Tribunal: CAMARA DE APEL. EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-09-02


NEUQUEN, 2 de septiembre de 2014 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: "GOÑI LEONARDO MARTIN C/ PROVINCIA DE NEUQUEN (SUBSECRETARIA DE SALUD) S/ ACCION DE AMPARO" (EXP Nº 502716/2014) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. El Sr. Juez de Primera Instancia dicta sentencia y declara inadmisible la acción de amparo por no haber ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. No obstante ello, hace lugar "al pedido de improcedencia de reclamo por diferencias salariales de la administración por la liquidación errónea de haberes (fs. 41) por el monto de $7.915,96".

Contra dicho pronunciamiento apelan ambas partes.

1.1. La actora lo hace a fs. 117/119.

Se agravia en tanto entiende que se vulnera el derecho a la segunda instancia al aceptarse originariamente la vía y luego rechazarla, con el argumento de que la Cámara tiene un criterio unánime al respecto, sin analizar cada caso particular.

Agrega que se impidió la producción de prueba y luego, se deniega el amparo "por necesitar mayor debate y prueba", impidiéndose en este caso demostrar los extremos de la demanda, vulnerándose el derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la C.N.

Sostiene que se viola el principio de igualdad a los empleados públicos, al vedarles que puedan acudir a la vía del amparo.

Agrega que, además, se niega el derecho a la estabilidad y se lo rechaza sin analizar los fundamentos expuestos por la parte, que demuestran la ilegalidad de la resolución.

Los agravios son contestados por la Provincia a fs. 124/125.

1.2. La demandada apela a fs. 120/122.

Sostiene que el magistrado falla ultra petita en tanto al hacer lugar "al pedido de improcedencia de reclamo por diferencias salariales de la administración por la liquidación errónea de haberes (fs. 41) por el monto de $7.915,96", se expide sobre algo que no fue reclamado.

Indica que entendiendo su parte que el amparo se circunscribía a su objeto, esto es, a que se dejara sin efecto la baja, sobre esto contestó y ejerció su defensa, por lo que la declaración de nulidad del acto administrativo que la ordenó y su consiguiente reinstalación, vulneró su derecho de defensa, extralimitándose el magistrado al resolver.

En segundo lugar, se agravia con relación a las costas.

Entiende que el fundamento dado es insuficiente, en tanto el principio general sólo debe ceder ante casos excepcionales, circunstancia que no se presenta en el caso.

El memorial no es contestado por la contraria.

2. Así planteados los agravios, comenzaré el análisis por los deducidos por la actora.

En este caso, los cuestionamientos deducidos en el recurso no logran conmover la razón de la decisión, esto es, que la materia presentada encuentra un valladar en las disposiciones del artículo 1 de la ley 1981 y 43 de la Constitución Nacional, lo que se traduce en las condiciones de inadmisibilidad previstas en el artículo 3, específicamente, ap.3.1. y 3.4 de la ley 1981.

En efecto: la cuestión decisiva radica en los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo.

Por este motivo, al considerar el magistrado, conforme a las razones que expone, que no están dados los requisitos para el tratamiento de la cuestión de fondo planteada, su no abordaje se presenta totalmente coherente con el argumento de decisión.

Y esto no implica impedir la defensa del derecho que se dice conculcado, sino entender que el continente procesal en el que se intenta debatir es inadecuado.

De allí la improcedencia de la producción de prueba en este marco.

Es que para que el amparo sea procedente ".es necesario que el acto de la autoridad pública cuestionado sea manifiestamente arbitrario o manifiestamente ilegítimo, es decir, debe tratarse de algo descubierto, patente, claro, y tanto la doctrina como la jurisprudencia han exigido que los vicios sean inequívocos, incontestables, ciertos, ostensibles. El acto lesivo, fundamento de la acción de amparo, exige como requisito la ilegalidad manifiesta, significando ello, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 244:179, 245:351), que el amparo no procede respecto de la actividad administrativa sino cuando ésta es inequívoca y manifiestamente ilegal, porque la razón de la institución de aquel no es someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y organismos administrativos, sino proveer el remedio inmediato contra la arbitraria invasión palmaria de derechos reconocidos por la Constitución Nacional (PS.1993-III-523, Sala I) (JUBA7-NQN- Q0000362). Asimismo, que la viabilidad del recurso a la vía excepcional del amparo requiere, entre otros presupuestos, que el derecho esgrimido sea cierto y líquido, de manera tal que no exija una indagación profunda para su elucidación. Así hemos citado a Rivas, quien señala: "La función del juez en el amparo es la de, simplemente, verificar conforme los elementos de juicio aportados, la existencia y titularidad del derecho, pero no la de darle certidumbre ni admitir al efecto debates y probanzas que transformen la finalidad de la vía intentada, ya que establecer la liquidez del derecho invocado no es objetivo sino presupuesto, en ese tipo de litigio" (Rivas, "El Amparo", pág. 54)." (cfr. JUBA7-NQN- Q0004118) "MADARIETA DE OCHOA SILVIA G. C/ CONSEJO PROV. DE EDUCACION S/ ACCION DE AMPARO", (Expte. Nº 1277-CA-1 PI 2002-TºI - Fº59/60 - Nº31. del 21/02/02), "PERALTA DORA ELMA C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN S/ ACCIÓN DE AMPARO" (Expte. nro. 447/2002)". ("VIDAL JORGE OMAR C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO", (Expte. Nº 313640/4), PI-2004-IV-360-788/793, sen. 02 de noviembre de 2004, sala II, entre otros).

Más allá de que el recurrente no comparta esta razón, lo cierto es que si la misma encuentra correlato en las constancias de la causa, es una respuesta posible derivada del ordenamiento vigente y, por lo tanto, mal podría considerarse afectada la garantía de la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

2.1. Y aquí es necesario efectuar dos aclaraciones más.

En primer lugar: la circunstancia de que se haya dado trámite a la acción de amparo, no obsta a que en oportunidad de dictar la sentencia se efectúe un re-examen de su admisibilidad, máxime cuando planteos contra su procedencia han sido introducidos como argumento de defensa.

Es que si bien el auto que declara admisible la acción no es apelable ni es posible que el demandado oponga defensas de carácter previo cuestionando dichos recaudos, estas prohibiciones encuentran justificación en el carácter sumario del amparo que repulsa toda dilación para el tratamiento sobre el fondo del asunto; pero salvada la oportunidad del tratamiento, deben ser abordadas en la sentencia definitiva (cfr. Morello-Vallefin, Régimen Procesal del Amparo, pág. 97/98 y sus citas y 178).

En segundo lugar: lo resuelto por el magistrado no vulnera la garantía de la doble instancia, en tanto un magistrado puede, más allá de su criterio personal y de dejar a salvo su opinión, fundar su decisión en la interpretación y soluciones dadas por los Tribunales superiores en causas análogas, máxime cuando esta es reiterada y consolidada.

No puede aquí perderse de vista que esto encuentra fundamento en la demanda social de seguridad jurídica e igualdad en los pronunciamientos judiciales; al decir de Sagüés "la gente desea saber con claridad cuál es la interpretación válida de las normas, y que tal hermenéutica rija para todas las personas y en todos los lugares" (cfr. "La vinculatoriedad de la doctrina de la Corte Suprema", La Ley, 2008-E, 837 "Doctrinas Esenciales" Tomo I, pág. 1161).

En este caso, las tres Salas de la Cámara se han pronunciado en sentido similar en causas análogas, encontrando además, correlato en el criterio del Tribunal Superior de Justicia, en sus más recientes pronunciamientos.

Así indicó: ".Para alcanzar tal conclusión, cabe explicitar el marco conceptual en la cual se inserta.

Con tal propósito, es oportuno rememorar las nociones plasmadas en el segundo de los precedentes antes citados.

En primer término, allí se tuvo presente que:

"...las funciones primordiales del Cuerpo [...] son, el control nomofiláctico y la unificación de la jurisprudencia. Esta última, produce una cohesión interpretativa en todo el territorio provincial que no debe desdeñarse, dado que a su vez ello es fuente de seguridad, certeza e igualdad, y por ende, de equidad (conf. Juan Carlos HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 2da. Edición, Librería Editora Platense, La Plata, 1998, pág. 169).

En este sentido la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dijo: 'Deben mantenerse las pautas directrices que emanan de los fallos del Superior Tribunal de esta provincia, porque la principal finalidad de la casación es la de unificar la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales comprendidos en dicho ámbito territorial, y con ello el logro de los valores de celeridad y economía procesal' (JUBA CC0202, LP 100992, RSD-190-3 S 12-8-2003, Juez Suárez (SD) Carátula: Peñalba Pedro B. y ot c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación inversa Mag. Votantes: Suárez-Ferrer)".

Y se añadió:

"La uniformidad de la jurisprudencia tiene una finalidad de origen constitucional que se funda en el principio de igualdad ante la ley; tal unificación jurisprudencial confiere seguridad jurídica y previsión en las decisiones frente a planteos similares (cfr. mi voto en Ac. N° 14/05 -CARCAMO- del Registro de la Secretaría Civil de Recursos Extraordinarios)".

Ahora bien. En lo que atañe a la denuncia del impugnante de la existencia de contradicción entre el desenlace del caso "RIVAROLA CLARO" (Acuerdo N° 36/04, del Registro que se viene citando), y el propuesto en el decisorio que aquí se cuestiona (inciso d, Art. 15, Ley 1.406), se advierte que el tema en debate guarda analogía con la cuestión tratada en esa causa, puesto que, si bien existen las diferencias que se marcan en el voto preopinante, lo cierto es que en aquélla se señaló que, si el caso planteado versa sobre cuestiones fácticas o jurídicas opinables o por su índole reclama un más amplio examen de los puntos controvertidos, corresponde que estos sean juzgados con sujeción a las formas legales establecidas al efecto.

Y, no obstante que en aquel asunto -valga reiterar-, los presupuestos fácticos eran disímiles, lo decidido en torno a la vía procesal escogida por el actor, es perfectamente trasladable a la situación de autos.

Así, en "RIVAROLA CLARO" se afirma: "Sobre el particular la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que el andarivel de marras es inadmisible cuando las cuestiones planteadas como fundamento del carril elegido son opinables o discutibles (C.S.J.N., FALLOS: 270:69; 271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 310:622, entre otros), o cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación de la eventual invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba (FALLOS: 275:320; 296:527; 305:1878; 306:788, etc.) señalando que este criterio no ha variado con la sanción del nuevo Art. 43 de la Constitución Nacional (FALLOS: 319:2955, ya citado)".

Agregándose lo sentado por la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza:"Jurisprudencialmente se ha sostenido: '[..] si el juez [o la jueza] advierte, que la materia es exclusivamente administrativa, es decir, que la cuestión constitucional es sólo mediata, indirecta, etc. [...] la vía del amparo es improcedente. Ello es así por cuanto, como lo ha sostenido la Corte Nacional, el amparo no constituye el sucedáneo versátil de la acción contenciosoadministrativa, sino el remedio singular para la extrema situación, en la que por la carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de los derechos fundamentales (CS, febrero 20-1986, E.D. 117-571). Es evidente que de sustanciarse un amparo, en que reitero, la cuestión es exclusivamente administrativa, el juez [o la jueza] de las instancias ordinarias está invadiendo el campo que la Constitución Provincial reserva a la Corte Provincial. Pero, desde que a esta materia se agrega, de modo indubitado, la violación directa de los derechos reconocidos por la Constitución, entonces se produce la situación prevista en la legislación provincial del amparo y el juez [o la jueza] de la instancia ordinaria es competente [..]' (conf. el voto conjunto de los Dres. Kemelmajer de Carlucci y Moyano, SC Mendoza, noviembre 3-1988, Flash Game S.R.L., E.D. 131-577)".

Y también lo resuelto en el mismo sentido por la Corte bonaerense:

"Resulta totalmente inaceptable hacer del amparo un vademécum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en sólo una, cuando la Constitución y las leyes marcan distintos caminos para proteger los derechos que se crean afectados. Es cierto que el amparo es una herramienta útil, mas no para cualquier situación (cfr.S.C.B.A., causa 58002)"." (Ac. 3/14 en los autos caratulados: "LAGOS, NORMA EDITH C/ MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL S/ ACCIÓN DE AMPARO" Expte. N° 58 - año 2012).

3. Debe además notarse que la acción de amparo como estructura de protección privilegiada encuentra directo anclaje constitucional, lo que determina que la visión de los constituyentes al receptarlo sea una línea interpretativa muy fuerte acerca de su ámbito de aplicación.

Y en este sentido es claro que el constituyente neuquino no ha dimensionado al amparo como una vía ordinaria, ni para que en su contexto se ventile cualquier controversia jurídica.

Así se señaló: ".entendemos al amparo como una vía residual, subsidiaria de las otras judiciales que el mismo ordenamiento prevea para hacer efectiva la tutela del derecho vulnerado y relacionado con esto mismo, el juicio de idoneidad que debe realizarse para verificar si es el amparo la vía procesal más idónea para la defensa del derecho, debe ser realizado en nuestra Provincia -como en cualquier otra- de un modo particularizado teniendo en cuenta los distintos remedios que judicialmente o para la actuación ante la Justicia ofrece el ordenamiento procesal. Digo esto porque en el orden nacional, por ejemplo, por vía de principio, el amparo es la vía más idónea y rara vez puede existir un remedio más expedito y rápido que la acción de amparo pero no sucede lo mismo en nuestra Provincia donde hay toda una panoplea de acciones procesales tendientes a hacer efectivos los derechos vulnerados, especialmente cuando se trata de vulneración por parte de la administración, de modo que aquí, en el juicio de idoneidad del amparo, está vinculado específicamente al primer carácter del amparo original, luego diremos algo sobre esto que es el aspecto subjetivo de protección del derecho vulnerado a un particular.no es el amparo una acción pensada para cualquier derecho ni como un juicio ordinario, se requiere urgencia ante la violación grave, manifiesta, de sus derechos constitucionales." (discurso del miembro informante Prieto).

Vemos, entonces, que no cualquier reclamo es susceptible de ser canalizado por la vía del amparo: tal como está perfilado constitucionalmente no deja de ser un remedio excepcional, reservado para circunstancias graves.

Y esta concepción encuentra sustento no sólo en la formulación local, sino también en la Nacional:

".Si revisamos cuidadosamente lo actuado y manifestado por los señores constituyentes reunidos en Santa Fe, advertiremos que fueron conscientes -porque la experiencia judicial argentina ya lo indicaba- que en aras de proteger derechos fundamentales, podían producirse abusos por parte de los operadores jurídicos, abusos que debían prevenirse.

Justamente como evitación de los mismos, es que discutieron sobre los alcances de expresiones como "medio judicial más idóneo" o "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta"." ".Desde Siri y Kot nuestros jueces siempre consideraron a la figura como excepcional. Lo que se ha querido significar es que el amparo no es la vía común o primaria de tutela de los derechos, ni siquiera tratándose de derechos expresamente reconocidos en la Primera Parte de la Constitución Argentina. si bien quisieron los convencionales que la acción de amparo esté desembarazada, también establecieron su naturaleza supletoria, es decir, accesible sólo cuando los remedios ordinarios no fueren eficaces." (cfr. Márquez Lamená, Sebastián "La acción de amparo no debe caducar (y no por ello se convertiría en una vía ordinaria)", Publicado en: DJ 30/05/2012, 1).

4. Tal como surge de las transcripciones efectuadas precedentemente, es claro que el amparo -más allá de las preferencias personales- no puede ser visto como una vía ordinaria.

Cuando la protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento jurisdiccional que, frente a las particularidades del caso, se presente como "el más idóneo", el amparo no será admisible. Ni el artículo 43 de la C.N. ni -conforme lo expuesto- menos aún, el artículo 59 de la Constitución Provincial, pueden entenderse como derogatorios del ap. 3.1.: En modo alguno hacen que la acción de amparo deje de ser una acción subsidiaria, viable sólo ante la inexistencia de otra vía que posibilite el adecuado resguardo del derecho invocado. Vía judicial "más idónea", en los términos del art. 43 CN, es la adecuada a la naturaleza de la cuestión planteada conforme al régimen procesal vigente, con lo cual el amparo queda reservado a los supuestos en que existe arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, además, las vías ordinarias carezcan de idoneidad para otorgar al justiciable una tutela judicial efectiva del derecho invocado.

Y, en este aspecto, es central dejar sentado que el amparo no puede ser objeto de un uso indiscriminado y como sucedáneo o alternativo de las acciones ordinarias. Ello en función de cuatro razones centrales y determinantes:

a) En primer lugar, porque no puede "confundirse un contencioso de ilegitimidad de actos administrativos, con un contencioso de inconstitucionalidad. No puede suponerse que alguien confunda un derecho adquirido a través de un acto o ley administrativa, con los sustanciales, fundamentales y humanos, consagrados en la constitución". "El conculcamiento de las libertades humanas no puede identificarse con el desconocimiento de derechos administrativos". "Todos los actos administrativos son expresiones lejanas o directas de la Constitución y de todos los preceptos sobre los derechos humanos, pero no toda ilegitimidad o ilegalidad de los mismos significa conculcamiento de las libertades humanas". (Véase Fiorini, Bartolomé, Acción de Amparo, Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan, en LL 124-1361, citado por Morello- Vallefín, op. cit. pág. 298).

El amparo no constituye el sucedáneo versátil de la acción procesal administrativa, sino el remedio singular para las situaciones extremas en las que, por carencia de otras vías legales, se encuentra en peligro la salvaguarda de los derechos fundamentales (ibidem, pág. 317, nota 43).

b) En segundo y relacionado lugar, quien acude a esta vía debe invocar con argumentos serios, la excluyente aptitud del amparo y, para ello, no es suficiente acudir al mero recurso de la celeridad.

El tiempo que insume la tramitación de los procesos ordinarios no es motivo suficiente para recurrir a la vía de amparo; como ha quedado sentado con la transcripción del informe del convencional Prieto, el amparo no ha sido concebido por nuestros Constituyentes provinciales con el propósito de liberar a las partes de las demoras, molestias e inconvenientes propios del ejercicio de toda acción ordinaria.

En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "la existencia de remedios procesales ordinarios y adecuados para la tutela del derecho del recurrente, excluye la procedencia de la acción de amparo" (Fallos: 322:2247), siendo insuficiente a ese fin el perjuicio que pueda ocasionar la dilación de los procedimientos corrientes, extremo que no importa otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el reconocimiento de sus derechos (Fallos: 252:154; 308:1222).

Y así como la alusión a la existencia de otras vías judiciales idóneas no debe constituirse en un mero cliché, del mismo modo la inexistencia de otra vía idónea o la inutilidad de los remedios, tampoco deben serlo.

c) En tercer lugar, porque el contenido específico del amparo es poner fin al ataque de las libertades públicas reconocidas por la Constitución: "Otro tipo de reclamo, como el que verse sobre indemnizaciones, sanciones disciplinarias, pecuniarias o penales a los funcionarios públicos involucrados, no resulta acumulable a la acción de amparo y tendrá que sustanciarse en un distinto continente. El amparo tiende -y es bueno reparar en ello para que no se desvirtúe- a restituir la situación jurídica restringida o a que cese inmediatamente la lesión constitucional. Y nada más" (cfr. Morello - Vallefín, op. cit. pág. 141).

En esta misma línea, la CSJN ha señalado que "es criterio muchas veces reiterado el de que la "angustia económica" que pudiera derivar "de la privación del derecho controvertido mientras dure el juicio pertinente, no es sino la situación común en que se ve colocada toda persona que peticiona el reconocimiento judicial de los derechos que afirma poseer contra otro particular o contra el Estado" (Fallos: t. 249, p. 457, consid. 5°). Y a ello no obsta la circunstancia de que tales derechos nazcan de la ley --lo que no les otorga preferencia alguna sobre los que tienen por causa el contrato-- ni la de que versen sobre sumas afectadas al pago de deudas presupuestarias . Que una de las reglas jurisprudenciales recientes de mayor relevancia es la que se definió en el caso "Saguir y Dib" (Fallos: t. 302, p. 1284). Se dijo allí que los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones y --mientras la ley lo consienta-- han de prescindir de aquellas que verosímilmente sean "notoriamente disvaliosas" (consids. 6° "in fine" y 12). A este respecto, todo indica que si se admitiese que la demora en el pago de una deuda implica arbitrariedad que viola garantías constitucionales y faculta a los jueces a conceder discrecionalmente el empleo del amparo o del proceso sumarísimo, se habría operado un visible cambio de naturaleza en estas dos vías ultrasumarias. El amparo, cuya institución hace más de treinta años fue celebrada como una fundamental conquista del sistema jurídico-político de la Argentina, esto es, como el establecimiento de un esencial resguardo de las libertades de la persona humana, se habría convertido, respecto de la mayoría de los casos concretos, en una técnica para el cobro acelerado de sumas de dinero, con sensible reducción del debate y de la prueba, que funcionaría, por lo común, en desmedro del Estado. Y ésta sería, sin duda, una "consecuencia disvaliosa" (cfr. CSJN, Fallos Corte: 313:532).

4) Pero además, hay otra consecuencia más trascendente en términos de disvalor: la "ordinarización" de la tutela diferenciada, la saturación de esta vía, no sólo priva de efectividad a la respuesta para los casos que realmente requieren canalizarse por esta acción, al entrar en competencia con ellos, sino que provoca otra desigualdad en el sistema de tutelas: la sola circunstancia de acudir al molde del amparo determina un privilegio en la atención de la causa, lo que repercutirá en que otros casos, que han seguido los canales ordinarios de tramitación (igual o, aún más graves que el aquí planteado) sean postergados en su tratamiento.

Sirva esto, al igual que lo expuesto en el principio, como respuesta al agravio relativo a la vulneración del principio de igualdad.

Y en este punto, como indica Taruffo, tampoco "debe olvidarse que la Justicia ordinaria es "de todos", y que todos tienen derecho a ver tutelados sus derechos.". La realización de este valor fundamental requiere que nadie sea privado de su derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva. Y esto implica una inversión neta de tendencia respecto a la multiplicación de los procesos especiales.

Por eso, dividir el universo de los que disfrutan de la justicia civil entre privilegiados, que gozan de instrumentos procesales construidos en cada caso a la medida de sus intereses particulares, y otros "constreñidos a servirse de un proceso ordinario, es una operación que contrasta con los valores de corrección y de igualdad de tratamiento, los que constituyen la base más sólida de todo el ordenamiento jurídico moderno y que valen, sin duda alguna, también en el campo de la administración de justicia" (cfr. Taruffo, Michele "Aspectos de crisis de la Justicia Civil. Fragmentación y privatización", AFDUAM 3, p. 61-75) Por ello, las tutelas de excepción deben, desde este prisma, ser analizadas restrictivamente; pero entiéndase bien lo que intento señalar: no pretendo con esto decir que la protección constitucional y urgente debe ser retaceada, sino que la vía del amparo debe reservarse para las situaciones graves y urgentes que no admiten dilación.

Es claro que todas las personas merecen una tutela judicial eficaz y oportuna (y, desde allí, permítaseme indicar que debemos mejorar y no cesar en la búsqueda de nuevos moldes de proceso y de organización judicial) pero, al margen de ello, la tutela diferenciada y urgente debe reservarse para situaciones que no admitan el tránsito por la instancia ordinaria por la irreparabilidad del perjuicio que implica la sola postergación de la resolución judicial definitiva.

6. En síntesis, bajo estas consideraciones, entiendo que la vía del amparo no es admisible en el caso traído a resolución.

La pretensión cuenta con una vía idónea de respuesta jurisdiccional: la acción procesal administrativa (sobre el tiempo que insume la tramitación ya me he referido precedentemente y, siempre, podrá solicitar y el Tribunal evaluará acerca de la procedencia de anticipar cautelarmente la protección jurisdiccional que se pretenda).

El alcance de la pretensión y las cuestiones que en este marco se plantean acerca de la regularidad de ese ejercicio, exceden la materia propia del amparo.

Por estas razones, entiendo que la decisión de primera instancia es acertada y encuentra correlato en las circunstancias de esta causa, por lo que debe ser confirmada, en cuanto declara la inadmisión de la vía, dejando subsistente la posibilidad de plantear la cuestión por la vía procesal administrativa.

7. Resuelto así el recurso formulado por el amparista, corresponde abordar el deducido por la demandada, el cual prosperará.

En efecto: al acceder a la instancia judicial, el actor consigna que promueve la acción de amparo "contra la resolución Nro. 2135 del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén, por resultar ilegal y arbitraria toda vez que ordena la baja del Sr. Leonardo Martín Goñi de su trabajo, vulnerando ilegítimamente el constitucional derecho a la Estabilidad del empleado público.

Asimismo, en razón de resultar nula de nulidad absoluta al contener un objeto oculto; y violatoria del constitucional derecho de Defensa del Sr. Leonardo Goñi; así como violatoria de su derecho a percibir salario, y haber sido realizada a menos de diez días de que naciera su primer hijo, lo que en definitiva también la convierte en una resolución discriminatoria. Por tanto se solicita a V.S: deje sin efecto el acto administrativo que de manera actual se encuentra lesionando los derechos constitucionales del actor; derechos que por tal razón deben ser de manera urgente restablecidos, y por tanto se solicita en el presente que se ordene la reincorporación del actor en su lugar de trabajo, abonándosele los salarios caídos".

Me he permitido efectuar la transcripción anterior, por cuanto a ella se reduce el planteamiento de la pretensión.

Esto es relevante, porque la alusión que efectúa el actor al reclamo de devolución, lo hace en el contexto argumentativo de su demanda, pero esto no constituye el objeto del amparo.

Como ha quedado reflejado, los términos de la demanda en modo alguno habilitan el tratamiento efectuado en el resolutorio y si no integra el objeto, mal podría ejercerse el derecho de defensa, mediante una refutación.

El respeto a la garantía de defensa en juicio es el límite infranqueable que debe regir para delimitar el contexto en el que habrá de dictarse una sentencia: esto es así, tanto desde la perspectiva de la regla de la congruencia, cuanto del respeto del principio de contradicción e igualdad de las partes, de igual cuño constitucional.

En esta línea, el Tribunal Superior ha sostenido que "la congruencia entre la sentencia y las peticiones de las partes, en cuanto a personas, objeto y causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites y los poderes del juez. De tal manera, el principio de congruencia exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que conforma el contenido real de la disputa" (conf. "CÓRDOBA, Elida Enilde c/ PROVINCIA DE NEUQUEN s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA" R.I. nro. 1615/97, del Registro de la Secretaría de Demandas Originarias, postura luego mantenida en Acuerdos N° 30/98, 8/99, 10/99, 11/99 del Registro de la Secretaría Civil, entre tantos otros).

Es que: "La congruencia es uno de los pilares fundamentales en el dictado de una sentencia judicial hallando tal fundamento en el principio de inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y los derechos, el cual resultaría vulnerado en caso de ausencia del mentado principio. es nula la sentencia que no satisface el requisito establecido en el inc. 6º del art. 163 del Cód. Procesal, pues la ausencia de una real decisión positiva sobre las cuestiones planteadas en el expediente, a la luz del verdadero contexto de las circunstancias vigentes al momento del dictado del fallo, impiden juzgar reunidos los recaudos inherentes a la validez de ese acto jurisdiccional." (cfr. LL 1996 B, p. 278-94185, comentado por Jorge Horacio Zinny. En igual sentido, cfr.: Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. V, p. 429 y ss.; Morello y colaboradores, "Códigos Procesales...", Editora Platense, 2ª Ed.; T. II-C, p. 76 y ss.; Colombo, "Código Procesal...", 4ª Ed., T. I, p. 284 y ss.).

Desde este vértice, lo consignado en el punto 3 de la sentencia, en cuanto se refiere a fs. 41 (que es una copia de una nota), siquiera integra la demanda y lo decidido en consecuencia no es correlato del debate llevado a cabo en autos y excede, por lo tanto, el ámbito autorizado para la decisión.

La vulneración aludida acarrea la nulidad de la sentencia (Palacio, ibíd., T. V, ps. 144/145), debiendo dejarse ese aspecto del decisorio sin efecto.

7. Con relación a las costas, entiendo que también asiste razón a la Provincia.

A la fecha de interposición del amparo (01/04/2014) se encontraba consolidada la posición que se recepta en el pronunciamiento.

Por lo tanto, siendo que la acción -conforme a lo aquí aclarado- es totalmente inadmisible, no procediendo en ninguna de sus partes, rige el principio de la derrota y por lo tanto las costas deben ser soportadas por el amparista en tal calidad (cfr. DOMINGUEZ RUBEN ANGEL Y OTROS C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" EXP Nº 458609/11, citado por el recurrente).

Por estas consideraciones, entiendo que debe desestimarse el recurso del amparista y acogerse el deducido por la demandada. Las costas de la Alzada estarán a cargo de la parte vencida. En consecuencia, la sentencia 1) debe ser anulada en cuanto se expide sobre la improcedencia del reclamo por diferencias salariales (punto 3 de los considerandos y parte final del punto I, de la parte resolutiva); 2) revocarse en punto a la imposición de costas, las que estarán a cargo del amparista en su calidad de vencido (art. 20 de la ley 1981 y 68 del C.P.C.C.); 3) confirmarse en cuanto declara la inadmisión de la acción de amparo promovida. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

1.- Desestimar el recurso del amparista y acogerse el deducido por la demandada. En consecuencia: a) anular la sentencia de fs. 105/110 en cuanto a la improcedencia del reclamo por diferencias salariales; b) revocarla en punto a la imposición de costas, las que estarán a cargo del amparista en su calidad de vencido (art. 20 de la ley 1981 y 68 del C.P.C.C.); c) confirmarla en cuanto declara la inadmisión de la acción de amparo promovida.

2.- Imponer las costas de la Alzada a la amparista vencida.

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la anterior instancia los que, adecuados al nuevo pronunciamiento, se fijan en las siguientes sumas: ...

4.- Regular los honorarios de Alzada en las siguientes sumas: ....

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dra. Cecilia PAMPHILE Dra. Mónica MORALEJO - SECRETARIA.