Prisión preventiva, prisión domiciliaria, admisibilidad del recurso, Código Procesal Penal Federal, excesos u omisiones en el pronunciamiento, recursos
Materia: PROCESAL
Carátula: Arce, Miguel Eduardo c/  s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-01

Corresponde, por mayoría, hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa publica oficial de Miguel Eduardo Arce, anular la resolución recurrida -dejar sin efecto la prisión domiciliaria provisoria concedida al nombrado- y, en consecuencia, devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte una nueva resolución con arreglo a los lineamientos aquí sentados. Ello así, por cuanto que, sin perjuicio de las consideraciones realizadas por el tribunal de la anterior instancia en relación a la emergencia sanitaria, las cuales sustentaran oportunamente la concesión del arresto domiciliario en favor de Miguel Eduardo Arce, en el caso puntual omitió todo tipo de análisis fundado en relación a la condición de riesgo que presenta el nombrado ante la situación epidemiológica (COVID), limitándose a señalar que luego de cuatro meses del dictado de esa resolución, se habían modificado favorablemente las circunstancias sanitarias tanto a nivel provincial, como en el establecimiento penitenciario donde el nombrado se encuentra alojado, tras la implementación de una serie de protocolos y medidas sanitarias. Al conceder el arresto domiciliario oportunamente solicitado por la defensa de Arce, el a quo resaltó que por su edad, así como por las patologías que padece, se encuentra dentro del grupo de mayor vulnerabilidad frente a un eventual contagio de coronavirus dentro del penal, pasando por alto -en esta oportunidad- dichos extremos y limitándose a efectuar afirmaciones de carácter abstracto sin ninguna referencia específica a la situación de Miguel Eduardo Arce. A fin de sustentar su decisión, el tribunal no adoptó ninguna medida tendiente a constatar si Arce, en relación a los antecedentes médicos que padece, puede ser tratado adecuadamente en la unidad penitenciaria de alojamiento. La verificación de tales extremos fue solicitada por la defensa, sin perjuicio de lo cual, el a quo revocó el beneficio concedido sin que consten gestiones tendientes a darle intervención a especialistas del Cuerpo Médico Forense. El tribunal a quo no explicitó la insuficiencia de la medida alternativa impuesta al imputado de conformidad con lo establecido en el art. 210 del Código Procesal Penal Federal, más aun teniendo en cuenta el carácter dinámico de la pandemia declarada a causa del virus COVID-19. La resolución recurrida no cuenta con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser considerado un acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN. La disidencia postuló la inadmisibilidad del recurso, por cuanto la defensa de Miguel Eduardo Arce no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se limitó a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para revocar la prisión domiciliaria que fuera concedida en fecha 30 de marzo del año en curso. Las discrepancias valorativas expuestas por la parte recurrente sólo reflejan que no se comparten los fundamentos brindados por el tribunal de la anterior instancia, más esa circunstancia no configura un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 306:362 y 314:451, entre muchos otros), en los graves defectos del pronunciamiento (Fallos: 314:791; 321:1328 y 322:1605), o en alguna cuestión federal (Fallos: 328:1108). Los jueces del tribunal oral efectuaron en la oportunidad una revisión de las condiciones y circunstancias que enmarcan la petición de arresto domiciliario para el cumplimiento de la pena de 6 años oportunamente impuesta a Arce, en virtud del dinamismo que reviste la situación epidemiológica. Todo ello, además, teniendo en consideración el estado actual del servicio sanitario del complejo penitenciario y las patologías del nombrado, que lo incluyen en grupo de riesgo ante un eventual contagio del virus de COVID-19, extremo que fue valorado también al momento de conceder la morigeración de la detención. Dres. Figueroa -en disidencia-, Petrone y Barroetaveña.