marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Sentencia, actos y diligencias procesales, tribunal colegiado, firma
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: PEÑA ALBERTO AMERICO c/ RAQUEL EDITH BAYSRE s/ RECURSO DIRECTO - INCIDENTE DE NULIDAD - OPORTUNIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1987-02-24

La resolución dictada por una cámara con la intervención de un juez que anteriormente se había inhibido para entender en la causa, no es un acto inexistente. Las firmas de dos de los jueces del tribunal que entiende en ese proceso bastan para configurar los caracteres mínimos y esenciales que son necesarios para dar vida a una resolución judicial, todo lo defectuosa que se quiera, pero no por ello ajena al mundo del derecho. Una decisión firmada por dos miembros de la cámara y un tercero que, aunque apartado del conocimiento de la causa, es también un juez, no es una especia de hecho puramente ilusoria incapaz de toda relevancia o valoración jurídica como podría ser una resolución firmada por el ordenanza o por una de las partes o directamente no firmada. Esa resolución posee los requisitos constitutivos indispensables para su existencia jurídica, de modo que esta sometida a las categorías de validez o invalidez con arreglo a las cuales se juzga la eficacia de los actos procesales: es, sin duda, una resolución anulable, pero lo es precisamente porque constituye un acto jurídico relevante (del voto del Dr. Ferrer Martínez).
Daños y perjuicios, espectáculos deportivos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Castro, Santiago c/ Torbidoni, Oscar s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-08-12

Habiendo quedado demostrado que la carrera cuadrera durante la cual ocurrió el hecho dañoso motivo del pleito, no fue organizada por el Municipio codemandado, sino que se trató de un espectáculo organizado por personas físicas, en infracción a lo dispuesto por la ley 9233, cabe considerar procedente la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por este litisconsorte; resultando, por tanto, responsables quienes tuvieron una función esencial en la organización y programación de dicha competencia.
Honorarios, falta de legitimación para obrar, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: P. D. I. c/ B. C. L. s/ INC. AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-02-27

Respecto de la regulación de honorarios efectuada a favor del letrado del progenitor, carece la apelante de legitimación para cuestionarla, dado que no resulta la obligada a su pago, en función de distribución de costas recién referida.
Costas, inconstitucionalidad, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Reynoso, María Fernanda c/ Cosso Miguel, Amadeo y otro s/ ordinario daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2018-09-26

En lo concerniente al planteo de inconstitucionalidad del art. 730 del CCyC, si bien su introducción en esta instancia no reviste una clara ortodoxia procesal, debe ser considerado, pues lo contrario importaría incurrir en un excesivo rigor ritual.
Tierras fiscales, adjudicación de tierras, acto administrativo provisional, actos unilaterales, ley de orden público, derechos subjetivos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: B, R. c/ PROVINCIA DE RIO NEGRO-DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y COLONIAS s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2004-03-04

Obiter dictum; el acto administrativo individualizado como el de adjudicación en venta, es unilateral tanto en su formación como en sus efectos ya que la voluntad del administrado no concurre a la formación del mismo, y debe ajustarse al cumplimiento estricto de la ley, en este caso Ley Provincial Nro. 279, para todos los efectos. De acuerdo a la interpretación literal y armónica de los preceptos de la mentada ley, aquel acto no es otra cosa que una adjudicación con promesa de venta sujeta a determinadas condiciones (conf. arts. 51, 54, 63, 65, 68, 76, 82 de la Ley 279). En consecuencia, no observo que la disposición en cuestión se trate de un acto administrativo definitivo, sino que el mismo es provisional ya que los derechos a que diere lugar están sujetos a que se cumplan las condiciones exigidas por la propia ley (conf. arts. 40, 41, 52, 54, 63, 68 y concordantes de la Ley 279) e importan para tornar definitivo el acto, aunque sean requisitos accidentales. Ergo; que se imponga una obligación de hacer no implica que lo que deba hacerse se haga al margen de la ley y, menos aún, que esa imposición suponga el reconocimiento de algún derecho subjetivo.
Depreciación monetaria, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Figueroa, Julio Enrique Angel c/ Buenos Aires, Provincia de s/ sumario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-15

Corresponde el reajuste por depreciación monetaria desde la oportunidad en que se efectuó cada uno de los pagos que se reclaman en concepto de daños y perjuicios, hasta el 1. de abril de 1991 (art. 8. ley 23.928).
Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretación de la constitución
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ponce,  Carlos  Alberto c/ San  Luis,  Provincia  de s/ acción declarativa de certeza.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-24

La institución de un tribunal al que le es encomendada como función exclusiva propia de él, el conocimiento de las causas previstas en el art. 117 de la Constitución Nacional, importa atribuir a la interpretación que ese Tribunal haga de ella una autoridad que no sólo es moral, sino institucional, es decir, que el orden de las instituciones de que se trata reposa sobre ella (Disidencia parcial del Dr. Carlos S. Fayt).
Tasa de justicia, monto de la demanda, interdicto de recobrar
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA, Alberto c/ OCUPANTE FINCA PAYSANDU 534 s/ INTERDICTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

Si se persigue la recuperación de un bien por la vía de los arts.

606, inc. 3º y 614 del Código Procesal, la tasa de justicia debe integrarse en un monto fijo, conforme lo establece el art. 6º de la ley 23.898. Ello por cuanto, atento la naturaleza del instituto, sin perjuicio de la procedencia o del resultado del reclamo, en la cuestión fiscal el objeto del litigio queda al margen de la existencia de un "negocio jurídico", aspecto sobre el cual la norma citada sienta las bases para la liquidación del tributo.-
Honorarios del abogado, notificación
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Eudes c/ Murgia, Hugo s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1987-04-09

No estando previsto en la ley arancelaria la aplicación subsidiaria del art. 133 del C.P.C.C., como procedimiento de notificación de los honorarios, no cuadra otra solución que la de practicar la misma en el domicilio real del rebelde.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Leyes, interpretación de la ley, razonabilidad, Municipalidad, personal contratado, personal de planta permanente
Materia: CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: ARAYA, CARLOS ROBERTO c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 109-91) CORREA, VICTOR HUGO c/ MUNICIPALIDAD DE RAFAELA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   N. 47-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1996-12-26|1996-12-26

En una línea argumentativa que puede vincularse con la "presunción de racionalidad del legislador", ha fallado el más Alto Tribunal del país que es "regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador". En consecuencia, y debiendo interpretar el artículo 134 del Anexo I en relación con los arts. 3, 4 y 5 del Anexo II de la ley 9286 -estatuto escalafón para el personal municipal-, no es posible pensar que el legislador ha utilizado una expresión lingüística que, lejos de tornar coherente el sistema previsto en la ley 9286, implicaría la destrucción de algunas de sus normas por lo dispuesto en otras. Es adecuado pensar que el legislador ha sido razonable y, por lo tanto, que ha querido establecer las pautas de ingreso del personal permanente de Municipalidades y Comunas de un modo orgánico y coherente.
Daños y perjuicios, víctima menor de edad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Gomez, Mónica c/ García, Roberto s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-15

La eximente que contempla el art. 1111 del Código Civil, cuando nos habla de "falta imputable" a la propia persona que sufrió el daño, no es sinónimo de "culpa", toda vez que no se puede hablar de culpa porque los deberes jurídicos existen únicamente frente a otras personas y no frente a sí mismas: se trata entonces del obrar del agente juzgado en si mismo con relación a la integridad de su persona y sus bienes, con prescindencia de la posesión de discernimiento, de la negligencia o la intención de dañarse a sí mismo. Se puede sostener que el ocasionarse un daño es un hecho disvalioso, una "falta" de comportamiento.
Decreto de necesidad y urgencia, Constitución Nacional, ratificación del decreto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Rodríguez, Jorge - Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-17

Al establecer la excepcionalidad de emitir disposiciones legislativas conferida al Poder Ejecutivo, la Constitución condicionó la validez y vigencia de tales actos legislativos a su contralor por el Congreso. Sin la ley especial que lo regule ni la Comisión Bicameral que lo recepte y dictamine sobre su procedencia, el acto del Poder Ejecutivo carece de fuerza normativa (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Materia: CIVIL-PROCESAL-ADMINISTRATIVO-CONSTITUCIONAL
Carátula: Corpacci de Toledo, María Soledad c/ Edecat S.A. - Cumplimiento de Contrato - Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2009-06-16

No habiéndose agregado a estas actuaciones probanzas que acrediten la existencia de servidumbre administrativa alguna o restricciones al dominio de la actora sobre el bien inmueble de su propiedad, la conclusión es que no se trata en el caso de una servidumbre administrativa regularmente constituida, que hubiera determinado la competencia contencioso administrativa, y que se trata, en cambio, de la ocupación de un inmueble ajeno, por lo cual estimo que la vía elegida por la actora para hacer valer sus derechos no era otra que incoar la demanda tal como lo ha hecho, solicitando el retiro de la columna del inmueble de su propiedad, con el fin de no padecer una restricción al dominio pleno de la misma, perdiendo un derecho legalmente constituido, por un hecho que, en su base, atenta contra ese derecho (pues de eso se trata en esencia la usucapión).

Esta conclusión encuentra sustento en el análisis de los hechos invocados y probados por las partes, como asimismo en el derecho a que refieren las previsiones legales aplicables que regulan la materia, como las leyes nacionales 19552 de Servidumbres de Electroducto y 24065 de Distribución de Energía, que determinan el trámite de constitución de las servidumbres de electroducto, y su correlato con las leyes provinciales 4834 Ley de Energía Provincial, Ley 4836 de creación del En.Re. provincial y las disposiciones de la Ley 3744 de creación de la Dirección de Energía Provincial, además de las condiciones pactadas en el Contrato de Concesión respectivo, que determina las responsabilidades del concesionario respecto a los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución del contrato mencionado.
Responsabilidad médica, responsabilidad de los establecimientos asistenciales, carga de la prueba, falta de prueba, presunciones, verdad jurídica objetiva
Materia: CIVIL
Carátula: Ponce de León, Jesús Omar y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-08-30

Por expresa disposición legal el Hospital estaba obligado a custodiar el parte anestésico y tenía la carga de aportarlo al expediente a fin de dilucidar la verdad de los hechos resultando pertinente extraer de su omisión presunciones en su contra. La falta de ese elemento de prueba, que resulta de los informes, y cuya importancia fue destacada en razón de la posibilidad o probabilidad de que el accidente se vinculara en forma directa con el tratamiento anestésico dispensado, justifica hacerlo responsable de los daños experimentados por los actores en base a la presunción del artículo 388 de la ley adjetiva, desde que una solución contraria sería francamente disvaliosa. Por un lado, dejaría en total estado de indefensión a los familiares de la víctima y, por otro, quedaría librado a la discrecionalidad del sanatorio o clínica la suerte de la contraparte al ser ocultada la constancia que puede ser decisiva influencia en el esclarecimiento de la verdad jurídica, norte de todo proceso, como lo tiene dicho la Corte Suprema.
Improcedencia del recurso, fallido, depósito previo
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUAREZ ALEJANDRO ESTEBAN S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-21

Corresponde rechazar el recurso interpuesto por el fallido por el cual pretende que el depósito previsto por el CPR 286 sea solventado con los fondos existentes en la quiebra. Ello por cuanto, la viabilidad de sostener dicha afirmación exige previamente determinar si se trata o no de una gasto susceptible de quedar enmarcado en la LCQ 240; norma que, para que sea admitida proporciona dos pautas: por una lado, impone atender a la causa que ha dado origen al crédito de que se trate; y por el otro, a la época en la que se ha generado. En el caso, el gasto de que se trata se originó con motivo del rechazo del recurso de queja deducido por el propio fallido (CPR 286) con el objeto de que se concediera el recurso extraordinario que este tribunal había denegado -la pretensión del recurso versaba respecto del interés del fallido de obtener la revocación de su decreto de quiebra y su conversión a concurso preventivo-. En ese contexto resulta claro que lo actuado con motivo de aquel recurso, y, por ende, el gasto correspondiente al depósito previsto en el CPR 286, ningún beneficio generó a los acreedores a quienes se pretende postergar, lo cual exhibe con notoriedad que no estamos ante los gastos de los que cita la LCQ 240.
Costas, incidentes
Materia: PROCESAL
Carátula: Garrote, José M. c/ Empresa de Construcciones Huayqui S.A. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-12

Aunque el rechazo del incidente tenga un fundamento sólo formal, en razón de disponer que las cuestiones planteadas por el incidentista -por su complejidad-, no tienen cabida en el estrecho márgen del debate previsto por los arts. 175 al 187 del CPCC., ya que se está frente a una materia propia del juicio de conocimiento pleno, el incidentista debe soportar las costas, pués el motivo determinante de la desestimación del incidente no lo releva de su condición de vencido.
Competencia, propiedad participada, sociedad anónima, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: AGÜERO, GUILLERMO Y OTROS c/ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PéBLICOS Y OTROS s/ ART. 29 DE LA LEY 23696
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-09-10

El art. 29 de la ley 23696 expresamente establece que en los Programas de Porpiedad Participada se deberán emitir bonos de participación, y remite directamente al art. 230 de la ley 19550 que forma parte de un acápite referido a las sociedades anónimas (De los bonos) y que determina que los bonos de participación pueden también ser adjudicados al personal de la sociedad. Por lo tanto, resulta forzosa la consideración de la decisión adoptada por la CSJN en la causa Albornoz, Domingo c/ YPF SA del 17/11/98 (DT 1999-A-510) por la evidente similitud de los temas involucrados y declarar la incompetencia de esta Justicia Nacional del Trabajo. .(Del voto de la Dra. García Margalejo, en mayoría. El Dr. Morell se abstuvo (art 125 de la ley 18345) y expresó su opinión en contrario en autos: Farías, Angel y otros c/ Ministerio de Economía y otro 19/9/02, quedando en minoría).
Honorarios del abogado, mora
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rabini, Cesar A. c/ Battistessa, Raúl C. y otro s/ División de condominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1982-09-14

Corresponde actualizar los honorarios del abogado o procurador en los casos de inexistencia de mora del obligado.
CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES, presunción legal, embargo preventivo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-09

Que la presunción legal de que los fondos depositados en la cuenta corriente del Banco Provincia de Misiones, cuya titularidad corresponde al Consejo General de Educación, están afectados a educación es consecuencia de un razonamiento lógico - jurídico que subsume la norma constitucional, al establecer el principio general, porque la jerarquía legal constitucional otorga prioridad al servicio público educativo antes que al interés individual, Por lo tanto, resolver la embargabilidad fundado en que la afectación de los fondos no fue objeto de prueba o sea en la inexistencia de prueba que los bienes o fondos dinerarios que se embargan están exceptuados de lo dispuesto en el art. 46 de la Constitución de la Provincia de Misiones constituye un "error in iudicando" que conculca las normas constitucionales invocadas y afecta el derecho de propiedad del Consejo General de Educación, porque se basa en una premisa interpretativa errónea que omite la "presunción constitucional".
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, ejecución hipotecaria
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Mercedes c/ Matadero y Frigorífico `El Mercedino S.A.' s/ Ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-08-27

No revisten carácter definitivo las decisiones recaídas en el juicio de ejecución hipotecaria que deciden acerca de las impugnaciones formuladas a la liquidación practicada por la actora en la etapa de cumplimiento de la sentencia firme. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Relación de dependencia, ejercicio profesional, contadores públicos, exclusividad
Materia: LABORAL
Carátula: RUIZ, OSVALDO c/ MAZZA, ADOLFO H. Y/U OTRO s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-08-23

No cabe descartar la existencia de relación laboral, aun cuando la tarea desempeñada por el profesional sea declarada, por las normas que rigen el ejercicio de la profesión, incompatible con otras que también realizaba - tales como ejercer auditorías externas y certificar balances - ya que ese es un problema de orden ético que no corresponde ser tratado ante estos estrados.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión constitucional, cuestiones procesales, notificación, seguridad jurídica
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: F., L. D. c/ L., H. M. s/ FILIACION.    QUEJA   POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD.    CSJ EXPTE NRO 23-86
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-11-05

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido sobre el tema de interpretación del régimen de notificaciones que no obstante tratarse de evaluación de normas procesales, la vía extraordinaria resultará admisible toda vez que se demuestre que la decisión adoptada no respeta el valor seguridad a que apuntan las normas del Procesal, directamente vinculado al derecho constitucional de defensa en juicio.
Despido, reclamo salarial
Materia: LABORAL
Carátula: Morales, Elena Del Cármen y otras c/ Cayre y De León S.A. s/ Proceso Laboral (Despido)
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 1994-05-19

Constituye una presunción grave y contraria al trabajador, el hecho de corresponder el reclamo a trabajos que venia realizado desde tiempo atrás, pero solo cuestionados al rescindir el vínculo.
Acción de amparo, Programa Nacional de Educación Sexual Integral
Materia: CONSTITUCIONAL-SALUD PUBLICA
Carátula: Jahde Juan Manuel c/ Consejo Provincial de Educación de Neuquén s/ acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2021-12-01

Corresponde hacer lugar a la acción de amparo deducida por un docente contra el Consejo Provincial de Educación por haber sido dejado cesante en su cargo tras haber realizado publicaciones en la red social Facebook, dirigidas a docentes cristianos para que enseñen Educación Sexual Integral con antiperspectiva de género, pues del sumario se advierte que el profesor no desplegó conductas que importen desoír la normativa vigente y no ha quedado acreditado que en su gestión haya obstaculizado la realización de actividades relativas al Programa de Educación Sexual Integral o de género, ni que obligara a los docentes a impartir conocimientos ajustándose a su ideología o religión, de modo que sus manifestaciones no han trascendido más allá de meras opiniones, expresiones e ideas que quedan al amparo de las normas y principios constitucionales y convencionales que le otorgan una especial protección.
Ordenanzas municipales, competencia contencioso administrativa, fallos del Superior Tribunal, acción de inconstitucionalidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Leguizamón, Falvio Guillermo c/ Concejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2010-04-20

Este Tribunal ha sentado doctrina legal en cuanto a la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales, estableciendo que las mismas deben ser parangonadas a la ley en sentido formal y material y no a actos de naturaleza administrativa.

En tal sentido la Constitución Provincial incurre en un error en su Art.259 cuando establece la jurisdicción contencioso administrativa para cuestionar la validez de las ordenanzas, cuando el medio impugnaticio de esta especie de ley local debería ser una acción de inconstitucionalidad.

Autos Corte Nº 122/92, "Romero Nicolás Ramón.", Expte. Corte Nº 57/92 "Ogas c/Municipalidad de V.V. s/Amparo s/Casación", autos Corte Nº 76/00 "Acción de Amparo formulada por Velazco J., Velazco N. y Morales R. c/Municipalidad de Valle Viejo", autos Corte Nº 13/05 "Farroni s/Conflicto de Poderes", autos Nº 61/06 (por mayoría) "Valdez c/Concejo D. A. s/Amparo", S.I. Nº 142/09 "Córdoba, M.A. c/Municip. Icaño /A.D.C." -entre otros.
REPÚBLICA ARGENTINA, convocatoria a audiencia pública, presunta víctima
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Caso Eduardo Rico Vs República Argentina S/ Convocatoria a audiencia c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-07-09

Debe el Estado Argentino facilitar la salida y entrada de su territorio a fin de que la presunta víctima -un juez destituido que invoca la responsabilidad internacional de aquél Estado-, rinda declaración durante la audiencia pública ordenada por la Corte Interamericana.
Periodistas, uso de automotor propio, horas extra
Materia: LABORAL
Carátula: NOVO, MARCOS c/ ATC s/ COBRO DE SALARIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-13

La suma fija establecida entre las partes por uso del automóvil no debe incrementarse proporcionalmente en la medida en que cada trabajador hubiese laborado horas extras. Como dicha suma no forma parte del salario y constituye una retribución por la disponibilidad de un bien de capital de propiedad del trabajador, su cálculo y su pago no han de regirse necesariamente por las normas y criterios de interpretación propios de la prestación salarial.