Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2007-02-09


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, a los 9 días del mes de febrero del año dos mil siete, reunida en Acuerdo la Sala A de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet y asistencia de las señoras Juezas de Cámara Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"C, H H y otro c/ M C, H R y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. nro. 11.768/00, venidos del ex Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 -actual de Ejecución nro. 2- (Expte. nro. 650/05), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 292), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Silvia N. Alonso de Ariet, Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y Dra. Graciela Mercedes García Blanco.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 200/205? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

1. El fallo apelado y los agravios.

1.a. Mediante sentencia de primera instancia -fs. 200/205- se hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por H H C por sí y en representación de su hija M C y por A C M en contra del Sr. H R M C y la aseguradora "L R C A de S S...." y los condenó a abonar a los actores la suma de pesos ciento ochenta y tres mil ochocientos diez, con más los intereses calculados a la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago; impuso las costas a los vencidos y reguló los honorarios profesionales.

El monto de la condena se integró del modo siguiente: cincuenta mil pesos en concepto de daño material a favor de la niña D M C; tres mil ochocientos diez en concepto de daño al automotor y pesos ciento treinta mil en concepto de daño moral.

1.b. La parte actora y la demandada interpusieron sendos recursos de apelación a fs. 206 y 207, que fueron concedidos a fs. 206 vta. y 207 vta. respectivamente. A fs. 236 vta. se declaró la deserción del recurso de la parte demandada.

A fs. 220/226, la parte actora fundó el recurso y sostuvo como agravios la falta de reconocimiento de los daños materiales sufridos por el viudo de la víctima y su hijo A C M M.

En relación al hijo, sostienen que no es cierto que fuera mayor de edad a la fecha del infortunio y que tal extremo -por sí- determina la procedencia del daño material por los mismos argumentos que se esgrimieron para reconocer los daños de su hermana.

Respecto del viudo, consideran que "no asiste razón a la sentenciante" y se limita a transcribir parte de los argumentos esgrimidos en tres fallos en los que se debatieron cuestiones similares a las presentes (C1º CC La Plata, Sala III, 9/4/1981, DJBA 121-327 ídem 27/10/1983, LL 1984-D-28 y CNEspecial Civil y Com., Sala II, 7/10/1981, ED 97-443.

El segundo agravio se vincula a la falta de discriminación del monto del daño moral que ha de entenderse fijado para cada uno de los actores, pidiendo expresamente se proceda a su fijación.

El tercer y último agravio se vincula con la tasa de interés establecida por el juez de grado. Aducen que la pasiva no guarda relación con la realidad económica; invocan el criterio jurisprudencial de esta Cámara respecto a la aplicación de la tasa activa; piden la revocación del fallo apelado y la fijación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina y/o del B del C S...

2. Tratamiento de los agravios.

2.a. El daño material.

El primer agravio se vincula con la procedencia del resarcimiento por daño material del hijo de la víctima y de su esposo.

El rechazo del reclamo del hijo -A C M M reconoce como sustento el carácter de mayor que ostentaba al momento del fallecimiento y la falta de acreditación de la ayuda económica por parte de la madre.

El cotejo de las constancias documentales agregadas a la demanda deja sin sustento fáctico tal conclusión.

En efecto, el nacimiento del joven tuvo lugar el día ** de agosto de 19** -conforme surge de la partida acompañada a fs. 7/8- y el deceso de su madre acaeció el día 14 de junio de 1994, de modo tal que si bien faltaban escasos meses para adquirir la mayoría de edad, asiste razón al recurrente cuando alega que al momento del evento dañoso, el joven no era mayor de edad.

Tal extremo es determinante en orden a la vigencia de la presunción del artículo 1084 del Código Civil que prevé, para los supuestos de homicidios -tal el caso que nos ocupa- una indemnización equivalente a "lo que fuere necesario para la subsistencia" de los hijos del muerto. Tengo presente, además, que la premisa emergente del artículo citado no solo no fue desvirtuada por prueba en contrario sino que fue reforzada por las pruebas colectadas. En efecto, la testigo S A L, declaró que el joven al momento del accidente vivía con su madre y que estaba estudiando.

Por lo tanto, asiste razón al recurrente cuando plantea que la situación de A C M M es equiparable a la de su hermana y que en consecuencia debe ser valorada en base a los mismos parámetros que sirvieron a la juez de grado para la fijación del resarcimiento a su favor, con la aclaración de que es realmente muy corto el período a ponderar puesto que solo faltaban dos meses para el arribo a la mayoría de edad.

En función de las pautas expuestas, establezco en concepto de indemnización por daño material a favor de A C M M la suma de pesos un mil. El siguiente agravio se vincula con la indemnización por daño material reclamada por el esposo de la víctima. La jueza de la anterior instancia fundó su decisión en el hecho de que el Sr. C trabajaba en una empresa.

No obstante que el apelante no ha refutado concretamente tal línea argumental sino que se ha limitado a expresar su disconformidad, transcribiendo pronunciamientos vinculados al tema en cuestión, considero que igualmente corresponde el tratamiento del agravio. Es que impera en la materia un criterio flexible en aras a un efectivo resguardo del derecho de defensa directamente involucrado en la materia.

Por lo demás, conforme doctrina que dimana del máximo tribunal de nuestra provincia, si existieren dudas acerca de si el escrito de expresión de agravios abastece la carga que le impone el art. 265 del CPCCCh, en cuanto a rebatir adecuadamente las motivaciones de la sentencia recurrida, debe optarse por tener satisfecha esa carga (cfr. autos "G vda. de F, E" del 31-05-99; idéntico sentido autos "T.R.J., S.N. s/ Divorcio Vincular" del 22-03-00 Nro. SAIJ00150014 y "P, R c/ M s/ diferencias Salariales" del 23-03-01 SAIJ01150056).

Superados los aspectos formales de la cuestión sometida a revisión, adelanto que la decisión debe ser revocada. La jueza de grado ha excluido al cónyuge supérstite del resarcimiento bajo el sólo argumento de su capacidad productiva. Sin dudas, se trata de una decisión que ha tenido en miras únicamente el daño legalmente presumido del artículo 1084 del CC que se vincula con lo necesario para la subsistencia.

Pero, en el caso, corresponde superar tal directriz vinculada a lo estrictamente asistencial, orientando el resarcimiento hacia el andarivel de la preservación de un nivel económico superior. Ello desde que no quedan dudas de la cooperación de la víctima en la economía familiar ya que ella trabajaba en relación de dependencia, conforme resulta del recibo de haberes acompañado al promover la demanda -fs. 6-.

A tal pauta de valoración debo agregar otra que se vincula con la actividad que efectivamente desempeñaba la víctima en la estructura doméstica familiar y ha sido puesto de manifiesto -en forma coincidente- en varios de los testimonios brindados en autos -S A L a fs. 124 vta./125; A O G, fs. 127 vta./128; M E V -fs. 158-.

No quedan dudas del importante rol que la Sra. M de C, en su calidad de madre y esposa tenía en el hogar y que obligó a su esposo a contratar personal doméstico para, de algún modo, paliar su ausencia.

Un resarcimiento integral -que es el debido- no puede desconocer este aspecto fundamental, es decir, el valor económico ínsito en la actividad doméstica y que en el caso que nos ocupa ha quedado claramente demostrado mediante la declaración de la Sra. A O G -fs. 127 vta./128-.

En efecto, dicha testigo asumió la calidad de empleada doméstica del Sr. H C a partir de la muerte de su esposa. Conforme resulta de su testimonio, prepara a la entonces niña para concurrir a la escuela, organiza y realiza las actividades domésticas, percibiendo al momento de declaración por tales tareas la suma de pesos doscientos.

Este extremo no solo da contenido económico a la pretensión del actor sino que enerva, además, uno de los fundamentos que confusamente esgrime el fallo y que se vincula con la ponderación de la actividad económica de la madre para la fijación de la indemnización a favor de la hija que no alcanzó la mayoría de edad.

En función de los hechos expuestos, teniendo presente, además, otros antecedentes jurisprudenciales de esta Cámara, fijo prudencialmente la indemnización de daño material a favor del esposo -Sr. H H C- en la suma de pesos veinte mil (cfr. Sentencia Definitiva nº 33/2002, Sala B).

2.b. El daño moral. Su discriminación. El segundo agravio se vincula exclusivamente, con la fijación de una suma indemnizatoria global por daño moral, sin discriminación de las que corresponden a cada uno de los actores -dos hijos y el esposo-. No se impugnan los montos sino, la técnica de la sentencia.

Desde ya, el modo en que se ha condenado no se ajusta a la técnica que exige la previsión contenida en el inciso 6º del artículo 163 del CPCCCh. Dicha norma legal exige una decisión positiva y precisa que en el caso está ausente. Es que en cumplimiento de tal manda se debió establecer en forma diferenciada el monto que correspondía en concepto de daño moral a cada reclamante.

Ello, aun cuando pudiere entenderse que corresponde la distribución por partes iguales, conforme se pusiera de manifiesto en otros pronunciamientos -Sentencia Definitiva nº 59/2005, Sala A-.

Ahora bien, el modo en que se ha exteriorizado el agravio autoriza tal solución que, además, no contradice ninguna de las circunstancias comprobadas de la causa. En efecto, los testimonios ya citados demuestran la profundidad del dolor y de la afección espiritual de todos los integrantes del núcleo familiar. Por ello, propongo la distribución en iguales proporciones para cada uno de los actores.

Por todo lo expuesto, corresponde el acogimiento de los agravios y la consecuente modificación de los montos indemnizatorios, los que, en definitiva, quedan fijados del modo siguiente: a favor de D M C en la suma de pesos noventa y tres mil trescientos treinta y tres ($43.333 en concepto de daño moral con más los $50.000 establecidos en concepto de daño material); a favor de A C M M en la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres ($43.333 en concepto de daño moral y $ 1000 en concepto de daño material) y a favor de H H C en la suma de pesos sesenta y seis mil quinientos trece ($43.333 en concepto de daño moral, $20.000 en concepto de daño material por la muerte de la esposa y $3180 que fueran fijados en concepto de daño material del automotor). 2.c. Tasa de interés.

En relación al tema sometido a debate, en forma uniforme vengo sosteniendo que la tasa activa es la que respeta adecuadamente el carácter alimentario de créditos como el que nos ocupa. El incumplimiento del deudor de éstos debe ser tratado con el máximo rigor por su carácter eminentemente asistencial.

Es que no puede perderse de vista que "el fundamento de la tasa de interés es la devolución que ha de hacer el deudor al acreedor del interés que éste pagó o habría pagado para obtener el capital del que se vio privado a causa de la mora en que aquel incurrió" (CNCiv., sala G, marzo 19-1984; ED, 110-616).

En definitiva, cualquiera otra tasa que se pretenda aplicar puede significar un desequilibrio en detrimento de los derechos del damnificado (acreedor), quien seguramente vería como se privilegian las deudas originadas por otros créditos del deudor o por el movimiento empresarial, ya que a los demandados le resultarían más onerosas estas últimas (argumentación exteriorizada en S.D. Nº 37/02 y 64/04).

Es decir, no se puede propiciar que por aplicación de una tasa que éste sabe inferior a la de plaza, se pueda llegar a manipular en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Va de suyo que ello conduciría a un resultado disvalioso.

Lo expresado da sustento al acogimiento del agravio.

En relación a la entidad de referencia este tribunal, en sus dos integraciones -entre otras, en sentencias definitivas nº 05/04, 07/04 y 08/04- ha propiciado la aplicación de la tasa activa del banco de la Nación Argentina, y así lo fallo.

3. Honorarios y costas.

Las costas de esta instancia se imponen a los demandados vencidos por aplicación del principio objetivo de la derrota receptado en el artículo 68 del CPCCCh.

Los honorarios de primera instancia no se revisan, a pesar de la modificación de los montos de condena, dado que han sido establecidos en porcentuales y la modalidad no ha sido materia de agravio. Los honorarios de esta instancia se establecen en el 30% de los que correspondan en la anterior instancia (art. 6 y 14 de la ley 4335).

A la segunda cuestión la Dra. Silvia N. Alonso de Ariet dijo:

Propongo la siguiente fórmula decisoria:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 206.

2º) Revocar parcialmente el punto 1º de la sentencia de fs. 200/205 y vta., estableciendo como monto de condena a favor de D M C la suma de pesos noventa y tres mil trescientos treinta y tres; a favor de A C M M, la suma de pesos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres y a favor de H H C, la suma de pesos sesenta y seis mil quinientos trece. A tales sumas corresponde adicionar los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago.

3º) Costas de esta instancia a los demandados vencidos. Regular los honorarios profesionales a favor del Dr. A H B en el 30% de los que le correspondan en la instancia de grado.

A la primera cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a esta sala en apelación (fs 206 y 207) de la sentencia de fs 200/205, que hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta por H H C por sí y en representación de su hija menor D M C y A C M en contra del Sr H R M C y en consecuencia condena a éste último y a la Cía de Seguros "L R C A de S S...", in solidum, a abonar a los actores la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) en concepto de daño material por la hija menor D M C, la suma de tres mil ochocientos diez pesos ($3810) en concepto de daño al automotor, importes con más los intereses se acuerdo al considerando pertinente, y la suma de ciento treinta mil pesos ($130.000) en concepto de daño moral, en el lapso de diez días de firme la presente. Impone las costas a los demandados y regula los honorarios.

A fs. 220/226 se agrega la expresión de agravios de la actora quien solicita se revoque el fallo en cuanto al monto de condena, reconociéndose el daño material a favor del cónyuge H H C y A C M, discrimine el monto correspondiente en concepto de daño moral por cada uno de los actores y modifique la tasa fijada en el decisorio, con imposición de costas.

Lo agravia la falta de reconocimiento de la legitimación del viudo e hijo de la fallecida en concepto de daño material, lo que sostiene con fallos jurisprudenciales.

Indica que no es cierto que A C M fuera mayor de edad al momento del infortunio, en consecuencia su sólo carácter de menor determina la procedencia de la indemnización, con iguales argumentos que se utilizaron para reconocer los de D M.

El segundo agravio se dirige a la parte del fallo en cuanto no discrimina el monto del daño moral para cada uno de los actores.

Se queja también por la tasa de interés que se dispuso en la sentencia. Efectúa una serie de consideraciones sobre las vicisitudes y momentos económicos que sobrellevó la Nación, menciona la ley de convertibilidad, el decreto 941/91, se refiere al nuevo criterio expuesto por el Superior Tribunal y la Excma. Cámara, en los años 1994, 1997, y el cambio, dice de doctrina legal a través de "S".

Que sin perjuicio de la discrecionalidad que emana de tal precedente, la sentencia resulta arbitraria, ya que no ha indicado que orientó la aplicación de la tasa. Solicita se revoque el fallo fijando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina y/o el B del C S....

A fs 236 se declaró la deserción del recurso interpuesto a fs 207 por parte de la demandada.

En principio advierto que la expresión de agravios cumple mínimamente con los recaudos del Art. 265 del CPCCCh, ya que he entendido permanentemente que la cita de jurisprudencia no sustituye la manda legal.

Sin perjuicio de ello y ante el criterio amplio que resulta ser una constante en esta Cámara y lo que dispusiera el Superior de Justicia, es que daré respuesta a los mismos, ya que aunque la expresión de agravios diste mucho de constituir un modelo en su género, si el apelante individualiza, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad, o aunque sucintamente y sin alarde de argumentos jurídicos, alcance a formular una crítica, no procede declarar la deserción del recurso (Morello, "Códigos Procesales", tomo III, pág. 362).

En igual sentido se pronunció el Superior Tribunal de Justicia en autos: "P, R J c/ B P S......" en donde con fundamento en lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que "La valoración de la expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal..." y en autos "G, M I s/ Recurso de amparo", Expte 17205-G-1999, el Dr Torrejón ha sostenido:

"Se ha declarado que la brevedad y el laconismo de la expresión de agravios, no constituyen razones suficientes para sentar la deserción del recurso en el supuesto en que el apelante individualice, aún en mínima medida, los motivos de su disconformidad con la sentencia impugnada, por cuanto la gravedad de los efectos que la ley imputa a la insuficiencia del mencionado acto procesal aconseja aplicarla con criterio amplio, favorable a la admisión del recurso".

Este Tribunal tradicionalmente se ha guiado en esta materia con un criterio de amplia tolerancia para ponderar la suficiencia de técnica recursiva exigida por la ley adjetiva, por entender que tal directiva es la que más adecuadamente armoniza el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el Art. 265 del ritual con la garantía de defensa en juicio de raigambre constitucional.

De allí, entonces, que el criterio de apreciación al respecto debe ser amplio (conf., esta Sala, "A, J C. c/ L, M M.", del 14/5/1998; íd., "H S S F S.. c/ S I S...", del 15/7/2002, entre muchos otros).

Y asiste razón al quejoso respecto a la edad de C M ya que éste a la fecha del accidente tenía 20 años, de acuerdo a la documentación agregada a fs 7/8 y lo que surge de fs 179/185. De allí que como bien lo señala el apelante con iguales fundamentos que los utilizados por la a-quo para viabilizar la indemnización respecto a D M, debió admitir la petición.

Y siguiendo las enseñanzas de Bueres-Highton en Código Civil, tomo 3 "A", págs 247 y sgtes, he de efectuar algunas consideraciones a fin de abundar y que me permitirán otorgar una indemnización justa. Lo relevante frente a una muerte irreversible ya operada, es el derecho al goce (material o espiritual) de la vida ajena, así como las consecuencias (materiales o espirituales) que el menoscabo de aquel derecho resultan para personas distintas del muerto.

Y en el caso de la muerte de los padres (de cualquiera de los progenitores), los hijos pueden invocar, como daño presunto, la privación de lo necesario para subsistir, en el caso de los hijos menores no emancipados, en razón de su situación de dependencia alimentaría y asistencial y de las obligaciones que impone la patria potestad, aunque en el caso del hijo menor que ejerce una profesión o actividad laboral, la doctrina no es conteste sobre el derecho indemnizatorio que le cabe.

No obstante lo dicho, coincido con los autores citados, en la misma obra, que esto último no ocurre automáticamente.

En los presentes autos nos encontramos con un joven ya próximo a adquirir la mayoría de edad a la fecha de la muerte de la Sra madre (fs 7/8 y 179/185) que de acuerdo a la testimonial de la Sra S L de fs 124 vta y 125, 2da, 3ra y 4ta repreguntas, el menor vivía con los padres, aclarando que era hijo de C M, pero se crió con C y que sabía que estaba estudiando.

Ello sin desconocer lo atestiguado a fs 127 vta por la Sra G, en la respuesta a la quinta pregunta, pero que no precisa fechas, ni lo que surge de fs 136/ 139 que corroboran los dichos de la testigo L.

Todo ello me convence que la suma de mil pesos ($1000) que dispusiera la Sra Juez preopinante resulta justo y así lo voto.

Con relación a la indemnización a favor de H H C que la Sra Juez rechazara sin fundamento válido, prosperará. La Dra Matilde Zavala de González, en "Resarcimiento de daños. Daños a las personas, pérdida de la vida humana", 2b., sostuvo que nunca se ha dudado el daño moral que produce la pérdida de la madre y esposa, pero diverso ha sido con relación al daño patrimonial ante la ama de casa que no recibe remuneración alguna.

Enrolándome en aquella corriente que sostiene que "lo económico" no se ciñe a tareas retribuidas dinerariamente o que generan créditos pecuniarios, también los servicios que se prestan en el propio interés y el del grupo familiar, sin compensación pecuniaria, tienen clara significación económica.

Se ha visualizado esa significación de una manera indirecta, es decir, en tanto y en cuanto posibilita el trabajo remunerado de otros miembros de la familia, remarcando la autora citada lo que la actividad doméstica vale intrínsecamente, es decir lo que por sí misma reporta, toda vez que no se trata de una persona "inactiva" económicamente, y deben ser revalorizados, ya que no son una simple ocupación "modesta" y sí un trabajo como cualquier otro, no se puede desjerarquizar la tarea del ama de casa con el argumento de que era sostenida económicamente por los mismos reclamantes, no causando ningún perjuicio, pues debe pensarse en la responsabilidad que tiene la esposa, generalmente de administrar el presupuesto del hogar y hacer rendir al máximo los recursos que le proveían.

Respecto la pérdida de la vida de la esposa y madre en un accidente de tránsito ¿cuánto representa? O ¿qué valen sus actividades hogareñas, según el curso ordinario de las cosas? Si sustraemos, por hipótesis, lo que habría que afrontar en gastos de no estar ella ¿no tenemos acaso una pauta u orientación suficientemente consistente?".

"Los beneficios patrimoniales que la mujer produce indirectamente con su industria interior, le permiten al esposo y demás miembros adultos, abocarse a las industrias exteriores a la casa y a la recaudación directa del salario del grupo familiar". "Porque para la sociedad matrimonial, tan valores económicos son los aportados desde fuera por el varón, como los trabajos domésticos de la mujer dentro de la casa" ("La Prueba" de Augusto M. Morello, pág. 223/224, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2001).

Al morir una persona se pierde una potencialidad físico-espiritual que tiene un valor incontestable; y ello, para su marido, con el que se convive y reparte el trabajo, las angustias y las alegrías, tiene una notable proyección. De ahí que sería contraria a toda natural inducción y deducción, sostener que la cónyuge nada representa en el aspecto material del modus vivendi (ED 81-520, 104-549; 107-466).

Y considero que la vida de un ser humano, de cada ser humano, tiene un valor por sí mismo, que se proyecta sobre los integrantes más próximos de su familia, al punto que su pérdida constituye un daño resarcible para ellos (art. 1068 CC) con prescindencia de cualquier beneficio pecuniario que aquél le hubiese podido o no proporcionar, pues no es lo que ha sufrido lo que indemnizo en este rubro sino lo que ha perdido. Sin que ello implique confundir los aspectos de daño patrimonial y moral.

Y sostengo ello, pues más allá que la Sra Juez de grado a fs 203 vta sostuvo "que la mamá aportaba con su sueldo a la crianza de la menor"... lo que devino firme, y que la documentación de fs 6 fue desconocida, desistiendo de la prueba pertinente el actor a fs 191; trabajara o no la Sra C M la indemnización igual le es debida, atento los argumentos expuestos.

La suma de $20.000 (veinte mil pesos) que determinó la Sra Juez preopinante se ha de compartir.

El agravio relacionado con la falta de discriminación del monto del daño moral entre cada uno de los actores, deviene justo.

Atento que ninguna otra consideración efectúa el quejoso y no pudiendo medir el daño moral que la muerte de la madre y esposa ha causado a cada uno de ellos, la distribución en partes iguales de la suma que fijara el sentenciante de grado ($130.000) resulta conforme a derecho, en consecuencia la indemnización por el daño moral, a favor de D M C, A C M M y H H C es de $43.333, reitero, para cada uno de ellos.

En punto a la tasa a aplicar, si bien las vicisitudes económicas del país han incidido para que se modificara la tasa de interés, y que la que se viene aplicando coincide con una de las que solicita el quejoso, no admitiré la queja.

Se observa que el accidente ocurrió el 11-06-94, que la demanda se inició el 7 de junio de 1996, la sentencia fue dictada en septiembre de 1999, y luego de muchos años esta Cámara se pronuncia.

Que todos hemos contribuido con mayor o menor responsabilidad a que luego de 12 largos años la causa aún no tenga resolución definitiva.

Aplicar la tasa de interés que pretende el quejoso, y que no fuera solicitada específicamente en la demanda, y que reitero esta Cámara ha adoptado, entiendo, es poner sobre el demandado, más allá de ser quien provocó el litigio, una carga económica del que no sólo él es el responsable.

Ante ello y que al momento del dictado de la sentencia de grado la tasa que se fijó era justa, y valiéndome de las misma jurisprudencia del apelante "S, C c/ L P S.A. y/u otros s/ Indem. por Acc. Trabajo", Expte. Nº 15.502-S-1996, sujetó al prudente arbitrio de los jueces de grado la elección de la tasa que resulte adecuada al servicio de justicia y en orden a las constancias de la causa, otorgando libertad a los sentenciantes inferiores particularmente en materia de intereses, regida por el art.622 CC.

Señaló asimismo la irrevisibilidad de lo resuelto en materia de intereses por los jueces decisores, por quedar ubicado en su margen discrecional autorizado por la norma, citando entre otros a la Corte Suprema: "Banco Sudameris c/ Belcam S.A...", del 17/5/94 (D.T. 1994-B-1973), "Acopionor..." del 6/9/94 (E.D.160/91), que la cuestión no puede ser resuelta mediante reglas de aplicación inexorable, y sólo cabe aspirar a que se llegue a soluciones justas para los casos concretos: "bonus judex variae ex personis casiusque constituet".

A mayor abundamiento he de señalar que en su voto el Dr Martín decía, "Ello, sin perjuicio de las situaciones de excepción que demuestre, en casos concretos, desvío del razonamiento lógico en orden a circunstancias comprobadas".

Por todo ello entiendo que admitir la tasa que en esta instancia pretende el apelante sería introducirme en un desvío del razonamiento lógico al que alude la sentencia de mención, toda vez que una simple operación aritmética demuestra lo desmesurado de aplicar otra tasa.

A fin de regular los honorarios que los difiero para el acuerdo, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperaran y demás pautas de los artículos 6 y 14 de la ley de aranceles.

A la segunda cuestión la Sra Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dice que:

1) Admite parcialmente la apelación del actor de fs 206.

2) Revoca parcialmente el punto 1º de la sentencia de fs 200/205, y fija como montos indemnizatorios, a favor de D M C, la suma de noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($93.333); de A C M M cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y tres pesos ($44.333) y del Sr H H C en sesenta y seis mil quinientos trece pesos ($66.513), a lo que se adicionará la tasa de interés que se fijó en la instancia de grado. Todo de acuerdo los considerandos respectivos.

3) Impone las costas de la Alzada al demandado vencido.

4) Diferir la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo.

A la primera y segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento la presente causa por apelación de la parte actora contra la sentencia definitiva nro. 613/99, que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por H C por sí y en representación de su hija M C y A C M y condenó al Sr. H R M C y a "L R C. A de S S.." a abonarles la suma de $183.810 con más los intereses calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la Republica Argentina desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, e impuso las costas del proceso (fs. 206/7, fs. 236 vta., fs. 200/205.

Las señoras camaristas prevotantes efectuaron la reseña de los agravios de la parte apelante, encontrando excluido de la manda constitucional que no está destinada a repeticiones disvaliosas, doy por cumplimentada de tal forma la exigencia procesal (Art. 169 Const. Prov. Chubut y Art. 163 Cod. Proc.).

Atento que la ley 4550 modifica el Art. 271 del CPCCCh (Art.4), disponiendo que es suficiente a los efectos de adoptar decisión que el tribunal lo haga fundadamente, examinando las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al arbitrio del juez de primera instancia que hubieran sido materia de agravios, y por mayoría, "bastando para conformarla los votos en sentido coincidente de quienes se expidan en primero y segundo término", dejando a salvo la facultad del tercero de emitir su opinión.

Que resultando mi voto precisamente sorteado en tercer orden, haciendo uso de la facultad de no emitir opinión sobre aquellos temas que existe mayoría de fallos coincidentes en su resolución, limitaré el pronunciamiento a la cuestión de hecho y de derecho resuelta en forma discordante para el apelante, es decir, los accesorios de la condena, puntualmente la tasa de interés.

Los accionantes a fs. 15 en oportunidad de incoar demanda peticionaron los intereses sin indicar la tasa pretendida, lo cual no deja fuera de decisión a los magistrados de determinar la que consideran prudente aplicar al caso concreto.

Advierto que el magistrado de grado dispuso el interés conforme la discrecionalidad sin que haya mediado petición expresa de las partes respecto de alguna tasa o institución bancaria específica -fs. 15 y fs. 41/7-, no fue tema de controversia lo que habilitaría su revisión en esta instancia en forma integral en la convicción que no se produce la reformatio in peius ni se vulnera el principio de congruencia.

La CSJN tiene resuelto que la determinación de la tasa de interés a aplicar en los términos del Art. 622 del Código Civil, queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito en cuestión; bajo tales pautas este Cuerpo adoptó un criterio sobre la tasa que evaluó se ajustaba a la realidad y a la situación actual del país y de la provincia, alineándose en lo dicho por el Superior Tribunal de Justicia en fallos que cita el recurrente (fs. 225) y en otros con idéntico y similar contenido, no siendo menester reiterar los mismos fundamentos, que fueron expuestos en el memorial en análisis.

Sin perjuicio de ello, cabe recordar que en numerosos y concordantes fallos de esta Cámara -Salas A y B (que integro y comparto)-, se dijo que el cotejo de informes del B C S... y Nación ha permitido comprobar que existen factores ajenos a la realidad económica normal que inciden en la determinación de los institución bancaria local que no deben ser trasladados a quien resultó perdedor del juicio, a lo que debe agregarse que "la determinación de soluciones para la fijación de los intereses resulta esencialmente provisional, pues responde a las fluctuaciones de la economía de un país.

Por ello las tasas de interés no permanecen estáticas, sino que con el transcurso del tiempo y por el empleo de distintos factores, varían de un modo considerable lo que puede en cualquier momento revisar los criterios establecidos para adoptarlos a nuevas realidades económicas" (Ariel Barbero "Intereses monetarios", pág. 12, Ed. Astrea-2000, Dr. Julio Alexandre Sent. Def.05/2004).

A todo ello debe agregarse que si con prudencia asumimos que no es nuestro cometido determinar el costo financiero del dinero como mercancía sino preservar la justicia de los resarcimientos, conscientes de que ellos quedan también afectados por la economía.

Dijo la doctrina que la idea es que el incumplimiento no debe beneficiar al deudor o, dicho de otro modo, que si él tiene una suma de dinero exclusivamente por su incumplimiento no debe ese incumplimiento colocarlo en mejor condición que si hubiera acudido a un banco (Ariel Barbero "Intereses...", ob.citada, pág. 85 cita a Bibiloni), estos motivos me llevan a modificar lo resuelto por el sentenciante de grado e impongo al capital en condena la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

A mayores precisiones y siguiendo al mismo autor agrego que "Hay que advertir que cuando se descarta la tasa activa por incluir el "spread", se formula un razonamiento que da por probado lo que había que demostrar. Porque con el mismo argumento también podría rechazarse la tasa pasiva, precisamente porque no incluye el "spread".

Al decir que una tasa tiene ese elemento, y que la otra no lo tiene, solo se repite con otras palabras la definición del "spread": es la brecha entre la tasa activa y la pasiva. Pero nada se aporta a la cuestión de establecer cuál es la tasa que corresponde pague el deudor moroso. Salvo que se afirme primero que "la tasa es la pasiva", y que como la activa la supera (precisamente esa diferencia es el "spread") no cabe admitir esta última. Pero esa afirmación contiene lo que hay que probar" (ob. cit., pág. 89).

El crédito existe, es el capital de condena, sobre el mismo se analizó o no su procedencia e incluso la morigeración, respecto de los intereses hubo una ausencia de argumentos por las partes, quedando en consecuencia librada la decisión a la discrecionalidad de los magistrados llamados a decidir, y mi postura, como lo expresara en párrafos precedentes, es la tasa activa la que corresponde en atención a que refleja la realidad y se adecua a la situación económica.

Por coincidir con la Dra. Alonso de Ariet, en lo pertinente adhiero a su fórmula postulatoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia parcial de la Dra. Reynoso de Roberts, la siguiente SENTENCIA:

1º) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 206.

2º) Revocar parcialmente el punto 1º de la sentencia de fs. 200/205 y vta., estableciendo como monto de condena a favor de D M C la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($93.333); a favor de A C M M, la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES ($44.333) y a favor de H H C, la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE ($66.513).

A tales sumas corresponde adicionar los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del evento dañoso hasta su efectivo pago.

3º) Costas de esta instancia a los demandados vencidos. Regular los honorarios profesionales a favor del Dr. A H B en el TREINTA POR CIENTO (30%) de los que le correspondan en la instancia de grado.

4º) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

SILVIA N. ALONSO de ARIET - Presidente GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 06 DEL AÑO 2007 DELLIBRODESENTENCIAS DEFINITIVAS