marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Prueba pericial, cuerpo médico forense, valor probatorio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: SEVI LUNA y otros c/ SANATORIO OTAMENDI MIROLI S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-08-25

Aún cuando la peritación sea realizada por el Cuerpo Médico Forense no escapa a la exigencia de contener el necesario sustento científico, el cual, además, no se puede tener por sobreentendido sino que ha de exponerse en detalle, cualesquiera sean el prestigio y la trayectoria profesional de los expertos.
Responsabilidad extracontractual, prescripción, acción de restitución, retención indebida, prescripción decenal
Materia: PENAL
Carátula: Larroude, María Graciela s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-03-03

Si bien el artículo 4037 del Código Civil establece que se prescribe por dos años la acción de responsabilidad civil extracontractual, no se aplica este término breve de prescripción a la acción por restitución de las cosas de las que indebidamente se hubiera apropiado el autor del hecho ilícito o por pago de su equivalente, sino la decenal prevista por el artículo 4023 del Código Civil.

(Voto del Dr. Hornos).
Medidas cautelares, caducidad de medidas cautelares
Materia: CIVIL
Carátula: Ginger S.A. c/ El Bagual Oriental S.R.L. s/ Legajo Art. 247 C.P.C.C.
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-05-17

La restricción establecida en el art. 204 del C.P.CC., en cuanto impide el dictado de nueva medida cautelar por los mismos motivos, expresamente dispone que esa limitación cesa a partir de la promoción del proceso principal cuya sentencia se pretende asegurar, sin que sea óbice para ello las vicisitudes de los procesos en los cuales se decretara la caducidad de las cautelares, ni la situación de embargados de los bienes (circunstancia no obstativa a nuevas cautelares) pues el art. 214 del C.P.CC. de manera expresa regula la cuestión
Recurso de apelación (procesal), fundamentación del recurso
Materia: PROCESAL
Carátula: Franco, Amelia Noemí c/ Freeman Hnos. S.H. Y Otros s/ Laboral
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1999-08-11

La fundamentación del recurso de apelación, debe adecuarse a ciertas pautas que se rescatan de la interpretación que ha merecido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente el artículo 265 del C.P.C. y C.

de aplicación en materia laboral por la remisión que efectúa el artículo 76 de la ley 69.
Monto de la indemnización, cesantía, exoneración, daño moral, daño material, defensa en juicio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GCBA s/ Queja Por Recurso De Inconstitucionalidad Denegado En Mei, Hugo Norberto c/ Registro Civil De Estado y Capacidad de las Personas del GCBA y otros  s/ empleo público (excepto cesantía o exoneraciones) - genérico
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-10-04

La condena indemnizatoria, destinada en el caso a reparar los efectos del trato ilegítimo dado al agente, no puede prescindir de la clara identificación de los daños cuya reparación se persigue. Tanto más, si se confunden en un solo y único monto indemnizatorio supuestos gastos y daños que corresponden a rubros autónomos y para cuya estimación deben seguirse reglas propias para cada uno de ellos (conforme nuestro voto conjunto in re "Abdala" del 15-03-2023 y "Armas" del 29-03-2023). En ese orden, la Corte Suprema ha explicado con claridad que el daño moral no es accesorio del daño material y que las condenas indemnizatorias deben "discernir cada uno de los ítems que la componen" (Fallos: 334:1821; 332:2159; 330:563). (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).

El otorgamiento de una indemnización global comprensiva de diversos rubros, sin la identificación precisa de los daños que se pretenden resarcir y del valor indemnizatorio asignado a cada uno de ellos, configura un agravio al derecho a defensa puesto que impide el adecuado control del pronunciamiento judicial. (Del voto de los jueces Inés M. Weinberg y Santiago Otamendi, al que adhiere la jueza Marcela De Langhe).
Confirmación de sentencia, homicidio calificado, violencia de género, inhabilitación perpetua, femicidio, uniones convivenciales, prisión perpetua, código civil y comercial, código penal, acta de matrimonio, agravantes de la pena, concurrencia de agravantes
Materia: PENAL
Carátula: Casaballe Colacho, Eduardo Adrián  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-08-10

Es irrelevante el agravio formulado contra la sentencia que condenó a pena de prisión perpetua, a quien fue declarado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo, en la persona de su esposa y mediando violencia de género, argumentando escaso tiempo de duración del matrimonio y lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto del plazo aplicable a las uniones convivenciales -artículo 510-, pues no se comprende el motivo por el cual debiera ello considerarse en un caso de unión matrimonial, máxime cuando la agravante del inciso primero del artículo 80 del Código Penal, se configura con la sola acreditación del vínculo -en el caso, el acta matrimonial inserta en la causa-, prescindiendo del tiempo de duración de la relación.
Juicio de apremio, Administración Pública, interpelación, recurso de reposición (procesal), expropiación, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD c/ MUGUERZA Y MORANDO Y OTROS s/ EXPROPIACION.    INCIDENTE DE APREMIO REVOCATORIA.     CSJ EXPTE NRO 12-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-17

La revocatoria prevista en el artículo 17 inciso 10 de la ley orgánica de los tribunales, no es la vía apta para oponerse -con fundamento en la falta de intimación previa por período no inferior a sesenta días prevista en la ley 7234- al progreso de una demanda de apremio.
Caducidad de instancia, actos y diligencias procesales
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: R.C. SCIF c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-05-09

Por su propia naturaleza, en general- los actos procesales vinculados con la petición de levantamiento de cautelares -fueran producidos por el Tribunal, las partes o los terceros- carecen de aptitud para interrumpir la caducidad de instancia.- Ello es así, porque se trata de cuestiones incidentales que sólo persiguen otorgar seguridad a las pretensiones, sin afectar el trámite específico del proceso, manteniendo el criterio seguido en SI N° 30/93, 123/94.- Así como no poseen efecto interruptivo de la perención de instancia "las actuaciones relativas al cumplimiento de medidas precautorias".
Indemnización por muerte, valor vida, subsistencia de la viuda e hijos menores, legitimación activa, cónyuge supérstite varón
Materia: CIVIL
Carátula: CESPEDES GUZMAN JULIO c/ M.C.B.A s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-24

Cuando a raíz de un accidente se produce el fallecimiento de la cónyuge legítima y madre de los peticionantes, además de la indemnización por "valor vida" que corresponde fijar a los hijos menores de edad, en virtud de la presunción de daño que cubre a estos menores dispuesta por los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil, corresponde también asignar resarcimiento adecuado en cabeza del viudo, porque aún en el supuesto de que la "de cujus" sólo hubiera cumplido tareas domésticas dentro del hogar conyugal, debe presumirse con sólidos fundamentos que su desaparición física causa un serio perjuicio al cónyuge, por la lógica pérdida de tiempo material que habrá de ocasionarle la atención y cuidados de la prole, necesidad de recurrir al auxilio de terceras personas para su atención, etc.
Competencia de la Corte Suprema, competencia originaria, juicios en que es parte una provincia, Estado Mayor General del Ejército, juicio de desalojo
Materia: PROCESAL
Carátula: Estado Nacional (Estado Mayor General del  Ejército) c/ Tucumán, Provincia de y otro s/ desalojo.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-05-27

Es de la competencia originaria de la Corte (art. 116 y 117 de la Constitución Nacional) la controversia en la cual el Estado Mayor del Ejército demandó a la Provincia de Tucumán por el desalojo y restitución de un predio que había sido entregado a través de un convenio que la demandada incumplió.
Municipalidad, impuesto inmobiliario, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Municipalidad de Rosario c/ López, Miguel s/ Apremio. Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ Nº 760-2000) Municipalidad de Rosario c/ Doneri, Vicente s/ Apremio. Conflicto negativo de competencia (Expte. CSJ Nº 780-2000)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-01|2000-11-08

Conforme a lo dispuesto en los artículos 73 de la ley 8173 y 74 del Código Tributario Municipal de la ciudad de Rosario, la tasa general de inmuebles constituye un tributo de carácter anual, si bien su percepción puede ser efectuada mediante pagos parciales. Sólo estos últimos pueden considerarse nuevas cuotas de una misma obligación en los términos del artículo 479 del Código Procesal Civil y Comercial, pero no así la deuda por nuevos años y períodos adeudados.
Proceso penal, secuela de juicio, declaración indagatoria, fallos de la Corte Suprema
Materia: CONTRAVENCIONAL
Carátula: Komel, Augusto s/ inf. art. 189 bis CP -Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-05-23

Por secuela de juicio deben entenderse aquellos actos que evidencian "un impulso real del proceso por parte de los órganos o de las personas que tienen la facultad de hacerlo, que tuvieran suficiente entidad para dar real dinámica al proceso manteniendo en efectivo movimiento la acción penal, revelando una inequívoca voluntad de actualizar la pretensión punitiva" (D´Alessio, Andrés José-Divito, Mauro, Código Penal -comentado y anotado- Parte General, LA LEY, Bs. As. 2005, pág. 683).

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la citación a indagatoria de un procesado es el primer acto con virtualidad para interrumpir la prescripción, precisamente por "constituir secuela de juicio" (Fallo 312:1351).
Juicio abreviado, Ministerio Público, pena
Materia: PROCESAL
Carátula: ERNESTO JULIÁN PEDROZA s/ HURTO CALIFICADO POR ESCALAMIENTO -REINCIDENTE POR PRIMERA VEZ
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2011-07-29

Los requisitos indispensables para la aplicación del procedimiento especial de juicio abreviado son: la confesión lisa y llana de culpabilidad por parte del imputado, el consiguiente acuerdo que posibilita la omisión en la recepción de prueba, que la sentencia se funde en la investigación penal preparatoria y la no imposición de una pena mas grave que la solicitada por el fiscal.

El procedimiento especial del juicio abreviado tiene como presupuesto esencial el consenso de las partes y el tribunal
Sentencia, ejecución de sentencia, cumplimiento imposible, jubilaciones, edad avanzada, Estado Provincial, emergencia previsional, deuda previsional, pago en cuotas, pago en bonos, razonabilidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL - PROCESAL
Carátula: VEGA MILESI, FRANCISCO RAFAEL c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION (CSJ EXPTE   Nº 755-96)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1997-04-30

Por las consideraciones expresadas, en disidencia, en los autos "Cena", "Alcalde" y, especialmente, en "Panetto", a las que corresponde remitir "mutatis mutandi", debería accederse a lo solicitado por el actor. Sin perjuicio de ello y en la especie, donde no se ha cuestionado la constitucionalidad de la ley 11373 sino que, por el contrario, se han formulado planteos que, en definitiva, suponen la inserción del crédito en su sistema, se estima justa la solución propuesta que trata de contemplar y armonizar, en la medida de lo posible, los intereses públicos ínsitos en la declaración de emergencia que surge de la mencionada ley con las necesidades evidenciadas en la especie por el recurrente, y atendiendo a las posibilidades financieras que surgen de la reglamentación operada por medio del Decreto Nº 1413/96. (De los Fundamentos del Dr.

Barraguirre).
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, doble instancia, recursos
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Lavorgna, Alicia Beatriz c/ Ferreyra, Alberto s/ cobro de sumas de dinero.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-08-13

Si bien las decisiones que declaran la improcedencia de los recursos deducidos ante los tribunales de la causa no son revisables -como regla- por la vía del art. 14 de la ley 48, corresponde apartarse de tal principio cuando el temperamento adoptado por la alzada se funda en una afirmación dogmática que, de modo manifiesto, no se compadece con las constancias de la causa.
Acción de amparo, arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, gravamen actual
Materia: CIVIL
Carátula: PEREZ, ARGENTINO; CORTEZ DE PEREZ, INES DEL V. Y OTROS c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1996-03-08

La apertura del recurso de amparo exige circunstancias muy particulares, caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, frente a las cuales los procedimientos ordinarios resultan ineficaces, es decir que debe estar probado un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta via urgente y expedita. Es decir, que al faltar un requisito esencial, el mismo debe desestimarse.-
Defensa del consumidor, vicios, responsabilidad civil, multa, daño punitivo, deber de información, juicio sumarísimo
Materia: COMERCIAL-CIVIL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Magula, Martín Alejandro c/ BMW de Argentina SA y otros s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-17

Tal lo expresado en otros casos similares al presente (conf. CNCom, esta Sala, in re: "Villanueva Maximiliano Alberto c/ Fiat Auto SA y otros s/ordinario", del 9/5/19; íd., Maiocchi Emiliano c/ Plan Óvalo SA s/ sumarísimo", del 30/5/19, entre otros), los daños punitivos previstos en la LDC 52 bis, si bien tienen naturaleza sancionatoria, su finalidad es eminentemente preventiva. En tal sentido y teniendo en cuenta lo expuesto, la aplicación de este instituto debe ser de carácter excepcional. Voto del Dr. Lucchelli
Tasa de justicia, integración de la tasa de justicia, saldo impago, oportunidad procesal
Materia: PROCESAL
Carátula: Proveeduría Central S.A. -Incidente c/ FEMESA s/ contrato administrativo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-19

La ley 23.898 no prevé la suspensión del pago, ni contiene óbice alguno para que si el pago realizado al iniciarse las actuaciones resultó parcial (por ejemplo, por haberse ingresado en un juicio susceptible de apreciación pecuniaria el importe correspondiente a los juicios insusceptibles de ello o de monto indeterminado), se pueda exigir el cumplimiento total en cualquier momento (confr. esta Sala, causa "Norexport S.A. c/ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca s/ juicios de conocimiento", del 9/6/95). Es más, en la ley 23.898 se prevé el reajuste de la obligación incluso luego de dictada la sentencia (art. 9, inc. a) y se establece la responsabilidad de los secretarios y prosecretarios de velar por su cumplimiento, calificándose como falta grave el incumplimiento de ese deber.
Competencia penal, delito de acción privada
Materia: PENAL
Carátula: Suárez, Víctor H. s/ Lesiones leves calificadas por el vínculo s/Casación.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1995-07-07

Tratándose de los delitos dependientes de instancia privada, nada impide que no sólo en caso de flagrancia donde es más evidente, sino también en caso de denuncia de terceros no ofendidos por el hecho, se pueda proceder a la detención del acusado hasta tanto la autoridad arbitre los medios para que el ofendido o sus representantes hagan clara manifestación de su voluntad.
Daños y perjuicios, responsabilidad de la obra social
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Acosta, Graciela A. c/ Manuele, Alberto y otros s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-04-21

Resulta ajeno al régimen de la responsabilidad refleja (art. 1113, Código Civil) la potestad del IOMA de sancionar a los prestadores por faltas cometidas en la ejecución del servicio.
Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-02-14


Buenos Aires, febrero 14 de 1992.

El doctor Corach dijo:

Contra la sentencia dictada por el a-quo que reconociera la relación laboral existente entre las partes y acogiera las pretensiones del actor recurre la demandada mediante el memorial que obra a fs. 111/ 116 y que mereciera réplica de su contraria. Adelanto, que en mi criterio no le asiste razón.

En efecto, ninguna de las circunstancias apuntadas por la quejosa en su expresión de agravios consigue conmover el argumento principal de la sentencia cuestionada que es la inserción del actor en una organización ajena, que diseñó el esquema dentro del cual se debía mover el profesional médico a su servicio y que logra su finalidad empresaria con el servicio prestado por el trabajador. En el caso también es clara la subordinación económica del médico con 131 consultas en el mes.

Es así que éste tenía pautado no sólo los horarios y número de días en que debía estar a disposición de los afiliados de la demandada, sino también el monto de su retribución, el modo en que se le abonaría la cantidad de consultas por paciente, las modalidades al recetar los medicamentos y estaban sometidas a control y autorización de la demandada las órdenes de internación que recomendara el actor. Es evidente que tratándose de un profesional médico la subordinación técnica se limita, pues cuanto mayor es el grado de especialización técnica, menor es la dependencia en ese ámbito del trabajador. Pero ello no desdibuja la clara dependencia que se desprende de las características señaladas anteriormente.

Con referencia a la argumentación esgrimida por la accionada de estar ligada por un contrato de locación de servicios, coincido plenamente con la corriente que considera que si la nota típica que caracteriza la locación de servicios es la subordinación del locador, que a su vez es la nota típica de la relación de trabajo (art. 22 de la L. C. T.), no se puede, sin dejar de lado la aplicación de normas de orden público laboral, considerar subsistente a la locación de servicios como relación contractual típica distinta de la relación de trabajo. (Conf. Justo López en Ley de Cont. de Trab. Comentada, t. 1, p. 236).

Por lo expuesto, y de prosperar mi voto propongo: 1º) Confirmar la sentencia apelada; 2º) Imponer las costas a la demandada vencida.

El doctor Perugini, compartiendo los fundamentos del voto precedente, adhiere.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada; 2) Imponer las costas a la demandada vencida. - Gregorio Corach. - Eduardo R. Perugini.
Recurso extraordinario federal, acordada de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Expte. Corte Nº 51/08 en Expte. Corte Nº 28/08 Lindon, Fernando A. y Sosa, Leonardo B. c/ Alica S.A. y Carlisa S.A. s/ Beneficios Laborales - Casación - Recurso Extraordinario
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2008-08-20

Se deduce recurso extraordinario federal en contra de la Sentencia Interlocutoria Nº 51, dictada por este Tribunal en el recurso de casación precedente, en el que se resolvió declararlo formalmente inadmisible.

La CSJN dictó la Acordada Nº 4/2007 estableciendo los requisitos relativos a la presentación del memorial de agravios del recurso extraordinario, de cumplimiento ineludible, cuya inobservancia provoca declarar a las actuaciones inoficiosas, conforme lo establece el Art. 11 de la misma.

El recurso en sub examine carece de los requisitos establecidos en el Art. 1; 2 y 3. del ordenamiento de cita. Por lo tanto, corresponde declarar inoficiosa la presentación del escrito recursivo.
Proceso judicial, constitucionalidad, sanciones conminatorias, astreintes
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: VENEZIALE, LUIS ANGEL c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-08-05

Como es sabido, las normas que revisten naturaleza procesal son de aplicación inmediata a los juicios en trámite. En consecuencia, no habiéndose planteado la inconstitucionalidad del art. 23 de la ley 24.463, corresponde ser dejada sin efecto la aplicación de astreintes oportunamente dispuesta.
Recusación, excusación, juez de instrucción, deber de imparcialidad
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: " DE SANTIBAÑES, Fernanado s/ incd. de recusación ".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-07-04

La cuestión en torno a si el juez que debe llevar adelante el juicio plenario fue el encargado de realizar todo el trámite del proceso en la etapa de instrucción reúne las mismas características que llevaron al pleno de este Tribunal a dictar la Acordada 45 del 10 de mayo del 2006, por la que se resolvió que cuando los jueces actúen en materia correccional (art. 33, inc. 2, del Código Procesal Penal de la Nación), una vez declarada la clausura de la instrucción, deberán remitir las actuaciones a sorteo a fin de que se desinsacule otro juzgado para que intervenga en la realización del juicio. Su fundamento fue reglamentar adecuadamente la garantía de imparcialidad del Juez que intervenga en juicio y que dicte sentencia, de conformidad con lo que disponen los arts. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ponderando para ello la jurisprudencia imperante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (del 17 de mayo de 2005 en L.486. XXXVI "LLERENA").

Precisamente, lo que se encuentra en juego en este caso también es el alcance que corresponde otorgarle a la garantía de ser juzgado por un tribunal imparcial, que integra el conjunto de garantías innominadas de nuestra Constitución (art. 33), y que de modo expreso se encuentra consagrada en los referidos tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.). (del voto de los Dres. Cavallo y Farah. El Dr. Freiler adhiere con fundamentos propios).