Tribunal: CAMARA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMUN
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-09-20


San Miguel de Tucumán, 20 de septiembre de 2004.- AUTOS Y VISTOS: La causa caratulada "BOLSA DE COMERCIO S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE OPOSICION (P. POR SIND. RESP. A LA CAL. DE PARTE DEL CES. E. R. SANTOS)" - Expte. n°: 14/1984-I9, y CONSIDERANDO:

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por Sindicatura, en subsidio del de revocatoria rechazado, contra el decreto del 12/03/02 (fs. 27) que decidió no hacer lugar ni al pedido de nueva notificación ni a la oposición de la cesión efectuada, por no resultar aplicable el art. 59 CPCCT. A fs. 29/31, se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios, contestado por el cesionario, Sr. Enrique Rubén Santos, a fs. 36/38.

A fs.42/vta., obra la sentencia n° 633/02 del 15/10/02, por la que se rechaza la revocatoria y se deniega la apelación interpuesta en subsidio, decisión esta última que motivó el recurso de queja por apelación denegada (fs.53/56), declarado procedente por este tribunal a fs. 58/vta.

Firme el decreto del 25/06/04, quedan las presentes actuaciones en condiciones de ser resueltas.

II.- Se agravia el recurrente porque la sindicatura tomó conocimiento de la cesión por medio de la cédula del 21/02/02, en la que no se acompañó copia de la escritura, lo que en definitiva, a su criterio, le impidió analizar su validez a la luz del derecho sustancial.

En segundo lugar, se agravia porque la resolución se aparta de la norma expresa del la ley adjetiva (art. 59 CPCCT) y de la jurisprudencia de la CCCCT sala II dictada en autos n° 362 del 22/9/99. Por ello, estima que existe necesidad de que la sindicatura preste conformidad con la cesión para que esta adquiera validez, e invoca la plena aplicación del ya referido art. 59 CPCCT, del que resulta que el cesionario sólo puede intervenir como tercero coayuvante y no como parte procesal, debiendo ser su actuación accesoria y subordinada a la parte a quien apoyare (art. 87 CPCCT).

III.- Al contestar el traslado dispuesto, el cesionario solicita que se rechace la pretensión de sindicatura porque la jurisprudencia que se cita no es aplicable al caso y porque el crédito no es litigioso, resultando aplicable el art. 59 procesal; todo ello, por las razones que allí son explicadas.

IV.- Que en vista de los argumentos que sustentan el presente recurso, se hace preciso distinguir entre la cesión de créditos, legislada en el Título IV de la Sección Tercera del Código Civil, y la sustitución de la calidad de parte en un proceso judicial, con motivo de la cesión de un derecho reclamado.

En el primer caso, en tanto que existe la posibilidad reconocida por ley, de ceder créditos litigiosos (art.1446 C. Civil), la cuestión desde la perspectiva del derecho sustantivo pasa, de reconocerse ese carácter, por la forma del acto (art.1455 C. Civil) y por la oponibilidad del negocio al deudor cedido (art.1459 C. Civil). En el incidente que nos ocupa, ambos recaudos han sido cumplidos: mediante el testimonio de la escritura pública de cesión agregada a fs. 15/18, se cumplió con la forma exigida por el art. 1455 C. Civil, y con las notificaciones del contrato de cesión realizadas mediante cédulas de fs. 23 y 24, se hizo lo propio con el art. 1459 C. Civil. Es preciso aclarar además, por haber sido la cuestión materia de agravios, que la notificación de la cesión de tal manera realizada es válida, pese a no haberse adjuntado copia del instrumento de la cesión, porque ese el efecto previsto por el art. 1460 C. Civil, siempre y cuando, como sucedió, se hiciere saber al deudor de la convención misma de la cesión.

El quid de la cuestión está por ende relacionado con el efecto que produce la cesión efectuada con relación al proceso falencial existente, sobre el crédito cedido y sobre la posible sustitución procesal del acreedor.

Ahora bien, cedido el derecho que ha dado origen al litigio, ¿hay que admitir la sustitución procesal del cedente por el cesionario? Como primera aproximación, vale decir que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, establece que si durante la tramitación del proceso se cediera el derecho reclamado, el cesionario no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad del adversario. Respecto al derecho litigioso cedido, explica Borda, (Tratado de Derecho Civil. Contratos, T.1, pag. 418), que también la jurisprudencia se ha inclinado por negar esa posibilidad de sustitución, "fundándose en que no se puede alterar la relación surgida de la litis contestatio... a menos que medie conformidad de la contraparte". Incluso, se ha resuelto que, "cedido el derecho cuando ya se encontraba trabada la litis, el cedente no pierde su calidad de parte en el pleito, mientras que el otro litigante no preste su conformidad para que se opere la sustitución procesal; mientras esto no ocurre, el cesionario puede actuar como coadyuvante del cesionario en el proceso y la sentencia debe dictarse con relación a ambos" (C1ª CC La Plata, 27/5/52, JA 1952-III-83. En sentido concordante: CNCiv., sala A, 19/12/61, causa 76.926; Podetti "Tratado de la Tercería", p. 405 y sigtes.). Como regla entonces, cabe señalar que la sustitución procesal por la cesión de un crédito, cuando se trata de un derecho litigioso, no es procedente ante la oposición de la contraparte.

Sin embargo, ello se justifica pues se tiende a proteger al oponente evitando la liberación del cedente de los derechos litigiosos respecto de los efectos de la sentencia, (v. gr., el pago de las costas devengadas con motivo de su actuación anterior), pero no cuando se está en presencia de un proceso en el que se cedió un crédito verificado, esto es, cierto, líquido y sometido a las reglas que en definitiva deriven de la liquidación falencial, en el que la bondad del título ha sido reconocida, al habérselo tenido como verificado luego de que la propia sindicatura -hoy recurrente-, en su informe individual así lo aconsejara.

La oposición realizada por la sindicatura, sin otro fundamento que el dispositivo procesal señalado, aparece entonces como una conducta carente de razón, no demostrativa del perjuicio, ni de la insatisfacción o la pérdida definitiva de un derecho actual o eventual; pretensión que de receptarse, daría lugar a un ejercicio abusivo de una facultad procesal, destinada a salvaguardar intereses que no se advierten presentes en la especie.

Las especiales circunstancia de la causa, son además distintas a las vigentes en el fallo citado por el recurrente, en tanto que en Paseo Shopping S.A. s/ Concurso (CCCC Tuc., Sala IIa, Sent. n° 362 del 22 de septiembre de 1999) lo discutido era la facultad del cesionario para impugnar el acuerdo en los términos del art. 59 LCQ, razón por la cual -además-, deberá rechazarse el recurso de apelación interpuesto en subsidio y confirmarse la decisión a quo.

V.- La existencia del antecedente señalado y de una disposición adjetiva referida al caso, convencen al Tribunal de la razón probable para litigar que le asistió al recurrente, no obstante el resultado al que se arriba. Las costas del recurso por ende, se imponen por el orden causado (art. 108, in fine, del CPCCT).- Por ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR, por las razones que se consideran, al recurso de apelación interpuesto en subsidio por Sindicatura contra el decreto del 12/03/02 (fs. 27).

II.- COSTAS, como se consideran III.- DIFERIR pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- RICARDO JORGE ROBINSON MARTHA E. GONZALEZ DE PONSSA