Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2011-12-26


AUTOS N 21.166 (112912 - 1 CIVIL) "VEGA PABLO OMAR C/ POZO AGUSTIN HILARIO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS" L. DE S. T 112, F 88/96 En la ciudad de San Juan, a 26 días del mes de diciembre del año dos mil once, reunidos en la SALA PRIMERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERÍA, el señor Presidente Dr. GILBERTO A. RIVEROS y el señor Vocal, Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, a fin de conocer del recurso de apelación que se interpusiera contra la sentencia recaída en autos N 21.166 (112912 - 1° CIVIL) caratulados "VEGA PABLO OMAR C/ POZO AGUSTIN HILARIO Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS", dictada en fecha once del mes de mayo del año dos mil once, obrante a fs. 89-90, de estos autos originarios del Primer Juzgado en lo Civil, Comercial y Minería, recurso que una vez concedido tuviera debida sustanciación en la alzada, fijadas ulteriormente las cuestiones a considerar en el orden que sigue:

1ra. CUESTIÓN: ¿Es justa o adecuada a derecho la sentencia venida en recurso? 2da. CUESTIÓN: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde en definitiva? 1ra. CUESTIÓN: El Dr. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

El a quo, en la sentencia dictada en fecha 11 de mayo de 2011, encontró fundamento suficiente para tener por declinada la defensa de la citada en garantía Aseguradora Federal Argentina S.A. quedando excluida la misma del proceso. De igual modo declaró ineficaz la contestación subsidiaria de la demanda por parte de la aseguradora.

Impone las costas de la incidencia a la actora y demandada citante vencida y regula los honorarios de los profesionales intervinientes.

Contra este resolutorio, la parte demandada interpone recurso de apelación a fs. 91, el cual es concedido a fs. 92 con efecto suspensivo.

La recurrente se presenta a fs. 96 y expresa sus agravios contra la sentencia peticionando que la misma sea revocada y se dicte un nuevo pronunciamiento decretando la cobertura financiera y legal de la Compañía de Seguros citadas en garantía.

Para ello dice que le causa agravios que el a quo haya tenido por declinada la defensa de la aseguradora fundado en tres puntos incongruentes y totalmente arbitrarios.

En ese sentido trascribe el párrafo donde el a quo se sustenta en una sentencia dictada por esta sala marcando que el a quo, director del proceso, fue quién ordenó sustanciar el incidente conforme derecho y acorde lo demuestran las constancias de autos, situación por la cual, sustanciado el mismo, el a quo debió dictar una sentencia coherente en relación a la prueba ofrecida en el incidente y no dejarla de lado para luego resolver tener por declinada la defensa por un supuesto cambio jurisprudencial que pretende aplicar tardíamente y el cual resulta inaplicable al presente caso.

Ello demuestra, continúa el recurrente, una incoherencia total toda vez no se puede entender como el a quo ordena incidental el proceso (conforme providencia de fecha 30/6/10) y obligó a las partes a evacuar traslados respectivos, ofrecer pruebas, reponer sellado, despachar cédulas, desgastando así la jurisdicción hasta lograr el pase a resolver las actuaciones, para que luego el a quo en una sola hoja y con un grado notable de arbitrariedad, resuelva el incidente respecto de las declinaciones de cobertura de la Compañía de Seguros basada simplemente en un cambio de criterio al mantenido respecto de las declinaciones de seguros y con ello fundamenta su resolutorio por el cual tiene por declinada la defensa provocando así un daño irreparable a su parte, violando principios constitucionales como es el derecho de defensa.

Se queja sosteniendo que luego de haber sustanciado prueba no puede el a quo apartarse de la prueba producida, las cuales demuestran claramente el pago del seguro y con ello, la obligación de la compañía de asumir la defensa, dando así cumplimiento a un proceso correcto y sin vulnerar el derecho de defensa de las partes.

En el agravio identificado como punto B) cuestiona las consideraciones de la sentencia en cuanto a no valorar como prueba la comparecencia a juicio del productor de seguros Hermes, por entender que se trataba de dilatar el proceso y se citaba a un tercero ajeno a la relación.

A esta decisión la califica como de mayor arbitrariedad que la primera. Al respecto recuerda que la intervención de un tercero ajeno a las partes, en el caso el productor del seguro, si está prevista en el C.P.C. y que su intervención es obligatoria por ser quién vendió el seguro y el intermediario directo con la compañía de seguros en la entrega de pólizas y recepciones de pagos del seguro que hoy discute la citada en garantía y que también pretende investigar sobre la cuestión planteada.

En síntesis sostiene que la prueba traída al proceso no fue ni siquiera analizada y muchos menos tenida en cuenta, ni señalada por el juez en la sentencia, fundamento más que evidente para revocar la misma, toda vez que, una sentencia sin prueba no puede ser legal y más aún que durante la sustanciación del incidente.

Se agravia porque no se ha tenido en cuenta la Póliza N 1.384.983 emitida por Federal Seguros, los nueve recibos de pago de seguro, a los certificados de cobertura emitidos por el Broker de Seguro Hermes y a la constancia de denuncia del siniestro en compañía aseguradora (ver fs. 28/39).

Reclama la aplicación del principio de buena fe plasmado en el art. 1198, y argumenta que la demora en transferir los fondos o la falta total de entrega, no afecta al asegurado que pagó bien, lo contrario sería premiar a la mala fe.

Reclama que se tenga en cuenta el contenido del art. 68 de la ley 24.449 y el 46 de la ley de seguros.

Cita doctrina judicial para argumentar que la compañía aseguradora no puede argumentar cuestiones operativas o financieras internas como que no cobró la prima al asegurado para invocar la declinación, lo cual no implica que luego pueda repetir contra quién correspondiere.

En el caso de autos y según la póliza la cobertura era de un año y el hecho que no se pague en cuotas es una cuestión comercial entre el asegurador y el asegurado, que además si la aseguradora autoriza al broker de seguro a recibir pagos, no puede desconocerlos y menos con los recibos traídos al juicio como prueba y en el mismo sentido con la póliza acompañada que fuera más tarde renovada, situación por la cual con los antecedentes del caso, la compañía citada no puede afirmar falta de pago, siendo esto solo una excusa legal para no cubrir financieramente al asegurado.

También se agravia de la imposición de las costas a su parte. Formula reserva de caso federal.

Corrido traslado a la contraria se presenta a fs. 105/108 y en función de los argumento que vierte solicita el rechazo del recurso articulado con expresa imposición de las costas.

Presentado a la jurisdicción de este modo el recurso de apelación, corresponde analizar en primer término si corresponde interpretar el contrato de seguro, conforme a las pautas dadas por la teoría de los contratos con cláusulas predispuestas, en primer término y, en segundo, conforme a la ley de defensa del consumidor.

En ese sentido, el seguro contiene una serie de cláusulas preimpresas razón por la cual debe ser aplicado el principio a in dubio pro debilis que, en el caso, es el particular que contrata con la empresa aseguradora la cual tiene toda una estructura empresarial que la coloca en situación de preeminencia económica y jurídica respecto del particular.

A igual meta se arriba con la aplicación de las normas contenidas en la Ley N 24.240 de Defensa del Consumidor, por cuanto no existe ninguna norma que impida su aplicación a los contratos de seguros por cuanto es una ley transversal que con su impronta legislativa que marca su carácter de norma de orden público, llega a todas las contrataciones donde hay un consumidor de bienes o de servicios.

En función de ello, además de la interpretación favorable al consumidor de seguros en caso de duda respecto del alcance de las cláusulas y conductas contractuales de las partes, la carga probatoria está a cargo de la empresa aseguradora.

(Ver en el libro "Tutela Jurídica de los consumidores", Instituto Región cuyo Academia Nac. de Derecho y CS de Córdoba - FACSO, Univ. Nacional de San Juan, los trabajos de Carlos y Ariel Parellada, "Si todos somos consumidores, ¿quién es el consumidor?; Elena de la Torre, "El derecho a la información: Consecuencias de su inobservancia. Casuística de San Juan"; Pascual Eduardo Alferillo, "Cláusulas abusivas, nulidad e integración del contrato de consumo" y Roberto Pagés Lloveras, "La tutela procesal diferenciadas en los derechos de los consumidores y usuarios").

Por otra parte, se debe tener en cuenta que cuando se trata de seguros de automotores exigidos por el art. 68 de la Ley de Tránsito, respecto del cual se expuso, integrando la mayoría, en autos N 20.644 "Altamirano, Carlos Javier c/ Rodríguez Pedro y otro - Daños y perjuicios", 22/junio/2011, (L. A. -Año 2011- del T II - F 150/161) de la Sala Tercera que "en los autos de la Sala Primera, N 18.756 "Páez de Mercado, Tomasa Gladis c/ Heredia, Isidro Bernabé y otros - Daños y perjuicios - Sumario (Inc. de Declinación efectuado por la aseguradora "Vanguardia Cia. Arg. De Seguros S.A.), 30/3/2007, (L. de A. T 150, F 109/121), se dijo que "corresponde, para fijar nuestro criterio general con relación al sustancial cambio operado en nuestro ordenamiento dogmático con relación al direccionamiento protectorio del Derecho de Daño en su vinculación con el sistema asegurativo que ya no miran centralmente la culpabilidad del sujeto dañador sino al perjuicio ocasionado, se transcribe la disidencia expuesta en los autos Nº 18.519 "Gómez, Ángel Cayetano y otros c/ Expreso Santa Amelia y otro - Daños y perjuicios" (L. de A. Tº 144 Fº 92/99 18/05/2006) donde se proloquió que "la evolución del derecho en el tema de seguro marca un antes y un después de la modificación de la Ley de Tránsito que para esta actividad de riesgo regla un seguro obligatorio en su art. 68.

Es decir, ya no es optativo o facultativo contratar un seguro sino que es un imperativo legal que se debe cumplir para que los automotores estén en condiciones de circulación en la vía pública.

Este nuevo requisito ineludible, modifica la ratio legis del seguro en los automotores que no pueden ser confundidas y resulta la base para realizar el juzgamiento de la distinta alternativa que se pueden presentar. En efecto, la razón de ser del seguro voluntario se focaliza en la protección del patrimonio del asegurado. En cambio, en el seguro obligatorio, la protección es para la víctima del accidente.

A partir de estos conceptos, no se puede razonar aplicando principios y normas que estructuran un seguro voluntario a uno obligatorio, sino que se debe tener presente que todo acuerdo de parte (asegurado - asegurador) resultará inoponible a la víctima del accidente, pues de otro modo se quebraría con el propósito que se infiere de la ley al imponer como condición necesaria para circular tener contratado un seguro.

Inspirado en esta idea, existen pronunciamientos que han declarado inoponible a la víctima, las franquicias o descubiertos a cargo del asegurado convenidas con la compañía aseguradora (CNCI B, Capital Federal, 8/10/2004 "A.M. del C. c/ Lemo, Roberto E.", L.L. 16/2/2005 13-1089545) o la subsidiaridad del Estado por no ejercer el debido control de los automotores que circulan sin seguro contratado (CNCO D, Capital Federal, 30/9/2004, "C.L.E. c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos", L.L. 2005 A, 720-108528; L.L. 11/11/05 SAdm, 50-109639).

Estos pronunciamientos son demostrativos de que la finalidad del seguro en la dogmática actual cumple otras funciones, está inspirado por un sentido solidario...".

A partir de esta visión contemporánea de las finalidades del Derecho de Daño y del aseguramiento obligatorio de los automotores se presenta como problemática a resolver una cuestión vinculada con el encaje (formal y sustancial) constitucional de la norma contenida en el art. 68 de la Ley 24.449 receptada en el ordenamiento interno de la Provincia de San Juan por Ley 6684 dado que la misma delega facultades reglamentarias a la autoridad en materia aseguradora (entiéndase Superintendencia de seguro de la Nación).

En primer lugar, cabe asegurar que el dictado de las normas de ordenamiento del tránsito es una facultad, aún, reservada por las Provincias por lo cual con independencia de la decisión de la autoridad nacional, puede dictar su propia ley o adherir a un texto vigente en otra jurisdicción. Pero, cabe precisar que siempre será catalogada como una norma provincial.

Ello viene a colación para interpretar adecuadamente el contenido y alcance de la ley vigente en la provincia que establece el seguro obligatorio (art. 68) para todo automotor que circule en esta jurisdicción a fin de cubrir los daños causados a terceros transportados o no.

En este sentido, queda como una simple expresión de deseo, venida por la copia literal de normas sin adecuación al plexo normativo local, la delegación realizada por la Provincia a la autoridad en materia aseguradora, toda vez que el dictado de las normas relativas al aseguramiento es una facultad delegada a la Nación, específicamente a su Poder Legislativo, conforme los arts. 75 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional.

Sin perjuicio de ello y analizando cual es el alcance, en cuanto a su vigencia, del art. 68 de la Ley 24.449 (sancionada y promulgada por las autoridades nacionales), más allá de estar inserto en una ley que está destinada para regir, básicamente, en la jurisdicción federal conforme su art. primero, se puede entender sin contradecir el ordenamiento constitucional que el contenido de dicho artículo está destinado para regir como norma sustancial en todo el territorio nacional dado que crea la figura de seguro obligatorio para la circulación de los automotores.

Es decir, siguiendo las enseñanzas de Zarini (Derecho Constitucional, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992) pág. 616), se entendería que dentro de una ley nacional local (destinada para regir en territorio federal) se encuentra inserta una norma de derecho común con vigencia para todo el país.

En este caso, la cuestionada delegación de facultades a la autoridad aseguradora habría sido realizada por el poder legisferante nacional que tenía la capacidad para legislar sobre el tema. Razón por la cual no tendría sustento jurídico la doctrina del fallo a transcribir cuando sostiene que "...las Resoluciones de Superintedencia de seguro de la Nación 21.999/92 y 22.058/93, en tanto legislan sobre contratos y responsabilidad civil, infringieron la cimera disposición fundamental que trae el art. 75 inc. 12 de nuestra Constitucional Nacional, toda vez que lo reglado es temática reservada y propia del Congreso Nacional..." (CNCI G, Capital Federal, 25/6/2004 "Jalfen, Zulma Emilia c/ Cárdenas S.A. Empresa de Transporte y otros s/ Daños y perjuicios", ED 14-10/10/04, 4-53001.).

Pero más allá del camino que se opte para responder al interrogante de que si es válida o no la delegación de facultades realizada por el Congreso Nacional, no hay lugar a hesitación de que se ha creado un nuevo tipo de seguro para que los automotores puedan válidamente circular, el obligatorio. Es decir, un tipo absolutamente distinto del clásico bastamente reglado, seguro voluntario.

Ahora bien, si se estima que la delegación reglamentaria no es válida, la reglamentación realizada por la Superintendencia de seguro no tendría vigencia y, por tanto, aplicación. Va de suyo, que en este caso no se derogó el art. 68 que establece la institución del aseguramiento obligatorio.

Por el contrario, si se juzga, que la delegación es válida, la reglamentación - de igual modo - no tendría vigencia en la medida de que no respete el marco, el espíritu o ratio legis inspiradora del art. 68 de la Ley 24.449 como es la protección de la víctima mediante la implementación de un seguro obligatorio para la circulación de los automotores que proteja a las víctimas de los accidentes.

Va de suyo que el concepto de seguro obligatorio no se agota en la imposición del Estado para que los particulares ineludiblemente tengan que contratar un seguro para circular en sus automotores, por cuanto sería una visión parcial, mezquina y destinada exclusivamente a fomentar un gran mercado de clientes cautivos para las empresas aseguradoras que por cierto no es la razón de existir de la ley de tránsito.

Sino por el contrario, realizando una razonada hermenéutica, se visualiza la intención social contenida en la norma, la razón de Estado para decidir la implementación del seguro obligatorio que no es otra que la de adoptar las medidas pertinentes para que las víctimas que han sufrido daños a consecuencia de la circulación de los automotores no queden sin la reparación de los perjuicios padecidos.

Ello queda evidenciado del propio contenido del art. 68 cuando por vez primera se establece que "los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonado de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que pueden hacer valer luego...". Como se colige se abandona la clásica medición de la culpa del dañador para socorrer de inmediato a la víctima.

Además de ello, las expresiones de los informantes de la ley (Boletín de la Cámara de Diputados de la Nación, 30 reunión del 7 de diciembre de 1993) son claras sobre la intencionalidad de la ley de tránsito dictada cuando expresaban que "el proyecto de ley es básicamente un programa global de prevención de accidente, pues es sin lugar a dudas un verdadero código de seguridad vial...". O que "la seguridad del usuario de la vía pública, como bien jurídico fundamental que se tutela...". O que "una triste historia de accidente de sangre avalan el articulado correspondiente.

El estudio desapasionado del proyecto dará conclusiones razonadas, que respondan al bien común, evitando favorecer a los precipitados, que generalmente defienden intereses sectoriales con fines poco claros.

No desconozco (dice Ramón A. Dussol) los beneficios que podemos alcanzar cuando quienes cuentan con una acumulación importante de capital deciden invertirlo en producción, pero la función legislativa si bien no debe descuidar la protección de los intereses individuales sin interferir en sus decisiones, debe priorizar los beneficios sociales...".

Es por ello, que resulta un gran contrasentido lógico - jurídico reglar un seguro de neto corte asistencialista y social con una reglamentación inspirada en el más puro liberalismo jurídico que autorizaba la toma voluntaria de seguro para salvaguardar el patrimonio del asegurado sin importarle en los más mínimo, el destino de la víctima.

Ello configura, sin lugar a duda, un exceso reglamentario por parte de la Superintendencia de Seguro que contraria los fines propuestos por la propia norma del art. 68 de la Ley de Tránsito y, por ende, resultan sin aplicación, dado que contradice la expresa limitación impuesta por el art. 99 inc. 2 de la Const. Nacional.

Además de ello, la implementación del seguro obligatorio influye indirectamente en la Ley 17.418 que fue estructurada sobre el concepto de libertad para celebrar los contratos de seguro.

A modo de ejemplo, cuando se regla el seguro de responsabilidad civil se fija su alcance en el art. 109 fijando que "el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido".

Es decir, como se expusiera en los primeros considerandos, el seguro de responsabilidad civil voluntario procura mantener incólume el patrimonio del asegurado, cuando el obligatorio del art. 68 de la Ley 24.449 procura proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Consecuente con el pensamiento expuesto, dentro del seguro obligatorio no puede existir causal o impedimento que no sea la propia culpa del damnificado, que cercene el derecho de la víctima de un accidente de tránsito a ser indemnizado por los responsables aseguradores.

Especialmente, en lo relacionado con la facultad de declinar la defensa y cobertura cuando la causal proviene del propio asegurado. Ello es res inter alio acta para la víctima que es beneficiaria directa del resarcimiento.

Concretamente y con independencia de las razones antes expuesta, no constituye causal válida para declinar la defensa del asegurado y con ello desamparando totalmente a la víctima (fin esencial), la existencia de un carnet de conductor de una jurisdicción extraña.

De igual modo, resulta innecesario para proponer la procedencia del recurso, el tratamiento de los efectos jurídicos del silencio de la empresa aseguradora previsto en el art. 56 de la ley de seguro".

El dictado de la Resolución N° 34.225/2009 (4/8/2009) por la superintendencia de Seguros de la Nación, en nada cambia el criterio antes expuesto sino por el contrario reafirma que la misma adolece de exceso reglamentario que contradice la naturaleza tuitiva del art. 68 de la Ley de Tránsito que es proteger a la víctima.

En ese sentido, se puede aseverar que el seguro obligatorio implementado por la norma antes referenciada, está absolutamente en sintonía con el nuevo espíritu legal que inspiró a la reforma de la Constitución Nacional llevada a cabo por la Constituyente del año 1994, al incorporar a los Derechos Humanos.

En ese sentido, hemos sostenido que "sin lugar a duda, la reforma constitucional del año 1994, modificó definitivamente el clásico paradigma normativo nacional ubicando al ser humano, al hombre, por encima de los derechos patrimoniales".

Es decir, "la decisión constitucional de priorizar al ser humano en si proprio, por encima de sus derechos patrimoniales, tiene influencia al momento de adoptar una decisión frente a una hipótesis de conflicto entre estos valores. Pues, sin la menor hesitación, la hermenéutica debe ser in dubio pro homini, siempre en favor del ser humano". (Alferillo, Pascual E., "La Constitución Nacional y el Derecho de Daños", RCyS 2011-IV, 31).

Es evidente que el art. 68 de la ley 24.4449 sigue ese lineamiento para proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito al estatuir un seguro obligatorio que no puede de modo alguno, ser modificado por la reglamentación de la norma.

Va de suyo, que en función de ser operativas las normas constitucionales y reglamentarias de los principios constitucionales las normas del Código Civil y de Comercio, como la ley de tránsito (ver la naturaleza especial del art. 68 de la Ley 24.449 para ser aplicable en toda la Nación), no resulta necesario declarar formalmente la inconstitucionalidad de la reglamentación sino que basta con declarar a la misma inaplicable por ser aplicable al caso una norma de jerarquía superior.

Este criterio, fue recientemente adoptado en los autos N° 46.973 caratulados "Laciar, Roberto A. C/ Carrizo, Selva Mimiya del Carmen y otros - Daños y perjuicios" dictados en fecha 11/02/2011 (Prot. de S. T° I F° 31/50 -2011) por la Sala Tercera de esta Cámara de Apelación y el señor Juez que dictó la sentencia puesta en crisis, Dr. Roberto Pagés Lloveras, de igual modo expuesto su pensamiento concordante en "Tutelas especiales para indemnizar a las víctimas de accidente de tránsito" Suplemento Doctrina Judicial Procesal 2010 (mayo), 9".

A partir de la doctrina expuesta sin lugar a hesitación que la interpretación de las cláusulas contractuales y las conductas de las partes deben ser interpretadas, además de buena fe, en favor del tomador del seguro, ello por cuanto lo que en definitiva se cuestiona es la validez del pago realizado a Rodríguez Hermes, domiciliado en calle 25 de mayo N° 1009 este Capital San Juan quién actuara como productor del seguros en el cual se fundamenta la citación y declinación por falta de pago de las primas.

En esa dirección Solignac, Nidia - Weingarten, Celia en su trabajo "Agentes de seguros Validez de la notificación de la denuncia de siniestro y del pago de la prima", La Ley 1990-D, 913-Derecho Comercial Doctrinas Esenciales Tomo IV, 217, sostienen que "la ley de seguros (Adla, XXVII-B, 1677), en sus arts. 53, 54 y 55 estableció dos especies de intermediarios de la contratación: el simple productor, considerado "agente no institorio", cuyas facultades se encuentran taxativamente enumeradas en el art. 53 (recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguro; entregar los instrumentos emitidos por el asegurador referentes a contratos o sus prórrogas; aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo del asegurador), es decir, que solamente están facultados para realizar actos materiales de intermediación, y el denominado "agente institorio" (art. 54, ley de seguro), con amplísimas facultades jurídicas, tales como, celebrar contratos, percibir primas, otorgar recibos, rechazar propuestas de contratos, modificar contratos en curso, recibir declaraciones, etcétera.

De la enumeración taxativa de las facultades conferidas por el art. 53 de la ley de seguros se desprende que el "agente no institorio" no es mandatario ni representante del asegurador, razón por la cual no puede efectuar actos jurídicos en nombre y representación del mismo.

De las normas contenidas en la ley de seguros referentes a los "agentes institorios", surge que a éstos se les aplican --expresamente-- las normas del mandato; los actos que éstos efectúan son considerados como efectuados por el propio asegurador, en concordancia con las disposiciones de los arts. 1946 y 1161 del Cód. Civil. Debe considerarse --asimismo-- que, las facultades de éstos pueden ser limitadas expresamente".

Ahora bien en función de los criterios antes fijados, es a cargo de la compañía aseguradora la carga probatoria de que el productor de seguro, Rodríguez Hermes, que intentó citar en garantía a fs. 55 vta., era solo un agente no institorio, es decir un mero corredor de seguro (ver Garibotto, Juan Carlos, "Agente de seguros Ley 22.400", La Ley 1981-D-1311).

En autos no aparece producida tal prueba, ni siquiera se adjunta el contrato por el cual se autorizó a Rodríguez Hermes para actuar comercialmente en el ámbito del seguro y a favor de la compañía aseguradora.

Por el contrario, cuando intenta la citación como tercero de Rodríguez Hermes textualmente dice "habiendo declinado la citación en garantía y ante la posibilidad de ejercicio de un acto de violación de mandato por el productor de seguros,.".

Como se colige, reconoce expresamente que le ha otorgado mandato al productor de seguros para que actúe en su representación, lo cual implica que Rodríguez Hermes, podía realizar actos en su nombre y representación más allá del simple corretaje de seguros, pues es doctrina consolidada que el corredor de comercio no es mandatario de ninguna de las partes.

En función de ello y conforme el resto de la prueba aportada a los autos, corresponde, y así lo propongo, desestimar la declinación de defensa realizada por la Aseguradora Federal Argentina S.A.-Compañía General de Seguros, con costas a su cargo.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por los fundamentos expresados por el Magistrado que me precede en el orden de votación, voto en sentido concordante.

2da. CUESTIÓN: El DR. PASCUAL E. ALFERILLO, dijo:

En mérito a la votación que antecede corresponde: admitir el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 95. En consecuencia, se revoca la sentencia obrante a fojas 89/90, desestimando la declinación de defensa realizada por la Aseguradora Federal Argentina S.A. - Compañía General de Seguros, con costas a su cargo.

El DR. GILBERTO A. RIVEROS, dijo:

Por iguales razones, voto en el mismo sentido.

Por ello, y lo acordado precedentemente, SE RESUELVE:

Admitir el recurso de apelación deducido por la parte demandada a fs. 95. En consecuencia, se revoca la sentencia obrante a fojas 89/90, desestimando la declinación de defensa realizada por la Aseguradora Federal Argentina S.A. - Compañía General de Seguros, con costas a su cargo.

Se deja constancia que el presente fallo se expide con dos firmas en virtud de lo dispuesto por el art. 257 de la ley 8037.

Protocolícese, notifíquese en debida forma, y previa reposición del sellado de ley, si correspondiere, bajen los autos al Juzgado de origen.