Tribunal: CORTE DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2006-04-11


SENTENCIA DEFINITIVA NÚMERO: 7 En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 11 días del mes de abril del año dos mil seis, se reúne en Acuerdo la Corte de Justicia de la Provincia, integrada en estos autos por los señores Ministros titulares Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y MIGUEL ANGEL CONTRERAS Ministro subrogante, bajo la Presidencia del Dr. Cáceres, Secretaria Dra. CRISTINA DEL VALLE SALAS MARTÍNEZ, para conocer del Recurso de Casación interpuesto en los autos Corte Nro. 33/05 "Dres. Emma del Valle CORPACCI y Luis SÁNCHEZ RECALDE c/ HERRERA, L. Floridor s/ Medida Cautelar s/ RECURSO DE CASACIÓN", el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

1º) ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?. En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde?.

2º) Costas. Practicado el sorteo, conforme al acta obrante a fs. 31 vta., dio el siguiente orden de votación: Ministros: Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS y AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

A fs. 4/12 la Sra. Emma del V. Corpacci, con patrocinio letrado, deduce recurso de casación en contra de la Sentencia Interlocutoria Nro. 36 y su aclaratoria, emitida por la Cámara de Apelaciones de Segunda Nominación, invocando las causales previstas en los Incs. "a" y "c" del Art. 298 del C.P.C.C.. Comienza el relato de los hechos señalando, la recurrente, que en resguardo del cobro de honorarios devengados pero no regulados solicitó conjuntamente con el Dr. Sánchez Recalde embargo preventivo sobre la suma que debía pagar el Banco de Catamarca demandado en autos principales al Sr. Floridor Herrera actor y vencedor en concepto de indemnización dado que, según lo ordenaba la Sentencia Interlocutoria Nro. 61, éste resultaba deudor de aquéllos al haberse impuesto las costas por el orden causado. A dicho pedido opone el deudor la caducidad de la instancia y el levantamiento del embargo, y luego ante la resolución desestimatoria plantea la prescripción del derecho de los profesionales a solicitar la regulación pretendida, requiriendo subsidiariamente la reducción del embargo. Señala que en Primera Instancia se rechazó la prescripción del derecho a pedir la regulación de honorarios devengados, Resolución que apelada por el Sr. Floridor Herrera termina siendo revocada en la Alzada, donde a través de aquel acto sentencial se ordena el levantamiento de embargo, en razón de que el derecho de los letrados a pedir la regulación de honorarios se encontraba prescripto al momento de la traba del embargo, por lo que contra dicha Sentencia Interlocutoria se interpone el presente recurso extraordinario. A fin de fundar el primer agravio, se afirma que la sentencia incurre en arbitrariedad dado que en la misma se omite considerar cuestiones y pruebas esenciales como ser la extemporaneidad en que el obligado al pago dedujo la excepción de prescripción de los honorarios, ya que teniendo la oportunidad de plantearla en la primera presentación, el deudor la deduce con posterioridad deviniendo en consecuencia que no se pueda analizar, como se hace en la sentencia, la fundabilidad o no de tal pretensión si la misma no resulta formalmente admisible, pues la lógica indicaba la desestimación de la prescripción por la interposición extemporánea, conforme al Art. 3962 del C.C..

En segundo lugar objeta el cómputo del plazo de prescripción desde la fecha de cesación de la representación 20 de noviembre de 1996 hecho éste no reconocido por ella ni acreditado por la parte contraria. Que sin perjuicio de ello, en el caso se debió valorar que el derecho a pedir la regulación estaba supeditado a que hubiera base firme para ello, por lo que más allá de la cesación del mandato, lo cierto es que, en la especie, había un obstáculo para el comienzo del plazo de prescripción, sindicado por la doctrina como un supuesto de "acción no nacida". De otro modo, afirma que la sentencia se aparta de las constancias de la causa, al considerar que el cómputo del plazo comienza a partir del cese en la representación, lo que coincide con el dictado de la sentencia de Segunda Instancia ocurrido el día 20/11/96, desconociendo así que la misma al haber sido recurrida en todas sus partes, incluso respecto a la imposición de costas, no se encontraba firme. Seguidamente expresa lo arbitrario que resulta considerar, con el solo fundamento de la cesación del mandato, que el derecho a pedir regulación de honorarios ejercido por ella y por el Dr. Sánchez Recalde se encontraba prescripto al momento de la traba del embargo, cuando tal circunstancia no se configuró respecto de su colega ni menos aún se demostró respecto de aquél que hubiera incompatibilidad para el ejercicio de la profesión. También cuestiona que se le imponga sólo a ella las costas de las dos instancias, cuando los peticionantes del embargo han sido dos profesionales, como asimismo le resulta arbitrario tal proceder cuando lo que correspondía, en base a la complejidad de la cuestión, era la eximición de aquéllas, conforme al Art. 69, párrafo 1ero, segunda parte del C.P.C.C..

Por último, afirma que en la Alzada se ha interpretado erróneamente la ley, dado que si bien el Art. 4032 del C.C. dispone que la prescripción corre desde la cesación de los poderes del procurador o desde que el abogado cesó en su ministerio, ello debe ser aplicado en concordancia con lo establecido por nuestra ley de aranceles, la que estatuye la necesidad de que la imposición de costas se encuentre firme, razón por la cual no corresponde contar el plazo de prescripción desde antes que se configure tal presupuesto legal. Que, en el caso en particular, el reclamo de fondos del actor quedó firme con la Sentencia de esta Corte de Justicia emitida el día 03/06/99, mediante la cual se rechaza el recurso extraordinario, en consecuencia a partir de allí recién podía confeccionarse planilla a fin de determinarse la base del pleito. Finalmente hace reserva del caso federal, y solicita la revocación de la sentencia, con costas. A fs. 15/16 vta. obra contestación de la contraria, quien solicita en base a las razones que allí se exponen el rechazo del recurso deducido, con costas. A fs. 19 la Corte de Justicia declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto. A fs. 28/30 se agrega dictamen de la Sra. Procuradora General Subrogante, a fs. 30 vta. se llaman autos para sentencia, el que se suspende a fs. 32 vta.; a fs 35 se integra el Tribunal y se hace lugar a la excusación del Dr. César Ernesto Oviedo, rigiendo a partir de entonces el llamado de autos para sentencia. Los apoderados del actor, quien resultara ganador del pleito iniciado contra el ex Banco de Catamarca, solicitaron en el mes de Octubre de 1999 la traba de embargo preventivo sobre la suma que en concepto de indemnización debía abonar aquél al actor y pidieron, en el mismo escrito, se regulen los honorarios devengados por su actuación en la Primera y Segunda Instancia. Luego de trabada la cautelar, se presenta el actor obligado al pago, solicitando la caducidad de instancia y el levantamiento de embargo. Denegados por el Aquo tales planteamientos, deduce la prescripción del derecho a pedir la regulación de honorarios, pedido que luego de ser evacuado por los profesionales, termina siendo rechazado en la Primera Instancia. Ante ello, apela el actor y obtiene en la Alzada la revocación de aquel pronunciamiento, lo que motiva que el profesional afectado interponga el presente recurso extraordinario.

El Tribunal de Alzada por unanimidad consideró que en el caso se encontraba prescripto el derecho a solicitar la regulación de honorarios al momento de solicitarse el embargo. Para así resolver tuvo en cuenta que el Art. 4032, del Código Civil, Inc. "1" determina, entre otras cuestiones, que la obligación de pagar honorarios prescribe a los dos años, a contar desde que el abogado cesó en su ministerio. En consideración a ello sostuvieron los sentenciantes, que si la sentencia de Segunda Instancia que impuso las costas por el orden causado se dictó el día 20 de Noviembre de 1996 y para esa fecha la profesional reclamante había cesado en su mandato, va de suyo que al momento de solicitarse la medida cautelar, esto es el día 12 de Octubre 1999, el plazo de prescripción bienal había transcurrido, por lo que consideraron apropiado ordenar el levantamiento de embargo y entregar los fondos retenidos al actor. Así las cosas, puede verse que el agravio principal del profesional recurrente gira en torno a la omisión de tratar la extemporaneidad en que el obligado al pago actor dedujo la prescripción, aduciendo en tal sentido, que la primera oportunidad la tuvo cuando alegó la caducidad de instancia y el levantamiento de embargo, por lo que no siendo ello así no podía analizarse, como se hizo, la fundabilidad o no de tal pretensión cuando la admisibilidad del instituto estaba seriamente cuestionada. En segundo lugar cuestiona que se tome como punto de partida para el inicio del plazo de prescripción el día 20/11/96, fecha de la Sentencia de Cámara que impone las costas por el orden causado, y que se afirme que para esa fecha su mandato en la causa había cesado cuando ello no resulta acreditado por el actor ni reconocido por ella, pero que aún así tales circunstancias no pueden ser consideradas como punto de partida, atento a que la sentencia de Primera Instancia había diferido la regulación para el momento en que haya base firme, lo que importaba que la regulación estuviera supeditada al cumplimiento de tal condición; y por otro lado, afirma, tampoco resulta correcta la fecha de la Sentencia de Cámara como el "dies a quo" de la prescripción puesto que la misma al haber sido recurrida, recién adquirió la calidad de firmeza en el año 1999. Desde otro ángulo cuestiona que en la sentencia no se tenga en cuenta que la cesación del mandato no ha operado respecto del Dr. Sánchez Recalde, motivo por el cual no cabe, siguiendo tal razonamiento, tener por prescriptos sus honorarios puesto que, respecto a él, no existe incompatibilidad ni revocación del mandato; como tampoco corresponde que se le impongan las costas por las dos instancias cuando el pedido de embargo ha sido firmando por ella y por el profesional mencionado.

Como podrá advertirse, la causa traída ha resolver impone la consideración de distintas cuestiones en torno a la cual la doctrina y la jurisprudencia se han mostrado un tanto vacilantes a la hora de pronunciarse, razón por la cual comenzaré este voto reconociendo la eterna disparidad de opiniones que existen al respecto. Antes que nada resulta necesario aclarar que en la materia no existe la pretendida interrelación entre la legislación adjetiva y la sustantiva, ya que en lo que hace al juzgamiento del instituto de la prescripción resultan de aplicación exclusiva los preceptos del Código Civil, sin condicionamientos ni reglamentaciones emanadas de ningún cuerpo arancelario. Las disposiciones del Arancel apuntan a la protección del honorario, pero ello carece de incidencia en lo que hace al dies a quo de los plazos de prescripción. (Honorarios de los Profesionales del Derecho Carlos E. Ure Oscar G. Finkelberg, pág 517). Establecido ello, he de recordar que la doctrina legal de este Cuerpo, siguiendo la jurisprudencia de nuestro mas alto Tribunal, ha consignado la diferencia que existe entre los honorarios regulados, en cuyo supuesto se aplica la prescripción decenal Art. 4023, y honorarios no cuantificados subsumidos en la prescripción corta bienal o quinquenal del Art. 4032 Inc. 1 CCiv. Así se distingue entre el derecho a obtener la regulación judicial de los honorarios y el derecho a obtener el cobro de los honorarios ya regulados, en tanto que por el primero se habilita a reclamar la cuantificación judicial del estipendio, y por el segundo se procura su efectiva percepción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Escotorin de Boceto, Clorinda c. Caja de Prev. Social de Salta, 1999/12/02, LL 2000C, 232, JA 2000IV657, manifestó que "en materia de prescripción de honorarios debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen".

También este alto Cuerpo ha sostenido, siguiendo la doctrina mayoritaria, que la oportunidad para plantear la prescripción es en la etapa de ejecución de honorarios y no en el trámite incidental de regulación, ello en consideración a que el auto regulatorio de honorarios tiene por único objeto fijar el monto o efectuar la estimación del valor de los servicios prestados, no importando una sentencia condenatoria sino un título ejecutivo al que, en su oportunidad, le serán oponibles las defensas previstas en la ley, incluso la de prescripción (Corte Nro. 79/95 "Corzo, María S. y Otros c/ Municipalidad de San Fdo. del V. de Catamarca Acción Contencioso Administrativa de Ilegitimidad y Plena Jurisdicción").

En orden a ello se ha dicho: "La regulación tiene sólo por objeto fijar el monto de los honorarios, y no abre ninguna discusión sobre el derecho a cobrarlos. De ahí que el intimado de regulación no puede oponer ninguna defensa, y deba limitarse a manifestar su conformidad o disconformidad con la cantidad pedida. Ahora bien, oponiéndose en el presente caso la prescripción liberatoria en el procedimiento de regulación, he de analizar en primer lugar si corresponde resolver, excepcionalmente, la misma atento al tiempo transcurrido desde que los profesionales solicitaron la traba de embargo y la regulación de sus honorarios Octubre de 1999 y ello al constatar que el trámite incidental ha concluido con todos los requisitos del debido proceso, con pleno ejercicio del derecho de defensa, y amplia posibilidad de ofrecer prueba. Se ha pronunciado un Juez de Primera Instancia, una Cámara de Apelaciones, y ha llegado a esta instancia a través de un recurso extraordinario. Entonces, sin apartarnos de la doctrina legal que consigna, la prescripción debe oponerse como principio en la etapa de ejecución, yo me pregunto, ¿resulta apropiado diferir la decisión sobre el fondo del asunto a las resultas de un nuevo proceso ejecución de sentencia, cuyo trámite es un proceso de conocimiento abreviadísimo en el que no aparecen que puedan producirse nuevos elementos de convicción? Es decir, habría que darle primacía a las cuestiones meramente formales, y con ello rechazar el recurso interpuesto al encontrarnos ante un pronunciamiento que, en principio, no sería definitivo ni podría ser equiparado a tal, y ello por que la prescripción debe oponerse en la etapa de ejecución. Ante tales interrogantes mi deber es consignar, que la misión de las formas procesales no es la de sacrificar en beneficio de las formas rituales del trámite a las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, sino la concreción de la justicia, de ahí que no resulte lícito excluir en el subexamine la solución justa por el apego estricto a las formas rituales, pues la renuncia conciente a la verdad que ello trasunta resulta incompatible con el servicio de justicia.

Por ello sin claudicar a la doctrina legal, he de reconocer que razones de economía procesal me convencen de la necesidad de resolver la procedencia o impertinencia de la prescripción acusada en este trámite de regulación donde se han cumplido, reitero, las formas esenciales del procedimiento, "ya que si bien la deudora no tiene la carga de oponer la excepción de prescripción al progreso del incidente de estimación de honorarios, puede hacerlo y, en tal caso, el tribunal debe resolverlo, pues en caso de asistir razón a su planteamiento, resultaría inoficioso tramitar la estimación para obtener la regulación, y se afectaría el principio de economía procesal" (SC Mendoza, Sala I, 2002/12/11 Gaspar, Luis A. c. Banco de Previsión Social). En consecuencia, me avoco a tratar la cuestión subyacente y para ello comenzaré por distinguir los honorarios regulados en concepto de costas, de aquellos establecidos en virtud del contrato de mandato. Ello es esencial a los fines de establecer el momento inicial del cómputo de la prescripción, pues si el honorario reviste carácter de costas habrá que esperar el momento en que la sentencia adquiera firmeza para recién a partir de ahí, computar el plazo de prescripción, pues antes de eso el profesional carece de acción para perseguir su cobro, no pudiéndose hablar en consecuencia de prescripción, ya que "mientras no hay sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el abogado o procurador no tiene acción contra la contraparte; esa acción recién nacerá cuando se la condene en costas" (Sup. Corte Just. Mendoza, Sala 1ª, 9/4/1991, ED 150652, voto de la Dra. Kelmemajer de Carlucci); lo que no sucederá si los honorarios reconocen su origen en el contrato celebrado entre el abogado y el cliente, donde sin duda el "dies a quo" estará dado por la extinción del vínculo contractual, el que podrá concluir entre otras razones por renuncia del mandato, muerte de alguna de las partes, revocación, etc.. En estos casos se dice, el plazo sólo rige respecto del cliente. Los principios esbozados serán de aplicación en el caso donde se procura el cobro al cliente no en virtud de la relación contractual sino en razón de la sentencia que al imponer las costas por su orden lo obliga al pago, engendrando así un nuevo vínculo jurídico ajeno al que, hasta el momento, relacionaba a los letrados con su ex mandante; distinción que más allá de ser formulada por la doctrina ha sido plasmada expresamente en nuestra ley procesal, al establecer el Art. 500 Inc. 3ª del C.P.C.C. la aplicación del proceso de ejecución de sentencia al cobro de honorarios regulados en concepto de costas. Para comprender mejor esta cuestión creo necesario empezar este razonamiento señalando que la determinación del momento en que iniciará su curso la prescripción, ha sido uno de los más arduos problemas con que ha tropezado el jurista, desde antaño. Nuestro código contiene una serie de normas, cuyo estudio sistemático nos permite llegar a la conclusión de que se ha inclinado por la vieja solución de los romanos: la "actio nata", es decir que la prescripción recién debe comenzar a correr desde el momento en que nace la acción. (Prescripción, Luis Moisset de Espanés, pág 370). De ello se desprende, que el artículo 3956 del Cód. Civ., al prever, de manera general, que la prescripción de las acciones personales, lleven o no intereses, comienza a correr desde la fecha del título de la obligación, está contemplando el caso de las obligaciones puras y simples, que son exigibles desde su nacimiento; ya que tratándose de obligaciones de plazo cierto, la prescripción recién se iniciará al vencer el plazo, dado que sólo a partir de ese instante se hacen exigibles, y en el caso de las obligaciones condicionales, la prescripción comenzará su curso desde que se cumpla la condición. Establecido ello, debo recordar que en la especie el actor demanda al ex Banco de Catamarca por despido incausado, en Primera Instancia se hace lugar a la demanda, se imponen las costas a la demandada y se difiere la regulación de honorarios hasta tanto haya base firme para efectuarla. Apelada la sentencia, en Cámara se rechaza el recurso interpuesto por la parte demandada, se acoge parcialmente el recurso interpuesto por el actor y se imponen las costas por el orden causado. Ante ello, la parte demandada deduce recurso de casación el que es rechazado, y luego recurso extraordinario federal obteniendo igual resultado mediante Sentencia de esta Corte emitida el día 03/06/99. Así es que, en base al pronunciamiento de Cámara que impone las costas por el orden causado, los apoderados del actor vencedor en el pleito procuran el cobro a su cliente que resulta obligado al pago. Como ya se señaló, los jueces de Cámara entendieron que en oportunidad de solicitarse el pedido de regulación Octubre de 1999, había prescripto el derecho en razón que al momento de emitirse la Sentencia de Cámara, esto es el día 20/11/96, la profesional recurrente había exteriorizado su decisión de apartarse de la causa, motivo por el cual computaron a partir de allí el plazo de prescripción bienal. A mi entender tales acontecimientos no pueden ser tomados como el "dies a quo" de la prescripción, toda vez que los honorarios, cuya cuantificación se pretende, son aquellos establecidos en concepto de costas, razón por la cual he de considerar como momento inicial del plazo de prescripción aquél en que la sentencia adquiere firmeza, por que a partir de dicho momento el profesional se encuentra perfectamente habilitado para requerir la cuantificación de su emolumento, pues antes de ello la sentencia no puede naturalmente ejecutarse, pues se sabe, la sujeción de una obligación al cumplimiento de una condición adquisición de firmeza, produce el efecto de diferir en el tiempo su exigibilidad. Razón más que suficiente para considerar que en la especie, la acción tendiente al cobro de los honorarios no había nacido al tiempo de emitirse la sentencia que, al resolver definitivamente la cuestión, impuso las costas por el orden causado, pues cabe señalar, la misma había sido impugnada en todas sus partes por la parte demandada. Ocurre, que no siempre la fecha de creación de la obligación marca el comienzo del curso de la prescripción pues, es el nacimiento de la acción lo que determina la iniciación. Una acción que no tiene existencia no se puede prescribir, toda vez que tampoco es posible ejercerla. Ocurre que la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica, pero excepcionalmente ambas pueden estar disociadas, por ejemplo, cuando se ha establecido un plazo o una condición. En estos supuestos la relación jurídica existe desde la fecha de su constitución, no así la acción, ya que ésta no puede tener existencia mientras el titular de la primera carece de la posibilidad de actuar eficientemente, o sea, hasta el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición (Bueres Highton Código Civil y normas complementarias, análisis doctrinario y jurisprudencial, 6B, páginas 601, 602). De ahí que, el comienzo del cómputo del plazo de prescripción no deba identificarse necesariamente con dicha ocasión. Con ello quiero expresar, que el plazo de prescripción comenzará a correr desde el momento en que la pretensión de cobro de los honorarios puede ser ejercida, ésto es, a partir de la condena en costas firme, y no antes, pues "desde el derecho romano se nos enseña, actio non nata, non prescribitur, por eso contra el condenado en costas en este caso el cliente, el plazo sólo comienza a correr normalmente, desde la sentencia que constituyó en deudor al condenado". (CS Mendoza, Sala I, 2002/12/11, Gaspar, Luis A. c. Banco de Previsión Social). En relación a ello se ha señalado: "La prescripción liberatoria es inseparable de la acción, nace de ella y empieza a correr desde el momento en que aquélla surge". (Fallos 19526). "El punto de partida de la prescripción debe ubicarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerla valer o, en otros términos, desde que la acción quedó expedita". ( CS 13/8/98 Giménez Zapiola Viviendas S.A. v. Provincia de Buenos Aires). En consecuencia, al atenerse estrictamente a la literalidad del texto de la norma en cuestión, la Alzada fijó en el caso el "dies a quo" de la prescripción desde un momento anterior al nacimiento de la acción, lo que importó desconocer la doctrina que sostuvo respetar y según la cual ... "la prescripción libertaria no puede separarse de la pretensión jurídicamente demandable, y el plazo respectivo comienza a computarse a partir del momento en que ella puede ser ejercida", es decir coincide necesariamente con el momento del nacimiento de la acción", "actioni non natae non praescribitur". (CS 20/3/2003 Garbellini, Daniel M. c. Malceñido, Román G). Teniendo ello presente, y considerando que la sentencia que resolvió definitivamente el recurso extraordinario recién se emitió en el mes de Junio de 1999, los honorarios pretendidos no se encuentran prescriptos atento a la interrupción operada con la solicitud de embargo y el pedido de regulación presentado el día 12 de Octubre de 1999.

Lo hasta aquí expuesto es suficiente para propiciar la recepción del recurso promovido. Así Voto. A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Contreras dijo:

Que comparto y hago míos los fundamentos y conclusión a la que arriba el Sr. Ministro que inaugura el Acuerdo, por lo que adhiero a los mismos, votando en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero a las consideraciones y solución a que arriban los Sres. Ministros que me preceden en el Acuerdo, votando en consecuencia en igual sentido. Es mi voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Cáceres dijo:

Finalmente, debo señalar que la complejidad de la temática propuesta, y la divergente interpretación dispensada por la doctrina y la jurisprudencia, autorizan en el caso la limitación del principio general contenido en el Art. 68 del C.P.C.C., por ello las costas de esta instancia han de ser impuestas en el orden causado, conforme al Art. 69 del cuerpo legal citado. Así voto. A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. Contreras dijo:

Coherente con mi adhesión a la primera de las cuestiones planteadas, entiendo, como bien lo afirma el Sr. Ministro preopinante, que las costas deben aplicarse en el orden causado. Así Voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Dra. Sesto de Leiva dijo:

Que adhiero una vez más a lo expresado por los Señores Ministros que me preceden en el Acuerdo respecto a la presente cuestión, votando en consecuencia en el mismo sentido.

En mérito al Acuerdo de Ministros que antecede, por unanimidad de votos y oída la Sra. Procuradora General subrogante en su Dictamen Nro. 635/05, LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA RESUELVE:

1) Casar las Sentencias Interlocutorias Nro. 36 y Nro. 64 (Expte. Cámara Nro. 199/03, fs. 130 y 138, respectivamente); consecuentemente, establecer que los honorarios pretendidos no se encuentran prescriptos, conforme a lo expuesto en los considerandos de la presente.

2) Costas en esta instancia en el orden causado.

3) Hágase saber a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Minas de Segunda Nominación que deberá proceder a la devolución, a la recurrente, el depósito judicial obrante a fs. 3 de autos. 4) Diferir la regulación de honorarios, hasta tanto se practique en las instancias pertinentes. 5) Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen los autos a la Cámara de origen. Autos Corte Nro. 33/05.

FDO: Dres. JOSÉ RICARDO CÁCERES, AMELIA DEL VALLE SESTO DE LEIVA y MIGUEL ANGEL CONTRERAS Ministro subrogante.