Competencia penal, cómputo de la pena, remisión del expediente, doctrina de la arbitrariedad, actos jurisdiccionales, recursos, cuestiones procesales, resoluciones recurribles
Materia: PROCESAL
Carátula: Cardozo Colman, Elva c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-12-15

Corresponde hacer lugar al recurso de la defensa oficial, anular la resolución recurrida y, en consecuencia reenviar las actuaciones al tribunal de mérito para que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los lineamientos sentados. Sin perjuicio del criterio sostenido por la suscripta en torno al determinismo fiscal, lo cierto es que frente al alcance del reenvío dispuesto por esta Sala el pasado 20 de diciembre de 2019, en donde por mayoría se indicó, entre otros aspectos, que la decisión jurisdiccional debía limitarse al alcance establecido por la pretensión punitiva del órgano acusador -expresada como una unidad del Ministerio Público Fiscal, ya sea por el alegato del representante fiscal ante el tribunal oral o ante esta instancia-, se observa que la resolución ahora traída a estudio - nuevamente- presenta defectos que resienten su fundamentación en torno al extremo referido. En consonancia del examen de las constancias del caso surge que la magistrada a quo se apartó, nuevamente, de la opinión expresada por el acusador público, relativa a la participación de la encartada en el hecho y el monto de la pena solicitado. De la lectura de la decisión recurrida, surge que la magistrada de instancia anterior se apartó de la decisión de esta Sala I, al omitir el estudio integral y armónico de la totalidad de las constancias del caso bajo análisis (ver, en lo pertinente, mi voto en la causa FRO 4807/2018/T01/8/3/CFC3, "ACOSTA, Romina Aneley s/ recurso de casación", rta. 16/7/2020, reg. 856/20, y en la causa FSM 43816/2018/T01/14/1/CFC5 "SENA, Silvia Beatriz s/ casación", Rta. 25/8/2020, reg. 1091/20). Ello me conduce a considerar que la resolución recurrida no cuenta con fundamentos mínimos, necesarios y suficientes para ser reputada como acto jurisdiccional válido en los términos del art. 123 del CPPN. Por último, en razón de lo aquí resuelto el tratamiento del planteo subsidiario de la defensa, referido a la libertad de la encartada, se ha tornado inoficioso. El voto concurrente señaló que la luz de la voluntad legislativa expresada en esta materia a través de la sanción del Código Procesal Penal Federal -CPPF- (Leyes 27.063 y 27.482, Dto. 118/19, B.O. 08/02/2019), adquiere nueva relevancia el criterio expuesto en el voto minoritario de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni en los precedentes "Amodio" (Fallos: 330:2658) y "Godoy" (Fallos: 331:2827), respecto de la imposibilidad de excederse en el ejercicio de la jurisdicción al fijar una pena superior a la solicitada por el acusador. De otra parte, en lo vinculado con la modalidad de ejecución de la pena, hemos señalado -con cita de jurisprudencia del Alto Tribunal (Fallos: 329:3006)-, que no sólo debe fundarse la decisión de aplicar una condenación condicional, sino también la opción inversa -es decir, la decisión de aplicar una pena de prisión de cumplimiento efectivo, en casos donde la condenación condicional podría ser aplicada-, puesto que de otro modo se estaría privando al penado de la posibilidad de conocer los pronósticos negativos que impiden otorgarle un trato más favorable. Adicionalmente, pero no menos importante, es menester señalar que debe armonizarse correctamente la pena a la medida de la culpabilidad, tomándose en cuenta, asimismo, que como determinación de la pena debe entenderse no sólo la fijación de la sanción aplicable sino también su forma de cumplimiento. En estas condiciones se observa que la judicante no brindó fundamentos que permitan justificar la decisión de imponer a Elva Cardozo Colman una pena de cumplimiento efectivo; por lo tanto, tal decisión no es susceptible de ser reputada como un acto jurisdiccional valido. Dres. Figueroa, Petrone y Barroetaveña- voto concurrente-