Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-14


SENT Nro. 125 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 14 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por el actor en autos: "Smael, Hugo Salee vs. suc. Zalazar Pedro Camilo s/Indemnización por despido".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Alfredo Carlos Dato, René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Alfredo Carlos Dato, dijo:

1.- Contra la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 30/11/99 (fs. 285/290), la parte actora dedujo recurso de casación, el que fue concedido mediante resolución del 14/08/2002 (fs. 339). Ninguna de las partes ha presentado el memorial del art. 137 del CPTT, según consta en informe actuarial de fs. 345.

2.- La sentencia propone como primera cuestión a resolver, la referente a cuál fue la causal de extinción del contrato de trabajo, es decir si el distracto se produjo por despido directo arbitrario o por abandono-renuncia.

Seguidamente, considera el cuadro probatorio de la causa, inclinándose por la versión de la demandada, tanto en lo que refiere a la fecha de ingreso, de egreso y tareas que desempeñaba el actor, como así también a que la causa de la ruptura de la relación laboral se encuadra dentro de la figura del abandono-renuncia previsto en el art. 241 última parte de la LCT. Sostiene que llega a dicha conclusión en base a la prueba pericial contable, fijando como fecha de extinción de la prestación de servicios el 30/09/91.

La Cámara resuelve hacer lugar parcialmente a la demanda por vacaciones proporcionales/91 y SAC proporcional/91, y dispone el rechazo de los rubros indemnización por despido, integración del mes de despido, indemnización por falta de preaviso, vacaciones no gozadas y SAC no abonado.

3.- Denuncia el recurrente que existe un déficit argumental en la sentencia, toda vez que no se establecen qué razones llevan a la Cámara a inducir que la prueba pericial contable es el fundamento de todo un acto jurisdiccional.

Sostiene que el informe pericial no releva a la demandada de acreditar la inequívoca configuración del abandono-renuncia, pues entiende que para desplazar una presunción legal como la de perdurabilidad del contrato de trabajo receptada en el art. 90 LCT, es necesario que tal acreditación resulte contundente y no deje lugar a dudas. Señala que el informe pericial no es una prueba contundente, porque sólo es la demostración de la conducta del empleador, quien en definitiva podría haber omitido ex profeso registrar los dos últimos años de la relación laboral en el libro único. Entiende que el juez, ante la acreditación de este extremo, debió ahondar en la verificación de los hechos, pero al no hacerlo ha incurrido en una omisión que hace al déficit argumental.

Explica que el libro único es una registración unilateral, cuyo manejo y conocimiento de sus movimientos los efectúa únicamente el empleador, por lo que es injusto premiar con la absolución del pago de indemnizaciones a quien paradójicamente ha omitido maliciosamente continuar registrando los pagos.

Afirma que el fallo es incongruente, pues al sostener que no ha sido demostrado el despido verbal demandado, analiza una postura que en ningún momento ha sido alegada en la demanda. Precisa que se parte para dirimir la litis de un supuesto despido verbal, cuando lo que en realidad configuró el distracto fue la injuria grave producida por la demandada al negar la relación laboral.

Sostiene que existe un vicio en el acto de juzgar, pues frente a la claridad normativa de los arts. 10, 13, 90, 91 y cctes. de la LCT y al hecho de que los accionados no negaron la relación de trabajo al contestar demanda, su parte no debía probar que el actor trabajó en tal o cual fecha luego del ingreso, atento a la presunción legal de perdurabilidad del contrato de trabajo. Asevera que si el contrato se presume por tiempo indeterminado, va de suyo que quien pretenda destruir esa presunción debe probarlo, y he aquí que tal hecho consistió en aducir que el trabajador abandonó renunciando tácitamente a su trabajo, de donde se colige que es a la demandada a quien incumbía la prueba de este hecho, lo que no ha sido efectuado. Concluye su razonamiento indicando que, al invertir la carga de la prueba de modo ilegítimo contrariando normas del derecho laboral, se endilga al trabajador que deba probar -para colmo de males- un hecho erróneamente propuesto y no invocado: el supuesto despido verbal.

Afirma que el criterio del Tribunal para arribar a la conclusión que sostiene, es tan equivocado y absurdo, que requiere para acreditar una relación de trabajo 'en negro' que dicha relación aparezca registrada en los libros contables y laborales del empleador. Añade que la sentencia además encierra un razonamiento contradictorio, pues al evaluar el cuaderno de pruebas nº 2 del demandado, en donde se intimaba al trabajador para que presente los recibos de haberes de los últimos dos años inmediatos a la relación laboral, el juez estima que la prueba no es apta para los fines que se consideran, pero al analizar la prueba pericial contable, el magistrado debió expresar porqué se apartó de este razonamiento y evaluó el informe pericial contable como si los pagos en negro o la falta de registración fueran cosa de otro mundo.

Destaca que la sentencia ha omitido valorar la prueba de información ambiental producida en el pleito, incurriendo en una arbitrariedad y en una violación al principio de preclusión procesal. Agrega en relación a esta prueba que estamos frente al mismo supuesto que se configuró en autos "Figueroa Luis A. vs. Córdoba Segundo T. s/despido" dictada por la Sala I de la Cámara del Trabajo el 16/08/96, habiéndose efectuado en dicho fallo una valoración de la normativa procesal y de fondo, contraria a la de esta litis, señalando que ha operado el supuesto previsto por el art. 131 inc. b CPTT.

4.- El recurso ha sido interpuesto en término (art. 132 CPTT), se dirige contra sentencia definitiva (art. 130 CPTT), y siendo el actor quien recurre no es exigible el afianzamiento del art. 133 CPTT.

En orden al motivo de la casación intentada, el recurso se funda en los supuestos previstos por el art. 131 incs. a) y b), debiéndose señalar además que si bien existe un cuestionamiento dirigido contra la valoración de la prueba efectuada por la Cámara en miras a determinar la causal extintiva del contrato de trabajo, lo que en principio constituye una cuestión de carácter fáctico cuyo entendimiento ha sido reservado a los jueces de grado, el recurrente ha denunciado con argumentos bastantes el vicio de arbitrariedad de sentencia.

Habiéndose, pues, cumplido con los recaudos de admisibilidad exigidos por los arts. 130 y ss. del CPTT, corresponde analizar la procedencia del recurso de casación intentado.

5.- Confrontada la crítica del recurrente con los argumentos del fallo, se advierte que este último se basa en prueba notoriamente insuficiente para sustentar la conclusión a la que arriba en el análisis de la causal de extinción del contrato de trabajo.

Al respecto, el fallo dispone que la causal de la ruptura de la relación laboral se encuadra dentro de la figura del abandono-renuncia prevista en la LCT art. 241 última parte, fijando como fecha del fin de la prestación de servicios el 30/09/91, y basando tal conclusión exclusivamente en la prueba pericial contable rendida en autos.

Corresponde señalar que el dictamen pericial contable ha sido elaborado en base a información extraída del libro de remuneraciones de propiedad de la demandada, principalmente en cuanto refiere a que no se registra día alguno trabajado por el actor en períodos posteriores a septiembre de 1991 (ver fs. 146). En efecto; según lo informa el propio perito contador, la planilla aclaratoria de días trabajados por el período comprendido entre febrero de 1986 y septiembre de 1991 ha sido confeccionada conforme a los datos extraídos del registro de remuneraciones de la sucesión Pedro Camilo Salazar.

La circunstancia de que el dictamen pericial ha sido elaborado en base a constancias extraídas del libro de registro de remuneraciones, determina que el mismo constituya una prueba notoriamente insuficiente a los fines de fundar la conclusión del tribunal en relación a que el contrato de trabajo se extinguió por abandono-renuncia el 30/09/91.

Ello por cuanto la mera falta de registración de días trabajados por períodos posteriores a septiembre de 1991 en el libro de remuneraciones de la demandada, no alcanza para tener por acreditado el abandono de la relación laboral por parte del actor, pues debe tenerse en cuenta que los asientos que constan en los libros, llevados en forma unilateral por el empleador y sin intervención del dependiente, resultan inoponibles a este último, no pudiendo -por ende- erigirse los mismos en el único fundamento probatorio del fallo respecto a que a partir del mes de septiembre de 1991, el actor se ausentó definitivamente de su trabajo. Menos aún si se tiene en cuenta que el supuesto extintivo del art. 241 último párrafo LCT es de apreciación restrictiva, por cuanto contiene una excepción al sistema marcadamente formal de extinción de la relación de trabajo por voluntad concurrente de las partes, y el actor desde su escrito de demanda advirtió que durante el transcurso de la relación laboral comenzaron a efectuársele pagos en negro hasta la fecha del distracto.

De allí que, al haberse resuelto la cuestión vinculada a la causal de extinción del contrato de trabajo en base a prueba notoriamente insuficiente, el fallo deviene arbitrario por transgredir el deber de motivación impuesto por el art. 28 de la Constitución Provincial, y lo establecido en los arts 33, 272 y 273 incs. 5 y 6 del CPCC. En relación a este tema, es doctrina de esta Corte que "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido la sentencia cuya motivación es insuficiente, como así también la que se sustenta en afirmaciones dogmáticas o fundamentos sólo aparentes" (CSJTuc., in re "Lescano Inés y otros vs. Carlos Víctor Tacla y otro s/daños y perjuicios", sent. del 15/02/96).

Resta destacar que tampoco alcanza para mantener lo decidido, la conclusión a la que arriba la sentencia en orden a que tampoco ha sido demostrado el despido verbal demandado, pues tal postura ha sido erróneamente asignada al actor a partir de una arbitraria interpretación del escrito de demanda.

El Tribunal consideró que el actor invocó haber sido despedido en forma verbal en septiembre/93, y que reclamó indemnizaciones derivadas de tal extinción de la relación laboral. Luego, al proponer las cuestiones a resolver, sugirió como primer tema de análisis determinar si la causal de extinción del contrato de trabajo fue el despido directo arbitrario o el abandono-renuncia.

Contrariamente a lo interpretado por el Tribunal, surge inequívocamente del escrito de demanda que la causal de despido invocada se fundó en la injuria laboral derivada del desconocimiento por parte del empleador de una relación laboral de 12 años que imposibilitó que prosiga el contrato de trabajo, y es de allí que el actor sostiene la procedencia y legalidad de los rubros reclamados (ver fs. 12 vta., penúltimo párrafo).

Vale decir que los términos del escrito de demanda evidencian que la causal de extinción del contrato de trabajo invocada por el actor constituye un despido indirecto derivado del desconocimiento de la relación laboral, y no un despido directo verbal como erróneamente lo considera el fallo.

Consecuentemente, la conclusión sentencial de que no ha sido demostrado el despido verbal demandado, ha sido formulada soslayando analizar la verdadera causal de extinción del contrato de trabajo invocada en el escrito de demanda, es decir el despido indirecto alegado frente al desconocimiento de la relación laboral por el empleador; por ende, tal circunstancia impide sustentar el rechazo de la demanda en la falta de demostración del despido verbal considerada por la Cámara.

Al respecto, esta Corte tiene dicho que "El decisorio que se aparta flagrantemente de las constancias de autos y adjudica a la acción ejercida un fundamento fáctico y jurídico diferente del planteado en la demanda, es arbitrario" (CSJTuc., in re "Nieva María vs. S.A. San Miguel AGICIF s/indemnizaciones", sent. del 27/12/96).

En mérito a lo expuesto, corresponde CASAR la sentencia en recurso conforme a la siguiente doctrina legal: "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que funda en prueba notoriamente insuficiente su conclusión en torno a que el contrato de trabajo se extinguió por el supuesto previsto en el último párrafo del art. 241 LCT, y a la vez considera no demostrado un despido directo verbal, que equivocadamente le asigna invocado al actor partiendo de una errónea interpretación del escrito de demanda"; debiendo remitirse los autos a la Excma. Cámara del Trabajo, a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento.

6.- Atento a que el vicio que ocasiona la nulidad proviene del órgano jurisdiccional, corresponde imponer las costas de este recurso por su orden (arts. 49 CPTT y 106 inc. 1° CPCCT).

Los señores vocales doctores René Mario Goane y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el vocal preopinante, votan en igual sentido.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia dictada por la Sala II de la Excma. Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción el 30/11/99 (fs. 285/290), y en consecuencia, CASAR la misma en base a la doctrina legal sentada en los considerandos, debiéndose remitir los autos al referido Tribunal, para que, por la Sala que por turno corresponda, proceda a dictar un nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS conforme se considera.

III.- DIFERIR regulación de honorarios para su oportunidad.

HAGASE SABER.- HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO