Tribunal: CAMARA NAC. DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL FEDERAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-06-03


Causa 7018/12/1/CA2 -I- "E. S. c/ OMINT DE SERVICIOS SA s/ AMPARO DE SALUD s/ incidente de apelación" Juzgado n° 7 Secretaría n° 14 Buenos Aires, 3 de junio de 2014.

Y VISTO:

Los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada OMINT SA a fs. 48/50 y fs. 69/73 --que fueron fundados en esas mismas ocasiones y las respectivas contestaciones de traslado de fs. 99/101 y 109/111--, contra la resolución de fs. 42/43 y 61; y CONSIDERANDO:

1.- La resolución apelada decretó la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenó a la demandada OMINT SA que brinde a la actora la cobertura de la internación en la institución "Ledor Vador", extendiendo el monto de cobertura hasta los límites del Nomenclador de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad, a cuyos efectos deberá tomarse como parámetro el valor previsto para el módulo "Hogar Permanente Categoría A con Centro de Día", salvo que se acredite que dicho establecimiento revista en otra categoría, con los eventuales incrementos que la normativa futura pudiera disponer, adicionándole el 35% en concepto de dependencia.

2.- La parte actora se agravió porque, sostiene, la cobertura de internación otorgada no es integral, de manera tal que no se respeta la ley 24.901 que protege a las personas con discapacidad. Afirmó que la obra social demandada no tiene prestadores en su cartilla y que la suma reconocida no alcanza a cubrir el monto total del lugar de internación, poniendo en riesgo la salud de la actora.

3.- La demandada Omint SA afirmó en su memorial que no tiene objeción alguna en relación a la medida cautelar. Destacó que ofreció a la afiliada la cobertura ordenada en la cautelar y que la documentación acompañada da cuenta de la necesidad de cobertura de hogar permanente y no de centro de día con hogar permanente.

4.- En primer lugar, cabe destacar que no está discutida en el "sub lite" la condición de discapacitada de la actora -cfr. certificado de discapacidad de fs. 14-, la enfermedad que padece -deterioro cognitivo, cfr. fs. 16- ni su carácter de afiliado a OMINT SA (cfr. fs. 13).

Está en debate, en cambio, si la paciente debe permanecer internada en una institución de tercer nivel, si la obra social demandada debe otorgar cautelarmente la cobertura integral del 100% del costo de la institución en la cual se encuentra internada en la actualidad y la extensión de las prestaciones que debe recibir la paciente, en referencia a la atención "Centro de Día".

5.- Ello sentado, es importante puntualizar que la ley 24.901 instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos (art. 1).

En lo concerniente a las obras sociales, dispone que éstas tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley, que necesiten los afiliados con discapacidad (art. 2).

Entre estas prestaciones se encuentran las de: transporte especial para asistir al establecimiento educacional o de rehabilitación (art. 13); rehabilitación (art. 15); terapéuticas educativas (arts. 16 y 17); y asistenciales, que tienen la finalidad de cubrir requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (art. 18).

Además, la ley 24.901 contempla la prestación de servicios específicos, enumerados al sólo efecto enunciativo en el capítulo V, que integrarán las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad, en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación (art. 19).

También establece prestaciones complementarias (cap. VII) de: cobertura económica (arts. 33 y 34); apoyo para facilitar o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos para acceder a la rehabilitación, educación, capacitación o inserción social, inherente a las necesidades de las personas con discapacidad (art. 35); atención psiquiátrica y tratamientos psicofarmacológicos (art. 37); cobertura total por los medicamentos indicados en el art. 38; estudios de diagnóstico y de control que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden los entes obligados por esta ley (art. 39, inc. b).

La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad (ver arg. arts. 11, 15, 23 y 33).

Por lo demás, la ley 23.661 dispone que los agentes del seguro de salud deberán incluir, obligatoriamente, entre sus prestaciones las que requieran la rehabilitación de las personas discapacitadas, debiendo asegurar la cobertura de medicamentos que estas prestaciones exijan (art. 28; cfr. esta Sala, causa 7841 del 7/2/01).

6.- En tales condiciones, debe tenerse en cuenta que el juzgamiento de la pretensión cautelar sólo es posible mediante una limitada aproximación a la cuestión de fondo sin que implique avanzar sobre la decisión final de la controversia. En ese contexto, cabe concluir que la concesión de la medida precautoria solicitada no ocasiona un grave perjuicio a la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida del paciente discapacitado que padece una grave enfermedad.

En ese mismo sentido, en el estado preliminar en el cual se encuentran las actuaciones, en el cual todavía no se produjeron la totalidad de las pruebas, debe confirmarse la resolución apelada en lo principal que decide, pero ampliando la misma de manera tal que la paciente discapacitada reciba la cobertura integral del 100% del costo de la internación en el instituto "Ledor Vador", que es preliminarmente lo dispuesto por la ley 24.901. Asimismo, el médico tratante enfatizó que la paciente debe permanecer internada, de manera tal que debe estarse a lo indicado por el profesional a cargo del tratamiento, porque esa es la manera de reconocer los derechos que asisten a la paciente.

Por lo menos, hasta tanto se produzcan las pruebas y existan nuevos elementos para mejor decidir, dado que se trata de una institución que no integra la cartilla de prestadores de la obra social demandada. Asimismo, tampoco surge del certificado médico acompañado que las prestaciones deban contemplar "Centro de Día", de manera tal que, hasta tanto el médico aclare específicamente dicha cuestión en la etapa respectiva, deberá otorgarse la cobertura de la manera en la cual la recibe en la actualidad, que es lo que surge de la indicación médica de fs. 37.

Luego de producidas las pruebas se podrá mejor decidir sobre el tipo y lugar de rehabilitación de la paciente, con la debida supervisión del médico tratante y la parte demandada, así como la extensión de la cobertura a cargo de la demandada.

6.- Por lo demás, la concesión de la medida cautelar, con la amplitud solicitada en los agravios, es la solución que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección cautelar se pretende -que compromete la salud e integridad física de las personas (Corte Suprema de la Nación, Fallos: 302:1284)-, reconocido por los pactos internacionales (art. 25, inc. 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional; cfr. esta Sala, causas 22.354/95 del 2/6/95, 53.078/95 del 18/4/96, 1251/97 del 18/12/97, 436/99 del 8/6/99, 7208/98 del 4/11/99, 53/01 del 15/2/01 y 2038/03 del 10/7/03, entre otras; en igual sentido, C.S. Mendoza, Sala I, del 1/3/93 y C. Fed. La Plata, Sala 3, del 8/5/200, ED del 5/9/2000).

7.- Por lo demás, no es ocioso recordar que el Alto Tribunal ha sostenido que "...los discapacitados, a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración primordial del interés del incapaz, viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de los jueces llamados al juzgamiento de estos casos" (cfr. Corte Suprema, in re "Lifschitz, Graciela Beatriz y otros c/ Estado Nacional", del 15-6-04; en igual sentido, doctrina de Fallos 322:2701 y 324:122).

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: confirmar la resolución de fs. 42/43 y 61 en lo principal que decide, precisando que la demandada OMINT SA debe otorgar cautelarmente la cobertura integral 100% del costo de la internación en el centro "Ledor Vador", de la manera y en las condiciones en las que recibe las prestaciones en la actualidad. Las costas de Alzada se distribuyen en el orden causado atendiendo a las particularidades que presentó la cuestión debatida (cfr. arts. 68 y 69 del Código Procesal).

Hágase saber a los letrados que en las causas en las que se haya interpuesto recurso de apelación o de queja por apelación denegada a partir del 18.11.13 deberán registrar, validar y constituir por escrito en el expediente su domicilio electrónico, bajo apercibimiento, en su caso, de notificar por ministerio de ley las sucesivas resoluciones y providencias del Tribunal (cfr. Acordadas CSJN n° 31/13 y 38/13 -B.O. del 17.10.13-).

Regístrese, notifíquese --a la Sra. Defensora Oficial en su público despacho-- y posteriormente devuélvase.

María Susana Najurieta Ricardo Víctor Guarinoni Francisco de las Carreras