marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción de amparo, recurso de apelación (procesal), plazos procesales, plazo de gracia, interpretación de la ley, aplicación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIOS JORGE OMAR c/ GCBA s/ QUEJA POR APELACION DENEGADA
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-06-21

De conformidad con lo establecido por el artículo 15 de la Ley 16986, en la acción de amparo el plazo para interponer el recurso de apelación es de 48 hs.

Sin embargo, en atención a la aplicación subsidiaria dispuesta en el artículo 17 de la citada ley, corresponde computar asimismo el plazo de gracia previsto en el artículo 108 del Código Contencioso Administrativo y Tributario, según el cual cuando el escrito no fuera presentado dentro del horario judicial del día en que venciere un plazo puede ser entregado válidamente en la Secretaría al día hábil inmediato posterior y dentro de las dos primeras horas del despacho.

Ello así, toda vez que la norma citada no realiza distinción alguna respecto de su aplicación a los plazos contados por días o por horas, y que tal interpretación es la que mejor se adecua al principio pro actione y a la garantía de acceso a la justicia. (Del voto en disidencia del Dr. Carlos F. Balbín)
Competencia, juicios contra el concursado, fuero de atracción
Materia: PROCESAL
Carátula: Rodrigo Antonio Núñez c/ Tío Aquiles, Aquiles Gorena y Norma Bustamante s/ Conflicto Negativo de Competencia (Sala II Tribunal del Trabajo y el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 2 Secretaría Nro. 3) suscitado en el expte. Nro. B-101.514/03 Cobro de diferencias de liquidación final y otros rubros. L.A. N 53 F 7/9 N 5 Norma Bustamante s/ Conflicto Negativo de Competencia (Sala II Tribunal del Trabajo y el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 2 Secretaría Nro. 3) suscitado en el expte. Nro. B-101.514/03 Cobro de diferencias de liquidación final y otros rubros. L.A. N 53 F 7/9 N 5
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-02-11

Los juicios patrimoniales en donde el concursado sea demandado, y no se encuentren excluidos por la normativa del art. 21 de la ley 24.522, deberán ser radicados una vez declarada la apertura del concurso en el juzgado por donde tramita el mismo, por imperio del fuero de atracción, y por su carácter de orden público e inderogable.
Daños y perjuicios, defensa del consumidor, daño por vicio o riesgo de la cosa, responsabilidad del vendedor, responsabilidad contractual, daño moral
Materia: CIVIL
Carátula: Castañeda, Claudia Soraya. c/ Saturno Hogar S.A. s/ Daños y perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2009-02-24

La " falta de respeto" que ocasionó la aflicción de la actora, a consecuencia de los hechos acreditados en autos - entrega de una pileta de lona en mal estado y la tardanza por parte de la demandada en la puesta de la cosa en condiciones de uso - que acarrean intranquilidad en la vida del hogar, justifican la confirmación de la condena a resarcir el daño moral. ( Disidencia del Dr. Silva Zambrano)
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, culpa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vitola, Juan o Juan Francisco (sucesion) c/ Simonetta, Rafael y otro s/ Resolucion de boleto de compraventa Moreschi de Gómez, Iris Violeta y otros c/ Modulfer Berisso S.R.L. y otra s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-09-24|1993-12-28

El problema de la determinación de culpa en un caso dado, constituye una cuestión de hecho extraña como tal a la competencia de la instancia extraordinaria, salvo absurdo.
Prueba testimonial, apreciación de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PATT EMILIO c/ CESTRILLI HNOS. S.A. s/ DEMANDA POR COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-03-22

Si bien es cierto que el hecho de estar comprendidos los testigos en las generales de la ley, no implica por sí solo que el dicho carezca de valor, no le es menos que ello obliga a una evaluación más rigurosa.
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Cerfoglio, Patricia c/ Cascallare, Ricardo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-05-15

Para determinar los beneficiarios a que se refiere el art. 1084 del C.C., corresponde ajustarse a lo que dispone el art. 1085 del mismo código por ser la norma dedicada específicamente a regular la legitimación para formular su reclamo indemnizatorio, teniendo derecho a ampararse en la presunción del daño ocasionado por el deceso, el cónyuge sobreviniente y los herederos necesarios de la víctima, calidad que obviamente tiene los hijos mayores del fallecido.-
Jurisdicción y competencia, cuestiones de competencia, privación de justicia, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Expreso Cañuelas S.A. c/ Banco Central de la República Argentina s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-17

Si bien no se han cumplido con estrictez los recaudos formales relativos a la correcta traba de la competencia, corresponde al Tribunal resolverla, si la profusión de decisiones jurisdiccionales adoptadas en la materia, no sólo va en desmedro del principio de economía procesal y del buen servicio de justicia, sino que, atento el tiempo transcurrido más de cuatro años de iniciado el reclamo se configura una hipótesis de virtual privación jurisdiccional.
Proceso penal, recursos
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: H., M. D. s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-03-10

El artículo 363 del nuevo reglamento de juicio penal, como principio general, impone reservas a las impugnaciones de los fallos judiciales, en cuanto sólo se admiten en los casos, por los motivos y en las condiciones establecidas por el código. La segunda parte de dicha norma reafirma ese principio: El derecho de impugnar un fallo corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado.

A su vez, el artículo 370, última parte, determina que la víctima y demás interventores podrán impugnar las resoluciones que se señalan específicamente, en cuanto les fuere conferida expresamente esa facultad.
Derechos sociales, Derecho ambiental, tutela, actos ilícitos, abuso del derecho
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: CODECI DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2005-08-16

"La doctrina, al referirse a la tutela ambiental, ha dicho que más que un derecho individual, se trata de un derecho social (E. Jiménez).

La significación social del medio ambiente prevalece sobre la prerrogativa individual atinente al mismo.

La actividad en esta materia debe orientarse decididamente bajo la perspectiva del solidarismo (que supone al derecho como un hecho social; que existe "por" el hombre, "con" el hombre y "para" el hombre, conf. Bidart Campos, articulando el hombre con la sociedad).

Y que nos guía a pensar la obligación de reparación no sólo como efecto de la responsabilidad por un hecho ilícito, sino como resultado de la solidaridad social. (Principio: quien goza del commodum debe sufrir el periculum correlativo).

Así, la responsabilidad acusa el impacto de eso que llamamos solidarismo. Precisamente la admisión del abuso del derecho en nuestro sistema civilista nos lleva de la mano a una de las más fecundas aplicaciones consagradas a través del art. 2618 CCiv.: el uso regular de la propiedad.

Esta disposición, inspirada en los arts. 844 CCiv. italiano, 906 alemán y 684 suizo, regula las molestias que excedan de lo razonable, intolerables. En tal caso, la molestia debe suprimirse o atenuarse con independencia de la culpa del vecino.

El juez tiene amplias facultades para ordenar el cese, incluso poniendo fin a la actividad molesta. También puede en la sentencia fijar cuáles han de ser las medidas a adoptarse.

Los criterios de exigencias de la producción y de prioridad de uso no revisten autonomía, siendo complementarios, pudiendo operar la supresión por más que el vecino se haya instalado cerca del foco productor de las molestias cuando el mismo ya existía.".
Acción de amparo, actos u omisiones de autoridades públicas, silencio de la administración
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: INDUSTRIAS METALURGICAS FFRRONI S.A. c/ D.G.I. s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La palabra "acto" que refiere la ley 16.986, alude tanto a hechos, actos, acciones, decisiones como a órdenes, negocios jurídicos u omisiones de la autoridad pública, y que cualquier conducta de esta última, por lo tanto, puede caer dentro del ámbito del amparo. El adjetivo "todo" previo a la voz "acto", que menciona el art. 1 de la norma referida, obliga a considerar incluida en esta acción a la totalidad del comportamiento estatal (cfr. Sagüés, Néstor Pedro, "Derecho Procesal Constitucional", T. III, págs. 67/68). Por tanto, reconocido por la quejosa que hasta el momento de interposición de la acción el organismo interviniente no ha dictado decisión alguna, es decir, que no ha habido exteriorización de un comportamiento estatal que se pudiera encuadrar dentro de alguna de las acepciones aludidas, debe concluirse que no se encuentra conculcado derecho alguno de raigambre constitucional, correspondiendo en consecuencia, desestimar la acción de amparo interpuesta.
Proceso penal, acción civil, indemnización, accidente de tránsito
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: PEREZ RAUL HECTOR s/ INDEMNIZACION - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-08-12

No obstante haberse acreditado con las constancias de autos el gasto devengado por la atención psicológica tanto en el pasado como el que se deberá afrontar en el futuro, ante la negativa de la contraria no procede hacer lugar al reclamo, si éste no se encontraba contenido en la instancia de constitución en actor civil, pues lo contrario equivaldría a violar el derecho de defensa ya que la contraria no tuvo oportunidad de rebatirlo.-
Asociaciones sindicales, representación legal
Materia: LABORAL
Carátula: Guelfo, Fabián y Otro c/ Asociación de Obras Sociales de Comodoro Rivadavia s/ Demanda Laboral -Diferencia de Haberes-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1998-03-31

Las asociaciones gremiales pueden ejercer la facultad de defender y representar los intereses individuales de los trabajadores en función de su consentimiento escrito previo o contando con la ratificación de su gestión, no siendo a mi juicio imperativo la instrumentación mediante escritura pública o carta poder, bastando para la finalidad descripta una manifestación inequívoca de la voluntad en cuanto a autorizar a las autoridades sindicales para promover el reclamo.
Recurso directo, cesantía, interpretación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: MORALES GLADYS MARGARITA Y OTROS c/ GCBA s/ MEDIDA CAUTELAR
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-04-29

Aún cuando el artículo 464 del Código Contencioso Administrativo y Tributario denomina recurso de revisión a la vía procesal directa ante la Cámara, lo cierto es que constituye una verdadera acción que debe posibilitar una instancia ordinaria de revisión con plenas posibilidades de debate y prueba. En el ámbito local, el particular no cuenta con la posibilidad de optar por deducir la impugnación por la vía ordinaria, debiendo ocurrir directamente ante esta Cámara (arts. 464 y 465, CCAyT).
Superior Tribunal de Justicia, sentencia, reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: COMPAÑIA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES INGENIERO RODOLFO CORNERO S.R.L. c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ INCIDENTE DE ADECUACION O REAJUSTE DE CREDITO (REVOCATORIA IN EXTREMIS)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2020-08-18

Al no haber evidenciado la apoderada de la Municipalidad de Santa Fe ante este Cuerpo una circunstancia que de haber sido tempestivamente advertida hubiese generado una resolución que, sin lugar a dudas, debió ser diferente, debe rechazarse el recurso de revocatoria in extremis interpuesto. - CITAS: CSJStaFe: Miranda, AyS T 193, p 161/162.
Derechos personalísimos, derecho a la salud
Materia: CIVIL
Carátula: Asesoría Civil de Familia e Incapaces n° 1 c/ Municipalidad de Trelew s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-10-10

Si se halla en juego la subsistencia de un derecho social como el derecho a la salud, de principal rango y reconocimiento, tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de igual jerarquía, procede exigir de los órganos judiciales una interpretación extensiva y no restrictiva sobre su procedencia, a fin de no tornar utópica su aplicación.
Medidas cautelares contra el Estado, ordenanzas municipales, concejo deliberante, presupuesto municipal, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de General Güemes c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2022-08-09

Se hace lugar a la medida cautelar solicitada y se suspenden los efectos legales de las Ordenanzas 692/21 y 693/22 sancionadas por el Concejo Deliberante, manteniendo provisoriamente y a resultas de este proceso la vigencia de la Ordenanza 691/21 ya que la cuestión planteada deja entrever la posible colisión con normas constitucionales provinciales vinculadas al marco legal que refiere al instrumento presupuestario municipal (art. 176, incs. 1 y 2 de la Constitución Provincial). Esta circunstancia hace mérito para que la presunción de legitimidad que ampara a las normas emanadas de los poderes públicos ceda en el marco provisorio de análisis que impone la solicitud de la medida cautelar que aquí se provee y justifica la protección jurisdiccional pedida, mientras se resuelva definitivamente sobre la normativa en litigio. Además, la posible aplicación de las ordenanzas cuya inconstitucionalidad se solicita configura en sí misma, por el motivo expuesto, una posible amenaza a las finanzas públicas del Municipio.
Empleados públicos, cambio de categoría
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Albornoz, Sonia y otra c/ S.G.P.E.R. y D.P.O.S.E.R. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-03-12

Corresponde determinar si las amparistas, recategorizadas por Decreto 3003/03 SEOSP y SP -21/07/03, contaban a su favor con el derecho subjetivo a la permanencia en la categoría designada por gozar de estabilidad. Dichas recategorizaciones fueron dispensadas en julio de 2003 y, desde esa fecha hasta que entró en vigencia el Decreto nro. 218 GOB, no transcurrió el plazo mínimo de un año, presupuesto necesario para tornar operativa la garantía protectoria de la estabilidad constitucional.

La decisión revocatoria dispuesta por decreto nro. 218/03 GOB no emerge como palmariamente arbitrario o ilegítima desde que las accionantes no tenían adquirido el derecho a la estabilidad en la nueva categoría, resultando improcedente la acción intentada, conforme lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 8369.
Transacción, homologación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: B., H. A. c/ A., M. s/ tenencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-29

El objeto de la homologación, tanto judicial como administrativa, conlleva la finalidad de verificar la verdad y corrección del acto, pudiendo la autoridad judicial, negarle los efectos propios cuando importa una abdicación de derechos considerados irrenunciables por la ley, o por incapacidad de alguna de las partes, o haberse concluido con vicios del consentimiento, o ser contrario a normas de orden público. No cabe, pues, que alguna de las partes, sin mediar ninguna de las circunstancias antes dichas, se arrogue la facultad de arrepentirse de lo convenido, despojando de todo efecto a un acto ajustado en libre y sabia voluntad. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
AFIP DGI, resolución administrativa, presunción de legitimidad, medidas cautelares
Materia: ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO - PROCESAL
Carátula: Grinbank, Daniel Ernesto c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva). s/ incidente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-23

La resolución emanada regularmente de la Dirección General Impositiva goza de presunción de legitimidad - art. 12 de la ley 19.549 - lo que autoriza a afirmar que en el reducido ámbito cognoscitivo en el que deben dictarse las medidas cautelares, no resulta fundado admitir siquiera prima facie que la decisión adoptada por la nombrada haya respondido a un obrar injustificado o abusivo.
Prueba confesional, confesión ficta
Materia: CIVIL
Carátula: FERRER MARIA LUISA c/ GONZALEZ JULIO s/ LOCACION DE COSAS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-15

La confesión ficta en cualquiera de sus modalidades produce los mismos efectos que la confesión expresa, vale decir que resulta suficiente para tener por probados los hechos consignados en el pliego de posiciones. Sin embargo no reviste el carácter de prueba tasada ya que la ley faculta al Juez a tenerla por configurada teniendo en cuenta las circunstancias de la causa lo cual implica que es susceptible de desvirtuarse mediante prueba en contrario.
Tercería de dominio, carga de la prueba
Materia: CIVIL
Carátula: LUCERO, Nélida Sara c/ CERNEVSKIS, María Elena y otro s/ TERCERIA DE DOMINIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-06-13

La procedencia de la tercería de dominio se encuentra subordinada a la demostración fehaciente de la existencia del derecho de propiedad que se invoca sobre los bienes embargados, demostración que queda a cargo de quien aduce la titularidad de aquéllos (conf. Alsina, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Civil y Comercial", 2. ed., T.V p. 556, nro. 17; Palacio, "Derecho Procesal Civil", T.III, p. 303, nro. 284).- Tratándose de bienes muebles, la carga de la prueba varía según que el tercerista se encuentre o no en posesión de ellos al tiempo de trabarse el embargo. En el primer caso rige la presunción que dimana del art. 2412 del Código Civil, por lo que incumbe al embargante la prueba de los hechos tendientes a desvirtuarla, en tanto que en el segundo corresponde al tercerista la demostración de su derecho de dominio sobre los objetos embargados (conf. Palacio, op. y loc. cit.

p. 558 y s.s.; CNCiv. Sala F, E.D. 69-252).-
Competencia federal, Constitución Nacional, facultades del gobierno nacional, facultades delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Banco Popular de Rosario  SA . s/ pedido de quiebra.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-10-01

La creación de la justicia nacional configura una de las manifestaciones más claras de los poderes delegados por las provincias a la Nación, conforme a lo que resulta de los arts. 94 y siguientes de la Constitución Nacional.
Servicio militar, libertad de cultos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Portillo, Alfredo s/ infr. art. 44 ley 17.531.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-18

El deber -relativo- proveniente de la necesidad de armarse en defensa de la Patria y de la Constitución, y la libertad religiosa también relativa- no necesariamente resultan inconciliables.
Daños y perjuicios, intereses, pretensión
Materia: CIVIL
Carátula: Larrondo, Daniel Eduardo c/ Velazco, Pedro Zacarías s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-08-18

En los juicios de daños y perjuicios derivados de hechos ilícitos, los intereses deben ser expresamente reclamados, con expresión inequívoca, de la misma manera que debe solicitarse cualquier otro daño, más aún si se advierte que no siempre, fatalmente, se deben los intereses.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, contratos, teoría de la imprevisión, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: Basso Inmobiliaria c/ Maunelli, Daniel s/ Resolución de contrato. Cuestión a resolver: Las medidas económico  Financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible  Y Extraordinario que posibilita aplicar la Teoría de la Imprevisión?  (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1980-08-28

El principio sustentado en el artículo 1197 del Código Civil, en virtud del cual las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, debe ser sostenido con toda fuerza pues con él se apuntala la tan necesaria seguridad y estabilidad en los negocios jurídicos. En consecuencia, la aplicación del artículo 1198 del Código -que consagra lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se conoce como teoría de la imprevisión contractual- tendrá que ser excepcional y de interpretación restringida. (Del Voto del Dr. Costa). En el caso, la cuestión a resolver es si las medidas económico- financieras dispuestas por el ex ministro Celestino Rodrigo y sus consecuencias inmediatas constituyen un acontecimiento imprevisible y extraordinario que posibilita aplicar la teoría de la imprevisión?
Honorarios, regulación de honorarios, pautas
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Gómez, Roberto c/ Policlínico San Fernando S.R.L. y/o Ricardo César Mayol y/o quien resulte responsable s/ Daños y Perjuicios.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1994-05-10

No resultan elevados los honorarios regulados a los profesionales actuantes por el demandado si se tiene en cuenta la calidad, cantidad y eficacia de la labor realizada por ellos, que en autos demandó incluso viajes a la ciudad de Sáenz Peña; por ello se justifica la aplicación del 20% autorizado por el art.5 de la Ley Arancelaria 2011 y al 40% previsto por el art.6 del mismo cuerpo legal. Además, cabe puntualizar que la base regulatoria está dada en el caso por el capital reclamado en la demanda, actualizado desde la fecha de su interposición y hasta el 31/3/91, aclarándose que el límite temporal, fecha de la demanda, está dado por la circunstancia de que a esa fecha se calculó aproximadamente el Salario Mínimo Vital y Móvil que sirvió de base a la reclamación.
Principios procesales, principio de adquisición
Materia: PROCESAL
Carátula: D.L., D.A. c/ M., C.M. s/ Cobro de Pesos Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-06-20

Por el principio de adquisición, los resultados de la actividad procesal que realizan las partes dentro del proceso se logran para éste, al margen de quien haya producido los actos respectivos y de la distribución de las cargas de afirmación y de la prueba.