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Recurso de apelación (procesal), agravio concreto, calidad de parte, fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: CREDINEA S.A. c/ OVEJERO VILLA, Guillermo Miguel s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-11

Que tiene entendido la Corte de Justicia local que la modalidad de notificación a los agentes del Ministerio Público mediante la remisión de las actuaciones tiene el específico sentido de permitir que la labor que desempeñan se cumplan con un mínimo de seriedad, pues se parte de la base de que sin ese tratamiento diferencial tales funcionarios carecerían de posibilidad de actuar con plenitud en todos los casos donde fueron designados (cfr. CJSalta, Tomo 93:3135, 58:203).

No se incurre así en discriminación respecto al resto de los litigantes sino que, por el contrario, se preserva la finalidad que tiene la función asignada a los agentes que integran el Ministerio Público, garantizando justamente la igualdad de todos los individuos a los fines del ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio.

Tal doctrina resulta indiscutiblemente aplicable al caso de autos, donde la desatención del procedimiento que cabía imprimir al pedido del Defensor Oficial que compareció haciendo saber de su designación y solicitando la suspensión de términos "a fin de oponer excepción legal" implica una concreta y disvaliosa repercusión en el derecho de defensa del ejecutado, consagrado y protegido constitucionalmente.

Es que el mero anoticiamiento de la existencia de la causa no le permitía, sin la remisión de las actuaciones a la Defensoría Oficial, tomar pleno conocimiento del estado procesal de autos y oponer, en su caso, debidamente las defensas pertinentes.-
Juicio de desalojo, obligación de restituir, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BRU JULIO c/ MARIO GALVAN Y OTRO s/ Desalojo (LIBRO: S082 - 156)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-04-03

Tanto en los supuestos de locación como en aquellos otros que importan una relación jurídica con el demandado que impliquen mera detentación de la cosa por parte de este último, con obligación de restituir al término de la convención o cuando se cumplan determinados supuestos según se haya previsto en aquélla, corresponderá al actor probar la causa detentationis en cabeza del accionado como presupuesto de la demanda y como obligación procesal a su cargo.-
Constitución Provincial, acción de amparo, competencia por el grado, juicio político, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: González, José Luis s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1995-09-05

El art. 131 in fine de la Constitución Provincial, luego de establecer la competencia del Tribunal Superior de Justicia y de los demás tribunales inferiores, dispone en su parte pertinente que quedan excluidas de su conocimiento las causas atribuidas por esa Constitución al tribunal de juicio político. Dicho artículo afirma que el único órgano a quien le está reservada la facultad de realizar, tramitar o celebrar el juicio político es la Cámara de Diputados, lo cual veda todo tipo de interpretación, más aún cuando de ellas se recortan injustificadamente facultades a la Función Judicial.

De este modo y a través de una interpretación sistemática de las normas constitucionales se resguarda razonablemente el equilibrio que necesariamente debe coexistir entre las distintas funciones del estado, armonizando sus disposiciones, no contraponiéndolas, de tal suerte que por virtud constitucional, la Función Legislativa es la única función competente para realizar el juicio político, mientras que la Función Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia y los demás jueces es la única función con atribuciones jurisdiccionales, teniendo a su cargo la guarda de la soberanía del pueblo, la custodia de la supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías que de manera exclusiva le reserva el art. 128 de la Const. Provincial.

Es decir que no existe ningún impedimento para que la Función Judicial ejercitando las facultades jurisdiccionales que le son propias (art. 128) asuma su competencia para verificar, en un proceso de juicio político, si durante la tramitación del procedimiento se ha respetado la garantía del debido proceso y la defensa en juicio.
Proceso penal, suspensión del juicio a prueba, reglas de conducta, donación, nulidad procesal
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: De Luca, David Emanuel s/ infr. Art. 189 bis CP. Apelación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-06-19

En el caso, resulta parcialmente nula la regla de conducta impuesta al imputado privado de su libertad en otra causa, al aplicársele la Suspensión del Juicio a Prueba, de realizar tareas comunitarias confeccionando artesanías donde se halle alojado, las que serán "donadas" a una determinada entidad de bien público. En efecto, dicha imposición acarrea un vicio insoslayable en tanto se pretende compeler al imputado a efectuar un acto jurídico que por su propia naturaleza no puede originarse en una coerción.

El contrato de donación no puede prescindir del elemento voluntad, propio de quien procura transmitir en forma gratuita el dominio de una cosa a otra persona, toda vez que, de hacerlo, dejaría ya de ser una "liberalidad" y perdería por completo su esencia.

Ante la falta de un ofrecimiento expreso por parte del imputado, resulta insostenible la posibilidad de que éste cumpla con la exigencia judicial, por lo que corresponde disponer como regla de conducta la confección de las mencionadas artesanías sin destino específico alguno.
Juicio ejecutivo, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, principio de congruencia
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GOMEZ, Cristina E. c/ PEREZ, Eduardo A. y otro s/ RECURSO DE HECHO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-10-22

Si bien el art. 554 del Código Procesal limita la vía recursiva cuando no se han opuesto excepciones al progreso de la ejecución, dicha limitación no resulta aplicable cuando el juez se ha pronunciado sobre un capítulo que es ajeno a aquello que debió constituir objeto de la sentencia.-
Prueba, apreciación del juez
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Osorio, Quintín c/ Ramos, Dante Atilio de los Milagros s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-04-04

Sin perjuicio de la consecuencia adversa que el incumplimiento de la carga probatoria puede generarle a la parte incumplidora sobre el o los presupuestos de hechos de la norma o normas que invocó como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (art. 375 del C.P.C.C.), una vez que tales elementos probatorios producidos conformes a las disposiciones rituales han sido incorporados al proceso, son pruebas de la causa con prescindencia de la parte que las haya producido y sobre ellas el juez formará su convicción mientras a su criterio resulten esenciales y decisivas para el fallo pertinente (art. 384 C.P.C.C.).
Regímenes de promoción, promoción industrial, importaciones, mercadería aduanera, beneficios tributarios, exenciones impositivas
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Athuel Electronica S.A. -T.F. 7300-A c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-11-16

Esta Sala en una causa sustancialmente análoga a la presente caratulada "Sanelco S.A. c/ A.N.A.", del 28/8/95, sostuvo que "la ley 19.640 dispuso la creación de un área aduanera especial acordándole una serie de exenciones a las industrias que allí funcionaran, incorporando una regulación orgánica y completa en materia de origen de las mercaderías, sólo aplicable al tráfico interno entre las áreas aduaneras que creaba y el resto del país. A la importación de mercaderías para ser utilizadas por industrias cuya actividad es catalogada como prioritaria, se le otorga una exención total de derechos de importación (confr. art. 1 del decreto 1139/88). A su vez, el proceso de armado y ensamblado que realiza la actora, con los bienes importados, es calificado como de transformación sustancial, siendo por esta razón, el producto proveniente de este proceso, considerado como originario de dicho territorio...". "...En tales términos y conforme el régimen antes citado las mercaderías importadas son calificadas como insumos y los trabajos llevados a cabo en el territorio no son caracterizados como simples operaciones de montaje. Tales criterios objetivos no pueden ser soslayados en el momento de la verificación y valoración de la mercadería atendiendo a sus características generales clasificatorias, dado que las normas generales de la legislación aduanera, relativas a la importación, son aplicables a este tipo de áreas, siempre que resulten congruentes con dicho régimen (confr. art. 607 del C.A.). Dicha técnica es compatible con la interpretación judicial que ha declarado admisibles, en las soluciones que prevén las leyes tributarias, la valoración de la legislación que considera más útil desde el punto de vista económico y social, la promoción de determinadas actividades, en comparación con el sacrificio materializado en la merma de la percepción de sus rentas impositivas (confr. Fallos: 310:177)". Siguiendo los lineamientos del fallo precedentemente citado, los que resultan concordantes con los que expuesiera la Sala III del fuero en la causa "Continental Fueguina S.A.", del 15/6/95, y entendiendo que lo dispuesto en la precitada regla no resulta aplicable al caso, corresponde en este punto revocar el fallo en recurso, dejando sin efecto la liquidación de tributos efectuada por la Aduana. (Consid. 5º).
Sociedad anónima, veedor judicial, designación de veedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: PANNO,  CLAUDIA  SILVINA c/ CELESTAL  SAIC  Y  OTROS s/ MEDIDA PRECAUTORIA.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-30

Procede disponer la designación de un interventor veedor en una sociedad anónima cuando, -como en el caso-, se verifica que: a) resultó acreditada la calidad de socia de la pretensora; b) de las copias del libro de depósitos de acciones y registro de asistencia, surge que se celebraron tres asambleas, donde surge que se actuó la concurrencia personal de -entre otros accionistas- la accionante, quien promovió el presente proceso por no haber sido reconocida su calidad de tal, por referirse en las actas que se hallaba presente cuando ni siquiera había sido citada y menos expresado su voluntad para formar asambleas generales auto convocadas; c) en las planillas de asistencia a tales asambleas, se colocó el nombre de la reclamante como socia compareciente, "por sí", con determinado capital; y d) la planilla de una de las reuniones de socios, contiene una firma ilegible, junto a la referencia del número de los "títulos acciones o certificados" y del "capital" que posee la pretensora "supuestamente" presente, siendo que el trazo de dicha rúbrica parece diferente a la puesta por la accionante en la escritura de otorgamiento del poder dado por ella, en favor del letrado que la representa en la presente controversia, lo cual provoca duda sobre la autenticidad de la estampada en la documentación privada. Ello pues, de lo expuesto puede inferirse la celebración de asambleas cuyas actas mencionan la participación de una socia que no conoció la "auto convocación" de las mismas ni -por ende- tuvo ninguna participación en ellas; la inserción de una firma atribuida a la pretensora cuya autenticidad es dudosa, a la luz de la discordancia que aparece entre las signaturas antes mencionadas. De modo pues, que las circunstancias relatadas convencen a ésta sala respecto de la existencia de "motivos graves" suficientes para otorgar cautela a la peticionaria.
Recurso de casación, defensa en juicio
Materia: LABORAL
Carátula: VALENZUELA FELIX ADOLFINO Y OTRO c/ CAFE DE LA PLAZA Y/O OTROS s/ HABERES ADEUDADOS, ETC. (QUEJA DEL DR. NASSIF)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-10-04

Si bien es propio de los jueces de la causa determinar cuando existe negligencia procesal sancionable de las partes, lo es para disponer lo conducente para el respeto de la igualdad y de la defensa de sus derechos, que no es otra cosa que la necesidad de un adecuado servicio de Justicia y compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio.-
Competencia originaria, Suprema Corte de Buenos Aires, medidas cautelares, fallos del Superior Tribunal
Materia: PROCESAL
Carátula: Montesano Marina Laura c/ Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y otro s/ amparo - cuestión de competencia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2021-12-30

Cabe declarar que la causa remitida es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia -art. 161 inc. 1, Const. prov.-, en consecuencia, corresponde radicarla ante los estrados de esta Corte -arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC-, procediendo a su recaratulación y otorgar a la parte actora un plazo de diez días para que adecue su pretensión al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado -art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC-. Asimismo corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada -arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC-, resultan de aplicación al caso los argumentos desarrollados y la solución adoptada por esta Suprema Corte en las causas B. 77.604 "Aguirre, Cristina Roxana" y B. 77.613 "Ordoñez, José Luis" con relación al remedio preventivo allí requerido por los demandantes, los que se dan aquí por reproducidos -en lo pertinente- por razones de brevedad.
Constitución Nacional, principio de legalidad, economía procesal, deberes del juez, fallos de la Corte Suprema, obligatoriedad del precedente, jurisprudencia aplicable, recurso de casación, autoría mediata, torturas, agravantes de la pena, concurrencia de agravantes, tribunal oral, Posadas, privación ilegal de la libertad, concurso real, homicidio calificado, apremios ilegales, ley anterior, delitos contra la humanidad, imprescriptibilidad, prescripción de la acción penal, Derecho internacional
Materia: PENAL
Carátula: Beltrametti, Juan Antonio y otro s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-09

Razones de economía procesal, el sentido práctico que debe guiar las decisiones judiciales en pos de una mejor administración de justicia y la ausencia de nuevos argumentos que justifiquen un apartamiento de la doctrina emanada del Máximo Tribunal Nacional, torna improcedente el recurso de casación deducido por la defensa de quien fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal de Posadas, por haber sido considerado autor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, en concurso real con imposición de tormentos y homicidio calificado, bajo el argumento de que se encontraría violado el artículo 18 de la Constitución Nacional en lo relativo al principio de legalidad y requisito de ley previa pues, en materia de delitos de lesa humanidad, la cuestión ha quedado definitivamente resuelta por la Corte al no admitir, con base en el derecho internacional, cualquier forma de prescripción de la acción penal ante el juzgamiento de delitos de tal envergadura.
Juicio abreviado, sentencia condenatoria, condena condicional, denegatoria del recurso, sentencias contradictorias
Materia: PENAL
Carátula: AYALA, Adrián Moisés s/ recurso de casación c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-21

Corresponde dejar sin efecto la decisión del a quo que tras la celebración de un acuerdo de procedimiento abreviado, condenó al imputado y adicionó reglas de conducta que no estaban incluidas en aquel suscripto por el justiciable, y sobre las que, obviamente, el imputado no dio su consentimiento. Con respecto a ello, cabe precisar que: o bien se interpreta que la imposición de reglas es facultativa, pues la ley señala que deberán ser aplicadas en tanto resulten adecuadas, por lo que si el fiscal no las requirió es porque juzgó que no lo eran, y a esto prestó su conformidad el acusado. O, en cambio, si se interpreta que la ley manda fijarlas siempre al imponer una condena de ejecución condicional, cabe rechazar el acuerdo por resultar contra legem, y concluir el proceso en un juicio común. No es admisible es conseguir la renuncia del imputado al juicio contradictorio, proponiéndole un pacto sin reglas de conducta, y luego modificar lo acordado en su perjuicio (voto del juez Días)
Declaración testimonial, declaración extrajudicial, apreciación de la prueba, principio de contradicción
Materia: PROCESAL
Carátula: CASTRO, ANTONIO R. c/ LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA Y CASINOS Y OTROS s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1980-07-24

Las declaraciones testimoniales prestadas fuera de la causa tienen validez, si se ajustan a la garantía del contradictorio. Es decir que las partes deben tener la posibilidad de hacer valer contra ellas todos los medios de verificación y de impugnación que la ley otorga.
Suspensión del agente, suspensión del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: DOLEATO JUAN TOMAS Y OTRO c/ ESTACION DE SERVICIO "EL SIMBOLAR",   DE HECTOR ROBERTO DAPELLO Y/O PROPIETARIOS s/ JORNALES IMPAGOS, ETC.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2002-08-01

Si la suspensión fue legítima es porque existió una causa que la justificó.
Vista de las actuaciones, recurso extraordinario
Materia: LABORAL
Carátula: Marino, Norberto Virgilio c/ Frigorífico regional Salto S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-11-18

Es inatendible la alegación de que no se ha valorado correctamente la prueba oral si no se denuncia la existencia de 'absurdo' y además porque la Suprema Corte está imposibilitada de conocer su contenido si la parte no hizo uso de la facultad que le confiere el art. 46 del dec. ley 7718/71.
Juicio oral, nulidad del acto jurídico
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Adrián, Oscar; Mosquera, Sergio Daniel y otro s/ Homicidio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-27

Cuando en el régimen oral la ley prevé la nulidad de un acto procesal con un mayor alcance que el previsto en los arts. 352 inc.

3º y 365 "in fine" del Código de Procedimiento Penal lo hace expresamente (arts. 283 "in fine" y 309, C.P.P.). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Regímenes de promoción, diferimiento de impuestos, actualización monetaria
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: BAGLEY  S.A. c/ ESTADO NACIONAL (MINISTERIO DE ECONOMIA) s/ NULIDAD DE RESOLUCION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-26

Las normas que regulan el régimen de diferimiento de impuestos guardan vinculación con la existencia de una obligación de pago y de su exigibilidad en el tiempo, apreciación que no se desvirtúa por la circunstancia de que se establezca en cláusula del contrato de promoción involucrado en autos (18a) que los créditos impositivos diferidos no están sujetos a reajuste monetario, o en todo caso a una repotenciación eventual a partir de la puesta en marcha, máxime si se atiende a que si el diferimiento hace al tiempo de la obligación y la cuestión de la indexación a la entidad material de la prestación, uno y otro concepto se predican en función exclusiva del crédito y las modalidades relativas a su extinción.
Concursos, sociedades mutuales
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sociedad Italiana de Socorros Mutuos s/ Liquidación judicial
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-07

El fundamento de la "pars condicio creditorum" es uno de los grandes principios generales del derecho concursal que se torna aplicable frente a las entidades mutuales en cesación de pagos. Esto plantea la situación del juez frente a la ley vigente injusta para entender que como última "RATIO" del orden jurídico jurisdiccional puede y debe declarar la inconstitucionalidad del art.37 de la ley 20321, en tanto impide la aplicación de normas concursales ante el estado de insolvencia de una entidad mutual.
Concurso de delitos, estafa, adulteración de la numeración de bienes registrables, falsificación de instrumento público, documentación del automotor, patente del automotor, cédula verde
Materia: PENAL
Carátula: LEGUIZAMON, CARLOS s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO SANIPOLI, SALVADOR s/ FALSIFICACION DE DOCUMENTO - DEFRAUDACION
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-08-26|1988-08-11

Los delitos de estafa y sustitución de chapa patente que concurren materialmente con el de falsificación de cédula de identidad del automotor, en nada obsta a su juzgamiento por separado, toda vez que la mera coincidencia subjetiva o finalidad, no basta por sí sola para afirmar que dos o más conductas previstas en la ley penal constituyen un único hecho o concurso formal.
Cuenta corriente mercantil, certificado de saldo deudor, cuenta simple o de gestión
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Alfredo Alvarez e Hijos Sociedad Colectiva (s/quiebra) c/ Sole Juan y otros s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-06

El resumen de cuenta expresamente conformado por el deudor o cliente constituye un reconocimiento de deuda (art. 720 C.Civil) que no empece a su posibilidad de revisión (art. 790 C.Com) pero constituyendo carga probatoria del demandado el acreditar la inexactitud del resumen -si es que se imputa erróneo el resultado obtenido o su imputación- o vicios por defecto en su voluntad al prestar aquella conformidad (arts. 944 y 953 C.Civil).-
Juicio ejecutivo, excepción de pago, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES c/ BUNGE Y BORN  S.A. s/ EJECUCION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-05

El principio que rige en materia de costas en el juicio ejecutivo arts. 539 y 558 del Código Procesal- se ajusta al general que respecto a ella surge de los arts. 68 y siguientes del mismo cuerpo legal, especialmente respecto del art. 70 que dispensa de los gastos causídicos a quien, sin dar motivo a la promoción del juicio, se allanare en forma incondicional, oportuna, total y efectiva.

Si a raíz de la excepción de pago opuesta el accionante reconoce la improcedencia del reclamo, el principio objetivo de la derrota sólo podría ceder si el acreedor demuestra haber tenido razones suficientes para la interposición de la ejecución.
Seguro por accidente de trabajo, seguro de vida obligatorio, obligaciones del empleador, asegurador por riesgos del trabajo, cuestiones de competencia
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: Torres, Martín Alejandro c/ Carrascosa, Aldo s/ autorización para firmar carta poder - ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-06-15

Dado que la responsabilidad administrativo-jurisdiccional del sistema de la ley 24.557 y el decreto 717/96, en los aspectos que atañen de modo general a los riesgos del trabajo, ha sido depositada - con la sola excepción del art. 1072 del Código Civil - en organismos de orden federal, y ante la ausencia de objeciones de orden constitucional, cabe atribuir a la justicia federal el conocimiento de la demanda iniciada en los términos del art. 28, inc. 1 de la citada ley contra un empleador que, no incluido en el régimen de autoseguro, omitió afiliarse a una ART.
Reintegro de gastos al trabajador, guardería, carácter no remuneratorio
Materia: LABORAL
Carátula: RAMIREZ, Graciela c/ HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A. s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-16

El pago de una determinada cantidad de pesos en concepto de reintegro de gastos de guardería no puede ser computado como retributivo ya que se trata de un beneficio social de carácter no remunerativo destinado a mejorar la calidad de vida de la dependiente (Conf. art. 103 bis de la LCT y decreto 333/93).