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Requerimiento de elevación a juicio, defensa en juicio, identificación del imputado, fundamentación de la resolución, fundamentación insuficiente, nulidad procesal
Materia: PENAL-PROCESAL
Carátula: CAROU, Adrián G. s/ .
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2004-03-05

Aunque no se haya considerado nulo el requerimiento de elevación a juicio en los casos en que existe un único imputado en la causa y en el escrito pertinente se omitió individualizar acabadamente al inculpado, si la presentación adolece de los datos personales del imputado, carece de toda relación de los hechos y guarda silencio respecto de los motivos en que se fundó la querella para requerir la elevación de la causa a juicio oral, estas omisiones tornan procedente la nulidad solicitada por los representantes del Ministerio Público Fiscal, toda vez que la defensa del imputado deviene incierta o incompleta al impedir el cabal conocimiento del hecho que se ventilará en debate y las probanzas que lo respaldan (*).

El Ministerio Público Fiscal es guardián de la legalidad en el proceso, por lo que el argumento de que la invalidez propiciada no le causa gravamen no puede ser sostenido.

Con ello, corresponde confirmar el auto que decretó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio.
Ley de Navegación, locación de contenedores, transacción, normas de derecho internacional privado
Materia: PROCESAL-COMERCIAL
Carátula: SEA  CONTAINERS  LTD. c/ EMPRESA LINEAS MARITIMAS ARGENTINAS S.A.Y OTROS S/ s/ RESCICIÓN DE CONTRATO.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2007-09-25

Este Tribunal, al analizar el contrato de arrendamiento de contenedores en favor de la sociedad estatal -base de estas actuaciones-, destacó que, con arreglo a los principios de autonomía y particularismo del derecho de la navegación por agua, prácticamente la totalidad de las operaciones de comercio marítimo -según un hecho de la realidad que el intérprete no puede desconocer- se mueve utilizando determinadas monedas extranjeras, fuertes, dotadas de estabilidad y previsibilidad.

Usos y costumbres, de observancia inexcusable (art. 1° de la ley de la Navegación), a los que nuestro país no es ajeno, especialmente cuando -como en el caso- la operación de alquiler de contenedores está destinada a cumplirse fundamentalmente en el extranjero, donde como es obvio se emplearán también monedas distintas del peso. Esta Sala -conforme con los precedentes jurisprudenciales individualizados en la resolución atacada- puso de manifiesto que en materia de derecho internacional privado, que se caracteriza por hallarse integrado por normas de colisón que indican cuál es el derecho aplicable al caso, el campo de los contratos margina esos principios normativos a un régimen de orden subsidiario, quedando librado -como regla- a la voluntad de las partes en cuanto a la elección de la ley aplicable según sus conveniencias o intereses, salvo afectación del orden público interno (art. 14 del Código Civil).
Certificado de deuda, inhabilidad de título
Materia: CIVIL-COMERCIAL-PROCESAL
Carátula: Obra Social Personal De Edificios De Renta Y Horizontal De La República Argentina c/ Consorcio de Propietario Palacio de las Sociedades Anónimas s/ Ejecución ley 23.660
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2012-12-17

Si el ejecutado guardó silencio en la ocasión y tiempo debido -circunstancia acreditada en autos, en tanto figura la resolución por la que se emitió el certificado de deuda-, la defensa argumental que aquel pretende introducir a manera de agravio por la vía de la excepción de inhabilidad de título, resulta tardía, y por tal, inadmisible.
Robo en poblado y en banda, sentencia arbitraria, monto de la pena, lesiones
Materia: PENAL
Carátula: De Santis, Miguel Angel y Mouzo, Sebastián Emanuel s/ recurso de casación
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2014-07-08

Si la CFCP casó parcialmente la sentencia de condena en orden a la agravación de poblado y banda en la calificación del robo, es arbitraria la imposición de una nueva pena pues las consideraciones del a quo en relación a la negativa ponderación respecto de la pluralidad de intervinientes en el hecho remiten a un intento de insistir con el mismo monto de pena y, en particular, de integrar -magüer lo resuelto por la CFCP- el agravante de banda a las consecuencias, a partir de una argumentación basada en una retórica meramente dogmática. La disidencia sostuvo que el a quo resolvió sin arbitrariedad al ponderar las circunstancias objetivas del hecho en lo que hace a la pluralidad de individuos que participaron, el plus de violencia física empleado para lograr el desapoderamiento -el ataque y las lesiones que se verificaron en los damnificados-, y la planificación y despliegue que requirió el suceso. (Dres. Slokar, Ledesma y Catucci -en disidencia-).
Inmunidad de jurisdicción, demanda contra Estado extranjero, daños y perjuicios, coronavirus, responsabilidad del Estado por actos lícitos, competencia federal, incompetencia
Materia: CONSTITUCIONAL-PROCESAL
Carátula: Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Fundación Óbolos c/ República Popular China s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 2022-12-15

Es incompetente la justicia federal para entender en la causa donde el actor reclama los daños y perjuicios sufridos por todos los habitantes de la República Argentina que, según sostiene, produjeron los actos lícitos cometidos por la República Popular de China que, conociendo el potencial pandémico del coronavirus omitió la aplicación de medidas preventivas de profilaxis y saneamiento en tiempo oportuno, pues los hechos cuestionados trasuntan el ejercicio de imperium por parte del Estado y, por lo tanto, están comprendidos en el art. 1° de la ley 24.488, de tal forma que verificar el examen de los actos de un estado soberano por los tribunales de otro y, acaso, declarar su invalidez mediante una sentencia contra la voluntad del primero llevaría sin duda a poner en peligro las relaciones entre los gobiernos y turbaría la paz de las naciones. -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite-
Cuota alimentaria, violencia económica
Materia: PROCESAL
Carátula: C. V. A. y M. C. R. A. c/  s/ homologación de convenio
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2023-07-25

En una causa por alimentos dispone actualizar el valor el valor de la cuota alimentaria aplicando el índice de precios al consumidor, estableciendo una cuota del 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil, toda vez que el abono irregular de la cuota pactada extrajudicialmente configura un supuesto de violencia económica contra las madres, quienes no sólo deben asumir el cuidado personal de los hijos, sino también soportar en forma exclusiva el costo económico de su crianza; y a efectos de cuantificar la cuota alimentaria resulta de aplicación el índice de crianza elaborado por el INDEC, que determina el valor mensual de la canasta de crianza para cada uno de los tramos de edad, compuesto, por un lado, por el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para la primera infancia, la niñez y la adolescencia y, por otro lado, por el costo de cuidados para la primera infancia y la niñez.
Seguros, siniestro, indemnización, acción subrogatoria, contrato de transporte, recurso de apelación (procesal)
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ Transportes Marcolli y/o Marcolli, Jorge s/ Daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Catamarca
Fecha: 1997-06-02

No es de recibo el argumento del demandado -Empresa de transporte- respecto a que el apelante -Compañía de Seguros- habría desvirtuado el curso originario de la acción, introduciendo en la Alzada cuestiones no referidas anteriormente, ya que la misma se inició invocando la Ley de Contrato de Seguro y la acción subrogatoria del art. 768 del C.C. por las que se transfiere al asegurador que indemniza al asegurado, todos los derechos y acciones de éste contra el tercero en razón del siniestro.

No jugando ya el contrato de seguro respecto al cual el tercero es ajeno, sino la responsabilidad derivada -en el presente caso- del incumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en el convenio de transporte de mercaderías que vinculaba al asegurado con la empresa encargada del mismo; asistiéndole razón al apelante respecto del encuadre jurídico en que debe juzgarse la responsabilidad, que es la emergente de ese contrato y que en lo atinente a ella se rige por el Código de Comercio.
Recurso contencioso administrativo, honorarios, base regulatoria, depreciación monetaria, intereses
Materia: ADMINISTRATIVO-PROCESAL
Carátula: Acchiardi, Pedro Roberto c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción.   Revocatoria (Expte. CSJ Nº 665-86)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1999-02-17

Corresponde rechazar la revocatoria interpuesta contra la regulación de honorarios en un recurso contencioso administrativo, basada en que su monto se consideró insuficiente por haberse efectuado sobre la base de la condena originaria, sin adecuar esa cuantía histórica al momento de solicitarse la regulación, por cuanto si bien el artículo 10 del decreto 941-91 (modificatorio del artículo 8 del decreto 529-91) dispone que los jueces podrán -para mantener incólume el contenido económico de la sentencia- establecer la aplicación de una tasa de interés, esa facultad quedaría desvirtuada si -con reminiscencias del sistema de repontenciación monetaria- esos intereses se aplicaran, siempre y en todos los casos, sin hacerse cargo de la racionalidad de su imposición.
Obligación de seguridad, daños y perjuicios, lesiones
Materia: CIVIL-PROCESAL-CONSTITUCIONAL
Carátula: Madrid, Maria Jimena c/ Godoy, Teresa Ruth y otros s/ daños y perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Mendoza
Fecha: 2013-08-21

El propietario de un supermercado debe responder por las lesiones que sufrió un cliente cuando intentó ingresar al lugar y la persiana de ingreso cayó sobre su cabeza, pues no obsta a ello el hecho de que un empleado le haya avisado que estaban cerrando el local, ya que la víctima no forzó la persiana para entrar o apuró su paso mientras que bajaba la misma, sino que estaba abierta y entró, y en dicho momento, la persiana bajó y la golpeó, todo lo cual demuestra que, la causa del daño no se ubica en su accionar, sino en la omisión del deber de seguridad que el proveedor debe garantizar antes, durante y después de la relación de consumo, por lo que, deviene irrelevante que no haya demostrado el riesgo o vicio de la persiana, frente a la presunción de responsabilidad que genera al proveedor la violación del deber de seguridad de jerarquía constitucional.
Gastos del proceso, costas en el orden causado
Materia: PROCESAL
Carátula: J.B. P. M. SA c/ Provincia del Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2018-05-03

El modo en que se resuelve determina que las costas se impongan en el orden causado. La doctrina y la jurisprudencia -incluido este Superior Tribunal- han entendido que así ocurre porque se razona que ninguna de las dos partes ha triunfado totalmente en su pretensión, por un principio de Justicia distributiva, lo cual queda librado al criterio judicial, que puede disponer de otro modo, atendiendo a la conducta de las partes antes y durante el proceso.
Transporte aéreo de carga, responsabilidad del transportador, pérdida parcial de mercaderías, prueba, factura
Materia: AERONAUTICO
Carátula: Aconcagua Cía. de Segs.  S.A. c/ Aerolíneas Argentinas s/ Ordinario
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1990-09-11

No puede dejarse de lado como elemento probatorio la factura comercial (pese a haber sido desconocida por la accionada y no contar con visación consular), ya que sus datos coinciden totalmente con los enunciados de la guía aérea; y ambos documentos llevan idéntica intervención del Banco Supervielle. Corroboran la autenticidad de la factura comercial los informes del liquidador de averías y del importador.

Por lo demás, no surge del dictamen contable contradicción respecto del contenido de los bultos ni de la fecha de realización de la operación.
Subasta judicial, seña, publicación de edictos, error en el texto
Materia: PROCESAL
Carátula: RICHCO CEREALES S.A. c/ PAGOLA, Elena y otro s/ EJECUCION HIPOTECARIA
Jurisdicción: Nacional — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1996-09-19

No obstante la falta de consignación de la seña en los edictos, los postores no pueden entender que no se la deba abonar, ya que es de práctica su pago en todos los remates judiciales.-
Costas, vencimiento parcial y mutuo
Materia: PROCESAL
Carátula: Carrizo, Roberto Oscar c/ Municipalidad de Trelew s/ Daños y Perjuicios
Jurisdicción: Local — Provincia: Chubut
Fecha: 2000-06-21

En materia de costas, en los casos en que se rechazan rubros y se admiten otros, o aún como en este supuesto, en que se disminuye el resarcimiento pedido por el rubro que se admite, resulta válido ocurrir a la tesis que propugna la distribución proporcional que prevé que en casos de vencimientos parciales recíprocos -pretensión acogida con alcance limitado-, las costas deban distribuirse entre las partes atendiendo a la proporción de aquellos.
Honorarios, prescripción
Materia: PROCESAL
Carátula: FERNÁNDEZ GUERRERO, MANUEL c/ SIERE, BERNARDO Y OTRA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
Jurisdicción: Local — Provincia: San Juan
Fecha: 2003-11-13

El plazo de prescripción de los honorarios se cuenta desde la fecha en la cual el letrado renuncia al mandato o al patrocinio ejercido, cuando cesa la actuación profesional o al patrocinio ejercido, o desde que le es notificada la revocación del poder, o del patrocinio.
Recurso de queja (procesal), defensor
Materia: PROCESAL - CONSTITUCIONAL
Carátula: LOMBARDO, JUAN JOSE. c/  s/ APELACION PEN 2971/83.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1984-04-05

Es inatendible el agravio referido a la falta de asistencia letrada si no se cuestionó en la queja el argumento referido a la posibilidad de nombrar un defensor del cuerpo de auditores.
Verificación de créditos, privilegios (civil), concursos
Materia: CIVIL-COMERCIAL
Carátula: Savoy Oscar Carmelo s/ Concurso Preventivo. Incidente de verificación y graduación de  crédito fiscal solicitado por Fiscalía del Estado de la Provincia
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1999-04-13

Los créditos por impuestos que gravan automotores e inmuebles tienen el privilegio especial que establece el artículo 241, inciso 3ro. de la ley 24522 y el mismo se suma al general que fija el apartado 4to.

del art. 246 de la misma ley.
Acción civil en el proceso penal, indemnización, pérdida de la chance
Materia: CIVIL
Carátula: DEMARCO, ESTEBAN EDUARDO s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 2011-05-10

La tesitura asumida por los Jueces de la causa evidencia carencia argumental, desde que restaron las posibilidades de progreso de la víctima menor de edad por el hecho de que no se encontraba cursando estudios, pertenecía a una familia humilde y no trabajaba, sin dar otras razones para descartar que el joven pudiera progresar en su vida laboral o de relación; pues el sentido común indica que no hay motivos para suponer que la inteligencia y otros tipos de capacidades innatas -especialmente la energía- sean privativas de las clases adineradas, acomodadas o altamente instruidas (Del voto de la mayoría)
Costas, exención de costas
Materia: CIVIL - COMERCIAL
Carátula: Aciso Banco Cooperativo Ltdo. c/ Piuma S.R.L. s/ Ejecución
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 1995-06-21

Si el juez entiende que cabe eximir total o parcialmente de las costas al vencido, debe expresar en su decisorio cuáles son las circunstancias que respaldan el apartamiento del principio general sentado en los arts. 68 y 69 del CPC, puesto que de no cumplir con el mencionado recaudo, corresponde anular aquella providencia en virtud de los dispuesto por los arts. 34 inc. 4, 161, 163 y ccdts.

del CPC. (MINORIA U OPINION PERSONAL)
Recurso de inconstitucionalidad, reserva de la cuestión federal, planteo oportuno
Materia: CONSTITUCIONAL
Carátula: C, E V s/ ROBO CALIFICADO.    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.     CSJ EXPTE NRO 107-84
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1984-10-17

Lo dicho por el recurrente al expresar agravios "...En caso de ser contrario a esta pretensión, se deja solicitado instancia para presentar formal recurso extraordinario ante la Corte Suprema", no subsana la ausencia de un adecuado y oportuno planteo de la cuestión constitucional en que ya habría incurrido la sentencia apelada;

siendo por ello inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido contra la sentencia de la alzada, confirmatoria de la de primera instancia.
Daño moral, reparación integral, prueba
Materia: PROCESAL
Carátula: M., J. F. c/ M. d. L. M. s/ Demanda contencioso administrativa
Jurisdicción: Local — Provincia: Buenos Aires
Fecha: 2016-10-31

Si bien la obligación de resarcir en modo integral el perjuicio causado comprende - in abstracto o en potencia- la indemnización del daño moral (arg. art. 17, C.N.), ello no implica erigir en este rubro la dispensa probatoria en regla aplicable a todos los casos en que se reclaman perjuicios derivados de actos ilícitos.(del voto del doctor Soria)
Recurso de apelación (procesal), elevación en apelación, fundamentación del recurso, admisibilidad del recurso, desistimiento de la instancia
Materia: CIVIL
Carátula: BARRIENTOS Claudia Alejandra, TUDELA Eduardo Oscar c/ Sanatorio Modelo S.A. y/o Civ. Resp s/ RECURSO DE APELACION
Jurisdicción: Local — Provincia: Salta
Fecha: 2010-03-01

En primer lugar, lo que debe liminarmente tenerse en cuenta es que la suspensión de los plazos nos coloca en la patología del proceso, que es deber de los jueces evitar, en tanto importa la dilación del trámite.

Asimismo, nada obsta que pueda la parte apelada compulsar el expediente penal en la Secretaría del Juzgado y, en su caso, solicitar su préstamo para obtener fotocopias de las piezas que estime pertinente, incluso bajo la supervisión de personal del Tribunal.

No hay afectación al derecho de defensa en juicio como se quiere hacer ver, ni impedimento para que el apelado lo ejerza en plenitud, ni tampoco puede sostenerse que un expediente ya concluido, deba ser remitido al juzgado de originaria radicación para que la parte pueda solicitar su exhibición o el préstamo. Lo que sí se evidencia -como ya sostuve- es una innecesaria dilación del trámite que no se compadece con un adecuado servicio de justicia.

Se ha dicho en precedente de esta Sala, siguiendo reiterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todos los derechos deben operar según las leyes que reglamentan su ejercicio, atendiendo a su razón de ser teleológica y al interés que protegen (E.D. 56-502); el derecho de defensa en juicio no es absoluto, sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz (Fallos, 185:242; 212:447; 286:257; C Apel.CC. Salta Sala III, tº 2007 fº 1093; íd. íd. año 2009, f° 1.259); de suerte que la pretensión de seguir manteniendo la suspensión de un proceso, desde hace más de once meses, se evidencia como un abuso en la defensa de sus derechos, con violación del principio de la buena fe procesal, entendida con Couture (Vocabulario Jurídico, pág. 121) como la calidad jurídica de la conducta, legalmente exigida, de actuar en el proceso con probidad.

En efecto, como señala Gozaíni (La buena fé en el proceso, L.L. 1986-D-877) la buena fé es un principio jurídico que se nutre de postulados éticos y morales que constituyen una finalidad; una razón del comportamiento social.

En igual sentido enseña Colombo (Código de Procedimiento de la Capital, T. I, pág. 139 y ss.) que ello se demuestra por la preocupación en adosar al sistema, principios o deberes que importan convertir en normas jurídicas determinadas reglas morales de conducta, como lealtad, probidad, buena fe, veracidad, plenitud (CApel. CC. Salta, Sala III, año 2009 fº 909/912).

Es que todo proceder realizado a sabiendas que se causa un daño al adversario, cursando pedidos que traducen ánimo dilatorio abusando de la jurisdicción, importa un claro exceso de estrategia defensiva que el derecho no permite ni los jueces pueden avalar.
Interpretación de la ley, contexto interpretativo
Materia: CIVIL
Carátula: Unión del Centro Democrático y otro c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza. s/ Recurso de Hecho
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1989-11-02

Si la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de sus términos, conduce a resultados que no armonizan con principios axiológicos, superiores, arriba a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso, o a consecuencias notablemente disvaliosas, la interpretación de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines y a los principios fundamentales del derecho en grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo.
Jubilaciones, jubilación por invalidez, incapacidad laboral, porcentaje de incapacidad
Materia: SEGURIDAD SOCIAL
Carátula: HEREDIA, MODESTO MARIO c/ A.N.Se.S. s/ JUBILACION POR INVALIDEZ
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1998-03-23

La difícil situación socio-económica del país, que conjuntamente con la edad del trabajador y la naturaleza de sus patologías le impedirían sortear un examen preocupacional y harían, de esa manera, sumamente problemática su reinserción en el mercado laboral, hacen que la doctrina sobre incapacidad de ganancia se transforme en un factor de considerable incidencia. Así, una persona debe considerarse inválida en virtud de las especiales características que se den en cada caso concreto, evaluando la incapacidad psicofísica no de manera aislada, sino a la par de las condiciones económico sociales que conforman su entorno. En consecuencia, la exigencia del 66% no constituye un requisito ineludible, y puede ser dejado de lado en razón de la posibilidad que tiene el interesado de sustituir su actividad habitual por otra compatible con sus habilidades, tendiendo en cuenta la edad, grado de especialización, etc.C.F.S.S.S, Sala III
Privación ilegal de la libertad, desaparecidos, delito continuo
Materia: CONSTITUCIONAL - PENAL
Carátula: Tarnopolsky, Daniel c/ Estado  Nacional  y  otros s/ proceso  deconocimiento.
Jurisdicción: Federal — Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha: 1999-08-31

La privación ilegal de la libertad y desaparición forzada de personas constituye un delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima desaparecida.
Recurso contencioso administrativo, Superior Tribunal de Justicia, sentencia
Materia: ADMINISTRATIVO
Carátula: Club Atlético Calzada c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo. Medida cautelar (Expte. CSJ Nº   82-98)
Jurisdicción: Local — Provincia: Santa Fe
Fecha: 1998-12-29

Corresponde declarar inadmisible el recurso de "revocatoria in extremis" interpuesto contra la decisión de la Corte cuando, en la especie, se intenta un reexamen de la cuestión con base en la reiteración y adición de argumentos, sin que se plantee la existencia de un error evidente e indisputable por parte del Tribunal.
Recurso de casación, aplicación errónea de la ley
Materia: PROCESAL
Carátula: Garrote, José M. c/ Empresa de Construcciones Huayqui S.A. s/ SUMARIO S/CASACIóN.
Jurisdicción: Local — Provincia: Río Negro
Fecha: 1990-12-12

Si la Cámara de Apelaciones de modo expreso ha dejado sentado que no computó, a los fines regulatorios el "ítem" lucro cesante que con distinto monto al del daño integraba la demanda, ha efectuado una errónea aplicación del art. 19 L.A. y en tal caso resulta procedente acoger la casación articulada.