Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-05-08


Reg.: A y S t 282 p 209/213.

Santa Fe, 8 de mayo del año 2.018.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor contra el acuerdo N° 145 de fecha 3 de noviembre de 2016, dictado por la Cámara de Apelación de Circuito de esta ciudad en autos "ESCOBAR SANTA FE SACIF contra CITIBANK N.A. (SUC. SANTA FE) -DAÑOS Y PERJUICIOS- (EXPTE. 81/13)" (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00511295-5); y,	CONSIDERANDO:

1. Por acuerdo 145 del 03.11.2016, el Tribunal rechazó los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el accionante, confirmando la sentencia de baja instancia que -a su hora- rechazó la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de cuenta corriente y conexos, con costas.	Contra dicho pronunciamiento, el compareciente interpuso recurso de inconstitucionalidad con fundamento en el artículo 1, inciso 3), de la ley 7055.	Postula que el fallo impugnado incurre en arbitrariedad al partir de la premisa errónea de que la litis se trabó sobre la pretensión de atribuir responsabilidad al banco demandado por haber retenido fondos de su cuenta corriente que no le debía a la Provincia de Buenos Aires, concluyendo que al ser el Citibank N.A. agente de retención, el hecho de haber retenido sumas de dinero indebidamente compromete sólo la responsabilidad de ARBA y no de la entidad financiera que habría cumplido con una obligación legal.	A este respecto, aduce que en rigor la cuestión a decidir era si la entidad financiera estaba realmente obligada a retener fondos que su parte tenía depositados en la Provincia de Santa Fe los debiera realmente o no, y si la condición de agente de retención de la ARBA se extendía extraterritorialmente a la Provincia de Santa Fe, y si no lo estaba ello constituiría un incumplimiento contractual que genera responsabilidad de la accionada porque no está justificado.

Asimismo, le atribuye al decisorio resolver en contra del derecho vigente por cuanto al concluir que la responsabilidad de ARBA excluye la responsabilidad de la entidad demandada soslaya que su parte promovió contra ésta una acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, a saber, retener sin haber informado previamente a su titular y sin su consentimiento sumas de dinero que no estaba autorizado a debitar invocando una orden que de existir no estaba obligado a cumplir.	En este sentido, arguye con apoyatura doctrinal y jurisprudencial que las obligaciones de ARBA y Citibank N.A. tienen diferentes fuentes, ya que -aduce- la obligación de la primera deriva del ejercicio irregular de la función de sus órganos y compromete la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires y la de la segunda tiene su fuente en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de cuenta corriente (debitar saldos acreedores para transferírselos a un tercero sin cumplir con el deber de información y sin contar con autorización suficiente y contrariando las normas del B.C.R.A.), concluyendo que el Tribunal no le puede imponer a su parte la elección del obligado concurrente al que va a reclamar judicialmente.	Por otro lado, tilda al fallo de arbitrario por establecer que Citibank N.A. estaba obligado a actuar como agente de recaudación de la Provincia de Buenos Aires sobre cosas y bienes ubicados en la Provincia de Santa Fe, en contradicción con las normas constitucionales que regulan la distribución del poder entre las Provincias y el Estado Federal y lo resuelto por el Cimero Tribunal nacional en el caso "Asociación de Bancos de la Argentina c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción Declarativa de inconstitucionalidad".

En este punto, insiste que constituye un error de derecho concluir que el ente demandado era un instrumento del ARBA ya que ello resultaría correcto sólo en caso de que hubiese estado obligada a cumplir sus órdenes, si las decisiones de la Provincia de Buenos Aires hubiesen tenido imperio fuera del territorio de dicha Provincia.

Sigue diciendo que la Provincia de Buenos Aires no podía aplicarle sanciones al banco si no retenía los fondos que su parte tenía depositados en su cuenta en Santa Fe, ya que no tenía competencia para ordenarlo.

Asimismo, le atribuye arbitrariedad normativa y lógica al decisorio en cuanto afirma que no era notoria la incompetencia de ARBA y el banco no podía saber si la actora realizaba operaciones en la Provincia de Buenos Aires que pudieran estar alcanzadas por el tributo, ya que el tema a decidir era otro, a saber, si ARBA tenía o no facultades para decomisar bienes de su parte radicados en la Provincia de Santa Fe, cuestión que Citibank N.A. no podía ignorar ya que -dice- conocía la incompetencia de la Provincia de Buenos Aires dado que inició una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema nacional para obtener una sentencia declarativa al respecto.

Por otra parte, le endilga arbitrariedad al pronunciamiento en cuanto manifiesta que es inadmisible pretender que el ente demandado se negase a cumplir una orden emanada del ARBA porque existía un fallo cautelar del Máximo Tribunal nacional en relación a un caso distinto pero similar, puesto que -insiste- su parte nunca argumentó que la cautelar era la causa que justificaba que el banco no cumpliese con la orden de ARBA sino que la acción judicial iniciada ante la Corte demostraba que el Citibank N.A. conocía que la Provincia de Buenos Aires no tenía competencia para actuar fuera de su territorio, circunstancia -alega- demostrativa de su incumplimiento contractual.

Califica al fallo de arbitrario por falta de fundamentación suficiente por cuanto no trata los agravios contra la sentencia de baja instancia destacando la inaplicabilidad del fallo de la Corte "Asociación de Bancos de la Argentina" junto al argumento del supuesto incumplimiento de la demandada de este precedente. En este sentido, dice que el antecedente citado más allá de abonar su postura jurídica demuestra que el demandado incumplió sus obligaciones contractuales a sabiendas.

Alega que la sentencia viola el principio de congruencia cambiando el eje del debate al no dar razón del por qué la acción iniciada por la demandada y otras entidades financieras no incide sobre el incumplimiento contractual que se invoca, pese a lo que disponen los artículos 1 y 5 de la Constitución nacional y 1 de la Constitución santafesina y lo resuelto por la Corte en un caso idéntico.

Expresa que el fallo omite considerar que el ente demandado incumplió el deber de buena fe al no informarle en forma previa la pretensión del ARBA, violando el deber de información que surge de la ley de fondo y de las normas reglamentarias de la cuenta corriente bancaria (Circular A "3244").

Por otro lado, afirma que el acuerdo atacado se aparta de las constancias comprobadas de la causa, ya que todas las retenciones efectuadas por la accionada supuestamente por orden de ARBA fueron realizadas al margen del sistema del SIRCREB instituido por el sistema de Convenio Multilateral acordado entre las Provincias (18.8.1977) para evitar la múltiple imposición jurisdiccional en materia de impuesto a los ingresos brutos, toda vez que -sostiene- de la prueba documental y de las afirmaciones del Citibank N.A. surge que la retención fue realizada fuera del SIRCREB y del Convenio Multilateral, implicando un claro reconocimiento de la antijuridicidad de la actividad de la Provincia de Buenos Aires y del conocimiento de la demandada.	Por último, postula que el fallo en crisis da validez a las normas provinciales y a la actuación del poder público de la Provincia de Buenos Aires por sobre las normas Constitucionales nacionales (arts. 1, 5, y 121) y de esta provincia (art. 1), fracturando la base del sistema de distribución de competencias impositivas de las Provincias y Nación.	2. El Tribunal a quo denegó la concesión del recurso interpuesto mediante auto del 22.05.2017 (fs. 42/46), lo que motivó la queja ante esta Sede (fs. 51/62).	3. La postulación del recurrente cuenta prima facie con suficiente asidero en las constancias de autos, e importa articular con seriedad planteos que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad con idoneidad suficiente como para operar la apertura de esta instancia de excepción. Dicho esto, en una apreciación mínima y provisoria, propia de este estadio, y sin que ello implique adelantar opinión sobre la sustantiva procedencia de la impugnación.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, RESUELVE: Admitir la queja y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad. Ordenar la devolución al recurrente del depósito efectuado (art. 8, ley 7055). Disponer que por Presidencia se ordene la elevación de los autos principales y se les imprima el trámite que corresponda.

Regístrese y hágase saber.

FDO.. GUTIÉRREZ-FALISTOCCO-GASTALDI(en disidencia)-NETRI-SPULER-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA)	DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI:

De la lectura del memorial del recurso de inconstitucionalidad, y en tren de habilitar la vía extraordinaria, se colige que la impugnante plantea centralmente que la decisión de la Alzada convalidó de modo implícito normas tributarias de la provincia de Buenos Aires (Código Fiscal) en contra de la vigencia de disposiciones constitucionales (arts. 1 y 121 de la Constitución nacional y art. 1 de la Constitución santafesina) (cfr. f. 32). Mas tal genérico reproche -que la compareciente enlaza con su particular enfoque del objeto del litigio y del "thema decidendum"- resulta insuficiente para habilitar el encuadramiento del caso en la hipótesis del artículo 1, inciso 1), de la ley 7055. Máxime cuando no surge de las actuaciones que se hubieran tachado de inconstitucionales las disposiciones provinciales cuya aplicación cuestiona.

En virtud de lo expresado precedentemente, cabe tener por reducido el ámbito de la impugnación al supuesto del inciso 3) del citado artículo, esto es, "violación del derecho a la jurisdicción".

Sentado ello, cabe recordar que el artículo 8 de la ley 7055 al establecer que "la queja deberá fundarse en relación a los fundamentos del auto denegatorio", impone a la quejosa la carga de rebatir y neutralizar cada uno de los motivos expuestos por la Alzada para cimentar su decisión de denegar el recurso, trayendo razones de peso en orden a destruir la referida fundamentación.

Y tal cometido no ha sido idóneamente asumido por la recurrente, pues omite hacerse cargo de lo centralmente señalado por la Alzada cuando explicitó que la accionante basó su reclamo indemnizatorio achacando responsabilidad a la demandada por haber efectuado retenciones de sumas en su cuenta corriente de manera ilegal, pero sin aclarar por qué no estaba autorizada a retener dichos montos. Y agregó el Tribunal que la impugnante se limitó a "...afirmar dogmáticamente que la autorización no existía, sin rebatir argumentalmente el razonamiento de esta Cámara en cuanto a que sí estaba autorizada, y aun obligada, a efectuar esas retenciones por ley..." (f. 43v.).

Frente a ello, en su recurso directo, la compareciente no logra -pese a su esfuerzo discursivo- desmerecer tan relevante fundamentación, pues se limita a reiterar reproches previamente formulados, vinculados principalmente con cuestiones procesales tales como el pretendido desenfoque de los Juzgadores sobre la materia a decidir y la violación del principio de congruencia. Pero sus alegaciones, tal como han sido desarrolladas, no logran poner en evidencia el apartamiento normativo postulado ni la arbitrariedad alegada.

Por lo que se mantiene incólume la motivación brindada por la Cámara que puso de relieve "...la seria responsabilidad que le cabe al banco demandado como agente de retención si se niega sin fundamento sólido a actuar en carácter de tal..." (v. f. 11) y que "...Sólo una orden judicial dictada a favor del contribuyente concreto (la actora en autos) podría haber desobligado al banco como agente de retención, pero no precedentes jurisprudenciales dictados para otros supuestos..." (f. 12).

En virtud de lo expuesto entiendo que debe rechazarse la queja interpuesta.

FDO.: GASTALDI-FERNÁNDEZ RIESTRA (SECRETARIA) Tribunal de origen: Cámara de Apelación de Circuito de la ciudad de Santa Fe.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado de Primera Instancia de Circuito de la Primera Nominación, Segunda Secretaría de la ciudad de Santa Fe.