Daños y perjuicios, rechazo de la demanda, sentencia arbitraria, recurso de casación
Materia: CIVIL-PROCESAL-PENAL
Carátula: Aybar, Bernarda del Valle s/ Aybar, Bernarda del Valle, en representación de su hija menor Romina Edith Quipildor c/ Arrascaeta, Fernanda Beatriz y Saúl Abel Fierro s/ Daños y Perjuicios s/ Recurso de Casación
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-02-13

El apoderado legal de la parte actora deduce recurso de casación señalando que su representada inicia acción de daños y perjuicios por la muerte de su hijita, reclamando el monto de $240.000 en concepto de daño a la vida, con mas $ 50.000 en concepto de daño moral, en contra de la obstetra que la atendió en el parto, y del pediatra que asistió al nasciturus. Alega que en primera instancia, al hacerse lugar a la demanda, se condena a la obstetra y al pediatra por el daño causado a la madre por la muerte de su hija. Apelada la sentencia por ambas partes, en Cámara se revoca el fallo, dada la contradicción que existe entre lo resuelto en sede penal, en la que se dictó sobreseimiento que eximió de culpa a la obstetra, y lo resuelto en sede civil, admitiendo a su vez, con relación a la responsabilidad del pediatra, la falta de acreditación del nexo causal entre la muerte de la criatura y el desempeño del profesional, que impide declarar su responsabilidad.

Contra este pronunciamiento se interpone el presente recurso de casación, aduciendo en primer orden el quejoso, que los sentenciantes parten de una premisa equivocada al equiparar absolución y sobreseimiento penal para concluir que no existiendo delito conforme lo dispuesto en sede penal el fallo del a quo resulta contradictorio.

Es del caso recordar que este Tribunal en forma reiterada ha señalado que las cuestiones de hecho y prueba constituyen temas propios de los jueces de la causa, y ajenos en principio al control casatorio, salvo cuando se denuncia y además se demuestre el desvió del razonamiento lógico o el error grave y manifiesto constitutivos de la arbitrariedad o del absurdo.

En el caso en particular, cabe señalar que el juez penal, en la resolución que se encuentra firme, sostiene que "el sobreseimiento procederá cuando. 1, El hecho investigado no se haya cometido o no lo fue por el imputado." por lo que, haciendo suyas las expresiones del Ministerio Fiscal, declara que la conducta de la profesional no configura delito, "es decir el delito no ha existido, toda vez que la muerte no se produjo a causa del accionar indebido de la profesional en el desempeño de su ciencia con la paciente, sino a causa de la anomalía congénita de la recién nacida".

De este modo el juez penal arriba a la conclusión, luego del examen de las pruebas producidas, de que no hubo negligencia, imprudencia ni impericia que comprometan el actuar de la profesional, por lo que no existiendo el hecho denunciado -delito de homicidio culposo- concluye, que la muerte de la criatura se produce por causas ajenas a la atención médica. En suma afirma, que la muerte es causada por la patología presentada a nivel pulmonar -inmadurez existente en el desarrollo del aparato respiratorio-.

Reconstruido de ese modo el escenario del hecho, el recurrente pretende en esta sede reproducir un panorama sustancialmente distinto, invocando la misma base probatoria, aunque relatando como a su criterio los acontecimientos se habrían desarrollado de un modo diferente.

Así afirma que la niña no murió por su membrana hiliana parcial sino porque nunca respiró -no nació viva- ello a causa de un trabajo de parto no controlado y problemático o distócico, en suma por la mala praxis de los profesionales. Creo que aceptar sin más la queja que formula el recurrente, conduciría sin duda al escándalo jurídico que con la norma del art. 1103 del C.C se quiere evitar, puesto que tendríamos a dos tribunales resolviendo en base a los mismos elementos de juicio de un modo opuesto, cuando como hemos visto se trata de un único y mismo suceso.

De modo que no se puede aceptar que este hecho que ha acontecido de un cierto modo según el juez penal, pueda ocurrir de un modo diferente para el juez civil, pues en este punto conviene tener en cuenta, como bien señala el Sr. Procurador en su dictamen, cuyo contenido comparto plenamente, que el sobreseimiento definitivo puede ser equiparado a la absolución, pero solo bajo la circunstancia de que aquel se sustente en la inexistencia del hecho o en la falta de autoría.

Conforme a ello, y a los fines de endilgar responsabilidad patrimonial, no es posible sostener como afirma el recurrente que la muerte es el resultado de la imprudencia e impericia con que actúo la obstetra, pues ello supone revisar la plataforma fáctica y admitir la existencia de un hecho que fue tenido por inexistentes en la sentencia penal firme.

Y si alguna duda quedara sobre la cuestión de la interrelación de las sentencias dictadas, es oportuno señalar que "la noción de "existencia del hecho principal" a que alude el art. 1103 del Código Civil se limita a las circunstancias fácticas atinentes a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa" (conf. C.S.J.N., Fallos 319:2336).

De modo que no violenta la correcta interpretación que cabe asignarle al art. 1103 el fallo de Cámara aquí impugnado, que determinó la incidencia que en el caso tuvo el juzgamiento punitivo y de ese manera revocó la sentencia del a-quo que al atribuir responsabilidad patrimonial a la obstetra, revisó lo actuado en sede criminal, arribando a una conclusión que concibe la mecánica de los hechos de un modo distinto a lo sentenciado por el juez penal, obviada la norma citada que veda el doble juzgamiento y aquellas conclusiones que habían quedado firmes.

En consecuencia, y no encontrándose configurados los vicios que el recurrente le endilga al fallo impugnado, corresponde confirmar la sentencia que exhibe a mi juicio un fundamento inobjetable, rechazando el recurso interpuesto.