Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-03-15


SALTA, 15 de MARZO de 2.013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "CHOCOBAR, Damaso; CRUZ DE CHOCOBAR, María -SUCESORIO", Expte. Nº 73.076/95 del Juzgado en lo civil y Comercial de Primera Instancia 8º Nominación, Nº CAM 1-404.532/12 de esta Sala Primera, y CONSIDERANDO I.- Que contra la sentencia que a fs. 409/410 declaró desierto el recurso interpuesto por el Sr. Rodolfo Ricardo Cruz a fs. 347, éste articuló a fs. 411/416 recurso de inconstitucionalidad.

Sostiene el impugnante que la resolución atacada es contraria a la garantía de debido proceso legal y al derecho de defensa, que constituye una aplicación dogmática del Derecho y que no es consecuencia razonada de las leyes. Por tales razones -afirma- es arbitraria.

Luego de efectuar un relato de los antecedentes de la causa, asevera que los tópicos que enumera no fueron objeto de tratamiento en primera instancia ni por este Tribunal.

Tales puntos, en lo esencial, refieren a: que las nulidades peticionadas se fundan en vicios de consentimiento no manifiestos; que el incidente se interpone en este proceso porque en los hechos se ha desplazado al curador de la herencia vacante; que la nulidad de la Escritura Pública 106 es absoluta; que por lo tanto el vicio es insanable e imprescriptible; que pueden dictarse de oficio; que las nulidades absolutas pueden invocarse también por vía de excepción; que iniciar un proceso de conocimiento sería un desgaste jurisdiccional; que no se entiende qué prueba se tendría que rendir ni por qué iniciar un proceso de conocimiento; que no se está redarguyendo de falsedad la Escritura Pública mencionada; que la calificación del negocio jurídico es una cuestión de derecho, que puede decidirse sin indagar sobre hechos y sin necesidad de rendir otras pruebas.

Insiste el recurrente en preguntarse por qué se considera necesario un proceso de conocimiento y manifiesta que su disconformidad no es tanto por la descalificación de sus argumentos sino por la omisión de considerarlas aunque sea en abstracto.

Sostiene que, habiendo sido concedido el recurso en relación y presentado el memorial en tiempo y con fundamentación, lo resuelto constituye un error jurídico injusto, que se apara de la verdad lógica.

Insiste en situaciones que a su juicio determinan la nulidad alegada, pide se tenga por fundado el recurso conforme al artículo 298 del Código Procesal Civil y Comercial y se lo conceda, invocando además el artículo 1.047 del Código Civil.

Los autos se encuentran a Despacho, conforme providencia firme de fs. 420.

II.- Que el remedio extraordinario, de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad grave como para producir una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad (CJSalta, Tomo 64:855; 72:581; 100:139).

En este orden, se ha sostenido reiteradamente que la correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada desde el estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya el "a quo" para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN, Fallos, 304: 1127; CJSalta, Tomo 68:719).

Cabe tener en cuenta además que, para conceder o denegar el recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada debe fundamentar adecuadamente su decisión precisando si el recurrente dio cumplimiento con los requisitos formales correspondientes, si se trata de sentencia definitiva dictada por el superior tribunal de la causa, si existe relación directa con la cuestión federal invocada o si de un análisis circunstanciado de la causa se desprende el supuesto de arbitrariedad alegado por el recurrente (cfr. Sagües, Néstor Pedro; "Recurso Extraordinario", Tomo 2, ed. 1992, p.498 y ss).

Este examen debe hacerse valorando los agravios desde la óptica del recurrente, efectuando un juicio de probabilidades sobre la afectación de derechos o principios constitucionales (CJSalta, Tomo 143:953).

III.- Que el recurso fue interpuesto en término, conforme constancias de fs. 410 vta. y 416 vta. No obstante, la decisión de esta Sala no es impugnable por recurso extraordinario.

En efecto, el art. 297 del Código Procesal Civil y Comercial determina la procedencia del recurso de inconstitucionalidad solamente cuando se plantee contra una sentencia definitiva y en los supuestos específicos que allí se prevén. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por la invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que exige el caso( Rep ED T. 21-586-ap.12; cfr. CJSalta, Tomos 66:179, 168:913).

El pronunciamiento objeto de este recurso dejó firme la decisión de instancia anterior que, teniendo en cuenta que la nulidad alegada en contra de la Escritura Pública Nº 106 a fs. 325, punto 2 ya había sido planteada a fs. 89/92, dispuso mantener lo resuelto a fs. 210 punto II.

Por lo tanto, la ahora cuestionada no es una sentencia definitiva, pues concretamente no impide a la parte que, a través del procedimiento correspondiente, obtenga un pronunciamiento sobre la nulidad que invoca, sin perjuicio de cuál sea la vía que a su parecer sea más conveniente o adecuada.

Ello sólo ya basta para denegar el recurso, al no implicar una cercenamiento de las vías a las que pudiera recurrir esta parte para la defensa de sus derechos.

IV.- Que, sin perjuicio de lo señalado, es de destacar que la Sala analizó el recurso interpuesto en contra de la sentencia de fs. 327/328 ciñéndose a lo resuelto en el punto III de fs. 328, tal como fuera delimitada la jurisdicción del tribunal de apelación por el recurrente a fs. 353.

En el mencionado punto III se había dispuesto que el incidente de nulidad planteado a fs. 89/92 por el Sr. Rodolfo Ricardo Cruz en contra de la Escritura Pública Nº 106 ocurra por la vía y forma que corresponda, según lo establecido a fs. 110.

Este Tribunal evaluó los fundamentos dados por el Sr. Juez de Primera Instancia respecto a que el Sr. Cruz había planteado a fs. 89/92 incidente de nulidad de la escritura Pública nº 106, cuya copia es la que obra a fs. 2/3 de autos, por lo que resolvió indicar el trámite dispuesto a fs. 210, precisando que tal proveído no fue objeto de recurso alguno.

Al examinar la pretensión recursiva, se llegó a la conclusión de su insuficiencia a los fines de poder ser tenida como crítica concreta y razonada de la sentencia de primera instancia en los términos del artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, y declaró desierto el recurso.

La Corte de Justicia local tiene reiteradamente dicho, siguiendo doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales locales no justifican, como regla, el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las cuestiones que suscitan, con excepción de los casos donde lo decidido frustra la vía utilizada por el justiciable sin fundamentación idónea suficiente, con vulneración de la garantía de la defensa en juicio (Tomos 60:955, 61:1, 62:197, 89:733, 96:977, 97: 635, 116:121, 166:729), supuesto que no concurre en autos.

El recurrente se agravia porque el Tribunal, en expresa aplicación de los artículos del código de forma (art. 255 C.P.C.C.), tuvo por desierto el recurso. Sin embargo, en el reducido marco de análisis que cabe a la Cámara en oportunidad de resolver sobre la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, no se observa la alegada violación de derecho de defensa, teniendo en cuenta que a pesar de que este Tribunal mantiene un criterio amplio en orden a la valoración de los agravios (CACCSalta, Sala I, Fallos 1992:101; 2000:654; 2013-SD:7) no fue posible encontrar, en la presentación de fs. 352/354 vta., fundamentos que den lugar a considerar que se había ofrecido una crítica concreta y razonada que pudiera ser analizada como recurso de apelación.

En conclusión, el recurrente intenta que se analice una cuestión procesal resuelta con fundamentos de igual índole que, por naturaleza, constituyen aspectos a resolver privativos del tribunal de la causa al no advertirse agravio constitucional.

V.- Que, en definitiva, no existiendo mérito para abrir la instancia extraordinaria, corresponde denegar el recurso de inconstitucionalidad bajo análisis.

Por ello, LA SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL RESUELVE I.- DENEGAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a fs. 411/416.

II.- ORDENAR se copie, registre, notifique y oportunamente bajen los autos al Juzgado de origen.