las normas de fondo y de rito.

Asimismo, corresponde señalar en relación a la relación laboral, como a la extensión de la misma y categoría del accionante; que la instrumental acompañada -en especial recibos de haberes de fs. 188/201-, resultan de un valor probatorio suficiente para tenerlos por acreditados.

Por lo expuesto concluyo que se encuentra acreditada en autos la existencia de la relación laboral de empleo publico entre el actor Sr. Samuel Alberto Aguirre desde el 3 de marzo de 1970 como empleado de mantenimiento y servicios clase 6 hasta el 07 de octubre de 2004 y el Departamento General de Irrigación, quien se encontraba cubierto por un seguro comprendido dentro de la normativa de la ley 24.557 con la accionada de autos Provincia ART S.A.

Corresponde en este estado señalar, que la Aseguradora de Riesgos de Trabajo demandada ha aceptado la competencia del Tribunal y éste, ya resolvió a fs.61, declarando la competencia del Tribunal.

Atento a ello, las prescripciones de los arts. 2 apart. 1 inc. b) y 3 de la L.R.T., dada la naturaleza del reclamo y habiéndose aceptado la competencia del Tribunal, con fundamento en el artículo 1 inc. 1 apartado h) del CPL, corresponde avocarse al tratamiento de la causa a fin de su dilucidación.

Así voto.

Las doctoras Nenciolini y Llatser dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

2º cuestión.- La doctora de la Roza dijo:

En esta etapa del decisorio corresponde expedirme sobre el reclamo reparatorio perseguido por la actora ante la incapacidad laborativa que denuncia padecer, sirviendo de soporte fáctico de sus pretensiones indemnizatorias, el tipo de tareas desarrolladas que le habrían ocasionado la misma.

Funda su reclamo en las normas de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. 2, 14 y 15 de la ley 24.557.

La accionada al contestar demanda, rechaza la pretensión indemnizatoria de la actora refiriendo que la Comisión Médica nº 4 dictaminó que el actor padecía una dolencia inculpable que acarrea una incapacidad total de 70%, en consecuencia no puede padecer un 40% de incapacidad atribuible al trabajo porque supera la incapacidad resultante de diversas afecciones al ciento por ciento y asimismo rechaza la pretensión por considerar que las dolencias reclamadas, no tienen relación de causalidad con las tareas desarrolladas.

Estos extremos resultan de imprescindible análisis en la litis, actuando como presupuestos de procedibilidad de la pretensión resarcitoria, recayendo en cabeza de la accionante la carga de la prueba de la existencia de la dolencia incapacitante que invoca y el origen laboral de la misma.

Según se desprende del acuerdo de litis celebrado al momento de sustanciarse la audiencia de vista de causa, como da cuenta el acta de fs. 218, las partes arribaron a un acuerdo de litis fijando los extremos fáctico-legales respecto de los cuales versa la controversia que sujetan al decisorio: existencia de la incapacidad laboral y su relación de causalidad con las tareas.

Mientras que, en el mencionado acuerdo de litis se encuentran reconocidas las tareas descriptas por el actor en la demanda. Ello me exime de mayores consideraciones al respecto.

A continuación paso a detallar las pruebas incorporadas al proceso:

Instrumental:

1. Copia de 1º y 2º hoja de la Libreta de Enrolamiento del actor Samuel Alberto Aguirre, Nº 8.148.513, nacido el 10 de junio de 1946.

2. Recibos de haberes que refieren como empleador Dirección General de Irrigación, fecha de ingreso 03/03/70, Agrupación Mantenimiento y Servicios Clase 6. Destaco que en el bono consta que se le abona "Bonificación por Riesgo" 3. Dictamen de Comisión Médica Nº 4 Trámite Retiro por Invalidez de fecha 10/03/04. Que refiere "Fundamentos. Aporta certificado médico: lumbociática derecha; disminución de Agudeza Visual. Expediente SAFJP: Solicitante examinado el 04/03/04. Dto. Nº 478/98 "Cuestionario Guía para la Orientación Diagnostica de Enfermedades Psiquiátricas de Interés Previsional". Historia clínica. Antecedentes de enfermedad actual, refiere: lumbociatalgia por discopatía, operado en setiembre de 2001, persiste ciatalgia derecha que le dificulta la deambulación y bipedestación; alteración de memoria, afectividad y concentración; disminución de Agudeza Visual. Limitado y dependiente para la vida cotidiana. Se consignan sólo los signos e informes pertinentes vinculados a las afecciones con relevancia previsional. ....aparato osteoarticular: Marcha algo disbásica, postura rígida, usa corset rellenado, no completa posición: en puntas de pie, en talones y en cuclillas. Columna cervical: rotaciones 20º, inclinaciones 20º, flexión 30º, extensión 10º, ...columna dorsolumbar: rotaciones 30º...Sistema nervioso: reflejos disminuidos, la sensibilidad de ambos miembros inferiores esta disminuida en territorio L4-L5...Las afecciones que se enumeran a continuación: Limitación funcional Columna dorsolumbar (rotaciones 30º, inclinaciones 20º, flexión 80º, extensión 0º) de columna cervical (rotaciones 20º, inclinaciones 20º, flexión 30º extensión 10º, sin contractura muscular paravertebral) la limitación funcional de miembro inferior derecho (hipotrofia e hipoestesia en miembro inferior en territorio con disminución de fuerzas contra resistencia moderada) no se evalúan ni adicionan "por haber alcanzado el porcentaje necesario para la incapacidad total según Dto. 478/98" 4. Informe radiológico: Rx col. Lumbosacra F.P. fecha: 27/06/2005"Acentuada espondilosis que predomina en el segmento lumbar medio. Pinzamiento del 3º disco intervertebral con esclerosis subcondral de las plataformas vertebrales adyacentes. Ligera escoliosis lumbar dextroconvexa con mínima rotación de cuerpos vertebrales." 5. Certificado Médico expedido por el Dr. H. E. G. P. de fecha 27/09/2005 a fs. 173 que refiere un 40% de incapacidad parcial y permanente en el actor como derivada del trabajo: "Lumbiocatica crónica por discitis Lumbar 5 y Lumbar 3. Síndrome cerebral crónica grado 4 con desorientación y pérdida de memoria. Padece disminución visual bilateral avanzada, lo que le da una incapacidad laboral permanente total del 80%, siendo que el trabajo le ha producido una incapacidad laborativa parcial y permanente del 40% de la capacidad laborativa total".

Informativa: de la Comisión Médica Nº 4. Expediente por Trámite Retiro por Invalidez. En el que obra el dictamen de la Comisión de fecha 10/03/04, cuyas partes pertinentes he reproducido en la presente.

Pericia médica:

A fs. 109/112. Refiere exámenes complementarios. "Presenta Cicatriz quirúrgica, medial, lumbar, por disectomía L3-L4. Protrusión Discal (hernia discal) L4-L5 Posterolateral derecha". "Identifique el origen de las mismas ...Se traduce por lumbalgias a repetición. ...Al levantar un peso..." "Teniendo en cuenta que el mecanismo lesional se corresponde con la patología denunciada. Que le realizaron estudios preocupacionales (que no he tenido acceso) le habrían realizado periódicos o por lo menos no fueron aportados por la ART al expediente y que en el informe de RMN anexada al expediente y el informe radiográfico de fs. 12 no se aprecian preexistencias que puedan justificar las lesiones". "Considera una incapacidad promedio del 37,50%".

A fs. 11 vta.: "aplicación exclusiva del Dcto. 659/96 ....hernia de disco operada sin secuelas, con una incapacidad de 5% (cinco por ciento)". "Hernia de disco operada con secuelas clínicas..."Presentan una incapacidad del 10 al 40%, si las secuelas electromiográficas son leves, moderadas o severas. En este caso no se han valorado secuelas electromiográficas. El EMG (electromiograma) es un estudio cruento, que dada la signosintomatología el criterio de que la clínica es soberana y lo detallado en el informe de la RMN no lo considero necesario".

Al contestar las observaciones a fs. 118 vta. "Los factores de ponderación son utilizados en Comisión Médica ya que fueron establecidos para la Tabla de Evaluaciones de Incapacidades laborales, Dcto. 659/96 reglamentario LRT. No utilizado esta tabla para valorar la incapacidad, ya estando contemplados estos factores en las incapacidades otorgadas por los baremos civiles".

Pericia contable de la Contadora G. M. G. G., designada en autos, obrante a fs. 93/96, que no ha sido observada por las partes; informa un ingreso base de $ 597,62.

A partir de las posiciones asumidas por las partes en el proceso, en especial en el Acuerdo de Litis celebrado y las probanzas sustanciadas, ha quedado acreditado en el sub lite las dolencias que padece el actor por dictamen de la Comisión Médica Nº 4 de fecha 10/03/04 por el Trámite Retiro por Invalidez "lumbociatalgia por discopatía, operado en setiembre de 2001, persiste ciatalgia derecha que le dificulta la deambulación y bipedestación; Limitación funcional Columna dorsolumbar (rotaciones 30º, inclinaciones 20º, flexión 80º, extensión 0º) de columna cervical (rotaciones 20º, inclinaciones 20º, flexión 30º extensión 10º, sin contractura muscular paravertebral) la limitación funcional de miembro inferior derecho (hipotrofia e hipoestesia en miembro inferior en territorio con disminución de fuerzas contra resistencia moderada)" y posteriormente confirmadas por Informe Pericial rendido en autos: "Presenta Cicatriz quirúrgica, medial, lumbar, por disectomía L3-L4. Protrusión Discal (hernia discal) L4-L5 Posterolateral derecha".

Considerando oportuno señalar que esas dolencias no fueron evaluadas por la Comisión Médica Nº 4 a los efectos de la determinación de la incapacidad (ver fs. 163 y vta. in fine): "...no se evalúan ni adicionan "por haber alcanzado el porcentaje necesario para la incapacidad total según Dto. 478/98". Y la Comisión dictamina que el actor padece "síndrome cerebral orgánico grado IV" y "presenta a la fecha de dictamen un porcentaje de invalidez del 70% de acuerdo a la ley 24.241 y Dto. 478/98" Por su parte el Perito Médico designado en la causa refirió que por las dolencias referidas, el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 37,50%. Porcentaje que incluye los factores de ponderación, según refiere al contestar las observaciones.

El Dcto. 659/96 establece la aplicación de la fórmula de Balthazard, o de incapacidad residual para establecer la incapacidad integral del trabajador. Esta fórmula se aplica para afecciones referidas a un mismo órgano, aparato o sistema (incapacidades múltiples sucesivas monofuncionales) pero no frente a incapacidades múltiples conjuntas polifuncionales, como es el caso del actor y según surge explícita y detalladamente informado por la Comisión Médica Nº 4 en dictamen referido.

A mayor abundamiento, cabe destacar, que el conocimiento médico y la aplicación de los baremos es condición necesaria para la evaluación de la incapacidad laboral, pero no basta para determinarla como tampoco para establecer su origen laboral, tarea que es competencia del juzgador como resultado de la ponderación de todos los elementos de prueba arrimados al proceso.

La determinación de la incapacidad laboral debe ser el producto de la aplicación conjunta y equilibrada de la evaluación de la pérdida y del conocimiento de los antecedentes personales y la ocupación del trabajador, en cada caso concreto.

Asimismo deben analizarse las limitaciones que a cada persona le impone la pérdida para su cometido laboral específico, en otras palabras, el grado de dificultad que le ocasiona la incapacidad al individuo, para la realización de sus tareas habituales.

La LRT señala (art. 8), que lo que se compensa con una Incapacidad Laboral Permanente es la disminución permanente de la capacidad laboral con causa origen en el trabajo y no el daño en sí, por lo tanto la evaluación de la incapacidad debe ser complementada con las consideraciones de cada caso Por todo lo expuesto, ante la falta de incorporación a las presentes actuaciones del examen médico preocupacional y médicos periódicos y conforme lo referido por el perito médico designado respecto del origen de las dolencias del actor, concluyo luego de evaluar todas las pruebas en su conjunto, que las labores desarrolladas por el actor -descriptas en la demanda y reconocidas por la demandada- durante los 34 años que prestó servicios para el Departamento General de Irrigación, han sido factores que han actuado en este caso, como desencadenantes de la minusvalía laborativa alegada por el accionante, correspondiendo tener por acreditado que el actor ingresó sano al trabajo ante la ausencia de prueba en contrario (ley 19.587, art. 6 ap. 3 inc. b) Ley 24.557) y que la incapacidad del 37,50% que padece tiene nexo causal directo con las tareas desarrolladas.

Resulta en este estadio, abocarme a tratar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 6 inc. 2, 14 y 15 de la LRT, coincidiendo con el criterio sentado por la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia en los autos nº 72.153 caratulados "Borecki Eduardo en J. 29.273 "Borecki Eduardo c/I.M.P.S.A. p/Enf. Acc. s/Cas., originarios de la 2º Cam. Laboral, que admite la inconstitucionalidad del art. 6 de la Ley 24.557, en tanto y en cuanto el trabajador queda inhabilitado para acudir ante la justicia y obtener su inclusión como enfermedad indemnizable.

La doctrina enseña que la circunstancia que los trabajadores tengan un régimen especial de reparación de los daños sufridos a consecuencia de un infortunio de trabajo no es inconstitucional en la medida que el mismo sea razonable pero que, si hay daños que no se reparan dentro del sistema, el damnificado vería menoscabado su patrimonio con afectación de la garantía constitucional de la propiedad y una ley que permitiera tal hecho resultaría violatoria de los arts. 14 y 17 de la C.N. (R. Foglia y A. Vázquez Vialard, "La limitación del acceso a la vía civil en el art. 39 de la Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo" T. S.S. 1998. Red- nº 6. Junio/97).

En otro artículo, el Dr. A. Vázquez Vialard ha dicho que, el art. 6 ap.2 de la L.R.T., en cuanto que establece que "Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles", es irrazonable y, por ello, resulta inconstitucional, en tanto niega la reparación de un daño que es imputable a una persona, lo que agrede un criterio de lógica elemental, presupuesto de la vida comunitaria. De esa manera, se intenta desconocer uno de los presupuestos básicos que establece nuestra Constitución Nacional:"afianzar la justicia" (aut.cit."Acciones judiciales (residuales) en la Ley sobre Riesgos del Trabajo" T.y S.S. 1996-pag. 643).

La mencionada norma -que sería aplicable al caso- en su redacción originaria, en cuanto pretende crear un sistema hermético de reparaciones que deja sin cobertura a enfermedades vinculadas concausalmente con el trabajo, no admitidas en el Listado, resulta violatorio del principio "alterum non laedere" consagrado por el art. 19 de la C.N. y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional según el art. 75 inc. 22 de C.N. (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convenio Americano sobre Derechos Humanos).

La estricta aplicación al caso de tal normativa legal conduciría ciertamente a la liberación de quien debe responder por el daño causado dejando sin cobertura al trabajador por la sola circunstancia de ser tal, con mengua evidente del principio de igualdad de raíz constitucional (art. 16 C.N.) y al margen de lo normado por el art. 14 bis de la Carta Fundamental.

Tales garantías constitucionales no resultan reglamentadas por la L.R.T. en este aspecto, sino antes bien, conculcadas por la misma, en contradicción con lo dispuesto por el art. 28 de la Constitución Nacional que establece "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".

La irrazonabilidad del texto legal originario es tal, que el mismo legislador ha debido morigerarlo a través de la modificación introducida por el Decreto 1278/00, admitiendo también como enfermedades profesionales las que en cada caso concreto determine la Comisión Médica Central bajo ciertas condiciones, reconociendo la resarcibilidad en aquellos casos de enfermedades vinculadas concausalmente a la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores extralaborales.

A tenor de todo lo expuesto, las constancias de autos y prueba rendida, acreditada la dolencia que padece el actor como de origen laboral, debido a la inexistencia de antecedentes (examen preocupacional y/o periódicos) de la actora, la antigüedad de 34 años en la prestación de las mismas tareas, concluyo que corresponde hacer lugar en el caso concreto al planteo de inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT, por cuanto el listado cerrado de enfermedades elaborado por la LRT y la sujeción a los baremos impuestos que no contemplan la dolencia del actor, dejaría sin reparar la dolencia atribuible al trabajo que padece el actor vulnerando de este modo su derecho a ser reparado y la garantía de protección establecida en los arts. 19 y 14 bis de la CN, colocándolo en una situación de desigualdad frente al resto de los ciudadanos por su condición de trabajador, contrariando el principio de igualdad plasmado en el art. 16 de la CN.

En cuanto al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 de la LRT formulado por el actor, debo señalar que este Tribunal tiene dicho en reiteradas oportunidades, siguiendo el criterio de nuestro Superior Tribunal, que "...en el rol de juzgador corresponde adoptar una actitud prudente y de conformidad con el planteo, limitarse a resolver exclusivamente los puntos cuestionados, dejando de lado valoraciones genéricas y políticas, de modo de preservar los roles de los poderes políticos por un lado y las facultades jurisdiccionales por el otro. En tal sentido hay que tener presente diversos principios a saber: a) la declaración de inconstitucionalidad de la norma es un remedio excepcional, la última ratio del ordenamiento jurídico, la sanción judicial más fuerte...b) debe manifestarse en el caso concreto, en una causa judicial, frente a agravios expresados y con efectos particulares para el caso, c) no debe interferir con las decisiones y valoraciones políticas adoptadas para las transformaciones de las instituciones jurídicas, es decir no puede sustituir la voluntad del legislador..." (Expte. Nº 68767 Pride Internacional SA en J. 7871 Acordino G. por sí y su hijo menor c/Pride Internacional SA s/inc. cas. L.S. 300-48).

De ello se infiere que la declaración de inconstitucionalidad no puede sustentarse en meras generalizaciones, ya que constituye un presupuesto inexcusable para la viabilidad de tal declaración la invocación y demostración de un agravio concreto, debiendo el peticionante particularizar el agravio refiriéndolo puntualmente a sus circunstancias, a su situación individual demostrando objetivamente la irrazonabilidad de la respuesta legal para su caso concreto.

En la presente casusa la apoderada del actor pretende la invalidación de los arts. 14 y 15 de la LRT por una serie de razones de carácter general.

El planteo luce improcedente en este caso concreto porque sabido es que la inconstitucionalidad no puede fundarse en situaciones conjeturales o hipótesis. La mera posibilidad ni aun la probabilidad de afectación del patrimonio no puede fundar la pretendida inconstitucionalidad.

El interesado debe exhibir una situación jurídica concreta e individual constitutiva de un derecho adquirido que resulte gravemente lesionado.

En el caso, atendiendo el porcentual de incapacidad parcial y permanente del 37,50% que padece el actor, conforme la prueba rendida, y la falta de invocación y acreditación de las circunstancias particulares que justifiquen la invalidación constitucional que pretende, me impone el rechazo de la pretensión.

La función del Poder Judicial no es la de ejercer un control abstracto de constitucionalidad sino la de proteger derechos individuales afectados y el interesado debe demostrar claramente de qué manera la norma contraria la constitución nacional causándole de esa manera un gravamen. (CSJN LA LEY, 1989-A, 545).

"El texto de razonabilidad de la restricción constitucional no puede hacerse en abstracto con independencia del caso concreto, es decir prescindiendo del concreto gravamen que ella produce en la esfera de los derechos de la persona individual que lo plantea. Porque la declaración de inconstitucionalidad de las leyes es una de las más delicadas cuestiones que nuestro ordenamiento institucional ha confiado a los jueces, por la gravedad que ello supone, de modo que ha de acudirse a ella como última ratio del orden jurídico, lo cual exige del proponente brindar la información y prueba de las circunstancias que conduzcan a demostrar por qué y de qué manera la normativa agravia su derecho constitucional único modo de hacer justicia en el caso concreto ya que de lo contrario la sentencia en abstracto no tendrá más valor que el de una opinión técnico dogmatica más acorde al estrado académico que al jurisdiccional (Poggi D. Ambrosio, Javier Gustavo c/Pcia de Bs. AS. Rentas s/Ejec de hon. 11/03/2003 JUBA Sumario Nº 49 voz inconstitucionalidad abstracto).

No obstante lo expuesto, efectuando cálculo en base a los recibos de haberes acompañados como al informe pericial contable incorporado a la causa, tampoco surge acreditada la existencia del agravio.

Por lo expuesto, concluyo que no resulta procedente el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 de la LRT.

Por todo lo expuesto, acreditada a través de la prueba rendida, la dolencia padecida por el actor, el porcentaje de incapacidad laborativa y el nexo de causalidad con las tareas realizadas, la responsabilidad indemnizatoria de la demandada Provincia ART S.A. por las consecuencias incapacitantes del 37,50% de su total obrera que padece el accionante debe admitirse.

En cuanto al monto de la indemnización debida, de conformidad con las conclusiones precedentes, con la prueba instrumental y Pericial Contable incorporada, así como la normativa aplicable, siendo el ingreso base $ 597,62; el coeficiente de edad: 1,14 (a la fecha del dictamen de la Comisión Médica 57 años de edad), la incapacidad del 37,50 %, asciende a la suma de $ 13.544,13 [(597,62 x 53 x 1,1403) x 37,50%], siendo éste el monto por el que prospera la demanda.

Así voto.

Las doctoras Nenciolini y Llatser dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

3º cuestión.- La doctora de la Roza dijo:

Los intereses legales.

Atento lo normado por el art. 82 C.P.L., 90 inc. 6 del C.P.C. (art. 108 C.P.L.) y artículo 622 del Código Civil, debo expedirme sobre los intereses legales.

En caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales regidos por ley 24.557, existe normativa específica que determina la tasa de interés aplicable: Resolución de SRT Nº 414/99 (texto según Resolución de SRT Nº 287/01) donde se expresa la necesidad de establecer la tasa de intereses ante el pago tardío y fuera de término de las prestaciones dinerarias, disponiendo que las mismas devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos y calculado desde que la suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de la suma al beneficiario o abonada la prestación.

Por lo expuesto, no siendo de aplicación al caso la ley provincial 7198, deviene en abstracto el planteo de inconstitucionalidad de la norma.

La fecha de constitución en mora, a fin del cómputo de los intereses es el 10/03/04, atento el conocimiento que la ART tenía de las dolencias del actor, en virtud de dictamen de la Comisión Médica Nº 4, (que cita en su escrito de contestación de demanda ), por cuanto si bien en dicho dictamen "no se evalúan ni adicionan" sí se individualizaron y describieron: "lumbociatalgia por discopatía, operado en setiembre de 2001, persiste ciatalgia derecha que le dificulta la deambulación y bipedestación; Limitación funcional Columna dorsolumbar (rotaciones 30º, inclinaciones 20º, flexión 80º, extensión 0º) de columna cervical (rotaciones 20º, inclinaciones 20º, flexión 30º extensión 10º, sin contractura muscular paravertebral) la limitación funcional de miembro inferior derecho (hipotrofia e hipoestesia en miembro inferior en territorio con disminución de fuerzas contra resistencia moderada)", dolencias incapacitantes que fueron posteriormente confirmadas por Informe Pericial rendido en autos: "Presenta Cicatriz quirúrgica, medial, lumbar, por disectomía L3-L4. Protrusión Discal (hernia discal) L4-L5 Posterolateral derecha".

En conclusión, conforme el art. 82 del C.P.L. y art.90 inc. 6 del C.P.C.; considero que en el caso concreto y por las razones antes expuestas, debe aplicarse la tasa activa que informe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos (Dcto. 414/99 -texto según Resolución de SRT Nro.287/01-) desde el 10/03/04 hasta la fecha del efectivo pago.

Las costas del proceso. La imposición de costas, encuentra su tratamiento normativo, en nuestros códigos de rito en los artículos 31 del C.P.L. y arts. 35 y 36 del C.P.C. -de aplicación supletoria en el proceso laboral en virtud de lo dispuesto por el artículo 108 del CPL-.

Dichas normas consagran, como principio general, el chiovendano de la derrota, por el cual, la parte que resulta vencida en la incidencia, debe soportar las costas de la misma.

Así voto.

Las doctoras Nenciolini y Llatser dijeron que por sus fundamentos se adhieren al voto que antecede.

Por el acuerdo arribado, el Tribunal resuelve: I. Declarar la inconstitucionalidad del artículo 6 inc. 2º de la ley 24.557, rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 14 y 15 del citado cuerpo legal por improcedente y declarar en abstracto el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 7198. II. Hacer lugar a la demanda impetrada por el actor Samuel Alberto Aguirre y en consecuencia, condenar a la demandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a pagar al actor la suma de pesos trece mil quinientos cuarenta y cuatro con 13/100 ($ 13.544,13) en concepto de indemnización por el 37,50% de incapacidad parcial y permanente que padece, con más los intereses de la tasa activa que informe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos a partir del 10/03/04 hasta la fecha del efectivo pago y costas a cargo de la demandada, conforme lo resuelto en la Tercera Cuestión. III. Pase a Contaduría de Cámaras a fin que se practique liquidación y diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. IV. Emplazar a la condenada en costas para que dentro del término de diez días de quedar firme la presente sentencia, abone en autos los aportes correspondientes a tasa de justicia, derecho fijo y aportes ley 5059 bajo apercibimiento de ley. V. Notifíquese a la Dirección General de Rentas de la Provincia, Colegio de Abogados y Caja Forense. - Elcira G. de la Roza. - María del C. Nenciolini.