Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-04-11


AUTOS Nº 53. 395 ( 9º Juzgado Civil) ( Nº 8946-SALA III) BANCO DE SAN JUAN S.A. C/ Cano Javier Evaristo y Otra Ejecución Hipotecaria II Cuerpo.

///Juan, a 11 días de Abril de dos mil ocho.

VISTO: Para resolver el recurso de apelación concedido a fs.211 al Dr. Darío B. Bleger, contra la sentencia interlocutoria de fecha 30 de abril de 2007, obrante a fs. 202/206.

CONSIDERANDO: La Sra. Juez a-quo en la resolución apelada resuelve: "...I-Hacer lugar a la prescripción opuesta por el Sr. Federico Aranda.

Costas a la vencida.

II Hacer lugar al pedido de levantamiento de embargo formulado por el adquirente Sr. Aranda.

Costas al incidentado vencido.

...".

Contra esta sentencia se alza a fs.209 el Dr. Darío B. Bleger por medio de representante. El recurso se le concede a fs.211, expresa agravios a fs.212/216, los que fueron respondidos a fs. 221/224.

Ambas partes hacen reserva de la cuestión constitucional.

A su vez, la apelada solicita se decrete desierto el recurso, en razón de que la expresión de agravios no reúne los requisitos exigidos por el art.265 del C.P.C..

Sin perjuicio de la relación de la causa que hiciera el sentenciante, diremos que a fs.111 el Dr. Darío B. Bleger, apoderado de la actora, renuncia al mandato que le otorgara ésta, el 4 de julio de 2003.

A fs. 129 se encuentra agregado el Convenio de Pago y Cancelación de Deuda, acordado por las partes.

A fs. 169 el Dr. Bleger, formula liquidación a los fines regulatorios.

Precisa que ejercerá su derecho a percibir honorarios de la parte demandada.

El Dr. Federico Aranda, comprador del inmueble hipotecado, a fs. 171 deduce prescripción respecto al pago de los honorarios que pudiera corresponder al Dr. Bleger, petición que funda en el art.4032, inc."a" del Código Civil.

A tal fin señala que éste ha renunciado a su mandato el día 4 de julio de 2003 y que, al momento de practicar la planilla de liquidación agregada a fs.106, el cobro de honorarios se encontraba prescripto. Agrega que, al suscribir la escritura pública (fs.142), canceló los honorarios de los letrados intervinientes en la ejecución.

A su vez, a fs.174 solicita el levantamiento del embargo ejecutivo sobre el inmueble de su propiedad, por entender que se encuentran satisfechos los honorarios de todos los profesionales intervinientes en la causa.

Como cuestión previa trataremos el pedido de deserción del recurso efectuado por el apelado.

Este Tribunal en numerosos fallos ha dicho que: "La mera expresión de disconformidad con la interpretación judicial sin fundamentar la oposición, o el formular simples apreciaciones personales sin dar base jurídica a un distinto punto de vista no constituye crítica concreta y razonada de la sentencia que satisfaga los requisitos del art. 265 del Cód. Procesal (PROT. DE SENT. Tº I Fº 169/172-1992).

"Si bien el escrito deberá contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del C.P.C.) ante la gravedad de la sanción impuesta por el art. 266 del Cgo. citado, en caso de duda, y a condición de que el apelante individualice su disconformidad con la sentencia recurrida, debe tratarse la apelación". (Prot. de Sent. Tº III Fº 527/529 Año 1999; Tº IV Fº 617/621 AÑO 2007, entre otros).

Por lo que corresponde el tratamiento de los agravios expuestos por el apelante.

Se agravia de la resolución recurrida en cuanto considera prescripto su derecho al cobro de honorarios, ordena levantar el embargo sobre el inmueble hipotecado y le impone las costas.

Los fundamentos expuestos los subsumiremos de la siguiente forma: Primero: Referido a la prescripción. Al respecto expresa que como consecuencia la condena en costas al demandado, nace para el beneficiario (apelante), un derecho personal contra el obligado al pago, por lo tanto el término de prescripción es de 10 años.

En junio de 2002 se dicta sentencia de remate, que condena al ejecutado al pago de las costas (fs.88/90). A partir de esa fecha, encontrándose la resolución firme, se incorpora al patrimonio del beneficiario un derecho personal a cobrar las costas, cuyo término de prescripción es el ante indicado. Agrega en consecuencia, que en los procesos ejecutivos no resulta de aplicación la distinción entre honorarios regulados o no regulados. El plazo que rige cuando se pretende el cobro al condenado en costas es de diez años (art.4023 del C.C.).

El presente proceso ha culminado con un Convenio de Pago, suscripto en mayo de 2004 (fs.129), por lo tanto el plazo de prescripción se debe computar desde esa fecha; el pedido de regulación se efectuó en febrero de 2006, es decir, dentro del término de dos años.

Siendo de interpretación restrictiva la pérdida del derecho por prescripción, corresponde se considere como comienzo del plazo, la fecha del citado Convenio. El art.4032 del Código Civil señala que la prescripción corre desde que el pleito feneció por sentencia o transacción.

Además, es necesario notificar al profesional la terminación del pleito, a los efectos del comienzo del plazo de prescripción.

La notificación, en este caso, ha sido efectuada en el mes de mayo de 2004 y el Convenio suscripto en esa fecha, por lo tanto el derecho al cobro de honorarios no ha prescripto.

Segundo: El levantamiento del embargo debe revocarse, en razón de que el convenio de partes no le es oponible, por lo tanto el inmueble, objeto de la ejecución, sigue afectado al pago de las costas (art. 235 -ley 2150; arts. 3111, 3162 y 3936 del Código Civil).

Tercero: Sobre las costas. En el supuesto de confirmarse la sentencia corresponde modificar la imposición de costas, disponiendo que las mismas sean soportadas en el orden causado.

La prescripción es una defensa que podía o no oponerse, de no haberse opuesto se hubieran regulado sus honorarios.

Entrando al tratamiento de los agravios diremos que: I) Por constituir la prescripción un medio de liberación del deudor por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sirve a la seguridad jurídica en cuanto determina la estabilidad de los derechos.

En razón del carácter de orden público del instituto (art.3947, Código Civil), no puede desconocerse la regulación del derecho de fondo, además, obliga a efectuar una interpretación estricta.

El supuesto de hecho de la prescripción liberatoria lo constituye la inacción del titular del derecho expuesto a extinguirse por no uso (Spota Alberto "Prescripción y Caducidad" pág. 349).

No se suspende ni interrumpe sino por las causas previstas en el Código Civil.

Este Tribunal ha dicho que: "En orden a honorarios de abogados y procuradores, nuestra ley sustantiva contiene dos preceptos distintos, que rigen dos situaciones diferentes, por un lado el caso de honorarios regulados y por el otro, el caso de honorarios pendientes de regulación.

El primero de los señalados cae bajo la previsión general del art. 4023 del C.Civil, que fija un plazo de diez años para la prescripción de los créditos, mientras que el segundo está regido por el art. 4032 inc. 1º del C.Civil.

Una vez regulado el honorario, lo que está sujeto a prescripción es la acción para reclamar su cobro, motivo por el cual en tal hipótesis corresponde aplicar la prescripción decenal de la actio judicati; lo que no ocurre cuando el crédito por honorarios es todavía ilíquido y pende de determinación, por no haberse efectuado la correspondiente regulación (Prot. de Autos Tº II Fº 326/329,año 1991 de esta Sala).

También hemos sostenido que: "Para una corriente jurisprudencial, en cuanto a la oportunidad para oponer la prescripción, ésta debe oponerse cuando el profesional solicita que se regulen sus honorarios, a cuyo efecto se aducen razones de economía procesal, ya que diferir la discusión para el momento que se pretenda cobrarlos, su determinación sería inoficiosa, y también que una vez fijado su importe regiría la prescripción decenal, con lo que la norma carecería de aplicación practica (Prot. Autos TºII Fº326/329,año 1991).

Además: "La prescripción bienal del art. 4032 inc.1º del Código Civil rige para aquellos supuestos en los cuales el mandatario o patrocinante ha cesado en su ministerio, ya sea por terminación del juicio, o conclusión de su vínculo con la parte.

Para establecer el punto inicial del término de prescripción bienal, se debe tener en cuenta que la acción por cobro de honorarios está en movimiento desde que termina el pleito, o desde que concluye la actuación del profesional, aunque todavía el juicio no haya terminado.

El plazo de prescripción de los honorarios se cuenta desde la fecha en la cual el letrado renuncia al mandato o al patrocinio ejercido, cuando cesa la actuación profesional o al patrocinio ejercido, o desde que le es notificada la revocación del poder, o del patrocinio (Salas Trigo Represas López Mesa C.Civil Anotado, Tº IV-B, pág. 340, nº 3 Prot.de Autos:TºIV-Fº674/680-2003, entre otros).

El Dr. Darío Bleger pretende se le regulen sus honorarios, con el propósito de cobrarlos al "condenado en costas", los ejecutados, conforme lo dispuesto en la sentencia obrante a fs.88/90. El incidentista interviene en dicha petición, no sólo por pedido del interesado sino que tiene interés legítimo, en razón de que se encuentra embargado el inmueble que adquiriera (fs.91 y 141/143), a los fines de responder por el capital reclamado, intereses pactados y costas (fs.88/90).

De la compulsa del expediente surge que las partes han celebrado un "Convenio de Pago-Cancelación de Deuda", acordando en la cláusula tercera los honorarios del apoderado de la actora (fs.129).

Se entiende que dichos honorarios pertenecen al Dr. Acosta Zapata, quien a la firma del Convenio era apoderado de la actora.

Recordamos que el Dr. Bleger había renunciado al mandato que le otorgara el Banco de San Juan, con anterioridad al Acuerdo mencionado (fs.111).

En razón de la renuncia al mandato, en cuanto a la prescripción solicitada, corresponde la aplicación, conforme lo dicho precedentemente, del plazo establecido por el art.4032, inc.1º del Código Civil, es decir el plazo bienal.

Respecto a la iniciación del cómputo de dicho plazo se ha resuelto que: "La existencia de intereses distintos , en materia de honorarios, entre los profesionales y las partes es precisamente uno de los fundamentos por los que la aplicación de la norma del art.4032 C.Civ. hace las distinción entre honorarios cobrados al cliente, en cuyo caso es razonable que el plazo de prescripción se compute desde que la relación convencional ha cesado y los honorarios que se pretenden cobrar al condenado en costas, en cuyo caso la acción nace con dicha condena (Suprema Corte de Justicia de Mendoza Sala 1ª "Fabril Casale S.A.C.I.F. s/ Rec.de Revisión s/Casación" 22/08/06).

Criterio que compartimos, por lo tanto en el caso en estudio, en que el Dr. Bleger manifiesta pretender cobrar sus honorarios a los condenados en costas, el plazo bienal se debe computar desde la fecha de la condena en costas, en la sentencia de fecha 10 de junio de 2002 (fs.88/90). La presentación de la liquidación a los fines regulatorios ha sido efectuada el 24 de febrero de 2006 (fs.169), cuando se encontraba cumplido el plazo de prescripción. En consecuencia debe confirmarse la resolución de primera instancia.

Todo sin perjuicio de que se practique la regulación de honorarios. Como lo tenemos dicho con anterioridad: "El Juez nunca puede negar al profesional la regulación de sus honorarios por las razones que a continuación exponemos. El Juez tiene el deber de regular los honorarios a los profesionales, ya sea en el momento de dictar sentencia (art 168, inc.8º del C.P.C. y arts.222 y 223 de la Ley 2150) o, si los difirió, en el momento que el profesional lo solicita y exista base regulatoria.

Es decir que para el juez resulta ineludible proceder a la regulación solicitada, sin que obste para ello, que la acción para percibirlos se encuentre prescripta. A su vez, el profesional tiene el derecho de obtener la regulación de los honorarios devengados por su trabajo en el juicio, independientemente de que luego los pueda cobrar o no.

Esto tiene su justificación en que, aún prescripta la acción, el profesional tiene el derecho a conocer el valor de su trabajo y, además, porque la prescripción, como es sabido conforme lo dispone el Código Civil (arts.515 y ss.) convierte a las obligaciones civiles en naturales, extinguiendo la acción del acreedor, pero no su derecho ya que, en caso que el deudor cumpla con el pago de la misma, no podrá repetir lo pagado al haber cumplido con el deber moral que, como obligación natural, seguía existiendo.

De ello se infiere claramente, que no se puede negar al profesional la regulación de sus honorarios, aunque el monto que de ella surja se haya convertido en una obligación natural, dependiendo ya de la voluntad del deudor pagarlos o renunciar a la prescripción, si el profesional persigue judicialmente su cobro.

Es decir, que el profesional tiene derecho de conocer el valor del trabajo realizado, siendo como dijimos, imperativo para el juez regular, independientemente de la posibilidad de cobro de los honorarios respectivos.(Prot. de Autos Tº II, Fº 347/357, Año 1998; fallo confirmado por la Sala I de la Corte de Justicia, en P.R.E. Tº I, Fº 161/163 del Año 2000; en igual sentido, Prot. De autos:TºIII-Fº495/497-2004).

En consecuencia, el a-quo debe proceder, aún decretada la prescripción, a la regulación de los honorarios que se solicitara.

II) En el Convenio de Pago las partes acordaron en la cláusula Cuarta el levantamiento del embargo ordenado sobre el inmueble hipotecado, trabado como consecuencia de esta ejecución (fs.129). De dicho Convenio el a-quo ordenó la citación a los Dres. Roberto Juárez y Darío Bleger, a los fines previstos por el art. 235 de la ley 2150 (fs.130); el Dr. Bleger no compareció en el término establecido, encontrándose debidamente notificado (fs.135).

Al haberse producido la prescripción indicada, y quedando la posible regulación de honorarios como una obligación natural, corresponde admitir la petición del levantamiento del embargo, efectuada por las partes en el Convenio (cláus.4ª-fs.129).Se rechaza el agravio expuesto en tal sentido.

III) En cuanto a la imposición de costas, es razonable mantenerlas a cargo del vencido.

Como esta Sala lo ha expresado reiteradamente: "El art. 74 del C.P.C. (art. 68 C.P.N.) consagra el principio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de costas.

Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a resarcir los gastos del vencedor en que debió incurrir para obtener ante el órgano jurisdiccional, la satisfacción de su derecho.

Estas deben ser reembolsadas por el vencido, con prescindencia de su buena o mala fe, o mayor o menor razón para litigar, y de todo concepto de culpa, imprudencia o negligencia de su contrario.

No constituye un castigo, o una pena al perdedor, sino que se aplican a título de reparación patrimonial de las expensas del juicio a favor de quien ha debido iniciar una acción judicial para lograr el reconocimiento de su derecho, o defensa de sus derechos frente a una demanda injusta.

Con tal base es notorio, que las costas deben ser impuestas a quien se opuso negando la procedencia de la pretensión".

(Prot. de Autos, Sala 3º, Tº III Fº 584/585-2001; Prot. de Sent.:TºI-Fº42/48-2006, entre varios).

La Excma. Corte de Justicia ha resuelto que: "Si bien es cierto que el principio objetivo de la derrota, como criterio rector en la materia de imposición de costas, admite la facultad de eximir al vencido, ese tratamiento excepcional sólo puede admitirse cuando la controversia se haya suscitado, en modificaciones habidas en el derecho positivo, cuando se produce un cambio en la jurisprudencia anteriormente consolidado.

Cuando concurra alguna otra razón, que demuestre la equidad de tal decisión, el juez tiene el deber de fundar adecuadamente su resolución (P.R.E.,Sala I tº III Fº 463/466 2000).

Atento al resultado del recurso que se rechaza, las costas de la Alzada se imponen al apelante vencido (arts.74 y 75 del C.P.C.).

Por todo ello, normas legales y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación concedido al Dr. Darío Bleger a fs. 211, contra la resolución de fecha 30 de abril de 2007, obrante a fs. 202/206, la que se confirma por los fundamentos dados.

Costas a cargo del apelante vencido (arts.74 y 75 del C.P.C.). Diferir las regulaciones de honorarios para su oportunidad.

Protocolícese, hágase saber, dése copia autorizada, bajen los autos previa reposición de sellado si correspondiere.

FDO: DR. HUMBERTO CABALLERO, DRA. CATALINA CELIA CUNEO DE GARCIA, DR. MOISES MOYA. ANTE MI DRA. ALICIA B. SOLIMEI SECRETARIA- PROT. DE SENT. Tº I-Fº 148/152 -11-04-08