marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Juicio ejecutivo, divorcio, bienes gananciales, legitimación procesal, embargo
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Garrido Oromi, María Dolores c/ Taranto SA y otro s/ ejecutivo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-10-06

Cuando, como en el caso, la demandante se habría divorciado y el crédito que aquí se ejecuta sería un bien ganancial sobre el cual el excónyuge tendría derecho; el conflicto que pudiere suscitarse en el marco del juicio de divorcio no exime a los aquí ejecutados a cumplir con la condena arbitral que aquí se pretende ejecutar. Lo único que podría discutirse sería el modo en que debiera materializarse el pago. Más allá del derecho de su excónyuge, resulta inalterable la legitimación procesal de la accionante para promover estas actuaciones. Si los ejecutados fueron notificados de un embargo decretado en el marco del juicio de divorcio, ellos debieron depositar el monto adeudado en una cuenta a nombre de dicho expediente; pero su incumplimiento forzó la promoción de esta ejecución. Aquí, en principio, se debe juzgar la exigibilidad de la deuda reclamada; y ella resulta inobjetable. Como bien puntualizó el juez de grado, el CCCN 482 establece que, mientras permanezca la indivisión postcomunitaria y no haya acuerdo entre los excónyuges sobre administración de los bienes, "...subsisten las relativas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas en esta sección...". A ello hay que agregar que el mismo artículo concluye diciendo que "...cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro, con antelación razonable, su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria de los bienes indivisos. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos...". Ello es relevante ya que, en esta causa, el ex cónyuge de la accionante por intermedio de sus letrados apoderados, se presentó haciendo saber al juez interviniente que se encuentra debidamente informado de la promoción de este juicio suscribiendo la misma presentación en la que la actora contestó las excepciones. Por ello, y en consonancia con la resolución recurrida, nada obstruye a los demandados a dar cumplimiento con el embargo ordenado por el juez que entiende en el juicio de divorcio pagando la condena de la sentencia arbitral o que, como dijo el magistrado de grado, se deposite las sumas adeudadas en esta causa y se ordene la remisión al juicio de divorcio.
Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: CONSTANTINO LORENZO. c/ ESTADO NACIONAL. s/ FACULTADES   DEL  PODER  JUDICIAL-  CONTROL  DE  CONSTITUCIONALIDAD-  DIVISION DE LOS  PODERES- ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD-  TRATADOS INTERNACIONALES.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-12-12

El Poder Judicial de la Nación conferido a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales nacionales por los arts. 94, 100 y 101 de la Constitución se define como el que se ejercita en las causas de carácter contencioso a las que se refiere el art. 2do. de la ley 27. Tales causas son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas.
Contrato de trabajo, extinción del contrato de trabajo, indemnización por despido, sueldo anual complementario
Materia: LABORAL
Carátula: Gagliardi, Andrea Fabiana c/ Axa Assistance Argentina S.A. s/ diferencias de salarios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-12-29

No debe incluirse en la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador a los fines del calculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la parte proporcional del sueldo anual complementario que fuera percibida por el trabajador, ello en virtud de lo dispuesto por la doctrina del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo "Tulosai".
Prescripción adquisitiva, prueba, pago de tributos
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Diaz, Presbiterio c/ Diaz, Justo Ramón s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-11-11

La no acreditación de pago de impuestos no es óbice para concluir en una sentencia que admita por título lo que ya se adquiriera por modo, ya que la exigencia primigenia en tal sentido fue modificado por el art. 24 de la ley 14.159, dónde sólo se le otorga especial consideración.-
Concursos, fuero de atracción
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Idígoras, Gregorio M. c/ Bco. Integrado Departamental Coop. Ltdo. s/ Escrituración
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-19

La declaración de quiebra atrae todas las acciones judiciales contra el fallido por las que se reclaman derechos patrimoniales, desde que dicho trámite se dirige a convertir los bienes del deudor en una masa única constituída en vista de una liquidación colectiva, rígida e igualitaria -considerando los privilegios de los acreedores- del patrimonio del deudor.
Defensa del consumidor, seguros, aplicación de la ley, interpretación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: B., L. C. c/ LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES s/ RECURSO s/ CASACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 2006-03-29

Se ha sostenido que: "...no existe una colisión, sino que la superposición provocaría en ciertos casos una más amplia tutela de los derechos del asegurado consumidor (...) según la interpretación sistemática superadora de esta aparente contradicción o superposición, de sentido sumario, toda la tutela que la Ley de Seguros confiere al asegurado es el piso o mínimo y en los casos en que la relación contractual asegurativa pueda ser calificada de relación de consumo, se suman como techo las normas protectivas de máxima, que provienen de la denominada Ley de Defensa del Consumidor (...).

Esta interpretación sistemática permite apreciar finalmente que queda incólume la autonomía del derecho de seguro y que el mismo abre generosamente la posibilidad, poniendo en evidencia su dinamismo para adaptarse a los cambios sociales y económicos."
Abuso sexual calificado por ultrajes a la víctima, menores
Materia: PENAL
Carátula: Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- y Roldán, Jorge Armando -Fiscal- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 53.810 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Mario Tolosa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2015-09-09

Constituye abuso sexual gravemente ultrajante la conducta en la que incurrió un entrenador respecto de uno de los niños a los que entrenaba, pues el suceso que se tuvo por acreditado de la introducción de un objeto -ramita de un árbol- en el ano del menor y el apoyarle el pene en la cola, configura un plus por sobre la figura básica del primer párrafo del art. 119 del Código Penal pues en sí mismas tienen un alto contenido vejatorio, objetivamente y más allá de como pudiera haberlos percibido la propia víctima, en este caso un niño de tan solo seis años
Pago, prueba del pago, recibo
Materia: LABORAL
Carátula: PEREYRA, FLORENCIO ERARDO c/ ARGENCITRUS S.A. s/ Cobro de Pesos-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2010-04-26

Tratándose de pagos laborales la lay admite una sola manera de instrumentarlo: el recibo firmado por el trabajador, el que debe reunir las exigencias contenidas en el art. 40 de la L.C.T. tendientes a otorgar certeza acerca de su contenido, pudiendo sólo ser suplido a través de la confesión judicial expresa del trabajador.
Recurso extraordinario, procedencia del recurso
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ALVAREZ, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1995-09-22

Desde que nuestra ley adjetiva admite el recurso de nulidad contra la sentencia definitiva por las causales que enumera en forma precisa en su artículo 76, las cuestiones resueltas con motivo de la interposición de este recurso constituyen sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario. Por ello, si el quejoso se sentía agraviado por lo resuelto por este Tribunal al decidir el recurso de nulidad, debió recurrir de éste y argumentar, a su vez, a su respecto, y no como lo hizo, impugnando por esta vía la sentencia con idénticos argumentos a los expresados en oportunidad de plantear el recurso de nulidad, pero sin esgrimir agravio federal alguno contra el decisorio recaído en este último.-
Municipalidad, gasto público
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Yaregui, Alberto y otro c/ Provincia de Buenos Aires (Trib. de Cuentas) s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1993-03-30

La compra de alimentos -en el caso sidra, pan dulce, etc.- para los empleados de la Municipalidad resulta un gasto que no se encuadra como propio de la actividad gubernamental, ya que no hace al cumplimiento de las funciones propias de un cargo o del funcionamiento de la Administración.
Recurso de reposición (procesal), reposición in extremis
Materia: PROCESAL
Carátula: Abalos, Benjamín y otros s/ Recurso de amparo. Recurso de nulidad y revocatoria (Expte CSJ Nº  815-94) Aquino, Ana M. y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Amparo. Avocación (Artículo 12, Ley 11330). Revocatoria in extremis   (Expte. CSJ Nro.  193-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-12-17|2001-08-08

Puede comprenderse a la 'reposición in extremis' como un procedimiento atípico de 'reparación' (del error indisputable) y nunca de 'reexamen' o 'reconsideración' de la causa; es decir, que el remedio juega dentro de determinado ámbito, específico y circunscripto, en que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustentan el pronunciamiento, no pudiendo, jamás, erigirse como un 'nuevo juicio'. En la especie, la actora pretende que esta Corte reexamine su decisión a la luz de una sobreargumentación que, lejos de evidenciar un error (material, grave, esencial, evidente, etc), cuestiona el juicio del Tribunal por medio de la formulación de críticas propias de un recurso de apelación, lo que resulta inadmisible, por lo que corresponde desestimar el recurso interpuesto.
Tratados internacionales, aplicación de tratados internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, derecho de réplica, Constitución Nacional
Materia: CONSTITUCIONAL-INTERNACIONAL PUBLICO
Carátula: Petric, Domagoj Antonio c/ Diario Página 12.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-04-16

El art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es inaplicable en nuestro país en virtud de las condiciones que el texto constitucional reformado puso para que los tratados que menciona tengan alcance constitucional (Disidencia del Dr. Augusto César Belluscio).
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: LABORAL
Carátula: Balbuena, La Cruz Avelino c/ Timar SRL s/ Indemnización por despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1986-05-06

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que controvierte la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Trabajo pero omite la mención del precepto legal que rige la tarea axiológica del juzgador (art. 44 inc. e, dec. ley 7718 /71).
Recurso de casación, violación de las formas procesales
Materia: PENAL
Carátula: Olmedo Britez, Damián s/ Homicidio Simple reiterado reiterado
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1994-02-28

No cualquier violación a la ley procesal determina la procedencia del recurso de casación, sino aquella cuyas formas procesales han sido prescriptas "bajo pena de nulidad o admisibilidad" es decir aquellas que por no reunir las formas requeridas no pueden ser introducidas válidamente al proceso.
Daños y perjuicios, gastos médicos, obras sociales
Materia: CIVIL
Carátula: Ramirez de Fernández, María Cristina y otro c/ Palo, Bernardo y otro s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-07-03

La sola circunstancia de que la víctima se encuentre adherida a una obra social, no importa admitir sin más la improcedencia de los gastos de tratamiento.

Es que la elección del médico es un acto de confianza, que entra dentro del ámbito de libertad del paciente. De cualquier manera, el responsable del hecho ilícito no puede alegar una relación contractual de la víctima con un tercero, para hacer recaer sobre éste el costo de la reparación, obligando a aquella a hacer uso de ese vínculo para eximirse de las consecuencias patrimoniales, en la medida en que le son imputables, máxime en el caso específico del tratamiento psicológico, esta solución se impone, puesto que a diferencia de otro tipo de curaciones, el factor confianza juega un papel relevante.
Recurso extraordinario, resoluciones recurribles
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Orlando, Aquiles V. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Reivindicación. Recurso de queja
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-12-20

El pronunciamiento que establece la vía por la que deben tramitar las acciones de fijación de plazo y cumplimiento de un convenio de honorarios no reviste carácter definitivo en los términos del art.278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que nada impide que el recurrente haga valer sus derechos por la vía correspondiente. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Filiación, impugnación del reconocimiento, exceptio plurium concubentium
Materia: CIVIL
Carátula: D.N.N. c/ C.E.J. s/ FILIACION - PRUEBA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-07

La manifestación del accionado de tener un íntima persuasión de no ser el padre, sumada al requerimiento de datos al médico tendientes a esclarecer sobre la paternidad para adquirir una certeza, son pruebas evidentes de que dudaba de la paternidad atribuida y, por lo tanto, de que mantuvo relaciones durante la época de la concepción. Quien no hubiera mantenido relaciones sexuales con la madre en la época de la concepción no tendría porque hacer esas averiguaciones, que no tendrían sentido en tal caso pues nada podría convencerlo de ser el padre del nacido. De tal indagación deriva pues, un claro reconocimiento de tales relaciones.

Es indiferente que la madre en época anterior a la de la concepción o después del parto, haya tenido relaciones con otros hombres, la investigación de su conducta debe vincularse exclusivamente a la época de la concepción.
Juicio ejecutivo, títulos ejecutivos, extinción de la acción, cheque, liquidación de entidades financieras
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: José Dominguez S.A.C. c/ Walter Berliansky s/ Ejec - Camb (LIBRO: S154 - 114)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-08-09

No resulta aplicable el criterio del art. 38 de la ley del Cheque, que considera al cheque como perjudicado para la acción ejecutiva, en razón de no poder el ejecutante presentar el cheque del accionado, porque el Banco girado (Multicrédito) fue desposeído de toda facultad para actura por el B.C.R.A. No hay caducidad, ni extinción de la acción ya que la anormalidad ocurrida, fue ajena a su conducta.
Responsabilidad médica, obligaciones del médico, deber de obrar con prudencia, derechos del paciente
Materia: CIVIL
Carátula: CASTAÑOS, JOSE ANGEL c/ S.E.G.B.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-20

El abandono del tratamiento por parte del paciente, como eximente de responsabilidad médica es improcedente cuando la actuación del profesional no se ha desarrollado en el marco de prudencia y diligencia exigibles por la lex-artis. Es que ante la actitud pasiva del profesional que no advierte anomalías surge, en forma incontestable, la necesidad del paciente de calmar sus dolencias y, por consiguiente, acudir a otros especialistas para lograr una mejoría en su estado de salud.
Querellante, legitimación procesal, poder especial
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: MARTINEZ, Alfredo. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-02-06

El poder especial otorgado en virtud de los arts. 1869, 1960 y 1963 del C.C., se encuentra vigente si no ha sido revocado por el liquidador de la sociedad, toda vez que aquél no es dejado sin efecto por la procuración general posterior dada a otra persona, salvo cuando comprendiese en su generalidad al negocio encargado en la procuración anterior (art. 1976 del C.C.) (*).

No puede presumirse que ha sido la voluntad del liquidador revocar el poder dado a la representante de la querella, cuando se defienden, en principio, derechos de la propia sociedad.

Por ello, corresponde revocar el auto que decretó la nulidad de la apelación de la querella por entender que conforme el art. 105 de la ley 19.550, los liquidadores ejercen la representación de la sociedad y que el mandato de la parte querellante designada por las antiguas autoridades ha dejado de tener validez.
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, acción penal, derechos y garantías constitucionales
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-27

Que el Congreso Nacional haya legislado sobre aspectos del régimen de la acción en supuestos excepcionales con el fin de igualar en lo básico los derechos de los habitantes en todo el territorio de la Nación, no significa que las legislaturas de las provincias y de nuestra Ciudad Autónoma hayan perdido por esa circunstancia la facultad de legislar acerca de la disposición de la acción penal respetando el baremo que garantiza la ley nacional y en ese sentido no se vislumbra bajo ningún concepto que la mediación penal pueda implicar un menoscabo de los derechos de los habitantes de la ciudad con relación a los reconocidos por la ley nacional. (Voto del Dr. Luis F. Lozano).
Aborto, aborto no punible, responsabilidad del Estado, derecho a la salud, aborto fundado en violación
Materia: PENAL
Carátula: F., A. L. s/ Medida autosatisfactiva.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-13

Cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administración de la salud pública, el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura.
Prueba, hechos nuevos
Materia: PROCESAL
Carátula: PAPELERA TUCUMAN SA c/ CAMMESA y otro s/ proceso de conocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-08-23

Hecho nuevo es el que ocurre o llega a conocimiento de las partes después de trabada la relación procesal y que es de importancia para resolver el litigio, tal como se ha trabado (conf. Santiago C. Fassi-Alberto L. Maurino, "Código Procesal Civil y Comercial", t. 3, p. 399 y ss., Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002). El hecho nuevo se diferencia del hecho diverso en que éste presupone alegación de un hecho-causa que altera, modifica o transforma la pretensión objeto de la litis, determinante del contenido del proceso. Tampoco debe confundirse con el hecho que no hubiera sido considerado en la demanda o contestación, ni con la agregación de documentos nuevos o desconocidos. Los hechos nuevos son aconteceres; los documentos, la prueba de lo acontecido.
Menor procesado, estado de sospecha, graduación de la pena, agravantes de la pena
Materia: PENAL
Carátula: G., M. A. E. y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-03-19

En relación al grado de participación que se le reprocha al menor, su presencia activa y concomitante al momento del hecho de quien se encuentra prófuga, sumado a que se secuestró en su poder parte de los elementos que se le secuestraron a la víctima, son sin duda la prueba más acabada de su intervención como coautor, surgiendo del relato de la víctima y de su compañero en orden a las modalidades del hecho dan cuenta de la división de roles entre ambos agresores hacia la propiedad ajena. La medida de prevención tuvo por sustento un estado de sospecha sobre la conducta del encartado que otorga legitimación a su detención toda vez que minutos después del acontecimiento criminal, estando por la zona el agente quien había tomado conocimiento que durante esos días se habían cometido diferentes robos perpetrados por una pareja, al observar al imputado y a su consorte los interceptó con fines de ser identificados, ocasión en las que el imputado y su compañero adoptaron una conducta per se evasiva. La mera intervención de un menor de edad en un determinado hecho delictivo habilita la aplicación de la agravante en cabeza del mayor. Debe descartarse el alegado desistimiento si el abandono del propósito delictivo, no fue producto de una libre elección, sino de la necesidad de lograr la impunidad. La pena que se le impusiera al menor fue asignada en el legítimo ejercicio de las atribuciones que a los jueces sentenciantes les confiere la ley (art. 4º de la ley 22.278), siendo además los motivos expuestos por los magistrados, suficientes para justificar por qué optaron para el caso por la reducción, no obstante la oposición del fiscal, quien solicitó la imposición de penas superiores. (Dres. Riggi, Madueño y Catucci).
Contratos internacionales, aplicación de la ley, formalidades procesales
Materia: COMERCIAL
Carátula: IAB COMPAÑIA DE SEGUROS SA c/  s/ LIQUIDACION FORZADA S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO POR D'ANDREA ARNALDO HECTOR Y OTRO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

A fin de precisar el derecho que gobierna el contrato internacional que en defecto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, cuadra aplicar la norma de conflicto subsidiariamente aplicable para determinarlo, esto es, el CCIV 1210 argentino (hoy, CCCN 2652), que indican como aplicable el derecho y los usos del país de cumplimiento del contrato (Boggiano Antonio, Derecho Internacional Privado, T° II, pág. 510; Uzal María Elsa, Derecho Internacional Privado, págs. 511 y ss.). A la hora de precisar el concepto de lugar de cumplimiento a los fines de la elección del derecho aplicable al contrato internacional, corresponde atenerse a la naturaleza de la obligación y, en el contrato de transporte, es el trasportador quien debe la prestación más característica del negocio, que es, sin dudas, transportar y entregar las mercaderías, siendo de destacar que la prestación característica del contrato (lugar de entrega de las cosas) es la que determina el derecho aplicable (Boggiano Antonio, Derecho Internacional Privado, T° II, pág. 511). Resultando entonces aplicable subsidiariamente al caso bajo estudio, el derecho argentino, cabe puntualizar que el ordenamiento local, cuando reglamenta en el CPR 602 y 603 la ejecución comercial, que procede para el cobro de fletes de transporte, indica que en el caso del transporte terrestre, se acredita con la Carta de Porte y, en su caso, el recibo de las mercaderías. Es decir que la Carta de Porte constituye, incluso, un título ejecutivo para obtener el cobro del flete, siendo el legitimado pasivo en la ejecución el tenedor de la Carta de Porte utilizada para solicitar la entrega de los efectos que en ella se mencionan (Palacio Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, T° VII, págs. 754 y ss.).