Tribunal: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2009-08-21


Mendoza, agosto 21 de 2009.

Antecedentes:

A fs. 4/49 la recurrente por intermedio de su apoderado dedujo recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación contra la sentencia de fs. 734/742 dictada por la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de Paz y Tributario de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos Nº 79.491/31.114, caratulados: "Baracat Carlos Eduardo c. Clínica Francesa S.R.L y OTS P/ D y P." A fs. 54 se admiten formalmente ambos recursos, ordenándose correr traslado a la contraria, el que fue contestado a fs. 60/62,65/68, 69/72 y 81/85 vta.

A fs. 89 vta. obra el dictamen del Sr. Procurador General por el que se aconseja el rechazo de los recursos deducidos.

A fs. 92 vta se llama al acuerdo para sentencia, a fs 93 se deja constancia del orden de estudio en la causa por parte de los Sres. Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º ¿Son procedentes los recursos de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos? 2º En su caso, ¿qué solución corresponde? 3º Costas 1º cuestión. - El doctor Fernando Romano dijo:

Los antecedentes de la causa relatan que el actor promovió demanda para reclamar los daños sufridos a consecuencia de una mala praxis médica. Relató que el día 28/02/02 a raíz de un accidente de tránsito que sufrió en la vía pública fue derivado a la Clínica Francesa, donde fue enyesado por una fractura que presentaba en su pierna derecha y se le indicó que regresara al día siguiente, cuando lo hizo, no fue atendido porque el personal médico se encontraba en quirófano. En dicha oportunidad se lo cita para el día lunes siguiente. El día domingo, a raíz que el yeso presentaba manchas de sangre fue trasladado nuevamente a la clínica, donde se le extrae el yeso y se advierte que tenía una ampolla de sangre infectada que había drenado, se le hace limpieza, se le inmoviliza la pierna, se le recetan antibióticos por boca y se le indican estudios preparatorios, indicándole que volviera al día siguiente, no lo hace sino que concurre a otro médico. Este profesional, solicita su internación en la Clínica Santa Rosa donde le efectúa una limpieza de la escara y le receta antibióticos por la vía parenteral; al día siguiente le hace una limpieza profunda mediante una intervención quirúrgica, debiendo permanecer varios días internado. Afirmó que en la pierna quedaron marcas que la ulcera por presión le dejó y el retraso de la cirugía de la fractura le produjo que la misma sellara mal. Reclamó como monto indemnizatorio la suma total de $ 60.258,46 discriminados en daño emergente, daño moral e incapacidad sobreviniente.

La demanda se entabló contra Clínica Francesa S.R.L., la O.S.E.P. y se citó en garantía a Sancor Seguros.

Los demandados al contestar demanda, afirmaron que la atención médica recibida por el actor fue la adecuada, y que las lesiones y secuelas fueron producidas por el accidente y no por la mala aplicación del yeso.

En primera instancia se tuvo por acreditada la mala praxis y se hizo lugar parcialmente a la demanda. La sentencia fue apelada por los demandados y el Tribunal de Apelaciones admitió parcialmente a los recursos.

Luego de analizar las circunstancias fácticas y analizar los agravios vertidos por los apelantes, conforme la doctrina citada y los informes periciales producidos sostuvo que no habían dudas de que el accionante ingresó a la clínica demandada con una fractura en su pierna derecha, que tal fractura revestía el carácter de mayor gravedad (grado V) y que su pronóstico era malo conforme la pericial traumatológica rendida en la causa.

Agregó que el Dr. Stern que atendió al actor en la Clínica Francesa, afirmó que presentaba una fractura por un mecanismo de alta energía, compleja y de tratamiento quirúrgico, se trataba de un paciente con antecedentes de diabetes y obesidad lo cual complicaba el cuadro, presentaba la zona del traumatismo con la piel contundida por absorber directamente la energía del impacto y como consecuencia de ello podían presentarse luego flictenas.

El Dr. Leiva, quien atendió al paciente en la Clínica Santa Rosa, declaró que el origen del flemón podía deberse a la poca defensa del miembro afectado por el accidente y por las mismas lesiones sufridas durante el accidente. El perito reumatólogo señaló que la dificultad para deambular referida por el actor, estaba más relacionada con su obesidad que a su gnoartrosis; que en casos de fractura de platillos tibiales, lo que induce el desarrollo de la artrosis de rodilla es la lesión del cartílago articular que ocurre como consecuencia de la lesión misma del platillo tibial y no es el hecho que la fractura esté bien o mal consolidada.

Sostuvo que de todos estos elementos surgía que hubo una causalidad natural que traía el paciente y sobre la que el médico tuvo que interactuar, y que las características de esa grave lesión podían causar la ampolla de sangre o flictena que impidió poder intervenir quirúrgicamente al Sr. Baracat lo que fue un factor generador, al menos en parte de los daños cuyo resarcimiento se reclama en autos. De ello se desprende que la prestación médica recibida no fue la única causa adecuada de los daños cuyo resarcimiento se reclama.

Con respecto a la existencia de la culpa médica, la sentencia comparte las conclusiones a las que arribó el a-quo por las que consideró que si la fractura era grave y exigía una rápida solución quirúrgica, si tenía la piel contundida que podía posteriormente generar flictenas que complicarían la cirugía, se imponía una mayor celeridad de los actos preparatorios con internación del paciente y suministro de antibióticos vía parenteral. Por tales razones concluyó en la existencia de mala praxis o culpa médica que si bien no fue la única causa de los daños, coadyuvó a su producción. Respecto a la incidencia en la producción de los daños, teniendo en cuenta que el perito traumatólogo estimó un 24% de incapacidad sobreviniente, afirmó que correspondía otorgarle mayor causalidad al accidente, la que estimó en un 70%, dejando el 30% de causalidad a la prestación médica brindada al actor en la Clínica demandada.

Con respecto a las costas consideró que debían imponerse a la actora y a la demandada por lo que la demanda prosperó y por lo que no prosperó, respectivamente.

Contra la sentencia, la recurrente interpuso recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación.

I.- Recurso de Inconstitucionalidad.

Lo funda en lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del art. 150 del CPC.

Afirman que el fallo resulta arbitrario por estar fundado en la voluntad de los jueces, e incurrir en autocontradicción en sus fundamentos. Sostiene que utiliza un argumento para aceptar la apelación y otro para rechazarla, incurriendo en incoherencia al evaluar cada uno. El fallo analizó la relación de causalidad asignándole importancia fundamental a la fractura grave sufrida por el actor con la que ingresó a la clínica y efectuó el mismo análisis de causalidad pero cambió el eje de la argumentación para rechazar las apelaciones, dándole importancia determinante para asignar culpa médica a la falta de empleo de los medios adecuados y oportunos (rápida solución quirúrgica, antibióticos por vía parenteral, ventanas de yeso). No se advierte por qué esos hechos no son tenidos en cuenta para merituar la relevancia de la fractura como hechos que malograron su consolidación quirúrgica. La misma mala práctica que se censura es la que impidió el tratamiento adecuado a la fractura considerada como grave y determinante del daño final.

Agrega que el 70% de incidencia en el daño que el fallo otorgó a la fractura, no tiene sustento. La gravedad de la lesión que se afirma, no tiene en cuenta las características de la cirugía que debía practicársele al actor y sin que exista constancia en autos de cómo habría quedado el actor de haber sido intervenido quirúrgicamente.

Respecto de los antecedentes de obesidad y diabetes que según el testimonio del médico de fs. 389/391, complicaban el cuadro, el perito traumatólogo afirmó a fs. 521 que la obesidad no fue un factor de alto riesgo y además quedó acreditado que el paciente no era diabético (pericia de fs.505/510).

En cuanto al origen del flemón que en opinión del testigo de fs. 401/403 podía deberse a la poca defensa del miembro y a las lesiones sufridas por el accidente, ello debió ser conocido por los médicos especialistas en traumatología que trataron al actor, lo que constituye un agravante para ellos que debieron obrar con mayor diligencia y prudencia al colocar el yeso y no dejarle ventanas de control de las posibles lesiones cutáneas.

Agrega que la existencia de artrosis no ha sido aceptada por el fallo de primera instancia entre los fundamentos que hacen lugar a la incapacidad, por otra parte no existen constancias probatorias de cuál es la incidencia de tal dolencia en la incapacidad evaluada por el perito. Entiende que el 70% de causación otorgado a la fractura, no surge de ningún dato objetivo del expediente.

II. Recurso de Casación.

Sostiene como su fundamento el supuesto contemplado en el inc. 2 del art. 159 del C.P.C. Sostiene que la sentencia se apartó del criterio establecido por este Tribunal en el caso Chogris, al imponerle las costas por lo que su reclamo no prosperó.

Solución del caso.

I.- Recurso de Inconstitucionalidad.

Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario.

En este sentido adoctrina el Tribunal siguiendo el pensamiento de la C.S.J.N. (LA LEY, 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad.

La arbitrariedad, entonces, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A. 101-447; L.A. 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, C.P.C.; L.A. 91-143; L.A. 94-343; L.A 84-257; LA. 89-357; L.S. 157-398). Como es sabido, la doctrina de la arbitrariedad, receptada desde antiguo por este Cuerpo, respeta ciertos lineamientos fundados en principios liminares para la validez de los fallos, cuya transgresión puede provocar, en determinadas condiciones, la nulidad de los mismos, pero que, por la misma razón, esto es la gravedad que implica la anulación de un acto jurisdiccional regularmente expedido, la verificación del vicio ha de juzgarse severamente a los efectos de no invadir jurisdicción extraña al remedio extraordinario. En este sentido adoctrina el Tribunal siguiendo el pensamiento de la C.S.J.N. (LA LEY, 145-398 y nota), que la tacha de arbitrariedad en el orden local no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere una decisiva carencia de razonabilidad en la fundamentación; si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad. La arbitrariedad, entonces, como vicio propio del recurso de inconstitucionalidad supone la existencia de contradicción entre los fundamentos del fallo y constancias indubitadas de la causa o decisiva carencia de fundamentación (L.A. 101-447; LA. 108-23). En sentido similar se ha dicho que la tacha de arbitrariedad en el orden local reviste carácter excepcional, limitada a los casos de indudable ruptura del orden constitucional en la motivación de los fallos, situaciones de flagrante apartamiento de los hechos probados en la causa, carencia absoluta de fundamentación o argumentos ilógicos, absurdos o autocontradictorios. Resulta improcedente, por tanto, cuando bajo la invocación de tales vicios, se encubre la pretensión de lograr una revisión de la valoración original efectuada por los tribunales de mérito sobre el contexto probatorio de la causa, por cuanto la admisión de la vía en tal caso, conduciría a instaurar una tercera instancia ordinaria extraña a nuestro sistema procesal (Art. 150 y nota, C.P.C.; L.A. 91-143; L.A. 94- 343; LA. 84-257; L.A. 89-357; L.S. 157 398).

De acuerdo con tales pautas coincido con lo sostenido por el Sr. Procurador respecto a que el recurrente no ha logrado acreditar la existencia del grave vicio denunciado.

En la causa ha quedado definitivamente establecida la culpa en el accionar médico por la atención brindada al paciente cuando ingresa a la Clínica Francesa. En efecto, las sentencias de ambas instancias valoraron fundamentalmente en este aspecto que la fractura que el Sr. Baracat presentaba al momento de su ingreso, era de las catalogadas como grave, que indefectiblemente requería tratamiento quirúrgico y que el procedimiento más indicado hubiese sido la internación del paciente, el suministro de antibióticos por vía parenteral y el requerimiento de exámenes prequirúrgico, procedimientos estos que no se cumplieron en la causa. Por ello se consideró que las circunstancias exigían una mayor celeridad en la atención y solución de la dolencia que la que efectivamente brindaron los profesionales de la Clínica.

Ahora bien, no obstante que en autos la existencia de mala praxis está fuera de controversia, la recurrente se agravia por la incidencia causal que la sentencia recurrida le atribuye a la misma en el porcentual de incapacidad que presenta la accionante del 24,6%, según pericia y como consecuencia del accidente. Conforme con lo expuesto, corresponde entonces, determinar si existe arbitrariedad en el pronunciamiento que atribuyó el 30% de incidencia causal a la mala praxis médica en la incapacidad del actor, y consideró que el 70% restante fue producto de la patología de base que ya presentaba el actor al momento del ingreso en la Clínica.

Para llegarse a esta conclusión, fueron valoradas la pericia médica traumatológica de fs. 511/530 y sus aclaraciones de fs. 551, la testimonial del Dr. Stern (389/391) quien atendió al actor en la Clínica Francesa, la testimonial del Dr. Leiva que lo asistió en la Clínica Santa Rosa y la pericial del reumatólogo de fs. 431/434.

Del análisis de todas estas pruebas claramente surge que el actor ingreso a la clínica demandada con una fractura grave la que es calificada médicamente como de grado V, que ese tipo de lesión puede causar ampolla de sangre o flictena. Surge además que el actor ya había sufrido una lesión en la misma rodilla por la que había sido intervenido quirúrgicamente en el año 2000, según constancias de fs. 166, y lo expuesto por el perito médico traumatólogo quien respecto de esta última dolencia le asignó el 18% de incapacidad. Conforme los médicos que atendieron al paciente tanto en la Clínica demandada como en la Clínica Santa Rosa afirman que las mismas lesiones causadas en el accidente pueden causar flictenas (testimoniales de fs 389/391 y 401/403). Además el perito reumatólogo a fs. 431/434 afirmó que la dificultad para caminar que presenta el accionante, estaba más en relación con su obesidad que a su gnoartrosis y que tal característica del paciente más el tipo de lesión le conferían todas las posibilidades de sufrir una artrosis de rodilla. Aclaró que tal posibilidad evolutiva no dependía del tipo de tratamiento sino del tipo de fractura. La recurrente critica la valoración del sustrato probatorio efectuada por la Alzada pretendiendo un nuevo análisis del mismo lo que resulta improcedente en esta instancia. Tampoco acredita de manera indubitable que la mala praxis haya ocasionado causalmente la totalidad del daño que presenta. Cabe recordar en este aspecto, que la recurrente al demandar afirmó que las secuelas incapacitantes quedaron como consecuencia de la infección que se le produjo, lo que motivó además que no se le realizara la osteotomía en reparo de las fracturas y que en consecuencia, las mismas soldaran mal, lo que motivará en el futuro dificultades al caminar por la existencia de artrosis de rodilla. Sin embargo, tal afirmación ha quedado desvirtuada con la pericial obrante a fs. 431, en la que el perito afirma que la artrosis está relacionada con la obesidad del paciente y el tipo de lesión sufrida y no con la mala consolidación de la fractura. En tal aspecto corresponde aclarar que si bien, como lo dice la recurrente el perito traumatólogo en su respuesta a la pregunta 10, afirma que la obesidad no es un factor de riesgo, se refiere al tratamiento de la fractura en sí, pero no a la influencia de la misma en la artrosis.

En punto a la reafirmación que hace la sentenciante de lo expuesto por el a-quo, en cuanto a que no se había acreditado que aún cuando el actor hubiera sido intervenido quirúrgicamente antes que se presentaran sus complicaciones de piel, igualmente hubiese tenido secuelas incapacitantes; más allá de la contradicción en la que pudo haber incurrido el fallo en tal aspecto, se advierte que tampoco se acreditó que la intervención quirúrgica oportuna hubiese evitado, toda secuela incapacitante. Precisamente, los antecedentes del paciente indicarían lo contrario desde que, conforme lo expuesto por el perito traumatólogo, en el accidente que el actor sufrió en el año 2000, fue intervenido en forma inmediata en la misma rodilla, y no obstante quedó con un grado de incapacidad del 18%. Teniendo en cuenta conforme quedó acreditado en autos, que la lesión padecida y cuya indemnización se reclama en estas actuaciones fue, considerada como perteneciente a la categoría de las de mayor gravedad, el razonamiento efectuado por el fallo cuestionado por el que le atribuye concausalidad a la misma, no resulta ilógico ni absurdo como para declarar su nulidad.

Se queja la recurrente por los porcentuales de causación establecidos, los que considera no adecuado a las circunstancias que describe, entiendo que a pesar del es-fuerzo realizado, no logra acreditar la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento desde que su fijación se encuentra debidamente fundada en las constancias existentes en la causa, por lo que más allá de compartirse o no, no puede afirmarse que el resultado sea arbitrario.

Por los fundamentos dados, entiendo que corresponde rechazar el recurso de Inconstitucionalidad articulado.

2.- Recurso de Casación:

Igual solución se impone en el tratamiento de este recurso. Se agravia la recurrente por la imposición en costas efectuada en la Alzada. Como se dijo el Tribunal de Alzada impuso las costas por los rechazos cualitativos de las pretensiones ejercidas por las partes, teniendo en cuenta la relación de causalidad existente entre la mala praxis médica y el resultado dañoso a la que consideró de un 30%, es decir que la imposición efectuada a la accionante, no lo ha sido por el rechazo cuantitativo de su pretensión, sino por el rechazo sustancial de la misma. Tal es el criterio sustentado por este Tribunal en reiterados pronunciamientos, de los que no corresponde su apartamiento y en virtud de los cuales se ha sostenido que la determinación del monto en materia de indemnización, conforma una facultad discrecional del Tribunal de sentencia, de modo que no procede dividir la condena a los efectos causídicos ni a otros, en parte que prospera y parte que se rechaza la demanda salvo, claro está, situaciones de evidente irrazonabilidad en la petición ante el rechazo de algún rubro por su cualidad. Por tales razones, en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, cuando el reclamante ha sujetado el monto del resarcimiento a las resultas de las probanzas efectivas, dejando en última instancia la estimación del daño librada a la prudencia y discrecionalidad del juzgador, no resulta aplicable la norma del art. 4 inc. b) ap. b) de la ley 3641, en tanto la prohibición fáctica en ella contenida no se hace presente en tales casos..." (fs. 187, L.S. 189-177). En autos, como ya se dijo la costas se impusieron sobre el porcentaje por el que se rechazó sustancialmente la pretensión (70%), teniendo en cuenta los montos por lo que en definitiva se consideró procedente el reclamo y no los originalmente demandados. Se advierte entonces, que no existe imposición por el rechazo cuantitativo de la pretensión, por lo que no se advierte la existencia de error normativo alguno, que admita la procedencia de la vía intentada.

Por los fundamentos dados entiendo que corresponde, si mi voto es compartido por mis Colegas de Sala, el rechazo de los recursos deducidos.

Así voto.

El doctor Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

2º cuestión. - El doctor Fernando Romano dijo:

Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido planteado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

Así voto.

El doctor Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

3º cuestión. - El doctor Fernando Romano dijo:

Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas de esta instancia a la parte recurrente vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).

Así voto.

El doctor Pérez Hualde, adhiere al voto que antecede.

Y Vistos: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, Resuelve: I. Rechazar los recursos extraordinarios de Inconstitucionalidad y Casación interpuestos a fs. 4/49 de autos. II. Imponer las costas a la parte recurrente vencida. III. Regular los honorarios profesionales devengados en esta instancia, de la siguiente manera: Dr. B. L., en la suma de pesos mil ciento cincuenta y cinco ($ 1.155); Dr. A. J. L. en la suma de pesos trescientos cuarenta y siete ($ 347); Dr. G. K. en la suma de pesos mil ciento cincuenta y cinco ($ 1.155); Dra. G. F. de S. en la suma de pesos quinientos setenta y cinco ($ 575); Dr. E. V. en la suma de pesos quinientos setenta y cinco ($ 575); Dra. A. F. en la suma de pesos ochocientos ocho ($ 808) y Dra. F. G. F. en la suma de pesos doscientos cuarenta y tres ($ 243) (arts. 13, 15 y 31 de la Ley 3641).

La presente resolución no es suscripta por la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III C.P.C.). -Fernando Romano. -Aída Kemelmajer de Carlucci. -Alejandro Pérez Hualde.