Tribunal: JUZGADO DE 1ra INST. EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA Nº 2
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-12-27


1º Instancia.- Tartagal, diciembre 27 de 2010.

Considerando:I). Que a fs. 64/69 la Dra. R. del V. R., abogada, M.P.Nº 3.022, constituyendo domicilio procesal en ... de la ciudad de Tartagal, en su calidad de apoderada de los Sres. Arnaldo David Arenas D.N.I. Nº ..., Gladis Dalmira Romano, D.N.I. Nº ..., Lidia Orquera, D.N.I. Nº ..., Arminda del Valle Romano, D.N.I. Nº ..., Oscar Rubén Romano, D.N.I. Nº ..., Víctor Jerónimo Orquera, D.N.I. Nº ..., todos domiciliados en el Paraje El Chañar y Bernardo Lastero, D.N.I. Nº ..., domiciliado en el Paraje La Brea, todos de la localidad de Coronel Juan Sola, Morillo, Dpto. Rivadavia de la Provincia de Salta, se presenta y promueve acción de amparo y solicita se ordene la prohibici‗n de innovar sobre el inmueble identificado como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, ubicado en Dpto. Rivadavia de la Provincia de Salta y dice: Que esta medida tiene por único objeto el garantizar el resultado del proceso, resultando la misma procedente en virtud de las siguientes consideraciones: Verosimitud del derecho: Se encuentra suficientemente justificado con la presentación de los documentos ofrecidos como prueba en los cuales constan los derechos de posesión veinteñal sobre el inmueble a favor de mis mandantes . Peligro en la demora: El mismo resulta de los desmontes iniciados por el demandado aun sin tener permiso de la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia y de los hechos de violencia realizados por los maquinistas quienes pretenden avanzar aun con las familias poseedoras al frente. Funda la presente demanda en los arts.41, 17 y 43 de la Constitución Nacional, arts. 10, 75, 87 de la Constitución Provincial, Pactos Internaciones incorporados por el art. 75 inc. 22 en los que se regulan específicamente el derecho a la vida, el derecho de propiedad y a un medio ambiente sano. Adjunta prueba documental y ofrece prueba testimonial.

II). Que a fs. 39/45 la Proveyente se avoca al conocimiento de la causa y pasan los autos a resolver la medida cautelar solicitada.

III). Que analizando la presentación a la luz de las normas invocadas, la Proveyente considera que las partes detentan legitimación activa y pasiva suficiente para actuar en juicio, habiendo cumplido con los recaudos legales formales para la admisibilidad formal de la demanda.

IV). Por otra parte, ante la interposición de la medida cautelar solicitada, es imperioso su resolución con carácter previo, debiendo recordar que las mismas tienen por objeto asegurar el cumplimiento de pronunciamientos que eventualmente habrán de dictarse en un proceso, por lo que se ha dicho que constituyen un anticipo de garantía jurisdiccional y son, por lo tanto, un accesorio o instrumento del aludido proceso. Sabido es que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto "no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido" Confr. C.S. ææin reÆ Estado Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos c/Provincia de Río Negro del 24/07/91). Así y atento a la naturaleza de la medida solicitada: de no innovar o prohibición de innovar, es dable resaltar que estas son medidas precautorias dictadas por el órgano jurisdiccional intimando a cualquiera de partes que se abstenga de alterar, mientras dura el proceso, el estado de cosas sobre la que versa la litis, existente en el momento de notificarse la medida; consistente en un no hacer, en mantener el "statu quo" que de hecho existe al tiempo de la demanda, tratando de evitar que se torne ilusorio el eventual derecho que pueda corresponder al reclamante.

V). A los efectos del otorgamiento de la medida incoada, se deben acreditar los extremos exigidos por la norma (art. 195 y sgtes. del C.P.C.C) tales como verosimilitud del derecho y peligro en la demora además de la contracautela, es que digo que:

En relaci‗n al primer requisito, verosimilitud del derecho, se debe destacar que la Jurisprudencia tiene dicho en forma reiterada que "... se debe entender como la posibilidad de que éste exista y no como una incontestable realidad que sólo puede ser alcanzada al tiempo de dictar la sentencia de mérito; de allí que para decretar la cautela no se requiera de una prueba acabada en punto a la concreta configuración del derecho debatido, ni un examen exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, bastando que a través de un estudio prudencial y ajustado al trámite y constancias animadas a la causa, sea dado percibir y fumus bonis juris en el peticionario de la medida" (CN Cont. Adm. Fed., Sala II, causas 968, del 10/03/82 y 1408 del 15/07/83; Sala IV, causas 74 del 10/07/80, 621 del 10/07/81, 3330 del 15/03/85 y causa 5397 del 22/04/1988). Compartiendo dicho criterio jurídico, se debe señalar que la actora en autos invoca y prueba derechos posesorios ciertos y efectivos sobre dicha propiedad.

Que tal como surge de las pruebas arrimadas a la presentes, en especial la prueba documental (fs.08/11), Denuncia Policial y Acta de Inspección Nº 03668 de fecha 03 de Diciembre de 2010, realizada por el Tec. Agrn. M. Ch., en su calidad de Técnico Inspector de Programa SIAF y Base de Datos, dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, la parte demandada se encuentra realizando tareas de desmontes y abertura de picadas para deslinde, sin la debida autorización por parte de la Autoridad competente, lo que implica el ejercicio efectivo de actos posesorios, sin asentimiento alguno de la actora, todo lo cual es demostrativo de una perturbación ilegitima, arbitraria y violenta de la posesión invocada por la misma, utilizando vías de hecho, acompañadas de violencia material y moral, con el "animus" de poseer dicho bien, turbando precisamente el sustratum material mismo del derecho de posesión que invoca la actora. Dos posesiones iguales y de idéntica naturaleza, no pueden concurrir sobre la misma cosa (art. 2401 del C.C).

Que en referencia al segundo requisito como Peligro en la demora, cabe definirlo como el interés jurídico qué justifica las medidas cautelares, que se traduce en el estado de peligro en que se encuentra el derecho principal, la posibilidad o certidumbre de que la actuación de norma del derecho llegará tarde. Tal circunstancia surge de manera patente y palmaria, de la actual situación conflictiva por los derechos posesorios en crisis, también del hecho de pretender acceder a la posesión de un inmueble, por vías de hecho y no de derecho, que ya se encuentra poseído en mayor o menor grado, en forma previa, por otras personas que invocan idénticos derechos. Ante el estado de peligrosidad y de escalada de violencia, consecuencia de las propias vías de hecho intentadas, genera un clima de violencia social inadmisible en un Estado de Derecho, provocando un verdadero y cierto peligro de lesión y menoscabo irreparable, al derecho principal y primario de toda persona, que es el derecho a la vida, debiéndose arbitrar todas aquellas medidas tendientes para su efectiva protección (art. 17 C. Provincial). Ante un conflicto de intereses, las partes deben recurrir por ante los autoridades judiciales competentes, para su debida intervención y aplicación de la ley (art. 18 C.N).

Por ultimo y en relación a la contracautela, la actora deberá prestar la misma, previo a la notificación de la demandada de lo aquí resuelto, siendo adecuado la prestación de caución juratoria, en miras a la naturaleza de la pretensión deducida.

VI). Que, así el estado de las cosas y en mérito a lo expuesto ut supra, encontrándose acreditado, prima facie, los extremos legales exigidos por la normativa vigente en la materia, la Proveyente considera pertinente y ajustado a derecho, a los efectos de dotar de una tutela judicial efectiva a los derechos invocados (art. 18 CN) y evitar la realización de un perjuicio irreparable en la existencia misma de las partes involucradas, dictar resolución favorable a lo solicitado, disponiendo el otorgamiento de la medida cautelar de Prohibición de Innovar, debiendo las partes suspender la realización de cualquier obra, mejora, desmonte o acto posesorio alguno sobre el inmueble identificado como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, ubicado en Dpto. Rivadavia de la Provincia de Salta, hasta el dictado de la sentencia definitiva de autos, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de incurrir en delito de desobediencia judicial.

VII). Por todo lo expuesto, normas Constitucionales y legales enunciadas y lo dispuesto por los Arts. 230 sgtes. y concordantes del C.P.C.C, es que resuelvo: I). Hacer lugar a la medida cautelar de prohibición de innovar impetrada, en consecuencia, ordenar la suspensión la realización de cualquier obra, mejora, desmonte u acto posesorio alguno sobre el inmueble identificado como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, ubicado en Dpto. Rivadavia de la Provincia de Salta, hasta el dictado de la sentencia definitiva de autos, atento a la provisoriedad e instrumentalidad de estad medidas, todo ello bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de incurrir en delito de desobediencia judicial. II). Fijar como adecuada contractuela la caución juratoria, atento a la naturaleza de la pretensión deducida en la presentes. III). Dese intervención al Ministerio Publico Fiscal. IV). Mandar se copie, se registre y prestada que sea la caución fijada, notifíquese a la accionada de lo aquí decidido. Hágase saber que la confección y diligenciamiento de los oficios ordenados queda en cabeza de la interesada.- Ada G. Zunino.