marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho procesal, recursos, recurso de apelación (procesal), procedencia del recurso, asamblea ordinaria, resoluciones inapelables
Materia: PROCESAL
Carátula: Armas, Facundo y otros c/ Berceo Industrial y Comercial SA s/ convocatoria a asamblea s/recurso de queja
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-05-28

Procede hacer lugar a la queja deducida por el directorio de la sociedad accionada y, en consecuencia, conceder en relación el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que hizo lugar al pedido de convocatoria a asamblea formulado por los actores. Ello por cuanto, en el caso, concurren circunstancias excepcionales que autorizan a apartarse de la regla general de inapelabilidad, que no fueron advertidas por la juzgante y que se encuentran directamente vinculadas con el cumplimiento de los recaudos exigidos por la LGS 236. Es que al haber sido decidido inaudita parte por la magistrada de grado, la sociedad demandada se vio imposibilitada de plantear sus defensas. No se desconoce el carácter de herederos del socio, de los accionantes, pero la sucesión del causante aún se mantiene indivisa, sin que se haya presentado el administrador del sucesorio y sin que la cuenta particionaria haya sido inscripta en el libro de registro de acciones de la sociedad. A más, surgiría que la tenencia accionaria de los peticionantes no alcanza el mínimo legal del 5% requerido por ley para hacer viable la convocatoria a asamblea. En este marco, estima esta Sala que la resolución adoptada en la instancia de grado -sin que importe abrir juicio sobre el fondo del asunto- es susceptible de causar gravamen actual, en tanto el planteo introducido se encuentra directamente relacionado con la concurrencia de los presupuestos exigidos por la ley societaria para admitir la convocatoria judicial a asamblea y por dicha razón, corresponde acceder al remedio aquí ensayado (en este mismo sentido, CNCiv, sala E in re "Rebagliati O' Higgins, Martha Elisa c/ Cortez Tartalos, Ernesto Meliton" del Fecha: 20/10/09, Publicado en: La Ley Online; cita Online: AR/JUR/54729/2009).
Sucesiones, apertura de la sucesión, apertura por los acreedores
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: JUAN, Osvaldo J. s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-06-19

Iniciada la sucesión por acreedores, quienes siguieron el trámite hasta la publicación de edictos, sin haberse realizado la correspondiente citación de herederos o dado intervención, en su caso, al Ministerio de Educación, corresponde la declaración de nulidad de las actuaciones, en tanto no hubieran sido consentidas por quien está facultado para solicitarla, pues, mientras no se hayan cumplido los recaudos previos que habiliten la apertura por parte del acreedor, éste no está investido, ni sustancial, ni formalmente, de un interés que lo sitúe en calidad de parte legítima y, por lo tanto, los actos realizados son inválidos.-
Cuestiones de competencia, padrón electoral
Materia: ELECTORAL
Carátula: Guardia, Adrián Marcelo s/ Exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2015-02-19

El juzgado federal con competencia electoral del distrito del último domicilio registrado por el ciudadano en la República antes de su radicación en el exterior resulta competente para resolver su exclusión del padrón electoral, conforme ha entendido la Cámara Nacional Electoral en autos Cerdan, Leonardo Carlos s/exclusión del padrón electoral - Art. 8° Ley 346 (Ciudadanía española)
Concurso preventivo, acuerdo preventivo, conclusión del acuerdo preventivo, acreedor no concurrente
Materia: COMERCIAL
Carátula: SZABO  HERMANOS.  KESSLER  Y  COMPAÑIA  SOCIEDAD  DE  RESPONSABILIDAD LIMITADA. s/ QUIEBRA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-12-26

En tanto los oponentes no fueron admitidos en el pasivo pues penden litigios ventilados en sede laboral (al menos, al momento del decisorio recurrido), carecen de legitimación para resistir la finalización dispuesta por aplicación del la ley de concursos 70 (reenvío ley de concursos: 224), toda vez que la comprobación del cumplimiento a que alude la norma está dirigida a quienes debían ser pagados: los concurrentes.
Despido, nulidad de la notificación, medios de comunicación electrónica
Materia: PENAL
Carátula: Amarilla Diego Armando c/ Patrizio Julio César y otro s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-09-27

Debe desestimarse in limine el planteo de nulidad efectuado por una demandada respecto a una notificación electrónica operada al domicilio de la profesional interviniente, y en la que esgrimía ser dicha notificación anterior a la acordada 03/2015 la cual daba vigencia a las notificaciones electrónicas en el domicilio electrónico constituido por los profesionales intervinientes. La notificación atacada ha sido pergeñada conforme lo establecido por la C.S.J.N. en la acordada 31/11, art. 4, donde dispuso que "todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias que deban practicarse personalmente o por cédula, se realizarán en el código de usuario que el beneficiario deberá haber constituido como domicilio electrónico". La Acordada Nº 12/2015 suspendió la extensión del sistema de notificación electrónica a las causas que no tramitaban bajo el Sistema Informático de Gestión Judicial "Lex 100", desde que en los expedientes que sí tramitaban bajo dicho sistema, como ocurre en el caso, la utilización de esa vía de notificación ya era obligatoria por imperio de lo dispuesto en la Acordada Nº 38/13.
Simulación, acervo sucesorio, herencia, carga de la prueba, presunciones
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: INNACO  DE  HERRAIZ,  María  Dolores  y  otros c/ REQUEJO, MaríaBenita y otro s/ SIMULACIÓN.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2010-06-11

1- La carga de la prueba que establece el art. 377 del Código Procesal no es excluyente ni prioritario y sólo se aplica en ausencia o duda probatoria. Si bien no se cuestiona el deber de solidaridad probatoria ni los efectos de las cargas probatorias dinámicas en el proceso, ello no resta eficacia a que en ausencia de prueba de una simulación -supuesto que tiene amplitud probatoria- la carga recaiga en quien la alegó, que puede incluso valerse de presunciones que son de gran importancia para comprobar la causa simulandi. 2- La causa de una acción de simulación entablada por los nietos de la causante, -por la enajenación de inmuebles efectuada por su abuela para evitar que éstos no se destinaran al pago de los acreedores- puede ser probada por cualquier medio, incluso presunciones, en tanto los interesados son terceros respecto del acto simulado. 3- Que la causante y su hijo habitaran el inmueble hasta sus fallecimientos no constituye una presunción de la simulación, en tanto para destruir el negocio que consta en escritura pública ni siquiera se trajo como testigo al tercero adquirente posterior a la venta simulada, ni se trata de una prescripción adquisitiva. 4- La enfermedad de alcoholismo del hijo de la causante no alcanza para demostrar su incapacidad para administrar los bienes -determinante para su eventual preservación mediante ventas simuladas hechas por la progenitora-, si se demostró que en algunos períodos de su vida trabajó, regenteó un hotel y formó su propia familia antes de vivir con su madre, pues si bien tuvo dificultades importantes cuidó de ella hasta su muerte.
Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, conscriptos, veteranos de guerra, pensión honorífica de veteranos de la Guerra del Atlántico Sur
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Díaz, Walter Daniel c/ A.N.Se.S. y otro s/ Pensiones
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2021-04-07

Resulta improcedente retrotraer los efectos de la Ley 23.848 al 14 de junio de 1982, ya que carecería de sustento normativo y, por lo tanto, redundaría en un abuso de las facultades conferidas a los jueces por la Constitución Nacional al inmiscuirse en una órbita de competencia exclusiva del Poder Legislativo.
Procedimiento administrativo, régimen disciplinario administrativo, sumario administrativo, prueba preconstituida, cámara oculta, intervención de línea telefónica, valor probatorio
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: ARNALDO LE DONNE c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA s/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2002-10-04

Respecto del valor probatorio de las grabaciones efectuadas a través del procedimiento que denomina cámara oculta, que consiste en una microfilmadora que el agente instigador porta con la finalidad de registrar fílmicamente, a los efectos visuales de acciones que se estiman o consideran ilícitas y dignas del reproche penal o disciplinario. A la altura de los avances tecnológicos y en pleno siglo XXI parecería un despropósito negarle eficacia probatoria a las filmaciones de cámara oculta o a las escuchas telefónicas. Tampoco puede negarse que existen facilidades para trucar, alterar de modo creíble la realidad, que puede ser puesto de manifiesto e ilustrar al intérprete si los medios han sido adulterados. En el presente caso, las grabaciones telefónicas y la cámara oculta han sido debidamente resguardadas con la intervención judicial y la pre-constitución de prueba. Cabe agregar, que consciente de las dificultades que genera la transmisión de una certeza absoluta, se ha reconocido a la cámara oculta y escuchas sólo una categoría de mero indicio que requiere una autenticación o reconocimiento de los protagonistas u otros medios de prueba, sin que la sola imagen o escucha transmita una sensación de certeza o de evidencia absoluta en el intérprete de la realidad.
Recurso de revisión (procesal), sentencia
Materia: PROCESAL CIVIL
Carátula: ROMERO JUAN CARLOS c/ ALFREDO J. DOMINGUEZ s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-01-01

En esa línea directriz el Alto Cuerpo ha dicho "Si los hechos que se invocan no están relacionados con disposiciones contradictorias que conforme reiterada jurisprudencia de esta Sala, deben estar contenidas en la parte dispositiva, negando y afirmando al mismo tiempo de tal modo que se imposibilite la ejecución de la sentencia el recurso debe ser rechazado.-
Juicio ejecutivo, antecedentes de dominio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Iturrieta, Juan B. c/ Sircovich, Jorge O. s/ Juicio Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-12-28

El Juez, de acuerdo con los términos del art. 531 del Código Procesal, debe denegar la ejecución, si comprueba que el título invocado por el actor no es de los que el Código u otras leyes consideran como ejecutivos, o que es inhábil en razón de no documentar la existencia de una obligación en dinero, líquida y exigible, o que alguna de las partes carece de legitimación procesal. Ese examen, por lo demás, no reviste carácter definitivo ni genera en consecuencia preclusión alguna, pues puede volver a efectuarse, aunque el ejecutado no haya opuesto excepciones, en oportunidad de dictarse la sentencia, cabiendo incluso la posibilidad de que la inhabilidad de título sea declarada de oficio por el Tribunal de Alzada con motivo del recurso interpuesto contra dicha sentencia.-
Banco Hipotecario Nacional, contratos bancarios, créditos hipotecarios para la vivienda, Ministerio de Bienestar Social
Materia: CIVIL
Carátula: Consorcio Damnificados de PROMOBRA Soc. Civil. c/ Bco. Hipotecario Nacional s/ cumplimiento de resolución.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-10-04

Si la resolución N. 645/74 del Ministerio de Bienestar Social dispuso "facultar" al Banco Hipotecario Nacional para actuar como agente financiero y "otorgar" los préstamos (arts. 1 y 2x) no hubo allí un contrato definitivo sino tan solo el comienzo de las negociaciones tendientes a la obtención del préstamo, lo que se confirma por la observación de los expedientes administrativos de donde surge la presentación de "solicitudes" de préstamo a ser consideradas por el Banco, por la conducta de la actora que entorpeció las tratativas al pretender que se le permitiera abonar las sumas invertidas por el Banco en la compra de edificios acogiéndose a los términos de la ley 21.508 y porque no se concretaron las formalidades necesarias para garantizar con hipoteca dichos préstamos.
Tareas de inteligencia, accionar policial
Materia: PENAL
Carátula: Guattini, Julio César s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-17

Esta Cámara ya se ha expedido en el sentido de la validez de las tareas de inteligencia llevadas a cabo por personal policial, por propia iniciativa y en cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, puesto que las mismas constituyen una metodología normal en la averiguación de probables delitos y sus posibles autores. En efecto, se ha dicho que "la tareas mencionadas configuran una actividad esencial para las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad, y forman parte integrante de las funciones que en modo imperativo establece el ordenamiento procesal en su art. 183, todo lo cual aparece complementado en las previsiones específicas en el art. 184 y ss. del C.P.P.N. (Voto de la Dra. Berraz de Vidal).
Accidente de tránsito, daños y perjuicios, indemnización por accidente de tránsito, monto de la indemnización, valor vida
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Alcazar de Yunes Adriana E. por sí y por su hijo menor c/ Transporte Automotores de Cuyo Coop. Ltda. s/ Daños y Perjuicios (LIBRO: S141 - 139)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1997-03-13

La indemnización por este concepto debe ser determinada considerando circunstancias relacionadas con la víctima, su viuda e hijos, como edad, sexo, situación social y económica, otorgando a los reclamantes una suma de dinero que les permita obtener una renta análoga a la probable ayuda económida que el occiso les hubiera podido brindar si viviera, gozando el juzgador de un amplio mangen de apreciación, sin seguir un criterio basado en rigurosos cálculos matemáticos
Trabajadores de la salud, establecimientos asistenciales, médicos, relación de dependencia
Materia: LABORAL
Carátula: SANATORIO MEDICO QUIRURGICO SANTA FE s/ IMPUGNACION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-06-30

Siendo el organismo dador de trabajo una empresa en los términos del artículo 5 Ley de Contrato de Trabajo (en el caso clínica hospitalaria) que para realizar su finalidad societaria -atención de pacientes- necesita los servicios profesionales de distintas especialidades y paga por ellos un estipendio fijado por los aranceles médicos estatales, se configura un negocio jurídico que debe caratularse como relación de trabajo en los términos del artículo 21 Ley de Contrato de Trabajo.
Despido, indemnización tarifada, daño moral
Materia: LABORAL
Carátula: ARBURUA RUBEN c/ BANCO SUDECOR COOPERATIVO LIMITADO s/ DESPISO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1993-08-11

La ley le reconoce al empleador la facultad de despedir al trabajador sin expresar la causa, con la consiguiente obligación de abonarle a este último la indemnización correspondiente, pero no le otorga el derecho a agraviarlo ni a herirlo con términos injuriosos o que lleven la intención del tal, dejándolo en el mejor de los casos en calidad de sospechoso, sin otro riesgo que no sea la indemnización del art. 245 de la Ley 20744. Obrar de otra manera, sería tarifar en la medida de la indemnización de la norma legal mencionada, el daño moral, cuando un empleador inescrupuloso quisiera deshacerse de un empleado, con lo que se convertiría -esa interpretación- en una especie de bill de indemnidad para quien quisiera agraviar a una persona, hiriéndola en sus sentimientos más profundos, conociendo de antemano el riesgo económico. Cabe desentrañar, si la conducta del empleador al disponer el despido se ajustó a los términos de la ley, y en especial, a las normas reguladoras del contrato, o por el contrario, obró antifuncionalmente, es decir, provocando agravios o injurias injustificados al trabajador, capaz de generar un daño moral. (Voto del Dr. Conti).-
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, cuestión federal, defensa en juicio, gravamen irreparable, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Balsells, Antonia Ester y otro  c/ Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad Luis Pasteur s/ amparo de salud
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2024-05-21

Los agravios planteados por la apelante suscitan cuestión federal suficiente para su tratamiento por la vía extraordinaria, pues, si bien las cuestiones atinentes a la caducidad de la instancia resultan -por ser de índole fáctica y de derecho procesal- ajenas al art. 14 de la ley 48, esa doctrina admite excepción cuando, se denuncia que el fallo apelado afecta la garantía de defensa en juicio por apartarse de las normas concretamente aplicables al caso, sin expresarse fundamentos para ello o cuando la solución alcanzada parte de un examen de las constancias de la causa llevado a cabo con injustificado rigor formal que afecta la garantía de defensa en juicio y lo resuelto, además, pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Recurso de inconstitucionalidad, sentencia no firme, auto de procesamiento
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: M, H F s/ AUTO DE PROCESAMIENTO     QUEJA  POR  DENAGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 566-91 Y., C. A. s/ AUTO DE PROCESAMIENTO      EXPTE NRO 564-91 D, D L P s/ AUTO DE PROCESAMIENTO     QUEJA  POR  DENEGACION  DEL  RECURSO  DE  INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 565-91
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01|1992-04-01|1992-04-01

El auto de procesamiento es un mero juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación, y ni en su contenido, consecuencias o exigencias, puede ser calificado como sentencia, ni equiparable a un decisorio definitivo, puesto que no pone fin al pleito ni impide su continuación.
Prescripción, resoluciones judiciales, acción judicial, daños y perjuicios, juicio ordinario
Materia: CIVIL-PROCESAL
Carátula: Cencosud SA c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-06-02

El comienzo del plazo prescriptivo acontece al tiempo de ocurrencia del daño, que es cuando se produce la consolidación del perjuicio, a pesar de que esos hechos perduren en el tiempo produciendo otros detrimentos, porque el "título" que genera la obligación de resarcir no es otro que el originario (cfr. Rezzónico, "Estudio de las Obligaciones en nuestro Derecho Civil", ed. Depalma, T° II, pág. 1114/5 y notas 17bis y 19). En cierto precedente ("Pointevin, Mónica c/ Banco Itaú Buen Ayre SA", del 4/5/06), se ha señalado que la prescripción debe computarse a partir del momento en el que el demandante toma conocimiento de los daños que reclama, sin que obste a ello la circunstancia de que los perjuicios pudieren presentar un proceso de duración prolongada o indefinida, pues el curso del término comienza cuando sea cierto y susceptible de apreciación el daño futuro (CSJN., "Sociedad Coop. De Transporte Automotor Litoral Ltda.. c/ Provincia de Buenos Aires y otros", del 2710-94; "Suraltex SRL (en liquidación) y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos", del 04/04/02). Asimismo, en sentido coincidente, también se ha expresado que no habilita a soslayar el momento en que se producen inicialmente los hechos que originan los daños la circunstancia de que los efectos dañosos no se configuren in integrum de modo instantáneo o, en otros términos, que esos efectos se extiendan o, eventualmente, se agraven en el tiempo, si el perjuicio reconoce la misma causa generadora. Es en razón de su previsibilidad que se exige del perjudicado un obrar prudente y diligente (v. "Auto-Gas SA c/ YPF SA", del 30/9/13).
Acto administrativo, vicios del acto administrativo, licitación pública
Materia: ADMINISTRATIVO-CIVIL-COMERCIAL
Carátula: C.I.R. Centro Integral de Rehabilitación S.A.C.I. c/ Municipalidad de San Miguel s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2017-08-29

Una vez aprobada la modalidad de calificación y puesto en marcha el procedimiento selectivo no puede ser desconocido sin afectación a los pilares jurídicos a los que debe conformarse la voluntad administrativa (entre otros, la igualdad de trato, la concurrencia y la motivación razonada de la decisión); lo que implica que el acto que dirime la licitación viene predeterminado por los criterios de valoración fijados en las bases.(del voto del doctor Soria)
Sociedad anónima, capital social, aumento de capital social, emisión de acciones, prima de emisión, realidad económica, cláusulas leoninas, Ley de Sociedades Comerciales, interpretación de la ley
Materia: COMERCIAL
Carátula: LURIE, JORGE c/ PONIEMAN HNOS. SA. s/ SUMARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-05-19

La LS: 202, en su segundo párrafo, reza: "se podrá emitir con primas (...) conservando la igualdad en cada emisión". Pues bien, la locución "se podrá" no tiende, a denotar alternatividad o facultad para elegir libremente acudir al mecanismo de emisión con primas o sin ellas; mas bien tiende a subrayar la legitimidad de la emisión con primas asunto que fuera cuestionado en antiguas interpretaciones.

Así, entonces, de su empleo no se sigue necesariamente que no exista obligatoriedad: el carácter forzoso, quizá no universal, puede venir impuesto en ciertos casos -como en la especie- porque la ausencia de sobreprecio vulnere respecto de las acciones anteriores al aumento la ecuación conmutativa que es de la esencia de relaciones de naturaleza contractual como lo es la societaria, al menos para esta clase de temas y aunque se trate de la anónima; se configuraría una hipótesis leonina comprendida en el campo conceptual de la LS: 13, aunque en materia de anónimas no se deba hablar de socios sino de acciones, lo cierto es que resulta incuestionable la necesaria atribución de management empresario anterior al aumento de capital, a las acciones a su vez anteriores, conducción productora del mayor valor patrimonial, que quedaría injustamente diluido o aguado por el acceso a la portación de las nuevas acciones con su sola integración nominal. La obligatoriedad, pues, aparece impuesta no por la letra de la Ley, pero si por la coherencia del sistema y por operatividad de principios primigenios del derecho privado (CCiv:953, 1139, y 1201). En síntesis, en la emisión con primas deberá acudirse siempre que la realidad económica así lo imponga por existir diferencia entre patrimonio neto y capital sociales.
Leyes, interpretación de la ley, jueces, deberes del juez
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: M., R. M. s/ ADOPCION PLENA     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 450-89 ROULET, LUIS RAFAEL c/ TAVERNA IRIGOYEN, JORGE Y OTROS s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD      EXPTE NRO 456-89
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1992-04-01|1992-03-19

Nada dispensa al Juez del deber de no interpretar las leyes con un mero alcance gramatical o de lógica formal; la exégesis no debe agotarse en la consideración elaborada de una o varias normas; al contrario, una sistemática, razonable y discreta hermenéutica impone responder acabadamente al contexto general y a su espíritu que no puede ser otro que la cabal garantía del debido proceso.