marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, juicio, decretos, liquidación, intereses, tasas de interés
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Sorbellini, Jorge Alberto c/ Redondo, Abel y/o quien resulte jurídicamente responsable s/ Recurso de Inconstitucionalidad (Expte CSJ Nº 749-92)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-03-08

Acorde con el carácter excepcional del recurso de inconstitucionalidad, viable sólo en los casos y condiciones precisas de fondo y de forma establecidas en la ley 7055, una resolución interlocutoria no es impugnable si no pone fin al pleito o torna imposible su continuación. Podría pensarse que el auto impugnado (decisorio que ordena se practique la liquidación definitiva) ya provoca el gravamen al fijar la tasa de interés, pero ello no es suficiente para que los eventuales e hipotéticos derechos constitucionales violados, deban merecer protección en esta etapa de la causa. La eventualidad que quiere eliminarse no es presentada con suficiente vigor frente a la evidencia de que será, en suma, la resolución que apruebe la liquidación definitiva la que, hipotéticamente, les cause el agravio que anticipadamente se invoca.

Ello no obsta a que -de concretarse el agravio- pueda deducirse el recurso contra la sentencia que apruebe la liquidación definitiva.
Contrato de trabajo, indemnización agravada, constitucionalidad, despido sin causa
Materia: LABORAL
Carátula: Virgilio,  Guillermo  Esteban  y  otro c/ FM Seguridad y otro s/ despido.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-05-15

En lo referido a la prórroga del plazo de vigencia del art. 16 de la ley 25.561 a través de sucesivos decretos, cabe señalar que la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria ha sido declarada por el Poder Legislativo (cfr. Art. 1 de la ley 25.561) y la CSJN ha admitido la validez de la afectación de derechos de aquella situación extrema, en tanto no se vulneren garantías esenciales, y ha afirmado que las situaciones de gravedad obligan a intervenir en el orden patrimonial, limitando los derechos en el tiempo para asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el sistema político requiere (fallos 136:16; 172:21, entre otros). Los decretos en cuestión disponen la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada , siendo la declaración de inconstitucionalidad el último recurso al cual acudir cuando la afectación de garantías surja de manera clara.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, defensa en juicio, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, acción de amparo, empleo público
Materia: LABORAL
Carátula: PACIN, JUAN MARTÍN s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en PACIN, JUAN MARTIN c/ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO - EMPLEO PÚBLICO-OTROS
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-17

Corresponde rechazar la queja porque no logra acreditar que haya quedado configurado un caso constitucional que corresponda resolver a este Tribunal. Los planteos esgrimidos trasuntan una discrepancia con la resolución de la Cámara en cuanto declaró desierto el recurso de apelación por considerar que la mencionada pieza recursiva no contenía una crítica concreta y razonada de la resolución que rechazó la medida cautelar solicitada, mas no logran demostrar que el tribunal a quo haya incurrido en arbitrariedad o en un injustificado rigor formal incompatible con su derecho de defensa. Estas objeciones no permiten habilitar la instancia extraordinaria local prevista en el art. 113, inc. 3 de la CCBA, en tanto únicamente remiten a cuestiones de hecho y de derecho infraconstitucional y de índole procesal (mutatis mutandis Fallos: 311:2629, entre muchos otros). En suma, no se logra conectar el agravio que provoca la sentencia resistida con un motivo de impugnación de carácter constitucional, sin que a tal fin baste la cita de diversas normas de jerarquía constitucional (cf. este Tribunal en "Carrefour Argentina S.A. s/ recurso de queja", expte. n° 131/99, sentencia del 23/2/2000). (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Subcontratación laboral, interpretación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Makarski, Javier Martín c/ The Security Group S.A. y otro. s/ Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-08

Una interpretación laxa del art. 30 LCT borraría toda frontera entre la delegación laboral, en la que predomina el control sobre el hacer de la persona, con los vínculos de colaboración gestoria, en los que el control, aunque existe, es sobre la prestación (Disidencia del Dr. Ricardo Luis Lorenzetti).
Responsabilidad médica, error de diagnóstico
Materia: CIVIL
Carátula: D'IPPOLITO ENRIQUE V. Y OTRA c/ SPECTOR CARLOS H. s/ SUMARIO- ASISTENCIA MEDICA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-12-28

La elección de un método preparatorio del diagnóstico, quizás no el más preciso, cuando se trata de personas de corta edad, pero sí rápido y confiable, no puede generar por sí sola la responsabilidad médica, con mas razón si la responsabilidad desvirtuó el diagnóstico emergente del estudio microbiológico. Si el error, como se insinúa, pudo originarse en una deficiente esterilización de los elementos utilizados, la intervención de terceros que tuvieron a su cargo el referido estudio introduce un factor de exculpación, pues ha sido la culpa de aquellos la única causa del daño.
Estado de sitio, suspensión del derecho de huelga, despido con causa, injuria laboral, despido por huelga, paro total, intimación al trabajador
Materia: LABORAL
Carátula: VIDAL, RAFAEL Y OTROS c/ LA CANTABRICA SA. s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-26

Si el empleador invoca la ley 21400 debe acreditar que cada trabajador despedido participó en alguno de los actos previstos en el artículo 1, inciso b), no bastando la demostración que en el establecimiento hubo un paro prácticamente total. Debe además, en virtud de la buena fe y la subjetividad de la injuria hacer saber a cada empleado la imputación referida, aunque la ley 21400 no requiera intimación previa.
Competencia, cuestiones de competencia, competencia federal, injurias, tribunal administrativo de la navegación
Materia: PENAL
Carátula: GENTILE, A Y OTRO s/ CALUMIAS - INJURIAS - COMPETENCIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1982-12-07

Es competente la justicia federal en el caso de injurias proferidas al querellante como consecuencia de su desempeño como Procurador Fiscal del Tribunal Administrativo de la Navegación, por surgir de la ley 18.870 el carácter indiscutiblemente federal del organismo;

por lo que es clara la naturaleza similar de la investidura del accionante.
Verificación de créditos, quiebra, indemnización, derechos del trabajador, nulidad de sentencia
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: SUPERVISIÓN GUALEGUAYCHÚ MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES - QUIEBRA S/ INCIDENTE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO (PROMOVIDO POR BIBEL, PONCE, DESPOSITO, VENDITTI)" - Expt. N° 7114/C c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-02-17

El juez debe dictar una resolución general decidiendo si la quiebra es o no imputable al empleador, y ello a los fines del cálculo indemnizatorio de los trabajadores de modo de aplicar igualitariamente las pautas establecidas a todos los trabajadores laborales. No siendo subsanable la omisión apuntada por este tribunal, en tanto, es el juez de la quiebra quien al dictar resolución verificatoria debe pronunciarse sobre el tipo de indemnización aplicable conforme lo antes apuntado, siendo además necesario que dicho pronunciamiento cuente con su doble conforme, corresponde declarar la nulidad de la sentencia por prematura.
Abogados, auxiliares de justicia, matrícula profesional
Materia: CIVIL
Carátula: Howard Arturo s/ Sanción del Tribunal de Etica Forence
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-03-22

La sanción de la ley 22.192 persigue como se expresa en la nota elevada al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto contribuir a enaltecer y preservar a la abogacía, como auxiliar de la justicia, en el más alto nivel de prestigio . Bajo ese aspecto, las inhabilidades de carácter jurídico y ético que establece el art. 5° al precisar ¨los presupuestos que acreditarán la suficiente idoneidad moral del postulante¨ ¨responden a la necesidad de velar por la eficiencia y dignidad del cuerpo de abogados¨, evitando la incorporación o el mantenimiento de quienes, por sus actividades o antecedentes, no pueden ejercer la profesión hasta tanto cubran los requisitos que tornarán viable su matricula
Competencia, aplicación territorial de la ley penal, asociación ilícita, antijuridicidad
Materia: PENAL
Carátula: TORRES DURAN, Martín J. s/ PROCESAMIENTO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-08-14

Corresponde aplicar la ley argentina al suceso que damnifica al imputado, sin que a ello obste la circunstancia de que un tramo del injusto haya tenido lugar en ajena jurisdicción, máxime teniendo en cuenta que este es uno más de los ilícitos de estafa por los que fuera procesado y que a su vez habrían sido cometidos en el marco de una asociación ilícita de la que otro imputado fue considerado miembro. El ilícito tuvo su comienzo de ejecución en nuestro territorio y culminó también en nuestro país con la venta del vehículo adquirido en el exterior.
Salario por rendimiento, salario por unidad de obra, premio por producción, salario a destajo
Materia: LABORAL
Carátula: AGUIRRE, DELFINO L. c/ CURTIEMBRE AVELLANEDA SACIFIA. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1981-08-31

La interpretación del artículo 104 RCT. (to.) lleva a admitir que los premios que integran la remuneración son accesorios y que, por tanto, debe ser considerado destajista el trabajador cuya mayor parte de la remuneración era fijada por rendimiento de trabajo y unidad de obra por más que se denominara premio por productividad a ese aspecto de la retribución.
Expropiación, indemnización
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: PROVINCIA DE SANTA FE c/ EL BONETE S.C.A. s/ EXPROPIACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2014-06-10

El cuestionamiento a la aplicación del coeficiente de oferta debe rechazarse, por cuanto constituye una técnica de homogeneización de valores de aplicación corriente para cuando los datos obtenidos no corresponden a operaciones efectivamente realizadas, sino a meras ofertas de ventas, y ha sido uniformemente aplicada en sede administrativa y aceptada por este Tribunal (Del voto de la mayoría. En disidencia: Dr. Erbetta)
Empleo público, Municipalidad, personal municipal, sanciones disciplinarias administrativas, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, nulidad del acto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: NEGRE, PABLO (EXPTE. Nro.  82.465) c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN s/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2008-09-09

Los jueces pueden ejercer control siempre que se acredite arbitrariedad manifiesta o ilegitimidad, teniendo este Tribunal potestad necesaria para verificar si el hecho imputado al agente se probó o no en el sumario administrativo previo, correspondiendo verificar si la valoración de las pruebas incorporadas al sumario administrativo ha sido ilegítima, absurda, ilógica, arbitraria, ya que de serlo el acto sancionatorio es nulo.

Tras apreciar estas circunstancias y valorar la falta de denuncia penal, la ausencia de ponderación de los antecedentes del actor los que son indicativos de su personalidad, trasluce una valoración arbitraria de las pruebas incorporadas al sumario administrativo e importa una evolución absurda, ilógica, contraria al sentido común y supone una voluntad huérfano de todo apoyo objetivo de medio probatorio, si se suma la carencia de referencia normativa en el encuadre de la conducta del agente, resulta claro que la decisión cuestionada adolece de un vicio grave en el objeto art. 52 inc. b) ley 3909, encontrándose en discordancia con la situación de hecho reglada por la norma al haberse dispuest o una media inadecuada al fin perseguido por el orden jurídico, corresponde declarar la nulidad del acto sancionatorio - art.72 y 75 L.P.A.-
Estado Provincial, facultades no delegadas
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: Garipe, Omar Osvaldo s/ p.s.a. administración fraudulenta
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-23

Las provincias no han delegado en la Nación el dictado de los códigos de procedimiento con los que hacen aplicación de las leyes de fondo en sus respectivas jurisdicciones, y la regulación del instituto de la querella constituye una materia propia de su competencia. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acusación fiscal, doctrina
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Allende Raúl Francisco, Cuellar Hugo Hector, Leyes Juan Domingo s/ Robo con fuerza en las cosas, Moreno Nancy S/Encubrimiento
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 1998-06-25

El núcleo de la posición sustentada por la Corte Suprema a la que este Tribunal adhiere, estriba en considerar que en el ordenamiento procesal, la acusación se integra -necesariamente- con dos pasos procesales diferentes pero que se complementan: 1) El requerimiento de elevación a juicio propiamente dicho, que fija los límites de la plataforma fáctica, aunque sobre la base de motivos provisionales, toda vez que los hechos que configuran su objeto deben ser acreditados en el juicio y 2) La formulación de la acusación según lo normado por el art. 376 del Código Procesal Penal, si esta última no se concreta, no existe controversia entre Ministerio Público Fiscal y defensa que deba ser resuelta por un Juez imparcial;

exigencia básica para reconocer que estamos ante un enjuiciamiento penal donde actúan dos partes representativas del conflicto que motivara el caso. Aquella falta equivale a la ausencia del juicio previo que asegura el art. 18 de la Constitución Nacional. Esta postura afirma que el requerimiento Fiscal de elevación de la causa a juicio es un instituto distinto de la acusación que se concreta en el debate, siendo por ello posible que luego de examinadas las pruebas incorporadas legalmente al mismo, el Sr. Fiscal de Cámara decida no acusar al o los procesados en una causa, lo que conduce a la inexistencia de un conflicto entre partes que tenga que ser dirimida por los Sres. Jueces de un Tribunal colegiado del fuero penal. En estas condiciones, de dictarse una condena sin acusación, aquella resulta nula porque fue vulnerada la garantía constitucional del debido proceso toda vez que el Tribunal, para asumir el poder jurisdiccional y emitir sentencia, le es exigible que las dos partes integrativas del enjuiciamiento -Ministerio Público Fiscal y Defensa - hayan dinamizado el proceso.
Acción de amparo, competencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Gracea Graciela B. c/ Instituto de Loterías y Casino de la Provincia de Buenos Aires s/ Recurso de Amparo- Cuestión de competencia art. 6to. C.C.A.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-03-08

No corresponde el desplazamiento de la competencia contencioso administrativa por la acción de amparo cuando de modo claro resulta que existen otros procedimientos administrativos que el actor intenta obviar con la promoción de la acción sumarísima. (En el caso la actora no instó el procedimiento conforme la prevee la legislación aplicable para obtener el dictado de un acto expreso que le ponga fin o tener por configurada la denegación tácita). (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso extraordinario, cuestión no federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, defectos en la fundamentación normativa, defensa en juicio, Constitución Nacional
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: Castillo de los Santos, Rodolfo c/ Manferro S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-06

Procede el recurso extraordinario si, a pesar de remitir los agravios a temas ajenos a dicha vía, el a quo efectuó una interpretación inadecuada de las normas legales aplicables, cuyo alcance redunda en menoscabo del derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Obligaciones de dar, ley de consolidación de la deuda pública, fallos de la Corte Suprema
Materia: COMERCIAL
Carátula: Inversiones y Servicios SA c/ Estado Nacional Argentino s/ Cumplimiento de contrato
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-02-02

Las obligaciones de dar que no consistan en entregar una suma de dinero -como así también las de hacer o no hacer quedan como principio fuera de la consolidación de deudas del Estado Nacional; y sólo si se produce el incumplimiento del deudor y la imposibilidad del acreedor de requerir la ejecución forzada tal como era debida, la relación se resuelve en el pago de una suma de dinero -en el carácter de indemnización sustitutiva de la obligación originaria- la cual queda alcanzada por el régimen legal de emergencia (cfr. Rodolfo R. Spisso, Consolidación de deudas del Estado, Depalma, 1992, pág. 22; en ese sentido, Julio C. Crivelli, La emergencia económica permanente, Ed. Ábaco, 2001, pág. 213).
Derechos y garantías constitucionales, garantías procesales, doble instancia, sentencia absolutoria, sentencias de segunda instancia, ley procesal, interpretación de la ley
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL-PENAL
Carátula: C., O. E. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - QUERELLA POR INJURIAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 447 AÑO 2007)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2008-11-26

La circunstancia que la sentencia en recurso es una de segunda instancia que revisa una absolución dictada en juicio correccional, trocándola en condenatoria y acogiendo los agravios de los querellantes que dedujeron recurso de apelación, obliga a una revisión amplia para satisfacer el derecho a la doble instancia.

En estos casos se considera atendida dicha garantía constitucional en l a medida en que la Corte se avoque al análisis de cuestiones ordinarias tales como el valor de la prueba o la interpretación del derecho común, extralimitando los cauces propios y extraordinarios del recurso regulado en la ley 7055 de modo que su resolución termina constituyéndose en una de segunda instancia o revisora (en los términos amplios que requieren las normas constitucionales mencionadas).

O, alternativamente, por la propia Cámara de Apelaciones, adoptando la misma decisión pero reenviando a otro Juzgado de Primera instancia para que dicte una nueva sentencia que, si fuera condenatoria, sería la primera cuya revisión podría hacer el tribunal de segunda instancia.

Una u otra alternativa de solución a un vacío legal, o, más bien, a un incumplimiento constitucional de nuestro Código Procesal vigente, producen efectos distintos en cuanto a la naturaleza remanente de la sentencia de la Cámara. Como se ha explicado, y para decirlo en términos llanos, en la alternativa, la Segunda instancia sigue estando en la potestad de la Cámara de Apelación (aunque seguramente será con otra integración personal para resguardar la imparcialidad objetiva), pero en la primera -la adoptada en este caso-, la segunda instancia o de revisión ordinaria corresponde a esta Corte Suprema.

Siendo así, la sentencia de la Cámara de Apelación -tal este caso- es la sentencia de condena que debe merecer su revisión (ordinaria, claro está) y es, en tal sentido, la primera. Como tal, los requisitos que la resolución en revisión debió cumplir son los que menciona el artículo 402 del Código Procesal Penal. (De la Disidencia del Dr. Creus)
Desindexación, crédito laboral, aplicación de la ley
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Lavenia Alicia Monica y otros c/ Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) s/ Juicios de conocimientos.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-05-14

La ley 24.283 es aplicable a las obligaciones de pagar sumas de dinero emergentes -como en el sub-examine- de relaciones laborales (C.S.J.N., in re "Bolaño, Miguel A. c/ Benito Roggio e Hijos S.A.", del 16/5/95 (Cons. 7).
Demandado, actividades laborales, empresario, pautas
Materia: LABORAL
Carátula: García Hugo Adolfo c/ Cooperativa de provisión para productores y distribuidores frutihortícolas Noreste Limitada y/o quien resulte responsable s/ Despido, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Chaco
Fecha: 2001-04-09

Si la demandada tiene un establecimiento, ninguna duda cabe en los términos del art.5 de la ley L.C.T. puede ser calificada como de empresaria, desde que sus asociados son tales por trabajar en el mismo, ya que precisamente la dación del trabajo es el servicio que aquella presta a éstos.

Por intermedio de los socios, el actor se relaciona jerárquicamente con la demandada, quien sin duda tenía facultades de dirección y organización del establecimiento de mercado, por cuanto fijaba el monto de la contraprestación remuneratoria, daba órdenes e instrucciones y eventualmente aplicaba sanciones.
Jubilación por invalidez, aplicación de la ley, Constitución Nacional
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: DE SANTIS, ANGEL JOSE c/ Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-10-23

La ley 24.463 no es aplicable a aquellos casos en los que está en juego la contingencia patológica de invalidez. Ello así por las particularidades de esos trámites, las variantes introducidas por la ley 24.241 y lo prescripto por el art. 16 de la C.N.
Jubilación de magistrados, pensiones, determinación del haber jubilatorio, acción de amparo
Materia: SEGURIDAD SOCIAL-PROCESAL
Carátula: CIOFFREDI, ANTONIO ALBERTO c/ I.M.P.S. s/ MUNICIPALIDAD, PERSONAL DE LA
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-04-25

Si bien deviene indefendible sostener que no se encuentra acreditada la arbitrariedad de lo actuado por la A.N.Se.S. (en el caso, la titular desde la muerte de su esposo percibía del Poder Judicial el anticipo mensual del 60% de la prestación que presumiblemente le correspondía -art. 11, ley 24.018-equivalente a $ 1.315, y al proceder la A.N.Se.S. a liquidarle el beneficio por la ley común, el mismo se vio reducido a la suma de $ 205,29.-), resulta formalmente no admisible la acción de amparo promovida tendiente a obtener el reconocimiento de su derecho al amparo de la ley 24.018 y el consiguiente recálculo del haber liquidado por el organismo con arreglo al régimen de la ley 24.241, habida cuenta del carácter de excepción que reviste la misma (tal como lo precisó el despacho de mayoría en la constituyente), por un lado, y de la existencia del procedimiento impugnatorio reglamentado por el art. 15 de la ley 24.463, que comprende la posibilidad del dictado de medidas cautelares con iguales efectos que los que aquí se procuran, por el otro.
Acción reivindicatoria, herederos
Materia: CIVIL
Carátula: FIORITO DE SANDEZ, Filomena c/ Davila Manuel Alfredo s/ Reivindicación - Ordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-03-26

El sucesor universal puede ejercer la acción de reivindicación, aunque personalmente no hubiese ejercido la posesión, y esto es así -como en el caso del sucesor particular- porque sucede a su antecesor en todos los derechos que él tenía respecto a la cosa, entre los que se encuentra el de reivindicarla de terceros.