Tribunal: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2012-08-21


RAWSON, 21 de agosto de 2.012.- ------ VISTOS:

------ Estos autos caratulados "U., J. s/ Plantea Conflicto de Poderes" (Expte. N° 22.568-U-2012).

------ DE LOS QUE RESULTA: ----- ------ I.- A fs. 1/7 se presenta el Sr. J. A. U., con el patrocinio letrado del Dr. R. R., en su condición de representante electo para integrar el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Dolavon y denunció, en los términos del artículo 179 inciso 1) apartado 1.4 de la Constitución Provincial, un conflicto de poderes en el seno de ese cuerpo. Solicitó, además, el dictado de una medida cautelar autosatisfactiva, para obtener del organismo mencionado la ceremonia de juramento que le permitiera asumir en su banca como concejal por la Unión Cívica Radical.------------------------- ------ Al exponer los sucesos que motivaron su reclamo jurisdiccional, señaló que en la sesión preparatoria del día 1° de diciembre de 2011 que tenía por objeto la aprobación de los títulos y asunción de los concejales electos, aquel cuerpo legislativo le impidió jurar sin exponerle una causa o motivo válido que justificara la medida. Aclaró que la negativa estuvo acompañada por la declaración de su cesantía en el cargo, antes de que pudiera tomar posesión del mismo.------------- ------ Luego analizó la situación desde una perspectiva legal e indicó que el Código Electoral aplicable en función del Dec. N° 630/10 que convocó a elecciones provinciales, y al que adhirió el Municipio de Dolavon, establecía un procedimiento de oficialización de candidaturas (artículo 60 y sig.) a través del cual el Tribunal Electoral Provincial llamó a audiencias de oficialización de candidatos donde -precisamente- se debían plantear, discutir y resolver todas las inhabilidades que sobre aquellos existieran. Este proceso se llevó a cabo en legal tiempo y forma, pero no hubo ninguna impugnación sobre el denunciante por lo que -entendió- habría operado el instituto de la preclusión.-------------------------- ------ Añadió que los fundamentos esgrimidos por el Concejo Deliberante para negarse a tomarle juramento, reposaron en circunstancias ocurridas con anterioridad a su postulación como candidato y a la etapa regulada por los artículos 60 y sig. del Código Electoral, ya que se le imputó estar alcanzado por la inhabilitación del artículo 18, inciso 2° de la Ley XVI N° 46 al tener contrataciones con la Comuna que se discutían en el expediente judicial caratulado: "Municipalidad de Dolavon c/ U., J. A. s/ Cumplimiento de Contrato" (Expte. N° 71 - Año 2009).------------------------------------ ------ Aclaró que, los hechos utilizados por ese cuerpo legislativo para impedirle asumir en el cargo para el que fuera elegido, sirvieron como base para la destitución operada durante el período 2007/2011 en el cargo de concejal por la Unión Cívica Radical; decisión revocada por este Superior Tribunal de Justicia en los autos caratulados: "U., J. s/ Conflicto de Poderes en el Concejo Deliberante de Dolavon" (Expte. N° 21.318-U-2008).------------ ------ Fundó su pretensión en los artículos 1, 8, 18, 22, 31, 33, 37, 38 y concordantes de la Constitución Nacional; artículos 1, 5, 17, 18, 21, 39, 40 y 41 de la Constitución de la Provincia del Chubut; en las previsiones de los artículos 60 y siguientes del Código Electoral Nacional, aplicable en función del Dec. 630/10 y de la Ley XVI N° 46; y solicitó a este Tribunal el dictado de un pronunciamiento que ordene al Concejo Deliberante de Dolavon a tomarle juramento.----------------- ------ II.- Como consecuencia de ello, se dictaron en esta instancia la sentencia interlocutoria N° 13/SROE//2012 y su modificatoria N° 16/SROE/2012 (fs. 24/26 vta. y 34/35), en las que se ordenó suspender los efectos de las decisiones adoptadas por aquel Concejo durante las sesiones del 1° y 9 de diciembre del 2011, de carácter preparatorio y especial respectivamente. En el mismo acto, se corrió vista a la parte demandada de la presentación efectuada en autos por el Sr. J. A. U.

------ III.- A fs. 41/46 vta., el Sr. Leonel Marcelo PEDRERO, en su carácter de presidente del Concejo Deliberante de Dolavon, con el patrocinio letrado del Dr. Andrés M. SOBIERALSKI, contestó el traslado conferido e interpuso un recurso de reposición contra la medida cautelar decretada, para obtener la revocación de aquella decisión por contrario imperio. Relató que el Sr. J. A. U. celebró con el Municipio tres contratos concernientes a la construcción de una vivienda, la terminación de otra y la pavimentación de cuatro cuadras, pero señaló que ninguno de ellos fue cumplido en tiempo y forma.----------- ------ Narró que el 10 de septiembre de 2007 el Sr. Concejal dirigió una nota al Intendente de Dolavon en la que solicitó la rescisión del contrato -por mutuo acuerdo- que lo vinculaba con el Municipio, ya que su eventual elección podría colocarlo en la incompatibilidad prevista en el art. 18, inciso 2° de la ley XVI N° 46. Sin embargo, esa petición no fue aceptada por el Intendente en razón de los marcados incumplimientos de las obligaciones a cargo del Sr. U.-------------- ------ De manera que -a criterio del Municipio- las locaciones de obra que ligaban a U. con la comuna continuaban vigentes al momento en que fue elegido para cumplir funciones en el período 2007/2011. Tales contratos fueron discutidos en los estrados judiciales a través de la causa caratulada: "Municipalidad de Dolavon c/ U., J. A. s/ Cumplimiento de Contrato" (Expte N° 71 - Año 2009) en trámite por ante el Juzgado Civil N° 2 de la ciudad de Trelew, por lo que el diferendo aún persistía al momento en que se produjo la reelección del edil, por la Unión Cívica Radical, para este nuevo período de gobierno.--------------------- ------ Para el Municipio, el planteo de la actora sólo podía tener por origen la interpretación anómala de un texto normativo que, aún cuando en muchos pasajes impusiera "aggiornamiento", en este aspecto era claro. Si el miembro elegido se encontraba vinculado contractualmente con la comuna no podía asumir el cargo, y debía ser declarado cesante como fielmente impone el texto legal.------------------ ------ También planteó recurso de revocatoria sobre la medida cautelar decretada en autos, a través de la sentencia interlocutoria N° 13/SROE/2012. Argumentó a favor del remedio impetrado que la banca no pertenecía a una persona, sino a un partido, por ello ante la incompatibilidad de U. para desempeñar el cargo de concejal, fue convocado el candidato en segundo término, el Sr. César GÓMEZ SALONE. Además, la procedencia de una cautelar en un proceso de las particularidades del presente, era de interpretación restrictiva y rigurosa; por esa razón, consideró que la UCR había ocupado debidamente la banca que le correspondía en primer término al Sr. U., de modo que la imposición del actor importó una modificación que alteró la regular conformación de ese Concejo.------------------------ ------ En último lugar, planteó que la cautelar coincidía con el fin perseguido por el proceso, por lo que su resolución significó el anticipo de lo que el actor pretendía como decisión definitiva, con la insostenible e inaceptable yuxtaposición de intereses entre el co-contratante del Municipio y concejal de Dolavon. Por ello solicitó la revocación de la decisión cautelar decretada y el rechazo de la denuncia del presentante. Hizo reserva del caso federal.------------------ ------ A su turno, el Sr. Procurador General Dr. Jorge Luis MIQUELARENA, emitió su dictamen en el que señaló que el artículo 124 de la Ley XVI N° 46 dicta: ".los conflictos a que se refiere el artículo 179 inciso 1.4 de la Constitución Provincial serán comunicados al Superior Tribunal de Justicia, el que dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas y la sustanciación del respectivo sumario". El uso del imperativo en la redacción no habilitaba márgenes de ponderación al Juez, pues establecía un estándar cautelar que difería de los recaudos generales previstos en la legislación adjetiva para el otorgamiento de este tipo de medidas.-------- ------ En suma, opinó que las razones expuestas en los fundamentos de la revocación de la suspensión de los efectos del acto no podían ser atendidos, puesto que la medida cautelar propiciaba la única respuesta que se podía dar para dejar sin efectos los actos involucrados en la denuncia.-------- ------ Y CONSIDERANDO: ---------- ------ I.- En los presentes se ha requerido la intervención del Tribunal a tenor de la competencia establecida en el art. 179 inc. 1.1.4 de la Constitución Provincial, que se la otorga al Pleno, en forma originaria y exclusiva en "...los conflictos internos de los Municipios, entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, en el seno de este último,...".- ------ Como se ha sostenido en anteriores oportunidades, se trata de un procedimiento de carácter excepcional, por lo que atento al desarrollo de los hechos denunciados, corresponde prescindir del tratamiento de la revocatoria articulada contra la decisión de conceder la medida cautelar ordenada, y resolver sin más, el fondo del conflicto de poderes denunciado.---- ------ Es más que reiterada la jurisprudencia que indica que la jurisdicción que este Superior Tribunal de Justicia ejerce, por la manda constitucional del art. 179 inc. 1.1.4, tiene carácter especialísimo. Interviene en los Conflictos de Poderes municipales -de conformidad con los precedentes- como juez de constitucionalidad y legalidad de procedimientos y decisiones en la materia que, con carácter restrictivo, considera de su exclusiva competencia para restablecer la vigencia de la ley (Confr.: SI N° 77, 111/90, 90/91, 207/92, 1/93, 44, 215/94, 123/95, 97/SCA/00 entre otras), constituyendo el fin mediato de la tutela así otorgada, la preservación del sistema republicano de división de poderes, la continuidad o el desenvolvimiento de los órganos de su gobierno en este marco institucional (Confr.: SI N° 42/SCA/96; 20/SCA/02; SI 3/SROE/11).------------ ------ Con igual insistencia se viene sosteniendo que un conflicto interno municipal se configura cuando hay contienda entre autoridades comunales en lo referente a sus respectivas facultades, como cuando uno de los Departamentos -Ejecutivo o Deliberativo- invade directa o indirectamente la esfera del otro, y más precisamente cuando el Intendente o algún/os Concejal/es, hubieran sido expulsado/s, suspendido/s o impedido/s de entrar en el ejercicio de su/s cargo/s, únicos supuestos en que aparece afectado institucionalmente el orden municipal (Confr.: este Tribunal, SI N° 22/SCA/98; 97/SCA/00, 12 y 20/SCA/02; SI 4/SROE/08; 13/SROE/09; entre otras).-------------------- ------ II.- Este último es el caso de autos, donde el denunciante se vio impedido de acceder al cargo para el que fuera electo en marzo de 2011 en representación de la Unión Cívica Radical, por decisión del cuerpo deliberante local. Así se desprende del Acta N° 734, agregada como prueba documental, donde con fecha 1° de diciembre de 2011, se registró la sesión preparatoria para aprobar los títulos y la jura de los candidatos. Los mismos fueron electos por la voluntad popular, y proclamados luego por el Tribunal Electoral Provincial. En dicha oportunidad, cuatro de los concejales presentes no aprobaron el título de U., por existir un expediente judicial que calificaron de "relación contractual con el Municipio de Dolavon", por lo que estaba "inhabilitado para asumir en el cargo de concejal dejando cesante al mismo por estar comprendido en la causa de inhabilidad del Inciso 2 del Artículo 18 de la Ley XVI N° 46" (sic).--------------------------------- ------ En ese mismo momento, U. rechazó este argumento y dejó constancia en el acta que el expediente judicial referido, no tenía sentencia hasta ese momento por lo que no existía incompatibilidad. Los concejales presentes decidieron pasar a un cuarto intermedio, y al día siguiente fue proclamado el concejal suplente Sr. GÓMEZ SALONE. Esos fueron los pasos procedimentales que se siguieron para desaprobar ------ La decisión del cuerpo deliberativo motivó el inicio del presente proceso constitucional, donde se denunció el conflicto de poderes y se requirió como medida cautelar, que se le tomara juramento al actor en su carácter de primer concejal electo por la decisión popular. Esta petición prosperó, tal como se desprende de la SI 13/SROE/12, donde sin cuestionar ni analizar, en ese momento, la legalidad de la decisión tomada por el Concejo Deliberante, estableció suspender los efectos de aquélla -por aplicación de lo normado por el art. 124 de la Ley XVI N° 46- y ordenó, asimismo, la convocatoria de una sesión especial para tomar juramento de ley a U. e incorporarlo a su banca.--------------- ------ Planteado así el conflicto corresponde analizar el marco normativo aplicable. En primer lugar el art. 260, inc. 3º de la Constitución Provincial establece que es función del Tribunal Electoral Provincial oficializar la lista de candidatos y proclamar los electos como titulares o suplentes, otorgándoles los respectivos diplomas. Por su parte, el art. 18 inc. 2º de la ley de Corporaciones Municipales establece que no podrán ser miembros electivos de las mismas quienes "directa o indirectamente estén ligados con algún contrato en que sea parte la Corporación Municipal". Por último, el art. 22 de la misma norma, establece que cuando se produzca alguna de las incompatibilidades previstas por la ley, deberán ser comunicadas al Concejo para que proceda a efectuar los reemplazos correspondientes, y si ello no se hiciera o se omitiera remitir esta información, aquél podría declararlo cesante tan pronto como se demuestre su inhabilidad.----- ------ III.- Dicho esto, se derivan las siguientes conclusiones. En primer lugar, el Tribunal Electoral proclamó a aquellos candidatos oficializados que fueron elegidos y que no tuvieron impugnaciones o bien, las superaron. Cabe destacar que no es función de ese organismo revisar las eventuales incompatibilidades de los postulantes, por lo que resultan erróneas las apreciaciones desarrolladas por el denunciante en punto a que no se resolvieron inhabilidades previas. No es lo mismo analizar las condiciones de elegibilidad, que resolver incompatibilidades para ejercer el cargo para el que fuera votado. Así lo ha sostenido la jurisprudencia al referir que: "En orden a lo expresado, la proclamación como concejal electo no importa la incorporación al Cuerpo Deliberativo ni un derecho a exigirla, sino más bien un paso más en el proceso de adquisición de la representación política, que nace como partidaria, se complementa como popular y finalmente, se perfecciona como institucional. Consecuentemente, todo aquel que resulta electo y proclamado tiene un derecho subjetivo imperfecto para acceder al control o examen de sus títulos, calidades y derechos por parte del Concejo Deliberante, pero es éste quien tiene la facultad de desplegar dicho control -si bien como competencia limitada sólo a los proclamados y observando un procedimiento reglado- en el marco del ejercicio discrecional de su accionar político reconocido y establecido por la Carta Orgánica Municipal" (PEIRONE, Juan Pablo c/ Municipalidad de Río Tercero - Amparo - Recursos de Casación"; Expte. Letra "P", 22/03/11, Superior Tribunal de Justicia de Córdoba).---------------------------------- ------ Entonces, dijimos que la Carta Magna Provincial no prevé más que la proclamación y entrega del diploma del ciudadano electo como requisito para poder acceder a su banca. Cumplido este paso, el candidato se encuentra apto para jurar y asumir su cargo sin más trámite, toda vez que la norma constitucional no impone otros recaudos, y por lo tanto mal podía hacerlo el Concejo Deliberante de la manera en que lo hizo.------------------- ------ Es que conforme se desprende del acta N° 734 la falta de aprobación del título de U. fue precedida de meras declaraciones verbales de algunos de los concejales presentes, quienes simplemente expresaron que ante la existencia de una contienda judicial que involucraba al candidato de marras, éste no podía acceder a su banca y aprobaron, a continuación, el diploma del concejal suplente. Este fue el modo en que tres o cuatro ediles decidieron la suerte del acceso de U. a su banca. Y es precisamente este tipo de conductas las que merecen reproche descalificante, ya que debió seguirse un procedimiento mínimamente reglado que garantizara el derecho de defensa del concejal cuestionado.------ ------ Hemos dicho en anteriores pronunciamientos que: "El debido proceso es el derecho a obtener un fallo, sentencia o resolución que surja de un procedimiento en el que se haya cumplido formalmente con los trámites previstos en las leyes adjetivas, en el que se haya permitido participar desde el inicio de la causa y de manera activa a los involucrados, y en el que la sanción aplicada sea consecuencia de una decisión fundada en un correcto análisis de las pruebas producidas por todas las partes, no sólo por el acusador" (Confr.: SI N° 3/SROE/10).-- ------ En idéntico sentido, dijimos en la SD 14/SCA/06 que: "en materia de procedimiento administrativo rige el derecho al debido proceso sustentado en la garantía consignada en el art. 18 CN...(CS Fallos 314:1091)...que comprende la posibilidad de 1) exponer las razones de las pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a derechos subjetivos...2) de ofrecer prueba y que ella se produzca si fuera pertinente...3) que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas en tanto conducentes para la solución del caso...No habiéndose respetado el derecho al debido proceso adjetivo...si se ha violado el derecho de defensa al no otorgarse al particular una razonable oportunidad de ejercerlo el acto está afectado de nulidad absoluta ..."("Turismo Parque SRL - CNFCA - Sala II -21/06/01 en causa por multas aplicadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, conc. " UOL - Sinectis..." -Cám. Ap. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Autónoma - Sala II - 7/10/04).

------ Nada de ello tuvo lugar con carácter previo a declarar cesante al concejal electo antes que asumiera su cargo. Y tampoco se demostró la incompatibilidad alegada ya que, la mentada contienda judicial iniciada por el Municipio de Dolavon con fundamento en los hechos calificados como incompatibles con la función electiva, no tenía pronunciamiento firme al respecto. Así, toda vez que la decisión del Concejo no siguió un procedimiento que respetara el derecho de defensa del denunciante ni demostró que estuviera incurso en la incompatibilidad reglada por la Ley XVI N° 46, corresponde declarar la existencia del conflicto de poderes planteado en autos por el Sr. J. A. U., y en consecuencia, la nulidad de la decisión adoptada en el Acta Nº 734 de fecha 1/12/11 respecto de dicho concejal, y disponer la definitiva incorporación del concejal en el cargo para el que fuera electo.---------- ------ IV.- Conforme se resuelve el presente, no habrá de tratarse la revocatoria articulada contra la medida cautelar decretada en estos autos.------------ ------ V.- En cuanto a las costas, se ha seguido el criterio de considerar que no se generan en este tipo de procesos, dado que los órganos o sus miembros comparecen ante la justicia, no en defensa de derechos particulares sino en ejercicio y defensa de competencias públicas atribuidas, por lo que no resultarían equiparables a las partes en las contiendas judiciales comunes, ni se someten a las cargas procesales entre las cuales están los gastos causídicos. Pero ello no empece al derecho de los profesionales apoderados o patrocinantes -cuando hubieren intervenido- de percibir sus honorarios de conformidad con las normas arancelarias vigentes (arts. 46 y 47 de la Ley XIII N° 4). En este orden, tratándose de conflictos institucionales no susceptibles de apreciación pecuniaria, cabe aplicar el art. 5°, inc.b), c) y d) y 8 de la citada norma, analógicamente este último ya que no existe previsión para este tipo de procedimientos (Confr.: este Tribunal SI N° 135/93; 40/SCA/00 12/SROE/08).------------- ------ Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto no escapa a la inteligencia de este Tribunal que hemos sido llamados a resolver una vez más, un supuesto que evidencia similares ribetes a los que motivaron un anterior pronunciamiento en los autos caratulados: "U., J. S/ Conflicto de Poderes en Concejo Deliberante de Dolavon" "Expte.: N° 21.318-U-2008). En dicha oportunidad, se cuestionó el procedimiento por el que fuera destituido el mismo concejal U., el cual no superó el control de legalidad.---------------- ------- Aquí, los concejales que participaron de la sesión preparatoria manifestaron que U. estaba incurso en la causal de incompatibilidad por su relación contractual con el municipio por lo que no aprobaron su título. Esta conducta, que evidencia un claro apartamiento de los recaudos legales, al impedir el ejercicio al mandato conferido por la Ley XVI N° 46 en lo que atañe a las funciones propias del legislador municipal de un candidato elegido por la voluntad del pueblo, genera, como todo acto, la evidente responsabilidad de quienes tomaron tal decisión. Por ello, es intención de este Tribunal recomendar a los señores concejales que tomen los recaudos para no incurrir en este tipo de conductas irreflexivas y apresuradas puesto que pesa sobre aquéllos la responsabilidad depositada por sus electores de velar por el estricto cumplimiento de las leyes.-------- ------ VI.- Por último, corresponde regular los honorarios de los Dres. R. C. R. en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) y los del Dr. Andrés Mariano SOBIERALSKI en la suma de pesos dos mil ($ 2.000), atento la índole de las tareas realizadas y el resultado obtenido en la litis (arts. 3, 5, 6, 6bis, 7, 8, 46 y 47 de la Ley XIII N° 4), con más el IVA si correspondiere.- ------ Por todo ello el Superior Tribunal en pleno: ------------------------- ------------------------------ R E S U E L V E: ------------------------------- ------ 1°) DECLARAR la existencia de conflicto de poderes en el seno del Concejo Deliberante de Dolavon (art. 179, inc. 1.1.4 de la Constitución Provincial), y en consecuencia declarar NULAS las decisiones adoptadas por Actas N° 734 y 736 de fecha 1 y 2/12/11, y 9/12/11, respectivamente, que dejaron cesante al concejal J. A. U.

------ 2°) REGULAR los honorarios del Dr. R. C. R. en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) y los del Dr. Andrés Mariano SOBIERALSKI en la suma de pesos dos mil ($ 2.000), atento la índole de las tareas realizadas y el resultado obtenido en la litis (arts. 3, 5, 6, 6bis, 7, 8, 46 y 47 de la Ley XIII N° 4), con más el IVA si correspondiere. ------ 3°) DÉJESE sin efecto la cautelar dispuesta en autos por SI N° 13 y 16/SROE/12.---------------------- ------ 4°) HACER SABER a los señores concejales que deberán tener en cuenta las recomendaciones indicadas en el punto V.- de los considerandos.- ------ 5°) REGÍSTRESE y notifíquese.-------------------------------------- ------ La presente se dicta por cuatro miembros del Tribunal, por encontrarse ausentes, en uso de licencia, el Sr. Ministro Dr. Daniel A. Rebagliati Russell y en comisión de servicios el Sr. Ministro Dr. Alejandro Javier Panizzi.---------------- Fdo.: Dr. Fernando Salvador Luis Royer - Dr. Daniel Luis Caneo - Dr. José Luis Pasutti - Dr. Jorge Pfleger.------------------------------------ RECIBIDA EN SECRETARIA EL 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2.012 REGISTRADA BAJO S. I. N° 47/S.R.O.E/2012 CONSTE.