marianbasti/jurisprudencia-Argentina-SAIJ huggingface dataset:
Acción, imputado, interés público
Materia: PENAL
Carátula: Ministerio Público -Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires- s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Incidente de apelación en autos: Gómez Cristian s/infr. art. 181, inc. 1, CP
Jurisdicción: Local — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2013-02-25

Una conducta puede ser antijurídica y, por ello, debe ser detenida por la autoridad competente y aun así no llevar a la aplicación de una sanción a un individuo, bien porque no es imputable, o no es culpable o no puede ser identificado adecuadamente o está prescripta o extinguida por otro medio la acción para enjuiciar al autor o partícipes, pero, el interés público está en que la conducta y sus efectos no perduren (cf. el art. 23 del CP). (Voto de los Sres. Jueces Ana María Conde y Luis F. Lozano).
Recurso extraordinario, daños y perjuicios, contratos civiles, locación, nulidad del contrato
Materia: PROCESAL-CIVIL
Carátula: Belgrano 845 S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-04-19

No es óbice que para resolver la materia civil resulte necesario examinar de modo incidental cuestiones de derecho público local, si su consideración sólo tiene por fin apreciar su incidencia en la solución de la causa, como ocurre respecto de la declaración de nulidad del contrato de locación, por haber sido un tema introducido a través de la reconvención, pero que estaba obviamente dirigido a obtener la reducción del monto de los daños a resarcir por la locataria del inmueble (Disidencia del Dr. E. Raúl Zaffaroni). -Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la disidencia-.
Incidentes, aumento de cuota alimentaria
Materia: CIVIL
Carátula: DE BRITO, JESICA c/ MONTAÑO, LUCIANO s/ INCIDENTE DE DETERMINACION DE CUOTA ALIMENTARIA
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2012-07-31

La cuota de alimentos a fijarse no puede apartarse de la realidad, debiendo establecerse conforme a la situación que presentan las partes al momento de dictar sentencia, siguiendo el criterio reiteradamente sostenido desde aquí, en el sentido que el importe de la cuota mensual no debe ser tan gravoso de modo que obstaculice su cumplimiento ni tan exiguo que desvirtúe su finalidad y teniendo en cuenta que lo que se decide puede ser revisado, siempre que variaran las circunstancias ya valoradas, a través del trámite previsto en el art. 647 del ritual.-
Ministerio de Trabajo, leyes, convenios colectivos de trabajo, interpretación de la ley, conflicto de leyes, infracciones laborales
Materia: LABORAL
Carátula: CIA. ARGENTINA DE ESTIBAJES  S.A. c/ MINISTERIO DE TRABAJO s/ SUMARIO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-17

Ante una situación en que se discute la validez de una determinada directiva, materia de regulación diferente a través de la ley y el convenio colectivo, es el trabajador afectado el que debe iniciar acción judicial para obtener o no, el reconocimiento de su derecho, pero no puede el Ministerio de Trabajo tipificar tal situación como infracción laboral punible bajo el régimen de la ley 18694.
Amnistía, inconstitucionalidad, acción pública
Materia: PENAL
Carátula: ODELL, ALEJANDRO. s/ AMNISTIA. INCONSTITUCIONALIDAD.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1983-11-17

1) Corresponde declarar la nulidad del auto que declara de oficio la invalidez constitucional de la ley 22.924, dado que la Justicia Nacional sólo ejerce establece la extinción de la acción penal.

El sistema de la doble instancia es un instituto procesal que de ninguna manera constituye una garantía de jerarquía constitucional;

por lo que tanto el Juez a-quo, como los integrantes de ésta Cámara, son los "Jueces Naturales" a que se refiere el art. 18 C.N.

Y aún cuando la norma procesal contenida en el art. 8 de la ley de amnistía Nro. 22.924 sacara la causa del Juez Natural -que no lo hace-, lo haría al solo efecto de decidirse sobre la procedencia o no de la extinción de la acción penal y no para el juzgamiento del imputado y la aplicación, eventualmente, de una sanción, por lo que, ni siquiera en esa hipótesis habría lesión constitucional en la especie.
Juicio de desalojo, intimación previa
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Domingos Palatino, Faustino c/ Rodríguez, Dora Elba s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-05-12

Aunque el plazo dado por el locador para el pago no coincida con el previsto por la ley (art. 5 ley 23.091), ello no genera la ineficacia de la intimación ni impide que el locatario goce del plazo legal en su integridad para pagar o, como también lo ha decidido esta Sala -con otra integración- la notificación de la demanda suple eficazmente la intimación que requiere el art. 5 de la ley 23.091, pudiendo el accionado evitar la resolución del contrato si abona la deuda en el plazo legal de diez días otorgado para contestar la demanda, contado -lógicamente- desde la fecha de notificación de la misma (arts. 509 y 1024 Cód. Civil).
Recurso de apelación (procesal), deserción
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Foresti, Armando c/ Macias, Washington y ot. s/ C. de Alq.
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1992-05-28

Los agravios vertidos, dejan incólumes expresos fundamentos del decisorio apelado, como los relativos a la falta de desconocimiento de la firma del contrato y la omisión de puntualizar los derechos de cuyo ejercicio se vio privado el recurrente como consecuencia del acto que atacara. Implican por ende una crítica genérica con una globalizadora remisión al escrito de promoción del incidente sin otro sustento que conllevan consecuentemente a la deserción del recurso en tratamiento (arts. 260 y 261 del CPCC.)
Intereses, tasas de interés, liquidación, leyes, interpretación de la ley
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: GOMEZ, SIXTO Y OTROS c/ ORTIZ, DANIEL Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS     RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CSJ EXPTE NRO 114-93)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1995-06-08

La recta inteligencia de la normativa aplicable -en los casos de ausencia de convención y de falta de previsión legal- no impone una tasa uniforme para el caso de fijación judicial de intereses.
Tenencia de estupefacientes, requisa personal, detención
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: Larraburu, Guillermo A s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-05-11

En el primer tramo del procedimiento policial -que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires-, hasta el efectivo hallazgo de la sustancia estupefaciente en poder del imputado, los preventores no se encontraban frente a la comisión de un delito de competencia federal, por lo que la detención y posterior requisa y secuestro de la sustancia estupefaciente que se encontraba en poder del nombrado, deben ser analizados a la luz de las leyes provinciales pertinentes. (Voto del Dr. Hornos -en mayoría-).
Cómputo privilegiado de la privación de libertad, ley derogada
Materia: PENAL
Carátula: Cano, Gustavo Germán s/ recurso de casación.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-12-16

No corresponde la aplicación del cómputo beneficioso que prevé el art. 7° de la ley 24.390, toda vez que con carácter previo a que el enjuiciado cumpliera los dos años en prisión preventiva dicha norma ya había sido derogada. (Voto de los Dres. Catucci, Bisordi, Rodríguez Basavilbaso).
Extinción del contrato de trabajo, deportistas profesionales, jugador de fútbol, libertad de contratar, Asociación de Fútbol Argentino
Materia: LABORAL-PROCESAL
Carátula: Milano, Mauro c/ AFA s/ medida cautelar.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2005-01-27

Si bien el actor no mantiene ni ha mantenido con la AFA, en su calidad de futbolista profesional, alguna relación jurídica sustancial, también lo es que esa asociación ha asumido, frente a Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y a los jugadores en general, al celebrar el CCT 430/75 en representación de los clubes asociados, la obligación de declararlos en libertad de contratación, cuando hayan rescindido un contrato por falta de pago de las remuneraciones, Tal declaración debe ser formulada dentro del plazo fijado, (10 días art. 15 CCT citada), sin necesidad de petición. En caso de omisión o reticencia, previa intimación, la entidad gremial o el futbolista afectado están legitimados para demandarla judicialmente. En consecuencia, la AFA es legitimada pasiva en este proceso, porque lo que el actor pretende es constreñirla a la realización de un acto para el cual está obligada directamente, como órgano de registro, a cumplir (ley 20160 y art. 15 ya citado). Es conveniente advertir que la situación de libertad de contratación es efecto de la rescisión del contrato por falta de pago, en el marco de la norma citada precedentemente. Es carga de la AFA la mera certificación de esa situación, para información de sus asociados y de los clubes extranjeros que, a través de ese instrumento, podrían contratar al jugador libre sin asumir eventuales responsabilidades derivadas de la subsistencia de un contrato anterior registrado.
Cuestiones de competencia, competencia federal, banco central, Banco Nación, falsificación de sellos, boleta de depósito, impuestos, importaciones, régimen penal cambiario
Materia: PROCESAL - PENAL
Carátula: BIONDI, RODOLFO AGUSTIN. s/ DENUNCIA.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-03

Es competente la justicia federal, y no el Banco Central, para conocer de la falsificación de sellos de caja del Banco de la Nación Argentina en dos boletas de depósito destinadas a ingresar impuestos sobre importación, a fin de encubrir la falta de pago del tributo.

Ello así, pues tales hechos escapan a las previsiones de la ley 19 359 -que legisla sobre violaciones a las disposiciones cambiarias- y, en cambio, suponen un perjuicio para las rentas del tesoro nacional.
Concursos, quiebra, homologación judicial, continuación de la empresa, acuerdo resolutorio
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: SASETRU S.A.C.I.F.I.A.I.E. s/ RECURSO EXTRAORDINARIO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-10-11

Si bien la tendencia actual de la legislación y la doctrina está orientada a conservar aquellas empresas que por el capital invertido, mano de obra ocupada, los bienes que producen, lo que consumen y el efecto multiplicador que tienen sobre la actividad industrial o comercial gravitan positivamente sobre la economía en general, valorándose en su justo límite la disociación entre empresa y empresario como forma de preservar ese tipo de empresa, el principio de la preservación de la empresa tiene sentido cuando ésta se encuentra en marcha y no cuando no lo está (Disidencia del Dr.

Carlos S. Fayt).
Derecho procesal, intervención de terceros, sentencia
Materia: PROCESAL
Carátula: CONARSA SA c/ BANCO FRANCES SA s/ ORDINARIO.
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-05

Si bien, de conformidad con los alcances que, históricamente, tenia el instituto de la citación coactiva de terceros, tanto en doctrina como en jurisprudencia se entendió que estos no podían invocar defensas personales, excepciones previas o promover la citación de otros terceros; la cuestion hoy, según lo que resulta del cpr: 96, texto según ley 25488, no resulta tan clara, y aún cuando la accionante no los hubiese demandado ni pretendiera ejecutar la eventual sentencia contra ellos, cabe analizar en el caso concreto si se justifica la audibilidad de las defensas opuestas y la citación de terceros propiciada.
Juicio de desalojo, intruso
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Favre José Carlos c/ Avalos Rosa s/ Desalojo
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-03-25

La acción de desalojo procede cuando el tenedor ha contraído la obligación de restituir el bien material de la litis, salvo un supuesto de excepción que se da cuando no existe dicha obligación porque el ocupante es intruso, ha penetrado en el inmueble sin derecho o por la fuerza, o por la vía de los hechos, cuando el apoderamiento se consuma contra la voluntad del poseedor.
Nulidad procesal, estupefacientes, allanamiento
Materia: PENAL
Carátula: CABRERA QUIROZ, Gonzalo Javier c/  s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2016-11-03

La pretensión de la defensa que postuló la nulidad del procedimiento con motivo de que fue presenciado solamente por testigos pertenecientes al Servicio Penitenciario no puede recibir una respuesta favorable, toda vez que, más allá de que esta circunstancia no importa la nulidad del acto, la defensa no cuestiona la ocurrencia fenoménica del descubrimiento de la droga, ni el lugar donde se encontraba ni ninguna otra circunstancia contenida en el acta, no habiendo demostrado, ni tampoco se advierte que perjuicio en concreto le causó a su asistido la circunstancia alegada.
Sobreseimiento, declaración indagatoria, allanamiento domiciliario
Materia: PENAL
Carátula: Acuña, María ItatÍ s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2011-07-12

Resulta prematuro el dictado del sobreseimiento sin haber llamado a prestar declaración indagatoria a la imputada, tal como había solicitado el fiscal, de modo que al declarar la nulidad del procedimiento sin más, no se avocó a verificar si ese consentimiento para el ingreso a su domicilio fue prestado libremente o no, sin siquiera escuchar a la mujer o a los testigos. El voto concurrente señaló que no cabe atribuir a los preventores coacción o compulsión, pues éstos, habiendo observado en un primer momento las similares características del rodado robado con el encontrado en el interior del inmueble, consultaron respecto a su procedencia y, posteriormente, con el consentimiento de la imputada, circunstancia que desembocó en el secuestro del automotor y en el inicio de la causa penal. (Dres. Mitchell -voto concurrente-, Yacobucci y García).
Cuestiones prejudiciales, sentencia penal, orden público
Materia: PROCESAL
Carátula: Ontiveros, Juana Alcira c/ Peralta  Eduardo  Alberto  y Empresa  de  Transportes  20  de Junio s/ Daños y Perjuicios-Sumario
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 1999-09-23

Lo que el art. 110 del Código Civil prohibe es el dictado de la sentencia definitiva es sede civil, hasta tanto no haya pronunciamiento firme en sede penal. Se trata de una disposición de orden público y en consecuencia es nula la que se dicte en violación del art. 1101.
Facultades del juez, requisitoria fiscal, sentencia condenatoria, requerimiento de sobreseimiento
Materia: PROCESAL
Carátula: Gamez, Ariel Fernando s/ Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. N° 52/03 abuso sexual con penetración - Ciudad. L.A. N 47 F 1585/1587 N 686 Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. Nº 52/03 abuso sexual con penetración - Ciudad. L.A. N 47 F 1585/1587 N 686
Jurisdicción: Local — Provincia: Jujuy
Fecha: 2004-10-06

El pedido de absolución del imputado, realizado por el fiscal de sala en la etapa del plenario, no puede inhibir la competencia de los jueces para el dictado de la sentencia condenatoria, puesto que todo el proceso se ha desarrollado con arreglo a los límites establecidos por la acusación formalizada por el Ministerio Público al requerir la elevación a juicio.
Banco central, régimen de garantía de los depósitos, certificado de depósito, obligaciones del depositante
Materia: COMERCIAL
Carátula: ZARCEL  S.A. c/ B.C.R.A. s/ ORDINARIO
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-06-11

La imposición del actor no contiene vicios que la invaliden cuando fue firmada por funcionarios aparentemente autorizados, en impresos correspondientes a la cooperativa, siendo ajeno a las obligaciones de los depositantes hacer el seguimiento de la tramitación interna dada al depósito ya que las irregularidades que se hubieran cometido administrativamente no modifican su derecho en la medida que no le sea achacable connivencia.
Instrumentos privados, fecha cierta
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: BLOISE GLADYS EN J: HERRERA NAVARRO BEATRIZ c/ ELENA COMISSO s/ Ejecución Cambiaria (LIBRO: S079 - 354)
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 1991-02-27

La razón de las exigencias que se deben cumplimentar a los efectos de que el Notario pueda proceder a la certificación de firmas y quedando archivado en la escribanía en libro foliado el acto del requerimiento en el cual, aparte de identidades de los otorgantes, se deja constancia de la individualización del instrumento en donde se insertaran las firmas puestas ante el escribano certificante, con lugar y fecha del acto de certificación, se cumple con la ratio legis, que emerge de la norma y constituye su sustento. Estimo por lo mismo que la certificación de firmas efectuada cumplimentando los requisitos de ley, confiere fecha cierta al instrumento a partir de la fecha de la certificación.-
Regímenes jubilatorios especiales, extinción del contrato de trabajo, extinción por jubilación del trabajador, jubilación por trabajo insalubre, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, interpretación de la ley
Materia: LABORAL-SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: GARABELLO, Pedro c/ A.A. AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. s/ acción de amparo
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2000-05-18

El art 157 de la ley 24241 al establecer que "los trabajadores comprendidos en dichos regímenes especiales tendrán derecho a percibir el beneficio ordinario cualquiera sea el régimen por el cual hayan optado ..." no formula un derecho, una prohibición o una facultad; se limita a remitir a una situación de hecho, resultante de la elección el trabajador. Si no existiera otra norma que reglara el mismo caso, podría interpretarse, quizás, que existe un derecho del trabajador en tal sentido. Pero la lectura armónica del artículo mencionado y la redacción (posterior) del art 252 de la LCT conduce a descartar la posibilidad de opción del trabajador, al reglar de modo expreso una facultad a favor del empleador para extinguir el vínculo cuando el trabajador se encuentre en las condiciones de acceder a algún beneficio previsional.
Honorarios, Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inconstitucionalidad, competencia
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: "GIBERTI LORENZI, HORACIO c/ A.N.Se.S. s/ Amparos y sumarísimos".
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-03-29

Respecto al planteo referido a la aplicación de la ley 1.181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto el juez de primera instancia como la Cámara tienen el deber funcional de cumplir con lo ordenado por la C.S.J.N. en la Acordada nº 06/05, razón por la cual todas las cuestiones relacionadas con la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad de Buenos Aires deben ser planteadas ante dicho organismo (cfr. C.N.A.T., Sala VIII, "Pomzstein, Jaime c/ Ultramar Argentina S.A., sent. del 30.11.05; ídem, Sala IV, "Carrasco Delfino, Martha c/ Beautimax S.A.", sent. del 21.09.05).
Accidente de tránsito, responsabilidad del conductor, ebriedad
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: D´Agustini, Oscar c/ Rivella, Zulma s/ Daños y perjuicios Mansilla, Damián c/ Fernández, Pablo s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1998-06-02|2001-11-22

La ebriedad es un estado de intoxicación aguda producida por diversas causas, que determinan un cuadro clínico caracterizado por la ataxia parcial o total, motriz, sensorial y psíquica, de donde en el supuesto de ebriedad alcohólica, esa forma particular de intoxicación aguda se produce por la ingesta de alcohol que implica incoordinación total o parcial del sensorio, mente y de la acción, trasuntado en la ausencia total o parcial de coordinación de la marcha, de la palabra, desequilibrios sensoriales, pérdida de senación de la existencia y trastorno de las funciones psíquicas que no permiten o anula "ver" con claridad.
Competencia, ley de contrato de trabajo, fallo plenario, fallos de la Corte Suprema
Materia: LABORAL
Carátula: LEDESMA, PEDRO c/ FUERZA AEREA ARGENTINA s/ DESPIDO
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2001-11-30

El diseño de la ley 18345 consagra una hipótesis singular de aptitud jurisdiccional formal, más allá de lo que en definitiva se resuelva en orden a la procedencia o improcedencia del reclamo y a la subsunción o no del caso a la Ley de Contrato de Trabajo (Fallo Plenario de la Cám Comercial y Laboral del 13/10/50 in re Goldberg c/ Szapiro art. 20 de la L.O.). Asimismo la CSJN ha señalado, en orden al concepto de competencia formal, que para decidir cuál es el juez competente no cabe atenerse a la ley que en definitiva pueda resultar aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada (Fallos 279:95; 286:45; 288:712; 302:339).
Sanciones procesales, facultades del juez
Materia: PROCESAL
Carátula: CARDOZO, Julio; GARCIA, José y otra s/ SUCESION
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1997-11-03

1- La aplicación de sanciones es una cuestión exclusivamente facultativa para el órgano jurisdiccional, pues estará dada por la apreciación que, en la oportunidad procesal correspondiente, los jueces hagan de la actuación de las partes.

2- De conformidad con lo dispuesto por los arts. 6º y 163, inc. 8º, constituye un deber de los jueces sancionar la conducta procesal oficiosamente, con independencia de la petición que pudieran formular las partes.
Intereses, empleo público, reincorporación
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Tonarelli, Roberto Julio c/ U.B.A. - res. 330/94 s/
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-10-25

En el caso de reincorporación del agente exonerado los haberes devengados con anterioridad al 1º de abril de 1991, quedarán consolidados en los términos de la ley 23.982, debiéndose computar sobre ellos desde que cada suma fue debida, actualización -por el índice de precios al consumidor nivel general- e intereses hasta el 1º de abril de 1991 (confr. leyes 23.928 y 22.948); a partir de esta última fecha solo corresponderá computar los intereses que establece el régimen de consolidación según la alternativa por la que opte el actor para obtener la cancelación de su acreencia. Respecto de los haberes devengados con posterioridad al 1º de abril de 1991 y desde que cada suma es debida, corresponderá computar intereses a la tasa establecida por el decreto 941/91, debiendo estarse para su cobro al procedimiento de pago contemplado en el art. 22 de la citada ley 23.982
Tenencia ilegítima de documento nacional de identidad, bien jurídico protegido, falsificación de documentos, falsificación burda
Materia: PROCESAL-PENAL
Carátula: Carnavalle, Raimundo O. s/ recurso de casación  Causa n. : 1940.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-03-23

Para vulnerar uno u otro bien jurídico -la fe jurídica o la protección de los medios con el Estado cuenta para la identificación, registro y clasificación del potencial humano- el documento debió conservar su calidad de tal y no haber perdido su virtualidad mediante la burdas maniobras realizadas en su texto. (Voto del Dr. Fégoli en mínoria).
Participación criminal, aplicación de la ley
Materia: PENAL
Carátula: Abella, Juan Carlos y otros s/ artículo  80,  incisos  2, 6 y 7, etc. del Código Penal -ley 23.077-.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1992-03-17

Si se discuten los principios generales sobre participación criminal, resulta irrelevante el carácter de la ley aplicable respecto del fondo.