Tribunal: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-08-21


Buenos Aires,	21	de agosto de 2009	Visto: el expediente indicado en el epígrafe, resulta:

1. El Sr. Edgardo Aníbal Martitegui promovió una demanda de daños y perjuicios contra Metrovías S.A., el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 147/159) y la UTE integrada por Techint Cía. Técnica Internacional S.A.C.I y Dyckerhoff & Widmann AG (ídem y fs. 160/161), que luego amplió contra Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (fs. 162, en adelante: SBASE), ante la justicia contencioso administrativa local, tendiente al resarcimiento de los daños y perjuicios que habría sufrido a raíz del accidente que sufrió al colisionar el ciclomotor en que se transportaba "contra una saliente de aproximadamente unos 9 cm. de altura por 60 cm. de diámetro; a causa del impacto la motocicleta perdió estabilidad y su conductor cayó pesadamente al pavimento sufriendo graves lesiones. La susodicha saliente corresponde a una rejilla de ventilación de la obra de ampliación de la Línea de Subterráneo B ..." (sic, fs. 147 vuelta). El autor atribuye responsabilidad a los demandados por su actuar "negligente e imprudente" (fs. 151 vuelta) y por el riesgo de la cosa (fs. 148 vuelta y ss.) 2. Al contestar el traslado, SBASE planteó las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva (fs. 111/130). La primera se basó en el art. 129 de la Constitución Nacional, los arts. 5º y 8º de la ley nº 24.588 y el art. 43 de la ley nº 23.637. Sostiene que la justicia de la Ciudad es incompetente para entender en un proceso de esta naturaleza y que éste debe tramitar ante la justicia nacional en lo civil (fs. 122/127). Subsidiariamente, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 48 de la ley nº 7 y de los arts. 1 y 2 del CCAyT, por considerarlos contrarios a la ley n° 24.588, reglamentaria del art. 129, CN (fs. 127/128).

3. En lo que interesa a los fines de esta queja, el juez de primera instancia rechazó el planteo de inconstitucionalidad y la excepción formulados por SBASE (fs. 104, queja; fs. 698/699, expte. principal). Para desestimar la inconstitucionalidad argüida por el codemandado, se remitió al dictamen fiscal de primera instancia (fs. 693/696 vuelta, expte. principal).	4. SBASE interpuso recurso de apelación contra esa sentencia (fs. 103 y 85/102).

5. La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la decisión (fs. 81/82).

6. Contra dicho pronunciamiento, SBASE interpuso recurso de inconstitucionalidad (fs. 67/79). En el "objeto", la recurrente expresó que "están en juego la interpretación y alcance de leyes que reglamentan el art. 123 (textual) de la Constitución Nacional y el principio del Juez Natural" (fs. 67). Asimismo, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y tachó por arbitraria la sentencia de la Cámara, en cuanto considera que SBASE "es una autoridad administrativa tergiversando el sistema creado y mantenido normativamente por la ley 20705" (fs. 79). Consecuentemente, él sostuvo que la ley n° 189 "no puede modificar leyes de fondo" (ídem) y que "SBASE no es el Estado Local".

El recurrente justificó el carácter definitivo de la sentencia recurrida: "pretende sustraer a mi poderdante de la competencia que le corresponde conforme a la materia del litigio" (fs. 68) y en que le ocasiona un gravamen irreparable, pues, al apartarse del marco jurídico, "conculca su derecho de propiedad en cuanto a que hace lugar a la acción promovida por el accionante" (ídem).

7. El tribunal a quo denegó el recurso de inconstitucionalidad porque el pronunciamiento recurrido no tiene carácter de definitivo ni es equiparable a una tal decisión; al no haberse demostrado que la sentencia le ocasione un gravamen irreparable, porque las cuestiones procesales son -en principio? ajenas a este recurso; y porque no se plantean las situaciones que habilitan la consideración de la doctrina de la sentencia arbitraria (fs. 64 y vuelta).

8. SBASE dedujo el recurso de queja previsto en el art. 33 de la ley nº 402 (fs. 21/39). Requerido su dictamen, el Fiscal General propuso el rechazo de la queja sobre la base de que el recurrente "no cuestiona la decisión de la Sala I de declarar inadmisible el recurso, sino que se limita a reproducir los fundamentos expuestos en sus presentaciones anteriores" y porque él no impugna una sentencia definitiva, ni una decisión equiparable a ella (fs. 168/169 vuelta).

9. Por sentencia del 14/2/07 el Tribunal resolvió "1. Rechazar el recurso de queja por recurso de inconstitucionalidad denegado planteado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado a fs. 21/39". Los votos de los jueces Julio B. J. Maier, Luis F. Lozano, José Osvaldo Casás y Ana María Conde sostuvieron que el recurso de inconstitucionalidad no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal; por su parte, la jueza Alicia E. C. Ruiz sostuvo que la queja no rebatía los fundamentos del auto denegatorio del recurso de inconstitucionalidad (fs. 171/177).

10. SBASE interpuso recurso extraordinario federal (fs. 185/205), que fue contestado por el GCBA, codemandado en autos, solicitando su rechazo (fs. 211/216 vuelta).

11. El Tribunal consideró inadmisible el recurso, fundamentalmente, porque la sentencia recurrida no era definitiva ni una decisión equiparable a ella: en tanto el recurrente reclamaba la competencia de la justicia nacional no era aplicable la doctrina de la CSJN referida a la "denegatoria del fuero federal" como supuesto de excepción al requisito de la sentencia definitiva (fs. 219/222).

12. SBASE acudió en queja ante la CSJN (fs. 1602/1626, expediente principal).

13. La Corte, por remisión al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, resolvió "se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente" (fs. 1634, expediente principal).

En el aludido dictamen, se sostuvo que la decisión del Tribunal "que desestimó el recurso de inconstitucionalidad -fundada en que no media una sentencia definitiva o equiparable a tal- omitió hacerse cargo de una cuestión esencial planteada claramente por el apelante, cual es que se le ha denegado el fuero federal que expresamente invocó desde su primera presentación, circunstancia que, según reiterada doctrina de V.E., equipara a definitiva la sentencia de la Cámara local (...), así como que tampoco se trató el planteo de inconstitucionalidad de distintas normas locales por ser contrarias a la Ley Fundamental que aquélla también sostuvo en todas las instancias..." (fs. 1628 y vuelta, expediente principal).

14. Recibidas las actuaciones, se llamaron los autos al Acuerdo (fs. 233, queja).

Fundamentos:

El juez Julio B. J. Maier dijo:

1. El nuevo pronunciamiento a dictar en estas actuaciones está acotado por el fallo de la CSJN que, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, estableció que la sentencia de la Cámara cuestionada mediante el recurso de inconstitucionalidad es equiparable a una definitiva, y que no se trataron el planteo que formuló SBASE referido a la inconstitucionalidad de los arts. 48 de la ley nº 7 y 1° y 2° del CCAyT por resultar contrarios a la ley n° 24.588, reglamentaria del art. 129, CN (fs. 127/128). En tanto no me he pronunciado sobre esas cuestiones en la decisión revocada por la CSJN, procedo ahora a expedirme a ese respecto.

2. En forma previa a pronunciarme sobre esa cuestión, vale la pena señalar que la sentencia de la CSJN, al parecer, no ha advertido que el Tribunal, en el fallo por ella revocado, no "omitió hacerse cargo" de la "cuestión esencial planteada claramente por el apelante, cual es que se la ha denegado el fuero federal que expresamente invocó desde su primera presentación...", como se afirma en el dictamen de la Procuración General de la Nación al que la sentencia remite.

Por lo contrario, en las dos oportunidades en que el Tribunal se expidió (al desestimar la queja y al rechazar el recurso de inconstitucionalidad) justificó de modo expreso el punto: por qué razón no resultaba aplicable la doctrina de la CSJN referida a la denegatoria del fuero federal. Centralmente, se expresó en ambas decisiones que SBASE no peticiona ser juzgado por tribunales de la justicia federal, sino, antes bien, por la justicia nacional ordinaria en lo civil.

Así, en el punto 2 de la sentencia recurrida afirmé "Tampoco resulta aplicable la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que equipara a 'sentencia definitiva' las decisiones que en las etapas iniciales de un proceso deniegan el fuero federal, ya que SBASE no pretende litigar ante la jurisdicción federal sino ante la justicia ordinaria, que en la Ciudad de Buenos Aires ejercen, hasta hoy, los denominados jueces nacionales". A su turno, el juez Luis F. Lozano, recordó lo que expuso en un su voto en un pronunciamiento anterior del Tribunal -in re: "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Batlle, Mercedes Beatriz c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)'", expte. n° 4412/05, sentencia interlocutoria del 11 de octubre de 2006- y dijo: " (...) las razones que justifican equiparar, excepcionalmente, una providencia interlocutoria, acerca de la competencia, a una sentencia definitiva, fincan exclusivamente en el interés en preservar la jurisdicción federal. 'Ejercer jurisdicción federal' e 'integrar el Poder Judicial de la Nación' son atributos que no asisten al mismo conjunto de jueces, desde que la ley 13.998 incorporó a los tribunales ordinarios de la Capital Federal a dicho Poder. Ello así, toda vez que no compete a buena parte de estos últimos distinta competencia material de la que está reservada a toda provincia. Tampoco existen, a este respecto, razones que se apoyen en la competencia territorial de esos tribunales o deriven de ella. Aplicadas estas nociones al sub lite, sería equiparable a definitiva, a los fines del recurso extraordinario, aquella hipotética decisión que denegare la jurisdicción federal. En cambio, no existen razones para efectuar esa equiparación, cuando la alternativa a la local es, como en el caso, la nacional (justicia nacional en lo Civil), requisito que no puede ser suplido mediante la tacha de arbitrariedad (conf. Fallos 304:1717; 305:1159; 306:244, entre muchos)". Finalmente, el juez José O. Casás y la jueza Ana María Conde también se remitieron a ese precedente, en que el juez Casás sostuvo: "2. La recurrente expresa en sus escritos que la sentencia que rechaza la excepción de incompetencia por ella planteada (para que el caso sea juzgado por la justicia nacional en lo civil y no por la justicia local) permite que tal decisión sea considerada 'sentencia definitiva' a los fines del recurso extraordinario federal. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que transcribe en apoyo de su petición no se vincula directamente con la cuestión debatida en la causa, ya que se refiere a la denegatoria del fuero federal. Es claro que la decisión de la Corte Suprema de equiparar a 'sentencia definitiva' las decisiones que, en las etapas iniciales de un proceso, deniegan el fuero federal cumple la función de permitirle una vía de control inicial de aquellas causas en que alguna de las partes postule la existencia de un interés federal involucrado, que justifique la competencia que la Constitución de la Nación y las leyes establecen para los tribunales del gobierno federal. La invocación por la recurrente de esa corriente jurisprudencial debió ser seguida de la explicación de las razones por las que tal criterio resultaría igualmente aplicable en los casos en los que se deniega la competencia de la justicia ordinaria, que en la Ciudad de Buenos Aires ejercen, hasta hoy, los denominados jueces nacionales." De tal forma, lejos estuvo el Tribunal de omitir la consideración de esa doctrina de la CSJN. La tuvo en cuenta y brindó razones para sostener que ella no era aplicable al caso. Por lo demás, la solución brindada por el Tribunal era coincidente con la expresada por la CSJN en Fallos: 326:1663, sentencia en la que expresó que cuando el conflicto se suscita entre la justicia nacional ordinaria y la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires no se configura la excepción al recaudo de sentencia definitiva que la Corte admite cuando se deniega el fuero federal (ver considerandos 3 y 4). El dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al que la Corte Suprema se remite en su sentencia, no consideró los argumentos expresados por el Tribunal, razón por la cual la Corte federal revocó la sentencia sin rebatir o descalificar sus fundamentos.

3. A pesar de lo señalado, la CSJN ha definido -en el caso- que la sentencia recurrida SBASE por medio del recurso de inconstitucionalidad debe ser considerada "equiparable a definitiva". Resta, entonces, considerar el planteo de inconstitucionalidad de las normas locales efectuado por SBASE, como lo ordena la Corte en su sentencia.

4. SBASE planteó en primera instancia, en un capítulo específico de su escrito, la inconstitucionalidad de "la ley N° 7 y la 189 (arts. 1 y 2) (...) en tanto y en cuanto presuponen que la competencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario puede extenderse fuera del ámbito de la administración central de la Ciudad". Agregó que "hacer extensible la competencia a cualquier tipo de reclamo es incompatible con las disposiciones de la ley 24.588, reglamentaria del Art. 129 de la Constitucional Nacional". Transcribió, luego, el art. 129 y afirmó que la Ciudad "tiene un marco jurídico propio, equiparable a una provincia o ciudad estado (...) para la competencia administrativa, pero no en la materia ordinaria propia de los fueros Civil, Comercial, Criminal y Correccional y del Trabajo". Sostuvo, por último, que la ley n° 24.588 "dispone que la Ciudad no tiene jurisdicción propia, razón por la cual la competencia civil en razón de la persona y la materia no es prorrogable" (fs. 127/128).

La sentencia de primera instancia, por remisión al dictamen de la Sra. Fiscal	ante los juzgados de esa instancia (agregado a fs. 693/696 vuelta del expediente principal), expuso las razones para rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por SBASE. Por un lado, señaló que la materia involucrada en el proceso no era "civil" sino "administrativa" pues se refiere a la responsabilidad del Estado; también efectuó una interpretación de la ley 24.588 frente al art. 129, CN y afirmó que en ausencia de un interés del Estado nacional en la causa, no cabe interpretar las reglas sobre autonomía en materia de jurisdicción con un sentido restrictivo; expresó, además, que la opción por un criterio subjetivo para definir la materia contencioso administrativa no colisionaba con ninguna regla federal, ya que ellas no determinan el criterio para la configuración de la causa contencioso -administrativa.

En el recurso de apelación, SBASE se expresó en los mismos términos que al plantear la excepción (fs. 101/102). Esto quiere decir que no tomó a su cargo el rebatir los argumentos que, por remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, integraban la sentencia de primera instancia; por lo contrario, el recurrente se limitó a reiterar, textualmente, su primera argumentación. El fallo de la Cámara no descalificó la defectuosa expresión de agravios, y, sin mayor desarrollo, sostuvo: que "la atribución de competencia que queda así establecida [arts. 1° y 2°, CCAyT, y art. 48, ley n° 7] es perfectamente compatible con las disposiciones de los arts. 81, inc. 2 y 106 de la Constitución de la Ciudad y con las facultades propias de legislación y jurisdicción que el art. 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad" (fs. 756 vuelta, expediente principal).

Tampoco en el recurso de inconstitucionalidad SBASE formuló crítica alguna a dichas expresiones. La recurrente se limitó a reiterar el capítulo que había presentado ante la primera instancia -con idéntica redacción- al que agregó dos párrafos. En el primero sostuvo que "la estipulación establecida en la ley 189 que trata indiscriminadamente a las Sociedades del Estado como autoridades administrativas no puede considerarse como una razón válida para establecer la competencia de V.E. ya que ello es francamente inconstitucional". En el restante afirmó que "La Ciudad de Buenos Aires podrá tener todas las prerrogativas que las leyes le estipulen pero sus propias leyes no pueden alterar el sentido de legislación dictada por el Congreso de la Nación y vigente en la actualidad./ Por lo expuesto el art. 1 de la ley 189 mal puede modificar la ley 20.705" (fs. 76/77). A ello añadió, a lo largo del recurso de inconstitucionalidad, ciertas consideraciones vinculadas con ese planteo. Así, SBASE sostuvo: a) que, como sociedad del estado regida por la ley n° 20.705, 22.070 y 19.550, ella no es una autoridad administrativa, sino un sujeto de derecho privado (fs. 68/69, 70); b) que lo relacionado con los daños y perjuicios ocasionados por el giro normal y habitual de una sociedad del estado no es material del fuero CAyT local (fs. 68); c) que el hecho de que su único accionista sea el GCBA no significa que se encuentre bajo la orbita del gobierno local (fs. 70), ni permite confundir al accionista con la sociedad (fs. 71); d) que ella no representa ni es órgano del GCBA (fs. 71); e) que aplicarle a SBASE, sujeto de derecho privado, la competencia en razón de la persona vulnera el principio del art. 16 de la Constitución nacional (fs. 75).

La ausencia de una crítica precisa y fundada a los fundamentos del fallo de primera instancia en la expresión de agravios que efectuara SBASE, al apelar esa sentencia, trajo aparejado que la Sala se expresara en forma sintética respecto de la compatibilidad de las reglas cuestionadas "con las disposiciones de los arts. 81, inc. 2 y 106 de la Constitución de la Ciudad y con las facultades propias de legislación y jurisdicción que el art. 129 de la Constitución Nacional reconoce a la Ciudad". De tal forma, la cuestión constitucional no ha sido sometida en forma correcta a decisión del tribunal de alzada. Esa razón bastaría para rechazar la queja, de conformidad con la regulación del recurso local (art. 27, ley n° 402).

5. A similar conclusión se arriba si se considera que la impugnación constitucional plantea al Tribunal la decisión sobre una cuestión que carece de relación con el caso, ya que en él no se ha trabado una contienda propia de la jurisdicción civil, sino un típico caso de responsabilidad regida por reglas de derecho público local y por la aplicación analógica del Código Civil.

Debe tenerse presente que el actor amplió la demanda originariamente planteada contra Metrovias S.A., el GCBA y la UTE integrada por Techint Cía. Técnica Internacional S.A.C.I y Dyckerhoff & Widmann AG, y la dirigió también contra SBASE por los perjuicios que sufrió en ocasión de circular por una calle al colisionar el ciclomotor en que se transportaba "contra una saliente de aproximadamente unos 9 cm. de altura por 60 cm. de diámetro; (...) [que] corresponde a una rejilla de ventilación de la obra de ampliación de la Línea de Subterráneo B ...". La incorporación de SBASE como demandado se originó en que al contestar demanda y oponer excepciones Metrovías observó que la construcción de la ampliación de la línea B "fue planificada, aprobada y ejecutada por el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (...) y la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO detenta el carácter de supervisora técnica de la obra civil", quien, además "asumirá la responsabilidad de la supervisión técnica de los trabajos, así como el seguimiento, inspección, y control de la ejecución del plan de trabajo definitivo, en cuyo caso actuará como representante del Comitente en todo lo relativo a la dirección de obra" (fs. 108 vuelta/109, expediente principal). A su turno SBASE, en el recurso de inconstitucionalidad, expresó ser "empresa propietaria de la red de los subterráneos, encargada de ampliación y modificación, administradora única de los fondos de la ley 23.514...." (fs. 71, queja). De tal forma, en contra de lo postulado por la recurrente, la solución de la controversia exigirá considerar disposiciones legales, reglamentarias y aun contractuales referidas a las instalaciones afectadas al servicio público local de trenes subterráneos (preceptos locales) y a la responsabilidad (también demarcada por reglas locales) por la configuración, construcción y mantenimiento de la rejilla de ventilación contra la cual el actor sostiene haber sufrido una colisión. También deberá ponderarse si el espacio físico en el que ocurrió el hecho estaba bajo el deber de cuidado del Estado local o de la empresa concesionaria o de SBASE, quien siempre invoca ser propietaria de la red de subterráneos, cuestiones todas que se resuelven por la aplicación preponderante de reglas de derecho local.

Adviértase que SBASE es demandada aquí por las consecuencias de su obrar (instalación de una rejilla de ventilación en una calle pública) como titular de bienes correspondientes a un servicio público eminentemente local (los trenes subterráneos) y por el estado de seguridad hacia terceros de esos bienes afectados a la concesión. Se colocan en debate, ineludiblemente, las reglas sobre el dominio público, el servicio público y la responsabilidad patrimonial del Estado y de los entes que cumplen cometidos públicos por descentralización estatal. En suma, en tanto el caso trata sobre la responsabilidad del Estado local y, entre otros, SBASE, empresa titular de bienes afectados a un servicio público, frente a un tercero que invoca daños ocasionados por la deficiente conformación y mantenimiento de las estructuras y obras civiles afectadas al servicio, la causa corresponde a la competencia de la justicia local (arts. 1 y 2, CCAyT), de acuerdo al desarrollo legislativo local del art. 129 de la Constitución de la Nación Argentina, constitucionalmente irreprochable al menos en el caso.

6. La impugnación de los criterios de la ley n° 189 para definir quiénes son "autoridad administrativa" (art. 1°, CCAyT) y qué asuntos pueden ser objeto de la "causa contencioso administrativa" (art. 2°, CCAyT) tienen adecuada y suficiente respuesta en la sentencia dictada por el Tribunal en la causa "Metrovías S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 'Batlle, Mercedes Beatriz c/ GCBA y otro s/ daños y perjuicios (excepto responsabilidad médica)'" citada en el punto 2 precedente. En esa resolución, el juez José Osvaldo Casás, cuyo voto compartí, expuso, con detenimiento los fundamentos por los que cabe, también ahora, rechazar el planteo de inconstitucionalidad. El magistrado expresó:

6. Sin perjuicio de lo expuesto, estimo que la importancia de la cuestión que es dable advertir en la reiterada jurisprudencia de la justicia nacional en lo civil que cita la recurrente, referida a la jurisdicción y competencia de ese fuero en asuntos como el de autos, justifica que formule ciertas precisiones adicionales.

a) Los agravios constitucionales formulados por Metrovias SA exigen exponer sucintamente las diversas reglas involucradas en la solución del caso.

El art. 129, párrafos 1° y 2°, CN, dispone: "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de Gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación".

El Congreso de la Nación dictó la ley n° 24.588 que en su art. 8, 2° párrafo, establece: "La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contenciosoadministrativa y tributaria locales".

Por su parte, el art. 106, CCBA, dispone que "corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales...".

La ley n° 7, en su art. 39, establece la composición y competencia de los juzgados de primera instancia en lo civil en los siguientes términos: "La justicia de primera instancia en lo civil está integrada por ciento diez (110) juzgados, que entienden en los asuntos regidos por las leyes civiles cuyo conocimiento no haya sido expresamente atribuido a los jueces y juezas de otro fuero. // Conocen, además, en las siguientes causas: // En las que se reclame indemnización por daños y perjuicios provocados por hechos ilícitos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Penal; y // En las relativas a las relaciones contractuales entre los profesionales y sus clientes a la responsabilidad civil de aquéllos/as. A los efectos de esta ley, sólo se consideran profesionales las actividades reglamentadas por el Gobierno de la Ciudad".

El art. 48 hace lo suyo respecto de los juzgados en lo contencioso-administrativo y tributario: "La justicia en lo contencioso administrativo y tributario está integrada por quince (15) juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado".

Corresponde destacar, asimismo, la disposición complementaria y transitoria primera (sustituida por el art. 4 de la ley n° 189), párrafo 1°: "Los artículos 27 al 35 y 38 al 47, quedan suspendidos en su vigencia. El funcionamiento de estos tribunales queda sujeto al acuerdo que el Gobierno de la Ciudad celebre con el Gobierno Federal con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, su competencia y partidas presupuestarias, en los términos de la cláusula decimotercera de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se debe prever las partidas presupuestarias pertinentes para atender las causas, que, en trámite ante el Poder Judicial de la Nación, se remitan al fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires".	Finalmente, el art. 2 de la ley n° 189 recepta la especificación del concepto de causa contencioso-administrativa, ya perfilada en el citado art. 48 de la ley n° 7: "Son causas contencioso administrativas a los efectos de este Código todas aquellas en que una autoridad administrativa, legitimada para estar en juicio, sea parte, cualquiera sea su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho privado. La competencia contenciosa administrativa y tributaria es de orden público" (sic - el destacado ha sido añadido).

Respecto a lo que aquí interesa, la ley n° 24.588 reconoció a la Ciudad de Buenos Aires facultades propias de jurisdicción en materia contencioso-administrativa, entre otras.

La Legislatura de la Ciudad especificó el concepto de causa contencioso-administrativa, en el art. 2 del CCAyT (ley n° 189). Para ello escogió una de las formas posibles para delimitarla, que, como lo señala el dictamen al que remite el fallo recurrido, no resulta novedosa en el ámbito de la Ciudad, pues ya la ley n° 19.987 asignaba a la justicia civil o a la especial en lo civil y comercial, el conocimiento en todas las causas originadas por la actividad de la ex Municipalidad, sean de derecho público o privado.

Como puede verse de la reseña efectuada, tanto en el estado actual del proceso de integración del Poder Judicial local como cuando culmine la constitución de todos los fueros cuya competencia corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la causa debe (y deberá) radicarse ante los juzgados en lo contencioso administrativo y tributario de esta jurisdicción.

b) Más allá de que la caracterización antedicha pudiera haber motivado alguna observación sobre el acierto de tal diseño, no cabe duda que la decisión a la que adscribe el Código, es satisfactoria, razonable y perfectamente compatible con el desarrollo normativo que se inició con la reforma constitucional de 1994.

También es claro que la actividad legislativa de la Ciudad al delimitar la competencia contencioso-administrativa, de ninguna manera vulnera los intereses del Estado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mientras ésta sea capital de la República, que el art. 129, CN, ordena preservar. La única competencia especial que el gobierno federal puede ejercer en la Ciudad de Buenos Aires está condicionada, según la regla constitucional citada, a que exista algún interés del Estado nacional que sea necesario garantizar.

c) ...

d) Finalmente, cabe tener presente lo resuelto recientemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa B. 2303, Libro XL. - "Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencia del 21 de marzo de 2006, al no habilitar su competencia originaria por no constituir una causa civil y reconocer la de los tribunales locales en "...los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales de las provincias en los que éstas procedieron dentro de las facultades propias reconocidas por los arts. 121 y sgtes. de la Constitución Nacional (Fallos: 180:87; 187:436; 311:1597, entre otros)" -conf. cons. 8)-, si "la pretensión procesal subsume el caso, entonces, en un supuesto de responsabilidad extracontractual del Estado local por la presunta "falta de servicio" en que habría incurrido un órgano de la Provincia de Buenos Aires derivada del cumplimiento irregular de las funciones estatales que le son propias (Fallos: 306:2030 y sus citas; 320:1999, dictamen de la señora Procuradora Fiscal al que adhiere este Tribunal)" -cf. cons 9)-.

En este sentido, el Alto Tribunal federal agregó: "10) Que se trata, pues, de un daño que los actores atribuyen a la actuación del Estado provincial en el ámbito del derecho público, como consecuencia del ejercicio imperativo del "poder de policía de seguridad" entendido como una "potestad pública" propia del Estado, quien la ejerce cuando lo estima conveniente para satisfacer exigencias de bien público o de interés general; materia cuya regulación corresponde al campo del derecho administrativo y de resorte exclusivo, por ende, de los gobiernos locales, de conformidad con lo dispuesto por el art. 121 y concordantes de la Constitución Nacional; y que encuentra su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado (confr. Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho, Administrativo", Abeledo Perrot, Buenos Aires, segunda edición actualizada, T. IV, nros. 1527, 1601, 1625, 1648, 1686, 1687 y 1688; Fiorini, Bartolomé A., "Manual de Derecho Administrativo", La Ley S.A., Buenos Aires, 1968, Primera Parte, capitulo IV, págs. 82, 83, Segunda Parte, capítulo I, págs. 1103, 1112, 1113, 1131; Forsthoff, Ernst, "Tratado de Derecho Administrativo", Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958, págs. 427). // 11) Que lo expuesto conduce necesariamente -a fin de resolver el caso- al estudio del régimen jurídico administrativo local (...), interpretándolo en su espíritu y en los efectos que la soberanía provincial ha querido darle, todo lo cual no es del resorte de la Corte Suprema (Fallos: 312:606; 319:1407; 322:617).- // 12) Que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que para resolver el sub lite se invoquen eventualmente disposiciones contenidas en el Código Civil, pues todos los principios jurídicos -entre los que se encuentra el de la responsabilidad y el resarcimiento por daños ocasionados- aunque contenidos en aquel cuerpo legal no son patrimonio exclusivo de ninguna disciplina jurídica y menos aun del derecho privado, pues constituyen principios generales del derecho aplicables a cualquiera de ellas, aunque interpretándolos teniendo en cuenta el origen y naturaleza de la relación jurídica de que se trate (Fiorini, op. cit., primera parte, págs. 90 y sgtes.). / Tampoco obsta a lo expuesto la circunstancia de que, ante la ausencia de normas propias del derecho público local se apliquen subsidiariamente disposiciones de derecho común, toda vez que ellas pasan a integrarse en el plexo de principios de derecho administrativo en el que, prima facie, se encuadra el presente caso (Fiorini, op. cit., primera parte, pág. 92 y sgtes.; Fallos: 187:436; 306:2030; 307:1942; 312:1297; 314:620; 315:1231)." 7. SBASE plantea también en la queja que los artículos en cuestión contrarían diversas leyes de superior jerarquía.

Ya he considerado lo referente a la ley n° 24.588 mediante la transcripción del voto del Dr. Casás que efectué en el punto precedente. SBASE no puede argumentar la existencia de algún interés del Gobierno federal que justifique la intervención de tribunales de otra jurisdicción y que opere como límite a la autonomía jurisdiccional y legislativa cuyo legítimo portador es la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo del recurrente cuando sostiene que de acuerdo a las leyes nacionales n° 20.705, n° 22.070 y n° 19.550, SBASE no es una autoridad administrativa sino un sujeto de derecho privado carece de desarrollo y no supera la mera afirmación. Así como fue formulado es, además, incorrecto. Ciertas técnicas básicas del Derecho administrativo (descentralización, concesión, delegación, etc.) han permitido desde antiguo al Estado conferir el ejercicio de determinadas potestades públicas a sujetos que no se unifican en la personalidad jurídica única del Estado (local en este caso). De allí que no existe una incompatibilidad lógica u ontológica entre ser un sujeto creado bajo reglas que lo configuran en sujeto de derecho privado y, a la vez, ser considerado autoridad administrativa a ciertos fines, como lo establece el CCAyT. El agravio de SBASE afirma aquello que no ha intentado siquiera demostrar: que la personalidad jurídica societaria excluye la posibilidad de constituirse en autoridad administrativa.

En síntesis: la impugnación, por inconstitucionales, de los arts. 48 de la ley n° 7 y 1° y 2° del CCAyT formulada por SBASE debe ser rechazada.

8. Finalmente, quiero señalar que resulta sorprendente la conducta procesal de SBASE -sociedad del Estado local, cuyo único accionista es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuya actividad se vincula con la prestación de un servicio público eminentemente local-, que rechaza ser juzgada por los jueces establecidos por la Constitución y por las leyes de la Ciudad a la que pertenece y -por cierto consecuentemente- pretende que el caso tramite ante jueces del Estado nacional. Nada más alejado del compromiso en la consolidación y desarrollo del grado de "autonomía" de la Ciudad, que es de esperar en quienes representan a una sociedad creada por el propio estado local. La empecinada pretensión de SBASE de huir de la jurisdicción local, a más de poner en evidencia su menosprecio por el régimen federal, ha ocasionado una concreta y significativa demora en el trámite del proceso, ya que el actor, a más de siete años de haber demandado, todavía tramita el proceso en primera instancia, sin que haya logrado aún conducirlo hacia un pronunciamiento de fondo. Con esa pretensión colabora, sin duda, el hecho de considerar la disputa inicial sobre la competencia una sentencia definitiva por equiparación (analogía), desarrollo teórico que, a mi juicio, constituye una ampliación abierta -por tanto contraria a la ley de los recursos que contienen esta exigencia- del poder jurisdiccional concedido a tribunales superiores (cf. mi opinión, más extensamente expresada y sin controversia en esta misma causa: fs. 172/4).

9. Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto oportunamente por SBASE a fs. 2/14 del legajo de la queja, con costas (CCAyT, art. 62).

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:

Adhiero al voto de mi colega, el juez Julio B. J. Maier.

Los jueces Ana María Conde y José Osvaldo Casás dijeron:

Adherimos al voto del Sr. juez de trámite, Dr. Julio B. J. Maier, dejando a salvo nuestra posición en general -entendemos que algo menos estricta que la de nuestro distinguido colega- en punto al reconocimiento de la existencia de sentencias interlocutorias que, en ciertas ocasiones -a raíz de los efectos que producen en cabeza del recurrente-, pueden llegar a ser equiparadas a una definitiva a la hora de deducir un recurso contra ellas. De todos modos, en este caso concreto, esas diferencias resultan totalmente irrelevantes, pues, al decidir oportunamente el rechazo del recurso de queja interpuesto por SBASE, compartimos el criterio del Sr. juez de trámite al poner de resalto que los agravios de la interesada no se dirigían contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, pues ella sólo discutía una decisión que no hizo lugar a su pedido para que el juicio tramitara ante la denominada justicia nacional en lo civil.

Así lo votamos.

El juez Luis Francisco Lozano dijo:

1. Vuelven estas actuaciones al Tribunal luego de que la CSJN, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, dispuso hacer lugar a la queja y al recurso extraordinario federal interpuestos por Subterráneos de Buenos Aires S.E., dejar sin efecto la anterior sentencia de este Tribunal y devolver los autos para que se dicte un nuevo fallo.

En su dictamen la Procuradora Fiscal sostuvo que si bien las cuestiones de asignación de competencia eran ajenas al conocimiento de la Corte ".ese principio debe ceder cuando el pronunciamiento conduce a una restricción sustancial de la vía utilizada por el apelante sin fundamentación idónea, lo que se traduce en la violación de la garantía del debido proceso.". Seguidamente, agregó, que en su opinión, este Tribunal ".omitió hacerse cargo de una cuestión esencial planteada claramente por el apelante, cual es que se ha denegado el fuero federal, circunstancia que según reiterada doctrina de V.E., equipara a definitiva la sentencia de la Cámara local (Fallos: 315:66; 316:2410; 326:1179), así como que tampoco se trató el planteo de inconstitucionalidad de distintas normas locales por ser contrarias a la Ley Fundamental.".

2. Es cierto que para supuestos determinados la CSJN, a partir de la ley nacional n° 13.998 que reglamentó la reforma constitucional de 1949 en el orden judicial, ha realizado una suerte de equiparación entre los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires pertenecientes al fuero federal y los denominados nacionales ordinarios. Anteriormente, tal como ocurrió en el modelo de donde fueron tomados los arts. 100 y 101 de la CN de 1860, actuales 116 y 117, los jueces que ejercían competencias locales en el ámbito de la ciudad capital de la Nación no integraban el Poder Judicial federal. El art. 94 de la Constitución de 1949 integró a los jueces de la Ciudad de Buenos Aires con competencias ordinarias al Poder Judicial de la Nación. La ley nacional n° 13.998, citada más arriba reglamentó esa cláusula constitucional, y a partir de ese momento cupo decir que todos eran jueces de la Nación, por oposición a los jueces de provincia. Conviene tener en cuenta que el art. 95 de la misma Constitución de 1949 posibilitaba al Congreso restringir severamente las potestades de los jueces provinciales, puesto que los sometía a la casación de la CSJN. Según se ve, la Constitución de 1949 retomaba, aunque ciertamente con características singulares, una senda de unificación de la justicia que había sido abandonada en 1860 con la reserva del entonces art. 67 inc. 11. La Constitución de 1957 volvió las cosas a los tiempos previos a 1949, pero, ello no obstante, la ley nacional n° 13.998 subsistió, sin que la jurisprudencia, según se expone más abajo, haya notado la diferencia que existe entre la proveniencia de fuente legal -ley nacional n° 13.998- y la que está inserta en la Constitución. De todos modos, las competencias de los jueces nacionales ordinarios de la Capital de la Nación provenían del art. 67 inc. 27, cláusula hoy derogada por la cláusula transitoria y el 129 de la CN. La reforma de 1994 procedió en sentido originario devolviendo al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires las potestades jurisdiccionales de las que había sido privado alterando con ello la igualdad política de quienes somos ciudadanos argentinos. En su marco, los jueces nacionales ordinarios ejercen aquellas competencias de la Ciudad Autónoma, contempladas en el art. 129 de la CN, que les ha reservado la ley 24.588, esto es, potestades que toma la Nación en ejercicio de su discrecionalidad legislativa, hasta tanto exista un acuerdo entre Nación y Ciudad que permita dar plena operatividad al citado art. 129 de la CN.

3. Como se verá, la exégesis originaria y su aplicación posterior en general llevaría a descartar la equiparación de la justicia federal y la nacional ordinaria en casos en que la radicación denegada fuese ante un juez que ejerce competencias locales, solución que se ve reforzada al reconocer la CN jurisdicción propia a la Ciudad de Buenos Aires. Esta última circunstancia constituye una situación propicia para realizar una nueva interpretación de esa antigua doctrina y adaptarla al nuevo ordenamiento reinante.

Por una cuestión de orden cronológico empezaré por el segundo argumento, en especial, por destacar cuándo esa doctrina tuvo su aparición y cuáles fueron los fundamentos que le sirvieron de apoyo.

4. Esta línea jurisprudencial -que soslaya en cierta forma la distinción entre justicia nacional y federal- encuentra su comienzo, luego de la derogación de la Constitución Nacional de 1949 que disponía novedades relevantes acerca de la organización del Poder Judicial de la Nación, en la causa "Caja Nacional de Previsión para el Personal de la Industria v. Sket Hnos." (Fallos: 233:30), con un mayor desarrollo doctrinal in re "Roberto Vergara Fernández" (Fallos: 236:8); causa, esta última, en la que, en concordancia con el dictamen del Procurador General Sebastián Soler, la CSJN entendió que la facultad del Congreso Nacional para distribuir la competencia entre los tribunales de la Nación con asiento en la Capital Federal no encontraba límites constitucionales en el hecho de que unos fueran federales y otros -como dije, generalmente, denominados nacionales- ejercieran la judicatura propia de los jueces locales (o de provincia) en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. La causa versaba en torno a una contienda negativa de competencia trabada entre un Juez Nacional en lo Penal Especial (federal) y un Juez Nacional en lo Penal de Instrucción (ordinario) en torno a la investigación de hechos sucedidos en una Prisión Nacional, que por ser un establecimiento nacional originariamente daba lugar a la intervención de los tribunales federales.

Al respecto, la Corte Suprema sostuvo "[q]ue carece, en suma, de base legítima, la afirmación de que la judicatura de la Capital de la república está compuesta por 'jueces de la Constitución' (los federales) y por 'jueces de la ley' (los ordinarios), puesto que unos y otros tienen un mismo origen constitucional en cuanto son tribunales instituidos por el Congreso de la Nación en ejercicio de una misma facultad (art. 67, inc. 11 de la Carta Fundamental); son designados por el mismo procedimiento (art. 85, inc. 5); gozan de las mismas prerrogativas (art. 96) y ejercitan idéntico imperio en las materias de su respectiva competencia; siendo indudable que esta diversidad de competencia, no responde en este caso a la que ha determinado la institución de jueces federales en provincia// Que las leyes 13.998 y 14.180 han podido, pues, sin necesidad de la derogada reforma de 1949, excluir de la competencia de los juzgados nacionales en lo penal especial de la Capital Federal las causas cuyos conocimiento les estaba atribuido en razón del lugar".

5. Como dije, de los fundamentos brindados por el Procurador General en el dictamen del fallo comentado, al que remite en lo concordante la Corte, se sigue que el nuevo ordenamiento obliga a realizar una lectura restrictiva de esa doctrina para compatibilizarla con el nuevo estatus de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el art. 129 de la CN.

Resumidamente, acerca de lo que aquí nos ocupa y siguiendo la numeración original allí dispuesta, en ese dictamen se exponen los siguientes argumentos. Primero, que toda vez que la administración de justicia tiene un fundamento último democrático y, por lo tanto, reside en el pueblo ".la autoridad que ejerce funciones judiciales lo hace en nombre y representación de ese pueblo reconocido como soberano// En la organización constitucional argentina solamente participan de ese carácter el pueblo de la Nación y el de las provincias. Al de la capital, en cambio, no se le puede reconocer ese carácter con el mismo alcance que a los anteriores, pues salvo su derecho a constituirse en ente municipal, no está investido de la facultad que tienen aquellos de darse, en orden respectivo, sus propias instituciones y regirse por ellas. Su representación se funde con la del pueblo de la nación, y sólo a través de esos organismos nacionales actúa". En segundo término, que por ser la de nuestro país una organización ".federal, admite, territorialmente, dos clases de jurisdicciones: una exclusiva de la Nación, y otra concurrente entre la Nación y las provincias. Mas en aquellos sitios en que sólo existe la primera no hay posibilidades de coexistencia de poderes constitucionalmente reconocidos u organizados como tales, ni por lo tanto concurrencia factible con otra jurisdicción". Tercero, "[l]a Capital Federal es un ente político que, dado su carácter de no soberano, no puede contar con poderes propios. Su propio jefe inmediato le está dado por el pueblo de la Nación (C.N. art. 86, inc. 3º)". En cuarto y último lugar, sostiene que ".la jurisdicción exclusiva que sobre su territorio [el de la Ciudad de Buenos Aires] ejercen las autoridades federales descarta la posibilidad de que el art. 67, inc. 11, se interprete en el sentido de que su poder judicial esté inhabilitado para aplicar derecho en este territorio derecho común [.] por cuanto la salvedad referida a las jurisdicciones locales es una limitación que sólo puede jugar donde existe jurisdicción concurrente".

6. Varios comentarios merece la doctrina que expone el dictamen. Por una parte, más allá de las razones en que basa la conclusión, esta consiste tan sólo en sostener que un tribunal federal puede ser privado de competencia cuando quizás ella no le ha sido atribuida por razón de la materia sino del lugar. Más exacto habría sido decir en razón de la persona afectada, en el caso, una prisión federal. Pero, lo cierto es que no era dudoso que se trataba de una competencia atribuible por el Congreso, ya fuere como legislatura local o federal. Tampoco estamos en un supuesto de sentencia equiparable a una definitiva, sino se trata de una contienda negativa de competencia entablada entre dos tribunales cuyo único superior común es la Corte Suprema. Por el contrario, las razones del dictamen llevan precisamente a no hacerlo. En cuanto a que hubiera carecido de sentido distinguir entre jueces de la Constitución y jueces de la ley, la afirmación pudo tener sentido en el estricto marco del caso sub examine. Pero, no es dudoso que no habría podido ser sostenida si hubiera estado en juego la derogación de la ley 13.998 impugnada por inconstitucional para volver a la organización judicial anterior. Por cierto, el dictamen se limita a decir que no cabe distinguirlos mientras no los distinga la ley. Más allá de ello, la afirmación habría sido inexacta. Para cerrar este punto del fundamento del voto, señalo que la expresión "jueces de la Constitución" ha sido empleada con más de un sentido a lo largo de nuestra historia. Hoy día, se lo hace para denotar a todos aquellos que ejercen la misión de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que pugnan contra la Constitución Nacional, y en ese sentido lo son, por imperio del art. 31 de la CN, tanto los jueces con competencias federales, como los provinciales, y los que ejercemos competencias locales de la Ciudad, ya sea como jueces nacionales ordinarios o recibiendo su investidura y control de su desempeño de órganos elegidos del modo en que el Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha escogido a ese fin . Finalmente, lo esencial es que no dice, ni habría podido decir que la ley nacional nº 13988 torna indiferentes las competencias federales de las locales ejercidas en territorios sometidos a la jurisdicción nacional sino algo bien distinto: que jueces elegidos y con igual estabilidad pueden ejercer indistintamente unas y otras.

Por otro lado, los argumentos del Procurador General reseñados más arriba, a los que remitió la Corte, muestran que la doctrina de ese fallo tuvo como sustento último la inexistencia de un ente político autónomo en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se destaca que ello implicaba una fuerte distinción en relación a los derechos políticos entre el pueblo de la Ciudad y los de las provincias, distinción que vino a subsanar la reforma constitucional de 1994. Toda vez que la ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee entidad jurídica y política reconocida en la Constitución Nacional y, por ende, facultades propias para ejercer su gobierno y, en lo que ahora importa, para instaurar su propia administración de justicia, y más aún el deber de hacerlo con arreglo al juego de los arts. 5 y 75, inc. 31 de la Constitución Nacional, la doctrina reseñada más arriba debe ser leída a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales y, por lo tanto, en forma restrictiva.

Esas facultades del GCBA -correlativa de los derechos de sus ciudadanos- sólo pueden estar limitadas temporalmente, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital Federal, y materialmente por la necesidad de garantizar intereses del Estado Federal (cfr. art. 129, CN). Esos intereses se encuentran garantizados por la ley nacional nº 24.588, que en lo que aquí importa establece que todas las causas contra el GCBA, cualquiera sea su índole, pertenecen a los tribunales que establezca la Ciudad. O sea que, por ausencia de interés federal, el Congreso nacional dispuso la operatividad plena del art. 129 de la CN en ese punto.

Sin embargo, esa línea doctrinal no queda totalmente sin efecto en la actualidad. En su caso, mientras los intereses federales que imponen que la permanencia de los tribunales ordinarios en la esfera del Gobierno Federal continúen vigentes, la jurisprudencia comentada serviría como sustento para eliminar restricciones en cuanto a la delimitación de la competencia entre los tribunales federales y los ordinarios, siempre y cuando no entren en juego causas sobre las cuales la jurisdicción de la Ciudad ya se haya tornada operativa, como sucede con todas aquellas en el GCBA es parte.

7. La línea jurisprudencial que tiene origen en los casos citados más arriba, ha sido comúnmente utilizada para sostener que la denegación del fuero federal a favor del fuero nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires no da lugar a la aplicación de la doctrina que equipara a sentencias definitivas aquellas interlocutorias que deniegan la competencia del fuero federal, en atención a que todos los jueces pertenecientes a los dos fueros antes mencionados resultaban iguales a los efectos de proteger los intereses a los que se busca dar amparo mediante la competencia de la justicia federal. Así por ejemplo, surge de Fallos: 237:138; 238:320; 241:14; 244:196; 244:332; 245:280; 246:285; 252:209; 259:110; 323:2881 entre muchos otros.

8. Es cierto que en algunos casos aislados, la Corte también dispuso, con sustento en la doctrina comentada en el punto anterior, que la denegatoria de la competencia de los juzgados nacionales (ordinarios) conllevaba los mismos efectos que la denegatoria del fuero federal. Entre esos casos pueden mencionarse los siguientes, en que se dispuso tal equiparación o los que aparecen citados como sustento de aquellos precedentes.

En Fallos 330:1895 (2007) se sostuvo que una sentencia que había hecho lugar a la litispendencia interpuesta por el GCBA -demandado- y mandaba a acumular la causa a una existente en este Tribunal Superior. La Corte se limita a decir que la denegatoria de la competencia del fuero nacional en lo civil era equiparable a la del fuero federal con cita de algunos precedentes que tampoco ofrecen explicación a este respecto. En apoyo a su conclusión cita Fallos: 320:2701 (abajo comentado); 323:2322 (comentado más abajo); y 328:2716 (comentado en el punto 12 de este voto). Por lo demás, luego sostiene que la sentencia impugnada poseía defectos por no haber considerado en forma adecuada los argumentos de la actora y reenvía la causa para que se dicte un nuevo pronunciamiento, resolución más propia de una descalificación de una sentencia por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad que de una en que existe denegatoria del fuero federa, en que se suelen remitir las actuaciones a quien corresponda intervenir.

En Fallos: 329:5438 (2006), en el marco de una causa similar a la que ahora nos ocupa -demanda por daños sufridos por un accidente ferroviario iniciada por un particular contra el SBASE y el GCBA, entre otros-, la CSJN sostuvo que la inhibitoria de los jueces civiles ordinarios debía tratarse como una denegación de fuero federal ".extremo que se configura en el caso en el cual la justicia nacional en lo civil, integrante de la jurdicatura de la capital de la república a la que se reconoce dicha calidad [.] se ha desprendido del conocimiento de las actuaciones a favor de los tribunales locales". Seguidamente, luego de destacar el valor que cabe a la asignación de competencia local a todas aquellas causas en que una autoridad administrativa de la Ciudad es parte, entendió que ello debía ser matizado en atención a elementos concretos del expediente. A continuación destacó que la sentencia impugnada había soslayado que SBASE es un ente autárquico con patrimonio y administración independiente, que la materia en juego era de tipo civil y que si bien el GCBA había sido convocado al juicio, del escrito de inicio no surgía una atribución directa de responsabilidad hacía éste, que incluso había interpuesto, como defensa de fondo, la falta de legitimación pasiva. También consideró atendible que el hecho que había dado lugar al proceso databa de 1991 y la iniciación del juicio de 1993, por lo que, la incompetencia que en ese momento estaba atendiendo la Corte había sido dispuesta 10 años después del suceso, una vez producida toda la prueba y soslayando que habían sido presentados dos escritos solicitando el dictado de la sentencia. A esto último se suma que la inhibitoria no fue apoyada en mayores fundamentos que la cita de la ley nº 7.

En Fallos: 326:4352 (2003), ante la inhibitoria del fuero laboral para entender en una demanda contra la ex Municipalidad de la Ciudad, la Corte entendió que la sentencia debía ser equiparada a definitiva (con remisión al dictamen de la Procuración, que citaba Fallos: 320:2701 y 323:2322), y luego establecía que corresponde que la actuaciones continúen en la justicia local.

En Fallos: 325:1420 (2002), la Corte equiparó a definitiva una sentencia que denegaba la competencia del fuero laboral nacional en el marco de una demanda por exclusión de la tutela sindical iniciada por el GCBA. Para ello remitió a dos precedentes (Fallos: 321:2434 y 323:959) en los que en conflictos laborales que vinculaban, directa o indirectamente, a gobiernos extranjeros y por lo tanto, además de haber sido denegado el fuero federal, también se encontraba en juego un derecho federal de tardía o imposible reparación ulterior debido a que había sido alegada la inmunidad de jurisdicción por parte de los órganos oficiales de un estado extranjero, En Fallos: 323:3881 (2000), en el marco de un exhorto diplomático un juez nacional comercial remitió la causa a la Corte Suprema por entender que, debido a la intervención de los Tribunales Superiores de Uruguay y Nueva York, correspondía que la cuestión tramitara ante el máximo tribunal de la Nación. La Corte denegó su competencia originaria y remitió las actuaciones a la justicia federal de la Capital. El juez federal que intervino rechazó su competencia en virtud de que no rige el fuero federal en razón de las personas en la Capital Federal. Devueltos los autos al juzgado comercial nacional, éste insistió con su incompetencia. Ante esa situación y alegando cuestiones de economía procesal la Corte Suprema negó la competencia originaria, reprodujo su doctrina reseñada en el punto 7 y sostuvo que debido a que correspondía la competencia del fuero comercial ordinario y que, en virtud de que esos juzgados también pertenecen a la órbita nacional, no podía considerarse que exista denegatoria del fuero federal.

En Fallos: 323:2322 (2000), equipara a definitiva una resolución que denegaba la competencia del fuero nacional ordinario. Sostiene que el a aquo había realizado una aplicación arbitraria del fuero de atracción (art. 21 de la ley nacional nº 24.522, de Concursos y Quiebras) y que además correspondía equiparar a definitiva la sentencia porque imponía gastos al vencido que no pueden ser discutidos posteriormente. A ello se agregaba que la sentencia recurrida había desconocido la doctrina sentada por la Corte Suprema in re "Casasa" (Fallos: 319:368) que "impide el fuero de atracción, interpretando el art. 21 de ley y respecto de la discusión sobre la competencia en razón de la materia civil o comercial". Más allá de lo expuesto, al momento de justificar que la equiparación de la sentencia que deniega el fuero comercial nacional a definitiva, la Corte se limita a citar Fallos: 303:1542, precedente en el que aplica la doctrina comentada en el punto 7 de este voto.

En Fallos: 320:2701 (1997), ante una ejecución fiscal iniciada por la ex Municipalidad de Buenos Aires la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil entendió que correspondía aplicar la ley nacional nº 19.983, por tratarse de un conflicto interadministrativo y que, por ello, correspondía a la Procuración del Tesoro de la Nación dirimir la cuestión. La Corte, por remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, declaró la competencia nacional en lo civil. Para ello sostuvo, que ".la declaración de incompetencia del a quo equivale a la denegatoria del fuero federal oportunamente invocado por el apelante." y agrega que ".la sentencia cuestionada en el sub lite va todavía más allá, al vedar directamente el acceso a los tribunales, extremo que, como también ha declarado la Corte, torna dicha resolución en equiparable, por sus efectos, a una de carácter definitivo". En suma, en el caso, la causa fue remitida a la justicia nacional en lo civil debido a que, si bien se encontraba constituido el gobierno local, y su Jefe de Gobierno electo, todavía no se encontraban en funcionamiento los tribunales de la Ciudad. El tratamiento de la cuestión como un conflicto interadministrativo importaba ignorar el nuevo estatus otorgado por la reforma constitucional de 1994 a la Ciudad y menoscabar su derecho al acceso a la justicia.

9. En otros supuestos, la Corte -en consonancia con la exégesis que vengo desarrollando- sostuvo que la denegatoria del fuero nacional ordinario no podía merecer el mismo tratamiento que la del fuero federal. Por ejemplo, en Fallos: 326:2438, por remisión al dictamen del Procurador Fiscal, dispuso que la resolución de un incidente de competencia que se resolvía en detrimento de la competencia de la justicia nacional y a favor de la provincial no podía ser equiparada a definitiva porque la solicitud del recurrente ".se circunscribía a que las actuaciones tramitaran ante la justicia ordinaria de esta ciudad, ratione loci [.] y no ratione materia". En sentido concordante se resolvió en Fallos: 320:2193, entre otros.

10. Las consecuencias de la denegatoria del fuero federal podrían ser aplicadas a casos en que se extraen de la competencia de un tribunal nacional ordinario si la causa en juego fuera una que originariamente hubiera correspondido al fuero federal de la Capital, lo que ocurre con algunas materias que en la Ciudad son asignadas a los jueces nacionales ordinarios, pero que en territorio provincial continúan en cabeza de los jueces federales (ver, por ejemplo, Fallos: 323:3881, en materia de exhortos diplomáticos) Es decir, cuando los jueces nacionales ordinarios, en virtud de que todavía pertenecen también a la esfera del Gobierno Federal, ejercen competencias propias del fuero federal y no unas idénticas a los juzgados locales provinciales. La cuestión no puede ser considerada igual cuando el conflicto de competencia se traba en torno a cuestiones no federales, del mismo modo que podrían suscitarse entre los tribunales de dos provincias o entre los de una provincia y los nacionales ordinarios; del hecho de que esa cuestión tenga lugar entre tribunales nacionales y tribunales de la Ciudad no puede seguirse un trato distinto a supuestos similares de conflictos con Poderes Judiciales de Provincia.

11. El caso "Asociación Vecinal Belgrano C" (Fallos 327:6043), citado por la Procuradora Fiscal, y el sub examine, si bien poseen algunas semejanzas, también muestra importantes disimilitudes, que sugieren que la solución dispuesta en el primero no puede ser extrapolada a éste. En aquel supuesto, la CSJN, también por remisión a lo dictaminado por el Procurador Fiscal, reenvío para que se dicte un nuevo fallo y que este Tribunal se expidiese sobre la cuestión relacionada con la denegatoria del fuero federal allí planteada. Si bien, al igual que en este caso, se trata de una contienda entre un juzgado nacional civil ordinario y uno contencioso-administrativo de la Ciudad, en aquel este Tribunal se limitó a descartar la procedencia del recurso con sustento en que el de apelación ante la Cámara había sido declarado desierto (con base en un distinto entendimiento de las normas del proceso de amparo -que no poseía regulación local- entre la primera y la segunda instancia) y no consideró la cuestión de la denegatoria del fuero federal. En cambio, en la sentencia ahora revocada por la Corte, este Tribunal trató expresamente la cuestión mencionada y la rechazó con fundamentos suficientes.

Por lo demás, cabe agregar que en la misma causa "Asociación Vecinal Belgrano C", con fecha 28 de julio de 2005, sentencia registrada en Fallos: 328:2716, la Corte revocó la decisión de este Tribunal que dispuso que correspondía la competencia de los tribunales contencioso-administrativos de la Ciudad, y ordenó remitir las actuaciones a los tribunales contencioso-administrativos federales. A diferencia de ese supuesto, en autos la recurrente, si bien alega la supuesta denegatoria del fuero federal reclama la intervención del fuero civil ordinario. Así fue destacado en la primera intervención del Tribunal en la causa e incluso surge del relato que realiza la Procuradora Fiscal, cuando dice que según "[a]firma la recurrente [.] al tratarse de una demanda por daños y perjuicios, queda subsumida en las normas y principios del Código Civil y, por lo tanto, en razón de la materia es competente para conocer en el proceso la justicia nacional en lo civil de la Capital.".

12. A esta altura de la exposición conviene reconstruir el subsistema de resolución que surge, a partir de lo expuesto, para los supuestos en que se discute si es competente un juez nacional ordinario o uno de la Ciudad. Primeramente, hay que distinguir el supuesto en que la contienda se suscita entre jueces de aquel otro en que la parte discute dentro de una jurisdicción, esto es, se somete a ella en cuanto a la decisión de la cuestión de competencia. En el primer caso, la CSJN es siempre el órgano que resuelve estos supuestos. Estos son los supuestos en que discuten los órganos judiciales. Los casos en que el debate aparece propuesto por un recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48, constituirá sentencia equiparable a definitiva aquella que de subsistir pueda dejar una causa de las que corresponden a la jurisdicción federal sometida a una local. El interés institucional que protege esta equiparación y la consecuente revisión federal es que lo que la CN no permite resolver sino en sede federal allí permanezca. Cuando, en cambio, no es dudoso que un asunto no es de índole federal aunque puede caer en la órbita nacional por imperio de la ley 24588 no cabe equiparar como no cabría hacerlo en un cuestionamiento de parte -no contienda entre jueces- cuyo resultado pudiese ser remitir la causa a una u otra sede local. Es que en estos casos, el interés en juego no es la defensa constitucional sino la legal. Ciertamente, en los excepcionales supuestos en que hubiera un interés superior de la Nación, la CSJN podría acudir a la noción de interés institucional para conocer el asunto y resolverlo. Avanzar sobre todos los casos iría en contra de la visión institucional mostrada en casos como "Itzcovich" (Fallos: 328:566), "Barreto" (Fallos: 329:759) y "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Tierra del Fuego, Provincia" (Fallos: 330:5279) en los que redujo su jurisdicción originaria con el efecto de preservar sus energías.

13. Sin perjuicio de todo lo dicho más arriba, tampoco asiste razón al recurrente en cuanto alega la vulneración de la garantía del juez natural. Por imperio de la Constitución Nacional, las causas civiles acaecidas en el territorio de la Ciudad deberían corresponder a sus tribunales. En lo atinente a la justicia de la Ciudad, la ley nacional nº 24.588, restringió la operatividad del 129 de la CN, transitoriamente, aunque se la dio plena ".en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales". Como bien expone mi colega Julio B. J. Maier la presente causa cae dentro de la competencia contencioso-administrativa de la CABA tanto por la naturaleza de SBASE y el GCBA como la de la relación jurídica de derecho público local acerca de la que se discute.

14. Por lo expuesto, y por los fundamentos concordantes del voto del Dr. Maier, voto por rechazar el recurso de inconstitucionalidad y confirmar la sentencia apelada.

Por ello, el Tribunal Superior de Justicia resuelve:

1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad planteado por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, con costas.

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se devuelva a la Sala interviniente.