Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-01


Salta, 01 de Junio de 2010.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "AGUAISOL VALDEZ, Néstor vs. AGUAISOL, Gustavo Alejandro; AGUAISOL, José Luis - Cese de cuota alimentaria" - Expte. n° 244.310/08 del Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de 1ª. Inst. de 1ª. Nominación -Expte n° CAM -303.954/10 de esta Sala III, y C O N S I D E R A N D O El Dr. Marcelo Ramón Domínguez, dijo:

I) La sentencia de fs. 80/81 es apelada por los demandados a fs. 83. Concedido el recurso a fs. 86, presentan su memoria a fs. 87/88. Dicen que no se evaluó en la decisión adoptada que ambos continúan sus estudios terciarios, cursando la carrera de técnicos en informática, habiendo José Luis terminado el segundo año y Gustavo Alejandro el tercero, lo que se acreditó con certificados curriculares y constancias de alumnos regulares. También se señaló la imposibilidad de los hijos de poder conseguir un trabajo remunerado que les permita seguir estudiando, ya que el tiempo que les insume el cursado de su carrera no les dejaría margen para un trabajo full time. Asimismo, reviste importancia la necesidad de uno de ellos de continuar siendo beneficiario de la obra social de su padre, debido a su afección médica ya que padece diabetes tipo I, enfermedad crónica que la tendrá el resto de su vida, lo que se puso en conocimiento del Juzgado, consignando la dieta y medicación que necesita. Y, de confirmarse la sentencia, darían su baja en la obra social, siendo el más perjudicado en tal caso, José Luis.

Corrido traslado de la demanda replica la misma a fs. 92/94 Néstor Luis Aguaisol. Dice, en primer lugar, que los alimentados se allanaron al incidente de cesación de la cuota alimentaria, tal como lo consigna la providencia de fs. 77, que ha quedado firme . Subsidiariamente, destaca que la pieza en réplica no reúne los requisitos necesarios para ser considerada una expresión de agravios. De todas maneras, consigna que los demandados no probaron a lo largo del proceso ninguno de los extremos invocados y, lo que es cierto, la obligación del padre cesa al llegar éstos a la mayoría de edad.

A fs. 102/103 dictamina la Sra. Fiscal de Cámara. Advierte que, a su entender, la memoria no reúne los recaudos técnicos pero que en resguardo del derecho de defensa puede habilitarse la instancia revisora. Consigna que no se ha demostrado de manera alguna que se encuentren imposibilitados los apelantes de obtener trabajo. Por otra parte y respecto de José Luis, pone énfasis que ha cumplido veintiséis años y la cobertura de las obras sociales llega hasta los veinticinco años, conforme al artículo 9 de la Ley 23.660. En lo que respecta a Gustavo Alejandro, tiene veintitrés años y la obra social puede continuar con la cobertura siempre y cuando se presente la documentación que habilite la extensión._ II) En reciente pronunciamiento, se trató la temática que hoy nos convoca y en tal sentido mi colega de Sala, Dr. Guillermo Díaz, señaló que "con anterioridad a la vigencia de la Ley 26.579 de reformas a los Códigos Civil y Comercial sobre mayoría de edad (publicada el 22/12/2009), se tenía dicho que la obligación alimentaria de los padres respecto de sus hijos, derivada de la patria potestad, se extendía hasta los veintiún años, pues esta era la edad con la cual se alcanzaba la mayoría de edad. El fundamento legal de dicha extensión se hallaba en las disposiciones de los arts. 126 y 265 del Código Civil. De tal modo, el supuesto de haber alcanzado el hijo la mayoría de edad era uno de aquellos en que el deber alimentario cesaba "ipso iure", es decir, sin necesidad de un pronunciamiento judicial que dispusiera la cesación (Borda: "Familia", Bs. As., Edit. Perrot, tomo II, 1969, pág. 410, n° 1248 y pág. 398 nº 1232 y 1233; CNCiv., Sala E, 29-6-92, E.D. 150-270; CApel.CC. Salta, Sala III, 28-12-95, Protocolo año 1995, f° 832; Id. Id., protocolo año 2000, f! 575). El nuevo texto del art. 126 del Código Civil establece que son menores las personas que no hubieren cumplido la edad de dieciocho (18) años. Sin embargo, la Reforma ha incorporado un nuevo párrafo al art. 265 en virtud del cual la obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en el artículo 257, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o el padre (debió decir los padres), en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Es decir, que se ha establecido la mayoría de edad a partir de los dieciocho años, pero se ha mantenido el deber alimentario de los padres hasta la edad de veintiuno. Como enseña Néstor Solari en reciente publicación de La Ley (20/04/2010, 1 "Alimentos debidos a los hijos entre los 18 y 21 años. La nueva ley 26.579") "...la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño (Adla, XLVIIA, 1481) entre los tratados (sobre derechos) humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), exigía una adecuación en las leyes internas. De acuerdo al instrumento internacional se es niño hasta la edad de 18 años. Como consecuencia de ello, si mantenemos la minoría de edad del sujeto por encima de esa edad, estaríamos extendiendo su incapacidad, negándole el ejercicio de los derechos y garantías que gozan todas aquellas personas que tienen plena capacidad. El recurso de la incapacidad es excepcional, no habiendo justificativo válido en el orden interno para prolongar hasta los 21 años la incapacidad del sujeto. Por ello, son los dieciocho años la línea divisoria entre menores de edad (niños, en la terminología del instrumento internacional) y mayores de edad, en lo que a capacidad se refiere, sin perjuicio de algunas protecciones jurídicas que el legislador entienda necesario mantener hasta los veintiún años u otra edad que establezcan las leyes...". Y apunta después "...A partir de la presente ley, tenemos tres fuentes posibles de la obligación alimentaria por las cuales los padres pueden tener que pasar alimentos a sus hijos: la patria potestad, el parentesco y -se agrega- el vínculo filial. Este último -en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 265 del Código Civil-, constituye un derecho de los hijos mayores de edad, entre los dieciocho y los veintiún años...". De todos modos, a partir de cumplidos los veintiún años de edad, la fuente obligacional de los alimentos que los padres deban a sus hijos seguirá siendo el parentesco, de acuerdo a lo que resulta del texto del art. 370 del Código Civil, según el cual "...el pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiese reducido a tal estado...". En tal sentido, ha venido señalando esta Sala que "...Es verdad que pueden existir circunstancias, como las señaladas por los arts. 370 y cc. del Código Civil, en que, por resultar indispensables, la obligación alimentaria debe continuar. Pero en tal supuesto cabe al alimentado hacer oportunamente el planteo respectivo a fin de lograr el pago de los alimentos (Borda: Op. cit., pág. 398/399 y nota 1825, en donde cita un fallo inédito de la CNCiv., Sala D). Mientras no haya un reclamo judicial en tal sentido, la acreditación de las circunstancias que lo aconsejarían, y una sentencia que disponga el pago de alimentos a un hijo mayor de edad, debe estarse a la cesación que ha operado de pleno derecho..." (CApel.CC. Salta, Sala III, 22-9-992, tomo año 1992, pág. 488; CApel. CC. Salta, Sala III, 24-2-05, "Toro vs. Toro", Expediente de Sala n° 112018, tomo año 2005, f° 139). La causa es González vs. Gonzaléz y el fallo data del 18 de mayo del corriente año, estando registrado al f° 417 de esta Sala.

III) Como se puntualiza en el caso señalado, que recuerda precedentes de esta Sala, el artículo 370 del Código Civil contempla situaciones como la de autos, en donde pueden existir circunstancias en que, por resultar indispensable, la obligación alimentaria debe continuar. Pero para ello, debe el alimentado acreditar que le faltan los medios para alimentarse y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiera reducido a ese estado. Y la determinación de tal necesidad es una cuestión de hecho, que no se compadece con la sujeción a reglas fijas, presuponiendo: a) carencia de bienes o rentas o absoluta necesidad de los alimentos; b) imposibilidad de adquirirlos con su trabajo. Tal ineptitud puede ser física y provenir de enfermedad o falta de trabajo o bien psíquica (incapacidad o insuficiencia mental); c) irrelevancias de la causa: expresamente el texto legal desecha la causa que ha generado el estado de necesidad. En esa orientación decidió la jurisprudencia que corresponden los alimentos a favor de la hija mayor de edad, si los médicos forenses han llegado a la conclusión de que no tiene capacidad para desarrollar y desempeñar tareas de oficinas o escritorio (CNCiv. Sala A - en E.D. -19.307).

IV) En autos, al tiempo de quedar impuestos de la pretensión de su padre por el cual pide el cese de la carga alimentaria en razón de la mayoría de edad (José Luis Aguaisol nació el 16 de marzo de 1984 y Gustavo Alejandro Aguaisol el 16 de octubre de 1986), éstos se presentan a fs. 43/45 y a fs. 75/76 contestando el incidente. Lo cierto es que el proveído de fs. 77 los tiene por allanados a la demanda instaurada en su contra, el que adquirió firmeza toda vez que los apelantes no objetaron tal providencia.

Y más allá de toda consideración procesal la verdad es que, tal como lo puntualiza la Sra. Fiscal de Cámara, no han demostrado los apelantes encontrarse imposibilitados de obtener trabajo por lo que debe aplicarse la normativa que establece que cesa la obligación alimentaria al llegar los hijos a la mayoría de edad (art. 126 y 265 del Código Civil), ya que tal circunstancia es uno de los supuestos en que el deber alimentario se extingue ipso iure, es decir, sin necesidad tan siquiera de un proceso judicial que lo disponga.

Respecto a la situación con la obra social, tal como lo señala la Sra. Fiscal de Cámara, la cobertura se extiende hasta los veinticinco años (art. 9 Ley 23.660) y José Luis Aguaisol cuenta en la actualidad con veintiséis años de edad. En cuanto a Gustavo Alejandro, la obra social puede continuar con la cobertura en tanto se presente la documentación que habilite la extensión, aún cuando se decida el cese de la obligación alimentaria.

III) Las costas del recurso se dispondrán por el orden causado, dado que en la materia no rige en plenitud el principio objetivo de la derrota que consagra el art. 67 del Código Procesal, pues de lo que se trata es de no gravar la situación de los alimentados. Y si bien los apelantes pierden el derecho alimentario, las circunstancias que habilitan la exoneración causídica mantienen vigencia._ El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

Que por sus fundamentos adhiere al voto del Dr. Marcelo R. Domínguez.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA, I) NO HACE LUGAR al recurso de apelación deducido a fs. 83 en contra de la sentencia de fs. 80/81. COSTAS del recurso por su orden.

II) CÓPIESE, regístrese, notifíquese y BAJE.