marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Incidentes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: M. c/ P. DE M.Z. s/ DISMINUCION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-02-18

El art. 69 del Código Procesal prohibe deducir otro incidente mientras el condenado al pago de las costas impuestas en uno anterior no satisfaga su importe o, en su caso, lo dé a embargo y, dado su propósito moralizador, es de rigurosa aplicación.

Si bien la reforma de la ley 22.434 de "sustanciar" nuevos incidentes se entiende que no se ha innovado con relación al anterior régimen en cuanto implica en definitiva un requisito de su admisibilidad.

Ningún impedimento existe para aplicar la normativa vigente en materia de promoción de nuevos incidentes en punto a su no sustanciación mientras el condenado a su pago no deposite su importe. El hecho de que se trate de un incidente de reducción de cuota alimentaria no impide el funcionamiento de tal dispositivo del que sólo cabe excluir a la esposa que litiga contra el marido, pues sobre ésta carga la obligación de litis expensas.
Proceso penal, imputado, prisión preventiva, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SANTA FE, interpretación de la ley, aplicación de la ley penal
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: E., L. C. s/ Incidente de libertad provisional (Expte. Nro. 1-04, Resolución Nro. 10,  Tomo 1, Folio 411)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-01-20

¿Cómo han de implementarse las nuevas disposiciones de la ley 12.162? El artículo 346 establece un sustituto de la prisión preventiva. Ello sin embargo no significa que sólo puedan operar las restricciones de que habla cuando ya se ha hecho efectivo el aprisionamiento, sino que es posible, y debe, utilizárselo para evitar innecesarios encierros. El precepto bajo análisis acuerda distintas posibilidades de restricciones preventivas; así, si por un lado se las hace operar propiamente como sustitutivas de la prisión preventiva, por otra (último párrafo del artículo 346), se las hace actuar como condición de libertad. Resulta entonces que en rigor las restricciones no siempre serán alternativas a la prisión preventiva, sino que en algunas casos constituirán cauciones, posibilitadoras de la libertad provisoria.
Interposición de la demanda, intimación previa, buena fe, aplicación de la ley, notificación, debido proceso
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: GONZALEZ, MARGARITA c/ DI PINO, NESTOR Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-05-09

El principio de buena fé consagrado por la normativa legal de aplicación (art. 63 de la LCT) obliga al accionante a intimar al empleador en forma previa a la interposición de la demanda consignando los deberes que reputa incumplidos y apercibiendo de las consecuencias jurídicas que se generarían en el caso de persistir en su actitud (Conf. Cnat Sala VIII SD 19418 del 30/11/93 en autos: Iametti, Marcos c/ Conindar San Luis SA s/ despido). No constituye exceso de rigor formal que se consigne el apercibimiento adecuado en la intimación pues la base de tal demanda se encuentra en un derecho constitucional. El conflicto comienza a autocomponerse con el intercambio epistolar en el que el acreedor intima el cumplimiento de determinadas conductas, cargas y obligaciones apercibiendo sobre cuál será su proceder en caso de silencio o no cumplimiento y el deudor tiene el legítimo derecho de defensa así como conocer cuáles serán las consecuencias de su obrar o de su silencio.
Ejecución hipotecaria, obligación tributaria
Materia: CIVIL
Carátula: Tesolin, Enrique c/ Converso, Graciela s/ ejecución hipotecaria
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2008-05-29

Le asiste razón al juez de grado en cuanto a que la falta de acreditación del cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del ejecutante en el marco de una ejecución hipotecaria, no impide su inicio y/o prosecución. Ello así, dado que como lo prevé la ley 25.795 en su artículo 1º, la Administración Federal de Ingresos Públicos instrumentará el régimen de retención, aplicable sobre el capital objeto de la demanda, en la oportunidad referida o se le comunicará a dicho agente de retención para que en el momento de aprobarse la correspondiente liquidación retenga las sumas que correspondiere (sumario confeccionado por el SAIJ).
Sentencia, principio de congruencia
Materia: PENAL
Carátula: Corvalán, José Luis s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-08-16

No se configura violación al principio de congruencia si los hechos imputados se mantuvieron en todo momento invariables.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Petronio, Carlos Alberto s/ Robo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1990-12-28

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denuncia la transgresión del art. 141 inc. 11 (n.a.) del C.P.P., sosteniendo que el testigo es inhábil sin mencionar como infringidos los arts. 142 y 248 -n.a.- aplicados en la sentencia y sin demostrar que tal inhabilidad resulta de los términos del art. 142 -n.a.-, que otorga su verdadero contenido al texto legal que le precede.
Recurso de casación penal, trámites judiciales, violación
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: CALDARONE GABRIEL s/ CASACION PENAL - ACLARATORIA - FUNDAMENTACION - SENTENCIA BATALLA HECTOR ERNESTO s/ CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-08-27|1986-10-27

Teniendo en cuenta que la aclaratoria no constituye un recurso de carácter 'obligatorio', cuya deducción haga perder el derecho a articular la casación, puede analizarse el vicio denunciado a la luz de la causal que se invoca: violación del procedimiento.
Apelación concedida libremente, expresión de agravios
Materia: PROCESAL
Carátula: V., A.N., S.M., C.E. s/ Incidente de Beneficio de Litigar sin Gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2005-03-30

La apertura del recurso lo es en la medida del agravio y para ello el quejoso debe formular su disconformidad con la decisión de primera instancia, motivo por el cual y en virtud del principio dispositivo, cuando no hay una impugnación concreta de las motivaciones básicas de la sentencia recurrida, deviene insuficiente la expresión de agravios, y la consecuencia más grave para el justiciable, está dada porque si la no atacada es la conclusión esencial del fallo, al resultar insuficiente el recurso, de esa manera queda firme y asegura así el sustento del decisorio.
Asociaciones sindicales, reclamo administrativo previo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: SAAVEDRA DE DE ANGELIS, LYDIA c/ ESTADO NACIONAL s/ COBRO DE AUSTRALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-12

Los reclamos administrativos presentados al P.E. por la asociación con personería gremial representativa de los intereses colectivos e individuales de la actora (art. 36 inc. a y d, ley 22 105) son en el caso suficientes en los términos del art. 24 inc. a de la ley 19.549: máxime cuando su invocación en la demanda y en el escrito posterior importó la ratificación retroactiva de lo actuado por el sindicato (arts. 1870 inc. 5to, 1874, 1953, 1936, 1937, 2334 C.CIV.), sin que la demandada aduzca concretamente que del tiempo demorado en rectificar hayan derivado perjuicios para su parte.
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, responsabilidad solidaria, distribuidores, vales de comida
Materia: LABORAL
Carátula: BASALDELLA ANA MARIA C/ B.A. CADETES S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-03-13

Corresponde atribuir responsabilidad solidaria, en los términos del art. 30 LCT, a la empresa dedicada a la administración de los vales de comida y asistencia, por las obligaciones laborales de la sociedad contratada para la prestación del servicio de obligaciones laborales de la sociedad contratada para la prestación del servicio de transporte y distribución de estos vales. El transporte y distribución es propio de una empresa comercial dedicada a la administración de los vales, ya que no puede admitirse que dicha actividad pueda ser desarrollada sin el transporte y la distribución -por medio de empleados propios o través de terceras empresas- de dichos vales o tickets. La distribución de los vales es habitual en el giro comercial de estas empresas y es indispensable para el cumplimiento de la actividad normal y específica de su objeto, como coadyuvante y complementaria, de la actividad que desarrolla. (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).
Daños y perjuicios, transporte de pasajeros
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PEÑA WENCESLAO R. c/ EMP. DE TRANSPORTE DEL OESTE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-11

Quien explota un servicio de transporte de pasajeros está asumiendo una actividad riesgosa susceptible de causar daños a sus transportados y no transportados y no existe diferencia, en cuanto a la naturaleza riesgosa de la actividad, si el daño es producido por una caída a raíz de una brusca frenada respecto al daño producido por un incidente dentro del vehículo en el que resulta lesionado aquél por una bala, ya que el riesgo creado es el mismo, rigiendo en ambos casos la responsabilidad objetiva y siempre en el terreno de la responsabilidad extracontractual.-
Defensa en juicio, pena
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: DRA. BONOMI, María L. s/ sanción por aperc. Causa nro. 27.457
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-26

Debe hacerse presente como valor fundamental el derecho de defensa en juicio, debiendo imperar una serena prudencia en lo que hace a la adopción de sanciones que, aunque de carácter disciplinario, puedan menoscabarla
Reconocimiento en sede judicial, acuerdo de partes
Materia: COMERCIAL
Carátula: INCIDENTE  DE  VERIFICACION DE CRED. DEL BANCO ROELA S.A. EN MARTINEZ CONSTANTINO Y OTRO CONCURSO PREVENTIVO s/ VERIFICACION   DE  CREDITO  -  EFECTO  DEL  CONCORDATO  -  JUICIO  DE  CONSIGNACION - ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1986-04-07

Los efectos del concordato se aplican, a partir de que el sur edito resulte verificado o declarado admisible ( art. 67 cuarto párrafo L.C).Por lo tanto, mientras no se dilucide la verificación con los alcances propios que ello implica,los deudores no están obligados a efectuar el pago de las cuotas concordatarias, lo que significaría reconocerle su vigencia antes del momento establecido por la ley (voto de los Dres Fragueiro y Ortiz Araya).
Daños y perjuicios, valor vida
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Tardi, María Elisa C. c/ Provincia de Bs.As. s/ Indemnización daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-29

Si no se ha probado que el padre fallecido no sostenía a su hijo hasta el momento de su deceso, circunstancia ésta que es la determinante, el hecho de que el menor haya debido afrontar tareas junto a su madre a partir de esa muerte asumiendo la continuidad del negocio que desarrollaba su progenitor, y luego en una agencia de remis de propiedad de su progenitora precisamente como consecuencia de la carencia paterna no pueden constituirse en un cartabón para pretender una notoria disminución de la cuota indemnizatoria que se reclama (arts. 1084, 1085 C. Civil).
Delitos contra la humanidad, prueba testimonial, dictadura militar
Materia: PENAL
Carátula: Pezzetta, Ángel Ricardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-30

El voto concurrente destacó que en las causas en que se investigan hechos ocurridos en el marco de la última dictadura militar -hace más de 30 años-, la prueba testimonial adquiere singular importancia pues es mayormente a través de ella, que se ha logrado realizar una reconstrucción histórica de lo ocurrido, de esta forma, no menos relevante es también la circunstancia de que los crímenes fueron cometidos por integrantes del Estado bajo su cobertura y amparo, y que se trató de ocultar toda huella que permita probar la existencia de los mismos. (Dres. Borinsky, Hornos -voto concurrente-).
Cuestiones prejudiciales, excusación, actuación de oficio, acción civil en el proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: ZAFRAN, Daniel Sergio y otro c/ B.C.R.A. s/ JUICIO DE CONOCIMIENTO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-03-01

Tiene dicho esta Sala que la inhibición de sentenciar impuesta al juez civil frente a la tramitación del proceso penal, califica al art. 1101 del Código Civil como norma reguladora de la competencia judicial y por tanto de orden público, por lo que debe ser aplicada de oficio, desde que el juez civil tenga conocimiento de la existencia del proceso penal pese a toda renuncia o convención contraria.
Espectáculos deportivos, daños y perjuicios
Materia: CIVIL
Carátula: Mosca, Hugo Arnaldo c/ Provincia de Buenos Aires (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-06

El organizador responde objetivamente por hechos vinculados inmediatamente a su accionar y previsibles al momento de organizar el espectáculo. Tal estándar evita que la responsabilidad alcance a hechos mediatamente conectados, como son los daños sufridos por personas que están lejos y que son dañados por otros participantes o asistentes al espectáculo fuera del area de control del organizador.
Jubilación por invalidez, denegatoria del beneficio, Cámara Federal de la Seguridad Social, cuestiones de competencia, interpretación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: CITTADINI, HORACIO JORGE c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-11

El Acta Nº 129 (31.05.95), por la cual la C.F.S.S. se consideró con competencia originaria para entender en las denegatorias de beneficios por invalidez -por las razones que explicita-, no debe ser interpretada como abriendo una vía exclusiva a cargo de la Cámara para la tramitación de dichos beneficios ante la denegatoria administrativa. A ello se oponen los claros términos de lo normado por el art. 26 de la ley 24.463, que en ningún momento le asigna competencia originaria para tratar el tema referido. Por lo tanto, debe concluirse que del juego armónico del art. 26 de la ley 24.463 y el Acta Nº 129 se desprende que el interesado podrá optar por una de estas vías: demanda ante los juzgados federales en los contencioso administrativo de la Capital Federal o juzgados federales del interior del país, o recurso de apelación directa ante la C.F.S.S. y, en consecuencia, el Tribunal resultará competente si el actor ejerció la segunda de las opciones. (Del voto de la mayoría. El Dr. Faciolo votó en disidencia).
Robo simple, entorpecimiento de los servicios públicos, concurso ideal, conexión clandestina de teléfono, teléfono público, servicio público telefónico
Materia: PENAL
Carátula: Literas, J.F. s/ Robo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-10-14

Configura el delito de robo en concurso ideal con torpecimiento de servicios públicos, arts. 54, 164 y 194 del C.P. la conexión, mediante pelado de cables, necesaria para usufructuar el uso de una línea telefónica correspondiente a un teléfono público, lo que habilita al imputado a efectuar llamadas nacionales e internacionales sin que pudieran ser cobradas, impidiendo a su vez que el correspondiente aparato cumpliera su destino de servicio del público en general.
Ejercicio de la responsabilidad parental, medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: LANDA, TERESA s/ REINTEGRO DE NIETO-MEDIDA CAUTELAR-URGENTE
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-08-26

La medida de reintegro del menor junto a su madre, a la casa de su abuela donde ha vivido desde que nació, no tiene el carácter definitivo que le atribuye el apelante, ni siquiera esta en discusión un cambio en la tenencia del menor, sino simplemente el reintegro a su hogar originario, hecho que nadie ha discutido en el proceso.

Esta medida ni es definitiva, ni causa estado, sino que su único objeto es que el menor por su edad, este junto a su madre y a su abuela materna, como lo hizo desde que nació y hasta tanto se realicen todas las medidas ordenadas por el a-quo tendientes a dilucidar el problema de la tenencia.

La medida ordenada no implica un cercenamiento del ejercicio de la patria potestad ya que se ha otorgado al padre un régimen de visitas y este, en el juicio respectivo, podrá alegar y probar lo que estime pertinente en relación al cambio de tenencia, que no esta acá en discusión.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia no firme, cámara Gesell
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: R., M. S. c/  s/ ABUSO SEXUAL-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2019-12-23

La presente impugnación no puede prosperar pues la resolución atacada -por medio de la cual el Juez de Cámara confirma la decisión de grado de realizar la declaración en Cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de prueba con presencia de la imputada en una habitación ubicada en otro piso del edificio respectivo-, por su naturaleza, no puede ser reputada sentencia definitiva, ni auto interlocutorio que ponga fin al pleito o haga imposible su continuación; y si bien la presentante intenta persuadir a este Tribunal de que la declaración ordenada bajo las condiciones propuestas en el fallo impugnado correrá serios riesgos de frustrarse, lo cierto es que no logra convencer que en el caso concreto se verifique la concurrencia de un gravamen que permita superar el recauso en la especie. - CITAS: CSJN: Fallos 308:1832; CSJStaFe: AyS T 107, p 149; T 120, p 309 y 320; T 262, p 485; T 270, p 1; T 271, p 224.
Médicos, remuneración
Materia: LABORAL
Carátula: Rodríguez Aranda, Mario F. c/ Obra Social del Personal de la Construcción s/ Indemnización por despido, diferencias, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-10-26

La regulación efectuada por el decreto 6732/87 al establecer dentro de sus disposiciones la retribución de los médicos dependientes de obras sociales no incluyó en su ámbito de aplicación lo que se encuentra expresamente excluido por el dec. ley 9384/79.
Nombre comercial, cese de uso de nombre comercial, marca notoria
Materia: COMERCIAL
Carátula: LEDESMA SAAI c/ ALEJO LEDESMA SA s/ CESE DE USO DE NOMBRE COMERCIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-03-09

La notoriedad de que goza la actora frente al publico consumidor esta expresamente reconocida por la demandada, a punto tal de llegar a sostener que los azucares se asocian a Ledesma, como en algún momento ocurrió entre Geniol y la aspirina y Gillete y las hojas de afeitar.
Aplicación de la ley tributaria, deudas impositivas, renta pública, tasas de interés
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Sociedad del Estado) s/ ejecución fiscal.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-02-02

Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas.
Subasta, indisponibilidad de fondos
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio de Propietarios Luis María Campos 2984 c/ Giura, Juan s/ Suc. s/cobro de pesos.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-09-16

La excepción contenida en el art. 582 del Código Procesal, relativa a la inmovilización de los fondos, deja de lado los gastos de escrituración y pago de impuestos, pues lo contrario imposibilitaría el otorgamiento de aquel acto. El comprador no está obligado a soportar los gastos que le corresponden al vendedor, según expresamente lo aclaran el art. 587, 2do. párrafo, del citado código. Entendiéndose por gastos a cargo del vendedor, salvo pacto en contrario, los mencionados en el art. 1415 del Código Civil.
Doctrina de la arbitrariedad, costas, daños y perjuicios
Materia: PROCESAL
Carátula: ROSA ETELVINA ANDRADA DE RODRIGUEZ c/ ANGEL CUSTODIO VALDEZ ROSALES Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1992-04-15

Las costas tienen una naturaleza netamente procesal, causa por la cual la solución sobre los problemas relativos a ellas, debe buscarse en la ley procesal. En consecuencia, y aún cuando el proceso tenga por objeto una pretensión indemnizatoria, la imposición de costas debe efectuarse atendiendo al éxito de cada parte. Y cuando ello no se hace así, y no se dan razones fundadas y valederas, debe concluirse en que la solución resulta arbitraria.
Contratos administrativos, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Antenucci, Nicolás c/ Provincia de Buenos Aires (Dirección de Vialidad) s/ Demanda contencioso administrativa Bricons. S.A.C.F. e I. c/ Municipalidad de La Matanza s/ Demanda contencioso adminstrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-11-22|1988-12-06

El art. 3 del Código de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo contempla, como supuestos que darán lugar a la acción contencioso administrativa, a los de las resoluciones que rescindan, modifiquen o interpreten contratos administrativos, mas no al de aquéllas que denieguen la pretensión de modificarlo.
Facultades del juez, apreciación de la prueba, prueba testimonial
Materia: PROCESAL
Carátula: Farfán, Gumercindo s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte nº 61/03 s/ abuso sexual gravemente ultrajante -Fraile Pintado- interpuesto en expte nº 61/03 s/ abuso sexual gravemente ultrajante -Fraile Pintado-
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-02-27

La omisión en citar a prestar declaración a un testigo no puede servir de base suficiente para descalificar la sentencia, toda vez que el tribunal no esta obligado a tomar declaración a todas las personas que se citan o mencionan, sino que puede elegir aquellas que considere útiles para el esclarecimiento de la causa.
Atentado y resistencia a la autoridad, amenazas
Materia: PENAL
Carátula: D'Elía, Luis Ángel s/ incidente de prescripción
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-29

Tal como lo tiene dicho la jurisprudencia:"La diferencia entre las figuras que prevén los artículos 149 ter, inciso 2°, apartado a) y 237 del Código Penal, no es sólo literal o semántica. El primero se refiere a 'medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos', mientras el segundo menciona a 'un funcionario público para imponerle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones'" (CCC, Sala V, "Meira, Margarita y otros", rta.: 16/9/04)".

Por lo demás, Sebastián Soler refiere, en torno al tipo penal previsto en el artículo 237 del Código Penal que ".el atentado es una forma de usurpación de autoridad, en la cual el sujeto se sirve del órgano del Estado, sin suplantarlo, tratando de hacerle ejecutar, mediante coacción, como acto de autoridad legítima lo que, en realidad, es una resolución personal y privada. No es solamente coacción (intimidación o fuerza) sino coacción para que una resolución privada alcance las formas externas de acto de autoridad", y luego afirma que "La acción consiste en el empleo de intimidación o fuerza con una finalidad específica, que constituye un elemento subjetivo de la figura, es decir, que esos procedimientos deben ser empleados como medios para lograr que la resolución privada sea coactivamente aceptada por el funcionario. Este delito se dirige contra la libertad de determinación de la voluntad del funcionario..(.)..Por eso suele decirse también que el atentado va dirigido a una determinación futura, cuyo contenido será, en realidad, la pretensión de un particular asumida por el órgano del Estado" (Conf. Derecho Penal Argentino, Tomo V, Tea, Buenos Aires, 4° edición, 1988, p. 126 y ss.; la negrita con cursiva en el original)".