Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2013-08-08


Exptes. Nros. 5992/12 y 5993/12 "PROVINCIA DE SAN JUAN c/ Almenzar Horacio Luis y otros - Ejecución Cambiaria (II Cpo.)" 'Inconstitucionalidad y Casación' (5992) e 'Inconstitucionalidad (5993)' En la Ciudad de San Juan, a ocho ( 08 ) días del mes de agosto del año dos mil trece, reunidos los señores Miembros de la Sala Primera de la Corte de Justicia, que entienden en estas causas, doctores Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de resolver los recursos de inconstitucionalidad y casación interpuestos en expediente Nº 5992 por el doctor Federico Jesús Molinero, por derecho propio, y el de inconstitucionalidad planteado en expediente Nº 5993 por el doctor Federico Mariano Molinero, también por derecho propio. En ambos casos, los recursos se dirigen contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, en fecha veintidós de noviembre del año dos mil doce, en autos Nº 21492 - 80006 caratulados: "Provincia de San Juan c/ Almenzar, Horacio Luis y otros s/ ejecución cambiaria"; procedieron a considerar las siguientes cuestiones: ¿Son procedentes los recursos de inconstitucionalidad y casación e inconstitucionalidad deducidos en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar?--------------- --- EL SEÑOR MINISTRO DR. ÁNGEL HUMBERTO MEDINA PALÁ, DIJO:--------------------------------------------- --- En la sentencia impugnada el Tribunal rechaza la apelación de la actora y la de los Dres. Federico Jesús y Federico Mariano Molinero, con lo que confirma el auto regulatorio de primera instancia. El Tribunal también fija los honorarios de dichos profesionales por su labor en segunda instancia.----------------------------------- --- Al fundar su decisión, el a quo concluye que, cuando el artículo 186 de la ley 2150 habla de "partes" se refiere a la actora y a la demandada, aun cuando sean plurales como sucede en el supuesto de litisconsorcio; que no puede considerarse que cada litisconsorte voluntario o necesario sea una parte, pues se daría el absurdo de que los honorarios superarían el monto del crédito del actor. Afirma que en el caso los codemandados se presentaron en forma separada pero que, por aplicación del artículo 186 de la ley 2150, no puede regularse a los abogados de cada litigante como si fueran partes distintas. Que, por el contrario, debe regularse a todos en forma conjunta, sin exceder la cantidad que correspondería como patrocinio único. Entrando en la revisión cuantitativa de los honorarios fijados, refiere que se encuentran ajustados a derecho y deben ser confirmados; ello, teniendo en cuenta la base regulatoria que asciende a $ 273.046,31, el valor de la actuación profesional, el plexo normativo aplicable y los honorarios ya fijados al Dr. Dante Robles. Respecto de esos últimos, el Tribunal señala que representan el 14% de la base y hace mérito de que fueron consentidos por los apelantes.------------ --- El Dr. Federico Jesús Molinero (expediente 5992) encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Refiere que el fallo resulta arbitrario, por vulnerar su derecho de defensa en juicio y apartarse de los principios de igual remuneración por igual tarea (artículo 14 de la Constitución Nacional y 62 de la Provincial) e igualdad ante la ley (artículos 16 de la Constitución Nacional y 24 de la Provincial), puesto que se regula al Dr. Robles casi cuatro veces más que a su parte.------------------- --- En primer lugar, se agravia de que el fallo impugnado, sobre la base de la interpretación asignada al artículo 186 de la ley 2150, justifique el trato discriminatorio que se le ha dispensado en las regulaciones de primera y segunda instancia. Aduce que en primera instancia Federico Mariano Molinero se ha visto beneficiado con $ 11.000, sin contestar ninguna demanda; Dante Robles, con $ 40.200 por contestar una sola demanda, y él mismo con $ 11.000 por contestar cuatro demandas; y que lo propio acontece en segunda instancia.---------------- --- En segundo lugar, el recurrente afirma que el a quo, para salvar las desproporcionadas regulaciones a favor de Robles, le achaca haberlas consentido, olvidando que para apelar se necesita legitimación; que como los honorarios de Robles debían ser soportados por la Provincia de San Juan, era aquella quien se encontraba legitimada para oponerse a las regulaciones que considerase exorbitantes.------------------------------- --- En tercer lugar, el quejoso argumenta que aun cuando se le acordase legitimación por derecho propio para apelar los honorarios de Robles, la sentencia que los fija no dice que las regulaciones se harían por el mínimo legal (21% de la base). Argumenta que la regulación practicada a Robles de $ 40.200 debe coexistir con una igual a su favor para no violentar el principio constitucional de igualdad. Que una regulación total de $ 80.400 no superaría el máximo legal (30%, artículo 189 de la ley 2150), pues representa el 29,44% de la base regulatoria; que idéntico razonamiento resulta aplicable a los honorarios regulados en segunda instancia.------------------ --- La impugnante encuadra el recurso de casación en las causales de los dos incisos del artículo 15 de la ley 2275. Sostiene que el Tribunal interpreta erróneamente el artículo 186 de la ley 2150, al aplicar el tope allí previsto mediante un prorrateo inverso al que debió efectuarse; que, por otra parte, tal norma no es de aplicación al caso de autos porque no legisla sobre litisconsorcio. También señala que el a quo ha omitido aplicar el artículo 222 de la ley 2150.----------------- --- El Dr. Federico Mariano Molinero (expediente Nº 5993) también encuadra el recurso de inconstitucionalidad en la causal del inciso 3º del artículo 11 de la ley 2275. Le imputa arbitrariedad por las mismas causales y se agravia en similares términos.- --- Mediante interlocutoria de fecha 11 de abril del corriente se acumularon ambos expedientes sobre el que lleva el número 5992 y se admitieron formalmente los recursos. Se corrió traslado a la parte actora, quien contestó mediante escrito de fojas 138/139. También se corrió traslado al Fiscal General de la Corte, quien ha dictaminado a fojas 141/143.---------------------------- --- A efectos de examinar la procedencia de los recursos, comenzaré por sintetizar los hechos pertinentes del proceso: el Estado provincial demandó a Horacio Almenzar Parazza, Josefa Mestre de Almenzar, Luis Horacio Almenzar, Rosana Mabel Montilla de Almenzar y Miguel Pugliese. Les reclamó la suma de $ 79.512,84 en virtud de dos contratos con garantía prendaria. Sustanciada la demanda, los cinco ejecutados plantearon la caducidad de instancia y, en subsidio, excepciones. Rosana Montilla de Almenzar y Luis Almenzar lo hicieron mediante el Dr. Federico Jesús Molinero, quien en otro escrito también compareció como gestor de Josefa Mestre de Almenzar y Horacio Almenzar Parazza; y el Dr. Dante Robles se presentó por el quinto, Miguel Pugliese. Se sustanciaron los planteos y la ejecutante solicitó que fueran rechazados. Sin embargo, posteriormente desistió de la ejecución respecto de Pugliese. En virtud de esto último, la sentencia de primera instancia no consideró los planteos de este. Por lo demás, la sentencia rechazó el incidente de caducidad de instancia planteado por los restantes ejecutados, pero también rechazó la demanda, con costas. La ejecutante apeló y fundó el recurso, que fue contestado en sendos escritos por Federico Jesús Molinero (en representación de Rosana Montilla de Almenzar y Luis Horacio Almenzar) y por Federico Mariano Molinero (en representación de Horacio Luis Almenzar y Josefa Mestre). Posteriormente, ambos abogados, por igual representación, apelaron y fundaron el recurso en lo concerniente al rechazo de la caducidad de instancia. También Robles, por Miguel Pugliese, controvirtió por esa vía lo relativo al desistimiento. La sentencia de segunda instancia rechazó las apelaciones, salvo la de Miguel Pugliese; en cuanto a esta última, el a quo tuvo a la ejecutante por desistida de la acción y le impuso las costas de la ejecución.----------------------------- --- El Dr. Robles practicó liquidación como base regulatoria, la cual ascendía a $ 273.046,31 a mayo de 2009. La base fue aprobada en interlocutoria posterior, en la cual se regularon los honorarios del abogado en la suma de $ 40.200 (14,72% de la base). Posteriormente, el a quo reguló los honorarios de segunda instancia en la suma de $ 12.000. Más tarde, los Dres. Molinero solicitaron regulación de honorarios, los que, con la misma base, fueron fijados en la suma conjunta de $ 22.000. En aclaratoria posterior el monto regulado fue discriminado, por lo que se asignó la suma de $ 11.000 (4% de la base) a cada abogado. Como dije, el a quo rechazó la apelación que los abogados plantearon contra lo resuelto, y además reguló sus honorarios de segunda instancia en la suma de $ 3.300 a cada uno.------------- --- Tras la reseña de antecedentes, paso a examinar los recursos planteados. Abordaré en primer lugar el de casación, pues resulta necesario comprobar la correcta aplicación al caso del artículo 186 de la ley 2150, para recién después, si ella resulta homologada, juzgar la inequidad y demás vicios que se imputan al fallo.------- --- El artículo 186 de la ley 2150 dispone:------------- --- "Cuando en un juicio intervengan más de un abogado o procurador por una misma parte, se considerará como un solo patrocinio o representación, haciéndose la regulación en forma conjunta, salvo petición en contrario.---- --- "Si las actuaciones fuesen sucesivas, el honorario se fijará proporcionalmente, de acuerdo a la importancia y magnitud de la labor desarrollada por cada uno."------ --- El a quo ha entendido que el artículo regula la hipótesis de litisconsorcio, solución que no comparto. Entiendo, según lo que después diré, que el caso de litisconsorcio no se encuentra previsto específicamente en el artículo 186, sin perjuicio de que la norma pueda ser aplicada analógicamente dadas ciertas condiciones.-- --- Llego a la conclusión adelantada en virtud de análisis de diverso tipo. En primer lugar, del texto legal resulta que se contempla una situación diversa: aquella en que más de un abogado actúa por una parte, sea conjunta (primer párrafo), sea sucesivamente (segundo). Esta hipótesis de actuación "por una misma parte" es distinta de la que se produce en el litisconsorcio, en el cual, según el Código Procesal (arts. 88 y 89), "varias partes" demandan o son demandadas. Por otra parte, la solución de regulación conjunta que el artículo brinda en el primer párrafo da la pauta de que no se prevé el caso de dualidad de representaciones que es común en el caso de litisconsorcio.--------------------------------- --- A similar conclusión se llega si se compara la solución de la ley local con la de otras leyes arancelarias, como la ley 21.839, que regula la materia en el orden nacional. La norma contiene una disposición similar a la citada, el artículo 10: "Cuando actuaren conjuntamente varios abogados o procuradores por una misma parte, a fin de regular honorarios se considerará que ha existido un solo patrocinio o una sola representación, según fuere el caso.-------------------- --- "Cuando actuaren sucesivamente, el honorario correspondiente se distribuirá en proporción a la importancia jurídica de la respectiva actuación y a la labor desarrollada por cada uno."----------------------- --- Sin embargo, la ley 21.839 regula en el artículo siguiente el caso de litisconsorcio, bajo el título "Diferentes profesionales en litis consorcio": "En los casos de litis consorcio, activo o pasivo, en que actuaren diferentes profesionales al servicio de cualesquiera de las partes, los honorarios de cada uno de ellos se regularán atendiendo a la respectiva actuación cumplida, al interés de cada litis consorte y a las pautas del artículo 6, sin que el total excediere en el cuarenta por ciento (40%) de los honorarios que correspondieren por la aplicación del artículo 7, primera parte." (Aclaro que el artículo 7 de la ley 21.839, a la que remite el transcripto artículo 11, es el equivalente al artículo 189 de la ley 2150 de nuestra provincia).--------------- --- Lo dicho significa que en el ámbito nacional existe una norma que regula expresamente la cuestión. También significa que no hay duda de que el artículo 10 (de similar redacción a la de nuestro artículo 186) regula la hipótesis de actuación de dos o más abogados pero "por una misma parte".---------------------------------- --- A lo expuesto añado que la aplicación del artículo 186 al caso de litisconsorcio no siempre dará resultados equitativos. Si los litisconsortes fueron patrocinados o representados por distintos abogados, realizaron planteos distintos que tuvieron también distinto éxito y/o defendieron intereses contradictorios, entonces la aplicación del artículo reducirá injustamente su remuneración.------------------------------------------- --- Concluyo, como adelanté, que el artículo 186 no regula específicamente el caso de litisconsorcio. Considero, sin embargo, que la norma puede ser aplicada analógicamente cuando las circunstancias así lo aconsejen. Al respecto, me parece conveniente referir a la normativa de la vecina provincia de Mendoza y a lo resuelto en este punto por la Suprema Corte de dicho Estado. Al igual que en nuestro caso, la norma arancelaria mendocina (ley 3641) carece de una disposición que aluda a la regulación en el caso de litisconsorcio. Sin embargo, la Suprema Corte de Mendoza tiene resuelto que el artículo 13 de dicha ley (equivalente a nuestro artículo 186) puede ser aplicado analógicamente en ciertos casos: "...la regulación debe guardar proporcionalidad en todo cuanto sea posible, con aquello que el abogado logró ingresar o impidió que saliera del patrimonio de la parte a quien defendió; y (.) en los casos de litisconsorcio, no siempre dan lugar a la existencia de varios patrimonios de diferentes intereses defendidos, debiendo particularizarse la remuneración de acuerdo con las circunstancias que rodean su intervención. Lo sensato es que los honorarios en un asunto, no resulten desproporcionadamente excesivos, a lo que se añade que generalmente hay una especie de colaboración entre los abogados coparticipantes, que aliviará las tareas de cada uno y aún la consiguiente responsabilidad, elemento este último no siempre computable al establecer honorarios profesionales"------ --- "En casos de litisconsorcio como el presente, no siempre se da la existencia de varios patrimonios ni de diferentes intereses defendidos. Por ello la aplicación analógica del art. 13 de la ley de aranceles será posible si, como el caso, se da la ratio legis de la existencia de esa unidad, es decir, si los demandados no son contradictores entre sí, si las defensas pueden considerarse comunes y, las admitidas, no son propias o privativas de cada uno de los litisconsortes, sean éstos voluntarios o necesarios (conf. L.S. 254-271; 216-446)." (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, "Silvia S.A.C.I.F.A. c. Frigorífico Aconcagua S.A.", del 17/12/2007, La Ley Online: AR/JUR/9744/2007).

--- Me parece un criterio conveniente para decidir la cuestión y adaptable a nuestra legislación. En definitiva, el artículo 186 será eventualmente aplicable al caso de litisconsorcio, cuando la situación lo aconseje. A dicho efecto, los tribunales deberán evaluar las circunstancias del caso; por ejemplo, si los litisconsortes son simplemente mancomunados o solidarios, si tienen interés común o contrapuesto, si comparten representación o patrocinio; en cuanto a los planteos o defensas, si son similares y, caso contrario, qué éxito han tenido los de cada litisconsorte; etc. Por lo demás, y si se considera inaplicable el artículo, los jueces deberán velar por no alcanzar un porcentaje exorbitante con las regulaciones tomadas en conjunto, lo que violaría el derecho de propiedad de la obligada al pago. Añado que, por lógica, la regulación de todos los litisconsortes deberá hacerse simultáneamente.---------- --- Aplicando dichas pautas al caso de autos, y sin perjuicio de lo que después diré al tratar el recurso de inconstitucionalidad, considero que el artículo puede ser aplicado por analogía. Ello es evidente respecto de la actuación del Dr. Federico Jesús Molinero en primera instancia, quien presentó dos escritos (por dos litisconsortes cada uno), pero con planteos similares. Y también es extensible a la actuación del Dr. Robles, cuyo representado en definitiva tenía el mismo interés que los otros litisconsortes y, en términos generales, efectuó un planteo parecido y que corrió la misma suerte. Otro tanto puede decirse de la actuación de segunda instancia realizada separadamente por los Dres. Molinero (tanto al contestar los agravios de la ejecutante, como al plantear los propios), ya que en ambos casos los planteos son similares y tuvieron idéntico resultado. Respecto de esto último, aclaro que la actuación en segunda instancia del Dr. Robles fue acotada, pues sólo controvirtió la condena en costas.--- --- Por las razones expuestas, entiendo que el recurso de casación debe ser rechazado. Si bien, como he dicho, el artículo 186 de la ley 2150 no regula expresamente el caso de litisconsorcio, dadas ciertas condiciones, puede ser aplicado analógicamente, y en el caso concreto juzgo que dicha aplicación es apropiada. Dado el carácter dudoso de la cuestión, entiendo que las costas de este recurso deben imponerse en el orden causado.------------ --- Paso a referirme al recurso de inconstitucionalidad. Adelanto que considero configurada la arbitrariedad que se imputa al fallo. Entiendo que el origen de la cuestión suscitada es que las instancias de mérito regularon los honorarios del abogado de uno de los cinco litisconsortes (Dante Robles), acaso sin advertir que restaba la regulación de los abogados que habían comparecido por los otros cuatro (en primera instancia Federico Jesús Molinero actuó por todos, mientras que en segunda instancia representó a dos y los otros fueron representados por Federico Mariano Molinero). Así, se asignó a Robles casi el 15% de la base por lo actuado en primera instancia, lo que luego se utilizó como argumento para reducir las regulaciones de los Dres. Molinero.----------------- --- Como digo, lo resuelto es arbitrario. A primera vista se advierte la diferencia ostensible entre lo regulado a Robles ($ 40.000 por haber representado a uno de los litisconsortes), frente a los $ 11.200 que se regularon a Federico Jesús Molinero (quien actuó por los otros cuatro). Pero la arbitrariedad de lo ahora resuelto no finca tanto en la diferencia existente (la regulación a Robles fue consentida por la obligada al pago), sino en el hecho de que se regule a los Dres. Molinero una suma menor a la que corresponde según las normas que el propio tribunal aplica al caso. Es que del juego de los artículos 185, 189 y 201 inciso a de la ley 2150, resulta que para las tareas de primera instancia debe regularse un mínimo de 21% y un máximo de 30%. En consecuencia, la regulación efectuada a Federico Jesús Molinero se aparta ostensiblemente de dichos porcentajes. Como ya dije, el abogado representó a cuatro de los cinco litisconsortes, pese a lo cual se le asigna un honorario que apenas equivale al 4% de la base. Algo similar ocurre con los honorarios de segunda instancia, que en este caso también incluyen como beneficiario a Federico Mariano Molinero.--------------- --- En línea con lo anterior, entiendo que resulta infundado el fundamento del fallo según el cual los Dres. Molinero habrían consentido la regulación de Robles. Es evidente que aquellos carecían de interés y de legitimación para objetar dichos honorarios. Siendo así, el a quo hace recaer injustificadamente sobre los abogados el perjuicio de haber consentido la regulación, perjuicio que en todo caso deberá soportar la obligada al pago de los honorarios, quien sí tenía interés y legitimación para contradecirlos.---------------------- --- En definitiva, entiendo que el exceso en que se haya incurrido en la regulación de Robles, no es argumento válido para disminuir los honorarios de los recurrentes. Correspondía en todo caso a la ejecutante, obligada al pago de todos los honorarios, objetar los honorarios del primero. Por lo que el perjuicio de no haberlo hecho debe recaer sobre ella y no sobre los abogados de los otros litisconsortes. Por esa razón, votaré por anular el fallo y por disponer que un tribunal subrogante trate nuevamente la apelación de los recurrentes y defina sus honorarios. A dicho efecto, y con aplicación del artículo 186, el tribunal deberá abstraerse de que a Robles se haya regulado una suma superior a la que hubiera correspondido.---------------------------------- --- Por todo ello, voto por rechazar el recurso de casación planteado en expediente Nº 5992, e imponer las costas en el orden causado. Voto por acoger los recursos de inconstitucionalidad planteados en ambos expedientes, con costas a la ejecutante, vencida. También voto por anular la resolución cuestionada en lo que ha sido materia de recurso y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de los Dres. Molinero y determine sus honorarios, de acuerdo con las pautas enunciadas.--------------------------------------------- --- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSÉ ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:------------------------------ --- Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.---------------------------------------- --- En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:----------------------------------- --- I) Rechazar el recurso de casación planteado en expediente 5992, e imponer las costas en el orden causado.

--- II) Acoger los recursos de inconstitucionalidad planteados en ambos expedientes, con costas a la ejecutante, vencida.----------------------------------- --- III) Anular la resolución cuestionada en lo que ha sido materia de recurso y disponer que un tribunal subrogante juzgue nuevamente la apelación de los Dres. Molinero y determine sus honorarios, de acuerdo con las pautas enunciadas.-------------------------------------- --- IV) Ordenar que se protocolice la presente, que se agregue copia al expediente y a los autos principales y que estos bajen al Tribunal de origen. Notifíquese y oportunamente archívese.- Fdo. Dres.: Ángel Humberto Medina Palá, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Andrés de Cara, Secretario Letrado de la Corte de Justicia.- Ef-acum-5992-5993 E.B.T.

PRE S1ª 2013-III-466