Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2017-07-26


AUTOS N° 10278 "CHAPARRO Antonio Diego C/ San Cayetano S.R.L. s/ Apelación de Sentencia" En la ciudad de San Juan, a veintiséis días del mes de julio del año dos mil diecisiete, reunidos en su sala de acuerdos los miembros titulares de la Sala Segunda de la Excma. Cámara de Apelaciones del Trabajo, Dres. Guillermo Baigorrí, Germán Parra y Susana Raed de Rago Gallo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en Autos Nº 10278, caratulados "CHAPARRO ANTONIO DIEGO C/ SAN CAYETANO S.R.L. S/ APELACIÓN DE SENTENCIA" y atento al resultado obtenido en el sorteo realizado para la emisión de los votos:

EL DOCTOR GUILLERMO BAIGORRÍ DIJO: I) Que vienen estos autos a estudio, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada por la titular del Quinto Juzgado del Trabajo.- Que radicados los mismos en esta Cámara, y asignados por sorteo a esta Sala Segunda; luego de cumplidos con todos los trámites de rigor y estando consentida la integración de la misma, corresponde avocarme al tratamiento del recurso.- II) Que a fs. 115/124 obra la sentencia definitiva, por la cual se ha resuelto hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el Sr. Antonio Diego Chaparro contra la firma San Cayetano S.R.L; cuyos fundamentos, si bien serán abordados a lo largo del presente, por cuestiones de brevedad, al fallo me remito.- II-1) A fs. 138/143 obra la expresión de agravios del apelante; a fs. 144 se corre traslado a la parte demandada de los mismos dándosele, atento cédula de fs. 145, por decaído el derecho a contestarlos a fs. 147.- II-2) De la expresión de agravios, se extrae que el apelante cuestiona la decisión del Juez de rechazar el rubro "Diferencias Salariales", sosteniendo que resulta errónea la sentencia, en razón de: a) No aplicar el artículo 84 del CPL; b) El segundo agravio está fundado en la falta de aplicación por el Juez del artículo 15 del C.P.L; y c) finalmente, se agravia por la falta de apreciación de las presunciones legales.- III) A efectos de emitir mi voto, corresponde referirme al contenido de los agravios expuestos. III-1) En el Primer agravio, se advierte que el apelante reconoce que si bien su parte pudo haber incurrido en un error al practicar la Planilla de Liquidación y determinar el valor salario correspondiente a cada mes; por otro lado sostiene a su favor que, no incurrió en defecto legal, y que por el contrario efectuó la liquidación cumpliendo con las formalidades dispuestas por el artículo 67 del C.P.L, ya que de otra manera hubiere sido considerado por el Juez.

Ahora bien, luego de plantear tal presupuestos, critica el fallo, sosteniendo que el Juez incurre en parcialidad al omitir la aplicación del artículo 84 del mismo cuerpo legal. Expresa que recaía sobre el demandado la obligación de instar las pruebas tendientes a demostrar lo referido a salarios.- A mi criterio, considero pertinente dejar sentado que la interpretación del artículo 84 de nuestro código de forma tal como lo esboza el quejoso, resulta inadecuado. De dicha norma se extrae, que corresponde a la patronal la obligación de demostrar el cobro, como así también el cuantum del mismo; pero no con el alcance propuesto en el recurso.

En tal sentido, entiendo que frente al conflicto del reclamo de diferencias salariales, la obligación de acreditar que las sumas abonadas por el empleador no se encuentran correctamente liquidadas y ajustadas a las escalas salariales y otros acuerdos convencionales aplicables; cae bajo la responsabilidad del trabajador, resultando inaplicable el sentido de la norma pretendido por el apelante. Máxime que en la actualidad, ello resulta una información de fácil acceso, inclusive publicado en la web. Por ello entiendo que resulta acertado el criterio expuesto por el Juez.

III-2) Se siente agraviado el recurrente asimismo, por la falta de aplicación por parte de la Juez del artículo 15 del C.P.L, expresando que si estimaba necesaria la producción de la prueba pericial contable, desistida por su parte, podría haber dispuesto la realización de la misma en lugar de haber rechazado las diferencias salariales.- Ahora bien, el artículo 15 del C.P.L, autoriza al Juez a decretar y/o realizar todas las medidas tendientes a mejorar el esclarecimiento de los hechos controvertidos y es justamente en uso de esa norma, que la Aquo consultó en la web la escala salarial vigente para el mes de junio/09, tomando dicho mes como caso testigo, llevándola a decidir acertadamente por la improcedencia del reclamo.- Cabe recordar asimismo, que el sentenciante, aplicando las reglas de la sana crítica, se encuentra expresamente facultado tanto para deducir argumento de prueba del comportamiento de las partes durante el proceso (art. 19 CPL), y considerar tales circunstancias, aunadas al resto de prueba producida en la causa, para tener por acreditados los hechos. Justamente tal es la tarea del sentenciante al decidir los términos de una litis, y es la que ha llevado a cabo el A quo en la presente causa, al concatenar los distintos elementos que obran en la causa, y acordar fuerza probatoria a los que cita en la resolución.- En un excelente trabajo realizado por la doctora Silvia L. Esperanza, la autora ha efectuado una compilación de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que el máximo Tribunal admitiendo la vía extraordinaria y/o declarando la arbitrariedad de sentencia en aquellos casos en los que los sentenciantes incurrieron en un análisis parcial de las pruebas rendidas, o prescindieron de pruebas fulminantes, u omitieron efectuar una interpretación armónica y objetiva de todas las probanzas rendidas en la causa.- Ha dicho la Corte: "Si bien, en principio, las reglas de la sana crítica aconsejan efectuar una valoración armónica y conjunta de las pruebas y los magistrados no están obligados a analizar todos y cada uno de los elementos de juicio agregados al proceso, tales criterios requieren que la elocuencia de los elementos estudiados torne inoficioso continuar haciéndolo con los restantes, criterio que no resulta de aplicación cuando los elegidos no permiten formar convicción acerca de la racionalidad de la valoración efectuada." (T 327-2:2660).- Conforme lo expuesto, y en la convicción que juez es soberano en la valoración de las pruebas siempre que no afecte el principio de la sana crítica racional; en el caso de autos, entiendo que el agravio no presenta entidad suficiente para conmover el fallo, toda vez que la decisión se encuentra fundada y resulta ser una adecuada subsunción de las constancias de la causa al derecho vigente.

III-3) Por último, el quejoso cuestiona la falta de aplicación por parte del Aquo de las presunciones legales, derivadas de la falta de presentación de la documentación laboral. Sostiene que la presunción contenida en el art. 55 de la LCT y 101 del CPL, son consecuencia de la manera en que se desarrollan las relaciones laborales frente a la inferioridad de los trabajadores.- Al respecto, estimo que los órganos jurisdiccionales, deben ser muy estrictos y prudentes en la aplicación de estas presunciones para los casos como el presente, donde la parte actora (trabajador) reconoce la existencia de la registración laboral e inclusive acompaña recibos de haberes, y el reclamo está dirigido a cuestionar la veracidad de los extremos consignados en la misma.

Sobre el particular sostengo que debe distinguirse la situación que se presenta cuando el trabajador acusa "falta de registración o trabajo en negro"; y la hipótesis derivada del hecho que el dependiente sostenga que se encuentra "efectivamente registrado pero en forma defectuosa".

A efectos de encarar mi postura, debo comenzar por referenciar acabadamente las normas mencionadas. En cuanto al art 101 del CPL, el mismo resulta de carácter facultativo para juez, ya que de su propio texto establece "El Órgano jurisdiccional podrá tener por ciertas las afirmaciones...". En cambio texto del art. 55 de la LCT resulta un poco más rígido al describir una presunción iuris tantum, que a mi criterio puede ser dejada de lado frente a prueba en contrario que así lo demuestre. El texto normativo reza: "La falta de exhibición a requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor prevista por los arts. 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las afirmaciones del trabajador o sus causahabientes, sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos." Ahora bien, en el caso de falta de registración denunciada por el trabajador, no cabe duda que se impone la procedencia de las presunciones legales descriptas, toda vez que la falta de presentación por parte de la patronal, ratifica el incumplimiento denunciado por el actor, tornando a la patronal en situación de desventaja frente a las aseveraciones del trabajador.

En cambio, cuando el actor no desconoce la registración y la existencia de las constancias registrales, sino que acusa la configuración de irregularidades, inexactitudes o defectos en cuanto a la fecha de ingreso, categoría profesional o remuneraciones consignados en las constancias registrales, considero que el alcance que debe otorgarse a la presunción legal es distinto, toda vez que el reconocimiento por parte de la actora de la registración -aunque la tilde de defectuosa-, importa un reconocimiento de esa parte de la existencia de dicha registración, como así también de la consignación de todos los datos correspondientes al contrato laboral inclusive aquellos que califica de falsos.

A partir de ello, frente al hecho fáctico que el trabajador reconozca la registración y sostenga la consignación falsa de uno o más elementos que deban consignarse; debe tenerse por reconocida la existencia de las constancias registrales, y en consecuencia ello deja de ser una cuestión controvertida para el juez, transformándose en un tema a dilucidar la "falsedad o no" de constancias registrales, según las imputaciones formuladas por el trabajador, incumbiendo a éste, demostrar la falsedad de los datos consignados.

Debe tenerse en cuenta, que la presunción contenida en la norma citada, es una presunción "iuris tantum", lo que implica que admite prueba en contrario, y no "iuris et iure", que constituiría una presunción legal que no podría ser modificada.

A mayor abundancia, estimo que resultaría una insensatez no deseada y contraria al objetivo de impartir justicia, otorgar mayor valor a la ficción que a la realidad; habida cuenta que si el actor reconoce la existencia de registración, como así también los extremos allí consignados, la falta de presentación de dichas constancias registrales, no debería acarrear ninguna presunción en contra de la patronal; puesto que el reconocimiento efectuado por el trabajador lo constituye en un hecho de la realidad; y la aplicación estricta de la presunción, sería otorgar primacía a la ficción por sobre la realidad.

Constituiría un exceso de rigor formal aplicar las presunciones legales derivadas por la falta de presentación de las constancias registrales reconocidas por el actor, ya que aún en el caso que hubiera sido presentada ante la autoridad que requirió la misma, ello no aportaría ningún elemento de prueba nuevo en virtud que dichas constancias fueron reconocidas por la parte interesada que resulta ser el trabajador.

A todo evento entiendo, que si no es materia de debate la existencia de la registración; máxime en aquellos casos que obran en el expediente documentación aportada por cualquiera de las partes que así lo acreditan, y por lo tanto la controversia se limita a alguna de las cuestiones contenidas en dicha registración, tales como la fecha de ingreso, la categoría o la jornada laboral; debe aplicarse prudentemente y con criterio restrictivo la presunción referida y estarse a las pruebas aportadas por el trabajador para demostrar la falsedad de dichas constancias.

Por todo lo expuesto, propicio a mis colegas, que el recurso de apelación interpuesto por la actora, sea rechazado en su totalidad con costas al apelante vencido.- IV) En lo atinente a honorarios de esta instancia, teniendo en cuenta el resultado del recursos, así como la eficacia y mérito jurídico de la actuación profesional de los letrados intervinientes, y tomando como base económica orientadora los honorarios regulados por la actuación en primera instancia, así como el contenido económico del recurso de apelación deducido por la actora; esta Sala entiende que corresponde fijar los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora, Drs. CARLOS LORENZO y SILVINA ALVAREZ ambos en doble carácter, en el 30% de lo regulado en primera instancia; conforme art. 21, inc. a) de la ley 56-O.- Así voto.- LA DOCTORA SUSANA RAED DE RAGO GALLO DIJO: Que comparte la solución dada por el vocal pre-opinante al Primer Agravio en los puntos III-1) y III-2), y el punto IV), como así también la solución final, votando por el rechazo total del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas a la vencida, dejando dicho que no comparte la interpretación que efectúa el vocal preopinante del art. 55 de la LCT en el punto III-3) del voto precedente.- Así voto.- EL DOCTOR GERMAN PARRA DIJO: Que por compartir los fundamentos del voto de la Vocal preopinante adhiere al mismo.- Por todo ello el Tribunal, RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora e imponer las costas al apelante vencido.

II) Regular los honorarios profesionales de los apoderados de la parte actora, Drs. CARLOS LORENZO y SILVINA ALVAREZ ambos en doble carácter, en el 30% de lo regulado en primera instancia; conforme art. 21, inc. a) de la ley 56-O.- III) Ténganse presentes las reservas de derecho formuladas.- IV) Protocolícese, agréguese copia a los autos y hágase saber.- V) Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.