Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2013-06-26


SENT Nº 433	C A S A C I Ó N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiseis (26) de Junio de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada -a través de su representación letrada- en autos: "Carrasco Fernando Mario vs. Navarro Nilda Elena s/ Especiales".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Gandur, Daniel Oscar Posse y Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo:

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada -a través de su representación letrada (fs. 333/342 y vta.)- contra de la sentencia Nº 49 de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común -Sala I-, dictada en fecha 29 de febrero de 2012 (fs. 328/329 y vta.). La presente vía recursiva extraordinaria local fue concedida por sentencia de fecha 28 de agosto de 2012 (fs. 351 y vta.) del referido Tribunal de Alzada.

II.- Entre los antecedentes relevantes del caso a los fines de resolver el presente recurso de casación, cabe señalar que en un análisis conjunto de la demanda y su ampliación de fs. 20/21, se observa que el actor -Ing. Fernando Mario Carrasco- inicia acción de enriquecimiento sin causa o acción "in rem verso" en contra de Nilda Elena Navarro, aduciendo haber proyectado con la demandada y con el ingeniero Carlos Sal la construcción de una obra consistente en seis departamentos para viviendas individuales y un salón para negocio en un inmueble de propiedad de la madre de la demandada, en el cual los dos profesionales se harían cargo de los costos de la construcción en el terreno de la sucesión de Dominga Stachino de Navarro -de la cual la demandada es la única heredera-, y que la demandada, una vez construido un departamento y el salón comercial que resultarían para ella, escrituraría el terreno en condominio con los constructores, todo a cambio del referido departamento y salón de negocio en la planta baja. Sin embargo, afirma que la "imprevisible situación económica" que afectó al país tornó imposible concretar el proyecto original, dado que además "el Ingeniero Sal no cumplió con su compromiso de vender para con ello completar la construcción y tampoco la demandada tramitó la sucesión ni mucho menos concretó el condominio a pesar de que le fuera construido enteramente el Departamento para vivienda que la misma había solicitado". Aclara también, que la demandada se negó a reembolsar el costo de la vivienda que le fuera construida, por lo que sostiene que ello constituye un evidente "enriquecimiento sin causa" de la demandada a su costa. En efecto, sostiene que él enfrentó el costo de los materiales existentes en la obra, analiza el cumplimiento de los recaudos para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin causa o acción "in rem verso", cita el art. 2588 del Código Civil y, en consecuencia, reclama el valor de los materiales aportados por él en la obra y el mayor valor adquirido por el inmueble de la demandada como consecuencia de la obra realizada.

La parte demandada contesta demanda a fs. 108/112, solicita el rechazo de la demanda por falta de acción, interpretando que la misma resulta inadmisible en atención a que la acción de enriquecimiento sin causa o "in rem verso" exige, entre otros recaudos, la ausencia de justa causa y la carencia de toda otra acción a través del cual el hipotético empobrecido pueda remediar el menoscabo que pueda haber sufrido, sostiene que existió un contrato celebrado entre el actor, la demandada y el Ing. Sal para construir una edificación, a partir de allí, afirma que cualquier desplazamiento patrimonial que se pudiera haber producido encuentra su causa en el contrato celebrado entre las partes y que el accionante debió ejercer las acciones derivadas del nexo contractual para hacer valer sus derechos, por lo que interpreta que no se encuentran cumplidos los requisitos para la acción deducida. Sin perjuicio de ello, contesta demanda negando las afirmaciones que sostiene la demanda del actor, en ese sentido, niega que haya existido incumplimiento alguno de su parte a las obligaciones asumidas, niega que se haya comprometido a transferir parte del dominio una vez construido el primer departamento "sino que el compromiso fue contra cumplimiento total de las prestaciones comprometidas por los co-contratantes, o sea la terminación de la totalidad de la construcción", negó que el actor haya efectuado gastos o incorporado construcción dentro del inmueble, aduciendo que a pesar de que el compromiso era que los profesionales -el Ing. Sal y el actor- se harían cargo de los materiales y la mano de obra, afirma que fue el Ing. Sal quien asumió los gastos insumidos por tales conceptos, también negó que las circunstancias económicas del país imposibilitaran la continuidad de la obra y que haya existido complicidad entre el Ing. Sal y su parte.

La sentencia de primera instancia, dictada en fecha 25 de abril de 2008 (fs. 265/266), resuelve hacer lugar a la demanda interpuesta por el actor y, en consecuencia, condenó a la demandada "abonar al actor (hoy sus herederos)" la suma de $ 31.484,41, mas intereses; solución que alcanza a partir de interpretar que el actor acreditó la realización de la obra en cuestión y el mayor valor del inmueble por la obra ejecutada.

Apelada la sentencia de primera instancia por la demandada (fs. 269) y expresados los agravios a fs. 299/306, la Excma. Cámara Civil y Comercial Común -Sala I-, resuelve el recurso de apelación por sentencia de fecha 29 de febrero de 2012 (fs. 328/329 y vta.). El referido pronunciamiento de Cámara, señala que la parte actora encuadra "su reclamo de reintegro de gastos y mano de obra de la edificación, en lo dispuesto en el art. 2.588 CC", analiza que dicha acción requiere la concurrencia de las siguientes exigencias "a) que se haya efectuado una edificación (siembra o plantación); b) en terreno ajeno; c) de buena fe; d) cumplidas las exigencias antes detalladas, quién ejerce el dominio del bien inmueble, tiene derecho para hacer suya la obra (siembra o plantación), previo pago de las indemnizaciones correspondientes al edificante". Sobre esta plataforma, la sentencia de Cámara sostiene que la construcción parcial de la obra por parte del actor, no ha sido negada por la parte demandada y además fue probada mediante la prueba pericial producida; también afirma que la edificación fue realizada en terreno ajeno, concretamente en el inmueble de propiedad de la demandada; interpreta que la edificación fue hecha de buena fe y que la prueba de tal extremo es que la demandada firmó el plano de proyecto de vivienda y consintió la realización de la construcción y, finalmente, analiza que la edificación fue entregada para el uso y goce de la parte demandada, "ergo, ésta última para hacer suya la obra, debe pagar la indemnización pertinente al edificante".

Por su parte, la sentencia de Cámara sostiene que si bien la demandada afirmó que fue el Ing. Sal quien asumió el costo de los materiales y de la mano de obra, no acreditó tal extremo, resultando insuficiente la declaración testimonial de aquél y, por ello, interpretó que "aunque no se haya demostrado la autenticidad de las facturas y remitos contemporáneos a la ejecución de la obra, considera el suscripto relevante la opinión técnica vertida por el perito Filgueiras, cuyas conclusiones técnicas no fueron controvertidas con argumentos convincentes por la parte demandada. El perito expone que las facturas por la compra de materiales, se corresponden con la obra ejecutada". En efecto, la Cámara ubica el caso en el supuesto regulado por el art. 2588 del Código Civil y rechaza los cuestionamientos de la parte demandada en lo referido a la procedencia de la acción.

Sin perjuicio de ello, la sentencia de Cámara interpreta que el rubro denominado "mayor valor adquirido por el inmueble" no puede ser indemnizado, dado que no es acumulable con la reparación del costo de la mano de obra y materiales, además, el referido rubro se encuentra consagrado para el supuesto de edificación de mala fe, del art. 2589 del Código Civil, supuesto que la Cámara concluye ajeno al caso de autos. En mérito a ello, resuelve modificar el importe de la condena, dejando sin efecto la condena con relación al rubro "mayor valor adquirido por el inmueble", pero manteniendo la misma con relación al costo de la mano de obra y los materiales, fijando, en consecuencia, la condena en la suma de $ 15.093,44 más intereses.

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 29 de febrero de 2012, la demandada interpone recurso de casación a fs. 333/342 y vta., aduciendo que la referida sentencia incurre en una incorrecta aplicación de normas jurídicas (arts. 2588 y 2589 del Código Civil), a su vez que expresa que el pronunciamiento atacado incurre en arbitrariedad en la valoración de la prueba y en una inadecuada fundamentación como consecuencia de un supuesto error en la calificación de la acción ejercida. Por su parte, la recurrente expresa los argumentos por lo que interpreta que su recurso casatorio debe ser declarado admisible.

En la construcción de sus agravios, la parte recurrente recuerda que según el propio actor -conforme los términos de la demanda- fue como consecuencia de una relación negocial, que su parte -como única heredera de su madre (titular dominial del inmueble de calle San Miguel Nº 838)- convino con los ingenieros Carrasco y Sal la construcción sobre dicho inmueble de un edificio de seis departamentos y un salón comercial, habiéndose obligados los citados profesionales a construir, a favor de la demandada, un departamento y el local comercial, destaca que a pesar de ello y por razones ajenas a la demandada, la obra no se concretó en su integridad. Destaca con énfasis que el rechazo -mediante sentencia de fecha 07/7/1992- de la citación de tercero -referida al Ing. Sal- solicitada por su parte, respondió a que se interpretó que la acción reclamada en autos es de naturaleza extracontractual y por enriquecimiento sin causa, dejando aclarado oportunamente el actor que la acción que ejerce no nace de contrato alguno.

Sobre esa plataforma, cuestiona que el pronunciamiento de Cámara haya interpretado que correspondía hacer lugar a la acción extracontractual regulada en el art. 2588 del Código Civil, a pesar de reconocer la existencia de un contrato previo entre las partes; afirma que ésta última circunstancia obsta la aplicación del art. 2588 del Código Civil, en tanto que -según la parte recurrente- la doctrina, cuando analiza la referida norma, excluye la posibilidad de su aplicación cuando existe una relación contractual entre las partes, dado que en ese supuesto "corresponde inexcusablemente ejercer la acción emergente de esa vinculación para reclamar el reembolso de los gastos por la edificación". Reitera que en el caso de autos, entre el actor y la demandada "hay un vínculo negocial que fue la causa de la edificación realizada. La existencia de esa vinculación entre actora y demandada excluye la posibilidad de ejercer la acción derivada del art. 2588, ya que el enriquecimiento y correlativo empobrecimiento de las partes tuvo como causa una convencional entre actor y demandada". En efecto interpreta que existió un error en el encuadramiento legal de la acción intentada por el actor en el art. 2588 del Código Civil, "ya que al reconocerse la existencia de una vinculación con el edificador no es de aplicación esta norma".

También cuestiona la parte recurrente, que la sentencia atacada haya restado valor a la declaración del Ing. Carlos Sal, sostiene que dicha prueba es esencial dado que acredita la relación negocial entre las partes y que no existió incumplimiento alguno por parte de la demandada. Se cuestiona también en el recurso de casación, lo decidido con relación a la prueba pericial, en tanto que se receptan sus conclusiones descartando la impugnación realizada contra la misma en base a consideraciones subjetivas, agrega la recurrente que sin explicar porqué, se estima que los argumento dirigidos contra el informe pericial no resultan convincentes, dando valor a dicho informe y supliendo la negligencia probatoria de la parte actora.

De conformidad a las consideraciones reseñadas, interpreta que existe violación del art. 2588 del Código Civil, al aplicarlo incorrectamente, y que la sentencia incurre en arbitrariedad y en una fundamentación inadecuada, por lo que solicita se haga lugar al recurso tentado, y ante la eventualidad de un pronunciamiento adverso, formula reserva del caso federal.

IV.- Corrido el traslado de ley del recurso de casación de la demandada, la parte actora contesta y solicita el rechazo del referido recurso, por las razones expuestas en su presentación de fs. 345/348 y vta.. Por auto interlocutorio de fecha 28 de agosto de 2012 la Sala I de la Excma Cámara Civil y Comercial Común concede el recurso de casación (fs. 351 y vta.), correspondiendo en esta instancia el análisis de su admisibilidad y, eventualmente, su procedencia.

V.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de presentación tempestiva, depósito de ley (fs. 332) y definitividad de la sentencia recurrida. Por su parte, los agravios invocan violación a normas jurídicas y se dirigen a impugnar la validez del pronunciamiento, por violación a las reglas de la lógica y de la sana crítica racional al valorar las pruebas. Finalmente, los fundamentos recursivos se vinculan circunstanciadamente con los antecedentes de la causa; con lo cual se ven satisfechos los recaudos de admisibilidad previstos por la ley adjetiva.

VI.- Previo al análisis de los agravios de la recurrente, resulta necesario establecer como punto de inicio, algunas consideraciones previas y necesarias. En ese marco, cabe destacar que el actor, al entablar su demanda, recurrió a la acción "in rem verso" y fundó su reclamo en los términos del art. 2588 y concordantes del Código Civil (conf. fs. 21).

Los derechos y obligaciones que surgen del mencionado art. 2588 del Código Civil, constituyen una expresión del principio consistente en que "nadie puede enriquecerse sin causa legítima a costa de otro", así lo interpretó calificada doctrina, cuando analizando el art. 2588 del Código Civil, destacó que "las mejoras en general son en conjunto una aplicación pura y simple del principio del enriquecimiento sin causa. El autor de las mejoras realizadas en un fundo ajeno, para obtener el resarcimiento de éstas sólo debe limitarse a acreditar que por su accionar ha enriquecido al dueño y que dicho enriquecimiento no obedece a una causa justa" (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil anotado con Jurisprudencia y Legislación complementaria" T.III, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, págs. 1153 y 1154). Por su parte, Rémy Cabrillac, refiriéndose al enriquecimiento sin causa, resaltó que "El ejemplo clásico es el de una persona que efectúa una construcción sobre un terreno de otro. En virtud de la teoría de la accesión, el propietario del terreno es propietario de las construcciones y plantaciones, pero él debe indemnizar al constructor..." (López Mesa, Marcelo J., "El enriquecimiento sin causa. Sus requisitos y limitaciones en el Proyecto", publicado en La Ley 26/9/2012, 1).

Es necesario destacar que "el principio del enriquecimiento sin causa no tiene consagración en una norma expresa del Código de Vélez, no estando enunciado propiis verbis, porque en la época de su sanción, la institución no había sido sistematizada legislativamente aunque tuviera consideración doctrinaria; sin embargo el principio es mentado por el Codificador en varias notas del Código (como las pertenecientes a los arts. 43, 499 y 784 del Cód. Civil).; agudamente han escrito los maestros Malaurie y Aynes que 'desde las profundidades de la historia y de la conciencia humana viene un principio que domina el ensamble de la vida social: nadie debe enriquecerse a expensas de otro. Precepto moral que traduce la idea primera del derecho: suum cuique tribuere: dar a cada uno lo suyo' (4). La relación de esta institución con la equidad es evidente. Se ha dicho, a su respecto, que 'el enriquecimiento sin causa, considerado por muchos tratadistas como fuente autónoma de obligaciones, descansa sobre un innegable postulado de equidad, según el cual nadie puede enriquecerse sin derecho en perjuicio de otro'(11)http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/documentVM?&src=laley&srguid=i0ad 818150000013ae7d41451676a6cb3&docguid=i0E4808180D0C431C9F6E1BA7D889470C&hitguid= i0E4808180D0C431C9F6E1BA7D889470C&spos=5&epos=5&td=5&ao=o.i0ADFAB87AF31C98881AF3 2BE7421AC4E&searchFrom=&savedSearch=false&context=9&crumb-action=append" (López Mesa, Marcelo J., "El enriquecimiento sin causa. Sus requisitos y limitaciones en el Proyecto", publicado en La Ley 26/9/2012, 1).

En este marco, no se observa la arbitrariedad denunciada por la parte recurrente en el análisis que realiza la sentencia de Cámara cuando interpreta que en el caso de autos se encuentran presentes los elementos requeridos por el art. 2588 del Código Civil. Al respecto, resulta conveniente realizar un examen de los elementos requeridos por la norma citada, a la luz de los agravios formulados sobre el particular.

Con relación a la existencia de la edificación en cuestión por parte del Ing. Carrasco, cabe destacar que no resulta controvertido el extremo fáctico consistente en la existencia misma de la obra, lo que también se desprende del acta de inspección ocular de fs. 63, la cual ilustra sobre la existencia de un departamen to en planta alta terminado y dos salones comerciales en planta baja con sus respectivos "grupos sanitarios", con aproximadamente el 70% de construcción realizada.

A su vez, si bien la demandada -en su contestación de demanda- afirma que el dinero aportado para la construcción de la obra habría sido aportado por el Ing. Sal y no por el actor, los agravios de la recurrente sobre esta cuestión, no logran rebatir los fundamentos de la sentencia impugnada, en el sentido de que la circunstancia de que el actor haya acompañado comprobantes, recibos, remitos y facturas de la fecha de la obra y que los mismos, de acuerdo al dictamen del perito oficial Filgueira, "sí guardan relación con la labor que dá cuenta la inspección ocular realizada en el expediente principal fs. 63 de esta causa, estando acorde a los precios y a la época en que se ejecutó la obra" (conf. fs. 171), todo ello permite inferir, con entidad dirimente, el extremo fáctico consistente en que fue el Ing. Carrasco el que afrontó los gastos de la construcción, en especial, cuando se desprende de las constancias de la causa que también fue el actor a quien se le encomendó el Anteproyecto, Proyecto y Dirección Técnica de la obra, extremo que, además, surge de los planos de fs. 52 y 61.

Como dijimos, los agravios de la recurrente dirigidos a cuestionar la interpretación de la sentencia de Cámara en lo relativo a que fuera el actor quien afrontó los costos de la obra, no logran rebatir tal extremo, dado que el cuestionamiento de la recurrente a la valoración que realizó la sentencia atacada sobre la declaración testimonial del Ing. Sal y la impugnación de la prueba pericial, de ningún modo logran acreditar que los costos de la construcción de la obra fueron afrontados por el Ing. Sal, resultando la declaración testimonial del mencionado Ing. Sal (fs. 213) absolutamente insuficiente para probar que fue él quien afrontó el 70% de los gastos de la obra -como lo afirma en su declaración de fs. 213-, en especial, cuando el valor de su declaración se empieza a relativizar cuando se observa que a pesar de la falta de culminación de la obra, el mencionado Ing. Sal ha construido un departamento en el inmueble en cuestión "y lo usa como vivienda particular" (conf. fs. 213). Es decir, la conclusión sentencial sobre quien fue la persona que afrontó los gastos de la obra, no exhibe arbitrariedad, por el contrario, responde a los elementos probatorios existentes en autos.

Siguiendo con el análisis de los presupuestos del art. 2588 del Código Civil, cabe resaltar que con relación a que la edificación en cuestión se realizó en un terreno ajeno al actor, no existe controversia, y así fue expuesto por la sentencia impugnada. Por su parte, en lo referido al presupuesto que exige que la edificación fuera realizada por el actor con buena fe, interpretamos que se encuentra verificado en la especie, para ello debemos aclarar que si bien existe una polémica en la doctrina sobre la caracterización de la buena fe requerida en el art. 2588 del Código Civil, la posición amplia -a la que adherimos-, entiende que la noción de buena fe a que refiere el citado artículo no se limita al "poseedor animus domini" sino que resulta extensiva la aplicación de la norma a cualquiera que haya edificado, plantado o sembrado en suelo ajeno de buena fe, es decir que se encuentra convencido que tiene derecho a edificar, por ejemplo en el caso de quien ejecuta un obra con autorización del dueño del inmueble. Sobre el particular, calificada doctrina, en comentario al art. 2588 del Código Civil, resaltó lo siguiente "Edificador de buena fe. En este caso el edificador está convencido sin duda alguna, no de que es propietario del terreno, sino de que tiene derecho a sembrar, cultivar o plantar. En otras palabras, no es necesario que el edificador crea que es un poseedor legítimo. El Código en ningún momento utiliza la palabra 'poseedor',. Para que haya buena fe se requiere entonces que exista persuasión de estar legítimamente investido del derecho de edificar, sembrar o plantar en el terreno donde se lo ha hecho, sea en razón de tener una posesión de buena fe, sea en virtud de las relaciones jurídicas que hayan mediado entre las partes" (Bueres, Alberto J. -dirección-, Highton, Elena I. -coordinación-, "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", T. 5º, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, págs. 431 y 432). En idéntico sentido se pronunció Salvat, cuando señala que "la ley no autoriza esta interpretación restringida, ni en su texto, ni en su espíritu. En cuanto al texto, debe observarse que ninguno de los artículos estudiados habla de poseedor: dicen siempre el que edificare o el edificante.de manera que en estos términos amplios de la ley, la distinción entre el poseedor animus domini y los otros poseedores, coposeedores o locatarios, empieza por violentar el texto de la ley" (Salvat-Argañaraz, II, págs. 188 y 189, citado en: Zannoni, Eduardo A. -Director-, Kemelmajer de Carlucci, Aída -Coordinadora-, "Código Civil y leyes complementarias. Comentado, Anotado y Concordado", Ed. Astrea, Buenos Aires, 2005, pág. 908).

En efecto, en la especie se verifica en el actor la buena fe requerida por el art. 2588 del Código Civil, dado que el Ing. Carrasco se encargó de la edificación en un terreno ajeno, con la autorización de la demandada, extremo que también surge de la firma de la demandada en los planos de fs. 52 y 61.

Asimismo, se advierte que en la especie la demandada hizo suya la edificación realizada por el actor -extremo que resulta reconocido en autos y que surge de la inspección ocular de fs. 63-, sin que haya existido la indemnización correspondiente al actor.

Conforme lo expresado y, de acuerdo a lo resuelto por la Cámara, el actor acreditó que, en la especie, se verifican los presupuestos previstos para la procedencia de la indemnización del art. 2588 del Código Civil. A su vez, se observa que la pretensión introducida en la demanda por el actor, es congruente con los términos de la condena, y también se advierte que existió un patrimonio enriquecido, un patrimonio empobrecido y una relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Todo ello, sin perjuicio de que la aplicación del art. 589 del Código Civil podría conducir a análoga solución, dado que sobre el referido artículo, se interpretó que resulta aplicable "a la pretensión de resarcimiento de las mejoras efectuadas de buena fe y con anuencia en el inmueble de propiedad del progenitor del reclamante, pues resuelve genéricamente la situación de quien se encuentre ante una obligación de entregar una cosa ajena para devolvérsela a su dueño y que la detenta en virtud de una relación jurídica preexistente que puede ser contractual o no" (López Mesa, Marcelo J., "Código Civil anotado con Jurisprudencia y Legislación complementaria" T.III, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, págs. 1154).

Más allá de lo considerado, el agravio de la recurrente dirigido a cuestionar la vía elegida por el actor, fundado en la existencia de un contrato entre las partes que habría impedido el ejercicio de una acción extracontractual, no enerva la solución adoptada por la sentencia de Cámara, dado que las específicas características del caso bajo estudio autorizan la decisión alcanzada, en particular, corresponde destacar que el actor no pudo ejercer una acción derivada del supuesto contrato celebrado entre las partes del juicio, dado que la circunstancia de que el supuesto contrato no haya sido instrumentado por escrito -no existiendo prueba escrita sobre el supuesto vínculo-, provoca que resulte especialmente relevante la carta documento de fs. 3 -de fecha 7 de marzo de 1990, es decir, previa al inicio del presente juicio- mediante la cual la demandada, hace saber que desconoce toda la operatoria a la que el actor hizo referencia en la carta documento de fs. 4 -relativa justamente a la edificación en la propiedad en cuestión-, rechazando dicha carta documento "en todos sus términos por maliciosa e improcedente". En este marco, y ante las limitaciones probatorias legales que surgen del art. 1193 del Código Civil, el actor, de iniciar una acción derivada del supuesto contrato, se exponía a que, una continuidad de la estrategia defensiva de la demandada consistente en rechazar cualquier operatoria con el actor -expuesta en su carta documento de fs. 3- conduzca a un rechazo de la demanda por insuficiencia probatoria del vínculo jurídico previo, mientras que entablada por el actor la acción "in rem verso", el demandado modificó su estrategia defensiva a fin de solicitar el rechazo de la demanda por no haber ejercido la acción contractual. Estas circunstancias, en el marco de la limitación probatoria prevista en el art. 1193 del Código Civil, autorizan al rechazo del agravio de la recurrente, en tanto que la adopción de una decisión inversa, permitiría una solución contradictoria con el deber de una conducta sujeta a la probidad y la buena fe procesal.

Sin perjuicio de ello, el valor del supuesto contrato se encuentra seriamente en duda, no sólo porque a pesar del tiempo transcurrido desde la paralización de la obra, la demandada jamás inicio una acción tendiente al cumplimiento del contrato, ni reconvino en autos por cumplimiento de contrato ante el reclamo del actor, sino que a pesar del supuesto incumplimiento de los ingenieros Carrasco y Sal, este último sí construyó un departamento en el inmueble en cuestión y lo usa como vivienda particular (conf. fs. 213).

Todo lo anteriormente expuesto, demuestra que las circunstancias de la causa exhiben la carencia de otra acción para que el actor haya podido remediar su menoscabo patrimonial y la ausencia de una justa causa de su detrimento, asimismo, no surge que la demandada haya sufrido algún perjuicio por la construcción de la obra, por el contrario, surge de las constancias de autos, que la construcción favoreció claramente a la demandada.

En consecuencia, el agravio dirigido a cuestionar a la sentencia de Cámara por no haber receptado la defensa referida a que la vía elegida por el actor es inadmisible, no puede prosperar, toda vez que, como dijéramos, las peculiares circunstancias de autos sustentan la elección realizada por el actor en el marco jurídico específico del caso, el que exigió el ejercicio de la acción "in rem verso" por enriquecimiento sin causa, demostrando el cabal cumplimiento de los presupuestos de la procedencia de la indemnización del artículo 2588 del Código Civil.

Por su parte, y aún cuando se interprete que existió un contrato entre las partes, las características del vínculo tornarían aplicable las normas que regulan el contrato de locación de obra y, en ese marco, el fallecimiento del actor ocurrido durante el proceso provocaría la eventual aplicación del art. 1640 del Código Civil, mediante el cual se establece que el contrato se resuelve por el fallecimiento del empresario, correspondiendo que el locatario deba pagar a los herederos en proporción del precio convenido, "el valor de la parte de la obra ejecutada y de los materiales preparados, si éstos fuesen útiles a la obra".

En efecto, de las consideraciones reseñadas surge que el recurso de casación bajo análisis no puede prosperar, en tanto que los fundamentos de la Cámara sobre las cuestiones debatidas no fueron suficientemente rebatidos por la parte recurrente, en consecuencia, no se advierte la arbitrariedad denunciada, por lo que el recurso -como dijimos- debe ser rechazado.

VII.- En cuanto a las costas de esta instancia casatoria, en atención a las peculiares circunstancias de autos y la existencia de razones suficientes para litigar, corresponde imponerlas por el orden causado (art. 105 inc. 1º del CPCCT).

El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo:

Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante doctor Antonio Gandur, votan en idéntico sentido.

El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo:

I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida en los Considerando I a IV del voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Gandur.

También doy por reproducidas las consideraciones vinculadas al juicio de admisibilidad, que lucen en el Considerando V del mismo voto.

En cuanto a la procedencia, adhiero a la solución adoptada, incluso sobre la imposición de costas, por las razones, y con los alcances, que paso a exponer.

II.- El recurrente, propone agravios tanto de orden fáctico, como jurídico.

1.- Los primeros se centran básicamente -y para ser muy sintéticos, porque el punto ha sido materia de un prolijo examen en el voto del Señor vocal preopinante- en la valoración del testimonio de fs. 213, y la pericia de fs. 162/183 de autos, elementos ambos en base a los cuales el Tribunal a-quo tuvo por probado uno de los presupuestos de la acción enriquecimiento intentada, esto es, la edificación en terreno ajeno ("in suo"), a costo del demandante.

Pero ocurre que, como lo tiene reiteradamente dicho esta Excma. CSJT, por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base al pronunciamiento impugnado, pues en principio queda fuera de este ámbito recursivo el revisar la valoración de los motivos de hecho que formen la convicción del Tribunal A-quo (CSJT: sentencia N° 504 del 13/8/1996, entre otras). Todo ello, salvo el caso de absurdo y arbitrariedad, que, como bien lo puntualiza el voto del señor vocal preopinante, no ha logrado ser demostrado en la especie (CSJT: sentencias N° 438, del 04/6/2002 y N° 752, del 28/8/2002). Añádase a ello que, al tratarse de un remedio excepcional, el absurdo o arbitrariedad deben ser apreciados con criterio restrictivo (CSJT: sentencia N° 395 del 01/6/1999, entre otras).

2.- Corresponde, en consecuencia, examinar las verdaderas y propias cuestiones de derecho que el recurrente, en efecto, sí propone a este Tribunal, pero partiendo ya de la premisa que la edificación en terreno de la demandada, a cargo de la actora, configura una cuestión fáctica adquirida para la causa, al no haberse demostrado arbitrariedad alguna en el razonamiento sentencial.

2.1. Pero previo a ello, procede señalar que el recurrente yerra cuando pretende invocar incongruencia entre las sentencias de primera y segunda instancia, pretextando que aquella fundó su rechazo a la excepción de falta de acción en la existencia de una relación contractual, mientras que esta última razonó desde los postulados del enriquecimiento sin causa.

2.2. Para demostrarlo -y sin anticipar, por ahora, lo que ha de entenderse por causa, aspecto donde también falla el razonamiento recursivo- baste decir que la sentencia de primera instancia en ningún momento habló de una "relación contractual", sino que literalmente expresó que "de las constancias de autos surge que el actor y la demandada son los titulares de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión, pues de la prueba documental arrimada al juicio, se advierte que el Ing. Carrasco efectivamente realizó gastos para la construcción del departamento en que habita la demandada".

Cuando dicho pronunciamiento alude a "la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión", no se refiere -a nuestro juicio- a la derivada de un contrato, sino a la "relación, o lazo causal entre el enriquecimiento del demandado y el empobrecimiento del actor", que debe existir como presupuesto necesario de la acción interpuesta (MOISSET DE ESPANÉS, Luis Curso de obligaciones, T 3, Bs. As. 2004, pág. 314; DIEZ PICAZO, Luis: Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Vol I, Madrid 1996, p. 103; PIZARRO-VALLESPINOS: Instituciones de Derecho privado. Obligaciones, T IV, Bs. As. 2008, pág. 106).

No hay entonces, tal incongruencia, ni nulidad que se pudiera invocar fundada en dicha circunstancia.

Cabe, ahora sí, pasar al ya anticipado examen de aquellos agravios de derecho.

3.- Por de pronto, el recurrente postula un típico agravio de derecho al recordar que, según la doctrina mayoritaria, la "buena fe" a la que alude el art. 2588 del C. Civil, sería la mentada en el art. 2356, esto es la buena fe de un poseedor ilegítimo (doctrina del art. 2355 C. Civil), pero verdadero poseedor animus domini al fin de cuentas, relación esta de señorío fáctico -para emplear la terminología que acuñara LÓPEZ DE ZAVALÍA- que no puede predicarse de quien en todo momento supo que la cosa era ajena y obró en esa inteligencia, cual configura la hipótesis de autos.

3.1. Y es verdad que, cual expresa en su memorial, dos tesis confrontan en la materia. La doctrina mayoritaria da una lectura restringida a los arts. 2588 y 2589, conceptuando que la edificación en terreno ajeno con materiales propios regula las innovaciones obra del poseedor ilegítimo, pero auténtico poseedor animus domini en definitiva. La doctrina minoritaria, que postulara SALVAT (Tratado de derecho civil argentino. Derechos Reales, n° 861, y n° 873/4), va más allá y -dando a los textos una lectura amplia- enseña que se aplican a cualquier edificante, como v.g. al usufructuario y al locatario. En esa amplitud conceptual, se habla del "poseedor que tenía la cosa en virtud de un título de propiedad sometido a una condición resolutoria y que debe restituirla por haberse ésta cumplido", de "los casos de construcciones hechas por un condómino o heredero, por un usufructuario y por un locatario cuyo contrato guarde silencio al respecto".

Pero, para desechar el agravio, estimo innecesario pronunciarse a favor de la tesis amplia, todavía minoritaria en nuestra doctrina y jurisprudencia. Pues, con probar la ausencia de una posesión animus domini, todavía no ha demostrado nada jurídicamente relevante a los fines del recurso intentado, pues el error de derecho que habilita la vía casatoria no es el mero yerro en la cita legal invocada, sino el desacierto o equivocación en la solución adoptada, a la que bien podría llegarse por otras normas y principios.

3.2. Tal es lo que acontece en la concreta hipótesis de autos, pues, como lo enseña prestigiosa doctrina (COLMO, Alfredo: De las obligaciones en general, Buenos Aires 1920, n° 687, pág. 483, y n° 688, págs. 484-485; MOISSET DE ESPANÉS, Luis Curso de obligaciones, T 3, págs. 303 y 307), el art. 2588 C. Civil no configura otra cosa que una mera aplicación casuista de un principio general del derecho, cual configura aquél que veda el enriquecimiento, a costa de otro, sin causa justificante que lo legitime, que nuestro Código Civil ha receptado en disposiciones aisladas que no han alcanzado todavía un deseable grado de sistematización omnicomprensiva de todo el universo de hipótesis posibles; técnica legislativa ésta de suyo objetable pues, al decir de COLMO, no agota "el número indefinido de los casos que la práctica puede ofrecer", como que incluso -en el n° 688 de su ya citada obra- este autor nos proporciona un sugestivo ejemplo que guarda gran analogía con el de autos, y donde una lectura restrictiva centrada únicamente en el tenor literal del art. 2588 conduciría a denegar toda acción en el caso propuesto.

3.3. En otros términos, no basta demostrar que el art. 2588 C. Civil no es directamente aplicable a la concreta hipótesis de autos si, por los principios que informan al enriquecimiento injustificado, es todavía posible su aplicación analógica; y es que el expuesto configura un Principio general del Derecho que podría conducir a la misma solución, principio que para algunos autores ya se encontraba contenido en el Digesto del Emperador Justiniano (D. 50, 17, 206; D. 12, 6, 13), como máxima entre las denominadas regulae iuris que prescribía que "por derecho natural es equitativo que ninguno se haga más rico con detrimento de otro y con injuria".

4.- En homenaje a la verdad, hay que reconocer que la recurrente también ha ensayado sendos agravios tendientes a demostrar que, en la concreta especie traída a conocimiento del Tribunal, no serían de aplicación las reglas que genéricamente informan al enriquecimiento injustificado.

Cabe, por ello, efectuar el pertinente examen sobre la procedencia de dichos argumentos.

5.- En primer lugar, sostiene que en la concreta especie de autos no comparecería un presupuesto necesario de la acción, cual configura la ausencia de causa, pues está probado que la actividad del demandante fue fruto de un contrato entre las partes.

5.1. Con ello, la recurrente viene a adherir a una muy difundida doctrina para la cual, con la expresión "causa", se aludiría a la causa eficiente del enriquecimiento obtenido por el beneficiario, es decir, a la existencia de un título legítimo que pueda ser opuesto al actor, para enervar su pretensión restitutoria y mantener el valor incorporado en el patrimonio del demandado. Al decir de PIZARRO-VALLESPINOS, esta tesis cuenta con un número mayor de adhesiones en nuestra doctrina (Instituciones de Derecho privado. Obligaciones, T IV, pág. 107).

5.2. Sin embargo, la recurrente soslaya que frente a esa concepción, se erige otra diversa que por "causa", entiende la final, razón por la cual con lo de "ausencia de causa" como presupuesto de la acción, se aludiría a la inexistencia de aquella, es decir a la falta de una contraprestación justificante de la atribución patrimonial obtenida, o de un "animus donandi" que desempeñara idéntico papel. Es la cuestión que la doctrina alemana examina como problema de la causa de las atribuciones patrimoniales, recordando que, en el derecho común, las causas solvendi, credendi y donandi se consideraban las más importantes (VON TUHR, Andreas: Derecho Civil. Teoría General del Derecho Civil Alemán, Vol III¹, § 72, I, pág. 73/74 y § 72, II, págs. 78 y ss).

En el sentido apuntado, y a título meramente ilustrativo, es posible leer en prestigiosas obras de doctrina, expresiones que inequívocamente aluden a la causa fin, tales como las que siguen: "el enriquecimiento sin causa es evidente en la hipótesis en que sea correlativo a un empobrecimiento (pérdida de un bien, o erogación de un servicio) que no es remunerado, o no constituye ni liberalidad, ni cumplimiento de una obligación natural" (BIANCA, Cesare Massimo: Diritto Civile, Vol 5, Milano 1994; N° 337. pags. 818-819); "por ejemplo, cabe la pretensión de enriquecimiento si [.] no se produce la contraprestación en vista de la cual se hizo la atribución patrimonial" (VON TUHR, Andreas: op. cit., Vol III¹, § 72, V, pág. 112); "tiene que haber una causa de justificación legítima del enriquecimiento, expresión que parece preferible a la vaga y genérica de falta de causa. Hablar de falta de causa es confuso y equívoco [.] Además, como ya expresamos, nunca puede dejar de haber una causa fuente, justa o injusta, lícita o ilícita, que haya contribuido a causar el incremento patrimonial [.] Por ello, preferimos hablar de una falta de justificación legítima del enriquecimiento" (MOISSET DE ESPANÉS, op. cit., pág. 309).

5.3. ¿Qué postura adoptar? A nuestro entender, ambas deben ser conjugadas, a la hora de determinar qué ha de entenderse por ausencia de causa justificante del enriquecimiento.

5.3.1. No sería esta la sede más apropiada para examinar las múltiples razones por las que arribamos a esta conclusión; pero baste decir que, entre las que han pesado a la hora de emitir juicio, no ha sido menor la consideración que la tesis que por "causa", entiende únicamente la causa eficiente del enriquecimiento obtenido por el beneficiario, no responde al desarrollo histórico de la figura del enriquecimiento injustificado, ni a su recepción en la doctrina y legislación comparada, ni a las necesidades sentidas en la práctica jurídica.

5.3.2. En efecto, históricamente el desarrollo de la teoría del enriquecimiento injustificado se encuentra ligado al estudio de las condictiones en el Derecho Romano. Ahora bien, entre esas condictiones, había algunas que inequívocamente funcionaban frente a la ausencia de una causa entendida en sentido final.

Para dar un ejemplo vinculado a la cuestión de autos, tal era el caso de la condictio ob causam datorum, o condictio causa data causa non secuta, que se acordaba cuando una persona había disminuido su propio patrimonio en favor de otra, en contemplación de una prestación que habría de recibir de ella y que luego no se realizaba, o de un hecho futuro que en definitiva no se producía; la atribución patrimonial encaminada a obtener un resultado futuro honesto que no se producía, era el presupuesto de esta condictio (DIEZ PICAZO, Luis: en Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa, Madrid 1988, p. 72; idem en: Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, Vol I, pág. 91). Dicha condictio, que incuestionablemente abordaba el problema de una atribución patrimonial cumplida en miras a un fin que luego se frustraba, fue luego receptada en la codificación alemana, y expresamente contemplada en el § 812 del BGB (VON TUHR, Andreas:, op. y loc. cit, § 72, V, pág. 112). Y esta condictio, contempla genéricamente el caso hoy traído a conocimiento de este Tribunal, donde precisamente se reclama el enriquecimiento obtenido por el propietario del terreno, como consecuencia de una prestación cumplida por el demandante en miras de una contraprestación que, a la postre, nunca recibiera.

5.3.3. En síntesis, y como bien se ha señalado, el término "causa" posee -tanto en el lenguaje común, como también en el jurídico- una riqueza de significado que no conviene mutilar a priorí al abordar la tarea hermenéutica, pues "en cada caso debe examinarse cuál es el problema concreto que se ha tratado de resolver por la ley. Y no nos extrañaremos si en un determinado texto se resuelven simultáneamente cuestiones de causa-fuente, y de causa-fin" (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando: Teoría de los contratos, Tomo I, § 23, I, 1, pág. 399).

Es que aún cuando, por vía de hipótesis argumental, se admitiera un fundamento restringido para la acción -cual postula calificada doctrina, que considera que la regla que determina la interdicción de los enriquecimientos injustificados se funda no en la equidad, sino en el control causal-funcional de las atribuciones y desplazamientos patrimoniales- no se advierte qué utilidad práctica reportaría a ese enfoque desentenderse de los antecedentes históricos y de las necesidades del tráfico negocial, para restringir la riqueza de contenido del vocablo causa, cuando, por el contrario y conforme una moderna concepción de ella, por tal debe entenderse un "fundamental principio inmanente al sistema: el principio de racionalidad de los desplazamientos de riqueza, por el cual ningún desplazamiento patrimonial puede producirse y mantenerse firme, si no está sustentado por una especial razón justificativa" (ROPPO, Vincenzo: El contrato, Cap. XVI.5, pág. 347), razón justificativa que bien puede radicar en la finalidad a la que está dirigida la atribución patrimonial.

6.- En segundo lugar, se agravia la recurrente porque la sentencia no acogió favorablemente la doctrina de la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento, que la postula como una acción de cierre, sólo utilizable para cubrir alguna laguna legal, ante la ausencia de otra acción específicamente acordada por el Derecho.

Pero nuevamente, el agravio soslaya que la tesis invocada no es pacíficamente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia, y que nuestro Código Civil -a diferencia de lo que acontece con el art. 2042 del italiano de 1942- no contiene una cláusula limitativa en la materia. Frente a dicha teoría, se erige no solamente la doctrina de la no subsidiariedad de la acción -que hunde sus raíces en el derecho romano, donde las condictiones nunca tuvieron el carácter de acción subsidiaria- sino también la de la subsidiariedad relativa, que al decir de MOISSET DE ESPANÉS (op. cit., pág. 321), es la que recogen los Códigos más modernos, como el de Portugal.

A nuestro modo de ver, los argumentos enarbolados por la tesis de la subsidiariedad, aunque atendibles, no son suficientes para descartar la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injustificado a la presente litis. Pues, aún admitiéndole a esta última doctrina que la teoría el enriquecimiento sin causa no puede perturbar las soluciones de derecho positivo, ello bien puede entenderse como un límite a su ejercicio, en el sentido que, mediante la actio in rem verso, nunca podría obtenerse más de lo que se hubiere alcanzado con otra acción que hubiera acordado expresamente el Derecho; pues el límite señalado -que, por otra parte, es también el propio de toda aplicación analógica- basta para satisfacer las razonables exigencias que reclama aquella doctrina, tendientes a evitar que el alcance de la acción sea desmesurado, vulnerando de ese modo la congruencia del sistema.

Por ello, dentro de los límites apuntados y acreditando los restantes presupuestos de su ejercicio, entendemos que la acción de enriquecimiento puede ser interpuesta no solamente cuando se hubiera extinguido otra acción acordada por el Derecho, cual postula la tesis de la subsidiariedad relativa, sino también cuando conforme las circunstancias de hecho del caso, fuere dudoso el éxito que con ella se hubiere podido obtener, que es precisamente la hipótesis que contempla el voto del Señor Vocal preopinante, al valorar la negativa -efectuada mediante carta documento por la demandada- de la existencia de un contrato que nunca tuviera instrumentación. Pues, trasladando a nuestro sistema los dichos que DIEZ PICAZO volcara para el español "no existe en nuestro Derecho ninguna razón de fondo que determine la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento y que esta sea compatible con otras acciones que puedan coincidir en los resultados que con ella se pretende obtener. Puede darse, por consiguiente, un concurso de acciones, en el que tampoco hay nada en nuestro Derecho que obligue a los interesados a optar por una u otra, de forma que la regla general debe ser la posibilidad de acumulación de las acciones" (DIEZ PICAZO, Luis: Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, pág. 105).

III.- Por lo expuesto, adhiero a la solución propuesta por el señor vocal preopinante, incluso sobre la imposición de costas.

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, R E S U E L V E :

I.- RECHAZAR el recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia Nº 49 de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común -Sala I-, dictada en fecha 29 de febrero de 2012 (fs. 328/329 y vta.), conforme a lo considerado.

II.- COSTAS de esta instancia recursiva, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad.

HÁGASE SABER.

ANTONIO DANIEL ESTOFÁN (con su voto) ANTONIO GANDUR	DANIEL OSCAR POSSE ANTE MÍ:

CLAUDIA MARÍA FORTÉ.