marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia definitiva, interpretación de sentencias, medidas cautelares, recurso de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ Peralta, José Luis c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ apelación - empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-03-25

No corresponde equiparar a definitiva la sentencia que dispone cautelarmente la suspensión del descuento del tres por ciento (3%) en las remuneraciones de los empleados del Banco Ciudad de Buenos Aires aquí actores, que se realiza para cubrir el aporte previsto por el artículo 8°, inciso d) de la ley n° 19032. Ello así porque el recurrente no ha logrado evidenciar que se encuentre comprometido tan severamente el ejercicio de su derecho de defensa, que obligue a este Tribunal a adentrarse de manera inmediata en el conocimiento de la cuestión ventilada en esta instancia inicial del proceso. (Del voto de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Daños y perjuicios, privación del uso del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BAZAN SILVANO c/ RAMON OZAN s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S084 - 371)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-04-13

La entidad del daño sufrido como consecuencia de la privación del vehículo varía de la prueba que al respecto se rinda, en orden al uso, destino o imprescindibilidad del automotor por parte de quien se ve privado del mismo, puesto que el perjuicio puede variar desde la privación de la mera posibilidad de contar con un vehículo, para pasear, hacer visitas, trasladarse al lugar de trabajo, hasta implicar un lucro cesante efectivo en razón de la actividad que con el mismo, realizaba su dueño.
Caducidad, cómputo del plazo, demanda, días hábiles, notificación
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: ORDOÑEZ, LEONCIO c/ A.N.Se.S. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-21

El plazo de caducidad de la acción a que alude el art. 15 de la ley 24.463, con remisión al art. 25, inc. a) de la ley 19.549, se computa contando 90 días hábiles judiciales desde la notificación de la resolución de la A.N.S.E.S. que dispuso la adecuación al trámite dispuesto por el referido art. 15 de la ley 24.463. (Del voto del Dr. WASSNER.
Inadmisibilidad del recurso, apreciación de la prueba, Ministerio Público Fiscal, insuficiencia del agravio, muerte de la víctima
Materia: PENAL
Carátula: Ortellado, Vicente y otro c/  s/ homicidio
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-09-05

Procede declarar inadmisible el agravio relativo a la arbitrariedad en la valoración de la prueba para descartar la agravante prevista en el inc. 6 del art. 80 del CP y rechazar en los restantes agravios el recurso de casación interpuesto por las representantes del Ministerio Público Fiscal, toda vez que la agravante en cuestión no se satisface con la mera concurrencia objetiva de varias personas en la muerte de la víctima, sino que exige un elemento subjetivo, ésto es, un acuerdo premeditado en la ejecución y modo de materializar el delito; en base a ello, el a quo concluyó acertadamente que no se logró probar, que hubiera existido entre los imputados un acuerdo previo o al menos súbito para matar, y el recurrente no ha logrado demostrar un vicio grave en los fundamentos que hayan podido conducir al tribunal a absolver al imputado por ese hecho.
Trabajadores de Luz y Fuerza, enfermedades inculpables, salarios por enfermedad, adicional por refrigerio
Materia: LABORAL
Carátula: BIANCULLI, HECTOR ALFREDO Y OTROS c/ SEGBA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-02-04

Los rubros gastos de comida y gastos de refrigerio deben ser computados para el calculo de las remuneraciones por enfermedad y vacaciones de los trabajadores comprendidos en el CCT. 78/75 Por cuanto dicha normativa no contiene ninguna disposición al respecto;

- correspondiendo la aplicación del artículo 106 de la LCT. (To.).
Indivisión hereditaria, administrador de la herencia, representación procesal, personería, autorización judicial
Materia: CIVIL
Carátula: Garma de Comas, Argentina María y otro c/ Comas, Jorge Roberto s/ Cumplimiento de Contrato.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-10

La interposición de pretensiones por parte de los herederos, así como la oposición a éstas, pueden configurar actos de disposición y el administrador de la sucesión carece de personería para representar judicialmente a aquéllos en el supuesto de no mediar acuerdo unánime en tal sentido o, en su defecto, autorización judicial. Esta restricción apunta a todos los casos de contiendas ajenas a la administración normal u ordinaria, las que exceden el marco de la actividad meramente conservatoria del acervo. Necesitará autorización judicial o poder de todos los herederos para iniciar o contestar demandas que no sean consecuencia de la administración que ejerce, así como estar en juicio por los herederos.
Empleo no registrado, indemnización por despido
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CALVI, LEONEL RAMON c/ REINANTE, JOSE ANDRES s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-12-01

Lo resuelto en el caso importa un apartamiento arbitrario de la norma legal aplicable, toda vez que si el legislador dijo claramente a qué prestaciones debía aplicarse el agravamiento indemnizatorio previsto en el artículo 1 de la ley 25323, no se puede extender los alcances de la norma más allá de los límites que ella misma autoriza afirmando que la referencia al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es meramente a los efectos del quantum indemnizatorio, ya que exceder el límite de las previsiones normativas por vía interpretativa -más allá de las loables razones que se puedan tener para ello- importa una lesión a la seguridad jurídica y a los derechos constitucionales que asisten al compareciente que no se puede convalidar.
Contrato de trabajo, despido, indemnización, remuneración percibida
Materia: LABORAL
Carátula: DIAZ, JAIME RAUL c/ O.C.A S.A. s/ APELACION DE SENTENCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1997-04-03

A fin de determinar el monto de la indemnización por despido, falta de preaviso, deberá practicarse la liquidación en la etapa de ejecución de sentencia (art. 86 C.P.C. y 161 Ley 5732), sólo se tomarán los salarios mensuales efectivamente devengados durante el año aniversario anterior al despido, y debe entenderse por remuneración percibida, al efecto de la indemnización, aquel salario liquidado con periodicidad mensual y que las sumas que la integran tengan carácter normal y habitual.
Sanciones disciplinarias, graduación de la pena
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Mendoza, José D. c/ Municipalidad de San Isidro s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-07-31

En tanto el agente administrativo podría haber sido sancionado con una pena menor, desde que la administración no se encuentra obligada a aplicar la más gravosa que autorizó la norma resulta indispensable, entonces, para la validez del acto, que en su fundamentación se expongan en forma concreta las razones por las cuales se optó por la sanción expulsiva ya que la sola invocación de la norma, no acompañada de las consideraciones requeridas para demostrar que, atendidas las circunstancias del caso, el actor habría vulnerado la misma excediendo los límites de la mera inconducta, no constituye una fundamentación válida del acto.
Competencia federal, competencia por la materia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Barberi María Beatriz c/ Edesur S.A. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-10-08

A la luz de las peticiones contenidas en el escrito postulatorio entre las cuales se halla el cuestionamiento a los artículos 7/8 y la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del artículo 9 del reglamento de suministro de energía eléctrica, dictado por la Secretaría de Energía Eléctrica (según decreto 714/92 y Resolución 168/92); el camino del análisis a recorrer, conduce a la atribución de competencia de la justicia federal.
Fundamentación de sentencias, funcionarios públicos
Materia: PENAL
Carátula: Ferreyra, Antonio por defraudación contra la Administración Pública c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-03-14

El voto concurrente expresó que el "a quo" no ha brindado fundamentos suficientes para descartar la aplicación de la causal de suspensión del curso de la prescripción respecto del encausado (art. 67, segundo párrafo del C.P), no ha conjugado en su examen la injerencia que las autoridades del municipio del domicilio del postulante tienen en el marco del trámite para la obtención de los beneficios correspondientes al "Programa Jefes de Hogar", pues, no es posible soslayar que el nombrado prestaba sus funciones en el mismo municipio en el que habría tramitado el beneficio del Plan Jefe de Hogar por el que se encuentra imputado y tampoco ha precisado si se encuentran imputados otros funcionarios públicos.
Daños y perjuicios, violencia familiar, violencia de género, daño resarcible
Materia: CIVIL-DERECHOS HUMANOS
Carátula: A. L. C. E. c/ A. A. D. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-25

El art. 35 de la ley 26.485 establece que "la parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia", por lo cual la ley, por medio del aludido precepto, prevé la reparación de los daños derivados de las situaciones de violencia de género de conformidad con las normas generales en materia de responsabilidad civil.
Abogados, ejercicio profesional, actuaciones administrativas, vista de las actuaciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Subira, Jaime c/ E.N.  (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) s/ Juicio de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-07

El libre acceso a la información y a la compulsa de actuaciones administrativas como derecho de los abogados no se encuentra conferido solo por la calidad de tales sino cuanto respondan a la asignación previa de gestiones profesionales.
Contrato de trabajo, relación de dependencia, presunción legal
Materia: LABORAL
Carátula: Nievas de Pereyra, Juana Rosa c/ Aguilera y Cía. S.R.L. y otros s/ Contrato de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-02

Si bien en el caso se hace necesario indagar si se han acreditado los hechos relativos a las labores efectivamente realizadas, en función del encuadramiento legal de maestranza del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, tales directivas de lógica procesal, no se alteran ante la existencia de la regla jurídica sustancial que para la aplicación del derecho objetivo a ciertos casos concretos, consagra el art. 23 Ley 20744 (presunción legal iuris tantum) y cuyos efectos sustanciales se producen fuera del proceso y se reconocen en éste, donde además influyen en la prueba.

Ello, pues al producirse la discusión en juicio del hecho presumido, tal presunción produce el efecto indirecto de limitar el presupuesto fáctico que la norma contempla para que surjan sus efectos jurídicos, sacando del mismo hecho presumido, por lo cual el favorecido por ella no necesita demostrarlo, pero no lo libera de probar los otros hechos que sirven de base a tal presunción que operan como presupuesto de la norma que la consagra.

Al consagrar el art. 23 Ley 20744, una presunción, no de un hecho, sino de una relación jurídica caracterizada por notas típicas como es el contrato de trabajo, la actividad probatoria de las partes, finalmente debe versar siempre sobre la prestación de servicio que tipifica el derecho laboral, porque el actor al perseguir una acreencia fundada en tales normas, proporciona un sustracto fáctico, una prestación que se subsume en las disposiciones legales que reglan el contrato de trabajo y no de una simple prestación de servicios, presente también en una locación de servicios o de obra.

Partir de la prueba de una prestación cualquiera, en el contrato de autos, se estaría violando el principio de congruencia, en tanto no son éstos los hechos que proporciona la accionante.
Embargo, levantamiento del embargo, tercerías, medidas cautelares
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez Carer Sebastián c/ Domenech Alejandro A. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Es suficiente para decretar la posesión de los bienes muebles introducidos en un comercio (en la forma prevista por el art. 104 C.P.C) el instrumento justificativo de la habilitación municipal para funcionar como tal. Por consiguiente resulta procedente el levantamiento del embargo sin tercería y goza de la presunción del art. 2412 C.C. frente a quien es poseedor de los bienes embargados.

(Minoría u opinión personal)
Cuenta corriente bancaria, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Ferrari, Eduardo y otro s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

La falta de comunicación de saldo en los términos del art. 793 del Cód. de Com. no perjudica la habilidad del título, teniendo por única consecuencia que la mora se computará a partir de la primer diligencia del proceso ejecutivo incoado, es decir, la intimación de pago en los términos del art. 529 del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Autonomía municipal, personal municipal, cesantía, enfermedades inculpables, indemnización, Derecho administrativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cisterna, Oscar Anselmo c/ Municipalidad de Santa Fe s/ Cobro de pesos laboral -Recurso de Inconstitucionalidad - Cobro de  pesos laborales (Expte.: C.S.J. Nro. 753 Año 2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-08-27

Un examen sistemático del artículo 23, inciso g) de la ley 9286, efectuado a la luz del conjunto de las disposiciones en ella contenidas, permite concluir que dicha norma no se traduce en una imposición automática del legislador en el sentido de que, por sí sola y sin prueba que la corrobore, adquiera una significancia tal que implique concretamente comprometer la existencia misma del municipio. En efecto, al ente territorial, ante normas de esta naturaleza, le resta un margen de actuación, aunque más no sea en orden a la comprobación de la incapacidad exigida por la norma como presupuesto de la percepción de la indemnización referida. En definitiva, el avasallamiento a la autonomía municipal debe ser observado en cada caso concreto.
Indemnización por accidente de trabajo, remuneración, actualización monetaria
Materia: LABORAL
Carátula: MACON, MARCOS c/ SIAM,  SOCIEDAD  INDUSTRIAL  AMERICANA MAQUINARIAS DI TELLA LIMITADA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-02-28

La actualización monetaria para compensar el deterioro de la moneda producida por el proceso inflacionario, ha sido dispuesta por leyes y fallos judiciales con respecto a deudas y créditos; pero nada obsta a que dichos principios puedan ser de aplicación a promedios de salarios que van a incidir en montos indemnizatorios del derecho del trabajo.
Recurso de inaplicabilidad de ley, monto irrazonable, reducción de la regulación, liquidación, perito contador, facultades del juez, honorarios del contador, razonabilidad
Materia: PROCESAL
Carátula: T., L. A. Y OTROS c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-04-05

La aplicación lisa y llana de las pautas arancelarias para el caso conducen a un monto que merece la calificación de desproporcionado e injusto, evaluado a la luz de un criterio de razonabilidad y equidad en relación con la retribución que pueda corresponderle a un profesional por la tarea desarrollada, que intrínsecamente no ha sido más que una liquidación, que no fue considerada por el Tribunal al dictar sentencia. Evaluado el conjunto de circunstancias referidas en los párrafos precedentes, concluyo que resulta razonable fijar los honorarios profesionales del perito interviniente en autos en la suma de $ XXX a la fecha de este pronunciamiento (TREINTA POR CIENTO de la suma regulada), por constituir ello una adecuada retribución de su labor profesional, en conformidad con las normas y argumentos antes expuestos.
Traslado de jueces, acordada de la Corte Suprema, designación de jueces, personal transitorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Bertuzzi, Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otros s/ amparo ley 16.986
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-03

Asumir que la respuesta sobre los traslados los convierte en designaciones equivale a: a) desde el punto de vista lógico, trasmutar lo preguntado y lo respondido por la Corte en sus acordadas 4/2018 y 7/2018; y b) desde el punto de vista jurídico, igualar un acto institutivo inter-poderes regulado por la Constitución con un acto de administración, derivado a la reglamentación infraconstitucional.
Recurso de queja (procesal), depósito previo, exención de depósito, interpretación restrictiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Hug, Mario Alberto y otro c/ EN -Servicio Penitenciario Federal- s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-08

Las personas y actuaciones que están exentas del pago de tasas judiciales son las que figuran en el art. 13 de la ley 23.898, inclusión que debe ser expresa e interpretada con criterio restrictivo.
SIDE, estatuto de la policía federal, reajuste jubilatorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Zambrana, Marcos Isidoro c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal s/ Personal militar y civil de las fuerzas armadas y de seguridad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-27

La C.S.J.N., en Fallos 320:1602 ("Barreiro, David"), dejó sentado que en materia de previsión social el legislador ha autorizado integrar las normas del Estatuto para Agentes de Inteligencia del Estado con el régimen previsto en el Estatuto de la Policía Federal (art. 7 in fine de la ley 20.915), aplicable en cuanto no contraríe la letra o el espíritu de las normas de aplicación prioritaria. Por ello, integrando -del modo indicado- el Decreto "S" 4639/73 y el Dec. 1866/83 (reglamentario de la ley 21.965), corresponde confirmar la decisión de la anterior instancia que no hizo lugar al pedido de recálculo del haber del titular en base a servicio prestados con anterioridad a los 18 años de edad, ni a los cumplidos como docente -profesor-, reconocidos por la ex C.N.I.C.y A.C.
Prioridad de paso, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Alfa Bal S.A. c/ Dimarco, Francisco y otro/a s/ daños y perj. del./cuas. (exc.uso aut. y estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2014-06-19

Corresponde rechazar la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, fundado en la culpa exclusiva del actor, quien no obstante circular desde la derecha del demandado, la prioridad de paso le correspondía a éste último por transitar por una avenida, pues si bien al momento del hecho era aplicable lo previsto en el art. 41 de la ley 24.449, que no incluye la circulación por una avenida entre las excepciones a la prioridad de paso, corresponde una interpretación sistémica de la norma, y reconocer la prioridad de paso al conductor que circula por una avenida o ruta, por tratarse de vías cualitativa y cuantitativamente más importantes.
Presunciones, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: BENITEZ CARLOS FABIAN c/ CONCORDIA JUGOS s/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-10-12

Viola el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo la afirmación contenida en la sentencia recurrida, en el sentido que, aún mediando intimación y silencio, la carga de la prueba sobre la negativa a proporcionar trabajo por parte del empleador, recae sobre el trabajador.
Recursos, control de legalidad, reformatio in pejus, interpretación de la ley, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Romero, Ramón Bonifacio c/ inf. art. 47 s/ Incidente de ejecución ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-02-06

Esta Sala cuenta con jurisdicción para decidir el planteo acusatorio del fiscal de grado -que persigue la revocación de la prescripción de una pena de arresto-, a pesar de que la fiscal de Cámara propugna su anulación y la adopción de una solución favorable al imputado, máxime si se tiene en cuenta que consiste en la articulación de una nulidad de orden general con compromiso de garantías constitucionales (artículos 167, 168, 1er. párrafo y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación).

Maier sostiene que "la reformatio in pejus-, sólo juega a favor del imputado, pues los recursos interpuestos por el acusador 'permitirán modificar o revocar la decisión aún a favor del imputado' (Código Procesal Penal de la Nación, artículo 445, II).

La razón de ser de la regla es sencilla: el proceso penal no es un proceso de partes, ni en él juega la autonomía de la voluntad de ellas o el principio dispositivo, a la manera de como ocurre en el procedimiento civil; el imputado no puede disponer íntegramente de su condena, ni aún en vía recursiva, motivo por el cual el derecho procesal penal aprovecha todas las oportunidades posibles para intentar la corrección de vicios o errores que puedan afectar al imputado (de allí que el Ministerio Público pueda recurrir a favor del imputado y el efecto extensivo de los recursos - Código Procesal Penal de la Nación, artículos 433 y 441" (Maier, Julio B.J. "Derecho Procesal Penal", Editores del Puerto S.R.L., 2º Edición, 1º Reimpresión, Buenos Aires, 1999, T. I, "Fundamentos", p. 594).

El primer párrafo del artículo 445 del Código Procesal Penal de la Nación se ha interpretado que, como consecuencia del principio dispositivo, la competencia del ad quem se ciñe a los motivos expuestos en el acto de deducción. Ello responde a la necesidad de observar la garantía estudiada así como la defensa en juicio. Por ello, es factible rebasar dicho límite cuando resulte beneficioso al imputado, pues el principio actúa favor rei y no a la inversa.

En lo concerniente al segundo párrafo del artículo 445 del Código Procesal Penal de la Nación, se ha dicho que el recurso queda limitado a los agravios, aunque el tribunal puede revocar o modificar las resoluciones en beneficio del imputado y contra las pretensiones del fiscal; incluso si se trata de puntos no comprendidos estrictamente en aquellos, pues la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional apunta a "reducir el ius punendi por la vía procesal".
Interpretación de la ley, derecho de propiedad, inconstitucionalidad, conversión del proceso previsional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: RAMOS, MARIA FELISA c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-02-19

El art. 24 de la Ley 24.463 viola el derecho de propiedad, no cumple con el principio de razonabilidad e incurre en arbitrariedad.

En consecuencia, corresponde descalificarlo por inconstitucional, y pasar a resolver el fondo de la petición deducida. (Disidencia del Dr. Díaz).