Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2013-06-18


La Plata, 18 de junio de 2013.

Autos y vistos: La presente causa P. 120.662, caratulada: "M., F. S. s/ Recurso de casación interpuesto por particular damnificado".

Y considerando:

1. La señora Agente Fiscal, doctora Beatriz Castellanos de Bruzzone, formuló acusación contra F. S. M. en orden al delito de homicidio calificado por alevosía, requiriendo la imposición de la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas (fs. 2/9).

2. Luego de una serie de actos procesales, ante la presentación efectuada por F.G. , en su calidad de particular damnificado (fs. 18/18/35 vta.), la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, por auto de 30 de agosto de 2012, no hizo lugar -por improcedente- a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 13.153 (art. 3 ley 12.059) solicitada por el particular damnificado y declaró la incompetencia de ese tribunal para intervenir en la sustanciación del juicio oral, asignando la misma al Tribunal en lo Criminal que de acuerdo a la ley 11.922 y 12.060 posee aptitud jurisdiccional para llevar a cabo el proceso a partir de esta fase procesal (fs. 48/59).

3. Interpuesto recurso de casación por el aludido particular damnificado (fs. 63/68), la sala III del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, merced al decisorio dictado el 7 de mayo de 2013, declaró la nulidad de la incompetencia dispuesta por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la ley 13.153, hizo saber al mentado Tribunal de Alzada que deberá en forma urgente citar a juicio con vista a las partes para que ofrezcan las pruebas que deberán llevarse a cabo en la necesaria investigación y designar la imprescindible audiencia preliminar, donde se tratarán las pertinencias de prueba, y dio intervención al Fiscal General de La Plata a fin de que se designe el (los) agente (s) que deberá (n) realizar una investigación completa, imparcial y efectiva con el objeto de determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, como en la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba, favorecimiento personal de los anteriores u omisión de investigar y/o denunciar lo que corresponda investigar y/o denunciar (fs. 97/103).

4. A su turno, N. d. V. M. d. G. y F. V.G., como particulares damnificados, con patrocinio letrado, dedujeron recursos que si bien no se individualizan en la portada, se especifican en el desarrollo del libelo, como de inaplicabilidad de ley, inconstitucionalidad y nulidad (fs. 117/126).

Como cuestión previa se puso de relieve que en forma contemporánea tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la causa sustanciada con motivo del homicidio de J. O.G. , en cuyo ámbito se han desarrollado audiencias, se convocó para presentar alegatos por escrito el próximo 24 de junio y se puso en conocimiento de aquél órgano -el 17 de mayo pasado- un acuerdo en materia de reparaciones, suscripto por la representación de las víctimas y el Estado Argentino (ver fs. 136/141, en copia) -fs. 117 y vta.). Se señaló, en ese contexto, que en el reconocimiento estatal de responsabilidad internacional se especifica que la investigación judicial de los hechos no fue sustanciada de conformidad a los estándares internacionales exigibles, que la autoridad de cosa juzgada absolutoria merecería ser calificada de fraudulenta y que el estado nacional -junto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires- se compromete a llevar adelante una estrategia de participación en el procedimiento judicial seguido contra F. S.M. , así como en las investigaciones judiciales a los responsables del encubrimiento del asesinato de J. O. G. (fs. 117 vta./118). A partir del respeto de esos estándares la recurrente reclamó que se efectúe un proceso constitucionalmente sano y de pleno reconocimiento al principio de bilateralidad, oralidad y actuado, con una clara división entre los roles de acusador y juzgador y que permita el libre ejercicio de las facultades propias del particular damnificado en el marco de la ley 11.922 (fs. 119).

En el capítulo III del escrito, bajo el rótulo "Consideraciones comunes a todos los recursos", se señaló que más allá de la trascendencia institucional que posee la decisión del órgano casatorio "... se vuelve a resolver de espaldas al ejercicio postular del Particular Damnificado, denegando la petición de retrotraer el trámite y el dictado de inconstitucionalidad de la ley 13.153..." (fs. 119 vta.) materializándose un doble estándar de juzgamiento en tanto se pretende que la aplicación del nuevo código procesal penal sólo se efectúe en el debate oral, al que la parte llega "... a todas luces indefensa..." (fs. 120). A ello cabe sumar -sostuvo- que al dar intervención al Fiscal General para ordenar una investigación -amén que el órgano superior jerárquico es la Procuración General- se le atribuye esa potestad "... cuando no sólo no lo hizo desde su entronización en el cargo, sino que se trata de un funcionario cuya conducta muy probablemente caiga bajo el atento escudriñar de aquellos a quienes les corresponda determinar las responsabilidades del caso (una vez dictada Sentencia por parte de la Corte IDH), teniendo en cuenta su ominoso desempeño en el juicio que terminó con la absolución de SANTILLAN..." y que al determinar que sea la Sala I la que efectúe el juicio se mantiene "... la rémora inquisitiva procesal, ya harto repudiada por esta parte..." (fs. 121).

En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se señaló -por un lado- que lo resuelto es equiparable a sentencia definitiva y -por el otro- que se dan los requisitos del art. 494 del C.P.P., en tanto al "... proveer a la preminencia del anterior sistema de enjuiciamiento por vía de la ley 13.153, negando su inconstitucionalidad..." se inobservan los arts. 14, 16, 18, 28 y 31 de la C.N., las normas pertinentes de la C. provincial, los pactos y convenios internacionales y la jurisprudencia de la Corte nacional en los precedentes "Santillán", "Quiroga", "Giroldi" y "Bramajo" y de la Corte IDH in re "Velázquez Rodríguez", "Barrios Altos" y "Bulacio" (fs. 122/123 vta.).

En el de inconstitucionalidad señaló que, más allá de las limitaciones que prevé el art. 489 del rituario en relación al art. 161 inc. 1º de la Const. Provincial, este Cuerpo debe efectuar el control "... no sólo difuso sino concentrado..." de las resoluciones dictadas por un tribunal inferior que ha infraccionado un bloque de leyes de supremacía constitucional y que reglan la participación que se reclama como parte, en tanto víctima de un injusto penal - arts. 77, 83 y conc. del C.P.P.- (fs. 124/125).

Por el de nulidad, por último, se agravió de que el a quo hubiere omitido el tratamiento de cuestiones esenciales y su consecuente falta de fundamentación sin desarrollar en que consistirían tales afirmaciones (fs. 125 vta.).

5. Más allá de lo que quepa señalar en punto al lugar en que se presentó el recurso, al recaudo de la definitividad del pronunciamiento recurrido y sobre la presencia en el ámbito del recurso de inaplicabilidad de ley de los requisitos contemplados en el art. 494 del C.P.P., el planteo sobre las facultades del particular damnificado en la sustanciación del juicio oral y público contra M. y la inconstitucionalidad de la ley 13.153 en relación a los arts. 14, 16, 18, 28 y 31 de la C.N. -en la medida del acuerdo sobre reparaciones suscripto por el Estado nacional que la parte pone en conocimiento en copias a fs. 136/141- constituye cuestión federal suficiente para que este Tribunal analice la cuestión en el marco de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (art. 31 de la C.N.).

En virtud de lo antedicho, y hallándose cuestionado el alcance de garantías de jerarquía de derecho internacional, el tratamiento resulta pertinente puesto que la omisión en su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional.

Asimismo, existe relación directa e inmediata entre las normas internacionales invocadas y el pronunciamiento impugnado, y la decisión es contraria al derecho federal invocado por el recurrente.

6. Con ese piso de marcha corresponde que el Tribunal se aboque a los agravios sobre el fondo del asunto, en la inteligencia que en función del estadio procesal de la causa es necesario que se garantice que, con prontitud, se lleven a cabo las diligencias necesarias para la celebración del debate en la causa seguida al nombrado M..

7. En lo que concierne al tribunal que debe llevar a cabo el juicio, en la medida que el órgano designado para efectuarlo es el previsto por la ley procesal que regía en el momento del hecho -la Sala I, con la integración compuesta por los Jueces Delbes, Villordo y Argüero, de acuerdo a la ley 3589 y sus modif.- y que el debate debe efectuarse conforme a las pautas del nuevo digesto formal por expresa disposición legal (art. 4, inc. 3º, Ley 12.059 según ley 12.161), no se percibe un menoscabo a la garantía del juez natural, a la imparcialidad del juzgador ni la aplicación al caso de un sistema de naturaleza inquisitivo, en tanto las alternativas previas, el debate y los eventuales medios de impugnación se llevaran a cabo de acuerdo a un código con preponderancia del principio acusatorio.

8. Las temáticas vinculadas con las censuras a la comunicación al Fiscal General de la Plata para la realización de una nueva investigación, como lo vinculado con el mérito de la anterior y la actuación que le cupiera en la misma a los funcionarios que señala de la órbita de dicho Ministerio Público, no constituye una temática incluida en la vía recursiva en cuestión, siendo -por otra parte- resorte de la Procuración General todo lo atingente a la promoción y ejercicio de la acción penal pública (vid. art. 21 inc. 3º Ley 14.424) a través del órgano predispuesto para ello (art. 29 inc. 1º ley cit.).

No obstante, gírense copias certificadas del recurso obrante a fs.

117/126 a la doctora Falbo frente a lo allí denunciado (art. 287 inc. 1º C.P.P.).

9. Ahora bien, no cuestionado en autos que los recurrentes tengan legitimación como particulares damnificados para participar en el juicio oral y público a celebrarse, cabe señalar que -en función de los compromisos asumidos por el estado nacional y, consiguientemente, el provincial que emerge de fs. 139/141- y ante la necesidad de que se adopten los recaudos pertinentes para que el debate se celebre con la mayor participación posible del mentado sujeto eventual del proceso (vid. punto 5 inc. e) del acuerdo sobre reparaciones ya aludido), debe aplicarse en autos el texto del Código Procesal Penal conforme a la ley 13.943.

10. La vía de impugnación prevista en el art. 489 del Código Procesal Penal sólo procede cuando en la instancia se haya controvertido y decidido sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (art. 161 inc. 1º de la Const. Pcial.).

En el caso, en tanto se cuestiona la sentencia a la luz de dispositivos de la Constitución Nacional y de los Tratados internaciones con jerarquía constitucional (fs. 124) la vía elegida resulta impróspera, máxime frente a lo señalado en el acápite anterior acerca de la procedencia de similar agravio en el medio recursivo en el que normalmente este Tribunal da adecuado tratamiento a las cuestiones de naturaleza federal articuladas (art. 494 del cód. cit.).

11. El recurso extraordinario de nulidad tampoco resulta admisible, en tanto en su escueta formulación no se ha cumplido con lo pontificado en el art. 484 del C.P.P. atento a que no se ha efectuado su fundamentación de acuerdo a su objeto y finalidad (art. 491 C.P.P.).

Por ello, la Suprema Corte de Justicia, resuelve: 1. Acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el particular damnificado y ordenar que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, lleve a cabo el juicio oral y público de F. S. M. de conformidad a las pautas del art. 4, inc. 3º, Ley 12.059 según ley 12.161, es decir, conforme al sistema de la ley 11.922 y sus modif.. - al tratarse de un caso de juicio oral obligatorio del C.P.P. de la ley 3589 y sus modif.-, aplicándose el texto ordenado por la ley 13.943 en lo que atañe a la participación del particular damnificado en los actos preliminares y en el debate del mentado juicio (arts. 79 y conc. del cód. cit.).

2. Remitir copia fosfática certificada del escrito de fs. 117/126 a la Sra. Procuradora General en función de la denuncia efectuada respecto de funcionarios del Ministerio Público de la ciudad de La Plata (arts. 287 inc. 1 C.P.P.).

3. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por la representación técnica del particular damnificado (cfe., arts. 486, 489 y conc. del C.P.P.).

4. Desestimar, por inadmisible, el recurso extraordinario de nulidad articulado (arts. 484, 486, 491 y conc. del C.P.P.).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. - Héctor Negri Daniel Fernando Soria. - Eduardo Julio Pettigiani. - Eduardo Néstor de Lázzari.