Tribunal: CAMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2008-04-10


En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a los 10 días del mes de abril del año dos mil ocho, reunida en Acuerdo la Sala B de la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, con la presidencia de su titular Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts y asistencia de las Sras. Juezas de Cámara Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Graciela Mercedes García Blanco, para dictar sentencia definitiva en estos autos caratulados: "T. , D. V. c/ P. F. C. y otro s/ DESALOJO", expte. nro. 16.681/07, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución nro. 2 (expte. nro. 1120/07), y atento el resultado del sorteo establecido en el art. 268 del Código de Procedimientos Civil y Comercial (fs. 76), correspondió el siguiente orden para la votación: Dra. Graciela Mercedes García Blanco, Dra. Nélida Susana Melero y Dra. Marta Susana Reynoso de Roberts.

Acto seguido se resolvió plantear y votar por su orden las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida de fs. 45/46? y SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Viene a mi conocimiento el presente pleito por apelación deducida por la parte demandada contra la sentencia definitiva nro. 737/2007 del Juzgado Letrado de Ejecución nro. 2 de la jurisdicción (fs. 54, fs. 45/6vta.).

La sentencia atacada hizo lugar al allanamiento formulado por los codemandados. También hizo lugar a la demanda incoada por D. V. T. ordenando al demandado P. F. C. , a J. J. Á. y/o quien resulte inquilino a desalojar el inmueble sito en calle P. nro. ** del Barrio Gral. M. Km.* de la ciudad. No hizo lugar al pedido de extensión del plazo formulado por la accionada para la entrega del inmueble e impuso las costas del pleito a los vencidos.

En el memorial de agravios de fs. 67/8vta., J. J. Á. señala que no fue demandado directo sino que actuó como garante. Cita el art. 70 del código de procedimiento en la materia indicando que no dio lugar a mora y que se allanó en el plazo para contestar demanda. Critica el argumento del Aquo en punto a que si el actor se opone a la exención de costas no puede liberarse al demandado; considera que carece de fundamento jurídico porque contradice la ley. Reitera que no fue la actitud del garante quien dio origen a la acción, peticiona se impongan por su orden y objeta el monto de los honorarios regulados por excesivos y no ajustarse a las pautas arancelarias.

Es retrucado por la contraria a fs. 71/3vta. haciendo reserva del caso federal.

Inicio el análisis del primer tema traído a conocimiento de esta Cámara con las siguientes citas a modo de introito.

"Por hallarse en mora en la obligación de restituir, por hacer necesaria la promoción de la demanda y por no haber efectivizado su allanamiento con el depósito en autos de las llaves del inmueble locado, las costas del juicio de desalojo han sido bien impuestas a la accionada ("B. , M. , P. y R. c/ G. S.A. s/ Desalojo" - CC0002 - MO 20481 RSD-20-88 S - 1-3-1988 - JCC09 -Citar: elDial -WB8F3).

"La mora por el no cumplimiento de la obligación de restituir el inmueble locado, opera a partir de la intimación del locador al inquilino para que éste proceda a entregarlo, pues a partir de ese momento nace el período de retención ilícita y la consiguiente obligación de pagar daños y perjuicios" ("G. , Á. c/ C. , N. E. s/ Desalojo por vencimiento de contrato" - CNCIV - Sala D - Nro. de Recurso: D079073 - Fecha: 11-05-00 -Citar: elDial - AE14B7).

De las constancias de autos emerge que el garante demandado, conjuntamente con el inquilino, había sido intimado con fecha anterior a la interposición de la demanda según carta documento de fecha 22 de marzo de 2007 (fs. 22, 23, 24 y 25). Con anterioridad al juicio se incurrió en mora dando razón a la reclamación posterior (art. 70, inc.1, del Cód. Proc.), por lo cual considero dio lugar a la iniciación del pleito echando por tierra el argumento del apelante en punto al inquilino demandado, y con respecto a la situación del fiador seguidamente analizaré dicha queja; sin dejar de soslayar que, además, el Sr. A. , intimado por la entrega del inmueble, fue citado a juicio a fs. 32.

Aclarado que fue la intimación y participación según constancias de autos, para mayores fundamentos transcribo: "Al encontrarse en mora el demandado, no resulta de aplicación la primera parte del artículo 70 del CPCC, que determina la exención de costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario allanándose, a menos que hubiese incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado lugar a la reclamación. Ello es así porque el principio de exención de costas al vencido sigue siendo excepcional y de interpretación restringida frente a la norma del art. 68, 1ro., para del código citado" ("P. , M. c/ R. , F. s/ Medianería" - CC0001 - MO 22378 RSD-35-89 S - 16-3-1989 -"S. , L. c/ M. , G. s/ Desalojo" - CC0001 - MO 25248 RSD-172-92 S - 2-7-1992- Citar: elDial - W9932). El allanamiento a la demanda no exime de las costas si fue tardío, por encontrarse el accionado en mora, o cuando con su conducta hubiese originado la necesidad de incoar el proceso a fin de obtener el reconocimiento judicial de los derechos o el cumplimiento de las prestaciones debidas ("L. de A. , E. c/ K. , H. s/ Desalojo" - CC0000 - DO 68130 RSD-66-93 S - 11-5-1993-Citar: elDial - WA112)-.

Ha quedado bien claro cuál es el criterio seguido; que en el caso fue tardío el allanamiento por lo tanto existió una mora y, más aun, fue condicionado porque el demandado requirió un lapso adicional, por lo que no procede la exención de las costas.

"Si en lugar de confirmar la pretensión del adversario de obtener la inmediata restitución del bien, se encamina a lograr un plazo para el desahucio con pie en argumentaciones inatendibles, obligando al actor a continuar el juicio a fin de lograr la plena satisfacción a su reclamo, el allanamiento no resulta incondicional y el accionado debe cargar con las costas" ("L. de A. , E. c/ K. , H. s/ Desalojo" - CC0000 - DO 68130 RSD-66-93 S - 11-5-1993 - Citar: elDial - WA10D).

El último tema a tratar es el planteo de la calidad de fiador -garante- del apelante. Surge de la cláusula decimoséptima del contrato de locación que "el Sr. J. J. Á. ... se constituye en codeudor solidario, liso, llano y principal pagador respecto de todas las obligaciones emergentes del presente contrato para el locatario, hasta la extinción total de las mismas y el inmueble sea entregado desocupado". Indiscutida es, en consecuencia, su calidad de principal pagador revistiendo la condición de deudor solidario (art. 2005 del Código Civil) y encontrándose prácticamente obligado en igualdad de condiciones que el deudor contratante.

Tratándose de una fianza solidaria y habiendo intervenido el garante que había asumido la calidad de principal pagador en el juicio, debe ser condenado en la misma sentencia que hace lugar al desalojo a pagar las costas devengadas en la interpelación previa, requerida ésta debidamente cumplida con la demanda que se hace al locatario. No se advierte ningún motivo que impida o torne inconveniente que en la sentencia de desalojo se impongan las costas también al fiador; por el contrario, habiendo intervenido todos los interesados en el pleito sería un desgaste inútil que la condena al fiador se tuviera que hacer en un proceso posterior. Existiendo, entonces, condena al demandado a desalojar el inmueble y a este mismo y al fiador a pagar las costas del juicio, el inquilino deberá restituir el bien y afrontar las costas del desalojo que ha progresado, y al fiador solamente afrontar las costas. El acreedor de las costas podrá ejecutarlas contra el demandado y el fiador a través del proceso de ejecución de sentencias. Vuelvo sobre el tema que el inquilino no fue excepcionado en el pago de costas por haber reunido el allanamiento los presupuestos legales como se indicó en párrafos precedentes.

Sobre el tema ha resuelto la doctrina, que corresponde imponer las costas en un proceso de desalojo, a quien en un contrato de locación se constituyó en fiador solidario y principal pagador de todas las obligaciones contraídas por el locatario, garantizando igualmente el pago de los honorarios y gastos del juicio que se promuevan contra éste, pues la obligación asumida se rige por el art. 2005 del código civil, estando su responsabilidad en el mismo rango que la del deudor principal. Por lo tanto, si fue notificado de la demanda incoada debe hacer frente a las costas que se deriven de su responsabilidad contractual (ver en este tema a Roberto G.Loutayf Ranea, "Condena en costas en el proceso civil", pág. 425/426, Ed. Astrea-98).

Confirmo, por los argumentos expuestos, la sentencia venida en crisis, no sostengo los fundamentos del magistrado de grado, más aun, recuerdo siguiendo al autor mencionado ut supra, que si la imposición de costas no requiere pedimento la misma regla debe aplicarse cuando se trata de una excepción. Es un principio general aplicable a todo pronunciamiento sobre costas (arts. 68, 161 inc.3, 163 inc. 8, 279 y concs. del código procesal), no solo cuando se condena a una de las partes a su pago sino también en los supuestos de exención; y, en este último caso, ya sea que la exención de costas quede librada al prudente arbitrio judicial (art. 68, párr. 2do.), como en aquellos en que está expresamente regulada por la ley (art.70). Si se reúnen los requisitos puede eximirse al allanado al pago de las costas, aun cuando no lo hubiere pedido; de no reunirse, deben imponerse las mismas, pero no están sujetas a la voluntad de la contraria, posición del Aquo que no puedo respaldar por ingrávida y ajena a la ley (ver autor y obra citados, págs. 115/116).

El segundo embate contra la sentencia lo constituyó el monto de la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes. Revisado lo actuado así como el monto del proceso ($18.000 tomando como base el alquiler pactado), y la etapa llevada a cabo, advierto que se encuentra la suma establecida por la labor profesional dentro de los parámetros legales, arts. 6, 7, 9, 26 y 39 de la ley 2200, por lo cual desestimo el agravio.

Las costas de esta instancia se imponen al apelante vencido según principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCCCh), difiriendo la regulación de los honorarios de los profesionales actuantes en esta etapa para el momento del Acuerdo.

A la segunda cuestión la Dra. García Blanco dijo:

Por ello propongo:

1.- Desestimar los agravios del apelante, confirmando la sentencia venida en crisis con los fundamentos brindados.

2.- Costas de la alzada al apelante vencido, difiriendo la regulación de los honorarios para el momento del acuerdo según considerando respectivo.

A la primera cuestión la Dra. Melero dijo:

I. Considerando que, a tenor de la exigencia del art. 169 de la Constitución de la Provincia del Chubut, es innecesaria la repetición de los argumentos formulados por las partes en cada uno de los votos de la Alzada, razón por la cual a fin de evitar reiteraciones estériles que afectan los principios de celeridad y concentración procesal y resultando de quien vota precedentemente la síntesis suficiente del caso traído a decisión, a la misma me remito.

I.A) A fs. 67/68vta. obran glosados los agravios expuestos por el codemando J. J. A. los que fueran contestados por la parte actora a fs. 71/73vta.

Concretamente el codemandado se agravia por la imposición de costas decidida por el a-quo fundándose en que dentro del proceso él no fue demandado directo sino que intervino en carácter de garante del inquilino codemandado P. F. C. , habiendo reconocido oportunamente lo pretendido por la actora a través de un allanamiento en forma incondicional y total a la demanda impetrada, razón por la cual solicita la exención de costas ante la falta de mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

Ha considerado la doctrina en cuanto a la temática planteada que en lo que compete al ejercicio de la facultad de allanarse para justificar el apartamiento del principio general en materia de costas, cabe precisar que no puede considerarse allanamiento como real cuando, no obstante la manifestación del mismo, el actor debe proseguir el juicio para obtener la satisfacción de su reclamo, por circunstancias atribuibles a quien se ha allanado (conf. Morello - Sosa - Berizonce, Cód. Proc. en lo Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. y de la Nación, T. II - B, pág. 198).

Ha establecido la jurisprudencia nacional que: "El allanamiento a la demanda, como causal de exoneración de las costas, está condicionado por la conducta del vencido, sea que haya incurrido en mora o que haya hecho necesaria la iniciación del pleito (Pcia. de Buenos Aires, "R. , J. M. y ot. c/ El M. S.A. y ot. s/ Desalojo" - CC0203 - LP 92136 RSD-199-00 S - 24-8-2000: elDial - W13EAB)".

En sentido similar ha determinado jurisprudencia local que: "A los fines de la imposición de las costas debe considerarse que en función de las características propias del proceso de desalojo, una vez promovido por alguna de las causales que la ley previene, el comportamiento del demandado condiciona en gran parte la distribución de las costas. De lo actuado surge que el accionante tuvo necesidad de promover el proceso para lograr la realización de su derecho, por lo que habiendo dado motivo para la articulación de la demanda deberá cargar con las costas (Sala "A" de esta Cámara de Apelaciones, del 22-03-1993, Sent. Interlocutoria, Magistrados: Julio Antonio Alexandre - Fernando Nahuelanca - Daniel Luis Caneo, autos caratulados: "Sucesión S. L. c/ G. , M. L. s/ Desalojo", citando al Dr. O. A. G. , en su obra "Costas Procesales", págs. 435 y 169-170).

Ameritando de las constancias de autos que ha quedado acreditado que el codemandado Alvarez - codeudor solidario, liso, llano y principal pagador respecto de las obligaciones contraídas por la actora y el codemandado P. F. C. el día 07/07/06 (cláusula 17ma.), fue constituido en mora mediante TC nro. 031587878 AR del 22/03/07 (conf. doc. reservada por Secretaría de esta Cámara de Apelaciones nro. 231 del 18/12/07- fs. 10 y 15), habiéndose recién allanado en el presente proceso el día 04/06/07 (fs. 37), considero en virtud de los principios doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos y el criterio restrictivo que prima como principio general en la imposición de costas, que no corresponde hacer lugar a la exención de la imposición de costas solicitada por el apelante codemandado, correspondiendo confirmar en este sentido la sentencia.

I.B) En cuanto a la apelación de honorarios planteada por el codemandado apelante (fs. 68vta.), del análisis de los trabajos profesionales realizados, el monto del proceso, la etapa cumplida y el éxito obtenido, estimo que los montos regulados en concepto de honorarios profesionales se hallan dentro de los parámetros exigidos por la ley arancelaria (arts. 6, 7, 9, 26, 39, 47 y ccdtes. del Dto. Ley Pcial. nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial. nro. 4335), razones por las cuales corresponde desestimar los agravios y confirmar la sentencia en este sentido.

I.C) En virtud del principio objetivo de la derrota las costas de esta instancia son impuestas al codemandado J. J. A. vencido. Se difiere la regulación de los honorarios profesionales para el momento del acuerdo, donde se tendrá en cuenta el tema traído a decisión, la labor desarrollada y el éxito obtenido en un todo de acuerdo con lo prescripto por los arts. 6, 7, 9, 14 y ccdtes del Dto. Ley Pcial Nro. 2200 y su modificatoria Ley Pcial Nro.4335.

A la segunda cuestión la Dra. Melero dijo:

Por coincidir con la fórmula postulatoria de la colega preopinante Dra. M. G. B. de B. y entender que esta parte del voto no está comprendida dentro de las premisas prescriptas por el art. 169 de la Constitución Provincial, a la misma adhiero en la parte en que he tenido que decidir.

En este estado, y de conformidad con lo establecido en los arts. 271 y 272 del CPCCCh (reforma ley 4550 del 23/12/99), se deja constancia que la decisión se adopta por mayoría, por lo que la Dra. Reynoso de Roberts no emite su voto.

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordado dictar la siguiente SENTENCIA:

1.- Desestimar los agravios del apelante y confirmar la sentencia de fs. 45/46 venida en crisis.

2.- Costas de la alzada al apelante vencido, a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales de los Dres. J. F. L. G. , N. B. L. de Escribano y C. A. R. , conjuntamente, en la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($660) y del Dr. E. V. en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300).

3.- Regístrese, notifíquese y devuelvase.

NÉLIDA SUSANA MELERO - Juez de Cámara GRACIELA MERCEDES GARCÍA BLANCO - Juez de Cámara REGISTRADA BAJO EL nro. 01 DEL AÑO 2008 DEL LIBRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS "C y C