Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2014-04-07


SENTENCIA NÚMERO: QUINCE En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, reunida en acuerdo la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por los señores Ministros doctores Amelia Sesto de Leiva -Presidente-; José Ricardo Cáceres y Luis Raúl Cippitelli, para entender en el Recurso de Casación deducido en autos, Expte. Corte de Justicia Nº 85/2013, caratulados "Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad interpuesto por Ernesto G. Romero Lencina, con el patrocinio del Dr. Sergio Francisco Tua en Causa Nº 80/07 - "Pérez, Claudio Nicolás- Lesiones Graves - Capital", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es inconstitucional la suspensión del juicio a prueba? 2º) ¿Qué resolución corresponde dictar? De acuerdo con el orden de votación sorteado a fs. 17, los Sres. Ministros se pronunciarán de la siguiente manera: en primer lugar, el Dr. José Ricardo Cáceres; en segundo lugar, el Dr. Luis Raúl Cippitelli y, en tercer término, la Dra. Amelia Sesto de Leiva.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

I) Por Auto Interlocutorio de fecha 18/06/13, la Cámara en lo Penal de Segunda Nominación -Sala Unipersonal- resolvió lo siguiente: "Hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba incoada por Claudio Nicolás Pérez, con la representación de su abogado defensor, Dr. Nolasco Contreras, por el término de dos años, a contar desde el efectivo inicio del cumplimiento de las siguientes normas de conducta: fijar residencia y someter-se al cuidado del Patronato de Liberados, institución al que deberá asistir mensualmente; abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes. 2. Realizar trabajos no remunerados en tareas de mantenimiento en la Parroquia, sito en calle Panamá esquina Brasil, de Bº Parque América, durante dos horas semanales -preferentemente los fines de semana- y por el término de la suspensión acordada, institución que deberá llevar registro de la asistencia del probado e informar bimestralmente al Juzgado de Ejecución Penal (Art. 76 bis y cc. CP). 2). Declarar la razonabilidad del ofrecimiento realizado por el imputado y tener presente el rechazo de la acción civil. 3). Protocolícese y notifíquese; y remítase al Juzgado de Ejecución Penal a sus efectos" II) Contra esa decisión, Ernesto G. Romero Lencina, Querellante, con el patrocinio letrado del Dr. Sergio Francisco Tua, interpone este recurso que nomina como de inconstitucionalidad, previsto en los arts. 470, 471 y concordantes del C.P.P.

Dice que, en tanto aplica la ley 24.316, lo resuelto vulnera el derecho de la víctima a tener acceso a la justicia y ser oída e intervenir en el juicio para acreditar el hecho delictuoso, contrariando de tal modo lo dispuesto en los arts. 96 del CPP, 14 inc. i del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 i de la Convención americana de Derechos Humanos.

Señala que la cuestión sobre la inconstitucionalidad fue planteada en la primera oportunidad posible, en la respuesta de esa parte a la solicitud de suspensión del juicio a prueba formulada por el imputado cuando se iba a realizar la audiencia del debate.

Pide al Tribunal que revoque la resolución recurrida y hace reserva del caso federal y de los recursos previstos en los arts. 2º apartado 3 "B" del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 1 del Pacto de San José de Costa Rica.

III) Después de estudiar el planteo efectuado, observo que, aunque enmarca sus pretensiones en los arts. 470 y 471 del digesto ritual, que remiten a la Constitución Provincial, el recurrente no indica qué norma de ese cuerpo legal estima vulnerada en el caso, como consecuencia de la resolución impugnada, y esa omisión priva a su pretensión de adecuado sustento legal en tanto la mera aserción acerca de la vulneración de preceptos de la Constitución no tiene eficacia si quien la alega no expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación constitucional.

Observo asimismo que, aunque el recurrente declara que formuló idéntico planteo en la primera oportunidad que le brindó el procedimiento, las constancias del acta de la audiencia respectiva, prevista en el art. 355 del rito, dan cuenta de otra cosa: en la primera oportunidad que tuvo para opinar sobre la solicitud del imputado, el querellante no cuestionó la constitucionalidad del Instituto de la suspensión del juicio a prueba sino la compensación ofrecida a esa parte, juzgándola insuficiente. Sólo en segundo lugar, y por estimar insuficiente la oferta de reparación, el querellante invocó la supuesta inconstitucionalidad (v. fs. 1/4 vta.).

Por otra parte, contrariamente a lo que pretende el recurrente, dicha acta acredita sin hesitación alguna que el querellante fue debidamente oído en el caso en tanto la suspensión del juicio fue decidida por el tribunal previa celebración de la audiencia legalmente prevista a ese efecto (art. 355 del CPP), en la que, además del representante del Ministerio Público Fiscal, también esa parte fue consultada y tuvo la oportunidad procesal de manifestar su oposición al requerimiento efectuado, de suministrar las razones que a su juicio obstaban a su concesión y de solicitar formalmente al tribunal que rechazara el pedido. Así las cosas, con relación al Instituto, no constato ni acredita el recurrente, ninguna restricción en este proceso al derecho de audiencia e intervención del querellante y a su tutela judicial efectiva.

Observo también que en los considerandos de la resolución cuestionada fueron atendidas las objeciones manifestadas por la parte querellante con relación a la propuesta de reparación del daño formulada por el imputado como requisito para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba; y que el tribunal a quo motivó suficientemente su rechazo a esas objeciones con argumentos de los que el recurrente no se hace cargo en el recurso y cuya razonabilidad, por ende, no desvirtúa. Con esa omisión, no constato, ni el recurrente demuestra, la denunciada desigualdad de trato entre la víctima que ha padecido el daño con relación a la persona imputada de haberlo ocasionado; como tampoco la errónea valoración de las circunstancias relevantes para la ponderación razonable de la oferta de reparación efectuada por el imputado ni la injusticia de lo decidido con arreglo a la capacidad económica de éste.

De tal modo, el recurrente no pone en evidencia la supuesta contradicción de lo resuelto por el tribunal a quo con lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los tratados internaciones que invoca ni la incompatibilidad de la ley y, con ese déficit, su pretensión en ese sentido carece de fundamento.

Tampoco demuestra la incompatibilidad que predica del Instituto de la Probation con la CN ni con dichos tratados internacionales. Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido una doctrina clara y constante en el sentido de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Carta Fundamental gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, y obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 319:178; 266:688; 248:73; 300:241), y de incompatibilidad inconciliable (Fallos: 322:842; y 322:919); y cuando no exista la posibilidad de otorgarle una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N.: Fallos 310:500, 310:1799, 315:1958, entre otros). Esas razones conllevan a considerar la declaración de inconstitucionalidad como última ratio del orden jurídico (Fallos 312:122; 312:1437; 314:407; y 316:2624), es decir, como procedente sólo cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución (Fallos: 316:2624).

Por todo ello, en tanto el recurrente no demuestra la repugnancia constitucional que predica de la ley 24.316 sobre el Instituto de la Probation, ni de lo resuelto con arreglo a ella en la resolución que impugna, mi respuesta a la primera cuestión planteada es negativa. Así voto.

A la Primera Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, por las mismas razones, adhiero a su voto y me expido de igual forma.

A la Primera Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que propone el Dr. Cáceres. Por ende, por los motivos que él suministra, voto de la misma manera.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cáceres dijo:

Por el resultado de la votación efectuada sobre la cuestión precedente, considero que el tribunal debe dictar la siguiente resolución: I) No hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido con el patrocinio del Dr. Sergio Francisco Tua en interés del querellante particular, Ernesto G. Romero Lencina II) Con costas (arts. 536, 537 del C.P.P). III) Téngase presente las reservas efectuadas, del recurso federal y de los recursos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José de Costa Rica.

A la Segunda Cuestión, el Dr. Cippitelli dijo:

El señor Ministro preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto y me pronuncio de igual forma.

A la Segunda Cuestión, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Estimo correcta la solución que da el señor Ministro Dr. Cáceres. Por ello, por lo motivos que él expone, voto de igual manera.

Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA, RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido con el patrocinio del Dr. Sergio Francisco Tua en interés del querellante particular, Ernesto G. Romero Lencina.

2º) Con costas (arts. 536, 537 del C.P.P).

3º) Téngase presente las reservas efectuadas, del recurso federal y de los recursos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José de Costa Rica.

4º) Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen es-tos obrados a origen, a sus efectos.

FIRMADO: Dres. Amelia del V. Sesto de Leiva -Presidente-, José Ricardo Cáceres. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian. ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría Penal a mi cargo. Doy fe.