Proceso penal, apreciación de la prueba, sana crítica racional, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL-CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Araya, Lino Manuel s/ Recurso de Casación intepuesto por el Dr. René F. Contreras en causa Nº 087/03 caratulada "Araya Lino Manuel s.a. Homicidio Culposo - Tinogasta - Catamarca"
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-03-25

La obligación constitucional y legal de fundar la sentencia consiste en el deber de consignar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ella contiene, con base en la prueba reunida y de acuerdo al sistema de valoración admitido por la ley procesal, porque éste es el modo de posibilitar el contralor de las partes y del Tribunal de Casación.

El ordenamiento ritual (art. 403 C.P.P.), reglamentando expresas normas constitucionales (art. 18 C.N. y 210 Const. Prov.) y como garantía de justicia, exige la motivación adecuada de las resoluciones, conforme a las reglas de la sana crítica racional, esto es, de la lógica, de la psicología y de la experiencia común en la valoración de la prueba (art. 408 inc. 3 C.P.P.).

De tal modo, la fundamentación configura una operación lógica fundada en la certeza, ya que la libre convicción debe apoyarse en un convencimiento sometido a dichas pautas y estructurado sobre la base de elementos probatorios legalmente admisibles (Cfr. Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal, Anotado", nota 1, al art. 130, 2da. ed. Marcos Lerner, 1986, p. 123).

En esta dirección, Vélez Mariconde sostuvo, entre otros, que el sistema de valoración de la libre convicción "consiste en que la ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos delictuosos... ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Derecho Procesal Penal, T. I, Marcos Lerner, Córdoba, p. 361 y sgts.).

En consonancia con lo expresado, y siguiendo lo sostenido por esta Corte en precedentes anteriores, cabe reiterar que por imperativo de lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, el tribunal de casación se encuentra facultado para efectuar un examen ex novo de la causa, puesto que el acusado tiene derecho a que se examine íntegramente el fallo, aun en el ámbito de los hechos y de las pruebas producidas, con el único límite de no sacrificar la inmediación.

Ahora bien, para que los vicios endilgados a la sentencia tengan entidad para conducir a la nulidad, deben relacionarse con pruebas valoradas en contra de las reglas de la sana crítica racional, u omitidas de ponderar que tengan valor decisivo, toda vez que estos defectos son los captados por la ley (art. 408 inc. 4 del C.P.P.).

A fin de examinar si los agravios del impugnante se relacionan con pruebas valoradas y omitidas de valor decisivo, se impone reparar en la fundamentación probatoria de la sentencia, para lo cual deben analizarse -con los límites señalados-, los elementos que tuvo en cuenta el juzgador al momento de construir el razonamiento puesto en crisis.