marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Divorcio, exclusión del hogar, atribución de la vivienda, exclusión del marido
Materia: CIVIL
Carátula: P.J. DE V.C. c/ V.I.O. s/ EXCLUSION DE CONYUGE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-09-11

Existiendo juicio de divorcio entre las partes y teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos de donde surge "prima facie", acreditada la verosimilitud del derecho en pedir la exclusión del hogar, atendiendo al desarrollo de las relaciones entre las partes, no puede imponerse a la cónyuge el mantenimiento del deber de cohabitación y siendo así, frente a la existencia de hijos menores, debe darse preferencia al mayor núcleo familiar, en atención a que debe tomarse en consideración la mayor posibilidad del marido, por ser una persona sola, para obtener vivienda.
Notificación tácita, retiro del expediente
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sposto, Juan Carlos c/ Banco Comercial del Tandil S.A. s/ prueba anticipada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-04-25

Debe denegarse la reposición intentada si la misma se ha interpuesto fuera de término, conforme constancias del libro de préstamos del Juzgado. Dicho retiro equivale a su notificación tácita. ( 127, 134, 239 y cdts. Cód. Proc. ) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Sentencia, nulidad de sentencia, defectos en la consideración de extremos conducentes, excesos u omisiones en el pronunciamiento, doctrina legal
Materia: PROCESAL
Carátula: FIGUEROA HECTOR ARMANDO c/ E.D.E.T.  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2004-03-08

Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, a la sentencia que omite toda consideración de los agravios de apelante, cuando su análisis resulta ineludible para la resolución del pleito.
Partidos políticos de distrito, partidos políticos provinciales
Materia: ELECTORAL
Carátula: AA.CC. Movimiento Federalista Pampeano s/ reconocimiento personería política (Expte. N° 26/94) - incidente de apelación Partido Producción y Trabajo - campaña electoral legislativa del 28/10/07 - San Juan
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-07|2010-06-10

Aun cuando entre los partidos de distrito y los partidos provinciales no existen relaciones necesarias apareciendo regulados, en principio, como entidades independientes, nada impide que un[a] mism[a] [agrupación] actúe al mismo tiempo como partido de distrito y partido provincial (cf. Fallos 305:923 -y su aclaratoria de Fallos 305:928- y 318:535, y Fallos CNE 704/89; 719/89 y 1903/95, entre otros), encontrándose regidos los actos propios de la agrupación distrital por las normas y autoridades federales mientras que aquellos inherentes a la entidad provincial, lo son por las normas y autoridades locales (cf. Fallos cit.).
Lavado de activos, sentencia condenatoria
Materia: PENAL
Carátula: Santos Montenegro Jorge Daniel y otros c/  s/ infracción ley 23.737
Jurisdicción: Federal — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2022-05-10

La GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- ha identificado tres etapas en el delito de lavado de activos: colocación, conversión, e integración. D'Albora a este respecto menciona: ". desde la perspectiva criminológica, se distinguen tres etapas en el proceso de lavado: 1) Etapa inicial o de colocación, en la cual la organización criminal dispone del producto de su actividad y obtiene su ingreso en el sistema financiero; 2) etapa de estratificación, durante la cual se llevan a cabo el mayor número posible de transacciones, con la finalidad de impedir que pueda reconocerse el arbitrio utilizado para la colocación; y 3) etapa de integración, en la que puede disponerse de los fondos dentro del marco económico legítimo, porque en lo inmediato provienen de actividades financieras que en sí mismas resultan lícitas." (Aut cit. "Lavado de dinero", 2° ed. Ad Hoc, Bs As, 2011, p. 15).
Desistimiento de la acción, quiebra
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Fiore SA c/  s/ quiebra c/ cespedes, roberto enrique y otros s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-01

Ello así, pues no se acreditó que tal desistimiento resultara de una transacción oculta y fraudulenta, y con prestaciones desproporcionadas en perjuicio de la fallida. La posibilidad de que el garante de la fallida hubiera tenido que afrontar el pago de la condena frente a la cesación de pagos de esta última habría importado la exigibilidad de un nuevo crédito por ese monto en contra de la fallida a los fines de repetición del pago. Máxime, cuando tampoco se invocó ni acreditó que la decisión de desistir de la acción y del derecho derivara de la mala praxis.
Quiebra, conversión de la quiebra
Materia: COMERCIAL
Carátula: MESSINA INMOBILIARIA SRL s/ QUIEBRA S/ INC. DE APELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-15

Le esta vedado pedir la conversión al deudor cuya quiebra se decreto en virtud de la falta de obtención de las conformidades necesarias para aprobar la propuesta ofrecida, en virtud de un procedimiento de conversión ya concedido, pues dicha situación encuadra en la hipótesis prevista por la LC 90-3º parr., Relativa a la pendencia de un concurso preventivo.
Estupefacientes, allanamiento domiciliario, allanamiento sin orden, acta de secuestro, nulidad procesal, secuestro de bienes, prueba, falta de prueba
Materia: PENAL
Carátula: PALACIOS, GONZALO s/ ACTA  DE  SECUESTRO. ESTUPEFACIENTES. NULIDAD PROCESAL. ALLANAMIENTO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-07-05

1) Es NULA el ACTA DE SECUESTRO labrada por ESTUPEFACIENTES, por cuanto el personal policial que llevó a cabo la correspondiente diligencia de incautación del material, actuó sin orden de allanamiento, habiéndose dejado constancia en el acta labrada en esa ocasión que, en el domicilio en que habitara el imputado, los miembros de la comisión policial fueron recibidos por una persona que se hallaba en compaÑía de la esposa del procesado "allí domiciliada", los que según se consignó, "enterados de los motivos de la visita policial, no opusieron reparos en que ingrese y a una posterior inspección de la finca", lo cual ocurrió en ausencia del procesado, teniendo por resultado el secuestro del material en cuestión.

2) O sea que el SECUESTRO de estupefacientes se llevó a cabo sin contar con resolución del juez que debió haber ordenado el allanamiento respectivo (art. 188 C.P.C.) y sin que se dieran las hipótesis de EXCEPCION a que se refiere el art. 189 cód. cit. y sin la necesaria autorización del interesado, -es decir el procesado-, toda vez que con relación a él estaba dirigido el accionar policial 3) Por otra parte, no puede aceptarse que la imprescindible resolución del juez que ordene la entrada y registro de un domicilio particular a que se refiere el art. 188 C.P.C. pueda ser suplida por la de habitantes de la vivienda respectiva, ajenos al procedimiento, cuando, como en el caso, resulta indudable que esa diligencia se llevó a cabo en el ámbito privativo del procesado, como es su habitación dormitorio, en la que, únicamente dicho imputado tenía pleno derecho de permitir el ingreso y, por supuesto, también, la exclusión de terceras personas, en el supuesto de que se careciera de orden judicial.

4) En consecuencia, al invalidarse el secuestro de la sustancia considerada estupefaciente y no pudiéndose dar valor, de ese modo, a los peritajes llevados a cabo sobre la misma, se carece en la especie de la acreditación fehaciente del cuerpo del delito, razón por la cual, a la vez, no procede otorgar el carácter de confesión al reconocimiento que hizo el procesado en el sentido de que el material así incautado le pertenecía, pues no se puede considerar reunida la condición a que se hace referencia en el inc. 7mo. del art. 316 C.P.C; no existiendo por otra parte en la causa elementos de juicio de cargo al margen de los dichos del imputado y de las declaraciones que guardan relación con el irregular acta de secuestro mencionada.
Injuria laboral, apreciación del juez
Materia: LABORAL
Carátula: Visconte, Raúl Oscar c/ Rigolleau S.A. s/ Despido Barrios, Mario A. c/ C.A.P.E.A. S.A.I.C. y F. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1984-08-10|1993-06-29

Para determinar la existencia de injuria no debe tomarse algún hecho aislado que no tenga calidad de falta grave sino la generalidad de las faltas cometidas que, apreciadas en su contexto permitan concluir que existió justa causa de despido.
Daños y perjuicios, lucro cesante, indemnización, daño cierto, prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: MENDEZ ALONSO NORBERTO c/ LA NUEVA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA s/ DA!OS Y PERJUICIOS: LUCRO CESANTE.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-05-09

A los efectos de la indemnización del lucro cesante no se requiere demostrar con absoluta seguridad su existencia, basta una cierta probabilidad objetiva de que ella exista. En cuanto a su extensión debe limitarse a un tiempo prudencial para evitar que pueda devenir hipotético o eventual. El 'dies ad quem' del cómputo puede situarse en la fecha de la contestación de la demanda, pues allí se concretó, sin lugar a duda, la imposibilidad de obtener el pago de la suma devengada como consecuencia del siniestro. Un reconocimiento ulterior entraña el resarcimiento de un daño originado directamente por la inactividad del propio actor, quien pretendería, esperanzado en la obtención de una sentencia favorable vivir a expensas de su contraparte.
Prisión preventiva, excarcelación
Materia: PROCESAL
Carátula: BANCO DE LA PROVINCIA SUCURSAL PICO TRUNCADO s/ DENUNCIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-12

La calificación legal de los hechos, formulada en el auto de prisión preventiva, sólo es impugnable por vía de excarcelación, a los fines de su logro, pero no para polemizar en la etapa sumarial.

La calificación de los delitos no es suceptible de ser materia de recurso.
Principios procesales, in dubio pro operario
Materia: LABORAL
Carátula: Antinao, María Ester c/ Lang, Adriana Esther y Otro s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-07-05

El axioma "in dubio pro operario" expresamente legislado en el artículo 9 de la L.C.T, sólo resulta de aplicación en supuestos de duda sobre la norma en aplicación y no sobre la problemática de hecho, salvo en aquellos casos en que la mencionada duda sea insalvable para quien deba decidir.
Competencia por conexidad, conexidad objetiva, funcionarios públicos
Materia: PENAL - PROCESAL
Carátula: VENNERA, JUAN CARLOS s/ DENUNCIA     COMPETENCIA      CSJ EXPTE NRO 399-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1989-11-23

Habiendo prevenido en la primera denuncia contra un ex- funcionario provincial por la presunta comisión de varios ilícitos en el ejercicio de su función resulta competente, respecto de su ampliación, el mismo Juez, atento a la conexidad objetiva existente, desde que involucra -con idéntica imputación funcional respecto del mismo sujeto- hechos más gravosamente punidos.

En el caso, accionar de la esposa, titular de la "Comisión de Apoyo a la Comunidad" a un posible enriquecimiento ilícito por tercera persona o interpósita persona del ex-funcionario.
Recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, Municipalidad, personal municipal, indemnización, reclamo administrativo previo
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: SOTAK, PAULINA ROSA c/ MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2013-11-20

En lo relativo a la ausencia de reclamo administrativo previo, la Municipalidad recurrente no logra desmerecer lo concluido por la Cámara, por cuanto en los presentes, donde se han atravesado todas las instancias del proceso, garantizándose el principio de contradicción y el adecuado ejercicio del derecho de defensa de ambas partes, llegándose incluso a obtener pronunciamiento de esta Corte con anterioridad, vuelto a fallar en segunda instancia y nuevamente siendo traído el reclamo a esta instancia excepcional, no es dable suponer que la Administración no pudo tomar conocimiento de la pretensión indemnizatoria de la actora y menos aún de conciliar; ni tampoco resulta encuadrable en un supuesto de arbitrariedad sorpresiva como argumenta, resultando este agravio inconsistente para conmover la conclusión del A quo.
Concursos, efectos de la apertura, fuero de atracción, competencia, concursado codemandado, litisconsorcio
Materia: COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Antunez, Noelia Mabel c/ Peugeot Citroen Argentina SA y otro s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-07-16

Ante el conflicto de competencia planteado, procede que entienda el juez originario donde se inició este proceso, cuando, como en el caso, la parte actora reclama indemnización por daños y perjuicios derivados de un incumplimiento contractual cuya responsabilidad, de manera solidaria, se le atribuye tanto al fabricante como a la concesionaria, quien previo a este reclamo ya tramitaba su concurso preventivo. Si bien es cierto que de conformidad con lo previsto por la LCQ 21 la apertura del concurso produce la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, aquí no puede prescindirse del hecho que, según afirma la actora, podría existir entre los demandados un litisconsorcio pasivo necesario que autorice a proceder del modo previsto en el tercer inciso de la referida norma, según la cual quedan excluidos de los referidos efectos los procesos en los que exista tal relación procesal entre el concursado y los codemandados.
Derechos de las niñas, niños y adolescentes, control de legalidad, facultades jurisdiccionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C. E, R. V. - C. E., A. V. - Control de legalidad c/  s/
Jurisdicción:  — Provincia: Córdoba
Fecha: 2023-04-04

Los nuevos paradigmas en materia de derecho de niñez apuntan a que la intervención estatal sea con la menor injerencia posible en la vida privada del grupo familiar, y limitada en el tiempo. Una vez restablecidos los derechos esenciales de los niños, quienes hayan asumido la responsabilidad en el seno de la familia extensa (o comunitaria), deben ser los que efectúen las acciones pertinentes para no reeditar actuaciones del Estado de sesgo tutelar. Es por ello que, el plazo que lleva la implementación de la medida excepcional debe ser el necesario para garantizar la restitución de los derechos que se vieron vulnerados y con primordial consideración al interés de los NNA. En consecuencia, el control judicial de legalidad debe ser ejercido dentro del marco constitucional y en pos de la tutela judicial efectiva de los derechos de los NNA.
Beneficio de litigar sin gastos, trámites judiciales, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CELIZ, ANGELA PURA c/ ZARATE, NESTOR ROMAN Y OTROS s/ DECLARATORIA DE POBREZA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1996-10-01

La concesión del beneficio de litigar sin gastos es facultad exclusiva del Juez, quien, luego de una prudente apreciación y valoración de las pruebas aportadas, estará en condiciones de decidir si el peticionante se encuentra o no en la posibilidad de hacer frente a los gastos causídicos.

Esta facultad del Juez constituye un juicio de apreciación diferente a la facultad del Asesor Letrado establecida por el art. 30 de la Ley 7982 (modificada por Ley 8107), norma ésta que se refiere a la asistencia jurídica gratuita y no a la exención de los gastos causídicos. El procedimiento establecido por la Ley 7982 es el que debe seguir toda persona que carezca de recursos económicos suficientes para obtener asistencia jurídica gratuita; pero interpretar que quien pretende ser declarado pobre tiene que ser asistido obligatoriamente por el Asesor Letrado, sería restringir el derecho a la libertad de elegir la persona que ejercerá su defensa.

No se advierte el motivo por el cual una persona que tenga asesoramiento jurídico privado, deba recurrir a un Asesor Letrado para que éste califique si puede litigar sin gastos. Ello implicaría interpretar que la Ley 7982 ha derogado la "declaratoria de pobreza" de la ley ritual, sometiendo a toda persona que carezca de recursos suficientes a un trámite prejurisdiccional ante el Asesor Letrado como el funcionario competente para resolver también la eximición de los gastos causídicos; facultad que no es otorgada por la ley y que compete exclusivamente al Juez de la causa.

De la lectura integral y sistemática de la Ley 7982, se desprende que el mismo no es excluyente del procedimiento denominado "declaratoria de pobreza", ya que ambos institutos mantienen su independencia conceptual, doctrinaria y legislativa.

Conforme a lo dispuesto por el art. 25 de la Ley 8226 (Código Arancelario), en toda resolución interlocutoria o definitiva corresponde la regulación de honorarios, pero ello es a condición de que exista una base económica.

Tratándose de un incidente que no tiene "contenido económico propio", cuya regulación debe hacerse sobre la base regulatoria del juicio principal y teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 26 del mencionado Código Arancelario (Ley 8226), no existe ningún inconveniente en realizar una regulación provisional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), sentencia suficientemente fundada, proceso penal, prueba de cargo, reconocimiento en rueda de personas, prueba testimonial, debido proceso, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: BARRIENTOS, CLAUDIO DAMIAN c/  s/ PROMOCION Y FACILITAMIENTO A LA CORRUPCION DE MENORES, ETC. -APELACION- SENTENCIA CONDENA PRISION PREVENTIVA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2018-02-27

No se avizora la presencia de un supuesto de arbitrariedad que justifique la intervención de esta Corte desde que los Magistrados abordaron las postulaciones de los recurrentes - vinculados con la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa en juicio por falta de control del reconocimiento realizado y de las declaraciones de las menores- y descartaron las nulidades planteadas, con base en que no se advertía lesión al ejercicio del derecho de defensa, toda vez que el reconocimiento en rueda de personas había carecido de decisividad para la condena y que existían motivos suficientes y razonables para denegar la reiteración de los testimonios de las menores víctimas, más allá de que éstos habían podido ser controvertidos por las respectivas defensas; y frente a esta argumentación de la Alzada, la compareciente no se hace cargo de refutarla ni alcanza a acreditar su insuficiencia o irrazonabilidad y, por tanto, no logra descalificarla desde la óptica constitucional.
Derecho administrativo, delegación de funciones
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: DONOSO Ramon c/ Municipalidad de Calingasta s/ Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-02-10

En cuanto a la delegación de funciones legislativas en el Poder Ejecutivo, la doctrina en general hace una diferencia entre la delegación total o amplia de la potestad legislativa, la que estaría prohibida, y la delegación especial permitida, que siempre opera dentro de ciertos límites.

La delegación debe estar sujeta a límites y la política legislativa claramente establecida, no pudiendo ser total".

Por consiguiente, dicha delegación debe ser expresa y especial, estableciéndose para cada caso y no en forma genérica, a fin de permitir su acatamiento por medio de límites materiales.
Inconstitucionalidad, declaración de inconstitucionalidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: G. D. A. y otra c/ T. G. y otro s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-03-18

La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye última ratio del ordenamiento y sólo debe disponerse cuando la incompatibilidad entre la norma invalidada y el texto constitucional resulta manifiesta e indubitable, pues tal medida reviste suma gravedad institucional, debiendo recurrirse a ella sólo cuando la estricta necesidad lo requiera.
Excusación por prejuzgamiento, ministros del Superior Tribunal de Justicia, procurador general
Materia: PROCESAL
Carátula: V., I. I. c/ H. A, F. S s/ CUIDADO PERSONAL DE HIJOS La Veloz Hoteles S.A. c/  s/ acción de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-09-20|2020-05-14

Debe aceptarse la excusación por "prejuzgamiento" formulada por el Juez de la Corte para intervenir con fundamento en los arts. 17 inc.7°) CPCC, 8.1 Pacto San José de Costa Rica y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atento a su anterior intervención como Procurador General de la Provincia, en cuyo carácter dictaminó en estas actuaciones. Para que exista el debido proceso, el juzgador debe ser real tercero en la relación litigiosa.
Procedencia del recurso, sentencia arbitraria, despido por maternidad, carga de la prueba, apreciación de la prueba, DEBIDO PROCESO, in dubio pro operario, mujeres embarazadas
Materia: PROCESAL-LABORAL
Carátula: C.O.K.E. c/ L. d. P. SA s/ despido p/ Recurso Extraordinario Provincial
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2020-06-01

Corresponde hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por la trabajadora, pues se advierte que se ha realizado una valoración arbitraria de la prueba lo que implica una vulneración del principio de debido proceso -en particular, carga de la prueba-, así como también de los derechos establecidos para resguardar la situación de la mujer embarazada previstos en las normas laborales. Los hechos objetivos que sustentaron el despido, ésto fue, el supuesto intento de realizar controles médicos en dos días distintos en el domicilio de la actora sin que ella se encontrara allí cumpliendo el reposo prescripto por su médico -que obedecía a una situación riesgosa de embarazo-, no fueron debidamente acreditados por lo que implica la procedencia del despido injustificado -arts. 242, 243 y 245 de la LCT-. Al respecto cabe señalar que si los propios facultativos que atendieron a la actora no aclararon que el correspondiente reposo debía cumplirse en forma "absoluta" o "relativa", la solución debe encontrarse en el marco previsto por el art. 9 del mismo cuerpo legal que obliga a los intérpretes jurídicos a apreciar dicha prueba a favor del trabajador, tratándose de un principio rector el "in dubio pro operario". Finalmente se precisa que existe una gran cantidad de normas protectoras de la maternidad tanto en el marco nacional como internacional, que persiguen el amparo de las trabajadoras en situación de maternidad, embarazo e incluso en estado de excedencia, a fin de impedir que se encuentren desprotegidas en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Intervención de terceros, citación por el demandado, sentencia condenatoria, costas al demandado
Materia: PROCESAL
Carátula: FALCO DE SALINAS MARTA c/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s/ INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICAC.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24

Esta Sala -en su anterior composición, por mayoría- adhiere al principio según el cual el tercero citado no puede ser incluído en la condena, salvo que su participación en el pleito haya sido ejercida con plenitud de facultades defensivas, obrando como un verdadero demandado, en cuyo caso si admitiría un pronunciamiento condenatorio (cfr. Causas 1187 y 1615 del 23 y 27 de agosto de 1991) y, ponderando que la mentada citación atiende a razones de conveniencia que benefician a quien la solicita -en este caso fue pedida por la demandada- para evitar que el tercero oponga en el juicio posterior la excepción de negligente defensa y que, como regla, no cabe dictar sentencia condenatoria respecto de aquél, resulta apropiado que las costas originadas en dicha citación sean absorbidas por quien la solicitó, y no pretender que el citado atienda el pago de los honorarios del profesional cuyo patrocinio letrado y representación ejerció.