marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Contrato de obra pública, mayores costos
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Inmar S.A. c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-12-20

Si la distorsión en el precio de la obra no supera el porcentaje establecido legalmente en materia de beneficio (art. 56 de la ley 6021) no presenta gravedad suficiente como para considerarlo perjuicio grave y esencial que altere la base económica del contrato.
Citación en garantía, eximentes de responsabilidad
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: GRILLO, SILVINA VERONICA c/ ORTIZ, ARIEL Y/O POZO, VICTOR HUGO Y/O LIDERAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Y/O USUFRUCTUARIO Y/O TENEDOR Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACC. DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2014-06-09

En autos la citada en garantía planteó una defensa de exclusión de responsabilidad por falta de cobertura financiera, de la que se había corrido traslado, y la misma no se encuentra enumerada en el art. 325 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia como una de las excepciones admisibles de previo pronunciamiento.
Recurso extraordinario, inadmisibilidad del recurso, sentencia arbitraria
Materia: CIVIL
Carátula: Monzani Hnos. S.A. s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1993-11-15

Para el encuadramiento del Recurso Extraordinario en la causal de arbitrariedad es necesario que el fallo no tenga bastante fundamento en las circunstancias de hecho y prueba de la causa; o que no constituye derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias probadas de la causa; o también cuando la sentencia en crisis está de tal suerte desprovista de todo apoyo legal y aparece fundada solo en un mero acto de voluntad de los jueces, que resulta descalificante como acto judicial.
Competencia de instrucción, cuestiones de competencia, violencia familiar
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Expte. Nº 152-STJ-2.012 - Juez Civil, Comercial y Laboral del la IV - Circunscripción Judicial Dr. Italico H. Lirussi S/ Rechazo de Incompetencia en Autos: "Expte. Nº 286/2.012 - Cerdan, Juana Isabel s/ Ley 3.325 - Violencia Familiar en Expte. Nº 691/2.011 - Caseres Chamorro, Santiago s/ Amenaza" c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2013-02-14

De conformidad con el dictamen del Sr. Procurador General, y habiendo ya el Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com. y Lab. cumplido con la intervención impuesta por la Ley 24.417 y Ley XV - Nº 6, corresponde que continúe interviniendo en las presentes actuaciones el Juez de Instrucción. (del voto en disidencia del Dr. Schiavoni)
Prueba, carga
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Rosaenz, Alfredo David c/ Paz, José Luis y ot. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-09-17

Viola el art. 375 del Cód. Proc. el fallo que impone a la parte actora la prueba de un hecho no controvertido por no haberse negado al contestar la demanda o, como también decimos invierte indebidamente la carga de la prueba el fallo que exige a la parte actora la acreditación de hechos no controvertidos (art. 375 Cód.

Proc.) o, por último, infringe los arts. 354 inc. 1 y 375 del Cód.

Proc. el fallo que impone a la parte actora la carga de hechos que no fueron controvertidos en el litigio.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GARNICA, WILSON RAÚL c/ SAN LORENZO S.R.L. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2007-09-26

Es descalificable la sentencia que soslaya prueba documental, a la vez que valora desacertadamente las declaraciones de tres testigos, sobre que vieron fumar al actor en la playa de despacho de combustible, con la consideración de que no se demostró el hecho con certeza porque no se precisa cuándo, dónde y cómo ocurrió y que, en el contexto de la causa, implica prescindir, sin razón que lo justifique, de pruebas disponibles conducentes, con vulneración de la defensa en juicio y el debido proceso.

Con la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso, al exigirse que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
Recurso de casación, inadmisibilidad formal
Materia: LABORAL
Carátula: ALMADA AMERICO JORGE c/ LA VOZ DEL INTERIOR  S.A. s/ RECURSO DE CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-06-04

Denuncia la presentante violación del art. 17 de la Ley 9688 y errónea aplicación del art. 75 de la Ley 20744 t.o. en cuanto imputa a la demandada la carga procesal probatoria del cumplimiento al deber de previsión, carga ésta que no está establecida en ninguna de las normas sustanciales. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que en el supuesto de optarse por la reparación civil, el actor es quien debe indicar cuales son los deberes patronales violados y acreditar tales extremos. No puede admitirse formalmente este planteamiento ya que bajo la apariencia de una violación a la ley sustancial el recurrente pretende cuestionar la atribución de cargas procesales realizada por la a quo, lo cual no constituye materia del recurso por la causal intentada.-
Concursos, demanda de verificación, presunción de contrato de trabajo, locación de servicios, crédito laboral, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: PRODUCTOS  MAINUMBI SA s/ INCIDENTE DE VERIFICACION PROMOVIDO PORALONSO, GUILLERMO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-11-13

Ante los contundentes elementos de convicción que ratifican la legitimidad al contrato de locación celebrado entre la concursada y la incidentista, esta última no ha acreditado debidamente el principal extremo que hacia a su posición, esto es, la existencia de dirección por parte de la concursada y subordinación de aquel respecto de esta última, sin que enerve esta conclusión el hecho de que prestara sus servicios dentro de una estructura organizada, ya que ello implicaba necesariamente el cumplimiento de ciertas normas o reglamentos que instruye la misma. Así, no se advierte acreditada la relación de dependencia invocada por el incidentista. (En el caso, del expediente laboral obran agregadas copias del contrato suscripto entre las partes, por el cual se acordó que el incidentista prestaría servicios profesionales a efectos de dirigir un proyecto y emitiría facturas por sus trabajos; el acuerdo tendría una duración de 36 meses contados a partir de la firma de aquel pudiendo ser renovado por idéntico periodo o menor por acuerdo de ambas partes; y por otro lado de la prueba informativa surge que el apelante se encuentra inscripto por ante la afip como trabajador autónomo).
Confirmación de sentencia, concurso preventivo, tasa de justicia, facilidades de pago, intereses, deudas impositivas
Materia: PROCESAL
Carátula: Bee Witch SA c/  s/ concurso preventivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-02-11

Corresponde confirmar la resolución en cuanto desestimó la petición formulada por la concursada respecto a tener por cancelada la tasa de justicia. Ello por cuanto, en el caso, la adhesión al régimen de facilidades de pago respecto de la multa e intereses no resulta cancelatorio de la tasa liquidada en autos, en tanto el régimen establecido en la ley 27.541, no resulta comprensivo de la deuda que se mantiene en concepto de tasa judicial, multa e intereses. En efecto, siendo facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinar su régimen de percepción (ley 23.853: 8), no se advierte base positiva que imponga la solución que postula ni el deber de proceder en consecuencia. Y en tanto la tasa de justicia prevista en la ley 23.898 constituye un recurso específico del Poder Judicial de la Nación (ley 23853: 3-a), dable es concluir que la AFIP carece de facultades para fiscalizar y aplicar las normas que regulan la tasa de justicia.
Juicio oral, Superior Tribunal de Justicia, control de constitucionalidad
Materia: PENAL
Carátula: CAMPOS JOSE ANTONIO, ACOSTA ESTEBAN ANDRES S.D ROBO, ROBO AGRAVADO CON ESCALAMIENTO E.P. MARTA PINEDA;AGUILERA NAHIARA Y JOSE RICARDO CHAYEP. s/ CONSTITUCIONALIDAD ARTICULO 365 DEL CODIGO PROCESAL PENAL -ELEVACION A JUICIO-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2014-09-08

El Control de Constitucionalidad de carácter difuso, faculta a los Jueces para controlar que las leyes sean acordes al texto constitucional.
Derecho procesal, competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, competencia comercial, sociedad prestadora de servicios médicos
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: ALASIA, JUAN CARLOS c/ CENTRO MEDICO PUEYRREDON SA s/ DILIGENCIA PRELIMINAR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-02-15

Cabe revocar la decisión donde el magistrado dispuso declararse incompetente para entender en la causa, al considerar que conforme los hechos expuestos en la demanda, la controversia se vinculaba con el alcance de obligaciones impuestas a las empresas de medicina prepaga, normadas por la ley 26682, de naturaleza federal. Ciertamente, para la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión (conf. CSJN, Fallos 313: 1467). De modo que, en tanto el objeto subyacente a las diligencias preliminares tiene fundamento en una acción judicial de revisión de contrato por excesiva onerosidad sobreviniente; y la relación que vincula a las partes tendría directa relación con los derechos del actor en calidad de consumidor del servicio brindado por la demandada en calidad de proveedora del servicio, la relación se encuentra regida por la CN 42 y por la ley 24240. En tal contexto, no habiendo sido objetado el cumplimiento de las normas que implementan el sistema nacional de salud -cuestión ésta que sí habilitaría la competencia federal por razón de la materia- sumado a que la accionada ha requerido la intervención de la justicia ordinaria, tratándose de una acción que concierne a aspectos de un contrato de naturaleza netamente mercantil, corresponde concluir que resulta competente la Justicia Comercial para su conocimiento (conf. mutatis mutandi, CNCom, Sala A, "Padec c/ Swiss Medical SA s/ sumarísimo", del 3/9/04; íd, "CEC Centro de Educación al Consumidor c/ Swiss Medical Group s/ amparo" del 15/5/07; Sala E, "Kening de Bauer Nicolasa c/ Docthos SA s/ ordinario", del 8/4/09; esta Sala "Proconsumer c/ OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios) s/ sumarísimo", del 28/12/10; "Rosemberg, Soledad Azucena c/ Swiss Medical SA s/ Ordinario" del 07/06/18, entre otros).
Reclusión perpetua, reincidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Bustos, Héctor Raúl s/ Recurso de Casación IN PAUPERIS presentado por la Dra. Mercedes B. Gandía de Morcos, Defensora Oficial de 2da. Nominación, en representación de Bustos, Héctor Raúl; contra Sentencia Nº 180/05
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2013-09-27

La Defensora Penal Oficial interpone recurso de casación in pauperis en representación del condenado por distintos hechos de robo a veinticinco años de reclusión (pena unificada) y declarado triplemente reincidente, fundando técnicamente la voluntad recursiva de éste, que había sido manifestada por escrito ante la Corte Federal, donde alegó que no le habían permitido ejercer la revisión de la sentencia.

El primer agravio expuesto por la recurrente radica en cuestionar el monto de pena impuesto al imputado B., el que considera desproporcionado, exagerado y grave.

Debo poner de resalto la omisión de demostrar, a través de la vía recursiva intentada, cuáles son las atenuantes que a entender de la defensa hubiesen impactado favorablemente en la determinación final del quantum de las condenas, o cuáles las agravantes ponderadas erróneamente por el tribunal capaz de incidir positivamente en el monto de pena impuesto al acusado, ya que la recurrente sólo se limita a denunciar que el juzgador ha agravado la situación de B. por tener antecedentes penales computables; no obstante ello, una lectura integral de los fundamentos deja traslucir que lo que el tribunal ponderó es que la posesión de antecedentes penales computables incide en la figura agravada del Art. 189 bis (inc. 2º, cuarto y último párrafo), aclarando que la concurrencia delictual conformada, por imperio de las reformas al orden penal sustantivo, agravan la punición de los delitos cuya comisión se verificó. De este modo argumentó que los antecedentes penales computables dan cuenta de anteriores sentencias condenatorias en contra de B., razón por la cual se lo declaró reincidente por tercera vez.

Por ello, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto.
Accidente de tránsito, indemnización por accidente de tránsito, gastos de reparación del automotor
Materia: CIVIL
Carátula: BARICHEVAL, NICOLAS c/ BLASIG DE LORINA, RITA s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-08-18

Si bien perfecta que sea la reparación de un vehículo accidentado, su estado no será idéntico al que tenía antes de experimentar los deterioros que motivan aquella. Sin embargo, esta apreciación, válida desde un punto de vista físico y químico, no lo es también, necesariamente, en el orden económico, condición indispensable para que pueda hablarse de daño resarcible. No siempre tales modificaciones repercuten en el valor de cambio del bien; para ello es preciso que resulten constatables por terceros, aún entendidos, a fin de generar la aludida influencia en posibles adquirentes.
Decomiso, hurto calificado
Materia: Penal
Carátula: M., A. E. s/ Hurto Calificado Reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1992-09-24

Los instrumentos del delito capaces de resultar decomisados serán todos aquellos utilizados, como medios, para la tentativa o consumación del delito base de la condena o, en otras palabras, cualesquiera herramienta usada a propósito de lograrlo en acabada simetría de medio a fin, no meramente ocasional, desde el comienzo mismo de la ejecución con fines criminales determinados hasta que fueren reunidos cada uno de los extremos imprescindibles para perfeccionarlo, excluidos los actos preparatorios y el agotamiento delictivo.
Resoluciones judiciales, fundamentación de la resolución
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G., N. s/ Plantea Nulidad en autos "E., R. s/Homicidio"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2004-03-24

"La fundamentación de las resoluciones judiciales, para ser tal deben consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba. Por otro lado es necesario que estos sean meritados, tratando de demostrar su unión racional con las afirmaciones o negaciones que se admita en el fallo. Los dos aspectos señalados deben concurrir simultáneamente para que pueda considerarse motivada una sentencia. La ausencia de ellos priva a la sentencia del control de logicidad de la conclusión. No habiéndose fijado el contenido de la prueba, limitándose vagamente a mencionarla, cabe la declaración de la nulidad de la misma".
Medidas autosatisfactivas
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Rivas, Alejandra Viviana c/ Banco Río de La Plata s/ Medidas Cautelares
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2000-04-27

La medida autosatisfactiva es un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota - de ahí lo de autosatisfactiva- con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. (Minoría u opinión personal)
Daño moral, derecho a la intimidad
Materia: CIVIL
Carátula: Maglietti, Alberto R. y otra c/ Arevalo, Victor Heraldo s/ ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2012-10-04

El rubro daño moral resulta procedente, pues si bien el actor estuvo internado un solo día, éste sufrió lesiones físicas de diverso orden, que si bien no dejaron secuela de incapacidad, no puede dudarse que si habrán afectado su intimidad.
Sentencia, fundamentación de sentencias
Materia: PENAL
Carátula: Pedrozo, Héctor Daniel; Colman, Alberto Enrique s/ Privación ilegal de la libertad - Robo aut.tor - Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-23

No habiendo acción típica no cabe invocar norma penal alguna para fundar la absolución, por lo que la cita de los arts. 269 y 431 del C.P.P. satisface las exigencias del art. 159 de la Constitución de la Provincia.
Recurso de casación, facultades de la autoridad de prevención, interceptación de correspondencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Hermosid, Eduardo César s/ Recurso de casación - Causa n. :1111.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

El proceder de la prevención no debió regirse por las normas de los arts. 234 y 235 del Código ritual, por cuanto, conforme los hechos fijados en la causa -irrevisables en la presente instancia- el paquete en cuestión ya había sido recibido por su destinatario, saliendo de tal suerte de la órbita de recepción, resguardo y distribución del transportista encargado de su traslado. El término "interceptar" significa apoderarse de una cosa antes de que llegue al lugar o a las personas que se destina; detener una cosa en su camino;

interrumpir, obstruir una vía de comunicación.(Voto de la Dra.

Berraz de Vidal).
Apreciación de la prueba, reglas de la sana crítica
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: A., A.F. s/ Homicidio Simple
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-03-12

La actividad de apreciación de la evidencia legalmente incorporada al debate es un proceso de construcción en el que nada puede desdeñarse por que sí ni analizarse fragmentadamente; la sana crítica - como método- importa precisamente eso: la crítica sana (libre de prejuicios) del material que se produce bajo las reglas de la psicología, la experiencia y la lógica, de suerte tal que las consecuencias sigan a sus causas desde la perspectiva de un observador imparcial;

implica, precisamente, apego a las reglas enunciadas por que resultan su contenido en la medida en que el Código Procesal Penal (a tono con sus pares del sistema mixto) no impone normas generales para la acreditación de algunos hechos delictuosos ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al juzgador en libertad para admitir todo medio legalmente incorporado que estime útil al esclarecimiento de la verdad, para tamizarla conforme aquellas.
Producción de la prueba, resoluciones inapelables, costas
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: KOCH, DANIEL c/ B.C.R.A. s/ RECURSO DENEGADO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-09-19

Cuadra señalar que el tema referido a la imposición de las costas es de carácter accesorio y procesal y, por lo tanto, debe correr la misma suerte que la que sigue la cuestión principal decidida; la cual, en el presente caso, se encuentra constituida por la negligencia en el diligenciamiento de prueba, por parte de la demandada.

En razón de ello y toda vez que en virtud de lo previsto por el art. 379 del CPCC resultan inapelables las resoluciones del Juez sobre producción, denegación y sustanciación de pruebas; cabe concluir que también resultan inapelables las cuestiones relativas a la imposición de las costas en incidentes procesales vinculados con lo que se decida respecto de la procedencia o no, de los medios probatorios propuestos por las partes.
Divorcio, injurias graves
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: RAMIREZ DE CEJAS, NOEMI ROSA DEL CARMEN c/ RAMON ALBERTO CEJAS s/ SEPARACION PERSONAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-10-13

Para incurrir en la causal de divorcio por injurias graves es necesario que las mismas sean de tal magnitud y prueba concreta que merezcan la sanción legal. El criterio mesurado debe formarse en presencia de las circunstancias que concurren en cada caso particular; un hecho de naturaleza injuriosa puede revestir gravedad o carecer de ella, según el medio en que se ha producido, la calidad de las personas y la causa, motivo o pretexto que ha dado lugar al hecho injurioso.
Competencia contencioso administrativa, habilitación de instancia, resolución denegatoria, actuación de oficio
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Gorordo Allaria de Kralj,  Haydée María c/ Estado Nacional (Ministerio de Cultura y Educación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-02-04

La denegación de la habilitación de la instancia contencioso administrativa sólo resulta admisible en aquellos supuestos en que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la admisibilidad de la acción sea planteado por la demandada, dentro de los términos y por la vía que a tal efecto dispone el ordenamiento formal (Disidencia de los Dres. Eduardo Moliné O'Connor, Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Guillermo A. F. López).
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, cuestión de derecho común, medidas cautelares, embargo, tercero adquirente de buena fe, publicidad registral, oponibilidad a terceros, leyes, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Serafino, Ruben c/ Cescut y Cía. Remates Ferias s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad -Laboral   (Expte. C.S.J. Nro. 345 Año 1998)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2002-02-13

No merece reproche constitucional lo decidido por la Alzada que revocó el decreto por el que se ordenaba la reinscripción del embargo, con fundamento en que, "el embargo en cuestión había sido inscripto en el año 1990, por lo que a la fecha en que el actor solicitó la reinscripción, ya había transcurrido en exceso el plazo de cinco años establecido por el art. 65 de la ley provincial 6435 y art. 37 ley nacional nro.17.801", quedando extinguida la cautelar, con lo que no corresponde la reinscripción de la misma, ni tampoco, la traba de un nuevo embargo debido a que el adquirente se hizo cargo -únicamente- del originalmente trabado. También argumentó que "si bien la inoponibilidad del negocio frente al embargante implica la consecuencia de que éste mientras no sea desinteresado en su totalidad del derecho cuya protección decidió la medida precautoria, tiene una pretensión legítima, que puede hacer valer ante el tercer adquirente para que el embargo subsista con todos sus efectos procesales y con el privilegio que de él emana en el litigio en el cual se decretó; perdurando la inoponibilidad mientras exista interés legítimo en favor del embargante..., no es menos cierto, que ello es así mientras el embargo subsista, puesto que si se ha extinguido por el transcurso del plazo legal, no podría ya recaer un nuevo embargo sobre un bien del comprador, puesto que éste solo tomó a su cargo el originario ya extinguido". Y finalmente, refiriéndose a la reinscripción, fundamentó que ésta podría tener lugar si hubiera habido petición de parte antes del vencimiento del plazo, y por orden del juez que entendió en el proceso, pero de ninguna manera puede pretenderse esta medida luego de transcurrido el plazo legal dado que en ese caso, el embargo caduca de pleno derecho.