Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14


SENT Nro. 122 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito y Antonio Gandur, con más la integración del señor vocal doctor René Mario Goane -por no existir votos suficientes para dictar un pronunciamiento válido-, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte actora en autos: "Danesi, Osvaldo Hugo vs. Banco del Tucumán S.A. s/Acción de amparo (Inc. de ejecución de honorarios promovido por el letrado Osvaldo Hugo Danesi)".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, Alberto José Brito, Antonio Gandur y René Mario Goane, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto a fs. 37/40 por el Dr. Osvaldo Hugo Danesi en contra de la sentencia de fecha 26/02/2002 dictada por la Sala Iº de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común.

El pronunciamiento mencionado dispuso rechazar el recurso de apelación interpuesto por el incidentista y confirmar el proveído que denegara el dictado de la sentencia de trance y remate oportunamente peticionado.

A fs. 44/46, la parte demandada contesta el traslado del recurso interpuesto, oponiéndose al mismo y solicitando su rechazo.

La Cámara a quo declaró admisible el recurso, por sentencia de fecha 22/5/2002 que glosa a fs. 48; por lo que corresponde a esta Corte en la instancia, el reexamen de admisibilidad del remedio articulado y -en su caso- considerar la procedencia del mismo.

II.- Se agravia el recurrente, afirmando que el pago de los honorarios realizado con posterioridad a la intimación en nada empece el dictado de la sentencia de trance y remate. Entiende que es en esta resolución, donde debían resolverse las cuestiones pendientes, tales como la procedencia de la ejecución promovida por su parte, el monto del capital, la aplicación de los intereses y la tasa correspondiente, la fecha a partir de la cual debían computarse y la imposición de costas. Destaca además, que con carácter previo a la promoción del incidente, obtuvo una medida cautelar de embargo (fs. 16) cuyas costas se encuentran también pendientes de pronunciamiento.

Señala que contrariamente a lo sostenido por la Sala a quo, el dictado de la sentencia de trance es indispensable a fin de pronunciarse respecto de las cuestiones pendientes. Y expresa que aunque la imposición de las costas tenga una regulación propia de carácter imperativo (arts. 516 y 106 del CPCC), ello no permite suponer la innecesariedad de una sentencia que así las declare.

III.- En el caso de autos, el recurrente promovió un incidente de ejecución de honorarios conforme consta a fs. 6. a fs. 10, se ordenó la intimación de pago y citación de remate que se practicó con fecha 24/5/2001 (fs. 12). El día 04/6/2001, la ejecutada dio en pago las sumas reclamadas; dación que fue aceptada por el incidentista, quien en el mismo acto pide se dicte sentencia de trance y remate, con costas y -por razones de economía procesal- se regulen sus honorarios profesionales también por la cautelar oportunamente concedida a su parte.

El juez a quo rechazó lo peticionado, no obstante lo cual dispuso el pase de los autos a despacho, para resolver la regulación de honorarios pendientes (fs. 20).

Apelado este proveído por el incidentista, el tribunal de alzada consideró que el dictado de la sentencia era innecesario cuando el intimado había dado en pago el monto de la ejecución (fs. 33). Entendió la Sala a quo que en este supuesto, no corresponde llevar adelante ejecución alguna; sin perjuicio de las costas que debían imponerse a quien había dado motivo a la iniciación del proceso (art. 516 del CPCC).

IV.- De la reseña practicada, se advierte que la resolución cuestionada no satisface los recaudos impuestos por el art. 813 procesal.

Pese a lo que sostiene el recurrente en su memorial, no queda demostrado que el pronunciamiento impugnado resuelva de modo definitivo la cuestión, ni haga imposible su continuación.

Tanto el pronunciamiento de fs. 23 (de Iº instancia) como el de fs. 33 (del tribunal de alzada), expresaron que el dictado de la sentencia de trance y remate era innecesario cuando el ejecutado había entregado en pago la suma reclamada. Desde esta perspectiva, el recurrente omite rebatir el argumento sentencial según el cual el pago ofrecido y aceptado por su parte, venía a satisfacer el crédito cuya ejecución perseguía.

Desde este enfoque, la genérica alegación de cuestiones pendientes tales como la necesidad de pronunciarse sobre la aplicación de intereses, su tasa y cómputo, resulta insuficiente para revertir el criterio adoptado por el tribunal de alzada.

V.- No puedes soslayarse que lo resuelto por la Sala a quo deja firme el proveído que ordena, por otra parte, el pase de las actuaciones a despacho para resolver los honorarios pendientes.

Siendo así, no se advierte que lo resuelto permita tener por configurado los extremos de los arts. 813 inc. a) y 814 del Código Procesal Civil y Comercial.

El remedio excepcional de la casación está reservado para los supuestos en que el pronunciamiento atacado es definitivo o equiparable a tal, o cuando lo decidido pueda ocasionar eventualmente un gravamen irreparable que torne necesaria la habilitación de la instancia casatoria.

La preceptiva citada establece que sentencia definitiva, como acto jurisdiccional apto para ser impugnado por el recurso de casación, es aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, sin que quede abierta una vía de reparación. Esta Corte ha reiterado su uniforme criterio, en el sentido de que la definitividad de la sentencia constituye un requisito autónomo que no se satisface ni se suple con la alegación de pretensas arbitrariedades o de infracción a normas de derecho.

En el caso, la sentencia recayó sobre una cuestión de carácter procesal, que deja a salvo el pronunciamiento que corresponda respecto de las cuestiones pendientes, que se invocan en el memorial casatorio. En razón de lo expresado, la sentencia impugnada no reviste carácter de definitiva, ni recae en cuestión incidental que termine el pleito o haga imposible su continuación; no causa gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, ni priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, por lo que el recurso es formalmente inadmisible (cfr. arg. CSJT, sent. 145, "Sucar Roberto Emilio vs. Banco Río de la Plata S.A. s/Especiales" del 18/3/2002; sent. 233, "Banco Mayo Cooperativo Limitado vs. Sociedad Anónima Miguel Seleme Agropecuaria y Comercial s/Ejecución Hipotecaria" del 15/4/2002; sent. 736, "Fernández Antonio V. vs. Del Solar Roque Antonio s/Pago por Consignación" del 26/8/2002; sent. 800 y 801, "Santillán Gustavo Luis s/Retención Indebida" del 11/9/2002; entre otras).

Conforme lo señalado, no se logra demostrar la lesión a los derechos y las garantías constitucionales que invoca el recurrente y la existencia de un perjuicio irreparable, que habilite la equiparación de la sentencia a definitiva. No concurre tampoco en el presente caso, el excepcional supuesto de gravedad institucional que permita sortear la falta de definitividad del pronunciamiento, toda vez que la afectación a derechos y garantías invocados permanece indemostrada; sin que se haya puesto en evidencia que las cuestiones resueltas excedan el interés individual del recurrente.

VI.- Las costas deberán ser soportadas por el recurrente vencido, conforme los principios que rigen la materia (art. 106 del CPCC).

El señor vocal doctor Alberto José Brito, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal el recurso de casación deducido por la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 26/02/2002, que rechaza el recurso de apelación deducido por aquélla y confirma el proveído que deniega el dictado de la sentencia de trance y remate.

II.- El recurrente, luego de sostener los requisitos de admisibilidad sentencial -sentencia definitiva al dejar cerrada la cuestión incidental que se ventila, infracción a norma de derecho sustancial y formal, gravedad institucional, boleta de depósito- y de reseñar lo acontecido en la tramitación de la presente causa, expone sus agravios. Al respecto, manifiesta que el mantener firme la resolución atacada implicaría considerar como válida la afirmación dogmática contenida en la resolución del 31/8/2001 en cuanto dice que el accionado había cumplido en tiempo y forma con la intimación efectuada, otorgando al ejecutante la dación en pago de la suma intimada. Sostiene que esta afirmación viola el art. 24 de la ley 5480 en tanto imperativamente impone el deber de abonar los honorarios dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio, por el condenado en costas, por lo que el juez no puede declarar que se ha cumplido en tiempo y forma con la intimación. Argumenta que también se viola el art. 515 en tanto dispone que el mandamiento de intimación requerirá el pago "en el acto", caso contrario procede la traba de embargo; que el plazo de cinco días concedidos por la ley ritual es para oponer excepciones, no para formalizar el pago, por lo que la interpretación dada por el juez carece de sustento normativo. Por ello, entiende que el ejecutado no cumplió con su obligación en tiempo y forma; no lo hizo dentro del plazo del art. 24 de la ley 5480, ni al momento de ser intimado de pago; de allí que la resolución atacada implica no sólo la desvirtuación del procedimiento ejecutivo sino también el amparo de la impunidad y el fomento al incumplimiento.

Manifiesta que yerra la Cámara al decir que la cuestión planteada está regida por el art. 516 pues esa norma no regula sino un mero accesorio del principal --proceso ejecutivo- cual es la materia sobre costas; que esta disposición no es operativa, sino que requiere de una sentencia dictada por juez competente que la aplique; es una norma innecesaria y adolece por su ubicación de una falla de técnica jurídica; que las costas están regladas en un capítulo especial de CPCC .

Expresa que la negativa a dictar sentencia violenta las normas de los artículos 31; 510; 512; 532; 535 del CPCC. Todo este plexo normativo está estipulando imperativamente la necesidad del dictado de un sentencia. Por ello, dice, la negativa a dictarla implica denegación de justicia afectándose, por ende, garantías constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio.

Menciona que no habiéndose opuesto excepciones en el plazo de cinco días, el juez de oficio debe dictar sentencia dentro de los tres días mandando llevar adelante la ejecución; que yerra el magistrado cuando entiende que el pago de lo intimado hace innecesaria la sentencia pues el hecho de haber aceptado el pago -a cuenta de planilla final- es irrelevante para dirimir la cuestión debatida, ya que todo proceso debe necesariamente concluir con una resolución que así lo declare. Sostiene que la ejecución no concluyó puesto que el pago no fue total, definitivo, cancelatorio. Cita lo dispuesto en los arts. 34, 33 y 272 procesal y 28 de la CP. Que también se equivoca el fallo cuando afirma que no hace falta el dictado de la sentencia para atribuir al ejecutado la responsabilidad en costas pues ella requiere la existencia de una parte vencida y de una sentencia que así lo declare y que nada obsta a que, habiendo pagos a cuenta antes del dictado de la sentencia, en ésta se especifique que en la planilla final a practicarse se debiten los importes correspondientes.

Agrega que no es sólo el tema de costas que falta dirimir, sino también la procedencia o no de la ejecución, el monto del capital reclamado, la aplicación o no de intereses, fecha a partir de la cual deban computarse, tasa de interés a aplicar, gastos, etc.. Items cuya resolución pendiente impide considerar a la cuestión como abstracta.

De otro lado, recalca la existencia de una medida cautelar previa a la iniciación de la ejecución y que las costas de la misma se imponen conforme al resultado del asunto principal; que sería subvertir la estructura esencial del procedimiento admitir que un juez pueda expedirse exclusivamente sobre los accesorios, sin haber resuelto sobre el principal.

Propone doctrina legal y solicita se haga lugar al recurso interpuesto y, para el caso de confirmar la sentencia en embate, se modifique el orden de imposición de costas habida cuenta de que la cuestión debatida, amén de novedosa, justifica la razón para litigar de su parte.

El traslado de ley es contestado por la contraria según escrito que rola a fs. 44/46.

III.- Por auto interlocutorio del 22/5/2002 la alzada hace lugar a la concesión del recurso interpuesto, correspondiendo ahora el análisis de su admisibilidad y procedencia.

IV.- El fallo impugnado encuadra la cuestión en el art. 516 procesal que dispone que si el deudor pagase en el momento de ser intimado, las costas de lo actuado serán a su cargo, es decir, que no es indispensable el dictado de una sentencia de trance y remate para atribuir al ejecutado responsabilidad en costas por lo actuado hasta ese momento en el proceso ejecutivo. En segundo lugar, estima el hecho de que el ejecutante aceptó la suma dada en pago, por lo que entiende innecesaria la sentencia de trance y remate cuando el intimado da en pago el monto de la ejecución, pues no hay ejecución a seguir, la misma queda trunca, y desde luego apareja costas al ejecutado que ha dado motivo a la iniciación del proceso. Concluye no haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia confirmando el decisorio recurrido e imponiendo las costas de la Alzada al vencido (art. 106/107/108 procesal).

V.- De la confrontación de los términos del memorial de casación puestos en relación con los de la sentencia que se recurre, se concluye en que asiste razón al recurrente.

En efecto, el pronunciamiento impugnado considera que habiéndose pagado el monto por el que se intima, no corresponde dictar sentencia de trance y remate pues la ejecución queda trunca y las costas se imponen, conforme al art. 516 procesal al ejecutado que ha dado motivo a la iniciación del proceso. Esta solución altera la estructura esencial del proceso de ejecución, con lo que el caso asume gravedad institucional, como lo menciona el recurrente (art. 813 inc. b) procesal). Ello así, en tanto el mero hecho del pago del monto por el que se efectúa la intimación no trae consigo la innecesariedad del dictado de la sentencia en el proceso de ejecución de honorarios. El pago posterior a la intimación es una alternativa válida de este tipo de procesos; alternativa que no excluye la necesidad de una sentencia que culmine el mismo fijando el monto total de lo debido -computándose en el mismo, el pago ya efectuado-, los criterios o pautas para determinarlo, e imponiendo las costas según correspondiere.

La solución que se propicia deviene del conjunto normativo integrado por los artículos 500, 509, 510, 512, 532, 535, 576 del digesto procesal civil y comercial de la Pcia., en tanto hacen necesario el dictado de una sentencia que ponga fin al proceso. El hecho de que el art. 516 procesal considere que, si se paga al momento de la intimación, las costas se imponen al ejecutado, no empece tal conclusión, toda vez que ello sólo importa regular la materia de los gastos causídicos en tipos de casos como el de la especie, pero de ningún modo se extrae de su letra o espíritu el que se soslaye el pronunciamiento sentencial correspondiente en el cual, precisamente, cabe imponer las costas, atribuidas al ejecutado por la normativa citada.

Por lo expuesto, corresponde casar la sentencia recurrida conforme a la siguiente doctrina legal: "Habiéndose intimado al pago de honorarios dentro del proceso de ejecución de los mismos, éste debe concluir con un pronunciamiento en el que se considerará la incidencia del pago efectuado con posterioridad a tal intimación", dictándose como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el ejecutante. En consecuencia, REVOCAR el proveído de fecha 19/6/2001, debiendo volver los autos a la instancia inferior a fin de que se dicte sentencia de ejecución de honorarios. II.- COSTAS a la recurrida (art. 106 y 108 procesal)".

VI.- Costas del recurso de casación a la vencida (art. 106 y 108 procesal).

Los señores vocales doctores Antonio Gandur y René Mario Goane, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Alberto José Brito, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala Ia. de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 26/02/2002 y, en consecuencia se casa y anula la misma de acuerdo a la doctrina legal enunciada, y se dicta como sustitutiva: "I.- HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el ejecutante. En consecuencia, REVOCAR el proveído de fecha 19/6/2001, debiendo volver los autos a la instancia inferior a fin de que se dicte sentencia de ejecución de honorarios. II.- COSTAS a la vencida (art. 106, 108 procesal)". Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS en esta instancia, conforme se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA (en disidencia) ALBERTO JOSE BRITO ANTONIO GANDUR RENE MARIO GOANE