marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Concursos, funcionarios y empleados del concurso, síndico del concurso, multa
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: TRANSPORTES  CONTAINER  SERVICE  SA s/ QUIEBRA  S/ INCIDENTE DEAPELACION PROMOVIDO POR EL SINDICO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-06-05

Cabe sancionar con multa al funcionario sindical que desoyó reiteradas intimaciones, previo a contestar la insinuación.

Dicha conducta debe evaluarse en forma global, de modo que permita una visión omnicomprensiva de su actuar y no fragmentada. Es así que no obstante la objetiva configuración de conductas negligentes, debe observarse una regla de gradualidad y proporcionalidad en la imposición de la sanción, proceder en el que el juzgador debe manejarse con máxima prudencia (CNCom.

Sala D, 11.3.04, "Griegues, Beatriz s/ quiebra s/ incidente de elevación a Cámara", del dictamen fiscal, entre otros).

(En el caso, se le impuso un multa por $1000 debido a numerosas sanciones impuestas con anterioridad).
Competencia de paz
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Gesell s/ rúbrica de libros de comercio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-06

De conformidad a lo prescripto por los arts. 25, 29, 30, 53 y cdts.

Cód. Com. los Juzgados de Paz Letrados serían competentes para atender a la matriculación de comerciantes y a la rúbrica de los libros de comercio con el procedimiento de ley. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, fundamentación suficiente, docentes, antigüedad
Materia: CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVO
Carátula: MINEUR FERREIRA, MARIA LAURA c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2015-03-12

Más allá del esfuerzo de la perdidosa -fundamentalmente, tratando de brindar andamiaje a sus críticas a partir de aseverar que la diferenciación de la calificación de los antecedentes según provengan del sector público o privado en los concursos docentes se trata de una "acción positiva" enderezada a borrar las diferencias históricas y privilegiando los antecedentes en el sector público a raíz de las exigencias concursales del ingreso frente a la discrecionalidad propia de la relación laboral privada- lo cierto es que no logra desvirtuar el núcleo del razonamiento del A quo en punto a la ostensible desigualdad en el acceso al cargo derivada en el modo de calificar los antecedentes; resultando por lo demás esclarecedora la referencia del Juez de primera instancia cuando sostuvo que esa diferente valoración de la antigüedad impone de hecho, una valla difícil de sortear, máxime teniendo en consideración que el concurso referido contempla exclusivamente la valoración de los antecedentes y títulos, y de la manera como se ha de establecer el orden de mérito en caso de empate, pero no prevé una instancia de oposición, deviniendo de esta manera la valoración de los antecedentes un punto determinante en el resultado del aspirante (De la disidencia del Dr. Spuler, a la que adhirieron los Dres. Gutiérrez y Falistocco).
Recurso extraordinario, improcedencia del recurso, cuestiones procesales, interpretación de la ley, ley federal, acción de amparo
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Peralta, Guillermo y otros s/ amparo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-08-10

No resulta procedente el recurso extraordinario, si éste atañe al análisis de cuestiones procesales, aún cuando se debata en ellas la interpretación de leyes federales, como la de amparo, ya que su solución se encuentra reservada a los jueces de grado, con exclusión de la vía extraordinaria, salvo que lo decidido cause agravio constitucional o comprometa instituciones básicas de la Nación que el recurso antedicho tienda a salvaguardar.
Contrato de trabajo, cooperativa de trabajo, servicios de vigilancia
Materia: LABORAL
Carátula: ALTINIER, CRISTIAN DANIEL c/ CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA Y OTRO s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-11

En el caso, el actor fue contratado por la cooperativa demandada y fue asignado a la codemandada Coto CICSA para prestar tareas de vigilancia y seguridad, imputando a la primera haber recurrido fraudulentamente a la figura de una cooperativa de trabajo para encubrir una relación laboral. La demandada Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada acreditó que el vínculo que las unía era del tipo asociativo conforme lo dispuesto por la ley 20337. Es dable destacar que la CSJN en la causa "Lago Castro, Andrés Manuel c/Cooperativa Nueva Salvia Limitada y otros" de fecha 24/11/2009 (L.15.XLII), dejó sentada su posición al partir de la premisa de considerar que no todas las cooperativas son constituídas de manera fraudulenta y que, además, cuando las cooperativas se encuentran regularmente constituídas y funcionan conforme la ley 20.337 y las normas del INAES no se configura relación laboral alguna sino tan solo la de asociado, remitiéndose a distintas resoluciones -a saber: Res. 183/92 del INAES, Res. 784/92 del ANSES, decreto 2014/94 y Res. Gral. 4328/97 de la DGI- criterio que resulta aplicable al caso por razones de respeto y embestidura del más Alto Tribunal.
Compensación judicial, reconvención
Materia: PROCESAL
Carátula: MARIA SOLEDAD SOTO c/ TIENDA SANTA MARIA Y/O JOSE CORBACHO s/ LABORAL  EXPTE. N. S-13217-90
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1991-03-20

La reconvención compensativa permite al demandado, en un proceso de conocimiento que tiene a su favor un crédito líquido contra el actor, contrademandarlo para que se lo reconozca y liquide sin necesidad de pasar previamente la deuda. Se opera así la compensación judicial, para la que se requiere ineludiblemente el Planteo Reconvencional.
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), inadmisibilidad del recurso, sentencia suficientemente fundada, abuso sexual calificado por acceso carnal, víctima menor de edad, prueba
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL
Carátula: R., G. M. c/  s/ ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR EL VINCULO Y LA CONVIVENCIA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2017-11-07

Corresponde rechazar la queja interpuesta desde que las postulaciones recursivas se limitan al mero disenso de la presentante con el modo en que fueron valoradas por los Sentenciantes las pruebas aportadas para confirmar la condena, alegando que la víctima nunca habría reconocido el abuso, pero sin lograr acreditar la configuración de los vicios que denuncia, desde que -como señalaron los Jueces de la Cámara- la niña si bien no declaró en sede judicial por recomendación de los médicos, sí brindó su versión de lo ocurrido a su tía y a los diversos profesionales que la asistieron, con lo cual se diluye el principal agravio defensivo vinculado con la ausencia de reconocimiento de los hechos por parte de aquélla.
Confirmación de sentencia, extradición, Convención Interamericana sobre Extradición de Montevideo, graduación de la pena, pena mínima
Materia: PROCESAL - PENAL - INTERNACIONAL PRIVADO
Carátula: Peyrú, Diego Alberto s/ pedido de extradición embajada de la República de Chile.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-02-23

Corresponde confirmar la decisión que denegó la extradición por entender que el tratado aplicable al caso - Convención de Montevideo de 1933 - sólo hacía mención a los "delitos" y excluía , así, a los cuasi "delitos" previstos en el Código Penal del país requiriente - Chile - y que las penas que podrían corresponder al imputado no satisfacían el monto mínimo de penalidad exigido por el tratado.
Amnistía, decretos, decreto reglamentario, ley derogada
Materia: CONSTITUCIONAL-CIVIL
Carátula: Macdona, Federico Roberto c/ Est. Nac. (Mx de Defensa y otro) s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-14

Los decretos 511/86 y 1457/86, por su carácter individual, carecen de aptitud para derogar el art. 1x del decreto 1332/73, reglamentario de la ley de amnistía 20.508.
Denegatoria del recurso, insuficiencia del agravio, medidas cautelares, queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad
Materia: PROCESAL
Carátula: GCBA s/ QUEJA POR RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENEGADO en SYL Y OTROS c/ GCBA s/ INCIDENTE DE APELACIÓN - AMPARO - EDUCACIÓN-VACANTE
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-05-10

Corresponde rechazar la queja porque la demandada no logra acreditar que en autos haya quedado configurado un caso constitucional que a este Tribunal corresponda ahora resolver. En efecto, los planteos esgrimidos por el recurrente trasuntan su discrepancia con la resolución de la Sala I en cuanto declaró desierto su recurso de apelación por considerar que la mencionada pieza recursiva no contenía una crítica concreta y razonada de la resolución dictada en el marco de la ejecución de una medida cautelar que se encuentra firme, mas no logran demostrar que el tribunal a quo haya incurrido en arbitrariedad o en un injustificado rigor formal incompatible con su derecho de defensa. (Del voto de la juez Inés M. Weinberg).
Cuestiones de competencia, competencia federal, daños y perjuicios, servicio telefónico, proveedor de Internet, incumplimiento del contrato, lugar de cumplimiento del contrato
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: Gorenstein, Marcelo Ricardo c/ Telecentro S.A. s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-06-06

En la acción de daños y perjuicios promovida contra una empresa de servicios de telefonía, cable e internet por los incumplimientos contractuales en los que incurrió en el acceso al servicio básico telefónico resulta competente la justicia federal del lugar de cumplimiento del contrato, pues en relación con la competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el inc. 3 del art. 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y ante la ausencia de una regla específica que resulte aplicable al caso, será juez competente cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación.
Temeridad o malicia, multa civil, interpretación restrictiva
Materia: CIVIL
Carátula: Frank Langer, Alejandro Fabio c/ Ledesma, Mirta Susana y Otro s/ Prepara Vía Ejecutiva
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-20

La aplicación de las sanciones del art. 45 CPCC no debe basarse en un criterio puramente objetivo. No basta la sola circunstancia de que una pretensión no sea acogida, de que una defensa sea desestimada, de que un incidente sea declarado improcedente o, en general, de que una petición cualquiera sea resuelta en forma desfavorable para que automáticamente se impongan sanciones.
Conflicto de intereses, competencia laboral, competencia civil, accidentes de trabajo, personal policial, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, daños y perjuicios, asegurador por riesgos del trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Orellani, Marianela Rita c/ Galeno ART SA s/ accidente - ley especial s/ conflicto de competencia I
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-03-04

Corresponde asignar competencia al Juzgado Nacional del Trabajo para entender en un reclamo dirigido contra la Aseguradora de Riesgos del Trabajo en procura del resarcimiento integral de los daños y perjuicios que el actor alega haber sufrido con motivo de un accidente sufrido cuando se dirigía a su trabajo como Oficial de la -entonces- Policía Metropolitana. Si bien la demanda menciona normas del derecho civil, la parte actora apoya la responsabilidad de la demandada en la circunstancia de que el accidente fue in itinere, y en estos términos, la petición no constituye el ejercicio de una acción prevista en el derecho civil sino que se pretende el ejercicio de una acción prevista por la ley laboral, la ley de riesgos n° 24557. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Defensa del consumidor, infracciones relacionadas con los derechos del consumidor, sanciones administrativas, graduación de la pena
Materia: COMERCIAL
Carátula: VOLKSWAGEN COMPAÑÍA FINANCIERA S.A c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRAMITE DIRECTO ANTE LA CAMARA DE APELACIONES"
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-09-12

La finalidad que persiguen las sanciones en materia de "Defensa del Consumidor", es restituir el equilibrio que se quebró en la relación contractual, en atención a la disparidad de situaciones en la que se encuentran uno y otro de los sujetos de la relación de consumo. Esa finalidad de la actividad sancionatoria de la administración, que nace -en la materia- a partir de la repercusiones de la denomina "sociedad de consumo" (caracterizada -en lo que nos interesa- por la masificación y abstracción de las relaciones contractuales), busca un doble objeto, una situación de prevención general y otra de prevención especial.

La prevención general procura tutelar esa incidencia colectiva que tipifican a las relaciones de consumo. Vale decir, prevenir que la falta que se cometió en forma específica, con relación al usuario o consumidor, no tenga un efecto multiplicador respecto a otros. Esto es, que el obrar antijurídico no se reitere con relación a otros usuarios y, a su vez, que otras empresas no incurran en una conducta igual o similar a la sancionada.

No en vano, el artículo 49 de la Ley 24240 emplea como uno de sus parámetros para graduar la sanción "los perjuicios derivados de la infracción". Asimismo, la sanción también tiene una finalidad de prevención especial o concreta.

Esto es, que en lo sucesivo no se reitere la falta cometida (u otras) en punto al consumidor o usuario contratante, de manera de encauzar la relación jurídica dentro de los estándares de derechos y garantías mínimos que persiguen las normas que tutelan a la dispar situación en la que se hallan los consumidores y usuarios.
Recurso de inconstitucionalidad, cuestión no constitucional, prueba, suficiencia, derivación razonada del derecho vigente
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Cáceres, Ramón c/ P.A.S.A. s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Accidente de trabajo (Expte. CSJ Nº   67-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

El restringido ámbito en donde reposan las "cuestiones probatorias" dentro del recurso de inconstitucionalidad encuentra su excepción si media prescindencia o deficitaria valoración de los medios de confirmación, es decir: lo resuelto puede sólo en forma aparente satisfacer la exigencia de ser derivación razonada del derecho aplicable con adecuado nexo en los hechos comprobados de la causa.
Tercería de dominio, fianza
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castañe, Jorge c/ Guarise, Cristina s/ Tercería de dominio
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-09-29

Si bien la fianza contemplada en el artº 98 del CPC, tiene en común con la prevista en el artº 199 del mismo Código, su función de garantía por los eventuales daños que pudieran causarse al afectado, difieren en cuanto la primera se refiere a la admisibilidad formal de la tercería, mientras que la segunda funciona como condición de ejecutoriedad de la medida cautelar. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Proceso penal, cuerpo del delito, libre convicción
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: COPELLO, David y otros s/ inf. artículo 286 y 292 C.P. Causa nro. 26.922
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-05-14

La base del procedimiento penal es la comprobación de la existencia del cuerpo del delito en su existencia pretérita, mediante la verificación de todos los elementos objetivos que hacen a la descripción legal, siendo necesario meritar todas las piezas de convicción habidas en la causa que pudieron inducir en el Juez la certidumbre de la comisión o no del hecho reputado delictuoso.
Asociaciones civiles, objeto social, bien común, personería jurídica, denegatoria de la solicitud, facultades de la administración
Materia: CIVIL - ADMINISTRATIVO
Carátula: Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia s/ personas jurídicas.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-11-22

No excede las facultades del Estado de apreciar positivamente la existencia de un beneficio o interés común, el rechazo de la petición de personería jurídica respecto a una asociación que deja sin definir premeditada y voluntariamente toda referencia de orden valorativo en relación al objeto de su especial actividad, postulando así un criterio de supuesta indiferencia en una materia que, por su índole, pudo merecer, con suficiente legitimidad, la no admisión de la autoridad de control.
Retrocesión, caducidad
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pisano Costa, Lilia Angélica c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Expropiación. Incidente de retrocesión
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1991-07-02

Para considerar configurada la caducidad reglada por el art. 45 de la ley 5708 deben transcurrir dos años computados desde la interpelación exigida en el inc. 1º de esta norma.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falta de cita legal
Materia: PENAL
Carátula: Cabrera, Juan José;  Galarza, Rubén Darío s/ Privación ilegal de la libertad y abuso deshonesto
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-12-17

Es insuficiente el agravio por el que se impugnan los elementos mediante los cuales el juzgador completa la prueba compuesta de autoría (a los que se atribuye en la sentencia naturaleza presuncional), si las respectivas quejas no vienen acompañadas de la necesaria cita de las disposiciones legales que el a quo habría violentado al apreciar su mérito (art. 355, C.P.P.).
Deuda pública, pago diferido, inconstitucionalidad, emergencia económica, títulos de deuda pública, cosa juzgada
Materia: ECONOMIA
Carátula: Tonelli, Pablo Gabriel y otro c/ PEN - ley 25.561 - dtos. 1570/01 214/02 s/ amparo sobre ley 25.561.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-09-07

Cabe confirmar la sentencia que rechazó la pretensión de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 56 y 59 de la ley 26.198 -aprobatoria del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2007-, con la finalidad de percibir el crédito que tienen los actores contra el Estado Nacional, pues la ley 26.422 -de aplicación al caso-, mantiene tanto el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública como la suspensión de las sentencias firmes dictadas contra las disposiciones de la ley 25.561, el decreto 471/02 y normas complementarias, recaídas sobre títulos de dicha deuda, correspondiendo en esta instancia del proceso cumplir o ejecutar la sentencia firme dictada en la causa y pasada en autoridad de cosa juzgada, debiendo aplicarse las normas específicas que regulan el procedimiento.

-Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Daños y perjuicios, daño psíquico, responsabilidad extracontractual, uso de documento falso, créditos personales, entidades financieras, responsabilidad del acreedor
Materia: COMERCIAL
Carátula: ALVEZ,  HUGO CESAR c/ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA SA Y OTROS s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-12

Cabe hacer lugar al reclamo indemnizatorio en concepto de daño psicológico incoado contra dos compañías financieras, por haber enviado al domicilio laboral del actor, sendas intimaciones de cobro de créditos que fueron otorgados a un tercero que usurpó la identidad del actor. En ese marco, ha quedado acreditada la existencia de un daño psíquico a tenor del peritaje practicado en autos. De él se desprende que: a) el actor sufre neurosis depresiva con intervalos fugaces de pánico y otras manifestaciones intermitentes fóbicas, b) un daño psíquico estimado del 10%, c) se recomienda un tratamiento durante aproximadamente seis meses y d) el costo del tratamiento fue calculado en $ 15.000. Por este motivo, resulta adecuado otorgar la suma de $ 8.000 en concepto de daño psicológico, suma que debe considerarse comprensiva de los gastos de tratamiento, debiendo afrontarlo las condenadas por partes iguales.
Presunciones, apreciación de la prueba
Materia: PENAL
Carátula: MENDEZ, Guillermo D. - GAUTE, Sergio D. - BARRIOS, Ricardo M. - s/ Atentado y resistencia a la autoridad, robo calificado, privación  ilegal de la libertad y daño
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-05-16

La inmediatez temporal que los dos ilícitos guardan y la escasa distancia que median entre ambos escenarios de los hechos que se le imputan al procesado, conforman indicio de su autoría, dadas las circunstancias del caso, según las cuales éste se movilizaba en automóvil por ruta pavimentada que accedía sin obstáculos desde uno al otro lugar.
Poder Judicial, jueces, tribunal de enjuiciamiento
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Juez de Primera Instancia en lo Penal de Instrucción de Melincué Dr. Carlos Risso s/ Recurso de Inconstitucionalidad. Desafuero de magistrado (Expte. CSJ   Nro. 189-2001)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2001-08-08

La última parte del artículo 3 de la ley 7050 no hace más que afirmar como regla, y en tanto sea posible, la misma integración subjetiva del órgano cuando dice "El tribunal conservará su composición personal hasta el término de la causa pendiente"; pero luego, como excepción, y privilegiando por sobre su composición la continuidad del órgano, prioriza la concreta y continua integración del mismo, con el fin de que no se vea impedido su funcionamiento cuando agrega "pero si es necesario, y en tanto lo fuere, para la prosecución del juicio, serán llamados a integrar el tribunal los respectivos sustitutos". Por lo demás, parece evidente derivar de esta última consigna, que la decidida voluntad del legislador estuvo dirigida a lograr la prosecución del juicio. Tanto es así, que ante la eventualidad de producirse lógicas contingencias en su integración subjetiva, previó expresamente en la última parte del referido artículo, la solución que garantizara la continuidad en el ejercicio de la función, de manera que no se vieran frustrados en su protección los intereses institucionales en juego.