marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, emergencia económica, pesificación, seguro de responsabilidad civil, homologación judicial
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: OMEGA  COOPERATIVA  DE SEGUROS LIMITADA c/ CARREFOUR ARGENTINA SAS/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-31

Si se homologó un acuerdo alcanzado entre el pretensor y la compañía de seguros citada en garantía, en virtud del cual se determinó que la franquicia establecida en la póliza de seguro contratada por la concursada defendida (originalmente pactada en dólares) debía pesificarse a razón de u$s 1 = $ 1 mas el CER (coeficiente de estabilización de referencia) y, no consta participación o conformidad de la accionada; aquel es res inter alios acta respecto de la asegurada. Ello pues, el mentado convenio transaccional involucra cuestiones de notoria relevancia para la reclamada que hacen a la relación asegurado-aseguradora, y sus cláusulas no pueden perjudicar ni aprovechar a terceros ni a los demás interesados que no han participado en el, aun cuando las obligaciones fuesen indivisibles a tenor de lo preceptuado por el Cód. civil arts. 851, 1161 y 1165-in fine (Cncom d, in re: "Capdevielle Kay y cia Sacfm c/ SA del Atlántico CF y otros s/ Ord.", del 16.10.02; en similar sentido, sala C, in re "Trumpler SA c/ Volkswagen SA s/ ord.", del 18.3.05). a mas, dicho convenio podría afectarla en la eventualidad que deba responder a una sentencia en su contra, en tanto se eleva el monto de la franquicia en contra de lo sostenido por la accionada, quien (en la especie) entiende que el monto convertido a pesos a la citada paridad no debe ser incrementado con la aplicación del CER. Cabe precisar, que aun cuando el seguro de responsabilidad civil que le es impuesto contratar al transportista lo es en resguardo de los intereses patrimoniales de los usuarios (Cncom E, 22.2.91, "Kette de Rodríguez, Maria c/ Linardi, Carlos"); no puede soslayarse que, conforme lo dispone la ley 17418 art. 109, sobre la aseguradora pesa una obligación de indemnidad a favor de su asegurado, la que nace con la celebración del contrato y tiene en principio como limite, los alcances de la cobertura (Cncom B, 31.10.1990, "Goncalves, Osvaldo c/ Doncos SRL"; id. B, "Tirendi, Héctor c/ Mohadile, Moisés"; id. b, 13.3.98, "Seguros Bernardino Rivadavia Coop. ltda, c/ Rosini, Daniel"; id. b, 26.4.05, "Lage, Sara c/ La Solvencia SA de Seguros Generales"). De allí, que mal pueden el presunto usuario y la aseguradora, mediante un convenio privado, modificar o interpretar los alcances del contrato de seguro, en perjuicio del derecho invocado por el asegurado y sin su intervención. De modo pues, que el alcance subjetivo de lo acordado se agota en las personas del accionante y de la citada en garantía que han intervenido en el mismo, quienes quedarían sujetos a sus cláusulas, siendo ese acuerdo res inter alios acta respecto de la asegurada, en el cual no tuvo participación (Cód. civil art. 1195 y 1199).
Recurso de inconstitucionalidad, proceso penal, imputado, audiencia de conocimiento personal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: MORDINI, MARIO ALFREDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2012-08-27

Corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y anular el fallo impugnado, por cuanto el Tribunal que decidiera la condena del imputado -la Cámara de Apelación en el caso, ante la absolución dispuesta en primera instancia- no ha realizado la audiencia de conocimiento personal del imputado. Dicha audiencia resulta imprescindible, toda vez que tiene por finalidad primordial el garantizar en el proceso penal escrito un mínimo de contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar y su realización no sólo es a efectos de que el imputado tenga asegurada una oportunidad para ejercer su derecho a ser oído por la autoridad jurisdiccional sino también para que ésta pueda efectuar una adecuada determinación de la pena a imponer en caso de resolver su responsabilidad penal (Del voto del Dr. Erbetta)
Proceso judicial, facultades del juez, apreciación de la prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antonelli, Jorge O. c/ Gas del Estado S.E. s/ contrato de obra pública
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-07-11

En el proceso judicial las partes colaboran con el juez aportando las pruebas que entienden hacen a su derecho, y es éste, en el momento de sentenciar, el que las valora a fin de determinar su conducencia para demostrar el derecho invocado por las partes. En esa tarea intelectual en la que pondrá fin al juicio, el juzgador no se encuentra limitado a las apreciaciones que las partes hayan hecho de las pruebas arrimadas a la causa. Es él que debe valorarlas en su conjunto para formarse la convicción de la procedencia de las pretensiones de cada uno de los contrarios en el proceso.
Sentencia, nulidad de sentencia, declaración de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Brown, Héctor G. s/ Lesiones culposas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-02

Corresponde anular de oficio la sentencia que no contiene los datos indispensables para decidir si se aplicaron correctamente las normas sobre mérito de la prueba, pues de ese modo ha generado al recurrente un obstáculo sustancial para la suficiencia del recurso al verse imposibilitado de dirigir sus impugnaciones sobre concretos textos legales que el juzgador no mencionó ni son razonablemente identificables. (Minoría u opinión personal)
Transporte de carga por agua, mercadería de despacho directo forzoso, responsabilidad del transportador, notificación al consignatario, falta de notificación
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: AMENOBRA SA c/ CAP. Y/O ARM. Y/O PROP. Y/O FLET. BQ. SAN DIEGO Y OTRO s/ FALTANTE Y/O AVERIA DE CARGA TRANSPORTE MARITIMO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-09-16

Atento que el transportista no ha logrado acreditar el cumplimiento de la notificación legal al consignatario, es responsable -solidariamente con la AGP- del faltante de mercadería verificado, en virtud de que no se había configurado la "entrega" al consignatario, que es el acto que pone punto final a la responsabilidad del transportador.
Recurso de casación, examen preliminar
Materia: PROCESAL
Carátula: Bonventre, Marcelo c/ Transallen SA. s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. Rocha, Efraín c/ Olmatic S.A. y Otro s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. - Mencequez de Cabañas, Rosa Viviana c/ El  Hogar  Obrero  Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Ltda s/ ORDINARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY. -
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-03-09|1990-04-17|1990-06-11

El exámen preliminar previsto por el art. 292 del CPC., debe ser especialmente cuidadoso a fin de evitar -en la medida de lo posible , la tramitación de recursos que por su manifiesta improcedencia produzcan un desgaste jurisdiccional innecesario.
Caducidad de instancia, impulso procesal
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FLEURY ORTIZ RENE ALBERTO c/ SILVIO GIORNELLI BIANCHI s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: A004 - 178)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1995-05-18

Ejercitada la facultad de promover un proceso judicial, nacen una serie de cargas sobre el accionante y entre ellas la de realizar todos los actos procesales necesarios para que se dicte en dicho proceso una sentencia que se pronuncie sobre la existencia, legitimidad y extensión de la pretensión ejercida.

En su defecto, es carga del mismo obtener una resolución judicial que recepte cualquier otra forma de conclusión del proceso, salvo que se trate de la finalización del mismo por caducidad de la instancia, en cuyo caso la carga de impulsar el procedimiento incidental pesa sobre quien lo articuló.
Cuenta corriente bancaria, intereses
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Martinez Edgardo y Otro s/ Cobro Ejecutivo Bco. de la Provincia de Buenos Aires c/ Plasencia Angulo Teofilo Homeraldo s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-02-11|1996-11-14

La tasa de interés adeudada o intereses de plaza que refiere el art.

565 del Cód. Com., no es otra que la que cobra el Banco de la Nación Argentina para giros en descubierto, cual es una de las notas distintivas de la operatoria origen del crédito reclamado, los que deben fijarse en concepto de intereses compensatorios legales en la ejecución de un saldo deudor de cuenta corriente.-
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, entidades deportivas
Materia: LABORAL
Carátula: Pegullo, Pablo c/ Comedores Administrados SRL y otro s/ despido
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-10-28

Para que nazca esa solidaridad es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal y específica, de modo tal que exista una unidad técnica de ejecución entre empresa y contratista en los términos del art. 6º de la LCT (Fallos: 316:713, entre otros); extremo que no acaece en una hipótesis como la de autos que permite, precisamente, al concedente vincularse con otra empresa sin contraer - " a priori"- riesgo crediticio por las actividades de la última, que actúan en nombre propio y a su riesgo.
Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, boletas de sufragio, elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias
Materia: ELECTORAL
Carátula: Movimiento Libres del Sur y otros s/ amparo electoral c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-09-09

El Código Electoral prevé el supuesto de simultaneidad de elecciones -en el cual el método de votación puede ser la boleta papel individual para cada lista, tal cual se utiliza en el orden nacional y se ha utilizado durante la vigencia de la Constitución local con la sola excepción de las elecciones generales del año 2015 que se celebraron con boleta única electrónica (cfr. Anexo II de la ley n° 4894)- en cuyo caso se aplicará la misma solución que se ha implementado como regla desde la sanción de la ley n° 268 y conforme la cual las boletas son costeadas con los fondos públicos y privados previstos en aquella ley. Esta interpretación fue ratificada por este Tribunal en los albores del funcionamiento institucional autónomo de la Ciudad. (Del voto en disidencia de los jueces Santiago Otamendi y Marcela De Langhe).
Honorarios, actualización monetaria, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: Gauna, Alcides s/ Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-24

La actualización de montos de honorarios regulados en primera y segunda instancia, debe practicarse a partir de la fecha de la primigenia sentencia, y hasta la del efectivo pago.
Mandato, rendición de cuentas
Materia: CIVIL
Carátula: KODAMA MARIA c/ UVEDA DE ROBLEDO, EPIFANIA s/ RENDICION DE CUENTAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-03-14

La vinculación de confianza existente entre una empleada y su principal a raíz de más de treinta años de servicios domésticos prestados a él y a su progenitora durante los cuales administró fondos de su empleador, tuvo poder para cobrar su jubilación, efectuó depósitos, percibió fondos de un Banco mediante cheques firmados en blanco por aquél, y percibió sumas pertenecientes a éste depositadas a plazo fijo, no la exime de la rendición de cuentas del resultado de su gestión al fallecer su empleador especialmente si en vida de aquél se le requirió tal rendición de cuentas.

De acuerdo con el art. 1910 del Código Civil aun cuando mediara relevo de dicho obrar para el apoderado, de todos modos ello no exonera al mandatario por los cargos que el principal llegara a demostrar en su contra.

Si el poderdante puede reclamar por los créditos que tuviera contra su mandatario a pesar de haberlo relevado de rendir cuentas, resulta también procedente requerir explicación al apoderado sobre el uso que hizo de los fondos de los que ha dispuesto.
Notificación, prueba pericial, suicidio, identificación del imputado, defensor oficial de pobres, incapaces y ausentes
Materia: PROCESAL
Carátula: N. N. c/  s/ designación defensa oficial
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-19

Debe ser revocada la medida que tuvo por notificado al defensor oficial de la realización del peritaje sobre un teléfono celular, en el marco de una causa en la que se investiga un supuesto suicidio, pero que, hasta el momento, no se identificó a ninguna persona como instigador, partícipe o autor de algún delito, ya que la pericia dispuesta lejos está de ser un acto irreproducible o definitivo. Además, el defensor oficial, en caso de ser designado, no podría desplegar una estrategia de trabajo concreta con base en los intereses particulares de un sujeto determinado, ni solicitar puntos de pericia en función de aquella, por no existir aún ninguna persona imputada.
Adquisición del dominio, prescripción adquisitiva
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Nieto, José Raúl s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1998-12-17

Para probar la Usucapión, dada la naturaleza peculiar de este modo de adquisición del dominio, deben ser plenamente acreditados todos los hechos que han servido de base a la adquisición. El juez debe ser muy estricto en la apreciación dadas las razones de orden público involucradas. La comprobación de los extremos exigidos por la ley debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente.
Sociedades comerciales, fraude laboral, empleo no registrado, teoría de la penetración, responsabilidad del socio, responsabilidad solidaria
Materia: LABORAL
Carátula: Luzardo, Natalia V. c/ Instituto Oftalmológico S.R.L. y otros s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Es aplicable el art. 54, último párr., de la ley 19.550 cuando se incurre en conductas que implican fraude laboral y previsional, que si bien no puede estimarse encubran la consecución de fines extrasocietarios, pues el principal objetivo de una sociedad comercial es el lucro, sí que constituyen un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe y para frustrar derechos de terceros.
Prescripción, honorarios, honorarios del abogado, crédito por honorarios
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c/ FRANCHETTI, MIRTHA s/ PRESCRIPCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-29

El CCIV.4032-1 rige la prescripción del crédito por honorarios del letrado que debe en su ministerio cuando los requiere de su cliente.
Homicidio culposo, prioridad de paso
Materia: PENAL
Carátula: V, D A s/ HOMICIDIO CULPOSO.     CAP EXPTE NRO 68-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-06-22

La prioridad de paso de quien transita por derecha no cede ni aun ante las avenidas -tal cual reza la ley nacional de tránsito-, por más que deba admitirse que éstas sean de circulación rápida y tienden a desembarazar un tanto la congestión vehicular, no debiendo olvidarse que también en ellas debe observarse en forma absoluta las formas y reglas de conducción referidas al máximo de atención y prudencia dentro de los márgenes de velocidad permitidos, manteniendo el pleno dominio del vehículo, particularmente en condiciones irregulares de visibilidad o pavimento mojado, o en especiales derivados de la densidad de tránsito.
Servicio público, consumidores, comerciante, apreciación de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: Vergara, Fernando Daniel c/ Telecom Argentina S.A. s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2019-12-26

De la característica de servicio público esencial de la telefonía fija (cfr. art. 2° inc. c) Decreto N° 843/00 PEN), derivan dos de las características típicas del régimen jurídico exorbitante que subyace a todos los servicios públicos: su "obligatoriedad", lo que posibilita concretamente al usuario exigir al prestador (sea público o privado) la prestación efectiva del servicio, y el de "continuidad", el cual supone la disponibilidad permanente del servicio cuando éste sea requerido.
Juicio ejecutivo, excepciones procesales, teoría de la imprevisión
Materia: PROCESAL
Carátula: NICOLINI, IRIS c/ BLANCO, ANGEL AGUSTIN s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

Una defensa típicamente sustancial, no puede sustentar excepción alguna en el juicio ejecutivo en tanto constituye una motivación que hace a la causa de la obligación, ajena a la ejecución del título hábil.

La defensa fundada en el art. 1198 del Código Civil, no puede ser materia del juicio ejecutivo, dado que el pedido de reajuste debe articularse por la vía y forma pertinente y de ningún modo como excepción en el proceso de ejecución.

Tal defensa, que no está comprendida en la enumeración del art. 544 del Código Procesal escapa por su naturaleza al limitado margen de conocimiento del proceso ejecutivo. En los juicios ordinarios o sumarios, la teoría de la imprevisión debe encausarse por demanda o reconvención, en consonancia con la abundante doctrina y jurisprudencia y con los precisos términos del citado art. 1198, que tan sólo habilita a "demandar" la resolución del contrato aun cuando se entiende que también cupiese pedir la modificación de los términos del contrato.
Prueba, carga de la prueba, alimentos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C., A. M. c/ C. E., A., s/ Alimentos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-02

Como la obligación alimentaria es un derecho condicional y mutable, que renace de continuo y, por tanto, puede variar en su magnitud cuando se modifican las condiciones de hecho en base a los cuales se estableció: necesidades del acreedor y situación de fortuna del deudor, el pedido de aumento de la cuota fijada por la mejora de la situación económica del alimentante, implica, necesariamente, la afirmación de que han aumentado sus ingresos y consiguientemente la demostración del correlativo incremento del caudal de quien debe suministrarlos, habida cuenta que, en definitiva, se trata de acreditar que han variado las circunstancias fácticas que sustentaron la condena recaída con anterioridad, siendo de destacar que es al incidentista que pretende modificar la situación legal existente, a quien corresponde alegar y aportar las probanzas idóneas para producir la alteración pretendida (arts. 647, 178 y 375, Código Procesal).
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: RODRIGUEZ RAMON SANTIAGO c/ MORIER JOSE LUIS Y OTRO s/ SUMARIO POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1998-09-10

No caben dudas que cuando el accidente se produce porque un vehículo gira a la izquierda en una calle de doble mano, la causa adechada del mismo lo constituye la maniobra imperita de quien pretendiendo girar a la izquierda no comcumple correctamente con el artículo 50 inciso a) de la Ley 13.893, máxime en un día lluvioso y en horas nocturnas.
Actuaciones administrativas, instrumentos privados, instrumentos públicos, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: VI.DA.VI. S.R.L. c/ COMUNA DE GABOTO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 176 AÑO 1995)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2003-12-26

En la Administración se desenvuelve una actividad que genera una documentación propia ya que ella es casi siempre formal, escrita o actuada. Dicha documentación está ínsita en la actividad administrativa. Los documentos que dan cuenta de la actividad administrativa, que son expedidos o elaborados por agentes en ejercicio de sus funciones no son instrumentos públicos, pero tampoco son instrumentos privados por no ser privadas sus actuaciones. Toda la actividad administrativa se realiza a través de formas que en el derecho privado se presentan como esencia de la prueba para la existencia de un acto jurídico, mientras que en el derecho administrativo se convierte como forma para realizar la voluntad jurídica de la Administración; es la teoría de la documentación administrativa.
Quiebra, fuero de atracción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RACCA Y CORREA EMPRESA CONSTRUCTORA  S.R.L. c/ ESTADO  NACIONAL  Y/P  DIRECCION  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA  DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA s/ COBRO DE PESOS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

La admisión inicial de la competencia, no impide una decisión en contrario con motivo de la reconvención y aún después de ella, si el magistrado no tuvo conocimiento, o no advirtió, que estaban dados los extremos para que proceda la atracción a la quiebra de todas las acciones judiciales contra el fallido, toda vez que el interés que pudieran tener las partes, en el mantenimiento del fuero de radicación, no puede prevalecer, razonablemente, sobre la conveniencia de que determinadas acciones tramiten ante el juez de la quiebra. De allí que la norma legal que lo dispone sea de orden público y por tanto imperativa.
Terceros, ejecutoriedad de la sentencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pagella, Juan Carlos c/ Grilli, Oscar E. y otro s/ Daños y perjuicios Vicente, David c/ Martín, Jorge Omar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-06-16|1987-07-28

Si la sentencia el ejecutable contra el tercero citado a juicio, ello es así, en tanto se le haya dado oportunidad de ser oído, de ensayar sus defensas y de apelar de la sentencia condenatoria.-
Excusación, recusación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ASATO JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL DE SANTIAGO DEL ESTERO Y/O DIRECCION DE CALIDAD DE VIDA Y CONTRALOR MUNICIPAL s/ AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2005-08-12

La separación de un Magistrado encuentra su fundamento en la preservación de la seguridad jurídica y en el resguardo de la imparcialidad de los jueces al momento de entender y decidir sobre las cuestiones sometidas a su juzgamiento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Cascia, Román Alfredo y otros s/ Hurto automotor
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-03-21

Corresponde declarar la anulación de oficio de la sentencia si la Cámara sobresee definitivamente al procesado por hallarse prescripta la acción penal, lo que no se compadece con lo estatuido por el art.

59 inc. 3ero. del Código Penal ni con los supuestos previstos en el art. 381 del Código de Procedimiento para que proceda el sobreseimiento definitivo; configurándose así una situación excepcional de incompatibilidad con el debido proceso, que hace procedente este remedio extremo pues por sus límites constitucionales el recurso extraordinario de nulidad es ineficaz para neutralizar la apuntada anormalidad.
Escritos judiciales, presentación en distinta secretaría, error inexcusable
Materia: PROCESAL
Carátula: MARTÍN,  Natalia Marcela c/ CALVO DE ALBA, Juan Carlos s/ DAÑOS YPERJUICIOS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-08-03

El hecho de presentar un escrito judicial en otro juzgado y secretaría cuando su radicación se encuentra en pleno conocimiento del profesional actuante, constituye un error inexcusable. De tal manera, la contestación de una demanda presentada en otro juzgado deviene extemporánea, pues por la trascendencia del acto, se requiere un actuar diligente por parte del interesado. Admitir lo contrario importaría entrar en un terreno lindante con lo arbitrario, con el propósito de no incurrir en un exceso ritual manifiesto, apartándose con ello de los principios de perentoriedad de los plazos establecidos por el código de forma el cual garantiza no sólo la defensa en juicio de las partes, sino el debido proceso legal.