marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Revocación de sentencia, caducidad de instancia, excusación
Materia: PROCESAL
Carátula: Luna, Luciana Belén  c/ Banco Santander Rio SA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-11

Cabe revocar la resolución que, de oficio, declaró la caducidad de instancia. Ello por cuanto, en el caso, la presente acción se inició ante la Justicia Nacional en lo Civil; inhibiéndose la magistrada para conocer en la causa y en consecuencia ordenó su remisión a este Fuero en lo Comercial. Ante ello, la jueza comercial asignada aceptó la competencia, disponiendo hacer saber que conocería en las actuaciones mediante notificación por cédula, sin que se enviara dicha cédula. Es que la falta de efectivización de dicha notificación no solo pone en duda el hecho de si la actora ha podido conocer objetivamente el Tribunal donde había quedado asignada su demanda, sino que también abre la disyuntiva en torno a quién tenía la obligación de cumplir con tal comunicación. Lo cual, si bien la ley no lo especifica expresamente, es lógico sostener que le compete al juzgado interviniente realizar esa notificación. Esto es dirimente porque el desconocimiento del juzgado interviniente resulta ser un obstáculo para el interesado que debe desplegar la actividad impulsoria reclamada (v. CNCom, Sala E, "Gil Gastón Ariel c/ Aseguradora Federal Argentina SA c/ ordinario", del 10/09/14). No se produce la caducidad de instancia cuando existe alguna medida pendiente de producción por parte del Tribunal -CPR 313-3°-.
Medidas cautelares, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE SAN JUAN, objeto de la demanda, obligación principal
Materia: PROCESAL
Carátula: Giménez Jaime Amador Fernando Manuel c/ Rico Zorrilla María Natalia s/ Cautelar
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2024-10-25

La Medidas Cautelares, tienen carácter instrumental y accesorio vinculado íntimamente al proceso principal conforme surge de lo dispuesto por el artículo 197 de la LP 2415-O, donde queda condicionada la supervivencia de la cautelar -en caso de concederse- a la efectiva promoción de la acción principal. Es decir que, son instrumentales en tanto no tienen un fin en sí mismas. Son accesorias de otro proceso principal al que acceden o del cual dependen, y aseguran la sentencia que vaya a dictarse en él.
Convención sobre los derechos del niño, interés superior del niño, protección a la familia, violencia familiar, violencia contra menores, obligaciones internacionales, derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos, grupos vulnerables
Materia: DERECHOS HUMANOS
Carátula: B. J. c/  s/ Protección contra la violencia familiar (LEY 12569)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-10-24

El término violencia abarca todas las formas de daño a los niños enumeradas en el art. 19, párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño conforme la terminología del estudio de violencia contra los niños realizado por Naciones Unidas, aún cuando los otros términos utilizados para describir otros tipos de daño sean lesiones, abuso, malos tratos y explotación, son igualmente válidos, pues debe evitarse entender por violencia solo el daño físico o el intencional, sin que el empleo de dicho término pueda minimizar los efectos de las formas no físicas o no intencionales altamente dañinas tales como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras.
Asegurador por riesgos del trabajo, expresión de agravios, memorial, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Onetto Christian Javier c/ Galeno Aseguradora De Riesgos Del Trabajo s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-04

Esta Sala tiene sentado un criterio amplio y a partir del mismo entiende que la valoración del memorial mediante el cual se pretende fundar el recurso de apelación y la crítica respecto de la cumplimentación del recaudo de procedencia que prevé tal dispositivo, deben efectuarse con generosidad y benevolencia a fin de posibilitar la apertura de la instancia de alzada. Bajo tal perspectiva, se concibe que aun cuando el memorial de agravios pueda adolecer de alguna deficiencia técnica, si el apelante individualiza aunque fuere en mínima medida los motivos de su discrepancia con lo razonado por el juez de grado, o cuando -aunque sucintamente y sin alarde de argumentación jurídica- alcance a formular una concreta crítica, no procede la declaración de deserción del recurso por cuanto la gravedad de los efectos con que la ley sanciona la insuficiencia de la expresión de agravios, hace aconsejable aplicarla con criterio amplio, favorable al recurrente (Voto Romero, en disidencia. Adhesión Ronconi)
Juicio ejecutivo, revocación de sentencia, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Lee, Mee Sook  c/ Yang, Pinlan  s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-09

Corresponde revocar el decreto de caducidad dictado de oficio por el juez de grado. Ello en tanto se observa que con anterioridad al dictado de la resolución recurrida, el juzgado dictó una providencia de mero trámite, por la que tenía presente lo manifestado por la parte actora, de lo que se deriva que consideró subsistente a esa fecha la instancia, caso contrario hubiera decretado la caducidad en tal oportunidad. Si tal actuación resultó o no idónea para impulsar el proceso no era aspecto susceptible de ser valorado ulterior y oficiosamente por el Tribunal de grado, so riego de volver sobre una cuestión que a su respecto se encontraba precluida.
Cobro de sumas de dinero, presunciones, falta de certificado de servicios, contrato de servicios
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Para que la presunción del art. 23 resulte operativa, se requieren dos presupuestos: a) probar el cumplimiento de una prestación de servicios; b) que dicha prestación haya sido en beneficio de aquel a quien se le atribuye la calidad de empleador. Dados esos dos presupuestos, el contrato de trabajo se presume, y esa presunción -iuris tantum- puede desvirtuarse cumplidas las particularidades que enumera la ley: 1º) cuando el destinatario de los servicios demostrare lo contrario, es decir, cuando pruebe que los mismos fueron ejecutados en ejercicio de una figura no laboral (v.gr.: locación de servicios, locación de obra, mandato, etc.); 2º) cuando las propias circunstancias en que aquéllos se cumplieron demostraren lo contrario (ej: la prestación única de un mozo de cuerda; trabajos benévolos; amistosos; profesional médico que atiende paciente en su consultorio, etc.) (Voto Romero. Adhesión Ronconi)
Revocación de sentencia, asesor de menores, interés superior del niño, protección a la familia, violencia familiar, violencia contra menores, derecho del menor a ser oído, derechos de las niñas, niños y adolescentes, derecho a la dignidad, grupos vulnerables
Materia: DERECHOS HUMANOS-PROCESAL
Carátula: B. J. c/  s/ Protección contra la violencia familiar (LEY 12569)
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2024-10-24

Corresponde revocar la sentencia de grado y hacer lugar al pedido del asesor de menores quien en el marco de un proceso de protección contra la violencia familiar solicitó se disponga provisoriamente el traslado de los niños involucrados al dispositivo convivencial Pequeño Hogar hasta tanto su madre pueda disponer de un espacio habitacional adecuado, por cuanto la negativa del a quo a adoptar las medidas necesarias para su resguardo agravaron las condiciones de indignidad en las que se encontraban lo que en modo alguno supone estar a favor de la separación del grupo familiar sino que ante la gravísima vulneración de derechos constatada, deben admitirse mecanismos tuitivos indispensables mientras se trabaja en el apuntalamiento familiar mediante la instrumentalización del mencionado programa y en el marco de lo que la Ley 12569 ofrece para tutelar los derechos conculcados.
Revocación de sentencia, acumulación de procesos, cuota social
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Ferretti, Lucía Gabriela  c/ Ferretti, Fernando Carlos y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Cabe revocar la resolución que desestimó el pedido de acumulación formulado por los accionados, con relación a otra causa en trámite en otro juzgado. Ello por cuanto, en estas actuaciones, la accionante demanda por simulación de la compraventa de ciertas cuotas sociales de la sociedad de responsabilidad limitada que efectuara el demandado a favor de un tercero, en el entendimiento que el vendedor no era el verdadero titular de dicha participación social sino que era un socio meramente testimonial desde la constitución del ente. También requiere la nulidad de lo resuelto en la reunión de socios de dicho ente y su continuación, por haberse tomado las decisiones con una mayoría falsa y fraudulenta. De este modo cabe concordar que frente a la hipótesis de estimarse la demanda por simulación, ello incidiría sobre el quorum de las reuniones de socios posteriores, incluyendo a la que resolvió el inicio de la acción de exclusión que se ventila en el otro proceso; extremo éste de suficiente relevancia para modificar el temperamento asumido en el grado (v. esta Sala, 3/4/12, "Ortiz, Eduardo Ciro c/ Ingenio Rio Grande SA Fecha de firma: 16/04/24 s/ ordinario s/ incidente de acumulación de proceso", expte. N° 25528/2011 que también versaba sobre una acción de simulación de una transferencia accionaria). Resulta evidente a juicio de los firmantes la existencia de una vinculación suficiente entre los procesos referenciados.
Admisibilidad del recurso, revocación de sentencia, medida de no innovar, producción de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: Ebanx SA c/ Visa International Argentina SRL y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-25

Cabe admitir el recurso de reposición deducido por las codemandadas y revocar la decisión mayoritaria de esta Sala. Ello por cuanto, en el caso, la actora requirió el otorgamiento de una medida cautelar de no innovar -en los términos del CCCN 1711- que ordene a VISA no implementar, de cualquier forma, su decisión de prohibirle y/o los adquirentes procesar transacciones originadas en comercios localizados fuera de la Argentina, hasta tanto no se dicte sentencia definitiva respecto de la acción y en dicho antecedente, la Sala resolvió revocar la resolución del señor juez de primera instancia que había rechazado la medida cautelar requerida. En este marco, la acción preventiva de daños intentada tiene por objeto ".que se obligue a VISA a no prohibir al actor procesar transacciones originadas en comercios localizados fuera de Argentina" y la medida cautelar requerida al propio tiempo persigue que ".se ordene a VISA no implementar, de cualquier forma, su decisión de prohibir al actor y/o los adquirentes procesar transacciones originadas en comercios localizados fuera de Argentina, hasta tanto no se haya dictado sentencia definitiva respecto de esta acción." (sic.). Ello resulta suficiente, en una primera aproximación al caso, para descalificar la decisión recurrida. Y es que, si bien no se ignora que el principio de instrumentalidad reconoce excepciones, que según ha entendido la Corte Federal son aquéllas vinculadas de modo intrínseco con los derechos fundamentales de protección preferente consagrados por la CN 75-22° y 23° (Fallos, 320:1633), es claro que se trata de supuestos éstos diversos del que aquí nos ocupa. Y ello coloca la dinámica interpretativa en el sitio tradicional de las peticiones cautelares. En ese quicio, es claro que la medida aquí recurrida ha comportado la emisión, inaudita parte, de un pronunciamiento con serias implicancias sobre la operatoria dentro de la Red VISA; que -y esto es muy importante- tuvo por cierta una supuesta conducta antijurídica endilgada a las defendidas que constituyó un presupuesto necesario e indispensable para su otorgamiento. Y tal declaración se advierte ahora que resultó cuanto menos prematura, en tanto debió encontrarse precedida de una indagación digna de un proceso con plena producción probatoria.
Confirmación de sentencia, costas en el orden causado, convocatoria judicial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Green, Ernesto Bernardo  c/  s/ sucesion ab intestato c/ belgrano day school sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

Cabe confirmar la imposición de costas en el orden causado. Ello en tanto, no se soslaya que, en la especie, se verificaron ciertos pedidos tendientes a obtener la suspensión de la convocatoria asamblearia objeto de autos por parte de los presuntos coaccionistas todo lo cual exterioriza la conflictividad subyacente. Sin embargo, en relación a ello, esta Sala ya ha tenido ocasión de señalar que las cuestiones alegadas como fundamento de dichas peticiones no podían ser tratadas en el sub lite, por resultar ajenas a la precariedad cognoscitiva propia de este proceso, correspondiendo, por ende, que ellas sean elucidadas en un ámbito contencioso. En tal sentido, mal podría esta Sala hacer recaer sobre la sociedad accionada la carga del pago del conjunto de los honorarios relativos a la tramitación de este proceso, cuando, de hecho, las defensas de quienes se presentaron como accionistas de dicha sociedad fueron desestimadas, no por carecer de asidero sustancial, sino, reitérase, porque su tratamiento no podía ser abordado en el estrecho marco cognoscitivo de las presentes. Disidencia de la Dra. Uzal
Competencia por el territorio, accidentes de trabajo, indemnización, cómputo del plazo, contratos, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Schoeder Sonia Noemi c/ Fiorotto Flavia Lorena  s/ cobro de pesos y entrega de certificación laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-12

Esta posibilidad de que el trabajador accidentado pueda incoar la acción por la ley 24557 y 27348 ante el juez de su propio domicilio, al seguir el trámite administrativo, encuentra respaldo no solamente en el principio protectorio, sino que se justifica plenamente por la mayor facilidad ambulatoria que a priori se adjudica a la ART o empleador con respecto al trabajador, siendo que este último transita tales situaciones afrontando a priori una disminución en su aptitud psicofísica producto de la contingencia sufrida, por lo que es razonable que el legislador haya previsto esto al dictar los arts. 1 y 2 de la ley 27348, a los fines precisamente de que no tenga que trasladarse y transitar largas distancias a los para ser tratado médicamente, y además que se le reconozcan sus reales acreencias derivadas del accidente de trabajo (Voto Romero, en disidencia. Adhesión Ronconi)
Confirmación de sentencia, costas, honorarios, pacto de cuota litis
Materia: PROCESAL
Carátula: Koltun, Sergio David  c/ Almaraz, Rodolfo Nicolás y otro  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-16

Procede confirmar la resolución de grado en cuanto impuso las costas de la incidencia al abogado ejecutante, en tanto fue objetivamente vencido, y porque tratándose de un profesional de la matrícula promovió el cobro de honorarios a sabiendas que el pacto de cuota litis no le daba derecho al reclamo.
Apreciación de la prueba, prueba pericial, accidentes de trabajo, peritos, partes del proceso, ley provincial
Materia: LABORAL
Carátula: Caceres Alfredo Ricardo c/ La Segunda ART S.A.  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: 
Fecha: 2024-04-10

El perito médico designado en autos fincó su conclusión en el examen semiológico que efectuó a Cáceres, clínica en la que advirtió la lesión motora derecha que a la aseguradora le disgusta. Frente a esto es bueno recordarle a la quejosa que pudo concurrir a ese acto pericial y no lo hizo. Además y como lo memoró el juez de primera instancia: "el examen clínico es soberano" lo cual significa que la auscultación que efectúa el médico y la opinión del perito que se apoya en la misma posee preponderancia respecto de los estudios que el artis médico y el baremo aplicable califican de "complementarios". El examen semiológico es soberano en el diagnóstico y se impone sobre lo que puedan informar los estudios coadyuvantes (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Modificación de la cosa juzgada, costas en el orden causado, convocatoria judicial
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Green, Ernesto Bernardo  c/  s/ sucesion ab intestato c/ belgrano day school sa s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-23

Cabe modificar la resolución que impuso en el orden causado las costas de la acción que tuvo por objeto la convocatoria judicial a una asamblea general extraordinaria en el seno de la sociedad demandada. Ello en tanto durante la celebración del acto asambleario objeto de la presente causa, no se opuso ninguna objeción a su desarrollo, como así tampoco se dejó asentada ninguna disidencia respecto de las decisiones entonces adoptadas. Así las cosas, cabe concluir en que la designación de las autoridades dispuesta durante la celebración de la audiencia convocada en autos contribuyó a la regularización del ente societario y, por ende, redundó en su beneficio. En tal marco, habiéndose visto la parte accionante en la necesidad de requerir judicialmente la referida convocatoria a asamblea, no existen razones para no considerar justificada la procedencia de dicho pedido, debiendo el ente social, por lo tanto, responder por los gastos causídicos devengados a partir del presente proceso, al haberlos ocasionado por su negligencia.
Admisibilidad formal, exceso ritual manifiesto, incidente de impugnación, accidentes de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Caceres Alfredo Ricardo c/ La Segunda ART S.A.  s/ enfermedad profesional
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-10

Hemos dicho que no hay inconveniente en impugnar una pericia al momento de alegar, no obstante, si previamente a un justiciable se le corre traslado de un dictamen y no aprovecha el momento para pedir explicaciones u objetar, permitiendo de ese modo que el experto corrija, complete o amplíe la información suministrada, no puede luego cuestionar esa labor agraviándose porque los fundamentos son pocos o inexistente. En el caso, la ART dejó pasar la oportunidad para obtener del experto que nos auxilia en estas actuaciones pertinentes aclaraciones que hubieran despejado sus dudas (Voto Ronconi. Adhesión Stettler)
Accidentes de trabajo, liquidación, indemnización, aplicación de la ley, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Borro Rosa Ester c/ Instituto Autarquico Provincial del Seguro de Entre Rios s/ accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-17

El principio de reparación plena consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie (art. 1740 CCC). Queda claro, entonces, que la restitutio in integrum abarca no solo la reparación del daño emergente y en su caso el lucro cesante sino también la del perjuicio que produce la mora del deudor en resarcir. En resumen, el trabajador víctima de un siniestro laboral se convierte en acreedor de la reparación desde el momento del infortunio y en caso de corresponder el pago de un capital dinerario por improcedencia de la reparación in natura la ART comienza a adeudar intereses resarcitorios desde su retardo en pagar (Voto Ronconi)
Protección de la flora y fauna silvestre, ley general del ambiente, hábitat, CHUBUT, evaluación del impacto ambiental
Materia: MEDIO AMBIENTE
Carátula: Ministerio Público Fiscal c/ Investigación Maltrato Animal - Punta Tombo s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2024-11-07

Conforme los términos de la Ley 22421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre se encuentra prohibido apropiarse tanto del animal silvestre como de su hábitat en concordancia con lo establecido por la Ley General del Ambiente 25.675 y lo regulado a nivel provincial en la Ley XI No 10 de Conservación de la Fauna, la No 4032 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley General de Ambiente Provincial No 4563, todas las cuales persiguen el mismo fin de protección e interés público en materia de medio ambiente, razón por la cual nadie puede considerarse propietario de la flora autóctona y menos aún de los nidos de los animales silvestres, máxime cuando estos y su hábitat están protegidos en forma expresa por las normas.
Falta de certificado de servicios, facultades de la alzada, jueces, cobro de sumas de dinero
Materia: LABORAL
Carátula: Saavedra Norma Isabel c/ Serur Alberto Abrahan s/ cobro de pesos y entrega de certificacion laboral s/ queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2024-04-10

En el caso, la queja interpuesta resulta inadmisible, puesto que el letrado cuestiona la legalidad del Reglamento de Notificaciones Electrónicas (RNE), alegando que contraría el procedimiento de notificación regulado por el Código de rito, pero no plantea concretamente su inconstitucionalidad, quedando a mitad de camino. Además, su planteamiento recién en esta instancia (cuestionando la notificación de la sentencia de manera electrónica), mediante el que pretende dejar de lado el SNE, resulta inapropiado. Véase que el presente trámite se inició en agosto del 2021, fecha en que dicho sistema ya se encontraba vigente y operativo en toda la provincia de Entre Ríos, sin excepción alguna (desde el 01-10-2019, cfr. Resol. Trib. Superint. N° 167/19). En todo caso, el momento procesal oportuno para plantear la aplicación o no de dicho sistema -más allá de las razones, atendibles o no, que puedan invocarse- era en la instancia de grado y al inicio del proceso y no ahora ante la Alzada y luego de dictada la sentencia definitiva (Voto Stettler. Adhesión Ronconi)
Revocación de sentencia, inhibición general de bienes, embargo, sustitución de medidas cautelares
Materia: PROCESAL
Carátula: Grinberg, Hugo Hernán  c/ Grinberg de Aizenberg, Jezabel Adriana  s/ incidente art. 250
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-04-29

Cabe revocar la decisión mediante la cual la magistrada de grado hizo lugar a la petición de sustitución de la inhibición general de bienes por el embargo a trabarse sobre el 50% indiviso de un inmueble sito en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando éste continúe en cabeza de la accionada. Es que si bien la porción indivisa del inmueble que corresponde dominialmente a la demandada tendría un valor de mercado importante -aunque sabido es que ello es por demás variable- no puede obviarse, además de lo actuado en la quiebra (sin desconocerse que el valor del inmueble fijado en la LCQ 39 data de varios años) que se trata de un edificio antiguo (aprox. 90 años), de cuatro plantas y una azotea, que la demandada es titular de una porción indivisa de mismo, que las unidades están ocupadas, que registra deudas (cuyo importe se desconoce con exactitud) y en un estado de conservación y en condiciones precarias. Frente a tal situación, y sin perjuicio de que las partes puedan hallar un modo de conciliar la satisfacción de la acreencia, ha de revocarse la decisión de grado.