Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-12-22


SENTENCIA Nº 92.910 CAUSA Nº 36.803/08 "MILITELLO, YESICA KARINA C/ CASINO BUENOS AIRES SA CTE SA UTE S/ JUICIO SUMARISIMO" JUZGADO Nº 52 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 22/12/11.

reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La Doctora Cañal dijo:

Llegan los autos a esta Alzada, con motivo del recurso interpuesto por la parte demandada a fs. 734/750, con réplica a fs. 752/756. La perito contadora, a fs. 727, apela sus honorarios, por reducidos.

La accionada se queja, por la valoración de la prueba testimonial y porque no se analizó el intercambio telegráfico. Sostiene que la actora respondió las intimaciones, alegando cuestiones falsas que no probó, puesto que jamás se presentó a trabajar, y cuando pretendió hacerlo, fue después de que se dispusiera su despido por abandono de trabajo, y cursara la correspondiente intimación, lo que demuestra la ausencia de discriminación. Aclara que no se acreditó que la trabajadora tuviera actividades gremiales relevantes, ni que actuara en defensa de sus compañeros. La recurrente también alega, que resulta inaplicable la ley 23592, por su incompatibilidad con el régimen de estabilidad relativa, y por la inexistencia de cuestiones que pudieran considerarse discriminatorias. Por último, se agravia porque se la condena a abonar la suma de $ 8.000 en concepto de pérdida de la obra social, y por la imposición de costas.

El juez de grado, entiende que siempre existió en la actora, un comportamiento inequívoco, en el sentido de continuar el vínculo; que tanto después del incidente del 9 de noviembre de 2007, como frente a las intimaciones de la demandada, siempre éstas fueron respondidas.

Desde tal perspectiva, analizaré la prueba colectada en autos.

En primer lugar, cabe poner de resalto que, del intercambio telegráfico habido entre las partes, el que se halla reconocido, (con excepción de la c.d. 94448771 del 1º de febrero de 2008), se advierte claramente que no era intención de la accionante, hacer abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la LCT.

La actora manifiesta en la demanda, que en el comedor del establecimiento demandado, los empleados fueron agredidos por una patota constituida por personas ajenas a la empresa, que accedió al interior del Casino, con la misma impunidad que salió (fs. 6).

En efecto, ante la primera intimación formulada por la demandada (por la supuesta reanudación de tareas), para que la actora se presentare a trabajar, ésta le contesta que continua la inactividad en el establecimiento; ante la segunda intimación, Militello le hace saber el incumplimiento al deber de seguridad (referido a la agresión por la "patota" dentro del comedor de la empresa); el 21 de diciembre de 2007, la accionada niega tal situación, y el 26, la demandante desconoce su pretendida voluntad de evitar reintegrarse.

El 27 de diciembre del mismo año, la demandada insiste en que la seguridad se encuentra garantizada, por lo que el 2 de enero de 2008, la actora le contesta que permanentemente le hizo saber su voluntad de continuidad.

Luego de esa fecha, comienza la etapa de conciliación obligatoria, y el 25 de enero de 2008 se reanuda el intercambio telegráfico, hasta que el 29 de febrero la actora comunica que se presentó a trabajar, y le impidieron el ingreso al establecimiento (ver fs. 12 vta./17).

Correa, testigo propuesto por la parte actora, manifiesta que: ".que la accionante comienza a participar en las reuniones y asambleas, particularmente en las de salud, después de mayo de 2007 se ocupaba de las encuestas que se hicieron para presentar a la empresa un estudio serio de salud, que como es muy dinámica, organizó todo y las reuniones, más que nada, en el sector juegos, que en mayo de 2007 se cerró el casino y no pudieron trabajar, el SOMU ingresó y anunció que todos iban a pasar a su sindicato, que durante esos días marcharon hacia el Ministerio de Trabajo, trataron por todos los medios de que los escucharan, ya que no querían pasar a otro sindicato, que antes de los cuarenta días marcharon hacia el Ministerio y fueron agredidos por la policía, que el día que regresaron a trabajar, el SOMU ingresó nuevamente al Casino, el personal de la noche, entre los que se encontraba la actora, se apersonó dentro del Casino y tenían miedo de quedarse a trabajar, que la Prefectura desde ese día estaba en los pasillos y los descansos, que la actora se reincorpora luego de la conciliación obligatoria y comienzan a existir problemas de salud en el personal, que hubo chicas con pérdidas de embarazos, que se reunían con los delegados y con la actora también, que ella participó activamente en los temas sindicales, organizó las marchas de protesta por la salud, que por el incidente, la empresa puso cámaras y vigilaba al personal, veía quién participaba en las asambleas, que el 9 de noviembre de 2007 iban a recibir la respuesta de la empresa por el reclamo de salud y la respuesta fue una agresión física, que entró un grupo de patovicas, que los insultaron, hay videos en donde los delegados les dicen que no hagan nada, ya que era una provocación, ahí comienza de la nada la agresión y les empiezan a pegar a todos, que en ese momento la Prefectura no estaba (destaco), que los tuvieron encerrados más de catorce horas, que a la actora la vio justamente a las 19 cuando los dejaron salir, que le pareció que esto estaba armado por la empresa, porque cuando llegaron los medios, metieron a los del SOMU y a los patovicas en un codo, donde no se ve, los dejaron pasar dentro del estacionamiento, la empresa los dejó subir al barco, ahí se dieron cuenta que todo estaba armado por la empresa, que los patovicas hacían gestos con burla, que decidieron hacer un paro por tiempo indeterminado, hasta que se garanticen las normas de seguridad, que luego decretaron la conciliación obligatoria y la empresa no acató, que el 12 de diciembre de 2007 no pudieron ingresar, porque la empresa tenía vallados todos los ingresos, la actora estaba entre los que querían ingresar, que la actora marchaba, se la pasaba en los piquetes y marchaba hacia el Ministerio, se encargaba de avisar a los compañeros, organizaba peñas y hacia tortas para los que no tenían para comer, que al volver a trabajar la actora dijo que se iba a postular para delegada, juntaba fondos para los que estaban afuera, los ayudaba económicamente." (ver fs. 314/316).

Urbano, testigo propuesto por la parte demandada, declara que había actividad sindical dentro de la empresa, había un cuerpo de delegados y la actora no tenía participación (fs. 317).

Lopatka, testigo propuesto por la parte actora, declara que: ".se desencadenó un conflicto gremial por la reinstalación del personal despedido, que la actora tuvo una participación más que activa, impulsó y garantizó que se llevaran a cabo las actividades, tanto en las inmediaciones, como en la plaza de Mayo y en las puertas del Ministerio de Trabajo, que antes, durante y después de este conflicto, era una de las principales personas encargada de dar las comunicaciones, que había cámaras donde se realizaban las reuniones, que el personal de Recursos Humanos y Gerencia estaba físicamente en los lugares donde se hacían las reuniones, que la actora reingresó después del conflicto y ahí comenzó con una participación más activa, ya que hacia reuniones con los despedidos y se encargada de traer a los trabajadores que aún continuaban en la empresa, para las peñas y recaudar fondos para los despedidos, que esto fue visto por el personal de seguridad de la empresa, que sé hacia presente en los lugares, que al momento de las elecciones de los delegados, la actora no contaba con la antigüedad suficiente como para postularse a algún cargo gremial, la actividad que realizaba la actora era a la par de los delegados, a veces era más activa que algunos delegados (fs. 318/319).

Bitschin, testigo propuesto por la parte actora, declara en coincidencia con lo manifestado por Correa y Lopatka y agrega que Militello fue despedida, y que no la dejaron entrar (fs. 322/323).

Fardjoume, testigo propuesto por la parte actora, manifiesta: ".que la actora era una activista de primera línea, que formaba parte de la Comisión de Salud, que estaba el cuerpo de delegados, que tenía el amparo sindical y después estaban los activistas, que eran los que más trabajaban, que la juez Servini de Cubría había determinado una lista de personas que no podían ingresar al predio y la actora no estaba en esa lista, que la actora era el nexo entre la gente que había sido despedida y la gente que había decidido entrar, que la empresa tenía conocimiento de la actividad de la actora" (fs. 327/328).

Del análisis de la prueba mencionada precedentemente surge, sin lugar a dudas, que la intención de la actora no era abandonar el trabajo puesto que, del intercambio telegráfico se advierte claramente que no estaba en su animus hacerlo, y por el contrario, los testigos muestran el compromiso con sus compañeros, que mal podría perfeccionar, si dejaba de pertenecer a la demandada, y que cuando intentó reintegrarse a sus tareas, le impidieron el acceso a la empresa. De manera que, era la contraparte la que no la quería adentro.

Resulta irrelevante que la perito contadora informe que de los libros de la demandada, surge que el vinculo laboral finalizó por abandono de trabajo, ya que lo asentado en los mismos son manifestaciones unilaterales, a las que la trabajadora no tuvo acceso.

Tampoco es motivo suficiente para tener por acreditado el abandono de trabajo, el hecho de que la actora se haya sumado a manifestaciones y acampes, tal como lo señala la recurrente, pues tal conducta demuestra, por el contrario, como lo señalara, el ejercicio de la libertad sindical positiva, tema sobre el que me expediré más adelante, al analizar si hubo o no trato discriminatorio.

Por lo tanto, considero que la actitud asumida por la demandada, no se encuentra justificada, ya que no fue intención de la trabajadora hacer abandono de trabajo en los términos del art. 244 de la LCT, por lo que cabe mantener lo decidido en la anterior instancia.

Ahora bien, el juez de grado, luego de un análisis pormenorizado de la prueba aportada a autos, llega a la conclusión de que el despido de la actora fue un acto discriminatorio por motivos sindicales.

Cabe recordar que la ley 23592 prevé, en su art. 1º , que "quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo, menoscabe el pleno ejercicio sobe bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorias determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos".	Es de destacar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la ley 23592, constituye una "reglamentación directa" de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Nacional y también de las normas internacionales en materia de discriminación, acotando asimismo que dado su carácter federal, el tema que regula la ley excede el interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad (fallos 320:1842; 322:3578; 324:382).

Así también, el Convenio de la OIT Nº 98 del año 1949, "Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y negociación colectiva", ratificado por nuestro país mediante el decreto-ley 11594 (B.O. 12.07.1956), con jerarquía superior, de conformidad con el artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, dispone la protección al trabajador contra todo trato discriminatorio, al establecer en su artículo 1º: 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación a su empleo.". 2."Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga objeto: (.) b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera las de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.".

De la prueba testimonial a la que me he referido precedentemente, surge que el despido de la actora obedeció a la actividad sindical desplegada por ella.

En efecto, los testigos han sido coincidentes en declarar que Militello, era la que organizaba y participaba de las asambleas, ofrecía ayuda al personal despedido económicamente, realizaba peñas para juntar fondos para los despedidos, hacía marchas y piquetes en el Ministerio de Trabajo y que su voluntad era ser delegada, pero no contaba con la antigüedad requerida por la Ley de Asociaciones Sindicales.

No soslayo que los testigos aportados por la trabajadora, se encontraban dentro del grupo que realizó la protesta sindical, pero, todos tienen conocimiento directo de los hechos sobre los que deponen, puesto que presenciaron los hechos sobre los que declaran y todos concuerdan en que la actora realizaba una actividad sindical muy activa, sin ser delegada, actividad autorizada expresamente en los artículos 3 y 4 de la ley 23551, y que emana, obviamente, del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que "resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica (CSJN; Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ amparo, del 15 de noviembre de 2011).	Es así que, en relación con la mecánica probatoria en este tipo de causas, se ha sostenido un en un criterio que comparto que "no corresponde exigir al trabajador plena prueba del motivo discriminatorio, bastando a tal efecto los indicios suficientes (art. 163, inc. 5 del CPCCN). En el reparto de cargas procesales, a cargo de la empleadora debe colocarse la justificación de que el acto obedece a otros motivos. Desde tal perspectiva, la carga probatoria que se impone al empleador en tales casos, no implica desconocer el principio contenido en el artículo 377 de la norma citada, ni lo específicamente dispuesto en la ley 23592, ya que ^.quien se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley (raza, nacionalidad, opinión política o gremial, sexo, caracteres físicos, etc.) deberá en primer lugar, demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca.y los elementos de hecho, o en su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los que funda la ilicitud de éste, quedando en cabeza del empleador acreditar que el despido tuvo por causa una motivación distinta y a su vez excluyente, por su índole, de la animosidad alegada.^ (sentencia nº 93.623 del 7/7/05, Cresta, Erica c/ Arcos Dorados SA s/ daños y perjuicios"). Del voto de la Dra. González, en mayoría. (CNAT; Sala II, expte. nº 29.545/06, sentencia nº 95.075 del 25/6/07, "Alvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud SA s/ acción de amparo").

Si bien la recurrente sostiene que la actora no se encuentra comprendida en la ley 23551, en este aspecto, la Procuradora General de la Nación dictaminó que: ".la tutela sindical, con rango constitucional no se agota en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, porque esa manda se vio fortalecida por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora en textos internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional (Fallos: 327: 3753, etc.), a la que se agrega lo establecido en numerosos convenios de la OIT, como los Nº 87, 98 y 135, donde se vislumbra una protección especial contra los hechos de discriminación sindical dirigida a los trabajadores, trátese o no de representantes gremiales, y a la actividad sindical desarrollada por los representantes en el marco del establecimiento o empresa." (dictamen en autos "Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional- Armada Argentina" del 31/10/07).

Consecuentemente, corresponde confirmar lo decidido en la anterior instancia, toda vez que resulta claro que el despido obedeció al actuar en pleno ejercicio de la libertad sindical por parte de la trabajadora, lo que trasunta en un despido por discriminación.

En virtud de lo expuesto, cabe remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia.

La demandada también se queja, porque se la condena a pagar la suma de $ 8.000 en concepto de pérdida de obra social.

A mi juicio, también corresponde mantener lo decidido en la instancia previa, pues el juez de grado, considera que el vínculo contractual no se interrumpió y en consecuencia, la trabajadora tenía derecho al goce de la obra social. En base a ello, fija la suma mencionada, y esa es la causal que avala la procedencia de la misma.

Finalmente, resulta innecesario analizar la queja sobre la imposición de costas, ante el resultado al que se arriba.

Por considerar que los honorarios regulados al letrado de la parte actora y a la perito contadora (15 % y 7 %, respectivamente) son adecuados a la importancia y a la extensión de las tareas realizadas, así como a las normas arancelarias vigentes, propongo su confirmación (arts. 6,7,8,9 y ss de la LA). En cambio, no puedo analizar la queja de la parte demandada, respecto a los honorarios regulados a su letrado, ya que la misma carece de legitimación para hacerlo, pues debió, el abogado haber reclamado por derecho propio.

Las costas de alzada serán soportadas por la demandada vencida (art. 68 del CPCCN). Propicio regular los honorarios de los presentantes de fs. 734/750 y fs. 752/756 en 25 % y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia (arts. 6,7,8,9 y ss de la LA).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos "Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688", que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación" (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener "que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto".

Voto, en consecuencia, para que se confirme la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Propongo imponer las costas de alzada a la demandada y regular los honorarios de los presentantes de fs. 734/750 y fs. 752/756 en 25 % y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia. Propicio remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

El Doctor Rodríguez Brunengo dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede, y reproduzco a continuación los términos que expresara en un trabajo publicado conjuntamente con el Dr. Guillermo Unzuaga Domínguez, titulado "La Estabilidad", Rev. Equipo Federal de Trabajo, Año I Nº 4 (2005), pp 13-41:

"Luego de una rápida revista a las legislaciones de los cuatro países europeos más vinculados a nuestra evolución cultural y jurídica, en lo que concierne a la estabilidad en el empleo, y más detenidamente respecto del derecho español, cabe formularse como hipótesis para analizar, si habida cuenta del mandato constitucional del Artículo 14 Bis referido a la Estabilidad en el Empleo, y las categóricas normas de las leyes 25.877, 25.561, art. 16 y su reglamentación del Decreto 264/02 que remite expresamente al Artículo 104 de la ley 24.013, no se ha implantado en el Derecho Laboral la categoría de "despido nulo" o "despido ad nutum" que conduce, como corolario, a la reinstalación del despedido en su puesto de trabajo, con el correlativo pago de los salarios caídos ("Non potest dolo carere, qui imperio magistratus non paruit" Javoleno, Ley 199)."	"Bajo el N° 25877 se dicto la Ley de Reforma Laboral, también conocida como "Ordenamiento del Régimen Laboral" publicada en el B.O. del 19 de marzo de 2004. Nada en su texto parece apartarse de sus preceptos que reposan sobre la denominada "estabilidad impropia" para la generalidad de los trabajadores, o sea, la admisión para el empleador de la facultad de despedir, limitada, en todo caso por la carga de indemnizar en mayor o menor grado cuando el despido es incausado, o se ha invocado una falsa causa, o el trabajador se ha dado por despedido ante una grave injuria proveniente de su principal. Se subraya si, la vigencia de la ley 25561que "suspende los despido ante la emergencia inusitada, en concordancia con la batería de medidas implantadas en la ley 24013 para sostener el empleo y conducir en todo caso a su registración. Pero la innovación legislativa aparece con el Decreto 264/2002, publicado en el B.O. de 11 de febrero de 2002, reglamentario del artículo 16 de la ley 25561, estableciendo un procedimiento preventivo de crisis conforme a lo dispuesto por la ley 24013 y sus reglamentaciones y cuya omisión causará que "se proceda al mantenimiento de la relación de trabajo y al pago de los salarios caídos, conforme lo prescripto el segundo párrafo del artículo 104 de la ley citada". Y ocurre que el artículo 104 de la Ley de Empleo, en su primera parte prohibe a las partes innovar durante el procedimiento de crisis, y en su segunda parte categóricamente dispone: "La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los salarios caídos" (séptimo considerando del decreto 261/2002)".

"Consecuentemente con dicho propósito, el artículo 2° del comentado decreto reza: "En caso de verificarse el incumplimiento al procedimiento previsto en el artículo anterior, la autoridad administrativa del trabajo intimará, previa audiencia de pares, el cese inmediato de los despidos, disponiendo las medidas para velar por el mantenimiento de la relación de trabajo y el pago de los salarios caídos". Digamos que no somos los primeros que se plantean el interrogante de si ha sido intención del legislador instaurar en nuestro derecho la categoría del despido nulo ("ad nutum"), o del despido improcedente con su secuencia de nulidad y como corolario la reinstalación en el puesto de trabajo, con pago de los salarios caídos, como rige en el derecho español. Los artículos 3°y 4° del mismo decreto parecerían reducir las consecuencias del ilícito (no cabe calificar de otra forma a la omisión del procedimiento de crisis: el propio decreto, en su mentado artículo 2° emplea la expresión: "violación de la norma"), pero la mención categórica del artículo 16 de la ley 25561 da pié también a la hipótesis de que en nuestro derecho vigente se haya instaurado la categoría del despido nulo, con parecidas características y consecuencia determinadas por la doctrina, legislación y jurisprudencia española. Constituye un desafío para la Iuslaboralistas determinar el preciso alcance de una normativa legal que admita varias lecturas."	"Podrá objetarse que una innovación tan trascendente no podría hacer pie en un decreto, que como alguno puntualizó; "ni siquiera es de necesidad y urgencia", pero es valioso transcribir el considerando catorce del mismo: "que la Corte suprema de Justicia de la Nación tiene establecido que las facultades de reglamentación que confiere el artículo 99, inciso 2 de la Carta Magna habilitan para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de manera expresa, cuando se ajustan al espíritu de la norma reglamentada, o sirven razonablemente a la finalidad esencial que ella persigue (Fallos: 301:214) son parte integrante de la ley reglamentada y tiene su misma validez y eficacia (Fallos: 190:301, 202; 193:237, 636;249:189; 308:688; 316:1239)."	Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. II.- Imponer las costas de alzada a la demandada y regular los honorarios de los presentantes de fs. 734/750 y fs. 752/756 en 25 % y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior instancia. III.- Remitir copia de la sentencia a la Organización Internacional del Trabajo para que la tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar la Memoria Anual del cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, lo que oportunamente se pondrá en conocimiento por intermedio de la Secretaría de Primera Instancia.

En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Nestor M. Rodríguez Brunengo Diana Regina Cañal Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo G. Bloise 2 Secretario