marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Fondos del concurso, verificación de créditos, moneda extranjera
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDICIONES DE LA URRACA SA S/ QUIEBRA c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-24

Corresponde rechazar la pretensión de la sindicatura y un acreedor de pagar los dividendos del proyecto de distribución de fondos en dólares estadounidenses, toda vez que la LCQ 218 establece que la distribución de fondos se debe realizar de acuerdo con la verificación y graduación de los créditos, de lo que se colige que el pago de los dividendos debe efectuarse en moneda de curso legal a todos los acreedores, sin perjuicio del privilegio que detenten (CNCom, Sala E in re "Cereales Cerpen SA s/ Quiebra" del 27/10/20).
Concurso preventivo, deudas del fallido, resoluciones judiciales, competencia, orden público
Materia: COMERCIAL
Carátula: VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA c/  s/ CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-21

Tratándose de una persona humana, la competencia concursal corresponde al juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios o, en su defecto, al del lugar de su domicilio (ley 24522: 3-1°). Por lo tanto, para establecer la competencia territorial en el caso de un deudor de esta naturaleza, debe considerarse su domicilio comercial y, ante la falta de éste, el lugar de su domicilio real (CNCom, Sala A, 17.11.95, "Savio, Daniel s/ pedido de quiebra por Urwicz, Marcos"). Ello deriva de la necesidad de que al concurso concurran en forma igualitaria la mayor cantidad de acreedores, quienes -como es de suponer- suelen situarse en el lugar físico donde el deudor desarrolla sustancialmente sus actividades (conf. arg. CNCom, Sala B, 298.90, "Palestra, Carlos s/ quiebra s/ inc. art. 250", con Dictamen Fiscal n° 62854) o, en su defecto, donde reside.
Jueces, deberes y facultades del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mar Alto Asoc. S.A.C.I.I.A. y F. c/ Tamone, Orlando Julio s/ Nulidad de acto jurídico
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-13

El ordenamiento procesal vigente le confiere al juez atribuciones que superan el estrecho marco del sistema dispositivo, dotándolo de facultades ordenatorias e instructorias que han ampliado su radio de acción, con directa orientación hacia la oficialidad.
Excarcelación, prisión preventiva, prisión domiciliaria, salud del imputado
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: "Incidente de nulidad de STOLOVITSKY...". s/ excarcelación".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-21

En los casos en que la afección de un imputado detenido no es terminal, pero la inmediata ejecución de la prisión preventiva puede poner en peligro su vida, se ha admitido que se pueda suspender tal medida cautelar aplicando analógicamente los dispuesto en el art. 495 del C.P.P.N. previsto para idéntica situación pero respecto de personas ya condenadas. (Ver lo resuelto en autos "STERLA, Silvia" del 26.11.96 y del 16.5.2000). Esto demuestra que lo exigido cuando se advierte que el imputado en prisión preventiva padece algún problema de salud, no es la lisa liberación del detenido, sino la debida constatación de que la privación de la libertad pone en riesgo su vida para disponer la suspensión de la medida o su cumplimiento domiciliario o, de lo contrario, ordenar que se adopten los racaudos de cuidado que requiera el caso (ej. internación hospitalaria) para que la detención no derive en un agravamiento de la enfermedad o dolencia.
Caducidad de instancia, suspensión de la caducidad, desglose
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: J.A.F.  S.R.L. c/ MENDEZ W. s/ Ejec - Camb (LIBRO: A157 - 122)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-08-25

Siempre que una cuestión accesoria en los términos del art. 92 C.P.C., tenga íntima relación con la instancia misma, de tal modo que ésta no pueda proseguir sin resolverse aquella debe entenderse que ha mediado una causa de suspensión del curso de la caducidad de la instancia del principal, porque las partes se hallan impedidas de activar la instancia. La cuestión incidental en el presente caso se trata de un pedido de desglose.-
Responsabilidad solidaria, subcontratación laboral, interpretación de la ley, cesión del establecimiento
Materia: LABORAL
Carátula: Fiorentino, Roxana María Luján c/ Socialmed S.A. y otro
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-29

De acuerdo al art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo quienes cedan total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deben exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social y son solidariamente responsables por tales obligaciones (Disidencia parcial del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Constitucionalidad, iura novit curia, control de constitucionalidad, defensa en juicio, declaración de oficio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: LOPEZ BUJANDA, ALBERTO FELIPE c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ ASIGNACIONES FAMILIARES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-21

Si bien buena parte de la doctrina señala que el mecanismo de control constitucional puede ser operado únicamente por la parte interesada y no por los jueces de oficio, se han levantado voces refractarias a esta tesitura con sólidos argumentos y apoyatura normativa incuestionable, alegando que al derecho lo aplica el juez, no las partes, tal como reza el conocido brocárdico "iura novit curia", de donde resulta que el juez depende de las partes en lo que "tiene" que fallar, pero no en "como debe fallar" (cfr. Bidart Campos, Germán, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Tomo II, pág. 357).

Conforme ello se ha sostenido también que el control constitucional de oficio tampoco viola la defensa en juicio, pues frente al derecho aplicable no cabe esgrimir esa garantía.
Contrato de trabajo, extinción por mutuo acuerdo
Materia: PROCESAL
Carátula: Borenstein, Bárbara Luz c/ Asociación  de  Concesionarios  de Automotores de la República Argentina ACARA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-25

Si se admitiera la tesis de que el contrato de trabajo continuó después del despido -normalmente, la presencia del trabajador en el establecimiento para cumplimiento de sus tareas habituales, consentida por el empleador, justificaría una inferencia tal- la inejecución de la prestación laboral desde entonces obstaría a la percepción de remuneraciones y colocaria el problema de su extinción en las inmediaciones del artículo 241 in fine L.C.T..

(Más aún: en el caso, como la interpelación de la actora fue contestada conciliatoriamente y no tenía derecho a percibir salarios por servicios no prestados, el despido indirecto, pronunciado casi un mes después, podría ser calificado como improcedente).
Honorarios, restricciones a la capacidad, aplicación de la ley, competencia
Materia: PROCESAL
Carátula: R., A. R. c/  s/ restricciones a la capacidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2020-03-04

Más allá del carácter de orden público económico que pueda atribuirse al art. 1255 CCC, dicha disposición importa una válvula de escape frente a normas arancelarias que impongan cálculos de honorarios desmedidos e impliquen en un elemento obstructor de la efectiva administración de justicia, punto que valió una condena de la CIDH nuestro país en el caso "Cantos, José M. c. República Argentina", del 28/11/2002. Desde ese precedente no cabe duda de que puede considerar frustrado su derecho humano a la justicia el litigante que se tope con una regulación de honorarios desorbitante al ser condenado en costas.
Empleados públicos, prescindibilidad, medida de no innovar, acto administrativo, presunción de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tolosa de Mares, Stella Maris c/ Provincia del Chubut y Consejo Provincial de Educación s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1991-06-11

Cuando una medida cautelar se intenta frente a la Administración Pública o una entidad descentralizada, es necesario acreditar "prima facie" y sin que esto suponga un prejuzgamiento de la solución de fondo, la arbitrariedad del acto recurrido, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible.

Esto es así, porque sus actos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutiva.

En este contexto, carece del andamiaje jurídico la medida de no innovar o innovaticia planteada, a efectos de que se reponga a la agente o no se le apliquen las consecuencias de la prescindibilidad, en el cargo de Asesora que no es el que considera legítimo y pretende recuperar .
Subasta judicial, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rodríguez de Churruarín, María Laura y Otra c/ Pintos, María Elina y Otros s/ Desalojo y Cobro de Alquileres - Recurso de Queja interpuesto por el  Dr. Luis Leissa
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2002-04-29

El principio de inapelabilidad de la disposición genérica del art. 578 del CPCCER, debe ceder en los casos en que se resuelvan materias ajenas al estricto trámite de la ejecución de la sentencia de remate o que producen un agravio insusceptible de ser reparado en el proceso ulterior. Por ello corresponde admitir la queja concediendo el recurso de apelación denegado interpuesto en contra del rechazo del pedido de nulidad de subasta.
Tercerías, dominio, bienes inmuebles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FUENTES EN J: CANIZZO c/ MASCARENO s/ Terceria (LIBRO: S061 - 464)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1988-08-29

El boleto de compraventa no es suficiente para hacer procedente la tercería de dominio (Conf. A. Morrello- El boleto de compraventa inmobiliario- ed.Platense- 1975 - 755), ya que el art. 1184 CCI inciso primero es categórico al indicar que la forma de transferir el dominio de los bienes inmuebles, es la escritura pública, además la tradición del bien y la inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad. La única posibilidad que tiene el tercerista es probar que la posesión que adquirió del inmueble en virtud del boleto de compraventa es anterior a la traba del embargo. Por lo que no puede oponerse por el tercerista el boleto de compraventa que carece de fecha cierta anterior al embargo, si no se encuentra en el Registro ninguna anotación marginal de promesa de venta y/o boleto de compraventa conforme lo permite en Mendoza la ley 1197.-
Homicidio simple, legítima defensa
Materia: PENAL
Carátula: Castaño Barraza, Juan José s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-08

No puede encuadrarse el obrar del imputado en la causa de justificación prevista en el artículo 34, inciso 6, del C.P. -legítima defensa- al no estar acreditada la existencia de una agresión ilegítima por parte de la víctima. No resulta procedente la aplicación a este caso de la absolución en virtud del principio "in dubio pro reo", ya que el tribunal ha llegado a la sentencia de condena con la certeza requerida para esa conclusión y la solicitud de la defensa se apoya en un cercenamiento del material probatorio -basándose exclusivamente en los dichos de su defendido-, dando como resultado un juicio meramente subjetivo y apartado de las constancias de la causa.

(Voto del Dr. David, adhieren los Dres. Mitchell y Fégoli).
Seguro de caución, contrato de obra pública, indemnización, rescisión del contrato, incumplimiento del contrato, culpa civil, contratista, obligaciones del contratista, restitución de sumas de dinero
Materia: COMERCIAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: ACUARIO CIA. DE SEGUROS SA c/ DESACI C.A.C.M. s/ ORD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-10-25

El contratista que en garantía de la ejecución de un contrato - construcción de una obra pública- tomo ciertos seguros de caución, deberá reintegrar a la aseguradora -en liquidación- las sumas que esta debió sufragar a raíz de la rescisión de aquel derivada de su incumplimiento, no pudiendo alegar en su descargo que ese incumplimiento se originó en la ruptura de la ecuación económico financiera del contrato, pues en tal caso, el único remedio legal que tenía era demandar la resolución del contrato con fundamento en lo dispuesto por el cciv 1198 y no solicitar -como lo hizo- la renegociación del mismo y cursar luego telegrama comunicando su decisión de declarar resuelto el contrato por culpa del comitente, de manera que tal alegación resulta absolutamente ineficaz a fin de liberarse de su obligación frente a la aseguradora, máxime, cuando al tiempo de plantear la necesidad de renegociar el contrato había dejado ya de cumplir sus obligaciones contractuales.
Régimen penal aduanero, infracciones aduaneras, prescripción, aplicación de la ley, procedimiento aduanero, aplicación supletoria de la ley
Materia: ADUANERO-PENAL
Carátula: Mazal, Carlos Isaac por apelación demanda c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-07-11

La remisión que efectúa el art. 1121, inc. b, del Código Aduanero al régimen de las infracciones se refiere, únicamente, al procedimiento que debe seguir la Aduana para imponer las sanciones y no corresponde extenderla a las normas referentes a la prescripción.
Patentes, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, propiedad intelectual, interpretación de tratados internacionales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-02

La limitación temporal que fija el reglamento no comporta un desconocimiento de las obligaciones generales que a los Estados miembros imponen los arts. 70.7 y 70.8 del Acuerdo ADPIC, antes bien, en sentido compatible con dichos artículos, el art. 100 del decreto 260/96 resguarda las presentaciones de solicitudes realizadas a partir del 1° de enero de 1995 (fecha en vigor del acuerdo internacional) o, hasta un año antes, al permitir reivindicar la respectiva prioridad del Convenio de París (Voto del Dr. Antonio Boggiano). -Del precedente "Pfizer", al que remitió el voto-.
Concubinato, prueba del concubinato, prueba testimonial, valor probatorio
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: L.I., S.M. c/ G., F. s/ SUCESION - DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-09-29

1- Si bien los concubinarios tienen posibilidad de formar sociedades, el concubinato, de por sí, no hace surgir una sociedad de hecho, ni la presunción de que exista, para lo cual es preciso que se haya producido una prueba efectiva de la realidad de los aportes patrimoniales, ya que en dicho ámbito no resultan de aplicación los fundamentos de orden público que sustentan el régimen de bienes -comunidad de ganancias- del matrimonio.- 2- Cuando se trata de dar por probada la existencia de una sociedad de hecho entre concubinarios sólo mediante prueba de testigos, las declaraciones deben ser categóricas, sinceras, con razón de sus dichos y no deben dejar dudas, sin que sea eficaz una declaración que alude al carácter de "socia" de una de las partes y que refiere a una colaboración que no precisa.-
Elevación a juicio, sobreseimiento, elevación en consulta, fundamentación de la resolución, falta de fundamentación, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: OTOYA VELIZ, Juan C. y otros
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-04-26

La elevación en consulta en los términos del art. 348, C.P.P., tiene por presupuesto una opinión del magistrado traducida en un juicio de valor de sentido negativo respecto del pedido de sobreseimiento postulado por el fiscal. Empero, si el juez de grado no efectúa una evaluación personal, no emite opinión y eleva los autos, deviene nula su decisión por falta de fundamentación suficiente.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, doctrina de la arbitrariedad, suspensión del proceso judicial
Materia: PROCESAL
Carátula: Incidente de apelación presentado por el Dr. Arancibia, Félix Jesús en representación de G., J. G. c/  s/ queja por rec. de inconst. denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2018-12-28

El art. 285 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece en su último párrafo que mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso; lo que significa que sólo tiene efectos suspensivos cuando el Superior Tribunal lo declara admisible en su aspecto formal, difiriendo la decisión sobre el fondo al intervenir en el recurso extraordinario.
Daños y perjuicios, responsabilidad del banco
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Hintze, Alberto E. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-02-20

Cuando lo que se pretende es el resarcimiento de los perjuicios provenientes de la frustración del cobro de ciertos cheques a raíz de su extravío en el trámite de la gestión bancaria -lo que acarreó la imposibilidad de la restitución de sus originales al accionante y, consecuentemente, la del intento de su percepción contra el librador y endosante mediante la utilización de la vía pertinente-, corresponde la acción de responsabilidad por la mala praxis bancaria.
Juicio ejecutivo, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Mandataria Del Plata c/ Carey, Angel s/ Preparación via ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-02-18

Por imperio de lo normado por el art. 547 in fine de la ley adjetiva, resultan aplicables en materia probatoria a los juicios ejecutivos, lo dispuesto para los procesos plenarios abreviados. De tal modo, el auto apertura a prueba de la excepción opuesta por el ejecutado es irrecurrible en este tipo de procesos, en virtud del reenvío que hace el art. 547 in fine del Código Procesal, al artículo 494, última parte del mismo ordenamiento, el que a su vez remite a los principios generales contemplados por el art. 377 del Código citado.
Retención indebida, depósito irregular
Materia: PENAL
Carátula: METZLER, RODOLFO s/ RETENCION INDEBIDA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-03-07

La eventual permanencia de los objetos en la casa del imputado, constituiría en definitiva una especie de depósito irregular, ya que en su caso fue efectuado sin ninguna especificación, por lo que, en consecuencia, la supuesta disposición de los mismos por el encartado no constituiría en definitiva el ilícito de retención indebida, pudiendo en su caso la denunciante ejercer las acciones civiles que le competan al respecto.
Empleo público, juez de faltas, remuneración, diferencias salariales, aumento salarial, suspensión del pago, carta orgánica municipal
Materia: LABORAL
Carátula: Arratia Ortiz, Grecia Guillermina c/ Municipalidad de Zapala s/ acción procesal administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2019-05-03

Si no se encuentra controvertido que la nueva escala salarial de básicos para el personal municipal es la fijada por la Resolución 782/16 8 (que aprobó el aumento salarial del 30% sobre los salarios de la planta permanente y contratados a partir del mes de Julio de 2016) y ello repercutía directamente en el régimen de remuneraciones dado por el art. 54 de la C.O.M., el Departamento Ejecutivo carecía de facultades para decidir, aun transitoriamente, darle un alcance distinto o modificar aquél sistema remuneratorio que es, en definitiva, la consecuencia de haber suspendido la aplicación de los aumentos aprobados mediante dicha normativa en relación con el personal comprendido en aquel dispositivo, toda vez que una decisión de esa naturaleza debía emanar del Concejo Deliberante. Máxime porque la Justicia de Faltas, por imperio de las disposiciones de la Carta Orgánica, tiene autonomía funcional, administrativa y autarquía financiera; y, en ese plano, se ha consagrado la garantía de la prohibición de reducción del sueldo de los Jueces de Faltas mientras permanezcan en sus funciones (art. 153 de la C.O.M.). Entonces, convalidar que el Departamento Ejecutivo, habiendo fijado una nueva escala salarial de básicos en función de haber otorgado un aumento al personal de la planta permanente, decida "per se" suspender su aplicación [aun transitoriamente] en relación con las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en el art. 54 (de modo que, al no incrementarse la remuneración del Intendente, no incremente la de la Jueza de Faltas) no sólo supone un desajuste del régimen dado por el art. 54 de la C.O.M. sino que importa, a su vez, una merma vedada por el mentado art. 153 ya que, en los hechos, implica que la actora no haya percibido el sueldo que debiera haber percibido de acuerdo a la C.O.M.
Accidente en espectáculo deportivo, responsabilidad del organizador
Materia: CIVIL
Carátula: RUIZ RAUL c/ VIGORAUX s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-07

Resulta responsable el organizador de un espectáculo deportivo con fin de lucro por los daños que pudieran sufrir los espectadores a causa del desarrollo del mismo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, principio de congruencia
Materia: LABORAL
Carátula: Cardozo, Nilda Inés c/ Raffe S.A. y otra s/ Recurso de Inaplicabilidad de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2005-05-10

El principio de congruencia en lo que hace a la actuación del Tribunal de Segunda Instancia, veda a este órgano la posibilidad de pronunciarse sobre lo que no ha sido materia de los agravios vertidos contra el fallo recurrido.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, acción de nulidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Di Candia, Blas y Cantelmi, Vicente c/ Lettieri, Nilda Alicia; Anecchini, Alicia Nilda; Carmona, Julio C.; Galaburri, Jorge Raúl; Villarreal, Domingo R. s/ Ordinario Dapena, Carlos A. c/ Segba S.A. en liquidación y otros s/ Acción autónoma de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-06-29|1997-11-04

Es definitiva a los fines de los arts.278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la sentencia dictada en una demanda autónoma de nulidad sustanciada por la vía del proceso ordinario.
Incidente de caducidad, suspensión de la caducidad, cómputo del plazo
Materia: PROCESAL
Carátula: SOLVENCIA S.A. DE SEGUROS GENERALES c/ LEDESMA, Luis Ricardo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-10

El incidente de caducidad de la instancia es típicamente suspensivo del proceso, es decir, el curso del procedimiento sólo se reanuda una vez resuelto el acuse que lo motiva. Ello es así con independencia de la procedencia o no de la caducidad alegada, ya que la promoción del incidente, si bien computa la extinción de los efectos del tiempo transcurrido mientras subsiste ese hecho que lo motiva, no priva de utilidad al lapso de inactividad anterior a él, el cual es nuevamente computable cuando desaparece.-
Indemnización agravada, prórroga del plazo
Materia: LABORAL
Carátula: Barroso, Myriam Elizabet c/ ELIAGRO SA s/ Despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-25

Si bien en el decreto 256/03 se omitió consignar que la nueva prórroga de la vigencia de la duplicación indemnizatoria regía a partir del vencimiento del plazo establecido en el decreto 662/03, de los considendos del mismo se desprende sin hesitación la continuidad de la emergencia sin interrupciones y de ningún modo una voluntad de prescindir de la duplicación durante tan breve lapso.