Candidatos, deber de residencia, competencia derivada, apreciación de la prueba, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: PROCESAL
Carátula: Lucía  Martínez,  Alejandro  Galíndez  y  Oscar del V. Carrizo s/ Impugnación  a la candidatura a gobernador del Senador Nacional José Luis Barrionuevo s/Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2003-03-21

Fue interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la Provincia que confirmó el fallo del Juez Electoral que inhabilitaba en la candidatura a gobernador a quien no cumplía el requisito de residencia exigido por el art. 131 inc. 5 de la Constitución de la Provincia.

Si bien el método expositivo de los agravios es confuso, la recurrente parece afirmar que la sentencia en recurso se encuentra viciada por los tres supuestos del art. 298 del CPCC. En realidad, cabe considerar que, bajo alegación de incorrecta interpretación de la ley u arbitrariedad, lo que la agraviada intenta es la revaloración de la prueba incorporada sólo por su parte al proceso - en consecuencia, una remerituación parcial y sesgada- y cuestionar el modo en que el material probatorio fue valorado por el tribunal de grado.

En este contexto de estudio, cabe recordar que jurisprudencia y doctrina han coincidido en forma monocorde, por vía de principio, que los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de las pruebas, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio, salvo que los magistrados incurran en absurdo o arbitrariedad. La apreciación de la prueba queda normalmente detraida del ámbito de la casación, a excepción de que se demuestre que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas. Se ha establecido que los superiores tribunales no son una tercera instancia para revisar lo resuelto por los jueces de grado, pues sus funciones son custodiar la aplicación correcta de la ley y de la doctrina legal. La función de casación es evitar que las valoraciones de los jueces de grado pudieran ser anómalas en cuanto desvirtuaran los principios que deben gobernar el recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir presupuesto de cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria o signifique un abuso del poder jurisdiccional.

Según lo expuesto, ninguno de los supuestos de arbitrariedad -de interpretación estricta dada la naturaleza excepcional del recurso de casación- se configura en la sentencia recurrida; por el contrario, la labor valorativa del tribunal de grado aparece como una actuación regular, integral y coordinada de los distintos elementos incorporados en autos dentro del límite del prudente arbitrio otorgado a los jueces de grado por la ley, en el ejercicio de la jurisdictio y así también una adecuada subsunción de tales elementos al derecho aplicable, mostrando entonces los agravios de parte que se analizan, una mera discrepancia subjetiva en relación a la valoración y conclusiones a las que arriba el tribunal de grado, por lo que las alegaciones en este sentido deben rechazarse. (del voto de la Dra. Sesto de Leiva)