marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), caducidad, interpretación restrictiva, medidas cautelares, juicio, partes
Materia: PROCESAL
Carátula: JOCKEY CLUB DE SANTA FE s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-09-13

Corresponde declarar la caducidad de la instancia recursiva desde que las actuaciones realizadas en baja instancia ( tendentes a la inscripción de la subsistencia de las medidas cautelares sobre los inmuebles), si bien se vinculan con la esfera de intereses de la incidentada, en nada han impulsado el trámite recursivo al no hacerlo progresar en procura de su resolución, lo que denota un desinterés de la recurrente respecto de la nueva remisión de los autos a este Tribunal, por lo que debe ahora cargar con las consecuencias de su obrar negligente, pues, como resulta sabido, en Derecho a nadie le es admitido alegar su propia torpeza. Consecuencia lógica de ello es que no puede entenderse configurado el supuesto regulado por el artículo 239 del digesto adjetivo toda vez que a la par de no tratarse de una paralización del pleito "por disposición de la ley" tampoco se presenta un caso de "fuerza mayor" como exige dicha norma. Es que para este último supuesto "es preciso que se trate de una causa insuperable o invencible para la parte obligada a instar el trámite", como las guerras, incendios, inundaciones, terremotos, etc.,acontecimientos, en general externos a la parte, cuestión que claramente no acontece en la especie.

(Del Voto de la Mayoría) (Citas: CSJStaFe AyS T 89 p 347;

T 114 p 330)
Interpretación de tratados internacionales, bienestar general
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Molina, Noemí Gladys. c/ GCBA y otros. s/ Amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido.
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-09-02

No cabe medir la mejora según lo que toque a cada individuo, sino que debe serlo globalmente para toda la población, ni tampoco cabe pensar separadamente los derechos contemplados en el PIDESC sino que hay que pensarlos en conjunto, según se desprende de que los recursos disponibles lo son para el conjunto, desde que la Observación General 3 del Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al analizar el concepto de progresividad y regresividad relaciona esas calificaciones con el conjunto de medidas y de derechos alcanzados por las previsiones del PIDESC en función del máximo de recursos disponibles.
Daños y perjuicios, indemnización
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Castillo, M. c/ Diuberti, M. s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-05-07

El fallecimiento de la actora después de promovida la demanda, a más de cuatro años del accidente, debe ser valorado para disminuir las indemnizaciones otorgadas. Solamente el perjuicio inicial se halla en relación de causa a efecto con la culpa, teniendo el fallecimiento otro origen, ajeno al ilícito, de suerte que los responsables no quedan obligados con ella. Si bien los responsables del ilícito deben responder por la totalidad del perjuicio causado a la víctima, cuya estimación pecuniaria debe hacerse -en principio- al tiempo de su producción, no es menos cierto que debe tenerse en cuenta dicha circunstancia para no condenar, luego de ese día, la reparación de los daños sucesivos cuya realización interrumpe la muerte, vgr.: la disminución de la capacidad laboral por la incapacidad sobreviniente al accidente, el sufrimiento físico, psíquico o moral futuro, etc.-
Ejecución de la pena, libertad asistida, calificación de conducta del interno
Materia: PENAL
Carátula: Fernández, Miguel Antonio s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-13

La concesión de la libertad asistida prevista por el art. 54 de la ley 24.660 constituye un beneficio del que puede gozar el interno, que exige una especial valoración de las condiciones personales en que se encuentra, a los fines de descartar la existencia de grave riesgo para el condenado o para la sociedad. El beneficio pretende evaluar cuál es el grado de reinserción logrado y a ello se dirigen las condiciones que se imponen y la supervisión que se exige pero no obliga su concesión en forma automática si efectuar el pronóstico de peligrosidad que prevé la ley: posibilidad de daño para sí o para la sociedad, en base a los informes criminológicos que se poseen. (Dres. Rodríguez Basavilbaso, Fégoli y Madueño).
Actos y diligencias procesales, acción, defecto legal, monto indeterminado
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MANSILLA c/ LOPEZ s/ Daños Perjuicios (LIBRO: A068 - 491)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-08-05

El reclamo correspondiente a "incapacidad parcial y permanente", si en la demanda se detalla la liquidación, dándose las razones que justifican los montos expuestos, no hay deficiencia alguna que justifique la defensa, máxime cuando ese monto puede ser denunciado en forma provisional, en la medida que su estimación depende de elementos no definitivamente fijados.
Recurso de apelación (procesal), menores
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: ALVARADO, ROCIO NOEMI y ALVARADO, LUIS ALBERTO s/ MEDIDAS TERAPÉUTICAS - ADICCIÓN
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2014-03-28

La petición de colocar a una persona "bajo la protección de Estado", sin otro aditamento, resulta vacía de contenido en la medida en que no se expresa qué clase de medidas de protección se sugiere o requiere en pos de la seguridad o resguardo de los derechos en riesgo, existiendo diversas acciones que pueden ser implementadas entre las previstas en las leyes especiales (24.417, 26.485, 26.657) y en el artículo 234 C.P.C.C.
Sistema acusatorio, facultades del fiscal, facultades del juez
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: G.L., D. s/ Incidente de Nulidad en autos "Q., S.A. s/DenunciaAdministración Fraudulenta"
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2003-10-08

Actualmente nuestro Código establece que terminada la recepción de las pruebas, el juez, a través de un auto que solamente invoque la nueva normativa y la inexistencia de elementos que permitan fundar una prisión preventiva, debe conceder sucesivamente la palabra al querellante adhesivo -si lo hubiere- al Ministerio Público Fiscal y al defensor del imputado para que expresen sus conclusiones. Ésta es la etapa en la que las partes deben concretar sus hipótesis, relacionándolas con un material probatorio producido. Justamente la nueva legislación -encaminada como se dijo a la implementación de un nuevo sistema procesal- faculta al titular del Ministerio Público Fiscal -en caso en que no se dicte prisión preventiva- a ejercer fehacientemente la titularidad de la acción pública y, de este modo, efectuar la valoración de la prueba colectada y fundar, consecuentemente, la elevación a juicio de la causa.
Seguros, responsabilidad del asegurador, sanciones administrativas, Superintendencia de Seguros de la Nación
Materia: COMERCIAL
Carátula: SUPERINTENDENCIA  DE  SEGUROS DE LA NACION. DENUNCIA CURSADA POR NOTA N 144402, ASUNTO SAN CRISTOBAL  SOCIEDAD  MUTUAL  DE  SEGUROS GRALES. s/ PRESUNTAS INFRACCIONES TARIFARIAS.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-11-30

El incumplimiento por parte de una aseguradora del régimen de tarifas mínimas fijadas por la superintendencia de seguros, torna procedente aplicar como sanción, una suspensión en el ramo en el que se verifique la violación reglamentaria. A tal fin, corresponde ponderar los antecedentes concretos del caso, la conducta desplegada, la gravedad del hecho y la razonabilidad.
Acción civil en el proceso penal, nulidad de sentencia, falta de pronunciamiento, indemnización
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: CARLES, Federico y otros s/ Causa 14.699
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-01

La vía reglada en el art. 166, inc. 2° en función del art. 36, inc. 3°, del Código de Procedimientos en Materia Penal no es la idónea para suplir la omisión en que incurrió la sentencia que omitió pronunciarse sobre la acción civil y su reclamo indemnizatorio.
Personal municipal, trabajadores temporarios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Paez, Miriam Cecilia c/ Municipalidad de Magdalena s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-03-11

La antiguedad del nombramiento de la actora como personal temporario no resulta computable a los fines del cumplimiento del plazo de seis meses fijado por el art. 5° de la Ordenanza Municipal 510 (para los agentes con estabilidad).
Medidas cautelares, obligación alimentaria, embargo de la remuneración
Materia: CIVIL
Carátula: Roh, María del Carmen en representación de su hija M.C.R. c/ Cotellessa, Marcelo Carlos s/ Medida cautelar genérica
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2012-06-15

Cabe hacer lugar al embargo de los haberes del padre de una menor de edad, en razón de la prestación de alimentos, pues teniendo en cuenta que la subsistencia, desarrollo e inserción social de la niña dependen de la regularidad y suficiencia en el cumplimiento de dicha obligación, se deben relegar las posibles molestias o perturbaciones personales que pudiera acusar el destinatario de la medida de seguridad, máxime cuando le asiste el derecho de requerir su levantamiento o mutación.
Concurso preventivo, quiebra, autorización para viajar
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PARANATEX S.A.I.C. Y F. s/ CONCURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA-INCIDENTE CESE DE INTERDICCION
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1994-04-29

La interdicción de salir del país que pesa sobre la fallida prescripta por los artículos 107 y 26 de la Ley concursal es una consecuencia de su estado de falencia y concluye cuando haya sido tramitada la calificación de la conducta y la misma resultare que la quiebra se produjo en forma causal, debiendo el quebrado requerir autorización temporal previa cada vez que pretenda ausentarse teniendo como fundamento no sólo el deber de colaboración que prescribe el artículo 106 del mencionado cuerpo legal, sino otras circunstancias como son la previa rehabilitación por estar de por medio lo atinente a su conducta.
Defensa del consumidor, titular de tarjeta de crédito, responsabilidad objetiva
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Filizzola, Jorge y otro c/ Banco Santander Rio SA s/ sumarisimo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-20

En el marco de una demanda promovida por usuarios de una tarjeta de crédito contra la entidad bancaria emisora de la tarjeta, con motivo de los daños causados por la utilización fraudulenta de la tarjeta por terceros, resultan aplicables las disposiciones de la ley 24240. Consecuentemente, la responsabilidad que deriva de la relación de consumo es de carácter objetiva, con base en lo dispuesto por la LDC 40 (Farina, J., "Defensa del consumidor y del usuario", Buenos Aires, 2004, p. 452; CNCiv, Sala F, in re "Cremasco, Eduardo José c/ Wassington SA s/ daños y perjuicios", del 28/04/04; CNCom, Sala B, in re "Lagos Marcela Andrea c/ Ortopedia Alemana SA", del 31/08/01; entre muchos otros).
Deberes procesales, lealtad procesal, sanciones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: GALLO DE RISETTI, Elisa Florida Corina c/ CASSONE, Domingo y otro s/ DESALOJO POR FALTA DE PAGO Y/O VENCIMIENTO DE CONTRATO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-02-14

Cuando en el ejercicio de la profesión se ha roto el equilibrio que debe existir entre la tarea de patrocinar y asesorar al cliente y el de ser un auxiliar de la jurisdicción, área ésta en que deben conjugarse los derechos, cargas y deberes jurídicos y éticos contemplados en las disposiciones legales atinentes al tema, cabe imponer una sanción, la que en manera alguna significa un menoscabo al principio de defensa en juicio, siendo que se trata de reprimir casos de inconducta procesal, utilizando los poderes-deberes otorgados por el legislador, los que tienden a evitar el inútil uso de la actividad jurisdiccional.
Derecho laboral, acuerdo de partes, homologación del acuerdo, improcedencia del recurso
Materia: LABORAL
Carátula: Félix Serapio Paredes y Mirta Graciela Martínez c/  s/ Homologación de Convenio (AC. 19.5.2020 REG. Nº 1 Emergencia Sanitaria)
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2021-07-30

El artículo 15, LCT requiere de dos requisitos: 1) que el objeto de la transacción debe ser un derecho o beneficio litigioso, discutido o dudoso, respecto del trabajador; 2) que el acuerdo al buen juicio de la autoridad judicial o administrativa, constituya una justa composición de los derechos e intereses de las partes. A la luz de ello, no existen cuestiones dudosas o controvertidas, pues en términos concretos la ex trabajadora acepta la justificación del despido por pérdida de confianza aducida por la sociedad de hecho para la cual trabajaba, y renuncia en forma expresa a todo reclamo posterior con motivo de la relación laboral. De modo que en concreto, surge que los empleadores aducen un despido causado y la ex trabajadora lo acepta como tal, por lo que no hay controversia alguna al respecto -cuestiones dudosas o discutidas-, que ameriten la intervención de la justicia a los fines homologatorios (Voto Romero. Adhesión Welp)
Cuestiones de competencia, competencia contravencional y de faltas, amenazas, lesiones agravadas
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Incidente de Competencia en Autos Aquino Albornoz, Erik Gabriel Sobre 149 Bis - Amenazas y Otros S/ Conflicto de Competencia", expte. SAPPJCyF n° 107977/23-0 c/  s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-02-07

Corresponde declarar la competencia Penal, Contravencional y de Faltas dado que, del relato no controvertido de los magistrados en pugna, las conductas objeto de pesquisa que tienen mayor concreción son las amenazas (art. 149 bis del CP) y las lesiones agravadas por el vínculo (arts. 89 y 92 del CP), cuya competencia local no se discute. La justicia local será competente aun si la imputación virase o se ampliase a figuras aún pendientes de transferencia (cfr. mi voto in re "Giordano", expte. n° 16368/19, resolución del 25-10-2019). (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Costas, desistimiento
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: PUROLATOR INC. c/ S.A.D.E. S.A.C.I. s/ USO INDEBIDO DE MARCA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-09-20

Este tribunal ha admitido una interpretación flexible del artículo 73 del código procesal, propendiendo a una comprensión integrativa que contempla también lo dispuesto en los artículos 68 69,70,71 y 72 del citado código, considerando que, en el caso, el desistimiento de la acción deba traer aparejada la correspondiente imposición de costas a la accionante. (Sala 2,1968,200983)
AFIP DGA, control aduanero, horario de atención al público, horas extra, pago de la remuneración
Materia: TRIBUTARIO-LABORAL
Carátula: Shell   Compañia   Argentina   de  Petróleo  S.A. s/ Recurso  de  Apelación A.N.A.  (T.F.: 4890-A)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-11-16

Del texto del art. 164 de la Ley de Aduana no se desprende que el legislador haya otorgado facultades a la aduana para eximir del pago de la retribución por servicios extraordinarios que la norma establece, cuando se lleven a cabo fuera del horario oficial, y en este sentido, la ley no deja lugar a dudas al disponer la obligatoriedad de su pago por parte de los interesados, en cuanto establece que quedan los interesados obligados al pago de las retribuciones que, en concepto de prestación de servicios extraordinarios, fije la Administración con destino al personal que se designe para la fiscalización .
Juicio por delitos de acción privada, delitos contra el honor, desestimación de la querella
Materia: PENAL
Carátula: TORRES, V s/ DESESTIMACION - QUERELLA - DELITOS CONTRA EL HONOR
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1978-12-15

I.- El art. 200 del C.P.C. es aplicable a las querellas por delitos contra el honor.

II.- Entre la presentación de la querella, comprensiva de la acusación , y la apertura del plenario transcurre siempre un lapso durante el cual pueden darse eventualmente circunstancias que obstan a la iniciación del trámite, lo cual impide afirmar que la desestimación liminar importe la desnaturalización de lo que aún no ha comenzado ni que conculque la garantía de la defensa en juicio, asegurada por el libre juego de los recursos que el agraviado puede deducir contra la respectiva resolución.
Beneficio de litigar sin gastos, prueba
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Vidal, Alberto S. s/ Beneficio de litigar sin gastos
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1997-09-18

Quien alega una situación de imposibilidad de afrontar las costas debe probarla (art. 375, 79 y 80, CPCC), y los medios probatorios incorporados al incidente deben llevar al ánimo del juzgador cuanto menos la verosimilitud de la falta de recursos alegada con base. Es que al propósito de evitar que las aflicciones económicas se erijan en obstáculo al acceso a la justicia, se anexa el de impedir que mediante criterios concesivos excesivos se desproteja a los contrarios de su derecho a resarcirse de los gastos generados por una defensa exitosa.
Despido, obligaciones del empleador
Materia: LABORAL
Carátula: Chaparro, Jaime c/ Muebles El Algarrobo S.R.L. y otros s/ Acción común s/ Acción común
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 2001-06-04

En las causales de origen económico invocada por la patronal, el examen que debe hacer el Juzgador debe ser lo suficientemente estricto no solo por el principio tuitivo del derecho laboral que protege al trabajador como el eslabón más débil de la cadena, sino porque las causas económicas se originan precisamente sin la intervención del obrero, dependiendo de la voluntad y accionar empresarial. En otros términos es el empleador, quien con su poder de disposición y organización, está facultado para adoptar unas series de medidas vinculadas con el funcionamiento adecuado del establecimiento. Es por ello que, en estas causas, donde la causal tiene índole económica, debe acentuarse el criterio protectorio, teniendo en cuenta que la decisión de la patronal sin duda, va a afectar el ingreso salarial del trabajador y aún su fuente de trabajo. Fundamento del Dr. Dos Santos.
Inadmisibilidad del recurso, inconstitucionalidad, fundamentación insuficiente
Materia: PENAL
Carátula: Miguel, Roy Facundo c/  s/ Tentativa de contrabando. Validez constitucional art. 872 CA. Recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-12-21

Es inadmisible el recurso de casación deducido contra el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 872 CA si la cuestión fuere suelta por la Corte Suprema en el precedente "Senseve Aguilera", sin que la recurrente haya planteado nuevos fundamentos que logren conmover dicha doctrina. (Dres. Borinsky y Gemignani).
Acción de amparo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Pedraja Larroza, Carlos A. y otros c/ Municipalidad de Presidente Perón s/ Amparo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-08-29

No cualquier menoscabo de derechos de raigambre constitucional constituye materia de la acción de amparo. Para que ésta proceda, los derechos constitucionales han de resultar lesionados con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Colegio de Martilleros y Corredores de Comercio, igualdad ante la ley, ejercicio profesional, corretaje inmobiliario
Materia: COMERCIAL
Carátula: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-08-26

La demanda no logra prosperar si se entendiera que lo que la parte actora pretende sostener es que conculca la garantía de igualdad que el art. 58.5 de la Ley tarifaria para el año 2012 acuerde, a quienes tienen título universitario de corredores inmobiliarios, un tratamiento fiscal distinto del que reciben otros profesionales, a saber, abogados, contadores, etc., (cf. el citado art. 155, inc. 7 del CF), pues la parte actora no ha argumentado por qué cabría concluir que los servicios de corretaje inmobiliario sólo pueden ser prestados por personas que tienen título universitario de corredores inmobiliarios, argumentación indispensable si pretendía generar una discusión acerca de la validez constitucional de esa norma a la luz del planteo descripto. (Voto del Sr. Juez Luis F. Lozano).
Accidente de tránsito, culpa civil, obligaciones del conductor
Materia: CIVIL
Carátula: FEDERICO MANUEL c/ ACATTATI HECTOR s/ ACCIDENTE DE TRANSITO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-06-23

La prudencia como obligación de conducta de quien guía un vehículo, no se compadece tanto con la adopción de meros recaudos formales sino mejor con la realización efectiva de las maniobras de acción u omisión impuestas por las circunstancias del caso.
Coronavirus, derecho de comunicación, medidas cautelares
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: M., A. M. c/ A., V. s/ incidente - Modificación derecho de comunicación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2020-04-08

Corresponde admitir la medida cautelar solicitada por la madre de un menor de edad para que, durante el periodo de cuarentena por COVID-19, se continúe con el derecho de comunicación con el progenitor no encontrarse habilitado para ir a buscar a su hijo y reintegrarlo del hogar de su madre, sin poner en riesgo su salud, la de su otra hija y la de toda la población, toda vez que la situación encuadra dentro de las excepciones contempladas en la resolución 132/2020 del Ministerio de Desarrollo Social y que, en virtud de las pequeñas distancias, los riesgos sanitarios resultan mínimos, máxime cuando los motivos y propuestas formuladas por el padre no encuentran racionalidad alguna y que los miedos que pesan sobre él, por el peligro de contagio para el resto de su familia caen en saco roto por la misma propuesta que formula, pues solamente basándose en el sentido común, no se explica como el peligro de contagio sería menor, si él mismo se traslada al domicilio de la madre, permanece allí dos días y luego regresa a su vivienda.
Concubinato, patrimonio, adquisición del dominio, carga de la prueba, juicio de desalojo
Materia: CIVIL
Carátula: BALBIANI, CARLOS IGNACIO c/ MAUD SINCLAIR, MARIA ALICIA s/ DESALOJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-11-17

Recae sobre quien invoca la existencia de la comunidad y la consiguiente contribución patrimonial en la adquisición de un inmueble inscripto dominialmente en cabeza del concubino, la prueba de su aporte como condición inexcusable para oponerse a la demanda de desalojo.
Contrato de garaje, derechos de las partes, obligaciones de las partes, acción de responsabilidad, hipermercado, aplicación analógica de la ley, depósito
Materia: COMERCIAL-CIVIL
Carátula: Zurich Aseguradora Argentina SA c/ Coto CICSA  s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-06-16

El titular del garaje resulta responsable por los daños y perjuicios sufridos por el vehículo durante el tiempo que está bajo su guarda (conf. Borda, G., "Tratado de Derecho Civil Contratos", Buenos Aires, 2005, t. I, p. 632, n° 2076-4), por ser la custodia de aquél la obligación fundamental del contrato atípico de que se trata (conf. Mosset Iturraspe, J., "Reponsabilidad por daños - Parte Especial", Buenos Aires, 1972, t. II, p. 390; Etcheverry, R., "Derecho comercial y económico Contratos Parte Especial", Buenos Aires, 2000, t. 3, p. 175).