marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Seguros, tope indemnizatorio, seguro de daños patrimoniales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: MASTRONARDI  GUILLERMO  MARTIN c/ LIDERAR  COMPAÑIA  GENERAL DESEGUROS SA Y OTRO S/ s/ RDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-28

Si las partes convinieron un tope o límite hasta el cual se extiende la obligación de indemnizar por parte del asegurador, el asegurado no puede reclamar el mayor valor de la cosa al momento del siniestro, pues "la suma asegurada indica el límite máximo que debe pagar el asegurador" (artículo 61, 2º párrafo, Ley 17418; Stiglitz, Rubén, Derecho de Seguros, ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, Tº III, páginas 92/93). El pago hasta el límite máximo de la suma asegurada porta, entre otros fundamentos, el de la relación de equivalencia existente entre el premio y el riesgo. Dicha relación constituye clave de bóveda en el vínculo asegurativo ya que, desde una perspectiva económica, se ha concebido una técnica o recurso de compensación de riesgos para alcanzar la eliminación o neutralización de las consecuencias económicamente desfavorables de los eventos dañosos. Entonces, la indemnización que se establezca no podrá superar la suma acordada en el contrato celebrado entre las partes. Lo contrario implicaría un evidente enriquecimiento sin causa en favor del asegurado, que no aparece jurídicamente tolerable.
Depreciación monetaria, honorarios, honorarios del perito, moneda
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: LEON CUKIERMAN c/ CARLOS MURIAS COVIELLA Y OTROS s/ DEPRECIACION  MONETARIA.  HONORARIOS  DE  PERITOS.  NOTIFICACION.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-08-08

La resolución de cristalizar el monto de los honorarios del perito ingeniero, con abstracción del deterioro experimentado por el signo monetario en el tiempo transcurrido desde el dictado del auto regulatorio hasta que éste adquiere firmeza, carecería de sustento legal toda vez que no existe norma que así lo determine, ya que el arancel de ingenieros no contiene previsión al respecto. Asimismo, cabe preservar la decisión real tomada al fijar el valor de los trabajos cumplidos por el perito y cuantificarlos en una determinada suma de dinero a la fecha de la regulación; de lo contrario el honorario se vería notablemente reducido como consecuencia de circunstancias ajenas al acreedor.
Caducidad de instancia, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Costa c/ Gimenez s/ Daños y Perjuicios Dirr Daniela c/ Gobbi de Tursi Josefina s/ Consignación de LLaves Olivares Selva Inés c/ Encinas Ramón Rubén s/ Daños y Perjuicios Rimar Hermanos S.R.L. c/ Blanco Hilda Edith y otros s/ Cobro Ejecutivo Amadore Marcelo c/ Hospital Evita Berazategui y ot. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-10-24|1996-11-05|1998-10-22|1998-12-22|1999-09-28

El instituto de la caducidad de instancia es de interpretación restrictiva, y son reiterados los fallos, que ello será a condición de la existencia de duda y no al transcurrir ampliamente el plazo previsto por la ley sin actividad impulsoria alguna.
Daños y perjuicios, indemnización, reparación integral, incapacidad, incapacidad laboral
Materia: CIVIL
Carátula: VIDELA, Ricardo Javier c/ Vargas, Luis Gustavo y Otro s/ Daños y Perjuicios - III Cpo.
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2009-04-16

"Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, ésta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que puede corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su lesión comprende a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida".

El criterio de reparación integral consagrado por nuestra Constitución Nacional impone distinguir, la incapacidad laboral de la incapacidad para la vida en relación.
Emergencia económica, ley provincial, delegación legislativa, facultades no delegadas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: FISCAL DE ESTADO EN J: 99515 MERGA, FERNANDO Y ANA GONZALEZ c/ MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS s/ Sumario - Inconstitucionalidad (LIBRO: S242 - 456)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1994-02-15

Las leyes de emergencia provinciales no son el resultado de la mera delegación acordada por la ley nacional, sino que la provincia ejerce facultades propias no habiéndose producido la intrafederalización del régimen. En consecuencia, la ley provincial 5812 no sólo se legitima por la disposición del art.

19 de la ley nacional, sino además por la existencia de un real estado de emergencia económica y financiera.
Accidentes de trabajo, indemnización por accidente de trabajo, inconstitucionalidad, salario básico
Materia: LABORAL
Carátula: BRAMAJO MAURO ROBERTO c/ HORIZONTE CIA ARG DE SEG GRALES SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-10-30

Deviene inconstitucional el art. 12 de la LRT ya que luce evidente la diferencia entre el promedio de los salarios percibidos durante el último año del infortunio y el último percibido a la fecha de su acaecimiento (art. 208 LCT). La norma cuestionada fue dictada en un contexto de estabilidad económica, generada por la Ley de Convertibilidad del Peso Argentino y teniendo en cuenta que al caer ese estado se reavivó el fenómeno inflacionario, la disposición de utilizar el promedio de salarios nominales del año anterior luce irrazonable.
Concursos, liquidación del asegurador, fuero de atracción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Muguerza de Rolleri, Maria c/ Aizcorbe, Juan C. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-12-06

Habiéndose decretado la liquidación forzosa de la aseguradora citada en garantía, situación que se asimila a la declaración de quiebra, debe determinarse el alcance del fuero de atracción de dicho proceso. Siendo un derecho del demandado citar a juicio a la aseguradora, no parece disponible para el actor desistir en ese supuesto, pues no se trata del ejercicio de un derecho propio, sino del demandado, que citando a su aseguradora motoriza una acción propia. En el caso la fallida fue citada en garantía a solicitud de los demandados, por lo tanto carece de significación y de eficacia jurídica el desistimiento que a su respecto formula la actora, ya que dicha parte no demando a la aseguradora. En consecuencia, el juicio debe proseguir ante el Juez de la liquidación de la aseguradora.
Excarcelación, robo calificado, robo con armas, robo con violencia en las personas, circunstancias que impiden la excarcelación, emergencia sanitaria, coronavirus
Materia: PENAL
Carátula: Ríos, A. A. c/  s/ excarcelación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-04-22

Cabe confirmar el rechazo a la excarcelación de un procesado en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma, dada la gravedad de las características del hecho en el cual, junto a dos personas aún no identificadas, el imputado lesionó a la víctima con un arma en la cabeza, tórax y glúteo izquierdo para desapoderarla de sus pertenencias, lo que exhibe claro desprecio por la vida. Además, dado su conocimiento de la víctima puede inferirse la posibilidad de que asuma conductas futuras de presión sobre la misma y que dichas pautas constituyen indicadores ciertos de riesgo de elusión y entorpecimiento de la investigación en los términos de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Asimismo, en cuanto a que la pandemia declarada impacta negativamente sobre las condiciones de detención que afronta el imputado, corresponde aclarar que la situación de encierro no agrava per se el riesgo de contagio, habida cuenta que el Servicio Penitenciario Federal ha adoptado numerosas medidas de conformidad a los lineamientos trazados por las autoridades sanitarias para evitar el ingreso y propagación del virus en ese ámbito.
Obras sociales, fertilización asistida
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: FERNÁNDEZ, Leonardo Ariel y otra c/ OSECAC s/ Acc. de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-25

La obra social demandada debe disponer lo necesario para otorgar a la pareja reclamante la cobertura integral de dos tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad por año, hasta los cuarenta años de edad de la actora, puesto que los actores viven en la Provincia de Buenos Aires y la demandada desarrolla su actividad en ese mismo, resulta aplicable la ley local N° 14.208, sin importar que se trate de una obra social de carácter gremial.
Plazos procesales, suspensión del plazo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Zucalli, Pedro Enrique c/ Municipalidad de Berazategui s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-03-31

Las cuestiones suscitadas a raíz de la ejecución o como consecuencia de un contrato celebrado entre la autoridad administrativa y un profesional de la ingeniería para la realización del estudio y proyecto de una obra pública, no han quedado marginadas del régimen de suspensión establecido por la ley 11.174. Ello así, pues el mentado contrato no generó una relación de empleo público ni se presenta como una "relación laboral" con el alcance jurídico de relación de trabajo que cabe asignar a esa expresión legal. (En el caso, se consideró que el carácter alimentario del crédito invocado para excepcionarse de la suspensión legal no era suficiente si no se encuadraba en los únicos supuestos de exclusión contemplados por la norma). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido sin causa, indemnización, daño moral, responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual
Materia: LABORAL
Carátula: Furci, Alberto Darío y Otro c/ Cía. Saturno SA y-o César Hope Jones y-o Quien ResulteResponsable s/ Indemnización de Ley
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-04-11

La indemnización tarifada contenida en el artículo 245 de la L.C.T. excluye, como principio general, la admisión del reclamo por daño moral, pretensión que sólo puede ser considerada si resulta vinculada con un ilícito adicional al despido. De tal modo, el daño debe ser reparado únicamente cuando el empleador incurrió en conducta perjudicial al trabajador desde el punto de vista extracontractual, con menoscabo comprendido por el artículo 1078 del Código Civil. Por el contrario, si el perjuicio deriva de un incumplimiento contractual, por hallarse los hechos y omisiones comprendidos en el ámbito de las obligaciones convencionales fuera del campo aquiliano, el artículo 1078 antes invocado resulta inaplicable, y a su vez la norma prevista en materia de responsabilidad contractual por el artículo 522 del citado ordenamiento queda desplazada por la específica del artículo 245 de la L.C.T., que dispone un régimen de indemnización tarifada.
Daños y perjuicios, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Maldonado, Walter A. y otra c/ Franco, Rubén M. y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-06-08

Cuando no se demanda a título de heredera de su padre fallecido sino en nombre propio y como damnificada que ha dado origen al pleito, fundada ésta en el hecho ilícito, no es indispensable que se acompañe a la misma la partida de nacimiento, pues ese instrumento no es de ningún modo el documento en que se funda su derecho. La partida de nacimiento es un elemento de comprobación de la condición personal de la damnificada que hace a la demostración del daño, susceptible de ser probado en la estación oportuna del pleito por cualquier medio idóneo aceptado por el ordenamiento jurídico.
Responsabilidad del Estado, daño moral
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Cejas, Raúl Ernesto c/ Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2006-09-27

La obligación de resarcir en modo integral el perjuicio causado (v. gr. por un acto administrativo nulo) comprende -in abstracto o en potencia- la indemnización del daño moral (arg. art. 17, C.N.), más no implica erigir la dispensa probatoria en regla aplicable a todos los casos en que se reclaman perjuicios derivados de actos ilícitos. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Despido, empresas relacionadas, responsabilidad solidaria
Materia: CONSTITUCIONAL-LABORAL
Carátula: CHAVEZ, VERONICA GABRIELA c/ CELL BOSS S.R.L. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2016-11-08

La presente queja no ha de tener favorable acogida, toda vez que los reproches de la impugnante relativos a la ausencia de una exhaustiva valoración del material probatorio -que derivó (a su criterio) en la violación del principio de legalidad, fundamentación aparente y apartamiento de las reglas de la sana crítica- quedan en el mero disenso frente a lo razonado con sustento en la contundencia de las pruebas testimoniales e informativa y a la valoración del principio de supremacía de la realidad, para concluir en la extensión de responsabilidad a la parte recurrente frente al despido de la actora por considerar la existencia de vínculo entre las codemandadas.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), cuestión no constitucional, prueba, Derecho laboral, despido indirecto, embarazo, notificación al empleador, WhatsApp, falta de prueba
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Nefalini, Jesica Roxana c/ Productos Tincho S.A. s/ queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2023-03-07

La quejosa, ante el rechazo de su pretensión inicial consistente en el cobro de la indemnización agravada por haber comunicado su estado de gravidez antes del despido dispuesto por la patronal, se conformó con insistir, a través de postulaciones genéricas, respecto del mal accionar de la empleadora al haber desconocido su comunicación de embarazo y variar el motivo de la ruptura a incausado, mas sin refutar las consideraciones expuestas por la Sentenciante al respecto en cuanto a que no existen indicios que determinen que la empleadora haya conocido el embarazo de la actora, menos aún que la haya despedido por esa razón, desde que la constatación notarial obrante en autos por la cual se informa sobre un supuesto intercambio de whatsapp entre la actora y el encargado de planta de producción, no detenta el valor probatorio que se pretende, en tanto la escribana actuante solo da fe de aquello que le fue puesto a su vista, por lo que la demandante debió indefectiblemente aportar otros elementos que coadyuven a acreditar la veracidad de la comunicación señalada, tales como prueba pericial informática o prueba testimonial y/o de reconocimiento del receptor. - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 182
Opinión consultiva, Corte Interamericana de Derechos Humanos, protección a la familia, derechos de los migrantes, derecho a la salud, obligaciones internacionales
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: Resolución 81/2018 - Medida cautelar No. 490-18 - M.B.B.P. respecto de Panamá -Deportación por padecer HIV - principio de non-refoulement c/  s/
Jurisdicción: Internacional — Provincia: San José de Costa Rica
Fecha: 2018-10-15

Conforme lo desarrollado por la Corte Interamericana en su Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014 sobre "Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional" -Serie A No. 21-, la expulsión o devolución de una persona podría considerarse violatoria de las obligaciones internacionales, atendiendo sus circunstancias concretas, cuando dicha medida pudiera conllevar la afectación o deterioro grave de la salud de la misma o incluso, cuando pueda derivar en su muerte, debiendo evaluarse siempre el estado de salud o el tipo de dolencia que padece la persona, la disponibilidad efectiva de atención en salud en el país de origen y la accesibilidad física y económica a la misma.

Fuente del sumario: SAIJ
Quiebra, verificación de créditos, obligaciones de hacer, escritura traslativa de dominio, reglas procesales, incidentes
Materia: COMERCIAL
Carátula: GRUPE EDUARDO ALBERTO - VERIFICACION TARDIA EN: REHACE EN KONSTRUCCIONES S.A. - QUIEBRA PEDIDA s/ QUIEBRA PEDIDA - VERIFICACION DE CREDITOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1994-08-01

Si, en la sentencia recurrida, la a quo inicialmente ha hecho notar que el incidentista promovió antes, es decir, incidentes con la misma finalidad que tiene el presente, habiendo terminado éstos porque aquél desistió en la Alzada de su planeamiento este argumento debió ser proseguido por la sentenciante, lo que no hizo, entrando directamente al análisis de fondo, llegando, así al resultado final desestimatorio, por la improcedencia que expuso que es el que ha sido recurrido por el interesado. Indudablemente, la inferior debió continuar, en la oportunidad referida, con el fundamento que surge del art. 309 de la ley 19.551, por cuanto, al prescribir este dispositivo que las acciones incidentales deben ser planteadas conjuntamente, descarta la posibilidad de que pueda acontecer, como ha sucedido en el sub-lite, que las nuevas demandas (pero por el mismo motivo y finalidad, como ya apunté) haya sido presentada casi dos años después.

De dicha manera, se ha intentado desvirtuar el interés legal, plasmado también en la citada norma, de que el proceso quebratorio tenga celeridad ("El Derecho", 106-652; "La Ley", 1983 C, 166), lo que no se puede consentir. (Voto de la minoría del Dr. Martínez Gavier).-
Constitucionalidad, subrogancia del juez, Consejo de la Magistratura
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Uriarte, Rodolfo Marcelo y Otro c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-07-16

Corresponde revocar el fallo que declaró la inconstitucionalidad del artículo 7° del "Reglamento para Subrogaciones de los Tribunales Inferiores de la Nación", aprobado por resolución N° 8/2014, de la Resolución N° 331/2014, ambas del Consejo de la Magistratura de la Nación y como consecuencia revocó el nombramiento como magistrado subrogante de un juzgado federal a un secretario judicial integrante de la lista de conjueces, designado mediante el Dec. Nac. N° 1264/2015, dado que si bien en el procedimiento de subrogación no intervinieron el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo, el Consejo de la Magistratura está integrado con representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y los abogados de la matrícula federal (art. 114 C.N.), de forma tal que se procura un esquema participativo entre los poderes democráticos, estamentos vinculados con la actividad forense y por los propios jueces. Máxime cuando la CSJN validó la designación del magistrado de autos con fundamento en lo dispuesto por la ley 26.855, que asigna al Consejo de la Magistratura la facultad de reglamentación de las subrogaciones y la atribución de designar subrogantes.
Incapacidad sobreviniente, prueba, caso concreto
Materia: CIVIL
Carátula: Clavero, Walter Hernán c/ Cepparo, Mirko Eduardo s/ daños y perjuicios (accidente de tránsito) y sus acumulados
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2012-07-04

Las limitaciones concretas de la víctima, referidas a su trabajo y a sus habilidades efectivamente disminuidas por el evento nocivo y la relación con sus capacidades productivas, además de las restantes afectaciones que en su vida conlleva su incapacidad son las que deben juzgarse a la hora de determinar la extensión de la reparación. La jurisdicción no tiene como misión, en principio, señalar incapacidades abstractas ?genéricas (30% de la total obrera, v.gr.), sino concretas ?específicas referidas a un sujeto y sus especiales circunstancias
Impulso procesal, agente fiscal, prescripción de la acción penal
Materia: PENAL
Carátula: Dra. Zanín, Beatriz Luisa s/ Interposición    excepción  de  prescripción  de  la  acción  penal  de  prescripción  de  la  acción  penal
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-04-13

No puede prosperar el argumento de la prolongación de los juicios en el tiempo por maquinaciones o argucias de los defensores, ya que si éstos asumen el carácter de tales, pueden ser corregidas por los jueces a instancias de los agentes fiscales, que cuentan con los instrumentos legales del caso para impulsar los procesos, no en vano se considera falta grave de los fiscales la prescripción de la acción penal por su inactividad (art. 75 inc. d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Posesión, emplazamiento, silencio, locación, prueba de la posesión
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: AMISTADI DE DERRA c/ CARMEN ANDREATTA DE AGUILERA s/ DESALOJO - VENCIMIENTO DE TERMINO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-04-15

El silencio guardado por la demandada ante la carta documento emplazatoria, en la cual se alude al vencimiento del contrato de locación, entraña la admisión de ese hecho, conforme a lo dispuesto por el art. 919 del C.C.. Existe por parte de la demandada la obligación de responder al emplazamiento efectuado por la actora, implicando su silencio un reconocimiento de su calidad de locadora.

Además la demandada no ha arrimado ninguna prueba que demuestre que posee el inmueble. Al invocar la "posesión" para oponerse a la pretensión jurídica de la actora, se le imponía a la demandada el deber de acreditar las circunstancias fácticas que hacen funcionar las normas legales que regulan este instituto. Así debió justificar su existencia por actos ciertos, auténticos, inequívocos, que revelen el "corpus" y el "animus" que integran la "possesio".-
Daños y perjuicios, indemnización, responsabilidad del Estado, Prefectura Naval, actos de servicio, retiro militar
Materia: ADMINISTRATIVO - CIVIL
Carátula: Lapegna, Mario Daniel c/ Ministerio de Defensa de la Nación Prefectura Naval Argentina y otro s/ accidente - ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-08-20

Si la ley 12.992 (modificada por las leyes 20.218 y 23.028) para el personal de la Prefectura Naval Argentina no prevé un régimen autónomo de resarcimiento o indemnización para los supuestos de lesiones sufridas por los integrantes de la fuerza que se hayan originado en actos de servicio, sino que fija exclusivamente "haberes de retiro", estos son perfectamente compatibles con la percepción de una indemnización fundada en normas de derecho privado.
Robo calificado, armas
Materia: PENAL
Carátula: Burgos, Enrique Ernesto s/ Violación calificada, robo agravado Ballesteros, Enrique Daniel; Décima, Agustín Humberto s/ Robo calificado Payong o Payon, Roque Luis s/ Robo agravado Agüero Salas, Miguel Angel s/ Robo calificado Figueroa, Ercio Rodolfo; Ruiz Guadalupe, Dante Rubén s/ Robo simple Ortiz, Oscar Antonio s/ Robo en grado de tentativa Godoy, Marcela Adriana s/ Robo Chara, Américo Lucio y otro s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-06-21|1997-04-22|1998-03-10|1998-03-03|1999-08-10|2000-04-12|2001-02-07|2000-12-13

Resulta importante destacar que para la tesis subjetiva, basta con que se esgrima un arma en el robo para que aparezca la agravante.

Mientras que si dejamos de lado esa corriente, en puridad de verdad aparecen dos cuestiones a analizar, una de tipo sustancial, ésto es saber si el arma estaba o no cargada, es decir si hubo o no peligro para la víctima, y otra de raigambre netamente procesal, que apunta a detectar quién debe probar la idoneidad del armamento. (MINORIA U OPINION PERSONAL)