Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-09-25


Reg.: A y S t 285 p 429/432.	Santa Fe, 25 de Setiembre del año 2018. VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la resolución de fecha 4 de octubre de de 2017, dictada por la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de la ciudad de Santa Fe, en autos "BASIGNANA, Julio César contra Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. -Procedimiento Abreviado en general- (CUIJ 21-05176588-2)" (Expte. C.S.J. CUIJ nro. 21-00511688-8 ); y, CONSIDERANDO: 1. Surge de las constancias de la causa que la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Santa Fe, en fecha 4 de octubre de 2017, rechazó -con costas- el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juez de Primera Instancia de Distrito Nro 11 en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de San Jorge que -a su turno- rechazara la oposición a la apertura del proceso declarativo de trámite abreviado por cobro de la indemnización del artículo 212 párrafo 4º de la ley 20744. Contra este ultimo pronunciamiento Molinos y Establecimientos Harineros Bruning S.A. dedujo recurso de inconstitucionalidad. En lo que resulta de interés, relata la impugnante que el 21 de julio de 2015, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó al actor y a dicha patronal a una audiencia para el 19 de agosto de 2015 a las 8:30hs ante la Comisión Médica nro 7 de la ciudad de Rosario. Y que el Sr. Basignana incompareció sin justificar su inasistencia. Continúa relatando que, el 30 de diciembre de 2015 -sin previa notificación de audiencia alguna- le comunican un dictamen en el cual se le determina incapacidad por la Comisión Médica nro 8. Sigue diciendo que, en fecha 24.6.2016 el Juez de primera instancia de distrito nro 11 de San Jorge dispuso la apertura del trámite abreviado conforme al artículo 122 siguientes y concordantes del Código Procesal Laboral, en el cual el actor reclamaba el cobro de la indemnización por incapacidad laboral absoluta conforme artículos 212 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Relata el impugnante que formuló oposición a dicho trámite monitorio, la cual fuera desestimada por el juez de primera instancia. Ante dicha resolución interpuso recurso de apelación y de nulidad en subsidio, que a su turno también fuera rechazado por la Sala. En cuanto a los agravios en primer lugar, tacha a la resolución de arbitraria, reñida con las reglas de la sana crítica y expresa que ello afecta su derecho de defensa. A su entender- el A quo incurrió en una errónea aplicación de normas. Sostiene que el resolutorio desconoció aspectos fundamentales planteados por dicha parte. Al respecto señala como requisito para la procedencia del trámite abreviado previsto en el artículo 122 del digesto laboral santafesino que la declaración del derecho resulte patente mediante la prueba documental acompañada y que no sea necesario el debate causal, lo cual -a su entender- no ocurre en el caso. Según estima, el planteo debía tramitar por la vía ordinaria para permitir la amplitud probatoria, particularmente prueba pericial médica. A su criterio, el Sr. Julio César Basignana no resulta portador de incapacidad absoluta para resultar acreedor a la indemnización ya aludida. Aprecia que el referido nunca había comunicado a su empleador que estuviera afectado por alguna supuesta incapacidad absoluta, que no registraba inasistencias prolongadas previa a la notificación del 30 de diciembre de 2015. Y que a su entender las supuestas patologías no revestían gravedad de incapacidad absoluta y permanente. Dice que -a su entender- la decisión es arbitraria por resultar violatoria del plexo legal y contrarias a los principios generales en la materia. Y que la arbitrariedad y violación de principios constitucionales -como a su entender ocurre en el caso- habilita la concesión del recurso extraordinario con fundamento en incisos 2 y 3 del artículo 1ª Ley 7055.	Alega que el Tribunal de Segunda instancia también desconoció lo dispuesto por la Resolución 326/2017 que establece la competencia territorial de la Comisión Médica Nro 7 para las ciudades que comprenden la circunscripción judicial número 1 de la Provincia de Santa Fe. Destaca que el actor tiene y tenía domicilio en la provincia de Santa Fe, que prestaba servicios en un establecimiento ubicado en la provincia de Santa Fe por lo cual postula como absurdo que entienda la Comisión Médica número 8 -con asiento en Paraná Entre Ríos- y elaborara el dictamen médico de supuesta incapacidad del actor. Entiende que la misma resulta absolutamente incompetente y que carecía de poder jurisdiccional para actuar en casos referidos a la provincia de Santa Fe. Sostiene como absurdo que la Sala resuelva desconociendo la normativa que dispone la competencia de las comisiones médicas y que rechaza la apelación. Aduce que la Comisión médica número 7 -Rosario Santa Fe- ya había actuado mediante la fijación de una audiencia. Insiste que se omitió dar avisto de la audiencia del 24 de septiembre de 2015 a los fines de que pudiera ejercer su derecho a presenciar e intervenir en la entrevista del actor en la Comisión médica número 8 para aportar o acompañar constancias médicas, verificar el grado de supuesta invalidez. Y expresa que ello implica un grave perjuicio y un menoscabo a su derecho a ser oído y de defensa en violación al debido proceso administrativo. Concluye que -a su entender- se ha violado en forma gravísima los principios y garantías procesales previstos en el artículo 18 de la Constitución Nacional por cuanto se le ha vedado toda participación en la audiencia que motivó el dictamen de la Comisión Médica número 8. Y agregó que la sentencia desconoció las garantías fundamentales contenidas en la Constitución Nacional y en los Tratados internacionales incorporados a la misma, específicamente la garantía de defensa en juicio y del debido proceso. Y cierra diciendo que la Alzada tampoco puede desconocer y restringir la posibilidad de su mandante a ser oído y poder revisar la incapacidad absoluta declarada por una comisión médica que postula incompetente. 2. Por auto de fecha 28 de noviembre de 2017 la Sala resolvió denegar la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por considerar que no se ha planteado oportunamente la cuestión constitucional, no existe agravio constitucional ni se ha presentado un argumento de arbitrariedad que pueda considerarse viable en abstracto por resultar insuficiente desde el punto de vista técnico la expresión de agravios. 3. Si bien es cierto que lo atinente al "procedimiento declarativo con trámite abreviado" que los sentenciantes estimaron aplicable al caso implica una cuestión de índole procesal laboral, pues se circunscribe al alcance que corresponde asignar a disposiciones de ese carácter contempladas en los artículos 122/134 del Código Procesal Laboral (según texto ordenado por Decreto 1079/10- Boletín Oficial 5.7.2010), y que en consecuencia resultaría ajena al recurso de inconstitucionalidad, debe hacerse excepción a esta regla cuando de los agravios expuestos por el recurrente en el recurso deducido surgiría que de la inteligencia de tales normas instrumentales efectuado por el tribunal A quo pueda derivarse frustación a las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal. Por consiguiente, la postulación del recurrente cuenta -"prima facie"- con suficiente asidero en las constancias de la causa e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de violación del derecho a la jurisdicción, con idoneidad suficiente como para lograr la apertura de esta vía extraordinaria. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de esta instancia y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación. Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Admitir la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Disponer la devolución del depósito efectuado (art. 8 Ley 7055) y que por Presidencia se requiera la elevación de los autos principales, imprimiéndoseles el trámite que corresponda. Regístrese y hágase saber. FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)