marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Homicidio, improcedencia del recurso, lesiones graves
Materia: PENAL
Carátula: SOTELO, Cristian Ezequiel c/  s/ Homicidio simple
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2019-03-14

Corresponde rechazar el agravio de la defensa formulado en el recurso de casación que cuestiona la condena en orden al delito de homicidio atribuido al imputado por entender que la muerte de la víctima se debió a una causa concurrente derivada del deficitario servicio de salud prestado, y no al accionar de aquel. Ello es así, puesto que a la luz de la teoría de la imputación objetiva que invoca, se encuentra ampliamente acreditado el riesgo creado por la acción inicial del imputado que aplicó una cantidad de golpes de puño y patadas en distintas partes de cuerpo de la víctima, sobre todo en su torso, rostro y cabeza, a la vez que introdujo, por la fuerza, un palo de madera en su orificio anal, por el cual aplicó reiteradas patadas que provocó la perforación del recto y una peritonitis fecal, entre otras lesiones, que motivaron su urgente internación. Ello fue de tal gravedad que provocó que la víctima requiriera 37 días de asistencia mecánica, traqueotomía, intercurrencias infectológicas, dependencia de sonda nasogástrica y colostomía: en ese contexto sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte. Resulta claro que fue el imputado quien elevó el riesgo de muerte de la víctima más allá de lo jurídicamente tolerado. Al respecto, en la concepción de la teoría de la imputación objetiva ya no hablamos de una relación causal basada en datos ontológicos o naturales sino esencialmente valorativos y jurídicos: el aumento de un riesgo más allá de lo admitido por parte del orden normativo. De ese modo, los indicadores recabados por el tribunal para arribar a la condena, en su conjunto, descartan cualquier hipótesis ensayada por la defensa para desvincularlo del resultado del evento criminoso. El imputado colocó en "riesgo real de vida" a la víctima, y la atención médica dispensada en el nosocomio no pudo neutralizarlo definitivamente sino sólo demorarlo algunos meses (voto del juez Rimondi a que adhirieron los jueces Bruzzone y Llerena).
Partidos políticos, asamblea partidaria, sesiones partidarias, acefalía partidaria, Congreso Nacional Justicialista
Materia: ELECTORAL
Carátula: Pepe,  Lorenzo s/ suspensión convocatoria Congreso Nacional Justicialista del 17/7/98.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Es descalificable el pronunciamiento que, al declarar la invalidez de la sesión extraordinaria de un partido político y todo lo en ella dispuesto, incurrió en un apartamiento del orden lógico en el tratamiento de las cuestiones propuestas, ya que omitió considerar la validez de la convocatoria por las autoridades partidarias ante la alegada existencia de acefalía, originada en lo actuado por el congreso nacional partidario.
Accidente de tránsito, titular del automotor
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: URIARTE DE RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN EN J:URIARTE DE RODRIGUEZ, MARIA c/ MAURICIO DIAZ Y OTROS s/ Daños y Perjuicios - Casación (LIBRO: S264 - 457)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1996-05-09

El art. 27 de la ley 22.971 libera al titular registral, pero no dice, al menos expresamente, que el denunciado se coloque en la posición jurídica de dueño a los efectos de la responsabilidad.
Daños y perjuicios, privación del uso de la cosa
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Pallota, María A. c/ Santarelli, R. s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-10-21

El daño derivado de la privación de uso es susceptible de apreciación pecuniaria (art. 1068 del Cód. Civ.), bastando tener en cuenta para ello la renta que podría obtenerse de su locación o las utilidades que se derivan de las ventajas que reporta la comodidad, independencia y celeridad en los desplazamientos, a más de las gratificaciones y placer que el uso del bien reporta conforme a su destino.
Acción de amparo, competencia
Materia: CIVIL
Carátula: Sogga, Luis Constantino c/ Consejo Provincial de Vialidad y/o Gobierno de la Provincia s/ Recurso de amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1998-06-30

Las acciones de amparo pueden radicarse en forma originaria en éste Superior Tribunal de Justicia, en tal caso se entenderá que el amparista ha renunciado a su derecho de la doble instancia, teniendo en cuenta que la Sala de Asuntos Criminales, Laborales y Minas, ha sido constituida como Tribunal de Alzada en los casos previstos por el artículo 14 de la Ley 6.296. (Minoría u opinión personal)
Procedimiento laboral, prueba, carga de la prueba
Materia: LABORAL
Carátula: GIACOMINI DE CERDAN, SILVIA c/ MOTEL LAS BRUJAS Y/O ANNONI, ANGEL s/ Cobro de australes (Expte. Nro. 158-00, Resolución Nro. 221, Tomo 24,  Folio 489)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2000-11-28

Si el empleador presenta un recibo que reúne todos los recaudos legales y está firmado por el trabajador, por aplicación del art. 60 de la L.C.T., es éste quien debe demostrar que las declaraciones insertas en el documento no son reales, debiéndose admitir su validez ante la falta de prueba en tal sentido.
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2008-11-19


AUTOS 20.010 (C.C.Nº62.079) DEL Cuarto Juzgado Civil, CARATULADOS: "NUÑEZ, Pedro Santos C/Carmona, Haydee Clara y Otros - Daños y Perjuicios - Sumario".

PROTOCOLIZADO:L. de Autos -Año 2008- del Tº III- Fº163/164.- San Juan, 19 de noviembre de 2008.- VISTO: Estos autos Nº 62.079, caratulados "NUÑEZ, PEDRO SANTOS c/CARMONA, HAYDEE CLARA Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - SUMARIO", para resolver el recurso de apelación deducido por el Dr. Guillermo M. Atienza, por su mandante, concedido a fs. 241 como 228 de la ley 2150, contra los honorarios regulados al Dr. Federico Jesús Molinero por lo actuado en el principal y que están contenidos en el auto de fs. 238 y vuelta.

CONSIDERANDO:

Estima la recurrente que los honorarios apelados son altos (22% de la base regulatoria), en atención a que se ha tenido al letrado beneficiario de los mismos como parte ganadora. Considera que en esto hay un error de criterio puesto que la culpa del actor fue del 70% y en definitiva la demanda progresó sólo en el 30% de la pretendido.

Estimamos que el recurso no es atendible, dado que el actor debe considerarse vencedor aunque su pretensión haya progresado parcialmente frente a quien negaba tuviese derecho indemnizatorio alguno. Tan vencedor es que las costas se impusieron a la contraria.

Por otro lado, los honorarios no están regulados sobre el total demandado sino en la medida del progreso de la pretensión, y en esa medida el actor es vencedor. Al efecto este tribunal ha dicho que: "Las costas se imponen sobre la base del progreso de la demanda y en esa medida, y de ninguna manera importan una injusticia ya que la demandada obligó a litigar a la actora (lo que implica costas aun en el caso de allanamiento) y fue efectivamente vencida en su postura, por lo cual la condenación es justa y legítima (art. 74 CPC)".

Así las cosas y apareciendo proporcionada y justa la regulación apelada, el recurso propuesto debe rechazarse.

Habiendo quedado pendientes de regulación los honorarios de alzada al dictarse la sentencia de fs. 198/207 vta., corresponde regularlos conforme lo previsto por el art. 196 inc. a) de la ley 2150.

Por todo ello, SE RESUELVE:

I- Rechazar el recurso de apelación concedido a fs. 241 contra los honorarios regulados al Dr. Federico Jesús Molinero por lo actuado en el juicio principal, contenidos en el auto de fs. 238 y vta., que quedan firme al tiempo de la liquidación base.

II- Regular los honorarios de alzada que quedaron pendientes al tiempo de dictarse la sentencia de fs. 198/207 vta., correspondientes a los Dres. Federico Jesús Molinero y Guillermo M. Atienza, en las sumas de Pesos: Dos mil ochocientos ($2.800) y Dos mil doscientos cuarenta ($2.240), respectivamente, sumas referidas al tiempo de la liquidación de fs. 219 y vta..- Protocolícese, hágase saber y bajen previa reposición de sellado si correspondiere.

MAGISTRADOS: DR. OSCAR ROBERTO OTIÑANO;

DR. ALEJANDRO LARGACHA QUIROGA;

DR. OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ;

SECRETARIA: DRA. ANA ESTELA VENTURA.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, absurdo, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: A.A.D.I. C.A.P.I.F. A.C.R. c/ Alvarez de Treviño, Avelina s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-25

Las meras discrepancias del recurrente con el juzgador en lo referente a la apreciación de los hechos no basta para creditar el vicio de absurdo.
Medidas cautelares, defensa en juicio
Materia: CONSTITUCIONAL - PROCESAL
Carátula: Servini de Cubría, María Romilda s/ amparo. (S. 303- S. 292).
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-08

Las exigencias atenuadas de la fase cautelar del proceso no pueden convertirse en un absoluto desconocimiento de los hechos sobre los que recae la decisión, sin lesionar los derechos constitucionales del afectado (art. 18 de la Constitución Nacional).
Suspensión del juicio a prueba, etapas del proceso
Materia: PENAL
Carátula: P., C.R s/ Lesiones Graves-Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1996-11-04

La expresa pretensión de suspender el juicio a prueba se efectivizó tempestivamente -en el curso del debate y antes de su cierre definitivo- por la parte interesada, en virtud de haberse formulado antes de la etapa de deliberación y dictado de la sentencia, encontrándose abierto todavía el debate, etapa procesal que no debió cerrarse sin resolver previamente lo inherente a la medida solicitada, lo cual resulta palmariamente contradictorio desde que el cierre del debate y la apertura de la etapa de deliberación y sentencia son decisiones propias del tribunal que no pueden generar efectos preclusivos perjudicantes del derecho oportunamente ejercido por el imputado con consecuencias impedientes de la posibilidad de su efectivo goce que puede implicar, nada menos, la evitación de una condena innecesaria. Deriva incontrastable de todo ello que tanto la opinión formalmente denegatoria del Ministerio Público Fiscal cuanto la coincidente decisión negativa del tribunal impidieron arbitrariamente la posibilidad de debatir sobre la existencia de las condiciones de procedencia de la suspensión del juicio a prueba, afectándose derechos fundamentales del encartado garantizados en la Constitución Nacional, tiñendo de nulidad todo lo actuado con posterioridad al pedido formulado en el debate.
Actualización monetaria, oportunidad procesal
Materia: CIVIL
Carátula: Pérez, Juan Angel c/ Transportes Don Otto s/ Demanda Laboral -Indemnizaciones-
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 1997-06-20

La aplicabilidad de la ley 24.283 solicitada en el recurso de apelación, debe rechazársela por extemporánea -por prematura- de conformidad con lo dispuesto en el art. 1º, toda vez que lo por ella dispuesto debe valorarse en etapa de ejecución de sentencia -al momento del pago-.
Recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, beneficio de litigar sin gastos, Impuesto de sellos, impuestos provinciales
Materia: PROCESAL
Carátula: Castro, Juana Teresa c/ Jorge Alberto Guevara.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-10-24

La resolución que consideró que el depósito exigido por el art. 3, inc. 3, de la ley 2275 de la Provincia de San Juan había sido efectuado extemporáneamente resulta objetable si el a quo prescindió de lo dispuesto en el último párrafo de dicho artículo, según el cual están exentas de su pago las personas que litiguen libres de sellado, y el art. 89 del ordenamiento procesal aplicable dispone que hasta que se dicte resolución en el beneficio las partes estarán exentas del pago de impuestos y sellados de actuación.
Emergencia financiera, reordenamiento del sistema financiero, pesificación
Materia: ECONOMIA
Carátula: "Apollaro  Blas  y otro c/ E.N. P.E.N. -ley 25.561, dtos 1.570/01y 214/02 s/ amparo ley 16.986".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-08-05

En el entorno social del momento histórico, en que se desarrolló el denominado corralito financiero y ante el alternante cambio normativo emanado de los otros Poderes del Estado, la actitud del ahorrista no puede centrarse en la firma de un documento preimpreso por el cual pretendía salir de la reprogramación legalmente impuesta, para extenderla a un fin distinto y llegar así a reconocer un consentimiento libre, pleno y voluntario de la pesificación y disminución del valor de sus ahorros; sino que por el contrario su conducta debe complementarse e integrarse con su impugnación de la normativa. (De la disidencia parcial de la juez Herrera, cons. VIII).
Regulación de honorarios, honorarios del abogado, monto del juicio
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: T., J. c/ Municipalidad de Epuyén s/ Recurso Contencioso Administrativo
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-09-22

"...compromete el principio de retribución justa la regulación de honorarios de los abogados que no se adecua a las exigencias específicas de la ley arancelaria en tanto del auto regulatorio no surge que se hubiera aplicado la norma específica que alude al monto del juicio, ni establece las bases o pautas objetivas de la que resulte la cuantía económica del pleito".
Competencia contencioso administrativa, cuestión abstracta
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: AVILA, EDGARDO c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA s/ RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1995-11-08

Se exime el tribunal de pronunciamiento alguno, cuando la cuestión de fondo deviene abstracta, como en el caso en que, al impugnar judicialmente el recurrente la disposición que le suspende la mayor percepción de haberes que le corresponde en el cargo (diferencias salariales), resulta que al tramitarse la causa por vía administrativa, se hace lugar a lo sustancial, motivo de la acción, mediante la percepción de las sumas de dinero respectivas.
Falsificación de marca o designación, falta de perjuicio, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: TELLERIA NAVARRO, Domingo P. M. s/ procesamiento
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2002-10-24

La ley de marcas reprime penalmente acciones que, de un modo general, crean peligro de engaño acerca de la procedencia y pureza de los artículos que se adquieren confiando en la garantía que significa la marca puesta sobre los mismos (Fallos: 295:581). El objeto primordial es asegurar la exclusividad de uso de las marcas registradas conforme sus prescripciones.

Así, no puede prosperar la defensa basada en la falta de perjuicio a los titulares de las marcas falsificadas.
Incidentes, costas
Materia: PROCESAL
Carátula: S. c/ D. s/ ALIMENTOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-10-14

El arbitrio judicial para disponer la eximición de costas en los incidentes, se encuentra limitado al supuesto en que la materia jurídica sobre la que versa se preste a complejidades en su solución, sea por su naturaleza, o por la divergente interpretación que le dispensare la doctrina y la jurisprudencia (conf. Palacio, "Derecho Procesal Civil", t. III, p.385; C.N.Civ. Sala G, R.262.423 del 7/7/80; íd. Sala C, R.14.054 del 14/5/85; íd. R.16.150 del 22/8/85; íd. R.18.398 del 26/11/85; íd. R.21.755 del 20/5/86).-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, empleador, acción civil por accidente de trabajo
Materia: PROCESAL - LABORAL - CIVIL
Carátula: Castro, Susana Beatriz c/ Amadeo Quiroga Transportes S.A. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-04

Procede el recurso extraordinario contra la sentencia que rechazó la demanda promovida contra la empleadora fundada en el art. 1113 del Código Civil, si el tribunal prescindió de dar un tratamiento adecuado a la controversia, con arreglo a las constancias de la causa y a las normas aplicables.
Interpretación de la ley, obligatoriedad del fallo plenario
Materia: PROCESAL - LABORAL
Carátula: GUARDIA, EPIFANIO OSVALDO Y OTROS c/ CASPFI s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-09-30

Conforme lo dispone el artículo 303 del código procesal civil y comercial la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria resulta obligatoria tanto para la misma cámara como para los jueces de primera instancia respecto de los cuales sea aquella tribunal de alzada, por lo que la queja referente a la valoración de los decretos 3455/84 y 2175/86 resultan inatendibles en la alzada.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, rebeldía, prueba confesional
Materia: LABORAL
Carátula: Garufi, Salvador c/ Carmetal S.A.I.C. y F. s/ Despido
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Si bien la evaluación de posiciones en rebeldía constituye, en principio, facultad privativa de los tribunales del trabajo, ello es así en tanto no se configure absurdo, anomalía en que incurre el fallo que prescindió de tal elemento de convicción sin tener en cuenta que el mismo es corroborante y no opuesto a las demás circunstancias de la causa.
Dictamen fiscal, sobreseimiento, objeto del proceso, código procesal penal, suspensión del juicio a prueba, requerimiento fiscal, debido proceso, delegación de la investigación, código penal, procedencia medidas de prueba
Materia: PENAL
Carátula: Russo Yantoro, R. N. c/  s/ desobediencia
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-05-24

Cabe confirmar el dictamen fiscal que postula el sobreseimiento de quien en el marco de una suspensión del juicio a prueba, habría incumplido con algunas de las reglas de conducta ordenadas, pues se encuentra suficientemente motivado, describe correctamente el objeto procesal, las pruebas incorporadas y su vinculación con el imputado -conforme el artículo 69 del Código Procesal Penal-, pues el control de la motivación de los requerimientos del Ministerio Público que compete a los jueces debe ejercerse sin afectar los otros derechos del imputado, pudiendo el juez de instrucción reasumir siempre la investigación en los términos del artículo 214 del Código Procesal Penal, luego de haberse delegado el sumario -artículo 196 del código procesal-, y efectuarse las medidas de prueba.
Aclaratoria (procesal), omisión de cuestión esencial
Materia: PENAL
Carátula: MARCOS RUBEN BURGOS EP. JEAN R. FOISSAC s/ HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS EN CONCURSO IDEAL - RECURSO DE  -ACLARATORIA.
Jurisdicción: Local — Provincia: Santiago del Estero
Fecha: 1987-12-11

los errores involuntarios contenidos en la sentencia son susceptibles de ser rectificados por vía de aclaratoria.
Derechos y garantías constitucionales, derechos de la persona por nacer
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: I., M. -aborto provocado c/  s/ recurso de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 1998-08-12

El juez tiene el deber de optar por una interpretación que no se desinterese del aspecto axiológico de sus resultados prácticos concretos, sino que contemple las particularidades del caso, el orden jurídico en su armónica totalidad, los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del derecho, las garantías y derechos constitucionales, y el logro de resultados concretos jurídicamente valiosos; sobre todo, en un caso que compromete de manera directa a la Corte en su específica misión de velar por la vigencia real y efectiva de los principios constitucionales, y la obliga por ello, a ponderar cuidadosamente aquellas circunstancias, a fin de evitar la admisión de soluciones normativas que conduzcan a vulnerar derechos fundamentales de la persona (derecho a la vida). (Citas: CSJN, "Saguir y Dib", Fallos 302:1248). (Del Voto del Dr. Vigo)
Inimputabilidad, comprensión de la criminalidad del acto, estado de inconsciencia, ebriedad, prueba, prueba testimonial
Materia: PENAL
Carátula: GIANONI, Rubén O. s/ Causa 44.444
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-06-22

a) Aun habiéndose intentado probar con testigos una ingesta alcohólica por parte del acusado, si no se acreditó asimismo que ella lo llevara a un estado de inconsciencia, para cuya determinación el juzgador debe ponderar el comportamiento del acusado durante el suceso delictuoso, no puede, en tal sentido abrigarse duda alguna del pleno dominio consciente y volitivamente final del acto y de su valoración como antilegal, que puso de relieve el procesado a lo largo del suceso, al concretar la apropiación ilegítima mediante intimidación, reforzando su amenaza de estar armado mediante gestos precisos, tomando a continuación el comando de un vehículo para huir con rapidez del lugar del hecho y, finalmente, procurando escapar a la carrera de sus perseguidores, con suma eficacia, todo lo cual demuestra perfectamente la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de lo que había hecho y su posibilidad de dirigir las acciones.

b) El sistema mixto de inimputabilidad elegido por el legislador en el inc. 1° del art. 34 del C.P. implica que, por un lado, en cuanto al apartado psicobiológico debe acreditarse no sólo la existencia de uno de los estados de enfermedad o anormalidad mental en él especificados -que en este caso sería el de "inconsciencia"-, sino también que esa enfermedad, además, incapacitó al sujeto, en el mismo momento de la comisión del hecho, para comprender la criminalidad del acto o para dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión.

La otra característica del mencionado sistema es la que resulta un deber inexcusable e indelegable del juzgador, la valoración de la capacidad de comprensión y dirección de la acción, no obstante la existencia del problema psicobiológico, pues este aspecto de la fórmula legal es netamente normativo.
Recurso de apelación (procesal), allanamiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MONTEGAY S.A. c/ CIA. DE SEGUROS DEL INTERIOR s/ acc - dec (LIBRO: A074 - 180)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1992-06-03

Habiéndose allanado el apelado a las pretensiones de la quejosa, no cabe al tribunal otra decisión que la de hacer lugar al recurso indicado, sin entrar a evaluar las posturas esgrimidas por las partes.-
Notificación del acto administrativo, eficacia del acto administrativo, prescripción, interrupción de la prescripción
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Ultraocean S.A. (T.F. 8672-A) c/ D.G.A.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-08-27

La notificación de los actos administrativos como requisito para su eficacia, procura garantizar los derechos de los particulares contra la posibilidad de que éstos se vean afectados indefensivamente por un obrar administrativo no comunicado (consecuentemente, a partir de la notificación comienzan los plazos para impugnar el acto). Así, la "eficacia" que el régimen de procedimientos administrativos le adjudica a un acto administrativo por su notificación, sólo es predicable en relación al objeto de ese acto. La notificación al interesado es imprescindible para que se cumplan conforme a derecho los efectos de los que el acto decide o dispone. Pero no cabe atribuir dicha "eficacia" a lo que es la consecuencia interruptiva de la prescripción que el dictado del acto genera, pues dicho efecto no se vincula al objeto del acto. Este no dispone interrumpir un plazo de prescripción, sino que tal es su efecto colateral, que no establece nexo con el administrado, sino con el orden público (conf. este Tribunal in re "Banco Alas Coop.Ltdo.", del 13/2/98). (Del voto de la juez Herrera, consid.

3º).