Proceso penal, acusación, hecho diverso, defraudación, ocultación maliciosa, sujeto activo, dolo directo, sociedad de responsabilidad limitada, socio gerente, conservación de la cosa, culpa grave
Materia: PENAL
Carátula: Canepa Francisco Marcelo s/ Insolvencia Procesal  Fraudulenta - Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2001-05-11

De la interpretación literal y sistemática del art. 389 de la ley del rito, permite concluir que, la posibilidad de articular el mecanismo previsto por el art. 389 del C.P.P., transcurre durante el debate y el término ad-quem a tener en cuenta en el caso, no es la finalización de la recepción y merituación probatoria, sino el cierre del debate, que se produce luego de haber otorgado la última palabra al imputado, cuando el Presidente así lo declara.

El art. 179, 2do. párrafo del C.P., incorporada con la reforma de la ley nro. 17567, reprime a quien durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente ocultare o hiciere desaparecer los bienes de su patrimonio y de esta manera frustrare en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles.

En relación a la acción típica, la doctrina sostiene que el ocultamiento o desaparición maliciosa de bienes del propio patrimonio, constituyen los medios comisivos de la conducta punible que consiste en frustrar en todo o en parte el cumplimiento de una determinada obligación civil, lo que señala el momento consumativo. Basta con que torne imposible el cumplimiento de una parte de la deuda.

Tales maniobras deben ser efectuadas dentro un límite temporal, esto es, durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria firme referida a un proceso judicial.

El sujeto activo del delito es el deudor principal, fiador o garante de la deuda de otro, o sea, aquella persona a cuyo cargo pesa la obligación civil y en principio, se restringe a las obligaciones de dar.

El elemento subjetivo de la figura requiere dolo directo. Los medios comisivos deben realizarse con el propósito de perjudicar al acreedor. Tal perjuicio se observa cuando la deuda se torne inejecutable a partir de dichos actos, aún cuando no exista fin de lucro.

El hecho de que pueda iniciarse otra ejecución u otra acción o que puedan procurarse otros bienes para embargar, no tiene relevancia, el delito se consuma cuando se frustra la concreta ejecución de la acción ejercida en el caso.

En cuanto a la responsabilidad de los integrantes de una sociedad de responsabilidad limitada la ley de sociedades dispone que los bienes aportables pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer o bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada (art. 39). En concordancia, el art. 45, admite el aporte de los bienes sólo en propiedad.

Una de las características distintivas de este tipo de sociedad, lo constituye la limitación de la responsabilidad de los socios que se restringe a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran (art. 146).

Sin embargo, los socios garantizan ilimitada y solidariamente a los terceros la integración de los aportes (art. 150, texto modificado por ley 22.903). Esta regla opera en el caso de insolvencia o quiebra de la sociedad en favor de los acreedores. Aún así, la responsabilidad quedará siempre dentro del límite del capital social, sin afectar más allá de éste, el patrimonio particular de los socios. La garantía exige se trate de aportes en dinero o no dinerarios.

Así, los sujetos pasivos de esta garantía son los acreedores de la sociedad y funciona, en caso de insolvencia o quiebra de aquélla. Tiene el carácter de una fianza solidaria otorgada por cada uno de los socios, para respaldar la obligación de los restantes, consistente en efectivizar la integración de los aportes en dinero. De este modo, el socio que pagare a terceros acreedores más de lo que le corresponde, podrá repetir el excedente de los consocios incursos en incumplimiento.

Por otra parte, de acuerdo a la amplia libertad que actualmente la ley 22.903 otorga a los socios de una S.R.L., de organizar de distintas maneras la gerencia, la responsabilidad de los administradores dependerá de la forma de organización de aquélla.

En su virtud, la legislación establece que la declaración y ejecución de la voluntad social incumbe a la gerencia, órgano que tiene a su cargo las funciones de gestión y representación de la sociedad. La gestión se refiere al aspecto interno en su relación con los socios y a la organización de la empresa o actividad que constituye el objeto social. La representación, se vincula al aspecto externo, es decir, a las relaciones de la sociedad con terceros. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia; cuando la gerencia sea unipersonal, la responsabilidad pertenece sólo a ésta.

En consecuencia, la responsabilidad de los gerentes pueden sintetizarse en los siguientes enunciados:

- Son responsables solidaria o individualmente según la organización de la administración.

- En el caso de actuación plural en un mismo hecho, el juez puede determinar la responsabilidad de cada uno de ellos atendiendo a su actuación personal.

Si la gerencia es unipersonal, la responsabilidad será individual y responde ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de sus actos u omisiones.

El art. 59 de la ley de sociedades impone a los administradores y representantes del ente social a ajustar su actuación a las normas del contrato social a la ley que la regula y a la legislación nacional. La violación de cualquiera de estas reglas los hace responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad, a los socios y a terceros, conforme la regla del art. 274, aplicable a todo tipo de sociedad.

Entre las obligaciones del administrador se halla la de conservar los bienes del activo de la sociedad, es decir la de mantenerlos en el patrimonio social.

Para que esta responsabilidad opere es esencial que el administrador (socio gerente, art. 157) haya actuado con dolo, abuso de sus facultales o culpa grave, traducida en la voluntad consciente de causar un daño a sabiendas o un descuido injustificado o negligente de sus obligaciones como buen hombre de negocios. Tales presupuestos bastan para hacerlo responsable en forma ilimitada y solidaria, por los daños y perjuicio que aquellos actos irregulares ocasione a terceros.

Surge palmaria la responsabilidad del imputado como socio gerente, por los daños ocasionados al tercero acreedor, en razón de la aludida remoción dolosa de las maquinarias embargadas, en su perjuicio y que conformaban el activo de la sociedad, razón por la cual se encuentra legalmente obligado a responder en forma solidaria e ilimitadamente.