Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-10-27


JACQUELIN, Luis Francisco y otro contra MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL Reg.: A y S t 202 p 184-185. Santa Fe, 27 de octubre del año 2.004.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el actor, contra la sentencia del 28 de agosto del año 2002 y su aclaratoria, dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en autos "JACQUELIN, Luis Francisco y otro c. MUNICIPALIDAD DE EL TREBOL -Ordinario- (Expte. 262/01)" (Expte. C.S.J. nro. 433, año 2002); y, CONSIDERANDO:

1. El decisorio impugnado acogió el recurso de apelación deducido por la accionada contra la resolución del Juez en primer grado de conocimiento -que, a turno había rechazado la impugnación de planilla interpuesta por aquélla- y, ordenó la confección de una nueva liquidación.

Contra ese pronunciamiento endereza el perdidoso su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por no reunir las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción, como lesivo de los derechos de defensa en juicio y propiedad.

Sostiene el impugnante que la Sala cae en arbitrariedad normativa al soslayar abiertamente la aplicación de la ley pertinente al juzgar la conducta y derechos del actor en virtud de las erogaciones y esfuerzos económicos realizados.

Concretamente, se queja de que el Vocal cuyo voto hiciera sentencia sostuviera que existen razones para que la argumentación de la accionada resulten atendibles y luego, en forma contradictoria, aludiera a la "añeja etiología de la causa que pone sobre el tapete un tema que fue el leit motiv de la sanción...".

Al respecto, asevera que es arbitrario que el Juzgador reconozca la antigüedad de la causa y pese a ello, desatienda los motivos y derechos que asisten al actor de lograr un verdadero resarcimiento económico de los gastos realizados en su actividad económica.

Destaca que lo decidido constituye un "castigo" para el demandante que, pese a haber logrado una sentencia favorable no ha podido hasta ahora percibir los verdaderos montos que compensen el esfuerzo económico realizado en el año 1989.

Por ello, afirma que lo resuelto con aplicación de la ley 24283 implica lesión al derecho de propiedad, tal como surge de las abundantes probanzas que obran en la causa y que solo podrá verse protegido si es resarcido en su justa medida, teniendo presente la incidencia del transcurso del tiempo.

Añade que lo resuelto también viola la garantía del debido proceso puesto que la nutrida actividad procesal durante más de 10 años, con sentencia firme favorable, resulta desvirtuada por la aplicación de un precepto legal de inferior jerarquía que el mandato constitucional vulnerado.

La Sala denegó la concesión del remedio intentado razón por la cual el quejoso ocurrió en forma directa ante esta sede.

2. Aún si se estimara superado el escollo formal de falta de planteo oportuno de la cuestión constitucional -que la Sala señaló como insatisfecho- de todos modos la queja no podría prosperar.

Es que el pronunciamiento atacado -que ordena practicar una nueva liquidación- no resulta ser decisorio definitivo ni equiparable.

El carácter definitivo de un auto interlocutorio no debe referírselo a la inexistencia de un ulterior recurso contra el mismo, sino a sus efectos sobre el pleito, en cuanto pone fin a éste o torna imposible su continuación, efecto que, indiscutiblemente, no produjo el auto objetado.

Acorde con la calidad excepcional que reviste el recurso de inconstitucionalidad, viable sólo en los casos y condiciones precisas de fondo y de forma establecidas en la ley 7055, una resolución interlocutoria no es impugnable si no produce tales efectos, lo que no obsta a que de concretarse el agravio, pueda deducirse el medio impugnatorio contra el decisorio que aprueba la liquidación en forma concluyente.

Podría pensarse que el auto impugnado ya provoca el gravamen al disponer que será aplicada ley 24283 como lo solicita la accionada -y a lo cual parece oponerse el recurrente, de acuerdo a los genéricos reparos que vierte en el escrito introductorio del recurso de inconstitucionalidad y en los que apoya su disconformidad- pero ello no es suficiente para que los eventuales e hipotéticos derechos constitucionales violados, deban merecer protección en esta etapa de la causa. Tal eventual agravio -que anticipadamente se invoca- podrá revisarse, en suma, frente a la resolución que apruebe la planilla definitiva.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: rechazar la queja interpuesta y declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente, remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.:VIGO-GASTALDI-GUTIERREZ-NETRI-Fernández Riestra (Secretaria)