marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Daños y perjuicios, legitimación activa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Quintana, Héctor c/ Barrios, Orlando y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-10-24

Tratándose de lesiones padecidas por la hija del reclamante, sólo la víctima tiene acción, pues lo que declara el art. 1080 del cód.

civil en materia de injurias no permite apartarse de lo normado en el art. 1078 del mismo ordenamiento.-
Contrato de trabajo, directores de SA, presunción de contrato de trabajo, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: Mazzarello  María  Flavia c/ Affaires et Plaisirs S.A. y otros s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-17

Toda vez que la actora fue designada en varias oportunidades como directora de una sociedad anónima, teniendo participación en la aprobación del balance de la sociedad, la circunstancia de que efectuara venta de pasajes y paquetes turísticos no implica de por sí que recibiese órdenes e instrucciones de un superior o que estuviera sujeta a fiscalización, sino que, por el contrario, resultaba válido que en su carácter de directora de la sociedad se encargase del giro de los negocios. En este sentido, se ha señalado que: "en principio, los directores de una sociedad anónima, al investir ese cargo, constituyen el órgano directivo de la sociedad y no pueden por lo tanto encontrarse subordinados jurídicamente al ente societario, vale decir que no se da el presupuesto de recibir órdenes, sino que como integrantes del directorio contribuyen a la elaboración de ellas, y ese vínculo del director con la sociedad queda encuadrado dentro del marco del derecho comercial y no del laboral (Conf.. Sala III, sent. 81.228 del 31/8/2000 in re "Etcheverz Juan c/Advanced Telemedia Internacional Argentina S.A. s/despido" y Sala II in re "Guala Roberto Pio y otros c/Carta Franca S.A. s/despido", sent. 89.889 del 31/10/01).
Medidas cautelares, usurpación de inmueble, desocupación del inmueble, instrucción sumaria
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Ocupantes Ayacucho 333. s/ DAÑOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-13

Es procedente el lanzamiento dispuesto de los ocupantes del inmueble usurpado, en virtud de lo previsto en el art. 238 bis, C.P.P., en tanto se instruye sumario por infracción al art. 181 del C.P. y resultando verosímil el derecho invocado, pues la medida cautelar tiene por objeto la protección anticipada de la garantía jurisdiccional que se invoca.
Desafuero, trámites judiciales
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: CALOMITE, Alberto s/ archivo de actuaciones Causa nro. 27.418
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

El citado artículo 190 debe considerarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 189, 2do. párrafo del mismo ordenamiento legal, es decir, sólo deben remitirse a la Cámara de Diputados los antecedentes remitidos por una información sumaria cuando existiera mérito para disponer el procesamiento del imputado.
Jurisprudencia, derechos adquiridos, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Enriquez, Leonardo c/ Mayoral, Juan Bautista. s/ DISOLUCION DE SOCIEDAD
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-09-29

La Constitución Nacional no exige la inmutabilidad de la jurisprudencia, pues si nadie tiene en principio un derecho adquirido al mantenimiento de las leyes, con mayor razón tampoco lo tiene al de criterios jurisprudenciales o reglamentaciones judiciales.
Demanda, carga de la prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BODEGAS Y VIÑEDOS GIOL E.E.I.C. c/ OSCAR ANAUATE s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1994-12-23

Debe desestimarse la demanda, al no probar la parte actora los hechos en los cuales afirma su derecho, conforme los principios sobre carga de la prueba del código de rito.-
Juicio ejecutivo, sentencia de trance y remate, ejecución de sentencia, liquidación, indisponibilidad de fondos, caución real, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Materia: PROCESAL
Carátula: BOW MAR SA DE NAVEGACION c/ NOREN PLAST SACIF Y OTROS s/ INCIDENTE DE EJECUCION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-26

Dictada sentencia de trance y remate y su confirmatoria, la causa transita la etapa de cumplimiento de tal pronunciamiento de acuerdo a lo previsto en el Libro III, Título II, Capítulo III, del Código Procesal. Siendo ello así, el otorgamiento de la fianza por el ejecutante, tal como ha sido pedido, opera como condición del retiro de los fondos por parte de aquél (cfr. Palacio, L. E. "Derecho Procesal Civil", T. VII, N° 1163, pág. 676), Por lo que es pertinente el requerimiento de que se declare la indisponibilidad de dichos fondos hasta que el ejecutante constituya la garantía del art. 591, Código Procesal (cfr. Podetti, J. R. "Tratado de las Ejecuciones", T.

VII-A, N° 173, págs. 432/433, especialmente jurisp. cit. en nota N° 43).
Sociedades comerciales, sociedad anónima, suspensión preventiva, pago de la remuneración, directores de SA, infracciones formales
Materia: COMERCIAL
Carátula: Cargnelutti, Osvaldo Hector c/ Nautica Reconquista SA s/ medida precautoria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-08-15

Corresponde suspender la decisión asamblearia que aprobó la remuneración de los directores de la sociedad en violación del límite previsto en la LGS 261, pues no se distribuyeron dividendos a los accionistas, y el monto máximo de la remuneración, según lo previsto por esta ley no podía -en principio- exceder el 5% del resultado del ejercicio.

Y si bien no se ignora que la cuantía de la remuneración establecida en favor de los integrantes del directorio bien podría responder al ejercicio de la facultad que el ordenamiento societario confiere a los socios, a través del último párrafo del citado art. 261; sin embargo, en cuanto la retribución excedió aquél límite legal, requería que una decisión asamblearia fundada en el ejercicio de comisiones especiales o funciones técnico-administrativas por parte del director, como así también que ese asunto hubiere sido incluido como uno de los puntos del orden del día.

Pero nada de ello ocurrió, pues esa cuestión no integró el orden del día y además, en el acta de la asamblea fue apenas consignado el importe de la remuneración, sin alusión alguna a las tareas desplegadas por el directorio, ni referencia a los fundamentos que pudieren justificar una retribución en exceso del límite legal.
Contrato de suministros, precio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Establecimientos Miron S.A. c/ Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba s/ Contrato de suministro
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-09-09

La oferta, más la cláusula de reajuste, constituyeron el precio de los elementos a proveer, que pactado de tal forma representa para el cocontratante un derecho patrimonial protegido constitucionalmente.

A partir de allí, cabe analizar si cumplió con los plazos acordados más las prórrogas concedidas. Evidentemente no lo hizo, haciendo entrega de los elementos una vez excedidos ampliamente los plazos contractuales. ¿ Es correcto exigirle a la administración que actualice los montos conforme a las fechas de entrega real y no conforme a las fechas en que la firma contratada debió cumplir, de acuerdo a lo pactado?, ¿Constituye enriquecimiento sin causa para la demandada, efectuar los cálculos de ajuste conforme a lo comprometido y establecido en pliegos? Inclinarse por la solución propuesta por la accionante conduciría a que el ajuste no deba realizarse de acuerdo a lo aceptado y pactado, sino conforme a lo que la accionante considera, sin importar cuándo se cumple. ¿Cómo dimensionar los daños que las demoras en la entrega de los elementos cuya provisión se contrató, pudieron producirse, al carecer la demandada de aquellas maquinarias, necesarias para la prestación de servicios que es su razón de ser? Las bases contractuales deben mantenerse -los pliegos son claros- y aceptar el criterio de la contratante, implicaría una clara violación al principio de igualdad que debe regir el procedimiento, en relación a los demás posibles oferentes que pudieron tener en cuenta los plazos de cumplimiento al efectuar sus ofertas. La inalterabilidad de las bases de la licitación pública se extiende a la etapa de ejecución del contrato, al que se tuvo acceso mediante este procedimiento de selección. Lo contrario implica una ruptura con este principio, además de otorgar preeminencia a los derechos del cocontratante frente a los de la comunidad, lo cual no es admisible en el marco del derecho administrativo, que está en la permanente búsqueda del equilibrio entre los intereses públicos y privados. No se logra ese equilibrio en este caso, con la aceptación del criterio particular del demandante.
Juicio de apremio, intimación de pago
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Municipalidad de Quilmes c/ Inarco S.A. s/ Apremio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-02

En virtud de la clara indicación que emana del artículo 18 del Decreto Ley 9122, el modo de encaminar el intento nulitivo intentado es el previsto por el artículo 543 del ordenamiento formal, en tanto se cuestiona la modalidad en que se realizó la intimación, que no es otro que el supuesto contemplado por la norma referida en su inciso 1.
Daño psíquico, indemnización
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Navarro Roque Leonide c/ Línea 32 El Puente S.A.T. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-02-24

Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes psíquicas y esa disminución es parcial y permanente, la misma debe ser objeto de reparación independientemente de lo que corresponda por su incidencia en la actividad productiva del sujeto o por el daño moral, puesto que ella en sí misma es indemnizable.
Espectáculos deportivos, responsabilidad del organizador, incumplimiento del contrato, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Rodriguez, Maximiliano c/ Asociación del Futbol Argentino s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-04-09

La organizadora de un partido de fútbol resulta responsable por el daño provocado a un espectador que no pudo ingresar al estadio por haberse superado la capacidad máxima del mismo, ya que si bien el personal de seguridad habría sido quien permitió el ingreso de barrabravas y personas sin entrada y que la municipalidad habría dispuesto cerrar las puertas del estadio, siendo la actividad organizada por la demandada una actividad riesgosa en nuestro país, no puede considerarse la intervención de aquéllos como hechos de terceros, pues fueron parte de la actividad que la demandada debía organizar y tener en cuenta para asegurar el cumplimiento de la prestación, máxime si eventos como los ocurridos no pueden considerarse imprevisibles ni inevitables en nuestro medio.
Trabajadores de la construcción, indemnización, interpelación
Materia: LABORAL
Carátula: PEREZ, OSCAR ALCIDES c/ PATERNO EXCAVACIONES SRL. Y FRANCISCO MAIESE s/ RECLAMO S/INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-12-02

El plazo de dos días hábiles por el cual debe efectuarse la intimación prevista en el art.18 de la Ley 22250, ha sido instituído para la eficacia de dicha interpelación, que actúa como condición legal previa para la viabilidad de la acción judicial tendiente a perseguir el cobro de la indemnización que establece el aludido precepto legal.
Accidentes de trabajo, incapacidad laboral
Materia: LABORAL
Carátula: KIPPES, HECTOR c/ CORPORACION DEL CEMENTERIO BRITANICO DE BUENOS AIRES s/ ACCIDENTE-LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-02-28

Cuando existen diversas incapacidades, producidas por eventos acaecidos en diferentes momentos, con distinta fecha de alta médica, tal circunstancia impone que se los trate separadamente. Es improcedente considerar una sola fecha de toma de conocimiento, aunque sea una fecha promedio entre los accidentes padecidos por el trabajador.
Accidentes de trabajo, seguro por accidente de trabajo, prima, falta de pago
Materia: LABORAL
Carátula: LOPEZ, AMERICO c/ FLORENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES s/ ACCIDENTE - LEY 9688
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-14

La anulación de la póliza por falta de pago de la prima es oponible al trabajador en tanto tal situación debe diferenciarse de otras cláusulas de caducidad no oponibles. Ello es así pues ante la falta de pago se anula la póliza y al rescindirse el contrato de seguro no existe subrogación posible al momento de producirse el accidente.
Accidente de tránsito, culpabilidad, culpa de la víctima, culpa concurrente, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: CHANQUIA PABLO RAMON Y OTRA c/ BURMOR S.A.C.I.F. Y OTRO s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-02

Para excluir la responsabilidad no basta que se pruebe la ausencia de culpabilidad (único aspecto en que podría tener influencia la decisión penal), es menester además, que se demuestre la culpa de la víctima; que ésta fue causa exclusiva del accidente, pues de lo contrario, la concurrencia entre riesgo y culpa en la producción del daño, sólo determina la aminoración de la obligación resarcitoria.
Queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, fundamentación del recurso, denegatoria del recurso, acción de amparo
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA c/  s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en/ N. C. P. c/ GCBA s/ amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-11-18

De conformidad con el art. 261 del CCAyT, el momento de inicio del cómputo del plazo de caducidad debe ser la fecha del último acto impulsorio (ya sea de las partes o del tribunal), sin importar su firmeza ni la fecha de notificación, regla que se diferencia de la contenida en el art. 138 del CCAyT, aplicable a los plazos en general, según la cual "(L)os plazos empiezan a correr desde la notificación y si son comunes, desde la última. // No se cuenta el día en que se practique esa diligencia, ni los días inhábiles", motivo por el cual, en tal sentido, el art. 261 constituye una norma especial que desplaza -en lo pertinente- a la general del art. 138 citado. (Del voto de la jueza Marcela De Langhe).
Cuestiones de competencia, menores, principio de inmediación
Materia: PROCESAL
Carátula: T., R.D. c/ L., E.A.  s/ medidas precautorias
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-09-06

Toda vez que no se ha acreditado la licitud del traslado de la niña y que ésta ha transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde que intervenga en las actuaciones relativas a un conflicto entre los progenitores la justicia nacional en lo civil, pues el artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación asigna el conocimiento de los procesos relativos a niños al juez del foro en el cual se sitúa su centro de vida, entendido como el lugar donde la persona menor de edad hubiese transcurrido, en condiciones legítimas, la mayor parte de su existencia, conforme dispone el artículo 3, inciso f, de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061. (Disidencia del juez Rosenkrantz).
Indemnización por despido, tope indemnizatorio, aplicación de la ley laboral
Materia: LABORAL
Carátula: "Áspera, Adrian José c/ Schering Plough S.A. s/ despido".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-09-29

Dado que recientemente el máximo Tribunal ha sostenido, con fundamentos análogos a los expuestos por esta Sala en el citado precedente "Zurueta", que la limitación contenida en los párrafos segundo y tercero del artículo 245 L.C.T. sólo es razonable en tanto no importe reducir en más de 33% la mejor remuneración normal, mensual y habitual percibida por el trabajador durante su último año de trabajo o durante el tiempo de la prestación de servicios si éste fuere menor (sentencia del 14 de septiembre de 2004, recaída en la causa "Vizzoti, Carlos A. c/ Amsa S.A. s/ despido"), corresponde adherir a este nuevo criterio, en cuanto declara la inconstitucionalidad del tope del artículo citado y procede a calcular las diferencias indemnizatorias sin tener en cuenta limitación alguna.
Querellante, representación procesal
Materia: PENAL
Carátula: PERSONAL POLICIAL c/  s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (RECURSO EXTRAORDINARIO PARA ANTE LA C.S.J.N.)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-10-04

Cabe denegar la concesión del recurso extraordinario para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pues el pretenso patrocinante de la querella no se encuentra legalmente habilitado para dicho ejercicio por estar a cargo de la estructura del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en la cual reviste el cargo de titular organizativo de carácter político e institucional; y si bien se invocan afectaciones constitucionales y se pretende configurar un caso de violencia institucional, en el caso las alegaciones de la recurrente tan sólo revelan el intento de desmarcarse del contexto institucional regulado en la Provincia, y sustituir -en definitiva- a los profesionales y/o órganos que tienen competencia legal para garantizar el acceso a la justicia de dichas víctimas, correspondiendo en Santa Fe a los profesionales del Centro de Asistencia Judicial y/o profesionales que se contrate al efecto en casos de no poder proveerse la víctima de un profesional matriculado. (Del voto de la Dra. Gastaldi).
Proceso penal, regulación de honorarios, defensor, costas
Materia: PENAL
Carátula: BERKMAN, LUIS c/ está    obligado  a  indemnizar  a  la víctima  de  la  sustracción. s/ Honorarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1957-11-05

Los honorarios del defensor están comprendidos en el concepto de costas del juicio referido al art. 379 del C. Procedimientos Criminales.
Derecho administrativo, remuneración
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: RAMÍREZ DE MANRIQUE, NOEMÍ MABEL c/ PROVINCIA DE SAN JUAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - II CUERPO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-11-13

La remuneración no comienza a correr sino desde el día en que el funcionario ha tomado posesión efectiva de su cargo y no adquiere por cada día de servicio.
Contratos, autonomía de la voluntad
Materia: CIVIL
Carátula: BRACCIAFORTE HUMBERTO c/ MONTANARI HECTOR Y OTRO s/ ESCRITURACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-05-15

Con relación al tema de la lesión, es ajustada la doctrina que señala "una cosa es que los jueces debamos imponer la moralidad de los negocios jurídicos y otra, que controlemos los precios (o los negocios) fuera de los casos en que son legalmente fijados, y por otros motivos. Comprar barato (o vender caro) no es de por si inmoral, sino un mal negocio para una de las partes, y correlativamente bueno para la otra, pero en lo lícito".

Frente al principio de la autonomía de la voluntad (art.1197 C.

Civil) que, como todo principio, sólo consiente "acepciones" y no "reglas" opuestas, no puede el juez intervenir, como una suerte de tercer contratante, para paliar lo que son sólo las resultas de un mal negocio. La supuesta invalidez del instrumento no apareja la del acto instrumentado, salvo la hipótesis en que este sea solemne, lo que no se verifica en la constitución de derechos reales sobre inmuebles (art. 1184 inc. 1ro. C. Civil), excepto el caso de donación del inmueble (art. 1810 inc. 1ro. C. Civil).
Accidente de tránsito, exceso de velocidad, deber de obrar con prudencia
Materia: CIVIL
Carátula: Belcastro de Ruiz, Catalina c/ Miksa, Elena María y Otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-26

Se estima que quien no ha podido detener a tiempo el avance de su rodado para evitar la embestida, es porque marchaba a exceso de velocidad o porque se encontraba desatento, ajeno a al desenvolvimiento del tránsito vehicular. Y que lógicamente, esta presunción habrá de ser merituada con las demás pruebas rendidas en la causa.
Empleador, obligación de seguridad
Materia: LABORAL
Carátula: Ibarra, Carlos A. c/ Fábrica de Chacinados San Martín S.A. y otra s/ Accidente
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-07-04

El deber de seguridad es propio del empleador y no puede ni debe ser delegado en sus destinatarios ni en terceros extraños a la explotación.
Exhibición de película, derecho a la información
Materia: CONSTITUCIONAL-CONTRAVENCIONAL
Carátula: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-07-10

No debe perderse de vista que la legislación cuestionada no impide la exhibición de obras cinematográficas sino que, como se dijo, atendiendo a las particularidades de los films "condicionados", la permite, aunque en salas especiales habilitadas a esos efectos. Se ha planteado en este demanda que ello resentiría el derecho a la información de las personas mayores de edad, pues para ver una película condicionada se debe concurrir a estas salas especiales. Sin embargo, no se ha fundamentado de manera suficiente por qué motivo el traslado del espectador hasta una sala especial, en lugar de hasta una sala común, puede llegar a desnaturalizar, alterar o menoscabar de manera irrazonable su derecho a informarse.
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, daños y perjuicios, daño punitivo, responsabilidad contractual, responsabilidad objetiva, procedencia del recurso
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PROCESAL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

En ese marco, cabe interpretar que la conducta del banco ha estado teñida de culpa grave, ponderando que no ha dado una explicación plausible acerca de por qué no obstante haber los actores regresado al país en fecha anterior a que se registraran los pertinentes consumos portando la tarjeta de crédito en cuestión, no resolvió de modo "favorable" las operaciones realizadas con lectura de chip, como de hecho sí lo hizo en relación a las operaciones realizadas con lectura de banda magnética.
Delito de acción privada, interrupción de la prescripción de la acción penal, secuela de juicio, actos interruptivos, defectos del procedimiento
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Monner Sans, Ricardo s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-06-22

La aptitud interruptiva de las peticiones del querellante en procura del avance del proceso, y de los consecuentes proveídos jurisdiccionales que las recogen, depende de que su instrumentación posterior sea realizada sin vicio o defecto procesal alguno que implique, en la dinámica secuencial del procedimiento, un impulso efectivo en procura de alcanzar y agotar cada etapa en pos de la sentencia que le ponga fin (Voto del Dr Bisordi -en minoría-).