Tribunal: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-11-30


TS07D43984 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 43984 CAUSA Nº 29.761/2009 - SALA VII - JUZGADO Nº 24 En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2011, para dictar sentencia en los autos : "ARMELLA JUAN VICENTE C/ MAPFRE ARGENTINA ART S.A. S/ ACCIDENTE - ACCIÓN CIVIL", se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 24/35vta. se presenta el actor e inicia demanda contra "MAPFRE ARGENTINA ART S.A." en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor.

Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con PROTECCIÓN MILENIUM que es una empresa de Seguridad Privada que se dedica más que nada a custodiar transportes con cargas de valor.

Explica las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo y da cuenta del violento episodio del que fue víctima el día 14 de marzo de 2009 cuando se encontraba custodiando un camión del Correo Argentino, oportunidad en la que es asaltado, junto con su compañero con las consecuencias que detalla.

Señala que por el hecho sufrió gravísimas lesiones y trastornos psicológicos que actualmente lo incapacitan.

Pretende un resarcimiento integral por los daños en su salud con fundamento en las disposiciones del Código Civil, por lo que plantea la inconstitucionalidad del art. 39, inc. 1º de la Ley de Riesgos del Trabajo, entre otras.

A fs. 53/67 responde "MAPFRE ARGENTINA ART S.A.".

Opone excepciones de falta de acción y falta de legitimación pasiva.- Subsidiariamente contesta demanda y tras el desconocimiento de rigor, impugna liquidación; pide el rechazo de la demanda y solicita la citación como tercero de "PROTECCION MILLENIUM S.A.".

A fs. 88 este Tribunal admite la citación solicitada.

A fs. 112/119vta. se presenta "PROTECCION MILLENIUM S.A." y desconoce los extremos invocados en la demanda.

La sentencia de primera instancia obra a fs. 328/336, en la que la "a-quo", luego de analizar los extremos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones del actor, pero dispone el rechazo de la citación de tercero promovida por "MAPFRE ARGENTINA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO SOCIEDAD ANONIMA" contra "PROTECCIÓN MILLENIUM SOCIEDAD ANÓNIMA".

El recurso que analizaré llega interpuesto por la demandada (fs. 346/350vta.). También hay recurso del letrado de PROTECCION MILLENIUM S.A. quien considera reducidos sus honorarios (fs. 339).

II.- En primer término la demandada cuestiona el fallo en cuanto la condenó a pagar una indemnización en el marco de la Ley 24.557, cuando el reclamo fue realizado con fundamento en las disposiciones del Código Civil, por considerar el actor que es inconstitucional aquél régimen. Sostiene en su defensa que la decisión de la "a-quo" resulta violatoria del principio de congruencia.

A mi juicio no hay razón para apartarse de lo resuelto en primera instancia. En efecto, sabido es, que el principio de congruencia reside en la correspondencia que debe existir entre el/los sujetos, el objeto y los hechos expresados en la demanda y los contenidos en la decisión judicial a la que se arribe en un proceso.

En nuestro ordenamiento, varias normas incorporan este principio: el art. 34 inc. 4 del Código Procesal que indica el deber de juez de fundar toda sentencia, bajo pena de nulidad respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia. Asimismo los arts. 163 inc. 6 y 164 del mismo cuerpo legal lo hacen al referirse a los requisitos que deben contener las sentencias (de primera y segunda instancia) y el art. 277 que establece, para el procedimiento ordinario en segunda instancia que el Tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del Juez de primera instancia.

Las partes precisan los hechos e indican someramente el derecho.

La función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso. Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar".

En el caso en análisis, llega firme a esta instancia que no se han configurado los presupuestos para enmarcar el caso en las disposiciones del Código Civil.

Sí en cambio se ha demostrado el daño y la existencia de relación causal entre el mismo y el accidente de autos, de modo que considero adecuada a derecho la decisión de la "a-quo" en aplicación de dicho principio, por lo que propongo la confirmación del fallo en este punto (ver, en igual sentido esta Sala en "Fernandez Horacio Oscar c/ La Holando Sudamericana S.A. s/ accidente - acción civil", sent. 40.949 del 30-05-08, entre otros).

III.- La demandada también se agravia de que en el fallo no se haya contemplado el tope o límite proporcional previsto en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos de Trabajo.

A mi juicio, no le asiste razón a la recurrente.

En primer término, cabe recordar que el decreto 1.694/2009, norma aplicada en la decisión de grado, establece: dice: "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos... de acuerdo a las previsiones del artículo 11, inciso 3 de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones".

Ahora bien, aún cuando el accidente del actor ocurrió con fecha 14 de marzo de 2009 y el decreto mencionado fue posterior al mismo (BO 06-11-09), ello no impide su aplicación en autos y de ese modo la declaración de inconstitucionalidad de dicho tope.- .

Digo esto, porque recientemente la C.S.J.N. ha expresado en la causa "Arcuri Rojas, Elisa c. ANSES" de fecha 3 de noviembre de 2009, que ".la posibilidad de aplicar la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha sido admitida por esta Corte en Fallos: 308:116 y 883; 310:995; 312:2250 y 316:2054, precedentes en los que se extendió la aplicación de una norma posterior a los casos en que la muerte del causante se había producido con anterioridad a su vigencia".

".Que sobre la base de la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social, esos fallos aplicaron la norma más favorable, exégesis que concuerda con el propósito del legislador de promover la progresividad de los derechos sociales, según ha sido preceptuado, más tarde, en el art. 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en diversos tratados de derechos humanos reconocidos con jerarquía constitucional en las disposiciones del inciso 22 del artículo mencionado".

".Que sería estéril el esfuerzo realizado por el legislador para cumplir con la obligación establecida en el art. 1º del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Protocolo de San Salvador"), en cuanto exige que los Estados parte adopten todas las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, si por vía interpretativa se sustrajera de esa evolución a quienes se encuentran en situación de total desamparo por aplicación de leyes anteriores que establecían un menor grado de protección, máxime cuando se encuentra demostrado que el causante y, por ende, su viuda, reúnen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos pretendidos, según han sido previstos en el actual esquema normativo". Teniendo en cuenta todo lo expresado en los párrafos anteriores, veo justo y equitativo para determinar el capital de condena se determine -como lo ha hecho la juzgadora de primera instancia- con prescindencia del límite indemnizatorio proporcional, conforme se establece el Decreto 1.694/09.

Lo hago con fundamento en las propias normas de rango supranacional citadas por la C.S.J.N., en caso análogo y en el principio de progresividad (ver también mi voto en "Ojeda Anabela Vanesa p/sí y en representación de sus hijos menores Alan Nahuel y Lucas Manuel Sturla c/ A.R.T. Interacción S.A. s/ acción de amparo", sent. 42.875 del 19-08-10).

Por lo expuesto, propongo la confirmación del fallo en cuanto declara la inconstitucionalidad del tope previsto en el art. 14, punto 2, inciso a) última parte de la L.R.T. No dejo de advertir que en el presente caso la actora no ha planteado la inconstitucionalidad de dicha norma en la demanda. Sin embargo, no veo obstáculo, en las particulares circunstancias señaladas, en tratar el tema de todos modos, como ya he expresado en un precedente en el que he votado integrando la Sala VI: "Herrero Carlos Alberto c/ ESSO S.A.)", sent. 58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII "Bretaña, Juan Antonio C/ Escuela Superior de Hotelería S.A. S/ Despido", sent. 38.760 del 13-09-05.- Sostengo esto porque la función del juez que se enuncia con el adagio latino "iura novit curia", es suplir el derecho que las partes no le invocan o que le invocan mal. Es consecuencia de ello, que los hechos del proceso, deben ser invocados y probados por las partes, pero en lo atinente al derecho aplicable el juez debe fallar, conforme a lo que él considera y razona como conducente a la decisión del proceso.- Lo dicho ha llevado a Bidart Campos a sostener que "el juez depende de las partes en lo que tiene que fallar, pero no en cómo debe fallar".

Es que el control de constitucionalidad no depende de las partes porque la supremacía de la Constitución es de orden público.- Por otra parte, no puede argüirse en contra de lo expuesto la posible violación del derecho de defensa o de una posible indefensión, ya que la doctrina mayoritaria, sostiene ya hace tiempo, que frente al "derecho aplicable" no se puede argumentar el derecho de defensa, ya que hay que prever la cuestión constitucional, dentro de ese derecho de defensa y no tenerlo en cuenta por las partes, sólo sería una imprevisión que puede atenderse y que sólo sería imputable a ellas.- En tal sentido, no sólo Bidart Campos ha manifestado su adhesión a esta doctrina, sino otros autores de talla, como Hitters, Juan Carlos (ED 116-20) y Ramirez Bosco (DT XLIII-B).- Este último autor destaca asimismo la vinculación de la declaración de oficio de la inconstitucionalidad con el principio de irrenunciabilidad del Derecho del Trabajo y, a su vez, como derivación necesaria o derivada del principio protectorio.- Asimismo es del caso recordar que el más Alto Tribunal de la República ha señalado hace algunos meses que "es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si se encuentran en oposición a ellas (Fallos 311:2478, entre muchos ).- IV.- Considero que sí le asiste razón en parte a la demandada en cuanto señala un error en el cálculo de la indemnización conforme lo dispuesto por el art. 14, punto 2, inc. a) -sin tope- . Digo esto por cuanto de multiplicar 53, por el ingreso base ($ 4.051,17.-); por la incapacidad (20%) y el coeficiente que surge de dividir 65 por la edad del trabajador al momento del accidente (65/30 = 2,1666), se obtiene la suma de $ 93.039.- que es en definitiva el monto por el que prosperará la demanda.

En cuanto a los intereses debe tenerse en cuenta que efectivamente la fecha indicada para los intereses por la "a-quo", no resulta adecuada a la mora del deudor que se produce a partir del accidente mismo. Mas, la ausencia de cuestionamiento por parte del actor, torna imposible retrotraer la condena al día del evento dañoso, y también es cierto que de allí en más tampoco puede ser motivo de modificación el parámetro tomado al haber sido posterior a dicha fecha.

Por lo expuesto, propongo sin más la confirmación del fallo en este item.

V.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia en materia de costas, las que han sido declaradas a cargo de la demandada vencida en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 68 del Código Procesal.- VI.- Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos, por lo que propongo sean confirmados (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).

VII.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de la demandada (art. 68 cit.) y se regulen honorarios a su representación letrada y a la de la actora en el 25%, para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y agrego:

Resulta obvio expresar que la Constitución Nacional, arquitrabe del sistema jurídico de la República, forma parte de éste, desde dentro y no desde fuera del mismo. Ello conduce -como corolario- a considerar que su vigencia no puede quedar librada a la invocación de las partes, sino por el contrario, que lo jueces, como supremos guardianes de esa Ley Cimera, tienen, ante todo, la obligación de cotejar la normativa que aplique, con lo principios establecidos en ésta, para asegurar su preeminencia. Si el derecho es un sistema en el que las normas de menor jerarquía se supeditan a las superiores, escaparía a la razonabilidad el que pudiera practicarse un corte horizontal del ordenamiento jurídico inmediatamente debajo de la Constitución, que trajera como resultado la aplicación de una norma de menor jerarquía, soslayando la de máxima relevancia, pretexto que su aplicación no fue pedida por alguna de las partes.

El viejo principio: "Iura novit curia" no puede detenerse, precisamente, frente a la Constitución, por cuya efectiva vigencia deben velar los jueces, como obligación primordial. Ello constituiría un valladar inadmisible a la luz de la Propia Ley Cimera, y tampoco, encontraría fundamento en disposiciones procedimentales, teniendo presente lo dispuesto por los Arts. 34, inciso 4º y 163, inciso 6º del Código Procesal Civil y Art. 260, regla 4ª., letra "f" del Cód. Proc. Penal. En buena hora la Corte Suprema ha marcado rumbo en esa dirección, " Legibus solutus ".

Hace años que nuestra Corte ha superado el criterio restrictivo en lo que se refiere a la admisibilidad del control de constitucionalidad de oficio, y lo ha hecho en forma rotunda a partir del fallo dictado el 19/8/2004 en la causa "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación BCRA) s/Quiebra", como lo destaca Mario Masciotra en su reciente obra "El Principio de Congruencia en los Procesos Civiles, Patrimoniales y de Familia, Laborales y Colectivos Ambientales", página 122 y ss., Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2010.

El mismo Autor comenta: "La Corte federal, en su carácter de intérprete final de la ley fundamental ha asumido un real Poder del Estado, pues no debe dejarse en manos del planteo de litigantes, la instancia del control de constitucionalidad del ordenamiento jurídico." Y añade: "Sostenemos que la imposibilidad del juez de censurar en un caso concreto la aplicación de ciertas normas antes una manifiesta e inconciliable contradicción con las disposiciones constitucionales, por no haber mediado previa petición de parte en tal sentido, constituye una reprochable abdicación de la potestad jurisdiccional" (Mario Masciotra, op. Cit., pág. 128).

Es pertinente acotar, asimismo, que no resulta compatible con la restringida "disponibilidad" de las partes propia del Derecho Laboral, admitir que la Constitución no predomine sobre normas incompatible con ella, salvo pedido expreso de los litigantes. Estas consideraciones me inclinan a pronunciarme por la declaración de inconstitucionalidad del tope que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo y así doy mi voto.

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA No vota (art. 125 de la Ley 18.345).- A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo disponiendo que monto de condena asciende a $ 93.039.- (PESOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE) más intereses de acuerdo a las pautas allí indicadas.- 2) Confirmar el fallo en todo lo demás que decide. 3) Confirmar los honorarios regulados. 4) Declarar las costas de alzada a cargo de la demandada. 5) Regular honorarios a la representación letrada de la demandada y de la actora en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para cada una de ellas, de los determinados para la primera instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.