Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-27


PODER JUDICIAL DE LA NACION SENTENCIA DEFINITIVA Nº 17.795 EXPEDIENTE Nº 30.643/09 SALA IX JUZGADO Nº 65 En la ciudad de Buenos Aires, el 27 de abril de 2012, para dictar sentencia en los autos caratulados: "Soares, Miguel Angelo c/Restaurant Don Zenon Soc. de Hecho y otro s/Despido", se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro Edmundo Balestrini dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda incoada, recurre la parte actora, según el escrito de fs. 291/298, que mereció réplica de la contraria a fs. 305/307.

II- Cuestiona la parte la decisión del Sr. Juez "a quo" de considerar justificado el despido decidido por la empleadora. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas, y al respecto estimo que no le asiste razón.	En primer lugar, respecto del momento en que quedó perfeccionada la disolución del contrato de trabajo habido entre las partes, cabe destacar que a fs. 109 y fs. 187 el accionante negó expresa y concretamente la recepción de la carta documento de fecha 20/04/09 (cuya copia luce glosada a fs. 89), de conformidad con lo normado por los artículos 356, inc. 1º del C.P.C.C.N., 71 y 82, inciso "a" de la L.O., normas éstas que imponen a las partes la carga procesal de reconocer o negar la recepción de las cartas y telegramas que se les hubieren dirigido, cuyas copias se acompañen.

Por tanto, dado que la accionada no ha demostrado en autos la autenticidad, envío y recepción por el accionante de la misiva en cuestión -repárese en que a fs. 226 se le dio por decaído su derecho a producir la prueba informativa al Correo Argentino-, cabe concluir en que el distracto se perfeccionó mediante el despacho telegráfico de fecha 28/04/09 (cuya copia luce glosada a fs. 92) -ver reconocimiento de fs. 109 y fs. 187-.

Ahora bien, conforme se desprende de la misiva en cuestión, el trabajador fue despedido porque ".el día 17/04/09 mientras laboraba en el comercio gastronómico de mi mandante, ha exhibido una conducta frente a testigos violatoria de las más elementales normas de respeto y educación (arts. 84 a 87 de la L.C.T.) cuando insultó frente a clientes a su empleador, desobedeciendo expresas órdenes por ella impartidas sobre el cambio de vajilla a una mesa y del servicio de otra, atendiendo de mala manera a los comensales, para posteriormente retirarse intempestivamente abandonando su tarea, todo lo que ha causado daños materiales concretos con los clientes maltratados e inestimables como la reputación frente a la clientela (.) Por lo tanto, reitero Ud. ha sido despedido por la causal invocada, ya que la gravedad de su conducta impide la prosecución de la contratación." (ver carta documento cuya copia luce glosada a fs. 92).

Al respecto, cabe señalar, frente a los argumentos que se esgrimen en el escrito recursivo, que el telegrama rescisorio en cuestión cumplimenta adecuadamente los requisitos exigidos por el artículo 243 de la L.C.T. Según dicha norma -estrechamente relacionada con el adecuado despliegue del derecho de defensa-, recae sobre quien pone fin al contrato fundándose en una justa causa, la obligación de comunicarlo por escrito y con expresión suficientemente clara de los motivos de su decisión; y agrega que, frente a la posterior demanda, no se admitirá la modificación de la causal de despido ya consignada.

En efecto, en mi opinión, el planteo del recurrente (quien haciendo hincapié en la ambigüedad, vaguedad e imprecisión de la causal invocada por la demandada para despedirlo, predica la insuficiencia de la misiva con la que la demandada puso fin a la relación, en lo que respecta al cumplimiento de los recaudos exigidos por la referida norma) resulta inatendible, pues de su lectura es posible advertir los hechos que motivaron la decisión de la empleadora -nótese que en la misma se imputa al trabajador un incumplimiento concreto y predeterminado en el tiempo, brindarse precisión fáctica y temporal del mismo-, lo cual denota el cumplimiento de la carga impuesta por el mentado artículo 243 de la L.C.T.	Es así que no se advierte que la causal de despido invocada en el aludido telegrama rescisorio hubiese pecado de genérica e imprecisa (pues -reitero- contiene referencias a un hecho razonablemente identificable, es decir a un hecho puntual y concreto, que, en definitiva, desencadenó la imposibilidad de la prosecución de la relación laboral), por lo que la queja esgrimida en este aspecto carece de sostén, toda vez que, a mi modo de ver, la comunicación rescisoria de la demandada contiene la expresión suficientemente clara de los razones que motivaron la desvinculación del actor.	En tal sentido, cabe memorar que si bien el artículo 243 de la L.C.T. establece como principio de derecho que la comunicación de los motivos en que se funda la ruptura del vínculo deberá ser expresada de modo suficientemente claro a fin de no vulnerar la defensa del trabajador, la pauta que establece dicha norma, a lo largo del tiempo se ha flexibilizado, abandonándose la exigencia del respeto riguroso en aquéllos supuestos en que el trabajador hubiese tenido cabal conocimiento de la causa de despido, lo que sucede cuando el distracto se funda en las conclusiones a las que se arribó por un sumario interno en el que el trabajador fue parte, o cuando -como acontece en el caso de autos- por la naturaleza de las circunstancias que rodearon al hecho, el trabajador no puede razonada y justificadamente ignorar las causas que determinaron la ruptura del vínculo y las razones del despido, en cuyo caso la buena fe que debe reinar entre las partes, permite ampliar el estricto criterio del artículo 243 de la L.C.T.

Por otra parte, tampoco resultan atendibles los argumentos que se exponen en el escrito recursivo en orden a la falta de cumplimiento del recaudo de "contemporaneidad" del despido. Se destaca al respecto, que la "contemporaneidad" no supone una absoluta inmediatez, sino sólo una prudencial proximidad en el tiempo que relacione la falta cometida y la sanción aplicada, es decir, que debe sancionarse sin dejar transcurrir desde el incumplimiento del trabajador un lapso que indique que la falta ha sido consentida, circunstancias todas éstas que deben ser valoradas en concreto en cada caso, no verificándose en el presente una afectación al referido recaudo, pues como la decisión rupturista de la demandada tomada 10 días después de ocurrido el hecho que diera lugar al distracto, no luce extemporánea.

Ahora bien, sentado ello, en cuanto a la legitimidad de la aludida medida rescisoria, comparto el criterio expuesto por el Sr. Juez "a quo" en punto a la eficacia e idoneidad de los elementos probatorios colectados -en especial las testificales de fs. 198 y fs. 205- a fin de acreditar la causal invocada por la empleadora en sustento del distracto, y lo cierto es que las insistencias del apelante no superan -en este aspecto- el marco de una oposición genéricamente que no resulta eficaz para revertir el panorama adverso que surge de la sentencia apelada (cfr. art. 116 de la L.O.).

En tal sentido, considero que existe suficiente y concordante prueba que acredita el incumplimiento en que incurrió el demandante y que motivó su despido, pues más allá del esfuerzo argumental que efectúa en el memorial de agravios a fin de desacreditar las testificales rendidas por Basoalto (fs. 197) y Verón (fs. 205), lo cierto es que éstos ilustraron de manera concordantes y coincidente acerca del insulto proferido por aquél a su empleadora, sin que se haya acreditado la existencia de atenuantes que justificaran tal conducta y proceder.

En efecto, la lectura de las declaraciones testificales colectadas a fs. 197 y fs. 205, cuyas partes pertinentes fueron transcriptas en el fallo apelado, respaldan la decisión allí adoptada, pues, analizadas íntegramente y en sana crítica (cfr. arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.), se observan suficientemente objetivas y verosímiles como para justificar la trascendencia probatoria que les fue asignada por el magistrado de grado anterior para acreditar los hechos que desencadenaron el despido del trabajador.

En concreto, los referidos declarantes, testigos presenciales del hecho imputado al actor, dieron cuenta de que éste gritó e insultó a su empleadora luego de que ella le ordenara que armara una mesa, como así también que ello ocurrió en presencia de los clientes del local	Como anticipé, tales declaraciones constituyen prueba idónea a fin de acreditar los hechos que describen y respaldar la postura de la demandada, por resultar precisas, categóricas, coherentes, concordantes y convincentes, dar debida razón de sus dichos, y reflejar de manera directa el contexto fáctico en el que tales hechos se produjeron (por haberlos presenciado) y, por tanto, referir a sucesos que fueron percibidos en forma directa y personal por los declarante, con indicación circunstanciada de tiempo, modo y lugar, sin que las impugnaciones recibidas logren conmover sus testimonios (cfr. arts. 90 L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.).

En efecto, a mi juicio, las testificales señaladas lucen convictivas por haber brindado los testigos una versión coincidente y concordante (respecto de los hechos que se ventilan en autos) que no me lleva a dudar de la veracidad de sus dichos, y asimismo se observan objetivas -pese a los motivos que invoca el apelante-, ya que declararon sobre hechos concretos de los que, reitero, tuvieron conocimiento directo mediante sus sentidos, sin que se trate de interpretaciones o evaluaciones subjetivas.

Desde esta perspectiva, estimo que los embates del apelante en orden a la apreciación de dicha prueba testifical no resultan suficientes en cuanto apuntan a quitar valor convictivo a tales declaraciones, frente a los elementos concordantes que surgen de éstas y que fueron puestos de manifiesto en la sentencia recurrida. En efecto, las apreciaciones que formula en el recurso de apelación relativas al mérito probatorio de las citados testigos carecen de la relevancia pretendida para desmerecer y conmover tales declaraciones, y no alcanzan para desvirtuar la valoración que efectuó el magistrado anterior, toda vez que los aspectos en los cuales habría -a criterio de la apelante- ausencia de convicción y falta de coincidencia en los testimonios referenciados, no revisten una gravedad tal que quite fuerza probatoria a los aspectos sustanciales de los mismos.

Ello por cuanto, las declaraciones señaladas se complementan entre sí de tal modo que, unidas, llevan a tener por cierta la versión de los hechos invocada por la demandada, por cuanto existe -en mi criterio- concordancia en los aspectos fundamentales de sus testimonios versando las contradicciones e imprecisiones -invocadas por el apelante- sobre hechos secundarios que en nada cambian la suerte del litigio.

En dicha inteligencia, acreditados los hechos invocados en el telegrama rescisorio de fecha 28/04/09 (ver fs. 5), en el marco de los deberes de conducta y buena fe que deben primar en el contrato de trabajo (cuando como en el particular caso de autos, no se infieren circunstancias que ameriten una conducta como la llevada a cabo por la Sr. Soares, esto es, el insulto a su empleadora frente a los clientes del local, como consecuencia de una orden por ella impartida referida a su prestación laboral), considero que los mismos constituyeron una injuria de gravedad suficiente en los términos del artículo 242 de la L.C.T. que impidió la prosecución del vínculo laboral y justificó la medida rupturista adoptada por la empleadora.

Al respecto, destaco que, tal como he sostenido en numerosos precedentes, para que se configure el despido con justa causa, de conformidad con lo establecido por el artículo 242 de la L.C.T., la injuria que justifique la extinción del vínculo contractual debe revestir una entidad tal que desnaturalice los términos sobre los que se desarrolla la relación, imposibilitando que ésta prosiga (en similar sentido, ver mi voto en autos "Laborde, Graciela Esther c/De Los Dos Congresos S.R.L. S/Despido", S.D. Nº 16.622 del 18/10/10, del registro de esta Sala IX, entre otros).

En tal marco, y ante la falta de elementos que permitan -de algún modo- justificar la reacción del Sr. Soares para con su empleadora, cabe concluir que en el caso de marras se ha configurado una injuria de entidad suficiente que justificó el despido decidido por la demandada, toda vez que el comportamiento observado por aquél ha implicado un incumplimiento a las obligaciones que ponen a su cargo los artículos 62 y 63 de la L.C.T.	En efecto, los deberes de conducta que establecen los artículos 62 y 63 de la L.C.T., suponen no sólo la obligación del dependiente de desempeñar su trabajo, observando reglas de corrección y comportamiento adecuado a las funciones que se le han encomendado, sino y fundamentalmente, vedan la posibilidad de realizar actos que directa o indirectamente atenten contra los intereses legítimos de su empleador, lo cual conlleva la obligación de abstenerse de realizar actos que lesionen la imagen del mismo.	En tal contexto, considero que la conducta del actor, constituyó un incumplimiento a sus deberes de conducta lo suficientemente grave como para impedir la prosecución del vínculo laboral, toda vez que el episodio que protagonizó, perturbador del buen orden de las relaciones laborales y la disciplina, trascendió a terceros -ya que fue presenciado por clientes del lugar-, lo cual importa un desprestigio para el establecimiento gastronómico en el que se desempeñaba el trabajador, circunstancias todas ellas que deben tenerse en cuenta a efectos de merituar la injuria en los términos del artículo 242 de la L.C.T.

En este orden, no sólo el insulto emitido a un superior jerárquico -en el caso al empleador- resulta un incumplimiento a los deberes de conducta y al principio de buena fe consagrado por el artículo 63 de la L.C.T., sino que además el hecho que el mismo haya trascendido a los clientes de local -tal como en el caso- agrava la situación en tanto importó un perjuicio y lesión a la imagen e intereses de la empleadora, constituyendo una injuria de entidad suficiente para desplazar del primer plano el principio de conservación del contrato de trabajo, consagrado por el artículo 10 de la L.C.T.

No obsta a todo lo expuesto ni resulta resulta óbice atendible para la conclusión a la que arribo la ausencia de antecedentes disciplinarios y sanciones anteriores del trabajador, ya que la entidad de la inconducta analizada posee relevancia suficiente para justificar la máxima sanción. Señalo que el criterio cualitativo con que se aprecia la gravedad de un hecho cometido por el trabajador, puede hacer que una única falta o incumplimiento se erija en "injuria" suficiente para justificar el despido con justa causa, si por su magnitud puede ser calificada de gravedad tal como para impedir la continuidad de la relación laboral.

De allí, entonces, que acreditado el hecho concreto imputado al trabajador en sustento del despido decidido por la demandada, y siendo que el mismo resultó proporcionado con la falta cometida por aquél, y por ende, justificado y ajustado a derecho, no puedo sino concluir en que -en consonancia con lo decidido en origen- el actor carece de derecho a percibir las reparaciones indemnizatorias reclamadas (cfr. arts. 233, 233 y 245 de la L.C.T., y art. 2º de la ley 25.323).

En tales condiciones, y sin que adquieran relevancia otras cuestiones que el apelante pretende enfatizar, corresponde la confirmación del fallo apelado en cuanto puedo considerarse objeto de los agravios tratados, y así lo voto.

III- En cambio, merece aceptación el planteo del accionante que persigue la condena al pago de las diferencias salariales reclamadas con fundamento en la prestación de servicios en una jornada completa de labor.

Liminarmente, corresponde destacar que, conforme lo dispone el art. 278 del C.P.C.C.N. y 155 de la L.O., el Tribunal está facultado para decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios.

Ahora bien, sentado ello, tal como surge de los escritos constitutivos de la litis, el accionante invocó en el inicio que prestaba servicios (como mozo de salón) los días martes a viernes en jornadas de trabajo que abarcaban un horario de 18.00 hs. a 01.00 hs., y los días sábados y domingos de 11.00 hs. a 16.00 hs. y de 19 hs. a 02.00 hs., con un franco semanal los días lunes, y que no obstante ello se encontraba registrado como trabajador de jornada reducida o parcial. Así, señaló que la demandada le abonaba una remuneración inferior al salario básico convencional fijado para su categoría alegando justamente un contrato de trabajo de jornada reducida o parcial.

Por su parte, la accionada negó en el responde el horario y jornada de trabajo denunciados en el inicio, y sostuvo que el actor laboraba los días viernes de 18 hs. a 24 hs., los días sábados de 19.30 hs. a 01.00 hs., y los domingos de 11.00 hs. a 16.00 horas, y que se encontraba correctamente registrado de acuerdo a su real prestación de servicios (tres veces por semana, los días viernes, sábados y domingos).

Ahora bien, en tal marco, y dado que la empleadora del aquí actor denunció en la contestación de demanda que éste era un trabajador a tiempo parcial, a ella le incumbía la carga ineludible de acreditar la prestación de servicios del trabajador en jornada reducida de labor, o lo que es lo mismo, que su contrato de trabajo se ajustaba a las previsiones contenidas en el artículo 92 ter de la L.C.T., extremo que no advierto que haya logrado.

Ello es así, por cuanto el contenido de la prueba testifical ofrecida por la accionada no me parece idóneo para demostrar la extensión de la jornada de trabajo por ella invocada (jornada a tiempo parcial), toda vez que las declaraciones que sobre este tópico brindaron los testigos de fs. 197, 201, 205 y 207 -analizadas íntegramente y en sana crítica (cfr. arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.)- se observan insuficientes y poco convincentes a tales fines (cfr. art. 90 de la L.O., y arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.)	Lo digo, porque los deponentes resultan vagos, genéricos y poco circunstanciados en el relato que desarrollan, por lo que sus declaraciones no alcanzan a forman convicción suficiente sobre el punto en análisis (cfr. art. 90 de la L.O. y arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N.).

En concreto ninguno de ellos resulta preciso y certero en cuanto al horario de trabajo efectivamente cumplido por el actor y los días en que laboraba, por lo que sus exposiciones resultan claramente ineficaces a los fines de demostrar la frecuencia y extensión afirmada en el responde, extremo que deja sin sostén la postura de la accionada y por ende la versión de los hechos allí brindada.

En este orden, considero oportuno destacar que la modalidad de contratación a tiempo parcial resulta excepcional en nuestro ordenamiento, de modo que es carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicios del trabajador en jornada reducida de labor y, en tal marco, en la especie resulta insoslayable la ausencia de prueba idónea alguna aportada por la accionada a fin de demostrar que el demandante era un trabajador de jornada reducida.

Nótese que no exhibió al experto contable ningún registro de control horario, planillas horarias ni otro medio cierto del que surja el horario y jornada de trabajo efectivamente cumplidos por el trabajador (ver peritaje contable de fs. 239/242). En efecto, según informó el perito contador interviniente en autos "en cuanto al horario de tareas efectivamente cumplido por el actor, y planillas de horarios, no me fueron exhibidas constancias" (ver respuesta al punto "d" del cuestionario de la parte actora a fs. 240 vta.). Asimismo, a fs. 266, el experto ratificó lo expuesto, señalando que no le fueron exhibidas constancias del horario de trabajo del actor ni "constancias de planillas y avisos ley 11.544, art. 6º y decreto 16115. art. 20 y anuncios art. 197 LCT".

Al respecto, se destaca que al margen de los deberes que genéricamente puedan considerarse en cabeza del empleador, acerca de la conservación de instrumentos de control horario, en casos como el presente, en los que se abonó una remuneración inferior a los mínimos convencionales con fundamento en una jornada reducida de labor, la demandada debió aportar algún elemento que permita constatar que se encontraba justificado el pago de importes salariales inferiores a los mínimos.

En tal sentido, en la especie no puedo pasarse por alto que -tal como señalé- conforme surge del peritaje contable producido en la causa, la demandada no aportó elemento o documentación respaldatoria alguna que permita corroborar la jornada y horario de trabajo que cumplía el actor, lo cual en el particular caso de autos cobra especial relevancia, por cuanto al haber invocado la prestación de servicios en jornada reducida, sobre ella pesaba la carga procesal de demostrar dicho extremo. En efecto, tal como he sostenido en anteriores precedentes que guardan similitud con el "sub examine" (ver mi voto en autos "Aranda, Lidia Luján c/Laboratorio Esme S.A. s/Diferencias de Salarios", S.D. Nº 14.245 del 22/05/07, del registro de esta Sala, entre otros), en la especie no se trata ya de demostrar la realización de trabajo en horario extraordinario, sino el horario pactado para la jornada normal, pues mientras se invocó una jornada reducida, ello no fue consignado en los libros de la accionada o al menos ningún elemento se exhibió a fin de acreditar que se registró un contrato con jornada a tiempo parcial.

Repárese en que, el artículo 7.7 del CCT Nº 389/04 -cuya aplicación a la relación habida entre las partes no resulta controvertida en la causa, conforme los términos de los respectivos escritos de demanda y contestación de demanda- dispone expresamente que el contrato de trabajo a tiempo parcial debe estar instrumentado por escrito, extremo que no se verifica en el "sub lite". Así, la mencionada norma convencional establece que "las particularidades de la actividad y la dinámica propia de los servicios que en cada caso requirieran ser cubiertos por las Empresas, determinan que las modalidades de contratación laboral ratificadas y reguladas en los puntos precedentes del presente convenio colectivo, puedan ser combinadas en su instrumentación y administración con modalidades de extensión de jornada en los términos previstos en el artículo 92 ter de la L.C.t.; debiendo en estos casos estar instrumentadas por escrito".

Es así que la reducción de la jornada legal se encontraba sujeta a la prueba de su estipulación (cfre. arts. 92 ter y 198 de la L.C.T.), lo cual no ha sido acreditado en estos actuados.

Como correlato de todo lo expuesto, cabe concluir que el libro especial del artículo 52 de la L.C.T. no alcanza a cubrir los recaudos legales, pues se omitió consignar en el mismo un dato relevante, tal como es, la modalidad contractual de excepción (cfr. art. 53, inc. "g" y "h" de dicho cuerpo legal); y en este sentido, la mera indicación en los recibos de sueldo no alcanzan a los fines previstos por la norma.

Desde dicha perspectiva, y dado la ausencia de elementos probatorios dirigidos a demostrar la existencia de un contrato a tiempo parcial (extremo que -reitero- la demandada omitió probar, a pesar de que se encontraba a su cargo dicha carga procesal, por tratarse de una excepción a la jornada normal -cfr. art. 92 ter y 198 de la L.C.T.-), no puedo sino concluir en que el demandante efectivamente laboraba bajo la modalidad de "jornada completa", vale decir, que prestaba servicios en jornada completa de labor, por lo que resultan procedentes las diferencias salariales reclamadas, en tanto se ha acreditado que la demandada abonó una remuneración inferior a los mínimos convencionales con fundamento en una jornada reducida de labor -que no probó-.

En consecuencia, corresponde modificar parcialmente el decisorio recurrido, y hacer lugar a las diferencias salariales peticionadas -por el período objeto de reclamo (julio de 2007 a marzo de 2009)- sobre la base del salario básico establecido por el CCT Nº 389/04 para la categoría del actor y por una jornada completa de labor, del adicional por alimentación, del adicional por asistencia, del adicional por complemento de servicio, del plus Capital Federal, y de las sumas fijas "acuerdo salarial 2007", como así también a las diferencias por sueldo anual complementario año 2008, las cuales prosperan por los siguientes montos (cfr. liquidación practicada por el perito contador a fs. 241 vta. -que resulta ajustada a derecho-, sin merecer cuestionamiento ni impugnación alguna de las partes en este aspecto), a saber: 1)diferencias julio 2007/enero 2008: $10.782,80.-; 2)diferencias febrero 2008/abril 2008: $4.141,20.- ; 3)diferencias mayo 2008: $1.767,80.-; 4)diferencias junio 2008: $1.856,60.-; 5) diferencias SAC primer semestre de 2008: $928,30.-; 6)diferencias julio 2008: $1.945,90.-; 7)diferencias agosto 2008/marzo 2009: $16.273,60.-; 8)diferencias SAC segundo semestre de 2008: $1.017,10.-; todo lo cual arroja un total de $38.713,30.-.

IV- Lo resuelto en los apartados anteriores conduce a recalcular los rubros salario días trabajados abril de 2009 y SAC proporcional año 2009 (que prosperaron en la anterior instancia) en base a la fecha en que efectivamente se produjo la extinción del vínculo (28/04/09) y la remuneración devengada por el trabajador de $2.834,20.- (vale decir, la remuneración que debió percibir por haber prestado servicios en jornada completa de labor), y hacer también lugar a la diferencia por vacaciones proporcionales año 2009. Asimismo, cabe admitir el reclamo del SAC sobre vacaciones proporcionales año 2009, en tanto no se ha acreditado en autos su oportuna cancelación (cfr. arts. 138 y sig. de la L.C.T.)	En consecuencia, los conceptos mencionados prosperan conforme el siguiente detalle: 1) salario días trabajados abril de 2009 (28 días): $1.788,88.- ($2.834,20.- /30 x 28 días menos la suma de $856,37.- ya percibida por el trabajador -conforme surge de fs. 7, fs. 11, fs. 12 vta., y recibo de haberes de fs. 8 y fs. 60, y reconocimiento de fs. 187-); 2) SAC proporcional año 2009: $620,12.- ($2.834,20.- /12 x 4 meses menos la suma de $324,61.- percibida por el trabajador -conforme surge de fs. 7, fs. 11, fs. 12 vta., y recibo de haberes de fs. 8 y fs. 60, y reconocimiento de fs. 187-); 3) diferencia vacaciones proporcionales año 2009: $360.- ($2.834,20.- /25 x 5 días menos la suma de $206,83.- ya percibida por el trabajador -conforme surge de fs. 7, fs. 11, fs. 12 vta., y recibo de haberes de fs. 8 y fs. 60, y reconocimiento de fs. 187-); 4)SAC sobre vacaciones proporcionales año 2009: $47,23.- ($2.834,20.- /25 x 5 días /12).

V- También prosperará el reclamo de las vacaciones año 2008, pues conforme surge de los términos de la demanda, las mismas fueron gozadas (repárese en que a fs. 10 el actor adujo que las vacaciones año 2008 le fueron otorgadas), y lo cierto es que no obra en autos documentación idónea que demuestre su oportuna cancelación (cfr. arts. 138 y siguientes de la L.C.T.). Tampoco existe constancia documentada del pago del SAC segundo semestre de 2007, por lo que propongo hacer lugar a los conceptos en cuestión (cfr. citado art. 278 del C.P.C.C.N.), los que prosperan por las sumas de $1.587,15.- (vacaciones año 2008: $2.834,20.- /25 x 14 días), y $1.090,20.- (SAC segundo semestre año 2007, cfr. mejor remuneración devengada por el trabajador durante dicho semestre de $2.180,40.-)	En cambio, no resulta atendible el cuestionamiento que persigue el reconocimiento de las vacaciones adeudadas año 2007, toda vez que de conformidad con lo normado por el artículo 162 de la L.C.T., las vacaciones no gozadas no son compensables en dinero, con lo cual dado que el accionante no invocó en el inicio ni probó haberlas gozado admitirlas resultaría contrario al principio que apunta a una finalidad fisiológica y social, premiando la frustración de los fines de la ley, en una inequívoca violación de aquel principio que se pretende amparar.

VI- Corresponde admitir también la divergencia tendiente a obtener el cobro de la indemnización reclamada con fundamento en el artículo 9º de la ley 24.013 pues, a mi modo de ver, se verifica en autos la defectuosa registración de la relación laboral (con una fecha de ingreso posterior a la real) que habilita el andamiaje de la mentada indemnización.

Ello es así, por cuanto los términos en que se trabó y desarrolló la litis aportan elementos suficientes para acoger la fecha de ingreso al empleo denunciada en el inicio, a partir de las presunción contraria a la parte demandada (cfr. art. 55 de la L.C.T.)	En efecto, las deficiencias e irregularidades detectadas en los libros y registros de la demandada -cfr. art. 53 de dicho cuerpo legal- (pues de conformidad con lo que he dejado expuesto en el apartado III, ha quedado demostrada en autos que el actor se desempeñó en jornada completa de labor, y por ende, que su contrato de trabajo no se encontraba debidamente registrado) torna operativa en la especie la presunción emergente de artículo 55 de la L.C.T., la cual se proyecta sobre la fecha de ingreso invocada al demandar, y lleva a tener por ciertas las afirmaciones del actor en punto a que comenzó a prestar servicios en el mes de julio de 2007, extremo que no ha sido desvirtuado por prueba idónea alguna en contrario aportada por la accionada.

Lo digo, porque tras analizar el contenido íntegro de la prueba testifical (cfr. arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), aprecio que las declaraciones testificales aportadas por la demandada no constituyen respaldos fácticos eficaces para enervar los efectos que emanan de la presunción legal aplicable al caso de autos (cfr. art. 55 de la L.C.T.) en tanto no proporcionan elementos suficientes y concluyentes a tales fines.

En tal sentido, considero endebles las manifestaciones efectuadas por los testigos de fs. 197, 201, 205, y 207, pues, en concreto, ninguno de los testigos aportó datos categóricos y precisos -emanados de percepciones directas- que permitan constatar en forma fehaciente que efectivamente el trabajador comenzó a laborar en la fecha en que figura registrado en los libros de la demandada y que consta en sus recibos de haberes.

En efecto, las declaraciones testificales señaladas carecen, a mi entender, de fuerza probatoria y valor convictivo suficiente pues, en definitiva, de sus dichos no es posible extraer elementos de juicio suficientes que permitan desvirtuar la presunción legal aplicable al caso en debate (cfr. art. 55 de la L.C.T.).

En tales condiciones, en virtud de la forma los términos en que se trabó y planteó la litis sobre este tema, y dada la ausencia de datos idóneos y concretos que -reitero- permitan con seriedad controvertir la fecha de ingreso invocada por el demandante y formar convicción suficiente en sentido contrario a lo allí afirmado, considero que en la especie resulta razonable ubicar la fecha de ingreso del actor el 1º de julio de 2007.

En dicha inteligencia, resulta procedente la indemnización establecida por el artículo 9º de la ley 24.013, en tanto que -tal como se resolviera- ha quedado acreditado el incorrecto registro de la fecha de ingreso al empleo del trabajador, o lo que es lo mismo, el deficiente registro del contrato de trabajo del actor, con una fecha de ingreso posterior a la real.

Por lo demás, entiendo que se cumplieron en el caso los requisitos previstos por las normas aplicables para la procedencia de la mentada indemnización, en particular con la intimación fehaciente a la que alude el inciso "a" del artículo 11 de dicho cuerpo legal (ver carta documento de fecha 23/04/09 obrante a fs. 3, la cual coincide con la carta documento de fecha 23/04/09 acompañada por la propia demandada en el sobre anexo que corre por cuerda) -intimación que, por otra parte, y de conformidad con lo que he dejado resuelto en el apartado II del presente pronunciamiento respecto de la fecha en que quedó perfeccionada la extinción del vínculo laboral (28/04/09), ha sido efectuada estando vigente la relación laboral (cfr. art. 3º, inciso 1º del decreto 2725/91, reglamentario de la ley 24.013)-, y con la exigencia establecida por el inciso "b" de dicho artículo 11 (t.o. según ley 25.345, art. 47 inc. b) 2do. párrafo), que impone al trabajador la obligación de remitir a la AFIP copia del requerimiento efectuado al empleador (ver fs. 4).

En consecuencia, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar también este aspecto del decisorio recurrido (cfr. citado artículo 278 del C.P.C.C.N.), y hacer lugar a la indemnización establecida por el mentado artículo 9 de la ley 24.013 por la suma de $3.815,70.- ($2.180,40.- x 25% x 7 meses, conforme remuneración devengada por el trabajador desde su real fecha de ingreso -1/07/07- hasta la fecha falsamente consignada por la demandada -1/02/08-), lo que así voto.	En cambio, no resulta admisible el agravamiento indemnizatorio previsto por el artículo 15 de dicho cuerpo normativo, por cuanto no se advierten reunidos en la especie los recaudos indispensables para su progreso. Repárese en que, conforme lo analizado en el apartado II, el despido directo decidido por la empleadora resultó justificado, de modo que no encuentro mérito para hacer lugar a dicha indemnización.

VII- El reclamo del rubro "ropa de trabajo" también ha de tener favorable recepción en esta alzada, toda vez que la ausencia de elementos probatorios idóneos que acrediten la efectiva entrega por la empleadora de la ropa de trabajo adecuada (es decir, la ausencia de registro documental de su entrega, conforme lo informado por el experto contable a fs. 241 -ver respuesta al punto "h" del cuestionario de la parte actora- y a fs. 266), denota que ésta incumplió con la específica obligación a su cargo establecida por el artículo 16.1 del CCT Nº 389/04 -cuya aplicación al caso no resulta controvertida en la causa-. De tal modo, corresponde que al trabajador se le compensen los gastos que -tal como denunció en la demanda- debió afrontar y erogar para adquirir la indumentaria correspondiente para el cumplimiento adecuado de su labor, ante la omisión de la empleadora de hacerle entrega de dicha indumentaria (cfr. art. 76 de la L.O.).

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del vínculo que unió a las partes, y lo dispuesto en la citada norma convencional, la falta de prueba sobre la efectiva entrega de la ropa de trabajo conduce necesariamente a la condena de la suma estimada que por tal concepto se reclama en la demanda -ver fs. 9 vta y fs. 12-(suma ésta que no ha merecido impugnación ni cuestionamiento alguno en la contestación de demanda). En dicha inteligencia, propongo hacer lugar al rubro "ropa de trabajo" por la suma de $720.- (cfr. ya citado art. 278 del C.P.C.C.N.).

VIII- Correrá la misma suerte el reclamo del rubro "salario familiar" (o asignación por hijo), toda vez que el actor acompañó a la causa el certificado que acredita el nacimiento de su hija en enero de 2005, y que demuestra que tenía una menor de edad a su cargo cuando comenzó a prestar servicios para la demandada en julio de 2007 (ver a fs. 139 copia certificada de la pertinente partida de nacimiento), en tanto que los recibos de sueldo acompañados a fs. 60/79 del responde no dan cuenta del pago de la asignación familiar peticionada.

Por lo demás, frente a lo alegado por la accionada en el responde (esto es, que el actor nunca le hizo entrega del certificado de nacimiento de su hija), cabe señalar que si bien correspondía al trabajador acreditar ante su empleadora el derecho a percibir la asignación familiar correspondiente mediante la entrega de la documentación pertinente, también era obligación de esta última notificar a aquél las normas que rigen el régimen de asignaciones familiares a fin de que presente dicha documentación, conforme lo dispone el artículo 6 del anexo de la resolución Nº 112/96 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación -B.O. del 9/12/1996- (que instrumenta las normas complementarias y aclaratorias de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares y su decreto reglamentario Nº 1245/96), en los plazos y formas allí establecidos, recaudo éste cuyo cumplimiento no se ha invocado ni acreditado en autos y que, por ende, lleva a considerar que no ha sido observado (en similar sentido, ver S.D. Nº 38.119 del registro de la Sala VIII de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, recaída en autos "Pinori, María Soledad c/Fada Pharma S.A. s/Despido", entre otros).

En efecto, más allá de que el accionante tuviera la carga de acreditar haber hecho entrega de la documentación pertinente a su empleadora a fin de percibir la asignación en cuestión, lo cierto es que la accionada tenía indiscutiblemente la carga de demostrar el cumplimiento de la obligación impuesta por la norma en cuestión, extremo que no ha logrado.

Tal omisión resulta relevante, por cuanto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 de la L.C.T., en ningún caso el empleador puede invocar el incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le están asignadas y del que se derive la pérdida total o parcial de un beneficio de la seguridad social, si la observancia de tales obligaciones dependiese, como en el caso de autos, de la iniciativa del empleador y éste no probase el haber cumplido oportunamente con las que estuviesen a su cargo	Por todo ello, corresponde receptar también la queja esgrimida en este aspecto (cfr. art. 278 del C.P.C.C.N.) y condenar a las demandadas a pagar al actor la suma de $1.650.- ($75.- x 22 meses, cfr. art. 3º inciso "a" del decreto 1345/2007 -reglamentario del artículo 18 inciso "a" de la ley 24.714 de Asignaciones Familiares-, que entró en vigencia el 1/07/07, y arts. 1º, 7º y 18 de la referida ley) en concepto de "salario familiar" (o asignación por hijo), y así lo dejo propuesto.

IX- También merece aceptación la indemnización reclamada con fundamento en el artículo 80 de la L.C.T. -modificado por el art. 45 de la ley 25.345-	Lo digo, porque si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto por el art. 3º del decreto 146/01 -reglamentario de la normativa mencionada-, para que proceda la indemnización respectiva, el trabajador debe respetar el plazo allí previsto para cursar a su empleador la intimación tendiente a requerir la entrega de los certificados de trabajo -circunstancia que en el caso no se advierte cumplida, pues teniendo en cuenta que el distracto se produjo mediante telegrama de fecha 28/04/09, la intimación cursada por el trabajador con fecha 6/05/09 (ver carta documento de fs. 6), resultó prematura y, en principio, ello podría significar el rechazo del rubro bajo análisis-, considero que en el presente caso, no puede soslayarse que durante el intercambio telegráfico habido entre las partes, la demandada desconoció expresamente la fecha de ingreso y jornada laboral invocada por el actor, y mantuvo su actitud pertinaz a la intimación cablegráfica de este último a la regularización de la relación laboral y al correcto registro del contrato de trabajo (con su verdadera fecha de ingreso y jornada efectivamente cumplida). Tales circunstancias impiden, a mi entender, aplicar el plazo condicional previsto en el citado decreto, atento que surge en forma clara e inequívoca que la intimada no daría cumplimiento a los reclamos del actor y, por ende, a su obligación de hacer entrega de los certificados reclamados conforme los reales datos de la relación laboral.

En efecto, la cerrada negativa que expusiera la demandada en torno a los requerimientos que le efectuó el trabajador a fin de que registrara correctamente el vínculo laboral (conforme -reitero- la jornada completa de labor que cumplía y su real fecha de ingreso al empleo), tornó inoperante exigirle a éste que esperara el lapso de 30 días establecido por el decreto 146/01 para efectuar la intimación referida.	En similar sentido se ha expedido este tribunal en una causa que presenta aristas y circunstancias similares a las que aquí se debaten (ver S.D. 17.168 del 10/08/11, del registro de esta Sala IX, recaída en autos "Chiocchini, Alicia Amelia c/Prophos S.A. y otro s/Despido"), sosteniendo que "el actor no debía esperar el plazo de 30 días para que le hicieran entrega de los certificados de trabajo desde el real inicio de la relación laboral, dado que su empleadora le había desconocido expresamente la fecha de ingreso pretendida, por lo que se torna inoperante la exigencia del decreto citado, que en el caso excede a los términos de la norma".

Ahora bien, sentado ello, si bien en el caso tampoco puede pasare por alto que, en su momento (más precisamente el 28/04/09, conforme surge de la carta documento acompañada a fs. 5), la empleadora puso a disposición del trabajador el certificado reclamado -el cual se encontraba confeccionado desde el 24/04/09 (ver fecha de la certificación de la firma del empleador del inserta en el instrumento acompañado a fs. 83/85 del responde)-, e inclusive ofreció hacer entrega al actor de dicho instrumento en la audiencia conciliatoria celebrada ante el SECLO con fecha 10/08/09 (ver Acta de Cierre del Procedimiento de Conciliación Laboral Obligatoria acompañada a la causa a fs. 7) -y éste se negó a recibirlo-, lo cierto y concreto es que el documento en cuestión no contiene los datos reales de la relación habida entre las partes -conforme lo resuelto en los apartados III y IV del presente pronunciamiento respecto de la fecha de ingreso con la que debió estar registrado el actor y la remuneración que debió percibir en virtud de la jornada completa de labor que efectivamente cumplía-, por lo carece de la validez requerible a los fines de tener por cumplida la obligación prevista en el artículo 80 citado (en similar sentido, ver mi voto en autos "Fiorito, Juan Carlos c/J.A. Grosselli S.R.L. y otro s/Ley 22.250", S.D. Nº 17.260 del 31/08/11, del registro de esta Sala IX).

En efecto, el instrumento acompañado en el responde, y que oportunamente fue puesto a disposición del actor en la audiencia celebrada ante el SECLO -quien no quiso aceptarlo por contener registraciones parciales- no se advierte debidamente confeccionado en tanto contiene datos de la relación laboral que no se corresponden con los reconocidos en el presente pronunciamiento judicial en base a lo que surge de las constancias de la causa.

Es así que, la sola puesta a disposición o en su caso, la consignación, de instrumentos que no fueron confeccionados de conformidad con las exigencias legalmente previstas -tal como acontece en el caso de autos-, no permite tener por cumplida en forma adecuada la obligación impuesta al empleador, y en consecuencia permite subsumir dicho proceder en el supuesto contemplado en el propósito sancionatorio de la mencionada normativa.

En consecuencia, de conformidad con lo que he dejado expuesto respecto del recaudo formal exigido por el decreto 146/01, y dado que se advierte configurado en la especie el presupuesto fáctico al que alude el mencionado artículo 80 de la L.C.T. como condición de procedencia para la indemnización que prevé, estimo que en el presente caso, corresponde receptar favorablemente la queja bajo estudio (cfr. citado artículo 278 del C.P.C.C.N.) y hacer lugar al agravamiento indemnizatorio en cuestión, el cual prospera por la suma $8.502,60.- ($2.834,20.- x 3, cfr. mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada por el trabajador durante el último año laborado, de conformidad con lo resuelto en el apartado III respecto del salario que debió percibir por la prestación de servicios en jornada completa de labor).

X- Las modificaciones que he dejado propuestas en los apartados III a IX del presente pronunciamiento, implican que -de acuerdo con las restantes pautas firmes del fallo de primera instancia- los créditos reconocidos se determinen conforme el siguiente detalle, a saber: 1) diferencias salariales: $38.713,30.-; 2) SAC segundo semestre 2007: $1.090,20.-; 3) vacaciones año 2008: $1.587,15.-; 4)salario días trabajados abril de 2009 (28 días): $1.788,88.-; 5)SAC proporcional año 2009: $620,12.-; 6)diferencia vacaciones proporcionales año 2009: $360.-; 7)SAC sobre vacaciones proporcionales año 2009: $47,23.-; 8)indemnización artículo 9º ley 24.013: $3.815,70.-; 9)indemnización artículo 80 de la L.C.T.: $8.502,60.-; 10)ropa de trabajo: $720.-; 11)salario familiar: $1.650.-; todo lo cual arroja un total de $58.895,18.-	XI- Como corolario de todo lo expuesto precedentemente, de prosperar mi voto, el capital de condena se eleva a la suma de $58.895,18.-, con más los accesorios fijados en la anterior instancia, sin suscitar controversia ante esta alzada.	XII- En cuanto al reclamo de los certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T., el planteo que formula el apelante también resulta atendible toda vez el instrumento acompañado a la causa, esto es, el "Certificado de Servicios y Remuneraciones" de la ley 24.241 (formulario ANSES P.S. 6.2.) -ver fs. 83/85-, amén de que -tal como precedentemente señalé- no refleja los verdaderos datos de la relación habida entre las partes ni se adecua a lo que surge de las constancias de la causa y a lo resuelto en este juicio con carácter firme, tampoco satisface los requisitos establecidos por el mentado artículo 80 de la L.C.T. y en consecuencia, no resulta idóneo para tener por cumplida la obligación de hacer dispuesta en dicha norma (en igual sentido, ver mi voto en autos "Konecta Servicios Administrativos y Tecnológicos S.L. c/García, Julio César s/Despido", S.D. Nº 17.254 del 31/08/11; y en autos "Domínguez, Diego Hernán c/Expervías S.R.L. s/Despido", S.D. Nº 17.266 del 12/09/11).

En efecto, la referida normativa pone en cabeza del empleador la obligación de entrega de un certificado de trabajo con la indicación de las fechas de ingreso y egreso del trabajador (es decir, el tiempo de servicio), la naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional), constancia de los sueldos percibidos, y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

En dicha inteligencia, toda vez que -reitero- el instrumento acompañado por la demandada no sólo se encuentra incorrectamente confeccionado (por no contener los reales datos del contrato de trabajo del actor) sino que tampoco cumple en forma cabal las directivas que emergen de la norma en cuestión (pues carece de la totalidad de los recaudos impuestos por la misma, en tanto no se ha aportado a la causa el certificado de trabajo y la constancia de aportes previsionales), propongo hacer lugar a la pretensión bajo estudio y, en consecuencia, condenar a las demandadas a hacer entrega al accionante -en debida forma- de los certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T., conforme los datos que se desprenden de la sentencia firme, dentro del plazo y bajo apercibimiento de aplicar las astreintes que eventualmente fije el sentenciante de grado en caso de incumplimiento (cfr. arts. 80 L.C.T., 666 bis del Código Civil y 37 del C.P.C.C.N.).

XIII- Atento las modificaciones que he dejado propuestas y lo normado por el artículo 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicadas en la anterior instancia y proceder a su determinación en forma originaria, adecuando ambos tópicos al nuevo resultado del litigo, lo cual transforma en abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en torno a estos puntos.

A tal fin, cabe tener en cuenta el resultado del juicio, la forma de resolverse, las cuestiones objeto de debate, y el monto y los rubros por los que progresa la acción, como así también que en el punto no cabe atenerse a un criterio meramente numérico o matemático sino que corresponde atender las posturas asumidas por cada una de las partes en sus respectivos escritos de constitución del proceso y al resultado final obtenido por cada una de ellas en la sentencia (cfr. art. 71 del C.P.C.C.N.), y asimismo tomar en consideración las razones por las que se accedió al litigio y el modo en que éste se desarrolló.

Por ello, evaluando íntegramente las características, naturaleza y significación del reclamo, así como la solución arribada desde una perspectiva que trascienda lo meramente numérico y resguarde la naturaleza alimentaria del crédito que prospera -apreciado en especial en su entidad cualitativa-, considero adecuado, justo, equitativo y razonable para el caso imponer las costas de la anterior instancia en un 80% a cargo de las demandadas y en el 20% restante a cargo de la parte actora (cfr. art. 71 del C.P.C.C.N.), en atención a los vencimientos parciales y mutuos verificados en autos, y en función de los reclamos de la demanda que prosperaron y los que a su vez fueron desechados.

Al respecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el acogimiento parcial del monto numérico reclamado en la demanda no obsta, en principio, a la aplicación de la regla genérica emanada del art. 68 del C.P.C.C.N., toda vez que la decisión a adoptar en torno al régimen de costas no versa exclusivamente sobre el cotejo de los montos que prosperan y los que no, sino también sobre las razones por las cuales las partes concurrieron al litigio, y cómo se desenvuelve el mismo, ya que, prima facie, quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar su contraria para obtener el reconocimiento de sus derechos.

En mérito a estas consideraciones y de acuerdo al modo en que se sugiere dirimir el pleito, considero ajustada a derecho la distribución de costas en los porcentajes precedentemente aludidos, y así lo dejo propuesto.

En cuanto a las retribuciones de los profesionales actuantes, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, las pautas arancelarias de aplicación (arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432, y art. 38 de la L.O.), como así también el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, estimo adecuado regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, y del perito contador, en el 16%, 14% y 5%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses.

XIV- Por lo mismos fundamentos que los expuestos, precedentemente, sugiero imponer las costas originadas en esta sede en un 80% a cargo de la codemandada María Rosa Ganly, que ha resultado vencida y en el 20% restante a cargo de la parte actora (cfr. art. 71 del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I- Comparto parcialmente lo que resuelve mi distinguido colega preopinante, expresando mi discrepancia con relación a los alcances y a las consecuencias del despido directo.

El carácter sinalagmático del contrato de trabajo, que impone derechos y obligaciones a ambas partes de la relación, exige, teniendo en cuenta la situación de hiposuficiencia en la que se encuentran los trabajadores, que los poderes que la legislación pone en cabeza de los empleadores deban ser ejercidos, además de manera racional y funcional a los fines de la empresa, con suma prudencia, a los efectos de no profundizar aun más la brecha de poderes existente entre empleadores y trabajadores en la que se hayan inmersas las relaciones laborales.

Entre esos poderes la ley reconoce la potestad del despido por injuria del trabajador, el que solo puede disponerse cuando se tenga el convencimiento que la relación laboral ya no puede continuar.

En el caso particular de autos es cierto que se ha comprobado, como surge del fallo de la instancia anterior y de lo que se recoge en el voto que me precede, que el actor cometió un grave incumplimiento a sus deberes de conducta, buena fe, diligencia y colaboración, cuando gritó e insultó a su empleador luego que se le impartiera una orden -que armara una mesa-, como así que ello ocurrió en presencia de clientes del local gastronómico que explota la empleadora demandada.

Pero no puedo dejar de señalar que, como también se pone de manifiesto en el voto que me precede, el despido fue decidido con posterioridad a que el actor intimara a su empleadora para que registrara correctamente el contrato de trabajo conforme su real fecha de ingreso y jornada completa de labor efectivamente cumplida y para que se le abonen las diferencias salariales por la prestación de servicios en jornada completa, reclamos estos que no solo resultaron plenamente justificados, en tanto se comprobó que el actor fue registrado como empleado a tiempo parcial cuando en realidad cumplió una completa; con una fecha de ingreso posterior a la real; adeudándosele asimismo haberes y adicionales de convenio que no le fueron liquidados, ni salario familiar pese a que el actor acompañó los correspondientes certificados que acreditaban su estado civil; sino que quedó acreditado que como consecuencia de todos esos incumplimientos al actor se le adeudaban diferencias salariales cuyo monto fue justipreciado en la suma de $ 41.390,65.-, lo que es claramente demostrativo de que la relación mantenida por las partes no transitaba por carriles armoniosos.

Es obvio que esta situación no puede justificar la grave falta cometida por el actor, pero considero que pudo ser resuelta por parte del empleador mediante el ejercicio de su poder disciplinario antes que disponer la disolución del vínculo como lo hizo en aras de defender el principio de la continuidad de la relación (art. 10 de la L.C.T.).

De esta manera tengo por acreditado que antes de la falta cometida por el actor, que reitero sí ocurrió, existió por parte de su empleadora otra que por lo menos debe ser confrontada como igual, sino superior (cfr. art. 1.201 del Código Civil), por lo que tengo para mí el indicio cierto que la empleadora no recurrió a los poderes disciplinarios de los que pudo disponer antes de despedir al actor, para contrarrestar y colocarse en una mejor situación frente a los legítimos reclamos que éste le acababa de formular.

No parece a mi criterio ni razonable ni equitativo que en una relación donde el trabajador aparece como el sujeto de preferente tutela por imperio de la Constitución Nacional (art. 14 bis), frente a incumplimientos graves y recíprocos, una parte de la relación -el empleador- tenga el poder de despedir al trabajador, al tiempo que este último para poder defender sus derechos deba considerarse despedido y prescindir así de un derecho humano fundamental como lo es el derecho al trabajo, a partir del cuál el hombre no solo se desarrolla como persona, sino que también le sirve como medio de subsistencia	Por ello considero, reitero en el caso particular de la causa, que la decisión de la empleadora luce desproporcionada frente a los más graves incumplimientos que de su parte han sido constatados, por lo que, para mí, el despido directo resultó incausado y debe ser resarcido.

II- En función de ello, a las sumas reconocidas en el voto del distinguido colega preopinante y que arrojan la de $58.895,18.-, he de adicionar las devengadas en concepto de: 1) indemnización por antigüedad: $5.668,40.-, 2)sustitutiva de preaviso: $2.834,20.-, 3) SAC sobre anterior: $236,18.-, 4) integración del mes del despido: $188,94.-, 5) indemnización art. 15 L.N.E.: $8.691,54.-, y 6) indemnización art. 2º ley 25323: $4.345,77.-, las que totalizan la de $21.965,03.-, por lo que, en definitiva, el monto que diferiré a condena asciende a la suma de $80.860,21.-, con más los accesorios fijados en la anterior instancia, sin suscitar controversia ante esta Alzada, al tiempo que se comparte lo resuelto con relación a la obligación de entregar los certificados del art. 80 de la L.C.T.

III- Atento la modificación que he dejado propuesta y lo normado por el artículo 279 del C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicadas en la anterior instancia y proceder a su determinación en forma originaria, adecuando ambos tópicos al nuevo resultado del litigo, lo cual transforma en abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en torno a estos puntos.

A tal fin sugiero imponer las costas a cargo de las demandadas que han resultado vencidas (cfr. art. 68 del C.P.C.C.N.), toda vez que ello se compadece con lo normado por el principio rector en la materia plasmado en el art. 68 del C.P.C.C.N., que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota	Dicho criterio se fundamenta básicamente en que la parte que hizo necesaria la intervención judicial por su conducta, acción u omisión debe soportar el pago de los gastos que la contraparte ha debido realizar en defensa de su derecho.

En cuanto a las retribuciones de los profesionales actuantes, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, las pautas arancelarias de aplicación (arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839 -modificada por ley 24.432, 3 y concs. del dec. ley 16.638/57 y art. 38 de la L.O.), como así también el mérito, calidad y extensión de las labores desarrolladas en la anterior instancia, estimo adecuado regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, y del perito contador, en el 16%, 14% y 5%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses.

IV- Sugiero imponer las costas originadas en esta sede a cargo de la codemandada María Rosa Ganly, que ha resultado vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.) y, a tal fin, regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 14, ley 21.839).

Por todo lo expuesto, de prosperar mi voto, corresponde: 1) Revocar en lo principal la sentencia dictada en la anterior instancia, de conformidad con lo precedentemente expuesto, y elevar el capital de condena a la suma de PESOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON VEINTIUN CENTAVOS ($80.860,21.-), con más los intereses que allí se establecieron; 2) Condenar a las demandadas a hacer entrega al actor de los certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T., de conformidad con lo dispuesto en el apartado XII del presente pronunciamiento, dentro del plazo y bajo apercibimiento de aplicar las astreintes que eventualmente fije el sentenciante de grado en caso de incumplimiento; 3) Dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicada en origen, e imponer las primeras a cargo de las demandadas; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, y del perito contador, por sus trabajos en la anterior instancia, en el 16%, 14% y 5%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses; 5) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 6) Imponer las costas de la alzada a cargo de la codemandada María Rosa Ganly; 7) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

El Dr. Gregorio Corach dijo:

En cuanto es materia de disidencia, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. Alvaro E. Balestrini.

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia dictada en la anterior instancia, y elevar el capital de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($58.895,18.-), con más los intereses que allí se establecieron; 2) Condenar a las demandadas a hacer entrega al actor de los certificados previstos por el artículo 80 de la L.C.T., de conformidad con lo dispuesto en el apartado XII del presente pronunciamiento, dentro del plazo y bajo apercibimiento de aplicar las astreintes que eventualmente fije el sentenciante de grado en caso de incumplimiento; 3) Dejar sin efecto la distribución de costas y regulación de honorarios practicada en origen, e imponer las primeras en un 80% a cargo de las demandadas, y en el 20% restante a cargo de la parte actora; 4) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, y del perito contador, por sus trabajos en la anterior instancia, en el 16%, 14% y 5%, respectivamente, del monto total de condena, comprensivo de capital e intereses; 5) Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 6) Imponer las costas de la alzada en un 80% a cargo de la codemandada María Rosa Ganly, y en el 20% restante a cargo de la parte actora; 7) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de la codemandada María Rosa Ganly, por sus actuaciones ante esta alzada, en el 25%, para cada una de ellas, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.- Ante mí.-