Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-03


2º Instancia. - Buenos Aires, septiembre 3 de 2010.

I. Por recibido de la Fiscalía General ante la Cámara.

II. Y Vistos:

1. Viene apelado el auto de fs. 2033, por el cual la Juez de primera instancia requirió a "International Food Production S.A." que depositara en autos una suma de dinero en concepto de pago por la ocupación del inmueble de la fallida.

Para así decidir, la primer sentenciante consideró que esa firma ocupaba el bien incluso desde que adquiriera firmeza la resolución por la cual fue declarado ineficaz un contrato de locación que había vinculado a la hoy fallida -como locadora- con aquella firma -como locataria- respecto del mismo inmueble. Fijó el monto del importe mensual en $6000 más IVA teniendo en cuenta lo pactado en el contrato de alquiler.

2. Apeló"International Food Production S.A." (memorial en fs. 2132/2134). La apelación fue subsidiaria. El recurso de revocatoria fue desestimado en fs. 2114/2218.

La recurrente se agravia en cuanto la Juez le requirió el pago de importes por la ocupación del inmueble desde que quedara firme la declaración de ineficacia de la locación hasta septiembre de 2009. El fundamento del argumento recursivo gira en torno del carácter con el cual ocupó el inmueble desde esa decisión de ineficacia. Manifiesta que, desde entonces, lo ocupó como depositario judicial designado por el síndico. En tal condición, dice, custodió el inmueble y los muebles en él habidos, y realizó tareas de mantenimiento de la planta instalada en aquél, pese a que tuvo que interrumpir la actividad dada la precariedad de la ocupación.

En su defecto, la apelante pide una reducción del importe mensual fijado por la Juez a quo.

A ello añade que no le corresponde hacerse cargo del IVA, ni por el período anterior a abril de 2009, ni posterior a él.

La sindicatura pidió el rechazo del recurso.

La Sra. Fiscal ante la Cámara expresó que no se hallaban en tela de juicio intereses por los cuales debiera velar (v. fs. 2258).

3. i) La Sala considera que el argumento expuesto por la recurrente en torno de la interrupción de las actividades económicas en la planta instalada en el inmueble por ella ocupado no se encuentra apoyado en una explicación que se refiera a constancias de esta quiebra de las que pudiera surgir que la recurrente, antes de ahora, hubiese exteriorizado esa situación. Así lo ha señalado la Sra. Juez de la anterior instancia al desestimar el pedido de revocatoria. Además, en rigor, la recurrente no fue designada depositaria judicial del inmueble, sino de los muebles (v. mandamiento de fs. 154 y vta.). Sobre el particular, entonces, puede concluirse que el recurso no traduce un agravio con entidad de tal (conf. art. 265, CPCC).

ii) Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior, el carácter de depositaria de los bienes muebles habidos en el inmueble es dato que no puede desconocerse a los efectos de precisar el monto del canon locativo mensual. No puede soslayarse la circunstancia que la ocupación del bien reportó a la quiebra el beneficio de la custodia de dichos bienes, que luego fueron incluidos en la enajenación del inmueble tras una puja de ofertas no menor, de la que resultó adquirente la misma firma aquí recurrente por algo más de U$S278.000 (v. acta de audiencia de fs. 2027/2031). Es concebible que si el inmueble no hubiese estado ocupado por "International Food Production" la quiebra habría debido afrontar erogaciones requeridas por la necesaria custodia de aquél y de los muebles. Y, acaso, el valor venal final habría sido menor.

La determinación del quantum del canon locativo no puede resultar ajena a tales circunstancias, aun reconociendo -como lo dijo la Sra. Juez a quo al rechazar la revocatoria- un incremento generalizado del valor comercial de las locaciones en plaza. La fijación de aquella cuantía tiene que conjugar la curva del alza del precio de los alquileres inmobiliarios -que se proyectó a lo largo de un tiempo- con el hecho de la simultánea ocupación (y consiguiente custodia) del bien inmueble. La relación de equivalencia puede no ser exacta matemáticamente, pero es menester una apreciación prudencial que tenga en cuenta ambos datos.

Es por ello que se aprecia razonable reducir el canon locativo fijado en la resolución apelada a $3000 (pesos tres mil), no contando con otros parámetros a los efectos de una estimación. En tal sentido, se hará lugar al recurso de apelación.

iii) En cuanto al cuestionamiento que gira en torno del IVA por el pago de los importes por la ocupación del inmueble a partir de abril de 2009 y hasta septiembre de ese año, la Sala considera prematuro pronunciarse ya que la Juez de primera instancia difirió una dilucidación sobre el punto al momento en que la A.F.I.P. se expida sobre el punto, tal como lo dispuso al resolver sobre la revocatoria (v. fs. 2217). En la resolución apelada, la primer sentenciante ordenó que se corriera un traslado a la A.F.I.P. sobre el particular (v. punto d del fallo). De manera que no hay, aún materia sobre la cual esta Sala debiera expedirse.

iv) En lo referente al IVA sobre el precio de la locación antes de abril de 2009 -esto es, hallándose vigente la locación-, cabe compartir las apreciaciones de la primer sentenciante en el sentido que dicho gravamen -que repercute sobre la locación en sí, no sobre la cosa arrendada- ha de calcularse sobre el monto del alquiler fijado por las partes ($6000), tomado éste como base imponible. En tal sentido, se expidió en estos autos la A.F.I.P. (v. dictamen de fs. 2210/2211). A esa opinión remitió la primer sentenciante en su resolución.

Cuestión distinta a la base imponible, es quién tiene la carga jurídica de afrontar la obligación (sujeto pasivo de la obligación tributaria).

El IVA, en casos de locaciones gravadas, reconoce como sujeto pasivo en la obligación tributaria al locador. Así lo dispone el art. 4, inc. f, de la ley 23.349. El locador, en este caso, es la cesante.

Ahora bien, no se desconoce que el IVA ha sido calificado por la doctrina como impuesto indirecto porque grava el consumo. En general, a los impuestos indirectos ha sido atribuida la probabilidad de ser trasladables en el plano de la carga económica para afrontar la obligación jurídica tributaria (v. Villegas, Héctor B.: "Curso de finanzas, derecho financiero y tributario", Astrea, Bs. As., 2003, p. 160/162). Entonces, si bien el obligado jurídico, en el caso, es el locador, cabe preguntarse si la carga económica del pago del tributo quedó asignada al locatario mediante el contrato de locación. Aquí se hace necesario examinar sus estipulaciones relevantes.

El contrato nada previó al respecto expresamente (v. fs. 194/196). Las partes fijaron el monto del alquiler -precio de la locación- en una suma absoluta aunque previendo incrementos escalonados a lo largo del tiempo, siendo $6000 el monto último y sin que en ningún caso se previera cuál de las dos partes tenía que afrontar la carga económica del pago del gravamen en cuestión.

Aquí es relevante tener en cuenta que, para la doctrina, el atributo de trasladable de un impuesto indirecto es asignado en función de una probabilidad, por lo que es dable asumir que en un caso en particular sea el obligado tributario el que también asuma la carga económica.

Tal es lo que parece haber ocurrido en la especie a juzgar por el silencio de las partes sobre el particular. Si ellas hubieran querido que fuera el locatario el que asumiera la carga económica, debieron haberlo expresado contractualmente aclarando que a la suma del alquiler debía añadirse un tanto por IVA, como es usual en plaza en la comercialización de una amplia gama de bienes y servicios.

En todo caso, si los alcances del contrato en este punto dejaran lugar a dudas, no podrían ellas resolverse en el sentido desfavorable para el locatario (arg. art. 218, inc. 7mo., C. Com.).

Todo ello conduce a concluir que, si bien la base imponible es $6000 fijado como precio del alquiler, la firma locataria no tiene que hacerse cargo de este impuesto por el período en cuestión y referido por la Juez de primera instancia al desestimar la revocatoria -esto es, los lapsos de devengamiento del alquiler anteriores a abril de 2009- dadas las circunstancas que aquí se han dado.

En suma, cabe admitir el recurso en lo que se refiere al IVA devengado antes de abril de 2009.

4. En función de las particularidades de la situación recursiva, la forma como se decide y la significación relativa del resultado que pueda tener en la conclusión global del recurso la cuestión de tratamiento diferido, corresponde que las costas de esta instancia se distribuyan en el orden causado (conf. arts. 68, 2do. párr., y 71, CPCC).

5. Por todo ello, esta Sala Resuelve: admitir parcialmente el recurso interpuesto y confirmar el decreto de fs. 2033 con la modificación que surge de la presente en relación con el monto del canon locativo (considerando 4, ii) y el IVA por el período anterior a abril de 2009 (considerando 4. iv), difiriéndose el pronunciamiento sobre la cuestión del IVA sobre el canon locativo correspondiente a los meses de abril a septiembre de 2009 para el caso en que quepa tratarlo según lo que decida la magistrada de primera instancia oportunamente.

Costas de Alzada en el orden causado por las razones expresadas en el considerando 5.

Devuélvase encomendando a la Sra. Juez de primera instancia cursar las notificaciones del caso.

El Señor Juez de Cámara José Luis Monti, quien actúa conforme lo dispuesto en el punto III del Acuerdo General de esta Cámara del 25.11.09, no interviene en la presente resolución por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

El doctor Alfredo A. Kölliker Frers actúa conforme lo dispuesto en la Resolución de Presidencia de esta Cámara, nº 26/10 del 27.4.10. -Juan R. Garibotto. - Alfredo A. Kölliker Frers. - Manuel R. Trueba (h)