Tribunal: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2006-04-19


SILVA, Sergio Omar contra PROVINCIA DE SANTA FE Reg.: A y S t 213 p 47-50.

Santa Fe, 19 de abril del año 2.006.

VISTOS: Los autos "SILVA, Sergio Omar contra PROVINCIA DE SANTA FE -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. 398/01) sobre QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte. C.S.J. nro. 145, año 2.005), venidos para resolver acerca de la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de la Nación; y, CONSIDERANDO:

1. Surge de estas actuaciones que por resolución registrada en A. y S. T. 210, ps.

439/440 esta Corte rechazó la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad deducido por el actor contra el decisorio de fecha 17 de setiembre del año 2.004 dictado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo que resolvió declarar la caducidad de la instancia.

El pronunciamiento de este Tribunal es impugnado por el accionante mediante el remedio extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48.

En la pieza de interposición del recurso (fojas 77/89) el apelante después de realizar una reseña de los antecedentes de la causa y referir a los recaudos de admisibilidad, expresa que la resolución es contraria a la garantía de razonabilidad contemplada en la Constitución nacional, al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica al afectar el acceso a la justicia y el derecho de defensa en juicio, careciendo en consecuencia de motivación suficiente.

Acusa al fallo sostener en forma dogmática que no pueden tenerse por rebatidos los fundamentos expuestos por los sentenciantes en el decisorio y que no se logra demostrar que el término de tres meses en abstracto establecido en el artículo 30 de la ley 11.330 resulte violatorio de las garantías constitucionales invocadas.

Aduce, en tal sentido, que cuestionó con sobrados antecedentes legislativos y judiciales el argumento central de la resolución de la Cámara en cuanto afirmó que el plazo de tres meses no era una "rara avis" del ordenamiento contencioso administrativo y que resulta necesario establecer un término breve para que los actos administrativos no queden expuestos a la eventualidad de una anulación por tiempo extenso. Afirma que este Tribunal desconoce la irrazonabilidad del término de caducidad contemplado en el citado canon, el que resulta notoriamente menor al establecido en otras legislaciones, vulnerando las garantías de tutela judicial efectiva y derecho de defensa.

En apoyo de su tesitura, señala además que varios legisladores han presentado un proyecto de ley en el año 2.004 tendente a modificar la ley 11.330 estableciendo un plazo de caducidad de 12 meses.

Por último, le achaca al decisorio incurrir en exceso ritual por arbitrariedad normativa, desde que las leyes deben interpretarse no por su letra, sino por la inteligencia que surge de la lectura de sus cláusulas, armonizada con los demás preceptos que la integran y de manera que concuerden con los principios y garantías constitucionales, destacando, en lo esencial, que las normas que contienen los requisitos formales de acceso a la justicia han de ser aplicadas teniendo siempre presente el fin perseguido y en la forma más favorable al ejercicio de la tutela judicial efectiva.

Corrido traslado a la contraria, lo contestó (fojas 81/89) postulando su rechazo. II. Encontrándose los presentes a estudio de este Cuerpo, corresponde emitir un juicio fundado acerca de la viabilidad del recurso federal interpuesto.

Cabe señalar que la mera deducción del recurso, así se lo base en la arbitrariedad del fallo, no justifica la concesión o denegación automática del remedio federal, sino que es imprescindible efectuar un juicio fundado de admisibilidad.

A tales efectos, es menester que en el escrito de interposición del recurso federal se rebatan y neutralicen cada uno de los motivos expuestos por la Corte para fundar su decisión, trayendo razones de peso en orden a destruir la fundamentación de tal decisorio por considerarlo lesivo de derechos constitucionales.

Ello es así, por cuanto la propia naturaleza de la vía extraordinaria prevista en el artículo 14 de la Ley 48 -recurso extraordinario de apelación-, demanda que el recurrente impugne el pronunciamiento que objeta, demostrando asimismo ante la Corte por qué considera que el decisorio impugnado no satisface el derecho federal invocado.

Realizando el análisis a que se hiciera referencia en párrafos anteriores, se advierte del cotejo de la pieza recursiva con la decisión atacada que los agravios formulados no suscitan cuestión idónea para el franqueo de la instancia excepcional, al traducir la mera disconformidad de la recurrente con la solución adoptada por este Cuerpo, cuando desestimó, en el ejercicio de funciones propias, la presentación directa efectuada ante él, extremo que resulta ajeno al remedio previsto por el artículo 14 de la ley 48 (cfr., C.S.J.N., Fallos 264:301; 268:28; 279:173; 302:418).

En efecto, el impugnante se limita a las alegaciones vertidas contra el fallo de la Cámara en el recurso de inconstitucionalidad local, no logrando ni siquiera insinuar razones valederas demostrativas de que esta Corte al decidir la inadmisibilidad del recurso directo, lo hubiese hecho sin la debida fundamentación exigida por el artículo 95 de la Constitución provincial, de modo arbitrario y lesivo de principios y garantías constitucionales como alega.

Ello así, desde que el compareciente -tal como se expresara- continúa agraviándose acerca de la interpretación efectuada por la Cámara del artículo 30 de la ley 11.330 mediante la cual desestimó la tacha de inconstitucionalidad de dicho canon imputando a este Tribunal incurrir en afirmaciones dogmáticas al convalidar la resolución recurrida, pero sin lograr demostrar la configuración de tal vicio. Así, para resolver este Cuerpo consideró que la critica del recurrente no lograba traspasar el umbral de la discrepancia hermenéutica sin alcanzar a demostrar la inconstitucionalidad directa del artículo 30 de la ley 11.330 ni la arbitrariedad de los argumentos expuestos por la Cámara.

En ese orden, examinó esta Corte las razones brindadas por la Cámara en apoyo de lo resuelto, la que -en lo esencial- luego de analizar que "las leyes gozan de una presunción de legitimidad, sostuvo que el control de constitucionalidad no incluye el examen de conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones...que la determinación de un plazo relativamente breve para que opere la caducidad -3 meses- no puede tildarse de irrazonable o inconstitucional ya que los actos de la administración no pueden quedar expuestos a la eventualidad de su anulación por un tiempo extenso; estableciéndose un término relativamente pequeño se evita la incertidumbre continua que podría lesionar la seguridad jurídica".

Es decir, este Tribunal cotejó los argumentos del recurrente con lo decidido y revisó el juicio de razonabilidad efectuado por la Cámara al analizar la congruencia de la norma de derecho público provincial administrativo cuestionada con la Carta Magna y entendió que las imputaciones invocadas estaban exentas de reproche constitucional.

Y en esta instancia, insiste en los planteos ya efectuados y trata de hacer prevalecer un distinto criterio interpretativo tachando de inconstitucional una norma cuya aplicación resultó adversa a sus intereses.

En esa tarea, tampoco demuestra el impugnante la lesión a los principios de tutela judicial efectiva y derecho de defensa, a poco que se repare que al respecto, consideró este Cuerpo lo señalado por el Tribunal a-quo consistente en que "...todo interés debe ser sostenido en tiempo hábil, toda defensa insertarse regularmente en el proceso (o procedimiento), conforme a un orden específico; no en cualquier momento sino en determinado momento...la pretensión va acompañada no sólo de una razón material, sino de una razón procesal ("Carnelutti", Sistema, T. II, nro. 123, Composición del proceso)", cuestión de la que no se hace debidamente cargo la recurrente.

Carece también de asidero la tacha de exceso ritual, toda vez que el compareciente no persuade que la decisión de esta Corte importe convalidar una falta de adecuación del uso de las formas a la finalidad a las que ellas están destinadas (Bertolino, Pedro J. "El exceso ritual manifiesto", p. 110). Sobre este tópico ha de recordarse que, conforme lo ha sostenido el más alto Tribunal nacional no constituye exceso rituario aquellas acciones u omisiones judiciales que el interesado pudo haber impedido, de haber actuado diligentemente (Fallos 301:1067, entre otros).

Por lo demás, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, implica la extrema ratio del Derecho. Como tal exige para resultar operativa que los efectos que se dicen nocivos no puedan ser reparados por el impugnante, sino con la declaración de inconstitucionalidad (Fallos 264:364, 288:325, 290:83), lo que no ocurre cuando en el caso, un actuar diligente del recurrente hubiese aventado cualquier peligro sobre la especie (cfr. A. y S. T. 171, págs. 32/35; entre otros).

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Denegar la concesión del recurso extraordinario interpuesto para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con costas.

Regístrese y hágase saber. FDO.: VIGO-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernández Riestra (Secretaria)