Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2012-03-16


SENT Nº 140	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Dieciseis (16) de Marzo de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Ponce María Soledad vs. Provincia de Tucumán - Sec. de Estado de Trabajo de la Provincia de Tucumán s/ Amparo".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- María Soledad Ponce, parte actora en autos, (cfr. fs. 157/161) plantea recurso de casación contra la sentencia N° 249, del 22 de abril de 2010, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I obrante a fs. 152/155, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 17-02-2011 (cfr. fs. 177 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado correspondiente.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a su admisibilidad.

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 156 y 161); la sentencia en recurso es definitiva; no corresponde efectuar depósito alguno (cfr. artículos 24 y 31 del Código Procesal Constitucional -en adelante CPC-); el escrito de presentación se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y, aunque no propone expresamente doctrina legal, ella se deriva del contenido del recurso; y la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. Por lo señalado el recurso en examen deviene admisible y, siendo ello así, queda habilitada la competencia de este Tribunal Cimero para ingresar al análisis de la procedencia de los agravios en los cuales se sustenta la impugnación del demandado.

III.1.- La sentencia en crisis comienza señalando que, atendiendo a cómo quedó trabada la litis, la actora pretende por medio de la acción de amparo informativo o habeas data acceder a las actuaciones administrativas desarrolladas por la Secretaría de Trabajo de la Provincia en el marco de una inspección efectuada en el local comercial de su ex empleador el 28-02-2008, con la finalidad de utilizar dichos datos en un posterior juicio laboral en su contra.

Luego de transcribir el tercer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional y de destacar que tal preceptiva ha sido receptada por el artículo 67 del CPC, expresa que de estos textos se infiere que la acción de amparo se encamina a otorgar la posibilidad al particular de acceder a registros de datos -de carácter privado o público- que contengan información referente a su persona y que se denuncia como lesiva, para que tomando conocimiento de aquellos datos y, en caso de resultar falsos o incorrectos, lograr de manera expedita y urgente su eliminación, enmienda, reforma o actualización total o parcial, subsanado así la falsedad y el perjuicio que tal situación le pudiese provocar (cfr. fs. 153 vta./154).

Estima que el planteo de la actora no encuadra dentro de los parámetros que al hábeas data se refieren. Desarrollando esta idea, la Cámara precisa que la demandante pretende acceder a los datos relativos a una inspección efectuada por la Secretaría de Trabajo en el domicilio comercial de su empleador, lo que hasta allí, dice, indiscutiblemente se circunscribe a las posibilidades que otorga la vía de resguardo constitucional (cfr. fs. 154). Sin embargo, enuncia a renglón seguido que aquélla procura obtener dicha información, no con la finalidad de modificar o suprimir las constancias incorrectas, falsas o discriminantes que allí se custodian, sino para obtener elementos probatorios que sirvan a su intención posterior de demandar a su antiguo empleador ante la justicia laboral (cfr. fs. 154), lo que a su modo de ver excede lo que se busca resguardar mediante el hábeas data, que es el derecho a la intimidad y la protección de la persona frente a la recolección, tratamiento y difusión de datos de índole personal, que pudiesen provocar perjuicios a quienes están incluidos en tales bases de datos, por el uso que puede hacerse de tal información y los perjuicios que ello pudiese acarrear.

Denuncia que, en el sub lite, la actora procura una suerte de vía preparatoria o de aseguramiento de pruebas para el posterior ejercicio de una acción legal, lo cual no se condice con la acción esgrimida en autos. Añade que las actuaciones que pudiese haber llevado a cabo la Secretaría de Trabajo con motivo de la aludida inspección, deberán ser requeridas -en el caso de concretarse más adelante una eventual demanda laboral- por los medios que el ordenamiento procesal del trabajo establece como aptos a tal fin (verbigracia, prueba de informes), más no, en el marco de un proceso de índole constitucional, procurar asirse de documentación probatoria para sustentar un derecho a invocar en otro proceso.

Arguye que de confirmarse la aseveración de la demandada relativa a la pérdida de las actuaciones y la imposibilidad de su reconstrucción, ello podrá eventualmente generarle consecuencias en orden a su responsabilidad en lo atinente a su custodia, siendo que dicha cuestión rebasa la discusión aquí planteada.

Finalmente, pone de resalto que "En definitiva, si no existen los datos por no ser habidas las actuaciones administrativas llevadas a cabo ante la Secretaría de Trabajo, no hay 'datos' a conocer o suprimir" (cfr. fs. 154 vta.); imponiéndose las costas a la actora, merced a lo previsto en el último párrafo del artículo 26 del CPC (cfr. fs. 154 vta.).

III.2.- Por su parte, sostiene la recurrente que el fallo impugnado distorsiona o devalúa el sentido primigenio que la Ley Nº 25.326 le confiere al hábeas data. Aduce que es la toma de conocimiento de la información privada lo que tutela el mencionado instituto, sin hacer distinción o discriminación sobre la finalidad de aplicación de la información obtenida, ya que restringir el acceso a información de propiedad privada con fundamento en la aplicación posterior en una litis es, por lo menos, arbitrario.

Manifiesta que sería un absurdo tratar de demostrar falsedad o error de datos cuando, los desconoce; ello, en virtud de la actitud reticente de la accionada quien, recién luego de iniciada la acción judicial, contestó simplemente que había extraviado el expediente y la información solicitada. En su concepto, la información solicitada recién se brindó durante el juicio, después que la administración fuera judicialmente intimada a hacerlo.

Reputa conculcado el procedimiento descrito en la Ley de Protección de Datos Personales y controvierte la imposición de costas resuelta en la instancia de grado, en los términos de fs. 159 vta./161.

IV.- Previo a toda cuestión, por la doctrina que informan los precedentes de esta Corte recaídos en los autos: "Katz, Pedro Mauricio y otra vs. Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo" (sentencia N° 666, del 07-9-1999) y "Bisdorff de Franco, María Beatriz vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ Acción de amparo" (sentencia N° 362, del 24-5-1999), corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 67 última parte del CPC y, consecuentemente, confirmar la asunción de competencia decidida por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en sentencia N° 183 del 20-3-2009 (cfr. fs. 16 y vta.).

Ello es así por cuanto la materia sobre la que versa el presente proceso encuentra fundamento en la actividad administrativa desplegada por un órgano estatal, como es la Secretaría de Trabajo de la Provincia y las reparticiones que de ella dependen, en ejercicio de función administrativa, siendo además dicho organismo de quien se requiere información; todo lo cual permite subsumir el caso en examen en las previsiones del artículo 32 de la Ley N° 6.238 -texto consolidado-.

De otra parte conforme se sigue de los fundamentos de la sentencia atacada, para la Sala a quo la Secretaría de Trabajo constituiría uno de los "registros o bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes" a que alude el artículo 43 de la Constitución Nacional (o en su caso, la Ley Nº 25.326), merced a que en el considerando del fallo, a fs. 154, expresa que la demandante pretende acceder a los datos relativos a una inspección efectuada por la Secretaría de Trabajo en el domicilio comercial de su empleador lo que hasta allí, dice, indiscutiblemente se circunscribe a las posibilidades que otorga la vía de resguardo constitucional (el resaltado me pertenece).

Ahora bien; situándome por vía de hipótesis en la posición más favorable para la recurrente; esto es, de que el referido organismo (por conducto de la persona jurídica Provincia de Tucumán) estuviere legitimado para ser parte pasiva en el presente proceso de hábeas data, considero que igualmente el recurso en examen no podría prosperar, en mérito a las razones que a continuación paso a desarrollar:

En efecto, preliminarmente, corresponde recordar lo que preceptúa el artículo 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional: "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

En orden a esta disposición, afirma Néstor Pedro Sagûes que en ella se consagran los tipos constitucionales mínimos del habeas data, ampliables por ley reglamentaria nacional o disposiciones de las provincias. Sobre el particular, en lo pertinente, expone lo siguiente: "a) Hábeas data exhibitorio, o simplemente 'informador'. Es el hábeas data elemental; procura averiguar lo que conste de una persona en el banco de datos, o sea, 'tomar conocimiento de los datos a ella referidos', según establece el artículo 43 de la Constitución (...) b) Hábeas data cancelador, o 'exclutorio', mencionado por el art. 43 cuando contempla la posibilidad de la 'supresión' de datos, que la doctrina se llaman 'sensibles' (...) c) Hábeas data rectificador, o 'corrector' expresamente contemplado igualmente por el art. 43 para casos de 'falsedad' d) Hábeas data actualizador, también mentado por el art. 43, para poner al día los datos atrasados. Lo hemos llamado también 'aditivo', con la posibilidad de ser empleado para añadir información faltante en una base de datos, y que debió incluirse en ella e) Hábeas data reservador, que asegura el principio de 'confidencialidad' incluido en el art. 43, respecto de ciertas registraciones que no deben trascender. Existen -tanto en la legislación complementaria, como en el derecho comparado- otras variedades del hábeas data. Tales serían el impugnativo, bloqueador, disociador, asegurador y reparador o resarcitorio, pero ellos no emergen del art. 43 de la Const. Nacional, aunque no entren en colisión en él, si son razonablemente instrumentados por el legislador" (cfr. "Compendio de derecho procesal constitucional", págs. 625 y vta.).

A su turno, el artículo 33 de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales, prescribe: "Art. 33. (Procedencia). 1. La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá: a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquellos; b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización".

Comentando esta norma Guillermo F. Peyrano indica que "En la acción descripta en el inc. a), del art. 33 de la LPDP su objetivo fundamental es el de 'dar a conocer', es decir los datos registrados y su finalidad, de acuerdo con las explicaciones brindadas y con los alcances expuestos en el punto precedente, como consecuencia del ejercicio de la acción, son puestos en conocimiento del legitimado activo. Ese objetivo se agota con dicha puesta en conocimiento, sin que los datos a los que la acción refiere se vean afectados por la misma, ni sufran como resultado de su ejercicio alteración o modificación alguna. Por esa razón se lo ha calificado como 'hábeas data' meramente 'informativo'. El inc. b) del art. 33 de la LPDP por el contrario, regula la acción en una fase distinta, por cuanto su finalidad tiene directa incidencia sobre las informaciones registradas, incidencia que por otra parte puede adquirir distintos matices. Por ello se la ha titulado como 'acción de hábeas data` para incidir sobre los datos registrados, esto es afectarlos de alguno de los modos legalmente previstos" (cfr. "Régimen Legal de los Datos Personales y Hábeas Data", pág. 291).

Por último, interesa reparar en los objetivos explicitados en el artículo 67 del CPC, entre los cuales se cuenta el de habilitar al demandante la procedencia de la vía de amparo "...para conocer las informaciones relativas a su persona que consten en registros o bancos de datos de entidades públicas, o privadas destinadas a proveer informes sobre el destino, uso o finalidad dado a esa información...".

De lo que antecede se colige que es el propio texto constitucional (al igual que las otras normas citadas) las que autorizan la promoción de un proceso de habeas data con la finalidad de obtener los datos que obren en archivos, registros o banco de datos, por lo que el hecho que la accionante hubiera insinuado en su demanda la posibilidad de que dicha información le serviría para promover un eventual juicio laboral en contra de su empleador, en manera alguna, a la luz de las consideraciones precedentes, torna no admisible el presente proceso de hábeas data, como erróneamente lo afirma, a mi criterio, el pronunciamiento en recurso.

Es que no puede perderse de vista que constituye una finalidad constitucional la "toma de conocimiento" de los datos, y que no podría tolerarse -sin mengua de la juridicidad- la posibilidad de frustración de ese objetivo mediante el simple hecho de ampararse en una afirmación tangencial de la parte actora, siendo que del escrito de demanda se infiere con toda claridad que lo promovido por dicha parte fue una acción de amparo informativo a fin de que la demandada le permita ".TENER ACCESO DE MANERA FEHACIENTE Y GENUINA de información de carácter personal obrante en expte., acta de constatación o relevamiento de personal relacionado con la inspección llevada a cabo el día 28 de febrero con intervención del funcionario público Acosta Juan en el domicilio laboral de calle Maipú Nº 272 que responde al nombre comercial DADITOS de propiedad del Sr. Juan Pablo Zayun y de todos otros 'datos' referidos a su persona, que consten en sus registros, archivos -escritos, electrónicos y/o informáticos- especialmente, los referidos a la inspección laboral arriba indicada en donde se dejara constancia de la irregular situación registral que mantenía mi poderdante con la patronal" (cfr. fs. 3 y vta.).

En sentido concordante se ha dicho que de las clásicas cinco metas del hábeas data (tener conocimiento y acceder a la información -right to know, right to access- actualizar los datos atrasados, corregir información inexacta, cancelar datos y asegurar la confidencialidad), el actor pretendió acceder a información de diversos tipos (cfr. Corte Suprema de Justicia de Mendoza, in re: "Huertas, Juan C. c. Co.De.Me.", sentencia del 14-4-1999).

No obstante lo anteriormente considerado, soy de opinión que el recurso en examen, no puede prosperar. Ello es así en virtud de las siguientes precisiones:

De los expedientes administrativos agregados a la causa se sigue con meridiana claridad que no medió, en la especie, un ocultamiento o negativa de la administración a otorgar al requirente datos que obraran en sus archivos vinculados a la inspección realizada el 28 de febrero de 2008 por Juan Acosta en el domicilio de calle Maipú 272. Por el contrario, la aludidas constancias evidencian que la Secretaría de Trabajo no tiene información que brindar al actor acerca del contenido de lo actuado en dicha inspección, en razón de las contingencias que se sucedieron con posterioridad a la fecha en que tuvo lugar, esto es, el 28-02-2008.

Así, del expediente administrativo nº 1360/180, letra P, año 2008 (iniciado a raíz de la carta documento del actor del 25-9-2008), se desprende que el inspector Juan Acosta estuvo de licencia desde el 03-3-2008 hasta la fecha de su deceso, acontecido el 09-6-2008 (cfr. fs. 81 y vta., 84 y 85 vta.). De igual modo, los registros del expediente administrativo nº 4959/181, letra P, año 2008 (cuya cabeza la constituye el acta de fecha 23-7-2008 -cfr. fs. 59-) permiten advertir que si bien Acosta logró darle nº de expediente a la inspección de marras (nº 0867/181-I-2008), dichas actuaciones quedaron en su poder, bajo constancia de firma, sin haberse alcanzado a darle trámite administrativo ni constar la repartición con copia alguna de la inspección en cuestión, y sin que fueran devueltas (cfr. fs. 61, 64, 66/68, 69 vta., 71). Por estas razones en sede administrativa se concluye que el expediente no puede ser ubicado ni reconstruido y que la peticionante no había tampoco aportado ningún elemento a tal fin (cfr. fs. 73).

Por consiguiente, teniendo en cuenta el objeto del presente proceso de hábeas data (tomar cabal y fidedigno conocimiento de los datos de su propiedad relativos a constancias, acta de relevamiento de personal, formularios, planillas, y expediente relacionado con la inspección realizada el 28 de febrero de 2008 por el funcionario Juan Acosta en el domicilio laboral de calle Maipú 272) y la circunstancia de que la actora no cuestiona la veracidad del extravío del expediente ni la imposibilidad de su reconstrucción, no queda otra posibilidad que desestimar el recurso en examen y confirmar lo resuelto en la instancia de grado (avalando únicamente la reflexión de la Cámara en el sentido de que "si no existen los datos por no ser habidas las actuaciones administrativas llevadas a cabo ante la Secretaría de Trabajo, no hay 'datos' a conocer" -cfr. fs. 154 vta.-), toda vez que es obvio que la Constitución Nacional no habilita a exigir judicialmente los datos que de hecho no detenta el requerido, sino los que probadamente se demuestre que efectivamente posee y retiene indebidamente, que no es el caso.

De conformidad a lo que antecede, por lo tanto, como nada hay en el expediente que permita creer que el demandado tiene los datos que en su momento se le solicitaran y se niega injustificadamente a exhibirlos, el rechazo de esta presentación impugnativa se impone. Desde mi punto de vista, sin embargo, sí resulta arreglado a derecho modificar la imposición de costas de la instancia de grado. Ello así por cuanto, si bien es cierto que a la fecha de iniciación de este proceso (31-10-2008 -cfr. fs. 5-) la demandada ya estaba anoticiada del extravío del expediente de marras (cfr. fs. 59), no es menos verdadero que a esa fecha todavía nada se le había comunicado con relación a lo planteado en su carta documento del 25-9-2008 y, fundamentalmente, no se le había hecho saber acerca de lo dictaminado el 20-10-2008 por asesoría letrada de la Dirección de Empleo en cuanto a imposibilidad de ser habido y reconstruido el expediente administrativo (cfr. fs. 73); lo dicho más aún, tomando en consideración que según el acta del 23-7-2008, el Director de Trabajo, Procurador Jorge Blasco, había personalmente recibido a la actora María Soledad Ponce, la que en esa oportunidad le había puesto de manifiesto que el expediente se encontraba extraviado solicitándole que "...con carácter de urgente proceda a instrumentar los medios necesarios a fin de que en el menor plazo posible se logre ubicar el referido expediente para poder iniciar las acciones correspondientes" (cfr. fs. 59). Tales circunstancias, a mi juicio, privan de improcedencia manifiesta a la demanda incoada en autos y pudieron llegar a nutrir la convicción de la actora acerca del derecho que le asistía justificando, de esta manera, que las costas de la instancia de grado sean distribuidas por el orden causado.

Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia N° 249, del 22 de abril de 2010, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, obrante a fs. 152/155 de autos. En consecuencia, casar parcialmente dicha sentencia, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva, conforme a la siguiente doctrina legal: "No resulta ajustada a derecho la imposición de costas que no consulta adecuadamente las constancias de autos". En consecuencia, dictar como sustitutiva, la siguiente: "II).-COSTAS, por el orden causado".

V.- Atento a la conclusión inferida, las peculiares circunstancias de la causa, la naturaleza compleja y la consideración vertida por la Sala a quo en el pronunciamiento recurrido, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 26 del CPC y 105, inciso 1, del CPCC).

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido.

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,	R E S U E L V E :

I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 67 del CPC, último párrafo y, consecuentemente, confirmar la asunción de competencia decidida por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en sentencia N° 183, del 20-3-2009; conforme lo considerado.

II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia N° 249, del 22 de abril de 2010, de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, glosada a fs. 152/155 de autos. En consecuencia, casar parcialmente dicha sentencia, dejando sin efecto el punto II de su parte resolutiva, conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando; y dictar como sustitutiva, la siguiente: "II).-COSTAS, por el orden causado".

III.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN RENÉ MARIO GOANE	CLAUDIA BEATRIZ SBDAR ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA [Dictámen Ministerio Fiscal] Reg: 00030821-02.