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Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, Cámara de Apelaciones, jueces, recusación con causa, recusación por prejuzgamiento, derechos y garantías constitucionales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: B., A. J. A y N., N. B. s/ Recurso de Inconstitucionalidad- Administración fraudulenta-  Recusación
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-30

No puede prosperar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa técnica de los encartados, desde que -en el caso- no concurre un supuesto de gravedad institucional, puesto que -a contrario de lo afirmado por la Sala al conceder el recurso de inconstitucionalidad- dicha hipótesis no se encuentra mínimamente acredita en el sub lite, de manera tal que la acusada parcialidad de los jueces recusados tenga una proyección que exceda los límites de este proceso y comprometa el adecuado servicio de justicia.
Inconstitucionalidad, declaración de oficio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Braun, Rosana Lilian s/ Martillero y corredor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-23

Los tribunales judiciales no están habilitados para controlar de oficio la validez constitucional de las leyes, rigiendo dicha limitación aun cuando se trata de decidir cuestiones referentes a su competencia. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Enjuiciamiento de magistrados, remoción de jueces, revisión judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Juárez, Pedro Alejandro c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-08-12

El proceso de remoción de un magistrado tiene una naturaleza esencialmente política, cuyo objetivo reside, antes que en sancionar al acusado, en determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad; dicha especificidad explica que el juicio político no pueda equipararse llanamente a una causa judicial; que las exigencias formales durante su trámite revistan una mayor laxitud; y que el control judicial posterior sobre sus resultados se realice bajo un estándar francamente riguroso.
Estupefacientes, secuestro de bienes, nulidad procesal, acta de secuestro, testigos de actuación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: TUST L. H. s/ nulidad Causa nro. 27.071
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-12-07

La ausencia de pesaje de la sustancia incautada al momento de realizarse la diligencia no acarrea la nulidad toda vez que surge claramente que se procedió conforme con lo que establece la ley siendo dicha sustancia colocada en sobres sellados y lacrado ante la presencia de testigos. Remitida la droga a la Sede de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina , allí fue individualizada y pesada, constando en acta que la apertura de los sobres sellados y lacrados se llevó a cabo ante otros dos testigos.
Tasa de justicia, hecho imponible
Materia: PROCESAL
Carátula: CAMAPE S.R.L. - incidente c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social s/ contrato administrativo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

El hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las actuaciones la carga de afrontarla, más allá de que la interesada pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las sumas pagadas.
Derecho procesal, partes, rebeldía, prueba, presunciones, apreciación del juez, sentencia
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Tanielan, Mariana Lorena c/ Renault Arg. SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

1 - La declaración de rebeldía constituye el fundamento de una presunción simple o judicial, de manera que incumbe al juez, al valorar los elementos de juicio incorporados al proceso, estimar si de la incomparecencia o del abandono cabe desprender o no, en cada caso concreto, el reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte. En otros términos, la ausencia de efectiva controversia que involucra el proceso en rebeldía no exime al juez de la necesidad de dictar una sentencia justa (cfr. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", T° III, pág. 202).

2 - En esa inteligencia, si bien la incontestación de la demanda importa el incumplimiento de la carga impuesta por el CPR 356-1° por parte de la demandada -lo que autoriza, en los términos del CPR 60, a tener por ciertos los hechos invocados en la demanda y por reconocida la documentación acompañada-, incumbe exclusivamente al Juez, en oportunidad de dictar sentencia y atendiendo a la naturaleza del proceso y a los elementos de convicción que de él surjan, establecer si es, o no, susceptible de ser acogida la pretensión deducida por la actora.
Hábeas corpus, establecimientos penitenciarios, derecho de enseñar y aprender
Materia: PENAL
Carátula: Pardey Rozo, Carlos David y otros c/  s/ Hábeas corpus
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-13

Cabe rechazar el agravio dirigido contra la denegatoria del hábeas corpus deducido por internos que reclaman un Protocolo de Actuación que regule el modo en que se llevarán adelante los ingresos de los internos estudiantes que provienen de diferentes complejos penitenciarios para ser alojados en el complejo de Devoto para cursar sus estudios universitarios en el CUD, puesto que ni de la presentación inicial, ni del recurso de casación que motivó la intervención de esta cámara, ni de la intervención de la defensa oficial en la audiencia celebrada al respecto, ni de las restantes constancias surge que se hayan afectado el derecho a la educación (art. 14, CN; art. 13, inc. 1º, PIDESC y art. 26, DUDH), el trabajo (art. 14 y 14 bis, CN; art. 23, DUDH; art. 14, DADH y arts. 6 y 7, PIDESC) o la percepción del peculio. Tampoco surge que las circunstancias denunciadas tengan su origen en la condición de estudiantes de los internos trasladados al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, de los planteos se extrae que los accionantes buscan un trato diferenciado del resto de la población penitenciaria por su condición de estudiantes universitarios, lo que si bien es plausible, no implica un agravamiento como se alega (voto del juez Bruzzone al que adhirió la jueza Llerena)
Ley de contrato de trabajo, procedimiento laboral, pago
Materia: LABORAL
Carátula: Municipalidad del Departamento Rosario V. Peñaloza s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-11-05

La ley de contrato de trabajo,ley especial destinada a regir todo lo que hace al contrato de trabajo y a la relación de trabajo, salvo las excepciones que establece expresamente en su art. 277 que todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o sus derechos habientes "...todo pago realizado sin observar lo prescripto y ...serán nulos de pleno derecho". Se trata de una norma de orden publica de ineludible acatamiento en todo juicio ventilado al amparo de la legislación laboral, que ha de correlacionarse con el Código Civil que establece en su art. 740 que debe dar en pago el deudor en las obligaciones de dar, para extinguirlas obligaciones a su cargo.
Recurso de casación, sentencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Remonda, Juan Carlos c/ La Voz del Interior S.A. s/ Recurso Directo - Recurso de Revisión
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1998-03-10

El recurso es inadmisible si el impugnante elabora su agravio a partir del desconocimiento de los hechos fijados por el Tribunal. En el caso, la a quo concluyó que no se acreditó el "stress" como conmoción anímica capaz de provocar con su habitualidad y/o intensidad una afección coronaria achacable al trabajo. Tanto el stress como la tensión psíquica permanente fueron denunciados como elementos que, junto con las tareas y esfuerzos provocaron la enfermedad. La afección cuya indemnización se reclama resultó, según su planteo, de la realización del trabajo en el modo y condiciones señaladas. Esta circunstancia es omitida por el recurrente al pretender que aquellos extremos constituyen atributos propios de la tarea desplegada por el trabajador, sirviéndose para ello de la expresión utilizada por el propio perito oficial. Aún cuando pueda entenderse que la "tensión permanente del camino y el trato constante con los pasajeros" constituyen la descripción stress, como sostiene el presentante, también el recurso carece de sustento. Ello así en tanto no se evidencia que la conclusión del Tribunal relativa a la falta de prueba en torno a ese punto, vulnere las reglas de la sana crítica racional. Por otra parte no se logra demostrar la importancia dirimente del último planteo, en tanto la exclusión de la enfermedad hipertensiva del ámbito de protección legal importa que carezca de trascendencia la distinción entre factores laborales y extralaborales. Carece de razón suficiente la sentencia que decide la disminución de la incapacidad del actor en relación a la patología de columna, si el perito médico no distinguió factores por lo que tampoco pudo hacerlo el Tribunal. En todo caso debió recurrir a los medios que la ley prevé para la emergencia. El fundamento dado por el Tribunal no encuentra sustento en el elemento probatorio al que se recurre. Los factores extralaborales que se mencionan fueron tenidos en cuenta por el perito oficial en relación a la patología cardiovascular. La afección vertebral sólo fue vinculada por el tipo de tareas desarrolladas, que implican posición permanente sedente, movilización de segmentos cervical y lumbosacro, miembros inferiores y superiores, movimientos propios de los vehículos. La a quo debió dar las razones por las que consideraba que, pese a lo anterior, la enfermedad fue agravada por otros factores a los que el perito no atribuyó concretamente potencialidad dañosa. En definitiva, la decisión en este punto carece de razón suficiente.
Hidrocarburos, poder de policía, sanciones administrativas, garantías procesales, principio de legalidad
Materia: PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Federación   de  Empresarios  de  Combustibles  de  la  RepúblicaArgentina  y  otros c/ Secretaría  de Energía - resol. 79/99 s/ amparo ley 16.986.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

Aun cuando las sanciones aplicables por la Secretaría de Energía -en virtud de la resolución 79/99 y el decreto 1212/89- no participan de la naturaleza de las normas del Código Penal -pues no se trata de penas por delitos sino de sanciones por infracción a normas de policía- no parece constitucionalmente válido que el Poder Ejecutivo, sin una delegación expresa de la ley, atribuya facultades de esa índole a dicho organismo del Estado, toda vez que la imposición de tales medidas requiere la configuración de supuestos previstos, aunque fuere de modo genérico, por el legislador. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Honorarios, regulación de honorarios, trabajo inoficioso
Materia: PROCESAL
Carátula: Pezuk, Clara Isabel s/ Regulación de Honorarios
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-06-10

Un escrito inoficioso no puede ser aprendido por la ley de aranceles que instituye un mínimo, porque violentaría la justicia conmutativa, al retribuir un trabajo carente de relevancia con la misma medida que otro de distintas características. (Bertolini: En disidencia).
Ejecución de sentencia, reclamo administrativo previo, pago, aceptación del pago, aceptación sin reserva, actualización monetaria, derecho de propiedad
Materia: CIVIL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Juan Gabriel c/ Caja Nacional de Ahorro y Seguro s/ Cobro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Entre el pago final aceptado por el a quo y el reclamo administrativo transcurrió un lapso superior a los seis años. Y en tales condiciones, y cualesquiera que fuere la naturaleza del plus por depreciación de la moneda que se reclama, cuadra estimar que a la recepción de los pagos por el actor - sin formular reserva ni manifestación de disconformidad - corresponde asignarle el efecto liberatorio previsto en el artículo 505, inciso 3, párrafo 2, del Código Civil, que tiene efecto definitivo, configurando un derecho adquirido de naturaleza patrimonial que goza del amparo que la Constitución Nacional brinda en su artículo 17 al derecho de propiedad.
Deber de imparcialidad, deberes del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: "A.A.F. S/ VIOLACIÓN CALIFICADA POR MUERTE", Expte. Nº 3200 (A-635/09/TSJ)" s/ RECURSO DE CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2010-09-24

Uno de los aportes más significativos de la legislación supranacional de derechos humanos incorporada a nivel constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.) sobre el proceso penal, es el énfasis que ella pone en la imparcialidad del tribunal y de las personas que lo componen.

No se trata de poner en duda la vocación por la justicia del magistrado cuestionado, ni de sugerir que actuará en el caso con malicia hacia el procesado, sino, simplemente, que por más íntegra y virtuosa que sea una persona, nadie puede ser juez y parte, nadie puede ser, a la vez o sucesivamente, perseguidor y juzgador.-
Colegio Público de Abogados, tribunal de disciplina, ética profesional, revisión judicial de actos administrativos, sanciones del Colegio Profesional, convenio de honorarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Keen, Roberto Enrique c/ C.P.A.C.F..
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-11

El comportamiento adoptado por el abogado en relación a sus colegas violando el compromiso asumido oportunamente, claramente configura violación al deber impuesto en el articulo 18 del Código de Etica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por lo que la resolución atacada en autos -advertencia en presencia del Consejo Directivo- se ajusta a derecho. (cons. X).
Exportaciones, tipo de cambio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DUCILO  S.A.I.C. c/ ADUANA DE LA NACION s/ RECURSO DE APELACION - ADUANA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-27

No cabe volver a revisar los despachos ya cancelados de modo acorde con la interpretación entonces dispuesta por la Dirección Nacional de Aduanas, al no poder ello fundarse en lo previsto por el art. 2, inc. b) de la ley de la materia, t.o. 1962, y toda vez que en tal situación recobrada todo su vigor el principio de los efectos liberatorios del pago, de base constitucional.

Todo cambio de criterio de las autoridades administrativas, en lo referente al tipo de cambio, no debe perjudicar al contribuyente, ya que la estabilidad de los negocios jurídicos obliga a no extender la interpretación de los supuestos del art. 2, inc. b) de la ley de la materia, más allá de lo que razonablemente pudo el legislador dar por incluido en ellos, resultado que veda asimilar a la "indebida interpretación de la ley" una pauta reglamentaria que lejos estuvo de apartarse de la literalidad del precepto en vigor así como de una versión posible de sus consecuencias prácticas.
Allanamiento domiciliario, habilitación de día y hora, fundamentación de la resolución
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Pacheco, Alicia Aurora s/ rechazo de nulidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-06-30

En cuanto a la pretensión de la parte de que el allanamiento fue cumplido en horas inhábiles, lo cierto es que de la lectura del sumario surge claramente que el a quo dispuso que los registros debían ser cumplidos con habilitación de día y hora inhábiles en caso de resultar necesario (cfr. 143 del principal). En consecuencia, el acto cuestionado cumple con las formalidades exigidas por la normativa procesal vigente, debiéndose poner de resalto que se encuentran satisfechos los requisitos impuestos por el segundo párrafo del art. 225 del C.P.P.N. (cfr. en este mismo sentido causa no. 43.354 "Alva Huaraca, Hércules Haron s/nulidad", reg. 825, rta. el 14/08/09)".
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, incapacidad sobreviniente
Materia: CIVIL
Carátula: MORELLI, Teodora c/ TRANSPORTE POMPEYA Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-19

Aunque la víctima sea una mujer de avanzada edad, sin actividad laboral, de modo que la incapacidad no le provoca una limitación de sus ingresos, el hecho de encontrar disminuidas sus posibilidades genéricas, aumentando sus gastos -traslados, por ejemplo-, justifica la indemnización, cuya magnitud cabe establecer en los términos del art. 165 del Código Procesal.
Acción de amparo, habilitación de instancia, permiso de venta en la vía pública
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ACHENBACH, ALICIA NOELIA FELICITAS Y OTROS c/ M.C.B.A. s/ AMPARO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-03-18

No es óbice para la procedencia de la acción de amparo la ausencia de reclamo en sede administrativa, ya que ante la supuesta irregularidad alegada en relación al incumplimiento de la exigencia del art. 1 de la Ordenanza Nro. 44.620, respecto del censo que manda realizar dicha norma de los vendedores emplazados con puestos comerciales en la acera de la Avda. José María Ramos Mejía, entre las del Libertador y Antártida Argentina, y de acreditarse aquella, el desalojo efectuado por la autoridad municipal adquiriría características de verdadera vía de hecho, frente a la cual el planteo ante la administración no parece idóneo a los fines de evitar el perjuicio a sus derechos invocados por los demandantes.
Municipalidad, personal municipal, traslado
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ PERSICO, SERGIO c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION    INCIDENTE DE SUSPENSION  DE  MEDIDA ADMINISTRATIVA (CSJ EXPTE N. 26  91)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1991-06-26

Dentro de la normativa del Estatuto y Escalafón para el Personal de Municipalidades y Comunas de la Provincia, el traslado del personal municipal -aun en situación de revista permanente- no constituye una discrecionalidad del Departamento Ejecutivo.
Empleados públicos, cesantía
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: CONTRERAS, RAQUEL OFELIA OCHONGA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     CSJ EXPTE NRO 167-82
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1988-09-28

El acto de cesantía debe ser expreso, extingue la relación para el futuro y no puede tener efecto retroactivo.
Contrato de obra pública, contratista, obligaciones, trabajos no previstos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sentra S.A. y Sitra SACFIC c/ Municipalidad de Villa Constitución s/ Recurso contencioso Administrativo de plena jurisdicción (EXPTE CSJ   Nº 285-84)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1994-12-28

El contratista de una obra pública, en razón de su idoneidad técnica y profesional, no puede limitarse a cumplir irreflexiva y literalmente las disposiciones de los pliegos y las órdenes de servicio, sino que es su deber corroborar la viabilidad y la perfección técnica del proyecto. De este modo, y para que surta pleno efecto la atribución de responsabilidad a la Administración por vicios en el proyecto, el contratista debe - según lo establecido en el artículo 13 de la ley 5188- denunciar los errores que se adviertan en el estudio previo de la documentación antes de la fecha del replanteo total o parcial o de la del acta de iniciación de los trabajos, según sea pertinente. El incumplimiento por parte del contratista de esta obligación, trae aparejada la consecuencia de que corren por su cuenta todos los perjuicios derivados del vicio en el proyecto -artículo 49 (Ley de Obras Públicas).
Recurso contencioso administrativo, instancia administrativa, agotamiento de la instancia administrativa, recursos administrativos, caducidad, recurso de reposición (procesal), recurso de apelación (procesal), Administración Pública, acto administrativo, oportunidad procesal
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAIEM SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUIEBRA.    RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION.    CSJ EXPTE NRO 347-85 CONSTRUCCIONES RIO PARANA SRL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.   EXCEPCION.     CSJ EXPTE NRO 206-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-12-23|1987-12-23

Frente a un acto que declare inadmisible un recurso administrativo, o caduca esa instancia, al recurrente que lleve luego al tribunal el pedido de reconocimiento de su derecho, le asiste esta opción: en primer lugar puede interponer revocatoria en sede administrativa, a fin de lograr que la propia administración removiendo el obstáculo formal- se pronuncie con amplitud sobre el fondo del asunto. Adviértase que esa posibilidad recursiva se deriva de la circunstancia de que el control administrativo es mucho más amplio que el control judicial, pues comprende no sólo lo atinente a la legalidad sino a la oportunidad o conveniencia del acto; en segundo lugar, puede venir directamente a esta sede sin seguir interponiendo recursos de recursos que se traducirían en un alongamiento excesivo de los plazos para el administrado, por cuanto aquel acto formal constituye lo que es la denegación indirecta del derecho sustancial postulado, sin perjuicio de que en tal caso deba no sólo postular en la demanda contencioso administrativa la ilegitimidad de la denegación expresa o implícita de su reclamo sustancial, sino la del acto que rechaza por motivos formales la impugnación administrativa.

En el caso, el actor optó por la primera alternativa, puesto que frente al acto administrativo cuestionado interpuso revocatoria y apelación en subsidio; se le denegó la revocatoria y se le concedió la apelación (resoluciones 111 y 2141-84); luego por otro decreto 499-85 se anuló el decreto 2141-84 que concedió la apelación; frente al cual interpuso revocatoria; que fue considerada improcedente por la demandada que estimó agotada con el decreto 499-85, conforme al artículo 53 del decreto 10204-58.
Prenda con registro, automotor prendado, excepción de pago, pago total, aceptación del pago, aceptación sin reserva
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO  RIO  DE  LA  PLATA  SA c/ BONDI,  DOMINGO s/ EJECUCION PRENDARIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-27

Procede hacer lugar a la excepción de pago total opuesta en una ejecución prendaria cuando, -como en el caso-, se verifica que:

a) el pago del precio del vehículo adquirido fue pactado en 36 cuotas mensuales, de las cuales el ejecutante reconoció que se abonaron 28, y b) la requerida adjunto a la causa documentación emitida por una firma ajena al expediente que daría cuenta de los pagos reclamados, mas a ello agrega la correspondiente a las cuentas cuyo pago se admite y que resulta idéntica a los que se desconocen. Ello así, toda vez que en la especie surge de la peritación contable que las cuentas admitidas por el pretensor fueron percibidas por un concesionario que habría vendido la unidad con posterioridad a que la prenda fuera endosada a su favor, lo que permite inferir la existencia de un mandato tácito o verbal que habría cesado o sido revocado, mas sin embargo, tal circunstancia no fue comunicada a la ejecutada quien continuó realizando los pagos -hasta su cancelación total- en forma habitual. Así las cosas, la actitud que asumió el reclamante no puede ser admitida pues se advierte claramente contradictoria.

De modo pues, que la conducta del reclamante aceptando y reconociendo pagos realizados en la persona de un tercero durante la mayor parte del contrato, generó en quien realizaba los pagos la razonable certeza de estar pagando bien.