marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba documental, libros del empleador, contrato de trabajo, carga de la prueba, remuneración, presunciones, valor probatorio, trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: ORELLANA SANDRA NATALIA c/ DAPELLO HECTOR ROBERTO Y/U OTROS s/ DIFERENCIA DE SUELDOS, ETC. - CASACION LABORAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2012-09-13

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 55 de la LCT, la falta de exhibición de los elementos de contralor previsto en los artículos 52 y 54 constituirá una presunción a favor de las afirmaciones hechas por el trabajador, respecto de los datos que debían figurar en tales registros (ej.: fecha de ingreso, sueldo, categoría, etc.). Esta presunción lleva a tener por ciertas no sólo la remuneración sino también la categoría laboral invocadas por el actor, incumbiendo al empleador la prueba en contrario.
Transporte aéreo, carta de porte, guía aérea
Materia: AERONAUTICO
Carátula: ACE  SEGUROS  S.A. c/ SCHENKER  INTERNATIONAL  INC.  Y  OTRO s/ FALTANTE   Y/O  AVERIA  DE  CARGA  TRANSPORTE  AEREO.  ACUMULADA:5.214/99  MAPFRE  ACONCAGUA CIA. DE SEGS SA. C/ AMERICAN AIRLINESS/ FALTANTE DE CARGA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-13

La falta de indicación en la carta de porte del fraccionamiento del cargamento por parte del transportista, impide hacer operativo el límite dispuesto por el art. 22 de la Convención de Varsovia, en virtud del art. 8 ap. c) y 9 de dicho cuerpo normativo. De esta forma, no puedo dejar de referir que, tal como lo he señalado la guía aérea constituye el título legal del contrato de transporte aéreo previendo las condiciones en las cuales el mismo se debe ejecutar. En tal sentido, ha quedado demostrado que la omisión de mencionar por parte de la accionada la circunstancia de que los bultos llegasen a destino en forma separada, constituye una irregularidad en la confección del contrato, pues dicho suceso aumenta el riesgo de producción del daño. Se trata de un motivo suficiente para ser puesto en conocimiento de la otra parte al momento de suscribir el compromiso que los une.
Recurso de inconstitucionalidad, fiscales
Materia: PENAL
Carátula: BONILLA, ARMANDO EZEQUIEL; ACOSTA, DIEGO ROLANDO; GUTIÉRREZ, DIEGO; BONILLA, SANDRO GUSTAVO; BONILLA, DANIEL RICARDO; DÍAZ, DANIELA SOLEDAD; SANTOS BONILLA, MÓNICA; BONILLA, ROBERTO ENRIQUE c/  s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2016-10-17

Corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Fiscal de Impugnación. La norma procesal penal ha reglamentado plazos específicos para la duración máxima del proceso, precisándolos expresamente para cada etapa: art. 219 para la IPP y 256 para el juicio. Cualquier otra interpretación que se aparte del articulado del código de ritos resulta forzada. (Del voto del Dr. Díaz).
Competencia, participación criminal, economía procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: SECRETARIA DE JUSTICIA s/ COMPETENCIA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-04-27

La accesoriedad de cualquier forma de participación con el evento principal que regía nuestra ley de fondo, implica que necesariamente ser un sólo juez quien se haga cargo de la totalidad de la pesquisa, lo cual, por otro lado, obedece a elementales razones de economía procesal y la necesidad de impedir la repetición de diligencias.
Jubilaciones, movilidad del haber jubilatorio, derechos adquiridos
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SBODIO, NORMA TERESA MORRA DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 327-84 YRADY, LUIS JORGE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 284-83 WEDEKIND, MARIA ANGELICA VISENTIN c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 229-87
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1987-07-07|1987-10-06|1990-04-26

La privación de la movilidad del 82% del que gozaba el beneficiario y su reemplazo por otro procedimiento no sería invalidable constitucionalmente, a menos que se tradujese en un desequilibrio de la razonable proporcionalidad que debe existir entre la situación de jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad, en grado tal que pudiera ser confiscatoria o de injusta proporción (CSJN "Orgaz Ahumada", fallo 34621 del 07-05 1981). Ello así porque no hay derecho adquirido sobre un haber jubilatorio determinado ni sobre una cantidad concreta.
Excepciones procesales, defecto legal
Materia: PROCESAL
Carátula: Julian, Juan Angel c/ Gonzalo, José Antonio s/ Demanda Laboral -Haberes Adeudados e Indemnizaciones por Despido-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-05-18

La excepción de defecto legal es procedente cuando la demanda no se ajusta a los requisitos del artículo 330 del C.P.C.Ch.y tiene por finalidad tutelar el derecho de defensa del demandado. Los defectos deben revestir cierta gravedad, de forma tal que coloquen al demandado en verdadero estado de indefensión, al no permitirle oponer las defensas adecuadas o producir las pruebas pertinentes.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, multa, recurso de apelación (procesal), solve et repete
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: LOPEZ, EDUARDO JOSE c/ MUNICIPALIDAD DE ROSARIO s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO.158 AÑO)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-08-03

Corresponde rechazar la queja fundada en la invocada imposibilidad de acceso a la justicia para el control judicial de una multa, desde que omite toda mención a la respuesta brindada por el Tribunal A quo en el sentido que nuestra ley reglamentaria del recurso contencioso administrativo facilita la revisión de las multas por el camino de excluir del recaudo los montos accesoriamente debidos por recargos, multas e intereses, a lo que agregó que incluso en regímenes en que se exige el previo pago de la multa administrativa para habilitar el conocimiento del caso por parte de los tribunales, la Corte Suprema de la Nación ha negado que tal recaudo fuera incompatible con el artículo 8 inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin que el recurrente aporte elementos de juicio que tiendan a demostrar que dichos argumentos resulten absurdos o irrazonables ni, mucho menos, que puedan exceder los márgenes de razonabilidad y legalidad tolerados.
Transporte, responsabilidad del transportador, responsabilidad objetiva, cosa riesgosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: Sancor Cooperativa de Seguros Limitada s/ Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 1993-11-02

El contrato de transporte, regulado en los artículos 162, 206 del Código de Comercio, al establecer la responsabilidad de las empresas de transporte, en el artículo 172 adopta el criterio del riesgo y no el de la culpa contractual, de lo que deviene la responsabilidad contractual del transportista por el solo hecho de aceptar el transporte.
Caducidad de instancia, purga de la caducidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALEGRE S.R.L. c/ INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (IPVU) s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2007-07-05

Existen dos posiciones diferenciadas respecto a si la perencion de instancia afecta a la contraparte. En efecto, hay quienes sostienen que vencido el plazo, una nueva actividad procesal impulsora no afecta la posibilidad de la contraparte, quien en el caso de producirse la situación antes mencionada, estaba habilitada, en el supuesto de no haber consentido la actuación impulsora del proceso, a pedir la caducidad de la instancia. Es decir que la "purga" de la caducidad estaría supeditada en su aplicación al consentimiento por parte de la contraria de la actividad que la conlleva, pudiendo por lo tanto esta, solicitar se declare la perención cuando se opone a su admisión. Por otro lado, hay quienes consideran que si el acto de impulso proviene de la parte, la contraria no puede oponerse a los efectos de aquel, debiendo reputarse el acuse de caducidad formulado en tales circunstancias como extemporáneo. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Verdad jurídica objetiva, primacía de la realidad
Materia: PROCESAL
Carátula: Z., A. c/ D., N. O. s/ Diferencia de haberes e indemnización de ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2010-03-08

El principio de "primacía de la realidad" que campea en el fuero laboral no puede dejarse de lado cuando esa realidad resulta adversa a los intereses del trabajador, porque de otro modo, resultaría ser que los magistrados sólo pueden incursionar en el campo de la verdad fáctica en el beneficio de uno de los litigantes, lo que atentaría flagrantemente contra otro principio superior, cual es el de la igualdad ante la ley, de rango constitucional (art. 16, Const. Nacional).

Sostuve asimismo que las presunciones legales favorables al trabajador operan en tanto y en cuanto los datos de la realidad no aporten pruebas en contrario a las suposiciones de dichas reglas presuntivas.
Proceso penal, prisión preventiva, excarcelación, circunstancias que impiden la excarcelación, intención de eludir la acción de la justicia, razonabilidad tributaria, proporcionalidad de la medida, libertad de circulación, derechos y garantías constitucionales
Materia: PENAL
Carátula: Aldao, Mauricio Ángel s/ s/ inf. art. 189 bis CP - Apelación-Incidente de Excarcelación en autos Apelación-Incidente de Excarcelación en autos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-03-14

La interpretación y aplicación de las pautas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación para limitar la necesidad de restringir la libertad del imputado durante la tramitación del proceso, tiene que conciliarse armónicamente tanto con el principio constitucional de proporcionalidad (art. 28 CN), cuyo mandato de necesidad determina el deber de que las medidas restrictivas de derechos se limiten en su intensidad y duración a lo estrictamente requerido para permitir el fin que las justifica, como con las normas internacionales que imponen al Estado el deber de garantizar el libre y pleno -es decir, óptimo- ejercicio de los derechos en ellas reconocidos, entre ellos, naturalmente, la libertad ambulatoria (cfr. esp. arts. 1.1 y 7, CADH).

Tales parámetros supralegales implican, entonces, que aun cuando se afirme la existencia de aquel riesgo de obstrucción del normal desenvolvimiento del proceso y sea necesario en consecuencia restringir la libertad del imputado, deba aún evaluarse la entidad de la presunción de ese riesgo en función de las circunstancias que la justifican para decidir la magnitud de la restricción a imponer, debiendo escogerse la medida menos lesiva que permita garantizar suficientemente el logro de los fines procesales.
Acceso a la justicia, beneficio de litigar sin gastos, amenazas, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Mármol, Juan José  c/  s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en incidente de apelación en autos mármol, juan josé sobre 149 bis - amenazas
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-04-19

Es preciso señalar que el inciso 6 del art. 12 de la CCBA establece que: "La ciudad garantiza: (...) 6. el acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos". Esta cláusula constitucional se inscribe en un movimiento de larga data, que ha ido perfeccionándose en los últimos años, y cuya preocupación central es hacer que el acceso al servicio de justicia, en todos sus escalones y resortes, llegue con la misma posibilidad a todas las personas, a cuyo fin se toman en consideración las razones económicas en un sentido amplio. (Del voto en disidencia parcial del juez Luis Francisco Lozano, por sus argumentos expresados in re: "Ministerio Público -Defensoría Oficial en lo Contravencional y de Faltas n° 1 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ "Ronchetti, Leonardo s/ art. 47 CC - apelación", expte. n° 3996/05, sentencia del 14/09/2005).
Recurso contencioso administrativo, servicios de vigilancia, recurso de revisión (procesal), acto administrativo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: STEMPHELET, ROGELIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE  Nº 83-89)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1993-04-01

No habiendo precisado el recurrente -ni aún mínimamente- cuáles son los vicios del acto administrativo de cesantía que lo tornan "errado" o "injusto" en los términos del artículo 129 de la ley 6769, Ley del Personal Policial, (aspectos éstos que no sólo constituyen presupuesto básico para el ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que resultan de especial exigencia cuando se interpone un recurso de carácter restrictivo y excepcional, como es la revisión de un acto administrativo firme), el recurso contencioso administrativo interpuesto deviene inadmisible.
Transporte de pasajeros, póliza, seguro con franquicia, oponibilidad a terceros, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia vinculante
Materia: CONSTITUCIONAL-COMERCIAL
Carátula: MOLINA, MARTA ANGELA c/ BRAVO, JOSE EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-04-06

Sobre el tema de la oponibilidad de la franquicia contenida en el contrato de seguro frente a la víctima de un accidente de tránsito, la Corte Nacional ha trazado una interpretación constitucional en el precedente " Villarreal" del 29.8.2006, donde expresó que "la franquicia no es arbitraria ni inconstitucional, ya que es un límite razonable del riesgo para las aseguradoras" y, analizando las normas y principios que se hallaban en juego efectuando una interpretación integral y armónica entre ellos (artículo 68 de la ley 24449, la resolución n°25.429/1997 de la S.S.N., los artículos 109 y siguientes de la ley 17418 y diversos artículos del Código Civil (1137, 1195, 1197, 1199), concluyó en que "las reglas de la responsabilidad civil y del seguro están asentadas sobre un delicado y complejo equilibrio..."; "...que los contratos tienen efectos entre las partes y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, salvo excepciones conocidas.

Cuando se afirma que la víctima está perjudicada por la franquicia, y ello la hace inoponible, se modifica una regla establecida en el derecho civil desde 1804...".

Finalmente, con remisión al artículo 118 de la ley 17418, en tanto prevé que la condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro", afirmó que existiendo franquicia, el descubierto obligatorio es oponible al tercero damnificado y la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación.

Esta reseña expuesta da cuenta de que el planteo recursivo de la impugnante no convence que lo resuelto por la Sala no se aliñe con esta doctrina judicial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que este Tribunal recepta, haciendo suyos los criterios allí vertidos) al juzgar -en definitiva- que la franquicia pactada entre la empresa de transporte demandada y la aseguradora citada en garantía le es oponible a la víctima, lo que impedía hacerle extensiva la condena. (Del voto de la mayoría)
Recurso extraordinario, revocación de sentencia, sentencia arbitraria, defectos en la consideración de extremos conducentes, recurso de casación, denegatoria del recurso, sociedades comerciales, inscripción de sociedades, representación de la sociedad, administración de la sociedad, trabajador, despido
Materia: COMERCIAL
Carátula: Avila, Carlos Alberto y otros c/ Rodrigo  SA  y otros. s/ Recurso de hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó el recurso de casación, sin considerar la diferencia existente entre el carácter constitutivo de la inscripción regulada en el art. 7x de la ley 19.550 y sus modificatorias, referente a la creación de una sociedad, y el declarativo que, frente a los trabajadores que cumplen tareas para aquélla, cabría asignar a la inscripción de la designación y cesación de representantes y administradores sociales dispuesta en el art. 60, pese a que tal distinción resultaba conducente para establecer la validez del despido dispuesto por los interesados.
Empleo público, sanciones disciplinarias administrativas, facultades discrecionales, razonabilidad tributaria, revisión judicial, control de legitimidad
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALE JULIO CESAR c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-11-04

Si bien es facultad discrecional de la administración la de determinar la intensidad de la sanción disciplinaria a imponer, debe advertirse también que la misma posee límites, que están dados fundamentalmente por el principio de razonabilidad, el que se erige en un criterio válido para apreciar la legitimidad del actuar estatal en ejercicio de potestades discrecionales.

En este mismo orden de ideas se ha afirmado también, con relación a la revisión judicial de las sanciones administrativas, que "... el examen de legitimidad del acto comprende no sólo sus elementos reglados, sino también a los discrecionales, en cuanto el ejercicio de esas facultades hayan violado o excedido los límites que condicionan con el orden jurídico.

Estos actos serían, así, según las enseñanzas de los principales administrativistas, susceptibles de control por el fin (que da lugar a la técnica de la desviación de poder, lo que ocurre cuando se ejercen potestades administrativas con un objetivo distinto al fijado por el ordenamiento); de control por los hechos determinantes (o sea, la comprobación de la real existencia del sustracto fáctico en el que se apoya la decisión); de control por los principios generales del derecho, constitucionales o legales, tales como la razonabilidad, igualdad, buena fe (cuya violación no puede ser convalidada); y de control por los conceptos jurídicos indeterminados".
Retiro militar, jubilaciones, acumulación de beneficios, otorgamiento del beneficio, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: SCHETTINI, Eugenio Francisco c/ Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-13

Atento el principio general del derecho de la seguridad social de la no acumulación de los beneficios previsionales, y que estos derechos se rigen por la ley vigente al momento de producirse el hecho generador, no corresponde hacer lugar a la solicitud del otorgamiento del beneficio en los términos del decreto 1044/83 (idéntico a la ordenanza 29531) si el peticionante (en el caso un ex intendente municipal) al momento del cese en sus tareas autónomas -cuyos servicios son necesarios para la obtención del beneficio requerido- no reunía la antigüedad mínima de servicios exigida por éste en su art. 1 y se hallaban vigentes la ley 21451, modificatoria del art. 17 inc. d) de la ley 18037 y el decreto 1645/78 que en su art. 12 inc. d) in fine impide la consideración de los servicios civiles prestados por el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante los lapsos computables para el retiro.
Licencia por enfermedad, prórroga del plazo, embarazo, embarazo de riesgo
Materia: LABORAL
Carátula: Amaro, Belki Janet c/ Centralab S.A. y otro s/ Despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-16

Tratándose de una trabajadora con casi cinco años de antiguedad, a la que sólo le restaban tres meses para concluir un embarazo de alto riesgo, donde la vida de la criatura corría peligro y le impedía a la madre concurrir al trabajo, la asignación prenatal en tales circunstancias se identifica con la asignaciones familiares a las que se refiere el art. 208 LCT segunda parte.
Prenda, títulos ejecutivos, defensa en juicio, juicio ejecutivo, pago parcial
Materia: PROCESAL
Carátula: F. MARRONE S.R.L. c/ ALFREDO D. SIMON Y OTRO s/ EJECUSION PRENDARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-03-16

Si bien las únicas excepciones admisibles en la ejecución prendaria son las previstas en el art. 30 de la ley 12.962, también corresponde admitir ciertas excepciones que hacen a la aptitud, como a la regularidad del proceso, vinculándose además con las garantías de defensa en juicio, tales como la litis pendencia, cosa juzgada, inhabilidad de título, falsedad y nulidad de ejecución. No puede ser de otra manera ante situaciones que suelen presentarse de exorbitantes como temerarias demandas, en que se acciona contra extraños al nexo jurídico que pudiese respaldarlo.

Nadie niega que el acreedor prendario pueda tener satisfecha y prontamente su acreencia mediante el juicio sumarísimo que en su beneficio la ley establece, pero tampoco puede transformarse el procedimiento en una liza en la que el deudor no puede ser oído ni menos defenderse. Cuando la Constitución Nacional en su art. 18 establece la inviolabilidad del derecho de defensa en juicio, no circunscribe la garantía para los procesos ordinarios. Es un argumento equivocado que la excepción que autoriza la ley de prenda con registro es la de pago total y que el pago parcial no puede fundar esta excepción.-
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, salario mínimo, vital y móvil, tope indemnizatorio, derecho de propiedad, derecho de trabajar
Materia: LABORAL
Carátula: BONFILS, GUSTAVO c/ ELMA  S.A. s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-22

La utilización del tope sobre la base del salario mínimo vital y móvil establecido en julio/89 (A 20000.-) sin actualizar, afectaría la garantía del art. 14 bis y el derecho de propiedad del trabajador amparado por el art. 17 de la CN.
Salario de asistencia y salvamento, salvamento de personas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FERRY LINEAS ARGENTINAS  S.A. c/ CAP. y/o ARM. y/o PROP. Bq. "ARENERO PARKER" s/ NAVEGACION  -  ASISTENCIA  -  ABORDAJE POR CULPA DEL BUQUE ASISTIDO -  SALVAMENTO DE PERSONAS
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-19

La discusión acerca de si el salvamento de personas constituye un "resultado útil", carece de actualidad en nuestro derecho positivo, toda vez que la ley 20094 ha distinguido perfectamente las situaciones.-
Leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Naim, Angel M. c/ Galván, Walter E. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-16

En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí, y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas.- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Pagaré, presentación al cobro
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BANCO BICA COOP. LTADO. c/ VENTURINI SANTOS SANTIAGO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-05-30

La inversion de la carga probatoria en casos de pagarés librados a la vista, ha sido receptada jurisprudencialmente, tratándose de pagarés con lugar de pago en el domicilio del deudor, pero cuando el lugar de pago coincide con el domicilio del ejecutante el acreedor debe asumir la carga de presentación el el domicilio del deudor, detallando las circunstancias en que la misma se efectuo.-