marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Honorarios del abogado, intereses, tasas de interés
Materia: PROCESAL
Carátula: Matta, Camilo Orlando s/ Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: La Rioja
Fecha: 1996-02-27

En el caso de honorarios de abogados y procuradores de La Rioja, la falta de pago de los mismos después de los tres días de quedar firme la respectiva regulación, genera, conforme al art. 48 del Decreto Ley 4170/82 un interés equivalente a la tasa que cobra el Banco de la Provincia de La Rioja, en sus operaciones de descuentos. Se trata por ende de un interés legal que por lo dicho no choca contra la letra ni contra el espíritu de la ley 23.928, ni mucho menos con el Código Civil. Ello, claro está, siempre que no se demuestre que la tasa de interés ha dejado de ser el precio del dinero para pasar a constituirse en un modo encubierto de violar la prohibición legal de indexar, ya que este último entraría en directa colisión con los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, exigiendo su morigeración por los jueces al devenir, como tasa, violatoria de una norma de jerarquía superior a aquella que lo autoriza.
Jornada de trabajo, horas extra, choferes de larga distancia, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: "Ministerio de Trabajo c/ Transfer Line SA s/ sumario".
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-08-31

La  ley 11544  establece una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, en tanto el decreto 16115/33 autoriza la distribución desigual del tiempo semanal de trabajo siempre que no se trabajen más de 9 horas diarias: las que excedan el límite diario o semanal se consideran horas extraordianrias (art. 201 LCT). El Convenio Colectivo Nest 460/73 establece en su art. 9 inc. a: "El personal de media y larga distancia y auxiliares de abordo, a los efectos de la percepción del sueldo básico mensual, deberá cumplir un ciclo de doscientas (200) horas mensuales; cumplido el mismo toda hora trabajada en exceso será retribuída con un incremento del 50%...El sueldo del trabajador no sufrirá disminución alguna si por causas ajenas al mismo no cubriera dicho ciclo". El inc. b, en consonancia con el artículo 197, primer párrafo, de la LCT, dispone: "Se considera tiempo de trabajo el transcurrido desde la hora de iniciación de los servicios hasta la terminación de los mismos, incluso los lapsos fijados para llevar a cabo las obligaciones previas y posteriores".
Seguros, acción de repetición, hurto de automotor, supermercado, guarda de la cosa
Materia: COMERCIAL
Carátula: COMPAÑIA   DE   SEGUROS  LA  MERCANTIL  ANDINA  SA c/ CARREFOUR ARGENTINA SA S/ s/ ORDINARIO. (LL 29.4.03, Fº 105.430).
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

Resulta improcedente la acción por la que una compañía de seguros -luego de pagar a su asegurado el valor del vehículo hurtado en una playa de estacionamiento de un supermercado pretende el recupero del monto de la indemnización de la empresa supermercadista; toda vez que es inequívoco que la defendida no genero "confianza" alguna en el sentido de que custodiaría el rodado estacionado en la playa de uno de sus establecimientos, sobre todo si la propia pretensora acepto que no se encontraba controvertido que su contraria no daba tickets por la recepción de los automotores, no cobraba entrada para el estacionamiento, y no brindaba custodia a los automóviles estacionados. De modo pues, que la accionada no pudo generar "confianza" alguna en que custodiara lo que evidentemente "no custodiaba". En tal sentido cabe precisar, que si bien la reclamada hizo oferta de estacionamiento, en modo alguno la expuso en términos de un contrato de depósito, con la asunción de las obligaciones de guarda y custodia; de otro lado, es indudable que ese ofrecimiento no fue desinteresado, sino que respondía a la intención -por cierto que comprensible y licita- de atraer clientes que comprasen en los locales; sin embargo, ese interés en captar la mayor clientela posible no define la responsabilidad del interesado: los elementos definitorios de la posición de la dueña del supermercado son los términos en que esta realiza el ofrecimiento del espacio para estacionar, y ese ofrecimiento no incluye la obligación de guarda y custodia de los vehículos, guarda y custodia que -a mas de no resultar de acto concreto alguno- es notoriamente de imposible realización por quien- según lo sabe el usuario del automotor- no controla el ingreso ni la salida de esos vehículos.
Control de legalidad, Ministerio Público Fiscal, impulso procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: P. C., L. c/  s/
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-11-20

Asimismo se acompaña el fallo de la misma Sala "P. C., L. s/sobreseimiento" (Causa n°. 16.093/2017) resuelto el 20/11/18, en donde en mayoría Mauro Divito y Hernán López, ante el sobreseimiento en una causa ya instruida, dictado de conformidad con lo peticionado por el fiscal, analizaron el fondo del asunto y se expidieron por la confirmación de lo recurrido, mientras Pablo Guillermo Lucero, en disidencia, consideró que "(...) Luego de escuchar sus agravios -los que no han sido acompañados por el Ministerio Público Fiscal, dado que notificado el Sr. Fiscal General de la celebración de este acto, no se presentó-, entiendo que al encontrarse dirigidos exclusivamente a cuestionar la decisión de fondo por considerarla prematura, sin criticar su validez formal o cualquier otra cuestión que amerite un tipo de análisis distinto al que propongo, debo examinar la posibilidad que tiene la acusadora privada de continuar impulsando este proceso sin la compañía de quien reviste el carácter de titular de la acción penal pública (art. 5, CPPN).(...) considero que el análisis se encuentra limitado al control de la legalidad y fundamentación del dictamen fiscal y de esa decisión jurisdiccional (arts. 69 y 123, del código de forma) y que superado ese control sobre aspectos formales, como ocurre en el presente caso, no corresponde ningún otro tipo de examen jurisdiccional del suscripto ante la promoción de la acción pública por parte de la querella.". Finalmente precisó que "(...) El problema aquí es la imposibilidad conceptual a la luz de un proceso penal constitucional y convencional internacional de que un particular, sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal (conforme sus funciones otorgadas en el art. 120 de la C.N.), acceda por su acusación independiente y solitaria a una pena estatal privativa de la libertad de otro particular por la comisión de un delito previsto y penado en el ordenamiento jurídico interno. Es decir, mediante este mecanismo se pondría ciertamente en crisis el concepto básico de pena y soslayaría la cuestión elemental de quiénes son los afectados por un hecho considerado delictivo en razón de la decisión del legislador que seguramente ha recogido las inquietudes e intereses colectivos de esta sociedad. (...)".
Contrato de transporte, responsabilidad del transportador, robo con armas
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: COMPAÑIA  DISTRIBUIDORA  Y  LOGISTICA  SA c/ ALIMENTOS Y BEBIDASCARTELLONE SA S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-07

Es responsable la empresa transportista -en el caso la actora que incumplió con su deber de vigilancia y/o seguridad, al haber permitido que se realizara el transporte sin la debida custodia, recaudo éste, que de haberse tomado, muy plausiblemente, hubiera evitado el acontecimiento ilícito -robo de la mercadería-, toda vez que, según lo denunciado por el conductor del camión siniestrado, el hecho fue llevado a cabo únicamente por dos sujetos que conducían un automóvil lo que descarta un supuesto de robo a mano armada "en banda" que, eventualmente, podría caracterizarse como irresistible hasta para una custodia armada.

Así las cosas, la omisión de arbitrar los medios adecuados para la protección de la carga que transportaba, facilitó el acontecimiento ilícito que derivó en la pérdida del cargamento, lo que implica culpa de su parte (artículo 512 Código Civil) e impide la configuración de un supuesto de fuerza mayor y su invocación como causa exonerativa de su responsabilidad. Por lo tanto, debe responder por las consecuencias derivadas de su obrar (artículos 901 a 904 Código Civil), que -en este caso- se traducen en el daño infligido a la demandada por la pérdida del valor de las mercaderías robadas y es esta responsabilidad, imputable a la actora, la que permite desvirtuar la presunción legal del art. 474 del Código de Comercio y considerar procedente el débito por el valor del cargamento que invocó la parte demandada a su favor.
Pagaré, pago, presentación al cobro, carga de la prueba
Materia: COMERCIAL
Carátula: BANCO ESPA!OL c/ CA!IZO N. s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-03-10

La carga del demandado de acreditar la falta de presentación al cobro del pagaré presupone una declaración oportuna del ejecutante, no sólo en cuanto al efectivo cumplimiento del requisito de marras, sino en lo que respecta al lugar y fecha de su realización. De este modo el ejecutado podrá probar específicamente que en ese momento y en ese lugar de la plaza donde fuere exigible el título, nadie concurrió a presentarlo.
Enfermedad accidente, indemnización
Materia: LABORAL
Carátula: SAYAGO, LUIS FELIPE c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCIDENTE DE TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-15

No es indemnizable la disminución que se produce en forma natural como consecuencia del transcurso del tiempo en la vida del hombre, cuando ésta no surge, se agrava o aumenta por actividades fuera de lo conciente o inadecuadas al sujeto que las padece.
Recurso de apelación (procesal), inadmisibilidad del recurso, gravamen irreparable, fundamentación del recurso, falta de fundamentación
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: N.N. s/ posible delito de acción pública Causa nro. 13.073
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-06

La expresión "gravamen irreparable" -que es fundamento genérico de toda apelación- o el término "apelo" solamente, no equivalen a la específica indicación de los motivos que prescribe como condición de admisibilidad la norma del artículo 438 del C:P:P:
Recurso de casación, cuestiones de hecho y prueba, temeridad o malicia
Materia: PROCESAL
Carátula: NUTRIENTE S.A. s/ QUIEBRA (HOY CONCURSO PREVENTIVO) S/CASACION.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1991-03-18

La calificación efectuada por el a quo en relación a la sanción prevista en el art.45 del CPC -temeridad y malicia- como así también la multa misma, son cuestiones ajenas al recurso de casación, particularmente si no se ha invocado y probado de modo evidente la existencia de arbitrariedad.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: Arbeloa, Enrique Gabriel s/ Abuso de armas
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-09

Es insuficiente el recurso extraordinario de inplicabilidad de ley que afirma que no es posible saber cuál fue la "intención" del imputado, pero no proporciona razón alguna para avalar su protesta.
Notificación, retiro del expediente
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: GODOY JUAN A. c/ ROSA GHIONE DE TABERNA s/ ORDINARIO - NOTIFICACION - RETIRO DE EXPEDIENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-03-05

Notificación y plazos son dos institutos distintos, regulados inclusive en distintos títulos del C.P.C.. Por ello, es incorrecto sostener que el art. 54 bis es inaplicable al caso del art. 63 inc.

4to. por la razón indicada: no se trata de la notificación esto es, el anoticiamiento del decreto que disponía la apertura a prueba, sino del "inicio del plazo de prueba".

El caso no es interpretar la inteligencia del art. 54 bis C.P.C. en si misma, sino en relación a otra situación, como es el caso de "plazos comunes".-
Costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Lizaso José Haroldo c/ Cardazzo Fabricio E. y otro s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

Habiendo comparecido el letrado como apoderado de la demandada, invocando el trámite del art. 21 del CPC (improcedentemente, por cuanto el monto del juicio superaba los límites de ley), el hecho de que aquél -según el juzgador- actuara como mínimo como "gestor procesal", ratificándose su gestión posteriormente (art. 48 CPC) no lo exime de costas, ya que su culpa dio lugar a la reclamación de la actora. En consecuencia, no procede imponerlas por su orden, como lo decidiera el juez "a-quo"- (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Daños y perjuicios, accidente de tránsito, choque frontal, muerte, muerte de un hijo, muerte de un nieto, valor vida, daño moral, indemnización por muerte, legitimación activa, padres, abuelos
Materia: COMERCIAL
Carátula: ROSSI,  ENRIQUE c/ VEDOYA,  JUAN s/ ORDINARIO  Y SU ACUMULADO CLAVERO, MANUEL C/ EMPRESA LINIERS SA S/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-06-25

Si a causa de una colisión frontal entre un ómnibus y una pick-up que circulaban por una ruta (en la que fallecieron todos los ocupantes de la camioneta), se estableció la culpa concurrente del 50% en la influencia causal del siniestro a cada uno de los conductores de los rodados intervinientes, procede -como en el caso-, el reclamo indemnizatorio de los acción antes con relación a su hijo -de cuarenta y cuatro años- y sus dos nietos -de veintidós años y dieciocho años respectivamente-, deducido contra el conductor del ómnibus, la empresa de transportes que era su empleadora y la citada en garantía, en concepto de valor vida, daño moral y gastos funerarios.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Aguilera, Marcelo Baltazar s/ Robo calificado por el uso de armas Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-06-14|1999-08-10|2000-04-12

Es erróneo el razonamiento del fallo en cuanto a que la potencia ofensiva del arma -en el art. 166 inc. 2º del Código Penal- debe presumirse porque ello es lo que sucede en el común de los casos y que resulta fuera de toda lógica que quien utiliza el arma la lleve descargada y sin funcionar, puesto que tal inferencia no constituye la demostración de que los revólveres siempre disparen sino la descripción de sólo una presunción de ello. Si lo usual y razonable es que quien empuña una arma de fuego la lleve en condiciones de disparar, del hecho de haberla esgrimido puede extraerse la presunción de que se hallaba en condiciones de arrojar proyectiles arts. 258 y 259 incs. 3º, 5º, 6º in fine y 7º, C.P.P.); y claro está que una sola presunción no produce plena prueba de un hecho.
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, obligaciones del Estado miembro, recomendaciones de organismos internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Recomendación general N° 35 - La lucha contra el odio racista c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: Ginebra
Fecha: 2013-09-26

Conforme lo determina el Comité contra la Discriminación Racial se considera incitación, el afán de influenciar a otras personas, persuadiéndolas o amenazándolas para que adopten determinadas formas de conducta, incluida la comisión de un delito, explícita o implícitamente, mediante palabras y/o actos tales como la exhibición de símbolos racistas o distribución de material, debiendo ser considerada por los Estados Parte como acto preparatorio punible, no exigiendo a tal fin que la incitación se traduzca en acción, evaluando la intención del emisor y el riesgo o la probabilidad inminente de que el discurso en cuestión tenga por resultado la conducta deseada o pretendida.

Fuente del sumario: SAIJ
Intereses, anatocismo, daños y perjuicios, indemnización
Materia: COMERCIAL
Carátula: EDUARDO GONIONDZKI c/ EL TALA s/ INTERESES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-12-20

Es improcedente la capitalización de intereses con excepción de los supuestos previstos por el CCIV 623 y CCOM 570.

Se fundamenta tal posición en la necesidad de ser particularmente cauto en adoptar una solución que aparenta prescindir del texto expreso de la ley con invocación de la existencia de una realidad que contradice el presupuesto de hecho contemplado por aquella. Ello se justifica, con mayor razón, cuando el acreedor tiene a su disposición mantener el valor real del dinero adeudado a la luz de la actual doctrina judicial en materia de depreciación monetaria.

Asimismo, debe ser tenido en consideración que las operaciones bancarias cuya modalidad operativa es invocada frecuentemente en decisiones judiciales que admiten la capitalización de intereses. Al contemplar tanto la situación de quien requiere provisión de dinero en razón del incumplimiento de su deudor, cuanto la de quien por el mismo motivo se encuentra privado de obtener mejores réditos de su capital, se configura el acuerdo reiterado de partes en cuanto a dicha capitalización, lo cual constituye precisamente la excepción prevista por la ley al anoticismo -repárese en que aún en los supuestos de renovación automática de depósitos bancarios se reitera la aceptación tácita del depositante en tanto no recupera su depósito, de la asimismo reiterada oferta bancaria de renovar en esas condiciones-, sin embargo, la razón fundamental de dicho criterio, radica en que si bien es cierto que en situaciones particulares el daño efectivo sufrido por el acreedor pudiera quedar insatisfecho con la sola reparación dada por los intereses moratorios.

El mismo principio que predica su reparación integral indica que el acreedor debería cuanto menos alegar que efectivamente la indisponibilidad del dinero le obligó en concreto -y no como hipótesis teórica- a obtener en plaza el capital equivalente al suyo en las condiciones que pretende imponer a su deudor, es decir que el acreedor perjudicado por el incumplimiento -no resarcido por los intereses o la indexación- puede aspirar por vía indemnizatoria a una reparación mayor, pero esto lo coloca en el marco de la normal acción de indemnización de daños y perjuicios, en la cual -para decretar su procedencia- es menester acreditar el daño cierto y actual, toda vez que con el conjetural (aunque sea presumible) o hipotético, no es posible fundar una condena.
Deudas impositivas, facultades tributarias, prescripción tributaria
Materia: TRIBUTARIO-ADUANERO
Carátula: MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA c/ Y. S.A. s/ Ejecución Fiscal
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-11-02

En el caso de los impuestos el artículo 4027 del Cod. Civil cobra suma importancia, puesto que pone un coto razonable a cualquier ilimitada acumulación de deudas de vencimiento periódico, al imponer un término máximo de cinco (5) años para que el acreedor pueda cobrar tales deudas. No encuentro una razón válida para justificar cualquier impedimento del Estado recaudador, para accionar de manera rápida y efectiva dentro del plazo apuntado, máxime cuando los sistemas informáticos actuales que utilizan todos los organismos públicos para el control y gestión de sus tareas, les permiten obtener en instantes, información precisa sobre los deudores impositivos, para poder accionar legalmente.
Procedencia parcial, procesos de conocimiento, modificación de la cosa juzgada, monto del juicio
Materia: PROCESAL
Carátula: Centrales Térmicas Patagónicas SA c/ EN M Economía (SE) s/ proceso de conocimiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-03-15

Se admite parcialmente el recurso deducido por la parte demandada y se modifica la sentencia de primera instancia en cuanto a los parámetros de cálculo de la condena (capital, consolidación y accesorios) y se la confirma en los restantes aspectos.
Excarcelación, prisión preventiva, condena condicional
Materia: PENAL
Carátula: ESCOFET ESCUDER, JAIME. s/ EXCARCELACION.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-08-12

No procede la excarcelación debido a que al procesado se le ha dictado prisión preventiva en orden al delito de tentativa de estafa y registra un proceso en trámite ante la justicia federal por el delito de falsificación de moneda extranjera, ilícitos que aún efectuando la disminución que prevé el art. 42 C.P., superan el marco legal establecido en la 1ra parte del inc. 1ro del art. 379 C P.C. (en función del art. 55. C.P.); y si bien las dos condenas que registra no son computables a los efectos de la reincidencia por haber sido dejadas en suspenso, igualmente no han transcurrido los plazos previstos en el art. 27 C.P. para considerar viable la 2da.

condena de ejecución condicional.
Tribunal de enjuiciamiento, recusación, enjuiciamiento de magistrados, competencia provincial, juicio político, cuestiones procesales, deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Superior Tribunal de Justicia c/ Duarte, Graciela Beatriz s/ denuncia
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-18

Deben rechazarse los agravios de la magistrada recurrente relativos al plazo que corresponde aplicar para plantear una recusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, toda vez que remiten a la interpretación de normas de naturaleza procesal local, no revisables en la instancia extraordinaria y aunque se sorteara el obstáculo de la extemporaneidad de la recusación, la apelante tampoco explicó cuáles eran las concretas circunstancias que comprometían la imparcialidad de unos de sus miembros y exigían su apartamiento del Jurado.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), tarjeta de crédito, derecho a la información, relación de consumo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CORTE, MARIA FERNANDA c/ DE CARLO S.R.L.; MOTEL NEW CAPRI Y OTROS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-06-11

Con respecto a la disconformidad del recurrente con la adecuación de la información volcada en el resumen de operaciones de la tarjeta de crédito a lo preceptuado por el artículo 23, inciso f) de la ley 25065, el A quo estimó ajustado a derecho el razonamiento del Juez de grado en cuanto había indicado que la información contenida en el resumen de operaciones de la tarjeta de crédito utilizada por la actora -al identificarse allí a la proveedora de cierto servicio contratado mediante la denominación de fantasía de su establecimiento comercial y no a través de su razón social- no implicaba ilicitud ni incumplimiento alguno al deber impuesto por la norma mencionada, pues entre las obligaciones atinentes a la confección del referido resumen, enmarcadas en el contexto de las disposiciones que regulan el derecho a la información de los usuarios tarjetas de crédito, incluso cuando -como indicó que ocurría en el caso- se configura una relación de consumo, no existe norma alguna que exija que el proveedor (o comercio adherido, en los términos equivalentes del artículo 2, inciso f, de la ley 25065) sea individualizado estricta y necesariamente por su nombre o denominación jurídica. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 25065, artículos 2, inciso f) y 23, inciso f).
Recursos, expresión de agravios, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL
Carátula: FINANCIERA BUENOS AIRES SAIC c/ ACEVEDO VENERO s/ CONTRATO LOCACION COSAS. CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-09

Manifiesta S.C. Fassi respecto de la expresión de agravios: "En el escrito en que la parte funda la apelación, peticionando la revocación o reforma de la sentencia en primera instancia, haciendo un análisis razonado de dicha sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea.