Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Tucumán
Fecha: 2003-03-27


SENT Nro. 176 C A S A C I O N En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a 27 DE MARZO de dos mil tres, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Héctor Eduardo Aréa Maidana, René Mario Goane y Alfredo Carlos Dato, bajo la Presidencia de su titular doctor Héctor Eduardo Aréa Maidana, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: "Serrano, José Patrocinio vs. Provincia de Tucumán s/Inconstitucionalidad".

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, se procedió a la misma con el siguiente resultado:

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo:

I.- A fs. 280/286, la parte demandada plantea recurso de casación contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 26 de marzo de 2002, obrante a fs. 264/273 de autos, que es concedido mediante resolución del referido tribunal de fecha 25 de julio de 2002 (cfr. fs. 299 y vta.), habiéndose dado cumplimiento al traslado dispuesto por el artículo 816, in fine, del C.P.C. y C., normativa ésta de aplicación supletoria por expresa disposición del artículo 89 del Código Procesal Administrativo.

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de esta Corte, como tribunal del recurso casatorio, la de revisar si ha sido correctamente concedido, la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del acto impugnativo extraordinario local.

El recurso resulta admisible, pues: a) ha sido interpuesto en término, conforme surge de lo actuado a fs. 275 y del cargo inserto a fs. 286 vta.; b) el acto judicial impugnado constituye una sentencia definitiva; c) se efectuó el depósito que exige la ley del rito (cfr. fs. 276); d) el escrito recursivo se basta a sí mismo, en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y e) se invoca infracción a normas de derecho.

III.- Sostiene la parte demandada, para fundar su recurso de casación, que el fallo de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, exhibe falta de claridad, incongruencia y una gruesa contradicción entre sus considerandos y su parte resolutiva, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 51 ter. de la Ley Nro. 5636 y condenar a la Provincia a abonar el adicional previsto en el artículo 51 de dicho cuerpo legal.

Alega que la sentencia concluye que el Fondo Estímulo reclamado por los actores, por su especial naturaleza, no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa, razón por la cual se entiende que la disposición contenida en el artículo 51 ter de la Ley Nro. 5636, no configura una violación al principio de irretroactividad de la ley ni al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la CN, ni vulnera derecho adquirido alguno de los accionantes.

Sostiene que en virtud de ello, la sentencia se adentra en el examen de razonabilidad de la norma impugnada, efectuando una errónea aplicación de los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional, al determinar que el incentivo "Fondo Estímulo" constituye una "ventaja" para los actores de la que se ven privados para beneficiar a otro sector de la Administración.

Considera que debe distinguirse entre "mera expectativa" y "ventaja", pues la primera constituye una "situación de anhelo" mientras que la segunda da idea de un derecho, lo que en realidad no poseen los actores. Así el fallo toma la posición de los actores como "ventaja", asimilándola a un derecho adquirido (luego de haber sostenido que se trata de una mera expectativa), para analizar la razonabilidad de la norma y con ello parte de una premisa errónea, lo que se parece más a una crítica subjetiva de la Ley Nro. 5636, cuestión extraña a la competencia judicial.

Asimismo, para el supuesto que esta Corte admita el test de razonabilidad efectuado por el fallo, el recurrente analiza la cuestión desde dos perspectiva (a.- finalidad general de implementación del Fondo Estímulo y, b.- finalidad de exclusión del personal adscripto o transferido de escalafones distintos al de la Administración Pública Provincial, como el que nos ocupa), agraviándose porque en el razonamiento sentencial se ve afectado el principio constitucional de igualdad (artículo 16 de la CN).

IV.- A su turno, la sentencia, luego de reseñar los antecedentes y la posición de las partes, sostiene que debe distinguirse entre derechos adquiridos y derechos en expectativa y que nadie tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes y reglamentos ni a su inalterabilidad, conforme a jurisprudencia que cita, llegando a la conclusión que los actores carecen de derecho adquirido a percibir el Fondo Estímulo.

Sin embargo, advirtiendo ciertas reservas a esta conclusión, considera necesario abordar la cuestión desde la perspectiva de la razonabilidad de la norma, o sea la existencia de proporcionalidad entre cargas y ventajas. Estima que la norma cuestionada establece cuanto menos una limitación a la "ventaja" que antes gozaban un número de agentes públicos que prestaban servicios en las reparticiones involucradas en la recaudación fiscal.

Con fundamento en los artículos 28 y 14 de la Constitución Nacional y análisis de las reglas de razonabilidad, estima que la Ley Nro. 6915 ha incorporado un límite a las ventajas de los sujetos comprendidos en la norma, cuestión que examina desde la perspectiva de la finalidad del régimen general establecido por el artículo 51 de la Ley Nro. 5636 (propósito de incentivar la recaudación de tributos) y la finalidad de la exclusión que surge de la discusión parlamentaria del proyecto que luego fue la Ley Nro. 6915, modificatoria del artículo 51 de la Ley Nro. 5636, (propósito de preservar el principio de igual remuneración por igual tarea entre los agentes público de la Administración Pública Provincial y los provenientes de otros escalafones, que tuvieran mayor remuneración).

Desde este último punto de vista, la sentencia sostiene que la norma cuestionada no supera el test de razonabilidad, pues la misma resulta exagerada para el fin propuesto, amén de que el objetivo propuesto (igual remuneración por igual tarea) bien pudo lograrse con mecanismos más equitativos que contemplen los sectores involucrados; por lo tanto entiende que la disposición impugnada es inaplicable a los actores.

Por último, en el punto primero de su parte resolutiva, declara la inconstitucionalidad del artículo 51 ter de la Ley Nro. 5636 y condena a la Provincia a abonar el adicional previsto por el artículo 51 del mismo cuerpo legal, con costas a la accionada.

V.- De la liminar lectura de la sentencia atacada surge, sin lugar a dudas, la incongruencia que destaca la recurrente.

En efecto, los actores (provenientes de distintos escalafones de la Administración Pública) pretenden se declare inconstitucional el artículo 51, ter de la Ley Nro. 5636, modificada por la Ley Nro. 6915 y la nulidad de los actos administrativos que sean consecuencia de su aplicación, en cuanto cercena sus derechos a continuar percibiendo el Fondo Estímulo, ítems incorporado a sus status remuneratorio en carácter de derecho adquirido, en los términos del artículo 17 de la CN.

A su turno, la accionada en el responde sostuvo que no se trata de un derecho adquirido, criterio acogido por la sentencia en crisis, en su considerando V.

A partir de esta premisa (inexistencia de derecho adquirido), el fallo apoyado en el concepto de "ventaja" que para los actores representaba el Fondo Estímulo, se adentra a examinar la razonabilidad de la norma cuestionada en función a los objetivos tenidos en mira por el legislador para su sanción, concluyendo en su desproporción e inaplicabilidad respecto a los accionantes.

No obstante estas conclusiones, el punto I de su parte resolutiva, acoge la demanda declarando la inconstitucionalidad de la norma y condena a la Provincia al pago del referido adicional.

Sin duda alguna y sin que ello implique pronunciamiento alguno de esta Corte sobre si en la especie existe o no derecho adquirido, la sola circunstancia que la Excma. Cámara se haya pronunciado sobre su inexistencia, más allá de su acierto o no, priva de sustento lógico-jurídico a la posterior fundamentación del fallo, poniendo de relieve, además, la existencia de contradicción entre lo considerado y lo resuelto.

En efecto, sabido es que conforme a jurisprudencia pacífica sólo quien es titular actual de un derecho o de una garantía que se pretende violado (no simple expectativa) puede peticionar y obtener el ejercicio del control de constitucionalidad.

Al respecto, Bidart Campos ("Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino", T° II, Derecho Constitucional del Poder, Ediar, Bs. As. 1989, pág. 353), sostiene: "Nos parece que el centro de gravedad de la jurisdicción constitucional se sitúa en la protección de los derechos, y a ellos dedicamos una breve recapitulación. a) Si bien la supremacía de la Constitución cubre toda la extensión de la constitución formal, cabe decir que dikelógicamente alcanza su cenit cuando atiende a la parte dogmática donde constan los derechos; b) El control de constitucionalidad se enlaza íntimamente con ellos, por lo menos por las siguientes razones: b') dicho control - basado en la supremacía - sirve para tutelar los derechos violados o amenazados por normas o actos inconstitucionales; b'') las causas judiciales donde hay pretensiones jurídicas referidas a los derechos no pueden sustraerse compulsiva ni definitivamente a la decisión del poder judicial; b''') el sujeto titular de un derecho presuntamente agraviado tiene legitimación para requerir su protección y control constitucional a su favor." Tampoco es factible efectuar un control de razonabilidad de las leyes, si no se lo vincula con un pretendido derecho conculcado. Si se parte de la premisa de que no existe derecho adquirido (sea ello acertado o no), el control de razonabilidad de la ley carece de sustento y configura una mera especulación en abstracto, cuestión vedada a los jueces. En suma dicho control debe necesariamente referir a un derecho presuntivamente lesionado y no a una mera expectativa.

Desde esta perspectiva, Bidart Campos (ob. cit., pág. 353) sostiene: "Una segunda relación es la que se traba con el principio de razonabilidad, en torno a la aplicación del art. 28. Todo acto de poder o de particulares que con irrazonabilidad (arbitrariedad) implica alterar o inferir agravio a un derecho subjetivo, es inconstitucional y debe ser sometido a control. Lo interesante es volver a advertir que nuestro derecho judicial se conforma y resigna con descubrir que hay relación suficientemente razonable entre el "medio" propuesto para alcanzar un fin y el mismo "fin"; o dicho en otros términos, que aquél medio es conducente a dicho fin. Nosotros, en cambio, proponemos que, además, el control judicial de constitucionalidad verifique si el medio elegido es, entre varios posibles, el que en menor proporción limita el derecho personal comprometido, con la consecuencia de que si se ha optado por uno más gravoso, hay irrazonabilidad inconstitucional en la medida, por innecesaria limitación del derecho afectado." Como bien expresa la recurrente, cuando la sentencia efectúa el test de razonabilidad de la norma, abandona el concepto de expectativa para utilizar el vocablo "ventaja", queriendo significar con ello la existencia de cierto derecho que merece protección judicial. Ello implica sin duda alguna, cuanto menos, una evidente contradicción e incongruencia en el discurso sentencial, que lo descalifica en su validez.

Por último, también se advierte contradicción entre lo considerado (la sentencia estima que la norma cuestionada no supera el test de razonabilidad, por lo que entiende que corresponde declarar su inaplicabilidad) y la parte resolutiva que directamente declara su inconstitucionalidad.

Los vicios apuntados, privan al pronunciamiento no sólo de la coherencia lógica que deben observar las resoluciones judiciales, sino que resulta conculcatorio del principio de congruencia establecido en el artículo 34 del C.P.C. y C. de aplicación supletoria al fuero, ya que la construcción que realiza a partir de la premisa de inexistencia de derechos adquiridos torna abstracto el pronunciamiento, amén de la contradicción entre los considerandos y la parte resolutiva, lo que configura una falla estructural de la decisión, incompatible con la condición de acto jurisdiccional válido.

Por otra parte, lo resuelto en la parte dispositiva de la sentencia, lejos de referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica sentada en sus considerandos, propugna una solución jurídica distinta, desvinculada de los razonamientos y fundamentos expresados en los mismos.

En mérito a lo expresado precedentemente considero procedente el recurso casatorio articulado por la demandada, correspondiendo CASAR íntegramente la sentencia de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, conforme a la siguiente doctrina legal: "Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que se pronuncia declarando la inconstitucionalidad de una norma que afectaría simples expectativas y que, vulnerando el principio de congruencia, exhibe contradicciones entre sus considerados y la parte resolutiva." Atento a la conclusión nulificante a la que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los restantes agravios, correspondiendo remitir estos actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

VI.- Atento a que el vicio que motiva el presente recurso proviene de una falla estructural de la sentencia, las costas de esta instancia casatoria deben imponerse por el orden causado.

Los señores vocales doctores Alfredo Carlos Dato y Héctor Eduardo Aréa Maidana, dijeron:

Estando conformes con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, votan en igual sentido Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación planteado por la demandada, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de fecha 26 de marzo de 2002, obrante a fs. 264/273 de autos. En consecuencia, CASAR la misma, dejándola sin efecto en todas sus partes y REMITIR estos actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.

II.- COSTAS de esta instancia casatoria, como se consideran.

III.-RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

HAGASE SABER.

HECTOR EDUARDO AREA MAIDANA RENE MARIO GOANE ALFREDO CARLOS DATO