marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Aplicación de la ley, aplicación temporal de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Stutz, Oscar c/ PLN - Cámara de Diputados. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Las normas se aplican a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes a partir del momento de su vigencia. - Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Crisis económica, ley de emergencia, leyes, constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jurisprudencia
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUIDETTI, JORGE c/ BANCO SUDAMERIS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - MERE DECLARATIVA ? CAUTELAR (EXPTE.: C.S.J. NRO. 328 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2009-08-05

El decreto 410/02- integra un grupo de medidas implementadas para conjurar una profunda crisis que padeció el país pero que demostró su intensidad y gravedad a partir de fines del año 2001 y que condujo, entre otras medidas a la declaración de emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria (cfr. artículo 1, ley 25.561).

Ese contexto generó una vasta producción normativa cuyas líneas centrales fueron avaladas por la Corte federal bien que con diferentes líneas argumentales; siendo, además, que tal criterio superador del test de constitucionalidad también fue receptado por esta Corte en diversos precedentes.

Esos antecedentes, más allá de matices, obligan a analizar con particular rigor la fundamentación expuesta en el remedio extraordinario, sin olvidar que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del ordenamiento jurídico.

Asimismo cabe reparar en que la jurisprudencia ha respaldado la constitucionalidad del decreto 410/02 y, en tren de agotar este análisis, corresponde agregar que la ley 25.967 ratificó el decreto 410/02 con el consiguiente efecto respecto de las circulares 3507 y sus modificatorias, extremo que la recurrente no se hace cargo en el recurso de inconstitucionalidad y de extrema relevancia si se quería cuestionar la extralimitación de la delegación legislativa que la Cámara entendió que presidía el dictado del decreto por el Poder Ejecutivo.
Estatuto del periodista, convenios colectivos de trabajo, paritarias, interpretación de la ley, derechos del trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: PIASTRELLINI, Hugo c/ DIARIOS Y NOTICIAS S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-12-19

No existe ningún dispositivo legal o convencional que imponga la obligación de recurrir ante la comisión paritaria para resolver un conflicto concreto de encuadre profesional, debiendo tenerse presente que los arts 37 inc. e y 38 del CCT 301/75 contemplan la participación del organismo previsto en el art. 70 de la ley 12908 solamente para dirimir cuestiones de vacantes y promociones o de interpretación de las disposiciones de la normativa convencional, y que sin perjuicio que la ley 14250 prevé la creación de las comisiones paritarias y su intervención a pedido de parte en las controversias individuales originadas por la aplicación de una convención, deja en claro que la misma no excluye ni suspende el derecho de los interesados a iniciar directamente la acción judicial correspondiente (doct. art. 16).
Honorarios del abogado, cobro de sumas de dinero, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Nuñez , Alberto y otros c/ Estado Nacional - Prerfectura Naval Argentina - s/ cobro de sumas de dinero
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-06-23

En lo que respecta al honorario del abogado, es sabido que constituye la retribución que el letrado tiene derecho a percibir por su actividad profesional y que puede tener origen en un contrato o en una sentencia judicial que la determine con arreglo a la ley (arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 19 y 46 de la ley 21.389 -DJA-). Los obligados al pago son el cliente y la parte condenada en costas (art. 47 de la ley cit. y art. 70 del Código Procesal -DJA). Se trata de un derecho creditorio que, como tal, queda sujeto a la ley civil (arts. 495 a 895 del Código Civil y arts. 724 a 956 del Código Civil y Comercial de la Nación). Si el emolumento está expresado en moneda de curso legal, se le aplican las normas relativas a las obligaciones de dar dinero (arts. 616 a 624 del Código Civil y arts. 765 a 772 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Contrato de trabajo, subcontratación laboral, Entidad Binacional Yacyretá
Materia: LABORAL
Carátula: RIVAS, OLGA c/ TECNO PROYECTOS  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-04-14

El contrato celebrado entre el 'CIDY' -Consultores Internacionales de Yaciretá- y el 'EBY' -Entidad Binacional Yaciretá- es 'res inter allios acta' para la trabajadora de una consultora integrante del primero, y no le puede servir como causa fuente para reclamar diferencias salariales.
Haber jubilatorio, ejecución de sentencia, bonos de consolidación, pago, aplicación de la ley, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: DIAZ DE LABRIT, CARMEN c/ A.N.Se.S. s/ HABERES PREVISIONALES
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-11-21

La vía de ejecución de sentencia no es idónea para remover una presunta conducta "oclusiva" del órgano administrativo (en el caso, requerir a la Secretaría de Hacienda- Oficina Nacional de Créditos Públicos - Ley 24.156- la emisión de bonos cancelatorios conforme consolidación de deuda del Estado Nacional), al estar vedado el embargo y la citación de venta sobre los bienes del Estado y, básicamente, porque la sentencia no condena a una obligación de hacer - supuesto, en el cual sería de aplicación la norma del art.

513 del C.P.C.C.- sino a pagar deudas por el período no prescripto.

Por lo tanto, si parte de la deuda corresponde al lapso "consolidado", el Estado deberá proceder como lo ordenan las leyes 23.982 y 24.130, es decir, a emitir los bonos de consolidación a que se "auto-obligó" expresamente. En consecuencia, la acción de amparo resultaría, "prima facie", la vía idónea para el esclarecimiento de la cuestión, a la luz de los derechos presuntamente afectados, de naturaleza alimentaria y preferente tutela constitucional. (Del voto de la mayoría -argumento del Dr. Herrero- El Dr. Etala votó en disidencia).
Facultades universitarias, estatutos universitarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Buscaglia, Celina c/ Universidad Nacional de La Plata s/ art. 32 ley 24.521-recurso administrativo directo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2011-08-11

Debe dejarse sin efecto la sanción impuesta por una universidad consistente en la "limitación de servicios" de una docente, por infracción al régimen de asistencias, pues dicha medida no encuentra sustento en la normativa universitaria, y surge de las actuaciones que ni la actora ni los miembros del órgano sancionador conocían con exactitud sus alcances.
Locación de inmuebles, juicio de desalojo, ejecución de sentencia
Materia: CIVIL
Carátula: ZORRO, ANTONIO c/ LOPEZ, JOSEFO s/ CONTRATO LOCACION COSAS. DESALOJO. CUESTIONES PROCESALES
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-02-17

Lo dispuesto en los arts. 23 y 26 de la ley 23.091 no constituye un óbice al cumplimiento de la sentencia, sin perjuicio de que el interesado requiera al Juez interviniente la comunicación de aquéllo a los órganos de aplicación competente a fin de que quien va a ser desalojado pueda peticionar ante los mismos.
Acción de amparo, medida de no innovar, afiliación a obras sociales, prestaciones de la obra social, Constitución Nacional, Instituto Nacional de Obras Sociales
Materia: PROCESAL
Carátula: VIDAL DE NADIN DIVA RAQUEL Y OTROS c/ I.O.S. s/ AMPARO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-05-05

Ante la incertidumbre que crea la actitud del IOS, en relación a la prestación del servicio médico con respecto a los amparistas, no cabe -en el sub examen -exigir mayores requisitos formales, amen de que a la luz del nuevo art. 43 de la CN, para la hipótesis de que existiera un remedio administrativo (art. 2, Inc. A) ley 16.986), no podría constituir un obstáculo para la admisibilidad de la pretensión, desde que la Constitución solo habla de la existencia de un medio judicial mas idóneo (cfr. C.Fed. Paraná, in re, "Velazquez, Gladis y otra", fallo del 16.11.94, JA, pág. 16), resultando entonces procedente la medida de no innovar solicitada (cfr. Art. 230 del C.Pr.), a cuyo efecto deberá notificarse al IOS, que mantenga el servicio prestado a los actores hasta tanto se resuelva en definitiva.
Principios procesales, doctrina de los actos propios, buena fe
Materia: PROCESAL
Carátula: T.C.C.S.R.L. c/ Transcable S.A. s/ Cumplimiento de Contrato
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-05-31

Una pretensión formulada dentro de una situación litigiosa en contradicción con el sentido objetivo de la conducta anterior del sujeto no puede prosperar, ha señalado Diez Picaso, en tanto mediaría una ilicitud de la conducta ulterior confrontada con la precedente, toda vez que ello infringiría el fundamental principio de la buena fe receptado en el artículo 1.198 Código Civil, del que la imposibilidad de "venire contra factum" es derivación necesaria e inmediata.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles, seguros
Materia: LABORAL
Carátula: Migliora, O. c/ Celestial S.A.I.C. s/ Enfermedad. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-08-29

La decisión del Tribunal del Trabajo que desestima la citación en garantía de la aseguradora tiene efectos de definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts.

55 y 65, dec. ley 7718) (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Causas civiles, formalidades procesales, verdad jurídica objetiva
Materia: PROCESAL
Carátula: García, Francisco c/ EFA s/ ley 9688.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-10

El proceso civil en sentido amplio no puede ser conducido en términos estrictamente formales, pues no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte.
Queja por apelación denegada, recurso extraordinario local
Materia: PROCESAL
Carátula: CENTRO PRIVADO DE REHABILITACIÓN en autos: ?AGUIAR, Sonia Elisabet c/ Centro Privado de Rehabilitación y otro s/ despido indirecto? s/RECURSO DE QUEJA
Jurisdicción: Local — Provincia: La Pampa
Fecha: 2007-02-15

Es dable destacar que la cuestión resuelta por la Alzada -si la interposición de la aclaratoria interrumpe o no el plazo para apelar- ha generado un intenso debate en la doctrina y jurisprudencia.- En un análisis de la problemática, Jorge W. Peyrano y Julio O. Chiappini expresan que se han perfilado por lo menos tres posiciones diferentes: una que afirma la interrupción del plazo para apelar; otra que establece que el plazo para la apelación corre desde que queda firme la decisión aclaratoria; y una tercera, que cuenta con mayoría doctrinaria y jurisprudencial, a la que este Superior Tribunal adhiere, que postula la no interrupción del plazo.

Siguiendo esta última corriente, los autores citados dicen además que no observan razones suficientes para apartarse de los principios generales que gobiernan la materia ya que "el interesado se halla notificado de la sentencia, y el plazo para apelar le corre inexorablemente, no concibiéndose una interrupción de dicho término que no esté explícitamente contemplada por la normativa del caso." Concluyen que aclaratoria y apelación tienen plazos conjuntos y que la interposición y el curso de la aclaratoria no interrumpe el plazo del recurso mencionado ni de ningún otro (por ejemplo, el extraordinario).- Otros doctrinarios, con citas de pronunciamientos jurisprudenciales, comparten también la misma tesis. Entre ellos: Fenochietto-Arazi, "Código Procesal Comentado", T. 1, pág. 667; Fassi-Yáñez, "Código Procesal Comentado", T. 1, pág. 832; por citar sólo algunos ejemplos.- Independientemente de ello, es la solución que legalmente resulta de los arts. 261 y siguientes del C.P.C.C. que actualmente regulan el recurso extraordinario provincial, en la que no se ha reiterado el texto del art. 3 de la Ley 476 que preveía la suspensión de los términos ante el pedido de subsanación o aclaratoria.-
Leyes, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Villegas, Juan J. y ot. s/ Asociación ilícita, robo calificado reiterado, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-11-24

Es improcedente el agravio en el que se sostiene que la ley 24.390 no rige en la Provincia de Buenos Aires pues sólo tendría operatividad en la Capital Federal y Territorios nacionales, ya que el Congreso Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución, ha modificado el art. 24 del Código Penal, cuya aplicabilidad en todo el territorio de la Nación Argentina resulta así incuestionable (art. 1, C.P.).
Secuela de juicio, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: KARLEN GUEVARA EDUARDO ROGELIO s/ ACCION  PENAL  - SECUELA DE JUICIO - JUICIO PLENARIO - CASACION PENAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1988-09-22

La modificación introducida por el art. 1° de la ley 13569 al código penal obedeció a la finalidad de poner término a las maniobras y artimañas de leguleyos puestas en juego en los procesos penales dilatando hasta varios años su tramitación, con el deliberado propósito de lograr que la acción penal prescribiese antes de que se dictare sentencia y esas maniobras precisamente, eran mas utilizadas en la etapa instructora. Pero, aceptar, por ello, que la noción secuela del juicio se refiere a este sentido irrestricto implicaría que, subordinando la decisión a una interpretación teleológica, se dejaría de lado una mas acabada satisfacción de los principios de legalidad de la represión y del debido proceso (cn.18). Es que en orden al primero de esos principios resulta que ampliar la idea del 'juicio' en sentido de proceso total importaría, de manera clara, extender, en contra de la noción legal que suministra la ley procesal, su contenido. En cuanto al segundo de los principios señalados, ocurre que la interpretación sostenida atiende mejor al derecho del acusado de obtener una resolución definitiva de su situación frente a la ley y a la sociedad, que ponga término del modo mas breve a la incertidumbre y a la restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
Tributos aduaneros, notificación, vencimiento del plazo, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: Seysu S.R.L. (T.F. 7365-A) c/ A.N.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-03-25

El art. 794 del Código Aduanero dispone que vencido el plazo de diez días contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo.
Acción de amparo, medidas cautelares
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Grupo Acero S.A. s/ Acción de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-06-05

Por naturaleza del juicio y la entidad de los derechos que se denuncian violados..." resulta "conveniente apreciar la medida precautoria solicitada con criterio amplio para permitir una adecuada tutela de las pretensiones articuladas y evitar la eventual inocuidad del futuro pronunciamiento que dé término al litigio...".

Ello así para procurar que el proceso de amparo sea una expresión de tutela jurisdiccional eficaz (arg. arts. 21 y 23 de la ley 7166; 195 y concs. del C.Proc.).-
Juicio de desalojo, legitimación pasiva
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Coop. de Vivienda Azul y Blanco Ltda. c/ Aguilar Osvaldo Alejo y ot. s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-06-06

Por el desalojo, el demandado no está obligado a demostrar plenamente su derecho (posesión), sino verificar la seriedad de su defensa y las circunstancias en que se sustente. Basta que pruebe sumariamente la verosimilitud de su pretensión, ya que toda investigación que la trascendiera, desnaturalizaría la acción, lo referente al derecho de propiedad, al ius possidendi, o al ius possessionis.
Autopsia, pericia médica, notificación
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Oyola, Omar Alberto y otro c/ Municipalidad de Córdoba s/ Violación de domicilio - Tenencia de armas de guerra
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1997-04-11

Si la Sala a quo decidió que le correspondía volver a configurar la base regulatoria para los honorarios solicitados porque al resolver la apelación no emitió pronunciamiento en torno a su corrección; pero sin embargo no existe en la resolución impugnada concordancia entre la conclusión a la que se arriba -posibilidad de fijar una nueva base regulatoria- y el elemento de convicción del cual se sigue -imposibilidad de controlar determinados aspectos de ésta al tiempo de la apelación- desde que es justamente la preexistencia de una etapa apelatoria fenecida la que impedía la reapertura del debate de la cuestión sustancial de que se trata. Si antes los límites de la pretensión recursiva le impidieron revisar determinados aspectos configurativos de la base, menos aún podía hacerlo en un momento posterior en el que el obstáculo estaba dado por el principio de preclusión procesal. Así, la decisión firme de primera instancia gozaba al respecto del efecto de inmutabilidad que define a la cosa juzgada. razones de suma urgencia o por la simpleza de la indagación, aquélla se hubiere practicado sin previa notificación a las partes. En otras palabras, el principio es la notificación anterior al acto; debidamente cumplimentada, ésta releva de toda necesidad de similar diligencia posterior. La notificación de las conclusiones sólo viene a suplir la preliminar cuando ésta debió ser omitida por razones de excepción. En el caso, la autopsia fue ordenada con fecha 29 de enero de l995 y recién el 31 de enero de 1995, se imputó a los condenados el delito de homicidio. Por esta razón, en el mismo decreto se designó a la asesora letrada como defensora de ausentes (art. 118, in fine, C.P.P.), quién al igual que el fiscal de Instrucción, renunció al término de ley. Una pericia notificada solamente al asesor de pobres designado en tal carácter no es nula. La notificación practicada en la persona de la asesora letrada, en los términos del art. 118, in fine, C.P.P., resulta suficiente y no debe ser renovada al incorporarse al proceso el defensor particular, luego de la individualización de los imputados. Ello es así, atento a lo dispuesto por el art. 119, in fine, C.P.P., que establece que, en caso de sucesión de defensores, "la sustitución del uno por el otro no alterará trámites ni plazo". No les asiste razón a los recurrentes toda vez que no pueden válidamente reprochar a la sentencia el haber vulnerado el derecho de defensa en juicio de los imputados si no hay en el C.P.P. norma alguna que obligue al instructor -en las circunstancias de autos- a repetir la notificación de la autopsia, esta vez, en sus conclusiones.
Hábeas data, competencia civil, publicación de fotografía, Internet
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Gimbutas, Carolina Valeria c/ Google Inc. s/ habeas data
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-02-03

Debe conocer la justicia nacional en lo Civil -en la cual se encontraban radicadas las actuaciones antes de la cuestión de competencia-, y no la Civil y Comercial Federal, en una demanda de habeas data tendiente a proteger el nombre y la imagen de la actora, difundidas en internet, dado que, si bien es cierto que las cuestiones discutidas en la presente causa tratan de una materia propia de la justicia federal, el reenvío de la causa al fuero de excepción, importaría someter cuestiones ya consideradas, decididas y firmes en el ámbito de otro tribunal y generaría, además, un evidente retardo injustificado en el trámite de las actuaciones, las que por su naturaleza (hábeas data, conf. art. 43 C.N., tercer párrafo) deben tener un trámite abreviado atendiendo a los derechos que se intentan proteger. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-
Superior Tribunal de Justicia, Poder Legislativo Provincial, diputados provinciales, desafuero, auto de procesamiento, Constitución Provincial, interpretación de la constitución, Constitución Nacional, autonomía provincial
Materia: CONSTITUCIONAL - POLITICO - ELECTORAL
Carátula: Abib, Jorge Antonio c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes s/ acción de amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-04

La sentencia del superior tribunal - que juzgó que la decisión de la legislatura de excluir a un diputado electo de su cargo, por estar sujeto a un auto de procesamiento firme es legítima - efectúa una interpretación posible de los arts. 53 y 68 de la Constitución de la Provincia de Corrientes sobre la base de circunstancias comprobadas de la causa; sin que exista cuestión federal que autorice a la Corte a intervenir en el procedimiento de elección de los legisladores que el art. 122 de la Constitución Nacional confía a las autoridades provinciales.
Determinación del haber jubilatorio, movilidad del haber jubilatorio, pago, aplicación de la ley
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GONZALEZ, HECTOR c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-05-06

En el marco de la ley 23.568 que adquieren plenitud los efectos del "acogimiento voluntario" a la fórmula propuesta por parte de los organismos previsionales para la determinación de diferencias de haberes liquidados y su forma de pago, ya que como lo ha sostenido la C.S.J.N. ("Colombo Murua, Marcelo c/Estado Nacional", sent. del 6.2.90), "el voluntario sometimiento a un régimen jurídico sin reserva expresa, determina la improcedencia de su impugnación posterior con base constitucional". Por ello, habiéndose el peticionante acogido a las disposiciones del Dec. 648/87 (art. 5), corresponde tenerlo por desistido de la acción y del derecho respecto a posibles diferencias de haberes previsionales liquidados y por el período alcanzado por la norma.
Insuficiencia del agravio, confirmación de sentencia, dictamen fiscal, cosa juzgada
Materia: PROCESAL
Carátula: Alimentos de Argentina SA (TF 32374-A)  c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-11-23

Se desestima los agravios ofrecidos por la firma actora y se confirma el pronunciamiento apelado que confirmó un cargo. La sala, por remisión al dictamen del fiscal general, sostuvo que: (i) la Cámara Federal de Salta "se circunscribió a declarar la nulidad de [unos] cargos [...] sin expedirse sobre los cargos que ahora son objeto de impugnación", y (ii) "esta última decisión sólo puede proyectar efectos en lo que hace a la validez de los cargos que allí se habían controvertido y a las operaciones que ellos gravaban, pero no sobre las exportaciones que son objeto de análisis en este proceso y que no fueron valoradas en esa oportunidad por el tribunal". Por tanto, la decisión suscripta por la Cámara Federal de Salta no es "una cuestión amparada por el instituto de la cosa juzgada".