Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2012-09-10


Expte. N° 5806 caratulado "c/ PASTRAN Posse Luis Dante, Ocampo Ariel Ricardo, Córdoba Sergio Andres, Illanes Gastón Alejandro e Illanes Ricardo Gustavo por robo simple y homicidio simple en perjuicio de Nelson Silva - Casación" En la Ciudad de San Juan, a diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil doce, se reúnen en sesión secreta los Miembros de la Sala Segunda de la Corte de Justicia, según ha sido integrada para entender en la presente causa, doctores Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero, a fin de redac-tar la sentencia, conforme lo disponen los arts. 475 y 476 primera parte, en lo pertinente, por remisión del artículo 585 del Código Procesal Penal. No habiendo hecho uso la recurrente de la facultad contemplada por el artículo 583 del C.P.P., el Tribunal - ante la in-existencia de cuestiones incidentales - se planteó como única cuestión a resolver la siguiente: ¿Es procedente el recurso de casación deducido en autos? En su caso: ¿Qué resolución corresponde dictar? EL SEÑOR MINISTRO DR. JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, DIJO:

Contra la sentencia definitiva dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal se alza en casación el Sr. Fiscal de Cámara Nº 1 Dr. José Eduardo Mallea, en razón de causarle agravio el decisorio.

El fallo atacado, cuya parte dispositiva obra a fs. 752/753 y sus fundamentos se agregan a fs. 758/775 vta.), dispuso anular parcialmente el requerimiento de elevación a juicio de fecha 3/3/2.011 (fs. 635/648 vta.) en lo concerniente a la imputación por "robo" (art. 164 C.P.), en perjuicio de Marcos Javier Silva, que le fuera endilgada a Luis Daniel Pastrán Posse, y de todos los actos consecutivos, en razón que fue sobreseído por re-solución de fecha 10/2/2.011 (fs. 630 y vta.). Asimismo condenó al nombrado Pastrán Posse, a la pena de cuatro años de prisión, por el delito "homicidio en riña" (art. 95 C.P.), en perjuicio de Nelson Javier Silva; y a los encartados Ricardo Gustavo Illanes, Gastón Alejandro Illanes, Sergio Andrés Córdoba y Ariel Ricardo Ocampo, se les impuso la pena de tres años y seis meses de pri-sión, por el mismo delito.

Frente a ello, en la impugnación articulada (fs. 781/796 vta.) se esgrime la existencia de una errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de las normas establecidas por el código procesal bajo pena de nulidad.

Concretamente los agravios (que llevan a tildar la resolución de arbitraria) se basan en los siguientes puntos:

1) La calificación del hecho atribuido a los encar-tados no se correspondería a la figura del artículo 95 del C.P., por cuanto -a su entender- no existió el ele-mento (típico) de la "agresión mutua" que caracteriza a dicha conducta delictual. En este sentido se sostiene que de parte de la víctima y de su hijo (Marcos Javier Silva) no hubo violencia física alguna; de manera que la conducta reprochada caería bajo las previsiones del homicidio simple (art. 79).

2) En relación a la sanción impuesta, se habría in-observado lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del C.P., al formularse una incorrecta valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes. En relación a la conducta de Pastrán Posse por considerar agravante la modalidad comisiva del delito en contraposición y con-tradicción a la tesis del sentenciante de la indetermi-nación de roles en el suceso. Y la consideración de "primario" de Ricardo Gustavo Illanes, cuando ello no se condice que con las constancias probatorias.

3) El fallo carecería de la debida fundamentación y resultaría contradictorio por sus propias argumentacio-nes, al reconocerse una plataforma fáctica que no se condice en absoluto con la calificación legal asignada. Destaca aquí lo referido a la cantidad de "disparos" efectuados, y la "existencia" en el hecho e "identidad" del arma secuestrada.

4) Por último, en cuanto a la anulación del requeri-miento de elevación, se afirma que de modo equivocado no se habría valorado todo el contenido y la esencia de la resolución del Juez de Instrucción (fs. 630 y vta.), que solamente versó sobre el delito "robo calificado" (art. 167 inc. 2º C.P.), impuesto en los actos de ampliación de declaración indagatoria de fs. 598/599 y 615/616; y no del delito de "robo simple".-- En este contexto debo responder que las argumenta-ciones, en que se apoyan las quejas traídas a ésta ins-tancia -casi en su totalidad-, ya fueron esbozadas por el Ministerio Publico al momento de presentar sus con-clusiones y alegatos en el debate; todas las cuales fue-ron debida, prolija y acertadamente contestadas por el tribunal de mérito en su sentencia, sin aportarse ahora elementos distintos que hagan a una correcta y adecuada facultad recursiva, acorde con la naturaleza extraordi-naria de la casación.

Sin perjuicio de ello -tras analizar detenidamente las presentes actuaciones, pruebas colectadas y la con-dena- soy de opinión que la sentencia dictada correspon-de confirmarla por sus propios fundamentos, en atención a que comparto los mismos ampliamente, me remito y los doy por reproducidos en este voto, en honor a la breve-dad. Reiteradamente se ha dicho que cuando en la casa-ción no se aporta nada nuevo, y la sentencia resulta atinada, validamente se puede echar mano a los fundamen-tos ya respondidos para el rechazo de los agravios (cfr. P.R.E. S.2ª 2012-III-439, entre muchos otros).- Simplemente cabe acotar (por ser la médula de la im-pugnación) que no tiene razón alguna lo dicho por el re-currente acerca del intento de excluir la figura del homicidio en riña e imponer la del homicidio simple, en virtud de una supuesta "falta de reciprocidad de las ac-ciones de ataque y defensa" (cuestión que descarto de plano y me aferro a la postura del Sr. Juez de Cámara Eugenio Roberto Barbera) ya que pareciera desconocerse que la figura contemplada por el artículo 95 del Código Penal, también prevé "la agresión", es decir el acometi-miento de varios contra otro u otros que se limita a de-fenderse pasivamente.

Más aún, la característica distintiva de la figura, y sobre la cual debe focalizarse el asunto (plenamente configurado) es que la riña, como la agresión -también comprendida por el artículo-, sigue la teoría de la "in-certidumbre sobre el autor"; de modo que el elemento ne-gativo de no constancia de autoría funciona como una re-gla de subsidiariedad expresa. Si el autor consta, en-trará en juego exclusivamente el homicidio y, si no consta, la riña. Solamente la individualización del au-tor de los resultados previstos en la ley implica el desplazamiento de la figura hacia el homicidio o las le-siones.

Ya en el caso "Guajardo" esta Corte se expidió sobre ésta cuestión, al decir, "el homicidio en riña es una figura atenuada del homicidio simple . siendo su nota típica la condición negativa de que no conste quienes causaron la muerte" (cfr. P.R.E. S.2ª 2001-I-115).

Téngase en cuenta que no necesariamente los resulta-dos (muerte o lesiones) deben producirse en la riña y en las personas de sus participantes, sino que pueden ser una consecuencia de ella o cometerse con motivo u oca-sión de ella. Por esto, el ofendido que resulta muerto puede no haber intervenido en la riña. No obstante, en todos los casos el resultado debe estar conectado cau-salmente con la riña. Y esto es precisamente lo aconte-cido y probado en el sub exámine, donde no pudo determi-narse certeramente quién fue el autor del golpe o golpes precisos que ocasionaron la muerte de Nelson Javier Sil-va (véase lo dicho por el médico forense y lo consignado a fs. 769 y vta.).-- En relación al agravio de la errónea aplicación de las reglas mensurativas de los artículos 40 y 41 del Có-digo Penal, la queja merece una respuesta negativa; des-de que es sabido que -mientras que el tipo de pena y la escala penal hayan sido respetados- el monto punitivo forma parte de los poderes discrecionales de la juris-dicción y, como tal, su ejercicio y control no resulta materia de casación, salvo el supuesto de arbitrariedad manifiesta (cfr. P.R.E. S. 2ª -III- 2.004 - 434/436).

Lo resuelto sobre este punto de ningún modo eviden-cia una arbitrariedad intolerable que amerite su aborda-je, ya que el agravante tenido en cuenta de ningún modo se contrapone con el tipo delictual atribuido (puesto que la indeterminación del autor no excluye la posibili-dad de agravamiento de la pena por la conducta o modali-dad asumida en el evento y que demuestra una mayor peli-grosidad) y la no consideración de una condena de poco monto tampoco tiñe de injusto el ejercicio de lo que es una facultad discrecional, que depende por sobre todo de un cúmulo de factores y apreciaciones que escapan a vis-ta de los jueces de la casación.- Respecto a la tacha de arbitrariedad -por falta de fundamentación y contradicción- solo cabe decir que con-forme lo precisado en cuanto a la figura penal en cues-tión, y girando todos los reproches respecto a cuestio-nes fácticas y probatorias (a mi juicio debidamente acreditadas) que de ningún modo podrían hacer modificar en esencia la calificación endilgada, me exime de mayo-res comentarios.

Es que estando probada la agresión a Silva, la iden-tidad de quienes ejercieron violencia sobre su persona, la muerte de aquel, y la indeterminación de quién fue el autor, se encuentran reunidas las condiciones del artí-culo 95; y fuera de ello cualquier divagación (sobre el disparo, el arma, etc.) no merece ser oída.

Finalmente en torno a la anulación decretada del re-querimiento de elevación de la causa a juicio por el de-lito de "robo", tal decisión -pese a la descuidada ac-tuación procesal de la instrucción (por cuanto se sobre-seyó equivocadamente en base a una calificación legal y no a la plataforma fáctica)- debe ser confirmada por los fundamentos dados por el A quo, y en razón de hacer pri-mar las garantías supremas del debido proceso y el dere-cho de defensa, los efectos y valor de la cosa juzgada en el proceso, el principio de identidad objetiva, y la imposibilidad del doble juzgamiento.

Así entonces propugno el total rechazo de los agra-vios y la plena confirmación de la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal y Correccional.

Tal es mi voto.- LOS SEÑORES MINISTROS DRES. JOSE ABEL SORIA VEGA Y ADOLFO CABALLERO, DIJERON:

Por sus fundamentos, nos adherimos al voto emitido precedentemente.

En mérito al resultado de la votación que antecede, el Tribunal RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de casación interpuesto.

II) Protocolícese, notifíquese y oportunamente bajen los autos. Fdo. Dres. Juan Carlos Caballero Vidal, José Abel Soria Vega y Adolfo Caballero. Ante mí: Dr. Héctor Fabián Melo - Secretario Letrado de la Corte de Justi-cia.

Cp-5806 S.E.

P.R.E. S.2ª 2012-IV-676.