Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2006-03-15


Nro. de Sentencia: 015 En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil seis, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de la Dra. Graciela Mercedes García Blanco y asistencia de la Sra. Jueza de Cámara Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y del Sr. Juez de Cámara Dr. Julio Antonio Alexandre, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados:

"H., R. A. c/ B. DE G. Y B..A.. S.A. s/ ORDINARIO", Expte. nro. 15.051/05, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 2 (Expte. nro. 1091/01), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 492) y autos de fs. 493, correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, Dra. Graciela Mercedes García Blanco y Dr. Julio Antonio Alexandre.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 441/444? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

Que a fs. 441/444 se agrega la sentencia que falla desestimando las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción que interpusiera la accionada como defensa de fondo; hace lugar a la demanda y declara la culpabilidad de la accionada en el hecho analizado y, en consecuencia, condena al B. de G. y B. A. SA a abonar en el término de diez días de firme, al actor R. A. H. la suma de veinticinco mil pesos ($25.000) en concepto de daño moral, con más el interés de acuerdo al considerando respectivo, tiene presente el recurso de apelación de los honorarios por bajos concedido a fs. 405, impone las costas a la demandada y regula los honorarios.

A fs. 452, los abogados de la parte demandada por derecho propio apelan los honorarios por bajos y la sentencia.

A fs. 453 el Dr. V. apela los honorarios por bajos, en representación de la actora.

A fs. 454 la actora apela la sentencia de fs. 441/444.

A fs. 467/468 se agrega el memorial de la parte actora.

El agravio se relaciona con el inicio del cómputo de los intereses, que el sentenciante los fija desde la fecha del pronunciamiento de primera instancia.

Con cita de doctrina y jurisprudencia sostiene que los intereses deben computarse desde el momento en que aconteció el hecho dañoso.

Señala que el hecho generador de la acción es la actitud negligente, dañosa, injusta e improcedente por parte de la demandada, que produjo en su vida, sobre todo cuando al solicitar el crédito para adquirir el primer inmueble se rechaza la carpeta por encontrarse inscripto en el V..

Alega que con anterioridad a que se tomara conocimiento del hecho (abril/mayo 98), tal actitud trajo aparejada una disminución en su calificación bancaria.

Que lo dicho ha quedado acreditado con la contestación del oficio, testimoniales y la doc. de fs. 285 emitida por la propia demandada.

Sostiene que sufrió un deterioro en cuanto al concepto que siempre había tenido de ser profesional.

Considera que el hecho dañoso se produjo el 30/ABRIL/98, momento en que el B. R. tomó conocimiento de la situación en que se encontraba (indebidamente inscripto en el V. SA) y es esa fecha la que debe tomarse para el cómputo de los intereses.

A fs. 470/478 el demandado expresa agravios.

Narra los antecedentes y relata que al contestar la demanda interpuso la prescripción por entender que el reclamo de la parte actora encuadra dentro de las normas atinentes a la responsabilidad extracontractual, resultando el plazo liberatorio de dos años desde el acaecimiento del hecho ilícito.

Agregaba, dice, que el actor manifestó que tomó conocimiento en abril-mayo de 1998.

Aduce que a confesión de parte, relevo de pruebas y que el aquo en el considerando 2º de la sentencia partió de una premisa falsa para concluir que se discuten hechos que se encuadran dentro de la órbita de la responsabilidad contractual.

Resulta, dice, que en el objeto de la demanda no se ha manifestado lo que el juzgador dice que resulta expreso, ya que a fs. 48 a la que hace referencia el Sr. Juez, el actor no hace mención a demanda por incumplimiento contractual alguno, sino que sólo dice demandar por el daño moral que le habría inferido el banco con su supuesto accionar.

El mismo actor reconoce que el contrato de tarjeta de crédito se extinguió en noviembre de 1996 y al exponer su supuesto derecho la actora dijo que brindan su marco de aplicación los arts. 1068 y 1075 C.Civil.

Ejemplifica el dislate que conduciría admitir que la inclusión o no en el V. es una conse-cuencia del contrato y que no desplaza la órbita de responsabilidad al plano extracontractual.

Alude a jurisprudencia de la Cámara que entiende es de aplicación.

Se refiere a la falta de legitimación pasiva que también interpusiera y que el Sr. Juez se ha valido del análisis del "contrato para concluir que quien gestó la inclusión de H. en el V. fue su representada".

El accionante ha omitido, en cuanto a la responsabilidad de nuestra representada, expresar todas las circunstancias que compondrían el hecho generador del derecho invocado.

Dice que el a-quo ha considerado equivocadamente que las copias simples de fs. 234/235 son documentación indubitada de que el B. G. gestó la inclusión.

Menciona las equívocas consideraciones de la sentencia apelada.

Agrega que el juzgador ha partido de premisas falsas ya que no surge del reclamo que el actor relatara que su representada lo incluyera como moroso en forma injusta en el sistema del V., sino que ello es una interpretación del juez.

Insiste en contradicción con lo que asegura el a-quo que no hubo coincidencia con la relación de los hechos, y que las probanzas confirmaron la veracidad de lo expuesto, equivocándose también al decir que existen datos coincidentes respecto a que el actor figuraba como moroso en el sistema V., informado por el B. G. y B. A., haciendo mención al rubro "observaciones", que coincide con el informe de fs 153 que el a-quo no tuvo en cuenta. De allí que el único accionar del B. G. fue informar a V. En diciembre de 1997 que el actor había cancelado la deuda.

Señala que la documentación de fs 285 no tiene el alcance dado por el juzgador, ya que la circunstancia de que el B. G. haya informado al B. que estaba gestionando la baja del actor del V. no implica reconocimiento alguno de que gestionara el alta del mismo ante este sistema de información crediticia. Y las manifestaciones de los empleados que por error de emisión de tarjeta, el actor quedó afectado en el V., no implica error del banco, sino que fue a todo evento un error de la entidad emisora, V..

Se refiere posteriormente a las testimoniales y a la pericia contable, ya que ésta corroboró los dichos de su parte en relación que la actora sobrepasaba sus límites de compra y que con el monto del préstamo otorgado no se canceló la deuda que el actor mantenía con la tarjeta.

Agrega que el sentenciante no ha querido ver los informes de fs 350/352, ya que de los mismos surge claramente que con las constancias emitidas por el B. G. se salvaba perfectamente la situación del actor, no resultando óbice al otorgamiento de un crédito la información que figuraba en el V..

Retoma el tema sobre la esfera contractual o extracontractual y finalmente dice que con relación al daño ponderado no se ha acreditado, afectación alguna de la autoestima del actor ni afectación a la fama del mismo.

Como epílogo explica cómo opera la central de deudores del sistema financiero del BCRA.

Ambas partes se agravian respecto de los honorarios y sobre el momento a partir desde cuándo deben aplicarse los intereses.

A fs 485/488 el demandado contesta los agravios.

He de referirme en principio a los agravios del demandado, pues de prosperar los mismos, carecería de relevancia dar respuesta a los planteados por la actora.

Y observo que respecto a todos y cada uno de los argumentos dados por el sentenciante, el demandado ha pretendido controvertir, de allí que he de asumir la jurisdicción en plenitud, conoceré respecto de todas las argumentaciones esgrimidas por las partes, hayan o no sido tratadas por el sentenciante.

No fue controvertido que entre el actor y el banco existió una relación contractual, a raíz de ser el primero titular de la cuenta de tarjeta de crédito V. Nº ........, expedida por el B. de G..

Al contestar la demanda, ningún funda-mento expresó el demandado sobre la prescripción, circunscribiéndose a oponerla, siendo contestada por el actor, y si bien no admite la excepción, entiende que la prescripción ha sido interrumpida, en fecha 26 de agosto de 1999.

En el memorial de agravios, alude que la excepción encuadra dentro de las normas atinentes a la responsabilidad extracontractual, resultando el plazo de prescripción liberatoria de dos años desde el acaecimiento del hecho ilícito, y he de coincidir con el quejoso que el término de la prescripción en la presente causa es bienal.

Siguiendo doctrina autorizada, Ricardo Luis Lorenzetti, "Tratado de los contratos", Tomo III, pág. 439 y sgtes, he de señalar que en la relación entre emisor y cliente, el objeto del contrato es el crédito y la tarjeta es la documentación emitida. La propia ley señala (art. 4, ley 25065): Se denomina genéricamente tarjeta de crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor".

Pero ello no es óbice para entender que la demanda intentada contra el banco por los daños causados al actor al haber suministrado información errónea a un banco de datos, como lo afirma el actor, no tiene estricta relación con el vínculo de carácter contractual que como lo dijera existió entre las partes pues el reclamo está originado en un presunto hecho por el que se pretende se le endilgue responsabilidad a la accionada, y no concierne a algún incumplimiento por parte del banco de las obligaciones emergentes del acuerdo.

Respecto a ello la jurisprudencia ha sostenido que "no constituye en rigor el incumplimiento de algunas de las obligaciones provenientes de aquel negocio. Inicialmente, cabe destacar que si bien entre las partes existió un vínculo comercial relativo al otorgamiento de una tarjeta de crédito y un convenio cuya causa era la deuda proveniente de la utilización de ese servicio, lo cierto es la actuación que se reprocha a la demandada, que consistió en haber mantenido hasta agosto de 1999 las comunicaciones al Banco Central donde se calificaba a la actora con alto grado de insolvencia cuando ésta ya había cancelado la deuda, no constituye en rigor el incumplimiento de algunas de las obligaciones provenientes de aquel negocio, sino una incorrecta actuación relativa al compromiso de información que las entidades bancarias debían poner en conocimiento de dicha entidad matriz, para ser cargado a la base de datos de la Organización V. S.A.

Las partes no estipularon ningún pacto relativo a una prestación de ese orden y, en consecuencia, la responsabilidad que se atribuye a la demandada no se refiere a la insatisfacción de alguna obligación contractual. De ahí que no es factible examinar la procedencia del daño moral desde la óptica estricta que legisla el artículo 522 del Código Civil para la responsabilidad de origen contractual, sino que debe juzgársela desde el más amplio criterio que establece el artículo 1078 de ese ordenamiento para reparar el agravio moral causado por los actos ilícitos, engendrados en la violación de la genérica obligación de no causar daños (conf. esta Sala, voto del Dr. Molteni en Libre 311.059 del 23/3/01) - "P.S. c/ C. NA y otros s/ Daños y perjuicios" CNCiv.-Sala A, 19-2-04. Jurisp. publicada en el Dial. Asimismo, se ha dicho que "No se cuestiona ya en esta instancia la responsabilidad del banco demandado, que fuera correctamente encuadrada por la magistrada de la anterior instancia dentro de la órbita extracontractual". E. G. M. c/ XXXX B. A. AS y otro s/ daños y perjuicios", CNCiv-Sala E-25-2-05.

A su vez A. M. G. C. en "Régimen Legal de Las Bases de Datos Y Habeas Data", se pregunta ¿cuál es el régimen de responsabilidad civil en materia de daños causados mediante el tratamiento de datos personales? y responde que será de orden contractual, si las partes suscribieron un contrato con ese objeto que derivó en un incumplimiento, o el prestador de los datos fue burlado en su buena fe porque fueron destinados a otros fines, o se violaron reglas de confidencialidad y seguridad, etc. (art. 1198 CC).

En caso contrario, nos hallaremos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, que se rige por el art. 1109 del Código Civil (todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio) pág. 215.

Y en el mismo sentido Ignacio Saux, en "Responsabilidad por Daños en el tercer Milenio", directores Alberto José Bueres y Aída Kemelmajer de Carlucci, pág.754 y sgtes, al enumerar supuestos de responsabilidad contractual, refiere que no se agotan en los mencionados, quedando meramente citados supuestos tales como el suministro de informes inexactos sobre los propios clientes, y memorando que siendo responsabilidad aquiliana el plazo de prescripción será bienal.

Lo dicho me obliga a considerar la respuesta dada por el actor en la contestación de las excepciones, quien entendió que se interrumpió la prescripción con la documental que acompaña a fs 30 y adelanto que le asiste razón.

Surge del expte que el actor envió al demandado la Carta documento fs 10, con fecha 26 de agosto de 1999 y que fue recibido el 27-8-99, así como la contestación de la misma (fs 122 y sgtes.).

En la carta de mención, el actor manifiesta que se encuentra inscripto en el V. desde diciembre del año 1997, en consecuencia al momento de la emisión de la carta documento no habían transcurrido los dos años que exige el art. 4037 del CC.

Y aún partiendo de la fecha que pretende el quejoso, no puede admitirse que haya prescripto, reitero, atento la fecha del reclamo.

El art. 3989 del Cód. Civil referido a la interrupción del curso de la prescripción tiene una nota que permite considerar que el reconocimiento al que se refiere puede resultar de "...todo hecho que implica la confesión de la existencia del derecho del acreedor...", términos suficientemente amplios que incluyen reconocimiento como el que el banco dirigió a V. en la antedicha nota.

En consecuencia, la argumentación del banco no resulta fundada en derecho y la documentación de fs 9 y 10 tuvieron el efecto interruptivo.

La excepción de falta de legitimación pasiva, tampoco será admitida, pues de las pruebas agregadas a fs 12 en respuesta a la enviada por la actora (fs 10), no desconoce la inscripción en el V., sino que informan que se encuentran abocados a reunir los antecedentes del caso.

Asimismo de la prueba para mejor proveer solicitada, admitida y producida, surge sin lugar a dudas que fue el demandado quien anotició al V., "se adjunta nota del B. G., en donde consta fue incluido en V." lo que se complementa con la nota de referencia agregada a fs 285 y lo que surge de fs 266 entre otras.

Documentación que más allá de lo sostenido por el quejoso, en la expresión de agravios, fue agregada sin merecer objeción alguna.

Y si bien insiste que no ha sido el banco quien informara al V., y que el informe de fs 153 es contundente para rechazar la demanda, de la lectura de tal informe, no se desprende lo que pretende el quejoso.

Asimismo, de la pericia de fs 418 y vta, si bien consta que el actor había excedido el límite de compra, y que al momento de la destrucción de la tarjeta tenía deuda; lo que permite inferir que la conducta del actor no fue siempre cumplidora de sus obligaciones, ello no es motivo para mantener con posterioridad a la cancelación de la deuda inscripta en el V.; pues no es menos cierto que el Banco le otorgó un préstamo, cuya suma se acreditó en la cuenta de la tarjeta de crédito. Situación que lleva fecha 17 de marzo de 1997, quedando un remanente, que fue condonado.

Hasta la fecha de la carta documento el actor aún permanecía inscripto en el V., lo que fue reconocido por la demandada y aún estuvo en tal situación al 20 de junio de 2000 (fs 285) Surge, entonces, la responsabilidad admitida por el propio banco demandado, y ello lo obliga a responder como lo dispuso la sentencia.

Lo dicho me persuade de que se encuentran acreditados en autos los presupuestos para la indemnización del daño moral, ya que más allá del informe de fs 418 vta, al que ya aludiera, quedó evidenciado el debido mantenimiento de tal situación con posterioridad a la cancelación sin eliminarla del registro de sus deudores lo que constituye un hecho generador de responsabilidad por tratarse de un erróneo manejo de la información.

Con relación a la prueba a fin de acreditar el daño moral que se peticiona, resulta un tema que ha suscitado profundas divergencias entre quienes lo han abordado, adoptándose dos tesis: por un lado se encuentran quienes entienden que la reparación obedece a una sanción ejemplar que se impone a quien ha causado un daño, en cuyo caso prima el análisis de la conducta del deudor, llegando incluso a no diferenciarse entre culpa y el dolo, CNCIV, sala "A", "M vda. de B.c.OM".

De otro lado, se le otorga al daño moral el carácter de resarcitorio, supuesto en el que adquiere relevancia la conducta del incumplidor y la entidad del perjuicio sufrido. Es decir, cuando se trata de dilucidar la procedencia del daño moral, el análisis debe centrarse en la persona del no culpable a fin de evaluar las consecuencias que sobre el ánimo del mismo produjo el incumplimiento (ver CNCiv, Sala C, "F., C. c/ C. C. de O. de M. y otro", del 29/12/1980; Sala F, "R., E. c/ J. SAIC y otra s/ daños y perjui-cios", del 22/10/1979; CNEspCivCom, Sala V, "G. de H., J. c/ Microómnibus C. de B. A.", del 30/6/1980), CNAC, Sala "A",17-6-04.

Participo, sin lugar a dudas, al igual que los sufragantes del fallo aludido, de la doctrina mayoritaria que ha sostenido el carácter resarcitorio de la indemnización del daño moral (conf. Planiol-Ripert, "Traite Elementaire de Droit Civil", t. II, pág. 328; Busso, ob. cit., t. III, pág. 414; Borda, ob. cit., t. I, pág. 190; Orgaz, "El daño resarcible", pág. 220 y ss.; Mosset Iturraspe, "Reparación del Daño Moral", JA, 20-295; en igual sentido, esta Sala, en autos, "D., A. W. y otro c/ C. M. B. NA s/ sumario", del 3/3/1995).

Tratándose de responsabilidad extracontractual es de aplicación el art. 1078 del cód. civil, conforme al cual se presume la existencia de lesión en los sentimientos del damnificado, salvo que la deudora destruya esa presunción mediante prueba en contrario, y ello no ha ocurrido en el caso.

Al respecto en obra y autora citada, pág. 220, el daño moral se presume en caso de ataque a la intimidad por la sola realización del hecho antijurídico que provoca la ofensa a las afecciones legítimas del sujeto perturbado y tornan exigibles un resarcimiento. Sostiene Goldemberg que para graduar la reparación del daño moral hay que tener en cuenta la personalidad del afectado (profesión, popularidad, cultura, sensibilidad, ámbito de actuación, etc.), la naturaleza de la intrusión, la finalidad perseguida, la potencialidad dañosa del medio empleado, el grado de difusión y la incidencia futura que pueda acarrear en la vida familiar, de relación o en el empleo o función del damnificado.

Y siguiendo tales conceptos, a fin de la cuantificación del daño, debe valorarse la profesión de abogado del actor, el tiempo durante el cual se mantuvo el registro erróneo en Organización V. con las consecuencias que de ello se derivan para el desarrollo de actividades corrientes, de las cuales dan cuenta las testimoniales. Y aún con tales parámetros considero que el monto otorgado por el sentenciante debe reducirse.

Ello así, teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior y que si bien no avento dudas que el daño moral se produjo, se dio sólo por la permanencia por tiempo indebido en el V.. En suma, estimo prudente fijar el monto de la indemnización en la suma de $10.000 (art. 165 del CPCCCh).

Con relación a la queja del actor en punto al momento desde cuándo deben computarse los intereses, que el sentenciante los fijara a la fecha de la sentencia, es doctrina constante y reiterada de esta Cámara y del STJ, que los intereses deben computarse desde el momento en que se produce el daño.

Y esta es la decisión que he de tomar, siguiendo jurisprudencia que transcribo por compartir: "Nosotros -fieles a la doctrina del resarcimiento-sostenemos que los intereses moratorios deben proceder desde el mismo momento en que se produce el daño moral, generándose la obligación de resarcirlo, sea la respon-sabilidad contractual o extracontractual". "...la doctrina dominante entiende que en materia de responsabilidad extracontractual, la mora opera automáticamente desde el mismo momento en que se produce el daño, vale decir desde el momento en que la víctima adquiere derecho al resarcimiento (arg. art. 509 y su nota).

Si la indemnización no es satisfecha en dicha oportunidad, la demora genera una pérdida adicional resarcible a título de interés, que los jueces no pueden desconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a la reparación integral del perjuicio", Daño Moral, Ramón Daniel Pizarro, pág.391 y sgte.

En autos el actor reclama los intereses desde el 30 de abril de 1998, fecha en la que se rechazó la carpeta de crédito en el B. R., por encontrarse moroso en la entidad informadora de crédito V..

Y si bien el testigo L., informa al respecto, no precisa fechas y el B. R. a fs 159, contesta que no registra antecedentes a nombre del actor y no guarda registros de pedidos de V..

Ante ello, admitiré parcialmente el agravio del quejoso, fijándolo desde el 26 de agosto de 1999, fecha en que se produce el reclamo.

De acuerdo a lo resuelto, lo que dispone el art. 6, inc. a) de la ley de aranceles y el art. 279 del CPCCCh, corresponde adecuar los honorarios, motivo por el que no me expediré sobre la apelación de fs 452.

Noto que la apelación de fs 453 ha sido realizada por el profesional en representación de la actora, por bajos, no causándole agravio atento que las costas se impusieron al demandado, no obstante deberán adecuarse, por los motivos señalados.

A fin de regularlos, merituaré la labor profesional, el resultado obtenido, la posibilidad que las pretensiones prosperen y demás pautas de los arts. 6, 7 y 14 de la ley 2200 y su modificatoria.

Las costas las impongo al demandado vencido.

A la segunda cuestión la Sra. Juez de Cámara Marta Susana Reynoso de Roberts dijo:

1) Desestimar parcialmente los agravios de la demandada y de la actora.

2) Confirmar parcialmente la sentencia de fs 441/444 y modificar parcialmente el punto 2) respecto al monto indemnizatorio, que se fija en la suma de $10.000 y los intereses, los que proceden desde el 26 de agosto de 1999.

3) Declarar inoficioso expedirse sobre los honorarios apelados por los profesionales de acuerdo al considerando respectivo, difiriendo la regulación para el momento del acuerdo.

4) Las costas al demandado vencido.

A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Se encuentra en esta Alzada por haber sido apelada por ambas partes en conflicto, la sentencia definitiva nro.63/2005 del Juzgado Civil, Comercial nro. 2 de la jurisdicción, que rechazó la excepción de prescripción entendiendo el juez de grado que operaba a los diez años por estar comprendido en lo dispuesto en el Art. 4023 del Código Civil, y tratarse de una acción de daños y perjuicios derivada de un contrato, como consecuencia de una previa relación contractual.

También fue rechazada la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta basándose en la prueba producida a fs. 182/5 y fs. 221; surge que el banco demandado fue quien gestó la inclusión del actor H. en el registro V., convalidando la oportunidad y validez del reclamo efectuado por la actora contra quien realizara un acto negligente que lo perjudicó espiritualmente, se tuvo por acreditado en autos que el actor entregó su tarjeta al banco emisor (demandado) para la destrucción y que posteriormente por un préstamo se saldara la deuda, como asimismo que la demandada informó su inclusión en el sistema V. de moroso del actor y a fs. 285 existe el reconocimiento de la demandada que por error de admisión quedó afectado al registro en cuestión, en consecuencia el juez Aquo determinó la responsabilidad del banco demandado en el daño moral infringido y condenó al pago de la suma de $25.000 al B. de G. y B. A. SA, monto a la fecha del pronunciamiento con más la tasa de intereses en caso de mora (fs. 441/4).

Los letrados de la parte actora y demandada apelaron por bajos sus honorarios, así también ambas partes la sentencia (fs. 452, fs.453 y 454).

Omitiré el detalle de los agravios de las partes que fuera efectuado por quien me precedió en la emisión de su decisión y en la convicción que la manda constitucional no está destinada a repeticiones disvaliosas.

Sin perjuicio de ello y a los fines ordenatorios de la exposición del presente, sintetizaré las cuestiones a decidir.

La actora se queja del momento dispuesto por el Aquo para el cómputo de los intereses a partir de la fecha de la sentencia (fs. 467/9), debiendo tomarse el 30 de abril de 1998, fecha en que tomó conocimiento de la situación porque fuera rechazado un pedido de crédito por el B. R..

Por su parte la demandada en su memorial de fs.470/78, adelanta que la actora no especificó qué conducta de la demandada le causó el perjuicio por el que reclama, analiza el escrito de demanda y la sentencia afirmando que el actor tomó conocimiento de su inclusión en el V. en el año 1998, que no demandó por incumplimientos contractuales sino por el accionar negligente de este banco que se desarrollara, pero ello no es lo dicho en la demanda sino que lo dice el juez, tornándose en un acto decisorio voluntarista, porque el actor reconoció que en 1996 se extinguió el contrato de tarjeta de crédito, y que brindan un marco de aplicación de los Art.1068 y 1075 del CC.

También apela la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva sosteniendo que se omitieron las causas del hecho generador, hubo una falta de imputación de un hecho concreto, lo cual no puede suplirse por la producción de la prueba, que no puede constituirse en un factor de narración de hechos nuevos.

Análisis de las cuestiones:

Iniciaré el tratamiento de las cuestiones a decidir por la apelación del banco demandado habida cuenta que cuestiona el fallo de la instancia de grado en cuanto a la procedencia de la acción, de la indemnización, la admisibilidad de la demanda, la integración de la litis, lo que hace que deban decidirse en primer término dichos planteos y conforme el resultado que arroje decidir sobre las quejas de la actora.

En lo que respecta a la excepción de prescripción, he de corroborar el análisis de la normativa jurídica efectuada por el Aquo, en la convicción que la publicación en la Organización V. fue consecuencia de un incumplimiento contractual del banco, y afirmo ello por cuanto la información suministrada, se efectuó en consecuencia del contrato celebrado.

Aportando mayores fundamentos a tal postura he de invocar jurisprudencia en tal sentido "Si el reclamo indemnizatorio se apontoca en el error cometido que tiene como fundamento inmediato la celebración de un contrato de mutuo entre el banco y el cliente, no puede sostenerse que la responsabilidad endilgada a la entidad financiera revista el carácter de extracontractual, pues el accionar del banco deriva de una relación jurídica convencional.

No se concibe que si había un vínculo contractual entre la actora y la demandada, esta, a raíz del supuesto incumplimiento de la convención formalizada con el cliente, consumara una conducta reprochable, calificando al actor como moroso cuando no lo era y comunicara indebidamente al Banco Central y a la entidad V. el monto de la deuda impaga y demás datos de su cliente, pretendiendo luego que su responsabilidad es de naturaleza extracontractual para oponer la prescripción de la acción derivada del tal actitud disvaliosa.

Si el hecho dañoso generador del reclamo indemnizatorio traído a juzgamiento, se origina a raíz de las convenciones que habían concertado las partes, no cabe duda que el plazo de prescripción que debe aplicarse a la acción resarcitoria ejercitada no es el que prevé el Art.4037 del Código Civil, sino el establecido en el Art.4023 de dicho cuerpo legal" ("M. R. c/ B. F. s/daños y perjuicios", 2-9-2003 ver publicación elDial - W16FB8).

El planteo del demandado al oponer la excepción lo fue con el único fundamento que se trata de un daño producido por una situación extracontractual, si bien las partes encuadran el derecho en lo que consideran le es aplicable, ello no impide al magistrado decidir en base al que corresponda a la relación jurídica llevada a su conocimiento, tal y como ocurrió en el caso, con prescindencia de alegaciones inconducentes, pues, frente al planteo del demandado, y del accionante no objetó el encuadramiento jurídico propuesto sino que dejó asentado que había existido una interrupción del plazo del cómputo de prescripción.

Más allá de compartir la posición del juez de grado respecto de la naturaleza contractual y por lo tanto desestimar la excepción, observo que el apelante reitera su posición omitiendo fundamentos sobre la interrupción a la que se hizo referencia al contestar la defensa en cuestión, efectuada por la carta documento de agosto de 1999 y que fuera contestada por el banco, y no desconocida. Lo cual de haber prosperado su posición también habría de ser desestimada la excepción por dicha circunstancia.

Dijo la doctrina, "una vez habidos los hechos, el juez debe realizar la subsunción jurídica, esta tarea consiste en un silogismo para ubicar la situación que plantean los hechos en la norma jurídica adecuada. Lo va a realizar aplicando el principio iura novit curia examinando las condiciones de la acción" (Falcón, E." Cód. Proc. Civ. y Com...", t.II, pág. 140).

Confirmo en este punto la decisión del Aquo, no encuentro argumentos por parte del apelante que hagan variar el análisis efectuado y el encuadramiento jurídico.

Habida cuenta que es "todo aquello que afecta el contenido de la relación contractual, es decir, a todo lo que expresa o tácitamente forma parte de la trama obligacional del convenio, a todo lo que no está fuera de él" (conf. Félix A. Trigo Represas, "Extensión de la responsabilidad por incumplimiento contractual", Revista de Derecho Privado nº 17, año 1998, Editorial Rubinzal-Culzoni).

Respecto de la falta de legitimación opuesta, de las constancias de autos, en particular la documentación incorporada, el pedido que formula el B. B. que se encuentra incorporado en la "carpeta" o "legajo" de cliente de H. sobre la información cursada al V., terminan corroborando que fue la entidad demandada quien brindó la información, e incoada en consecuencia la acción contra quien correspondía la demanda, ver fs. 153, que la organización expresamente indica quién remitió la misma. Desestimo también en este punto los agravios.

Al incoar la acción el actor relata que entregó en noviembre de 1996 la tarjeta V. nro. ........ al banco demandado para su destrucción y se comprometió a abonar la deuda en 18 cuotas, y que el 10 DIC 97 remitió una carta documento que transcribió donde deja constancia que no existe deuda que reclamar contradiciéndose con el párrafo anterior.

En el año 1998 -abril o mayo- toma conocimiento que se encontraba en los listados del V., según sus propios dichos, intimando al B. de G. y B.A. SA el 26 de agosto de 1999 para que subsanen el tema por carta documento, afirmando que desde diciembre del año 1997 se encontraba en los registros de esa organización, lo que fue contestado a fs. 31 que el banco se encontraba abocado a evaluar y resolver.

Obra documentación de información brindada por el V. de fecha 16-12-99 que el banco informó que no tenía deuda, en igual sentido la documentación acompañada que deja constancia de la misma situación (a fs. 35 y fs. 36 que la deuda de dicha tarjeta de crédito había sido cancelada el 23/ DIC/97, a fs.48/54).

El perito contador que constata técnicamente que se había excedido en las compras el titular de la tarjeta, que el límite era de u$s 2100, que tenía deuda a noviembre de 1996 de u$s 4468,06 que esa suma y otra menor fueron acreditadas para el pago de la tarjeta en cuestión de un préstamo otorgado por el mismo banco (fs. 418 y vta.).

Dice el actor que se enteró que estaba su nombre en el V. en abril o mayo de 1998, con motivo de aspirar obtener un préstamo, pero no acredita que el mismo haya sido denegado por tal motivo, es más el B. R., a quien atribuyó el rechazo, contestó que no tiene antecedentes del Dr. R. H. (fs.159), no hubo un perjuicio en ese sentido, recién intima al banco en agosto de 1999, con lo cual he de advertir que poco le afectó espiritualmente tal circunstancia, recordando que el interés es la medida de las acciones cuando intima dieciséis o diecisiete meses después para que se aclare la situación, lo que ocurre en diciembre de 1999 según las constancias obrantes, fs. 35/7, coincidentes con las de fs. 225/68 en la carpeta de crédito del B. B. B., donde consta que estaba, por error nota retirada por el gerente, integrando la "carpeta" o "legajo" o "expte." del solicitante del crédito hipotecario en el caso el actor; no obstante la información que surge del registro V. da cuenta que la deuda había sido cancelada, repite los términos de las documentales agregadas por el actor al incoar demanda, es decir que más allá de la incorporación a ese servicio, ésta deja sentada que la deuda había sido cancelada, y no surge que la entidad a la que recurrió le hubiere denegado el crédito, que ello le perjudicara. Por lo cual afirmo que no debe confundirse una mera molestia con un daño moral.

En dicha "carpeta" que fuera remitida e incorporada en autos íntegramente a fs. 233, dice "V. sin antecedentes", a fs. 234 piden adjuntar nota del B. G., porque figura que la deuda se regularizó en 1998; es decir siempre y en el entendimiento del futuro otorgante del préstamo, que el problema existió, éste es el estudio interno de la entidad que viene formulándose en la carpeta de H. para obtener el crédito hipotecario, lo que no veo en qué lo perjudicó, más allá de una molestia, pues la deuda había existido, y la publicación en el V. que constaba con la cancelación efectuada, el B. B. se interiorizó del caso aun a sabiendas de su regularización, y a fs. 236 y fs. 237 se le aprobó el crédito el 30-6-2000 de un trámite que se había iniciado el 26 del mismo mes y año.

Por otra parte y con relación a la nota del B. G. al B. B. (comunicación entre entidades financieras) incorporada al legajo del actor, me resulta una prueba que favorece la posición del banco demandado -la nota que remite diciendo que hubo un error-, considero una actitud de beneficio, ya que ello no se ajustó a la realidad de lo acontecido, el actor tuvo ciertamente una deuda y ésta fue cancelada, información suministrada de tal forma en el V.. Consultado el B. de G. por el B. de B., cuando lo que interesaba a esta última institución era investigar sobre la misma en forma interna como paso previo al otorgamiento del crédito solicitado, hubo un hermetismo por parte del banco que se plasmó en esa nota, no brindó la información real de lo acontecido en 1996, en la vigencia de la relación contractual ni dejó sentado que el mismo se había excedido, que otorgó un crédito para cobrar así la deuda contraída por el accionante en el uso de la tarjeta, se omitieron todos los detalles surgidos durante la vinculación entre partes.

Cito la siguiente jurisprudencia en la convicción que analógicamente es aplicable al presente caso: "Cabe rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida contra un banco que por error denunció como moroso a un cliente, provocando su inclusión en los bancos de datos de una empresa de calificación de riesgo crediticio, si el demandado, una vez constatado el error, solicitó de inmediato su rectificación lo cual tuvo lugar a poco más de un mes y días de la recepción de la carta documento por la cual el actor intimó la rectificación, pues desplegó una conducta diligente ante los requerimientos recibidos.

La procedencia del reclamo en concepto de daño moral -en el caso formulado contra el banco que por error denunció a un cliente como moroso, provocando su inclusión en las bases de datos de una empresa calificadora de riesgo crediticio- no solo está supeditada a la acreditación de los presupuestos de la responsabilidad civil, sino también a que el perjuicio ocasionado posea una entidad suficiente diferenciable de las simples molestias e inconvenientes que impone la vida en sociedad", ver LLBA 2005 (abril), 336 "D. R. J. E y otra c/ B. F. C..Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, fecha 12-10-2004.

La indemnización de daños y perjuicios lleva implícita la realidad de estos para su estableci-miento judicial, se requiere la comprobación suficiente de tal realidad (CS, 1-11-99 "R., C. A. c/ Estado Nacional RED 35-521, p, VIII-A-101).

La entidad e importancia del daño resar-cible es carga probatoria de quien la invoca (Llambías, "Obligaciones", t.1, n. 248, pág. 281, LL, 130-769).

A la luz de estos entendimientos; repasando lo dicho, sintetizo los hechos de la siguiente forma: el actor Dr. H. se enteró en 1998 de su inclusión en el V., según sus dichos no acreditados en autos, intimó a la corrección con bastante tiempo de diferencia desde que había tomado conocimiento (16 ó 17 meses después), el banco en su información dejó sentado que la deuda había sido saldada y en qué fecha y ello no ocasionó ningún perjuicio patrimonial habida cuenta que el crédito solicitado se otorgó con gran inmediatez.

Por lo cual la inserción en tal registro pudo haber ocasionado alguna molestia, no se exteriorizó perjuicio anímico que es lo que interesa en el caso, que fuera comprobado en el presente expediente por el que reclamó.

Por estos motivos no avalo la decisión de la instancia de grado y modifico la sentencia cuestionada, desestimando la demanda incoada por R. H..

Como fueron resueltas las cuestiones carece de virtualidad jurídica expedirse sobre los agravios del actor y los honorarios de los profesionales actuantes.

Las costas y los honorarios por imposición del Art. 279 se readecuan, imponiéndose las primeras al actor vencido conforme principio objetivo de la derrota (Art.68 del CPCCCh).

Las costas de la Alzada de imponen de igual manera, en ambos casos la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes se difieren para el momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por lo expuesto esta vocalía propone:	1.- Hacer lugar a los agravios de la parte demandada, modificando la sentencia venida en crisis desestimando la demanda incoada por R. H..

2.- No tratar los agravios de la actora ni los correspondientes a honorarios por carecer de virtualidad jurídica.

3.- Las costas de ambas instancias se imponen a la parte actora vencida, se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales para el momento del Acuerdo.

A la primera cuestión el Dr. Alexandre dijo: La falta de coincidencia en cuanto al examen de revisión intentado por las partes dentro del marco jurisdiccional impuesto por los informes de los recurrentes motiva mi intervención en la presente causa (arts. 8 y 9 Ley 4550) y al haberse afrontado, por mis colegas preopinantes el examen de admisibilidad formal y el resumen de los agravios evita su mera reiteración sin perjuicio de la manda constitucional reglamentada por la normativa señalada.

Aún cuando se hayan reflejado posturas disímiles en cuanto al régimen de prescripción aplicable al caso de autos -contractual o extracontractual- lo cierto e indiscutible es que ni por el uno ni por el otro se ha configurado la liberación ya por no haberse alcanzado el plazo del decenal o por la interrupción provocada por el actor del bienal, conforme documental no controvertida.

No obstante considero útil recordar que en situaciones análogas a las que motivan esta revi-sión, se reseñaba que la Constitución Nacional, al establecer el recurso de "habeas data" en su art. 43 y el Cód. Civ. Argentino en sus arts. 19 y 1071 bis, al reglamentar el derecho a la intimidad de que goza todo ciudadano, se ha sido particularmente celoso en la protección de este derecho personalísimo que hace al honor, a la reputación y al prestigio de aquellos que pueden quedar gravemente comprometidos, por no decir totalmente desfigurados, por el almacenamiento electrónico e indiscriminado de datos sensibles y/o personales, con mucha mayor razón cuando aquellos son falsos, discriminatorios o producto de un error del Banco o agencias de información que los toman de éstos.

Tales circunstancias han provocado discusiones doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto a la naturaleza e índole de la responsabilidad de la empresa depositaria de datos o base receptora de datos con respecto a la persona afectada por aquellos y de quien los ha brindado o no los ha actualizado.

Se discute si dicha responsabilidad es de índole contractual o cuasidelictual y en estos últimos supuestos, si el factor de imputación de responsabilidad es de índole subjetiva (o sea, proveniente de dolo o culpa del responsable) o de naturaleza objetiva y como tal encuadrable en el supuesto de daño producido por vicio o riesgo de la cosa (art. 1113, Cód. Civil).

Mucho es lo que se ha escrito al respecto (ver en este sentido la op. cit. de Alejandra Gils Carbó, ps. 215 y sigtes.; -JA, 1999-IV-395- CNCiv., sala D, 23/02/1999; -JA, 1999-IV-835- "Los datos personales informáticos, un derecho autónomo personalísimo", de Santos Cifuentes; Borda Alejandro, "Responsabilidad extracontractual por ilícitos informáticos en las jornadas en homenaje a Jorge Bustamante Alsina" -ED. 139-936-; Agoglia Marta, Bonagina Juan y Meza Jorge, "Responsabilidad civil por daños causados por el procedimiento electrónico de datos personales" en JA 1991-I-879; Gianfelice Mario "Responsabilidad Civil emergente de la informática" -LA LEY, 1987-D, 1186-; Stiglitz Gabriel y Stiglitz Rosana M., "Responsabilidad Civil por daños derivados de la informática" -LA LEY, 1987-E, 795-; -JA, 1997-II-690-, "Autodeterminación informativa y Habeas Data", por Eduardo Molina Quiroga y Lidia E. Viggiola; -JA, 1989-II-916 y sgts.-, "La intrusión a la intimidad a través de la informática", por María Emilia Lloveras de Resk; CNCiv. sala K con fecha 22/10/2002, en la causa "G., V. J. C. D. c/ B. de la Provincia de B. A. y otro s/ daños y perjuicios" receptada por elDial.com - editorial albrematica).

Conciliando posturas se dijo v.gr. que si bien es claro -como se sostiene en los agravios- que ante el banco se está en presencia de responsabilidad contractual, si se probara el perjuicio no existiría motivo valedero para no admitir su resarcimiento por aplicación del art. 522 del Código Civil, pues en los casos análogos a los de autos se trataría de una hipótesis de la mayor claridad, en la que el proceder antijurídico en los hechos es idéntico al tipificante de un ilícito culposo y por ende se manifiesta in re ipsa con la sola comprobación del accionar lacerante de las afecciones legítimas de la víctima (ver por ejemplo publs. en ED 107-434 y 126-449 y citas doctrinales ahí formuladas).

Por ello, si bien proviene de una relación de naturaleza contractual, en determinados casos concretos su procedencia sería incuestionable a través de la normativa que regula la responsabilidad subjetiva u objetiva.

No obstante, en el caso, y en atención a sus particularidades me inclino por quienes toman como pauta que la conducta del banco demandado que suministró información errónea respecto de la situación crediticia del actor configura un obrar antijurídico que encuadra en el ámbito de la responsabilidad aquiliana, por lo que la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado, salvo que la institución bancaria destruya tal presunción mediante prueba en contrario (CNCom. Sala E, 08/04/2005 - P., O. A. c. B. de G. y Buenos Aires- LA LEY 15/07/2005, 7; CNCom., sala E, "M., N. A. c. L. B.", 2003/10/17, LLO; Llambías, "Código Civil Anotado", t. II-B, ed. 1992, págs. 328/329, pto. 7).

En consecuencia y habiendo quedado el plazo de liberación interrumpido no corresponde acoger el nuevo planteo defensivo que se esgrime en el memorial de la demandada. La opinión coincidente de mis colegas debidamente fundada en prueba documental adquirida en autos, y que se detalla, evita extenderme en cuanto al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva reintentada en esta instancia por la demandada.

En cuanto a la negativa de la existencia de lesión espiritual, reitero el concepto anterior en cuanto a que tratándose de un caso de responsabilidad extracontractual, cabe aplicar entonces la doctrina elaborada en torno al art. 1078 del CCiv. -norma a la que remite el art. 1109 al final del primer párrafo-, según la cual, la sola realización del hecho dañoso lleva a presumir la existencia de la lesión de los sentimientos del damnificado. Salvo, claro está, que la deudora destruya la presunción mediante prueba en contrario.

Circunstancia que, de un detenido análisis de las conductas de las partes a la luz de la documental acompañada, confrontada la resto de la prueba, se produce en autos.

La pericial inimpugnada en tiempo propio de fs. 418/418 vta., precisa todos los datos que se venían acumulando con la lectura e interpretación de la documental que aportan las partes y el tercero involucrado en la exteriorización pública de los estados patrimoniales clientes de entidades financieras, de conformidad con la ley 25326 y tal como lo señalan a fs. 153.

Esto es, quien genera la situación que motiva la comunicación bancaria a la base de datos de la organización V., es el propio reclamante. Las consecuencias de dicha conductas no las puede derivar con ligereza alegando como daño moral las consecuencias de su propia torpeza inicial salvo que adquieran una magnitud que exceda la previsible.

No se discute que el actor era titular de la tarjeta de crédito V. emitida por la demandada, nº ........, con un límite de compra de U$S 2.100.00.

Alegando una serie de deficiencias en el servicio -nunca probadas- decide entregar la tarjeta y solicitar su destrucción (ver acta de fs. 32).

Pero olvidando el principio de buena fe negocial con incidencia en la conducta procesal esperada, se omite señalar que el beneficiario de tal sistema de crédito excedió el límite libremente aceptado, pese a las consecuencias absolutamente previsibles que admite presumir su profesión (ver demanda), y de tal circunstancia nos informa el perito a fs. 418 p. 3, que al 18/11/96 -momento de la destrucción- tal exceso generó una deuda impaga de U$S 3.593,71, sumando las compras registradas.

Surge claramente de los elementos obrantes en autos, que pese a conocer la deuda no efectuó diligencia alguna a los efectos de su cancelación salvo lograr un crédito personal, otorgado por la misma entidad a la que le reprocha las demoras en la liquidación de los saldos (fs. 49 3er. párr.), saldando tal crédito pero emanando uno nuevo por la misma cantidad y a pagar en 18 cuotas.

Tales circunstancias motivaron la información en el V. y la demora, imputable a la entidad bancaria, en el cese de la misma le produjo al accionante trastornos que exceden la mera molestia o angustia o demoras injustificadas en el logro de determinados negocios.

Se ha dicho que el registro como incumplidor al que accedió injustamente algún cliente, genera por sí sólo, consecuencias en la reputación y en el ánimo del perjudicado según el acontecer normal de las cosas y es que cualquier persona no acostumbrada a incumplir con sus obligaciones, se verá afectada por tal circunstancia, máxime cuando la inhabilitación y su registro nunca debieron existir.

Asimismo, estimo que la impotencia frente al error genera necesariamente angustias por cuanto da cuenta de una situación injusta, máxime cuando tal situación se mantuvo durante un largo tiempo. Pero no es el caso de autos, tal como se ha señalado anteriormente. Acá, la entidad acreedora trató de salvar la situación patrimonial del cliente, más allá de la demora en la comunicación del cese de la irregularidad denunciada.

De todos modos y teniendo en cuenta las cualidades personales del accionante, nunca controvertidas, más allá de su conducta omisiva y causante del hecho generador, estimo que la impotencia frente al error genera necesariamente angustias por cuanto da cuenta de una situación injusta, máxime cuando tal situación se mantuvo durante un largo tiempo (fs. 285).

Tales circunstancias me deciden a cuantificar como prudente la suma de $10.000.00 con más sus intereses desde la fecha de la intimación de fs. 123 del 26/08/99, conforme la posición que comparto de R. D. Pizarro en "Daño Moral. Prevención. Reparación. Punición", Ed. Hammurabi, 2004, pág. 352.

Conforme lo propuesto al acuerdo deberán formularse la readecuaciones que prevé el art. 279 CPr., tornando abstractas las quejas por honorarios. Así, las costas se imponen en ambas instancias a la demandada y se difiere la regulación de los honorarios de los letrados actuantes al momento el acuerdo en el que se tendrán presente las pautas arancelarias de la ley 2200 y 4335.

A la segunda cuestión el Dr. Alexandre dijo:

Habiendo acordado con el voto de la Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts, reitero su fórmula decisoria.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar, con la disidencia de la Dra. García Blanco, la siguiente SENTENCIA:

1) Desestimar parcialmente los agravios de la demandada y de la actora.

2) Confirmar parcialmente la sentencia de fs 441/444 y modificar parcialmente el punto 2) respecto al monto indemnizatorio, que se fija en la suma de DIEZ MIL PESOS ($10.000), y sus intereses, los que proceden desde el 26 de agosto de 1999.

3) Declarar inoficioso expedirse sobre los honorarios apelados por los profesionales de acuerdo al considerando respectivo.

4) Costas al demandado vencido.

5) Regular los honorarios profesionales por los trabajos realizados en Primera Instancia a los Dres. J. R. V. y V. A. R., conjuntamente, en la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500), a los Dres. H. R. R. y J. M. R., conjuntamente, en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($4.200) y al perito contador E. J. L. en la suma de PESOS MIL ($1.000). Por los trabajos realizados en la Alzada se regulan los honorarios profesionales del Dr. J. R. V. en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.375) y de los Dres. H. R. R. y J. M. R., conjuntamente, en la suma de PESOS MIL CINCUENTA ($1.050).

6) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Presidente MARTA SUSANA REYNOSO de ROBERTS - Juez de Cámara JULIO ANTONIO ALEXANDRE - Juez de Cámara	REGISTRADA BAJO EL nro. 15 DEL AÑO 2006	DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS