Acto administrativo de alcance particular, eficacia del acto administrativo, notificación del acto administrativo, falta de notificación, subsanación del vicio, acto administrativo firme, verdad jurídica objetiva, prueba
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Barbero Omar  Ecliz Zenón c/ Provincia de Córdoba s/ - Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2000-10-13

1- La eficacia de los actos administrativos de alcance particular queda supeditada a su notificación. En esta tesitura, el acto administrativo para ser eficaz necesita ser comunicado al administrado y esa comunicación debe ser idónea. Pero no obstante lo señalado, puede resultar también de algún comportamiento del administrado del que surja "indubitablemente" que haya tomado conocimiento de la resolución, acto, o decisión respectiva, la cual puede resultar de alguna manifestación que el administrado hiciere en el mismo expediente.- 2- La Ley de Procedimiento Administrativo Número 6658 establece como principio general, en su artículo 59, la sanción de nulidad para las notificaciones efectuadas sin llenar las formalidades prescriptas, consagrando como excepción que "...la omisión o la nulidad de la notificación quedará subsanada desde que la persona que debió ser notificada se manifestó sabedora del respectivo acto". Consagra así la posibilidad de subsanación, dando relevancia decisiva al conocimiento cierto del acto administrativo que el interesado estima lesivo de sus derechos o intereses legítimos.

3- Al haber quedado el actor anoticiado de los actos impugnados, por sus efectos, sin haberlos cuestionado en tiempo propio, revela un grado de aquiescencia que inhabilita, su revisión tanto en sede administrativa como en la instancia jurisdiccional, atento haber quedado "firme", "consentido" y, por consiguiente, insusceptible de causar estado (art. 1 inc. "a", Ley 7182).

4- El acto que causa estado es un acto administrativo definitivo (art. 77 L.P.A.) contra el cual se han interpuesto en tiempo y forma los recursos administrativos a fin de agotar la vía administrativa, cumplimentando de tal forma con el artículo 178 de la Constitución Provincial.

5- Los actos firmes o consentidos no pueden, como es obvio, ser revisados en sede judicial, ya que un requisito procesal inexcusable es que el acto sea definitivo y que haya causado estado.

6- La noción de "verdad jurídica objetiva" se relaciona con la existencia de circunstancias de hecho presentes en la causa. Cabe señalar que no se trata de cualquier hecho, sino de aquellos que de algún modo u otro resulten relevantes o decisivos para la justa resolución de la controversia, concepto que necesariamente debe ser completado desde la óptica de lo jurídico para su justa comprensión.

Es necesario otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva en la inteligencia que el esclarecimiento de ésta no puede resultar turbado por un excesivo rigor formal en la interpretación de las normas procesales, pues ello podría resultar lesivo de una función jurisdiccional adecuada garantizada por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

7- Corresponde a las partes intervinientes en el proceso el derecho a realizar las diligencias probatorias tendientes a demostrar como se sucedieron los hechos que luego han de cimentar la decisión definitiva. Esta tarea comprende: a) el derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida; b) que la producción de la prueba sea efectuada antes que se adopte la decisión; c) derecho a controlar la producción de la prueba sustanciada por la contraria.

8- La circunstancia que la parte demandada haya incorporado los expedientes administrativos recién en la expresión de agravios que dan fundamento a su recurso de apelación, no obsta su tratamiento, frente a la ausencia de oposición fundada de la parte actora.

9- El análisis de la referida prueba no vulnera el principio del debido proceso ni altera el derecho de defensa de las partes ya que el control del ejercicio de la función administrativa no sólo comprende el mero interés de las partes, sino que trasciende al interés público para el ejercicio de una administración más eficaz y eficiente (arts. 144 inc. 19 y 174 Const. Prov., art. 7 Ley 6658).