marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Leyes, constitucionalidad, ley derogada, veto
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GAGGIAMO, HECTOR JOSE CARLOS c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO      EXPTE NRO 280-89 GIACOMINO, ROBERTO DANTE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CAPELLA, HUGO VICTOR c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO BUSANICHE, DORA ESTHER TEJERINA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO CARDOZO, JACINTA INES VILLA LARROUDET DE c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO D'AGOSTINO, JOSE ANTONIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO  PARA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA  NACION LUCENA, ENRIQUE ALBERTO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION     RECURSO EXTRAORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-08-30|1990-09-19|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1992-05-14|1990-12-12

En nuestro régimen político, toda vez que una ley vulnera una cláusula constitucional, no existen otros medios legítimos de anulación de la norma que el veto del Poder Ejecutivo, su derogación por la legislatura o el fallo judicial de inconstitucionalidad en el caso concreto.
Tenencia ilegítima de armas de uso civil, calificación legal, desdoblamiento del hecho, non bis in ídem, auto de procesamiento, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: BITURON, Alberto A. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-28

Si el juez de grado confirmó los procesamientos de los imputados, entre otros delitos por el de portación de arma de uso civil sin la debida autorización y ordenó la extracción de testimonios, a los fines de investigar una tenencia de armas sin la debida autorización legal (art. 42 bis de la ley nro. 20.429), ello implica desdoblar un hecho único en base a significaciones jurídicas diferentes, con la consecuente violación del principio "non bis in idem" receptado en los artículos 1 del código de rito y 18 de la C.N..

Por tanto, corresponde declarar la nulidad parcial del auto apelado.
Instrucción, jueces
Materia: PENAL
Carátula: SUMARIO INSTRUIDO CON MOTIVO DE ESTABLECER EL O LOS PROPIETARIOS DE UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT SEDAN CUATRO PUERTAS MODELO 505 SR DOMINIO RES-820 S.D DE INFRACCION AL ART. 289 BIS INC. 3 s/ APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 2008-02-04

En el marco de una actividad instructoria o investigativa en el proceso penal, el juez se encuentra facultado para adoptar decisiones que impliquen actos de coerción de carácter real, es decir, que restrinjan la libre disposición del patrimonio del imputado o terceros, con el propósito de garantizar la consecución de los fines del proceso.
Procedimiento administrativo, amparo por mora
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: TERUSI, JUAN CARLOS c/ PROV. DE SAN JUAN s/ AMPARO POR MORA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-29

El art. 22 de la ley 3784 exige únicamente, para la procedencia del amparo que el regula, que la administración haya dejado vencer los plazos fijados sin emitir el dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado.
Recursos, falta de fundamentación, sentencia, recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión constitucional, denegatoria del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Mas, José Luis s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Mas, José Luis contra GCBA y otros sobre amparo - habitacionales c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-11-30

La Constitución Nacional y diversos instrumentos de derechos humanos con jerarquía constitucional contemplan el derecho de acceso a la vivienda adecuada: artículos 14 bis de la CN, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 11 del PiDESC, 5 inciso e) iii) de la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial y 27 de la Convención sobre Derechos del Niño. En particular, cabe recordar que en virtud del artículo 11 del PiDESC, los Estados reconocen "...el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia..." comprensivo de la "vivienda adecuada", así como el derecho a una "mejora continua de las condiciones de existencia". (Del voto en disidencia de la jueza Alicia E. C. Ruiz).
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, causas civiles, daños y perjuicios, inundación, minería, productos mineros
Materia: PROCESAL-ADMINISTRATIVO-MINERO
Carátula: Pronar Sociedad Anónima Mineral, Industrial y Comercial c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-25

Es de la competencia originaria de la Corte Suprema (art. 116 y 117 de la Constitución Nacional) la demanda de daños y perjuicios iniciada contra una provincia a raíz de las inundaciones que afectaron la producción de una propiedad minera.
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-04-24

Ausente todo contenido económico, la apelación ordinaria no es el recurso apto para obtener la revisión del fallo, pues es claro, que como reiteradamente lo ha resuelto la Corte Nacional -con una legislación mas concreta y actualizada y en el orden local lo exige la ley 37 art. 32 inc. 7º-, debe existir un valor disputado para acceder al mismo, un contenido económicamente apreciable, un valor patrimonial discutido, en tanto la existencia de este recurso se justifica en la protección de los intereses de esta naturaleza que especialmente se acuerda al Estado.
Niños, niñas y adolescentes, situación de vulnerabilidad, competencia administrativa
Materia: CIVIL
Carátula: B.A.Y.A. - A.D. y C.A. s/ Med. tut.
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2014-12-16

Corresponde ordenar el cese de la intervención judicial en una causa en la que se investiga una posible situación de vulnerabilidad respecto de dos menores de edad, en tanto se advierte que la denuncia refiere a que la madre de los niños los descuidaría, sin que estos hechos tengan vinculación directa con la denuncia realizada en relación con dos mayores adultos del mismo grupo familiar, quienes serían víctimas de maltrato, por lo que los hechos pueden ser escindidos y abordados en forma diferenciada sin poner en peligro la coherencia y eficacia de la intervención judicial y de la administrativa. En consecuencia, dispone la remisión de la causa al órgano de aplicación de la ley 26.061 en la Provincia de Mendoza, a fin que éste, en ejercicio de su competencia funcional, sea quien evalúe y defina el tipo de abordaje a realizar en función de los derechos vulnerados y las políticas, programas y efectores disponibles, sin perjuicio de la colaboración que pueda requerir del juzgado de paz, de resultarle necesaria.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, sentencia arbitraria, procedencia del recurso, defectos en la consideración de extremos conducentes, sanciones procesales, Fuerzas Armadas, multa procesal
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ZERBINO, DANIEL HUGO. s/ HABEAS CORPUS.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-29

Si bien es cierto que las sanciones disciplinarias aplicables por los jueces de la causa en uso de las atribuciones que le son propias no son revisables en la instancia extraordinaria, en el caso- en que se aplicó una multa a un oficial superior de las Fuerzas Armadas en virtud de lo dispuesto por el art. 700 del Código de Procedimientos en Materia Penal- concurren circunstancias de excepción que admiten la preterición de dicho principio. Ello así, toda vez que el a quo omitió la consideración de las defensas planteadas por el quejoso relativas a no haber recibido los oficios de setiembre y octubre de 1982, a encontrarse de licencia cuando se recibió el de diciembre del mismo año y la circunstancia de haber contestado el mismo cuando se reintegró de dicha licencia en enero del corriente, las cuales fueron oportunamente introducidas al proceso.
Daño material, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: C., L.A. c/ F.D., R.S. y Otro s/ Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-05-05

El daño patrimonial, para ser resarcido, requiere la existencia de consecuencias valuables económicamente como expresa el artículo citado precedentemente. Es que, el derecho de daños no es sancionatorio, sino resarcitorio, por ello, no se detiene en la lesión, sino que averigua sus resultados; si y cómo la lesión ha gravitado en la esfera patrimonial (o espiritual) de la víctima. La lesión no es el daño y si su causa.
Requerimiento de instrucción, denuncia
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: ZEVERIN ESCRIBANO, Alejandro s/ consulta Causa nro. 28.418
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-21

Debe destacarse que este Tribunal ha aceptado la aplicación analógica del instituto previsto en el artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación para casos en que el representante del Ministerio Público solicita que una denuncia sea desestimada y el juez instructor opina que corresponde efectuar el requerimiento de instrucción respectivo.
Sucesiones, fuero de atracción, simulación, competencia
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Robustelli, Benito Francisco y otro c/ Di Lorenzo y otros s/ Acción de simulación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-11-29

La acción de simulación aquí promovida por quienes fueron declarados herederos del causante contra terceros ajenos al proceso sucesorio de aquel, no puede ser atraída por el citado juicio universal (art. 3284 inc. 1 Cód. Civil). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Juicio ejecutivo, embargo preventivo
Materia: PROCESAL
Carátula: EL TEHUELCHE  S.A.C.I.C.I. c/ OMAR PEREDA CONSTRUCCIONES s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1995-09-26

En lo que hace a aquello de que no se ha acreditado el peligro en la demora, tampoco es procedente tratándose del embargo que se traba en juicio ejecutivo, puesto que en el mismo, como se ha dicho, el embargo es independiente de la intimación de pago y citación de remate, no siendo en consecuencia aplicables las normas de los arts.

200 y cctes. del C.P.C.C. sino las específicas del art. 510 y cctes.

de tal código, que no prevén ni acreditar el pago ni la contracautela.
Sentencia penal, sentencia condenatoria, error material, cosa juzgada
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Ferreyra Karen y otro/a c/ López Graciela Elizabeth y otro/a s/ daños y perj.autom. c/les. o muerte (exc.estado)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2023-05-03

Cuando en la sentencia penal condenatoria se advierte un error material de tal magnitud que de ser seguida conduciría a incurrir en la sentencia civil en un grave error similar, no cabe aplicar la letra estricta del artículo 1776 del CCyC y decir que hay responsabilidad en sede civil. Así cuando se trata de un error material que bien derivar en la calificación de un hecho como inexistente. Vale aclarar, no se trata de revelarse contra una sentencia penal condenatoria, que si bien no hace cosa juzgada en esta sede, sí produce los efectos de cosa juzgada en el ámbito civil (art. 1776 del CCyC) desde un análisis centralmente axiológico del fallo, acerca de si es o no "justo". Tampoco se trata de discernir para conceder aquel efecto expansivo, si la conclusión del juez penal fue razonable, porque eso entraría dentro de lo opinable. De lo que se trata es de si cabe aplicar los efectos de cosa juzgada en sede civil en los términos del artículo 1776 del CCyC a una sentencia penal condenatoria, pero que hizo reposar esa condena en un hecho inexistente cual es la prioridad de paso que se atribuyó a alguien con el solo elemento de su sentido de marcha, cuando empíricamente los elementos en que se basó la decisión mostraban lo opuesto. O sea que, de acuerdo a su sentido de marcha, no tenía esa prioridad por no avanzar por la derecha, es decir, de las propias constancias de la causa penal se desprende que el hecho crucial para la condena no existió, porque -lejos de tratarse de una visión diferente- la prioridad adjudicada no resiste una apreciación empírica de los datos que la misma causa penal ofrece y entonces extender los efectos de la cosa juzgada de ese fallo implica extender los efectos de un hecho inexistente a esta sede civil, la prejudicialidad pregonada, debe hallar allí su límite.
Juicio ejecutivo, juicio ordinario posterior, cuenta corriente bancaria, certificado de saldo deudor, títulos ejecutivos, thema decidendum, acuerdo de partes
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE CREDITO ARGENTINO c/ RAINO, RAUL J. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - EJECUTIVO (EXPTE.: C.S.J. NRO. 661  AÑO 1994)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-04-14

Sin perjuicio de las preocupaciones que desde la literatura se han explicitado en torno a la "crisis del juicio ejecutivo" configurada a partir de frustraciones del trámite necesariamente acelerado de tales procesos que resultan de la introducción de defensas legalmente inadmisibles, la acumulación indebida de procesos incompatibles con aquél, la consideración de supuestas litispendencias, si tal introducción fue en su hora consentida por la contraparte (y refrendada por el Oficio), este elemento se torna central en la resolución del litigio, tanto más cuando se trata de la ejecución de un título con notas peculiares, emitido por la propi a actora en ejercicio de lo que Werner Goldschmidt calificara como "privilegio inaudito (...) de poder fabricarse unilateralmente un título que trae aparejada ejecución".
Derecho penal, resoluciones judiciales
Materia: PENAL
Carátula: FIGUEROA, RUBÉN MARCOS c/  s/ HOMICIDIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-03-06

La autopsia descarta una lesión accidental fruto de un forcejeo; - que no se encontró sangre ni en la vereda ni en el recorrido hasta la cocina; -que es altamente improbable que Junco haya podido subir las escaleras mortalmente herido y con los problemas de físico que arrastraba, fácil será concluir que la declaración de Besharrouch no es un elemento determinante para resolver el caso.
Cuestiones prejudiciales, efectos de la sentencia penal en sede civil, responsabilidad civil
Materia: PROCESAL
Carátula: Pisano, Oscar Gerónimo c/ Pedro Vicente Gómez s/ Sumario - Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-05-13

El sobreseimiento definitivo o la sentencia absolutoria del procesado recaída en el juicio criminal, no hacen cosa juzgada en el juicio civil, el primero en absoluto y la segunda respecto a la culpa del autor del hecho, en cuanto a su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados.
Contrato de transporte, transporte internacional, aplicación de la ley
Materia: INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Transportes Jac de Andrés José Capararo c/ Y.P.F. S.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-06-24

Frente a un convenio de transporte terrestre internacional de mercadería, formalizado mediante "Carta de Porte Internacional por Carretera, y trat ndose de un asunto planteado ante un juez argentino, si las partes no ejercieron la facultad de elegir el derecho aplicable al contrato, y no encontr ndose comprometido el orden público interno , cabe acudir a las normas de conflicto argentinas para determinar el derecho aplicable, las que pueden ser de fuente interna o de fuente internacional que desplazan, en lo pertinente, a las otras, conforme dispone el artículo 31 de la Constitución Nacional. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Medidas autosatisfactivas, cancelación de deudas, interrupción de la prescripción, ejecución hipotecaria
Materia: PROCESAL
Carátula: First Trust of New York National Association c/ Rojo, Luis Marcelo s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2017-11-27

Recordemos que la inserción de los títulos públicos por parte del demandado para el pago de la deuda responde a la resolución judicial dictada en la medida autosatisfactiva, que ordenaba a la entidad crediticia a recibir en concepto de pago cancelatorio los mencionados títulos. Es decir que no existió una aceptación voluntaria ni aprobación alguna por parte del banco, por el contrario, fue compulsiva - como ya lo dijimos - la recepción de los instrumentos. Es decir que a la citada recepción del pago con la expresión de reservas o disconformidad en la forma en que era cumplido no corresponde asignarle el efecto liberatorio determinado en el art.505 C.C, que tiene efecto definitivo, constituyendo un derecho adquirido de naturaleza patrimonial garantizado por el art.17 C.N. Y resulta elocuente la disconformidad del banco actor al cuestionar la decisión del Juez Federal en las distintas instancias, hasta el dictado de la citada sentencia de la Corte Nacional. En conclusión, entendemos que existe un claro reconocimiento de la deuda por parte del aquí ejecutado, acto que debe ser considerado como interruptivo de la prescripción, y que desde la interposición de la demanda autosatisfactiva hasta el dictado de la sentencia definitiva en aquella causa, de fecha..., los plazos para el cómputo de la prescripción se encontraba interrumpidos. DRES.: ALONSO - MANCA.
Prórroga de la instrucción, oportunidad procesal, gravamen irreparable, resoluciones irrecurribles
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: DR. MONTONE s/ rec. de queja  Causa 15.054
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-02

La solicitud de una nueva prórroga, en el contexto de lo dispuesto por la Acordada n°71/95, de esta Cámara, carece de entidad para generar gravamen irreparable alguno, pues la pretensión en el sentido contrario a la prórroga solicitada bien puede ser ejercida en ocasión de ser esta notificada, tal como esta previsto en el Art. 3° de dicha Acordada, en ese marco habrá de ser considerada al resolver en el legajo de prórroga. Además no esta prevista expresamente su recurribilidad.
Atenuantes de la pena, agravantes de la pena, delito reiterado
Materia: PENAL
Carátula: Urrutia Sergio Omar s/ Hurto calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1985-04-24

El hecho de delinquir estando sometido a proceso, no puede constituir una circunstancia aumentativa de la pena a imponer, ya que esa conducta disvaliosa ha tenido ya su sanción procesal al impedir que el causante haya podido permanecer en libertad, gozando de excarcelación, mientras durara la sustanciación de la causa en donde el beneficio le fuera otorgado.
Obras sociales, aportes sindicales
Materia: LABORAL
Carátula: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ ALSON  C.I.A.F.I.S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-09

Más allá de la legitimación que tenga o deje de tener el sindicato para reclamar aportes y contribuciones de obra social, o de las facultades que pueda poseer para percibir y administrar esos fondos, lo cierto es que ellos tienen una afectación diferente a los específicamente sindicales, por lo que entre ambos no cabe efectuar compensación alguna.
Transacción, honorarios del abogado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: García, Hugo A. c/ Salvai, Mario s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-10-30

La transacción arribada en uno de los procesos acumulados carece de incidencia para determinar el monto del juicio a los fines regulatorios respecto del restante proceso concluido por sentencia.
Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema, procedencia del recurso, interpretación restrictiva, sentencia definitiva
Materia: PROCESAL
Carátula: Gas del Estado c/ Distribuidora de Gas del Centro S.A. s/ Recurso ordinario de apelación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

El recurso ordinario de apelación ante la Corte funciona restrictivamente tan solo respecto de sentencias definitivas, entendidas por tales a esos efectos las que ponen fin a la controversia o impiden su continuación, privando al interesado de los medios legales para la tutela de su derecho, regla a la que no hace excepción la circunstancia de invocarse un gravamen irreparable.
Deuda previsional, socio empleado, directorio
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: BENES SA. s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1979-07-30

No cabe presumir que la prestación de actividad personal por el socio de una sociedad de capital lo convierta "ipsofacto" en un trabajador dependiente de ésta, lo cual desnaturalizaría el contrato social que tuvieron en miras los integrantes al prestar su asentimiento, en tanto no se puede aceptar la formación de un ente colectivo prescindiendo de la actuación de los sujetos que la gestaron. (En el caso la DNRP. estableció una deuda en virtud de lo percibido, por los directores, que excedía el 25 % de las utilidades, y la Sala revocó la resolución que no hizo lugar a la impugnación).
Impuesto a las actividades lucrativas, hecho imponible, sociedad cooperativa, leyes, jerarquía administrativa
Materia: TRIBUTARIO - CONSTITUCIONAL
Carátula: COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA "LAS PAREJAS" LTDA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO    CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION.    CSJ EXPTE NRO 142-81
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1986-04-08

La ley 7862 define como hecho imponible la actividad cooperativa en sí misma, por la cual no puede sostenerse que la capta por considerar que esta constituye a la vez, una actividad lucrativa, y por ende, que le asigne una actividad, objeto a fin ajeno, por principio, a los de la ley nacional 20337.

En el caso, la actora argumenta que si se pretendiera que el legislador provincial partió de la equivocada suposición de que las cooperativas son por regla empresas lucrativas, y por consecuencia, las incluyó indiscriminadamente en el artículo 119 del fiscal -año 1976-, la ley local sería inconstitucional, por afectar el principio de jerarquía de leyes (artículo 31 de la Constitución Nacional), al asignar a las cooperativas, una actividad, objeto y fin ajeno, por principio, a los definidos por la preceptiva de la ley federal 20337.
Incapacidad, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Giglioti, Oscar Alberto c/ Toso y Reig S.A. y otro s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-25

Cuando la demandada pretende que la incapacidad fue contraída por el dependiente exclusivamente con posterioridad a su desvinculación laboral, de conformidad a la atribución de la carga probatoria que establece el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, a ella incumbía acreditar tal circunstancia, como hecho modificatorio, impeditivo o extintivo que opuso al progreso de la acción.
Enfermedad accidente, responsabilidad del asegurador, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Gallardo María Elena c/ Consolidar S.A. s/ Acción de Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2004-01-15

La Comisión Médica no le dio a la actora el alta definitiva, es decir, que no ha cesado la obligación del empleador o de la ART, lo que hace surgir el derecho a la prestación establecido por la Ley 24557, por lo cual la decisión unilateral y sin explicación por parte de las accionadas suspendiendo las prestaciones, resulta manifiestamente ilegítima, aún en el reducido marco del procedimiento del amparo, por lo cual resulta procedente dicha acción.