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Evasión fiscal, ingreso tardío del gravamen, perjuicio fiscal
Materia: PENAL-TRIBUTARIO
Carátula: FELIX FRIEDENBACH E HIJOS S.R.L. s/ Régiem penal  tributario, incidente de apelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-07-04

1 - Es inadmisible sostener en el marco de un proceso penal por evasión tributaria la inexistencia de perjuicio fiscal en virtud del acogimiento a un plan de pagos del tributo adeudado - en el caso, se revocó la falta de mérito de los imputados - pues el daño a la Hacienda Pública también se genera por incumplir los términos legales toda vez que el Estado necesita un determinado flujo financiero que no se reúne si los contribuyentes demoran los pagos.- 2 - Es improcedente afirmar voluntad de pago y espontaneidad del contribuyente si su acogimiento al plan de facilidades para abonar el impuesto adeudado se efectuó con posterioridad al inicio de la investigación.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, abogados, sanciones procesales, honorarios del abogado
Materia: PROCESAL
Carátula: MATOFF, QUIRINO. c/ ROBERTO  HUMER  Y/O  RAMON BENITO RODRIGUEZ Y/O LEFA COOP.SEG. LTDA. s/ JUICIO SUMARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-19

Excede los alcances de la instancia excepcional y su resolución es propia de los jueces de la causa, la solicitud de la parte demandada, al contestar el traslado del recurso extraordinario, de que se apliquen a los abogados del actor la sanción prevista en el art. 53, inc. 5 in fine, del Código Procesal Civil y Comercial y, en consecuencia, se les privara del derecho de cobrar honorarios por dicho recurso; máxime si en atención a la forma en que se resuelve el mismo, la demandada no resulta obligada al pago de los honorarios del apelante, por lo cual carece ella de todo interés sobre el punto.
Incapacidad absoluta, indemnización por incapacidad
Materia: LABORAL
Carátula: Pérez, Norma I. c/ Colegio Alberto Schwitzer s/ Indemnización art. 212 L.C.T.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-10-01

El art. 212, párrafo cuarto de la L.C.T. supedita la indemnización únicamente a que el trabajador sea portador, al tiempo de la extinción del vínculo laboral, de una incapacidad absoluta y permanente que imposibilite la prosecución del contrato, de modo que la minusvalía le impida desempeñarse en tareas adecuadas a esa disminución laborativa, aunque no sean las habituales de su profesión.
Ampliación de la declaración indagatoria, Ministerio Público Fiscal, homicidio, deberes del juez
Materia: PENAL
Carátula: D., F. s/homicidio culposo c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-12-20

Rodolfo Pociello Argerich coincidió con Pinto en cuanto a que, sin la ampliación de la intimación en indagatoria el acusador no puede agravar la acusación en el debate, pero se pronunció en disidencia respecto de la solución de revocar lo recurrido porque considera, de conformidad con lo señalado por el magistrado al momento de resolver la situación procesal, que no existen elementos para sostener que hubo dolo en el evento. Resaltó que "(...) no cabe recurrir al argumento de conveniencia de brindar una posibilidad más amplia al Ministerio Púbico Fiscal para desarrollar en el juicio, porque ello importaría restar la importancia del accionar jurisdiccional como limitador de tal acusación, actividad fundamental que le compete. (...)" y agregó que "(...) Es el juez quien debe poner límites al accionar de las partes, por el caso, está habilitado aún más, a dictar el sobreseimiento en contra de la pretensión del acusador y la solución a ello viene dado por el recurso. (...)" y "(...) No resulta menor, en términos valorativos que, corrida a la querella la vista contemplada en el art. 346 del CPPN, ésta requiriera la elevación a juicio calificando el hecho como homicidio culposo. (...)".
Elevación en consulta, atentado contra la autoridad, lesiones leves, concurso real
Materia: Penal
Carátula: V., L. A.; G., O. R.; D., O. E. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1990-06-12

Si bien es cierto que los daños en el cuerpo o en la salud, pueden en determinados supuestos, ser absorbidos por otras figuras penales, no advierto que lo mismo ocurra en la hipótesis que me ocupa. En efecto, si las violencias requeridas por el código penal para agravar el Atentado a la Autoridad -consistentes en que el delincuente "pusiere manos"- exceden a las indispensables para lograr la imposición de un hacer o dejar de hacer al funcionario público, esta demasía debe concurrir, independientemente en forma real, máxime si en autos se creditó que otro guardián del orden resultó también lesionado por el accionar del prevenido. Acorde a esta línea de pensamiento -que puede extraerse, contrariamente a lo sostenido por el Instructor, de las enseñanzas de Sebastián Soler-, el hecho nominado primero debió merecer la siguiente calificación legal: Atentado a la Autoridad Calificado en Concurso Real con Lesiones Leves -dos hechos- en Concurso Real.
Declaración de incompetencia, calificación legal, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: F. R. s/ Hurto-Competencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-14

Corresponde declarar la nulidad procesal de la resolución que declaró la incompetencia del juez instructor conforme lo dispuesto en el art. 167, inc. 2 y 168 C.P.P.N.. En este sentido, y toda que el fiscal circunscribió la acción por el delito de apoderamiento ilegitimo, habiéndose fundamentando la incompetencia en una hipótesis delictual distinta (amenazas coactivas) a aquéllos delimitados por el representante del ministerio público fiscal y por los cuales habilitó la actividad jurisdiccional, se ha producido una violación al precepto "ne procedat iudex ex officio".
Exhortos, cuestiones de competencia, jurisdicción y competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernández Raúl c/ Trinidad S.R.L. s/ EJECUCION CAMBIARIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-03

El tercer apartado del art. 4 de la ley 22.172 en cuanto prohíbe el planteamiento de cuestión alguna ante el juez requerido, debe entenderse en el sentido de que tal limitación está referida a la procedencia de las medidas objeto de la rogatoria y no a las que se susciten o resulten de actos procesales desarrollados en cumplimiento de medidas ordenadas por el juez requerido -sin especificaciones del requirente al respecto- de acuerdo con las previsiones de la ley local.
Responsabilidad del Estado, razonabilidad, funcionarios públicos
Materia: CIVIL
Carátula: REA SEGUNDA MANUELA Y OTROS c/ PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS-CASACION CIVIL.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-04-08

La inacción y/o incumplimiento de deberes a cargo del Estado que pueden considerarse como "falta de servicio", pueden estar impuestos por el ordenamiento jurídico positivo y/o derivar de los principios generales del derecho, los cuales guardan una estrecha relación con la justicia y con el derecho natural, en el que encuentran sus fundamentos; siendo para su determinación, de capital ponderación en cuanto a la responsabilidad estatal omisiva, los principios de razonabilidad y de no dañar a otro, sustentándose en lo dispuesto por los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido discriminatorio, reinstalación en el puesto de trabajo, nulidad del despido
Materia: PROCESAL
Carátula: Fernandez, Mario Oscar c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA s/ juicio sumarísimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-02-05

Deviene discriminatorio el despido dispuesto por la empleadora ante el caso donde surge de las pruebas producidas que el accionante, aun cuando no era delegado, cumplía tareas sindicales. En función de ello, corresponde no solo disponer la nulidad del despido, sino también la reinstalación del trabajador en su puesto de trabajo, atento que al concluirse que el distracto fue nulo, este acto rescisorio retrotrae las cosas a su estado anterior, es decir que el actor debe ser restituido a su puesto habitual de trabajo en idénticas condiciones y percibir los salarios caídos, hasta el momento en que efectivamente sea reinstalado. (Del voto de la Dra. Cañal).
Recurso de casación, delitos contra la integridad sexual, abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, víctima del delito, derechos de la víctima, facultades jurisdiccionales, ejecución de la pena, condena condicional, revocación de la condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: P. c/ M. A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2011-06-30

Son "gravemente ultrajantes"- art. 119, segundo párrafo del CP- aquellos actos sexuales que, objetivamente considerados, tienen una desproporción con el propio tipo básico del primer párrafo del art 119 del CP y que producen en la víctima una humillación más allá de lo que normalmente se verifica con el abuso en sí.

El calificativo de "ultrajante" es un concepto impreciso. Es que cualquier abuso sexual, justamente por ser abuso, tiene carácter ultrajante. Por ello, corresponde a la jurisprudencia precisar prudencialmente en cada caso la extensión de dicho término.
Juicio por delitos de acción privada, etapas del proceso
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: FERNANDEZ, Omar s/ Causa 2.247
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-23

Superado el momento de la admisión de la querella (art. 424 del C.P.P.) obligatoriamente el proceso deberá concluir mediante sobreseimiento, en caso que prospere el avenimiento o se produzca retractación (art. 425, C.P.P.), o cuando progrese una excepción perentoria, o medie desistimiento del acusador privado, sea éste de carácter expreso o tácito (arts. 420 y 422, respectivamente). Si ello no ocurre, se abre inexorablemente el juicio a impulso del querellante exclusivo, debiendo concluir mediante sentencia.
Empleados públicos, cesantía, indemnización, salarios caídos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: FRANCIONI, ANA MARIA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 69-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-05-21

Corresponde desestimar el reclamo indemnizatorio formulado al no haber aportado la actora elementos que acrediten el efectivo daño producido como consecuencia de su cesantía ilegítima. Ello por cuanto lo común es que las personas capaces logren emplear su tiempo en otra labor retributiva y siendo la relación de empleo de carácter profesional (o sea, constituyendo el modo habitual de lograr medios de vida) no puede presumirse que el agente haya estado sin actividad o desenvolviendo actividades no productivas.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, regulación de honorarios, honorarios del perito
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Fagotti, Domingo y otros c/ Administración General de Puertos. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Es inadmisible el recurso extraordinario contra la resolución que reguló honorarios al perito contador: art. 280 del Código Procesal.
Acción reivindicatoria, posesión
Materia: CIVIL
Carátula: FRANCO, SAMUEL OSCAR, SEREBRINSKY J. Y OTRO c/ MARIO BILLORDO Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-05

El art. 2789 del Código Civil se refiere a hipótesis en que una sola de las partes, el actor, presenta títulos de propiedad en apoyo de su pretensión.
Prueba anticipada, rechazo de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Fortunati, Marcelo Daniel c/ DPS S.A. y otros s/ Prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2017-02-02

En relación a la prueba informativa al Correo Argentino para que remita copia de la filmación de seguridad del día 10 de junio de 2016, consideramos que no hay un peligro o urgencia eminente que justifique la anticipación de su remisión, pues el Correo es un tercero ajeno a la litis, por lo que no hay motivos para siquiera sospechar que dicha prueba pueda ser fraguada, alterada o destruida. Además ni siquiera se ha probado que la misma no va a ser conservada, vale decir que no se va a contar con ella al ser requerida en la etapa de prueba pertinente.
Daño ambiental, derecho a un medio ambiente sano, daños y perjuicios, indemnización, derecho a la vida, derecho a la salud
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pinini de Pérez, María del Carmen c/ COPETRO SA s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-04-27

El daño ambiental se produce y debe ser resarcido aunque se manifieste actuando sobre personas sensibilizadas por alguna enfermedad que posean desde antes, o si se trata de organismos débiles o debilitados como el caso de los niños o ancianos. En todos los casos existe un derecho primordial a la vida y salud que debe ampararse y cuya violación abre el derecho resarcitorio (art.1, 3, 4, 5, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por ley 23054).
Empleados públicos, bioquímicos, remuneración
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: RINCON, RODRIGO GERMAN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-08-02

La Cámara señaló que la ley regulatoria del ejercicio de la profesión bioquímica en el territorio de la Provincia de Santa Fe expresamente reconoce la compatibilidad de tal ejercicio por cuenta propia con la actuación en relación de dependencia, en cargo público o privado, siempre y cuando no exista superposición horaria, y que la incompatibilidad legal allí prevista es respecto de toda otra profesión que habilite para prescribir análisis bioquímicos, no habiéndose invocado -ni menos aún demostrado- que la función profesional del actor en la Administración incluya tal actividad; frente a lo cual el actor intenta oponer su particular enfoque de la cuestión, centrando sus agravios en haber soslayado el sentenciante el análisis, la definición, la precisión y alcance de la prohibición contenida en el artículo 14 inciso d) de la ley 8525 -al que remite el artículo 6 de la ley 9282-, pero sin hacerse cargo que la prohibición establecida en la primera de las normas citadas no hace referencia a la incompatibilidad legal total para el ejercicio de la profesión para tener derecho al adicional reclamado, sino que refiere a la prohibición de mantener vinculación que le represente beneficios u obligaciones, únicamente con las entidades directamente fiscalizadas por la dependencia en la que presta servicios.
Indemnización por accidente de trabajo, depósito en sede administrativa
Materia: LABORAL
Carátula: BURGOS, NOE c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-05-17

Si el empleador ha depositado en sede administrativa el monto de la liquidación practicada por la Caja de Accidentes, sin contar previamente con la aceptación parcial o total de la misma por parte del dependiente, dicha suma deberá ser deducida del importe diferido a condena a su valor nominal sin ponderación alguna por depreciación monetaria.
Recurso de casación, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: Santangelo, Daniel Domingo s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-12-05

Cuando los judiciables estimen que la decisión de los jueces sobre imposición de las costas es susceptible de impugnación a través de la vía casatoria, en principio, el carril adecuado que disponen para canalizarla es el previsto en el inc. 4º del art. 257 de la ley ritual (arbitrariedad), toda vez que invariablemente las quejas se dirigen a puntualizar errores o vicios de juicio en el que había incurrido el mérito.
Prueba testimonial, dictadura militar
Materia: PENAL
Carátula: Tommasi, Julio Alberto y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-29

La prueba testimonial reviste suma importancia en las causas donde se investigan hechos que tuvieron lugar en el marco de la última dictadura militar hace más de 30 años, dado que ha permitido realizar una reconstrucción histórica de lo ocurrido en el marco de un ataque generalizado y sistemático a la población civil, crímenes que fueron cometidos por integrantes del Estado bajo su cobertura y amparo y que trataron de ocultar toda huella que permita probar la existencia de los mismos.
Ejecución de sentencia, reajuste jubilatorio, pago
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "BELICARI, JOSEFA c/ A.N.Se.S.". s/ EJECUCION PREVISIONAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-25

Disponer el pago inmediato del haber reajustado en modo alguno se encuentra en colisión con los arts. 16, 22 y 23 de la ley 24.463, ni con el art. 13 y concordantes de la ley 25.344
Contrato de trabajo, accidentes de trabajo, asegurador por riesgos del trabajo, daño, relación de causalidad, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Nieto,  José Orlando c/ Tansportadora de Caudales Juncadella S.A.y otro s/ accidente-acci3/4n civil.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-08

A los fines de cumplir con uno de los objetivos esenciales de la ley de riesgos del trabajo. esto es, la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos laborales (conf. art. 1, ap. 2, inc. a), ley 24.557), el sistema impone en cabeza de las A.R.T. una serie de obligaciones: el art. 4, ap. 1, ley 24.557 dispone la obligación de las A.R.T. de prevenir los riesgos del trabajo y proveer al cumplimiento de las normas sobre higiene y seguridad del trabajo ; el art. 31, ap. 1 obliga a las A.R.T. a denunciar ante la S.R.T. los incumplimientos de los afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo; de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18, dec. 170/96 las A.R.T. deben brindar a los empleadores afiliados asesoramiento sobre la determinación de potenciales riesgos y sus efectos, sobre la normativa vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo y sobre la selección de elementos de protección personal. Así si se prueba el incumplimiento de la A.R.T. en la adopcoón de medidas tendientes a evitar el acaecimiento del accidente al trabjador, y en virtud de lo dispuesto en los arts. 902 y 904 del Cód. Civil, cabe concluir que ha mediando nexo de causalidad adecuada entre los daños y perjuicios sufridos por el actor y los incumplimientos de la A.R.T., en razón por la cual surge su responsabilidad. (Del voto del Dr. Zas, por la mayoría).
Honorarios del abogado, prescripción, sucesiones
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Valderrama, Ramón Rafael s/ Sucesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-10

El derecho de los letrados que intervinieron en el proceso sucesorio para pedir la regulación de sus honorarios podría tornarse imprescriptible si a su inactividad se agrega la del deudor. Si por algún requisito procesal no se hizo la regulación en ese entonces, no por eso dejaba de correr la prescripción bienal, si no se la interrumpía con un acto idóneo a tal fin, que en la especie no ha sucedido (arg. art. 3986 y conds. Código Civil).
Notificación, notificación automática
Materia: PROCESAL
Carátula: Urbieta de Soto, Ramona c/ Hoyos, Edgardo s/ Ordinario Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1985-04-03

El auto que tiene al recurrente por desistido de la acción y del derecho, en virtud de una presentación conjunta, equivale a la homologación del acuerdo presentado por la aludida presentación conjunta y, por lo tanto, el auto en cuestión es equiparable a la sentencia definitiva, en cuanto pone fin al pleito y, en tales condiciones, debe ser notificado personalmente o por cédula.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, exceso ritual manifiesto, prueba, proceso penal
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: Fiscal c/ Fernández, Víctor Hugo s/ av. infracción ley 20.771.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El deber de dejar establecida la verdad jurídica objetiva, en materia de enjuiciamiento penal, sólo autoriza a prescindir, por ilícita, de una prueba cuando ella, en sí misma, haya sido obtenida a través de medios inconstitucionales o ilegales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fraude
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Riscossa, Olga Mabel c/ Di Pascuacio, Carlos Alberto s/ Acción revocatoria y reducción hereditaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-06-01

Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no ha logrado poner en evidencia que la simulación fraudulenta establecida por el a quo importase un grave desvío lógico en el discurso del sentenciante o fuese el resultado de una valoración irracional de la prueba.
Decretos, intervención estatal, Comisión Nacional de Valores, presidente de la Comisión Nacional de Valores, cesación de servicios, salarios caídos
Materia: COMERCIAL-LABORAL
Carátula: DE ESTRADA PABLO LUIS MARIA c/ COMISION NACIONAL DE VALORES Y OTRO s/ JUICIO CONTRA LA NACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-09

No habiéndose impugnado ni tachado de inconstitucional el decreto 988/88 que intervino la comisión nacional de valores designando un interventor, no puede en este caso, controvertirse la remoción de su presidente, por ser su lógica consecuencia. El actor, por las razones referidas, no ha prestado servicios y, de acuerdo a la jurisprudencia de la corte, no le corresponde la percepción de los salarios caídos (fallos: 297:427; 299:72, 73 y 74; 305:199,1459, entre otros). Además, el accionante no demostró la existencia real y concreta de los daños ni que, de haber existido, estos fueran consecuencia del acto que dispuso su remoción (fallos: 310:1952, considerando 41).
Estado Nacional, soberanía, bono nominativo en dólares
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Brunicardi, Adriano C. c/ Estado Nacional (BCRA.) s/ cobro.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-10

La reprogramación unilateral de los vencimientos de los bonos nominativos emitidos en virtud del decreto 1334/82, dispuesta por el decreto 772/86, fue un acto de soberanía.
Azúcar, interpretación de la ley, Dirección Nacional del Azúcar, cupos de producción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Sucesión Emilia Namen de Chehuan c/ DNA. s/ restitución, asignación de cupos de azúcar y daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Ante la claridad del art. 2°, de la ley 21.360, no resulta razonable sostener que la Dirección Nacional del Azúcar tenga facultades para fijar reajustes a los cupos de producción, pues su misión es vigilar el cumplimiento de la ley.
Falta de personería, costas al vencido
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MARIA DEL CARMEN HAIDAR DE OCCHI c/ EDGARDO ANTONIO SEGHESSO Y OTRO s/ DESALOJO Y COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-30

Si el "rechazo" de la excepción de falta de personería sólo se sustenta en la circunstancia de haberse subsanado el defecto con posterioridad a su articulación, perdidoso en sentido estricto ha sido el accionante, por lo cual aparece claro que las costas deben imposersele conforme el principio objetivo de la derrota.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, duda
Materia: PENAL
Carátula: Leites, Oscar Sixto s/ Tentativa de violación reiterada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-18

Es insuficiente el agravio vinculado a la transgresión del art. 431 del Código de Procedimiento Penal si la situación de duda queda sin sustento fáctico al no acompañarse las argumentaciones con el debido apoyo en las normas probatorias pertinentes a fin de demostrar la configuración de los hechos que se alegan como fundamento de la misma y que no habían sido establecidos en el decisorio (doct. art.

355, C.P.P.).