Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-12-28


Libro I- 66 Expte: SII-27577 Nº orden Juicio: AMECONJ C/ AGROPECUARIA EL VERDE S/ DESALOJO Juzgado: Paz Letrado de 9 Julio Mercedes, 28 de diciembre de 2011 .- AUTOS Y VISTOS:

I.- En la sentencia interlocutoria cuya copia obra a fs. 17/18 de este incidente de apelación, el señor juez de Paz Letrado de 9 de Julio ordenó que la demandada "Agropecuaria el Verde SRL" haga efectiva entrega de la fracción de campo ubicado en el partido de 9 de julio, en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de lanzamiento por medio de la fuerza pública, ello previa caución que prestará el solicitante.

Contra dicha resolución, el letrado apoderado de la demandada Agropecuaria "El Verde SRL" interpuso recurso de apelación, el que concedido en relación y con efecto devolutivo, lo fundó con el memorial de fs. 24/ 26 vta. el cual mereció la réplica de la parte actora mediante el libelo de fs. 29/38 vta.

Y CONSIDERANDO:

II.- Que el recurrente esgrime en su memorial que él mismo no reviste el carácter de "intruso" o "tenedor precario", y que consecuentemente, no encuadraría el caso de autos en lo normado en el art. 676 bis del CPCC.

Ciertamente la causal de desalojo invocada al demandar fue la "falta de pago" ( cfr. fs. 1/).

Ahora bien, cabe recordar que el principio "dami factum, que iura novit curia" contenido en los arts. 163 inc. 6 y 164 de la ley adjetiva, autoriza a que válidamente el órgano jurisdiccional de segunda instancia -sobre la base de los hechos expuestos en los escritos compositivos del litigio--, se aparte de las normas jurídicas invocadas por los litigantes e incluso de las aplicadas por el señor juez de primera instancia.- A la luz de lo expuesto, entiende este Tribunal que nada interesa analizar y discutir si la sociedad demandada reviste el carácter de tenedor precario o de intruso. Ello porque en la actualidad el supuesto específico de autos ( desalojo por causal de falta de pago) se encuentra legislado en el art. 676 ter del CPCC, articulo incorporado por la ley 14.220 ( sancionada el 23/12/2010 y publicada en Boletin Oficial el 14/1/2011 ) .

Tal norma establece que "en los supuestos en que la causal invocada para el desalojo fuere la de falta de pago o el vencimiento del contrato, el actor podrá también, bajo caución real, obtener la desocupación inmediata de acuerdo al procedimiento previsto en el Artículo 676 bis. Para el supuesto que se probare que el actor obtuvo esa medida ocultando hechos o documentos que configuraren la relación locativa o el pago de alquileres, se le impondrá una multa de hasta veinte mil (20.000) pesos, a favor de la contraparte, más los daños y perjuicios que ocasionare, que quedan garantizados, tanto como la multa, con la caución real".

Tal artículo es similar al que ya contenia el ordenamiento procesal de la Nación ( art. 684 del CPCCC) Ello así, por imperio del principio ya mencionado del "iuria novit curia" dicha norma resulta aplicable en el presente caso ( cfr. cargo del escrito de fs. 9/13 y fecha de publicación de la norma).

III.- Los presupuestos de la medida.

III.1).- Resultando aplicable el art. 676 ter del CPC, resta analizar si se hallan reunidos -- en la especie -- los recaudos mencionados en tal norma.

En dicha tarea este Tribunal entiende que se encuentra configurado en el sub lite el humo del buen derecho (identificado con la expresión latina fumus bonis juris) que, -reiteramos- como presupuesto ineludible, prevé no sólo la normativa específica citada, sino también el genérico art. 195 del ordenamiento adjetivo.

Es que de las constancias obrantes en autos surge que, la causal basal del pretendido desalojo ( como ya se mencionó y reiteró) es la falta de pago del contrato que vinculara a las partes. La relación contractual está expresamente reconocida por los demandados al decir que " la demandada ingresó al campo que ocupa en forma legítima, mediante el contrato de locación objeto de esta litis, presentado por la propia actora" (v. fs. 24 vta., 3er párr) (art. 354, inc. 1º, CPC).

III.2).- Ahora bien, la norma dispone que el juez ordenará el lanzamiento "cuando de no decretarse la entrega inmediata de la finca, pudieren derivarse graves perjuicios para el accionante." Esto conlleva a la invocación por parte del actor del "peligro en la demora" al pedir la restitución anticipada del inmueble, ya que tiempo que transcurra, le puede acarrear notorios perjuicios, en forma inminente o inmediata.

La acreditación del peligro en la demora, al igual que la verosimilitud del derecho, debe justificarse con elementos de convicción que, sin llegar a la exigencia de la prueba acabada, permitan inferir los motivos por cuales se hace imperioso que el accionante recupere la tenencia del bien.

Referido al periculum in mora, se ha dicho que es el interés jurídico que justifica la medida cautelar para disipar un temor de daño inminente (cfr. Morello y ots., "Códigos."., t. II-C, p. 524. Abeledo - Perrot) y que, en la acción de desalojo, el mismo se encuentra implícito (cfr. Gozaíni, "Código.2ª ed., t. II, p. 605, La Ley).

Que en este caso, si bien este Tribunal no cuenta con las fotografías, actas notariales y otros elementos que obran en las actuaciones principales, y que fueron tenidas en cuenta por la sentenciante de grado, ello porque el recurso fue concedido con efecto devolutivo, remitiéndose a esta instancia el presente cuadernillo de apelación ( conf. Art. 250 inc. del CPCC).

Como la finalidad de la entrega anticipada del inmueble es evitar los perjuicios que pudieran derivarse de la ocupación indebida, tales la destrucción del inmueble o sus accesorios, el lucro cesante por los alquileres caídos, la pérdida de oportunidades de venta o locación, la necesidad de realizar reparaciones y el peligro que deterioros pudieran ocasionar a los mismos ocupantes o terceros o a inmuebles linderos, la acumulación de deudas por impuestos y tasa y servicios En tal sentido en el ámbito de la jurisprudencia capitalina se ha dicho que " no obsta a la procedencia del lanzamiento preventivo de la finca en los términos del art. 684 bis del CPCCN, el hecho sobre que no se haya probado fehacientemente el peligro en la demora -como recaudo general de toda medida cautelar-, desde que cabría presumirlo de la privación del ejercicio pleno del derecho de propiedad a quien resulta ser titular del dominio de la finca afectado a una ocupación supuestamente ilegítima. C (CNCiv., sala A, 17/X/02, Zaiek, María M. y Otro c/González, José y Otro).

En definitiva, una prudente apreciación de las constancias agregadas a la causa revela que hay suficiente verosimilitud y toda vez que en la instancia anterior se le ha exigido al interesado garantía suficiente para responder por los daños en caso de desvirtuarse la apariencia del derecho sumariamente comprobado; por lo que la resolución apelada debe ser confirmada.

POR ELLO, SE RESUELVE: Confirmar -- por los fundamentos aqui expuestos -- la resolución de fs. 17/18 en lo que fue materia de apelación y agravios , con costas de esta instancia al apelante perdidoso ( art. 68 del CPCC).

Regístrese, Notifíquese y Devuélvase.