marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Derecho civil, Derecho comercial, bienes muebles, Registro Público de Comercio
Materia: CIVIL
Carátula: Del Valle S.R.L. c/ Registro Público de Comercio s/ inscripción de Contrato de Constitutivo inscripción de Contrato de Constitutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2011-12-23

Que las cosas consumibles son aquellas cuya existencia se termina con el primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad (art. 2325 del Código Civil). Conforme a ello, el dinero es una cosa consumible y ello es una cualidad de la cosa que no tiene que ver con la de ser susceptible de ejecución forzada. La posibilidad de la "ejecución forzada" se refiere a la posibilidad de obtenerla mediante ejecución judicial, ya sea a la misma cosa o bien el dinero que la representa. Una cosa que está fuera del comercio (una plaza pública, por ejemplo) no es susceptible de ejecución forzada. De ningún artículo surge que los aportes en especie no puedan ser consumibles lo que es lógico porque, de lo contrario, el dinero no se podría aportar. En consecuencia, tratándose el caso de autos de aportes en especie que consisten en medicamentos, bienes muebles determinados, que se encuentran en el comercio y por ello, susceptibles de ejecución forzada, procede revocar el decreto apelado.
Incidente de nulidad, carga de la prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: SANCHEZ HORACIO RAUL Y OTRO c/ FELMENOSI E. Y OTROS s/ RECUSACION CON CAUSA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1985-02-15

Al promoverse el incidente de nulidad, el recurrente debe demostrar fehacientemente el interés y el perjuicio que pretende subsanar, dado que es necesario que la irregularidad lo haya colocado en estado de indefensión, pero no de una indefensión teórica, sino que debe concretarse con la mención -expresa y precisa- de las defensas que se vio privado de oponer (conforme art.

172 del Código Procesal; Cámara Nacional Civil, Sala F, E. D. 63 397; id. id. c. 254.445 del 18/4/79 y sus citas; id. id. c. 270.043 del 11/5/81; id. id. c. 251.258 del 22/9/82), puesto que, de no hacerse así, cabe presumir que las actuaciones cumplidas no le han causado perjuicio alguno (conforme Cámara Nacional Civil, Sala A, L.

L. 126-777; id. Sala F, c. 171.760 del 2/3/72; id.id. c. 203.214, del 2/10/75; id. id. c. 254.445 del 18/4/79).-
Recurso de casación penal, prueba
Materia: PROCESAL PENAL
Carátula: SOSA GERVASIO ANDRES s/ CASACION  PENAL  -  FUNDAMENTACION  -  PRUEBA: SELECCION Y VALORACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1989-02-27

El recurso de casación es improcedente, si resulta claro que lo pretendido es una nueva selección y revaloración de la prueba ya que la ley no obliga al juez del mérito a justificar, especialmente porque da crédito a los testigos o a otros elementos de prueba de la causa, o porque prefiere, entre ellos, a unos mas bien que a otros, pues esto corresponde a sus poderes discrecionales de selección y valoración de la prueba, por ser materia propia de la órbita de su libre convicción.
Sentencia, nulidad de oficio
Materia: PENAL
Carátula: Sánchez, Oscar Alberto s/ Violación, corrupción
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-04-25

No cabe expedirse sobre la necesidad de nulidad el pronunciamiento recurrido alegando que presenta deficiencias de tal magnitud que obstan substancialmente a la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o a su debido conocimiento por el Tribunal, si en el caso no se ha interpuesto tal remedio extraordinario.
Corte interamericana de derechos humanos, República Argentina, obligaciones internacionales, jurisdicción internacional, reglas de la sana crítica, sana crítica racional, obligatoriedad del precedente, apreciación de la prueba, violación de derechos humanos, estado parte, responsabilidad internacional del Estado, delitos contra la humanidad
Materia: PENAL
Carátula: Comes, César Miguel y otros s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-03-29

Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Bulacio vs. Argentina" -Sentencia del 18 de septiembre de 2003-, el criterio de la sana crítica en la apreciación y valoración de la prueba resulta especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos que disponen, a los efectos de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Treboux de Blanc, Ermelinda Marcelina c/ Castro, Exequiel Ramón y otro s/ Ejecutivo-incidente de levantamiento de embargo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 1997-10-17

Al estar establecida por ley la inembargabilidad del bien, corre por cuenta del embargante la prueba de las condiciones fácticas que permitan excepcionar su régimen. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inaplicabilidad de ley, homicidio calificado, uso de armas, arma de fuego, agravantes de la pena, fundamentación del recurso
Materia: PENAL
Carátula: P., E. A s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-10-10

El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que aplicó la agravante del art. 41 bis del Código Penal a quien fue condenado por homicidio, es improcedente, en tanto dicha objeción es tardía, puesto que el tribunal de juicio encuadró el caso en dicha disposición y ante el órgano de casación el punto no fue cuestionado, ni en el recurso ni en ocasión de la audiencia respectiva.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, agravio concreto
Materia: PENAL
Carátula: Maini, Ovidio Miguel s/ Robo aut.tor agravado y privación ilegal de la libertad agravada
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-10-13

Es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que al impugnar las conclusiones de hecho del juzgador omite denunciar cuáles serían las normas reguladoras de la prueba que resultarían quebrantadas.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales, querellante, escritura pública, proceso penal
Materia: PROCESAL
Carátula: NASUTE, CARLOS LUIS. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-06-28

Es improcedente el recurso extraordinario contra la sentencia que no hizo lugar al pedido del recurrente de ser tenido por parte querellante. Ello así, pues los agravios del apelante -quien impugna el fallo por entender que resulta damnificado por la falsedad de las escrituras públicas que se investiga en el caso y sobre la base de las cuales se inició otra causa en la cual se encuentra procesado en virtud del contenido de dichos instrumentos- son cuestiones de hecho y prueba y de derecho procesal, ajenas a la vía del art. 14 de la ley 48; máxime si constituyen fundamentos bastantes las razones expuestas para denegar el rol pretendido, especialmente en lo atinente a la distinción que se realiza entre lo que debe entenderse por particular directamente ofendido por el hecho criminoso -según los términos del art. 170 del Código de Procedimientos en Materia Penal- con aquéllos a quienes sólo les alcanzan sus consecuencias.
Declaración de insania, defensa en juicio, defensor
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: Fernández, Mario Raúl s/ INCIDENTE  DE FALTA DE ACCION PROMOVIDO POR MIGUEL A. RADRIZZANI GOÑI
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-06-27

Debe acordarse a los insanos el derecho a un procedimiento judicial en el cual ellos o sus defensores sean oídos y puedan discutir la incapacidad que se les atribuye.
Contienda negativa de competencia, Cámara de Apelaciones
Materia: PROCESAL
Carátula: D., S. s/ Insania
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2011-08-03

Con la creación de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Puerto Madryn por la Ley N° 5.407, este Superior Tribunal de Justicia emitió el Acuerdo N° 138/10 - SALA CIVIL por el que se estableció que la Cámara de Apelaciones de Trelew cesaba en su carácter de alzada de los juzgados de su competencia ubicados en la ciudad de Puerto Madryn, a partir del 1° de marzo de 2010.

Desde tal fecha, ambos juzgados de primera instancia involucrados en el presente conflicto carecen de un superior común.
Concurso preventivo, efectos de la apertura, actualización monetaria
Materia: COMERCIAL
Carátula: BURMAN    S.A.   POR DIRECCION GENERAL DE RENTAS PROVINCIA DE CORDOBA s/ CONCURSO PREVENTIVO - INCIDENTE DE REVISION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-03-14

El reajuste de un monto nominal adeudado atiende exclusivamente al mantenimiento intangible del capital originario. Es un mecanismo legal o jurisprudencial que ampara al acreedor de las consecuencias de la pérdida del poder adquisitivo del signo monetario, conservándose así incólume o constante el valor económico de su acreencia de suerte tal que no implica una obligación nueva o accesoria, sino la misma obligación expresada a valores reales y actuales.

Por ello es que la suma en concepto de desvalorización monetaria no resulta alcanzada por la suspensión dispuesta en la LC 20.
Recurso extraordinario, cuestión de derecho común
Materia: PROCESAL
Carátula: Disco S.A. (City Bell) s/ infr. ley 22.802.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2006-07-11

La individualización de las sanciones, en tanto observe los límites fijados por las leyes respectivas, constituye materia no revisable por la vía del recurso extraordinario. -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema-.
Acción contencioso administrativa, falta de fundamentación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: GOTTI  S.A.C.C.I.F. y A. c/ MUNICIPALIDAD DE RIO GALLEGOS s/ ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-DEMANDA DE ILEGITIMIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Cruz
Fecha: 1996-04-02

Considerando la índole de la demanda contencioso administrativa de ilegitimidad, se advierte que la misma no se encuentra fundamentada en ninguno de lo supuestos que señala el inc. "b" del art. 6 de la Ley 22 dado que no ha sido cuestionada ni la competencia de la autoridad municipal, desviación de poder o violación de la ley en el Decreto 962/94 del Poder Ejecutivo Municipal. VOTO: DRA. SALAZAR
Fundamentación de sentencias, recurso extraordinario de nulidad
Materia: PENAL
Carátula: Retamal, Fabián Carlos s/ Robo calificado
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2005-11-09

Es procedente el recurso extraordinario de nulidad por haber sido dictada la sentencia impugnada en transgresión de la manda constitucional establecida por el art. 171, si la Cámara al abocarse a tratar el agravio vinculado con el cambio de calificación y su falta de fundamento legal, si bien expresó por qué desechaba la idea del Juzgador de primera instancia y que el hecho de autos era constitutivo de robo calificado por el uso de armas, al así hacerlo no dio cuenta de los medios probatorios en los cuales apoyó su decisión, máxime si como lo alega el recurrente, tampoco se especificó a través de qué canal de prueba se descartó la versión en contrario dada por el imputado en su indagatoria en la cual negó el uso de un arma de fuego (art. 366, C.P.P., t.o. por ley 3589 y sus modificatoria).
Proceso penal, imputado, presunción de inocencia, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: B., V. H. s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD - LESIONES  CULPOSAS (EXPTE.: C.S.J. NRO. 58 AÑO 2004)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-06-02

El beneficio que consagra el artículo 5 del Código Procesal Penal ("in dubio pro reo") se encuentra limitado a la duda en el ámbito de la valoración de la prueba, y dirigido con exclusividad al órgano jurisdiccional, y así lo tiene dicho la Corte local en numerosas oportunidades, al afirmar que tal cuestión "...-inexorablemente ligada a la valoración de la prueba- es materia propia de los jueces de la causa".
Impuestos, tasas, prescripción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA c/ SEGURA JULIO CESAR s/ APREMIO
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1992-09-14

La prescripción de la acción por cobro de impuestos es la quinquenal prevista por el art. 4027, inc. 3ro del C.C., referida a "la obligación de pagar los atrasos... de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos". El art. 4023 C.C. no se refiere con carácter absoluto a cualquier acción personal por deuda exigible, sino a toda acción en relación con la cual no existe "disposición especial" que establezca un plazo diferente de prescripción.

La institución de la prescripción tiene ínsito el carácter de orden público,así como la ausencia de todo privilegio en favor del fisco que puede significar un régimen jurídico diferente del que impera con respecto a otros posibles acreedores (nota art. 58 del C.C.).

Dentro de la tesitura que sostiene que contribuciones como las que nos ocupan se rigen por el derecho público, sino existe una ley de fondo con la misma jerarquía de la ley nacional que el Código Civil la cuestión debe regirse no más por éste. Resulta irrelevante que el Código Tributario Municipal establezca un plazo mayor de prescripción, ya que el órgano jurisdiccional debe aplicar la ley de rango superior.

El fundamento de la prescripción quinquenal "reside en impedir que la acumulación de las prestaciones, por la negligencia o tolerancia del acreedor, termine por agobiar a un deudor que hubiese podido cumplir si se le hubiese exigido regularmente el pago".-
Guerra de Malvinas, responsabilidad del Estado, daños y perjuicios
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Martínez, Juan E. c/ E.N. -Mº de Defensa -EMGE s/ personal militar y civil de las FFAA. y de Seg.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-12-22

Los daños que pudo haber recibido un militar en el desarrollo de la guerra de las Malvinas de ningún modo puede sostenerse que sean imputados sobre la base de la responsabilidad de los arts. 1112 y 1113 del C.C., en tanto ella se le impute a los conductores de la guerra y no a algún acto concreto de su superioridad que fuera la causa de los daños sufridos por el militar. En todo caso, las heridas recibidas, siempre dentro del enfoque pretendido en este juicio, lo fueron de parte del enemigo. Y en esa circunstancia, ha de recordarse que la Nación no responde internamente por los daños infligidos a sus habitantes por fuerzas enemigas o irregulares; sólo concurre a paliarlos en la medida en que lo prevea una ley especial (ley 224 del 29/9/1859 de la Confederación Argentina; vgr.leyes 14.414, 20.007, 22.674, 22.986 y 23.716; dec.leyes 11.599/46, 9974/62 y 9337/63; dec. 4719/62 y 3540/69). (Sala III, 16/11/89, "Assmuss, Franciso René y otros c/ E.N."). (Del voto del Dr. Galli).
Recurso de inconstitucionalidad, derivación no razonada del derecho vigente, Cámara de Apelaciones, jurisdicción, proceso penal, encuadre legal
Materia: CONSTITUCIONAL-PENAL-PROCESAL
Carátula: Ortiz, Juan José c/  s/ amenazas calificadas-
Jurisdicción:  — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2024-03-05

La Magistrada mencionó primeramente los tres sucesos por los que se había acordado la condena y las evidencias reseñadas por el Fiscal y aceptadas por el Defensor, así como la conformidad del imputado; luego se avocó a efectuar el control jurisdiccional de la propuesta y de este modo, analizó la calificación legal del primer y segundo hecho, puntualmente la cuestión vinculada al tipo de arma de fuego empleada en ambos, por ser de fabricación casera, de las denominadas tumberas, y así, refirió que respecto a éstas existen dos opiniones en la jurisprudencia (por un lado, a veces son encuadradas como armas de guerra, lo que determina una escala penal más grave tanto en la portación como en la tenencia, y por el otro, propone que no pueden ser incluidas en tal categoría, siendo consideradas de uso civil; en consecuencia afirmó que en la propuesta de acuerdo existía una contradicción, dado que en el primer hecho la tumbera había sido tomada como arma de guerra, mientras que en el segundo, en el que también se había empleado un arma de tal característica, la conducta había sido subsumida en el párrafo que regula la portación ilegal de arma de uso civil, y analizó entonces que al haberse modificado la calificación legal del primer suceso, correspondía la corrección de la escala penal aplicable al concurso real de delitos por el que se lo condenaba, concluyendo que el mínimo de aquélla sería de 1 año de prisión y el máximo de 10, siendo inferior a la que surgía de lo acordado por las partes; por lo que cabe concluir que la anulación total del pronunciamiento de la Alzada -sustentada en su diversa opinión sobre la calificación legal del primera hecho, que admitía varias interpretaciones- implicó un desborde de su función jurisdiccional sin justificación válida, ya que, como se explicó, no había existido en realidad una actuación irrazonable o ilícita de la Magistrada que ameritara la anulación total del fallo, vislumbrándose la respuesta dada como excesiva y carente de adecuada fundamentación. (Del voto del Dr. Erbetta) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Código Procesal Penal de Santa Fe, artículo 343
Requisa personal, ley procesal
Materia: PENAL
Carátula: Defensoría Oficial Nº 2 Dra. Carbajal, Claudia s/ Planteamiento de nulidad Planteamiento de nulidad
Jurisdicción: Local — Provincia: Formosa
Fecha: 1997-09-01

Las normas procesales se han instituido para cumplimentar o realizar la finalidad última del derecho penal que es el esclarecimiento de la verdad real del hecho que se investiga en cuanto a su materialidad y su eventual autoría. Es decir que el procedimiento es el medio y el fin la posibilidad de la aplicación de la norma de fondo. En ese entendimiento, la llamada requisa personal está dirigida a garantizar a cualquier persona que se la practique sobre su cuerpo, una revisación ante una mera sospecha o como una forma mas de la investigación asimilable a un testimonio o a una Inspección Ocular, pero como dicha operación puede invadir su ámbito de privacidad y chocar su pudor, únicamente y en casos de mera sospecha la debe ordenar un Juez. Pero esta regla general, así como las que resguardan otros derechos garantizados por la constitución, deben ceder necesariamente en casos como el aquí ventilado en que la persona no es una mera sospechada, sino que ha sido sorprendida en flagrancia y el procedimiento de requisa tampoco constituyó una revisación profunda de su cuerpo o sus ropas, sino el retiro de las mismas que se encontraban debajo de su camisa. De tal suerte que lo que el legislador ha querido, es evitar que ante una mera sospecha se vulnere el ámbito de privacidad y reserva que significa la requisa en el cuerpo de la persona. Pero de modo alguno puede pretenderse que fue vista apoderándose de un objeto e inmediatamente sea sorprendido por la policía, esta tenga que requerir una orden judicial "fundada" para recuperar el producto del ilícito.
Embargo, bienes inembargables
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Beratz Marta Beatriz c/ García Edith Noemi s/ Cobro ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1996-11-12

El contestador automático reviste la calidad de bien embargable desde que, más allá de la mayor comodidad que su utilización importa, su inexistencia no implica menoscabo en el nivel medio de vida. (Minoría u opinión personal)
Empleados públicos, estabilidad laboral, despido, despido sin causa, ius variandi
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Schiavone, Diego Gerardo c/ Estado Nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2009-06-09

Es arbitraria la sentencia que consideró que el único derecho que le asistía al actor era el de considerarse despedido sin justa causa -ante el alegado ejercicio abusivo del ius variandi- y demandar la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, sin advertir que el régimen laboral específico que vinculaba a las partes -Laudo 15/91-, preveía que todo agente permanente tenía derecho "a conservar el empleo, la jerarquía y el nivel alcanzados" (art. 11 del Estatuto), siendo que tal precepto constituía una cuestión de evidente relevancia para determinar de qué modo podía el actor defenderse ante la alegada retrogradación en el cargo, máxime cuando el vínculo que unía a aquél con la Administración Nacional de Ingresos Públicos era de empleo público y por consiguiente le asistía el derecho a la estabilidad consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, el que se integra con el derecho a la carrera (Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt).
Efectos de la sentencia penal en sede civil, apreciación de la prueba
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Villatarco, Juana Inés y Verti, Oscar David c/ Navarro, Wilfredo y Miranda, Rafael Orlando s/ Recurso de inconstitucionalidad interpuesto en el Expte. Nº B-94903/03 (Sala III -Cámara Civil y Comercial) Ordinario por daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2013-07-05

La declaración de nulidad del auto de procesamiento del conductor -fundado en la nulidad de los testimonios que sirvieron de base- no impone al juez civil a descartar prueba que se llevó a cabo en sus estrados en el proceso de daños originado en el accidente de tránsito, con los beneficios de la inmediación propia de esa instancia, como así también valorar en forma distinta la prueba producida en sede penal.
Hecho imponible, base imponible, impuestos, Impuesto sobre los ingresos brutos, resoluciones, actividad industrial, industria de la construcción
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en / Concimat SACIFYM y otros c/ GCBA  s/ impugnación de actos administrativos
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-03-29

Corresponde rechazar la queja porque cualquiera sea el mérito de la decisión de la Cámara que se cuestiona -que respecto de los ingresos originados en la venta de inmuebles destinados a viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría "C", confirmó que le correspondía a la parte actora la exención o la aplicación de la "alícuota cero" porque desarrollaba actividad de construcción-, el GCBA no se ha hecho cargo de que la decisión a la que la Cámara arribó resulta coincidente con interpretar que la intención del legislador con el beneficio fiscal que la empresa actora reclama ha sido fomentar y posibilitar el acceso a las viviendas unifamiliares o multifamiliares no suntuosas. Cualquiera que sea el acierto del razonamiento seguido por el a quo, la solución a la que arribó conlleva entender que el beneficio fiscal busca favorecer una clase de consumo, el de viviendas familiares. Interpretada la ley de ese modo, se advierte que no busca beneficiar a quienes realizan la actividad sino a sus destinatarios: aquellos que exteriorizan la riqueza que el tributo busca captar, es decir los consumidores. El GCBA no se ha hecho cargo de ello, tampoco lo ha desvirtuado o propuesto otra interpretación excluyente, ni aun otra preferible o posible. Se ha limitado a discutir qué debe entenderse por empresa de construcción sobre la sola base de la organización empresaria soslayando la índole del beneficio y sus condiciones de validez. (Del voto del juez Luis Francisco Lozano).
Nulidad procesal, instrucción, actos y diligencias procesales, recurso de apelación (procesal)
Materia: PENAL
Carátula: D'ODORICO, HECTOR s/ Incidente de nulidad Causa 34272
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1994-10-19

Las declaraciones de nulidad de actos procesales en el trámite de instrucción de un proceso, en las que debe entender el mismo juez responsable de la instrucción, pueden ser apeladas cuando el recurso sea interpuesto subsidiariamente al requerir la declaración de nulidad (Cf. Art. 170 "in fine" y Art. 448 del Código Procesal Penal, ley 23984).