Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-02


San Miguel de Tucumán, 02 de Septiembre de 2004.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "AVILA ANA MARIA C/PANIFICACION MARTINEZ S.A. Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS S/ INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO (P.P. LA ACTORA)" - Expte. N° 2501/98-I1, y CONSIDERANDO:

1.- El caso: En la causa princial se dictó sentencia de fondo en primera instancia en fecha 23/04/2004 (fs. 1/6), haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios y, condenando a la parte demandada al pago de una indemnización por la suma de $82.500 (pesos ochenta y dos mil quinientos), con más los intereses allí determinados. Con fundamento en lo dispuesto por el art. 241 inc. a) CPCCT, a requerimiento de la parte actora, la juez de primera instancia por sentencia de fecha 01/06/2004 (fs. 21), ordenó que se trabe embargo preventivo sobre fondos de la aseguradora, hasta cubrir la suma de 66.000 en concepto de capital, con más la suma de $9.900 calculada por acrecidas. Apela la incidentista.- 2.- Agravios: A fs. 15/17, el letrado que representa a la actora -que actúa con beneficio para litigar sin gastos, ver fs.14-, centra la crítica al decisorio recurrido en dos aspectos: a) Sostiene que sin fundamento la juez a quo ha reducido el monto de la cautelar, pues no tiene incidencia alguna el hecho que la sentencia no esté firme. b) Cuestiona la exigencia de contracautela real a la peticionante del embargo, teniendo en cuenta que actúa con beneficio para litigar sin gastos.- 3.- Como punto de partida en el análisis de la primera queja -extensión del embargo- esta Sala 1, tiene dicho que, como "principio fundamental se debe puntualizar que resulta procedente el embargo preventivo en los juicios por indemnización de daños cuando existen elementos que, con las limitaciones propias de las cautelares, permiten formar idea, aunque sea aproximada, de la verosimilitud del derecho y del monto del crédito reclamado, porque la procedencia del embargo preventivo no se agota en la enumeración del art.241 del C.P.C.C., sino que cabe decretarlo en todos aquellos casos en que concurran los presupuestos comunes a las medidas cautelares. Naturalmente que como en definitiva para la procedencia de la indemnización es menester una sentencia que determine la culpa en el deudor, debe haber serias apariencias del interés jurídico que justifique el anticipo de la garantía jurisdiccional y concurrir los requisitos típicos para su procedencia (Cf. Serantes Peña- Palma, "Código Procesal Civil", T. I, pág 196; Fassi, "Código...", T. I, pág. 332; Martínez Botos, " Medidas Cautelares", pág. 44; Ramírez, "Medidas Cautelares", pág. 8, 102; ED. 6-783; ED. 26-515; LL. 130-1073; LL. 114-835; LL.1984-D-538), sin dejar de ponderar el criterio amplio que prima sobre la concesión de las cautelares en general.-" (Cfr. CCCTuc. Sala 1, "Suayter, Luis Eduardo, s/ emb. preventivo", sent. n° 132 del 30/06/92).- 3.1.- A la luz de lo expuesto, cabe poner de relieve en el caso en examen, que la cautelar dispuesta en autos se funda en lo dispuesto por el art. 241 inc. a) CPCCT, esto es, la existencia de una sentencia -aún cuando la misma no está firme- favorable a la pretensión de la parte actora. Ello así, no hay motivos para disminuir en forma voluntarista la cuantía del embargo y, asiste razón al recurrente en el sentido que la misma debe abarcar cuanto menos el monto de condena, o sea, la suma de $82.500 (pesos ochenta y dos mil quinientos), con más el 10% de dicho importe, calculado provisoriamente por acrecidas, esto es, la suma de $8.250 (pesos ocho mil doscientos cincuenta).- 3.2.-La segunda queja reside en que no cabe -a criterio del apelante- exigir a la accionante contracautela real. Como punto de partida en el análisis del agravio diremos que, la contracautela no hace a la existencia, procedencia ni vigencia de la medida cautelar, sino a la ejecutoriedad de la misma (Cf. CCCC Ia. Tuc. "Dip de Coreminas c/ Gonzalez", del 2/11/81, entre otros). Asimismo, cabe poner de relieve que, para establecer la procedencia de cualquier medida cautelar es preciso tener en cuenta que la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora constituyen los requisitos específicos de fundabilidad de la pretensión cautelar, y junto con la contracautela, configuran la tutela precautoria en nuestro régimen procesal (arts. 226, 229 y cc del Código Procesal Civil), pero, el requerimiento de fianza real no debe constituir un obstáculo insalvable para el aseguramiento de los derechos, en consecuencia, siempre habrá que fijar las exigencias en función de las posibilidades reales de constitución de la contracautela por parte de quien solicita la medida, y en relación directa con el mayor o menor grado de verosimilitud del derecho que se pretende cautelar (en el caso en examen la existlencia de sentencia favorable al embargante). (En sentido similar, CCCTuc Sala 1, in re "La Invernada SA vs Inglemon Juan Miguel, s/ cumpl. contrato", fallo n° 102 del 14/05/96).- En el caso en análisis, a la parte actora le fue otorgado el beneficio para litigar sin gastos, o sea, el beneficio de la gratuidad durante la tramitación del juicio en los términos del art. 262 y cc del CPCCT y, de la ley 6.314. Ello así y, siendo esta normativa específica, frente a la norma genérica del art.229 CPCCT, consideramos que debe prevalecer la primera, en el entendimiento que, si a quién carece de recursos económicos suficientes para afrontar los gastos básicos de sellado fiscal, bonos de movilidad, etc., se le coloca en un plano de igualdad para permitirle el acceso a la justicia, no es razonable exigirle una caución real de difícil o imposible cumplimiento -cuanto menos hasta que no se demuestre lo contrario- para tornar ejecutable un embargo preventivo cuya procedencia no es materia de controversia. (En sentido similar CTrabajo Tuc., "Frias Félix vs Olmatic SA, s/ daños y perjuicios -inc. embargo preventivo", fallo n° 1023 del 15/02/91).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 01/06/2004 (fs. 21 del incidente), conforme a lo considerado.- II.- ELEVAR el monto del embargo preventivo a la suma de $82.500 (pesos ochenta y dos mil quinientos), con más el 10% de dicho importe, calculado provisoriamente por acrecidas, esto es, la suma de $8.250 (pesos ocho mil doscientos cincuenta). Oportunamente, líbrense los oficios solicitados, previa caución personal de la embargante.- III.- REMITANSE las presentes actuaciones al juzgado de origen.- HAGASE SABER.- MARIA E.FRIAS DE SASSI COLOMBRES AUGUSTO FERNANDO AVILA