marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Medidas cautelares, impuestos, inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL-TRIBUTARIO
Carátula: "Siderca  SAIC-IC  MEd c/ EN  Dto 493/04 y 424/01 s/ Amparo Ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-10-26

Debe confirmarse el rechazo de la medida cautelar a fin que se ordene al Estado Nacional que, hasta que recaiga sentencia firme sobre el fondo de la controversia en la que se solicita se declare la inconstitucionalidad del decreto 493/04 en cuanto restringe el régimen previsto por el decreto 424/01 para la cancelación de obligaciones tributarias nacionales con títulos de la deuda pública, disponiendo su suspensión hasta tanto haya finalizado la operación de canje voluntario de Títulos de la Deuda Pública Externa contemplada en el art. 24 del decreto 1387/01; y supedita, a las resultas de canje de deuda pública, el mecanismo licitatorio dispuesto por el decreto 2243/02, modificado por el decreto 1264/03- suspenda las restricciones dispuestas por el decreto 493/02 y restablezca el mecanismo de licitaciones mensuales para la cancelación de obligaciones tributarias nacionales con certificados de ejercicio de opción impositiva.
Aduanas, beneficios tributarios, interpretación de la ley, interpretación restrictiva
Materia: ADUANERO
Carátula: Pesquera Emiliano S.A. (T.F. 8735-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-17

Ha de recordarse que, si bien con cierta atemperación, la jurisprudencia en relación a la interpretación de los beneficios que pueden reconocerse a los particulares, se ha mantenido dentro de los cánones rigoristas que fluyen de la propia naturaleza de los beneficios en favor de determinadas personas o grupos de personas que no alcanzan a los demás integrantes de la población. Así, en un comienzo, se sostuvo con rigor que la interpretación que concede franquicias o privilegios debe ser restrictiva y ajustada a lo literal y expreso del precepto legal aplicable (Fallos: 184:5;

185:51; 191:470; 187:260, entre varios más). Tiempo después, se afirmó que si bien las normas impositivas no debían necesariamente entenderse con el alcance más restringido que su texto admitía sino en forma que el propósito de la ley se cumpliera de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, tratándose de la exégesis del régimen de exenciones ella debe formularse en términos estrictos, por manera que en ellas sólo se amparan las que resulten de la letra del texto legal, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de la norma que las establezca (Fallos: 279:226).
Recurso extraordinario, depósito previo, litisconsorcio
Materia: LABORAL
Carátula: Rocha, A. c/ Cattorini Hnos. s/ Accidente art. 1113. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-11-14

En los casos de pluralidad de demandados puede aceptarse que un solo depósito resulte suficiente cuando los recursos de los litisconsortes versan sobre similares puntos litigiosos, lo que no ocurre cuando el recurrente reclama, entre otras cosas, la extensión de la condena en costas a la compañía de seguros. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Preclusión, principios procesales, recurso de apelación (procesal)
Materia: PROCESAL
Carátula: Arzamendía, Leonardo c/ Ugarte, Flavia Elizabeth s/ desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2019-09-04

Si bien en el supuesto de que quien apela no tiene poder de la parte interesada, ni invoca personería de urgencia, se admite la posibilidad de subsanación del defecto a través de su ratificación por la parte, ello es así con la condición de que la subsanación se efectúe dentro del término legal para apelar -porque vencido este plazo perentorio (arts. 155 y 244 CPLCC) resulta imposible subsanar con posterioridad tal defecto por haber precluido la etapa para hacerlo, debiéndose considerar que la sentencia ha sido consentida por esta parte.
Estupefacientes, tenencia de estupefacientes, medidas de seguridad educativas
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Medina, Omar y otro s/ Infr. Ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-12-27

Declarada la procedencia de la medida de seguridad educativa en los términos del art. 21 de la Ley 23.737, corresponde condenar por el delito de tenencia de éstas a título de consumo personal y sustituirla por aquella.
Tasas, prescripción, Obras Sanitarias de la Nación
Materia: PROCESAL - TRIBUTARIO
Carátula: Obras Sanitarias de la Nación. c/ Colombo, Aquilino s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-12-11

El término de prescripción decenal contenido en el art. 1 de la ley 11.585, es aplicable a la acción tendiente a procurar el cobro de la tasa retributiva de servicios que percibe Obras Sanitarias de la Nación.
Trabajadores del turf, aportes previsionales, aportes de empleados
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: URQUIZA, RAFAEL J. s/ JUBILACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-12-02

En principio, cabe calificar de autónoma la actividad desarrollada por los cuidadores de caballos de carrera y corresponde al interesado aportar la prueba que acredite la existencia de una relación laboral incluída en el régimen previsional de trabajadores dependientes.
Seguros, cláusulas obligacionales, asegurador, mora, privación del uso de la cosa
Materia: COMERCIAL-LABORAL-CIVIL
Carátula: Pérez, Antonio Marcos c/ Liderar Compañía General de Seguros SA s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-02

La procedencia de la privación de uso del automotor no tiene su fuente en el contrato de seguro, sino en la mora en cumplirlo en que la aseguradora ha incurrido, por lo que su exclusión en el mismo resulta irrelevante (esta Sala, "Loianno, Raúl Angel c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario", del 11/06/15, y "Flax, Mariano José Pablo c/ Caja de Seguros SA s/ Ordinario", del 28/10/15).
Inscripción de nacimientos, matrimonio igualitario
Materia: CIVIL
Carátula: Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-24

La objeción vinculada con la obligación prevista en el art. 4 de la DI-2012-5- DGRC -en tanto manda dejar constancia al pie del acta del número de la Disposición 5/2012, cuando se registre la inscripción de un nacimiento de los previstos en la normativa atacada-, viene formulada con apoyo en la incompatibilidad que existiría entre, esa exigencia y lo previsto tanto por el art. 42 de la ley 26.618 como por la resolución 38/2012, en desmedro del principio de jerarquía así como de la igualdad garantizada por la Constitución Nacional y los tratados citados en la demanda. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano. En sentido concordante ver voto del Sr. Juez Pablo A. Bacigalupo).
Accidente de tránsito, giros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BURASCHI SILVINO J. c/ ASHIRA  S.A. s/ ORDINARIO - ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-11-02

La ley 13.893 en su art. 44 expresamente establece que quien circula por una vía pública,debe conservar estrictamente la derecha y el art. 50 prevé que el conductor que desee doblar hacia su derecha para tomar otra calle, sólo debe hacerlo si su vehículo ocupa ya el lado derecho de la calzada, por lo menos treinta metros antes de iniciar la maniobra y recalca "que el viraje a la derecha debe ejecutarse lo mas cerca posible del borde derecho de la calzada.

Concluye la norma que "la violación a las disposiciones del presente art. constituye una contravención grave contra la seguridad del tránsito y crean para su autor, en caso de accidente, la responsabilidad inherente a los daños que ocasione".

Si no cumple estrictamente con ello o no descarga como pruebas su cumplimiento, es responsable directo y sin excusas del accidente. La ley nacional de tránsito es aplicable al ejido municipal por el art. 1ro de la citada norma.-
Daños y perjuicios, monto de la indemnización, fijación judicial
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Correa, María Cristina y otros c/ Lozin, Juan y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-07-28

Las estimaciones de resarcimientos de los justiciables dadas en los escritos introductivos del proceso, no atan al Magistrado, salvo que constituyan un tope cuantitativo establecido por los mismos (SCBA Ac. 28309).
Suspensión del juicio a prueba, violencia de género, fallo plenario
Materia: PENAL
Carátula: Segura, Hermes Joel s/ Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-06-24

No resulta viable la probation cuando el delito investigado implica un caso de violencia de género, por tratarse de supuestos en los cuales la normativa involucrada en la cuestión impone la realización del plenario. Dres. Gemignani, Borinsky y Hornos.
Procedimiento laboral, facultades del juez, deberes del juez, sentencia ultra petita, jurisprudencia aplicable, derechos del trabajador
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Gómez, Graciela Beatriz  c/ El Potrero de San Lorenzo S.A.  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2023-02-13

El art. 102 del CPL acuerda a los jueces laborales la facultad para resolver "ultra petita" (inciso d), esta facultad se reduce sólo a la posibilidad de exceder los "límites cuantitativos" fijados por las partes pero no los autoriza a acordar una cosa distinta a la demandada o propuesta por las partes, excediéndose los "límites cualitativos" de la litis, fallando "extra petita". Ello, se encuentra vedado por afectar el principio de congruencia. Así lo ha explicado nuestro máximo Tribunal provincial al señalar que "La facultad que otorga al juez el art. 102 del C.P.L. lo autoriza a condenar al empleador acordando al trabajador mayores sumas que las reclamadas, ajustándose a las disposiciones legales, pero siempre en relación con la acción ejercitada" (Voto Ronconi. Adhesión Barbiero)
Expresión de agravios, falta de expresión de agravios
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Romero, Patricia Rafaela en representación de su hijo Alonso, César c/ O.S.B.A. Delegación Concordia s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2006-01-24

La parte demandada-recurrente ha omitido presentar memorial de sus agravios contra la sentencia, derecho que le otorgaba el artículo 16 de la Ley 8369. Si bien ello no es obligatorio para la parte, ni tiene efectos vinculantes para este Tribunal que ejerce jurisdicción plena para conocer sobre el tema, lo cierto es que aquella omisión impide saber cuáles pueden ser los cuestionamientos a la argumentación del fallo de Primera Instancia en lo que hace al análisis de las normas vigentes en la materia.

Tal interpretación se comparte plenamente y amerita la confirmación del cuestionado decisorio. Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso interpuesto.
Falsificación de marca o designación, delitos contra la salud pública, código penal, asociación ilícita, procesamiento, embargo, adulteración de medicamentos, expendio de medicamentos, distribución de medicamentos, farmacias, falsificación de medicamentos, concurso real
Materia: PROCESAL
Carátula: Max Pharma y otros c/  s/ envenenamiento y/o adulteración de sustancias medicinales
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-12-02

Cabe decretar el procesamiento -sin prisión preventiva- y embargo, respecto de los bienes de quien se desempeñaba como miembro de la asociación ilícita dedicada a la adulteración y comercialización de medicamentos, por cuanto resulta prima facie penalmente responsable de delitos contra la salud pública, conforme los términos del artículo 210 párrafo primero del Código Penal de la Nación, en concurso real con los actos punibles contemplados en el artículo 31 de la Ley de Marcas y Designaciones.
Expropiación, indemnización, Tribunal de Tasaciones, dictámenes, valor probatorio
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ PEREZ, ROSA MAGDALENA MARIA SECCO DE Y PEREZ, HELIO EDGARDO ANDRES SANTOS Y/O QUIEN RESULTE PROPIETARIO s/ EXPROPIACION (EXPTE.: C.S.J. NRO. 1955 AÑO 1996)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2005-03-16

Si bien es cierto que el dictamen de la Comisión de Tasaciones ostenta un relativo valor probatorio, ya que, aun siendo de producción necesaria, carece de efecto vinculante, también lo es que el Alto Tribunal nacional ha decidido -aunque en aplicación de un régimen legal distinto- que la atribución de los magistrados de apartarse de la apreciación del Tribunal de Tasaciones se encuentra condicionada por el grado de uniformidad con que se expidan sus integrantes y por la concurrencia de circunstancias demostrativas de error u omisión. En el caso, siendo que la Comisión de Tasaciones, con representación de los expropiados, se pronunció por unanimidad, y que no se han alegado ni se advierten errores u omisiones en la respectiva valuación, corresponde estar al justiprecio dictaminado.
Debate, clasificación de delitos, situación del imputado, sentencia condenatoria, robo calificado, agravantes de la pena, armas
Materia: PROCESAL
Carátula: Cáceres, María Manuela c/ Roldán, Carlos Alberto s/ SENTENCIA CONDENATORIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-09-22

Que, en el delito de robo el verbo que define la acción delictiva es "desapoderar, hecho que debe revestir: 1.- la característica de ilegitimidad; 2. que el bien objeto del desapoderamiento sea una cosa mueble total o parcialmente ajena y 3. que ello se produzca mediante el uso de fuerza en la cosa o violencia en la persona.

En este sentido, en primer lugar cabe señalar que la propiedad de las cosas denunciadas como sustraídas no fue cuestionada por ninguna de las partes, de allí que el desapoderamiento de ellas por parte de cualquier otra persona torna ilegítima esa conducta, en este caso concreto no cabe duda alguna que la cosa era ajena al imputado. Asimismo la descripción de ellas demuestra, desde la experiencia común, que se trata de objetos que revisten el carácter de cosa mueble.

Finalmente, en cuanto a la violencia es dable señalar que en este caso se constata una violencia sobre la persona a quien le puso un machete en el cuello. Que, coadyuva a esta conclusión la constatación que hace el médico de tribunales respecto de la existencia de una lesión en el arco superciliar derecho en la victima.Que de lo precedentemente expuesto se colige que se prueba con el grado de veracidad requerido en esta etapa del proceso la conducta delictiva que se endilga al imputado, es decir robo calificado por el uso de arma.
Beneficio de litigar sin gastos, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: LA CARIA, JOSE c/ SAVASTINO, PABLO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-18

La posibilidad de dejar sin efecto el beneficio de litigar sin gastos, a requerimiento de parte interesada, exige la demostración de que la persona a cuyo favor se dictó no tiene ya derecho a aquél (doct. art. 82 del Cód. Proc.). Por consiguiente, la parte contraria a la que obtuvo el beneficio deberá acreditar que han desaparecido o se han modificado las circunstancias fácticas tenidas en cuenta al concederse el mismo.
Cámara de Apelaciones, tribunal plenario, proceso penal, suspensión del juicio a prueba
Materia: PENAL
Carátula: Z, E R s/ Estafa. Incidente de suspensión del juicio a prueba. Cuestión   previa: ¿Corresponde integrar un cargo de Juez de Cámara, vacante en  una sala de una de las Cámaras de Apelación en lo Penal convocadas, para la constitución y funcionamiento válido de éste Tribunal   plenario? Cuestión de fondo: 1) ¿El instituto de la suspensión del   juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la Ley 24316 como   artículos 76 bis, 76 ter y 76 quater, resulta aplicable a los   imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda  los tres años de reclusión o prisión?; 2) En su caso ¿El   consentimiento del Fiscal previsto en el artículo 76 bis, cuarto   párrafo del Código Penal, es exigible para todos los casos de   concesión de tal beneficio? (Expte. Nro. 1021-97) (Tribunal plenario)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-22

Uno de los propósitos liminares perseguidos por la sanción de la ley 24316 fue, conforme se lo expresa reiteradamente en sus antecedentes parlamentarios, el descomprimir la actual situación de la justicia penal próxima al colapso, asignando mejor los recursos y medios disponibles que, al quedar liberados de la pesada carga que supone atender los cientos de miles de causas de menor gravedad, puedan encaminarse a investigar y juzgar las manifestaciones más graves de la delincuencia y de tal forma revertir el descrédito que goza actualmente, recuperando la credibilidad social. (Del Voto del Dr.

Fierro). En el caso, la cuestión a resolver es: ¨El instituto de la suspensión del juicio a prueba, incorporado al Código Penal por la ley 24316 como artículos 76 bis, 76 ter y 76 quáter, resulta aplicable a los imputados por delito o delitos cuya escala penal en abstracto exceda los tres años de reclusión o prisión?
Sentencia, contenido de la sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Consorcio Propietarios Edificio Moreno 3040 c/ Alonso José s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-02-10

Habiéndose consolidado el derecho durante el curso del proceso, es, no obstante factible examinar tentativamente las actuaciones a efectos de afinar dicho pronunciamiento, aunque sin que de esto deba seguirse el rechazo o el acogimiento de la demanda.
Derecho internacional, Derechos humanos, derecho a la vida, daño resarcible
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: G., F. Y. s/ Homicidio y Homicidio en gdo. de tentativa c/alevosía en c.r. en carácter de partícipe necesario s/Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2007-06-22

Además, se ha establecido que es "... un principio de derecho internacional que toda infracción de una obligación internacional - en el caso, violación del derecho a la vida, integridad personal, garantías judiciales y a la protección judicial - que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente".
Acción civil en el proceso penal, indemnización, acusación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: LEALE, R.M. s/ INDEMNIZACION - RECHAZO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1977-02-15

Si la querella, al deducir acusación, se limitó en el petitorio a reclamar de modo impreciso, condena por daños y perjuicios expresando, respecto de su monto, que "se determinará" y "actualizará con el informe a requerir en el cuaderno de prueba", sin supeditar su evaluación al criterio prudencial del Juez que autoriza el art. 29 del Cód. Penal, y sin concretar nunca, en el curso del proceso, dicho monto, a pesar de la precitada promesa-, corresponde rechazar su pedido de indemnización.
Despido indirecto, notificación
Materia: LABORAL
Carátula: PRIETO, Roberto Pedro c/ DURAN, Juan Cleomedes y otros s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 1993-08-24

El despido y el autodespido son el ejercicio de un derecho y constituyen un negocio jurídico unilateral y recepticio con todos los efectos que le otorga tales características. En consecuencia, no cumpliendo el trabajador con la obligación de la denuncia por escrito fundada en justa causa (art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo), mal puede alegar un autodespido para lograr el cobro de las indemnizaciones que surgen del mismo y que reclama en su demanda.
Depreciación monetaria, cosa juzgada
Materia: PROCESAL - CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Banco del Chaco c/ Jorge Daniel Castaño s/ incidente de actualización monetaria.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-25

Lo que se busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en su fallo la cual resultaría frustrada de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquel no es cumplido en su debido tiempo.
Propiedad horizontal, responsabilidad del consorcio, daños en el inmueble, partes comunes, responsabilidad del dueño o guardián de la cosa
Materia: CIVIL
Carátula: ROMULO BONTA Y COMPAÑIA S.R.L c/ KUHNE, Carlos s/ PROPIEDAD HORIZONTAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-05-20

Si de acuerdo al Reglamento de copropiedad de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, la cosa generadora del daño reviste el carácter de parte común, la responsabilidad emergente de la guarda recae sobre el consorcio de propietarios, tratándose de una responsabilidad objetiva.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, sentencia suficientemente fundada, daños y perjuicios, incumplimiento del contrato, indemnización, daño moral
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Rodera, Miguel c/ Facciano de Leone, María s/ Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad. Ordinario   (Expte. CSJ Nro. 994-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-06-19

Debe desestimarse el alegado incumplimiento del mandato consagrado por el artículo 95 de la Constitución provincial y apartamiento de lo dispuesto por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial en torno a la cuantificación de los daños -en especial, el moral-, habida cuenta que se lo formula sin hacer mención de los argumentos expuestos por el A quo a los efectos de justipreciar los tres rubros que conformaron la pretensión actoral (lucro cesante, daño emergente y daño moral).Con relación al daño moral, el Alto Tribunal local expuso, apoyándose en doctrina autoral, que conforme la índole del hecho generador de la responsabilidad (artículo 522, Código Civil) correspondía admitir ese rubro cuando el incumplimiento de la obligación encontraba su origen en el acto voluntario de la demandada, máxime cuando hubo mala fe y dolo en la determinación de la renuencia. Siendo ello así, la postulación impugnativa en modo alguno convence que los Jueces no hayan suministrado las bases necesarias para arribar al resultado económico, menos aun que la indemnización consagrada sea desproporcionada con los hechos que se estimaron comprobados en la causa.
Juicio ejecutivo, confirmación de sentencia, conciliación
Materia: COMERCIAL
Carátula: ANNUN, ERNESTO OSCAR C/BANCO SANTANDER RIO SA S/EJECUTIVO c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-03

Procede confirmar la resolución por la cual se rechazó la pretensión del actor de ejecutar en autos cierto acuerdo conciliatorio al que habría arribado con el demandado ante el COPREC, debidamente homologado (CPR 500-1°). Ello por cuanto, dichas obligaciones se encuentran cumplidas, de manera que, como es obvio, el título invocado no es susceptible de ejecución, pues de él no surge ninguna obligación "exigible". No obsta a ello que tal cumplimiento haya tenido lugar más allá del tiempo estipulado para ello; ya que, aun si esto hubiera sucedido en términos que autorizaran al actor a exigir los rubros adicionales que aquí reclama, nos hallaríamos ante rubros que no surgirían del título invocado. Es que lo demandado son aspectos que exceden tal título y no se compadecen con el marco procesal a través del cual el reclamo pretende ser canalizado; ya que dicha vía sólo sería procedente en la medida de las prestaciones comprometidas en el respectivo acuerdo (Fassi - Maurino, "Código procesal. Comentado, anotado y concordado", T. III, pág. 830, edit. Astrea) y no cuando, una vez cumplido él, lo pretendido es obtener el reconocimiento de daños con sustento en la responsabilidad imputada al obligado por razón de su tardío cumplimiento.