Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-07-31


Reg.: A y S t 283 p 434/437.

Santa Fe, 31 de julio del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la demandada contra la sentencia nro. 1606 de fecha 5 de diciembre de 2016 dictada por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 10 de la ciudad de Rosario en autos "MINISTERIO DE TRAB. Y SS P.S.FE contra VANDALIA SA - APREMIO - (Expte. 21-03754530-6 EXPTE. 1385/15)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511619-5); y, CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que mediante la resolución aludida la Jueza A quo rechazó las excepciones opuestas por la accionada y ordenó hacer lugar a la demanda instaurada, mandando llevar adelante, en consecuencia, la ejecución contra Vandalia SA hasta tanto la parte actora perciba la suma íntegra reclamada con más los intereses fijados en los considerandos, e impuso las costas a la demandada.

2. Contra este pronunciamiento la perdidosa deduce recurso de inconstitucionalidad.

Primeramente, aclara que la decisión que se impugna resulta equiparable a sentencia definitiva.

A continuación, imputa arbitrariedad al decisorio atacado por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción y omitir la aplicación del artículo 54 de la ley 10468.

Afirma que la parte substancial del fallo impugnado reposa en una afirmación dogmática y peca de excesivo rigor formal al eludir pronunciarse sobre la nulidad invocada mediante la excepción de inhabilidad de título.

Por otra parte, sostiene que el decisorio pretirió la garantía constitucional establecida en el artículo 9 de la Constitución de Santa Fe que prohíbe "...reabrir procesos fenecidos...", norma que -asevera- era directamente operativa y permite encuadrar su impugnación en el supuesto previsto por el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055.

Aduce que la condena a su parte lesiona su patrimonio, en clara contradicción con la garantía de inviolabilidad de la propiedad.

Estima que la convalidación judicial de un proceder violatorio de la propia Constitución y de los Tratados de Derechos Humanos por parte de la Administración Pública constituye un acto de gravedad institucional.

Finalmente, alega que la firmeza de la resolución administrativa motivo de ejecución se apoya en una fundamentación sólo aparente.

3. Por auto 1636 del 23.10.2017 la Juzgadora denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad impetrado, acudiendo -frente a ello- la impugnante en vía directa ante esta Corte.

4. Se adelanta que el recurso impetrado no ha de prosperar.

4.1. En primer lugar, cabe señalar que a estarse a las alegaciones de la recurrente, no corresponde encuadrar el caso de autos en el inciso 2 del artículo 1 de la ley 7055 como se pretende. En tal sentido, sabido es que tal norma requiere que se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la Constitución y la decisión haya sido contraria al derecho o garantía fundado en él, supuesto que no se advierte demostrado por la presentante, resultando insuficiente a tal fin la simple mención de su configuración en el "sub lite".

En consecuencia, el tratamiento de tal impugnación debe circunscribirse a los límites establecidos por el inciso 3 del artículo 1 de la ley 7055.

4.2. Aclarado ello, cabe liminarmente señalar que, conforme surge de las constancias de autos, el "sub judice" gira en torno a la acción de apremio deducida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de esta provincia persiguiendo el cobro de una multa por infracción a las leyes laborales, pretensión que la demandada resisitió oponiendo excepción de inhabilidad de título, defensa que fue desestimada por la Magistrada, quien mandara llevar adelante la ejecución.

Dentro de tal marco, se adelanta que -aun cuando se considerase superado el requisito formal relativo a la definitividad de la sentencia impugnada-, la presente queja no puede prosperar.

Ello es así toda vez que, como reiteradamente se ha dicho, aquellas cuestiones de naturaleza procesal no constituyen -en principio- materia propia de este recurso y quedan reservadas a la ponderación que de ellas efectúen en labor propia los jueces de la causa. Y si bien la citada regla puede ser exceptuada cuando se demuestre un claro apartamiento del alcance de los textos legales o cuando se acreditare la vulneración del derecho de defensa en juicio que le asiste a la parte, lo cierto es que las alegaciones desarrolladas por la recurrente no alcanzan a demostrar la concurrencia en el "sub lite" de algún supuesto de excepción.

En tal sentido, y yendo a lo sustancial de los cuestionamientos, no se advierte que en el caso se hubiera vedado a la impugnante el acceso a la jurisdicción de los tribunales o que se hubiere restringido su derecho de defensa.

En efecto, como la Jueza A quo referiera en el auto denegatorio del recurso extraordinario local "el título ejecutivo que se manda a pagar trata de una multa administrativa del trabajo cuya impugnación sustantiva se reserva a la Cámara de Apelación en lo Laboral (art. 52 de la ley 10468)" (v. f. 27v.), siendo que tal norma expresamente permite el planteo de la excepción de prescripción -de la acción o de la sanción- en esa instancia. Y, en tal sentido, al analizar la postulada inhabilidad de título, señaló la Magistrada que la circunstancia de que la Sala confirmara la inadmisibilidad de la vía apelatoria atento la falta de depósito previo ordenado por el art. 52 de la ley 10468 (f. 70 del expte. de apremio), explicaba y daba sustento al por qué ese Juzgado de primera instancia terminó siendo el órgano ante el que se interpuso una excepción de inhabilidad de título que remitía a un tópico que el tribunal superior no había podido analizar por la inadmisibilidad del remedio ordinario (v. f. 28), determinada por la falta de cumplimiento por la interesada de la condición previa que fija la norma.

Conforme lo fundamentado por la A quo, se desvanece la aparente contundencia de los alegatos recursivos invocando ausencia de firmeza de la resolución administrativa motivo de ejecución. Cuando, por lo demás, se advierte el lugar prioritario que este aspecto tuvo en la sentencia impugnada (v. f. 75), y a lo cual también se refiriera al motivar el auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad, ocasión en la que claramente expresó que "lo indispensable y conducente para decidir sobre el litigio es la firmeza de la multa como acto administrativo a consecuencia de la falta de depósito previo al momento de apelar en sede administrativa" (v. f. 28v.).

De tal modo, la Magistrada consideró que, en virtud de la desestimación de la vía recursiva ante la Alzada por incumplimiento de los recaudos legales por parte de la propia recurrente, la resolución administrativa que impuso la multa devino firme, y configuraba título ejecutivo suficiente.

Y frente a todo ello, la quejosa se limita a insistir con su postura -acerca de la nulidad de la multa administrativa laboral que le fuera impuesta- ya esgrimida en oportunidad de enderezar el recurso de inconstitucionalidad local -quedando así incumplida la carga del artículo 8 de la ley 7055-, pero sin demostrar en concreto que la resolución cuestionada hubiere vulnerado las invocadas garantías o hubiere excedido el límite de razonabilidad en la interpretación del alcance de los textos implicados. De tal modo, se deja incólume la hermenéutica que la Sentenciante hizo de las normas aplicables al caso al no alcanzar a poner en evidencia un supuesto de arbitrariedad ni la configuración de un gravamen irreparable de trascendencia institucional.

En virtud de lo expuesto "ut supra", y más allá del grado de acierto o error en que pudiera haber incurrido la Sentenciante en la literalidad de sus apreciaciones acerca de la defensa de inhabilidad de título y la cuestión causal (v. f. 3v.), lo cierto es que en el caso no se demuestra irrazonabilidad en el criterio sentencial, al entender que estando firme la resolución administrativa se encontraba habilitada la ejecución promovida. Y en este punto, la recurrente con sus alegaciones no logra demostrar que otra solución se hubiere impuesto necesariamente en la causa.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para la quejosa el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

FDO.: GUTIÉRREZ-ERBETTA-GASTALDI-NETRI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral N° 10 de Rosario.