Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 2013-09-24


En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los dieciseis del mes de septiembre de dos mil trece, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Alicia de los Angeles Mercau, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "AGUILAR, HUGO ALBERTO S/AMENAZAS AGRAVADAS POR EL USO DE ARMAS" Expte. Nº A-757/12/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 180/183 vta. resolvió hacer lugar a la omisión de debate ofrecida por la Fiscalía de Cámara, la que fuera aceptada por la defensa de AGUILAR, sin realizar la audiencia que marca la ley (art. 517 del CPP) previo a resolver, en dicha resolución se lo condena al imputado a un año de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de amenazas agravadas (artículo 149 bis primer párrafo del CP).

Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Hugo Alberto Aguilar, quien se encuentra asistido por su Defensora Particular Dra. Iris Jovita Vivar, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y, RESULTANDO:

I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 180/183 vta., interpuso recurso de casación la Defensora particular del imputado, fundándolo en los artículos 440 y 442 del Código Procesal Penal de la Provincia, manifestando que la impugnación deducida tiene como sustento la violación de derechos y garantías específicamente tutelados en la Constitución Nacional y en la Constitución Provincial, legalidad, debido proceso, estado de inocencia, derecho de defensa en juicio, garantía de ser juzgado por un tribunal imparcial, tiempo razonable de juzgamiento, principio de reserva, principio acusatorio, principio innominado de seguridad jurídica -art. 18 y 19, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, etc., art. 8.2 Convención Americana de Derechos Humanos.- A fs. 196/197 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 209.- El día 05 de julio de 2013 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 211/212).- Que, por auto de presidencia que luce a fs. 215, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 217/218, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.- II.-) En la audiencia de debate la Defensora particular ratificó el recurso de casación presentado a fs. 192/194 vta. agregando que "...este proceso lleva más de cuatro años y medio y es un proceso que no puede llevar tanto tiempo; la denuncia la hace un hermano de Pallero.

La única testigo del hecho es la hija de Pallero, y hay contradicciones importantes con la víctima relacionadas con la utilización de un arma blanca.

Que la causa anterior ya han pasado diez años... que en la cámara solicitó el sobreseimiento atento a la carencia de prueba y por ser familiares... que al ser rechazado el sobreseimiento solicitó la suspensión del juicio a prueba y esta fue denegada y fueron a la omisión de debate donde nunca fue escuchado su defendido a pesar de las audiencias solicitadas...que en la omisión solicitó una pena menor y que sea ejecutada por trabajos comunitarios atento a los antecedentes deportivos y sociales que tiene.

Si se impone una pena efectiva se le provocará un gran daño máxime si se tiene en cuenta el tiempo que ha pasado, por lo que solicita la absolución y se lo condene por amenazas y se le imponga el mínimo y la pena se la sustituya por trabajos comunitarios...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...la Dra. Vivar acepta la omisión de debate, recorriendo el expediente se observa que no se llevó a cabo la audiencia prevista para concretar la omisión de debate.

En esa audiencia el tribunal toma conocimiento de las propuestas de las partes y del imputado y al no realizarse la misma propone la nulidad de todo lo actuado...".- Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar:

PRIMERA CUESTIÓN:

¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 192/194 vta. por la defensa del imputado HUGO ALBERTO AGUILAR? SEGUNDA CUESTIÓN:

¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN:

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? .- Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y, CONSIDERANDO:

I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 192/194 por la defensa de Hugo Alberto Aguilar?.

A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.- II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? En este entendimiento, y abocados ya en el estudio de los agravios presentados por la parte recurrente, corresponde analizar si en la sentencia impugnada, se constatan defectos procesales que nulifiquen la decisión.- En este sentido, corresponde tener en cuenta lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en la audiencia por ante este Tribunal, en donde peticiona por la nulidad de todo lo actuado, en razón de no haberse llevado a cabo la audiencia prevista por el Art. 517 del Código Procesal Penal, el cual prevé que el imputado y su defensor deben ratificar en forma personal su propuesta ante el Tribunal de Juicio.- Como bien lo sostiene la Fiscalía, en la mencionada audiencia, se concreta entre otros aspectos, el derecho del imputado a ser oído, aspecto fundamental del derecho de defensa.- En este orden de ideas, es oportuno destacar lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dice que el imputado en juicio criminal tiene derecho a un proceso tramitado legalmente, en el que se guarden las formas sustanciales, de manera que puedan ejercitar sus derechos con las solemnidades establecidas por las leyes de procedimiento (Conf. Fallos: 310:57 y 310:745, entre muchos otros).- El derecho a ser oído por parte de los magistrados, como así también el plazo razonable en que debe resolverse la situación procesal del imputado, se encuentran plenamente reconocidos por los arts. 14.1 del P.I.D.C.P. y 8.1 C.A.D.H., con jerarquía constitucional en función del art. 75 inc. 22 de la C.N.; integrando la garantía del debido proceso.- Es dable destacar que el ofrecimiento de omisión de debate por parte del Sr. Fiscal ante las Cámaras fue el 30 de noviembre de 2009; la defensa de Aguilar solicitó el sobreseimiento del encartado el 10 de junio de 2010, resolviendo la Excma. Cámara el rechazo del mismo el 7 de octubre de 2010, notificando a la defensa un mes después, es decir, el 9 de noviembre de 2010.- Citan a la parte para que acepte o no el ofrecimiento de la omisión de debate el 13 de abril de 2011, aceptando la misma el 20 de abril de 2011. Con fecha 5 de septiembre de 2011 pasa a despacho para resolver (cinco meses después), reservando los presentes actuados el 13 de septiembre del mismo año por problemas de agenda hasta el 29 de agosto de 2012, cuando finalmente, resuelven (fs.180/183 vta.).- De más está decir que no se cumplió con el plazo razonable, toda vez que transcurrió un año y cuatro meses desde la aceptación de la omisión de debate hasta la resolución del tribunal.- Arribamos al punto en que es dable afirmar que debe ser incluido dentro de la garantía del debido proceso el recaudo a la resolución de la situación del imputado en tiempo razonable, extremo que revela también que todo juicio ha de tener una duración compatible con el propósito de administrar justicia, ello a fin de asegurar una efectiva tutela judicial y de acuerdo con la naturaleza de la pretensión que se ventila en el proceso, para el caso, el enjuiciamiento penal que impone el ejercicio más injerente del poder de coacción estatal, razón por la cual deben ser extremados los resguardos en tal sentido. El acusado tiene derecho constitucional a que su proceso avance.- Ahora bien, sin perjuicio de lo manifestado sobre el plazo del proceso, corresponde tener presente, las objeciones defensivas, referentes a la omisión de debate, en donde si bien acepta el procedimiento, propone a diferencia de lo solicitado por la Fiscalía -fs. 131-, que en caso de recaer condena la misma sea de cumplimiento en suspenso e incluso propone sustitución por tareas comunitarias.- Los motivos expuestos, resultaban razonables, lo cual ameritaban ser escuchados en audiencia, y de esta forma garantizar el derecho al contradictorio y de inmediación.

Precisamente al cuestionarse la sanción a imponer, devenía necesario por parte del Tribunal de Juicio, escuchar al imputado y tomar conocimiento "de visu" del mismo, circunstancia ésta que no aconteció en todo el proceso.

En este sentido el art. 41 "in fine" del Código Penal, establece expresamente que "...el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto...", por lo tanto instaura una audiencia entre el magistrado y el imputado, el cual garantiza un mínimo contacto inmediato del procesado con los jueces que han de fallar.

Sostiene, Patricia Ziffer "...la disposición contenida en el último párrafo del art. 41 tiene carácter fundamentalmente procesal. Su principal objetivo, en su origen, fue sentar una regla que asegurara un mínimo de inmediación en los casos de procedimiento escrito, con el fin de garantizar que, cuanto menos, no se delegara la función de determinar la pena... A partir de allí es posible identificar en este precepto el germen de una etapa procesal cuyo objetivo específico es individualizar la sanción... Se ha considerado unánimemente, con la salvedad de algún pronunciamiento jurisprudencial, que la omisión de este requisito significa una fundamentación arbitraria de la pena impuesta.

Su incumplimiento apareja la nulidad de la sentencia..." (Código Penal, y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", dirección: David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Artículos 40/41 a cargo de Patricia Ziffer pág. 81).

En igual sentido, Zaffaroni al analizar el último párrafo del art. 41 dice "...este requisito cumple también una función procesal importantísima, que es la que le permite al procesado tener la última palabra ante el tribunal y en contacto inmediato con el juez.

Equivale a la última pregunta que en el plenario oral se formula al procesado, para que responda si tiene algo más que agregar... esta disposición salva el principio de igualdad ante la ley, que quedaría notoriamente lesionado si quienes están sometidos a plenario escrito no gozan de la misma garantía que los procesados sujetos a plenario oral, al menos en cuanto al derecho de ser escuchados en forma directa por el Tribunal y en cuanto a la jurisdiccionalidad e inmediatez de los datos recogidos para los efectos del correctivo penal... La garantía del último párrafo del inc. 2º del art. 41, puede afirmarse, pues, que cumple una doble función, garantizando un mínimo elemental de inmediatez, cualquiera sea la legislación y el sistema procesal, y la jurisdiccionalidad real de la determinación penal..." (Zaffaroni, "Tratado de Derecho Penal", Parte General V; Edit. Ediar 1983, pág. 334).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia, ha establecido "...Que se trata de una regla claramente destinada a garantizar el derecho del condenado a ser oído antes de que se lo condene, así como a asegurar que una decisión de esa trascendencia no sea tomada por los tribunales sin un mínimo de inmediación.

Desde el punto de vista de la ley penal de fondo, una pena dictada sin escuchar lo que tiene que decir al respecto el condenado no puede considerarse bien determinada..." (CS. cons. 19, Fallos: 328:4343, "Maldonado").

En consecuencia, en virtud de los fundamentos expuestos, es decir, no haberse sustanciado la audiencia prevista en el art. 41 del C.P. y art. 517 del C.P.P., corresponde declarar la nulidad del fallo condenatorio dictado de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 180/183 vta..

III.-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.

De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 192/194 vta. por la defensa técnica, en favor de HUGO ALBERTO AGUILAR, anulándose la resolución dictada a fs. 180/183 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose realizar la audiencia establecida por el artículo 517 del Código Procesal Penal, por nuevos jueces desansiculados a tales efectos.

Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 133 vta.

Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE:

1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 192/194 vta. por la Sra. Defensora particular del imputado HUGO ALBERTO AGUILAR ANULANDO la decisión atacada por lo considerado ut supra, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de resolver según lo dispuesto.

2º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.

FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia;;Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.