Competencia contencioso administrativa, acción contencioso administrativa
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Brizuela, José Alberto c/ Provincia de Catamarca s/ Acción Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 2012-10-22

Comparece la parte actora, por intermedio de letrado apoderado, incoando acción contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de la Provincia de Catamarca, peticiona se deje sin efecto la decisión de denegatoria tácita, y se disponga el reconocimiento y pago de los intereses de la deuda reconocida mediante Decreto DS Nº 1724/11 y no pagada, según tasa activa o la que mejor contemple la recomposición del capital y por mora desde el 08/09/2005 hasta el 21/10/2011, fecha en que se dicta el Decreto DS Nº 1724 que reconoce el crédito a su favor.

Asimismo solicita que sobre el capital o monto de los intereses que se determine a esa fecha: 21/10/11 se establezcan intereses hasta su efectivo pago. Señalando que los intereses deberán calcularse hasta la fecha señalada sobre el monto reconocido, es decir, pesos un millón setenta mil trescientos setenta y tres, ($1.070.373).

Conforme a los términos de la demanda, el objeto de la pretensión interpuesta persigue "el reconocimiento y pago de los intereses", sobre el monto reconocido y no pagado por el estado provincial, sin que se solicite la revisión o anulación de acto administrativo alguno ni se discuta el actuar de la Administración en el ejercicio de atribuciones propias.

En efecto, sin perjuicio del carácter eminentemente administrativo de la relación contractual que unía a las partes, la demanda incoada por el accionante debe encuadrarse en las normas del derecho privado y no del derecho administrativo.

En primer lugar, porque en el fundamento de la petición, objeto de la acción, no existe ninguna norma de derecho público vulnerada, es decir, no se reclama reparación a lesión alguna de derechos subjetivos de carácter administrativos otorgados por ley, decreto, ordenanza, etc., a favor del accionante de conformidad a lo preceptuado por el Art. 10 del CCA, que establece como requisito fundamental para la procedencia de la acción contencioso administrativa que exista una decisión que vulnere un derecho subjetivo.

En segundo lugar, de las constancias instrumentales glosadas a la causa surge que el actor persigue el reconocimiento y pago de los intereses devengados por un crédito reconocido pero aún no pagado por la demandada, respecto de lo cual no expone sucintamente el derecho que le asiste para tal pretensión y que fuera conculcado por actos del poder administrador. Debiendo repararse que el Decreto Nº 1724/11, reconoce el crédito a su favor por una suma de dinero determinada, y que la fijación y pago de los intereses que devengare tal suma reviste el carácter de una cuestión accesoria respecto de la principal, ergo, si la cuestión principal no habilita la instancia revisora de ningún acto administrativo por parte de este Superior Tribunal, mal puede habilitarla la accesoria en materia de intereses. Lo que obliga al interesado a acudir en lo referente a su reclamo a los tribunales del fuero pertinente por la vía que corresponda.

En orden a que su pretensión no da lugar a una acción contencioso administrativa, no existe ningún derecho de carácter administrativo vulnerado, es decir, regido por el derecho administrativo, sino más bien por otras ramas del ordenamiento jurídico.

En tanto hace a la garantía del debido proceso que la cuestión planteada sea debatida en la sede judicial correspondiente a los fines de obtener sentencia útil a sus derechos. (Conf. CS, doctrina de Fallos 264:192; 265:94, entre otros).

Por ello, este Superior Tribunal resulta incompetente para entender en la causa en orden a lo establecido por el Art. 204 de la Constitución Provincial, Art. 1, 10 y concordantes del CCA. Debiendo imponerse las costas al accionante conforme Art. 65 del CCA.