marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Recurso de inconstitucionalidad, recurso de queja (procesal), deber de imparcialidad
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: GUZMAN, WALTER ALFREDO c/  s/ ROBO CALIFICADO, ROBO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA Y HURTO CALIFICADO, HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO, HOMICIDIO SIMPLE CALIFICADO POR EL USO DE ARMA-
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2022-10-26

En relación al reproche de la recurrente relacionado con la integración del Tribunal con dos Magistradas de Cámara que habían intervenido anteriormente -y que habría dado lugar a un planteo recusatorio- invocando afectada la garantía de imparcialidad del juzgador, la Alzada entendió que si bien era real que las nombradas habían revisado, en el mismo proceso, una sentencia, también lo era que, en dicha ocasión, se habían limitado a invalidarla -por la irregular conformación del Tribunal de grado-, sin ingresar, siquiera liminarmente, a aquello que era materia del recurso, con lo cual la pretendida afectación a la imparcialidad del juzgador no resultaba comprobada en el caso concreto, al no demostrarse que las Magistradas hubieran conocido o juzgado sobre la misma cuestión con anterioridad; y la recurrente, al ocurrir directamente ante esta Corte, en pretendida refutación de la interpretación seguida por la Alzada, se limita a una incierta y repetitiva alusión a la garantía del juez natural, mas con ello no neutraliza la intelección del A quo que concluyó, para denegar la vía, en que no se patentizaba, siquiera a primera vista, una afectación tan sólo afirmada.
In dubio pro reo, sentencia absolutoria
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: Yavicoli, Oscar y otro s/ causa N. 31.129.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1988-04-14

La absolución por aplicación del art. 13 del Código de Procedimientos en lo Criminal no exime de la adecuada consideración de los argumentos introducidos por las partes, así como la valoración de los elementos de juicio incorporados al proceso conforme a las pautas legales, sino que por el contrario supone necesariamente dicha actividad.
Beneficio de litigar sin gastos, declaración testimonial, valor probatorio
Materia: PROCESAL
Carátula: VILLAR, JOSE c/ BANCO DO BRASIL  S.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-10-31

Es admitida la eficacia probatoria de las declaraciones testimoniales a efectos de la concesión del beneficio, cuando se trate de personas hábiles cuya versión posea fuerza convictiva y su número sea suficiente para el fin perseguido.
Indemnización por despido, pago en cuotas, muerte del trabajador, conviviente, legitimación procesal
Materia: LABORAL-CIVIL
Carátula: DIAZ, Federico c/ GARVAL S.A. s/ despido
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-12-15

Resulta necesario distinguir entre la legitimidad activa de quien hubiese convivido con el occiso si reclama "iure propio", es decir si acciona por sí, con la situación de quien se presenta en una causa ya iniciada por el causante invocando un derecho sucesorio. En el primer caso le asiste derecho a la conviviente, pero en la otra situación no, toda vez que la concubina no integra el espectro de herederos abintestato incluidos en la legislación civil. (Del dictamen de la Fiscal Adjunta N. 25061 del 2/6/98 al que adhiere la Sala).
Juicio ejecutivo, ejecución fiscal, intereses
Materia: TRIBUTARIO
Carátula: O.S.N. c/ CONSORCIO VIRREY AVILES 3736 s/ EJECUCION FISCAL
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-02-27

Los recargos que la ley 20.334 establece en un 40% de la deuda, que tiene por finalidad resarcir los mayores gastos originados por la falta de percepción oportuna del capital adeudado (art. 33 de la citada ley), deben ser fijados en una proporción que mantenga dicha finalidad, sin perder de vista la función compulsiva que igualmente cumplen destinada a que los contribuyentes paguen en término y de esa manera, evitar el recargo del erario público y el de los demás miembros de la comunidad, y es razonable un recargo equivalente al 20% del capital actualizado.
Jurisdicción y competencia, competencia ordinaria, competencia por la materia, locación de obra, obras sociales
Materia: PROCESAL - SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: Obra   Social  para  Empleados  de  Comercio  y  Actividades  Civiles c/ Prevención Médica  S.A. s/ ordinario.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1987-12-29

El art. 18 de la ley 19.772 obliga a descartar la competencia de la justicia federal de la Capital Federal para entender en la demanda promovida por la Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles vinculadas a la prestación de servicios médico asistenciales.
Transacción, terminación del proceso
Materia: CIVIL
Carátula: OLIVARES, WASHINGTON c/ CARLOS MORINO s/ EJECUTIVO
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1996-10-09

El solo hecho de que las partes hayan traído el convenio por el cual transaron los créditos litigiosos importa la finalización de la instancia, por cuanto dicha convención tiene para aquellas, los efectos de sentencias definitivas. Debe repararse que el art. 850 del C.C. dispone que la transacción extingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada.
Accidente de tránsito, maniobras imprudentes
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Orellana, Nancy Gabriela c/ Sbaiz, Bruno César s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2001-11-28

Constituye una maniobra irresponsable, con incidencia en la relación causal, encarar en una vía de doble circulación el giro a la izquierda -en lugar no autorizado- a gran velocidad e invadiendo la mano contraria.
Aplicación de la ley, alimentos, porcentaje máximo de retención, costas en el orden causado
Materia: CIVIL
Carátula: A. M. S. O. S. c/ C. S. s/
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2018-10-18

Debe ser reducido el porcentaje del 35% de los ingresos del alimentante a un 12% de tales ingresos y también corresponde disponer que el pago de los gastos de educación que son a cargo del padre en forma directa incluyen: cuota mensual del colegio, cuota mensual por material didáctico, matrícula y uniformes, más las actividades extraescolares.
Responsabilidad solidaria, indemnización tarifada, subcontratación laboral, ley de contrato de trabajo, aplicación temporal de la ley
Materia: LABORAL
Carátula: Del Castillo, Héctor Noé c/ Ete S.A e Itron S.A s/ recurso de casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 2005-05-28

Estando acreditado que la empresa codemandada resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 de la LCT conjuntamente con la empleadora, dicha responsabilidad no puede ser limitada solo al plazo de duración de los contratos celebrados entre ambas, pues el dispositivo en cuestión describe dos supuestos claramente diferentes al delimitar en el tiempo la corresponsabilidad, esto es, "durante el plazo de duración de tales contratos", haciéndose referencia expresa a la relación contractual de índole comercial y "o al tiempo de su extinción", hipótesis que no puede sino referirse a los casos como en el presente, en los que la consecuencia directa de la rescisión dispuesta por la principal es la cesación de la relación laboral. (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Blanc G. de Arabel)
Recurso extraordinario, procedencia del recurso, revocación de sentencia, sentencia condenatoria, homicidio culposo, responsabilidad médica, responsabilidad penal, mala praxis, relación de causalidad, fundamentación de sentencias, fundamentación insuficiente, apartamiento de las constancias de la causa
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Maríncola, Rodolfo Félix Pablo s/ homicidio culposo - Causa n° 18.941.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-06-19

Corresponde dejar sin efecto la sentencia que, sin demostrar o al menos explicar la relación causal entre la alegada falta de cuidado y la muerte del paciente, condenó a un médico como autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo, si se apoyó en afirmaciones dogmáticas referidas a lo que se considera de buena y prudente práctica médica, que le dan un fundamento sólo aparente y que no encuentran respaldo en las constancias comprobadas de la causa (Disidencia del Dr. Gustavo A. Bossert).
Recurso de apelación (procesal), facultades de las partes, prueba, medios de prueba, carga de la prueba, ofrecimiento de la prueba, producción de la prueba
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: PESCADOR, Jorge Ricardo c/ BLOIS, Alejandra y/o responsable s/ Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2013-02-05

La carga de la prueba no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio interés de cada litigante; es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis (José V. Acosta "Visión Jurisprudencial de la Prueba Civil", t. I, pág. 129/130, editorial Rubinzal- Culzoni).
Organismos del Estado, reclamos pecuniarios entre entes estatales, procurador del tesoro, Poder Ejecutivo
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Junta Nacional de Granos y otro c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso de Apelación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1993-04-06

No es razonable excluir de los conflictos suscitados entre entes u organismos de la misma administración pública - derivados de la pretensión de imponer multas - de la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación o del Poder Ejecutivo, siempre que el monto del reclamo exceda el mínimo legal establecido (art. 1, ley 19.983).
Tribunal: CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-06-08


Salta, 08 de Junio de 2010.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "ASSEFH, Héctor Daniel - Presidente de la Asociación Civil Club Atlético Libertad vs. Inspección General de Personas Jurídicas"- Recurso de Apelación Directa (c/Resolución nº 4/09)- Expte. n° 271.736/09 de esta Sala Tercera, y C O N S I D E R A N D O I) Que a fs. 36 se dispuso hacer conocer la radicación de los autos en este Tribunal y la integración del mismo, a la vez que se mandó al recurrente abonar la correspondiente tasa judicial dentro del plazo de cinco días (fs. 36); que dicho proveído se notificó al interesado el 13 de agosto de 2009, conforme da cuenta la cédula debidamente diligenciada que obra a fs. 37 y vta; que a fs. 38 se dispuso requerir de la Inspección General de Personas Jurídicas la remisión del Legajo nº 5 - Deportivo, perteneciente a la entidad Club Atlético Libertad, librándose a tales fines el oficio que corre agregado a fs. 40 y vta., de fecha 27 de agosto de 2009, último acto éste de impulso procesal.

II) Conforme a los arts. 310 inc. 2° y 311 del Código Procesal Civil y Comercial, la caducidad de la segunda instancia se produce cuando no se activa su curso dentro del plazo de tres meses, computable desde la fecha de la última petición de las partes o resolución o actuación del Tribunal que tuviese por efecto impulsar el procedimiento. A su vez, el art. 316 del mismo cuerpo legal dispone que la caducidad puede ser declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el citado art. 310.

Teniendo en cuenta que, desde el último acto de impulso y hasta la fecha, han transcurrido más de nueve meses sin que haya mediado acto alguno idóneo para impulsar la marcha del proceso, debe dictarse de oficio la caducidad de la segunda instancia.

Ello en razón que el fundamento de la perención de instancia estriba en la presunción de abandono que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada y en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. Axiológicamente pues, en la base de la institución resulta fácil comprobar la prevalencia de los valores jurídicos de paz y de seguridad jurídica, ya que la solución indefinida del conflicto importa la permanencia de dos situaciones reñidas con aquéllos, como son: la discordia y la inseguridad.

Por ello, LA SALA TERCERA DE LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL I. DECLARA la caducidad de la segunda instancia, SIN COSTAS por no mediar actividad contraria (arts. 67, segunda parte, 68 primera parte del C.P.C.C.

II. CÓPIESE, regístrese, notifíquese y oportunamente ARCHÍVESE.
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, admisibilidad del recurso, recursos, prescripción, seguros
Materia: PROCESAL
Carátula: CHOQUE ACSAMA, Rosa c/ CARUSO CÍA. ARG. DE SEGUROS S.A. s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-05-07

Repara Rubén S. Stiglitz (Derecho de Seguros - II, Ed. Abeledo- Perrot, Buenos Aires, año 1997, págs. 529 y 527) que el art. 58, Ley de Seguros dispone: Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible. La disposición transcripta no hace sino recoger el principio general consistente en que la prescripción es noción inseparable al de la acción, de allí que quepa afirmar que el curso de la prescripción se inicia desde que el crédito es exigible.

La afirmación precedente presupone que, mientras no sea posible el ejercicio de la acción, no nace el curso de la prescripción. Lo expresado significa a su vez que la interpelación efectuada por el asegurado al asegurador, implica la posibilidad real del ejercicio de la acción.

A su vez el art. 844 del Código de Comercio establece que la prescripción mercantil está sujeta a las reglas prescriptas en el Código Civil en todo lo que no se oponga a lo que disponen los artículos siguientes".

Está reconocido entonces que el beneficiario del seguro de sepelio cuenta con un plazo de un año para ejercitar el reclamo. Es claro el sentido de la norma y a mi entender no admite dudas interpretativas.

Resulta oportuno entonces recordar que la primera regla de interpretación de las leyes es dar cumplido efecto a la intención del legislador (Fallos C.S. en cita de Felipe S. Pérez, La constitución nacional y la Corte Suprema, Bs.As., t. I, p. 32, a su vez citado por Germán Bidart Campos en su Derecho Constitucional, Ediar, 1968, Buenos Aires, pág. 55).
Jurisdicción y competencia, competencia por la materia, concurso de delitos, falsificación de documentos, defraudación, tarjeta de crédito, instrumentos públicos, documento nacional de identidad
Materia: PENAL
Carátula: Mock, Griselda Mabel s/ estafas  reiteradas  en  concurso ideal con falsificaciones reiterada
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1991-04-30

La investigación de la adulteración de un Documento Nacional de Identidad es escindible de la causa en que se investigan maniobras defraudatorias mediante el uso de una tarjeta de crédito y aquel documento.
Derecho civil, compraventa
Materia: CIVIL
Carátula: UNAMIT S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN s/ COBRO ORDINARIO DE PESOS
Jurisdicción: Local — Provincia: Neuquén
Fecha: 2014-10-07

La Municipalidad demandada es responsable por las sumas reclamadas por la empresa proveedora de hormigón, toda vez que no hay ninguna actuación administrativa que de cuenta de los análisis y contra análisis con el material de la obra, de sus resultados y comunicación al proveedor, que fuera de distinta calidad y características del comprometido."En la venta de la cosa de calidad determinada, el criterio de apreciación del mérito de ella es estrictamente objetivo...la discusión sobre si la cosa tiene o no las calidades prometidas, debe resolverse de acuerdo al dictamen de expertos, que se expedirán teniendo en consideración los usos del comercio" (BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil, Contratos I, Ed. Perrot, p. 337).
Recurso de inconstitucionalidad, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: JUAREZ, JOSE LUIS s/ QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2010-03-30

La exigencia del oportuno planteo y mantenimiento de la cuestión constitucional se vincula directamente a la posibilidad de que los jueces conozcan los argumentos constitucionales y decidan sobre ellos.

En este punto, si bien el referido planteamiento no requeriría fórmulas sacramentales, exige la demostración de cómo la cuestión fue efectiva y oportunamente planteada y sostenida, circunstancia que no se satisface con la mera alegación de "arbitrariedad sorpresiva", particularmente en supuestos de sentencias confirmatorias de pronunciamientos de primera instancia. (De los fundamentos de los Dres. Gastaldi y Erbetta).
Superior Tribunal de Justicia, competencia, apelación directa a la Corte, prueba, medidas cautelares, embargo, recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
Materia: PROCESAL
Carátula: RUIZ, CESAR GABRIEL c/ MUNICIPALIDAD DE SANTA FE s/ APELACION LEY 12036 - COBRO DE PESOS LABORAL (EXPTE.: C.S.J. NRO.  347 AÑO 2002)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2004-03-24

El planteo de la apelación especial que autoriza la ley 12.036 (art. 10), presupone acreditar acabadamente que se ha producido una notable y grave afectación al normal funcionamiento financiero del Estado. Fuera de esos particulares supuestos, no cabe admitir este tipo de planteos que, por otra parte, encuentran una adecuada solución dentro de los carriles procesales propios de cualquier litigio y ante los tribunales que el ordenamiento prevé. Este es además el entendimiento con que una jurisprudencia inveterada considera la habilidad de remedios extraordinarios frente a medidas cautelares. (De La Ampliación De Fundamentos De La Dra. Gastaldi)
Concursos, impugnación del acuerdo preventivo, cesión de créditos, criterio de razonabilidad
Materia: COMERCIAL
Carátula: MALLARINI, JORGE ALBERTO s/ CONCURSO PREVENTIVO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-04-26

Procede revocar el pronunciamiento que rechazó la impugnación formulada por un acreedor en los términos de la LCQ: 50 y homologó el acuerdo preventivo. Ello por cuanto, como en el caso, el único acreedor verificado -un consorcio, por deudas de expensas- cedió su crédito a un insolvente, quien renunció al privilegio especial y aceptó cobrar sólo el 50% de su ínfimo crédito -$ 7004- con evidente ánimo de perjudicar al apelante, verdadero acreedor del concursado quien verificó un crédito por casi medio millón de pesos. En este sentido, debe coincidirse con la apelante en cuanto a que las circunstancias que han rodeado la cesión del único crédito admitido al pasivo concursal, se muestran indiciarias de un proceder -cuanto menos disvalioso en términos de una operatoria mercantil, que levantan un margen de suficiente sospecha como para invalidar la conformidad prestada en consecuencia. Sobre todo a partir del aditamento que proporciona el hecho de la "sustitución concursal" aquí operada, y el espinoso debate doctrinal traído sobre la posibilidad de estos terceros de concurrir al proceso a conformar la voluntad mayoritaria. En este marco, la ponderación de los elementos de persona, tiempo y lugar que han rodeado la cesión del crédito, permiten tener por configurada la existencia de vicios invalidantes en el marco del concurso, que lo hacen susceptible de su apartamiento de la base de cómputo previsto por el artículo 45 LCQ (arg. artículo 1071 Código Civil, artículos 16, 43 párr. 2° y 56 párr. 3° LCQ). Aclárese que no se trata de establecer apriorísticamente principios rígidos que conlleven privar de legitimación a los terceros que se incorporan al proceso (sea a través de la cesión o por pago por subrogración), sino todo lo contrario, la posibilidad que estos puedan prestar su aquiescencia con la propuesta formulada dependerá de los elementos probatorios que se adjunten a la causa. Y en el caso, el plexo documental aportado permite inferir que nos encontramos frente a la emisión de un voto connivente.
Policía Provincial, remuneración, digesto jurídico
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: P., P. E. c/ C., O. E. y otro s/ Demanda de Nulidad. M., R. R. y otros c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2009-07-02|2018-08-21

El antecedente de los artículos 147 segundo párrafo y 149 primer párrafo in fine de la Ley XIX N° 8 se encuentra en los artículos 148 segundo párrafo y 151 primer párrafo in fine del Decreto Ley N° 1561/77, respectivamente. El estudio de la normativa dictada con posterioridad al año 1977 me permite corroborar la derogación de ambos preceptos (como ya lo aseveré en los precedentes que mencioné). Así lo entiendo pues el antiguo artículo 148 segundo párrafo del Decreto Ley N° 1561/77, en tanto preveía el sistema de liquidación de salarios de los empleados policiales enganchado en el 88% al haber mínimo de la policía federal, fue derogado por el Decreto Ley N° 1700/79. Esa última disposición estableció los haberes de los empleados públicos provinciales, en forma general, y en particular, tuvo en consideración los salarios del personal de la Policía provincial. Esto surge de sus artículos 1, 47, 69 y del Anexo XI. Por el art. 1 se fijó que los sueldos básicos se liquidarían conforme lo fijado en las planillas anexas a esa norma. De este modo, en el artículo 47 se estableció la remuneración del personal de seguridad, con remisión expresa a la escala del anexo XI. En este último se determinó el haber básico de cada jerarquía policial.
Prueba confesional, absolución de posiciones, gerentes, mandato
Materia: PROCESAL - CIVIL
Carátula: SIVIERO, CARLOS c/ CARBOCLOR INDUSTRIAS QUIMICAS SA s/ ACCIDENTE
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1995-09-29

La persona a quien se inviste del carácter de gerente al sólo efecto de absolver posiciones, no es gerente en los términos de la ley, sino un mandatario convencional a quien el art. 87 LO no autoriza a absolver posiciones, en representación de una persona de existencia ideal.
Empleo público, carrera administrativa, nombramiento, enriquecimiento sin causa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Blum Flores Enrique A. c/ D.I.P.A.S s/ Plena Jurisdicción - Recurso de Apelación
Jurisdicción: Local — Provincia: Córdoba
Fecha: 1999-10-05

1- El pago de mayores funciones sin que medie acto administrativo de autoridad competente que expresamente lo autorice, se sustenta en los principios de enriquecimiento sin causa y de igual remuneración por igual tarea, así como en las normativas de contabilidad en cuanto posibilitan la declaración de legítimo abono. Pero, para que ello proceda, es fundamental la acreditación "fehaciente" del cumplimiento de las mayores funciones y la correspondencia del derecho que se reclama atento las características de la función desplegada El reclamo de la diferencia salarial es procedente si de la prueba rendida no sólo surge que las mayores funciones fueron efectivamente realizadas sino que las mismas fueron encomendadas por quien tenía competencia para ello y reconocidas por la empleadora. Todo ello con independencia de la existencia o no de acto administrativo de designación por parte de la autoridad competente, por cuanto tal circunstancia no cambia los efectos jurídicos del ejercicio de la función por parte del actor con la aquiescencia de la empleadora. De no ser así, caeríamos en consentir el enriquecimiento sin causa por parte de la Administración empleadora, la que se benefició durante varios años con las mayores funciones desempeñadas por el actor a cargo de la Jefatura de un Departamento, cuya amplitud excedía notablemente las que le correspondían, según el cargo escalafonario que detentaba