marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Procedencia del recurso, sobreseimiento, evasión fiscal, cuestión federal, sentencia arbitraria, fallos de la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: Ba Mall S.R.L. c/  s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-08-18

Corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, contra la resolución de la Sala "B" del mencionado tribunal, por medio de la cual confirmó el sobreseimiento de la firma BA MALL S.R.L., de Diego Martín González Casartelli y de Rubén Félix Bacca en orden al delito de evasión tributaria simple (art. 1° del Régimen Penal Tributario previsto en el art. 279 de la ley 27.430); declarar erróneamente denegado el recurso de casación respectivo y, en consecuencia, concederlo. Ello así, pues la queja fue deducida en debido tiempo y forma por quien se encuentra legitimado para hacerlo, contra un pronunciamiento de carácter definitivo en los términos del art. 457 del C.P.P.N. A su vez, el recurrente puntualizó los hechos relevantes de la causa, las normas que entiende inobservadas, así como la solución a la que aspira. Así, sostuvo que la decisión impugnada "generó cuestión federal en los términos del art. 14 inc. 3° de la ley 48, dado que, a partir de una inteligencia del art. 31 de la CN distinta a la fijada por la Corte en 'Di Nunzio', interpretó al art. 54 del nuevo CPPF de modo tal que lo tornó contrario a la Constitución. En segundo lugar, porque su fundamentación (...) fue meramente aparente y por ende arbitraria en los términos de Fallos, 339:1448, 340:1226 y 341:1704 (entre muchos otros). En efecto, pese a ser dicha motivación inconsistente con la doctrina mencionada de la CSJN, no asumió la carga argumentativa especial que la Corte exige a todo tribunal que pretende no seguir sus precedentes (Fallos, 248:115; 329:759; 337:47, 340:257, entre otros); por esta razón, entonces, hubo además arbitrariedad por tratarse de una fundamentación crasamente insuficiente en esos términos. Y en tercer lugar porque lo decidido por la CNAPE genera gravedad institucional en los términos de Fallos 330:4001(entre muchos otros), dado que lo resuelto trasciende el interés de las partes involucradas en el caso y afecta de manera directa el funcionamiento de las instituciones básicas de la Nación (Fallos, 316:2922, 333:360, entre muchos otros)". Dres. Borinsky y Carbajo.
Buques militares, buque de bandera extranjera
Materia: NAVEGACION
Carátula: Compañía Arenera del Río Luján  SA c/ De Castro, Francisco y otros s/ Indemnización.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-09-01

El carácter de los buques de guerra de órganos del Estado de su pabellón no resulta alterado por el hecho de que la nave pública se encuentre en aguas nacionales o extranjeras, o en alta mar; siempre que esté tripulada y bajo el mando de un comandante responsable, y se halle, además, al servicio del Estado.
Dirigente gremial, elecciones gremiales
Materia: LABORAL
Carátula: Fernández, Gerónimo R. c/ Coca Cola SAIC y F s/ Sumarísimo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-12-01

Las objeciones que la decisión de no oficializar su postulación le merecieran al interesado debió plantearlas oportunamente dentro del ámbito de la organización gremial, de conformidad con el procedimiento previsto en los arts. 59 y 60 de la ley sindical.
Liquidación judicial, actualización monetaria, jueces, facultades del juez, sentencia, razonabilidad, depreciación monetaria
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: Placidi, Mario Andrés y otros c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción (Expte CSJ   Nº 7-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-02-25

Lo vinculado a la mecánica de adecuación de índices es una cuestión propia de las instancias ordinarias, en tanto sea resuelta con suficiente fundamentación, no aparezca irrazonable y no contraríe decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resguardan el crédito del acreedor. En tal sentido, el más Alto Cuerpo ha dicho que su ponderación no debe traducirse 'en un evidente menoscabo de la integridad del crédito del acreedor con desmedro del derecho de propiedad garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional'.
Competencia laboral, contrato de trabajo
Materia: LABORAL
Carátula: Sapienza, Matías Ezequiel y Otros c/ Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Otro s/ Recurso de hecho - Acción de amparo
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2017-02-21

Si bien el art. 20 de la Ley 18.345 establece que serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo las causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera fueren las partes -incluso la Nación, sus reparticiones autárquicas y cualquier ente público-, requiere al efecto que se trate de demandas o reconvenciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenios colectivos o disposiciones legales y reglamentarias del Derecho del Trabajo.
Querella, sobreseimiento, criterio de razonabilidad
Materia: PENAL
Carátula: P., D. O. y otros c/  s/ sobreseimiento
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2018-03-01

Explicaron que sin perjuicio de que la postura de la querella podría resultar procedente y que resultaría aconsejable una pericia, al haber oportunamente el fiscal planteado la desestimación, a través de un dictamen que cumple con los requisitos de razonabilidad y fundamentación, y no haber recurrido luego el sobreseimiento, estando el fiscal general notificado, correspondía confirmar el sobreseimiento.
Recurso de inconstitucionalidad, obligaciones del empleador, certificado de trabajo, indemnización
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUTIERREZ, DAMIAN GUSTAVO c/ LA GALLEGA SUPERMERCADOS S.A. s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-04-26

La sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por cuanto el voto mayoritario de la Sala omitió otorgar a la controversia un tratamiento adecuado de acuerdo a las constancias de la causa, toda vez que la Cámara -por mayoría- confirmó la decisión del juez de grado de hacer lugar al pago de la indemnización del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar que no resulta suficiente la mera puesta a disposición efectuada por la demandada, sino que, para librarse de su obligación, se requiere su entrega efectiva; sin embargo, con tal proceder, el voto mayoritario de la Sala se apartó de las constancias de la causa, al desconocer que, conforme llegaba firme, la documentación en cuestión ya había sido entregada efectivamente al trabajador mucho antes de iniciarse el juicio. (Del voto del Dr. Falistocco, que hace mayoría. En disidencia: Dra. Gastaldi) - REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 20744, artículo 80
Hurto de energía, consumación del delito, señal televisiva, circuito cerrado de televisión, bienes muebles
Materia: PENAL - CIVIL
Carátula: BOMBA, Néstor N. s/ Causa 44.667
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-04-09

La apropiación del servicio de televisión por circuito cerrado, no puede configurar el delito de hurto, ya que se trata de un servicio y no, de una cosa, con los alcances que le otorga el art.

2.311 del Cód. Civil, como lo requiere el art. 162 del C.P.

Lo que resulta apto para configurar el apoderamiento ilegítimo, prohibido por la citada norma del C.P., es la energía eléctrica de la señal que emite la empresa prestataria; lo cual ha de considerarse consumado a partir del momento en que el sujeto activo tuvo, debido a los trabajos previos de cableado, la posibilidad material de disponer de la energía de la señal, por breve que haya sido ese tiempo de disponibilidad.
Transporte de pasajeros, responsabilidad del transportador, circulación con puerta abierta, obligación de seguridad
Materia: CIVIL
Carátula: SOLOLOVSKY DE SCHOJET, Rebeca c/ EMPRESA DE MICROOMNIBUS 25 COM. IND. S.A. y otro s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-03-26

La reiniciación de la marcha por parte del conductor del colectivo, sin asegurarse de haber antes cerrado las puertas y de que no queden personas con intenciones de viajar en trance de ascender y a las que ese reinicio pudiera ocasionar daño, basta para tener por configurado el incumplimiento al deber contractual de seguridad por parte de la empresa y compromete su responsabilidad, así como la de su dependiente.
Muerte del trabajador, beneficiarios de la indemnización civil, accidentes de trabajo, prueba
Materia: LABORAL
Carátula: Claussen Frías, Luis Enrique c/ Motos Porta S.R.L. Galicia y Río de La Plata Cía. de Seguros s/ Indemnización por accidente de trabajo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1988-04-12

Reclamada la indemnización por la muerte de un hijo en accidente de trabajo con sustento en la ley 9688, la parte actora no sólo tenía a su cargo la obligación de probar el accidente de trabajo alegado sino también el carácter de beneficiario, y recién en tal supuesto cabía exigir a la demandada que acredite los presupuestos necesarios de su defensa.
Prescripción de la acción penal, auto de procesamiento, cómputo del plazo
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: GUGLIELMI, María Pía. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-02-14

Aun cuando se considere al auto de procesamiento como un acto con entidad de secuela de juicio, si a la fecha de su dictado se encontraba superado el lapso establecido como pena máxima en abstracto para el delito de estafa endilgado, debe declararse extinguida la acción penal por prescripción.
Trabajadores marítimos, integración del mes de despido, aplicación de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: LAPACHIAN TOROS c/ ELMA  S.A. s/ COBRO DE PESOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1986-11-28

El régimen de la ley de contrato de trabajo no es aplicable en su totalidad sino en aquellas particularidades que se adecuan al específico sistema de trabajo de la gente de mar. La integración del mes de despido no es compatible con la índole de la actividad marítima por impracticable.
Recurso de inaplicabilidad de ley, improcedencia del recurso, caducidad de instancia
Materia: PROCESAL
Carátula: SEISDEDOS, Jorge Omar y otro c/ LA PAGINA S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-07-06

El recurso de inaplicabilidad de la ley no es la vía idónea para atacar una resolución que versa sobre una cuestión cuya apreciación debe basarse necesariamente en circunstancias particulares de la causa, como es la relativa a la existencia de la perención de instancia
Acción, habilitación de instancia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Saez, Elena y otro c/ Municipalidad de Almirante Brown s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2002-02-19

Resulta infundada la oposición formal de la demandada si ella misma reconoce el extravío de las actuaciones administrativas. Tal pérdida no puede resolverse procesalmente en contra de la parte actora acordando a esta circunstancia la categoría de escollo para posibilitar el agotamiento de la vía administrativa o, en todo caso, requiriéndosele constancia de pronto despacho -asimismo- en tales actuaciones. Sobre todo cuando la instancia judicial se abre, precisamente, para decidir acerca de la acreditación del requisito que se entendió insuficiente en sede administrativa por tal motivo.
Ley procesal, excarcelación, libertad condicional, declaración de reincidencia
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Vera, Andrés Leonardo c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2020-10-21

Las disposiciones del art. 317, inciso 5, CPPN, deben ser interpretadas de forma sistemática e integral con el resto del ordenamiento jurídico. En tal sentido, los arts. 14, primer párrafo; 17 del Código Penal, u otros de la ley de fondo, relativos al régimen de libertad condicional, podrían ser aplicables a un supuesto en el cual se pretendiese la excarcelación con arreglo a aquella norma procesal. También debería tenerse en cuenta el artículo 319 CPPN, en cuanto establece la posibilidad de la declaración de reincidencia, siempre que ello se pudiese tener por probable con antelación al dictado de un fallo condenatorio (voto del juez Huarte Petite) Cita de "Risco Lizarazu", Reg. n° 1021/17; "Barrios", Reg. n° 393/18; "Mossuto", Reg. n° 865/18; "Villalba Benítez", Reg. n° 1265/18; "Díaz", Reg. n° 1332/18; "Jarnub", Reg. n° 1365/18; "Novillo", Reg. n° 1455/18; "Sánchez", Reg. n° 86/19; "Abreliano", Reg. n° 155/19; "Uris", Reg. n° 788/19; "Aguilera Gajardo", Reg. n° 1295/19; "De Dios", Reg. n° 1730/19; y "Romero", Reg. n° 1787/19.
Policía, sanciones disciplinarias
Materia: PENAL - ADMINISTRATIVO
Carátula: DIAZ, RUBEN IGNACIO c/ PROVINCIA DE SANTA FE s/ RECURSO   CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  DE  PLENA  JURISDICCION      EXPTE NRO 324-85
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1990-07-04

La distinción que hace el artículo 62 de la ley 6769 -del personal policial-, entre delitos "graves e infamantes" para graduar la pena disciplinaria, no tiene correlato con el derecho positivo argentino de fondo; pues el Código Argentino sólo habla de delitos, de suerte que prescinde de toda clasificación. Sin embargo, al dejar las faltas sin legislar, tácitamente adopta la clasificación bipartita.
Falso testimonio, declaración de la víctima, extracción de testimonios, discriminación de la mujer, situación de vulnerabilidad
Materia: PENAL
Carátula: C., J. C.  c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2023-02-16

Resulta desacertada la extracción de testimonios dispuesta para que se investigue por una supuesta infracción al art. 275 del Código Penal a la víctima en esta causa, en la medida en que resulta, en principio, un contrasentido a lo que se presentó como argumento para cumplir con las directrices de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y en definitiva, se constituye un medio de revictimización frente a una indiscutible situación delicada, de extrema vulnerabilidad y dependencia económica, respecto de la cual se ha ahondado a lo largo de la sentencia y en la que, como quedó comprobado, sigue inmersa la damnificada.
Juicio ejecutivo, sentencia definitiva
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Citibank N.A. c/ Godoy Dina I. y otro s/ Ejecutivo
Jurisdicción: Local — Provincia: Entre Ríos
Fecha: 2007-04-12

La temática propuesta a decisión, la legitimación pasiva del coejecutado, concretamente su condición de deudor o firmante dando el asentimiento conyugal, no llevó a la Cámara al análisis de la relación causal subyacente a la suscripción del documento, en tanto esta cuestión se decidió solamente desde un análisis extrínseco de la cartular acompañada en el marco de la excepción de inhabilidad de título opuesta.
Leyes, ley vigente, publicación de la ley
Materia: CIVIL
Carátula: Giménez, Delfor Ariel c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ da$os y perjuicios.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-10-23

Aún cuando la ley 5868 de Santiago del Estero dispone que entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación (art. 67) debe interpretársela de conformidad con lo dispuesto por el art. 2x del Código Civil, lo que autoriza a considerarla vigente tan sólo a partir de su publicación oficial.
Derecho constitucional, acción de amparo, carácter taxativo
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: RIQUELME, JORGE PEDRO c/ OBRA SOCIAL DE LA PROV. Y/O SECRETARIA DE SALUD PUBLICA s/ ACCION DE AMPARO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-11-22

La procedencia de la acción de amparo esta determinada por la concurrencia de tres requisitos: a) la lesión al derecho o garantía constitucional; b) la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto lesivo y c) inexistencia de otro remedio legal para la tutela del derecho o posibilidad de proferir un daño grave o irreparable remitiendo la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales. Estos recaudos legales, son taxativos y conjuntos, es decir que si faltare alguno de los requisitos establecidos por la norma citada la vía de amparo no procede.
Recurso extraordinario, cuestión no federal, cuestiones procesales
Materia: PROCESAL
Carátula: Bernal de Aquino, Narcisa s/ ACCIDENTE DEL TRABAJO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-19

Las resoluciones que declaran improcedente recursos interpuestos ante los tribunales locales no justifican, como regla, la habilitación de la instancia extraordinaria.
Amparo por mora, pronto despacho, queja por defectos de tramitación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tecnobra  S.A.  Obras Viales y Civiles c/ C.N.E.A.. s/ Cobro de pesos
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-12-05

La L.N.P.A. prevé 3 mecanismos para instar la actuación administrativa en caso de mora: la reclamación o queja por defectos de tramitación del artículo 71 del Decreto 1.759/72, el pedido de pronto despacho del artículo 28.
Prueba compuesta, indagatorias separadas
Materia: PENAL
Carátula: Torres, Juan Carlos y otros s/ Asociación ilícita, robo calificado reiterado, privación de la  libertad, atentado y resistencia a la autoridad, etc.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1994-05-31

Las recíprocas imputaciones extrajudiciales de los procesados carecen generalmente del poder de convicción propio de los que en el art. 256 "in fine" del Código de Procedimiento Penal -n.a.- se llaman "elementos de prueba".
Actualización monetaria, cosa juzgada, violación, crédito laboral
Materia: LABORAL
Carátula: VIVAS ROGER OSCAR c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/ ACTUALIZACION MONETARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1991-10-25

El Tribunal de Mérito sostiene el criterio que el importe de la condena debe actualizarse a la fecha del efectivo pago, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, debiendo tomarse mes completo y no fracciones por la forma en que se ha elaborado el índice.

La decisión de la a quo que niega la actualización solicitada contradice la cosa juzgada en la sentencia por lo que debe casarse Habiéndose producido el pago durante el mes inmediato posterior al último índice conocido, debe producirse la actualización por el citado mes de acuerdo a la sentencia y al art. 276 de la Ley 20.744 -
Excepciones procesales, legitimación pasiva, falta de legitimación para obrar
Materia: COMERCIAL
Carátula: CONARPESA  -  CONTINENTAL  ARMADORES  DE PESCA SA c/ PESQUERA SAN ISIDRO SA S/ s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2003-02-10

El juzgado puede declarar en su sentencia definitiva la inexistencia de legitimidad para obrar aún en el caso de que el defendido no haya planteado al contestar la demanda la defensa -sine actione agit- (Palacio, "Derecho Procesal Civil", T. I.

Abeledo Perrot, Págs. 406, 410 y 419), porque de lo contrario podría llegarse al absurdo de que el magistrado, aún advirtiendo la falta de legitimatio ad causam de las partes, dictara de todos modos -so pretexto de una suerte de preclusión- una sentencia inútil; la que sería inejecutable contra quien, sin ser parte en la relación sustancial, figuro como tal en el pleito; o ejecutable -lo que es inadmisible por violación de defensa y del debido proceso-, contra el titular de la relación que no fue oído en el juicio (cfr. CNCOM, sala B, 30.11.76, "Tarena c/ Pons S.A."; id. sala c, 22.2.90, "Basf Argentina S.A. c/ Romero y Fernández S.R.L.")
Declaración indagatoria, nulidad procesal, patrocinio letrado, abogado no matriculado
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: MORENO, Juan J. s/ DECLARACION INDAGATORIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-06-25

Corresponde rechazar la nulidad de la declaración indagatoria fundada en la circunstancia de que el procesado fue asistido en la misma por un letrado que no se hallaba matriculado en el Colegio Público de Abogados, pues este requisito no constituye una mayor destreza o conocimiento científico, sino un requerimiento de índole administrativo.
Contrato de trabajo, asociaciones civiles, extensión de la responsabilidad
Materia: LABORAL
Carátula: MENDOZA, LILIANA ELIZABETH c/ ASOCIACION CIVIL ESCUELA DEL FUTURO Y OTRA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Local — Provincia: Misiones
Fecha: 2011-03-21

Toda Asociación Civil, como persona jurídica actúa legalmente por medio de sus representantes, tal el sistema normativo establecido en el art. 35 del C.C., de modo que la intervención en tal carácter del representante no puede hacer presumir en principio, un interés o actuación a título personal, salvo que mediare prueba concreta en contrario, lo que no acontece en autos.
Ley procesal penal, recursos, recurso extraordinario federal, procedencia del recurso, sentencia arbitraria, doctrina de la arbitrariedad, cuestión federal, fundamentación del recurso, ley penal, ley provincial, prisión preventiva, prórroga de la prisión preventiva, emergencia sanitaria, coronavirus, pandemia, inadmisibilidad del recurso
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Mérgola, Maximiliano Ezequiel c/  s/ homicidio (vma. rodríguez ernesto daniel)
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2020-10-30

1.- Es inadmisible el recurso extraordinario federal deducido por el señor Defensor General a favor del imputado, toda vez que la defensa no llegó a refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes en que se apoyó la decisión (inc. d). Por otra parte, la alegación de incongruencia omisiva, en cuanto al análisis de la proporcionalidad que debe guardar toda medida de coerción dictada en sede penal, no puede prosperar. En este sentido, el recurrente soslayó dos pautas relevantes tenidas en cuenta para rechazar el agravio: por un lado, que el plazo fijado por la ley 3234 es equivalente al alcanzado por la prórroga prevista para los asuntos complejos por el art. 224, inc. 1), del código de forma, y, por el otro, que el mismo no superó el límite fijado por la Comisión Interamericana, en el informe 86/09, para establecer hasta cuándo un plazo es razonable: las dos terceras partes del mínimo legal previsto para el delito imputado. Asimismo, soslayó que la magistratura prorrogó la medida cautelar una vez que había entrado en vigencia la ley 3234, que fijó aquéllos supuestos de excepción en los cuales era posible extender la prisión preventiva hasta un máximo de nueve meses, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por la epidemia del COVID-19. De hecho, la prórroga fue ordenada antes del vencimiento del plazo legal; por lo tanto, no se realizó una aplicación retroactiva de la ley 3234, en perjuicio de los derechos del imputado, ni se menoscabó el principio procesal de preclusión. Tampoco se verifica una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas en el recurso y lo debatido en el caso (inc. e), ya que éste se resolvió haciendo directa aplicación de la ley 3234, que ostenta una raigambre procesal local (inc. e).