Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2005-02-10


SENT N° 31 C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de Febrero de dos mil cinco, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos: "Medina, Héctor Rodolfo vs. Coronel de Farias Norma Lía y otros s/Daños y perjuicios".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur; dijo:

1.- Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso casatorio interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2004 dictada por la Sala IIIa de la Cámara Civil y Comercial Común que resolvió confirmar e fallo del 8 de mayo de 2003 dictado por el Juzgado Civil y Comercial Común de la VIª Nominación. El mismo tribunal concede el recurso casatorio en resolución de fecha 13 de agosto de 2004.

El recurso fue presentado en término, con boleta de depósito, y está dirigido contra sentencia definitiva.

2.- En relación a los hechos que fundan la pretensión de la parte actora debemos apuntar que Rodolfo Daniel Taljuk, Carlos Belarmino Fernández y Reinaldo Rodríguez viajaron a la ciudad de Salta el 6 de octubre de 1995 en un automóvil Fiat Uno Dominio T- 145698 de propiedad de la accionada Lía Coronel de Farías. Al regresar a esta ciudad a la altura del km 1516 de la ruta nacional n° 9, en las cercanías de la ciudad de Güemes, Salta, el conductor de vehículo, Carlos Belarmino Fernández, pierde el control del vehículo presumiblemente debido a la alta velocidad, cruza toda la ruta y se estrella contra un árbol que se encontraba en un margen izquierdo. Como consecuencia del accidente y debido a los innumerables golpes y lesiones fallecieron los tres ocupantes del automotor.

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios promovida por Héctor Rodolfo Medina y Emma Taljuk en contra de Norma Lía Coronel de Farías condenándola a pagar en concepto de lucro cesante y daño moral la suma de $ 70.000.

Ante la apelación del representante de la parte demandada los integrantes de la Sala IIIa de la Cámara Civil y Comercial sostuvieron que la responsabilidad del transporte benévolo es extracontractual y, en consecuencia, le era aplicable lo establecido en el arts 1109 y 1113 del CC. Se explicó que aunque no se pudo determinar quien conducía los vehículo nada impide que se condene a los responsables civiles por los daños ocasionados en virtud a su condición de guardián o propietario de la cosa.

El tribunal indicó que se acreditó en sede penal que el automóvil corría a más de 120 km/h y que presumiblemente por una pinchadura de neumático se estrelló contra el árbol. Que estas circunstancias hacen aplicable la presunción de culpa del 1113 del CC puesto que la alta velocidad tomando en cuenta las particularidades de la zona es una cooperación consciente al riesgo. Remarcó que cualquiera fuere la causa por el cual se perdiera el control del vehículo (pinchadura o alta velocidad) la dueña debe responder civilmente al haberse producido el accidente por el riesgo o vicio de la cosa de acuerdo con la presunción objetiva de responsabilidad del art. 1113 apartado segundo.

Se agregó que no se probó que el vehículo haya sido utilizado en contra de la voluntad expresa o presunta de la demandada por lo que no rige la exoneración del art. 1113 apartado segundo segunda parte. Que no se probó la culpa de un tercero por la que la apelante no deba responder. Que no puede afirmarse que el pasajero aceptó los riesgos del viaje, la víctima solo aceptó ser transportado no ser dañado. Que no es ajustado a derecho sostener que si la velocidad era inadecuada la víctima estaba de acuerdo con la forma que era conducida puesto que la culpa de la víctima debe ser acreditada en forma certera, clara en razón de que se trata de una excepción al régimen de la responsabilidad.

En relación al daño moral la Cámara afirmó que tratándose de afecciones vinculadas con el parentesco, sobre todo cuando es cercano, la existencia del daño moral se presume y no necesita ser probada por el damnificado.

3.- El recurrente en su recurso casatorio expresa que la sentencia de Cámara padece de cinco vicios en la construcción de la resolución que provocan arbitrariedad sorpresiva. En este sentido, como el primero de los vicios, sostiene que hubo una irrazonable prescindencia de la prueba rendida en autos como el sumario penal en su integridad. Que se debió apreciar críticamente la pericia mecánica (fs. 30) antes de fijar como hecho acreditado la excesiva velocidad.

Afirma que también se prescindió de toda la prueba referida al lucro cesante y que sin tomar en consideración lo realmente demandado ni lo que fue objeto de contestación, alteró lo alegado y lo probado en relación de daños materiales y los concede disfrazado de "pérdida de chance". Afirma que, de esta manera, se violentó el principio de congruencia de raigambre constitucional sin otra consideración que la relativa a la facultad conferida por el art. 34 del CPCC y prescindiendo de la prueba apoya el monto fijado por el magistrado de primera instancia. Cita jurisprudencia y fija doctrina legal.

Afirma que el tribunal no consideró las pruebas penales para determinar la causa generadora del accidente como el monto del daño resarcible. Que al fijar el monto del daño se debió merituar la situación económica de la demandada y valorarse la prueba aunque sea bajo la denominación de "perdida de chance". Que además, en este punto, el fallo no se encuentra motivado suficientemente puesto que sólo hace referencia a la ponderación efectuada por la sentencia de primera instancia. Concluye indicando que se violentaron los principios establecidos en el art. 22 de nuestra Constitución Provincial y los arts. 272 y 273 del CPCC.

El segundo vicio se produjo al no exponer ningún fundamento normativo en el pronunciamiento respecto al daño moral. Que el fallo se limitó a explicar que lo sostenido por la defensa no era la doctrina actual y cita lo que denomina la "doctrina mayoritaria", pero evitando hacer referencia a porqué la pretendida doctrina era aplicable al caso. Reitera que se prescindió del derecho positivo aplicable al caso concreto (arts. 1109 y 1113 del CC) y lo deja de lado dogmáticamente alternando arbitrariamente el supuesto de hecho y consecuentemente el de derecho. Cita jurisprudencia y fija doctrina legal.

El tercer vicio está referido a la falta de correspondencia entre el fundamento de hecho, el fundamento de derecho y la conclusión. Explica que el fallo afirmó, contradiciendo las constancias de autos, que el hecho dañoso fue causado por el exceso de velocidad y el vicio de la cosa y a partir de este fundamento errado obliga a resarcir a los actores por ser la propietaria del vehículo.

El cuarto vicio corresponde a la ausencia de lógica de la sentencia. Indica que al tener por probados hechos que debieron probarse la sentencia incurre en petición de principio. Que esta falta deja en un estado de indefensión a su cliente en razón de que no pudo probar que no hubo vicio de la cosa, ni velocidad excesiva, ni conducción imprudente o negligente.

Como quinto y último vicio, explica que la resolución prescindió del derecho aplicable al caso concreto: art. 40 inc. k y el art. 75 inc. c de la ley 24.449 y el art. 11 del decreto reglamentario concordante con el art. 1113 última parte del CC. Afirma que como consecuencia de estos vicios se configuró la anulación de la sentencia.

Respecto a los errores de derecho el recurrente se agravia de que la Cámara debió ponderar las circunstancias que poseían las demandadas (pérdida de un ser querido, modesta vivienda, etc.) puesto que estas tienen íntima vinculación con una solución de equidad. Que, aún en el caso de no haberse probado la culpa de la víctima o del tercero, la dueña debe responder atenuadamente de acuerdo a los criterios sostenidos por la doctrina como la jurisprudencia.

Afirma que la atenuación de la responsabilidad debería admitirse puesto que no se trataría de un hecho doloso sino a lo sumo culposo. Que a luz de los hechos padecidos por su representante y su particular situación patrimonial, la atenuación de la obligación está contemplada en el principio de equidad que se desprende del actual art. 1069 del CC.

Se agravia de que en la hipótesis en que el daño hubiera sido causado por el riesgo de la cosa no habría responsabilidad del dueño porque la previsión del nuevo art. 1113 2da. parte alude a que ese riesgo no es aplicable al transporte benévolo. Que en este supuesto la reparación del daño tiene fundamento en la creación del riesgo en cuyo hecho ha participado juntamente el transportador y el propio transportado. Que se configuró la culpa del transportado al aceptar o no negarse a ser conducido por alguien que lo hacía en forma imprudente, además, se comprobó en autos que la víctima no llevaba cinturón de seguridad.

Se agravia de que el tribunal considera que la relación causal con el hecho dañoso se establece sólo respecto del vehículo que gratuitamente transportaba sin considerar si se trataba de un daño producido "por" la cosa sino "con" la cosa . Que, en consecuencia, no se analizó al determinar la responsabilidad objetiva ni la antijuridicidad ni la culpa de la víctima. Sostiene que en la especie no se demostró la existencia de antijuridicidad en tanto que la excesiva velocidad que se imputa al conductor del vehículo no fue probada. Que la excesiva velocidad no es un valor absoluto que se establece por el número de kilómetros-hora sino en relación a las circunstancias de personas, lugar y tiempo. Recuerda que la sentencia no estableció que norma utiliza para la ponderar el abuso y sólo se remite a al CC. Que en este supuesto debe ser aplicada la normativa de la ley 24.449 la cual establece los límites de velocidad en las diferentes circunstancias. Que en el caso de autos la ruta nacional 34 tiene cuatro carriles por lo que debe ser considerada semi-autopista en donde es posible establecer como máximo de velocidad 120 km. Que en el tramo del siniestro la ruta 34 tiene poca circulación y una excelente banquina, que el tiempo, la visibilidad y la hora en que se conducía (6 a 6,30 de la mañana) permitía circular a alta velocidad. Afirma que quien ha conducido el vehículo tampoco desarrolló una conducta culposa y, en consecuencia, el dueño del automotor no debe responder en virtud de tratarse de un transporte benévolo.

Manifiesta que del expediente penal surge que ninguno de los jóvenes tenía puesto el cinturón de seguridad cuyo uso es obligatorio. Que esta omisión demuestra la culpa de la víctima en razón de que era su obligación de acuerdo al art. 40 inc. k de la ley 24.449 y el art. 11 de su decreto reglamentario concordante con el art. 1113 in fine del CC.

Explica que para la ley 24.449 el titular no es responsable puesto que su art. 75 explica que cuando no se identifica al conductor infractor recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo a no ser que compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia denunciado al comprador, tenedor o custodio. Señala que esta ley es nacional por lo tanto puede considerarse modificatoria del art. 1113 del CC, que se trata de una ley específica que prima sobre la ley general y que el juzgador no puede soslayar la culpa que subyace en toda obligación de reparar que tiene raigambre en el art. 1109 del CC.

Afirma que no hay responsabilidad de su representada puesto que al no determinar quien conducía el vehículo es posible que haya sido usado contra la voluntad presunta de su dueña que hubiera permitido que el automóvil sea conducido por otra persona que no sea su sobrino. Que si el daño es causado por el riesgo de la cosa, no hay responsabilidad del dueño porque la previsión del nuevo art. 1113 2da. parte que alude al riesgo no es aplicable al transporte benévolo.

Se agravia de que la suma de $ 50.000 en concepto de daño moral es inadecuada por cuanto no hay reparación por daño moral sino sólo por agravio moral. Explica que el agravio moral, introducido en la reforma del 1968, consiste en la lesión intencionada, por lo tanto solo se produce en los delitos criminales y los delitos dolosos, no en delitos penales culposos o cuasidelitos. Que en los artículos que se citan genéricamente como fundamentos de la sentencia ninguno se refiere a daño moral salvo el art. 1079 pero este trata al causado por un delito, situación que no se configuró en auto. Finaliza explicando que para la fijación del quantum deben ponderarse parámetros objetivos tales como que se trata de un transporte benévolo, la situación patrimonial de la responsable civil, el grado de culpa que pudo corresponderle a la víctima, etc.

4.- Visto el recurso presentado, se advierte que el mismo debe ser desestimado atento a las siguientes razones.

4.a En relación a los vicios que supuestamente adolece la sentencia de Cámara corresponde indicar que los mismos son inadmisibles por cuanto están referidos a la valoración de las pruebas aportadas al proceso respecto a la causa del siniestro, a la determinación del daño y a la atribución de responsabilidad, lo que constituye una función propia de los jueces de mérito, extraña a la función casatoria (art. 815 CPCC). La habilitación de la instancia casatoria respecto a las cuestiones de hecho exige la demostración de que el criterio del juzgador constituye un despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del raciocinio. Reiteradamente esta Corte ha declarado que la casación no es una tercera instancia ordinaria, susceptible de provocar un reexamen de los hechos y las pruebas, cuya valoración incumbe definitivamente a los órganos judiciales de mérito, sino que por el contrario, constituye una instancia extraordinaria tendiente a asegurar la corrección jurídica del fallo impugnado a través del control de legalidad.

En particular, los planteos referidos a la falta de prueba sobre las causas del accidente y sobre el lucro cesante de ningún modo la decisión a la que arriba el tribunal demuestra un tratamiento arbitrario o contrario a las normas. Pese a los esfuerzos del recurrente, la alegación de arbitrariedad es insuficiente para poner en evidencia que el fallo deba ser descalificado como pronunciamiento judicial válido. Ello así, porque la Cámara ha ofrecido razones suficientes para sostener la solución del caso. Fundado en el carácter riesgoso -por su naturaleza y utilización- de la cosa se aplica el art. 1113 CC y considera responsable civilmente a la dueña del rodado aún en el caso de tratarse de transporte benévolo. Para sostener tales cuestiones hace referencia a los informes periciales en especial el obrante a fojas 259. Esta Corte considera, contrariamente con lo expresado en el escrito casatorio, que la presente resolución no incurrió en dicho vicio puesto que el pronunciamiento en el cual la operación intelectual desarrollada exhibe de bases suficientes con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las pruebas.

Igualmente, esta Corte ha señalado en numerosos antecedentes jurisprudenciales que los tribunales no tienen la obligación -como lo sostuvo el recurrente- de considerar tal o cual prueba para la determinación de los hechos, por el contrario, los jueces de la causa son soberanos en la selección de la prueba, configurándose el vicio de arbitrariedad cuando se prescinde de prueba decisiva para la solución del caso situación que no se configura en autos. Las apreciaciones referidas en la sentencia muestran que existe en el pronunciamiento sentencial un desarrollo lógico y coherente del discurso, y se evidencia una evaluación de las pruebas que de ningún modo aparece como irrazonable o absurda, sino de conformidad a lo que el sentido común, la experiencia razonablemente indican. De allí que no se configura ninguna de las excepciones que autoricen a admitir el recurso de casación cuando con el mismo se intenta una nueva valoración de las pruebas, invocándose en definitiva arbitrariedad en la apreciación de las mismas. La sentencia está debidamente fundada sobre los elementos que el tribunal a quo estimó conducentes para la solución del caso.

De igual modo, la atribución de responsabilidad en un accidente de tránsito, a través de la evaluación de las circunstancias que rodean el siniestro, constituye una típica cuestión de hecho, inabordable en principio en casación, salvo el supuesto excepcional de arbitrariedad que no se advierte en el caso. Por ello, no ajustándose el recurso a la exigencia impuesta por el art. 815 CPCC, corresponde declararlo inadmisible.

4.b El agravio relativo a la determinación del monto indemnizatorio por pérdida de chance resulta igualmente inaceptable puesto que los argumentos expresados por el tribunal resultan suficientes ya que ponen de relieve las razones por las cuales se asumió tal decisión y la base normativa que la posibilita (art. 34 del CPCC). La Cámara no realizó una mera remisión a los argumentos de juez de primera instancia sino que sostiene que la pretensión alegada por la parte actora pretendía el resarcimiento por la frustración económica futura, es decir, que sólo se percibe un error en la denominación del daño no en los términos de la pretensión. Una lectura atenta de los antecedentes evidencian que los representantes de la señora Norma Lía Coronel de Farías opusieron defensas para la pretensión futura sostenida por los actores en la demanda que, de hecho, hacían referencia a la perdida de chance.

Sin perjuicio de lo expresado, cabe agregar que los argumentos exhibidos por el recurrente sobre esta cuestión son insuficientes en tanto que se limitan a enunciar en forma genérica e imprecisa el daño sufrido sin establecer concretamente cuales defensas se vio impedido de interponer ni cuales se abstuvo de expresar en los alegatos. Esta omisión torna su fundamento meramente enunciativo sin que se hayan esgrimido argumentos que sostengan su planteo.

4.c Respecto al supuesto riesgo creado también por la víctima, el tribunal, luego de sostener la naturaleza extracontractual del transporte benévolo, ha indicado claramente que el viajero no crea ni comparte ningún riesgo al ascender al automotor. Este criterio, opuesto al planteado por el recurrente, se funda en que quien conduce el automotor asume, ante los terceros, el compromiso de control pleno sobre él por lo que un acto de complacencia del conductor no excluye la aplicación del art. 1113 del CC ni morigera la responsabilidad del dueño o guardián; que el viajero no tiene ni compartido el poder de dirección y control sobre el automotor que posee el conductor; que el viajero no asume riesgo alguno por el sólo hecho de ascender del vehículo desde que no se convierte en dueño o guardián del vehículo; que el transportado no acepta los riesgos ni acepta ser dañado sino sólo consiente ser transportado de un lugar a otro y que no existe razón ni motivo, ni norma alguna que excluya al automóvil que transporta gratuitamente personas de la calificación de cosa riesgosa y de la atribución a su dueño o guardián de imputación objetiva de responsabilidad por daños causados por ella (art. 1113, 2ª parte, 2° párrafo). Se puede agregar que la aceptación de la teoría del riesgo creado por la víctima de un trasporte benévolo en el marco de la normativa actual equivaldría a sostener una cláusula tácita de irresponsabilidad que sería contraria al orden público en materia de responsabilidad.

La postura sostenida por la Cámara no sólo es mayoritaria en la jurisprudencia nacional sino que la Corte Suprema de la Nación también afirmó que "...no es exacta la asimilación implícita que efectúa la Cámara entre la utilización del transporte benévolo -a la que caracteriza como participación en la creación de un riesgo- y la culpa concurrente. Sobre el particular, esta Corte tiene decidido que 'el mero aprovechamiento por parte del menor de un transporte benévolo... no puede en modo alguno asimilarse a una 'culpa' a los efectos de constituir causa o concausa adecuada en la producción del daño' (Fallos: 315:1570)" (CS, "Tettamanti, Raúl O. y otros c. Baccino, Orlando A. y otros", 30/04/1996; La Ley 1996-D, 274 - DJ 1996-2, 198). Se puede recordar que dicho criterio ya había sido impulsado en precedentes de la Corte como "Tomassetti de Bonicelli, María y otra c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" en el cual indicó que "El riesgo que asume el transportado benévolamente no alcanza al de perder la integridad física o la vida, a menos que, debido a las particulares circunstancias de hecho del caso concreto, esa consecuencia hubiera podido habitual y razonablemente sobrevenir, lo cual permitiría entonces una asimilación a la culpa" (CS "07/07/1992, "Tomassetti de Bonicelli, María y otra c. Empresa Ferrocarriles Argentinos"; La Ley 1992-D, 550 - DJ 1993-2, 289).

Sobre esta cuestión tampoco el recurrente logra demostrar una carencia o absurda fundamentación en la resolución del tribunal, solo evidencia una disparidad de criterios y posturas sin que ello implique un quebrantamiento de la normativa aplicable al caso o una interpretación desafortunada de la misma.

4.d Carecen de juridicidad los agravios referidos a la infracción de normas de la ley 24.449, por cuanto a la fecha del accidente de tránsito, -4 de febrero de 1996 (cfr. fs. 7 vta.)-, la ley invocada no regía en la Provincia de Tucumán, la que se adhirió a la ley nacional mediante ley 6836 (B.O. 15-7-97). Sin perjuicio de ello, puede señalarse que la infracción a las reglas de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil, ya que la relación de la infracción con el accidente debe ser causa o concausa eficiente del daño; los reglamentos de tránsito establecen presunciones sobre la causalidad, y deben ser considerados examinando las pruebas de las circunstancias particulares del caso, para determinar si ocurrió o no, y en su caso en qué extensión, la situación prevista en la parte final del segundo apartado del art. 1113 del Código Civil.

4.e Finalmente, los planteos referidos a los montos fijados como daño moral y su fundamento jurídico son inadmisibles por cuanto no atacan los argumentos expresados en la sentencia de Cámara sino que reiteran textualmente los agravios expresados en el recurso de apelación. De este modo, el agravio resulta a todas luces insuficientes para rebatir los fundamentos del tribunal o para evidenciar una situación de arbitrariedad que habilite la apertura del recurso.

5.- Por todo lo expuesto, el recurso de casación en examen debe declararse inadmisible, al no satisfacer los recaudos de admisibilidad que impone el art. 815 del CPCC.

6.- Atento al resultado del recurso, las costas en esta instancia se imponen a la vencida. (art. 106 CPCC).

Los señores vocales doctores Alberto José Brito y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal doctor Antonio Gandur, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso casatorio interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2004 dictada por la Sala IIIª de la Cámara Civil y Comercial Común.

II.- COSTAS como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.- ANTONIO GANDUR ALBERTO JOSE BRITO HÉCTOR EDUARDO ARÉA MAIDANA ANTE MÍ:

MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA