Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-04-18


SENTENCIA DEFINITIVA NRO. 87.582 CAUSA NRO. 8.415/08 AUTOS: "ORTIZ OSCAR ORLANDO C/ ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S/ ACCIDENTE - LEY ESPECIAL" JUZGADO NRO. 34 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Abril de 2.012, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

El Doctor Vilela dijo:

I)- Contra la sentencia de fs. 333/338 apela la parte actora a fs. 344/346. El Perito Médico a fs. 340 apela los honorarios regulados a su favor por considerarlos bajos.

II)- El accionante se agravia por que las prestaciones económicas no fueron determinadas por el a quo de acuerdo a las modificaciones introducidas en Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto nro. 1694/2009.

En primer término, creo necesario recordar que el siniestro de la accionante aconteció el 08 de septiembre de 2006 y el art. 16 del Decreto 1694/09 establece que, "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha" (B.O. 06/11/2009). Es decir que el infortunio se produjo con anterioridad al dictado del decreto 1694/2009. Ahora bien la demandada en su escrito de inicio (fs. 31/38) reconoce que el accidente le fue denunciado y que otorgó las prestaciones médicas y asistenciales y adujo que el actor fue dado de alta sin incapacidad el día 22/01/07. En el mismo sentido destaco que el perito médico designado de oficio en la presente causa dictaminó que el actor presenta una incapacidad para sus tareas habituales parcial y permanente del 12 % de la t.o. (ver fs. 149), porcentaje de incapacidad que fue receptada por el a quo en su sentencia -fechada el 28/04/11- sin que fuera cuestionada por las partes (ver fs. 336).

El actor a fs. 13 pto.i) de su escrito de inicio ha planteado la incostitucionalidd de los arts. 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo en su redacción anterior al dictado del decreto 1694/09. En este sentido destaco que la situación de incapacidad permanente fue declarada cuando la reforma introducida por el Poder Ejecutivo Nacional al régimen de prestaciones económicas de la Ley de Riesgos del Trabajo ya estaba en vigencia, de manera que la nueva situación de incapacidad debe ser atendida con la norma ya vigente al momento en que esta se configuró (cfr. art. 3 Código Civil). En efecto, si bien el accidente de trabajo se produjo durante la vigencia del régimen anterior, las consecuencias reparatorias del infortunio se establecieron y consolidaron con posterioridad y cuando ya regía el nuevo régimen de prestaciones económicas. Por lo tanto la aplicación de las mejoras a las prestaciones dinerarias previstas en el nuevo régimen a los efectos nuevos de una contingencia anterior no constituye un supuesto de retroactividad legal sino de aplicación inmediata de la nueva norma, en los términos del art. 3 del Código Civil (en el mismo sentido Sala II en los autos "Báez Carlos Cesar c/ Berkley International ART S.A. s/ accidente - ley especial" SD 99987 del 12/12/11).

En un caso de arístas similares al presente la Sala II con voto del doctor Maza determinó que se debía aplicar la modalidad de pago del DNU 1278/00 y se sustentó en que resultaba de mayor equidad y justicia propiciar la aplicación del nuevo régimen de prestaciones económicas vigente al momento del dictado de la sentencia, con el argumento que las consecuencias que motivaron el crédito resarcitorio, se encontraban pendientes. El motivo fue que, a pesar de la existencia de un hecho jurídico producido con anterioridad, el efecto jurídico con consecuencias dañosas no estaba solventado al iniciarse el reclamo, ni tampoco al momento de la sentencia. Las mejoras de la reforma -decreto 1694/09- resultan en beneficio de los trabajadores y sus derechohabientes, en varios aspectos, principalmente, en el aspecto cuantitativo en comparación con el régimen primitivo de la Ley 24.557. El artículo 3º del Código Civil el cual establece que: A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias. La regla de la aplicación inmediata de la nueva ley a los efectos pendientes de hechos jurídicos ya sucedidos alude a aquellos supuestos en que la situación jurídica de referencia (un accidente, la exteriorización de consecuencias incapacitantes, la celebración del contrato, etc.) se verificó bajo la vigencia de la norma precedente pero han quedado pendientes consecuencias jurídicas incumplidas o se siguen generando, ahora bajo la nueva ley, nuevos efectos. En este contexto corresponde decidir si por la sola circunstancia de que el hecho antecedente (accidente o primera manifestación invalidante) o la situación jurídica marco haya nacido bajo la ley anterior ésta deba extender y proyectar sus efectos (ultraactividad de la ley) a consecuencias que no fueron canceladas al día de entrada en vigencia de la nueva ley o, incluso, a consecuencias materiales y jurídicas que se vayan produciendo bajo la nueva norma (Sala II en los autos "Graciano Antonio y Otro c/ Trilenium S.A. y otro s/ accidente - Ley 9688" SD 96935 del 31/07/09).

Llegado a este punto y para determinar el monto de la reparación cabe estar a lo normado en el art. 14, inc. 2º, a), de la ley 24.557 con el alcance del texto del decreto 1694/09 (B.O. 6/11/09) que, en el caso particular, resulta de la simple operación de considerar el tope de la norma ($180.000) por la incapacidad demostrada (12%) arroja $21.600.- Ello así en razón de las singularidades probatorias del caso la fecha de determinación de la incapacidad definitiva posterior a la publicación del mencionado decreto 1694/09. Además porque si se siguen las pautas de cálculo de la ley 24.557, art. 14, inc. a) sin las del decreto 1694/09 y se hacen esos cálculos sobre la base de la remuneración que así correspondería -aunque más no fuere hipotéticamente- resultaría a $10.007,83.- la cual es inferior a la del citado decreto 1694/09 con una disparidad entre uno y otro monto que tornaría inequitativo prescindir de esta normativa.

En efecto la reparación sería la de $10007,83.- (resultante de: 53 -número fijo- x 920,21.--relativo al ingreso base- x 12% -incapacidad- x 1,71 -coeficiente; éste resulta de: 65 -número base- % 38 -edad-). Agrego que para este cálculo tomo como pauta el ingreso que surge del informe del perito contador (fs. 298).

Por ende, la demanda prospera por la suma de $21.600.- que diferiré a condena con intereses que correrán desde la fecha de producción del daño hasta su efectivo pago, a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, conforme lo acordado por la CNAT por acta Nº 2357 del 7/05/02, y según las pautas en dicho acuerdo (art. 622 del Código Civil ).

IV)- En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurridos por el perito Médico y contador, atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas por el art.38 LO y normativa legal aplicable, estimo que deben ser elevados el 8% y 8% del capital e intereses de condena (art. 38 LO; ley 21839 y ley 24432).

V)- Costas de Alzada a la demandada vencida (conf. doctrina art. 68 CPCCN). Regúlanse los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada por sus trabajos de fs.344/346 y fs.353/354 en el 35% y 25% de lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior.

VI)- En definitiva de prosperar mi voto correspondería: 1) Elevar el monto de condena a $21.600 y mantener el fallo en lo restante salvo los honorarios de los peritos que se elevan y 2) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando V).

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Elevar el monto de condena a $21.600 y mantener el fallo en lo restante salvo los honorarios de los peritos que se elevan y 2) Costas y honorarios de Alzada de acuerdo a lo resuelto en el considerando V).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Julio Vilela Gloria M. Pasten de Ishihara Juez de Cámara Jueza de Cámara mig. Ante mi:

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.