Tribunal: CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2017-03-17


EXP 30702 / 12 Salta, 17 de marzo de 2017.

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: "VELARDO, DEBORA PAOLA C/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. Y/O; SMG ART S.A. S/ ORDINARIO", EXP - 30702/12; originario del Juzgado del Trabajo n º 3, para resolver la apelación interpuesta a fs. 214/217 por la parte actora, y C O N S I D E R A N D O La Dra. Analía Villa de Moisés dijo:

I) Llegan estos autos a consideración de la Sala que integro en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, incorporado en fs. 214/217, por el cual se solicita se haga lugar a las indemnizaciones por despido, daño moral, psicológico y físico, con costas.

Se agravia del rechazo de los rubros mencionados por entender que la injuria invocada ha sido probada en los presentes obrados. Señala contradicciones en el fallo por cuanto el juzgador expresa en los considerandos del mismo que, en atención a las características que debe tener el acoso laboral, en el caso no se ha demostrado a través de las pruebas producidas la presencia de las mismas, y luego, a fs. 202, al valorar la testimonial dice que los testimonios referidos demuestran la existencia de un mal trato a la trabajadora por parte de su superior, con características de agresividad y autoritarismo totalmente inadecuados y mas aún en una relación de trabajo. Que el juzgador omite y da un valor probatorio neutro al acta de reconocimiento de fs. 131 en la que el Dr. Ignacio Crespo, médico psiquiatra, reconoce la documentación que se le exhibe y en la que se da cuenta del cuadro de estrés sufrido por la actora, diagnóstico que se reitera en la testimonial del mencionado facultativo (fs. 140).

Se agravia de las consideraciones del sentenciante relativas a la oportunidad y contemporaneidad de la injuria. Que la enfermedad y el diagnóstico se configuraron durante su licencia por enfermedad (depresión - estres y síncope vasovagal).

Dice que surge acreditado que la demandada obró con negligencia y violó el deber de previsión y seguridad en detrimento de la actora, pues la sometió a condiciones laborales denigrantes, nocivas e idóneas para provocar daños en su salud psicofísica, generando un supuesto de violencia moral psicológica proveniente del maltrato incurrido por la empleadora, lo que permite tener por configurados los presupuestos de la responsabilidad civil y la consiguiente obligación de la empleadora de reparar el daño injustamente causado a la trabajadora.

Que mientras duró la licencia médica que obtuviera la actora por casi un año calendario, con goce de haberes, la demandada en ningún momento requirió junta médica, ni hizo control con médicos de su parte, ni estudios complementarios para constatar la dolencia denunciada por su parte.

Concluye solicitando se haga lugar al recurso y a los rubros reclamados, efectuando reserva del caso federal.

A fs. 223/228 y 231/235 contestan el traslado del recurso los demandados solicitando su rechazo con costas.

II) A fin de resolver el presente encuentro conveniente memorar que la parte actora invoca una situación de acoso laboral como fundamento de dos pretensiones distintas. Por un lado, como base de su decisión de considerarse en situación de despido indirecto y reclamar las indemnizaciones derivadas de la disolución del vínculo por causa imputada al empleador, y por el otro, como causa de las enfermedades sufridas, a las que califica de profesionales, reclamando por tanto la reparación de los daños que considera derivados de ellas.

Ambas pretensiones indemnizatorias fueron denegadas por el fallo emitido por el juez de grado, criterio que considero debe mantenerse y por tanto propicio el rechazo de la apelación incoada por el actor, en base a los argumentos que a continuación expongo.

La disolución del vínculo, tal como se expone en el fallo de grado, se produce por despido indirecto, en fecha 26/07/2012, cuando por CD 227696713, la actora se considera injuriada y despedida en base a los comportamientos que endilga a su empleadora. Concretamente afirma haber sido víctima de acoso laboral (mobbing), traducidos y exteriorizados en presiones y malos tratos (descalificaciones en voz alta frente a los compañeros y clientes del banco, insultos y negativas de permisos para ir al baño), persecución y exigencia de objetivos de cumplimiento imposible por parte de la supervisora Sra. Celsa Videla.

El juez de grado rechazó la pretensión por falta de contemporaneidad entre la injuria y la situación de despido indirecto, solución que entiendo adecuada a las constancias de autos y a las normas aplicables. En efecto, en su demanda (fs. 08) afirmó la actora que el acoso laboral inició en los meses de enero y febrero del año 2011, que estuvo casi un año con carpeta médica, y finalmente en fecha 26/07/2012 se consideró despedida por los hechos acontecidos en enero / febrero de 2011. La contemporaneidad implica que la reacción del injuriado sea inmediata al acto de incumplimiento producido por la otra parte, o que la demora en la reacción sea razonable en orden a una prudente apreciación de la misma con miras al ejercicio de la facultad rescisoria del vínculo. Así se ha dicho que: "El requisito relativo a la contemporaneidad entre el hecho injurioso y la asunción de ciertas conductas positivas por parte del afectado, no sólo exige que haya una efectiva denuncia del hecho que se estima realmente impeditivo del mantenimiento del vínculo sino que, además, apunta a que haya un cumplimiento efectivo del deber de obrar de buena fe y un ejercicio regular de los derechos involucrados (arg. Arts. 62, 63, LCT y 1071 C. Civ.). Es decir, no sólo debe existir un incumplimiento de gravedad imputable a la otra parte sino que, además, debe existir una relación temporal cercana entre dicho suceso y la decisión de ruptura que se adopte sobre la base de aquel". De modo tal que no existe contradicción en los argumentos del fallo en punto al análisis efectuado respecto de la conducta de la Sra. Celsa Videla y a la consideración de la injuria, puesto que esta no se consideró idónea para justificar la disolución del vínculo por falta de contemporaneidad. Por lo expuesto, el agravio por el que solicita la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido debe rechazarse con costas.

En cuanto a la responsabilidad por la reparación de los daños que la actora entiende derivados de la situación de acoso laboral que afirma haber sufrido, coincido con la conclusión a que arribara el juez de grado, anticipando en este sentido que la apelación no ha de tener andamiento. En efecto, la situación se encuadra en los postulados del primer párrafo del Art. 1113 del Código Civil, esto es, responsabilidad del principal por los daños que causaren los que están bajo su dependencia. Para que sea posible imputar responsabilidad al empleador en esta situación debe acreditarse la existencia del daño, el comportamiento imputado al dependiente, su antijuridicidad, y la relación de causalidad entre el comportamiento y el daño. En los términos del Art. 377 del CPCC, la carga de la prueba de los extremos antes referidos y necesarios para la procedencia de la pretensión indemnizatoria deducida corresponde al trabajador. Advierto que en autos no logra la parte actora acreditar los elementos mencionados y necesarios para el progreso de su pretensión.

La actora afirma que fue victima de una situación de acoso y maltrato laboral resultante de los comportamientos adoptados por la supervisora Celsa Videla, quien era su superior jerárquico en el banco HSBC. Afirma que de esta situación derivaron daños en su salud, cuya reparación reclama.

El acoso u hostigamiento laboral es el conjunto de acciones direccionadas y sistemáticas realizadas por una o más personas - generalmente con cargo jerárquico superior - en perjuicio de un trabajador determinado consistente en actos, omisiones, utilización de lenguaje inapropiado, burlas o actos que impliquen humillación, que tiene por fin quebrantar su libertad y afectar su dignidad, someterlo a sus designios, caprichos a voluntad, persiguiendo que renuncie al empleo o su control o dominación.

Analizando las constancias de autos, en particular la declaración testimonial del testigo Carrizo (fs. 132 vta. 134), advierto la existencia de un trato inadecuado por parte de la Sra. Celsa Videla en relación a la actora. Lo dicho por Carrizo es confirmado por el testigo Flores Espeche (fs. 138/140), aunque sus dichos presentan importancia relativa en punto a que declara en su condición de cliente del banco, de lo que resulta un contacto ocasional con las partes, y concluye el maltrato a partir del lenguaje gestual del intercambio existente entre Velardo y Videla. Entonces, tal lo como se relata en la sentencia de grado (fs. 202 2º párrafo) se puede afirmar la existencia de un trato inadecuado en alguna ocasión, mas no se acredita la existencia del acoso laboral con el alcance descripto en los parágrafos precedentes, esto es, un maltrato permanente y constante orientado a lograr la sumisión o renuncia del trabajador. En este sentido se ha dicho que la existencia de una disciplina rigurosa, o de un alto nivel de exigencia del empleador no conforma ni configura el mobbing, que en si es un acto ilícito y no el ejercicio normal de los derechos conferidos en el marco regulatorio.

Finalmente, no se acredita la relación de causalidad entre el daño en la salud que afirma sufrir la actora y el comportamiento imputado al dependiente del demandado. En efecto, el resumen de historia clínica confeccionado por el Dr. Crespo, médico psiquiatra, acompañado por la parte actora y ratificado por este (fs. 131) da cuenta de que la actora padecía al momento del estudio síntomas depresivos y de estrés, encontrándose incapacitada para sostener su actividad habitual, tanto laboral como social. En su testimonio de fs. 140/141 declara que la actora estuvo sometida a situaciones de estrés muy altas, que vincula con las condiciones de trabajo, según los dichos de la actora, que era su paciente. La psicóloga Marta Clarisa Rodríguez da cuenta en su informe reservado en secretaría de una situación de depresión sufrida por la actora, refiriendo en su testimonial de fs. 136/137 que la actora padecía una situación de desgano y tristeza, que adjudica a las altas exigencias laborales.

Del análisis de las pruebas referidas se puede establecer que la señora Velardo padecía de un alto nivel de estrés que influía en su salud, mas no resulta posible adjudicar el mismo a un trato injusto por parte de su empleador. No se pudo establecer a partir de la prueba producida si la situación de estrés derivaba de la incapacidad de la actora para tolerar los niveles de exigencia propios y normales de las tareas que desarrollaba, o si se originaba en exigencias excesivas, impropias y distintas de las que debían soportar los demás empleados. No habiendo cumplido el actor con la carga procesal de acreditar el supuesto de hecho invocado como fundamento de su pretensión, la misma no ha de progresar. En este sentido se ha dicho que: "Es improcedente el reclamo por acoso moral efectuado por un dependiente si no ha sido demostrado, ni siquiera a nivel presuncional, la alegada existencia de una campaña de hostigamiento por parte del empleador para lograr su alejamiento de la comunidad empresarial. Debe confirmarse la sentencia que rechazó el reclamo por acoso moral efectuado por un dependiente si no se han aportado pruebas que permitan acreditar que la conducta patronal tuviera por objeto el desgaste psicológico para lograr su alejamiento de la empresa". En consecuencia, voto por rechazar el recurso de apelación incoado por la actora, en todas sus partes, con costas.

En los términos del Art. 13 del decreto Ley nº 324/63, sus modificatorias, y la acordada nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta, regúlense los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia.

El Dr. Federico Gabriel Kosiner dijo: adhiero al voto que antecede.

Por ello, LA SALA I de la CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO F A L L A:

I) RECHAZANDO en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto por la actora conforme constancias de fs. 214/217, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente, con costas (Art. 67 CPCC).

II) DISPONIENDO que en la etapa procesal oportuna se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación ante este Tribunal de Alzada, en el 45% de los honorarios que correspondan por su intervención en la primera instancia (Art. 13 del decreto Ley nº 324/63, sus modificatorias, y acordada nº 12.062 de la Corte de Justicia de Salta).

III) ORDENANDO se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de origen.- CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA PROVINCIA DE SALTA. SALA I