marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fideicomiso, obligaciones de las partes, facturas impagas
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANGIOCOR  S.R.L. c/ M y H LIBEDINSKY S.A. Y OTROS U.T.E. -UGP- s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-21

1 - Resulta procedente la demanda incoada por cobro de facturas impagas, emitidas en función de un contrato de provisión de prótesis y ortesis celebrado entre las partes. En ese contexto, resulta inadmisible la postura de la U.T.E. accionada, quien pretende desconocer dicha relación contractual al manifestar que su parte sólo tuvo el papel de administradora de una Unidad de Gestión y Participacion (UGP) integrada por ambas partes; y que competía al Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados (INNSJP) el pago de las prestaciones mediante depósito en cuenta corriente. Sin embargo, de los términos utilizados en los contratos adjuntados a la causa, se verifica que la demandada se atribuyó a si misma el carácter de U.G.P. (".esta UGP no está exenta."); asimismo, la actuación de la accionante como prestadora -y no integrante de la UGP- emerge de diversos medios prueba (testimonial, documental, pericial, etc.). 2 - Por otro lado, aún cuando la demandada no observó la legitimación de la actora para reclamarle a su parte el crédito en cuestión, cabe señalar que a fines de garantizar el pago de los servicios fue constituido un fideicomiso, y se estableció que el INSSJP -fiduciario- depositaría el pago en cuenta corriente contra la presentación de las facturas. Por lo tanto, la legitimación de la actora resulta de su condición de beneficiaria del fideicomiso, pues le asiste derecho a subrogarse en los derechos del fiduciario para reclamar del fiduciante si, como en el caso, los pagos se hicieron a este último y no consta ni se invoca que el fiduciario haya ejercitado acción al respecto (En similar sentido: Kiper, Claudio M. y Lisopraeski, Silvio V: "Tratado de Fideicomiso", Ed. Depalma, 2004, Bs. As., págs. 275/6 y 419). 3 - En consecuencia, la condena deberá recaer sobre los integrantes de la U.T.E. demandada en autos, quienes responderán en los términos del contrato que los vinculó y, a falta de especificación, en partes iguales (Ley 19550: 381 y CCIV: 691 y 698).
Ministerio Público, recurso de apelación (procesal), traslado, error (penal), dictamen fiscal
Materia: PENAL
Carátula: H., M. s/ Apelación proveído (Expte Nº 260-98, Resolución Nº  185, Tomo 4,  Folio 92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-07

Es menester señalar, y ello en razón de las distintas opiniones sustentadas por el señor Fiscal de Cámaras y por el señor Fiscal de primera instancia, que no hay tantas Fiscalías cuanto representantes de ella, sino que a todos los efectos el Ministerio Público Fiscal se rige por el principio de unidad, de lo que se sigue que, más allá de sus consecuencias, el traslado (en el caso, del recurso relacionado con denegación de pruebas postuladas por la Fiscalía durante la etapa crítica de la instrucción, donde conforme a lo establecido por el artículo 371, última parte, del Código Procesal Penal, recibidos los autos el Tribunal debía directamente avocarse a su conocimiento y dictar resolución "...sin más trámite...") se limita a posibilitar que la misma parte que había deducido apelación se expidiera sobre sus pretensiones. Cierto es que el procedimiento referido no está previsto por la ley procesal que directamente llama a un directo pase a resolución de la cuestión, mas de ello no se sigue nulidad alguna, tanto porque no está ella prevista cuanto porque en definitiva el erróneo trámite reconocido, aunque pueda haber repercutido sobre la celera sustanciación del incidente, lejos de perjudicar los intereses en juego amplió la posibilidad de sostenerlos.
Acción contencioso administrativa, facultades disciplinarias, ausencias injustificadas, rechazo de la demanda
Materia: PROCESAL
Carátula: Villanueva, Mauricio c/ Poder Ejecutivo de la Provincia s/ Plena Jurisdicción e Ilegitimidad o Anulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2018-02-28

Este Tribunal, haciendo una interpretación literal del certificado médico expedido por la psicóloga tratante no encuentra una justificación para enervar los efectos de los incumplimientos de los deberes de atribuidos al recurrente, esto es la no prestación del servicio en tiempo y forma o no haber presentado el pedido de justificación médica, debiendo destacarse especialmente que si bien en el informe psicológico adjuntado se ratifica el estado depresivo que lo aquejaba, lo cierto es que el mismo no certifica que hubiera estado privado de conciencia de sus actos de modo tal que le impidiera, hacer conocer su estado de salud y requerir la correspondiente licencia médica por su estado, como efectivamente lo hizo con las ausencias de los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto del 2006. A ello debe añadirse que así como está producida, también la prueba pericial médica resulta ineficaz, ya que en ella se omitió brindar las explicaciones detalladas de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funda, sin explicar los pasos tenidos en cuenta para la preparación de su campo de trabajo y desde luego las conclusiones que extrajo, todo ello, con adecuada fundamentación, conforme a los principios científicos que resulten eventualmente de aplicación al caso, de modo de demostrar que a través de un procedimiento controlable y accesible se puede ilustrar sobre aquello que es materia de disputa (de mi voto en SD Nº Ocho, de fecha 31 de mayo de 2.017, CJ Nº 135/2011- GARNICA, Julio César c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción Contencioso Administrativa). - Por ello, toda vez que las pruebas periciales rendidas, aún con sus objeciones, no han suministrado información de convicción que nos permita inferir que la decisión recaída en el sumario administrativo pueda ser revertida en esta instancia, la pretensión de impugnar el acto alegando la existencia de vicios de ilegitimidad, arbitrariedad ó carencia de motivación, no puede tener acogida favorable, correspondiendo en consecuencia rechazar la demanda presentada. - Del voto del Dr. Figueroa Vicario.
Caducidad de instancia, feria judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Scordamaglia, Anuncia c/ Cerezani, Juan Alberto y otro s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-03-07

Las meras tratativas extrajudiciales no pueden tener efecto suspensivo de la caducidad, ya que, las diligencias ex-juicio cumplidas por las partes carecen -en principio- de virtualidad para obstar el curso de la perención. Por otra parte, se deben incluir en el cómputo del plazo los días correspondientes a la feria judicial.-
Recurso de inconstitucionalidad, gravedad institucional, concursos, verificación de créditos, crédito por impuestos y tasas
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: Administración Federal de Ingresos Públicos (D.G.I.) c/ Paolini, Christian Gastón - Concurso s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-09-24

No puede prosperar el planteo de gravedad institucional planteado por la entidad recaudadora recurrente, desde que la misma requiere que el conflicto exceda el interés individual de los litigantes, para afectar el de la comunidad toda en sus valores mas sustanciales y profundos, circunstancia que no sólo debe ser alegada, sino demostrada por la recurrente, lo que no acontece en el sub judice.

Efectivamente, en la litis concreta, la compareciente no consigue persuadir que la solución dada por el Tribunal dentro del marco del recurso sometido a su jurisdicción, conlleve una ineludible deformación del sistema legal tendente a la percepción de la renta pública, de modo que perturbe la recaudación fiscal y afecte los intereses que se dicen comprometidos.
Verificación de créditos, verificación tardía
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Moran Dominguez Marcelino s/ Concurso Preventivo -Incidente de revisión por fisco-
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-09-14

En orden a la naturaleza de las certificaciones fiscales, que emana del artículo 979 inciso 2 del Código Civil y las consecuencias que de su contenido igualmente fluyen, no obstante tratarse de un incidente de revisión donde, en principio, la carga probatoria recae sobre el incidentista, es a la sindicatura a quien le corresponde demostrar la ausencia o falsedad de la causa de la obligación, no viéndose perjudicado el fisco recaudador por la circunstancia de que el concursado carezca de libros de comercio, documentación y/o asuentos contables, como así también no haber hecho presentaciones previsionales y/o impositivas.
Responsabilidad objetiva, responsabilidad del dependiente
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Figueroa, Mónica María y Otro c/ Heili, Héctor Alberto y otros s/ Indemnización de Daños y Perjuicios - Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-03-21

La relación de dependencia no resulta equiparable a la relación laboral de moldes clásicos. Puede haber relación laboral y no relación de dependencia, al menos respecto de los hechos que generaron la responsabilidad y, a la inversa, puede existir relación de dependencia sin que exista propiamente una relación laborativa clásica. Así se ha decidido recientemente, declarando que la noción de dependencia de derecho laboral tiene alcances diferentes a la que se estudia a los fines de la responsabilidad civil consagrada por el artículo 1113 del Código Civil al extender la responsabilidad de quien ha causado un daño a los que "causaren los que están bajo su dependencia". En este sentido, se ha entendido que la relación de dependencia no tiene sustento exclusivo en la existencia de facultades de vigilancia o de control, sino en la de dar órdenes y de organizar determinada actividad. La dependencia, al entender de la doctrina y jurisprudencia actuales, se configura toda vez que medie una autorización al tercero emanada del principal o deudor, para obrar. De esta forma cobra cuerpo la llamada dependencia "transitoria" u "ocasional".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, reincidencia, leyes, interpretación de la ley, jurisprudencia, pautas orientadoras
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: G., M. A. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL AGRAVADA POR REGISTRAR EL  PORTADOR ANTECEDENTES PENALES Y SUPRESION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 523
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-19

Corresponde rechazar la queja desde que la interpretación que efectuara el Sentenciante del artículo 50 del Código Penal no luce irrazonable ni ilógica a punto tal de descalificarla desde la óptica constitucional.

Es que las razones brindadas al declarar la reincidencia -no como instituto utilizado para medir la pena ni para sustentar una medida de seguridad 'eliminatoria' como la contemplad a en el artículo 52 del Código Penal sino considerando que en el futuro podría tener otras consecuencias que no implicarían el nuevo juzgamiento del hecho pretérito, sino simplemente la verificación de su existencia para establecer una u otra forma de ejecución de la pena, concretamente, para hacer o no lugar a una libertad condicional -, lucen acordes con los criterios que emanaran de la Corte nacional en distintos precedentes (Fallos:308:1938; 311:1451); "Chueke" (del 27.11.2007) y "Gago" (del 6.5.2008), por lo cual no pueden ser tildadas como violatorias de principios de raigambre constitucional. (De la Ampliación de Fundamentos del Dr. Falistocco)
Crédito laboral, remuneración, base, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: FERREYRA JESUS UBALDO SEPTIMO c/ CLINICA REGIONAL RIO TERCERO  S.R.L. s/ ENFERMEDAD   ACCIDENTE  -  CONTRATO  DE  TRABAJO  -  CREDITO LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-07-29

El salario que debe tomarse como base para el cálculo para cada una de las pretensiones que prosperan debe determinarse en base a las remuneraciones que constan en los recibos,en los libros especiales,en todo de acuerdo a lo informado por el perito oficial contador en su dictamen, las mas favorables al trabajador en caso de discrepancia, toda vez que como lo advierte el experto las remuneraciones mensuales que allí se consignan superan de manera considerable los salarios de convenio vigentes para la máxima categoría administrativa todo lo cual sugiere una racional suficiencia remunerativa para la función jerárquica eventualmente desempeñada por el pretenso y en mayor medida cuando ha sido percibida de manera pacífica y sin reservas en los últimos años hasta la finalización de la relación laboral. El actor se ha esforzado en demostrar haber detentado el cargo de "administrador general", pero meritando las probanzas arribadas al proceso se infiere que efectivamente se desempeñó como "administrador a secas", responsable del sector administrativo del establecimiento, el dependiente de mayor jerarquía del sector toda vez que al deponer como testigo sostiene ser jefe de administración y reconocer al actor como jefe inmediato. No obstante lo señalado no se ha aportado ningún elemento convictivo autónomo que acrediten que los certificados emitidos para otros fines, reflejen una remuneración cierta y habitual efectivamente percibida en el momento en que fueron despedidos, por lo que no corresponde concederle relevancia alguna en los cálculos indemnizatorios.-
Honorarios del abogado, renuncia tácita
Materia: PROCESAL
Carátula: Sucesorio de García Palacios Gregorio s/ Recurso de inconstitucionalidad int. en Expte. N 5435/00 L.A.N 44 F 525/527 N 215 inconstitucionalidad int. en Expte. N 5435/00 L.A.N 44 F 525/527 N 215
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2001-05-30

La renuncia de un profesional, respecto de sus honorarios, resulta de naturaleza asimilable, a una donación, y también a una relación contractual de empleo -que en este caso liga al mandante con el mandatario-, y así la renuncia implica un acto recepticio que, como tal queda configurado y tiene efectos desde que la manifestación de voluntad llega, sin lugar a dudas, a la órbita de conocimiento del otro. Y ello es así porque la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva (art. 874 del Cód. Civil), y el Código, en el artículo siguiente expresa que "La renuncia puede ser retractada mientras no hubiera sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace, salvo los derechos adquiridos por terceros, a consecuencia de la renuncia, desde el momento en que ella ha tenido lugar hasta el de su retractación".
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestiones procesales, TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS, recurso de apelación (procesal), acción de amparo, existencia de otras vías, Municipalidad, poder de policía
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD- ACCION DE AMPARO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 325 AÑO 2005)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-05-10

Corresponde desestimar la queja ya que tanto la apelación ante la Cámara de Apelación del Tribunal Municipal de faltas, como la eventual apelación ante los jueces en lo Penal de Faltas que establece el artículo 99 de la ley 10160 constituyen sólo un artilugio desprovisto de eficacia para eliminar los agravios constitucionales, sin lograr demostrar que los Jueces de la causa hayan propiciado una interpretación del instituto del amparo que restrinja y desnaturalice los fines para los cuales fue consagrado. Es que, en el marco limitado del amparo, la razón social no agota su disputa a la sanción de clausura que le fuera impuesta por el Municipio al comercio en cuestión a través del Tribunal Municipal de Faltas, sino que, aborda la inconstitucionalidad del plexo legal que regula el ejercicio del poder de policía municipal.

Y bien, el tratamiento brindado por los Sentenciantes, transcurrió por el examen de la inidoneidad de la vía del amparo para canalizar el debate propuesto por el recurrente, por lo que la solución adoptada tornó inoficioso el tratamiento de esas cuestiones y descartó lasupuesta configuración de arbitrariedad, sin abrir juicio definitivo sobre la legalidad de la pretensión sustancial del amparista enorden a los derechos que entiende asistirle, la que podría ser debatida y dilucidada por la vía pertinente.
Traslado de la demanda, notificación
Materia: CIVIL
Carátula: Baigorria, María Rosa c/ Mango, Eduardo y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2014-10-31

Corresponde dejar sin efecto la resolución que dio por perdido el derecho a contestar demanda y tuvo por constituido el domicilio de los demandados por ante los estrados del Tribunal, pues ante el resultado negativo de la primer diligencia de notificación -en la cual el oficial notificador dejó constancia que en el citado domilicilio "no vive ni trabaja" esa persona- y la denuncia de nuevo domicilio efectuada por el actor, debió notificarse bajo responsabilidad de esa parte aunque luego haya sido la misma actora quien solicitó lo que finalmente resolvió el aquo, pues la notificación del traslado de la demanda es, sin duda, la más importante de todas las que se practican en el proceso, al constituir el primer acto de anoticiamiento de su existencia, razón por la cual debe estarse a la solución que evite conculcar garantías constitucionales.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, impugnación de los fundamentos
Materia: PENAL
Carátula: Lourido, Alejandro s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-15

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se sostiene que no pudo concluir el tribunal que el hecho ocurrió en la senda peatonal si la Cámara atribuyó a la ya probada responsabilidad del procesado por el exceso de velocidad el hecho cuestionado, por lo que el eventual éxito de la impugnación no modificaría lo resuelto.
Leyes, presunciones, control de constitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: VITTAR, EDUARDO CALIM c/ EMPRESA FERROCARRILES ARGENTINOS s/ COBRO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-14

El planteo de inconstitucionalidad exige que el interesado demuestre el agravio que aduce. Porque las leyes en sentido amplio se presumen constitucionales, corresponde que el impugnante desvirtúe esa presunción.
Contratos, corretaje, corredor, comisión del corredor, presentación al cobro, improcedencia del recurso, aplicación de la ley, Registro Público de Comercio
Materia: COMERCIAL
Carátula: SOL REAL ESTATE SRL Y OTRO c/ INDOVINO JOSE SEBASTIAN s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-10

Procede rechazar la acción por cobro de una comisión devengada de la compraventa realizada por el accionado -con otra inmobiliaria-, en supuesta violación de la exclusividad pactada en la autorización de venta suscripta por las partes. Ello por cuanto, quien suscribió dicha autorización no detentaba la matrícula necesaria para el desarrollo de la actividad, y los accionantes no se encontraban habilitados para reclamar la comisión derivada de esa venta. Al respecto, tiene dicho esta Sala que el corretaje es una profesión reglamentada en términos tales que las normas respectivas son indisponibles para las partes, por lo que constituye condición insoslayable para quienes aspiran a desempeñarse como corredores y pretendan cobrar comisión en el ejercicio de esa actividad, la de matricularse en el Registro Público de Comercio correspondiente a su domicilio (esta Sala "Osuna José Policarpio c/ Van Tooren Verónica Vanesa s/ ordinario", del 13/3/14; "Aubone y Asociados SH c/ Industrial and Commercial Bank of China (Arg) SA s/ ordinario", del 21/5/15 ). Así lo establece el art. 33 de la ley 20266, en su actual redacción reformada por ley 25028, redacción que es clara y precisa en cuanto a la exigencia de matriculación a los fines del ejercicio del corretaje y como presupuesto de la existencia de acción para el cobro de la remuneración prevista por la norma; asimismo, también son claros los términos de dicho artículo al establecer los alcances de la comisión que pierde de reclamar quien no está matriculado (esta Sala, mi voto in re "Confalonieri Jaime E. c/ Rodalia SACA s/ ordinario" del 12/4/12). Por otro lado, el accionante tampoco probó los extremos necesarios para que una sociedad pueda iniciar un reclamo como el de autos, esto es, que los socios integrantes de este ente estén inscriptos como corredores, tal como lo exigen los arts. 15 y 31 de la ley 20266 con las modificaciones de la ley 25028 (esta Sala "Peña y Peña SRL c/ Romay Mirta y otros s/ ordinario" del 30/12/20).
Querella, rol de querellante
Materia: PROCESAL
Carátula: YANTORNO ROBERTO RAMON s/ DENUNCIA YANTORNO ROBERTO RAMON s/ DENUNCIA - INCIDENTE DE EXCUSACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1994-06-17|1994-06-17

Conforme la previsión del art. 170 del código de procederes por intermedio de la querella, se ejercita la acción penal emergente de un delito de acción pública del cual es damnificado quien la promueve es decir que corresponde únicamente a la persona directamente afectada por un presunto delito, no siendo admisible la lesión indirecta.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Kiss, Eduardo Enrique c/ Ciappina, Carlos s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-08-28

Todo el trámite probatorio previsto para el beneficio de litigar sin gastos habrá de regirse -en lo pertinente- por las disposiciones contenidas en la sección 1. del capítulo V del ordenamiento procesal, razón por la cual, en la medida que la objetada resolución declaró la negligencia de la prueba testimonial ofrecida por la demandada, aquélla queda inscripta en el área de irrecurribilidad que de manera expresa preceptúa el art. 377 del Código Procesal).

(MINORIA U OPINION PERSONAL)
Llamamiento de autos, defectos del procedimiento, preclusión
Materia: PROCESAL
Carátula: O., V.H. c/ O., F.M. s/ Nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-04-25

Es que constituye singular efecto del llamado de autos para sentencia el subsanar todos los vicios de actividad anteriores, una vez consentida esa providencia, que funge así de compuerta tras la cual aquellos defectos pierden virtualidad. Tal sanatoria o convalidación general reposa, amén de en la preclusión de las etapas, en dos principios básicos que campean en la materia: el carácter relativo de las nulidades procesales y la necesidad de que éstas sean argüidas indefectiblemente en la misma instancia en que se hubieren producido.
Legitimación activa, fallos de la Corte Suprema
Materia: CIVIL
Carátula: Acuden c/ Iruña-Sapac Wolkswagen Arg S.A. s/ reajuste de prestación
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-12-13

La actora también deja incólume el análisis vinculado con la circunstancia de que la administradora del plan había establecido como forma de pago mensual que cada uno de los ahorristas administrados que integraban en grupo lo debía efectivizar en diferentes entidades que figuran en los cupones como "Lugares de pago", y elocuente que era con motivo de titularizar cuentas en entidades financiera que no están exentas de retener el impuesto creado por la Ley 25413, que estableció una alícuota de hasta el seis por mil para aplicar sobre los créditos y débitos. Así, resultando ajeno a este proceso lo vinculado a la obligatoriedad de dicho tributo, la crítica en definitiva no asume la ausencia de cuestionamiento a dicha modalidad. (Del voto del Dr. Marcelo MEDORI, en mayoría).